Para eso, no son necesarios grandes cambios institucionales: lo único que hace falta es la voluntad política de hacerlo. 
También habría que intentar- y esa es mi sugerencia- que se celebraran Consejos europeos de, al menos, tres modalidades distintas: un Consejo Europeo destinado a tomar decisiones bien preparadas, con una agenda clara y en el cual las decisiones se pudieran tomar, a mi juicio, incluso por mayoría cualificada en el futuro; un segundo Consejo que tuviera un carácter más bien monográfico, es decir, que los Jefes de Gobierno se concentraran en una parte o elemento de la gran vida política que es Europa y en el que no solamente trataran de dar instrucciones sino también, si fuera posible, soluciones prácticas que pudieran ayudar a la marcha de la Unión Europea; y en tercer lugar, celebrar algunos Consejos Europeos que tuvieran un carácter más bien informal, en donde los líderes de la Unión Europea pudieran sentarse alrededor de la chimenea- aunque ya no sea una chimenea lo que exista sino una inmensa mesa- y discutir los temas que son de importancia desde el punto de vista de la actualidad, del futuro próximo y del futuro lejano de la Unión Europea. 
Echo en falta la carencia de una reflexión más profunda sobre algunos temas de gran entidad que quizás tuvieran más que ver con el futuro que con la actualidad. 
Dicho esto sobre el Consejo Europeo, cabe referirse posteriormente a la preparación del mismo. 
Ésta pasa por decidir qué Consejo preparar y con qué características. 
Hasta ahora, como saben ustedes, la tradición era que el Consejo de Asuntos Generales, que está formado por los ministros de Asuntos Exteriores de los distintos países que configuran la Unión Europea, fuera el encargado de hacerlo. 
Pero dichos ministros tienen una agenda cada vez más ocupada, más densa, en los temas que tienen que ver estrictamente con la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. 
Si sus Señorías ven los órdenes del día, comprobarán que están cada vez más y más cargados y se plantea la cuestión de si es posible que el Consejo de Asuntos Generales, en la estructura y en la formación que hoy tiene, dedique el tiempo suficiente a los temas de carácter horizontal que, al final, son los que van al Consejo Europeo. 
Existen muchas fórmulas de solución. 
No voy a apuntar ninguna en especial: sugerí tres o cuatro que están ahora discutiéndose, pero sí creo que, de una u otra manera, habría que optar bien porque se separen los Consejos o bien porque se separen en sesiones- que no pueden ser el mismo Consejo con sesiones diferentes- los temas que tienen que ver estrictamente con la política exterior y de seguridad, que son muchos, y aquellos temas que tienen que ver con la preparación de la agenda del Consejo Europeo. 
Al final, lo que ocurre es que dichos temas no llegan a prepararse con toda la intensidad que se debiera para que el Consejo Europeo, como tal, fuera el órgano tan eficaz que todos nosotros deseamos. 
Por lo tanto, puede haber dos o tres modelos de Consejo: uno en el que se dé una separación entre un Consejo de Asuntos Generales que tenga como función fundamental la preparación del Consejo Europeo, que cada vez representará una carga de trabajo mayor; también podía ser que el mismo Consejo de Asuntos Generales tuviera una formación de asuntos generales propiamente dicha, en donde cada Gobierno pudiera enviar a la persona que contribuya más eficazmente a la preparación del Consejo Europeo, en función de los temas, y otra configuración que fuera la que se dedicara estrictamente a los asuntos de política exterior y de seguridad. 
El tercer tema que planteaba en el informe es un tema cuya solución corresponderá a la Convención y, al final, a la propia Conferencia Intergubernamental. 
Pero me parece, señor Presidente, que es un tema sobre el que hay que empezar a pensar. 
Es un tema, sin duda, difícil que cambia algún elemento fundamental de nuestra tradición en la Unión Europea, que es el concepto de la Presidencia rotatoria cada seis meses. 
En mi larga vida política, que empieza a ser demasiado larga, en el seno de la Unión Europea, ya he presidido en dos ocasiones, como ministro, la Unión Europea y ahora observo dicha Presidencia desde otra posición. 
Creo honestamente que, según vaya aumentando el número de países y complicándose la vida internacional, va a ser más difícil mantener una presidencia rotatoria cada seis meses. 
En el tiempo inicial de la Unión Europea, cuando fundamentalmente tratábamos problemas internos que afectaban exclusivamente a los países de la Unión Europea, podíamos hacerlo, de esa manera rotatoria, cada seis meses. 
Conforme la Unión va asumiendo muchas más responsabilidades, que no sólo tienen que ver con nosotros- con nuestros países- sino también con países terceros, creo que la agilidad, el mantenimiento de unas ciertas posiciones comunes y la tenacidad en la defensa de algunos elementos de nuestra propia política hacen muy difícil que, si no hay alguna adaptación en el modelo de presidencia, se consigan todos esos resultados que sus Señorías repiten una y otra vez en el Parlamento que se pueden conseguir. 
Sé que es un tema muy difícil y que hay países para los que la esencia o una parte de la esencia del sentimiento de que forman parte de la Unión radica en que, cada cierto período de tiempo, tienen seis meses de presidencia. 
Lo entiendo, pero también deberían pensar todos los países que el día que seamos veintitantos países tendrán que esperar mucho tiempo para volver a tener la presidencia. 
Por lo tanto, quizás ese valor de estar, cada cierto período de tiempo, reteniendo seis meses de presidencia tenga un valor menor cuando el tiempo transcurrido para que un país pase de una presidencia a otra llegue a ser de muchos años. 
No obstante, este tema lo he indicado solamente como reflexión de naturaleza personal, porque es algo que sin duda tendrá que tratar la Convención como, por supuesto, el resto de los temas y que, al final, tendrá que dilucidar la Conferencia Intergubernamental. 
El cuarto tema al que creo que deberíamos dedicar un cierto tiempo desde mi punto de vista- por eso lo puse por escrito, para que se fuera discutiendo sobre él- es el tema de la transparencia del Consejo en general, pero, muy especialmente, en los momentos en los que actúa como legislador. 
Creo que debemos pensar en el modo de asociar más estrechamente a la opinión pública en los momentos en que el Consejo actúa como legislador; éste es también un asunto que sólo se debe tratar en la Convención y, posteriormente, en la Conferencia Intergubernamental, pero sí me parece importante que vayamos creando un cierto ambiente o cultura de que, más tarde o más temprano, y cuanto antes mejor, este tipo de planteamientos vengan a llenar la vida colectiva de la Unión Europea. 
Pero, volviendo a los dos temas fundamentales, para los que no se necesita ni Convención, en principio, ni Conferencia Intergubernamental, sino únicamente voluntad política, voluntad de hacer las cosas, creo que conseguir una preparación más eficaz y una gestión más eficaz del Consejo Europeo, lograr que se centre más en los temas fundamentales, que haga los análisis con más rigor, con una preparación más sólida, más seria y más eficaz es algo que se puede hacer sin esperar a mañana. 
Si hubiera actualmente voluntad política se podría poner en marcha hoy, porque nada lo impide- los Tratados no lo impiden- y ello no cambiaría en absoluto el funcionamiento fundamental de la Unión Europea. 
Éste es, Señorías, señor Presidente, el tipo de trabajo en el que estamos inmersos ahora mismo. 
En Barcelona presenté, como les digo, un primer informe, breve, señalando casi de manera esquemática este tipo de temas. 
Hoy, la Presidencia- junto con el equipo de la Secretaría- está tomando contacto con las diferentes capitales para ver si existe la posibilidad de que desde ahora hasta finales de junio, cuando se celebre el Consejo Europeo de Sevilla, se pueda alcanzar un consenso sobre algunos de estos asuntos que requieren estrictamente la voluntad política de los quince Jefes de Gobierno que se sientan alrededor de la mesa, junto con la de la Comisión. 
Y esto es muy sucintamente, Señorías, en lo que estamos trabajando en este momento. 
Hay muchas otras cosas que hacer en la reforma del Consejo, que estarán, sin ningún género de dudas, en la agenda de la Convención y en la agenda de la Conferencia Intergubernamental. 
Ya tendremos tiempo para discutir sobre ellas y, si es posible, para llegar a acuerdos que fomenten una institución más ágil que pueda plantearse los temas de una manera más racional y más eficaz en una Europa que, afortunadamente, es nueva porque el mundo es nuevo; una Europa mejor, porque el mundo es mejor. 
Señor Presidente, señor Secretario General, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, ante todo, yo quiero expresar mi agradecimiento al señor secretario general Solana y naturalmente también al señor Comisario, pero muy especialmente al señor Secretario General, puesto que con el señor Comisario ya solemos coincidir en gran medida la mayoría de las veces. 
Concretamente, quiero agradecerle que haya puesto en marcha de manera muy visible una dinámica de reforma dentro del Consejo. 
Señor Solana, yo también quiero dirigirle unas palabras de reconocimiento verdaderamente sincero, pues está realizando en todo el mundo una tarea casi inhumana en su calidad de Alto Representante- con un especial compromiso en Oriente Medio- y de Secretario General. 
Sólo su extraordinaria personalidad le permite conseguirlo. 
No es mi intención iniciar ahora un debate institucional sobre su cargo, pero resulta del todo imposible imaginar que pueda existir otra personalidad capaz de soportar la doble carga que usted debe arrostrar y que también consigue dominar de manera tan brillante. 
Yo quiero agradecerle sinceramente las propuestas que ha presentado. 
Como ha dicho el señor comisario Barnier, la reforma de nuestras instituciones- en este caso del Consejo- es nuestra tarea común. 
En este contexto, es particularmente importante establecer una distinción entre el Consejo General, el Consejo cuando actúa como legislador- que en realidad es el aspecto más importante -, a continuación tal vez el Consejo que prepara las reuniones del Consejo de Ministros y luego, evidentemente, los ministros de Asuntos Exteriores encargados de las tareas en el ámbito de la política exterior. 
Ya sabemos, en efecto- y también conocemos los nombres -, quién llega con retraso al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores a la hora de empezar, pero luego también se marcha antes de tiempo y entre uno y otro momento- cuando se trata de legislar- permanece sentado con expresión de escaso interés. 
Por esto, pensamos que necesitamos un Consejo de Ministros de Asuntos Europeos, que responsable de elaborar la legislación europea, y un Consejo encargado de la política general. 
El Consejo de Ministros de Asuntos Europeos estaría siempre presente cuando se debatiera la legislación y también podría preparar las sesiones del Consejo Europeo, si bien lo más importante es, naturalmente, la tarea legislativa. 
A este Consejo de Ministros de Asuntos Europeos también le correspondería designar, naturalmente, al representante que deberá participar en el Comité de Conciliación con el Parlamento cuando se debata sobre la legislación. 
Como es sabido, actualmente el Consejo está representado a menudo por funcionarios- no tengo nada en su contra, pero los funcionarios no son políticos- y son éstos quienes discuten estas cuestiones con el Parlamento Europeo. 
Tendrían que ser políticos, que también tengan el valor de alcanzar resultados junto con el Parlamento. 
Nosotros apoyamos firmemente una reforma de fondo, que apunte en este sentido. 
También sería importante para la tarea legislativa que el Consejo de Ministros o, por ejemplo, el Ministro de Asuntos Europeos que represente en aquel momento a la Presidencia, estuviera presente en el Parlamento cuando se debata la legislación, y también que uno o varios representantes del Parlamento Europeo- diputados europeos, por lo tanto- asistiesen al Consejo de Ministros de Asuntos Europeos cuando éste actúe como legislador, con objeto de que éste pueda preguntar al Parlamento Europeo: ' ¿Qué opinan ustedes sobre este asunto, cómo lo ven en el Parlamento Europeo?? 
Todavía tendremos que desarrollar muchos debates al respecto y quisiera rogarle muy cordialmente, señor Secretario General, que durante la elaboración de su documento vuelva a mantener conversaciones con la comisión competente- su presidente se encuentra ahora aquí- antes de remitir su informe definitivo al Consejo de Sevilla. 
Si, por razones comprensibles, no pudiera hacerlo personalmente, su representante podría consultarlo con la comisión competente. 
Usted ha hablado, con razón, de transparencia y esta es también una aspiración particularmente importante de la Sra. Hanja Maij-Weggen, que ha elaborado junto con el colega Poos la resolución, a la que nuestro Grupo va a presentar aún diversas enmiendas. 
La Sra. Maij-Weggen no se encuentra ahora aquí porque ha tenido que regresar a los Países Bajos este mediodía, después de las votaciones, para participar en las elecciones, y todos aguardamos con expectación los resultados. 
Nosotros deseamos la máxima transparencia posible. 
Con este objeto, cuando concluya este proceso, el Consejo también debería celebrar públicamente sus sesiones cuando como legislador. 
Los medios de comunicación- incluida la televisión- deberían informar asimismo al respecto, de manera que pudiéramos conocer las posiciones de los gobiernos individuales en las votaciones finales. 
Yo quisiera pedirle, señor Secretario General, que una vez adoptado el reglamento sobre la transparencia, encarguemos al equipo de trabajo interinstitucional que elabore pronto unas directrices destinadas a mejorar la transparencia, que nos permitan aproximarnos más a los ciudadanos. 
Sus propuestas, al igual que lo que ha manifestado la Comisión y también nuestras aportaciones apuntan en principio en la dirección adecuada. 
Si seguimos trabajando con dedicación, también conseguiremos alcanzar conjuntamente unos buenos resultados para nuestras instituciones y no sólo para éstas, sino también para toda la Unión Europea, para los ciudadanos y ciudadanas de Europa. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Secretario General, en su resolución de 22 de octubre de 2001 sobre la reforma del Consejo, el Parlamento Europeo consideraba que el buen funcionamiento del Consejo es indispensable para garantizar la democracia, la eficacia y la coherencia de las tomas de decisión en una Unión ampliada. 
Esta resolución denunciaba asimismo la evolución institucional actual, cuya víctima es el método comunitario, así como las numerosas carencias de los métodos de trabajo y de funcionamiento del Consejo. 
El Consejo Europeo de Barcelona del pasado mes de marzo se ocupó, por fin, de este problema recurrente y decidió, una vez más, posponerlo al Consejo Europeo de Sevilla, previsto para junio de 2002. 
No obstante, debemos felicitarnos de que la carta Blair-Schröder, así como el informe del Secretario General, el Sr. Solana, titulado Preparar el Consejo a la ampliación, hayan circunscrito las preguntas que exigen una respuesta antes de la próxima reforma del Tratado. 
La sugerencia de aligerar el orden del día y de volver a centrar el Consejo Europeo en su cometido de orientación y de impulso, establecido por el Tratado, es un primer paso en la dirección deseada, y doy las gracias al Secretario General por haber hecho hincapié en este punto importante en su presentación. 
La revalorización del Consejo ' Asuntos Generales? , así como una reforma radical de su forma de funcionamiento son, evidentemente, los corolarios indispensables de una reforma del Consejo Europeo. 
Los ministros de Asuntos Exteriores o de Asuntos Europeos, que lo componen, deben trabajar más y mejor, es decir: deben reunirse más a menudo y ceñirse a una mayor disciplina. 
En lugar de interesarse únicamente por la PESC, deben prestar una mayor dedicación a los expedientes transversales, volver a ser el principal órgano decisorio y preparatorio del Consejo Europeo. 
Si el CAG no se recuperara- y me felicito de que el Presidente del Consejo esté presente para que pueda transmitir el mensaje a sus colegas -, pasará a un segundo plano. 
Los jefes de Estado y de Gobierno se ocuparán de todo a través de sus secretarios de Estado o de otros ministros delegados, que dejarán de lado la fase de preparación comunitaria, incluyendo el Coreper. 
En esta hipótesis, hay que subrayar que el método intergubernamental celebrará su triunfo definitivo, y podremos despreocuparnos del mecanismo comunitario. 
Este mecanismo comunitario exige que la Comisión proponga y que el Parlamento Europeo y el Consejo dispongan, y todo ello dentro de la mayor transparencia. 
En el proyecto de resolución que se les propone, los dos coponentes recuerdan los principios que, según el Parlamento Europeo, deberían inspirar la reforma del Consejo y subrayan que ahora es urgente tomar una decisión. 
Señor Presidente, agradezco al Sr. Solana su interesantísima declaración. 
Pero si leemos entre líneas, como deberíamos, resulta bastante claro que no se está avanzando tanto en la reforma del Consejo. 
Quizá sea muy poco realista pensar que se podría avanzar antes de que los problemas se agraven con la presencia de unos 25 ministros alrededor de la mesa. 
Pero francamente, me parece insólito que el Sr. Solana y el Sr. Blair y varios otros presenten la idea de crear un comité ejecutivo formado por la Presidencia del Consejo sin mencionar el papel de la Comisión Europea. 
En este caso convendría ser francos. 
La imposición de un consejo de administración del Consejo privaría a la Comisión de su derecho de iniciativa y destruiría su papel fundamental de identificar y expresar los intereses comunes de todos los Estados miembros. 
La Comisión es la única que puede garantizar la igualdad de todos los Estados. 
Respecto a la cuestión de la presidencia, ningún debate sería completo sin estudiar si lo adecuado no sería que la Comisión presida las reuniones ordinarias del Consejo, al tiempo que el Sr. Solana preside el Consejo de Asuntos Exteriores, preservando la rutina de la alternancia cada seis meses para el propio Consejo Europeo. 
Éste podría ser el enfoque más adecuado para garantizar la estrecha coordinación y la continuidad en el seno del Consejo. 
Por último, deberíamos referirnos a la maraña de la comitología. 
La eficiencia de la Unión mejorará enormemente tan pronto como la Comisión tenga garantizada la autoridad ejecutiva suficiente para actuar sin la constante injerencia del Consejo. 
Por tanto, la reforma debe ir mucho más allá para que la Convención esté satisfecha de que hemos lidiado satisfactoriamente con todas las cuestiones importantes. 
Señor Solana, una de las peculiaridades más curiosas de la Unión Europea radica en el hecho de que usted se haya extendido con nosotros hablando de la situación de Oriente Próximo y que, inmediatamente después, esté de nuevo aquí con nosotros para debatir una cuestión que no podría ser más extravagante ni estar más alejada de su función de Alto Representante de la Política Exterior, es decir, la reforma del Consejo. 
Además, a modo de introducción a mi breve intervención, deseo decirle que, en mí opinión y en la de mi Grupo, su lugar no está en esta parte del Pleno sino en la otra. 
Y es desde este punto de vista que consideramos que el defecto fundamental de sus propuestas radica en que usted aún considera, o parece considerar, que el papel del Consejo, sea éste Europeo o bien normal de los Ministros, es el papel de gobierno. 
Pensamos que no debe ser así, ya que, desde el punto de vista de la eficacia y de la democracia, el papel del Consejo debe ser el de colegislador. 
En consecuencia, nos preocupan mucho los debates que se están desarrollando sobre dos cuestiones en particular: la primera es la de la Presidencia rotatoria. 
Usted dice que no es eficaz, que no funciona bien y que es necesario alargarla. 
Pero entonces, usted me deberá explicar qué tipo de relación se creará entre esta futura Presidencia que durará dos años o dos años y medio, y el Presidente de la Comisión. 
Seguramente se planteará una contradicción y un posible conflicto. 
Por consiguiente, dejemos la Presidencia tal como está y tratemos, en cambio, de mejorar el papel de legislador del Consejo, porque éste debe ser el corazón de la reforma que hay realizar. 
Por otro lado, esta reforma del Consejo no se puede realizar sino en el marco de un reequilibrio de los poderes de las diferentes Instituciones de la Unión Europea que ven, deben ver, el fortalecimiento del poder del Parlamento Europeo como colegislador. 
Por último, un breve comentario, puesto que usted ha hablado de cultura de la transparencia. 
Nos gustaría mucho que, para dar una señal, el Consejo no siguiese el dictamen de su Servicio Jurídico que ha establecido que el Parlamento Europeo no puede tener acceso a las posiciones comunes sobre las relaciones exteriores y las negociaciones de adhesión. 
Creo que esto está en plena contradicción con las palabras que usted ha pronunciado respecto al tema de la transparencia. 
A este propósito, nos gustaría saber si podemos esperar una independencia, suya personal y del Consejo, respecto a su respetabilísimo Servicio Jurídico. 
Señor Presidente, señor Secretario General del Consejo, el Consejo es sin duda alguna la institución con mayor necesidad de reforma. 
Son muchos los aspectos que ya no resultan aceptables, desde el desbordamiento de sus estructuras y subestructuras y la falta de transparencia de las mismas hasta la insuficiente coordinación de sus trabajos por parte del Consejo de Asuntos Generales. 
La complejidad de las estructuras y unos procedimientos de decisión demasiado complicados, pero sobre todo la falta de transparencia y de publicidad, son las causas últimas de que muchas cosas hayan resultado hasta ahora incomprensibles para los ciudadanos y ciudadanas o que éstos incluso las ignoren. 
Pregúntenle, por ejemplo, a cualquier persona elegida al azar por conceptos como el Consejo Europeo y el Consejo de Europa. 
Lo cierto es que aun cuando lo cierto es que la adopción de normas europeas es imposible si los gobiernos no las aceptan en el Consejo de Ministros, ha sido y sigue siendo una práctica habitual culpar ante la opinión pública a una imaginaria Bruselas o atacar a la Comisión, simplemente porque resulta oportuno por consideraciones políticas internas. 
Lamentablemente, mi Gobierno también se ha destacado negativamente en este aspecto en los últimos tiempos. 
Por esto son necesarias algunas reformas verdaderamente profundas, que no permitan que ningún ministro pueda seguir ocultando su responsabilidad particular por las decisiones europeas amparándose en lo que se designa como Bruselas. 
¿En qué sentido es preciso avanzar? 
Necesitamos unas normas claras que permitan influir y controlar democráticamente desde los parlamentos nacionales la actuación de los gobiernos a escala europea. 
En segundo lugar, necesitamos que cuando el Consejo actúe como legislador las sesiones sean públicas, naturalmente con la presencia de cámaras de televisión que transmitan los debates y votaciones y permitan el seguimiento de las decisiones por parte de la opinión pública. 
En tercer lugar- y en esto coincido con el Sr. Poettering- necesitamos crear un Consejo de Ministros de Asuntos Europeos. 
Esto respondería a la dinámica de progresiva integración europea, pues la política europea ya hace tiempo que dejó de ser política exterior en el sentido clásico, para pasar a ser de hecho política interior europea. 
Señor Presidente, las propuestas a las que hoy da nombre el Sr. Solana difícilmente han sido todas elaboradas por el Sr. Solana. 
El ajuste de cuentas con el sistema de rotación se asemeja al deseo del presidente francés de aposentarse en la UE mediante un llamado? directorio?. 
¿Es el Secretario general adjunto, Pierre de Boissieu, quien está detrás? 
La rotación de las presidencias es lo más democrático que tenemos en la UE. 
Aquí puede Luxemburgo liderar las reuniones de la misma forma que Francia. 
El país de Lilliput, Luxemburgo, ha tenido de hecho a algunos de los mejores presidentes. 
El Tratado de Niza del Presidente francés Chirac no honra a Francia, y difícilmente lo podrán tolerar los electores franceses en un referéndum. 
La mayoría de franceses son, por regla general, más inteligentes que Francia. 
El Presidente del Consejo español, Sr. Aznar, ha empleado precisamente su puesto de presidente del Consejo Europeo para aleccionar al Presidente de la Comisión sobre el aplazamiento de la reforma de la política pesquera común y despedir al Director general de Pesca de la Comisión. 
El viernes Steffen Smidt es Director general y no figura en la lista de rotaciones. 
El domingo se cuece una trampa en una conversación telefónica. 
El lunes es despedido y la Comisión miente directamente sobre el motivo. 
Lo acontecido parece el mayor escándalo que he vivido en mis 23 años en esta Asamblea. 
Exige una investigación independiente como ha solicitado acertadamente el Presidente de la Comisión de Pesca. 
De todo lo cual debe extraerse la conclusión de que no es ninguna garantía de una buena presidencia que ésta proceda de un país grande. 
Aferrémonos a la igualdad entre los países y repartámonos las tareas. 
No debemos tener presidencias de grupo en torno a los grandes países, donde a los pequeños se les asignan las tareas menos interesantes. 
Es más inteligente sanear el número de Consejos de Ministros y grupos de trabajos y centrarse en las tareas transfronterizas que no podemos llevar a cabo igual de bien en nuestros propios países. 
Es más inteligente limitar y consolidar la legislación comunitaria de forma que su administración sea más fácil. 
Es más inteligente introducir plena transparencia en el Consejo de Ministros cuando el Consejo actúa como legislador, de modo que todos podamos ver cuando los funcionarios legislan en lugar de los cargos electos que tienen el poder legislativo en las constituciones de los quince países comunitarios. 
Así podríamos tener transparencia, proximidad y democracia en lugar de opacidad, gobierno a distancia y cabildeocracia. 
Este juicio es, sin embargo, perfectamente exacto y también podría aplicarse a los diferentes Consejos, en particular debido al vínculo esencial, incluso vital, que establece con los Estados miembros. 
Iría incluso aún más lejos. 
En la perspectiva de una Europa ampliada, que será necesariamente una Europa flexible, el Consejo desempeñará, naturalmente, un papel principal, ya que es fácilmente adaptable a la geometría variable, mientras que la Comisión es una institución más rígida, al igual, por otra parte, que el Parlamento Europeo, al menos en su concepción actual. 
Así pues, las próximas reformas deben tener en cuenta este lugar central del Consejo, para mejorar su eficacia, su visibilidad y su transparencia; las que propone el Sr. Solana nos parecen bien orientadas, con algunas reservas, como lo expresaré en mi explicación de voto. 
Señor Presidente, independientemente de los resultados de la próxima Conferencia Intergubernamental, uno de los principales problemas de la Unión será el mantenimiento de su capacidad de adoptar decisiones, de la gobernabilidad y de la coherencia de las políticas. 
Seguramente en la futura arquitectura institucional el Consejo se moverá en un terreno que verá, por un lado, su poder de colegislador, y por otro, la función de garantía de gobernabilidad de la Unión en su conjunto y el intento de alcanzar a todos los niveles la coherencia de las políticas de la Unión. 
Somos partidarios de un Consejo eficaz y transparente que ejerza todos los poderes que actualmente le atribuyen los Tratados; sin embargo, no podemos negar que en estos últimos tiempos el modelo de papel de orientación política en el que nos hemos inspirado en los últimos años- que seguramente es indispensable para el progreso de la Unión- está fallando y probablemente debe ser remodelado ante el crecimiento y los cambios globales propios de nuestras Instituciones. 
Tenemos muchos ejemplos: se acaba de mencionar por parte de un colega la excesiva amplitud de los ordenes del día, pero no quisiéramos entrar en el fondo de los casos específicos. 
Lo que comprobamos es que la situación crea anomalías en detrimento del método comunitario. 
Por esto, hemos llegado a solicitar una reforma urgente del Consejo precisamente con vistas a optimizar el funcionamiento de la Unión. 
Dicha reforma redundará en beneficio de los ciudadanos y de todas las demás Instituciones y se podría realizar incluso a corto plazo y probablemente sin modificar el Tratado. 
Debemos tomar nota de que hasta ahora la víctima principal de este estado de malestar es el método comunitario, puesto que tanto la Comisión como el Parlamento no gozan de una parte de las atribuciones que les confieren los Tratados. 
La recomposición de los mecanismos deberá tener lugar con la máxima transparencia y deberá tener lugar antes de la ampliación de la Unión Europea. 
Agradezco a los colegas sus aportaciones a esta resolución que espero que indique la dirección correcta para una Europa fuerte, cercana, pero sobre todo abierta a los ciudadanos. 
Señor Presidente, todas las instituciones se enfrentan al gran reto de la ampliación que traerá consigo un aumento del número de miembros en cada una de ellas, aunque en ninguna tanto como en el Consejo. 
La situación de la Comisión y del Parlamento permite afrontar mejor estas dificultades, pero el caso de los ministros que acuden en avión a Bruselas para reunirse durante unas horas cuando sólo se necesita media mañana para celebrar un tour de table- realmente representa todo un reto para el Consejo. 
Buena parte de todo esto exigirá modificaciones del Tratado. 
Cuestión de la que debe ocuparse la Convención. 
En el futuro inmediato, en Sevilla, el Consejo tratará sobre los cambios que pueden introducirse en marco de los Tratados en vigor. 
Yo también acojo favorablemente la identificación en el informe del Sr. Solana y en otras partes de los cambios que podrían introducirse. 
Es acertado que intentemos que el Consejo Europeo se centre en la estrategia y en los temas estratégicos fundamentales y deje de ser un tribunal de apelación cuando el Consejo ordinario se estanca. 
Eso es de una importancia fundamental. 
Asimismo, aquellos temas que en el Consejo ordinario se aprobarían por mayoría cualificada, si van al Consejo Europeo deberían ser tratados de manera similar, por mayoría cualificada. 
Eso también está bien. 
También sería una buena idea separar el Consejo de Asuntos Generales del Consejo de Asuntos Exteriores. 
Algunos Estados miembros querrán enviar al mismo ministro a ambos consejos por varias razones de carácter interno. 
Otros no lo harán. 
Eso depende de cada Estado miembro, pero las funciones deberían estar separadas de manera que ambos hagan bien su labor en vez de mal. 
Otras modificaciones pueden llevarse a cabo sin enmendar los Tratados. 
Reunirse a puertas abiertas cuando el Consejo actúa en su capacidad legislativa es una de ellas. 
Sí, hemos avanzado en términos de poder acceder a documentos y de publicación de los resultados de las votaciones en el Consejo. 
Ése ha sido un importante paso adelante, pero hay que dar ese otro paso y celebrar las reuniones a puertas abiertas. 
Por último, los miembros del Consejo deberían mejorar sus relaciones con los diputados de sus parlamentos nacionales. 
El protocolo establece un período de seis semanas para ponerse en contacto para cualquier cuestión legislativa. 
Deberían hacerlo correctamente. 
Es así como debe involucrarse a los parlamentos nacionales, y no creando una nueva institución que duplicaría el Consejo, una especie de tercera cámara. 
Qué los ministros hagan bien su trabajo y todo saldrá bien sin necesidad de nuevas estructuras. 
Señor Presidente, señor Secretario General, señor Comisario, yo creo que es bueno que el Consejo reflexione sobre su propia reforma. 
De hecho, una gran parte de la misma no será posible sin una reforma de los Tratados. 
Ciertamente es importante considerar en este contexto los temas de la eficacia y la transparencia. 
Yo creo que un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y un Consejo de Asuntos Generales separados constituyen sin duda un punto de partida adecuado en el aspecto administrativo, como también acaba de señalar el colega Corbett. 
En el aspecto legislativo, es efectivamente necesario llegar a establecer las sesiones públicas. Concretamente, de manera que el Consejo en su conjunto asuma públicamente su responsabilidad, con objeto de que el ciudadano sepa quién es responsable de qué, y que la interacción pública entre los legisladores, entre el Parlamento y el Consejo, se desarrolle públicamente, con objeto de que el ciudadano pueda concretar las responsabilidades en Europa. 
Yo creo que esto también tendría como efecto secundario positivo una mejora en el sentido de que los diferentes Consejos de Ministros por carteras pasarían a ser en este contexto comisiones del Consejo legislativo, en vez de actuar como organismos legislativos separados, con el desequilibrio negativo de los resultados que esto puede conllevar. 
No obstante, también considero muy importante que en las declaraciones que se realicen antes del Consejo de Sevilla se procure que estos enfoques positivos no despojen a la Convención de una parte de sus tareas y que también se respeten debidamente las funciones de control y no se vacíe de contenido la función codecisoria del Parlamento. 
El resultado no puede ser que la asignación de los procedimientos de decisión transforme al Consejo en legislador máximo de la Unión Europea, sin una relación de codecisión con el Parlamento Europeo. 
Y que sólo el Consejo pueda actuar como legislador. 
Yo quiero formular una advertencia explícita contra la concreción en firme- si esto es lo que se pretende -, antes de que la Convención haya alcanzado sus conclusiones, de ciertos aspectos que podrían traducirse en un debilitamiento del Parlamento y la Comisión, a la vez que reducirían las posibilidades de control, lo cual podría poner considerablemente en entredicho la buena imagen del Consejo de Sevilla. 
Yo les advierto contra estos planteamientos que a veces oigo formular desde Berlín y desde Londres. 
Señor Presidente, la apertura será uno de los principales parámetros que emplearán los ciudadanos para evaluar los trabajos de reforma de la UE. 
Las instituciones de la UE deben demostrar que están preparadas para realizar los anhelos de los ciudadanos. 
El Reglamento (EG) 1049/2001 del 30 de mayo de 2001 sobre acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo es una normativa especial que en su artículo 4 se ocupa de la confidencialidad. 
Esta norma no puede ser eliminada por disposiciones y clasificaciones internas de las instituciones. 
El comité interinstitucional tiene una importante misión, debe seguir avanzando y aplicar la legislación vigente de manera mas abierta. 
Probablemente la Presidencia española logrará impulsar propuestas satisfactorias en Sevilla. 
España tiene una gran responsabilidad en materia de apertura. 
España podría ser un motor que impulse a que los que aún dudan de la apertura para que cambien de opinión. 
Tomando especialmente en cuenta la tibia postura anterior de este país hacia la apertura conviene que ahora demuestre una actitud más positiva. 
Es un avance que las reuniones del Consejo de Ministros en materia legislativa vayan a ser públicas. 
Me gustaría complementar esto con una lista de deseos respecto a Sevilla. 
Todos los documentos, incluidos los de los grupos de trabajo del Consejo, comprendidos en el procedimiento de codecisión y pertenecientes al primer pilar deberán ser públicos. 
Sería una lógica consecuencia de lo que se ha dicho anteriormente. 
Sucesivamente se nos debe informar también sobre la postura de los diferentes países. 
Finalmente, necesitamos acceder también a los documentos del segundo y tercer pilar. 
La estructura de pilares es, en definitiva, muy nefasta para la creación de apertura. 
. Muy brevemente le diré que, en las 16 intervenciones que he contado, han planteado cuestiones de todos los tipos. 
Veo que la Convención va a tener un enorme trabajo para ponerlas de acuerdo. 
En mi caso, lo que yo quería exponer ante sus Señorías es una idea mucho más pequeña, mucho más modesta, que pueda realizarse inmediatamente con sólo voluntad política y que pueda tener resultados positivos para el buen funcionamiento de la Unión Europea. 
La mayor parte de las sugerencias que se han hecho van más allá de lo que yo quería discutir con sus Señorías y no son de mi competencia, sino que competerán a la Convención y, posteriormente, a la Conferencia Intergubernamental. 
No obstante, sí quiero decirles que he aprendido mucho y, si estuvieran los 620 diputados, habría aprendido mucho más. 
Estoy seguro de que habría sido así y espero que así sea. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0017/2002). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por Bart Staes (H-0265/02): 
Asunto: Mejor aprovechamiento de recursos presupuestarios no utilizados 
El Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2000 indica claramente que se produjo una infrautilización de recursos europeos por un importe de 11.000 millones de euros. 
En una reciente reunión de la Comisión de Control Presupuestario, la Comisaria Schreyer confirmó que el superávit presupuestario del año 2001 suponía aproximadamente 10.000 millones de euros. 
De conformidad con las disposiciones financieras vigentes, los recursos no utilizados se devuelven a los Estados miembros. 
Sin embargo, la Unión Europea tiene grandes necesidades financieras, entre otras cosas, para el acompañamiento de la ampliación. 
El Consejo y el Parlamento constituyen juntos la autoridad presupuestaria. 
¿Cómo juzga el Consejo la idea de modificar las disposiciones financieras de manera que los recursos no utilizados dejen de devolverse a los Estados miembros y se depositen en un fondo que pueda utilizarse para la financiación de medidas en el marco de la ampliación o de lucha contra la pobreza, por ejemplo? 
. Señor Presidente, como la última vez fui acusado de filibusterismo por la diputada Izquierdo Rojo, que me dijo que perdía el tiempo en las respuestas, voy a empezar a responder a toda velocidad, pero quiero que conste en acta que empiezo, exactamente, con siete minutos de retraso. 
Por lo tanto, no quiero volver a escuchar una acusación de ese tipo. 
En respuesta a la pregunta del Sr. Staes, quiero decirle que el Consejo es consciente de que el saldo de ejecución de los dos últimos ejercicios presupuestarios alcanzó un volumen muy importante. 
Recordará su Señoría que, en la recomendación del Consejo sobre la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2000, se solicita a la Comisión que, con la colaboración de los Estados miembros, sea más precisa en sus previsiones presupuestarias, tanto en lo que se refiere a las fuentes de financiación como en materia de gastos, con el fin de evitar en el futuro excesivos excedentes. 
Llegado el caso, y como sugiere el Tribunal de Cuentas en su informe anual, la Comisión debería efectuar adaptaciones, con objeto de tener en cuenta las distintas evoluciones, aplicando los instrumentos presupuestarios existentes. 
El Consejo es de la opinión de que, en el marco de la legislación vigente, debe insistirse en la necesidad de mejorar las estimaciones presupuestarias para que esta situación no vuelva a producirse en estas proporciones en el futuro. 
Por el contrario, en lo que se refiere a las sugerencias de su Señoría, el Consejo quiere recordar que no le corresponde proceder a dicha revisión sin una propuesta previa de la Comisión. 
Ahora bien, en esta última propuesta que ha presentado de refundición del Reglamento Financiero y que, en la actualidad, se debate en el Consejo, no ha hecho sino insistir en el principio con arreglo al cual el saldo de cada ejercicio se consignará en el presupuesto del siguiente ejercicio, como ingreso o como gasto, según se trate de superávit o de déficit (según lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 32 del Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977, que está ahora en revisión) y esto se debe hacer mediante un presupuesto rectificativo. 
Por consiguiente, y de acuerdo con lo que antecede, el Consejo sigue buscando, por su parte, al igual que en ocasiones anteriores, la forma de mantener los créditos de pago consignados en el presupuesto. 
Estoy muy contento con su respuesta. 
Ayer tuvimos un pequeño altercado a cuenta de Chechenia, pero ahora estoy satisfecho, así que, como ve, las cosas pueden cambiar. 
Señor De Miguel, coincido plenamente con usted en que hace falta una mejor definición y en que es preciso planificar mejor el presupuesto. 
Todo ello es cierto. 
Pero si comprobamos que hay un superávit, si comprobamos que el dinero previsto no se gasta, si llegamos a la conclusión de que el año pasado sobraron diez mil millones, y el año anterior once mil millones, y este año tal vez otros tantos miles de millones, ¿no sería buena idea que reuniéramos todo ese dinero en una especie de fondo que podría utilizarse- utilizarse de verdad- para financiar las necesidades de las que sabemos a ciencia cierta que se nos presentarán en algún momento? 
Abramos un fondo para evitar que este dinero regrese a los Estados miembros, porque, al fin y al cabo, hemos acordado en este juego de ping-pong entre el Consejo y el Parlamento, los dos brazos de la autoridad presupuestaria, que en un ejercicio determinado se gaste una cantidad determinada. Por tanto, debemos destinar este dinero a Europa en lugar de devolverlo a los Estados miembros. 
. No puedo estar más de acuerdo con usted. 
Es una pena que el presupuesto no se gaste y que haya que devolver el dinero a final de año. 
Naturalmente, esto no me corresponde a mí decidirlo; habría que hacer una provisión en el Reglamento Financiero que, como usted sabe, se aprueba con la unanimidad de los Estados miembros. 
Por lo tanto, sería muy deseable que en el nuevo Reglamento Financiero, que está a punto de aprobarse, pudiera introducirse y aprobarse una provisión de este tipo. 
Con respecto a Chechenia, lamento que hubiera un malentendido. 
Simplemente tuve esa reacción porque creo que nosotros hemos estado insistiendo en el tema de Chechenia con verdadera dedicación, siguiendo las indicaciones del Parlamento Europeo. 
No lo mencioné en mi intervención, pero no porque lo hubiera olvidado, sino porque lo tenemos siempre muy presente. 
Pregunta nº 2 formulada por Glyn Ford, a quien sustituye Andrew Nicholas Duff (H-0267/02): 
Asunto: Banco de Desarrollo del Asia Nororiental 
¿Apoya el Consejo la creación de dicho banco para aportar las inversiones en infraestructuras urgentemente necesarias en la región? 
. El Consejo no ha recibido petición alguna de apoyar la creación del Banco de Desarrollo de Asia Nororiental y no tiene además ningún conocimiento de tal propuesta. 
Pregunta nº 3 formulada por Josu Ortuondo Larrea (H-0268/02): 
Asunto: Llamamiento del Parlamento Vasco al Consejo para una acción de diálogo en el País Vasco 
El pasado día 1 de marzo, el Parlamento Vasco aprobó una ' proposición no de ley? en la que recordaba los distintos posicionamientos habidos en el seno de las instituciones europeas con respecto a los conflictos políticos internos de la UE como, por ejemplo, en el informe Reding de noviembre de 1996 o en el informe Watson de noviembre de 2001, ambos del Parlamento Europeo. 
Finalmente, invitaba a todas las fuerzas políticas para que, sin perjuicio de la necesaria persecución de todos los delitos causados por quienes practican la violencia con fines políticos, se sumaran a la resolución siguiente: 
' El Parlamento Vasco expresa su convencimiento de que es preciso el diálogo político para la solución de los conflictos. 
Este Parlamento hace asimismo un llamamiento al Consejo, a la Comisión y a la Presidencia del Parlamento Europeo para que, sobre las bases anteriormente citadas y los distintos posicionamientos expresados por diversos y señalados representantes políticos, la Unión Europea implique sus medios políticos para la acción a favor del diálogo y la distensión en el País Vasco.? 
Por todo ello, ¿qué acciones podría a llevar a cabo el Consejo en aras a propiciar un proceso de diálogo que pueda solucionar el conflicto histórico del País Vasco, máxime teniendo en cuenta que el mismo se encuentra entre los Estados francés y español, siendo por tanto una cuestión interna europea? 
. Señor Presidente, el Consejo no ha debatido jamás acerca de la cuestión que plantea el Sr. Ortuondo ya que ésta no entra dentro de las competencias que el Tratado asigna al Consejo. 
Yo quisiera recordarle al Sr. Ortuondo que estamos en un sistema regido por un Tratado de atribuciones y que el Consejo no entra más que en las atribuciones específicamente atribuidas por los Tratados, y que la materia de su pregunta no está en los Tratados. 
Señor Presidente, yo le querría citar al Sr. Presidente del Consejo en ejercicio unas palabras de Arturo Campión, un ilustre pensador navarro, que decía que hay vascos franceses que no son españoles, pero que sí son vascos, y que hay vascos españoles que no son franceses, pero que sí son vascos: unos y otros son vascos y europeos. 
¿Cómo se puede decir que un problema vasco no es un problema europeo? 
Señor Presidente, a la vista de la pregunta del Sr. Ortuondo y de lo que acaba de decir empezaría mi intervención con una elemental clase de geografía. 
El País Vasco no está entre Francia y España, no es Andorra. 
La Comunidad Autónoma del País Vasco está en el Estado español y, naturalmente, el País Vasco francés, como su propio nombre indica, está en el Estado francés, forma parte del Estado francés. 
Pero pasemos a la pregunta complementaria. 
¿No cree el Presidente que si el Lendakari Ibarretxe- que, por cierto, es el máximo representante del Estado español en la Comunidad Autónoma del País Vasco, según la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía- dedicara todos sus esfuerzos y los de su Gobierno a perseguir y detener a los terroristas, y a aislar a sus cómplices y hubiera venido aquí, al Parlamento y a las instituciones, para pedirnos ayuda para terminar con ETA, ésta habría perdido ya la esperanza? 
¿No cree la Presidencia que el problema de la política vasca no es sólo la falta de libertad debida al terrorismo, aunque éste sea el problema fundamental, sino también la existencia de un Gobierno democrático que deslegitima las instituciones democráticas que ocupa democráticamente y se inventa conflictos, insisto, se inventa conflictos entre el Reino de España y la República francesa? 
. Señor Presidente, no contesto como Presidencia del Consejo, sino como representante del Gobierno español: no puedo más que coincidir plenamente con la opinión expresada por la diputada Sra. Díez. 
Señor Presidente, yo quisiera saber si la pregunta que le he hecho al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo no merece una respuesta, porque no he oído su respuesta. 
Me ha respondido la Sra. Rosa Díez, que parece que es la representante del Gobierno español aquí. 
Tendría mucho que decirle, pero esta interpelación no va dirigida a ella, sino al Presidente en ejercicio del Consejo. 
La Sra. Rosa Díez quiere formular otra cuestión de orden. 
Yo les ruego que concluyan con ellas, porque hay una segunda pregunta complementaria. 
Señor Presidente, yo creo que me he limitado a la aplicación del Reglamento. 
He hecho una pregunta complementaria al Presidente en ejercicio del Consejo. 
Como sabe el Sr. Ortuondo, yo represento aquí al Grupo Socialista Europeo y he hecho- insisto- una repregunta al Presidente utilizando- yo creo que correctísimamente- el Reglamento. 
Señor Ortuondo, creo que si se aplicara el Reglamento con la corrección con que lo hago yo, probablemente no estaríamos debatiendo su pregunta, porque usted introduce en ella una falacia. 
Habla de un Estado, de un País Vasco que no existe más que en la mitología o en su cabeza y, realmente, preguntarle al Consejo sobre algo que no existe, puede estar muy bien para un debate alrededor de una hoguera, pero... 
Debo decir, para comenzar, que no apunto a nadie en mi condena del terrorismo y de los atentados terroristas, y este problema no sólo afecta a España, sino a todos los países de la Unión Europea. 
El Sr. Aznar habló recientemente de la necesidad de diálogo entre palestinos y el Gobierno israelí en el proceso de paz de Oriente Medio. 
¿Podría el Presidente en ejercicio del Consejo- en cualquiera de sus capacidades como representante de la Presidencia o como representante del Gobierno español- citar un ejemplo de alguna situación anterior en la historia mundial en la que la política de no diálogo con personas que cometen atentados terroristas en un país como España haya resuelto jamás la situación? 
Son muchos en este Parlamento y en Europa los que creen que en algún momento será necesario que España- por muy lamentable, por mucho que detesten la idea- inicie el diálogo. 
Si no es éste el caso, ¿podría ponerme un ejemplo de alguna situación en la que el no diálogo haya funcionado? 
. Yo ya he dicho que estoy aquí como Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de la Unión y repito que el Consejo de Ministros no ha debatido jamás la cuestión planteada tanto por el Sr. Ortuondo como por el último interviniente, y que esto no entra dentro de las competencias que el Tratado asigna al Consejo. 
Por lo tanto, como Presidente del Consejo, no tengo nada que decir y, como representante del Gobierno español, respondo ante mi propio Parlamento, no respondo ante el Parlamento Europeo. 
Yo, naturalmente, como Presidente de esta sesión, no debo entrar en el debate, sino garantizarlo, pero, para ilustración de los señores diputados, debo decirles que el Anexo 2, que trata del desarrollo del turno de preguntas previsto en el artículo 43, dice claramente que las preguntas serán admisibles siempre que no contengan afirmaciones o juicios. 
Y hay preguntas que contienen afirmaciones o juicios de gran calado, y que a veces no están de acuerdo con la Constitución de los países. 
Tengo que decirles que esta pregunta fue declarada admisible, en el límite del apoyo a la libertad de expresión y según la traducción francesa, que no recogía la traducción española. 
O sea, una pregunta similar realizada en el futuro no sería declarada admisible. 
Y ya les digo que, como Presidente de la sesión, simplemente les aclaro el Reglamento que tiene que ver con el fondo de la cuestión. 
Señor Presidente, me parece que usted aboga por una interpretación demasiado estricta del Reglamento. 
Aunque no soy un diputado veterano llevo bastante tiempo en este Parlamento para saber que aquí se han celebrado debates sobre otros problemas internos de los Estados miembros. 
Pienso, por ejemplo, en el conflicto de Irlanda del Norte. 
Por aquí han pasado muchos informes sobre esta cuestión y, por tanto, no sería la primera vez que este Parlamento trata problemas internos de los Estados miembros en el marco de la lucha contra el terrorismo. 
Suscribo plenamente la pregunta formulada por el diputado anglófono del grupo Socialista. 
El diálogo, incluso con supuestos terroristas, es imprescindible para lograr una paz duradera. 
Señor diputado, no voy a entrar en un debate. 
Yo le estaba glosando el Reglamento y las afirmaciones que se hacían en la pregunta. 
No se pueden hacer afirmaciones de cierto calado y que no están de acuerdo con la realidad europea actual. 
No estaba entrando yo en ningún debate. 
No comparto su opinión, el debate se ha celebrado con el máximo respeto de la libertad de expresión, pero simplemente les he glosado el Reglamento. 
Pregunta nº 4 formulada por Mihail Papayannakis (H-0272/02): 
Asunto: Afluencia de inmigrantes procedentes del Tercer Mundo 
Se ha constatado que cada vez que se produce una afluencia masiva de inmigrantes en las fronteras se reaviva el debate público sobre la necesidad de una acción común de los Quince. 
Pese a que la necesidad de una política europea de asilo e inmigración goza del reconocimiento general, esta cuestión se aborda de manera fragmentaria y con considerables retrasos. 
Teniendo en cuenta la existencia de unos medios bastante inadecuados para hacer frente a este problema (Fondo Europeo para los Refugiados dotado de un presupuesto mínimo para el período 2001-2004, propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros (COM (2001) 0181/final) 
. Las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, cuyo objetivo era la aplicación de las disposiciones del título IV del Tratado, encaminadas al logro progresivo de un espacio de libertad, seguridad y justicia, afirmaron la necesidad de elaborar una política común en materia de asilo y de inmigración. 
Las conclusiones indicaban asimismo los cuatro elementos sobre los que debería descansar dicha política: la colaboración con los países de origen, un sistema europeo común de asilo, la gestión de los flujos migratorios y un trato justo para los nacionales de terceros países. 
En línea con las conclusiones de Tampere, la Comisión adoptó, en el mes de noviembre de 2000, dos comunicaciones, una sobre una política común de inmigración y otra sobre una política común de asilo, en las que establece las orientaciones a partir de las que considera que debería definirse una estrategia común a medio y largo plazo y crearse un marco común. 
Las conclusiones del Consejo Europeo de Laeken, de 14 y 15 de diciembre de 2001, subrayaron la necesidad, en coherencia con el establecimiento y la aplicación de una política común en materia de asilo y de inmigración, evocada en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, de dar un impulso a las propuestas que se debaten en el Consejo y de plantearse lo antes posible la adopción de otras acciones y medidas. 
A este respecto, los organismos del Consejo examinan en la actualidad diversas propuestas de actos legislativos. 
Por lo que se refiere al ámbito de la inmigración legal, los debates versan sobre asuntos muy importantes y delicados, como la reagrupación familiar de nacionales de terceros países y la condición de aquellos nacionales de terceros países que residan en un Estado miembro desde hace años y los requisitos exigidos a los nacionales de terceros países para ser admitidos en los Estados miembros y poder desempeñar una actividad económica en los mismos. 
En cuanto al asilo, si bien los debates al respecto prosiguen en lo relativo a determinadas propuestas de directiva, en el Consejo, los pasados 25 y 26 de abril, fue posible lograr, a la espera del dictamen del Parlamento Europeo, una orientación general sobre un instrumento tan importante como la directiva relativa a normas mínimas para la acogida de solicitantes de asilo en los Estados miembros. 
En materia de refuerzo de los controles fronterizos y de lucha contra la inmigración clandestina y la trata de seres humanos, ha que reseñar que el Consejo de 27 y 28 de febrero de 2002 aprobó un plan de acción que establece las acciones y medidas que debe adoptar la Unión y fija los plazos para su ejecución. 
Hay que hacer, asimismo, referencia a la actividad del Grupo de alto nivel Asilo y Migración, encargado por el Consejo los días 25 y 26 de enero de 1999, de elaborar planes de acción para los países de origen y de tránsito de los solicitantes de asilo y de los migrantes, merced a un planteamiento integrado. 
Dichos planes de acción establecen, entre otras acciones para favorecer y fomentar el desarrollo de los países afectados, medidas concretas para lograr una reducción de los flujos migratorios clandestinos. 
El Consejo ha adoptado planes de acción para Afganistán, Albania- región limítrofe -, Marruecos, Somalia, Sri Lanka y Iraq. 
A este respecto, conviene recordar igualmente el establecimiento de una línea presupuestaria, la B7-667, destinada a la financiación de proyectos en el marco de la cooperación con terceros países en el ámbito de la migración. 
Las dificultades experimentadas en los ámbitos de la inmigración y del asilo tienen que ver, en buena medida, con las diferencias sensibles entre las legislaciones nacionales al respecto que, por otra parte, han sufrido cambios profundos en los últimos años. 
Además, a veces la necesidad de prevenir y combatir la inmigración clandestina se ha traducido en la adopción de normativas nacionales más restrictivas. 
Sin embargo, a pesar de las dificultades y problemas registrados, en los debates sobre instrumentos previstos y propuestos para aplicar las disposiciones del Tratado sobre la base, en particular, de las orientaciones establecidas en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, suelen destacar el compromiso y los esfuerzos desplegados a escala del Consejo para acelerar su examen y adopción y crear, así, la base de un corpus vinculante para el conjunto de la Comunidad a este respecto. 
Agradezco al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo la exposición que ha realizado sobre las intenciones de los países miembros, pero ya contamos con un informe sobre estas. 
Yo preguntaba sobre programación y sobre fechas. 
¿Cuándo tendremos una política así? 
Por supuesto, mi pregunta incluía también ciertas cosas que parecen no ocupar al Consejo, como la ayuda a los emigrantes y el esfuerzo por su incorporación. 
En cualquier caso, mi pregunta es la siguiente: 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, el 15 de abril el Consejo decidió tomar algunas medidas sobre los países que no cooperan con la Unión Europea y que en realidad facilitan, aunque no canalicen, olas de emigrantes ilegales hacia los países miembros, y decidió no dar la lista de dichos países aunque, en paralelo, declarara que va a tomar medidas en su contra porque evidentemente no hacen lo que deben y no colaboran. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿no es contradictorio? 
¿Por qué no los nombra? 
¿Qué medidas piensa tomar para que colaboren con la Unión Europea? 
. Quisiera recordarle al Sr. Papayannakis que ayer precisamente, por la tarde, en este Parlamento, hubo una comparecencia del Vicepresidente del Gobierno español y Ministro del Interior dedicada exclusivamente a este tema. 
Se habló, durante horas, de todos estos asuntos. 
Me parece que tener que repetir todo lo que dijo el Sr. Rajoy ayer, después del debate que tuvo lugar, es redundante. 
Creo que he dado una larga y cumplida respuesta al comentario del Sr. Papayannakis, y me parece redundante entrar de nuevo en un debate sobre estos temas, pues ya tuvo lugar ayer. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, creo que todos nos damos cuenta del increíblemente desigual reparto de estas tareas entre los Estados miembros. 
Sabemos que Grecia tiene que soportar una pesada carga y que España e Italia soportan una pesada carga absolutamente exhorbitante en comparación con el ingreso medio en estos países. 
Especialmente cuando se compara con un país como Dinamarca, que se encuentra cómodamente lejos de estos flujos de refugiados. 
Ahora podemos constatar que algunos países que precisamente se encuentran cómodamente lejos de los flujos de refugiados endurecen muchísimo su política de asilo y de refugiados. 
Así hace Inglaterra, así obra Dinamarca. 
Señor Presidente del Consejo, urge adoptar una resolución común. 
Urge elaborar proyectos comunitarios en este ámbito. 
Urge llevar a cabo este reparto de cargas si no queremos acabar enemistándonos en este círculo por este problema. 
. Quisiera decirle a la señora diputada que, naturalmente, es verdad que hay una presión muy fuerte sobre los países del sur de la Unión. 
Pero, por lo que respecta al país que mejor conozco, que es el mío, le diré que España puede asumir perfectamente el esfuerzo de controlar sus fronteras en el sur y que, de momento, su problema no es el control, sino que no existen, en la Unión, convenios de readmisión con la mayor parte de los países del África Subsahariana. 
Por lo tanto, a pesar de que, como dijo ayer el Vicepresidente del Gobierno durante el debate, el problema no es tanto controlar la inmigración cuanto salvar la vida de aquellos inmigrantes que vienen en embarcaciones absolutamente precarias. 
Y realmente nuestro problema no es detenerlos, que es muy fácil: nuestro problema es salvarles la vida. 
Y una vez que se les ha salvado la vida, el problema siguiente es que no hay modo de devolverlos a sus países, porque no hay convenios de readmisión ni sus países los desean. 
En este sentido, la Unión podría hacer una gran presión sobre esos países que son signatarios del Acuerdo de Cotonú. 
Pero quisiera también decirle para información, señora diputada, que el mayor flujo de inmigrantes ilegales que recibe España no viene precisamente del sur. 
La mayor parte del flujo de inmigrantes ilegales que viene a España pasa tranquilamente y sin ser molestado por la frontera entre Francia y España y procede de los países del Este. 
Esos emigrantes ilegales atraviesan las fronteras de Alemania, de Austria, de Italia y de todos aquellos países que tienen frontera con los países del Este con toda tranquilidad; se pasean tranquilamente por toda la geografía europea y se instalan en España sin que haya manera de controlarlos. 
Eso es lo que verdaderamente nos preocupa, porque tanto en España como en Italia, que tienen fronteras comunes con el resto de la Unión, estamos recibiendo más emigrantes ilegales a través de nuestras fronteras con nuestros socios que a través de las incursiones procedentes del sur que se hacen a través del mar. 
Pregunta nº 5 formulada por Camilo Nogueira Román (H-0275/02): 
Asunto: Discriminación de los trabajadores marroquíes, sustituidos por trabajadores del este de Europa 
Este año han quedado sin empleo o en una situación de desamparo 5 000 trabajadores de origen marroquí que ya participaron otros años en la campaña de la fresa en Huelva al haber sido sustituidos por trabajadores de países del este de Europa en una decisión favorecida o consentida por las autoridades del Estado español, habida cuenta de que los trabajadores han llegado con un contrato de trabajo firmado en su país de origen. 
¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo ante esta actitud, gravemente discriminatoria y contraria a los principios de la UE? 
. Me gustaría que su Señoría esté al corriente de que no existen disposiciones, ni en la legislación comunitaria ni en ningún acuerdo entre la Unión Europea y países terceros- incluido Marruecos o los países candidatos u otros de la Europa del Este -, en virtud de las cuales los trabajadores de un determinado país tercero puedan tener un trato prioritario para acceder a un empleo en un Estado miembro de la Unión. 
Por tanto, no puede considerarse discriminatoria la sustitución de trabajadores de un país tercero por los de otro país tercero. 
Muchos de los acuerdos europeos entre la Unión y los países candidatos incluyen, en sus apartados sobre circulación de trabajadores y prestación de servicios, referencias a las condiciones y modalidades que rigen en cada Estado miembro. 
Cabe, pues, señalar que, aunque la situación a la que se refiere su Señoría no deja de ser lastimosa, conviene plantearla en el contexto de las relaciones bilaterales que España mantiene con Marruecos o con los países de la Europa del Este, relaciones cuyos términos no conoce el Consejo de la Unión, ni creo que tenga que conocer. 
Señor Presidente del Consejo, ante un problema humano usted me responde con generalidades inaceptables. 
Supongo que sabe que los periódicos españoles hablaban hace poco de emigrantes que trabajaban en una empresa en Huelva de producción de fresas y "vivían como animales" -cito textualmente -, ya que dicha empresa les debía más de tres meses de sus salarios. 
Si esos emigrantes, que cuentan con algo que llaman "trabajo", viven en esas condiciones, puede usted imaginar en qué condiciones de miseria deben de vivir las cinco mil personas de origen marroquí que, como he dicho en mi pregunta, vagan sin trabajo por aquellas tierras. 
Esas personas, después de estar acostumbradas a participar en años anteriores en la campaña de la recogida de fresas, fueron substituidas este año por trabajadores temporeros procedentes de Estados del este de Europa, que paradójicamente cuentan con contratos de trabajo reconocidos por el Gobierno del Estado español y que se deniegan a los vecinos marroquíes. 
Esos comportamientos, además de ser injustos e inhumanos, impiden la convivencia con los emigrantes marroquíes, deterioran la situación de las comunidades afectadas, provocan actitudes contrarias al respeto mutuo e incluso comportamientos racistas y cultivan el extremismo político, que condenamos. 
¿Qué piensa hacer realmente el Presidente para erradicar dichos comportamientos? 
. Vuelvo a recordar que estamos en un mundo regido por un Tratado de atribuciones y no recuerdo que, entre las atribuciones del Tratado, esté la regulación de los mercados de trabajo. 
Por lo tanto, el Consejo, como tal, no tiene nada que decir a la pregunta del Sr. Nogueira. 
Voy a admitir la cuestión de orden, señor diputado, pero le recuerdo a usted que el Consejo contesta como cree oportuno. 
Y también les recuerdo a todos que esto es un turno de preguntas, no de declaraciones ni de debate general. 
Hay que hacer preguntas concretas. 
Les voy a regalar un Reglamento glosado por mí mismo para que lo recuerden. 
Señor Presidente, lamento la respuesta dada por el Presidente del Consejo, porque le he preguntado por la condición humanitaria de cinco mil personas que viven en este momento en el Estado español en una situación de miseria. 
Pregunta nº 6 formulada por Alexandros Alavanos (H-0276/02): 
Asunto: Gestiones de la Presidencia española ante El Cairo a favor de Kostas Kastanias 
Agradezco al Sr. Presidente la sensibilidad de la que ha hecho gala, tanto cuando hablamos de este tema, como hoy, al referir la intervención realizada por parte de la embajada española ante las autoridades egipcias. 
Quiero decir que de los tres presos, ya han muerto dos; el que sigue con vida tiene todas las enfermedades habidas y por haber, y es un manual de patología; hace poco ha perdido el ojo izquierdo. 
Lo repito, es la ' crónica de una muerte anunciada? ; y querría pedir al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo que no abandone. 
Al final, en nuestra carrera política, aparte de los grandes discursos que todos pronunciamos, nuestras posibilidades de salvar o de mejorar la vida de algunas personas es lo que cuenta. 
Pregunta nº 7 formulada por Andrew Nicholas Duff (H-0278/02): 
Asunto: Oficina de contratación de la UE 
Al parecer, el proyecto de decisión relativo al establecimiento, organización y funcionamiento de la Oficina de contratación europea viola la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
El artículo 21 de la Carta prohibe explícitamente la discriminación por razones de edad. 
Según el artículo 51, las disposiciones de la carta se aplican a las instituciones. 
Sin embargo, el proyecto de decisión permite a las instituciones de la UE discriminar en la contratación por razones de edad. 
El Consejo, la Comisión, y el Parlamento firmaron solemnemente la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea. 
¿Cómo piensa compatibilizar el Consejo su proclamación de la Carta con su política de contratación? 
. Quisiera recordarle al Sr. Duff que el Consejo ya tuvo ocasión de responder de manera pormenorizada a esta misma pregunta en el turno de preguntas del mes de noviembre del año 2001 con ocasión de la pregunta 0795/01 formulada por la Sra. Catherine Stihler. 
Deseo informar a su Señoría que desde entonces la posición en la materia no ha cambiado, ya que el Estado de derecho sigue siendo el mismo y, por lo tanto, le invito a referirse a la respuesta que el Consejo dio en la ocasión que he mencionado. 
Señor Presidente, aún tengo tres preguntas concretas que me tienen intrigado respecto a esta preocupante cuestión de la Oficina de contratación de la UE. 
Primera: ¿qué finalidad tenía proclamar solemnemente la Carta de los Derechos Fundamentales si el Consejo no está dispuesto a respetarla? 
Segunda: ¿Qué tipo de mensaje, en opinión del Presidente en ejercicio del Consejo, envía esta situación al ciudadano de la actual Unión y también a aquéllos de los países candidatos? 
Tercera: ¿Cuándo quedará resuelta, en su opinión, la cuestión de una manera definitiva y satisfactoria? 
. Simplemente recojo sus afirmaciones que, naturalmente, transmitiré a las autoridades de contratación competentes, pero yo no tengo nada que añadir en este momento a todo lo que he dicho. 
Señor Presidente, Señorías, la selección de personal es particularmente importante porque también se trata de objetivar. 
Para la selección del personal se requieren, en definitiva, unos criterios. 
Todos sabemos que la edad, la cuota de participación femenina, la cuota por países son, sin duda, algunos de estos criterios. 
Mi pregunta es- puesto que, en efecto, es preciso formular esta acreditación- si se prevé recurrir en el futuro a un asesoramiento científico o tal vez encargar incluso este asunto a asesores de personal, con objeto de conseguir que en adelante la selección de personal sea óptima. 
Realmente no es una pregunta. Ha sido una opinión del orador. 
Señor Presidente, es posible que en la traducción no haya quedado claro, pero la pregunta es: ¿Se prevé introducir en el futuro un seguimiento científico o la intervención de asesores de personal que permitan garantizar que la selección de personal sea óptima? 
. Creo que las instituciones europeas, tanto el Parlamento y la Comisión, como el Consejo, tienen suficiente experiencia en la contratación de personal. 
Y tienen, además, una tradición de admisión de personal que les permite poder evaluar las cualidades y las virtudes que necesitan para seleccionar su personal sin necesidad de acudir a ningún asesoramiento externo. 
No ha sido la regla hasta ahora. No creo que vaya a serlo en el futuro. 
Me atrevo a informarles de que la Presidencia del Parlamento está estudiando la modalidad de funcionamiento de esta oficina de contratación- o mejor dicho, de selección de personal interinstitucional -, y esperemos que funcionará, como decía el Sr. De Miguel, de forma muy competente y a favor de las tres instituciones de forma equilibrada. 
Pero, en fin, tendremos tiempo de discutirlo en su día. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 8 y 9 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 8 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0281/02): 
Asunto: Propuesta de nuevas leyes danesas sobre inmigración 
El Gobierno de Dinamarca ha presentado varias propuestas que tratan de endurecer las leyes danesas sobre inmigración. 
Uno de los puntos de este programa propone aumentar el límite de edad para el reagrupamiento familiar por matrimonio hasta los 24 años. Esta medida prohibe a los daneses menores de 24 años que contraen nupcias con personas procedentes de otro país residir con su cónyuge en Dinamarca. 
También se introducen restricciones para los ciudadanos mayores de 24 años que se casan con ciudadanos no nórdicos. 
¿Considera el Consejo que la propuesta danesa limita la libre circulación de ciudadanos comunitarios y por esta razón es incompatible con el Derecho europeo? 
Pregunta nº 9 formulada por Pernille Frahm (H-0285/02): 
Asunto: Reunificación familiar y ciudadanía de la Unión 
¿Cuál es la posición del Consejo ante el trato diferenciado que prevé el Gobierno danés en su propuesta sobre el derecho de reunificación familiar para matrimonios mixtos danés-extranjero en Dinamarca? 
La propuesta prevé que sólo los ciudadanos de los países nórdicos tienen derecho a establecerse inmediatamente en Dinamarca tras el matrimonio con un ciudadano danés. 
¿Considera el Consejo que este trato diferenciado de los ciudadanos de la UE es conforme con la ciudadanía de la Unión? 
Doy las gracias a la Presidencia por esta algo exigua respuesta. 
Sin embargo, el Gobierno español tiene que tener una opinión, por ejemplo, si se limitan las posibilidades de los ciudadanos españoles para vivir en otro país comunitario. 
¿O no tiene el Gobierno español ninguna opinión al respecto? 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, permítanme hacerles una pregunta en su condición de legisladores. 
Es naturalmente el Consejo quien en última instancia elabora las normas para esta cooperación. 
Si ahora resulta que un Estado miembro, con la ayuda de este tipo de legislación, puede limitar la libre circulación de trabajadores y de ciudadanos y causar problemas a la ciudadanía de la Unión, ¿estarán ustedes dispuestos a modificar las normas comunitarias de modo que quede absolutamente claro que nacionalmente no pueden introducirse este tipo de limitaciones? 
Pregunta nº 10 formulada por Rosa M. Díez González (H-0286/02): 
Asunto: Creación de un Banco Euromediterráneo para el Desarrollo 
La Cumbre europea de Laeken de diciembre de 2001 invitó al Consejo y a la Comisión Europea a que examinasen la posibilidad de crear un Banco Euromediterráneo de Desarrollo para frenar los malos resultados económicos de los países de la ribera Sur, así como las consecuencias sociales y políticas que se derivan. 
La Presidencia española estableció como prioridad la creación de un Banco Euromediterráneo de Desarrollo. 
Sin embargo, las conclusiones del Consejo de Barcelona aplazan un año la discusión al respecto. 
¿Cuáles han sido las razones que han motivado el rechazo unánime del proyecto de la Presidencia española de establecer un Banco Euromediterráneo de Desarrollo independiente? 
¿Qué estrategia piensa seguir la Presidencia para conseguir este objetivo? 
No hace falta que lo recuerde, pero fue en el Consejo Europeo de Laeken donde se recomendó, una vez más, crear un banco euromediterráneo de desarrollo para frenar, precisamente, los malos resultados económicos de los países de la ribera sur, así como las consecuencias sociales y políticas que de ello se derivan. 
El crecimiento actual de estos países, como sabe el Presidente en ejercicio del Consejo, es muy inferior al necesario, no sólo para asegurar un desarrollo sostenible y para reducir la pobreza sino para frenar la fuga masiva de cientos de ciudadanos, de miles de personas que desesperadamente buscan una oportunidad para no morir en su país. 
¿No le parece a la Presidencia que este instrumento que han decidido, plegándose a la posición de Ecofin, -que no era la posición de la Presidencia española ni de la mayor parte de los miembros del Consejo -, y que parece insuficiente, es producto de una decisión, a nuestro juicio, poco ambiciosa, quizá poco bien definida, que significa un frenazo y hasta- me atrevería a decir- un auténtico paso atrás, y que sólo es explicable por una falta de ambición o por ausencia de una estrategia clara para el desarrollo de los países del sur del Mediterráneo? 
. Comparto la opinión de la diputada señora Díez con respecto a la desilusión que ha producido la realidad sobre la ambición que nos habíamos planteado. 
La señora Díez sabe muy bien que España, antes de ocupar la Presidencia y, luego, en la Presidencia, ambicionaba la creación de un banco euromediterráneo y, por esta razón, este deseo se plasmó en las conclusiones del Consejo Europeo de Laeken. 
No fue por casualidad, puesto que estábamos preparando, precisamente, el terreno para la próxima reunión ministerial y para el tiempo de la Presidencia española y de nuevo esta afirmación volvió a aparecer en el Consejo Europeo de Barcelona, pero en un tono mucho más bajo. 
No es que se hubiera rebajado la ambición, porque la ambición sigue siendo la misma y la mantenemos igual. Simplemente, el camino va a ser más difícil y seguramente más largo. 
La realidad es que estas cosas hay que aprobarlas con el acuerdo del Consejo competente, que es el Consejo de Economía y de Finanzas y hubo una serie de países que, por razones que a ellos les competen, consideraron que era arriesgado hacer una apertura de un banco de manera inmediata. 
Se optó primero por crear una facilidad, después por crear una filial y, después, con el tiempo, ver si se puede constituir el banco, incluso con aportaciones, no solamente europeas, sino de los propios países socios mediterráneos que, por cierto, están muy deseosos de contribuir. 
Yo no puedo sino compartir, como he dicho, su desilusión. 
Espero que podamos seguir manteniendo la ambición y el objetivo. 
Será un camino más difícil, quizá más tortuoso y, quizá más largo, pero el objetivo sigue siendo el de crear un banco de desarrollo mediterráneo para provecho de los países de la cuenca del Mediterráneo y, muy particularmente, para financiar todas esas enormes necesidades de desarrollo que se nos hacen tan palpables en los días que vivimos y que, además, tienen el efecto tan dramático de la salida de los ciudadanos de esos países con destino a Europa que produce todas las desgracias de la inmigración, que todos conocemos. 
Por lo tanto, creemos que éste es un instrumento que puede contribuir al desarrollo de esos países y, por lo tanto, a través de este nuevo método adoptado esperamos llegar al objetivo declarado de crear el banco. 
Señor Presidente, en realidad, según mi propia valoración, el problema no es tanto que el dinero que ponemos a disposición sea insuficiente o que no hayamos tenido la posibilidad de hacer algo directamente allí, sino sobre todo en la todavía escasa capacidad de absorción de esos Estados del sur del Mediterráneo y en el hecho de que hasta ahora no se ha podido garantizar también la existencia de los proyectos necesarios y que el dinero se destine a los fines deseados. 
¿No cree usted, más bien, que si se crea un banco euromediterráneo, los fondos permanecerán en el mismo y llegarán a la región en tan poca cantidad como ya ha venido ocurriendo hasta ahora? 
En realidad, yo no creo que un banco euromediterráneo pueda contribuir a mejorar la llegada de fondos allí. 
. Su opinión, muy autorizada por cierto, coincide plenamente con la opinión del Gobierno de la República Federal de Alemania, que precisamente fue uno de los que objetó con mayor fuerza la creación del Banco. 
Debo decir que sus argumentos tienen un fundamento, porque todos sabemos que incluso el dinero de donación, que eso el programa MEDA, muy frecuentemente no se consume por falta de capacidad de absorción, por falta de poder formular proyectos. 
Pero, naturalmente, un Banco también es un instrumento para ayudar a los países a conocer mejor la posibilidad de utilizar los recursos financieros. 
Y además un Banco tiene la virtud de que, al dar préstamos, y los préstamos cuestan dinero, cuando alguien paga por un servicio siempre tiene interés en que funcione mejor. 
Ése es el mérito de un banco de desarrollo que, al mismo tiempo, es una institución asesora y que, al cobrar un precio por el dinero, hace que los receptores del dinero aprecien más las inversiones que se hacen. 
La argumentación que usted ha hecho ha sido la que su país y algún otro argumentó en el Ecofin. 
Por esta razón no se ha ido directamente al Banco, por esa razón hemos optado por este proceso por etapas y esperamos que, con este proceso por etapas, vayan mejorándose las condiciones y vaya entrando una nueva mentalidad en los países mediterráneos para utilizar mejor el dinero que, tanto en forma de donaciones como de préstamos, ponemos a su disposición. 
Pregunta nº 11 formulada por Esko Olavi Seppänen (H-0289/02): 
Asunto: Naturaleza y financiación de Galileo 
Se ha decidido poner en marcha el proyecto Galileo. 
¿Qué se ha decidido en el Consejo por lo que respecta a su utilización con fines militares? ¿Cuál es la posición de la Presidencia del Consejo en cuanto a la necesidad de utilizar Galileo con fines militares? 
. Quisiera responder a esta pregunta recordando que el Consejo ha afirmado en diversas ocasiones que Galileo es un programa civil, bajo control civil. 
Esto es resultado, en particular, de la Resolución del Consejo, adoptada el 5 de abril de 2001, y publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº 157/1, de 30 de mayo de 2001; así como de las conclusiones del Consejo, adoptadas el 26 de marzo de 2002, y publicadas en el comunicado de prensa nº 7282/02. 
Por lo tanto, en todos estos documentos que he citado ha quedado clara la voluntad del Consejo de mantener que Galileo es un programa civil, bajo control civil. 
Señor Presidente, señor Ministro, el Parlamento Europeo, por ejemplo, ha exigido en algunas de sus resoluciones que el programa Galileo también sea utilizado para fines militares. 
Esto va en contra de mis deseos personales, pero es la voluntad del Parlamento Europeo. 
Considerando que el proyecto Galileo tiene problemas de financiación y, al parecer, no se dispone de la suficiente financiación comunitaria, quiero preguntar si es posible que se acuda a financiación provista por Estados miembros particulares con el objeto de que este sistema de satélites también pueda ser utilizado para misiones de inteligencia militar. 
Hay que tener en cuenta que la Unión Europea está desarrollando una dimensión en el marco de la política de defensa y seguridad que implicaría la creación de servicios de inteligencia. 
. No, definitivamente no. 
Nosotros hemos dicho claramente que este es un programa civil y bajo control civil. 
Esto no es una decisión tomada a la ligera. 
Es una decisión tomada después de analizar en profundidad todas las consecuencias que tiene y, además, poniéndola en el contexto más amplio de la Unión Europea, que es el hecho de que la mayor parte los países de la Unión Europea pertenecen también a la Alianza Atlántica. 
No queremos entrar en un tema de competencia entre sistemas de satélites ni tampoco es competencia de la Unión Europea entrar en asuntos de inteligencia. 
Por lo tanto, me parece que la decisión tomada es que va a haber una financiación de este proyecto Galileo, que va a ser para usos civiles y bajo control civil, y en ningún momento se va a hacer llamada a una financiación adicional para que el sistema Galileo sirva para fines militares. 
Pregunta nº 12 formulada por Lennart Sacrédeus (H-0291/02): 
Asunto: Niños esclavos en las plantaciones de cacao del África Occidental 
Según un aviso del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el África Occidental las víctimas del tráfico de niños ascienden a 200.000, en buena medida debido a la industria del cacao. 
Asimismo, tanto el trabajo infantil como la trata de seres humanos van en aumento. 
En las plantaciones de cacao trabajan sobre todo niños que a menudo tienen que realizar la dura tarea de recolectar los granos de cacao. 
La jornada laboral de estos niños puede llegar a ser de 15 horas. 
No se trata sólo de trabajo infantil, sino que los productores de cacao comercian con estos niños como si fueran esclavos. 
¿Cómo ha reaccionado el Consejo ante estos datos y qué iniciativas va a tomar en relación con este asunto? 
¿Qué medidas piensa adoptar respecto a los países del África Occidental implicados y a la industria del cacao? 
. La Unión Europea ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación por la incidencia del trabajo forzoso y del trabajo infantil, así como por el tráfico de niños y de casos de esclavitud infantil, en particular en el África Occidental y Central. 
El año pasado la Unión Europea llevó a cabo gestiones en varios países de la región e instó a los gobiernos a que cumplan las obligaciones que les incumben, en virtud de los correspondientes Convenios o Convenciones de las Naciones Unidas, y a que adopten medidas, de conformidad con ellos mismos, así como a que faciliten y desarrollen la cooperación entre los gobiernos de la región y los organismos internacionales, en particular, UNICEF y OIT. 
Un número determinado de Gobiernos del África Occidental ha comunicado a la Unión Europea que ha ratificado, o tiene intención de ratificar, el Convenio sobre prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación y que están totalmente entregados a la lucha contra el tráfico de niños. 
Se ha instado decididamente a los países que aún no han ratificado este importante Convenio a que lo hagan sin demora. 
La Unión Europea seguirá destacando, en contactos bilaterales y en foros internacionales, la importancia de llevar a cabo con firmeza actuaciones contra el trabajo infantil y el tráfico de niños. 
Quisiera dar las gracias al Sr. de Miguel por su respuesta. 
Se trata de 200.000 niños, la mayoría de ellos varones. 
Es, por tanto, un gran problema para esos niños en África Occidental. 
En la respuesta que se me ha dado se mencionan reiteradamente las declaraciones. 
¿Podemos hacer algo más que exigir declaraciones sobre las convenciones vigentes? 
¿Podemos fortalecer el sistema escolar y contribuir a cambiar el concepto de ser humano y el concepto de niño, para dejar en claro que los menores no son mercancías y que en nuestra civilización queremos que estén protegidos y que sean tratados como seres humanos? 
¿Es posible coordinar esfuerzos con EE.UU. y con Japón para ayudar a esos niños en África Occidental? 
. Me parece obvio que todos los países del África Occidental son socios de la Unión, a través del Convenio ACP, y son signatarios del Convenio de Cotonú y, por lo tanto, no solamente tienen una especial asociación con la Unión Europea, sino que, además, reciben unos fondos muy importantes- estamos hablando de 13.000 millones de euros- para proyectos de cooperación. 
Todos ellos tienen, además, el llamado "programa indicativo nacional" que se acuerda con la Comisión Europea para dirigir los fondos de cooperación hacia los sectores que estén más necesitados, para su desarrollo económico y social. 
Me parece que la promoción de la educación, de la integración de los niños en la sociedad y el reforzamiento de la familia, y evitar que se margine a los más débiles de la sociedad, que son los niños, son parte de las orientaciones más importantes de los programas indicativos que se hacen con esos países. 
Me consta que la Comisión es muy consciente de este problema que afecta, no a todos, pero sí a algunos países del África Occidental, y que está tratando de utilizar todos los medios a su alcance, a través de la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo para promover programas en la línea que usted ha sugerido. 
De todas maneras, esta mención suya será trasladada al Comisario competente, Sr. Nielson, para hacerle llegar la preocupación de este Parlamento por la grave situación de estos niños, a quienes deberíamos dedicar una atención preferente en nuestros programas de desarrollo. 
Pregunta nº 13 formulada por Alejandro Cercas (H-0296/02): 
Asunto: La estrategia de Lisboa y el pleno empleo 
En las conclusiones de la reciente Cumbre del Consejo Europeo de Barcelona se afirma que el pleno empleo en la Unión Europea es el núcleo de la estrategia de Lisboa y el principal objetivo de las políticas económicas y sociales, que requiere la creación de más y mejores puestos de trabajo. 
Por lo tanto, se añade, es necesario seguir prestando especial atención a las reformas de las políticas de empleo y mercado laboral. 
Por su parte, la Presidencia del Consejo señala en su Programa que la creación y la mejora del empleo es una de las prioridades obligadas de toda Presidencia. 
Sin embargo, según estimaciones oficiales en la UE, el desempleo alcanza un porcentaje del 7,8 en la UE, siendo España el Estado miembro donde se da la tasa más elevada de desempleo (12,9 %, según datos publicados por EUROSTAT en febrero de 2002) y un empleo más precario pese a haber experimentado una fase de crecimiento económico. 
A la vista de estos resultados, ¿qué iniciativas va a tomar la Presidencia del Consejo para que los planes nacionales de empleo reduzcan efectivamente la cifra de desempleados y promocionen empleos de calidad en todos los Estados miembros? 
. El Consejo considera que para alcanzar el objetivo del pleno empleo en la Unión Europea, fijado en el Consejo Europeo de Lisboa y reiterado en Barcelona en el Consejo de primavera de este año, hay que seguir prestando atención especial a las reformas de las políticas de empleo y del mercado de trabajo. 
En este sentido es indispensable eliminar las barreras a la incorporación en el mercado de trabajo y promover políticas activas de empleo, manteniendo el enfoque preventivo y la atención individualizada a los desempleados para evitar que caigan en el paro de larga duración y contribuir a que mejoren sus capacidades de inserción profesional. 
El Consejo resalta asimismo que, para conseguir los objetivos marcados en Lisboa, la estrategia europea de empleo debería prestar una atención especial a los desafíos que la Unión Europea tiene planteados a largo plazo, especialmente aquellos que afectan al envejecimiento progresivo de la población. 
La estrategia europea de empleo debe contribuir a la creación de un mercado de trabajo dinámico y eficaz, donde los trabajadores motivados y formados puedan llevar a cabo tareas de alta calidad y de alta productividad. 
Así, la estrategia deberá contemplar adecuadamente las políticas que mejoren tanto la oferta como la demanda de trabajo. 
En el marco de la ejecución de la estrategia para el empleo, las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros, en 2002, adoptadas formalmente por el Consejo a principios del presente año, reflejan en gran parte los nuevos mensajes políticos refrendados por los últimos Consejos Europeos que examinaron el tema del pleno empleo en Europa. 
Son ahora los Estados miembros quienes deberán poner en práctica la política de empleo, conforme a las directrices para el empleo, en el respeto del principio de subsidiariedad, así de como las competencias de los Estados miembros en materia de empleo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, tiene mucha razón cuando dice que ahora son los Estados miembros- lo han sido siempre, desde Luxemburgo- los que tienen que hacer realidad la política de la estrategia de empleo y tomar iniciativas concretas y no limitarse a reiterar enfáticamente objetivos y proclamas que, lamentablemente, se quedan en palabras o en la agregación burocrática de proyectos o de dinámicas administrativas preexistentes, sin una nueva manera de incentivar al conjunto de la nación, involucrando a los agentes sociales, a todo tipo de autoridades administrativas, a los Parlamentos, etc. 
Y, precisamente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, son los Estados miembros los responsables y el Parlamento acaba de decir, en noviembre, y lo viene diciendo desde hace cinco años, que los planes nacionales de empleo adolecen de fallos importantes a la hora de programar, de evaluar, de seguir; que no hay objetivos concretos, que no hay indicadores, que no se habla de medios financieros. 
Decía usted, con mucha razón, que hay que hacer programas individualizados. 
Todo esto, señor Presidente en ejercicio del Consejo, es para sugerirle que, en los 45 días que faltan de Presidencia, haya efectivamente alguna iniciativa potente de la Presidencia española, porque el problema es que el número de parados en Europa está incrementándose y no estamos creando los empleos que dijimos en Lisboa y no podemos seguir repitiendo siempre lo mismo, de una manera simplemente administrativa frente a un problema de estas dimensiones. 
. Debo coincidir con su Señoría en el sentido de que, muy frecuentemente, cuando se presentan los planes nacionales de empleo adolecen de la concreción necesaria y, sobre todo, del compromiso cifrado, con objetivos claros, de cómo se va a acometer la creación de empleo precisamente en los sectores menos favorecidos, cómo se van a abrir nuevas oportunidades y qué medios y qué recursos se van a adoptar. 
Pero, como usted sabe, no hay más medio de obligar a los Estados miembros a que presenten planes de empleo verdaderamente de sustancia, que haciendo ese peso y esa insistencia política de la que es parte este debate que estamos teniendo aquí. 
Hay que llevar a la conciencia de los países que los compromisos de los Consejos vinculan verdaderamente y que, además, el tema del empleo es el primer objetivo de la estrategia de Lisboa. 
Todo lo demás de la estrategia de Lisboa está condicionado a la creación de empleo. 
Desde luego, trasladaré al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de España esta preocupación para ver si, en alguna nueva sesión del Consejo de Asuntos Sociales- que todavía va a celebrar alguna reunión antes del final de la Presidencia- se puede volver a insistir. 
Pero la presentación de los planes nacionales de empleo se hace, precisamente, a principios de año. 
Ya hicimos un esfuerzo a principios de año, ya se presentó todo al Consejo Europeo de Barcelona, en Barcelona ha habido nuevas indicaciones, pero yo creo que nunca está de más recordar, aunque sea en un momento en que no haya que presentar los planes- pero cuando hay que empezar a elaborarlos -, que el Consejo Europeo ha dado unas orientaciones muy claras con respecto a los planes nacionales de empleo y que convendría que los países fueran ya, de manera más concreta, haciendo unas previsiones y unas precisiones mayores a la hora de preparar sus planes de empleo para principios del año próximo. 
Pregunta nº 14 formulada por Bernd Posselt (H-0297/02): 
Asunto: Academia de policía y protección de las fronteras de la UE. 
¿En qué situación se encuentra la realización de dos cuestiones fundamentales que el Parlamento Europeo ya suscitó en 1998: la academia de policía europea y la protección de las fronteras europea o policía fronteriza europea? 
. Recordará el Sr. Posselt que, a raíz de la Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, por la que se crea la Escuela Europea de Policía, se constituyó una red de escuelas de policía europeas que incluía al conjunto de los Estados miembros. 
Las etapas de esta Escuela de Policía, llamada CEPOL, podían sintetizarse como sigue, en la secuencia temporal: 
En el año 2001, se inició la red. 
Los miembros de la escuela se comprometen a organizar 10 acciones de formación sobre los temas prioritarios definidos en la Decisión del Consejo. 
En 2002, a falta de una decisión definitiva sobre la fijación de la sede de la Agencia, Dinamarca acoge temporalmente la Secretaría de la CEPOL y previamente se ha obtenido para 2002 un presupuesto de 2,2 millones de euros que servirán para financiar 17 acciones de formación. 
A lo largo de 2002 la actividad de la CEPOL va a aumentar. 
Se prevén 21 acciones de formación, todas con una relación clara con las prioridades establecidas por el Consejo. 
En lo tocante a la cooperación entre los servicios de control de fronteras de los Estados miembros, el Consejo se remite a los puntos 24 y 25 de las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, en las que se pide que se refuercen la cooperación y la asistencia mutua entre los servicios de control fronterizo de los Estados miembros, por ejemplo, mediante programas de intercambio y la transferencia de tecnología, especialmente en las fronteras marítimas y pide, asimismo, que los Estados candidatos se sumen con prontitud a esta cooperación. 
Más tarde, el Consejo aprobó, el 6 y 7 de diciembre de 2001, un documento titulado "Concepto de gestión europea de los controles de fronteras". 
Este concepto prevé, entre otras cosas, que los responsables de los servicios encargados del control en las fronteras se reúnan al menos una vez por semestre, en el seno del Comité estratégico de inmigración, fronteras y asilo, y permita a los países candidatos participar en sus trabajos, al menos una vez al año. 
El 11 de abril de 2002 se celebró en Bruselas la primera reunión del citado Comité, en la que participaron representantes responsables de los servicios encargados del control de las fronteras. 
Esta cooperación va a constituir una primera etapa de la ejecución de otras formas de cooperación que puedan preverse, en concreto a la luz de las deliberaciones que se lleven a cabo sobre la futura Comunicación de la Comisión sobre gestión de fronteras, así como el resultado del estudio de viabilidad realizado por las autoridades italianas, en relación con la creación de un servicio europeo de policías de fronteras. 
Este estudio, desarrollado en el marco del programa Odysseus, se inició en octubre de 2001 y consta de cuatro fases. 
Sus resultados se presentarán en una Conferencia ministerial el 30 de mayo de 2002, en Roma. 
Asimismo, quisiera llamar la atención del Sr. Posselt sobre el contenido del plan global para la lucha contra la inmigración clandestina y la trata de seres humanos en la Unión Europea, que ha sido adoptado por el Consejo el 28 de febrero de 2002. 
Este plan global se propone definir un enfoque común e integrado de todas las cuestiones ligadas a la inmigración ilegal y la trata de seres humanos. 
Se definen en él siete ámbitos de acción, entre los que se incluyen las medidas relativas a la gestión de fronteras. 
Señor Presidente, yo tuve, por cierto, el honor de iniciar ambas cuestiones, la academia de policía y la protección de las fronteras, y esta Asamblea ya adoptó casi por unanimidad el correspondiente informe en 1998. 
Por consiguiente, me alegra que al cabo de cuatro años comiencen a moverse las cosas. 
Yo quisiera formular, no obstante, dos preguntas complementarias concretas. 
En primer lugar, en relación con la sede de la Escuela de Policía, ¿cuándo cree que se adoptará una decisión definitiva al respecto y qué Estados miembros han presentado su candidatura? 
La segunda pregunta se refiere a la protección de las fronteras. 
¿Se presentará el estudio de viabilidad al Parlamento Europeo ya en junio, de manera que también tengamos la posibilidad de discutirlo? 
. Señor Posselt, a mí me gustaría muchísimo poder decirle ahora mismo cuándo se va a tomar la decisión sobre la sede de la Academia Europea de Policía, pero me temo que ése no es un tema en el que se pueda tomar una decisión fácil porque la sede de esa Academia está metida en un paquete de otra serie de agencias europeas que ha sido objeto de gran controversia dentro de la Unión. 
Usted recordará que en Gotemburgo los suecos ya intentaron tener un acuerdo sobre sedes; que en Laeken, la Presidencia belga lo intentó de nuevo y presentó una propuesta de acuerdo sobre sedes, que fue bloqueada no por uno, sino por varios países al mismo tiempo. 
Y quisiera decirle, simplemente, en la intimidad de este hemiciclo- que está bastante íntimo hoy, por cierto -, que la Presidencia española está haciendo todo lo posible para hacer un paquete que permita a todos los países que aspiran a albergar sedes de agencias europeas- ya que a todos les parece una cuestión de vida o muerte el obtener tal y cual agencia para su país- ponerse de acuerdo. 
Estamos en este momento en proceso de consultas bilaterales y el Presidente del Consejo, Sr. Aznar, cuando pase por las capitales de los Estados antes de la celebración Consejo Europeo, tratará de elaborar un paquete que pueda presentarse al Consejo. 
Pero quisiera decirle que si el paquete no es suficientemente sólido no vamos a pasar por el abrumador espectáculo de convertir el Consejo en un zoco en el cual todo el mundo esté luchando por una sede u otra. 
De momento, en el caso de la Academia de Policía, ya tenemos una sede provisional. 
Usted sabe que en la más acendrada tradición de esta Unión, las sedes provisionales normalmente tienen una vocación de permanencia. 
Con eso no voy a decir que la sede de la Academia de Policía vaya a estar en Dinamarca toda la vida, pero, la verdad, hay algunas sedes provisionales que han sido provisionales durante cuarenta años y, en cualquier caso, ya se ha asignado dinero para formación y esperamos que esto empiece a funcionar. 
Con respecto a los países que han optado por la sede, voy a ahorrar el decirle cuáles son los países que quieren la sede, porque son varios, y muchas veces incluso, en este juego tan complejo de las sedes, nunca se sabe si los países desean la sede de verdad o están presentando su opción a la sede para utilizarla como señuelo o como arma de cambio para obtener otra cosa. 
Por lo tanto, creo que este tema, cuanto menos lo tratemos mejor. 
Con respecto al segundo tema sobre el que usted me ha preguntado, yo creo que corresponde a la Comisión, y que antes de final de junio vendrá al Parlamento. 
Pero me gustaría que fuera el Sr. Vitorino, que es el Comisario responsable, el que pudiera pronunciarse al efecto. 
Vengo de Dalarna, en el centro del oeste de Suecia, una de las regiones fronterizas de la Unión Europea con Noruega. 
¿Es demasiado prematuro para tener una idea o puedo preguntar ya al Consejo si podría pensar en que soldados extranjeros se encargasen de proteger las fronteras? 
¿Sería imaginable, por ejemplo, que soldados británicos pudiesen ayudar a España a proteger sus fronteras exteriores o podrían soldados franceses ayudar a Suecia a proteger su frontera con Noruega o su frontera marítima con Rusia? 
¿Podrían ayudar soldados alemanes a Finlandia a proteger sus fronteras con Rusia? 
¿Se piensa aproximadamente en estos términos? 
¿En que lengua se darían las órdenes? 
¿Se usaría una lengua internacional o la lengua propia del país? 
. Señor Sacrédeus, comprendo que la proximidad a una frontera exterior de la Unión, en su caso, naturalmente es obvio que le preocupe. 
Pero créame que la frontera exterior con Noruega es la menor de nuestras preocupaciones, porque Noruega es un país con el que tenemos un acuerdo, dentro del Convenio de Schengen, y es un país que prácticamente, a todos los efectos, forma parte de la familia europea. 
Si no está dentro de la Unión es porque ellos no han querido, no porque nosotros no queramos. 
Por lo tanto, no se plantea ningún problema y no creo que haya habido nunca ningún incidente en la frontera exterior con Noruega. 
Pero por lo que usted me dice de que haya soldados de diferentes nacionalidades cubriendo fronteras, algunas incluso sensibles como la de Finlandia con Rusia, quisiera decirle que eso pertenece más bien al reino de la ciencia-ficción. 
Para empezar, las fronteras no se guardan con soldados: dentro de la Unión Europea se guardan con policía de frontera. 
Podría caber la posibilidad de organizar un cuerpo común de policía de frontera- eso se ha dicho en los Consejos de Justicia e Interior -, pero sería un cuerpo común de unas personas que serían reclutadas de la misma manera que tenemos aquí un cuerpo común de intérpretes o de funcionarios, es decir, serían unos funcionarios comunitarios que tendrían sus propias reglas y que tendrían seguramente su uniforme y su régimen lingüístico- ya que veo que eso le preocupa- y que seguramente tendrían sus distintivos y, sobre todo, su código de conducta que sería uniforme para todos. 
Pero esto no es más que un plan que está más bien en la imaginación de los ministros de Justicia e Interior, que de momento no se ha formulado de manera real y que me parece que tardará algún tiempo todavía en realizarse. 
Asunto: Disponibilidad de los documentos de las reuniones del Consejo y de los comités 
Desde el inicio del proceso de Lisboa, el Consejo, junto con la Comisión, se ha convertido en la plataforma giratoria de una serie de procedimientos de coordinación. 
En los comités de política económica, de empleo y mercado laboral y de protección social, el Consejo examina y aprueba documentos importantes, sin participación alguna del Parlamento. Se trata de la elaboración de informes comunes del Consejo y de la Comisión sobre el empleo, la exclusión, las jubilaciones, los objetivos e indicadores para la lucha contra la pobreza. 
También el Consejo Europeo a veces menciona dichos documentos sin que estén públicamente disponibles. 
¿Está dispuesto el Consejo a transmitir igualmente al Parlamento estos documentos de la Comisión y de los comités? 
¿Es posible publicar los documentos aprobados por el Consejo a través del Diario Oficial y la página en Internet? 
¿Está dispuesto el Consejo a participar en la búsqueda de un procedimiento que permita una mejor participación del Parlamento en la toma de decisiones en el contexto de los procedimientos de coordinación? 
. Al margen de las disposiciones vigentes relativas al acceso del público a los documentos de las tres instituciones- Consejo, Parlamento y Comisión -, en la actualidad no hay previsto ningún procedimiento específico por lo que respecta a la transmisión oficial al Parlamento Europeo de los documentos correspondientes a los objetivos de Lisboa. 
Dicho esto, en el marco de la transparencia, todos los informes y demás documentos aprobados por el Consejo en estas materias, sobre todo con vistas a la coordinación de las políticas económicas, se publican, por norma general, en el sitio Internet del Consejo una vez aprobadas y, por lo tanto, son accesible a todo el público en general. 
Agradezco la respuesta del Presidente del Consejo, pero usted comprenderá, señor Presidente del Consejo, que nosotros, como miembros de este Parlamento, no podemos felicitarnos por ella. 
Concedemos mucha importancia a la estrategia de empleo. 
El método de coordinación abierta puede resultar muy eficaz siempre y cuando revista carácter democrático y transparente. 
Pues bien, no es democrático, dado que no implica suficientemente a los Parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo. Tampoco es transparente, puesto que quienes deberían garantizar la legitimidad democrática de la estrategia de empleo ni siquiera tienen acceso a las evaluaciones de los planes nacionales de acción, financiadas con dinero europeo, y a los estudios llevados a cabo por el Comité de Política Social y de Empleo. 
¿Qué piensa hacer la Presidencia del Consejo para remediar esta situación? 
¿No considera que hace falta fomentar la democracia y la transparencia de la estrategia de empleo y del método de coordinación abierta? ¡Porque, para colmo, todo esto se financia con dinero europeo! 
Señora Van Lancker, tengo un gran respeto por todo lo que usted dice y, efectivamente, hay siempre un margen muy amplio para mejorar la transparencia y la puesta a disposición de los documentos del Consejo. Naturalmente, y en primer lugar, al Parlamento que, como usted dice, es el órgano que representa a los pueblos de Europa. 
Pero también es verdad que nosotros vivimos en un sistema normado en el que existen unas obligaciones del Consejo de enviar los documentos al Parlamento cuando esto es requerido en el proceso de decisión legislativa. 
Hay algunos documentos que no entrañan proceso de decisión legislativa, que son competencia de los Estados miembros y, en los cuales, no está especificado que esos documentos sean transmitidos. 
La verdad es que, hoy en día, el mundo de la Unión es un mundo con techo de cristal porque, prácticamente todos los documentos de los Estados miembros están publicados en las redes de Internet y, verdaderamente, me cuesta trabajo recordar que exista algún Consejo, incluso en el caso de los Consejos más delicados, que son los Consejos de Asuntos Exteriores, en que los documentos hayan sido secretos o no sean accesibles al público. 
Ya le digo que el sistema de Internet hoy en día facilita extraordinariamente las cosas. 
De todas maneras, tomo nota de este interés- que, por cierto, no es la primera vez que me ha sido expresado por el Parlamento- de que éste tenga una mayor implicación en todo lo que es la estrategia de Lisboa; naturalmente, para tener una mayor implicación es necesaria una mayor información y, por lo tanto, lo transmitiré para que se pueda mejorar la transmisión de documentos al Parlamento. 
Pregunta nº 16 formulada por Richard Howitt (H-0306/02): 
Asunto: Separación de la ayuda al desarrollo y de los intereses comerciales por los Estados miembros de la Unión Europea 
¿Puede confirmar el Presidente en ejercicio que, con ocasión de la Cumbre de Barcelona, algunos Estados miembros rechazaron la propuesta de la Comisión de separar la ayuda al desarrollo de los interesas comerciales y precisar qué objeciones se hicieron a esta propuesta? 
Considerando el compromiso adoptado en la Conferencia de Monterrey sobre la Financiación para el Desarrollo de continuar discutiendo este asunto, ¿qué otras medidas prevé la Presidencia a este respecto? 
. Quisiera llamar la atención del Sr. Howitt sobre el párrafo correspondiente de las conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona- punto 13 -, en el que no se menciona específicamente la supresión de las condiciones de la ayuda al desarrollo. 
No obstante, el Consejo Europeo acogió con satisfacción el acuerdo alcanzado sobre ayuda oficial al desarrollo (AOD) por parte de los Ministros de Asuntos Exteriores con la perspectiva de la Conferencia de Monterrey, acuerdo que respaldó. 
En este acuerdo, el Consejo de la Unión Europea afirma su disposición, entre otros compromisos, a aplicar la recomendación de supresión de las condiciones de ayuda para los países menos desarrollados y a continuar los debates a fin de seguir suprimiendo las condiciones de las ayudas bilaterales. 
La Unión Europea va a estudiar también medidas para seguir suprimiendo las condiciones de la ayuda comunitaria a la par que se mantiene el sistema existente de preferencias de precios en el marco del acuerdo entre la Unión Europea y la ACP. 
Creo que el Presidente en ejercicio del Consejo ha esquivado diestramente mi pregunta. 
Naturalmente, el apartado 13 recoge lo que se acordó, no lo que no se acordó. 
Por lo tanto, le repito mi pregunta: ¿Se sometió a debate? 
¿Cuáles fueron los argumentos? 
¿Cuál fue el balance de opinión en aquella ocasión? 
Seguro que podrá compartir eso con nosotros esta tarde. 
Es más, ¿piensa someter a nuevos debates en el Consejo las ventajas de separar la ayuda? 
En opinión del Banco Mundial, de ese modo se incrementa la eficacia de la ayuda en una proporción de entre el 12 y 20 por ciento. 
Seguramente estará dispuesto a reconocer que el desarrollo consiste en ayudar a países en desarrollo a ayudarse a sí mismos. 
Y si recurrimos a consultores europeos, empresas europeas, asistencia técnica europea, ¿no estaremos reforzando la dependencia que el desarrollo intenta sustituir? 
Por último, ¿está dispuesto a reconocer que la separación de la ayuda incrementa el papel del sector privado en los países en desarrollo? 
Incrementa las aptitudes y los conocimientos a nivel local. 
Permite la propiedad local de los proyectos de desarrollo. 
Si está de acuerdo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿piensa hacer algo al respecto? 
. Usted puede comprender que, por razones obvias de discreción a las que me obliga mi función de Presidente en ejercicio del Consejo, no voy a revelar aquí públicamente cuáles fueron las posiciones de los países y cuáles fueron los países que no estuvieron de acuerdo en separar la ayuda al desarrollo de los intereses comerciales. 
Usted sabe que, muy frecuentemente, en los mecanismos de ayuda al desarrollo existen una serie de créditos especiales que se dedican a financiar proyectos de ayuda al desarrollo siempre y cuando favorezcan la implantación o la realización de contactos por parte de empresas de los países. 
Sin entrar a hacer una valoración sobre si esto es bueno o es malo, éste ha sido un poderosísimo instrumento para que los países asignaran cantidades importantes a la ayuda al desarrollo y también ha sido un poderosísimo instrumento para que muchas compañías, ayudadas por esos créditos específicos, se impliquen en la realización de proyectos en países donde, si no dispusieran de estos créditos privilegiados, hubiera sido extraordinariamente aventurado iniciar diferentes proyectos. 
Naturalmente, mi ideal sería que no hubiera este tipo de vinculación y esto fue defendido por algunos países y, desde luego, por la Comisión, pero se impuso la realidad del peso de una costumbre, de una práctica que se ha realizado durante muchos años, y no se alcanzó un acuerdo para que se desvinculara el tema de la ayuda al desarrollo del tema comercial. 
Eso es lo único que le puedo decir. 
Pregunta nº 17 formulada por María Rodríguez Ramos (H-0311/02): 
Asunto: Cierre por United Biscuits de la factoría de Fontaneda 
La multinacional United Biscuits, propietaria de la Fábrica de Galletas Fontaneda en Aguilar de Campo, notificó el pasado 4 de abril la decisión de cerrar esta fábrica sin previo aviso ni a los trabajadores, que conocieron la noticia por la prensa. 
Esta fábrica lleva más de un siglo produciendo una marca de galletas emblemática en España, y sin la fábrica la comarca y sus 8.000 habitantes no tienen alternativas reales de desarrollo. 
El Sr. Aznar, Presidente actual del Consejo, ha declarado que no se puede hacer nada al respecto ya que las multinacionales han creado mucho empleo e investigación aunque en otras ocasiones creen problemas. 
¿Cree el Consejo que cuando las multinacionales actúan con absoluto desprecio por los derechos sociales de los trabajadores, la UE no puede realmente hacer nada, y cree que estas declaraciones de su Presidente se corresponden con la política de la Europa social que queremos construir? 
. Como bien sabe la Sra. Rodríguez Ramos, el Consejo adoptó en 1994 la Directiva relativa a la institución de un comité de empresa europeo a fin de consolidar la posición de los empleados de las multinacionales operativas a nivel europeo por medio de mecanismos de los mismos en los procedimientos de adopción de decisiones. 
En relación con la cuestión más específica de aliviar los efectos negativos de las supresiones masivas de empleo, el Consejo adoptó en 1975 la Directiva relativa a los despidos colectivos, modificada en 1992 y consolidada en 1998, en la que también se establecen determinados requisitos de información y consulta para los empresarios. 
En cualquier caso, no incumbe al Consejo, en su calidad de órgano legislativo, juzgar si la multinacional United Biscuits y la fábrica de galletas Fontaneda entran en el ámbito de aplicación de dichas Directivas y de las correspondientes legislaciones nacionales, ni si han dejado de respetarse los derechos sociales de los trabajadores en el caso que nos ocupa. 
Se trata, en efecto, de cuestiones que deben esclarecer los sistemas judiciales nacionales y me consta que, en el caso que nos ocupa, esto ya está siendo objeto de una investigación judicial. 
Por su parte, el Consejo considera ciertamente que deberían aplicarse plenamente, en su letra y en su espíritu, los instrumentos legales que el Consejo ha adoptado. 
De comprobarse la insuficiencia de los mismos a efectos de protección de los derechos de los empleados, el Consejo estaría dispuestos a estudiar cualquier propuesta que le presentase la Comisión con el fin de mejorar dichos instrumentos. 
En cuanto a la parte de su pregunta que se refiere a las declaraciones del Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Aznar, la verdad es que no corresponde al Consejo manifestar opiniones al respecto, pero también quisiera decirle que el Gobierno que preside precisamente el Sr. Aznar está propiciando activamente un diálogo con otros inversores, no solamente españoles sino también extranjeros, para buscar una salida a la continuidad en las operaciones de esa fábrica de galletas de Aguilar de Campoo, y que todo parece indicar, habida cuenta de los últimos resultados de estas conversaciones, que parece posible mantener la empresa activa y viable. 
En este momento, como usted sabe, el último escollo para mantener y restablecer totalmente la línea de negocio es el que respecta a la marca, puesto que ésta ha sido adquirida por United Biscuits y todavía existen ciertas reticencias a cedérsela a los inversores que podrían tomar el relevo en la empresa. 
En cualquier caso, con o sin la marca, hay varios grupos de inversores que están francamente interesados y a los cuales se les dará todas las facilidades para evitar que haya un cierre en una población tan pequeña como es Aguilar de Campoo, que afectaría muy negativamente a los habitantes de dicha localidad. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, como usted sabe, la fábrica y la marca Fontaneda es emblemática en España y está ligada histórica y geográficamente al territorio de Aguilar de Campoo. 
Es el motor de desarrollo social y económico de toda esta comarca, situada en una región europea que es objetivo 1, con importantes problemas de despoblación, y en la que en el año 2001 se perdieron ya mil quinientos puestos de trabajo. 
El anuncio del cierre- hoy parece que la empresa ha rectificado- respondía únicamente a intereses empresariales que producirían una clara deslocalización de puestos de trabajo con un verdadero desprecio a los derechos de los trabajadores y, por otra parte, el traslado ficticio de la marca para seguir produciendo en un lugar distinto a aquel al que históricamente ha estado vinculado. 
Esta situación es lo suficientemente grave como para que el Presidente del Consejo en ejercicio no pueda decir que es absolutamente imposible hacer algo. 
Parece que habría sido más razonable que se hubiera preocupado por las consecuencias sociales de estas decisiones empresariales y de la necesidad de que la Unión Europea afronte el reto de establecer principios comunitarios que respeten los derechos sociales de los trabajadores y que den respuestas eficaces a las consecuencias sociales, económicas y territoriales de estas decisiones. 
¿No cree realmente que esta declaración habría sido mucho más digna y más acorde con la Europa social que queremos construir por parte de quien ostenta su Presidencia? 
. Siempre he dicho que presumo de un diputado europeo que conozca el sistema institucional en el que estamos trabajando. 
No le corresponde al Consejo ni a la Presidencia del Consejo hacer ningún juicio sobre las reglas que se han adoptado. 
El poder de iniciativa lo tiene la Comisión y las reglas que ha adoptado el Consejo las tienen que adoptar los jueces. 
Puesto que usted insiste sobre alguna afirmación hecha por el Presidente en ejercicio del Consejo, le diré que esa afirmación no puede sacarse fuera de contexto. 
Una cosa es que haya dicho que cualquier gobierno debe respetar las decisiones empresariales de las multinacionales y otra cosa es que exima a esas multinacionales de conformarse a la legislación vigente. 
Y por lo tanto, no la ha eximido: la legislación vigente se ha de aplicar a United Biscuits o a la empresa que sea. 
Por lo tanto, que se le aplique la legislación. 
Si la legislación es insuficiente, que la Comisión haga una nueva propuesta y la apoyaremos con mucho gusto y, entretanto, creo que la actitud mostrada por el Gobierno- de buscar inmediatamente inversores para resolver el problema y que ya ha tenido un resultado- indica que la voluntad del Gobierno va precisamente en el sentido de la preocupación social y de impedir que esa fábrica de Aguilar de Campoo se cierre. 
Yo le garantizo, señora, que esa fábrica no se va a cerrar. Y desde luego, no se va a cerrar, no solamente por la voluntad del pueblo y de los trabajadores, sino también por la voluntad del Gobierno que tiene plena conciencia de que eso sería una enorme injusticia social. 
Señor Presidente, ¿sería posible que la pregunta se responda oralmente en la próxima ocasión, en vez de hacerlo por escrito? 
Esto permitiría formular preguntas complementarias y yo en realidad lo preferiría. 
Las preguntas que no estaban comprendidas en el tiempo del turno de preguntas serán contestadas por escrito, señor Gahler. 
Solamente al cabo de un tiempo se puede repetir la pregunta, pero creo que tiene que pasar un período de tres meses. 
Yo también releeré el Reglamento, pero hoy no le puedo decir que el próximo día podrá hacer la pregunta oral. 
Según el Reglamento, no es posible. 
Al haberse agotado el turno de preguntas al Consejo, las preguntas 18 a 26 se contestarán por escrito. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0133/2002) del Sr. Alain Lamassoure, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la delimitación de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros (2001/2024 (INI) ). 
. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este debate es una primicia. 
Desde el Tratado de Roma, los gobiernos y las instituciones europeas nunca habían juzgado oportuno hacer el balance sobre el reparto de los papeles en el seno de la Unión. 
El texto que se les somete a ustedes es fruto de un verdadero trabajo colectivo que supera ampliamente la persona del ponente o la opinión de un Grupo político. 
El proyecto aprobado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de este Parlamento ha tomado en consideración las principales sugerencias del Comité de Regiones y de las cuatro comisiones competentes para opinión, así como 170 enmiendas de aproximadamente treinta autores diferentes pertenecientes a todos los grupos. 
No hemos querido volver a escribir los Tratados, sino establecer las líneas directrices de la nueva y necesaria reescritura. 
Y ello basándonos en algunas opciones políticas claves. 
Primera orientación: constatamos que el texto de los Tratados fue redactado por diplomáticos, para uso propio, como si, en cierto modo, se hubiera construido un automóvil por mecánicos y sólo para ellos. 
Nuestro primer objetivo es, pues, poner el texto al alcance de todos los ciudadanos, es decir, volver a escribir los Tratados dentro del espíritu de una Constitución más clara, más breve y más coherente. 
Los apartados de los Tratados que la Constitución no recogiera seguirían siendo aplicables, pero ya no pertenecerían al Derecho primario. 
Segunda orientación: se construiría un marco general de competencias en torno a tres categorías: primero, la competencia de principio corresponde a los Estados miembros. 
No se propone una lista de competencias exclusivas de los Estados. 
El enunciado de la competencia de principio nos ha parecido más importante cuando la Constitución no disponga otra cosa. 
En segundo lugar, la Unión posee competencias propias. 
En estos ámbitos puede actuar sola, como en el caso de las aduanas o de la moneda; puede asumir la responsabilidad principal, como en el caso del mercado interior, de la competencia o de las políticas de cohesión. 
Finalmente, tercera rúbrica, existen competencias compartidas: se trata de la lista que, de lejos, será la más larga. 
La Constitución deberá precisar, caso por caso, cuál es el objetivo y el alcance de la acción de la Unión, aplicando el principio de subsidiariedad. 
En esencia, proponemos volver a contemplar el reparto actual entre dichas rúbricas, pero con dos cambios políticos importantes: primero, distinguir la competencia política y la competencia técnica, lo que se denomina la jerarquía de las normas; luego, y sobre todo, transferir a la Unión la responsabilidad principal respecto a la política exterior y de defensa, por una parte, y respecto al espacio de libertad y de seguridad, por otra. 
En cuanto a estos dos ámbitos esenciales, diez años de aplicación del Tratado de Maastricht han confirmado a la vez la necesidad absoluta de actuar en común y, desgraciadamente, la ineficacia de los procedimientos intergubernamentales. 
Tercera orientación: considero importante salvaguardar la posibilidad de adaptar dicho marco, sin recurrir al procedimiento demasiado complejo y excepcional de la revisión constitucional. 
Con este fin, se propone mantener un dispositivo, como el del artículo 308, pero en los dos sentidos: transferencia hacia la Unión o retorno a los Estados de temas en cuyo caso la dimensión nacional volvería a ser preponderante. 
Cuarta orientación: para arbitrar los conflictos de competencia, proponemos la fórmula del juez más que la del órgano político. 
Se trata de transformar el Tribunal de Justicia en Tribunal Constitucional; se crearía un procedimiento de urgencia para permitir que una minoría cualificada del Consejo, del Parlamento Europeo o de la Comisión pueda dirigirse al Tribunal, entre el momento de la adopción definitiva de una ley europea y su entrada en vigor. 
Finalmente, quinta orientación: la Comisión de Asuntos Constitucionales ha discutido ampliamente el problema de las regiones y de las otras colectividades territoriales. 
El texto de compromiso, finalmente adoptado, pide a los Estados miembros que presenten propuestas a la Unión para que sus colectividades territoriales estén mejor asociadas a la actividad de la Unión. 
Señor Presidente, el calendario de los trabajos del Parlamento Europeo está muy bien escogido: la semana próxima la Convención Europea tratará la cuestión. 
Nuestra resolución será, pues, el primer documento de trabajo de la Convención sobre esta cuestión esencial e incluso, en realidad, el único. 
Si en nuestro Parlamento se obtiene una amplia mayoría, que represente a los principales Grupos políticos y a todos los países, nuestra resolución tendrá una autoridad política considerable. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, el presente informe es una contribución a la revisión de los Tratados y también a una constitución europea. 
Los proyectos constitucionales nacen siempre en un contexto político e incluyen consideraciones y objetivos estratégicos y prácticos, pero también aspectos relacionados con la política del poder. 
El proyecto Spinelli de 1984 ya se ocupaba de las competencias de la Unión y del reparto de tareas entre ésta y los Estados miembros, como también lo hace acertadamente ahora el informe Lamassoure. 
El tema de las competencias ha ganado, no obstante, en importancia y esto es particularmente cierto en el ámbito de la constitución y la legislación económicas. 
Para que la política económica europea tenga éxito y el modelo social europeo pueda perdurar es necesario mantener las competencias propias de la Unión en los ámbitos importantes del mercado interior en sentido amplio, en relación con las cuatro libertades, esto es, en cuanto a la política en materia de servicios financieros, de competencia, de aranceles y monetaria. 
Así lo destaca acertadamente el informe. 
En opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la delimitación de competencias que presenta el informe es insuficiente desde el punto de vista democrático y de la legitimación, concretamente en lo que respecta a la coordinación de las políticas. 
La experiencia en el ámbito de la coordinación de las políticas económicas pone de relieve la necesidad de una responsabilidad específica de la Unión en materia de coordinación, que mitigue las insuficiencias que se han registrado hasta ahora. 
No se trata sólo del control democrático que se debería ejercer desde el Parlamento Europeo en este contexto, sino también de la necesidad de pasar por fin de un enfoque negativo a uno positivo en el ámbito de la coordinación de las políticas y, muy concretamente, de la coordinación de las políticas económicas. 
Una coordinación positiva de las políticas exige tanto unas legitimaciones democráticas claras como también una aplicación unilateral. 
El Parlamento Europeo y el Consejo deberían establecer, por lo tanto, conjuntamente las líneas generales de la política económica, por ejemplo, sobre la base de una propuesta formal de la Comisión. 
Esto podría servir también de ejemplo para las políticas en otros ámbitos en los que es necesario y se debería establecer una coordinación. 
La facultad e incluso la obligación moral de organizar un contexto tan amplio en interés del bien económico común está enraizada en el capítulo de principios de la Unión Europea, que incluye entre las actividades de la Unión la introducción de una política económica basada en la definición de unos objetivos comunes y que permita- y debe permitir- organizar, en particular, un desarrollo armónico, equilibrado y sostenible de la actividad económica, un alto nivel de empleo y un crecimiento no inflacionario continuado, pero también la protección social. 
Yo les insto encarecidamente, en la línea del proceso de Lisboa, a que el Parlamento Europeo se manifieste a favor de una coordinación de las políticas verdaderamente digna de tal nombre y que deje claro que las políticas a favor del interés común sólo pueden tener éxito si también queda patente su sentido comunitario. 
Señor Presidente, yo voy a hablar en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, que se ocupó muy pronto del tema de las competencias. 
Lamentablemente, en la última fase ya no se contó con su participación en la medida adecuada. 
He visto que en el informe se propone la elaboración de un informe especial sobre estas cuestiones. 
Me parece una excelente idea, dado que en el informe no se les ha prestado suficiente atención. 
Yo quisiera volver a dejar clara la posición de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, que tal vez podría integrarse ya en la fase de preparación de dicho informe especial. 
Yo considero muy importante que éste no se retrase demasiado. 
En efecto, creo que si no se aclaran estas cuestiones previamente a la elaboración de la nueva constitución, a muchos ciudadanos y ciudadanas que se identifican con las regiones y las colectividades territoriales les resultará sumamente difícil asumir como algo propio dicho proyecto constitucional. 
Quiero recordar que la mayoría de las leyes de la UE no afectan sólo a las competencias nacionales y al Derecho nacional, sino que influyen directamente sobre los derechos locales. 
Podemos observarlo en el ámbito de los servicios de interés público, en todo el ámbito económico, en relación con los procedimientos de licitación, etcétera, etcétera. 
Por esto es necesario incorporar un sistema de alerta rápida. 
Nosotros presentamos dos propuestas de principio en este contexto. 
Una señala que se deberían establecer unos principios transversales por los que debería regirse la elaboración de todas las normas. 
Éstos abarcan desde el principio de subsidiariedad hasta el principio de cooperación. 
La otra propuesta tiene como objetivo la participación de las colectividades regionales y locales ya en la fase previa de elaboración de las normas. Esta es, en efecto, la única garantía de que se tendrán en cuenta sus posiciones, pues incluso los representantes nacionales a menudo no las contemplan en la fase final del proceso legislativo. 
Yo le ruego al ponente que en el futuro se nos ofrezca la oportunidad de seguir trabajando con la Comisión de Asuntos Institucionales en este tema a fin de avanzar en esta dirección. 
Señor Presidente, éste no es un momento ideal para debatir el informe Lamassoure. No es ideal porque es muy tarde y, en segundo lugar, porque se está jugando la final de la Copa de Europa y el Real Madrid- lo siento, señora Randzio-Plath, lo siento, señora Schroedter- va ganando al Bayer Leverkusen. 
Ah, no, han empatado. 
Nadie es perfecto. 
Peor todavía, porque yo estaba tan contento y ahora resulta que van uno a uno. 
El Sr. Lamassoure ha sido no sólo un ponente inteligente, sino un ponente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y, aunque él no lo ha dicho, lo voy a decir yo: de su propuesta original no queda ni un solo artículo tal como él lo había redactado. 
Y esto demuestra su flexibilidad, su capacidad política. 
Fíjense, está hasta risueño esta noche. 
Podría estar enfadado, diciendo "estos me lo han cambiado todo". Pues no, está contento, y está contento porque, al final, el informe Lamassoure es una posición sólida del Parlamento en torno a un tema enormemente difícil, enormemente complicado, enormemente conflictivo. 
Yo creo que, además del valor que ha tenido Alain Lamassoure al redactarlo, hemos conseguido algo enormemente importante, que es tener una posición del Parlamento en este tema. Y, además, es una posición que recoge lo que este Parlamento ha defendido durante cincuenta años, señor Presidente, y eso me parece importante. 
Nosotros defendemos en el informe Lamassoure las competencias de atribución. 
Él lo ha dicho muy bien: decidimos que la Unión sólo tiene aquellas competencias que le atribuyen los Tratados, y no otras, lo cual significa que estamos en contra de esa idea del catálogo de competencias, que lo único que haría sería hacer rígidas las competencias de la Unión. 
Estamos por una interpretación flexible y, por tanto, a favor de que, en cada momento, mediante los mecanismos que él ha mantenido (los del artículo 308 o de otros artículos del Tratado, el 99 en concreto) , podamos acomodar las necesidades de la Unión a las pretensiones de los ciudadanos. 
En segundo lugar, yo creo que el informe Lamassoure presenta también una posición muy sólida en torno a uno de los grandes temas de la Convención, que es el control de la subsidiariedad. 
Creo que, en la Convención- y adelanto un debate -, lo que debatiremos como pieza clave será cómo se controla la subsidiariedad, porque, como ha dicho muy bien el ponente, la gran mayoría de las competencias son competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros. 
Por lo tanto, saber en qué momento hay que utilizar una y otra será la clave para acomodar Europa al ritmo que necesitan y que requieren los ciudadanos. 
Y yo creo que aquí tenemos también una posición muy sólida. Y voy a hacer un alegato- porque sé que algunos colegas todavía dudan- en favor de la postura de Alain Lamassoure: creo que el control de la subsidiariedad debe ejercerlo quien tiene la competencia para hacer propuestas, es decir, la Comisión Europea. 
Creo que la Comisión Europea tiene que tener el derecho de iniciativa y creo que tiene que hacer el control de la subsidiariedad. 
Pero creo que, si existen discrepancias, tenemos que buscar la manera de resolverlas, y la manera de resolverlas no es un órgano político, no es una cámara de la subsidiariedad, es un recurso al estilo del que establece la Constitución francesa para el Consejo constitucional francés, con un mes de plazo para decidir sobre ese tema. 
Me parece que ésa es una posición sólida de principio: control por la Comisión, Consejo constitucional, y creo que debemos defender esa posición. 
Creo, por último, señor Presidente, que la propuesta Lamassoure es una propuesta ambiciosa. 
Hay un personaje de William Faulkner que me gusta mucho y al que tengo mucho afecto, que dice que tenemos que crear sueños muy altos para que, cuando vayamos persiguiéndolos a lo largo de nuestra vida, sepamos dónde están. 
Creo que el informe Lamassoure lo permite y creo que todas nuestras esperanzas, por tanto, nos son permitidas. 
Señor Presidente, felicito al Sr. Lamassoure por la labor que ha realizado durante estos últimos meses y por el notable resultado que ha obtenido. 
Significa que el Parlamento Europeo estará en la Convención con una serie de propuestas sobre la mesa. 
Habremos cumplido con nuestro deber en términos contribuir a la Convención con ideas y propuestas y eso es por sí solo muy importante. 
Es especialmente importante si tenemos en cuenta el clima en el que se celebran algunas de estas negociaciones y debates. 
Hay quien sostiene que la Unión Europea se ha convertido en una monstruosidad demasiado centralizada; que hay que devolver competencias a los Estados miembros; que convendría definir un catálogo de competencias especificando detalladamente lo que la UE está o no está autorizada a hacer. 
El presente informe refuta dichos argumentos. 
Demuestra con toda claridad, en una excelente respuesta, que las competencias de la Unión Europea no son exageradas: de hecho, se ajustan con precisión en función del tema. 
Hay ámbitos en los que la Unión tiene lo que podríamos denominar competencia exclusiva- aunque en la resolución se ha evitado utilizar este término. 
Son muy limitadas, pero importantes. 
La mayoría de las responsabilidades de la Unión son lo que podríamos denominar competencias compartidas, en las que la intensidad de la acción de la Unión varía fuertemente según los temas. 
En algunos ámbitos establecemos legislación detallada- que los Estados miembros deben acatar. 
En otros, la Unión tiene la función de coordinar y en otros contribuye con acciones complementarias. 
Esto es flexible y se adapta a las necesidades de las diferentes materias, y así debe seguir siendo. 
La verdadera garantía contra la centralización excesiva es, y debería ser, una garantía política cuando examinamos las propuestas en los procedimientos normales de las instituciones: desde la Comisión, como el Sr. Méndez de Vigo acaba de decir, cuando presenta sus propuestas al Parlamento y también al Consejo. 
No olvidemos quién está en el Consejo: ministros nacionales, miembros de los gobiernos nacionales, responsables ante los parlamentos nacionales- y no personas predispuestas a centralizarlo todo en la Unión Europea. 
En absoluto. 
Es necesario convencer a una enorme mayoría de ellos para obtener la mayoría cualificada. 
Éstas son las garantías políticas, las garantías de procedimiento contra la centralización excesiva, y los ministros en el Consejo pueden, y deben, involucrar también a sus parlamentos nacionales. 
El Tratado de Amsterdam proporcionó un protocolo que concede a los ministros un plazo de seis semanas para debatir con sus parlamentos nacionales. 
Así es cómo deberían participar los parlamentos nacionales, y no a través de una nueva sala responsable de la subsidiariedad ni de un nuevo organismo. 
Todo esto está bien expuesto en el informe. 
En el Grupo Socialista tenemos una reserva sobre el control jurídico de la subsidiariedad. 
Ya existe ese control: el Tribunal de Justicia es constitucional en muchos sentidos. 
No obstante, no consideramos necesario un nuevo procedimiento adicional- un procedimiento de emergencia- y convendría reforzar la formulación para demostrar que en ocasiones puede establecerse legislación detallada sobre las competencias compartidas y... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, el Grupo Liberal acoge muy favorablemente el informe que defiende la tesis de no volver a visitar sencillamente los poderes actuales para mejorar la transparencia, sino intentar adaptar con decisión las competencias para poder hacer frente a los retos a que se enfrenta la Unión, especialmente en el ámbito exterior y de seguridad. 
El informe servirá como la primera contribución a la Convención sobre la cuestión de las competencias. 
Confío en que la Convención siga el sabio enfoque de rechazar el rígido y errado concepto de las competencias exclusivas y se centre en cambio en el desarrollo de un sistema más sofisticado de reparto de poderes. 
Mi Grupo apoya la idea de crear un nuevo procedimiento judicial de demanda constitucional para los casos de infracción en materia de competencia, lo que implica la rápida evolución del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
El procedimiento rara vez se aplicaría, pero representa una importante garantía para que las autoridades de la Unión no abusen de sus poderes reforzados. 
Otro ámbito que merece ser objeto de mayor atención es el relativo a las regiones, que pueden y deben ser intermediarios útiles entre el ciudadano, por un lado, y las autoridades supranacionales, por otro. 
Hemos presentado enmiendas que reforzarán el informe en este sentido. 
Señor Presidente, al igual que han dicho otros, es para mí un gran privilegio participar en este debate- a pesar de celebrarse al final del día. 
Mi Grupo quiere hacer dos observaciones, en particular, y nos gustaría pedir a los colegas que las incluyan en el informe antes de que éste vea finalmente la luz. 
En primer lugar, apenas una alusión a la importancia del déficit democrático y a la necesidad de democratizar por fin plenamente las instituciones de la Unión. 
Siempre que no lo llamemos déficit democrático "permanente", estoy seguro de que el Grupo PPE-DE estará con nosotros en esto, y espero que se incluya por escrito. 
Asimismo, sugerimos- y los colegas del ala izquierda están muy de acuerdo con esto- que se haga un poco más de hincapié en el elemento social, así como en los económico y político, y que así conste por escrito. 
Aparte de eso, estamos realmente muy contentos con el modo en que se está planteando y esperamos con interés a la votación de mañana para votar a favor del informe. 
El principal planteamiento que hace el Sr. Lamassoure- y lo hace integralmente- es que no se trata de la necesidad de confeccionar una nueva lista de competencias de las instituciones, sino de la necesidad de llamar la atención de los ciudadanos sobre el hecho de que ya existe una definición muy adecuada de los diferentes tipos de competencias- las competencias exclusivas de la Unión y aquellas otras compartidas- y el hecho de que todo lo demás se rija por el principio de residuo del poder. 
Los Estados son responsables de aquello que no se concede a la Unión. 
En principio todo eso está muy claro, pero sería bueno que se declarara con mayor claridad en la práctica para que los ciudadanos lo tengan más presente. 
Ésta es una observación muy importante. 
En este contexto, planteamos el tema de la subsidiariedad. 
En los casos en que las competencias son compartidas, es realmente importante que en todos esos ámbitos en los que debería prevalecer el conocimiento local, que prevalezca el conocimiento local. 
Es decir, que las decisiones se tomen al nivel más idóneo. 
El considerando G hace una contribución muy importante al intento de ampliar y dar mayor calado a la idea de la subsidiariedad, lo que también merece ser acogido muy favorablemente. 
En nuestro Grupo creemos firmemente en la subsidiariedad ampliada. 
La subsidiariedad no termina en la puerta principal de los Estados miembros; llega directamente hasta las entidades territoriales que existen en los Estados miembros, hasta las autoridades locales de los Estados miembros, y eso tiene una importancia fundamental para nosotros. 
Nosotros, junto con la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, y los Liberales quisiéramos que se diera algo más de fuerza a este aspecto, pero no nos importa. 
Este informe tal como está ahora representa un enorme paso adelante en el pensamiento de los europeos y de este Parlamento. 
Repito, es un gran privilegio tomar parte en este debate, en particular, -y digo esto en su presencia- es un privilegio tomar parte en un debate encabezado por el Sr. Lamassoure, que ha realizado un trabajo tan extraordinario en la creación de la arquitectura, pero que está dispuesto a adaptar la escultura, por tomar prestada su propia metáfora de esta mañana. 
Ha realizado una labor magnífica, todos nos sentimos profundamente en deuda con él, y espero que mi Grupo le dé mañana su aprobación unánime. 
Esto no sólo se evidenció en la Comisión de Asuntos Constitucionales, sino que también quedó patente en los primeros debates de la Convención. 
El informe será, sin duda, una aportación para los ulteriores trabajos de la Convención. 
Por lo cual, el ponente merece nuestro agradecimiento. 
Yo me abstuve en la votación en nuestra comisión y ahora quisiera citar algunos ejemplos de cuestiones que, a mi parecer, todavía no se abordan de manera convincente en el informe. 
Es posible que una definición de los tres tipos de competencias existentes resulte útil, pero la tajante declaración de que en Europa es necesario resolver ante todo el problema de la democracia se queda corta. 
Por lo que respecta a los principios de la subsidiariedad y de la proporcionalidad, a mi modo de ver, se están planteando las cosas al revés. 
¿Por qué lo digo? 
El informe da la impresión de que el respeto y aplicación de ambos principios requerirá decisiones judiciales. 
Sin embargo, en todo el texto no se menciona en ningún momento que el problema real se plantea en otro aspecto, a saber, en el de los actores concretos que actúan en el contexto de la política europea. 
Los Tratados contienen disposiciones claras, como por ejemplo el Protocolo sobre la subsidiariedad del Tratado de Amsterdam. 
Todas las instituciones están obligadas a cumplirlas. 
El problema que en realidad se plantea es más bien cómo cumplen éstas las obligaciones que de ellas se desprenden, con cuánta seriedad verifican realmente antes de actuar que no se lesionen los principios. 
Todos deben empezar a hacer por fin esta suerte de verificación previa. 
De este modo nadie se vería en la necesidad de apelar al Tribunal de Justicia Europeo antes de la entrada en vigor de una norma jurídica, que la mayoría de las veces sólo se habrá adoptado tras años de debates y de los correspondientes procedimientos. 
En el punto 33 se dice que el marco de competencias se deberá volver a examinar al cabo de diez años- Yo no alcanzo a comprender el sentido y el contenido de esta propuesta. 
¿Significa que cada diez años se debería proceder a una modificación de los Tratados? 
¿Se desea incluir seriamente una norma de este tipo, vinculada de manera rígida a una periodicidad decenal y totalmente desligada del posible marco de condiciones y exigencias políticas? 
En cambio, el informe no deja clara, sobre todo, la necesidad de crear una Europa social y que esta es una de las tareas más urgentes de la Unión ante el telón de fondo de la Unión Económica y Monetaria. 
Se propone como objetivo promover el progreso económico y social, así como un alto nivel de empleo. 
Incluso se quisiera alcanzar el pleno empleo en 2010 a más tardar. 
Pero lo que hasta ahora han sido sólo bellas palabras deben traducirse en hechos. 
El empleo y la seguridad social no son variables de la competencia, sino derechos individuales fundamentales de toda ciudadana y todo ciudadano, y la Unión Europea se debe desarrollar en esa dirección. 
Señor Presidente, la información que le di ha cambiado. 
La corregiré ahora: Real Madrid 2, Bayern Leverkusen 1. 
Estoy seguro de que a todos los que no participamos nos alegra mucho oír eso. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, sin perjuicio de que no puedo apoyar el informe Lamasssoure en la votación final, también felicito al ponente por la extraordinaria calidad de sus trabajos. 
Quisiera acoger con satisfacción este informe como uno de los documentos más importantes en debate en este Parlamento. 
Es importante por el calendario y por el momento elegido para su presentación, es importante por su objeto, que trata de una de las cuestiones más controvertidas, delicadas e importantes para el futuro de la Unión, es importante no sólo por la calidad final del informe, sino también por los trabajos, por los debates que lo precedieron y por tantas enmiendas, incluso las que se quedaron por el camino y, por tanto, por la enorme riqueza en el plano teórico; por último, es importante para la comprensión y la organización del sistema que de esos trabajos resultan en lo relativo a la Unión Europea y también a la luz de los debates paralelos que se celebran en la Convención. 
Y lamentamos no votar a favor en la votación final, porque hasta estamos de acuerdo con los dos primeros párrafos, estamos de acuerdo en que ha llegado el momento de actualizar una división de las competencias entre la Unión y sus Estados miembros a la luz de la experiencia histórica, respetando la subsidiariedad y la proporcionalidad, y a la luz de una experiencia que precisamente se ha caracterizado, por desgracia, por tantos excesos y atropellos del principio de subsidiariedad. 
Y también convenimos en que es necesario un mejor reparto de las competencias y de ello resultará un fortalecimiento de la democracia en Europa, cosa que para nosotros entraña una revalorización de las democracias nacionales y del papel de los parlamentos nacionales y una nueva línea interparlamentaria en la construcción del futuro de Europa. 
Pero después, en el tercer párrafo nos apartamos irreversiblemente y creemos que el informe se desvía de su objetivo inicial al internarse por esa vía favorable a una constitución europea, una constitución de la Unión, cosa que no podemos apoyar. 
Y, como estamos hablando de competencia, creemos, por lo demás, que no es competencia de ninguna institución europea hacer una constitución europea. 
Es competencia de los Estados hacer y revisar Tratados y se trata de un mecanismo de tipo contractual completamente diferente de los mecanismos típicos de las constituciones, que se basan en la existencia de un pueblo soberano, de un pueblo que regula una entidad soberana y eso es completamente diferente de nuestra misión en la Unión Europea. 
Y, por tanto, ahí tenemos una divergencia de principio que para nosotros es esencial. 
Por lo demás, el Sr. Méndez de Vigo, cuando hace unos instantes hablaba de las competencias de atribución, ha puesto un poco el dedo en el punto esencial: las competencias de atribución; que las reconozcamos no significa sólo lo que el Sr. Méndez de Vigo ha dicho, sino también que los Estados tienen competencias propias de derecho común, no es necesario que nadie se las atribuya, mientras que la Unión Europea sólo las tiene en la medida en que los Estados se las delegan y se las atribuyen y pueden retirárselas, como ahora dispone el informe en la nueva concepción del mecanismo que substituiría el actual artículo 308. 
Y ése es un aspecto muy importante que tiene consecuencias para el desarrollo institucional y la forma como entendemos las competencias de la Unión Europea. 
Hay algunas observaciones más que quisiéramos formular. 
Por ejemplo, en los criterios formulados en el considerando g) se indica el de sinergia, pero sólo se puede considerar ese criterio en grado muy limitado. 
El criterio de la sinergia y la eficacia es, en sí mismo, extraordinariamente peligroso, porque por ahí pueden pasar todos los ataques a la subsidiariedad. 
Aisladamente, es fácil sostener que una acción representa más eficacia- y la eficacia en sí misma es una palabra peligrosa, sirve para todo- y una economía de escala y en ese caso daríamos fundamento a violaciones continuas del principio de subsidiariedad. 
Pero, en fin, acogemos con beneplácito el informe y nos gustaría votar a favor, pero lo que nos aparta de él es esa concepción constitucional, esa concepción de una Unión Europea que cada vez tiene un carácter y una configuración más estatales, lo que, a nuestro juicio, viola la naturaleza profunda de Europa y la concepción de la Unión Europea respetuosa de las naciones que tenemos para el futuro. 
Señor Presidente, más que una delimitación de las competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros, de lo que se trata es de una limitación de las competencias de esa Unión que deseaba el ciudadano y que el principio de subsidiariedad impone. 
La construcción comunitaria se ha convertido, con los años, en un embrollo de textos y de procedimientos en el que se pierden los más sagaces. 
Mi Grupo ha presentado varias enmiendas para remediar este exceso de textos y de competencias. 
Así, la enmienda 34 sugiere que se permita, a instancia de uno o de varios Estados, y, por consiguiente, de sus respectivos Parlamentos nacionales, derogar un texto si no existe mayoría para ratificarlo. 
Mi Grupo está muy preocupado al constatar que cada vez que se ha pretendido llevar a cabo este ejercicio de clarificación, se ha obtenido el resultado inverso. 
Ahora bien, todos están de acuerdo en reconocer que ya es hora de responder a la animadversión y al desinterés de los ciudadanos frente a una Europa que se ocupa de demasiadas cosas y de una manera demasiado detallista. 
El informe no hace sino agravar la situación, al proponer dotar a la Unión Europea de los últimos poderes que le faltan. 
De este modo, enumera la lista de ámbitos que son competencia propia de la Unión, la lista de competencias compartidas- bajo el estrecho control de la Comisión, guardiana de los Tratados- y las del Tribunal de Justicia, a las que aún se añaden las competencias relativas a la aplicación de la política exterior. 
Última precaución: una cláusula evolutiva debe permitir, siguiendo el modelo del artículo 308, añadir otras, si fuese necesario. 
Tras haber comprobado que no queda mucho, se comprende la prudencia expresada en el apartado 17, que no cree necesario, lamentablemente, establecer una lista de las competencias exclusivas de los Estados. 
Creo que este informe es sólo una compilación más de las reivindicaciones que el Parlamento Europeo no supo imponer en Niza. 
Europa se está convirtiendo en un Estado que está por encima de los Estados, con libertad para definir sus propias prioridades, cuando ya pesan demasiadas normas lejanas y detallistas en la vida diaria de los ciudadanos e impiden la gestión de los territorios conforme a las aspiraciones locales y nacionales. 
Seguiremos defendiendo el mensaje 'más diversidad, proximidad y transparencia? , aun cuando ese' más? parece ser difícilmente compatible con el ' Más Europa? , eslogan actual de la Presidencia Española. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Lamassoure me recuerda la película de la cadena de televisión Arte sobre la 'burbuja europea? y los' drogadictos de Europa?. 
No falta nada: el objetivo anunciado es el de crear un super-Estado europeo, centralizador y dotado de todos los poderes, puesto que los Estados sólo conservan algunas competencias denominadas federales con el pretexto de un principio de subsidiariedad, que todo tipo de excepciones convierte, de hecho, en inaplicables. 
Este es, pues, el principio de subsidiariedad convertido en subsidiario, ya que no puede obstaculizar la aplicación del artículo 308, así como tampoco el acervo comunitario ni el autoproclamado principio de la Unión Europea. 
Yo pensaba que los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales serían más sagaces o prudentes, puesto que, finalmente, más allá de lo que ocurra con la Conferencia de Laeken, esta construcción europea resulta cada vez más frágil, artificial y destinada a convertirse en zona de libre cambio. 
Convendría realizar el ejercicio inverso y examinar lo que cada competencia europea aporta concretamente a cada uno de nuestros países, y todo francés que se respete comprobaría que, para Francia, las consecuencias de esta Europa son cada vez más negativas. 
La prudencia y el rigor de los hechos implican que debamos volver al espíritu del Tratado de Roma, es decir, el ejercicio en común de algunas competencias económicas basándose en un método asociativo y no supranacional. 
Pero, por mentalidad de sistema e incluso por ideología, ustedes persisten en la vía de las quimeras. 
Después de haber cometido, en efecto, un primer error histórico, que es el de no haber limitado geográficamente la Unión Europea, aceptando el principio de la adhesión de Turquía, están cometiendo un segundo error, fatal, como se dice en español, al no limitar las competencias de esa Unión. 
Señor Presidente, Señorías, los hombres del equipo alemán han quedado en desventaja durante la intervención de la Sra. Kaufmann. 
Me ha inquietado mucho más lo que acaba de expresar el colega de Gaulle, pues cuando aquí se pronuncian discursos que intentan retrotraer a la Unión Europea a los tiempos anteriores al mercado interior, sólo es posible replicar que no se está pensando en los intereses económicos de Francia. 
Por esto yo agradezco mucho lo que ha expuesto el colega Lamassoure, pues considero que nos ha presentado un modelo equilibrado. 
Me refiero a que mantiene el debido equilibrio entre la claridad de las disposiciones en materia de competencias y la necesidad de hacer justicia a las palabras de Walter Hallsteins, cuando decía que la Unión Europea es una creatio continua. 
Es decir, que tenemos la posibilidad de seguir desarrollando la Unión Europea a fin de responder a las necesidades. Al mismo tiempo, naturalmente, es del todo evidente que cuando se aplica el principio de subsidiariedad, las decisiones se deben adoptar siempre de manera que recaigan en el ámbito más idóneo. 
No obstante, por el otro lado, también debemos tener claro que sólo si la delimitación es debidamente nítida podremos obtener, en el proceso de las negociaciones en el marco de la Convención y en la posterior Conferencia Intergubernamental, el respaldo suficiente para conseguir el voto mayoritario también en los restantes ámbitos. 
En este contexto, existe una estrecha relación entre unas competencias claras y la ampliación del voto mayoritario, puesto que sólo esa claridad permitirá conseguir la necesaria aceptación tanto en el contexto de la política que se desarrolla desde las capitales nacionales como entre la población, que justamente desea claridad en relación con este tema. 
Sin embargo, en caso de conflicto, la situación no se podrá aclarar en el ámbito político. 
Si se crease una comisión dedicada a la subsidiariedad, integrada por parlamentarios nacionales y europeos, que debería contar con un centenar de miembros como mínimo, las decisiones se adoptarían atendiendo a las mismas consideraciones de oportunidad política que en el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. 
En cambio, si se aplica el principio de regionalidad, las minorías que consideren que se ha rebasado una competencia también tendrán la oportunidad de hacer prevalecer su punto de vista. 
El enfoque del colega Lamassoure con su propuesta de que esto se dirima a través del Tribunal de Justicia Europeo es, por lo tanto, justamente el adecuado. 
Permitirá defender las competencias tanto por el procedimiento normal como por el procedimiento acelerado, a través de una serie de grupos e instituciones que tendrán derecho de recurso, cuando se considere que el legislador ha rebasado los límites de sus competencias. 
Yo quisiera proponer que también se incluya a los parlamentos nacionales en la lista de quienes podrán ejercer el citado derecho de recurso. 
Yo creo que es sumamente importante, una táctica inteligente desde el punto de vista de los intereses del Parlamento Europeo y, de hecho, necesario y obligado que se les conceda esta posibilidad. 
En la mayoría de países en los que existen regiones con competencias legislativas, éstas también disponen de este derecho de recurso a través de una cámara nacional. 
También se podría contemplar este derecho en una amplia variedad de aspectos. 
Yo creo que este es el punto de partida decisivo: conseguir una auténtica capacidad de decisión, establecer un reparto claro, conseguir con ello aceptación y garantizar al mismo tiempo la seguridad jurídica. 
Por esto quiero felicitar al colega Lamassoure por su informe. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, quiero ante todo expresar mi sorpresa y pesar y formularle, si me lo permite, una protesta formal por el hecho de que un tema tan importante y un informe tan laborioso se debatan en una reunión nocturna, en las deplorables condiciones que vemos. 
Este modo de proceder no responde a la tantas veces reiterada necesidad de valorizar nuestro Parlamento reunido en sesión plenaria como sede de debates políticos de gran calado. 
La resolución que debatimos esta noche trata del informe del Sr. Lamassoure y basándose en el preciso análisis contenido en la exposición de motivos, marca el camino que también le instamos a la Convención a que siga. 
Se trata de un camino de equilibrio y de rigor que se suma a las demandas de que aumente el papel de la Unión- véase el mismo lema de la Presidencia española: "más Europa" -y a las demandas de mayor transparencia, de simplificación, de descentralización en la realización de las tareas de la Unión. 
Creo que es necesaria una gran determinación a la hora de defender las actuales competencias de la Unión y también a la hora de ampliarlas, ante todo, a la política exterior y de seguridad común- como valientemente propone el apartado 20- también porque esto responde a una aspiración extendida entre los ciudadanos que quieren ver a Europa más unida y más fuerte en sus intervenciones en situaciones críticas y en las grandes cuestiones que afectan a la paz y a la justicia en el mundo. 
Al mismo tiempo, ha llegado el momento de poner en orden el marco institucional, la caracterización de las distintas formas de intervención y de decisión de la Unión que se han ido estratificando de un tratado a otro a lo largo de las décadas. 
Debemos reconocer que existen preocupaciones por el respeto al principio de subsidiariedad, así como por la distinción, no siempre clara, entre los poderes o las funciones de carácter legislativo, de un lado, y de carácter ejecutivo, del otro, o sea, por la falta de una jerarquía de normas. 
Pues bien, el informe el informe Lamassoure sugiere repuestas que pueden garantizar mayores consensos en todos nuestros Estados de cara a un mayor desarrollo de la construcción europea. 
Pongo por ejemplo la nueva formulación de los criterios que justifican iniciativas y decisiones en el ámbito de la Unión y los tres criterios de espacio pertinente, de sinergia y de solidaridad, así como el esfuerzo realizado en lo relativo al tema del respeto a la subsidiariedad para reforzar la responsabilidad política de la Comisión- apartado 28 -, pero también para abrir una vía de recurso suplementario en el plano jurisdiccional. 
Señor Presidente, después de las muchas felicitaciones al Sr. Lamassoure, espero que mañana el Parlamento no apruebe aquellas enmiendas que pueden romper el equilibrio y el carácter innovador del informe. 
Señor Napolitano, puedo asegurarle que sus comentarios de introducción serán puestos en conocimiento de la Conferencia de presidentes de comisiones, la Conferencia de presidentes y de los servicios. 
Para mí, como Presidente de esta sesión, es mucho más interesante escuchar un buen debate como éste que la mayoría de los otros que se celebran en este Parlamento. 
Señor Presidente, claridad, precisión, sencillez, son características necesarias de cualquier normativa trátese de juegos de salón, de deportes, de constituciones o en cualquier aspecto de la sociedad. 
Sin embargo, esas cualidades no han sido precisamente características de los trabajos legislativos europeos a lo largo de su historia. 
La legislación comunitaria no es un juego de azar, sino que afecta a 370 millones de personas. 
El resultado de nuestras complicadas negociaciones sobre el uso de una coma ha sido que el que pretende entender cómo funciona la Unión difícilmente recurre al Tratado de Amsterdam, menos aún al Tratado de Niza, como fuente de sabiduría. 
No es extraño que la gente desconfíe de la UE cuando es tan difícil entender las decisiones y la delimitación de las responsabilidades. 
Incluso los que trabajamos aquí diariamente nos confundimos a veces. 
El informe Lamassoure es, por ese motivo, una contribución de gran importancia a la Convención y a las discusiones en nuestros países. 
En este informe se sistematiza pedagógicamente y con claridad lo que hace la UE y lo que debería hacer. 
Esto será de gran utilidad en el debate sobre la constitución, que espero se redacte próximamente. 
Se necesita una distribución más rigurosa de las competencias, tal vez no precisamente una lista de competencias, pero sí una delimitación más clara de lo que corresponde hacer a la Unión. 
La UE debe fortalecerse en ciertos campos, pero también tiene que existir algún freno cuando la UE se asigna nuevas tareas que donde mejor se realizan es en los ayuntamientos, en las regiones o en los parlamentos nacionales. 
Por tanto, hay que fortalecer el principio de subsidiariedad. 
El ámbito local y regional es de gran importancia y doy mi respaldo a las enmiendas que pretenden reinstaurar la colaboración regional. 
Espero que se presente un informe especial sobre esta materia. 
Si pretendemos que la UE funcione con treinta países miembros, habrá que concentrar las fuerzas en las materias verdaderamente transfronterizas. 
Hoy hemos avanzado considerablemente en nuestros esfuerzos para poner cierto orden en las tareas de la UE y doy las gracias al Sr. Lamassoure por su excelente trabajo. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Lamassoure es muy interesante. 
Comparto su ambición: dar más competencias a la Unión para que pueda hacer frente a sus deberes y expectativas. 
Apruebo, en particular, su esfuerzo sobre la política exterior, la defensa y la seguridad. 
Es preciso volver a escribir los objetivos, que constituyen los fundamentos de la Constitución de la Unión, y eso es lo que justificará plenamente, para los ciudadanos, los avances en las competencias. 
¿Qué objetivos? 
Mercado, moneda, libertad de circulación; eso no basta. 
Debemos ir más allá. 
Europa se compromete en el mundo en favor de un multilateralismo efectivo; basa su seguridad en el diálogo, la erradicación de la pobreza y los lazos del desarrollo; ha optado por el pleno empleo y por el progreso de las capacidades humanas; lucha contra la exclusión y basa su cohesión compartiendo bienes comunes y, finalmente, se dota de un espacio público que permite el ejercicio de una ciudadanía y de una democracia comunitarias pluri y transaccionales. 
Una vez constitucionalizadas, deben ser objeto de una agenda política anual y plurianual. 
El equilibrio normativo y la definición de las competencias apuntan, pues, a cumplir dichos objetivos. 
En tal sentido, el informe carece de ambición respecto a la indispensable renovación del modelo social y de crecimiento: cuestión de capital importancia para los ciudadanos, y que nos divide. 
Las normas de competencia deben ser equilibradas por unas normas y unos cometidos comunes en materia de seguridad, de servicios públicos y de política industrial. 
La Unión debe estar dotada de una competencia propia en materia de política económica, de un nuevo marco de coordinación de las políticas nacionales y de una armonización fiscal de los instrumentos presupuestarios y fiscales. 
Con respecto al ejercicio de estas competencias, al desafío democrático y a la condición de eficacia, el informe es demasiado breve y varias enmiendas lo mejoran. 
En cuanto a la naturaleza de los actos de la Unión, no puedo aceptar el postulado del ponente, para quien la Unión sólo puede encargarse excepcionalmente de las tareas de gestión. 
En realidad, una Unión política que no gestione nada carecería totalmente de responsabilidad. 
Finalmente, la distinción y la división de competencias no debería basarse únicamente en el principio de la subsidiariedad. 
Unido al reino de la competición, éste no legitima una comunidad; es preciso asociarlo a un segundo principio, el de la solidaridad. 
Tratemos de darle forma. 
Debe incitarse directamente a los actores de las sociedades civiles, quienes, a su vez, deben estar en condiciones de cogestionar recursos para llevar a cabo proyectos de interés comunitario. 
Tengamos, pues, la audacia de construir una sociedad en Europa. 
Señor Presidente, puesto que sólo dispongo de un minuto de tiempo de uso de la palabra, seré muy directo. 
No aprobaremos el informe Lamassoure por dos razones principales. 
Primero, el informe apenas aborda la cuestión, para nosotros primordial, del control democrático de las competencias: nada sobre el control de la subsidiariedad por las democracias nacionales, nada o casi nada sobre el ejercicio de las competencias europeas por los Parlamentos nacionales, concretamente a través de la creación de un pilar interparlamentario. 
En segundo término, dicho informe aborda el reparto de las competencias desde un punto de vista técnico abstracto, sin mencionar nunca la soberanía de las democracias nacionales. 
Este punto de vista conduce a soluciones federalistas erróneas, negativas para la democracia. 
Por eso los diputados de SOS Democracia han presentado una opinión minoritaria aneja al informe. 
Por eso, además, los diputados franceses MPF han redactado un contrainforme en forma de respuestas al cuestionario de la Convención sobre los cometidos de la Unión L´Europe, pour quoi faire? 
Este contrainforme será distribuido por correo electrónico a todos los diputados del Parlamento, a los miembros de la Convención y a todos aquellos que lo soliciten. 
Señor Presidente, quiero sumar mi posición y mis felicitaciones a las ya expresadas por mis colegas al amigo Lamassoure. 
Pienso que su informe es un texto político de gran relevancia que será un punto de referencia para los trabajos de la Convención. 
Precisamente por está razón, centraré mi intervención en un deseo que me habría gustado ver cumplido. 
Considero que ésta habría podido ser la ocasión para introducir el tema de las regiones en la futura arquitectura europea de una manera más sustanciosa que la última formulación que vamos a votar mañana. 
Ya en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales se plantearon un largo contraste de ideas y un amplio debate sobre el papel de las regiones. 
Pienso que cuanto más aumenten los trabajos de la Convención y más numerosos sean los procesos de comunicación sobre sus trabajos, más se avanzará en el sentido de un creciente protagonismo de las regiones respecto de Europa. 
Un proceso diferente se traduciría en una inversión de tendencia y en un proceso de integración. 
En este momento debemos temer ante todo las dinámicas que ponen seriamente en peligro las visibilidades políticas de la Unión y la relación de la Unión con sus ciudadanos que al reflexionar sobre la institución de la Unión identifican el aspecto regional con el aspecto del gobierno de sus propias situaciones y de su desiderata. 
Nosotros que nos proponemos construir una Unión por y para los ciudadanos al reflexionar sobre el papel de las entidades regionales y sobre una arquitectura institucional que ve todos los aspectos legislativos incluidos en el futuro de la Unión, sin duda, prestaremos un gran servicio no sólo a nosotros mismos, sino al futuro de Europa. 
Señor Presidente, muchos ciudadanos están muy nerviosos ante la posibilidad de que la UE sea un tipo de deslizadero, un tobogán, como el que usan los niños y que hace que uno no pueda pararse una vez se ha puesto en marcha. 
Los ciudadanos tienen miedo de que haya? algunos debajo de la UE? , como dicen, que tratan de arrogarse más competencias, más poder sin preguntarles primero. 
Estos mitos son alimentados diariamente por los opositores organizados, a algunos de los cuales también los tenemos en este Parlamento. 
Por ello me alegra mucho este informe, porque contribuye a conjurar muchos de estos mitos. 
Aquí se recalca de una vez por todas que son los países miembros quienes tienen la competencia, a menos que ésta se haya entregado a la UE y se recalca que la UE es una comunidad dinámica, en la que se comparten las competencias cuando esto es lo más conveniente. 
El informe es también un ajuste de cuentas con un catálogo de competencias que haría la cooperación demasiado inflexible. 
El informe es de hecho muy realista y por ello ya no puede acusarse al Parlamento de estar formado por soñadores extremos. 
Espero que esto también lo tengan en cuenta los opositores organizados en mi propio país miembro, Dinamarca. 
Hablo al Sr. Bonde, aunque no esté aquí esta tarde. 
Un par de comentarios a las partes individuales: el principio de subsidiariedad- celebro que se haga constar que el principio de subsidiariedad no sólo es un principio jurídico, sino también un principio político; debemos prestar mayor atención a la subsidiariedad como principio político y con ello obligar a la Comisión a que se explique mejor ante los ciudadanos. 
Yo mismo he propuesto que cada comisario sea responsable de la subsidiariedad, porque esto nos dará a los cargos electos en este Parlamento la posibilidad de exigir responsabilidades a la Comisión por la cuestión de la subsidiariedad y así forzarla tanto a explicarse directamente ante los ciudadanos como a legitimar sus acciones ante los ciudadanos. 
Señor Presidente, la idea de que las competencias de la Unión deben ser limitadas en su número, mucho más limitadas que las actuales, pero importantes, mucho más importantes que algunas de las actuales, se puede compartir y es un punto de referencia y un aspecto apreciable del informe Lamassoure. 
Es seguramente madura la decisión de ampliar las competencias a la política exterior y de defensa común, pues sólo así se dará a Europa la posibilidad de hacer oír su voz en el mantenimiento del orden, de la paz, de la estabilidad y del desarrollo mundial, y a la gestión del espacio común de libertad y de seguridad, puesto que sólo así se podrá luchar eficazmente contra la delincuencia organizada, contra la droga o afrontar de manera civilizada el problema de la inmigración extracomunitaria. 
Si tuviéramos que hacer caso del Eurobarómetro, también el tema de la lucha contra la pobreza y la exclusión debería encontrar la manera de estar dentro del núcleo duro de las competencias de la Unión. 
Dicho esto, aceptando y subrayando la importancia del principio de subsidiariedad, al transferir según este principio todas las competencias a los cuerpos soberanos federados, es verdad que es necesario reconocer realmente que en la etapa de la historia europea que estamos viviendo que irrefutablemente se caracteriza por el proceso de ampliación, la Unión que estamos construyendo es una unión de Estados. 
Esto no invalida el hecho de que los Estados nacionales son solamente la respuesta del pasado a una necesidad de integración, una realidad anterior a la era de la globalización que estamos viviendo. 
Es un hecho que en las últimas décadas los Estados han tenido que ceder su soberanía hacia arriba- es el caso de la misma Unión- y sobre todo hacia abajo, hacia esas entidades territoriales, regionales y locales que, hoy por hoy, en muchas partes de Europa representan el verdadero lugar de la identidad y del ejercicio del control democrático. 
Desde este punto de vista, al sumarme a las muchas observaciones hechas, creo que es necesario reconocer que no se puede cristalizar en la relación Unión/Estados la aplicación del principio de subsidiariedad, sino que es preciso ir más allá y hacerlo con esa relación que nos hemos comprometido a construir como una contribución más a los trabajos de la Convención. 
Señor Presidente, no estoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales, no he seguido los debates. 
Pero lo que he escuchado hasta este momento me ha traído a la memoria una noticia que vi hace poco en la televisión. 
En los Estados Unidos los americanos han conseguido separar con éxito a dos siameses y ahora están vivos. 
Quiero decir que si miramos las competencias y los poderes en el interior de la Unión Europea, veremos que tienen cierta monstruosidad en su distribución; no son figuras regulares geométricas; y mejor esperemos que se puedan separar, aunque sea después de décadas de revisiones, que sobrevivan ambos y que no necesiten la intervención de los médicos americanos. 
Dos observaciones breves. 
La atribución de competencias entre los países miembros y la Unión no se juzga sólo por la efectividad, sino también por la democracia. 
Mientras exista este déficit democrático los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a hacer objeciones a que se transfieran competencias a la Unión Europea, incluso en el caso de que técnicamente las gestione mejor. 
Segundo, los tres niveles. 
Unión, Estados miembros, regiones. 
Recordemos aquello que los psicoterapeutas localizan en las familias con tres hijos, el hijo bocadillo, el del medio, el cual siempre tiene un problema de identidad y se andará preguntando hasta la vejez... 
(El Presidente interrumpe al ponente) 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desearía ante todo felicitar al ponente no sólo porque, a pesar de las condiciones en las que nos encontramos, ha logrado prácticamente llenar la sala, en comparación con las habituales sesiones nocturnas, sino sobre todo por su excelente informe, por haber logrado realizar un ejercicio muy difícil y, finalmente, por haber logrado llegar mañana a una votación que, sin duda, honrará a este Parlamento en cuanto a la calidad del apoyo que recibirá el informe Lamassoure. 
Pienso que estamos en una fase constituyente; así lo espero, en todo caso. 
Pienso que la contribución del informe Lamassoure debe ser debidamente tomada en cuenta ante todo por la Comisión y luego por la Convención. 
Los radicales italianos apoyan la mayoría de los objetivos contenidos en dicho informe. 
Ven en éste un incentivo importante para que la reflexión avance, para que, finalmente, nos dotemos de instituciones y de un esquema constitucional que nos permita realizar una ampliación, la cual, sin esta estructura, puede convertirnos realmente en una zona de libre cambio sin alma y sin ningún interés para participar en la misma. 
Pienso, pues, que estamos preparando el terreno y que también los otros informes, las otras tomas de posición del Parlamento, permitirán a la delegación del Parlamento hacer oír su voz. 
Eso es, en todo caso, lo que espero. 
Habríamos podido hacer más. 
Pienso que dentro del espíritu del informe Lamassoure podremos avanzar en otros contextos con miras a propuestas aún más concretas, aún más orientadas a una Europa de base federal. 
Señor Presidente, para comenzar deseo explicar a la Asamblea que la delegación de los Conservadores británicos se abstendrá en la votación sobre el informe del Sr. Lamassoure, que aunque contiene partes excelentes, también contiene otras que no podemos aceptar. 
Debo insistir en que no digo esto para refutar la calidad del trabajo del ponente ni para subestimar los esfuerzos que le ha dedicado. 
A los británicos, que no tenemos una Constitución oficial escrita y que hemos sido un país unitario hasta hace muy poco, el análisis sistemático, como el que esta noche nos ocupa, nos resulta especialmente ajeno. 
Dicho esto, en el marco del proceso fundamental de dotar de más claridad las actividades políticas de Europa, de hacerlas más comprensibles, democráticas y transparentes y de preparar a Europa para una Unión ampliada, es necesario realizar este trabajo y realizarlo con rigor. 
El hecho en sí de que pensemos que no podemos apoyar algunas conclusiones no invalida, en mi opinión, el ejercicio subyacente. 
Es necesario mejorar, aclarar y poner orden en las disposiciones constitucionales de Europa. 
Pero ese proceso no debe servir de excusa para que el eurocentralismo siga avanzando. 
Por el contrario, debemos aprovecharlo para desarrollar una Europa construida en torno a sus Estados-nación, en la que las decisiones las tomemos entre todos, conforme a los sistemas de toma de decisiones en evolución, que las hagan dignas y adecuadas de un mundo del siglo XXI. 
Señor Presidente, queridos colegas, espero que el colega Lamassoure- si es que escucha- tome como un elogio que le diga que en nuestro Grupo pocas veces se ha debatido tanto tiempo y con tanta intensidad un informe como lo ha sido el suyo, para desgracia de nuestro coordinador Richard Corbett, al que le hemos asignado una gran cantidad de tareas. 
Pero permítanme que haga sólo dos observaciones al respecto. 
La primera versa sobre la cuestión de la subsidiariedad y la relación con las regiones. 
Yo fui miembro del Gobierno de un Estado Federado austriaco. 
Soy consciente de las muchas ventajas, pero también de los problemas que existen con las regiones y con la subsidiariedad. 
Abogo por que, en todos los pasos que demos en la dirección de una mejor relación con las regiones, no olvidemos la cohesión política que necesitamos en la Unión Europea, y por ello estos pasos debemos darlos con gran cuidado. 
A mi juicio, esto es de una importancia capital. 
En cuanto a la segunda, es evidente que el debate de hoy no se celebra en un espacio aséptico y vacío, sino que los acontecimientos políticos, en particular las elecciones- las elecciones que se celebran hoy en los Países Bajos -, ponen de manifiesto, según las informaciones de que disponemos, que una cierto grupo de población exhibe una creciente tendencia a votar y actuar con una perspectiva política europea. 
No obstante, a mi juicio- y a este respecto quiero remitirme al punto 20 -, el ponente y, como espero, todos los diputados de este Parlamento acertaremos plenamente si mediante la votación de mañana definimos la seguridad interna y externa como una de las importantes competencias propias de la Unión. Pues los colegas que han intervenido aquí utilizan los temores y críticas que se ponen de manifiesto en estas elecciones para expresarse en contra del fortalecimiento de la Unión Europea en este ámbito, no hablan en interés de los ciudadanos y ciudadanas, ya que lo que les interesa a los ciudadanos y ciudadanas es tener una mayor seguridad interna y externa. 
Si se lo preguntásemos y explicásemos algo mejor, posiblemente contaríamos con un mayor apoyo y una mayor aprobación para estas competencias de la Unión Europea. 
Por ello quiero decir con toda claridad que damos nuestro apoyo a estas competencias propias que el colega Lamassoure define sin ambigüedades en su informe porque, en interés de nuestros ciudadanos y ciudadanas, necesitamos que las acciones de la Unión Europea estén mejor fundamentadas, tanto en la política exterior como en lo relativo al espacio de libertad y seguridad. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Lamassoure es una contribución muy importante a la tan necesaria clarificación de nuestro marco jurídico europeo. 
Sólo puedo hacerme eco de lo que el ponente dice sobre la posición de los nuevos actores del juego europeo- los países candidatos- y lo que él denomina "regiones con poderes legislativos". 
El informe opta por confiar las orientaciones principales a la Convención. 
Pero mientras cada Estado miembro siga aferrándose a sus propios intereses egoístas, las normas establecidas no permitirán a las naciones apátridas, como la región vasca, participar en la construcción de estructuras democráticas. 
Sabemos que el nuevo proceso de descentralización de la República Francesa cambiará muchas cosas- incluso en la región vasca. 
No obstante, serán muchas más las que sigan igual. 
La acción más apropiada en estos momentos sería prestar atención a lo que las naciones apátridas están pidiendo; es decir, el derecho a existir dentro de unas relaciones políticas con Europa en las que todos los pueblos estén presentes como tal. 
La Convención debería tener esto en cuenta e incluirlo en el proyecto final para 2003. 
Señor Presidente, estimados colegas, quiero unirme a quienes han felicitado al Sr. Lamassoure por su excelente informe. 
Querría, si tengo tiempo suficiente, abordar tres cuestiones. 
En primer lugar, el principio de subsidiariedad y el control sobre su observancia. Me habría gustado que hubiéramos concedido a las regiones con capacidad legislativa un derecho de recurso. 
No sé si habrá mayoría para ello. 
Pero sí que me parecería acertado que al menos concediéramos a los Parlamentos nacionales el derecho de recurso, pues supondría dar un paso en la dirección correcta. 
En segundo lugar, la cláusula evolutiva. Creo que es extraordinariamente importante que Alain Lamassoure aclare es posible introducir modificaciones en ambos sentidos. 
Me parece que es un requisito fundamental para las próximas negociaciones. 
En tercer lugar, la mejora del procedimiento legislativo discutida en el informe. A este respecto, es necesario, en primer lugar, que las funciones del legislador se delimiten con mayor claridad- en particular desde un punto de vista terminológico -, al igual que las del poder ejecutivo, tal como propone Alain Lamassoure. 
Asimismo, es necesario suprimir detalles de orden técnico en el procedimiento legislativo de la Unión Europea. 
A este respecto, quiero decir que los acuerdos adoptados entre las tres Instituciones sobre la base de las propuestas en el ámbito de los servicios financieros no son aún suficientes en lo relativo al control democrático, pero al menos nos van poniendo en el buen camino. 
Señor Presidente, creo que la mejor respuesta que se puede dar a la extrema derecha y a todo discurso populista en boga contra la Unión Europea es precisamente construir más y mejor Unión Europea. Por eso, desde mi punto de vista, el informe Lamassoure es particularmente oportuno en este momento. 
Nosotros consideramos que, para solucionar los problemas de los ciudadanos, hace falta una Europa que tenga las competencias necesarias, los instrumentos institucionales para gestionarlas de forma correcta y los recursos suficientes para llevarlas a cabo. 
Y ciertamente eso pasa, además, porque la ciudadanía demanda más Europa. 
Yo soy de los que piensan que no es verdad que los ciudadanos quieran renacionalizar competencias, que consideran que la Unión Europea es un gigante absolutamente desmedido en su voracidad. 
Yo creo que, precisamente por esta razón, el informe Lamassoure es oportuno y, sobre todo, es correcto en su planteamiento general. 
Hay que revisar las competencias de la Unión al alza, negarse a cualquier renacionalización, debilitamiento o achatarramiento de las que ya existen en estos momentos. 
Considero además imprescindible que haya una flexibilidad evolutiva para desarrollar el acervo comunitario y, por eso, estoy de acuerdo en que no exista un catálogo de competencias strictu senso. 
Considero, además, que si hay tres terrenos en los que las competencias de la Unión tienen que desarrollarse son el gobierno económico y la Europa social, la política exterior y los asuntos de justicia e interior. 
En esa dirección, es oportuno que exista una cláusula evolutiva, del estilo del actual artículo 308, y, desde luego, que se establezca una clara jerarquía de normas para que lo que hoy es derecho primario siga teniendo una consideración en este sentido. 
También estimo que las regiones, particularmente aquéllas con capacidad legislativa, deberán tener un papel acrecentado en el futuro de la Unión Europea para aplicar precisamente las competencias comunitarias. 
Señor Presidente, señor Comisario, durante el medio siglo que ha durado el proceso de integración, hemos podido aprender que la colaboración en el seno de la UE basada en los procedimientos comunitarios es más eficaz que la actividad puramente intergubernamental basada en la firma de vagos tratados ad hoc. 
Únicamente los movimientos extremistas desligados de la realidad creen en la capacidad de los Estados para resolver por sí solos los retos de la sociedad moderna. 
La era de la diplomacia retórica ha quedado irreparablemente superada. 
La Comunidad, cuyos objetivos eran de carácter político bajo la concepción de los padres fundadores, se puso verdaderamente en marcha por medio de la economía. 
Sin embargo, hemos podido observar durante los últimos años que la integración económica no puede separarse de la integración política. 
Por ejemplo, no es posible crear un mercado interior plenamente operativo sin un afianzamiento político de la Unión. 
Con el fin de desarrollar el sistema de competencias de la Unión, se ha propuesto el llamado catálogo de competencias. 
Al igual que muchos colegas, me temo que este catálogo de competencias sea demasiado rígido en un mundo cuya única constante es el cambio. 
La toma de decisiones de la Comunidad debe conservar su flexibilidad natural. 
En la mayoría de los casos, las competencias se reparten entre la Unión y los Estados miembros. 
Por consiguiente, es evidente que también vamos a asistir a litigios sobre las competencias. 
Así pues, deberíamos centrarnos en los mecanismos que sirvan para resolver estas contradicciones. 
Debemos crear una fórmula que permita la suficiente flexibilidad, pero que ofrezca, al mismo tiempo, una salida política a los representantes elegidos democráticamente cuando se vean en una encerrona. 
No obstante, el control político para evitar la centralización del poder no debe confundirse con el control jurídico ejercido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ya que, en última instancia, la base jurídica que emana de los Tratados sigue siendo ordenada en el Tribunal de Justicia. 
Algunas instancias buscan en el debate sobre las competencias un medio para volver a transferir competencias a los Estados miembros, dando un paso atrás en el proceso de integración. 
No debemos caer en esta trampa que se suele disfrazar con el espíritu del principio de subsidiariedad. 
El debate sobre las competencias debe centrarse en dejar claro a los ciudadanos quiénes son los que deciden, dónde se decide y, sobre todo, por qué se procede de la manera que se procede. 
Señor Presidente, este informe del Sr. Lamassoure es válido por razones substanciales y de método. 
En cuanto a las razones de método, enuncio tres: interpreta las contradicciones y fragilidades del actual sistema de competencias a la luz de criterios de honradez intelectual, al aceptar la historia de nuestras instituciones; después formula un modelo de reparto de competencias de forma clara, reconocible por la opinión pública europea, con lo que deshace equívocos sobre la absorción de competencias por parte de las instituciones europeas y aclara una polémica en la que, por desgracia, campa la demagogia y la falta de ética en cuanto a la dinámica de Europa; por último, aunque discutibles, ciertas propuestas no se alejan del modelo viable de funcionamiento de la Unión, sin exageraciones de ortodoxia federalista ni desviaciones conforme a la moda del revisionismo europeo. 
Pero fundamentalmente lo que sobresale es el núcleo duro de las competencias específicas. 
En eso nada se pierde del modelo original, de su adaptabilidad a las nuevas circunstancias del tiempo y del valor de proponer nuevos cometidos sobre la formulación de la política exterior y de defensa, sobre el fundamento del espacio de libertad, justicia y seguridad e incluso sobre la financiación del presupuesto. 
Por no hablar de que aquí su informe asume por parte de la Unión sus responsabilidades en cuanto a la solidaridad entre Estados y ciudadanos en su seno, con lo que plantea por derecho propio la cuestión de la cohesión y la de la política estructural. 
Por eso, no es de extrañar, señor Lamassoure, el elogio que le hago y nuestro voto a favor. 
Ojalá sepa aprovecharlo la Convención, sepa reflexionar sobre él para que tengamos la oportunidad de llegar a disponer de un Tratado moderno en el que la Unión sea un quid plus para los ciudadanos, las regiones y los Estados. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, ¡muchas gracias, señor Lamassoure! 
En mi país, el 53% de la población tiene el buen presentimiento de que en los próximos años será mayor la importancia de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo, siete de cada diez ciudadanos afirman que los intereses del ciudadano apenas son tenidos en cuenta. 
Yo atribuyo esta contraposición de ideas a que los procesos de adopción de decisiones y de formación de opinión reflejan la realidad con poca claridad y transparencia. 
El informe de Alain Lamassoure pone claramente de manifiesto- y por ello es de tanta utilidad- la interdependencia e interrelación entre ciudadanos municipios, regiones, naciones y Europa. 
La UE no es un lugar cualquiera, sino que todos somos Europa. 
No se adoptan decisiones sin la aprobación de los Estados miembros y, por tanto, tampoco sin los Parlamentos nacionales, si los consideramos como órganos de control parlamentario de la actividad de los representantes de los Gobiernos nacionales en el Consejo. 
Una clara delimitación de competencias da lugar a una clara delimitación de las responsabilidades y de las competencias de los Parlamentos y, de este modo, a una mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones. 
En mi opinión, debemos decir con toda claridad que la diversidad de competencias no debe dar lugar a un bloqueo y un retraso de los objetivos fijados conjuntamente, como las cuatro libertades, el plan de acción de servicios financieros o el mercado interior. 
La diversidad de competencias no puede dar lugar a un vaciamiento de las competencias de la Comisión en su condición de guardiana de los Tratados- léase pacto de estabilidad y crecimiento-. 
No todos los problemas de las regiones en el seno de los países pueden solucionarse a través de Europa. 
La codecisión del Parlamento Europeo propicia una mayor transparencia, más democracia, más control y, en consecuencia, una mayor cercanía al ciudadano. 
Señor Presidente, algunos de mis colegas se han quejado de que el debate tuviera lugar por la noche. 
Creo que el Sr. Lamassoure, como buen conocedor de la historia de su país, sabe que algunas de las cosas más importantes se han hecho de noche. 
Le recuerdo la noche del 4 de agosto de 1789, cuando la Asamblea Revolucionaria francesa abolió todos los derechos medievales y feudales. 
Creo que estamos en medio de un proceso revolucionario y que el Sr. Lamassoure- quizás sin saberlo- está empezando una revolución. 
Nosotros nos habíamos acostumbrado a una Unión Europea que evolucionaba de una manera orgánica y por eso quizás mi colega el Sr. Inglewood no estaba muy de acuerdo con el nuevo proceso, y ahora el Sr. Lamassoure nos coloca frente a una alternativa real, que es la alternativa de ir hacia una Europa federal. 
La ventaja que tiene una Europa federal, como han puesto de relieve algunos de los oradores que me han precedido, por ejemplo el Sr. Karas, es que será mucho más comprensible para los ciudadanos, que en este momento se pierden con la jerga comunitaria. 
Por ejemplo, si se establece una delimitación clara de competencias entre las instituciones europeas y los Estados miembros, no será necesario utilizar esta palabra que nadie entiende y que es la palabra subsidiariedad. 
Bastará con decir sencillamente que la Unión Europea no es competente para tratar un asunto porque es competencia nacional de los Estados miembros. 
Por tanto, creo que en este punto, yo, como los otros miembros del Grupo Socialista, tenemos que apoyar la propuesta de Lamassoure, porque se ha hecho referencia precisamente al lema de la Presidencia del Consejo, este año, que es "más Europa", que fue un lema por el que fui elegido como diputado socialista en un momento determinado, porque, en efecto, creemos que hay que hacer más Europa y creemos que la forma de hacer más Europa es a través de procedimientos federales como los que ha propuesto el Sr. Lamassoure. 
Creo que hay algunos problemas. Por ejemplo, a mí se me plantea algún problema con el recurso especial de constitucionalidad. 
Ya el Tribunal de Justicia actúa como instancia de constitucionalidad, incluyendo el famoso recurso de subsidiariedad, y, sobre todo, le tengo un poco de miedo a ese recurso previo que parece que se entrevé. 
Lo tuvimos en España y tuvimos que suprimirlo porque era una forma de bloquear el proceso de desarrollo comunitario. 
Creo que normalmente, mañana, este Parlamento apoyará masivamente la propuesta Lamassoure y espero que sirva de base para el trabajo en la Convención y luego en la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, a veces pienso que esta Asamblea se preocupa tanto por sus propios debates que ha perdido de vista lo que sucede fuera de su recinto. 
Los electores de toda Europa piensan que sus políticos no los tienen debidamente en cuenta; piensan que el sentido de su voto poco importa y que prácticamente no tienen ningún control sobre su propio futuro. 
Y sin embargo, nuestra respuesta es ofrecerles más de lo mismo. 
El presente informe confirma y consolida la transferencia progresiva de poderes de los parlamentos nacionales a las instituciones de la Unión Europea. 
Establece los ámbitos en que la Unión debería tener un control pleno o parcial, pero no ofrece ninguna lista acorde de los asuntos que deben estar reservados a los Estados-nación. 
Ofrece un mecanismo para ampliar a nuevos ámbitos la jurisdicción de la UE, pero ninguno equivalente para renacionalizar poderes. 
Aunque respeto plenamente la sinceridad de los que apoyan el informe, tengo la impresión de que su apoyo está basado en dos hipótesis cuestionables. 
Primera, existe una premisa implícita de que el mero hecho de que exista una dimensión internacional de algunas materias justifica por sí misma el enfoque común europeo. 
Este razonamiento puede ser superficialmente plausible, pero lo encuentro especioso. 
Al fin y al cabo, la falta de una política supranacional no significa que los Estados miembros no puedan cooperar entre sí. 
Es muy posible que esa colaboración multilateral dé mejores resultados que la uniformidad impuesta. 
Segunda, existe renuencia a reconocer que algunos asuntos son exclusivamente nacionales. 
Pero, una vez más, el hecho de que una nación tenga jurisdicción completa en un ámbito determinado, no excluye que trabaje con sus países vecinos. 
Los Estados-nación deben poder definir determinados ámbitos de su política como fundamentalmente internos, porque no tienen repercusión directa sobre los asuntos internos de otros Estados miembros. 
Es más, deberían tener derecho a garantizar esta supremacía judicial en sus constituciones. 
Del mismo modo que los Tratados europeos definen las competencias de la Unión, así las Constituciones nacionales deberían poder circunscribir determinados asuntos de interés exclusivamente nacional. 
No dispongo ahora de tiempo para elaborar una lista completa de estos ámbitos, aunque sí lo he hecho en un documento publicado por el Eurogrupo SOS Democracia. 
Es necesario que la transferencia de poderes tenga lugar en ambos sentidos: es dogmático y erróneo suponer que la acción a nivel de Bruselas es intrínsecamente preferible a la acción nacional. 
Es esta actitud la que nos está distanciando de nuestros electores, al otro lado de los muros de nuestra Asamblea. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, el actual reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros parece estar hecho a propósito para populistas de todo pelaje. 
Siempre que alguien en un Estado miembro no quiere hacerse responsable de algo que es importante y necesario, pero impopular, puede trasladar la responsabilidad plenamente convencido a la Unión. 
Queridos ciudadanos, a mi gustaría hacerlo de otro modo, ¡pero Bruselas no me deja! 
Los ciudadanos no entienden el reparto de competencias, y por eso no se les puede contar todo. 
En cualquier caso, el reparto de competencias es ininteligible para el ciudadano. 
En los últimos cincuenta años no fue nunca fácil comprenderlo, y hoy se ha convertido en algo incomprensible. 
El sistema de prerrogativas limitadas se ha convertido en un autoservicio sin límites para la política europea. 
Con el informe Lamassoure queremos cambiar radicalmente esta insostenible situación; se trata de ordenarla, sistematizarla y hacerla comprensible. 
Se han conseguido mucho, casi todo. 
Hay un tema que considero especialmente importante, y me alegra que el ponente haya recogido una propuesta mía. 
Se trata de prohibir en el futuro el denominado abuso de las formas jurídicas. 
Hasta ahora, cuando faltaba un reglamento o una facultad para impartir directrices, las Instituciones Europeas han recurrido demasiado a menudo a un concepto artificial e inventado un programa de acción, una medida, un proyecto piloto o a cualquier expediente análogo. 
La falta de competencia en tal materia dejaba así de ser un problema. 
Si a partir de ahora prohibimos este socavamiento de competencias nacionales, cerraremos la caja de Pandora. 
De este modo, espero, conseguiremos que Europa sea un poco más inteligible, comprensible y, así, más fácil de aceptar para el ciudadano. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, queridos colegas, en efecto, yo también pienso que este informe constituye un verdadero paso adelante en el debate en torno a las competencias europeas, y además de carácter no sólo intelectual, sino también político. 
Al colega Lamassoure le agradezco tanto su profunda reflexión como la permanente atención que ha prestado durante nuestros debates. 
Creo que este informe contiene sobre todo dos mensajes. 
Como diputados europeos, queremos que se nos atribuyen claras responsabilidades. 
Nosotros mismos nos defendemos de las acusaciones de intromisión centralista dejando bien claro cuáles son nuestras competencias y cuáles no lo son. 
En segundo lugar, el informe contiene el mensaje de que queremos más Europa en las relaciones internacionales, más Europa en la representación de los intereses europeos en el mundo, y el mensaje de que estamos dispuestos a renunciar a ciertas competencias en asuntos interiores y a confiar a los Estados miembros la adopción de normas detalladas. 
Es interesante que en todos los Estados miembros, al igual que en los Estados de la adhesión, se hayan llevado a cabo con éxito procesos de descentralización. 
Las empresas que operan a nivel internacional actúan conforme al principio ' pequeñas unidades y grandes redes?. 
Por ello, en nuestro propio interés como diputados, debemos centrarnos en las competencias básicas que tenemos y ponerlo de manifiesto con toda claridad. 
La Comisión ha actuado aquí con gran coraje, señor Presidente de la Comisión; usted, Sr. Barnier, y también su colega Vitorino, se han manifestado públicamente en este sentido. 
Este informe es una oferta dirigida a los ciudadanos y ciudadanas- y también a los euroescépticos- por una Europa moderna, con capacidad de acción y transparente. 
Señor Presidente, considero que el informe Lamassoure es una aportación muy importante de cara al debate sobre el futuro de la Unión, una piedra importante que permite a nuestro Parlamento erigirse en protagonista de la construcción de la futura Constitución. 
No cabe duda de que se trata de un paso adelante que contribuye a echar luz sobre la delicada cuestión de las competencias, justo en el momento en que este tema está en el centro del debate de la Convención. 
Estamos convencidos de que el futuro Tratado constituyente, la Grundnorm de la nueva Europa, deberá promover el nacimiento de una Unión que tenga por fin una única política exterior y de defensa, una Unión que pueda por fin llevar a cabo una acción de paz en la región del Mediterráneo y no sólo allí, una Unión que sea fuertemente competente en materia de seguridad, de control de la inmigración, de mercado interior y de política monetaria. 
No me parece que el informe Lamassoure prefigure un super Estado europeo prisionero de una burocracia entrometida; en definitiva, ningún centralismo, sino una federación de Estados-nación basada en los principios de solidaridad y de subsidiariedad, con un reparto de competencias entre las distintas instancias institucionales: Europa, Estados nacionales, regiones. 
En lo que respecta a estos últimos, señor Lamassoure, probablemente sería necesaria una mayor claridad. 
Sería oportuno además profundizar las competencias de las demás instituciones locales, y aquí pienso en las grandes ciudades. 
El objetivo es construir una Europa del futuro que esté cada vez más cerca de los ciudadanos. 
Sin embargo, señor Presidente, ¿cómo podemos, y con esto me sumo a la protesta del Sr. Napolitano, pedir a los europeos que sean partícipes y protagonistas de la construcción de la nueva Europa si también nosotros nos resignamos a debatir casi a escondidas temas tan importantes como los que estamos debatiendo ahora en este Pleno? 
Señor Presidente, señoras y señores, la pluralidad cultural de Europa se refleja también en las formas de estado de los Estados miembros. 
La asunción de responsabilidades en Europa significa el reconocimiento recíproco de la multiplicidad de formas de organización de los Estados miembros. 
Yo procedo de un Estado organizado de forma federalista, y en ello percibo una gran ventaja, en particular la de la gran cercanía al ciudadano de la política. 
Por ello agradezco profundamente a nuestro ponente Lamassoure que haya abordado la cuestión de las regiones, en particular las que tienen competencias legislativas. 
Algunas de estas regiones son, por superficie y número de habitantes, mayores que los Estados miembros pequeños. 
Esta divergencia de posibilidades de configuración política aumentará con la adhesión de nuevos Estados miembros. 
El punto 34 y la formulación del compromiso contenido en el punto 39 son muy importantes, porque abre una nueva vía jurídica en caso de conflictos que afecten a la subsidiariedad y al principio de proporcionalidad. 
Quiero hacer una observación a sus señorías: en su sentencia de 3 de mayo de 2002 en el asunto Jégo-Quéré, el Tribunal de Primera Instancia se ha postulado a sí mismo como tribunal constitucional. 
Una clara delimitación de competencias reviste una importancia capital para que los ciudadanos acepten una mayor integración hacia dentro y para la ampliación. 
En la elaboración de su propuesta para un tratado constitucional, la Convención debe orientarse hacia un reparto de competencias transparente entre la Unión y los Estados miembros. 
Es lo que quieren los ciudadanos de Europa. 
Según las recientes encuestas del eurobarómetro, un 60% de los ciudadanos de la UE está orgulloso de llamarse europeo, y dos tercios de la actual población de la UE- en Italia incluso el 80%- quiere una Constitución europea. 
El buen informe del colega Lamassoure es una importante contribución del Parlamento Europeo en este difícil camino hacia una Constitución europea. 
¡Por ello doy las gracias a todos y espero que la Convención sea un éxito! 
Señor Presidente, señor Comisario Barnier, querido colegas, nuestro largo debate de hoy ha puesto de manifiesto que adoptamos una postura muy positiva con respecto a un tema, a saber, el papel de las regiones en la Unión Europea, y que tal tema ha sido objeto de consideración en el informe Lamassoure. 
Se prevé la presentación de un informe especial sobre el papel de las regiones. 
No obstante, creo que el resultado de nuestro largo debate podría ser que mañana por la mañana nos pensásemos todos una vez más si lo que acabamos de constatar conjuntamente no podríamos llevarlo al informe de una forma algo más clara. Incluso, algunos Grupos han presentado enmiendas sobre este punto. 
El segundo punto que quiero comentar es el de las competencias propias. 
Alain Lamassoure ha señalado acertadamente que las relaciones exteriores económicas- y este es un ámbito muy importante- están comprendidas en aquéllas. 
Lo que aquí ocurre es que la Comisión puede impulsar las cosas en la forma debida, y el Consejo de Ministros colabora en la orientación, pero el Parlamento Europeo, a diferencia del Congreso estadounidense, no tiene apenas capacidad de influencia. 
La colaboración práctica que mantenemos con la Comisión es magnífica, pero creo que las cosas no deben quedarse como están ahora. 
En el marco de esta atribución de competencias- un asunto particularmente importante para nuestra Institución- debemos salir mejor parados. 
Quizá puedan hacerse las reflexiones necesarias sobre este asunto en la Convención. 
En cualquier caso, el de las regiones es, a mi juicio, un tema importante. 
Quiero dar sinceramente las gracias al Sr. Lamassoure por su formidable informe. 
Pero, por lo que respecta a las regiones, me parece que estamos un tanto vacilantes. 
Podríamos exigirnos algo más a nosotros mismos. 
. (FR) Señor Presidente, Señoras y Señores Diputados, trataré de utilizar estos minutos de descanso de este debate a hora tan avanzada, que coinciden, por otra parte, como he dicho al Sr. Méndez de Vigo, con los dos últimos minutos de descanso del famoso partido que él ha mencionado. 
Según mis informaciones, el Real de Madrid sigue ganando por 2 a 1; el segundo gol ha sido marcado por Zidane. 
Las informaciones que les doy no me han impedido seguir atentamente el conjunto del debate, que ha sido de gran calidad, sobre esta cuestión de las competencias que constituye el meollo de las declaraciones de Niza y de Laeken. 
La resolución que acaban de aprobar constituirá, en efecto, un elemento central del debate abierto sobre el futuro de la Unión. 
Se trata de un tema central, ya que plantea cuestiones políticas fundamentales. 
Pero al mismo tiempo- y su ponente lo sabe muy bien- plantea problemas técnicos de gran envergadura. 
Los debates de la última sesión de la Convención, al igual que las contribuciones ya presentadas con vistas a la próxima sesión y las numerosas tomas de posición de expertos demuestran dicha complejidad. 
Desearía, al comienzo de estas palabras, dar las gracias, primero a esta Asamblea, señoras y señores Diputados, que, desde principios de 2001 ha tomado la iniciativa de lanzar una reflexión, en cierto modo premonitoria, sobre esta difícil cuestión. 
Desearía dar las gracias, en segundo término, a las diferentes comisiones parlamentarias, y sobre todo a la Comisión de Asuntos Constitucionales por la calidad de sus trabajos. 
La resolución, que es fruto de estos últimos, conserva una gran claridad a pesar de la densidad y la complejidad del tema. 
Permítanme dar las gracias, en particular, al Sr. Alain Lamassoure, quien no ha dudado en efectuar amplísimas consultas para finalizar este informe, aunque los plazos a los que debía ceñirse eran extremadamente estrictos. 
Lo ha hecho con el espíritu de apertura y la gran experiencia que posee sobre textos con los que está acostumbrado a trabajar. 
Pienso como él que este texto sentará precedente. 
El resultado de esta iniciativa colectiva es indiscutiblemente constructivo puesto que la misma desemboca en tres ideas importantes, que nosotros consideramos tales- lo expreso en nombre de la Comisión -, y que desearía comentar brevemente. 
La primera idea es la de clarificación de conjunto del marco jurídico de la Unión Europea. 
Dicha clarificación es inseparable de una reforma institucional ambiciosa. 
Lo que se propone, pues, es aprobar una verdadera Constitución de la Unión, comunitarizar el segundo y el tercer pilar, distinguir con mayor claridad entre el trabajo legislativo y el trabajo ejecutivo, establecer una jerarquía de normas y definir mejor los instrumentos pertinentes. 
De esta amplísima reestructuración jurídica, recojo, naturalmente, la piedra angular, la constitucionalización de la Unión. 
La Comisión desea, pues, que la Unión Europea, con la integración de la Carta de los Derechos Fundamentales, disponga de un texto de naturaleza constitucional. 
La segunda idea importante de este informe es la de una clasificación de las competencias en tres categorías: competencias de principio de los Estados miembros, competencias exclusivas de la Unión y competencias compartidas. 
Entiendo, naturalmente, este intento interesante y útil de describir la organización actual de las competencias. 
Creo que debemos, señoras y señores Diputados, señor Ponente, valorar en este instante tres riesgos. El riesgo de la rigidez de las clasificaciones estancas, materia por materia- que varios diputados, por otra parte, mencionaban -, podría quizá enmarañar el reparto de las competencias más allá de lo que la claridad exige. 
En el futuro, la Unión debe contar con los medios para responder a nuevos desafíos si ello resulta necesario. 
En tal sentido, subrayo la atención que la resolución presta al mantenimiento de la flexibilidad del sistema a través de la propuesta de una cláusula evolutiva inscrita en el Tratado. 
Creo que un segundo riesgo es el de suprimir algunos fundamentos jurídicos denominados funcionales si vinculamos obligatoriamente las competencias a las materias. 
¿Deseamos, por ejemplo, suprimir realmente el artículo 13 del Tratado, que permite luchar contra todas las discriminaciones: sexo, etnia, religión, edad, etcétera? 
No lo creo, y esa no es, sin duda, la intención de este informe. 
Una tercera posibilidad de riesgo sería ignorar las competencias negativas, esas normas que imponen directamente restricciones al ejercicio de las competencias de los Estados miembros, por ejemplo: la prohibición de las medidas restrictivas de las libertades fundamentales de circulación. 
No se trata de un mero detalle, puesto que es en esta materia en la que los ciudadanos adquieren algunos de sus derechos esenciales en la Unión Europea. 
En suma, señor Presidente, señoras y señores, hay que establecer un equilibrio entre, por un lado, una racionalización necesaria de las competencias y, por otro, el carácter sui generis del sistema de la Unión, que no queremos dañar. 
Finalmente, hay una tercera gran idea en este informe: nos hace inventar nuevas maneras de hacer que se respeten las exigencias de subsidiariedad y de proporcionalidad. 
La cuestión del refuerzo de los controles relativos al respeto del reparto de las competencias entre la Unión y los Estados miembros forma parte de los problemas más complejos que tendremos que resolver. 
Los animados debates que ya han celebrado- según se me ha dicho- en el seno de la comisión, demuestran en ese sentido que hoy no se impone de manera indiscutible ninguna solución ideal, política o jurisdiccional. 
Señor Presidente, señoras y señores, en conclusión, desearía de nuevo- más allá de las observaciones que les debía- felicitarme muy francamente, como de costumbre, por la calidad del trabajo realizado entre nuestras dos instituciones y saludar la contribución de esta Asamblea. 
La misma tiene lugar una semana antes que la propia Comisión presente una amplia contribución sobre el proyecto europeo, en el que encontrarán, señor Lamassoure, señoras y señores, algunas de sus ideas. 
Asimismo- como ustedes lo han recordado- tiene lugar en vísperas de una sesión extremadamente neurálgica de la Convención, en un momento en que hemos pasado mucho tiempo discutiendo útilmente en debates de orden general sobre los cometidos de la Unión y antes que entremos de lleno en la cuestión, y quizá nos acerquemos, en cierto modo, al momento de la verdad. 
Por eso pienso en este instante, una semana antes de la próxima reunión de la Convención, que esta contribución de la Asamblea es extremadamente importante y que proporcionará indicaciones cruciales sobre dicha cuestión de las competencias de la Unión Europea. 
Repito: es absolutamente decisivo e incluso vital que el Parlamento y la Comisión esbocen juntos las grandes líneas de una visión común al servicio de su interés compartido respecto a la renovación del modelo comunitario en el que trabajamos unos y otros, e incluso- yo diría- unos con otros. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0157/2002) de la Baronesa Nicholson of Winterbourne, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la situación en Iraq once años después de la Guerra del Golfo (2000/2329 (INI) ). 
. (EN) Señor Presidente, es un honor presentar esta noche al Parlamento este informe sobre Iraq. 
Lo recomiendo en la votación de mañana y espero que reciba el apoyo del mayor número posible de colegas, y creo que así será. 
Iraq es un país hendido por la tragedia: está cargado de traumas y el dolor de su población abarca todo el mundo. 
Está gobernado por un tirano, un predador, cuya sed de conquistas llevó a su ejército a penetrar en la República Islámica de Irán; inició la guerra entre Irán y Iraq, en la que un millón de personas perdieron la vida. 
Más tarde invadió Kuwait, con los resultados que todos conocemos perfectamente, y avanzó hacia el norte de Iraq, donde arrojó bombas químicas sobre los iraquíes del norte. 
Y en el sur del país ha desecado las históricas marismas iraquíes. 
La acción de un hombre y su régimen ha destruido 5.000 años de civilización humana ininterrumpida, provocando la peor tragedia humanitaria desde la II Segunda Guerra Mundial, según el ponente especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Iraq. 
Es un hombre de profunda crueldad, gobierna un reino del terror y, en palabras de un refugiado político huido recientemente de Iraq, ha convertido Iraq en un moderno campo de concentración. 
Ante una situación semejante, ¿qué puede ofrecer el Parlamento Europeo? 
Debemos pensar en lo diferente que podría ser Iraq. 
Iraq tiene la capacidad de convertirse en la nación con la renta per cápita más alta del planeta, gracias a su petróleo y otros recursos. 
Cuenta con el ejemplo de democracia y Estado de derecho en las tres provincias del norte del país. 
La población iraquí es muy instruida y muy capaz y, hasta que Sadam Husein se hizo con el poder, gozaba de un elevado nivel de educación y sanidad y de una cierta democracia. 
Por consiguiente, ¿qué recomienda el informe que sea diferente, que añada valor a este antiguo debate? 
Presentamos varias propuestas que recomiendo a la Asamblea. 
Primera, recomendamos la creación de un Tribunal Internacional ad hoc para Iraq. 
Esta petición ya se había hecho antes- yo misma la hice en 1988. 
¿Qué ha cambiado? 
Ahora recomendamos su creación no sólo para juzgar a Sadam Husein, sino también a todos sus oficiales que han llevado a cabo graves violaciones de los derechos humanos, tanto dentro como fuera del territorio iraquí. 
Habida cuenta de que su creación es difícil, recomendamos firme y encarecidamente que la Unión Europea tome la iniciativa y cree una oficina de investigación de las graves violaciones de los derechos humanos. 
Deberíamos recopilar y preparar las pruebas necesarias y preparar un registro oficial de las numerosas violaciones perpetradas por el régimen iraquí. 
Queremos que esta oficina se cree sin demora. 
Hacemos un llamamiento a la Comisión y al Consejo de Ministros para que contribuyan y la hagan posible. 
Esto supondría una gran diferencia para el futuro de la población iraquí. 
En segundo lugar, pedimos que las marismas iraquíes- que ya han sido desecadas hasta el último 10% de su capacidad- sean declaradas patrimonio de la humanidad. 
Creemos que eso es posible; que podrían recuperarse. 
Hacemos un llamamiento a la República Islámica de Irán para que se haga responsable de la pequeña parte de las marismas que aún permanece sin desecar y que se encuentra dentro de su territorio. 
Una vez más, pedimos a la comunidad internacional y a la Unión Europea que tenga especialmente en cuenta a los 3,5 millones de refugiados que han huido de Iraq durante los últimos 11 años. 
Estos refugiados no reciben ayuda suficiente. 
Nada del programa "petróleo por alimentos" se destina a paliar su situación y es muy poca la ayuda que reciben. 
Hacemos un llamamiento a la Unión Europea y, en particular, a la Comisión, para que examine y revise su programa y proporcione buena ayuda a estos refugiados, de manera que puedan recibir formación y recuperar la democracia en el futuro Iraq. 
Por lo tanto, recomendamos un programa de rehabilitación. 
He hecho caso omiso de los comentarios y de las enmiendas que hablan de la guerra. 
Esta Asamblea no tiene competencia en materia de guerra ni de tropas; por consiguiente, recomendamos que se les proporcione formación y ayuda civil. 
Nos gustaría pedir a todos que ejerzan toda la presión posible sobre el régimen iraquí para que permita la entrada de inspectores de armamento y para que éstos puedan recorrer libremente el país. 
Tenemos nuestra mirada puesta en el futuro de Iraq y pido el apoyo de la Asamblea para este informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, la posición de la Unión Europea Con respecto al Gobierno iraquí está desgraciadamente condicionada por la actitud represiva de los poderes del país. 
Sadam Husein y sus colaboradores han tomado a una gran parte de su pueblo como rehén de su agresiva política. 
Lo pérfido de esta situación es la instrumentalización política de la desgracia humana y económica, a veces real, y otras muchas veces exagerada artificialmente. 
En la mayor parte de los casos, es a los más débiles de la sociedad a quienes afecta con más crudeza. 
Pero ello no debe llevarnos a confundir causa y efecto. 
La causa del sufrimiento de la gran mayoría del pueblo iraquí no son las sanciones, sino la agresividad, la astucia y la incapacidad de un régimen totalitario, que es el que ha provocado estas sanciones. 
Toda conclusión, toda consideración irreflexiva de los Estados miembros en sentido contrario deberá combatirse con toda energía. 
Toda manifestación que se limite a plantear la vinculación directa entre las consecuencias del embargo y sus efectos sobre la población es pacata y peligrosa, por muy bien intencionada que sea. 
Pues así se desplaza y diluye la evidente responsabilidad política de los dirigentes iraquíes. 
El que habla de la ruina de las infraestructuras sociales y técnicas, de la falta de alimentos, excluyendo, eludiendo o silenciando la responsabilidad del régimen, actúa de forma cuanto menos infantil o imprudente. 
El Consejo de Seguridad mostró en su sesión de ayer el camino correcto. Acordó por unanimidad reforzar el embargo de armamento y, al mismo tiempo, facilitar la entrada de bienes de uso civil en Iraq. 
De este modo se pone una vez más de manifiesto que entre el informe actual y las resoluciones del Parlamento Europeo, por un lado, y las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por otro, existe una amplia coincidencia de contenidos. 
Esta coincidencia debe acentuarse, profundizarse y ampliarse, y no socavarse con manifestaciones sobre un supuesto fracaso del embargo. 
En el informe de la Baronesa Nicholson of Winterbourne se aborda y profundiza una propuesta que ya se presentó en noviembre de 2000. Trata de la constitución de un tribunal que juzgue las violaciones del régimen iraquí contra los derechos humanos. 
Estoy convencido de que tales procesos tengan un efecto intimidatorio- si no para los dictadores, sí para muchos colaboradores voluntarios-y puedan contribuir a la desestabilización del régimen. 
Por ello apoyo plenamente la exigencia de la creación de una oficina de investigación que recoja y valore la declaración de testigos y documentos y acredite las pruebas judiciales. 
Señor Presidente, Señorías, para nosotros, el informe Nicholson no es ni bueno ni malo, y no querríamos caer en la trampa dicotómica del eje del mal, pero es claramente peligroso, ya que no se puede ignorar su contexto. 
Los Estados Unidos preparan abiertamente una intervención militar en Iraq y buscan en la oposición exilada sucesores de Sadam Hussein. 
No forma parte de los hábitos ni de los cometidos de Europa derrocar regímenes, y es evidente que no votaremos a favor del informe Nicholson si subsisten las ambigüedades sobre este punto. 
Naturalmente, mi Grupo condena sin reservas las violaciones de los derechos humanos que relata el informe. 
Pero le sorprende que la Sra. Nicholson haya sido tan poco locuaz sobre el drama humanitario que ha provocado el embargo y sobre el millón y medio de muertos que el mismo ha causado. 
Mi Grupo piensa asimismo que la insistencia del informe respecto a los exilados iraquíes no debe hacernos olvidar la existencia de una sociedad civil interna que subsiste dignamente. 
Acabo de llegar de Iraq y puedo dar fe de ello. 
Afortunadamente, estos desequilibrios del informe pueden ser corregidos por las enmiendas presentadas. 
Pero lo más importante no está ahí, en mi opinión. 
Lo más importante es el papel que quiere desempeñar Europa en este asunto. 
¿Un papel de pacificador, que abra la vía a un diálogo con Iraq, o un papel de detonante? 
Según lo que se vote mañana, la salida será clara. 
Nosotros, los socialistas, exigiremos, pues, que la ONU desempeñe un papel primordial en la búsqueda de una solución pacífica regional y que se levante de inmediato el embargo económico. 
La Resolución 1409 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobada ayer sigue siendo muy restrictiva, aun cuando suaviza las sanciones. 
Exigimos que Iraq abra sin restricciones sus puertas a las misiones de inspección de las Naciones Unidas, pero que sirvan entonces de ejemplo a Israel. 
Exigimos que Europa se comprometa en la reconstrucción del país siempre que el Gobierno iraquí lleve a cabo reformas democráticas. 
Por favor, no aislemos a la sociedad iraquí. 
Tanto para ésta como para la región, las consecuencias de un conflicto armado serían incalculables. 
Personalmente, me sorprenden las palabras expresadas por un diplomático británico en la ONU, ayer, palabras que refiere Le Monde, con fecha de mañana, y que dicen: ' Iraq debe saber que, una vez que finalicen estas negociaciones con la ONU, caerán los misiles, tanto si Bagdad acepta como si no acepta el regreso de los inspectores... ?. 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el régimen de Sadam Husein es una horripilante dictadura. 
Durante años ha sumido a su país en la guerra, sacrificando el bienestar y el progreso social y económico de toda una población. 
No olvidemos esto. 
El régimen iraquí pasó por su peor momento durante la invasión de Kuwait y la consiguiente Guerra del Golfo, pero sobrevivió a esta situación, pese a las penalidades de la población, que no sólo sufre un régimen inhumano, sino también las consecuencias de las sanciones internacionales. 
Sin embargo, Sadam Husein se sirvió hábilmente de estas sanciones para incrementar su popularidad. 
Para muchos árabes de a pie se erigió en símbolo de la resistencia árabe ante la supremacía norteamericana. 
No olvidemos todo esto. 
Por lo que a la evaluación del informe NICHOLSON se refiere consideramos absolutamente necesario que se mantengan 4 principios clave: 
la denuncia de las permanentes violaciones de la democracia y los derechos humanos por parte del régimen iraquí; 
en segundo lugar, las críticas vertidas contra las sanciones que no afectan al régimen sino a la población; 
en tercer lugar, las garantías para las minorías culturales por parte de la comunidad internacional; 
y en cuarto lugar, la solución del conflicto entre Iraq y la comunidad internacional por vía no militar, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. 
La guerra no aporta ninguna solución. 
Los países árabes temen una sublevación popular. 
Así las cosas, es importante que Europa decida por sí sola en lugar de aprobar sin rechistar la política estadounidense, que hace peligrar la estabilidad en el mundo y sólo genera odio y frustración. 
Señor Presidente, he hecho una lectura distinta- es decir, positiva- de la hecha por la colega De Keyser. 
Antes de nada quiero hacerle una observación a usted, señor Gomolka. Creo que debe profundizarse un poco más para exponer con acierto la causa y el efecto. 
En mi condición de asesor científico de la conferencia de desarme de Ginebra, pude ver como en 1985 EE.UU., las principales potencias de Europa Occidental y la Unión Soviética guardaron silencio cuando se abordó la cuestión de la utilización de armas químicas por parte del ejército iraquí contra Irán. 
Con una política así se fomenta, evidentemente, la existencia de dictadores y su acceso a armas de exterminación masiva. 
El informe no es, ni mucho menos, congruente. Contiene contradicciones. 
En primer lugar, crítica de forma inequívoca la irresponsable política de Sadam Husein respecto a su propio pueblo y a la comunidad política. 
Formula las exigencias necesarias. 
En segundo lugar- y esto ya lo he leído en un sentido distinto -, pone de relieve la que, a mi juicio, es la cuestión fundamental de una solución pacífica, al reconocer- cito textualmente- ' la importancia de una solución política multilateral en la región, bajo la égida de las Naciones Unidas, como única forma de garantizar la estabilidad y la paz en la región?. 
No puede estallar una guerra. Una guerra tendría justamente en esta región las consecuencias más graves, incluso para nuestra relación con todo el mundo islámico y árabe. 
En tercer lugar, en este informe se exige, al menos para todos los casos que no tienen ninguna relevancia militar, que se levanten las sanciones económicas y comerciales. 
Son contraproducentes y catastróficas para la población civil iraquí, sobre todo para los niños. 
Por ello, estimada señora ponente, quiero agradecerle la redacción de este informe, aunque suene raro viniendo desde esta parte del Parlamento, pero lo he leído como un informe escrito en la buena tradición liberal. 
Señor Presidente, Iraq es potencialmente rico y próspero. 
La baronesa Nicholson no tarda en lanzar esta idea en su sólido informe. 
Con ello se refiere en primera instancia a los ciudadanos de este país. 
Esta convicción la sitúa en la buena compañía del reputado especialista del mundo árabe, el profesor Bernard Lewis, que ha comprobado por experiencia propia que los estudiantes iraquíes tienen un buen nivel. 
Ahora bien, el régimen absolutamente inhumano de Sadam Husein ha cercenado por completo la capacidad nacional de desarrollo de Iraq. 
Al mismo tiempo, el irrefrenable afán de poder y venganza del autócrata iraquí sigue constituyendo una verdadera amenaza para la región y para el orden internacional en su conjunto. 
¿Cómo interpretar si no sus programas secretos para el desarrollo de armas de destrucción masiva? 
Lo mismo digo respecto al abierto patrocinio de los atentados suicidas palestinos contra ciudadanos israelíes por parte de Sadam. 
El informe Nicholson no deja lugar a dudas sobre esta estrategia de desestabilización. 
Señor Presidente, por todo ello me opongo radicalmente a la enmienda nº 6 del Sr. Sakellariou. 
Para empezar, reducir el informe Nicholson a una ' mera opinión personal de la ponente? va en contra del espíritu de compañerismo. 
Además, es totalmente incorrecto ya que se trata de un informe que ha sido aprobado por amplía mayoría y sin votos en contra por la Comisión de Asuntos Exteriores de este Parlamento. 
Por último, me parece muy oportuno que se inste a Europa a adoptar las medidas previas necesarias para instituir un Tribunal Internacional ad hoc para Iraq. 
Con vistas a una mayor eficacia sería, sin embargo, conveniente que primero se derrumbara el régimen de terror de Sadam Husein? 
¿Están el Consejo y la Comisión realmente dispuestos a considerar esta conveniencia junto con el Gobierno de Bush? 
Ciertamente no faltan alternativas razonables y nacionalmente representativas con las que sustituir al entorno de Sadam. 
En tal caso, las sanciones podrían levantarse íntegramente sin más tardanza y el país podría desarrollar plenamente el potencial que lleva dentro, en favor de los ciudadanos iraquíes y en favor de la estabilidad regional y mundial. 
Señor Presidente, sobre la historia y la prehistoria de la Guerra del Golfo contamos hoy con testimonios científicamente corroborados y bien documentados que ponen de manifiesto que esta guerra vino precedida de una formidable campaña de desinformación, que continuó durante la guerra. 
No cabe excluir que hoy se sigan propalando diversas informaciones sobre Iraq por razones estratégicas. 
No se acuse de ello a la ponente ni se emplee como justificación de Sadam Husein. 
Pero no puede olvidarse que hasta la invasión de Kuwait, Sadam Husein fue un muy buen de Occidente. 
La población iraquí necesita hoy paz, y las sanciones, como ha señalado recientemente un alto funcionario de la ONU, abocan a este país a una especie de genocidio. 
Me atrevo a poner en duda que el informe, tal como está elaborado, sirva para aliviar el sufrimiento del pueblo iraquí. 
Apoyo enérgicamente las enmiendas de los Sres. Wurtz y Sakellariou. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, a veces se forman coaliciones curiosas en este Parlamento, aunque no sólo en este Parlamento. 
Claro que es difícil juzgar la situación en Iraq, y por dos razones en concreto. 
La primera es que, en razón de su estructura interna, es difícil juzgar a una dictadura, y como segunda ha de señalarse la posición de EE.UU. No cabe duda alguna. 
EE.UU. prestó su apoyo, un decidido apoyo, al mismo Sr. Sadam Husein al que hoy combaten con tanta vehemencia, pero la actitud de EE.UU. no debe llevarnos a ignorar que aquí hay un régimen que debemos condenar de la forma más enérgica, porque tiene sometido a su propio pueblo, a todas los sectores de la población. 
Pienso, por ejemplo, en los kurdos. 
Acabo de volver de un viaje que ha realizado una delegación a la parte kurda de Turquía con el objetivo de luchar por los derechos de la población kurda, pero debemos velar aún más por que los kurdos no sean exterminados en Iraq. 
Esta es la diferencia con Turquía, donde quizá no se respete suficientemente su lengua, etc., pero en Iraq serían exterminados, y lo mismo cabe decir respecto de los chiítas y de otros sectores de la población. 
A ello se le añade el riesgo que corren los países vecinos, y no sólo Israel, sino también los vecinos árabes como, por ejemplo, Kuwait o Siria. 
Estos son hechos evidentes que no debemos olvidar. 
No obstante, hay que cambiar algunas cosas. 
Por cuanto respecta a la cuestión de las sanciones, colega Gomolka, se trata, efectivamente, de dos cosas. 
Se trata del tipo de sanciones, de carácter indiferenciado, y se trata, evidentemente, del abuso de las sanciones por Saddam Hussein, que destina sistemáticamente una parte de los recursos que recibe a sí mismo y a su aparato político y no al pueblo, por lo que el pueblo pasa aún más hambre. 
No obstante, debemos reducir las sanciones a la medida realmente necesaria para doblegar al régimen, y levantar las sanciones innecesarias, que afectan y perjudican fundamentalmente a la población. 
En segundo lugar, debemos apoyar a todos los grupos que trabajan en el interior del país y en el exterior por un cambio de régimen, por que lleguemos a una situación razonable. 
A veces lo comparo- aunque no quepa compararlo del todo con la situación en Iraq- con Yugoslavia, donde centramos todos nuestros esfuerzos en librarnos de Milosevic y apoyamos tanto a las organizaciones del interior como a las que actúan en el extranjero para que se produjera un cambio de régimen. 
El tercer punto, que para nosotros como socialdemócratas reviste una gran importancia, consiste en que no queremos acciones militares unilaterales que no están amparadas por resoluciones de la ONU, pues no queremos la guerra, queremos que la ONU, al igual que se ocupa de las sanciones, se ocupe de todas las demás acciones. 
Queremos que las Naciones Unidas apliquen de nuevo su Derecho y queremos que las Naciones Unidas velen por que haya un cambio de régimen. 
Quiero agradecer a la ponente el estrecho acercamiento de posiciones de los últimos días, y creo que, es más, tengo el firme convencimiento de que mañana, si aceptamos algunas enmiendas, podremos aprobar su informe con una gran mayoría. 
Señor Presidente, he visitado Iraq demasiadas veces como para hacerme ilusiones. 
En Bagdad hay un régimen terrorista dictatorial, de eso no cabe duda. 
Sin embargo, también es evidente que las reacciones y sanciones de Occidente han sido un rotundo fracaso y han afectado a la población civil en lugar de castigar al régimen dictatorial. 
Los territorios kurdos independientes del norte son una luz en el túnel. 
Los kurdos no tienen simpatía por Saddam Hussein. 
Ellos quisieran un nuevo régimen. 
Sin embargo, no aconsejan una intervención militar ya que saben que son ellos los que sufrirán la venganza de Saddam. 
Creo que hay que escucharlos y por eso el Grupo de los Verdes rechaza la idea de un masivo ataque militar norteamericano. 
Pienso que el informe Nicholson of Winterbourne se caracteriza, desgraciadamente, por una suerte de equivocada reacción contra la dictadura de Saddam, que ha contribuido a que éste vaya a cumplir su 35 aniversario como dictador de Iraq. 
No nos corresponde ahora pronunciarnos sobre la intervención de la señora Nicholson ni sobre sus justificaciones, sino sobre la resolución. 
Creo que con las enmiendas de los Verdes podremos votar a favor del informe. 
Esto supone evidentemente que se mantenga el artículo 7 tal como aparece en el informe y que no sea eliminado, como se propone en algunas enmiendas. 
Señor Presidente, en las constataciones sobre el régimen de Sadam Hussein todos estamos de acuerdo. 
Sobre lo que hay discusiones es sobre las políticas a seguir. 
La Unión Europea no está de acuerdo con la política del ' eje del mal? , ni tampoco está de acuerdo con políticas de controles estrictos de crisis que, en último caso, van en contra de sus intereses. 
Pero ya veremos dentro de once años de seguir una política concreta cuáles son los resultados. 
Sadam Hussein y su régimen inamovibles, un pueblo mortificado y ciudadanos cuyos problemas se han descrito anteriormente con gran viveza. 
Por otra parte, también tenemos efectos secundarios de los que aquí no hablamos. 
No se ha discutido ni una vez sobre quiénes se están beneficiando de este embargo con el mercado negro, ni tampoco sobre qué empresas, que además son de nuestros países, colaboran con el régimen llevándose en condiciones provechosas cuantas obras se están realizando en Iraq. 
Desde este punto de vista, en los distintos comités propuestos, bueno será que haya algún otro, que investigue who is who de quienes tienen intercambios económicos y comerciales con Iraq, para que veamos desde este ángulo si han de imponerse o no sanciones y a qué regiones. 
Aparte de esto, quería señalar que no es correcto describir ciertas cosas como debidas a Sadam Hussein en su conjunto. 
No es la ocasión para poder atribuir todos los males a un determinado régimen. 
Quisiera hacer una observación sobre el tema concreto del famoso problema de las desembocaduras del Eúfrates y del Tigris, con el tema de los pantanos; no es un producto de la política de Hussein, sino de los embalses Ataturk, de los 17 embalses que ya han empezado a funcionar en las fuentes del Eúfrates y del Tigris y que están relacionados con el control estratégico de los recursos hídricos de la región. 
Es un tema sobre el que no hemos debatido y que dentro de 2, 3 ó 5 años va a ser un elemento principal de tensiones políticas y de enfrentamientos bélicos. 
Este es el problema. 
El problema no es dar algunas soluciones frente a las desembocaduras de los dos ríos. 
. (EN) Permítanme, en primer lugar, felicitar a la Baronesa Nicholson por su excelente resumen de la situación en Iraq once años después de la Guerra del Golfo y de las repercusiones de la acción internacional durante la pasada década. 
Es un momento oportuno para hacer balance de las condiciones en que vive la población iraquí; el modo de operar de la dictadura de Sadam Husein; y la continua amenaza que éste representa para su propio pueblo, para la región y para el mundo en general. 
Estoy muy de acuerdo con la idea central del informe. 
Nuestro objetivo debería ser centralizar la acción internacional, incluidas las sanciones, para potenciar sus repercusiones sobre Sadam Husein y sus esbirros, y para minimizar sus consecuencias sobre la población del país. 
El informe pone de relieve numerosos problemas graves en Iraq, incluidas las persecuciones de los oponentes políticos del régimen, la crisis humanitaria, la negativa sistemática de Sadam Husein a acatar las resoluciones de las Naciones Unidas sobre armas de destrucción masiva y la influencia desestabilizadora de Iraq en la región. 
Se presta, acertadamente, especial atención a los derechos humanos en Iraq. 
El informe ofrece un panorama terrible de violaciones de los derechos humanos. 
Existe una persecución generalizada de cualquier tipo de oposición política al régimen, así como a los shiíes, en particular a los habitantes de las marismas de la Mesopotamia inferior, de los kurdos y de otras minorías que viven en las provincias del norte. 
Junto con el ejército y la administración oficiales, existe una especie de "Estado en la sombra", respaldado por la familia y el ejército, que está bajo su control directo y ejerce presión a través del abuso de poder. 
Éste recrudece el permanente estado de violencia y de ilegalidad impunes. 
No podemos por menos que reconocer los escasos resultados que han tenido las sanciones de la ONU durante los últimos once años. 
Sadam Husein sigue aferrado al poder. 
De hecho, está oprimiendo a la población iraquí con más brutalidad que nunca. 
Iraq ha suspendido unilateralmente las inspecciones de la ONU y existen motivos fundados para sospechar que el régimen ha relanzado sus programas de armas químicas y biológicas. 
La situación económica se ha agravado, no tanto como consecuencia del embargo internacional, sino por la falta de cooperación de las autoridades iraquíes con el programa de "petróleo por alimentos". 
No hay ninguna duda sobre quién tiene la culpa. 
Sadam Husein ha demostrado un desprecio temerario, no sólo por sus compromisos internacionales, sino también por su propio pueblo. 
El sufrimiento de la población iraquí podría finalizar mañana si Bagdad quisiera cooperar, de manera creíble y constructiva, con la comunidad internacional, permitiendo el acceso sin restricciones a los inspectores encargados de verificar el cumplimiento de las resoluciones de la ONU. 
Iraq debe respetar asimismo sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos. 
El informe Nicholson propone la creación de un Tribunal Internacional ad hoc para Iraq. 
Es una idea que debemos examinar detenidamente, también a la luz del trabajo en curso en otros foros internacionales relevantes. 
Espero que esta iniciativa del Parlamento Europeo contribuya a identificar los elementos comunes de una política que permita a la Unión Europea desempeñar una función más activa en este campo. 
Pasando a las recomendaciones específicas, su Señoría conoce los límites de nuestro papel y de nuestra competencia en la Comisión, pero acepto el argumento en favor de la congelación efectiva de los activos financieros de los líderes iraquíes y la denegación a dirigentes iraquíes de acceso a la Unión Europea. 
Existe asimismo un sólido argumento en favor de la supervisión estricta de los derechos humanos, una mayor divulgación pública de informaciones y del ejercicio de una mayor presión sobre el régimen iraquí para proteger a la población y a las minorías que viven en el país, en el marco de la ONU. 
En lo que se refiere al reforzamiento de las medidas de democratización en cooperación con la comunidad exiliada iraquí, debo decir que en las actuales circunstancias no tengo muy claro cuáles podrían ser el alcance y las repercusiones de dichas medidas. 
El sufrimiento de la población iraquí ha puesto de relieve la dificultad de tratar con un régimen que es tan implacable como temerario. 
Tomo nota y acojo favorablemente la invitación contenida en el informe de explorar nuevas vías para iniciativas en favor de la población y de los refugiados iraquíes, y para reforzar las actividades que se llevan a cabo actualmente en el ámbito de la asistencia humanitaria. 
Estamos dispuestos a examinar nuevas medidas para paliar el sufrimiento de la población iraquí. 
Este tipo de medidas podría alentar asimismo a las fuerzas de la oposición a organizarse. 
Desde la Guerra del Golfo en 1991, la Comisión Europea ha sido el principal donante de ayuda humanitaria al Iraq por valor de más de 270 millones de euros. 
Durante los últimos tres años, hemos proporcionado ayuda por valor de unos 10 millones de euros anuales. 
Este año proporcionaremos 13 millones de euros aproximadamente. 
Pero las repercusiones de nuestra ayuda se ven mermadas por las limitaciones a que la someten el régimen de Sadam Husein. 
Debemos esforzarnos más en pensar cómo podemos ayudar a la población levantando las restricciones sobre el comercio de productos no militares ni de doble uso, al tiempo que garantizamos que negamos al régimen el potencial para la fabricación de armas y el enriquecimiento. 
Éste es el motivo por el que acogemos muy favorablemente el acuerdo alcanzado ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre una resolución relativa a un "programa de sanciones inteligentes", que hace un replanteamiento de los actuales esfuerzos de la comunidad internacional. 
Reconozco que no existe ninguna posibilidad seria bajo el actual régimen. 
Un régimen diferente- casi cualquier otro régimen- sería mejor para la población iraquí. 
Pero no debemos perder de vista nuestros propios valores y principios fundamentales en nuestro intento por ayudar a la población iraquí y llevar la estabilidad a la región. 
Es por ello por lo que estoy absolutamente convencido de que debemos continuar operando dentro del marco de las Naciones Unidas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0118/2002) de la Sra. Doris Pack, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el informe de la Comisión al Consejo relativo a los trabajos del grupo de dirección de alto nivel UE-Albania para preparar la negociación de un acuerdo de estabilización y asociación con Albania (COM (2001) 300- C5-0654/2001- 2001/2277 (COS) ). 
Señor Presidente, queridos colegas, hoy debatimos sobre un informe que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Ello pone de manifiesto que los y las colegas de la comisión estimaron que la línea que he propuesto es la correcta. 
Pero estos colegas tuvieron en enero la oportunidad de escuchar en la comisión a algunos colegas del Parlamento albanés. 
Pudieron hacerse una idea del grado de madurez de este país y de sus políticos. 
No quiero repetir lo que mis colegas dijeron durante el debate en la comisión. 
Pero, desgraciadamente, no tuve la impresión de que las observaciones de mis colegas y mis propias observaciones formuladas en este debate condujesen a que los políticos de este país se dieran por fin cuenta de que deben hacer verdadera política en interés del pueblo albanés, ¡tanto la oposición como el Gobierno! 
Por ello, pienso que presentamos aquí un informe que es relativamente duro, pero no es duro porque no queramos al pueblo albanés, sino porque quizá lo queramos un poco más que algunos políticos que no se preocupan por el bienestar de estos ciudadanos, sino por su bolsillo y por su posición personal. 
Y digo esto aquí porque conozco a las personas de este país y también conozco a sus políticos. 
Por ello, creo que no debemos disimular, sino hablar claramente: el año pasado se celebraron elecciones. 
Estas elecciones fueron amañadas. 
Hemos admitido que no se repitieran. 
Pero pedimos- porque estas elecciones se amañaron para que hubiera en el Parlamento una amplia mayoría para elegir al Presidente el próximo mes de junio- que por lo menos esta última elección no se celebrase. 
En lugar de elecciones, los políticos deben llegar a un acuerdo e intentar encontrar a una personalidad que pueda ser Presidente de todos los albaneses, en lugar de que se convierta en Presidente gracias a una mayoría amañada. 
Por ello agradezco a los colegas que hayan aceptado los puntos 4 y 5 de mi informe, en el que pedimos que, antes de que se abran las negociaciones entre la Comisión y los albanos, por lo menos se sigan todas las recomendaciones de la comisión de observadores electorales de la OSCE/OIDDH; que esta comisión comience sus trabajos en el Parlamento y verifique que, además, se adopte una nueva ley electoral y que sus señorías se piensen qué albanés puede dirigir como Presidente este país de modo que logre cohesionarlo. 
Hay muchos que dicen que la apertura de las negociaciones significa que todo podrá controlarse mucho mejor. 
¡Yo creo que no! 
Tenemos más presencia allí que en ningún otro sitio. 
Albania es el único país del mundo para el cual se ha fundado un círculo de amigos que comprende estados y organizaciones y que se reúne varias veces al año. 
¿Y qué ha salido de ello? 
Sé que Albania ha sufrido el peor de los destinos en Europa. 
Lo sabemos. 
Hoxa no era Tito, ni tampoco Honecker. 
Pero desde hace algún tiempo que Albania ya no tiene a Hoxa y por ello podíamos esperar que las cosas fueran un poco mejor. Pero queda muchísimo por hacer. 
Lo que Albania tiene que hacer no lo hará porque deba acercarse a Europa. 
Albania tiene que hacerlo porque quiere convertirse en una verdadera democracia, porque quiere lo mejor para sus ciudadanos, y por ello necesita una jurisprudencia y una práctica administrativa adecuadas, y posibilidades de que los individuos recuperen aquello de lo que fueron desposeídos, y para ello se requieren unas infraestructuras en condiciones. 
Necesita todas estas cosas para atraer a los inversores. 
¡Necesita la confianza de los inversores extranjeros y para ello es necesario una buena política! 
A mi juicio, el Consejo haría bien en pedirnos consejo a nosotros, pues al fin y al cabo, nosotros debemos aprobar el acuerdo. 
Me parece que la posición de la Comisión es, básicamente, similar a la nuestra (no debemos empezar a negociar hasta que los políticos albaneses hayan mostrado de una vez por todas voluntad de dar un paso hacia delante). 
Entonces estaremos dispuestos a abrir inmediatamente unas negociaciones conjuntas en las que se elucide todo en lo que deben trabajar ahora. 
Quiero recordar que estamos muchas veces al año en este país e intentamos todo por ayudarlo, y que lo que hoy decimos aquí está dirigido a ayudar al pueblo y no a perjudicarlo. 
Por ello agradezco de verdad que en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa hayamos aprobado este informe por unanimidad. 
¡Me alegraría mucho que mañana volviera a ocurrir! 
Señor Presidente, señor Comisario, querida colega Pack, queridos colegas, debo, puedo y me permito felicitar una vez más a la colega Pack por su informe y expresar la aprobación del mismo por parte de mi Grupo. 
Ha abordado la cuestión con su habitual precisión, pero también con su habitual sutileza. 
Conozco Albania desde hace muchos años. 
Estuve por última vez cuando estalló la revolución. 
Amo este país, tengo en gran estima a muchos de sus habitantes y de sus políticos, al igual que cualquiera de nosotros, pero no puedo, no quiero aceptar que las clases políticas dirigentes- hay, en particular, dos personas al frente del país, pero, con independencia de ello- no son capaces de dejar a un lado sus rencillas, sus animadversiones y su competencia y anteponer los intereses del país. 
Por ello, coincido plenamente con la colega Pack en que, como señala en su informe, antes de nada debe existir una disposición de principio. 
Para mí, lo importe no son los detalles de las reformas que son, evidentemente, necesarias en el ámbito de la justicia, de la política de medios de información, en la política de seguridad y de lucha contra la corrupción. 
Hay que hacer aún muchas cosas en estos ámbitos, pero no podrá hacerse nada si las fuerzas políticas no alcanzan un consenso mínimo. 
Ciertamente, es difícil, pero todos venimos de países en que, en particular, tras situaciones de crisis- piénsese, por ejemplo, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial- han conseguido, a pesar de las luchas intestinas o como consecuencia de las luchas intestinas, tender puentes entre unos y otros y acercarse. 
Fui el ponente del acuerdo con Macedonia. 
Había muchas voces críticas que decían: ' habías dado vuestra aprobación demasiado pronto?. 
No lo sé, quizá fue un error que luchásemos por Macedonia, o quizá no. 
Pero en Macedonia existía un problema muy específico, el problema de la relación entre grupos étnicos. 
Existía incluso una disposición para cambiar las cosas. 
Demasiado poca, demasiado tarde, como suele ocurrir en la vida, sobre todo en el ámbito de la política. 
Pero en este caso no se trata de una simple cuestión, sino de la cuestión básica. Por ello comparto su opinión. 
Mientras las principales fuerzas políticas de este país no muestren estar todas dispuestas a dar prioridad al destino de su país, estaré en contra de abrir las negociaciones sobre el acuerdo. 
Señor Presidente, señora Pack, Señorías, los juicios sobre el tema de Albania no pueden sino ser transversales. 
Tras haber vivido duras batallas entre partidos, entre regiones y entre clanes, ahora Albania parece darse cuenta de que no puede vivir fuera del contexto europeo y que para ingresar en Europa debe respetar sus principios de fondo. 
Las elecciones de hace un año se disputaron todavía de acuerdo con los peores y más tradicionales métodos del pasado balcánico. Dentro de no muchas semanas se celebrarán las nuevas elecciones para el cargo de Presidente de la República y, a raíz de las reuniones que hemos mantenido aquí en el Parlamento Europeo, parece que quizás ahora se están dando cuenta de que en el camino hacia la normalización es necesario un candidato a presidente de prestigio, que consiga un amplio consenso entre la gente. 
No es casualidad que entre los problemas que deberá resolver, encontrará una corrupción generalizada, una administración estatal muy deficiente y una delincuencia organizada. 
Hay que reconstruir la autoridad judicial, encontrar cuadros para la nueva administración, y todo esto sin medios financieros. 
Europa puede ayudar a Albania con la puesta en marcha de las negociaciones con vistas a la celebración de un acuerdo de asociación y estabilización posiblemente dentro de este mismo año. 
Sin embargo, no hay que ocultar que al final y a la postre los albaneses se verán obligados a ayudarse ellos solos y que, sin el respeto al Estado de Derecho, ninguna preparación de las negociaciones podrá tener larga vida. 
Por lo tanto, la primera prueba que deberán superar son estas elecciones presidenciales. 
El recién constituido comité bipartidista deberá iniciar muy pronto sus trabajos y tendrá que examinar precisamente las irregularidades de las elecciones legislativas del verano de 2001. 
Evidentemente, dicho comité deberá hacer todo lo posible para que no se repitan los abusos que han dejado perplejos no sólo a los ciudadanos, sino también a los observadores extranjeros. 
. (EN) Para comenzar, quisiera expresar mi agradecimiento a su Señoría por su excelente informe sobre Albania. 
Debo decir que la Comisión comparte en buena medida los puntos de vista expuestos en el informe. 
La grave crisis financiera de 1997 puso a Albania al borde de la quiebra total como Estado. 
No obstante, tras la superación de la crisis, Albania inició un período de relativa estabilidad, lo que le ha permitido comenzar a aplicar reformas y a buscar solución a una serie de problemas cruciales. 
Desde 1998 hemos presenciado la aprobación de una Constitución y de un marco legislativo relativamente modernos, una mejora general de la estabilidad macroeconómica y de la sostenibilidad fiscal, la aplicación efectiva del proceso de privatización, un reforzamiento considerable de las administraciones aduanera y fiscal y mejoras reales en términos de seguridad y orden público. 
Además, Albania ha contribuido positivamente a la frágil estabilidad de la región. 
Su posición respecto al reciente conflicto en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por ejemplo, ha sido de bastante utilidad. 
Este progreso permitió a la Comisión recomendar, en junio de 2001, globalmente, el inicio de negociaciones sobre un acuerdo de estabilización y asociación con Albania, aunque con la condición de que mantenga su esfuerzo coherente de reforma, incluida la consolidación de las normas democráticas y de la capacidad administrativa. 
Lamentablemente, desde junio del año pasado las cosas no han ido, ni mucho menos, tan bien como nos hubiera gustado. 
A pesar de que las elecciones parlamentarias de 2001 marcaron una mejora con respecto a elecciones anteriores, los observadores internacionales detectaron varias irregularidades aisladas, pero graves. 
A raíz de estas irregularidades, la oposición decidió boicotear el Parlamento. 
Durante varios meses, esta decisión impidió el buen funcionamiento de las instituciones democráticas de Albania. 
Los conflictos internos en el seno del Partido Socialista en el poder- muy presentes en el panorama político albanés desde el pasado otoño- terminaron por provocar la caída del Gobierno Meta en febrero. 
Estos acontecimientos no han mejorado la causa de Albania en favor de una pronta negociación del acuerdo. 
Durante varios meses, la atención de los políticos albaneses se ha desviado de la tarea fundamental que tienen delante: encontrar solución, de manera rápida y eficaz, a las numerosas deficiencias identificadas en el informe de la Comisión de junio de 2001. 
El proceso de reformas ha atenuado el ritmo, se ha perdido el impulso y Albania no puede permitirse algo así. 
El Gobierno Majko debe ahora volver a centrar toda su atención, sin pérdida de tiempo, en las reformas necesarias y acelerar su aplicación; recuperar el impulso y garantizar su compromiso a largo plazo con la reforma. 
Es el único modo en que Albania puede garantizar que estará en condiciones de aplicar en su totalidad un futuro acuerdo de estabilización y asociación. 
El informe que la Asamblea tiene delante resalta eficazmente las observaciones que la Comisión ha hecho a los albaneses. 
Como consecuencia de nuestros mensajes comunes, hemos presenciado recientemente algunos intentos de las autoridades albanesas de dar un nuevo ímpetu al proceso de reformas: se están aprobando leyes y normas importantes. 
Se han dado los primeros pasos para la aplicación de las recomendaciones de la OSCE, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, el ambiente político parece que se está volviendo algo menos tenso. 
Pero estos pasos deben ser consolidados. 
Albania debe demostrar de manera inequívoca su compromiso con la vía de la reforma. 
Ésta será una consideración de importancia decisiva para los Estados miembros a la hora de decidir cuándo y a qué ritmo deben celebrarse las negociaciones sobre el acuerdo de estabilización y asociación. 
Albania debe garantizar la estabilidad política a largo plazo como condición sine qua non para atajar los difíciles retos a los que debe hacer frente. 
En este contexto, las próximas elecciones presidenciales son la prueba de fuego. 
La Comisión comparte la recomendación del informe de que la elección de un nuevo presidente en un clima de consenso sería, en mucho, la mejor manera de preservar- y consolidar aún más- la estabilidad. 
Como acabo de mencionar, la Comisión considera la estabilidad política una condición imprescindible para la reforma significativa. 
Por ello creemos que el desarrollo de dichas elecciones y las posibles repercusiones de sus resultados sobre la estabilidad política de Albania deberían constituir factores a tener en cuenta a la hora de decidir sobre el inicio de las negociaciones. 
Los puntos de vista de la Comisión coinciden con el informe Pack en lo que se refiere a los asuntos considerados importantes para la aplicación de un acuerdo de estabilización y asociación. 
Estos asuntos incluyen: un aumento de la capacidad de aplicación de la Administración albanesa; una mejora sustancial del sistema judicial de Albania y su liberación de la corrupción y la injerencia política; la lucha con determinación contra la delincuencia organizada y el tráfico de todo tipo; la aplicación con determinación de la reforma del sector de la energía para prevenir nuevas consecuencias graves para la economía albanesa, etcétera. 
Estoy seguro de que la Asamblea habrá notado que el reciente informe de la Comisión sobre el proceso de estabilización y asociación hace observaciones muy similares. 
Quiero hacer una última observación sobre el proyecto de directrices de negociación que, como la Asamblea sabe, están siendo ultimadas en el Consejo. 
En primer lugar, comparto plenamente el punto de vista recogido en el informe de que las directrices de negociación que se entreguen a la Comisión deberán permitirnos garantizar que Albania estará en condiciones de aplicar todos los compromisos que asuma en el transcurso de las negociaciones. 
Puedo asegurar a la Asamblea que la Comisión se propone celebrar negociaciones serias, y no tiene intención de finalizarlas hasta que esté convencida de que Albania puede efectivamente cumplir con sus obligaciones conforme al acuerdo de estabilización y asociación. 
Asimismo, también puedo confirmar que el proyecto de directrices de negociación aborda los distintos temas indicados en el apartado 10 de la resolución del informe- como los derechos humanos y de las minorías, el Estado de derecho, etcétera- y que se prestará la debida atención a estos temas en el transcurso de las negociaciones. 
Una última observación: estas negociaciones, estos acuerdos, no son un arreglo político, no son un gesto político. 
Son acuerdos contractuales muy importantes y no podemos permitir que la presión política influya respecto a sus decisiones. 
Las decisiones se tomarán en función de la acción auténtica, la reforma auténtica y el compromiso auténtico sobre el terreno. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0039/2002) del Sr. Willy Rothley, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, con recomendaciones destinadas a la Comisión con miras a la elaboración de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un régimen de precios regulados en el mercado del libro (2001/2061 (INI) ). 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos jurídicos y- tras la aprobación del Parlamento- el Parlamento en su conjunto proponen a la Comisión una iniciativa legislativa sobre un régimen de precios regulados en el mercado del libro. 
¿Por qué es necesaria esta iniciativa? 
En primavera de 2000, la Comisión decidió que el régimen transfronterizo de precios fijos para los libros aplicado en Alemania y Austria no era compatible con el Derecho comunitario. 
Austria ha reaccionado y ha aprobado una ley, mientras que Alemania ha aprobado por ahora un acuerdo de base contractual, pero antes del verano en Alemania también se promulgará una ley sobre precios regulados en el mercado del libro. 
¿Qué es lo que pretendemos? 
Queremos que no se imponga este régimen a los Estados que no quieran precios regulados. 
Todo Estado miembro debe poder decidir si acepta este régimen o no. 
¡Esto es muy importante! 
Pero los regímenes de precios fijos para los libros aceptados por la Comisión se ven de hecho perjudicados por la importación de libros, por la exportación y reimportación y por el comercio por Internet. 
Por estas vías pueden concebirse muchas formas de elusión del régimen. 
Por ello es necesario adoptar en la Comunidad normas sobre competencia que garanticen que los regímenes nacionales admitidos de precios fijos para los libros no sean socavados. 
Las normas nacionales son también vulneradas por empresas que comercian con libros y que instan constantemente la denuncia ante tribunales nacionales y europeos de estos regímenes nacionales, con la esperanza de un día desaparezcan. 
Por ello, es necesario adoptar una directiva para disponer de un marco económico y jurídico estable, a favor de los regímenes nacionales, presentes y futuros, de precios regulados en el mercado del libro, sin que ello entrañe obligaciones para los Estados miembros que no deseen estos regímenes. 
Por otro lado, el Comisario Monti, en los debates que mantuve entonces con él, recomendaba justamente esta solución. 
En aquella época era el Comisario competente en la materia, y declaró que ' si nosotros, la Comisión, hemos tomado una decisión, debemos pensar en adoptar una directiva que, por así decirlo, dé solidez a esta decisión cara al futuro?. 
Se trata de respetar a los Estados miembros que se han inclinado por este régimen. Lo hacen en aras de la pluralidad cultural. 
Voy a mencionar un único ejemplo: en la República Federal de Alemania se publican al año más títulos que en Estados Unidos. 
Nadie nos va a convencer de que si se suprimen estos regímenes de precios fijos para los libros, podrá mantenerse esta pluralidad cultural. 
Por ello, la Comisión debe velar por que creemos este marco jurídico y económico, para que los Estados miembros que cuentan con este sistema puedan mantenerlo de hecho. 
Es lo que se pretende con esta propuesta de directiva. 
No se pretende imponer el precio fijo de los libros en toda la Unión Europea. 
No se pretende eso, ni mucho menos: lo que se quiere es que no se ponga en peligro a las directivas en vigor. 
Por lo demás, he expuesto con detalle por qué la coexistencia de los regímenes actuales puede dar lugar a distorsiones de la competencia y que, por ello, es necesario contar con una base jurídica para la actuación de la Unión Europea. 
Señor Presidente, algunos miembros del Grupo PPE-DE apoyan el informe del Sr. Rothley y otros no. 
Quisiera explicar por qué. 
Las razones en que se basa la propuesta de que los Gobiernos de los Estados miembros podrán autorizar a los editores encarecer artificialmente el precio de la "literatura" con respecto a- tal y como yo lo veo- las novelas de aeropuerto, me parecen ridículas a la vez que equivocadas. 
En mi país, la abolición del régimen de regulación de precios de reventa en el mercado del libro ha coincidido con un incremento de las cifras de venta y de publicación de libros. 
No hay ninguna duda de que, en parte, esto es debido al desarrollo de la tecnología, pero sostener que el encarecimiento de la literatura más de lo necesario beneficia al público, francamente lleva mi incredulidad a su máxima expresión. 
Como quizá sepa la Asamblea, el Comisario ha escrito varios libros. 
Había uno en particular que captó mi interés, y pensé que me gustaría comprarlo. 
El precio de venta al público no era excesivo, pero consideré que era algo elevado, por lo que me contuve y no lo compré. 
Pero luego vi en una librería un ejemplar a precio rebajado. 
Sin pensarlo, saqué mi cartera, puse el dinero sobre el mostrador y compré el ejemplar. 
Me convertí así en el beneficiario de la sabiduría del Comisario, y él obtuvo un pequeño beneficio de mi dinero, algo que de otra manera no habría ocurrido. 
Dicho todo esto, yo soy partidario de la subsidiariedad. 
A mi entender, si los Estados miembros desean introducir algún tipo de régimen de precios regulados en sus respectivos países, no seré yo quien se lo impida. 
Digo esto con una salvedad, que además es importante: en este contexto deberían aplicarse íntegramente las normas del mercado único. 
Los libros publicados en alguna otra parte de la Comunidad, en cualquier lengua, deberían poder ser importados y vendidos conforme a la normativa en vigor y al lugar de la publicación. 
Son exactamente los mismos principios por los que se rigen las emisiones vía satélite, que básicamente es un caso similar. 
Señor Presidente, estimados colegas, para mí, el debate de hoy es casi, o aún diría más, es de hecho una especie de regalo de cumpleaños. 
Cuando en 1999 comenzamos a debatir sobre este tema- el asunto Austria / Alemania es de sobra conocido -, yo acababa de incorporarme a este Parlamento y hoy- tres horas antes de mi cumpleaños- damos un paso más. 
¡Por eso, les agradezco que este debate pueda celebrarse justamente hoy! 
También doy las gracias al colega Inglewood, que nos ha dado a todos la razón con una sola frase. 
Ha dicho que respeta la decisión de los demás Estados miembros, y yo le agradezco su respeto. 
Inglaterra y la Europa continental se diferencian en muchas cosas, ¡y justamente en estas diferencias radica la esencia de esta Europa unida! 
El respeto que nos debemos mutuamente se ha puesto de manifiesto en este debate y se ha brindado una vez más. 
Doy las gracias de todo corazón al colega Inglewood por ello. 
Por supuesto, vaya también mi más sincero agradecimiento para el colega Rothley y para todos los que han colaborado en este informe. 
La Comisión, que ha afirmado una y otra vez que la Unión es sobre todo una unión económica y monetaria, ha cambiado muchísimo en los últimos veinte años. 
Ha ido mostrado una mayor sensibilidad por las cuestiones culturales en los diversos debates- en mi opinión, de forma aún insuficiente -, pero, cuanto menos, se han dado muchos pasos. 
En primavera de 2000, la Comisión adoptó junto al Parlamento Europeo una sabia decisión, y si la Comisión, con esta sabia decisión, dijo A, está obligada a dar el siguiente paso y decir B. En un mundo digitalizado tenemos unas pretensiones distintas de las que teníamos hace veinte años. 
Puedo decir en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, y no sólo en nombre de mi Grupo, que apoyamos el informe del colega Rothley en su conjunto. 
Las actuales soluciones, aplicadas hoy a los regímenes nacionales de precio fijo para los libros, no deben constituir una armonización de la Unión Europea, sino que deben poner de manifiesto el respeto mutuo, y ahora debemos ocuparnos de las exigencias de la digitalización que este nuevo mundo nos plantea. 
¡Muchas gracias por la atención prestada! 
. (EN) Señor Presidente, quisiera desear al distinguido diputado muchas felicidades para mañana. 
Debo decir que acabo de celebrar mi cumpleaños. 
Hice mi primera intervención esta mañana a las 9 horas, justo después de cumplir años, y es para mí un placer- seis debates más tarde- recibir la llegada del día de cumpleaños de su Señoría. 
En cualquier caso, es un placer haber participado en el debate inicial de hoy y poner ahora el punto final con este interesante debate, un debate cuyo interés se ha visto enormemente magnificado por el descubrimiento de que su Señoría encontró un ejemplar en una liquidación de restos de edición de uno de mis libros. 
Espero que no sea un ejemplar firmado, además de un resto de edición. 
Pero puedo asegurarle que podría haber adquirido muchos ejemplares baratos de ediciones pirateadas en Asia durante los últimos tres o cuatro años. 
Permítanme pasar a este tema que es muy serio y que, me consta, ha despertado grandes pasiones y ha producido gran cantidad de energía intelectual durante años: la cuestión de los regímenes de precios regulados en el mercado del libro en los Estados miembros que, como han dicho sus Señorías, existen desde hace algún tiempo. 
La Comisión comparte la opinión del Tribunal de Justicia de que los sistemas realmente nacionales de fijación del precio de los libros no son refutables siempre que respeten los principios definidos por el Tribunal y no tengan consecuencias restrictivas sobre el comercio entre los Estados miembros. 
La Comisión mantiene su posición, basada en la jurisprudencia del Tribunal, de que no es necesario armonizar estos sistemas. 
Esta postura es coherente con los principios del mercado interior y con los objetivos de la política en materia de cultura. 
Asimismo, como la Asamblea sabrá probablemente, la Comisión ha presentado recientemente una propuesta de reglamento sobre la promoción de ventas que permite expresamente la regulación nacional del precio de los libros. 
Al mismo tiempo, establece que los Estados miembros no deberían imponer limitaciones sobre el valor de la promoción de ventas, excepto en el caso de los descuentos. 
Esta medida puede ser la solución, en particular, de algunas de las preocupaciones expresadas por su Señoría en relación con el tema de la cultura. 
Observo que la resolución de su Señoría aspira a proporcionar una definición comunitaria de "elusión" del régimen nacional de precios regulados y que ésta puede hacerse extensiva a los libreros de otros Estados miembros. 
Podría perjudicar el libre comercio intracomunitario de libros, en particular, a través de Internet. 
Observo que la propuesta de su Señoría no ofrece ninguna garantía contra las consecuencias adversas que podría tener sobre el comercio entre los Estados miembros. 
Asimismo, está la cuestión del fundamento jurídico. 
Las disposiciones en materia de cultura del artículo 151 del Tratado establecen que la Comunidad puede fomentar la cooperación en este ámbito, pero no legislar. 
Los aspectos de subsidiariedad de una propuesta semejante deberían, por consiguiente, ser estudiados con la máxima atención. 
Otra consideración es el compromiso de la Comisión con la mejora de la regulación. 
Cualquier propuesta de modificar una situación jurídica de la que ya se ha ocupado el Tribunal de Justicia deberá demostrar ventajas claras. 
Actualmente no existe ninguna prueba que indique que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia necesita una mayor clarificación. 
La Comisión examinará la directiva presentada por el Parlamento a la luz de la jurisprudencia del Tribunal y evaluará, en consulta con los Estados miembros, si la iniciativa es necesaria o no y la forma que ésta debería adoptar. 
No obstante, en estos momentos existen escasas o nulas pruebas convincentes que demuestren que la acción legislativa es necesaria o, incluso, conveniente. 
La Comisión continuará supervisando los mercados y examinando sus repercusiones sobre la posibilidad de sortear los sistemas nacionales de regulación de precios, teniendo en cuenta la diversidad cultural del mercado del libro y la existencia de jurisprudencia inequívoca del Tribunal de Justicia. 
Todos nos unimos a esa felicitación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 24.00 horas) 
. (FR) Más allá de consideraciones filosóficas, el Sexto Programa Marco de Investigación da a la comunidad científica una señal clara sobre las responsabilidades que el Parlamento Europeo es capaz de asumir. 
En efecto, ¿qué sería de una sociedad en la que la ciencia no ocupase su justo lugar? , ¿qué sería de un territorio en el que el estado del conocimiento y de la investigación estuviese estancado? 
Es evidente que rechazamos las perspectivas involucionistas y oscurantistas cuando afirmamos que la voluntad europea es crear un espacio de investigación y de innovación. 
El Sexto Programa Marco de Investigación marca asimismo el compromiso claro y decidido de Europa de estar a la vanguardia de las tecnologías, de ser innovadora, competitiva, dinámica, de construir nuestro futuro. 
Así lo demuestran los numerosos aportes específicos que el mismo contiene sobre la investigación humana y social, los principios de integración del medio ambiente, del desarrollo sostenible, la nueva movilidad, la igualdad de oportunidades, el lugar de las universidades, de la enseñanza superior y la apertura al mundo. 
Por eso deseo que Europa se construya basándose en lo cotidiano y en lo real. 
Desarrollo sostenible 
El primer punto es el debate conjunto sobre los siguientes informes: 
A5-0151/2002 de Mihail Papayannakis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y el Parlamento Europeo ' Diez Años después de Río: preparación para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en 2002? (COM (2001) 53- C5-0342/2001- 2001/2142 (COS) ); 
A5-0142/2002 de Paul Lannoye, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones ' Hacia un acuerdo en favor del desarrollo sostenible? 
(COM (2002) 82- C5-0173/2002- 2002/2074 (COS) ). 
. (FR) El concepto de desarrollo sostenible fue refrendado por la Comunidad Internacional en Río, en 1992. 
Indudablemente, a lo largo de estos diez años, se ha producido un cambio en el discurso sobre el medio ambiente y el desarrollo; un cambio que ha sido positivo. 
Se han asumido compromisos solemnes, se han firmado convenios- aunque no se hayan ratificado, al menos en cualquier caso se han firmado -, pero es inevitable observar que, una década después, la situación del medio ambiente no sólo no ha mejorado, sino que incluso se ha degradado. 
En cuanto a la situación de los países pobres y de los países en vías de desarrollo, tampoco ha progresado. 
Las desigualdades se han agudizado; hoy, más de 800 millones de personas siguen sub-alimentadas, mil millones de personas no disponen de agua potable. 
Sin duda, este es un dato manifiestamente difícil de soportar. 
Johannesburgo, que tendrá lugar dentro de algunos meses, será no solamente la ocasión de hacer balance, sino también la hora de la verdad. 
No podemos limitarnos a soltar un sermón evangelizador de corte ecológico, que repita por segunda vez lo que ya se dijo en Río. 
Tampoco podemos contentarnos con un rosario de desdichas: el orden del día debe contener un programa ambicioso de cambios políticos para la próxima década. 
En cualquier caso, este es el mensaje que la Comisión de Desarrollo me ha pedido que les transmita. 
Lo que proponemos es que la lucha contra la pobreza y contra el hambre y la utilización equitativa y sostenible de los recursos naturales sean absolutamente prioritarias. 
El mensaje que le transmitimos al Pleno de este Parlamento, a la Comisión y al Consejo se basa en cinco capítulos: el primero de ellos es la lucha contra la pobreza y el fomento del desarrollo social; hay toda una serie de propuestas concretas al respecto. 
El segundo capítulo va orientado a controlar la mundialización. 
¿Qué quiere decir esto? 
Quiere decir, de una forma clara, que el desarrollo sostenible debe ser la idea dominante. 
Por tanto, las regulaciones comerciales, las reglas del comercio internacional y las normas relativas a las inversiones deben someterse a los criterios del desarrollo sostenible, y no al revés. 
El tercer capítulo intenta aplicar una gestión sostenible y preservar los recursos naturales. 
En consecuencia, esto conlleva el desarrollo de nuevas tecnologías, y en concreto me refiero, en materia energética, a las energías renovables. 
Las propuestas que presentamos en este punto son creíbles y a la vez ambiciosas. 
En cuanto al capítulo cuarto, la propia Comisión, en el primer documento publicado el año pasado, dijo que había que cambiar las pautas de producción y de consumo. 
Esto es cierto, pero implica un cierto número de decisiones, a veces difíciles de tomar. 
Por ejemplo, en lo que nos atañe, creo que algunas políticas de la Unión Europea- me refiero en concreto a la Política Agrícola Común, a la Política de Pesca y a la Política Comercial- deben ser revisadas para evitar su inadecuación a los objetivos de desarrollo sostenible. 
Además, esto nos dará mucha más credibilidad a escala internacional, sobre todo en la reunión de Johannesburgo, al aplicarnos el cuento a nosotros mismos antes de decir lo que hay que hacer en el ámbito mundial. 
Finalmente, en el quinto capítulo, procuramos garantizar un buen gobierno a todos los niveles. 
A menudo, el concepto de buen gobierno se asocia a paternalismo. 
Creo que aplicarlo a todos los niveles de decisión, y en concreto al ámbito de las instituciones internacionales, da también mas credibilidad al empleo de esta expresión. 
Pienso, por ejemplo, que las instituciones económicas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, necesitan un buen lifting para adoptar un mínimo de democracia y un mínimo de control ciudadano y político. 
Este es, en esencia, el mensaje que la Comisión de Desarrollo desea que el Pleno comparta y que la Comisión traslade- y aquí, me dirijo al Comisario Nielson- dado que, en las próximas semanas, se va a producir un importante acontecimiento: la reunión de Bali, la última reunión preparatoria de la Cumbre de Johannesburgo. 
Hasta ahora, no tenemos motivos para ser optimistas, en la medida en que todavía no se ha puesto sobre la mesa un documento verdaderamente ambicioso para ser sometido a debate. 
Por lo tanto, espero que nuestra contribución ayude a las instituciones europeas a desempeñar un papel protagonista en esa reunión preparatoria, si aún estamos a tiempo, y, en cualquier caso, espero que evitemos simular que creemos que la solución al problema es confiar la gestión de las dificultades derivadas del desarrollo sostenible a iniciativas de partenariado con el sector privado. 
Esto puede ser, en parte, una solución, pero sumándose a compromisos asumidos por los Estados y por las instituciones internacionales, y no reemplazándolos. 
Este es el mensaje que quería transmitir, señor Presidente. 
. (EN) Señor Presidente, en nombre de la comisión quisiera expresar nuestra calurosa acogida a ambos informes y agradecer a los ponentes su excelente trabajo. 
Es claro que la UE debe desempeñar un papel de liderazgo en Johannesburgo. 
Los compromisos de nuestro propio Tratado nos obligan a hacerlo, y los ciudadanos europeos esperan que así lo hagamos. 
Esto significa que el Consejo y la Comisión deben escuchar las opiniones del Parlamento y responder a ellas, porque es claro que el Parlamento quiere medidas que sean ambiciosas y más directas. 
El Consejo para el Desarrollo y la Cumbre de Sevilla deben, por lo tanto, insistir en una revisión apropiada de la comunicación de la Comisión con el fin de abordar las lagunas que tiene, añadir calendarios de ejecución y desarrollar planes de acción para cada medida. 
No necesitamos más supervisión del problema: corremos el riesgo de hundirnos como la única especie que supervisa su propia extinción en lugar de tomar medidas para evitarla. 
Necesitamos planes de acción concretos e imaginativos y los necesitamos ahora. 
La Comisión identifica correctamente lo que ella llama un vacío de gobierno global, con las fuerzas del mercado globales yendo muy por delante de la capacidad de los mecanismos institucionales para contenerlas. 
Pero las medidas que propone la Comisión para llenar el vacío son deplorablemente insuficientes. 
En particular, el énfasis desproporcionado de la Comisión en el libre comercio e inversión como motores del desarrollo se debe equilibrar con compromisos mucho más fuertes con un marco que obligue a la responsabilidad corporativa. 
Como primer paso estamos proponiendo una directiva sobre la actuación medioambiental y social obligatoria. 
Las reglas de la OMC se deben reformar también para que los gobiernos puedan hacer las indispensables distinciones que se deben hacer entre los productos según el modo en que han sido producidos. 
¿De qué otro modo podemos movernos hacia una producción y unas prácticas de consumo más sostenibles? 
Es difícil exagerar la importancia de una acción urgente en Johannesburgo. 
Se ha estimado que si continuamos con nuestras actuales pautas de producción y consumo pronto necesitaremos tres planetas más para disponer de los recursos necesarios y absorber los residuos. 
No tenemos tres planetas, sólo disponemos de uno y ya está dando muestras de una gran degradación. 
Johannesburgo tiene que dar resultados. 
Señor Presidente, señor Comisario, no podemos permitir que la Cumbre de Johannesburgo sea sólo un acto para señalar los diez años transcurridos desde la de Río de Janeiro. 
Por lo demás, poco hay que celebrar, dado que en estos diez años las señales de insostenibilidad se han agravado. 
Por el contrario, la Conferencia de Johannesburgo nos brinda una oportunidad para comenzar de nuevo, constituyendo un compromiso mundial en torno a un modelo de desarrollo que armonice la dimensión económica con la social y la medioambiental. 
En todo caso, existe una dificultad suplementaria respecto de la Cumbre de Río de Janeiro. 
Esta vez estaremos más solos en la iniciativa con vistas a la consecución de un acuerdo mundial. 
El programa político que la Unión Europea formule será, pues, determinante para el éxito de la Conferencia. 
Considero que tanto la comunicación de la Comisión como los informes de los diputados Papayannakis y Lannoye contribuyen a ese buen programa. 
En todo caso, existen algunos párrafos y algunas enmiendas que, desde nuestro punto de vista, quitan cierta objetividad y serenidad a la resolución del Parlamento: me refiero a la Tobin tax y la condonación de la deuda a los países en vías de desarrollo. 
A pesar de ello, el PPE votará a favor de la resolución final. 
Para la Conferencia de Johannesburgo, esperamos el cumplimiento de los siguientes objetivos: en primer lugar, que señale la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto. 
Para ello es necesario que algunos países aceleren la ratificación de dicho Protocolo: me refiero a Rusia, al Japón, al Canadá y a Australia; en segundo lugar, que se creen las condiciones políticas para que los Estados Unidos vuelvan a contribuir al esfuerzo común en la esfera del medio ambiente; en tercer lugar, que se lance un greening de la economía internalizando los costos medioambientales, disociando el crecimiento económico de la utilización intensiva de los recursos y apostando por tecnologías más limpias; en cuarto lugar, esperamos que la Conferencia dé respuestas comunes a problemas mundiales que, a semejanza de lo que ocurrió en Río de Janeiro, cuando se pusieron las bases para la Conferencia sobre los cambios climáticos, en Johannesburgo se pongan también las bases para protocolos y nuevas instituciones en otras esferas del medio ambiente, como, por ejemplo, la del agua; en quinto lugar, esperamos que se dé un impulso a la administración internacional de los asuntos públicos y a la reforma de las instituciones. 
No es posible crear una Internet de la sostenibilidad, si los nudos de esa red adolecen de obsolescencia. 
Por último, señor Presidente, esperamos que esta Conferencia no se quede en intenciones vagas, sino que establezca calendarios, metas y políticas. 
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al Presidente y a sus colegas ya que por primera vez se ha dado paso a la Comisión de Medio Ambiente mientras es de día. 
Ésta es la primera vez que recuerdo que la Comisión de Medio Ambiente ha podido debatir a una hora razonablemente normal. 
Puede ser un signo de que los vientos del cambio soplan en esta Asamblea, y esperamos que se mantengan. 
Los vientos del cambio caracterizan también a este excelente informe de los señores Papayannakis y Lannoye sobre el tema "Diez años después de Río" sobre el desarrollo sostenible. 
Si en el propio Parlamento lográsemos cumplir estas decisiones según el modelo propuesto por los señores Lannoye y Papayannakis, habríamos hecho más que en los últimos diez años. 
Sin embargo, es evidente que los vientos del cambio cesaron en la Comisión. 
Se puede ver que allí no han pasado grandes cosas. 
Quizás puedan adivinarse algunas brisas, pero nada más. 
Tal como ocurrió el año pasado cuando discutimos el desarrollo sostenible, la Comisión tiene grandes dificultades para entablar un diálogo con el Parlamento. 
No sé qué clase de frustraciones le impiden alcanzar una verdadera comunicación, una discusión con el Parlamento, sobre el desarrollo sostenible. 
En cambio, tenemos que seguir persiguiéndolos con nuestras ideas y propuestas, como si fuésemos un remolque. 
Se necesita un debate amplio y serio en esta materia y el Parlamento es un excelente foro para comenzar estas discusiones. 
Por eso el Parlamento debe ser tomado en serio cuando se ocupa de esta materia. 
Podemos ver qué ha ocurrido diez años después de Río y cinco años después de que prometiéramos estrategias para el desarrollo sostenible en todos los países de la ONU. 
Unas cifras que se nos han grabado en la memoria son las referentes a las cuatro personas más ricas del planeta, que en total acumulan tanta riqueza como las 48 naciones más pobres juntas. 
A mi juicio estas cifras son muy elocuentes para describir la situación actual en el mundo. 
Permitimos, por ejemplo, que diariamente mueran 5 500 niños como consecuencia de la polución ambiental, de la contaminación alimentaria y de las aguas en mal estado. 
Los más vulnerables, los niños, mueren como consecuencia de las formas de vida actuales. 
Como señaló el Sr. Lannoye, permitimos que se pierdan alimentos- una sobreproducción de alimentos proveniente del mundo rico- al mismo tiempo que millones de personas mueren de hambre. 
Esta política y estas formas de vida no serán sostenibles por mucho más tiempo. 
Existen, no obstante, algunos destellos de esperanza después de Río. 
Hay ciudades, países, ayuntamientos y regiones que han hecho considerables esfuerzos para cambiar esta situación. 
Sin embargo, el resultado mundial es desmoralizador. 
¡Hay que hacer algo! 
Creo que hay que repetir el mensaje tal como lo hicimos ante la Cumbre de Gotemburgo. 
Se necesitan líderes políticos que se interesen por esta materia. 
Se necesitan prioridades políticas. 
Pienso que habría sido provechoso que al menos un representante de la Presidencia española, que debe ser portavoz de nuestro interés por estas materias, hubiese estado presente aquí en el Parlamento y hubiese escuchado el debate de hoy. 
Sabemos qué problemas hay y las propuestas de solución están en nuestros documentos. 
Espero que tanto la Comisión como el Consejo escuchen la voz del Parlamento. 
Señor Presidente, señor Comisario, voy a centrar mi intervención en la energía. 
Sin una política clara y ambiciosa sobre las energías sostenibles, no habrá ni desarrollo ni solución al problema del efecto invernadero. 
Le propongo a la Unión Europea cinco líneas de trabajo en el marco de la Cumbre de Johannesburgo. 
Primera línea: un programa de tipo Marshall para los dos mil millones de personas que actualmente no disponen de recursos energéticos suficientes, y que con frecuencia viven en zonas rurales o en barrios chabolistas. 
Tras el bloqueo del Sr. Bush al Plan del G8 sobre las Energías Renovables, la Unión Europea, en solitario o con "like minded countries", como Japón, debería adelantarse y financiar un programa de 500 000 unidades descentralizadas, unidades diseñadas según un modelo que ya existe, y que combina la energía solar con la energía eólica y, eventualmente, con la energía hidráulica. 
Estas unidades se instalarían en el medio rural. 
Podrían completarse con tecnologías de la información, representando así un verdadero motor para el desarrollo. 
Segunda línea, que probablemente representa la medida más sencilla y más barata del mundo desde el punto de vista del nivel del efecto invernadero en 2020: el establecimiento de normas mínimas para los millones de nuevos electrodomésticos- sólo en China, habrá 100 millones de frigoríficos nuevos en 2020 -, para los nuevos motores, para los millones de nuevas herramientas informáticas. 
Si conseguimos fijar unas normas mínimas que les afecten, tomaremos la medida más simple, la más barata- con diferencia- y la que probablemente tenga una mayor influencia sobre la política internacional en materia de efecto invernadero. 
Ciertamente, no es tan fácil hacerlo, pues haría falta una Secretaría en el ámbito de la OCDE para llevar a cabo esta tarea. 
Tercera línea, que, de hecho, se compone de tres medidas, que enunciaré brevemente: de entrada, la Unión Europea y los países de la OCDE deben establecer objetivos claros en materia de energías renovables. 
En segundo lugar, hay que ayudar a los países en vías de desarrollo a construir, a estructurar su mercado de la energía para avanzar en esta dirección. 
Finalmente, hoy existen subvenciones a favor de las energías fósiles y de la energía nuclear por valor de 350 000 millones de euros. 
Si utilizamos este dinero para otra cosa, la economía irá mejor, y nuestro planeta también. 
Señor Presidente, hace unos años el escritor latinoamericano Julio Cortázar escribió un precioso artículo que aún conservo que se titulaba "La prostitución de las palabras". 
Él se refería a la democracia y decía que de tanto utilizar la palabra democracia por los antidemócratas, esa palabra había perdido virtualidad y valor. 
Creo que con el desarrollo sostenible ocurre lo mismo. 
El desarrollo sostenible es un término que aparece en todos los documentos de la Unión Europea. 
Aparece en todos los documentos de los gobiernos, pero, sobre todo, aparece en los documentos de aquellos que se dedican a tumbar el desarrollo sostenible, es decir, a propiciar un desarrollo insostenible y un modelo de consumo que no va a permitir que salgamos de Johannesburgo- y yo espero, desde luego, no tener razón- con unas prioridades y unos mecanismos de actuación claros. 
Comparto totalmente los informes de los Sres. Lannoy y Papayannakis. 
Los temas prioritarios han de ser la gestión sostenible de los recursos y el cambio en los modelos de producción. 
No podemos permitir que desaparezcan el 25 % de los mamíferos, el 11 % de las aves y el 15 % de las plantas que están en peligro de extinción. 
En cambio, en los modelos de consumo, el 86 % del consumo mundial corresponde al 20 % de la población. 
Eso es insostenible. 
Respecto a otro tema prioritario, la erradicación de la pobreza, señor Presidente, los resultados de la Cumbre de Monterrey fueron raquíticos. 
Decimos desde hace muchos años, y lo dice también el Banco Mundial- ninguno de cuyos integrantes pertenece a nuestro Grupo- que ha calculado que en los próximos treinta años el número de pobres en el mundo ascenderá a más del doble y que a menos que se tomen medidas para atajar la pobreza, la marginación, la degradación ambiental, los conflictos, las epidemias y las migraciones, habrá una grave desestabilización económica y política a nivel mundial. 
Por lo tanto, la erradicación de la pobreza es prioritaria y el balance de estos diez años es un balance pobre. 
Y también lo es el balance de la Cumbre de Monterrey, que para el 2006 da el 0,39 % de ayuda al desarrollo. 
Espero, señor Presidente, que el balance de la Cumbre de Johannesburgo no sea pobre, y para eso confío en que la representación que el Parlamento Europeo envíe sea enérgica en la defensa de lo que estamos diciendo aquí. 
Señor Presidente, respaldo plenamente todo lo que han dicho los ponentes, los Sres. Papayannakis y Lannoye, y en particular me gustaría subrayar la necesidad de la UE ponga orden en su propia casa en el ámbito agrícola y pesquero si se quiere combatir la pobreza eficazmente. 
La Conferencia mundial en Johanesburgo nos brinda una oportunidad única para fijar un orden del día para un desarrollo sostenible los próximos diez años. 
Podemos alegrarnos de la convocatoria misma de la conferencia, sin embargo, en general tampoco se ha producido ningún progreso en los preparativos globales de la cumbre. 
Las negociaciones en la reunión preparatoria de Naciones Unidas en Nueva York no condujeron a acuerdos vinculantes, por lo que la próxima y última oportunidad para las negociaciones globales será a finales de mayo en Bali. 
Es de esperar que se llegue aquí a un verdadero plan de acción y a una declaración política que pueda promover, por ejemplo, la implementación de diversas convenciones internacionales, lo que, sin embargo, implica una mayor presión por parte europea. 
Los EE.UU. han manifestado claramente que no asumirán nuevos compromisos con motivo de la cumbre mundial. 
Para que sea un éxito, la UE habrá de asumir un liderazgo político y como país presidente durante la cumbre, Dinamarca tiene una gran responsabilidad a la hora de impulsar el proceso internacional en la dirección correcta. 
La ponencia de Dinamarca ha tomado como punto de partida el deseo de un acuerdo global, que conste, por ejemplo, de concesiones concretas de la parte rica del mundo, puesto que sólo un acuerdo global puede crear el marco que convierta las declaraciones políticas de Río en verdaderas acciones en Johanesburgo. 
La UE también se ha comprometido a trabajar en favor de un acuerdo global, sin embargo, como advirtiera el Sr. Lannoye, la Comisión quiere apostar más por asociaciones globales, lo que está lejos de ser suficiente. 
La UE no aprobará, sin embargo, su contribución a Johanesburgo hasta la cumbre de junio. 
Es una lástima que sólo unos pocos Jefes de Estado comunitarios hayan prometido participar en la conferencia mundial, pues sin esta participación a alto nivel se reducen las posibilidades de éxito. 
Nos sobran palabras, lo que nos hace falta ahora es acción. 
Señor Presidente, en el fondo es deprimente, naturalmente, lo poco que ha sucedido desde la cumbre de Río. 
Quisiera referirme a un aspecto. 
Creo que Johannesburgo debe comenzar aquí. 
Creo que en este Parlamento no siempre somos conscientes de las posibilidades que nos brinda en esta dirección el Tratado de Amsterdam, en concreto, el procedimiento de codecisión. 
Cuanto más clara e intensamente lo aprovechemos, yo diría incluso que cuanto más radicalmente nos decidamos a influir aquí sobre el Legislativo europeo en el ámbito del medio ambiente, tanto más creíbles seremos en Johannesburgo y, naturalmente, en futuras conferencias. 
Debemos tener claro que para esto necesitamos tener un poco más de autoconciencia y que, a veces, quizá tengamos que dar nuestro apoyo a exigencias más altas, que sean posibles, y rechazar también en este contexto todos los argumentos que sostengan que la energía atómica podría desempeñar un papel en el futuro. 
Señor Presidente, es tarde en el planeta. 
A pesar de las numerosas reuniones y conferencias, pocas personas pueden negar que estamos muy lejos del objetivo del desarrollo sostenible. 
En realidad, ahora estamos aún más lejos del objetivo que en 1987, cuando se presentó el informe Brundtland, y que cuando se realizó la Conferencia de Río. 
Debería ser al revés. 
El otro día la OCDE, que no es una organización medioambiental, manifestó que: All major global ecological indicators are negative. 
En cuanto a la pobreza y al desarrollo social, también van mal las cosas. 
El número de pobres aumenta en vez de disminuir. 
En estas circunstancias, la reunión de Johannesburgo es muy importante, pero, tal como se ha señalado aquí, las esperanzas son muy pocas. 
A la lentitud de la maquinaria de las negociaciones hay que sumar el escaso interés del gobierno norteamericano. 
Como destacó la Sra. Hulthén, desgraciadamente hoy la Presidencia española no está representada, hecho que tampoco indica un interés mayor por esta materia. 
¿Por qué falta tanto para conseguir un equilibrio razonable entre el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección medioambiental? 
Hay dos motivos principales: en primer lugar, hay una fuerte resistencia a la aplicación de medidas que el gobierno ha destacado en numerosas conferencias como, por ejemplo, eliminar subsidios que dañan el medio ambiente, incluir los costes medioambientales en los precios, desarrollar criterios medioambientales precisos para nuestros institutos de crédito para evitar la exportación a los países en vías de desarrollo de sistemas que no son sostenibles y, en general, fomentar actividades respetuosas del medio ambiente. 
Actualmente la legislación económica no apunta en la dirección correcta, pero no hacemos mucho para corregirla. 
El informe Lannoye, que respaldo, contiene una serie de propuestas sobre esta materia. 
La UE debe impulsar medidas en este sentido y en relación con numerosas materias relacionadas con la lucha contra la pobreza, en caso contrario los resultados de Johannesburgo serán muy escasos. 
En segundo lugar, los avances son lentos porque, en mi opinión, tenemos un modelo educativo y económico que es demasiado vertical y reduccionista. 
Hemos optado por organizar la sociedad orientándonos hacia la especialización. 
Hay más de 20 000 disciplinas diferentes en nuestras universidades y, obviamente, las especializaciones son necesarias para resolver determinados problemas. 
Por el contrario, hay pocos expertos que se ocupan de resolver problemas transfronterizos. 
La reunión de Johannesburgo intentará resolver todos estos problemas. 
Junto a las medidas a corto plazo tenemos que pensar también en la perspectiva de conjunto e intentar desarrollar en nuestros países una línea de pensamiento que ayude especialmente a los países pobres- a los países en vías de desarrollo- a perfeccionar a sus investigadores para desarrollar estrategias propias que sean económicamente más favorables y más sostenibles desde una perspectiva medioambiental. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a las felicitaciones que se han expresado a nuestro colega, el Sr. Lannoye, por su informe, tan completo y, también, tan excelente desde el aspecto sustantivo. 
Quiero aprovechar esta ocasión para decir que, como diputados, hemos de reflexionar acerca de que en el futuro, cuando tomemos postura acerca de una conferencia tan importante como la de Johannesburgo, no lo hagamos de manera más compacta, más breve ni más estructurada, incluso sobre el trasfondo de que luego vaya a ser más fácil transmitir a la opinión pública qué cosas apoya el Parlamento y cuáles no. 
Mi antecesor en el uso de la palabra ha hablado de la Comisión y de todo lo que ésta tiene que hacer. 
Por mi propia experiencia, de casi tres años, quisiera decir que en esta Asamblea tampoco se producen siempre mayorías favorables a un desarrollo sostenible y a una solución sostenible. 
Se han mencionado ya con frecuencia los tres elementos del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ecológico. 
En este sentido es importante que el crecimiento del producto interior bruto no sea en el futuro el único indicador importante del progreso de una sociedad. 
El crecimiento del producto interior bruto no tiene nada que ver con la sostenibilidad. 
A este respecto instamos a la Comisión a que defienda en Johannesburgo que haya nuevos indicadores sociales y ecológicos, cuando en el futuro se trate de la contabilidad de los estados. 
No se puede hablar de una asociación global para un desarrollo sostenible sin hacer una llamada de atención hacia la interrelación entre pobreza y destrucción del medio ambiente. 
La pobreza genera crecimiento de la población. 
Esto significa un aumento de la presión sobre los recursos naturales, esto significa un aumento de la presión sobre el medio ambiente. 
En este contexto quisiera indicar cuán importante es hacer hincapié una y otra vez en las cuestiones de la equiparación jurídica de las mujeres y también en los derechos de las mujeres a su salud reproductiva y lograr progresos en estos ámbitos. 
Quisiera referirme también de manera muy breve, pero concreta, a las enmiendas. 
Mi Grupo no dará su conformidad a la enmienda 5 del Grupo de los Verdes sobre la supresión del párrafo 26. 
Pero quisiera subrayar también que tomamos como base la versión original francesa. 
También eliminaríamos la versión alemana tal como obra en mi poder. 
También quiero decir que mi Grupo está en contra de la enmienda 12 que pretende introducir un denominado impuesto Sachs, es decir, aportaciones para fines benéficos deducibles de los impuestos. 
Personalmente tengo problemas con la utilización del adjetivo ' benéfico?. 
Cuando hablamos del reto secular del desarrollo sostenible ello tiene que ver con que debemos modificar nuestras propias condiciones de producción y no tiene nada que ver con la beneficencia. 
Por lo demás, veo el problema de que por esa vía eliminaremos ingresos fiscales para estados desarrollados que éstos mismos necesitarán también en el futuro para su desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a los dos ponentes sus excelentes informes en los que subrayan los problemas y las soluciones. 
El medio ambiente, las cuestiones sociales y culturales, el desarrollo y la gobernanza están sin duda intrínsecamente relacionados. 
Esto lo demuestra el hecho de que, a pesar de algunos progresos realizados desde la Cumbre de Río, el cambio climático producido por el hombre sigue teniendo graves consecuencias. Los recursos vitales siguen reduciéndose y el abismo entre ricos y pobres se ha agrandado. 
Se presentaron muchas oportunidades en Río, como expresa el informe del Sr. Papayannakis, el Protocolo de Kyoto levantó muchas expectativas, el Protocolo de Cartagena también, pero no se ha hecho ningún progreso. 
En verdad no sorprende que tantas ONG estén pronosticando resultados negativos para Johannesburgo. 
Pero la gente espera de nosotros que la Unión Europea se ponga al frente de estas cuestiones, y no podemos eludir esta responsabilidad. 
Dentro de otros diez años la gente se preguntará qué medidas tomamos en 2002 para abordar y remediar la falta de progreso en los últimos diez años. 
Otros colegas han resaltado muchas e importantes cuestiones sobre la cumbre. 
Me gustaría insistir en otro aspecto más: la necesidad de considerar la diversidad en su sentido más amplio, incluidos los aspectos culturales. 
El futuro requiere comunidades sostenibles en la auténtica definición de este concepto. 
Hoy, cerca de la mitad de las 6.000 lenguas habladas en las diferentes partes del mundo están amenazadas: esto significa que 3000 lenguas están en grave peligro o muriendo. 
La necesidad de proteger y subrayar la diversidad de culturas en el mundo ha pasado a ser más urgente frente a la creciente globalización. 
Es necesario asegurar que no se permita que se desarrolle una mayor polarización artificial entre las necesidades del medio ambiente y las necesidades de las personas. 
Por lo tanto, agradezco los comentarios constructivos y positivos de los ponentes. 
Como ha dicho el Sr. Lannoye, ' es éste un gran desafío y es necesario adoptar un nuevo enfoque radical?. 
Señor Presidente, quisiera agradecer y felicitar a los Sres. Papayannakis y Lannoye por sus importantes informes. 
La Cumbre Mundial de Johannesburgo constituye una relevante oportunidad más para que se encaren los enormes y complejos problemas que afronta la Humanidad, muy en particular los habitantes de los países más pobres. 
La afrontamos con la necesaria expectación y concedemos la importancia que merece un acontecimiento que podría o debería mover a la comunidad internacional a establecer un programa efectivamente orientado al desarrollo sostenible del planeta, a la mejora de la calidad de la vida y a la erradicación de la pobreza basándose en los acuerdos alcanzados en la Cumbre de la Tierra, de Río. 
Nos gustaría ser optimistas, aun cuando existan razones suficientes para adoptar una posición diferente o incluso opuesta, razones que se basan en los enormes retrasos en el cumplimiento del acervo de Río, en la intensificación de la divisoria Norte/Sur, en la perpetuación de la pobreza y de la propia deuda, en la insistencia en recetas económicas inadecuadas e injustas, en la falta de voluntad política por parte de los países ricos- y, en particular, por parte de los Estados Unidos- para modificar orientaciones que ellos mismos determinan y aportar recursos necesarios con vistas a un cambio de rumbo mundial que, al final, beneficiaría a todos. 
La conferencia de Monterrey, aún tan reciente y pese a las decisiones de última hora, sigue la orientación de esas razones que menoscaban el optimismo necesario. 
En este momento y en estas circunstancias habría que insistir ante los Estados miembros y la Comisión para que se decidan definitiva y determinantemente por una postura adecuada ante los flagelos que afectan al mundo, por la promoción de orientaciones y medidas y por la obtención de medios aptos para un desarrollo equitativo y sostenible, que articule la protección del medio ambiente con la erradicación de la pobreza. 
Y, fundamentalmente, que se obliguen a formular un programa ambicioso para el próximo decenio y que permita evitar el inaceptable fracaso que algunos dan ya por seguro para esta Cumbre Mundial. 
En 1992, durante la Cumbre sobre la Tierra celebrada en Río de Janeiro, nos comprometimos a adoptar medidas sostenibles en favor del medio ambiente y el desarrollo sobre la base de una colaboración a escala mundial. 
Desde entonces han transcurrido 10 años, y estamos en vísperas de la Cumbre de Johannesburgo. 
Es una buena oportunidad para llevar a cabo un análisis crítico de lo que se ha conseguido en todo este tiempo. 
Desafortunadamente, el resultado no es demasiado alentador. 
Únicamente podemos concluir que las grandes expectativas de hace diez años no se han hecho realidad. 
Es más, el interés público- y, por tanto, político- por el medio ambiente ha ido disminuyendo, en tanto que el medio ambiente está sometido a una presión cada vez mayor. 
Es hora de que afrontemos esta situación. 
Para que la UE pueda afianzar su función pionera es fundamental que se haga eco de las preocupaciones de la población. 
En este momento el interés de los ciudadanos gira en torno a cuestiones como la seguridad y la salud. 
Por eso mismo, nosotros también hemos de centrarnos en estos problemas. 
Si seguimos descuidando el medio ambiente habrá inevitablemente- más- inundaciones e incendios forestales, habrá más contaminación y muchas personas gozarán de una pésima salud. 
Dicho de otro modo, sin desarrollo sostenible no sólo saldrá perjudicado el medio ambiente, sino que también irá en aumento la inseguridad, las enfermedades y la mortalidad, y éstos son precisamente los temas que más preocupan a la población. 
Podemos servirnos de ellos para movilizar a la opinión pública y despertar a los responsables políticos de su letargo. 
Es la única forma de conseguir que el medio ambiente vuelva a recibir la atención que merece. De este modo generaremos además la voluntad política necesaria para adoptar normas jurídicas vinculantes a escala internacional en materia medioambiental y llevarlas realmente a la práctica. 
Señor Presidente, el concepto de desarrollo sostenible refleja de entrada una intuición correcta, la de la existencia, a escala de todo el planeta, de equilibrios fundamentales que deben ser respetados. 
No obstante, hay que tener cuidado con el riesgo de perversión de este concepto de logomaquia ideológica, tentacular y hechizante, y base de propuestas técnicas discutibles. 
La extrema diversidad de los ámbitos de actividad que trata el informe Lannoye deja bien claro este riesgo de extravío. 
Ahora bien, para ser operativa, la noción de desarrollo sostenible debe aplicarse a prioridades claramente sistematizadas. 
Creo que la primera de ellas es la necesidad, que el ponente ha subrayado acertadamente, de no resignarse a la persistencia, e incluso al crecimiento de una pobreza cuya erradicación debe ser una prioridad absoluta y permanente de nuestra actuación. 
Con este fin, debemos contribuir a la definición del equilibrio adecuado entre una ayuda pública, que sigue siendo indispensable, y un desarrollo del comercio internacional, que no debe ser caricaturizado sistemáticamente de forma esperpéntica. 
Evidentemente, no se trata de considerar a la AOD como un sustituto, sino como un complemento necesario al comercio internacional. 
Así, en las condiciones actuales, este último no podría ser el único motor del desarrollo, por la simple razón de que no se puede poner a competir economías y Estados que no tienen ni por asomo la misma estructura de costes de producción. 
Hay que evitar por todos los medios que se desarrollen mecanismos perversos, como la desaparición de los cultivos alimentarios por culpa de los productos agrícolas que se importan a bajo precio, y, consecuentemente, la orientación de los países en desarrollo hacia la exportación de cultivos de renta que no generan desarrollo local o de materias primas sobre las que resulta muy difícil basar un desarrollo sostenible, debido a la gran inestabilidad de sus precios de mercado. 
Si se considera indispensable no limitarse únicamente al juego del comercio internacional para reducir la pobreza, es inevitable frenar en seco la erosión de la AOD. 
Esta es una misión especial que los países europeos han de cumplir, a la vez conjunta e individualmente. 
Los Estados miembros deben evitar la tentación de limitarse exclusivamente a la ayuda comunitaria renunciando a las cooperaciones bilaterales, cuya aportación concreta y cuyos informes técnicos específicos tienen un valor irremplazable. 
Sin embargo, no basta con poner fin a la reducción de la AOD basándose en consideraciones globales sobre la evolución de los porcentajes. 
Es vital reorientar esta ayuda en función de la configuración de las estructuras estatales nacionales de los países en desarrollo, que en muchos casos siguen siendo frágiles, y en función del desarrollo del mundo rural, que debe ser absolutamente prioritario. 
La ayuda pública tiene que desempeñar un papel imprescindible para cortar de raíz el azote del éxodo rural y la pauperización de estas poblaciones en las grandes ciudades, que más tarde alimentará una emigración movida por la desesperación. 
El desarrollo de la agricultura de subsistencia, unido al de los servicios públicos básicos, sobre todo en los ámbitos de la salud, de la educación y de la protección social, es la vía más segura para reducir la pobreza, al crear empleo en las zonas rurales. 
Dentro de esta ayuda pública, la cooperación descentralizada, aquella que aportan las colectividades locales, como los municipios, los departamentos o las regiones, ocupa un lugar especial. 
Estas colectividades cuentan con estudios técnicos del territorio, adaptan los proyectos a las necesidades reales, garantizan un seguimiento riguroso de las actuaciones, crean relaciones humanas cálidas y duraderas entre regiones del Norte y regiones del Sur. 
Por lo tanto, esta modalidad de cooperación debe ser fuertemente incentivada. 
Dentro del conjunto de las cuestiones que menciona el informe Lannoye, Señor Presidente, creo que estas son las prioridades que hay que respetar para que el concepto de desarrollo sostenible contribuya efectivamente a la reducción de la pobreza en nuestro mundo actual. 
Señor Presidente, estimados colegas, hace cinco años, en 1997, tuvo lugar en Nueva York una cumbre, cinco años después de Río. 
Lamentablemente el Parlamento Europeo estuvo representado entonces solamente por una delegación muy pequeña. Tuve el honor de pertenecer a aquella pequeña delegación. 
Entonces se llegó a tal punto que los países en vías de desarrollo intentaron no incluir en la declaración final el concepto de 'desarrollo sostenible? sino solamente el de' crecimiento económico sostenible?. Comprendo esto en cierto modo pues, naturalmente, en los países en vías de desarrollo la pobreza figura en primer plano. 
Cuando hablamos de la protección del medio ambiente, ello resulta, a veces, un tanto increíble. 
No obstante, nosotros, como UE, deberíamos tener presentes ambas cosas, el desarrollo económico y el desarrollo social, pero también la protección del medio ambiente pues todo esto está interrelacionado. 
Cuando el Banco Mundial nos calcula, por ejemplo, que si no se actúa en la protección del clima hay que contar en los próximos años con un retroceso del orden del 1% al 2% en el producto interior bruto de los países industriales a causa de la catástrofe climática y con un retroceso del 10% en el producto interior bruto de los países en vías de desarrollo, esto hace patente que no se debe enfrentar entre sí al medio ambiente, al desarrollo social y al desarrollo económico, sino que éstos tres se implican mutuamente. 
Sin embargo- y aquí tienen razón los países en vías de desarrollo- debemos mostrar que es posible organizar el crecimiento económico y el bienestar sin hacerlo a costa del medio ambiente. 
Por esta razón, en la protección del medio ambiente, por ejemplo, debemos reducir nuestras emisiones antes de que impongamos algunos compromisos a los países en vías de desarrollo. 
Por consiguiente, creo que ahora debemos llevar también a la práctica en la Unión Europea lo que siempre hemos sostenido en el aspecto teórico y que figura en nuestras resoluciones. 
Por esta razón, se podrá criticar muchas cosas en las propuestas de la Comisión, por ejemplo, las relativas al comercio de emisiones, se las puede mejorar, pero habrá que seguir este planteamiento de base. 
Debemos actuar in situ de suerte que los países en vías de desarrollo aprendan de nosotros que el desarrollo sostenible es posible. 
Señor Presidente, Señorías, yo también quiero sumarme a la felicitación a los dos ponentes, Sres. Papayannakis y Lannoye. 
Creo que los dos informes se complementan y tienen, realmente, propuestas innovadoras y muy interesantes. 
En mi opinión, en estos años, la concienciación de la ciudadanía en relación con el medio ambiente ha aumentado muchísimo, así como también las acciones políticas que han llevado a cabo los Jefes de Estado y de Gobierno con relación al mismo. 
Pero también me parece que, tanto esa concienciación ciudadana como las acciones políticas, han sido insuficientes, por no decir sólo nominales. 
Respecto a la concienciación ciudadana, sabemos perfectamente que se están extinguiendo los recursos naturales, que hay mamíferos, aves y plantas que están en peligro de extinción, que hay una creciente población que muere de hambre y que sufre la pobreza. 
Todo eso lo sabemos y tenemos conciencia medioambiental, pero seguimos aumentando el consumo y lo hacemos precisamente nosotros, ese mundo desarrollado que supone el 20 % de la población mundial, pero que gasta el 80 % de los recursos. 
Con respecto a las acciones políticas, digo que también son nominales porque la mayor parte de ellas, después de acuerdos internacionales, no se cumplen o se cumplen insuficientemente. 
El Protocolo de Kyoto todavía no ha sido ratificado por la mayoría de países, tras diez años de debates. 
Estados Unidos no va a firmarlo y, por poner un ejemplo de un país que sí que se ha comprometido, que es mi país, España, éste ha aumentado el 33 % de las emisiones con respecto a lo que se había comprometido a hacer. 
Creo que así están las cosas ahora y que, en este momento, después de la Cumbre de Barcelona, después de Johannesburgo- en que no se ha tratado ampliamente la cuestión del ambiente -, yo no pediría ese programa ambicioso que piden demasiadas personas aquí. 
Creo que si en Johannesburgo conseguimos que se cumplan todos los compromisos anteriores, si conseguimos que, al menos, un porcentaje de las transacciones internacionales se emplee para esos países pobres, y si conseguimos cambiar los valores que, en este momento, están perjudicándonos, habremos conseguido mucho. 
Señor Presidente, mis sentimientos son algo ambiguos respecto de este debate y de la Cumbre de Johannesburgo. 
Es provechoso que se realice esta Cumbre medioambiental y que ambos ponentes hayan expresado tan brillantemente los temores, las esperanzas, las propuestas y las exigencias del Parlamento Europeo frente a ella. 
Doy las gracias a ambos ponentes por su magnífico trabajo. 
Sin embargo, lamento y siento frustración por la poca seriedad con que los líderes mundiales toman la situación mundial. 
Faltando sólo algunos meses para la inauguración de esta Cumbre, los líderes políticos mundiales ni siquiera han decidido si van a asistir a ella. 
La estrategia de desarrollo sostenible de la UE y la comunicación sobre la Cumbre han llegado demasiado tarde, puesto que se trata de nuestro futuro y de algo que nos afecta a todos. 
Debió haber existido mayor respeto por el tratamiento democrático y por la posibilidad de participación de la sociedad civil. 
Tal como lo han hecho otros oradores, quisiera destacar también la ausencia de la Presidencia española. 
Esto significa que no se respeta el importante tema del desarrollo sostenible. 
Creo que la UE tampoco ha dado a la Cumbre de Johannesburgo la trascendencia que merece. 
La Cumbre de Barcelona, en que se fijaría la postura de la UE, también fue decepcionante. 
La UE tiene que demostrar claramente en Johannesburgo que está dispuesta a reformar, entre otras cosas, sus políticas agrícola y pesquera, que tienen grandes consecuencias mundiales, especialmente en los países pobres. 
La UE también debe demostrar que tiene una estrategia para el desarrollo sostenible digna de crédito, de manera que en la Cumbre se puedan conseguir los resultados necesarios para frenar la creciente crisis medioambiental. 
La UE debe tomar iniciativas en esta materia. 
Opino que los países de la UE tienen la especial responsabilidad moral y económica de mostrar un camino sostenible. 
Hay muchas personas que confían en los compromisos voluntarios de la industria y de las grandes empresas, pero esto no basta para que esos compromisos se cumplan como hace diez años. 
Los compromisos voluntarios pueden ser útiles, pero se necesita que una organización medioambiental mundial dentro de la ONU se encargue de controlar el cumplimiento de las normas sobre derechos humanos y sobre medio ambiente. 
Al revés de lo que ocurre hoy, las convenciones internacionales sobre estas materias deben tener primacía frente a las normas de la OMC. 
La UE y todos los que participaremos en esta Cumbre debemos seguir esta línea. 
Señor Presidente, no podemos dejar de respaldar los considerandos de este informe que, por los hechos que menciona, constituye un acta de acusación contra el sistema económico actual. 
¿Qué organización económica es ésa que obliga a la mitad de la población mundial a vivir con menos de dos dólares diarios? 
Un sistema económico que, por un lado, subvenciona los terrenos en barbecho, destruyendo o almacenando la comida para salvaguardar los precios, y que por otro, permite que 826 millones de personas estén sub-alimentadas, y que 16 millones de ellas se mueran de hambre, es un sistema verdaderamente criminal. 
Pero el crudo realismo de estos datos no hace más que resaltar lo irrisorio de las conclusiones, y sobre todo de las soluciones propuestas. 
Mientras los grandes intereses privados saquean el planeta, se aprovechan de los más pobres, agudizan las desigualdades entre una minoría de ricos y una mayoría de pobres, el Parlamento Europeo aprueba resoluciones impotentes, sabiendo perfectamente que Cumbres como las de Río, Monterrey o Johannesburgo no cambiarán absolutamente nada. 
El papel del Parlamento Europeo, como el de todas las instituciones representativas, se reduce a ser la hoja de parra que oculta las vergüenzas provocadas por el afán de lucro a escala mundial. 
A pesar de compartir numerosas afirmaciones del informe, los diputados de Lucha Obrera se abstendrán, con el fin denunciar la inmensa hipocresía que mueve al Parlamento Europeo cuando pretende combatir la pobreza. 
Porque silenciar el origen de los perjuicios de un sistema económico basado en el beneficio, silenciar la responsabilidad que tienen los grandes grupos industriales, comerciales y financieros en la miseria, el hambre y el empobrecimiento de la mayoría del planeta, es limitarse a ser un espectador pasivo de crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, ser cómplice de ellos. 
Señora Presidenta, nuestra colega y amiga, Laura González, inició su intervención con una cita del escritor argentino Julio Cortázar a propósito de la prostitución de las palabras democracia y sostenibilidad, pero esta Cámara no olvida dónde está Chernobil y tampoco ignora que la Cuba del Sr. Castro está llena de demócratas, como todos sabemos. 
El Sr. Lannoye nos propone un informe que tiene el doble mérito de abordar el problema del desarrollo sostenible, con seriedad y rigor, y de hacerlo sin fundamentalismos, con la flexibilidad necesaria para aceptar la mayoría de las enmiendas presentadas por los Grupos políticos. 
Por mi parte, las enmiendas que he presentado, incorporadas al texto del ponente, tienen como objetivo intentar mejorar la eficiencia de la gestión de los fondos aportados por la Unión, una mayor transparencia y, en definitiva, un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 
Del conjunto del informe señalaría, como objetivos más relevantes, la lucha contra la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible, ofrecer cauces para una globalización de rostro humano y no virtual, la apuesta por una gestión racional de los recursos y todo ello, naturalmente, en el ámbito del necesario impulso a la democratización, el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción en todos los eslabones, no sólo en los países en vías de desarrollo, sino, especialmente, en nuestro mundo occidental. 
Con este informe, el Parlamento Europeo apuesta decididamente por que la próxima cita de Johannesburgo impulse el logro de las cuestiones pendientes desde Río y que, además, rectifique los errores cometidos en la Cumbre de Durban- hace apenas un año -, cuando, al enredarse en una polémica, tan agria como estéril, no se pudo avanzar como se deseaba en la consecución de los objetivos marcados. 
Señora Presidenta, nuestros colegas presentan hoy un conjunto de informes que se presentan como los más importantes de la semana. 
A través de ellos, se dota de instrumentos a los representantes de la CE, comunidad líder a nivel mundial en el desarrollo sostenible, para participar en la Cumbre de Johannesburgo con la aspiración de avanzar un paso más hacia las esperanzadoras perspectivas engendradas en la Cumbre de Río en 1992. 
Hay que conciliar un crecimiento económico y social estable con altos niveles de protección medioambiental, de tal manera que ambos factores no se frenen entre sí, sino que, combinados, hagan crecer el bienestar más que ningún otro factor por separado. 
El texto del borrador del informe resulta algo pesimista en sus estimaciones sobre el desarrollo habido hasta el momento. 
Es evidente que lleva su tiempo frenar un desarrollo negativo que avanza a marchas forzadas. 
Sólo después de este intervalo podremos entrar en una fase en la que pueda saltar a la vista la trayectoria de un desarrollo positivo. 
Sin embargo, debemos abstenernos de afrontar un desarrollo negativo exponencial mediante políticas de progresión aritmética; en tal caso, siempre iríamos a la zaga de la realidad. 
En Río se llegó a un importante acuerdo sobre el principio de colaboración con asociaciones y representantes de la sociedad civil. 
Este principio ya había sido asumido anteriormente por la UE, pero también es importante por el hecho de que servirá precisamente para romper la dinámica de lentitud y rigidez de la política lineal tradicional. 
Los proyectos de asociación se diseñarán sobre el principio de que los mejores modelos son fáciles de imitar. 
La democratización y el desarrollo social, económico y ecológico de las sociedades son factores estrechamente relacionados entre sí, tal y como hemos podido ver tantas veces a través de ejemplos negativos. 
El reciente informe sobre el Programa de Desarrollo de la ONU señala que sólo una ínfima parte de las empresas existentes en el mundo asume con la debida suficiencia sus responsabilidades sociales. 
Sin embargo, también existen buenos ejemplos. 
Tiene una importancia fundamental el trato que demos en la Unión Europea a nuestras empresas responsables y a las empresas que aspiran a serlo. 
Cada vez nos urge más moldear las políticas comunitarias para permitir que las empresas puedan cumplir con sus responsabilidades y que, además, ello les salga rentable empresarialmente. 
Asimismo, debemos intentar de forma consecuente impedir el dumping ecológico y social en los mercados globalizados mediante el establecimiento de una reglamentación al respecto en el seno de la OMC. 
Tenemos un ejemplo reciente en el comercio de emisiones contaminantes: debe existir la posibilidad de aplicar el pago de derechos y aranceles a los productos de los países terceros ajenos a este ordenamiento, con el fin de compensar los gastos adicionales de las empresas incluidas en el ámbito del comercio de emisiones. 
Señora Presidenta, felicito al ponente, el Sr. Lannoye. 
Comparto su opinión de que la comunicación de la Comisión es demasiado larga en la descripción y se queda demasiado corta en lo que concierne a la acción. 
Me gustaría subrayar dos puntos. 
El primer punto concierne al apartado de la comunicación sobre el comercio para el desarrollo sostenible. 
La Comisión aún está demasiado dispuesta a suponer irreflexivamente que la liberalización del comercio es una meta en sí más que una herramienta para alcanzar el más importante propósito del desarrollo sostenible. 
En contra de la afirmación de la Comisión de que la mayoría de las causas de la desigualdad global no están relacionadas con la globalización, el abismo cada vez mayor entre ricos y pobres se ha producido precisamente debido a que los mercados no regulados y la libre movilidad de capitales han tendido a favorecer a los países, las empresas y los individuos más capaces de utilizar estas fuerzas en su propio beneficio, a expensas de aquellos con menos recursos o menos influencia política y económica. 
La acelerada degradación medioambiental durante los últimos años se ha producido como un resultado directo del incremento del consumo de recursos y de la actividad económica bajo la globalización. 
Segundo, viniendo del ponente del Parlamento sobre la responsabilidad social corporativa, al Comisario no le sorprenderá que se le diga que su compromiso de promover sólo las directrices de la OCDE relativas a la empresa multinacional es, en opinión del Parlamento, totalmente inadecuado como contribución de la Unión Europea al desarrollo de la responsabilidad global corporativa. 
En la economía global de hoy existen numerosos indicios de que las multinacionales registradas en el Norte, la mayoría de ellas dentro de la Unión Europea, están causando un perjuicio real en los países en desarrollo. 
Las transgresiones incluyen el abuso de los derechos de los trabajadores y el perjuicio corporal que se les causa, la destrucción de tierras y medios de vida locales y la promoción de productos perjudiciales para los consumidores, la violación de las legislaciones nacionales y la quiebra de la democracia local. 
Esta es la razón de por qué vamos a apoyar el párrafo 59 de la resolución. 
La UE debe utilizar su ayuda al desarrollo y otros poderes externos para lograr el objetivo de unos criterios mínimos obligatorios con respecto a la actuación social y medioambiental de las empresas. 
Comisario, puede ser un buen comienzo por su parte manifestar en su respuesta su compromiso claro e inequívoco para que se apoye el marco de acuerdo propuesto sobre la responsabilidad corporativa en la Cumbre de Johannesburgo. 
Espero su respuesta. 
Señora Presidenta, señores ponentes, quiero agradecerles el excelente trabajo realizado y también quiero dar las gracias al Comisario Nielson siempre atento a los temas relacionados con los países en desarrollo. 
La Cumbre mundial que se celebrará dentro de menos de cuatro meses en Johannesburgo, Sudáfrica, es sin ninguna duda una oportunidad para que toda la comunidad internacional pueda concretar los esfuerzos y mantener los compromisos en materia de desarrollo sostenible. 
A pesar de que se han dado algunos pasos importantes en el transcurso de los últimos años, lamentablemente, queda mucho por hacer todavía. 
Hoy por hoy, afrontar y tratar de dar una respuesta creíble y sostenible a problemas inaplazables como la lucha contra la pobreza, con la fundamental cuestión de la deuda que fue debatida también en el pasado período de sesiones en Bruselas, las enormes dificultades en el ámbito social y sanitario que afligen a los países más pobres del planeta y, no por ser menos importantes, la protección del medio ambiente, el comercio y el acceso a los mercados internacionales, sería una señal fuerte y coherente que precisamente la Unión Europea, como primer donante de ayuda, debería ser la primera en respaldar en línea con su reciente compromiso de aumentar la ayuda al desarrollo en 20 millardos de dólares para 2006 y en 7 millardos anuales desde 2006 en adelante. 
Por el contrario, será fundamental que también los países beneficiarios se comprometan a llevar a cabo políticas de desarrollo eficaces en el ámbito de un proceso de integración regional. 
En efecto, de poco serviría un enfoque unilateral no vinculado a un compromiso concreto de los Gobiernos y de las administraciones locales con una gestión adecuada y a través de buenas políticas internas. 
Las primeras señales positivas que, a pesar de todo, nos hacen confiar son los compromisos asumidos en Barcelona, y antes aún en Laeken, en Gotemburgo y en el G8 de Génova, de llegar al programado 0,7 % del PIB para destinarlo a la ayuda a los países en desarrollo. 
Es una tendencia positiva: necesitamos un objetivo intermedio como lo es la etapa del 0,39 % del PIB de cada uno de los Estados de la Unión a fin de alcanzar el objetivo cuanto antes. 
En definitiva, creo que con plazos creíbles y un calendario concreto lograremos reducir en un 50% la pobreza para el año 2015. 
Señora Presidenta, existe cierta fatiga de cumbres, motivada por la pobreza práctica de sus resultados. 
Sin embargo, cada cumbre sobre desarrollo y medio ambiente ha supuesto un importante punto de inflexión en el ámbito de las relaciones del hombre con su medio. 
La Cumbre de Estocolmo supuso la toma de conciencia generalizada de las agresiones más importantes a nuestro medio. 
La Cumbre de Río define un nuevo escenario, el del desarrollo sostenible. 
Sin embargo el concepto de responsabilidad compartida, pero diferenciada, no ha obtenido el respaldo necesario por parte de los países más ricos. 
Desde luego, los líderes mundiales no pueden sentirse precisamente satisfechos cuando se les recuerda que las promesas de Río no se han cumplido. 
En los diez años que separan Río de Johannesburgo se ha producido un trascendental cambio de escenario, el de una sociedad globalizada en el que las desigualdades sociales y económicas aparecen estrechamente vinculadas a los problemas ambientales y a la gobernabilidad de todos los países. 
La erradicación de la pobreza se constituye en objetivo prioritario mundial, porque sólo así podremos gestionar de forma positiva y equitativa los procesos de globalización. 
Sin embargo, las tendencias nos muestran que aquellos que viven en los países más ricos desean mantener sus niveles de bienestar y el otro 80 % de los habitantes del planeta necesita alcanzar niveles de vida dignos. 
En consecuencia, la única esperanza para la sostenibilidad a escala global es cambiar las formas de producción y consumo. 
Conocemos las piezas clave para lograr el crecimiento equitativo en este mundo globalizado, pero no las aplicamos con suficiente determinación. 
Transparencia y apertura de los mercados, gestión del conocimiento, gestión de la innovación y transferencia de tecnologías, eficiencias de nuestros procesos y de nuestros productos, aceptación y práctica de la responsabilidad social y ambiental de todos los sectores, son algunas de las más importantes. 
La Unión Europea ha dado señales claras de estar en condiciones de liderar este proceso. 
Espero que en Johannesburgo sepamos y logremos defender nuestras posturas valientes, generosas y dignas, que nos acrediten como los líderes de un nuevo orden mundial. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Comisario Nielson y también dar las gracias por los dos informes. 
Ya hace diez años se fijó en Río un orden del día claro para el desarrollo sostenible, no obstante, el desarrollo desde entonces ha seguido en gran medida el camino opuesto. 
La pobreza se extiende y el abismo entre ricos y pobres crece día a día. 
El uso de los recursos naturales aumenta cada día, los cambios climáticos provocados por el hombre siguen sin disminuir, y cada día desaparecen especies animales y vegetales para siempre. 
Existe verdaderamente una necesidad vital de que en la UE asumamos una responsabilidad global en la conferencia mundial de Johanesburgo. 
Debe elaborarse un acuerdo global con un programa de trabajo concreto para el desarrollo sostenible durante los próximos años con plazos y objetivos precisos. 
Permítaseme mencionar algunos elementos fundamentales: 
Debemos combatir activamente la pobreza y el hambre para cumplir las promesas hechas a Naciones Unidas sobre ayuda al desarrollo, por ejemplo, dando a los países en vías de desarrollo verdaderas posibilidades en el comercio mundial. 
Debemos desligar la relación entre crecimiento económico y una mayor carga medioambiental, en particular a través de un mayor empleo de las energías renovables y de tecnología más limpia. 
Debemos cuidar de que en todos los ámbitos políticos tengamos en cuenta la sostenibilidad, ya hablemos de legislación, acuerdos comerciales, inversiones o ayuda al desarrollo. 
Debemos asegurarnos medios de ejecución mejores y más seguros en los acuerdos medioambientales internacionales y en los acuerdos sociales. 
Por último, me parece importante que establezcamos objetivos más concretos para el cumplimiento del uso de recursos naturales y la protección de la diversidad natural. 
Podemos decir que con la falta hasta ahora de preparativos para la conferencia mundial y con una administración Bush en los EE.UU. existen todos los motivos posibles para temer un fracaso en Johanesburgo. 
Tenemos por delante por parte europea una tarea enorme para asegurar un resultado positivo y vinculante en Johanesburgo. 
Señora Presidenta, también yo debo decir a la Sra. González Álvarez que la palabra ' democracia? estuvo con suma frecuencia en boca de las más grisáceas dictaduras comunistas y que las peores catástrofes ecológicas han tenido lugar en los estados comunistas- piense usted en Chenóbil -, en aquellos estados en los que no se entiende nada de economía ni de ecología. 
Río constituyó un hito. 
Hoy nos encontramos ahí, estamos muy tristes y no tenemos nada en las manos. 
¿Y quién, sino la Unión Europea, debería ser aquí la vanguardia? 
¿Quién tiene las posibilidades, quién tiene la conciencia, quién tiene la capacidad, el conocimiento y las posibilidades económicas para ello? 
Efectivamente, la protección del medio ambiente no es posible sin una economía fuerte. 
Y ahora estamos ante Johannesburgo y debemos decir que los preparativos marchan mal. 
Permítanme que diga unas pocas palabras sobre esta conferencia preparatoria que tuvo lugar en Nueva York del 25 de marzo al 5 de abril. 
Me informan de que todo marcha demasiado lentamente, de manera excesivamente burocrática. 
Ni siquiera se ha comenzado aún con las negociaciones. 
Ahora se ha prolongado un poco la próxima conferencia preparatoria que tendrá lugar en Indonesia del 24 de mayo al 7 de junio. 
Si aquí no se avanza habrá fracasado Johannesburgo antes de que hayamos viajado hasta allí. 
Permítanme que mencione un tema muy importante para mi país. 
Se trata de las montañas. Suiza y Austria han exigido en las conferencias preparatorias un capítulo propio sobre montañas y la Unión Europea lo ha aprobado. 
Incluso en este punto no fue posible avanzar en los preparativos. 
Todos los países que representamos aquí han firmado la Convención de los Alpes. 
Sin embargo a la hora de ratificar las actas no se avanza nada. 
Si en una cumbre internacional aparecemos con fuerza y queremos exigir en ella algo a favor de nuestras montañas, entonces debemos hacer primero nuestros deberes en casa. 
Les pido a todos que insten a sus gobiernos a que las correspondientes actas sobre la Convención de los Alpes sean ratificadas con la mayor rapidez posible. 
Señora Presidenta, quisiera disponer de unos minutos para hablar de la responsabilidad social corporativa y del desarrollo sostenible no desde la izquierda, sino desde la derecha de esta cámara. 
Si las cuestiones relativas a la responsabilidad social corporativa no se entienden adecuadamente, este asunto se convertirá en otra forma de consigna para la economía global. 
La economía global requiere reglas globales. 
Si no disponemos de ellas para sostener el desarrollo de nuestro planeta vamos a terminar con un problema en el que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, el medio ambiente empeorará y el desarrollo sostenible se irá al garete. 
Setenta mil personas derrocharán en septiembre su tiempo en Johannesburgo. 
La última vez que existió algo similar a un tipo de economía global ocurrió en la era de los imperios, cuando el imperio británico, el francés, el italiano y el español salieron de sus territorios y crearon actividad económica. 
Pero incluso la compañía Británica de las Indias Orientales tenía responsabilidad social corporativa: construyeron escuelas, limpiaron Bengala, tendieron vías ferroviarias, crearon infraestructura e inversiones compensatorias. 
Así fue como se desarrolló la interdependencia entre las economías de los países más pobres y las de los más ricos. 
Hoy la responsabilidad social corporativa requiere que reconozcamos que la facturación agregada de las 200 empresas multinacionales más grandes es más elevada que la suma del PNB de 172 países. 
Así, los 200 presidentes de estas empresas tienen una enorme responsabilidad social. 
Es necesario que les induzcamos a forjar una cooperación para el desarrollo, no debemos quejarnos de lo que hacen, debemos ayudarles, porque el valor accionarial depende ahora enormemente, incluso en la City de Londres, del comportamiento ético de las empresas. 
Llevo comprobando mucho tiempo que las empresas que tienen políticas medioambientales y de desarrollo adecuadas tienen más valor para el accionista que aquellas empresas que se dedican a saquear y violar otros países. 
Así, ruego a mis colegas de la derecha, no a los colegas de mi Izquierda que ya están allí, que comprendan que la interdependencia requiere que miremos a nuestro propio desarrollo económico y empresarial y persuadamos a nuestras empresas para que sean socios en este proceso de desarrollo. 
Gracias, señor Comisario Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El próximo punto del orden del día es una declaración de la Comisión sobre la Cumbre mundial de alimentación (FAO). 
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(EN) Señor Presidente, en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, los participantes, incluida la Comisión Europea, se comprometieron a reducir en 2015 a la mitad el número de personas desnutridas. 
Este objetivo fue confirmado por la Declaración del Milenio adoptada por las Naciones Unidas en septiembre de 2000. 
Sin embargo, la información actual indica que aunque se han hecho esfuerzos considerables en muchos países por reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria, el hambre aún no se ha reducido lo suficiente para cumplir el Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Alimentación. 
En un mundo de creciente prosperidad y abundante provisión de alimentos es inaceptable que cerca de 800 millones de personas padezcan todavía hambre y malnutrición. 
La erradicación del hambre es uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la humanidad, y sólo se puede alcanzar mediante una acción concertada de los gobiernos nacionales y la comunidad internacional. 
Esto ha llevado a la FAO a convocar cinco años más tarde a los Jefes de Estado y de Gobierno a la Cumbre Mundial de la Alimentación para analizar el progreso que se ha hecho en la persecución de las metas establecidas en 1996 y para reafirmar el compromiso político de luchar contra la pobreza. 
La Comisión ha hecho esfuerzos considerables para cumplir los compromisos de 1996 y su Plan de Acción. La reducción de la pobreza se ha convertido en el objetivo principal de la política para el desarrollo de la Comunidad, y los objetivos relativos a la seguridad alimentaria están siendo abordados por una amplia serie de políticas e instrumentos. 
La próxima Cumbre Mundial de la Alimentación proporciona una oportunidad para renovar el compromiso de la Comisión, para presentar nuestras opiniones e informar sobre los progresos realizados. 
La Cumbre debe contemplarse dentro del amplio contexto internacional de una serie de eventos de alto nivel, como la conferencia de los países menos desarrollados en Bruselas, Doha, Monterrey y Johannesburgo, y proporciona nuevas fuerzas y oportunidades para hacer progresos hacia el desarrollo sostenible. 
La seguridad alimentaria es una importante dimensión e indicador de la reducción de la pobreza y constituye un elemento clave en este contexto. 
La Cumbre podrá seguir adelante sobre la base de los compromisos y los resultados de los diversos procesos internacionales y debe integrar con más firmeza los objetivos de la seguridad alimentaria en la agenda más general de la reducción de la pobreza y reforzar los vínculos con la administración sostenible de los recursos naturales y, de este modo, con el desarrollo sostenible. 
La seguridad alimentaria y el desarrollo rural constituyen una de las seis áreas clave de la política general para el desarrollo. 
El resultado de la Cumbre será una declaración política, negociada entre los miembros de la FAO. 
La Comisión y los Estados Miembros están preparando una posición conjunta. 
La declaración defenderá un refuerzo de la voluntad política y de la identificación de medidas adecuadas para acelerar la implementación del Plan de Acción. 
Las negociaciones finales con los miembros de la FAO tendrán lugar en la Comisión para la Seguridad Alimentaria antes de la cumbre real. 
Por último, me gustaría reiterar la voluntad política de la Comunidad Europea de apoyar recomendaciones sostenibles y realistas en la Cumbre Mundial de la Alimentación para afrontar los desafíos de la lucha contra el hambre, tanto a escala nacional como internacional. 
Esta Cumbre proporcionará otra oportunidad política de continuar nuestro diálogo con los países en desarrollo y de demostrar nuestra solidaridad con los países menos desarrollados y con la gente pobre y hambrienta del mundo. 
Señora Presidenta, deseo comenzar expresando mi agradecimiento al Comisario por su declaración. 
No obstante, permítame decirle que espero que el resultado en Roma sea algo más que una declaración: espero que sea un programa de acción decidida. 
La percepción que el público tiene del hambre es en muchos casos la versión televisiva de la hambruna. 
No obstante, durante los últimos 25 años, el hambre se ha identificado principalmente con situaciones de conflicto, y el auténtico problema es la desnutrición. 
El agua en mal estado provoca enfermedades y discapacidades y muerte y, naturalmente, la pérdida de mano de obra productiva. Esto, a su vez, provoca la caída de ingresos de los países, lo que entraña desnutrición, y éste es el círculo vicioso que queremos romper. 
La situación se agrava cuando la ayuda humanitaria arruina a los agricultores locales y las economías locales. 
La entrega de nuestros excedentes alimenticios a los países de bajos ingresos hace que nos sintamos bien, y no nos damos cuenta de que eso puede perjudicar más que beneficiar a los productores de alimentos de dichos países. 
La situación se agrava, una vez más, cuando en Europa cerramos nuestras puertas a sus exportaciones agrícolas, por razones perfectamente comprensibles de higiene y seguridad alimentaria. 
Tenemos aquí un problema que se dispara. 
Significa que les impedimos que ganen lo suficiente para poder cumplir nuestros niveles. 
Cuando estuve en Ciudad del Cabo para la ACP, era inútil que los productores locales me pidieran que les ayudara. 
Querían que su carne de springbok de alta calidad se sirviera en Europa como se sirve en los mejores hoteles de toda África, pero debido a las normas sobre la carne cortada, no podrán permitirse el equipo necesario y no podrán entrar en el mercado. 
Volviendo a los retos básicos. Hace un cuarto de siglo que establecimos nuestros objetivos. 
Dijimos que debíamos resolver el problema y luego, en 1996, calculamos que existían 800 millones de personas desnutridas. 
Nos propusimos, una vez más, reducir esa cifra a la mitad antes de 2015: eso significa una reducción de 22 millones al año durante más de 20 años. 
Pero la reducción avanza a un ritmo de 6 millones al año, y cuando han transcurrido cinco años, sabemos que no alcanzaremos nuestro objetivo. 
Ese objetivo no lo alcanzaremos hasta 2030. 
La paradoja es que la producción mundial de alimentos ha sobrepasado el crecimiento demográfico: la actual población mundial de 5.800 millones dispone, como media, de un 15% más de alimentos por persona que los 4.000 millones de hace 20 años. 
Pero la producción per cápita de alimentos no ha aumentado en los países fuertemente endeudados y con bajos ingresos, especialmente en el África subsahariana. 
Es ahí donde deberíamos centrar nuestra atención. 
En 2000, de los 5.800 millones de personas, 826 millones seguían pasando hambre. 
En 2015- nuestro año objeto- 580 millones seguirán padeciendo hambre si se mantiene el ritmo actual. 
Pido a la Comisión y a todos nosotros que recordemos que, según las estimaciones del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, sólo serían necesarios 13.000 millones de USD al año para solucionar este problema. 
13.000 millones de USD al año es lo que gastamos en cosméticos en Europa y los Estados Unidos. 
Les pido que piensen que en los últimos 50 años, casi 400 millones de personas en todo el mundo han muerto víctima del hambre y de las malas condiciones sanitarias. La cifra es tres veces mayor que la de personas que perdieron la vida en todas las guerras libradas durante todo el siglo XX. 
Por último, les pido que recuerden que cada año mueren de hambre unos nueve millones de personas. Eso equivale a 24.000 muertes diarias; cada 3,6 segundos se pierde una vida; son 50 muertes en los tres minutos que ha durado mi intervención. 
Éstas son las cosas en las que deberíamos pensar cuando acudamos a Roma el 10 de junio, y éste es el motivo por el que pido que hagamos algo y no sólo declaraciones. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el problema del hambre en el mundo que tratamos hoy no puede dejar indiferente a ningún ser humano, y dado que siempre se plantea con una gran crudeza, nos lleva a mostrar un mayor voluntarismo político, sobre todo en el marco de la próxima Cumbre de la Alimentación. 
Por lo tanto, con ocasión de la próxima Cumbre, es vital que la Unión Europea se implique a fondo en esta lucha, que exige reconocer que el derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental. 
Es cierto que el problema del hambre puede aparecer como un mal reparto de los alimentos entre los países de la abundancia y los de la escasez. 
Sin embargo, su solución no consiste, en esencia, en mejorar el reparto entre las regiones del exceso y las de la indigencia. 
Se trata, prioritariamente, de encontrar y de promover soluciones allí dónde el problema existe, aunque sólo sea para respetar la cultura alimentaria de las poblaciones afectadas y para consolidar su economía rural. 
Desde esta óptica, la lucha contra el hambre y la pobreza requerirá muy probablemente la condonación de la deuda, el apoyo a la educación y a la formación profesional, la intensificación de la asistencia técnica, y el fomento de las inversiones en estos países menos avanzados. 
Implicará también, sin duda alguna, una correcta utilización del agua y la preservación de la bio-diversidad. Estamos a la espera de que ambas sean declaradas ' bienes públicos mundiales? por la Colectividad Internacional. 
Pero, en esencia, no podemos olvidar que la lucha contra el hambre y la pobreza exige en concreto explotar la pesca y promover el desarrollo de la agricultura de subsistencia aplicando un modelo sostenible. 
En este sentido, la valorización de las técnicas agrícolas utilizadas localmente, la transformación de los productos ' in situ? , el impulso a los mercados locales, la libertad de elección de los países en vías de desarrollo en el campo de las nuevas tecnologías, son otras tantas prioridades que hay que aplicar en las regiones del hambre y que requieren potenciar el tratamiento especial y diferenciado de la OMC. 
Por lo tanto, le pido a nuestro Comisario que, en esta próxima Cumbre Mundial de la Alimentación, defienda las ideas contenidas en la resolución común del Parlamento. 
Señora Presidenta, la declaración que acaba de hacer el Comisario no da lugar a grandes críticas. 
Son afirmaciones generales. 
Mi única objeción es que se trata de una declaración atemporal. 
El contenido de la declaración hubiera sido idéntico si la hubiera pronunciado otro Comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria hace quince años, diez años o ahora mismo. 
Mi principal crítica es: ¿qué mejoras concretas propone la Comisión? 
En primer lugar- y ya se ha dicho antes -, considero que la Comisión ha de centrarse en África, donde la producción agrícola no corre pareja con el crecimiento demográfico. 
¿Qué debe hacer la Comisión? 
Creo que la Comisión debe comenzar por cerciorarse a través de las delegaciones y los Estados miembros de que dichos países implanten una política de precios apropiada en materia de productos agrícolas. 
Los agricultores de todo el mundo están dispuestos a garantizar una producción adecuada- siempre y cuando las circunstancias naturales lo permitan- con tal de que los precios sean aceptables. 
Es ciertamente fundamental que exista un equilibrio entre los intereses de la población urbana y la población rural, pero cuando los precios de los productos agrícolas no son buenos los agricultores dejan de producir y la población se vuelve cada vez más dependiente de la importación y la ayuda alimentaria. 
En mi opinión, hay países que prestan ayuda alimentaria con demasiada facilidad, entre ellos los Estados Unidos. 
Tal vez Europa pueda poner este tema sobre la mesa en el marco de la Organización Mundial del Comercio. 
Por otra parte, pienso que Europa también ha de andarse con mucho cuidado a la hora de conceder ayuda alimentaria. 
No podemos influir en los precios que rigen en el mercado mundial, pero sí podemos entablar un diálogo con los gobiernos de los países implicados para instarles a que lleven a cabo una política de precios clara de modo que la importación desde el mercado mundial no resulte perjudicial para la producción alimentaria local. 
Tengo otras dos observaciones. 
A menudo creemos que todo se soluciona con dinero. Según este razonamiento bastaría con conceder ingentes cantidades de dinero a los servicios de información para resolver el problema. 
Yo creo, sin embargo, que ésta no es la solución. 
Si concedemos fondos para cinco años el problema volverá a surgir al cabo de esos cinco años. 
Pienso que el diálogo debe hacerse extensivo a las posibilidades de autofinanciación de los servicios de información y los servicios veterinarios. 
¿Cómo se puede fomentar la financiación por parte de la población local? 
Este aspecto reviste una importancia especial en el caso de los servicios veterinarios puesto que el ganado desempeña un papel fundamental en la producción alimentaria de los países africanos. 
En este momento hay vastas zonas del continente africano que no se utilizan para la producción alimentaria, pero que quizá puedan utilizarse en el futuro en cuanto mejoren las condiciones veterinarias. 
No basta con conceder ayuda financiera. Es mucho más importante que la Comisión asuma el mando en el diálogo sobre el autoabastecimiento y la autofinanciación. 
Por supuesto que me alegro de que se haya adoptado una resolución del Parlamento Europeo con vistas a la Cumbre sobre la Alimentación Mundial de la FAO. 
Por cierto, mi Grupo fue el que solicitó esta adopción. 
Cinco años después de la primera Cumbre, es evidente que los progresos realizados- menos de 40 millones de personas, sobre un total de 800 millones que son víctimas del hambre- son mínimos, teniendo en cuenta que el objetivo es reducir un 50% la población sub-alimentada de aquí a 2015. 
Esta resolución tiene párrafos interesantes, como los relativos a la necesidad de reorientar el nuevo ciclo de negociaciones de la OMC sobre el desarrollo y la seguridad alimentaria, a las reformas concomitantes de la PAC y a la Política Común de Pesca. 
Pero, globalmente, este compromiso no deja de ser muy débil: no reconoce la supremacía del derecho a la alimentación ni a la soberanía alimentaria, y tampoco aborda los motivos estructurales que generan la inseguridad alimentaria. 
Sin embargo, sabemos perfectamente que lo que falla no es la cantidad de comida disponible en nuestro planeta, sino su reparto entre los habitantes. 
Además, las nuevas tecnologías de reproducción, y en concreto los organismos genéticamente modificados, no cambiarán nada al respecto; más bien al contrario. 
Las semillas y las técnicas genéticas sitúan a los pequeños agricultores y a las poblaciones del Sur todavía más a merced de las empresas multinacionales. 
Gracias a la venta de sus granos mágicos, éstas incrementan su dominio sobre los agricultores, pero además les incitan a producir alimentos para los consumidores del Norte, en perjuicio de sus propias necesidades. 
Así, el 75% de las víctimas del hambre en los países en vías de desarrollo son pequeños agricultores. 
Es hora de poner fin a las reglas y a las prácticas comerciales no equitativas en materia de intercambios agrícolas. 
La Unión Europea debería suprimir de inmediato sus subvenciones a la exportación. 
No basta con hablar de coherencia de las políticas comunitarias: hay que aplicarla. 
El objetivo del milenio es reducir la pobreza un 50% de aquí a 2015, y no proteger a nuestros agricultores, a nuestras flotas pesqueras y a nuestras industrias agroalimentarias; por ello, les pediremos que respalden nuestras enmiendas. 
Así pues, la mejor forma de luchar contra el hambre es devolverle a las poblaciones del Sur el acceso a la tierra, el acceso al agua, el acceso a sus recursos genéticos, así como proteger a sus agricultores y defender sus propios mercados. 
El derecho a una alimentación sana y suficiente en todo el mundo y para todos debería ser admitido y respetado efectivamente a escala internacional. 
Se trata de un derecho humano fundamental. 
La preparación de la Cumbre Mundial de la Alimentación no solamente debería permitir afirmarlo, sino también aplicarlo de una vez por todas. 
Porque cuando 826 millones de personas siguen pasando hambre en el mundo, de las cuales 800 millones viven en países en vías de desarrollo, y cuando 2000 millones de personas están mal nutridas, los deseos y las declaraciones con escasa efectividad están de más. 
Y todos sabemos que los más vulnerables en estas situaciones son las mujeres y los niños. 
Aunque, hace seis años, ya nos comprometimos a reducir a la mitad, de aquí a 2015, el número de seres humanos que pasan hambre, un cálculo aproximado muestra que el ritmo actual, que es de una disminución media de 8 millones anuales, no nos permitirá alcanzar este objetivo. 
Por tanto, hay que actuar urgentemente sobre las consecuencias de esta tragedia, prestando ayuda financiera, realizando aportaciones y aplicando programas. Sin embargo, también es prioritario combatir las causas de esta situación. 
Las políticas de liberalización incentivadas por la OMC para conseguir la apertura de los mercados de los países en vías de desarrollo amenazan peligrosamente a poblaciones que ya están debilitadas, al igual que ocurre con la siempre aplastante realidad de la deuda. 
Las guerras, las políticas de hegemonía y de búsqueda a cualquier precio de salidas para los productos del Norte, el ánimo de lucro- que llega hasta la privatización de los recursos naturales del Sur -, son amenazas que ponen en peligro la seguridad alimentaria de la población. 
La prioridad que se le ha dado al comercio por encima del desarrollo no hará más que agudizar las diferencias entre la riqueza opulenta y la miseria extrema, y alejar al Sur de la posibilidad de obtener y de hacer respetar su soberanía alimentaria. 
No obstante, cada país tiene derecho a elegir libremente la forma en que quiere aprovisionarse de productos alimentarios. 
El acceso a unos alimentos adecuados, a los medios de producción y a los recursos son vías seguras que pueden garantizar y materializar en la práctica el derecho a la alimentación. 
Una política de intercambios respetuosa con las producciones locales, con los ingresos de los pequeños agricultores, con las necesidades de la población, y una cooperación basada en una relación de igual a igual, son los únicos caminos posibles para encontrar una solución duradera al problema de la inseguridad alimentaria en el mundo. 
Señora Presidenta, en este mundo continúa habiendo muchas personas que padecen hambre y que, por tanto, siguen necesitando nuestra ayuda. 
En el último decenio las cifras han bajado a un ritmo insatisfactorio. 
A este paso no alcanzaremos el objetivo de reducir a la mitad el número de personas víctimas del hambre para el año 2015. 
Por eso soy ferviente partidario de un planteamiento más enérgico. Ahora bien, dicha energía no se refleja en el volumen de la ayuda al desarrollo. 
Si los países ricos cumplen las obligaciones contraídas en Monterrey esta ayuda se elevará al 0,24 % de la renta nacional conjunta de la OCDE en 2006. 
Esta cifra continúa estando muy por debajo del 0,33 % de comienzos de los años noventa. Aquí se impone un mayor esfuerzo. 
Si lo que pretendemos es garantizar una mejora estructural es imprescindible que la ayuda vaya acompañada de un sistema comercial adecuado. 
Según la FAO la liberalización del comercio redunda en beneficio de todos los países. 
No olvidemos, sin embargo, que en este marco se obliga a los países en vías de desarrollo a que abran su mercado, en tanto que los países ricos adoptan a menudo una actitud reticente en esta materia. 
Los países pobres precisan de protección frente a las importaciones alimentarias baratas. Por eso es importante que la FAO someta a análisis las acciones emprendidas en este ámbito por instituciones como la OMC. 
Por cierto, ¿cuál es el lugar que se atribuye al autoabastecimiento en un conjunto de medidas que suele ir dirigido a la exportación? 
Resumiendo, señora Presidenta, insto a los Estados miembros a que salgan en defensa de una alimentación adecuada, ya que en ella se fundamenta la vida humana. Deben hacerlo no sólo por su propio interés, sino también porque es nuestro deber y porque hemos recibido los recursos necesarios para ello. 
Señora Presidenta, la Cumbre Mundial de la Alimentación, que se va a celebrar en Roma el mes que viene, se inscribe en la serie de reuniones mundiales que están definiendo los parámetros de las relaciones internacionales contemporáneas, pero no considero que esta Cumbre sea una más: la Cumbre sobre la alimentación afecta al primero de los derechos fundamentales, el derecho a la vida o la supervivencia, supervivencia de la que, desgraciadamente, están privadas cientos de millones de personas en la actualidad. 
La erradicación del hambre y la garantía de la seguridad alimentaria son condiciones sine qua non para el desarrollo, un desarrollo que la malnutrición impide. 
Además, la seguridad alimentaria afecta a otros aspectos del desarrollo y de las relaciones norte-sur, como la sostenibilidad de la agricultura y el comercio mundial. 
Por todo ello, el Grupo Socialista ha puesto especial empeño en esta resolución y hemos introducido el derecho fundamental a la seguridad alimentaria, el principio de la soberanía alimentaria y la libertad de elección de las tecnologías agrobiológicas, la consideración del agua y de la biodiversidad como bienes públicos inalienables, la necesidad de coherencia de las políticas europeas, particularmente entre las políticas de desarrollo, comercial y la Política Agrícola Común y el principio de la proximidad de la producción, la transformación y la comercialización de los productos alimenticios, incluida la ayuda alimentaria. 
Con la introducción de estos elementos, hemos conseguido moderar tanto las tendencias voluntaristas como el afán liberalizador. 
Creemos que la Cumbre de Roma debe ser un éxito que revitalice los objetivos del milenio, entre los que se cuentan la reducción a la mitad del hambre y de la malnutrición, en 2015, objetivo sobre el que llevamos retraso, pues, como ya se ha dicho, se está reduciendo a un ritmo de 6 millones de personas cuando sería necesario que disminuyera a razón de 22 millones al año. 
En especial, queremos llamar la atención de la Comisión sobre el hecho de que en septiembre comienzan las negociaciones de los acuerdos de asociación económica con los países ACP, y sobre la absoluta necesidad de coherencia entre la política de desarrollo y la posición que ésta mantenga en el seno de la OMC. 
Hay seis enmiendas a esta resolución- todas ellas presentadas por el compañero Didier Rod- con las que estamos de acuerdo y que vamos a apoyar, y únicamente vamos a dejar voto libre a la enmienda 5 que intenta introducir un nuevo apartado 14 bis. 
. 
(EN) Permítanme decir, para empezar, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Bowis. 
La auténtica hambruna está relacionada, en la mayoría de los casos, con situaciones de conflicto. 
Ésos son los puntos bajos. 
Pero también debería ser posible alcanzar el objetivo de reducir a la mitad los problemas de la alimentación porque dichos conflictos son obra del hombre. 
Actualmente estamos estudiando muy detenidamente la situación en Zimbabue. 
Nuestro pronóstico es que, aunque es cierto que la región padece una sequía, el problema de falta de alimentos en Zimbabue es en su mayor parte culpa del hombre. 
Es una situación negativa de origen político. 
Eso no nos impedirá llevar a cabo nuestra misión humanitaria. 
Debemos tener claro a lo que nos enfrentamos. 
Aunque parezca extraño, existe un cierto optimismo en la noción de que los conflictos son una de las principales causas de la hambruna. 
El Sr. Mulder ha mencionado la necesidad de una política correcta de precios en los países en desarrollo y la necesidad de que nos centremos en África. 
Estoy de acuerdo. 
Una de las razones por las que queremos avanzar más hacia la concesión de ayuda alimentaria en la forma de fondos en metálico es para fomentar el desarrollo de estructuras de precios adecuadas y de situaciones de mercado en dichos países. 
El Sr. Mulder ha mencionado también que la entrega de ayuda alimentaria como tal puede ser problemática. 
Se ha referido a la Unión Europea, así como a los Estados Unidos y a las políticas agrícolas de aquí como parte del problema global. 
Una vez más, no podría estar más de acuerdo. 
Permítanme citar parte del editorial de la edición de ayer del Herald Tribune que llevaba por título "An awful farm bill" (Una ley agrícola atroz) : " George W. Bush firmó el lunes una ley agrícola que representa un punto bajo en su presidencia- una derrochadora medida de subsidios corporativos que penaliza a los contribuyentes y a la población más pobre del mundo para sobornar a un puñado de electores. 
Bush afirmó que se alegra de haberlo hecho e hizo una breve declaración en la que sugería que él no es ni deshonesto ni totalmente ignorante de lo que acaba de hacer. " 
Son palabras muy duras. 
A los ojos de Europa, la autocomplacencia es también un peligro real. 
También nosotros debemos hacer examen de conciencia e introducir reformas. 
En Monterrey, los representantes del Banco Mundial, del FMI y de la OMC fueron los que realmente impulsaron y defendieron la idea de que la distorsión mundial que provocan las políticas agrícolas del mundo rico es un problema fundamental. 
Las cifras son las siguientes: nosotros destinamos 50.000 millones de USD aproximadamente al año a la ayuda al desarrollo en todo el mundo, mientras que utilizamos más de 300.000 millones de USD en subvenciones agrícolas en los Estados Unidos, Japón y Europa. 
Los responsables de dichos organismos utilizaron estas cifras deliberadamente para inyectar algo de realismo, seriedad y proporción al debate mundial de las relaciones Norte-Sur. 
Éste será también un tema importante en la Cumbre mundial sobre la alimentación en Roma. 
No hay duda de que en Europa debemos sacar las conclusiones oportunas. 
Por último, sobre la necesidad de avanzar hacia la seguridad alimentaria y el desarrollo a largo plazo, en vez de continuar con la ayuda alimentaria a la vieja usanza, una vez más, no podría estar más de acuerdo. 
Hace algunos años, esperábamos que Etiopía fuera el último caso en el que nos vimos más o menos obligados a suministrar trigo, en vez de atacar las causas del problema. 
También por esta razón, espero que la reunión en Roma produzca resultados reales. 
(Aplausos) 
Gracias, señor Comisario Nielson. 
He recibido seis propuestas de resolución 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. Aunque algunos de ustedes son demasiado corteses para mencionarlo, habrán notado que hay un olor muy desagradable en todo el edificio. 
Sólo quiero asegurarles que el Colegio de Cuestores se está ocupando de ello. 
Creemos que en el interior de los conductos puede haber algún animal muerto- una rata grande o incluso un ratón pequeño- pero esperamos que para esta tarde estará solucionado. 
¡Pues todos ustedes quedan invitados a buscar el cadáver! 
En nombre de nuestro Presidente y en el de todos ustedes, me gustaría darle la bienvenida oficial a los miembros de la Delegación del Parlamento de Uzbekistán que participan en los trabajos de la tercera reunión de la Comisión Parlamentaria de Cooperación entre la UE y la República de Uzbekistán, que acaba de celebrarse en Estrasburgo. 
Esta Delegación, integrada por siete miembros, está presidida por el Sr. Erkin Vakhidov, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales y Relaciones Interparlamentarias del Parlamento de su país. 
(Vivos aplausos) 
Señor Presidente, la versión inglesa de la enmienda 1 empieza con la frase "Considers that there is a continuing democratic deficit in the European Union" (Considera que en la Unión Europea existe un déficit democrático permanente) , y más adelante dice, "' we should democratise the institutions therefore... " (en consecuencia, deberíamos democratizar las instituciones... ). 
En algunas versiones lingüísticas se ha traducido el término inglés "continuing" por "permanente", lo que, por ejemplo en español, produce cierta zozobra. 
El texto original está en inglés. 
Podrían los servicios de traducción, por favor, corregir las otras versiones. 
Querido colega, evidentemente, le trasladaré su intervención a los servicios lingüísticos, que traducirán fielmente la versión inicial, es decir, la versión inglesa. 
Sobre la enmienda 2: 
. (FR) Señor Presidente, de común acuerdo con los coordinadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales, me gustaría proponer una enmienda oral a la enmienda 2, que además es equivalente a la enmienda 40. 
La redacción original del párrafo 6, al que se aplican estas enmiendas, dice que el objetivo del ejercicio debe ser el equilibrio entre la integración económica de la Unión y su integración política. 
Los autores de la enmienda han querido también mencionar la integración social. 
Para reforzar la enmienda, propongo añadir dos palabras, con lo que la enmienda quedaría como sigue: ' entre la integración económica ya organizada, la integración política y la integración social?. 
Por tanto, se introducirían estas dos palabras: ' ya organizada?. 
¿Hay algún colega que se oponga a la aceptación de esta enmienda oral de nuestro ponente? 
(La Asamblea manifiesta su aprobación a la aceptación de la enmienda oral) 
Sobre la enmienda 57: 
Señor Presidente, quería decir que, en lo que a mí respecta, estoy a favor de esta enmienda, pero con la importante condición de que sea considerada como un añadido, y no como una supresión, en cuyo caso diríamos: 'deseamos un reparto de las competencias simple? , que es el texto original ,' y preciso? , que es la enmienda. 
Si no hay objeciones en su propio Grupo, que es el artífice de la enmienda, y si ningún otro colega protesta demasiado, propongo que aceptemos esa fórmula. 
Sobre la enmienda 6: 
Señor Presidente, con relación a la enmienda núm. 6, me gustaría llamar la atención de la Asamblea, y en concreto de todos los que comparten la filosofía general del informe y piensan a priori emitir un voto final positivo, sobre el hecho de que esta enmienda contradice radicalmente el contenido posterior del informe. 
Por consiguiente, si se acepta la filosofía del informe, en calidad de ponente recomiendo encarecidamente que esta enmienda se rechace. 
Señor Presidente, la primera frase del apartado 19 está erróneamente reproducida en la versión alemana. 
En la lengua de nuestro ponente, Alain Lamassoure, dice que las competencias propias de la Unión deben quedar reducidas en número. 
En alemán se dice aquí que las competencias propias de la Unión deben quedar limitadas. 
Esto es otra cosa. 
Si la Unión tiene una competencia en la política aduanera la tiene plenamente y no de manera limitada. 
Por consiguiente, en alemán debe decir: ' es de la opinión de que el número de las competencias propias de la Unión debe permanecer limitado?. 
Pido que se corrija esto. 
Los servicios lingüísticos verificarán este punto, se lo garantizo. 
Señor Presidente, en la versión española pido que se haga la misma corrección, puesto que difiere del original. 
Le aseguro que se verificarán todas las versiones lingüísticas. 
Señor Presidente, espero que no sea demasiado tarde. 
He solicitado en una nota autorización para presentar una enmienda oral para que se incluya la palabra "by" (por parte de) , de manera que el texto quedaría "or by the Committee of Regions" (o por parte de la Comisión de las Regiones) , y eso lo cambia bastante. 
Según el procedimiento, en principio es difícil presentar una enmienda a otra enmienda que ha sido rechazada, a menos que la Asamblea quiera considerar el añadido del Sr. MacCormick como una enmienda oral global y nueva. 
Aparentemente, señor MacCormick, la Asamblea no comparte su punto de vista. 
Lo lamento. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0157/2002) de la Baronesa Nicholson of Winterbourne, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la situación en Iraq once años después de la Guerra del Golfo (2000/2329 (INI)) 
. 
(EN) Señor Presidente, quiero recomendar a la comisión una enmienda oral de transacción que actualiza el apartado 14. 
Hace dos días conocimos una nueva resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Iraq. 
Mi enmienda oral consistiría en suprimir el apartado 14 y tomar en cuenta las enmiendas 12, que desaparecería, 13 y parte de la 15. 
Recomiendo que se convierta en un nuevo apartado 6 a) , como solicita el Grupo PSE: " Acoge favorablemente, siempre y cuando esto no entrañe un incremento del gasto militar, la adopción de la nueva Resolución 1409 (2002) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la que se agilizan los procedimientos para la compra de productos por parte del Iraq y suprime la mayoría de las restricciones sobre el comercio y las inversiones no militares ni de productos de doble uso y manteniendo al tiempo el embargo de armas. Su aprobación obedece al deseo de hacer frente a la crisis humanitaria dando respuesta a las necesidades básicas. 
Para reflejar la actualidad más reciente, nuestra ponente nos propone una enmienda oral bastante completa que sustituye a numerosas enmiendas y a varios apartados. 
Señor Presidente, estamos a favor de esta enmienda oral, pero como enmienda complementaria. 
Quisiéramos mantener absolutamente nuestra enmienda 12. 
. 
(EN) Señor Presidente, recomiendo el voto en contra de la enmienda 12. 
Hemos incluido esta enmienda en el apartado 6 a) en respuesta a la petición del Grupo PSE. 
Es una enmienda sensata que abarca la totalidad de las peticiones del Grupo PSE. 
Me gustaría que se rechazara la enmienda 12. 
Les propongo el siguiente procedimiento: si nadie se opone a la enmienda de nuestra ponente, la incorporamos. 
A pesar de todo, celebraremos una votación específica para la enmienda 12, en contra de la opinión de nuestra ponente. 
¿Les parece bien? 
(La Asamblea manifiesta su aprobación con respecto al procedimiento propuesto por el Presidente y a la incorporación de la enmienda oral) 
Tras la votación sobre los considerandos: 
Señor Presidente, según sea el resultado de esta votación, me reservo el derecho de pedir al presidente de la comisión eliminar la exposición de motivos de conformidad con el artículo 161 de nuestro Reglamento. 
Señor Presidente, en nuestro Reglamento figura expresamente que la exposición de motivos es de la responsabilidad exclusiva del ponente. 
Esto es cierto siempre y, en consecuencia, sería inusual y equivocado rechazarla aquí. 
Esto iría en contra de las reglas. 
Este asunto es competencia de la comisión afectada, y no del Pleno de la Asamblea. 
Por tanto, como presidente de la comisión afectada, le propongo someterlo a un arbitraje en el ámbito de la comisión. 
Sobre la enmienda oral a la enmienda 12: 
Señor Presidente, quisiera preguntar lo siguiente: ¿Se ha votado o no ahora sobre la enmienda oral puesto que, a pesar de ello, hemos de votar incluso si no se plantea contradicción alguna? 
En principio, si no hay doce colegas que se opongan a la incorporación de una enmienda oral, se entiende que queda integrada en la votación. 
Dicho esto, si el Pleno insiste verdaderamente en que sometamos la decisión a votación, estoy de acuerdo. 
Pero aparentemente, no había ninguna oposición. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
. (FR) Señor Presidente, estimados colegas, hay dos enmiendas al párrafo 22: una de ellas la he presentado en nombre de mi Grupo y recoge una propuesta que fue avanzada en comisión por el ponente del PPE, que era el Sr. Wijkman. 
Se trataba de añadir la referencia a una tasa sobre las emisiones de CO2 a escala mundial. 
Creo que la enmienda del PPE que pretende suprimir el párrafo es aceptable si es un añadido, pero si lo suprime, no puedo tolerarla. 
Creo que debilita totalmente el significado del texto original. 
Si el PPE está de acuerdo en aceptarla como un añadido, pediré que se vote primero mi enmienda, que de hecho se ha presentado a petición del PPE, y después la enmienda del PPE como un añadido, siempre que contemos con el visto bueno de este Grupo. 
Señor Presidente, soy consciente de que esta declaración de voto va a hundirse en el remolino general, pero quizá baste para que conste en Acta. 
La aprobación del informe de nuestro colega, el Sr. Rothley, en materia de establecimiento de precios fijos para los libros establece un final provisional bajo un proceso que, en parte, ha sido muy desagradable. 
Hay que dar las gracias realmente a nuestro colega, el Sr. Rothley, así como también a todos los que han hecho aportaciones a este tema, por el hecho de que, aún teniendo en cuenta plenamente la competencia, consideremos la cultura como un bien importante y que aquí- el precipitante ha sido ahora el establecimiento de precios regulados para los libros en Alemania y en Austria- se posibilita en el futuro una regulación adecuada que últimamente se ha previsto en Francia. 
Los esfuerzos de la Comisión y de la comisión de antecesores de colocar la competencia muy por encima de la cultura han cesado, por fortuna, recientemente y, en este sentido, cabe afirmar que hemos establecido un paso positivo. 
. (FR) He votado a favor de este informe con el conjunto de mis colegas del CPNT. 
Su contenido es irreprochable en cuanto al fondo y a la defensa del sistema de precio obligatorio para los libros, que los Estados son libres de reflejar en su legislación nacional, como precisamente se menciona de forma insistente. 
En cambio, es lamentable ver que hay que insistir en una postura de sentido común como ésta, que conducirá a la elaboración de una directiva que al final tendrá que ser relativamente densa para oponerse a la interpretación de la política de la competencia y a su aplicación por parte del Tribunal de Justicia. 
Sin embargo, no podemos lanzar las campanas al vuelo, porque, durante el debate de ayer, el Comisario dijo que estaba plenamente satisfecho con la jurisprudencia actual y porque, valiéndose de un monopolio inaceptable de la iniciativa legislativa, la Comisión parece haber decidido en firme ignorar esta demanda basada en el artículo 192, a pesar de que se utilice en contadísimas ocasiones. 
Esto confirma que más vale anticiparse y limitar el campo de acción comunitario a lo estrictamente necesario, en lugar de tener que reparar el daño después. 
Este es el sentido de la actitud de mi Grupo sobre el informe Lamassoure relativo a la delimitación de las competencias, y del consecuente voto negativo. 
- (NL) Con motivo de la votación sobre el informe Rothley acerca del régimen de precios regulados en el mercado del libro quisiera decir lo siguiente. 
En la mayoría de los países o bien se aplica ya un régimen de estas características o bien se considera la posibilidad de implantarlo. 
En su resolución de febrero de 2001 el Consejo Europeo hizo hincapié en el peculiar valor cultural del libro así como en su importancia para el fomento de la diversidad cultural en el seno de Europa. 
Conforme a ello, el Consejo instó a la Comisión Europa a que tuviera en cuenta este aspecto a la hora de aplicar la normativa en materia de competencia y libre circulación de bienes y limitara sus intervenciones a los casos de deliberado incumplimiento de los actuales regímenes nacionales de precios regulados en el mercado del libro y de distorsión del tráfico comercial entre los Estados miembros. 
Está claro que en los acuerdos alcanzados el 22 de marzo de 2002 con el sector del libro alemán la Comisión Europea ha accedido a esta petición. 
Resulta, pues, que el libro tiene derecho de existencia en tanto que hecho cultural de conformidad con el artículo 151 del Tratado. 
Habida cuenta de todo ello me creo en la obligación de votar a favor del informe del Sr. Rothley. El ponente señala que corresponde a los Estados miembros introducir o no un régimen de precios regulados en el mercado del libro, pero al mismo tiempo insiste en la necesidad de alcanzar acuerdos a escala europea en el marco del comercio transfronterizo y sobre todo frente al deliberado incumplimiento del régimen nacional de precios regulados. 
Se trata de brindar seguridad jurídica a todos los agentes económicos implicados mediante un marco jurídico económico estable, aunque al mismo tiempo se persigue otro objetivo igual de importante, a saber, el respeto y el fomento de la diversidad cultural a la que pertenece el bien cultural 'libro'. 
. (FR) Las Orientaciones Generales de Política Económica para 2002 no son tan atractivas como dice la Comisión. 
En algunos países miembros, entre los que se encuentra Francia, resurge claramente la amenaza de la inflación, que puede llevar al Banco Central Europeo a incrementar sus tipos de interés, con repercusiones negativas sobre el crecimiento. 
Precisamente, el crecimiento sigue flojo, y la recuperación en Europa se hace esperar, mientras que en Estados Unidos ya se ha iniciado. 
El euro ha tenido un impacto moderado o desfavorable sobre estos dos elementos: parece que, efectivamente, el cambio de monedas y billetes ha originado un incremento de los precios, que esperemos sea pasajero; en cuanto al crecimiento, todavía estamos a la espera del efecto ' dopaje? que, según sus defensores, la unificación monetaria debe en principio provocar. 
En este entorno favorable, Francia ha caído en la trampa de la herencia presupuestaria socialista. 
Las advertencias de la Comisión al nuevo gobierno Raffarin, que tienden a reducir aún más su margen de maniobras, deberían mostrar a todos los franceses que el marco uniforme del Pacto de Estabilidad puede ser en ciertos casos contrario al interés nacional. 
Estamos ante las consecuencias nefastas, pero lógicas, de los acuerdos que firmamos en Maastricht y después de Maastricht. 
. (FR) Frente al Consejo y a la Comisión que representan a los gobiernos, se supone que el Parlamento Europeo es la expresión democrática de toda la población. 
Pero el proyecto de informe Trentin muestra que, aunque el Parlamento sea elegido por sufragio universal, los intereses que representa son exclusivamente los de la patronal, por oposición a los de las clases trabajadoras de la Unión. 
Todas las modificaciones que reclama el ponente del Parlamento suponen una degradación de la situación de los asalariados. 
El informe es partidario de la flexibilidad en el empleo. 
Defiende lo que denomina, con cierta caradura, ' el envejecimiento activo? , es decir, conseguir que la gente trabaje más tiempo y retrase la edad de la jubilación. 
Habla de política social, pero sólo para afirmar, con cínica brutalidad, que debe ser ' un factor productivo?. 
Contempla, por ejemplo, una ' política de formación continua? , pero únicamente para proporcionarle a la patronal una mano de obra con movilidad y cualificada en función de sus propias necesidades. 
En cuanto a los 'procesos de reestructuración? , que en realidad son despidos colectivos, se contenta con' promover la consulta preventiva a los trabajadores?. 
¡Así pues, la única medida social de este informe es la obligación de avisar a los trabajadores de su despido! 
En consecuencia, votaremos en contra de este texto, hecho a la medida de la patronal. 
. (FR) Teniendo en cuenta que en Europa, los partidos de extrema derecha están llegando masivamente al poder, o quedándose a sus puertas, ya va siendo hora de que nos preguntemos cuáles son las razones de esta espiral funesta para nuestras democracias? 
Sin embargo, los partidos políticos tradicionales siguen como si tal cosa, sin replantearse nada, mientras se reparten el pastel del poder? 
Sin embargo, los economistas, los gobiernos y la Comisión Europea siguen huyendo hacia adelante rumbo a un liberalismo cada vez mayor? 
El ' rigor? económico no es una respuesta, aunque sea uno de los requisitos de una política global más cercana a los ciudadanos? 
El liberalismo podría ser un ' plus? en ciertos sectores, pero a condición de estar limitado y regulado. 
Hoy, sobre todo, si queremos erradicar el paro y la miseria, las Orientaciones Generales de Política Económica deben ser de otra naturaleza. 
No veo esta voluntad en los documentos que nos han sido presentados. 
Nuestro voto en contra refleja nuestra oposición a las orientaciones para las políticas económicas basadas en el Pacto de Estabilidad y en las enmiendas que figuran en el informe y que siguen también la misma orientación. 
Por desgracia, las instituciones comunitarias, en particular el PE, se empeñan en mantener el rumbo de las políticas macroeconómicas a pesar de todas las pruebas y necesidades de crecimiento y empleo en la Unión Europea. 
Ahora bien, el camino debería ser el opuesto, con más inversión, en particular inversión pública, dados el período de desaceleración económica, los factores de riesgo que subsisten en el nivel internacional y el aumento del desempleo. 
El informe Trentin apela al cumplimiento de la estrategia de Barcelona, que confirma la inclinación liberal de Lisboa, apela a la flexibilización del mercado laboral, acepta la moderación salarial, a pesar de introducir la posibilidad del crecimiento de acuerdo con la productividad, pero olvida que la transferencia de los salarios a los beneficios no se ha plasmado en más inversión ni más empleo. 
Apela también a la flexibilidad y movilidad laboral y quiere más calidad de empleo, lo que es una contradicción. 
Sólo si el empleo no es temporal, precario y mal remunerado, cosa que, lamentablemente, el informe no afirma, habrá más empleo con más inversión y mayor calidad. 
Incluso algunos aspectos positivos que contenía han desaparecido en la votación en el Pleno. 
. (FR) El informe Solana, que será presentado el próximo mes de junio en el Consejo Europeo de Sevilla, presenta unas reformas al funcionamiento del Consejo que nos parecen razonables. 
En concreto, aprobamos las medidas de transparencia (publicidad de los debates de los consejos cuando se reúnen en grupo legislativo) , de reafirmación del Consejo Europeo en su papel de impulsor, de una mayor eficacia a través de la división del actual Consejo de Asuntos Generales (CAG) en dos entidades: un Consejo de Coordinación General (con los ministros nacionales responsables de los asuntos europeos) , y un Consejo de Relaciones Exteriores (con los ministros de asuntos exteriores). 
Por otra parte, es cierto que la rápida rotación de las presidencias nacionales es perjudicial para la continuidad de los trabajos del Consejo, pero al mismo tiempo favorece la correcta identificación de la institución y lo acertado de sus opiniones. 
Nosotros consideramos que todo esto se puede conciliar 1) alargando la presidencia de todos los Consejos técnicos (por ejemplo, a 3 años) , y confiándola en cada caso al miembro más cualificado, y también 2) manteniendo la rotación de las presidencias para el Consejo Europeo y quizás para el nuevo Consejo de Coordinación General- y, por qué no, a un ritmo todavía más rápido (3 meses) , para tener en cuenta la ampliación. 
La resolución hoy aprobada en el Parlamento Europeo sigue la línea federalista, de la que es ejemplo la pretensión de aproximar el funcionamiento del Consejo, en su función de legislador, al de un parlamento, con lo que se aproxima a una segunda cámara parlamentaria en el nivel de la Unión Europea. 
Pero, en lo fundamental, lo que es importante subrayar es que deja de lado las cuestiones fundamentales que ya hoy debate el Consejo, en particular el modelo de rotación de las presidencias o las lenguas de trabajo, entre otras. 
Por lo demás, Javier Solana, en la intervención que ha hecho hoy en el Pleno, ha vuelto a afirmar que no es posible mantener el actual sistema semestral de rotación de la Presidencia del Consejo utilizando el falso argumento de la ampliación de la UE, cuestión que brindará la posibilidad de instituir otros modelos, en particular por elección, que fortalecerían la influencia y el poder de los "grandes" en detrimento de la plena y efectiva igualdad de derechos entre los Estados, situación que rechazamos firmemente. 
Lo mismo se puede decir de las lenguas de trabajo, esfera en la que el principio de igualdad entre los Estados está en riesgo, situación que también rechazamos. 
Por otro lado, es significativo que no se haya divulgado (y podríamos preguntarnos por las razones de ello) la propuesta presentada en el Consejo de Barcelona por Javier Solana sobre la reforma del Consejo, asunto que figura en el programa para la Cumbre de Sevilla, que se celebrará el próximo mes de junio. 
. 
(EN) Los Conservadores británicos nos abstenemos en la votación sobre la presente resolución. 
Siempre hemos defendido más transparencia, apertura y responsabilidad, pero eso es distinto de pedir que se dé prioridad al método comunitario en cada ámbito de la toma de decisiones de la Unión Europea. 
Señor Presidente, permítame que diga, antes que nada, que el informe Lamassoure se sitúa en la perspectiva de la reforma de los Tratados y que la hipotética aprobación de una Constitución de la Unión constituye una exigencia debida al éxito histórico de la construcción de la Unión Europea, en una perspectiva que no deben perturbar circunstancias propias de la coyuntura inmediata que nada tienen que ver con las instituciones europeas y sí con ciertos patrioterismos y extremismos y con el negativo y sobre todo progresivo abandono del Estado del bienestar como orientación de las políticas estatales. 
El informe Lamassoure responde a esas exigencias y aporta a la Convención elementos valiosos respecto de esa cuestión decisiva de la distribución de competencias entre las instituciones de la Unión Europea. 
En mi corta intervención quisiera subrayar que en su propuesta inicial, mediante el concepto de regiones socias de la Unión, el informe quería institucionalizar la presencia en las instituciones de la Unión Europea de las colectividades territoriales con competencia legislativa, es decir, nacionalidades y regiones constitucionales, länder, Estados federados que tienen un carácter constitucional y, en ciertos casos, un carácter histórico y político como naciones que no se puede pasar por alto ni negar en la Europa de la unidad en la diversidad. 
Pero en el informe final aprobado hoy no figura ese concepto tan apropiado y necesario. 
A pesar de todo, se ha acogido claramente la necesidad de reconocer el papel de las colectividades territoriales señalando su intervención en la aplicación de las políticas de la Unión e instando a los Estados miembros a que les permitan su participación en las decisiones de la Unión que les afectan en particular. 
Creo que es particularmente importante que en el informe Lamassoure se solicite a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo que establezca un informe especial como vía de participación de los parlamentos legislativos territoriales en la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo. 
Mi Grupo, al que pertenecen representantes de las naciones sin Estado, como mi país, Galicia... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, ayer por la tarde, como muchos de nosotros, fui, invitado por el alcalde de Estrasburgo, a la tradicional fiesta anual del espárrago, una reunión que ha sido todo un éxito y que aprovecho la ocasión para agradecer al alcalde y al ayuntamiento de Estrasburgo. 
Pues bien, durante esta exitosa manifestación se me ocurrió pensar en cómo votar sobre el importante informe del Sr. Lamassoure sobre las competencias. 
Debo decir que tuve una excelente inspiración: considero que la cuestión es muy importante y, en consecuencia, he decidido votar a favor, pero como aliento para ir hacia una competencia exclusiva del Parlamento Europeo al menos en alguna materia. 
Gracias, señor Fatuzzo. 
Anotamos su propuesta de incluir Los espárragos dentro de las competencias de la ciudad de Estrasburgo. 
. 
(SV) El informe Lamassoure (A5-0133/2002) trata de la delimitación de las competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros, que es una de las materias esenciales de la Convención. 
Este informe confirma y precisa en gran medida la situación actual, pero también introduce aspectos relevantes, tales como la demanda de que a la coordinación abierta le siga un control parlamentario. 
En general respaldamos el informe y su anhelo de crear un texto constitucional que precise en qué materias la UE tiene competencia exclusiva y dónde se comparten estas competencias con los Estados miembros, sin comprometer el desarrollo futuro de la integración europea. 
Sin embargo, en algunos puntos no compartimos los criterios de este informe. 
Pensamos que la estructura de pilares no puede ser simplemente eliminada tal como, de acuerdo con nuestra interpretación, propone el informe. 
Opinamos que la financiación de los presupuestos de la Unión, de la política exterior y de defensa y de todo el tercer pilar no debe ser de competencia exclusiva de la Unión. 
Además, nos oponemos a que el Parlamento Europeo haga distinciones entre las regiones al otorgar a los parlamentos regionales con facultades legislativas la posibilidad de participar en sus comisiones parlamentarias. 
No aceptamos que este informe cuestione el derecho de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros a recurrir ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la legislación sobre los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
Es muy importante que se cumplan y respeten esos principios, pero son de carácter político, no jurídico. 
. 
(SV) Queremos subrayar que la inclusión de la financiación de los presupuestos de la UE en las facultades exclusivas de la UE no debe implicar- ni siquiera a largo plazo- que la Unión tenga derecho a imponer impuestos propios. 
. (FR) Hemos votado en contra del informe Lamassoure, por los motivos que figuran en nuestras respuestas al cuestionario de la Convención sobre los objetivos de la Unión. 
Este informe no ha considerado en absoluto las múltiples enmiendas que hemos presentado en comisión, y que han sido rechazadas por la mayoría federalista de ésta. 
En estas enmiendas, lanzamos en concreto un llamamiento en favor de un tratado fundamental que reconociese el papel esencial de las democracias nacionales, y extrajese las consecuencias lógicas de este planteamiento para las instituciones de la Unión, y particularmente para un verdadero control de la subsidiariedad. 
Los diputados del MPF han redactado las grandes líneas de este tratado fundamental, que está a disposición del público en nuestra secretaría. 
Igualmente, pedíamos que en el tratado se creara, entre el pilar comunitario y el pilar intergubernamental, un pilar interparlamentario, en el que los Parlamentos nacionales, organizados en una red, tomaran las decisiones europeas. 
Este pilar respetaría escrupulosamente las soberanías nacionales. 
De aquí surgirían numerosas cuestiones de ámbito nacional pero que exigen un intercambio europeo, como por ejemplo ciertos aspectos de coordinación del derecho social. 
Sería también el lugar privilegiado para tratar todas las cuestiones de circulación de personas y de inmigración, asunto que en parte debería ser retomado por el pilar comunitario. 
. (FR) La delegación francesa de mi Grupo no puede bajo ningún concepto compartir las conclusiones de este informe de propia iniciativa. 
Es cierto que el actual sistema de reparto de competencias es de una complejidad espantosa. 
Estamos de acuerdo con el ponente cuando afirma que los Estados miembros ' deben disponer de una competencia de derecho común, mientras que la Unión no debe tener más que competencias de atribución?. 
Finalmente, nadie puede negar que existe un desfase creciente entre las expectativas de los ciudadanos con respecto a Europa y los problemas efectivamente tratados por ésta. 
Sin embargo, nada justifica que las reglas que aclaran el reparto de competencias se introduzcan en una ' Constitución Europea? , para cuya elaboración ni nuestro Parlamento ni la Convención han recibido un mandato popular. 
Aunque, de toda evidencia, es necesario definir una jerarquía de las normas comunitarias, esto no debe generar un incremento de las competencias legislativas del Parlamento. 
La legitimidad democrática de la Unión se deriva exclusivamente del consentimiento y de la participación del pueblo en el proceso en curso. 
Por tanto, reside en el Consejo Europeo, en el Consejo de Ministros y en los Parlamento nacionales. 
En definitiva, rechazamos este informe porque, con el pretexto de repartir mejor las competencias, lo que el ponente pretende verdaderamente es incrementar las de la Unión y las del Parlamento... 
(Explicación de voto acortada en virtud del artículo 137, párrafo 1, del Reglamento) 
. (FR) El informe que el Sr. Lamassoure ha presentado ante el Parlamento es excesivamente flojo en materia social, y la votación celebrada esta mañana, lejos de corregir este defecto, en general lo ha intensificado. 
En el informe no se dice nada sobre la garantía universal de un alto nivel de protección social, ni sobre la aplicación de un enfoque coordinado de la evolución salarial, ni tampoco sobre la fijación de objetivos cuantificados y verificables en la lucha contra la pobreza y la exclusión. 
Por tanto, a pesar de la demanda tan profunda y tan legítimamente exigente de los ciudadanos de mejorar la situación social en la Unión y de crear en ella un verdadero gobierno económico y social, la mayoría que ha hecho oír su voz no la ha tenido en cuenta para nada. 
El Parlamento defiende a duras penas el estatus quo social, que sin embargo es insuficiente, y se limita a perpetuar la imagen de una Europa burocrática al servicio de los grandes intereses financieros. 
En consecuencia, el mensaje que le transmite a la Convención sobre el futuro de Europa es detestable. 
Mis colegas y yo nos negamos a sumarnos a esta postura tan negativa. 
Desde la perspectiva del Partido "Independence" del Reino Unido no me es posible contemplar ninguna formalización de la división de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros. 
Nuestro punto de vista es que en una Europa estable y próspera no hay cabida para la clase de ' supranacionalismo? que la Unión Europea representa. 
No estamos de acuerdo con la idea de que, para vivir en armonía, sea necesario ceder poderes a una autoridad central que transciende el Estado-nación, que para nosotros es el fundamento sólido de la democracia. 
En cambio, estamos totalmente a favor del tipo de enfoque intergubernamental que representa el Consejo de Europa y la Commonwealth, según el cual, Estados-nación independientes cooperan en asuntos de interés común. 
En este caso, creemos que el Reino Unido debería guiarse por el espíritu de "buena vecindad", respetando los derechos y la independencia de otros Estados-nación y asumiendo un papel responsable en la comunidad mundial. 
Sobre esta base, por consiguiente, el intento en este informe de circunscribir o definir mejor las competencias de la Comunidad- por buenos que sean los motivos que lo mueven- choca con nuestra visión fundamental de cómo los Estados-nación deberían trabajar juntos. 
En el marco de los trabajos de la Convención y pensando en la elaboración de una Constitución que permita, no sólo llevar a cabo con éxito el proceso de ampliación en curso sino, sobre todo, dotar a la Unión Europea de un gobierno democrático y eficaz que dé respuesta a los retos y a las preocupaciones que plantea el mundo global en el que nos movemos. Proceder a una delimitación de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros es indispensable, porque para garantizar el buen funcionamiento de la Unión es imprescindible definir las responsabilidades que incumben a cada uno de los niveles institucionales que la integran. 
Y para los que defendemos un modelo federal esta delimitación permite, además, establecer una relación de federación y no de subordinación entre la Unión, los Estados miembros y las colectividades territoriales con competencias legislativas, base y fundamento de una Europa federal basada en el principio de subsidiariedad. 
De ahí la importancia del excelente informe del Sr. Lamassoure y mi voto favorable al mismo. 
Lástima que la propuesta de creación del estatuto de región asociada a la Unión Europea haya sido finalmente rechazada por la oposición de quienes no quieren entender que la Unión Europea constituye un todo global que no acaba en la frontera de los Estados miembros. 
Si bien hay que reconocer que con el informe Lamassoure se ha dado un paso adelante en la buena dirección. 
Los textos fundamentales de la Unión Europea no pueden, en el futuro, seguir ignorando la existencia y la función de las regiones con competencias legislativas fruto, en casos como el de Cataluña, de un irrenunciable sentimiento de identidad colectiva, porque estas regiones son las responsables de la gestión de buena parte de las políticas comunitarias y porque Europa no puede hacerse a espaldas de los pueblos que la integran. 
Las propuestas constantes del presente informe se inscriben en la dinámica iniciada en Maastricht y que estableció como orientación el federalismo para el rumbo de la actual " integración europea? y que la profundizan. 
En el informe figuran propuestas lesivas para la soberanía nacional de los países miembros de la UE, que rechazamos, en particular la de que la política exterior y la formulación del fundamento jurídico de un "espacio común de libertad y seguridad" pasen a ser de exclusiva competencia de la UE, propuestas que son maximalistas respecto de otras que han propugnado el reparto de competencias. 
Conviene subrayar también la propuesta de que la financiación del presupuesto comunitario sea una atribución exclusiva de la UE, teniendo en cuenta en consecuencia la creación de instrumentos como un "impuesto europeo", cosa que también rechazamos. 
En términos generales, el informe se orienta hacia la constitucionalización de los Tratados, superponiéndolos a las constituciones nacionales en competencias fundamentales. 
Aun en el caso de las competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros, su formulación sitúa a la UE como la que "establece las normas", "coordina" o "interviene de forma complementaria". 
A los Estados nacionales casi sólo les quedaría la transposición de las normas o la aplicación de orientaciones como la utilización de los recursos presupuestarios y fiscales que tienen a su disposición, como en el significativo ejemplo del intento de renacionalización de los costos de la Política Agraria Común. 
. (FR) No he votado a favor del informe Lamassoure, porque se anticipa a los trabajos que se están llevando a cabo en el seno de la Comisión. 
No se le puede pedir a representantes de los gobiernos, de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo que redefinan la futura arquitectura de la Unión Europea y que, al mismo tiempo, intenten ultimar, exclusivamente a escala del Parlamento Europeo, los planos para la construcción de la Casa Europa. 
Aunque sea esencial definir lo más claramente posible lo que hace cada uno en Europa, y por qué lo hace, el Parlamento Europeo no puede asumir esta tarea de forma unilateral. 
. (DA) Este informe muestra con aterradora claridad cómo la Unión Europea es conducida hacia un estado federal con consecuencias catastróficas para la independencia nacional, entre ellas la democracia danesa. 
No menos aterrador resulta la demostración del informe de que la dominancia de la UE sobre las democracias nacionales en principio no tiene límites. 
A pesar de que aceptamos varios de los puntos críticos presentados por la minoría de la comisión, hemos votado también en contra de las enmiendas presentadas por J.P. Bonde, entre otros. 
Protestamos por que estas propuestas sean presentadas en nombre del Grupo EDD, puesto que no se han negociado en el grupo y puesto que varios subgrupos, entre ellos el Movimiento Popular, no pueden respaldar la idea de una EU-light, que es el contenido sustancial de las propuestas. 
Por otro lado, parte de las competencias atribuidas supuestamente a los Estados miembros son ejercidas en la práctica por las regiones autónomas. En muchos casos estas regiones poseen una lengua y cultura propias y aspiran a convertirse ellas mismas en un Estado miembro de pleno derecho de la UE. 
Por eso estaría plenamente justificado que se elaborara de cara al gran público una relación pormenorizada de todas las decisiones adoptadas hasta la fecha, con indicación del objetivo y el grado de eficacia y viabilidad. Por desgracia, el Sr. Lamassoure ambiciona mucho más. 
No se conforma con un detallado manual al servicio de la democracia. Es partidario de sustituir lo que él denomina ' instrumento diplomático? por una constitución para la creación de un superestado europeo. 
¿Estamos ante una tentativa de fijar de antemano el resultado de la Convención sobre el futuro de Europa o ante una instrucción de voto para los miembros del PE que forman parte de dicha Convención? 
De ser éste el caso se trataría de una acción prematura y turbia que no merece mi apoyo. 
. 
(SV) Voto en contra del informe Lamassoure, entre otras cosas, por las siguientes razones: 
El informe tiene un claro carácter supraestatal. 
Respaldo la cooperación entre estados, pero no el superestado que propone el ponente. 
La opinión pública tampoco respalda una federación, cosa que ha quedado demostrada en la última elección comunitaria. 
Además, me opongo a que la política exterior y de defensa común sea de carácter comunitario, a la creación de una sección especial en el tribunal para encargarse de la constitución de la Unión y a que se elimine el principio de unanimidad en el Consejo de Ministros. 
Tampoco acepto que los parlamentos regionales con competencias legislativas puedan participar en las actividades de las comisiones del Parlamento Europeo. 
Tampoco acepto la coordinación forzada de las políticas de presupuestos y de finanzas. 
Por el contrario, en sus opiniones a la Convención, el Parlamento debería concentrarse en las reformas necesarias para asegurar una adecuada toma de decisiones en la Unión ampliada. 
. (FR) Este informe hace una radiografía abrumadora de la situación de la población iraquí once años después de la Guerra del Golfo, radiografía que no podemos dejar de compartir. 
Sin embargo, no cuestiona en absoluto la responsabilidad de las potencias imperialistas tanto en esta guerra como en sus consecuencias terriblemente duraderas para la población iraquí, que ha sufrido un segundo castigo por parte de las grandes potencias, puesto que ya es víctima de una infame dictadura. 
Peor aún, con el pretexto de la existencia de esta dictadura, el informe contempla y justifica de antemano una nueva intervención militar, que se realizaría bajo el paraguas de las Naciones Unidas. 
Sin embargo, está claro que el pueblo iraquí sería la primera víctima de esta intervención. 
Las consideraciones humanitarias que arropan a este informe no son más que el envoltorio hipócrita y totalmente transparente de la barbarie de las grandes potencias, y del orden mundial que le imponen a los pueblos. 
Hemos votado a favor de la única enmienda que se opone a esta barbarie militar programada, y por tanto hemos rechazado este informe, que no pretende más que justificarla. 
Nuestra abstención en este informe sobre la situación en el Iraq es consecuencia, en lo fundamental, de las contradicciones que mantiene y destaco dos razones principales: 
La primera se refiere a algunos aspectos positivos del informe, en particular el apoyo a la decisión de levantamiento de las sanciones al Iraq, excepto el embargo de armas, aunque en una formulación mitigada. 
Pero la dramática situación que allí se vive exige que se reúnan todas las voluntades para poner fin a las sanciones económicas y comerciales, por razones humanitarias. 
La segunda tiene que ver con los aspectos negativos y revela la dificultad para que la Unión Europea se libere de la dependencia de los intereses americanos, de la que constituye un ejemplo el rechazo por el Pleno de las enmiendas que presentamos, en particular la propuesta de realización de una investigación internacional sobre las consecuencias sanitarias y medioambientales de los bombardeos americanos y británicos en 1991, en particular por la utilización de armas con uranio empobrecido. 
Igualmente negativo es que no haya una condena clara de los bombardeos de que sigue siendo víctima el Iraq periódicamente. 
(FR) Espero que las tijeras de la censura que ejercen algunos funcionarios sobre los medios de que disponen aquellos que han sido elegidos por sufragio universal para dar a conocer sus ideas a los que les han elegido democráticamente con el fin de que les representen en el Parlamento Europeo, tengan a bien dejarle a esta explicación de voto un mínimo de coherencia. Dicho esto, quiero subrayar que el informe Nicholson seguramente habría tenido más credibilidad si hubiera planteado más claramente la cuestión de la oportunidad, hoy, del mantenimiento del embargo contra Iraq. 
Sin dejar de recomendar de forma razonable el levantamiento de ' la mayoría de las restricciones? económicas y comerciales y el mantenimiento del embargo armamentístico, ¿Por qué no reconocer sin tapujos el fracaso de este embargo generalizado, que no ha alcanzado el objetivo fundamental que se supone debía cumplir: impedir que Iraq volviera a ser una potencia susceptible de amenazar la seguridad de otros Estados? Este reconocimiento justificaría la recomendación. 
¿Porqué no reconocer al mismo tiempo los distintos efectos perversos extremadamente graves que este embargo ha provocado, y que son susceptibles de alimentar una peligrosa frustración: degradación de la situación alimentaria y sanitaria de la población civil; destrucción del tejido económico y de las infraestructuras; desarrollo de una economía viciada que vive de burlar el embargo? 
Ya no es una política... 
(Explicación de voto acortada en virtud del artículo 137, párrafo 1, del Reglamento) 
Señor Presidente, tras la referencia hecha a un error que se registró en la comunicación de un orden del día, la ponente, Sra. Doris Pack, ha sido bautizada como "ponente del Stability Pact", ya que todos nosotros conocemos su competencia en esta materia relacionada con las regiones de los Balcanes en lo relativo al Pacto de Estabilidad. 
Y quizás no sea tan equivocado llamar a la Sra. Doris Pack "Sra. Stability Pack", apodo que seguramente no la ofenderá. 
De cualquier forma, juegos de palabras aparte, quiero subrayar la importancia de este texto para que Albania pueda volver a encontrar su justo papel en la nueva Europa. 
Señor Presidente, no dejo de preguntarme si, cuando se habla de desarrollo sostenible en el mundo, es justo que no se diga nunca que un aspecto muy importante de la vida de los hombres y de las mujeres en Europa es la calidad de vida en las distintas etapas de su existencia. 
Hay muchos de nosotros que de jóvenes están muy bien tanto desde el punto de vista económico como de la salud, incluso cuando trabajan, pero que de mayores se encuentran que ya no tienen el mismo nivel de vida. 
¿Por qué no nos esforzamos en reducir las diferencias de nivel de vida, económico y social, en las distintas etapas de nuestra vida, o sea, cuando somos jóvenes, cuando somos trabajadores de mediana edad y cuando somos mayores? 
. (FR) Este informe plantea muy crudamente la cuestión del futuro de nuestro planeta en lo que a contaminación se refiere. 
10 años después de Río, la situación no es brillante. 
Los progresos realizados no están a la altura de los problemas, y las perspectivas naturales de desarrollo de los países emergentes (es fácil imaginar la contaminación que producirá un país como China el día que alcance nuestro nivel de desarrollo) no harán más que agravar la situación en materia medioambiental. 
No sé si el Parlamento Europeo evitará la catástrofe final? De momento, su intervención será en cualquier caso positiva. 
Señor Presidente, podría parecer hecho a propósito el nombramiento del Sr. Lannoye como ponente de esta propuesta cuyo fin es realizar con esta asociación global un desarrollo sostenible en el mundo, en el cual, lamentablemente, muchas personas, y hay tantas, sufren penurias y privaciones. 
Este nombramiento es presagio y augurio de que el Sr. Lannoye que, como sabemos, habitualmente es ponente para las directivas relativas al chocolate, a la mantequilla, a la mermelada, alimentos que tenemos a nuestra disposición a diario, consiga hacer lo mismo para los países en desarrollo. 
Esperemos que así sea. 
. (FR) Los datos reflejados por esta resolución común son abrumadores: 1200 millones de seres humanos sobreviven con menos de un dólar diario, 815 millones de personas padecen malnutrición crónica, etc. 
El subdesarrollo y la miseria en la que viven permanentemente las tres cuartas partes de la humanidad tienen unas causas y unos responsables que son cuidadosamente silenciados por los países signatarios de este texto: se trata de los grandes grupos industriales y financieros, y de los Estados imperialistas que están a su servicio, que subordinan la economía del planeta, y en consecuencia la vida de toda su población, al ánimo de lucro. 
Aunque hemos respaldado con nuestro voto estas dos enmiendas que denuncian algunas de las consecuencias de este afán de riqueza, no hemos votado a favor de esta resolución común, que no contiene, ni siquiera en materia de ayudas, más que veleidosas promesas, en lugar de compromisos concretos, y cuya razón de ser es enmascarar bajo una moral benefactora y paternalista la realidad de una sociedad dominada por el lucro capitalista y por los que son sus únicos beneficiarios. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0128/2002) del Sr. Miranda en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la construcción de una asociación efectiva con las Naciones Unidas en los ámbitos de desarrollo y asuntos humanitarios (COM (2001) 231- C5-0396/2001- 2001/2154 (CNS) ). 
Señor Presidente, seguramente no somos muchos, pero, ¡estoy seguro de que somos buenos! 
Señor Comisario Poul Nielson, considero que hay entre nosotros un profundo consenso en torno a la idea de la necesidad de forjar una asociación eficaz entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, en las esferas de la acción humanitaria y del desarrollo, desde luego. 
Eso mismo quedó patente en el debate y en la votación que celebramos en la Comisión de Desarrollo y Cooperación y espero que ahora suceda lo mismo. 
Y algo diferente sería incomprensible, si tenemos en cuenta los objetivos universalmente proclamados en esas esferas, en particular los imperativos y los objetivos de la Declaración del Milenio y, simultáneamente, la notoria falta de coordinación para materializarlos y la evidente escasez de recursos que ha habido hasta el momento. 
Pero es una pena que la Comisión no haya optado desde ahora mismo por un planteamiento completo e integrado de esa asociación y haya dejado para un momento posterior las cuestiones de seguridad, mantenimiento de la paz, prevención de los conflictos y gestión de las crisis, tanto más cuanto que es conocida la vinculación de esos aspectos con los que motivan la presente comunicación. 
Aun así y en general, me parece positivo su sentido, en particular cuando se toman las Naciones Unidas como referencia y pilar fundamentales para la consecución de los objetivos y las políticas comunitarias en dichas esferas. 
Entretanto, conviene subrayar la necesidad de superar contradicciones que hoy se dan y que resultan bien patentes, por un lado, por el relevante papel que desempeñan los Estados miembros en las Naciones Unidas y sobre todo en materia de contribuciones financieras a las diversas acciones y a su presupuesto o incluso la importante contribución de los mismos Estados miembros y de la Unión Europea a los diferentes fondos de las Naciones Unidas y, por otro, el nivel, evidentemente reducido, de influencia política que ambos ejercen, en particular en los organismos especializados. 
Es necesario modificar esa situación, para lo que hace falta una mayor articulación subyacente entre los propios Estados miembros y una mayor participación de éstos y de la Unión Europea en las diversas fases de los programas de las Naciones Unidas. 
Y, por encima de todo, una mayor capacidad de participación en la formulación de estrategias de desarrollo y en la programación y materialización de las acciones por realizar en esa esfera, lo que permitirá, por lo demás, lograr una mayor coherencia y optimación de sus repercusiones. 
La comunicación de la Comisión con vistas a alcanzar los objetivos proclamados de esa asociación subraya la necesidad de un marco administrativo mediante la conclusión rápida y positiva de las negociaciones en curso sobre la llamada "cláusula de verificación", que permitirá garantizar una información suficiente sobre la utilización de los fondos comunitarios disponibles, o mediante la renegociación del acuerdo-marco entre la Comunidad y las Naciones Unidas de 1999 a fin de garantizar un planteamiento más centrado en las operaciones de cofinanciación, en la presupuestación basada en los resultados y en la financiación en origen de los programas. 
Compartimos esas preocupaciones y esas posiciones, pero subrayamos también que se debe promover la consecución de una asociación eficaz, así como la compatibilización de las estructuras y los procedimientos, en tres niveles: con el fortalecimiento del diálogo político estratégico con vistas a la formulación de las políticas y los programas, con el fortalecimiento de la cooperación, en el terreno, en el nivel de los países en vías de desarrollo a fin de garantizar la complementaridad y la coherencia en el nivel operativo y con la creación de un marco financiero estable, con normas y principios coherentes entre las dos instituciones, así como el relativo al acuerdo-marco, naturalmente. 
Entretanto, y tal como se dice en el planteamiento de la Comisión, es indispensable que el primer paso de esa cooperación consista en una selección de los socios más adecuados en el marco del sistema de las Naciones Unidas. 
Como también es indispensable que en el nivel comunitario se dé una rápida conclusión a los procesos de descentralización y concentración de la gestión y la adopción de decisiones y se garantice la participación democrática de los movimientos sociales y, en general, de la llamada sociedad civil. 
Sin ordenar nuestra propia casa, ¡poco podemos avanzar! 
Por eso, la decidida materialización de la reforma en curso es esencial también en esa esfera. 
Por último, quisiera afirmar nuestro compromiso con esta asociación; el deseo de seguir su proceso de materialización nos mueve a solicitar a la Comisión una información adecuada y puntual sobre su desarrollo y proponerle que en su informe anual sobre la política de cooperación incluya una información concreta sobre ese desarrollo del proceso. 
Señor Presidente, mi Grupo parlamentario va a votar favorablemente el informe del señor Miranda sobre la construcción de una asociación efectiva de la Unión Europea con las Naciones Unidas en las políticas de desarrollo y ayuda humanitaria. 
Yo, personalmente, quiero felicitar al ponente y agradecer la incorporación de todas las enmiendas que mi Grupo presentó al proyecto original. 
El ponente defiende en su informe la necesidad de una participación más efectiva de la Unión en la coordinación de sus iniciativas con las Naciones Unidas, no sólo en el ámbito político y de toma de decisiones, sino también en el ámbito operativo y de gestión de proyectos y de actividades concretas. 
En una de nuestras enmiendas, incorporadas al texto, pedimos que esta intervención operativa se produzca desde el comienzo mismo de la selección de proyectos que se van a realizar, de manera que la orientación general de la ayuda coincida, en la medida de nuestras potencialidades, con los objetivos propios de la Unión Europea en la ayuda al desarrollo. 
Y esto debe producirse aún más habida cuenta de que la aportación económica y financiera de la Unión es cuantitativamente tan importante y de que su aportación en medios materiales y humanos es cualitativamente no menos relevante. 
Esta coordinación debe pasar, necesariamente, por el refuerzo del diálogo político institucional de carácter multilateral y por una mayor cooperación que perfeccione los criterios de adicionalidad y complementariedad de las ayudas al desarrollo, tanto con carácter bilateral como multilateral. 
Eso no sería posible sin el establecimiento de un marco financiero estable para las relaciones de la Unión Europea con las Naciones Unidas. 
En este sentido, quiero destacar los logros de la reciente Cumbre de Monterrey, a la que hizo referencia en esta Cámara el Presidente Fox. 
Es verdad que en algunos aspectos los resultados de Monterrey pueden ser calificados de insuficientes, pero no es menos cierto que se dieron pasos positivos hacia adelante, especialmente, por parte europea, al lograr compromisos concretos en la cuantificación de las ayudas y en un calendario. 
Debo decir, no obstante, que estamos lejos de ese 0,7 % al que nos hemos comprometido y al que no podemos renunciar. 
Con los recursos disponibles no será posible alcanzar el objetivo de erradicación de la pobreza en el mundo para 2015 con el que estamos comprometidos y eso es inaceptable. 
Termino diciendo, señor Presidente, que algunas de las enmiendas presentadas por mi Grupo buscan los objetivos de una mayor eficacia de la ayuda, una gestión más ágil de los procedimientos y una mayor transparencia en la utilización de los recursos, tal como defendió la presidencia española del Consejo cuando compareció en la Comisión de Desarrollo de esta Cámara y durante la intervención del Presidente Aznar en la Cumbre de Monterrey. 
Señor Presidente, Comisario, colegas, si bien reconocemos la necesidad de avanzar en la consolidación de la asociación de la Unión Europea con las Naciones Unidas, debemos recordar una serie de principios generales que deben orientar nuestra política respecto de la ONU y poner de manifiesto las insuficiencias que, por el momento, apreciamos en su concreción. 
Lo primero que se comprueba y se denuncia en el informe es el desfase injustificable que existe entre la cuantiosa aportación económica de la Unión Europea y de sus Estados miembros a las actuaciones de la ONU y la escasa influencia política que, sin embargo, ejerce la Unión en la definición y en la realización de dichas actuaciones. 
Así, las contribuciones de los Estados miembros de la Unión Europea suponen el 37 % del presupuesto de la ONU y más del 40 % del gasto que ésta dedica a operaciones del mantenimiento de la paz, pero, sumando además las aportaciones directas de la Unión, nuestras contribuciones superan el 50 % de los recursos para los diversos fondos y programas de la ONU dedicados al desarrollo y a la ayuda humanitaria y alimentaria. 
En contraposición a eso, destaca un estatuto de la Unión que, en comparación con el de las Naciones Unidas, resulta insignificante, una influencia política de muy bajo nivel y una visibilidad de nuestra actuación realmente mínima. 
En suma, seguimos, aquí también, en una inaceptable línea de paying but not playing. 
La comunicación de la Comisión nos deja intuir un cierto cambio hacia estrategias y objetivos más ambiciosos y más acordes con lo que Europa debería representar en el escenario internacional y el Parlamento abunda, en términos acaso todavía más firmes, en la dirección defendida por la Comisión. 
Así, reafirmaremos nuestra convicción en la necesidad de un orden internacional multipolar, en el que impere el Estado de Derecho y para el que las Naciones Unidas, unas Naciones Unidas con mayores competencias, con mayor credibilidad y, también, con mayores recursos, constituyen algo sencillamente imprescindible. 
Con este informe estamos, además, planteando la urgente necesidad de concretar la personalidad jurídica de la Unión Europea para así poder cooperar eficazmente con las Naciones Unidas y sus diferentes agencias. 
Por último, la Resolución establece objetivos, como el de cumplir los compromisos comprometidos de la Declaración del Milenio, en este terreno en el que la Unión Europea ha de ser una palanca coherente y poderosa para potenciar el papel de la ONU como agente de paz y garantía de solidaridad, de cohesión social internacional, de justicia y de progreso para la humanidad. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a nuestro colega, el Sr. Miranda, cuyo informe aspira a consolidar de forma importante la comprensión mutua entre la UE y la ONU y a llegar a acuerdos sobre las fórmulas que permitan un mayor rendimiento de los recursos utilizados. 
Esto debería ser algo fácil en principio, dado que la ONU y la UE son aliados naturales. 
Ambas tienen los mismos objetivos y prioridades, como ya pudimos comprobar con ocasión de la Declaración del Milenio en el otoño de 2000. 
El informe recuerda con toda razón que cuando se trata de trabajar en partenariado y, sobre todo, en el marco de la consecución de los objetivos, sólo se consigue avanzar de forma importante tras la realización de análisis muy exhaustivos. 
Sin embargo, no basta con evaluar los resultados ya obtenidos gracias a la asociación, si bien ello no deja de tener una importancia fundamental. 
Habría que analizar también los valores inalienables inherentes a la democracia y a una concepción bien definida del ser humano que son indispensables desde el punto de vista del desarrollo. 
De hecho, nosotros somos demasiado poco conscientes de los valores que también sirvieron de base al propio desarrollo de la UE hasta convertirse en un agente político y comercial de primera línea a escala mundial tras la gran devastación causada por las guerras en Europa. 
Actualmente, la UE es un interlocutor muy influyente en los foros políticos. 
Sin embargo, existe un terreno en el que la ONU es un aliado irreemplazable: el prestigio de la ONU es muy sólido en amplias capas de la sociedad alrededor del mundo, mientras que la UE no alcanza semejante popularidad ni siquiera en todos sus Estados miembros. 
Si se me permite usar una expresión comercial, la ONU tiene el distintivo de marca prestigiosa. 
Lógicamente, la UE debe mostrar especial interés, como importante patrocinadora que es, por el prestigio de la marca ONU. 
La popularidad y confianza de que goza la ONU en amplias capas de la sociedad es un recurso imposible de comprar o medir en dinero. 
La UE y sus Estados miembros destinan importantes recursos a la colaboración para el desarrollo. 
Aunque los fondos utilizados son sustanciales, no dejan de ser muy escasos en relación con los problemas existentes. 
Por ello, cualquier intento de racionalización debe ser bien acogido. 
Una medida para hacer rendir mejor estos recursos sería, sin lugar a dudas, la existencia de una representación común en la ONU y en sus agencias específicas. 
A partir del año 2004, una vez que el número de Estados miembros de la UE sea mucho mayor, esta necesidad será aún más imperante. 
Y en cuanto a la cuantía de nuestra ayuda- el 0,7 por ciento del producto Interior Bruto -, hay que seguir considerando este porcentaje como un objetivo humanitario; menos no nos sirve. 
Hoy por la tarde tendríamos mucho tiempo. 
Hasta ahora los oradores no están consumiendo, en absoluto, su turno de palabra. 
En otras ocasiones sucede siempre lo contrario, pero hoy, señoras y señores, son ustedes casi demasiado breves. 
Pero son realmente correctos. 
Señor Presidente, en la tradición parlamentaria de la que provengo, no nos vemos limitados por la asignación de minutos, a menudo se nos pedía, sin previo aviso, que acudiéramos a toda prisa a la Cámara para hablar durante una hora o así sobre todo tipo de asuntos insignificantes. 
Aquí la situación es diferente. 
Me alegra poder participar en este tema porque a pesar de que no soy miembro de la comisión pertinente, es un asunto sobre el que he meditado. 
Esta mañana, cuando debatíamos sobre el informe Lamassoure sobre las competencias de la Unión Europea y la definición de las competencias, pensé que convendría volver a examinar, de vez en cuando, las distintas competencias de la Unión. 
Quizá nos hayamos asignado demasiadas competencias con el paso de los años y hayamos asumido demasiadas responsabilidades en ámbitos en los que no era en absoluto provechoso y que, incluso, podría resultar irritante para los ciudadanos de la Unión. 
No obstante, he pensado a menudo que la cooperación al desarrollo es uno de los ámbitos en los que podríamos mejorar nuestra cooperación. 
Debería haber dicho que quiero felicitar al Sr. Miranda por su informe. 
Su exposición de motivos detalla exactamente lo que estamos haciendo y, en su propuesta de resolución, elabora una estrategia para una política de cooperación más efectiva entre las Naciones Unidas y nosotros. 
Hay algo que debemos alcanzar antes para que esa cooperación sea realmente más efectiva. 
En toda la Unión Europea destinamos en torno al 0,3 % de nuestros recursos a la cooperación al desarrollo. 
Como ha señalado el orador anterior, el porcentaje ideal es el 0,7 % aproximadamente. 
Creo que sólo Suecia y Dinamarca superan esta cifra, y el promedio de los Estados miembros es de en torno al 0,3 %, o sea que nos acercamos a la mitad del objetivo ideal. 
En el presupuesto comunitario hemos producido una cifra cercana a los 4.600 millones de euros en el proyecto de presupuesto de este año. 
Parece una suma muy pequeña, pero la experiencia nos dice que somos incapaces de utilizar los fondos que proporcionamos por numerosas razones. 
No obstante, si hay un objetivo que deberíamos fijarnos en este ámbito, es el de hacer uso de nuestra fuerza económica comercial y de nuestros recursos económicos para mejorar el Tercer Mundo. 
Si analizamos el tema que aquí nos ocupa, los problemas que tenemos en la Unión hoy en día, el auge de la Derecha o lo que quiera que sea, el lento crecimiento económico, el desempleo que existe en algunas partes de la Unión Europea, descubrimos que no son problemas graves en absoluto. 
Y no deberíamos dudar en decir a nuestra población que vive actualmente en Europa Occidental que su vida es mejor que la de cualquier generación anterior en cualquier país. 
¿Cuál es, entonces, nuestra responsabilidad? 
Nuestra mayor responsabilidad como Unión Europea- como dijo el presidente de mi partido, Sr. Bruton, cuando se dirigió a este Parlamento como Presidente en ejercicio del Consejo- es hacer extensiva nuestra buena fortuna a las personas menos afortunadas del mundo. 
Si pudiéramos desarrollar una política única, si pudiéramos aunar nuestros recursos y si pudiéramos alcanzar ese objetivo del 0,7 %, dispondríamos de una suma cercana a los 70.000 millones de euros para repartir por todo el mundo. 
Con la repartición de esos fondos, podríamos ofrecer a los niños de numerosos países del Tercer Mundo algo parecido a la esperanza que proporcionamos a nuestros propios hijos, algo parecido a su esperanza de vida y sus oportunidades de enseñanza. 
Podríamos revolucionar el mundo. 
No deberíamos olvidar eso. 
Hace unos días estuve examinando algunas cifras. 
Hace ciento veinte años, la población mundial era de 1.600 millones. 
Europa constituía la cuarta parte de todo el mundo. 
Hoy somos 6.500 millones en el mundo y Europa representa apenas el 9% del total. 
Nos estamos convirtiendo en un componente del mundo cada vez más pequeño. Existe el riesgo de que lleguemos a ser irrelevantes. 
Si hay algo que deberíamos hacer mientras aún tenemos poder e influencia en el mundo, mientras seguimos teniendo riquezas que sobrepasan los sueños de la amplia mayoría de las personas que habitan este planeta; si hay un objetivo que podríamos fijarnos y sería un logro histórico para una Europa unida, ése es ayudar a las personas menos afortunadas del mundo. 
Mientras cada Estado de esta Unión insista en seguir su propio camino y diseñar sus propias políticas de ayuda exterior, no tendremos la influencia política ni las repercusiones materiales sobre el bienestar de la población a la que concedemos ayuda. 
Aunar nuestros recursos es la propuesta ideal de esta Asamblea. 
No tenemos necesariamente que administrarla toda desde Bruselas. Podemos aprovechar la especialización de varias naciones en distintas regiones del mundo. 
Podemos compartir la responsabilidad entre los distintos Estados miembros, pero necesitamos una política coordinada. 
No debemos competir entre nosotros y no debemos depender de los Estados Unidos- ni de ningún otro país que realiza un esfuerzo mucho menor que el nuestro- para diseñar las políticas a las que contribuiremos. 
Señor Presidente, éste es un tema sobre el que podríamos debatir de manera fructífera durante mucho más tiempo. 
Quisiera expresarle mi agradecimiento por brindarme la oportunidad de al menos expandir mis pensamientos un poco más lejos de lo que jamás se me había permitido hacer anteriormente en esta Asamblea. 
Señor Presidente, si hubiéramos sabido que esta tarde el tiempo de intervención no tenía límites, todos habríamos aprovechado la oportunidad no sólo para hablar durante más tiempo, sino también para expresarnos de una manera más detallada y precisa, como el tema merece. 
En mi Grupo estamos en contra de las desigualdades entre el Norte y el Sur. 
También estamos en contra de las desigualdades entre el tiempo de uso de la palabra de que dispone un Grupo u orador y el tiempo que se les asigna a otros. 
Insto a la Presidencia, de cara al futuro, a que consulte a los grupos si surge otra ocasión caída del cielo como ésta, de manera que todos tengamos la oportunidad de beneficiarnos de la generosidad de la Presidencia. 
. 
(EN) Señor Presidente, comenzaré abordando algunas de las cuestiones que se han planteado esta tarde. 
En primer lugar, el deseo del Sr. Miranda de que se mantenga bien informado al Parlamento sobre el progreso de nuestras relaciones con la familia de las Naciones Unidas y que dicho progreso se incluya en nuestro informe anual. 
Estoy completamente de acuerdo. Le agradezco al Sr. Miranda que haya hecho referencia al informe anual, porque su elaboración supone un gran esfuerzo, y por eso me conmueve que alguien lo mencione. 
También puede ser de utilidad ocasionalmente en los debates directos en las comisiones parlamentarias. 
La Sra. García-Orcoyen Tormo quiere que se haga más hincapié en la parte operativa, incluso a nivel de selección de proyectos con las organizaciones de la ONU. 
Básicamente, el modo en que preferimos trabajar con otros es en la selección de los proyectos o en la formulación de los programas sectoriales, algo arraigado en la política del gobierno anfitrión. 
La consecuencia será que otros donantes y nosotros proporcionaremos una especie de financiación conjunta que permita a un gobierno llevar a cabo su política de educación, su política sanitaria o cualquier otra, en vez de que sean los donantes los que eligen de común acuerdo un proyecto. 
Debe ser flexible para que se adapte a todo tipo de circunstancias, pero básicamente, este modo más problemático de planificar las cosas es también lo que estamos debatiendo con la familia de las Naciones Unidas. 
Actualmente tenemos el grave problema de que las restricciones del Reglamento Financiero respecto a la utilización que hacemos de los fondos obligan a la Comisión a financiar determinados proyectos sólo de uno en uno, a través de organizaciones de la ONU. 
Esto nos convierte en un socio poco adecuado y, en ocasiones, incluso no deseado debido a nuestra incapacidad de predicción y nuestra falta de perspectiva a más largo plazo. 
Además, en virtud de las normativas y reglamentos en vigor, estamos obligados a insistir en la presentación de informes, contabilidad y auditoría de la financiación por parte de una entidad de las Naciones Unidas conforme a nuestras propias reglas. 
No estamos autorizados a aceptar su modo de notificación, a diferencia de nuestros Estados miembros. 
Ésta es la parte central de las modificaciones que presentamos hace casi dos años a los Estados miembros. 
Volveré sobre este asunto. 
Señor McCartin, es absolutamente cierto que seguimos teniendo un problema en cuanto al índice de ejecución. 
No obstante, a final de 1999, cuando la Comisión asumió el cargo, eran necesarios 4,6 años para utilizar los compromisos al ritmo de utilización de entonces. 
El año siguiente, se redujo a 4,1 años, y a final de 2001, la cifra era de 3,6 años. Lo que quiere decir que estamos reduciendo la montaña de compromisos no utilizados. 
Aún no hemos terminado, pero las cosas avanzan. 
Sobre la cuestión del desarrollo de una política única, tenemos una declaración sobre la política general de cooperación al desarrollo. Los Estados miembros la aprobaron por unanimidad en noviembre de 2000 y también el Parlamento ha dado su respaldo unánime a esta política. 
Estamos contentos de que haya sido así. La principal consecuencia de esta política es que nos centraremos más claramente en la reducción o erradicación de la pobreza como principio básico para todo lo que hagamos. 
Nunca antes habíamos tenido nada parecido. 
Abarca nuestras actividades globales, o sea que contamos con una orientación sobre lo que los Estados miembros deberían hacer. 
No obstante, la práctica puede ser diferente. 
Permítanme que aplauda el positivo y constructivo informe del Sr. Miranda. 
Saludamos el apoyo del Parlamento al enfoque de la Comisión de construir una asociación más efectiva con las Naciones Unidas. 
Me ha gustado el tono positivo de todas las intervenciones de esta tarde. Esto no siempre ha sido así. 
Es señal de madurez y de sana confianza en nosotros mismos en Europa que ahora nos permite enfocar este asunto de una manera más activa. 
Las Naciones Unidas, como consecuencia de su mandato mundial, su legitimidad singular y su fuerza operativa en una serie de ámbitos, proporcionan un marco irreemplazable para buscar soluciones a los retos mundiales a que se enfrenta la comunidad internacional. 
Intensificar el diálogo y la cooperación para construir una asociación estratégica entre la Comunidad y las Naciones Unidas mejorará la eficacia y la eficiencia de la cooperación al desarrollo y de la ayuda humanitaria, reforzando así la contribución de la Comunidad a la reducción de la pobreza y a la seguridad humana. 
No obstante, existe un límite de hasta dónde podemos llegar. 
Al fin y al cabo se llaman Naciones Unidas- y no "Comisiones Unidas". 
Nuestros Estados miembros son los auténticos titulares de las Naciones Unidas como organización. 
Pero existe un enorme margen para mejorar y un gran interés por ambas partes de avanzar en esa dirección. 
Una presencia más activa y visible de la Comisión en las Naciones Unidas repercutirá además positivamente en la mejora de la capacidad de la Unión Europea de actuar como tal y de hablar con una sola voz sobre asuntos mundiales. 
Es un aspecto muy importante y también muy real. 
Lo pudimos comprobar en Monterrey, y la Comisión tiene intención de seguir por estas mismas líneas. 
Aspiramos a obtener resultados concretos a nivel de toma de decisiones políticas y a nivel operativo. 
A nivel de toma de decisiones políticas, reforzaremos la participación de la Comunidad en el diálogo previo sobre las políticas con los diferentes integrantes del sistema de las Naciones Unidas. 
A nivel operativo, trabajaremos por una asociación estratégica con agencias, fondos y programas seleccionados de las Naciones Unidas que sea transparente, financieramente creíble, predecible y más fácil de supervisar. 
La continuación de la Comunicación que hoy nos ocupa ya está muy avanzada. 
Hemos celebrado reuniones bilaterales con varias agencias de la ONU: los fondos y programas y los diálogos de programación estratégica establecidos por ECHO son algunos ejemplos. 
En el caso de los documentos sobre estrategia por país, ahora es obligatorio consultar a los organismos de las Naciones Unidas presentes en el país en cuestión. 
Es aquí donde interviene el tipo de cooperación que mencioné en mi respuesta a la Sra. García-Orcoyen Tormo. 
Estamos estudiando con la Secretaría de las Naciones Unidas cuáles deben ser los siguientes pasos. 
En noviembre de 2001 se lanzó un amplio ejercicio de exploración sobre mandatos y aptitudes de posibles socios de las Naciones Unidas para determinar cómo encajan sus aptitudes fundamentales con nuestras prioridades. 
Los primeros resultados de este estudio estarán disponibles antes de junio. 
Una asociación más efectiva con las Naciones Unidas exige un entorno jurídico y financiero adecuado que la haga posible: 
Estamos negociando la revisión del Acuerdo Marco CE-NU de 1999, con vistas a que todo esto quede concluido antes de final de año. 
No obstante, la modificación necesaria del Reglamento Financiero de la Comunidad están aún, como he dicho antes, en fase de negociación en el Consejo. 
Será necesario completar este trabajo para comprender las intenciones de la Comunicación. 
Es un verdadero cuello de botella. 
La respuesta de las Naciones Unidas, denominada "A Vision of Partnership" (Visión de la asociación) , respalda buena parte de la Comunicación y propone llegar incluso más lejos. 
La Comisión está redactando otra comunicación que tratará sobre la relación UE-NU a un nivel más amplio, como sugiere la resolución del Parlamento. 
En la preparación de esta comunicación, tendremos en cuenta las observaciones que el Parlamento ha hecho en el transcurso del presente debate. 
Esperamos con interés poder trabajar codo con codo con el Parlamento en el reforzamiento de nuestra influencia en el mundo a través de este proceso. 
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(EN) Los principales problemas del Reglamento Financiero en vigor son las limitaciones que impone sobre la utilización que podemos hacer de los fondos. 
Hemos pedido que se modifique esta cláusula cuando trabajemos con la familia de las Naciones Unidas y la Cruz Roja, pero no con otros. 
No queremos entrar en la financiación básica porque no somos una nación. 
Pero estamos a favor de una financiación plurianual basada en programas- digamos de hasta tres años- y de que la contabilidad y la auditoría se hagan igual que en los Estados miembros cuando éstos canalizan su ayuda a través de las Naciones Unidas o la Cruz Roja. 
Esto les permitirá hacer un mejor uso de nosotros. 
A veces no se nos invita a participar en un consorcio debido a este problema, y terminamos haciendo cosas menos interesantes. 
Es un problema real. 
Además, tendría más sentido por razones de eficacia, por no hablar de la influencia. 
Existen otros problemas, incluido el gran número de líneas presupuestarias e instrumentos que tenemos, en los que existe una clara línea divisoria entre los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo y los recursos presupuestarios, que no se pueden mezclar. 
Esto ha creado enormes problemas en nuestra toma de decisiones y de notificación al Parlamento. 
Por ejemplo, cuando financiamos la red de investigación agrícola, que funciona a nivel mundial, debemos buscar parte de los fondos en el FED y parte en el presupuesto. Esto resulta, desde el punto de vista jurídico y técnico, increíblemente difícil. 
Esto mismo es válido en el caso de nuestra contribución al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis. 
Nuestros colegas no comprenden por qué resulta tan difícil trabajar con nosotros. 
Por este motivo hemos pedido a los Estados miembros que autoricen las modificaciones en mi ámbito de trabajo. 
No sé por qué el avance con los Estados miembros es tan lento. 
Las negociaciones avanzan más lentamente de lo que jamás hubiera podido imaginar, y no me alegra la perspectiva de celebrar el segundo aniversario en julio. 
Sé que el Parlamento apoya a la Comisión en esta cuestión, y debemos intentar solucionarlo con los Estados miembros. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Morillon, Bowis, Posselt y Gemelli, en nombre del Grupo PPE-DE, Andrews, en nombre del Grupo UEN sobre la situación en Madagascar (B5-0289/2002); 
Sylla y Sjöstedt, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Madagascar (B5-0290/2002); 
Rod, Maes e Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en Madagascar (B5-0301/2002); 
Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación política en Madagascar (B5-0302/2002); 
Fruteau, Kinnock, Carlotti, Van den Berg y Scarbonchi, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Madagascar (B5-0305/2002); 
La situación de Madagascar se degrada continuamente, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones internacionales y de los sucesivos compromisos de los dos protagonistas. 
Hoy, la partición del país se ha hecho efectiva, y la capital se encuentra al borde del colapso, con todo lo que esto conlleva para la población. 
Esta situación me recuerda a la de hace una década, cuando me enfrentaba a los inicios de la tragedia que, durante cuatro años, iba a convertir en un infierno la vida de los habitantes de Bosnia-Herzegovina: la construcción de barricadas por todas partes para delimitar los territorios, la división paulatina del país en zonas dónde los señores de la guerra imponían su ley. 
Este es el engranaje infernal que se está preparando actualmente en la isla. 
Por ello, quiero lanzar desde esta tribuna un llamamiento a los Sres. Ratsiraka y Ravalomanana con el fin de que hagan, cada uno por su lado, las concesiones necesarias para evitar lo peor, ahora que quizás no sea todavía demasiado tarde. 
La Comunidad Europea no puede dejar de secundar los esfuerzos realizados por la Organización para la Unidad Africana y, en su seno, por el Presidente Wade. 
Por tanto, la resolución que se someterá más tarde a votación en nuestro Parlamento invita a las dos partes a aplicar íntegramente el acuerdo firmado el 18 de abril en Dakar, que, por desgracia, todavía no ha sido respetado a fecha de hoy. 
En esta línea, le pide a la Comisión y al Consejo que desempeñen el papel más activo posible para facilitar la reanudación de las negociaciones, recurriendo, si fuera necesario, al envío in situ de emisarios que actúen como mediadores y como impulsores del proceso. 
Señor Presidente, como acaba de recordar el Sr. Morillon, Madagascar está viviendo una situación económica y política extremadamente compleja. 
Sus rasgos principales son una gran pobreza y unas tensiones étnicas y de clanes, a lo que hay que añadir la corrupción a todos los niveles en las regiones sometidas a veleidades autonomistas y separatistas. 
La situación política derivada de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Madagascar ha contribuido al deterioro de la cohesión social del país, y hoy corre el peligro de confinarlo a un aislamiento total, al igual que ha ocurrido con su capital. 
Problemas internos de extrema gravedad, que han tenido consecuencias dramáticas desde el punto de vista humano, así como un importante deterioro económico, han impedido que la población de Madagascar tenga una verdadera posibilidad de elegir a su Presidente. 
Señor Presidente, mis queridos colegas, creo que en la resolución que le proponemos hoy a nuestra Asamblea hay que subrayar especialmente tres puntos. 
El primero de ellos es el apoyo político a todos los esfuerzos de la OUA. 
Considero que la solución al conflicto pasa por respaldar todas las iniciativas que tome la Organización para la Unidad Africana para invitar a los protagonistas a llegar a un arreglo pacífico del conflicto. 
Tal y como lo indicamos en nuestra propuesta, hay que añadir que este arreglo sólo podrá alcanzarse a condición de que ningún otro Estado reconozca unilateralmente una legitimidad a cualquiera de los protagonistas del conflicto. 
Conocemos las consecuencias que esto ha tenido en otras regiones del mundo. 
Por tanto, está claro que a la Unión Europea no le corresponde mediar entre corrupción y nepotismo de uno y auto-proclamación bastante inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional del otro. 
A cambio, tenemos sin duda alguna el deber de expresar nuestro apoyo incondicional y sin fisuras a las disposiciones adoptadas con ocasión de los Acuerdos de Dakar del 18 de abril de 2002, encaminadas a instaurar un gobierno de reconciliación, y que ante todo contemplan una nueva consulta a los ciudadanos del país, esta vez de forma ineludible. 
No creo que sea necesario recordar que el retorno a una normalización del juego democrático pasa, evidentemente, por el cese de la violencia y de la violación de los derechos humanos bajo cualquiera de sus formas. 
El segundo punto que hay que resaltar es que debemos garantizar una ayuda humanitaria de emergencia para paliar la dramática situación que, desde hace algunos meses, está viviendo la población. 
Finalmente, tercer punto que quiero poner de relieve: tenemos también el deber y la responsabilidad de fomentar, por todos los medios de carácter financiero y político que sean necesarios, la reactivación de las actividades económicas y sociales. 
Son, sin ningún género de dudas, las únicas que garantizan el desarrollo del país, además de aportar una respuesta a las necesidades reales de sus habitantes. 
En consecuencia, no debemos suspender nuestros programas de asistencia y de cooperación. 
Creo, señor Presidente, mis queridos colegas, que esta es la manera de que la Unión Europea cumpla plenamente con su papel. 
Señor Presidente, existe en Alemania una canción de marineros que comienza con estas palabras: ' Estabamos frente a Madagascar y teníamos la peste a bordo?. 
Si se contempla la actual situación en Madagascar, se tiene la impresión de que toda la isla tiene la peste a bordo. 
No sólo la situación humanitaria y económica es, al menos, tan catastrófica como se describe en la presente propuesta de resolución, sino también este país se encuentra al borde de la excisión y en medio de una sangrienta guerra civil y de poder. 
Por esta razón es tanto peor que en estos días se haya sumado a esto una catástrofe de inundaciones. 
Desde ayer hay fuertes inundaciones en Madagascar y se tiene la impresión de que este país está siendo azotado simultáneamente por todas las plagas. 
Por todo ello tenemos una obligación humanitaria urgente frente a Madagascar, un antiguo reino con una gran historia, con una enorme diversidad de culturas y con una belleza natural única en todo el mundo. 
Creo que, en primer lugar, debemos prestar una ayuda urgente humanitaria a las víctimas de las inundaciones y, en segundo lugar, hemos de actuar sin demora para hacer algo contra la crisis de aprovisionamiento de medicamentos. 
En tercer lugar, tenemos el deber de prestar una ayuda de reconstrucción económica ante la masiva quiebra de empresas y, por último, señor Presidente, tenemos la obligación de intermediar en esta guerra civil y de apoyar, sobre todo, los esfuerzos africanistas del Presidente de Senegal. 
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(EN) La Comisión comparte la inquietud del Parlamento por la situación en Madagascar. 
Deplora las trágicas consecuencias que la actual crisis está teniendo sobre la población y está alarmada porque el conflicto político pueda degenerar en un conflicto étnico. 
La Comisión vigila de cerca los acontecimientos en Madagascar. 
Respalda y acoge favorablemente los esfuerzos de mediación del Presidente Wade de la Organización para la Unidad Africana y de las Naciones Unidas en un intento de fomentar el diálogo democrático entre las partes con vistas a alcanzar una solución pacífica, global y duradera de la crisis. 
Acorde con este objetivo, la Unión saluda el acuerdo suscrito por los dos dirigentes en Dakar el 18 de abril, encaminado a la reconciliación nacional. 
La Comisión deplora que la confrontación continúe, a pesar del Acuerdo de Dakar. 
La Comisión está convencida de la importancia de un diálogo integral entre ambos dirigentes. 
Considera que sólo un acuerdo entre las partes, y la reconciliación nacional, permitirá solucionar la actual crisis y preservar la integridad y la unidad del país. 
La Comisión está convencida de que el Acuerdo de Dakar sigue siendo el marco idóneo para el diálogo democrático y para llegar a una solución. 
Acogemos con satisfacción los renovados esfuerzos del Presidente Wade y de la OUA de cara a organizar una nueva reunión entre ambos dirigentes con el fin de alentar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Dakar. 
La Unión está dispuesta a ofrecer ayuda política y técnica con vistas a restablecer la paz y los principios democráticos y a encontrar una solución política a la crisis. 
Asimismo, la aplicación del importante programa de cooperación comunitario contribuirá a resolver la crisis económica por la que atraviesa el país. 
La Comisión ya ha previsto el restablecimiento de la libre circulación de mercancías fundamentales y de personas a través de la rehabilitación de carreteras y puentes. 
Por otra parte, la Comisión ha adoptado medidas, junto con algunos Estados miembros, encaminadas a proporcionar alimentos y medicinas y a establecer una red de seguridad alimentaria. 
Asimismo, la Comisión está estudiando el "Programa de ayuda presupuestaria urgente" sobre la base de un análisis del Banco Mundial de la situación actual y en cooperación con éste y con algunos Estados miembros. 
Además, el 9º FED prevé destinar 327 millones de euros a la cooperación con Madagascar, que es un recurso importante como base para atender a las necesidades prioritarias en el futuro. 
En estos momentos, la organización de relaciones o la celebración de un referéndum no se consideran oportunas. 
Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí de que debemos cuidarnos de no ser parciales. 
Sólo una solución política y la reconciliación nacional pueden restablecer la paz social y permitir la reanudación de la actividad económica. 
Mi análisis puede parecer poco firme o activo, pero puede resumirse como sigue: con independencia de las consideraciones sobre la cuestión de un referéndum o la decisión del Alto Tribunal Constitucional, los esfuerzos deben centrarse en la conciliación. 
Es un mensaje lleno de significado en el que en estos momentos debemos hacer hincapié. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Maij-Weggen, Bowis, Posselt y Sacrédeus, en nombre del Grupo PPE-DE, Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre las Molucas (Indonesia) (B5-0288/2002); 
Di Lello Finuoli y Eriksson, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en las Molucas y en Aceh (Indonesia) (B5-0296/2002); 
Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en las Molucas y en Aceh (Indonesia) (B5-0297/2002); 
Menéndez del Valle y Van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en las Molucas (Indonesia) (B5-0306/2002); 
Wuori y McKenna, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Indonesia (B5-0307/2002); 
Señor Presidente, Indonesia es un inmenso país, tanto en términos de población como de extensión. 
Además es una nación con gran diversidad étnica, religiosa y regional, y cualquier gobierno indonesio merece nuestra simpatía y buena voluntad por sus esfuerzos por mantener unidas a estas regiones, religiones y culturas tan dispares. 
Para conseguirlo, como sugiere nuestra propuesta de resolución, debe enfrentarse a las causas de desunión y neutralizar a los malintencionados. 
Hace poco visité Timor Oriental como observador jefe de la UE. 
Vi con mis propios ojos las consecuencias de la profunda depravación a la que puede llegar una situación descontrolada en esa parte del mundo a causa del terror, la destrucción y el asesinato de las milicias, ante los ojos de los militares. 
Espero que Indonesia dé ahora ejemplo y extienda la mano de amistad a la nueva nación de Timor Loro Sae, cuando proclame su independencia el 20 de mayo, y también espero que haya aprendido de Timor cómo debe tratar a otras zonas del país, en particular, las Molucas, Papúa, Sulawesi y Aceh. 
Laskar Jihad representa una amenaza en las tres primeras de dichas regiones. 
El sitio web de Laskar Jihad solía jactarse de sus conexiones con los grupos terroristas de Bin Laden. 
Sabemos que han muerto 5.000 molucos. 
Otros 12 cristianos murieron recientemente, el mismo día en que Thalib, el dirigente de Laskar Jihad, lanzó su renovada yihad. 
El 4 de mayo nos enteramos de su detención. Por esa fecha se cumplía un año justo de su anterior detención- y ¿qué ocurrió entonces? 
No hubo juicio ni sentencia. Fue puesto en libertad discretamente cuando el mundo dejó de mirar en aquella dirección. 
Señor Comisario, debemos asegurarnos de que el mundo no desvía su mirada en esta ocasión y queremos asegurarnos de que se emprende la acción necesaria. 
Queremos que las autoridades de aquel país investiguen sus conexiones con los militares. 
¿Cómo llegaron las armas y la munición del ejército indonesio- tengo delante las fotografías- a mano de Laskar Jihad? 
¿Cómo es posible que, en Papúa, seis miembros de las fuerzas especiales del ejército hayan sido acusados de participar en el asesinato de un dirigente papú? 
¿Quién dio la orden? 
Nos sentimos orgullosos de nuestra amistad con Indonesia, pero sólo podemos ser amigos de un país que realmente se esfuerza por alcanzar la justicia, la reconciliación, la paz, la seguridad y la confianza de su propio pueblo. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, en Indonesia, con la llegada al poder del Presidente Wahid, defensor de los derechos humanos, contrario a cualquier sectarismo y partidario de la neutralidad religiosa del Estado, nosotros, los europeos, podíamos esperar una mejora del clima político en este país. 
A pesar de los progresos indudables, a pesar de algunos signos alentadores que ahora no tenemos tiempo de recordar, hoy Indonesia es víctima de una violencia espantosa, y el país se encuentra sumergido en una dinámica de fragmentación y de conflictos inter-religiosos. 
Hoy, nuestro Parlamento Europeo en bloque, con todas sus tendencias y todos sus Grupos, debe alcanzar un verdadero consenso sobre las propuestas que les presentamos. 
Señor Presidente, señor Comisario, en el Norte de Sumatra, en la provincia de Aceh, en Papúa o en las Molucas, los actos violentos se repiten desde 1999, tal y como mi colega acaba de recordar. Asimismo, desde esta fecha se multiplican las masacres entre comunidades religiosas, con llamamientos a la Guerra Santa en ambos bandos, tanto entre los musulmanes como entre los cristianos extremistas. 
Estas masacres y estos excesos son absolutamente intolerables, y nuestro Parlamento ya los ha condenado. 
En la nueva resolución que proponemos hoy, la Unión Europea recuerda cuatro puntos principales. 
En primer lugar, no podemos dejar de apoyar la petición presentada por varios dirigentes, en concreto por autoridades religiosas, que recurren al Secretario General de las Naciones Unidas para que ayude al gobierno indonesio a impedir nuevas masacres. 
En segundo término, sólo nos cabe alegrarnos por el arresto de varios cabecillas de la lucha armada, que llaman abiertamente a la guerra civil o religiosa, y es evidente que estas detenciones reflejan la voluntad de las autoridades indonesias de respaldar un proceso de paz en todas las regiones afectadas. 
Tenemos que alentar los esfuerzos de estas autoridades. 
En tercer lugar, estas iniciativas únicamente tienen sentido si, verdaderamente, la situación económica del archipiélago puede mejorarse. 
Por consiguiente, nuestra intervención, incluida la financiera, es necesaria para ayudar a la reconstrucción de una verdadera sociedad civil respetuosa con los derechos de los pueblos de este país, y en concreto con sus derechos religiosos. 
Sin nuestra aportación de ayuda política y financiera, los conflictos de la experiencia indonesia pueden cerrar las puertas del país, lo cual podría poner fin al proceso de implantación de una democracia que, a fin de cuentas, es muy reciente. 
Finalmente, en cuarto lugar, hay que aclarar todos los excesos cometidos en estas situaciones de extrema confusión. 
Esto sólo puede hacerlo un equipo de investigación independiente, formado por expertos internacionales en materia de derechos humanos. 
En nuestra resolución, invitamos al gobierno indonesio a crear una comisión de investigación de este tipo. 
Señor Presidente, a la sombra del conflicto en Oriente Medio ocurren cosas horribles en Indonesia, en las Molucas. 
El grupo terrorista Laskar Jihad- no es otra cosa que un grupo terrorista- es como un verdugo de todo lo que pueda parecer vida religiosa. 
El grupo es verdugo del Islam y ha demostrado que sólo está de parte del odio, de la violencia y del asesinato de la población cristiana. 
Quisiera pedir a la Comisión- aquí en presencia del señor Nielson- y al Consejo que en lugar de permitir que el conflicto de Oriente Medio eclipse el despertar étnico y religioso de los cristianos en las Molucas, lo pongan de relieve. 
Hay que actuar enérgicamente para que el gobierno indonesio dé a la población cristiana la protección que merece. 
Quiero hacer hincapié también en que muchos musulmanes que viven en las Molucas han sido afectados por esta invasión del grupo terrorista Laskar Jihad. 
Cristianos y musulmanes vivían en paz hasta que llegaron estos guerreros que siembran odio, violencia y muerte en nombre de Alá y de Dios. 
Han sido asesinadas entre cinco y diez mil personas y veinticinco mil han sufrido daños graves. 
De los 10 millones de habitantes de las Molucas 350 mil son refugiados. 
Cuatrocientas iglesias y ochenta mezquitas han sido incendiadas. 
He conocido personalmente al obispo católico, Sr. Mandagi, y al Sr. Henrix, líder de las iglesias protestantes. 
He visto el sufrimiento en sus miradas. 
Señor Nielson, ¡haga todo lo que esté al alcance de la UE para que Indonesia sea una región en paz! 
Averigüe quiénes financian a esos señores de la guerra del terrorismo. 
Ningún ser humano, ningún Estado, es capaz de librarse de un golpe de su propia historia. 
Este razonamiento se aplica asimismo a la República de Indonesia. 
A día de hoy la lucha por la independencia continúa estando presente en la política nacional. 
Los partidos acuden todavía a la táctica de guerrilla, de probada eficacia: la violencia como último recurso. De acuerdo con los criterios occidentales esta actitud constituye un serio obstáculo para el Estado de derecho. 
La situación se vuelve incluso más grave cuando resulta que destacados políticos mantienen estrechas relaciones con los grupos extremistas. 
La actuación del Vicepresidente indonesio Hamzah Haz echa leña al fuego religioso de las Molucas. 
Según dice el propio Haz, su objetivo final es crear en el archipiélago un Estado basado en la sharia por vía parlamentaria, pero sus contactos personales con los dirigentes de Laskar Jihad apuntan más bien a una doble agenda política. 
Esta actitud provocadora es una auténtica bomba de relojería para el segundo Acuerdo de Malino. Por eso instamos al Consejo y a la Comisión a que vuelvan a hacer un firme llamamiento al Gobierno de Yakarta para que fomente en la medida de lo posible este difícil proceso de paz. 
Ello requiere una respuesta enérgica de las autoridades ante las acciones de todos los agitadores, independientemente de su afiliación religiosa. 
En este sentido el ejército indonesio desempeña un papel fundamental. 
Desafortunadamente, hay claros indicios de que determinadas unidades de estas fuerzas militares contribuyen a la radicalización de las oposiciones políticas y religiosas en las zonas más problemáticas del país, en defensa de su propia posición dominante, sus propios intereses y la ideología del rígido Estado unitario. 
Es, por tanto, imprescindible que Europa apoye incondicionalmente a los sectores moderados y juiciosos del ejército, que también los hay. 
Al Consejo y a la Comisión les espera una ardua tarea. 
Los portavoces de la población indígena de Papúa también merecen nuestro apoyo. 
Junto con sus conciudadanos están profundamente conmocionados por las conclusiones de la Comisión Nacional de Investigación acerca del asesinato del dirigente papúo Theys Hiyo Eluay el 10 de noviembre de 2001. 
Según la Comisión fue un crimen, pero los dirigentes y la población de Papúa sostienen otro punto de vista. 
En su opinión se trata claramente de un asesinato político. Ayer entregaron un escrito conjunto en el que emplazan a la Presidenta Megawati Sukarnoputri a que abra una investigación realmente independiente. 
En el apartado 10 de la presente resolución el PE se suma a esta petición sin duda plenamente justificada. Rogamos encarecidamente al Consejo y a la Comisión que hagan lo mismo, en favor del sosiego nacional y de la unidad política del archipiélago. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una vez más el Parlamento Europeo se ocupa de la situación en Indonesia. 
Nos preocupa la continua expresión de fenómenos de violencia contra poblaciones civiles indefensas en nombre de disputas regionales y religiosas. 
Todas las vidas son para nosotros importantes y sagradas, pero la situación en Indonesia ya ha causado millares de muertos. 
Deploramos la incitación a la matanza de cristianos por dirigentes musulmanes radicales y ofrecemos el ejemplo de tolerancia y espíritu democrático que nos ha ofrecido Timor Oriental. 
En un territorio en el que más del 95 por ciento de la población se identifica con la Iglesia católica, el actual Primer Ministro es, sin problema alguno y después de unas elecciones democráticas, un musulmán. 
Apreciamos las iniciativas de la Indonesia actual respecto de la normalización de las relaciones con Timor Oriental y con Portugal. 
Y no ha pasado inadvertido el gesto simbólico de la presencia de representantes suyos en la inauguración del último acto cultural celebrado en Indonesia con el apoyo de la embajada de Portugal. 
Ahora bien, hacemos un llamamiento al Gobierno indonesio para que siga adoptando medidas que permitan proteger a las poblaciones e identificar y castigar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. 
La impunidad no puede ser la norma, sobre todo, como ya se ha demostrado en algunos casos, cuando estén implicados agentes de las fuerzas militares o policiales. 
Y en ese marco es deseable y recomendable la participación de la comunidad internacional en investigaciones independientes para averiguar la verdad en algunos de los casos denunciados. 
Hacemos un llamamiento al Gobierno indonesio para que prosiga en el intento de encontrar soluciones políticas para las diferencias que existen. 
Respetamos la intención de preservar la unidad del territorio, pero insistimos en la necesidad de que se encuentren otras soluciones, distintas del mero uso de la fuerza, para responder a las diferencias étnicas, religiosas y regionales que agitan la vida en aquel Estado. 
Por último, exhortamos a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que no persista en un silencio inexplicable ante lo que ocurre en Indonesia. 
Señor Presidente, el conflicto en Indonesia es tanto menos un conflicto religioso como el de Irlanda del Norte. 
El fanatismo se cubre solamente con una vestimenta religiosa. 
En realidad se trata de conflictos étnicos que tienen una raíz muy profunda, en concreto, el denominado Programa-Transmigrasi del gobierno indonesio, con el que se intenta asentar sistemáticamente la población de las islas principales en otras islas. 
La prueba de mi tesis puede verse en que en las Molucas, las antiguas islas cristianas de las especias, existen conflictos entre los cristianos y los inmigrantes musulmanes. 
En Borneo existe el mismo conflicto entre los partidarios de las religiones naturistas, por un lado, y los inmigrantes musulmanes, por otro. 
En Aceh se da el mismo problema entre los antiguos súbditos musulmanes de este viejo sultanato de Aceh y los inmigrantes procedentes de las islas mayores como Java y Sumatra. 
Por esta razón, creo que es necesario también advertir al gobierno de que debe poner término a estos movimientos de población, a estos programas artificiales de poblamiento, porque, de lo contrario, un país enorme que se extiende desde Australia hasta el continente asiático no puede mantenerse unido, sino que está amenazado por la desintegración. 
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(EN) Señor Presidente, la Comisión comparte plenamente con sus Señorías su inquietud por la incesante de la violencia en algunas zonas de Indonesia. 
Junto con las misiones diplomáticas de la UE en Yakarta, hemos vigilado la situación en las Molucas desde comienzos de 1999 y hemos participado en dos misiones de reconocimiento a finales de 2000 y comienzos de 2001. 
La Comisión ha participado también en varias protestas de la UE ante las autoridades indonesias para expresar nuestra preocupación por la continuación del conflicto en distintas zonas del país. 
Asimismo, la Comisión ha proporcionado, desde mayo de 1999, más de 4,6 millones de euros en ayuda humanitaria a la población de las Molucas. 
Nos hemos unido a los Estados miembros en una declaración que saluda el Acuerdo de paz Malino II y en la que se insta a su fiel cumplimiento. 
Al mismo tiempo, hemos animado al Gobierno de Indonesia a que adopte las medidas oportunas para apoyar el proceso de paz. 
Desde entonces, hemos seguido de cerca los esfuerzos del Gobierno para atajar los nuevos brotes de violencia, incluida la detención el 4 de mayo de Ja ' far Umar Thalib, por cargos de incitación a la violencia. 
La situación en Aceh también nos preocupa desde hace ya algún tiempo y también ha sido objeto de protestas de la UE ante las autoridades indonesias. 
Los jefes de misión de la UE visitaron la región en octubre de 2001. 
Por ello, me alegra especialmente saludar la declaración conjunta emitida el 10 de mayo por el Gobierno indonesio y el "Free Aceh Movement" (GAM) , tras dos días de negociaciones facilitadas por el Centro Henri Dunant de Ginebra. 
La declaración conjunta reconoce la ley especial de autonomía como punto de partida para proseguir las negociaciones en un diálogo integral y confirma la intención de ambas partes de trabajar por un acuerdo para el cese de las hostilidades. 
Desde hace algún tiempo, somos de la opinión de que la plena aplicación de la legislación especial sobre autonomía sería la clave de una solución duradera de la actual situación. 
Papúa ha sido igualmente motivo de constante preocupación y objeto de protestas de la UE. 
La UE condenó el secuestro y asesinato de Theys Eluay en noviembre de 2001 e hizo un llamamiento al Gobierno de Indonesia para que garantice una investigación completa de este terrible incidente y lleve a sus autores ante la justicia. 
Los jefes de misión de la UE en Yakarta también visitaron Papúa en febrero de este año. 
En el caso de Papúa, tampoco hay ninguna duda de que la fiel aplicación de la legislación especial en materia de autonomía será la clave para la resolución de la situación. 
En su informe estratégico sobre Indonesia, que ya se encuentra en las últimas fases de preparación, la Comisión hace especial hincapié en el desarrollo de la capacidad institucional, la buena gobernanza y el Estado de derecho, así como en la prevención de conflictos. 
Ya hemos comprometido ayuda financiera a la Asociación para la Reforma de la Gobernanza, bajo gestión del PNUD, y hemos proporcionado asistencia técnica a la Oficina del Fiscal General. 
En el proyecto de Programa Indicativo Nacional para 2002-2004 hemos previsto medidas para un programa específico de apoyo a la aplicación de la política gubernamental de descentralización en Indonesia y el fomento de la buena gobernanza en los gobiernos locales. 
Entretanto, también hemos adoptado medidas para apoyar los procesos de solución de conflictos más directamente. 
A raíz de las negociaciones, el pasado noviembre, entre el Comisario Patten y el Ministro de Asuntos Exteriores indonesio, Sr. Wirajuda, en el contexto del Mecanismo de Reacción Rápida de la Comisión, una misión independiente sobre la prevención de conflictos en Indonesia visitó las Molucas, Sulawesi y Papúa en febrero de 2002. 
La misión de expertos se reunió con una amplia representación de los gobiernos central y locales, así como con ONG que operan en estas zonas. 
Sobre la base del informe de la misión estamos elaborando en estos momentos un paquete de proyectos para las Molucas y Papúa. 
El proyecto en las Molucas se centrará, en particular, en dar apoyo a la participación de la sociedad civil. 
Los proyectos en Papúa apoyarán a las autoridades, así como a la sociedad civil. 
Todas estas medidas son coherentes con el apoyo de la Comisión a la posición declarada por la UE, que apoya firmemente la integridad territorial de Indonesia, al tiempo que anima al Gobierno a realizar con carácter de urgencia esfuerzos encaminados a resolver pacíficamente los conflictos internos de Indonesia, ya sean de carácter separatista o sectario. 
Continuaremos manteniendo este enfoque y proporcionando toda la ayuda posible para una acción constructiva de cara a encontrar solución a estas situaciones tan difíciles. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Tannock y Martens, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre los enfrentamientos religiosos en la India (B5-0287/2002); 
Vinci, Sjöstedt y Seppänen, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la violencia en el Estado de Gujarat (India) (B5-0291/2002); 
Lambert y Messner, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la India (B5-0299/2002); 
Sakellariou y Carrilho, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en la India (B5-0304/2002); 
Señor Presidente, estamos aquí para expresar nuestra preocupación por el reciente brote de violencia intestina que ha surgido en el Estado indio de Gujarat- violencia que se ha cobrado cientos de vidas y ha dejado a miles de personas sin hogar y en la indigencia. 
Estoy seguro de que el Parlamento se unirá a mí cuando expreso mi más sentido pésame y simpatía a los miembros de ambas comunidades por la pérdida de seres queridos, entre ellos, familiares de mis electores de Londres. 
Gujarat ya ha conocido casos de violencia intestina, incluida, todo hay que decirlo, la persecución de cristianos por parte de extremistas hindúes. 
El último brote comenzó después de que los extremistas musulmanes mataran a 58 peregrinos hindúes en un tren cerca de Godhra- un acto profundamente cruel que desató una ronda de represalias y contra represalias. 
Esta sucesión de acontecimientos ha generado un considerable examen de conciencia en la propia India, un país basado en el Estado de derecho y la democracia secular, y se han hecho acusaciones a las autoridades estatales por no haber reaccionado con la celeridad que requería la magnitud de los acontecimientos. 
Ningún sistema de gobierno es perfecto, pero desde que se recurrió al ejército, se han efectuado 30.000 detenciones, y el 80% de los detenidos son hindúes. 
Asimismo, es significativo que la violencia no se haya extendido a otras partes de la India, es más, amplias zonas del propio Gujerat han permanecido en calma. 
En el Parlamento indio, el Gobierno ha aceptado la propuesta de resolución del Partido del Congreso de la oposición como la base de las negociaciones con el apoyo de todos los partidos, lo que reafirma su creencia en el pluralismo democrático y el respeto de las minorías en un país gigantesco de más de mil millones de habitantes de distintas procedencias y razas, y la comisión independiente de Justicia Verma ha presentado ahora un informe al Gobierno. 
Es necesario sacar lecciones claras, pero no deberíamos olvidar que la India aún no se ha recuperado de una serie de atentados terroristas espantosos a manos de extremistas de la Yihad islámica- en el último, en las afueras de Jammu, murieron 30 personas, entre ellas mujeres y niños, y hubo un gran número de heridos. 
Este atentado aumenta la peligrosa amenaza de guerra entre la India y Pakistán, dos potencias nucleares, y país este último que, lamentablemente, hasta fecha reciente apoyaba activamente a los terroristas islámicos. 
La comunidad internacional debe hacer todo lo posible y con la máxima urgencia para evitar una nueva escalada de violencia que podría amenazar la paz mundial. 
Señor Presidente, es preocupante el clima de enfrentamiento entre religiones, etnias y civilizaciones, que se está agravando en todo el mundo y, en concreto, en la región índica. 
La implicación de poderes fácticos en el enrarecimiento de este clima es también muy preocupante, pues señala que no es un fenómeno completamente espontáneo o simple fruto de enfrentamientos, sino que se está orquestando para, esconder, muchas veces, los verdaderos problemas sociales que golpean a unos y a otros. 
Hay que tomar en consideración este clima de tensión máxima y de violencia que se está viviendo, y que ha aumentado- creo yo- a partir del 11 de septiembre, y ese supuesto enfrentamiento entre civilizaciones, con la guerra de Afganistán y todo lo que acompaña, porque indica que están viéndose las consecuencias del proceso llamado "globalización" que, poco a poco, va aumentando las desigualdades y las tensiones, y, como consecuencia, surgen los enfrentamientos entre comunidades. 
Por ello, creo que la Unión Europea debe estar- como ya ha dicho el Sr. Comisario- atenta a estos fenómenos, debe redoblar los esfuerzos y no sólo dirigirse a los sitios indicados, sino también a las Naciones Unidas, para poder enfrentarse con el problema en todas sus dimensiones. 
Este tipo de actos se van a multiplicar y nosotros, la Unión Europea, como instancia internacional que somos, tenemos mayor responsabilidad y la posibilidad de actuar, no sólo con la ayuda económica, sino modificando- como decía anteriormente- el efecto y el proceso de globalización, que está afectando a tantos pueblos en todo el mundo. 
Señor Presidente, la Unión Europea no puede permanecer callada ante la violencia entre los diferentes grupos de población de la India. 
Por supuesto, se trata de una cuestión capital que ha de examinarse a la luz del importante papel que desempeña la India no sólo en Asia, sino en todo el mundo. 
No olvidemos que la India, aparte de ser una superpotencia con un enorme potencial económico, es también una nación con capacidad atómica. 
La resolución común tiene el mérito de no haber incurrido en puntos de vista radicales. 
Debemos tener todos muy claro que en la India no se trata de un choque de civilizaciones. 
Es preciso subrayar que los musulmanes están plenamente integrados en la sociedad india. 
Un ejemplo concreto de este denominada sociedad multicultural es que los musulmanes desempeñan altos cargos públicos. 
A mi modo de ver, esto es una prueba de que la coalición entre hindúes y musulmanes continúa acatando los valores democráticos. 
Por otra parte, debemos preocuparnos por el creciente fundamentalismo musulmán cuyas consecuencias se hacen sentir a diario en Cachemira. 
Anteayer fallecieron 9 personas en un atentado contra un campamento militar indio. 
En esta región son muy activas las milicias extremistas de los activistas musulmanes que abogan por la unión con Pakistán. 
El pasado martes también murieron 32 personas en un campamento militar indio que, en este caso, daba cobijo a mujeres y niños indios. 
Es importante que la presente resolución llame asimismo la atención de la comunidad internacional sobre estos hechos. 
Este dramático incidente pone de nuevo de manifiesto la enorme amenaza que emana del terrorismo que, a pesar de todo, continúa creciendo. 
A mi parecer, la Unión Europea y el Parlamento Europeo tienen mucho interés en seguir apoyando a la India como Estado de derecho que confiere trato igualitario a hindúes y musulmanes en su intento de respetar los principios democráticos. 
Señor Presidente, aunque figura en la lista como autor, mi Grupo no ha suscrito esta propuesta de resolución conjunta, aunque es probable que la apoyemos. 
Como han dicho anteriores oradores, probablemente ninguno de los que nos encontramos en esta Asamblea negará las devastadoras consecuencias del extremismo religioso. 
En el caso de Gujarat, como ha mencionado el Sr. Tannock, se trata de extremismo hindú. 
Fue la acción de los denominados "peregrinos" lo que provocó la atroz masacre de 58 personas. 
Hemos presenciado su secuela en lo que eufemísticamente se denomina "violencia intestina". 
La resolución afirma que, considerando que numerosas investigaciones independientes de organizaciones de defensa de los derechos humanos confirman que agentes estatales y la policía de Gujarat participaron en los enfrentamientos, esta participación tiene raíces profundas. 
No es sólo una cuestión de reyertas callejeras casuales, sino de violencia e intimidación orquestadas durante mucho tiempo. 
El Observatorio de los Derechos Humanos informa que el Gobierno de Gujarat optó por calificar la violencia como una reacción espontánea a los incidentes de Godhra. 
Las conclusiones del Observatorio de los Derechos Humanos y las de numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos y las libertades civiles, así como de la mayor parte de la prensa india apuntan a que los ataques contra los musulmanes en todo el Estado fueron planeados mucho antes del incidente de Godhra y organizados con amplia participación policial y en estrecha cooperación con agentes del Gobierno estatal del BJP. 
El 3 de abril, la Comisión de los Derechos Humanos de la India publicó las conclusiones preliminares de su informe sobre la violencia, en las que se denunciaba la negativa del Gobierno de Gujarat a contener la violencia. 
Las mismas autoridades a las que las personas deberían haber podido acudir en busca de protección eran, en muchos casos, cómplices en ataques devastadores que incrementaron el grado de ferocidad de la violencia, lo que hace que todos los ciudadanos se sientan amenazados, cualquiera que sea su religión o procedencia. 
El Gobierno indio es responsable en última instancia de que se haga justicia y de que los instigadores, organizadores y autores de esta violencia sean llevados ante los tribunales. 
También deberá obligar al cuerpo policial de Gujarat a reconocer que su deber es proteger a todas las personas que se sientan amenazadas o que sean atacadas, y no sólo a los suyos. 
El Gobierno deberá dar señales inequívocas- en realidad, ya ha dado algunas- de que la intolerancia religiosa y la incitación al odio religioso no tienen lugar en la India democrática secular. 
Mi Grupo acoge con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo indio de marzo de este año por la que prohíbe toda ceremonia religiosa en Ayodhya hasta que el caso haya quedado legal y definitivamente resuelto, lo que esperamos que favorezca una solución pacífica a largo plazo. 
Señor Presidente, comienzo diciendo que esta resolución de urgencia no es, en mi opinión, la forma mejor de contribuir a superar la situación aún preocupante que se vive en Gujarat, principalmente porque la violencia que se ha dado en ese Estado en los últimos meses es una manifestación de un fenómeno que afecta a toda la región, y no sólo a la India, y que es extraordinariamente complejo. 
Convergen en él factores de tipo social como la pobreza, la "guetización" urbana, cierta interferencia de la delincuencia organizada, cuyas vinculaciones internacionales son desconocidas, cierta incapacidad de las minorías políticas para fomentar la movilización de las energías con ideales políticos y la derivación a la esfera religiosa, en particular mediante el extremismo fundamentalista. 
Ahora bien, es legítimo que el Parlamento Europeo se preocupe por un caso que ya ha costado la vida a casi mil personas, o incluso más, pero la evaluación depende de las fuentes. 
No es el momento de analizar los episodios que originaron semejante violencia, pero conviene subrayar que todo sucedió a partir del incendio, el pasado 27 de febrero, de dos vagones de un convoy en el que murieron 58 personas, la mitad de ellas mujeres y niños. 
Por tanto, no existe razón alguna para justificar un acto de esa clase. 
Tampoco se pueden justificar en modo alguno las represalias y las venganzas que siguieron. 
Conviene tener en cuenta que Godhra es una zona periférica urbana con gran densidad de población y un nivel de conflictividad social latente, en la que la acción de las fuerzas del orden resulta difícil, en general, además de la posible participación de miembros de la policía local en una u otra facción religiosa, según las investigaciones hechas en aquel momento. 
Lo cierto es que inicialmente la intervención de las fuerzas del orden no consiguió detener la violencia. 
Ahora bien, las instituciones democráticas de la Unión India, en particular el Gobierno, los partidos de oposición y el parlamento, se ocuparon inmediatamente de esa cuestión. 
Yo tuve ocasión de visitar el parlamento indio precisamente en los días en que se debatió ese asunto. 
Se adoptaron medidas urgentes no sólo por la voluntad del Gobierno, sino también por la fuerte presión de la oposición y de los medios de comunicación indios. 
He de decir también que a veces las tomas de posición exteriores a la propia democracia india, aunque bien intencionadas, acaban teniendo efectos contraproducentes, es decir, que alimentan posiciones nacionalistas y fundamentalistas de diversos orígenes, islámico o hindú. 
En cualquier caso, recomiendo, en nombre de mi Grupo, la aprobación de esta resolución sin enmienda alguna, pues nos parece bastante equilibrada. 
Señor Presidente, en los años ochenta se produjeron choques violentos entre hindúes y sijs, a comienzos de los años noventa se produjeron entre hindúes y musulmanes en Bombay y en Uttar Pradesh. 
Y ahora se producen en Gujarat: asesinatos, masacres, cremaciones de personas en ambos lados y desde febrero del presente año ha habido alrededor de 1500 víctimas. 
Los partidos hindú-nacionalistas justifican su radicalismo por la creciente islamización de los estados vecinos y su influjo sobre la India. 
La sentencia del Tribunal Supremo de la India de 13 de marzo da motivos para la esperanza respecto de la finalización de la violencia. 
La sentencia ha decidido que el solar en el que los fanáticos derruyeron una mezquita en 1992 para construir un templo hindú no debe darse a la organización radical hindú WHP. 
Garantías constitucionales, como la muslim mariage law, que respeta la tradición de los musulmanes indios, son la expresión de la libertad de credo y de opinión en la India. 
La secularidad es una parte integrante del preámbulo de la constitución india. 
También el artículo 25, que garantiza la libertad de credo, obliga al estado indio a proteger a todos los ciudadanos. 
El ideal de la coexistencia pacífica de las diferentes etnias y culturas se mantiene como principio. 
Mediante el envío de algunas unidades militares el gobierno indio ha intentado poner de manifiesto ante la opinión pública mundial su disposición a poner fin a la violencia. 
Además, ha previsto un pacto de ayuda a los familiares de las víctimas por un volumen de cerca de 35 millones de euros. 
La crítica internacional a muchas maneras de proceder, totalmente insuficientes, contra fuerzas radicales ha sido reconocida en estos días por el ministro de Justicia indio, en especial, porque la India ha firmado hace mucho tiempo convenciones sobre derechos humanos, aceptadas en todo el mundo. 
Estas posiciones, en opinión del Grupo PPE-DE, deberían hacer escuela. 
Señor Presidente, queridos colegas, como muchos de ustedes han denunciado, creo que los acontecimientos que hoy están teniendo lugar en la India son en parte fruto de los vientos que Europa y Occidente han sembrado en buena parte del mundo a lo largo de los últimos cuarenta años. 
Por tanto, no es de extrañar que hoy recojamos tempestades. 
Estos increíbles cambios de situación de la noche a la mañana, que son lógicos, tal y como la Sra. Lambert nos acaba de demostrar, son los mismos que los que nosotros o ustedes han vivido en relación a Palestina: el hecho de que el Sr. Sharon se paseara por la Explanada de las Mezquitas o por el Monte del Templo justificó los atentados de los supuestos kamikazes, los cuales, en la práctica, no eran más que kamikazes asesinos. 
Hoy, el hecho de que 60 peregrinos se auto-inmolen motiva y justifica la violencia que los musulmanes han ejercido sobre ellos. 
Pienso que todo esto es fruto de esta incapacidad, de este relativismo democrático que se extiende por Europa y que nos impide ir a la raíz de los problemas, que nos impide recordar que la India es hoy, con 1000 millones de habitantes, la democracia más grande del mundo, que nos impide darnos cuenta de que yendo a Pekín en lugar de a Delhi, fomentamos la dictadura, de que proporcionando armas a Pakistán durante 40, e incluso durante 50 años, reforzamos la dictadura, de que haciendo lo que hemos hecho con el régimen talibán, o no haciendo lo que deberíamos haber hecho, hemos generado la tragedia afgana, y sobre todo la de las mujeres afganas. 
Aquí hay un cúmulo de elementos que produce los resultados que vemos hoy, y creo que aunque se le pueden reprochar ciertas cosas a las autoridades indias, hay que ir más allá de estos reproches. 
También creo que hay que ver la ejemplaridad de las reacciones de este gran país: las fuerzas armadas desplazadas desde el nivel federal a Gujarat, la comisión de investigación que se ha creado, el requerimiento al Tribunal Supremo, todas son reacciones fundamentales de la India, a pesar de sus problemas de desarrollo. 
Señor Marset Campos, pienso que si hay un problema, no es el de la globalización, sino el de la falta de globalización. 
Todavía existe dentro de la Comisión- no sé si el Comisario Nielson podrá responder a esta cuestión- una unidad especial que se ocupa de que los productos textiles indios no entren bajo ningún concepto en el territorio de la Unión Europea. 
Sin embargo, como es sabido, el textil es uno de los sectores sobre los que la India puede basar un desarrollo y construir una economía más fuerte. 
Desde hace una década, desde el inicio de la globalización, la India está teniendo porcentajes de crecimiento de entre el 6 y el 7 %, cosa que ciertamente no sucedía antes de la globalización. 
Por tanto, ¡Viva la globalización, pero siempre que sea en los dos sentidos! 
No podemos seguir queriendo exportar nuestros productos a la India, e impidiendo que los productos indios entren en nuestros países. 
Es la condición necesaria para el desarrollo, para el fortalecimiento de la democracia, en la India y quizás también en nuestros propios países. 
. 
(EN) Señor Presidente, la Comisión comparte absolutamente la preocupación de sus Señorías por los continuos actos de violencia en el Estado indio de Gujarat, situación que despierta una seria inquietud por razones humanitarias. 
Al igual que las misiones diplomáticas de varios Estados miembros, la Delegación de la Comisión en Nueva Delhi envió una misión de reconocimiento a Gujarat para que hiciera una valoración de la situación sobre el terreno. 
La Comisión tiene un importante programa de cooperación en Gujarat por valor de más de 100 millones de euros. 
Yo estuve allí en enero para entrevistarme con las autoridades de aquel Estado e inspeccionar la devastación que dejó el terremoto ocurrido un año antes e intentar acelerar nuestras actividades de reconstrucción. 
La misión a la que me refiero era diferente y más problemática debido a los antecedentes, pero era necesario enviar una misión a Gujarat para que estudiara si los disturbios afectaban de alguna manera a los principios en los que se basa nuestra cooperación, incluido el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. 
Las conclusiones fueron muy preocupantes. 
La violencia no sólo era generalizada, sino que además en muchos casos se desató con una brutalidad extrema. 
Las cifras oficiosas establecían el número de muertos en 2.000, en su mayoría musulmanes. 
La misión también escuchó acusaciones de los medios de comunicación indios y de la Comisión de Derechos Humanos de aquel país en el sentido de que las autoridades del Estado de Gujarat se habían mostrado displicentes con los alborotadores hindúes. 
En consonancia con la sana y arraigada tradición democrática de la India, las consecuencias de los acontecimientos en Gujarat y las responsabilidades del Gobierno estatal y nacional son objeto de un vivo debate en aquel país. 
Estoy convencido de que el compromiso de la India con la democracia y el Estado de derecho garantizará que los responsables de dichas atrocidades responden por sus actos y que las víctimas reciben ayuda. 
El Gobierno central y el Gobierno estatal ya han adoptado medidas en este sentido. 
En Delhi y también en Madrid, la Troika de la UE expresó nuestra preocupación por la crisis ante el Gobierno de la India, y la Comisión ha participado en estas manifestaciones. 
La Comisión está examinando actualmente, desde un punto de vista humanitario, la posibilidad de proporcionar ayuda humanitaria a las víctimas de los disturbios a través de ECHO. 
Se espera que en el transcurso de las dos próximas semanas se adopte una decisión al respecto. 
Sus Señorías serán, naturalmente, informadas de inmediato. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Van Orden, Deva, Parish, Foster, Banotti, Corrie, Gahler, Korhola, Lehne, Maij-Weggen y Sacrédeus, en nombre del Grupo PPE-DE, Andrews, en nombre del Grupo UEN, Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la situación en Zimbabwe (B5-0286/2002); 
Sjöstedt, Seppänen y Frahm, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Zimbabwe (B5-0295/2002); 
Maes, Isler Béguin y Lucas, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en Zimbabwe (B5-0300/2002); 
Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Zimbabwe (B5-0303/2002); 
Señor Presidente, estimados colegas, desde las fraudulentas elecciones presidenciales de marzo la negativa evolución de Zimbabwe está, lamentablemente, en proporción inversa a la atención internacional. 
Uno de los efectos dramáticos es también, por ejemplo, la progresiva escasez de alimentos que en gran parte, como ha comentado ya en otro contexto el Comisario Nielson, está originada por la mano del hombre, es decir, por el propio régimen de Mugabe. 
Se dice que unas 50.000 personas están huyendo en Zimbabwe porque están siendo perseguidas y acosadas por las tropas de Mugabe. 
Todos los días tenemos noticia de asaltos a granjas, de que la capa dirigente de Zimbabwe se enriquece desvergonzadamente con la propiedad ajena, evidentemente, mientras esto sea posible. 
Pero quisiera referirme también a otro proceder, realmente escandaloso, en concreto, al comportamiento del Consejo en este contexto. 
Ayer recibí respuesta a una pregunta oral al Consejo y pregunté cómo está el balance provisional de las sanciones específicas que se han impuesto allí contra determinadas personas. 
Quería saber qué ocurre con los visados que se han denegado. Como respuesta se me dijo que esto es un asunto de los estados nacionales. 
Por consiguiente, quizá en esto habría que haber preguntado también a los otros. 
Con independencia de esto, se plantea realmente la pregunta sobre cuál es la motivación del Consejo en relación con estas medidas en un país que se encuentra en caída libre, como lo ha formulado el Sr. Comisario Patten en una reunión de la comisión. 
Me pregunto cómo se le ocurre al Consejo hacer desaparecer del orden del día operativo a un país que se encuentra en caída libre. 
En abril se celebró una reunión, en mayo debe celebrarse también una reunión para una más amplia adopción de acuerdos, porque la high level troika no ha sido enviada y ahora partirá el domingo. 
El asunto realmente censurable es, en este contexto, el hecho de que ya en los terms of reference, es decir en la misión de trabajo de esta high level troika, se está intentando desvirtuar la misión de la troika por parte de Francia, Bélgica y de la Presidencia misma. 
Esto es realmente increíble dada la situación que reina en este país. 
Se vuelve a hablar ya de iniciar la cooperación, aunque, en realidad, no se ha hecho, siquiera por una vez, una valoración de las medidas adoptadas por nosotros. 
Me pregunto realmente qué es lo que debe suceder aún en el país para que aumente un poco más la atención del Consejo en lo que respecta a su responsabilidad. 
Espero, al menos, que esta high level troika que a partir del domingo se moverá en el África meridional en asuntos tocantes a Zimbabwe, sea informada de primera mano sobre el dramático derrotero de la situación por diplomáticos que están estacionados en Harare, al menos en un país vecino de Zimbabwe. 
Nosotros, como Parlamento Europeo, no podemos aceptar que el Consejo intente negar de esta manera un tema tan urgente en el África meridional y que, sobre todo, no esté dispuesto a convertir, por ejemplo, esta evolución de Zimbabwe en un caso de prueba del nuevo programa para el desarrollo africano. 
Éstas son cosas que en cualquier caso deberíamos exigir. 
Señor Presidente, una vez más volvemos a hablar de Zimbabwe y la pregunta clave es: ¿hay algo que pueda surtir efecto? 
Por este Parlamento ya han pasado varias resoluciones sobre Zimbabwe. 
Existe una condena por parte de la mancomunidad de naciones de habla inglesa. 
Existe una condena por parte de la Asamblea ACP-UE. 
¿Qué más podemos hacer? 
Pese a todo, los saqueos y las matanzas continúan sucediéndose. 
Para colmo el hambre amenaza con apoderarse del país. 
Obviamente, resultará harto difícil negar alimentos a personas que padecen hambre. Creo que es algo que no se debe negar nunca. 
¿Pero realmente no hay ninguna manera de hacer entrar en razón a Mugabe? 
Tal vez pudiéramos ejercer presión sobre los Estados de la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur que rodean Zimbabwe, en concreto sobre Sudáfrica. 
Creo que este país podría ejercer una enorme influencia. 
Si se toma en serio el nuevo programa para el desarrollo de África, el programa NEPAD, Sudáfrica debería esforzarse un poco más si pretende recibir ayuda de la Unión Europea en concepto de este importante programa económico para África. 
Nos queda otro instrumento más. 
En las resoluciones anteriores ya se ha aludido a la posibilidad de imponer sanciones infamatorias. 
¿No podría la Comisión Europea elaborar un inventario de las propiedades de los dirigentes de Zimbabwe en Europa? 
¿Cómo se adquirieron? 
¿Cuándo? 
¿De donde procede el dinero? 
En Europa los registros de la propiedad suelen ser públicos, y en África también, aunque resultará más difícil acceder a ellos. 
¿Por qué no abre la Comisión una investigación al respecto? Luego podría publicarla y darla a conocer a través de la BBC y las demás emisoras escuchadas en África. 
De este modo podremos aumentar un poco más la presión poniendo en la picota a los dirigentes. 
. 
(EN) La Comisión comparte la preocupación por la situación en Zimbabwe a raíz de las elecciones presidenciales, en términos de la legitimidad del actual gobierno, la libertad de prensa, la incesante violencia, la crisis económica y la consecuente falta de alimentos. 
Es evidente que los resultados de las elecciones no reflejaron la voluntad de la población zimbabwense. 
El proceso preelectoral y la celebración de las elecciones se caracterizaron por los intentos deliberados por parte de las autoridades de impedir unas elecciones libres y justas. 
Nos preocupa, en particular, la incesante violencia y la represión que reinan en Zimbabwe y la opresión que sufre la oposición, la sociedad civil y la prensa independiente. 
La prioridad principal es poner fin a la violencia y solucionar el conflicto político a través de la negociación. 
Sólo si existe un cierto grado de paz social podrá establecerse el Estado de derecho y, con él, la imparcialidad de instituciones estatales, como las fuerzas de seguridad. 
La UE ha impuesto sanciones dirigidas a los miembros del partido en el Gobierno y una moratoria para los contactos ministeriales bilaterales. 
Es posible que el Consejo decida ampliar las sanciones, habida cuenta del punto muerto y de la falta de progreso en el diálogo entre partidos y la continua represión y violencia que presenciamos en Zimbabwe. 
Quisiera resaltar que la situación en Zimbabwe se ha convertido en una auténtica situación de emergencia, y es probable que se prolongue. 
Nos hemos adelantado a las necesidades humanitarias y estamos ayudando a paliar la escasez de alimentos y las necesidades de los refugiados y de las personas desplazadas internas. 
Hemos puesto a disposición 18 millones de euros para cubrir las necesidades inmediatas. 
Esta cifra no es definitiva, pero refleja la evaluación de las necesidades que hemos realizado hasta ahora. 
Normalmente, ésa es nuestra forma de actuar. Debemos garantizar que constituye la base de nuestras decisiones. 
Estos fondos los gestionará el Programa Mundial de Alimentos y diferentes ONG, lo que refleja la necesidad de evitar juegos políticos. 
A pesar de que estamos dispuestos a realizar un esfuerzo importante para ayudar a la población, somos muy conscientes de los informes que apuntan al uso que hace el Gobierno de Zimbabwe de la crisis alimentaria con fines políticos. 
En nuestros contactos con las autoridades zimbabwenses hemos insistido sistemáticamente en que se preste ayuda a todos los necesitados de ayuda humanitaria de emergencia con independencia de cuál sea su ideología política, y hemos reiterado la necesidad de que la distribución de alimentos no se haga con fines partidistas. 
Lamentablemente, hace unos 18 meses, la violencia puso fin a uno de nuestros intentos de distribuir alimentos de manera equitativa. 
Asimismo, hemos resaltado que la actual escasez de alimentos en Zimbabwe- que en otros tiempos fue un país exportador de productos alimenticios- es consecuencia, principalmente, de políticas equivocadas y sólo en parte de la sequía. 
El problema de la sequía, sin embargo, afecta a toda la región y tiene repercusiones negativas porque dificulta aún más la adquisición de alimentos en la zona con vistas a ayudar a Zimbabwe. 
O sea, que la sequía ha agravado la situación, pero los problemas reales que encontramos en Zimbabwe no provienen fundamentalmente de la sequía, sino que son el resultado de políticas equivocadas. 
Creemos que la comunidad internacional debería vigilar muy de cerca la situación. 
La troika de la Unión Europea visitará la semana próxima la región de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral para consultar con sus países miembros la línea de actuación y para apoyar los esfuerzos realizados en la región para mediar en una solución política negociada de la crisis interna de Zimbabwe. 
Esperamos poder iniciar un auténtico diálogo sobre Zimbabwe y fomentar la coordinación entre la UE y la región de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral. 
De hecho, hemos conseguido establecer un estrecho diálogo político con la mencionada región durante los meses difíciles- invierno y comienzos de primavera- de este año, pero debemos avanzar más en dichas conversaciones para intentar crear una influencia positiva sobre la situación en Zimbabwe. 
Respecto a la sugerencia del Sr. Mulder de hacer algo en relación con los activos financieros que los dirigentes de Zimbabwe tienen en Europa, no fuimos demasiado buenos a la hora de interponer una demanda justificada y legítima a Nigeria con vistas a identificar y recuperar los fondos robados por el anterior gobierno militar. 
Hemos avanzado algo, afortunadamente, en lo que se refiere a varias sentencias judiciales y esto es importante. 
Lo menciono sencillamente para ilustrar lo difícil que resulta realizar algo como eso, pero es un ámbito que debemos estudiar. 
Debemos tratar sobre la cuestión de la extraterritorialidad en este tipo de sanciones, y no es nada fácil. 
Están en juego importantes principios en este tipo de decisiones y negociaciones. 
Por lo tanto, aunque acojo con gran satisfacción el impulso y la dirección del planteamiento de la intervención del Sr. Mulder, debemos actuar con la máxima cautela. 
Señor Presidente, agradezco la respuesta del Sr. Comisario. 
Creo que existe una cierta diferencia con la situación en Nigeria porque, por lo que puedo recordar de la prensa, ésta sólo afectaba a cuentas bancarias en Suiza y allí se recuperaron algunos fondos. 
Pero estoy pensando principalmente en las propiedades físicas que tienen en países de la Unión Europea y, probablemente, también en los Estados Unidos. 
Quizá se podrían investigar las adquisiciones efectuadas durante los últimos dos años aproximadamente, que podrían recuperarse y luego dar publicidad a este hecho. 
En ese caso, la población zimbabwense se preguntaría: ¿de dónde salieron los fondos? 
¿Cómo pudieron hacer eso? 
En Europa, todas esas cosas son del dominio público y sólo hace falta que un funcionario de la Comisión lo investigue y lo estudie y luego lo publique. 
Señor Presidente, una breve pregunta más al Comisario: ¿está dispuesta la Comisión a defender frente al Consejo que los terms of reference para esta high level troika, que está viajando ahora hacia África meridional, no se vean desvirtuados ni limitados, sino que luego se discutan y negocien también allí in situ, como corresponde a la seriedad da la situación, con los vecinos de Zimbabwe? 
. 
(EN) Señor Presidente, puedo decir al Sr. Gahler que la troika es otra cosa, pero nosotros, en la Comisión, mantenemos un diálogo continuo e íntimo con los gobiernos de toda la región, con o sin troikas. 
Hablamos por teléfono, también nos reunimos con carácter informal, y considero que esta misión de la troika, por su oportunidad y visibilidad, puede ser el modo idóneo de esclarecer la gravedad del momento. 
También es una buena señal para nuestros socios de la región de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral el hecho de que queramos seguir impulsando y, de una manera más sistemática, mantener un intercambio constante y muy directo de puntos de vista sobre los problemas de esta naturaleza. 
Pero debemos hacerlo de una manera que les inspire la confianza necesaria para iniciar el diálogo con nosotros. 
Así es como debe hacerse. 
En ninguna circunstancias pondremos límites a los mandatos porque todo este asunto, toda esta negociación, forma parte de un diálogo político continuo con la región. 
Señor Mulder, le digo sí; parece fácil tal y como usted lo plantea, y sería así si estuviéramos seguros de que en el registro de la propiedad figuran los nombre verdaderos. 
Pero es posible que no sea así. 
Por lo tanto, conseguir algo que sea realmente importante, es mucho más difícil de lo que usted sugiere. 
Le recuerdo el consejo que daban los periodistas de la investigación del caso Watergate- "sigue la pista del dinero" -creo que tiene sentido intentar seguir esa pista. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas. 
(La sesión, suspendida a las 17.20, se reanuda a las 17.30 horas) 
Señor Presidente, esta tarde el debate se ha interrumpido por más de un cuarto de hora en dos ocasiones, primero antes de las cuestiones de urgencia y luego, una vez más, después de las cuestiones de urgencia. 
Quiero decir solamente que en el futuro el servicio de la sesión calcule de otro modo la tarde del jueves, en el que siempre sucede esto, en concreto, distribuyendo automáticamente 20 minutos. 
Si distribuye 20 minutos más de turno de palabra que hasta ahora, entonces todo irá con gran precisión. 
Si estuvieran presentes realmente todos los que desean hablar, cosa que espero, lo peor que podría pasar es que esta votación tuviera lugar a las 17.45 horas, en vez de a las 17.30 horas. 
Hasta ahora hemos votado, en cualquier caso, a las 18.30 horas. 
Le ruego amablemente, señor Presidente, que diga al servicio de la sesión que se puede calcular con un poco más de generosidad. 
Hoy he sido advertido con relativa puntualidad en dos intervenciones por su predecesor. 
Respeto esto, pero entonces no deben producirse tiempos vacíos en el programa. 
Señor Posselt, muchas gracias por su observación; tomo nota de ella, y le aseguro que la transmitiré debidamente. 
Señor Presidente, siendo mi intención explicar mi voto favorable a este informe y dado que fui elegido como representante de los pensionistas, siempre me ha preocupado estar quizás demasiado a favor de las personas mayores y de los pensionistas en mis explicaciones de voto. 
Por eso, he querido pedir consejo al diputado más joven presente hoy en este Pleno, y el diputado más joven presente en este Pleno en este momento está, casualmente, a mi lado y es la Sra. Kauppi que me ha contestado con estas palabras: "Creo que es útil un voto favorable porque así se pueden coordinar mejor en todo el mundo las políticas de las Naciones Unidas en favor de las personas mayores y de los pensionistas de todo el mundo". 
Si una diputada tan joven habla en favor de las personas mayores significa que a todos nosotros, independientemente de nuestra edad, nos preocupa que se ayude cada vez más a las personas mayores y pensionistas en todo el mundo. 
Por lo tanto, no me queda más que confiar en que en el futuro la Unión Europea tenga un solo representante en las Naciones Unidas y espero que este representante sea la joven Piia-Noora Kauppi que ha demostrado no sólo al Partido de los Pensionistas, sino a todos los partidos que están representados en este Pleno del Parlamento de Estrasburgo, que se toma muy a pecho a las personas mayores. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 16 de abril de 2002 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a la delegación del Parlamento brasileño que ha tomado asiento en la tribuna oficial. 
La delegación está encabezada por el Sr. Foscarini y ha visitado el Parlamento durante la semana pasada. 
Espero que su visita haya resultado interesante e instructiva. 
Sean bienvenidos. 
(Vivos aplausos) 
Tengo también el enorme placer de dar la bienvenida entre nosotros a un grupo de estudiantes del Colegio Jean Zay de Lens, Francia, así como a sus profesores y al Alcalde de Lens, Sr. Guy Delcourt. 
En su colegio han construido una moneda gigante de euro que, según tengo entendido, ha entrado en el Libro Guinness de los Récords y que está expuesta en el Ministerio de Economía francés. 
Quiero darles las gracias por sus esfuerzos y decirles, una vez más, que hoy les damos la bienvenida a esta Asamblea 
Respecto al orden de los trabajos para hoy, quiero informar a la Asamblea que el Sr. Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación con América Latina, no podrá acudir al Parlamento hasta las 17.30 horas. 
Las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la Cumbre UE/América Latina comenzarán, por consiguiente, a partir de las 17.30 horas. 
Señor Presidente, Señorías, el Grupo socialista había solicitado la inclusión en el orden del día de hoy de una declaración del Consejo y de la Comisión sobre la Política Pesquera Común, al principio de la sesión plenaria. 
Además también solicitó que dicha declaración fuese acompañada de una explicación del Consejo y la Comisión sobre la Política Pesquera Común y la forma en que se han adoptado las decisiones que en las que se apoya. 
Pedimos esta explicación porque entre la opinión pública ha surgido la impresión- a lo cual también han contribuido activamente el Gobierno español y su Ministro de Agricultura, por lo menos- de que el Gobierno de un Estado miembro influyó o ejerció presiones sobre uno o varios miembros de la Comisión durante el proceso de adopción de dichas decisiones. 
Se trataría de un hecho particularmente significativo dada la relevancia de dicho proceso para la legislación europea. 
Por esto habría sido conveniente una declaración del Consejo y de la Comisión al respecto, es decir, sobre cómo se adoptaron dichas decisiones. 
Estamos aún más convencidos de ello después de tener que leer, en los comunicados de las agencias de prensa de hoy, que el miembro de la Comisión objeto de dichos comentarios y que aparentemente recibió presiones de su gobierno, la Sra. Comisaria De Palacio, ha expuesto en una carta pública fuertes críticas contra las decisiones de la Comisión; parece ser que ella no asistió a la sesión decisiva de la Comisión. 
Es decir que las circunstancias que nos llamaron la atención en su momento se están concretando cada vez más y, en consecuencia, exigen un debate en el Parlamento, pero este debería ir precedido, por lo menos, de una declaración del Consejo y de la Comisión. 
El Consejo no está presente hoy. 
Sin embargo, podría presentar en la próxima sesión plenaria de Estrasburgo la correspondiente declaración, desde su punto de vista, sobre el proceso de adopción de dichas decisiones. 
En cualquier caso, el representante de la Comisión, también podría aclarar por lo menos hoy cómo adoptaron dichas decisiones comunes, además de presentar su declaración sobre la Política Pesquera Común. 
Señor Presidente, yo no habría intervenido si el colega Schulz no hubiese hecho estos comentarios. 
No es mi intención juzgar ahora la actuación del Gobierno al que se ha referido el colega Schulz, ni tampoco la actuación de un miembro de la Comisión. 
Sus observaciones habrían resultado, sin embargo, más creíbles, colega Schulz, si también hubiese criticado las presiones que ejerció el Gobierno federal alemán sobre el Consejo de Ministros para evitar que se cursase la nota de advertencia que debía recibir. 
Su intervención habría resultado más creíble si hubiese incluido también como tema de una declaración a un miembro de su partido, que forma parte de la Comisión- y no voy a mencionar explícitamente su nombre ahora porque no quiero suscitar un gran debate -, cuando éste infringió las normas de la Comisión. 
Quiero dejar bien claro que no es mi intención abrir un debate sobre hechos pasados. 
Sin embargo, usted está sacando a relucir determinados temas de manera selectiva y esto mina su credibilidad. 
Ello no contribuye a apuntalar la crítica, posiblemente justificada, contra la actuación individual de determinados gobiernos o comisarios. 
Todos estábamos de acuerdo en que el Comisario Fischler realizaría hoy una declaración. 
Acogemos con satisfacción su presencia y no deberíamos aprovechar indebidamente su intervención para hacer declaraciones partidistas. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, a veces resulta difícil mantener la cabeza fría cuando la sensación de agravio lo invade todo y creo que estamos presenciando sus consecuencias. 
No hay duda de que se han hecho acusaciones en relación con la actuación de determinados Comisarios, entre otros, en un caso relacionado con la pesca, pero esta cuestión ha sido estudiada por la Conferencia de Presidentes. 
La Comisión de Pesca ha recibido la solicitud de examinar el asunto y de comunicar el resultado a la Conferencia de Presidentes, y tengo entendido que la Comisión de Control Presupuestario también está examinando este asunto. 
Es importante que permitamos que el proceso parlamentario correspondiente siga su curso antes de plantear estas cuestiones en el Pleno. 
También es importante que no mezclemos estas acusaciones con una comunicación muy importante que la Comisión ha presentado sobre el futuro de la Política Común de Pesca relativa a la protección de los recursos pesqueros para las generaciones futuras. 
Por consiguiente, quiero rogarle, señor Presidente, que pida al Sr. Schulz que, en nombre del Grupo Socialista, vuelva a plantear este asunto a su debido tiempo en la Conferencia de Presidentes. 
Señor Presidente, dos cuestiones: en primer lugar, en la Conferencia de Presidentes acordamos que se debatirían ambos temas. 
Nosotros deseábamos que se tratasen por separado, pero se nos replicó que no, que sólo era posible hacerlo en el contexto de la declaración de la Comisión. 
Pero es necesario decidir en algún momento qué se desea hacer. 
Nosotros estamos dispuestos a debatir este asunto de una manera o de otra, pero lo que no aceptamos es que cada vez que se adopta una decisión, se nos diga que habría que proceder de otra manera y luego, de nuevo, que habría que hacerlo a la inversa. 
En segundo lugar, en relación con las intervenciones de los gobiernos. 
Voy a darle una sorpresa. 
Tiene usted razón en su crítica contra el Canciller federal y él también tiene razón cuando critica al gobierno... 
(Exclamación del Sr. Poettering: ¡Entonces que haga ambas cosas!) 
... ¡es lo que estoy diciendo! 
¡Pero estamos ante un error de fondo! 
Los comisarios no son representantes de sus gobiernos, sino que representan los intereses de la Unión Europea. 
Los ministros representan a los gobiernos. 
Tenemos que decírselo muy claramente a todos nuestros gobiernos. 
No actuemos como representantes de nuestros partidos o de nuestros gobiernos, en nuestra calidad de diputados. 
¡Defendamos, junto con la Comisión, los intereses de la Unión Europea! 
¿De acuerdo? 
¡Trato hecho! 
(Risas, aplausos) 
Señor Presidente, sólo deseo recordar a la Asamblea que aunque existan dificultades o desacuerdos con respecto a los procedimientos o a la indebida injerencia contra algunos miembros de la Comisión o cualquier otro, el asunto más importante de nuestro debate de hoy son los medios de vida de cientos de miles de personas que trabajan en el sector pesquero. 
Estas personas quieren garantías de que podrán continuar con sus actividades pesqueras, proporcionar alimentos a la población de Europa y mantener comunidades costeras rurales sólidas. 
Estas discusiones acerca de los procedimientos, problemas puntuales o problemas políticos en nada benefician al Parlamento. 
Se supone que debemos representar los intereses de las personas de la Unión Europea, y no aquéllos de los bloques políticos que intentan adjudicarse puntos. 
Por ello debemos escuchar lo que el Comisario Fischler tiene que decir, y rechazar o apoyar la política. 
Ocupémonos de cuestiones reales y no de cuestiones esotéricas con las que algunos intentan adjudicarse puntos políticos. 
Señor Presidente, como ha dicho el Sr. Watson, en la Comisión de Pesca hemos investigado exhaustivamente este asunto a petición de la Conferencia de Presidentes. 
Ya hemos elaborado un informe basado en una audición muy sincera de dos horas que hemos celebrado con el Sr. Fischler, que respondió con toda franqueza a un bombardeo de preguntas. 
Presentaremos dicho informe a la Conferencia de Presidentes una vez que la Comisión de Pesca haya examinado de nuevo el informe para garantizar el acuerdo respecto a que se trata del acta fiel de la audición celebrada la semana pasada. 
Ahora, nuestro deber en la Comisión de Pesca, como Brian Crowley acaba de decir, es centrar nuestra atención en el paquete de reformas de la Política Común de Pesca. 
Actuar de otro modo y poner nuevos obstáculos para impedir que esta reforma siga adelante con su procedimiento equivale sencillamente a hacerle el juego a aquellos que intentan hacer descarrilar todo el proceso. 
Espero que la Asamblea respalde a la Comisión de Pesca en su análisis del paquete de reformas. 
Si hay otras preguntas sobre la gestión del personal o cualquier otro aspecto de esta controversia, lo dejo en manos de los buenos oficios de la Conferencia de Presidentes. 
Señor Presidente, lo que me mueve a tomar la palabra es sólo el comentario del Sr. Cohn-Bendit respecto a que no debemos servir a intereses nacionales en esta cuestión. 
Como danesa, me gustaría decir que estoy totalmente de acuerdo. 
Sin embargo, debe investigarse si de hecho ha sucedido de esta forma y si han intervenido intereses nacionales. 
Y me parece que una declaración no es suficiente. 
Cualquiera puede llegar y decir cualquier cosa. 
Hemos de tener una investigación en condiciones. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo en que lo que debemos defender aquí sean los intereses de la Unión. 
Son los intereses de nuestros hijos y de nuestros nietos. 
¿Queremos que haya peces en el mar también para las generaciones futuras? 
Luego, no son los intereses de la Unión, son los intereses de las generaciones futuras los que debemos servir. 
Señor Presidente, acepto las razones que la Conferencia de Presidentes tenía inicialmente para mantener separado el debate sobre la esencia de las propuestas que todos esperamos impacientes poder debatir. 
Pero también creo que no hemos zanjado la cuestión de la reciente controversia. 
Como han dicho otros, existen asuntos de mayor calado que vale la pena investigar más a fondo. 
Por ejemplo, es una coincidencia notable que hace 10 años, la última vez que se revisó la PCP, el entonces Director General de Pesca cesara de su cargo en circunstancias muy similares durante una polémica muy similar a ésta. 
Por consiguiente, para despejar cualquier duda que pueda ceñirse sobre la Comisión en esta cuestión, creo que se impone seguir investigando, con independencia de las consideraciones de la Comisión de Pesca respecto a la esencia de las propuestas. 
Señor Presidente, creo que estamos ocupados por un procedimiento democrático que realmente oculta intereses que no se pueden negar. 
La reforma propuesta por la Comisión provocará la pérdida de 28.000 puestos de trabajo en un ambiente en el que se mantiene una discriminación evidente al permitir capturas suplementarias a los países del Norte contra los países del Sur. 
Todos estamos a favor de la conservación de los recursos, siempre que todos los europeos seamos iguales en los mares comunitarios, cosa que niega la Comisión, y que niegan muchos de los que están protestando por intervenciones, que yo no apruebo, del Gobierno español. 
Señor Presidente, yo también voy a hacer una propuesta sobre el procedimiento y no voy a abundar más en las declaraciones del Sr. Poettering. 
Naturalmente, me resulta difícil. Los que me conocen comprenderán que esto me exige un gran esfuerzo de autocontrol. 
En Alemania se celebrarán elecciones dentro de un par de semanas y el Sr. Poettering ha dejado claro que la campaña electoral ya ha comenzado. 
Por esto no voy a entrar en sus declaraciones. 
Pero el hecho de que, ante una solicitud relativa al orden de los trabajos presentada por nuestro Grupo y que yo he justificado objetivamente aquí, se tenga que responder con una crítica contra el propio Gobierno para obtener credibilidad, ¡es el colmo de la política partidista! 
¡Por esto carece usted de credibilidad! 
Nosotros pedimos que se someta a votación nuestra solicitud. 
Este asunto ha sido sometido a debate en la Conferencia de Presidentes cuando preparamos el orden del día para hoy. 
El orden del día para hoy fue sometido a votación y aprobado en la Sesión Plenaria del Parlamento en Estrasburgo. 
Una vez aprobado, la facultad discrecional para su modificación recae exclusivamente sobre la Presidencia. 
Tomo nota de la solicitud del Sr. Schulz del Grupo Socialista. 
Teniendo en cuenta la labor de nuestros colegas de la Comisión de Pesca, sugiero que invitemos al presidente de la comisión a presentar un informe a la Conferencia de Presidentes y, a la luz del mismo, la Conferencia de Presidentes hará una recomendación sobre cualquier otro punto del orden del día, como hoy propone el Sr. Schulz. 
Quisiera sugerir que aprobemos el orden del hoy sin modificaciones. 
(El Parlamento aprueba el orden de los trabajos) 
Señor Presidente, yo quiero intervenir con motivo un suceso muy reciente, para formular una pregunta sobre la seguridad y dirigir al mismo tiempo una advertencia a todas las personas que entran y salen de este edificio. 
Ayer, sobre las 18.00 horas fui asaltada y atracada, junto con mi asistente, por un grupo de cuatro o cinco jóvenes junto a la entrada de visitantes. 
A mi asistente le robaron la cartera y tiene lesionada una mano. 
Estábamos en el patio, en la zona de seguridad, en la zona cubierta por las cámaras de vigilancia. 
El ataque quedó perfectamente registrado y yo les recomiendo a todos la grabación, como una lección instructiva. 
Yo pedí ayuda a gritos y perseguí a los culpables a través del parque. 
Mi asistente no recibió apoyo y ayuda del servicio de seguridad hasta que consiguió levantarse y entrar en el edificio. 
Por lo tanto, quiero hacer constar que nuestra seguridad no está garantizada en los accesos de este edificio. 
Mi pregunta es: ¿por qué no acudió en nuestra ayuda el servicio de seguridad? 
Podrían haberme oído y de hecho me oyeron. 
¿Qué medidas ha adoptado el Parlamento desde que ocurrió el anterior incidente de este tipo? 
Yo pido que se establezca una zona de seguridad o una zona de acceso restringido alrededor de este edificio y también del edificio Eastman, que también debemos utilizar como parte del Parlamento. 
Es inadmisible que bandas de ladrones puedan desarrollar sin problemas su actividad delictiva en este edificio y que nuestro servicio de seguridad se limite a poner trabas y a controlar a nuestros grupos de visitantes, a nuestros asistentes y a veces también a los diputados. 
Señora Klaß, su cuestión de orden es muy oportuna. 
Como puede comprobar por la reacción, usted y su asistente cuentan con el apoyo y, estoy seguro, con la solidaridad de toda la Asamblea. 
El problema que usted plantea es muy grave. 
Hoy se celebrará una reunión de la Mesa en la que plantearé esta cuestión y le informaré sobre la decisión adoptada. 
Señor Presidente, es preciso añadir un detalle adicional a las importantes explicaciones de la colega Klaß. 
Todo el suceso quedó grabado. 
Por lo tanto, señor Presidente, ha llegado el momento de que usted adopte medidas legales disciplinarias contra todos los responsables del servicio de seguridad que se encontraban en las proximidades y no intervinieron. 
Además, también debería presentar una denuncia ante las autoridades penales competentes por omisión de socorro. 
Señor Presidente, es oportuno que exponga mi cuestión de orden tras este intercambio porque la mayor agitación política que existe en el centro de Bruselas en estos momentos gira en torno a las maquinaciones e intrigas sobre la política de pesca, más que sobre su contenido que, naturalmente, es muy importante. 
Es muy lamentable que no tengamos la flexibilidad suficiente para incluir en nuestro orden del día un debate sobre la amenaza de una guerra nuclear que se cierne en Asia entre la India y el Pakistán. 
Deseo protestar porque nuestro ensimismamiento nos impide prestar atención a la mayor amenaza a la que hoy se enfrenta la seguridad mundial- una guerra en la que podrían morir millones de personas. 
Me alegra que el Sr. Solana, el Sr. Patten y el Sr. Straw hayan viajado a la región, y no digo que un debate del Parlamento Europeo sea decisivo, pero parece que estemos haciendo caso omiso del problema. 
El Parlamento Europeo está eludiendo así toda reivindicación del intento de construir una Política Exterior y de Seguridad Común de la UE. 
Francamente, dicha amenaza que se cierne sobre el mundo cambia el cariz de las cosas que hemos oído durante el último cuarto de hora. 
Reconozco plenamente la cuestión que plantea sobre la gravedad del problema entre el Pakistán y la India con respecto a Cachemira. 
El Comisario Patten no puede asistir a nuestra sesión de hoy ni de mañana, pero comparecerá el lunes próximo ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
La Presidencia española ha indicado que está dispuesta a debatir este asunto en Estrasburgo. 
O sea, que aunque no estamos en condiciones de debatir este asunto en le presente período parcial de sesiones, hemos tomado medidas para garantizar que se incluirá en nuestro orden del día por las razones que usted mismo ha señalado. 
Señor Presidente, el 10 de abril debatimos el informe González Álvarez sobre el alcohol etílico de origen agrícola. 
Fui ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior para dicho informe, que fue retirado el mismo 10 de abril por carecer de un fundamento jurídico adecuado para la medida en su situación de entonces. 
Ayer, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó, por procedimiento de urgencia, el informe en su nueva forma sin la menor referencia a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Es una manera irregular de proceder y solicito que se le pida a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, aunque deba hacerlo sin pérdida de tiempo, que verifique la existencia de fundamento jurídico para esta medida en su nueva forma. 
Aprovecho mi intervención sobre el artículo 63 del Reglamento para añadir que son numerosas las cuestiones de la reforma de la Política Común de Pesca que despiertan serias dudas sobre el fundamento jurídico, y espero que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, así como la Comisión de Pesca, estudien detenidamente este aspecto. 
Gracias por poner en nuestra atención esta cuestión. 
Lo comprobaremos antes de que se celebre el próximo período parcial de sesiones de Estrasburgo. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la Política Común de Pesca. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, agradezco mucho tener la oportunidad de exponerles hoy el contenido de la propuesta de reforma que ayer decidimos presentar al Consejo de Ministros de Pesca y al Parlamento. 
No es exagerado, ni tampoco retórica barata, decir que sólo mediante una reforma profunda podremos garantizar un futuro para nuestros pescadores y también para las poblaciones de peces. 
La política de pesca actual no es sostenible y, por lo tanto, está condenada al fracaso. 
Cada vez hay más poblaciones de peces amenazadas de desaparición. 
La capacidad pesquera no disminuye, sino que va en aumento. 
Los controles y sanciones son desiguales y, por lo tanto, injustos. 
Cada vez se pesca menos aunque el dispendio es mayor. 
Las oportunidades económicas de los pescadores se están deteriorando y muchos tienen que dejar la actividad pese al aumento de las subvenciones públicas. 
Ya me han preguntado muchas veces cómo hemos podido llegar a esta situación. 
Mi respuesta es la siguiente: ¡porque el sistema que tenemos es erróneo! 
Por esto no necesitamos curar los síntomas, sino modificar el sistema. 
La futura política de pesca necesita unos objetivos claros. 
La reforma debe concretarse en una nueva política de pesca que garantice un desarrollo sostenible desde el punto de vista ecológico y económico, pero también social. 
Necesitamos una pesca y una acuicultura responsables, que permitan mantener un ecosistema marino sano. 
Aspiramos a contar con un sector rentable y competitivo, que también sea beneficioso para los consumidores. 
También debemos asegurar, no obstante, un marco de condiciones económicas equitativas para las personas que dependen sobre todo de la pesca. 
También queremos aplicar en la nueva política de pesca los principios de ' nueva gobernanza? , para lo cual debemos garantizar la publicidad y transparencia de nuestras medidas, promover la participación del propio sector, dejar claras las responsabilidades, desarrollar procedimientos de decisión ágiles y asegurar la coherencia con otras políticas. 
La mejor manera de aclarar el alcance de la reforma es establecer una comparación entre la política actual y la futura. 
Hasta ahora, el Consejo de Pesca ha decidido cada año, en diciembre, los TAC y las cuotas y cada año las recomendaciones científicas han quedado diluidas por los compromisos. 
A ello se suma el hecho de que el sistema existente hasta ahora no ha puesto freno de manera eficaz a las capturas ilegales y las excesivas capturas accesorias de alevines. 
Hemos centrado nuestra política de recursos pesqueros y su control en torno a las cuotas, en vez de establecer una clara relación directa entre los recursos determinados científicamente contabilizadas y el esfuerzo pesquero, cuya supervisión resulta considerablemente más fácil. 
Hemos desarrollado una política de flotas con unos objetivos que no han conducido a ninguna reducción perceptible de las capacidades y unas medidas en las que las subvenciones para el desguace quedaban totalmente contrarrestadas por las subvenciones para la construcción de buques nuevos, en vez de establecer una vinculación entre los recursos más expuestos a las presiones de capacidad y la necesaria reducción, a fin de poder conceder niveles razonables de esfuerzo pesquero a los pescadores individuales. 
Con ello hemos contribuido al desarrollo de una competencia entre buques con una capacidad cada vez mayor por unos recursos cada vez más escasos, con la consecuencia de que, pese a la subida de los precios del pescado, la rentabilidad económica se ha reducido y entre 1991 y 1998 ya se perdieran alrededor de 66.000 puestos de trabajo. 
Esta tendencia se ha intensificado al dedicar primordialmente los recursos financieros a la adquisición de nuevos buques con una mayor capacidad de captura, en vez de dedicarlos a medidas que ofrecieran alternativas a los afectados. 
Como colofón, en vez de procurar garantizar unas condiciones equitativas, hemos sembrado, además, un clima de desconfianza con la aplicación de controles y sanciones completamente diferentes, de manera que actualmente cada uno cree estar recibiendo un trato más desfavorable que el colega del país vecino. 
Por todos estos motivos queremos establecer un sistema nuevo y coherente que, a ser posible, conduzca por sí mismo a la consecución de los objetivos fijados, en vez de actuar como una espiral funesta. 
Para ello hemos tomado como punto de partida las poblaciones marinas que por regla general son objeto de pesca común. 
Se encomendará a los científicos la evaluación de su situación y, en caso necesario, se elaborarán planes plurianuales de repoblación y explotación. 
Sobre esta base, podremos calcular qué esfuerzo pesquero podrán soportar las poblaciones y qué medidas técnicas será necesario aplicar. 
En otras palabras: en el futuro vamos a fijar cada vez menos TAC y cuotas anuales, para determinar, en su lugar, cuántos buques podrán faenar, con qué redes y durante cuántos días en determinadas zonas para realizar capturas entre sus poblaciones. 
Este sistema también será mucho más sencillo de controlar con ayuda del sistema de localización de buques vía satélite y se podrá adaptar asimismo de año en año según la evolución de las poblaciones. 
Donde exista un exceso de capacidad, los pescadores que no puedan permitirse seguir manteniendo en operación sus buques tendrán que preguntarse: ¿qué me resulta más atractivo: seguir así o abandonar el sector, desguazar el buque y jubilarme, o reconvertirme y formarme para desarrollar otra profesión? 
En cualquier caso, tenemos que dejar de incitar a los pescadores afectados a embarcarse en nuevas inversiones con la ayuda de primas, sin que esté garantizado un contexto económico adecuado. 
Por el contrario, queremos utilizar los fondos públicos para facilitar el abandono y la transición a un futuro positivo, lo cual mejorará simultáneamente las oportunidades para los armadores que continúen. 
Para financiar este planteamiento se requerirá, en primer lugar, una reprogramación de los programas estructurales existentes para la pesca. 
Los Estados miembros no pueden continuar escudándose tras el argumento de que es preciso esperar hasta 2006. 
La normativa actual ya prevé la posibilidad de una reprogramación. 
Nosotros proponemos que los recursos dedicados hasta ahora a la exportación de buques y a las empresas mixtas se utilicen para el desguace y que, en lugar de subvencionar la adquisición de nuevos buques y mantener por consiguiente unas condiciones de competencia artificiales, se destinen 450 millones de euros a medidas sociales. 
Nos parece imprescindible que este dinero se destine en adelante a medidas sociales, puesto que, según nuestros primeros cálculos, la limitación del esfuerzo pesquero podría suponer la supresión de unos 7.000 puestos de trabajo anuales. 
A lo cual se sumarían los que en cualquier caso ya se pierden cada año, por ejemplo porque también el sector pesquero trabaja con técnicas cada vez más modernas, que requieren menos intensidad de mano de obra. 
En cualquier caso, habría que poner a disposición nuevos fondos adicionales para el desguace y para ayudas sociales si fuese necesario. 
Esta es la diferencia fundamental. 
Como les he dicho, en los últimos años se han perdido anualmente 8.000 puestos de trabajo sin la reforma. 
Para asegurar estos puestos de trabajo se han previsto unos 100 millones de euros para el período total del actual programa estructural. 
Para la adquisición de nuevos buques, se han previsto 800 millones de euros. 
Verdaderamente ha llegado el momento de prestar más atención a las personas y velar por que estos fondos adicionales reviertan en las personas y no en nuevos buques. 
El resultado de todos estos esfuerzos será una flota más pequeña pero más competitiva, cuyo esfuerzo pesquero mucho más ajustado a los recursos disponibles. 
También será una flota económicamente más sana y menos dependiente de las subvenciones. 
Para consolidar una supervisión unificada de la pesca proponemos la creación de una inspección pesquera común. 
Es necesario coordinar las actividades de control nacionales y de la UE, y emplear en común los medios financieros destinados a este fin. 
En efecto, los pescadores no se limitan a faenar dentro de las fronteras de su Estado nacional. 
¿Por qué los inspectores tendrían que controlar exclusivamente dentro de sus aguas nacionales? 
Por lo tanto, los controles, independientemente de que se efectúen en el Golfo de Vizcaya o en el canal de la Mancha, correrán a cargo de equipos de inspección integrados por inspectores de varios Estados miembros. 
Unos controles comunes también requerirán, empero, una armonización de las sanciones. 
Los Estados miembros que no respeten las disposiciones comunes deberán aceptar rebajas de cuotas, una reducción de su esfuerzo pesquero o reducciones de los fondos estructurales para la pesca. 
Soy consciente de que, de entrada, el sector contempla en parte con recelo estas reflexiones. 
No podemos reprochárselo, puesto que los directamente afectado por las Política Pesquera Común han permanecido excluidos durante todo este tiempo de la mayor parte de las decisiones adoptadas hasta ahora. 
También en este aspecto debemos emprender un nuevo camino y convertir al sector en nuestro primer y más importante asesor político. 
Pero para esto es necesario que también elaboremos todas nuestras decisiones de manera transparente y comprensible, a fin de que los pescadores ya no tengan la impresión de que en la pesca ocurre como en Rebelión en la granja, donde todos son iguales, pero algunos son más iguales que otros. 
También queremos fomentar el diálogo internacional, sobre todo el diálogo entre la Unión Europea y los países con los que hemos firmado acuerdos de pesca. 
Nuestra estrategia para la pesca a escala mundial incluye un plan de acción para la lucha contra las capturas ilegales, una evaluación más adecuada de la situación de los recursos pesqueros accesibles para los buques de la UE fuera de las aguas de la Unión y un marco básico integrado para la cooperación pesquera. 
Resumiendo, nuestro primer paquete de reforma contiene nuestros objetivos para el futuro y las propuestas de reforma relativas a la conservación de los recursos, la integración de objetivos medioambientales en la política pesquera, la política de flotas, el control de la actividad pesquera y la lucha contra la pesca ilegal. 
Seguirán otras propuestas e informes sobre la conservación de recursos en el Mediterráneo, la pesca fuera de las aguas de la UE, la supervisión de la actividad pesquera, la acuicultura, la integración de elementos económicos en la política pesquera común y la reestructuración de la flota en las zonas litorales. 
Nuestro calendario de trabajo prevé que las medidas puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2003. 
Si tenemos el valor de adoptar decisiones responsables, también podemos tener la esperanza de que conseguiremos una actividad pesquera sostenible, unos ecosistemas equilibrados, una mayor independencia del sector y la estabilización económica y social de nuestras regiones costeras. 
Por esto quisiera invitarles a avalar la reforma de la pesca. 
En cualquier caso, pueden contar con mi compromiso. 
Antes de acabar, permítanme que me refiera muy brevemente a diversas informaciones que se pueden leer hoy en la prensa. 
De ellas se desprende que la señora Vicepresidenta De Palacio Vallelersundi no está de acuerdo con la reforma de la pesca. 
También se han publicado otros artículos con una orientación parecida. 
Me parece lamentable. 
Yo quisiera decir claramente que no tiene nada de raro que un comisario escriba una carta a un colega en la fase previa a una decisión, pero la elección de las palabras de dicha carta es lamentable. 
Yo quisiera aclarar, en relación con las referencias a una provocación, que sólo una cosa sería una provocación y ésta es que no estuviésemos en condiciones de poder reformar a fondo el sector pesquero. 
Discutamos, por lo tanto, el contenido de la reforma a fin de que dicho sector y las personas activas en el mismo tengan un futuro. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, agradezco al Comisario su declaración. 
No hay ninguna duda de que la PCP necesitaba una reforma radical desde hace mucho tiempo, y debemos felicitar a la Comisión por la elaboración de un primer paquete de propuestas dinámicas, en particular, habida cuenta del esfuerzo concertado por desbaratar las reformas, sobre el que hablábamos al inicio de esta sesión, y la tormenta de controversias que ha desatado esta torpe táctica de intimidación. 
Acojo favorablemente las propuestas de establecer con carácter permanente las zonas de 6 y 12 millas, como medidas de salvaguarda fundamentales. 
Estoy encantado de que se hayan hecho devoluciones importantes en materia de gestión y controles de conservación a los Estados miembros dentro de dichas zonas. 
Es más, la devolución de la gestión es una característica fundamental de estas propuestas sobre la reforma de la PCP. 
La creación de consejos consultivos regionales en los que participen pescadores, científicos, representantes del sector de la acuicultura, ecologistas marinos e incluso el sector de la pesca deportiva, además de los políticos regionales, representa un hito en la participación de las partes interesadas. 
Aplaudo la valentía de la Comisión de exigir que se ponga fin inmediatamente al extraño espectáculo de subvencionar la modernización y la nueva construcción de buques en algunos Estados miembros, al tiempo que se subvenciona el desguace de buques en otros. 
Todos sabemos que hay demasiado pescadores para unos recursos pesqueros demasiado escasos. 
Todos sabemos que es necesario recortar la capacidad de la flota de la UE. 
Por consiguiente, debemos insistir en que toda la ayuda pública que se destina a la modernización y reestructuración y a la construcción de nuevos buques se destine en lo sucesivo al desguace. 
No obstante, en lo que respecta a la reducción global de la capacidad de la flota de la UE, las cifras de la Comisión despiertan una gran preocupación. 
Según mis cálculos, sobre una base de país por país, los Estados miembros del Norte que faenan principalmente en el Mar del Norte, el Báltico y el Atlántico, sufrirán un recorte del 21,3 % del tonelaje bruto. 
En cambio, los Estados miembros del Sur que faenan en el Mediterráneo, el Adriático y el Golfo de Vizcaya, experimentarán un recorte de sólo el 9,2 % del tonelaje bruto. 
Si tomamos ejemplos individuales, el Reino Unido deberá desguazar el 23,1 %, Bélgica el 25,3 %, Dinamarca el 27,3 % y Suecia se enfrentará a la asombrosa pérdida del 49,7 % de su tonelaje bruto. 
Entretanto, España, que cuenta con la mayor flota con diferencia de la UE, se escapa con un recorte de sólo el 9,4 % e Italia, que tiene la segunda mayor flota, sólo sufre un recorte del 7,3 %. 
Algunos se preguntan si la Comisión ha cedido a la presión de intimidación de España. 
Estudiaremos muy detenidamente estas cifras en la comisión. 
El Comisario ha dicho que no queremos seguir el camino de que todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros- pero ése parece ser exactamente el camino que estamos siguiendo con estas propuestas sobre los recortes. 
Señor Presidente, voy a comenzar por donde ha acabado el señor Comisario; en cualquier país de la Unión, si un Ministro escribe el mismo día en que se toma una decisión- y además no va al Consejo- una carta como la que ha escrito la Vicepresidenta de la Comisión al Comisario, se produciría una crisis de gobierno, y el Primer Ministro o el Presidente tendría que cesar a uno de ellos o a los dos. 
Ésas son las costumbres democráticas. 
Y aprovecho para decir, señor Presidente, después de escuchar al señor Presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento, que tengo muy poca confianza en su neutralidad a la hora de emprender una investigación imparcial, después de lo que ha dicho, porque el Presidente de la Comisión de Pesca tiene que representar los intereses del Parlamento, y no hacer sus propios cálculos sobre lo que puede interesar a un país o a otro. 
Permítame, señor Presidente, que diga que estamos ante un problema en relación con la reforma de la política de pesca, pero tenemos también un problema constitucional, y lo estamos viendo: en el Consejo, un Presidente del Consejo que dice que da instrucciones a la Comisión; en la Comisión, una escisión clarísima, pública y notoria, de la que nos hemos enterado por la prensa. 
Ayer la Comisión tomó la decisión y no ha comparecido ante el Parlamento; se lo ha contado todo a la prensa. 
La única forma que tenemos de enterarnos es comprando los periódicos. 
Señor Presidente, le voy a hacer solamente una pregunta al Comisario, y parto de la base de que el Parlamento tiene una enorme responsabilidad para tratar de defender los intereses de todos los europeos, empezando por los pescadores. 
Nosotros creemos que a este informe le falta hablar de cohesión económica y social; le falta hablar del tejido social en las zonas costeras, que también son europeas; le falta hablar de desarrollo sostenible; le falta incluir la acuicultura, y le falta hablar de los consumidores, que también tienen derecho y, además, estaremos todos de acuerdo en que, para mejorar nuestra dieta, los médicos nos dicen que hay que comer más pescado. 
Entonces, señor Presidente, la única pregunta que le hago al Comisario es la siguiente: ¿por qué no aplica a la reforma de la pesca todos los principios que afirma defender en la reforma de la Política Agraria Común? 
Si decimos que es multidimensional, que tiene que defender a los ciudadanos, al paisaje, a la cultura y a todos los aspectos que configuran la vida europea, ¿por qué lo defiende en la agricultura y no lo defiende en la pesca? 
(Aplausos) 
Señor Presidente, el Grupo ELDR acoge favorablemente las propuestas que ha presentado la Comisión. 
En su resolución sobre el Libro Verde, el Parlamento pedía una política que estableciera un equilibrio entre las necesidades de la sostenibilidad medioambiental y aquéllas de la pesca como sector socioeconómico. 
De hecho, el futuro de este sector depende de que hoy asumamos el compromiso de conservar los recursos. 
Reconocemos que existe la necesidad urgente de reducir el esfuerzo pesquero, y que éste debe efectuarse, en parte, mediante una reducción de la capacidad. 
No obstante, deberá llevarse a cabo de una manera equitativa y que además refleje la situación actual de los diferentes recursos. 
Tampoco cabe esperar que alcancemos el objetivo de sostenibilidad únicamente a través del desmantelamiento. 
Necesitamos una imagen clara de las otras medidas previstas con este fin y de cómo éstas se combinarán entre sí para materializarlo. 
Sin ninguna duda, el prometido enfoque a largo plazo, según el cual se fijarán capturas plurianuales, supondrá una importante mejora y ayudará a resolver el problema de los descartes. 
Las propuestas son gratificantes no sólo para los peces juveniles, sino también para otras especies vulnerables como los delfines, las aves marinas y los tiburones. 
También acogemos favorablemente la intención de velar por un mejor cumplimiento de las normas y la acción prevista de luchar contra la pesca ilegal y garantizar la pesca sostenible más allá de las aguas comunitarias. 
El mantenimiento del límite de 6 a 12 millas contribuirá al desarrollo de medidas de conservación y será determinante para la protección de la pesca costera de la que dependen muchas de nuestras comunidades más frágiles. 
La confirmación del Comisario de que la nueva normativa sobre estos límites entrará definitivamente en vigor, a más tardar, el 1 de enero de 2003 sería muy tranquilizadora. 
Asimismo, creemos que la creación de grupos consultivos regionales contribuirá de manera significativa al fomento de medidas de conservación responsables, aunque deberá definirse mejor el papel de dichos consejos. 
Entendemos que la retirada de ayuda pública a la modernización y renovación de la flota no será bien acogida por todos, pero dadas las circunstancias, creemos que la medida no es más que lógica. 
Por otra parte, la excepción por motivos de seguridad también es satisfactoria, siempre que sea exclusivamente por motivos de seguridad. 
Nos alegra, en particular, que los fondos se convertirán en un paquete social importante para paliar las consecuencias de las medidas sobre los modos de vida de las personas que actualmente dependen de la pesca. 
Siempre ha sido motivo de preocupación que las medidas de desmantelamiento no incluyan otras para ayudar a las tripulaciones de los buques pesqueros. 
Si hacemos las cosas bien, preservaremos la pesca y también a los pescadores. 
De lo contrario, no lograremos ninguna de ambas cosas y es posible que a las generaciones futuras les resulte muy difícil perdonarnos. 
Señor Presidente, este paquete tan esperado contiene muchos aspectos gratificantes. 
Naturalmente, para la PCP tendrá una importancia fundamental que hagamos hincapié en la conservación y la sostenibilidad. 
La gestión de multiespecies y plurianual es motivo de satisfacción. 
Los esfuerzos para crear igualdad de condiciones en el cumplimiento son gratificantes. 
Las medidas técnicas para la conservación y su desarrollo también son gratificantes. 
Naturalmente, la capacidad de la flota deberá ser más acorde con los recursos disponibles. 
Presumo que el Comisario podrá confirmarnos hoy que se tendrán en cuenta los esfuerzos realizados recientemente en determinados ámbitos en este sentido. 
Acojo favorablemente el mantenimiento del régimen de acceso al límite de las 6 y 12 millas, pero me preocupa profundamente la formulación de documentos en lo relativo al acceso a aguas y recursos y la estabilidad relativa más allá de las 12 millas. 
¿Está diciendo la Comisión que la igualdad de acceso traerá consigo la igualdad de oportunidades pesqueras en nuestras aguas? 
¿Dice realmente el documento que las claves para la estabilidad relativa estarán perennemente abiertas a su revisión? 
¿Tiene previsto la Comisión conceder cuotas a nuevos Estados miembros en zonas en las que actualmente no tienen ninguna- por ejemplo, en el Mar del Norte? 
La formulación del documento en ese capítulo en particular apunta hacia la inestabilidad relativa, en vez de la estabilidad que se buscaba. 
Es cuando menos posible que las, por otra parte, buenas intenciones de las propuestas sobre conservación del documento podrían verse muy mermadas. 
Por este motivo, pido garantías importantes y claras de intención en dicho ámbito. 
Señor Presidente, la Comisión hace una propuesta sobre la Política Común de Pesca y nos encontramos una vez más con la estrategia de cortar la cabeza para curar la jaqueca. 
Es innegable la delicada situación que atraviesan algunos caladeros, pero resulta sorprendente que la Comisión no encuentre otra solución que desmantelar el sector pesquero y los empleos asociados al mismo. 
Es sorprendente la escasa atención que se ha prestado a las medidas técnicas para la regeneración de stocks y la exoneración de la pesca industrial de las medidas de reducción de flota. 
Parecería que pescar industrialmente enormes cantidades de pescado, de forma indiscriminada, para alimentar a los animales, no afecta a los recursos marinos, mientras que la pesca para alimentar a los humanos, generando empleos y con mayor valor añadido, es la que esquilma los caladeros. 
La Comisión ha intentado disfrazar con un barniz ecologista una propuesta sesgada y parcial. 
Resulta sorprendente que se impongan una mayor reducción de flotas a los países que han cumplido las obligaciones de los POP sin imponer obligaciones adicionales a los que no las han satisfecho, o incluso que han incrementado la capacidad de flota- y no voy a dar nombres. 
La propuesta es parcial y discriminatoria. 
Olvida que hay acciones estructurales programadas hasta el año 2006. 
Resulta sorprendente que la Comisión ose suprimir las ayudas a la modernización de la flota acordadas en el Consejo de Berlín. 
El verdadero problema es un problema social. 
La propuesta de la Comisión se traducirá en la pérdida de un enorme número de puestos de trabajo en zonas dependientes de la pesca, en posiciones periféricas y con un alto nivel de desempleo. 
La Comisión debe ser consciente de que debería haber hecho propuestas equilibradas, de que con esta medida difícilmente avanzará la política pesquera, porque difícilmente podrá entrar en vigor y, mientras tanto, señor Comisario, seguiremos perdiendo un tiempo precioso para resolver los problemas de la pesca. 
Señor Presidente, esperaba que el tiempo adicional que se ha tomado la Comisión para poner a punto las propuestas tendría como resultado unos documentos que reflejaran plenamente las preocupaciones manifestadas por esta Asamblea cuando aprobamos nuestro dictamen este mismo año. 
Esperaba que prestara especial atención a las repercusiones sociales y económicas para las regiones de la periferia de la Unión. 
Estas zonas dependen fuertemente de la pesca porque no tienen ninguna otra fuente de empleo alternativa. 
Lamento decir que me ha decepcionado lo que la Comisión ha producido tras sus largas deliberaciones a numerosos niveles. 
En vez de unas medidas cuidadosamente elaboradas que aborden los problemas reales que afectan al sector pesquero, la Comisión ha presentado lo que sólo puede describirse como un instrumento muy burdo que, si se aprueba, no conseguirá proteger los recursos pesqueros ni solucionar el problema del esfuerzo pesquero. 
Irlanda cumple rigurosamente los compromisos legales establecidos en los programas de orientación plurianuales. 
Nuestras flotas pesqueras se mantienen dentro de los TAC y las cuotas impuestas legalmente sobre las dimensiones de la flota. 
En este contexto, es absolutamente inaceptable que la Comisión presente propuestas que penalizan a todos los países por los pecados de algunos. 
No dispongo de tiempo para referirme a los pecados de esos países ambiciosos, los Estados miembros de otras partes de la Unión que intentan explotar los recursos pesqueros en zonas apartadas de sus países. 
Estas propuestas subrayan que la reducción de la flota pesquera será del 8,5 %. 
Es un manera algo parcial de exponer los hechos. 
Puede que sea una reducción del 8,5 % de la flota pesquera, pero la reducción de la capacidad es del 18% como mínimo. 
Las propuestas de la Comisión encaminadas a prohibir todas las ayudas estatales para la mejora de la flota son una flagrante irresponsabilidad. 
La esencia de la política de renovación de la flota es mejorar la seguridad y las condiciones de vida a bordo de los buques, y no mejorar su capacidad o eficacia. 
Si no lo hacemos, será negligencia y debemos insistir en el derecho de los Estados miembros a mantener esa política. 
Por consiguiente, estoy profundamente decepcionado de que la Comisión no haya restablecido la política anterior a diciembre de 2001- ésa era la cláusula de seguridad respecto a la capacidad. 
¿Cómo puede afirmar la Comisión que defiende un entorno de trabajo más seguro para los pescadores y los miembros de la tripulación si al mismo tiempo penaliza a los armadores que quieren llevar a cabo medidas para mejorar la seguridad a bordo? 
Dicho llanamente, si quieren poner una cubierta convexa en un buque para proteger a la tripulación y crear un entorno más seguro, en lo sucesivo serán penalizados. 
La Comisión debe tener esto en cuenta y ser mucho más razonable. 
Para terminar, creo que estas propuestas de la Comisión son sólo eso. 
Es una suerte que los guardianes del Consejo de Ministros y del Parlamento Europeo estén ahí para proteger los recursos pesqueros y también, algo que es igual de importante, para proteger los intereses de los pescadores de las zonas donde, como decía al comienzo, no existe ninguna otra fuente de empleo alternativa. 
Señor Presidente, ésta no es una reforma, como señala la propia Comisión. 
El Reglamento nº 3760/92 del Consejo establece el marco sobre el que se asienta la PCP. 
Su piedra angular es, naturalmente, la igualdad de acceso a las aguas comunitarias, que fue derogada hasta el 1 de enero de 2003. 
Sólo entonces entrará plenamente en vigor la PCP. 
Por consiguiente, lo que vemos aquí es, en realidad, la fase final de la aplicación de la PCP. 
Después de 30 años de intromisiones de la Comisión y de luchas internas entre los Estados miembros, lo que tenemos ahora es una catástrofe ecológica de proporciones planetarias y la práctica destrucción de muchos elementos del sector pesquero británico. 
Esto es por sí solo testimonio gráfico del lamentable fracaso de las medidas aplicadas hasta ahora. 
Pero en vez de introducir nuevas medidas para encontrar solución a todo esto, lo que ahora tenemos delante es una contradicción total. 
Obligados por el Tratado a permitir la igualdad de acceso, lo que en realidad significa permitir a la flota española entrar en el resto de aguas británicas, contra eso, tenemos: estabilidad relativa. 
La estabilidad relativa está basada en la trayectoria; la igualdad de acceso está basada en los tonelajes de la flota. 
En realidad son cosas opuestas. 
No pueden existir una al lado de la otra. 
Por ello no es sorprendente que la Sra. De Palacio, colega del Sr. Fischler, haya expresado una reserva global respecto a todos los aspectos de la reforma propuesta, y yo comparto esa reserva global. 
Nada de lo que el Comisario ha ofrecido aborda la causa fundamental del fracaso, a saber, su carácter de política común. 
Las únicas políticas de pesca del mundo que han tenido éxito son aquellas que gestionan exclusivamente los Estados nación soberanos. 
O sea que la única opción real es abolir la PCP. 
La política y la pesca sencillamente no son compatibles. 
Señor Presidente, el hecho de que la Comisión acabe de descubrir su parte de responsabilidad en la conservación a largo plazo de los recursos pesqueros merece nuestro aplauso y nuestro apoyo. 
No obstante, como consecuencia del fracaso casi total de las políticas anteriores, soy de la opinión de que lo mejor sería devolver a los gobiernos de los Estados miembros el control de las actividades pesqueras, así como el control sobre sus antiguas aguas territoriales. 
Estas propuestas perjudican injustamente a los pescadores del Reino Unido con una reducción del tonelaje del 29%, en comparación con el 20% de Francia, el 12% de España y el 2% de Grecia. 
Las poblaciones de peces son auténticos recursos naturales y deben poder renovarse a perpetuidad. 
En las cadenas alimentarias que tienen su base en tierra, es necesario sembrar y criar, además de cosechar y procesar. 
Pero en el caso del pescado, nos limitamos a capturarlo. 
No podemos permitirnos pescar de una manera egoísta ni capturarlo hasta su extinción. 
Sería un acto de cinismo que los Estados miembros atenuaran aún más estas propuestas. 
No sólo necesitamos amigos de la pesca, sino también, y lo que es más importante, amigos de los peces. 
Ésta es probablemente la última oportunidad que tienen los países europeos de demostrar su clara determinación de encontrar solución a estos riesgos. 
Si estas propuestas no son eficaces, en lo que a mí respecta, defenderé la retirada total del Reino Unido de la PCP. 
Señor Presidente, señor Fischler, ha sucumbido usted ante el nacionalismo antieuropeísta de ciertos Estados que sólo quieren el monopolio del pescado para ellos; nada de compartir, ante la excusa del fundamentalismo medioambientalista que antepone los peces a los seres humanos. 
Conservación de los recursos: claro. 
Nosotros los primeros, usted no. 
Y usted no porque no da prioridad en sus propuestas a una radical reforma científica, que debe ser la base misma del sistema, la relega usted a un segundo plano, a un segundo paquete. 
Craso error. 
Permite, además, el escandaloso despilfarro de más de un millón de toneladas de pescado que un Estado miembro destruye al año para convertirlo en piensos animales sin preguntarse cómo afecta eso a la propia cadena alimenticia de las especies. 
Eso no es conservacionismo. 
Usted nos promete estudios, pero llevamos veinte años de política pesquera y usted nos sigue prometiendo estudios. 
No es presentable. 
Hay que repartir científicamente entre todos los recursos disponibles y hay que actualizar el grado de dependencia de las regiones europeas, cosa que usted tampoco ha hecho. 
Ha reconocido que los estudios son incompletos. 
No se puede abordar una reforma de este calibre con estudios incompletos de la dependencia de las regiones. 
Se mantienen zonas reservadas solamente para ciertos Estados. 
Se desguazan barcos partiendo de cero, como si unos Estados no hubieran desguazado ya el cincuenta por ciento de su flota y otros no la hubieran aumentado. 
Se rompe la política de cohesión social que está prevista hasta el año 2006, impidiendo a los operadores económicos mantener su planificación en actividades en regiones objetivo nº 1, que no le piden a usted más dinero, señor Fischler, sino que le piden seguir pescando. 
Quieren y pueden seguir pescando, y la Unión Europea lo necesita. 
Y en política exterior, señor Fischler, incumple usted su palabra dada ante este Parlamento de que iba a tratar en la reforma por igual a los armadores y a los acuerdos del Norte y a los armadores y a los acuerdos del Sur. 
Lo incumple. 
No lo hace en la propuesta. 
Restringe los acuerdos comerciales con terceros y prohíbe las empresas mixtas, con lo que debilita usted el posicionamiento mundial de la flota europea, aumenta la vulnerabilidad de nuestra industria y dependeremos más de las importaciones. 
Es un error político de primera magnitud, histórico en la pesca, y si no lo cambiamos y europeizamos el sector se convertirá usted en el enterrador de todo un sector económico y social estratégico para la Unión Europea. 
Señor Presidente, la Comisión presenta hoy aquí un punto de una importancia política extraordinaria, puesta de manifiesto por la enorme controversia existente entre la Comisión y el sector pesquero. 
¿Y de qué se quejan los pescadores? 
De que la Comisión no ha incluido sus opiniones en su propuesta de reforma, ni las de este Parlamento, que se pronunció sobre este asunto en enero de este mismo año. 
Es más, esta propuesta fue adoptada ayer por el Colegio de Comisarios por mayoría simple, con la ausencia de cuatro Comisarios, y sin ninguna seguridad de que cuente con la mayoría cualificada necesaria en el Consejo. 
La Comisión actúa al margen del sector. 
Me decía un armador francés, hace menos de diez minutos, que la Comisión oye pero no escucha. 
Cualquier reforma de una política básica, como es la pesca, tiene que garantizar, para ser creíble, la supervivencia del sector y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus afectados. 
La Comisión, con sus propuestas, está lejos de buscar el equilibrio entre la preservación de los recursos, la eficacia de la flota, el mantenimiento del empleo y la actividad económica en las regiones pesqueras. 
La Comisión sí recoge las preocupaciones bienintencionadas de los grupos medioambientalistas, pero las antepone a las del propio mundo pesquero y sacrifica sin pudor principios básicos de la Unión Europea, como la cohesión económica y social en las zonas altamente dependientes de la pesca, zonas, todas ellas, objetivo 1. 
Los socialistas reclamamos una gestión sostenible de los recursos, pero creemos que sólo podrá llevarse a cabo si se implica en ella a los pescadores. 
Con este plan, dentro de diez años se habrán reconstituido los stocks para que los europeos los miremos desde una vitrina, y todos comeremos pescado importado. 
Los veintiocho mil puestos de trabajo, que usted anuncia ya que se van a perder, no son más que la punta del iceberg. 
La pesca genera muchísimos más puestos de trabajo, directos e inducidos, que no están contabilizados en el documento que presenta el señor Comisario. 
Su propuesta va más allá de la pesca. 
Se trata de una reforma desguazadora, de corte neoliberal, que abre paso a una PCP que no será comunitaria porque da la espalda a la solidaridad europea y ahonda en la división Norte/Sur; ni política porque la Comisión renuncia a ejercer sus competencias; ni pesquera puesto que condena al sector al que quiere proteger y, en particular, al artesanal, a la pura extinción. 
Así que mi Grupo, señor Comisario, trabajará en este Parlamento, trabajará en la Comisión de Pesca- a partir del día de hoy en que hemos conocido los textos- en común con el sector, en común con los otros grupos representados en este Parlamento, escuchando a quien nos quiera hablar para trabajar por una reforma que sea gradual, que sea consensuada y que esté bien dotada económicamente, porque nosotros creemos que no se puede condenar a la muerte, a la desaparición a un sector de la importancia trascendental y estratégica que tiene la pesca en la Unión Europea. 
La atención que se presta al control y a la preservación de la flota está plenamente justificada. 
Cortar por lo sano duele, pero al mismo tiempo abre nuevas posibilidades. 
Es fundamental que los recursos comunitarios se destinen a actividades económicas viables. 
Por lo que al control y a la preservación se refiere respaldo su llamamiento en favor de un control internacional uniforme sobre la base de un tratamiento igualitario. 
Quisiera formular algunas observaciones críticas. 
En primer lugar, es inconcebible que la Comisión se muestre dispuesta a otorgar a los Estados de la UE el derecho a una pesca ilimitada de las denominadas especies ' libres? en el Mar del Norte. 
De este modo los problemas no se harán esperar. 
Aquí hace falta un balance. 
En segundo término, usted afirma que en principio quien contamina paga. 
Efectivamente, esto es lo que dice el documento y es correcto, pero tengamos en cuenta los hechos y la realidad. 
No obliguemos a los pescadores a pagar por los fenómenos naturales. 
Paso al programa plurianual: merece mi apoyo siempre y cuando no volvamos a incurrir en los errores cometidos en el pasado. 
Es preciso utilizar unas evaluaciones satisfactorias y evitar una excesiva burocracia. 
Quisiera concluir diciendo, señor Presidente, que estas propuestas están destinadas a instaurar un equilibrio entre las fuerzas del mercado y el medio ambiente. 
A fin de cuentas, esto es lo que se entiende por política europea. 
Señor Presidente, a pesar de que los Verdes apoyamos plenamente los esfuerzos de la Comisión encaminados a crear una política de pesca sostenible en la UE, rechazamos cualquier intento de transferir sencillamente nuestros problemas al mundo en desarrollo. 
Durante demasiado tiempo, la UE ha enviado sus buques pesqueros a aguas lejanas para explotar los océanos de África y otras zonas en los que pueden causar enormes daños a las poblaciones de peces y a las comunidades locales que dependen de la pesca artesanal. 
Debemos poner orden en nuestra propia casa sin trasladar nuestros problemas a aquellos cuya situación económica es peor que la nuestra y que necesitan desesperadamente todos los fondos que puedan obtener. 
El Comisario Fischler ha declarado que la UE debe esforzarse por practicar una pesca sostenible allí donde faenen las flotas de la UE, y nosotros le exigiremos que cumpla ese objetivo. 
En lo relativo al exceso de capacidad de la flota comunitaria, quisiera preguntar a la Comisión ¿qué opinión le merece el anuncio que hizo ayer el Gobierno irlandés sobre un paquete de inversiones por valor de 56 millones de euros para buques comunitarios? 
Esta medida choca frontalmente con lo que la Comisión está intentando llevar a cabo. 
Si se permite al Gobierno irlandés seguir adelante con la iniciativa, ¿cómo encajarían eso otros Estados miembros, que podrían querer seguir el ejemplo y hacer exactamente lo mismo? 
Eso va completamente en contra del objetivo que la Comisión está intentando alcanzar. 
Por último, en relación con toda la saga de la participación de España durante las pasadas semanas en la reforma de la política de pesca- un ministro español ha reconocido en televisión que dio órdenes a sus comisarios en este sentido- es una flagrante violación de las normas de la UE. 
Es necesario investigar a fondo toda esta saga porque, por lo que puedo ver, todo este asunto es muy sospechoso. 
Señor Presidente, la propuesta que el Comisario Franz Fischler acaba de hacer aquí es una verdadera declaración de guerra al sector de la pesca, con rasgos particularmente graves para países con flotas más débiles y anticuadas, como Portugal. 
Con el pretexto de la defensa del medio ambiente, la propuesta avanza hacia una marcada reducción del esfuerzo de pesca y con medidas encaminadas a reducir el volumen de capturas y premiar la retirada de embarcaciones, sin tener en cuenta debidamente las especificidades y necesidades de cada uno de los países. 
Se olvida, por ejemplo, que Portugal es el Estado miembro que ya ha superado con mucho los objetivos en cuanto a reducción del esfuerzo de pesca, que mantiene una flota envejecida- casi el 40 por ciento de los barcos tiene más de 25 años- y registra los rendimientos medios más bajos de la Unión Europea. 
Ahora bien, lo que la Comisión promete son más incentivos para retirar embarcaciones (287 en Portugal) , es decir, una reducción de casi 12.000 toneladas de registro bruto, cuando lo necesario, en el caso portugués, era aumentar el apoyo a la modernización de la flota con vistas al abastecimiento de una población que es la mayor consumidora de pescado por habitante de la Unión Europea, lo que también hace de Portugal un mercado apetecible para los intereses de las multinacionales. 
Pero no es ése el interés de la población ni de los que trabajan en el sector estratégico de la pesca, ahora tan gravemente amenazado. 
Por eso, rechazamos la propuesta y proponemos que haya un revisión global de su contenido. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el plan que practica la eutanasia a la pesca artesanal europea- que el comisario Fischler nos acaba tranquilamente de presentar- debe ser rechazado en bloque tanto desde el punto de vista de su filosofía general como de su dispositivo técnico. 
Este plan es ante todo característico de un método supranacional detestable, el del descaro y la arrogancia tecnocráticos capaces de decretar, tras una amplia consulta del medio profesional- hecha para la galería -, la condena pura y simple de un sector a partir de una generalización abusiva de estudios técnicos incompletos y controvertidos, parciales y a menudo falsos- cito como ejemplo la anchoa y el carbonero del Atlántico-. 
Este plan es absurdo y contradictorio, ya que, con la excusa de protegerla, condena la pesca mejor encuadrada y la que más se preocupa por proteger la durabilidad de los recursos, en beneficio de las flotas de terceros países, que son las menos respetuosas en materia de conservación y que en el futuro- si hacemos caso al Sr. Fischler- serán prácticamente las únicas que abastecerán un mercado europeo de la pesca en plena expansión. 
Este plan es peligroso porque es irrealizable. 
Dicho plan se basa, en efecto, en una noción central, el índice de esfuerzo pesquero, imposible de ser evaluado mediante un indicador seguro o un instrumento fiable- y usted lo sabe, señor Comisario-. 
Este plan refleja, finalmente, las contradicciones crecientes que conoce la Unión y el peligro que para las bazas europeas representa la adopción de soluciones uniformes. 
¿En nombre de qué los Estados miembros que han sacrificado su pesca artesanal en provecho de una pesca industrial impedirían a aquellos que desean conservar como elemento fundamental de identidad y de gestión de los recursos una pesca artesanal viva, que así lo hagan? 
Se impone, pues, la necesidad de una movilización general de las fuerzas vivas de nuestros Estados miembros, un verdadero esfuerzo por parte de los amigos de la pesca, para que el Consejo condene inequívocamente, el próximo 11 de junio, la antigua nueva PPC propuesta por el Sr. Fischler y exija que sea sustituida por un plan ambicioso. 
Dicho plan debe defender exactamente los supuestos contrarios de la Comisión, que consisten en el catastrofismo sin bases sólidas en relación con los recursos y en la negativa de tomar en consideración los otros factores, distintos de los que afectan a los recursos. 
Este plan voluntario debe tomar nota de las carencias de nuestros conocimientos en materia de recursos- lo que, por otra parte, el Libro Verde de la Comisión reconoce- y establecer el desarrollo sustancial de una investigación que no esté sometida a la Comisión, así como una estrecha asociación entre los profesionales y los científicos. 
De este modo, se podrá aquilatar el sistema de cuotas y hacer innecesaria la destrucción de nuevos buques. 
Dicho plan debe asimismo establecer el indispensable capítulo de modernización de la flota, que los fondos propios de los pescadores no les permiten asumir solos. 
La ayuda pública es, pues, imprescindible y legítima si queremos evitar que se multipliquen los naufragios ocasionados por el envejecimiento de nuestra flota. 
Este plan, señor Presidente, debe, por último- como en agricultura -, incluir un capítulo 'instalación de jóvenes? y un capítulo' rastreabilidad? desde el pescador al consumidor. 
Sólo así se podrá proteger el modelo artesanal de pesca que muchos Estados miembros defienden. 
Señor Presidente, es una agradable sorpresa, señor Galeote, que hoy desee hablar sobre la pesca, en su calidad de jefe de delegación. 
Incluso dispondrá de tres minutos. 
Un tiempo suficiente para equilibrar la balanza, diría yo. 
Con este apoyo oficial, y confío en que apoyará usted la reforma, señor Galeote, como espero que lo hagan todos los colegas. 
Lamentablemente, el buque de la pesca en realidad parece haber perdido el rumbo. 
El ambiente está sumamente enrarecido, no sólo en la Comisión de Pesca. 
¡Es una lástima! 
Yo ruego a todos los colegas que en adelante declaren en qué calidad van intervenir en esta Asamblea. 
Ahora me dirijo a usted, señor Fischler: ¿quién será a partir de ahora nuestro interlocutor en su Dirección General, además de usted mismo, después de que su colaborador más importante- sí, voy a decirlo- haya quedado políticamente desacreditado? 
Por otra parte: ¿se puede cargar en la cuenta de los contribuyentes la rotación en un puesto de asesoría que carece de sustituto? 
¿Quién me presentará y nos presentará por fin los datos y la información que necesitamos para poder apoyar la reforma? 
Le ruego que nos haga llegar también sus cálculos y el método empleado para realizarlos. 
Los ataques que acabamos de escuchar exigen estas respuestas. 
En este contexto, permítame que le pregunte, señor Crespo- si todavía estuviera aquí- o en cualquier caso a usted, señor Noguera, qué entienden por el conflicto Norte-Sur del que continuamente hablan? 
¿Estamos verdaderamente en guerra, señora Figueiredo? 
¿Por qué han acogido con tanta satisfacción la nueva agrupación de los Amigos de la Pesca los amigos españoles de la Comisión de Pesca? 
¿Es un grupo integrador o que más bien divide? 
¿Por qué no participan en él los demás países pesqueros? 
¿No son bienvenidos? 
¿Y dónde queda entonces la Comunidad? 
Ayer mismo estuve en la ciudad española de Vigo. 
Algunos me dijeron: "¡ Qué valiente, chica !". 
Pero allí se oyen comentarios muy distintos al respecto. 
Las alarmas suenan desde diversas direcciones. 
Yo espero que todos los que intervengan hoy y mañana sobre el tema de la pesca demuestren capacidad de integración. 
Al fin y al cabo, todos deseamos una reforma, pues hemos esquilmado los mares. 
Ahora tenemos que asumir las consecuencias, ¡comunitariamente! 
Señor Presidente, me gustaría expresar mi satisfacción por el paquete de reformas de la Comisión sobre la Política Común de Pesca. 
Asimismo, me satisface comprobar que son muy pocos los cambios introducidos a los objetivos de la reforma original. 
La Política Común de Pesca en vigor ha fracasado en la realización de sus objetivos. 
No garantiza un medio de vida adecuado a numerosos pescadores y, al mismo tiempo, tampoco protege los recursos pesqueros para las generaciones de ahora y del futuro. 
Debemos tomar decisiones difíciles. 
En el marco de la nueva PCP, debemos recortar la flota actual de la UE; pero la UE no debería efectuar un recorte global, sino tener en cuenta los diferentes tamaños de las flotas nacionales de la UE. 
Por ejemplo, la flota escocesa ya se ha reducido durante los últimos años hasta un tamaño más sostenible. 
Debe ponerse fin a la subvención de la construcción de buques y destinar esos fondos a ayudar a los pescadores que abandonan el sector a encontrar un nuevo empleo. 
Debemos relacionar el mantenimiento de los límites de 6 y 12 millas, como propone la Comisión- la mayoría de los Estados miembros reconoce que la medida protege a las regiones costeras que dependen especialmente de la pesca- con una participación mucho más estrecha del sector pesquero, a través de los nuevos consejos consultivos regionales, en el desarrollo y el funcionamiento de las medidas de gestión de la pesca. 
Debemos examinar seriamente el problema de los descartes y debemos mejorar los niveles de inspección y de cumplimiento en toda la Comunidad y equiparar todos estos niveles. 
Por último, necesitamos mejores acuerdos pesqueros en las aguas de los países en desarrollo, que tengan como base pruebas científicas sólidas para prevenir la sobreexplotación de los recursos. 
Cuanto antes lleguemos a una conclusión, mejor será. 
El tiempo apremia, pero si existe voluntad, estoy convencido de que conseguiremos una PCP digna de este siglo. 
Señor Presidente, señor Comisario Franz Fischler, espero que su propuesta de reforma de la PPC sea rechazada por los Estados miembros y por este Parlamento. 
Espero incluso su dimisión por laborar en pro de los países del Norte, que se consideran dueños de los mares comunitarios, y por actuar contra los países del Sur, como Galicia y otros, aún considerados intrusos en su propia casa europea. 
Se debe rechazar su propuesta porque corresponde a un despotismo no ilustrado, porque no está fundamentada en estudios científicos serios sobre la conservación de los recursos, porque consagra un principio de estabilidad relativa discriminatorio y contrario a los Tratados, que otorga a Estados como Dinamarca el 16 por ciento de las capturas normales comunitarias, mientras que España tiene sólo el 6 por ciento. 
En ningún otro sector económico se osaría proponer lo que el Comisario pretende hacer con la pesca. 
Señor Comisario Franz Fischler, deje su lugar a otro Comisario menos sectario, más abierto y sensible a las necesidades del sector pesquero, que presente medidas compatibles con un auténtico desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, la Península Ibérica, la mayor zona pesquera de Europa, está condenada al enfrentamiento debido a la nueva Política Común de Pesca indiscriminada del Comisario Fischler. 
Desde 1986, la flota pesquera de la Península se ha reducido a la mitad y si las nuevas medidas terminan por aplicarse, los días de los pescadores vascos estarán contados. 
Sobre la base del asesoramiento de científicos y marinos, la Comisión debería aclarar, en primer lugar, la magnitud de las repercusiones sobre los recursos pesqueros de la contaminación industrial y rural, los residuos nucleares y los naufragios de buques cisterna. 
Para eso hace falta más tiempo. 
Entretanto, los choques entre la Presidencia en ejercicio y la Comisión no deben interferir en un nuevo período de control eficaz del abuso de redes de enmalle demasiado fino. 
Ello permitiría recuperarse a las menguantes poblaciones de peces. 
Señor Presidente, el Comisario parte del supuesto de que para llevar a cabo una política eficaz hace falta una serie de objetivos unívocos. 
Este lenguaje me gusta. 
Ha señalado asimismo que la política de pesca debe fundamentarse en la búsqueda de un equilibrio entre economía, medio ambiente y condiciones sociales. 
Ahora, también es cierto que no puede haber pesca si no hay o apenas hay peces. 
Algunos recursos pesqueros se hallan en muy mal estado. 
Es algo que hemos de reconocer. 
Ello significa que debemos adoptar medidas. 
El programa de orientación plurianual ha fallado. 
En las circunstancias actuales no podemos continuar subvencionando la construcción de nuevos buques en el sector naval. 
Respaldo este planteamiento y esta postura rotunda. 
Aplaudo asimismo la propuesta del Comisario de ejercer un mayor control sobre el cumplimiento de las cuotas. 
Éste es el talón de Aquiles de la política de pesca europea. 
Dicho control debe reforzarse y espero que nosotros, como Parlamento, sepamos armarnos de valor para destinar suficientes recursos financieros a este fin. 
Espero igualmente que tengamos la valentía de desarrollar una política pesquera basada en un análisis específico de cada uno de los recursos pesqueros que nos permita ajustar nuestra política de flotas y de cuotas a la situación actual. 
Hay que acabar de una vez por todas con la política de regateo entre los Estados miembros. Aplaudo la intención de sustituir el mercadeo anual de las cuotas por un sistema de cuotas plurianual. 
Por otra parte, considero importante que las medidas desagradables se compensen con suficientes medidas financieras: no es aceptable que algunos Estados miembros sí apoyen el programa social mediante la cofinanciación y otros no. 
En realidad, preferiría que la aplicación del mismo no se sustentara en la cofinanciación sino en la financiación directa por parte de la Unión Europea. 
Tengo otra observación crítica al respecto: no queda muy claro hasta qué punto los Estados miembros que en este momento no tienen acceso al Mar del Norte y no disponen de cuotas tendrán opción a ello en el futuro. 
Resultaría inaceptable que determinados Estados miembros situados a orillas del Mar del Norte se vieran gravemente afectados por la reducción de la flota pesquera al tiempo que se ampliaría el acceso al mismo a otros Estados miembros. 
Se trata de dos medidas incompatibles. 
No se puede cerrar el grifo en un sitio y abrirlo al máximo en otro. 
Señor Presidente, nadie con sentido común puede negar o poner en entredicho la absoluta necesidad de preservar y proteger los recursos pesqueros, es decir, las especies marinas amenazadas. 
De hecho, no se puede admitir una actitud meramente depredadora, como si estuviésemos en la prehistoria, pero con tecnologías del siglo XXI. 
La pesca, como actividad depredadora, debe acabar, ya no tiene razón de ser. 
No obstante, la reforma ha comenzado mal, señor Comisario Franz Fischler, envuelta en polémicas. Más aún: ha comenzado como una farsa. 
Por eso, está amenazada de muerte, está herida de muerte. 
¡Es una lástima! 
Están poniendo contra ella a los destinatarios, que se rebelan. 
La reforma requiere objetividad, serenidad y pedagogía, y no el clima de guerrilla que se ha creado. 
Por otro lado, es una reforma demasiado brutal que pone a los afectados en contra de ella. 
Es una reforma desequilibrada que mantiene intacta la pesca industrial de ciertos países. 
Es una reforma injusta porque no tiene en cuenta a los que incumplen la legislación y a los que respetan las políticas aplicadas hasta la fecha en el terreno. 
Es una reforma con una base científica poco rigurosa. 
¡Todo el mundo lo dice! 
Por último, es una reforma tecnocrática: no tiene en cuenta la subsistencia de culturas milenarias y marcos de vida que conviene proteger. 
¡Éstas son nuestras reservas y nuestras protestas! 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con respecto a la política pesquera común nosotros preconizamos en esta Asamblea, después de varios años de vigilancia y acciones concretas, lo siguiente: gestión de los recursos, protección del medio ambiente marino. 
La mayoría de los gobiernos se han mostrado apáticos frente a estas propuestas con vistas a una pesca sostenible. 
Ahora que constatamos el agotamiento de las reservas- han desaparecido entre la tercera parte y las dos terceras partes de las poblaciones de merluza, bacalao y merlán- nos encontramos entre la espada y la pared. 
Por consiguiente, no podemos ahorrarnos una reforma del instrumento, que debe ser menos agresivo y más selectivo, evitando concretamente la pesquería suplementaria, que a veces alcanza el 80% de las capturas, incluyendo los juveniles. 
Cada Estado aplicará esta directiva europea, establecida en el interés general, de la manera que crea más conveniente. 
A la inversa de una pesca industrial relativamente devastadora, nosotros defendemos una pesca artesanal que esté en mejores condiciones de mantener el empleo. 
Pero será conveniente, ciertamente, destinar al tratamiento social de dicho expediente importes más importantes que los actualmente previstos. 
Sin embargo, no somos favorables a procedimientos administrativos efectuados a ciegas. 
Los mismos deben decidirse en colaboración con los consejos consultivos regionales que propone la Comisión, compuestos por profesionales, magistrados, científicos y sociedades civiles, capaces de adaptarlos a la especificidad de la materia. Esto debería permitirnos no sólo protegernos, sino sobre todo dar a la pesca un nuevo impulso y proporcionarle el desarrollo sostenible indispensable para nuestro equilibrio económico y humano. 
Señor Presidente, señor Comisario, represento a un país en el que la pesca y el mar son la base de su historia y en el que existen aún casi 50.000 puestos de trabajo en todo el sector de la pesca. 
La primera crítica que hago a la propuesta de la Comisión es que no tiene en cuenta la diversidad de la composición de la flota pesquera en la Unión Europea: hay países en los que la flota está mayoritariamente compuesta de barcos grandes que se dedican a la pesca industrial y otros en los que la mayoría está constituida por barcos pequeños. 
En Portugal, el 90 por ciento de las embarcaciones existentes tiene menos de 12 metros y se dedican a la pequeña pesca costera. 
Como casi el 40 por ciento de esas embarcaciones tiene más de 25 años, sin ayudas financieras comunitarias la mayoría aplastante de nuestros pescadores quedará sin capacidad para modernizarse y viabilizar su actividad. 
La segunda gran crítica que hago es la de que hay una cuestión de fondo que envenena todas esas propuestas y tiene que ver con la forma como los diferentes países han cumplido las metas previstas en los planes de orientación plurianual, los llamados POP; ha habido países que han cumplido esas metas y ha habido algunos, como en el caso de Portugal, que hasta han superado en un 30 por ciento dichas metas, mientras que otros no sólo no las han cumplido, sino que incluso han aumentado la capacidad de su flota. 
Por lo demás, debo recordar que desde que Portugal entró en la Unión Europea, en 1986, la flota portuguesa fue reducida en un 45 por ciento y el total de capturas en un 50 por ciento. 
Ante esos números, considero que no es justo pedirnos más sacrificios cuando hay países que han aumentado sus flotas. 
Ahora bien, al no tener en cuenta ese pasado reciente, las propuestas de la Comisión no sólo hacen pagar a justos por pecadores, sino que, además, compensan a quien ha incumplido la legislación en el pasado. 
Por último, señor Comisario, quisiera decirle que es un error querer hacer una reforma aprisa, porque siempre será mala. 
El argumento de la sostenibilidad de recursos es muy serio, pero no se puede utilizar para hacer las cosas de forma precipitada y subvalorando la dimensión humana y social del problema y sobre todo imponiendo un equilibrio injusto. 
Nada se dice sobre la cuestión de las harinas de pescado, sobre la ultraperiferia y sobre la pesca ilegal. 
Y espero que las reacciones a las propuestas de la Comisión sirvan para ponderar lo que ahora no se ha ponderado y propicien una reforma más equilibrada que tenga en cuenta todas las dimensiones del problema. 
Aunque para ello sea necesario esperar un poco más. 
Señor Comisario, usted acaba de presentar propuestas en materia de reforma de la Política Pesquera Común y de inmediato surge la polémica. 
En sus propuestas, y más allá de algunos aspectos positivos que contienen- pienso especialmente en las cuestiones de controles y sanciones, respecto a las cuales todos parecen estar de acuerdo -, existen dos aspectos que, en nuestra opinión, son esenciales y que no han sido tomados en cuenta. 
El primero es la referencia a los totales admisibles de captura, esos famosos TAC, y la cuestión de las cuotas, que debería seguir siendo la piedra angular de la Política Pesquera Común. 
El segundo aspecto en el que quiero insistir es un aspecto que no se toma en cuenta y que incluso se subestima: el de la cohesión económica y social del sector de que se trate, las consecuencias en el plano de los empleos locales, ya sean empleos directos o empleos indirectos. 
Las únicas medidas sociales contempladas son la jubilación o algunas hipotéticas reconversiones. 
Nada se establece para las generaciones más jóvenes, su formación, la mejora de las condiciones de trabajo y, por tanto, de las inversiones en la seguridad de los buques. 
La protección de las especies- de los peces, en este caso- como único criterio de definición de una política no es aceptable. 
En nuestra opinión, la garantía de sostenibilidad, independientemente del sector de que se trate, es resultado de un equilibrio entre objetivos económicos, objetivos medioambientales, ciertamente, pero también objetivos sociales. 
Para que una política comunitaria, una política común, sea entendida y aceptada, debe estar basada en este enfoque global, lo que no ocurre con las propuestas que hoy usted presenta en el sector de la pesca. 
Creo que la cuestión puede ampliarse al asunto de los objetivos sociales, al riesgo que supone el hecho de no tomar en cuenta los objetivos sociales en las políticas de la Unión Europea, que hoy son una razón de fondo y de recelo, o incluso de rechazo, hacia Europa por parte de nuestros conciudadanos. 
No se ha tomado suficientemente en cuenta el impacto de las medidas en las regiones dependientes de la pesca, y ese desequilibrio implica una revisión de las propuestas que hoy nos presenta. 
¿Sabe usted dónde está Barbate, Isla Cristina? 
¿Sabe usted dónde está Ayamonte, Almería, Motril? 
¿Conoce usted algo más de Andalucía que no sea el amargor de sus aceitunas verdes? 
Sin acritud, señor Comisario, ha establecido usted un nuevo récord, difícilmente superable, en cuanto a propuestas para destruir empleo. 
¿Ha tenido usted en cuenta, o alguien de su equipo ha pensado que sus propuestas de reforma de la PCP se suman a su nefasta negociación con Marruecos para renovar un acuerdo pesquero tradicional que evitase la destrucción de miles de empleos de flota artesanal? 
Señor Comisario, usted globalizó la pesca del sur de Europa, consiguió que el lugar que ocupaba una flota artesanal, bajo un acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea, que respetaba las paradas biológicas y que mantenía un exquisito control de artes y mallas, haya sido ocupado en estos caladeros ahora por una flota que no respeta las paradas biológicas, ni sufre ningún control de sus artes. 
No desembarcan parte de sus capturas ni generan empleo autóctono, como lo hacía la flota comunitaria. 
Usted, señor Comisario, ha presentado una propuesta de PCP que cuantifica perfectamente los desguaces y el empleo que se perderá, pero deja dentro de la más impenetrable de las nebulosas las soluciones para paliar los problemas sociales y económicos provocados por su propuesta. 
¿Tiene usted claro de dónde saldrá el dinero que necesitamos? 
Ahora se pretende que recoloquemos a los pescadores parados en el sector turístico. 
¿Más hoteles, más campos de golf, señor Comisario? 
¿A eso lo llaman ustedes desarrollo sostenible? 
¿Es eso diversificar la economía de las regiones? 
¿Sabe usted que cuando prohíben la modernización también prohíben la sostenibilidad de la pesca, también prohíben una pesca más respetuosa con el medio ambiente, con esos caladeros que los pescadores son los más interesados en respetar? 
Usted, con sus propuestas, destruye la única flota que genera empleo y paralelamente respeto al medio ambiente; la flota artesanal. 
También prohíben la creación de empresas mixtas, única solución que nos dejaron para solucionar los problemas que plantean casos como el de Marruecos. 
Eso sí, vamos a hacer ricos a los chatarreros. 
Y por último, su propuesta no solamente afectará al empleo o una cultura tradicional ligada a unos pueblos que usted no conoce, sino que encarecerá considerablemente para los consumidores uno de los componentes esenciales de la dieta mediterránea, una dieta sana y equilibrada, sin colesterol, que gracias a sus propuestas iremos perdiendo a favor de la comida basura que tanto predicamento tiene en el norte de Europa. 
Señor Comisario, realmente no le envidio no solo por los muchos elogios y felicitaciones que ha recibido en este Pleno, sino porque usted, lamentablemente, hoy ha venido aquí a certificar el fracaso de una política. 
Por lo tanto, al menos desde el punto de vista humano, sepa usted que cuenta con toda mi simpatía. 
¿Por qué ha certificado el fracaso de la política pesquera? 
En sustancia, usted ha dicho: "Hemos gastado dinero para reducir el esfuerzo de pesca", y tomamos nota que, en realidad, este dinero ha servido para potenciarlo; "hemos gastado dinero para conservar los recursos pesqueros", y- según los datos que usted nos ha anticipado, que no facilitado- el patrimonio pesquero se encuentra totalmente depauperado; "hemos gastado dinero para limitar las repercusiones sociales en este sector, en términos de ocupación", y usted hoy nos ha hablado de los 66.000 puestos de trabajo perdidos, más los 28.000 que prevemos que vamos a perder. 
Entonces, señor Comisario, en todo caso, se impone una pregunta: ¿por qué, si estos eran los resultados- y estos eran los resultados que ustedes tenían a disposición- hasta ahora la Comisión ha venido defendiendo esta Política Común de Pesca de manera tan obstinada? 
La pregunta no es tan peregrina. 
Por las propuestas que usted ha formulado, entiendo y constato que existe un intento de modificar esta situación; sin embargo, no quiero entrar en detalles, puesto que nos gusta hacerlo cuando se trata de propuestas específicas, y hoy no hay tiempo para esto. 
Sólo me permito hacer una recomendación, realmente fuerte, que querría que la Comisión tuviese en cuenta: no repitamos el mismo error del pasado; no pensemos que los pescadores son enemigos de la sostenibilidad medioambiental, enemigos del intento de mantener el equilibrio. 
Son nuestros principales aliados, son sus principales aliados. 
Si no les implicamos, y ustedes en primer lugar, en la determinación de los objetivos y en la gestión de las normas que nos daremos, no habrá ningún objetivo alcanzable. 
Desde este punto de vista, la regionalización es uno de los puntos fundamentales, puesto que la centralización con la que hemos gestionado esta política ha fracasado. 
Otro tema que me interesa sobremanera es el Mediterráneo. 
Hoy usted no ha presentado las propuestas que anunció como inminentes. 
Cuando lo haga, trataré de entender y de expresar un juicio, mío y de mi país, respecto a este otro sector del mundo pesquero. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el hecho de que, por fin, hayamos comenzado a debatir las propuestas sobre la reforma de la Política Común de Pesca. 
No me gusta el camino que hemos tomado, pero poco podíamos hacer al respecto. 
Debemos reconocer que la actual Política Común de Pesca ha terminado en fracaso. 
Todos los sabemos. 
Debemos llegar a la conclusión de que nuestra responsabilidad, como ha dicho el Sr. Stevenson, es ir al grano y colaborar con la Comisión y el Consejo para sacar adelante una política que, ojalá, sea infinitamente mejor que la anterior. 
Saludo el hecho de que nos propongamos atribuir mayor responsabilidad a los pescadores locales que se encuentran más cerca de las zonas en las que faenan. 
Me gustaría que fuera una responsabilidad real, y no una consulta mínima, porque si terminamos haciendo eso, no funcionará. 
Efectivamente, todos reconocemos la necesidad de reducir la capacidad y la necesidad de un sector pesquero y de una flota pesquera sostenibles al final de todo esto. 
Debemos desarrollar una política que funcione. 
El Gobierno del Reino Unido ha decepcionado por completo a los pescadores y al sector pesquero durante años. 
Quiero que el Comisario nos garantice que las medidas que se adopten, cuales quiera que sean, serán las mismas para toda la Unión Europea y que se financiarán de manera uniforme para que ningún Estado miembro aporte más fondos que los otros en ayudas a su industria en particular. 
No podemos tratar aquí hoy sobre cada uno de los puntos. 
Puede que nos gustara hacerlo, pero no podemos. 
Todos reconocemos que los medios de vida de todas las personas pertenecientes a este sector están en juego y tengo la certeza de que todos nos esforzaremos por intentar encontrar una solución. 
Por último, señor Comisario, me gustaría plantearle la cuestión que ya planteé en comisión la semana pasada. 
Le pedí que explicara cuáles son fundamentalmente los cambios introducidos en el informe desde que el Sr. Smith fue cesado de su cargo. 
Usted se comprometió a informar a la Comisión de Pesca. 
¿Cumplirá su promesa y nos dirá cuáles son los cambios sustanciales que se han introducido en las propuestas desde el cese del Sr. Smith? 
Señor Comisario, comparece usted ante el Parlamento Europeo con una propuesta que implica la constatación del fracaso de la Comisión Europea a la hora de gestionar la Política Común de Pesca. 
Ahora propone que ese fracaso lo pague el sector, pero no todo el sector, pretende que sean los pescadores de los países mediterráneos, que pescan para consumo humano, no para fabricar harinas, que han hecho en los últimos años los mayores sacrificios en una constante reducción de su flota, los que asuman ahora el coste de esa propuesta. 
Coste, por cierto, del que se desentiende su colega responsable del presupuesto. 
¿De dónde va a sacar entonces los 240 millones de euros que le faltan para incentivar el desguace entre los años 2003 y 2006? 
¿Los va a sacar de los Fondos estructurales? 
Permítame que le recuerde alguna cifra elaborada por sus propios servicios. 
Entre 1996 y el año 2000, España, por ejemplo, se vio obligada a reducir su flota en unas 88.000 toneladas, y en ese mismo período de tiempo, Dinamarca, por ejemplo, aumentó su flota, gracias a las ayudas comunitarias, en unas 64.000 toneladas. 
Esas son cifras de sus servicios. 
¿Pretende tranquilizar ahora al sector diciendo que los pescadores de Portugal y España, después de 17 años de espera, tendrán acceso a los caladeros del Atlántico Norte? 
Eso lo garantiza el Acta de adhesión que, hasta ahora, no la puede modificar la Comisión Europea. 
El Comisario se ha referido a diferencias en el seno de la Comisión Europea, que él calificó como normales; lo que no es normal es que se produzca una división geográfica tan acusada en las tres instituciones. 
Y como estamos en las puertas del Mundial de Fútbol podríamos decir que con su propuesta, señor Comisario, Norte 1-Sur 0, pero estamos en el comienzo del partido y esperamos que usted actúe como un árbitro justo y equilibrado. 
Esto es lo importante. 
Lo anecdótico es alguna intervención que escuchamos al comienzo de este debate, supeditando el futuro de miles de familias en Galicia o en Andalucía a un intento de rentabilidad política doméstica que me parece sencillamente despreciable, y lamento la ausencia de aquellos o de aquél que ha hecho esa intervención. 
No hay aquí crisis institucional, sino crisis personal, crisis de actitudes, crisis que augura, en beneficio de todos y en particular de los pescadores en mi país, muchos años de oposición a aquellos que se pronuncian de esa manera. 
Señor Presidente, intervengo para exponer una cuestión de orden antes de que el Comisario Fischler responda al presente debate. 
El Sr. Barón Crespo ha dicho que desconfía de mi neutralidad como presidente de la Comisión de Pesca. 
En mi calidad de presidente de dicha comisión, siempre intento ser completamente neutral, pero la neutralidad debe construirse sobre una plataforma de juego limpio. 
Estoy seguro de que toda esta Asamblea cree en la igualdad de trato entre todos los Estados miembros. 
Si éste es un concepto extraño para el Sr. Barón Crespo, lo siento por él. 
Espero que la Asamblea me apoye en esto. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, he seguido gran atención el debate. 
Ahora quisiera volver a exponer mi posición con respecto a algunas manifestaciones sobre aspectos importantes, sobre todo también aquellos en los que aparentemente aún subsisten diversos puntos dudosos. 
No obstante, previamente Sin embargo, quisiera hacer una observación previa, concretamente un ruego. 
Soy muy consciente de que la polémica es, de hecho, el condimento de un debate parlamentario. Pero, aun así, yo creo que expresiones como 'condena de muerte? y' ejecución? y otras manifestaciones de radicalismo verbal son, en realidad, indignas de esta Asamblea. 
Les invito, por lo tanto, a reanudar un debate objetivo, pues los problemas ya son suficientemente grandes y no debemos hincharlos más de manera artificial. 
Yo creo que también deberíamos tener presente lo que ha manifestado la Sra. Langenhagen: ¡No vamos a emprender una guerra! 
En realidad, lo que queremos es alcanzar una situación que ofrezca mayores esperanzas para el futuro de nuestros recursos pesqueros y de nuestro sector pesquero que la que hemos vivido en los últimos años. 
Yo creo, señor Galeote, que tampoco deberíamos caer en el antiguo juego de decir que estamos ante un partido entre el Norte y el Sur en el que, según usted, el resultado es en este momento! :0. 
Yo no lo veo así. 
Y suponiendo que así fuera, apenas se acaba de pitar el inicio del partido y todos deberíamos jugar unidos y tener claro que no debemos dejarnos arrastrar a la tradicional alineación en bandos enfrentados, que tantas dificultades han generado ya muy a menudo en el pasado. 
El Sr. Stevenson ha citado varios datos. 
Yo les ruego que sean comprensivos. En verdad, es preferible dejar que los datos hablen por sí solos y citar aquellos que estén debidamente confirmados. 
Señoría, en la página 49 del reglamento sobre la gestión de los recursos puede usted leer de qué cifras estamos hablando en realidad en el caso de los buques por Estado miembro. 
También quisiera rogarles que aclaren qué entienden por un enfoque científico. 
Los científicos no deben presentar un gran proyecto previo a la reforma, para luego seguir dedicándose a la gestión de las reformas, sino que deben hacer un seguimiento permanente de la política de pesca. 
Este es exactamente también el contenido de nuestra propuesta. 
El Sr. Barón Crespo ha preguntado por qué no se aplican a la política de pesca los mismos principios que a la Política Agraria Común? 
Lamentablemente, ya no se encuentra aquí, pero yo les ruego que le comuniquen que se están aplicando exactamente los mismos principios. 
El principio fundamental para el desarrollo futuro de ambas políticas es el de la sostenibilidad, en sus tres dimensiones. 
Y a él vamos a atenernos. 
También es falso afirmar que ya no nos preocupamos por la seguridad de los pescadores y la seguridad de los buques. 
Está previsto explícitamente que en el futuro se sigan subvencionando las inversiones en dispositivos de seguridad de los buques. 
No se ha introducido ninguna modificación en este aspecto, sino que, por el contrario, nos proponemos concentrar más las ayudas en el mismo. 
Luego está el gran tema del acceso a las aguas. 
En primer lugar, para empezar, los Tratados de adhesión de España y Portugal siguen incluyendo por el momento una cláusula particular. 
Ésta expirará a finales de este año. Su expiración garantiza que ambos Estados ya no tendrán que aceptar ningún tipo de restricciones específicas y ya no podrán ser discriminados, sino que tendrán acceso a las aguas. 
Sin embargo, les ruego que distingan: ¡tener acceso a las aguas no es equivalente a tener acceso a los recursos! 
La extinción de una cláusula transitoria significa que se debe aplicar el Derecho comunitario sin discriminaciones. 
Es lo que vamos a hacer, ni más ni menos, pues estamos obligados a ello. 
No era necesario mencionarlo especialmente en la reforma, puesto que es evidente. 
Pero aun así, lo hemos hecho, para que quede claro. 
Otra dificultad parece ser la impresión que se ha creado de que con la nueva política de flotas vamos a castigar a los países que hasta el momento han hecho de manera voluntaria más de lo que estaban obligados. 
En primer lugar, no debemos olvidar que nuestra flota europea es demasiado grande. 
Quien lo discuta, no reconoce la realidad. 
En segundo lugar, existen sanciones para quienes no hayan cumplido los requisitos que ya están en vigor y la normativa actualmente vigente. 
Esto está previsto explícitamente en las propuestas. 
Por ejemplo, se rebajará su esfuerzo pesquero. 
Los Estados que han hecho voluntariamente más de lo que debían tienen en cualquier caso una gran ventaja con el nuevo sistema, pues el esfuerzo pesquero, que en el futuro se repartirá entre los distintos Estados miembros, se podrá repartir de manera económicamente más razonable entre su flota y no supondrá que no haya ningún buque que disponga de un número suficiente de días en el mar para poder faenar con resultados razonables. 
Esta es la gran diferencia y, en este sentido, los distintos Estados que han cumplido las exigencias de la normativa actual y, no sólo eso, sino que incluso las han sobrepasado, sin duda se verán compensados 
No voy a comentar nada más sobre las diferentes peticiones de una renacionalización de la política pesquera. 
Pero yo creo que francamente no nos ayudaría a avanzar. 
Necesitamos una Política Pesquera Común, común para todos los Estados miembros. 
Otro tema que, al parecer, siempre vuelve a suscitar una cierta inquietud es el de la pesca industrial. 
Es cierto que se siguen produciendo cantidades apreciables de harina de pescado, pero ésta está destinada en una parte no desdeñable al abastecimiento de las piscifactorías. 
Es decir que, sin esta harina de pescado, en gran medida tampoco tendríamos acuicultura. 
Les ruego que tampoco lo olviden. 
En segundo lugar, la pesca industrial se concentra en especies que no intervienen en la alimentación humana. 
Por lo tanto, no existe ninguna competencia entre la pesca industrial y la pesca destinada a la alimentación humana. 
La pesca industrial estará sujeta, obviamente, a las mismas restricciones y las mismas normas que cualquier otra modalidad de pesca. 
Lo que, desde luego, no se nos puede reprochar es que no hayamos estudiado detenidamente la situación y los problemas de desarrollo de las regiones especialmente dependientes de la pesca en la fase de preparación de la reforma. 
Realizamos 22 estudios sobre dichas regiones. 
Pueden consultar los resultados en Internet cuando lo deseen. 
Están disponibles allí desde hace un año. 
En cuanto a la impresión que se está creando de que vamos a emprender una reforma basada en el desguace, por decirlo así, también en este caso yo les ruego que no saquen las cosas de quicio. 
Lo que se propone se traducirá seguramente en una reducción de la flota en un 10%. 
¡Un 10%! 
Por lo tanto, no se debería actuar como si en el futuro ya no fuese a quedar ningún barco. 
En cualquier caso, existe una diferencia con respecto al pasado, a saber, que vamos a aplicar estas medidas de manera socialmente responsable, puesto que la necesaria reducción de la flota va ir acompañada justamente de las correspondientes medidas sociales. 
O sea que si se ha de hacer algún reproche, éste debería ir dirigido contra la política actual, no la futura. 
Otro tema es el debate sobre la pesca artesanal y la pesca con buques de gran tamaño y muy eficaces. 
En este caso yo considero necesario, en efecto- y así lo manifesté también en la Comisión -, que esta distinción también se contemple debidamente en la transposición de la política. 
Es importante asegurar también un futuro para la pesca artesanal. 
La pregunta sobre cómo ha afectado a las propuestas la partida del Director General Smidt, requiere dos rectificaciones. 
En primer lugar, el Sr. Smidt no se ha ido. 
Sigue siendo director general en la DG de Pesca. 
En segundo lugar, lo cierto es que puedo afirmar con un cierto orgullo que las propuestas no han cambiado en absoluto y no se han modificado. 
El Sr. Galeote ha preguntado al final del debate de dónde saldrá el dinero para financiar la reforma. 
Como ya he dicho, una parte deberá proceder precisamente de una reflexión sobre la idoneidad de nuestros programas estructurales para la pesca en su forma actual y una reprogramación. 
Una segunda parte de los fondos deberá proceder del instrumento de flexibilidad. 
Una tercera parte se obtendrá en el marco de la revisión de mitad de período ya prevista. 
Si observan el actual retraso con respecto a la programación en la ejecución de los créditos con cargo a los Fondos estructurales, que se eleva a más de 80.000 millones de euros, una discusión sobre 200 millones de euros no será gran cosa en ese contexto. 
En cualquier caso, subsiste un hecho: si nos preguntamos si es necesaria una reforma- y el Parlamento ya ha respondido afirmativamente a esta pregunta en varias ocasiones -, si nos preguntamos si tenemos problemas con nuestros recursos pesqueros y si podemos salir adelante con los fondos disponibles, si nos preguntamos si debemos reducir la capacidad y si tenemos una responsabilidad social, yo creo que la propuesta de la Comisión responde de manera clara a todas esas preguntas. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, reconozco que en un debate como éste, el Comisario debe contestar a muchas, muchas preguntas en su respuesta, pero mis preguntas eran específicas, en particular, la relativa a la estabilidad, a la que el Comisario no se ha referido en su respuesta. 
El documento "Resumen del Capítulo 4" dice que debería mantenerse la estabilidad relativa, pero que el Consejo debería decidir el método de asignación por población con vistas a dotar la aplicación de mayor transparencia. 
¿Qué significa esto? 
Deja abierta la posibilidad de que las claves de la asignación sean... ... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Hudghton, ésa no es una cuestión de orden, es una cuestión de detalle. 
Tendremos mucho tiempo para debatir sobre este informe antes de que vuelva al Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0144/2002) del Sr. Konrad, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor. 
Señor Presidente, Señorías, la presente reforma del Reglamento relativo a la aplicación de las exenciones a determinadas categorías de acuerdos tiene como finalidad la reordenación de la distribución de vehículos automóviles en la Unión Europea. 
La propuesta de reforma también es extraordinariamente importante, a mi parecer, para la política europea de la competencia. 
Por esto, el Parlamento ha intentado llegar a un acuerdo sobre algunas disposiciones detalladas importantes mediante el diálogo con la Comisión. 
En mi calidad de ponente, yo quisiera añadir que usted mismo, señor Comisario Monti, también ha contribuido personalmente, mediante un diálogo muy intenso con esta cámara, con el ponente y con muchos miembros de esta Asamblea, a que muchas propuestas del Parlamento quedasen recogidas en su planteamiento n el marco de este diálogo constructivo. 
¿Cuál es en estos momentos la situación de los comerciantes en la Unión Europea con el antiguo Reglamento relativo a la aplicación de exenciones a determinadas categorías de acuerdos? 
¿Qué permite dicho Reglamento en los acuerdos establecidos entre los distribuidores y los poderosos fabricantes de automóviles? 
Se pueden hacer algunas consideraciones interesantes sobre la situación actual. En estos momentos, los distribuidores sólo están autorizados a vender una marca. 
En estos momentos, el fabricante puede exigirle al distribuidor que además de la distribución también se haga cargo de ofrecer un servicio posventa. 
En estos momentos, las piezas de recambio sólo se pueden comprar al fabricante del vehículo y no al fabricante de las piezas. 
En estos momentos, los fabricantes pueden establecer el número de vehículos que el distribuidor debe tener en existencia en sus locales. 
Esta situación se caracteriza de manera bien visible por un desequilibrio en las relaciones de poder entre los distribuidores y los fabricantes. 
Yo creo que el presente proyecto de un nuevo Reglamento relativo a la aplicación de exenciones a determinadas categorías de acuerdos también puede mejorar claramente las condiciones para las medianas empresas, a la vez que ofrece a los consumidores la oportunidad de obtener unas condiciones de compra más favorables gracias a la mejora de las condiciones del mercado. 
En el futuro, los distribuidores podrán comercializar varias marcas. 
En el futuro ya no se les podrá obligar a ofrecer también un servicio. 
En el futuro habrá más talleres y empresas de reparación independientes, que podrán obtener directamente del fabricante- nosotros nos hemos preocupado de que sea así- la información necesaria para poder hacerse cargo del mantenimiento y reparación de los automóviles. 
Es una futura ventaja adicional que el presente reglamento hará posible. 
Si examinamos la situación actual veremos que ésta se caracteriza asimismo por una gran oleada de rescisiones de acuerdos con los distribuidores por parte de los fabricantes. 
Yo no lo critico. 
Los fabricantes deben tener la posibilidad de reorganizar sus redes de distribución. 
Sin embargo, en Europa hay estos momentos 3.000 empresas que han visto rescindidos sus acuerdos. 
Por lo que respecta al tema de las estructuras de distribución en la Unión Europea, yo creo que con la estructura de distribución que se propone- conforme a la propuesta del Sr. Monti- se dará un fuerte impulso a la liberalización. 
Esto representa un cambio adicional importante en el sector de la distribución, en comparación con las difíciles condiciones actuales. 
Por esto, el Parlamento se ha pronunciado a favor de la ampliación de los plazos transitorios, con objeto de ofrecer al mercado la posibilidad de adecuarse a este cambio. 
Por esto, una amplia mayoría va a votar mañana a favor de la propuesta de ampliación del plazo de transición para la cláusula relativa a la libertad de establecimiento. 
También se pide la inclusión de una cláusula de revisión con unos plazos adecuados, que permita comprobar si la ' cláusula de localización? (location clause) sigue siendo necesaria a la vista de la situación del mercado. 
La mayoría del Parlamento apoya esta propuesta. 
Yo creo que esto también nos permitirá asegurar el apoyo de una amplia mayoría de esta Asamblea para la propuesta de reglamento del Sr. Monti. 
Señor Comisario, mañana vamos a mejorar su propuesta de reglamento con el apoyo de una amplia mayoría. 
Yo creo que a la vista de la presente reforma, una vez finalizado el proceso de negociación, es preciso constatar que se volverá a establecer una excepción a la legislación sobre monopolios para un determinado sector. 
Sin embargo, yo también quiero manifestar que en el futuro debe haber menos excepciones para determinados sectores. 
Por esto, sería bueno que la industria vaya haciéndose a la idea de que en 2010 no se adoptará automáticamente una prórroga del Reglamento, sino que procuraremos llegar a una situación que ya no tenga el carácter de excepción a la legislación sobre monopolios. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, en mi calidad de ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, yo quiero felicitar muy sinceramente al Sr. ponente por su informe y darle las gracias, al igual que a todos los demás miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, por la excelente colaboración. 
La comisión competente ha podido hacer suyas, en efecto, bajo una forma u otra, algunas de las propuestas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Nuestra comisión pudo limitarse a presentar muy pocas enmiendas, entre otras cosas porque apoyamos el enfoque de fondo de la Comisión. 
Las cuantificaciones no son nunca del todo exactas, pero aun así quiero decir que podemos apoyar plenamente un 95% del contenido de la propuesta de la Comisión. 
En varios otros aspectos, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios está obligada, sin duda, a adoptar una posición. 
En nuestra comisión hemos insistido sobre todo en un punto de principio. 
El debate de hoy y todo el proceso previo han demostrado, en efecto, que este reglamento relativo a la aplicación de exenciones a determinadas categorías de acuerdos, pese a su título críptico, se ocupa de una cuestión que afecta directamente a nuestros electores y electoras y a círculos muy amplios de personas en Europa. 
No obstante, se trata de un acto que la Comisión puede decidir autónomamente y en el que el Parlamento Europeo sólo participa a través de un procedimiento de consulta voluntario. 
Con todos los respetos hacia la Comisión- y, sobre todo, teniendo en cuenta asimismo la necesidad de preservar la independencia de ésta cuando, ante decisiones concretas, es objeto de presiones políticas inadmisibles -, yo creo que las cuestiones que afectan al derecho general de la competencia deberían estar incluidas en adelante dentro del procedimiento de codecisión. 
El viernes pasado me permití presentar también una propuesta en este sentido a la Convención Europea, de la cual soy miembro. 
En la Comisión de Asuntos Jurídicos también se trató naturalmente el tema de la protección de la confidencialidad y de la seguridad jurídica. 
Por esto, hemos propuesto algunas mejoras relativas a la protección en el caso de rescisión de un acuerdo y a la indemnización del distribuidor, y nos hemos concentrado sobre todo en la protección de las zonas de actividad. 
La disposición transitoria que propuse, y que mañana se someterá a votación como enmienda 28 de la comisión competente para el fondo, está basada en algunas consideraciones que creemos que están plenamente en la línea de un aumento de la competencia. 
En efecto, como ya se ha dicho, es bueno- y nosotros lo apoyamos explícitamente- que el nuevo reglamento suprima casi todas las demás limitaciones de la competencia, pero aun así yo creo que se debería mantener transitoriamente la protección de las zonas de exclusividad de cada distribuidor, entre otras cosas para asegurar que éstos también puedan mantenerse a flote en los lugares con poca capacidad de compra- yo procedo de una de estas regiones periféricas- y garantizar el abastecimiento de los consumidores. 
La protección de las zonas de exclusividad en un mercado que no crece también puede ofrecer una protección frente a los efectos sumamente negativos del proceso de concentración actualmente en curso. 
Yo creo que merece la pena que observemos cómo se desarrolla este proceso durante otros dos años. 
A la Comisión le corresponderá adoptar luego autónomamente las medidas finales definitivas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo quiero expresar mi sincero agradecimiento al ponente y a todos cuantos han participado en la elaboración del presente informe, así como también al Comisario, que ha mantenido abundantes conversaciones individuales dedicadas a escuchar y argumentar. 
Esto por si sólo ya indica que se trata de un tema muy sensible. 
Nos encontramos ante un reglamento que incluye una exención del derecho de la competencia. 
Nosotros estamos convencidos de que dicha exención no se puede mantener a la larga. 
Todo aquel que crea que la libertad de establecimiento forma parte de las cuatro libertades y que la competencia es un elemento absolutamente esencial para la consolidación del mercado interior, debe posicionarse a favor de ambos y del planteamiento de fondo de la propuesta del Comisario Monti. 
Nosotros así lo hacemos. 
Sin embargo, lo importante es cómo vamos a trasladar a la práctica la libertad de establecimiento y la ampliación de la competencia junto con los afectados. Éstos son los productores, los consumidores y, entre unos y otros, las capas medias, representadas por los vendedores, los talleres y los distribuidores. 
Nosotros opinamos, por lo tanto, que lo importante es de qué manera y con qué ritmo se realizará la transición. 
En este sentido, el Parlamento propone unos períodos de transición más largos, una mejora de la seguridad jurídica y la protección de la confidencialidad, la apertura a la competencia, la protección de las inversiones y nuevas disposiciones para la rescisión de los acuerdos incluido el pago de indemnizaciones cuando exista abuso de confianza, una prolongación de los plazos y una motivación más sólida. 
Señor Comisario, ya se ha dicho que la ampliación del período transitorio hasta 2005, por un lado, y una evaluación de los efectos, por el otro lado, son elementos centrales de las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Nosotros le pedimos que tome nota de que apoyamos su planteamiento básico, pero que también se aproxime a nuestra posición en el momento de la transposición, sobre la base de la decisión del Parlamento. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, acaba de recibir usted elogios de tres colegas y seguramente le sorprenderá que yo manifieste expresamente mi voluntad de sumarme a ellos. 
Sí, quiero hacerle un cumplido explícito y decirle que la propuesta que ha elaborado apunta en principio en la dirección adecuada, pues el antiguo Reglamento relativo a la aplicación de exenciones a determinadas categorías de acuerdos-sin negar todos sus posibles méritos- ha quedado lisa y llanamente desfasado. 
Ha demostrado tener tantas carencias, que verdaderamente se hace necesario otro nuevo. 
Usted también ha resistido, no obstante, a la tentación de rechazar todo tipo de reglamento. 
No, por el contrario ha elaborado una propuesta que yo creo que es verdaderamente muy de agradecer en muchos aspectos, como por ejemplo, la distribución de varias marcas, la supresión de la vinculación obligatoria de la distribución y el servicio posventa, o sea, la posibilidad de separar ambas actividades, el fortalecimiento de los talleres independientes y los fabricantes independientes de piezas de recambio, y algunos otros. 
Esto abre en conjunto un camino para una ampliación de la competencia en interés de los consumidores y consumidoras. 
No obstante- y, de hecho, no es de extrañar -, las dificultades están en los detalles y en algunos aspectos tenemos, naturalmente, algo que aportar. 
Sin embargo, insisto en que se trata de cuestiones de detalle y yo creo que hemos alcanzado un buen compromiso en muchos aspectos, tras un largo debate en nuestra comisión. 
También quiero manifestar, en este contexto, mi agradecimiento al ponente. 
No obstante, señor Comisario, debo decir, y usted ya lo sabe, que tengo algunos reparos en relación con un punto. Éste es el contenido de la ' cláusula de localización? (location clause). 
Usted sabe que ésta se ha valorado de manera diversa. 
Usted afirma y la Comisión afirma que la propuesta ampliará la competencia y hará bajar claramente los precios. 
A mí me preocupa que no sea así. 
Yo me pregunto si lo que se propone significa una auténtica competencia y si contribuirá a ampliar la competencia. 
En efecto, lo que se propone significa sencillamente que el productor seleccionará a sus distribuidores y también restringirá su número. 
En consecuencia, la diferencia con respecto al sistema actual no es muy grande, si bien los distribuidores podrán desarrollar luego una auténtica competencia entre ellos. 
Lo que de entrada suena efectivamente como una propuesta plausible y razonable puede entrañar un gran riesgo: puesto que se trata de un círculo cerrado, los grandes pueden acabar devorando a los pequeños. 
Esto es lo que me preocupa, que el resultado final sea una mortandad entre las pequeñas y medianas empresas del sector de la distribución, que los grandes las devoren, que esto genere un nuevo proceso de concentración todavía más rápido que el que ya está teniendo lugar en cualquier caso. 
Lo cual podría tener como consecuencia que los precios vuelvan a subir más adelante, puesto que ya no habrá suficientes competidores. 
Por esto, no pedimos que se retire toda la propuesta, sino que proponemos que ésta se incluya en el reglamento, pero que se aplace. 
De este modo podremos volver a evaluarla seriamente y decidir de nuevo, a la vista de los acontecimientos concretos, si deseamos mantenerla o no. 
Señor Presidente, a pesar de que se trata de un proyecto de reglamento muy importante, no está sometido a la codecisión. 
Una de las prioridades de la Convención- y contamos con la Sra. Berger para ello- debe ser establecerla para todos los reglamentos importantes. 
El proyecto pretende reducir las considerables diferencias de precio que existen en la Unión. Éstas serían mucho menos importantes si se armonizara la fiscalidad. 
Por lo demás, ¿es realmente necesario reforzar la competencia y acelerar la centralización en el plano de la distribución? 
Existen límites con respecto a la protección de los intereses del consumidor. 
Los acuerdos verticales permiten garantizar la seguridad de los consumidores y contribuyen a la solidez de la industria. 
Es preciso flexibilizarlos para reforzar la independencia del concesionario, manteniendo al mismo tiempo la cadena de responsabilidades. 
El principal peligro del proyecto es la supresión de la cláusula de localización. Ello facilitaría la creación de grandes grupos especializados y de grandes superficies. 
Hemos presenciado la llegada del Director y Presidente General de Virgin- señora Riis-Jørgensen, se ha olvidado usted de incluirlo en su lista-. 
La llegada masiva de estos distribuidores sería catastrófica para las pequeñas y medianas empresas del sector y podría acarrear importantes destrucciones de empleo, aniquilar la proximidad del consumidor, salvo en las zonas territoriales más rentables. 
Nos preocupa concretamente el peligro que existe para el consumidor de ruptura de la relación entre venta y posventa, en caso de que el distribuidor pueda delegar el servicio posventa a talleres de reparación oficiales no sometidos a una cláusula de localización. 
Nuestra comisión pide que se efectúe una evaluación en 2005, antes que se adopte una decisión definitiva en relación con el libre establecimiento de los distribuidores. Ello permitirá examinar las prácticas de reducción de las diferencias de precios compatibles con el mantenimiento de la cláusula de localización. 
Se trata de un compromiso razonable. 
Evidentemente, luego se podrán emprender otras reformas. 
En resumen, el diálogo con el comisario ha sido muy positivo; aunque no estamos de acuerdo, el diálogo ha sido realmente bueno. 
Y el trabajo de nuestra comisión también ha sido muy serio, y conduce, en mi opinión, a unas enmiendas útiles. 
Sería prudente que el Parlamento aprobara lo esencial de estas conclusiones. 
Señor Presidente, Señorías, el expediente que hoy se nos somete- como todos sabemos- reviste capital importancia. 
El proyecto de la Comisión por el que se revisa el reglamento de exención por categorías en la distribución de vehículos automóviles compromete el futuro de un sector económico absolutamente estratégico para muchos Estados miembros de la Unión Europea. 
En efecto, más allá de la distribución de los vehículos automóviles propiamente dicha, están en juego varios centenares de miles de empleos en Europa. 
Esto me induce a manifestar, precisamente, que el debate que hoy nos reúne no es sólo un debate técnico, reservado a especialistas, sino un debate político en toda regla. 
Lo que está en juego es una determinada idea de Europa, o más exactamente la idea que nuestros conciudadanos se hacen de Europa. 
Por eso los consumidores tienen derecho a interrogarse sobre las motivaciones reales de la Comisión, una Comisión que quiere trastrocar un sistema de distribución del que todos opinan que no sólo ha demostrado su eficacia, sino que también ha respetado los grandes principios de la competencia. 
¿Por qué ha de suprimirse la cláusula de localización y la noción de territorio? 
¿Por qué ha de romperse la relación imprescindible entre venta y posventa? 
¿Por qué esta concepción extremista de la venta simultánea de varias marcas? 
¿Por qué ha de existir siempre una mayor competencia, cuando nuestra industria del automóvil es ya una de las más competitivas del mundo? 
En mi opinión, todas estas incoherencias revelan un enfoque rematadamente dogmático de la competencia, un enfoque que encontramos, por lo demás, en otros expedientes, como por ejemplo el del control de las concentraciones. 
En el caso concreto de la distribución en el sector del automóvil, la realidad que la Comisión ignora deliberadamente es que no se puede alcanzar la competencia perfecta y conservar todo aquello que es determinante para los consumidores, o sea: una red de puntos de venta y de talleres de reparación de automóviles tan denso como el que tenemos en Europa. 
Pido a todos nuestros colegas que decidan por sí mismos teniendo en cuenta las realidades económicas y sociales. 
Estemos, pues, vigilantes y atentos. 
Debemos aplicar una visión más equilibrada, más justa, en este expediente lleno de desafíos de todo tipo, desde el de la seguridad de los consumidores hasta el desafío del empleo en todos los Estados miembros, incluyendo los territorios más alejados. 
Señor Presidente, señor Comisario, desde el punto de vista del método, creo que hay que destacar, como lo ha hecho el Sr. Karas, que estamos hablando de exonerar de las reglas normales de competencia a un sector, una exoneración que no existiría ni Europa ni en los Estados Unidos si no existiera la potencia política de políticos de este sector. 
En cuanto al fondo, las objeciones y las profecías de desventura que se hacen contra esta liberalización son idénticas a las que se hicieron para todas las demás liberalizaciones. 
Al final de esta liberalización tendremos más eficacia, más competencia, más ventajas para los consumidores y, probablemente, también más empleo. 
Por lo tanto, los radicales italianos respaldarán con convicción la labor de la Comisión y de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento apoyando las enmiendas de los Sres. Konrad, Karas, Villiers, Huhne y Riis-Jørgensen que están orientadas a reforzar, si acaso, el plan de liberalización preconizado por la Comisión. 
Señor Presidente, los Conservadores británicos no creemos que la propuesta de la Comisión deba atenuarse, aplazarse ni revisarse. 
Nosotros apoyamos la liberalización que propone la Comisión. 
Creemos que los consumidores del Reino Unido han pagado demasiado por sus coches durante demasiado tiempo, y este Parlamento no debería aplazar la reducción de precios de automóviles, que será la consecuencia de un mercado más competitivo. 
El Parlamento debería recordar que, aunque seamos sensibles a las preocupaciones de las pequeñas empresas, cada distribuidor que nos escribe tiene probablemente 100 o 500 o 1000 clientes, cuyos intereses también debemos tener presente en este difícil debate. 
Creo que la supresión de la cláusula de localización es fundamental para garantizar un marco competitivo en el mercado automovilístico de la UE. 
Sin la supresión de la cláusula de localización, la situación actual no cambiaría prácticamente nada, porque sin dicha supresión, los consumidores deberán seguir viajando a otro país para tener acceso a un distribuidor no nacional. 
Creemos que los precios no bajarán en la UE a menos que desaparezca la cláusula de localización y los distribuidores tengan libertad para establecerse en diferentes Estados miembros de la UE. 
Si queremos proteger a los distribuidores, deberíamos protegerlos de las prácticas anticompetitivas de los fabricantes de automóviles y del cese ilegal e injustificado de sus franquicias por parte de los fabricantes. 
No deberíamos protegerles del mercado y de las presiones normales de la competencia porque eso equivale a negar a los consumidores unos precios de automóviles más bajos, a los que tienen derecho y que este Parlamento debería estar dispuesto a garantizarles. 
Señor Presidente, señorías, nos encontramos ante un nuevo documento que forma parte del esfuerzo que está llevando a cabo la Comisión Europea para la reforma y actualización del Derecho comunitario de la competencia. 
Documento que, además, es coherente con otros varios reglamentos y documentos sobre los que, por cierto, este Parlamento se ha mostrado favorable. 
La distribución de vehículos automóviles siempre ha tenido un tratamiento específico, un tratamiento sectorial y, si se me apura, este régimen podría haber tenido sentido antes, cuando existían diversos reglamentos para los diversos sistemas de distribución, pero quizá ahora tenga menos sentido. 
Pero el caso es que, con independencia de ello, los distintos reglamentos que han estado vigentes en este sector no han conseguido que desaparezcan las barreras de ese mercado. 
Las diferencias de precios dentro de los diferentes países siguen siendo considerables, fundamentalmente, por la actuación de los fabricantes que se empeñan en mantener las fronteras nacionales impidiendo el comercio transfronterizo. 
Basta con acudir a un repertorio de las decisiones de la Comisión y conocer las considerables multas y sanciones impuestas a los fabricantes por estas conductas anticompetitivas, para darnos cuenta de la realidad de esa afirmación. 
La Comisión nos trae ahora una nueva propuesta de Reglamento que, en mi opinión, va en la buena dirección. 
Desde algunos sectores afectados, se nos anuncian poco menos que las penas del infierno si se aprueba el Reglamento, previendo consecuencias nocivas para el sector. 
No creo que nada de eso sea real. 
Sin embargo, estoy seguro de que con las medidas propuestas se pedirá que, en determinados países, los fabricantes mantengan unos precios injustificadamente altos por actuaciones anticompetitivas. 
El punto primordial de la propuesta es la desaparición de la cláusula de localización del distribuidor, y esa medida va en la buena dirección. 
Es verdad que puede afectar a la estructura del mercado de distribución, y por ello puedo estar de acuerdo con un período transitorio. 
Por el contrario, no aprobar esa medida hasta que se realice un estudio y se adopte una nueva decisión constituye, no nos engañemos, un subterfugio de quienes no quieren que se apruebe esa medida. 
Ni ahora ni nunca. 
Señor Presidente, como ponente alternativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos en colaboración con mi colega la Sra. Berger, quisiera agradecer a nuestros colegas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que hayan aceptado tantas enmiendas de nuestra comisión. 
Quiero centrarme en dichas enmiendas y, en particular, hacer referencia a algunas de las complejidades de este Reglamento y a lo difícil que resultará su aplicación en la práctica. 
Pero, antes, quiero unirme a las felicitaciones dirigidas al Profesor Monti por haber tenido el valor de seguir adelante con una reforma tan amplia y de tanto calado. 
Recuerdo que compartí con él una tribuna en una conferencia en mayo de 2000, en la que él expuso sus inquietudes con mucha claridad. 
Ha trabajado a fondo y coherentemente sobre ellas. 
Cuenta con mi apoyo, a pesar de que me encuentro entre las relativamente escasas personas a las que el Comisario no ha presionado. 
Sé que ha realizado una intensiva campaña de presión en este Parlamento en favor de su propuesta. 
Quiero declarar un interés porque, años atrás, fui director de ventas de una importante fábrica de automóviles. 
Gestionaba la distribución en todo el mundo. 
Me alegra comprobar, señor Comisario, que los distribuidores independientes que compiten entre sí seguirán constituyendo la base para proporcionar ventas y servicios de calidad a los consumidores. 
En este sentido, animo a los colegas a que apoyen las enmiendas que mi colega la Sra. Villiers ha presentado para reforzar dicha independencia. Es de crucial importancia. 
Quiero decirle, señor Comisario, que este Reglamento es excepcionalmente complejo. 
Usted ha dado a los distribuidores una amplia serie de armas nuevas. 
Deben ser alentados a hacer uso de las mismas sin pérdida de tiempo y usted deberá elaborar unas directrices claras e inequívocas sobre las ventas y también sobre los servicios. 
No debemos subestimar el servicio que usted ha prestado a los consumidores abriendo a la competencia a los servicios posventa y las piezas de recambio. 
De hecho, su repercusión sobre una base anual será aún mayor para la mayoría de los consumidores. Éstos compran coches con relativa poca frecuencia. 
El enfoque transfronterizo será bueno para los consumidores y le animo a que garantice que los distribuidores independientes contarán realmente con las garantías empresariales que necesitan para invertir y sacar provecho de sus propuestas. 
Señor Comisario, quisiera decir que hace falta auténtico valor para enfrentarse a los importantes intereses creados de la manera que usted lo ha hecho. 
En particular, cuando dichos intereses pueden tener consecuencias en toda Europa en términos de nuestra viabilidad económica. 
Por favor, no decepcione a los consumidores de Europa con retrasos innecesarios como consecuencia de lo que haya podido escuchar hoy. 
Nunca falta el pretexto de que aún no está en su punto para retrasar las cosas. 
Los nuevos participantes en la variedad de elección abierta a todos siempre serán vilipendiados como demasiado ricos o demasiado poco escrupulosos. 
Lo cierto es que nunca hemos sido capaces de aumentar la competencia en un ámbito, e incluyo aquí a las compañías aéreas, sin que algunas personas adineradas y otras con distintos planteamientos entren en el mercado que se abre. 
En este caso se invoca al pequeño distribuidor como víctima, pero él tiene mucho que ganar de la reforma de la franquicia, como ha dicho la Sra. Villiers. 
Aquí se condena la elección que esperamos poder hacer a la hora de adquirir cualquier otro equipo personal sofisticado, la competencia que buscamos en el mantenimiento de nuestras hogares, nuestros ordenadores y, sí, también, nuestros coches de segunda mano. 
No debería ser así. 
Se trata de ampliar la elección. 
Señor Comisario, debería prestar oídos a lo que se dice en este debate, pero es probable que el apoyo que obtenga aquí sea mayor de lo que el propio debate revela. 
Señor Presidente, señor Comisario, el tema que hoy se debate afecta a todos los consumidores y a todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Afecta a todos nuestros invitados y, en el ámbito de la industria, también son muchos los muchos puestos de trabajo y las medianas empresas afectados. 
Estas medianas empresas no se encuentran sólo en los países donde tienen su sede los grandes consorcios del sector del automóvil, sino en toda Europa. 
Yo mismo también me cuento entre los afectados y recuerdo con disgusto la última factura de la inspección de vehículos, que fue extraordinariamente alta. 
Por esto, agradezco mucho la valiente propuesta del Comisario a favor de una ampliación de la competencia. 
Por nuestra parte, también hemos incorporado algunos elementos a dicha propuesta positiva, como por ejemplo la separación entre la distribución y el servicio posventa, la distribución de varias marcas, la protección de las zonas de exclusividad, que se eliminará, y la obligación de ofrecer información a los talleres. 
Por lo tanto, se ampliará considerablemente la competencia y yo se lo agradezco mucho, señor Comisario Monti. 
También le agradezco mucho su intensa voluntad de diálogo con el Parlamento, los intercambios que ha mantenido aquí y su reiterada insistencia en que el voto del Parlamento es muy importante para usted. 
Esto también es algo que yo le agradezco mucho. 
Nos encontramos ante una situación en la que, por un lado, tenemos a la industria y, por el otro lado, estamos intentando fortalecer los derechos de los consumidores, y entre una y otros se encuentra el distribuidor. 
Éste será seguramente el que se verá más afectado. 
Yo mismo sugerí en nuestra comisión y le agradezco mucho al colega Konrad que ahora lo apoye, que también reforcemos la posición de los distribuidores, por ejemplo mediante la introducción de una cláusula de protección de las inversiones. 
Un punto discutido es el del plazo de transición para la llamada 'cláusula de localización' y el tema de una revisión. 
Yo creo que dicha revisión no debería preocuparnos. 
Si actualmente consideramos que se debe establecer un determinado período de transición y pensamos que es posible que la propuesta no dé fruto, tenemos que exponerlo de manera decidida, tenemos que justificarlo, y entonces se confirmará que quienes ahora lo defendemos teníamos razón. 
En consecuencia, este puede ser un camino para introducir una mayor competencia, pero si se contempla un período de transición, entonces no debemos rehuir una revisión. 
El Parlamento Europeo adoptará una decisión mañana y yo agradecería que, aun cuando formalmente no se trate de un procedimiento decisorio, la Comisión, empezando por el Presidente de la Comisión Prodi, respete el resultado de esta votación de los únicos representantes populares elegidos de la población europea. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión para el mercado automovilístico introduce en la legislación comunitaria beneficios inequívocos para los consumidores. 
Así, pues, merece que se la apoye, independientemente de los ajustes que se puedan introducir aún y que sigan una orientación más global de equilibrio de todos los intereses afectados, si bien se debe reconocer que se trata de un proceso de consulta al Parlamento. 
En particular, se deben recomendar acciones que fortalezcan la seguridad en la carretera mediante una correcta utilización del automóvil. 
El nuevo reglamento representa un avance importante en todo el sector del comercio automovilístico, pues, además, pone fin al excesivo poder de las marcas, que en algunos casos llega a prefigurar una situación de abuso de posición dominante. 
El proyecto de reglamento acoge y ajusta, por ejemplo, de forma equilibrada la importancia del comercio automovilístico, de los distribuidores mayoristas y de los minoristas. 
Pero la concepción básica del nuevo reglamento es- repito- esencialmente la de la defensa del interés del consumidor, no tanto de inmediato, pues no hay certeza de que se produzcan instantáneamente cambios importantes en el precio de los vehículos que puedan beneficiarlo, sino sobre todo a medio y a corto plazo, cuando se asimilen totalmente las normas de una competencia activa que consagra el reglamento. 
Así, pues, es imprescindible que este reglamento avance deprisa a fin de que los agentes económicos se preparen para la liberalización total del sector a partir de 2010. 
Se puede y se debe aceptar el aplazamiento por un período razonable de entrada en vigor de la cláusula de localización, entendido exclusivamente como una discriminación positiva a favor de las pequeñas y medianas empresas. 
El debate público de esta iniciativa legislativa ha ido orientado a veces con el argumento de la posibilidad de que se den de inmediato bajadas importantes en los precios de los automóviles. 
No es verdad que pueda ser así automáticamente. 
Incluso pueden darse de inmediato movimientos perversos de subida de precios. 
El objetivo anunciado por el Comisario Mario Monti, en nombre de la Comisión, sólo será plenamente satisfactorio, si avanzamos hacia la armonización fiscal. 
Espero que este nuevo reglamento pueda inducir ese cambio. 
Señor Presidente, señor Comisario, iré directo al grano, entraré en corto y por derecho en el debate sobre la cláusula de localización en la que se está centrando el debate y la discusión en esta Cámara. 
Comprendo perfectamente el objetivo de la Comisión al propugnar la supresión de esta cláusula. 
En opinión de la Comisión, la supresión de esta cláusula aumentaría la competencia entre los distribuidores y eso se traduciría en una reducción de los precios. 
Nada más loable para el Grupo del Partido Popular que se caracteriza por la defensa de la libertad y por la defensa de los consumidores. 
Pero tal como ha planteado su propuesta el Comisario hay algunas cuestiones que deberían ser despejadas antes de llegar a una solución quirúrgica. 
Parece evidente que el nivel actual entre marcas es suficiente. 
Si se suprime abruptamente la cláusula de localización ¿no corremos el riesgo de dificultar la capacidad de los fabricantes de organizar su red de distribución? 
¿No corremos el riesgo de que sean precisamente los fabricantes más grandes los que se coman a los fabricantes más chicos y disminuya, por tanto, la competencia? 
En segundo lugar, las propuestas de la Comisión, interesantes muchas de ellas, contienen elementos suficientes para potenciar la competencia intramarca, dentro de una sola marca. 
¿No sería prudente esperar a ver cómo funciona, antes de matar pulgas a cañonazos? 
En tercer lugar, ¿no parece evidente que las inversiones hechas por los distribuidores corren peligro y más peligro cuanto más pequeños sean, lo que aumentaría la cuota de mercado precisamente para los más grandes, en contra del propósito de la Comisión? 
Por eso, señor Comisario, porque no ha habido respuestas claras, creo que la propuesta del ponente es una propuesta prudente, hay tiempos para el valor y tiempos para la prudencia y, en este caso, me parece evidente que es necesario esperar a ver cómo funcionan los nuevos elementos que favorecen la competencia que introduce la propuesta antes de proceder a la supresión de la cláusula de localización. 
Señor Presidente, doy la enhorabuena al Comisario por esta propuesta tan audaz y valiente. 
Realmente, puede estar tranquilo de que en esta Asamblea hay muchos que le apoyan en esta iniciativa, aun cuando algunos puedan sugerir todo lo contrario. 
Los fabricantes de automóviles no cambiarán su conducta. 
Les va demasiado bien como para querer hacerlo, ya hemos esperado casi toda una década para que lo hagan, desde la última revisión. 
¿Deberemos esperar otra década hasta que vuelvan a esta Asamblea a repetir lo mismo una y otra vez? 
Y mientras tanto los consumidores de toda la Unión Europea deberán pagar las consecuencias, como han hecho siempre, y como seguirán haciendo a menos que atajemos la cuestión del cártel. 
De sus propuestas, señor Comisario, se desprende con toda nitidez que eso es precisamente lo que quiere hacer y para ello cuenta con el apoyo de la delegación Laborista de este grupo y con el de otras delegaciones de esta cámara. 
Espero que el apoyo que ha recibido aquí le dé ánimos para seguir adelante con esta iniciativa audaz y que por fin veamos alguna reducción de la actividad de este cártel y alguna mejora para el consumidor de toda la Unión Europea. 
Señor Presidente, un cordial saludo al profesor Monti, en este momento inmerso, creo, en una gran reflexión y mis felicitaciones más sinceras al Sr. Konrad por la gran cantidad de trabajo realizado y por el empeño puesto en este informe. 
El objetivo prioritario del nuevo Reglamento está dirigido a aumentar globalmente el nivel de conocimiento a fin de mejorar el bienestar y la seguridad de los consumidores, así como el funcionamiento del mercado interior. 
Para alcanzar este objetivo, el mismo debería garantizar también la defensa de los concesionarios y fomentar las pequeñas y medianas empresas que operan en el sector europeo del automóvil. 
Por lo tanto, coincidimos en que los intereses de los consumidores están en primer lugar, con una amplia gama de posibilidades dentro del mercado común. 
En consecuencia, hay que valorar positivamente el aumento de la competencia entre los distribuidores en lo que se refiere a la venta y al servicio posventa, así como la mayor competencia en la producción y distribución de piezas de recambio. 
En cualquier caso, no se puede silenciar que, según se interpreten restrictiva o ampliamente, las medidas previstas en el nuevo Reglamento pueden reducir la certeza del Derecho y llevar a formas de concentración en la localización de la distribución, en la asistencia posventa y en la producción de piezas de recambio, con la consiguiente desaparición de nuestro mercado de un gran número de pequeñas y medianas empresas y con efectos negativos en el empleo y en los beneficios esperados para los consumidores. 
Por esto, resulta muy positiva la posición del Grupo del Partido Popular Europeo que está de acuerdo con un período transitorio hasta 2005 y una cláusula de revisión. 
Obviamente, esperamos que los demás Grupos mantengan la misma postura. 
La hipotética defensa de los consumidores a través de una reducción de los precios de los vehículos, que está por demostrar, no puede sino llevar a una verificación de lo que ocurrirá en el período transitorio. 
De los resultados que aflorarán de ella se extraerán las debidas conclusiones y la posible aplicación del nuevo Reglamento. 
De todos modos, en dicho período los concesionarios tendrán la posibilidad de invertir teniendo en cuenta una posible reconversión industrial, hecho que, en todo caso, sería menos nocivo que un reglamento que podría no favorecer al consumidor pero que seguramente perjudicaría a un número considerable de pequeñas y medianas empresas concesionarias del ramo del automóvil. 
. (IT) Señor Presidente, este proyecto de Reglamento es el resultado de un largo proceso de análisis de la situación en el sector de los vehículos automóviles. 
En el informe de evaluación de noviembre de 2000, la Comisión concluyó que el régimen actual no había dado los resultados esperados y que, por lo tanto, no se podía confirmar en su forma actual. 
En consecuencia, los principales objetivos del futuro sistema son claros: ante todo favorecer los intereses de los consumidores introduciendo una mayor competencia no solo en la venta de vehículos nuevos, sino también en lo que a los servicios de reparación y mantenimiento se refiere. 
La propuesta de Reglamento pretende asimismo garantizar el funcionamiento del mercado interior en el sector de los vehículos nuevos. 
Es inaceptable que en el ámbito del mercado interior el coche que, Señorías, es el símbolo mismo de la movilidad, continúe siendo uno de los bienes menos muebles. 
En el pasado, la Comisión tuvo que imponer multas a los fabricantes de automóviles que habían obstaculizado el comercio paralelo. 
Esos casos concretos demuestran en qué medida los consumidores han sido privados de la ventaja, del derecho a adquirir los vehículos donde preferían. 
En este sentido, quiero subrayar que la Comisión no tiene como objetivo una armonización de los precios en cuanto tal, sino que su objetivo más profundo, más fundamental es garantizar el funcionamiento del mercado interior y, en particular, permitir a los consumidores adquirir los vehículos directa o indirectamente donde son más baratos. 
También los revendedores y los talleres independientes obtendrán, al fin, un beneficio de la nueva normativa, puesto que ésta refuerza su independencia económica y les ofrece nuevas posibilidades comerciales. 
Las reacciones de las organizaciones de consumidores, de los conductores, de los fabricantes de piezas de recambio y de los talleres independientes ante la propuesta de Reglamento de la Comisión han sido muy positivas. 
Ellos consideran que una reforma de este tipo beneficia claramente a los consumidores europeos. 
En realidad, algunas de sus reacciones muestran que la propuesta de Reglamento no es bastante valiente. 
Los líderes de la industria europea no dejan de pedir a las Instituciones europeas que promuevan la liberalización y la flexibilidad como elementos fundamentales para una economía más competitiva que relance el crecimiento y el empleo. 
Esta propuesta de Reglamento ha sido concebida con este espíritu, promovido en todo momento por la industria europea, un espíritu que la Comisión comparte plenamente. 
Por lo tanto, nos sorprende la considerable actividad de cabildeo contra la propuesta de Reglamento emprendida por algunos grupos de presión ligados a la industria. 
Duele que, a veces, hayan existido verdaderas coacciones y afirmaciones simplemente erróneas sobre la propuesta de Reglamento. 
Esto contrasta con la apertura y la disponibilidad al diálogo mostradas por la Comisión respecto a todas las partes afectadas. 
Estamos plenamente convencidos de las ventajas que se derivarán del nuevo Reglamento. 
El mismo tiene en cuenta el hecho de que los vehículos son productos especiales. 
El nuevo Reglamento pretende garantizar que los vehículos sean productos seguros, que se beneficien de servicios de posventa altamente fiables y que respeten los estándares en materia de medio ambiente. 
Debemos tener confianza- nosotros la tenemos- en los numerosos revendedores altamente cualificados que tomarán las oportunas decisiones comerciales. 
Después de todo, son ellos los que conocen de cerca las exigencias de los consumidores y los que soportan los riesgos comerciales. 
Me satisface que en el Parlamento Europeo se hayan celebrado exhaustivos debates sobre esta propuesta de Reglamento de la Comisión, en particular en el ámbito de los debates sobre el informe Konrad que se han producido en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y yo también he encontrado muy útil y constructivo el diálogo que hemos mantenido. 
Tomo nota y me alegro de que el informe aprobado por la Comisión de Asuntos Económicos sea ampliamente favorable a la línea general indicada por la Comisión, en particular en lo que se refiere a la necesidad de introducir cambios en el sistema actual. 
Ahora voy a examinar brevemente las propuestas de enmienda más importantes contenidas en el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Uno de los elementos más importantes del nuevo sistema es la prohibición de la cláusula de localización. 
Esto es fundamental para que también las demás medidas sean plenamente eficaces. 
La supresión de esta cláusula para la venta de vehículos que permitirá a los revendedores abrir puntos de venta o de entrega secundarios en otros lugares, incluso en otros Estados miembros, es un elemento fundamental para facilitar el acceso de los consumidores a los vehículos vendidos por revendedores de otros Estados miembros a precios más bajos. 
De este modo, aumentará la competencia entre los revendedores de la misma marca de coches y se favorecerá la integración del mercado, y además se garantizará la posibilidad de una actividad de venta multimarca. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios propone que se prevea para esta medida, es decir, la supresión de la cláusula de localización, un período transitorio hasta el 1 de octubre de 2005 y que se supedite la supresión de la cláusula de localización a los resultados de una evaluación. 
Entiendo que el período transitorio permitirá tanto a los fabricantes como a los revendedores prepararse, adaptarse al nuevo sistema; sin embargo, considero que sería perjudicial, realmente perjudicial, aplazar una decisión sobre la supresión de la cláusula de localización hasta una futura evaluación. 
No es oportuno alargar un estado de incertidumbre sobre el futuro régimen. Por contra, deberíamos establecer normas claras ya desde el principio; de no ser así, el mismo período transitorio tendría, no nos engañemos, poco sentido, puesto que los operadores no sabrían a qué futuro régimen se deberían adaptar y, lógicamente, no se irían preparando para las nuevas normas. 
No sería una transición, sino que sería, no nos engañemos, una mera espera, la espera de un nuevo Parlamento, de una nueva Comisión para decidir el futuro sistema de distribución de los vehículos en Europa, como alguno de ustedes decía, un subterfugio para no tomar ninguna decisión, ni ahora ni nunca. 
Por el contrario, la Comisión considera que debemos asumir esta responsabilidad ya desde ahora. 
No podemos seguir repitiendo que queremos una Unión Europea más cercana a los ciudadanos- cuantas veces lo he oído decir en este Pleno y cómo lo comparto- y no comportarnos en consecuencia en el momento de tomar las decisiones. 
Dicho esto, de acuerdo con lo que declaré ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, estoy dispuesto, exclusivamente por lo que respecta a la cláusula de localización, a reflexionar sobre la utilidad de un período transitorio más largo que el previsto en la propuesta de Reglamento. 
Sin embargo, no hay que olvidar que al aumentar la duración del período transitorio también se aplazarán las ventajas de las que los consumidores se podrán beneficiar con el nuevo régimen. 
Actividad multimarca: uno de los principales objetivos de la propuesta es que los revendedores estén realmente en disposición de vender varias marcas si lo desean. 
La propuesta se dirige a convertir la actividad multimarca en más fácil para los revendedores y al mismo tiempo protege la imagen de marca en la que los fabricantes han invertido: de este modo se favorece la elección de los consumidores y se aumenta la competencia entre marcas. 
Coincido en que la imagen de marca constituye un importante instrumento de competencia para los fabricantes de automóviles. 
Sin embargo, la imposición de establecimientos separados para la exposición y venta de automóviles o de personal de venta diferente no está justificada y convertiría la actividad de venta multimarca en no interesante desde el punto de vista económico para los revendedores. 
Subrayo además que la multimarca reviste especial importancia precisamente para los pequeños concesionarios, puesto que puede facilitar su presencia y su supervivencia en las zonas rurales. 
El hecho de dejar este elemento a la contratación entre las dos partes no es apropiado hasta que los revendedores dependan, desde el punto de vista económico, totalmente de sus fabricantes. 
En consecuencia, para reforzar la posición de los revendedores, estos han de tener la posibilidad de decidir entre exponer vehículos de marcas diferentes en zonas de venta separadas del mismo establecimiento o bien en establecimientos diferentes, así como de emplear a personal de venta diferente para cada marca. 
Considero asimismo que el Parlamento debería concordar con la necesidad de defender a los revendedores, de acuerdo con lo propuesto por la Comisión, ya que el preaviso mínimo y la obligación de facilitar justificaciones detalladas para extinguir el contrato tienen como objetivo reforzar la posición de los concesionarios. 
La propuesta de Reglamento pretende además reorganizar la relación, actualmente muy estrecha, entre la venta de vehículos nuevos y los servicios de posventa. 
Un concesionario puede elegir entre concentrar su actividad sólo en la venta de vehículos o prestar también servicios de posventa: este derecho refuerza su independencia. 
Puesto que los servicios de posventa se pueden subcontratar sólo a talleres autorizados, se garantiza un alto nivel de calidad y de seguridad. 
El proyecto originario de la Comisión, en mi opinión, ya garantiza la proximidad de un punto de asistencia al concesionario en el caso de que este último subcontrate esta actividad; sin embargo, a la vista de las enmiendas propuestas a este respecto, una posible solución sería imponer al concesionario la obligación no sólo de informar al consumidor sobre la localización del taller autorizado, sino también sobre la distancia entre este último y el punto de venta. 
Convertir en menos obligatoria la relación entre venta y servicios de posventa es, déjenme subrayarlo, especialmente importante en un período de reestructuración de las redes de revendedores y de reducción del número de los mismos. 
Los revendedores, cuyos contratos se extingan, ahora pueden seguir en el mercado como talleres autorizados. 
A la vista de todo ello y a fin de defender los intereses del consumidor en una amplia red de centros de servicios, sería equivocado limitar el número de talleres autorizados. 
Por último, soy favorable, en líneas generales, a las enmiendas dirigidas a reforzar el acceso a las informaciones técnicas y a aclarar la definición de piezas de recambio. 
En conclusión, señor Presidente, tomo nota y me alegro de la actitud favorable de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios a la línea de la Comisión. 
Les he expresado mi postura respecto a las principales enmiendas que la misma ha sugerido e invito a sus Señorías a que tengan en cuenta estas consideraciones a la hora de expresar su voto. 
El mismo hecho de que el informe de la Comisión de Asuntos Económicos comparta plenamente la línea de la Comisión demuestra que este Parlamento no cree en los negros escenarios preconizados por esos lobbistas que habían presentado el proyecto de la Comisión como una especie de catástrofe. 
Señorías, quizás recuerden que el mismo tipo de reacciones se produjo cuando la Comisión se opuso a proponer la continuación del duty free. 
También entonces se ejercieron muchas presiones políticas al más alto nivel y hubo un gran esfuerzo lobbista. 
La Comisión no se dejó influir por las presiones. 
Las tiendas libres de impuestos se han suprimido en beneficio de los contribuyentes y ningún aspecto de la catástrofe se ha hecho realidad. 
Señorías, les agradezco este diálogo y quiero darles personalmente las gracias por su valoración. 
Algunos de ustedes han dicho que hemos sido valientes. 
Se lo agradezco, pero no creo que obrar en beneficio de los ciudadanos signifique tener valor. 
Y si me permiten expresar una opinión personal estoy seguro de que los ciudadanos, sus electores, esperan que el Parlamento sea al menos igual de valiente. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las Declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la Cumbre UE/América Latina de los días 17 y 18 de mayo de 2002 en Madrid. 
. Señor Presidente, comparezco en nombre de la Presidencia en ejercicio del Consejo para informar al Parlamento sobre los resultados de la Cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe celebrada en Madrid los días 17 y 18 de mayo. 
Tras una larga preparación, pues los trabajos preparatorios de la Cumbre se iniciaron hace ahora un año bajo la Presidencia sueca y continuaron durante la Presidencia belga, hay que decir que en la Cumbre se han obtenido notables resultados, coincidentes con los objetivos que la Presidencia española había fijado para este semestre. 
Como la Cámara conoce, el lema elegido para la Cumbre era "Unión Europea, América Latina y Caribe, impulsando una asociación estratégica para el siglo XXI", que creo que resume lo que se está definiendo entre las dos áreas geográficas: un espacio común y una actuación conjunta en el ámbito internacional entre dos regiones del mundo que comparten principios y valores de tanto calado como la democracia, el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, la economía de mercado, el pensamiento racional y tantos otros que cimentan eso que entendemos como el mundo occidental. 
Para esta Cumbre, señor Presidente, se habían definido en las reuniones preparatorias tres áreas temáticas, a saber: el diálogo político, la cooperación económica y comercial y la cooperación cultural, educativa y en materia de política social. 
A estas áreas se adaptaron las sesiones de trabajo con los siguientes puntos, introducidos por distintos países: en la sesión política se trató del fortalecimiento y modernización del Estado, de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, de multilateralismo y de la promoción de la democracia, derechos humanos y Estado de derecho. 
En la sesión de política social y cooperación en materia cultural y educativa, se trató de la diversidad cultural, del peligro del desfase tecnológico, de educación, equidad y cohesión social, de desarrollo sostenible y medio ambiente. 
Por último, en la sesión económica, se habló de arquitectura financiera internacional, de comercio birregional, de cooperación internacional para el desarrollo sostenible y financiación del desarrollo, de medidas de estímulo del crecimiento económico y el desarrollo y, finalmente, de procesos de integración regional. 
Asimismo, hubo un almuerzo de trabajo con el Presidente del Banco Central Europeo y con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. 
A continuación, señor Presidente, voy a señalar a la Cámara los resultados, a juicio de la Presidencia, más importantes de esta Cumbre en los tres campos a los que me he referido. 
En primer lugar y en relación con el ámbito político, donde claramente se han obtenido unos resultados destacables, el firme compromiso de combate contra el terrorismo y contra el narcotráfico entendidos como amenazas a todo el conjunto del mundo, reforzando para ello los mecanismos de cooperación entre los Gobiernos. 
Y en segundo lugar, el fortalecimiento del diálogo político birregional mediante la concertación en foros internacionales, especialmente en las Naciones Unidas. 
Esta concertación permitirá aunar posiciones entre quienes compartimos los mismos principios y valores para abordar las principales cuestiones de la agenda internacional. 
Tiene, en este sentido, pleno fundamento la renovación del compromiso para cooperar en el fortalecimiento de las instituciones democráticas. 
En el segundo aspecto, el ámbito económico y comercial, es donde se han producido avances más considerables en comparación con la situación que deriva de la primera Cumbre de Río de Janeiro de junio de 1999. 
Por un lado, la entrada en vigor del Acuerdo con México, que ha tenido un impacto muy positivo en los flujos comerciales entre la Unión Europea y México. 
Por otra parte- es sin duda el hecho más relevante -, la conclusión del Acuerdo de asociación con Chile. 
Todos los participantes han señalado la trascendencia de este acto después de unas negociaciones complejas y, en ocasiones, difíciles que nos van a llevar, como ha sucedido con México, a una relación privilegiada con beneficios sociales y económicos directamente para Chile, pero que trascienden a este país para ser un mensaje de confianza en todo el continente en estos momentos de incertidumbre económica, sobre todo en algunas subrregiones. 
En relación con Mercosur, se han constatado avances en la negociación, cuyos capítulos político y de cooperación, así como de facilitación del comercio, están prácticamente concluidos. 
Se ha acordado, además, continuar las negociaciones comerciales con una reunión a nivel ministerial el próximo mes de julio, lo que implica un espaldarazo a la negociación pese a las circunstancias adversas derivadas de la situación que atraviesa Argentina. 
Respecto a Centroamérica y a la Comunidad Andina de naciones, se ha conseguido abrir un horizonte a la eventual negociación de acuerdos de asociación con ambas regiones. 
Entretanto, se negocian acuerdos de diálogo político y de cooperación al tiempo que se profundiza la cooperación en materia de comercio, inversiones y relaciones económicas. 
Con todo ello lo que se pretende es preparar el terreno para que, una vez terminada la Ronda de Doha, puedan negociarse acuerdos de asociación con estas dos subrregiones latinoamericanas. 
A la vista de la experiencia con Mercosur, es esencial que se profundice en ambos procesos de integración para facilitar los acuerdos a los que aspiramos. 
Puedo informar al Parlamento de que la parte centroamericana ha aceptado de buen grado esta fórmula, aunque hubiese preferido un calendario más preciso que comenzase a partir de la Cumbre de Madrid. 
La Comunidad Andina ha manifestado menos satisfacción por el acuerdo alcanzado aun reconociendo que la fórmula obtenida les abre la puerta a un futuro acuerdo de asociación que permita superar las concesiones unilaterales de que hoy disfrutan con el régimen de sistema de preferencias generalizadas vinculado a la lucha contra el narcotráfico. 
Para terminar con el repaso a las distintas áreas geográficas, quiero señalar la decisión de los países del Caribe, junto a todos los países ACP, de iniciar el próximo mes de septiembre las negociaciones para la asociación económica con la Unión Europea en el marco de Cotonú. 
Como se puede ver, con estas decisiones y acuerdos tomados hay una perspectiva amplia, de relación fluida e intensa, entre ambos lados del Atlántico en un horizonte no lejano y que, como he dicho, redundará en beneficio para las sociedades de América y de Europa. 
Quiero subrayar igualmente en este ámbito económico tres cuestiones más: por un lado, la decisión de cooperar para erradicar la pobreza mediante, entre otros instrumentos, el fortalecimiento institucional. 
Sobre esto y sus consecuencias se tomaron importantes decisiones en la Conferencia de Monterrey celebrada en el mes de marzo, que se plasmaron en su documento final denominado Consenso de Monterrey. 
En segundo lugar, la creación de mejores condiciones para el desarrollo como el equilibrio macroeconómico, a cuyo esfuerzo se sumarán tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Europeo de Inversiones. 
Ambas instituciones financieras se incorporan de esta forma al proceso de fortalecimiento de la asociación estratégica con toda su experiencia y capacidad, lo que constituye una novedad notable. 
Igualmente merece la pena destacar el apoyo a la introducción del euro, reconociendo sus efectos positivos, como hicieron en la Cumbre de Madrid tanto el Consejo como el Banco Central Europeo. 
En el ámbito de la cooperación también se aprecian nuevos elementos de interés. 
Voy a referirme a los siguientes: el programa ALIS para el desarrollo de la sociedad de la información, programa cuatrienal que contará con 85 millones de euros, de los que la Comisión financiará 63,5 y los países latinoamericanos el resto, hasta completar esa cifra. 
Aunque la Comisión podrá informar de ello más extensamente, quiero apuntar únicamente que, entre los objetivos del programa, se encuentran la normalización del marco regulatorio y la interconexión de redes. 
En el área de la educación, a la que se ha prestado particular atención en la Cumbre, destaca el nuevo programa de becas ALBAN. 
Este programa fue presentado por el Comisario de Relaciones Exteriores, señor Patten, en el marco del Foro Cultural paralelo a la Cumbre que reunió a fundaciones y entidades culturales de los países europeos y latinoamericanos. 
El programa consiste en la financiación de 3900 becas para estudios de posgrado, con cargo a la Comisión- 75 millones de euros- y a las universidades europeas que participen en el programa- 38 millones de euros. 
Me parece que éste es un hito que merece destacarse pues va a impulsar decididamente la cooperación en materia educativa entre Europa e Iberoamérica y va a permitir la formación al más alto nivel de estudiantes de posgrado latinoamericanos, con todo lo que esto supone de ayuda al desarrollo en esos países y de superación de una relación casi unidireccional de estas sociedades con los Estados Unidos de América. 
Creo que es un programa de gran alcance, por lo que aprovecho esta ocasión para felicitar a la Comisión por el trabajo realizado a través del Comisario Patten. 
Igualmente, es preciso mencionar el apoyo que la Cumbre dio al Plan de Acción 2002-2004 en materia de educación superior con los objetivos de mejorar la calidad de la enseñanza y facilitar la movilidad de los estudiantes. 
Señor Presidente, la segunda Cumbre Unión Europea/América Latina y Caribe se ha celebrado en unos momentos en los que el entorno internacional no era el más favorable, ni a uno ni al otro lado del Atlántico. 
En efecto, además de unas dificultades económicas a raíz de los atentados del 11 de septiembre, situaciones difíciles en varios países de América del Sur- la particular situación de Venezuela a un mes de la grave crisis de abril, el proceso de paz interrumpido en un clima electoral muy afectado por la inaceptable violencia terrorista en Colombia, la profunda crisis en la que se encuentra Argentina -, sumado todo ello a la atención europea por la ampliación y a los diversos procesos electorales que tienen lugar estos meses en algunos países de la Unión Europea, no auguraban el mejor clima para el desarrollo de la Cumbre. 
Sin embargo, la Cumbre de Madrid ha contado con una elevadísima participación, ha tenido resultados concretos muy apreciables y ha recibido una valoración muy positiva tanto por parte de los participantes como, en términos generales, de la opinión pública. 
Como consecuencia de los acuerdos y decisiones adoptados en la Cumbre, recogidos en una Declaración política de 33 puntos denominada Compromiso de Madrid, se abre una nueva etapa en las relaciones birregionales, lo que implica un paso importante en el proceso de consolidación de la asociación estratégica. 
La convocatoria de la próxima Cumbre en México en 2004 da garantías de continuidad a este proceso de afianzamiento y consolidación de la asociación birregional. 
Para ello los compromisos adquiridos en la Declaración de Madrid deberán recibir un adecuado seguimiento para conseguir que la Cumbre de México constituya un nuevo paso significativo en este proceso de alianza entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, proceso que siempre ha contado con el estímulo de este Parlamento. 
. (EN) Señor Presidente, Señorías, cuando mi colega, el Comisario Patten, se dirigió al Parlamento hace quince días en relación con la preparación de la Comisión para la Cumbre de Madrid, resaltó específicamente la necesidad de que la asociación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe fuera un proceso creíble y que la Cumbre produjera resultados concretos. 
Ahora, cuando ya hemos dejado atrás la Cumbre y tras el exhaustivo informe que la Presidencia acaba de presentar al Parlamento, puedo afirmar sin temor a equivocarme que hemos logrado nuestro propósito. 
Madrid ha demostrado claramente que la asociación birregional que establecimos en Río es mucho más que una tertulia cualquiera. 
Hoy, mi objetivo no es ofrecerles un análisis en profundidad de los tres documentos principales que ha producido la Cumbre de Madrid; la Presidencia ya ha tratado sobre el tema detalladamente. 
Los documentos, que ya son del dominio público, son, como saben, la Declaración de Madrid, el Documento sobre valores y posiciones comunes y el Informe de evaluación de nuestro progreso desde la Cumbre de Río. 
Quiero poner en su atención el hecho de que el Informe de evaluación hace claramente hincapié en que la Comisión Europea es, con toda probabilidad, la institución más activa en el fomento de la aplicación concreta de la asociación estratégica entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe lanzada en Río de Janeiro en 1999. 
En nombre del Comisario Patten, me gustaría destacar los principales aspectos de la Cumbre. 
El hecho de que los Jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones hayan reafirmado su convencimiento de que el multilateralismo es la mejor manera de afrontar los problemas y los retos actuales del mundo. 
Ambas partes han rechazado el unilateralismo en asuntos políticos y comerciales y se han comprometido a aunar fuerzas y a fomentar una visión común sobre estos importantes temas dentro del marco de mecanismos multilaterales. 
Esto representa un firme compromiso que nos ayudará a sacar adelante la asociación en el día a día. 
La Comisión está especialmente satisfecha con el resultado de las reuniones y los actos celebrados en el contexto de la Cumbre de Madrid. 
En primer lugar, pudimos completar con éxito las negociaciones entre la Unión Europea y Chile a tiempo para que el Sr. Prodi, el Sr. Aznar y el Sr. Lagos pudieran anunciar la conclusión oficial de las negociaciones y el establecimiento de nuestro tan esperado Acuerdo de Asociación. 
En segundo lugar, la Cumbre de Madrid brindó la ocasión de que los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de Mercosur tomaran nota con satisfacción del progreso alcanzado por el comité de negociaciones birregionales respecto al establecimiento de una asociación estratégica interregional. 
Asimismo aprobaron un nuevo mecanismo para celebrar sus reuniones con mayor frecuencia, con vistas a reforzar y profundizar el diálogo político UE-Mercosur. 
Por otra parte, en julio se celebrará una reunión ministerial, o así lo esperamos, de cara a impulsar las negociaciones del capítulo del comercio. 
En tercer lugar, las peticiones de la Comunidad Andina y de América Central de iniciar negociaciones con vistas a la celebración de acuerdos de asociación con la UE también encontraron una respuesta adecuada en Madrid. 
Cabe destacar la decisión adoptada de negociar acuerdos políticos y de cooperación con ambas regiones. 
Asimismo, se decidió reforzar la cooperación en los ámbitos de comercio, inversión y de las relaciones económicas. 
Estas tres iniciativas deberían establecer las condiciones necesarias para negociar acuerdos de asociación viables y beneficiosos para ambas partes, incluidos los acuerdos de libre comercio, entre la Unión Europea y ambas regiones. 
Evidentemente, estos acuerdos deberán tener en cuenta los resultados del Programa de trabajo de Doha, que nos hemos comprometido a completar antes de que finalice 2004. 
En cuarto lugar, la 18ª Conferencia Ministerial del diálogo de San José, al margen de la Cumbre de Madrid, adoptó una agenda renovada y un nuevo formato para el diálogo político. 
La Comisión comparte la opinión de nuestro socio centroamericano sobre la necesidad de mantener vivo el carácter particular del diálogo de San José. 
El resultado de la Cumbre de Madrid demuestra que la asociación estratégica birregional avanza a buen ritmo. 
No hay ninguna duda de que los grandes esfuerzos de la Presidencia española han desempeñado un papel fundamental para garantizar el éxito de la Cumbre. 
La Comisión centra sus esfuerzos especialmente en la necesidad de conducir la Asociación UE, América Latina y Caribe en la aplicación de nuevas iniciativas birregionales concretas. 
En el ámbito de la educación, la Comisión acaba de lanzar un nuevo programa de becas, ALBAN, que permitirá a 4.000 estudiantes latinoamericanos posgraduados completar su formación en Europa. 
El programa birregional en vigor para los intercambios entre PYME, AL-INVEST, será renovado en vista de su éxito. 
El programa ALIS ha entrado en vigor recientemente y próximamente se crearán proyectos piloto en el ámbito de la sociedad de la información. 
Asimismo, estamos trabajando en estos momentos en la elaboración de una nueva iniciativa social que impulsará los contratos entre las administraciones y el programa encaminado a la prevención de catástrofes. 
Por último, estamos deseosos de comenzar a trabajar con los Estados miembros y coordinar nuestras iniciativas con las suyas con vistas a mejorar la aplicación del Acuerdo de Asociación birregional. 
Para cuando se celebre la próxima Cumbre UE/América Latina y Caribe en México en 2004, espero que tendremos la grata sorpresa de comprobar lo mucho que hemos avanzado en el breve plazo de seis años, desde el lanzamiento de la asociación estratégica en 1999. 
Señor Presidente, pueden hacerse lecturas de los resultados de la Cumbre de Madrid desde distintos puntos de vista. 
Se puede hacer una aproximación subjetiva, dirigida a sacar ventaja política, o se puede intentar hacer una aproximación equilibrada que, sin exaltar luces ni ocultar sombras, nos permita examinar los resultados de la Cumbre de Madrid a la luz de las posiciones mantenidas por el Parlamento Europeo. 
Yo quisiera subrayar muy particularmente el hecho de que el Parlamento Europeo no estuvo presente en la Cumbre de Río de Janeiro y que, precisamente por eso, la Conferencia Interparlamentaria solicitó que estuviese presente en la Cumbre de Madrid, como así ha sucedido. 
Por ello quiero reconocer el esfuerzo de la Presidencia en ejercicio del Consejo de acoger en la Cumbre de Madrid a los representantes de nuestro Parlamento. 
En noviembre del año pasado, señor Presidente, el Parlamento Europeo pidió que se concluyese en la Cumbre de Madrid el Acuerdo de Asociación con Chile y así se ha hecho. 
En noviembre del año pasado, el Parlamento Europeo pidió que se diese un impulso al Acuerdo de Asociación con Mercosur a pesar de las dificultades por las que está pasando Argentina y así se hizo en la Cumbre de Madrid. 
El Parlamento pidió, también en noviembre, que se presentasen unas directivas de negociación con vistas a concluir acuerdos de asociación con la Comunidad Andina y con la Comunidad Centroamericana. 
En la Cumbre de Madrid no se ha podido dar una respuesta definitiva a ese deseo del Parlamento, pero sí se ha producido un avance sustancial en la medida en que en las conclusiones figura, efectivamente, un horizonte de asociación para las relaciones con los países de la Comunidad Andina y Centroamericana, puesto que no se les puede discriminar frente a otras áreas geográficas, y, por lo tanto, en cuanto expire en el año 2004 el sistema de preferencias generalizadas pueden aspirar a tener ese horizonte de asociación. 
En noviembre felicitamos también a la Comisión Europea por el programa ALIS que ha sido adoptado en la Cumbre de Madrid, junto a otras iniciativas como las que acaban de referir la Presidencia en ejercicio y el Sr. Vitorino, por lo que todos tenemos que felicitarnos. 
Nos parecen también especialmente relevantes las conclusiones de la Cumbre de Madrid sobre el Tribunal Penal Internacional, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y, en este sentido, me gustaría recordar a la Cámara que acabo de regresar de un viaje de misión electoral con otros miembros de este Parlamento a Colombia, donde, por cierto, los ciudadanos de este país han dado un magnífico ejemplo de madurez democrática y de coraje cívico, haciendo que prevalezca la voluntad pacífica de los ciudadanos sobre la amenaza, la violencia, la extorsión, la intimidación y el chantaje. 
Colombia, señor Presidente, necesita el apoyo de la comunidad internacional y también de la Unión Europea. 
Yo quisiera, señor Presidente, hacer dos comentarios que no se refieren a la Cumbre de Madrid, pero que me parecen particularmente relevantes en este contexto. 
Yo siempre digo que América Latina no necesita caridad sino que lo que necesita son oportunidades, pero me parece una mala señal política, y así tuve la ocasión de decírselo al Sr. Patten, que en este año emblemático de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina, la Comisión haya presentado un anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2003 con menos recursos que en el año 2002. 
No se pueden atender, señor Comisario, nuevas prioridades con menos recursos. 
Esperamos que en el curso del debate presupuestario este Parlamento pueda volver a restablecer las cantidades en los términos que ese Continente se merece. 
Segunda observación, señor Presidente, nosotros pensamos que la Unión Europea tiene que dotarse de una estrategia común para la región de tal forma que, con pleno respeto a los acuerdos bilaterales o regionales que están en vigor, o que están en curso de negociación, pueda dar una perspectiva geográfica completa a las relaciones con esta región. 
Señor Presidente, por último, a pesar de que se sospecha o se tiene siempre la duda de si estas Cumbres pueden arrojar resultados concretos, yo creo que la Cumbre de Madrid ha producido resultados completos, tangibles, contantes y sonantes y que representa un equilibrio muy razonable entre lo que es deseable y lo que es posible, entre el pragmatismo y la utopía. 
Señor Presidente, es importante que no sólo los españoles participen en este debate. 
El Grupo liberal se suma a los esfuerzos para mejorar las relaciones entre la UE y América Latina. 
Es extraordinariamente importante seguir desarrollando esta colaboración. 
Tenemos muchas cosas en común, no sólo desde una perspectiva histórica, sino también de cara al futuro. 
Como expresó el Presidente Fox en esta Asamblea no hace mucho tiempo, muchos países latinoamericanos ven en la UE un ejemplo a seguir en materia de derechos humanos. 
La postura de América Latina respecto a las convenciones internacionales- como el Protocolo de Tokio- y al Tribunal Penal Internacional es más constructiva que la de Norteamérica. 
Ésta es una importante alianza sobre la que se puede seguir construyendo. 
La lucha contra la delincuencia organizada y contra las drogas requiere también una colaboración más profunda. 
Aún queda mucho por hacer en materia comercial. 
La UE debe abrir sus mercados a América Latina, especialmente en el sector agrícola. 
Somos siempre muy rápidos para criticar el proteccionismo de otros. 
A menudo tenemos razón, pero ¿qué es nuestro mercado de alimentos sino proteccionismo? 
Los liberales quisiéramos destacar el caso de Cuba y lamentamos que no se le haya incluido en la resolución común del Parlamento. 
Nos alegramos de que en Ginebra se haya adoptado una resolución sobre Cuba. 
En esta materia se necesita mucha más energía. 
Estamos de acuerdo en que debe suspenderse el embargo norteamericano, pero tenemos que hacer algo más para fortalecer la democracia en Cuba. 
Nunca antes la oposición ha estado más unida y más dispuesta a discutir. 
El proyecto de plebiscito, el proyecto Varela, merece nuestro respaldo. 
Las bibliotecas libres desempeñan un importante papel a la hora de proporcionar a los cubanos otra literatura que no sea la recopilación de discursos de Fidel Castro. 
Cuba sigue siendo una dictadura, pero allí existen fuerzas democráticas poderosas, organizadas y que necesitan desesperadamente apoyo de la UE y de América Latina. 
Señor Presidente, voy a subrayar algunos de los aspectos más preocupantes de esta Cumbre que, en nuestra opinión, ha sido en cambio, Comisario Vitorino, realmente un mentidero, completamente impermeable a la voz de la sociedad civil y mudo, también por razones diplomáticas, respecto a los que son los verdaderos problemas. 
Hemos dicho con frecuencia que, para que Europa pueda realmente desempeñar un papel importante en América Latina, debe decir algo diferente respecto a los Estados Unidos. 
Y en cambio, también aquí, el único compromiso claro fijado en Madrid es el cumplimiento de la agenda de Doha y el desarrollo de la negociación para nuevos acuerdos de librecambio. 
Por lo tanto, el librecambio es la única perspectiva que se ofrece a América Latina. 
Sin embargo, todos nosotros sabemos que con frecuencia también ésta es pura retórica. 
La Unión Europea no es capaz de ofrecer el acceso a los mercados que quiere América Latina. 
En cualquier caso, completar, junto con el ALCA, también un proyecto que podríamos llamar ALCEU no nos parece que pueda evitar que se registren manifestaciones, incluso muy numerosas, como la que tuvo lugar en Madrid: 100.000 personas estuvieron en Madrid durante la Cumbre. Realmente no se puede decir que no es nada. 
Quisiera abordar brevemente algunos temas más. 
En cuanto a Argentina, por ejemplo, la Declaración dice: "Acogemos con satisfacción y respaldamos los esfuerzos actuales de las autoridades argentinas para completar un programa sólido y amplio que permitirá el éxito de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional". 
Nadie niega ya que el Fondo Monetario Internacional ha sido una de las causas principales de la crisis en Argentina. 
¿Qué creen que dirán los argentinos que protestan por las calles cuando lean estas frases? 
Tendrán la impresión de que se les toma el pelo y pensarán que también los europeos, y no sólo los estadounidenses, son unos cínicos. 
No se ha dicho nada con respecto a Venezuela, y esto evidentemente es un problema; la Sra. Malmström, además, nos ha hablado de Cuba. 
En definitiva, nos parece que la Declaración de la Cumbre es una lista de puntos que faltan y de ocasiones perdidas. 
Con todo, estoy cada vez más convencida de que el verdadero problema no es otro que el instrumento de las Cumbres y que no conseguiremos mucha cosa de estas megacumbres. 
A mi modo de ver, en cambio, deberíamos seguir la propuesta de la Comisión para una verdadera política hecha por la Comisión para una verdadera política exterior y dotarnos de los instrumentos y de los recursos necesarios para crear una alternativa respecto a los Estados Unidos, también en América Latina. 
Señor Presidente, lamentablemente, en vista de los resultados no podemos sumarnos a la opinión favorable que se ha expresado sobre la Cumbre, y digo que lo lamentamos, porque hubiésemos querido que, efectivamente, los grandes problemas hubieran sido bien tratados y bien resueltos. 
Voy a poner un ejemplo muy breve de lo que se puede considerar como logro: la ratificación del acuerdo con Chile, la constatación de que sigue un buen rumbo el acuerdo con México, el trabajo magnífico de la Comisión en la propuesta ALBAN para los postgraduados al que se ha hecho referencia y por último, una genérica declaración sobre las bondades de la estrategia de asociación. 
Sin embargo, la lista de omisiones, de ocasiones perdidas, es larga. 
Por ejemplo, comencemos por el informe que elaboró el propio Sr. Salafranca y que apoyamos todos en este Parlamento, que brindaba una gran oportunidad para mirar la asociación estratégica entre América Latina y Europa con grandes perspectivas y con gran énfasis, cosa que no se ha hecho. 
Hay un conjunto de aspectos que son muy preocupantes, como puede ser el hecho de que todos los puntos críticos que hay en América Latina están tocados de una u otra forma por la mano larga, o negra, o como queramos llamarla, de Estados Unidos y de las consecuencias del 11 de septiembre. 
Preocupantes también son algunos aspectos del proceso del ALCA (Área de Libre Comercio de la América). 
Respecto a Argentina, hay que indicar que el conjunto de los países de la Unión Europea tiene mayoría en el Fondo Monetario Internacional y si hubiesen querido se hubiese podido actuar de una forma distinta con la crisis argentina. 
Ya ni hablamos de la situación, muy preocupante, en Guatemala, y en algunos países de América Central, donde asistimos otra vez al ataque a las libertades y a la eliminación de dirigentes y defensores de los derechos humanos. 
También se puede mencionar el problema en Venezuela, respecto al cual la Unión Europea no se ha mostrado a la altura de las circunstancias, así como la oportunidad perdida para mejorar la relación con Cuba. 
Por último, mencionar que la situación en Colombia precisa de paz y negociación y no de listas que son en cierta manera lo contrario de lo que se necesita. 
Señor Presidente, Señorías, quiero acoger con satisfacción el compromiso de Madrid alcanzado en la segunda Cumbre Unión Europea/América Latina y Caribe y felicitarme por el reconocimiento de valores comunes entre los dos continentes. 
Me refiero en particular a la protección de los derechos fundamentales, a la cooperación económica, a la lucha contra el terrorismo y contra la droga. 
Si esa Cumbre no hubiera conseguido otros resultados, éstos bastarían para que podamos creer que la cooperación entre las dos riberas del Atlántico es un proceso políticamente creíble- como ha dicho el Comisario António Vitorino- y que irá avanzando a buen ritmo, a pesar de las dificultades que atraviesan algunos de los países latinoamericanos. 
Con todo, hay una nota de realismo que debo hacer constar. 
Es que, como en todas las Cumbres, una cosa son los objetivos trazados y otra el camino que es necesario recorrer para alcanzarlos. 
En ese marco, considero urgente dar cuerpo a iniciativas y a acciones concretas que confieran un contenido real a los objetivos acordados. 
Igualmente indispensable es aumentar los intercambios comerciales y estimular la inversión en las dos regiones mediante una política prudente, pero decidida, de apertura de mercados y resistencia a las tentaciones proteccionistas no justificadas, como también ha dicho el Presidente Romano Prodi. 
Lo que presupone el apoyo a la iniciativa privada en los países latinoamericanos como elemento decisivo de esa estrategia de desarrollo económico, por un lado, y de lucha contra la pobreza, por otro. 
Por último, no podemos perder de vista la defensa y el fortalecimiento de los derechos humanos y el fomento de la democracia en todos los países de la región sin excepción y conviene recalcar esta expresión "sin excepción" para que no se olvide aquí una vez más la dictadura de Cuba, salvo por mi colega Malmström. 
A pesar de las lagunas, apoyo la propuesta de resolución común, subscrita, por lo demás, por el Grupo político al que pertenezco, con la certeza de que el Parlamento Europeo no dejará de seguir contribuyendo en el futuro con su atención permanente al desarrollo de las condiciones de éxito de la próxima Cumbre, que se celebrará en México en 2004. 
Señor Presidente, la segunda Cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe, que hoy debatimos, merecerá una valoración positiva por una mayoría de la Cámara. 
Se han dado pasos adelante, se han emitido señales positivas, se han culminado acuerdos concretos como el de Asociación con Chile, que creará una zona de libre cambio, la más ambiciosa e innovadora hasta la fecha en línea con el acuerdo preferencial firmado con México hace dos años. 
El Acuerdo con Chile debe ser entendido por nuestros amigos de Mercosur, del Pacto Andino, del Grupo de San José y del Caribe como un estímulo para la integración subregional que a ellos corresponde desarrollar con progresos concretos y no sólo retóricos. 
El caso del Mercosur y la crisis argentina es un ejemplo de ello, pero no es el único. 
Las democracias en América Latina están hoy más asentadas que hace dos décadas, pero su debilidad institucional debe ser corregida si queremos evitar que los desequilibrios sociales y la pobreza que aqueja a sectores crecientes de aquellas sociedades desestabilicen y pongan en peligro las instituciones democráticas. 
No debemos, ni podemos caer en triunfalismos, debemos dar pasos más valientes en el terreno de la cooperación con países y con proyectos concretos. 
En Perú, en Venezuela, en Colombia, donde hace apenas horas los colombianos han dado un ejemplo de coraje y valor cívico, apostando por la paz y la convivencia, los terroristas siguen matando, secuestrando y extorsionando, mientras aquí nosotros seguimos deliberando sobre si incluir o no en la lista de organizaciones terroristas a quienes asesinan, secuestran y extorsionan en un ejercicio repugnante de doble moral. 
La gestión que hacemos, señor representante de la Comisión, de nuestras ayudas al desarrollo es deficiente. 
La financiación de proyectos que hemos comprometido llega tarde y, a veces, mal. 
Casi a diario recibimos quejas y, pruebas de ello, con ejemplos que en nada contribuyen a la buena imagen de la Unión y, lo que es peor, que priva a amplios sectores de la población de los beneficios de una cooperación para su desarrollo que no admite demoras. 
Señor Presidente, yo quisiera decirle, en primer lugar, al señor Presidente del Consejo, que no se deje engañar por la escasa asistencia. 
América Latina nos interesa mucho. 
Puede que actuemos como un semiconductor. 
También en ese caso puede ocurrir que cuanto más numerosos son los espacios vacíos, mejor es la calidad. 
Lo mismo sucede posiblemente también en el Parlamento. 
Al igual que el Sr. Fernández Martín, yo también quisiera instar a la Comisión a que agilice la ejecución de los proyectos. 
Cuando los parlamentarios visitamos América Latina, nuestras propuestas obtienen siempre la misma respuesta: ' Sí, ustedes hacen buenas propuestas y aprueban la concesión de fondos, pero éstos no llegan.? 
La credibilidad de la Unión Europeo no depende de una larga lista de peticiones, sino de que cumplamos lo prometido. 
Yo les ruego, por lo tanto, y creo poder hablar en nombre de todo el Parlamento, que también ejecuten los proyectos y que paguen las cantidades que ya hemos aprobado. 
En tercer lugar, y ahora me dirijo a los latinoamericanos, que ahora mismo no se encuentran aquí: cuanto más unida esté América Latina, cuando más unidos estén Mercosur y los países andinos, cuanto más unida esté toda América Latina, mayor será también su peso en las negociaciones con la Unión Europea y también con otros países. 
Sigan en este sentido el ejemplo de la Unión Europea; es un consejo sincero. 
Nuestras negociaciones con Mercosur y con otras regiones se ven afectadas por el hecho de que no tenemos un solo interlocutor, sino muchos. 
Es preciso reconocer que esto hace más lento el proceso de negociación. 
Yo no participo personalmente en las negociaciones, pero muchos me lo han dicho. 
Sería preferible que hablasen con una sola voz. 
También quisiera destacar un aspecto que me gustó mucho en Madrid, concretamente un acontecimiento paralelo, el Foro Empresarial Mercosur-Europa. 
Un encuentro que ya es la tercera vez que se celebra, entre empresarios, entre asociaciones de empresarios, y también políticos de Mercosur y de Europa. 
Necesitamos establecer un diálogo económico y tecnológico entre América Latina y Europa, a semejanza del que mantenemos con los Estados Unidos. 
Quizá la Comisión también podría contribuir a ello. 
Una última observación: además de los muchos problemas, también existen oportunidades que se pueden aprovechar. 
En el Parlamento Europeo estamos examinando en estos momentos varias directivas que también les ofrecen oportunidades comerciales, una directiva sobre biocarburantes- con ella les ofrecemos también nuevos mercados- y una directiva sobre el comercio de emisiones de CO2 como resultado del Acuerdo de Kioto. También esta última ofrece nuevas oportunidades de cooperación, ventajosas, además, para América Latina. 
Todo esto merece ser discutido. 
Señor Presidente, yo apoyo la propuesta de resolución de los Grupos del PPE, PSE, de los Liberales y de la UEN. 
Me parece especialmente favorable que al principio de las resoluciones conjuntas se destaquen los valores comunes compartidos entre Europa y América Latina. En efecto, es importante que no consideramos la cooperación bajo un prisma exclusivamente económico, sino que también debatamos políticamente sobre los valores comunes y sus consecuencias. 
Yo creo que algunos de los elementos que han intentado incorporar los Verdes también son positivos, como por ejemplo la necesidad de prestar más atención a la sostenibilidad. 
Sin embargo, la propuesta de resolución de los Verdes, y también la de la UEN, resultan en conjunto excesivamente negativas, con su posición contraria a los Estados Unidos, a la globalización, al libre comercio. 
Yo creo que esto no nos hará avanzar. 
Tenemos que mantener un equilibrio entre la crítica justificada sobre aspectos concretos y la cooperación constructiva. 
Yo apoyo decididamente los comentarios del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra sobre el presupuesto. 
De nada sirve hablar mucho y organizar grandes Cumbres, pero al mismo tiempo poner a disposición pocos fondos. 
La Comisión lo ha propuesto repetidamente en los últimos años y cada vez lo hemos rechazado, pero la Comisión debería decidirse a presentar al fin propuestas constructivas desde un primer momento. 
Con respecto a Cuba, la Sra. Malmström y el Sr. Queiró ya han comentado algunas cosas. 
Yo creo que es muy importante no transmitir señales equivocadas a dicho país ahora que la democracia reivindica con voz sonora sus derechos en Cuba. 
Evidentemente estamos en contra del embargo, pero también estamos en contra de la dictadura y de la violación de los derechos humanos. 
Por esto sólo se podrán ofrecer concesiones a Cuba en el marco del diálogo con la Unión Europea si allí mejora la situación de los derechos humanos y de la democracia. 
Finalmente, quisiera abogar por que, en el contexto de la apertura de los mercados, prestemos especial atención a los países más pobres de América Latina. 
Yo creo que es evidente que con México y con Chile se pueden establecer acuerdos de libre comercio sobre una base de reciprocidad, aunque tal vez no con el mismo calendario. Pero con países como Nicaragua, Honduras y Bolivia, también se tendrían que situar en un primer plano las preferencias y yo creo que estos países tienen tanto derecho a recibir un trato preferente como la mayoría de los Estados ACP. 
Yo creo que este punto se debería incorporar más firmemente al diálogo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, debemos acoger con satisfacción que la Presidencia española haya querido transmitir una señal especial, una señal de solidaridad y de aproximación política, con la celebración en Madrid de la Cumbre con América Latina y el Caribe. 
Ésta responde al compromiso sin parangón de España con América Latina, que es fruto de su historia, pero también de los grandes intereses económicos. 
Acabo de leer hace poco que cuando América Latina estornuda, España se resfría. 
Sin embargo, en el trasfondo de esta Cumbre había, evidentemente, muchas más cosas. 
La conexión de ambos continentes, como la ha descrito el Presidente de la Comisión Prodi, es una aspiración de Europa. 
Es cierto que la opinión pública europea presta demasiado poca atención a las conmociones políticas y las crisis económicas en esa zona. 
Muy a menudo nos asombramos de que un país rico en petróleo como Venezuela se esté deslizando hacia una grave crisis económica, que al mismo tiempo es una crisis de la democracia en dicho país. 
Aparentemente ya nos hemos acostumbrado al colapso de Argentina y en los mercados internacionales de capital se teme más un posible hundimiento de Japón, de la economía japonesa, que la bancarrota de la economía argentina. 
No obstante, siempre depositamos también renovadas esperanzas en un nuevo comienzo, como ahora mismo después de las elecciones celebradas en Colombia, porque justamente ese país demuestra cuán estrecha es la amalgama entre la delincuencia asociada a las drogas y el terrorismo internacional. 
El Parlamento Europeo debe exigir precisamente con toda la energía la liberación de la política colombiana Betancour de la violencia de la guerrilla izquierdista. 
Para acabar, la UE debe insuflar vida a la estrategia para América Latina, es decir, poner a disposición también los recursos financieros necesarios, tal como ha señalado el Sr. Salafranca Sánchez-Neyra. 
Esto también significa, concretamente, la creación de una zona de libre comercio entre la UE y los Estados centroamericanos y andinos, que debería acabar conduciendo a la celebración de un acuerdo de asociación similar a los establecidos con México y Chile. 
Las negociaciones de un acuerdo de este tipo con los países de Mercosur están, lamentablemente, estancadas. 
La Unión Europea no debería dejar el mercado latinoamericano exclusivamente en manos de los Estados Unidos. 
El motivo para desarrollar una estrategia para América Latina rebasa, sin embargo, ampliamente los intereses económicos. 
También la necesitamos para luchar contra la delincuencia organizada y la inmigración ilegal. 
La Cumbre UE-América Latina que se celebrará en México en 2004 nos dará finalmente la medida de los logros conseguidos. 
. Señor Presidente, en la preparación y el desarrollo de la segunda Cumbre Unión Europea/América Latina y Caribe la Presidencia en ejercicio del Consejo ha contado en todo momento con la coordinación con la Comisión y el estímulo de este Parlamento, que estuvo efectivamente representado en las sesiones de la Cumbre, así como durante todos los trabajos preparatorios. 
El estímulo que en todo momento se ha recibido de este Parlamento ha sido de una enorme utilidad. 
Creo que todas las intervenciones que ha habido en este debate son confirmatorias de esta opinión y este proceso. 
Es verdad que se han apuntado deficiencias y, probablemente, a todos nos hubiese gustado ir más lejos, ir más rápido, que hubiese un contenido de mayor entidad. 
Siempre se puede ir más allá en todos los procesos, pero, sinceramente, la valoración que podemos hacer- que se puede contemplar viendo el eco que ha tenido en los medios de comunicación, tanto europeos como de América Latina o del Caribe, o en los contactos directos con los responsables políticos de los países de América Latina- es que la Cumbre ha sido satisfactoria en sus resultados y, sobre todo, en el desarrollo del diálogo político, económico y cultural que ha habido entre estas dos partes del mundo con una clara vocación recíproca de acercamiento y entendimiento. 
Creo que el Parlamento Europeo ha sido en todo momento un referente de vanguardia en estas relaciones. 
Muchas de las intervenciones que ha habido en esta sesión han apuntado a ello y, precisamente, desde esa perspectiva de ir abriendo camino, algunos de ustedes han señalado algunas cuestiones que pueden considerarse frustrantes, en el sentido de que no se haya ido tan lejos como se querría y como, probablemente, hubiera sido posible. 
Pero tenemos una experiencia larga en la Unión Europea de que estos procesos, como el que nosotros protagonizamos en nuestra propia casa, llevan tiempo, tienen unos trámites, se avanza algunas veces con más rapidez y otras con algún desfallecimiento. 
Pero, sinceramente, si miramos la perspectiva de lo que ha sido la relación de la América Latina en los últimos años con la Unión Europea, si consideramos que la Cumbre de Madrid es sólo la segunda, es decir, que es un proceso relativamente joven, pero que ya se ha fijado la de México, la tercera, para dentro de dos años, acortando los plazos, por lo tanto, ya se puede hablar de una relación regularizada. 
Y además, querría decir que es verdad que en las cumbres se concentra en un día o un día y medio una gran cantidad de reuniones o de actos que tienen repercusión pública, pero hay un trabajo muy sostenido durante mucho tiempo, que, en el caso de esta Cumbre, ha sido impulsado por este Parlamento y llevado con tesón por la Comisión. 
Las Presidencias sueca y belga se han ocupado de una manera muy destacada de cuestiones que se tratarían durante la Presidencia española. 
Sinceramente, creo que el resultado es positivo y podemos felicitarnos. 
El Sr. Salafranca se ha referido a Colombia y creo, señor Presidente, que es muy importante esta mención cuando un país, golpeado como pocos por el crimen y la violencia, ha elegido en democracia un nuevo Gobierno que merece, de la comunidad internacional, y muy singularmente de la Unión Europea, comprometida de antiguo con la paz y con el desarrollo en Colombia, el mismo respaldo y la misma confianza que ha tenido en la sociedad colombiana. 
Como español comparto las opiniones de algunos miembros de este Parlamento, que han dicho que es bueno que no sólo sean españoles los que se ocupen de América Latina. 
Creo que, en este sentido, el programa ALBAN, lanzado por la Comisión, es enormemente positivo porque abre el conjunto de las universidades europeas a aquellos estudiantes de posgrado que hasta ahora estaban básicamente orientados hacia los Estados Unidos y, en algunos casos- porque había un programa bilateral muy importante -, hacia España. 
Creo que es muy importante que los estudiantes de posgrado de toda América Latina y del Caribe puedan elegir aquellas universidades, aquellos centros de formación superior que consideren de más confianza y donde ellos deseen profundizar sus estudios, y esto fortalecerá todavía más las relaciones entre nuestras dos regiones. 
Relaciones que no se limitan al plano político, en torno a la Cumbre de la Madrid- la Cumbre es sólo de Jefes de Estado y de Gobierno- sino que, en paralelo a la Cumbre, los días previos, incluso los días posteriores, ha habido multitud de reuniones de eso que podemos llamar genéricamente la sociedad civil, y ha habido una relación, unos vasos comunicantes muy fluidos, con la Comisión, con la Presidencia del Consejo y con los responsables de los países latinoamericanos. 
Yo creo que hay que destacar en esta sesión todo el trabajo preparatorio, que ha contado con una muy alta participación y de mucha calidad, de lo que se ha aprobado en la Cumbre. 
Como ocurre en los Consejos, se han aprobado cuestiones en unas pocas horas, pero se han venido debatiendo durante mucho tiempo. 
Para concluir, señor Presidente, creo que la Unión Europea, América Latina y el Caribe han reforzado sus vínculos políticos, económicos, culturales, educativos y sociales. 
La Unión Europea, en un proceso de consolidación interna y como actor internacional, tiene que estar presente de una manera muy activa en esa parte del mundo con la que comparte tantos principios y tantos valores. 
Lo que ocurrió a partir de 1492 fue un injerto europeo en una realidad preexistente, que dio lugar a esto que llamamos el mundo occidental. 
Compartimos principios y valores que estaban aquí y que hoy se concretan en expresiones como la democracia, como el Estado de derecho, como la igualdad entre hombres y mujeres, como el respeto de los derechos humanos. 
En algunos casos, la situación es frágil y requiere permanente vigilancia y estímulo, pero la Unión Europea es un referente para América Latina y para el Caribe. 
Lo es como modelo social, como modelo económico, como modelo político, y también como modelo de integración. 
El éxito que ha tenido la Unión Europea, un continente mucho más heterogéneo, mucho más diverso que la América de habla española, portuguesa y el Caribe, con distintas lenguas europeas. 
Sin embargo, la Unión Europea ha tenido un enorme éxito en su integración, y éste es un modelo que tienen los latinoamericanos y los caribeños y creo que tenemos la responsabilidad de ayudarles en esta tarea. 
La relación reforzada va en mutuo beneficio. 
No para actuar contra nadie, sino- como ha dicho el Sr. Linkohr- para aprovechar oportunidades donde hoy hay dificultades e incertidumbres. 
La Presidencia en ejercicio, señor Presidente, valora muy positivamente el debate que se ha producido, el estímulo que en todo momento se ha tenido del Parlamento Europeo y quiere públicamente agradecer el respaldo y el impulso que en todo momento ha encontrado en esta casa. 
Para cerrar este debate, he recibido cinco propuestas de resolución 
. Señor Presidente, una de las funciones esenciales de los Estados modernos es la función de policía y, dentro de ella, tiene una importancia capital el garantizar a los ciudadanos la seguridad como premisa básica de una convivencia en libertad. 
Sin embargo, el desarrollo exponencial de actividades en las sociedades contemporáneas ha generado nuevas necesidades de prestación de servicios de vigilancia y seguridad de personas y de bienes, llevados a cabo por personas privadas físicas o jurídicas, y los Estados han tenido que reaccionar para integrar funcionalmente la seguridad privada en el monopolio que corresponde al Estado por ser ésta una actividad complementaria y subordinada respecto del servicio público de seguridad. 
Los Estados de la Unión Europea han ido adoptando sucesivamente disposiciones legislativas para establecer controles administrativos que difieren de un Estado a otro. 
La libertad, la seguridad y la justicia son elementos que han de estar garantizados por los Estados. 
Son los Estados quienes deben garantizar la seguridad de sus ciudadanos. 
Sin duda, en este sentido, la creación del mercado único y la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia hacen necesaria la armonización de los servicios de seguridad privada en la Unión Europea. 
Sin embargo, éste no es un tema fácil. 
Los estudios que se han ido elaborando al respecto ponen de manifiesto que en este campo hay una serie de dificultades para culminar este proceso. 
En primer lugar, la existencia de grandes diferencias entre las legislaciones nacionales que regulan la materia. 
En segundo lugar, la existencia de potentes barreras jurídicas entre los Estados de la Unión que coartan o impiden la libre prestación de servicios en el sector de la seguridad privada. 
Y en tercer lugar, la necesidad de armonizar los aspectos imprescindibles de las diferentes reglamentaciones nacionales referidas al sector. 
Son estos problemas los que determinan la necesidad de armonizar las legislaciones de los Estados de la Unión Europea en el sector de la seguridad privada, garantizando así la libre prestación de servicios en un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. 
Pero, dicho esto, me veo en la necesidad de solicitar a esta Cámara que mañana, en la votación, apoye el informe de la Comisión de Libertades por el que se pide al Consejo que retire esta iniciativa, no por su oportunidad, sino porque la forma jurídica elegida es la de una decisión, y por los fundamentos jurídicos escogidos por la actual Presidencia en ejercicio del Consejo- la Presidencia española- para poder regular esta materia, fundados en la letra a) del artículo 29 y el apartado 1 del artículo 30 del Tratado de la Unión Europea. 
Es esencial- y así ya lo hemos expresado tanto la Comisión de Asuntos Jurídicos de este Parlamento como yo misma en la Comisión de Libertades- determinar si la materia objeto de regulación por el proyecto de iniciativa presentado por España cae dentro de la esfera de competencias de la Comunidad o de la esfera de competencias de la Unión. 
Por ello, quiero subrayar que ya hay al menos tres sentencias del Tribunal de Justicia en que se ha condenado a España, a Bélgica y a Italia por mantener en sus legislaciones ciertas condiciones para el ejercicio de la prestación de servicios en materia de seguridad privada que violaban el principio de no discriminación previsto por el Tratado de la Unión Europea. 
Señorías, estoy en contra de que la prestación de servicios de seguridad privada forme parte de un servicio público, y así lo ha dicho el Tribunal de Justicia, con lo que, en lo que afecta a la libre circulación de trabajadores, no es aplicable la excepción referida a los empleos públicos prevista en el apartado 4 del artículo 39 del Tratado de la Comunidad Europea. 
De igual modo, creo que las actividades de seguridad privada no constituyen un ejercicio de autoridad oficial y que, cuando actúan para ayudar a las fuerzas de seguridad públicas, lo hacen sólo en calidad de funciones auxiliares. 
Tengo que insistir también en que el sector de la seguridad privada- y así lo ha expresado el Tribunal de Justicia- es un sector económico y, por lo tanto, las disposiciones legislativas que regulen su actividad en los Estados miembros han de estar sujetas a las medidas establecidas por la Comunidad con el objeto de establecer un mercado único sin fronteras interiores en el territorio de la Unión Europea. 
También quiero mencionar que, hasta el momento, la Comunidad no ha adoptado ninguna directiva con el objeto de regular el sector de la seguridad privada. 
Pero, sin embargo, no creo que esto pueda ser ningún impedimento para una futura armonización del sector. 
En consecuencia, esta ponente opina que, si se adoptara la presente iniciativa de decisión, se contravendría el artículo 47 del Tratado de la Unión Europea, que obliga a la Unión a respetar la capacidad de actuación de la Comunidad en una determinada materia cuya competencia le ha sido atribuida por el Tratado de la Comunidad Europea y le impide legislar sobre la misma. 
Por lo tanto, por las razones expuestas, propongo que el contenido de la iniciativa, oportuno y de gran interés, sea reconsiderado, y que, de conformidad con el artículo 208 del Tratado de la Comunidad, el Consejo pida a la Comisión que proceda a un estudio de las necesidades de una acción en común en el sector de las personas físicas o jurídicas prestadoras de los servicios de seguridad privada, y si es necesario, se proponga la adopción de las disposiciones pertinentes. 
Por todo ello propongo, señor Presidente, que se rechace la iniciativa de decisión del Reino de España porque no es posible legalmente regular materias que entran dentro del ámbito de aplicación del primer pilar del Tratado de la Comunidad Europea desde el ámbito de aplicación del tercer pilar regulado por el Tratado de la Unión Europea. 
De hacerlo, se estaría vulnerando, entre otros, el artículo 47 del Tratado de la Unión Europea. 
Señor Presidente, voy a exceder sus mejores esperanzas en materia de economía de tiempo diciendo que este informe tiene por objeto la creación de un Instituto Europeo de Estudios de Policía, que consistiría fundamentalmente, en una fase inicial, en la creación de una red que agruparía los diferentes institutos nacionales de formación e investigación policial y después debería evolucionar en una dirección no explicada por los autores con vistas a ofrecer una plusvalía a la Unión en materia de coordinación de las diferentes entidades policiales de los Estados miembros. 
Ahora bien, a nuestro entender, la iniciativa adolece de cierta enfermedad infantil de la construcción comunitaria, cierta tendencia a la proliferación de organismos con finalidades más o menos superpuestas. 
En esa esfera ya tenemos en el terreno Europol, Eurojust, la Academia Europea de Policía, la Unidad Operativa de Jefes de Policía, la Red Europea de Prevención de Delitos y la Red Europea de Legislación Penal. 
Por tanto, esta propuesta, tal como se nos ha presentado, sugiere una adición de irracionalidad e incoherencia al sistema en una esfera, por lo demás, relativamente incipiente de acción comunitaria. 
Tal vez se pudiera contribuir mejor a ciertas preocupaciones loables, que merecen ser atendidas y dignas de nuestra reflexión en materia de articulación, coordinación policial, aprovechamiento en común de experiencias en esa esfera y manifestadas por la Presidencia, con una enmienda al estatuto y al reglamento de la Academia Europea de Policía y la propia adhesión sin reservas de España a ese mecanismo constituiría también un importante fortalecimiento de esa articulación en el marco de los organismos de policía. 
Lo importante es discernir cuáles son las novedades que de verdad entrañan cierto valor añadido y que realmente representan aumentos de la eficiencia para el sistema, al introducir coherencia en él, dejando aparte las enmiendas que se plasman en una inútil multiplicación de organismos, funcionarios y gastos, en la línea de cierta tradición burocratizante que no nos interesa y sin provecho útil relevante para la acción de la Unión en la esfera de la lucha contra la delincuencia. 
Por esas razones, la Comisión de Libertades Públicas consideró oportuno traer a este Pleno una opinión negativa sobre la aprobación de esta iniciativa. 
. (EN) Señor Presidente, ésta es la tercera propuesta, y creo que también bastante innecesaria, que presenta el Reino de España. 
Su propósito es institucionalizar la protección de personalidades. 
La protección de personalidades es, por definición, algo que debe ser acordado entre los Estados miembros, u otros Estados, y en el caso de las visitas, entre el Estado que efectúa la visita y el Estado anfitrión. 
Me parece muy extraño además que su fundamento jurídico sea únicamente el artículo 29 del Tratado de la Unión Europea, cuando a mi entender deben añadirse también el apartado 1 del artículo 30 y la letra c) del apartado 2 del artículo 34. 
No obstante, tenemos aquí el germen de una buena idea. 
Por ello he modificado la propuesta de tal manera que facilite la cooperación entre los servicios de información, de policía y de seguridad nacionales sin necesidad de crear una institución burocrática y sin ningún coste adicional. 
Uno de los problemas con los que me encontré inicialmente fue que parecía querer codificar o crear una tasa de protección. 
Por consiguiente, a alguien como usted, señor Presidente, de suma importancia en los asuntos de la Unión Europea, se le proporcionaría sin ninguna duda dos automóviles blindados llenos hasta los topes de policías armados con ametralladoras, mientras que un mero diputado novel como yo, tendría suerte si viera pasar delante de su casa a un policía en días alternos. 
Esto me parece una idea bastante extraña porque, cuando menos, proporcionaría a un asesino en potencia una guía absolutamente perfecta de lo que puede encontrar. 
Por ello he eliminado todo eso. 
No obstante, insisto, está la cuestión fundamental y lo que he añadido a dicha cuestión es que debería existir cooperación y algún tipo de armonización no sólo de la protección que se proporciona, sino también de los mecanismos de respuesta en el caso de producirse una tragedia o incluso de un intento. 
Existen numerosas instituciones que van desde el SAS en Gran Bretaña, pasando por la policía fronteriza alemana, hasta la excelente policía militar en España, Italia y otros países que, desde los trágicos acontecimientos de las Olimpiadas de Múnich, han adquirido una gran experiencia de respuesta. 
Me parece una locura dejar el elemento de respuesta de este problema fuera de la cuestión. 
Respecto al tema de la información compartida, creo que la información debería compartirse con arreglo a la necesidad de conocimientos y, sobre todo, debería mantenerse al margen de los políticos, burócratas e incluso de las personas que reciben protección, porque lo más importante en este ámbito es la seguridad operativa. 
Tampoco deberían crearse niveles adicionales de toma de decisiones que puedan interferir con la eficacia de la operación. 
Sabiendo lo mucho que tardan a veces las instituciones de la Unión en tomar una decisión, la idea de introducir un eslabón más entre el atentado contra su vida, señor Presidente, y la respuesta del policía, si ésta tuviera que pasar por varias comisiones, espero que le produzca un cierto escalofrío. 
Por último, el otro aspecto importante que he añadido es que toda información que se comparta estará sujeta a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Éste es un ámbito en el que se compartiría información sobre amenazas conocidas, posibles sospechosos conocidos, pero, sin embargo, debemos garantizar el respeto absoluto de los derechos fundamentales. 
Dicho esto, espero que la Asamblea estará lo suficientemente impresionada como para saber que mis enmiendas fueron las únicas presentadas en comisión. 
Fueron aprobadas por unanimidad sin ningún voto en contra, lo que, según tengo entendido, es un caso raro si no único. 
Señor Stockton, muchas gracias por sus amables observaciones sobre la importancia del Presidente en funciones, pero debo decir que tengo una pistola en mi casa y con eso bastará. 
. (FR) Señor Presidente, Señorías, ante todo deseo tranquilizarles: no consumiré los diez minutos que me han sido impartidos. 
Señor Presidente, los dos informes que hoy tengo el honor de presentar ante nuestro Pleno revisten una naturaleza y un alcance muy diferentes aunque ambos versen sobre un mismo asunto, es decir: Europol, que- como todos saben- es la Oficina Europea de Policía. 
El primer informe se refiere a la iniciativa del Reino de Bélgica, relativo a la adaptación de los sueldos base aplicables al personal de Europol. 
Su alcance es muy limitado, y es evidente que no requiere largos comentarios. 
En términos simples y claros, propongo formalmente a nuestro Parlamento que rechace esta iniciativa, y ello por dos razones esenciales. 
En primer lugar- y espero que el Parlamento esté de acuerdo conmigo -, no veo por qué se deba conceder un aumento del 5,2 % a los agentes de Europol, para el período comprendido entre julio de 2001 y julio de 2002, cuando a las retribuciones e indemnizaciones de los funcionarios de la Unión Europea en los Países Bajos, en la misma ciudad de La Haya y por el mismo período, se les aplicará un aumento del 4,3 %. 
No se nos ha proporcionado ninguna justificación seria y creíble con respecto a este argumento. 
En segundo lugar, considero incoherente e inaceptable que el Consejo consulte al Parlamento Europeo sobre esta cuestión rutinaria, mientras siga negándose a consultarlo sobre el presupuesto de Europol, a pesar de que ambas decisiones entran en el ámbito del procedimiento establecido en el Título VI del Tratado de la Unión Europea y requieran la consulta del Parlamento Europeo. 
Por consiguiente, propongo sin vacilaciones y sin dejarme llevar por ningún tipo de sentimiento que se rechace dicha iniciativa. 
El segundo informe, señor Presidente, Señorías, posee un alcance diferente. 
Se trata de una iniciativa del Reino Unido de Bélgica y del Reino de España que propone, además de una adaptación de los cometidos de Europol, un nuevo dispositivo para modificar el Convenio Europol. 
Como saben sus Señorías, actualmente Europol es una institución que entra en el ámbito de la cooperación intergubernamental pura y simple. 
Dentro de este marco, cualquier modificación- más allá de la importancia o urgencia que la misma revista- del convenio que rige Europol implica la ratificación por todos los Estados miembros, de conformidad con las exigencias de sus respectivas normas constitucionales. 
Eso quiere decir, por ejemplo, que para la ratificación del Convenio Europol se precisaron no menos de tres largos y buenos años. 
Es evidente que se trata, señor Presidente, Señorías, de un procedimiento demasiado largo, demasiado lento y totalmente inadecuado si queremos que Europol sea capaz de responder con rapidez a las múltiples y cambiantes formas graves de delincuencia. 
Al proponer que ahora las modificaciones que se apliquen al Convenio Europol sean aprobadas por el Consejo, la iniciativa de los Reinos de Bélgica y de España parece constituir un paso en la dirección adecuada. 
En realidad, en mi opinión y en la de la Comisión de Libertades Públicas, dicha iniciativa presenta tres graves deficiencias: 
1. 
Mantiene a Europol, jurídicamente, en el ámbito de la mera cooperación intergubernamental, a pesar de las numerosas reivindicaciones de nuestro Parlamento y de que el Consejo Europeo- prácticamente, en todas sus reuniones- confía a Europol cada vez más cometidos en beneficio del conjunto de la Unión. 
2. 
Tras la ampliación de la Unión esta decisión podría provocar una ralentización excesiva e incluso una paralización total del proceso de toma de decisiones, dado que todas las decisiones relativas a Europol deben y deberán adoptarse por unanimidad. 
Pregunto a mis colegas cómo piensan que, con 27 países, se podrá llegar a un acuerdo unánime sobre decisiones policiales operativas, cuando en Europa la delincuencia y las formas graves de delincuencia aumentan de modo galopante en algunos sectores. 
Esta propuesta confirma el papel marginal del Parlamento Europeo en todo lo relativo a Europol, al mismo tiempo que se le priva de los instrumentos jurídicos y del marco institucional que en el futuro le podrían permitir ejercer un verdadero control democrático. 
Que no se me vaya a objetar ahora que gracias a la Convención existe actualmente cierto control democrático sobre Europol por la vía de los Parlamento nacionales. 
Todos aquellos que conocen el funcionamiento de Europol y la manera en que los Parlamentos nacionales trabajan saben bien que, por el momento, no existe ningún control democrático serio sobre Europol. 
La opción del Consejo consistente en proponer un dispositivo que presenta las graves deficiencias que acabo de mencionar es inexplicable sobre todo considerando, señor Presidente, Señorías, que en el Tratado existe una vía alternativa que permitiría resolver adecuadamente los problemas a los que acabo de referirme. 
En realidad, basta con aplicar la disposición que la letra c) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado de la Unión Europea establece formalmente y que permite pura y simplemente sustituir el Convenio Europol mediante una decisión del Consejo. 
La aplicación de dicha disposición tendría como consecuencia la integración de Europol en el tercer pilar y, por consiguiente, en el sistema del Derecho comunitario, lo que reportaría tres ventajas considerables: 
1. mejora de la capacidad operativa de Europol, ya que, de conformidad con el artículo 34 del Tratado, todas las decisiones del Consejo relativas a Europol se aprobarían por mayoría, sin posibilidad de otorgar exenciones; 
2. mejora del control parlamentario, de nuestro Parlamento, sobre Europol, ya que, por una parte, de conformidad con el artículo 39 del Tratado, deberá consultarse al Parlamento Europeo antes de la adopción de cualquier medida de aplicación decidida por el Consejo y, por otra, en caso de que se vulneren sus derechos, el Parlamento tendrá la posibilidad de interponer recurso ante el Tribunal de Justicia europeo; 
3. la aplicación automática a todas las decisiones adoptadas por el Consejo, de conformidad con el artículo 34, de las normas relativas a la competencia del Tribunal de Justicia, lo que nuestro Parlamento siempre ha reclamado. 
Basándome en estos argumentos, señor Presidente, Señorías, pido a nuestro Pleno que rechace por insuficiencia operativa y democrática la iniciativa del Reino de Bélgica y del Reino de España- ¡hoy es un mal día para el Reino de España! -y que apruebe, por el contrario, el proyecto de recomendación por el que se convierte el Convenio Europol en decisión del Consejo y se lo integra, por consiguiente, en el sistema institucional de la Unión Europea. 
Deseo precisar a la atención expresa de mi colega, la Sra. Frassoni, que, en mi opinión, esta operación sólo debe constituir una fase transitoria- preferentemente breve- antes de una comunitarización integral, es decir: antes de la fusión de los Tratados y de la supresión de la distinción paralizadora y arcaica entre los tres pilares. 
Espero que, en este ámbito, la Convención esté a la altura de los desafíos históricos y de las expectativas de los ciudadanos. 
. Señor Presidente, yo voy a limitar mis comentarios a la iniciativa sobre la declaración de los sueldos base e indemnizaciones del personal de Europol, de la que me ocupé como ponente de la Comisión de Presupuestos. 
En principio, es una cuestión menor, con apariencia de rutina. 
Sin embargo, tal como se nos presenta adolece del rigor necesario. 
En su momento, este Parlamento ya se pronunció sobre la conveniencia de incluir el presupuesto de Europol en el presupuesto comunitario. 
Europol, efectivamente, en los últimos años, ha ido ampliando su ámbito competencial y esta trayectoria no se ha visto acompañada por un cambio de su marco jurídico que permita al Parlamento ejercer su función de control democrático. 
La decisión de la adaptación de los sueldos hay que inscribirla en el ámbito presupuestario. 
Pues bien, este ámbito, que incluye naturalmente su Reglamento financiero, funciona sin que el Parlamento se pronuncie sobre estas cuestiones, y con estos antecedentes se nos consulta sobre la adaptación de salarios e indemnizaciones, tal como está previsto en el artículo 44 del actual Convenio. 
Como ya ha señalado nuestro colega Deprez, la decisión no da cuenta del motivo por el que la adaptación salarial se fija en el 5,2 %; para el mismo período, la adaptación salarial para los funcionarios comunitarios, en los Países Bajos, es del 4,3 %, cifra que se basa en la información estadística que proporciona la OCDE para el conjunto de las instituciones comunitarias. 
Es cierto que el artículo 44 del Convenio no vincula la adaptación a un procedimiento equiparable al utilizado para el resto de los funcionarios, pero creo, sinceramente, que la ausencia de justificación no parece muy conforme con los principios de buena gestión financiera aplicable al presupuesto comunitario. 
El rechazo, pues, de esta iniciativa, no pone en cuestión el nivel que haya de tener la remuneración para los funcionarios del Europol, sino la ausencia de justificación en el procedimiento que se ha seguido. 
Señor Presidente, queremos que Europol se fortalezca, que cumpla sus misiones de manera eficaz para que los ciudadanos se sientan protegidos, y esto es perfectamente compatible con el control democrático que viene exigiendo este Parlamento en cada ocasión en que se debate sobre el estatus jurídico de este instrumento de cooperación policial. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a la Asamblea por poder dirigirme a ella en esta fase del debate, porque debo partir hacia Roma para participar en el lanzamiento de un estudio de viabilidad sobre la protección de la frontera exterior. 
Digamos que se me permite intervenir porque debo partir hacia el frente. 
Las cinco iniciativas presentadas por los Estados miembros tienen ámbitos diferentes, pero todas guardan relación con la cooperación policial. 
Comenzaré con las iniciativas relativas a Europol. 
La primera, presentada por Bélgica, tiene el objetivo de adaptar los sueldos base y las indemnizaciones del personal de Europol. 
Es una formalidad, porque es el resultado de la aplicación del Reglamento de Europol, y la Comisión no tiene nada en contra de dicha iniciativa. 
La segunda iniciativa de Bélgica y España con vistas a la adopción de un acto del Consejo por el que se celebra el Protocolo que modifica el Convenio Europol es un paso importante en el cumplimiento de las disposiciones sobre Europol, según establece el apartado 2 del artículo 30 del Tratado de la Unión Europea, que, como saben, prevé la participación de Europol en equipos mixtos, así como la posibilidad de solicitar a los Estados miembros que dirijan y coordinen investigaciones. 
Asimismo, es consecuencia directa de las Conclusiones de Tampere 43 y 45 en esta materia. 
Por consiguiente, la Comisión saluda que el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores del pasado abril llegara a un acuerdo político sobre esta parte de la iniciativa, a la espera del dictamen del Parlamento. 
Respecto a la parte de la iniciativa sobre la simplificación del procedimiento para modificar el Convenio Europol, el Consejo está estudiando en estos momentos dos alternativas diferentes. 
La firme opinión de la Comisión, y aquí sigo los argumentos del Sr. Deprez, es que el Convenio Europol debería ser sustituido por una decisión del Consejo en virtud de la letra c) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado de la Unión Europea. 
Sobre este particular, la Comisión está plenamente de acuerdo en lo relativo al proyecto de recomendación del Parlamento sobre el futuro desarrollo de Europol y su integración de pleno derecho en el sistema institucional de la Unión, tal y como presenta el informe del Sr. Deprez. 
La decisión del Consejo no sólo permitirá la modificación de los artículos del Convenio a través de un procedimiento simplificado, sino además la adopción de medidas de ejecución con una mayoría cualificada, de conformidad con el apartado 2 del artículo 34. 
Si Europol debiera establecerse hoy, probablemente estaría basado sobre una decisión del Consejo, porque éste es el instrumento jurídico moderno. 
Asimismo, el fundamento jurídico de Europol estaría entonces en consonancia que el elegido para Eurojust. 
Por último, la decisión del Consejo pondría el papel del Tribunal de Justicia en consonancia con aquél previsto en el Tratado de Amsterdam. 
Paso a comentar, a continuación, el proyecto de recomendación. 
Estamos totalmente de acuerdo con la Recomendación nº 6 sobre la cooperación con Eurojust y la OLAF, y con la práctica totalidad de la Recomendación nº 4 relativa al control democrático. 
Respecto a esta última, me complace que el Parlamento esté de acuerdo con lo que la Comisión propone en la comunicación que hemos lanzado sobre el control democrático de Europol. 
Tenemos algunas dudas con la propuesta relativa a la representación del Parlamento en el consejo de administración de Europol. 
Creo que existen formas alternativas de control parlamentario más adecuadas al carácter específico de Europol. 
Respecto a la Recomendación nº 2 sobre el presupuesto, la Comisión opina, como explica en la Comunicación a la que me refería más arriba, que la cuestión de la financiación comunitaria debería resolverse en el contexto de las posibles futuras competencias operativas de Europol. 
En lo que se refiere a la Recomendación nº 3, las funciones, estamos de acuerdo con todo excepto con los dos primeros puntos: la participación en equipos mixtos y la petición a los Estados miembros para que inicien investigaciones. 
Desde la perspectiva de la Comisión, estos últimos dos puntos son superfluos porque el Consejo alcanzó un acuerdo político al respecto el pasado abril. 
En lo que respecta a las tres iniciativas presentadas por la Presidencia española, quisiera expresar a la Presidencia española el agradecimiento de la Comisión por incluir este tema en la agenda, porque dan respuesta a la necesidad real de progreso en la cooperación policial en la Unión Europea. 
Con respecto a los estudios de policía, la Comisión ha resaltado en varias ocasiones su interés en impulsar la cooperación en un ámbito en el que el conocimiento a nivel europeo es a menudo insuficiente. 
Al mismo tiempo, sin embargo, hemos hecho una llamada de alerta contra la multiplicación de redes, cuyo funcionamiento puede resultar difícil, como indica la experiencia obtenida en el Colegio Europeo de Policía. 
En consecuencia, la Comisión ha sugerido una fórmula más pragmática que propone modificar la Decisión del Consejo de 22 de diciembre de 2000 por la que se crea el Colegio Europeo de Policía para permitir que los institutos de estudios de policía de los Estados miembros, en aquellos casos en que éstos sean distintos de las instituciones de formación de policía, participen como miembros de pleno derecho de la red del Colegio Europeo de Policía. 
Me complace que varios Estados miembros se hayan hecho eco de esta sugerencia, que está muy en consonancia con la sugerencia del Sr. Sousa Pinto, y que en estos momentos parece ser la opción que cuenta con el mayor respaldo en el Consejo. 
Respecto a la iniciativa sobre una decisión del Consejo relativa a la creación de una red de puntos de contacto de autoridades nacionales competentes en materia de seguridad privada, la Comisión reconoce que el crecimiento del sector de la seguridad privada en nuestros países, así como en los países candidatos, exige un debate político general para tratar sobre el reparto de las responsabilidades entre las autoridades públicas y el sector privado de proporcionar seguridad a nuestros ciudadanos. 
No obstante, aunque nos gustaría mucho que se celebrara un debate político serio a nivel de la Unión Europea sobre este tema, debemos respetar totalmente el reparto de competencias que establecen los Tratados. 
La Comisión ha señalado en reiteradas ocasiones que, aunque sería positivo establecer contactos entre las autoridades competentes de la seguridad privada en los Estados miembros, conviene resaltar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la seguridad privada es un servicio como cualquier otro. 
Y como tal, entra en el ámbito de la Comunidad Europea, como acaba de resaltar la Sra. Cerdeira Morterero, y la creación de una red que tenga como fundamento el Título VI equivaldría a violar el artículo 47 del Tratado de la Unión Europea, que establece que "ninguna disposición del presente Tratado afectará a los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea ni a los Tratados y actos subsiguientes que los hayan modificado o completado". 
En consecuencia, la Comisión ha adoptado las medidas oportunas para proceder, dentro del contexto del primer pilar, a un estudio de la necesidad de medidas comunes para regular la prestación de servicios de seguridad por parte de empresas privadas en la Unión Europea. 
Asimismo, la Comisión quisiera reiterar su argumento sobre la inconveniencia de crear otra red con las consecuencias administrativas y presupuestarias que ello entraña. 
Por último, respecto a la propuesta relativa a la creación de una red europea de protección de personalidades, la Comisión saluda esta iniciativa que identifica un ámbito en el que ha quedado patente la necesidad de reforzar la cooperación en la Unión Europea. 
A pesar de que debemos cuestionar la conveniencia básica de crear una red más, parece evidente que esta iniciativa responde a una necesidad real confirmada por expertos en este campo. 
Una observación importante que ha hecho el ponente, Lord Stockton, y que la Comisión comparte, es que la red no debería tener competencia para armonizar la legislación y los reglamentos de los Estados miembros. 
La red no debería tener ningún poder de decisión, sino que debería funcionar únicamente como organismo asesor y no debería tener repercusiones presupuestarias. 
Sólo hay una salvedad para el apoyo de la Comisión a esta iniciativa y ésta tiene que ver con la participación de la Comisión en la red: la Comisión debe tener una participación mayor. 
Para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, Lord Stockton, que con su labor ha hecho una valiosa contribución a esta iniciativa en lo que respecta a su fundamento jurídico, pero además en lo relativo al valor añadido que esta red aportará a la cooperación policial. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Le deseo un feliz vuelo y bese el suelo cuando aterrice. 
Señor Presidente, mi querido colega y muy buen amigo Deprez se ha olvidado de que tampoco hoy es un buen día para Bélgica precisamente. 
La posición de mi Grupo es coincidente con las conclusiones de los informes Cerdeira y Sousa Pinto, en la medida en que es necesario regular el sector de las empresas de seguridad privada, desde el punto de vista comunitario, por la importancia y el volumen que hoy tienen en el ámbito de la Unión, como lo reconoce la colega Cerdeira en su propio informe. 
Sin embargo, tengo que decir que son válidos los argumentos aducidos para el replanteamiento de dicha iniciativa, atendiendo a la necesidad de que se ajuste a su base jurídica. 
En cuanto a la creación de un Instituto europeo de Estudios de Policía, seguramente debería incluirse en el ámbito de la Academia europea de policía, precisamente para no multiplicar organismos que luego pueden interferirse en sus funciones. 
En cualquier caso, Señorías, estas dos iniciativas demuestran el claro interés y la preocupación de la Presidencia española por conseguir la máxima eficacia en los instrumentos puestos a disposición del ciudadano europeo para garantizar su seguridad. 
Señorías, la opinión pública europea registra además con inquietud no sólo el aumento de la delincuencia, sino también la creciente disposición a emplear la violencia en la calle. 
Los espectáculos de masas, como el fútbol, las manifestaciones públicas- en principio legítimas y pacíficas, como las de los movimientos antiglobalización -, se convierten, en demasiadas ocasiones, en manifestaciones violentas que originan brutales destrozos en el mobiliario urbano o incluso causan víctimas personales. 
En las grandes ciudades existen ya barrios que no son accesibles a los ciudadanos normales al caer la tarde. 
Hay una evidente insatisfacción y preocupación ciudadana ante la inseguridad. 
Y esto lleva a que las empresas privadas de seguridad estén en pleno auge y necesiten una regulación a nivel europeo. 
Es necesaria, además, una profunda reflexión sobre el binomio seguridad pública-seguridad privada. 
Da la impresión de que quien tiene medios económicos para garantizar su seguridad puede disfrutar de ella, y quien no los tiene sufre un mayor riesgo. 
Es decir, quien dispone de dinero suficiente compra la seguridad que el Estado no es capaz de garantizar. 
Por lo tanto, creo que vale la pena profundizar en este tema. 
Por otra parte, la violencia callejera, los delitos informáticos, la pornografía infantil son nuevas formas de delinquir que tienen un gran componente psicológico, producto quizás también del dinamismo y del hiperdesarrollo de una sociedad con gran capacidad de comunicación y de transmisión, donde valores como la seguridad, la justicia y la paz ciudadana quedan relegados a un segundo plano en pro de una modernidad y de un progresismo mal entendidos. 
Combatir estos fenómenos a escala europea exige un esfuerzo de coordinación policial y la rápida puesta en práctica de iniciativas que, como las que hoy discutimos aquí, van dirigidas en esa dirección. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en primer lugar, yo quisiera manifestar, en nombre de mi Grupo, mi agradecimiento al ponente, nuestro colega Deprez, por su excelente informe sobre Europol. 
En esta Asamblea hablamos, de hecho, muy a menudo sobre este tema y yo creo que todos estamos de acuerdo en que Europol es una autoridad importante de la Unión Europea, cuya existencia es acertada. 
Contribuye a mejorar la seguridad de los ciudadanos y nos puede ayudar a contener las formas transfronterizas de delincuencia. 
Para conseguirlo necesitamos buen personal y esto, naturalmente, cuesta dinero. 
Hasta aquí, todos coincidimos. 
Por esto, nos duele un poco tener que aclarar nuestra posición actual en el contexto del tema de los sueldos del personal. 
Yo lamento de verdad que de momento no tengamos más remedio que recurrir a las sanciones y que esto afecte a los funcionarios. 
En realidad, no quisiéramos enfrentarnos con los funcionarios, sino dirigirnos sobre todo con el Consejo, pero de momento, por la parte parlamentaria, la situación es esta. 
Se nos ha consultado al respecto y esta es nuestra respuesta. 
Pedimos que se creen unas estructuras que posibiliten el control parlamentario de Europol. 
El Consejo no puede ignorar a la larga esta petición. 
Yo quiero manifestar, dirigiéndome al Consejo, que la cooperación de la gran mayoría del Parlamento dependerá de su actuación en relación con este asunto. 
Mi Grupo considera que fortalecer al Parlamento es uno de los aspectos más importantes para el futuro de una Europa estable. 
También el éxito de la ampliación depende directamente de la parlamentarización de Europa. 
Esto es válido para todos los ámbitos, incluida también la política interior y la seguridad interior. 
No queremos codecidir únicamente sobre el dinero; también queremos participar en la definición de la política interior desde el Parlamento. 
El Derecho presupuestario es sólo una parte de esta definición. 
En este contexto, yo quisiera recordar que hasta ahora hemos mantenido una actitud muy cooperativa. 
El Consejo ha contado con nuestro pleno apoyo a las medidas adoptadas después del 11 de septiembre. 
Aprobamos plenamente una rápida actuación contra el terrorismo. 
También apoyamos sin vacilación las listas de personas y grupos cuyo patrimonio se debe congelar porque estábamos convencidos de que era una medida acertada. 
Ampliamos nuestra agenda para incluir algunos puntos esenciales de la lucha contra el terrorismo, en cooperación con el Consejo y la Comisión. 
Sin embargo, ahora, después de brindar nuestro pleno apoyo, esperamos también un gesto del Consejo. 
Nosotros hemos dado el primer paso. 
Ahora le corresponde al Consejo aproximarse a nosotros. 
Mientras esto no suceda, vamos a apoyar la propuesta del ponente Duprez sobre el tema de Europol, por la que se rechaza la iniciativa de Bélgica y España, y esperamos que los funcionarios de Europol sabrán comprendernos. 
Mi Grupo va a apoyarle, señor Deprez, en relación con las dos primeras cuestiones, las iniciativas del Consejo. 
Desgraciadamente, no será así en relación con la recomendación. 
En efecto, consideramos arriesgado recomendar algo nuevo, careciendo de un paracaídas democrático; y nos parece bastante peligroso apoyar la idea de que se pueda obtener una mayoría en el Consejo, careciendo al mismo tiempo de una codecisión. 
Además, la experiencia europea nos demuestra muy claramente que el principio del provisionalmente definitivo y del definitivamente provisional también se utiliza aquí, en la Unión Europea. 
Señor Presidente, la Convención Europea se ha estado reuniendo en este edificio desde febrero. 
En las sesiones se ha lamentado repetidamente, con razón, la falta de transparencia, la deficiente publicidad y el control democrático insuficiente de las instituciones europeas. 
Sin embargo, todo esto parece que se considera irrelevante en el caso de Europol. 
Las tareas de esta autoridad las deciden los gobiernos entre ellos, no el Consejo a través del proceso de decisión por mayoría, que por otra parte tampoco es la quintaesencia de la transparencia y la democracia. 
En nuestra calidad de Parlamento Europeo, estamos totalmente excluidos del control y la codecisión. Por esto yo quiero decir con toda claridad aquí que es, y siempre será, un escándalo que los gobiernos de los Estados miembros se nieguen a modificar este estado de cosas. 
No obstante, mientras se sigue excluyendo la influencia y el control democráticos, desde 1998 se han ido ampliando incesantemente las competencias de Europol. 
Éstas recibieron un nuevo impulso después del 11 de septiembre; las palabras clave son blanqueo de dinero y lucha contra el terrorismo. 
Ahora es inminente una nueva ampliación de las tareas de Europol. 
Ya se está trabajando activamente en la preparación de la ampliación. 
Según informa la prensa, la sede de la autoridad ya ha ocupado nuevos edificios con este objeto y los primeros funcionarios de enlace de los países candidatos, de Polonia por ejemplo, han iniciado su tarea. 
Todas estas vertiginosas transformaciones se están llevando a cabo sin que se haya concedido al Parlamento Europeo las más mínimas posibilidades de información y de control. 
Éste no puede solicitar un debate sobre el informe anual de actividades de dicha autoridad, ni tampoco puede pedir la comparecencia de su director ante la comisión parlamentaria competente. 
El Parlamento no dispone ni siquiera del derecho a designar dos representantes en el Consejo de Administración. 
Los diputados directamente elegidos nos vemos obligados a informarnos a través de la prensa. Por esto, señor Deprez, mi Grupo va a apoyar su recomendación de que se rechace la iniciativa de Bélgica y España. 
Señor Presidente, los dos informes Deprez sobre Europol nos brindan la ocasión de que el Parlamento Europeo exija que se le otorguen competencias de control sobre este organismo. 
En el mes de febrero último el Parlamento recibió al respecto un apoyo bastante hábil de la Comisión. 
En su comunicación relativa al ejercicio de un control democrático sobre Europol, ésta propone, en efecto, reforzar los poderes de control del Parlamento Europeo, pero al mismo tiempo se aparta de esta idea al referirse a la creación de una comisión mixta Parlamento Europeo/Parlamentos nacionales, reforma aparentemente seductora, pero, en realidad, vacía de contenido, ya que la comisión mixta propuesta no tendría ningún poder. 
En nuestra opinión, la coherencia exige, por el contrario, que el control de la cooperación policial europea, así como el de las policías nacionales, sea confiado a los Parlamentos nacionales. 
Dicho control podría estar organizado dentro del pilar interparlamentario, cuya creación el intergrupo SOS Democracia ha propuesto a la Convención que reflexiona actualmente sobre el futuro de la Unión. 
Volveré a referirme a ello, señor Presidente, en mi explicación de voto. 
Señor Presidente, hoy se debaten cinco iniciativas de los Estados miembros y el Consejo brilla nuevamente por su ausencia. 
Aunque dichas iniciativas son de por sí positivas, cada vez nos plantean más problemas. Problemas debidos a que el fundamento jurídico en el que se apoyan muy a menudo es absolutamente inservible y a que luego se nos consulta, cuando de hecho no deberíamos ser consultados, como por ejemplo en el caso del aumento de los sueldos del personal de Europol. 
Yo le digo al Consejo: concédanles por fin unos ingresos razonables, de manera que el personal de Europol reciba una remuneración acorde con su rendimiento y esté motivado, en vez de estar frustrado. 
Ustedes señalan los problemas y, finalmente, en el momento de presentar las propuestas, acaban oponiéndose a una mayor integración. 
Me refiero ahora nuevamente al Convenio Europol. 
Necesitamos decisiones más rápidas, necesitamos que las decisiones las adopte el Consejo por votación mayoritaria. 
Estas iniciativas también nos crean problemas debido a que continuamente se están creando nuevas instituciones, lo cual significa más burocracia, que a su vez significa más costes, pero nadie puede explicarnos qué valor añadido aportan a la Unión Europea o a la seguridad las nuevas redes, instituciones e instalaciones. 
De hecho, estas iniciativas crean más bien la impresión de que se anuncian actividades sin que exista la voluntad de intentar buscar verdaderas soluciones. 
Esta abundancia de iniciativas obstaculiza cada vez más el trabajo en nuestra comisión. 
El resultado es que mañana probablemente tendremos que rechazar cuatro de las cinco iniciativas y la otra sólo se podrá aprobar si Lord Stockton y los demás pueden aceptar efectivamente las correspondientes enmiendas que proponemos. 
En conjunto, no será un buen día para esta forma de parlamentarismo y para esta forma de iniciativas. 
Deberíamos plantearnos la necesidad de encontrar en el futuro- quizá en el marco de la Convención- una nueva vía para estas iniciativas, que permita alcanzar soluciones razonables en interés de la seguridad y también del Parlamento. 
Señor Presidente, no somos contrarios en principio a la propuesta de crear un órgano que, por un lado, garantice la efectiva cooperación entre las fuerzas de policía en Europa, y por otro, recoja los avances y los resultados de estudios e investigaciones en orden a combatir la delincuencia. 
Sin embargo, la propuesta parece ignorar un reto criminal existente en muchos países europeos, un reto de peligrosidad criminal muy elevado que no es otro que el de la mafia: un reto que, sin duda, el Parlamento Europeo no puede ignorar. 
Lamentablemente, es algo más y diferente de lo que en la propuesta se define como simple "delincuencia organizada". 
La mafia tiende a propagarse cada vez más desde las zonas históricas donde radica, estrecha alianzas de carácter incluso planetario y se infiltra en los sectores económicos y financieros a través de los sistemas más sofisticados de lavado de dinero negro. 
El Instituto Europeo de Policía, que propongo que se dedique a la memoria del doctor Giovanni Falcone que precisamente hace ahora diez años se sacrificó en la lucha contra la mafia y que fue el primero en señalar esta dimensión transnacional de la mafia, debe tener entre sus objetivos precisamente la lucha contra la mafia y la prevención del peligro mafioso. 
Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo ha sido coherente al aprobar varias iniciativas encaminadas a ampliar el mandato de Europol: además del tráfico de droga y de las competencias iniciales, hemos ido atribuyendo competencias en el nivel del tráfico de seres humanos, del terrorismo, del blanqueo de capitales, de la falsificación de moneda y de medios de pago, así como de todas las formas graves de delincuencia internacional. 
Queremos a contribuir a transformar a Europol en una organización más eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada. 
La iniciativa aquí en debate hoy pretende ir más lejos, pretende modificar el propio convenio, que, en su versión actual, limita las funciones de Europol a la recogida, análisis e intercambio de datos. 
Aplaudimos la introducción de competencias operativas en Europol, lo que se desprende del propio Tratado de Amsterdam, tal como lo interpretamos. 
Pero subrayamos la necesidad de que vaya acompañado de medidas que garanticen el control democrático y el control jurisdiccional. 
Pero el procedimiento adoptado para la modificación del convenio tiene carácter estrictamente intergubernamental. 
De modo que apoyamos la propuesta del ponente, Sr. Gérard Deprez, para que se retire esta iniciativa y se presente una nueva propuesta de substitución del convenio por una decisión del Consejo, conforme al artículo 34, lo que permitirá integrar a Europol en el tercer pilar y, de ese modo, en el sistema institucional de la Unión Europea, como ha venido solicitando reiteradamente el Parlamento Europeo. 
En esas esferas del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, lo que queremos son pasos concretos meditados pero firmes. 
Rechazamos las iniciativas que pretenden contribuir a la idea de que se hace algo, pero sin contenido concreto. 
Por esa razón, apoyo el informe Sousa Pinto y propongo que se rechace la iniciativa española de creación de un Instituto Europeo de Estudios de Policía, que entrañaría una superposición en relación con la estructura ya existente y en particular con la Academia Europea de Policía. 
Apoyamos también el informe del Sr. Gérard Deprez sobre el aumento de los salarios básicos de los funcionarios de Europol: si no se escucha al Parlamento Europeo sobre el presupuesto general de Europol, carece de sentido que así sea sobre una cuestión de detalle. 
Convengo con el ponente en la importancia de que se integre el presupuesto de Europol en el comunitario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 19.55 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
A5-0169/2002 del Sr. Fiori, sobre el balance provisional de la reforma de las OCM en el marco de la Agenda 2000 (2001/2127 (INI) ); 
A5-0164/2002 del Sr. Rodríguez Ramos, sobre el desarrollo rural en el marco de la Agenda 2000- balance provisional en la Unión Europea y los países candidatos (2001/2041 (INI) ). 
. (IT) Señor Presidente, lamento que el Sr. Comisario no esté entre nosotros, puesto que quería empezar mi reflexión sobre el informe de iniciativa del que soy ponente diciendo que seguramente el clima que encuentra en la agricultura es mucho más amistoso que el que encuentra en el sector de la pesca, a la vista del debate de hoy. 
El tema objeto de nuestro informe de iniciativa es el balance intermedio previsto en la reforma llamada Agenda 2000: un momento de análisis, tras una etapa de introducción de la segunda gran reforma de la Política Agrícola Común que, a lo largo de los últimos tiempos, ha adquirido una connotación mucho más fuerte, mucho más decidida respecto a la que era la intención de aquellos que firmaron el Acuerdo de Berlín en 1999. 
Porque la agricultura europea está atravesando una de sus etapas de transformación más difíciles, complejas y delicadas desde que existe la Política Agrícola Común, y la dificultad que atraviesa la agricultura- dificultad que es percibida perfectamente por los agricultores que ven en el momento europeo un gran referente- se ha ido reflejando en los trabajos de preparación del informe, en el debate en comisión y en la dificultad de elaborar un informe ampliamente compartido. 
En efecto, hay dos grandes escuelas de pensamiento en la base de este informe de iniciativa: por un lado, están aquellos que expresan la necesidad de preservar el marco actual de la Política Agrícola Común y se declaran casi hostiles a toda modificación que pueda desvirtuar los objetivos y los principios de la Política Agrícola Común que hemos conocido, y por otro, hay quien pide intervenir con medidas rígidas, con medidas que modificarían bastante el marco normativo actual, para tener en cuenta la situación de crisis de algunos sectores, para tener en cuenta la ampliación al Este que se está negociando con la Unión Europea, para tener en cuenta las negociaciones en el marco de la OMC y, sobre todo, para tener en cuenta una necesidad, perfectamente advertida por los agricultores, de una orientación hacia el mercado, pero también hacia sistemas de producción que, a lo largo del tiempo, garanticen el mantenimiento de un nivel de renta aceptable. 
Por lo tanto, éste es uno de los temas candentes que debemos afrontar. 
La reforma McSharry y la reforma de la Agenda 2000 garantizaban- está escrito- el mantenimiento y la subsistencia del mismo nivel de renta en favor de los agricultores. 
En muchos países de Europa esto ya no se comprueba ni se verifica. 
Además, hasta la fecha no disponemos de un marco de análisis que ofrezca datos precisos sobre la evolución de las rentas de los productores, con el cual efectuar un balance, también desde el punto de vista de la renta, de los efectos de la Agenda 2000. 
Se han contrastado muchos pareceres, muchas ideas, y quisiera hacer algunas reflexiones sobre algunas de ellas, puesto que he presentado una serie de enmiendas, según mi punto de vista, que ha sido objeto de un largo contraste de pareceres, de una largo debate. 
Primer punto: nosotros insistimos en un sistema de ayudas directas disociadas de la producción. 
Ciertamente es un método correcto de abordar la transformación en curso en el sector agrícola; sin embargo, este método se debe parametrizar sobre el nivel mínimo de subsistencia de las rentas de las empresas agrícolas. 
Éste es un dato que actualmente no tenemos pero, sobre todo, no podemos pensar ni de lejos en hacer depender la renta de las empresas agrícolas exclusivamente de la intervención pública. 
Segundo punto: tenemos dos instrumentos sobre los cuales estamos reflexionando hace bastante tiempo: la modulación y la degresividad. 
La modulación ha sido hasta la fecha voluntaria. 
En los Estados miembros en los que se ha utilizado no ha dado los resultados esperados. 
Entiendo que la modulación es un sistema de transferencia de recursos y de fondos. 
Es una modalidad totalmente correcta. 
La transferencia, en la actual formulación de voluntaria a obligatoria, es seguramente un instrumento de trabajo pero, descolgado con un mecanicismo que no permite ni la revisión ni el análisis en la fórmula que hemos determinado en el informe de iniciativa, preveo que, por un lado, podría causar serios problemas de renta a las empresas agrícolas, y por otro, es un hecho que hay que analizar con gran atención. 
Cito como ejemplo a una gran nación agrícola, Francia. 
Tan sólo hace unos días, el ministerio de Agricultura señaló que en el sistema de la modulación, preparado y actualizado a lo largo de los últimos dos años, se ha generado un remanente de 300 millones de euros que han quedado a disposición del sector público y no han sido transferidos a las empresas agrícolas. 
Si luego hipotetizamos conjugar, al mismo tiempo, la modulación y la degresividad, nos encontraremos en la condición, demostrada por cualquier modelo econométrico, de una caída de renta de las empresas agrícolas que podría estar alrededor del 30% en una empresa mediana de cien hectáreas. 
Por lo tanto, hay que prestar mucha atención a este aspecto. 
Y termino con un último punto. 
He sido casi acusado de no haber utilizado la idea multifucional en mi informe de iniciativa. 
Pues bien, yo debía hacer un informe de iniciativa fuertemente anclado al primer pilar. 
Los aspectos de transformación de escenario evolutivo están recogidos en el informe de la Sra. Rodríguez Ramos, en el que me reconozco, que he votado y que comparto ampliamente. 
Sin embargo, con relación a un informe como el elaborado por la Sra. Rodríguez Ramos sobre el desarrollo del mudo rural, no debemos olvidar en ningún momento que la agricultura es una empresa, es una economía, necesita un primer pilar que permita una posición estratégica de Europa respecto a las grandes commodities internacionales, sobre todo después de las decisiones del Gobierno estadounidense en orden al Farm Bill. 
. Señor Presidente, efectivamente se trata de un informe de iniciativa sobre la revisión intermedia de la Agenda 2000 en relación al segundo pilar- el desarrollo rural. 
Nosotros consideramos que el desarrollo rural ha de consolidar una agricultura multifuncional en el conjunto del territorio de la Unión, y que por ello es necesario que el desarrollo rural sea una de las prioridades de la Unión Europea. 
El primer y el segundo pilar son dos instrumentos indisociables de la Política Agrícola Común, y por ello deben complementarse y ponerse al servicio de una agricultura multifuncional que permita el mantenimiento de numerosas explotaciones agrícolas en todo el territorio de la Unión Europea. 
Esta complementariedad entre el primer pilar y el segundo pilar creemos que es la única forma de impedir que en el seno de la Unión Europea se cree una agricultura dual: una que mire sólo a los mercados y dependa exclusivamente de las ayudas de mercado, y otra de espaldas a los mercados agrícolas y que dependa de ayudas desconectadas de la producción. 
No es un buen modelo, no sería un buen modelo, que el primer pilar y el segundo pilar sean como dos compartimentos estancos e incomunicables, que se concentre toda la multifuncionalidad en el segundo pilar, en el desarrollo rural. 
Sr. Fiori, como usted acaba de hacer referencia a mi informe, tengo que decirle que estimo que su visión es equivocada y en último término ineficaz. 
La agricultura multifuncional nos debe permitir hacer compatible la gestión de mercados y la gestión de los territorios rurales y hacer posible la existencia y la viabilidad de los agricultores de las explotaciones agrarias en todo el territorio de la Unión actual y de la ampliada. 
Es cierto que la Agenda 2000 creó el segundo pilar de la PAC, el desarrollo rural, y lo aplaudimos. 
Pero tenemos que denunciar que es cierto que está dotado de un presupuesto escaso: el 10% de todo el presupuesto de la PAC es el que dedicamos al desarrollo rural. 
Por lo tanto, pedimos una mayor dotación presupuestaria, un reforzamiento presupuestario de este pilar, para que pueda afrontar los retos que tiene ante a sí. 
También hemos observado de forma negativa que la desigual aplicación por parte de los Estados miembros de las medidas de desarrollo rural no dan en todas las ocasiones un resultado positivo para las zonas rurales de la Unión. Sobre todo para aquéllas profundamente rurales, más atrasadas, más periféricas, que no encuentran una verdadera solución satisfactoria a estos problemas. 
Por ello, proponemos que, sin menoscabo de las competencias de las autoridades nacionales, podamos definir prioridades en el segundo pilar de la PAC para avanzar en la definición de un núcleo de acciones prioritarias a nivel comunitario que garanticen el desarrollo sostenible en la Unión. 
Proponemos también que la Comisión defina una nueva tipología de zonas rurales que deberá facilitar la fijación de medidas prioritarias para cada territorio, y a su vez nos sirva para permitir una aplicación de distintos porcentajes de cofinanciación en función de las diversas problemáticas rurales presentes en la Unión. 
Pedimos que, en el marco de la revisión intermedia de la Agenda 2000, llevemos a cabo una modulación obligatoria y uniforme de las ayudas del primer pilar. 
El Sr. Fiori ha dicho que la voluntad ya ha sido un fracaso. 
Por lo tanto, modulación obligatoria y uniforme de las ayudas del primer pilar, para utilizar estos recursos liberados, no sólo a las medidas a las que actualmente podemos dedicarlos, -sector agroambiental, jubilación anticipada, reforestación -, sino a todas las medidas establecidas en el Reglamento del desarrollo rural. 
Estimamos que dentro de esta medida y en la revisión intermedia debemos reforzar la ecocondicionalidad de las ayudas y establecer una vinculación entre la ejecución de pagos directos y los servicios prestados en el ámbito de la multifuncionalidad, ampliando las medidas de la ecocondicionalidad en favor del desarrollo rural sostenible. 
Pedimos también que se simplifique el marco comunitario de apoyo al desarrollo rural mediante la creación, a partir de las dos secciones del FEOGA-Garantía y del FEOGA-Orientación, de un único fondo agro-rural para el conjunto de la PAC. 
Y con ocasión de este informe en favor de una agricultura multifuncional, de una política agrícola multifuncional diferente, finalizo pidiendo la codecisión, para este Parlamento, en el ámbito de la política agrícola. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo yo quiero agradecer sinceramente el trabajo de ambos ponentes, el Sr. Fiori y la Sra. Rodríguez Ramos. 
Yo voy a referirme sobre todo al informe de la Sra. Rodríguez Ramos. 
En mi calidad de ' ponente en la sombra? del Grupo del PPE, debo manifestar mi agradecimiento por la buena colaboración mantenida con la Sra. Rodríguez Ramos. 
La revisión intermedia de la Agenda 2000 marca una etapa importante para la agricultura, puesto que el ulterior desarrollo de la Política Agrícola Común reviste justamente una gran importancia en un contexto global. 
Es preciso definir a tiempo las orientaciones adecuadas. 
Yo acojo, por consiguiente, con suma satisfacción ambos informes de propia iniciativa. 
Me parece positivo que en el informe de la colega se preste mucha atención al desarrollo rural, con todas sus exigencias, problemas, oportunidades y posibilidades. 
Su futuro fomento en el marco del segundo pilar de la PAC es un objetivo verdaderamente importante para mí, sin que este apoyo se deba brindar a expensas del primer pilar de la PAC. 
También es importante destacar la multifuncionalidad de la agricultura, que ofrece la posibilidad de crear empleo y también tiene muchos otros efectos positivo para las zonas rurales en su conjunto, para el medio ambiente, la economía y el mantenimiento del paisaje humanizado. 
También quiero destacar que el apoyo a todas las explotaciones agrícolas en todas las regiones de Europa y sobre todo a los agricultores es un objetivo muy importante para mí, puesto que las estructuras rurales dependen de la existencia de dichas explotaciones, así como de la voluntad de las mismas de proteger dichas estructuras. 
En muchas partes de Europa es necesario fortalecer la agricultura y orientarla hacia un desarrollo sostenible, sin descuidar no obstante, naturalmente, su competitividad. 
Yo les insto a que velemos por que la seguridad de los alimentos siga estando garantizada. 
La confianza de los consumidores y la calidad de los productos agrícolas son fundamentos importantes de la agricultura actual. 
Yo creo que es importante que esta revisión intermedia no se aproveche para cuestionar de manera genera general las normativas actuales de la PAC. 
Una revisión intermedia no equivale, a mi modo de ver, a una revisión de la Agenda 2000 y de las normativas actuales. 
Evidentemente, será necesario introducir algunas correcciones como respuesta a los resultados de dicha revisión. 
Sin embargo, la Agenda 2000 se debe aplicar y es necesario examinar sus efectos a largo plazo. 
La problemática de la ampliación tampoco se debe mezclar, por otra parte, con el debate sobre la Agenda 2000 y la revisión intermedia que ahora estamos desarrollando. 
El modelo de la agricultura europea debe seguir estando asegurado en el futuro. 
Si se pide una modulación obligatoria de las indemnizaciones compensatorias, es necesario que también esté asegurada la cofinanciación obligatoria de los Estados miembros. 
Recapitulando, yo quisiera manifestar y resaltar que el fomento del desarrollo rural no puede ir en ningún caso a cargo del primer pilar de la PAC, sino que se deben poner a disposición recursos financieros adicionales para ampliarlo. 
En el Parlamento Europeo esperamos, por lo tanto, con gran expectación las propuestas de la Comisión relativas a la revisión intermedia, a favor de un desarrollo positivo de la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales y, por consiguiente, a favor del futuro de los agricultores de Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, de entrada soy partidario de que se respeten los principios fundadores de la PAC, me opongo a toda forma de renacionalización y estoy a favor de que se efectúen ajustes significativos de dicha PAC, en el marco de los acuerdos financieros de Berlín, para responder a las nuevas expectativas de nuestra sociedad. 
Más que nunca la PAC debe promover o reforzar en todas sus OCM el carácter multifuncional de nuestra agricultura, a fin de garantizar la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible, el desarrollo rural y los equilibrios territoriales, así como el bienestar de los animales. 
Eso es lo que hoy esperan de nuestra agricultura nuestros conciudadanos. 
Eso es lo que justifica nuestro modelo europeo agrícola, cuyo reconocimiento debemos buscar con obstinación en el escenario internacional. 
En otros términos, necesitamos una agricultura que pase del 'producir más? al' producir mejor?. 
Pero debemos ser claros. 
Si bien, por un lado, no existe futuro para nuestra agricultura fuera de respuestas auténticas a las expectativas ciudadanas, por otro lado, no existirá una verdadera multifuncionalidad si la política que se aplica no permite a sus actores obtener rentas suficientes que a la vez les permitan mantenerse en el conjunto de los territorios. 
La sociedad consumidores/contribuyentes debe en este caso asumir sus responsabilidades. 
Desde el punto de vista político, eso significa que debemos preocuparnos, con el mismo grado de compromiso, tanto de las necesidades de la sociedad moderna como de la situación de las rentas agrícolas. 
En tal sentido, quiero prevenir contra toda orientación que trate de restringir la PAC únicamente a la remuneración pública de la multifuncionalidad en el marco de un pilar rural consolidado, sometiendo, por lo demás, la agricultura a la desreglamentación de los mercados. 
En este mismo orden de cosas, denuncio la política de los Estados Unidos, que, a través de un aumento de las ayudas públicas, contribuirá al descenso de los precios mundiales y a inundar nuestros mercados de productos OMG. 
En definitiva, y para concluir, abogo por una PAC restaurada basada, primero, en un presupuesto que esté siempre a la altura de sus prioridades, con ayudas públicas distribuidas de manera equitativa a los agricultores sobre la base de modulaciones; en segundo lugar, por una política de gestión de los mercados reforzada que valorice la calidad de los productos, que reduzca, además, nuestra dependencia con respecto a determinadas importaciones como las de proteínas vegetales, y basada, en tercer lugar, en una política de rentas agrícolas que garantice la durabilidad de las explotaciones en el conjunto de los territorios. 
Toda adaptación de la PAC que se aleje de estas tres exigencias engañaría a la vez a nuestros conciudadanos y a nuestros agricultores. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quiero felicitar a la señora Rodríguez Ramos y al señor Fiori por el enorme trabajo que han realizado en relación con estos dos informes. 
No tengo mucho que agregar en relación con el informe Rodríguez Ramos, pero quisiera hacer algunos comentarios en torno al informe Fiori. 
Creo que es conveniente que decidamos si queremos mantener o desarrollar la política agrícola. 
Las mejores comunicaciones físicas y electrónicas nos hacen cada vez más dependientes de los países de nuestro entorno. 
La UE no puede aislarse y llevar adelante una política agrícola propia. 
Tenemos que tomar en cuenta lo que ocurre en el resto del mundo. 
Las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio cobran cada vez más importancia y se convierten en normas para nuestro proceder. 
Esto se acentúa por la próxima adhesión a la UE de los países de Europa Central y del Este. 
La UE ampliada será el principal actor en el mercado mundial de alimentos. 
Por eso debemos asumir también un papel protagonista en el futuro desarrollo. 
Ahora que EE.UU. ha aumentado las subvenciones a la agricultura, la UE debe intentar seguir adelante, abriendo el mercado mundial e incorporando a los países en vías de desarrollo a este mercado, que de esta manera funcionará mucho mejor. 
Esto posibilitaría también a los países en vías de desarrollo demostrar- mediante el crecimiento- su poder adquisitivo en el mercado mundial, ya que su necesidad de alimentos es enorme. 
Señor Presidente, creo que valdría la pena pensar en todo esto cuando se redacte el informe y durante los trabajos para reformar la política agrícola. 
Para los agricultores europeos la existencia de un mercado mundial que funcione adecuadamente es más importante y puede ser una mayor garantía de ingresos que un sistema de subvenciones cada vez más frágil, cuyo desarrollo futuro ha dejado de ser incuestionable. 
Señor Presidente, el Consejo de Berlín limitó la reforma intermedia de la Agenda 2000- y los dos informes de iniciativa se referían precisamente a las futuras propuestas de la Comisión sobre la revisión de la Agenda 2000- al respeto de los límites de las perspectivas financieras y a la eventual revisión de los precios de intervención de los cereales y de las cuotas lácteas. 
Las perspectivas financieras se han respetado, más aún, el gasto ejecutado ha quedado muy por debajo de lo presupuestado. 
En cuanto al precio de los cereales, desde mi punto de vista, la necesidad real consistiría en restaurar el diferencial de precio de las oleaginosas para corregir el déficit estratégico de proteínas vegetales. 
Sin embargo, sería necesario no realizar experiencias con el triguo duro o el arroz para evitar riesgos de desaparición del cultivo. 
Y en cuanto al régimen de cuotas lácteas, deberíamos abstenernos de realizar experimentos que pudieran acarrear consecuencias desastrosas en zonas de montaña. 
Por ello, yo creo que la interior intermedia de la Agenda 2000 en ningún caso debería traducirse en lo que yo llamaría una reforma radical, con restricciones presupuestarias, de cara a la ampliación. 
Sin embargo, se podrían reformar ciertos aspectos de la Agenda 2000 que han dado muestras de mal funcionamiento o de falta de eficacia. 
Por ejemplo, la aplicación de la modulación debería ser obligatoria y uniforme en todos los Estados miembros, y se debería ampliar considerablemente el ámbito de uso de los fondos liberados para su aplicación. 
En relación a los temas de desarrollo rural, he aquí algunos apuntes: el clientelismo político puede comprometer la consecución de objetivos confiados al desarrollo rural. 
La exigencia de cofinanciación, tal como está diseñada actualmente, crea un déficit de acciones de desarrollo rural en las regiones más pobres, que son las más necesitadas, y las acciones predominantes en algunos países tienen poco que ver frecuentemente con un desarrollo rural sostenible. 
El informe de la Sra. Rodríguez Ramos creo que aborda muy bien estos problemas y por ello recibirá sin ninguna reserva el apoyo de mi Grupo. 
En cuanto al informe del Sr. Fiori, es necesario reconocer que mantiene algunos problemas de estructura, derivados posiblemente del elevado número de enmiendas que recibió. 
Ahora bien, el Sr. Fiori sabe que mi Grupo- y yo personalmente- hizo un esfuerzo importante para poder consensuar algunos aspectos en relación a las enmiendas que yo había presentado, y a mí me pareció que el resultado final de la votación de la Comisión de Agricultura reflejaba ciertos compromisos entre todos los miembro de la comisión. 
Me he visto sorprendido por las enmiendas finales del Sr. Fiori que se votarán mañana, y quiero manifestarle, con todo mi cariño, que yo no comparto la opinión que nos acaba de explicar, de que hay que confrontar una visión económica, empresarial, que debe existir también en gran parte de la agricultura, con las políticas de modulación. 
Yo creo que las políticas públicas deben ser políticas referidas a objetivos concretos, -desarrollo sostenible, creación de empleo, criterios sociales -, y que en ningún caso deben ser incompatibles con esa visión empresarial y económica de la agricultura. 
Ahí tengo una diferencia con el Sr. Fiori y, de ser aprobadas sus enmiendas, que suprimen la modulación, yo aconsejaré a mi Grupo que no vote a favor de su informe. 
Señor Presidente, la caída de los precios de los cereales, de las aves de corral, del cerdo, de la carne de bovino, el abaratamiento de las importaciones, la inestabilidad de los mercados internacionales, todo ello forma parte de la vida cotidiana de los agricultores. 
Sin embargo, la agricultura, al igual que las otras actividades económicas, requiere ciertas perspectivas. 
Debemos aprovechar el examen a medio plazo de la PAC para confirmar los objetivos fijados por la Agenda 2000 y para tranquilizar a los agricultores en cuanto a la determinación de los negociadores de defender nuestras producciones y de imponer nuestro modelo agrícola en las discusiones internacionales. 
Misión difícil, cuando vemos que la Comisión ha hecho caso omiso de los dictámenes de los Estados respecto al expediente de la reforma de la Política Pesquera Común. 
El objetivo de la PAC radica en una producción diversificada repartida en el conjunto del territorio. 
Sus dos pilares deben guardar coherencia entre sí para garantizar una renta decente a los agricultores, una renta basada sobre todo en el precio de los productos. 
Deben existir unas organizaciones comunes de mercado, con sus instrumentos de regulación de los mercados, que sigan desempeñando un papel esencial, reforzando al mismo tiempo el pilar del desarrollo rural. 
Este último debe asimismo permitir que los agricultores respondan a las nuevas expectativas de la sociedad en materia de calidad, de protección del medio ambiente, de bienestar de los animales, y financiar los costes adicionales que el mercado no puede asumir. 
Pero este segundo pilar puede también convertirse, por una parte, en instrumento de innovación, favoreciendo, por ejemplo, la pluriactividad, la diversificación de las producciones como las de proteínas vegetales y, por otra, en instrumento de futuro, favoreciendo la instalación de jóvenes agricultores, facilitando concretamente la reactivación de explotaciones, para permitir así que los mayores se retiren de la profesión con dignidad. 
La vocación del desarrollo rural, sin embargo, no consiste en hacer frente a todos los desafíos medioambientales, sociales y territoriales del mundo rural. 
Por otra parte, ese no es el papel de la PAC. 
Se trata en este caso de políticas de ordenamiento territorial que caen, pues, dentro de la competencia y la responsabilidad de los Estados miembros en el marco de la subsidiariedad. 
El presupuesto agrícola no puede sustituir la insuficiente financiación de proyectos distintos de los agrícolas, como es el caso de proyectos con objetivos puramente medioambientales como los programas LIFE, por citar sólo un ejemplo. 
La ampliación, finalmente, constituye otro desafío para nuestros agricultores. 
Habrá que procurar que éstos no cuestionen los equilibrios, de por sí frágiles, a la vez de los Estados miembros y de los países candidatos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el término ' revisión intermedia? referido a la Agenda 2000 es uno de los conceptos clave del actual debate político a escala europea. 
Cada uno de nosotros tiene sus preferencias personales sobre el tema. 
Tanto el debate en la Comisión de Agricultura como las numerosas enmiendas presentadas así lo demuestran. 
Ambos ponentes merecen todo el agradecimiento por el gran ahínco con que han procurado integrar en la mayor medida posible las aspiraciones de sus colegas en sus informes. 
La revisión intermedia, en su calidad de balance básico, debe entenderse como una opción para el futuro; es decir, que la Agenda 2000 se debe mantener como marco obligatorio hasta 2006. 
La Política Agrícola Común se debe seguir desarrollando sobre esta base. 
A la vista de la situación en el mercado mundial, en el contexto de su globalización, es preciso rechazar con toda claridad cualquier tendencia a la regionalización. 
Nuestra Política Agrícola Común se debe plantear con una perspectiva a largo plazo y todos deben poder calcular su coste. En otras palabras, no debemos perder de vista el objetivo, que es reducir la burocracia a través de la simplificación. 
Las formas de producción que desea la sociedad se deben conseguir sobre todo mediante incentivos adecuados y con menos obligaciones y prohibiciones. 
Un gran interrogante es cómo vamos a cuidar del mantenimiento de las zonas rurales y a revitalizarlas. 
Para ello es imprescindible un apoyo eficaz a los jóvenes agricultores, También queremos fortalecer el segundo pilar. 
¿Qué se entiende, sin embargo, por sector agrario? 
El objetivo ha de ser dejar claro que no es cierto que el mantenimiento del paisaje y los servicios ecológicos ' no cuestan nada? , sino que tienen un valor de mercado identificable. 
El primer objetivo es la seguridad y una competencia equitativa para los agricultores, unidas a una mayor libertad para las explotaciones, con un enfoque global de sus aportaciones. 
El segundo es una excelente calidad de los productos, cualquiera que sea su forma de producción, unida a los necesarios ingresos. 
La seguridad controlada de toda la cadena de producción es nuestro tercer, pero también irrenunciable, objetivo para el ulterior desarrollo de la Política Agrícola Común, señor Comisario. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy está muy claro que debemos reconstruir un modelo agrícola europeo que no gire exclusivamente en torno a la producción. Debemos redefinir, por el contrario, una agricultura multifuncional capaz de garantizar el equilibrio social y la estabilidad del empleo, la ordenación territorial y el respeto del medio ambiente. 
En mi opinión, esta elección política es, indiscutiblemente, una buena elección. 
A la misma se añade un desafío: el de reformar nuestra política agrícola común para adaptarla a los retos del siglo XXI, con el fin de garantizar un futuro a nuestro modelo agrícola en una economía cada vez más globalizada. 
Se trata de un proyecto ambicioso, pero es vital. 
Dotémonos de los medios que estén a la altura de esta ambición, reorientando progresivamente una parte significativa del presupuesto comunitario del pilar 'mercado? hacia el pilar' desarrollo rural? , fomentando al mismo tiempo todos los tipos de explotaciones agrícolas y sobre todo las más frágiles. 
Puesto que Europa no debe sacrificar las producciones que considera poco rentables en aras del ' todo beneficio?. 
Señorías, me dirijo asimismo a ustedes en nombre de los productores de las regiones ultraperiféricas, que a menudo se sienten abandonadas frente al aniquilamiento de numerosas organizaciones comunes de mercado impuestas por la OMC, siguiendo el dictado de los norteamericanos. 
El sector de la caña de azúcar-ron representa cerca de 40.000 empleos en los Departamentos de Ultramar franceses, el plátano representa 65.000 empleos en las Antillas y en Canarias. 
Ello no sólo es importante para la supervivencia de estos territorios, sino también para la defensa de nuestro modelo agrícola europeo: si dejamos de apoyar dichas producciones dejaremos el campo libre a las multinacionales de América Latina, para las cuales el respeto de las normas sociales, medioambientales, o incluso simplemente de la dignidad humana no es más que accesorio. 
Y abandonaremos la agricultura que deseamos construir, una agricultura ligada a la protección del medio ambiente, de los consumidores, y respetuosa de la cohesión económica, social y también territorial de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, doy las gracias a los ponentes por el trabajo tan valioso que han realizado. 
Estoy especialmente satisfecho por los principios inscritos en el informe de la Sra. Rodríguez Ramos, según los cuales en el futuro también tendrá que ser posible practicar la agricultura en todo el territorio de la UE actual y de la ampliada. 
Espero que la Comisión tome nota del mensaje incluido en el informe en relación con la necesidad de tener más en cuenta en la futura Política Agrícola de la UE los diferentes factores climáticos y las condiciones de cultivo. 
Lo anteriormente mencionado está relacionado con la cuestión principal que más destaca en estos informes: la modulación. 
Todo el mundo habla de ella, pero aún no se ha decidido cómo se llevará a cabo. 
Ni tampoco todo el mundo muestra entusiasmo por la misma. 
En el Grupo ELDR hemos partido de la base de que la modulación es necesaria. 
Es verdad que la política actual de la UE concede demasiado dinero a las grandes explotaciones e incluso a las regiones más productivas de la UE sin que ésta canalice la utilización de estos fondos hacia un desarrollo estructural o hacia el desarrollo sostenible. 
Por ello, la modulación debe ser el medio a través del cual también se reconduzca la concesión de fondos hacia todo el territorio de la UE en favor de la calidad de los alimentos y de la seguridad alimentaria. 
Señor Presidente, ambos informes y una buena parte de las enmiendas parten de la voluntad política de mantener vigentes las decisiones de Berlín y de organizar la ampliación sobre la base de este modelo agrario europeo. 
El objetivo principal es mantener los pagos vinculados a la OCM, con la aplicación del instrumento de regulación de las cantidades comercializadas mediante una compensación financiera, tal como se había previsto. 
Este planteamiento a largo plazo ha sido un puntal fundamental del éxito de la Política Agrícola Común y no se debería minimizar su importancia. 
Conviene mejorar la competitividad a escala nacional mediante la aplicación de modelos de cooperación para el desarrollo de las zonas rurales, como uno de los factores económicos que determinan la situación profesional de los agricultores. 
Esto requiere una producción de alta calidad y un alto grado de aplicación de métodos de cultivo más naturales. 
Asegurar de manera duradera la multifuncionalidad del modelo agrario europeo es el planteamiento de fondo de ambos informes. 
Un abandono de este modelo supondría no seguir avanzando por un camino que los ciudadanos de las regiones apenas han empezado a transitar. 
Lo que falta es un amplio debate social sobre si es posible asumir los riesgos de la multifuncionalidad. 
Yo opino que sí. 
Para acabar, quiero decir que soy contrario a cualquier tipo de economías de escala. 
El modelo agrario europeo no las ha requerido hasta ahora y esto habla a favor de la capacidad de desarrollo y las posibilidades de la Política Agrícola Común. 
Señor Presidente, señor Comisario, algunos Estados miembros no dudaron ni un instante en aprovechar los nuevos fondos creados con motivo de la incorporación a la Agenda 2000 de la política de desarrollo rural. 
Por desgracia, las autoridades neerlandesas fallaron: su visión sobre el medio rural se limitó a la adquisición de reservas naturales, lo cual es una visión obsoleta. 
Al comprar los terrenos a los agricultores el medio rural desaparece, dando paso a un paisaje artificial en el que predominan los parques. Por todo ello he presentado una enmienda que debe poner fin a este uso indebido de las ayudas al medio rural en el futuro. 
Los ponentes Rodríguez Ramos y Fiori consideran la despoblación como uno de los principales problemas del medio rural, hasta el punto de que este elemento sirve de base para su visión de la política de desarrollo rural. 
Prestan demasiada atención a los problemas sufridos por sus propios Estados miembros. 
En mi región el medio rural no se ve afectado por el problema de la despoblación. 
En los Países Bajos la principal amenaza emana de la urbanización y el creciente caos. 
El agricultor que no obtenga suficientes ingresos a través de la agricultura va en busca de todo tipo de actividades complementarias. Algunas de estas actividades perjudican al paisaje. 
También es triste que las granjas acaben convirtiéndose en meros almacenes de caravanas. La política europea de desarrollo rural también ha de centrarse en estos problemas. 
El Sr. Fiori hace un flaco servicio a este Parlamento. 
¡Ha elaborado tan sólo dos informes en un año: primero el informe sobre la genética humana y ahora éste! 
En el presente documente sobre el balance provisional de la reforma nos hubiera gustado emitir una señal a la Comisión acerca de la opinión del Parlamento sobre la política agrícola común, pero en lugar de buscar un denominador común el ponente ha fundamentado su informe en el modelo agrícola italiano, lo cual no es del agrado de los demás Estados miembros y diputados europeos. 
El informe ha degenerado en un documento plagado de contradicciones internas en el que ni el Parlamento, ni la Comisión y menos aún el Consejo pueden apoyarse. 
¡Los agricultores europeos merecen un trato mejor! 
Señor Comisario, cuando en el año 1999 se firma en Berlín la Agenda 2000 todos respiramos, puesto que se abría un período de tranquilidad presupuestaria donde la multifuncionalidad había asentado con fuerza sus cimientos y garantizaba la pervivencia de un medio rural sostenible, donde calidad, seguridad y respeto al medio ambiente habían encontrado su sitio. 
Su revisión intermedia, por lo tanto, es clave. 
La Política Agrícola Común está viviendo, en estos momentos, un gran cambio, debido a los desafíos a los que tiene que hacer frente la Unión Europea, sobre todo, en sus retos de la ampliación al Este y las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. 
La Unión Europea se prepara para emprender en el año 2003 la revisión de la PAC, que podría ser la antesala, de una reforma más profunda prevista para el año 2006. 
Una de las claves de este debate es la modulación de las ayudas de la política de mercado para trasvasar fondos al segundo pilar, al desarrollo rural, donde nos hemos quedado cortos; de esta manera conseguiríamos una política, a juicio de muchos, más coherente con los compromisos adquiridos en la OMC, además de facilitar el camino a la adhesión. 
Pero lo que parece una meta loable puede ser también un arma de doble filo. 
Todos queremos que los agricultores contribuyan al mantenimiento duradero de las zonas rurales, pero éstas no pueden vivir sin agricultores, y además, si intentamos conseguir a toda costa el objetivo final, corremos el riesgo de equivocarnos en los medios utilizados, porque todos queremos un mayor desarrollo rural, pero este no puede realizarse poniendo en peligro la rentabilidad de la actividad agraria. 
Cualquier ajuste que haga la Unión Europea en las ayudas directas a la renta debe realizarse sin que ello suponga un perjuicio para la renta de los agricultores. 
Por lo tanto, si aceptamos la modulación de las ayudas de la PAC, esta modulación debería realizarse siguiendo parámetros que no den al traste con la competitividad de las explotaciones y que tengan en cuenta las desigualdades económicas de la Unión Europea. 
Debemos ser, pues, sumamente prudentes a la hora de transmitir este mensaje a la sociedad. 
Esta actitud prudente es, creo, la que ha inspirado a la Comisión Europea cuando ha decidido aplazar al 10 de julio de la presentación de su propuesta de revisión de la PAC para 2003, una vez que los Estados Unidos hayan aprobado su nueva ley agraria. 
Esta nueva ley representa un giro de 180 grados en la política estadounidense al reintroducir un claro apoyo a los precios, lo que podría poner en clara desventaja a los productores comunitarios. 
La Unión Europea no puede plegarse a los vaivenes de ningún país cuando está en juego el futuro de sus agricultores. 
Me gustaría que la Comisión Europea presentara sus propuestas a este Parlamento Europeo y calibrara muy cuidadosamente el impacto que va a tener la "Farm Bill". 
Exijamos al ejecutivo comunitario el informe sobre dicho impacto con el fin de tener las cuentas claras. 
Si debemos optar por la modulación, esta debe ser planteada con cuidado, siguiendo una línea prudente, que no nos lleve a una situación de no retorno para nuestros agricultores. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores colegas, el resultado de los reglamentos que hemos votado en el marco de la Agenda 2000 es nefasto para los agricultores. 
Con las recientes revisiones han aumentado las multas de corresponsabilidad, en tanto que las cuotas se han mantenido en niveles bajos en relación con las necesidades y la producción real, consecuencia de lo cual es el colapso de los precios y de la renta agrícola. 
Han degenerado o se han anulado los precios de intervención y los precios mínimos, dejando a los pequeños y medianos agricultores en manos de la especulación de los descontrolados comerciantes industriales. 
Se han tomado decisiones como la anulación de las subvenciones al tabaco, que va a acarrear la desertización de grandes regiones de los Estados mediterráneos, las más pobres de la Unión Europea. 
Se altera el conjunto de la cadena de producción y alimentaria en beneficio de las grandes industrias de alimentos, con los sabidos escándalos alimentarios, y no se hace ninguna propuesta esencial para reorganizar la producción vegetal o para hacer frente con efectividad a fenómenos como los de la encefalopatía espongiforme. 
Sólo podremos cambiar esta penosa situación si, previa la revisión de la PAC, se reexaminan los principios y las directrices de la Agenda 2000. 
Las mejoras complementarias sólo lograrán desorientar y esconder una situación mala para los pequeños y medianos agricultores, una situación que llevará fatalmente a su exterminio y a la concentración de la tierra en unas pocas empresas de carácter capitalista. 
Señor Presidente, al igual que ocurre con muchas otras cosas en este mundo, si hoy tuviéramos que diseñar una política agrícola común partiendo de cero, dudo mucho que ésta tomara la forma de la que tenemos actualmente. 
Cuando fui elegido por primera vez diputado a este Parlamento, la Unión era mucho más pequeña de lo que es hoy. 
Hoy, la Unión es mucho mayor y sólo tiene 6 millones de agricultores. 
O sea, que no hemos conseguido nuestro propósito original de mantener a la población en las zonas rurales. 
No obstante, la población de la Unión Europea no ve la política agrícola común como un gran fracaso. 
Reconoce que nos ha asegurado el suministro de alimentos. 
Reconoce que la calidad de dichos alimentos ha mejorado con el paso de los años y, a pesar de que de vez en cuando surge algo que nos asusta y siempre surgirá, los consumidores de la Unión Europea están relativamente contentos porque les hemos proporcionado un producto seguro. 
Quisiera señalar que a pesar de que a esta política destinamos una proporción relativamente modesta, en torno al 0,4 %, del PIB de la Unión, los agricultores de países como Dinamarca y el Reino Unido reciben una media de 19.000 euros aproximadamente per cápita, pero si llegamos hasta el final de la lista, el medio millón de pequeños agricultores de Portugal sólo recibe 1.500 euros. 
Por lo tanto, no es una política socialmente justa. 
Irlanda ocupa un lugar intermedio con 11.000 euros per cápita. 
No hemos conseguido crear una situación socialmente justa. 
No obstante, y además de haber hecho todo lo que acabo de decir, también hemos salvado muchas zonas rurales; esta política ha garantizado la permanencia de la población en numerosas ciudades, pueblos y comunidades. 
Debemos reestructurarla para que sea más justa socialmente. 
No debemos olvidar que la función primera de la agricultura es producir alimentos, y debemos garantizar que los alimentos sean seguros. 
Hay dos cosas que preocupan a los agricultores de Europa en estos momentos: el exceso de trámites burocráticos y las restricciones que se les impone. 
Se están importando productos alimenticios de fuera, como por ejemplo conservas, pollo y otras cosas, cuya seguridad no pueden garantizar y esto no les gusta. 
La tercera cuestión es que no podemos divisar el futuro porque no conseguimos llegar a un acuerdo con los estadounidenses. 
Debemos establecer un sistema que permita averiguar la procedencia de los alimentos, cualquiera que sea su lugar de origen, y debemos llegar a un entendimiento con nuestros competidores en los mercados mundiales. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, ante todo yo quiero agradecer sinceramente el trabajo que han realizado ambos ponentes, el Sr. Fiori y la Sra. Rodríguez Ramos, y manifestar también mi agradecimiento a la Comisión de Agricultura, encabezada por el presidente Daul, por sus amplias aportaciones al debate sobre la revisión intermedia. 
Yo creo que ambos informes plantean, en principio, la siguiente pregunta: ¿qué forma debe adoptar la Política Agrícola Común que deseamos para el siglo XXI? 
El intento de responder a esta pregunta estimula un amplio debate sobre nuevas ideas. 
Lo que necesitamos son justamente buenas ideas nuevas. 
Yo creo que un debate de estas características se debe desarrollar a partir de dos principios. 
Una futura Política Agrícola Común debe ser sostenible en todos los aspectos, desde un punto de vista económico, social y también ecológico. 
Además, deberá responder a las exigencias de la sociedad y los retos del momento. 
Pero ¿qué espera exactamente la sociedad? 
La respuesta no es necesariamente tan clara y sencilla como se podría pensar intuitivamente. 
La política agraria debe tener en cuenta una diversidad de aspectos. 
Los ciudadanos de la UE saben muy bien que actualmente la agricultura no produce sólo alimentos. 
Por consiguiente, esperan que cumpla sus múltiples tareas. 
A nosotros nos corresponde apoyar, por lo tanto, todas estas funciones. 
Cuando hablamos de los intereses de la sociedad, no deberíamos olvidar que los agricultores también forman parte de nuestra sociedad, de manera que también se deben tener en cuenta sus necesidades, si queremos que nuestra agricultura sea socialmente sostenible. 
Tenemos que responder a las expectativas del conjunto de la sociedad y satisfacer al mismo tiempo las aspiraciones de las comunidades rurales. 
Yo siempre he dicho que la reforma de la PAC es un proceso. 
Un proceso que iniciamos en 1992, o sea, hace diez años, y este año tenemos la oportunidad de continuarlo con la revisión intermedia. 
Ésta nos brindará también la oportunidad de comprobar en qué aspectos debemos adaptar los instrumentos de la PAC, a fin de poder responder mejor a las expectativas de la sociedad. 
En efecto, si algo va mal en un determinado sector, tenemos que actuar ya y no podemos esperar hasta el año 2006, aunque la Cumbre de Berlín no adoptara un mandato explícito de revisión. 
Yo me congratulo de que el informe Fiori exprese exactamente la misma opinión. 
No obstante, también queremos poder incluir en el análisis las posibles repercusiones del decreto estadounidense sobre las ayudas a las rentas de los agricultores, así como los análisis de previsiones que va a presentar a principios de junio el Food and Agriculture Policy Research Institute, FAPRI, norteamericano. 
Por esto, vamos a presentar nuestra revisión intermedia el 10 de julio. 
Esto también nos brindará, sobre todo, la oportunidad de considerar las observaciones que han hecho ustedes en sus informes y en el curso del debate de hoy en esta Asamblea. 
El informe Fiori contiene un gran número de reflexiones concretas, que sin embargo no siempre cuentan con un apoyo unánime, dada la divergencia de intereses existente en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y supongo que también en el conjunto de la Asamblea.. 
Así, por ejemplo, por un lado se pide un sistema de ayudas directas, que se deberá disociar de la producción, mientras por el otro lado se pide un incremento de las ayudas vinculadas a la producción. 
Evidentemente, será preciso examinar individualmente todos estos puntos. 
Sin embargo, no olviden que para ocuparnos de los sectores cuya revisión no se decidió en Berlín, o sea, por ejemplos, los del azúcar, las frutas, las hortalizas, el aceite de oliva y otros, primero será necesario realizar los meticulosos trabajos previos necesarios. 
Sólo entonces podrá presentar la Comisión posibles propuestas. 
En consecuencia, no podremos presentar un segundo paquete hasta el año próximo. 
Yo opino, no obstante, que en el caso del arroz no debemos esperar a que se dejen sentir plenamente los efectos de la iniciativa ' Todo menos armas?. 
Más bien deberíamos empezar a reflexionar ya sobre cómo vamos a responder a los retos que ésta conlleva. 
Me alegra constatar que en el informe Fiori, a pesar de estar dedicado primordialmente a los mercados, o sea, al primer pilar de la PAC, se reconoce la necesidad de prestar mayor atención al desarrollo rural. 
En este sentido, me parecen muy interesantes las sugerencias relativas a las condiciones medioambientales. 
A pesar del decreto estadounidense sobre ayudas a las rentas de los agricultores, que se ha aprobado entre tanto, no deberíamos cejar en nuestros esfuerzos por mejorar la viabilidad futura de nuestra Política Agrícola Común, y no sólo porque el nuevo decreto recuerda enormemente la conducta de quien le recomienda a otro las virtudes del agua, mientras él mismo bebe vino. 
Los Estados Unidos dejan al descubierto con esta política todas las mentiras que nos han estado diciendo a lo largo de los años en lo que respecta a una agenda enfocada hacia el comercio. 
Esto es inaceptable y pueden tener la seguridad de que voy a seguir criticándolo. 
Sin embargo, también estoy igualmente convencido de que la Unión Europea no debe proceder ahora del mismo modo y hacer marcha atrás en el ámbito de la política agraria. 
¡Al contrario! 
Tenemos que continuar avanzando por el camino de consolidación de los aspectos multifuncionales de nuestra política agraria que hemos seguido hasta ahora. 
Esto también nos será útil, no en último término, en el contexto de la OMC, donde la actuación de los Estados Unidos ha sido fuertemente criticada por la mayoría de los miembros. 
Esto enlaza con el informe de la Sra. Rodríguez Ramos. 
La propuesta de resolución sigue en la mayoría de los casos un planteamiento parecido al de la Comisión en lo que respecta a la orientación y el papel futuros de la política de desarrollo rural. 
En particular, yo creo que la transferencia adicional de fondos del primer al segundo pilar constituye una señal importante. 
En efecto, con algo más de un 10% de los gastos agrarios del FEOGA destinados al segundo pilar no es posible alcanzar los excelsos objetivos acordados por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Gotemburgo de julio del año pasado. 
Aun así, la Política Agrícola Común debe contribuir a un desarrollo sostenible. 
Es necesario conceder mayor prioridad al apoyo a unos productos más sanos, con un mayor valor cualitativo, a métodos de producción más ecológicos, a las materias primas renovables y a la protección de la diversidad biológica. 
Por esto, yo también comparto la afirmación del informe Ramos en el sentido de que el primer y el segundo pilar de la Política Agrícola Común están concebidos como partes de un todo y se deben complementar mutuamente. 
¿Cuál es la situación en lo que respecta a la traducción presupuestaria de la Agenda 2000? 
Cada año hemos gastado- ahora podemos confirmarlo- unos 2.000 millones de euros menos de los inicialmente previstos. 
Es decir, que estamos utilizando de manera muy responsable el dinero de los contribuyentes y por esto también hemos propuesto, con vistas a la ampliación, que la introducción de los pagos directos se realice de manera escalonada a lo largo de diez años, con objeto de no imponer, por un lado, un esfuerzo presupuestario excesivo a los Estados miembros de la UE de los Quince, pero no obstaculizar tampoco, por el otro lado, el proceso de reestructuración en los países candidatos. 
Con ello también queda claro, no obstante, que el presupuesto agrario, correspondiente a la única política totalmente comunitarizada a escala europea, no se puede utilizar como una cantera para financiar otras políticas, sobre todo no cuando se esperan de la agricultura unos servicios que jamás podrán quedar compensados a través de los precios de mercado. 
Finalmente, permítanme que aborde un último punto, que rebasa los límites de la revisión intermedia pero que, no obstante, es importante para el futuro y, por lo tanto, deberíamos tenerlo presente ya al considerar cómo queremos seguir desarrollando la Política Agrícola Común. 
A mi parecer, este aspecto no se contempla suficientemente en ninguno de los dos informes, igual que sucede con el nuevo decreto estadounidense sobre las ayudas a las rentas de los agricultores. 
Aun cuando yo estaba firmemente dispuesto a apoyar activamente la iniciativa ' Todo menos armas? -porque en Doha nos fue de una gran ayuda y también lo seguirá siendo en el futuro -, tengo que recomendar una cierta prudencia cuando se considera la posibilidad de aplicar estos principios a todos los países en desarrollo. 
No es mi intención abordar en el contexto de este debate todos los aspectos que tengo en mente. 
Voy a limitarme a considerar dos de ellos. 
Si la Unión Europea se propone seguir abriendo sin restricciones sus mercados agrícolas a los países en desarrollo, primero será necesario desarrollar mecanismos para evitar que los consorcios multinacionales induzcan a los agricultores de dichos países a abandonar sus cultivos tradicionales en favor de monocultivos extensivos de productos apropiados para la exportación. Con ello se conseguiría, en efecto, exactamente el efecto contrario del que ha reclamado el Parlamento Europeo en muchos otros contextos. 
Si en los países en desarrollo se cultivan, además, plantas genéticamente modificadas- para combatir las plagas y mejorar la situación alimentaria, por ejemplo -, la UE no puede rechazar simultáneamente ciertas importaciones, sólo porque contengan OGM. 
Garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos son objetivos de una importancia decisiva para que la Política Agrícola Común obtenga aceptación. 
Por lo tanto, también es necesario profundizar considerablemente en estas cuestiones si queremos responder a las aspiraciones justificadas de nuestros consumidores. 
Yo quisiera destacar también este aspecto en el contexto de la revisión intermedia. 
Antes de acabar, permítanme que vuelva a agradecer, no obstante, el gran esfuerzo que han realizado los ponentes, que han agrupado y coordinado de manera convincente planteamientos e intereses muy diversos sobre la Política Agrícola Común. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0130/2002) de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la posición común del Consejo (15396/2/2001- C5-0035/2002- 2000/0189 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Ponente: Sr. Cappato). 
. (IT) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a las más de 17.000 personas que en cosa de unos días, en cuanto se difundió en Internet la noticia de que queríamos incluir en un instrumento del primer pilar sobre la armonización del mercado interior una referencia expresa a la posibilidad de la obligación de conservación de los datos, de todos los datos- comunicaciones electrónicas, telefónicas, Internet, SMS, teléfonos móviles- se han movilizado: cincuenta organizaciones en los Estados Unidos, la American Civil Liberty Union, así como muchos más se han movilizado contra esta idea y esta propuesta que para nosotros sigue siendo el punto más grave y controvertido, un punto que el acuerdo popular y socialista, siguiendo las indicaciones del Consejo, ha querido y decidido introducir en nuestra directiva, contra la posición de la primera lectura de este Parlamento, contra la posición y la indicación de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos. 
Esta hora tan tardía no se corresponde a un debate tan importante y además habría sido una señal de respeto si la persona que en este Parlamento ha formulado estas enmiendas de transacción, en contra de todas las posiciones de la comisión que preside, hubiera venido cuando menos a explicarnos y a convencernos del porqué nosotros, los pobres cuatro, cinco o seis que hemos quedado en este Pleno, con nuestros Grupos, con los diputados, deberíamos aceptar un giro de 180 grados en las posiciones de la primera lectura. 
Estamos llegando a un absurdo: una directiva relativa a la protección de la intimidad será una directiva aprobada de modo tal que nosotros seremos muy duros contra... ¿qué? 
Las comunicaciones comerciales no solicitadas. 
Sobre esto- sus Señorías lo saben- tengo mi opinión que algunos no comparten; creo que no es la legislación, el opt in o el opt out, que nos ayuda contra las comunicaciones comerciales no solicitadas, y el spamming ya está prohibido por cuatro o cinco motivos con las directivas existentes. 
Pues bien, una prohibición más no cambia nada en absoluto ante la incapacidad de hacer que se cumplan esas normas. 
Sin embargo, yo digo, en particular a los colegas que están convencidos de que una gran violación de la intimidad es cuando alguien nos envía una comunicación electrónica no solicitada: ¿cómo hacen, precisamente ustedes, a aceptar la introducción, contra todo fundamento jurídico- y pediría a la Presidencia que tuviera cuidado también con este punto, que comprobara la admisibilidad de aquellas enmiendas- de una norma expresa que dice: sí, ésta es una directiva de armonización del mercado interior, en esta directiva damos permiso a los Estados miembros- ¿ya lo tienen? , pero si lo tienen ya, ¿por qué hay que incluirlo, añadirlo? - ¿para efectuar una data retention generalizada, para imponer la conservación generalizada de los datos personales en las comunicaciones electrónicas? 
Todos nos dicen que no lo hagamos. 
Nos lo dicen las empresas, por los costes- pero, podemos decir, ¿a quién le importa las empresas? -nos lo dicen las organizaciones no gubernamentales, nos lo dicen las organizaciones que se ocupan de las libertades en la red, nos lo dice el Garante de la intimidad establecido con arreglo al artículo 29, presidente del Grupo de los garantes europeos que había expresado una posición favorable- mejor dicho, nosotros le hemos seguido, en la primera lectura- sobre las garantías necesarias para introducir cualquier tipo de excepción. 
Pero no. 
Hemos tomado la decisión, mejor dicho, se ha tomado la decisión en virtud del compromiso entre populares y socialistas de que todo esto se tenía que abandonar. 
¿Para hacer qué? 
¿Para llegar a un compromiso? 
No, porque hemos aceptado totalmente las posiciones que el Consejo proponía. 
Puedo entender las exigencias que se pueden tener, el hecho de que la Presidencia española quiera concluir este dossier: creo que pueden ser exigencias de algunos de los miembros de este Parlamento. 
Sin embargo, no entiendo en qué estas exigencias, por sí solas, han podido arrastrar la posición global de este Parlamento. 
También se ha dicho- y creo que esto ha sido lo peor que se nos han dicho- no en este debate, porque este debate, justamente, se celebra cuando las decisiones ya han sido tomadas, sino en los últimos debates que hemos tenido, que las posiciones eran totalmente divergentes. 
No ha habido un debate capaz de convencer y, de hecho, quien ha propuesto los cambios no ha venido esta noche para tratar de convencernos. 
¿Acaso se ha hablado de la lucha contra el terrorismo? 
¿Acaso necesitamos esa frase en un instrumento de armonización y de liberalización de las telecomunicaciones para la lucha contra el terrorismo? 
Esto no es verdad. 
Es una mentira: tras el 11 de septiembre, todos los analistas han sido unánimes a la hora de decirnos que lo que faltaba no eran los datos, sino la capacidad de analizar esos datos. 
Ahora necesitaríamos de verdad una acción contra la delincuencia capaz de invertir en la capacidad de analizar los datos, e imponer una conservación de los datos generalizada respecto a todos los ciudadanos va justamente en la dirección contraria, en la dirección de los errores que se han cometido. 
Por esto, pido- casi me da vergüenza apasionarme de esta forma pero creo que, a fin de cuentas, los colegas que se han quedado se lo merecen- que se pueden cambiar todavía las posiciones adoptadas, y pido que al menos esa frase que no tiene nada que ver- es una frase del tercer pilar, una frase de cooperación, justicia y asuntos interiores, la inclusión de la posibilidad para los Estados miembros de hacer leyes que pidan la conservación generalizada de los datos- al menos esa frase improcedente se elimine de nuestra directiva. 
Tras la votación en nuestra comisión, hemos estado intentando alcanzar un compromiso con el Consejo sobre los aspectos conflictivos. 
Todos deseábamos evitar el procedimiento de conciliación, aunque quiero añadir ya que no a cualquier precio. 
La colega Paciotti adoptó una posición muy cómoda de entrada y declaró explícitamente que apoyaría todos los puntos que fuesen aceptados por el Consejo. 
¡Una posición ciertamente muy curiosa tratándose de una parlamentaria! 
La Sra. Palacio Vallelersundi presentó a continuación al Consejo algunas propuestas de compromiso en nombre de nuestro Grupo y también negociamos el paquete en incontables reuniones y conversaciones con la Presidencia del Consejo. 
Ahora el Consejo, en un movimiento táctico muy inteligente, como de costumbre, ha desmenuzado, naturalmente, nuestro paquete y ha negociado individualmente todas las propuestas de compromiso con los distintos interesados. 
Como resultado, aceptamos inicialmente como compromiso, en relación con el tema del almacenamiento de datos, la posibilidad de unas desviaciones nacionales estándar con respecto a la normativa general europea, sin que sea necesaria, por lo tanto, una decisión individual en cada caso. 
Además, también renunciamos a la limitación temporal y, por consiguiente, aceptamos de hecho la posición del Consejo prácticamente en su totalidad. 
En relación con la publicidad a través del correo electrónico, aceptamos, pese a nuestras fuertes reticencias, el principio de ' inclusión? (opt in) como norma general. 
Un requisito para ello era, sin embargo, a mi modo de ver, que se estableciera un ámbito de aplicación amplio cuando ya exista un contacto entre los interesados y las empresas. 
Sin embargo, ahora se ha introducido un redactado restrictivo, según el cual las empresas sólo podrán hacer publicidad de productos análogos a los ya solicitados por el cliente. 
Además también se ha suprimido el concepto de ' cooperación? del ámbito de aplicación que nosotros proponíamos. 
Yo habría podido- y puedo- aceptar todas estas restricciones como un compromiso, si el Consejo se hubiese aproximado a nuestra posición en relación con el último tema y hubiese aceptado claramente la posición de la ' exclusión? (opt out) en el caso de la guía de abonados- Sin embargo, en este aspecto, el Consejo sólo se mostró dispuesto a aceptar una variante, por la que la decisión se dejaría en manos de los Estados miembros. 
Esto significa, empero, que el Consejo no ha aceptado ni siquiera bajo una forma aproximada ninguno de los puntos clave para el Parlamento. 
Yo también creo que esto difícilmente se puede aceptar y, por lo tanto, repito: es cierto que queremos evitar el proceso de conciliación, ¡pero no a cualquier precio! 
Si el Consejo quiere jugar al póquer, seguiremos su juego y, desde nuestro punto de vista, esto significa que debemos mantenernos firmes en relación con este tema y apoyar la enmienda 14 del Sr. Cappato. 
De lo contrario, en la práctica habremos salido perdiendo en casi todos los aspectos en la negociación extraoficial, sin conseguir nada a cambio. 
Señor Presidente, por tercera vez volvemos a votar sobre la propuesta de modificación de la directiva relativa a la protección de datos en las telecomunicaciones y a hablar de opt in y de opt out. 
Mi posición, a diferencia de la del ponente, sigue firmemente a favor del derecho de los ciudadanos de elegir con antelación si sus datos pueden o no pueden incluirse en listas públicas y si desean o no desean recibir comunicaciones no solicitadas. 
Compruebo con satisfacción que ésta es la posición de la Comisión y la posición del Consejo que han mostrado también su disponibilidad a alcanzar soluciones de compromiso que respondan a algunas de las demandas más razonables de los empresarios del sector de las telecomunicaciones. 
De ahí la presentación de nuevas enmiendas de transacción que he firmado junto con la Sra. Palacio. 
Si estas enmiendas serán aprobadas tendremos por fin, según el resultado de la votación de mañana, una nueva importante directiva que contribuirá a desarrollar el mercado electrónico en el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
A este fin se ha debido buscar también una solución aceptable para el Consejo al problema de la conservación de los datos para proteger la seguridad nacional. 
En Italia, mi país, estos datos se conservan durante cinco años. 
El artículo 14 de la Directiva actual ya prevé que los Estados miembros pueden adoptar medidas legislativas para limitar los derechos a la confidencialidad de las comunicaciones necesarias para proteger la seguridad del Estado. 
La solución prevista en la enmienda de transacción 46 añade que, de conformidad con los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dichas medidas deben ser oportunas y proporcionadas dentro de una sociedad democrática, que la conservación de los datos se puede admitir sólo por un plazo limitado, que la legislación sobre la materia debe ser conforme con los principios contenidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y por lo tanto, en especial, con los principios reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y por las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros que hoy- estas tradiciones- están resumidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Como toda solución que debe establecer un equilibrio entre intereses diferentes, ésta debe valorarse en su conjunto. 
Me parece razonable y sostenible, habida cuenta de que el Parlamento Europeo no tiene el poder de conseguir que el Consejo impida a los Estados miembros la conservación de los datos de tráfico por razones de seguridad nacional. 
No lo podemos impedir; podemos dar un marco de garantías, de certezas y de protección de los derechos fundamentales para que la futura legislación los tenga que respetar. 
Señor Presidente, mi Grupo deplora el modo en que se ha tratado esta cuestión durante las pasadas semanas. 
Se ha dejado de lado la votación en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, así como a los ponentes, y entre la Presidencia y la dirección de los dos grupos mayoritarios han tendido una trampa de lo más conveniente. 
Mi Grupo respetará el acuerdo alcanzado en comisión y votará a favor del sistema de optar por la exclusión de las guías públicas. 
Intentaremos suprimir la limitación burocrática en el sentido de que las comunicaciones comerciales por correo electrónico sólo se permitan para productos similares a los adquiridos anteriormente. 
Pero nuestra principal preocupación es el intento del Consejo y de los grupos mayoritarios de conferir amplios poderes para exigir a las empresas de telecomunicaciones y a los proveedores de servicios de Internet que almacenen los datos que trazan la vida diaria y los contactos de las personas, es decir, los datos de tráfico, de facturación y de situación, etcétera, para un posible acceso por parte de las fuerzas del orden. 
No descarto la validez de almacenar algunos datos con fines de seguridad, pero estamos en contra de su inclusión en esta directiva, porque las enormes repercusiones para el sector y las libertades civiles no han sido tenidas debidamente en cuenta en este contexto. 
Es peligroso y prematuro y, sin ninguna duda, de dudosa legalidad, como ha dicho el Sr. Cappato, respaldar un régimen global de almacenamiento de datos en la UE como complemento del paquete sobre el mercado único en el sector de las telecomunicaciones. 
Cualquier imposición de estos poderes debería ser sometida a debate en los parlamentos nacionales y luego estudiada en el contexto de la cooperación comunitaria en materia de vigilancia y lucha contra la delincuencia, en la que los derechos de los ciudadanos estén garantizados. 
Esta medida que hoy nos ocupa, siendo como es una directiva sobre el mercado interior, forma parte del paquete diseñado para abrir el mercado de la UE a la competencia y permitir a las empresas de telecomunicaciones y a los proveedores de acceso a Internet que operen en igualdad de condiciones. 
Éste es el motivo por el que la propuesta original de la Comisión no contenía ninguna referencia en absoluto al almacenamiento de datos, que el Consejo añadió más tarde. 
Me interesaría escuchar la respuesta del Comisario al respecto. 
Necesitamos un debate público adecuado y amplio. 
Intentar escabullir estos enormes poderes en la estela de la medida de liberalización no es nada apropiado. 
Señor Presidente, a mi Grupo le asombra el cariz que ha tomado este debate. 
La semana pasada todos los indicios apuntaban aún a que una mayoría de nuestra comisión estaba en contra del sistema de inclusión para el correo electrónico no solicitado, pero debido a la flexibilidad del PPE parece perfilarse ahora una mayoría a favor de dicho sistema de inclusión. 
En tal caso, la Presidencia española tendrá el honor de llevar este expediente a buen término. 
Esta generosa flexibilidad me recuerda una frase de Graucho Marx, que llegó a decir: " Éstos son mis principios. 
Si no le gustan tengo otros ". 
Pero no quiero adoptar una actitud despectiva respecto al resultado de este giro de 180 grados. De ahora en adelante quedará tajantemente prohibido introducir chivatos (cookies) y enviar mensajes de correo electrónico, SMS o fax a personas que no hayan solicitado dichos mensajes en todos los Estados miembros. 
A diferencia de lo que opina el Sr. Cappato ello me parece una buena idea, si bien es cierto que debemos imponer su cumplimiento si realmente queremos que las cosas cambien. 
Ahora bien, no pretendo rebosar sólo satisfacción. 
Mi primer motivo de descontento es que, aparentemente, el Consejo no negocia ya con el Parlamento sino con dos Grupos. Los liberales también han insistido en ello. 
Para colmo me parece que el compromiso alcanzado por esos dos Grupos en el ámbito de la protección de datos deja bastante que desear. 
¿Por qué instamos nosotros como Parlamento en este documento perteneciente al primer pilar, y por tanto sujeto al poder de decisión del Parlamento, voluntaria y explícitamente al Consejo a que se ponga de acuerdo sobre el registro sistemático del comportamiento de navegación por Internet y otras actividades electrónicas de los ciudadanos en el marco del tercer pilar a puerta cerrada, con una falta absoluta de control parlamentario y judicial? 
Sometamos ese aspecto a una mayor reflexión en lugar de incluirlo sin más en esta directiva, que trata de un tema muy distinto. 
No confundamos el primer pilar con el tercero. 
Señor Presidente, Señorías, sin duda ustedes también deben haber recibido la carta de diversos grupos de defensa de los derechos de los ciudadanos que se refiere precisamente a este punto que ahora ha adquirido tanta importancia en el contexto de la presente directiva. 
El tema es si se debe permitir la ' retención de datos? , o sea, el almacenamiento de los datos relativos a las comunicaciones. 
Éste no es simplemente un intento cualquiera de intensificar un poco más la vigilancia, sino que confiere una nueva calidad al espionaje estatal. 
Hasta ahora, la policía y otras instancias sólo tenían acceso legal a lo que se decía o se escribía durante el período de la vigilancia. 
Con el presente texto, se pretende introducir la posibilidad de una intervención retroactiva de las comunicaciones y, por lo tanto, también una restricción retroactiva de los derechos fundamentales. 
Estas son las nuevas características del Estado policial, cuyo objetivo es acabar justamente con la esfera privada. 
¿Qué ocurrirá, por ejemplo, con los datos que almacene el Estado sobre usted y su afición al surfing? 
Todos los datos se almacenarán conjuntamente y se entregarán al siguiente gobierno. 
Nadie puede asegurar si a continuación tendrá acceso a ellos Le Pen, Haider o Rasmussen, o sólo las altas autoridades socialdemócratas normales. 
Al fin y al cabo, antes del 11 de septiembre nadie sabía tampoco en qué medida se desmantelarían ciertos derechos fundamentales con la aquiescencia de los demócratas occidentales. 
En Alemania ya existen experiencias de este tipo de limitaciones preventivas de los derechos fundamentales. 
El decreto contra los radicales no reprochaba a los afectados actos ilegales, sino únicamente actuaciones mal vistas por el gobierno. 
Si yo descargo ahora datos sobre el radicalismo de derechas de la red y mañana pierdo mi puesto de funcionario por esta causa, podría tratarse de otra de las consecuencias de la directiva que hoy se debate. 
El texto todavía habla de protección de datos, a pesar de que ya no contiene ninguna. 
Únicamente queda abierto el título que llevará la tentativa del consejo de imponer el almacenamiento de datos a escala de toda la UE. 
La directiva que hoy se debate prepara el camino para ese avance en la expansión del Estado espía a escala europea. 
Señor Presidente. 
Es una pena que el hábil y simpático señor Cappato haya llegado a convertirse casi en un sinónimo de insulto entre los diputados y funcionarios que han trabajado dura y prolongadamente en este asunto. 
A pesar de que existe un acuerdo, el Parlamento Europeo y el Consejo están aún muy distantes. 
Desgraciadamente es difícil estar satisfecho con los resultados, pero las legislaciones nacionales crearían aún más diferencias y más problemas. 
La postura del Consejo para incorporar la ley informática en la directiva encierra una gran inconsecuencia y un gran peligro. 
Los asuntos pertenecientes al tercer pilar no funcionan en una directiva del primero. 
El sistema de pilares sencillamente no funciona y la Comisión, que acaba de comunicarlo, lo sabe. 
Ahora se dice que se piensa redactar una decisión marco sobre control generalizado. 
Los ciudadanos tienen motivos para estar preocupados. 
La Unión no debería actuar precipitadamente en estas importantes materias que, bajo el alero de la protección de datos informáticos, amenazan la protección de la integridad personal. 
Antes de continuar legislando se necesita una minuciosa discusión con las empresas, con los políticos y con las organizaciones interesadas. 
Tal vez sería necesario detenerse a mirar cómo han hecho otros países, por ejemplo EE.UU. Estas materias deben estar sujetas a controles democráticos y jurídicos. 
Espero que la Convención se ocupe de esto. 
El tema de los costes me preocupaba ya durante la anterior legislatura. 
Me ocupé de esto en mi informe sobre la estrategia para "la creación de una sociedad de la información más segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de información y la lucha contra los delitos informáticos" (A5-0284/01). 
Ha pasado bastante tiempo. 
¡Hay que informar sobre los costes de los archivos informáticos obligatorios y de la búsqueda de datos! 
La Comisión me ha dado respuestas positivas, tanto por escrito como verbalmente. 
Es satisfactorio comprobar que la Comisión ha escuchado estos argumentos y que va a hacer algo. 
Me satisface esta buena noticia y, por ese motivo, retiro mi petición en esta materia. 
Espero que la Comisión realmente vuelva sobre este asunto para tener la oportunidad de discutir- no para asumir una postura sólida desde el comienzo- la manera de alcanzar una relación razonable entre EE.UU. y la UE. 
Señor Presidente, quiero referirme a dos cuestiones; una es el almacenamiento de datos y la otra el sistema de exclusión o inclusión voluntaria. 
En primer lugar, sobre el sistema de exclusión o inclusión voluntaria. 
Debo decir que, en cualquier ámbito político, es verdaderamente terrible fijarse unas expectativas que no pueden cumplirse. 
Se ha presentado toda la idea del sistema de inclusión como la solución para poner fin a la práctica consistente en el envío de publicidad no solicitada mediante el correo electrónico. 
Permítanme declararlo públicamente. 
Las propuestas de la Comisión sobre el sistema de inclusión voluntaria no frenará en absoluto dicha práctica de envío de publicidad. 
Los que la utilizan no respetan las leyes ni los reglamentos. 
Operan desde países extranjeros y si queremos obligar a las PYME, el denominado motor de la nueva economía, a salir de la UE, éste es el modo de hacerlo. 
Sobre el tema de almacenamiento de datos, esta noche se ha hecho referencia a Groucho Marx. 
En realidad eran tres hermanos y las intervenciones que he escuchado esta noche me llevan a pensar que Groucho, Chico y Harpo, los tres hermanos, están aquí presentes. 
La supresión de todo este artículo sobre el almacenamiento de datos que ahora se solicita nunca jamás fue solicitado en comisión. 
¿A qué viene esa idea de que es una trampa, de que los grupos se aúnan para llegar a un compromiso haciendo un flaco favor a las libertades civiles de los hombres y mujeres corrientes? 
Las libertades civiles, no nos olvidemos, necesitan protección contra los terroristas internacionales que operan desde países extranjeros; contra el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia transnacional, contra el tráfico de mujeres y niños. 
Éstas son las libertades civiles que intentamos proteger con estas normas idóneas y equilibradas sobre el almacenamiento de datos que contienen las propuestas presentadas al Parlamento. 
Espero que el Parlamento hago lo más sensato, que es votar a favor de las propuestas sobre el almacenamiento de datos. 
Debemos respetar las libertades civiles de nuestros ciudadanos, y lo hacemos, pero también debemos impedir que aquellos que operan más allá de nuestras fronteras abusen de las libertades civiles para extender su acción delictiva. 
Podría decir muchas más cosas, pero afortunadamente he agotado mi tiempo de intervención. 
Estimados colegas, señor Presidente, señor Comisario, la directiva que estamos tratando aquí esta noche es absolutamente necesaria, puesto que pone el broche final al paquete de telecomunicaciones que ya adoptamos el pasado año. 
Hemos de cerciorarnos de que nuestros ciudadanos y empresas no reciban mensajes de correo electrónico no solicitados, de que sus datos personales no sean incorporados a las guías de teléfono sin su consentimiento y de que su comportamiento de navegación no sea registrado disimuladamente mediante el uso de chivatos (cookies). 
Todas estas cuestiones quedan perfectamente reguladas en la presente propuesta. Es más, todo ello se organiza de forma armónica, el único planteamiento viable en nuestro mundo transfronterizo y digital. 
Sin embargo, no puedo respaldar la propuesta relativa al almacenamiento de los datos. 
No entiendo que la Comisión comparta la propuesta del Consejo al respecto. 
¿Ha mandado calcular el Comisario de Empresa y Sociedad de la Información el coste que supone el almacenamiento durante tantos años de todos estos datos para los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de Internet así como el espacio de almacenamiento necesario y el monto total de los gastos? 
En tiempos de guerra los Estados son siempre propensos a anteponer la seguridad del Estado a la protección de la vida privada de los ciudadanos. 
Pero no estamos en guerra. Debemos proteger la vida privada de nuestros ciudadanos, con todo lo que ello implica. 
Y esto es lo que estamos haciendo hoy. 
Señor Presidente, menos mal que estamos en la segunda lectura, en la que sólo teníamos que pulir algunas posiciones. 
Según parece, en cambio, aquí nos encontramos frente a un vuelco casi total respecto a lo que había ocurrido en la primera lectura: un replanteamiento que ha permitido a los distintos Grupos revisar posiciones tomadas de antemano, modificarlas y proponer unos compromisos que francamente nos dejan bastante perplejos. 
Ahora bien, deberíamos coger el saco por arriba, como se dice en mi país, y recordar de qué estamos hablando en realidad. 
Estamos hablando de una propuesta de directiva orientada a modificar y a actualizar, en virtud de las innovaciones tecnológicas que han surgido, pero que eran bastante previsibles, la vieja Directiva 97/66 del Parlamento Europeo y del Consejo- aquella, para entendernos, de 15 de diciembre de 1977- que establecía unas normas sobre el tratamiento de los datos personales y la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones. 
Reitero las reservas ya manifestadas con ocasión de la primera lectura respecto a la utilidad y a la eficacia de normas que regulan tan en detalle, demasiado en detalle y, por lo tanto, demasiado dentro de la intimidad del ciudadano, el sector de las telecomunicaciones electrónicas. 
Sigo considerando que las normas actualmente existentes y que se comparten a escala europea se pueden aplicar para alcanzar este mismo objetivo evitando el peligro de una hiperregulación, y por lo tanto, de un exceso de regulación. 
Es necesario evitar que este presunto respeto a la intimidad se resuelva en un doble régimen, en una doble vía que implique ante todo una protección exagerada de la intimidad de los ciudadanos y que imponga normas excesivamente restrictivas en el ámbito privado y que, por el contrario, deje a los Estados miembros la libertad absoluta de intervenir, en lo que se refiere a sus necesidades, en la vida de los propios ciudadanos, por ejemplo, imponiendo a los proveedores de comunicaciones electrónicas tareas casi policiales. 
Por último, creo que no escandalizaré a nadie diciendo que estoy de acuerdo con el ponente cuando dice en la enmienda 4 que, en el fondo, los cookies son instrumentos tolerables, casi legítimos, porque ayudan a entender mejor el método de navegación, facilitan informaciones claras y exhaustivas, en definitiva, despiertan en cierto modo al navegador; en resumen, no creo en el navegador víctima de los cookies. 
Otra cosa es el spamming, ante el cual estamos totalmente indefensos: los que lo practican intervienen cuándo y cómo quieren y, sobre todo, en la cantidad y en la calidad que quieren. 
En este punto creo que no es fácil emanar una directiva que se pueda compartir por parte de todos. 
Lo hemos intentado; si fuera posible- pero sé que el Reglamento no lo permite- deberíamos prever una tercera lectura: tal vez sólo entonces encontraríamos ese punto de coincidencia y de acuerdo que con dos lecturas nos damos cuenta, en este punto, en este momento, que no hemos conseguido alcanzar. 
Señor Presidente, éste es el último paquete de directivas relativas al sector de las telecomunicaciones. 
Afortunadamente, no nos hemos quedado esperando la problemática elaboración de la propuesta que nos ocupa, pues, en tal caso, el resto de las directivas también hubieran acusado retrasos. 
Durante mucho tiempo no se ha llegado a comprender que el delito es delito también en Internet, como tampoco que el hecho de poder mantener en secreto su identidad no es óbice para no tener que hacer frente a sus responsabilidades en el ámbito de las comunicaciones electrónicas. 
No se puede enviar un mensaje electrónico si el receptor no quiere recibirlo. 
Por lo general, esto es posible si lo paga el receptor, al contrario de lo que predica la publicidad. 
Por consiguiente, apoyo el compromiso con el Consejo, cuya posición respalda la modalidad 'opt-in'. 
La comercialización directa a través de la red será posible si el consumidor ha dado previamente su consentimiento. 
También apoyo muchos otros compromisos. 
El resultado está lejos de ser perfecto, pero es una muestra de lo que hemos podido conseguir. 
' La inseguridad en la red? , la anarquía manifiesta, es una gran amenaza para todo el proyecto de una Europa electrónica, para la economía basada en el conocimiento y para el desarrollo de la democracia. 
De lo que se trata aquí, estimados colegas, es de que las redes de comercio electrónico deben ser seguras y los datos sanitarios de las personas también deben ser almacenados con todas las garantías. 
La seguridad en la red se ha convertido en un asunto de gran importancia, así que necesitamos, tal y como se ha propuesto en el programa Europa electrónica 2005, una unidad de seguridad en la red que controle la seguridad, pero que también vele por el respeto de los derechos ciudadanos en la red. 
Se trata de nuestra mayor necesidad común y de nuestro objetivo más importante. 
. 
(EN) Señor Presidente, el nuevo marco regulador de las comunicaciones electrónicas entró en vigor hace un mes, el 24 de abril. 
La propuesta de directiva sobre la protección de datos en el sector de las comunicaciones electrónicas es el único elemento del paquete que aún sigue pendiente de aprobación entre esta Asamblea y el Consejo. 
Normas adecuadas sobre la protección de la intimidad en línea son tan necesarias para el sector como aquéllas destinadas a garantizar la competitividad de los mercados. 
Hoy, quisiera pedirles que se unan al esfuerzo que estamos realizando para intentar alcanzar una solución concertada sobre esta directiva en su segunda lectura para evitar nuevos aplazamientos. 
Los siete elementos de compromiso que han presentado conjuntamente el PPE y el PSE, junto con tres enmiendas presentadas por la Comisión de Libertades de los Ciudadanos y otras cinco enmiendas presentadas por el PPE, constituyen un paquete de textos de compromiso que son aceptables para el Consejo y también para la Comisión. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Cappato, que ha dedicado mucho tiempo y energía a este expediente. 
También deseo rendir especial homenaje a la Sra. Palacio y a la Sra. Paciotti, por sus continuados esfuerzos para encontrar un paquete global que sea aceptable para todas las instituciones participantes. 
Ya tenemos sobre la mesa soluciones equilibradas para las cuatro cuestiones principales restantes. 
Todas las partes deben hacer concesiones y nadie es del todo feliz con cada uno de los elementos del paquete, como corresponde a la naturaleza de un compromiso. 
Sobre los chivatos (cookies) , las enmiendas 25 y 26 alinean las disposiciones correspondientes con la directiva sobre la protección general de datos. 
Respecto al envío por correo electrónico de publicidad no solicitada, el Consejo ha aceptado nuevas concesiones para contentar a aquellos diputados que no están a favor de una política armonizada. 
Las enmiendas 9, 18, 28, 44 y 45 son aceptables, tanto para el Consejo como para la Comisión. 
La cláusula de excepción sería aplicable a las actividades de venta directa por parte de la misma empresa de productos o servicios de categorías similares. 
Algunas de estas categorías podrían ser, por ejemplo, libros, CD y DVD. 
Otra categoría podrían ser electrodomésticos. 
Eso es realmente hasta donde podemos llegar si no queremos terminar con soluciones poco satisfactorias para los ciudadanos así como para las empresas. 
Debemos adoptar un enfoque claro y armonizado para todo el mercado de la UE, que no obligue a los clientes a pagar la factura de comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa a través del correo electrónico, SMS y otros servicios de mensajes. 
Éste es el mejor incentivo para los servicios electrónicos de mensajería y para el comercio electrónico en general. 
Sobre el almacenamiento de los datos de tráfico, las negociaciones han sido especialmente difíciles. 
La Comisión reconoce los fuertes sentimientos expresados en esta Asamblea sobre la protección de los derechos fundamentales y las libertades. 
La Comisión comparte plenamente dichos sentimientos y, al igual que el Parlamento, está fomentando actualmente la inclusión de una Carta de los Derechos Humanos Fundamentales en el Tratado de la UE, de manera que será legalmente vinculante y ejecutable directamente. 
Como hemos dicho desde el inicio de las negociaciones, la directiva sobre la que hoy debatimos no es un instrumento del tercer pilar. 
Impone limitaciones jurídicas sobre lo que podemos incluir útilmente en las disposiciones de la directiva, tanto con respecto a cualquier medida nacional para la seguridad pública o la lucha contra la delincuencia como con respecto a salvaguardar los derechos y las libertades de las personas. 
Como la Comisión ha resaltado en su reciente presentación a la Convención Europea, creemos que la separación entre los tres pilares es causa de numerosas dificultades y, por consiguiente, debería abandonarse. 
Pero mientras existan los pilares, estamos obligados a respetarlos, porque el Tribunal de Justicia no permitiría la inclusión de ningún elemento del tercer pilar en una directiva del primer pilar. 
Por razones similares, no podemos introducir en esta directiva una disposición sobre el coste de la aplicación de las medidas, como propone la enmienda 39. 
No obstante, puedo garantizar a la Sra. Cederschiöld que la Comisión seguirá estudiando esta cuestión con los Estados miembros. 
Las enmiendas de compromiso 46 y 47, presentadas conjuntamente por el PPE y el PSE, significan una mejora muy importante de la posición común del Consejo sobre el tema del almacenamiento de datos. 
Refuerzan considerablemente el aspecto de los derechos humanos de las disposiciones pertinentes y además hacen referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo sobre el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. 
La Comisión apoya plenamente estas mejoras e insta al Parlamento Europeo a que también lo haga. 
No obstante, si se eliminara de la enmienda 46 la frase sobre el almacenamiento de datos, como se propone, a través de una votación por partes, todo el compromiso se desharía, lo que seguramente provocaría que el resultado de la conciliación fuera aún más incierto. 
La Comisión comprende las preocupaciones que han motivado la solicitud de una votación por partes, pero piensa que el texto actual aborda estas preocupaciones suficientemente. 
Por último, el tema de las guías públicas sigue pendiente de solución. 
Aunque ha sido menos debatido que la opción de inclusión voluntaria para la publicidad solicitada a través del correo electrónico, están en juego cuestiones similares para la armonización propuesta de la inclusión voluntaria en lo que respecta a las guías. 
Una solución no armonizada, como propone la enmienda 35, no es compatible con el mercado interior. 
En resumen, una solución global concertada entre todas las instituciones estará al alcance de la mano si el Parlamento Europeo aprueba mañana las enmiendas 9, 13, 18, 25, 26, 28, 37, 38 y 44 a 50. 
El resultado será una directiva con un gran valor añadido para los ciudadanos europeos y para el desarrollo de la sociedad de la información. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0136/2002) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la posición común del Consejo (11878/1/2001- C5-0034/2002- 2000/0169 (COD) ) con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CE del Consejo (Ponente: Sra. Korhola). 
- (EN) Señor Presidente, quizá quepa lamentar que, según parece, no concedamos el mismo carácter de urgencia a este informe, que garantiza a los ciudadanos el acceso a información, que a la liberalización de las telecomunicaciones, pero lo pasaré por alto. 
Es muy importante resaltar que esta directiva no hace una concesión. 
Establece disposiciones prácticas para el ejercicio de un derecho que tienen los ciudadanos. 
Por ello las enmiendas 1, 5 y 10, que hacen hincapié en este derecho, son muy importantes. 
Otro aspecto del informe de la comisión para la segunda lectura que convendría resaltar es la necesidad de garantizar que la difusión de información medioambiental incorpore los medios innovadores de la tecnología de la comunicación. 
Es éste un aspecto importante y nos gustaría persuadir al Consejo de que debe tenerlo en cuenta. 
También es muy valioso que se haga hincapié en la mejora de la calidad de la información que se publica, con vistas a que sea comprensible, exacta y comparable. 
No tiene ningún sentido tener acceso a información si ésta es demasiado compleja o demasiado opaca para que el gran público la pueda entender; dejaría sin significado dicho acceso. 
Asimismo, acogemos con gran satisfacción el intento de la ponente de garantizar que cualquier restricción del derecho a la información sólo se permitirá en casos específicos, claramente definidos y excepcionales, así como que deberá realizarse una prueba del 'daño', que demuestre que es mayor que los beneficios de la revelación, en caso de que ésta se impida. 
Todos estos aspectos son muy importantes. 
Acojo con satisfacción que la Sra. Korhola haya aceptado la enmienda 48 y, aunque la ponente no cree que sea perfecta, me alegra mucho que la haya aceptado. 
Señor Presidente, señora Comisaria, todos reconocemos que la información constituye un principio básico de la democracia. 
El libre acceso, la transparencia y la difusión de la información sobre el medio ambiente son derechos fundamentales de todo ciudadano interesado en la calidad del espacio en el que vive y trabaja. 
Normalmente la accesibilidad a los datos relacionados con el medio ambiente en poder de las autoridades públicas es de importancia vital, no sólo para aumentar la sensibilidad del público, sino también para garantizar la confianza y la participación democrática de los ciudadanos. 
Después de la primera lectura, constatamos que el Consejo adoptó muy pocas enmiendas de las que había aprobado la Sesión Plenaria del Parlamento Europeo en la posición común. 
Por tanto, consideramos una obligación retomar también en la segunda lectura todas las enmiendas importantes relativas a cuestiones como, en principio, las excepciones. 
Creo que es importante reducir las excepciones al mínimo para que todos los interesados puedan tener acceso a una gran amplitud de informaciones. 
Igualmente, creo que es suficiente para los servicios públicos el plazo de 15 días en los que la administración debe contestar a una solicitud relacionada con el medio ambiente; y paralelamente los interesados podrán utilizar la información oportuna y eficazmente. 
Otro punto importante es el impuesto sobre el cálculo del coste del suministro de información. 
Creo que se debe limitar al coste real de la producción, de modo que se facilite al máximo el acceso del público a la información y para que el coste no sea, en ningún momento un obstáculo para adquirir información sobre el medio ambiente. 
Espero que nuestras observaciones encuentren la respuesta adecuada por parte de la Comisión Europea y que avancemos, lo más rápido posible, a fin de ratificar el Tratado de Aarhus. 
Finalmente, señor Presidente, quisiera decir en nombre de mi Grupo político que apoyamos plenamente el informe de la ponente, Sra. Corola, a la que le doy mi enhorabuena por la excepcional labor que ha realizado. 
Señor Presidente, estoy muy contenta y satisfecha con la directiva sobre acceso del público a la información medioambiental, que está plenamente en la línea de la Convención de Århus. 
A mi juicio la ponente Sra. Korhola ha obrado correctamente al reincorporar la mayoría de las enmiendas de la primera lectura, ya que éstas habían sido aprobadas unánimemente por el Parlamento. 
Además, estas enmiendas contribuyen a mejorar sustancialmente la propuesta de la Comisión. 
El nuevo artículo 7, que se ocupa de la calidad de la información medioambiental, es una de las enmiendas más importantes. 
Como ya se ha dicho, el que solicita información debe poder confiar tanto en que ésta es relevante, reciente y exacta como en los métodos y análisis usados para obtenerla. 
Por el contrario, no me satisface la decisión de la Comisión de Medio Ambiente sobre los precios que podrán cobrar las autoridades para entregar esta información. 
Por eso hemos presentado la enmienda 48. 
Espero que nuestros colegas británicos y otros grupos la entiendan como una propuesta de acuerdo y que mañana voten a favor de ella. 
. 
(SV) Señor Presidente, Señorías, como mejor se abordan los asuntos medioambientales es cuando todos los ciudadanos afectados participan en el ámbito adecuado. 
Este importante criterio arranca del principio 10 de la Declaración de Río, que ubica a los ciudadanos en el centro de la política medioambiental. 
Los ciudadanos podrán difícilmente participar si no tienen acceso a la información medioambiental, y por eso es tan importantes esta propuesta. 
Los Estados miembros de la Comunidad Europea suscribieron en 1998 la Convención ONU/ECE sobre acceso a la información, participación del público en las decisiones y derecho a apelación en materias medioambientales, la denominada Convención de Århus. 
Esta convención es un primer paso para aplicar el principio 10 de la Declaración de Río y para continuar el proceso de apertura que se inició mediante la directiva 90/313/EEG del Consejo sobre el derecho a acceder a la información medioambiental. 
Pienso que es muy conveniente que la Comunidad ratifique esta convención tan pronto como sea posible. 
Sin embargo, antes de que esto se materialice habrá que adecuar la legislación comunitaria a las disposiciones de la convención, circunstancia que constituye uno de los principales objetivos de esta propuesta. 
Gracias a los trabajos de la ponente- aprovecho de dar las gracias a la señora Korhola -, del Parlamento Europeo y del Consejo se ha mejorado mucho la propuesta durante los últimos meses. 
En la mayoría de las enmiendas del Parlamento Europeo se reincorporan las anteriores propuestas que la Comisión no aceptó en la primera lectura y cuyo objetivo es fortalecer la propuesta de la Comisión. 
Aunque entiendo y respeto los deseos de optimizar la utilidad pública de la propuesta, creo que algunas enmiendas imponen obligaciones innecesariamente duras a los Estados miembros y sobrepasan los límites de la Convención de Århus. 
En otras enmiendas se fijan muy detalladamente las normas prácticas para ofrecer información, en tanto que el objetivo de esta directiva es proporcionar un marco dentro del que los Estados miembros puedan adaptar las disposiciones a sus propias características. 
Opinamos que la propuesta de la Comisión es equilibrada. 
Comprende algo más que los compromisos más importantes contenidos en la Convención de Århus y proporciona a los Estados miembros suficiente flexibilidad para aplicar eficazmente la legislación. 
La Comisión acepta en su totalidad las enmiendas 22, 28, 30, 32, 33, 42, 45 y 46. 
La Comisión aprueba parcialmente las enmiendas 1 parte 3, 9 parte 1, 27 parte 3 y 48 parte 2. 
En principio, la Comisión acepta las enmiendas 9 parte 2, 19 y 27 parte 2, una vez que se hayan reformulado y reestructurado. 
La Comisión no aprueba las demás enmiendas, esto es, de la 1 a la 6, la 7 parte 1 y parte 2, la 8, de la 10 a la 18, la 20, la 21, de la 23 a la 26, la 27 parte 1, la 29, la 31, de la 34 a la 41, la 43, la 44, la 47 y la 48, con excepción de la parte 2. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0155/2002) del Sr. Lannoye, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Evaluación de las sustancias activas de los productos fitosanitarios (presentada de acuerdo con el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios) (COM (2001) 444- C5-0011/2002- 2002/2015 (COS) ). 
. (FR) Señor Presidente, me veo obligado a retroceder once años en el tiempo. 
En efecto, en 1991 el Consejo de Ministros de Medio Ambiente aprobó una directiva, que esta noche será materia de debate, sobre la comercialización de productos fitosanitarios. 
El objetivo de esta directiva era, por una parte, definir un procedimiento de evaluación común de las sustancias activas de los plaguicidas ya existentes y nuevos y, por otra, establecer una lista positiva de sustancias autorizadas consideradas aptas en el plano sanitario y medioambiental. 
Una lista positiva significa que todo aquello que no se incluye en dicha lista está, de facto, prohibido. 
El plazo establecido para efectuar la enorme labor de evaluación era de doce años. 
Esto nos conduce, indudablemente, a julio de 2003. 
Pero, mientras tanto, el artículo 8 obligaba a la Comisión a publicar un informe sobre la evolución del procedimiento. 
Dicho informe fue efectivamente publicado a finales del año pasado y ese es el objeto de nuestro debate de esta noche. 
¿Qué constata la Comisión? 
Que de las 834 sustancias activas que se comercializaban, sólo 31 han sido evaluadas, es decir, menos del 5%. 
Es evidente que en estas condiciones es imposible respetar el plazo de julio de 2003, como lo constata, con razón, la Comisión. 
No me extenderé sobre las causas de este enorme retraso, sino que en gran parte debe imputarse a una falta de voluntad política tanto de la Comisión como de los Estados miembros. 
En efecto, los Estados miembros se habían dividido la tarea de efectuar la evaluación de las sustancias. 
La Comisión propone hoy prorrogar los plazos, y forzosamente, por razones de realismo, la Comisión de Medio Ambiente, de la que esta noche soy portavoz, debe acordar una prórroga. 
Pero aunque acepta dicha prórroga, la comisión acompaña su acuerdo con unas condiciones rigurosas. 
Cito algunas de ellas: adoptar prioridades claras para establecer el nuevo calendario de trabajo, dar prioridad a las sustancias problemáticas en relación con la calidad del medio ambiente y del agua potable, no consentir premiar el laxismo- indudablemente, no podrán ser estudiados los expedientes que las empresas no hayan presentado dentro de los plazos previstos, a menos que se considere que las exigencias de la directiva pueden ser fácilmente respetadas-. 
Finalmente, pedimos que se presente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe periódico sobre el desarrollo de dicha evaluación. 
Por otro lado, la Comisión- y es lo que la Comisión de Medio Ambiente desea- debería presentar una propuesta de revisión de la directiva de 1991 antes de finales de 2003. 
¿Por qué esta propuesta de revisión? 
La propia Comisión lo sugiere; por lo tanto, no hacemos sino apoyarla añadiendo algunas observaciones- en mi opinión- pertinentes. 
Pienso concretamente que, con respecto a un plaguicida, no basta con evaluar las sustancias activas, sino que también han de evaluarse en su caso los metabolitos, es decir, los productos de desintegración, que a veces son más peligrosos que las sustancias de base. 
La Comisión de Medio ambiente apoya asimismo la introducción del concepto de evaluación comparativa y del principio de sustitución, cuyo fin es favorecer la emergencia en el mercado y la utilización de las sustancias menos tóxicas, eliminando las más tóxicas. 
Añadiré que deben tomarse en consideración nuevos criterios- en diez años las cosas han cambiado, y aún más en doce años- como la ausencia de episodios de perturbaciones endocrinas- en 1991 no se hablaba de las sustancias que causan perturbaciones endocrinas; desde entonces esto se ha convertido en una cuestión importante en la política del medio ambiente- o la incidencia específica en la salud infantil y del feto, así como los problemas de sinergia ligados a la exposición a varios plaguicidas. 
En conclusión, Señorías, les pediré que apoyen el informe de la Comisión de Medio Ambiente, y llamaré la atención de ustedes sobre un punto particular, que es el punto 14 de la resolución. Se solicita a la Comisión que publique antes de julio de 2003 otra propuesta de directiva por la que se establezca un programa de reducción de la utilización de los plaguicidas. 
Eso es lo que han hecho hasta ahora algunos Estados miembros. 
Pienso que la Comisión de Medio Ambiente tiene razón en apoyar esta propuesta por la que no sólo se pretende llevar a buen término la directiva de 1991, sino también reducir la utilización de los plaguicidas, lo que constituye, ciertamente, una muy buena manera de lograr que los riesgos disminuyan. 
Señor Presidente, señor Comisario, en la propuesta que nos presenta, la Comisión Europea pide al Parlamento y al Consejo que nos pronunciemos sobre la prórroga hasta el año 2008 del período de evaluación de las sustancias activas que debería haber finalizado en julio de 2003. 
Quedan 834 sustancias por evaluar. 
La Comisión intenta ser realista y, desde luego, tiene nuestro apoyo, pero yo califico de optimista su posición, puesto que en el anterior período se han analizado menos de un centenar. 
Voy a señalar los puntos más sensibles para nuestro Grupo del Partido Popular Europeo: en primer lugar, debemos mantener la posibilidad de los usos esenciales, pues su desaparición podría ser traumática para algunos cultivos y regiones. 
Debemos mantener y apoyar aquellas enmiendas que así lo proponen. 
En segundo lugar, yo no puedo compartir la filosofía de que las sustancias son nocivas en sí mismas, pues depende de en qué concentraciones, qué situaciones, qué formas de empleo. 
Por lo tanto, nuestro objetivo debe ser el menor riesgo, que no se identifica con la menor cantidad. 
En tercer lugar, la evaluación preliminar- como se propone en alguna enmienda que no apoyamos- no debe ser realizada en ningún caso por industrias, ONG, etc., sino por quien está establecido legalmente que lo haga. 
Sin embargo, éstos- industrias, ONG, etc.- deben tener acceso a toda la información y pueden aportar estudios y ensayos para estas evaluaciones. 
La nueva política agraria integrada que se va abriendo paso en la Unión Europea ha dado lugar a un descenso considerable del consumo de productos fitosanitarios, por ejemplo, en algunos cultivos como los cultivos herbáceos extensivos. 
Esto no ha sido valorado ni conocido suficientemente por la opinión pública. 
Esta opinión pública cada vez es más sensible a las tesis ecologistas, cuya defensa podría producir efectos no buscados contra la biodiversidad por acumulaciones, a falta de protección en cultivos menores, lo que nos presentaría graves problemas de desabastecimiento y de dependencia, podría llevar a no buscar soluciones para los usos esenciales, a establecer parámetros que sobrepasen los límites de determinación analítica o a hacer evaluar los productos fitosanitarios por ONG interesadas en ello. 
Interesadas por y para qué, me pregunto yo. 
Las evaluaciones técnicas las hacen los científicos y se discuten entre científicos. 
Pediría a la Comisión Europea y al señor Comisario y a todos los Grupos políticos de este Parlamento un ejercicio de responsabilidad a la hora de votar que tenga en cuenta que, sin agricultura, no hay desarrollo sostenible posible. 
Quizá haya agricultura sin desarrollo sostenible, pero lo contrario no se da. 
Señor Presidente, el informe de la Comisión pone de manifiesto que el funcionamiento de la Directiva 91/414/CEE presenta serias deficiencias. 
El ponente, que como ya he reiterado en más de una ocasión ha realizado un excelente trabajo por el que merece todo el apoyo de mi Grupo, critica en su informe con razón algunos de estos fallos. 
Entre otras cosas ha quedado demostrado que los intereses comerciales prevalecen sobre los rasgos intrínsecos, que la evaluación se limita a determinados aspectos como la perturbación endocrina y que apenas se tienen en cuenta las consecuencias para los niños. 
El ponente no ha dudado en plantear estas cuestiones. 
Hemos de concluir que no tenemos ninguna garantía de que las sustancias incluidas en la lista positiva no entrañen ningún peligro para el ser humano y el medio ambiente. 
En realidad, no nos queda más remedio que aceptar la propuesta de prorrogar los plazos de evaluación, dado que hasta la fecha apenas el 3% de las sustancias ha sido evaluado. 
Ahora bien, nuestro visto bueno está supeditado a una serie de condiciones muy concretas. El ponente las ha comentado en detalle, así que no voy a repetirlas. 
Sin embargo, quisiera aprovechar la oportunidad para llamar su atención sobre otro asunto. 
La política de plaguicidas no puede centrarse exclusivamente en la autorización de las sustancias tal y como queda regulada en la presente directiva, entre otras razones porque la directiva no permite frenar el continuo incremento del uso y de la dependencia de plaguicidas y la consiguiente presencia de residuos en el agua y los alimentos. 
Nos esperan algunas tareas importantes y, al igual que otras muchas personas, estoy pendiente de la iniciativa de la Comisión. 
Es fundamental que a escala europea manejemos una amplia combinación de instrumentos. 
En primer lugar, debemos incrementar considerablemente la ayuda financiera adicional a la investigación y la aplicación de plaguicidas no químicos, tanto de cara al cultivo integrado como en el ámbito de la agricultura biológica. 
En segundo término, hace falta una formación obligatoria en métodos de cultivo integrado y buenas prácticas agrícolas. 
En tercer lugar, la falta de información requiere la inmediata creación de una base de datos europea de acceso público que recoja los datos de venta y de consumo de todos los plaguicidas así como sus rasgos toxicológicos. En cuarto lugar, necesitamos una tasa de IVA armonizada a escala europea. 
Los valores actuales oscilan entre el 3 y el 25%, y eso tiene que cambiar. 
Por lo demás es necesario que se implanten impuestos especiales sobre costes medioambientales externos vinculados a los productos y a los precios de los mismos. 
Para finalizar tengo una última observación que no por eso es menos importante: a nivel nacional deben elaborarse programas de reducción destinados a cercenar el uso y sobre todo la dependencia de los plaguicidas. 
Señor Presidente, hace más de diez años que entró en vigor la Directiva 91/414/CEE relativa a la autorización, el uso y el control de los productos fitosanitarios. 
Si bien es cierto que de entrada quedaba claro que la aplicación de esta directiva sería una ardua tarea, coincidirán conmigo en que los resultados de esos diez años de trabajo son francamente escasos. 
Ni siquiera el 4% de todas las sustancias activas objeto de evaluación ha superado el procedimiento de principio a fin. 
¡A este paso no acabaremos hasta el siglo XXII! 
Además, no se han tenido en cuenta algunos aspectos de evaluación importantes. 
Pienso, por ejemplo, en el uso de adyuvantes y la consiguiente intensificación de los efectos de los productos fitosanitarios. 
En la agricultura de los Países Bajos se añaden anualmente más de 1.500 toneladas de adyuvantes químicos a las 3.600 toneladas de plaguicidas sin saber cuáles son las consecuencias para el ser humano y el medio ambiente. 
Falta asimismo un criterio de evaluación para el agua potable obtenida a partir de aguas superficiales. 
En la práctica ha quedado demostrado que la producción sostenible de agua potable se ve obstaculizada por la falta de sostenibilidad en el uso de los productos fitosanitarios. 
Estos dos ejemplos ponen de manifiesto hasta qué punto el marco comunitario vigente en materia de productos fitosanitarios deja que desear, y podría citar muchos más. 
Por desgracia, la situación actual nos obliga a prorrogar los plazos de evaluación para los productos fitosanitarios. 
Es la única forma de sacar a flote el dificultoso proceso de los últimos diez años. 
Ahora bien, quisiera llamar su atención sobre tres puntos importantes. 
En primer lugar, es fundamental que las sustancias nocivas queden prohibidas lo antes posible. 
En este sentido el nuevo plazo debe establecerse como fecha límite. 
En mi opinión, no es oportuno que este objetivo quede aplazado por más tiempo. 
En segundo término, debemos reducir al mínimo las excepciones. 
En tercer lugar, hemos de cerciorarnos de que las condiciones a las que hemos supeditado la prolongación se cumplan de verdad. A este respecto, el Parlamento está llamado a ejercer el debido control. 
Resumiendo, abogo por una actuación coherente en el ámbito de la autorización, el uso y el control de los productos fitosanitarios en Europa. 
Señor Presidente, me veo obligado a añadir un comentario sobre la traducción al neerlandés de la palabra "protección". 
Se ha traducido por gewasbescherming- protección de cultivos- y con razón- esta noche los intérpretes también han utilizado sistemáticamente este término -, pero en el orden del día también aparece una vez gewasbestrijding- lucha contra cultivos -, que significa exactamente lo contrario. La versión neerlandesa del documento de la Comisión incurre reiteradamente en este error. 
Lo mismo sucede en el documento del Sr. Lannoye, aunque por supuesto no es culpa del ponente. 
Propongo que rectifiquemos esta incorrección y que dejemos de confundir los términos onkruidbestrijding- eliminación de malas hierbas- y gewasbescherming- protección de cultivos-. 
Evidentemente, mañana, antes de la votación, tanto el ponente como los servicios de la Presidencia apuntarán la necesaria rectificación para que todos los textos sean uniformes. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente por el modo en que ha abordado este complejo asunto y por su voluntad de considerar una amplia serie de reservas expresadas por todos los partidos en comisión y, en la medida de lo posible, por enfocarlas con eficacia; y también a mi colega, la Sra. Van Brempt, por sus esfuerzos en este capítulo. 
Sólo dispongo de tiempo para tratar sobre un ámbito específico, y que en ningún caso me aparta de mi creencia de que la regulación eficaz de los pesticidas peligrosos debe ser una tarea prioritaria de este Parlamento y, también, de esta Comisión. 
Mis reservas radican en la sección a la que se refiere el apartado 13 del informe del Sr. Lannoye, en donde pedimos a la Comisión que nos notifique, antes de final de año, las medidas adoptadas para garantizar que las sustancias de utilidad con niveles bajos de toxicidad, que aparecen en las Listas de prioridades 3 y 4 y que no han sido recogidas por su escaso interés comercial o por sus elevados costes de evaluación, puedan ser evaluadas con ayuda de un paquete adecuado de datos restringidos. 
¿Por qué me preocupa tanto esto? 
Me preocupa porque existe el peligro de que algunos productos de alta toxicidad que no han sido regulados o debidamente examinados continúan en el mercado, mientras que otros, que no encierran ningún peligro imaginable y ocupan un lugar muy bajo en las Listas 3 y 4, y que en algunos casos entran realmente en la categoría de usos esenciales, dejarán de comercializarse porque probablemente sus productores no pueden preparar el complejo expediente necesario para superar todos los procesos establecidos inicialmente en el que, como dice el ponente, ha sido un proceso extraordinariamente lento. 
Sólo quiero poner un ejemplo a la comisión para ilustrar lo que digo: los argumentos ad hominem siempre son peligrosos, pero hay un productor en mi zona que optó por una determinada gama de productos fitosanitarios porque él mismo se sintió alarmado al comprobar personalmente las consecuencias de pesticidas peligrosos. 
Si hablo de cosas como el Agente naranja, todos saben exactamente a lo que me refiero. 
Sustancias realmente nocivas. 
Dicho productor ha elaborado un producto, que yo mismo utilizo, que se llama Armilatox y es el único capaz de combatir enfermedades de las plantas como la armillaria mellea. 
Él no puede permitirse de ninguna manera pagar el coste previsible de la evaluación de dicho producto, que se encuentra en la gama baja de toxicidad. 
Equivaldría a dos o tres veces su facturación anual. 
Debe haber algún modo de ayudar a personas como ésta a cumplir con las exigencias necesarias, o al menos que puedan presentar el dossier pertinente durante el plazo que tenemos ahora. 
De lo contrario, estaremos haciendo caso omiso de todas las declaraciones que se han hecho en esta Asamblea, sin olvidar las del partido del ponente, en el sentido de que debemos ayudar a las pequeñas empresas. 
No deberíamos limitarnos a ayudar a los grandes fabricantes que, naturalmente, pueden asumir los elevados costes de evaluación. 
Si no lo hacemos en este ámbito tan importante, habremos fracasado. 
. 
(EN) Señor Presidente, agradezco la oportunidad de debatir aquí hoy este asunto. 
En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Lannoye así como al Sr. Parish por sus esfuerzos en la elaboración de los textos que nos ocupan. 
Siento gran interés por conocer el texto final de la resolución. 
Con la publicación, en agosto del pasado año, del informe de la Comisión perseguía un doble objetivo. 
Primero, garantizar una mayor transparencia. 
Segundo, mejorar la comprensión del proceso de evaluación de los productos fitosanitarios y los problemas que debe superar la Comisión para cumplir los plazos imposibles establecidos en la directiva en vigor. 
En el presente texto de resolución hay una serie de declaraciones y afirmaciones con las que la Comisión discrepa profundamente. 
Yo podría proporcionar, en su momento, una respuesta exhaustiva a la resolución tras su aprobación formal. 
Como todos sabrán, a pesar de que el informe de la Comisión se centra en nuestro progreso hasta la fecha en la evaluación de las sustancias activas, también tiene la mirada puesta firmemente en el futuro. 
Todos reconocemos que las evaluaciones no estarán completas en 2003. 
Las razones para ello son numerosas y están contempladas en el informe, como muchos de ustedes habrán podido comprobar. 
Quisiera mencionar, en particular, el desfase entre los ambiciosos objetivos que establece la directiva y los recursos de que dispone la Comisión para realizar dichos objetivos. 
Esta situación nos exige buscar un acuerdo sobre el enfoque que deberemos adoptar en julio de 2003 en lo que respecta a dichas sustancias, y habrá cientos de ellas cuyas evaluaciones aún no estarán terminadas. 
A pesar de que la directiva delega esta decisión en la Comisión, a través del procedimiento de comitología, hemos considerado que el asunto es lo suficientemente importante como para solicitar el acuerdo del Parlamento sobre el enfoque que deberemos adoptar en 2003 con respecto a dichas sustancias amparadas. 
Comparto la opinión de que esta labor debería estar concluida en 2008. 
No obstante, sólo puedo asumir este compromiso con la condición de que todas las partes que intervienen en el proceso respeten los plazos y pongan a disposición recursos suficientes. 
Asimismo, no debemos olvidar que pueden surgir nuevos problemas científicos importantes que hagan necesaria la solicitud de datos adicionales, lo que retrasaría el proceso de toma de decisiones. 
La segunda cuestión que debemos resaltar es que la directiva tiene ya diez años. 
La preparación del informe nos ha permitido reflexionar sobre cómo efectuar dichas mejoras sin comprometer los principios de la directiva. 
Son varios los ámbitos en los que podría mejorarse la eficacia y en los que podrían resolverse los problemas que han surgido con el paso de los años. 
Una vez más, agradezco la reacción del Parlamento en este sentido y tengo previsto volver este mismo año con propuestas sobre la modificación de la directiva. 
Con este fin, estamos organizando una reunión de los interesados, que se celebrará en julio en Grecia con vistas a la preparación de la Presidencia griega, y acogeríamos con satisfacción la presencia del Sr. Lannoye y el Sr. Parish en dichas negociaciones para garantizar que el Parlamento tiene voz incluso en nuestros trabajos preliminares. 
Asimismo, los residuos de pesticidas son un aspecto importante de este ámbito de trabajo y tenemos intención de presentar propuestas en los próximos meses para consolidar y modificar la legislación fundamental. 
Un aspecto importante es que las próximas propuestas estarán sujetas al procedimiento de codecisión. 
Esto permitirá la plena participación del Parlamento en el contenido definitivo de la legislación, lo que naturalmente acojo con gran satisfacción. 
Señor Presidente, reconozco que son numerosos los asuntos sobre los que podríamos discutir y son muchas las observaciones contenidas en los textos que nos ocupan en las que podría discrepar, pero no quiero extenderme demasiado, y creo que lo mejor será tratar sobre estos asuntos cuando presentemos las propuestas sobre la modificación de la directiva. 
Sería una negligencia por mi parte no reconocer las repercusiones en julio de 2003, cuando se retiren del mercado cientos de sustancias. 
Entre ellas se incluirán sustancias para las que las alternativas reconocidas son pocas o ninguna. 
Los Estados miembros y los agricultores insisten en que esto podría crear serios problemas. 
La Comisión es sensible a este asunto y está estudiando en colaboración con los Estados miembros cómo se podrían resolver y minimizar dichos problemas sin comprometer la seguridad. 
No obstante, tomo nota de la sugerencia que hace el presente texto, en el sentido de que cualquier autorización que se conceda para usos esenciales se hará bajo condiciones estrictas. No me olvidaré de transmitir a los Estados miembros este punto de vista del Parlamento. 
Por último, reconozco que existe una cierta impaciencia en lo que se refiere a la adopción por la Comisión de una comunicación sobre el uso sostenible de pesticidas. La comunicación está en las últimas fases de nuestro procedimiento interno de consultas y espero que estará disponible a tiempo para que sus Señorías la incluyan entre su lectura de verano. 
Para terminar, agradezco haber recibido las conclusiones del Parlamento y espero con interés poder volver este mismo año con las propuestas sobre la modificación. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0170/2002) de la Sra. Myller, sobre el informe de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (PE-CONS 3618/1/2002- C5-0171/2002- 2001/0029 (COD) ) por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente. 
. (FI) Señor Presidente, quiero dar afablemente las gracias a todos los que han participado en la elaboración y toma de decisiones en torno al Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, incluidos los ponentes alternativos de los Grupos, los miembros del Comité de Conciliación y su Secretaría, la Presidencia española y la Comisión. 
Todas las instancias mencionadas han contribuido al excelente resultado conseguido en la conciliación. 
También debemos sentirnos satisfechos de este resultado, ya que la gran mayoría de las enmiendas presentadas por el Parlamento han sido aceptadas en la conciliación, pero más satisfechos aún debemos estar porque las enmiendas aceptadas son importantísimas cualitativamente. 
En su conjunto, podemos decir que el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente es una continuación del Quinto Programa de Acción, a pesar de que se haya criticado que cuando se empezó la elaboración del Sexto Programa de Acción, no se había llevado a cabo un análisis suficiente del Quinto Programa de Acción para que le sirviera de base. 
En cualquier caso, la idea que surgió por primera vez en el Quinto Programa de Acción en cuanto a integrar la política medioambiental en todas las demás políticas sigue siendo el centro de gravedad de este Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, y está muy claro que sólo de esta forma podremos avanzar en las cuestiones medioambientales. 
Todos los ámbitos de la política deben esforzarse por sí mismos para conseguir los objetivos medioambientales. 
Estos objetivos deben trazarse atendiendo a consideraciones medioambientales, claro está, pero serán los diferentes sectores quienes tengan la responsabilidad de buscar los medios para alcanzar los objetivos. 
Nos damos cuenta de que esto no es fácil. 
Hoy, en esta Asamblea, hemos abordado el debate sobre la política pesquera y agrícola, y nos hemos percatado de que la incorporación de las cuestiones medioambientales a estos temas tan importantes y esenciales es algo que se antoja harto difícil en la práctica. 
Los instrumentos de apoyo de este Programa- con el fin de garantizar que la ejecución del mismo avance en la dirección correcta- son las estrategias temáticas. 
También me siento satisfecha de que en el procedimiento de conciliación se consiguiese unanimidad con respecto de que el Parlamento tiene pleno derecho de participación en la creación de las estrategias y en la toma de decisiones sobre las mismas, así como que dichas estrategias deben elaborarse con la suficiente flexibilidad. 
En la conciliación se aprobaron muchos principios importantes, entre los cuales quizás merezca la pena mencionar que, por primera vez, tenemos una decisión sobre impuestos medioambientales a escala europea. 
El Consejo debería ahora emprender medidas y analizar cómo y en qué contextos se progresará en esta cuestión. 
De hecho, ya tenemos una decisión sobre el impuesto energético para la Cumbre de Sevilla, por poner un ejemplo. 
Otro principio importante es que estamos obligados, por fin, a proceder a la revisión de las políticas de subvenciones practicadas tanto en los Estados miembros, como en el ámbito de la UE. 
No podemos, bajo ningún concepto, gastarle una mala pasada a la política medioambiental subvencionando actividades perjudiciales para el medio ambiente. 
La lucha contra el cambio climático recibió un nuevo impulso, y se presta mayor atención a las emisiones del transporte en estas acciones conjuntas. 
Por último, quiero destacar de forma particular que la aprobación de la política de medio urbano como nueva estrategia temática por iniciativa del Parlamento representa un reto para todos nosotros, dado que se trata de una cuestión acusadamente horizontal. 
Debemos ser capaces de encontrar contenidos para esta estrategia temática en materia de medio urbano, tanto en lo que se refiere a la mejora de la política medioambiental como al aumento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
Espero que lo consigamos. 
Señor Presidente, quiero felicitar a todos los que han colaborado en el programa, y también a la Comisaria, -ahora diré porqué -, así como al Consejo, porque en las últimas actuaciones de conciliación ha hecho, evidentemente, el máximo esfuerzo por aceptar y acercarse a las posiciones del Parlamento. 
Quiero felicitarla por el tipo de programa que se ha elaborado en esta ocasión. 
Creo que es una demostración de que el tiempo ha enseñado también a la Comisión a trabajar en la línea correcta. 
Y es que un plan de acción medioambiental debe contener grandes directrices, no anexos, no medidas concretas, sino que debe ser la gran percha de la cual tienen que colgar todas las actuaciones futuras. 
Y en ese sentido, la Comisión ha sabido hacer, creo, un programa viable y lleno de sentido común, que le da más autoridad a la propia Comisión y a Europa que un programa ideal lleno de exigencias e imposible de cumplir y de implementar, y que, por tanto, habría sido injusto. 
He de alabar también la elección de las estrategias temáticas. 
Creo que es un paso adelante cualitativo que marca una nueva manera de trabajar, en la cual se van a tener en cuenta valores científicos, se va a elaborar un informe sobre el estado de la cuestión, se van a valorar los costos y la capacidad de implementación y, además, se va a conocer mejor lo que pasa en Europa antes de comenzar las actuaciones. 
Me parece que ésta- las estrategias temáticas -, es una medida que debería extenderse a muchos terrenos. 
Ello nos permitirá, por ejemplo, incluso conocer los costos, que es uno de los aspectos que se están exigiendo: que cuando se defina una política, se definan sus costos. 
A su vez también quisiera llamar la atención sobre el hecho de que las estrategias temáticas han de aplicarse a la política de cambio climático y a las emisiones. 
No puede ser que sólo tengamos estrategias sobre los carburantes de coches, pero no sobre las calefacciones. 
Existe el riesgo, por otra parte, de que la aplicación de las políticas dañe al medio rural; una política fiscal malentendida y generalista para determinados productos puede causar un daño tremendo a los que viven alejados del territorio, que están cuidando el paisaje, que están cuidando el medio ambiente. 
Hago un llamamiento, por tanto, a una aplicación justa y equilibrada. 
. 
(EN) Señor Presidente, Señorías, con ocasión de la segunda lectura, en enero, comenté que existía un amplio acuerdo entre las instituciones sobre el programa y, por aquel entonces, esperaba que ello fuera indicio de que las tres instituciones no tardarían en llegar a un acuerdo definitivo sobre el programa. 
No fui defraudada y en aquella ocasión alabé también el espíritu con que la Sra. Myller, como ponente, abordó la segunda lectura. 
El cuidado y la precisión con que abordó sus enmiendas apuntaba a la posibilidad de alcanzar un compromiso sensato con el Consejo. 
El presente acuerdo proporciona una excelente base para la política medioambiental comunitaria para los próximos diez años. 
Las prioridades son: el clima, la biodiversidad, la salud, los recursos y los residuos. 
Es un programa de acción. 
Quizá la Sra. Schörling olvidó mencionar que se han identificado además 104 acciones diferentes. 
Esto quiere decir que es un programa para todos- tendrán ocasión de comprobar si realizamos dichas acciones o no. 
La integración es la parte central del programa, y el programa es la parte central de la estrategia de la Comunidad para el desarrollo sostenible, que con la ayuda del Parlamento, como quedó demostrado en Estrasburgo a comienzos de este mes, presentaremos en la Cumbre Mundial de Johannesburgo después del verano y que a partir de ahí seguiremos impulsando, naturalmente. 
Una vez más, permítanme dar la enhorabuena a la Sra. Myller; gracias, en buena medida, a ella y a todos los colegas del Parlamento Europeo que se han esforzado por sacar adelante esta propuesta hasta el borde de la aprobación, tenemos ahora este nuevo Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente. 
Los grandes esfuerzos, sin embargo, no han hecho más que empezar, especialmente para la Comisión. 
Espero que la cooperación entre la Comisión y el Parlamento se mantenga en la aplicación de este programa. 
La próxima vez, cuando se presente una ocasión oficial, deberíamos sacar el champán. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0163/2002) del Sr. Lange sobre el informe de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación sobre el texto conjunto de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (PE-CONS 3615/2002- C5-0136/2002- 2000/0136 (COD) ) por la que se modifica la Directiva 97/24/CE relativa a determinados elementos y características de los vehículos de motor de dos o tres ruedas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, ' Un claro endurecimiento? , así valoraba el lunes un importante diario la normativa sobre los gases de escape que vamos a adoptar mañana. 
Con esta normativa hemos avanzado, en efecto, un nuevo paso en la reducción de las emisiones a la atmósfera de sustancias nocivas procedentes de la combustión de los motores. 
Con la nueva normativa que tenemos sobre la mesa, a partir de 2006, las motocicletas y los ciclomotores serán tan limpios como un automóvil moderno, matriculado tras la entrada en vigor de la norma Euro-III. 
Se ha requerido un largo procedimiento para conseguirlo. 
En el pasado, la normativa sobre emisiones había dejado un poco al margen a los vehículos motorizados de dos ruedas. Esto había conducido a que los valores límite actualmente autorizados para los mismos sean varias veces superiores a los valores límite para otros vehículos de motor, como pueden ser los automóviles o los camiones. 
Es absolutamente injustificable que las emisiones de una motocicleta, que transporta a una sola persona, sean 17 veces superiores a las de un automóvil, que puede transportar a cuatro personas. 
Por lo tanto, era acertado y necesario promover unas normas razonables también en este aspecto y yo creo que el resultado que finalmente hemos conseguido es también modélico. 
Hemos logrado establecer unos valores límite que reducen las emisiones admisibles en un 75% como promedio. 
Yo creo que es un porcentaje del que todos podemos sentirnos satisfechos. 
Vamos a alcanzar esta meta en dos fases vinculantes. 
En este aspecto hemos tenido algunos enfrentamientos, pero finalmente llegamos a un acuerdo sobre esta segunda fase vinculante. De manera que en 2006 se habrá podido conseguir esta considerable reducción en todos los ciclomotores y motocicletas de nueva matriculación. 
Además de fijar unos valores límite, también hemos incorporado, no obstante, otras garantías adicionales, de manera que los valores límite, además de quedar muy bien en el momento de la matriculación, también se traduzcan en una verdadera reducción de las emisiones de las motocicletas y ciclomotores en la calle. 
Acordamos que los valores límite deberán mantenerse durante 30.000 kms. 
También será preciso garantizar, por lo tanto, en la práctica, sobre el terreno, que las motocicletas sigan funcionando de manera limpia. 
Acordamos asimismo que, cuando existan sospechas fundadas, las autoridades podrán establecer una vigilancia sobre el terreno y controlar los modelos de un determinado tipo para comprobar si existe un fallo mecánico, técnico o tal vez de mantenimiento que ocasione unas emisiones más altas. 
Y acordamos asimismo que nadie debe hacer trampa y no se autorizará el uso de dispositivos electrónicos de cierre. 
Se conocen algunos casos de fabricantes que han conseguido excelentes resultados durante el ciclo de ensayo, pero cuando el vehículo circula fuera de ese contexto, las emisiones se disparan. 
Esto no debe suceder. 
También hemos llegado a un acuerdo al respecto, de manera que el paquete resultante tenga pies y cabeza. 
Esto también queda de manifiesto en las ligeras modificaciones introducidas en los requisitos que deberán cumplir las pruebas de homologación. 
Hasta ahora, las pruebas se realizaban con la motocicleta caliente a una velocidad de 50 km/h. Naturalmente esto está muy alejado de las condiciones reales de funcionamiento. 
Por esto, decidimos que la medición debe comenzar con la motocicleta fría y debe comprender también velocidades más altas, incluido un recorrido interurbano, pues en la práctica las motocicletas, evidentemente, raras veces circulan a una velocidad máxima de 50 km/h. 
En el procedimiento de conciliación también llegamos finalmente a un acuerdo al respecto. 
En este sentido, yo creo que es posible afirmar con plena justificación que hemos marcado un pequeño hito en la historia de la calidad del aire en Europa, un verdadero triunfo para la Unión Europea, que permitirá que el aire esté considerablemente más limpio en Europa. 
Doy las gracias a cuantos han contribuido a ello. 
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(EN) Señor Presidente, en primer lugar, permítame expresar mi agradecimiento al Parlamento Europeo y, en particular, al ponente, Sr. Lange, por haber demostrado la voluntad necesaria para llevar a término el acuerdo de conciliación con el Consejo sobre este expediente. 
Permítame expresar también el deseo de que alguna vez tratemos sobre el informe del Sr. Lange durante el día. 
Ya es la séptima vez que iniciamos dicho debate a una cercana a las 11 de la noche. 
Podemos sentirnos satisfechos de que se haya alcanzado un acuerdo sobre los valores límite para las emisiones contaminantes aplicables a los vehículos de motor de dos o tres ruedas. 
Este acuerdo permitirá, en última instancia, introducir un nuevo ensayo especial para motocicletas en los niveles de 2006 como opción a la elección del fabricante. 
La aplicación de este ensayo en la UE garantizará los mejores controles medioambientales posibles sobre dichos vehículos. 
Mantendremos nuestros esfuerzos para finalizar estos ciclos de ensayo sobre una base armonizada con las otras partes tan pronto como sea posible. 
En este sentido, la Comisión presentará una propuesta lo antes posible, si es factible antes de final de año, al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la introducción de este nuevo ciclo especial junto con los valores límite adecuados para las emisiones que sean equivalente a aquéllos ya previstos para 2006 en dicho acuerdo. 
Al mismo tiempo, estudiaremos a partir de qué fecha un nuevo ensayo especial para motocicletas se convertirá en el único ensayo para el procedimiento que debe seguir el usuario para obtener la homologación regular. 
En este sentido, la Comisión quisiera hacer una declaración que ya ha circulado por las instituciones y que es la siguiente: la Comisión reafirma su objetivo de garantizar la mejor protección posible del medio ambiente según establece el apartado 3 del artículo 95 del Tratado. 
De conformidad con su propuesta de incluir el nuevo ciclo de ensayo especial para motocicletas en la fase de 2006, tal y como establece el apartado 5 del artículo 4, la Comisión también estudiará la fecha en que este ensayo se convertirá en el único procedimiento de ensayo para la homologación a nivel de la UE. 
La Comisión toma nota de la decisión de los colegisladores en el artículo 3 A, según la cual deberá presentar una propuesta que defina el tiempo de vida normal y establecer disposiciones complementarias. 
En esta ocasión, la Comisión recuerda que en virtud del derecho de iniciativa que le otorga el Tratado, corresponde a la Comisión estimar el momento oportuno y el contenido de la propuesta que deberá presentar. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de dos preguntas orales (B5-0019/02) e (B5-0020/02) a la Comisión sobre la situación del sector europeo de la construcción naval. 
Señor Presidente, ya sé que voy a repetir lo que ha dicho la precedente oradora, porque, claro, aquí no hay más que sota, caballo y rey. 
Y una vez más nos reunimos en esta Cámara para hablar de la construcción naval y las prácticas desleales de Corea del Sur en este sector. 
No me cabe ninguna duda de que, mientras estamos aquí discutiendo si son galgos o podencos, los astilleros coreanos estarán trabajando a pleno rendimiento. 
Me permito también recordar que esta discusión sobre las prácticas desleales de este país asiático comenzó en 1998 y, hasta el momento, no se ha actuado contra la República de Corea del Sur, sino que aquí pasamos el tiempo discutiendo la idoneidad o no de incluir una u otra categoría dentro del mecanismo de defensa, que la Comisión Europea ha diseñado hace ya casi dos años. 
Creo que no me equivoco si digo que a este ritmo acabaremos incluyendo los barcos de recreo. 
También me gustaría recordar que en esta misma Cámara ya se aprobó en noviembre de 2001 la inclusión de los buques gaseros, ferrys y barcos para el transporte de vehículos rodantes, que, por otra parte, forma parte de la queja a la OMC, pero no estaban incluidos en el mecanismo de defensa. 
Sorprendentemente, dicha propuesta no obtuvo el apoyo necesario en el Consejo, por lo cual todo el expediente continúa detenido. 
Esto es verdaderamente vergonzoso. 
Me gustaría hacer un llamamiento a la solidaridad entre los países de la Unión, solidaridad sobre la que hemos edificado esta Europa comunitaria y que en los últimos tiempos, parece haberse eclipsado en cierta forma, ya que sin ella, en un breve espacio de tiempo, los astilleros europeos habrán desaparecido, y nosotros seremos los responsables ante miles de familias. 
. 
(EN) Señor Presidente, a pesar del apoyo del Parlamento Europeo el pasado noviembre y de las expectativas de la Comisión de que las negociaciones en el Consejo tendrían un resultado positivo, en la reunión de Ministros de Industria del pasado mes de diciembre no se tomó ninguna decisión sobre el mecanismo temporal de defensa. 
A petición de la industria europea, la Comisión emprendió la actualización de su Reglamento sobre obstáculos al comercio, investigación que acaba de concluir. 
La Comisión tomó nota de los resultados del informe sobre dicho Reglamento en su sesión de 7 de mayo y autorizó su transmisión al Consejo. 
El informe sobre el Reglamento sobre obstáculos al comercio en su versión actualizada será objeto de negociaciones con los Estados miembros y el Comité de dicho Reglamento el 29 de mayo. 
Las conclusiones de la investigación sobre la actualización confirman los resultados de la primera investigación en lo que respecta al sector de los buques contenedores y los buques cisterna para el transporte de productos petroleros y químicos, a saber, que las subvenciones coreanas en cuestión están teniendo repercusiones adversas para el sector de la UE según los términos del Acuerdo sobre subvenciones de la OMC. 
En cuanto a los acontecimientos de 2001 relativos al sector de los buques cisterna para el transporte de gas natural, el Reglamento sobre obstáculos al comercio actualizado hace hincapié en el considerable incremento de las cuotas de mercado de Corea y llega a la conclusión de que es necesario un nuevo examen para determinar si esta tendencia se mantiene a más largo plazo. 
La Comisión continuará, por consiguiente, vigilando el mercado. 
La propuesta de la Comisión sobre el mecanismo temporal de defensa, que fue sometida al Parlamento Europeo para consulta en noviembre de 2001, volverá a ser debatida, según las previsiones provisionales, durante la próxima reunión del Consejo de Industria, previsto para el 6 de junio. 
La Comisión insiste en la necesidad de una respuesta doble conjunta, es decir, la queja de la OMC y el mecanismo temporal de defensa. 
Asimismo, la Comisión acoge favorablemente la posición común aprobada por los miembros de la OCDE en París de lanzar nuevas negociaciones sobre un nuevo acuerdo relativo a la construcción naval en la que participen los principales países con construcción naval que no son miembros de la OCDE. 
La Comisión considera que éstos son pasos importantes hacia una solución de los problemas ocasionados por las prácticas coreanas en relación con el caso del Reglamento sobre obstáculos al comercio y el mecanismo temporal de defensa, así como, a largo plazo, el acuerdo de la OCDE. 
En consecuencia, se propone participar activamente en dichas negociaciones y evaluar detenidamente los acontecimientos. 
Ha habido también otras preguntas detalladas a las que puedo responder en la forma de nuestro Informe anual y tras haber consultado a mis colegas que trabajan en este expediente, el Sr. Lamy y el Sr. Monti. 
Señor Presidente, éste es un tema al que volvemos con cierta regularidad. 
Es la misma alianza cada vez y esto no mejora el tema. 
Parece fuera de cualquier duda que los surcoreanos conceden ayudas de Estado ilegales de acuerdo con las normas de la OMC. 
La Comisión es la única responsable para demandar ante la OMC a Corea del Sur. 
Sin embargo, a pesar de las inequívocas peticiones realizadas desde el Consejo y el Parlamento Europeo, la Comisión y el Comisario Lamy, como responsable de este ámbito, hasta la fecha han mostrado una capacidad impresionante para hacer caso omiso de estas peticiones. 
El Sr. Lamy se niega por razones absolutamente incomprensibles a presentar una demanda ante la OMC, a menos que simultáneamente se introduzcan ayudas de Estado a los astilleros europeos. 
O dicho de otro modo: el Sr. Lamy sólo intentará que se reconozca la práctica surcoreana como ilegal si la propia Europa introduce una práctica ilegal. 
A mi modo de ver, nosotros en Europa sólo dañaremos nuestra propia causa con semejante modo de proceder, sin embargo, es de esperar que usted, Sr. Liikanen, explique la sabiduría de esta posición, aunque lo dudo. 
Como ponente, el pasado otoño trabajé mucho en contra de esta interconexión y sigo siendo contraria. 
Las ayudas de Estados nunca han tenido ningún beneficio y tienen un coste alto para los Estados miembros. 
Me gustaría pedirle encarecidamente al señor Comisario Lamy, como por lo demás también ya he hecho en la carta aún sin contestar que le remití junto a mi colega finlandesa, la Sra. Kauppi, que denuncie inmediatamente ante la OMC a Corea del Sur. 
Esto mismo propone el Grupo ELDR en la enmienda 3. 
En los astilleros daneses ya se ha comenzado a despedir a trabajadores con la justificación de que ya no se puede competir con las ayudas de Estado masivas de los coreanos. 
Éste es por tanto un tema muy importante, sobre todo para la zona por la que he sido elegida y pido encarecidamente que se inicie una demanda ante la OMC. 
En cuanto a la cuestión relativa al desempleo, me remitiré a la enmienda 4 del Grupo ELDR. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, esta misma tarde, en una opinión que comparto, un colega parlamentario calificaba la propuesta de la Política Común de Pesca presentada por el Comisario Fischler diciendo que era la técnica de cortar la cabeza para curar la jaqueca. 
Dos actividades tan vinculadas entre sí, la pesca y la construcción naval, constituyen hoy una honda preocupación en muchos Estados miembros, en regiones de la Unión Europea como Galicia y en ciudades como la mía, Vigo, donde construcción naval y pesca son fuente de empleo y medio de vida para muchas familias. 
En diciembre del pasado año 2000, un informe de este Parlamento recogía las amenazas para la construcción naval en Europa: crisis del sector pesquero, banderas de conveniencia en la marina mercante, riesgos de construcción de barcos con pabellón de un país comunitario fuera de Europa. 
Todo esto porque no somos capaces de resistir una situación de competencia desleal ante una realidad de deslealtad y de dumping. 
Eso sí, en espera de que Comisión y Consejo adopten decisiones de profundo calado político, valientes y decididas. 
Pienso que el sector naval acepta y quiere los objetivos de la Unión Europea: saneamiento de la industria de la construcción naval, aumento de la productividad, mejora de la competitividad de los astilleros, mejora del medio ambiente, objetivos alcanzables en una situación de transparencia e igualdad, pero no desde la desventaja del dumping y la competencia desleal. 
Por eso pedimos que se establezca un vínculo entre el mecanismo defensivo temporal y las decisiones que adopte la OMC en las acciones emprendidas por la Comunidad contra Corea, y por eso pedimos también la extensión del mecanismo protector a segmentos del mercado tales como buques gaseros, ferrys y buques Roll on- Roll off (Ro-Ro) , pues a ellos se extiende también la reclamación presentada ante la OMC, además de los buques contenedores, los buques cisterna para el transporte de productos petroleros y químicos y los buques cisterna para el transporte de gas natural. 
Concluyo: apruébese el Reglamento antes de que sea tarde, porque los astilleros hayan cerrado sus puertas ante la impotencia. 
Y lo que es peor, si la Unión Europea no apuesta a través de ayudas temporales por la construcción naval, estará quizá invitando a quienes practican el dumping y la deslealtad a extender esas prácticas a otros sectores de la actividad económica, como la automoción, la electrónica. 
Una y otra posibilidad son incompatibles con la transparencia y la libre competencia que quiere Europa y queremos los europeos. 
Señor Comisario, no lleguemos tarde. 
Desaparecerá la jaqueca porque antes hemos perdido la cabeza. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
He recibido cuatro propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del reglamento. 
Señor Mombaur, yo mismo fui testigo de las intervenciones de la Sra. Kla. 
De hecho, puedo recordar también que usted introdujo este aspecto de la omisión del deber de socorro. 
Permítame que le comunique a usted y a la Asamblea que la Mesa se ocupó ayer de este caso y que emitirá un informe escrito que pondrá en claro todo lo relacionado con esto. 
Ruego a mi pequeño equipo de aquí que añada al Acta este aspecto de la omisión del deber de socorro- en la versión alemana es la página 17- en lo que respecta a la intervención oral de nuestro colega, el Sr. Mombaur. 
(El Parlamento aprueba el Acta de la sesión anterior.) 
Señor Presidente, señoras y señores, Señorías, la propuesta de la Comisión al Consejo del 25 de julio de 2001 relativa al régimen de ayudas estatales a la industria del carbón tiene una serie de cualidades y un pequeño defecto. 
La primera de esas cualidades es que resulta indispensable. 
La segunda es que se trata de un paso importante en la dirección correcta para esta industria. 
El ligero defecto es que contiene una serie de imprecisiones que no se han señalado en comisión. 
Esta propuesta resulta indispensable ya que el régimen precedente finaliza en julio de 2002; de ahí la necesidad de disponer de un nuevo texto. 
Es indispensable sobre todo porque expira el Tratado CECA, base jurídica del precedente reglamento de ayudas a la industria del carbón. 
Ahora bien, la reestructuración de la industria del carbón no ha terminado en Europa y por tanto no se podía no disponer de un nuevo texto, de un nuevo reglamento sobre este régimen de ayudas estatales. 
Esta propuesta es también un paso en la buena dirección en la medida en que prevé la finalización de las ayudas a la producción para 2007. 
Efectivamente, creo que es inevitable y deseable incluir el fin de estas ayudas por la reintegración de los productos del carbón y del acero en el derecho común del Tratado de la Unión Europea después de que expire el Tratado CECA. 
Mi atención y el debate en comisión se han centrado en la novación de mi punto de vista de este texto, una novación importante ya que consiste en el apoyo a la constitución de lo que se llama un? nivel básico de fuentes autóctonas de energía primaria? destinado a preservar la independencia de la Unión Europea para este producto. 
Esta creación es un poco sorprendente en un texto que a priori no tiene más que un objetivo técnico. 
En cualquier caso, merece y ha merecido por mi parte y por la de una serie de colegas las observaciones siguientes: ¿Europa estaría amenazada si no se hubiera constituido este nivel básico de fuentes autóctonas de energía primaria? 
¿Hay un interés estratégico en la constitución de un nivel así? , en otras palabras, ¿el carbón es estratégico y la producción autóctona de carbón en unos ciertos límites es estratégica para la Unión Europea? 
Mi respuesta a estas dos preguntas es negativa. 
Considero, y los expertos también, que el mercado del carbón se caracteriza a nivel mundial tanto por una gran dispersión de la oferta como por una gran estabilidad de los precios a medio y a largo plazo. 
El riesgo de penuria es bastante bajo. 
Además, muchos productos podrían aspirar a un nivel estratégico y por tanto las respuestas obtenidas de la Comisión- lo lamento- me han llevado a proponer la disociación de esta novación en este texto para tratar el problema. 
El periodo de validez de este reglamento está fijado para 2010. 
Yo propuse que fuera en 2007 por una preocupación por la coherencia ya que era el año de suspensión de las ayudas a la producción en la propuesta de la Comisión. 
No fui seguido por la Comisión de Industria- lo lamento- y mi informe fue rechazado. 
Así las cosas, les propongo que voten este informe en el texto inicial de la propuesta de la Comisión porque a pesar de estas incertidumbres, de estas imprecisiones, de estas sombras, el texto propuesto va en la buena dirección; la de un apoyo a la reestructuración de la industria del carbón, pero un apoyo que estará limitado en el tiempo. 
Creo que es éste el sentido que hay que dar a esas ayudas, que no pueden durar indefinidamente. 
Señor Presidente, estimados colegas, creo que la propuesta de reglamento que presentó la Comisión hace aproximadamente un año constituye ya un compromiso bueno y razonable entre los encontrados intereses que ha habido en la Comisión y en los Estados miembros. 
Que éste no es un mal compromiso lo pone de manifiesto el hecho de que estos intereses y opiniones encontrados se han dado también en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y si luego, en la segunda fase, nos ponemos de acuerdo en que queremos apoyar precisamente esta propuesta de la Comisión, que tiene ya una antigüedad de casi un año, esto habla un poco a favor de esta propuesta. 
Nosotros, mi Grupo, la apoyaremos después en la votación, en cualquier caso, sin modificaciones, y nos atendremos al acuerdo que se adoptó en comisión. 
No obstante, aunque nuestro colega, el Sr. Novelli, haya hecho un par de comentarios críticos desde su punto de vista, yo hago esto desde el mío, pues en cualquier apoyo se pueden tener en los detalles posiciones muy diferentes. 
Señor Novelli, si la traducción ha sido correcta, usted ha dicho en dos ocasiones que según la propuesta de la Comisión las ayudas a la producción se van a suprimir en 2007. 
Precisamente esto no es cierto, sino que las ayudas a la producción continuarán hasta 2010. 
También está bien que así sea. 
Las ayudas al cierre de explotaciones terminarán en 2007. 
En este punto tengo un pequeño problema: desde el punto de vista de que queremos tener semejante pedestal estratégico y que, naturalmente, continuaremos necesitando todavía adaptaciones en la capacidad, me puedo imaginar muy bien que, naturalmente, también se necesiten luego ayudas al cierre de las explotaciones y ayudas a la reconversión, sobre todo si se afirma que este pedestal debe estar cimentado mediante una normativa de autorización de las ayudas. 
En tal caso, un país miembro, no importa cuál se, no podrá hacer lo que quiera, sino que esto debe seguir sometido también hasta 2010, y posteriormente, al control de la normativa de la Comisión relativa a las ayudas. 
Tengo algunas dificultades en otro punto, en concreto, en la regresividad de las ayudas. 
Es correcto que éstas se empleen de manera regresiva. 
Lo que propone la Comisión me parece un tanto esquemático en exceso. 
Ahí recomendaría yo al Consejo que reflexione un poco acerca de si no se puede remitir a lo que el Tribunal de Justicia Europeo decidió en una sentencia correspondiente en 1998. 
El último punto es la cláusula de revisión después de 2007 que ha sido mencionada en la propuesta: también aquí deberíamos reflexionar; por lo demás, otorgaremos una conformidad sin restricciones a la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, en relación con el informe Novelli sobre la industria del carbón de la Unión Europea, -como todos ustedes saben -, el citado informe fue rechazado por la comisión ITRE el pasado 23 de abril. 
Dicho informe, lejos de contribuir a alcanzar el consenso en torno a la propuesta de la Comisión Europea, juzgada por la mayoría de los miembros de nuestra comisión parlamentaria como equilibrada y completa, suponía la muerte súbita para la industria europea del carbón. 
Por un lado, suponía el recorte de las ayudas a las empresas del sector, así como la reducción de los plazos, durante los cuales nuestra industria sería susceptible de recibir dicha asistencia. 
Dada la importancia de la materia, especialmente para las familias y comarcas que, dentro de la Unión Europea, dependen únicamente de esta actividad, la mayoría de los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía nos hemos puesto de acuerdo en torno a un texto de consenso, equilibrado y justo, que no es otro que la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea. 
Dicho Reglamento contempla mantener las ayudas a este sector, como mínimo, hasta diciembre de 2007. 
Durante este período, la Comisión Europea evaluará la evolución del sector, tanto a nivel comunitario como mundial, y presentará en su caso nuevas propuestas. 
Por otra parte, conviene también recordar que la citada fecha está de alguna forma subordinada a la seguridad en el suministro energético que la Unión Europea necesita, siendo este un factor que la Comisión Europea tendrá sin duda en cuenta a la hora de formular nuevas propuestas. 
Creemos que se trata de un tema importante y hay que llevarlo como un tema prioritario. 
Señor Presidente, señora Comisaria, efectivamente el informe original del Sr. Novelli fue rechazado porque al votar las enmiendas nos dimos cuenta de que el texto final era totalmente incoherente. 
Se habían incorporado, por una parte, las posiciones de aquellos que querían suprimir las ayudas a esta industria, fundamental para el abastecimiento energético y para la cohesión social en nuestros países, y, por otra parte, otros hubiéramos deseado ir más lejos y tener una mayor certidumbre de qué es lo que va a suceder a partir del 2010. 
Por ese motivo, el informe fue rechazado en comisión y se le encargó al presidente- es decir, a mí- que hiciera las gestiones necesarias para remediar este problema, porque nos hubiéramos quedado sin la posibilidad de emitir una opinión ante la decisión del Consejo. 
Precisamente por eso me puse en contacto con el Sr. Novelli- puesto que él había trabajado ya en este informe- y además, por cortesía parlamentaria, me parecía oportuno consultarle por si quería presentar el único texto que podía recibir un consenso, que era el texto de la Comisión, y el Sr. Novelli aceptó y yo se lo agradezco. 
A él le parece un paso en la buena dirección, a mí también, a él le parece que va demasiado lejos, a mí me parece que se queda demasiado corto pero, sin embargo, es el único texto posible, y por eso nosotros pensamos que debemos darle el apoyo mayoritario y, además, cumplir con el acuerdo entre los distintos grupos, es decir, no aceptar ninguna enmienda que modifique el texto de la Comisión. 
A partir de este momento, la pelota estará en el campo del Consejo y esperamos que éste adopte una solución en línea con la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, como tengo un minuto voy a ser muy breve. 
Los Verdes estamos a favor de las ayudas a la reestructuración porque tenemos la obligación de acompañar las reestructuraciones de las regiones hulleras para dar una perspectiva a los obreros y a las familias que viven en ellas. 
Sí, nos oponemos categóricamente a las ayudas con un argumento de seguridad de abastecimiento porque hay un mercado mundial de la energía que es líquido, cuyos precios no han variado en los últimos veinte años y en el que los países de procedencia son estables: Estados Unidos, Australia, Brasil y Sudáfrica. 
Es ridículo dar millones de euros para subvencionar carbón en Europa que es tres, cinco, diez veces más caro cuando el mercado mundial es líquido. 
Si se hiciera esta política económica en otros ámbitos, creo que sería un retorno al nacionalismo y el final del comercio mundial, si cada continente hiciera este tipo de política. 
Señor Presidente, señoras y señores, en un futuro previsible el carbón mineral seguirá desempeñando un papel importante en el abastecimiento de energía. 
En esto coincido con la Comisión, si bien la proporción del carbón mineral en la producción de energía es francamente reducida en comparación con las demás fuentes de energía primaria. 
Creo, incluso, que la Comisión debería haberse referido con más fuerza a las capacidades no utilizadas aún hasta ahora en la obtención de energía a partir del carbón mineral ya que mediante una mejora de los procedimientos técnicos y, en especial, mediante la combinación con la energía térmica se puede lograr un grado mayor de eficacia. 
Si se integran, como es correcto, las fuentes autóctonas de energía primaria en la estrategia europea de abastecimiento energético y, con ello, se integra también al carbón, ello conducirá necesariamente a que los Estados miembros hayan de tener el derecho de concesión de ayudas a este sector pues la producción comunitaria de carbón no es competitiva frente a las importaciones a causa de las condiciones geológicas y de los estándares medioambientales y sociales en la UE. 
Por consiguiente, los grupos propuestos por la Comisión- ayudas a las unidades de producción, ayudas al cierre de explotaciones y ayudas a la cobertura de cargas heredadas del pasado- tienen sentido y son necesarios, aunque se pueda ser de otra opinión respecto del periodo de vigencia de este reglamento. 
En la propuesta de la Comisión echo de menos una cosa: en relación con la futura ampliación de la Unión Europea la introducción de los países candidatos a la adhesión, productores de carbón, al ámbito de cobertura de este reglamento es inalienable a partir de su adhesión, aunque los plazos previstos para la misma son demasiado cortos para acometer las reconversiones necesarias y dolorosas en la minería del carbón de Polonia y Chequia, por ejemplo. 
No obstante, Polonia produce más carbón que toda la Unión Europea en su conjunto. 
En el año 2000 produjo 1.200 millones de toneladas frente a los 85 millones de toneladas de la Unión Europea. 
Aquí es preciso un ajuste. 
Mi Grupo apoya la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, la Comisión ha hecho una propuesta y el Parlamento no propone modificación alguna. 
Los Estados miembros, que quieren introducir ayudas al carbón deben decidir esto ellos mismos y responder de ello, incluso sobre el trasfondo de que aquí se pagan subvenciones muy elevadas cuyos fondos faltan quizá para el fomento de otras industrias de futuro. 
Esto es un asunto que afecta a la Unión Europea en la medida que ésta tiene que constatar la compatibilidad de estas ayudas con el mercado europeo. 
Para esto, señora Vicepresidenta- quiero dirigirme directamente a usted, si me hace el favor de escucharme- no se necesita una mayoría cualificada en el Consejo. 
No debe parecer que se está generando en el Consejo una unanimidad, superflua en sí misma, tal como se intenta ahora mediante una chalaneo sin precedentes siguiendo el modelo de la conferencia chalanera de Niza. 
No puede ser que ayudas, evidentemente antijurídicas, de otros Estados miembros se sancionen en el camino de búsqueda de un acuerdo por unanimidad. 
De esta suerte en Francia, en Italia y en los Países Bajos se han debido declarar ayudas a transportistas como no nocivas al mercado interior. 
Esto significa por año y camión una subvención de 7000 euros en beneficio de transportistas de unos países y en detrimento de transportistas de todos los demás países. 
Es un escándalo que algo así se vaya a sancionar por unanimidad en el Consejo violando los Tratados europeos. 
Semejante política, señora Vicepresidenta, viola de manera palmaria los Tratados con consecuencias imprevisibles. 
Quiero afirmar que no se dan las condiciones requeridas- también por unanimidad- para tales autorizaciones a tenor de los Tratados y quiero instar a la Comisión que impugne ante el Tribunal de Justicia Europeo e impida, en lo posible, los resultados del chalaneo habido en el Consejo. 
Señor Presidente, vivo en una región muy pequeña que se llama Asturias y que está castigada por diferentes reconversiones en los últimos años, en concreto y de eso hablamos hoy en la minería. 
Hemos pasado en estos últimos años de veinticuatro mil mineros a cerca de ocho mil. 
Por lo tanto, yo comparto el deseo de mis compañeros- del Presidente de la Comisión de Industria, Sr. Westendorp y del Sr. Rapkay- de que aprobemos la propuesta de la Comisión por varias razones. 
En primer lugar, porque garantiza las ayudas hasta el 2010 y nos da tiempo. 
En segundo lugar, porque también habla de las emisiones de CO2, y recuerda muy bien que, con el descenso de la producción de carbón, han descendido las emisiones de CO2 ligadas a su utilización, y porque plantea que, con las directivas actuales sobre emisiones, las industrias están obligadas a que sus nuevas plantas de transformación sean más serias en la lucha contra la contaminación y utilicen las últimas técnicas disponibles. 
También recuerda la Comisión las consecuencias sociales y territoriales, y nadie aquí puede olvidarlas. 
Yo creo que cada uno de nosotros sabe que en Alemania, en Asturias, en León (nuestra comunidad autónoma vecina) ocurre lo mismo y sabemos lo que ocurre cuando las familias de los mineros, y toda la industria que vive alrededor, se quedan sin trabajo. 
Por lo tanto, la Comisión recuerda también la necesidad de mantener la cohesión territorial. 
Y hay que tener en cuenta, señor Presidente, que el último acuerdo, por ejemplo en España, entre el Gobierno y los sindicatos, amplía las reducciones de producción. 
Acabo diciendo, señor Presidente, que si tenemos alguna preocupación con respecto a la propuesta de la Comisión es sobre lo que ocurrirá a partir de 2010. 
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero agradecer, en nombre de la Comisión, al Parlamento Europeo y a su ponente, el Sr. Novelli, y al Presidente de la Comisión de Industria, Sr. Westendorp, el trabajo que han realizado en esta área y, en particular, su dictamen favorable a la propuesta de Reglamento del Consejo sobre las ayudas de Estado a la industria del carbón. 
Sé que ha sido una cuestión compleja, pero, como se ha comprobado hoy en las intervenciones, creo que al final- y lo decía muy bien el Sr. Westendorp- el texto que hemos presentado es el único en torno al cual se puede crear este consenso y que puede permitir dar una salida y una solución frente a un Tratado que expira. 
Como ha dicho el Sr. Novelli, se trata de una innovación. 
Sí, en cierto modo, es una innovación cuando pasamos de una garantía que ofrece un Tratado específico a un Reglamento interno dentro de las normas generales. 
En cualquier caso, yo espero y confío en que el Consejo pueda ahora alcanzar un acuerdo político en el Consejo de Energía del 7 de junio, contando además- espero que gracias a los votos de este Parlamento- con el apoyo de esta Cámara, y que, con el Consejo, terminemos el procedimiento para aprobar este Reglamento. 
La propuesta de la Comisión se basa en las reflexiones del Libro Verde sobre una estrategia europea para la seguridad y el abastecimiento energético, y es verdad que no se trata aquí de si estamos amenazados o no amenazados. 
Yo creo que lo que hay que considerar es si somos más frágiles o menos frágiles, si estamos más seguros o menos seguros, porque creo que ése es el concepto que hay que tener en mente. 
Y no es exactamente lo mismo estar amenazados que ser más frágiles. 
Y yo creo francamente, y por eso es por lo que he hecho esta propuesta, que precisamente el mantenimiento de unas reservas estratégicas de carbón es lo que permite que estemos más seguros y que seamos menos vulnerables frente a ciertas situaciones de crisis. 
Toda la cadena de suministro de energía presenta precisamente puntos en que somos muy vulnerables. 
Yo creo que, después de lo sucedido el 11 de septiembre, hay que pensar que ciertamente se trata de riesgos muy remotos, pero que, lamentablemente, estos existen y no podemos ignorarlos. 
A lo largo de los últimos años, la Comisión Europea ha venido presentando propuestas con el fin de fomentar la contribución de las energías renovables, fundamentalmente dentro de lo que son fuentes de energía primaria autóctonas. 
Propuestas que suponen incrementar nuestra seguridad de abastecimiento. 
En ese sentido, es importante que los Estados de la Unión, que disponen de recursos de carbón, cuenten con un marco comunitario que les permita seguir manteniendo el acceso a los mismos y mantener un mínimo de producción que garantice tal acceso, dentro de ese enfoque de seguridad de abastecimiento, a unos mínimos de energías primarias autóctonas. 
Señorías, por lo que se refiere a las enmiendas que plantea el Sr. Turmes, la Comisión considera que la propuesta de retirada de referencias a la contribución del carbón y de las energías renovables, a la creación de una base de fuentes de energía primaria autónomas, no es coherente con los principios de consolidación de la seguridad de abastecimiento y, por lo que acabo de decir, no podemos aceptarlas. 
Queremos insistir en que, a la hora de abordar los temas relacionados con energía y medio ambiente, su enfoque es global y tiene en cuenta todos los temas relacionados con las fuentes energéticas y con su utilización. 
En relación con la enmienda en la que se afirma que el objetivo del nuevo Reglamento es una incorporación de los productos del carbón al Derecho comunitario, la Comisión considera que los productos del carbón entrarán de facto a formar parte del ámbito de aplicación del Tratado CE una vez que expire el Tratado CECA. 
Por lo tanto, consideramos que es innecesaria esta enmienda. 
Entendemos que la propuesta de la Comisión, Señorías, es una propuesta que yo calificaría incluso de severa por la exigencia de continuar con la reestructuración de la industria mediante el cierre de aquellas unidades de producción que no contribuyan al plan de salvaguarda de los recursos de carbón y por el refuerzo de los principios de reducción progresiva y de transparencia en la concesión de las ayudas de Estado. 
Pero entiendo que es lo que se puede y se debe presentar en este momento. 
Además, entendemos que es coherente con los tres pilares del principio de desarrollo sostenible: seguridad de abastecimiento, racionalidad económica, cohesión social y regional. 
Hace un momento oíamos cómo- aportando el conocimiento muy directo de una región como la asturiana- se nos planteaban estas cuestiones. 
Respecto al medio ambiente, contempla la promoción de la tecnología más limpia. 
Por último, nuestra propuesta- que espero que hoy reciba el dictamen favorable del Parlamento Europeo- tiene en cuenta la dimensión de la ampliación de la Unión Europea, como ha dicho alguna de sus Señorías en su intervención. 
Polonia y la República Checa deben continuar con el proceso de reestructuración en curso desde hace más de una década y, gracias a esta propuesta, les damos un marco donde poder llevar a cabo esas modificaciones. 
Señorías, señor Presidente, quiero agradecer muy sinceramente todas las intervenciones, incluso las que han sido más críticas, y creo que el texto es un texto equilibrado, que comprendo que no satisface del todo a unos por poco y a otros por mucho, pero creo que es lo que en este momento se puede y se debe plantear para mantener una estabilidad y un marco claro de relaciones en este sector clave en algunas regiones europeas especialmente, pero también clave de cara a la ampliación y clave de cara a la seguridad del abastecimiento energético. 
Distinguido señor Presidente, distinguidas señoras y señores, la Comisión de Medio Ambiente ha elaborado, a mi juicio, una muy buena, muy buena opinión sobre el informe de nuestro colega, el Sr. Bradbourn. 
Lamentablemente, las señoras y señores de la Comisión de Transportes no tienen tanta conciencia medioambiental, como es el caso en la Comisión de Medio Ambiente, pero de las cosas de las que uno se ocupa menos, entiende también un poco menos. 
No obstante, nos volveremos a encontrar cuando se trate de estar dispuestos a apoyar el desarrollo de las conexiones con los países que limiten con la UE y de las conexiones entre los Estados miembros de la UE. 
Considero esto muy importante en relación con la ampliación de la Unión Europea. 
Un buen éxito ha obtenido, ciertamente, la Comisión de Medio Ambiente ya que la Comisión de Transportes acepta ahora que los resultados de los análisis estratégicos de compatibilidad medioambiental se tengan en cuenta con carácter vinculante en los procedimientos concretos de ejecución. 
Sólo que cuando se trata de ver el tema de la salud en relación con el tema del transporte no se está dispuesto, a todas luces, a reflexionar más detenidamente sobre ello. 
A este respecto sucede que en todos los Estados miembros los accidentes de tráfico, sobre todo los accidentes en carretera, son causa de muerte y de heridas graves. 
El transporte aéreo contribuye esencialmente a la polución atmosférica. 
Un número considerable de personas en Europa están sometidas a niveles acústicos de tráfico que no sólo constituyen una molestia seria y provocan trastornos en el sueño, sino que conducen también a problemas de comunicación e incluso a daños psíquicos realmente graves en los niños. 
Nos gustaría haber discutido esto con detenimiento, pero no ha habido aquí voluntad de tomar tan en serio la opinión de la Comisión de Medio Ambiente. 
Pero, vean, las cosas buenas necesitan tiempo, y seguramente se producirá de nuevo la posibilidad de que la Comisión de Medio Ambiente pida que se hable del ámbito del transporte. 
Sin duda, en la esfera humana no hay nada que sea solamente blanco o negro, y todos sabemos que el transporte, sea en avión, en carretera o en ferrocarril, constituye una parte muy grande de nuestra libertad, una parte muy grande de nuestro bienestar, pero todo lo que hacemos lo deberíamos hacer con sentido de la responsabilidad. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, que, como de costumbre, ha realizado un excelente trabajo. 
En grandes líneas estoy de acuerdo con él, pero en algunos puntos relativamente importantes discrepo tanto de la opinión del ponente como del planteamiento de la Comisión Europea. 
Es una lástima que al abordar el tema de las redes transeuropeas la Comisión adopte el mismo punto de vista que en el Libro Blanco: muchos trenes, poca agua. 
La rígida gestión de los trenes europeos impide que el transporte ferroviario aporte una solución satisfactoria para el problema de la congestión del transporte de mercancías, a diferencia de lo que pudiéramos creer o esperar. 
El desarrollo de las vías navegables, por su lado, no requiere grandes inversiones, aparte de que es un remedio inigualable contra el problema de la congestión. 
Junto con algunos colegas hubiera querido rectificar el desequilibrio existente mediante la incorporación de unos proyectos transfronterizos específicos destinados a fomentar la navegación interior, pero la estrategia de los dos grandes Grupos políticos en este Parlamento no nos lo permite. 
Aunque no llego a comprender esa estrategia, me he resignado. 
Si las tres instituciones hubiesen decidido entre todas no añadir más proyectos, me hubiera parecido lógico. 
Sin duda hubiera sido preferible que la revisión íntegra del anexo se aplazara hasta el año 2004. 
De este modo se hubiera podido prestar la debida atención a los países candidatos. 
Ahora es sólo el Parlamento el que da muestras de cierta reticencia, a pesar de haber luchado por obtener el derecho de codecisión en esta materia. 
La consecuencia es que, desde el punto de vista geográfico, la lista resulta un tanto limitada. 
Afortunadamente, los Grupos han aceptado algunas enmiendas presentadas conjuntamente con los liberales y el Grupo EDD que invitan a tener siempre en cuenta el transporte fluvial como solución relativamente barata para el problema de la congestión. 
Por lo demás, opino que el proyecto Galileo debería haberse financiado con fondos de investigación y no con fondos de infraestructura. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera felicitar en primer lugar a nuestro ponente, el Sr. Bradbourn, que ha puesto mucho de su parte para llegar a un informe que hoy me parece totalmente aceptable. 
Nos felicitamos naturalmente de que las orientaciones nuevas que se nos proponen para las redes transeuropeas se orienten y estén de acuerdo con la política de movilidad sostenible que se nos propone también en el Libro Blanco. 
Creo que es una coherencia que era necesaria y personalmente considero que los nuevos objetivos que se nos plantean son objetivos probablemente sostenibles, que irán más allá de las demás fases de reorientación de estos proyectos. 
Acogemos también con agrado los seis nuevos grandes proyectos específicos, en particular Galileo; en este Parlamento somos una gran mayoría los que hemos aprobado este proyecto del cual se ha visto el impacto que ha tenido. 
Acojo también favorablemente las travesías de los Pirineos ya que no se dice suficientemente que los Pirineos son un problema tan agudo como el arco alpino. 
Falta que este expediente plantea dos series de problemas. 
El primero es el del procedimiento de definición del Anexo III. ¿Cómo actuar para evitar que el Parlamento sea una subasta de una serie de proyectos locales y regionales sin responsabilidad presupuestaria que a fin de cuentas acabaría por desacreditarlo ya que naturalmente todos tenemos proyectos que deseamos sacar adelante en nuestras regiones, en nuestros cantones, en nuestras ciudades? 
¿Cómo actuar también para que esos proyectos no se vean ocultados y excluidos del libre arbitrio de los representantes del pueblo, es decir, del Parlamento? 
Creo que no hemos regulado bien esta cuestión y será necesario reflexionar sobre ella en términos de procedimiento. 
Por nuestra parte, hemos considerado que de manera conservadora nos ateníamos al Anexo III propuesto por la Comisión pero, deseo reconocerlo, no es satisfactorio. 
El segundo problema es el de la financiación. 
Creo, señora Comisaria, que será necesario adoptar una iniciativa muy importante en materia de financiación de las RTE. 
Se trata en cierto modo de una responsabilidad y de una decisión sin medios lo que estamos planteando a escala europea. 
Cuando se ve la realización de los trabajos iniciados, no resulta satisfactoria. 
Personalmente, creo que, fuera de las propuestas que va a hacernos sobre la tarifación de las infraestructuras, quizá debiera retomarse la idea de un gran empréstito para financiar las RTE y acelerar su puesta en marcha. 
Si usted plantea esta iniciativa seremos muchos los que la apoyaremos. 
En su excelente informe el ponente subraya una vez más la importancia de las redes transeuropeas. 
Por eso no comprendo en absoluto por qué el Parlamento Europeo no haría uso del derecho de codecisión para pronunciarse sobre esa lista de proyectos prioritarios. 
El Parlamento luchó por ello con motivo de la primera decisión adoptada en 1996, y ahora que dispone de esta posibilidad se muestra dispuesto a renunciar a ella. 
La Comisión respaldó al Parlamento en 1996, pero ahora nos negamos a aprovechar esta oportunidad, como da a entender la Comisión de Transportes. 
Señor Presidente, no lo entiendo, aparte de que me parece inaceptable. 
Es por eso por lo que mi Grupo, con el respaldo de algunos miembros de otros Grupos, vuelve a presentar los proyectos rechazados por la Comisión de Transportes, tanto los proyectos propuestos por mí como las iniciativas de otros colegas que se han visto obligados a retirar sus informes a la fuerza. 
Ello no me parece sensato ni aceptable. 
Por tanto, este asunto no tiene nada que ver con preocupaciones meramente nacionales. 
Resumiendo, considero fundamental que el Parlamento participe activamente en el debate acerca de esa lista. 
Quisiera destacar un proyecto que para mí, como flamenco y ciudadano de Amberes, reviste especial importancia: la denominada línea férrea del Rin- Ijzeren Rijn -, el enlace ferroviario entre el puerto de Amberes y la cuenca del Ruhr. Esta línea de ferrocarril ya existe. 
Basta con modernizarla y recuperarla. En su informe el ponente hace hincapié en la importancia de la conexión entre los puertos y su hinterland, entre las vías navegables y el ferrocarril. 
Éste es el caso de la línea férrea del Rin. 
La Comisión insiste en su Libro Blanco en la necesidad de fomentar el transporte ferroviario, recuperar las infraestructuras desmoronadas, volver a utilizar las líneas destinadas específicamente al transporte de mercancías por ferrocarril y afrontar los problemas sufridos en los pasos fronterizos, que son los puntos más candentes. 
El proyecto de la línea férrea del Rin cumple todos los requisitos mencionados en el informe y en el Libro Blanco de la Comisión. 
Habida cuenta de que la línea ferroviaria ya está construida el proyecto no requiere grandes inversiones desde el punto de vista presupuestario. Además, tiene un importante valor añadido puesto que supondría una enorme descarga para la línea este-oeste y, por tanto, nos permitiría combatir la congestión. 
Por todo lo anterior me parecería inconcebible que el Parlamento Europeo no participara en el debate y no pusiera sobre la mesa este y otros proyectos. 
No pretendo que hayamos de tener la última palabra, pero tenemos que entrar en el debate. 
Señor Presidente, creo que, sin duda, un deseo de todos es tener un sistema de transporte bien planeado y sostenible como columna vertebral de Europa. 
Lo que estamos viendo hasta ahora es ausencia de planificación y la realización de proyectos obsoletos y acompañados de dudosos análisis coste-beneficio de interés nacional. 
Hasta hoy el documento de la Comisión no está libre de esto. 
La UE no está aquí para satisfacer listas nacionales de deseos, sino que tiene una responsabilidad sobre la economía total y ésta consiste, ante todo, en una movilidad sostenible y en unos medios de transporte que respeten el medio ambiente y que tengan futuro, y son, sobre todo, los ferrocarriles. 
Las planificaciones han de coincidir absolutamente con políticas de la UE, como la protección del medio ambiente. 
Por esta razón, propugno una vez más que las planificaciones relativas a las redes transeuropeas abandonen, de una vez por todas, el planteamiento de corredor y entren en el planteamiento espacial, es decir que se planifique desde el objetivo de qué queremos lograr y se analice luego cuál es la mejor solución sostenible que también sea apta para las próximas generaciones. 
En mi opinión, hay que poner en duda el intento, y ahora paso especialmente a las grandes embarcaciones fluviales, de construir en Europa gigantescas bañeras, siendo que, a este respecto, los ríos tienen, además, otro significado, es decir, ser espacios vitales para las personas, para el turismo, para el medio ambiente natural. 
Insisto una vez más en que es necesario hacer más flexibles los barcos, es decir, que se utilicen las pequeñas embarcaciones planas para un transporte a corto plazo, flexible y, por ende, intermodal, en vez de las grandes embarcaciones fluviales 
Señor Presidente, el Consejo Europeo de Gotemburgo reconoce la necesidad de integrar el desarrollo sostenible en las otras políticas de la Unión en pie de igualdad con los objetivos económicos y sociales. 
Por eso yo estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente que favorece el ferrocarril y aquellos medios de transporte menos contaminantes y que, además, propone soluciones de transporte combinado de forma más clara que la del ponente para el fondo. 
Entre los proyectos acordados en el Consejo Europeo de Essen, incluidos en el Libro Blanco, hay uno, quizás el más ambicioso y el más costoso, que es el proyecto de interoperabilidad de la alta velocidad de la red ibérica, que quizá se lleve la mitad del presupuesto. 
Aunque nosotros defendemos favorecer las redes convencionales, este proyecto está encima de la mesa y quizá, señor Presidente, lo que tenemos que lamentar es que no se haya previsto, en el trazado que va de Madrid hasta Valencia pasando por Cuenca, el paso por Teruel. 
Yo sé muy bien que se consensúan los proyectos, que es muy difícil encontrar determinadas salidas, pero las instituciones aragonesas han considerado viable, según un estudio de expertos, esta salida y favorecería fundamentalmente a una región que tiene un crónico declive, una crónica despoblación y que ha hecho que los ciudadanos formen una organización no gubernamental que se llama "Teruel existe". 
El informe de nuestro compañero Juan de Dios Izquierdo, del año 2001, sobre política de transporte, recuerda que la política de transporte debe contribuir a la cohesión económica y social de aquellas regiones periféricas o de escasa densidad de población. 
Por eso nosotros lamentamos que ese ramal no se haya tenido en cuenta. 
Hace seis años este Parlamento quiso participar en la elaboración de la lista de proyectos prioritarios en materia de redes transeuropeas, pero no le dejaron, lo cual provocó una enorme indignación, y para asombro de todos, ahora que existe la posibilidad formal de entrar en el debate este mismo Parlamento parece renunciar a ello. 
En un intento de restablecer la coherencia he presentado, junto con el Grupo Liberal, una serie de enmiendas que nos permiten hacer uso de esa participación virtual. 
De este modo podemos contrarrestar el peso del Consejo en la remodelación del Anexo III, de conformidad con la postura adoptada hace seis años. 
Si no logramos ponernos de acuerdo al respecto será mejor que analicemos esta cuestión con calma aplazando el debate sobre los proyectos presentados en el marco de las redes transeuropeas hasta la revisión general de la lista prevista para el año 2004. 
La ejecución de las redes transeuropeas, y muy en particular las condiciones medioambientales básicas en las que ésta ha de desarrollarse, constituye otro punto de interés. 
En este sentido el planteamiento propuesto por la Comisión de Transportes está plenamente justificado. 
Sin embargo, las propuestas resultan un tanto imprecisas por lo que se refiere a la aplicación de la Directiva 2001/42/CE. Esta directiva insta a los Estados miembros a que lleven a cabo una serie de tareas relacionadas con la evaluación medioambiental de los proyectos. 
Las duplicidades no sirven a la causa. Es importante que las tareas se repartan claramente. 
Por tanto, he presentado cuatro enmiendas para evitar duplicidades. 
Señora Presidenta, no creo que extrañe a nadie la atención y la sensibilidad con las cuales el Parlamento ha seguido las propuestas de la Comisión en este informe, precisamente por el papel que más en general las redes transeuropeas desempeñan en la vertiente de la política de crecimiento, de competitividad y de empleo. 
Valoramos la sintonía que en esta primera revisión se establece con las orientaciones indicadas en el Libro Blanco, justamente para buscar una coherencia con las orientaciones estratégicas y las prioridades de intervención de la que no se puede prescindir. 
Desde este punto de vista, y como ya han señalado otros oradores, entre ellos el ponente, recalcamos la oportunidad de una intervención que prime la solución al estrangulamiento de los cuellos de botella, que prime las intervenciones para garantizar un desarrollo de la intermodalidad y el reequilibrio entre los medios de transporte, sin ninguna penalización hasta que no existan alternativas viables para el transporte por carretera, pero ciertamente con una valorización del ferrocarril y de las vías navegables, unas intervenciones con las que estamos de acuerdo. 
Nos preocupa, sin duda, el hecho de que la lista de los proyectos no esté convenientemente respaldada por disponibilidades de carácter financiero. 
Cuando la diferencia entre el número de proyectos y la disponibilidad es tan elevada, se corre el riesgo de que al final, a la hora de la verdad, se produzca una especie de canibalización de algunos proyectos en beneficio de otros. 
Por esto y también para no remover la prioridad de las directrices norte-sur, nos preocupamos porque, por ejemplo, las intervenciones necesarias sobre el eje de paso oeste-este, por los Alpes, en el eje Stuttgart-Viena, no se conviertan en una alternativa al eje Lyon-Trieste, por lo tanto, en el sur de los Alpes. 
Concluyo con una observación de carácter más general: miremos todos con mucha atención la revisión prevista para 2004. 
En este sentido, algunas Señorías no han creído oportuno reabrir la lista de las intervenciones en el Parlamento sobre el Anexo III, sin que ello signifique que compartan un método que ha excluido al Parlamento. 
Para la próxima ocasión será necesaria una fase de instrucción adecuada que valorice el papel del Parlamento, puesto que el compromiso parlamentario en esta dirección no debe correr el riesgo de ir reduciéndose al mercado de las exigencias y una gestión unilateral de la Comisión y del Consejo no puede garantizar la calidad de las opciones de intervención. 
Señora Presidenta, quiero sumarme a nuestro colega, el Sr. Cocilovo y también a la orientación de nuestro colega, el Sr. Sterckx. 
Hoy se trata de perfeccionar moderadamente las redes transeuropeas La gran revisión real viene en el 2004. 
Y entonces, sin duda, nos sentaremos juntos y formularemos enmiendas razonables en relación con las redes transeuropeas. 
Hay que dar las gracias al ponente por su trabajo, pero también por su inmejorable resumen. 
Una cosa es decisiva: de los 14 proyectos de la lista de Essen se han realizado tres y esto significa que el Consejo exageró demasiado entonces. 
No escuchó al Parlamento, la idea conductora entonces fue la tozudez no la prudencia. 
Nadie- tampoco el Parlamento- puede prescribir a un Estado miembro cuándo y dónde ha de realizar qué proyecto. 
Sólo que si un Estado miembro dice: quiero que se me certifique este proyecto como un proyecto de interés comunitario europeo, entonces el Estado miembro ha de atenerse también a las condiciones europeas. 
Por esta razón es bueno lo que ha propuesto el ponente: si un proyecto no ha sido realizado dentro de un tiempo determinado se eliminará de la lista prioritaria. 
Esta propuesta de la Comisión es razonable y realista. 
Hace referencia a los medios de transporte compatibles con el medio ambiente y por esta razón deberíamos apoyarla consecuentemente mañana. 
Quiero decir al Consejo lo siguiente: Es conveniente que en este punto no se suscite ningún conflicto institucional. 
No merece la pena, pues con este propósito hemos realizado ya una serie de modificaciones en las redes transeuropeas. 
Por consiguiente, deberíamos trabajar bien conjuntamente... 
(La Presidenta retira la palabra al orador.) 
Señora Presidenta, señora Comisaria, dada su trascendencia para nuestro progreso, resulta necesario aumentar la financiación para los proyectos prioritarios que desarrollan nuestras redes transeuropeas y también que se prime a los medios de transporte ferroviario, aéreo y marítimo, así como su intermodalidad como alternativas menos impactantes y más sostenibles medioambientalmente que las carreteras. 
Ahora bien, de los catorce proyectos que se acordaron como prioritarios en el Consejo Europeo de Essen en 1996 hasta hoy solamente han finalizado tres de los mismos. 
De los muy esperados por mí citaría el ferrocarril de alta velocidad Sur, entre Madrid, Vitoria y Dax, que todavía está en fase de redacción de proyecto. 
Dada la limitación de los recursos comunitarios, entiendo aconsejable posponer cualquier incorporación de nuevos proyectos prioritarios hasta que no se hayan finalizado los primeros, y esperar a la próxima revisión de estas orientaciones con ocasión de la ampliación de nuevos Estados miembros. 
Propongo también, como planteo en mis enmiendas, que la alta velocidad ferroviaria pueda alcanzarse no sólo mediante la construcción de nuevas líneas, sino también mediante el acondicionamiento de líneas actualmente existentes, de modo que se eviten nuevas agresiones al paisaje y al entorno medioambiental. 
Señora Presidenta, en el ámbito del arte los trabajos sobre papel están reconocidos y alcanzan buenos precios. 
Lamentablemente, las redes transeuropeas son en muchos casos sólo trabajos sobre el papel. 
Muchas líneas de colores sobre el mapa de la Unión, con una numeración constante a lo largo y a lo ancho de Europa. 
No siempre- y éste es el problema- estas líneas de color representan una infraestructura de transporte moderna y plenamente operativa: tranvías, vías fluviales, transporte aéreo. 
La red se parece a los componentes de una alfombra de cuadraditos. 
Visto así, es bueno y necesario que la Comisión quiera rectificar y que a tal propósito atribuya más valor a una mayor y mejor interoperabilidad e intermodalidad de los medios de transporte y quiera preocuparse también de una mejor interconexión e inclusión de los países candidatos a la adhesión. 
Menos bueno en este asunto la inclusión, todavía insatisfactoria, del Parlamento Europeo en las estructuras de adopción de decisiones, y totalmente inadecuado es el intento de algunos colegas de diferentes Grupos que a través de una acción de libre autoservicio quieren prestigiarse en sus países ante los ciudadanos. 
Esperemos que el programa de la Comisión sea cumplido por una auténtica revisión de las redes transeuropeas en el año 2004 y damos mucho valor a que en ese tiempo y en tal tema el Parlamento Europeo sea incluido plenamente y a tiempo. 
Para el momento próximo lo que la Comisión ha presentado constituye un buen paso intermedio. 
Deberíamos seguir realmente en este punto la posición del ponente y apoyar, con independencia de unas pequeñas correcciones, este paso intermedio. 
Señora Presidenta, a pesar de algunas cosas tan excelentes como el proyecto Galileo, quisiera poner de manifiesto que la propuesta de la Comisión parece inadecuada, pues penaliza fuertemente la conexión este-oeste en el sur de los Alpes, planteando una extensión hacia el este, a los países de la ampliación, solamente para el eje Stuttgart-Viena, en el norte de los Alpes. 
Por este motivo hemos presentado, junto con los Sres. Pittella, Fava y otros, unas enmiendas que espero que sean aprobadas para reequilibrar la que me parece una profunda deformación y una injustificada penalización de las orientaciones de desarrollo del sur de Europa, con la vistosa excepción de España que, por el contrario, resulta ampliamente representada. 
Asimismo espero que se aprueben estas enmiendas porque no comparto la decisión que ha tomado este Parlamento de no elegir, o sea, de no intervenir con relación al Anexo III, renunciando así al ejercicio de los poderes y de las prerrogativas que le han otorgado los electores. 
Gracias, señora Comisaria De Palacio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
- (EL) Señora Presidenta, el Libro Verde constituye un reto real para las empresas, y más ampliamente para toda la sociedad, puesto que aspira a ocupar en el centro de nuestros esfuerzos para mejorar nuestro rendimiento económico, a modernizar nuestro modelo social y a fomentar los valores europeos de la solidaridad y la responsabilidad social. 
El Libro Verde quiere dejar claro, y estamos de acuerdo con esto, que la relación entre la actividad económica y el éxito debe fomentar la responsabilidad social, que a su vez, contribuye al éxito constante de la empresa y a la revitalización de la economía y de la sociedad. 
Así pues, es importante que se convenzan las empresas, los interlocutores sociales y la sociedad, de que deben afrontar el tema de la responsabilidad social, no como una actividad eventual, sino como una estrategia a largo plazo. 
Esta estrategia tiene que estar completamente conectada con la calidad en el trabajo de las mujeres, con su inserción laboral y su fomento, porque estos objetivos han sido reconocidos como principales para lograr los objetivos estratégicos de Lisboa. 
Creemos pues, que esta política debe basarse en la información, en la sensibilización, en el voluntariado y en la responsabilidad. 
Toda medida que se aplique deberá prever la aplicación de las leyes y la introducción del acervo comunitario en relación con la igualdad entre los hombres y las mujeres, y también algo más, relacionado con iniciativas para facilitar la armonización entre la vida profesional y la familiar, con la valorización de la mano de obra femenina en la planificación y materialización de políticas en la empresa, con la mejora de la imagen de las mujeres. 
Asimismo pensamos que el Foro propuesto por el Parlamento Europeo debe tener muy en cuenta no sólo estos temas en sus reflexiones, sino también la participación de las mujeres en sus trabajos. 
. Señora Presidenta, quiero ante todo saludar a la Comisión y felicitarla por la presentación de este Libro Verde que tiene una enorme carga de presente y también de futuro. 
No estamos más que empezando, pero la globalización está ya aquí y es evidente que las empresas son protagonistas de la vida social, tienen derechos pero también deben tener obligaciones para contribuir a una sociedad más justa, más acorde con la defensa de los derechos humanos en el mundo, con la mejora del medio ambiente, contra las discriminaciones y a favor de las normas de trabajo básicas y fundamentales. 
Es un error pensar que sería una carga para las empresas introducir de manera obligatoria, como hace el informe Howitt, una responsabilidad social, unos consejos con participación abierta de todos; no sólo los accionistas, sino también los que se denominan stake holders y un informe social y medioambiental, porque aquellas empresas que, en la sociedad global, actúen conforme a estas normas serán empresas más rentables y podrán operar con mucha mayor facilidad en el mundo. 
Se da la paradoja de que la ponente de opinión en la Comisión de Industria, Sra. Lucas, retiró su nombre de la opinión. 
El presidente de la comisión sin embargo no lo puede retirar, así que yo la presento en nombre de la comisión, pero el caso es que yo estoy en la misma línea que la Sra. Lucas, es decir, convencido de la necesidad de que el informe en materia social y medioambiental sea de carácter obligatorio. 
Por lo tanto, apoyo plenamente el informe Howitt de la comisión para el fondo. 
Señora Presidenta, como mencionara el orador anterior, pasó el tiempo en que dirigir una empresa sólo era una cuestión de ganar más dinero. 
Las empresas modernas deben tener en consideración otros aspectos, por ejemplo, la atención a las personas y al medio ambiente. 
Ésta es naturalmente la visión básica del Grupo PSE, sin embargo, afortunadamente también es la visión básica de las empresas modernas y de hecho también de los inversores modernos. 
Esto ha quedado bastante bien reflejado en este informe y me parece enojoso que el Grupo PPE-DE no quiera aceptar que la herramienta en este contexto sea una combinación entre zanahoria y látigo. 
Las empresas hoy deben presentar cuentas financieras, sin embargo, el futuro entrañará naturalmente que estas cuentas financieras también sean combinadas con informes anuales que cuenten a la opinión pública lo que las empresas han hecho para cumplir con su responsabilidad social y su responsabilidad para con el medio ambiente. 
Los informes sociales anuales deben dar naturalmente una imagen fidedigna de lo sucedido en este ámbito y esto implica naturalmente que, al igual que las cuentas financieras, estén sujetos a control independiente. 
Ahora unas palabras sobre la etiqueta social. Espero que el Parlamento respalde hoy la etiqueta social y que también la Comisión se muestre a favor de esta idea. 
Pues la etiqueta social posibilitará a los consumidores la elección de productos de empresas que cumplen con sus responsabilidades sociales. 
Es evidente que deben aprobarse una serie de estándares comunes para la etiqueta social, si no, esto sólo creará desconcierto y los consumidores no tendrán posibilidad de dejar su huella y elegir los productos que quieren. 
La etiqueta ecológica que la UE ha puesto en marcha podría servir perfectamente de inspiración. 
Pienso que también la etiqueta social tiene la cualidad de gozar de un atractivo muy amplio entre los diversos Grupos políticos, porque precisamente se trata de un régimen voluntario, una estructura de incentivación que emplea la zanahoria antes que el látigo. 
Señora Presidenta, no es nada nuevo que las empresas asuman una responsabilidad social. 
Desde hace mucho tiempo ha formado parte del día a día de empresas europeas asumir una responsabilidad por los trabajadores, el entorno y el medio ambiente que se extiende más allá de lo que exigen las leyes y las regularizaciones. 
En Dinamarca llevamos trabajando unos cuantos años en la responsabilidad social de las empresas, especialmente con vistas a mantener a la gente en sus puestos de trabajo y a lograr la incorporación de grupos excluídos en el mercado laboral. 
Esto ha sucedido dentro de un diálogo y de una interacción entre empresas y autoridades que han sido muy fructíferos. 
Otro ejemplo que quiero mencionar es la cooperación entre los trece mayores grupos de empresas de Escandinavia, que junto al Fondo Mundial para la Naturaleza trabajan en desarrollar un programa para el desarrollo sostenible. 
Las palabras claves de este esfuerzo son querer lo sublime- no sólo lo que exige la ley. 
Hacerlo con el corazón. 
Tomar como base la empresa. 
Las palabras claves son, en resumidas cuentas, compromiso y voluntariedad. 
Por ello también me choca oír que muchos aquí en este Parlamento quieran regular el esfuerzo voluntario y obligar a las empresas a que informen y expliquen sus esfuerzos. 
He luchado contra esto. 
Pienso al contrario que es una buena idea promover el intercambio de experiencias e ideas en este ámbito y con ello respaldar el esfuerzo que previamente llevan a cabo las empresas y organizaciones estructurando y estandarizando este trabajo. 
Pienso que el Instituto de Dublín resulta idóneo para este propósito con la competencia y la red de las que ya dispone el Instituto y por ello hay que dar las gracias a la Comisión por haber planteado el debate. 
Desde el Grupo ELDR respaldamos que se trabaje así activamente para desarrollar la responsabilidad social de las empresas. 
Señora Presidenta, al igual que otros oradores felicito al ponente por su riguroso y positivo trabajo en este informe y respaldo todo lo que ha dicho esta mañana en su declaración introductoria. 
Mi grupo saluda los progresos realizados por una serie de empresas al examinar y auditar su evolución y sacar esa información a luz pública, ya se trate, por ejemplo, de información respecto de su impacto medioambiental, sobre la eficacia de sus políticas de igualdad de oportunidades o de su implicación en las comunidades locales. 
Hay empresas que han sabido reconocer los beneficios de una mayor transparencia y una acción positiva, y para éstas ha surgido así una situación absolutamente beneficiosa. 
No obstante, hay un problema con la rapidez de incorporación y estamos de acuerdo en que la irresponsabilidad social todavía existe. 
Esta es la razón por la cual mi Grupo estima que se hace necesaria una legislación básica, no una legislación completa- no caigamos en la trampa de creer que ese es el único modo de avanzar- si bien una legislación básica que proporcione una línea directriz para los informes públicos. 
Esto ayudará al público a conocer y discernir qué información cabe esperar. 
Para nosotros la inclusión de la responsabilidad de la cadena de suministro es esencial. 
Una empresa que no asegure los estándares más altos en el conjunto de su prestación, cosa que se suele mencionar en los informes anuales, mantiene una actitud hipócrita y pone en peligro las vidas de los trabajadores y a los consumidores. 
En mi propio país hemos podido contemplar esto, por ejemplo, en el sector ferroviario y en el nuclear. 
Al considerar las responsabilidades más amplias de las empresas sitas en la Unión Europea y de la propia Unión, mi Grupo ha presentado unas enmiendas que solicitan al Consejo la inclusión en su remesa para la Cumbre sobre desarrollo sostenible de Johannesburgo una propuesta de negociación de un marco jurídicamente vinculante a escala internacional sobre responsabilidad corporativa. 
Confiamos en que ésta vaya a ser incorporada. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al ponente por su trabajo. 
En su Libro Verde la Comisión explica lo que se suele entender por responsabilidad social. 
Este término se utiliza para referirse a las iniciativas voluntarias emprendidas por las empresas en materia social y medioambiental en el marco de sus actividades empresariales y sus relaciones con terceros. 
La Comisión señala con razón que al asumir su responsabilidad social las empresas van más allá de lo que se espera de ellos desde el punto de vista legal. 
Para el Parlamento Europeo éste es el punto más controvertido. 
Si hemos de creer al ponente la responsabilidad social y, más en concreto, la legislación basada en este principio, es susceptible de cambiar el mundo. 
Según él es un remedio para todos los males, incluido el trabajo infantil. 
¡Un poco más y también acaba con las erupciones volcánicas! 
Obviamente, estas aspiraciones rebasan con mucho las posibilidades inherentes a este instrumento. 
Se trata de la responsabilidad social. 
No se trata de la legislación en sí, sino de la posibilidad de adaptar la legislación en determinados casos en que esa responsabilidad social plantea problemas. 
Ello sin duda nos permitirá lograr enormes avances, pero si nos cambiamos inmediatamente a la vía de la legislación estaremos fuera de lugar. 
¡Es como si gritáramos que queremos ver hockey en el campeonato de fútbol de Corea! 
Señor Presidente, ni yo ni el Grupo del PPE queremos decir con esto que la legislación en sí sea mala. Opinamos sencillamente que este aspecto no viene a cuento en el presente informe, sino que debe tratarse en otros informes. 
Este concepto no basta para introducir de golpe todo un arsenal de legislación. 
Eso es algo que hay que hacer en el momento oportuno y en el lugar oportuno. 
A mi modo de ver, la Comisión ha sabido separar perfectamente estos dos elementos. 
En última instancia pienso que el planteamiento del ponente no surtirá el efecto deseado puesto que al ser conscientes de que las actividades de responsabilidad social están sujetas a una serie de instrumentos legislativos las empresas se mostrarán más reticentes. 
Por todas estas razones pragmáticas y de principio la versión actual del informe, incluidas nuestras enmiendas, merece nuestro pleno apoyo porque se fundamenta en un enfoque voluntario. 
Si partimos de esta base lograremos ponernos de acuerdo y podremos alcanzar todos esos hermosos objetivos. 
Señora Presidenta, imagínense, estimados colegas legislativamente impedidos, en el Campeonato mundial de fútbol, al que se ha aludido, siguieran rigiendo las reglas de los años 80. 
Entonces se podía entrar duro desde atrás. 
Los grandes jugadores no tenían posibilidad alguna. 
En el fútbol, inteligentemente, se han adaptado las reglas. 
De esto se trata también ahora, precisamente, cuando abordamos el tema de las normas de la RAE. 
Vivimos en un mundo diferente. 
Pequeños estados nacionales, como Alemania, -por no hablar de estados enanos en la escala global, como Austria- no pueden recaudar más impuestos en cantidad suficiente, posiblemente de manera muy acertada. 
Pero existe una responsabilidad por parte de las empresas. 
Éstas quieren asumirla también, pero si no tienen normas vinculantes, resultarán perjudicadas las empresas honestas, porque las tramposas podrán seguir jugando. 
Hay que cambiar esto. 
La transparencia es lo decisivo. Por esta razón, estos datos de los informes sociales anuales tienen una importancia absolutamente prioritaria. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señorías, quiero comenzar felicitando al Sr. Howitt por su trabajo en un informe elaborado en el que era fácil, por una parte, pasarse y, por otra, quedarse corto. 
Si confrontásemos los conceptos de empresa, un viejo concepto económico nos decía que la empresa era la organización de personas que, controlando bienes y servicios, tiene por objeto la producción de bienes y servicios para un mercado. 
Se trata de un concepto solamente económico. 
Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades- que posteriormente fue codificada en la Directiva 2001/23- nos habla de la empresa como un conjunto organizado de personas y elementos que permiten el ejercicio de una actividad económica y que persiguen un objetivo propio. 
Concepto evidentemente mucho más amplio que, además, podríamos relacionar con el considerando C del informe cuando nos dice que en el seno de las empresas, entre los inversores, se está desarrollando un consenso general de que su misión va más allá de la mera obtención de beneficios y de que el reto del éxito radica en la combinación de rentabilidad con la sostenibilidad y la responsabilidad. 
Yo creo que las empresas, cualquiera que sea su forma, número de personas o los fondos que manejen, viven en un mundo global en el que cobra un nuevo sentido su contribución voluntaria, estimulada, inducida- y sé lo que digo -, no estoy diciendo obligatoria ni impuesta por las leyes, al logro de una sociedad mejor. 
Como se dice en el Libro Verde, si la responsabilidad principal de la empresa consiste en generar beneficios, puede también- y simultáneamente- contribuir al logro de objetivos sociales y medioambientales, y tal logro no debe estimarse solamente obligación y responsabilidad de empresas de una determinada entidad o que actúen en determinados sectores. 
Creo que es un buen instrumento para cumplir la estrategia de Lisboa: una economía lo más desarrollada posible, creadora de más y mejores empleos, respetuosa con el medio ambiente y que garantice la cohesión social. 
Al final será un instrumento adecuado para la realización del modelo social europeo y será bueno también para las empresas, porque rentabilidad y responsabilidad social no son conceptos separados e independientes ni son compartimentos estancos. 
Señora Presidenta, en principio quisiera agradecer de corazón al Parlamento y al ponente, Sr. Howitt, el gran apoyo y la colaboración tan eficaz que han prestado la elaboración de esta comunicación. 
La colaboración en la consulta, tal como ya se ha dicho, ha sido importante; hemos tenido más de 250 participaciones y creo que es interesante referir el fondo del acuerdo que resulta del total de esta consulta. 
Así queda confirmado el consenso sobre el hecho de que la responsabilidad social de las empresas es una definición según la cual las empresas integran voluntariamente las preocupaciones sociales y medioambientales. 
Claro, las integran de una forma que va más allá de las exigencias jurídicas actuales. 
El incentivo para que funcionen así las empresas no puede ir en contra de las normas de la economía. 
Por esta razón es excepcionalmente importante dejar claro, y que se sepa bien que hay una conexión entre la realización de los programas de responsabilidad social de las empresas y sus beneficios o en su aceptación por parte de los consumidores. 
Basándome en esta reflexión sobre si debe ser voluntaria o si debe afectar a la legislación, diría que, por lo menos en este momento en el que está empezando la coordinación a nivel europeo, verdaderamente debe ser voluntaria; pero se deben emprender iniciativas y esfuerzos tales que el resultado final, es decir la mayor implicación posible de las empresas, se consiga, que sea como si hubiese una legislación relativa. 
¿Qué significa esto? 
Significa que tanto en el ámbito europeo como en el nacional estamos necesitados de poderes públicos y de planificación en la responsabilidad social de las empresas, relacionada primero con la información, y al decir información creo que es muy importante hacer saber que los beneficios de determinadas empresas cuya participación en programas de responsabilidad social ha sido constante y coherente han aumentado en gran medida; segundo, la coordinación de este esfuerzo para tener los mejores resultados sociales y económicos posibles; una coordinación que deberá afectar también a las pequeñas y medianas empresas; la transparencia, una de las cuestiones más importantes que han desarrollado los Sres. ponentes, la posibilidad de verificar lo que declaran las empresas y la creación de estructuras para evaluar su presencia. 
Es uno de los temas sobre los que hay distintos enfoques y puntos de vista- y la Comisión presentará su propuesta final en julio- y por supuesto, la compatibilidad con acuerdos internacionales que ya existen, como son las líneas directrices de la OCDE o de la OIT, para poder colaborar también con los países del tercer mundo. 
Quisiera referirme a ciertas puntualizaciones muy concretas que han realizado ustedes sobre el informe del Parlamento. 
Voy a repetir que, tal y como queda claro en su texto, la transparencia y la posibilidad de medir y de comparar los aspectos sociales y medioambientales de las empresas es esencial y debemos decir que en determinados Estados es obligatorio que las empresas proporcionen ciertas informaciones relativas a su impacto social y medioambiental. 
Dichas exigencias jurídicas pueden ser un buen medio para mejorar la transparencia y podemos ver cuáles son los lados positivos de este enfoque en un procedimiento entre los Estados miembros. 
Por supuesto, estoy de acuerdo con la Sra. Kratsa en que el tema de la igualdad de oportunidades, en cuanto a la política interna de las empresas, y también en la externa, es uno de los puntos básicos. 
Mi intención es proponer la formación de un Foro europeo de los interlocutores por la responsabilidad social de las empresas, que a nivel europeo cree una plataforma en la que todas las partes interesadas estén en situación de ocuparse del total de las prácticas y de los medios de la responsabilidad social y que contribuya a lo que hemos referido, es decir, a la información y coordinación tanto en la Unión Europea como internacionalmente. 
Este Foro podía hacer frente a la cuestión de la necesidad de un Defensor del Pueblo Europeo expresada en el punto 51. 
Asimismo, en el punto 29 hay un mensaje importante sobre la necesidad de enfocar la responsabilidad social como un tema horizontal, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. 
Mi intención es proponer a la Comisión que se integre la responsabilidad social en políticas de la Unión Europea, y también en temas relativos a la Comisión, a fin de garantizar el apoyo a la responsabilidad social. 
En el punto 30 estoy de acuerdo en el papel de las administraciones públicas tal y como las he descrito con anterioridad; en cuanto al punto 36 sobre la necesidad de una cooperación especial con los terceros países, hay toda una dimensión en nuestra propuesta sobre el papel de las empresas europeas más allá de las fronteras de la Unión Europea. 
Evidentemente, la responsabilidad social puede estar expresada en la estrategia para el empleo y podemos ver en el método de la cooperación abierta cómo podemos presentar los mejores resultados y, por supuesto, el sector de la economía social tiene una experiencia especial de responsabilidad social. 
Estas empresas tienen una filosofía y unos intereses distintos a los de las otras empresas, pero básicamente pueden ayudar de forma especial en colaboraciones y redes en todos los países miembros. 
Finalmente, en el punto 53 estoy de acuerdo con su comunicación sobre el tema de las normas mínimas sociales y laborales; y ustedes saben que la Comisión ya propone la inclusión de las normas mínimas sociales y laborales en los acuerdos bilaterales en el ámbito internacional y europeo, en todos los campos de la política relativos a la Unión Europea, es decir, en el comercio, en el desarrollo, las relaciones exteriores y los asuntos sociales. 
Quisiera agradecer una vez más al Sr. Howitt, y a todos los diputados al Parlamento Europeo que han tomado parte en este debate tan difícil, decirles que su informe ha sido la última y la más importante participación en el diálogo y en la consulta sobre el Libro Verde y que junto con mi colega, el Sr. Liikanen, vamos a comunicar en junio, previa aprobación de la Comisión, el texto final del Libro Blanco. 
Gracias, señora Comisaria Diamantopoulou. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
El próximo punto del orden del día es el informe Podestà (A5-0179/2002) en nombre de la Comisión de Presupuestos sobre la propuesta de presupuesto rectificativo y suplementario 2/2002 de la Unión Europea para el ejercicio 2002, modificado por el Consejo (8605/2002- C5-0218/2002- 2002/2043 (BUD) ). 
. (IT) Señora Presidenta, queridos colegas, me es grato presentarles hoy, en nombre de la Comisión de Presupuestos, la segunda lectura del presupuesto rectificativo y suplementario nº 2/2002. 
La Comisión y el Consejo nos han propuesto que anotemos en este presupuesto rectificativo y suplementario la cancelación del presupuesto de 2001 de nada menos que 10,5 millardos de euros de pagos no realizados. 
Esto equivale a una llamativa infrautilización de los recursos disponibles que de este modo se devolverán a las arcas de los Estados en forma de reembolsos, aunque no se haya cancelado los correspondientes compromisos de gasto. 
Por otra parte, la Comisión no ha predispuesto ningún plan para reabsorber los pagos no utilizados de 2001 ni tampoco ha indicado si una parte de los créditos no utilizados de 2001 corresponden a compromisos de 2000 que, por lo tanto, podrían incluirse en 2003 en la cláusula de caducidad, y si, en consecuencia, será posible proceder a liberar algunos créditos anulados. 
En primera lectura el Parlamento se opuso a aceptar esta situación y presentó enmiendas para reforzar los pagos de 4,5 millardos de euros en aquellos programas donde el resto a liquidar era más elevado. 
Señorías, los compromisos asumidos por la Unión deben ser cumplidos y no se puede aceptar, ni ahora ni en el futuro, que a través de las devoluciones se desvirtúe la correcta ejecución del presupuesto como ha sido aprobado por la autoridad financiera. 
Después de la primera lectura del Parlamento, la Comisión, a pesar de ser consciente de la gravedad de la situación, declaró que al menos por el momento no podía utilizar de manera eficaz y concreta los créditos suplementarios. 
Al tomar nota de tales declaraciones, la Comisión de Presupuestos, demostrando un gran sentido de la responsabilidad, también con el fin de reforzar de una manera correcta la cooperación con el Consejo y con la Comisión, decidió tener en cuenta esta situación y por estos motivos, en una reunión extraordinaria celebrada ayer, ha considerado oportuno no confirmar las enmiendas al presupuesto introducidas en primera lectura, pero ha pedido a la Comisión que se comprometa a presentar un balance de la situación para el próximo 30 septiembre y a sugerir, en su caso, las medidas necesarias tanto en términos de devoluciones globales como en términos de presupuesto suplementario. 
El sentido de responsabilidad que hoy el Parlamento ha mostrado también debe inspirar el comportamiento de las demás Instituciones, porque no nos podemos esconder que el stock de los RAL ya supera los 100 millardos de euros y que una mejor eficacia, coherencia y transparencia se imponen en la gestión del presupuesto comunitario. 
Por estos motivos y con estas consideraciones, Señorías, les invito a votar a favor del proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario nº 2/2002, tal como ha sido establecido por el Consejo, así como a votar a favor de las enmiendas al proyecto de resolución presentadas por la Comisión de Presupuestos. 
Señora Presidenta, estimados colegas, hoy vamos a aprobar un presupuesto suplementario y rectificativo que, sin duda, va a alegrar a los ministros. Efectivamente, se les van a devolver 10, 5 millardos de euros. 
Hemos retirado nuestras enmiendas de la primera lectura. 
Lo hacemos sobre la base de la mutua confianza. 
Tenemos que fiarnos de lo que ha sido admitido por el Consejo y el Consejo puede fiarse de nuestra manera de proceder. 
También hemos hecho esto porque la Comisaria Schreyer dijo en la última ocasión que estos recursos, que nosotros habíamos vuelto a aplicar, no se pueden utilizar. 
Sin embargo, tenemos que preguntarnos por qué las tasas de desembolso no son mejores que cuando las encontramos. 
Tenemos atrasos por un total de 113 millardos de euros, de los cuales 82 millardos de euros corresponden al ámbito de los Fondos estructurales. 
Pero no son solamente los Fondos estructurales, sino que también hay 11,4 millardos en el ámbito de las políticas internas y 12,9 millardos en el ámbito de la categoría 4. 
A la larga esto no se puede tolerar. 
Después de habernos lamentado tantos años acerca de que estos atrasos deben eliminarse, hemos de dejar que esto se convierta en algo un tanto más concreto. 
La cuestión es la de si juega un papel el hecho de que los programas aprobados entran, en parte, en vigor demasiado tarde. 
La cuestión es también la de si con la forma en que adjudicamos estos recursos, si el volumen de burocracia que es necesario, no impide también en muchos casos que se pueda utilizar el dinero que el contribuyente europeo ha puesto a disposición, ciertamente, para la mejora de la situación de muchas personas en Europa. 
En nombre del Grupo Socialista sugiero que en las próximas semanas nos movilicemos- y en esto pido a la Comisión que se muestre especialmente activa- en pro de una efficiency force común. 
Esta efficiency force debería estar compuesta por especialistas externos del sector administrativo y de la Ciencia de la Administración y también del Tribunal de Cuentas ya que, naturalmente, si queremos trabajar con más eficacia, si queremos trabajar también con más rapidez y con menos burocracia, todo ha de ser administrado en debida forma. 
Estas personas externas deben formularnos propuestas acerca de cómo mejorar los correspondientes procedimientos de solicitud. 
A esto hay que añadir la realización, por nuestra parte, de encuestas a los afectados: a los funcionarios de la Comisión, que estén afectados, a los interlocutores nacionales y regionales, a las empresas y organizaciones, a los bancos regionales que juegan un papel en la adjudicación de los recursos. 
También habría que incluir a los centros de información europea que disponen de muchos conocimientos especializados. 
Nuestro objetivo debe ser no enviar estos recursos primero al presupuesto europeo y luego devolverlos, sino emplearlos de hecho en políticas concretas y especializadas que hayamos aprobado. En esto hemos de actuar con más decisión que hasta ahora. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero dar las gracias al ponente por su buen trabajo. 
El presupuesto rectificativo y suplementario que nos ocupa contiene dos puntos esenciales: la presupuestación del superávit del último ejercicio y el nuevo sistema de recursos propios. 
El nuevo sistema de recursos propios fue incorporado ya en diciembre en el presupuesto para el presente ejercicio, pero hubo que retirarlo porque algunos Estados miembros no llegaron a ratificarlo. 
El hecho de poner al día los ingresos del presupuesto en medio del ejercicio denota una mala gestión, y aún más cuando ya se había tomado un acuerdo al respecto hace dos años y medio. 
En el sistema de recursos propios se mantiene la rebaja en la contribución correspondiente al Reino Unido, que es del 40 por ciento. 
Ya va siendo hora de acabar con esta rebaja, cosa que podría hacerse con ocasión de la elaboración de las nuevas perspectivas financieras, ya que su existencia no tiene mucho fundamento. 
Por ejemplo, un Estado miembro pequeño como Finlandia debe financiar esta rebaja con una cantidad correspondiente a los gastos fijos anuales de una universidad mediana. 
La parte más deplorable de este presupuesto suplementario es la presupuestación del superávit del ejercicio anterior. 
La infrautilización de recursos asciende ya a una cantidad próxima a los 18.000 millones de euros, o sea, el 20 por ciento del total del presupuesto. 
Ello pone de manifiesto la existencia de una gestión muy deficiente. 
Esto afecta especialmente a los Fondos Estructurales, cuya infrautilización es de 10.500 millones de euros. 
Todo ello amenaza gravemente la Política Estructural y Regional de la UE. 
Señora Presidenta, el debate sobre el presupuesto rectificativo y suplementario se ha visto ensombrecido por la tentativa del Consejo de debilitar la posición del Parlamento como Autoridad presupuestaria en el contexto de la reforma del Reglamento Financiero. 
El Consejo intentó acaparar competencias propias del Parlamento. 
Afortunadamente, la firme posición del Parlamento obligó al Consejo a asumir la realidad, y actualmente la reforma del Reglamento avanza en un mejor clima de comprensión mutua. 
Por ello, en un gesto de buena voluntad y con el fin de crear un marco distendido de colaboración, la Comisión de Presupuestos está dispuesta a renunciar a las justificadas enmiendas que presentó en la primera lectura del presupuesto suplementario y a aceptar íntegramente la propuesta del Consejo. 
Mi Grupo apoya esta posición. 
Señora Presidenta, la Comisión no está satisfecha del superávit del 2001, el cual se debe principalmente a retrasos en el comienzo de los programas de los Fondos Estructurales. 
Quiero recordarles que se está aplicando también el nuevo reglamento en las apreciaciones exageradas de los pagos por parte de los servicios administrativos de los Estados miembros. 
Debemos señalar especialmente que la ejecución de los pagos de los Fondos Estructurales es especialmente baja en todos los Estados miembros sin excepción. 
Una característica de la gravedad de la situación es la no-ejecución de 10.000 millones de euros en el presupuesto de los Fondos Estructurales para el año 2001. 
Mi colega, el Sr. Barnier, recientemente ha escrito a los Estados miembros para subrayar las consecuencias de dichos retrasos en la ejecución del presupuesto comunitario y para solicitar la ayuda para llevar a cabo los programas de los Fondos Estructurales en los Estados miembros. 
Llamamos a los Estados miembros a que nos proporcionen cada año previsiones exactas de los pagos necesarios y a que utilicen los pagos que se han registrado en el presupuesto del año. 
La Comisión hace todo lo posible por hacer uso de los créditos no utilizados para satisfacer otras necesidades, mediante transferencias de créditos del presupuesto y, donde es necesario, con propuestas sobre presupuestos suplementarios o rectificativos, como ya ha hecho en el pasado. 
Quisiera expresar la satisfacción de la Comisión por el acuerdo del Parlamento con la segunda lectura del Consejo y también querría decir al Sr. Podestà que podemos llegar a un compromiso sobre el informe de evaluación solicitado para finales de septiembre. 
Gracias, señora Comisaria Diamantopoulou. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
. (EN) La Comisión respalda el paquete de compromiso propuesto por la Presidencia del Consejo, incluyendo las enmiendas 9, 13, 18, 25, 26, 28, 37, 38 y las enmiendas 44 y 50. 
La enmienda 29 también sería aceptable pero únicamente sin las palabras ' sobre cooperación?. 
. (IT) Señor Presidente, he pedido la palabra para plantear también a la Comisión una cuestión de fundamento jurídico de este informe. 
La parte de la enmienda que acabamos de aprobar prevé que puedan haber excepciones para los Estados miembros en el tratamiento de los datos personales. 
Esta segunda parte, en cambio, tiende a explicitar un ejemplo de esta excepción: la data retention, la conservación generalizada de los datos personales. 
Bien, ¿estamos en una directiva del primer pilar, de liberalización de las telecomunicaciones? 
Este añadido parece del todo inapropiado, ajeno a nuestro fundamento jurídico e impertinente, tanto es así que ayer la misma Comisión Europea declaró que estaba en contra de una enmienda popular de la Sra. Cederschiöld orientada a regular los costes de esta conservación de los datos, precisamente por ser ajena al fundamento jurídico de esta directiva. 
Si aquella era ajena, esta parte lo tiene que ser también. 
Llamo la atención de la Comisión y de sus Señorías sobre este punto. 
Tiene la palabra para una cuestión de procedimiento. 
He dado la palabra a nuestro ponente que nos ha alertado perfectamente. 
La Comisión y el Parlamento ya están alertados. 
Señor Presidente, tomo la palabra simplemente para dar mi apoyo a esta solicitud, para decir sencillamente que es muy peligroso introducir en una legislación del primer pilar cosas no muy estructuradas del tercer pilar. 
Gracias, Señoría. 
Ahora el Parlamento está perfectamente informado. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
El ponente nos pide la palabra de nuevo justo antes de que lo felicitemos. 
. (IT) Señor Presidente, le doy las gracias por no haber relacionado en este momento mi nombre con el resultado del informe que prevé limitar al máximo la intimidad en las relaciones privadas entre los ciudadanos y el mínimo de intimidad en las relaciones con el Estado. 
Me parece realmente una contradicción, y por lo tanto, prefiero que no se me relacione con una transacción en la que, entre otras cosas, no he intervenido directamente y a la que se llegó en contra de todas las opiniones de la Comisión de Libertades Públicas y Derechos de los Ciudadanos de este Parlamento. 
Está en su derecho, señor ponente. 
Por tanto, se tomará en consideración. 
Señor Presidente, el ponente le ha hecho una pregunta a la que usted no ha contestado al someter a votación esta enmienda. 
Se ha formulado una pregunta a la que no se ha dado una respuesta. 
Éste es el problema. 
Señora Frassoni, todas las cuestiones de admisibilidad se estudian con los presidentes y con los servicios antes de la votación. 
Si llegan hasta el Pleno, esté segura de que, desde el punto de vista jurídico, se han revisado. 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0136/2002) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (11878/1/2001 REV 1- C5-0034/2002- 2000/0169 (COD) ) relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (ponente: Sra. Korhola) 
. (EN) En relación con la posición de la Comisión respecto de las enmiendas presentadas por el Parlamento, quisiera confirmar lo que mis colegas expresaron durante el debate mantenido en la Asamblea. 
En particular, la Comisión puede aceptar en toda su extensión las enmiendas 22, 28, 30, 32, 33, 42, 45 y 46. 
La Comisión puede aceptar parcialmente las enmiendas 7, su tercera parte, la 9, en su primera parte, la 27, en su tercera parte, y la 48 en su segunda parte. 
La Comisión puede aceptar en principio las enmiendas 9, su segunda parte, 19, 27, en su segunda parte, aunque sujetas a una nueva redacción o reordenación. 
El resto de enmiendas no puede ser aceptado por la Comisión. 
A efectos informativos las enmiendas no aceptadas son las números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, primera y segunda parte, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, primer parte, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47 y 48 excepto la segunda parte. 
Gracias, señora Comisaria. 
La Sra. Korhola también pide la palabra. 
. (FI) Señor Presidente, sólo quiero anunciar que apoyo la enmienda 48, aunque en alguna otra ocasión se haya dado a entender otra cosa. 
El malentendido ha surgido porque yo me imaginaba de antemano que esta enmienda no sería presentada a debate, pero como sí lo ha sido, expreso ahora mi apoyo a la misma. 
Esta enmienda está encaminada a reforzar el principio general de gratuidad. 
El Pleno toma buena nota. 
El Consejo podría informarnos de sus comentarios, pero no se encuentra presente. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Informe (A5-0179/2002) del Sr. Podestà, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario nº 2/2002 de la Unión Europea para el ejercicio 2002 (8605/2002- C5-0218/2002- 2002/2043 (BUD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0135/2002) del Sr. Bradbourn, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 544- C5-0478/2001- 2001/0229 (COD) ) por la que se modifica la decisión 1692/96/CE sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red europea de transporte 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
. Señor Presidente, quiero solicitar que se vote el proyecto de resolución legislativa para que no sea devuelto a la Comisión de Libertades, de conformidad con el apartado 3 del artículo 68, recordando que ya hay precedentes en esta Cámara como son los informes Karamanou, Deprez y Frahm. 
La jurisprudencia nos ofrece precedentes muy claros. 
Le propongo por tanto que pasemos inmediatamente a la votación del proyecto de resolución legislativa sobre el que no se ha presentado ninguna enmienda. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0166/2002) del Sr. Sousa Pinto, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores, sobre la iniciativa del Reino de España con vistas a la adopción de una decisión del Consejo (5133/2002- C5-0055/2002- 2002/0803 (CNS) ) relativa a la creación de un Instituto Europeo de Estudios de Policía 
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, señalar a esta Asamblea que el texto propuesto en esta recomendación es un texto que ya hemos votado en diferentes ocasiones exactamente en los mismos términos y que, además, corresponde igualmente a una posibilidad abierta por el Tratado y que prevé que si los Estados miembros no consiguen ponerse de acuerdo por unanimidad sobre otra forma de financiación, los gastos operativos corren a cargo del presupuesto de la Unión. 
Quisiera llamar la atención de mis amigos de la Comisión de Presupuestos sobre el hecho siguiente: el texto que propongo no tendrá ningún impacto en el presupuesto del año 2003 y presumiblemente en ninguno de los años posteriores. 
¿Por qué? 
Porque para rechazar un convenio es necesario pasar por el mismo procedimiento que el que dio origen a su nacimiento, es decir, que será necesario un proceso de ratificación en todos los Estados miembros. 
Por consiguiente, a priori, no habrá gastos con cargo al presupuesto de la Unión antes del final de las perspectivas financieras. 
Dicho esto, ya que nos encontramos en esta situación, no tengo objeciones para aceptar la enmienda oral que se ha presentado. 
Recomendaré por tanto a esta Asamblea que la apruebe. 
Antes de nada, debo recordarle que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos propone de nuevo al Parlamento que rechace el texto de la iniciativa. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0165/2002) del Sr. Deprez, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores, sobre la iniciativa del Reino de Bélgica con vistas a la adopción de una Decisión del Consejo (14628/2001- C5-0682/2001- 2001/0830 (CNS) ) por la que se adaptan los sueldos base y las indemnizaciones aplicables al personal de Europol 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0162/2002) del Sr. Novelli, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (2001) 423- C5-0438/2001- 2001/0172 (CNS) ), sobre las ayudas estatales a la industria del carbón (Procedimiento Hughes reforzado) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0144/2002) del Sr. Konrad, en nombre de la Comisión de Asuntos económicos y Monetarios, sobre el proyecto de reglamento de la Comisión, relativo a la aplicación del párrafo 3º del artículo 81 del Tratado a categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en la industria automovilística 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, estimados colegas, a la enmienda 1- esto es importante en esta votación- debe servir de base la versión inglesa. 
El texto original alemán no refleja el acuerdo de la Comisión de Asuntos Económicos. 
Contiene un error. 
Por consiguiente, en ese pasaje, si damos nuestra conformidad, aprobaremos la versión inglesa. 
Pido que se tome nota de esto 
Muy bien, los servicios lingüísticos están ya advertidos. 
Señor Presidente, no puedo participar en la votación sobre este asunto por razones de implicación financiera. 
Queda anotado, señora Peijs. 
Señor Presidente, al repasar ahora mismo una vez más con el ponente la lista de votación nos hemos topado con un problema en lo que respecta a la votación. 
Queremos sustituir de común acuerdo la primera parte de lo que hemos acordado en la comisión por la enmienda 9 del PPE. 
Si procedemos conforme a la lista de votación, corremos el peligro de que si tomamos una parte de la enmienda 22 quede eliminada la enmienda 9. 
Así figura, al menos, en la lista de votación. 
Hemos acordado- y creo que el ponente lo confirma pues lo hemos estado comentando ahora- rechazar la primera parte de lo que habíamos aprobado en comisión- es decir, la enmienda 22- aprobar la segunda parte y, luego, aprobar también la enmienda 9 del PPE, para sustituir la primera parte que habíamos rechazado. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la ponente por su tenacidad. 
Este informe contiene disposiciones relativas al listado y eliminación progresiva de subvenciones nocivas para el medio ambiente y relativas a tasas medioambientales a escala nacional o comunitaria, según sea pertinente. 
Al igual que en este caso, toda legislación que emane de las estrategias será aprobada en codecisión. 
La mejor gestión y uso de los recursos naturales así como la gestión de desechos constituye un paso esencial si queremos establecer un método de producción y un patrón de consumo más sostenible. 
El programa apoya una reforma de las subvenciones que han producido unos efectos climáticos adversos. 
Aclara el objetivo de frenar el cambio climático mediante unos objetivos de reducción más estrictos en el segundo periodo del Protocolo de Kyoto. 
También persigue la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero de la producción industrial, proporcionando incentivos al desarrollo de alternativas benignas, respetuosas del medio ambiente. 
Este informe no es, por supuesto, perfecto, pero demostrará su valor en su puesta en práctica concreta. 
Por ello, confío en que todos le demos nuestro apoyo. 
. 
(SV) En la primera y segunda lectura del Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente en el Parlamento Europeo los conservadores suecos hemos votado en contra de la creación de impuestos comunitarios a la energía y al medio ambiente. 
Mantenemos esta postura, aunque hemos votado a favor de la propuesta de conciliación. 
Señora Presidenta, este es un informe importante para todos nuestros ciudadanos, pero nosotros también hemos padecido dificultades en nuestro trabajo en el Parlamento a resultas del spam. 
Un reciente ejemplo lo hemos tenido en la directiva sobre aditivos alimentarios. 
El grupo de Los Verdes/ALE ha luchado desde el principio a favor del opt-in y celebro que el Parlamento lo haya adoptado, porque ningún otro sistema podría defender eficientemente la privacidad y la protección de datos. 
No obstante, criticamos que la propuesta abra la puerta a que los Estados miembros puedan obligar a los proveedores de servicios electrónicos a mantener, durante un determinado periodo de tiempo, datos personales o de otra naturaleza. 
Es inaceptable que, por un lado, se permita escudriñar disimuladamente y, por otro lado, no se establezcan salvaguardias contra estas prácticas. 
Por esta razón he votado en contra. 
He votado a favor del informe presentado por el Sr. Cappato, aunque tú, Marco, has pedido el voto en contra. 
¿Pero por qué he votado a favor? 
Está claro que la intimidad es importante, que el respeto a nuestra vida privada es importante, pero yo, Carlo Fatuzzo, al igual que muchos pensionistas con los que he hablado del tema, estoy en contra de la intimidad. 
Estoy de acuerdo en que todo el mundo sepa lo que digo; estoy de acuerdo en que todo el mundo sepa lo que hago; estoy de acuerdo en que todo el mundo sepa dónde voy. 
He tenido la impresión, y por esto he votado a favor, que si todo el mundo ve y sabe lo que hacemos, a lo mejor somos más buenos, a lo mejor somos más honestos, a lo mejor somos más sinceros. 
Señora Presidenta, el grupo de los Laboristas británicos ha votado a favor de las enmiendas relativas a la conservación de datos, las enmiendas 46 y 47, precisamente porque consideramos que se ha alcanzado un equilibrio muy sutil entre la detección de actividades criminales y la protección de las libertades civiles, en especial con las referencias al hecho de que cualquier medida debe ser proporcionada y adecuada, dentro del marco de una sociedad democrática y, ciertamente, con las referencias a los artículos 6 (1) y (2) del Tratado de la Unión Europea y, consecuentemente, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Convención Europea. 
. (EN) El Grupo ELDR ha votado a favor de la eliminación de la parte de la enmienda 46 que pretende conceder a los Estados miembros poderes de ' conservación de datos? ; esto es el poder de los gobiernos de exigir a los operadores de telecomunicaciones y a los proveedores de servicios de Internet que conserven datos relativos al tráfico, la facturación y la residencia para el eventual acceso a los mismos por parte de las agencias de policía. 
No obviamos que haya cabida, en cierta medida, para la conservación de datos por motivos de seguridad. 
Pero nos oponemos a su inserción en esta directiva porque sus ingentes implicaciones, tanto para la industria como para las libertades civiles, no son tratadas adecuadamente en este contexto. 
Resulta peligroso y prematuro respaldar un régimen general comunitario de conservación de datos en la forma de un anexo al paquete del mercado único de las telecomunicaciones. 
Cualquier concesión de estos poderes debería ser debatida en los parlamentos nacionales y posteriormente tratada en el contexto de la cooperación comunitaria en materia de policía y lucha contra la delincuencia, incluyendo las garantías para los derechos de los ciudadanos. 
La medida votada hoy es una directiva de mercado interior, parte de un paquete diseñado para abrir el mercado de la UE a la competencia y para permitir que las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet operen en un campo de juego equilibrado. 
La propuesta original de la Comisión no contenía ninguna referencia a los poderes de conservación de datos, que ha sido añadida por el Consejo de Ministros en su posición común. 
No he votado a favor de la enmienda de transacción sobre el artículo 15 (1) de mis colegas, las Sras. Paciotti y Palacio. 
A mi juicio, la enmienda que se ha aprobado sobre el artículo 15 (1) y la cuestión, conexa con la misma, de la obligación de los Estados miembros de adoptar, entre otras cosas, medidas a favor de la seguridad nacional, no es equilibrada. 
Las facultades o las obligaciones de los legisladores nacionales sobre el registro obligatorio de datos no se han limitado o definido de manera suficiente. 
Con la presente modificación del Consejo los Estados miembros pueden obligar a las empresas de comunicación a registrar de manera sistemática todos los datos obtenidos de los usuarios y a ponerlos a disposición en caso de consultas autorizadas. 
A este respecto no se han establecido los criterios importantes, ni qué datos han de ser registrados, ni durante cuánto tiempo, ni quién ha de correr con los costes (que a su vez dependen del volumen y del tiempo) que se produzcan por el registro y el procesamiento de los datos. 
Esto queda reservado a los Estados miembros. 
Por lo demás, no se esboza qué obligaciones, medidas de responsabilidad y medidas de seguridad han de regir para las empresas dedicadas al registro de datos. 
Actualmente, estas cuestiones se tratan en el marco del tercer pilar. 
Según mis informaciones, está en preparación una decisión marco sobre el registro obligatorio. 
Por lo demás, el tema se discutirá con todas las partes participantes (entre otros, autoridades de persecución penal, empresas de comunicación, protectores de datos) en el Foro sobre delitos cibernéticos iniciado por la Comisión. 
(Explicación de voto abreviada conforme al apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
- (NL) El invento del correo electrónico y de Internet ofrece un sinfín de posibilidades, y no sólo al propio usuario. 
Se presta a usos impropios de todo el que se proponga ganar dinero bombardeando a los demás con publicidad de productos no deseados por el destinatario. 
Lo que es aún más grave es que en ocasiones corresponde al propio destinatario cargar con los gastos de distribución de la publicidad no solicitada. 
Por tanto, hay razones suficientes para proteger legalmente a los ciudadanos contra el bombardeo con información no solicitada cuya recepción requiere tiempo y cuesta dinero. 
Ya me pronuncié a favor de un sistema de inclusión y no de exclusión en la primera lectura del 6 de septiembre de 2001. 
Parece ser que la decisión propuesta consagra esta opción. 
Por eso me había propuesto votar a favor, hasta que surgió un nuevo problema. 
Esta vez el culpable no es el inoportuno aprovechado particular sino las autoridades públicas intrusas y preocupadas por su seguridad. 
En otros tiempos se implantó el secreto postal y de las comunicaciones con objeto de garantizar la libertad de los ciudadanos, pero ahora el compromiso alcanzado entre los dos Grupos políticos mayoritarios permite suprimir la protección de los datos personales. 
En algunos casos extremos de criminalidad puede resultar necesario interceptar y registrar determinadas comunicaciones, aunque siempre debe hacerse mediante decisión judicial. Ahora bien, es fundamental que ello no se convierta nunca en norma. 
. (NL) El Grupo D66 en el Parlamento Europeo se alegra de que esta institución haya optado por el consumidor, dando su visto bueno a la propuesta de prohibir el envío de correo electrónico no solicitado a escala europea. 
Esperamos que esta prohibición de alcance europeo ayude a imponer una prohibición similar fuera de Europa, en concreto en los Estados Unidos. 
Habida cuenta de que Internet es un fenómeno mundial los problemas planteados por el uso impropio de este medio requieren una solución mundial. 
¡Viva la información medioambiental! 
Es muy importante y muy útil que el público, entre el que se encuentra la gente mayor y los pensionistas, lo sepa todo del medio ambiente. 
Señora Presidenta, he soñado con la ponente, Sra. Korhola, que, como saben, es, después de la Sra. Grossetête que con su atractivo francés ha cautivado desde siempre no sólo al que les habla, sino a otros muchos, una de las más guapas misses del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Pues bien, nuestra guapa Sra. Korhola- por lo que respecta a otros Grupos lo diré en otras ocasiones- en mi sueño estaba en una ventanilla ofreciendo información directa sobre el medio ambiente. 
En consecuencia, he votado con mucho gusto a favor. 
Señora Presidenta, usted es sosegada y tranquila y modera muy bien todas las sesiones; sin embargo, no puede negar que el Sr. Podestà que es el ponente de este texto sobre el proyecto de presupuesto, es muy equilibrado en las sesiones que usted preside: es sosegado, tranquilo, no se enfada nunca. 
Es tan equilibrado que por eso forma parte de la Comisión de Presupuestos. 
El equilibrio, como usted sabe, es una cualidad de la gente mayor y de los pensionistas. Es por esto que con mucho gusto he votado a favor de este equilibrado informe del Sr. Podestà que, en mi opinión, precisamente por este equilibrio, merece ser en el futuro, y hago votos por que sea así, Presidente del Parlamento Europeo, puesto que, como es sabido, el equilibrio es la mejor virtud del Presidente de un parlamento. 
Señora Presidenta, este texto del Sr. Bradbourn habla de las redes transeuropeas de transporte. 
Se me ha ocurrido que en Italia, recordando los tiempos del Imperio Romano, se dice: "Todos los caminos llevan a Roma". 
Por lo tanto, ahora que estamos en la Unión Europea, tendremos que decir: "Todos los caminos llevan a Bruselas". 
Seguramente existirán muchos más caminos que desde Bruselas llegarán a todos lados, pero quisiera recordar lo importantes que son, señora Presidenta, los pasillos 5 y 8, especialmente el pasillo 8 que, como usted sabe, en las propuestas de nuestra comisión parlamentaria enlaza el sur de Europa, Italia y el Mar Adriático con la ciudad de Varna en Bulgaria, en el Mar Negro, porque no solo se debe intensificar la conexión norte-sur, sino también oeste-este en la zona meridional de Europa. 
Felicito al Sr. Bradbourn por el excelente informe que nos presenta y al que doy mi apoyo total. 
Es un trabajo que denota un gran conocimiento técnico para plantear un asunto de importancia decisiva, como es el desarrollo de la red transeuropea de transportes y en relación con el cual quisiera subrayar los siguientes aspectos: 
necesidad de una política de infraestructuras de las redes transeuropeas como medio de integración de las economías del mercado europeo; 
redes transeuropeas como instrumento decisivo de la política europea de crecimiento, competitividad y empleo y como impulsoras de un mercado de transportes transfronterizo y operativo, que permita la creación de un verdadero mercado interior de los transportes y el consiguiente progreso de Europa. 
- (NL) En cierto modo, el presente informe se anticipa al Libro Blanco sobre la política europea de transportes del que nos ocuparemos en breve. 
Se trata en buena parte de la opción entre medio ambiente y bienestar, de un lado, y máximas ganancias empresariales e individualismo de algunos privilegiados, de otro. 
Si pretendemos ponernos al servicio del medio ambiente y del bienestar hemos de reducir al mínimo el transporte innecesario de existencias comerciales, limitando en la medida de lo posible el transporte restante de personas y mercancías por carretera y vía aérea. 
En tal caso, habría razones suficientes para invertir de forma selectiva en la modernización del tráfico ferroviario de larga distancia y la eliminación de los puntos de estrangulamiento en las vías navegables abandonadas. 
Ahora bien, quien pretenda beneficiar a los privilegiados optará por la construcción de más y mayores aeropuertos y más y más anchas autopistas. 
Considero positivo que esta vez la Comisión Europea se haya mostrado dispuesta a hacer más hincapié en el medio ambiente, la ordenación del territorio y la protección contra el ruido. 
Una mayoría del Parlamento Europeo intenta anular este compromiso reclamando un mayor nivel de inversiones y exigiendo que el ferrocarril y la navegación no salgan beneficiados en detrimento del tráfico por carretera y el sector aéreo. Ello sólo conducirá a una sobrecapacidad de autopistas y aeropuertos, a fin de brindar a las empresas la oportunidad de elegir en cada momento el modo de transporte que les resulte más ventajoso. 
. La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con una población cercana al millón doscientos mil habitantes, 44,8 por kilómetro cuadrado. 
Sin embargo, la provincia de Teruel, una de las tres que la integran, sólo cuenta con una media de 9,3, derivada de sus apenas 140.000 habitantes repartidos en 14.785 kilómetros cuadrados situados a más de mil metros de altitud. 
Esta irregular distribución demográfica, desvirtuada por la gran concentración poblacional de la capital, Zaragoza, ha llevado a su exclusión de las zonas denominadas Objetivo 1. 
La provincia, que cuenta con tres centrales térmicas en funcionamiento, sufre además de una importante crisis derivada del desmantelamiento de sus explotaciones mineras. 
El Gobierno regional estima que su inclusión en el trazado de las vías de alta velocidad europeas, y más concretamente en la del tren de alta velocidad Madrid-Levante, la aproximaría al eje de la cuenca mediterránea, contribuyendo de forma importante a su desarrollo y a la recuperación del déficit acumulado en las últimas décadas en materia de comunicaciones. 
Pido al Consejo y a este Parlamento que tenga en cuenta esta situación y los efectos nefastos derivados del aislamiento geográfico y de la despoblación que produce en esta provincia. 
. (IT) Apoyo el informe Bradbourn como primera etapa en el proceso de revisión de las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte. 
De cara al futuro debemos tender a una profunda revisión de la política en cuestión, tanto en lo que respecta a sus mecanismos de activación, me refiero a las modalidades di financiación de dicha política y a la implicación del sector privado, como en lo que respecta a las orientaciones de las TEN. 
Con relación a este punto, hay que decir que el eje norte-sur se ha de potenciar, y esto con vistas a la ampliación de la Unión a los países del sudeste de Europa. 
. (EN) Si uno tuviera que hacer un juicio basándose en el informe de la Comisión, sería posible creer que el transporte transfronterizo y la libertad de circulación de mercancías en Europa no podría existir sin la UE. 
Huelga decir que los gobiernos son capaces de cooperar libremente en materia de transporte- y en un amplio número de asuntos- sin rendir necesariamente sus competencias a una autoridad supranacional no electa. 
Pero lo que hace a este proyecto especialmente detestable es la afirmación triunfalista contenida en el informe de la Comisión: 
' Los principales proyectos transnacionales de la última década, tales como el Túnel del Canal, la línea de alta velocidad entre Bruselas y París y el puente/túnel entre Suecia y Dinamarca, emiten la señal a los ciudadanos de la Unión Europea de que la integración europea está progresando?. 
En otras palabras, como cualquier cosa que toca la Comisión- o, más correctamente, ' contamina? -la verdadera agenda la conforma la integración política. 
Esto no sólo es detestable- es peligroso. 
¿Cuándo van a darse cuenta la Comisión y sus compañeros de viaje que sus continuos esfuerzos por secuestrar virtualmente todas las actividades europeas están creando esa suerte de reacción violenta personificada en Le Pen y Fortuyn? 
Mucha menos integración y algo más de humildad nos vendría muy bien a todos. 
Celebro mucho la decisión de incluir la autopista ' Fichtelgebirge? en las redes transeuropeas. 
La ampliación hacia el este no debe quedar atrapada en un atasco de tráfico. 
Las regiones fronterizas pueden obtener un gran provecho de la ampliación. 
Al mismo tiempo es preciso crear vías de transporte eficaces para evitar sobrecargas por el aumento del tráfico. 
No obstante, hay que contar con una duplicación del tránsito transfronterizo. 
Señora Presidenta, he votado a favor de la propuesta de la Sra. Carmen Cerdeira Morterero, o sea, no he aprobado la propuesta de crear una red de puntos de contacto para las policías privadas en Europa. 
Sin embargo, lamento no haber podido votar por una directiva que organice las policías privadas en Europa. 
No obstante, espero que pronto tengamos también en Europa un Sherlock Holmes, un Nero Wolfe, un Tom Ponzi europeos, porque podrían vigilar contra los robos. 
Los robos de la pensión recién cobrada por los pensionistas, los cuales a menudo son víctima de tirones que sería deseable que dejarán de producirse. 
Por lo tanto, viva las investigaciones privadas europeas y esperamos poder votar pronto a favor de una directiva de este tipo. 
Señora Presidenta, hemos votado y decidido rechazar el informe del Sr. Sérgio Sousa Pinto porque no organiza seriamente una policía europea y, en la práctica, propone una copia de la Academia Europea de Policía. 
Yo quisiera que se creara, junto con las policías nacionales, una verdadera policía europea eficaz y eficiente. 
Al igual que en los Estados Unidos- a veces hacen algo que está bien- existe el FBI, también Europa debe tener su policía federal, pero una policía que funcione, que no sea un derroche de dinero y que sea cercana a los ciudadanos. 
Aun siendo europea, tiene que ser la policía de los ciudadanos europeos. 
Señora Presidenta, he votado a favor. 
Soñé que me había convertido en una gran personalidad. 
El Sr. Fatuzzo no era un simple diputado del Parlamento Europeo, sino un gran jefe de Estado. 
Viajaba por toda Europa y ¿quién me protegía? 
Y mira por dónde lo hacía el mismísimo ponente, The Earl of Stockton, que en este momento quizás me esté escuchando en su despacho. 
Bien, aunque él no lo sabe, tengo que decirle que se parece a Bud Spencer, un famoso actor de cine italiano, conocido por su fuerza, por ser el bueno que lucha contra todos los malos y que tiene una gran presencia física. En resumen, la persona perfecta que puede proteger a las personalidades. 
Esta es la razón por la que muy gustosamente he votado a favor de este texto. 
Todos los informes relativos a la policía europea, Europol, y que son objeto de este debate conjunto proceden del mismo planteamiento, la sustitución de Europa por los Estados en materia de seguridad interior y de policía transfronteriza. 
Es por escalones enteros como se amplía la esfera de las competencias de la Comunidad Europea y cómo se ve sorteado sistemáticamente el principio de subsidiariedad en beneficio de la competencia creciente de la Unión. 
La multiplicación de las redes y agencias europeas en el plano policial a la que asistimos actualmente, y que no hace sino comenzar, es excesiva. 
Enmarañamiento de competencias, falta de delimitación de los campos de acción, estatuto del personal de esos órganos europeos... todo es vago, complejo y finalmente inoperante. 
Pero la lógica de ruina de nuestras instituciones y de nuestras soberanías prosigue a pesar de todo y cualesquiera que sean los daños. 
Así, a la red judicial europea, al colegio de policía europeo, a la red de prevención del crimen europeo que ya existen, Europa quiere superponer una red europea de protección de las personalidades, un fiscal europeo, un código penal europeo, y quién sabe cuánto más... 
Es necesario rechazar esta lógica de desaparición de nuestras policías nacionales, de nuestra seguridad, de nuestra justicia en beneficio de una policía europea, de una seguridad europea y de una justicia europea únicas. 
(Intervención acortada en aplicación del párrafo 1º del artículo 137 del Reglamento) 
- (NL) Las iniciativas del Gobierno español pueden calificarse de excepcionales. 
No sólo pretende erigirse en defensor a ultranza de la pesca, moderar las medidas medioambientales, desviar el río Ebro a Murcia y anexionar Gibraltar, sino que aparentemente también aspira a organizar una estructura de violencia represiva. 
La creación de un instituto europeo para estudios policiales, el fomento del uso de servicios de seguridad privados a escala comunitaria y la protección transfronteriza de personalidades amenazan con instaurar una dictadura feudal a imagen y semejanza de la tradición latinoamericana. 
Allí los políticos, los funcionarios, los militares y los grandes empresarios están acostumbrados a ocultarse detrás de muros, verjas y guardaespaldas armados que deben protegerlos en la medida de lo posible contra los ciudadanos de a pie víctimas de tamaña provocación, al tiempo que la legislación aprueba y refuerza este aislamiento voluntario. 
En lugar de resolver los problemas de todos sólo se vela por el bienestar de los ricos y los poderosos, en tanto que las penalidades sufridas por los demás, es decir, por la gran mayoría de la población, no hacen más que crecer. 
¿Se impondrá una legislación similar en el seno de la UE? ¿Acabarán prevaleciendo las normas de seguridad europeas sobre las experiencias vividas a más pequeña escala a nivel nacional o regional? 
La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores subraya con razón que no corresponde a una red europea establecer el número de funcionarios armados implicados en las labores de protección o decidir sobre la preferencia que se otorga a la comitiva de la personalidad protegida en la circulación, aparte de que también rechaza la mayoría de las demás propuestas españolas. 
Hemos votado en contra de la recomendación del Parlamento Europeo relativa a ' la integración de Europol en el sistema institucional de la Unión Europea? , ya que intenta quitar a Europol de la esfera estrictamente intergubernamental, donde se encuentra situado por su convenio, para atraerlo al estatuto ambiguo del tercer pilar, intergubernamental cruzado de aspectos comunitarios, que constituiría una antesala para una comunitarización más completa, con posterioridad. 
Esta maniobra nos parece desde el punto de vista jurídico muy censurable: el Parlamento Europeo sugiere que el Consejo sustituya de oficio a la Convención (que es un tratado específico) la base jurídica del artículo 34, párrafo 2º, punto c) que es interna al Tratado y permite en algunos casos la utilización de la mayoría cualificada. 
Pero este cambio de naturaleza y efecto jurídico no es posible sin la ratificación de los pueblos. 
De ahí resulta que la maniobra es también políticamente deplorable: no se tiene derecho sobre un punto tan fundamental- ni sobre ninguno por otra parte- a modificar la decisión de los pueblos a espaldas de ellos. 
Este tipo de comportamiento, por parte del Parlamento Europeo es un mal augurio para el respeto de los pueblos si se le confiaran más poderes. 
Objetivo de la iniciativa hispano-belga y del informe que se debate es poder modificar el Convenio Europol, a fin de que este servicio también adquiera un carácter ' operativo? sin necesitar la aprobación y la ratificación de los parlamentos nacionales. 
Es evidente que las competencias definidas por el Convenio Europol (recogida- elaboración- intercambio de datos) ya no responden a las necesidades actuales de la Unión Europea, es decir, la aceleración de la construcción de mecanismos de militarización y represión. 
El haber aumentado su competencia material y que no haya formas graves de criminalidad (incluido el llamado terrorismo) en la cual no esté implicada, tampoco es suficiente. 
Con la excusa del 11 de septiembre, la Europol intenta una vez más hacerse cargo de obligaciones de claro carácter policial y represor, al mismo nivel o por encima de los mecanismos nacionales correspondientes, como por ejemplo el conocido FBI. 
Para que esto suceda hay que modificar el Convenio. 
Por un lado, la iniciativa hispano-belga propone que se pueda hacer esto con la decisión unánime del Consejo, por otro lado el informe Deprez avanza más, proponiendo a su vez transformar el Convenio en ' decisión? del Consejo, de modo que pueda modificarse en cualquier momento, simplemente con mayoría específica del Consejo. 
Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra de los dos textos porque aspiran a armonizar la Europol con las necesidades de reforzar los mecanismos represores, los que reducen las libertades democráticas y los de persecución de los movimientos populares. 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Deprez se refiere a la equiparación de los sueldos base y de las indemnizaciones aplicables al personal de Europol. 
Usted sabe, señor Presidente, que he votado a favor del informe, o sea, contra esta propuesta porque existe un problema con respecto a la cuantía del aumento: el 5,2 % de aumento de los sueldos de Europol, en lugar del 4,3 %, como propone el ponente. 
Habría votado a favor si hubiera habido una ' indemnización Fatuzzo ". Es decir, votaría a favor si se estableciera para todos los intérpretes que están obligados a permanecer aquí porque el Sr. Fatuzzo muy a menudo hace explicaciones de voto, así como para los funcionarios de la Presidencia y para el mismo Presidente, doblar las indemnizaciones, como compensación especial porque deben escuchar las numerosas explicaciones de voto del Sr. Fatuzzo. 
Con los informes Deprez sobre Europol, nos sumimos en la incoherencia. 
Hace unos instantes hemos visto cómo los gobiernos español y belga, que no pasan precisamente por federalistas moderados, han sido severamente corregidos por el Parlamento Europeo por falta de sentimiento comunitario: tenían la desgracia de pretender respetar los textos que sitúan a Europol en las relaciones intergubernamentales. 
Fue de alguna manera una lucha fratricida entre federalistas juristas y federalistas ideólogos. 
En este segundo informe Deprez, vemos que el Consejo, que se opone con toda justicia a cualquier competencia del Parlamento sobre el presupuesto de Europol (alimentado directamente por las contribuciones de los Estados miembros) , viene espontáneamente a consultarle para un asunto financiero minúsculo, un posible incremento de los salarios de los funcionarios de este organismo. 
Nos hemos abstenido ya que pensamos que el Parlamento Europeo no tiene competencia. 
Todo esto demuestra que el estatuto de Europol debería clarificarse y estabilizarse. 
Según nosotros, no debería depender ni del pilar intergubernamental en sentido estricto, ni del pilar comunitario, sino de un pilar intergubernamental que hay que crear, donde los parlamentos nacionales trabajarían en red. 
En este contexto, Europol se vería seguido, más allá de los controles actuales, por una asamblea compuesta por representantes de los parlamentos nacionales. 
Señora Presidenta, he votado a favor de las ayudas a la industria del carbón que está realmente necesitada del apoyo económico de Europa, pero no puedo callar que, personalmente y también como responsable del Partido de los Pensionistas, estoy a favor de la energía nuclear. 
Quisiera que se volvieran a construir centrales nucleares seguras, decididamente, seguras en todos los Estados europeos. 
Creo que el problema de la energía sólo se puede resolver volviendo sin vacilar en todas partes de Europa a las centrales nucleares, repito, seguras, más aún, muy seguras. Al respecto, en los países candidatos se debe llevar a cabo un control de las centrales nucleares que dando garantías de seguridad si fuere necesario deben seguir funcionando. 
Hay que recordar que el carbón y el acero están en el origen de la construcción de Europa. 
Al término de la guerra, los seis Estados fundadores decidieron poner en común sus producciones de acero y carbón. 
Así, vio la luz, el 18 de abril de 1951, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Tratado CECA). 
El Tratado CECA se concluyó para una duración de cincuenta años a contar desde su entrada en vigor; por consiguiente expirará el 23 de julio de 2002. 
Estaba previsto que una vez que expirase el Tratado, el acero y el carbón se considerarían como otro producto industrial, principalmente en el marco de la política de competencia. 
Sin embargo, está claro que a falta de medidas de apoyo financiero, la inmensa mayoría de la industria hullera europea estaría condenada a desaparecer a muy corto plazo. 
Efectivamente, la mayor parte de la producción de carbón comunitario es, y debería seguir siendo, no competencial con relación a las importaciones procedentes de países terceros. 
El Libro Verde sobre la seguridad de abastecimiento energético ha tenido en cuenta estos datos. 
Se ha considerado el mantenimiento de una capacidad mínima de producción ya que el carbón sigue siendo una importante fuente de energía autóctona, disponible a largo plazo, estable y segura. 
(Intervención acortada en aplicación del párrafo 1º del artículo 137 del Reglamento) 
Señora Presidenta, tras haber leído el informe del Sr. Konrad sobre los acuerdos comerciales de la industria del automóvil y de la representación de los fabricantes de automóviles debo decir que tengo un sueño: no "tuve" un sueño, sino "tengo" un sueño. 
Aunque ya no soy tan joven, pues soy el presidente del Partido de los Pensionistas, sueño con comprarme el coche de mis sueños: el Peugeot 206 c.c., deportivo, spider, y quisiera que este sueño se realizara no solo para mí, sino también para todos los pensionistas. 
El informe Konrad hará que lleguemos a realizar este sueño, puesto que, gracias a él, se reducirá el coste de todos los automóviles que se venden en Europa. Por esto, he votado a favor confiando en que este sueño se convierta en realidad. 
Señora Presidenta, acerca del informe de nuestro colega, el Sr. Konrad, sobre la apertura de la distribución y servicios del automóvil quisiera decir que valoro de manera absolutamente positiva las iniciativas de la Comisión y del Comisario Monti. 
Por esta razón, en colaboración con el ponente, he intentado también varias veces encontrar nuevas vías y formular propuestas, que en parte se iniciaron también, para atender en el sentido de una sana competencia al consumidor y apoyar, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, a los pequeños, y no tan fuertes, socios comerciales. 
Las medidas lobísticas y también las intervenciones políticas encaminadas al mantenimiento de determinadas situaciones monopolísticas no estaban justificadas. 
Espero que el compromiso que se ha asumido constituya también en el futuro la condición para dar pasos ulteriores en esta dirección. 
Se trata en este caso de un informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión por la que se contempla la apertura progresiva del mercado a la industria automovilística. 
Efectivamente, será en septiembre de 2002 cuando concluya la exención en bloque de las normas de competencia concedidas a la industria automovilística. 
Esta propuesta de la Comisión debería ser de aplicación hasta 2010. 
Pretende romper el vínculo que une al distribuidor y al constructor, autorizar la venta de vehículos de marcas diferentes en las mismas instalaciones, permitir la subcontratación del mantenimiento y reparación de los vehículos sin que perjudique los derechos de los consumidores, someter a los constructores a una obligación de proveer de información técnica a los talleres independientes que, también, deberían ver reconocido el derecho de acceso a las piezas de recambio. 
Los diputados, si bien están globalmente de acuerdo con la Comisión, han presentado enmiendas destinadas a garantizar la seguridad jurídica de los revendedores y a limitar el impacto de una competencia total. 
El informe propone así varias enmiendas al proyecto de reglamento sobre el vínculo entre distribuidores y talleres, las ventas de marcas diferentes en un mismo lugar, los recambios, los contratos legales así como el calendario de aplicación del nuevo sistema. 
(Explicación de voto abreviada conforme al párrafo 1º del artículo 137 del Reglamento) 
En el sector automovilístico había, hasta ahora, un conjunto de acuerdos verticales entre la industria, la distribución y la reparación y se había concedido una exención en bloque para evitar la ampliación de los principios del artículo 81 de la Política de Competencia. 
Ahora que este reglamento de exención llega a su término se prepara una liberalización con un período de transición de sólo un año. 
Así, hasta ahora la industria tenía un gran control de su mercado mediante acuerdos exclusivos (concesionarios) , distribución exclusiva de piezas de origen y garantía de reparaciones. 
Con la apertura del sector a la competencia va a ser posible que, por ejemplo, los hipermercados vendan coches, que los concesionarios vendan varias marcas y que sea obligatorio facilitar datos técnicos a otros productores de piezas y oficinas para que puedan producir y reparar en competencia. 
También se pretende liberalizar el mercado de venta europeo, a pesar de las cuestiones relativas al impuesto automovilístico, pues dejan de tener validez las restricciones y los acuerdos nacionales sobre un territorio. 
Así, un consumidor podrá beneficiarse de precios inferiores, como también algunos concesionarios y algunos distribuidores, pero los concesionarios más pequeños, sin exclusividad, podrían no tener perspectivas de negocio y habría una tendencia a una mayor concentración del número de concesionarios. 
Se calcula que podría desaparecer el 20 por ciento de los concesionarios, lo que entrañaría pérdidas de puestos de trabajo. 
Por eso no apoyamos este informe. 
Me alegro de que la Comisión haya aprobado el principio de un reglamento de exención específica para este sector. 
Efectivamente, el automóvil es un bien al mismo tiempo caro, de alto contenido tecnológico y que afecta a desafíos tan esenciales para los consumidores como la seguridad y la protección del medio ambiente. 
Considero muy necesario que se preserve un grado elevado de competencia. 
Sin embargo, deseo que la Comisión actúe con prudencia ya que, en toda Europa, las redes de distribución de automóviles son frágiles y deben preservarse para el bien de los consumidores. 
Como representante por Francia en la región de Auvernia, que tiene numerosas ventajas pero también dificultades de desarrollo económico local, sé cuál es la importancia de la durabilidad de las redes de talleres y de concesionarios de automóviles, no sólo porque contribuyen a la vitalidad económica de estos territorios en términos de empleo y de formación, en particular de jóvenes, sino también por lo que aportan al consumidor en términos de seguridad y de servicios de proximidad. 
Ésta es la razón por la que deseo que se preserve la noción de territorio y que la cláusula de localización no se cuestione más que si una evaluación clara en 2005 demostrara que es indispensable. 
(Explicación de voto abreviada conforme al párrafo 1º del artículo 137 del Reglamento) 
. (EN) Saludo las propuestas de la Comisión para reformar el mercado del automóvil. 
Lamento que ciertos elementos del informe del Sr. Konrad agüen el plan de la Comisión. 
Los conductores del Reino Unido y de otras partes de la UE han pagado durante demasiado tiempo demasiado dinero por automóviles nuevos y han sido objeto de prácticas restrictivas en cuanto a los servicios postventa y los repuestos. 
Insto al Sr. Monti a acelerar la reforma. 
En la Cumbre UE- América Latina, a pesar del esfuerzo de la Unión por dar una imagen distinta a la de los Estados Unidos, las diferencias entre los dos son mínimas si exceptuamos las del marco de las oposiciones imperialistas. 
En el comunicado conjunto no se dice ni palabra sobre la exclusión de Cuba, sobre la interrupción del proceso pacificador en Colombia, ni sobre el plan ' Colombia? de los Estados Unidos y su ampliación. 
No se menciona el intento de golpe de Estado en Venezuela y la Unión Europea ni siquiera considera que deba justificarse sobre su postura inicial ante los golpistas. 
Igualmente, es evidente el apoyo a las medidas gubernamentales antipopulares en Argentina y el miedo a que ésta última se desvincule del FMI. 
Asimismo se percibe el esfuerzo por lograr introducir más fácilmente capitales europeos en América Latina. 
La Unión Europea se limita a proponer a estos países políticas liberales y acuerdos de intercambios libres en lugar de ayudarles a construir sus economías, y realiza un gran esfuerzo por situarlos en la llamada lucha contra el terrorismo, ignorando las voces de los pueblos en el Foro de Porto Alegre y el Foro Parlamentario de Sao Paolo. 
Las manifestaciones masivas en Madrid han mostrado la indignación profunda y la decisión de luchar del pueblo en contra de los movimientos de la Europa del capital. 
Para los pueblos de Latinoamérica no hay nada positivo que esperar de la Unión Europea puesto que, en ningún caso, es un contrapeso de los EE.UU. 
La Cumbre de Madrid posee, sin duda, peso político pues los Estados que se congregaron en la misma representaban a casi 870 millones de habitantes y a una cuarta parte de los estados de la ONU. 
A pesar de algunos éxitos parciales, como el acuerdo de asociación con Chile y México, el balance desde la Cumbre de Río de 1995 no es convincente; dudo que Madrid, a pesar de todas las declaraciones de intenciones, conduzca a una ruptura hacia una más alta calidad de las relaciones entre la UE y los estados de Latinoamérica y del Caribe, si no se analizan de manera concreta y constructiva tres cuestiones: 
1. 
Latinoamérica es un socio comercial interesante para Europa. 
Sólo la economía alemana obtiene aquí un beneficio comercial de 3 millardos de euros. 
Pero los auténticos beneficiarios son los EE.UU. que pretenden imponer sus intereses geoestratégicos y económicos bajo la figura de la zona de libre comercio ALCA y de asegurarlos contra la competencia exterior. 
Europa se daña a sí misma si abandona a Latinoamérica al dominio de los bancos y corporaciones norteamericanos sin oponer resistencia y sin ofrecer alternativa. 
2. 
En ninguna parte se manifiestan de manera tan palmaria las consecuencias negativas de la desenfrenada globalización como en Latinoamérica. 
Lo ponen de manifiesto el creciente empobrecimiento de grandes partes de la población hasta las clases medias así como la crisis financiera y política en Argentina. 
Bajo la figura del Foro Social Mundial de Portoalegre se ha formado una fuerza contraria que también irradia hacia Europa. 
(Explicación de voto abreviada conforme al apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Señora Presidenta, la Política Agrícola Común no puede permanecer inerte, debe adaptarse a las circunstancias cambiantes. 
No obstante, todas las propuestas que se refieren a la política agrícola deben respetar los artículos 32 y 38 del Tratado y, en especial, los objetivos del artículo 33, en concreto garantizar un desarrollo racional de la producción y ' garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola?. 
No deben implicar una renacionalización de la Política Agrícola Común, de ahí mi estrategia de voto. 
Me causaría preocupación cualquier solución presupuestaria que implicase la transferencia de parte de la ayuda a los cereales para proporcionar un incentivo para las cosechas proteicas como reza el parágrafo 31. 
Utilizar tierras de barbecho para esas cosechas podría comprometer el estatuto de caja azul de los pagos por superficie de la OMC y tener como resultado el deslizamiento de la producción a las tierras de barbecho y el uso de las tierras destinadas a cultivos proteicos para producir cereales. 
También me opongo al restablecimiento de una tasa diferencial, una tasa mayor de ayuda para los cultivos oleaginosos oleicas como esta previsto en el parágrafo 32, ya que ello significaría un retorno al limite de al rededor de 4,9 millones de hectáreas establecido por el Acuerdo de Blair House para la producción de plantas proteaginosas en la UE como parte de la Ronda Uruguay. 
No está claro, señora Presidenta, lo que significa el parágrafo 35. los pagos por superficie cultivable se basan en una tasa fija por tonelada, que es de aplicación en toda la UE y solo se diferencia en proporción con los rendimientos históricos de cada Estado miembro o región, con el fin de desligar estos pagos de la producción. 
La aplicación de una tasa de ayuda uniforme perjudicaría a las regiones septentrionales, incluyendo a Irlanda, que tradicionalmente ha tenido mayores rendimientos. 
Es difícil saber lo que se quiere decir en el texto del parágrafo 43. 
No apoyo un mayor uso de la intervención en ningún producto, menos en determinados productos frutícolas y hortícolas, como tampoco lo hace la Comisión. 
El apoyo debería ser canalizado a través de unas organizaciones de productores reforzadas. 
A pesar del gran debate y de las propuestas que presentamos, encaminadas a mejorar el contenido del informe, cosa que se consiguió parcialmente, se mantienen en él varias contradicciones. 
Aunque sea positivo que esa revisión provisional haya reactivado el debate sobre la reforma de la PAC y la necesidad de hacer algunos ajustes en diversos aspectos, en particular la defensa de la creación de un sistema permanente de ayudas a los frutos secos, la protección de origen de los aceites, la OCM de los plátanos, y otras, sin olvidar el principio de la soberanía y la seguridad alimentaria y la necesidad de revisar la tendencia exportadora de la PAC, es negativo que insista en el principio de cofinanciación que pondría en entredicho la aplicación de la PAC y afectaría sobre todo a los agricultores de las zonas menos desarrolladas, cosa que rechazamos. 
Igualmente positiva es la referencia a la necesidad de que se apruebe el carácter obligatorio de la modulación de las ayudas del primer pilar de la PAC, pero es negativo que insista en la necesidad de disociar las ayudas de la producción. 
A eso se debe nuestro voto de abstención. 
- (NL) En el orden del día el informe Fiori sobre la reforma de la política agrícola común se vincula al informe Rodríguez Ramos. 
Aunque el Sr. Fiori acierte plenamente al llamar la atención sobre el medio ambiente y la seguridad alimentaria tengo la impresión de que, en la práctica, se centra casi exclusivamente en las exigencias de la OMC, es decir, en la necesidad de seguir concediendo ayudas agrícolas a los Estados miembros del sur de Europa después de la adhesión de los países más pobres de la Europea Oriental e impedir en la medida de lo posible la aplicación de regímenes nacionales. 
Por todo ello puede decirse que el ponente representa al pasado caracterizado por una excesiva burocracia, economías de escala, la innecesaria transferencia de un lado a otro del dinero del contribuyente y la reducción artificial de los productos agrarios. 
Me parece que está librando desde una postura de retaguardia una batalla perdida de antemano puesto que desde el momento en que la UE se amplíe con otros diez Estados miembros sencillamente no habrá dinero suficiente para este fin. 
Por ello es preferible que se tengan en cuenta las consecuencias sociales, la seguridad de subsistencia y la capacidad adquisitiva de las personas que pierden su trabajo. 
Haríamos mejor en financiar estas necesidades que en fomentar el aumento de la producción. 
Además, hay que poner fin al éxodo rural y al progresivo deterioro del medio agrario. 
Con razón la Sra. Rodríguez Ramos solicita más dinero para el desarrollo rural y las iniciativas de reducidas dimensiones. Respaldo su petición de instar a la Comisión Europea a que presente propuestas en este sentido. 
. 
(SV) Hemos optado por votar en contra de este informe. 
Respaldamos algunas de sus ideas, como que la política agrícola común debería fomentar en mayor grado la multifuncionalidad en la agricultura; que las exigencias medioambientales deberían incorporarse en todas las formas de subvenciones; que las ayudas deberían beneficiar a las explotaciones agrícolas familiares pequeñas; que se rechace la renacionalización de la política agrícola; que se disocien las subvenciones y la producción y que se promueva una agricultura más extensiva. 
Por el contrario, rechazamos otras partes del informe. 
La perspectiva del Tercer Mundo brilla por su ausencia. 
La apertura del mercado mundial se presenta como algo esencialmente negativo y se cuestiona la importante decisión denominada "Everyting But Arms". 
Además, se sostiene que en el futuro las reformas deberán orientarse fundamentalmente a frenar la disminución del empleo en el sector agrícola, opinión que no compartimos. 
No aceptamos, como propone el informe, que se relaje la disciplina presupuestaria. 
Dudamos que sean necesarias las nuevas subvenciones a los plátanos, al arroz, a las proteínas vegetales y a las nueces, así como las ayudas a las organizaciones de productores. 
La política agrícola reformada debería mantener el modelo agrícola europeo y dar a los agricultores un pago razonable por el destino multifuncional de la agricultura. 
Pero es igualmente obvio que se necesitan muchas de reformas: hay que eliminar los efectos negativos para el Tercer Mundo, hay que realizar una adecuación gradual al mercado mundial y hay que compatibilizar las subvenciones con el desarrollo sostenible. 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe con cierta reticencia porque, en mi opinión, debería haber más urgencia para la reforma que la que se expresa en el mismo. 
Hay, de hecho, algunos elementos y sugerencias que sencillamente convertirían a la PAC en una política de ingresos para los agricultores. 
Esto no puede acogerse positivamente. 
El verdadero desafío al que se enfrenta el sector agrícola es ser más competitivo y más próximo al consumidor. 
No creo que una subvención indefinida constituya una solución. 
Señora Presidenta, permítame el lujo de intervenir respecto de una cuestión de orden antes de tratar el informe Fiori. 
Escuchando a mi estimado colega a mi izquierda, creo que quizá sea pertinente revisar las normas sobre las explicaciones de voto, de forma que a cualquiera de nosotros se le permita en cualquier sesión plenaria una explicación oral y cuantas escritas se desee y digo esto, ciertamente, para que nuestro trabajo sea lo más eficiente posible. 
Quizá, señora Presidenta, podría trasladar mi opinión allí donde competa su examen. 
Se aceleraría el procedimiento tanto para usted como para los intérpretes. 
Señora Presidenta, he apoyado este informe con las siguientes reservas: las asignaciones nacionales del fondo de desarrollo rural no son igualitarias y deberían ser modificadas durante el balance intermedio. 
Los reglamentos deberían ser más flexibles y menos burocráticos. 
Las medidas para promover la seguridad alimentaria, la calidad alimentaria y el apoyo a los productos locales, si bien son dignas de saludar, no deben distorsionar la competencia. 
El mundo rural es algo más que la agricultura y el turismo. 
Hay dos distritos en mi región que tienen un bajo desempleo pero unos ingresos medios bajos. 
Nuestras ambiciones para las zonas rurales deben apuntar a una mayor actividad económica y unos salarios más elevados. 
La Sra. ponente considera un hecho la reducción del llamado primer pilar- el relacionado con la producción agrícola- y propone abortar las consecuencias de dicha reducción fomentando el segundo, es decir, el desarrollo rural. 
Al intentar gestionar la situación negativa, el informe propone reducir los fondos del primer pilar con criterios de ' eco-condicionalidad?. 
Es decir, intenta cortar las ayudas y los fondos con excusas ecológicas y trasladarlos al segundo pilar a fin de mantener la disciplina presupuestaria. 
Con esta lógica abren los odres de Eolo para anular las subvenciones a una serie de productos, porque ciertos estudios de corte científico los consideran nocivos para el medio ambiente. 
Finalmente, en cuanto a la ampliación, el informe se sitúa en la lógica del periodo transitorio de 10 años para los países candidatos a la adhesión, fomentando así una PAC de dos velocidades, de países con derechos y obligaciones y países con obligaciones y derechos reducidos. 
Todo el espíritu del informe está condicionado por el intento de embellecer la ' Agenda 2000? y la ampliación, cuyos términos son inaceptables para los países candidatos a la adhesión. 
Nosotros vamos a votar en contra del informe y apoyamos en su lucha a los pequeños y medianos agricultores que intentan cambiar todo esto que la Sra. ponente considera como hechos e intenta adornar, como la política antiagrícola que conlleva, con exactitud matemática, el exterminio y la banca rota de los agricultores europeos. 
El informe es globalmente positivo, aunque mantenga uno u otro aspecto confuso. 
En cualquier caso, conviene subrayar que el aumento de las asignaciones para el desarrollo rural debe entrañar las enmiendas adecuadas para tener en cuenta las especificidades de las diversas agriculturas de la Unión Europea. 
Como propusimos durante el debate y la ponente aceptó y consignó en el informe, es importante apoyar la comercialización de productos de calidad y dar un mayor apoyo al desarrollo de los mercados locales y regionales, en particular mediante el fortalecimiento del diálogo de los productores con los demás agentes de desarrollo local. 
También a este respecto es importante que se defienda la modulación progresiva de las ayudas de la PAC en defensa del desarrollo rural, en particular las indemnizaciones compensatorias, pero conviene que esa modulación sea comunitaria, con el establecimiento de valores máximos de las ayudas y con la posibilidad de aumentar los apoyos a los pequeños y medianos agricultores y a la agricultura familiar, pues sólo así se pueden reequilibrar las ayudas de la PAC entre países, productores y producciones, lo que resulta fundamental para luchar contra las injusticias que se viven, en particular en Portugal. 
Señora Presidenta, saludo muy positivamente el informe del Sr. Lannoye por la creciente evidencia de que los pesticidas causan problemas a la salud humana. 
Después de diez años de vida de esta directiva podemos ver que la aplicación es muy caótica y que los ciudadanos no son protegidos de los pesticidas como legítimamente pudieran esperar, a la luz de las pruebas científicas disponibles. 
Es especialmente importante hacer notar que esta legislación se refiere a unos límites residuales máximos. Este es el concepto que preconiza que hay una dosis tolerable. 
En cualquier caso, sabemos que el concepto ha sido negado y que no hay un umbral de seguridad para determinadas sustancias. 
Es más, durante el proceso de evaluación no se han tenido en cuenta determinados aspectos importantes tales como las distorsiones endocrinológicas y la existencia de grupos vulnerables. 
Además, la llegada de las semillas modificadas genéticamente para resistir los herbicidas debía haber implicado prioritariamente una reevaluación de estos herbicidas. Es evidente que esto no ha ocurrido. 
Hay otras cuestiones, tales como el retraso en el tratamiento de las sustancias peligrosas, como el lindane, que son de lamentar, pero creo que el ponente se ha ocupado de todos los asuntos minuciosamente y me complace haber apoyado el informe. 
Señora Presidenta, el Sr. Lannoye dice en su informe que la Comisión es más bien perezosa y que no acaba de decidirse a prohibir a corto plazo el uso de pesticidas en la agricultura. 
No creo que la Comisión y el Presidente Prodi, responsable de la misma, sean perezosos en los que a esta iniciativa se refiere. Sin embargo, para estar seguros, yo propondría servirles lechugas, tomates, grosellas, fresas, frambuesas- se nos hace la boca agua- tratados con fenpropathrina, glufosinato de amonio, imidacloriprida, amitrol, tiabentazol. 
Bien, el deseo de comer es mayor. 
Así podrían darse cuenta de si conviene continuar utilizando estas sustancias o bien si hay que dejar de hacerlo. 
Lamentablemente, el tema de hoy no nos ocupa por vez primera. 
Y, por desgracia, en los últimos meses no ha cambiado a mejor. 
Aunque en su estudio de la situación de la competencia internacional la Comisión ha constatado prácticas de dumping y crasas distorsiones de la competencia, el Consejo y la Comisión no están dispuestos a apoyar a la industria naval europea, ni son capaces de hacerlo. 
Naturalmente, también es demasiado fácil señalar solamente la política de subvenciones que se practica en Corea del Sur. 
La situación actual es también, absolutamente, el resultado de la política de competencia global entre las localizaciones industriales que los Estados miembros y la Comisión propugnan en la OMC. 
No hace mucho nos llegó la noticia de la quiebra del moderno astillero de Stettin en Polonia. 
Miles de puestos de trabajo se han perdido en un país que con la adhesión a la UE se encuentra, de todos modos, ante cambios radicales de envergadura. 
Nadie en Europa puede y debe esperar sacar provecho de esto. 
Los astilleros europeos se encuentran en muchos casos en territorios estructuralmente débiles. 
Aquí se trata de consecuencias dramáticas en la política de empleo, aquí se trata de una política industrial que, más allá de la economía, es importante para las regiones afectadas. 
Por esta razón no podemos aceptar la inactividad práctica del Consejo y de la Comisión y esperamos más esfuerzos internacionales para la solución del problema. 
(Explicación de voto abreviada conforme al apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
En el Parlamento Europeo se ha prestado atención particular a la construcción naval en la Unión Europea, dados los problemas que afronta después del Acuerdo de la OCDE de 1994 y la gravedad de la situación a raíz del cierre de muchas instalaciones industriales y numerosos despidos. 
Claro, que no todos cumplen el acuerdo del mismo modo, en particular los EE.UU. y Corea del Sur, que utilizan métodos desleales y condiciones de competencia desiguales en el nivel mundial, en lo que destaca Corea del Sur, cuya cuota en el mercado mundial pasó en diez años del 10 por ciento al 50 por ciento. 
Las negociaciones iniciadas por la Comisión con Corea del Sur no han permitido restablecer condiciones de competencia leales y transparentes en el mercado mundial, por lo que se vive una situación crítica caracterizada por precios muy bajos y la existencia de una considerable exceso de capacidad, lo que puede propiciar el cierre de las empresas que quedan. 
Por eso defendemos la revisión del Acuerdo de la OCDE y la instauración de la preferencia comunitaria en materia de construcción naval a fin de favorecer la adquisición, por los Estados miembros, de buques construidos en astilleros europeos. 
Así, pues, son necesarias medidas urgentes de la Comisión y del Consejo, por lo que apoyamos la resolución que ha aprobado el Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, es importante que tengamos, o que por lo menos debatamos, las propuestas de Johannesburgo para unos marcos internacionales jurídicamente vinculantes sobre responsabilidad corporativa, especialmente sobre la base de normas laborales fundamentales. 
He votado a favor de este informe incluso a pesar de que haya resultado mucho más débil que la propuesta original. 
De hecho, ha decepcionado a algunas de las organizaciones de ciudadanos activas en este ámbito, porque el Parlamento no ha acogido las enmiendas referentes a los informes en material social y medioambiental para todos los niveles empresariales y la cadena de suministro, sobre los fondos de pensiones éticos y sus políticas de inversión, sobre la creación de plataformas compuestas por diversas partes interesadas que incluirían a las empresas, a los sindicatos, a las ONG, a las autoridades públicas y a las de los países en desarrollo. 
En cualquier caso, es bien acogido por cuanto se incluyen algunos asuntos importantes que, por lo menos, han sido aireados y que esperamos puedan ser desarrollados en Johannesburgo. 
Por tanto, apoyo el informe a pesar de que lamento que haya sido debilitado a su paso por el Parlamento. 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe Howitt sobre la responsabilidad social en las empresas y respaldo en particular el apartado 13, porque en este apartado el Sr. Howitt pide que todos los fondos de pensiones declaren los criterios éticos aplicados en sus políticas de inversiones. 
Ello no obstante, yo habría preferido, y habría votado a favor mucho más a gusto, que se hubiera establecido que en la nómina de los trabajadores se incluyera el dinero que actualmente se entrega al Estado para pagar las pensiones que, por el contrario, con frecuencia no se pagan o se pagan con retraso, o bien se cambian las normas con el consiguiente retraso de cinco a diez años en el pago de las pensiones. 
Si somos ciudadanos maduros para pagar los impuestos, si somos tan inteligentes para pagar los impuestos, podemos ser lo suficientemente maduros e inteligentes para constituir incluso nosotros mismos nuestra pensión o, si queremos ser como cigarras, gastándola como nos parece cuando somos jóvenes, ya que muchas veces no logramos siquiera ver nuestra pensión. 
Señora Presidenta, he votado en contra del informe Howitt y lo he hecho en consonancia con la mayoría de la Comisión de Industria. 
Debemos esforzarnos por crear condiciones que generen riqueza. 
Nuestras empresas, tanto las grandes como las pequeñas, pueden rendir al máximo. 
La responsabilidad social corporativa es positiva para las empresas. 
Que una empresa sea un buen ciudadano redundará en su favor, y se reflejará en la cuenta de beneficios. 
Por ello, va en el interés corporativo ser socialmente responsable, y cualquier empresa que no lo sea está abocada a un desastre autoinducido. 
Pero la solución adecuada variará en función del tamaño, del sector, de la localización, de las condiciones financieras, de muchas circunstancias variables. 
Esta es la razón por la que estimo que el informe Howitt no sólo es irrisorio en muchas de sus absurdas exigencias, sino peligroso. 
Su burocracia no sólo abatirá el dinamismo de nuestras empresas y arruinará a nuestras PYMEs con costes innecesarios, sino que también eliminará cualquier posibilidad de que Europa desempeñe un papel en la realización de los loables objetivos de la responsabilidad social corporativa. 
El enfoque de la Comisión es acertado. 
El enfoque intervensionista del Sr. Howitt es absolutamente erróneo. 
Hemos de instar a la Comisión a que no abandone su bien ponderada senda. 
Es por ello que he votado en contra del informe Howitt. 
- (NL) Por una parte, las empresas prestan un gran servicio a la sociedad en su conjunto al crear empleo, generar ingresos y proporcionar a los ciudadanos los productos solicitados. 
Por otra parte, los propietarios y empresarios no suelen mostrar demasiado interés por el impacto de sus acciones sobre los trabajadores, en particular, y sobre el ser humano y el medio ambiente, en general. En muchos casos su único afán consiste en sacar el máximo provecho del patrimonio invertido. 
A falta de una legislación adecuada las empresas menos responsables resultan más competitivas que las más responsables. 
Al reducir al máximo los costes pueden vender sus productos a un precio más barato. Por mucho que atenten contra la democracia, el empleo, el medio ambiente y el bienestar de los animales éstas son las empresas que sobreviven. 
Así las cosas, es positivo que se establezca una serie de normas vinculantes para empresas internacionales, no sólo con objetivo de garantizar el cumplimiento de determinados valores que van más allá de la economía, sino también para evitar que las empresas más responsables estén obligadas a adaptarse a las menos responsables. 
El Libro Verde de la Comisión Europea habla solamente de acuerdos voluntarios y comparación de buenas prácticas. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo insiste con razón en la necesidad de incluir en la Cuarta Directiva relativa al Derecho de sociedades referencias a la elaboración de informes sociales y medioambientales, así como a la necesidad de supervisión, la igualdad de oportunidades para mujeres, la publicidad de los criterios éticos aplicados por los fondos de pensiones colectivos en sus políticas de inversión, los códigos de conducta registrados y la libertad sindical. 
. (IT) Hay que reconocer a la Comisión el mérito de haber abordado en el momento oportuno un tema fundamental como el fomento de un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. 
En efecto, se acoge favorablemente este Libro Verde, el proceso de consulta que produjo y la enorme respuesta que esta última obtuvo, amén del debate sobre el tema promovido por las múltiples iniciativas de la propia Comisión. 
El Sr. Howitt, cuyo trabajo compartimos, ha puesto en evidencia muchos aspectos peculiares, empezando por la necesidad de que la Comisión presente, en el ámbito de la futura revisión de la Directiva relativa a los comités de empresa europeos, enmiendas que impongan evaluar y vigilar los efectos medioambientales y sociales más importantes de la empresa. 
Especialmente interesante resulta la propuesta para la creación de una plataforma de la Unión Europea para la responsabilidad social de las empresas que reúna a todos los agentes afectados, que ofrezca la oportunidad de registrar los códigos de conducta y que desempeñe el papel de árbitro entre las empresas y los particulares y la Comunidad en el caso de violación de los mismos. 
Respecto al tema de los premios europeos, se pide a la Comisión que anime también a los Estados miembros a fomentar la concesión de premios nacionales por la responsabilidad social de las empresas. 
La concesión de dichos premios destinada a recompensar a las empresas se podría convertir en un incentivo muy importante de cara a adoptar procedimientos de gestión adecuados y a dinamizar el proceso de formación y reciclaje de los directivos y empleados con miras a alcanzar la capacitación y los conocimientos necesarios. 
(Texto abreviado de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Gracias, señor Purvis. 
Con esto concluyen nuestras explicaciones de voto. 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 30 de mayo de 2002. 
Como ustedes saben, Señorías, el principio de transparencia está consagrado en el primer artículo del Tratado de la Unión Europea. 
Su entrada en vigor ha anunciado una nueva era en la que las decisiones habrán de tomarse abiertamente, en la forma más visible y cercana al ciudadano que sea posible. 
El objeto de ello es garantizar una mayor legitimidad, mayor responsabilidad y mayor eficiencia de las autoridades públicas en el sistema democrático. 
El 30 de mayo de 2001 el Parlamento aprobó en codecisión el Reglamento 1049/2001 sobre el acceso público a los documentos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión. 
El reglamento exigía que las instituciones, a más tardar el 3 de junio de 2002, abrieran un registro al que los ciudadanos tuvieran acceso electrónico. 
Me complace mucho poder hoy anunciar en nombre del Parlamento que ese registro fue abierto al público en nuestra página de Internet el 3 de junio de 2002. 
Está disponible en nuestra habitual dirección de Internet "europarl.eu.int/register". En esa dirección ya hay 24.000 documentos disponibles. 
La carga de documentos parlamentarios en ese registro continúa realizándose a un ritmo considerable. 
Este constituye un instrumento esencial para fortalecer nuestros principios democráticos, en consonancia con los derechos fundamentales tal y como son establecidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y en la Carta de Derechos fundamentales. 
Resulta muy apropiado que nuestra Asamblea sea la punta de lanza, en términos europeos, en la promoción de tal grado de transparencia. 
Señor Presidente, la semana pasada, algunos de nosotros fuimos testigos del modo en que los documentos se encuentran disponibles a partir de este momento. 
Como anterior ponente en colaboración con el Sr. Cashman debo decir que podemos felicitar de veras a nuestra Administración y a nuestros servicios por la eficiencia con la que han puesto en marcha esta cuestión. 
Espero que se puedan subsanar rápidamente todas las enfermedades infantiles. 
No obstante, el trabajo realizado es digno de alabanza y eso también hay que decirlo. 
Pasamos ahora al Orden del día. 
He recibido solicitudes de 34 diputados para posponer todos los asuntos del orden del día hasta el período parcial de sesiones de julio. 
Señor Presidente, como todos los colegas saben, este período parcial de sesiones entraña un riesgo para nuestra salud, para la salud de las personas que trabajan con nosotros y para la salud de las personas que visitan este Parlamento. 
Lo dicen los análisis que han comprobado la existencia de legionella, lo dice el hecho de que varios colegas han caído enfermos, y se trata de una enfermedad cuyas consecuencias para la salud física no son leves. 
Un mínimo de sensatez habría exigido que celebrásemos este período parcial de sesiones en Bruselas, con toda tranquilidad, y por lo tanto, mi intervención sería simplemente una intervención sobre las condiciones mínimas de seguridad de este Parlamento. 
Lamentablemente, estamos en un Parlamento que no es libre de decidir ni siquiera esto. 
Pido a todas y a cada una de sus Señorías que voten a favor de la propuesta de aplazar todos los puntos del orden del día hasta el próximo período parcial de sesiones. 
En realidad, es ante todo un problema de seguridad, de higiene y de salud para todos nosotros y para las personas que trabajan con nosotros y, en segundo lugar, es una cuestión de dignidad de este Parlamento que tengamos el derecho de reunirnos cómo y dónde queremos. 
Ésta es la solicitud sobre la que vamos a votar. 
Pido a cada diputado que, más allá de las indicaciones, de las disciplinas, por ese mínimo de sensatez que nos imponen las circunstancias, la situación, por ese principio de precaución que invocamos a cada momento en los informes en materia de salud, de medio ambiente, etcétera, por respeto, si no hacia nosotros mismos, al menos hacia las personas que trabajan con nosotros y la gente que visita este Parlamento, repito, pido que se aplacen todos los puntos del orden del día hasta el período parcial de sesiones de julio. 
Señor Presidente, creo que los miembros de esta Asamblea que me conocen sabrán que no soy una persona que le guste quejarse. 
El pasado otoño, después de la primera sesión tras el verano, estuve muy enferma durante cuatro semanas, culminadas con una semana en el hospital. 
Aquellos que se ocuparon de mis cuidados me dijeron que, en su opinión, tuve legionela. 
No tuve la menor duda de que la contraje cuando regresé a este Parlamento tras la interrupción estival. 
Varios colegas me han hecho saber que tuvieron síntomas parecidos, aunque no tan severos. 
El problema es que todos vemos a nuestros propios médicos en nuestras diferentes ciudades de residencia y, por tanto, cualesquiera vínculos entre nuestros síntomas y este Hemiciclo quizá se hayan perdido. 
En mi opinión, debemos tomarnos esto con absoluta seriedad. 
No es sólo nuestra salud la que está en peligro, sino también de la del personal y la de los muchos visitantes de esta Asamblea. 
Me han dicho que no vamos a tener agua caliente. 
Si no tenemos agua caliente ¿cómo se puede preparar comida de forma segura e higiénica en estas instalaciones? 
Tenemos la obligación democrática de estar presentes y cumplir con nuestras responsabilidades. 
Pero si cualquiera que abandone esta Asamblea esta semana, sea diputado, funcionario o visitante, sufre esos síntomas, los que gestionan esta Asamblea serán culpables por habernos permitido acudir esta semana, y suya será la responsabilidad. 
Señor Presidente, no se trata de una cuestión de nacionalidad. 
Por otra parte, les diría lo mismo si estuviéramos en Bruselas. 
En todos los países de la Unión, en todos los países desarrollados, los problemas de salud, y también la mortalidad, se deben principalmente a las denominadas enfermedades iatrogénicas, es decir, las enfermedades que se contraen en los hospitales o por vía medicamentosa. 
Este es uno de los efectos perversos de la sociedad hiperdesarrollada: lo que ésta proporciona para curar, a veces provoca trastornos de salud. 
No vamos a echarnos en cara nuestras enfermedades. 
No voy a traer a cuento que después de haber pasado cuatro días en Berlín contraje determinada enfermedad, lo que demuestra que en Berlín se puede coger esa clase de trastorno nosocomial y que no hay que ir a Berlín. 
Les planteo, pues, simplemente la cuestión. 
Usted alude a las personas que nos visitan, pero a estas personas se les advierte de ello. 
Como usted, si estas personas acuden al Parlamento es porque han decidido venir. 
Cuando usted manifiesta que tenemos el deber de venir al Parlamento, puesto que, señora, usted ha dicho que teníamos el deber de venir, yo respondo que tenemos el deber de no marcharnos. 
¡Qué imagen daríamos del Parlamento Europeo si nuestro temor nos indujera a inventar el riesgo cero y a fomentar todo tipo de miedos! 
Estimados colegas, hay mucha gente que quisiera expresar su opinión respecto de este asunto, pero tenemos una propuesta y hemos escuchado a un orador 'a favor? y a un orador' en contra?. 
Quisiera decir que tan pronto como tuvimos indicios de que había un problema con este asunto el Colegio de Cuestores, a través del Sr. Poos, informó a todos los miembros de la Asamblea. 
Esto fue debatido la semana pasada en la Conferencia de Presidentes en Bruselas, dónde preguntamos a los servicios del Parlamento en qué medida se sentían seguros y convencidos de estar en disposición de sugerir que llevar a cabo nuestro trabajo esta semana aquí fuese una decisión responsable. 
Además, -y digo esto en especial a la Sra. Wallis, que ha dicho que deberíamos tomarnos esto con extrema seriedad- me tomo esto con extrema seriedad. 
He insistido en que las autoridades competentes- que en primera instancia no son las autoridades del Parlamento- la empresa SERS, cuyo presidente es el alcalde de Estrasburgo, y las autoridades sanitarias competentes, deberían proporcionarnos una attestation escrita, en una cuestión que, en términos de responsabilidad, es claramente un problema de los propietarios. 
La cuestión de la culpa o la inocencia ha sido mencionada en una de las intervenciones, pero esa es una cuestión para los tribunales. 
He recibido informaciones esta tarde de la Préfecture du Bas-Rhin, que tiene responsabilidades sobre la salud y la seguridad, del service d ' hygiène et santé de la ville de Strasbourg que también tiene competencias y del Alcalde de Estrasburgo, que ostenta responsabilidades en los términos que he descrito. 
Señor Presidente, pido la palabra por alusiones personales, para pedirle disculpas por haberle interrumpido. 
En realidad, trataba simplemente de formular una pregunta, o sea, por qué no nos hemos reunido en Bruselas. 
Está claro que también nosotros nos damos cuenta de lo dura y difícil que es la propuesta de aplazar todos los puntos del orden del día hasta el próximo período de sesiones, pero hemos considerado que era la única alternativa que nos quedaba. 
Lo que sigue siendo un escándalo es que ni siquiera en una situación de riesgo, de peligro este Parlamento no pueda decidir la sede dónde reunirse. 
Me parece que éste continua siendo un punto que se ha de debatir, un punto escandaloso para todos nosotros. 
Señor Presidente, lo que acaba de decir nos da mucha confianza y seguridad. 
No obstante, ha dado la impresión de que las garantías son solo para los diputados de esta Asamblea. 
Nosotros tenemos la opción de venir o no venir, para el personal que trabaja aquí la opción es ligeramente diferente. 
Confío en que pueda asegurar que esa garantía se extiende a todo el mundo. 
Tomo nota de su comentario acerca de la existencia de diferentes sistemas. 
En cualquier caso, este es un asunto extremadamente serio. 
En mi propio grupo se ha planteado si los sindicatos- los representantes de los que trabajan aquí- han sido consultados e informados durante este importante proceso. 
Los sindicatos concernidos están presentes en la comisión de salud y seguridad del Parlamento, y han dado su acuerdo a las medidas adoptadas para erradicar el problema. 
Su comentario es acertado pero esto ya se había anticipado y se ha actuado al respecto. 
Señor Presidente, a lo largo de los últimos años hemos conocido una serie de escándalos alimentarios en Europa y el escándalo referido al Nitrofen en Alemania también ha despertado la atención correspondiente. 
Si existiera la posibilidad de tratar esta cuestión en la sesión plenaria de esta semana, deberíamos hacerlo. 
¿Cuándo tuvo la Comisión conocimiento de ello? 
¿Qué medidas ha adoptado y cuál es la postura de la Comisión en este momento? 
En Europa contamos con la Oficina Alimentaria y Veterinaria de Dublín y cuya responsabilidad corresponde a la Comisión. Su función consiste en controlar el conjunto de la producción biológica, no solo en Alemania, sino en toda Europa. 
¿Qué ha hecho esta oficina en los últimos años? 
¿Cuáles han sido las conclusiones? 
Quisiera tratar todos estos temas debido a su carácter urgente y a la gran preocupación que han despertado en toda Europa. 
La Comisión ha expresado que le complacería tratar este asunto. 
También quisiéramos tocar la cuestión del Libro Verde sobre la Protección de los Consumidores. 
¿Podríamos incorporar esto como un complemento? 
¿Contaría ello con el acuerdo de la Asamblea? 
(La Asamblea aprueba la propuesta) 
El martes será modificado de esa forma. 
No hay propuestas de modificación para el miércoles. 
El jueves, en relación con los asuntos de actualidad y urgencia de gran importancia, respecto de los derechos humanos, hay una propuesta del Grupo Liberal para reemplazar el sub-ítem 'Malaisia? por un nuevo sub-ítem ,' Plane spotters en Grecia?. 
El Grupo ELDR ha solicitado una votación nominal. 
(El Parlamento rechaza la propuesta) 
También en relación con los derechos humanos, he recibido del Grupo de Los Verdes/ALE una propuesta para añadir en el asunto 3, derechos humanos, un quinto sub-ítem: la abolición de la pena de muerte en Japón, Corea del Sur y Taiwán. 
(El Parlamento acepta la propuesta) 
Al principio de su mandato le dirigí una carta, de la misma manera que había escrito a la Sra. Nicole Fontaine, para proponerle que, en nuestros trabajos, adoptáramos la terminología que acordamos en el marco de la Carta y que utilizáramos la expresión ' droits de la personne? , como lo hicimos en la Carta y como espero que sea posible hacerlo en el marco de las instituciones de la Unión. 
Voy a pedir a los servicios que se cercioren de que todas las versiones lingüísticas tengan en cuenta lo que acaba de decir. 
Las palabras ' derechos humanos? no tienen en inglés una connotación de género específica, como sí la tiene en francés. 
El orden de los trabajos queda aprobado 
La semana pasada, el Senado de los Estados Unidos aprobó una propuesta encaminada a posibilitar la invasión militar de la Unión Europea. 
El motivo de la inusitada dureza de esta provocación es el hecho de que la Corte Penal Internacional tenga su sede en suelo europeo. 
Los EE.UU. están dispuestos a rescatar a los sospechosos estadounidenses por la vía violenta. 
El Parlamento Europeo siempre ha sido un gran defensor de la Corte Penal Internacional. 
Ahora que los EE.UU. tratan de bloquear su éxito con este tipo de medidas draconianas, es preciso que nos alcemos en defensa de esta Corte Penal. 
No considero probable que los EE.UU. vayan a invadir realmente los Países Bajos, sus aliados en la OTAN, aunque el dictamen de los senadores estadounidenses es extremadamente duro. Esto requiere una respuesta rápida y adecuada, también desde Europa. 
Por ello, quiero solicitar la inclusión de este tema en el orden del día de la agenda transatlántica y crear de este modo la posibilidad de que este Parlamento trate esta cuestión con el Alto Representante, el Sr. Solana. 
Mi Grupo propondrá una pregunta verbal con debate para la próxima sesión plenaria. 
Señor Presidente, no conviene tomarse a broma esta cuestión, por la amenaza de invasión. 
Tenemos que tratarla con la Comisión y con el Consejo, recordando que los quince Estados miembros han ratificado el Tratado sobre el Tribunal Penal Internacional. 
Por lo tanto, es una cuestión que merece un tratamiento sustancial y mi Grupo piensa plantear también que se trate esta cuestión, con sendas declaraciones del Consejo y de la Comisión, en el próximo Pleno del mes de julio. 
Señor Presidente, está totalmente justificado que se trate esta cuestión debido a lo extraordinariamente lamentable y grave del asunto. Sobre todo por tener origen en una nación con lazos de amistad tanto con la Unión Europea como con los Países Bajos. 
La sugerencia, que no solo se ha planteado a modo de propuesta, sino que además ha sido aprobada por el Senado de los Estados Unidos, de que efectivos militares estadounidenses podrían entrar en los Países Bajos para liberar a personas que estuvieran siendo juzgadas por la Corte Penal Internacional constituye una provocación inédita hacia un aliado de la OTAN. 
Es indispensable analizar esta cuestión y someterla a debate. 
Asimismo, es imprescindible que se remita a los Estados Unidos, no sólo desde los Países Bajos que ya han presentado una protesta, sino desde la Unión Europea, para explicarles que esto es inaceptable y que han ido demasiado lejos. 
Debemos solucionar nuestras diferencias como buenos amigos y no con una ' cuasi? amenaza de guerra. 
Muchas gracias Presidente, no voy a repetir lo dicho por mis colegas Van der Laan y Maij-Weggen. 
Considero que sería de vital importancia no esperar a emitir una respuesta del Parlamento hasta, por ejemplo, el siguiente período de sesiones. 
Por este motivo, quisiera proponer a mis colegas y al Presidente que se incluya ese asunto en la resolución referida a la Cumbre de Sevilla. 
Considero de extraordinaria importancia que esta resolución también sea tratada ahí y que, por lo que a mí respecta, sea rechazada. 
Por este motivo, propondría a los colegas que participen en la negociación de dicha resolución que incluyan este asunto de modo que podamos mantener en el menor plazo posible un debate en sesión plenaria acerca de esta cuestión de extremada gravedad. 
Señor Presidente, quisiera plantear una cuestión diferente- la cuestión de Zimbabwe. 
En primer lugar quisiera expresar mis condolencias al afligido pueblo de Zimbabwe por el terrible accidente de autobús que tuvo lugar anoche cerca de Masvingo en Zimbabwe y en el que perecieron 30 profesores en prácticas. 
También quisiera expresar mi preocupación por la presencia, más bien hipócrita, del Presidente Mugabe durante esta semana en Roma en la Cumbre mundial sobre la alimentación de las Naciones Unidas. 
Digo ' hipócrita? porque, desde luego, en este momento hay millones de personas en Zimbabwe que sufren carestía de alimentos y hambruna, en gran parte a causa de las erróneas políticas territoriales del Sr. Mugabe. 
Pero, desde luego, también es motivo de preocupación porque se supone que sobre el Sr. Mugabe y sus socios pesa una prohibición de viajar. 
Se supone que existen unas sanciones sobre ellos y el hecho de que puedan viajar a conferencias como esta constituye una burla a estas sanciones. 
El mes pasado estuvo en Nueva York con motivo de la Cumbre mundial de Naciones Unidas sobre la infancia. 
Un comentario final: no hemos oído nada de los resultados de la troika de la UE que se desplazó al sur de África a mediados del mes pasado. 
He pedido específicamente a los miembros de la troika que tomen determinadas medidas y que posteriormente nos informen. 
Quisiera solicitar al Consejo, a la luz de todas estas cuestiones que acabo de plantear, que haga una declaración completa sobre la situación en Zimbabwe y sobre las acciones que tiene intención de emprender. 
A la vista de tales comentarios, permítanme conceder la palabra a la Sra. Ludford, a quien no se le permitió intervenir anteriormente cuando deseaba hacer un comentario probablemente similar. 
Señor Presidente, no voy a decir ahora nada sobre la legionela. 
Señor Presidente, deseo plantearle una pregunta que no tiene nada que ver con el libro Guiness de los récords pero sí con el procedimiento de suspensión de la inmunidad probablemente más largo del mundo. 
¿Cuál es el estado de las cosas en el procedimiento de suspensión de la inmunidad de nuestro colega Marcello Dell ' Utri? 
El jueves pasado, el Tribunal Supremo de España rechazó una solicitud de sobreseimiento de los abogados de los Sres. Berlusconi y Dell 'Utri autorizando a la justicia española a proseguir el procedimiento contra las dos personas indicadas- entre ellas, el Sr. Dell' Utri, que sigue siendo nuestro colega. 
En este procedimiento de suspensión de la inmunidad no se trata de multas de tráfico por aparcar mal, sino de hechos delictivos graves, fraude, evasión fiscal a gran escala, sospecha de pertenencia a una asociación mafiosa, etc. 
Desde hace un año y medio, este procedimiento de suspensión de la inmunidad se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
La justicia española ha aclarado las cuestiones que afectaban a los españoles. No hay pues ningún motivo para seguir dejando este procedimiento en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
Le ruego, señor presidente, lo siguiente: 
Primero: si usted tuviese conocimiento de unos nuevos hechos, por favor, póngalos en nuestro conocimiento. 
Segundo: si aún no lo tiene, le ruego que se reúna con el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos para llevar el asunto lo antes posible al Pleno. 
Como Grupo de los Socialistas Europeos, lo queremos por dos motivos. 
Primero, a causa de la situación material y del colega Dell ' Utri, pero también porque no es aceptable que un procedimiento de tanto alcance no llegue al Pleno durante tanto tiempo. 
No sólo nos impide a nosotros, como colegas, sino también al colega afectado, poder realizar aquí en el Pleno y en la comisión competente las declaraciones necesarias para su justificación. 
Nuestro ruego a usted, señor Presidente, es por ello que acelere el asunto para que no recaiga una sospecha falsa sobre el Parlamento Europeo. 
Respecto de la cuestión procedimental, distinta de la cuestión de fondo, tengo entendido que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha solicitado o va a solicitar información adicional a las autoridades españolas- supongo que teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir. 
Permítanme dirigirme al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Sr. MacCormick. 
Si está en disposición de arrojar algo de luz sobre esta cuestión me gustaría conocer su opinión. 
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden, el asunto llegó a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior a comienzos de este año. 
En contra de mi parecer, la Comisión de Asuntos Jurídicos consideró que era necesario obtener una información más abundante y clara, y se envió una carta solicitando tal información, a la cual, según tengo entendido, aun no se ha recibido respuesta. 
En cualquier caso, hace un par de semanas planteé esta cuestión en la reunión de coordinadores de la Comisión de Asuntos Jurídicos, diciendo que esperaba se hicieran más indagaciones con el fin de aclarar este asunto de un modo u otro, como es nuestra obligación, tan rápidamente como sea razonablemente posible. 
Señor Presidente, hace poco escribió usted en términos muy contundentes a Air France protestando por las condiciones en que se viaja hasta este Parlamento. 
Usted recibió de Air France una respuesta muy solemne asegurando que no se volvería a producir una circunstancia tan inconveniente. 
Quisiera informar a los diputados de esta Asamblea, que estoy seguro se solidarizan completamente conmigo, de que hoy, por segunda vez consecutiva, después de llegar puntualmente al aeropuerto de Edimburgo para registrarme en el vuelo de Air France de Edimburgo a París para coger el avión a Estrasburgo, me han dicho que había exceso de viajeros y que debía dirigirme a Bruselas para llegar aquí a las 5 en punto. 
Esta es una situación lamentable y he escrito una carta para llamar la atención sobre este miserable estado de las cosas- que sin duda no recibirá una respuesta tan pomposa como la suya. 
Lamento no haber podido hacer un comentario sobre el orden de los trabajos, que ya hemos aprobado. 
Quizá tenga ocasión mañana por la mañana. 
Parece ser que en lo que concierne a la cuestión planteada por el Sr. Schulz, el asunto queda al alcance de la mano, pero quizá escribamos una nota a nuestros colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado interior instándoles a que presten la atención debida al seguimiento de la cuestión. 
Señor Presidente, no es una cuestión de orden, sino, simplemente un pequeño toque de atención. 
Mientras esta Cámara se preocupa por la salud de sus Señorías, en el mundo han muerto hoy 24.000 personas de hambre, la mayor parte de ellas mujeres y niños. 
Hoy comienza en Roma la Cumbre mundial contra el hambre y hay que recordar que solamente un 3 % de los compromisos acordados hace cinco años se ha cumplido. 
¿Para cuándo un debate en profundidad en esta Cámara? 
Desde aquí un toque de atención a todos los responsables políticos y a todas las instituciones porque tenemos una responsabilidad enorme ante esta situación. 
Como experto en el Reglamento sabrá usted que el artículo 137 (2) reza que las explicaciones de voto no serán admisibles en las votaciones sobre cuestiones procedimentales. 
Me consta que ya lo sabía. 
Señor Presidente, fue para mí un placer participar el lunes 3 y el martes 4 de junio en los trabajos de la comisión parlamentaria mixta Unión Europea/Bulgaria. 
A finales de año Bulgaria y la Unión Europea deberán fijar la fecha definitiva de cierre de las unidades 3 y 4 de la central nuclear de Kozloduj. 
Todos los representantes del parlamento búlgaro- tanto de la mayoría como de la oposición- y del Gobierno han coincidido en subrayar que el cierre de estas unidades supondrá o supondría un gravísimo perjuicio económico para Bulgaria. 
Creo que debemos- y es por esto que intervengo- preocuparnos por que Bulgaria y el pueblo búlgaro no vean estas negociaciones como algo en su contra y contra su deseo de adherirse cuanto antes a la Unión Europea. 
Señor Presidente, hace pocos días, por orden del Gobierno griego, vivimos salvajes ataques contra los trabajadores del mar en el puerto del Pireo. 
Con una rabia especial la autoridad portuaria, la policía, las fuerzas militares especiales se echaron encima de los trabajadores del mar que reivindicaban la garantía de sus derechos de pensiones y condiciones de trabajo más humanas. 
Dieron orden de seguir el curso del barco de cuya catapulta se había colgado el jefe de ingenieros de la Marina Mercante. 
En el puerto vimos que un armador dirigía el ataque de las fuerzas especiales. 
Decenas de heridos fueron tratados como criminales comunes, cuando se trataba de personas que defendían sus derechos fundamentales. 
Señor Presidente, he aquí dónde lleva la política de pensiones de la Unión Europea, entre otros, y dónde lleva caracterizar de terrorismo al movimiento popular. 
Solicito que se tenga esto en cuenta para que usted, señor Presidente, intervenga y que no volvamos a ver escenas tan terribles. 
Señor Presidente, "lo dulce está en el fondo", dice el refrán, pero no es así, porque me veo obligado a replicar al Sr. Schultz diciéndole que, dado que se está jugando el Mundial de fútbol, ha marcado un clamoroso autogol. 
De hecho, él se ha hecho una pregunta sobre la cuestión de la inmunidad del Sr. Dell ' Utri y la ha contestado por sí mismo. 
Recuerdo aquella votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
La comisión votó la decisión de pedir a la judicatura española informaciones suplementarias sobre el asunto. 
Por consiguiente, ahora mismo ni el Parlamento Europeo ni la Comisión de Asuntos Jurídicos están actuando con reticencia, sino que la que se está mostrando reticente es la judicatura española que probablemente, al no saber a qué carta quedarse, al no saber qué contestar exactamente al suplicatorio del Parlamento Europeo, está tratando de ganar tiempo. 
Sin embargo, tal vez exista otra razón: visto que la investigación ha llegado hasta el fondo, parece que el juez que se está ocupando del asunto se ha percatado de que cuenta con pocos o ningún elemento para seguir adelante. 
De ahí la táctica, la estrategia dilatoria de continuar engrosando una instrucción sine die, para mantener abierto el asunto sin darles nunca una respuesta. 
Señor Presidente, usted ha dicho que los sindicatos han sido consultados. 
Quisiera saber si todos los trabajadores han sido consultados. 
En última instancia, no vamos a perder nuestros empleos como diputados del Parlamento Europeo si no venimos, pero es posible que algunos trabajadores sí lo pierdan. 
¿Puede usted también garantizarme que no se ha ejercido presión sobre los sindicatos? 
Me consta que, en relación con este edificio, sí fueron presionados en el pasado, de modo que quisiera que me diera esas garantías en nombre de los sindicatos y el resto de trabajadores. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0008/2002 del Sr. Richard Corbett, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la revisión general del Reglamento (2001/2040 (REG) ); 
A5-0252/2000 del Sr. Richard Corbett, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre las modificaciones al Reglamento del Parlamento con vistas a garantizar unos derechos equilibrados a los diputados individuales y a los Grupos (1999/2181 (REG)) 
A5-0306/2000 de Lord Inglewood, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la modificación del Reglamento del Parlamento Europeo en lo que se refiere a las disposiciones que regulan la justificación de las enmiendas (1999/2195 (REG) ). 
Respecto de una cuestión de orden, interrumpo al ponente para decir que me complace mucho que sea usted el primer diputado en utilizar ese procedimiento. 
Se lo recomiendo a todos los grupos políticos como práctica normalizada para todos nuestros debates. 
. 
(EN) Señor Presidente, imagino que la mayoría de los diputados de esta Asamblea ni siquiera habrá reparado en que el informe Inglewood estaba efectivamente tan próximo de los dos informes Corbett, prácticamente a su sombra. 
Debo comenzar felicitando al Sr. Corbett por el extenso trabajo que ha realizado en esta profunda revisión del Reglamento. 
El informe Inglewood, al igual que el segundo informe Corbett, fue elaborado aproximadamente hace dos años debido a las iniciales incoherencias internas del Reglamento de esta Asamblea, tal y como estaba redactado entonces, respecto de la justificación de las enmiendas. 
En aquél momento pensé que sería presentado con cierta rapidez, y que si hubiera sido necesario sería enmendado, constituyendo una parte del debate más amplio sobre el Reglamento en el que estamos actualmente inmersos. 
Esto no fue así. 
De hecho, desapareció más o menos del horizonte. 
Quisiera que constara en Acta mi agradecimiento a la Comisión de Pesca, que normalmente no participa en estos asuntos, por haber sido los únicos de este Parlamento, además de mí mismo y quizá el Sr. Corbett, en percatarse de que no fuese presentado. 
En cualquier caso, lo que originalmente pretendía ser un precursor de la revisión general del Reglamento puede contemplarse actualmente como algo que discurre paralelamente a la misma y, de hecho, constituye parte sustancial del paquete general. 
En pocas palabras, se sugiere que la cuestión relativa a si las enmiendas deben ser justificadas individualmente impone una única respuesta independientemente del contexto en el que se presentan. 
En segundo lugar, se sugiere que la obligación estricta de justificar cada una de las enmiendas que se presentan en esta Asamblea no tiene realmente mucho sentido. 
Se reconoce que una justificación individual puede ser útil en el contexto de los procedimientos legislativos. 
Por ultimo, en aras de la claridad y de la seguridad jurídica, y también para evitar determinados problemas técnicos, la justificación individual de las enmiendas debe seguir siendo responsabilidad de sus autores y, por consiguiente, no debería ser sometida a votación. 
Quisiera recomendar mi informe a la Asamblea. 
Presidente, quisiera felicitar al Sr. Corbett por algo que casi denominaría magnus opus y también al Sr. Inglewood por su contribución a este resultado. 
Estos informes constituyen en la práctica toda una codificación de lo que hemos vivido en el Parlamento en los últimos tiempos. 
Constituyen sin duda una aportación de la elaboración de una constitución europea. 
Considero que, en este sentido, no debemos subestimar la importancia de este conjunto. 
La Comisión de Presupuestos ha presentado quince enmiendas. Éstas no se refieren obviamente a este informe, sino al problema que ha dado origen al mismo. 
En realidad, se trata de una cosa: este Parlamento tiene por encima de todo una competencia antigua; una competencia presupuestaria. 
Somos responsables del presupuesto junto con el Consejo. 
Siempre me llama la atención que existan tantas personas que a veces no sean conscientes de esta circunstancia. A veces se plantean preguntas a la Comisión en relación con cuestiones sobre las que debemos decidir nosotros mismos. 
Este procedimiento de toma de decisiones también implica una cierta responsabilidad que se refleja en dos aspectos. En primer lugar, en la propia labor de la comisión y, en segundo lugar, en la colaboración con otras comisiones. 
Gran parte de estas enmiendas se refieren a la colaboración con otras comisiones. Tratan de que dicha colaboración funcione de la forma más fluida y equilibrada posible. 
En segundo lugar, esto significa que todo aquel que pida o decida algo debería tratar de elaborar un memorando financiero de modo que disponga de una visión de la vertiente financiera y pueda dar contenido a nuestra importantísima competencia en materia financiera. Una competencia que esperamos pueda ampliarse a ámbitos en los que aún no existe. 
Señor Presidente, comienzo felicitando al Sr. Corbett, por el mérito de su informe. 
En este informe sobre la revisión general del Reglamento, el ponente hace propuestas encaminadas a permitir la simplificación de los procedimientos y la concentración de los trabajos parlamentarios en la legislación y los debates políticos actuales e importantes. 
En la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, subrayé algunas cuestiones que irían encaminadas, en cierto modo, a optimar la dinámica de esa institución. 
Son las siguientes: por lo que se refiere al "turno de preguntas", sería importante brindar la posibilidad al Presidente de decidir el aplazamiento de una pregunta a un turno de preguntas en la comisión competente, lo que presentaría la ventaja de proporcionar un aumento de tiempo para el debate en Pleno. 
También sería necesario que, en el ámbito del método abierto de coordinación, el Parlamento Europeo no corriera el riesgo de ser excluido del debate sobre asuntos de la mayor importancia. 
De ese modo, la propuesta que hacía en mi opinión iría encaminada a remitir a la comisión competente para la materia de fondo la decisión sobre el proceso que seguir y proponer la elaboración de un informe. 
Otro aspecto que no se debería pasar por alto- pero así ha sido- es el de que la comisión competente para la materia de fondo pueda decidir, a partir de informes e informes anuales del Consejo y de la Comisión, pedir a miembros del Consejo que asistan a sus reuniones y respondan a preguntas. 
El objetivo sería, una vez más, el de fortalecer la influencia del Parlamento Europeo en el marco del método abierto de coordinación para volverlo más eficaz. 
Por último, quisiera subrayar la estricta relación existente entre el aprendizaje a lo largo de la vida y las materias que forman parte de la esfera de competencias de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, por lo que sería lógico incluirla entre las competencias de dicha comisión parlamentaria. 
Señor Presidente, me complace enormemente poder intervenir esta tarde aquí para hablar acerca del destacado informe Corbett referido a un parlamento más político y activo, algo que también beneficiará a la prensa y a los ciudadanos. Es decir: un auténtico parlamento. 
En la actualidad, aun nos encontramos a menudo limitados por nuestras competencias como Parlamento. Defensa, inmigración, agricultura ,... se pueden nombrar otros ámbitos por los que estamos luchando en la Convención acerca del futuro de Europa. 
En la actualidad, la Comisión Europea y el Consejo actúan en este sentido de forma excesivamente tecnocrática. 
Nos inundan con detalles secundarios y ocultan las auténticas decisiones políticas. Éstas se tratan de forma insuficiente en este lugar, lo que sin duda va en detrimento de los intereses de los ciudadanos. 
Quizás deberíamos contar como Parlamento con una comisión temporal de investigación de la fiebre aftosa, tal y como se hizo en su momento con la comisión de investigación de la EBB. 
Esas son las medidas que pueden convertirnos en un tigre en lugar de un cordero sin dientes. 
Todas las comisiones parlamentarias pueden desempeñar en la actualidad actividades para cobrar más fuerza y lo que pretendemos en realidad es adquirir una posición más sólida como Parlamento siguiendo el ejemplo del Congreso y del Senado estadounidenses. 
Hoy en día solo tocamos una parte, una parte importante, en la que la tradición, la tecnocracia y, lamentablemente, el conservadurismo han obstaculizado en gran medida la consecución de un parlamento más político e interesante. 
Ahora, a menudo nos encontramos con una acumulación de declaraciones en el último minuto, a veces insultantes, que convierten los debates parlamentarios en un circo. 
Lo más insultante de todo es que la Comisión y el Consejo a veces hablan el triple que todos los portavoces de los grupos juntos. 
Quisiera pedir de antemano a la Comisión y al Consejo que se autoimpongan voluntariamente mayores limitaciones. 
A continuación, debemos limitar nosotros el número de personas que intervengan en nombre del grupo. 
En algunos casos deberíamos animar el debate aplicando el principio de catch the eye. Dicho principio no deberá emplearse para flecos sueltos, sino precisamente para conceder de nuevo la palabra a quienes acaban de intervenir y facilitar así las respuestas mutuas. 
Y esto nos lleva, Señor Presidente, a la cuestión de las urgencias. 
Tengo el honor de coordinar las resoluciones de urgencia para el Grupo del PSE. 
A menudo resulta lamentable. 
La preparación es escasa y se suelen emitir dictámenes acerca de cualquier tema sin contar con la ayuda de comisiones especializadas. 
Reconozco que los derechos humanos merecen una resolución y constituyen una medida para valorar un gobierno o país concreto. 
Sin embargo, es preciso contar con una preparación adecuada para poder efectuar un correcto seguimiento y control posterior. 
Mi Grupo respalda la idea de una comunidad de ONG en el ámbito de los derechos humanos y desea solicitarle al Sr. Pat Cox y a usted la creación de una comisión parlamentaria al estilo de la Comisión de los Derechos de la Mujer en el menor plazo posible. De este modo, podremos prescindir de las urgencias y contaremos con una perspectiva mejor y más creíble. 
Tengo curiosidad por conocer las reacciones a esta petición. 
El Sr. Corbett ha realizado una gran labor y ha llegado a compromisos para alcanzar una postura común. 
El Parlamento se hace de este modo un favor. 
Como Parlamento y en vista de la próxima ampliación con entre 10 y 12 nuevos Estados Miembros, demandamos una amplia regularidad en las reformas de todas las instituciones europeas como el Consejo y la Comisión. 
Es algo necesario. No debemos ser reticentes a la hora de llevar a cabo unas reformas imprescindibles. 
Debemos admitir que las anteriores reformas del Parlamento Europeo han dado a luz una especie de ratón. 
Mucho ruido y pocas nueces. Esto se debe a que los intereses individuales, los intereses de los grupos minoritarios, los intereses partidistas y el afinamiento de las leyes nos llevan una y otra vez, sin necesidad alguna, a votaciones vacuas, a votaciones divididas y a votaciones solidarias. 
En todos estos ámbitos, Corbett ha tratado con valentía de lograr un compromiso. 
De nuevo corremos el riesgo de que los mismos intereses manden todo al traste. 
Hago un llamamiento a todos los colegas para que defiendan el interés general de la política democrática de nuestro Parlamento abandonando la defensa de intereses partidistas. 
Demostremos a través de una votación mayoritaria a favor del informe Corbett que estamos preparados y no permitamos que esta vez se dé a luz de nuevo un ratón. 
Que el Parlamento tenga la valentía de sobreponerse a su propia sombra. 
Señor Presidente, quisiera decirle al Sr. Duff que formo parte de los conservadores, aunque no formo parte del Grupo de los socialistas ni del Grupo de los populares. 
Desde el primer momento mi Grupo ha manifestado sus perplejidades frente a la necesidad de tener una reforma del Reglamento que fuera más allá de las reformas necesarias después de Niza y nos hemos opuesto seriamente al método que ha convertido este informe de adaptación en un informe que ha tenido en consideración ante todo la creatividad del Sr. Corbett y no una necesidad real. 
Esto, entre otras cosas, en un marco en el cual la inmensa mayoría de las reformas que, por otra parte, él mismo ha introducido en los años anteriores no se han llevado a cabo, y aquí me refiero sobre todo a las disposiciones relativas a los poderes de las comisiones. 
Desde este punto de vista, hemos trabajado con ahínco para evitar que algunas de sus principales propuestas fueran aprobadas por el Pleno. 
Mañana veremos qué ocurrirá. 
En efecto, Señor Presidente, reto a quienquiera a entender ahora qué ocurrirá mañana a lo largo de la votación, dado que estas reformas son muy amplias y no guardan relación entre sí. 
Señor Presidente, déjeme plantear dos cuestiones muy breves. 
En primer lugar, nos hemos opuesto con fuerza a la idea de que era preciso mantener una actitud cuantitativa y no cualitativa, es decir, decidir qué presentar en el Pleno y qué devolver a comisión sólo sobre la base de la cantidad de enmiendas o de la cantidad de votos a favor o en contra. 
La realidad en el momento actual en nuestro Parlamento nos dice que todas esas aburridas horas de votación son fundamentalmente el resultado de una mala preparación de las comisiones. 
Las comisiones que trabajan bien son las que hoy están en condiciones de conseguir que votemos durante poco tiempo y solamente sobre algunos puntos realmente importantes; las que no logran hacerlo son precisamente aquellas comisiones que nos hacen perder el tiempo. 
Por otra parte, somos muy escépticos ante la posibilidad de devolver a comisión, de hacer que las comisiones tomen decisiones en los casos previstos en el informe Corbett. 
Estamos preocupados por el mero hecho de que las comisiones parlamentarias no siempre reflejan la mayoría del Parlamento y, por lo tanto, el riesgo de tener resoluciones contradictorias, que tienen un contenido contradictorio, es muy grande. 
Me hubiera gustado hablar de muchas más cosas, pero el tiempo me lo impide. 
En cualquier caso, agradezco al amigo Corbett- a pesar de que no me ha escuchado durante la mayor parte de mi intervención- el trabajo que ha realizado. 
Señor Presidente, todos los diputados tienen derecho al mismo trato, ya pertenezca uno a un gran Grupo político o esté aquí como solitario representante de un grupo de electores. 
Nuestra tarea es garantizar la igualdad entre los cargos electos y que todos tengamos las mismas posibilidades de actuar en el Parlamento. 
Los grupos políticos son una medida práctica que debe brindar a los diputados la posibilidad de trabajar junto a otras personas más o menos semejantes. 
Un Grupo político no puede gozar de derechos especiales, a los que los diputados fuera de los grupos no tengan derecho también. 
En tal caso no seríamos iguales ante la ley. 
El principio de igualdad rige en toda la UE, también en este Parlamento. 
Celebro que éste haya quedado establecido expresamente por el Tribunal de Justicia en los considerandos del fallo donde quedó disuelto el Grupo Técnico porque declaró expresamente que éste no sería un Grupo político. 
El fallo encomienda al Parlamento que revise los diversos regímenes de los diputados y que garantice que no se discrimina a los diputados que no participan en un grupo. 
El fallo dice asimismo indirectamente que los diputados que aún así sean discriminados pueden iniciar una nueva acción y así el Tribunal de Justicia garantizará que el principio de igualdad se cumpla. 
El informe Corbett no es una respuesta al fallo del Tribunal de Justicia. 
Contiene una larga serie de propuestas que reforzarán los grupos y esto dificultará también la formación de nuevos grupos políticos. 
Además, harán faltan al menos 16 miembros de una quinta parte de los Estados miembros para formar un grupo. 
Éste es el compromiso que han sacado adelante los grandes grupos. 
Dudo tanto de la sabiduría como de la legalidad de esta limitación que puede llevar a que los regionalistas sigan sin grupo propio y a que los Verdes tras las próximas elecciones puedan encontrarse sin grupo. 
Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los regionalistas, sin embargo, disponen de un programa común y de una asociación supranacional común de partidos a través de la Alianza Libre Europea. 
No son suficientes para formar un grupo propio, sin embargo, ¿no deben tener derecho a actuar como una unidad política independiente si así lo desean? 
Los Verdes también eran una unidad política antes de que fueran suficientes para formar un Grupo político. 
¿Debemos perder a un grupo verde en el Parlamento porque unas elecciones en Alemania quizá los envíen de nuevo por debajo de una minoría antibloqueo antidemocrática del 5% o porque no gozan de respaldo suficiente en una UE ampliada? 
O tomemos a los radicales italianos, que están registrados con su partido radical internacional en la ONU y cuentan con un representante belga en sus listas. 
¿Puede privarse a los siete radicales italianos de su igualdad de derechos con otras agrupaciones? 
Creo que tenemos el deber de garantizar que todos los que no pueden formar un Grupo político independiente puedan ver reconocidos sus derechos proporcionales en el Reglamento y mediante medidas prácticas y pragmáticas que aseguren una verdadera igualdad de derechos. 
Si un Grupo político tiene derecho cada vez a incluir propuestas en el orden del día, este derecho podría darse a agrupaciones más pequeñas por turnos. 
Si un Grupo político tiene derecho a presentar un número infinito de propuestas, los diputados fuera de los grupos deberían al menos de vez en cuando tener derecho a presentar una propuesta, verla debatida y sometida a votación. 
Si un Grupo político tiene derecho a un determinado presupuesto y personal, a los diputados fuera de los grupos debe asegurárseles una parte proporcional. 
Una democracia debe reconocerse por el modo en que trata a sus minorías. 
No somos justos con nuestras minorías a día de hoy. 
Debemos dar a nuestras minorías los mismos derechos de los que gozamos nosotros, que hemos sido afortunados de contar con diputados suficientes para formar grupos políticos. 
Por qué no permitir a los diputados fuera de los grupos que formen un grupo técnico, de modo que ellos mismos puedan administrar la parte recíproca de los derechos que le corresponde a un grupo. 
Echamos en falta un Corbett 2, que dé a cada diputado sus plenos derechos. 
Señor Presidente, el informe Corbett sobre la revisión del Reglamento de nuestra Asamblea aporta algunas mejoras técnicas, pero obedece a tres orientaciones políticas generales que no compartimos. 
Primero, éste desearía otorgar al Parlamento Europeo nuevos poderes que el Tratado no le reconoce. 
Se trata concretamente de las propuestas de enmienda 14, 29, 33, 45, 48, 49, 52 y 56. 
Por ejemplo, en la enmienda 56 vemos como el Parlamento Europeo se arroga el derecho de solicitar al Consejo que aplique el artículo 7 TUE, relativo a las eventuales violaciones de los derechos humanos. 
Ahora bien, como ustedes saben, y como ya lo ha recordado el Tribunal de Justicia de las Comunidades, el Parlamento Europeo no puede proceder de este modo puesto que no constituye una Asamblea con soberanía plena. 
Sólo posee las atribuciones que le otorga el Tratado. 
Segunda orientación errónea: para entrar en vigor, muchas propuestas de enmiendas implican la ratificación- todavía hipotética- del Tratado de Niza. 
Ese el caso, por ejemplo, de las propuestas 8, 9, 41 y 58. 
Ciertamente- me dirán ustedes -, si posteriormente el Tratado de Niza no se ratifica, estas enmiendas no entrarán en vigor y no se plantearán problemas jurídicos. 
Creo, sin embargo, que se trata de un problema de comportamiento político: si aprobamos por anticipado dichas enmiendas, ello demostraría claramente una falta de respeto hacia el pueblo irlandés. 
Finalmente, tercera orientación negativa: este informe revela la existencia de cierta propensión en este Parlamento de acallar a las minorías, lo que el Sr. Corbett ha calificado tan ricamente hace un momento de simplificación del procedimiento. 
Esta propensión lamentable se pone de manifiesto concretamente en las propuestas 6, 59, 63, 68, 74, 85 y 101. 
La propuesta 59, en particular, pone más dificultades para que las minorías puedan presentar enmiendas a un texto en el Pleno si éstas no han reunido más del 10% de los votos en comisión. 
Y todo es por ese estilo. 
Como puede advertirse, señor Presidente, este informe, en nuestra opinión, no está en condiciones de ser aprobado. 
Señor Presidente, lo primero que tengo que especificar es que me voy a referir especialmente al segundo de los informes Corbett, es decir, al informe Corbett sobre la igualdad entre los diputados y el equilibrio entre los que forman y no forman parte de un Grupo político. 
Sin embargo, no ha de ser esto motivo para no agradecerle su inmenso trabajo sobre el informe general y para asociarme a las posiciones que el coordinador de mi Grupo, el Sr. Wuemerling, ha expresado anteriormente. 
Como el tiempo es corto, quiero especificar que, en el segundo informe Corbett, lo que se ventila es si este Parlamento va a seguir siendo una Cámara que articula su funcionamiento en torno a los Grupos políticos, o si cabe que junto a estos Grupos políticos haya Grupos parlamentarios puramente funcionales compuestos por diputados que no mantienen afinidad política ninguna. 
La posición del Grupo PPE ha sido muy clara desde el primer momento. 
Nosotros queremos un Parlamento de Grupos políticos, que han sido los embriones de los partidos políticos europeos y van a seguir siendo sus motores. 
El Parlamento Europeo no es un órgano técnico, sino una asamblea política en la que se toman decisiones políticas y los ciudadanos tienen derecho a saber qué posiciones políticas tienen los que toman esas decisiones. 
Por eso, la opción por los grupos políticos frente a los grupos técnicos es una opción por la trasparencia. 
Eso no significa reducir los derechos de los diputados que no quieran agruparse por razón de sus afinidades políticas. 
El diputado individual, forme o no parte de un Grupo, tiene los mismos derechos como diputado. 
Otra cosa es que a los grupos se les reconozcan unos derechos especiales como grupos a los que, obviamente, los que no formen parte de los grupos existentes, no tendrán acceso, pero la diferencia entre los derechos de grupo y el derecho del diputado tiene que quedar muy clara. 
El informe Corbett persigue dos fines: por una parte, aclarar que, cuando los diputados deciden constituir un grupo, el Parlamento da por supuesta su afinidad política, salvo que la nieguen expresamente; por otra, perfeccionar la participación de los diputados no inscritos en la Conferencia de Presidentes y en las reuniones preparatorias de las declaraciones. 
Pido por tanto, señor Presidente, que se apruebe el informe Corbett, salvo el punto segundo de la Resolución, que se refiere a los servicios de esta Cámara, a los que creo que no es justo hacerles pagar una responsabilidad que, en todo caso, sería de los Grupos políticos. 
Señor Presidente, la Sra. Frassoni ha preguntado qué es lo que debemos hacer hoy aquí, cuál es el problema que tratamos de resolver, por qué dar una medicina cuando no hay enfermedad. 
En este punto he de mostrarme en desacuerdo con usted, señora Frassoni. 
Hay una enfermedad en este Parlamento. 
Y es el debate, que demasiado tiempo ha sido demasiado previsible y con ello también bastante aburrido. 
Los diputados entran por turnos y leen su intervención de dos minutos, siendo el resultado un parlamento en el que no hay de hecho ningún debate verdaderamente animado. 
No damos a los ciudadanos la oportunidad de ver un parlamento en el que las opiniones luchan verdaderamente. Y es una lástima pues tenemos de hecho un parlamento en el que mantenemos un debate bastante animado y espontáneo en las comisiones. 
Sin embargo, no consigue que lo vean los ciudadanos. 
El informe Corbett trata de sentar las bases para un debate más animado y es evidente que hay muchas cosas negativas que objetar a este procedimiento de? llamar la atención?. 
No obstante, una cosa es segura y es que si no tratamos de hacer algo, entonces no pasará nada. 
Pienso por tanto que debemos acabar con esta tendencia a seguir como siempre. 
También es estupendo que tengamos ahora la posibilidad de diferenciar entre lo que es importante o lo que es controvertido y lo que no es controvertido. 
También esto mostrará un parlamento más animado a los ciudadanos. 
Me gustaría concluir diciendo unas palabras sobre las enmiendas presentadas por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Como sabéis, con el Tratado de Amsterdam introdujimos un nuevo procedimiento, el método de coordinación abierto que comenzó con la política de empleo. 
Lo que propusimos en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales fue sencillamente que el papel del Parlamento se hiciera constar en relación con este método. 
Esto generaría mayor transparencia, atraería mayor atención sobre este procedimiento. 
Y generaría también más control democrático dentro del método de coordinación abierto y por ello resulta muy enojoso que este saber o estos conocimientos no hayan alcanzado a la Comisión de Asuntos Institucionales y que no se haya considerado que fuera importante también en este ámbito, que es bastante nuevo y muy interesante para la Unión, tratar de llevar a cabo avances democráticos. 
Gracias al Sr. Corbett por un estupendo informe. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo es uno de los parlamentos más abiertos del mundo. 
Generalmente la Sala está llena, aunque a menudo las sesiones de las comisiones son más concurridas. 
Las votaciones y los trabajos previos pueden ser seguidos a través de Internet y cientos de miles de visitantes en Estrasburgo y en Bruselas pueden ver cómo se desarrollan los trabajos. 
En reiteradas oportunidades he visto a adolescentes escépticos que se fascinan al escuchar en los auriculares que es posible debatir en diferentes lenguas. 
Algo cambia en la actitud de esos adolescentes. 
Creo que sería provechoso para la legitimidad de la UE que todos los escolares tuviesen la oportunidad de visitarnos. 
Debemos estar orgullosos de nuestra apertura, aunque ésta pueda mejorarse, como se está haciendo. 
Sin embargo, cuando ha pasado la fascinación por nuestra apertura no resulta fácil entender cómo trabajamos. 
Las votaciones son enormemente largas, a veces con miles de enmiendas. 
En lugar de un debate pleno de vitalidad, con rápidas réplicas y contrarréplicas, hay una serie de monólogos preparados de antemano, como es mi caso hoy. 
A veces, a pesar de que se debaten asuntos de importancia, la Sala está casi vacía. 
Esto se debe, en parte, a que hablamos distintas lenguas. 
Sin embargo, se puede hacer aún más para reformar los trabajos parlamentarios. 
Nuestro Presidente contribuye preocupándose de que presentemos propuestas políticas y el informe Corbett conlleva importantes avances. 
Tal como señaló el señor Duff, los liberales respaldamos el informe Corbett y sus esfuerzos para acortar, concentrar y simplificar los procedimientos. 
Estas reformas son muy importantes y confío en que posteriormente exista la voluntad de usar más ágilmente el Reglamento. 
En algunas materias se necesita gran creatividad para aplicar este Reglamento. 
Quisiéramos que se insistiese en los trabajos para dar vida a los debates y para liberar al Parlamento Europeo de más asuntos. 
Antes se había propuesto la creación de una especie de comité técnico. 
Quizás sería conveniente volver sobre este tema más adelante. 
Tampoco nos satisface del todo la propuesta para el tratamiento de asuntos de urgencia, por lo que hemos sugerido un pacto para dar relevancia a esta materia. 
Como señaló la Sra. Kaufman, nuestros trabajos en favor de los derechos humanos son trascendentes y su eco llega a lugares muy alejados de esta Sala. 
Seguramente habrá que hacer más reformas- seguir avanzando- especialmente en relación con la ampliación, ya que tanto la Asamblea como los Grupos de partidos serán más heterogéneos. 
Entonces tendremos que buscar un equilibrio entre eficacia y democracia. 
Las principales reformas necesarias para que el Parlamento Europeo funcione de manera democrática, responsable y plena implican modificar los tratados, y en este momento no podemos hacer mucho en esta materia. 
Se trata de someter más materias a la codecisión, de eliminar la extraña división de los presupuestos y de intervenir en relación con los viajes entre Estrasburgo y Bruselas. 
Estas materias no se pueden resolver en una Convención. 
Con todo, aprovecho para felicitar al señor Corbett por su informe, que implica un gran avance. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor ponente, hoy ha sido destinatario de numerosas alabanzas y me quiero unir a ellas por el esfuerzo y perseverancia con los que ha tratado de modernizar nuestro Reglamento. 
Sin embargo, no me tendrá en cuenta que aún así le haga partícipe de mis preocupaciones. 
Lo que hace que un parlamento sea un parlamento es el debate entre las personas presentes en cuerpo y alma, y que transmiten la opinión de su propia retaguardia. Personas que, desde sus diferentes trasfondos, tratan de llegar a un consenso y de limar las posibles diferencias de opinión. 
¿A qué se debe entonces esta tendencia a tratar de limitar el poder de los grupos minoritarios, de conceder menos capacidad de decisión a los estados más pequeños y de eliminar los idiomas menos extendidos? 
No veo la relación. No veo cómo organizando todo en grandes grupos se puede animar el debate parlamentario. 
Creo que ocurrirá precisamente lo contrario. 
Observo una evolución hacia grupos de gran tamaño cuya diversidad interna me llama la atención, lo que en realidad me lleva a lamentar la limitación de la capacidad de los parlamentarios a título individual. 
Por ello espero que podamos llevar a cabo la modernización del Parlamento sin caer en estos inconvenientes. 
No obstante, lamento que la admisibilidad de las enmiendas vaya a depender ahora del número de miembros de una comisión. 
¡Eso no tiene nada que ver con las ideas que representamos! 
No entiendo por qué los ponentes de diversas tendencias tendrían que ponerse de acuerdo. 
El antieuropeismo es precisamente la mayor amenaza para Europa. 
Es importante que diferentes Estados Miembros puedan contribuir tal y como se contemplaba en el anterior Reglamento. 
He aquí otro ejemplo: la formación de grupos. 
Este aspecto ha producido muchos quebraderos de cabeza y sé que el Sr. Corbett ha acercado sus posturas a nosotros. 
Seguro que él considera que las ha acercado mucho. 
Últimamente visito los países candidatos de forma regular y solo hay que imaginarse lo difícil que lo van a tener los grupos más pequeños y de menor antigüedad para acceder a este Parlamento. 
Y sin hablar de los idiomas. 
Es sin duda importante que podamos hablar en nuestro idioma aunque resulta igual de importante que todos los ciudadanos oigan su idioma en la tribuna... ... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, la modificación del Reglamento propuesta, con la excepción de ciertos puntos positivos, básicamente lleva a limitar más la expresión y los derechos de los diputados. 
Esencialmente, aparte de las afirmaciones del Sr. ponente y de muchos otros diputados, tenemos que vérnoslas con un intento de poner más obstáculos a las opiniones distintas, y especialmente a las de cuantos son contrarios a las opciones de los círculos principales de la Unión Europea. 
Se trata de un intento de reforzar el modelo bipolar y de marginar al resto de los partidos políticos, especialmente a los partidos molestos, del Parlamento Europeo. 
Ya los diputados han perdido el derecho a presentar individualmente a la Sesión Plenaria enmiendas, resoluciones u otras propuestas. 
Ahora se propone anular el procedimiento de los temas de actualidad y urgencia, que las condiciones sobre la fundación de Grupos Políticos sean más desfavorables, ampliar la institución de la votación de informes sin debatirlos en la Sesión Plenaria, que los Grupos Políticos pequeños no tengan derecho a presentar enmiendas si estas no cuentan con el 10% de la comisión y que un Grupo no pueda presentar enmiendas si éstas... 
(El Presidente interrumpe al Ponente) 
Señor Presidente, no sé si el Sr. Corbett se ha inspirado en los grandes juristas parlamentaristas europeos o si ha examinado en detalle los reglamentos en vigor en la inmensa mayoría de nuestros parlamentos; lo que sí sé es que debe haber leído Rebelión en la granja de Orwell y el teatro de Ionesco, llamado precisamente el "teatro del absurdo". 
Su tarea era simplificar y convertir en más transparente el trabajo parlamentario, también para hacerlo más comprensible a la opinión pública, al gran público. 
Resultado: el Sr. Corbett quiere eliminar las urgencias, uno de los instrumentos más eficaces con que cuenta este Parlamento para expresarse y hacer oír su voz en todo el mundo. 
En cuanto a los procedimientos, el informe Corbett introduce una casuística digna de la Sacra Rota y de la mejor tradición jesuita, con todo el respeto que me merecen los jesuitas. 
Así, una enmienda presentada en sesión plenaria corre el riesgo de no llegar nunca al Pleno, un informe destinado al Pleno corre el riesgo de no llegar nunca a él y, como han dicho los oradores que me han precedido, los procedimientos previstos para cada informe corren el riesgo de tergiversarse en cada reunión que se celebra en comisión en función de mayorías que pueden cambiar o no cambiar. 
De ahí la idea, señor Presidente- parafraseando a George Orwell- de que todos los Grupos son iguales pero que hay grupos más iguales que otros, y de que, en todo caso, los diputados individuales no cuentan para nada. 
Por esto, señor Presidente, en cuanto a la revisión general del Reglamento, respecto a la que el Sr. Corbett querría introducir también la idea de una especie de informe permanente sobre la reforma, como radicales italianos, hacemos votos porque la mayor parte de estas propuestas del Sr. Corbett sea rechazada el próximo miércoles. 
Con relación al otro informe Corbett, señor Presidente, hace dos años que esperamos y que confiamos en que esta Cámara adopte por fin una posición respecto al trato que nuestro reglamento reserva a los no inscritos. 
Los siete electos de la Lista Bonino, los siete electos radicales, por ejemplo, que fueron votados por más de 2,5 millones de ciudadanos italianos, no han podido presentar siquiera una enmienda a los informes Corbett, tanto es así que hemos tenido que pedir a dos presidentes de Grupo el favor de permitirnos presentar conjunta y simbólicamente- y se lo agradecemos- unas enmiendas simbólicas. 
Esto para dar idea de que, como diputados individuales, no hemos podido presentar siquiera una enmienda con relación al tema que concierne a nuestra suerte en el Parlamento. 
Tras la sentencia del Tribunal de Primera Instancia por la que se disolvió el Grupo TDI, se han puesto nueve condiciones de discriminación. 
Consideramos el informe Corbett- me refiero al segundo- un tímido paso en esta dirección y, desde este punto de vista, estimamos que la mejor solución es la creación de un Grupo mixto; hemos presentado, gracias a un Grupo, una enmienda en este sentido que esperamos que sea aprobada por el Pleno. 
Consideramos que puede ser un primer paso hacia una mejor definición de las relaciones que deben existir entre los derechos individuales de los diputados europeos y el respeto a los equilibrios nacionales y a los Grupos en este Parlamento. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Corbett y al Sr. Inglewood- cuyo trabajo no ha pasado inadvertido- por el esfuerzo y el tiempo que han dedicado a un informe seguramente difícil, un informe que nace de una pregunta, es decir, si nuestro trabajo de diputados necesita mejorar su calidad, si necesita una mayor transparencia o eficacia en los procedimientos y si debemos reorganizar nuestro trabajo respecto a unos ritmos y a unas necesidades diferenciadas. 
Pienso que el debate de esta tarde confirma la necesidad de que debemos intervenir en cómo estamos trabajando en el Parlamento Europeo. 
Pienso que el Sr. Corbett ha podido darse cuenta de las distintas posiciones sobre su informe: de la contrariedad al apoyo, de las críticas veladas a las críticas abiertas. 
El debate de esta tarde nos lo confirma. 
Nosotros, como familia política- es la primera vez que me encuentro en esta situación- mañana tendremos un último y largo intercambio de ideas para adoptar una posición definida respecto a la lista de votación. 
Sin embargo, quisiera detenerme en el método. 
Cuando hablamos de Reglamento, no hablamos de una fuente primaria, sino de una fuente secundaria. 
Entonces, en este momento estamos atravesando una etapa de gran transformación en nuestra arquitectura institucional. 
Tenemos dos años por delante para comprobar si las decisiones que tomamos en orden a modificar nuestro Reglamento son correctas o si necesitan más modificaciones, y seguramente, al final de los trabajos de la Convención, deberemos comparar el momento reglamentario con las decisiones que se tomarán sobre los ordenamientos legislativos. 
Por lo tanto, ante todo hemos de tener confianza en nosotros mismos y tomar la decisión de experimentar nuevas vías. 
En conclusión, debo decir que, aparte el problema de las urgencias que me plantea alguna duda, lo cierto es que el informe Corbett propone una serie de soluciones. 
Señor Presidente, creo al ponente cuando dice que ha buscado cuidadosamente en el Reglamento cualquier discriminación que pudiera quebrar el equilibrio interno entre los diputados independientes y los Grupos. 
La cuestión de la violencia política en el País Vasco ha sido planteada muchas veces en esta Asamblea, pero nunca ha habido un debate sobre el mismo. 
El pasado sábado miles de personas marcharon pacíficamente por las calles de Bilbao denunciando la práctica continua de la tortura en los cuarteles de la policía española. 
Todo el mundo estará de acuerdo en que la violencia política debería superarse por medios políticos, pero ¿podría decirme el ponente cómo, en tanto diputado individual, puedo introducir este asunto interno de la Unión Europea en la agenda de esta Asamblea, con el fin de atajar esta urgente e importante cuestión? 
Estoy de acuerdo el Sr. Gil-Robles Gil-Delgado cuando habla del carácter político? 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Lamento retirarle el uso de la palabra, señor Posselt. Al comienzo de la sesión ha habido unas cuestiones de procedimiento y llevamos una hora de retraso sobre el horario previsto. 
Señor Presidente, algunos de nuestros colegas han señalado que estamos aquí dando la bienvenida a un sistema sano. 
Estoy de acuerdo con estos colegas en el sentido de que también sobre la base del actual Reglamento del Parlamento Europeo hubiéramos podido llevar a cabo buenas y necesarias reformas de los procedimientos de esta Cámara, pero el problema es que no se ha procedido a su realización. 
He llegado a la conclusión de que es mejor cambiar el sistema mediante el proceso democrático plasmado en los respectivos informes del Sr. Corbett y del Sr. Inglewood. 
Ése el único modo de imprimir chispa y agilidad a los procedimientos de esta Asamblea, que han quedado petrificados con el paso de los lustros. 
Parece ser que estos procedimientos renovados, como el procedimiento de petición de palabra "catch the eye", han funcionado muy bien, por ejemplo, en las Conferencias de Presidentes abiertas a todos los diputados, de manera que no comprendo por qué razón no podrían aplicarse de forma más extensa también en las sesiones plenarias. 
Si estos ensayos demuestran que el sistema presenta deficiencias, siempre nos queda la opción de volver al antiguo sistema. 
Se trata tan solo de opciones políticas, por mucho que estemos hablando de jurisprudencia y normativa. 
En cierto modo, los diputados al Parlamento no dejan de ser hijos de sus propias culturas parlamentarias; cada cual tiene la experiencia recibida en su propio Parlamento nacional, y tal vez sea difícil encontrar un punto de vista europeo común en estas cuestiones. 
Sin embargo, este informe contiene un elemento de equilibrio muy sutil: el cumplimiento de las exigencias sobre efectividad y democracia. 
Quizás el hecho de que ahora se debatan menos enmiendas que antes en las sesiones plenarias dé lugar a que los debates sean más políticos y, por lo mismo, más interesantes también. 
Tal vez se aporten aquí realmente argumentos en favor y en contra de las enmiendas, enriqueciéndose también los contenidos de los debates. 
Cuando se empiece a retransmitir para toda Europa las imágenes del Parlamento Europeo por medio de Internet, espero que estas imágenes tengan más colorido que las transmitidas por el texto TV, es decir, que haya intervenciones animadas, argumentaciones llenas de matices y un auténtico debate. 
. 
(EN) Señor Presidente, agradezco las intervenciones, los cumplidos y las críticas que se han expuesto con tanta claridad. 
Me centraré en las críticas. 
Algunas eran previsibles y otras han sido sorprendentes. 
Me ha sorprendido la vehemencia de las críticas de la Sra. Frassoni. 
Ya hizo la misma declaración cuando iniciamos nuestro trabajo en comisión hace un año y medio. 
Además, me ha acusado de no prestar atención a lo que decía, por ello insisto en refutar su argumento, porque su argumento parece ser que hemos avanzado en un año y medio. 
Me alegra que la ponente alternativa de su Grupo haya sido tan constructiva. 
De hecho, muchas de las enmiendas que he presentado han sido suscritas conjuntamente por su Grupo y el mío. 
En primer lugar, permítame refutar algunos argumentos que han expuesto varios oradores. 
No estoy intentando reprimir el debate ni limitar a las minorías. 
Lo que intento es ampliar el debate sobre los temas importantes, disponer de más tiempo para los asuntos realmente importantes y controvertidos. 
Eso, a su vez, significa que debemos utilizar procedimientos simplificados para los asuntos menos importantes y menos controvertidos. 
Hemos dicho que cuando en comisión existe una mayoría superior al 90%, podemos considerar que, prima facie, el asunto no es controvertido. 
Incluso en ese caso, podemos volver a los procedimientos normales; basta con que sólo lo soliciten dos grupos o 32 miembros. 
Es un umbral muy bajo; es muy fácil volver al procedimiento completo normal. 
Demos la vuelta al planteamiento. 
Imaginemos que si el asunto es sencillo y no controvertido, podemos aplicar el procedimiento simplificado a menos que exista una solicitud en el sentido contrario, y así ganaremos tiempo para más debate, para poder exponer más puntos de vista sobre los asuntos importantes. 
Asimismo, refuto el argumento de que el régimen lingüístico esté en peligro. 
Cada diputado o diputada podrá seguir insistiendo en utilizar su propia lengua en todos los casos. 
Refuto que estemos desechando el tema de los derechos humanos. 
Al igual que el Sr. Posselt, reconozco que los derechos humanos son muy importantes. 
No propongo que desechemos el asunto: propongo un procedimiento diferente para tratar sobre el tema, un procedimiento que dé más peso a la labor minuciosa realizada en comisión y que daría mejores resultados que el actual. 
Esto mismo es válido en el caso de otros asuntos urgentes. 
No los desechamos; proponemos tratar sobre ellos según otros procedimientos- procedimientos ya existentes o de nueva creación. 
Permítanme aclarar una cuestión o dos. 
Respecto al tema de "captar la atención", lo que tenemos sobre la mesa es un compromiso. 
El ejercicio de "captar la atención" sólo se haría al final de los debates. 
Aún así, no es obligatorio. 
Lo que se dice es que la Presidencia puede pasar la mirada por la Asamblea para ver si alguien intenta captar su atención. 
Es un compromiso muy razonable. 
Si aquellos que tienen reservas al respecto no están ni siquiera dispuestos a probar durante un tiempo este método al final de los debates, cuando la Presidencia así lo decida, entonces no existe realmente mucha voluntad de llegar a ningún compromiso. 
Quisiera instar a aquellos que sienten recelos respecto a este asunto a que lo prueben. 
No perderán nada con probarlo. 
Respecto a la OLAF, la comisión deliberadamente no se ocupó del asunto porque estaba sub judice. 
Ahora, parece ser que tras la decisión del Tribunal se ha presentado un recurso de apelación, por lo que el asunto sigue sub judice. 
Pero aunque no fuera así, quisiera decir que este caso necesitará un examen exhaustivo en comisión, en vez de una enmienda de último minuto en el Pleno. 
Éste es el motivo por el que no hemos presentado ninguna propuesta sobre la OLAF. 
Respecto al Presidente de la Comisión y la votación sobre el Presidente de la Comisión y la Comisión en su conjunto, el Sr. Rothley ha expuesto un argumento válido. 
Nuestras tradiciones nacionales son muy divergentes al respecto, pero es acertado que se presente al Pleno, y en numerosos grupos habrá disparidad de opiniones sobre este punto. 
En lo que a mí respecta, el Sr. Rothley me ha convencido, pero sé que hay muchos otros en la Asamblea a los que aún habrá que convencer. 
Respecto a la cuestión del presupuesto, tenemos puntos de vista diferentes. 
Algunos han dicho que la Comisión de Presupuestos debería realizar un examen detallado de las repercusiones presupuestarias de todos los asuntos que se presenten en esta Asamblea. 
Otros afirman que eso limita nuestros derechos a presentar enmiendas en el Pleno y que no deberíamos en absoluto seguir por ese camino. 
Nosotros hemos propuesto un compromiso en el que declaramos que las exposiciones de motivos, en los casos en que cabe esperar repercusiones financieras, deberán contener un análisis de su compatibilidad con la perspectiva financiera. 
Este compromiso no satisfará a todos, pero, una vez más, es un compromiso viable que nos permitirá avanzar en estos momentos. 
Por último, la cuestión del lenguaje neutro respecto al género. 
Señor Presidente, usted estaba en lo cierto cuando señaló que sólo afecta a algunas lenguas. 
En la lengua en que he redactado el informe no existe la discriminación por razón de género y, personalmente, no incluiría este punto. 
Quisiera recordar a la Asamblea que hace cuatro años, cuando se aprobó el informe de la Sra. Palacio Vallelersundi y mío, aprobamos la decisión de que los servicios revisarían todas las versiones lingüísticas del Reglamento para garantizar una redacción neutra respecto al género. 
No necesitamos volver sobre este asunto; debemos asegurarnos de que ahora se aplica lo que decidimos entonces como Parlamento. 
Señor Presidente, intervengo muy brevemente y sólo para decir al Sr. Corbett que en la votación de mañana podrá comprobar que el ponente en la sobra y yo estamos totalmente de acuerdo con la lista de votación de mi Grupo y que seguimos estando en desacuerdo en todos los puntos que he mencionado. 
. 
Señor Presidente, he seguido con gran interés el debate que se ha celebrado esta tarde aquí. 
En primer lugar, quiero felicitar al Sr. Corbett por su magnífico informe y por las claras explicaciones que ha suministrado, tanto al inicio como al final. 
Además, y teniendo en cuenta que durante muchos años he sido responsable de mi Grupo en el Parlamento nacional español de las cuestiones reglamentarias, he seguido este asunto con el máximo interés y comparto la preocupación de cómo hacer para que una Cámara esté más cerca de los ciudadanos, que el debate sea más vivo y que, a la vez, sea un instrumento que funcione y que esté suficientemente ordenado. 
Creo que las propuestas que hace el ponente mejoran sensiblemente el Reglamento actualmente existente; le felicito por ello. 
Es su texto y nosotros sólo podemos intentar colaborar al máximo para convertir esta Cámara en una Cámara más viva, más cercana a los ciudadanos, que permita transmitir y hacerles llegar exactamente nuestra forma de trabajar y en qué estamos concentrando nuestros esfuerzos y nuestra dedicación. 
Quiero señalar que para la Comisión Prodi- el Presidente siempre lo ha dicho y lo reitera cada vez que tiene ocasión, ante este Parlamento y ante sus distintos órganos de gobierno- la relación de la Comisión con el Parlamento es un elemento estratégico y que, desde el principio, nos hemos comprometido en participar y colaborar al máximo en el trabajo y en la función de esta Cámara. 
La inmensa mayoría de los informes y de las cuestiones legislativas son tratados directamente en Pleno por los Comisarios responsables correspondientes. 
Creo que ha habido un enorme cambio en esto respecto a otros tiempos anteriores. 
Más de tres mil preguntas parlamentarias son contestadas anualmente por la Comisión. 
Creo que hemos llegado a un acuerdo adecuado en cuanto a la colaboración y participación de este Parlamento en negociaciones internacionales donde suele haber una presencia de parlamentarios, que además resulta de lo más útil, tengo que decirlo con absoluta franqueza. 
Y estamos muy satisfechos del funcionamiento del sistema de codecisión que, en mi opinión, está siendo un éxito notable. 
En ese sentido, tengo también que decir que estamos haciendo un esfuerzo notable para informar sistemáticamente a este Parlamento antes que a otros y para suministrarle, al menos, tanta información como al Consejo. 
Por último, creo que el Acuerdo marco- aunque, como es normal, hay alguna tensión, en algún momento dado, en su aplicación- está siendo un instrumento útil para el funcionamiento de nuestras relaciones. 
Quiero reiterar mi felicitación. Espero que entre todos consigamos dar mayor vida a todas las instituciones de la Unión Europea y hacer más comprensible y más cercana la labor de estas instituciones, es decir, hacer más comprensible y más cercana la Unión Europea a los ciudadanos. 
Muchas gracias, señora de Palacio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
(A5-0195/2002) del Sr. Duff, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la reforma del procedimiento de suspensión de la inmunidad parlamentaria; 
(A5-0213/2002) del Sr. MacCormick, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la inmunidad de los diputados elegidos en Italia y las prácticas de las autoridades italianas en esta materia. 
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(EN) Señor Presidente, es para mí un gran alivio, como ponente de este caso, tener por fin la oportunidad de presentar este informe a la Asamblea, tanto si al final es rechazado o aprobado. 
Soy diputado al Parlamento desde hace poco menos de tres años y prácticamente durante todo este tiempo he tenido el honor de ser uno de los ponentes de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre privilegios e inmunidades parlamentarios. 
Una de las primeras tareas que me fueron asignadas fue una serie de solicitudes de diputados de Italia, o de sus abogados, en las que exponían su preocupación por el inicio de procesamientos o de otras acciones judiciales en Italia que violaban su inmunidad. 
Nuestro Reglamento, que espero que sea modificado a la luz del informe Duff, establece disposiciones minuciosas sobre los pasos que el Parlamento debe seguir con vistas a decidir si debe suspender o no la inmunidad de un diputado tras la presentación de una solicitud de las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión. 
El problema en los casos italianos era que no se había recibido ninguna solicitud, aparte de aquélla de los propios diputados, y eso es motivo de preocupación. 
Si se diera el caso de que un Estado miembro hiciera caso omiso de los privilegios o inmunidades de que gozan los miembros de esta Asamblea, sería un asunto grave. 
Lo que quiero dejar claro, y lo que el informe Duff plantea aquí, es que los privilegios e inmunidades de esta Asamblea no están para ampliar los derechos de los diputados como ciudadanos por encima de aquéllos de los demás ciudadanos. 
Existen únicamente para proteger la dignidad de esta Asamblea como institución legisladora europea y para proteger que los debates que en ella se celebran son, en efecto, democráticos y libres. 
Si se diera el caso de que los diputados pueden demostrar que su posición como miembros de esta Asamblea, como legisladores del panorama europeo, se ve perjudicada por la conducta de un Estado miembro y que no hay manera de exponerlo ante la Asamblea únicamente porque ninguna autoridad competente del Estado miembro ha solicitado la suspensión de la inmunidad, sería en sí misma una situación insatisfactoria. 
La inmunidad de la Asamblea está amparada por dos disposiciones diferentes. 
En virtud del artículo 9 del Protocolo de 1965, los diputados tienen inmunidad contra todo tipo de investigación, detención o procedimientos judiciales relacionados con opiniones expresadas o votos emitidos por éstos en cumplimiento de su deber. 
Existen otras inmunidades aplicables en otras circunstancias, en las que la inmunidad de que goza como diputado es equivalente a la de un miembro del parlamento de un Estado miembro en su propio Estado miembro y en otros Estados miembros, una inmunidad que le protege contra la imposición de una acción judicial sin el consentimiento del Parlamento. 
Tras un minucioso estudio resultó evidente que en todos los casos que estábamos estudiando se trataba exclusivamente de una cuestión relativa al artículo 9 del Protocolo; la cuestión de si las acciones judiciales iniciadas contra los diputados por opiniones que estaban expresando o habían expresado violaban la inmunidad de que gozan en virtud del artículo 9. 
Nuestro Reglamento no dice nada sobre lo que debemos hacer en ese caso. 
Me parece que, como Asamblea legislativa democrática, debemos tener alguna competencia inherente para llevar el caso a la atención de los Estados miembros si en esta Asamblea se violan las condiciones de libre debate. 
Tras haber adoptado este punto de vista sobre la cuestión, la comisión examinó los casos y en todos ellos, salvo en uno, aprobó las recomendaciones que yo estimé oportuno presentar. 
Tras examinar los casos con toda la claridad y franqueza posible, me pareció que en el caso del Sr. Speroni no había duda de que se le pidió cuentas por una opinión expresada en el ejercicio de sus funciones, a raíz de unas preguntas que hizo relativas a una explicación de voto en la Asamblea. 
El caso del Sr. Marra estaba relacionado con unos documentos que él publicó en su capacidad de diputado, y que mediante complejos trámites dio lugar a acciones o acusaciones judiciales. 
Éstos parecen ser casos en los que claramente debe aplicarse el artículo 9. 
La comisión cree que el caso del Sr. Dell ' Utri es similar, aunque yo no lo creo así. 
El motivo por el que discrepo con la comisión es que el Sr. Dell ' Utri realizó sus declaraciones, sean ciertas o no y cualquiera que sea su carácter legal, varios años antes de convertirse en diputado a este Parlamento. 
No veo ninguna interpretación sensata de una disposición relativa a opiniones expresadas o a votos emitidos por nosotros en el ejercicio de nuestro deber que guarde alguna relación con las declaraciones que hagamos antes de convertirnos en diputados. 
No podemos equiparar a un candidato al cargo con un titular del cargo. 
A propósito, esto es válido para nosotros en nuestra capacidad de candidatos. 
Por consiguiente, recomiendo a la Asamblea que emprendamos la acción que mi informe sugiere y que llevemos los casos a la atención de las autoridades italianas. 
Mi Grupo parlamentario ha presentado una enmienda para suprimir del informe el nombre del Sr. Dell ' Utri y, personalmente, creo que es la decisión acertada. 
Espero haber explicado a los colegas por qué creo que es la decisión acertada, y que se basa sencillamente en una lectura objetiva e imparcial del Protocolo, y no es ningún intento de participar en un juicio político en cualquier sentido sobre la situación en la República Italiana. 
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(EN) Señor Presidente, el tema de la revisión del artículo 6 surgió por primera vez a raíz de una controversia en torno a la solicitud de los tribunales españoles de suspender la inmunidad de dos diputados italianos al Parlamento Europeo. 
La competencia de los jueces españoles para presentar la solicitud fue desafiada por ministros españoles. 
Esta medida planteó un dilema al Parlamento Europeo, no un dilema del que éste fuera responsable, sino un dilema que se vio agravado por las lagunas en su propio Reglamento. 
Las propuestas que nos ocupan, aprobadas tras largas deliberaciones por amplia mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales, tienen varios componentes. 
En primer lugar, incluimos una breve y clara declaración de cuáles son los privilegios y las inmunidades en el contexto moderno. 
Es decir, no se trata de proteger a los diputados al Parlamento Europeo que se sientan inclinados por una vida delictiva, sino principalmente, como ha dicho el Sr. MacCormick, de garantizar la dignidad de la institución legislativa como sede de un debate independiente y plural. 
En segundo lugar, reconocemos que en algunos Estados miembros puede haber más de una autoridad competente, y se permite a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no sólo que presente una opinión motivada sobre la cuestión de la competencia, sino además que elabore una lista indicativa y abierta de las autoridades nacionales competentes. 
En tercer lugar, se definen más claramente las funciones del Presidente del Parlamento y se diferencian de aquéllas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
En cuarto lugar, se establecen, de una manera más detallada, los procedimientos de la comisión y los criterios que ésta utilizará para formular sus opiniones en beneficio de los tribunales y del público ante los que deben responder los diputados. 
En quinto lugar, se establecen disposiciones para las raras ocasiones en que un diputado se vea obligado reivindicar un privilegio o una inmunidad ante un tribunal. 
Confío en que todas estas disposiciones dotarán al Parlamento de la competencia necesaria para ocuparse de los casos de privilegios a nivel federal, en coordinación con, pero no subordinado a los regímenes parlamentarios nacionales. 
Las reformas exigen una aclaración, así como la formalización, del sistema de privilegios e inmunidades en cumplimiento de las exigencias del Tribunal de Primera Instancia en otro caso. 
Una reforma más radical dependerá de si la Convención aborda la revisión del Protocolo de 1965, la formulación de un estatuto de los diputados y, por último, la cuestión de mejorar el acceso del Parlamento al Tribunal en materia de sanciones. 
Señor Presidente, aunque me referiré al informe Duff, quisiera felicitar al Sr. Duff y al Profesor MacCormick por los considerables esfuerzos que han dedicado a la elaboración de ambos informes. 
En el Grupo PPE-DE estamos de acuerdo con el planteamiento del Sr. Duff y con el análisis contenido en la exposición de motivos de su informe. 
Como resulta evidente no sólo del anterior debate de esta noche, sino también de las conversaciones celebradas en esta Asamblea y en sus comisiones durante las pasadas semanas y meses, toda la cuestión de las inmunidades es misteriosa, incoherente y confusa. 
En la exposición de motivos del Sr. Duff se afirma oportunamente, aunque quizá no en estos mismos términos, que los diputados al Parlamento Europeo no son meramente miembros de los parlamentos nacionales que optan por ejercer en el extranjero. 
De hecho, los diputados al Parlamento Europeo son algo distinto de unos diputados nacionales que optan por ejercer en el extranjero. 
Son personas similares, pero, sin embargo, cualitativamente diferentes. 
Esto tiene repercusiones importantes para toda la cuestión de las inmunidades, y explica por qué nos encontramos en medio de la actual confusión. 
El ponente está absolutamente en lo cierto cuando señala en su informe, como también ha hecho esta noche en sus observaciones, que para poder poner orden y crear algo sensato y comprensible para los ciudadanos de Europa, es necesario que las modificaciones provengan de la Convención y de las recomendaciones que acepte la CIG. 
Asimismo, las disposiciones en este sentido deberían limitarse al futuro estatuto de los diputados. 
Si hacemos eso, quizá podamos introducir algo de sensatez y coherencia en nuestro Reglamento, de las que actualmente adolece y de las que seguirá adoleciendo en detrimento nuestro si no conseguimos este objetivo. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a ambos ponentes por su excelente trabajo, pero dirigiré mis comentarios al informe Duff. 
El Sr. Duff aceptó un informe difícil sobre un asunto desencadenado por un caso concreto controvertido y que sigue siendo un caso concreto muy polémico, sobre el que las opiniones a este lado de la Asamblea difieren aún sustancialmente de las opiniones de muchos de los que se encuentran al otro lado de la Asamblea. 
No obstante, tras aceptar el caso, el Sr. Duff ha sabido alcanzar el consenso centrándose en los procedimientos y no en el caso concreto, y lo ha hecho con gran maestría. 
Si me permite, le devolveré el cumplido que él me dedicó esta misma noche; todos los parlamentos necesitan un Andrew Duff. 
Mi Grupo, por consiguiente, puede apoyar lo que él ha hecho: la claridad con la que ha redactado estas nuevas normas y las innovaciones que contienen- la innovación que nos abre las puertas, como Parlamento, para reivindicar la inmunidad de un diputado cuando un Estado miembro ha iniciado o se dispone a iniciar un procedimiento, pero no nos ha presentado una solicitud de suspensión la inmunidad, y la innovación de que puede haber realmente más de una autoridad nacional competente para solicitar la suspensión de inmunidad. 
En mi opinión, todo eso es para bien. 
Mi Grupo, en consecuencia, votará a favor de su informe, pero aún estamos debatiendo el apartado 8 de la enmienda 2, porque nos tememos que, fundamentalmente, se contradice con los apartados anteriores del informe, y allí donde abre la puerta para que el Parlamento participe en la esencia de un caso, en vez de limitarse a decidir sobre si debería suspenderse la inmunidad o no. 
Esa formulación quizá nos lleve a pedir una votación por partes y a votar en contra. 
Pero seguimos abiertos al diálogo con el ponente sobre este punto porque sabemos que ha realizado un gran trabajo. 
Señor Presidente, dos son los puntos que siempre han constituido la base de la doctrina del Parlamento Europeo con respecto a la inmunidad, a pesar de la situación de confusión y de difícil interpretación, dada la ausencia de un estatuto claro del diputado europeo: el primero es que la inmunidad no protege al diputado sino al Parlamento; el segundo es que de ningún modo el Parlamento Europeo se debe atribuir el derecho de juzgar el fondo de las cuestiones convirtiéndose en una especie de tribunal. 
Creo- y francamente me duele decirlo- que en ambos puntos el informe Duff introduce novedades negativas y peligrosas: por ejemplo, en la letra a) del apartado 1 del artículo 6, cuando se habla de protección de las inmunidades. 
En una situación en la que pedimos a los europeos que acepten medidas como la orden de detención europea, y por lo tanto, que acepten ser detenidos sobre la base de pruebas y procedimientos en vigor en un Estado diferente del nuestro, me parece realmente singular permitir a cada diputado bloquear, de hecho, el procedimiento judicial. 
Se dice que la posibilidad del diputado de actuar se debería limitar a los casos de inviolabilidad, con arreglo al artículo 9, y que después la comisión competente del Parlamento podrá juzgar si la solicitud del diputado es aceptable o inaceptable. 
En el texto del Sr. Duff, sin embargo, esta distinción entre el artículo 9 y el artículo 10 no existe y, francamente, no me tranquiliza el hecho de que la comisión competente se podrá pronunciar en su caso. 
En efecto, la votación sobre la inmunidad que tuvo lugar en el caso del Sr. Dell ' Utri, un señor que en ese momento no era ni siquiera diputado, no me puede tranquilizar, puesto que los votos de un parlamento son siempre votos políticos. 
Por lo tanto, el procedimiento que se ha elaborado es demasiado complicado, deja abierta la puerta a comportamientos absolutamente desaprensivos: ciertamente impensables en el país de Neil MacCormick y de Andrew Duff pero, lamentablemente, mucho más normales en otros países. 
Éste es el motivo por el cual votaré, y pediré a mi Grupo que vote en contra del informe Duff. 
Señor Presidente, el informe Duff intenta racionalizar el procedimiento de suspensión de la inmunidad parlamentaria a nivel de los diputados europeos e introducir al mismo tiempo protecciones complementarias contra las arbitrariedades, lo cual nos satisface. 
Sin embargo, no resuelve satisfactoriamente, en nuestra opinión, la cuestión técnica concreta que al principio puso en marcha toda esta reflexión, o sea: el hecho de cómo se puede determinar la autoridad nacional competente para transmitir al Parlamento Europeo la solicitud de suspensión de la inmunidad de uno de sus diputados. 
El sentido común político nos dice que corresponde al propio Estado miembro afectado designar dicha autoridad. 
Por otra parte, el informe Lamassoure, que acaba de ser aprobado en nuestro último Pleno, declara que cuando no se haya asignado explícitamente una competencia a las instituciones europeas, se supone que ésta corresponde a los Estados miembros. 
Pero el informe Duff, en el apartado 13 del artículo 6 bis, complica el problema y resta claridad a esta regla, a pesar de ser muy simple. 
Evidentemente, no podemos admitirlo, señor Presidente, como lo manifestaré en mi explicación de voto. 
Señor Presidente, la autonomía y la independencia del Parlamento Europeo, a las que han apelado los demás oradores, son dos de los principios en los que se basa la legitimación democrática del sistema de la Unión Europea. 
Por lo tanto, se deben preservar- y es nuestro deber hacerlo- contra los intentos, provenientes de muchos frentes, de condicionar el ejercicio de la función parlamentaria. 
A través de las figuras de la inviolabilidad y de la inmunidad, previstas en el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, el Parlamento Europeo tiene unos instrumentos, aunque parciales, para defenderse de los ataques a su independencia o a su autonomía que pueden proceder de otros poderes públicos o privados. 
En efecto, muy a menudo la autoridad judicial procede sin tener en cuenta la inviolabilidad del diputado- esto debe quedar claro al Parlamento Europeo- para realizar los actos previstos en el apartado 2 del artículo 68 de la Constitución, en particular en lo concerniente a las escuchas telefónicas, aunque sea de manera indirecta. 
Precisamente en estos días en Italia ha habido mucha polémica con respecto a estas escuchas telefónicas indirectas que se han llevado a cabo sin tener en cuenta el principio de esta garantía. 
El mismo indica asimismo que en Italia existe una confrontación que, a tenor de la verdad, a veces adquiere tonos muy duros, entre el parlamento y algunos magistrados que utilizan su función para llevar a cabo, inevitable y a veces inconscientemente, una acción partidista. 
Dichos magistrados se escudan en la independencia y en la irresponsabilidad institucional que disfrutan y, de hecho, desarrollan acciones políticas. 
Por otra parte, son los propios magistrados que elaboran teorías sobre este papel en congresos y seminarios, pero también en ordenes del día oficiales. 
A la vista de esta peculiaridad italiana, el Parlamento Europeo debe defender con fuerza su independencia, sobre todo cuando sus miembros son acusados de delito por las opiniones por ellos expresadas en el ejercicio de sus funciones. 
En concreto, el Parlamento Europeo debe poder intervenir para corroborar los casos de inviolabilidad e inmunidad incluso por indicación del diputado sometido a procesamiento, siempre que existan las condiciones y los supuestos para defender sus prerrogativas, de manera análoga a lo que hace el parlamento italiano. 
Los informes de los Sres. MacCormick y Duff establecen los procedimientos para convertir en eficaces estas garantías. 
Para concluir, quiero dar las gracias tanto al Sr. MacCormick como al Sr. Duff que, en el informe para la aprobación del Estatuto de los diputados, han establecido lo que nosotros hemos escrito en este Estatuto que confío en que sea aprobado cuanto antes en este Pleno. 
El informe MacCormick, tal como fue aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, ya adopta una posición respecto a algunos de los casos señalados y considera que los casos de los diputados o antiguos diputados Marras, Speroni y Dell ' Utri están prima facie y en este caso amparados por la inviolabilidad. 
En cualquier caso, el juez competente- por lo tanto, el juez italiano- debe remitir al Parlamento la documentación necesaria para establecer si el caso en cuestión entra dentro de las hipótesis de inviolabilidad previstas en el artículo 9 del Protocolo. 
En nombre del Grupo del PPE-DE, no puedo dejar de compartir totalmente este planteamiento y recomendar la aprobación, sin ninguna modificación, de los informes de los Sres. MacCormick y Duff a los cuales agradezco el excelente trabajo que han realizado. 
Señor Presidente, al igual que el Sr. Corbett, yo también comparto la manera en que nuestros ponentes, el Sr. Duff y el Sr. MacCormick, han abordado los problemas de los procedimientos para el examen de las inmunidades de los diputados europeos. 
En el futuro el Parlamento Europeo deberá tener su propio sistema de inmunidades garantizando un trato igual a todos sus diputados, no diferenciado según su nacionalidad. 
Y ésta podrá ser unas de las muchas tareas de la Convención sobre el futuro de Europa. 
Mientras tanto, sin embargo, es necesario resolver algunas cuestiones que se han planteado en esta legislatura, en particular en el caso de la investigación llevada a cabo en España en relación con los diputados Berlusconi y Dell ' Utri. 
En ese caso, la interpretación dada al Reglamento por la Presidencia del Parlamento determinó la inadmisibilidad del suplicatorio dirigido por las autoridades judiciales españolas y, por lo tanto, dicho suplicatorio no ha sido remitido a la comisión competente ni ha sido examinado por el Parlamento Europeo hasta que el principal afectado ha dejado el cargo de diputado. 
En este supuesto, se ha considerado el suplicatorio como procedente de una autoridad extranjera que debía remitirse a través del Gobierno y de sus representaciones diplomáticas. 
Sin embargo, en la Comunidad Europea las autoridades judiciales de los Estados miembros no se pueden considerar autoridades de un país extranjero, representadas exclusivamente por su Gobierno. 
Por lo tanto, es justa la propuesta de modificar el artículo 6 del Reglamento en el sentido de que todo suplicatorio dirigido por la autoridad competente de un Estado miembro con objeto de suspender la inmunidad se comunicará sin demora al Pleno y se remitirá a la comisión competente. 
La cuestión abordada en el informe MacCormick se ha planteado también en relación con los casos de algunos diputados italianos. 
El artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades establece que, como ocurre en todo país democrático, los diputados europeos no pueden ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones. 
No se trata de una inmunidad relativa que puede ser suspendida por el Parlamento, sino de una inmunidad absoluta. 
La misma está prevista en una norma europea que los jueces de los Estados miembros deben interpretar y aplicar. 
No obstante, en Italia existe una práctica en virtud de la cual los diputados nacionales pueden invocar la protección del parlamento en el supuesto de que consideren que se les niega injustamente o que se interpreta incorrectamente su privilegio, y por lo tanto, se ha estimado que, por analogía con lo que establece el artículo 10 del Protocolo, dicha práctica nacional debe ser adoptada también a escala europea. 
Ahora esta interpretación se contempla en el informe Duff como una solución de carácter general, y por lo tanto, se propone modificar el Reglamento en el sentido de reconocer a los diputados la posibilidad de pedir la protección de sus inmunidades y de sus privilegios, cuyas posibilidades de protección se amplían de esta forma. 
El consenso sobre esta propuestas constituye un acto de confianza en la dignidad de la política, en su capacidad y en su voluntad de garantizar la democracia en aras del interés general y de no mantener los privilegios de algunas personas en contra del principio de igualdad de todos los ciudadanos. 
Es una confianza que quiero testarudamente conservar, a pesar de que ha sido demasiadas veces decepcionada, como demuestra una de las propuestas específicas contenidas en el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, según la cual serían opiniones expresadas en el ejercicio de las funciones incluso las expresadas por el Sr. Dell ' Utri antes de llegar a ser diputado. 
Por esto, anuncio mi voto favorable a la enmienda propuesta por el Sr. MacCormick. 
Señor Presidente, desearía someter a consideración del Pleno algunas observaciones, pero ante todo querría felicitar a los ponentes, que han realizado, en mi opinión, un excelente trabajo sobre este expediente particularmente complicado. 
Como en el debate ya ha sido todo dicho, formularé simplemente dos o tres observaciones. 
La primera consiste en que en este género de situación debemos procurar esforzarnos siempre por hacer abstracción de cualquier consideración política, y legislar conforme a derecho. 
La segunda observación subyacente en este informe guarda relación con la intención de equidad, de equilibrio y de igualdad entre los diputados. 
Creo que esto nos preocupa mucho, así como la voluntad de afirmar- a través de este género de posicionamiento, de este tipo de informe- las prerrogativas del Parlamento y de los diputados. 
Se trata asimismo de un punto que no podemos dejar de suscribir, sobre todo teniendo en cuenta que está orientado hacia una armonización- que deseo- del Derecho Penal. 
Me agradaría que dicha armonización estuviera orientada hacia un mayor grado de libertad no sólo para los diputados, sino también para el conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea. 
En este ámbito, desgraciadamente, todo está por hacer. 
Dos observaciones para finalizar. 
La primera consiste en que siempre resulta lamentable, en los asuntos que atañen a la libertad de las personas, preferir un enfoque colectivo a un enfoque personal. 
Pero el ponente no tiene la culpa. 
El procedimiento así lo ha establecido, y pienso que tratándose de cuestiones que afectan a los individuos y a su libertad, a su situación penal, debemos procurar que los procedimientos contemplen un examen individual, caso por caso: ello evita un enfoque colectivo o un enfoque político del problema, aun cuando eso no haya influido en el asunto que nos preocupa. 
Finalmente, segunda y última observación. Ésta guarda relación con el caso del Sr. Dell´Utri, respecto del cual me asocio a las solicitudes que se han efectuado para diferenciarlo por las razones que, con razón, han sido mencionadas. 
Muchas gracias. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, el informe que está hoy en debate es el resultado del trabajo no sólo de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sino también de las importantes contribuciones que hicieron la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación Social y Deporte, mediante la opinión de nuestra colega Sr. Konstantinos Alyssandrakis, o de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, mediante la opinión de nuestra colega Sra. Joke Swiebel. 
Agradezco a todos ellos sus contribuciones y espero que la mayoría del Parlamento las apruebe. 
Este informe se basa en la comunicación de la Comisión relativa a los primeros quince planes nacionales de inclusión social que los Estados miembros presentaron en junio del año pasado, a raíz de las decisiones adoptadas en el Consejo Europeo de Lisboa, en marzo de 2000, sobre la estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social y teniendo en cuenta cuatro objetivos comunes formulados en Niza, que son los siguientes: fomentar la participación en el empleo y el acceso de todos a los recursos, derechos y bienes y servicios esenciales para vivir con dignidad, prevenir los riesgos de la exclusión, actuar en pro de los grupos más sensibles y movilizar a todos los interesados directos. 
Pese a las limitaciones y la diversidad de los planteamientos formulados por los diferentes Estados miembros, el informe conjunto de la Comisión y del Consejo que la aprobó durante la Presidencia belga señala riesgos e imperativos importantes que urge tener en cuenta para avanzar más rápidamente en el análisis a fondo y exhaustivo de las causas de la exclusión social y en las medidas concretas que es preciso poner en práctica de forma más rápida y comprometida, so pena de no pasar del papel, y las intenciones proclamadas respecto de la necesidad de una mayor cohesión económica y social. 
Recuerdo- por la importancia que revisten- los imperativos fundamentales formulados en el informe conjunto y que son los siguientes: desarrollar un mercado laboral no excluyente y fomentar el empleo como un derecho y una oportunidad para todos; garantizar niveles de renta y recursos adecuados y condiciones de vida dignas; suplir desventajas educativas; preservar la solidaridad familiar y proteger los derechos de los niños; garantizar a todos condiciones de vivienda digna; garantizar la igualdad de acceso a servicios de calidad de salud, transportes, servicios sociales, asistencia, culturales, recreativos y jurídicos, mejorar la prestación de servicios, rehabilitar zonas afectadas por carencias múltiples. 
Para conseguir cumplir esos desafíos es fundamental que los Estados miembros hagan mejoras importantes en la distribución de recursos y oportunidades en la sociedad a fin de garantizar la participación y la inclusión social de todas las personas y el ejercicio de sus derechos fundamentales. 
Igualmente importante es que haya una estrategia integrada y multidimensional que, basándose en los objetivos formulados en Niza y la aplicación del programa comunitario de incentivo a la lucha contra la exclusión social, en particular la primera mesa redonda que se va a celebrar en octubre durante la Presidencia danesa, se busque un valor añadido en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y se incentive que la elaboración de la segunda serie de planes nacionales de inclusión social entrañe prioridades claras, metas y objetivos concretos, políticas y medidas adecuadas, acompañadas de sus respectivos valores y fuentes presupuestarias. 
Así, el imperativo común que se asigna a las políticas comunitarias y de los diferentes gobiernos nacionales es el de garantizar que los principales mecanismos de redistribución de oportunidades y recursos- el mercado laboral para todos, incluidas las mujeres con empleo de calidad, los sistemas fiscales, los sistemas de protección social, educación, vivienda, salud y otros servicios públicos- pasen a ser suficientemente universales para atender las necesidades de las personas más expuestas a los riesgos de pobreza y exclusión social. 
Por eso, es importante también que las políticas económicas y monetarias, incluidas las de competencia, agraria, de pesca y del Pacto de Estabilidad, formen un triángulo coherente con las políticas sociales, cada una de las cuales debe ser evaluada por sus efectos en la esfera social, centrar su revisión y adecuación en los objetivos sociales, en la necesidad de mayor cohesión económica y social y en una importante reducción del escándalo que representa mantener a casi el 18 por ciento de la población de la Unión Europea, es decir, a más de 60 millones de personas, en situaciones de pobreza. 
Igualmente importante es la existencia de indicadores sociales creíbles y pertinentes, también en cuanto a las diferencias entre los sexos, que permitan no sólo calibrar las modificaciones en la vida cotidiana de las personas, sino también constituir indicadores de alerta y vigilancia de la evolución de la situación social y, en particular, de la pobreza y la exclusión. 
Así, conviene no escamotear la realidad y tener en cuenta que, pese a dificultades de análisis de la correlación entre gasto público, protección social y riesgo de pobreza, sin las transferencias sociales, en particular las pensiones de vejez, el 41 por ciento de la población de la Unión Europea correría el riesgo de caer en la pobreza y que, si incluyéramos las pensiones de vejez, pero excluyéramos de la renta otras transferencias sociales, ese porcentaje se mantendría en el 26 por ciento. 
Así, pues, lamento la mayoría de las propuestas del Partido Popular Europeo, encaminadas a ocultar la realidad y dificultar la aplicación de medidas esenciales para conseguir la inclusión social. 
Pido que se retiren esas propuestas para que no se ponga en entredicho el trabajo realizado y haya una contribución positiva a la materialización de una estrategia eficaz de lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores colegas, quisiera felicitar a la Sra. Figueiredo por su detallado informe y por su intervención. 
Igualmente quisiera dar las gracias a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales porque ha adoptado casi la totalidad de las propuestas de la Comisión de Cultura, Juventud, Medios de Comunicación y Deporte. 
Nuestra comisión subraya que la educación, la cultura y el deporte son factores de primer orden para la inclusión social. 
En este punto quisiera señalar, que para que actúen positivamente dichos factores, deben funcionar en un ambiente social favorable, que sea tal que esté en situación de hacer valer, por ejemplo, a los licenciados altamente especializados del sistema educativo. 
Nuestra comisión considera indispensable consolidar el carácter público de las medidas de prevención y lucha contra la exclusión social en el sector educativo y cultural. 
Más especialmente, estima que un sistema de educación pública y gratuita constituye la condición para el acceso libre y sin exclusión y pide a los Estados miembros a que proporcionen a todos los niños un mínimo de doce años de enseñanza libremente accesible y gratuita. 
Considera igualmente que el sistema educativo debe ofrecer a los jóvenes no sólo aptitudes básicas entre las que se incluyen también los conocimientos informáticos, sino también un profundo conocimiento de la sociedad que les permita en el futuro contribuir conscientemente al progreso social. 
Considerando el alto porcentaje de desempleados entre los jóvenes, la Comisión de Cultura, Juventud, Medios de Comunicación y Deporte, solicita que se promueva la institución de las escuelas de segunda oportunidad. 
Asimismo pide que se tomen medidas para combatir el analfabetismo, para contribuir al dominio de la lengua materna y al aprendizaje de otras lenguas. 
Especialmente, para los inmigrantes, solicitamos que se elaboren programas educativos específicos para el aprendizaje de la lengua principal del país de acogida. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores colegas, el debate que comenzó en las comisiones parlamentarias y que concluye hoy en la Sesión Plenaria es, con toda seguridad, útil e interesante. 
Sin embargo, no es suficiente. 
Tal como señala la Comisión de Cultura, Juventud, Medios de Comunicación y Deporte, la lucha contra la exclusión social necesita la materialización de acciones concretas a fin de que, la próxima vez que nos ocupe el tema, hayamos hecho progresos importantes. 
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(NL) La Comisión Europea, con el comisario al frente, merece ser elogiada por este primer documento político integral acerca del tema de la pobreza y la exclusión social. 
La política social debe desempeñar ciertamente un papel doble: fomentar la cohesión social y también la productividad. 
La Comisión de Derechos de la Mujer respalda por este motivo el análisis que establece que la pobreza y la exclusión social solo pueden superarse incrementando la productividad y la capacidad de ingresos de los llamados grupos con escasas oportunidades. 
Esto es especialmente aplicable a las mujeres. 
Por ello resulta un tanto lamentable que este análisis no se haya llevado hasta sus últimas consecuencias. 
Hemos tratado, sin éxito, de descubrir las causas del reparto desigual del trabajo remunerado y no remunerado de hombres y mujeres, y que constituye la base de la presencia mayoritaria de las mujeres entre los más pobres. 
La pobreza entre las mujeres guarda una relación directa con su falta de independencia económica. Dicha independencia debe fomentarse a través de un trabajo remunerado que proporciona unos ingresos duraderos a las propias mujeres y a los que dependan de ellas. 
Si la Comisión y los Estados Miembros no siguen en este análisis por sexos, se deberá analizar de nuevo el grado de independencia económica de las mujeres en Europa y se deberá tener en cuenta dicho factor de forma independiente en el análisis y en los objetivos de la política para combatir la pobreza. 
Es cierto que las mujeres y las madres solteras con niños pequeños a su cargo constituyen los grupos más débiles. 
Su debilidad no disminuirá, sin embargo, si no se cobra conciencia de las causas con franqueza. 
Mientras las mujeres se vean saturadas con trabajos no remunerados, lo que afecta especialmente a las mujeres con niños, les obstaculizará la capacidad para obtener ingresos y, por tanto, seguirán constituyendo grupos débiles. 
La combinación de trabajo y asistencia, una estrategia de emancipación que goza de gran popularidad en la actualidad, también puede convertirse en una trampa si se pone demasiado énfasis en el trabajo a tiempo parcial y en los sistemas de permisos para mujeres, impidiéndoles generar y mantener una capacidad suficiente de obtención de ingresos. 
El método de coordinación abierta puede facilitar, en este sentido, las comparaciones efectivas entre políticas, lo cual despierta mi curiosidad. 
A este respecto es preciso, sin embargo, que los indicadores que se utilicen para valorar la pobreza dejen de obviar el factor de género y tengan en cuenta los ingresos individuales de cada uno de los miembros de las unidades familiares. 
Señor Presidente, la exclusión social es un asunto difícil. 
El propio término ya despierta muchas discrepancias. 
Sabemos que la Comisión introdujo en su momento el concepto de exclusión social debido a que determinados Estados Miembros consideraban que la palabra pobreza era exagerada. 
Ahora nos encontramos con una cierta contradicción. Cabría la posibilidad de pensar que un excluido social puede ser millonario. 
No es descabellado pero no es a eso a lo que nos referimos aquí. 
Nos referimos en última instancia al dinero y a todo lo que lo rodea. 
Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿acaso no es la pobreza en Europa la misma que la pobreza en el tercer mundo? 
No, no es así. 
Hay que comparar a las personas en Europa con otras personas en Europa. 
No se puede comparar a alguien que esté atravesando un mal momento con una persona del tercer mundo. 
Esto resultaría demasiado sencillo para los gobiernos. 
Sin embargo, existe el problema derivado de que, según el principio de subsidiariedad, la mayor parte de estas competencias descansan en los Estados Miembros e incluso en los propios municipios. 
Podemos emitir muchas recomendaciones útiles al respecto. Podemos llegar a acuerdos y establecer comparaciones. 
Podemos hacer todo eso. 
No obstante, el problema solo se puede solucionar en el nivel geográfico más bajo. Muchos obvian esta circunstancia a veces. 
Es como si pudiéramos solucionar desde aquí el problema de la exclusión social. Eso es imposible. 
Podemos intercambiar información, dar buenos ejemplos y, en cierta medida, consensuar determinadas cuestiones comunes, aunque en ningún caso deberán tener efectos contraproducentes. 
Creo que no hemos logrado mejorar la situación de los niños en Europa a través de una serie de medidas con un alto contenido ideológico adoptadas en el pasado. 
No debemos olvidarlo. 
No podemos hacerlo ni nosotros ni los Estados Miembros. 
En este sentido solo podemos dar algunas lecciones de sabiduría y nada más. 
Considero que el ponente ha elaborado un buen informe, aunque a veces ha pasado de puntillas por dichas lecciones de sabiduría. 
Señor Presidente, la Comunicación es una carta real sobre la política social integrada. 
Así pues, correctamente la Sra. ponente se hace cargo de la gran importancia de la propuesta, y por esta razón la gran mayoría debe apoyar las posturas que toma. 
Con el proyecto en debate queda confirmada, primordialmente, la voluntad expresada en cumbres anteriores sobre la acción combinada en contra de la exclusión en la Unión Europea. 
Desde el momento en que se ha admitido, como se hace evidente por la adopción de la agenda social, que los gastos para la política social son también un factor productivo, tenemos la opinión de que si la Unión Europea quiere ser consecuente con lo que dice, las limitaciones presupuestarias existentes deberán examinarse bajo este prisma. 
Asimismo se reconoce claramente, y esto es una conquista, la necesidad de una cooperación combinada en la lucha contra la exclusión, coordinadamente y en común, en ámbitos como la protección social, el empleo, la formación, la salud, la vivienda y la educación. 
Sin embargo, las dificultades para materializar estas propuestas son algunos de los puntos más cruciales. 
Verdaderamente, cuanto más positivo es que se proclame la necesidad de un planteamiento integrado, tanto mayores son las responsabilidades de que nos hacemos cargo a fin de superar los obstáculos para su realización. 
Hace falta una cruzada para cambiar las prácticas y las costumbres, para doblegar la resistencia, no sólo de los líderes políticos, sino también de los empleados que emprenden la materialización de esta política. 
Reforzar también el interés de las organizaciones sindicales presupone un cambio de prioridades por su parte. 
Finalmente, la organización de debates públicos documentados, tanto en la planificación como en el balance, presenta sus propias dificultades para rendir los resultados correctos. 
En general se aprecia en los distintos Estados miembros que, mientras en la dispersión de las medidas en distintos sectores, se muestra el intento de trasladarse hacia un planteamiento integrado, se constata la falta de mecanismos adecuados y la indisponibilidad de los agentes para la movilización. 
Igualmente debemos aplaudir el hecho de que la Comunicación toma en consideración los nuevos riesgos de exclusión que pueden comportar los cambios estructurales en curso en la Unión Europea, entre los cuales se destacan tal como se señala correctamente, los cambios en el mercado laboral y la privatización en los servicios públicos. 
Pero mientras estamos diciendo todo esto, la propia Unión Europea no tiene objetivos claros sobre lo que tiene que seguir siendo un bien público en la política de la liberación. 
Tiene que dar ella misma el ejemplo de una correcta coordinación de sus políticas complementarias. 
Sólo de esta manera podremos aumentar la credibilidad en la lucha contra la inseguridad social, que es uno de las razones primordiales en el auge de las movilizaciones de extrema derecha. 
La responsabilidad de todos nosotros es hacer comprender que el método abierto de coordinación en la política social y los proyectos internacionales propuestos de acción nacional contra la pobreza, tienen que ser enfocados por los Estados miembros y por la Comisión con la misma seriedad con que se plantearon el pacto de estabilidad y el saneamiento presupuestario. 
Para terminar me van a permitir que añada que este plan va a conservar su valor en la medida en que la Comisión nos pueda dar, en el futuro inmediato, indicadores concretos de progreso. 
En este punto, la Comisión se hace cargo de responsabilidades especiales. 
En la segunda fase de planificación no nos deberemos ocupar de nuevo de los retos y principios básicos que deben condicionar nuestra política contra la exclusión, sino de las medidas de transición de todos estos principios a planes operativos, con cierto grado de éxito de los nuevos métodos y con la posibilidad de realizar seguimientos del valor añadido concreto. 
Diría también, que en la cumbre del 2003, deberemos contar con un informe sucinto y sobrio sobre estos temas. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a la ponente los esfuerzos que ha dedicado a este informe. 
Se han criticado varios planes de acción nacionales porque no tienen en cuenta la situación particular de las mujeres, como ha señalado la Sra. Swiebel, en términos de exclusión social. 
Aunque estoy de acuerdo con el Sr. Pronk en que buena parte de todo esto está relacionada con el dinero, también se trata de otros factores de interrelación como la falta de igualdad real de oportunidades. 
Si consideramos que actualmente en el Reino Unido es probable que las mujeres con títulos universitarios ganen menos al comienzo de sus carreras que sus homólogos masculinos con títulos similares, tenemos un problema. 
La situación es aún más grave cuando se trata de un diplomado de origen bangladeshí o paquistaní; sus posibilidades de empleo son equiparables a las de un joven blanco sin título de ningún tipo. 
Tenemos aquí toda una serie de políticas que deberán relacionarse entre sí para tratar de los temas de inclusión social. 
Naturalmente, también sabemos que las probabilidades de que una mujer interrumpa su carrera son mayores, para trabajar a tiempo parcial, para trabajar con contratos temporales y es aún menos probable que ostenten cargos obtenidos por sufragio. 
Estos factores ayudan a explicar por qué mi Grupo no apoyará las enmiendas encaminadas a eliminar el compromiso de conceder igualdad de trato en el caso de esos empleos precarios o atípicos. 
Asimismo, no apoyamos las enmiendas encaminadas a suprimir la mención de factores de política económica y monetaria, que creemos que tienen importantes repercusiones sobre las circunstancias sociales. 
Mi Grupo ve el valor de la seguridad social no sólo como contribución a la sostenibilidad de los ingresos, sino además como una medida de inclusión social. 
También creemos que la participación de aquellos que sufren la exclusión social y que trabajan por paliar su situación es fundamental para poder llegar a conclusiones y a soluciones. 
La inclusión social significa tener voz en la toma de decisiones que nos afectan y, en consecuencia, no apoyaremos tampoco la enmienda 7. 
Señor Presidente, doy las gracias a la señora Figueiredo por este importante y excelente informe. 
El informe cobra aún más importancia después de que hace dos años se diese en la decisión de Lisboa relevancia a los objetivos y a las ideas sobre integración y solidaridad social. 
Sin embargo, han sucedido muchas cosas y la situación ha cambiado desde entonces. 
Ya no existen muchos de los gobiernos que participaron en esa resolución, en la práctica cada mes se producen cambios en los gobiernos de los países miembros. 
Esto me preocupa. 
Como señaló el señor Pronk, puesto que la responsabilidad por la seguridad social y por la integración corresponde a los Estados miembros o a otros niveles inferiores, se requiere que en los países miembros existan gobiernos dispuestos a dar prioridad a estas materias. 
Si no es así- cosa que me temo- hay que contar con una movilización social desde abajo. 
En ese caso, las organizaciones de mujeres, de inmigrantes, de trabajadores y otros grupos que dan prioridad a la solidaridad social tendrán que organizarse y luchar por estas metas políticas. 
No basta con tener buen corazón y buenas intenciones. 
Sabemos que en la vida política hay contradicciones, intereses contrapuestos y prioridades. 
Los pobres y excluidos no constituyen la prioridad principal para los que tienen el poder político. 
Por eso creo que Europa va camino de una situación política en la que aumentará la distancia entre los que ejercen el poder y los que tienen graves problemas sociales. 
Por todo esto creo que es conveniente que la Comisión de Empleo respalde el informe Figueiredo. 
Espero también que se apruebe en la votación de mañana. 
Señor Presidente, el riesgo de pobreza y exclusión social en la Unión Europea es uno de los imperativos económicos y éticos más serios y urgentes del siglo XXI, por lo que felicito a la ponente por su útil y oportuna contribución. 
Como la pobreza es un problema multidimensional, que tiene repercusiones en todos los aspectos del ser humano, actualmente ha cambiado la idea que se tiene de ese flagelo. 
Esa problemática tiene repercusiones no sólo en la dignidad y la calidad de vida del ser humano, sino que, además, afecta también a las políticas macroeconómicas, la seguridad social, la libertad y la seguridad. 
Es indispensable que los Estados miembros establezcan estrategias a largo plazo destinadas sobre todo a los grupos con mayor riesgo de exclusión social y más afectados por la pobreza, en particular los desempleados de larga duración, las personas discapacitadas, las personas de edad, las mujeres y los emigrantes. 
La nueva sociedad del conocimiento ofrece posibilidades de reducción de la exclusión social mediante la creación de condiciones económicas que den preferencia al crecimiento y al empleo y la creación de nuevas formas de participación en la sociedad. 
La idea fundamental es la de que el empleo es la mejor salvaguarda contra la exclusión social y la pobreza. 
Son los Estados miembros los que deben garantizar la enseñanza de acceso libre, que comprenda aptitudes en la esfera de la informática y las lenguas, así como fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida. 
El nuevo método abierto de coordinación debe comprender una mayor participación de las autoridades locales y regionales y de los interlocutores sociales a fin de permitir el intercambio eficaz de los procedimientos más idóneos. 
Por último, quisiera subrayar la necesidad de que los países candidatos participen, cuanto antes, en la estrategia de inclusión social y elaboren sus propios planes nacionales de acción para fortalecerla. 
Señor Presidente, como recordaron ya mis compañeros, en las Cumbres de Lisboa, Estocolmo y Niza se definieron unos objetivos comunes contra la pobreza y la exclusión social. 
Eso se hizo así porque se constató que desde el año 1995 los niveles de pobreza se mantenían en un mismo nivel. 
Es decir, 60 millones de europeos- el 18 % de la población- permanece bajo el umbral de la pobreza, el umbral que mide el 50 % de la renta media de los países. Y con el agravante de que no es igual el 50 % de la renta de Luxemburgo que de la de Portugal. 
Se constata también que aquellos países que tienen un gasto social por encima de la media de la Unión Europea, como pueden ser Finlandia, Dinamarca o Alemania, tienen niveles de pobreza muchos más bajos, a veces la mitad, que los países que tienen su gasto social por debajo de la media de la Unión Europea y entre esos están los países del Sur y el Reino Unido. 
Creo que ya se ha dicho mucho a estas alturas del debate sobre la necesidad de planes en cada uno de los países y sobre la necesidad de que también las instituciones europeas se involucren en ellos. 
Por ello, señor Presidente, creo que mañana no se pueden votar algunas de las enmiendas propuestas, porque se rompería la filosofía del informe. 
Yo voy a recordar aquí, para terminar, señor Presidente, que una de las enmiendas propone suprimir los ocho desafíos de los que hablaba mi compañera Ilda Figueiredo, entre los que se encuentran el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la salud. 
Si algunas de esas enmiendas se aprueban como están ahora mismo redactadas, se rompería la filosofía del informe. 
Por tanto, pido a los compañeros que voten el informe tal como está, porque es un buen informe que aborda correctamente los problemas de la pobreza y de la exclusión social. 
Señor Presidente, la ponente ha hablado con gran pasión y gran convicción de los temas relacionados con la exclusión social. 
Quisiera garantizarle- aunque espero que no necesite este tipo garantías- que a este lado de la Asamblea también compartimos esa pasión y esa convicción, como estoy seguro que ocurre con el resto de la Asamblea. 
En cuyo caso, resulta algo extraño que el paso de su informe por la comisión haya sido un tanto incierto y que hayan sido tan numerosas las personas haya que han votado en contra del mismo. 
Sospecho que en el Pleno puede ocurrir otro tanto, y ocurrirá sin duda si no se aprueban algunas de nuestras enmiendas, que según tengo entendido obtendrán el apoyo del Grupo ELDR. 
Sería una pena que se rechazara el informe. 
Hay dos asuntos que me gustaría resaltar y a los que ya se han referido con más elocuencia mis colegas el Sr. Pronk y la Sra. Bastos. 
La primera cuestión es la importancia de que este asunto sea tratado desde la raíz en vez de desde arriba, y que para encontrar la mejor solución posible a los problemas, los Estados miembros deberán abordarlos desde una posición lo más cercana posible a los mismos. 
La segunda cuestión es la importancia del pleno empleo: el fomento del empleo es el mejor modo de combatir la pobreza y la exclusión social. 
La primera de las ocho acciones conjuntas, los ocho desafíos principales, hace referencia a la cuestión de fomentar el empleo, pero se decía en el considerando V del informe. 
Es necesario hacer más hincapié en este punto. 
En particular, llamo la atención de la Asamblea sobre la enmienda 20, que habla de la importancia del trabajo temporal y de las oficinas de empleo como vía para conducir a las personas hacia el empleo permanente y a tiempo completo. 
Quisiera decir también a la Comisión que estoy muy de acuerdo con la Sra. Comisaria en que es importante sentar las bases para un mayor desarrollo del sector del trabajo temporal. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la ponente por la decisión y la pasión que ha mostrado a la hora de elaborar este informe. 
Por otra parte, la elaboración del primer informe conjunto sobre la integración social, sobre la base de los planes de acción nacionales de lucha contra al pobreza y la exclusión social, ha puesto de manifiesto la necesidad de un análisis común de las distintas realidades de la Unión Europea. 
A este respecto, los planes nacionales señalan un conjunto de factores de riesgo que contribuyen a subrayar la importancia pluridimensional del problema y, en algunos casos, no son solo causas, sino también consecuencias, y evidencian la necesidad de romper este ciclo de la pobreza persistente o de la pobreza intergeneracional de la marginación social. 
Por fin, también para la exclusión social, tal como ocurrió para el empleo con ocasión de la Cumbre de Luxemburgo, inicia un proceso similar de cooperación y de coordinación abierta para alcanzar los objetivos. 
Por lo tanto, a fin de atajar y resolver el problema de la exclusión social, se han propuesto acciones específicas para cumplir los cuatro objetivos específicos de Niza, entre los cuales figura la intervención en favor de las personas vulnerables, de las personas discapacitadas y de las personas mayores no autosuficientes. 
Es importante que se alcancen estos objetivos con el fin de no calificar a los distintos Estados europeos, sino de conseguir realmente un valor añadido para el objetivo fundamental que es la integración social. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero comenzar felicitando y agradeciendo el buen trabajo a la colega de la península Ibérica Ilda Figueiredo. 
Lisboa, Niza, Estocolmo, más recientemente la cumbre de Barcelona, son fechas, son localidades, son ciudades, son memoria de cumbres que marcan la temperatura social de la Unión Europea, fechas de compromiso de la Unión Europea por la mejor y más desarrollada economía, por la creación de más y mejores empleos, por el desarrollo sostenido y por la cohesión social. 
Pero la realidad, conviene recordarlo, es terca: muchos quedaríamos sorprendidos si hiciéramos una reflexión o leyéramos en los medios de comunicación que en los países en los que vivimos, el porcentaje de población que se encuentra por debajo del umbral de pobreza (teniendo en cuenta para ello el criterio comúnmente admitido de unos ingresos inferiores al 60 % de la renta media nacional) alcanza un 8, un 12, un 14, un 19 y hasta un 22 % de la misma (con un 18 % de media en toda la UE) , teniendo en cuenta también que, aunque la Unión Europea ha registrado una tasa de crecimiento medio de PIB del 2,5, la situación de pobreza y de exclusión social mantienen todavía niveles elevados. 
El informe de la Sra. Figueiredo recoge una serie de consideraciones como medida de lucha contra la exclusión social. 
Quiero insistir en dos o tres de ellas: la primera, el desarrollo de un mercado laboral integrador y la promoción del empleo como un derecho y una oportunidad para todos, medida que a veces supone tener que tomar decisiones que, como está ocurriendo en España, pueden ser contestadas por algunos; es ahí donde cobra toda la importancia el diálogo social pero el diálogo social bien entendido: el de las recíprocas concesiones, el diálogo que se asienta justo en lo que la palabra dice. 
Sin duda, el empleo es la primera forma de integración. 
También se debe apostar por la formación, por las nuevas tecnologías, frente al riesgo del analfabetismo tecnológico y, sobre todo, por un enfoque estratégico integrado y pluridimensional, por la igualdad de género, la educación y la praxis medioambiental así como la mejora en prestaciones sociales. 
Y por supuesto- y termino Sr. Presidente- por una acción conjunta. 
Estoy de acuerdo en que esto se ejecute al más bajo nivel, pero también debo decir que, probablemente, dicha ejecución también sea compatible con acciones de impulso, con acciones desarrolladas por otras administraciones. 
Señor Presidente, quisiera felicitar de forma especial a la Sra. Figueiredo y a las dos comisiones, a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte y a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades que han participado en el texto final del informe. 
Desde el principio se ha visto claramente la importancia de la sinergia de las tres políticas básicas, de la política económica, de la política para el empleo y de las políticas sociales. Es decir, la necesidad de este triángulo isósceles, que es imprescindible para tener resultados equilibrados en todos los países y en la Unión Europea. 
Asimismo se han planteado dos cuestiones políticas importantes por medio del debate. 
¿Puede y debe mezclarse la Unión Europea, coordinar o proponer políticas relativas a la exclusión y la pobreza? 
Por supuesto, dos o tres Sres. diputados ya han tocado el tema sobre cómo se definen hoy en día la pobreza y la exclusión, y claro que hay una gran diferencia con la pobreza del tercer mundo. 
En Europa hablamos de una pobreza relativa, pero a pesar de todo no debemos olvidar que el número de las personas que están a punto de tocar el umbral de la pobreza, supera los 65 millones de personas en Europa, así como el tema más amplio de la exclusión que lo definen las nuevas necesidades relacionadas con la sociedad de la información. 
Así pues, si estamos de acuerdo en la definición y en el complicado tema de los indicadores, vamos a la siguiente cuestión sobre si tiene que actuar la Unión Europea. 
Creo que está claro, quizá más que nunca, tanto mediante las conclusiones de Niza como con las de Barcelona, que la dimensión de la política social afecta ya a las políticas europeas y es indispensable la evaluación de las repercusiones de las políticas económicas europeas en el sector social. 
Por eso es la primera vez, y creo importante subrayarlo, que tenemos una planificación en el ámbito europeo, y un intento de colaboración en temas relacionados con la pobreza y con la exclusión. 
La segunda cuestión es si la Unión Europea puede. Mediante los Tratados y mediante la separación de competencias a nivel europeo y nacional. 
Creo que debemos ser claros y tener mucho cuidado. 
Por supuesto que también está el tema de la subsidiariedad. 
Por supuesto que la política social cada vez se descentraliza más y que en todos los países se ejerce en el ámbito de los municipios, de las regiones y de los gobiernos. 
Pero también es seguro que mediante la aplicación del método abierto de coordinación, que no impone márgenes legislativos, ya tenemos las primeras consecuencias positivas. 
Experiencias óptimas de países que ya han aplicado programas se transmiten a todos los países. 
Contamos con una estrecha colaboración en el tema de los indicadores e igualmente en los métodos relacionados con la aplicación de dichos planes. 
Creo que contribuyen ustedes de forma especial con su informe y hay ciertos puntos que estimo que son los más significativos con los que estoy plenamente de acuerdo, y creo que deben ser también los puntos sobre los que se celebre el debate en la mesa redonda que se está organizando para octubre durante la Presidencia danesa. 
Así es muy importante que el debate público sobre la pobreza se celebre abiertamente, con procedimientos más participativos y con la participación de los propios interesados, y no sólo de los parlamentos y de los interlocutores sociales. 
Un papel importante lo desempeña la evaluación después de la aplicación de cada programa. 
Son imprescindibles los objetivos cuantitativos en el ámbito nacional, es muy importante la separación de competencias a nivel nacional, regional y local en cuanto a los planes nacionales de acción y, claro, desempeña un papel muy importante el presupuesto y la conexión entre las cantidades y recursos presupuestarios y las políticas y medidas propuestas. 
Durante la presidencia danesa, como se van a evaluar los planes nacionales de acción contra la pobreza que hay hasta hoy, se debatirá también la preparación de los próximos; repito, en la mesa redonda de octubre. 
Estos son los temas en los que debemos centrar nuestra atención para poder tener la segunda generación de planes nacionales de acción con resultados mucho más llamativos. 
Finalmente, ya que se ha solicitado la activación de la Comisión después de este informe, quisiera recordarles que desde octubre pasado, mes en que se presentó la comunicación de la Comisión al Parlamento, tenemos la aprobación del informe conjunto sobre el empleo social en Laeken, es decir, se aprobó el programa sobre la exclusión social en colaboración con el Parlamento, un programa muy concreto que proporciona a los Estados miembros herramientas para desarrollar sus planes de acción sobre temas de exclusión social. 
Creo que es muy importante referir que hemos avanzado en la ampliación del procedimiento para todos los países candidatos a la adhesión, y hoy en día firmamos con ellos planes de acción contra la exclusión, de modo que tras la adhesión puedan adaptarse plenamente a los procesos en curso, y por supuesto, debo acentuar el excelente trabajo que se realizó, y que se continuará realizando el segundo semestre, sobre el tema de los indicadores, tras la aprobación del conjunto inicial de 18 indicadores en la cumbre de Laeken el pasado diciembre. 
Quisiera volver a traer a colación debates que se han celebrado en repetidas ocasiones con su comisión sobre el importante papel que desempeñan los indicadores en el sector social en cuanto al total de las políticas de la Unión Europea, y la medida en que los indicadores sociales tienen un importante papel y determinan en cierta medida las decisiones económicas finales en todos los países en el Consejo de primavera. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día pasamos al informe (A5-0186/2002) del Sr. Stockmann, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Stockmann, el ponente, por reunirse conmigo y organizar el seminario el pasado diciembre en Bruselas. 
Entonces quedó claro que todas las partes del sector, incluidas las compañías aéreas grandes y pequeñas y los aeropuertos, entre otros, estaban claramente a favor de la actualización del Reglamento 95/93, en otras palabras, de su revisión técnica, pero creíamos que revisar las reglas sobre el acceso al mercado en estos momentos era prematuro y que no se habían estudiado suficientemente las consecuencias. 
La presente propuesta es, a la vez, compleja y polémica. 
Es evidente que existe un abismo entre nosotros respecto a algunos elementos fundamentales. 
Algunos sostienen que los intentos de tratar sobre estas propuestas, la definición de franjas horarias, los temas de acceso al mercado, la posibilidad de transferir franjas horarias y los nuevos participantes, etcétera, todo eso debería haberse dejado para una segunda fase. 
Más tarde destacaré algunas de las dificultades especiales. 
La inclusión de estos elementos en la primera fase no sólo está fuera de lugar, sino que además algunos de estos elementos reducirán la flexibilidad que tanto necesita el sistema. 
Las enmiendas que algunos de mis colegas y yo presentamos inicialmente estaban encaminadas a mantener y potenciar la flexibilidad del sistema que todas las compañías aéreas aplican en la actualidad, y que favorece a los pasajeros. 
Retirar esos derechos, como propone la Comisión, iría en serio detrimento del sistema y provocaría su fracaso. 
Hemos vuelto a presentar tres enmiendas fundamentales, que mañana serán sometidas a votación. 
Éstas son relativas al proceso de asignación de franjas horarias y al intercambio de franjas horarias entre las compañías aéreas. 
Espero que la Asamblea les dé su apoyo. 
Sobre una cuestión general, conviene recordar a la Comisión que la Unión Europea no puede decidir de manera aislada sobre la definición y utilización de franjas horarias. 
Hay 168 aeropuertos en todo el mundo que han coordinado sus franjas horarias y numerosas compañías aéreas de terceros países que operan en Europa. 
Cualquier modificación de la definición y utilización deberá ser concertada a nivel internacional para evitar que se produzca un caos. 
En la propuesta de la Comisión no se hace ninguna referencia a esta cuestión. 
En un comienzo, evité deliberadamente entrar en discusiones sobre la propiedad de las franjas horarias, entre otros motivos, porque es muy polémico y, en mi opinión, encontrará serios desafíos legales. 
Pero, cualquiera que sean los argumentos, me parece ingenua la afirmación de la Comisión de que, en su opinión, es extraño que las franjas horarias pertenezcan a personas. 
Quizá la Comisión cree que deberían pertenecer a ella en vez de a personas. 
Lo cierto es que la propiedad de las franjas horarias debería establecerse por contrato entre las partes. 
Esto me lleva a mi última observación. 
Creo que una franja horaria es un bien con el que, en caso necesario, se debe negociar. 
Ésta es también la opinión de la AEA, IATA y de catorce Estados miembros en reconocimiento de la futura falta de capacidad de los aeropuertos de toda la UE. 
También discrepo rotundamente del mito- que se perpetúa- de que las grandes compañías aéreas son las únicas que se benefician. 
Eso no es cierto. 
Así lo demuestra el hecho de que en Heathrow, la cuota de franjas horarias de BA ha descendido desde que el comercio subsidiario comenzó a operar hace más de diez años. 
La elección para los clientes ha mejorado drásticamente. 
Necesitamos una propuesta que garantice una regulación de las franjas horarias más transparente, más práctica, más eficiente y eficaz, una regulación que no perjudique los intereses legítimos del sector de la aviación. 
Lamentablemente, la presente propuesta no es la que necesitamos. 
Señora Comisaria, estimados colegas, en nombre de mi Grupo, doy las gracias al Sr. Stockmann por la excelente y versada elaboración de este informe. 
Es imprescindible una coordinación cuidadosa de las franjas horarias para mejorar la eficacia y la seguridad de los aeropuertos. 
Los horarios también tienen una gran importancia económica para los operadores aéreos. 
Nuestro Grupo apoya los esfuerzos del ponente encaminados a reforzar los elementos clave de la propuesta de la Comisión: coordinador independiente, facilidades para los nuevos operadores entrantes y definición jurídica de las franjas horarias exclusivamente como derecho de uso. 
Para las empresas de importación y exportación, entre otras, es importante que se proceda a una asignación lo más flexible posible de las franjas horarias. 
El derecho de los Estados miembros de limitar los derechos adquiridos en lo que se refiere al uso de las aeronaves que cumplan los requisitos de tamaño mínimo no es procedente. 
La discriminación de las aeronaves pequeñas puede dificultar, por ejemplo, el tráfico aéreo procedente de un Estado pequeño con destino a otro Estado miembro. 
Nuestro Grupo ha presentado dos enmiendas. 
La enmienda 56 pretende puntualizar la propuesta de la Comisión en cuanto a la asignación de las franjas horarias a los nuevos entrantes. 
La enmienda mantiene las facilidades para los nuevos operadores, si bien se especifica también que el trato de favor está condicionado al número de franjas horarias solicitadas. 
En mi opinión, la enmienda 45 debilita la posición de los nuevos entrantes. 
Quiero preguntar cuál es la opinión de la Comisión sobre esta propuesta concreta. 
La Comisión ha emprendido medidas para evitar la congestión de los aeropuertos. 
Los nuevos mecanismos de mercado tienen el propósito de adecuar mejor la oferta y la demanda de franjas horarias. 
Sin embargo, durante los últimos años se ha avanzado muy lentamente en la búsqueda de soluciones de largo plazo. 
Con la enmienda 57, nuestro Grupo quiere que la Comisión se comprometa a entregar una propuesta de más calado sobre la asignación de las franjas horarias. 
En opinión de mi Grupo, el sistema actual debe ser reformado de forma radical. 
Hay que facilitar más el acceso de los operadores al mercado de las franjas horarias. 
En su toma de posesión, la Comisaria De Palacio hizo de la situación del transporte aéreo una de sus principales prioridades. 
En este momento- a mediados del mandato de esta Comisión- esta intención ha quedado reflejada en la práctica. 
Esta propuesta forma parte de una larga serie de propuestas. 
Los problemas del transporte aéreo se producen tanto en el espacio aéreo como en los aeropuertos. 
Parece que los problemas en tierra son menos importantes que en el cielo, aunque creo que, en este caso, las apariencias engañan. 
El deseo de revisar la asignación de slots ya se planteó hace tiempo en el Parlamento. 
La falta de transparencia con la que se ' concedían? hasta ahora estos derechos a las compañías aéreas plantea más dudas que respuestas. 
Esa es precisamente la cuestión clave de esta propuesta. La duda acerca de si estos derechos de slot son una 'propiedad? o un' derecho de uso?. 
Creo es más bien lo último, considerando el carácter público de los aeropuertos. 
Si existe un consenso a este respeto, en mi opinión no hay motivo para no adoptar una decisión acerca de la modificación de las normas en esta fase. 
No hay que olvidar que si debemos esperar a que todo el mundo mire en la misma dirección, la decisión puede quedar muy lejos. 
Uno de los puntos positivos de esta propuesta son las opciones para los que se incorporen por primera vez al mercado. 
De cara a un funcionamiento correcto del mercado, es preciso que se les dé la oportunidad de acceder al mismo. 
Todo ello sin olvidar que se debe mantener una red de calidad. 
La política debe orientarse en esta dirección. 
El reparto de slots no debe traducirse en que los nuevos operadores solo puedan hacerse con los slots que no quiere nadie. 
Es necesario combinar correctamente las solicitudes de los operadores existentes y nuevos. 
Esto significa, Señor Presidente, que nos mostramos mayoritariamente de acuerdo con el informe Stockmann tal y como ha sido presentado por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. Por consiguiente, respaldaremos este informe. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, estimadas y estimados colegas, yo también quiero saludar en nombre de mi Grupo el informe del Sr. Stockmann pues es un informe excelente que entra en profundidad en el asunto. 
En nombre de la mayoría de mi Grupo, me permito aclarar que mi colega Foster, a quien aprecio mucho, ha expuesto esta tarde una opinión minoritaria de mi Grupo. 
La mayoría de mi Grupo, al igual que la comisión, apoya la propuesta de la Comisión de aclarar ahora definitivamente la naturaleza jurídica de las franjas horarias y de mostrar también con toda claridad que el comercio con franjas horarias entre compañías aéreas es ilegal y va a seguir siéndolo. 
Los slots, como derechos de uso, no pertenecen a las compañías aéreas ni a los aeropuertos. 
Sólo tienen una función de servicio. 
Sirven al uso efectivo, económico y ecológico del espacio aéreo. 
Por ello, mi Grupo va a rechazar también mañana las tres enmiendas de la colega Foster pues somos de la opinión de que la Comisión tiene toda la razón. 
En segundo lugar, creo que la nueva ordenación del reglamento slot pretende que las normas para la asignación de las franjas horarias sean más transparentes y orientadas a la competencia. 
Naturalmente, se deben preservar los llamados "derechos de abuelo" de las actuales líneas aéreas pero sólo en parte. 
Necesitamos competencia, por lo que también necesitamos nuevos slots para nuevas compañías aéreas y organizar mejor la competencia en el transporte aéreo en beneficio de los pasajeros. 
Finalmente, se fortalecen las funciones y la independencia de los coordinadores. 
Con ello, se quiere ofrecer la posibilidad de retirar los tiempos no utilizados de las actuales compañías aéreas y asignarlos a otras, para aumentar así la eficiencia de un uso económico del espacio aéreo, compatible con el medio ambiente. 
Este es el objetivo. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, permítanme para finalizar que indique de nuevo que espero que también el Consejo bajo la Presidencia española dé un paso esencial en junio. 
Hemos hecho nuestras tareas. 
Aunque en la comisión hemos producido 52 enmiendas, sin embargo sirven para precisar. Espero que la Comisión se supere a sí misma y apoye la mayoría de las enmiendas. 
En cualquier caso, me parece importante que el Consejo llegue con rapidez a una decisión. Pues queremos tener con rapidez la nueva regulación del reglamento sobre franjas horarias en provecho de las compañías aéreas. 
Como consecuencia de la recesión económica general y de los acontecimientos del 11 de septiembre, las compañías aéreas están en dificultades. 
Creemos que mediante una nueva regulación del reglamento slot hacemos un servicio a las compañías aéreas, los aeropuertos y los pasajeros. 
Pedimos por ello apoyo al informe Stockmann. 
Señor Presidente, señora de Palacio, distinguidos colegas, el mercado aéreo es un ejemplo de renuncia al egoísmo nacional. 
Y es que nadie puede apropiarse el cielo. 
La liberalización del mercado aéreo hace posible la libre circulación de mercancías y personas, y alguien puede incluso encontrar en algún avión a la azafata de sus sueños para siempre, tal y como me ocurrió a mí. 
A través de la gestión de las franjas horarias, podremos fomentar la competencia. 
En mi opinión, el Sr. Stockmann ha conseguido equilibrar de forma extraordinaria la posición de las grandes compañías instaladas en el mercado y la necesidad de las nuevas compañías dinámicas de aprovechar su capacidad de innovación. 
Los consumidores y la actividad económica obtendrán ventajas importantes gracias a este desarrollo, tanto mediante la reducción precios como mediante la aparición de nuevos servicios. 
La Comisión nos ha entregado ahora una propuesta algo más amplia y ambiciosa que la propuesta original, pero no nos podemos quedar esperando durante años soluciones en el sector aéreo, el cual se transforma a marchas forzadas; por ello, apoyo con firmeza la línea elegida. 
La apertura de los mercados a los nuevos operadores es decisiva, y es más que razonable que se les asigne la mitad de las franjas horarias. 
Las franjas deben atribuirse de forma equitativa también a las compañías extranjeras. 
Hemos de cortar las alas al proteccionismo cueste lo que cueste. 
La existencia de unas buenas comunicaciones aéreas es un valor en sí, pero las compañías nacionales no deben serlo. 
Los monopolios son el peor enemigo de los pobres, y el bolsillo de los contribuyentes no podrá resistir ya otros casos Sabena. 
El siguiente paso debe ser la creación de un espacio aéreo transatlántico y la rescisión de los acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y los Estados Unidos. 
La práctica actual favorece descaradamente a los americanos, y espero que la Comisión emprenda acciones con diligencia una vez que el Tribunal de Justicia dicte sentencia sobre este asunto. 
El sector aéreo podría hacerse aún mucho más eficaz, y esto es lo que debemos procurar aquí en el Parlamento Europeo, así que me limito a finalizar mi intervención en este punto. 
Señor Presidente, intervengo en este debate como antiguo presidente de la comisión responsable de la desregulación del transporte aéreo europeo junto con el Ministerio de Comercio e Industria del Reino Unido y del Consejo nacional de consumidores a comienzos de los años noventa, cargo para el que fui nombrado por el Sr. Norman Tebbitt. 
El reglamento sobre los cielos abiertos nos pareció en tema muy difícil. 
También fui director de la segunda mayor compañía aérea de Gran Bretaña. 
Me preocupa asimismo tener que decirles que salí de Londres a la una de la tarde y he llegado aquí a las nueve de la noche. 
Eso es consecuencia de un monopolio total de esta ruta a y desde Londres. 
Éste no es el motivo por el que hago uso de la palabra, aunque he adoptado medidas respecto a lo que me ocurre regularmente a mí y a mis otros colegas del contingente inglés cada vez que volamos de Londres a Estrasburgo. 
La desregulación es importante, la competencia es importante, y en el informe del Sr. Stockmann, con la competente participación de mi colega, la Sra. Foster, como ponente alternativa, hemos alcanzado un cierto equilibrio. 
También es importante comprender que aunque queremos abrir la situación cuanto antes y liberalizar e introducir la competencia, el sector del transporte aéreo necesita una fuerte inversión. 
Poner en marcha una compañía aérea no es como abrir una empresa de taxis. 
Digo esto como alguien que ha participado en la creación de dos compañías aéreas. 
Por lo tanto, debemos procurar no desestabilizar el sector del transporte aéreo europeo, como hicieron las reformas en los Estados Unidos, cuando todo el sector de la aviación estadounidense cayó en picado. 
Debemos tener cuidado de no desestabilizarlo avanzando demasiado deprisa sin llevar con nosotros al sector. 
Es necesaria una fuerte inversión financiera y de capital para poder hacerlo y quisiera pedir a la Sra. Comisaria que tome precauciones cuando ponga en vigor algunas de las propuestas. 
. 
Señor Presidente, Señorías, las normas actuales relacionadas con las franjas horarias han funcionado relativamente bien, si se tiene en cuenta el aumento de las presiones que el crecimiento del tráfico aéreo ha ido ejerciendo en el sistema. 
Pero digo sólo "relativamente", porque la realidad es que los estudios y las denuncias indican que, lamentablemente, existe en muchas ocasiones una falta de trasparencia total en el funcionamiento, en la asignación y en la evolución de la utilización de estas franjas horarias, pero que, además, la interpretación de las normas actuales por parte de los distintos Estados de la Unión no ha sido uniforme, ni mucho menos. 
A partir de ahí, la Comisión decidió el 20 de junio de 2001 revisar las normas y hacer un planteamiento en dos etapas. 
Tengo que decir que todo esto coincide, además, con lo que aquí en este Parlamento se ha dicho y se ha reiterado en distintas ocasiones. 
Hablando de las etapas en que se plantea esta reforma, la primera tiene por objeto aclarar las diferentes disposiciones del Reglamento que, al ser aplicado, han puesto de manifiesto deficiencias y han llevado a diferentes interpretaciones en los distintos Estados de la Unión. 
Pero, además, se trata de resolver una serie de deficiencias técnicas que nos han sido señaladas por las propias compañías aéreas y por los aeropuertos y por los distintos operadores. 
Por último, varias de sus Señorías han señalado algo esencial: la necesidad de definir qué es una franja horaria y claramente optamos por definirla como un derecho de uso. 
Pero sepamos que esto es importantísimo si queremos obtener una seguridad jurídica y salir de la situación actual donde no hay nada, no hay ninguna definición concreta de la naturaleza de las franjas horarias. 
Porque, ¿cómo vamos a establecer un derecho de propiedad, Señorías? 
Hay franjas horarias para despegar, para aterrizar, pero también para sobrevolar. 
No hay derechos de propiedad, lo que hay son derechos de uso sobre un bien público que es el espacio aéreo, que son las posibilidades de despegue o de aterrizaje al margen de lo que son las facilidades de los aeropuertos o de las zonas a atravesar en función de los apoyos y ayudas al tráfico aéreo que se suministran desde distintos sitios. 
Si ésta es la primera etapa, fundamentalmente técnica- y agradezco al Sr. Deva que diga que hemos obtenido un buen equilibrio, creo que eso es lo que hacemos- la segunda etapa es la revisión de las posibilidades de reparto de franjas horarias introduciendo unos mecanismos de mercado trasparentes, no discriminatorios. 
Por supuesto, la haremos con cuidado, con prudencia para evitar en cualquier caso choques excesivos o no soportables por nuestro sector aéreo. 
Lo que pretendemos es consolidar nuestro sector aéreo europeo; en ningún caso pretendemos debilitarlo. 
Pero, a la espera de esa segunda propuesta- para la cual estamos preparando estudios que justifiquen y garanticen que ese choque no se produzca -, la situación actual debe quedar clara. 
Con este planteamiento en mente, la propuesta pretende garantizar un máximo de eficacia en la utilización de recursos escasos como las franjas horarias y asegurar la uniformidad en la interpretación de la norma y la aplicación del Reglamento y, por lo tanto, la seguridad jurídica. 
Para ello, la propuesta introduce procedimientos eficaces y transparentes y un sistema de sanciones que permiten alcanzar el máximo grado de eficacia sin, por ello, modificar el sistema de derechos adquiridos. 
Quiero agradecer a este Parlamento, y muy especialmente al Sr. Stockmann, el trabajo realizado- siempre con un planteamiento constructivo- y su dedicación. 
Apreciamos muy particularmente el planteamiento ponderado y pragmático: entendemos que, de las 57 enmiendas que se han presentado, la mayor parte de ellas (35 en total) añaden claridad a la propuesta y le dan mayor eficacia y, por lo tanto, la Comisión puede aceptarlas, con modificaciones en algún caso. 
Por el contrario, rechazamos las otras 22, a las que me voy a referir brevemente. 
En primer lugar, las enmiendas 53, 54 y 55, que podrían afectar de manera significativa el equilibrio de la propuesta, tocando puntos esenciales tales como la prohibición de crear un mercado negro a través de falsos intercambios, así como aquellos que conciernen a las sanciones. 
Además, estas enmiendas no han sido adoptadas por la Comisión RETT y, desde luego, la Comisión las rechaza. 
En segundo lugar, las enmiendas 1, 7, 18 y 28, que cambiarían significativamente los objetivos equilibrados de la propuesta que hoy hacemos. 
La enmienda 8 exime al coordinador de toda responsabilidad, a pesar de sus mayores obligaciones y capacidades, y no puede, por tanto, contar con el apoyo de la Comisión. 
Podríamos, sin embargo, aceptar la enmienda 48 con modificaciones de redacción para garantizar que los coordinadores estén sujetos a responsabilidad en caso de negligencia grave o de falta deliberada. 
La enmienda 20 es incompatible con la definición de franja horaria y pasa por alto la necesidad de que se realice en todo momento un análisis de las capacidades antes de imponer la coordinación de franjas. 
Por ello, también debe ser rechazada. 
La Comisión considera que la enmienda 23 es excesivamente amplia y no la comparte; lo mismo podemos decir de la enmienda 25, que hace caso omiso de las normas de procedimiento, que son un requisito operativo para el Comité de coordinación si se quiere asegurar la transparencia. 
Por lo tanto, ambas son rechazadas. 
Del mismo modo, las enmiendas 33 y 34 si se exceptúa la referencia a las orientaciones de alcance comunitario. 
Además, han de rechazarse las enmiendas 35 y 43, ya que inciden negativamente en el Derecho comunitario ya reconocido sobre la intermodalidad y las obligaciones de servicio público. 
Desearía añadir que la enmienda 57, a la que antes se ha referido el Sr. Pohjamo, introduce un plazo imposible de cumplir. 
La Comisión acaba de lanzar el procedimiento de selección de un experto que deberá entregar su informe y, como muy pronto, lo tendremos en el verano de 2003. 
La Comisión se ha comprometido a consultar al sector del transporte aéreo y a los Estados miembros sobre los resultados de un estudio sobre el sistema de mercado de atribución de las franjas horarias antes de proceder a una nueva propuesta legislativa sobre esta cuestión. 
Por último, consideramos que las enmiendas 2, 15, 26, 38, 45, 46 y 50 son, o bien redundantes, o bien incoherentes respecto a las prácticas mundiales de asignación de franjas y, por lo tanto, no podemos aceptarlas. 
Quiero señalar, Señorías, que coincido con el Sr. Jarzembowski en lo que ha dicho respecto a la urgencia. 
Ojalá el Consejo pudiera adoptar una decisión en la próxima reunión, aunque lo veo difícil, teniendo en cuenta el desarrollo de los trabajos técnicos. 
En cualquier caso, quiero agradecerles sus aportaciones y su trabajo, con una mención muy especial para el Sr. Stockmann, por su magnífica labor. 
Espero que mañana, con su voto, respalden esta propuesta de la Comisión. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0187/2002) del Sr. Mastorakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la posición común del Consejo (15121/1/2001- C5-0115/2002- 2000/0327 (COD) ) referente a la aprobación del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para la creación de una Agencia Europea de Seguridad Marítima. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, terminamos hoy, creo, el procedimiento parlamentario relativo a la creación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, y considero que las tres partes implicadas, Parlamento, Consejo y Comisión han colaborado estrechamente, teniendo como objetivo común la conclusión más pronta posible del procedimiento. 
Merecen nuestra enhorabuena cuantos miembros han tomado parte. 
Les recuerdo que tras la conclusión de la primera lectura en junio de 2001, el Parlamento aprobó 17 enmiendas, con las que principalmente pretendía reforzar la independencia de la Agencia con respecto a la Comisión, ampliar las competencias de su Consejo de Administración, permitir que los Estados miembros soliciten el apoyo técnico de la Agencia en determinadas situaciones, así como incluir una normativa para hacer frente al fraude. 
En relación con la composición del Consejo de Administración, el Parlamento rechazó la participación de representantes suyos en el mismo, y fijó como criterio de designación de los miembros la experiencia en el ámbito de la seguridad marítima. 
Finalmente, solicitó que la evaluación de las actividades de la Agencia fuera realizada por expertos externos. 
En su posición común, el Consejo aprobó enmiendas del Parlamento Europeo que prevén la posibilidad de que con respecto a los países que soliciten asistencia, la Agencia actúe sin expresa petición de la Comisión, la obligación de la Agencia de comunicar los resultados de las visitas realizadas en los Estados miembros, no sólo a la Comisión, sino también al Estado miembro interesado, la función consultiva de la Comisión en la aprobación del programa de trabajo de la Agencia por parte del Consejo de Administración, la obligación de nombrar a los miembros del Consejo de Administración según el grado de experiencia y conocimientos que éstos posean en los ámbitos de competencia de la Agencia, la obligación por parte del Director ejecutivo de responder a las solicitudes de asistencia presentadas por los Estados miembros, el nombramiento/cese del Director ejecutivo por el Consejo de Administración, con la posibilidad por parte de la Comisión de proponer a uno o varios candidatos, sin ser obligatoria la elección de uno de ellos, y la atención a la lucha contra el fraude. 
Algunas enmiendas del Parlamento fueron incorporadas parcialmente en la Posición común, como por ejemplo, la disposición referente a la composición del Consejo de Administración de la Agencia, por la que el Parlamento decide no estar representado en el mismo, y finalmente estará constituido por 1 representante de cada Estado miembro, 4 representantes de la Comisión y 4 profesionales nombrados por la Comisión. 
Asimismo, en la disposición referente al procedimiento de elaboración del programa de trabajo, el Consejo determinó que el Director ejecutivo presente el programa de trabajo al Consejo de Administración previa consulta de la Comisión y no sólo previa aprobación de la Comisión. Esto es válido también para la mayoría de las disposiciones referentes al presupuesto de la Agencia y las disposiciones referentes a la realización de una evaluación de la Agencia al cabo de cinco años a partir del comienzo de su funcionamiento. 
De los elementos nuevos introducidos por el Consejo en la propuesta de reglamento cabe destacar los siguientes: revisión del artículo 2, referente a las tareas de la Agencia, que sin modificar esencialmente el contenido, lo clarifica, la mención de la transparencia y la protección de la información, la supresión de la mención de la sede de la Agencia- de todas formas yo voy a referir- la previsión de un procedimiento específico de probación del programa de trabajo en caso de desacuerdo por parte de la Comisión, la representación de todos los Estados miembros en el Consejo de Administración y la participación de profesionales no representantes de ramas profesionales sin derecho a voto, la posibilidad por parte del Consejo de Administración de examinar determinados temas sin la presencia de los miembros profesionales del Consejo de Administración, el nombramiento/cese del Director ejecutivo por mayoría cualificada de cuatro quintos de sus miembros. 
Partiendo de lo expuesto más arriba, cabe concluir que en la redacción de su Posición común, el Consejo ha incorporado en su totalidad o en parte un número significativo de enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo, y en líneas generales se conserva el espíritu y el objetivo de la propuesta inicial que radica en afrontar los problemas en el ámbito de la seguridad del transporte marítimo y de la protección del medio marino. 
No obstante, cabe destacar los siguientes aspectos de la Posición común: los representantes de las ramas profesionales quedan suprimidos y son sustituidos por profesionales designados por la Comisión, sin derecho a voto, que por otro lado, si se considera oportuno, pueden ser excluidos de las reuniones. Se introduce el curioso procedimiento para la aprobación del programa de trabajo de la Agencia en caso de desacuerdo por parte de la Comisión. 
De esta manera, queda garantizado el equilibrio entre el Consejo y la Comisión, aunque el procedimiento de toma de decisiones resulte más dificultoso. Con estas reservas, cabe acoger favorablemente la Posición común, ya que responde a la principal preocupación del Parlamento, que es reforzar la seguridad del transporte marítimo y la protección del medio marino. 
En nuestra opinión, la propuesta debe ser aprobada sin más dilación. 
Finalmente, en cuanto a la sede de la Agencia, desearía que se fijara en una ciudad con un gran y antiguo puerto, cerca de un aeropuerto moderno con vuelos directos a todos los países de la Unión Europea, con toda la infraestructura necesaria, en un país insular, con una historia naval de miles de años, con la primera flota comercial del mundo. 
Evidentemente estoy pensando en Luxemburgo... 
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, dar la enhorabuena al señor Mastorakis como ponente. 
Creo que el trabajo que ha desarrollado ha sido serio, responsable y que, además, ha sido capaz de aunar el consenso dentro de la Comisión y que ha permitido que hoy podamos tener un debate y aprobar en esta sesión plenaria un informe que se presentaba difícil y complicado y que se ha podido desglosar gracias a dicho trabajo y creo que esto se ha logrado de forma meritoria. 
A la vez, si me permite, señor Presidente, también quisiera dar la enhorabuena, en nombre de mi Grupo, a la señora Vicepresidenta, puesto que si algo ha caracterizado el trabajo en estos años, creo que queda reflejado en este informe: ha sido un reto nacido de los problemas a raíz de los accidentes surgidos en las costas europeas y, un reto de la opinión pública, así como un trabajo que se ha traducido en la creación de distintas agencias de seguridad, (en estos momentos estamos presenciando la creación de la Agencia de Seguridad Marítima) y es, además, un reto compartido, apoyado por la comisión parlamentaria. 
Y, además, creo que el gran mérito consiste en que la Sra. Vicepresidenta cuente, en su trabajo, con la confianza de la comisión parlamentaria y que se traduce- si repasamos toda la trayectoria de los últimos tres años -, en el apoyo que ha recibido su gestión y sus proyectos, que en muchos casos han sido conflictivos, complicados. 
Como digo, estamos intentando adoptar, junto con esta agencia, una de las múltiples medidas que se ha planteado desde la Comisión para dar una respuesta a una demanda en la opinión pública europea: la seguridad marítima. 
Y tenemos ahora un reto, que dicha agencia funcione con eficacia y con transparencia, pero que no solamente funcione en dos retos importantes- el de la seguridad en el transporte marítimo, de pasajeros y de cabotaje y el de la protección del entorno marítimo- sino también en aquellos pequeños detalles o ámbitos que aparentemente no tienen la trascendencia de los grandes temas, como puede ser en la navegación recreativa- como, por ejemplo, el tema de las motos náuticas y de las motoras que causan preocupación en ciudadanos europeos-. 
Creo que la Agencia es capaz de dar respuesta a estas cuestiones. 
Por último, creo que esa respuesta tiene que ser rápida para que tanto los trabajos de la Comisión como los del Parlamento demuestren que están conectados y que son capaces de dar respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, yo también deseo apoyar al ponente, en particular, su recomendación a la Asamblea para que respaldemos la posición común sobre la creación de la Agencia de Seguridad Marítima, a pesar de las importantes condiciones que ha expuesto con tanta claridad. 
Quisiera expresar, en nombre del Grupo Socialista, mi agradecimiento al ponente por haber sabido conducir tan hábilmente esta parte del paquete Erika a través del Parlamento. 
El hecho de que al final del proceso tengamos un producto mejor que el que teníamos al inicio es un homenaje, en particular, a su habilidad. 
Ésta es la parte final del paquete Erika por lo que también deberíamos expresar nuestro agradecimiento a la Sra. Comisaria, que ha trabajado sin descanso para garantizar que no vuelven a repetirse catástrofes como la del Erika y tantas otras ocurridas durante estos últimos años en aguas de la UE. 
Durante las décadas de los años ochenta y noventa se introdujeron numerosas leyes, pero no se aplicaron del todo o no se cumplieron. 
Espero que esta nueva iniciativa comunitaria, la Agencia de Seguridad, coordine, vigile y vele por el cumplimiento del Derecho marítimo. 
Espero que la Agencia presente nuevas propuestas cuando lo estime necesario, pero que lo haga de una manera abierta y transparente. 
Todos esperamos que trabaje con el Parlamento Europeo para hacer más seguros nuestros mares y para proteger el medio ambiente del litoral. 
Durante demasiado tiempo, las leyes del mar en Europa eran más propias del siglo XIX que del siglo XXI. 
Espero que con la aprobación del respaldo a la recomendación de la Sra. Comisaria y la posición común podamos contribuir a la modernización de la seguridad marítima de la UE y tener una legislación comunitaria en materia de seguridad de la que todos nos sintamos orgullosos, pero naturalmente eso sólo se demostrará cuando ya no ocurran terribles catástrofes marítimas. 
No es posible garantizar la seguridad al 100%, pero la presente propuesta contribuirá en buena medida a hacer nuestros mares más seguros, salvar vidas humanas y proteger el medio ambiente de nuestro litoral. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Decisión sobre la urgencia 
Señor Presidente, espero que la Asamblea no acepte esta solicitud de urgencia. 
Yo fui ponente de la cuestión del fundamento jurídico cuando este informe se presentó por primera vez a la comisión y a esta Asamblea. 
En aquel momento, se proponía la creación de una organización común de mercado sólo del alcohol etílico. En la comisión se modificó la propuesta con el fin de incluir tanto el alcohol etílico sintético como el de origen agrícola. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, después de estudiarlo detenidamente, llegó a la conclusión e informó de que no existía un fundamento jurídico satisfactorio que pudiera concebirse para esa propuesta. 
Por tal motivo, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural propuso a esta Asamblea, y la propuesta se aceptó, que el proyecto fuera retirado para que la Comisión lo reconsiderara. 
En lugar de esto, hubo una muy rápida reconsideración y un cambio sustancial. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, después de analizarlo esta semana, concluyó que seguía siendo válida la misma objeción sobre el fundamento jurídico porque existe aún un intento, al amparo del artículo 37, de reunir el alcohol etílico sintético y el agrícola. 
Esto deja mucho que desear. 
Cuando se ha planteado una cuestión importante acerca del fundamento jurídico, la comisión responsable, una vez estudiada una nueva solución al problema, debería, sin duda, pedir una vez más que la cuestión del fundamento jurídico se evaluara apropiadamente y no precipitar las cosas a través del procedimiento de urgencia. 
Señor Presidente, yo no puedo compartir la opinión de los liberales. 
Quisiera informarle? 
Apreciado colega Schulz, la explicación es sencillamente que los liberales indicaron ayer su intención de rechazar la propuesta. 
En vista de lo cual, he dado por sentado que el colega estaba con ellos, pero seguramente me he equivocado. 
Sin embargo, lo que no ha ocurrido, todavía puede suceder. 
Sobre el tema de fondo, yo quisiera señalar que este segundo Informe Ayuso González se ocupa de la propuesta de compromiso del Consejo. 
Ésta prevé que no se adopte una organización común de mercados, sino únicamente una regulación del mercado. 
Como resultado, el artículo 10 decae, puesto que éste indica que las subvenciones nacionales quedan prohibidas bajo una organización común de mercados. 
Este punto desaparece y por esto yo les insto a que acepten la urgencia. 
En relación con la intervención del Sr. MacCormick, he de recordar el párrafo 4 del artículo 63 sobre la verificación del fundamento jurídico. 
En la votación del contenido se tendrán en cuenta sus consideraciones. 
(El Parlamento aprueba la petición de aplicación del procedimiento de urgencia) 
Señor Presidente, yo quiero solicitar, en nombre de mi Grupo, pero también de común acuerdo con todos los ' ponentes en la sombra? y con los coordinadores de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, que mis dos informes, sobre las normas de participación y las normas de difusión de los resultados de la investigación en el contexto del Programa Marco y del Programa de Euratom se aplacen hasta el período parcial de sesiones de julio. 
Tras intensos esfuerzos, ayer por la tarde conseguimos alcanzar un compromiso con el Consejo, que no fue posible someter formalmente a votación en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Por esto, solicito el aplazamiento del debate sobre ambos informes. 
De conformidad con el orden del día, se procede al siguiente debate conjunto: 
la declaración de la Comisión sobre la visita de la troika de la Unión Europea a Argelia y la firma del Acuerdo Unión Europea-Argelia; 
y el informe (A5-0175/2002) de los Sres. Morillon y Cohn-Bendit, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre las relaciones entre la Unión Europea y la Unión del Magreb Árabe: puesta en marcha de una cooperación privilegiada (2001/2027 (INI). 
. 
(EN) Señor Presidente, la firma del acuerdo de asociación en Valencia el 22 de abril va a proporcionar un nuevo marco y un nuevo impulso a nuestras relaciones con Argelia. 
La Comisión animó al Parlamento a que diera su aprobación a este acuerdo lo más rápidamente posible. 
En la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa ya se ha producido un primer intercambio de puntos de vista sobre este acuerdo. 
La Comisión comparte la mayoría de las opiniones expresadas en el curso de este debate, especialmente en lo que respecta a la situación de los derechos humanos. 
Son, en particular, preocupantes los problemas de las personas desaparecidas y del acceso a Argelia de ciertas organizaciones de derechos humanos. 
La Troika, encabezada por el Sr. Piqué, se reunió la pasada semana en Argel con las autoridades argelinas y, en concreto, con el Presidente Bouteflika y el Sr. Belkhadem, Ministro de Asuntos Exteriores. 
Como ha indicado el Sr. Piqué, el diálogo político fue rico, libre y fructífero. 
Se trataba de la primera visita de la Troika desde la firma del acuerdo de asociación, que inaugura un nuevo capítulo en nuestras relaciones bilaterales. 
Se estudió la posibilidad de negociar un acuerdo provisional, aunque por el momento no hay acuerdo al respecto. 
La presidencia expresó nuestra satisfacción por el establecimiento de un diálogo político regular, que se reforzará cuando el acuerdo de asociación entre en vigor. 
Se reconoció que las recientes elecciones parlamentarias constituían un avance sustancial en el fortalecimiento del proceso democrático en Argelia. 
Se abordó la cuestión de los derechos humanos y de las personas desaparecidas, pero, desgraciadamente, teniendo en cuenta la escasa duración de la reunión, de una manera demasiado breve. 
La Comisión recordó que se había dado traslado a las autoridades argelinas de una lista de personas desaparecidas y que la Comisión seguía esperando una respuesta del gobierno argelino. 
Señor Presidente, señoras, señores, confieso que estoy un poco sorprendido por la declaración de la Comisión sobre el viaje de la troika; quizá tenga ocasión, en la segunda parte de mi exposición, de mencionar la situación en Argelia. 
El general Morillon y yo presentamos un informe conjunto sobre las relaciones entre la Unión Europea y la Unión del Magreb árabe. 
El Sr. Morillon, en plena campaña electoral, no está desafortunadamente en el día de hoy, pero su colega, el Sr. Galeote, lo sustituirá inmediatamente. 
El objetivo de este informe es definir la naturaleza de la estructura de las relaciones entre el Magreb árabe y la Unión Europea. 
Entiendo el Magreb, y no los países del Magreb árabe tomados individualmente. 
Ésa es la idea fundamental del informe. 
Si defendemos la necesidad de redactar informes sobre la situación y las relaciones de los países individuales, de Marruecos, de Túnez, de Argelia, de Mauritania u otros países del Magreb, nuestra idea era en primer lugar intentar ver si se podía actualmente conseguir que progresaran las relaciones entre el Mediterráneo del Sur tomado en su conjunto, como sujeto colectivo posible, y el Mediterráneo del Norte, es decir, la Unión Europea. 
Sé que algunos colegas no estaban o no están en absoluto de acuerdo con esta posición; si en este informe no hemos hablado sobre la situación concreta de algunos países no es porque pensemos que sería un mal planteamiento sino porque creemos que se trata de un planteamiento que no se adapta a la estructura de nuestro informe. 
Lo que queremos en el fondo es forzar de alguna manera a los países del Magreb para que creen una Unión del Magreb, es decir, que consigan desarrollar una forma de cooperación y que se presenten como Magreb frente a los europeos. 
Por ello queremos, por ejemplo, que la evaluación de los acuerdos de asociación, país por país, se haga en el marco de una estructura común a la Unión Europea y a la Unión del Magreb, es decir, de una delegación mixta y que en esta evaluación participen también diputados y no solamente gobiernos, o la Comisión. 
Saben ustedes que el artículo 2 de los acuerdos de asociación impone el respeto por los derechos humanos. 
Este artículo 2 es de alguna manera un artículo fantasma. 
Existe, pero sin que se sepa realmente cómo utilizarlo en la práctica. 
En mi opinión, hasta el presente no hay verdadero diálogo, verdadera evaluación de la evolución de las libertades en la región ni debate entre los parlamentarios. 
Lo que queremos es que haya en primer lugar en el seno de los países del Magreb, y después con la Unión Europea, un primer debate sobre el desarrollo de la democracia, y un segundo sobre la laicidad. 
Personalmente, creo que el gran problema de todos los países del Magreb se debe al hecho de que, en nombre de la lucha contra el terrorismo y contra el integrismo religioso, se aprueban cada vez más leyes y acciones gubernamentales que se demuestran liberticidas, que suprimen esas libertades. 
La idea de este informe es fijar una estructura, crear una Unión del Magreb como conjunto e instaurar una alianza entre el colectivo de la Unión del Magreb y el de la Unión Europea. 
Quisiera añadir una simple reflexión sobre Argelia. 
Resulta, a pesar de todo, increíble que una troika viaje a Argelia, nos hable de una situación en la que ni siquiera ha habido un 45% de participantes en las elecciones, en la que, en la capital, la cifra ni siquiera ha alcanzado el 25%, en la que, en una región como la Kabilia, el nivel de participación ha sido de apenas el 2%, y se atreve a decirnos que todo va bien, señora marquesa, que Argelia camina por la senda del desarrollo democrático. 
Argelia está en crisis económica, en crisis política, en crisis en el plano democrático, y la Unión Europea debe preguntarse realmente si se ha elegido bien el momento para firmar un acuerdo de asociación que no plantee ninguno de estos problemas. 
Señor Presidente, naturalmente, no podría empezar esta intervención sin recordar a mi compañero y amigo Philippe Morillon que, como ha dicho el Sr. Cohn-Bendit, no puede estar hoy presente por las obligaciones electorales en su país. 
En mi Grupo pensamos que es muy fácil felicitar a Philippe Morillon porque para nosotros lo hace casi todo bien, por lo tanto voy a elogiar aquí a los dos ponentes que han alcanzado un acuerdo sobre un texto que ha merecido prácticamente apoyo unánime en la comisión parlamentaria y yo espero que esa unanimidad se repita también en la votación en el Pleno, porque las relaciones entre la Unión Europea y el Magreb y, en general, el impulso que estamos intentando dar al proceso de Barcelona requiere, sin duda, una voluntad política general, como ya tuvimos ocasión de verlo en la Cumbre ministerial de Valencia pues este proceso se topará indudablemente con dificultades en su camino. 
Una de las claves del éxito de este informe ha sido el consenso alcanzado por los ponentes para darle al informe una visión estratégica de esa relación, evitando- como acaba de decir el Sr. Cohn-Bendit- perderse en el debate sobre la situación interna de uno u otro país de la zona y, por eso, yo hago un llamamiento a los distintos Grupos parlamentarios para que mantengamos ese consenso y para que no demos curso a las enmiendas que se han presentado sobre algunos países concretos, sobre los cuales, sin duda, el Parlamento Europeo tendrá que pronunciarse, pero que contará con otras ocasiones para ello. 
Además, en los casos de Marruecos, Argelia o Túnez hay ya varios informes que están siendo discutidos en otros ámbitos. 
Al igual que los ponentes, mi Grupo entiende que no es éste el lugar para iniciar ese debate. 
Yo celebro, por el contrario, que no haya habido enmiendas relativas a tres cuestiones que considero fundamentales del informe. 
La primera, es el compromiso en la lucha contra el tráfico de seres humanos, para lo cual la Unión Europea debe de incentivar a los países de origen, utilizando los acuerdos de asociación y su política de cooperación para combatir las mafias que fomentan la inmigración ilegal. 
En segundo término, paralelamente, tenemos que comprometernos también con el desarrollo de esos países y, por lo tanto, el hecho de que el Parlamento Europeo no haya renunciado, en este informe, a impulsar la creación de una entidad financiera específica para el área euromediterránea me parece, igualmente, digno de elogio. 
Por último, me parece fundamental el desarrollo de la dimensión parlamentaria de esa relación euromediterránea a través de la creación de una Asamblea parlamentaria paritaria a imagen- a mi juicio- de la que ya existe con los países ACP. 
Yo espero que seamos prácticos y que esa fórmula se imponga en el próximo debate que tendremos la semana que viene en Bari. 
Y aquí, en nuestra casa, espero que mantengamos el deber de mutua lealtad de la que han dado muestra los ponentes y que, por lo tanto, su trabajo tenga un gran refrendo en el Pleno. 
Señor Presidente, nuestro Grupo atribuye mucha importancia a este informe que llega después de Valencia y sigue al informe Esteve que consiguió un amplio consenso en este Parlamento. 
Dicho informe expresa a la Comisión y al Consejo la voluntad del Parlamento Europeo de convertir la asociación euromediterránea en una política prioritaria y estratégica para la Unión, una asociación en la que se ha de fomentar y apoyar la dimensión magrebí. 
El Sr. Cohn-Bendit tiene razón: se trata de superar una visión bilateral en favor de una visión multilateral de este informe. 
Además, nos llegan señales positivas de estos países que, después de muchos años, han vuelto a encontrarse y a cooperar. Esta voluntad se puso de manifiesto en la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión del Magreb árabe y en la decisión de celebrar los días 21 y 22 de junio en Argel una reunión de los jefes de Estado de estos países. 
Por lo tanto, esta señal se debe respaldar no solo en la dimensión del librecambio regional, sino también en la dimensión social, en el tratamiento de fenómenos complejos como el de la inmigración y en la evolución de los derechos humanos y del Estado de Derecho en estos países. 
A este propósito, quisiera señalar que por parte de estos países existe la voluntad de cooperar en el gobierno de la política de inmigración, y esto es importante para nosotros si queremos proteger las fronteras exteriores de la Unión, pero, como europeos, no podemos tener en cuenta sólo este aspecto; debemos también estar abiertos a reflexionar con estos países sobre cómo y en qué condiciones puede haber una inmigración controlada y legal. 
Lamentablemente, la política de los Gobiernos europeos con frecuencia está en contradicción con estos principios, lo que nos expone al riesgo de que entremos en conflicto con estos países. 
Con respecto a los derechos humanos, no voy a repetir las cosas que ha dicho el Sr. Cohn-Bendit- que nuestro Grupo comparte totalmente- que quiere convertir este artículo 2 en un elemento de diálogo y de verificación para que evolucione la situación de los derechos humanos y de las instituciones que garantizan su respeto. 
Por lo que se refiere a Argelia, yo también estoy algo decepcionada por lo que nos ha dicho el Comisario. 
Personalmente, tuve la ocasión de estar en ese país durante las recientes elecciones con una delegación de este Parlamento. 
Por lo tanto, quisiera señalar que, en nuestra opinión, no se ha de infravalorar la situación de Kabilia, puesto que existe una profunda fractura. 
Asimismo, hay que incentivar la apertura del país, habida cuenta de que sigue habiendo un exceso de opacidad y de cierre hacia el exterior. 
Creo que deberíamos perseguir este objetivo a través del acuerdo de asociación, pero el acuerdo de asociación también supone un diálogo sobre estos temas. 
Señor Presidente, ante todo deseo felicitar al Sr. Cohn-Bendit y al Sr. Morillón porque la línea de trabajo planteada en este informe, que continúa la línea trazada en la resolución sobre la Conferencia Ministerial Euromediterránea de Valencia. 
Por lo tanto, haremos todo lo posible para que la línea de consenso pueda permitir que este informe sea eficaz. 
Voy a referirme directamente al tema de los derechos humanos, como ya lo ha hecho anteriormente la Sra. Napoletano. 
Es especialmente oportuno que el debate sobre Argelia de hoy, propuesto por el Grupo Liberal, se celebre poco después de las elecciones en las que una delegación del Parlamento estuvo presente. 
Debo decir también que me ha sorprendido el comentario sobre derechos humanos del Comisario respecto a la visita de la Troika, visita por otra parte hecha con posterioridad a las elecciones; quiero recordar que nuestra visita fue hecha con anterioridad a las elecciones. 
La Comisión de Información sobre Argelia está trabajando y hará públicas sus conclusiones en el momento oportuno, en la perspectiva del trabajo del informe sobre ratificación que está preparando el Sr. Obiols i Germà. 
Quiero indicar que es muy preocupante la casi inexistente participación en las elecciones en Kabilia, la muy baja participación en el conjunto de Argelia y el hecho de que la mayoría del pueblo se ha alejado y que hay denuncias importantes sobre derechos humanos. 
En ese sentido me permito insistir una vez más que en nuestra resolución sobre la Conferencia de Valencia, mostramos nuestra preocupación unánime por la situación de los derechos humanos, defendemos la necesidad de que no empeore la situación en algunos países con los que ya se han firmado acuerdos de asociación- y empeoran las condiciones -, y la proponemos que se establezcan mecanismos de aplicación de la cláusula democrática. 
Si no avanzamos en este sentido, nuestra credibilidad quedará por los suelos. 
Por tanto, señor Presidente, insisto, creo que el informe Morillon y Cohn-Bendit va por buen camino; intentaremos que nuestras enmiendas, al menos las genéricas, no las referidas a países concretos, puedan tener su apoyo. 
Si nosotros en los próximos meses no somos más eficaces en nuestra defensa, -con mecanismos, con instrumentos, no con declaraciones- de los derechos humanos, creo que no vamos por el buen camino. 
Señor Presidente, quiero dar la enhorabuena a los dos ponentes, Sr. Morillon y Sr. Cohn-Bendit, por su trabajo. 
Creo que no se debe olvidar la situación especial que se está dando entre las relaciones Unión Europea-Magreb árabe; los acuerdos de asociación económicos están suponiendo realmente una ampliación encubierta al Sur y deben propiciar un mayor acercamiento en aspectos tan importantes como la inmigración. 
Los representantes del Magreb nos están diciendo constantemente que no harán nada en materia de inmigración hasta que la Unión Europea no les ofrezca contrapartidas claras. 
Tampoco debemos olvidar las situaciones potencialmente explosivas, como la del Sahara Occidental, que está bloqueando la creación de la Unión del Magreb árabe, tan necesaria para que la unión económica y política del Magreb y su relación con la Unión Europea sean realmente lo que debe ser. 
Señor Presidente, en una reciente encuesta celebrada en Marruecos, un 82 % de los estudiantes de enseñanza media manifestó su deseo de emigrar a Europa. 
El año pasado, más de 100 000 ciudadanos del Magreb intentaron entrar clandestinamente en la Unión Europea. 
Crece el diferencial de crecimiento económico, las diferencias de riqueza, y el diferencial democrático entre la Unión Europea y el Magreb. La brecha se amplía. 
Por otra parte, los más recientes procesos políticos en la Unión Europea están poniendo de manifiesto hasta qué punto esta tragedia de los éxodos masivos de población significa un elemento mayor de perturbación social y política, con el riesgo de un crecimiento de los populismos y de la extrema derecha. 
No nos queda mucho tiempo para invertir la tendencia y no veo en el Consejo ni en la Comisión la percepción de la enorme gravedad de estos problemas ligados a las perspectivas de desarrollo del Magreb y, en general, de los países del Sur y del Este del Mediterráneo. 
No queda mucho tiempo, una década tal vez, no más. 
Habíamos dicho en este Parlamento que la política euromediterránea debía ser la primera de las prioridades exteriores de la Unión Europea. 
Tal como evolucionan las cosas deberíamos, tal vez, llegar a la conclusión de que la política euromagrebí euromediterránea es también una de las primeras prioridades internas de la Unión Europea. 
Señor Presidente, la política exterior de la Unión Europea en el mundo globalizado donde nos ha tocado vivir no debe tener fronteras, pero los países vecinos deben ser objeto de una atención especial, tanto los del Este como los del Mediterráneo y, de manera particular, los que conforman el Magreb, cuyas relaciones con la Unión Europea son objeto del informe de hoy. 
Por ello, es de agradecer a los ponentes que hayan incluido en sus informes una de mis enmiendas, que se refiere a otro grupo de trabajo en el Foro interparlamentario euromediterráneo, que se suma al que aborda la situación en el Sáhara occidental. 
Dicho grupo deberá tratar el problema de las migraciones, sobre todo las que proceden del continente africano, donde Marruecos desempeña un papel decisivo porque, además del económico, es necesario un diálogo político, social y cultural. 
Sr. Comisario, de Argelia me preocupa Kabilia y el futuro de los bereberes. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a los Sres. Morillon y Cohn-Bendit por su excelente informe, que ha intentado integrar el conjunto de aportaciones. 
Sin embargo, a pesar del trabajo hecho, nuestro Grupo no puede votar favorablemente el informe, por ausencias que consideramos importantes y que se podrían corregir. 
Una de ellas se refiere al necesario respeto que el Parlamento Europeo tiene del Derecho internacional. 
El Parlamento Europeo elabora leyes y directivas y, por lo tanto, su relación con la ONU ha de ser de respeto y de seguimiento. 
Por ello, nos preocupa que un problema crucial, como es la celebración del referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, no esté recogido adecuadamente en ese informe. 
Ello supondría garantizar y favorecer un mayor respeto democrático en esta zona, tanto para los países que conforman el Magreb, como en su relación con la Unión Europea. 
Por ello, hacemos una enmienda en esa dirección. 
La segunda cuestión, también importante, y que, en parte, recoge el informe, es el reconocimiento de que nuestra influencia y participación en el desarrollo económico del Magreb son contradictorias. 
Estamos invirtiendo y haciendo más comercio y, sin embargo, la consecuencia de esa inversión es que la racionalización del campo, así como la del comercio y de los servicios, está produciendo más paro y ausencia de perspectivas para la juventud, lo que conlleva el aumento de la emigración de forma tan terrible como comprensible. 
Pensamos que la ausencia de un tratamiento adecuado de este fenómeno crucial en el informe es un defecto que habría que corregir, junto con otros que se refieren a la mejora de las condiciones democráticas, como ya han dicho otros oradores. 
Señor Presidente, la colaboración entre la Unión Europea y los países del Magreb debe basarse en algunos principios fundamentales. 
Sin embargo, ante todo me parece necesario resaltar un grave olvido en este informe en lo que respecta a la persecución religiosa de cristianos y judíos que en estos países no son libres de profesar públicamente su fe. 
Recientemente ha ocurrido un episodio muy grave que ha ocasionado daños en un edificio religioso judío precisamente en estos países, y esto se tenía que haber recordado. 
Además, no es posible seguir sosteniendo de manera demagógica que una vía de solución para el futuro de estos países es la ampliación de nuestras fronteras. 
Es exactamente lo contrario: la solución sería, si acaso, arbitrar iniciativas serias, por ejemplo, en el sector de las pequeñas y medianas empresas, de la artesanía europea en estos países, unas iniciativas que, por el contrario, no se respaldan. 
Por lo tanto: no a la apertura indiscriminada de las fronteras a la inmigración y, si acaso, subrayar un aspecto fundamental, es decir, el compromiso de los países del Magreb de volver a recibir a los ilegales que los Estados miembros tratan trabajosamente de expulsar. 
Señor Presidente, como han señalado algunos oradores anteriormente y tal como lo comprueban los ponentes del informe en la justificación G, el actual conflicto en el Sahara Occidental sigue siendo un obstáculo para el desarrollo de la integración regional. 
No exageramos al subrayar que este conflicto, que dura ya veintisiete años, constituye un gran problema, no sólo para las partes involucradas en él. 
Por eso echo en falta en el informe una mención al plan de paz que fue aprobado por todas las partes en 1991. 
En éste se incorporó también un acuerdo más detallado que suscribieron las partes, es decir, Marruecos y el Frente Polisario, en Houston en 1997. 
En cambio se habla de la descartada Tercera Vía- el denominado acuerdo marco de James Baker- en lugar de ocuparse de lo que hay que hacer para hacer cumplir el acuerdo de paz firmado por las partes. 
Esto, a mi juicio, es una gran deficiencia. 
Señor Presidente, comienzo, muy rápidamente, sumándome a las palabras de la Sra. Lalumière, pues creo que la cuestión del Sáhara Occidental debe preceder a cualquier apreciación de cualquier informe sobre la Unión del Magreb Árabe. 
De todos modos, en relación con el informe --a cuyos ponentes felicito -, quisiera subrayar algunas referencias y algunas ausencias. 
De entre las referencias, subrayaría sobre todo la valorización de la dimensión política; en relación con las ausencias, me referiría sobre todo a la insuficiente valorización de algo que puede ser muy importante y que tiene que ver con la declaración de Agadir y también con la de Valencia y que ha permitido hacer un esfuerzo asociativo importante en materia de justicia y asuntos de interior y, por tanto, contar con una base de apoyo para la lucha contra el terrorismo y el tráfico de seres humanos. 
Aunque las cuestiones económicas sean en verdad importantes, la valorización política de esa asociación es, pese a todo, y en el marco- repito- de la resolución del problema del Sáhara Occidental, el elemento fundamental que se debe realzar. 
Señor Presidente, quiero pedir disculpas porque efectivamente la Convención sobre el futuro de Europa va a acabar con nuestro presente, porque nos va a matar a reuniones y a esfuerzos pero, bueno, corriendo se llega si se tiene interés en hablar- y era mi caso- para decir lo siguiente: 
Todos estamos interesados en una relación constructiva entre la Unión Europea y la Unión del Magreb árabe, pero ciertamente esa relación constructiva tiene que estar basada en un conjunto de aspectos, también los políticos. 
Si la Unión quiere tener una actuación internacional correcta, debe basarla en la prevención de los conflictos y en la gestión de las crisis y, lamentablemente, constatamos la permanencia en la región del Magreb de un conflicto histórico que afecta a varios países y a varios pueblos: es el conflicto del Sahara. 
Lo positivo del informe que presentan nuestros colegas Morillón y Cohn-Bendit es, en primer lugar, que toma nota de la existencia de ese conflicto, algo que la Unión Europea no había hecho durante muchos años. 
Era una conflicto que no estaba en la agenda de la Unión. 
Ahora ese conflicto debe figurar en dicha agenda y debe hacerlo como prioridad para contribuir a que, sobre la base de la legalidad internacional, se busque una solución justa y negociada que garantice los derechos de los pueblos, empezando por el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y para que así se pueda conseguir que desaparezca un factor de inestabilidad gravísimo para el futuro de la Unión del Magreb árabe y de los países que la componen. 
En esa dirección, la situación sigue lamentablemente bloqueada y corresponde a la Unión Europea empujar para que deje de estarlo, y empujar en el buen sentido, porque conviene a la región y porque conviene a Europa. 
. 
(EN) Señor Presidente, la Comisión respalda el excelente informe del Sr. Morillon y del Sr. Cohn-Bendit, así como la resolución que lo acompaña. 
La cooperación al desarrollo regional con un grupo como la Unión del Magreb árabe está totalmente en línea con las directrices políticas formuladas por los ministros de asuntos exteriores euromediterráneos en la cumbre de Valencia el 22 y 23 de abril. 
Gracias a siete acuerdos de asociación recientemente firmados, la cooperación Norte-Sur entre la UE y sus socios mediterráneos dispone ya de un adecuado marco jurídico y económico. 
Con Líbano se firmará un acuerdo el 17 de junio y con Siria prosiguen las negociaciones. 
Una vez que finalicen éstas, se habrá completado todo el proceso de acuerdos de asociación entre la UE y los socios del Proceso de Barcelona. 
Pero hemos de hacer algo más para sentar unas bases sólidas. 
Tenemos que convencer a nuestros socios de que emprendan la cooperación Sur-Sur. 
Así se reiteró en Valencia y así figura en las decisiones sobre comercio adoptadas por los ministros de comercio del Proceso de Barcelona en el curso de su reunión en Toledo el 19 de marzo. Las mismas cuestiones se plantearon también en la reunión de ministros de industria a la que asistí una semana después. 
Esta decisión pretende facilitar el comercio y la inversión entre los países del sur del Mediterráneo. 
Los grupos de trabajo analizarán con detalle cómo va a funcionar esta más estrecha cooperación regional. 
Desde un punto de visto político más general, a la Comisión le complace que los países de la Unión del Magreb Árabe se reúnan con mayor frecuencia y espera una cumbre de la UMA en un futuro cercano. 
Existe otra iniciativa que la Comisión desea promover: la Declaración de Agadir de 8 de mayo de 2001 en la que cuatro países árabes- Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania- propusieron el establecimiento de una zona de libre comercio. 
La Comisión espera que otros países de la región se sumen a esta iniciativa. Además de su apoyo político, la Comisión está dispuesta a ofrecer asistencia técnica, no sólo para la UMA sino también para la Declaración de Agadir. 
Hay otras dos cosas que quisiera decir acerca del informe. 
En lo que se refiere a la democracia y los derechos humanos, la Comisión evidentemente comparte la opinión recogida en la propuesta de resolución sobre la importancia de respetar lo dispuesto en los acuerdos de asociación. 
A tal respecto, se precisa de una acción continuada de las instituciones de la UE dirigida a mejorar la situación. 
La Comisión está actualmente planificando programas en Argelia y Túnez a través de MEDA y de la iniciativa europea a favor de la democracia y los derechos humanos y seguirá haciéndolo de modo independiente. 
En cuanto a la cooperación financiera, la Comisión es plenamente consciente de la importancia de contemplar la dimensión regional. 
El 10% de los fondos disponibles en el programa MEDA se destinarán a medidas regionales. Algunos de estos recursos podrían dedicarse a financiar la cooperación en el seno del propio Magreb. 
Le transmitiré el mensaje de este debate al Sr. Patten, que es el responsable de este tema y que, desgraciadamente, hoy se encuentra en una misión. 
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, yo espero que hoy consigamos completar una normativa que ya se debatió hace unos años en esta Asamblea. 
Su objetivo es, obviamente, la protección de la salud. 
Evidentemente, todos desearíamos que los productos cosméticos- los jabones, champús y perfumes- fuesen saludables, esto es, que no implicasen ningún riesgo para las personas que los utilizan. 
Evidentemente, todas y todos nuestros colegas están interesados en conseguir que la industria cosmética europea sea competitiva y en mantener su competitividad. 
Evidentemente, siempre hemos tenido presente que también existen unos puestos de trabajo vinculados a la producción de cosméticos y que merece la pena asegurarlos. 
Al presentar hoy a la Asamblea, en mi calidad de ponente, los resultados de la segunda lectura de nuestra comisión, puedo anunciarles que la posición de la comisión se aprobó con 44 votos a favor y 2 abstenciones, o sea, con una enorme mayoría, que atraviesa a todos los Grupos. 
Esto nos satisface. 
¿Qué deseamos conseguir hoy aquí? 
En esta segunda lectura, queremos modificar, por un lado, la deficiente, débil y poco previsora posición común del Consejo. 
Éste- los ministros de los Estados miembros- desperdició una oportunidad de marcar unas orientaciones y también de escuchar los deseos de su población. 
¿Qué desea, en efecto, la población europea? 
Si hicieran una encuesta, en muchos países escucharían seguramente opiniones muy diversas. 
Sin embargo, la mayoría coincidiría en manifestar que ya existe una variedad suficiente de jabones, desodorantes, perfumes y lápices de labios. 
No necesitamos cientos de miles si para ello es necesaria la tortura prolongada de animales. 
En resumen, se debe acabar con los ensayos de cosméticos en animales. 
Seguro que obtendrían un apoyo abrumador de la población a favor de esta medida. 
También lo encontrarán en esta Asamblea. 
Nuestra comisión manifestó en su segunda lectura que, en efecto, se debe acabar la experimentación con animales con vistas a la producción de cosméticos. 
Pero también vamos un poco más lejos y declaramos que, a partir de un determinado momento, se debería suspender asimismo la venta de cosméticos ensayados en animales. 
Estamos convencidos de que sólo así podremos incrementar la presión a fin de que se busquen métodos y pruebas alternativos que no requieran la tortura de animales y que no sometan a prolongados sufrimientos a los pequeños mamíferos. 
¿Qué pedimos además? 
Pedimos que se indique la presencia de alérgenos aromáticos que puedan causar alergias en las personas y que la ciencia reconoce como tales. 
No queremos prohibirlos en absoluto, sino que se indique su presencia y que las personas que son alérgicas puedan elegir. 
Además, también pedimos que se indique de manera más adecuada a los consumidores la caducidad de los cosméticos y que cuando éstos abren un cosmético, una crema solar por ejemplo, puedan saber si podrán seguir utilizando el producto el año próximo o si entonces tal vez sea nocivo para la salud o haya perdido su eficacia. 
Todos los Grupos políticos apoyaron con gran unanimidad todas estas propuestas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Yo espero que esta unanimidad se mantenga en la votación del mediodía y que podamos indicarle al Consejo con una abrumadora mayoría que su posición común nos parece sumamente inadecuada. 
Yo habría deseado que la Comisión y el Comisario Liikanen hubiesen demostrado también una mayor valentía y no hubiesen esperado a que el Parlamento les obligue a cambiar de opinión, con una mayoría absoluta en la segunda lectura. 
Yo habría deseado que la Comisión hubiese manifestado un poco más de flexibilidad y una postura más valiente en relación con algunos puntos, tal como habitualmente suele demostrar el Sr. Liikanen aquí. 
Yo espero que al menos podamos coincidir ahora y que la colaboración funcione. 
Dicho esto, quisiera añadir también unas palabras sobre la cooperación. 
En esta Asamblea hay, en efecto, muchos enfrentamientos y algunos de nosotros siguen afirmando que éstos son buenos para dejar claras ante la población europea las diferencias por las que debe votar o no a determinados partidos. 
Yo debo reconocer que en este momento me preocupa más el fondo del asunto. 
Agradezco mucho a las y los colegas de los demás Grupos la colaboración, extremadamente ecuánime y extremadamente cooperativa, que hemos mantenido. 
A los representantes de la industria cosmética que están sentados allí arriba, en la tribuna de invitados, y naturalmente también aguardan con interés lo que se va a decidir hoy, sólo puedo decirles que también valoro la colaboración, asimismo ecuánime en la mayoría de los casos, que he mantenido con la industria cosmética, que tiene un fuerte interés en el tema, y ya sé que una colaboración constructiva también genera, naturalmente, confianza. 
Todas las organizaciones implicadas- el Parlamento, pero también la industria, las organizaciones de consumidores y las organizaciones de pacientes que representan a las personas alérgicas- están convencidas de que el Parlamento tendrá este mediodía una oportunidad única de adoptar por fin una decisión legislativa merced a la cual dentro de unos años entrará en vigor una normativa sobre los cosméticos que la población desea y necesita. 
Yo espero que este mediodía tengamos el valor de indicárselo así al Consejo y a la Comisión con una abrumadora mayoría. 
Pueden contar con mi apoyo para ello, estimadas y estimados colegas de los demás Grupos. 
Yo espero poder contar asimismo con el suyo. 
Hoy lo demostraremos y si es necesario también en un procedimiento de conciliación. 
Señor Presidente, Señorías, la séptima modificación de la Directiva en materia de productos cosméticos ha vuelto a poner sobre el tapete de este Parlamento dos temas ya largamente debatidos desde que en 1976 se aprobó la primera Directiva. La última revisión fue la sexta, en el año 1993. 
Los temas a que me refiero son la prohibición de la experimentación animal y la prohibición de comercialización dentro de la Unión Europea de productos que hayan sido experimentados en animales. 
La ponente, Sra. Roth-Behrendt, ha trabajado muy seria y duramente, manteniendo la coherencia del texto de la Comisión y mejorándolo, especialmente, frente a la propuesta ilógica de retirar la prohibición de comercialización. 
Mi Grupo ha apoyado en todo momento esta enmienda y ha estado de acuerdo con la ponente en que, después de tantos años de trabajo y expectativas no cumplidas con respecto al fin de la experimentación animal, hay que abordar este tema de una vez por todas, fijando plazos precisos, impulsando y motivando la industria cosmética a que movilice todos los recursos a su alcance para que, sin menoscabo alguno de la seguridad de los productos, los experimentos en animales queden definitivamente eliminados lo antes posible. 
No obstante, el Grupo del Partido Popular Europeo ha pensado siempre que el cumplimiento sin excusas de esta Directiva hacía necesaria una cierta flexibilización de la propuesta inicial de la ponente, admitiendo determinadas excepciones ya que, si bien es cierto que la mayoría de los productos cosméticos ofrece absoluta seguridad al consumidor sin que sus ingredientes deban ser testados en animales, existen determinados casos en los que los científicos aún no han podido obtener métodos alternativos fiables para algunos productos que no son, en absoluto, superfluos, como los productos solares o cremas que pueden producir cierta fotosensibilidad. 
De esta manera, el intenso trabajo, no sólo de mi Grupo, sino de todos los Grupos parlamentarios se ha centrado en la determinación de estos casos y en su formulación en el texto de la Directiva, con una gran receptividad por parte de la ponente. 
Sin dejar de emplazar a la industria cosmética a que elimine de sus prácticas la experimentación animal, la propuesta de Directiva admite una excepcionalidad para pruebas muy concretas y para un período máximo de diez años. 
Afortunadamente, creo que esta enmienda cuenta con el apoyo de todo el Grupo Popular Europeo y creo que, en su momento, contará también con el apoyo del Pleno de esta Cámara. 
Estoy convencida de que el voto a favor del Parlamento Europeo, no sólo respecto de esta enmienda, sino del conjunto de la propuesta, permitirá, por fin, que vea la luz una normativa que conjuga de forma equilibrada y justa la protección de los animales con la protección del consumidor. 
Señor Presidente, yo apoyo tanto la línea de las propuestas presentadas por nuestra colega la Sra. Roth-Behrendt como el objetivo que muchas personas de este Parlamento han intentado cumplir a lo largo de los últimos diez años. 
Ninguna otra cuestión le ha llevado al Parlamento tratar tanto tiempo como la de la experimentación con animales en el campo de los productos cosméticos. 
Por eso, pienso que el mensaje que debería transmitírseles a los Estados miembros es que este Parlamento cree que, hasta que no nos pongamos serios, la industria no se lo tomará verdaderamente en serio. 
Admito que existen muchos aspectos en los que hay motivos de preocupación en cuanto a investigación médica y experimentos muy difíciles e importantes para los que todavía no se han creado alternativas. 
Pero sigo convencido de que si no somos capaces de transmitir una señal inequívoca reafirmando la postura que adoptamos en primera lectura, no existirá el incentivo que supone saber claramente que estas sanciones están ahí y van a ser aplicadas. 
La prohibición de los ensayos y la prohibición de la comercialización no se han respetado. 
No podemos permitirnos más retrasos. 
Yo le diría a todo el mundo, y entre otros a los Estados miembros que han se han esforzado mucho por presentarnos una posición común que pudiéramos aceptar, que tenemos que esforzarnos aún más. 
La respuesta es enviar una señal en segunda lectura, de tal modo que la ponente y nuestros colegas de todos los partidos tengan la posición negociadora más fuerte posible cuando lleguemos a uno de los procesos de conciliación más importantes por los que nunca hemos pasado en este Parlamento. 
Señor Presidente, la experimentación con animales se realiza a gran escala en la Unión Europea y en el mundo para garantizar que productos como los químicos y nuevas medicinas y fármacos son seguros para el uso humano. 
La población ha dejado claro desde hace mucho tiempo que desea que se ponga fin a la experimentación con animales cuya única finalidad sea el desarrollo de todavía más productos de tocador que llenen los estantes de nuestro cuartos de baño, tales como los desodorantes, jabones y champúes que pueden encontrarse en los supermercados. 
Pero este debate se prolonga año tras año haciendo cada vez más difícil llevar a la práctica el deseo de la población. 
Ahora nos encontramos ante un conflicto clásico entre el Parlamento, que ha puesto de manifiesto su voluntad de poner fin a la experimentación con animales, y el Consejo, que ha hecho cuanto ha podido para que no se establezca una prohibición de la comercialización. 
Nosotros hemos dejado bastante claro que la prohibición de los experimentos con animales en la Unión Europea es por sí sola insuficiente. Supone tan sólo que se experimentará con animales en países que no son de la Unión Europea y en los que no puede llevarse a cabo un control adecuado. 
Debe establecerse una prohibición de comercialización y debe ejercerse presión sobre la industria para que se desarrollen nuevas alternativas. 
Las propuestas presentadas por el PPE han sido particularmente útiles. 
Mi Grupo va a apoyar la petición de la Sra. Roth-Behrendt de que se establezca una prohibición de la comercialización cuanto antes. 
Sin embargo, es probable que sea la enmienda del PPE la que se apruebe hoy. Eso nos deja a todos abierta la opción de una solución ambiciosa pero realista, un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo que pueda zanjar esta cuestión de una vez por todas, que ejerza presión sobre la industria pero que no cree problemas insolubles. 
Espero que hoy en la votación que se celebrará después en este pleno, podamos, de una vez por todas, acabar con este problema y con el innecesario sufrimiento de los animales. 
Señor Presidente, yo respaldo la postura de la ponente. 
Es de todo punto inaceptable torturar a los animales para, supuestamente, mejorar nosotros. 
En contra de lo que dice la industria de productos cosméticos, es posible producir y vender productos seguros cuyos ingredientes no hayan sido experimentados en animales. 
Muchas empresas hace años que abandonaron estas prácticas arcaicas y la inmensa mayoría de los consumidores desean una prohibición inmediata. 
Por ello, es una pena que tanto la Comisión como el Consejo sigan poniéndose de lado de la industria cosmética y de los responsables de la tortura de animales movidos por el lucro. 
La prohibición que se propone se aplicaría sólo a productos probados en la UE y permitiría a las empresas exportar la experimentación a otras partes del mundo. 
Esto es inaceptable. Queremos que la práctica acabe, no que se traslade a otro lugar. 
El fracaso de la Comisión a la hora de aplicar la prohibición sobre ventas y experimentos- que debía entrar en vigor en 1998- es totalmente inaceptable y aducir que prohibir la comercialización traería problemas en la OMC es una tontería. 
Existe un precedente jurídico. 
La aprobación de la Ley sobre Piel de Gatos y Perros en los Estados Unidos demostró que el bienestar de los animales puede ser una razón legítima para establecer restricciones. 
En cuanto al etiquetado, me decepciona mucho que el Consejo no aprobara la recomendación del Parlamento en primera lectura de que se indicara claramente en la etiqueta del producto "experimentado con animales". 
El consumidor tiene derecho a saberlo. 
En relación con las sustancias CMR, que se permiten en los productos cosméticos, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor reafirmó la solicitud realizada en primera lectura de prohibir las sustancias CMR en los productos cosméticos a no ser que el Comité Científico las hubiera evaluado y aceptado como seguras. 
De hecho, la postura de la comisión sobre las sustancias CMR se ha visto reforzada por las últimas posturas del Comité Científico. 
Teniendo en cuenta que la Comisión prohibió recientemente las sustancias CMR en su revisión de las directivas sobre productos químicos, pero que la ha incluido como excepción, es ridículo que una sustancia pueda estar prohibida en la pintura y en el esmalte pero no en algo que uno se pone en el cuerpo. 
Es absolutamente hipócrita defender que se continúe torturando animales en aras de la seguridad y a la vez se permitan productos peligrosos. 
Señor Presidente, en esta materia coincidimos plenamente con la señora Roth-Behrendt y con la decisión que se ha adoptado en la Comisión de Medio Ambiente. 
Opinamos que las pruebas con animales deben limitarse a los campos vitales para la salud humana, por ejemplo, en relación con productos médicos. 
Es obvio que estos ensayos no deben realizarse para la obtención de productos cosméticos. 
Por eso estamos a favor de la total prohibición de estos ensayos y del comercio con estos productos. 
Hay que tener en cuenta que una prohibición eficaz en la UE tendrá un efecto positivo en el mercado mundial. 
Será un argumento para eliminar del mercado mundial los ensayos con animales en relación con estos productos. 
Será la demostración de que existen otras opciones. 
Esta materia se ha discutido mucho tiempo, demasiado tiempo. 
Me sorprende la postura de la Comisión, que habría que calificar de anticuada, y que no se haya entendido que es hora de tomar esta decisión. 
Una verdadera prohibición de vender estos productos acelerará un desarrollo tecnológico que presente nuevas opciones. 
Esto es en sí algo provechoso. 
Se ha mencionado la posibilidad de un conflicto en el ámbito de la OMC. 
Creo que se ha exagerado este riesgo, pero si en la OMC hay resistencia a este tipo de decisión estaremos obviamente ante una lucha en que la UE tendrá que comprometerse plenamente, ya que se trata del derecho a anteponer la salud de los animales y las personas al libre mercado. 
Es indudable que tenemos que estar dispuestos a luchar por este derecho. 
Señor Presidente, ante todo hay que reconocer a la ponente el excelente trabajo realizado, a pesar de que algunos aspectos por ella abordados han causado cierta perplejidad. 
Respecto a la inmensa mayoría de ellos, se cree que, dentro del espíritu que siempre ha mostrado este Parlamento en términos de desarrollo y de civilización, en el profundo convencimiento de sus ideales fundamentales no se puede renunciar a los mismos. 
Es el caso, entre otros, de la experimentación animal, en la que continuar renunciando a su límite retrasando, en consecuencia, la investigación de métodos alternativos de experimentación, significa no fomentar la propia investigación y continuar acudiendo a prácticas que se malajustan a esos intentos de bienestar y de civilización. 
El único punto del informe de la Sra. Roth-Behrendt que no entiendo es el que se refiere a su enmienda 28, ex 26, al texto de la Comisión que contiene la lista de las sustancias alergénicas. 
Es obvio que el respeto que debemos a los animales debe ser igual al respeto que debemos al ser humano, y por lo tanto, poner un límite a la utilización de sustancias de probada capacidad alergénica es un deber. 
En el ámbito de las 26 sustancias enumeradas en la enmienda, según la ponente, hay 13 cuya capacidad alergénica está probada, y por lo tanto, están justificados sus límites de presencia en los productos. 
También hay otras 13 cuya gran nocividad se ha de comprobar, tal como la ponente afirma indirectamente al puntualizar que el comité científico, únicamente por precaución y a la espera de mayores profundizaciones, ha indicado sus límites de utilización. 
Es una precaución indirecta, en el sentido de que, para aquellos ingredientes y con aquellos límites, no puede- siempre que exista- haber ningún tipo de nocividad. 
El hecho es que, dentro de estas últimas 13 sustancias, hay 11 que se definen como aceites esenciales naturales que, utilizadas dentro de los límites expresados, es lo mismo que no utilizarlas, y la preocupación que ello supone no se debe atribuir a la calidad del producto, sino a la eliminación de economías agrícolas locales, sobre todo en el sur de Europa y en especial de Francia e Italia que producen la materia prima: jazmines, cítricos en general y bergamota en particular. 
Señor Presidente, Señorías, apreciada Dagmar Roth-Behrendt, los experimentos con animales para la producción de cosméticos se deben suprimir y lo más pronto posible. 
Esta Asamblea ya lo decidió en 1993, pero entonces teníamos a nuestro lado a un socio débil. 
Ahora parece que sigue siendo así. 
Ese socio débil es la Comisión. 
Ésta no ha demostrado en los últimos años la tenacidad continuada necesaria para seguir defendiendo estas decisiones europeas también en el marco de la OMC, con objeto de que los socios de la OMC comprendan con suficiente antelación que estamos dispuestos a seguir adelante. 
Queremos inducirles a actuar mediante una presión positiva. 
Por esto, señor Liikanen- a pesar de la valoración que personalmente me merece -, su propuesta me ha decepcionado mucho y espero que en el próximo debate consigamos por fin que se prohiba la experimentación con animales, en un plazo de cinco o seis años si de mi dependiera. 
Pero al cabo de esos cinco o seis años debe entrar en acción la guillotina. 
Todos deben saber que dentro de cinco o seis años se habrá acabado definitivamente la experimentación con animales, salvo las excepciones científicamente fundamentadas que nos proponemos establecer ahora. 
Sabemos que todos los principios admiten también excepciones. 
Pero las excepciones deben seguir siéndolo. 
Por lo tanto, no debe volver a ocurrir que dentro de cinco años se nos presente un nuevo documento en el que se reabra el debate a partir de cero. 
No podríamos justificarlo ante nuestros hijos, ni tampoco ante las demás criaturas. 
La Comisión tiene poder suficiente para enfrentarse con suficiente antelación con nuestros socios de todo el mundo en el marco de la OMC. 
Así lo demostramos magníficamente en el caso de los cepos y las pieles de animales. 
Si no se coge por sorpresa a los demás países socios en el marco de la OMC, sino que se les incorpora al debate con suficiente antelación, es muy posible encontrar un camino. 
Por su personalidad, usted es un hombre capaz de cumplir un papel de precursor ante todo el mundo también en este caso. 
Yo quisiera animarle explícitamente a que así lo haga. 
Señor Presidente, se suele alegar que EEUU y los países que participan en la guerra unilateral contra el terrorismo tienen una escala común de valores. 
Lo que no se dice en voz alta es de qué escala se trata. 
En cualquier caso, lo que sí se sabe es que entre los valores del Sr. Bush no se encuentran grandes dosis de ética comercial. 
EEUU no tiene valores morales para defender los alimentos sin hormonas, la no modificación genética de las especies vegetales OGM o los cosméticos sin experimentación animal. 
En este contexto, la posición común del Consejo, que condiciona la prohibición de la comercialización de productos cosméticos ensayados en animales a su aprobación por parte de la OCDE, es inadmisible. 
Las decisiones de la OCDE se adoptan por unanimidad y no necesitan de justificación. Ello hace que EEUU pueda imponer sus valores a la UE. 
Sería más honesto aclarar en el seno de la OMC si la prohibición de la comercialización de productos cosméticos ensayados en animales es compatible con las normas de la propia OMC. 
En caso de necesidad, se podría acudir al procedimiento de arbitraje de la OMC, cosa que permitiría defender la prohibición sin que la otra parte pueda dictar unilateralmente la solución final. 
La OMC tendrá que aclarar si el comercio mundial debe atenerse también a principios ético-morales. 
El Parlamento Europeo sí ha asumido firmemente esos principios al querer prohibir la experimentación animal de los productos cosméticos y al exigir que se establezca la prohibición de la comercialización en el territorio de la UE de los productos cosméticos ensayados en animales en países terceros. 
Señor Presidente, este es un debate que está plagado de hipocresía. 
Vemos productos a la venta que dicen no haber sido experimentados en animales cuando los fabricantes saben perfectamente que los productos pueden no haberse ensayado en animales pero que los ingredientes sí lo fueron. 
Vemos países, como el mío, que afirman haber prohibido los ensayos con animales cuando todo lo que han hecho es exportar el problema a países donde se respeta todavía menos a los animales. 
Lo que necesitamos, y a ello nos lleva este informe, es una prohibición de la comercialización de productos ensayados en animales. 
Por supuesto, es necesario que la seguridad sea nuestro principal criterio. 
La salud humana no debe ponerse en peligro por lo que estamos haciendo. 
Debemos tener en cuenta la gama de productos de la que estamos hablando: no se trata sólo de los productos cosméticos que se ponen en la cara; se trata también de los dentífricos, protectores solares, productos para los bebés, líquidos para limpiar lentillas, etcétera. 
Nuestro objetivo debe ser un calendario realista para la supresión de productos que hayan sido experimentados en animales estableciendo un plazo para cada uno de estos experimentos. 
Tenemos que conciliar los intereses de la salud humana con los del bienestar de los animales y esto puede hacerse. 
Nuestras enmiendas prohibirían con efectos inmediatos aquellos experimentos para los que se haya demostrado que existen alternativas. 
Establecería un plazo para el resto, según el estadio alcanzado en el proceso de validación de una alternativa, con un máximo de cinco años. 
Reconocería que los tres experimentos para los que todavía no existen alternativas tendrían un plazo máximo de diez años para encontrarlas, después del cual tales experimentos acabarían también. 
Estamos cansados de esperar en este tema. 
Hemos esperado cinco años; hemos esperado 1.825 días a que esta medida se estableciera. 
En ese tiempo, hemos visto a 190.000 animales sufrir y ser sacrificados. 
Queremos poner fin a esto. 
Necesitamos productos cosméticos seguros. 
Necesitamos que se garantice la salud humana y necesitamos que se detenga la experimentación con animales. 
Es hora de acabar con este asunto. 
Señor Presidente, me han causado gran sorpresa los argumentos del Consejo y de la Comisión que sugerían que la prohibición de la comercialización no sería, según sus palabras "segura para la OMC"; sin embargo, las normas de la OMC en este ámbito se distinguen por ser poco claras. 
Es tan probable que una prohibición de ventas resulte ser "segura para la OMC" como "insegura para la OMC". 
Lo que quiero decir es que los argumentos sobre las normas de la OMC son meramente hipotéticos. 
No es del todo adecuado, a mi juicio, pasar de los argumentos sustanciales a favor y en contra de una prohibición de la comercialización a un debate mucho más complicado y esotérico acerca de las normas de la OMC. 
Un planteamiento más sincero- el que ha defendido este Parlamento- es aprobar una prohibición de comercialización lo antes posible y después ocuparse, por separado, de los aspectos de la OMC en el improbable caso de que nuestras disposiciones normativas fueran impugnadas con éxito en la OMC. 
Ese sería un mejor planteamiento, correcto tanto en la teoría como en la práctica. 
Señor Comisario, yo tengo que reprocharle hoy una hostilidad hacia la industria. 
En verdad, ¿qué trato cree usted que merece la industria europea? 
Primero se dice que esto se acabará en 1998, luego en 2000, después en 2002, y ahora aparece usted con una propuesta en la que no se dice absolutamente nada. 
¿Cómo se imagina usted que trabajan los industriales? 
Semejante idea sólo se le puede ocurrir, de hecho, a un funcionario que jamás ha tenido que invertir ni un centavo en su propia industria. 
Hace tiempo que la industria europea podría estar experimentando una nueva expansión en el sector de los cosméticos. 
¡Y usted lo ha impedido! 
En 1996 se reunieron las firmas de cuatro millones de personas, artistas y mujeres bellas a quienes les gusta utilizar cosméticos. 
Y ahora sale usted y declara que en la Unión Europea no queremos seguir torturando a los animales y en adelante vamos a hacerlo un poco más lejos. 
¿Tan necios considera a este Parlamento, a las mujeres bellas y a los artistas? 
¿Quién se ha creído, en realidad, que somos? 
De verdad, cree que somos tan racistas o xenófobos como para decir que no vamos a martirizar a las bestias aquí en la Unión Europea, pero estamos dispuestos a hacerlo si se trata de perros húngaros o polacos. 
Me parece espantoso y también un insulto a los cuatro millones de personas que firmaron la petición en contra. 
Sabe usted que existe una bella sentencia al respecto: "Llegará un día en que matar a un animal se considerará tan criminal como matar a un ser humano." 
Esta frase no la pronunció un fanático de la protección de los animales, sino el artista tal vez más grande de todos los tiempos, Leonardo da Vinci. 
Señor Comisario, jamás volverá a oír citar su nombre asociado al de Leonardo da Vinci. 
Es evidente que no es usted un gran artista, ni tampoco una persona sensible, pero yo creo que al menos podría entender un poco de qué estamos hablando hoy aquí. 
Quiero manifestar mi agradecimiento a Dagmar Roth-Behrendt por el trabajo que ha realizado y muy especialmente también a Cristina García-Orcoyen. 
Una alianza poco frecuente, señor Comisario, que debería inspirarle respeto. 
Señor Presidente, señor Comisario, mis primeras palabras son para felicitar a la ponente por su excelente trabajo, tanto en la primera lectura como en la segunda. 
En este informe se concretan propuestas en materias para las cuales la propuesta de la Comisión no había sido suficientemente amplia ni ambiciosa y la verdad es que algunas de dichas propuestas volvieron a ser rechazadas en la posición común. 
Por eso, me parece que hay tres materias que este Parlamento debe señalar a la atención de la Comisión y del Consejo. 
En primer lugar, la necesidad de prohibición de todas las substancias potencialmente cancerígenas o tóxicas en los productos cosméticos; en segundo lugar, la prohibición del uso de fragancias en los productos destinados en particular a los niños, dados los riesgos de reacción alérgica que pueden acompañarlas; y, en tercer lugar, la cuestión más candente de este debate, que es la de los ensayos con animales. 
Creo que tanto la posición del Consejo como la de la Comisión son aceptables. 
Por una parte, la Comisión da un paso atrás en relación con la legislación que estaba en vigor, es decir, que frente al incumplimiento de esta última la Comisión prefiere dejar de hablar de prohibición de comercialización. 
Por parte del Consejo, se da un paso adelante, pues eleva a la cima, es decir, a la OCDE, la reglamentación de una materia cuya formulación compete a la Unión Europea. 
No sé si ese recurso a la OCDE es un síntoma más de la deriva intergubernamental que está afectando al Consejo en los últimos tiempos, por lo que creo que la posición de la ponente es la más correcta: debemos prohibir los ensayos con animales en Europa, debemos avanzar hacia la prohibición de la comercialización y el fomento de métodos substitutivos. 
Es inaceptable que ahora que estamos logrando unos avances científicos tan enormes sigamos aceptando que se cause dolor a pequeños animales para saber si una nueva crema para la cara es segura. 
Me gustaría expresar mi firme apoyo al informe. 
La ponente ha logrado el equilibrio apropiado: la prohibición no sería inmediata sino que entraría en vigor dentro de cinco años, y eso supone que, en la práctica, ya les hemos dado a las empresas afectadas un plazo de al menos quince años desde que empezamos por primera vez a tratar este asunto hace aproximadamente diez años. 
Yo apoyo también la idea de que deberíamos demostrar nuestra propia responsabilidad- un concepto que es ajeno a los Verdes- estableciendo una prohibición de la comercialización a medida que se desarrollen experimentos donde en la actualidad no existen alternativas, incluso si hemos de fijar un plazo máximo para estos experimentos, quizás de diez años. 
El informe del Parlamento hará más urgente la búsqueda de alternativas. 
Tengo dos preguntas para la Comisión y espero que cuando el Sr. Liikanen responda se ocupe específicamente de mi postura sobre las enmiendas 21 y 28. 
El Sr. Nisticò y el Sr. Nobilia ya lo han planteado previamente. 
Me preocupa mucho que, en el etiquetado de fragancias, aromas y aceites esenciales, las enmiendas 21 y 28 impliquen el establecimiento de requisitos innecesarios que pueden tener un efecto muy desafortunado sobre la composición de los productos, la continuidad de su disponibilidad e, incluso, la viabilidad de algunas de las pequeñas empresas que los fabrican. 
La ponente propone un sistema muy exhaustivo de etiquetado cuando los productos contengan perfumes o aromas, incluso en pequeñas cantidades. 
De hecho, aunque la finalidad es proteger a los escasos consumidores que tienen alergia a determinadas fragancias, la propuesta es improbable que proporcione un beneficio significativo para la salud pública. 
Para algunas personas alérgicas puede que no exista ninguna fragancia segura. 
Lo mejor que pueden hacer, como saben bien, es no usar en absoluto productos con fragancias. 
La ponente está dando respuesta a declaraciones de la Oficina Europea del Consumidor que dice defender a quienes sufren alergias y contempla claramente la cuestión como parte de su guerra a los productos químicos. 
Yo tengo que decir que no he recibido declaración alguna sobre este aspecto de las personas con alergia. 
La Asociación Europea de Sabores y Fragancias señala que las enmiendas harían que los consumidores tuvieran que cargar con productos que llevarían referencias de hasta 50 ingredientes en 11 idiomas. 
Esto es estúpido e innecesario. 
Además, existe el riesgo de que se retiraran de las fórmulas algunos aceites esenciales, perjudicando así los intereses económicos de varios países, entre ellos algunos muy pobres. 
Estas enmiendas son malas e innecesarias para los consumidores y para la industria. 
Espero que la ponente considere retirarlas y que la Comisión y el Consejo las rechacen. 
Señor Presidente, muchas gracias por brindarme esta oportunidad de expresar mi agradecimiento por el debate antes de que finalice. 
Ha sido un debate muy animado, cargado de emociones y de sensatez, que ha tocado diversos aspectos. 
Yo agradezco mucho las intervenciones de las y los colegas que han participado en el debate. 
Le agradezco a la Sra. Flemming su indicación sobre Leonardo da Vinci y me he pasado todo el rato intentando encontrar similitudes entre el Sr. Liikanen y Leonardo da Vinci. 
Quizá el Sr. Liikanen nos sorprenda ahora con su respuesta y nos comunique que en el fondo sí se asemeja a él y en lo más profundo de su corazón en realidad simpatiza con la propuesta del Parlamento. 
Les estoy muy agradecida a todos los colegas que me han apoyado y espero que también apoyen en igual gran número las propuestas en la votación del mediodía. 
Si se requiere alguna modificación cosmética- un término adecuado en este contexto -, yo considero que deberíamos tratar esta cuestión en el marco del procedimiento de conciliación. 
Quisiera comentar brevemente los puntos que han señalado el Sr. Nobilia y la Sra. Jackson al final del debate. 
A la Sra. Jackson debo decirle que no podría retirar las enmiendas aunque quisiese, puesto que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor las aprobó con 44 votos a favor. 
En consecuencia, ahora ya se trata de la posición de la comisión y no sólo de la mía, y yo voy representarla fielmente en mi calidad de ponente. 
Dicho esto, quisiera añadir que yo soy jurista y no científica naturalista, y por esto he elaborado un texto muy sencillo. 
He hecho mía la posición del Comité Científico de Productos Cosméticos, integrado por científicos de la Unión Europea, el cual ha constatado que 26 sustancias provocan reacciones alérgicas, de las cuales 13 son fuertemente alérgenas y las otras 13 tienen efectos alérgenos. 
Me parece del todo evidente que estas sustancias se tienen que indicar. 
Indicamos la presencia de frutos secos en el chocolate y toda clase de otras sustancias en interés de las personas que sufren de alergias, y también debemos hacerlo en este caso. 
Yo comprendo que el sector de los aceites aromáticos se haya despertado a última hora y haya intentado influir sobre nuestra posición tres días antes de la votación. 
Tampoco es mi intención prohibir sus productos, pero deseo que sus sustancias figuren en la lista de ingredientes en un lenguaje no críptico, con su denominación química, tal como ha propuesto, por otra parte, el Comité de Productos Cosméticos. 
Yo tengo el convencimiento de que se lo debemos a las consumidoras y consumidores de la Unión Europea. 
. 
(EN) Señor Presidente, en nombre de la Comisión me gustaría dar las gracias por este informe a la Sra. Roth-Behrendt y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y felicitarles por el impresionante trabajo que han realizado. 
El deseo de mejorar la protección del consumidor, expresado por el Parlamento en su opinión para la primera lectura, se ha tenido en cuenta, en gran medida, en la posición común. 
Dicho esto, soy consciente de que la valoración del Parlamento puede ser diferente y la respeto plenamente, como se ha confirmado aquí hoy. 
A la Comisión y al Consejo les complacen en particular las propuestas relativas a algunas categorías de productos, tales como los destinados a los niños o a la higiene íntima, o la ampliación del requisito de la fecha mínima de durabilidad. Supondrían un beneficio evidente para los consumidores. 
La Comisión comparte las preocupaciones del Parlamento sobre el uso de sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR). 
La directiva sobre productos cosméticos ya regula el uso de sustancias CMR de manera sectorial. 
Sin embargo, con el fin de encontrar una solución coherente y duradera para las sustancias, se han establecido disposiciones específicas que fortalecen el marco legal a la vez que cumplen con el principio básico de evaluación del riesgo. 
Asimismo, la Comisión ha propuesto nuevas medidas sobre estas nuevas sustancias en su Libro Blanco sobre la política de nuevos productos químicos y ahora estamos trabajando en propuestas concretas con mi colega, la Sra. Wallström. 
En cuanto a la cuestión de las alergias a las fragancias, la Comisión y el Consejo acogen favorablemente la creación de un sistema de etiquetado para los ingredientes de fragancias que producen alergia. Esto mejorará los actuales requisitos de etiquetado de tal forma que los consumidores a los que afectan determinados ingredientes puedan evitar productos que los contengan. 
Respecto del tema de los ensayos con animales, todos nosotros sabemos lo difícil y delicado que es, especialmente porque preocupa mucho a la población. 
Todos nosotros compartimos el objetivo de reducir el dolor que se causa a los animales durante la experimentación. 
Esta cuestión va ligada a muchas otros ámbitos de las políticas y por ello trabajamos en cooperación constante y estrecha con mis colegas el Sr. Byrne y el Sr. Lamy, responsables, respectivamente, de salud y protección del consumidor y de cuestiones comerciales. 
El acuerdo recogido en la posición común del Consejo ha tenido en cuenta estos aspectos en un nuevo planteamiento global. 
Éste supone una solución equilibrada que ofrece un verdadero beneficio para el bienestar de los animales, a la vez que protege la salud del consumidor y tiene en cuenta las repercusiones en el ámbito internacional de nuestras decisiones internas. 
Nosotros creímos que este planteamiento sería un paso positivo y daría una señal política de que las preocupaciones de sus señorías se han contemplado, puesto que volvía a establecer una prohibición a la comercialización. 
La solución propuesta de prohibir la experimentación con animales en la UE siempre que sea posible y convertir en obligatorio el uso de todos los métodos alternativos lo antes posible parecía una mejora. 
Conduciría al control de la experimentación con animales dentro de la Unión Europea, respondiendo así a la crítica de exportar el problema. 
Todavía no se dispone de métodos alternativos validados y aceptables para una serie de parámetros toxicológicos fundamentales que son necesarios para una completa evaluación del riesgo para la salud de los ingredientes de los productos cosméticos que garantice un elevado nivel de protección del consumidor. Es imposible predecir cuándo estarán disponibles todos los métodos alternativos necesarios. 
Por último, la Unión Europea ha de cumplir con sus obligaciones internacionales, pero un objetivo esencial es ofrecer el mayor nivel de seguridad posible. 
Una prohibición total de toda experimentación con animales pondría en peligro la seguridad de los productos cosméticos y, por tanto, la salud humana. 
La prohibición de la comercialización, vinculada a la aceptación en el ámbito de la OCDE y excluyendo cualquier fecha de corte, reduce el riesgo de impugnación al amparo del sistema de resolución de controversias de la OMC. 
La Unión Europea, con el firme respaldo del Parlamento Europeo, está intentando promover las consideraciones relativas al bienestar de los animales en el seno de la OMC. 
Sin embargo, esta propuesta ha encontrado hasta la fecha un apoyo muy escaso de los miembros de la OMC. 
Algunos colegas han defendido que la UE debería establecer esa prohibición y ver si es impugnada por otros miembros de la OMC y, entonces, si fuera necesario, considerar la medida a la luz de la oposición en la OMC. 
Yo les he planteado la cuestión a mis colegas responsables de las relaciones con la OMC y su respuesta es la siguiente: una acción de este tipo tiene un coste político. Alimentaríamos la sospecha, ya generalizada entre los países en desarrollo, de que, al margen de sus compromisos en el marco de la OMC, los países desarrollados pretenden usar su poder comercial para imponer a los demás sus propias prioridades y valores éticos. 
Provocar un caso ante la OMC en estas circunstancias podría, por tanto, ser contraproducente, aumentar la polarización entre países desarrollados y países en desarrollo y reducir las oportunidades de éxito del intento de la UE de incluir en las conversaciones de la OMC cuestiones como el bienestar de los animales o consideraciones sociales y medioambientales. 
Ésta es la opinión de mis colegas responsables de este ámbito en las relaciones con la OMC. 
Estoy convencido de que si el Parlamento, el Consejo y la Comisión siguen trabajando en estrecha cooperación, llegaremos finalmente a una solución equilibrada que beneficie de verdad al bienestar de los animales y que salvaguarde a su vez la salud de los consumidores así como nuestros compromisos internacionales. 
El Sr. Jackson ha planteado dos cuestiones concretas acerca de las enmiendas 21 y 28. 
En cuanto a la segunda parte de la enmienda 28, nosotros podríamos aceptar el principio de enumerar estos alérgenos reconocidos de las fragancias en el Anexo 3, según las modalidades indicadas, pero debería revestir la forma de una directiva de la Comisión. 
La Comisión rechazaría la primera parte. 
La enmienda propuesta al Anexo 3 tiene que aplicarse a través de una directiva de la Comisión que adapte los avances técnicos aprobados al amparo del procedimiento de comitología. 
En cuanto a la enmienda 21 relativa a una lista de fragancias, esta enmienda exige una lista completa de ingredientes, entre ellos de los de la composición del perfume. 
Dado el gran número de ingredientes en las composiciones de las fragancias, indicar todos los ingredientes de éstas en el etiquetado no sería viable ni útil para los consumidores ni para los dermatólogos y no guardaría proporción con los riesgos previstos. 
Además, esta supresión eliminaría el fundamento jurídico para exigir que se indiquen las fragancias con potenciales efectos alérgicos, tal y como pide la enmienda 26, que se ha incluido en la posición común. 
En conclusión, la Comisión puede aceptar el espíritu de la enmienda 1, primera parte, la enmienda 4, la enmienda 27, segunda parte, y la enmienda 28, segunda parte. 
En cambio, la Comisión no puede aceptar la enmienda 1, segunda parte, las enmiendas de la 2 a la 5, segunda parte, las enmiendas de la 6 a la 27, primera parte, la enmienda 28, primera parte, ni las enmiendas 29 a 33. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará hoy a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0141/2002) , del Sr. Nistico, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas de calidad y de seguridad para la extracción, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes (14402/1/2001- C5-0069/2002- 2000/0323 (COD)) 
. (IT) Señor Presidente, deseo manifestar mi inmensa satisfacción porque el pasado 23 de junio la comisión aprobó la Directiva por la que se establecen normas de calidad y de seguridad de la sangre, sin apartarse en lo fundamental de la posición y de las enmiendas presentadas por el Parlamento. 
Considero que por fin se puede aprobar en segunda lectura una directiva que ofrece las máximas garantías, sobre todo en beneficio de los pacientes y de los consumidores, en orden a la calidad y a la seguridad de la sangre y sus componentes, a fin de evitar las infecciones y complicaciones que en el pasado fueron objeto de muchos escándalos y de muchos desastres. 
La aprobación de una nueva directiva europea que establece los mismos estándares de calidad de la sangre, permitirá por fin la libre circulación de la sangre y sus componentes en todos los Estados de la Unión Europea y la desaparición de restricciones no deseadas al desplazamiento de donantes de un Estado a otro. 
Los elevados estándares de calidad y de seguridad deberán cumplirse en todas las fases del proceso transfusional, desde la extracción hecha al donante hasta el control a través de específicos y actualizados tests de laboratorio, incluyendo la recogida, tratamiento, almacenamiento, distribución y utilización de sangre humana entera y sus componentes. 
Como todos ustedes recuerdan, en el seno de nuestra comisión y en el Pleno el punto más crítico y conflictivo de la directiva fue el de las llamadas "donaciones voluntarias y no remuneradas". 
Respecto a esta cuestión, la posición común aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor resuelve, a mi entender, todos los conflictos. 
En efecto, en virtud del principio de subsidiariedad, el artículo 4 reza: "Los Estados miembros podrán establecer requisitos incluso más restrictivos para que todas las donaciones sean voluntarias y no remuneradas"; asimismo, "los Estados miembros podrán limitar o prohibir la importación de sangre y sus componentes si estos proceden de donantes de pago". 
Inicialmente, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor se eliminó la frase: "siempre que se cumplan las condiciones del artículo 30 del Tratado". 
Hoy hay una nueva enmienda presentada por el grupo socialista, según la cual todos los Estados miembros podrán prohibir o limitar las importaciones de sangre y sus componentes para garantizar un alto nivel de protección de la salud, a fin de alcanzar los objetivos fijados en el apartado 1 del artículo 19, siempre que se cumplan las condiciones del Tratado: me parece un buen compromiso que se puede apoyar. 
En cuanto a las donaciones voluntarias y no remuneradas, la posición común establece en el artículo 19 algunas disposiciones específicas, en particular, en el apartado 1, que los Estados miembros deberán fomentar las donaciones voluntarias y no remuneradas y garantizar que la sangre se suministre en lo posible mediante tales donaciones. 
Considero que se trata de una disposición muy equilibrada y esta posición ya fue aprobada en Comisión. 
El apartado 2 del artículo 19 dice genéricamente que los Estados informarán a los demás Estados miembros y a la Comisión de las medidas adoptadas para alcanzar el objetivo fijado en el apartado 1. 
A este respecto, quisiera presentar una enmienda oral por la que, en lugar de que cada dos años, los Estados miembros faciliten dicha información cada tres años, puesto que esto está en línea con el enunciado de un artículo siguiente. 
Asimismo, en lo que respecta a las donaciones voluntarias y no remuneradas, algunos diputados han pedido que se introduzca la definición del Consejo de Europa en el articulado y, en particular, en el artículo 3. 
En líneas generales, comparto la definición del Consejo de Europa, pero considero suficiente que se haga referencia a la misma en el considerando 23, tal como está formulado, en el que se precisa que dicha definición "debería" -y no "debe" -ser tenida en cuenta por los Estados miembros. 
Por lo tanto, estoy en contra tanto de la enmienda 7 como de la enmienda 19 que pretenden incluir literal y rígidamente la definición de "donación voluntaria y no remunerada". 
En efecto, considero necesario disponer de cierta flexibilidad a fin de incentivar a los donantes. 
Señor Comisario, en lo que atañe a la definición de "no remuneración", cada Estado miembro tiene una sensibilidad, unas tradiciones, una cultura distintas que, a mi modo de ver, se deben respetar totalmente. 
No le corresponde a Europa imponer a cada uno de los Estados miembros criterios rígidos de definición. 
¿Qué es lo fundamental? 
Lo fundamental es contar con un número de donantes suficiente para alcanzar el objetivo más importante que es el de no llegar a un blood shortage, a la falta de sangre y sus componentes. 
Otro punto controvertido es la persona responsable. 
A mi modo de ver, es preciso dar a cada uno de los Estados miembros la libertad, a través de una enmienda de transacción y de acuerdo con el principio de subsidiariedad, de decidir el tipo de cualificación que debe tener la persona responsable. 
En conclusión, espero que esta Directiva pueda por fin ver la luz y ser aprobada. 
Señor Presidente, siento que el haber cedido el paso a la Sra. Oomen-Ruijten le haya causado, al parecer, cierta angustia, pero no creo que necesite productos sanguíneos. 
Este informe se recibe de modo muy favorable y yo felicito a nuestro ponente. 
La seguridad de la sangre, como todos sabemos, es de crucial importancia. 
En algunos de nuestros Estados miembros se han producido historias horrorosas que así nos lo recuerdan. 
Pero el suministro de sangre también es de crucial importancia para aquéllos cuyas vidas dependen de la misma. 
Nosotros preferimos la donación no remunerada- esa es la costumbre británica y eso es lo que deseamos- pero, en la práctica, Europa importa casi el 50% del plasma y de los productos del plasma. 
No estoy hablando del servicio de donación de sangre habitual que viene al salón parroquial y al que uno se acerca durante media hora, se toma una taza de té y vuelve a trabajar. 
Estoy hablando de la donación de plasma, en la que hay que recorrer una cierta distancia hasta una máquina fija y que lleva medio día. 
Tenemos que importar algunos de estos productos y una gran parte de los mismos procede de los Estados Unidos, donde muchos de los productos son remunerados. 
Las investigaciones demuestran que la sangre remunerada es, en sí misma, perfectamente segura. 
La clave, por supuesto, es el control de los productos de la sangre procedan de donde procedan. 
Casi la totalidad de los productos de plasma hiperinmune de la Unión Europea se importan y 2.166.367 personas de la Unión Europea dependen de ellos: alrededor de 400.000 en Gran Bretaña, 400.000 en Francia, 100.000 en los Países Bajos, etcétera. 
Se trata de personas con hemofilia, inmunodeficiencia primaria, necesidades de tétanos albumen, deficiencias adquiridas, enfermedades auto-inmunes y de embarazadas con Rhesus negativo. 
Sin suministros, su salud y sus vidas pueden estar en peligro. 
Debemos, sin duda, fomentar la donación no remunerada. 
Esa es nuestra costumbre y nuestra práctica, pero en el mundo de la EEB y la enfermedad de CJ, no podemos ser puristas. De otro modo, estamos poniendo en peligro las vidas de nuestros conciudadanos. 
Señor Presidente, realmente me había preparado para pronunciar un discurso positivo sobre la mejor calidad de los hemoderivados a escala europea, sin embargo, me veo obligado a decir que el modo de proceder del Sr. Nisticò como ponente en este asunto no tiene nombre. 
La semana pasada, sin ir más lejos, cerramos un acuerdo con el Sr. Nisticò, mientras la Comisión y el Consejo estaban presentes, y este acuerdo llevó a que como compromiso presentáramos la enmienda 19, mediante la que se lleva la definición de donación no remunerada de sangre a las consideraciones. 
Se trataba de un compromiso, aunque el Sr. Nisticò niegue ahora con la cabeza. 
Es sencillamente ímprobo lo que está sucediendo aquí. 
Lo que hace el Sr. Nisticò no tiene nombre, y por ello me gustaría decir que podemos prepararnos para que a raíz de la votación posterior de hoy solicitemos un aplazamiento. 
No quiero tolerar este modo de proceder. 
Ésta no es forma de tratar a los compañeros en el Parlamento. 
Tanto la Comisión como el Consejo, si la Presidencia estuvo representada en la reunión en cuestión, aceptaron esta propuesta de compromiso, y también lo hizo el Sr. Nisticò en nombre de su grupo y como ponente. 
Por ello resulta absolutamente increíble que se llegue a la segunda lectura en el Parlamento y se comunique que de todas formas no se va a cumplir el acuerdo que hemos cerrado. 
Éste será en cualquier caso el último acuerdo que haya cerrado con el Sr. Nisticò y como ya he dicho, haremos lo que podamos para lograr el aplazamiento de la votación en este asunto de modo que podamos debatirlo nuevamente con la dirección del grupo PPE-DE y con el coordinador del Grupo PPE-DE en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Lo sucedido en este asunto es sencillamente el colmo y no queremos tolerarlo. 
Señor Nisticò, ha solicitado usted la palabra para intervenir por alusiones personales. 
Basándome en el artículo 122 le ruego que espere hasta el final del debate, porque el artículo 122 prevé que todas las cuestiones sobre alusiones personales se debatan cuando éste haya finalizado. 
Señor Presidente, en el año 2001, un 55% de los productos sanguíneos procedían de donantes que recibieron una remuneración a cambio. 
Un 73% del plasma destinado al abastecimiento del mercado de la UE procede asimismo de donantes remunerados. 
Sólo recurriendo a estos donantes se puede mantener un pleno abastecimiento de productos de plasma. 
Un abastecimiento asegurado de productos sanguíneos contribuye a salvar vidas y debe recibir, por lo tanto, la máxima prioridad. 
La posición común ofrece una buena base para ello. 
La prohibición del pago de una remuneración por las donaciones es indefendible desde el punto de vista de la salud pública. 
Yo no veo ninguna inmoralidad en ello, sino todo lo contrario. 
Recuerdo que en mis tiempos de estudiante, obteníamos una parte de nuestros ingresos gracias a estas donaciones de plasma. 
Señor Presidente, señor Comisario, estamos en la segunda lectura de una directiva muy importante sobre nuestra estrategia en cuanto a la salud pública y la seguridad de los ciudadanos europeos. 
La directiva sobre las normas de calidad y de seguridad de la sangre y de sus productos goza de una especial atención por parte del Parlamento Europeo, y esto es así porque debemos describir con criterios estrictamente científicos los términos y las condiciones que se deben respetar para garantizar, en la mayor medida posible, la salud de los donantes y de los receptores de la sangre y de sus derivados. 
Casos como los que se dieron en la Unión Europea en el pasado, de personas que perdieron la vida por haber recibido una transfusión con sangre infectada no deben repetirse bajo ningún concepto. 
Me alegro de que la Unión Europea haya adoptado, en la primera lectura, una serie de enmiendas significativas; sin embargo, debe ver positivamente también una serie más que no fue aceptada en la primera lectura; todas ellas se han presentado y votado de nuevo en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Considero un derecho inviolable del enfermo que vaya a someterse a una transfusión sanguínea, ser informado por parte de los responsables de las posibles reacciones adversas de la transfusión y de las posibilidades sobre su salud. 
Se sobreentiende, claro, que se garantiza la intimidad de los datos personales puesto que ningún tercero debe tener acceso a ellos. 
En el artículo 9 estoy en desacuerdo con la propuesta de la Comisión Europea, tal como está redactada. 
El responsable del centro tiene que ser médico y además estar especializado en los temas relacionados con la donación de sangre; y esto debe ser así porque muchas veces durante la extracción de sangre se han presentado complicaciones o efectos secundarios que exigen la evaluación y solución médica. 
Igualmente, quisiera hablar de una cuestión ética. 
En virtud de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales, el cuerpo humano y sus derivados no pueden ser objeto de comercialización. 
Por tanto, estoy de acuerdo con el principio de la donación de sangre voluntaria y no remunerada porque creo que, aparte de la cuestión ética, contribuye significativamente a la calidad y seguridad de la sangre. 
Sería una omisión por mi parte, terminar sin agradecer al Sr. ponente su excelente labor. 
Señor Presidente, en muchos países- incluyendo el mío- todavía se necesita trabajar mucho para restaurar la plena confianza en los servicios de transfusión de sangre y de productos sanguíneos en general después de un período de trágicos fallos de la seguridad. 
Esta directiva supondrá un gran avance y por ello es tremendamente importante. 
Iré directamente al asunto que me plantea dificultades, y apoyo plenamente lo que algunas de sus señorías- en particular el Sr. Bowis- han dicho. 
No puedo entender por qué la sangre procedente de una fuente remunerada debe estar necesariamente prohibida en Europa. 
Con toda franqueza, la mayor amenaza para los cientos de miles de pacientes de la UE que necesitan sangre y productos de la sangre es la falta de un suministro adecuado. 
El suministro debe ser seguro pero, por definición, un donante voluntario que podría tener VIH no es más seguro que una persona sin ningún problema de salud al que se la paga. 
La clave es el control y el tratamiento apropiados del producto con independencia de la procedencia. 
No debemos dejarnos llevar por las emociones en este asunto. 
Yo deseo que toda la sangre y los productos de la sangre procedan de donantes voluntarios y desinteresados. 
Es el espíritu en mi país y me gustaría fomentarlo. 
Debemos animar a la población a donar sangre. 
En mi país y en muchos otros hay escasez de donaciones. 
En la UE dependemos de las importaciones en un 50%. La autosuficiencia tiene que ser un objetivo. 
Sin embargo, considerar siquiera, por definición o de otra forma, la prohibición de todos los productos que proceden de donantes remunerados constituye una medida retrógrada. 
No soy la única que lo dice. Las organizaciones voluntarias que cuidan de los intereses de los pacientes que necesitan estos productos están pidiendo junto a nosotros en este Parlamento y en la UE que no se prohiban todas la fuentes de donaciones pagadas. 
Debemos promover el espíritu de la donación voluntaria, pero no podemos prohibir las donaciones pagadas. 
Si los pacientes- no las empresas farmacéuticas ni las que comercializan la sangre- nos lo están pidiendo, deberíamos escucharles y responderles. 
Con el mayor de los respetos, sería arrogante por nuestra parte no hacerlo. 
Señor Presidente, la seguridad de la sangre es un tema importante para los ciudadanos de toda la Unión Europea. 
Ha habido demasiadas historias de terror y de accidentes en la UE en relación con la sangre y los componentes de la sangre. 
La presente directiva por la que se establecen normas de calidad y seguridad en la recogida de sangre es absolutamente vital. 
Ahora que los ciudadanos de la UE viajan cada vez más y visitan otros Estados miembros de la UE, debemos garantizar que cuando se produzca un desgraciado accidente, ya sea durante las vacaciones o en el trabajo, las personas estén seguras sabiendo que la transfusión que reciban sus cuerpos es segura y de calidad. 
La calidad y la seguridad son el lema, por eso yo apoyo el principio de la donación voluntaria. 
Esto ha sido objeto, como hemos escuchado, de un debate muy acalorado y creo que el ponente ha expresado firmemente que las donaciones voluntarias son la opción preferida en la UE. 
Debido al impacto de la enfermedad de CJ, conocida como mal de las vacas locas, tenemos que importar nuestros productos de plasma de fuera de nuestro Estado miembro. 
La mayoría de estos productos procede de los Estados Unidos de América puesto que no hay fuentes suficientes en los demás Estados miembros y, desgraciadamente, los productos tienen que proceder de fuentes pagadas. 
Se trata de un tema difícil en el que el Reino Unido tiene un problema particular. 
Al gobierno del Reino Unido no le ha quedado más alternativa que aceptar productos del plasma de fuentes pagadas para evitar poner en peligro las vidas de sus ciudadanos. 
En conclusión, yo acojo favorablemente esta directiva y sus objetivos, acojo favorablemente el principio de la donación voluntaria y deseo que los ciudadanos de la UE se beneficien de la calidad y seguridad de la sangre y de los componentes de la sangre. 
Señor Presidente, antes que nada cabe señalar que, en su calidad de ponente, nuestro colega, el Sr. Nisticò, ha realizado un importante trabajo mejorando los artículos de esta propuesta de directiva relativos a la seguridad. 
Ello tiene una gran relevancia para todos los ciudadanos de la UE, y la zona de mercado común para la sangre y sus derivados que ha sido fijada como objetivo no podrá funcionar sin la existencia de unos estándares fiables. 
Sin embargo, hay que señalar también que no hemos sido capaces de llegar a una postura común sobre el gran incremento de la seguridad que supondría partir de la no remuneración de las donaciones de sangre. 
El Consejo de Europa ha realizado una importante labor para mejorar la seguridad en las donaciones de sangre y para fomentar la no remuneración de las mismas. 
La definición del Consejo de Europa no excluye la restitución de los gastos de viajes ni las gratificaciones por el tiempo de trabajo perdido, algo muy importante, sobre todo, para los donantes de plasma, que suelen verse obligados a desplazarse a otros municipios, con la consiguiente pérdida de tiempo. 
Éste también sería un buen punto de partida para la UE, pero si nos limitamos a hacer recomendaciones a los Estados miembros sobre las prácticas convenientes del mismo modo que el Consejo de Europa, habremos perdido algo esencial dentro de nuestro papel de legisladores; y si, por otra parte, concedemos a los Estados miembros el derecho de prohibir la remuneración de las donaciones de sangre, así como la importación de componentes sanguíneos desde otros países de la Unión y desde países terceros, estaremos socavando así el objetivo original de toda la propuesta de directiva, o sea, la creación de un mercado único. 
La legislación comunitaria es, por lo general, de gran calidad y es capaz de regular las circunstancias más puntuales de la vida humana, por no decir las más insignificantes. No puedo sino denunciar con asombro que, en sí, esta propuesta de directiva no ha sido capaz de diferenciar las donaciones de sangre ordinarias de las demás, como, por ejemplo, de las donaciones de plasma. 
Respecto de las primeras, se hubiera podido establecer la prohibición incondicional de la remuneración sin excepciones y, respecto de las últimas mencionadas, se hubiera podido autorizar la remuneración en caso de que la escasez de plasma y de otros componentes específicos así lo exigiera. 
Me quedo esperando que la Comisión entregue pronto una nueva propuesta que permita corregir este aspecto tan importante. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera felicitar al Sr. Nisticò por el excelente trabajo que ha hecho y decir que lo que está en juego en toda Europa es la resolución de una situación extraordinariamente urgente, cuando se trata de sangre. 
La sensación que los ciudadanos tienen es la de que la discrepancia entre la legislación de los Estados miembros no les permite tener seguridad ante la circulación e importación en aumento de productos sanguíneos, por un lado; por otro, sienten también inseguridad, dados los episodios ocurridos en los diversos países en los últimos años. 
Y, por tanto, lo que estamos tratando aquí no es tanto la cuestión del precio, de que la donación de sangre sea o no remunerada, sino de garantizar el nivel de seguridad y no olvidar la importancia de la cuestión de la sangre para los ciudadanos. 
Considero que en los últimos tiempos ha habido alguna fuga en el centro del debate y me da pena que la problemática de que las donaciones sean o no remuneradas se haya erigido en cuestión fundamental de este debate. 
A ese respecto, considero que la ponente tiene razón y que debemos seguir la posición común, dado que, por un lado, no proscribe la remuneración, que es esencial en algunos casos para suplir la escasez, pero, por otro lado, incentiva las donaciones voluntarias e incluso permite que algunos Estados miembros vayan más lejos en la formulación de normas más rígidas que incluso pueden impedir la importación de productos sanguíneos que no sigan dichas normas. 
Pero una vez más lo que está en juego es, señor Presidente, la seguridad y la resolución del problema de la escasez de sangre. 
Señor Presidente, las personas que sufren hemofilia están muy preocupadas. 
En efecto, si de hecho llegara a establecerse la prohibición del pago de una remuneración por las donaciones de sangre, el suministro de productos sanguíneos se podría enfrentar con serias dificultades. 
Incluso podrían llegar a morir algunas personas. 
La mitad de los factores coagulantes plasmáticos que actualmente se utilizan en la Unión Europea proceden de donantes remunerados, que han realizado sus donaciones directamente en la UE o cuyo plasma se ha importado. 
Resulta fácil imaginar el riesgo que supondría para los pacientes que una nueva normativa redujese a la mitad el abastecimiento de estos productos. 
Hasta el momento no existe ninguna prueba de que los productos farmacéuticos procedentes de donantes voluntarios sean más seguros en ningún aspecto que los de donantes remunerados. 
Lo cierto es que las autoridades responsables de las especialidades farmacéuticas en Europa han comprobado la seguridad y eficacia de todos los productos de plasma en la Unión Europea y no han detectado que la remuneración de los donantes constituya un problema. 
A lo cual se suma el hecho de que, en contra de las expectativas iniciales, el suministro de factor 8- sólo uno de los factores coagulantes- obtenido mediante técnicas de manipulación genética continúa encontrando una serie de problemas. 
Las declaraciones iniciales de la industria farmacéutica en el sentido de que se podría obtener una cantidad ilimitada de preparados a partir de los factores coagulantes obtenidos mediante reconversión genética- y, además, a precios más bajos- sencillamente no se han confirmadas hasta ahora en la práctica. 
Los productos se han encarecido y a menudo siguen siendo difíciles de conseguir. 
Es una situación angustiosa a escala mundial que sólo un 10% de las 400.000- 500.000 personas que dependen de los preparados de factores coagulantes dispongan de un suministro homologable al de los países occidentales industrializados. 
Un 80% de los hemofílicos de todo el mundo carecen de los mismos. 
La situación de estas personas que no viven en la Unión Europea podría agravarse muchísimo más aún si descartamos la remuneración de los donantes. 
Señor Presidente, señor Comisario, el señor Nisticò ha presentado un excelente informe, cuyo contenido yo apoyo plenamente. 
No quisiera que la intervención del Sr. Lund pudiera generar una falsa impresión. 
Es necesario establecer con la presente directiva una situación homogénea en los Estados miembros en lo que respecta a la seguridad y la calidad de la sangre y el plasma sanguíneo. 
La protección de los pacientes debe ser la máxima prioridad, tanto desde el punto de vista de las infecciones como en lo que respecta al abastecimiento. 
Por esto es preciso garantizar, por principio, dos cosas: la calidad de la sangre y que en la Unión Europea dispongamos de suficiente sangre y plasma sanguíneo. 
Yo apoyo firmemente la posición común del Consejo, puesto que mejora la seguridad de la sangre y sus componentes. 
Simultáneamente también marca el camino que se deberá seguir para conseguir un suministro óptimo de especialidades farmacéuticas salvadoras en Europa. 
El plasma es necesario para la fabricación de medicamentos de vital importancia, como por ejemplo los factores coagulantes 7 y 8 para los hemofílicos y las inmunoglobulinas que permiten evitar las infecciones en pacientes con inmunodeficiencias hereditarias. 
Un cuello de botella en el suministro pondría en peligro la salud de incontables pacientes. 
Es una responsabilidad que ciertamente no podemos asumir en nuestra calidad de políticos. 
La donación de sangre voluntaria y no remunerada es un principio básico y debe seguir siéndolo. 
No obstante, no se debe descartar la futura remuneración de los donantes de plasma en la Unión Europea. 
Actualmente, es necesario importar casi el 50% de la sangre y el plasma sanguíneo que se requieren en la Unión Europea. 
El principal importador son los Estados Unidos. 
La nueva directiva tampoco debe impedir la importación de plasma procedente de donantes remunerados. 
El estudio de la Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos que se hizo público la semana pasada indica claramente que la seguridad de los productos sanguíneos procedentes de donantes voluntarios y de donantes remunerados es absolutamente equivalente. 
En consecuencia, no existe ningún motivo para imponer de manera obligatoria la donación no remunerada por razones de seguridad. 
Esto provocaría inevitablemente cuellos de botella en el suministro, incluido el de especialidades farmacéuticas elaboradas a partir del plasma sanguíneo. 
Las enmiendas 7, 19 y 20 son, por lo tanto, inaceptables. 
El Sr. Nisticò ha solicitado la palabra en virtud del artículo 122 del Reglamento para intervenir por alusiones personales. 
. (IT) Señor Presidente, intervengo brevemente por alusiones personales y quisiera que el doctor Lund, al que va dirigido este llamamiento, tuviera la amabilidad de escucharme. 
En primer lugar el que les habla, tras una larga carrera universitaria y siendo originario de una región del sur de Italia, piensa que es un hombre de honor, intelectual y moralmente honesto y que se mueve siempre en aras del interés general de los pacientes; en segundo lugar, como neurólogo, hago un breve diagnóstico: puede que el amigo Lund haya sufrido un pequeño déficit temporal de memoria en cuanto al acuerdo que hicimos. 
Lo reitero: estoy de acuerdo con incluir la definición de "donación no remunerada y voluntaria" en el considerando 23, pero, al final, como dije en la reunión en la que estaban presentes la Comisión y el Consejo, this should be taken into account by the single Member States. 
Si el amigo Lund está de acuerdo con este punto- y pienso que esto es lo fundamental- yo dejaría totalmente inalterada su propuesta y, al final, concluiría con una enmienda oral que podría proponer en estos términos: "this should be taken into account by the single Member States". 
Pienso que así, amigo Lund, nosotros que trabajamos juntos con gran pasión, con gran empeño, tanto con tu Grupo como con nuestro Grupo, podríamos resolver un problema que la Asociación de donantes y la Asociación de pacientes se toman muy a pecho. 
Señor Presidente, sólo voy a hacer este único comentario, mantengo cada una de las palabras que dije en mi intervención. 
Estoy muy contento de que el señor Comisario Byrne con su postura y la postura de la Comisión ante las enmiendas haya corroborado el acuerdo que se alcanzara con respecto a la enmienda 19. 
Entiendo que éste es un acuerdo que el Sr. Nisticò sigue sin querer cumplir. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará hoy a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0139/2002) de la Sra. Klaß, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, en lo que respecta a los ingredientes presentes en los productos alimenticios. (COM (2001) 433- C5-0404/2001- 2001/0199 (COD) ). 
Señor Presidente, señor Comisario Byrne, Señorías, la modificación de la Directiva 2013 sobre el etiquetado de los alimentos que ahora se debate constituye un paso importante para la optimización de la protección de los consumidores en los Estados europeos. 
La profunda transformación de los hábitos alimentarios y los cambios en la producción y también en la elaboración de los alimentos que ello ha determinado- quién limpia hoy, en efecto, las verduras; quién cocina todavía conforme a las recetas básicas -; los productos ya preparados constituyen una parte cada vez más importante de nuestra alimentación. 
La política debe responder a ello con nuevas normas encaminadas a mejorar la calidad y garantizar la seguridad del consumo. 
Las personas con reacciones alérgicas a determinados aditivos deben tener, además, la seguridad de poder identificar directamente las sustancias nocivas para ellas en el envoltorio. 
Actualmente, las alergias afectan ya a un 8% de las personas adultas y un 3% de los niños en la Unión Europea. 
Sus consecuencias pueden abarcar desde afecciones respiratorias hasta reacciones potencialmente mortales. 
La única medida que garantiza un alto nivel de seguridad para los afectados es evitar el consumo de los alimentos nocivos para ellos. 
Por esto es tan urgentemente necesaria la información sobre los ingredientes alérgenos. 
En el etiquetado es preciso alcanzar un equilibrio entre una identificación práctica y comprensible, por un lado, y por el otro lado, el derecho justificado del consumidor a una plena información. 
La propuesta de la Comisión ofrecía una buena base para ello. 
Para el consumidor, es particularmente importante una mayor exigencia en lo que respecta a las excepciones relativas a la reseña. 
Sin embargo, lo que constituye una absoluta novedad y el aspecto más destacado de la modificación de la Directiva es, a mi parecer, la lista de las sustancias alérgenas, basada en el Codex Alimentarius. 
Por primera vez se propone que las sustancias alérgenas se identifiquen sin excepción y en todos los casos. 
Esta lista de sustancias alérgenas deberá ser objeto, no obstante, de un control permanente, a fin de poder actualizarla también sobre la base de los nuevos conocimientos científicos. 
Con este objeto, será preciso encontrar, en colaboración con la autoridad europea responsable de la seguridad alimentaria, y junto con la Comisión y el Parlamento Europeo, la manera de mantener continuamente actualizada dicha lista. 
A mi modo de ver, esto significa que se deben poder incorporar nuevas sustancias, pero también debe existir la posibilidad de suprimir algunas a la vista de los nuevos conocimientos. 
Por esto, yo les ruego que apoyen mi enmienda sobre el seguimiento permanente de la lista. 
La lista del Anexo III también requiere, además, directrices detalladas para su interpretación. 
¿Qué se entiende, por ejemplo, por frutos con cáscara, cuando al mismo tiempo también se mencionan aparte los cacahuetes? 
¿A qué productos se refiere el término crustáceos? 
Con la supresión de la ' norma del 25%? , la Comisión propone una reducción de las excepciones relativas a la reseña en el etiquetado de los ingredientes que intervengan en menos del 5% y del 2% del producto. 
Dichas excepciones son aplicables, por un lado, a los alimentos ya regulados por una normativa comunitaria, como el chocolate, las salsas y mostazas preparadas, y los alimentos que no requieren una lista de ingredientes, como por ejemplo la leche. 
Las mezclas de especias quedan exentas cuando intervengan en menos del 2% del producto. 
Dada la variación estacional de la oferta, para las pequeñas y medianas empresas es particularmente importante poder responder cuanto antes a la modificación de las condiciones de comercialización como resultado de la norma ' y/o?. 
En contra de lo que opinan algunos críticos, todas las facilidades citadas no debilitan la protección del consumidor, sino que constituyen, por el contrario, una norma razonable y una alternativa frente a la supresión de la ' norma del 25%?. 
En efecto, también en este caso permanece inalterada la reseña obligatoria de todas las sustancias alérgenas. 
Yo he prestado una intensa atención al tema del etiquetado y también de su aplicación en la práctica. 
Entre todas estas consideraciones no debemos olvidar un detalle, a saber, que la reseña no debe generar incertidumbre en los consumidores, sino que debe figurar de manera clara y comprensible, y también legible, en la etiqueta. 
La propuesta de la Comisión optimiza en conjunto la protección de los consumidores en la Unión Europea y ofrece al consumidor una mayor transparencia y más información. 
Esto constituye una señal importante para la población de Europa, justamente a la vista de las actuales dificultades. 
Antes de acabar, yo quiero agradecer muy sinceramente toda la colaboración y el apoyo que he recibido. 
Será una satisfacción para mí si las enmiendas que he presentado obtienen el apoyo de una gran mayoría de las y los colegas de la Asamblea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ya vuelve a repetirse la misma situación: los agricultores se manifiestan y nosotros debatimos sobre los alimentos. 
Yo creo que es importante que no dejemos de luchar para ganarnos la confianza de los consumidores y un etiquetado más exacto es particularmente importante y necesario justamente en el caso de los alimentos. 
En mi calidad de ponente de opinión en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, yo quiero agradecer en primer lugar a la ponente, Sra. Klaß, la buena colaboración que hemos mantenido. 
Aunque al principio de la discusión manteníamos puntos de vista algo distintos sobre cuestiones de detalle, en conjunto compartíamos la misma orientación. La Comisión de Agricultura y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor se han complementado muy bien y yo creo que esto merece ser señalado y valorado precisamente en estas fechas. 
La propuesta de la Comisión representaba, en conjunto, un bienvenido paso adelante en el etiquetado de los alimentos. 
Sin embargo, todo, por bueno que algo sea, siempre se puede mejorar. 
Esta es la tarea que nos tocaba cumplir en el Parlamento. 
La anterior normativa, en virtud de la cual todos los ingredientes de los alimentos- incluidos los componentes parciales de los alimentos compuestos- se debían indicar en la llamada lista de ingredientes de la etiqueta, también preveía excepciones. 
La Sra. Klaß ya ha mencionado la llamada ' norma del 25%?. 
La repetida justificación, en el sentido de que las etiquetas resultaban demasiado prolijas y en última instancia ilegibles debido a los numerosos componentes que se tenían que reseñar, era sin duda algo exagerada. 
La propia Comisión había indicado, en efecto, que en los Estados miembros en los que no se aplicaba esta norma, no se había generado ningún tipo de incertidumbre. 
Dicha ' norma del 25%? resulta problemática sobre todo porque los consumidores que adquieren productos alimenticios elaborados no pueden saber si estos contienen sustancias alérgenas, cuya presencia incluso en cantidades muy reducidas es significativa para el consumidor. 
Yo creo que en este contexto es necesario considerar aún con mayor detención la diferencia entre las enmiendas 7 y 12, para decidir si lo acertado es que el fundamento científico para la inclusión de los alérgenos se establezca antes o después de la entrada en vigor de la directiva. 
Señor Presidente, Señorías, la identificación de los alimentos se ha convertido en un tema recurrente, que reaparece a intervalos regulares en esta Asamblea. 
Cuando se decidió, en 1995, una importante modificación de la Directiva sobre el etiquetado, se desarrollaron discusiones parecidas sobre las mismas cuestiones que hoy tenemos sobre la mesa. 
No obstante, a mi parecer, el debate de hoy era necesario exclusivamente por el hecho de que las reacciones alérgicas a determinados componentes han aumentado entre la población y generan en parte situaciones de riesgo. 
Este es el único hecho que exigía una modificación de la Directiva y también otras medidas. 
El proceso de producción no se ha modificado en absoluto desde 1995, a mi entender. 
Lo que ha cambiado es la posición de esta Asamblea, pues entonces ya discutimos los pros y los contras de la ' norma del 25%?. 
Actualmente, ésta ya no es un tema de debate. 
Por lo tanto, vamos a restablecer- creo yo- el criterio del 5%, puesto que el objetivo de la modificación, que es ofrecer al consumidor la seguridad de que podrá conocer la presencia de las sustancias alérgenas peligrosas para él, ya está asegurado. 
En consecuencia, deberíamos seguir avanzando por este camino. 
Sin embargo, hoy volvemos a enfrentarnos con la necesidad de mantener un difícil equilibrio entre la información necesaria y la inteligibilidad. 
Por mi parte, yo considero que lo primero es que la etiqueta sea inteligible y, en segundo lugar, que también lo sea la directiva. 
El texto consolidado de la Directiva 2013/CE era un acto jurídico superfluo. 
Quien deba aplicar por primera vez dicha Directiva necesitará a un experto jurista para que la aplicación sea correcta, pues aquélla es muy complicada, a mi parecer. 
Para que quede claro, yo no recomiendo que se introduzca ninguna otra modificación aparte de la que decidamos hoy. 
Sin embargo, desearía que agucemos los sentidos y empecemos a considerar- puesto que la próxima modificación de la Directiva sobre el etiquetado es inminente- si no podríamos excluir de la reseña algunos aspectos esenciales, dado que los conocimientos de los ciudadanos ya se han ampliado mucho. 
Al fin y al cabo, en el caso de las fondas, restaurantes y bares, donde se preparan bebidas combinadas y muchos platos, ya damos por sentado que el consumidor ya sabe cuál es su contenido y también puede preguntarlo. 
Tal vez deberíamos contemplar también este enfoque en la próxima modificación, que yo creo que ya está en puertas. 
Pienso, por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la ponente por un excelente ejemplo de cómo una propuesta sustancial y sensata de la Comisión se ha mejorado en nuestra comisión. 
En mis comentarios, quisiera seguir la línea del Sr. Schnellhardt. 
Creo que nuestra comisión acertó al ir más allá que la Comisión, tras la supresión de la regla del 25%, reduciendo también algunas de las excepciones y exenciones que había sugerido la Comisión. 
Quisiera decir algo sobre las muchas personas que están de acuerdo con nosotros acerca de las alergias. 
Para cualquiera que sufra alergias, no sirve de nada decir que sólo un porcentaje insignificante de personas las padece. 
Si uno tiene alergia, para él es el 100% y, por eso, necesitamos estar seguros de que el etiquetado en cuestión incluye un aviso adecuado. 
Hay un aspecto en el que no nos enfrentamos por primera vez a una constante oposición. 
El Sr. Schnellhardt acaba de mencionar los productos alcohólicos. 
La enmienda 1 que yo promoví en la comisión y que se ha presentado, aseguraría que pudiera haber un único comité responsable del etiquetado de productos para las bebidas alcohólicas. 
Yo creo que es importante y que es algo a lo que el grupo de interés del vino se ha opuesto enérgicamente durante años. 
No estamos diciendo que los comités especializados no deban participar en esto, ni que no deba haber diálogo. 
Antes o después, tenemos que abordar, dentro de esta cuestión general de las alergias y el etiquetado, el problema de un interés específico que siempre se ha interpuesto en el camino del etiquetado preciso de algunos productos y de la aplicación de las mismas disposiciones para todos los productos. 
Yo no creo que podamos seguir así y mi opinión personal es que éste es el momento. 
Yo recomendaría- aunque en mi Grupo hay libertad de voto- que votáramos a favor de la enmienda 1 y que empezáramos a etiquetar el vino del mismo modo que etiquetamos otros productos. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará hoy a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, muy brevemente, ¿puede usted confirmar si la selección francesa de fútbol ha contraído legionela? 
Usted conoce el Reglamento mejor que yo, Sr. Corbett. 
No estoy seguro en virtud de qué artículo ha intervenido usted para decir lo que ha dicho. 
No puedo confirmar lo que me pregunta, pero sí puedo confirmar que van a volver a Francia antes de lo previsto. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Recomendación para la segunda lectura, en forma de carta sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 577/98 del Consejo relativo a la organización de una encuesta muestral sobre la población activa en la Comunidad (6241/1/2002- C5-0181/2002- 2001/0127 (COD) ) (null) 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0194/2002) del Sr. Emmanouil Bakopoulos, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica por decimonovena vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo que limita la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (colorantes azoicos) (15079/1/01- C5-0071/2002- 1999/0269 (COD)) 
. (EN) Señor Presidente, me gustaría en primer lugar expresar mi agradecimiento a sus señorías por su interés en esta propuesta y, en especial, al Sr. Bakopoulos, el ponente de esta constructiva labor. 
Ésta es una importante directiva porque prohibiría determinados colorantes para los productos textiles y los artículos de piel al haberse demostrado que hay colorantes que suponen un riesgo para la salud humana. 
Se trata de una propuesta de gran alcance puesto que afecta a la comercialización y al uso de un gran número de productos textiles y artículos de piel. 
La directiva propuesta también fomentará la comercialización y el uso de colorantes alternativos. 
Puedo entender que sus señorías tengan preocupaciones que van más allá de la directiva propuesta en lo que se refiere a otros materiales distintos de los textiles y de la piel y me gustaría ocuparme de esas preocupaciones. 
La postura de la Comisión es identificar los artículos que contienen sustancias peligrosas que se ha demostrado claramente, sobre la base de datos suficientes, que acarrean riesgos. 
En la actualidad, la Comisión no tiene información de que estos colorantes estén presentes en los juguetes fabricados con materiales distintos de los productos textiles o de piel. 
No obstante, los juguetes que contienen sustancias o preparados peligrosos ya están prohibidos por la directiva sobre juguetes. 
Es más, dentro de este marco, la Comisión está analizando activamente los riesgos que plantean dichas sustancias en los juguetes. 
Por estos motivos, la Comisión no puede aceptar las enmiendas de la 1 a la 4. 
Señor Presidente, Señorías, yo solicito que la propuesta legislativa se someta a votación ahora, pues su devolución a comisión no tendría ningún sentido. 
. (EN) Señor Presidente, me han entregado un cuadro en el que se recoge la posición sobre la actitud de la Comisión y puedo presentarle ese cuadro en su debido momento. 
Señor Presidente, yo no esperaba otra cosa de la Comisión. 
Sin duda, tendremos que convencerla con una votación muy unánime del Parlamento de que es necesario que supere su letargo. 
Señor Presidente, en este asunto, un asunto muy sensible para muchos en este Parlamento y para muchos de los Estados miembros, a iniciativa de nuestro ponente, el Sr. Nisticò, se han llevado a cabo negociaciones informales con el Consejo y la Comisión. 
Llegamos la semana pasada a un entendimiento y a un acuerdo sobre cómo podría solucionarse este asunto sin una larga y muy complicada tramitación en el Comité de Conciliación, y de este acuerdo y este entendimiento alcanzados sobre esta cuestión que atañe especialmente a la donación no remunerada de sangre y que tanto la Comisión como el Consejo han podido aceptar, se ha zafado nuestro ponente esta mañana durante el debate en el Parlamento. 
Por ello me gustaría pedir que aplazáramos la votación y tratáramos de ver si no poder solucionar este asunto para evitar un chaparrón de enmiendas orales más o menos poco meditadas. 
Ha hecho usted una propuesta formal. 
Seguiré el procedimiento correspondiente. 
. (IT) Señor Presidente, estoy a favor de una enmienda a la enmienda 19: una enmienda oral en la cual- y de esta forma se respetaría la posición de todos- al final de la enmienda se podría decir: "this should be taken into account by Member States". 
En este caso, me mostraría favorable y, por lo tanto, sería una fórmula de compromiso digna. 
Señor Lund, ¿le permite este acuerdo retirar su solicitud de aplazamiento o desea mantener la misma? 
Señor Presidente, me gustaría insistir en la petición de aplazamiento de la votación. 
La evolución de este asunto ha sido absolutamente insatisfactoria y celebro que el señor Comisario Byrne esta misma mañana corroborara mi interpretación del asunto y del acuerdo del que el Sr. Nisticò se zafó esta mañana. 
Hemos de disponer de tiempo para descubrir cómo solucionar este asunto. 
Sigo prefiriendo que lo solucionáramos de tal forma que evitáramos una larga tramitación en el Comité de Conciliación de un asunto muy, muy complicado. 
. 
(SV) Las decisiones marco son obligatorias para los Estados miembros, pero quedan fuera del proceso de codecisión y el control democrático del Parlamento Europeo es limitado. 
La legislación de este tipo debe ser parte de un proceso de decisión democrático. 
La delincuencia organizada debe combatirse con medios eficaces, pero bajo el imperio de la ley. 
Para un país como Suecia, que carece de un Tribunal Constitucional, los aspectos relacionados con la seguridad jurídica son especialmente delicados. 
La ausencia de un Tribunal Constitucional implica que los ciudadanos tienen pocas posibilidades de controlar la constitucionalidad. 
En el ámbito europeo tampoco existe este tipo de control por parte de un tribunal. 
. 
(SV) Los cristianodemócratas suecos hemos votado hoy a favor del informe Marinho. 
Para ganar derrotar a la delincuencia es necesario acelerar los procedimientos, simplificando la colaboración judicial entre los Estados miembros. 
Por eso es conveniente que las decisiones de congelar bienes o de asegurar material probatorio puedan cumplirse con rapidez y eficacia, cualquiera que sea el país miembro donde éstos se encuentren. 
Asimismo, es necesario garantizar plenamente a todas las partes el imperio de la ley y no apresurarse al modificar tan esencialmente el sistema judicial. 
En consecuencia, opinamos que al comienzo lo más adecuado es aplicar la decisión marco en un sector limitado. 
Sólo cuando las experiencias de esta colaboración hayan sido evaluadas podremos ocuparnos de la mejor manera de desarrollarla e intensificarla. 
He votado en contra de las enmiendas 11, 12 y 18 puesto que en la decisión marco se contempla la posibilidad de que el Consejo pueda incorporar otra clase de delitos en el futuro. 
Señor Presidente, sólo en Europa cada año se matan 38.000 animales que han sido previamente utilizados para experimentar el desarrollo de nuevos productos cosméticos. 
Desde hace casi diez años, la UE tiene prohibida la venta de productos experimentados en animales pero todavía no hemos aplicado esta prohibición. 
No hay ningún motivo por lo que no debamos hacerlo, especialmente en casos en los que se dispone de alternativas a los experimentos con animales científicamente validadas. 
La propuesta de la Comisión de sustituir ahora esta prohibición de comercialización por una prohibición de los experimentos es totalmente inaceptable y suscita una gran preocupación a la vista de la enorme demanda pública de que se acabe con la experimentación en animales de los productos cosméticos. 
La prohibición de los experimentos sólo sirve para exportar el problema puesto que los productos cosméticos probados en los animales en países fuera de la UE seguirán vendiéndose en la UE. 
Sólo una prohibición de las ventas y de los experimentos hará que esos productos desaparezcan de los estantes. 
Esto no pondrá en peligro la seguridad de los productos cosméticos porque los productos vendidos en la UE deben cumplir requisitos de seguridad previstos en la ley. 
Hemos de ir más deprisa en el desarrollo de métodos alternativos de experimentación. 
Señor Presidente, al igual que la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea, yo creo que la utilización de animales vivos para la experimentación de productos cosméticos es una práctica innecesaria e inaceptable y debe prohibirse. 
Ya se han aprobado más de 8.000 ingredientes para su uso en productos cosméticos. 
¿Cuántos productos más necesitamos? 
¿Cuál va a ser el incentivo para que las empresas desarrollen métodos de experimentación alternativos? 
La respuesta es, en primer lugar, la prohibición de comercializar nuevos productos cosméticos probados en animales cinco años después de la aprobación de la legislación, como se recoge en el informe que aprobamos en la Comisión de Medio Ambiente. 
Es evidente que ahora esto no va en contra de las normas de la OMC. 
En segundo lugar, una prohibición total de los experimentos, con una fecha definitiva de entrada en vigor. 
Yo creo que cualquier otra cosa será insuficiente e insatisfactoria y sé que mis electores comparten esta postura. 
Prohibir la experimentación de los productos cosméticos no va a suponer que se vendan a los consumidores productos inseguros, sino que significará el fin de un gran sufrimiento de los animales. 
Señor Presidente, Señorías, me alegra muchísimo que hoy hayamos demostrado tanta unanimidad en relación con el Informe Roth-Berendt. 
Espero que esta gran capacidad de convicción nos permita ejercer también la debida presión sobre la Comisión. 
Yo estoy a favor de que se prohiba la comercialización. 
También apoyo la prohibición de los experimentos. 
Sin embargo, se han fijado unos plazos transitorios un poco demasiado largos, a mi parecer. 
Yo habría deseado, por ese motivo, unos plazos aún más breves. 
Quiero aprovechar la ocasión para recordar que también existe el correspondiente tráfico de animales y en mi región, en el Norte de Italia, en el Tirol meridional, se descubrió hace poco un caso. 
Conseguimos bloquear el transporte y salvar a los animales. 
Sabemos que esta no es la solución. 
La solución es su regulación jurídica. 
Yo espero que podamos conseguir que ésta entre en vigor muy pronto. 
Nosotros ya hemos contribuido a que así sea en la parte que nos corresponde. 
Las propuestas presentadas consolidan enmiendas al Reglamento en vigor que aclaran conceptos, establecen criterios de atribución de franjas horarias, su naturaleza jurídica y la posibilidad o no de transferencia de dichas franjas, y adoptan los conceptos internacionales de aeropuertos facilitados y coordinados, que substituyen las anteriores designaciones de aeropuertos coordinados y enteramente coordinados. 
Pero no puedo dejar de decir que, con la substitución por las figuras de facilitador y coordinador, el primero pasa a tener carácter consultivo y no regulador, por lo que podríamos preguntarnos si el funcionamiento de dichos aeropuertos facilitados será eficaz, concretamente por lo que se refiere a la distribución de franjas horarias. 
Como con esta propuesta sólo en los aeropuertos verdaderamente congestionados, denominados "coordinados", existirá una reglamentación jurídica clara, las normas sólo tendrán vigencia en un numero reducido de situaciones, lo que podría constituir un retroceso en el sistema de atribución de franjas horarias. 
El texto de la decisión sobre la integración social, tal como está expresado después de la votación de las enmiendas, es muy diferente al texto original del informe Figueiredo, aprobado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
No sólo se han suprimido las referencias a las consecuencias desastrosas de la liberalización, de la política de competencia, de la política de agricultura y pesca, del pacto de estabilidad y a la necesidad de las prestaciones sociales, protección social, redistribución de recursos y de oportunidades; sino que además se ha añadido que el empleo es un derecho y una oportunidad para cuantos 'desean trabajar? ; el trabajo temporal se considera que' ofrece una oportunidad única para muchos de cuantos no están dispuestos a buscar, o no les es posible encontrar, un trabajo fijo?. 
En otras palabras, ¡¡la culpa del paro la tienen los parados que es que no quieren trabajar!! 
El resultado de la votación muestra, una vez más, el carácter del Parlamento Europeo, que no es capaz de superar el papel de defensor de los grandes intereses económicos y de la política de la clase dirigente. 
Por estas razones, los diputados al Parlamento europeo del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe, a pesar de que se hayan conservado ciertos puntos positivos, entre los cuales los que señalé en mi posicionamiento de ayer (referencias al sistema de educación pública y educación obligatoria gratuita de doce años). 
Las enmiendas introducidas en la votación de mi informe sobre la inclusión social han debilitado su contenido en aspectos importantes. 
De hecho, de las 19 enmiendas presentadas por el PPE 12 de las aprobadas iban encaminadas a suprimir aspectos importantes de la verdadera estrategia que se debe formular para promover efectivamente la inclusión social e incluir el aspecto negativo de la defensa del trabajo temporal, lo que va contra la premisa y el concepto de pleno empleo. 
Resultan particularmente significativas las supresiones de los aspectos relativos a los siguientes asuntos: 
importancia de las transferencias sociales, en particular de las pensiones de vejez, sin las cuales estarían en riesgo de caer en la pobreza el 41 por ciento de la población de la Unión Europea, y otras transferencias sociales sin las cuales, aunque se mantuvieran las pensiones de vejez, quedaría en riesgo de caer en la pobreza el 26 por ciento de la población y no el 18 por ciento actual; 
evaluación de las repercusiones de las políticas monetarias, incluido el Pacto de Estabilización, en los sectores sociales (empleo, pobreza y exclusión social, igualdad de derechos y oportunidades, etc.). 
Por último, conviene hacer constar que se han rechazado otras propuestas de enmienda del PPE, lo que ha permitido mantener aspectos importantes del informe. 
A eso se ha debido mi voto final de abstención. 
. 
(SV) Nuestra postura respecto a la Unión Europea es esencialmente positiva. 
Como liberales suecos, entendemos la integración europea como una posibilidad de solucionar problemas transfronterizos, tales como los medioambientales, los relacionados con los derechos humanos y el manejo de las crisis. 
La integración social es una parte significativa del desarrollo europeo. 
La integración social es un elemento valioso en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y, por esa razón, la respaldamos. 
Puesto que la subsidiariedad es uno de nuestros principios más importantes y respetados, creemos que no se justifica armonizar el sector del que se ocupa este informe. 
La integración social constituye un ejemplo de las materias que no son de carácter transfronterizo y los aspectos de que trata el informe pueden ser resueltos de manera más adecuada en el ámbito de los países miembros. 
Señor Presidente, me estoy acostumbrando, no sea caso que el miércoles el Pleno vote la enmienda 74 al Reglamento que reduce drásticamente la posibilidad de que el Sr. Fatuzzo formule explicaciones de voto. 
Me estoy entrenando por si el Pleno, con su sabiduría, decide que yo hable menos. 
Señor Fatuzzo, habría sido una pena dejar pasar la oportunidad. 
Las explicaciones de voto quedan cerradas. 
(La sesión interrumpida a las 12.51 horas, se reanuda a las 12.00 horas) 
El próximo punto del orden del día es una recomendación (A5-0212/2002) de José María Gil-Robles Gil-Delgado, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el proyecto de decisión del Consejo por la que se modifica el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom, del Consejo de 20 septiembre de 1976 (8964/2002- C5-0225/2002- 2002/0807 (AVC)) 
. Señora Presidenta, Señorías, el proyecto de Decisión del Consejo, que hoy viene a nuestra Cámara, es la culminación de un largo proceso. 
Hace un momento discutíamos si eran veinticinco o treinta años. 
En todo caso, es un proceso largo. 
Desde 1960, año en que se adoptó el proyecto de convenio sobre la elección del Parlamento por sufragio universal, nuestra Cámara ha elaborado hasta cinco informes que han terminado encallando en la mesa del Consejo. Por fin la Presidencia española ha conseguido un laborioso acuerdo en el seno de éste. 
Hay que congratularse por ello y felicitar a la Presidencia por este encaje de bolillos. 
En ese texto se recogen la mayoría de las propuestas que el Parlamento Europeo había formulado en el informe Anastasopoulos. En concreto, se introduce el principio del escrutinio proporcional con lista preferencial facultativa según quiera cada Estado miembro, la incompatibilidad de la calidad de miembro del Parlamento nacional con la de diputado al Parlamento Europeo, con excepciones para el Reino Unido y para Irlanda hasta las elecciones del 2009, la facultad de cada Estado miembro de fijar un techo para los gastos electorales de los candidatos y la facultad de cada Estado miembro de constituir circunscripciones territoriales que no afecten de modo global al carácter proporcional del escrutinio. 
También se adapta el Acta de 1976 a los cambios introducidos por los sucesivos Tratados en las instituciones y órganos de la Unión y se encuentra una solución inteligente para el cumplimiento de la sentencia "Matthews" sobre el voto del electorado de Gibraltar. 
Bien es cierto que otras propuestas del Parlamento no han sido recogidas, como, por ejemplo, la circunscripción única para todo el territorio de la Unión Europea, el traslado de las elecciones al mes de mayo o el objetivo de la paridad entre hombres y mujeres en las listas electorales. 
Habrá, por ello, quien diga que se trata de un acuerdo de mínimos, pero el ponente cree que es mejor dar un paso adelante, avanzando hacia un sistema electoral más homogéneo, que permanecer en el callejón sin salida en el que estábamos atascados. 
La Unión Europea se ha hecho así, avanzando con prudencia, a veces con excesiva prudencia, pero avanzando en todo caso, como las tortugas, lenta, pero seguramente. 
Claro que el dictamen conforme que se pide no significa renunciar a las posiciones del Parlamento. El ponente ha optado por reafirmarlas en los considerandos, enriquecidos con las aportaciones de los miembros de la comisión, a los que quiere dar expresa y calurosamente las gracias por su colaboración. 
No se trata de reivindicaciones puramente retóricas. 
El proyecto de Decisión prevé que el Acta sea objeto de una nueva revisión antes del 2009, momento en que las reivindicaciones del Parlamento podrían ser incorporadas. 
Por todo ello, se pide el dictamen favorable para el proyecto de Decisión. 
Señora Presidenta, Señorías, termino recordando una propuesta del Presidente Delors, que podría ser un choque de vitaminas para las elecciones europeas: consiste simplemente en hacer a escala de la Unión lo que se hace en los Estados miembros, es decir, poner como cabeza del cartel electoral a quien se proponga para Presidente de la Comisión. 
El voto dejaría así el terreno de las abstracciones o de las referencias puramente nacionales para dar a la Unión cara y ojos. 
He incluido esta propuesta en los considerandos, con el respaldo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque creo firmemente que es hora de que los ciudadanos puedan entender a quién votan y para qué votan. 
Señora Presidenta, estamos aquí ante un hecho realmente histórico: la primera modificación del Acta de 1976. 
El Presidente Gil Robles, a quien quiero felicitar como ponente de este dictamen conforme, ha dicho que ha habido otros muchos proyectos que han encallado. 
Recuerdo que un ilustre conservador británico, Edmond Burk, decía que España era como una ballena varada en las tierras de Europa (o algo así, lo cito de memoria). 
Por lo tanto, me alegra mucho que haya sido la Presidencia española la que haya conseguido desbloquear este tema y que tengamos en 2002, bajo la Presidencia española, una primera reforma del Acta Electoral. 
Creo que éste es uno de los pocos casos en los que el Parlamento Europeo está llamado a emitir un dictamen conforme, es decir, a votar sí o no, y, además, para que ese dictamen conforme tenga resultados jurídicos, es necesario que haya una mayoría absoluta de la Cámara. 
Éste era el conflicto al que estaba confrontado el Parlamento Europeo: qué hacer. 
Es verdad, como ha dicho el ponente, que no se han tenido en cuenta todas las pretensiones del Parlamento Europeo en un informe anterior, del cual fue ponente nuestro antiguo colega y buen amigo Georgios Anastasopoulos. 
Es verdad también que era necesario acomodar este Acta de Elecciones a las distintas y sucesivas modificaciones de los tratados. Y es verdad, también, que había que cumplir con un mandato, resolver una cuestión que venía de una sentencia de un· Tribunal- en este caso el Tribunal de Estrasburgo -, acomodar por tanto nuestro sistema electoral a la sentencia del caso Matthews. 
Eso es lo que se hace. 
Como el ponente, yo creo que la mayor parte de las consideraciones que hacía el Parlamento Europeo sobre estos temas, en su anterior informe, una vez que el Tratado de Amsterdam modificó el sistema electoral uniforme por principios generales de derecho electoral, está en el espíritu y en la letra del texto que hoy se somete a nuestra aprobación. 
Por lo tanto el Grupo Popular Europeo va a votar a favor, y es verdad que tiempo habrá para intentar acomodar otras peticiones del Parlamento Europeo en el futuro. 
Pero el carácter histórico de este momento no acaba ahí, porque el Grupo del Partido Popular Europeo va a apoyar una enmienda presentada por el Sr. Bonde- cosa rarísima en este Parlamento -, porque le parece una buena enmienda, una enmienda en la que el Sr. Bonde dice y mantiene que aquellos diputados que son elegidos en el ámbito territorial de un Estado representan a la totalidad del cuerpo electoral, algo que, por cierto, y con esto cierro el círculo, también defendió Edmund Burk, en sus comentarios a los electores de Bristol en 1794. 
Señora Presidenta, anuncio por tanto el voto favorable de mi Grupo a este dictamen que con tanta destreza y talento ha elaborado el Sr. Gil Robles. 
Señora Presidenta, me gustaría felicitar al ponente por su trabajo. 
Acierta al recomendar al Parlamento que acepte la posición que ha aprobado el Consejo. 
Éste es uno de los pocos ámbitos previstos en el Tratado en que el Parlamento y no la Comisión tiene el derecho de iniciativa. 
Hace algunos años que tomamos esa iniciativa, el Consejo ha actuado a partir de nuestro texto y, de hecho, ha incorporado la mayoría de los elementos esenciales que nosotros deseábamos ver incorporados en el sistema electoral uniforme, o al menos los principios comunes del sistema. 
Se acepta nuestro argumento de que la representación proporcional debería ser obligatoria en todos los Estados miembros. 
Yo procedo del último Estado miembro que ha establecido la representación proporcional para las elecciones europeas y me complace que se reconozca ahora como principio que ha de aplicarse en todos los Estados miembros. 
También se reconoce, para que todo no se haga a escala de listas nacionales muy centralizadas, la posibilidad de circunscripciones regionales, más cercanas a la gente, en los Estados miembros mayores. 
El informe recomienda también que pongamos fin, aunque esto se hará paulatinamente, al mandato doble en virtud del cual los diputados ocupan escaño tanto en el Parlamento Europeo como en sus parlamentos nacionales. 
Esto es un intento de hacer dos trabajos de dedicación exclusiva a la vez: ya no es posible, es insostenible y es justo acabar con ello. 
En general, podemos aprobar este texto a pesar de que no sea totalmente satisfactorio en todos sus aspectos, pero eso forma parte del toma y daca de la Unión Europea, parte del proceso de acomodación por el que pasamos, y podemos aceptarlo. 
Mi Grupo, por tanto, votará a favor del informe del Sr. Gil-Robles. 
El considerando D, sin embargo, nos plantea un problema. Este considerando empieza diciendo que lamentamos que no se establezca la circunscripción única europea, que proponía el Parlamento. 
El problema es que el Parlamento no la proponía; el Parlamento dijo que era algo que podría estudiarse para el futuro, a partir de las elecciones de 2009. 
El texto dice, incluso, que lamentamos que no vaya a establecerse a tiempo para las próximas elecciones europeas, cuando ni siquiera lo contemplábamos como posibilidad para las siguientes elecciones europeas. 
Para ser serios en tanto que Parlamento, incluso aquéllos entre nosotros que apoyan la idea de que el 10% de los escaños se elijan de este modo, deberíamos suprimir del texto este considerando concreto porque, en realidad, contradice los hechos y nuestras propuestas. 
No nos haremos ningún bien lamentando que el Consejo no aprobara algo que ni siquiera propusimos. 
Con esa pequeña reserva, puedo respaldar el texto y mi Grupo votará a favor del resto del mismo. 
Señora Presidenta, como ya han dicho otros oradores, llegar hasta aquí ha resultado ser un proceso extraordinariamente controvertido, especialmente para los británicos que sólo ahora han aceptado un sistema electoral justo, sin el cual, hay que decirlo, sería improbable que yo estuviera aquí esta tarde. 
Los británicos aceptan también su responsabilidad de garantizar que los ciudadanos de Gibraltar estén representados en este lugar. 
Confío que la participación de Gibraltar en el sistema político europeo suavice algunas de las tensiones nacionalistas que hemos visto en esa parte de la Unión. 
Varios estados han admitido, acertadamente, el final del mandato doble. 
Esta práctica es contraria al principio constitucional de separación de poderes y reduce la eficacia del Parlamento. 
Por tanto, felicito al ponente y a las presidencias belga y española por lograr el acuerdo. 
Quedo a la espera de una nueva revisión del procedimiento electoral uniforme, momento en el que, confío, la Convención habrá dejado sentado el argumento a favor de escaños regionales en los Estados mayores así como de algún elemento de una lista transnacional. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, en mi Grupo existen diferentes opiniones sobre el sistema electoral que se debería aplicar para las elecciones al Parlamento Europeo. 
Por consiguiente, la posición del Grupo en el momento de la votación del Informe será, sin duda, variada. 
Yo personalmente pienso que el compromiso alcanzado en el Consejo es en conjunto aceptable, ya que representa un progreso hacia un sistema electoral europeo más homogéneo. 
La decisión sobre la incompatibilidad de la calidad de miembro del Parlamento Europeo y simultáneamente también de un Parlamento nacional se tenía que haber adoptado antes. 
Resulta particularmente satisfactorio que los ciudadanos y ciudadanas de Gibraltar por fin puedan participar en las elecciones europeas. 
Ojalá los ciudadanos y ciudadanas de los países candidatos a la adhesión también participen en las elecciones del año 2004 y no surja ningún retraso en las negociaciones para la adhesión. 
Sin embargo, me inquieta la actitud más reciente de mi Gobierno y le insto a que no ponga en entredicho el calendario de la ampliación. 
Yo quisiera comentar cuatro puntos en los que mi Grupo considera urgentemente necesario que se modifique el derecho electoral. 
En primer lugar, rechazamos los umbrales mínimos. 
Éstos son antidemocráticos, puesto que discriminan a los partidos pequeños y restringen el pluralismo político. 
En segundo lugar, ya sería hora de que el derecho de sufragio en las elecciones europeas no se limitase a los ciudadanos y ciudadanas de la Unión. 
Resulta incomprensible que se niegue el derecho al sufragio activo y pasivo a las personas de terceros Estados que ya llevan varios años viviendo y trabajando en nuestros Estados miembros. 
¿Por qué no damos por fin un importante paso adelante a favor de la integración en este aspecto, justamente a la vista del amenazador aumento de la xenofobia en nuestros Estados miembros? 
En tercer lugar, es necesario rebajar la edad de votar. 
El Consejo del Foro Europeo de la Juventud se dirigió a la Convención a finales de abril para solicitar una reducción a los 16 años de la edad de acceso al derecho al sufragio activo y pasivo. 
Yo apoyo esta petición de los jóvenes y espero que la Convención de los Jóvenes del mes de julio también se pronuncie masiva y enérgicamente a favor de la misma. 
En cuarto lugar, en los considerandos se menciona acertadamente como un problema la representación equilibrada de ambos sexos. 
A mí me parece inaceptable que sólo alrededor del 30% de los miembros de esta Asamblea sean mujeres. 
Es necesario que los partidos políticos introduzcan por fin modificaciones a favor de la equiparación entre ambos sexos en sus propias normas para la elaboración de las listas de candidatos. 
Señora Presidenta, Señorías, es muy cierto que el procedimiento de las elecciones al Parlamento Europeo por sufragio directo se ha convertido en un asunto prácticamente interminable desde los años setenta. 
Las soluciones razonables acaban quedando atrapadas siempre en la maraña institucional. 
El Parlamento Europeo está autorizado, en efecto, a presentar propuestas, en virtud de los Tratados europeos, pero la decisión la debe adoptar el Consejo por unanimidad. 
Nosotros ya cumplimos hace años nuestras obligaciones con la elaboración del informe Anastassopulos, pero el Consejo de Ministros se ha tomado mucho, mucho tiempo. 
Ahora que se ha conseguido presentar una propuesta, yo me congratulo de que finalmente todavía podamos disponer a tiempo para las elecciones de 2004 de un procedimiento electoral común. 
Sin embargo, no puedo dejar de agradecerle sinceramente al colega Gil-Robles que haya mencionado también los puntos que el Parlamento solicitó ya hace tiempo, pero que lamentablemente no se han incluido. 
Es decir que ya sólo podemos aceptar o rechazar las propuestas del Consejo, según la máxima de ' o lo tomas o lo dejas?. 
Aunque es preciso reconocer que se han incorporado una serie de puntos, la propuesta sigue siendo insatisfactoria. 
En el informe, el Parlamento Europeo también pide que la Convención se ocupe de examinar el Tratado CE en lo que respecta al derecho de sufragio europeo. 
No puede ser que el Parlamento europeo, que según el Tratado posee el derecho de iniciativa legislativa, no pueda codecidir en el momento final. 
Sin duda, debería tener pleno derecho de codecisión en un asunto tan fundamental para un parlamento. 
No puedo resistir a la tentación de constatar que el redactado propuesto en relación con la introducción de los distritos electorales territoriales aporta, junto con la correspondiente declaración, una solución al espinoso problema entre Gran Bretaña y Gibraltar. 
En realidad, es triste que se haya requerido una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que un país como Gran Bretaña, con los siglos de experiencia de su antiguo imperio y sus siglos de antigua tradición democrática, tuviera presente que tiene una responsabilidad que trasciende el territorio nacional estricto de Gran Bretaña. 
Con esta solución, los ciudadanos de Gibraltar podrán participar por fin en las elecciones al Parlamento Europeo. 
Esto constituye indudablemente un éxito para la democracia en Europa. 
Señora Presidente, este informe es un elemento técnico dentro de los largos esfuerzos de los eurócratas por construir un espacio político parlamentario en la Unión Europea. 
El punto de partida fueron las disposiciones del Tratado de Maastricht, en las que se inducía al mundo exterior y a los electores a creer, aunque sin suerte en Dinamarca, que la formación de partidos políticos europeos era un importante factor de integración. 
Se quiere crear una identidad política europea a través de estas maniobras encaminadas a construir un espacio político parlamentario. 
Sería el equivalente a que un constructor comenzara su obra por el piso más alto y fuera construyendo hacia abajo antes que comenzar por los cimientos. 
Estos esfuerzos están abocados al fracaso. 
A éstos sigue una larga serie de iniciativas con respecto a los partidos políticos europeos, sin embargo, no se hace política en base a decisiones tomadas de antemano acerca de un espacio europeo, en el cual el último piso probablemente se encuentre ya dentro de los dominios celestiales de Nuestro Señor. 
El precedente histórico más cercano a esta forma de arquitectura política trastocada es la Torre de Babel y el resultado, como es sabido, no fue bueno y la construcción nunca fue rematada. 
Señora Presidenta, el Sr. Gil-Robles y el Sr. Méndez de Vigo, sentado uno al lado de otro, son una expresión física de una profunda contradicción, porque el espíritu de esta recomendación contradice totalmente la filosofía de la Convención Europea. 
La Convención está trabajando en la idea de una Europa políticamente unida sin fronteras internas. 
La recomendación del Sr. Gil-Robles, por el contrario, sigue el camino del pasado, el de un Parlamento Europeo formado por representantes de los Estados miembros en lugar de por representantes de la Comunidad Europea en su conjunto. 
Esto es lamentable porque diferentes pueblos de Europa, como el mío, que han sido divididos por la acción de los Estados miembros actuales, seguirán separados en el futuro. 
¿Hasta cuándo persistirán en esto los franceses, los españoles y otros separatistas? Pregunto. 
Señora Presidenta, cuando recibo la visita de algún grupo en Estrasburgo, puedo comprobar que la mayoría de esos ciudadanos y ciudadanas piensan que los diputados europeos hemos sido elegidos todos por el mismo procedimiento y recibimos la misma remuneración por el mismo trabajo que realizamos aquí. 
Por esto, la mayoría se quedan especialmente asombrados al enterarse de que ambos aspectos no están unificados a escala europea, sino que son de carácter nacional. 
El procedimiento de las elecciones al Parlamento Europeo es nacional, con 15 procedimientos distintos, 25 después de la ampliación, y aunque aquí realizamos el mismo trabajo, recibimos un trato muy diferente. 
Ya va siendo hora, por lo tanto, de que los diputados contemos con un estatuto europeo y que el procedimiento de las elecciones al Parlamento Europeo también sea, naturalmente, lo suficientemente uniforme para que éste posea representatividad a escala europea. 
Yo quiero manifestar asimismo mi agradecimiento al colega Gil-Robles Gil-Delgado, que ha realizado aportaciones fundamentales para que podamos dar el siguiente paso hacia un procedimiento electoral común. 
También quiero mencionar, no obstante, las lagunas que aún subsisten y que el Consejo ha dejado intactas. 
Una de ellas es la ausencia de listas europeas en las elecciones europeas. 
Todos sabemos por las últimas elecciones que éstas fueron de carácter casi exclusivamente nacional, contiendas políticas internas con sólo una escasa relación con lo que aquí hacemos y debemos hacer. 
Los partidos europeos sólo se emplearán a fondo cuando dispongamos de listas europeas. 
Entonces procurarán movilizar a los ciudadanos por encima de las fronteras nacionales. 
De momento esto no se ha conseguido. 
Nosotros instamos encarecidamente al Consejo a que introduzca dichas listas europeas en la próxima revisión del procedimiento electoral. 
Yo también coincido con el colega Berg en que es imposible que las elecciones se desarrollen desde el jueves hasta el domingo y que los votos de los ciudadanos y ciudadanas que celebraron las elecciones el jueves, se mantengan archivados hasta el domingo por la noche y sólo entonces se anuncie el resultado. 
Lo que ahora se propone es un primer paso, que también es favorable. 
¡Pero es imprescindible que vaya seguido del segundo paso! 
Señora Presidenta, señora Vicepresidenta de la Comisión, señoras y señores, hace más de un año, en Laeken, la Convención sobre el futuro de Europa recibió de los padres de Europa- madres parece que no había- un gran impulso para hacer realidad una Europa más visible: la elaboración de un nuevo texto para un tratado constitucional. 
Una parte minúscula de los trabajos de la Convención consistirá en la preparación de soluciones para las cuestiones que hoy y aquí se abordan en el informe Gil-Robles Gil-Delgado: un Derecho electoral europeo único para las elecciones al Parlamento Europeo que merezca tal denominación, así como las respuestas a la cuestión de la cercanía al ciudadano o la falta de cercanía al ciudadano del sistema electoral- léase ' regionalización? -y la cuestión de establecer la posibilidad de aprovechar las elecciones al Parlamento Europeo para adoptar una decisión sobre el rostro que deba encarnar Europa, es decir, la elección directa del Presidente de la Comisión. 
Desgraciadamente, una vez más no se dice nada verdaderamente sustancial sobre el tema de las listas europeas. 
En estos pocos temas llevan el Consejo y el Parlamento casi treinta años trabajando, y este trabajo no siempre ha dado grandes frutos. 
Vive la différence sigue siendo la divisa para la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo. 
Además de otros muchos aspectos, es justamente esta confusa pluralidad de procesos electorales que tienen lugar cada cinco años en junio lo que permite que los ciudadanos europeos consideren poco importante- o absurdo- acudir a las urnas electorales europeas. 
Un 50% o menos de participación electoral es la reacción de los ciudadanos ante este penoso panorama. 
¿Qué hacer en esta situación? 
Al mal tiempo, buena cara, y a alegrarse por los pequeños avances, dar las gracias al ponente por su buen trabajo y esperar que se produzca el milagro de que en 15 meses la Convención haga las cosas de una forma distinta y mejor. 
Acepto el compromiso, me uno a los agradecimientos expresados a nuestro ponente Gil-Robles Gil-Delgado e invito a todos a desear toda la suerte del mundo a la Convención y a sus miembros para que hagan posible lo imposible: dar a Europa una estructura inteligible y factible que el ciudadano también pueda entender, con un Derecho electoral mediante el cual los ciudadanos se sientan llamados a decidir conjuntamente sobre el modo en que Europa debe seguir avanzando. 
Señora Presidenta, el informe que tiene ante sí esta Asamblea tiene todo el sentido si se cree que este Parlamento debe ser el poder legislativo de un Estado Europeo. 
Al fin y al cabo, cualquier otro estado cuenta con una asamblea nacional elegida por un método uniforme. 
Pero espero que sus señorías reconozcan que ésta no es la única concepción legítima de la Unión Europea. 
Algunos de nosotros vemos este Parlamento no como una asamblea federal, sino como un foro en el que los representantes de los pueblos de Europa pueden exigir responsabilidades a la burocracia de la UE. 
El papel de un diputado del Parlamento Europeo no es ser un agente del proyecto europeo; es representar los intereses de sus electores. 
A mí me eligieron para hablar en Bruselas en nombre del sudeste de Inglaterra, no para hablar en el sudeste de Inglaterra en nombre de Bruselas. 
Por eso yo creo que debería corresponder a cada Estado miembro decidir cómo y cuándo elegir a sus parlamentarios. 
Yo personalmente estoy a favor de un sistema electoral mayoritario a primera vuelta. 
Pero aunque no lo estuviera, seguiría oponiéndome a cualquier método que fuera impuesto por la UE. 
Tampoco incumbe a esta Asamblea dictar la composición por sexos de las listas electorales. 
Sin duda, corresponde a cada partido decidir cuántos hombres y mujeres desea ofrecer como candidatos y a los votantes valorarlos. 
Sobre todo, yo me opongo a la reiteración de la demanda de este Parlamento de una lista más paneuropea. 
Esto, me parece a mí, eleva el dogma de la integración europea más allá de cualquier consideración práctica de exigencia de responsabilidad y receptividad. 
No puede haber democracia europea en tanto en cuanto no haya demo europeo. 
Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que esta Asamblea cuenta con algo parecido a la afinidad e identidad que los parlamentos nacionales han construido a lo largo de siglos. 
Este Parlamento podría desempeñar un papel útil examinando el presupuesto y controlando a la Comisión. 
Yo sólo desearía que la Asamblea se interesara más por ejercer las funciones que ya tiene que por demandar constantemente nuevos poderes. 
Señora Presidenta, la Recomendación de la que es ponente el presidente Gil-Robles es particularmente oportuna en estos momentos en los que está reunida la Convención Europea. 
¿Por qué? Por una razón políticamente muy relevante, a mi parecer: si queremos lanzar alguna medida o algún mensaje para reforzar la legitimidad democrática del Parlamento Europeo, debemos hacerlo ahora. 
Estamos escuchando cada día, cada semana, todo tipo de mensajes, que tratan de situar el déficit democrático precisamente en el origen de la composición de esta casa. 
Se dice, por ejemplo, que el déficit democrático debe superarse reforzando la capacidad de actuación en los procesos de construcción europea de los Parlamentos nacionales. 
Incluso, se llega a decir, sin sonrojo, que los ciudadanos consideran que los parlamentarios nacionales y no los europeos son los que verdaderamente les representan, olvidando que ambos proceden de la misma fuente de legitimidad: el sufragio universal y la voluntad política expresada por los ciudadanos en las urnas. 
De esta forma, creo que es muy positivo que exista un procedimiento electoral uniforme mejorado para la elección de diputados al Parlamento Europeo. 
Además, subrayo cuestiones que a mí me parecen esenciales, como, por ejemplo, la proporcionalidad que representa directamente la opinión de los ciudadanos y garantiza la pluralidad; el hecho, también, de que se pida la paridad- en estos momentos hay tantos electores mujeres como hombres, más mujeres incluso- y los partidos políticos y las instituciones que se forman a partir de la voluntad ciudadana, y no sólo este Parlamento, también deben ser paritarias. 
Por último, también, por qué no, deberíamos insistir en que quien vaya a ser, en su caso, elegido por el Parlamento Europeo como Presidente de la Comisión, figure también ante los electores como candidato al Parlamento Europeo. 
Así que, felicidades. 
Cuentan con todo mi apoyo. 
. Señora Presidenta, voy a intervenir de manera muy breve. 
Lamento haber llegado tarde a este debate, porque ciertas obligaciones de la Presidencia con respecto a las conferencias ministeriales de ampliación en Luxemburgo me han tenido retenido hasta hace poco. 
No quiero dejar pasar esta oportunidad para expresar la sensación de la Presidencia española por este logro obtenido sobre el procedimiento electoral del Parlamento Europeo. 
Hemos trabajado mucho para lograrlo y, desde luego, nada hubiera sido posible sin la colaboración y el excelente trabajo del ponente, Sr. Gil Robles y de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Creo que estamos ante un acuerdo histórico. 
Pensemos que el Parlamento está decidiendo sobre un texto que data del año 1976. 
Creo que es un paso adelante muy importante. 
La Presidencia se felicita, porque esto es un reforzamiento, un paso más- como decía el Sr. Carnero- en el reforzamiento del papel del Parlamento Europeo como verdadero representante del demos de Europa. 
Creo que nos tenemos todos que felicitar y la Presidencia española se quiere unir a este momento importante del Parlamento y también felicitar al Parlamento y al ponente, así como a la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
. Señora Presidenta, muy brevemente, quiero felicitar muy sinceramente al ponente Sr. Gil-Robles por haber concluido, como ha dicho él, este expediente histórico. 
Si los orígenes de este texto hay que buscarlos en el año 1976, la realidad es que la primera iniciativa de este Parlamento data de 1960, por lo tanto, ha sido un largo y difícil camino pero parece ser que, por fin, concluye de manera fructuosa en este texto. 
Quiero, también, felicitar a la Presidencia española y al Consejo por el esfuerzo de aproximación que han hecho para coincidir, precisamente, en un acuerdo importantísimo desde el punto de vista constitucional que será decisivo para las elecciones del Parlamento Europeo previstas para 2004, que, además, esperamos que sean las primeras en las que participen los que hoy en día son Estados candidatos y que, en ese momento, esperamos que sean Estados de pleno derecho de la Unión. 
La Comisión está de acuerdo con el ponente en que este texto contiene los elementos más importantes del proyecto que el Parlamento adoptó en 1998, con el excelente informe del antiguo Vicepresidente del Parlamento Europeo, Sr. Anastasopoulos, y que, por lo tanto, nos alegramos de que lo que he visto hoy en el debate mañana sea adoptado por el Parlamento y- espero- con la mayoría más importante posible. 
Estoy segura de que las cuestiones políticas más amplias que han sido mencionadas durante el debate serán objeto de discusión y de atención por parte de la Convención y quizá, algunas de ellas encuentren en ella su cauce adecuado. 
Creo que el acuerdo de hoy es un acuerdo efectivamente importantísimo e histórico en la vida de este Parlamento y en el futuro del desarrollo de la construcción europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
El próximo punto del orden del día son las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el resultado de la reunión preparatoria con vistas a la Cumbre de Johannesburgo, que tuvo lugar entre el 27 de mayo y el 7 de junio de 2002 en Bali. 
. Señora Presidenta, la Cumbre de Johannesburgo supone un paso más dentro del proceso iniciado en Río de Janeiro, para conseguir el desarrollo sostenible a nivel mundial. 
En Río, se definió la llamada Agenda 21, que contiene los objetivos fundamentales alcanzados durante este siglo. 
Sin embargo, aunque se han realizado importantes progresos, el medio ambiente global ha seguido sufriendo un importante deterioro. 
En Johannesburgo se reunirán todos los Estados y todos los interesados ' stake holders? , las ONG, el sector privado etc., para diseñar nuevos mecanismos para alcanzar dicho objetivo. 
Se pretende que esta cumbre afronte conjuntamente los retos económicos- desarrollo definido como puro crecimiento económico -, sociales- reducción de la pobreza, alcanzando las metas de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas- y medioambientales propiamente dichos. 
Se entiende que estos tres retos están interrelacionados. 
Se espera que el resultado de la Cumbre de Johannesburgo incluya los elementos siguientes: una declaración política que marque el compromiso renovado de los líderes mundiales para alcanzar los objetivos de la Declaración del Milenio y los déficits en la aplicación de la Agenda 21, un programa de acción con los compromisos fundamentales de actuación, unas iniciativas voluntarias de cooperación que impliquen a todos los agentes, gobiernos, sociedad civil y sector privado, en una serie de iniciativas para inplementar el programa de acción. 
La Unión Europea está trabajando activamente en las seis prioridades para Johannesburgo en las áreas de salud, agua, energía, comercio, bienes públicos globales y pautas sostenibles de producción y consumo. 
Me referiré en primer lugar a los trabajos preparatorios que se han realizado durante la presidencia española. 
En este período se han realizado dos conferencias preparatorias a nivel mundial, celebradas en Nueva York: PREPCON 2 y PREPCON 3 y el día 24 de mayo se inició la última conferencia preparatoria, la PREPCON 4 que ha tenido lugar en Bali y que incluye la reunión ministerial de los días 4 a 7 de junio. 
Mientras tanto, en Bruselas, se han preparado las posiciones comunitarias en un proceso cuyas etapas son: las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente de 4 de marzo que fueron endosadas por el Consejo Europeo de Barcelona, las conclusiones que aprobó el Consejo de Desarrollo de 30 de mayo y, por último, las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 17 de junio, basadas en las anteriores y en los resultados de la PREPCON 4, que serán endosadas en el Consejo Europeo de Sevilla como posición global de la Unión Europea de cara a Johannesburgo. 
A nivel de los 15, los debates se han centrado en las siguientes cuestiones, que deberán resolverse en el Consejo de Asuntos Generales de 17 de junio, inmediatamente anterior a Sevilla: en primer lugar, coherencia de las políticas comunitarias, sin perjuicio de la adaptación de políticas comunitarias a los objetivos internos y externos del desarrollo sostenible. Es necesario evitar que la Cumbre de Johannesburgo se convierta en un instrumento condicionante de las reformas de las políticas comunitarias. 
En segundo lugar, supresión de los subsidios perjudiciales para el medio ambiente. 
Aunque en el capítulo 2, relativo al Comercio, se logró una fórmula de compromiso, reducir, si fuera necesario eliminar los subsidios considerados dañinos para el medio ambiente, no existe todavía un consenso entre todos los Estados miembros acerca de la obligatoriedad o el automatismo en la eliminación de dichos subsidios. 
También se referirá el Consejo a la iniciativa sueca del ombudsman para facilitar las exportaciones de los países en vías de desarrollo al mercado comunitario. 
Se precisa un estudio más profundo, antes de poder aceptarla e incluirla en la Cumbre de Johannesburgo como iniciativa comunitaria. Para ello, la Comisión se ha comprometido a presentar en el futuro un documento que trate la posible puesta en marcha de dicha iniciativa. 
Cuestiones financieras, como las relativas al posible vínculo entre la financiación y las futuras iniciativas que se desarrollen durante la Cumbre de Johannesburgo, serán también tratadas, y estas cuestiones financieras son aquellas indicadas para que los recursos adicionales de ayuda oficial al desarrollo, comprometidos durante la Conferencia de Monterrey, sean afectados o asignados a las iniciativas que se pongan en marcha en Johannesburgo. 
La movilización de recursos alternativos de financiación, pretendiendo vincular recursos alternativos, como la llamada tasa Tobin, con bienes públicos globales y la posible extensión de la iniciativa "Highly indebted poor countries". 
Me referiré en segundo lugar a las perspectivas de cara al Consejo Europeo de Sevilla. 
La Presidencia ha dedicado un gran esfuerzo a la preparación de la Cumbre de Johannesburgo. 
La Unión Europea debe realizar una contribución muy importante a esta Cumbre y mostrar una gran capacidad de liderazgo, porque somos los abanderados a nivel mundial en el desarrollo sostenible. 
Creo que la ratificación por parte de la Unión del protocolo de Kyoto, es una buena prueba, y además porque la preparación internacional de la Cumbre necesita claramente del liderazgo europeo. 
Por el momento hay desunión a nivel internacional y falta de claridad en los objetivos que se quieren alcanzar con la Cumbre. 
La PREPCON 3 fue decepcionante, la nueva propuesta de programa de acción ha de ser más concertada y concreta. 
Estados Unidos quiere minimizar todo lo posible las cuestiones políticas, incluso querría suprimir la declaración política y el programa de acción para concentrarse en la implementación. 
Además, el enfoque de Estados Unidos en cuanto a la implementación es novedoso: quiere crear nuevos "transfunds" en los que pueda confluir dinero público y privado, lo que es rechazado por varios socios europeos. 
La Presidencia considera que la Unión Europea debe desempeñar un papel parecido al que tuvo en Monterrey: buscar el consenso con nuestros principales socios. 
Tenemos que conseguir lo más pronto posible coordinar nuestros esfuerzos con JUSCANZ, que es el grupo formado por EE.UU., Japón y Canadá, y con el Grupo de los 77. 
El maximalismo y la confrontación política no conducen a nada. 
Monterrey fue un éxito, porque la Unión Europea trabajó en todo momento en aras del consenso, y si se consiguieron resultados prácticos a favor de los países en vías de desarrollo, en Johannesburgo tenemos que intentar hacer lo mismo. 
Si no lo lográramos, el espectro de Durban y los problemas que hubo durante aquella Cumbre, pesarán sobre Johannesburgo. 
Van a participar 1.500 organizaciones no gubernamentales, algunas de ellas muy radicales. Algunos parecen más interesados en la confrontación que en obtener resultados prácticos, en favor de los países en vías de desarrollo. 
En la PREPCON 4 de Bali, hemos intentado cerrar el consenso en torno a un programa de acción corto y con un foco de concentración claro. 
Una declaración política debe ser muy corta, muy clara y evitar la confrontación, y tiene que dirigirse a la implementación y a las cuestiones prácticas. 
En este sentido es importante que la Unión Europea se dote de una estrategia de comunicación para enfrentar la Cumbre de Johannesburgo. 
Debemos tener una visión clara de lo que queremos en Johannesburgo y de cómo queremos transmitir esa visión a la opinión pública del mundo, pero sobre todo a la opinión pública de Europa, que, como dije antes, ha tenido el liderazgo en todas estas cuestiones. 
Por último, la Presidencia opina que el pacto global que se pretende crear con base a los resultados de Monterrey, Doha y Johannesburgo, debe basarse en los principios de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el buen gobierno. 
El esfuerzo financiero de los países desarrollados debe encontrar en los países en vías de desarrollo la respuesta de la lucha contra la corrupción y la firme implantación de los valores democráticos. 
. (EN) Señor Presidente, el papel de la Comisión Europea en la conferencia preparatoria ministerial de Naciones Unidas celebrada en Bali, en la que yo fui su representante, se vio facilitado por los exhaustivos informes elaborados por el Sr. Papayannakis y el Sr. Lannoye y debatidos con mi colega, el Sr. Nielson, en la sesión parcial del Parlamento del mes pasado. 
La Comisión se mostró de acuerdo con el Parlamento el pasado mes en que el proceso preparatorio para la cumbre mundial no va tan bien como nos gustaría. 
Esa sigue siendo nuestra impresión después de la reunión de Bali. 
Como ya hemos escuchado, se están preparando tres documentos para Johannesburgo: un plan de acción sobre desarrollo sostenible, cuya redacción ha dirigido el presidente designado por Naciones Unidas, el Dr. Salim; en segundo lugar, una declaración política; y, en tercero, criterios para la puesta en marcha y el seguimiento de colaboraciones destinadas a realizar las acciones y los compromisos políticos acordados en Johannesburgo. 
En Bali no se concluyó ninguno de estos documentos; pero aunque la reunión de Bali de preparación para Johannesburgo no supusiera un gran avance, tampoco fue un fracaso del proceso. 
A lo largo de la reunión de Bali hubo una intensa coordinación de la UE. 
Los ministros acordaron que los principales objetivos que había de lograr la UE eran, en primer lugar, el establecimiento de metas y plazos claros, especialmente en lo relativo al agua, los servicios de higiene y la energía; en segundo lugar, el establecimiento de un nexo claro entre los compromisos políticos y los objetivos en el plan de acción propuesto, y su aplicación a través de iniciativas o colaboraciones; y, en tercer lugar, un acuerdo sobre el paso a modelos de consumo y producción sostenibles. 
En Bali se lograron algunos avances en estos ámbitos, al igual que en cuestiones como la sanidad, África, las pequeñas islas estado y el medio ambiente, y se redujeron algunas de las diferencias entre las delegaciones. 
Sin embargo, la reunión estuvo dominada por la insistencia de los países en desarrollo en las cuestiones comerciales y financieras. 
El Grupo G-77 presionó por la creación de un fondo mundial de solidaridad o contra la pobreza basado en contribuciones voluntarias de fondos públicos y privados. 
A pesar de que manifestó que no deseaba volver a abrir los acuerdos alcanzados tanto en el lanzamiento de la ronda de comercio de Doha como en la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo de Monterrey, el G-77 buscaba una señal de los países desarrollados que pudiera dar lugar a un mayor acceso a los mercados de los países en desarrollo, y también de los menos desarrollados, y formas de obligar a aquéllos que no todavía no hubieran comprometido claramente más recursos siguiendo el Consenso de Monterrey de hacerlo. 
Dado que los países desarrollados siempre han dejado claro que las cuestiones de acceso al mercado tendrían que debatirse en el seno de la Organización Mundial de Comercio en el marco de la agenda de desarrollo de Doha y que no habría nuevos fondos públicos para el desarrollo distintos de lo que ya se había comprometido en Monterrey, las posiciones adoptadas por los representantes del G-77, encabezados por Venezuela, condujeron inevitablemente a un desafortunado callejón sin salida entre los países en desarrollo y los desarrollados. 
Este bloqueo en los medios de aplicación hizo que fuéramos incapaces de lograr el gran avance que buscábamos en Bali. 
A pesar de que se hicieron progresos útiles desbrozando el texto del plan de acción, partes importantes de éste- entre ellas, algunos objetivos clave de la UE- no se han acordado. 
Todas estas cuestiones tendrán que resolverse en reuniones informales o directamente en la Cumbre de Johannesburgo. 
El resultado satisfactorio de Johannesburgo depende ahora de encontrar modos de salvar la distancia entre los países en desarrollo y los desarrollados en torno al comercio y a las cuestiones financieras. 
La posición de la UE atrae mucho a los países en desarrollo, en parte porque pretende, entre otras cosas, promover compromisos comunes de aumentar la asistencia y creación de capacidad relacionadas con el comercio más allá de los niveles de Doha, buscar formas innovadoras de fomentar el comercio de productos sostenibles y de fomentar la emulación de la iniciativa europea "Todo menos armas". 
La Unión Europea, por tanto, puede y debe desempeñar un papel constructivo en el acercamiento de las partes. 
Sin embargo, a no ser que se encuentre una solución satisfactoria, existe el riesgo de que la reunión de Johannesburgo esté dominada por la acritud acerca de las cuestiones comerciales y financieras y de que no se concentre en el desarrollo sostenible. 
Si eso ocurre, podría perderse la oportunidad de avanzar en el desarrollo sostenible. 
Éste es el momento para el liderazgo. 
Los sudafricanos están ahora en el asiento del conductor y necesitarán nuestra ayuda y apoyo para arreglar las cosas en las siguientes semanas. 
La Unión Europea habrá de cumplir con su parte a la hora de superar las diferencias en las semanas próximas. 
Las futuras reuniones, como el Consejo Europeo de Sevilla y la reunión del G-8, así como los contactos bilaterales, ofrecerán a los países desarrollados importantes oportunidades de examinar y debatir el modo de responder a las preocupaciones del G-77 sin volver a abrir los acuerdos de Doha y Monterrey. 
Tendremos que trabajar estrechamente con el G-77 para restablecer un clima de confianza y colaboración y explicar nuestro programa de globalización y desarrollo sostenible. 
Además del contexto político, seguiremos nuestro trabajo técnico dirigido a lograr apoyo a nuestras iniciativas de colaboración, que pueden aportar verdaderas ventajas a los países en desarrollo en cuanto a reducción de la pobreza, mejora de la sanidad y la educación y protección del medio ambiente. 
Juntos debemos hacer que la Unión Europea desempeñe un papel principal a la hora de conseguir que el resultado de Johannesburgo sea ambicioso y esté orientado a la acción. 
El Parlamento Europeo es un paladín del desarrollo sostenible. 
Debemos imprimir una sensación de urgencia a los preparativos de Johannesburgo en el escaso tiempo que tenemos por delante. 
El hecho de que las naciones resultaran incapaces de superar su egoísmo unilateral nos hace afrontar el resultado de la Conferencia de Johanesburgo con gran aprensión. 
Conviene incluso decir que hay en el aire cierta sensación de posible fracaso. 
Ahora bien, ante la degradación del medio ambiente y de las condiciones sociales que hemos venido presenciando, la Cumbre de Johanesburgo es decisiva para el diseño de un planeta más armonioso. 
Un fracaso es algo que, más que inaceptable, sería incluso indignante. 
Es importante tender puentes para salvar esa conferencia, pero- digámoslo claramente- en este camino hacia Johanesburgo existen muchos países que mantiene una actitud de bloqueo; otros, una actitud pasiva; y no me equivocaré mucho, si digo que, objetivamente, sólo la Unión Europea parte para Johanesburgo con la voluntad de conseguir un compromiso mundial, ambicioso, sobre el desarrollo sostenible. 
En esta situación- y porque no podemos perder una oportunidad que no se presentaba desde hacía diez años y que difícilmente se repetirá en los próximos diez- compete a la Unión Europea tomar la iniciativa. 
Así fue con el Protocolo de Kyoto y así habrá de ser con la Cumbre de Johanesburgo. 
Una iniciativa encaminada a la formulación de políticas, calendarios y metas concretas en esferas como la biodiversidad, el greening de la economía, la financiación para los países en desarrollo, la energía, el agua y el comercio. 
Pero esa iniciativa no puede basarse en un desequilibrio institucional, con la Comisión y el Consejo por un lado y el Parlamento Europeo por otro. 
Debemos aprender de los errores, pero también de los éxitos del pasado. 
Ahora bien, el papel de las delegaciones del Parlamento Europeo, como, por ejemplo, en las conferencias decisivas para el Protocolo de Kyoto, en La Haya, en Bonn y en Marraquesh, papel destacado, por lo demás, por la Comisión y el Consejo, nos hace pensar en la necesidad de atribuir un papel más condigno al Parlamento Europeo para esta cumbre de Johanesburgo. 
Así, con respeto para los ciudadanos a los que aquí representamos, me parece fundamental que el Parlamento Europeo tenga derecho no sólo al envío de una delegación de 25 diputados de esta Asamblea, sino también y principalmente a participar con representantes suyos en las reuniones diarias de coordinación de la Unión Europea. 
El Parlamento Europeo no quiere negociar, nosotros conocemos los Tratados. 
No compete al Parlamento Europeo negociar, pero sí que queremos que en Johanesburgo el Parlamento, la Comisión y el Consejo tengan un papel de unidad y que ésta propicie un éxito de la Conferencia, es fundamental que el Parlamento tenga derecho a la participación en esas reuniones diarias de coordinación de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, Comisión y Consejo, la reunión de Bali no nos ha dejado especialmente satisfechos. 
Nuestra depresión aumenta de alguna manera después de cada reunión con vistas a la Cumbre de Johannesburgo. 
Desearíamos que ya se hubiese asumido el liderazgo político del que se ha empezado a hablar. 
Es un poco tarde empezar a hablar de liderazgo político a última hora. 
Sin pretender profetizar el pasado ni pretender indicar a la Comisión y al Consejo lo que tienen que hacer, el año pasado, antes de la Cumbre de Gotemburgo, dijimos en el Parlamento Europeo: 'cuiden que estén presentes las relaciones externas cuando se diseñe la estrategia de sostenibilidad? ,' cuando aprobemos nuestra propia estrategia de sostenibilidad cuiden que Johannesburgo sea parte de ella? , ' no hay que esperar?. 
Me hubiese gustado que hubiésemos mantenido las banderas más altas durante el trayecto desde Gotemburgo hasta Johannesburgo, en lugar de encontrarnos en esta depresión. 
La Comisión ha realizado un trabajo excelente y ha hecho cuanto ha podido. 
Por el contrario, el entusiasmo del Consejo con vistas a Johannesburgo ha brillado por su ausencia. 
Podemos hablar del Parlamento en términos muy positivos, pero de nada sirve jactarse aquí en esta Asamblea si no tenemos, con el Consejo ni con la Comisión, la relación que esta materia requiere. 
Me parece superfluo viajar a Johannesburgo como una especie de figura decorativa. 
Tenemos que ser capaces de influir políticamente. 
Más que nunca necesitamos liderazgo político. 
Se precisan calendarios para alcanzar el objetivo del milenio y claras reglas para la distribución de las responsabilidades. 
No basta con decir que la gente debe tener acceso al agua, sino que hay que decir quién se encargará de hacerlo. 
No basta con decir que la gente debe tener acceso a los alimentos si no decimos quién pondrá el pan sobre la mesa. 
Obviamente no hay que olvidar el comercio y la financiación, que son elementos esenciales. 
Sabemos que éstos son una parte del desarrollo sostenible. 
Por mi parte, con vistas a la Cumbre de Johannesburgo, me gustaría que, especialmente el Consejo, demostrase interés, convencimiento y capacidad de ver todo en un contexto. 
Tenemos que constituirnos en un puente entre los países más pobres y el grupo G77. 
Esto es obvio. 
No lo podremos hacer en Johannesburgo. 
Tendremos que hacerlo en el corto tiempo que nos queda antes de la Cumbre. 
Señora Presidenta, demasiadas personas en el mundo pasan hambre y demasiadas personas viven en la pobreza. 
Demasiadas personas se ven afectadas por enfermedades mortales como la malaria y el sida. 
Esto amenaza el crecimiento y el desarrollo que todos queremos. 
El camino a seguir pasa por más crecimiento y prosperidad en los países en vías de desarrollo- crecimiento y prosperidad que deben compatibilizarse con sostenibilidad. 
Hay dos factores decisivos para el crecimiento y la prosperidad. 
Son la posibilidad de comerciar libremente a través de las fronteras nacionales, es decir, el libre comercio, y un poder público limitado e incorrupto en forma de Estado de Derecho. 
Son las barreras arancelarias y no el libre comercio quienes crean la pobreza. 
El cierre crea tanto pobreza como estancamiento y por ello debemos asegurar un acuerdo que derribe barreras arancelarias, garantice el libre comercio y el libre acceso de los países en vías de desarrollo al mercado, y hemos de empezar por nosotros mismos. 
Sin embargo, también debemos exigir algo de los países en vías de desarrollo. 
Debemos plantear y endurecer las exigencias en materia de democracia, respeto de los derechos humanos y gestión pública adecuada. 
Debemos garantizar acuerdos internacionales en materia de protección del medio ambiente y de lucha contra enfermedades letales. 
Los países en vías de desarrollo se dan perfecta cuenta de que sus posibilidades de prosperidad quedarán hechas añicos si quedan aislados. 
Los países ricos desgraciadamente ponen a menudo obstáculos al crecimiento de los países en vías de desarrollo sobre todo recaudando aranceles, colocando trabas comerciales escudándose en normas medioambientales y apoyando su propia producción agraria. 
Los países ricos cargan de este modo con gran parte de la responsabilidad de los problemas de los países en vías de desarrollo. 
Hace falta un cambio de rumbo radical. 
Nos falta derribar todas las barreras arancelarias y suprimir todas las trabas comerciales. 
Nuestro reto y nuestra tarea es conseguir que todos los países ricos cumplan el objetivo de Naciones Unidas de dedicar el 0,7 % del producto nacional bruto a la ayuda al desarrollo; sin embargo, debemos seguir exigiendo a los países en vías de desarrollo reformas económicas y una mejor gestión pública. 
En Johanesburgo debemos dar un paso decisivo hacia un programa de reforma global para la libertad y la prosperidad. 
Se lo debemos al futuro, y el Parlamento y la Unión deben trabajar por ello. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo había preparado algo que quería decir y voy a decir otras cosas. 
Yo también me he sentido defraudado por lo que he leído y escuchado sobre lo sucedido en Bali. 
Sin embargo, señora Presidenta, también me he sentido defraudado por lo que nos ha dicho la Presidencia en ejercicio del Consejo, a la que quiero preguntar concretamente: 
¿Cuáles son los problemas reales? 
¿Cuáles han sido las oposiciones? 
¿Quiénes son los responsables del estancamiento, por no decir del fracaso de Bali? 
Aquí debatimos sobre temas políticos. 
No hemos venido a consolarnos los unos a los otros. 
La Sra. Comisaria ha dado informaciones más concretas, pero todavía faltan muchas cosas. 
¿Nos va a hablar sobre la alianza entre los Estados Unidos, Canadá y otros países con los países productores de petróleo, y en qué medida dificulta esto el progreso del tema de las fuentes de energía renovables? 
¿Nos va a dar por fin una opinión más política sobre la creciente falta de credibilidad de socios importantes, con los que esperamos encontrar, quizá, acuerdos incluso en Johannesburgo? 
Estoy de acuerdo con mi colega, el Sr. Lannoye, en lo que ha dicho sobre que nuestras políticas deben cambiar. 
Después de la política Bush frente la agricultura americana, ¿quién piensa que pueda darse el menor cambio en Europa frente a la agricultura europea? 
Verdaderamente necesitamos encontrar aliados más dignos de credibilidad. 
Verdaderamente se encuentran entre los más pobres de este mundo. 
Verdaderamente debemos decirles algo para convencerles. 
El ' leadership? no se consigue porque hablemos de ello, sino porque convence. 
Así pues, primero está el camino de Kyoto y Cartagena. 
Podemos seguir por nuestro incluso si los socios que no son dignos de crédito, retiran sus firmas. 
También hay un esfuerzo mayor, que se puede realizar, en el tema de las relaciones comerciales y en el de la financiación sin anular cuanto se acordó en Doha y en Monterrey. 
Verdaderamente se puede realizar un esfuerzo mayor, especialmente en cuanto a la ayuda pública. 
Está el tema de la gestión, lo que algunos llaman ' gouvernance?. 
Estamos pidiendo una buena gestión en los países del tercer mundo y somos incapaces de gestionar este mundo por sí mismo, con instituciones, con normas, con medios, con financiación, posiblemente con fiscalizaciones, las cuales rechazamos muy fácilmente. 
(El Presidente interrumpe al ponente) 
Señor Presidente, la conferencia mundial sobre desarrollo sostenible en Johanesburgo podría brindar una oportunidad única de crear un desarrollo sostenible para futuras generaciones tanto desde el punto de vista económico y social como del medioambiental, sin embargo, tal cosa requiere que el mundo rico sacrifique algo para alcanzar este desarrollo. 
Es lamentable y casi embarazoso que las negociaciones en Bali sobre un acuerdo global en materia de sostenibilidad fracasaran realmente. 
Esto muestra una falta de voluntad en el mundo rico para comprometerse cuando se trata de las cuestiones claves en materia de globalización, comercio y desarrollo. 
Los países ricos no han cumplido siquiera las promesas que hicieran en Río. 
Los países en vías de desarrollo mantienen por tanto justificadas esperanzas sobre el tratamiento de estas cuestiones. 
Los países en vías de desarrollo quieren y deben tener la seguridad de que los países industrializados comenzarán a eliminar las ayudas de Estado a la agricultura, y la seguridad de que la ayuda suplementaria al medio ambiente y al desarrollo sostenible que se les prometiera en Río hace diez años llegará realmente. 
Sin embargo, los países ricos han mostrado hasta la fecha una actitud muy negativa. 
Los EE.UU. no quieren hacer las necesarias concesiones y la UE titubea. 
La UE ha echado mano de parte de su prestigio para convertir la cumbre mundial en un éxito, sin embargo, ha estado sencillamente muy mal preparada, como se desprendió del discurso del señor Presidente del Consejo. 
La UE debe ahora a última hora volver a casa y prepararse. 
Es de esperar que ya dentro de dos semanas en Sevilla se esté de acuerdo en adoptar iniciativas concretas. 
Para Dinamarca la cumbre mundial será el primer gran acontecimiento internacional y globo sonda de la presidencia danesa de la UE. 
El acceso a nuestros mercados es la llave para que los países en vías de desarrollo puedan valerse por sí mismos y no es nada útil que la UE plantee exigencias demasiado estrictas a los países en vías de desarrollo como condición para el libre comercio y éstas de ningún modo han de ser utilizadas como excusa para el mantenimiento de trabas comerciales por parte de los EE.UU. y de la UE. 
Ha de trabajarse específicamente para concentrar a la UE en la tarea de garantizar el acceso a los mercados de los países ricos de los países más pobres del mundo. 
Los países en vías de desarrollo deben recibir la promesa de comercio libre y justo. 
Esto supone necesariamente que la UE ha de liquidar las ayudas a la producción y exportación. 
Dinamarca debe, como país que ostenta la presidencia de la UE, insistir en que todos los países cumplan el objetivo de Naciones Unidas de destinar el 0,7 % del producto nacional bruto a la ayuda a los países en vías de desarrollo. 
Señor Presidente, una cosa hay que reconocer: antes de cada Cumbre tenemos que confesar que la situación del desarrollo sostenible ha empeorado con respecto a la Cumbre anterior. 
Corremos el riesgo de que la población, que es nuestro socio fundamental en todos los asuntos y decisiones de carácter ecológico, comience poco a poco a resignarse. 
La credibilidad de la Unión Europea en Johannesburgo depende del trabajo que realicemos aquí, de nuestras exigencias en materia ecológica y, en buena medida, del sentido del voto que emitimos aquí a lo largo de todo el año. 
Si los Estados industrializados, sobre todo los 15 Estados miembros de la UE, que sin duda alguna deben ser considerados como económicamente ricos, no experimentan grandes avances en este sentido, no podremos exigir sacrificio alguno a los países en desarrollo. 
Creo lo decisivo no es lo que pase en la denominada Cumbre del Medio Ambiente, sino lo que seamos capaces de lograr con nuestro trabajo entre una Cumbre y otra y cómo transmitimos esos logros a los ciudadanos. 
Señor Presidente, los resultados de Bali son muy escasos. 
Me parece evidente que la organización de todo el proceso de preparación ha sido mala, que la dirección ha tenido carencias y que la voluntad política de muchas de las partes ha sido insuficiente. 
A mi juicio, lo más sorprendente es el escaso interés de EE.UU. para alcanzar soluciones comunes. 
Esto contrasta violentamente con la enorme presión a que nos somete ese país para que busquemos soluciones comunes en la lucha contra el terrorismo. 
Me pregunto por qué en Washington no ven que estas dos materias están relacionadas. 
Después de Bali cabe preguntarse qué vamos a hacer. 
Me parece que hay cuatro puntos muy importantes. 
Entiendo que los países pobres busquen más respaldo, más ayudas y mejores normas comerciales, pero creo que también es muy importante que entendamos que la sola aportación de más dinero no nos conducirá al desarrollo sostenible. 
Tenemos que revisar nuestra legislación y creo que en esta materia la UE puede desempeñar un papel muy relevante. 
Hay que eliminar los subsidios que dañan el medio ambiente, hay que ver que los precios del mercado reflejen correctamente los verdaderos costes y hay que instaurar normas y estándares que obliguen a un manejo más eficaz de la energía y de los materiales. 
También hay que revisar las políticas que afectan especialmente a los países pobres. 
Hablamos de la política agrícola, de la política comercial y de la política de pesca. 
Finalmente, como señaló acertadamente la señora Wallström, hay que concentrarse en una serie de materias. 
Si tuviese que elegir una de ellas, elegiría la energía. 
Sabemos que actualmente miles de millones de personas carecen de energía moderna. 
En esas condiciones no puede haber desarrollo. 
Sin embargo, si tienen acceso a energía producida en condiciones tradicionales, se producen enormes daños medioambientales y climáticos. 
La UE debe asumir una actitud muy radical y decidida para desarrollar formas de ayuda que permitan resolver estos problemas. 
Señor Presidente, señoras y señores, no quiero unirme aquí a los lamentos por el fracaso de Bali ni tampoco tocar los puntos que ya han sido tratados. 
Quiero dirigir su atención sobre las cuestiones básicas que hemos abordado en particular en el Acuerdo de Cotonou, y, a este respecto, cabe citar en primer lugar la lucha contra la pobreza. 
Ello significa velar por la prestación de servicios básicos, de atención sanitaria, poner a disposición de todos un agua limpia, dar a todos los niños una formación básica y, en la medida de lo posible, ofrecer a los adultos la posibilidad de participar en programas de formación. 
Esto no es un fin en sí mismo, sino un presupuesto básico para entender los problemas de cada una de las sociedades y de los diversos ámbitos vitales. 
Será difícil ganar para objetivos tan elevados a los que tienen que luchar cada día por sobrevivir. 
Tenemos la responsabilidad de liberarlos de la necesidad de pelear cada día por su alimento diario. 
En este contexto, debe señalarse que la mujer desempeña un papel decisivo en toda evolución, y que debemos contribuir- y esto debe exigirse enérgicamente en Johannesburgo- a que las mujeres puedan estar en condiciones de participar activamente en el proceso de desarrollo y a que contribuyan activamente a la mejora de las condiciones de vida. 
Las mujeres son quienes impulsan en todos los lugares del mundo los procesos de desarrollo que propician los cambios en la sociedad civil. 
Quiero tratar otro asunto: la necesidad de facilitar el acceso a las comunicaciones globales para fomentar su utilidad social. 
Por último, no quiero ocultar que, por cuanto respecta a la Presidencia española, estoy preocupado, pues es evidente su deseo de eliminar el Consejo de ' desarrollo?. 
Señor Presidente, en la última sesión afirmé que Monterrey se presentaba como un mal presagio para la Cumbre de Johanesburgo. 
Ahora, la reunión preparatoria de Bali no sólo ha confirmado, sino que, además, parece haber consolidado aquella triste observación. 
La de Johanesburgo se arriesga, así, a ser un profundo fracaso con reflejos extraordinariamente negativos para el medio ambiente o para los países pobres y, en general, para el planeta. 
Bastará tener presente que casi cien puntos del programa siguen aún sin acuerdo, en particular por la posición intransigente y cerrada de los Estados Unidos. 
Partiendo de esta situación, que conviene contrarrestar, la cuestión que hoy se nos plantea es la de saber cuál es la posición de la Unión Europea y del conjunto de los Estados miembros y cuál la que adoptarán en la fase preparatoria durante la propia Cumbre. 
Y, fundamentalmente, si se alinearán o no con la inaceptable posición de los Estados Unidos, provocatoriamente intransigente, si tenemos en cuenta las recientes medidas en materia de proteccionismo agropecuario, o, si, por el contrario, se dispondrán a dar continuidad a la Cumbre de Río, ya sea en materia de ayuda concreta al desarrollo y a la lucha contra la pobreza o en cuanto a la defensa efectiva del medio ambiente. 
Las profundas contradicciones que se dejaron sentir en Bali, y que conviene superar, exigen determinación y propuestas claras y acertadas que no pueden identificar comercio con desarrollo, como parece desprenderse de la intención de terminar con el Consejo de Desarrollo aquí entre nosotros. 
Por lo demás, he de decir que no se puede afrontar la conferencia de Johanesburgo como una mera ampliación de la de Doha y que con esas medidas no se puede, naturalmente, entender el medio ambiente como un mero negocio, como pretenden los Estados Unidos. 
Es necesario tener presente que un fracaso en Johanesburgo pone en entredicho las justas esperanzas infundidas en Río. 
Y por eso la Unión tiene la obligación de comprometerse a fondo con una posición y una estrategia constructivas, que ya deberían estar preparadas, si tenemos en cuenta las pocas semanas que faltan para la Cumbre. 
Señor Presidente, está claro que después de Bali es alto el riesgo de que la Cumbre de Johannesburgo se resuelva en un gran acontecimiento mediático en que se reiterarán las grandes opciones de principio, pero en que no se renovará ni se impulsará realmente el proceso de Río. 
Con vistas a esta cita, se ha dicho que a la Unión le corresponde una tarea delicada y difícil. 
Se le pide una vez más que ejerza ese liderazgo que ha sabido mostrar en el relanzamiento del Protocolo de Kyoto. 
Por otra parte, es precisamente la lucha contra el cambio climático que es la primera de las cuatro prioridades en las que, a mi modo de ver, hay que concentrarse en Johannesburgo con miras a firmar un pacto político de carácter vinculante que amplíe el número de los países implicados más allá de los que ya han ratificado el Protocolo. 
La segunda prioridad es el derecho al agua. 
También en este terreno hay que aspirar a un acuerdo de carácter vinculante que regule las relaciones bilaterales y multilaterales y que establezca los plazos y las formas para permitir a los 1.000 millones de seres vivos que carecen de él el acceso mínimo a este recurso. 
La tercera cuestión prioritaria es la biodiversidad y, en particular, el objetivo mínimo de estabilizar la situación existente a través de un pacto que garantice la participación en el patrimonio genético mundial. 
La cuarta y última cuestión es, por el contrario, de carácter político-institucional: ¿cómo dotar a las Naciones Unidas de un organismo que tenga poderes de intervención, verificación y control en materia de compromisos medioambientales internacionales? 
Sé que existen otras importantes cuestiones en las que se tendría que avanzar con decisión, pero es en las cuatro que he destacado que se medirá, en concreto, el éxito de Johannesburgo. 
Señor Presidente, una de las razones por las que Bali fue tan decepcionante es que las personas necesitan incentivos para implicarse en el objetivo del desarrollo sostenible. 
Cada fracaso a la hora de alcanzar un acuerdo, como en este caso, transmite señales muy negativas. 
Los planes de acción deberían centrarse en las personas porque el desarrollo sólo puede ser verdaderamente sostenible en el sentido más amplio posible si atiende a las necesidades de las personas pero tiene respeto a diferentes idiomas y culturas así como a valores culturales. 
Tiene que haber una colaboración con los países en desarrollo y estructuras que respeten la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza: nuevas estructuras para la gobernanza global como la Agencia Mundial del Medio Ambiente. 
Como ya hemos oído decir a otros oradores, existe un pesimismo general acerca de las perspectivas de éxito en Johannesburgo, por eso, me gustaría preguntar a la Comisión cuál va a ser la estrategia de la UE en busca del desarrollo sostenible si Johannesburgo no funciona. 
Señor Presidente, con ocasión de la Cumbre mundial de Johannesburgo que deberá evaluar los avances registrados en la aplicación de la Agenda 21, hacemos votos por que la Unión Europea desempeñe, a través del Consejo, la Comisión y el Parlamento, un papel protagonista, puesto que es innegable que el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza son dos objetivos prioritarios. 
En efecto, como primer donante de ayuda, la Comunidad Europea deberá aprovechar esta ocasión para desempeñar ese papel de guía que le corresponde en el escenario internacional- dada la ausencia de los Estados Unidos- y contribuir, junto con las demás instituciones internacionales, al éxito de este acontecimiento. 
El reciente compromiso de aumentar la ayuda al desarrollo constituirá, sin duda, una importante señal con vistas a la Cumbre; sin embargo, es esencial fijar un calendario concreto y unos plazos creíbles, así como un plan de acción ambicioso pero realista. 
Será fundamental, por ejemplo, seguir avanzando por la vía de la cancelación de la deuda, en el respeto a los derechos humanos y a los principios de buen gobierno fomentando, por ejemplo, la adopción por parte de los países pobres de un modelo de contabilidad complementaria digitalizado e informatizado que convierta en transparentes sus cuentas y que dé seguridades a los contribuyentes europeos. 
La Cumbre de la FAO que ayer se inauguró en Roma como prueba del recuperado compromiso e interés hacia el Sur del mundo, nos ofrece un cuadro desarmante, un holocausto permanente: cada cuatro segundos muere una persona. 
Creo que en el año 2030, cuando seamos 8.000 millones, quedará demostrado si hemos pasado de las palabras a los hechos. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a la Comisión y al Consejo y creo que podemos confiar en que la Sra. Comisaria adoptará una postura muy firme en estas importantes cuestiones. 
Como ella ha reconocido, la Unión Europea tiene un papel concreto e importante que desempeñar: como gran donante de ayuda, como el mayor donante de ayuda humanitaria del mundo y como el mayor bloque comercial del mundo. 
Tenemos influencia y hemos de hacer valer nuestro peso en Johannesburgo, pero reconozco que va a ser difícil. 
El acceso a los mercados es un asunto clave. 
El Presidente Museveni, después de la reunión de Bali, afirmó que está muy bien hablar del desarrollo sostenible pero que el acceso a los mercados es la cuestión más importante. 
Ghana también desafió a la Unión Europea la semana pasada diciendo que la Unión habla de abrir las fronteras y de eliminar las barreras, pero que es claramente proteccionista e injusta. 
Ghana, por supuesto, está hablando de los altos aranceles que hay que pagar cuando se intenta introducir en la Unión Europea café procesado. 
Tampoco podemos preconizar el libre comercio cuando seguimos dando a nuestros agricultores subvenciones que reducen artificialmente los precios de materias primas como el algodón. 
Necesitamos coherencia, necesitamos congruencia, necesitamos entender lo que significa realmente la autosuficiencia, ofreciendo una salida a la pobreza, y también necesitamos entender cómo crear verdaderas colaboraciones globales. 
Los Estados Unidos están bloqueando los planes destinados a reducir a la mitad el número de personas que carecen de servicios de higiene- dos quintas partes de la población del planeta- mientras que 2.400 millones de personas no disponen de ningún servicio de higiene, ni siquiera de un cubo que puedan utilizar, en un mundo en el que ésa es una de las principales causas de enfermedad. 
El veinticinco por ciento de los habitantes urbanos de África no tienen servicio de abastecimiento de agua. 
La posición de EE.UU. es siempre muy negativa, igual que lo era cuando yo estaba en la Conferencia de Naciones Unidas a favor de la Infancia. 
La superpotencia mundial no está dispuesta a hacer frente a estos imperativos, y espero que dejemos claro que no cumpliremos los objetivos del milenio a no ser que adoptemos medidas firmes. 
Señor Presidente, me complace escuchar que la presidencia española nos asegura que el Consejo desempeñará un papel de liderazgo en Johannesburgo. 
Pero, si así va a ser, tendrá que organizarse muy deprisa. 
La Sra. Comisaria se queja de que el G-77 insiste en el Pacto Global de Solidaridad. 
Pero lo que ellos querían era esencialmente el dinero que se les prometió hace diez años, que se suponía había de pagar la aplicación de los acuerdos de Río aceptados entonces. 
No es de extrañar que no tengan ninguna fe en el Norte, el cual todavía no ha entregado ese dinero. 
En cuanto al comercio, la Sra. Comisaria dice que si Johannesburgo se centra en cuestiones de comercio, dejará de centrarse en el desarrollo sostenible. 
La cuestión es que no puede separarse comercio y desarrollo sostenible. 
Si queremos que las personas tengan acceso seguro al agua, no podemos presionarlos para que privaticen sus suministros de agua en virtud del acuerdo GATS. 
Si queremos que la gente tenga un acceso seguro a los alimentos, no podemos seguir inundando sus mercados con productos agrícolas. 
Parece que una vez más fueron las ayudas agrícolas de la UE las que dieron al traste con uno de los acuerdos sobre la mesa. 
Es una extraordinaria hipocresía exigir reducción de las subvenciones y políticas económicas neoliberales en el Sur, y a la vez practicar proteccionismo al viejo estilo en el Norte. 
Señor Presidente, hay un millardo de personas que no tienen acceso al agua potable y 3 millones mueren cada año de enfermedades vinculadas con la mala calidad del agua o su falta. 
Ochocientos millones de personas sufren hambre en el mundo y 24.000 personas mueren de hambre cada día. 
Veintiocho millones de personas viven con el VIH en el África subsahariana, de las cuales 2,3 millones murieron de sida el año pasado. 
Estas cifras son elocuentes y desafortunadamente muy conocidas. 
Sin embargo, los Jefes de Estado y de Gobierno están ausentes esta semana de la Cumbre alimentaria mundial en Roma. 
Esos mismos ministros fueron incapaces de adoptar compromisos concretos en Bali. 
El Fondo Mundial para la Salud carece penosamente de recursos financieros. 
Peor aún, la mayor parte de los convenios concluidos desde Río, hace diez años, aún no se aplican. 
En el punto de mira, por supuesto, la actitud del gobierno americano y de las multinacionales. 
Los mayores contaminadores del planeta rechazan la falta y las acciones a emprender con las víctimas, los países del Sur. 
Pero, ¿qué hacen los europeos sino hablar como en Monterrey? 
¿De qué forma piensan contribuir al desarrollo sostenible suprimiendo a sus asesores de desarrollo como se propuso en Sevilla? 
Si fracasa la Cumbre de Johannesburgo, la Unión Europea deberá asumir su responsabilidad. 
Señor Presidente, posiblemente los resultados de la preparación de la Conferencia de Johannesburgo no habrían sido tan pobres- y el pronóstico para la propia Conferencia tan poco optimista- si las partes hubieran tenido mayor conciencia y, sobre todo, capacidad de mirar por encima de sus intereses parciales y a corto plazo, y de darse cuenta de que estamos ante un punto de inflexión de extrema importancia, no sólo para la consecución del llamado desarrollo sostenible- aunque sólo ello bien merece todos los esfuerzos- sino para la consecución de la seguridad y la gobernabilidad a escala mundial. 
En los diez años que separan Río de Johannesburgo, se ha producido un trascendental cambio hacia una sociedad globalizada, en la que las desigualdades sociales y económicas aparecen estrechamente vinculadas a los problemas medioambientales y a la gobernabilidad en todos los países. 
La erradicación de la pobreza se convierte en un objetivo prioritario mundial porque sólo así podremos garantizar la seguridad, la gobernanza y la equidad en un mundo globalizado. 
Después de casi treinta años de políticas encaminadas a conciliar desarrollo económico, medio ambiente y bienestar social, creo que conocemos con bastante exactitud el abanico de herramientas y medidas que han de ser aplicadas para conseguir un crecimiento equitativo en un mundo globalizado: transparencia y apertura de los mercados, gestión del conocimiento y de la innovación, transferencia de tecnologías, eficiencia de nuestros procesos y de nuestros productos, aceptación y práctica de la responsabilidad social y ambiental de todos los sectores; éstas son algunas de las medidas más importantes. 
Necesitamos llegar a Johannesburgo fortaleciendo al máximo la coalición entre Gobierno, sociedad civil y sector productivo, para afrontar de forma conjunta los principales retos de la sostenibilidad y la equidad globales. 
La Unión Europea ha dado señales claras de su deseo de liderar este proceso. 
Espero que, en Johannesburgo, sepamos y logremos- e incluyo aquí a la delegación del Parlamento Europeo- defender posturas valientes, generosas y dignas que nos acrediten como lo que queremos ser: los líderes de un nuevo orden mundial. 
Señor Presidente, me complace el debate de esta tarde, porque si hay un proceso que necesite de un nuevo impulso político e iniciativa es éste. 
Lo que la Sra. Comisaria Wallström llamaba correctamente un callejón sin salida en su intervención de esta tarde no se resolverá hasta que la Unión Europea cambie visiblemente su posición frente a la de los países en desarrollo. 
Una solución de consenso, sí, pero no un consenso que exija mayores objetivos medioambientales a los países en desarrollo sin ofrecerles a la vez beneficios económicos y comerciales. 
El desarrollo sostenible incluye el desarrollo y ¿dónde está el compromiso con éste en la posición de la UE? 
Acojo favorablemente las limitadas promesas hechas por la Sra. Comisara esta tarde en lo que respecta a intentar extender a todo el mundo la iniciativa "Todo menos Armas", y también las de la presidencia española acerca de la tasa Tobin y otras potenciales nuevas fuentes de financiación pública para el desarrollo. 
Pero comparto con algunos colegas la opinión de que de nada sirve aceptar el compromiso de eliminar el trabajo infantil para después confiar exclusivamente en acuerdos voluntarios con las empresas para lograr éste y otros objetivos legítimos de desarrollo. 
Le recuerdo al Consejo y a la Comisión que hace dos semanas este Parlamento votó a favor de que las empresas europeas presentaran informes obligatorios sobre cuestiones sociales y medioambientales en su cadena de suministro global, como primer paso hacia el establecimiento de un marco vinculante de responsabilidad de las empresas. 
Les pido que defiendan también esta postura en Johannesburgo. 
Por último, el acuerdo con EE.UU. es una cosa. 
Permitir que EE.UU. ejerza un veto sobre el acuerdo es otra. 
Hoy nos queda un plan de aplicación con al menos 200 paréntesis que representan cuestiones sin resolver. 
Sin un mayor liderazgo de la UE, no puede haber ni habrá un acuerdo final. 
. Señor Presidente, creo que este debate ha sido extraordinariamente instructivo porque creo que se han dicho muchas cosas, pero todo lo dicho son cosas que, tanto el Consejo como la Comisión, hemos interiorizado totalmente, porque compartimos plenamente la decepción generalizada que todos sentimos ante los resultados de Bali y la preocupación ante las dificultades casi imposibles de remontar que enfrenta la preparación de la Conferencia de Johannesburgo. 
Sin embargo, no quisiera terminar este debate con una nota negativa, mencionando todas las injusticias que se dan en relación con la distribución de la pobreza en el mundo y los grandes problemas del comercio mundial, los problemas del medio ambiente y sin pensar que Europa tiene una capacidad de liderazgo. 
Creo que el hecho de que el Parlamento Europeo tenga esta preocupación inspira a la Comisión y al Consejo, que tenemos la responsabilidad de representar la posición de Europa y su liderazgo en todos estos temas que nos son tan cercanos y, naturalmente, tan queridos, porque afectan de una manera muy importante a la conciencia de la opinión pública europea. 
Quisiera decir que, a pesar de que el resultado de Bali no haya sido muy positivo, sí se han alcanzado hitos y actos muy importantes a lo largo de estos meses de Presidencia española que han reafirmado que la Unión Europea avanza en la buena dirección. 
Recordemos que la Unión Europea ha ratificado el Protocolo de Kyoto a principios de marzo, recordemos también que logramos un compromiso en Monterrey, contra todo pronóstico, comprometiéndonos con la ayuda al desarrollo; recordemos, también que la Unión Europea ha mantenido, a lo largo de estos años, su liderazgo en la ayuda al desarrollo y en la defensa de políticas audaces con respecto al comercio con los países en vías de desarrollo, como es la Directiva "Everything but arms". 
Por lo tanto, tenemos un bagaje, estamos luchando por una cierta idea que, naturalmente, creo que todos compartimos- el Parlamento, el Consejo y la Comisión -, de que tenemos que hacer un esfuerzo para hacer del mundo en que vivimos un mundo mejor, pero éste es un mundo muy complejo, en el que, como bien saben todos los parlamentarios que han intervenido porque tienen, naturalmente, grandes conocimientos de cuál es la dialéctica en juego en este momento de cara a Johannesburgo, hay grandes intereses y grandes egoísmos, no solamente por parte del mundo desarrollado, sino también por otros núcleos de países que tienen posiciones radicales y que muchas veces impiden que se alcance un consenso. 
Nuestra tesis ha consistido, hasta el momento, en considerar que más vale tener un acuerdo global, aunque sea poco ambicioso, que no tener un acuerdo en absoluto. 
Por eso, precisamente, no hemos podido llegar a algo positivo en Bali pero, sin embargo, nuestra voluntad de llegar a un acuerdo sigue incólume. 
Esta semana el Comité de Representantes Permanentes está debatiendo una serie de iniciativas que el Consejo de Asuntos Generales estudiará el próximo lunes, día 17, y que se convertirán en unas orientaciones del Consejo Europeo de Sevilla para continuar la negociación. 
Además, por su parte, el Presidente del Consejo tiene la intención de llevar este tema al más alto nivel a la Cumbre del G8 en Kananaskis, en Alberta, Canadá, que tendrá lugar a finales de junio. 
La Presidencia española mantendrá la presión hasta el final y también la Presidencia danesa está ya preparada para tomar el relevo a partir del día 1 de julio. 
También creo verdaderamente que el Consejo, junto con la Comisión, puede mantener su posición de liderazgo; que el Consejo Europeo de Sevilla va a dar un mensaje claro al mundo sobre nuestra posición y nuestro compromiso con los objetivos de Johannesburgo; asimismo, creo que vamos a trabajar también con nuestros socios, fundamentalmente en el G8, y que todavía quedan casi tres meses hasta el inicio de Johannesburgo y que esperamos llevar el suficiente bagaje como para imponer, con nuestra fuerza y nuestro liderazgo, una solución que sea aceptada por todos en esta ciudad de Sudáfrica a principios del mes de septiembre. 
No queremos que Johannesburgo, ya lo he dicho, sea una nueva decepción como la de Durban y para eso estamos dispuestos a trabajar y lo hacemos con la satisfacción y el alivio de tener el apoyo político de este Parlamento que ha quedado firmemente expresado en la sesión de hoy. 
. 
(SV) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar doy las gracias por este importante debate y por las constructivas intervenciones que, sin lugar a dudas, tendremos presentes cuando evaluemos Bali y en los preparativos con vistas a Johannesburgo. 
Recordemos la difícil situación en que nos encontramos, especialmente el clima político totalmente diferente al que existía cuando tuvo lugar la reunión de Río. 
Vivimos en un mundo muy polarizado donde la lucha contra el terrorismo y los Axis of Evil han hecho que el ánimo del grupo G77 actualmente sea muy diferente. 
Las esperanzas cifradas en la reunión de Bali eran enormes. 
Había una larga lista de anhelos que abarcaban todos los campos políticos imaginables y una agenda política poco clara. 
En estas circunstancias conviene no olvidar lo que se consiguió. 
Muchos de nuestros colaboradores trabajaron intensamente para que pudiésemos ' limpiar? y alcanzar acuerdos en torno al plan de acción. 
Se han hecho avances y se han logrado acuerdos. 
No hay que olvidar el cambio climático, que apareció en un determinado momento y que pudimos retomarlo y conseguir resultados satisfactorios. 
No nos extraña que ahora los países pobres se quejen y nos hagan más exigencias: las experiencias de Río les atemorizan. 
El dinero que se necesitaba para pagar las miles de recomendaciones que se acordaron en Río no llegó nunca. 
Por eso el cumplimiento de esas recomendaciones ha sido tan deficiente. 
Por eso también conviene que ahora nos preparemos para nuestro papel como constructores de puentes. 
Puedo imaginar que nuestro papel en este sentido será muy activo en Johannesburgo. 
Tenemos que concretizar en las materias que se han mencionado en este debate. 
A pesar de todo, esto no es una novedad para la Comisión ni para el Consejo. 
Se trata de materias que hemos discutido y sobre las que nos hemos preparado, pero hay que ver hasta dónde podemos llegar en relación con las subvenciones, el comercio, el acceso a nuestros mercados y las ayudas al desarrollo. 
Hay que definir con mayor precisión los objetivos en relación, por ejemplo, con el agua y la energía. 
Quizás haya que añadir cálculos de costes y mostrar cómo pensamos alcanzar esos objetivos. 
Obviamente la resistencia proviene de grupos que no quieren ir más allá de los objetivos de la Declaración del Milenio y que no quieren fijar calendarios concretos, plazos ni objetivos claramente definidos en el tiempo. 
Tenemos que intentar mantener el rango de los asuntos medioambientales en el debate. 
Hay que salvar la totalidad del concepto de ' desarrollo sostenible?. 
Entiendo que es importante vincular este concepto con aspectos comerciales, de desarrollo y de financiación, pero también conviene mantener el concepto como una totalidad. 
Hay que entenderlo como una unidad en la que caben tanto las materias medioambientales como las económicas y las sociales. 
¿Qué ocurrirá si finalmente la Cumbre de Johannesburgo fracasa? 
Todas estas cosas no terminan en Johannesburgo. 
Los objetivos que nos fijamos en la UE habrá que cumplirlos y tendremos que seguir trabajando después de Johannesburgo. 
Un eventual fracaso allí no debe ser obstáculo para cumplir los planes que nos hemos propuesto. 
Quisiera dar las gracias una vez más por este importante debate. 
Tendremos en cuenta todo esto en nuestros preparativos. 
Espero que podamos contar con el respaldo del Parlamento Europeo y que en los preparativos podamos valernos de la delegación del Parlamento de la manera más activa posible. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día se procede al examen del Informe (A5-0207/2002) de la Sra. Heidi Anneli Hautala, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo al Comité de Conciliación, sobre un texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación para una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (PE-CONS 3624/2002- C5-0185/2002- 2000/0142 (COD)) 
Señor Presidente, ha transcurrido más de un año desde la primera lectura de esta propuesta de modificación de la directiva del 76, que se presentó al Parlamento Europeo en julio de 2000; eso quiere decir que hemos empleado prácticamente dos años para llegar a un acuerdo con el Consejo y la Comisión sobre una modificación de una directiva de la cual el Parlamento viene discutiendo desde el 96, cuando se nos presentó una primera propuesta de modificación. 
Rechazamos esta propuesta sobre la base de mi informe debatido el 8 de marzo de 1999, solicitando a la Comisión que nos presentara un texto más sólido. 
Por una vez, no son ni la Comisión ni tampoco el Consejo los responsables de este retraso lamentable. 
El ponente nos ha hecho perder mucho tiempo: en primer lugar presentando su informe tardíamente y sobrecargando el barco con propuestas jurídicamente poco sólidas, de las cuales algunas relativas a otras directivas. 
En conciliación, hemos podido liberarnos de estas enmiendas contraproducentes adoptadas en primera y segunda lectura, en contra de la posición de mi Grupo. 
Si se nos hubiera escuchado, las mujeres podrían ya disfrutar, desde al menos hace un año, de la nueva directiva, que constituye un serio progreso con respecto al texto en vigor desde 1976, texto que ha tenido ya sin embargo el gran mérito de hacer que progrese notablemente la igualdad de trato entre los trabajadores femeninos y masculinos. 
Observo con satisfacción que, gracias al Tratado de Amsterdam, las acciones positivas se ven salvaguardadas: el derecho de la mujer a encontrar el mismo trabajo en un puesto equivalente, en términos de permiso de maternidad, resulta esencial; el derecho de los hombres a la misma garantía de empleo después de un permiso de paternidad está reconocido si un permiso así existe en el Estado miembro del que es nacional; éste es también el caso después de un permiso de adopción, si existe en un Estado miembro. 
Las definiciones de acoso sexual, así como las de discriminación directa e indirecta son útiles y espero que se muestren bastante sólidas como para no provocar procesos inútiles. 
Quisiera adoptar una distancia con respecto al párrafo 9 del informe de la Sra. Hautala, porque quiere hacer creer que la delegación lamenta que el Consejo no haya querido prohibir la exclusión general de acceso de las personas de un sexo a una actividad profesional o a la formación profesional. 
Esta prohibición general está anclada en la directiva existente, al mantenerse el artículo en cuestión- es el artículo 2, párrafo primero. 
Estoy tanto más satisfecha del resultado de la conciliación en la medida en que, finalmente- como ya he dicho- la posición responsable y razonable de mi Grupo ha prevalecido, gracias también al Consejo y a la Comisión, que han contribuido enormemente a convencer a algunas excitadas en la Comisión de Derechos de la Mujer, que no han comprendido que lo mejor era con frecuencia enemigo de lo bueno. 
Si el Parlamento quiere que se le tome en serio, como colegislador, no debe confundir un texto legislativo con una resolución en la que cada uno puede exponer todo su "wishful thinking", todos sus sueños más locos; ante todo no hay que olvidar que un texto legislativo debe ser jurídicamente sólido y aplicable. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, esta tarde hablamos de una conciliación, del resultado de la negociación de una importante propuesta de directiva que modifica la Directiva de 1976 y estamos satisfechos, a pesar de la Sra. Lulling. 
En efecto, ella lo repite cada vez, pero si el Parlamento, la Sra. Hautala y toda la Comisión de Derechos de la Mujer hubieran seguido el planteamiento de la Sra. Lulling, hoy no estaríamos aquí diciendo que estamos satisfechos, puesto que su hipótesis era absolutamente minoritaria. 
Por el contrario, quisiera dar las gracias a la Sra. Hautala porque, a pesar de las dificultades en la negociación, hemos conseguido alcanzar un excelente resultado. 
¿Por qué la negociación resultó difícil? 
Porque la distancia entre las posiciones del Consejo y del Parlamento era notable. 
El planteamiento de la Sra. Hautala y la buena colaboración que todos los Grupos, repito, todos los Grupos le han prestado, la disponibilidad de la Comisaria Diamantopoulou a encontrar soluciones, así como de la Presidencia española, a quien le doy las gracias, hoy nos hacen decir que el resultado que hemos alcanzado es importante. 
¿Por qué es importante? 
Porque, tres años después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, por fin podemos decir que las cosas están empezando a cambiar. 
El Tratado de Amsterdam ha supuesto un salto cualitativo en lo que al reconocimiento del principio de igualdad de oportunidades se refiere y hoy disponemos de una directiva que por fin define precisa y concretamente lo que es discriminación directa y lo que es discriminación indirecta; que, además de ofrecer una importante definición de acoso y de acoso sexual, reconoce sin la más ligera duda que el acoso sexual se ha de considerar como discriminación directa y, por lo tanto, es sancionable; que reconoce la importancia del permiso de maternidad y de paternidad y de la adopción, y por lo tanto, la necesidad y el derecho de las madres y de los padres que vuelven de estos permisos a un puesto de trabajo igual o equivalente; que reconoce la necesidad y obliga a los Estados miembros a establecer sanciones equitativas y proporcionales; que, además, reconoce órganos independientes y responsabiliza a las empresas de definir planes de igualdad de oportunidades, por lo tanto, la posibilidad de aplicación del artículo 141 de llevar a cabo acciones positivas. 
Señor Presidente, creo que el resultado es significativo sobre todo porque se está debatiendo en la Convención y porque nosotros, a partir de este resultado, podemos pedir que se dé otro paso adelante también en la Convención. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias a la Sra. Hautala por el enorme trabajo que ha realizado con este informe y también a la Comisión por haber contribuido activamente al buen término del trabajo. 
Y no es sólo por cortesía que lo digo, sino reconociendo realmente que hay algunas personas que en este ámbito han podido de hecho marcar una diferencia y han demostrado en la práctica que como mero diputado también es posible marcar un buen orden del día. 
Me parece que con este informe y el trabajo realizado hemos marcado un hito en la historia de la igualdad de derechos en la UE. 
Por primera vez hemos conseguido definir qué es realmente el acoso sexual y esto es muy útil. 
Hay una serie de países que en realidad no han exteriorizado su postura ante esta cuestión anteriormente. 
Además, hemos conseguido prohibir la discriminación de las mujeres embarazadas o con permiso de maternidad y en ciertos casos también de los hombres con permiso de paternidad si existe legislación nacional al respecto. 
Y por último, hemos obtenido la posibilidad de adoptar acciones positivas, allí donde un sexo lo necesite. 
En fin, esto me parece muy bueno. 
Llegamos por tanto a la serie de compromisos que los Estados miembros han asumido a raíz de esta directiva y quiero destacar en especial? los organismos de supervisión de la igualdad de trato? , como aparecen denominados en la traducción danesa. 
En una reunión recientemente con los países solicitantes, éstos se mostraron muy preocupados por esta cuestión precisamente porque les faltan datos y porque les resulta necesario disponer de un medio de presión ante sus propios gobiernos de cara a proporcionar estos datos. 
Sin embargo, creo que también estamos obligados a decir que vamos a vigilar esta cuestión en nuestros propios países, porque es algo de lo que los Estados miembros pueden fácilmente escaparse. 
Desgraciadamente yo misma lo he vivido un poco en mi propio país, sin embargo, no voy a insistir más en ello. 
Con todo, creo que nos compete a todos nosotros llevar a cabo una labor de vigilancia de modo que por una parte seamos una ayuda para los países solicitantes y por otra parte asumamos nuestra propia responsabilidad en nuestros propios países. 
Señor Presidente, Señorías, doy las gracias a Heidi Hautala por el tiempo que ha dedicado a esta directiva, por su trabajo que está a la altura de sus exigencias y de las exigencias de los miembros de su comisión. 
Quería señalar también que nos sentimos satisfechas de participar en una codecisión sobre una cuestión de igualdad de trato, del derecho de las mujeres, lo que no es tan frecuente. 
Quisiera decir que creo que esta directiva avanza en dos direcciones extremadamente importantes. 
La primera es que su campo de acción finalmente se ha ampliado. 
Todas las cuestiones de la familia- el permiso de maternidad, la adopción y también el permiso de adopción, y Dios sabe si estas cuestiones son importantes para nosotros- se han reconocido. 
La presencia del padre, la necesidad de que el padre no se vea perjudicado si toma un permiso que se ha reconocido. 
Es lo que yo llamo extensión en el sentido de la vida familiar. 
Estoy muy satisfecha de que todo esto corresponda ahora a esta directiva. 
De la misma manera, todo lo que se relaciona con el acoso sexual entra también en el campo de aplicación de esta directiva, el acoso, aquí, se considera una discriminación. 
Tenemos la costumbre de tratar la cuestión de la violencia contra las mujeres desde el punto de vista de la moral. 
La tratamos aquí desde el punto de vista de la discriminación, por tanto de la lucha por la igualdad de sexos. 
Estoy especialmente satisfecha de ello y creo que el esfuerzo que hemos realizado para disociar las dos definiciones de acoso es extremadamente valioso. 
Yo misma recurrí a este nuevo punto de vista la semana pasada en Francia, donde tenemos ciertamente una ley desde 1992, pero que no implica verdaderamente una definición. 
Esta nueva definición será por tanto muy útil en todos nuestros Estados miembros. 
Por otra parte está también toda la dimensión de la obligación. 
Para que todo lo que pedimos se realice verdaderamente, son necesarias obligaciones y no solamente deseos. 
Eso me parece fundamental y, ya que me quedan unos segundos, me permitiré comunicarles un descubrimiento que hoy mismo he hecho. 
Si cruzan la pasarela y suben a los pisos, encontrarán en una puerta un motivo que indica el local reservado a las personas de servicio de este Parlamento: este motivo representa a una mujer con un cepillo. 
Creo que aún tenemos mucho trabajo, ya que quisiera que hubiera igualdad de trato en lo que se refiere tanto los servicios domésticos como a las importantes profesiones que intentamos representar aquí. 
Tenemos que interrumpir el debate porque nuestro orden del día indica que a las 17.30 horas tendrá lugar la declaración de la Comisión; el debate continuará a las 21.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al examen de la comunicación de la Comisión acerca del Libro Verde sobre la protección de los consumidores y la contaminación de los alimentos por el nitrófeno. 
. 
(EN) Señor Presidente, el Libro Verde sobre la protección de los consumidores que la Comisión adoptó en octubre del año 2001 expone una serie de opciones y de cuestiones sobre el futuro de la política de protección de consumidores en la UE. 
En particular sugiere que se adopte una directiva marco sobre buenas prácticas comerciales. 
También sugiere que se elabore un instrumento jurídico para la cooperación entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. 
La consulta pública preconizada por el Libro Verde suscitó una amplísima respuesta de las empresas, de los consumidores y de los gobiernos nacionales. 
Esa respuesta ofrece un claro apoyo a la Comisión para el desarrollo de una propuesta de directiva marco. 
En particular, una mayoría muy grande de Estados miembros favoreció esa opción. 
El Consejo ha dado instrucciones a la Comisión para que se ocupe del seguimiento del contenido del Libro Verde con carácter prioritario. 
Ahora bien, entre los que eran partidarios de la idea y los que, a fin de cuentas, no lo eran, existía el sentimiento general de que se necesitaba más información, más aclaración y más consultas acerca del contenido de una directiva marco. 
Por otra parte, también suscita amplia aceptación la estructura básica de una directiva marco que se exponía en el Libro Verde. 
En consecuencia, hemos decidido que la mejor manera de obrar sería iniciar una nueva ronda de consultas acerca del fondo de una directiva marco antes de iniciar la fase de formulación de propuestas. 
La comunicación de seguimiento o complementaria adoptada hoy por la Comisión responde a esa necesidad de llevar a cabo nuevas consultas. 
Resume los resultados de la consulta, extrae de ella conclusiones normativas y fija un plan de acción para la nueva ronda de consultas. 
En aras de la transparencia y para estructurar el debate con los Estados miembros, se añade a la comunicación un proyecto de posible directiva marco sobre buenas prácticas comerciales. 
A ese documento no se le considera como un proyecto de propuesta, sino más bien como el primero de una serie de documentos de trabajo destinados a aclarar el terreno y a proporcionar una estructura y una configuración muy necesarias a lo que hasta ahora ha sido un debate bastante confuso. 
Voy a procurar explicar cuál sería la función de esa directiva marco. 
Establecería las normas que las empresas habrán de seguir cuando traten con consumidores. 
Los consumidores recibirían la información que necesitan para adoptar decisiones con pleno conocimiento de causa. 
Los consumidores quedarían protegidos contra comerciantes indelicados que procuren inducirles en error y atosigarles mediante una publicidad y una comercialización poco honradas. 
La directiva marco contendrá una cláusula general que prohibirá la utilización de prácticas comerciales poco honradas en detrimento de los consumidores. 
La cláusula general estará suplementada con normas específicas que abarquen las diversas categorías de prácticas comerciales indelicadas antes de la venta y después de ella. 
Esas categorías van desde la publicidad engañosa y métodos de comercialización agresivos hasta la falta de ayuda al cliente después de la venta o de tramitación eficaz de las reclamaciones. 
Podría añadirse a la directiva una lista no exhaustiva de ejemplos que ilustrase el ámbito de la cláusula general y la aplicación práctica de las diversas normas de la directiva marco. 
Tengo la intención de que elaboremos normas legislativas que se centren en las cuestiones fundamentales. 
A las empresas se les dejaría en libertad de aplicar los principios de la directiva marco en sus respectivas esferas de competencia mediante códigos de conducta efectivos. 
La Comisión podría elaborar también una orientación no vinculante a fin de reducir el riesgo de que las normas de la directiva marco se interpretaran de formas diferentes en el plano nacional. 
Huelga decir que esa orientación no puede modificar una legislación que se ha aprobado democráticamente. 
La firme función del Parlamento en el proceso legislativo no quedaría perjudicada en modo alguno. 
La comunicación de seguimiento preconiza también el establecimiento de un grupo de expertos. 
La tarea principal de ese grupo consistiría en identificar el terreno común entre los sistemas nacionales y las barreras para el mercado interior de empresas y consumidores. 
También procuraría identificar el grado de armonización necesario para que haya un alto nivel de protección del consumidor y de consecución del mercado interior con la inclusión de una cláusula de reconocimiento mutuo. 
Espero también que el grupo de expertos pueda encontrar soluciones simplificadas para los problemas que plantee la protección de los consumidores, pero no a expensas de la eficacia de la protección. 
En ese ámbito puede considerarse la adopción de códigos de conducta y la utilización de textos de orientación. 
Espero que podamos elaborar una legislación que se centre en las cuestiones fundamentales, una legislación que establezca puntos de referencia para los resultados que desean obtener los consumidores. 
Hay que evitar siempre que sea posible las normas taxativas y de procedimiento para que la legislación no pierda actualidad con el tiempo. 
En paralelo con la labor del grupo de expertos, mis servicios organizarán la consulta de los interesados directos respecto de las mismas cuestiones. 
Organizaremos reuniones en Bruselas para las organizaciones de la UE. 
Espero, pues, que la comunicación de seguimiento brinde una buena base para preparar una propuesta de directiva marco que pueda obtener amplio apoyo y amplia confianza. 
Esa directiva promoverá verdaderamente la competencia en el mercado interior y demostrará también a los ciudadanos de la UE el papel práctico y útil que la UE puede desempeñar en su vida cotidiana. 
Espero que el método propuesto de consulta coloque a la Comisión en condiciones de comprender perfectamente los diversos matices de las normas nacionales de comercio equitativo y contribuya a la formación de un consenso acerca de una directiva marco viable. 
No hay que subestimar la importancia que toda esta tarea representa. 
Ahora bien, lo alentadora que ha sido la respuesta al Libro Verde nos hace confiar en que podemos llevarla a cabo. 
Los resultados de la consulta indican un claro apoyo de las ideas del Libro Verde acerca de la cooperación para la aplicación de las normas. 
Estimo que tenemos ahora un claro mandato político para seguir adelante sobre la base de una propuesta legislativa en esta esfera. 
A este respecto quisiera insistir en que me he comprometido a presentar una propuesta sobre cooperación para la aplicación de la directiva en el próximo futuro, quizá antes de que acabe el año en curso. 
Lamento que el Parlamento no haya expresado todavía una opinión acerca del Libro Verde. 
Añadiré que no me parece que eso plantee un problema. 
La comunicación de seguimiento representa en sí misma una nueva fase del proceso de consulta. 
Brinda un grupo de ideas más detalladas. 
Por lo tanto espero con interés la opinión del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde y sobre la comunicación de seguimiento. 
Puedo asegurarles que el parecer del Parlamento desempeñará un papel importantísimo en las deliberaciones de la Comisión cuando se llegue a la fase legislativa. 
Espero poder discutir más detalladamente esta cuestión con el Parlamento en los próximos meses. 
Señor Presidente, señor Comisario, quiero tratar una cuestión referida a las sustancias prohibidas. 
En el futuro, como ya se ha hecho en el pasado, se prohibirán determinadas sustancias en la Unión Europea. 
¿Cómo quiere garantizar la Comisión que el futuro se controlen estas sustancias en los Estados miembros? 
¿Cómo pretende impedirse que los productos que contengan estas sustancias prohibidas- como actualmente en Alemania el nitrófeno- se comercialicen? 
La prohibición entró en vigor hace bastante tiempo. 
Y durante todo este tiempo no se han efectuado inspecciones a la búsqueda de nitrófeno? 
Cuando se ha encontrado, ha sido por casualidad. 
También creía yo que el Comisario iba a hacer una declaración que incluyera las dos cuestiones, pero en su declaración no se ha referido al nitrófeno. 
Me parece, Comisario, que podría hacer usted esa declaración ahora para que los diputados que tomen la palabra puedan referirse a las dos cuestiones. 
. 
(EN) Señor Presidente, me disculpo si no he entendido bien el procedimiento que íbamos a seguir. 
Creía que se esperaba que hiciera una declaración sobre la cuestión de la protección de los consumidores, que respondiera a las preguntas sobre dicha cuestión, y que a continuación hiciera una declaración sobre el nitrófeno. 
No hace falta decir que voy a hacer con sumo gusto lo que ustedes desean. 
En cuanto a la cuestión del nitrófeno, voy a poner al Parlamento al corriente del caso de la contaminación con nitrófeno en Alemania. 
Se trata de una cuestión muy inquietante. 
El nitrófeno es un herbicida y su uso está prohibido en la Unión Europea desde 1988. 
Se lo considera como un probable carcinógeno, con efectos teratogénicos. 
Es natural que a los consumidores les inquiete que las medidas de control no hayan evitado esa contaminación. 
La Comisión se enteró por vez primera de la contaminación el 24 de mayo. 
Se fijaron inmediatamente tres prioridades: en primer lugar, había que recabar de las autoridades alemanas datos sobre la fuente y la extensión de la contaminación; en segundo lugar, había que rastrear y retirar los productos contaminados; en tercer lugar, había que conseguir que las autoridades de control de los Estados miembros estuvieran plenamente informadas de la situación y de su evolución. 
Me agrada poder comunicarles que se han hecho muy buenos progresos respecto de cada una de esas tres prioridades. 
Ya se sabe cuál es el origen de la contaminación. 
La contaminación se debe a que se han almacenado cereales orgánicos en un pabellón que anteriormente se había utilizado para almacenar plaguicidas. 
Estoy seguro de que al Parlamento le inquietará, como me ha inquietado a mí, que al parecer no se haya adoptado una precaución tan elemental como la de limpiar a fondo el almacén antes de dedicarlo a un uso tan radicalmente diferente del que tenía. 
Además, la contaminación se descubrió en pruebas industriales realizadas en enero pero no se comunicó a las autoridades responsables hasta el mes de mayo. 
Este retraso de la notificación ha dado por resultado que materiales contaminados hayan estado en circulación y se hayan consumido antes de que las autoridades alemanas hubieran estado en condiciones de hacer algo para evitarlo. 
Piensos procedentes de ese almacén fueron entregados a 90 productores de productos biológicos por una empresa que suministra a ese sector. 
Las autoridades alemanas han adoptado las medidas necesarias para interrumpir los suministros procedentes de esos productores mientras no se haya comprobado que no contienen nitrófeno. 
Esta operación de rastreabilidad ha incluido algunas exportaciones limitadas de carne de aves de corral con destino a los Países Bajos, Dinamarca, Bélgica y Austria. 
Las autoridades están averiguando también el paradero de pequeñas cantidades de cereales biológicos suministrados directamente del almacén a una veintena de productores diversos. 
Los productos de estas sociedades han quedado bloqueados actualmente. 
Las autoridades alemanas comunican que la búsqueda quedará finalizada esta semana. 
El ejercicio de rastreabilidad incluye cierta cantidad de trigo biológico exportado a Francia en enero. 
También hay pruebas de que en el mismo almacén se conservaron cereales corrientes no biológicos entre el año 1995 y agosto del año 2001, aunque no necesariamente en la sección contaminada. 
Las autoridades se están ocupando de comprobar esa información. 
Por último, también se exportó a Dinamarca cierta cantidad de altramuces biológicos. 
Las autoridades danesas ya han sido notificadas. 
Han rastreado ese producto y han bloqueado lo que quedaba en el mercado y en las granjas afectadas. 
Las autoridades alemanas están convencidas de que el origen de la contaminación está confinado a ese almacén concreto. 
Han señalado que productos agrícolas convencionales y biológicos han sido sometidos a una extensa serie de pruebas y que no han encontrado nitrófeno. 
La Comisión toma nota de que se le ha asegurado que los riesgos de contaminación que quedan son limitados y se pueden confinar. 
Tomamos nota también de los considerables esfuerzos desplegados para rastrear productos y retirarlos del mercado. 
Se ha mantenido perfectamente informados de todo este proceso a los Estados miembros. 
En otra reunión celebrado hoy, el Comité Permanente de la cadena alimentaria tomó nota de las seguridades dadas por las autoridades alemanas y convino en que por el momento no era necesario adoptar nuevas medidas. 
Evidentemente la situación general queda bajo estrecha vigilancia. 
El Comité Permanente se reunirá de nuevo el viernes para examinar la evolución de la situación. 
En particular querrá averiguar si se ha progresado en la localización de los productos agrícolas contaminados que aún no se han encontrado y que se calculan en un seis por ciento. 
En todos los Estados miembros hay una considerable inquietud sobre el particular, especialmente con el recuerdo, aún fresco en nuestra memoria, de las recientes crisis en materia de seguridad alimentaria, pero solamente Bélgica ha anunciado restricciones nacionales. 
Eso puede ser resultado de la crisis de la dioxina que, como es fácil de comprender, ha dejado profundas cicatrices en Bélgica. 
Sin embargo, espero que las aclaraciones comunicadas esta semana al Comité Permanente basten para poder levantar esas restricciones. 
Hemos de procurar también ocuparnos de todos los aspectos de esta cuestión. 
Los últimos sucesos me han confirmado que nuestro nuevo enfoque de la seguridad alimentaria es un enfoque acertado. 
En particular, la necesidad de poder seguir el rastro de los alimentos de la granja a la mesa y de que haya un intercambio rápido y transparente de informaciones ha quedado confirmada. 
Esa doble necesidad reviste importancia fundamental para poder identificar y retirar rápidamente los productos contaminados. 
Como siempre, hay que extraer lecciones de lo sucedido y la Comisión se está preocupando en particular de lo siguiente: ¿cómo es posible que se haya producido esa contaminación si el nitrófeno ha estado prohibido en la UE desde 1988? 
¿Podemos confiar ciegamente en que los almacenes que se han utilizado para conservar sustancias peligrosas sean seguros para el almacenamiento de alimentos? 
¿Hay que adoptar más medidas para conseguir que las autoridades federales sean notificadas inmediatamente de todo incidente de contaminación, a fin de que puedan notificar a la Comisión y a otros Estados miembros, no solamente en Alemania sino también en otros países federales? 
En particular, ¿qué conclusiones se desprenden del hecho de que los laboratorios y la industria estuvieran al corriente de la contaminación antes de que se informara a las autoridades? 
Además, ¿se notificaron esos sucesos al sistema de alerta rápida como debía haberse hecho? 
Ésas son las cuestiones que tendré que discutir ahora con las autoridades federales de Alemania. 
En breve habrá una misión de la Oficina Alimentaria y Veterinaria para prestar ayuda a ese proceso. 
También se tendrán plenamente en cuenta anteriores informes de la Oficina sobre las medidas de control de residuos y el control del sector de alimentos biológicos en Alemania. 
Puedo asegurar al Parlamento que se le tendrá plenamente informado de la situación. 
Los problemas relacionados con la contaminación de carne de pavo en Alemania recuerdan- también lo ha dicho el Comisario- la contaminación de pollos con dioxinas en Bélgica en 1999. 
En aquel entonces la Comisión criticó con tal virulencia el sistema informativo de Bélgica que muchos países de dentro y fuera de la UE cerraron en un arrebato de pánico sus fronteras a prácticamente todos los productos agrícolas belgas. Las consecuencias económicas fueron nefastas. 
La Comisión prohibió inmediatamente la exportación de productos supuestamente contaminados e introdujo un sistema de vigilancia muy estricto. 
Señor Comisario, si comparo esta situación con la actuación de la Comisión ante lo sucedido en Alemania la diferencia me parece abismal. 
Alemania avisó tarde, avisó con un retraso enorme a pesar de que ya conocían los hechos, lo cual no fue el caso de Bélgica. 
Nosotros también llegamos tarde, pero el retraso fue mínimo. 
Alemania informa a la Comisión, pero a diferencia de lo que ocurrió en Bélgica no es objeto de denuncia. 
No se adoptan medidas, etcétera. 
Por tanto, no debería sorprenderle que en Bélgica se tenga la sensación de que una vez más la Comisión adopta una actitud radicalmente diferente al tratarse de un Estado miembro grande. 
Me gustaría saber, señor Comisario, a qué se debe ese cambio y quisiera que explicara su actuación. 
. 
(EN) En respuesta a la pregunta del Sr. Kindermann, que desearía saber cómo podemos estar seguros de que los Estados miembros desempeñan debidamente su cometido, diré en primer lugar que la función primaria de las autoridades de los Estados miembros es desempeñar su cometido y cumplir la legislación. 
Ésta es una responsabilidad que recae en primer lugar en los propios Estados miembros. 
Además de esa función, el mandato de la Oficina Alimentaria y Veterinaria es velar por que ese cometido se desempeñe. 
Su función consiste en inspeccionar a los inspectores. 
En el desempeño de esa labor, la Oficina produce informes que se publican en Internet. 
En respuesta al Sr. Mulder diré que eso es lo que ha sucedido en este caso. 
La Oficina Alimentaria y Veterinaria llevó a cabo el trabajo que le correspondía. 
Hubo informe sobre residuos en Alemania en julio de 2001 y sobre controles en el sector biológico. 
Esos informes, que descubrieron graves deficiencias, están ya disponibles en Internet y han sido tema de discusiones en el pasado. 
Repito al Sr. Mulder lo que he dicho al Sr. Kindermann: la función de la Oficina Alimentaria y Veterinaria es inspeccionar a los inspectores. 
La Oficina no puede garantizar que cada planta o fábrica está llevando a cabo su labor cuidadosa y adecuadamente. 
Eso es función de los inspectores empleados por los propios Estados miembros. 
La tercera pregunta se refiere a si se ha tratado igualmente el caso de Bélgica y el caso de Alemania. 
Por discriminación se entiende tratar de forma diferente dos situaciones iguales, o tratar de la misma forma dos situaciones diferentes. 
En este caso concreto tenemos dos situaciones diferentes que no se pueden comparar desde el punto de vista de la magnitud. 
Grandes segmentos de la industria porcina y avícola belga estaban afectados en aquel momento. 
En Alemania se estima que el uno por ciento del sector biológico- que de por sí es un nicho comercial que sólo asciende al 12 por ciento de la producción global- está afectado en el caso presente. 
Las autoridades alemanas han progresado mucho en la localización y retirada de productos potencialmente contaminados. 
Desgraciadamente, la escala del problema de la dioxina en Bélgica dificultó mucho más la rastreabilidad. 
Es importante recordar que, como hemos estado trabajando juntos estos últimos 30 meses, hemos podido instituir medidas de seguridad para buscar y localizar los productos de que se trate. 
En el caso del que nos ocupamos la legislación funcionó. 
Esa legislación no estaba en vigor para ayudar a los que tuvieron que enfrentarse con la situación en 1999. 
Hubo un importante retraso en la notificación de los problemas con que se enfrentaba Bélgica, lo cual dio por resultado un riesgo de difusión de dioxina por toda Bélgica y otros Estados miembros, en circunstancias en que el grado de contaminación, particularmente de ganado porcino y de aves de corral, era elevadísimo, y estaba mucho más difundido que en el presente caso. 
La gestión de la contaminación con nitrófeno ha suscitado una satisfacción general en los Estados miembros. 
Se ha examinado hoy en el Comité Permanente y se examinará de nuevo el viernes. 
Únicamente Bélgica estimó que la respuesta de la UE a la crisis de la dioxina era insatisfactoria debido a la prohibición instituida en toda la UE. 
Había terceros países que amenazaban también con adoptar medidas contra todas las exportaciones provenientes de la UE, a falta de pruebas de que el problema estaba confinado a Bélgica. 
También esto demuestra que hay una diferencia importante entre las dos situaciones. 
Mi primera decisión importante cuando entré en funciones fue levantar las restricciones sobre las exportaciones de ganado bovino belga, que eran consecuencia de la crisis de la dioxina. 
Háganse cargo de que no era una decisión fácil de adoptar para un nuevo Comisario de Salud y Protección de los Consumidores, que es responsable de la seguridad alimentaria, el primer día de su mandato. 
A pesar de ello la adopté porque el asesoramiento que me dieron y las pruebas que me mostraron lo justificaban. 
Pude comprobar que había motivos para levantar algunas restricciones. 
Por eso tomo muy en serio toda sugerencia de que la Comisión pueda haber tratado de diferente forma a dos Estados miembros por el mero hecho de que uno es grande y otro es pequeño. 
Soy muy sensible a esas cuestiones, entre otras razones por mi procedencia. 
Se equivocaría por completo quien pensara que las decisiones adoptadas por la Comisión la semana pasada se basaban en motivos diferentes de los hechos científicos y del asesoramiento que he recibido yo y que ha recibido el Comité Permanente, que ha motivado nuestra conclusión de que nuestras decisiones eran acertadas. 
Insisto en que mi decisión se basaba únicamente en un análisis objetivo, sin vínculo alguno con las dimensiones del Estado miembro involucrado. 
Ésa es mi posición. 
Señor Presidente, señor Comisario, respeto la congruencia de su actuación. 
A veces, en los sistemas federales resulta beneficioso que los Estados se van forzados a actuar de forma congruente. 
Tengo tres preguntas: 
Primera: ¿Acaso no deben examinarse regularmente los piensos y no sólo los alimentos fabricados prácticamente a partir de los piensos? 
Segunda: ¿Acaso no debe aplicarse particularmente a las importaciones procedentes de países en los que se aplican aún pesticidas que contienen nitrófeno o que poseen una gran cantidad de existencias del mismo? 
Tercera: Si se controla de nuevo el nitrófeno- como ha dado usted a entender -, ¿cree que en estos países y en el ámbito del convenio se encontrarán rastros de nitrófeno? 
Señor Presidente, señor Comisario, no es mi costumbre elogiar a la Comisión, pero esta vez quiero hacerlo en relación con este Libro Verde, o el seguimiento del Libro Verde al que ustedes se refieren, y por la futura colaboración en el sector del enforcement de la protección al consumidor. 
¿Se excluirá a algún sector de la aplicación de una directiva sobre justicia en el comercio, fair trade directive? 
A pesar de que existe una directiva sobre servicios financieros, queda mucho por hacer. 
¿Cómo se vinculará el Parlamento Europeo con el grupo de expertos? 
¿Qué pasa con la propuesta de reglamento sobre medidas para incentivar las ventas? 
Lamento que el Parlamento aún no haya podido dar respuestas al Libro Verde pero, en gran medida, se debe a deficiencias estructurales en el seno del Parlamento respecto a materias relacionadas con los consumidores. 
Señor Presidente, también mis observaciones tratarán principalmente de la comunicación sobre el Libro Verde. 
Me gustaría especialmente invitar al Sr. Byrne a que confirmase a este Parlamento que las disposiciones de la Comunicación del Presidente Prodi de la semana pasada sobre simplificación y mejora del medio regulatorio se aplicarán plenamente a todos los aspectos de la presente propuesta. 
Muy particularmente me gustaría que el Sr. Byrne me confirmase que va a iniciar una evaluación de todas las consecuencias regulatorias de esta propuesta de gran envergadura, y que no ha descartado la posibilidad de cumplir los claros requisitos que ha enunciado para mejorar la calidad de la protección de los consumidores por otros medios diferentes de una directiva. 
En conclusión quisiera invitarle también a que confirmase esta noche al Parlamento lo que dijo la otra semana ante la Comisión de Asuntos Jurídicos, o sea que el reglamento sobre la promoción de ventas sigue contando con su pleno apoyo y es totalmente compatible con las propuestas sugeridas. 
Quisiera felicitar al Comisario por la victoria que el equipo de su patria ha tenido hoy en el terreno de fútbol. 
Lo que voy a decir es muy parecido a lo que acaba de decir el orador anterior. 
Nos satisfacen las propuestas que se hacen en el Libro Verde, pero, Comisario, seguramente está usted de acuerdo con nosotros en que sus ideas están progresando con demasiada rapidez en este ámbito. 
A la luz de las propuestas sobre buena gestión pública que se formularon la semana pasada, y que ha mencionado el Sr. Harbour, me gustaría hacerle tres preguntas específicas. 
¿Qué mejoras tiene usted la intención de conseguir en sus consultas con todos los principales interesados involucrados: consumidores, pequeñas y medianas empresas, y departamentos gubernamentales que tendrán que aplicar cualquier norma legislativa determinada que surja en este ámbito? 
¿Cómo tiene usted la intención de mejorar la evaluación del impacto en términos de costo? 
¿Puede asegurarnos usted que todas las consultas estarán disponibles en la red Web, para que se puedan consultar directamente? 
Quisiera dar gracias a su personal por haberme proporcionado el material correspondiente a las consultas anteriores, pero he de indicar que dicho material estaba en diversos idiomas. 
No puedo leerlos todos, y si queremos que haya transparencia en estas cuestiones es preciso que dicho material esté disponible públicamente en la red Web, y en idiomas que la gente pueda comprender. 
Señor Presidente, Comisario, en un solo minuto de tiempo nadie debe confundir la actitud con el aburrimiento. 
Seré breve, y mi primera pregunta es: ¿podría volver usted a este Parlamento cuando sepa más acerca de la cronología de la cuestión de la contaminación por nitrófeno en Alemania, en particular si el sistema de alerta rápida funcionó bien? 
Hay más analogías entre este caso y el caso de Bélgica que lo que usted pareció implicar hoy. 
En segundo lugar, ¿aceptará usted por lo que se refiere a las consultas con consumidores que necesita usted tener en cuenta la obligación de no comerciar engañosamente y la acumulación de semejanzas en esta esfera, además de establecer la obligación de comerciar equitativamente, cosa que en su país y en el mío, y en alguno otros, es un concepto prácticamente nuevo? 
El Comisario Byrne ha señalado, con respecto al Libro verde sobre la protección de los consumidores, que el Parlamento Europeo aún no había manifestado su opinión, pero que ello no representaba un problema significativo y que, además, la Comisión disponía de un mandato político suficiente- si he entendido bien- para determinar las grandes orientaciones de lo que será la política de los consumidores. 
Por mi parte, quisiera decir, antes de plantear mi pregunta que será muy sencilla, que en este momento el Parlamento Europeo no ha dado ningún mandato político a la Comisión sobre cualquier tipo de orientación. 
Mi pregunta es por tanto la siguiente: ¿En qué medida la Comisión desea tomar en cuenta la opinión del Parlamento Europeo? 
¿Éste tiene aún una opinión que dar a partir del momento en que de forma manifiesta las grandes orientaciones, las grandes opciones, han sido definidas, ya sea con la herramienta jurídica de la directiva-marco o con los principios jurídicos, las prácticas comerciales legales, el reconocimiento mutuo, o también la desregulación de las disposiciones existentes? 
. (EN) En respuesta a la primera pregunta del Sr. Graefe zu Baringdorf, la situación actual es que ya hay planes de control de residuos instituidos en el plano de la Unión Europea y de los Estados miembros. 
Esos planes incluyen sustancias prohibidas como el nitrófeno. 
Los planes han demostrado su eficacia en los últimos meses. 
La presencia de cloramfenicol, por ejemplo, y también la de nitrófeno se descubrió gracias a ese procedimiento. 
El uso de esas dos sustancias prohibidas quedó al descubierto mediante la utilización de ese procedimiento. 
Por último, diré que las pruebas abarcan tanto a productos agrícolas importados como a productos agrícolas nacionales. 
Los alimentos y los piensos tienen que ser seguros, sea cual fuere su origen. 
Los planes relativos a residuos de terceros países, planes que en virtud de la legislación de la UE son obligatorios, se comprueban cuidadosamente para cerciorarse de que se han instituido los controles necesarios. 
Lo mismo sucede en el caso de los países candidatos al ingreso. 
Ejercemos el mismo grado de cuidado para velar por el cumplimiento de las normas. 
La segunda cuestión se refiere al Libro Verde y a saber si hay sectores que vayan a quedar excluidos. 
El sector financiero quedará excluido y todo el sector de la legislación sobre seguridad alimentaria tampoco quedará abarcado porque posee su propio régimen jurídico separado. 
El Parlamento participará; no sólo se tendrá en cuenta la opinión del Parlamento sobre el documento original, sino también esperamos su opinión sobre este documento de seguimiento. 
O sea que el Parlamento tiene una oportunidad de comunicar su opinión sobre ambos documentos. 
El motivo de que hayamos seguido adelante no era, pueden creerme, una manifestación de falta de respeto para con el Parlamento; se debió a que el Consejo y otros interesados nos estaban sometiendo a una considerable presión. 
Además nos parecía que el primer documento no era tan detallado como la gente querría. 
Mi opinión es que convenía dar más detalle al documento de seguimiento para ayudar al Parlamento a extraer sus conclusiones y quizá a proporcionar una opinión aún más valiosa para mí que tendríamos en cuenta cuando comencemos a redactar la directiva marco final. 
Es evidente que el Parlamento tendrá un importante cometido que desempeñar, como sucede normalmente. 
También se me ha preguntado si tendría en cuenta la comunicación sobre una regulación mejor que formuló el Presidente Prodi la semana pasada. 
Confirmo que la tendré en cuenta y confirmo también lo que dije hace semanas ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior: que yo estaba involucrado en la labor relacionada con la directiva sobre promoción de ventas. 
Mis servicios y yo mismo estamos en favor de ello. 
Ese conjunto de normas legislativas es compatible con la presente comunicación y con nuestros planes generales sobre prácticas comerciales engañosas. 
A la Sra. McCarthy le preocupa que estemos obrando con demasiada rapidez. 
Probablemente tiene razón. 
Ahora bien, tenemos la intención de consultar a fondo a los interesados directos. 
Como ya he dicho, está previsto también que los interesados directos de todos los sectores tengan un papel que desempeñar en la aplicación de la legislación cuando pase a ser operativa. 
El Sr. Staes insiste en la cuestión acerca de Bélgica y el tratamiento desigual. 
No puedo sino repetir lo que ya he dicho antes: ni mis servicios ni yo hemos estado motivados por ninguna consideración acerca de las dimensiones del Estado miembro. 
Diré a la Sra. Oomen-Ruijten que en la Unión Europea no nos hemos enterado de esta cuestión hasta el 24 de mayo, aunque había laboratorios privados en Alemania que estaban al corriente de ella desde enero. 
Nos desagrada sobremanera que haya pasado tanto tiempo sin notificar a las autoridades federales. 
Como ya he dicho, esa cuestión se examinará con dichas autoridades. 
Se trata de una cuestión inquietante y sé que suscita preocupaciones en los países que poseen una estructura federal, en los que a veces las comunicaciones no circulan con la misma velocidad entre las regiones o los Länder y las autoridades federales, pero tengo que destacar que en el plano de la Unión Europea nuestro interlocutor es el gobierno federal y por lo tanto las instituciones de la Unión Europea no se deben dejar convencer cuando Estados miembros que poseen una estructura federal alegan que no pueden hacer nada porque el problema reside en sus Länder o regiones. 
Ésa es una respuesta que nosotros en la Unión Europea no podemos aceptar. 
Por lo que se refiere a los terceros países, no puedo sino repetir lo que ya dije antes en respuesta al Sr. Graefe zu Baringdorf. 
Se les trata de forma equivalente a la del trato que se da a los Estados miembros. 
El Sr. Whitehead me ha preguntado si puedo volver al Parlamento cuando tenga más información. 
Es para mí un placer volver al Parlamento con información reciente sobre cualquier tipo de cuestiones, en particular si se trata de una cuestión tan importante como ésta. 
En su segunda pregunta me habla de la acumulación de jurisprudencia y de comercio equitativo. 
Los que están acostumbrados a un régimen de ' common law? se inquietan a menudo de que estemos tratando de aproximarnos más a un régimen codificado que no acabaría de convencerles enteramente. 
Ya he hablado antes de esta cuestión cuando estuve aquí, y en aquella ocasión dije que a ese respecto soy muy sensible, tanto por lo que respecta a mi procedencia como por lo que se refiere a mi carrera profesional. 
Nuestra doctrina a este respecto y respecto de la legislación que hemos instituido, es que procuramos conseguir que se tengan plenamente en cuenta todos los regímenes jurídicos de la Unión Europea. 
La Sra. Patrie se ha referido al Libro Verde. 
Quizá no haya entendido bien lo que ya dije antes, o quizá no me expresara yo con la suficiente claridad. 
Al presentar el documento en estos momentos no tenía yo la intención de cometer ninguna falta de cortesía contra el Parlamento por no esperar su opinión, lo que sucede es que para nosotros era importante añadir más detalles a la primera propuesta y dar al Parlamento la oportunidad de presentar una opinión aún mejor sobre nuestra labor en este ámbito. 
Por último, en respuesta a la Sra. Keppelhoff-Wiechert, coincido en que hay problemas en Alemania y en que ha habido retrasos. 
Uno de los organismos federales de Alemania estaba al corriente de la situación desde hacía bastante tiempo y no informó a las autoridades federales. 
No se trataba, pues, de que los Länder supieran algo y no transmitieran la información; era un órgano federal el que tenía esa información y no la comunicó. 
Hay otra cuestión que también me preocupa, o que quizás sea asunto de grave preocupación. 
Muy a menudo los laboratorios privados poseen información sobre cuestiones de seguridad alimentaria. 
En virtud de cláusulas de confidencialidad, no transmiten dicha información a las autoridades pertinentes. 
Hemos resuelto esa cuestión hasta cierto punto gracias a la legislación sobre alimentos que aprobamos aquí hace un par de meses, pero desgraciadamente el requisito y la obligación jurídica de que los laboratorios privados revelen informaciones pertinentes a las autoridades públicas no serán operativos hasta el año 2005. 
Esto plantea un problema. 
Se trata de una cuestión de la que tiene que ocuparse los Estados miembros, particularmente los que poseen una estructura federal, para lograr que la información de que dispongan los laboratorios privados se ponga a disposición de los que adoptan decisiones en materia de salud pública. 
En este momento llevamos un retraso de 20 minutos, señor Staes, así que no concederé la palabra a ningún otro orador. 
El tema no va a desaparecer. 
A veces los Comisarios saben librarse muy bien de las trampas que se les tienden, y otras veces caen en ellas, pero estoy seguro de que usted, mejor que nadie, sabrá encontrar la forma de mantener este tema en el orden del día de una u otra manera. 
Queda cerrado el debate. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0252/2002). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Pregunta nº 3 formulada por Paulo Casaca (H-0401/02): 
Asunto: Sometimiento del refinado de azúcar a cárteles propiciado por la Comisión 
El apartado 1 del artículo 81 del Tratado prohíbe los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas en Europa, especialmente cuando pretenden restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. 
Sin embargo, como se apunta en el apartado 91 del informe especial del Tribunal de Cuentas nº 20/2000, no existe un auténtico mercado común del azúcar ni competencia entre las diferentes empresas de refinado de azúcar. 
El flujo o la ausencia de flujos internacionales de intercambios de azúcar y de azúcar en bruto y los precios del azúcar en el mercado europeo confirman plenamente las sospechas formuladas por el Tribunal de Cuentas en cuanto al sometimiento del sector a cárteles propiciado por las instituciones europeas. 
La prohibición por parte de la Comisión Europea de importar en territorio europeo azúcar procedente de refinerías que no hayan establecido acuerdos con el cártel europeo refuerza de manera especial el poder de dicho cártel. 
¿Por qué motivo los servicios responsables de la competencia en la Comisión no han emprendido todavía investigación alguna- tanto dentro como fuera de la Comisión- con respecto a las prácticas evidentes de reparto de mercados, establecimiento de precios y dumping en territorios no controlados llevadas a cabo por el cártel de la industria azucarera en Europa? 
¿No considera la Comisión que su inacción supone un claro incumplimiento del Tratado? 
. (IT) Señor Presidente, la Comisión, contrariamente a las críticas que le ha dirigido su Señoría, está convencida de que ha ejercido plenamente sus funciones en el sector del azúcar que es objeto de varios procedimientos en materia de competencia. 
A este propósito, a la Comisión le interesa recordar que, a lo largo de casi treinta años, ha instruido una serie de expedientes relativos a esta materia y ha sancionado tanto a los cárteles europeos como los acuerdos nacionales o los abusos de posición dominante. 
Todas estas decisiones han sido sometidas al control del Tribunal de Justicia que ha confirmado ampliamente su validez. 
En el año 2001, a raíz de una denuncia, se tramitó un nuevo expediente, pero la investigación no ha permitido obtener pruebas de los hechos denunciados. 
Asimismo, el sector del azúcar ha sido objeto de investigaciones específicas en el ámbito del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración. 
Por otra parte, como sabe su Señoría, hace más de un año, la Comisión presentó una primera reforma de la organización común del mercado en el sector del azúcar. 
Dicha reforma tenía como objetivo abrir más, si cabe, el sector a la competencia. 
Sin embargo, el Parlamento Europeo y el Consejo rechazaron por amplia mayoría las propuestas de la Comisión. 
De todos modos, la Comisión ha convocado una licitación para la realización de un estudio externo de la situación de la competencia en el sector del azúcar y del impacto de la organización común del mercado en esta materia. 
Los resultados de este estudio se deberían presentar a principios de 2003. 
Señor Presidente, la verdad es que, al oír aquí al Comisario decir que no hay una situación de cartelización en el mercado del azúcar, he sentido estupefacción. 
Señor Comisario, no es preciso hacer estudios ni sondeos ni inspecciones. 
Ruego al Comisario que llame por teléfono, se identifique como propietario de un supermercado de su país, telefonee a otro Estado miembro, a Francia, a Alemania o al Reino Unido, y diga que quiere comprar azúcar. 
Hágalo y vea cuál es la respuesta. 
La respuesta es que no hay, porque el mercado está totalmente cartelizado, cosa que se hace con la bendición de la Comisión, pues ésta se erige en defensora del cártel cuando hay casos de resistencia, como en la Región Autónoma de las Azores. 
Ésos son los hechos. 
Ninguna de sus justificaciones figura en el informe del Tribunal de Cuentas, cuando éste dijo lo mismo y, por el contrario, la Comisión sólo dijo que esa situación se debía a la naturaleza del sector. 
Señor Presidente, permítame que recuerde las múltiples ocasiones en las que ha intervenido la Comisión en el sector azucarero. 
Sin pretender ser exhaustivo, quisiera recordar que, desde el inicio de los años 70, la Comisión adoptó una decisión por la que sancionaba a no menos de dieciséis empresas por infracción del artículo 81 del Tratado. 
En 1988, la Comisión sancionó a British Sugar por abuso de posición dominante; en 1997 la Comisión sanciona igualmente a Irish Sugar por abuso de posición dominante. 
En 1998, la Comisión sancionó a un Cártel de precios en el mercado británico del azúcar industrial que duró cerca de cuatro años. 
En 2001, la Comisión recibió una demanda por la que se denunciaba una negativa de venta colectiva por parte de los productores de azúcar establecidos en un Estado miembro. 
La investigación, acabo de recordarlo, no ha permitido sin embargo demostrar la existencia de esta negativa concertada. 
Todas las partes han sido informadas del archivo del procedimiento y el demandante ha retirado su demanda. 
Finalmente, quisiera recordar también que, en el marco del control de las operaciones de concentración, la Comisión concede una atención especial a estos problemas. 
Finalmente, resulta lamentable desde el punto de vista de la Comisión que el Parlamento Europeo y el Consejo hayan, tal como he recordado, rechazado por una amplia mayoría las propuestas presentadas hace más de un año por la Comisión, propuestas que tenían específicamente como objetivo el de introducir dosis más amplias de competencia en el mercado. 
Pregunta nº 1 formulada por Roy Perry (H-0387/02): 
Asunto: Extensión de la Directiva de 1993 en materia de radiodifusión vía satélite y de distribución por cable 
Para recibir canales televisivos nacionales vía satélite fuera del país de origen, es necesario obtener bien un decodificador ilegal o bien una tarjeta pirata. 
¿Está de acuerdo la Comisión en que la Directiva 93/83/CEE 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión opina que, dentro del mercado interior, los ciudadanos deben tener la posibilidad de recibir servicios de televisión de otros Estados miembros. 
No tiene nada de satisfactorio que los ciudadanos tropiecen con dificultades para obtener acceso a programas transmitidos por satélite desde otros Estados miembros. 
A fin de soslayar determinadas dificultades, en la Directiva 93/83 se establecen ciertas normas en materia de derechos de propiedad y de derechos referentes a los derechos de propiedad, aplicables en particular a las transmisiones transfronterizas por satélite. 
Ahora bien, mientras se preparaban los informes sobre la aplicación de esa directiva, la Comisión se enteró de que existían actualmente problemas que la Comisión ha destacado en un documento que se presentará al Parlamento antes de este verano. 
En este contexto, la Comisión informa a su Señoría que actualmente está examinando los diversos aspectos de este asunto. 
Señor Presidente, confiaba en poder felicitar al Comisario Bolkestein por su respuesta que normalmente debería ser directa, pero he escuchado dicha respuesta y no acabo de comprender lo que he oído: ' la Comisión está examinando el asunto?. 
Pregunto a la Comisión: ¿van a hacer algo concreto con este asunto? 
Nos hallamos en una situación en la que confiamos y creemos en el Mercado Único, en la que los ciudadanos se desplazan en número cada vez mayor a través del continente. 
A nuestros ciudadanos les gustaría ver programas de la televisión francesa en Alemania; les gustaría ver programas de la televisión británica si se jubilan en España. 
La realidad es que el Mercado Único no funciona. 
Me hubiera gustado oír responder al Comisario de forma más positiva, por ejemplo que no solamente va a examinar este problema sino que va a tomar medidas a su respecto y que va a presentar una propuesta positiva al Parlamento. 
Es evidente que al Sr. Bolkestein le resulta difícil resolver este caso de conformidad con sus propios principios acerca del Mercado Único y a mí me pasa lo mismo. 
Sin duda alguna, la Directiva 93/83 es insatisfactoria. 
En vista de ello la Comisión puede remitirse al Tratado de Roma y a la base de toda nuestra Comunidad. 
Creo comprender que la función de la Comisión es cerciorarse de que la Comunidad funciona como eso, como una comunidad, y de acuerdo con los tratados que la fundaron. 
Por lo tanto debe esforzarse por conseguir que haya un verdadero Mercado Único y para ello debe presentar una nueva directiva que ponga en práctica los principios del Mercado Único: una televisión sin fronteras. 
. (EN) El razonamiento del Sr. Purvis es perfectamente comprensible y lógico. 
Por otra parte, la Comisión presentó la semana pasada un documento sobre mejor regulación. 
El documento, como el Sr. Purvis sabe seguramente, prescribe un nivel determinado de consulta, en particular por lo que se refiere a la consulta con el Parlamento. 
La mejor manera de llevar a cabo una consulta es basarla en un documento que analice el problema de que se trate y eso es precisamente lo que está haciendo la Comisión. 
No quiero contradecir los deseos del Sr. Purvis o de cualquier otro diputado de este Parlamento que sea partidario de una base jurídica más satisfactoria. 
Incluso es posible que haya que llegar a la misma conclusión que el Sr. Purvis, pero esa conclusión ha de basarse en un análisis detallado, y eso es lo que estamos haciendo mi personal y yo mismo. 
Repito que esperamos poder presentar el análisis al Parlamento antes del verano. 
. (EN) Me permitiré indicar que la Sra. Thors puede citar el título de cualquier directiva a la que desee referirse sin que su humildad esté en entredicho. 
Por lo que se refiere a la pregunta que ha hecho, le aseguro que el documento que mis servicios y yo mismo estamos preparando actualmente examinará todos los aspectos que sean afines al problema, problema que consiste en la falta de un mercado interior en el caso de la televisión. 
La Sra. Thors tiene mucha razón cuando dice que la directiva se denomina télévision sans frontières, o sea televisión sin fronteras, pero que no responde a su título. 
Como ya he dicho al Sr. Perry y al Sr. Purvis, esta situación es sumamente insatisfactoria. 
Pregunta nº 2 formulada por John Joseph McCartin (H-0395/02): 
Asunto: Hormonas del crecimiento para el ganado bovino 
En relación con su reciente declaración (IP/02/604) y los artículos aparecidos en la prensa sobre el mismo tema (Nuevos elementos de prueba del riesgo para la salud humana derivado de las hormonas del crecimiento para el ganado bovino) , ¿puede la Comisión especificar qué revelan estas nuevas pruebas y precisar más el tipo de riesgos que estas hormonas podrían suponer para la salud? 
¿No opina la Comisión que, en aras de la transparencia y la credibilidad, la información que ofrece al público debería ser más específica? 
¿Se podría afirmar sin faltar a la verdad que la Comisión no ha encontrado pruebas concretas de un riesgo específico para la salud humana derivado del uso de este tipo de hormonas? 
. (EN) El Comité Científico de la UE sobre medidas veterinarias relacionadas con la salud pública fue invitado a reconsiderar sus anteriores opiniones de abril de 1999 y de mayo de 2000 a la luz de cualquier nueva información que recibiera, con inclusión de los resultados de los estudios encargados por la Comisión. 
En su opinión de 10 de abril de 2002 el Comité confirmó los riesgos que plantean a los consumidores las hormonas que promueven el crecimiento, que ya había identificado en sus opiniones anteriores. 
En particular el Comité llegó a la conclusión en su opinión de 1999 que en el caso del estradiol-17ß había muchas pruebas de que se le debía considerar como un genuino carcinógeno y de que entre sus efectos figuraban la formación y promoción de tumores. 
No cabe determinar ningún umbral seguro para ninguna de las seis hormonas evaluadas, y los niños que se hallaban en fase de prepubertad constituían el grupo que más preocupaba debido a que sus niveles de producción endógena de hormonas eran bajísimos. 
En 1999 se llegó también a la conclusión de que entre los efectos perjudiciales figuraban efectos carcinógenos y genotóxicos y otros de repercusiones neurobiológicas y para el desarrollo. 
Declarando que ' no hay motivos para modificar cualquiera de esas opiniones? , los científicos confirmaron la validez de las opiniones anteriores. 
Se comunicó la existencia de nuevas pruebas sobre la disposición de esteres de estradiol-17ß y de su acumulación en grasas animales comestibles. 
Todas estas pruebas han de tenerse en cuenta en cualquier evaluación de la exposición, así como de las consecuencias de metabolismos recientemente reconocidos y de mayor complejidad como los acetatos de melengestrol, ceronol y trembolona. 
La posibilidad de que los metabolitos residuales tengan efectos perjudiciales para la salud humana requiere una nueva evaluación. 
Por último, se tomó nota de las recientes pruebas de los posibles efectos perjudiciales para el medio ambiente. 
La Comisión estima que este enfoque a la protección de los consumidores en esa esfera está totalmente justificado por el asesoramiento científico recibido. 
La Comisión comparte el parecer de su Señoría acerca de la importancia de la transparencia y la credibilidad, y por eso las opiniones del Comité se publican inmediatamente en el espacio Web de la Dirección General de Salud y Protección del Consumidor, de la Comisión, junto con otras informaciones pertinentes sobre el particular. 
He hecho esta pregunta no porque me preocupen cuestiones de salud o de comercio, sino porque me preocupa la credibilidad de la Comisión Europea. 
Formaba parte de este Parlamento cuando se impuso la prohibición original y voté en favor de un informe minoritario que había propuesto el Profesor Tom Raftery, que es un especialista en todas estas cuestiones. 
El Profesor Raftery tenía la convicción de que había una motivación política tras la propuesta de prohibir los productos. 
Como me dijo un diputado alemán del Parlamento: ' el Profesor Raftery tiene razón, pero hay tal ola de histeria en Alemania que tengo que votar en contra de él?. 
No me parece que una ola de histeria sea un motivo suficiente para votar a favor o en contra de la legislación de la Comisión Europea. 
Tengo entendido que la posición de la Comisión no está respaldada por las mejores conclusiones científicas a que se ha llegado en las Naciones Unidas, en los Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda o en Australia. 
Se trata de países que no se caracterizan por poner en peligro la salud de sus propios ciudadanos, y también ellos basan su normativa en lo que consideran como firme asesoramiento científico. 
Deseo preguntar a la Comisión si está de acuerdo conmigo en que en el ambiente actual, en que se está colocando a la Comisión Europea en condiciones de prohibir tantos productos y tantos procesos- incluso investigaciones en algunos casos- es importantísimo que se considere que lo que estamos haciendo tiene una base sólida y es digno de confianza. 
De lo contrario quedará perjudicada la credibilidad de que disfruta la Comisión Europea desde hace tanto tiempo. 
Me temo que es eso lo que estamos haciendo en este caso. 
. (EN) Estoy totalmente de acuerdo con la evaluación que ha hecho su Señoría de la situación, en el sentido de que estimo que es absolutamente esencial que la credibilidad de la Comisión y del Parlamento y de las instituciones de la Unión Europea se preserve desde todo los puntos de vista, pero particularmente desde el que se refiere a esta cuestión. 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. 
Ahora bien, aunque vuelva a repetir algo que ya he dicho, no puedo sino destacar que el Comité Científico pertinente ha examinado esta cuestión en tres ocasiones diferentes. En esas ocasiones el Comité expresó su opinión, y la última vez, apenas hace dos meses, tuvo en cuenta las opiniones anteriormente formuladas pero también una opinión científica pertinente y actualizada sobre esta cuestión concreta. 
El Comité llegó a la conclusión que les he explicado. 
He de decir que cuando participo en discusiones sobre la gestión de riesgos, tengo que seguir el asesoramiento de los asesores en materia de riesgo, así como el asesoramiento proveniente de fuentes científicas y las opiniones científicas pertinentes. 
Si yo no lo hiciera, o si alguno de nosotros dejara de hacerlo, creo que nos encontraríamos totalmente desorientados. 
Es como si estuviéramos navegando sin compás. 
Por eso es importante que sigamos todos al pie de la letra el asesoramiento que recibimos. 
Y diré una vez más que éste es el asesoramiento que se nos ha dado y por eso lo hemos seguido estrechamente en la tramitación de este asunto. 
Ya que me he levantado, permítanme que plantée una nueva cuestión: en este momento estamos tramitando legislación en relación con una cuestión en respuesta a la opinión de la OMC de hace varios años, cuando descubrimos que nuestra posición respecto de la OMC adolecía de una deficiencia concreta. 
Esa deficiencia se refería a una sola cuestión, y esencialmente era una cuestión de procedimiento. 
De esa cuestión se trata en la legislación de modificación que se halla ante este Parlamento y estoy seguro de que usted, señor McCartin, y otros diputados, participarán en la discusión cuando esta norma legislativa vuelva al Parlamento en segunda lectura. 
Señor Comisario, antes surgió una desavenencia porque me parecía que usted no contestaba a mis preguntas. 
Sin embargo, esta vez usted merece mi pleno apoyo. Debo decir al Sr. McCartin, que es un hombre amable con el que colaboro con mucho gusto, que a este respecto la Comisión ha realizado verdaderamente un gran trabajo. 
Como consecuencia de la discusión surgida en el seno de la Organización Mundial del Comercio la Comisión ha encargado un estudio pormenorizado a una serie de científicos. 
Se han entregado 17 análisis y ha quedado demostrado científicamente que el mutágeno 17-beta-estradiol es genotóxico y cancerígeno. 
Es un argumento a nuestro favor en el debate celebrado en la Organización Mundial del Comercio. 
Insto al Sr. McCartin a que no siembre dudas, tampoco entre los agricultores. 
Está claro que las seis hormonas utilizadas en los Estados Unidos no son tan saludables como se dice. Todo lo contrario, son perjudiciales para la salud pública. 
Mi pregunta al Comisario reza como sigue: ¿considera que ahora, con los resultados científicos en la mano, dispone de suficientes argumentos para poder zanjar por fin la discusión en la Organización Mundial del Comercio a favor de la Unión Europea? 
Doy gracias al Sr. Staes por haberme apoyado en este asunto y le agradezco también que haya descrito al Sr. McCartin como una persona amistosa, opinión respecto de mi paisano con la que concuerdo totalmente. 
Me parece que no puedo añadir más a lo que ya he dicho, salvo que la finalidad de la legislación de que nos estamos ocupando actualmente es ponernos en consonancia con la decisión de la OMC. 
Sin condicionar sus preguntas, les recuerdo que es un turno de preguntas, que conviene argumentar, pero que no es turno de declaraciones. 
Señor Presidente, simplemente quería decir que ya estamos en la pregunta 2, y que ello debe anunciarse en las pantallas, pues de otro modo los colegas que se encuentran en el Parlamento no sabrán que seguimos avanzando. 
En estos momentos no funciona la tecnología; mientras en nuestras pequeñas pantallas aparece, en la grande no. 
Declaro mi incapacidad para resolver este problema. 
Los señores diputados deben de contar desde sus despachos con estas eventualidades. 
Le vamos a nombrar defensor de los diputados. 
Asunto: Juicio en Guinea Ecuatorial contra dirigentes de la oposición democrática 
El 23 de mayo comienza en Guinea Ecuatorial un juicio, sin las mínimas garantías procesales de un Estado de derecho, contra diversos dirigentes de la oposición democrática entre los que se encuentra Plácido Micó, líder de la Convergencia para la Democracia Social (CPDS) ; uno de los abogados de los enjuiciados se encuentra confinado en su domicilio. 
Este juicio es una demostración más de la ausencia de voluntad del régimen ecuatoguineano de cumplir los compromisos adquiridos con la comunidad internacional, incluida la UE, de iniciar la transición hacia la democracia. 
Teniendo en cuenta el artículo 5 del Convenio de Lomé y el artículo 9 del Acuerdo de Cotonú, ¿Ha previsto la Comisión alguna medida que sancione la persistencia antidemocrática del régimen ecuatoguineano? 
. (EN) La Comisión y los Estados miembros que estaban allí han seguido muy de cerca los recientes juicios que han tenido lugar en Guinea Ecuatorial y han quedado gravemente preocupados por las irregularidades de procedimiento que han observado. 
La UE se ha dirigido a las autoridades pertinentes de Guinea para que adopten las medidas necesarias a fin de volver a examinar las sentencias y conseguir que se respeten los derechos fundamentales del acusado. 
Por lo que se refiere a la cooperación, después de un período de suspensión que duró desde 1992 hasta 1997 la Comisión firmó el programa indicativo nacional del octavo FED en julio del año 2000. 
El único proyecto aprobado hasta la fecha está encaminado a promover la democracia, los derechos humanos y la buena gestión pública. 
Sin embargo, todavía no ha comenzado. 
El octavo programa FED dispone concretamente que la asignación de otros fondos destinados a recursos hídricos y saneamiento depende de que haya una evaluación positiva de la situación del país en materia de derechos humanos. 
Por lo tanto la Comisión puede adoptar medidas sin tener que recurrir al artículo 9 del Acuerdo de Cotonou. 
Señor Presidente, muchas gracias por la contestación que me ha dado el Comisario, según la cual, efectivamente, ha habido irregularidades. 
Creo que ha habido más que irregularidades: el juicio ha sido una farsa y creo que se debe declarar nulo. 
Como muy bien sabe el Comisario, gracias a los medios de comunicación y a los observadores internacionales, los testigos llegaban torturados del día anterior y el juicio se ha saldado con la condena de veinte años de cárcel para los dirigentes de la oposición democrática. 
Con ello, el Gobierno de Guinea Ecuatorial demuestra que no cumple los mínimos requisitos de democracia y de buen gobierno. 
Ayer hubo una buena declaración por parte de la Presidencia del Consejo de la UE en la que se manifiesta la preocupación, pero creo que no basta con esto, sino que hay que tomar medidas concretas; no puede ser que su Presidente siga aún paseándose por Europa. 
Por eso, me gustaría que el Comisario me indicara qué acciones concretas puede prever la Comisión, aparte de las que ya me ha explicado. 
Señor Presidente, señor Comisario, cuando el Sr. Obiang, Presidente de Guinea Ecuatorial, estuvo hace dos años en Bruselas y se reunió con el Presidente Prodi, adquirió ante él unos compromisos de democratización y de respeto de los derechos humanos que se han incumplido de una manera palmaria y verdaderamente clara con este juicio- por llamarlo de alguna manera- que acaba de celebrarse. 
Por otra parte, también es verdad que la Unión Europea, no hace muchos meses, ha votado en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas una Resolución considerando que el régimen de Guinea Ecuatorial estaba dando pasos hacia la democracia y hacia el respeto de los derechos humanos. 
Creo que lo ocurrido demuestra palmariamente que los compromisos del Sr. Obiang ante el Sr. Prodi se han incumplido. 
Y la cuestión es ésta: ¿va a dirigirse el Sr. Prodi- como Presidente de la Comisión- al Sr. Obiang- como Presidente de Guinea Ecuatorial- para exigirle explicaciones sobre el grado de cumplimiento de aquellos compromisos a la vista de este juicio- repito, por llamarlo de alguna manera- que ha tenido lugar? 
Antes de pasar a la siguiente pregunta, y siguiendo la inquietud del Sr. Rübig, tengo que manifestar en voz alta, que no aparecen en la pantalla las preguntas correspondientes porque se ha estropeado el sistema. 
Los diputados que ahora estén en su despacho y quieran seguir este debate, lo tomen en cuenta y bajen al hemiciclo. 
Pregunta nº 5 formulada por Jorge Salvador Hernández Mollar (H-0404/02): 
Asunto: Inmigración ilegal en la UE proveniente de Marruecos 
El Acuerdo de Asociación con Marruecos establece la necesidad de diálogo para tratar "la inmigración clandestina y las condiciones de retorno" y "la reducción de la presión migratoria" como una de las acciones prioritarias a desarrollar. 
El Plan de Acción sobre Asilo y Migración para ese mismo país destaca que la no exigencia de visado por Marruecos a los emigrantes que transitan por su territorio, facilita la llegada de ilegales a la UE y dificulta la readmisión por falta de pruebas. 
El Consejo de Asuntos Generales de 18 de septiembre de 2000 dio mandato a la Comisión Europea para la negociación de un acuerdo general de readmisión Unión Europea-Marruecos. 
Señor Comisario, le agradezco su respuesta pero mire usted, en el último lustro 4.000 inmigrantes marroquíes y subsaharianos han dejado sus vidas en las aguas del Estrecho de Gibraltar o en las costas de las Islas Canarias y, desgraciadamente cientos de menores marroquíes que atraviesan las fronteras con las ciudades españolas de Ceuta y Melilla están provocando el desbordamiento de los centros de acogida y además graves agresiones a los empleados de aquellos centros. 
Entiendo, señor Comisario, que Marruecos debe de asumir sus responsabilidades y estos hechos están demostrando que no está haciendo bien los deberes que le corresponden. 
Por eso le vuelvo a preguntar, señor Comisario, ¿no cree que, teniendo en cuenta la gravedad de esta situación, el actual marco financiero de ayudas a Marruecos debiera supeditarse al cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito de la inmigración y del control de sus fronteras con la Unión Europea? 
Señor Presidente, al hilo del acuerdo de asociación que se está negociando con Marruecos, ahora es cuando, verdaderamente, este tema empieza a tomar fuerza y cuando se van a discutir las concesiones agrarias que se van a hacer al respecto. 
Los agricultores europeos están muy preocupados por la propuesta de negociación que la Comisión Europea planea o que, por lo menos, ha sido publicada en prensa. 
Parece ser que la Comisión tiene como preferencias negociar en la exportación de cereales, leche, carne y oleaginosas a cambio de incrementar un 5 % mensual, pero haciéndose eco de las reivindicaciones de Marruecos de llegar a 217 000 toneladas de la cuota de tomate, con lo cual los agricultores europeos, sobre todo los que producen frutas y hortalizas, están verdaderamente preocupados. 
A mí me gustaría preguntarle a la Comisión si es cierto lo que se recoge sobre esta cuestión en las noticias de prensa o si la idea de la Comisión es que esta carga de la prueba se reparta a todos los países europeos por igual y que no sea siempre el sector agrario quien pague la factura del acuerdo de asociación que se está negociando con Marruecos. 
Tengo la sensación, señora diputada, de que estamos hablando de la inmigración ilegal. 
No voy a interferir. 
El Sr. Comisario está, naturalmente, habilitado para contestar a la pregunta. 
Señor Presidente, efectivamente, la pregunta se refería a la inmigración ilegal pero, en este sentido, querría plantearle al Comisario si él entiende que la inmigración es la otra cara de la medalla del desarrollo y si él comprende que estamos hablando de muchos inmigrantes ilegales que vienen de Marruecos y de todo el norte de África. 
¿Cómo podemos tener la contradicción de que, precisamente, el Programa MEDA, desde el año 2000 al 2003, vaya disminuyendo, y en el anteproyecto del año 2003 la disminución sea efectivamente dramática, menos del 470 % en precios reales? 
¿No cree que esto es un contrasentido, que para luchar contra esta inmigración ilegal debemos realizar programas de desarrollo al otro lado del Mediterráneo? 
Pregunta nº 6 formulada por Christopher Heaton-Harris (H-0431/02): 
Asunto: Berlaymont 
¿En qué situación se encuentran actualmente las negociaciones entre la Comisión Europea y el Gobierno belga acerca de los trabajos de renovación del edificio Berlaymont? 
¿Cuáles son los costes previstos actualmente? 
¿Cuándo espera la Comisión, si es que lo espera, poder ocupar de nuevo el edificio? 
¿Está dispuesta la Comisión a facilitar al Parlamento Europeo el análisis de la relación coste/beneficio del proyecto Berlaymont? 
¿Considera la Comisión que el resultado obtenido justifica el esfuerzo financiero realizado por los contribuyentes europeos y belgas? 
¿Está satisfecha la Comisión con la calidad y la eficacia del trabajo que se está llevando a cabo en el edificio Berlaymont? 
Muchas gracias, señor Comisario, por su cooperación. 
Preguntas dirigidas al Sr. Liikanen 
Tomo muy buena nota, pero como usted sabe, y lo explica el Reglamento, es el Presidente, con su gabinete, el que establece el orden y la asignación de las preguntas a la Comisión, y la Comisión decide cuáles son las preguntas que va a contestar cada comisario. 
Su pregunta está colocada al final del día, en esa tercera parte que seguramente va a recibir contestación por escrito. 
Esas son las atribuciones que aparecen en el Reglamento; no vamos a entrar en debate sobre ello. 
Esta es la realidad. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta número 7 decae. 
Pregunta nº 8 formulada por Pat the Cope Gallagher (H-0383/02) , a quien sustituye el señor Crowley: 
Asunto: Medidas para promover la industria turística europea 
Tras la reciente reunión informal de los Ministros de Turismo y el seminario para interesados del sector organizado por la Presidencia española, ¿podría indicar la Comisión qué medidas concretas va a proponer para promover la industria turística europea, dada la particular importancia de este sector y de su potencial de creación de empleo en las regiones que, debido a su situación periférica, disponen de pocos factores generadores de crecimiento económico y de prosperidad? 
Señor Presidente, señoras y señores, señor Comisario, ¿qué piensa hacer para aprovechar los efectos de Basilea 2 en aras del fortalecimiento de la industria turística? 
En la actualidad, las empresas turísticas no disponen por regla general de recursos propios, cuentan con financiación a largo plazo y el rating les resulta demasiado caro. 
En sus directrices presupuestarias, el Parlamento Europeo ha propuesto la elaboración de un plan de acción con el objeto de evitar las quiebras en masa e impedir un fuerte crecimiento del desempleo en este sector. 
Pregunta nº 9 formulada por Astrid Thors (H-0449/02): 
Asunto: Migración a una interfaz para la programación de aplicaciones (IPA) abierta 
¿Cómo piensa la Comisión incentivar y organizar la migración desde las actuales IPA a una IPA única y abierta en los próximos meses? 
¿Cómo tiene la intención de organizar el diálogo sobre dicha migración? 
¿Piensa limitar los contactos únicamente a la industria y a los expertos técnicos, o tiene la intención de contar también con la participación de los grupos de consumidores y de los diputados al Parlamento Europeo? 
. (SV) La pregunta de su Señoría sobre migración a una interfaz para la programación de aplicaciones abierta se relaciona con la compatibilidad de los servicios interactivos de televisión. 
La pregunta consta de tres partes. 
Primera parte: ¿Cómo piensa la Comisión incentivar y organizar la migración desde las actuales IPA a una IPA única? 
Las disposiciones del artículo 18 de la directiva de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y el Consejo sobre normas comunes para la red electrónica de comunicaciones y servicios de comunicaciones (directiva marco) implica para los Estados miembros la obligación de incentivar la apertura cuando proporcionen interfaces para la programación de aplicaciones. 
Estas disposiciones no implican la exigencia de una determinada técnica de IPA o de una IPA única. 
La norma de las plataformas de multimedia en los hogares, MHP, cumple con las exigencias de compatibilidad y apertura en este campo. 
Por eso alentamos a la industria para que introduzca voluntariamente esta norma. 
La norma MHP se incluirá en la lista que se publicará en el DOCE, como lo dispone la directiva. 
Los Estados miembros estarán obligados a incentivar el uso de las normas que aparezcan en esta lista. 
Calculamos que la lista se publicará en el otoño. 
Según la directiva, los Estados miembros deben revisar la compatibilidad y las posibilidades de elección de los usuarios antes de julio de 2004. 
La directiva contiene un procedimiento para hacer obligatorio el uso de una norma. 
Ésta es una de las materias que será objeto de revisión. 
La segunda parte: ¿Cómo piensa la Comisión organizar el diálogo sobre dicha migración? 
La Dirección General para la Sociedad de la Información ha iniciado un diálogo con la industria sobre la compatibilidad de los servicios interactivos de televisión. 
La compatibilidad es el principal objetivo y una parte de la solución es la estandarización. 
En la industria no se entiende el verdadero significado de la compatibilidad. 
Por eso hemos adoptado medidas para incentivar este diálogo. 
En primer lugar, hemos pedido al grupo encargado de las emisiones de vídeo digital, el DVB Group, que estudie la compatibilidad técnica de los servicios interactivos. 
En segundo lugar, hemos iniciado un estudio de los aspectos estratégicos de la compatibilidad, de modo que podamos contar con un análisis independiente antes de fin de año. 
Este análisis comprende también aspectos relacionados con los consumidores. 
Finalmente hemos pedido a Cenelec, el órgano de estandarización, que realice un estudio preliminar de la estandarización de la televisión digital y de los servicios interactivos de televisión. 
Se le pedirá que analice la situación técnica actual y que haga recomendaciones. 
En la tercera parte, la Comisión limitará el diálogo a la industria y a los aspectos técnicos. 
También está dispuesta a dialogar con grupos de consumidores y con diputados al Parlamento Europeo. 
Me parece muy bien que participen estos grupos y estas personas. 
Sin embargo, el diálogo debe contar con una base técnica estable, que es lo que actualmente orienta nuestros trabajos. 
El debate político debe ser precedido de meticulosos estudios sobre algunas materias como, por ejemplo, la compatibilidad. 
Los que tengan que adoptar decisiones deben saber qué opciones existen y cuáles son sus consecuencias. 
Este proceso demuestra que la Comisión cumple con sus compromisos del Pleno de diciembre. 
El Comisario tiene razón cuando se refiere a la conveniencia de que los políticos sepan de qué hablan. 
Estamos totalmente de acuerdo. 
Me alegro de que usted haya señalado un calendario para la publicación del estándar. 
Sin embargo, si atendemos a los acontecimientos europeos y a los casi diarios artículos en la prensa finlandesa, existe inseguridad- incluso en Finlandia, uno de los países que ha suscrito el memorandum of understanding- sobre cómo emplearán el mismo estándar los operadores de televisión por cable, los operadores de televisión por satélite y los operadores de televisión terrestre. 
Por tanto, la pregunta es: ¿piensa el Comisario que la fecha de 2004 es suficiente? 
En materia de televisión digital estamos viviendo una situación similar a la de ' el huevo y la gallina?. 
¿Puedo preguntar al Comisario si se volverá a discutir el tema de la televisión digital con vistas a Sevilla? 
. 
(SV) Quiero dar dos respuestas. 
En relación con la Cumbre de Sevilla, la televisión digital forma parte del plan de acción Europa 2005. 
Pienso que a largo plazo la televisión digital tendrá un papel preponderante en la sociedad de la información ya que si realmente nos interesa que todos los ciudadanos participen en Internet, ésta tendrá que ser accesible por medio de la televisión. 
En diciembre decidimos que la industria contaría con un par de años desde la entrada en vigencia de la directiva, y esto hay que respetarlo. 
Sin embargo, comprendo que durante este tiempo quizás tengamos que insistir para que las partes entiendan que la Comisión tiene mandato para actuar si no se alcanzan soluciones voluntariamente. 
Pregunta nº 10 formulada por Gary Titley (H-0450/02): 
Asunto: Evaluación del impacto de la legislación comunitaria sobre las PYME 
La comunicación de la Comisión sobre la creación de una red interinstitucional para el desarrollo de instrumentos de evaluación de impacto debe acogerse con la mayor satisfacción. 
En efecto, los intentos de mejorar la legislación sólo tendrán éxito cuando las Instituciones europeas colaboren entre sí. 
Teniendo en cuenta que el Parlamento posee poderes de codecisión en numerosos ámbitos relacionados con la actividad empresarial y que los votos de sus diputados afectan directamente a la legislación, ¿cómo piensa la Comisión llevar adelante sus propuestas y qué planes concretos tiene por lo que respecta a la participación del Parlamento en la definición de su estrategia? 
. (EN) El paquete de medidas sobre una regulación mejor, que la Comisión adoptó la semana pasada, enuncia una serie de principios fundamentales que se seguirán en las futuras propuestas en materia normativa y legislativa. 
En particular, dispone que todas las propuestas que la Comisión presente en su Estrategia normativa anual y más adelante en el Programa de trabajo sean objeto de una evaluación de sus consecuencias integradas y que todos los departamentos sigan normas mínimas y uniformes en materia de consulta. 
En suma, está destinado a conseguir que la confección de normas legislativas resulte más transparente y eficiente y más efectiva en función del costo. 
Todos esos aspectos contribuirán sobremanera a mejor la calidad y la coherencia del diseño normativo de las instituciones de la Unión Europea. 
Una base firme y sólida de conocimientos para la labor normativa es de importancia crucial si queremos que las instituciones de la Unión Europea mejoren el ámbito regulatorio. 
El reto estriba en conseguir un alto nivel de protección para los ciudadanos europeos en esferas sensibles como el medio ambiente, la salud y la protección de los consumidores, al mismo tiempo que se evita un exceso de reglamentación, que resulta dañoso para las perspectivas de empleo y crecimiento. 
Sin embargo, para alcanzar nuestro objetivo común consistente en la simplificación del ambiente legislativo de la Unión, en particular en el caso de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Unión Europea, es necesario incrementar la cooperación interinstitucional, incluida la cooperación en las evaluaciones de impacto hechas por el Parlamento y por el Consejo. 
La Comisión ha estado manifestándose en favor de lo antedicho, y ha propuesto que se cree un mecanismo interinstitucional permanente para poner en práctica su Plan de Acción, a fin de velar por la calidad de la legislación. 
Además, cuando presentó el paquete de medidas sobre una regulación mejor a la Conferencia de Presidentes el 5 de julio en el Parlamento, el Presidente Prodi reiteró el llamamiento en favor de un acuerdo interinstitucional sobre algunas de las acciones propuestas. 
Es de esperar que pronto se consigan progresos. 
Ya se han iniciado discusiones alentadoras entre las tres instituciones. 
Al adoptar oficialmente nuevos instrumentos de consulta y análisis del impacto, la Comisión desea también promover una nueva cultura de transparencia, participación y reto. 
A todas las partes afectadas por sus propuestas se les invitará a aportar opiniones y conocimientos especializados. 
El Parlamento tiene un papel crucial que desempeñar en este proceso de intercambio cultural. 
Quisiera agradecer al Comisario Liikanen su declaración y su comunicación, que constituyen un importante paso adelante. 
¿Podría decirme el Comisario si, como parte de la evaluación del impacto que la Comisión está llevando a cabo, habrá un análisis riguroso de la relación costo/beneficios de la propuesta de la Comisión, que tenga en cuenta todos los factores? 
En segundo lugar, puesto que la Comisión tiene la intención de efectuar esa evaluación antes de formular propuestas que a continuación se presentarían al Consejo y al Parlamento, ¿cómo piensa llevar a cabo el seguimiento de las enmiendas que se hagan en el Consejo y en el Parlamento para conseguir que haya una evaluación del impacto de esas enmiendas? 
Supongo que lo que ha hecho es lanzar el guante al Parlamento para que se ocupe de llevar a cabo la evaluación de sus propias enmiendas. 
Demasiado a menudo el Parlamento propone enmiendas de normas legislativas importantes sin tener en cuenta su impacto. 
Espero que la Comisión pueda colaborar con el Parlamento y el Consejo a fin de conseguir que el proceso de evaluación sea continuo. 
. (EN) Por lo que se refiere a la evaluación del impacto desde el punto de vista de las empresas, hemos adelantado mucho. 
Hemos desarrollado un proyecto de dos años de duración para consolidar la metodología sobre las evaluaciones del impacto comercial, hemos organizado una consulta y audiencia públicas sobre el particular, y me agrada poder dar toda esta información a su Señoría. 
O sea que hemos adelantado bastante y espero que para el final del año alcancemos la fase en que todas las nuevas propuestas importantes sean objeto de ese tipo de evaluación a fondo. 
En cuanto al papel de las demás instituciones, en aras de que haya una legislación abierta y transparente será importante que el Parlamento y el Consejo obren también con la misma lógica. No es la Comisión quien pueda decidir esta cuestión. 
Si el Parlamento, el Consejo y la Comisión se ponen de acuerdo en cuanto a los principios, la evaluación de impacto de la Comisión habrá analizado ya diversos parámetros y esa información estará disponible y ayudará a evaluar las enmiendas. 
Si resultase necesario hacer alguna otra cosa, estoy seguro de que la Comisión cooperará con gran placer. 
Señor Presidente, señoras y señores, la siguiente estimación reviste a nuestro juicio una particular importancia, pues el año pasado el número de quiebras en Europa aumentó un 19% de media, y en Alemania un 32%. 
Por cuanto respecta a esta estimación, señor Comisario, en el Libro Verde previsto sobre los empresarios, ¿también se expondrá la contribución de la legislación europea en este asunto y qué puede hacerse para que en el futuro no haya tantas quiebras? 
. (EN) Estoy de acuerdo en que es importante que haya menos quiebras, pero este documento sobre la cuestión empresarial está encaminado a ser un análisis más básico del dilema empresarial en Europa: ¿por qué se respeta y se aprecia tanto a los empresarios, pero tan pocos son los que desean hacerse empresarios? 
El segundo problema es que los que desean hacerse empresarios quieren ser administradores y propietarios pero no quieren que sus empresas crezcan. 
¿Por qué son tan pocos los que están dispuestos a correr riesgos? 
Analizaremos esta cuestión en su más amplio aspecto pero no olvidaremos el punto de vista del Sr. Rübig. 
También yo quisiera felicitar al Sr. Liikanen por lo que ha trabajado en relación con la evaluación de impacto en las empresas, pero quisiera presionarle un poco más, en primer lugar acerca del momento en que espera que esta metodología coherente se esté utilizando en todas las Direcciones Generales de la Comisión. 
En segundo lugar, ¿no cree que se necesita una evaluación independiente? 
¿No se corre el riesgo de que las evaluaciones de impacto, como corren por cuenta de las propias Direcciones Generales, sean quizá un poco demasiado favorables respecto de las propuestas?. 
En tercer lugar, ¿no está de acuerdo conmigo en que la lógica que ha enunciado mi colega el Sr. Titley es que realmente deberíamos pensar en la posibilidad de contar con una dependencia independiente de evaluación reguladora que opere en el plano institucional, lo que nos ofrecería una genuina verificación externa de la evaluación del impacto para todas las instituciones de la Unión Europea? 
. (EN) En cuanto a la primera pregunta, la intención de la Comisión es iniciar las evaluaciones del impacto gradualmente a partir de principios del año próximo respecto de todas las propuestas de importancia. 
Ése es un compromiso para toda la Comisión. 
Estoy seguro de que el Presidente velará por que todas las Direcciones Generales observen ese compromiso. 
Es cierto que una opinión independiente sobre la evaluación sería muy valiosa. 
Cuando las instituciones sostengan debates entre ellas, ésa sería una buena cuestión para plantear en ese contexto. 
La Comisión no tiene una opinión definitiva sobre ese asunto. Estoy dispuesto a transmitir esta cuestión a mis colegas. 
Estoy seguro de que también usted querrá discutir acerca de la cuestión en su propio contexto. 
Muchas gracias, señor Liikanen. 
Señor Presidente, una cuestión de orden: ha sido una gran decepción que el Presidente Prodi no presentase su paquete de medidas de reforma de la regulación a una Conferencia de Presidentes abierta a todos los diputados. 
¿Podría comunicar usted al Presidente Cox que muchos de nosotros estimamos que se trataba de un anuncio tan importante que todos deberíamos haber estado involucrados en él? 
Estoy seguro de que la Comisión hubiera salido ganando con ello. 
Tomamos buena nota de su observación. 
Le damos las gracias al Sr. Liikanen. 
Preguntas dirigidas a la Sra. de Palacio 
Pregunta nº 12 formulada por Joachim Wuermeling (H-0364/02) , a quien sustituye la Sra. Müller: 
Asunto: Dramático aumento del tráfico entre el Este y el Oeste 
El tráfico pesado entre la UE y los Estados candidatos crece de forma permanente como consecuencia del incremento de los intercambios comerciales. 
Por ejemplo, el número de camiones que realizó el despacho de aduanas en el paso fronterizo entre Baviera y la República Checa ha subido en un 50% en los últimos cinco años. 
¿En cuánto estima la Comisión que aumentará el tráfico rodado de mercancías en los próximos años, especialmente después de la ampliación? 
¿Las medidas para la construcción de carreteras planeadas por los Estados Miembros son suficientes para satisfacer el nuevo aumento del tráfico? 
¿Qué medidas tiene intención de tomar la Comisión para prevenir los problemas actuales de los cuellos de botella? 
. Señor Presidente, el Libro Blanco sobre la política europea de transportes prevé que, a menos que se adopten nuevas iniciativas de gran calado, hacia 2010 el tráfico de vehículos pesados de mercancías aumentará entre un 40 y un 50 % con respecto a su nivel de 1998. 
La experiencia adquirida indica que el crecimiento del transporte, especialmente en las regiones fronterizas, se acelerará con motivo de la ampliación. 
Con el objetivo de hacer frente a los cuellos de botella derivados de esta situación, el Libro Blanco presenta una política con miras a garantizar el reequilibrio entre los medios de transporte. 
Es conveniente que una parte considerable de ese crecimiento del transporte se registre en infraestructuras distintas de las carreteras, es decir, ya sea en el ferrocarril, en el transporte fluvial o en transporte marítimo. 
La propuesta de la Comisión por la que se revisa la decisión sobre las orientaciones para la red transeuropea de transporte tiene como objetivo general reducir los cuellos de botella. 
En este contexto, la Comisión ha propuesto añadir una serie de conexiones con los países candidatos. A fin de reforzar los corredores este-oeste, también ha propuesto dos nuevos proyectos prioritarios: a saber, el proyecto de transporte combinado, el ferrocarril de alta velocidad Stuttgart-Viena y el proyecto de mejora del Danubio entre Vilshoffen y Straubin. 
Además, la Comisión ha propuesto modificar el Reglamento sobre concesión de fondos comunitarios en el ámbito de las redes transeuropeas, aumentando los techos máximos de cofinanciación del 10 % actual hasta el 20 %, del coste de la inversión, en casos excepcionales, incluidos los proyectos que se lleven a cabo en las fronteras con los países candidatos. 
La Comisión tiene prevista una revisión más amplia de todas las redes transeuropeas en 2004, teniendo ya en cuenta la nueva configuración de la Unión Europea, es decir, la derivada de la ampliación. 
En lo que se refiere al transporte de mercancías por ferrocarril hemos presentado ya, no sólo el primer paquete ferroviario que fue aprobado hace año y medio, sino también el segundo paquete ferroviario que pretende, precisamente, dinamizar el transporte ferroviario de mercancías consiguiendo un ferrocarril propio del sigo XXI, dinámico, competitivo con la carretera, orientado hacia el cliente y que, por tanto, dé un servicio de calidad. 
Espero que el trabajo en este Parlamento y en el Consejo de Ministros permita, dentro de poco, dar la luz verde a estas medidas importantísimas. 
Por último, en el campo de la logística, gracias al nuevo proyecto Marco Polo destinado a fomentar la interoperabilidad y subvencionar el desarrollo de las alternativas del transporte por carretera, las empresas de los países candidatos podrán obtener ayuda económica si la solicitan junto con una empresa de la Unión Europea. 
El Sr. Wuermeling y yo nos encontramos entre los afectados en las regiones fronterizas, porque en nuestras regiones el aumento del tráfico no se encuentra entre el 40% y el 50%, sino que lo supera. 
Los ciudadanos que viven en estas regiones fronterizas a lo largo de las carreteras principales sufren cuellos de botella, ruidos y emisiones de gases. 
Cuando se dirigen hacia su puesto de trabajo, tienen que ir constantemente detrás de camiones de la República Checa, de Eslovaquia, de Rumanía y de Bulgaria en largas columnas. 
Mi pregunta sería la siguiente: ha subrayado que debe fomentarse sobre todo el transporte por ferrocarril. 
¿Se han adoptado entretanto medidas, o se han apoyado medidas dirigidas a desviar el transporte de mercancías en las regiones fronterizas de la carretera al ferrocarril, y ha mantenido conversaciones sobre este asunto con la Deutsche Bahn? 
Esta sería me pregunta. 
. Efectivamente el incremento del tráfico se va a concentrar de manera importante, eso está claro, en las zonas fronterizas, y, precisamente por eso, estamos impulsando, a través de distintos proyectos, la recuperación del tráfico de mercancías a través del ferrocarril dentro de los quince países actuales de la Unión Europea, así como también el mantenimiento del ferrocarril como modo de transporte dentro de los países candidatos. 
Es decir, que ya a través de los fondos preadhesión, estamos intentando que los países candidatos no vuelquen sus transportes hacia la carretera y que mantengan su porcentaje al menos equivalente al actual en el sector ferroviario. 
Conozco los problemas, los inconvenientes y las molestias que sufren las poblaciones ribereñas de los grandes ejes de tráfico rodado y, en este sentido, estamos viendo cómo se puede mejorar la calidad de dicho tráfico. 
Hemos hablado con la Deustche Bahn, por supuesto, y, a partir del año que viene, entrará en funcionamiento el primer paquete ferroviario, que supone, en primer lugar, que dentro de la Unión Europea habrá, por primera vez, una red ferroviaria europea, cosa que no existe hoy, que vamos a ser capaces de superar las redes ferroviarias nacionales y que vamos a integrar esas redes nacionales en una red europea. 
A través de esa red europea competirán entre sí los distintos operadores de transporte- entre otros la Deustche Bahn -, teniendo un acceso no discriminatorio a ella. 
Creo que con esos sistemas, más luego la implantación en los próximos años de normas técnicas comunes o al menos interoperables, se podrá constituir verdaderamente un ferrocarril europeo que de verdad pueda competir con la carretera. 
. Señoría, no conocemos el porcentaje con exactitud. 
Tenemos únicamente proyecciones y previsiones y, como he dicho en mi primera intervención, la previsión es de un incremento del transporte por carretera en torno al 50 % -entre el 40 y el 50 %- en los próximos diez años, es decir, de aquí a 2010. 
Ésa es la previsión global; pero, evidentemente, muy posiblemente va a haber una mayor incidencia en algunas zonas. 
Los antecedentes son las últimas ampliaciones que ha habido: por ejemplo, la Península Ibérica- en su intercambio a través de los Pirineos con Francia -, o la incorporación de los países escandinavos, en los intercambios con el resto del continente, o de Austria. 
Indudablemente, en una ampliación se produce automáticamente un salto cualitativo y cuantitativo de intercambios, pero no le puedo dar datos más concretos, salvo las previsiones globales de cerca de un 50 % para el año 2010. 
Pregunta nº 13 formulada por Alexandros Alavanos (H-0369/02): 
Asunto: Concesión de nueva ayuda ilegal a Olympic Airways 
La Comisión dirigió a Grecia, mediante carta (Diario Oficial C 98 de 23.04.2002) , un requerimiento de información en aplicación del artículo 10 del Reglamento (CE) 659/1999 
. Señor Presidente, el 6 de marzo de 2002 la Comisión decidió incoar un procedimiento normal de examen, de conformidad con el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, en relación con el posible uso abusivo de una ayuda estatal autorizada por la Comisión en anteriores decisiones de los años 1994 y 1998, así como con la legalidad de una nueva ayuda que se acaba de conceder a Olympic Airways. 
La decisión se notificó al Gobierno griego, que envió sus observaciones al respecto en varias ocasiones. 
La decisión de la Comisión también se publicó en el Diario Oficial, a fin de que las terceras partes interesadas pudieran hacer llegar sus observaciones a la Comisión en el plazo de un mes. 
Dicho plazo finalizó el 23 de mayo de 2002, fecha en la cual la Comisión había recibido observaciones de las partes interesadas. 
La Comisión adoptará una decisión final tras haber examinado minuciosamente las observaciones remitidas por las autoridades griegas y las terceras partes interesadas que se han personado en el expediente. 
A la Comisión no le es posible comentar cuestiones de fondo antes de formular su dictamen definitivo sobre las alegaciones planteadas en su decisión del 6 de marzo de 2002. 
Doy las gracias a la Sra. Comisaria. Sin embargo, tengo una duda. 
Por una parte, ahora tenemos otra vez en el tapete las ayudas de 1994 aprobadas por la Comisión; por otra parte, a ciertas observaciones que habían realizado diputados al Parlamento Europeo en esta Sala, como yo, sobre el concurso para la venta de Olympic, no hubo reacción alguna de la Comisión. 
Lo que quería preguntar a la Comisión es: primero, ¿cuáles son las terceras partes interesadas? 
Segundo, ¿es el objetivo e interés de la Comisión la supervivencia de Olympic Airways, que sabemos que desempeña un papel fundamental en el transporte aéreo nacional de Grecia? 
. Señor Presidente, mire Señoría, el objetivo de la Comisión consiste en favorecer el desarrollo del sector aéreo en la Unión Europea y facilitar que se puedan consolidar las compañías aéreas, que sean competitivas, que den un buen servicio a los usuarios y que haya un desarrollo económico. 
Entiendo muy bien que Olympic Airways es una compañía importantísima dentro de lo que es la actividad económica de Grecia y que tiene una incidencia clara también en la actividad económica de la Unión Europea en su conjunto. 
Dicho todo lo cual tengo que decir que de lo que se está hablando ahí es- tal como señalé antes sobre el 1994 y el 1998- sencillamente de la aplicación que se ha hecho de esas decisiones, que entonces se autorizaron en función de la información que nos ha llegado y que hemos pedido confirmación y detalles a la administración griega. 
Pero, insisto, a mí lo que más me gustaría es que el asunto Olympic se resolviera positivamente, que todas las iniciativas y los trabajos realizados por parte de las autoridades griegas para conseguir la privatización de Olympic resultaran de una manera positiva y, sencillamente, no encontrarme con dicha información relativa a las nuevas ayudas eventuales suministradas por el Gobierno griego. 
Qué más querría yo que Olympic no tuviera ningún problema ni tuviéramos que estar haciendo estos análisis que estamos llevando a cabo en este momento. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, la pregunta n° 11 y las preguntas 14 a 70 serán contestadas por escrito. 
De conformidad con el orden del día, prosigue el debate sobre el informe (A5-0207/2002) de la Sra. Hautala, en nombre de la Delegación del Parlamento en Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (PE-CONS 3624/2002- C5-0185/2002- 2000/0142 (COD) ). 
Señor Presidente, todas y todos nosotros sentimos una satisfacción especial porque nos encontramos al final de un procedimiento de revisión de la directiva de 1976 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, una directiva que ha desempeñado un papel importante en la vida de las mujeres trabajadoras en Europa. 
El nuevo texto que, como creemos, va a aprobar el Parlamento Europeo refleja los resultados de un esfuerzo sistemático y de la próspera colaboración entre las tres instituciones de la Unión Europea. 
Igualmente refleja los cambios de las condiciones económicas y sociales en los países de la Unión Europea, así como nuestros esfuerzos por modernizar nuestro modelo social. 
Pero refleja también los papeles que deben desempeñar hoy en día las mujeres para lograr nuestros objetivos de desarrollo, así como las obligaciones y la responsabilidad del Estado y de la sociedad ante las mujeres trabajadoras. 
Así pues, la nueva directiva es un instrumento importante para la igualdad entre los hombres y las mujeres en el ámbito laboral. 
Se introducen nuevos conceptos en el sector de la discriminación, como el acoso sexual, los programas de acción en la empresa, las responsabilidades del patrono, la creación de un organismo independiente para el seguimiento de la igualdad y, principalmente, la subvención de dichos organismos gracias a la insistencia del Partido Popular Europeo. 
Nosotros creemos en la importancia de esta directiva y todos debemos reflexionar sobre su aplicación, puesto que nuestro objetivo final son los resultados en la vida de los trabajadores. 
Así pues, debemos velar por su introducción en el orden legal de los Estados miembros lo más rápido posible, y sobre todo, por una información amplia a los propios ciudadanos, especialmente a las mujeres, información a los interlocutores sociales, al cuerpo judicial y a los mecanismos estatales. 
No se nos debe escapar la importancia de esta información y sensibilización, porque sabemos muy bien que en nuestros países hay legislación avanzada y hay políticas, pero no se aplican y por esta razón tenemos estas discriminaciones a costa de las mujeres en el ámbito laboral. 
Esta directiva debe ser una oportunidad para la prosperidad y aplicación de las leyes y políticas para la igualdad de trato. 
Señor Presidente, el resultado del trabajo del Comité de Conciliación sobre la Directiva de igualdad de oportunidades está a la vista. 
Vaya un sincero agradecimiento a nuestra ponente, Sra. Hautala. 
Estoy convencido de que esta directiva modificada será un hito para la mejora de las oportunidades profesionales de las mujeres. 
Conseguimos literalmente en el último minuto llegar a un acuerdo sobre la definición del concepto de acoso sexual en el puesto de trabajo, que prohíbe cualquier forma de comportamiento sexual no deseado, así como manifestaciones verbales o no verbales, que violen la dignidad de la persona afectada. 
Las discriminaciones directas e indirectas también han sido por primera vez objeto de regulación en disposiciones comunitarias, de modo que serán vinculantes en los 15 Estados miembros y pronto en otros diez. 
Además, un cambio cualitativo de enorme importancia es que las mujeres no pueden sufrir ningún perjuicio laboral en relación con el embarazo y la maternidad, y que tienen derecho a volver al mismo trabajo o a un puesto equivalente después del permiso de maternidad. 
Incluir el permiso de paternidad del padre y de los padres adoptivos en el ámbito de protección de la Directiva ha exigido una ardua lucha. 
Hasta 2005, los Estados miembros, e incluso los países de la adhesión, tendrán que velar por que se creen organismos independientes en las empresas que elaboren planes de igualdad de oportunidades y actúen con carácter preventivo, que deberán contar con los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones. 
En caso de infracción, se impondrán sanciones efectivas. 
Queda por responder si la obligación que se han impuesto voluntariamente en Alemania el Gobierno Federal y las asociaciones de empresarios, que apunta en esta dirección se ajustará a las estrictas exigencias de la Directiva de la UE. 
Si las empresas no incrementan notablemente sus esfuerzos en aras del fomento de la mujer, el camino hacia la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia quedará abierto. 
Señor Presidente, Heidi Hautala es realmente merecedora de los elogios que ha recibido hoy. 
Ha logrado esculpir un excelente acuerdo a pesar de la obstinación- y en algún caso franca indiferencia y displicencia- de algunos ministros. 
Los trabajos en pro de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el seno de la UE han dado un gran paso adelante. 
Actualmente, tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a defenderse del acoso sexual. 
Sabemos que las mujeres son las afectadas por estas invitaciones sexuales tan comunes. 
Ahora hay una definición en la ley comunitaria y la responsabilidad de los empleadores es clara. 
Muchas mujeres europeas saben que un hombre ' con las manos largas? puede arruinarles un día laboral. 
En la UE, entre el 40 y el 50 por ciento de las mujeres profesionales ha sido objeto alguna vez de insinuaciones sexuales. 
Me satisface especialmente que se haya fortalecido el derecho a las licencias por maternidad, tanto para hombres como para mujeres. 
No obstante, hubiera preferido una redacción más contundente sobre el derecho a volver al mismo trabajo que se tenía antes de la licencia. 
Una vez más, y para terminar, doy las gracias a la Comisaria por su excelente trabajo. 
Gracias también a la señora Hautala por la tenacidad finlandesa que ha demostrado en beneficio de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en Europa. 
Señor Presidente, con gran alegría doy las gracias a Heidi Hautala por su perseverancia. 
Usted no ha estado sola ya que numerosos Grupos de partidos han participado en estos trabajos durante mucho tiempo. 
Esto ha dado resultados. 
Quiero referirme especialmente a que ahora ambos padres tienen derecho a volver a sus empleos, o a otros similares, después de la licencia por maternidad. 
Sin embargo, este derecho no existe si no está consagrado en la legislación de los Estados miembros. 
Espero que la noticia de la existencia de esta norma se extienda rápidamente entre los ciudadanos y que tomen nota de ella los países miembros que no cuentan con esta clase de legislación. 
También me parece interesante mencionar que esta directiva es la concreción de un anhelo político al que siempre se alude en solemnes discursos: poder conciliar la vida familiar con la vida laboral. 
Esta directiva es un acto concreto que puede contribuir a realizar este anhelo. 
La indiferencia y la falta de comprensión quedan de manifiesto cuando nuestros anhelos políticos chocan con la compacta resistencia de los empleadores a reflexionar sobre su responsabilidad en relación con las bajas tasas de natalidad en la Unión Europea. 
Finalmente, respecto al punto nueve del informe, quisiera recordarles que la iglesia y el ejército han demostrado ser dos genuinos retrógrados en esta materia. 
Señor Presidente, tenemos un texto definitivo aprobado en la reunión de conciliación del 17 de abril, que puso fin a un largo período de trabajo. 
En la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades hemos hecho un esfuerzo para llegar a un acuerdo en los puntos más importantes de esta Directiva. 
No ha sido fácil; todos hemos cedido algo, pero hemos conseguido un texto que satisface a la mayoría y que obtuvo el acuerdo del Consejo después de bastantes reuniones, formales e informales. 
La Directiva recoge asuntos tan importantes como la definición de acoso sexual a nivel comunitario; prohíbe la discriminación de la mujer en relación con el embarazo y la maternidad en el puesto de trabajo, incluyendo también la adopción y la paternidad, garantizando el puesto de trabajo o uno equivalente; se incorporan medidas positivas para los sectores profesionales donde uno de los sexos esté infrarrepresentado; se establecen medidas preventivas para evitar la discriminación por razón de sexo en el trabajo- en particular el acoso y el acoso sexual -, garantizando la aplicación, en caso de infracción de la Directiva, de sanciones reales; la igualdad de trato en el trabajo será planificada y sistemática, y se realizarán informes cada cuatro años para conocer la situación real de la mujer. 
Creo que es una buena Directiva, que recoge los problemas con los que se encuentran las mujeres en demasiadas ocasiones, en el trabajo y en la actividad profesional, y será una ayuda eficaz para evitar la discriminación. 
Hay que destacar el buen trabajo de la Presidencia española y el esfuerzo que ha realizado para que el Consejo y el Parlamento pudiéramos llegar a un acuerdo. 
Señor Presidente, señoras, señores, en nombre de mi colega, la Sra. Diamantopoulou, que les pide que la disculpen por no encontrarse hoy aquí entre nosotros, quisiera transmitirles a todos, y en especial a la Sra. Hautala, nuestra felicitación por el acuerdo al que han llegado el Parlamento y el Consejo sobre esta directiva enormemente importante. 
Este acuerdo no se hubiera podido conseguir sin la voluntad de compromiso declarada por el Parlamento y el Consejo. 
El acuerdo político del 17 de abril de 2002 refuerza considerablemente el texto de la posición común decidida en junio de 2001. 
Todos podemos estar orgullosos de los esfuerzos que hemos realizado, ya que hemos dado un gran paso adelante hacia nuestro objetivo común de igualdad entre hombres y mujeres. 
Creo que hemos llegado a solucionar todas las cuestiones importantes y que, en gran medida, hemos respondido a las preocupaciones del Parlamento Europeo. 
El expediente era complejo y ha inspirado diversas enmiendas. 
Creo que el texto aprobado es un compromiso en el sentido noble del término, ya que aportamos a los hombres y a las mujeres europeos un resultado tangible, una directiva muy firme. 
Hemos realizado progresos considerables en la lucha contra las discriminaciones por razón de sexo y hemos garantizado la aplicación efectiva y duradera de un principio fundamental del Tratado en los Estados miembros. 
La nueva directiva se caracteriza por un texto claro, que garantiza la seguridad jurídica y asegura la coherencia con las legislaciones similares que intentan luchar contra las discriminaciones. 
Me felicito en especial por las innovaciones introducidas, la aprobación de una definición común europea de acoso sexual en la esfera de las responsabilidades de los empresarios, la prevención del acoso y del acoso sexual y la fijación de planes en materia de igualdad, la atribución por el texto de un mandato ampliado a los organismos encargados de poner en práctica el principio de igualdad. 
Las instituciones han aportado la prueba de su firme voluntad de encontrar compromisos necesarios para sacar adelante este expediente y espero que sea un precedente en el contexto de la colaboración futura entre las instituciones. 
¿Cómo podíamos solucionar nuestras debilidades estructurales que encontramos en todos los sectores de la investigación en Europa. 
Creo que estamos buscando juntos las soluciones apropiadas para salvaguardar la posibilidad de que la Unión Europea se enfrente al futuro y responda a las perspectivas de sus ciudadanos, ya que además las economías y las sociedades europeas apoyan, hoy en día, su desarrollo en el conocimiento. 
En cuanto al programa específico para la estructuración del Espacio Europeo de la Investigación, la propuesta de la Comisión contaba realmente con todos los componentes que nos daban la posibilidad de localizar los puntos sensibles y quiero expresar mi agradecimiento por la colaboración a la Comisión, así como por la colaboración tan fundamental en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
La coyuntura quiso que en nuestros trabajos hayamos tenido la decisión favorable del Consejo de Barcelona a la propuesta de la Comisión sobre el aumento del gasto total destinado a la investigación. 
Fue una decisión que nos ha animado y que creo que llegó en el momento oportuno. 
Algunos de los puntos en los que quiero hacer hincapié: La interdisciplinariedad y la pluridisciplinariedad. 
Las considero imprescindibles para superar los límites tradicionales y para avanzar en proyectos más atrevidos e innovadores, no sólo en la colaboración entre distintos campos de investigación, sino también en nuevos campos. 
En mi opinión, esta dirección va a liberar fuerzas creadoras de modo que podremos ganar la apuesta de la competencia internacional que tenemos ante nosotros, como europeos, frente a las demás fuerzas que actúan en este campo. 
Segundo punto es la cooperación y la movilidad de los investigadores. 
La atracción de nuevos investigadores y la eliminación de los obstáculos afecta no sólo a los países de la Unión europea, sino también a los países candidatos a la adhesión y a los terceros países. 
Creo que las becas Marie Curie van a contribuir significativamente. 
Por esta razón solicitamos que la Comisión realizase un seguimiento de la movilidad a fin de que el Parlamento Europeo cuente con datos válidos los próximos años. 
Europa tiene mucho que ganar de los investigadores de los terceros países. 
No es sólo que no debamos infravalorar la importancia de las becas para ellos, sino que de alguna forma, creo que deberíamos comprometernos. 
Y vuelvo a sacar el tema, señor Comisario, porque creo que también usted entiende su importancia. 
Tercer punto es el Espacio Europeo de la Enseñanza Superior. 
La investigación y la enseñanza superior se benefician mutuamente y son como vasos comunicantes. 
Por supuesto hay cierta competencia, el tema del derecho a la enseñanza. 
Pero creo que el proceso de Bolonia y las iniciativas comunes que esperamos de los Comisarios, Sres. Busquin, Liikanen y de la Sra. Reding van a tener un gran interés en este punto. 
Sociedad y ciencia: los miedos y las perspectivas de los ciudadanos europeos ante la investigación y la ciencia son hoy en día mayores que nunca. 
No sólo es necesario un diálogo público más esencial, sino que dicho diálogo debe tener una estructura tal que afecte realmente a nuestra sociedad y que nos dé reflexión y carácter educativo. 
Diálogo significa una relación interactiva. 
Mediante dicho diálogo, la Investigación Europea debe sentir las necesidades de los ciudadanos y responder a las demandas sociales. 
Por eso hemos insistido mucho en la prioridad que deben tener las ciencias sociales y las humanidades. 
Sin embargo, creo que en el sector sociedad y ciencia hay todavía mucho que hacer, y principalmente, una planificación estructural estratégica. 
Finalmente, quiero creer que a nivel político hemos hecho todo lo posible, con prudencia y consenso, solucionando bastantes de los problemas con que nos topábamos. 
De ahora en adelante, por supuesto en la aplicación tiene la palabra la Comisión, pero también la sociedad investigadora es la protagonista que aplicará el programa. 
En especial, de la sociedad investigadora esperamos que no desmienta nuestras opciones políticas. 
. (EN) Señor Presidente, el programa concreto de investigación y capacitación en energía nuclear asigna 940 millones de euros para las actividades desarrolladas en tres esferas prioritarias- fusión termonuclear controlada, gestión de residuos radiactivos, y protección radiológica- así como para otras actividades en la esfera de la seguridad y la tecnología nuclear. 
Se proyecta utilizar el grueso de los fondos- 750 millones de euros- para las investigaciones sobre fusión nuclear, destinándose un máximo de 200 millones de euros al Programa ITER, que es la próxima versión del dispositivo Tokamak. 
A reserva de un resultado positivo de las negociaciones internacionales, se espera adoptar una decisión concreta en el período 2003-2004, de forma que la construcción del ITER pueda comenzar efectivamente durante el período 2005-2006. 
Esto constituirá un importante paso adelante hacia la producción sostenida de energía a partir de la fusión nuclear, que se espera pase a convertirse en una fuente eficiente de energía dentro de varios decenios. 
En vista de los limitados yacimientos de combustibles fósiles, la importancia de lo que acabo de decir no se puede subestimar. 
En consecuencia, la investigación conexa merece absolutamente la financiación propuesta. 
Como la decisión final sobre ITER no se ha adoptado todavía, la flexibilidad en la distribución de fondos entre ITER y otras actividades relacionadas con la fusión constituye un elemento importante de la propuesta. 
Otras actividades en el campo de la fusión nuclear controlada incluyen los programas de Asociaciones de física y tecnología y la explotación de instalaciones JET. 
Los programas de las Asociaciones incluyen, entre otros asuntos, estudios de los planes de confinamiento magnético diferentes del Tokamak, en particular la continuación de la construcción del ' stellarator? 
Wendelstein 7-X, la investigación sobre materiales de fusión y la continua relación con las actividades civiles de investigación sobre confinamiento en condiciones de inercia y posibles conceptos alternativos. 
El Joint European Taurus (JET) de Culham (Inglaterra) ha sido un dispositivo que ha tenido mucho éxito y sus instalaciones seguirán en explotación, pero tendrán que desaparecer paulatinamente en el momento adecuado para que los correspondientes recursos puedan reasignarse al Programa ITER. 
Independientemente del futuro de los reactores de fusión nuclear, el problema de los residuos radiactivos- en particular los residuos de actividad prolongada- estarán con nosotros durante varios millares de años. 
Por lo tanto, solamente mediante un incremento de los esfuerzos de investigación podemos esperar que disminuyan los peligros que esos residuos originan. 
El programa concreto asigna 90 millones de euros para la investigación acerca de su evacuación en un medio geológico, así como para desarrollar conceptos que conduzcan a la producción de menos residuos. 
A la protección radiológica se han destinado 50 millones de euros. 
Finalmente, el capítulo de ' otras actividades? abarca la evaluación de conceptos innovadores y el desarrollo de procesos mejorados y más seguros en materia de energía nuclear, educación y capacitación en la protección radiológica, mejora de la seguridad de las instalaciones existentes, aspectos que reciben un total de 50 millones de euros. 
La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión y expresa su apoyo respecto de las investigaciones sobre la fusión en general y sobre ITER en particular. 
Un emplazamiento europeo para el ITER confirmará el liderazgo mundial de la Unión Europea en materia de tecnología de la fusión, conseguido, entre otras cosas, gracias a las instalaciones JET, que no deben ser abandonadas antes de que hayan agotado sus posibilidades. 
Cierto número de enmiendas propuestas por nuestra comisión parlamentaria se refieren a los residuos radiactivos y a la seguridad nuclear. 
Los sistemas para la gestión de los residuos no sólo deben ser aceptables para la sociedad, sino que tienen que ser intrínsecamente seguros. 
Al llegar a este punto quisiera señalar que en la traducción francesa de la enmienda 4 hay un error: donde el texto original inglés dice 'both safe and acceptable? , la traducción francesa equivale a' both healthy and acceptable?. 
¿Podría asegurarse el Presidente de que se corrige el error? 
Las investigaciones sobre la evacuación provisional, la caracterización de los residuos y su embalaje o envasado requieren financiación, como también la requieren las investigaciones sobre la evacuación en medios geológicos. 
La investigación sobre técnicas y conceptos innovadores que producen menos residuos debe incluir a los reactores de alta temperatura, a los reactores de agua ligera, a los reactores refrigerados con gas, a las tecnologías de reactores rápidos y a la cogeneración. 
En suma, la adopción del informe por la Comisión de Industria marcará un importante paso adelante hacia una energía nuclear más eficiente y más segura. 
Señor Presidente, señor Comisario Busquin, estimados colegas, mi informe versa sobre las acciones directas para la Comunidad Europea de la Energía Atómica que deberá llevar a la práctica y ejecutar el Centro Común de Investigación en sus instalaciones en Ispra, Petten, Geel, Mol y Karlsruhe. 
Este programa específico tiene diversos puntos básicos, cuya finalidad política quiero abordar ahora en detalle. 
Pero en primer lugar, quiero decir unas palabras sobre la formación. 
Es muy importante que en las próximas décadas- como convendrán tanto los partidarios como los detractores de la energía nuclear- un número suficiente de jóvenes investigadores nucleares con las mejores calificaciones contribuyan activamente en Europa a que a través de su investigación se garantice la seguridad en las centrales de energía nuclear en funcionamiento y, en su caso, se controlen las fuentes de riesgo del ciclo del combustible nuclear. 
Lo mismo cabe decir sobre el almacenamiento en condiciones de seguridad y la más rápida descontaminación posible de los residuos nucleares en las próximas décadas. 
Por ello, lo fundamental es conservar la más alta calidad del Centro Común de Investigación y ampliar su capacidad de investigación mediante la formación especializada de jóvenes científicos y científicas, la educación y las prácticas científicas. 
Ello puede fomentarse, entre otras maneras, mediante la conexión en red entre centros internacionales y regionales de los diversos niveles. 
Sobre los principios generales habría que decir también algo- pero no quiero exponerlo de nuevo prolijamente, pues ya hemos hablado de ello sobradamente en el Sexto Programa Marco-. 
No obstante, hay dos principios que quiero tratar: en primer lugar, la observancia de las directrices éticas generales, que también tienen que cumplir los investigadores de la Unión Europea y en particular de EURATOM. 
La aceptación de la investigación por la población de los Estados miembros desempeña a este respecto un importante papel. 
Como usted sabe, señor Comisario, se mantienen algunas reservas frente a diversos ámbitos de investigación, como, por ejemplo, en el ámbito de la biotecnología. 
En segundo lugar, la observancia del principio de igualdad de oportunidades con respecto a las investigadoras. 
Ello hace referencia tanto a su formación como a la asignación de importantes proyectos de investigación, tanto individuales como en equipo. 
Quiero pasar ahora a los objetivos de investigación específicos para el Centro Común de Investigación. 
A mi juicio, el punto más importante es contribuir a la seguridad de las centrales de energía nuclear y al ciclo del combustible nuclear de aquéllas mediante trabajos de investigación. 
Los ciudadanos y ciudadanas de Europa pueden exigir que en una Unión Europea ampliada se observen los máximos niveles de seguridad en las centrales de energía nuclear. 
Las estrictas normas de los países de Europa Occidental, que en los Estados miembros presentan un alto nivel de exigencia pero no han sido armonizadas al último detalle, deben considerarse parte del acervo comunitario y aplicarse a las centrales de energía nuclear de los países de la adhesión de la Europa Central y del Este. 
La Unión Europea debe elaborar un código europeo sobre seguridad nuclear con la ayuda especializada del Centro Común de Investigación, de los resultados de sus investigaciones y de las autoridades nacionales competentes, que debe entrar en vigor en toda Europa antes de la ampliación. 
De este modo podrá oponerse a los países de la adhesión en cuanto Derecho en vigor. 
Dichos países deberán aceptar este código como parte del acervo comunitario antes de la adhesión y por tanto aplicarlo. 
La Comisión y, sobre todo, la Vicepresidenta de Palacio han acogido positivamente y apoyado esta idea en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Supongo que usted también acogerá positivamente estas propuestas. 
Es también nuestro deseo que en este verano la Comisión presente una propuesta sobre este asunto. 
No cabe admitir, por ejemplo, que en Lituania la central nuclear de Ignalina siga en funcionamiento sin que sea reformada. 
Otra alternativa es, naturalmente, su desmantelamiento antes de la adhesión de Lituania a la Unión Europea. 
En términos generales, la Unión Europea y el Centro Común de Investigación poseen una gran competencia investigadora en el ámbito de la seguridad nuclear. 
Preservarla en las próximas décadas es una exigencia para la seguridad de los ciudadanos que, como consecuencia y en consideración de la existencia de residuos radioactivos, deben poder vivir protegidos de radiaciones radioactivas. 
La segunda es la no proliferación de armas atómicas y, por supuesto, de material nuclear. 
Este control- los denominados safeguards- ya está previsto en el Tratado EURATOM. 
Pero debe extenderse por todas las especialidades del Centro Común de Investigación a la no proliferación de material nuclear, que puede utilizarse en atentados terroristas. 
Los robos producidos últimamente en Alemania son una señal de alarma. 
Es necesario localizar y almacenar de forma segura el material nuclear sustraído. 
Un último punto es la colaboración entre el Centro Común de Investigación y el sector de la medicina con centros de investigación nacionales y regionales. 
Las investigaciones oncológicas del Instituto Transuranio con el Centro Alemán de Investigación Oncológica son un ejemplo de ello. 
Señor Presidente, Voy a presentar el apartado no nuclear del informe sobre el Centro común de investigación (CCI) , que representa dos tercios del presupuesto. 
En el Sexto programa-marco, el Centro común de investigación volverá a centrar sus actividades con el fin de reforzar su organización y participar de forma útil en el Espacio europeo de investigación. 
Este programa de trabajo implica tres características: concentración, apertura y puesta en red y planteamiento "cliente". 
Con este fin, el Centro común de investigación ha centrado sus actividades no nucleares en dos ámbitos fundamentales, apoyados por competencias verticales: alimentación, productos químicos y salud, medio ambiente y desarrollo sostenible. 
Estos ámbitos se verán completados con actividades horizontales: prospectiva tecnológica, materiales de referencia y método de medidas, seguridad pública y lucha contra el fraude. 
El total del presupuesto asignado a actividades del CCI asciende a 760 millones de euros. 
La nueva estrategia adoptada por este último y la reestructuración de servicios se inspiran en un informe publicado el año pasado por un grupo de alto nivel presidido por Étienne Davignon. 
Estos cambios pretenden adaptar mejor el Centro común de investigación a las necesidades de los responsables políticos y de los usuarios privilegiados: Consejo, Direcciones generales de la Comisión y Parlamento. 
El CCI va a jugar también un papel de impulso en el Espacio europeo de investigación y en el Sexto programa-marco. 
Su acción se orientará a la puesta en marcha de un sistema comunitario que permita armonizar las medidas y en la participación en las redes europeas y mundiales. 
En CCI será un actor muy presente, paralelo a la realización del Sexto programa-marco tanto en lo que se refiere a su participación en las redes de excelencia como en los proyectos integrados. 
Podrá contribuir activamente al desarrollo de la nueva ciudadanía europea proporcionando una base común de conocimientos para las referencias científicas y tecnológicas y facilitando el diálogo entre científicos y responsables. 
Debe también ayudar a la puesta en marcha "operativa" de las nuevas herramientas, incluso a escala de la excelencia en sus ámbitos de competencia, por supuesto, y en la integración de la investigación en el desarrollo local. 
En algunas temáticas, las propuestas del Centro común de investigación parecen indispensables para precisar las peticiones de ofertas que se pudieran hacer, por ejemplo, en el terreno del desarrollo sostenible. 
En este sector se encuentran todas las preguntas sobre los ecosistemas. 
El CCI ha trabajado, por ejemplo, durante más de un año y medio en la definición de los criterios de los ecodestinos. 
Contribuirá a la puesta en marcha de una red europea, es el caso también de las cuestiones relativas a la seguridad alimentaria, con la institución de un sistema de referencia y normalización; es el caso asimismo de la protección de la vida privada en las tecnologías de la información y de la comunicación. 
El Centro común de investigación debe ponerse en valor en lo que se refiere a su función de asesor en lo que respecta a las políticas europeas. 
Mejora la puesta en red y la cooperación con las instituciones públicas y privadas de los Estados miembros. 
Igualmente, pone a punto un plan de desarrollo de los recursos humanos y de la movilidad, especialmente formando jóvenes científicos y organizando intercambios con los institutos de investigación nacionales. 
No se trata de hacer de él un centro competidor en los temas científicos que existen en varios Estados europeos, sino que debe permitir la posibilidad de asegurar un vínculo entre esos centros a nivel de la aplicación de los resultados por lo que se refiere a la aplicación de las directivas europeas, al igual que la Comisión debe poder dirigirse a él para una respuesta lo más rápida posible. 
Es necesario por tanto que disponga de equipos capaces de adaptarse fácilmente a la demanda y actuar inmediatamente. 
Para ello, éstos deben disfrutar siempre de los conocimientos relativos a los temas aprobados y mantenerse al corriente de la investigación al principio, incluso realizar investigaciones complementarias cuando algunos ámbitos no estén cubiertos por los institutos nacionales. 
El CCI tiene un papel importante que desempeñar en el contexto de la extensión del programa a los países candidatos a la adhesión así como a los países de la región mediterránea y a los implicados en la cooperación internacional, que dependen de los programas MEDA y TACIS. 
No olvidemos tampoco el papel de mediador en el sector de riesgos destinado al Centro común de investigación: exposición a los riesgos, evaluación de impactos, reparación, problemas de seguridad nuclear y residuos, en sinergia principalmente con programas ' EUROPA riesgos graves?. 
La acción del centro debe desarrollarse en lo que respecta a la puesta en marcha operativa de proyectos concretos relativos al ahorro de energía principalmente en el sector de la construcción y las energías renovables. 
Sus realizaciones no deben limitarse a las investigaciones sobre la energía fotovoltaica, sino que deben favorecer también proyectos de demostración en otros ámbitos como la energía eólica. 
Podría igualmente seguir la evaluación de la puesta en marcha de pilas de combustible. 
A la vista de la popularidad creciente de los alimentos procedentes de la agricultura biológica y de productos de la tierra, el CCI desarrollará métodos para garantizar la autenticidad y la calidad. 
Estudiará también la optimización de su impacto en el medio ambiente y el desarrollo local. 
Finalmente, con el fin de poder guiar al máximo posible y eventualmente reorientar algunos estudios en función de la evolución política en el plano científico, pienso que sería deseable que se pusiera en funcionamiento un comité de seguimiento en relación con el Parlamento, a quien se tendría así al corriente de estas actividades de forma más regular, lo que permitiría proseguir el desarrollo de intercambios fructíferos. 
En conclusión, los grandes objetivos del Centro Común de Investigación serán por tanto mantenerse cercano a sus usuarios, que son el Parlamento Europeo y la Comisión, desarrollar su papel de centro de excelencia reconocido en desafíos de seguridad, de salud y de medio ambiente, y desarrollar sus actividades de animador de red de investigación. 
Así, el Centro Común de Investigación ganará la apuesta de su reforma y justificará su posición única en el seno de los servicios de la Comisión, y doy las gracias al Comisario Busquin y a sus servicios por habernos aportado todo su apoyo en la preparación de este informe y en las conclusiones que presentamos. 
Señor Presidente, quiero referirme en mi intervención a cinco informes- ¡a dos minutos por informe, son diez minutos! -Reconozco gustosamente que la agricultura- abstracción hecha de la energía eólica, de la que ahora hablamos- no resulta muy afectada por el sector de la energía atómica y nuclear. 
Por principio, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural lamenta que en Sexto Programa Marco de Investigación no exista parte alguna dedicada en particular al sector agrario, sino que las diversas cuestiones se reparten entre los capítulos relativos a la seguridad alimentaria, la protección medioambiental y el desarrollo. 
Esto es tanto más lamentable en cuanto que en la política agrícola tenemos una pretensión de multifuncionalidad, en virtud de la cual se trata de poner de relieve las interacciones entre los aspectos técnicos, económico, medioambientales, sociales y culturales. 
Sería adecuado contar con un paquete de investigación propio, máxime cuando, en lo que respecta a su dimensión y a su traslado a la práctica, la agricultura es, junto a la energía nuclear y el sector farmacéutico, uno de los grandes campos de aplicación práctica de los resultados de las investigaciones. 
Además, en las investigaciones en el ámbito de la agricultura y de las nuevas tecnologías se trata siempre, básicamente, la cuestión de las tecnologías transgénicas, si bien la biotecnología constituye un ámbito mucho más amplio: la fabricación de cerveza es biotecnología, la producción de mantequilla es biotecnología. 
Esto no quiero decir que las investigaciones acaben de comenzar, sino que eran el presupuesto de las bases vitales y del disfrute de anteriores generaciones y de la actual- mucho más que lo que esta nueva tecnología pone de relieve-. 
Si hablamos de la seguridad alimentaria en relación con las nuevas tecnologías, será sin duda alguna posible prestar una contribución e investigar en el ámbito de la seguridad alimentaria y de los productos alimentarios. 
Pero también debemos ser conscientes de que las nuevas tecnologías pueden poner en peligro la seguridad alimentaria. 
Cuando surgen problemas en el ámbito alimentario, nos vemos a menudo enfrentados con estas nuevas tecnologías. 
Por ejemplo, en la utilización de semillas, la investigación no busca, o no primordialmente, el cultivo de resistencias, sino que se intenta crear resistencias mediante la manipulación genética, en la mayor parte de los casos mediante la creación de resistencias contra la protección de las plantas en el ámbito sintético. 
Pero no tenemos sólo el ámbito químico, sino también el biológico. 
Se trataría de impulsar la investigación en una dirección tal que busque, en la medida de lo posible, la protección de las plantas en las sustancias naturales. 
Lo deseable sería impulsar la creación de resistencias en el ámbito de las semillas mediante la investigación en el proceso de desarrollo natural de la semilla, y centrarse menos en las tecnologías transgénicas. 
Por otro lado, tenemos que la utilización de las nuevas tecnologías transgénicas produce contaminación, contaminación que, en un primer momento, los investigadores de las empresas que operan en este sector habían descartado. 
¡Antes, el paso de una colza manipulada genéticamente a una mala hierba similar se había excluido, y ahora se ha hecho realidad! 
Asimismo, asistimos al traslado y a la contaminación de aplicaciones en sectores convencionales al sector biológico. 
Pero en este último sector, esto está prohibido, excluido, por la actual normativa de la Unión Europea. 
Las empresas biológicas tienen prohibido trabajar con organismos genéticamente modificados. 
También sería necesario investigar, si ya se investiga en el ámbito de las tecnologías transgénicas, cómo impedir la contaminación de otros sectores. 
Por ahora, esto ha ocurrido pocas veces, si bien se han elaborado principios al respecto. 
Como pueden ver, el sector de la agricultura suscita muchas preguntas. 
¡Aquí hablo en nombre de la comisión, y debo dejar claro que no estamos categóricamente en contra de los avances en el sector tecnológico! 
Sólo estamos en contra de que la investigación abra nuevos caminos y de que los riesgos se den después en el momento de su aplicación. 
He mencionado algunos puntos. 
Lo que importa es que el riesgo en la aplicación no se traslade a los agricultores y agricultoras y, a través de la producción de alimentos, a los consumidores y consumidoras; además, como ya hemos previsto en el sector nuclear, debe establecerse una delimitación de los daños y efectuarse una investigación de los daños y riesgos que evalúe qué puede ocurrir en la práctica y qué tipo de daños pueden darse en otros ámbitos mediante el traslado biológico, para que no siempre aprendamos sólo de los errores, sino que ya sepamos antes de la fase de investigación cuáles son los riesgos potenciales. 
Muchas gracias, señor Graefe zu Baringdorf. 
No ha agotado, ni mucho menos, el tiempo para decir todo lo que había que decir. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Zorba es muy prudente y el Grupo PPE-DE lo apoyará, así como también la mayoría de las enmiendas de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Todo esto cuenta para el excelente proyecto de la Comisión que tiende a establecer una genuina zona de investigaciones de la Unión Europea. 
La única enmienda a la que nos oponemos es la enmienda 6, que excluye la financiación de la Unión para las investigaciones destinadas a fines militares. 
No queremos que haya investigaciones encaminadas específicamente a conseguir fines militares, pero las investigaciones pueden tener aplicaciones militares y también aplicaciones civiles al mismo tiempo; por ejemplo, la investigación de nuevos materiales. 
Si se incluye esa cláusula de prohibición pueden plantearse obstáculos innecesarios para la realización de proyectos de investigación verdaderamente beneficiosos. 
También preferimos la enmienda 24 de la comisión parlamentaria, relativa al presupuesto, a la enmienda 26 de la Sra. Zorba, que especifica una cantidad para las Becas internacionales Marie Curie. 
Nos parece que sería mejor dejar sin asignar específicamente los 1.630 millones de euros destinados a recursos humanos, para que así haya más flexibilidad. Es evidente que no tenemos nada en contra de las becas Marie Curie. 
Un grupo ha presentado una enmienda explicativa 25 que especifica que se permitirá la participación a los que sean titulares de doctorados cuando esos diplomas se hayan obtenido en tres años, más bien que en cuatro. 
Confío en que la Sra. Zorba convenga en que se trata de una aclaración admisible. 
Quisiera concentrar ahora mis observaciones en el programa específico de ciencia y sociedad, que es esencial para restablecer el grado necesario de confianza y de entendimiento mutuo entre la comunidad científica y la sociedad civil en su conjunto. 
Eso reviste una importancia vital si los esfuerzos de investigación de la Unión Europea han de recibir un apoyo amplio y continuo para que puedan materializar todo su potencial. 
Hemos sido testigos de una lamentable ruptura de esa relación, quizá como resultado de afirmaciones equivocadas hechas por científicos y políticos en crisis anteriores. 
Es posible incluso que sea más atribuible a la falta de voluntad de la ciencia y la industria de comunicar con claridad y sistemáticamente. 
Esperamos que este programa promueva una comunicación mucho mejor y que el público esté mucho mejor informado acerca de los objetivos, los resultados, las aplicaciones, los logros, el reconocimiento de las limitaciones éticas y ambientales, y la utilidad práctica del esfuerzo científico. 
Sobre todo, esperamos que más jóvenes elijan como carrera la ciencia. 
Deseamos éxito al Sr. Busquin, a su equipo y a su programa. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a los cinco ponentes y a la Comisión, que una y otra vez han demostrado que estaban dispuestos a escuchar al Parlamento Europeo, tanto en el caso del informe Caudron como en otros casos. 
Me referiré brevemente a cada uno de los informes. 
Antes que nada, me alegro de que el Sr. van Velzen haya hecho hincapié en ciencias biológicas diferentes de la genómica, y de que haya promovido la investigación transnacional, pues eso significa una rápida utilización en las aplicaciones clínicas. 
Esto es algo que el público apreciará sin duda alguna. 
También me agrada nuestra enmienda, que añade la nanociencia a la nanotecnología. 
El reciente y excelente informes STOA sobre nanotecnologías deja bien claro que todavía estamos en la fase de la nanociencia. Hay que tener eso muy en cuenta. 
En cuanto a la aeronáutica, me agrada que suscite atención la salud de los pasajeros. 
Apoyo nuestra enmienda sobre ciencia espacial. 
De hecho preferiría que se prestara más atención a los grandes proyectos científicos en la esfera de investigaciones de la Unión Europea, a parte del programa marco. 
No hace falta decir que soy partidario del nuevo hincapié que hace el Parlamento en la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. 
Apoyo las conclusiones de la Sra. Zorba. 
Como ella, he acogido con verdadera alegría el incremento de los fondos para la ciencia y la sociedad. 
Ahora bien, coincido con ella en que una parte de la financiación debería provenir de las zonas temáticas prioritarias para las implicaciones científicas y sociales. 
Investigación multidisciplinaria, sí; una zona europea de educación superior, con las sinergias que eso implica para la esfera de investigaciones de la Unión Europea. 
Deberíamos encontrar personas que se capacitaran en cuestiones de ética y de gestión de investigaciones. 
El Sr. Piétrasanta ha hecho un excelente análisis de la JRC como órgano de referencia técnica y mecanismo de apoyo para la adopción de decisiones. 
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho acerca de la necesidad de supervisar y de la necesidad de que el Parlamento Europeo esté involucrado en esa supervisión, no solamente en la cuestión de la JRC. 
Por lo que se refiere al informe del Sr. Alyssandrakis, me gustaría sobremanera que se lograse un progreso definitivo en las investigaciones sobre la fusión, entre otras cosas porque es mucho menos peligrosa que la fisión nuclear y porque necesitamos contar con una alternativa a esa forma de energía. 
Siento bastante escepticismo acerca de si ITER funcionará o no funcionará dentro de este programa marco, pero ya veremos. 
Todos los ciudadanos quieren que se haga algo en relación con los desechos radiactivos. La Sociedad Real del Reino Unido insistió recientemente en esa misma cuestión. 
La cuestión no se ha resuelto todavía. 
Soy un gran adalid de la transmutación y de la distribución, y acepto con satisfacción todo el apoyo que se pueda prestar a esas tecnologías. 
En cambio, no soy partidario de gastar el dinero de la UE en investigaciones sobre nuevos reactores. 
Eso es un aspecto que la propia industria nuclear debe financiar. 
No es nuestra misión el prestar ayuda industrial a ese sector particular. Eso no es lo que el público quiere. 
Por lo que se refiere al Sr. Schwaiger, tiene toda la razón del mundo cuando dice que, no mucho más tarde, deberíamos contar con una especie de aquis communautaire en el sector de la seguridad nuclear. 
Así que felicito a todos por el buen trabajo realizado y por su cooperación, y deseo buena suerte a todos nuestros científicos. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias a todos los ponentes por lo mucho que han trabajado. 
Limitaré mis observaciones a la cuestión nuclear. 
La Comunidad de la Energía Atómica o Euratom se fundó en el año 1957 y ahora es una organización bien establecida. 
Es una institución de ámbito cerrado, regulada exclusivamente por el Consejo. No hay procedimiento de codecisión con el Parlamento. 
Su diferencia respecto de otras normas de la UE se pone de relieve también por el hecho de que Euratom posee su propio marco para su programa de investigaciones. 
Esta tecnología nuclear es la única esfera que posee un presupuesto prácticamente blindado. 
Para colmo, los requisitos de seguridad, como ha indicado el Sr. Schwaiger, no están coordinados en absoluto. Todo eso es muy lamentable. 
El presupuesto de fusión nuclear- 750 millones de euros- sigue siendo la principal esfera de investigación energética y asigna fondos al desarrollo de la próxima generación de investigaciones sobre la fusión. 
La mayor parte de los expertos vaticinan que si la fusión llega algún día a la fase de comercialización, no será antes de por lo menos otros 50 años. 
El resultado es que el presupuesto para la fusión es un agujero negro financiero que persigue a un santo Grial de energía de fusión que se aleja continuamente. 
A pesar de que los reactores nucleares llevan en operación comercial casi medio siglo, el problema de la gestión a largo plazo de los residuos radiactivos sigue sin solucionarse. 
El programa marco para la asignación de fondos adicionales a las investigaciones sobre la evacuación de esos residuos en medios geológicos significa que la Unión Europea financia investigaciones sobre lo que es realmente un problema comercial de residuos y, por lo tanto, constituye otra subvención para la industria nuclear. Eso es inaceptable. 
Señor Presidente, en la propuesta de decisión del Consejo relativa al programa Euratom de investigación en el ámbito de la energía nuclear que nos presenta la Comisión, señalo que las necesidades de la Unión aparecen correctamente identificadas para el corto y el largo plazo, pero observo un callejón sin salida en lo que respecta a la visión a medio plazo. 
Por lo que respecta al corto plazo, los medios deberían ser más importantes, pero los temas de investigación aprobados son en todo caso pertinentes. 
Además, se imponen por sí mismos. 
Se trata, por una parte, de la gestión de los residuos últimos y de los combustibles utilizados: reciclado avanzado, conversión en productos cada vez menos radiactivos y con una duración cada vez más corta. 
Ésta es la prioridad de las prioridades y necesitamos absolutamente darnos los medios para llegar a una desactivación de esos residuos finales. 
Se trata, por otra parte, de la seguridad de las instalaciones nucleares y de la radioprotección. 
Aunque las instalaciones nucleares europeas hayan demostrado ya su alto nivel de seguridad, y aunque se apliquen medidas de control y protección del medio ambiente muy rigurosas, es importante proseguir con este esfuerzo. 
Por lo que respecta al largo plazo, es decir, a partir de 2050, cuando los yacimientos de petróleo de fácil acceso se hayan agotado, será la fusión nuclear la que tome el relevo y es importante que los europeos no se dejen distanciar por sus socios americanos y japoneses en la puesta a punto de esta tecnología. 
Por el contrario, la carencia es completa y paradójica en el medio plazo en el eslabón central, es decir en los medios dedicados a la investigación relativa a la nueva generación de reactores de fisión llamados a sustituir a los que están actualmente en funcionamiento. 
En unos diez años de media, los reactores que nos dan luz y calor actualmente estarán al final de su vida útil. 
Nos encontramos aquí en un ámbito en el que Europa ostenta una competencia real y reconocida como una posición de líder mundial, y debemos tener como objetivo el de mantener nuestro avance tecnológico. 
Conviene por tanto dedicar los esfuerzos de investigación necesarios. 
Nuestros socios americanos y japoneses se han comprometido en políticas voluntaristas con respecto a las cuales, señor Presidente, la Unión y los Estados miembros no deben tomar ningún retraso. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario Busquin, como ponente para el Sexto PMID debo señalar mi satisfacción de ver que se respetan los plazos para la adopción de los programas específicos. 
Ello permitirá poner en práctica en las mejores condiciones las grandes líneas directrices en materia de investigación europea que adoptamos en el período de sesiones del pasado mes de mayo. 
Sin duda, la adopción de las reglas de participación se retrasó a julio. 
Se nos ha dicho que no podía hacerse de otra manera por la brevedad de los plazos. 
En cualquier caso, el paquete PMID, programas específicos y reglas de participación, será adoptado antes de la pausa del verano, lo que permitirá una aplicación efectiva el 1 de enero de 2003. 
Por tanto respetaremos el compromiso que yo asumí ante ustedes en el mes de febrero de 2001, de lo cual estoy especialmente satisfecho. 
Con respecto a los programas específicos, objeto de nuestro debate de esta tarde, debo felicitar también efusivamente a los ponentes, el Sr. van Velzen, la Sra. Zorba, el Sr. Alyssandrakis, el Sr. Piétrasanta y el Sr. Schwaiger. 
Personalmente he seguido en esta fase del trabajo el informe del Sr. van Velzen sobre el programa específico relativo al primer y tercer ejes del PMID. 
He podido de nuevo medir la calidad del trabajo del Sr. van Velzen tanto más en la medida en que en varias ocasiones ha tenido que "poner las cosas en el telar", como se dice en francés. 
Ha tenido que tomar en consideración las votaciones de la segunda lectura sobre el sexto PMID, a continuación ha debido transferir al programa específico varias de las enmiendas votadas en bloque en esas mismas votaciones. 
Finalmente, puedo decir que su informe es totalmente coherente con lo que se votó con respecto al sexto PMID, y ello en tres planos. 
En primer lugar, el de las siete prioridades. 
Es inútil que yo les recuerde la lista, pero mencionaré en especial la primera de dichas prioridades para decir que, en el programa específico, hemos precisado mejor el lugar de la salud y de la lucha contra las grandes enfermedades, fuera de la investigación sobre el genoma. 
Segundo plano, el presupuesto. 
El Parlamento está muy satisfecho del incremento de algunas líneas presupuestarias y de la inserción de notas a pie de página que permitan orientar el reparto en el interior de algunas líneas presupuestarias, de acuerdo con nuestros deseos. 
Tercer plano, finalmente, el de la transición entre los nuevos y los antiguos instrumentos, un tema de preocupación para el Parlamento y para varios Estados. 
Finalmente, el informe precisa de manera pertinente los ejes de investigación adoptados. Por ejemplo el levantamiento de minas, la investigación sobre el sistema solar, el dopaje, la seguridad en los lugares de trabajo, los agentes biológicos utilizados para fines terroristas. 
Hemos podido evitar el escollo de un nuevo debate sobre la cuestión ética. 
Algunos se han visto sin embargo tentados, el sentido común lo ha hecho así, el interés colectivo ha prevalecido: doy las gracias a todos los colegas. 
Terminaré saludando el buen espíritu de colaboración entre los diferentes Grupos políticos, los representantes de la Comisión y el Comisario Busquin, el Consejo y la Presidencia española. 
Habremos adoptado así, en tiempo y hora, un excelente programa de trabajo que la comunidad científica podrá poner en marcha a partir del 1 de enero de 2003. 
Señor Presidente, éste es un programa marco histórico, pues es la primera vez que el proceso de elaboración se ciñe bien al calendario, incluso vamos adelantados, y llegaremos a un acuerdo ya en la primera lectura. 
Se merecen las gracias todos los participantes. 
Mi interés se centra esta vez de forma especial en el informe del Sr. Alyssandrakis, ya que yo misma también fui ponente de un informe similar en el Quinto Programa Marco. 
La fusión nuclear es la solución energética del futuro, con la cual, si se hiciera una realidad, podríamos olvidarnos de los debates sobre la escasez de energía, sobre la proporción demasiado grande de la energía importada por Europa y de las emisiones de efecto invernadero. 
Debido a las enormes posibilidades implicadas en la fusión nuclear, tenemos que crear todas las condiciones apropiadas: cuanto más recursos disponibles, tanto antes obtendremos resultados. 
Por ello, el techo de 200 millones de euros establecido por la Comisión a la financiación del programa ITER es equivocado. 
Ojalá que la próxima vez seamos más los que miremos a un futuro más lejano y tengamos la osadía de reservar más fondos para la investigación en el campo de la fusión nuclear. 
Está en el interés de Europa conservar con afán el programa ITER. 
Si se elige como sede para la ejecución del programa ITER un Estado miembro de la UE, este programa aportará a Europa grandes conocimientos y nuevas aptitudes científicas, así como conocimientos técnicos de primer rango y nuevas tecnologías. 
Ya existen métodos operativos para el almacenamiento provisional de combustibles de alta radiactividad, así que no es necesario financiar estas investigaciones con fondos del Programa Marco. 
Por esta razón, habría que rechazar las enmiendas 7 y 8. 
En Finlandia ya existe un modelo ultimado para la ubicación definitiva en bancos de roca primitiva, pero siempre se podrán considerar otras posibilidades. 
La investigación nuclear y la seguridad de su utilización como fuente de energía vienen a ser cosas idénticas. 
La Comisión ha mostrado últimamente su voluntad de empezar a establecer normas mínimas comunes de seguridad a escala europea; esto implica algunos riesgos. 
Siempre que se procede a armonizar, existe el peligro de escoger el listón más bajo. 
Por otro lado, nosotros tenemos buenas experiencias sobre la cooperación entre las autoridades. 
En este marco, los peores aprenden de los mejores y no hay necesidad de adquirir compromisos imposibles de cumplir por parte de los más débiles, compromisos que también rebajarían los estándares de seguridad de los Estados miembros más avanzados. 
Los reguladores están ya realizando un trabajo excelente e imparcial. 
Por ello, apoyo la enmienda número 17. 
El desarrollo de planteamientos de armonización de la normativa no entra dentro del campo de acción del Programa Marco. 
La responsabilidad sobre el acatamiento de la normativa occidental de seguridad recae en los Estados miembros, mientras que el seguimiento es responsabilidad de la competente asociación WENRA, Western European Nuclear Regulatory Association (Asociación de Autoridades Reguladoras en materia de Energía Nuclear de la Europa Occidental). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, estructurar un espacio europeo de investigación coherente y solidario es participar en la construcción de la ciudadanía europea y es el objeto del diálogo estructurado entre ciencia y sociedad tal como nos lo propone este programa. 
¿Un sueño que quisiera únicamente añadir a este programa específico? 
Quizá. 
Pero más allá del sueño, de manera concreta y precisa, nosotros, diputados europeos, afirmamos así la existencia de Europa con toda la fuerza de inteligencia creadora que tiene en reserva, ya sea a través de sus empresas, de sus universidades o de sus investigadores, y sobre todo de su movilidad. 
Sería inimaginable que mantuviéramos la carrera de obstáculos que los investigadores deben vivir diariamente para poder dedicarse con serenidad a la esencia misma de su trabajo, frente a los reglamentos, a los imprevistos de la seguridad social, a los dédalos administrativos vinculados a la obtención de visados y a los problemas de carrera profesional. 
De ahí la afirmación clara y neta en estos programas de que una de las condiciones imprescindibles para esta realización es la movilidad. 
Una movilidad que trascienda las fronteras naturales, culturales y económicas, que propugne la igualdad de sexos, que permita el intercambio de prácticas de investigación. 
Una ayuda a la movilidad que quizás la DG competente deberá impulsar próximamente: actualmente un simple número verde, en el futuro una encrucijada hacia una Europa en movimiento. 
A esto, añadamos además la necesidad de desarrollar una formación doctoral interdisciplinar que abra una nueva concepción del espacio mental y tecnocientífico de investigación, una concepción cercana a las expectativas y necesidades de los ciudadanos. 
Para las universidades se trata de un desafío estratégico abrir esta mirada, tanto al personal pedagógico como a los universitarios. 
Estructurar las nuevas competencias, las nuevas posturas mentales que es necesario adoptar para situarse en planteamientos prospectivos de investigación teniendo en cuenta la verdadera dimensión europea. Construir el inventario de estas potencialidades, de estos depósitos de materia gris, ponerlos en red y crear la alquimia prolífica del espacio europeo de investigación, ¿es un sueño? 
No, porque estructurar la arquitectura del espacio europeo de la investigación es apoyarse en la fuerza de los investigadores, en su potencialidad, en los depósitos escolares, universitarios, en la movilidad que inicie el manejo de los conocimientos, de las capacidades, crear así el choque catalizador y prolífico que permita a Europa existir, alcanzar la sustantífica médula del espacio europeo de investigación de este milenio, con los ciudadanos de Europa para los ciudadanos del mundo. 
Gracias a los que imaginaron esta visión. 
Señor Presidente, estimados colegas, doy las gracias a los ponentes por su magnífico trabajo y suscribo los informes que han presentado. 
Pero, sobre todo, doy todo mi apoyo a los informes van Helzen y Zorba. 
Creo que mejoran las propuestas de la Comisión y nos ponen en la dirección adecuada. 
Me parece muy importante lo que el Sr. van Helzen ha dicho sobre el tema de la investigación sobre el cáncer. 
Debe seguir siendo un objetivo principal del fomento de la investigación en Europa. 
En el Programa Marco hemos luchado mucho por ello, y por eso es tan importante que subrayemos esto una vez más. 
En el marco del desarrollo sostenible debemos utilizar la investigación para combatir los problemas medioambientales. 
A este respecto he presentado algunas enmiendas que han recibido el apoyo de la comisión, por ejemplo en favor de la investigación en biocombustibles sostenibles. 
A diferencia de lo que ha manifestado el Sr. Graefe, creo que la biotecnología puede desempeñar un papel muy, muy importante en beneficio del medio ambiente. 
Sobre el tema ética e investigación quiero decir que pido a la Comisión que apoye las enmiendas 17 a 20. 
Ya formaban un paquete dentro del informe Caudron y podrían orientar en la dirección adecuada, es decir, que fomentemos las técnicas que pueden representar una alternativa a lo que tan a menudo hemos debatido aquí en el Parlamento. 
Se trata, en fin, de un planteamiento positivo y constructivo. 
La famosa enmienda Nistico, sobre la que tanto se ha discutido aquí, es decir, la enmienda Nistico sobre el tema de la clonación e investigación con células madre, no la hemos presentado. 
La razón principal estriba en que, en el Consejo, algunas partes de esta enmienda suscitaban serios problemas. 
Sigo sin entender por qué el Consejo no ha podido acercar su postura a esta enmienda. 
El Parlamento quería ir en este tema más allá de lo establecido en la posición común. 
Ahora oigo que, a raíz de una declaración de cinco Estados miembros, en el Consejo comienza a discutirse sobre ética, lo que nos parece muy bien, por lo que invito a la Comisión a que mantenga una actitud constructiva y facilite la obtención de un acuerdo en el Consejo. 
El Parlamento Europeo no protestará lo más mínimo si se hace alguna aportación en el ámbito de la ética que suponga un acercamiento a nuestra enmienda, como ocurrió en la declaración de la Comisión y en la posición común. 
Señor Presidente, los programas específicos para la actuación del Sexto programa marco, al tratar en detalle todas las prioridades temáticas, aclaran su contenido y aumentan su eficacia. 
Dichos programas aportarán unos cambios sustanciales para el éxito de todo el programa, ya que parten de la concentración de la ayuda financiera en un número restringido y concreto de temas prioritarios para Europa. 
Esto permitirá a los investigadores una más estrecha cooperación de conjunto y aumentará su movilidad creando también en Europa, así lo esperamos, un ambiente de trabajo más atrayente para ellos. 
En cuanto a las normas en materia de trabajo, el Sexto programa marco que comenzó hace más de un año y al que ha contribuido la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, ha mantenido en el marco de las prioridades también los temas evidenciados por nuestra comisión, en particular el empleo, la salud y la seguridad en el centro de trabajo, así como la inclusión de las personas socialmente excluidas y menos favorecidas, como las personas con discapacidad. 
En efecto, no olvidemos que la investigación no tiene sentido por sí misma, sino por el hecho de estar al servicio de la gente. 
Asimismo se ha puesto énfasis en el apoyo y en la investigación a favor de las pequeñas y medianas empresas por el papel de catalizador económico que desempeñan en Europa. 
Asimismo, con la reestructuración del Centro Común de Investigación se ha potenciado su organización y la confirmación de su presupuesto es una señal importante de cara a un Espacio Europeo de la Investigación. 
Por último, acojo con satisfacción la inclusión de una enmienda presentada en junio de 2001 en relación con el empleo en Europa. 
El programa específico de integración y reforzamiento del Espacio Europeo de la Investigación responde a nuestra solicitud de extender la investigación al desarrollo de los sistemas operativos y del hardware en Europa. 
No cabe duda de que esto permitirá aumentar el empleo y ralentizar la fuerte dependencia que actualmente tenemos con respecto a los Estados Unidos y Japón en un sector neurálgico para la nueva economía. 
Señor Presidente, la puesta en práctica del Programa Marco de Investigación de la Comunidad es, desde una perspectiva de política presupuestaria, tan plausible como imprescindible. 
Al fin y al cabo, se trataba de debatir, es decir, de repartir, la cantidad aprobada por el Consejo por un importe total de 17.500 millones de euros. 
No obstante, he tenido que ceder en mi posición ante una portavoz de la Comisión de Control Presupuestario, y no por negarme a realizar mi trabajo, sino más bien porque la comisión ha acordado prescindir esta tarde de un dictamen, pues estamos en presencia de nuevos métodos de integración y coordinación en los que no procede efectuar una apreciación ex ante. 
No obstante, quiero aprovechar mi tiempo para subrayar que en la práctica me ha llamado la atención algo que considero muy importante: se trata, señor Busquin, de las negociaciones contractuales de la Comisión con pequeñas y medianas empresas en el marco de propuestas de proyectos merecedores de subvención en el Programa Marco de Investigación. 
¿Cómo puede ser que proyectos con una, a mi juicio, magnífica evaluación de contenidos estén condenados al fracaso porque los solicitantes no superen el examen de solvencia de la Comisión? 
Un examen de solvencia que insiste- en mi opinión- con tanta estrechez de miras en los márgenes de beneficios y que, al mismo tiempo, ignora por completo la disposición de las empresas a introducir innovaciones y a efectuar inversiones. 
Un examen de solvencia que supone, sobre todo para las PYME, un elevado obstáculo en forma de medidas de protección; un examen de solvencia, en suma, que desmotiva y desincentiva a las empresas que, por sí mismas, trabajan más orientadas a las innovaciones que a la obtención de beneficios y que, por tanto, deberían ser los socios preferenciales en el Programa Marco de Investigación. 
En el marco de la cofinanciación, debe procurarse que los fondos comunitarios no sean mal utilizados o mal invertidos por las empresas privadas, eso está claro. 
Pero un examen de este tipo requiere unos parámetros de decisión más matizados y más orientados al caso concreto. 
De otro modo, no se fomentarán los impulsos innovadores, sino que quedarán sistemáticamente excluidos, y acabaremos con una acumulación de medios y de recursos improductivos, como ha ocurrido con los fondos estructurales europeos. 
Señor Presidente, señoras, señores diputados, pero me dirijo en primer lugar a usted, señor Presidente; lamento que no haya podido tomar la palabra ya que siempre ha defendido firmemente, en el ejercicio de sus funciones, la idea del Espacio europeo de la investigación, aunque imagino que va a seguir haciéndolo. 
Quisiera en primer lugar dar las gracias de nuevo al Sr. Caudron por haber velado para que este Sexto programa-marco se votara en el transcurso del período de sesiones de mayo, lo que nos ha permitido, como ha dicho con toda razón, mantener un calendario favorable para toda la comunidad científica, al igual que para las industrias europeas, y aprobar este programa-marco, los programas específicos y las reglas de participación en los plazos previstos. 
Quisiera, una vez más, dar las gracias al Parlamento y a todos los que nos han permitido, en nombre prácticamente de la comunidad científica, realizar lo que usted ha llamado, con razón, elemento muy positivo, adoptar las reglas en el tiempo deseado, de forma que podamos prepararnos para la cita del 1 de enero de 2003 en las mejores condiciones. 
Quisiera también dar las gracias a los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, que, sin ser ponentes, han participado en estos trabajos y han llevado a cabo una aportación útil. 
Quisiera también, con respecto al Sr. Graefe zu Baringdorf, que ha emitido una opinión, en nombre de la Comisión de Agricultura, pero que ha abandonado el hemiciclo, aclarar que no se trataba de hacer definiciones sectoriales. 
No hemos puesto por delante un sector particular, hemos hecho hincapié en la investigación, pero la agricultura no nos es en absoluto indiferente y se encuentra en muchos ámbitos; ha sido objeto de una atención muy especial de la que no se ha hablado, en el contexto del apoyo a las políticas comunitarias en las que el lugar que ocupe la agricultura será muy importante. 
Por otra parte, la multifuncionalidad de la agricultura se retoma como tal, al igual que los aspectos del desarrollo rural sostenible y del apoyo a la biodiversidad, que demuestra bien que nuestra única preocupación no está en el genoma, sino también en la biodiversidad en tanto que sector natural que puede ser interesante en muchos sentidos. 
Lo que es muy positivo es que los programas específicos se hayan mostrado absolutamente coherentes con el programa-marco que, como saben ustedes, ha sido finalmente aprobado por el Consejo y está en vigor oficialmente desde el 3 de junio. 
De todas formas, el programa-marco no es pues más que una base. 
Y constato que los ponentes han hecho un trabajo de gran calidad y que la Comisión puede ya aceptar sin ninguna duda una gran parte de las enmiendas tal como han sido formuladas, tanto en su principio como en su contenido. 
Quisiera también saludar, como ha hecho el Sr. van Velzen, el planteamiento, que puede calificarse de histórico, que ha consistido en presentar en bloque enmiendas aprobadas en bloque durante el periodo de sesiones de mayo, y que, si son adoptadas, se incorporarán al texto en las condiciones mencionadas en las declaraciones hechas por la Comisión y el Consejo durante la adopción del programa-marco. 
Hemos respetado por tanto totalmente el acuerdo que concluimos y creo que ahí tenemos un elemento interesante y nuevo en el plano institucional y metodológico. 
Como ha señalado precisamente el Sr. Caudron será evidentemente trabajando con confianza en este ámbito como podremos hacer que progresen más rápidamente las cosas, y debía señalarlo una vez más. 
Hay por tanto enmiendas que son útiles clarificaciones, precisiones en cuanto a la descripción del contenido científico del programa-marco y es necesario por tanto tomarlas en consideración. 
A veces hay, y debo decirlo, algunos elementos que van demasiado al detalle y si bien se pueden aceptar en principio, en algunos casos esas sugerencias tendrán más bien su lugar en los programas de trabajo. 
Me referiré ahora a los diferentes informes. 
Es evidente que el informe del Sr. van Velzen, que abarcaba el campo muy amplio del primer y tercer elementos del Espacio europeo de la investigación, es decir, integrar y reforzar el Espacio europeo de la investigación, es evidentemente un informe que, en general, es muy completo y podemos afirmar que todas las enmiendas son aceptables en su mayoría. 
También son aceptables las relativas a las condiciones de aplicación del programa marco, como ha señalado de nuevo el Sr. Caudron, la transición del Quinto al Sexto programa-marco, los elementos presupuestarios, por supuesto, que se han recogido, y la necesidad de una transición flexible que se recoge en los términos que ustedes habían deseado; creo que ahí está una aportación importante del Parlamento con respecto a la posición de la Comisión que, hay que reconocer, era tal vez demasiado voluntarista; el Parlamento ha dado prueba de prudencia y comprensión frente a esta cuestión de la transición de un programa-marco al otro. 
Están también, por supuesto, las condiciones para una aplicación integrada del programa y las informaciones a remitir al Parlamento en la materia, especialmente en el tema del desarrollo de los programas de trabajo. 
Deseo que podamos seguir colaborando juntos en la aplicación, que podamos informarles con regularidad sobre sus diferentes aspectos, que ustedes nos informen por supuesto de su percepción de los problemas y de sus sensaciones. 
Todos estamos de acuerdo en la necesidad de evaluar los progresos realizados gracias al programa-marco en la puesta en marcha del Espacio europeo de investigación; debo recordar que habrá una evaluación de los nuevos instrumentos dentro de dos años. 
Todo eso es un trabajo que haremos juntos. 
En lo que respecta a la prioridad de los aspectos del genoma y la biotecnología en materia de salud, la Comisión recogerá por supuesto todas las enmiendas relativas a la investigación sobre el cáncer, en todos sus aspectos: genética, clínica y otros. 
Y principalmente, como han señalado de nuevo, la dimensión translacional que es una dimensión muy importante y, por supuesto, los elementos de prevención. 
De la misma forma, no olvidaremos la diabetes con las nuevas perspectivas que se abren en este sentido, como acaba de señalar el Sr. van Velzen. 
Quisiera decir a la Sra. Liese, que ha presentado una enmienda en sesión que, para mí, en lo que se refiere a los cuidados paliativos, es totalmente claro que este punto puede retomarse en el marco de lo que se llaman las coordinaciones de las políticas europeas, y del apoyo a las investigaciones realizadas en el ámbito de las enfermedades, que deben ser percibidas de todos modos de una manera global. 
No habrá por tanto ningún problema para integrar esta idea que ustedes desarrollan en el Pleno. 
Por el contrario, puedo asegurarles que la Comisión no está en condiciones de aceptar las enmiendas sobre las ciencias de la materia viva que acaban de presentarse en el Pleno, que comprometerían el equilibrio entre los aspectos genómicos y no genómicos, alcanzado en común en el Sexto programa-marco. 
Para las demás prioridades temáticas, la Comisión puede globalmente aceptar todas las enmiendas, a excepción sin embargo de las que van demasiado al detalle para los programas específicos, como en materia de seguridad y calidad alimentarias. 
Entramos ahí en detalles y en problemáticas que no dependen del campo de los programas específicos tal como se desprenden del Sexto programa-marco. 
En lo que se refiere a una enmienda que acaba de ser presentada en el pleno, del Sr. van Velzen, creo, sobre el espacio y los satélites, es necesario desarrollar una reflexión y una investigación, pero eso debe hacerse también en colaboración con la Agencia Espacial Europea que es el elemento operativo de la política del espacio. 
Si, en el fondo, hay comprensión en cuanto a la forma, habría que encontrar una forma de colaborar. 
En general, creo por tanto que puedo decir que todo lo que está en el informe del Sr. van Velzen refleja exactamente las voluntades comunes que hemos expresado, incluso si, en algunos puntos, hay evidentemente detalles que no podemos quizá retomar como tales, pero la filosofía general es sin duda totalmente la misma y sólo puedo alegrarme por ello. 
En lo que respecta a las enmiendas de la Sra. Zorba, ocurre evidentemente lo mismo. 
Son totalmente aceptables y han dado incluso una dimensión suplementaria a la reflexión estableciendo el vínculo con la noción de multidisciplinariedad, haciendo de nuevo hincapié con más nitidez en la movilidad de los investigadores, y comparto lo que, señora, su vecina, la Sra. Zrihen, acaba de decir sobre la noción de Europa, porque la principal riqueza de Europa es el potencial humano de investigadores que debemos poner en valor, asegurando mejor el vínculo entre el proceso de la investigación y el proceso llamado de Bolonia, de tal forma que lleguemos a una Europa del conocimiento, lo que se ha dicho por cierto en la Cumbre de Barcelona. 
Porque el gran problema de Europa será mantener un potencial humano de calidad y volveré, también, sobre ello en lo que respecta a la dimensión Ciencia y sociedad y la inclinación de los jóvenes por la investigación. 
Está también, como han dicho, el apoyo a la creación del espacio europeo de la enseñanza. 
Pienso también que, en el debate sobre las reglas de participación, integraremos asimismo esta idea de ciencia y enseñanza, lo que es evidentemente un punto importante, pero pensamos igualmente que son necesarias complementariedades con las diferencias y las acciones similares en el marco de las prioridades temáticas. 
Con respecto a la intervención del Sr. Purvis que ha hablado de un problema de reformulación, en el texto de una enmienda presentada en el Pleno que pretende clarificar los criterios de elegibilidad de los investigadores experimentados, quisiera decir que, de acuerdo con el espíritu de nuestro texto, son cuatro años de experiencia o el doctorado lo que se debe incluir. 
El texto tal como está formulado de partida no es pues satisfactorio. 
Nosotros les proponemos por consiguiente un texto mucho más sencillo aún, cuatro años de experiencia o el doctorado, lo que iría en el sentido de la enmienda que ustedes presentan en el Pleno ya que está ahí el punto sensible, y creo que han hecho bien haciendo hincapié en la circunstancia de que nuestro including no era quizá suficientemente claro y que por consiguiente vale más or, en lugar de including, lo que sería más sencillo. 
Ésta es una respuesta muy concreta a una enmienda que va a votarse en el Pleno. 
Por el contrario, señora Zorba, tenemos dificultades para aceptar la enmienda que consiste en fijar una suma predeterminada para dedicar a las becas internacionales, porque creo que dar sumas predeterminadas introduce una noción de rigidez que no es en absoluto compatible, pero podemos asegurar que reservaremos un seguimiento positivo a la filosofía de su enmienda sobre las becas individuales, ya que ahí está evidentemente uno de los puntos de apertura del programa marco. 
Pero no podemos decir que es necesario, digamos, comenzar a clasificar todas las acciones relativas a la movilidad de una manera demasiado rígida, porque ello terminaría por ser perjudicial. 
En lo que respecta por el contrario a las enmiendas de ciencia y sociedad, estamos totalmente de acuerdo con sus enmiendas que invitan a una implicación de los ciudadanos y de las partes concernidas, como las asociaciones de pacientes o de protección del medio ambiente, en el debate "ciencia y sociedad", así como con las enmiendas que señalan el importante papel de los enseñantes y de los medios de comunicación para una mejor comprensión de la ciencia. 
Consideramos sin embargo que no sería apropiado introducir una mención explícita de las cuestiones de ciencia y sociedad en las prioridades temáticas, ya que se trata de un tema que supera las prioridades temáticas porque abarca todo el campo de la ciencia y de la sociedad y, por consiguiente, parecería un poco reductor ponerlo únicamente en las prioridades temáticas. 
Dicho esto, se trata de detalles con respecto a la filosofía general que propone usted. 
A continuación, y es importante, constato que el Parlamento ha velado para que "ciencia y sociedad" constituya una prioridad más importante. 
Es necesario reconocer efectivamente que es la primera vez que se aborda este tema como tal en un programa-marco, y ustedes han velado para que desde el punto de vista presupuestario se vea reforzado, lo que a mi juicio es una buena decisión. 
En lo que se refiere al informe del Sr. Alyssandrakis y a lo que la Sra. Matikainen ha añadido: creo que todas sus enmiendas, Sr. Alyssandrakis, aportan precisiones útiles a la propuesta de la Comisión. 
La Comisión está de acuerdo en recogerlas, mediante una ligera reformulación en algunas ocasiones, pero sin tocar su "filosofía". 
Es el caso por ejemplo de todas las enmiendas relativas a la radioprotección que constituye un problema evidentemente importante. 
Con respecto a la fusión nuclear, aceptamos la mayoría de las enmiendas que apoyan la financiación de actividades concretas, aclarando que el proyecto ITER constituye un nuevo paso. 
Creo que la Sra. Matikainen y usted mismo dicen un poco la misma cosa, pero es necesario verdaderamente que el proyecto ITER se considere como ' next sep? y por tanto debe aparecer igualmente en el programa específico porque forma parte de las grandes perspectivas de la fusión nuclear. 
Ello no impide que la investigación fundamental y la investigación en general deban proseguirse en otros entornos que el de la realización del ITER, como lo han señalado ustedes precisamente, con JET y otros tipos de tokamak, stellerator, por ejemplo. 
Pero es necesario hacer de ITER un next step. 
Por otra parte, a nivel internacional, la negociación sobre ITER ha avanzado considerablemente en las últimas semanas: hoy estamos con una propuesta de al menos tres sitios, dos sitios en Europa, incluso tres- el Sr. Vidal-Quadras comprende lo que quiero decir puesto que España es prodigio en este ámbito- y un sitio en Japón. 
Por tanto, la negociación progresa correctamente en este plano y eso es muy importante. 
Con respecto a la gestión de los residuos radiactivos, la Comisión valora toda su importancia. 
Ahora bien, las enmiendas propuestas tienen la tendencia a introducir plazos demasiado vinculantes para la investigación. 
No se puede por tanto tenerlos totalmente en cuenta, porque la gestión de los residuos radiactivos debe seguir siendo bastante abierta: quizá no hay solamente una solución, sino varias. 
En lo que respecta al informe del Sr. Piétrasanta, queremos darle las gracias, Sr. Piétrasanta, y a través de usted a todo el Parlamento. 
Le damos las gracias, al igual que la señora McNally ha recordado, por el interés que concede al Centro común de investigación y por el apoyo que le ha dado en el programa-marco. 
Es importante que el Parlamento comprenda que la Unión Europea dispone con el Centro común de investigación de un instrumento para realizar algunos objetivos políticos. 
Se trata de un instrumento útil para contribuir a la realización del Espacio europeo de la investigación creando una base común de conocimientos y de medidas y también, como ha señalado el Sr. Piétrasanta, creando vínculos con los centros nacionales. 
Creo que se trata de un punto interesante que ha puesto perfectamente de relieve. 
En este sentido, quisiera señalarle que la Comisión desea incluir en el Acta del Consejo una declaración que indique que se felicita por la intención del Parlamento de poner en marcha un grupo ad hoc de diputados que hará el papel de interfaz con el Centro común de investigación, un comité de seguimiento de alguna manera. 
Creo que es una idea que ya estaba en el informe de Aviñón, pero ha hecho muy bien usted retomándola. 
Desde el punto de vista institucional, veremos la posibilidad de hacer una declaración al Consejo para incluirla en el Acta. 
Esta idea va en la buena dirección y está además apoyada por el Parlamento. 
Pensamos que las enmiendas son aceptables, algunas de ellas señalan la prioridad de las cuestiones medioambientales, especialmente la protección de los ecosistemas y la seguridad alimentaria. 
Saben que el Centro común de investigación disfruta en el ámbito de la rastreabilidad, por ejemplo de los OGM, de una experiencia que se considera una de las mejores en Europa. 
Se trata por tanto de un instrumento importante en la perspectiva, especialmente, de la ampliación y de la apertura del Centro a los nuevos miembros: volveré sobre ello con el tema del informe del Sr. Schwaiger. 
Sr. Schwaiger, quisiera decirle hasta qué punto sus enmiendas son oportunas, algo normal ya que conoce bien la cuestión y ha tenido que visitar el CCI. 
No tenemos problemas, al contrario. 
Pensamos que su informe aporta elementos complementarios que acentúan la necesidad de integrar el Centro común de investigación en las redes de cooperación europea, más especialmente en las redes de excelencia, y compartimos los principios que ha mencionado, que conciernen a la ética o a la apertura. 
Quisiera precisar sin embargo que lo mismo ocurre con la investigación en apoyo de la armonización de las normas de seguridad nuclear y de la gestión del sector de los combustibles, que es muy importante. 
En este sentido, los últimos acontecimientos muestran que el sector de los combustibles implica un control cada vez más importante y el acuerdo de desarme que acaba de concluirse entre Rusia y Estados Unidos implica que Europa esté presente también en este debate. 
Me he reunido con los responsables de la Agencia internacional de la energía atómica en Viena que nos piden que pongamos una parte de nuestra experiencia en común con ellos para poder, precisamente, tener un mejor dominio de estas cuestiones de la diseminación. 
Por consiguiente, Sr. Schwaiger, su observación es absolutamente pertinente y de actualidad. 
Es necesario por tanto incluirla en la cuestión general de la dispersión y de la no-diseminación y es necesario que Europa aporte su contribución a este esfuerzo común. 
Recojo también su propuesta que, con la Sra. de Palacio, apoyaremos en sus aspectos técnicos. 
Como ha señalado, la seguridad de algunas centrales, entre otras las de Lituania, es muy preocupante y el CCI tiene, en este sentido, una cierta experiencia, una capacidad de formación que podrán aprovecharse. 
En resumen, creo haber mencionado así los diferentes informes y quisiera, como conclusión, responder a algunas intervenciones. 
Al Sr. Purvis ya le he dicho que con respecto a las becas Marie Curie, haremos la rectificación en el espíritu que ha indicado. 
Les señalo que tiene razón cuando dice hasta qué punto "ciencia y sociedad" es importante para los jóvenes. 
¿Cómo estimular a los jóvenes a que hagan estudios científicos, como ha dicho por otra parte la Sra. Mcnally? 
Será precisamente con respecto a esto por lo que debe haber convergencia de acciones. 
Saben que hemos desarrollado un plan de acción "Ciencia y sociedad". 
Será necesario ver como ponerlo en práctica, y podemos hacerlo juntos. 
A la Sra. Liese, que ha hablado de los carburantes ecológicos, le diré que su declaración es totalmente pertinente y que por tanto su propuesta de enmienda puede ser apoyada. 
Va por otra parte en el sentido de la directiva de la Sra. de Palacio sobre esta cuestión. 
Ya lo he dicho con respecto a los cuidados paliativos también, podemos dar nuestro apoyo a las ideas que desarrolla en sesión pública. 
Creo que el Sr. Souchet ya no está entre nosotros, pero su pregunta sobre la energía nuclear es evidentemente una pregunta general. 
Como conclusión, quisiera abordar las cuestiones más generales de la economía. 
Pienso que hoy, con el programa-marco, con los programas específicos, hemos demostrado hasta qué punto la investigación y la innovación son esenciales para alcanzar los objetivos de Lisboa: ser la economía más dinámica del mundo. 
En este sentido, como la Sra. Quisthoudt-Rowohl y la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía propusieron ayer, creo que el periodo de sesiones de julio será evidentemente muy importante, porque estaremos preparados para realizar el Sexto programa-marco que se incluye en el Espacio europeo de investigación. 
En este sentido, puedo anunciarles que las convocatorias de declaraciones de interés- que es una fórmula nueva que acabamos de impulsar por primera vez, dirigiéndonos a la comunidad científica y a las industrias- han cosechado un éxito bastante sorprendente, incluso un poco difícil de gestionar porque hemos recibido más de 15.000. 
Por consiguiente, eso significa que la Europa de la investigación y la Europa del Espacio europeo están en movimiento. 
El problema es que el éxito puede llegar a ser difícil de gestionar. 
Pero, ¡15.000 declaraciones de interés! 
Un éxito así es significativo del esfuerzo de información, de sensibilización que hemos realizado todos, que ustedes han realizado. 
Creo que este esfuerzo es muy útil porque demuestra la emergencia de una conciencia, de una voluntad de crear en Europa investigación e innovación. 
En este caso, tiene usted razón, y quisiera responder a una serie de intervinientes con respecto a la investigación y la innovación: a la Sra. Plooij-van Gorsel, que ha insistido en la cuestión del vínculo entre investigacion e innovación, y al Sr. Rübig que ha mencionado el problema de las pequeñas y medianas empresas. 
Está claro que es necesario pasar a la aplicación, y que nuestro objetivo del 15% debe alcanzarse; no siempre es fácil porque es necesario para ello informar y sensibilizar. 
Por consiguiente, en el marco de la aplicación de este objetivo, deberemos estar muy atentos a la forma como vamos a operar de manera concreta. 
Para una PYME, la dificultad está en los costes y, al decir esto, respondo a la Sra. Langenhagen: creo que tiene toda la razón al poner por delante esta cuestión de las garantías para las pequeñas y medianas empresas. 
Con respecto a la aplicación, intentamos tener una posición en la que estas cuestiones de garantía ya no sean una fuente de temor y de dificultad complementaria para las pequeñas y medianas empresas. 
Eso es todo para la cuestión de la aplicación, a partir de las reglas de participación, de lo que se llamarán costes admisibles. 
Eso es lo que hay previsto por el momento, pero el debate continúa porque, como saben ustedes mejor que nadie, se trata de dinero público y no podemos comprometerlo de cualquier manera. 
Pero el debate está en curso y espero tener ocasión de discutirlo con la Comisión de Presupuestos y, por supuesto, con el Tribunal de Cuentas. 
De esta forma, nuestra propuesta podrá responder a esta dificultad, velando para no asumir riesgos innecesarios. 
Sr. Mantovani, ha hablado usted también de las PYMEs. 
Es un objetivo que todos tenemos en común y creo que sería importante hacer un esfuerzo de información y preguntarnos sobre las modalidades. 
Si lo desea, estoy totalmente dispuesto a mantener una reunión sobre esta cuestión con usted, a escuchar sus propuestas y a imaginar de qué forma poner en práctica esta relación con las PYMEs, que dispondrán con todo de más de dos millardos de euros con cargo al próximo programa-marco, lo que representa una suma muy significativa. 
Es necesario asegurar también, como ha dicho usted mismo, Sr. Rübig, una complementariedad con el Banco Europeo de Inversiones, que está dispuesto a realizar esfuerzos suplementarios en este sentido. 
Como conclusión, señor Presidente, señoras, señores, creo que vamos a intentar crear una dinámica, habida cuenta de que en Barcelona nos pusimos de acuerdo sobre el objetivo del 3% del PIB. 
Doy las gracias al Sr. van Velzen por haber señalado de nuevo que éste era el futuro de Europa, que era necesario que hiciéramos un esfuerzo de investigación e innovación en Europa, y que lo hagamos todos juntos; esto es lo que deseaba el Parlamento. 
Recuerdo que durante la primera definición del Espacio europeo de investigación, insistió usted en el objetivo del 3% del PIB. 
Vamos a conseguirlo, gracias a ustedes, gracias a la comunidad científica, gracias a esta voluntad de hacer de la investigación y de la innovación una prioridad a escala europea. 
Les agradezco de todas formas sus trabajos y espero que hayamos contribuido así a hacer que avancen las cosas. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
La votación se ha celebrado en un marco en el que la Comisión de Medio Ambiente se había pronunciado, en lo tocante a los aspectos que quedaban como políticamente delicados, en el siguiente sentido: primero, prohibición inmediata de la venta de nuevos productos cosméticos ensayados en animales en el caso de que existan otros métodos de experimentación validados; segundo, la prohibición total, cinco años después, de la venta de todos los nuevos productos cosméticos ensayados en animales; tercero, la prohibición de la experimentación en animales para finales de 2004. 
Sabido es que, en caso de que el Pleno siga esa línea, surgiría una perspectiva de grave diferencia con el Consejo, que, a su vez, abandonó la idea de la prohibición de la experimentación, pero también de la venta, es decir, dicho de otro modo, ante la inminencia de un proceso de conciliación acalorado y vivo. 
Mi posición siguió exactamente esa orientación, pues vi cierto conformismo en las posiciones prevalecientes en el Consejo y estaba convencido de que era absolutamente indispensable hacer avanzar las posiciones de la industria al respecto, en homenaje a una equilibrada ponderación de los valores en presencia. 
Preparación del Consejo Europeo (Sevilla, 21/22 de junio de 2002) , incluida la situación entre la India y Pakistán 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión- Preparación del Consejo Europeo de Sevilla los días 21 y 22 de junio de 2002, incluida la situación entre la India y Pakistán. 
. Señor Presidente, intervendré muy brevemente con respecto al tema suscitado por el Sr. Van Orden. 
Este Parlamento sabe muy bien que el Consejo se ha preocupado del tema de Zimbabwe en diferentes ocasiones y que, por cierto, se trató en el Consejo Europeo de Barcelona. 
Tomo muy buena nota de este asunto y le señalo que hay un Consejo de Asuntos Generales el próximo lunes. 
Esperemos que podamos tratarlo a nivel de ministros de asuntos exteriores y si después fuera necesario u oportuno se podría elevar al Consejo Europeo de Sevilla. 
Con respecto al Consejo Europeo de Sevilla, Sr. Presidente, del 21 al 22 de junio va a tener lugar en Sevilla el segundo y último Consejo Europeo de la Presidencia española de la Unión Europea. 
En este Consejo se abordarán fundamentalmente cinco temas: proceso de reformas económicas, como continuación al Consejo Europeo de Barcelona; el estado de las negociaciones de ampliación, proceso en el que hemos avanzado sustancialmente; los asuntos de justicia e interior, en particular la política de inmigración; el debate sobre el futuro de Europa, con un informe del Presidente de la Convención, Sr. Giscard d ' Estaing; y los temas de mayor preocupación en el contexto PESC (política exterior y política de seguridad y defensa). 
Me voy a referir brevemente a los temas que he mencionado. 
Comenzaré por los temas económicos- seguimiento del Consejo Europeo de primavera. 
Uno de los elementos esenciales de este próximo Consejo Europeo será este seguimiento, puesto que el Consejo Europeo de primavera marcó un programa y un seguimiento a ciertos temas y estableció una serie de tareas que tenían que ser revisadas en Sevilla. 
Barcelona supuso el lanzamiento del proceso inaugurado en el Consejo Europeo de Lisboa, centrado en un programa de reformas económicas con el objeto de convertir a la Unión Europea en el espacio económico más dinámico y competitivo en el contexto de la nueva economía de la sociedad de la información. 
En Sevilla, por tanto, y como seguimiento de Barcelona, se van a examinar las siguientes cuestiones: en primer lugar, el Ecofin- que tiene previsto reunirse el día 20, previo al Consejo Europeo- va a presentar un informe final sobre la adopción de las orientaciones generales de política económica. 
La Presidencia tiene la intención de presentar un informe sobre el estado de los trabajos relativos al paquete fiscal, que abarca una serie de iniciativas sobre fiscalidad del ahorro, fiscalidad de la energía y cooperación con las administraciones tributarias. 
También se va a abordar la cuestión de la "corporate governance" (gobernanza de las empresas). 
En este sentido, el grupo de alto nivel de Derecho de empresas deberá reflexionar en su informe sobre tres cuestiones: el papel de los directores no ejecutivos y de los consejos de administración, las remuneraciones de los directivos de empresa y la responsabilidad de la dirección en la preparación de la información financiera. 
Otros temas pendientes del Consejo Europeo de Barcelona y que serán abordados por el Consejo de Sevilla son: la simplificación y mejora de la reglamentación- conocida como "better regulation"; los servicios económicos de interés general- la Comisión también presentará el informe que se le ha solicitado -; el abastecimiento energético- sobre el que presentará otro informe -; las telecomunicaciones, la educación, la investigación; las regiones ultraperiféricas y el desarrollo sostenible. 
El segundo gran tema que yo había anunciado era el de las negociaciones de ampliación. 
A no ser que usted me pida otra cosa, Sr. Presidente, preferiría no detenerme en el tema de la ampliación, puesto que hoy va a haber un debate sustantivo sobre el mismo. 
Por lo tanto, como la ampliación será objeto de una declaración específicamente prevista esta misma tarde, creo que podríamos abreviar el debate y dejar ese tema para después. 
Los asuntos de justicia e interior han constituido una de las grandes prioridades de la Presidencia española de la Unión. 
En Sevilla se va a avanzar fundamentalmente en cuatro grandes áreas con respecto a estos temas: en primer lugar, se hará una revisión de la política comunitaria de asilo y de inmigración- fundamentalmente revisión de los compromisos de Tampere -, así como un estado de la situación y un programa claro para cumplir los compromisos que adoptamos en el año 1999 durante la Presidencia finlandesa, como consecuencia de la comunitarización de los temas de justicia e interior, que tuvo lugar en el Tratado de Amsterdam. 
En segundo lugar, los Jefes de Estado y Gobierno van a discutir un plan global de lucha contra la inmigración ilegal. 
Luego se discutirá un programa y una política de protección de fronteras exteriores de la Unión. 
Y, por último, se va a debatir la integración de la política migratoria en la acción exterior de la Unión. 
Respecto al primer tema que he mencionado, el Consejo Europeo, en línea con las conclusiones del Consejo de Tampere y siguientes, va a instar al Consejo a aprobar, en los plazos establecidos en el Tratado de Amsterdam, los instrumentos legislativos necesarios para adoptar una política común de asilo e inmigración. 
Esta política ha de respetar el equilibrio entre una serie de principios, como son, fundamentalmente, la protección de refugiados, la capacidad de acogida de la Unión y de los Estados miembros y la integración de los inmigrantes en situación legal. 
En segundo lugar, las negociaciones en curso para adoptar una política común en materia de asilo e inmigración legal recibirán un impulso si en paralelo la Unión se dota de una política común de lucha contra la inmigración ilegal, que dé resultados efectivos a corto y a medio plazo. 
En esta línea, el Consejo aprobó el pasado 28 de febrero el plan de lucha contra la inmigración ilegal. 
Esto se tratará también por el Consejo Europeo. 
Además de la vigilancia y el control reforzado de las fronteras y de los pasos fronterizos, tiene, entre otros objetivos, el de impedir el cruce ilegal de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión, garantizando al mismo tiempo que los solicitantes de asilo puedan ejercer su derecho a recabar protección internacional. 
En este contexto reviste especial importancia la comunicación que la Comisión ha presentado recientemente, titulada "Hacia una gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea". 
Por último, a partir de lo acordado en la reunión de Laeken, en Sevilla el Consejo Europeo manifestará su deseo de profundizar en la integración de la política migratoria en la acción exterior de la Unión. 
El principio rector de la acción exterior en materia de inmigración y asilo con los países de origen y tránsito deberá ser un enfoque global, integrado y equilibrado, que utilice de manera coordinada todos los instrumentos comunitarios y de los Estados miembros para el establecimiento de una relación de cooperación con vistas a una gestión conjunta de los flujos migratorios, así como para abordar las causas profundas de esos flujos y la pobreza, de cara a la incorporación de esta dimensión en la política de la ayuda al desarrollo. 
Se va a plantear también el desarrollo de una estrategia exterior de prefronteras inmediatas para colaborar en la gestión de los flujos migratorios y en su control. 
El otro gran paquete de temas, al que me había referido al principio, es todo lo referente a los asuntos institucionales, al debate sobre el futuro de Europa y a la reforma del Consejo. 
Los asuntos de carácter institucional en los que se centrará el Consejo son esencialmente dos: el debate sobre el futuro de Europa y la reforma del Consejo de Ministros. 
En cuanto al primero, la Convención sobre el futuro de Europa celebró su sesión inaugural el pasado 28 de febrero, como ustedes recordarán, porque se hizo en sede del Parlamento Europeo, y antes de Sevilla, la Convención habrá celebrado ya cinco sesiones plenarias. 
Además, parece posible adelantar algunas conclusiones preliminares de los debates que han tenido lugar hasta el momento. 
Por un lado, la mayoría de los miembros de la Convención se han manifestado en favor de profundizar en el proceso de integración europea de manera realista, en particular en lo concerniente al reparto de competencias. 
Por otro, y en relación con los trabajos de la Convención, el Presidium ha acordado la constitución de seis grupos de trabajo que deberán presentar sus conclusiones en los meses de septiembre a noviembre. 
En Sevilla, conforme a lo previsto en la declaración de Laeken, el Presidente de la Convención, el Sr. Giscard d ' Estaing, presentará un informe oral sobre la marcha de los trabajos de la Convención. 
En cuanto a la reforma del Consejo, y de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona, la Presidencia ha de presentar en Sevilla un informe sobre la mejora de su funcionamiento y sobre reformas para aumentar su eficacia, en base al informe presentado por el Secretario General del Consejo, con el objetivo de garantizar una mayor transparencia del proceso legislativo y en el que se propongan medidas concretas para su adopción. 
Quisiera, naturalmente, aclarar algo que me parece obvio, pero creo que no está de más repetirlo, que estas reformas del Consejo se refieren, únicamente, a reformas de orden interno, de organización interna, que en ningún caso el Consejo tiene la intención de abordar temas que requieran una reforma del Derecho primario, porque, naturalmente, eso es materia de la Conferencia intergubernamental y materia de la Convención Europea que está preparando la Conferencia Intergubernamental. 
Se trata, por tanto, de abordar una serie de reformas prácticas que hagan las tareas del Consejo Europeo más rápidas y más dinámicas y que, además, como es lógico, se deriven hacia el sistema de Consejos que apoyan al Consejo Europeo. 
Espero que el Consejo Europeo pueda ya empezar a hacer un ensayo de simplificar las tareas administrativas para ir preparando a la Unión a un panorama en el que después de la adhesión seremos 25 miembros. 
Por último, el Consejo Europeo, como es lógico y habitual, tendrá que referirse al ámbito de las relaciones exteriores centrándose esencialmente en los siguientes temas: en primer lugar, la situación de Oriente Medio. 
A este respecto la Unión Europea persistirá en sus esfuerzos por lograr una solución negociada al conflicto, condenando el uso de la violencia y propugnando la conciliación, como instrumento de acción conjunta orientado hacia el avance en los ámbitos económico, político y de seguridad. 
En particular, respecto de la crisis de la iglesia de la Natividad, el Consejo se ha congratulado por la resolución de la misma conforme al memorandum de entendimiento alcanzado por las partes. 
Los palestinos afectados por el acuerdo han sido enviados a diferentes países de la Unión- España, Bélgica, Irlanda, Italia y Portugal -, para su acogida, por razones humanitarias, de conformidad con la posición común alcanzada por el Consejo el pasado 21 de mayo. 
La adopción de esta posición común subraya el compromiso de la Unión Europea en alcanzar una paz duradera en la región de Oriente Medio. 
Por lo tanto, creo que, en el marco de estas últimas acciones, el Consejo Europeo hará un examen de la situación y tratará de nuevo de dar un impulso a las últimas iniciativas que están siendo propugnadas por el Alto Representante, Sr. Solana, para convocar a la mayor brevedad una Conferencia de Paz. 
Al mismo tiempo, el Consejo examinará la evolución de las cuestiones de la política de seguridad y defensa, en particular, en relación con la lucha contra el terrorismo y el seguimiento del mandato de Laeken. 
Y me parece que el Consejo Europeo no podrá, de ninguna manera, evitar el tratar el conflicto entre la India y Pakistán al que me voy a referir de manera específica en este momento. 
Este conflicto, a pesar de su naturaleza histórica estrictamente bilateral, presenta hoy una nueva dimensión que hace trascender las consecuencias subregionales del mismo al afectar, como factor de desestabilización potencial, a todo el Continente asiático y al mundo entero. 
Ante la posibilidad de una cuarta conflagración indio-pakistaní, que puede descontrolarse hacia una escalada nuclear, la comunidad internacional debe reaccionar de manera inequívoca. 
A finales del año pasado, tras los trágicos atentados de terroristas contra los legislativos de Srinagar y Nueva Delhi, la Presidencia ya mantuvo contactos con ambas capitales para instar a las partes a evitar una escalada militar, retomar el diálogo político y hallar fórmulas políticas para resolver el problema de Cachemira. 
Tras el esperanzador discurso del Presidente Musharraf el 12 de enero pasado, Nueva Delhi supo reaccionar con sentido de oportunidad histórica a este gesto conciliatorio de Pakistán y aceptó paralizar la movilización militar. 
Sin embargo, nuevos y devastadores atentados- en Kaluchak y en Srinagar -, escaramuzas fronterizas y la reaparición de la dialéctica de confrontación con los últimos ensayos balísticos de Pakistán, que se añaden a los de India en el mes de enero, han colocado a ambos ejércitos al borde de la guerra. 
Baste recordar el tenor del decepcionante discurso del Presidente de Pakistán el 27 de mayo y la fría rigidez india ante los llamamientos a la contención realizados desde los más altos niveles políticos. 
Aquí debemos recordar las visitas a Nueva Delhi e Islamabad del Secretario de Estado Powell, del Comisario Patten, del Secretario del Foreing Office, Sr. Straw, las llamadas de los Presidentes Chirac y Putin y, por último, la gira que está realizando en este momento el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Sr. Rumsfeld. 
La Unión ha querido mantener hasta la fecha una posición lo más equidistante posible en este conflicto, insistiendo en la necesidad de esfuerzos por ambas partes para acercar posiciones. 
Esta idea fue la que inspiró la declaración de la Presidencia sobre este asunto emitida el pasado 21 de mayo. 
A pesar de los indudables esfuerzos pakistaníes contra los reductos de células de Al Qaeda, la comunidad internacional no debe tolerar la vinculación de la operatividad del paraguas nuclear a las reivindicaciones políticas transfronterizas. 
En este sentido, el compromiso de Pakistán contra el terror organizado debe ser total e incondicional y no selectivo en los esfuerzos, ni en los plazos. 
Quisiera, precisamente, recordar que, con ocasión del Consejo de Asuntos Generales del lunes pasado, los ministros estuvieron de acuerdo en transmitir, esta vez no en forma de declaración del Consejo, sino en forma de comunicado de prensa, un nuevo mensaje, que comunicó a los medios de comunicación el Ministro Presidente del Consejo de Asuntos Generales, Sr. Piqué, en el sentido, precisamente, de alentar a las partes en un momento en que aparecen ya signos de distensión, como el hecho de que el espacio aéreo indio ha sido ya abierto a los vuelos civiles pakistaníes y el hecho de que parece que hay, en este momento, un ambiente más distendido y de retirada de la alerta en las líneas militarizadas. 
Creo que tampoco podemos olvidar a las víctimas europeas de los atentados ocurridos en abril y mayo en Islamabad. 
Recordemos la bomba en la iglesia protestante de un barrio diplomático y, en Karachi, el ataque suicida contra un autobús en el que había asesores y técnicos militares franceses, como prueba dramática de que ciudadanos inocentes de la Unión tampoco han sido excluidos de la irracionalidad terrorista en la zona. 
En estas circunstancias, la Presidencia considera que se debe mantener la estrategia de acompañamiento diplomático a ambas partes, aunque reclamando ahora, con más firmeza, si cabe, nuevos gestos conciliatorios por ambas partes que ofrezcan satisfacción a las legítimas reclamaciones- sobre todo las de la India- en materia de firmeza antiterrorista. 
Nueva Delhi e Islamabad deben ser conscientes de que no hay- ni habrá- comprensión internacional si alguno de los países recurre a la fuerza militar. 
Desde el pasado 17 de mayo, han muerto más de 60 personas en la frontera indopakistaní; un millón de soldados se vigilan a ambos lados desde la línea de control, pendientes de recibir la orden de iniciar un conflicto que traerá, si se produce- y sea cual sea su desenlace final -, la desolación y la muerte a la población de ambos países. 
Por tanto, como ya he mencionado, la Unión Europea seguirá contribuyendo a hacer llegar a ambas partes la necesidad de mantener abiertas las vías de diálogo, para evitar un escenario militar, cuyas consecuencias afectarían dramáticamente a todo el continente asiático. 
Creo que la próxima semana, en Sevilla, el mensaje de los Jefes de Estado y de Gobierno irá en este sentido, con la esperanza de que las ya incipientes acciones de distensión que se están desarrollando vayan aumentando cada vez más y podamos ya, a finales de la próxima semana, tener un panorama más tranquilizador que el que teníamos hace unos días. 
Señor Presidente, permítame terminar esta declaración expresando mi deseo y mi convicción de que el Consejo Europeo de Sevilla constituya un buen final del período de Presidencia española, durante el cual ninguno de nosotros ha escatimado un solo esfuerzo para hacer avanzar nuestra común idea de Europa y hacer más realista el lema que nos propusimos al principio de nuestra Presidencia: hacer más Europa. 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al Ministro de Miguel por su exposición, con la que estoy totalmente de acuerdo. 
Asimismo le agradezco el repaso que ha hecho de la política exterior y en particular de la situación sumamente preocupante entre India y Pakistán a la que debemos prestar la máxima atención. 
Para cerrar este paréntesis de política exterior en que, repito, estoy completamente de acuerdo con el ministro de Miguel, quisiera añadir una invitación para que se preste atención también a los conflictos potenciales, a las tensiones crecientes: me refiero, por ejemplo, a la situación postelectoral en la isla de Madagascar que cada día se está convirtiendo en más peligrosa y a la que debemos dedicar la máxima atención, puesto que, antes de que estalle el conflicto, tenemos más fuerza de convicción y más capacidad de acción. 
Centrándome en la materia que hoy nos ocupa, me limitaré a tratar los temas que se abordarán en el Consejo Europeo de Sevilla. 
Debo decir que la calidad del trabajo de la Presidencia en ejercicio del Consejo hace más fácil mi tarea. 
Estoy muy agradecido a la Presidencia española porque hemos trabajado no sólo intensa, sino también correctamente. 
Estamos en un período importante para el futuro de las Instituciones: la Convención está reflexionando sobre el nuevo orden político e institucional de la Unión y la ampliación está ya cerca. 
En Sevilla daremos cuenta de los progresos realizados por los candidatos en la aplicación del acervo comunitario. 
Dichos progresos- lo debo decir con firmeza- son sustanciales y nosotros continuamos cooperando con los países candidatos a través del plan especial que ha sido concebido con este fin. 
Antes del Consejo Europeo que se celebrará en el mes de octubre en Bruselas, presentaremos nuestras conclusiones sobre cada uno de los países candidatos. 
El plan de trabajo se ha cumplido y todo está listo para la decisión final. 
Todo esto me hace ver las cosas con un fundado optimismo: continúo esperando que en el año 2004 la Unión tendrá hasta diez nuevos socios más. 
Los temas que se debatirán en Sevilla son muchos, pero hoy ante ustedes, miembros del Parlamento, quiero concentrarme sólo en dos de ellos: la manera de gobernar la Unión y la inmigración. 
La Convención está en curso, los debates son animados y ciertamente no faltan ideas y proyectos. 
Esto es lo que se podía esperar de un planteamiento nuevo respecto al método de las negociaciones diplomáticas tradicionales. 
El Presidente Giscard d ' Estaing dará cuenta en Sevilla de la primera etapa de los trabajos de la Convención y nosotros lo escucharemos con mucha atención. 
Pero en Sevilla- éste es el punto fundamental de mi intervención- no sólo se hablará de cómo gobernar la Unión en el futuro, sino que se hablará y se tomarán decisiones respecto a cómo gobernar mejor la Unión hoy. 
En efecto, no nos podemos limitar a esperar la reforma de los Tratados sin actuar. 
Desde hoy mismo debemos aprovechar todas las oportunidades que los Tratados nos ofrecen, para renovar nuestra manera de gobernar y nuestro modelo organizativo. 
La Convención prepara las políticas para el futuro, pero nosotros debemos afrontar también los problemas del presente con los instrumentos que hoy tenemos, aunque estos sean limitados. 
Esto es lo que aúna las propuestas de reforma del Consejo, presentadas en el informe de Javier Solana, con las propuestas de la Comisión para una mejor regulación. 
En este sentido, el Sr. Corbett ha hecho propuestas análogas para la reforma del Parlamento, propuestas que ustedes están examinando en estos días. 
Dichas reformas afectan en menor o mayor grado a todas las Instituciones, y por lo tanto, todas las Instituciones deberán actuar de modo armónico entre sí para garantizar el logro del objetivo. 
Empecemos por la llamada better regulation. 
La idea que se encuentra en la base del Libro Blanco sobre la gobernanza era precisamente esta: aprovechar todas las posibilidades que ofrece el marco jurídico actual para mejorar el proceso decisorio y legislativo. 
La amplísima participación en el debate impulsada por el Libro Blanco y sus aportaciones- en particular el informe de la Sra. Kaufmann- confirman la bondad de la estrategia desarrollada. 
Por lo tanto, el sistema debe llegar a ser más ágil, más transparente y más eficaz. 
Debemos demostrar que somos capaces de responder a las demandas de mayor responsabilidad y de mayor proporcionalidad en el ejercicio de los poderes que los Tratados atribuyen al Consejo, al Parlamento y a la Comisión. 
Y debemos basar nuestra acción en un nuevo objetivo que no es otro que hacer más concreta la idea de ciudadanía y convertir en más transparente, directa y tangible la relación de los ciudadanos con la Unión. 
La semana pasada presenté nuestro proyecto a la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo; sin embargo, considero necesario recordar aquí algunos puntos fundamentales. 
En primer lugar, proponemos mejorar y simplificar la legislación europea reexaminando todas las etapas del proceso legislativo, empezando por el ejercicio de la potestad de iniciativa. 
Tres son los pilares de esta política: primero, crear normas claras para la consulta; segundo, evaluar el impacto de las decisiones; tercero, mejorar la técnica legislativa. 
En efecto, se debe mejorar nuestra producción legislativa a través de consultas más amplias con las partes afectadas y a través de un análisis más profundo del impacto económico, social y ambiental, de acuerdo con las decisiones del Consejo Europeo de Gotemburgo, y hay que hacerlo sin crear inútiles complicaciones procedimentales. 
Una buena legislación comunitaria implica, además, adaptarse plenamente al espíritu originario de los Tratados y, en particular, recurrir a las directivas marco que constituyen uno de los instrumentos más eficaces en aras de un mayor respeto a los principios de proporcionalidad y de subsidiariedad. 
Es hora, asimismo, de reconsiderar la ejecución de nuestras políticas, dado que la ejecución de las políticas es la etapa que repercute en los ciudadanos más directamente. 
La transparencia y la responsabilidad democrática imponen a cada una de las Instituciones volver a centrar su actividad en sus tareas esenciales. 
De este modo, podemos contribuir a renovar desde ahora mismo y en concreto el modelo comunitario. 
Me interesa subrayar una vez más que todo esto no vale únicamente para la Comisión. 
Este enfoque afecta a todas las Instituciones si lo que realmente se quiere es alcanzar un resultado útil: las Instituciones están condenadas a trabajar en común. 
Por último, es necesario volver a centrar las Instituciones en sus misiones fundamentales. 
En consecuencia, cada Institución debe asumir claramente su responsabilidad para llegar a un acuerdo interinstitucional a finales de año. 
También el Consejo, a raíz del informe Solana, ha lanzado una nueva reflexión y unas propuestas concretas sobre las posibles reformas organizativas internas, sin modificar el Tratado. 
La Comisión respalda con convicción el esfuerzo de renovación emprendido por el Consejo. 
Por ejemplo, no puedo sino felicitarme de que el Consejo empieza a hacer una distinción en su organización interna entre los procedimientos aplicables en el momento en que se ejerce una función legislativa y los procedimientos aplicables al ejercicio de las funciones meramente administrativas. 
Respaldo, además, las reflexiones que se hacen en dicho informe sobre la continuidad de sus trabajos, sobre el necesario reforzamiento de la coordinación interna y sobre la posible reducción de sus formaciones. 
Todas ellas son indicaciones que simplifican su y nuestro trabajo. 
Estas acciones nos ayudan a afrontar los problemas que la próxima ampliación generará en el funcionamiento de nuestras Instituciones. 
Parto del supuesto de que un objetivo de esta envergadura no puede prescindir de un enfoque coordinado entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo. 
Se trata de ir juntos más allá de la 'mejor regulación? -better regulation- para encarar con serenidad pero con convicción la' mejor organización? -better organisation- de todas las Instituciones. 
La Comisión está en disposición de participar en este trabajo común. 
Una mejor organización implica más rapidez, más coordinación y menos formalismos, y supone renunciar a posiciones adquiridas- pero obsoletas- para trabajar mejor y más rápidamente que antes en un sistema que se ha convertido en más complejo. 
Señor Presidente, Señorías, como dije al principio, entre los temas que el Consejo Europeo deberá abordar, la inmigración ocupa un lugar muy relevante. 
Conviene reiterar que no se trata de proponer soluciones contrarias a los valores fundamentales de nuestra Unión, sino de fomentar un modelo de integración capaz de combinar la libertad y las legítimas exigencias de seguridad de nuestros ciudadanos. 
Ya he expresado mi apoyo a la Presidencia respecto a la decisión de poner el tema de la inmigración en el centro de la agenda de Sevilla. 
La cuestión de la inmigración, para la mayoría de los ciudadanos, se asocia cada vez más con los aspectos de su protección en el espacio de libertad, seguridad y justicia que nos hemos comprometido a construir juntos. 
Los motivos son múltiples y en cierto modo se han acentuado a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre. 
Debemos abordar estos temas, pero sin demonizarlos. 
Nuestros debates, todavía en curso, sobre la inmigración legal y sobre el derecho de asilo corren el riesgo de fracasar si no tomamos en serio las preocupaciones de nuestros ciudadanos respecto a la inmigración ilegal. 
En Tampere fijamos una serie de objetivos que siguen siendo válidos en la actualidad. 
Asimismo contamos con propuestas adecuadas para alcanzar estos objetivos como, por ejemplo, las propuestas contenidas en la comunicación de la Comisión sobre la inmigración ilegal, una comunicación en la que el Consejo ha basado su plan de acción. 
Las demás propuestas están relacionadas con la gestión de nuestras fronteras exteriores y las políticas de readmisión. 
Las señales políticas que hemos recibido recientemente son muy claras. 
No podemos poner la cuestión de la seguridad en segundo plano, ni podemos dejar creer que el hecho de volver a posiciones nacionalistas puede ofrecer una buena solución a los fenómenos transnacionales que superan las capacidades y el ámbito de acción de cada uno de los Estados y que, por lo tanto, se pueden afrontar y gestionar sólo a escala europea. 
No sólo se trata de combatir los tráficos ilegales, sino también de sentar las bases para una plena integración de los inmigrantes legales en nuestras sociedades, así como de regular el acceso de los inmigrantes que necesitamos. 
Hay quien presenta el mismo proceso de ampliación como una amenaza, precisamente a causa del problema de la inmigración. 
¿Pero por qué- yo me pregunto, Señorías- los ciudadanos de los países candidatos deberían dejar su país, cambiar radicalmente su vida justo en el momento en que, gracias a la adhesión, se les ofrece una nueva perspectiva de prosperidad? 
¿Acaso no ocurrió lo mismo en el momento de la adhesión de España y Portugal? 
¿No ocurrió lo mismo también respecto a mi país cuando se creó la Comunidad Europea? 
Por consiguiente, es preciso actuar con rapidez en distintas direcciones. 
Ante todo debemos reforzar el control de las fronteras exteriores de la Unión, sobre la base de las recientes propuestas de la Comisión y del Gobierno italiano. 
Cuento con que el Consejo Europeo tome la decisión de convocar a los responsables de las policías de fronteras para establecer qué acciones y qué instrumentos son necesarios, ahora mismo, para poner en marcha estas iniciativas. 
El control de las fronteras exteriores se ha de combinar con nuestra política de vecindad que está orientada a estrechar relaciones especiales y de confianza recíproca con todos los países vecinos de la Unión, especialmente después de la ampliación, al objeto de emprender acciones conjuntas en el ámbito de la lucha contra la inmigración clandestina. 
En el contexto euromediterráneo, hemos acordado con Marruecos unas iniciativas para adoptar un enfoque global respecto a la inmigración. 
Asimismo, debemos acelerar la adopción y la ejecución de las medidas en materia de asilo, también para dar mayor concreción a la ciudadanía europea y a algunos principios proclamados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. 
Todo esto, Señorías, no basta si no va acompañado de una adecuada política de cooperación y de desarrollo y de un uso sistemático de todos los instrumentos de que disponemos: una política que aborda las causas de los flujos migratorios, acuerdos bilaterales, acuerdos de readmisión. 
Con relación a estos puntos, vamos a presentar muy pronto unas propuestas operativas. 
Señor Presidente, Señorías, en Sevilla pediré al Consejo que tome sin demora las decisiones apropiadas sobre estos puntos, con la misma sensatez y responsabilidad que mostramos en Bruselas y en Gante en otoño del año pasado. 
Los dos temas en los que me he detenido en mi discurso revisten, hoy por hoy, una importancia crucial para nosotros. 
El funcionamiento más democrático, transparente y responsable de la Instituciones responde a la demanda de nuestros ciudadanos que piden una Europa más eficiente y más cercana a su realidad cotidiana. 
El tema de la inmigración afecta a la misma razón de ser de nuestra unión: la construcción de una Europa próspera, justa y segura. 
Gracias, señor Presidente de la Comisión. 
Quisiera resaltar, en particular, el profundo agradecimiento del Parlamento por su compromiso, señor Presidente, con la necesidad de un diálogo institucional adecuado y de que todas las instituciones reconozcan que tenemos un papel que desempeñar y una responsabilidad compartida. 
Quiero decir al Consejo, en nombre del Parlamento, que tenemos grandes expectativas de que Sevilla proporcione una plataforma para un diálogo interinstitucional de enjundia con vistas a alcanzar un acuerdo común sobre la mejora de la reglamentación y de la legislación- objetivo que todos compartimos y aprobamos- y reconocer que todas las instituciones, cada una a su manera, son indispensables para el éxito de la reforma. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, la Presidencia española del Consejo ha realizado un buen trabajo hasta ahora, pero la cumbre de Sevilla decidirá definitivamente sobre cómo podremos valorar al final realmente a la Presidencia española. 
Señor Presidente del Consejo, naturalmente quiero subrayar lo que acaba de decir el Presidente del Parlamento y también el Presidente de la Comisión, a saber, que nuestro Grupo espera que en Sevilla se cree un grupo de trabajo político de alto rango de nuestras tres instituciones para que delibere y llegue a resultados sobre cómo podemos mejorar nuestra legislación y llegar a finales del año 2002 a un acuerdo institucional, tal como ha dicho el Presidente de la Comisión. 
El Presidente del Consejo de Ministros y Presidente del Consejo José, María Aznar, lo ha planteado aquí en el Parlamento y le ruego muy encarecidamente que en Sevilla se adopte una resolución sobre la creación de un grupo de trabajo político de este tipo. 
Si se hace, nuestra valoración sobre la Presidencia española del Consejo será aún mucho más positiva de lo que es hasta ahora. 
En lo que se refiere a la reforma del Consejo- y lo entiendo perfectamente, señor Presidente del Consejo -, ha mantenido una actitud muy reservada y presumo que será porque hoy no tiene aún un mandato para hablar al respecto. 
Supongo que la Presidencia española del Consejo hará todo lo que esté en su mano para que logremos una diferenciación entre el Consejo como órgano legislativo y el Consejo como órgano ejecutivo y para que allí donde el Consejo actúa como órgano legislativo logremos asimismo transparencia. 
Esto es lo que esperamos de Sevilla. 
Usted ha dicho que el Presidente de la Convención, Valéry Giscard d ' Estaigne va a elaborar un informe. 
Saludaría mucho si todos los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea siguiesen este ejemplo y que sus representantes en la Convención y también en los correspondiente Gabinetes de gobierno de los Estados miembros informen para que exista una estrecha relación, tal como ya hacemos en el ámbito parlamentario. 
En nombre de mi Grupo no quiero dejar ninguna duda de que los debates actuales en el Consejo y también en la cumbre de Sevilla se tienen que dirigir de tal modo que fortalezcamos la Europa común, pues necesitamos unas instituciones europeas fuertes y no podemos caer en una mera cooperación entre gobiernos. 
Lo digo precisamente ante el trasfondo de la visita a los Estados Unidos en los dos últimos días. 
Si no actuamos como Unión Europea- y en Norteamérica apenas se nos contempla como Unión Europea -, si no fortalecemos la Unión Europea, entonces perderemos cada vez más peso en el mundo. 
Por ello, nuestro objetivo debe ser el de fortalecer la Europa común. 
Reconocemos que la Presidencia española actúa decididamente en la lucha contra el terrorismo. 
Nuestra sensibilidad en Europa es diferente a la que existe en los Estados Unidos. 
Los Estados Unidos se sienten en guerra pues han sido atacados por primera vez en su territorio. 
Tenemos que entenderlo y hacer en Europa todo lo posible para ayudar a destruir las redes terroristas. 
Pero también tenemos que decir que el terrorismo y la lucha contra el mismo no puede ser un motivo para violar los derechos humanos, en África, en Chechenia o donde sea. 
Y tenemos que establecer una clara diferenciación entre los terroristas por un lado y el mundo árabe e islámico por otro. 
Por ello es tan importante que la Unión Europea se siga esforzando por llevar la paz al Cercano Oriente y que digamos a los israelíes que tienen el derecho a vivir dentro de fronteras seguras y que quien ataque dichas fronteras tiene que contar con una resistencia decidida. 
Pero también tenemos que decir a los palestinos que tienen una dignidad y el derecho a vivir dentro de fronteras seguras sobre la base de un Estado palestino. 
Saludamos sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, saludamos sus esfuerzos por proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea mediante una policía fronteriza común europea y esperamos que en Sevilla se llegue a resultados. 
Reconocemos los esfuerzos españoles respecto al sexto programa marco de investigación como un gran éxito y esperamos que también en Sevilla se confirme el calendario para la ampliación de la Unión Europea, sobre los que se va a debatir esta tarde aún más a fondo. 
Sólo puedo subrayar lo que ha dicho el Presidente de la Comisión Prodi en el sentido de que como Parlamento Europeo, como Consejo Europeo y Comisión Europea, como instituciones europeas, debemos alentar a los países de la Europa central para que concluyan las negociaciones sobre la base del acquis communautaire, de modo que lleguemos a un resultado dentro del marco de tiempo previsto y que los pueblos de la Europa central que firmen los tratados de adhesión así como Malta y Chipre puedan participar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. 
Como Parlamento, como Grupo del Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos, nos sentimos en cualquier caso como abogados de los pueblos que quieren adherirse a la Unión Europea y les ruego encarecidamente para que realicemos conjuntamente nuestra aportación y podamos respetar este calendario. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, como se ha puesto de manifiesto tanto en las intervenciones de la Presidencia como de los portavoces que ya han hablado, Sevilla será la última Cumbre de la Presidencia española y, aunque no es el momento del balance final, sí es hora de hacer un pequeño repaso de cómo están los deberes y de ver si estamos a tiempo de aprobar o de sacar, a ser posible, una buena nota. 
Se podría decir que estos cinco meses se han caracterizado por un exceso de ruido en la mayor parte de los temas planteados como prioritarios para el semestre. 
Mucho ruido sobre la ampliación, sobre la inmigración, sobre la política mediterránea, sobre la política pesquera y la reforma de la política agraria, sobre la política exterior, sobre las relaciones trasatlánticas, etc. No se puede negar, señor Presidente, que hablar, hemos hablado de todo: del desarrollo sostenible, del espíritu de Lisboa, de la institucionalización de la Unión, de las regiones periféricas... pero si repasamos los avances- en cualquiera de los temas mencionados- llegaremos a la conclusión de que se ha producido una gran asimetría entre lo que se dice y lo que se hace. 
Como se suele decir, Presidente, ha habido mucho ruido y pocas nueces. 
Ya sé que, sobre algunos temas- quizás sobre muchos de ellos -, la Presidencia tiene coartadas, pero lo cierto es que llegamos al final con una agenda más complicada que cuando la iniciamos y con un mayor grado de confusión. 
En el tema de inmigración y asilo, por ejemplo, llevamos más de un mes repitiendo, hasta la saciedad, las conclusiones del Consejo de Tampere, compromisos que el Consejo ha sido incapaz de llevar a la práctica por falta de voluntad política. 
No se está diciendo nada nuevo. 
Todo está ya dicho y acordado, pero hay tal redoble de tambores que parece que estamos inventando algo de cara a la Cumbre de Sevilla. 
Respecto de la política de empleo, lo único que se puede decir con justicia es que Barcelona desvió el espíritu de Lisboa. 
No se tuvo en cuenta que Lisboa no sólo tenía como objetivo estratégico la creación de un espacio económico más próspero y competitivo; junto a ese objetivo se situaba el pleno empleo y una mayor cohesión social, y ahí se ha producido un retroceso. 
¿Qué decir del gran reto de la presidencia sueca, el desarrollo sostenible? 
Éste es un ejemplo paradigmático de lo que no se ha hecho. 
Ahora bien, en la resolución de la Cumbre de Barcelona, se citó 103 veces la sostenibilidad. 
¿Alguien da más? 
La Cumbre de Valencia fue un éxito porque se celebró. 
Sí, ya sé que el clima de Oriente Próximo no era el más propicio, pero ni siquiera fuimos capaces de sacar adelante una de las pocas prioridades concretas de la Presidencia española, el Banco Euromediterráneo. 
Con respecto a las relaciones trasatlánticas, ya se ha dicho- lo ha dicho el propio Sr. Poettering -, que nunca hemos tenido tantos contenciosos abiertos con los EE.UU., valgan como ejemplo los temas comerciales e industriales, la no ratificación del Protocolo de Kyoto, las divergentes posiciones sobre Oriente Próximo, la posición beligerante de los EE.UU. en relación con el Tribunal Penal Internacional, que les lleva a permitirse el lujo de amenazarnos, de amenazar con intervenir si en Holanda se juzga a algún militar estadounidense. 
No parece que nos tengan más respeto en el mundo. 
Termino, señor Presidente, con un apunte sobre las reformas institucionales: el mundo se ha vuelto muy complicado, la globalización requiere instituciones globales cada vez más reforzadas y políticas más cercanas a las ciudadanos, pero la Presidencia española- y siento de verdad decirlo -, se ha caracterizado por dar a estos retos, en esta materia, respuestas contradictorias y erróneas: más renacionalización, menos gobierno europeo; y así no es posible resolver ninguno de los problemas que tiene planteados Europa. 
El recorte de los poderes de nuestras instituciones comunes es una reacción defensiva que sólo puede llevarnos al fracaso. 
Es, Presidente, nacionalismo del más rancio, y "Más Europa" es menos nacionalismo, del viejo y también del nuevo. 
Para concretar y finalizar, se podría decir que, a día de hoy, estamos razonablemente insatisfechos, pero que nada nos gustaría más que cambiar de ánimo y, que en estos días que faltan, en la carrera final, nos den ustedes una sorpresa, que se enciendan más luces y que desaparezcan algunas sombras. 
Como le dije al Presidente Aznar el 16 de enero en esta misma Cámara, nada me gustaría más que poder felicitarles al final. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, debo comenzar por recordarles el siguiente refrán: aunque los pesimistas suelen tener razón el progreso es debido a los optimistas. Creo que ésta es la perspectiva desde la cual hemos de afrontar el Consejo de Sevilla. 
En Sevilla se debatirán algunos temas cruciales. 
El orden del día abarca una serie de aspectos en los que es absolutamente necesario lograr avances sustanciosos y visibles: la cuestión de la inmigración, la ampliación y las reformas del Consejo. 
Habida cuenta de que esta tarde hablaremos largo y tendido de la ampliación no entraré de lleno en ella ahora. 
En el último semestre algunos jefes de Gobierno, entre ellos el Presidente Aznar y el Presidente Blair, han presentado una serie de propuestas en materia de inmigración. 
Es curioso que hayan tardado tanto. 
Los acuerdos de Tampere datan de hace tres años. ¿Qué han hecho en todo ese tiempo? 
Lo cierto es que el Consejo no ha progresado mucho desde Tampere y la grandilocuente definición del espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Si el Consejo se empeña realmente en asumir toda la responsabilidad- se limita a oír formalmente a los diputados- tendrá que darse cuenta de su papel y de su responsabilidad. 
Me veo obligado a ponerles un ejemplo vergonzoso de la lentitud del Consejo: el paquete de medidas adoptado por este Parlamento en torno a Navidad a propuesta de mi colega Graham Watson con objeto de formular una respuesta europea eficaz a las amenazas terroristas. Los Ministros de Justicia y Asuntos Interiores aún no han adoptado una decisión concreta a este respecto. 
Las propuestas en materia de inmigración, tal y como nos llegan desde los medios de comunicación, parecen reducirse a un montaje publicitario a dos orquestado por Gran Bretaña y España. 
¿Quién ve alguna utilidad en la navegación del buque de Su Majestad ' Ark Royal? por el Mar Mediterráneo? 
Ciertamente ésta no es el arca que está esperando el inmigrante. 
No, señor Presidente, necesitamos otra cosa. Necesitamos unas medidas realistas, eficaces y a la vez contundentes que nos permitan desarrollar una política común en materia de asilo e inmigración. 
Remito a las ideas expresadas por el Presidente belga, el Sr. Verhofstadt, al respecto. 
Algunas de sus sugerencias ya se debatieron en Laeken, pero, desafortunadamente, en aquel entonces no lograban despertar ningún interés. 
Hace falta una política común de asilo e inmigración digna de este nombre. 
A este fin es fundamental que la política de inmigración se asocie de entrada con una política de integración y una política destinada a combatir la discriminación. No se trata de cosas separadas. 
El desarrollo de una política de estas características debe fundamentarse en el respeto de los derechos y las libertades fundamentales. 
Por eso el control parlamentario y la colegislación desempeñan asimismo un papel imprescindible. 
Del mismo modo no pueden faltar el derecho de iniciativa de la Comisión y la decisión por mayoría en el Consejo. De ello no cabe duda. 
Por lo que al contenido se refiere hay que prestar especial atención a la lucha contra el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal. 
El Presidente de la Comisión ya lo ha dicho: las propuestas para la lucha contra la inmigración ilegal están sobre la mesa. 
Hay que implantarlas en lugar de perder el tiempo en la búsqueda de nuevas y supuestamente estupendas ideas. 
La correcta aplicación de las iniciativas requiere una estricta vigilancia de las fronteras exteriores. 
Para ello necesitamos la ayuda de una policía de fronteras común europea. A este respecto debo comunicarles que siento mucha preocupación por los controles realizados en las futuras fronteras del Este. 
En mi opinión, no pueden ser objeto de compromisos. 
Señor Presidente, ciertamente le habrá llamado la atención que yo no valore siempre positivamente el funcionamiento del Consejo. 
Por eso me llena de satisfacción que en Sevilla se presenten diversas propuestas sobre la reforma del Consejo. 
En este sentido el Grupo Liberal estima fundamental que la democracia, la transparencia y la posibilidad de controlar al Consejo ocupen un lugar primordial. 
Por ello abogo por la integración horizontal del método comunitario y por la publicidad de las reuniones del Consejo en las que esta institución actúe como colegislador. 
Invito al Consejo a que comience a dar muestras de transparencia ahora mismo con respecto a la ampliación, de modo que podamos conocer todos la posición común del Consejo en este terreno. 
Tal y como están las cosas en este momento el Consejo y también la Comisión nos proporcionan informaciones tan deficientes- algunos dirían incluso tendenciosas- que uno acabaría considerando la posibilidad de contratar expertos independientes para hacerse una idea de la situación real de los países candidatos y del verdadero estado de las negociaciones. 
Es realmente necesario que informen mejor al Parlamento Europeo y, por tanto, al ciudadano europeo para que podamos seguir confiando en el papel de la Comisión y del Consejo. 
Señor Presidente, a modo de conclusión quisiera puntualizar que no me caen demasiado bien los pesimistas, pero lo que dice el refrán es cierto: a veces tienen razón. 
Podríamos decir que Sevilla va a ser un fracaso, pero no lo hacemos. 
A la Presidencia española le diré: muestre su lado optimista. 
Haga lo que sepa hacer bien: coja el toro por los cuernos y entonces podrá contar con nosotros. Cerciórese de lograr verdaderos avances porque eso es lo que exige el ciudadano y lo que realmente hace falta. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer referencia a algunos puntos de la resolución conjunta que mi Grupo no apoyará, puntos que parecen estar ausentes de las intervenciones que hemos escuchado esta mañana: por ejemplo, la buena acogida que ha tenido la Corte Penal Internacional, al tiempo que se lamenta la posición de los Estados Unidos que intenta proteger a sus ciudadanos de dicho tribunal. 
Como hemos oído hoy, la justicia debería ser universal y no depender de la nacionalidad. 
El Parlamento Europeo también ha adoptado en la resolución el punto de vista de que la Unión debería asumir un papel principal y firme en la Cumbre de Johannesburgo, como hizo con el Protocolo de Kyoto. 
No obstante, para ello necesita asumir el compromiso de la sostenibilidad en todos los aspectos de su actuación, y esto incluye la integración de factores sociales y medioambientales en sus políticas económicas y comerciales. 
Debemos recordar que sin un entorno saludable careceremos de fundamentos sólidos para nuestras economías. 
Por tanto, confiamos en que esto se tenga presente, como ha prometido el Presidente de la Comisión, en las disposiciones sobre la mejora de la gobernanza, y esperamos con interés poder conocer la prueba de las políticas y sus repercusiones sobre las dimensiones social y medioambiental a las que hoy ha hecho referencia. 
Para ser creíbles en la cumbre sobre la sostenibilidad, debemos demostrar asimismo que comprendemos la importancia del desarrollo y su relación con determinados aspectos de la política de inmigración. 
Me ha alegrado que el Ministro español haya hecho referencia a temas sobre la pobreza profunda; contrasta abiertamente con lo que venimos escuchando del Presidente español durante las pasadas semanas. 
La Unión Europea quiere una población activa que sea móvil y flexible. 
Es una prioridad de nuestra política de empleo, ¿por qué insistimos entonces en hacer prácticamente imposible la inmigración legal para todos los sectores especializados? 
Lo que hemos venido escuchando durante las pasadas semanas y hoy nos suena sencillamente a un intento de mover las murallas de la fortaleza Europa y buscar materiales de construcción más resistentes, incluida la utilización de la influencia económica- como la ayuda al desarrollo- en nuestros intentos de que otros países vigilen mejor sus fronteras para impedir que la gente salga. 
Los países de la Europa Oriental y Central se unen a la Unión para escapar de este tipo de política. 
También nos preocupan algunas de las reformas propuestas sobre el funcionamiento interno del Consejo- el Consejo de Desarrollo, por ejemplo, será absorbido por una agrupación más amplia. 
Pero saludamos que hoy se nos hayan dado garantías de que las reformas no tocarán asuntos de los que se encargan la CIG y la Convención, porque es fundamental que el Consejo no se convierta en el poder legislativo y ejecutivo y rompa el actual equilibrio entre las instituciones. 
Saludamos el compromiso por una mayor transparencia y confiamos en que éste no sea sólo para el Consejo, sino también para el público. 
Señor Presidente, aunque aprecio las cualidades del Sr. de Miguel, lamento que sustituya hoy aquí al Sr. Aznar. 
Lo lamento porque sin duda ha sido él el artífice de la primera Presidencia de la Unión Europea de geometría variable. 
He repasado mis notas y las intervenciones del inicio de la Presidencia y me ha sorprendido la escasa relación entre su exposición acerca de las prioridades y la actividad de la Unión Europea en este semestre. 
Ignoro si se trata de una fina estrategia para alcanzar el objetivo no declarado de llegar a una posición común sobre la inmigración legal e ilegal o si éste es un objetivo sobrevenido para cubrir otros huecos y para mimetizarse con la ola de xenofobia que atraviesa Europa. 
Sería deseable que las conclusiones de Sevilla no se centren exclusivamente en los aspectos policiales y represivos sino que tengan bien presentes los efectos beneficiosos de la inmigración. 
Espero que, en Sevilla, se promuevan políticas de inmigración y asilo respetuosas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y que se asegure la igualdad de trato para los inmigrantes. 
Otro problema es que la inclusión de la inmigración ha enmascarado la desaparición de cuestiones tan relevantes como la ampliación. 
En el mes de enero el Sr. Aznar aplicaba el lema "Más Europa" para la ampliación. 
Hoy no es posible ocultar una cierta decepción, al menos hasta hoy. 
La cicatera propuesta de la Comisión es rechazada por la mayoría de los países. 
Por otra parte, el bloqueo de cuatro Estados en el Consejo de Asuntos Generales del pasado lunes pone de manifiesto la magnitud del problema. 
Un buen número de Estados miembros quiere un mercado más grande pero no más Europa. 
Las razones son presupuestarias y el objetivo es desmantelar las escasas políticas comunes. 
Sí, Sr. de Miguel, "Más Europa", una Europa más grande, pero no vacía de contenidos. 
Del mismo modo, en enero, el Sr. Aznar manifestó literalmente su intención de crear una zona de mayor prosperidad económica que salvaguarde el modelo social europeo, pero el Consejo de Barcelona y las políticas que su Gobierno pretende aplicar en España demuestran todo lo contrario. 
Hoy podemos, lamentablemente, confirmar los temores que teníamos previos al Consejo de Barcelona. 
La Presidencia ha liderado una visión de Europa que evita recuperar la idea de servicio público en la construcción europea, que confunde interesadamente procesos privatizadores y desreguladores con medidas liberalizadoras, que apuesta por políticas laborales que en la práctica fijan distribuciones regresivas del producto social, precarizan el empleo y contribuyen a crear bolsas de marginación y subempleo y que sacraliza el déficit 0 a consta de perpetuar déficit sociales. 
De Barcelona a Sevilla, a su Gobierno le han convocado una huelga general. 
No puede ser de otra forma, porque su reforma laboral, que recorta la protección del desempleo y abarata el despido, es un exponente más de lo que la Presidencia española entiende por flexibilizar el mercado laboral. 
Se trata de un modelo que, lejos de promover la cooperación y la participación social en aras del bienestar colectivo, aumenta la coerción sobre los sectores más desprotegidos, culpabiliza a las víctimas que genera el propio modelo y amplía las posibilidades de exclusión y marginación social. 
Ante la incertidumbre económica en la situación del empleo, es necesaria una concertación y coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros para reactivar la economía, flexibilizar los márgenes de actuación presupuestaria y que potenciar la cohesión y el modelo social europeo. 
La Unión Europea puede ser un referente fundamental de crecimiento económico mundial, pero, para ello, y para que la reactivación sea un hecho, la política económica debe cambiar de rumbo. 
El euro, el mercado interior, las políticas comunes y un presupuesto comunitario más amplio deben contribuir al establecimiento de un Gobierno económico europeo eficaz y capaz de potenciar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, mejorar la distribución de la renta y conseguir el pleno empleo. 
No se pueden hacer cantos de "Más Europa" con un deterioro de las políticas sociales ni con menos políticas europeas. 
Sr. de Miguel: es necesaria más Europa, pero también- y, sobre todo- una mejor Europa. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera expresar mi sincero agradecimiento y reconocimiento a la Presidencia española por haber sabido enfocar de manera tan profesional y fructífera sus numerosas responsabilidades y obligaciones. 
Observo con satisfacción que no hemos tenido ningún incidente embarazoso durante la Presidencia, como ocurrió con otras presidencias recientes. 
Bajo la Presidencia española avanzan a buen ritmo las negociaciones sobre la futura ampliación europea. 
La Unión Europea se está ocupando actualmente de ámbitos difíciles como los asuntos agrícolas, la política regional y cuestiones presupuestarias. 
Todos conocemos los argumentos morales en favor de la ampliación de la Unión. 
El desarrollo de sociedades democráticas y civiles, el respeto del Estado de derecho y el fomento de los derechos humanos son todos ellos objetivos fundamentales de la Unión. 
La Unión Europea es un modelo político que ha contribuido a traer la paz a nuestro continente. 
Este proceso se verá robustecido, y no disminuido, con la ampliación de la Unión. 
Pero todos debemos reflexionar sobre el procedimiento práctico fundamental que se está aplicando para aligerar la ampliación de la Unión. 
En diciembre de 2000, los dirigentes de la Unión Europea acordaron en Niza una serie de reformas del Tratado que consideraron que sería el mejor procedimiento para llevar a cabo la ampliación. 
13 de los 15 países de la Unión Europea ya han ratificado las disposiciones del Tratado de Niza. 
Si el Tratado de Niza no es ratificado por los 15 Estados miembros, la ampliación deberá aplazarse sin ninguna duda. 
Si un Estado miembro rechaza el Tratado de Niza, la ley no será válida, porque las propuestas de modificación del Tratado no contarán con el respaldo unánime de todos los Estados miembros. 
Un retraso de la ampliación tendría repercusiones muy negativas para el desarrollo de la Unión. 
Antes del nacimiento de la CEE en 1957, Europa estaba plagada de odio y de divisiones. 
La Unión Europea ha conseguido que se dejen de lado las herramientas de la guerra en favor del desarrollo de nuevas políticas. 
La Unión Europea no es sólo la búsqueda del progreso económico recíproco. 
Gracias a la Unión Europea, hemos dejado de lado el pasado de Europa en beneficio de la paz y la prosperidad para todos los pueblos de Europa. 
Esto no quiere decir que la población irlandesa no tenga claros motivos de preocupación que quiere despejar antes de celebrar un nuevo referéndum sobre el Tratado de Niza. 
La mayoría quiere garantías de que todos los Estados miembros de la Unión Europea respetarán y protegerán plenamente la arraigada neutralidad militar de Irlanda. 
Es muy importante que todos los dirigentes de la Unión Europea aprueben una declaración en la que expliquen de manera inequívoca que la neutralidad militar de Irlanda será respetada ahora y en el futuro. 
Las tropas irlandesas siempre han servido en misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
Las disposiciones del Tratado de Niza no cambian este aspecto. 
La participación de Irlanda en la Fuerza de Reacción Rápida europea no altera la situación, pero, desde un punto de vista político, sigue siendo muy importante y necesario que en Sevilla se haga una declaración expresa de que los gobiernos de la UE apoyan este punto especial de la política exterior, que tanto significa para tantas personas de Irlanda. 
Por último, la Unión Europea es el hogar natural de los irlandeses, tanto geográfica como políticamente. 
Reconocemos que el aislamiento no es nada beneficioso en unos momentos en que crece la cooperación internacional. 
La Unión Europea debe garantizar que los intereses de cada uno de los ciudadanos están protegidos en todo momento. 
Señor Presidente, respaldo la diferenciación de la política exterior y de seguridad del resto de la cooperación comunitaria y la limitación en la composición del Consejo, sin embargo, he de rechazar todos los intentos por dar a los países más grandes una parte mayor de presidencias y puestos. 
Todos los países han de ser iguales en la UE, tanto antes como durante y tras la cumbre de Sevilla. 
La reforma en materia de transparencia propuesta no abre seriamente el trabajo del Consejo de Ministros a la opinión pública ni mucho menos a los cargos electos en el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales. 
Se quiere una negociación abierta de la propuesta de la Comisión ya la primera vez que la Comisión la plantea y es cierto que la transparencia llegará a incluir todas las propuestas. 
Sin embargo, se dará paso a las votaciones al final del proceso, y puesto que en la práctica sólo se vota un pequeño número de propuestas, esta parte del ejercicio será pura cosmética. 
No nos enteraremos de más de lo que nos enteramos hoy, cuando el Consejo da a conocer aproximadamente 50 resultados de votaciones al año. 
El problema radica en que la negociación de un 70% de las decisiones se termina en los grupos de trabajo del Consejo, un 15% entre los embajadores en Coreper y sólo un 15% de las propuestas se remite al Consejo y no disponemos de cifras de qué porcentaje ven realmente los ministros. 
En este punto la exigencia ha de ser que al menos todos los cargos electos tengan acceso total a la consulta pública de los documentos durante el proceso legislativo. 
La Comisión nos ha prometido que podremos obtener las contribuciones de los diputados a los grupos de trabajo del Consejo. 
Celebro que el Ministro español de Asuntos Exteriores, Sr. Piqué, nos prometiera ayer en la Conferencia de Presidentes acceso total a los grupos de trabajo durante el proceso de codecisión, es en efecto un buen comienzo. 
Por qué no acordar que cualquier propuesta comunitaria sea sometida a los parlamentos nacionales y recorra el mismo trámite que las propuestas legislativas nacionales. 
Una propuesta legislativa nacional pura siempre puede ser modificada- una propuesta comunitaria nunca puede modificarse. 
Precisamente por ello no debe tramitarse menos a fondo que las propuestas que permiten un rápido ajuste de fallos o consecuencias imprevistas. 
Podría partirse de que el derecho de veto del Compromiso de Luxemburgo siguiera estando vigente, quizá en la variante que el Sr. Georges Berthoin, la mano derecha del Sr. Monnet, ha propuesto, según la cual el Primer Ministro tiene el deber de defender un veto en la cumbre posterior. 
Podría exigirse asimismo que el parlamento nacional decidiera emplear el veto en una decisión abierta. 
No debe ser fácil bloquear, sin embargo, debe existir la posibilidad de hacerlo, si se quiere que la UE sea una cooperación entre democracias parlamentarias de países libres; éste es nuestro deseo, en la Europa de las democracias y diferencias. 
Señor Presidente, deseo intervenir sobre el primer tema planteado por el Presidente Prodi: la better regulation y la better organisation. 
Mientras que en las empresas privadas podemos pensar que una mejor organización es algo determinante para la vida y para el futuro de la empresa, creo que para una institución democrática la prioridad no es disponer de procedimientos más sencillos, más transparentes y más eficaces, sino simplemente tener procedimientos más democráticos. 
¿Acaso es una contradicción? 
No, de por sí no lo es, sino que es una cuestión de prioridades. 
Creo que términos como "mejorar y simplificar la legislación", "dar más concreción a la idea de ciudadanía", "mejorar la técnica legislativa", "trabajar mejor y más rápidamente" corren el riesgo de ser términos vacíos e, incluso, de ser parches para tapar las carencias de democracia del proceso legislativo, de toma de decisiones dentro de la Unión Europea. 
Creo que este Parlamento debe pedir sólo una cosa: que el Consejo de Ministros deje de ser el único órgano legislativo de unas instituciones llamadas democráticas que se reúne en secreto. 
Ésta es la cuestión. 
El ciudadano europeo- no sólo nosotros, como Parlamento- no conoce el proceso legislativo que se lleva a cabo en el seno del Consejo. 
Si esto se produce, será un paso adelante, si no se produce, todo el resto- una mejor eficacia, una mejor organización, etcétera- no será suficiente para incidir en el proceso de toma de decisiones dentro de la Unión Europea. 
El otro punto que quiero abordar es el de la coalición antiterrorista en sus aspectos de política exterior y en sus aspectos de política interior. 
También en este caso creo que desde hace muchos meses las Instituciones europeas han perdido de vista el rumbo de la democracia y del Estado de derecho en nombre de la lucha contra el terrorismo. 
Estamos todos de acuerdo en que se debe encontrar un equilibrio entre estas dos exigencias. 
Sin embargo, considero que este equilibrio no se ha encontrado suficientemente. 
Al respecto, pondré sólo un ejemplo: Chechenia. 
La Unión Europea y los Estados miembros y la Comisión se han mostrado incapaces de hablar claramente sobre Chechenia. 
También se podría hablar de otras cosas, de las medidas antiterroristas, de las medidas que se han adoptado: lo que se ha hecho se ha hecho de forma preocupantemente desequilibrada, en aras de la seguridad y olvidando con frecuencia la cuestión de los derechos humanos, de las libertades civiles y de la democracia. 
El último punto es el de la inmigración. 
Valoro los esfuerzos que se hacen, pero creo que también en este tema existe una cuestión de prioridades. 
No podemos pensar en seguir bloqueando los bienes, los bienes agrícolas, los bienes artesanales básicos de los países más pobres en vías de desarrollo que existen sobre la faz de la tierra y, al mismo tiempo, hacernos ilusiones de gobernar el problema de la inmigración y de la inmigración ilegal. 
Continuamos estando en una situación en que los aranceles con los que gravamos a los países más pobres del mundo son mayores que las ayudas que les damos. 
En esta situación, el problema de la inmigración corre el riesgo de convertirse en una bomba ingobernable, y entonces incluso unas medidas, quizás de por sí oportunas, de seguridad y de control pueden conducir a una mayor ilegalidad y pueden contribuir a que seamos menos capaces de gobernar este fenómeno. 
Señor Presidente, creo que en estos debates previos a las cumbres, es importante que seamos realistas y tomemos en consideración dos cosas: la primera, que la Presidencia en ejercicio- a la que se ha atacado injustificadamente, en mi opinión, porque es mucho más fácil destruir que construir y hacer crítica negativa que aportar algo positivo- no tiene ni la piedra filosofal ni el ungüento amarillo para resolver todos los problemas de la Unión Europea a satisfacción de este Parlamento: los otros 14 Estados miembros también juegan y también tienen algo que aportar. 
Por cierto, algunas de esas críticas me han recordado lo que Oscar Wilde decía de los malos críticos literarios: que no habían tenido ningún éxito, a pesar de haber asistido a todos los estrenos. 
En segundo lugar, es importante tomar en consideración que las cumbres generan una serie de expectativas que no siempre se cumplen. 
Me parece necesario, pues, señalar que lo importante de una cumbre- y eso es lo que esperamos de Sevilla- es que pueda generar la energía política suficiente para que el proyecto de unión europea avance. 
En este sentido, las pistas de reflexión que ha anunciado el Presidente Prodi en nombre de la Comisión Europea me parecen particularmente idóneas. 
Dejando de lado el tema del mandato de Barcelona y el de la adhesión- que será objeto de un debate ulterior esta tarde, y que pondrá claramente de manifiesto dónde están las verdaderas dificultades de la adhesión, que no están ni en la Presidencia en ejercicio ni en la Comisión -, me gustaría expresar mi satisfacción por la referencia del Presidente en ejercicio del Consejo al hecho de que Sevilla no va a interferir en los trabajos de la Convención. 
Creo que sería deseable profundizar en alguna de las materias relativas a la reforma del Consejo. 
Quizá el representante de la Presidencia en ejercicio del Consejo podría hablarnos de esas diferentes funciones o mandatos del Consejo encargado de los Asuntos Exteriores y del Consejo encargado de Asuntos Europeos y de cómo piensan avanzar de manera más eficaz, sin ser instancias dedicadas a negociar la última coma de los debates anteriores, y dando un impulso político a los temas que se encuentran encima de la mesa. 
Señor Presidente, me gustaría acabar refiriéndome rápidamente a la inmigración, tema grave y urgente, especialmente relevante en un contexto en que varios Estados miembros están adoptando de forma individual políticas que, en algunos casos, son contradictorias. 
Por tanto, creo que hay que apoyar claramente los objetivos expresados aquí por la Comisión y por la Presidencia en ejercicio del Consejo, haciendo hincapié en dos aspectos: uno, que no se debe hacer demagogia con este tema, y el otro, que hay que buscar soluciones reales para problemas reales y tratar de desembarazar este debate de su hojarasca ideológica. 
Es importante que encontremos un equilibrio entre la tradición de acogida y hospitalidad de la Unión Europea- recordando nuestros valores, expresados en la feliz frase de "los inmigrantes podrán no tener papeles, pero tienen dignidad" y sus posibilidades reales, que no son ilimitadas. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, no sólo los diputados de esta Asamblea sino también la población europea espera del Consejo de Sevilla unas señales claras y comprensibles en el campo de la concesión de asilo, de la inmigración e integración de nuestros inmigrantes. 
Por motivos morales, Europa debe seguir reconociendo los principios de una política de asilo humanitaria. 
Por otro lado, también tenemos que mostrar claramente a nuestras conciudadanas y conciudadanos que necesitamos la inmigración. 
También tenemos que demostrarles que podemos dirigir y controlar esta inmigración. 
Pero para ello es asimismo necesaria- en lo que sin duda tiene razón la Presidencia española- la cooperación de nuestros vecinos en el control de la inmigración ilegal en especial en los países de origen y de paso. 
La colega Rosa Díez González ha hablado del vocerío de la Presidencia española. 
Pero si miramos en concreto qué es lo que ha hecho en total la Unión Europea para combatir este comercio con personas, entonces veo muy poco. 
Algunos diputados de esta Asamblea se han reunido con diputados nacionales en Bucarest y han visitado por ejemplo, entre otras cosas, un centro contra la delincuencia transfronteriza que es apoyado por algunos países miembros y por los norteamericanos, pero que no recibe ningún dinero europeo. 
Pero aún peor es que sólo ahora se comienza lentamente a establecer contactos con Europol o mejor que la Europol sólo ahora comienza lentamente a actuar aquí realmente. 
Creo que las ciudadanas y ciudadanos de Europa esperan que se practique una política de inmigración positiva pero que al mismo tiempo esté orientada con claridad en contra de la trata de personas y otras actividades criminales. 
También tenemos que conceder la oportunidad de integrarse en nuestra sociedad a aquellos que están entre nosotros. 
Al crearse estas personas una base de vida entre nosotros- y muchas de ellas participan por ejemplo en la nueva creación de empresas- aumentan nuestro bienestar común. No se trata aquí de un juego de sumas o restas por el que ganen o pierdan los inmigrantes o los nativos. 
Todos podemos ganar conjuntamente mediante una política razonable y dirigida de inmigración e integración si nos ocupamos finalmente de ella y si todo lo que ha propuesto el Comisario Vitorino lo lleva también a la práctica el Consejo. 
Ya se ha indicado que esperamos de Sevilla también señales de reforma del Consejo. 
El colega Poettering ha dicho que en este tema se ha producido una cierta paralización y hay rumores de que no se quiere realizar realmente nada serio en este contexto. 
Pero los mismos miembros del Consejo saben que esta institución precisa urgentemente de una reforma, sobre todo en lo que se refiere a su facultad de legislador. 
Hay que crear sobre todo más eficiencia y transparencia. 
Comparen solamente la transparencia existente en este Parlamento con la situación en el Consejo. 
Al menos unos pasos en dirección a más transparencia y proximidad al ciudadano serían de provecho no sólo para el Consejo sino para la aceptación de la totalidad de la legislación europea por parte de la población europea. 
Finalmente, quiero mencionar aún que este Parlamento y también mi Grupo están dispuestos a impulsar más reformas de la legislación europea. 
El Presidente de la Comisión ha indicado que entretanto la Comisión ha presentado algunas propuestas al respecto. 
Señor Presidente de la Comisión, quiero expresarle mi agradecimiento así como a sus colaboradoras y colaboradores por haber recogido muchas de las ideas, si bien no todas, provenientes de esta Asamblea. 
También se ha indicado que se debe crear un grupo de trabajo interinstitucional y adoptar el correspondiente acuerdo. 
Para ello necesitamos también la cooperación del Consejo. 
Señor Presidente del Consejo, yo no entiendo y muchos en esta Asamblea tampoco entienden que el Jefe de Gobierno Aznar haya realizado una promesa clara en esta Asamblea pero que los representantes diplomáticos y funcionarios de la Presidencia española no hayan dado ningún paso en este aspecto e incluso hayan bloqueado hasta ahora la creación de un grupo de trabajo de este tipo. 
Me pregunto como diputado qué es lo que vale. ¿Vale la promesa y declaración del Presidente del Consejo Aznar o vale lo que bloquean los funcionarios en el marco de la aplicación? 
Creo que los titulares de las decisiones políticas deben tener la última palabra. 
Señor Presidente, de Sevilla surgirán pocas medidas en materia de inmigración y asilo. 
La agenda de Tampere contenía tres elementos: control, armonización e integración. 
El Consejo ha legislado con ahínco sobre el primero, con media docena de leyes y un plan de acción de treinta páginas sobre la inmigración ilegal, pero se ha rezagado en la armonización de un sistema común de asilo y de integración de las minorías y los inmigrantes. 
Es en estos ámbitos en los que los dirigentes deben dar a los ministros un buen empujón, pero en vez de eso, lo que harán realmente es recurrir a la retórica de la represión y la hostilidad de la fortaleza Europa. 
La propuesta más infame y estúpida es la de negar la ayuda al desarrollo a los países que no frenen la inmigración, lo que los hará aún más pobres y provocará un nuevo éxodo de personas desesperadas. 
La realidad es que lejos de fomentar esa mayor seguridad que Europa necesita, existe el riesgo de que el trío antiliberal Blair-Aznar-Berlusconi recrudezca las amenazas para los ciudadanos europeos respondiendo con sus respuestas histéricas, populistas y bravuconas a los actuales retos. 
Con su histeria abusiva sobre los inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo están convirtiendo en demonios a los extranjeros y generando más tensiones y sospechas raciales. 
Junto con la ampliación de poderes que su gran hermano ha otorgado a los servicios de vigilancia y seguridad para que vigilen el correo electrónico, los registros de Internet y las comunicaciones telefónicas de la población, están amenazando la intimidad de las personas. 
Con la prohibición de organizaciones como el PKK kurdo y Batasuna están eliminando las vías de una salida política para disidentes, como alternativa al terrorismo. 
A los países candidatos se les anima a integrarse en la UE como modelo de democracia, libertad y tolerancia, pero el trío Blair-Aznar-Berlusconi lo están convirtiendo en una farsa. 
Señor Presidente, quisiera agradecer la presencia y las palabras del Sr. Prodi y lamentar firmemente que, en el último Pleno de este Parlamento, durante la Presidencia española, no esté aquí presente el Presidente del Gobierno español. 
Después, quiero decir que las seis prioridades manifestadas por la Presidencia española al comienzo de este semestre, quedaron, realmente, reducidas a dos: conseguir una Europa fortaleza y la militarización de la vida democrática: conseguir la Europa de la policía. 
Realmente, el Presidente Aznar, en este momento, se quiere convertir en el Presidente de la policía y también quiere conseguir la Europa de los Estados contra la Comisión y el Parlamento. 
De las propuestas que ha hecho para la reforma del Consejo, no sé si debo destacar más su arrogancia o su impertinencia. 
Con la Presidencia española, todos los problemas están peor que hace seis meses. 
¡Y el Sr. Aznar se ve a sí mismo como Presidente permanente de la Unión Europea! 
El referéndum de Irlanda no está contemplado ni resuelto, ni lo está la ampliación, que además se encuentra en un estado aún más confuso; tampoco lo está la política agrícola común, ni la política de pesca, donde no midió el enfrentamiento real que existe entre los países del Norte y los del Sur; la inmigración y el asilo son confundidos con la delincuencia; no hay nada sobre los fondos estructurales, sobre el presupuesto europeo, sobre el pleno empleo, etc. 
Realmente no queda nada de Tampere, de Lisboa ni de Gotemburgo. 
Debíamos preguntarnos qué queda de aquel espíritu que se abrió en estas cimeras. 
Queda, realmente, una caricatura protagonizada por José María Aznar, Presidente del Gobierno español. 
Europa es un polvorín a la espera de una chispa. 
Con esa curiosa definición describía hace poco la situación un columnista neerlandés. 
En su opinión los ciudadanos están desde hace años descontentos con la Unión Europea. 
El éxito cosechado por los partidos populistas en toda Europea demuestra que los ánimos pueden inflamarse en cualquier momento. 
Comparto esta preocupación, aunque espero que no llegue a materializarse. 
Por todo ello es fundamental que las instituciones europeas funcionen eficazmente. 
La toma de decisiones o el diálogo no pueden verse interrumpidos por problemas debidos a la falta de organización. 
Con esto me refiero principalmente al Consejo. 
En su calidad de reunión de Ministros y Presidentes nacionales es la institución que más cerca está del ciudadano, pero según parece también es la que va a padecer al máximo los defectos propios de una mala organización. 
Tanto aquí como en otros foros se han presentado algunas propuestas prácticas, como por ejemplo la división del Consejo de Asuntos Generales en un Consejo Coordinador y un Consejo PESC. 
Otra opción razonable consiste en restringir el número máximo autorizado de participantes en una delegación nacional del Consejo. 
También circulan propuestas más drásticas, como puede ser la eliminación del sistema de la Presidencia rotativa. 
Dichas propuestas tan sólo son aceptables si respetan el equilibrio existente entre los diferentes países y si no alejan a las autoridades nacionales de Europa. 
No olvidemos que la igualdad y la participación de los Estados sientan las bases para la Unión Europea. 
Es muy posible que quien pisotee este principio acabe encendiendo la mecha él solo. 
Señor Presidente, cuando se reúna el Consejo Europeo de Sevilla, habrán transcurrido dos años y algunos meses desde la celebración de la Cumbre de Lisboa y de la adopción de sus ambiciosas decisiones de convertir a la Unión en la economía más competitiva del mundo para el año 2010, es decir, que ha habido desde entonces cuatro Presidencias del Consejo. 
Sería injusto y menospreciante decir que no se ha hecho nada. 
En el marco de las competencias del Sr. Comisario Liikanen, la inclusión en el proceso de educación y formación continuas de la capacitación en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, NTIC, ha avanzado ya en muchos países. 
Pero, en estos dos años, uno de los cuales se ha visto ensombrecido por la recesión en Estados Unidos, hemos seguido quedándonos a la zaga con respecto a Estados Unidos. 
El crecimiento de su Producto Interior Bruto ha sido mayor que el nuestro y la tasa de desempleo queda allí por debajo del seis por ciento, mientras que en la Unión incluso supera el diez por ciento. 
Así pues, nada de lo que se ha hecho es suficiente. 
Sin entrar en más detalles sobre cada sector, seguimos sin proceder a las privatizaciones, sin emprender una apertura real de los mercados y sin eliminar los obstáculos existentes en la organización y estructuras de la industria y de los servicios. 
Los mercados laborales mantienen rígidas sus estructuras, rechazando a los desempleados y protegiendo a los trabajadores. 
Las causas de este inmovilismo se encuentran en los Estados miembros de la Unión, a los que la Comisión no ha podido obligar o incentivar para que procedan a las reformas económicas. 
Los intereses nacionales de corto plazo, unas veces reales y muchas imaginarios, han prevalecido sobre el interés general común. 
Siempre hay elecciones en algún país y las reformas se postergan durante años. 
La rigidez del mercado laboral y el mantenimiento de las viejas estructuras industriales, a pesar de representar un obstáculo para la competitividad, así como la inexistente política en materia de inmigración y asilo en los Estados miembros, son los factores que han provocado la insatisfacción que se refleja ahora y que ha venido reflejándose en las últimas elecciones en países europeos como protesta por parte de los jóvenes y de las personas mayores que no tienen acceso al trabajo. 
A esto hay que añadir también el sentimiento de marginación que experimentan los extranjeros legales que pueblan multitudinariamente muchos de los Estados miembros de la Unión. 
No voy a censurar a los gobiernos socialistas que han quedado al margen del poder, sino que hago un llamamiento y una advertencia, aprovechando la presencia del Consejo, a los nuevos gobiernos de centro derecha que ya han accedido al poder: si no existe osadía para hacer las reformas, ¡ya nos podemos ir olvidando de los discursos grandilocuentes de Lisboa y de la imagen de Europa como el espacio económico más competitivo del mundo! 
A veces, hasta llego a echar de menos a la Sra. Margaret Thatcher, de cuyos logros políticos sigue disfrutando el Sr. Tony Blair. 
La disponibilidad de energías baratas y limpias es un requisito fundamental para acceder al crecimiento económico en los cauces del desarrollo sostenible. 
Es una satisfacción poder elogiar a los dirigentes políticos de mi propio país, Finlandia, por la valentía que han mostrado al incluir claramente la energía nuclear entre las demás fuentes de producción de electricidad. 
Se trata de una decisión necesaria adoptada por un país pequeño, aunque no por ello deja de ser un planteamiento muy osado y a pesar de que se dejan oír clamorosamente las voces de quienes se oponen a ello en un intento de frenar el desarrollo. 
Ahora cabe dar las gracias a la Presidencia española por haber reservado el protagonismo en la Cumbre de Sevilla a la modulación de la política en materia de inmigración y asilo. 
Se trata de algo necesario, ya que una Europa con una evolución demográfica de signo descendente no puede permitirse el lujo de rechazar a los inmigrantes, sino que éstos deben ser integrados de forma controlada para que se conviertan en nuevos europeos. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, quisiera recordarle que esto- lo sabe usted sin duda -, es el Parlamento Europeo. 
Y se lo digo porque en este Parlamento conocemos la agenda de Tampere, sabemos lo que se decidió allí. 
Quiero recordárselo, porque no coincide exactamente con lo que usted nos ha dicho. 
Había cuatro bloques en la agenda de Tampere en relación a la gestión común de la inmigración; uno era la reagrupación familiar. 
El Consejo ha eliminado ya una propuesta. 
Hay otra que está en la agenda del Parlamento, pero no está en la del Consejo. 
Una política de gestión de flujos migratorios, una política de establecimiento de canales de inmigración legal, clara, transparente, no ahogada por un mar de burocracia de 15 legislaciones diferentes. 
Hay una propuesta de la Comisión, se está viendo en este Parlamento y no está en la agenda del Consejo. 
Una política de integración que se traduce en una propuesta de la Comisión para crear un estatuto de los inmigrantes de larga duración. 
No está en la agenda del Consejo. 
Estamos en el caos más absoluto. 
El Consejo de Asuntos Sociales ha aprobado la libre circulación de trabajadores inmigrantes, libre circulación que impiden 15 leyes nacionales de inmigración. 
No está en la agenda de Sevilla. 
Agenda exterior: hablamos en Tampere de codesarrollo, de gestión común de los flujos migratorios, y usted me dice que en Sevilla hay una pequeñísima parte de esto que se refiere a la amenaza que se le va a hacer a los países terceros. 
La cogestión no está en la agenda de Sevilla. 
La lucha contra la inmigración ilegal, con la que, al igual que mi Grupo, estoy absolutamente de acuerdo, figura de una forma un tanto exotérica. 
Usted me dice que reviste especial importancia el plan de la Comisión para el control común de fronteras exteriores. 
Eso no se comprende ni aquí ni en la calle. 
Porque sería la primera cosa que estaría en la agenda del Consejo. 
No sólo eso, sino que los gobiernos nacionales, en los últimos dos años y ocho meses, han desarrollado políticas nacionales divergentes en este terreno. 
Usted habla de revisar los compromisos de Tampere. 
No se esfuerce, no hace falta mucho tiempo; en materia de inmigración es cero lo que se ha avanzado en dos años y ocho meses. 
Como Consejo, son responsables por omisión, responsables de no gobernar una política comunitaria; y eso es muy serio, señor Presidente. 
Están sustituyendo el consenso sobre soluciones por la gesticulación común impotente sobre los problemas. 
Están sustituyendo la adopción de legislación y políticas para gestionar los flujos migratorios por la redacción de notas y comunicados de prensa que contribuyen a crear un clima problemático. 
No se extrañen ustedes de que los ciudadanos perciban a la Unión como un problema y no como la solución que debería ser. 
Señor Presidente, expondré de manera muy breve a la Presidencia en ejercicio del Consejo, al señor Presidente de la Comisión, a sus Señorías, tres observaciones: la primera, sobre inmigración. 
Creo que la evidencia debería llevar a la convicción de establecer en Sevilla la política que se viene reclamando desde Tampere, que sea realmente efectiva a nivel interno, que tenga una dimensión europea y que lleve, además, a establecer y a profundizar en una auténtica dimensión política de la Unión, tema que, a través del método intergubernamental se ha ido, desgraciadamente, aplazando durante demasiado tiempo. 
La segunda observación que quiero mencionar es que también debe tenerse en cuenta la dimensión exterior que causa la inmigración y que, por lo tanto, deben reforzarse los mecanismos de cooperación de una manera mucho más efectiva que la actual. 
Creo que hay un tema, que en Sevilla debería solucionarse: el evidente alejamiento entre las posiciones que ha ido expresando la Comisión en los últimos meses y las propuestas de la Comisión y la recepción por parte del Consejo. 
Creo que precisamente el Sr. de Miguel ha comentado la importancia que se da a la Convención; sería bueno esperar a los resultados de la Convención antes de hacer una serie de propuestas que, más bien, parece que lo que hacen es distorsionar el ámbito en el cual debería pronunciarse posteriormente la Conferencia intergubernamental. 
Por último, permítame observar que en Laeken no se decidieron las sedes de numerosas agencias de la Unión Europea. 
Querría saber si en Sevilla piensa tratarse este tema. 
Señores Presidentes, voy a referirme muy brevemente al conflicto de Cachemira. 
Hay que ocuparse ya ahora y de modo continuado de este conflicto por una de las más hermosas regiones de alta montaña del mundo. 
Hoy es más necesario y, al mismo tiempo, más esperanzador que nunca que encontremos aquí una solución, pero este diálogo entre la India y Pakistán solamente se podrá poner en marcha si todos los que están fuera- UE, JUL, Rusia y la ONU, consideran por igual a los dos países. 
La potencia explosiva del conflicto de Cachemira, que se basa en hechos históricos- tres guerras en la región, terror, propaganda, nacionalismos exacerbados y Al Qaeda- podría ser demoledora pero también se podría suavizar con la ayuda de las fuerzas moderadas existentes y de una política que muestre respeto a ambos contrincantes. 
Advierto frente a un modo de influir unilateral, lo que es muy importante, sobre todo ahora después de la guerra en Afganistán. 
Señor Presidente, vivimos en una coyuntura crucial de asuntos europeos e internacionales. 
Mi delegación respalda firmemente el proceso de ampliación, aunque dentro del proceso de reforma institucional encaminado a alcanzar nuestro objetivo declarado de una Europa más amplia y suelta y una PAC y una PCP menos enredadas. 
También creemos que los países de la Europa Central y Oriental, tras liberarse del yugo del comunismo soviético contra el que nosotros en Occidente fuimos incapaces de protegerlos y a los que ahora podemos compensar acogiéndolos de nuevo en la familia de naciones europeas, no desean sencillamente la construcción de otro súper-Estado dirigido desde Bruselas. 
Asimismo acogemos con satisfacción el acercamiento entre la OTAN y Rusia, país que ahora comparte una agenda común con la UE en la lucha contra el terrorismo mundial y por el objetivo de convertirse en una economía de mercado próspera y en miembro de la OMC que vive en paz con sus vecinos de la UE. 
Apoyamos firmemente la actitud responsable con respecto a nuestro medio ambiente. 
No obstante, tenemos algunos problemas con la resolución que van desde nuestra oposición al Tratado de Niza como requisito imprescindible para la ampliación, hasta el rechazo de una política común de asilo e inmigración, que en nuestra opinión es una prerrogativa de los Estados miembros, aunque estamos firmemente a favor de la cooperación bilateral encaminada a proteger la integridad de nuestras fronteras. 
Seguimos siendo profundamente escépticos de que la vigilancia común de las fronteras exteriores funcione en la práctica y estamos en contra del principio de la política de seguridad y defensa europea, porque es una duplicación, así como un modo de desacoplar a Europa de nuestros socios estadounidenses en la OTAN. 
También creemos que existe el peligro de que grupos hostiles se sirvan de la Corte Penal Internacional para causar daños políticos a nuestros aliados estadounidenses. 
No obstante, acogemos con satisfacción las llamadas en favor de frenar y mitigar el conflicto entre la India y Pakistán por Cachemira y tomamos nota de los alentadores indicios de que, por fin, el Presidente Musharraf ha prestado oídos a los llamamientos para que controle a los terroristas islámicos que hasta hace poco gozaban del apoyo del régimen y que recientemente han cometido atrocidades contra civiles en Jamu y Cachemira e incluso contra el Parlamento indio. 
El Presidente Musharraf debería detener y entregar a la India a los autores de dichos atentados para que sean sometidos a la acción de la justicia. 
No obstante, todos deseamos a los participantes de la Cumbre de Sevilla mucho éxito para superar los retos a los que nos enfrentamos. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, sólo voy a hablar sobre el conflicto entre la India y Pakistán. 
Señor Presidente del Consejo, usted ha indicado con razón en su exposición que este conflicto supone una desestabilización y peligro de toda la región. 
La preocupación por este gran peligro nos ha movido a todos los responsables de política exterior de casi todos los Grupos políticos a adoptar una posición común que se puede encontrar en la resolución adoptada para Sevilla. 
En esta resolución, pedimos de los dos Estados que realicen todos los esfuerzos posibles para distender la situación y establecer de este modo a un diálogo constructivo entre los dos Estados que pueda llevar a la solución del conflicto. 
Está clara la responsabilidad de las dos partes para una desescalada del conflicto. 
Saludo por ello las medidas que ha adoptado la India en estos días. 
Primera: suspender la prohibición de sobrevuelo de los aviones paquistaníes y segunda: nombrar un alto Comisario para Islamabad y finalmente, ordenar el regreso de los barcos de guerra a sus puertos. 
También esperamos que el Presidente Musahraf prosiga e intensifique sus esfuerzos por detener la infiltración de terroristas a través de la line of control en Cachemira. 
Si cumple las promesas que realizó en su intervención del 12 de enero de este año, entonces se habrá dado un gran paso hacia la solución del conflicto. 
Hace pocas semanas estuve en Cachemira en un punto hindú de la line of control a 3.400 metros de altura; sé por ello de qué hablo. 
La lucha contra el terrorismo sólo se puede realizar de un modo eficaz desde el lado pakistaní. 
Pakistán tiene la responsabilidad no sólo de detener a los terroristas delante de la frontera sino también de castigarlos y retirarlos de la circulación. 
Un último punto que desempeña un papel especial en todo este conflicto es el afianzamiento de la democracia. 
La India es un país democrático y esperamos lo mismo para Pakistán cuando en el otoño tengan lugar elecciones libres de las que salga un gobierno democrático. 
Señor Presidente, Sr. de Miguel, ahora que estamos casi en familia, y en el interminable minuto que me han dado, no le voy a hablar de inmigración. 
Ahora parece que todo aquello que nos contaron ustedes a los de nuestra generación sobre lo buenos que eran los inmigrantes ya no vale para los de ahora. 
Hablando de mandar, ustedes que mandan tanto por decretazo, transmita por favor al Sr. Presidente, al Sr. Aznar, que traslade aquí, donde se deciden las cosas, todo ese poderío que envuelve su acción de gobierno en España, para que la propuesta aprobada por el Colegio de Comisarios de reforma de la política común de pesca no salga adelante, pues es una propuesta que mandará al fondo del mar la ya esquilmada flota pesquera española. 
Impidan que su compañero de partido, el Sr. Fischler, el amigo de los agricultores y pescadores del Sur, se salga con la suya. 
No lo inviten a Madrid- allí no hay pescadores, no hay lonjas, no hay fábricas de hielo -, invítenlo a Barbate, a Isla Cristina, allí donde están los pescadores. 
Que vea cuál ha sido el resultado de su nefasta negociación con Marruecos y que se imagine lo que pasará con estos ciudadanos europeos si su propuesta progresa. 
Si no lo hacen, de poco les servirá la contundencia que demuestran con su política allí cuando las cosas se deciden aquí. 
Arranquen un compromiso claro en contra de esta propuesta pesquera durante el Consejo de Sevilla y, para mí, habrán salvado la Presidencia española de turno. 
Señor Presidente, el Consejo Europeo de Sevilla deberá afrontar una vez más el problema del papel político de la Unión. 
Lamentablemente, el gran peso económico no está en consonancia con una acción política eficaz en el escenario internacional. 
Los acontecimientos en Oriente Próximo son sólo el último caso en que la Unión no ha conseguido erigirse en protagonista de la acción de paz. 
Sin embargo, si es verdad que estamos todavía muy lejos del objetivo de una Europa políticamente fuerte, cabe decir que la Presidencia española nos ha permitido dar algunos pasos adelante. 
Las palabras del Presidente Aznar a propósito de la acción que todos juntos debemos llevar a cabo para hacer frente a la cuestión extraordinariamente difícil de la inmigración ilegal, nos confirman la voluntad de lograr una Europa con una única política exterior y de seguridad. 
La emergencia de la inmigración se ha de encarar con seriedad y determinación, sin demagogia y, sobre todo, sin esconder la importancia del problema, como se ha venido haciendo muchas veces. 
Es necesario un control de las fronteras de la Unión cada vez más compartido a través de la creación de una única policía de fronteras- es la propuesta del Gobierno italiano que ha sido aceptada y es, creo, la elección que ha hecho también el Comisario Vitorino- pero también es preciso compartir los costes de contención de los flujos migratorios que se producen en Europa. 
Pero eso no es todo. 
El Presidente Prodi tiene razón cuando sostiene que hay que eliminar las causas de la inmigración no controlada. 
Hay que actuar en pos de una cooperación que ayude realmente a los pueblos y no a los dictadores locales, como ha ocurrido con frecuencia. Hay que intervenir sobre la reducción de la deuda, como se ha recordado también en Roma en estos días con ocasión de la Cumbre de la FAO. 
Sin embargo, no se puede prescindir de una legislación que sepa conciliar rigor y solidaridad, y esto se podrá hacer con una regulación de los flujos migratorios acogiendo con gran respeto a quien quiere trabajar en Europa y rechazando a quien quiere organizar actividades ilegales, muy a menudo delictivas y a veces ligadas al terrorismo. 
Los ciudadanos europeos nos piden esto. 
Estoy convencido de que llegará de Sevilla la respuesta que esperan. 
Señor Presidente, yo también acojo favorablemente la propuesta de que en Sevilla se haga una declaración sobre la India y Pakistán. 
Es fundamental que Europa asuma la responsabilidad y tome la iniciativa en la búsqueda de una solución a la crisis en la región y no se limite a dejar los esfuerzos de paz a los Estados Unidos y a Rusia, especialmente porque algunos Estados miembros de la UE mantienen fuertes lazos históricos con la región. 
También creo que es fundamental para el desarrollo de la PESC que la UE desempeñe un papel más importante. 
Estoy muy de acuerdo con la declaración del Consejo sobre la amenaza que un conflicto nuclear representa para toda la región e, incluso, para todo el mundo. 
El Presidente Prodi está en lo cierto cuando afirma que nuestra oportunidad de influir positivamente sobre la situación es mucho mayor antes que después de que se desate el conflicto. 
Apoyo incondicionalmente las iniciativas de la India y Pakistán de estos días pasados, encaminadas a encontrar una solución pacífica al conflicto de Cachemira. 
Debemos apoyar dichas iniciativas. 
No obstante, a pesar de que por el momento se ha reducido la tensión, las escaramuzas a lo largo de la frontera continúan. El número de víctimas sigue aumentando. 
Por ello, cuanto antes se reduzca la tensión, mejor. 
Es fundamental que se restablezcan las relaciones diplomáticas y las vías de comunicación entre ambos países. 
Es necesario que ambas partes celebren conversaciones bilaterales lo antes posible. 
A pesar de que la guerra parece haberse evitado por ahora, las tensiones podrían volver a crecer fácilmente, especialmente en vísperas de las elecciones en la Cachemira india, previstas para septiembre. 
A propósito de esta cuestión, es de vital importancia que dichas elecciones sean manifiestamente libres y justas. 
No obstante, debemos asegurarnos de que se pone fin de una vez por todas a la lucha por el territorio de Cachemira. 
El afán de conquista fue el catalizador de la II Guerra Mundial, y la solución que se encontró para aquel problema debe aplicarse también en este caso. 
Del mismo modo que se utilizó el comercio como medida de prevención de conflictos cuando se constituyó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, es fundamental que consideremos dichas medidas como la solución pacífica para rebajar las tensiones de manera permanente. 
El PIB de ambos países es muy bajo y la pobreza sigue siendo un problema capital. 
A pesar de los recientes esfuerzos positivos, sólo la mitad de la población de la región está alfabetizada, lo cual es una barrera importante para el crecimiento económico. 
Por ello es fundamental que la UE dé prioridad a la seguridad mundial a través de un programa sobre la reducción de la pobreza. 
El mensaje predominante es inequívoco. 
La guerra nunca puede ser la solución a situaciones como ésta. 
Cualquier acción debe ser económica o humanitaria e incluir medidas positivas encaminadas a rebajar las grandes tensiones. 
Dirijamos ahora nuestra atención a las personas. 
Señor Presidente, doy las gracias al Consejo por su declaración y agradezco a la Comisión su contribución. 
Quisiera formular algunas observaciones acerca de las reformas del Consejo y el problema de los inmigrantes ilegales. 
Por lo que a las reformas del Consejo se refiere concedo especial importancia a los tres objetivos siguientes: hay que mejorar y revalorizar el Consejo de Asuntos Generales, mejorar los procedimientos relativos a la toma de decisiones y, antes que nada, garantizar la publicidad del Consejo en materia de legislación. 
En mi opinión se impone una división del Consejo de Asuntos Generales, sobre todo porque los Consejos especializados se han arrogado demasiado poder y porque el Consejo de Asuntos Generales parece haber perdido su función coordinadora. 
Tal vez también pueda ser útil que los responsables de asuntos europeos reciban en todos los Estados miembros el título de ministro para que estén en pie de igualdad con la mayoría de los ministros especializados. 
Ello facilitaría el papel coordinador de los ministros implicados tanto en su propio país como en el Consejo. 
Respecto a los procedimientos relativos a la toma de decisiones quisiera invitar al Consejo a que estudie con detenimiento los 34 tipos de decisiones a fin de averiguar si cabe alguna simplificación sin necesidad de modificar el Tratado. 
En la actualidad la toma de decisiones carece de toda transparencia y no se sabe cuál es la envergadura exacta de las decisiones. 
Por tanto sería altamente deseable que se adoptaran algunas medidas destinadas a simplificar los procedimientos vigentes y fomentar la transparencia. 
Insistiendo en el tema de la transparencia creo que la introducción del concepto de publicidad en la toma de decisiones acerca de la legislación europea sin modificar el Tratado podría ser una importante innovación. 
Una de las reglas básicas de la democracia estipula que el legislador debe establecer la legislación en público. 
El Consejo de Ministros es uno de los pocos órganos en el mundo que no cumple este precepto, lo cual resulta inaceptable. 
Por todo ello necesitamos urgentemente una decisión que obligue a hacer pública aquella parte de los trabajos del Consejo que tiene que ver con la legislación. 
Para finalizar me referiré brevemente a la ilegalidad. 
Acojo muy favorablemente la propuesta de crear una policía de fronteras europea, pero tal vez también se pudiera considerar la posibilidad de volver a tratar los aeropuertos como fronteras exteriores. 
Habida cuenta de que en este momento todos los aeropuertos realizan controles con fines de seguridad no les supondría ningún problema revisar al mismo tiempo los pasaportes. 
Tal vez ello no resulte muy correcto, señor Presidente, pero considero fundamental que se resuelva el problema de la inmigración ilegal en Europa. 
Creo que el cierre de los aeropuertos podría ser una vía de solución, aparte de que siempre he estado en contra de que se abrieran. 
Señores Presidentes de las instituciones europeas, Señorías, debemos, desde luego, manifestar nuestro apoyo a la intensa actividad que la Unión Europea ha llevado a cabo, junto con los Estados Unidos, Rusia y las Naciones Unidas, en el sentido de evitar una guerra entre la India y el Pakistán. 
Hace unas semanas tuve ocasión de visitar esa zona y de los contactos que mantuve con las partes en el ámbito de la presidencia de la Delegación del Parlamento para el Asia Meridional, puedo afirmar que, además de las tensiones evidentes, existe también una efectiva voluntad de paz. 
Es cierto que esos dos grandes países ya se han enzarzado en tres guerras: dos sobre Cachemira y una sobre Bangladesh. 
Pero ahora no se trataría- por decirlo así- de una guerra más, pues los dos países poseen armas nucleares y capacidad para transportarlas. 
Como ha subrayado el ministro De Miguel, en un conflicto militar no se puede excluir la posibilidad de escalada. 
Así, presenciamos con gran esperanza cierta evolución positiva en los últimos días. 
Por un lado, el compromiso del Presidente del Pakistán de parar las infiltraciones a través de la línea de control en Cachemira; por otro, la decisión de la India de reabrir su espacio aéreo a la aviación civil paquistaní, reanudar la representación diplomática y retirar buques de su flota militar en el mar Arábigo. 
Con todo, las noticias de este lunes procedentes de los Estados Unidos y que vinculan al terrorista que planeaba la fabricación de un ingenio nuclear con conexiones en el Pakistán nos obligan a mantener la mayor vigilancia en relación con lo que sucede en esa zona. 
Una Unión Europea más activa en la escena internacional sólo deparará beneficios al mundo. 
Pero, para eso, es necesario, en particular, mejorar la coordinación de nuestros esfuerzos en el nivel de la política exterior y de defensa, avanzar concretamente en la dirección de una diplomacia común. 
Sólo así la Unión Europea conseguirá ejercer de verdad su influencia en la prevención de conflictos. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo, los ciudadanos de la Unión Europea tienen un derecho a seguridad y han reconocido que la Unión Europea desempeña aquí un papel esencial. 
También han reconocido que la seguridad interna es la condición previa para la estabilidad y el desarrollo económico en la Unión Europea. 
En las últimas elecciones han negado también su confianza a aquellos que niegan esta necesidad y que no están dispuestos a aplicar las medidas adecuadas. 
Agradezco al Presidente de la Comisión Prodi, quien ha pronunciado hoy unas palabras muy claras. 
Saludo y apoyo expresamente las iniciativas españolas que se deben aplicar en la cumbre de Sevilla. 
El Presidente Aznar ha dicho que la migración es un problema clave y tiene razón. 
Pero lo que esperamos son medidas diferenciadas en relación con la migración. 
Esperamos medidas para acelerar los procedimientos de asilo, medidas para la integración de los refugiados reconocidos y, por otro lado, también medidas para una inmigración limitada y dirigida en función de las posibilidades de nuestros diferentes Estados miembros. 
También esperamos un paquete de medidas para la acogida temporal de refugiados de guerra. 
Lo que saludamos especialmente es el paquete de medidas contra la inmigración ilegal y contra la lacra del tráfico de personas y muy en especial las iniciativas que usted quiere adoptar para la creación de una policía europea de fronteras para su actuación en zonas de especial riesgo de nuestras fronteras exteriores actuales y futuras. 
Además, saludo la cooperación con los países originarios de la migración, la ayuda a la estabilización política y económica, los acuerdos de devolución y también las sanciones contra los países que no están dispuestos a proteger sus fronteras y que incluso fomentan la emigración ilegal. 
Si hasta ahora se han prometido muchas cosas pero pocas de ellas se han realizado, no se debe a la Presidencia del Consejo sino a los diversos Estados miembros y sus animosidades nacionales. 
Le ruego y le insto para que ejerza presión en la cumbre de Sevilla, en especial en el campo de las medidas relacionadas con la migración, para que se lleven a la práctica. 
Tiene el pleno apoyo del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la referencia al Tratado de Niza en el apartado 6 de la resolución conjunta. 
Es importante que el Parlamento confirme que el Tratado de Niza es necesario para facilitar la buena marcha del proceso de ampliación. 
Quiero ahora dirigirme directamente al Presidente en ejercicio del Consejo español. 
El Consejo Europeo de Sevilla es importante por las numerosas razones expuestas aquí hoy en nuestras resoluciones. 
No obstante, sin el umbral de Niza, buena parte de todo eso será en vano. 
Por ello, debe asegurarse de que las conclusiones de Sevilla incluyen, al menos, una declaración de que Niza no modifica en modo alguno la política irlandesa de neutralidad militar, definida en la actualidad como no miembro de los pactos de defensa mutua. 
Quisiera instarle también a que se acepte dicha declaración como protocolo para las próximas modificaciones del Tratado en 2004. 
Sé que Niza no repercute en la neutralidad irlandesa. 
No obstante, en Irlanda el alarmismo irresponsable ha creado una ansiedad considerable en torno a esta cuestión, obra principalmente de los que se oponen a la integración europea, personas como mi colega en este Parlamento, la Sra. McKenna del Grupo de los Verdes, y los nacionalistas étnicos del partido Sinn Fein de Irlanda. 
Las disposiciones del Tratado de Niza forman parte integral de las normas fundamentales que sirven de base a los países candidatos en sus negociaciones de adhesión a la Unión. 
La negativa de Irlanda a ratificar dichas normas fundamentales sólo sirve para fomentar el sentimiento anticomunitario en los países candidatos, en detrimento de todos los europeos. 
También me preocupa la grandilocuencia de algunos Estados miembros, que se resisten a asumir los compromisos presupuestarios necesarios para el buen desarrollo de las economías de los países de adhesión. 
El público en general no entiende la maniobra táctica que se esconde detrás de estas batallas. 
Lo que ve es una actitud cicatera, provocada por un planteamiento contable de la política, en vez del arte de gobernar que nuestros ciudadanos están reclamando a gritos. 
Si Sevilla da pruebas de un poco de generosidad por parte de nuestros dirigentes políticos, nuestros ciudadanos emularán, a su vez, dicha generosidad. 
Señor Presidente, como el Sr. De Rossa ha señalado, esperamos que la Cumbre de Sevilla aborde el tema de la celebración de un segundo referéndum en Irlanda sobre el Tratado de Niza. 
Dicha medida, tan lamentable, habría sido innecesaria si el poder político en Irlanda se hubiera esforzado en persuadir al electorado para que lo ratificara. 
En cambio, una coalición distinta fue capaz de explotar los temores infundados, provocando su rechazo e inflingiendo un daño incalculable a la posición de Irlanda dentro de la UE y dañando nuestras relaciones con los Estados candidatos. 
Lograr la ratificación es posible, aunque para ello será necesario dedicar un gran esfuerzo a la campaña a favor del "sí". 
Nuestra tarea no resultará nada fácil, porque le pedimos al electorado que anule una decisión que ya ha tomado. 
Además, los oponentes del Tratado han visto reforzada su posición con su éxito en las recientes elecciones generales irlandesas. 
La responsabilidad de garantizar un resultado positivo en el segundo referéndum recae en los partidos pro-europeos y en los interlocutores sociales de Irlanda. 
No obstante, la principal responsabilidad recae en el Gobierno irlandés. 
Su misión resulta infinitamente más difícil cuando su principal portavoz en la Convención sobre Europa, el antiguo Comisario Ray MacSharry, ha dejado perfectamente claro para nuestra gran decepción que el Gobierno de su país ha marcado los límites en relación con la futura integración europea. 
Su enfoque- la declaración de "hasta aquí hemos llegado" -lo acerca a la posición británica sobre Europa, que da más prioridad a la zona de libre intercambio que a la búsqueda de la unión política. 
Aprovecho esta oportunidad para advertir al Gobierno irlandés de que está siguiendo un camino muy peligroso. 
Las posiciones oportunistas ' euroescépticas? de algunos de sus miembros más relevantes les hacen el juego a los detractores del Tratado de Niza, contribuyendo así a su rechazo. 
Tampoco facilita las cosas que un prominente ' euroescéptico? haya sido ascendido al rango de ministro. 
Reafirmar una vez más los mismos prejuicios podría perfectamente provocar una segunda derrota y, como consecuencia, distanciar a Irlanda de nuestros socios comunitarios, y eso sería desastroso. 
Señor Presidente, si alguno de los invitados en las tribunas, que están aquí con nosotros hoy, hubiera asistido al debate que tuvo lugar en esta Cámara en el mes de marzo no entendería nada, porque hoy se han vertido, desde los bancos de la izquierda, numerosas críticas al proceso de Barcelona, cuando en el mes de marzo, al evaluar ese Consejo, votamos una Resolución enormemente favorable. 
Quiero recordarle a algunos que no se puede ir contra los propios actos y que lo que era bueno hace tres meses, no puede ser malo ahora. 
Segunda consideración: el tema de la inmigración. 
Creo que esta Presidencia ha hecho gala de algo muy importante en política, que es lo que en términos deportivos se llama cintura. 
La inmigración no era una de las prioridades de la Presidencia española, pero ha visto que sí es una de las prioridades ahora para los ciudadanos, y la ha incorporado a su agenda. 
Y es verdad, además, que hay muchos asuntos que están parados desde hace tiempo en el Consejo. 
Me parece que en vez de criticar esa incorporación, lo que había que hacer es aplaudir que se intente dar un impulso a todos esos temas. 
Pero hay una última cuestión, a la que ha aludido el Presidente Poettering, que a mí me parece enormemente importante y de la cual quizá no se haya hablado demasiado, que es el parón de la ampliación. 
Llevamos mucho tiempo, este Parlamento a la cabeza, pidiendo que la ampliación se lleve a cabo en unos plazos determinados y ahora, de pronto, nos encontramos con que hay algunos Estados miembros, algunos dirigentes de Estados miembros, que quieren antes llevar a cabo determinadas modificaciones de la Política Agrícola Común, por ejemplo, que harán imposible la ampliación en esos plazos. 
Por tanto, yo pediría, en el ambiente constructivo de este Pleno, a nuestros amigos de la izquierda que hablaran con el Sr. Schröder, con el Sr. Persson y con el Sr. Blair para ver si no ponemos obstáculos a la ampliación y la podemos llevar a cabo cuando queramos. 
. Señor Presidente, voy a ser muy breve- en primer lugar, por la limitación del tiempo y, en segundo lugar, porque sería prácticamente imposible responder con detalle todas las intervenciones -, pero quisiera decir- contestando a los diputados, como el Presidente Poettering, que han dicho que después de ver lo que pase en Sevilla, juzgaremos a la Presidencia española- que la Presidencia no se hace en un Consejo, sino desde el día 1 de enero hasta el día 30 de junio. 
Han pasado muchos días, todavía quedan muchos días y vamos a hacer muchas cosas. 
Tenemos esa deformación: parece que la Unión reposa sobre la voluntad de un solo país; la Presidencia de la Unión es la responsabilidad que tiene un país de coordinar las actividades de la Unión, no de hacer todo lo que tiene que hacer la Unión, porque es la Unión la que hace. 
Hay otra cosa que no se subraya lo suficiente: los resultados de una presidencia- y, al fin y al cabo, una presidencia es un período- son los resultados del buen acuerdo interinstitucional: nada puede hacer el Consejo sin el apoyo ni las iniciativas de la Comisión, y nada pueden hacer la Comisión y el Consejo sin el apoyo del Parlamento. 
Creo que durante estos seis meses- tengo que decirlo con el mayor énfasis- la Presidencia ha contado con el apoyo inestimable de la Comisión Europea en todo momento, y sigue contando con él; gracias a los esfuerzos de la Comisión Europea- y a la prerrogativa de iniciativa que tiene, con la que ha puesto sus propuestas encima de la mesa- hemos podido resolver y hacer muchas cosas. 
También en el tema de la codecisión y en las tareas legislativas del Parlamento se han alcanzado verdaderamente éxitos muy importantes, que no se pueden ignorar: en la última sesión, se aprobó aquí mismo- sin necesidad de conciliación, y por primera vez en la historia, gracias al esfuerzo realizado por el Parlamento- el Programa marco de Investigación y Desarrollo, al igual que, gracias al esfuerzo conjunto del Parlamento y de la Presidencia, el estatuto del sistema electoral del Parlamento Europeo, que llevaba años bloqueado, se va a aprobar hoy. 
Desde luego, no voy a hacer el balance de la Presidencia española: le corresponde hacerlo al Presidente del Consejo, en la sesión plenaria que tendrá lugar el 2 de julio, que tiene precisamente ese objetivo. 
Ahí el Sr. Nogueira, que tanto interés tiene en ver al Presidente del Gobierno español, podrá cumplir su deseo. 
El día 2 de julio, a las 10.00 horas de la mañana, está usted citado aquí, Sr. Nogueira, porque el Presidente dará cuenta, cuando ya se haya terminado efectivamente la presidencia- que se termina el día 30, domingo- del resultado de la misma. 
Ahora estamos hablando del Consejo de Sevilla, y hay algún tema que me gustaría precisar. 
El Presidente del Grupo Popular europeo- y algunos otros diputados, como el Sr. Swoboda- se ha inquietado por el tema de la cooperación interinstitucional. 
En primer lugar, quisiera decirle que es imposible que se hayan hecho más esfuerzos durante este semestre que los realizados por el Consejo y la Comisión para llegar a un acuerdo interinstitucional. 
Además, ese acuerdo ya existe, y no sé por qué volvemos a sacar el tema. 
Hemos tenido una reunión donde las tres instituciones han acordado crear un grupo de alto nivel interinstitucional, con tres niveles: político de primer nivel (presidentes) , político de segundo nivel (comisarios, ministros y presidentes de comisión) , y técnico (secretarios generales de las tres instituciones y embajador/representante permanente). 
Eso ya está creado. 
¿Quién lo está poniendo en duda? 
Por cierto, no tengo que revelar las conclusiones del Consejo, porque no me corresponde, pero emplazo a los miembros de este Parlamento a que las lean, y, cuando lo hayan hecho, volveremos a hablar. 
El día 2 de julio, tendrán ocasión de preguntar al Sr. Aznar si, efectivamente, se ha cumplido o no ese compromiso. 
No entiendo por qué hay interpelaciones aquí cuando las cosas han discurrido según los compromisos que habíamos aceptado. 
Les recuerdo que, en el mes de febrero, hubo una reunión aquí entre el Presidente Prodi, el Presidente Aznar y el Presidente Cox en la que se tomó la decisión. 
No sé por qué ahora se vuelve a plantear el tema. 
El tema de la "better regulation" está totalmente encuadrado en esa cooperación interinstitucional que pretendemos realizar. 
Con respecto a otras críticas del Grupo Socialista que he oído, creo que es muy malo el síndrome de querer llevar los antagonismos de la política interior al Parlamento Europeo. 
Por lo tanto, no voy a entrar en ese juego de florete de ver quién lo hace bien y quién mal. 
No voy a responder, porque creo que la Presidencia española ha hecho lo que ha podido y que sus resultados son suficientemente satisfactorios y, sobre todo, que veremos el balance de la Presidencia española el día 2 de julio. 
Con respecto a otros temas del Consejo, como el de la ampliación, esta tarde vamos a tener ocasión de hablar largamente. 
Quisiera decir que ayer terminamos las últimas conferencias ministeriales de adhesión, precisamente en Luxemburgo, aunque habrá otra, a nivel de suplentes, antes de final de mes. 
El balance es que se han cerrado en este semestre 87 capítulos de negociación. 
De 31 capítulos, la mayor parte de los Estados miembros ha cerrado una media que oscila entre 26 y 29. 
Es decir, que para la Presidencia danesa va a quedar una media de, más o menos, dos o tres capítulos por cerrar. 
El "road map" está cumplido, y lo único en que todavía falta alcanzar un acuerdo- que espero se pueda lograr antes del Consejo Europeo de Sevilla- es la posición común en agricultura. 
Ya sabemos por qué no está cerrada la posición común: hay un grupo de países que pretende ignorar los principios del acervo comunitario, establecer dos clases de países- los que reciben pagos directos y los que no los reciben -, discriminando gravísimamente a los países candidatos y aprovechar la ocasión, teniendo de rehén a la ampliación, para lograr sus objetivos en la reforma de una cierta política común. 
Si no acuerdan lo que deben acordar, esos países tendrán que asumir la responsabilidad de haber retrasado la ampliación y tendrán que responder ante este Parlamento, ante sus respectivas opiniones públicas y ante los países candidatos. 
Por lo tanto, sobre el tema de la ampliación solamente quiero añadir que el Consejo Europeo de Sevilla únicamente tiene que empezar a hablar, constatar que el "road map" técnico ha terminado y elaborar el gran itinerario político: lo que se va a hacer después de cerrar las negociaciones, ver cuál va a ser nuestro panorama en el año 2003, cómo se va a firmar el Tratado, cómo se van a hacer las ratificaciones, cómo se van a incorporar los nuevos países candidatos a la Conferencia Intergubernamental y cómo van a participar en las elecciones al Parlamento Europeo. 
Ése es el "road map" político que el Consejo Europeo de Sevilla tiene que hacer; el técnico está terminado. 
Por tanto, pueden ustedes estar tranquilos, ya que con el esfuerzo realizado por el Consejo y la ayuda inestimable de la Comisión, la Presidencia española ha podido cumplir el mandato del Consejo Europeo y también de este Parlamento. 
Respecto a la reforma del Consejo, está claro que éste tiene una doble dimensión: ejecutiva y legislativa. 
La legislativa debe tener una mayor dosis de transparencia- somos los primeros en estar de acuerdo en esto -, y precisamente las reformas del Consejo van en esa dirección. 
También en la dirección de hacerlo más efectivo; de desdoblar el Consejo de Asuntos Generales y el Consejo de Asuntos Exteriores; de reducir las formaciones del Consejo; de establecer una mejor metodología para la preparación de los Consejos Europeos; de reducir, incluso, el aparato de los Consejos Europeos y hacerlo más efectivo y pequeño; de elaborar un sistema de conclusiones que no suponga un debate interminable sobre detalles insignificantes, etc. Todo eso son reformas internas de las que el Consejo se puede dotar y que van en la dirección de la transparencia, pero que no comprometen de ninguna manera nada de lo que contempla el Derecho primario, lo cual es competencia de la Conferencia Intergubernamental. 
No voy a seguir insistiendo en los temas económicos. 
Hay un tema al que no me he referido, porque ayer por la tarde fue objeto de debate en esta misma Cámara: la Cumbre de Johannesburgo y el desarrollo sostenible. 
Somos muy conscientes del fracaso de la Conferencia de preparación en Bali, la PREPCON, y pretendemos que el Consejo Europeo de Sevilla dé unas orientaciones claras para reafirmar el liderazgo de la Unión Europea en los grandes temas de Johannesburgo, que son la ayuda al desarrollo, el respeto del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
En esta Presidencia española, la Unión ha ratificado el Protocolo de Kyoto y ha obtenido un compromiso en Monterrey sobre financiación al desarrollo que, realmente, es un compromiso en el que hemos logrado aunar las voluntades de todos y en el que todo el mundo desarrollado se ha comprometido a aumentar su nivel de ayuda al desarrollo. 
Creo que con esos dos elementos podemos ir a Johannesburgo con la firmeza de pertenecer al grupo de países que lidera el mundo en todos los grandes temas del desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, el Consejo Europeo también dará indicaciones en ese sentido. 
También quisiera decir al Sr. De Rossa que el Consejo Europeo se manifestará sobre el problema particular que él ha mencionado, sobre una declaración que pueda ayudar a Irlanda a tener una mejor presentación y una mayor seguridad para sus ciudadanos de cara a la ratificación del Tratado de Niza. 
Ese tema se tratará y esperamos poder publicar una declaración que sea lo más positiva posible, precisamente en las líneas que el Sr. De Rossa ha indicado. 
Además de todos estos temas, hay otros de política exterior de los que ya hemos hablado. 
He tomado buena nota de las intervenciones, en particular de las que se refieren al conflicto entre la India y Pakistán. 
Reafirmo la intención del Consejo Europeo de tratar este tema dando un mensaje de la mayor firmeza y lo más constructivo posible y, creo que es casi imposible poder desmenuzar todas las cosas que van a ser tratadas en el Consejo, pero creo que este Consejo será el colofón final de un período de 6 meses extraordinariamente intenso. 
No me he referido a la inmigración y al asilo, pero lo que sí quisiera decir- porque no puedo terminar sin hacer una referencia a este tema que ha sido suscitado por muchos- es que me parece que es una preocupación de todas las opiniones públicas europeas la situación de la inmigración ilegal, no de la inmigración legal, pues ésta tiene sus cauces y hay millones de inmigrantes que ya se han establecido en Europa, que siempre ha sido una tierra de acogida y una tierra de asilo. 
Lo que está poniendo en grave dificultad a la sociedad europea es esta oleada de inmigrantes ilegales que, precisamente por ser ilegales, están marginados, están al margen de la legalidad y, por lo tanto, son objeto de explotación y tienen un grado de sufrimiento que, desde luego, es intolerable en nuestra sociedad. 
Por lo tanto, tenemos que luchar contra eso. 
Con respecto al programa de Tampere, ahí está, y si alguna de sus partes no se ha desarrollado, ello se debe a que no se ha podido desarrollar entre 1999 y 2002. 
¿Ésa es la responsabilidad del Consejo? 
Pues lo será, pero no es la responsabilidad de la Presidencia del Consejo de ahora mismo, es la responsabilidad acumulada de otras muchas Presidencias. 
Que esta Presidencia quiera poner encima de la mesa el programa de Tampere y diga "hagámoslo de una vez por todas", tendría que ser objeto de elogio y no de crítica. 
Por lo tanto, creo que este tema, como todos los temas relacionados con la inmigración ilegal, preocupa a la sociedad europea hoy y, por lo tanto, es lógico que los Jefes de Estado y de Gobierno los aborden en toda la dimensión. 
Por cierto, se trata de una dimensión perfectamente pública, porque hay propuestas de la Comisión y, además, señalo que mañana y pasado mañana se reúne un Consejo de Justicia e Interior que tratará todos estos temas. 
Los Consejos son públicos y todo el mundo conoce el contenido de los órdenes del día de los Consejos. 
Por lo tanto, no creo que haya ninguna agenda oculta con respecto a asilo y a inmigración y a todos los temas que se tratarán en el Consejo Europeo de Sevilla. 
Señor Presidente, le digo, simplemente, que con este Consejo finaliza este período, que ha sido una etapa dura y difícil; esperamos que las conclusiones de Sevilla sean capaces de expresar todo el trabajo que hemos realizado y que colmen las expectativas que la sociedad europea y este Parlamento tienen depositadas en la labor del Consejo y la Comisión. 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, trataré de ser muy breve, puesto que veo que el Pleno se está animando para el turno de votaciones. 
Sólo quiero hacer hincapié en algunos puntos fundamentales: primero, el gran acuerdo que ha habido aquí sobre la ampliación, recordando al respecto que ésta es la futura misión más fuerte y más importante que tenemos ante nosotros; segundo, la satisfacción por un debate que nos lleva- al Parlamento, a la Comisión y al Consejo- a Sevilla con una posición común respecto al acuerdo institucional y respecto a nuestro trabajo sobre la mejor organización, sobre la mejor legislación que debemos hacer juntos. 
Nuestra voluntad común de llegar a finales de año a un acuerdo interinstitucional constituye una contribución fuerte y decidida a nuestra manera de obrar y es también, a mi modo de ver, una contribución de cara al éxito de la Cumbre de Sevilla. 
Todo esto, que quede claro- y quiero tranquilizar a todos los miembros del Parlamento- no interfiere en absoluto en la labor de la Convención. 
Es algo que debemos hacer sin modificar los Tratados. Es nuestro deber porque, durante muchos años, deberemos trabajar con los Tratados que tenemos. 
Reitero el compromiso común con los grandes objetivos, a los que muchos se han referido con relación a Johannesburgo. 
No lo hemos puesto en segundo plano; sin embargo, debo decir que estamos muy solos en estas reuniones internacionales. 
También debo decir con toda franqueza en este Parlamento que estas Cumbres repetidas que hemos celebrado y que deberían dedicar una fuerte y mayor atención al Tercer Mundo, no han dado los resultados esperados. 
Incluso ayer, en la Cumbre de la FAO, la ausencia de los representantes de los países más grandes ha sido una prueba fehaciente de que hay que repensar totalmente esta política. 
Es indudable que en la política de la Unión hay contradicciones en estos temas. 
Quiero recordar algunos de los problemas que se han puesto de relieve en este Pleno: por ejemplo, la política del Mediterráneo, las dificultades para crear una institución financiera, el Banco del Mediterráneo que ayude al desarrollo de estas regiones, las grandes dificultades que se plantean para la creación de la Fundación para el diálogo intercultural, un objetivo para el cual algunos países no se han querido siquiera comprometer por un millón de euros. 
En lo que respecta a la inmigración, es extraordinario el acuerdo sobre los puntos principales: policía de fronteras, cooperación con los futuros Estados miembros contra la ilegalidad, una política activa para llegar, como decía el Sr. Suominen, a integrar a los emigrantes y convertirlos en verdaderos ciudadanos de la Unión. 
Éste es el objetivo común que nos guía a todos. 
Debemos recordar que, para alcanzar este objetivo, nuestra tarea, nuestro deber es librar una batalla para un papel activo de cara a la inserción de los inmigrantes, a la reagrupación familiar y para tener por fin, como decía el Sr. Pirker, una guía orientada hacia la emigración. 
Éste es, Señorías, el trabajo que debemos acometer. Lo tenemos que realizar para alcanzar un objetivo que todos compartimos: el objetivo de prepararnos para la ampliación de la Unión con unas Instituciones adecuadas para esta difícil tarea. 
Como se trata del procedimiento presupuestario, me permito conceder brevemente la palabra a la Comisaria competente para el presupuesto. 
Señor Presidente, Señorías, la nueva redacción del Reglamento Financiero es una de las obras legislativas más vastas y amplias de este período legislativo. 
En nombre de la Comisión expreso mi agradecimiento por la excelente cooperación con el Parlamento Europeo y el Consejo y muy en especial con las dos comisiones, la de Presupuestos y la de Control Presupuestario. También quiero felicitar a los dos ponentes, los Sres. 
Señor Presidente, deberíamos recordar a los colegas que no vayan a asistir a la sesión solemne que la votación sobre el calendario de períodos parciales de sesiones para el año próximo tendrá lugar a las 12.30 horas, por consiguiente, todos deberían volver a sus escaños para no quedar excluidos. 
Se suspende la sesión que se reanudará tras la sesión solemne. 
(La sesión se suspende a las 11.58 horas para la sesión solemne y se reanuda a las 12.35 horas) 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden, la historia parece repetirse. 
La votación sobre el calendario también siguió a una sesión solemne la vez anterior. 
Me gustaría que en esta gran democracia tuviéramos garantizado el tiempo suficiente para volver a nuestros escaños para participar en la votación. 
Me parece demasiada coincidencia que este año haya ocurrido exactamente igual que el año pasado. 
Lo siento, pero deberá buscar en otra parte la teoría de la conspiración. 
Quiero proseguir con la votación. 
Desde donde me encuentro, parece que la pantalla del radar se enciende por toda la Asamblea. 
La Sra. Berès ha planteado una cuestión que, a juzgar por los aplausos, cuenta con el evidente reconocimiento de muchos colegas. 
Un gran número de diputados desea intervenir. 
Si es sobre esta cuestión, no les concederé el uso de la palabra. 
Respecto a la votación secreta, el artículo 136 del Reglamento no limita el ámbito para realizar una votación secreta. 
Lo que sí establece es que la votación secreta deberá solicitarla al menos la quinta parte de los miembros que integran el Parlamento mediante petición firmada, a saber, 126 diputados. 
Los Servicios del Parlamento han recibido las firmas de 140 diputados que solicitan la votación secreta. 
Me parece que, en virtud del Reglamento, los 140 diputados tienen derecho a exigirla. 
Evidentemente, la Sra. Berès, entre otros, también tiene derecho a preguntar a los 140 diputados si desean retirarla. 
Pero si no lo desean, el Reglamento es inequívoco. 
Quisiera preguntar si los 140 firmantes tienen a un portavoz que quiera hacer algún comentario sobre la retirada. 
Señor Presidente, permítame decir que no retiraremos la petición de votación secreta por la sencilla razón de que, en el pasado, algunos diputados han tenido dificultades para votar sobre este asunto en particular de acuerdo con lo que les dictaba la conciencia, y queremos que todos se sientan libres para votar sobre este asunto lo que les dicte su conciencia. 
De conformidad con el orden del día, proseguimos con la votación. 
(El Parlamento aprueba el calendario) 
Informe (A5-0008/2002) del Sr. Richard Corbett, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la Revisión general del Reglamento (2001/2040 (REG)) 
Señor Presidente, entre las 62 enmiendas de la Comisión de Asuntos Constitucionales que se dispone a someter a votación en bloque se encuentra la enmienda 1, pero no la enmienda 73. 
No deberíamos aprobar una sin la otra, porque si lo hiciéramos, suprimiríamos las votaciones nominales. 
Como mínimo, nos impediría registrar los resultados de las votaciones nominales. 
Estoy seguro de que ésa no es la intención de nadie en esta Asamblea, ni la intención del grupo que solicitó la votación por partes. 
Quisiera pedirle que someta las enmiendas 1 y 73 a votación conjunta y que pida a la Asamblea su voto favorable. 
Es un simple reajuste técnico del Reglamento. 
No se trata aquí de ninguna cuestión de importancia, pero es importante que evitemos la confusión al respecto. 
Sobre la enmienda 56: 
Señor Presidente, esto no corresponde a los acuerdos que hemos adoptado en las deliberaciones de la comisión y en el Grupo político sobre este punto. 
De lo que se trata es de que sólo iniciemos un procedimiento de este tipo cuando tengamos perspectivas de lograr las correspondientes mayorías en el posterior transcurso de este difícil procedimiento para constatar violaciones de los derechos humanos en los Estados miembros. 
Por ello, no estamos de acuerdo con esta enmienda oral. 
. (EN) Ello se debe a que hemos acordado con las otras instituciones dos plazos diferentes para la oposición del Parlamento a la aplicación de medidas adoptadas por la Comisión. 
En el acuerdo marco general con la Comisión, tenemos el plazo de un mes. 
No obstante, recientemente hemos negociado con éxito un plazo mayor en el contexto del informe Lamfalussy. 
El Sr. von Wogau fue ponente y recordará que obtuvimos un plazo de tres meses para medidas que entran en dicha categoría. 
Por tanto, en vez de limitarnos en el Reglamento al plazo general de un mes, puesto que podemos ampliarlo en dicha categoría, estamos adaptando el Reglamento para garantizar que podremos hacerlo para medidas de este tipo. 
Es relativamente sencillo y aconsejo a la Asamblea que acepte la enmienda. 
Tengo la impresión de que la referencia es relativa al paquete que trata sobre los servicios financieros. 
La confusión deriva de la referencia a los mercados financieros. 
Sugiero que la Asamblea y el ponente den su conformidad para que cambiemos el término "mercados" por el de "servicios". 
Creo que así queda resuelta la objeción y la explicación. 
Hagamos eso y votemos sobre la enmienda 172. 
Sobre la enmienda 144: 
Señor Presidente, hemos presentado como Grupo del PPE tanto la enmienda nº 142 como la nº 144 sobre este punto. 
Como se ha aprobado la enmienda nº 142, en mi opinión decae la votación sobre la enmienda nº 144, pues afecta al mismo tema. 
Señor Corbett, ¿decae la enmienda 144 como consecuencia de la aprobación de la enmienda 142? 
Señor Presidente, me alegra que mi colega del Grupo PPE-DE acepte ahora el punto de vista que le expuse ayer. 
Ayer, pensaba que necesitábamos una votación por partes y adicional, pero me alegra que ahora esté dispuesto a aceptar que no lo hagamos así. 
Sobre la enmienda 174: 
Señor Presidente, los servicios han comprobado de hecho que las enmiendas son idénticas. 
Sin embargo, éste no es el caso en todos los idiomas. Respecto a la versión original inglesa, es interesante ver que la versión en el informe de la comisión diverge de la versión que se ha presentado al Pleno. 
Se trata de si exigimos que el Alto Representante esté presente en los debates sobre la política exterior y de seguridad común o si lo formulamos de un modo más cortés, de que se le debe invitar. 
Creo que, como se trata de política exterior y de seguridad común, debemos elegir la formulación diplomática; esta es la que se contiene en las enmiendas nº 120 y 174. 
. (EN) Señor Presidente, el Sr. Wuermeling tiene razón. 
La confusión se debe a que se han puesto en circulación dos versiones diferentes del original. 
Si tomamos la versión corregida del original, las tres enmiendas son realmente idénticas y pueden ser sometidas a votación como una sola, lo que debería ser la mejor solución. 
La enmienda 74 reza: "Todo diputado podrá formular, como máximo, dos explicaciones orales durante cada sesión". 
Tengo la ligera sospecha, la vaga sospecha de que sus promotores quieren callarme, puesto que soy el único que formula más de dos explicaciones de voto. 
Aunque estoy en contra de la enmienda 74, quisiera atender los deseos de sus promotores dejando de hablar ahora mismo, renunciando a la enmienda oral. 
Señor Presidente, el colega Fatuzzo ha emitido una explicación de voto, tal como acostumbra hacer, pues se ha cumplido ya su deseo al rechazar nosotros la enmienda. 
Colegas, quisiera hacer honor a mis deberes protocolarios con el Rey de Jordania. 
Me alegra que hayamos podido llegar hasta aquí en la votación sobre el informe Corbett. 
Presento modestamente mis disculpas a mi amigo el Sr. Bourlanges por haberme visto obligado a imponer mis competencias esta mañana, pero creo que la Asamblea agradecerá que hayamos votado sin pérdida de tiempo. 
Al final, espero que no se hayan visto perjudicados los intereses de nadie. 
Señor Presidente, quiero realizar al respecto sólo una breve observación: aquí se trata de que debe existir una obligación de comprobar las repercusiones financieras en los informes de la comisión. 
En el artículo 159 hay un lugar que se refiere a los informes legislativos. 
Ya hemos aprobado una formulación al respecto. 
El artículo 160 se refiere a informes no legislativos; deberíamos garantizar que en ambos casos se emplee la misma formulación pues en el fondo del asunto no supone ninguna diferencia si se elabora una ficha financiera sobre un informe legislativo o no legislativo. 
Por ello, con la votación sobre la enmienda nº 88 debería desaparecer la necesidad de votar de nuevo al respecto. 
A mi entender, tiene sentido. 
¿Está de acuerdo el ponente? 
Señor Presidente, éste es otro caso en el que ha surgido una confusión porque las enmiendas que se han distribuido antes de la votación no se corresponden del todo con aquéllas contenidas en el informe, debido a que, entretanto, se ha hecho una corrección lingüística, pero el Sr. Wuermeling tiene razón. 
Deberíamos atenernos a la formulación que ya hemos aprobado, con vistas a preservar la coherencia del texto. 
Nos aseguraremos de que sean coherentes. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0252/2000) del Sr. Richard Corbett, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre las modificaciones al Reglamento del Parlamento con vistas a garantizar unos derechos equilibrados a los diputados y a los grupos (1999/2181 (REG)) 
(El Parlamento aprueba la decisión) 
Informe (A5-0306/2000) de Lord Inglewood, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la modificación del Reglamento del Parlamento Europeo en lo que se refiere a las disposiciones que regulan la justificación de las enmiendas (1999/2195 (REG)) 
(El Parlamento aprueba la decisión) 
Explicaciones de voto 
Informe Dell ' Alba (A5-0227/2002) 
. Con toda brevedad, dado que no ha habido el debate debido en esta ocasión, quisiera felicitar muy sinceramente al ponente por el excelente trabajo realizado. 
Se trata de un informe fundamental y enormemente técnico, que, seguramente, pasará desapercibido en los medios de comunicación, pero de importancia trascendental para la buena marcha futura del presupuesto europeo. 
La labor del ponente ha permitido la salvaguarda de los derechos del Parlamento y evitar algunos retrocesos pretendidos inicialmente por el Consejo. 
Le felicito de nuevo. 
. 
(DE) He votado en contra de la recomendación contenida en el informe Dell ' Alba y, en consecuencia, en contra del nuevo reglamento financiero. Este nuevo reglamento financiero no prevé ningún control financiero independiente que compruebe antes de que se realicen pagos del presupuesto de la UE. 
Esto es una violación del Tratado de la UE que exige un control financiero independiente de este tipo. 
Si falta un control previo de este tipo, aumenta el riesgo de irregularidades y fraudes. 
A la Comisión le han llegado ya desde hace mucho tiempo advertencias en este sentido, por última vez de su propia contable, quien fue destituida acto seguido. 
La Comisión pagará un alto precio por no haber tomado en serio tales advertencias. 
. 
(FR) Luego del naufragio del petrolero Erika la Comisión presentó un segundo conjunto de medidas, entre las cuales figura la propuesta de reglamento por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima. 
Esta nueva Agencia proporcionará a los Estados miembros y a la Comisión el apoyo técnico y científico necesario para permitirles aplicar eficazmente la legislación comunitaria. 
En la formulación de su posición común, el Consejo ha conservado, en general, el espíritu y los objetivos de la propuesta, o sea: solucionar los problemas de seguridad de los transportes marítimos y proteger el medio marino. 
Ahora bien, en esta posición común se expresa nuestra preocupación más inmediata de que se refuercen tanto la seguridad de los transportes marítimos como la protección del medio marino. 
Por esta razón esencial, la apoyaré. 
Ciertamente, es de lamentar que no se haya podido resolver la cuestión de la sede de dicha Agencia y que la decisión de excluir a los representantes de los sectores profesionales y de sustituirlos por profesionales designados por la Comisión tienda a alejar esta posición común de las propuestas de la Comisión y del Parlamento. 
Sin embargo, votaré positivamente el informe del Sr. Mastorakis, que aprueba esta posición. 
Dos años y medio después del naufragio del Erika, ya no se puede retrasar más la aplicación de medidas tan importantes. 
. (EN) La seguridad de los transportes es actualmente una de las principales prioridades de la agenda política de los quince Gobiernos de la Unión Europea. 
Es acertado que así sea, porque demasiadas personas inocentes pierden la vida como consecuencia de unas medidas inadecuadas en el ámbito de los transportes. 
La reducción del número de víctimas y de muertes en nuestras carreteras sigue siendo un objetivo político fundamental. 
Para alcanzarlo, es necesario garantizar un mejor cumplimiento de nuestra legislación en materia de seguridad vial y mejorar la calidad de nuestra conducción en carretera. 
La seguridad marítima también se está convirtiendo en un importante asunto político dentro de la Unión Europea. 
La principal razón para ello es el desastroso daño medioambiental que ocasionó el naufragio del petrolero Erika frente a las costas francesas hace un par de años. 
La Comisión Europea ha presentado una propuesta sobre la creación de una nueva Agencia Europea de Seguridad Marítima. 
Esta nueva Agencia proporcionará a los Estados miembros de la UE y a la Comisión Europea el apoyo técnico y científico necesario para garantizar el estricto cumplimiento de la legislación comunitaria en el ámbito de la seguridad marítima y prevenir la contaminación provocada por los buques. 
(Abreviada conforme al apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
- (NL) A algunos empresarios les interesa desempeñar sus actividades en una zona que escapa total o parcialmente al control de las autoridades. De este modo pueden ejercer libremente actividades lucrativas que pueden resultar perjudiciales para sus trabajadores, para otras personas o para el medio ambiente. 
Durante mucho tiempo todo cuanto estaba prohibido en tierra parecía estar permitido en el mar, sobre todo en las zonas situadas más allá de las aguas territoriales. 
Ahora bien, los accidentes de los petroleros cuya carga terminaba por afectar de forma prolongada a las costas y su fauna causaron enormes daños y dieron lugar a una profunda indignación. 
Con anterioridad ya se ha adoptado una decisión acerca de la navegación de buques que vierten deliberadamente partes inútiles de su carga o restos de su combustible en el mar, así como sobre la retirada de los petroleros de casco único. 
A pesar de estas medidas el mundo marítimo continúa careciendo de la debida seguridad. 
Existen plazos transitorios y se siguen creando situaciones inesperadas que constituyen una amenaza para los navegantes y una amplia zona marítima y costera. 
Por eso es positivo que se cree una agencia encargada de recabar información y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes. 
La organización administrativa y las correspondientes diferencias de opinión han acaparado la atención durante demasiado tiempo. 
Por tanto, en este caso estoy de acuerdo con una rápida puesta en marcha. Admito que es mejor dejar las eventuales mejoras para más tarde. 
. (EN) Todos acogeríamos con satisfacción el establecimiento de normas de calidad para los productos sanguíneos. 
Desde una perspectiva humana, el suministro constante de productos de buena calidad es fundamental para atender lo mejor posible a las personas de Europa que los necesitan por motivos de salud y, en este sentido, debemos poder garantizar la seguridad respecto a la calidad del producto final, así como de los métodos de recogida, ensayo, tratamiento y almacenamiento. 
En consecuencia, me complace apoyar la propuesta que hoy nos ocupa. 
Conviene resaltar asimismo que cada uno de nosotros tiene el deber de contribuir a la donación de sangre con carácter voluntario, porque el mantenimiento de estos servicios es fundamental para todos. 
Así las cosas, si en la UE no disponemos de los productos necesarios a través de donaciones voluntarias y no remuneradas, no deberíamos impedir su importación de países no comunitarios con vistas a proteger la salud humana y garantizar el suministro de unos servicios que las personas necesitan. 
Con esta salvedad de orden práctico, apoyo plenamente la propuesta. 
Señor Presidente, quisiera señalar que la delegación de Conservadores británicos en el Parlamento Europeo ha votado en contra del informe Gil-Robles Gil-Delgado porque contiene varios aspectos con los que no estamos de acuerdo, aunque no utilizaré el tiempo de la Asamblea para entrar en los detalles. 
Habríamos votado a favor del mismo si, de alguna manera, hubiera incidido en el derecho de la población de Gibraltar a participar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. 
La declaración del Gobierno del Reino Unido recogida en el Acta anexa a dicho informe deja perfectamente claro que el Gobierno del Reino Unido es el único responsable de garantizar la puesta en vigor de dicha legislación que permitirá a los gibraltareños votar en dichas elecciones. 
Quisiera aprovechar esta breve oportunidad para instar al Gobierno del Reino Unido a que haga honor a la declaración del Acta y ponga en vigor dicha legislación para que los gibraltareños puedan tomar parte en el proceso electoral con la elección de representantes que podrán influir sobre las leyes en vigor en Gibraltar. 
. 
(SV) Hemos votado a favor del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo. 
Estas modificaciones son provechosas puesto que se necesitan principios comunes para los procedimientos de elección. 
También es muy valioso que en la resolución legislativa del Parlamento se mencione el principio de igualdad entre hombres y mujeres, que permite garantizar una equilibrada representación de ambos sexos. 
Por el contrario, no es perjudicial que el Consejo no haya propuesto una circunscripción común europea para el diez por ciento de los escaños al Parlamento Europeo. 
Creemos que una circunscripción electoral de estas características no aportaría nada interesante en este momento. 
. (EN) Naturalmente, estoy a favor del sufragio universal directo para la elección de nuestro Parlamento, y felicito al ponente por los grandes esfuerzos que ha dedicado al informe con vistas a incrementar la autoridad y credibilidad de nuestra Asamblea. 
No obstante, hay una omisión fatídica en este enfoque del Parlamento relativa a la cuestión del sufragio universal. 
El problema es que las cinco elecciones al Parlamento Europeo celebradas hasta ahora desde 1979 no han incluido a una parte de la Unión Europea. 
Me refiero a los 15.000 electores de Gibraltar. 
La exclusión por parte de los Estados miembros de este pequeño territorio del derecho a voto no les otorga ningún mérito. 
Y estoy pensando en los sucesivos gobiernos británicos, entre otros. 
El presente informe deja abierta la cuestión del voto gibraltareño. 
Aunque ha habido algunos progresos en esta cuestión desde la decisión del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de 1999, la cuestión sigue pendiente de una solución. 
Ninguna decisión del Consejo relativa a la votación del Parlamento Europeo puede estar completa sin el reconocimiento de los derechos de los gibraltareños. 
Por este motivo votaré en contra del presente informe. 
- (NL) En nuestra sociedad existen visiones sociales enfrentadas e intereses colectivos opuestos. 
Todos esos políticos arrogantes, tanto de izquierdas como de derechas, han intentado fraguar una unidad y formular unas conclusiones finales definitivas desde arriba, de forma autoritaria. 
Hemos podido constatar una y otra vez cómo una mayoría de la población termina por rebelarse contra estas prácticas. 
Hacer política equivale a organizar las divergencias existentes en la sociedad de tal forma que resulten más comprensibles para el público. 
Los sistemas electorales cuyo único objetivo consiste en formar una mayoría estable de Gobierno obstaculizan la libre creación de ideas desde abajo. 
Toda estructura que pretenda excluir del debate político público determinadas corrientes, por muy controvertidas que sean, resulta reprobable. 
Por eso defiendo el principio de proporcionalidad. 
De momento esta nueva decisión del Consejo bloquea la propuesta del Parlamento Europeo de 1998 que ambiciona una proporcionalidad transfronteriza basada en la elaboración de listas multinacionales para la elección del 10% de los escaños parlamentarios. 
Ello no obstante, puedo suscribir la presente iniciativa puesto que las opiniones públicas no se fraguan a escala europea sino a escala nacional. 
La decisión de no imponer circunscripciones territoriales a los grandes Estados miembros y la posibilidad de fijar un techo para los gastos relativos a las campañas electorales suponen una importante mejora. 
Rechazo tajantemente la conclusión del ponente según la cual las campañas electorales de todos los Estados miembros deberían centrarse principalmente en la elección de un Presidente para la Comisión Europea. 
Aunque haya habido algunos avances en las negociaciones con el Consejo, aún hay aspectos que conviene aclarar, detallar y fortalecer. 
Y el caso de la prioridad "Cambios mundiales y esosistemas", dado que el sector de la pesca ha sufrido una fuerte reducción presupuestaria en el sexto programa-marco de investigación, al pasar de 880 millones de euros, en el programa anterior, a sólo 570 millones. 
Pero igualmente importante es prestar toda la atención que merecen los suelos, componente también de los ecosistemas terrestres y base de su desarrollo sostenible. 
El suelo es igualmente la mayor reserva planetaria de biomasa y, como tal, su protección es importante para la retención del CO2 e incluso para que sea duradera. 
A eso se debe la importancia de la apuesta por la investigación encaminada a un mejor conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas terrestres y marinos. 
Por otro lado, tomamos nota de que hay presiones potentes de las industrias químico-farmacéuticas y que esos sectores procuran reforzar sus influencias en el programa, lo que puede desequilibrar la versión final. 
Señor Dell ' Alba, no estamos celebrando un debate sobre una cuestión de orden. 
Esto no son más que las explicaciones de voto. 
El Sr. Bourlanges puede decir lo que guste en su explicación de voto. 
. (EL) La doble sede de los trabajos del Parlamento Europeo ocasiona un funcionamiento esquizofrénico y sobre todo una pesada carga a los contribuyentes europeos que son llamados a apoyar los ultimatum de los gobiernos de determinados países miembros de la Unión Europea. 
Es inadmisible este derroche causado por el lugar de los trabajos cuando, al mismo tiempo, se pretende ahorrar en el uso de las lenguas de trabajo del Parlamento Europeo, que son necesarias a fin de que cualquier ciudadano, independientemente de su nivel de formación, pueda ser diputado, y de que haya plena posibilidad de seguimiento y comprensión de los trabajos del Parlamento por parte de todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Creo que el Parlamento Europeo, particularmente tras la nueva ampliación de la UE, debería tener una única sede, que debería encontrarse lo más cerca posible del centro geográfico de la UE ampliada, y estar más equilibrada políticamente que en la actualidad entre Norte, Sur, Este y Oeste. 
. (EN) No he dado mi voto favorable en las dos últimas votaciones sobre el calendario de las sesiones en 2003. 
He votado en favor de las enmiendas 1 y 3 por los motivos evidentes de que, desde un punto de vista económico y de eficacia, Bruselas es un lugar mucho mejor que Estrasburgo para realizar nuestro trabajo. 
Siempre votaré conforme a este punto de vista e intentaré que se ponga fin a las insensatas y onerosas peregrinaciones por Europa que el Gobierno de John Major impuso al Parlamento en la Cumbre de Edimburgo de 1992. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe; sin embargo quisiera explicar el motivo de mi voto sobre la enmienda 74. 
Con esta enmienda se quería evitar que se formularan más de dos explicaciones de voto por sesión. 
Quiero dar las gracias al Grupo del Partido Popular Europeo, al Grupo de los Verdes y a todos los diputados de todos los Grupos que han votado en contra esta enmienda. 
Realmente me habría llevado un disgusto y, creo, no habría sido democrático ni digno de un parlamento callar a sus propios representantes sólo porque- y a mí me hubiera disgustado mucho no hacerlo más- cada vez que formulan una explicación de voto hablan de los problemas de los pensionistas, como ha sido mi caso, y sobre todo, porque se expresan como les parece e incluso, cuando es posible, con humor, con simpatía y sonriendo de vez en cuando, aunque sea en un sitio serio y diciendo cosas serias. 
Algunas veces lo he conseguido y esto me ha causado mucha alegría. Me siento muy feliz de poder seguir haciéndolo en los próximos dos años, aunque tengo que pensármelo mucho antes de continuar o no continuar con las explicaciones de voto. 
. (EN) Quiero declarar públicamente mi apoyo y reconocimiento a los grandes esfuerzos y al buen hacer que Richard Corbett ha dedicado a la revisión del Reglamento del Parlamento. 
Gracias a sus esfuerzos, el Parlamento debería funcionar mejor a partir de ahora y celebrar debates más interesantes. Ahora debería ser posible hacer frente a la ampliación. 
Es un primer e importante paso para convertir a este Parlamento en una voz más eficaz de la población de la UE en la toma de decisiones. 
- (NL) Todo Parlamento que pretenda funcionar correctamente debe reunir las tres condiciones siguientes. 
En primer lugar, ha de constituir en cada momento un reflejo reconocible de las encontradas ideas e intereses sociales, sin perder nunca el contacto con la sociedad. 
En segundo término, es fundamental que se creen las condiciones necesarias para que esa discrepancia quede de manifiesto en el debate público. 
La mejor forma de conseguir este fin consiste en garantizar que los diputados puedan replicar uno a otro o solicitar explicaciones mediante el sistema de la interrupción o el segundo turno de debate. 
En tercer lugar, los electores deben tener la certeza de que el Parlamento puede tomar iniciativas por sí solo y que está autorizado para adoptar decisiones finales por mayoría simple en el ámbito de la legislación, el presupuesto y la formación de coaliciones. 
Desafortunadamente, el Parlamento Europeo no cumple ninguno de estos criterios y la revisión del Reglamento que aquí se propone no modifica esta situación. 
La modificación se centra principalmente en la reducción del tiempo de uso de la palabra, una serie de procedimientos interminables destinados a mejorar la selección de las enmiendas sometidas a votación y las posibilidades ofrecidas al Presidente para que pueda otorgar a iniciativa propia la palabra a los diputados más simpáticos. 
Estas modificaciones redundan en beneficio de los dos Grupos más importantes, pero resultan perjudiciales para todo el que desee hacer ver que hay otras soluciones más recomendables. 
Por todo ello el Parlamento Europeo no pasa de ser una especie de senado que se encuentra muy alejado de los ciudadanos y que, salvo muy contadas excepciones, no hace más que emitir declaraciones de voto y comunicar hechos consumados. 
. 
(SV) Lamento que el Parlamento haya votado en contra de una propuesta que permite a los diputados al Parlamento Europeo gozar de seis meses de licencia en relación con el nacimiento o la adopción de sus hijos, tiempo durante el cual éstos podrían ser sustituidos según las reglas de sustitución definitiva. 
De acuerdo con el reglamento actual, un diputado puede hacer uso de su licencia, pero no tiene derecho a ser sustituido. 
Por tanto, su Grupo político queda con un diputado menos y el trabajo debe repartirse entre los restantes. 
Esta circunstancia afecta duramente a los partidos pequeños, de países pequeños, con pocos diputados. 
Se crea así una presión para que quienes gozan de licencia vuelvan cuanto antes a su puesto, con los correspondientes inconvenientes para la familia y los hijos del parlamentario. 
Hemos dicho reiteradamente en este Parlamento que debe ser posible conciliar la vida familiar con el trabajo profesional y pedimos a los gobiernos que adopten medidas en este sentido. 
Es obvio que este mismo criterio debe regir en el Parlamento como centro laboral. 
Así como en el mundo laboral los que han sido padres tienen derecho a licencias, los diputados al Parlamento Europeo también deben tener este derecho. 
El Reglamento debe reflejar un concepto positivo de la familia y de los hijos, que no existe en el actual Reglamento. 
Además, cuestionamos esta norma por ser antidemocrática, ya que las personas que están formando una familia tendrán dificultades para la presentación de sus candidaturas y para asumir responsabilidades como parlamentarios europeos. 
- (NL) Debido a la sistemática obstaculización de la creación de Grupos parlamentarios reducidos el Parlamento Europeo está integrado por menos grupos que determinados parlamentos nacionales. 
La ventaja es que se han ido formando grupos internacionales integrados por los correligionarios de los diferentes países y que no coexisten algo así como 150 grupos de partidos nacionales independientes. 
Sin embargo, este sistema también tiene sus inconvenientes. Pensemos, por ejemplo, en la situación de los diputados individuales que no pertenecen a ningún grupo o que cambian periódicamente de grupo. 
En los Países Bajos estamos acostumbrados a que los Grupos parlamentarios nazcan como consecuencia de los resultados electorales. 
Cada lista que obtiene escaños, aunque sea sólo uno, se reconoce como grupo. 
En el Parlamento Europeo, al contrario, los grupos se forman con posterioridad a las elecciones y el hecho de que un miembro individual se cambie de grupo no se considera como un robo de escaños. 
Habida cuenta de que hace falta un número bastante elevado de miembros de diferentes Estados miembros para constituir un grupo siempre hay familias políticas que se quedan por debajo de este límite. 
Ello no sólo da lugar a la creación de grupos unidos sobre la base de una ideología común que suelen tener dificultades para ponerse de acuerdo en la práctica debido a las divergencias entre las opiniones públicas nacionales, sino también a la aparición de grupos técnicos artificiales integrados por unos partidos que no se conocen. 
También me parece absolutamente descabellado el modelo español, según el cual se obliga a todos los miembros que no pertenezcan a ningún grupo a que entren a formar parte de un grupo mixto. 
. (EL) La propuesta de resolución Inglewood introduce regulaciones? técnicas principalmente? referidas a la justificación de las enmiendas que racionalizan nuestro funcionamiento. 
Por ello le daré mi voto, del mismo modo que lo hará mi grupo GUE/NGL. 
Dada la oportunidad, sin embargo, quiero llamar la atención sobre la necesidad de justificación suficiente de las propuestas de enmienda? que pueden referirse a asuntos de vital importancia para los ciudadanos europeos? , algo que corre peligro, especialmente en el marco de la industria de la información, que aleja al diputado de aquello que vota, con frecuencia con pleno desconocimiento por su parte. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.40 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Esta tarde tengo el gusto de dar la bienvenida, en nombre del Parlamento Europeo, al Presidente de la delegación del Parlamento ruso y a la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE/Rusia, encabezada por su vicepresidente Sr. Vladimir Lukin, así como al Sr. Alexander Belousov y a la Sra. Valentina Demina del Consejo de la Federación Rusa. 
Sean muy bienvenidos. 
Me complace darles la bienvenida al Parlamento, en particular, porque Rusia celebra hoy su Día de la Independencia, en conmemoración de la Declaración de la Soberanía del Estado Ruso de 12 de junio de 1990. 
¡Sean pues bienvenidos y felicidades! 
Declaraciones del Consejo y de la Comisión- Estado de las negociaciones; 
Informe (A5-0190/2002) de Elmar Brok (coponentes: Jacques F. Poos, Jürgen Schröder, Gunilla Carlsson, Luís Queiró, Elisabeth Schroedter, Ioannis Souladakis, Ursula Stenzel, Jas Gawronski, Jan Marinus Wiersma, Demetrio Volcic, Geoffrey Van Orden, Baronesa Nicholson of Winterbourne) , en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el estado de las negociaciones de ampliación (COM (2001) 700- C5-0024/2002- 2002/2023 (COS) ); 
Informe (A5-0178/2002) de Reimer Böge, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las repercusiones financieras de la ampliación de la Unión Europea (2002/2045 (INI) ); 
Informe (A5-0096/2002) de Renate Sommer, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la incidencia de la ampliación en las regiones limítrofes de los países candidatos- Acción comunitaria en favor de las regiones fronterizas (COM (2001) 437- C5-0599/2001- 2001/2250 (COS) ); 
Informe (A5-0202/2002) de Maurizio Turco, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre 
a) el XII Informe Anual de la Comisión sobre los Fondos Estructurales 2000, 
b) el Informe anual de la Comisión sobre el Fondo de Cohesión 2000, 
c) el Informe anual de la Comisión sobre el instrumento de política estructural de preadhesión (ISPA) 2000 (COM (2001) 539, COM (2001) 602 y COM (2000) 616- C5-0006/2002- 2002/2009 (COS) ); 
Informe (A5-0124/2002) de Willi Görlach, en nombre de la Comisión Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el informe de la Comisión- Informe anual "SAPARD- Año 2000" (COM (2001) 341- C5-0009/2002. 
2002/2007 (COS) ); 
Informe (A5-0200/2002) de Karl Erik Olsson, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la ampliación y la agricultura: integrar con éxito a los nuevos Estados miembros en la PAC (2002/2059 (INI) ).) ); 
Pregunta oral (B5-0018/2002) de la Sra. Karamanou, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, a la Comisión, sobre las negociaciones para la adhesión en el ámbito de la igualdad de oportunidades; 
Pregunta oral (B5-0250/2002) de la Sra. Van der Laan y la Baronesa Ludford, a la Comisión, en nombre del Grupo ELDR, sobre los solicitantes de asilo de futuros Estados miembros. 
. Señor Presidente, no me parece ocioso volver a reiterar, una vez más, el alcance histórico, la prioridad política o el carácter irreversible del proceso de ampliación de la Unión. 
Dicho esto, pienso que, a la hora de evaluar las perspectivas del proceso de ampliación de la Unión Europea con vistas al próximo Consejo Europeo, debemos tomar, como punto de partida, los objetivos que nos habíamos marcado al comienzo de nuestra Presidencia para, a la vista de lo realizado hasta ahora, pasar a considerar lo que podemos esperar en Sevilla. 
Usted recuerda, señor Presidente, que, en el debate que celebramos esta mañana sobre la preparación del Consejo de Sevilla, evité tratar los temas de la ampliación, precisamente para reservarlos para este debate, en donde vamos a tratar monográficamente estos asuntos. 
Es evidente que el tema de la ampliación es uno de los asuntos fundamentales del Consejo Europeo de Sevilla y, por lo tanto, creo que, de la información que voy a dar, se pueden deducir las claves de lo que la Presidencia y el Consejo van a proponer al Consejo Europeo de Sevilla. 
Al empezar nuestra Presidencia, presentamos el programa de trabajo titulado "Más Europa"; en dicho documento figuraba- como no podía ser de otra manera- la ampliación de la Unión Europea como una de nuestras prioridades fundamentales, yo diría que, más que una prioridad, es un objetivo fundamental de la Unión. 
Se decía allí que el propósito de la Presidencia consistía en contribuir de una manera decisiva a que las negociaciones con todos los Estados candidatos que estén preparados puedan concluirse a finales del segundo semestre de 2002, dando continuidad así a las conclusiones de los anteriores Consejos Europeos de Gotemburgo y Laeken. 
Más concretamente, nuestra tarea principal consistía en alcanzar posiciones comunes entre los 15 en los capítulos más complejos del acervo, es decir, precisamente aquéllos a los que nos han tocado a nosotros en el road map, aquéllos que tienen una mayor incidencia financiera y presupuestaria. 
Según el conocido road map acordado en Niza, los capítulos- que han correspondido a la Presidencia española- son agricultura, política regional y, las disposiciones financieras y presupuestarias, a las que se añade otro capítulo sensible, no por su carácter financiero sino por su alto carácter político, que es el tema de las instituciones. 
Paralelamente, pensábamos que íbamos a proceder al cierre provisional de todos aquellos capítulos pendientes al principio del semestre porque, -como usted sabe, señor Presidente, así como la Cámara- España no solamente se encontró con su road map, sino con una cantidad muy importante de los llamados, de manera eufemística, left overs, pero que son verdaderamente negociaciones no terminadas, negociaciones importantísimas, que habían quedado pendientes desde la Presidencia sueca y la Presidencia belga. 
Dos principios fundamentales deben continuar inspirando y enmarcando todo el proceso negociador, a saber, que las negociaciones se desarrollen sobre la base del acervo actual y que las perspectivas financieras aprobadas en Berlín en 1999, deberán determinar los límites máximos para encuadrar, de aquí a 2006, la adhesión de los nuevos Estados miembros. 
En esta negociación se trataba también de evitar cualquier solapamiento o interferencia del proceso de ampliación con eventuales reformas de las políticas comunes, porque quien quiera condicionar la reforma de las políticas comunes a la ampliación asume el riesgo de provocar un retraso en los plazos previstos. 
Es decir, la Unión tiene un objetivo apoyado plenamente por el Parlamento: que la adhesión resulte efectiva en el curso de 2004. 
Además de este objetivo general, el programa de trabajo específico de la Presidencia para la ampliación, que fue presentado al Consejo el pasado enero, recogía toda una serie de tareas conexas. 
En primer lugar, la verificación del tercer requisito de la adhesión, que hace referencia a la capacidad administrativa y judicial para la aplicación efectiva del acervo. 
De esto no se habla mucho, pero es un tema muy importante. 
Éste es el famoso llamado "criterio de Madrid", que es un criterio absolutamente esencial para que la ampliación pueda ser efectiva. 
Durante este semestre la Comisión ha elaborado y desarrollado un plan de acción con cada uno de los Estados candidatos y, en Sevilla, nos presentará un informe al respecto. 
Por otra parte, estaba previsto que, durante la Presidencia, se constituyera el grupo de redacción del Tratado de Adhesión, que ha iniciado los trabajos en el mes de marzo pasado. 
Nosotros concebimos ya junto con la Comisión y con la Secretaría General del Consejo la idea de empezar a pensar ya en un grupo de trabajo sobre la redacción del Tratado de Adhesión, de manera que su redacción y anexos correspondientes vayan paralelos a las negociaciones para que, cuando terminen las negociaciones, no tengamos que perder tiempo en redactar el Tratado, -porque todos conocemos, y el Parlamento especialmente- las dificultades que hay en los procesos de ratificación nacionales. 
Por lo tanto, no tenemos mucho tiempo si queremos cumplir nuestro objetivo en 2004, sobre todo para tener todo ratificado de forma que los países candidatos puedan presentarse como miembros de pleno derecho a las elecciones del Parlamento Europeo. 
Por lo tanto, teníamos ese propósito- que, por cierto, hemos cumplido- y, como ha venido siendo en presidencias anteriores, también la Presidencia española ha dedicado una atención particular a cuatro casos concretos, porque parece que los 10 países designados en la primera ola fueran el único objetivo de nuestros afanes, pero no es cierto. 
Tenemos que atender a Bulgaria y Rumania, dos países que se han quedado más retrasados y a los que hay que prestar un apoyo específico con vistas a conseguir la apertura del mayor número posible de capítulos de negociación y también queríamos, de alguna manera, contribuir a los esfuerzos para encontrar una solución política definitiva a la cuestión de Chipre. 
Finalmente, tampoco podemos olvidar que, de alguna manera, debemos impulsar la estrategia de preadhesión con Turquía. 
A partir de estos planteamientos iniciales, debemos preguntarnos cuáles han sido los logros conseguidos hasta ahora durante nuestra Presidencia pues lo realizado en estos meses determinará el sentido de la evaluación de la situación y de las perspectivas de aquí a final de año por parte del próximo Consejo Europeo. 
Pues bien, señor Presidente, tengo la satisfacción de decirle que, con la inestimable ayuda de la Comisión, -y quiero hacer un elogio público al Comisario Verheugan, encargado de la ampliación, que verdaderamente ha sido instrumental en todos los progresos que hemos podido hacer- los progresos realizados durante la Presidencia española pueden resumirse del modo siguiente: el Consejo, en sus diversas formaciones, ha comenzado el examen de las notas presentadas por la Comisión el 30 de enero sobre el marco financiero general y la agricultura, en las que la ausencia de consenso fue manifiesta. 
La diferencia fundamental- y estamos todavía negociando- se refiere a la concesión, por parte de la Unión, de ayudas agrícolas directas a los candidatos y al hecho de que estas puedan, según algunos países, prejuzgar la futura reforma de la PAC. 
En razón de estos desacuerdos, no hemos logrado todavía alcanzar una posición común en el capítulo de agricultura; yo diría que hay posición común, en un 95 %, pero queda un 5 %, que se refiere a las ayudas directas, en donde aún no se ha alcanzado un consenso. 
Estamos intentando promover una fórmula de compromiso porque comprendemos las razones que asisten a los cuatro países que están bloqueando la posición común, pero también entendemos que esos países tienen que comprender que, en la agricultura, hay unos principios fundamentales de respeto del acervo, de respeto de la igualdad entre los países miembros y los países candidatos y sobre todo, el hecho de que no se puede retrasar el itinerario, el road map. 
Es decir, todos aquellos países que, por algunas razones, están impidiendo que se adopte la posición común en el tema de ayudas directas tendrán que asumir la responsabilidad política ante este Parlamento- que espero que sepa exigirla- y ante la opinión pública de no haber posibilitado la posición común que cerraría totalmente todo el road map para las negociaciones de ampliación. 
Estamos haciendo esfuerzos; hemos tenido un Consejo de Asuntos Generales el lunes, estamos hoy en el Coreper tratando este tema; habrá otro Coreper extraordinario el viernes; vamos a tratar de nuevo el tema en el Consejo de Asuntos Generales del día 17 y, si fuera necesario, tendríamos que ir al Consejo Europeo con ello. 
No deseamos que el Consejo Europeo sea un lugar de enfrentamiento sobre estos temas, pero todo el mundo tiene que ser consciente de que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para cerrar completamente el capítulo agricultura; no cabe decir que el 95 % está cerrado y que cerraremos después el 5 % para las ayudas directas, porque no se puede aplazar ya que es una cuestión de principio: el principio hay que admitirlo aunque se puedan discutir después las modalidades. 
Tras las dos primeras conferencias de negociación de marzo y abril, y de la ministerial que acabamos de mantener, con el Comisario Verheugen y yo, el lunes, y también con el señor Piqué, el lunes y el martes de esta semana, se han negociado ya un total de 83 capítulos, de los que se cerraron provisionalmente 49 y se abrieron otros 8. 
Además, en abril, se han tratado por primera vez y cerrado ya con algunos candidatos 3 de los 4 capítulos que la hoja de ruta asignaba a la Presidencia española, es decir, política regional, disposiciones financieras y presupuestarias e institucionales. 
En el cuarto y último capítulo- y sin duda, el más complejo, la agricultura -, el debate sigue abierto en el Consejo, todavía no hemos alcanzado una posición común y, por lo tanto, no hemos podido cerrarlo. 
Nuestro objetivo ha sido lograr un consenso, como señalaba anteriormente en el grupo de Asuntos Generales, del 10 de junio; no ha sido posible y vamos a seguir los esfuerzos. 
Con respecto a los dos países más rezagados, con Bulgaria se han abierto todos los capítulos pendientes, mientras que con Rumania se han abierto 7 capítulos, quedando solamente 6 pendientes; quisiera informar a esta Cámara de que, junto con la Comisión, tenemos previsto poder avanzar todavía este mes y, seguramente, antes de que termine la Presidencia, el 27 o el 28 de junio, vamos a celebrar una nueva conferencia de negociación a nivel de suplentes y es posible que podamos abrir más capítulos con Rumania y naturalmente, cerrar unos capítulos más, además de los que se han cerrado a nivel ministerial. 
Así, es muy posible que la Presidencia española termine con la apertura de todos los capítulos relativos a Rumanía y con el cierre de entre 90 y 100 capítulos con el resto de los países miembros; por ello, si vemos el cuadro general, como dije esta mañana, la mayor parte de los países han cerrado entre 25 y 28 capítulos; por lo que, si entendemos que el número de capítulos de negociación son 31, para el segundo trimestre no van a quedar, realmente, más de una media de 3 ó 4 capítulos por país para negociar, y son capítulos del final que, en el momento en que haya posición común en agricultura y en el momento en que haya una ratificación plena del Tratado de Niza, podrán inmediatamente cerrarse porque son el capítulo institucional y el capítulo financiero, que podrán cerrarse con mucha facilidad. 
El Comité de redacción del Tratado, al cual me he referido, ya está trabajando desde el pasado 13 de marzo en las adaptaciones técnicas y en la concreción jurídica de los compromisos acordados hasta ahora durante las negociaciones. 
Dejamos a la Presidencia danesa un buen legado y les posibilitamos que, a finales de año, puedan finalizar la redacción del Tratado de Adhesión. 
Con respecto a Turquía, el Comité y el Consejo de Asociación se han reunido en enero y en abril, respectivamente. 
El dato más destacado ha sido la adopción de un programa de reuniones de los 8 subcomités encargados de desarrollar el llamado ejercicio de prescreening pormenorizado de su legislación, conforme al mandato de Laeken. 
La Unión Europea viene insistiendo en la necesidad de intensificar las reformas políticas internas con vistas al pleno cumplimiento de los criterios de Copenhague. 
Ankara reitera su deseo de que, en diciembre, se concrete una fecha para el inicio de las negociaciones de adhesión, pero es evidente que, por mucha buena voluntad que tenga, el Consejo Europeo no puede fijar fechas de inicio de negociación hasta que no se cumplan plenamente los criterios de Copenhague. 
En eso, nuestra posición va a ser firme. 
No podemos actuar de otra manera. 
Esto no es un ejercicio de wishful thinking, para utilizar la palabra británica, sino que es un ejercicio consistente en aplicar realmente los principios a los cuales estamos vinculados todas las instituciones: la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. 
Con respecto a Chipre, las negociaciones ordinarias han continuado desarrollándose normalmente; debo decir que Chipre es un excelente candidato, la parte sur de Chipre, la República de Chipre, es, seguramente, el candidato con más capítulos de negociación cerrados y con el más alto nivel de avance en la negociación. 
Naturalmente seguimos atentos a la evolución de los contactos directos entre los líderes de ambas comunidades, las conversaciones que se iniciaron en enero entre el Sr. Denktash y el Sr. Clerides, que hasta la fecha no han dado resultados tangibles. 
Yo mismo he estado en Chipre el jueves pasado, en nombre de la Presidencia he tenido una entrevista larga con el señor Clerides y con el señor Denktash y le hemos transmitido la posición de la Unión, y la importancia que damos al programa enunciado por el Secretario General de las Naciones Unidas, la importancia de que haya un acuerdo sobre los core issues, es decir, sobre el tema de las formas de gobierno, las propiedades, el territorio y la seguridad. 
Se han alcanzado algunos avances, pero también se han producido algunos dramáticos retrocesos en los últimos días, y por lo tanto, yo he estado allí en nombre del Presidente del Consejo, no sólo para mandarles un mensaje- mensaje que será de alguna manera articulado en las conclusiones de Sevilla- sino también para escuchar, para que la parte norte de Chipre nunca nos pueda hacer un reproche de que no hemos sido sensibles a sus argumentos o de que no hemos tenido tiempo de escuchar todos sus argumentos, porque naturalmente, cada parte puede estar equivocada o no, pero tiene su argumentación, que es digna de ser conocida. 
Por lo tanto creo que hemos acompañado en lo que hemos podido el proceso, apoyando en la medida de nuestras posibilidades a Álvaro de Soto, el representante del Secretario General de las Naciones Unidas. 
Creemos que las cosas han ido bien, pero les hemos mandado un mensaje muy claro: sabemos que el objetivo de junio que ellos se habían propuesto y que ha reafirmado el Secretario General no se ha cumplido, pero les hemos dicho que no podemos estar esperando eternamente, que necesitamos una señal política clara y que antes del 24 de octubre, fecha en la que se celebrará el Consejo Europeo de Bruselas de la Presidencia danesa, la Unión necesita conocer ese acuerdo entre las partes, para poder incluir toda la problemática del norte de Chipre en el curso o en el mainstream de las negociaciones. 
Conforme al mandato de Laeken, el Consejo Europeo de Sevilla debe pronunciarse también sobre el informe que va a presentar la Comisión sobre el desarrollo y sobre su plan de acción para el fortalecimiento institucional de los países candidatos, y el Consejo de Asuntos Generales del próximo 17 de junio realizará un primer examen de dicho informe, presentado por la Comisión el día 5. 
También con respecto a la ampliación, la Presidencia española introdujo como novedad institucional, por primera vez en la historia, la participación activa de los países candidatos a la adhesión en el Consejo Europeo de Primavera- todo el mundo recuerda que participaron en la sesión, no en un almuerzo al final, sino en la propia sesión-. 
Con esa ocasión, se ha plasmado de manera visible, por primera vez, la nueva Unión. 
Hemos visto, por primera vez, un Consejo con 25 miembros y, además, en un ámbito concreto y específico que nos afecta a todos y les afecta a ellos, como es el proceso de Lisboa. 
Por último, no quisiera dejar de hacer una referencia a la cooperación y asistencia técnica bilateral que se ha desarrollado e intensificado por parte de los Estados miembros con los países candidatos para preparar a estos a la aplicación del acervo comunitario. 
No se habla mucho de eso, pero hay que tener en cuenta que los progresos que se han alcanzado, en todos los programas que la Comisión ha puesto en marcha, fundamentalmente en el programa de hermanamientos, -que es un programa de extraordinaria dimensión, sobre el cual verdaderamente merecería la pena que algún día tuviéramos un debate en este Parlamento -, y en los programas Ispa y Sapard se han producido avances absolutamente espectaculares tanto en la cooperación de la Unión con esos países, como en la cooperación bilateral de los países candidatos. 
Con estos datos, y sin perjuicio de los resultados de la gira del Presidente del Gobierno español, que está en curso en este momento, deberíamos poder adelantar los términos en los que podría desarrollarse el debate sobre la ampliación en el próximo Consejo Europeo de Sevilla. 
A la espera de que el Consejo de Asuntos Generales pueda determinar una Resolución, el Consejo Europeo examinará una nota a la Presidencia sobre el estado de las negociaciones que servirá de base para encauzar el debate en el Consejo Europeo. 
A título indicativo, dicho proyecto podría girar en torno a los elementos siguientes: primero, reconocimiento de los importantes progresos que se han registrado hasta ahora en las diferentes Presidencias; podemos decir que en la Presidencia española hemos llegado ya a un punto en que prácticamente las negociaciones a nivel técnico han terminado. 
Hemos cumplido el road map y esto nos ha permitido- a la Comisión y al Consejo- llevar a la mesa de negociaciones la totalidad de los 30 capítulos con los diez primeros países de Laeken; las negociaciones han entrado en la recta final. 
Es hoy razonable esperar que la Presidencia danesa pueda, de acuerdo con los deseos de Parlamento y del Consejo Europeo, terminar las negociaciones a final de diciembre. 
Hemos empezado, como ya he dicho, la redacción del Tratado de adhesión y puede entrar ya en un proceso de redacción definitiva a partir del Consejo Europeo de Copenhague. 
Creo que no será necesario un cuarto período, porque ya está muy avanzada su redacción. 
El Consejo hará referencia a la adopción de posiciones comunes tanto en aquellos capítulos pendientes de Presidencias anteriores como en todos aquellos más complejos por sus implicaciones presupuestarias. 
Lógicamente los aspectos financieros concretos se verán en un momento posterior, al final de las negociaciones, como siempre se hace. 
Reiteraremos los principios generales según los cuales las soluciones pendientes deberán ser conformes al acervo vigente y al marco financiero de Berlín. 
Esto es muy importante, que quede bien subrayado. 
Es preciso también un enfoque constructivo y realista con objetivo de concluir las negociaciones con los diez candidatos de manera que ellos también puedan demostrar que están perfectamente preparados para asumir sus obligaciones. 
Se evaluará el informe que presentará la Comisión sobre el desarrollo de sus planes de acción para el fortalecimiento administrativo y judicial de los candidatos con vista a una aplicación efectiva del acervo. 
Respecto a Bulgaria y Rumanía, hay que reconocer los importantes progresos registrados en este semestre, reiterar el principio de inclusividad en el proceso de ampliación y comprometerse a seguir prestándoles apoyo pleno en sus esfuerzos de preparación. 
Con respecto a Turquía, la Unión Europea debería animar al Gobierno de Ankara a intensificar sus esfuerzos de reforma y expresar su convicción de que ello permitirá concretar sus expectativas de adhesión. 
Entre tanto, el Consejo invitaría a la Comisión a presentar medidas concretas incluyendo, en su caso, una asistencia financiera adicional encaminada a reforzar la estrategia de preadhesión de Turquía en las mismas condiciones que el resto de los candidatos. 
Por otra parte, el Consejo animará a Turquía a que utilice su capacidad de influencia para lograr una pronta solución en la cuestión de Chipre. 
Y, precisamente, en la cuestión de Chipre, el Consejo Europeo, instará a las dos partes a que continúen las conversaciones directas entre Denktash y Clerides y les animará a aprovechar la oportunidad de alcanzar cuanto antes una solución definitiva y global, como ya dije, a ser posible antes del 24 de octubre, bajo los auspicios de Naciones Unidas. 
Un Chipre unificado deberá, en su condición de Estado miembro, hablar con una sola voz y éste es un tema sobre el que insistiremos particularmente; es decir, la forma futura del Estado de Chipre es una cosa que les concierne a ellos, pero hay algo que tiene que quedar bien claro: cualquier forma de Estado que decidan entre las dos comunidades tiene que ser un Estado unificado que hable con una sola voz y que sea capaz de aplicar el acervo comunitario de manera uniforme, tanto en el Norte como en el Sur. 
Naturalmente, la Unión Europea y así lo ha manifestado la Comisión, que ya ha puesto de lado algunos fondos suplementarios, se ha comprometido a contribuir al desarrollo económico de la parte norte de la isla, si fructifican las negociaciones. 
Aparte de tratar todos estos temas, creo que el Consejo Europeo tiene que empezar a hablar ahora del nuevo road map, que es el político. 
Es decir, la parte técnica está terminada o se está terminando, ahora necesitamos mirar hacia el futuro, ver lo que va a pasar en el año 2003 cuando todo ya haya concluido, ver qué plan tenemos para la firma y para la ratificación del Tratado, mandar un mensaje claro a los parlamentos nacionales de que este asunto es urgente, ver cómo los países candidatos pueden participar en una futura conferencia intergubernamental, ver cómo van a participar en las elecciones al Parlamento Europeo, ver, en una palabra, cómo, políticamente, todo el resultado de las negociaciones se puede poner en práctica de acuerdo con el programa que nos hemos trazado y con las ideas que hemos reafirmado tantas veces en esta Cámara y también en el Consejo Europeo. 
Esto, Sr. Presidente, es un resumen de las previsiones que, naturalmente, es aproximado, porque yo no puedo prejuzgar lo que los Jefes de Estado y de Gobierno van a decir. 
Solamente puedo presentar lo que la Presidencia española va poner delante de ellos. 
Pero yo creo que, independientemente de ajustes que pueda haber, eso será, en líneas generales, lo que va a decir el Consejo Europeo sobre la ampliación. 
Espero que esta intervención, Sr. Presidente, en nombre de la Presidencia, constituya una contribución última al debate que esta Cámara va a llevar a cabo en el día de hoy sobre la base de tantos informes, a cuyos autores- Brok, Böge, Sommer, Turco, Görlach y Olsson- dirijo, desde aquí, en nombre de la Presidencia, nuestra felicitación, puesto que nos han sido extraordinariamente útiles para tener las ideas claras y lúcidas sobre lo que teníamos que hacer en el capítulo de la ampliación. 
Antes de terminar, deseo agradecer a la Comisión el apoyo que hemos recibido en todo momento, desde el primer día de nuestra Presidencia. 
Gracias por ofrecernos un resumen político tan exhaustivo y, en las conclusiones, muy oportunamente, una perspectiva política de los acontecimientos que se avecinan. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, quiero felicitar al Sr. Comisario y a la Comisión en total así como a la Presidencia española del Consejo por lo bien que han avanzado las negociaciones en los últimos meses. 
Tras conversaciones con la futura Presidencia del Consejo, tengo esperanzas de que se respete el calendario que estableció este Parlamento Europeo originariamente pues existe la voluntad política para ello. 
Creo que como Parlamento debemos dar mucha importancia a que se ejerza la correspondiente presión. 
El Sr. Ramón de Miguel ha dicho acertadamente que también en el sector agrario tiene que existir una solución, pues no hay un después. 
No hay una excusa para los retrasos. 
Esto es válido también en otros muchos campos a los que se ha referido el Sr. Comisario, por ejemplo, los problemas institucionales. 
Tenemos que arreglar nuestros problemas institucionales, ya sea mediante la ratificación del Tratado de Niza o del modo que sea. 
En cualquier caso, son tareas nuestras que debemos hacer. 
Tanto si esto afecta a una posición común en el Consejo de política agraria, a cuestiones financieras o institucionales, esta es nuestra obligación. 
De ello no puede deducirse ningún motivo para un retraso de la ampliación, pues no se comprendería en los países candidatos. 
No podemos permitir otro retraso debido a nuestra propia incapacidad. 
Exactamente igual, debe ser natural que examinemos a los candidatos a la adhesión en función de sus logros. 
Según la perspectiva actual, tenemos trece candidatos a la adhesión, de los cuales mantenemos negociaciones con doce y diez tienen una oportunidad de concluir las negociaciones este año. 
Creo que por este motivo deberíamos estar en situación de llevar las negociaciones de modo que esto sea posible. 
Esto significa- lo decimos muy claramente en nuestro informe también como Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa- que no podemos inventar nuevas condiciones, ya sea por parte de las instituciones europeas o de los Estados miembros. 
La base de negociación es el acquis communautaire y no lo que quizás fuese deseable. 
No podemos añadirlo. 
Esto se tiene que hacer en un proceso político con los miembros futuros pero no puede ser condición para la adhesión. 
A veces, tenemos que mantener también debates abiertos en esta Asamblea. 
Cuando veo algunas enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, me parecen maravillosas al igual que otras enmiendas. 
Incluso puedo apoyarlas políticamente. 
Sólo que no tienen nada que ver con el tema de "negociaciones sobre la aplicación del acquis communautaire". 
Sólo se trata de esto. Si, por ejemplo, se cierran los capítulos de medio ambiente, no debemos volverlos a abrir porque se opina que una carretera o canal determinados no se pueden construir en un país concreto, si comprendo correctamente algunas de estas enmiendas. 
Creo que nosotros mismos deberíamos ser precisos, sinceros y coherentes para avanzar del modo adecuado. 
Pero si nos comportamos así, esto significa que los candidatos a la adhesión tienen que saber que se evaluará a cada país individualmente para ver si está en situación de cumplir las condiciones. 
Vemos que diez tienen la oportunidad de hacerlo. 
También vemos que se está en situación de alcanzar la madurez de mercado, de cumplir los criterios políticos y, al mismo tiempo, de llevar a cabo la aplicación legislativa del acquis communautaire. 
Pero también tendremos que mirar exactamente qué países están en situación de garantizar la aplicación administrativa y de la Justicia hasta el 2004, en que será efectiva la adhesión. 
Esta es una cuestión totalmente decisiva. 
En estas cuestiones tampoco puede haber rebajas políticas. 
Debemos prestar atención para que esto se lleve a cabo. 
Del mismo modo, dirigimos una especie de ruego- pues no puede ser más- a los países que van a estar en la primera ronda para que no caigan en una especie de teoría del autobús según el lema "nosotros estamos dentro, ahora el autobús está lleno" y posiblemente impongan un veto contra los candidatos que deben entrar en la segunda ronda. 
También debemos prestar atención política para que a los candidatos que no entren en la primera ronda no se les planteen dificultades adicionales. 
La Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, que es competente para el fondo en este informe, contempla con gran preocupación una serie de problemas. 
Vemos que en determinados campos aún no se han solucionado cuestiones relacionadas con las minorías. 
La corrupción y el crimen organizado son también temas importantes. 
Damos gran importancia a que se cumplan los criterios de Schengen pues es también importante comunicar a nuestros propios ciudadanos que no se va a crear aquí un grado adicional de inseguridad. 
Quiero decir con ello que debemos tener comprensión y la cuestión de Kaliningrado no debe ser un motivo para que fracase la ampliación. 
Del mismo modo debemos ver que se tiene que aceptar la soberanía de Polonia y Lituania y que tiene que existir otra solución a la de un corredor, que no me parece aceptable jurídicamente ni por motivos históricos. 
Hay muchas posibilidades para salir al paso de los deseos justificados de Rusia. 
Creo que llegaremos también aquí a la solución adecuada al igual que soy de la opinión de que sólo los Estados miembros de la Unión Europea y los correspondientes países candidatos son los que tienen que decidir sobre quién se va a convertir en miembro de la Unión Europea. 
Esta es también mi respuesta a la cuestión de Chipre. 
En esta ampliación europea, cuando hablamos de cuestiones como la discriminación y similares, se tiene que mostrar claramente que todos los ciudadanos de esta Unión Europea son iguales, que no debe haber discriminación entre ellos ni con los ciudadanos que viven en la Unión Europea. 
Este es el único punto que me interesa en el debate sobre los decretos Benesch. 
No debemos ocuparnos de reelaborar jurídicamente el pasado sino sólo de que no exista ninguna discriminación desde la aplicación jurídica actual. 
Soy de la opinión de que un país que trabaja bajo el principio del Estado de derecho está también en situación de hacerlo y si no leo el documento Verheugen-Zeman veo también la posibilidad de llegar a acuerdos. 
Señor Comisario, señor Presidente del Consejo, deseo adherirme expresamente a sus posiciones en el sentido de que se trata de una cuestión de importancia histórica. 
También quiero adherirme a lo dicho anteriormente. 
No se trata de que intentemos introducir la historia como instrumento de lucha en la Unión Europea, sino de que aprendamos de la historia para que los sufrimientos, expulsiones, asesinatos, y guerras que hemos padecido en el pasado no vuelvan jamás a repetirse y que la unificación de la totalidad de este continente es una oportunidad única para nosotros. 
Desde la CECA, en el proceso de unificación europeo se trata de finalizar el círculo de violencia, no de arreglar cuentas recíprocamente, sino de detener de una vez por todas el círculo de la violencia en Europa. 
No se trata de disolver el Estado nacional- el Estado nacional mantendrá su identidad- sino de debilitarlo de tal modo nunca esté en situación de hacer la guerra contra otros. 
Por ello, el orden jurídico de la Unión Europea representa el futuro de este continente. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al Consejo por la diligencia con que ha continuado con este complicado expediente y más especialmente al Comisario Verheugen y a su personal por la fenomenal cantidad de trabajo que han realizado en relación con la supervisión del progreso alcanzado en los países candidatos. 
Ha sido precisamente ese trabajo el que nos ha conducido a este debate de hoy. 
Sin esos esfuerzos, sencillamente no nos encontraríamos ahora en esta situación. 
El 6 de julio de 2002 dará comienzo un acontecimiento deportivo mundialmente famoso. 
No me refiero a la Copa del Mundo, cuya final ya habrán disputado Inglaterra e Irlanda mucho antes del 6 de julio, sino al Tour de Francia. 
La ampliación de la Unión Europea es comparable al Tour en numerosos aspectos. 
Si pudiéramos vernos a nosotros mismos, ahora nos encontraríamos en la última escalada, en las montañas, tras haber superado la mayor parte de la extenuante carrera y ya casi con la línea de meta a la vista, con los Campos Elíseos de París esperándonos. 
Ahora nos toca superar algunas escaladas duras y difíciles. 
Como saben todos los que han practicado el ciclismo: si paramos, nos caemos. 
Por eso, ahora no es el momento de parar. 
Debemos seguir adelante. 
El mensaje de mi Grupo es muy claro, debemos seguir ese road map o mapa de carreteras. 
Es un buen mapa y nos guiará hasta el final del proceso. 
Debemos respetar el calendario que nos hemos fijado. 
Mi estimado colega Klaus Hänsch fue el primero que habló en esta Asamblea del año 2004 como la fecha para completar la nueva adhesión del primer grupo, y debemos respetar esa fecha. 
No debemos permitir que se introduzcan nuevas condiciones. 
Las cuestiones históricas son importantes, pero son exactamente eso, cuestiones históricas. 
Gran Bretaña e Irlanda ingresaron en la Unión Europea al mismo tiempo, a pesar de que la Constitución irlandesa de aquel entonces reivindicaba parte del territorio británico. 
Eso no nos impidió unirnos juntos a este club. 
Gran Bretaña y España siguen intentando resolver la cuestión de Gibraltar, cuestión que dura desde hace tres siglos. 
Son asuntos históricos importantes, pero no son condiciones para la adhesión a la Unión Europea. 
Aquellos que se sirven de problemas de historia para intentar crear nuevos obstáculos en nuestro camino hacia la adhesión de nuevos Estados miembros de la Unión Europea deben reconocer el daño que están haciendo a la opinión pública. 
He estado recientemente en Praga, donde el apoyo público a la adhesión a la Unión Europea ha descendido un 6% sólo como consecuencia del debate sobre los Decretos de Benes. 
La Comisión, así como el Parlamento están haciendo su trabajo. 
Evaluaremos rigurosamente el caso particular de cada país para asegurarnos de que se da respuesta a las cuestiones difíciles y que no eludimos nuestras responsabilidades. 
Cuando digamos que estamos de acuerdo con la adhesión de un nuevo país, antes habremos realizado todo el trabajo difícil de manera que nuestros ciudadanos puedan estar tranquilos de que ésa será una adhesión segura con la que todos podemos estar de acuerdo. 
Aunque reconocemos la labor que ha realizado el Consejo, debo decir que en este Parlamento existe la gran preocupación de que ahora sea el Consejo el que comience a dar largas al asunto. 
A menudo, el Consejo libra una buena batalla sobre muchos asuntos, pero, lamentablemente, nuestra experiencia nos dice que suele ser el Consejo al que le resulta más difícil tomar las decisiones finales. 
Aunque comprendemos y reconocemos que muchas cuestiones de las que deberemos ocuparnos durante los próximos meses serán muy difíciles, por favor, no permitan que nos retrasemos. 
No intenten negociar y renegociar la política agrícola común en el espacio de dos o tres meses hasta que lleguemos a octubre y la Cumbre de Bruselas. 
No permitamos que los xenófobos y los anti-europeos nos frenen. 
Y, por lo que más quieran, no permitan que nos volvamos atrás y que comencemos a culparles de no haber llegado a 2004 a tiempo. 
Si trabajamos unidos podemos lograrlo, pero debo decir muy sinceramente que en estos momentos nos preocupa cuándo el Consejo cumplirá realmente esta promesa. 
Mi única decepción respecto al proceso de ampliación es que el entusiasmo ha desaparecido. 
A comienzos de los años noventa, todos nos sentíamos entusiasmados con la idea de la ampliación de la Unión Europea, en particular, los países candidatos. 
Ahora se ha convertido en una especie de ejercicio pragmático y técnico. 
Nosotros, y las personas que se encuentran en la tribuna, deberíamos mostrar mayor entusiasmo y expectación sobre la ampliación de la Unión Europea porque es un objetivo histórico del que todos podemos sentirnos merecidamente orgullosos. 
Debemos volver a introducir ese elemento de manera que desde Galway hasta Gdansk y más allá podamos garantizar la reunificación del continente. 
En 1990, Helmut Kohl y François Mitterand hicieron la promesa de que la ampliación de la Unión Europea estaría completada antes del año 2000. 
Estamos incumpliendo especialmente esa promesa. 
Ya se divisa la meta, en esta ocasión está en Copenhague. 
No es París, pero mantengamos unido al pelotón. 
Hay muchos países candidatos a los que les gustaría lucir esa camiseta amarilla, creo que todos la llevan. 
Lo importante es garantizar que cuando lleguemos a Copenhague, llegaremos a la meta, y no al final de otra etapa en nuestra ruta hacia la culminación con éxito de la ampliación. 
Señor Presidente, agradezco al Presidente en ejercicio del Consejo y al Sr. Comisario la útil introducción al presente debate y felicito a los ponentes por los grandes esfuerzos que han dedicado a la elaboración de los informes que hoy nos ocupan. 
También aprovecho esta oportunidad para dar la bienvenida a esta Asamblea a los diputados de la familia Liberal de los Estados candidatos que asisten al presente debate desde la tribuna y que se unen a nosotros esta semana mientras debatimos sobre la cuestión. 
El hecho de que estos diputados procedentes de Bulgaria y Rumania estén aquí hoy es un gratificante recordatorio de que estamos negociando la ampliación con 12 Estados candidatos, aunque los plazos para la adhesión varíen un poco. 
Los que procedemos de países que no fueron miembros fundadores de la Comunidad Europea recordamos demasiado bien la ansiedad y la expectativa que rodearon nuestras negociaciones de ingreso y las decisiones para ratificar nuestra solicitud. 
Como originario de un país cuya solicitud de ingreso fue vetada en dos ocasiones, conozco el daño perdurable que sufren las percepciones de la integración europea cuando un país es rechazado. 
Deberíamos tener esto en cuenta a la hora de evaluar a nuestros actuales candidatos. 
Debemos reconocer que los Estados candidatos han realizado grandes esfuerzos durante los últimos años para reformar sus economías y consolidar la democracia con vistas a su ingreso en la Unión. 
Aunque esperamos de ellos que redoblen sus esfuerzos en el período previo y posterior de la adhesión, también debemos recompensar dichos esfuerzos. 
Es el motivo por el que los Liberales Demócratas insistimos en que deben respetarse ambos criterios y el calendario. 
No deberíamos aplicar condiciones más estrictas que en anteriores ampliaciones, ni dar la impresión de que todo en nuestros propios jardines huele bien. 
La ampliación es un proceso de evaluación continua, no un examen aislado. 
A ambos lados no faltan los exaltados y los pusilánimes que intentarán explotar las dificultades para cumplir los criterios de Copenhague. 
No debemos permitirles que provoquen el descarrilamiento de la ampliación. 
Es mucho mejor superar los problemas pendientes a través del proceso de ampliación. 
Lo importante para la salud de un país es la dirección hacia la que se orienta y que el escrutinio del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales sea un proceso constante, integrado en un escrutinio más amplio de todos los Estados miembros- antiguos y nuevos- en una Unión Europea cuya parte central es la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Los Liberales Demócratas deploramos el abuso de las negociaciones de ampliación para reabrir viejas heridas y animosidades. 
Los infames decretos de Benes son un buen ejemplo de esto. 
A nadie beneficia inflamar las tensiones sobre este asunto, que es por lo que mi Grupo ha presentado enmiendas al informe del Sr. Brok en un intento de rebajar la temperatura del debate. 
La incapacidad de cuatro gobiernos- incluido el del Sr. Murphy- de alcanzar un acuerdo sobre la posición común en agricultura en el Consejo de Asuntos Generales de esta semana proviene en parte de la insuficiencia del paquete financiero aprobado en Berlín. 
Estamos obligados a vivir dentro de los límites establecidos en Berlín, pero si el acuerdo se aplaza hasta otoño- como algunos proponen- se pondría en peligro la perspectiva de admitir a nuevos Estados miembros a tiempo para las elecciones al Parlamento Europeo de 2004. 
Apoyamos las propuestas de la Comisión de incluir por etapas los pagos directos, pero tan pronto como se apruebe la ampliación, debemos impulsar la reforma de la PAC. 
Debemos desviar el enfoque para alejarlo del productor y acercarlo al consumidor, de la cantidad hacia la calidad. 
Respecto al controvertido asunto de la libre circulación de las personas, insto a todos los Estados miembros a que sigan el ejemplo de Dinamarca, Suecia, Irlanda y los Países Bajos, que han dicho que no aplicarán ninguna restricción a la libre circulación. 
No existen motivos racionales para creer que la ampliación irá seguida de una migración en masa, como a veces temen nuestros ciudadanos. 
Son precisamente esos temores los que nosotros, como políticos, debemos atajar de frente. 
Tenemos la responsabilidad de defender la causa de la ampliación ante nuestros electorados y no debemos rehuir dicho reto. 
La aprobación del informe sobre el que votaremos mañana dará luz verde a la ampliación. 
La perspectiva histórica allana el camino hacia una Unión más amplia y más fuerte- baluarte de libertad y democracia en un mundo incierto. 
No permitamos que nuestra generación sea la que desaprovecha esta oportunidad. 
Señor Presidente, no cabe duda de que las declaraciones del Consejo y de la Comisión, por un lado, y el excelente trabajo del Sr. Brok, por otro, reflejan en detalle la situación del proceso de ampliación y los avances de las negociaciones con los países candidatos. 
Las perplejidades que manifestamos aquí, aunque somos unos convencidos defensores del valor histórico del proceso de ampliación y de su estrategia, nos las causa la situación aparentemente nebulosa que acompaña el mismo proceso. 
Es un hecho que en general todos los países candidatos han conseguido, en un corto espacio de tiempo, notables resultados en cuanto a la evolución de sus ordenamientos y de sus economías. 
Por otra parte, el respeto de los criterios de Copenhague y el cumplimiento del acervo comunitario- que sin embargo, en nuestra opinión, se deben interpretar como una tendencia- son una obligación. 
Lo que, por el contrario, no se llega a entender del todo, cuando faltan menos de dos años para las primeras adhesiones, es si la decisión final se tomará sobre la base de datos objetivos, o bien si la misma estará influenciada por actitudes seudopolíticas, incluso paternalistas, que también se han manifestado, frente a una fuerte generalizada disponibilidad de cooperación que por el contrario la Unión debería demostrar. 
Tampoco está clara la situación que derivará de la adhesión de, presumiblemente, diez países en el 2004, en el sentido de que no están claros los efectos que la exorbitancia de cuatro países respecto a la previsión originaria producirá en la actual programación financiera y, por lo tanto, en el tratamiento que se dará a los nuevos Estados miembros. 
Es cierto que se debería dar una respuesta segura al menos en orden al futuro, próximo y remoto alcance de los Fondos estructurales reservados a estos países, y esto también para encontrar a tiempo, junto con una eficaz política social y ocupacional y un código deontológico para las empresas, respuestas a los importantes problemas de cohesión social y económica que, dentro de algunos de esos países, se están planteando. 
Revisten una gran importancia la seguridad de las fronteras, el respeto a las minorías y a los derechos civiles, el sistema de aprovisionamiento de los recursos propios, un sistema judicial eficaz; sin embargo, también son importantes la implicación de los ciudadanos de cada uno de los países candidatos en el proceso, la información que se les dará y la capacidad de justificar los sacrificios actuales considerándolos una inversión de cara a un bienestar que se avecina, si realmente esto último es el objetivo. 
Gracias a la ampliación al Este la Unión Europea tendrá más derecho a llevar el nombre que lleva. 
Con el informe BROK subrayamos el objetivo estratégico de este proceso histórico, es decir, la coexistencia pacífica y próspera de todos los pueblos que habitan nuestro continente. 
Ya lo he dicho antes. Si reducimos la ampliación a una cuestión mayoritariamente financiera no valoramos en su justa medida la importancia y la naturaleza de este acontecimiento. 
Por eso insto a los Estados miembros a que dejen de poner nuevas trabas a la ampliación. 
La propuesta de revisar la política agrícola con anterioridad a la ampliación es una de ellas. 
En este sentido es fundamental que la posición común relativa al capítulo agrícola ofrezca una perspectiva equitativa, tanto para los países candidatos como para los actuales contribuyentes netos. 
Sería deseable que, desde el punto de vista financiero, los contribuyentes netos se mostraran más solidarios con los futuros Estados miembros de lo que hacen ahora. 
En el apartado 8 el informe BROK se muestra demasiado exigente con los países candidatos. 
Pedir a las autoridades de la Europa Central y Oriental que resuelvan el complejísimo problema de los gitanos antes de que finalice el presente decenio me parece una exigencia francamente irrealizable, pero no por ello hay que dejar de hacer hincapié en la necesidad de crear una situación viable en la que se permita también a la población romaní que asuma sus responsabilidades. 
Ahora que estamos hablando de los criterios políticos de Copenhague quisiera formular una pregunta al Comisario Verheugen. 
En los países candidatos muchas emisoras de radio profieren peroratas llenas de odio contra los gita y los judíos. 
¿Puede llamar la atención de las autoridades competentes sobre este hecho? 
No olvidemos que la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo constituye un valor básico de los Estados miembros de la Unión Europea. 
. 
(SV) Señor Presidente, he sido diputada a este Parlamento durante siete años y, puesto que he presentado mi candidatura a las elecciones al parlamento sueco que tendrán lugar en el otoño, ésta será mi última intervención. 
La caída del muro y la reunificación de Europa han sido los temas más relevantes de mi quehacer político. 
Como ponente de Estonia es satisfactorio comprobar que, por fin, llegaremos a la meta. 
Estonia, que ha negociado 26 de los 31 capítulos, cumple con todas las condiciones para la adhesión en 2004. 
Estonia es un ejemplo de un país que rápidamente se ha liberado de una larga ocupación y ha recuperado la democracia, al mismo tiempo que ha logrado modificar sus políticas para construir una economía de mercado fuerte, con instituciones que funcionan satisfactoriamente. 
La economía estonia muestra fantásticos resultados y se calcula que el crecimiento de este año será de un 4,5 por ciento. 
La corona estonia estuvo vinculada durante casi diez años al marco alemán y ahora al euro. 
Espero que cuando Estonia se incorpore a la UE continúe con sus esfuerzos para disminuir la burocracia y para mejorar las condiciones para la creación de empresas. 
En este país hay confianza en el futuro y energía para hacer cambios, cosas que se necesitan en la Unión. 
Durante la Presidencia sueca, el gobierno socialdemócrata se jactó de haber conseguido un calendario para la ampliación. 
Sin embargo, la construcción europea no se hace sólo con planes. 
Los calendarios suponen acciones. 
Por eso es vergonzoso que ahora Suecia esté haciendo peligrar el calendario y haga de la política agrícola una condición para la ampliación. 
La política agrícola está experimentando tímidas pero reales reformas, aunque es conveniente que éstas se profundicen. 
Sin embargo, como señaló el representante del Consejo, los países que retardan los trabajos de ampliación fundamentándose en el capítulo de la política agrícola asumen una gran responsabilidad. 
Nada es más importante que el cumplimiento por parte de la UE de sus compromisos y que en Copenhague, en el otoño, se pueda escribir el último capítulo de la reunificación europea. 
Deseo suerte a todos los que tienen el privilegio de trabajar en las diferentes instituciones comunitarias y les doy las gracias por su colaboración durante estos años. 
Señor Presidente, este informe representa, por parte del Parlamento Europeo, un impulso políticamente importante al proceso de ampliación. 
Representa también una señal de aliento en este momento decisivo en el que la Comisión, el Consejo y los Estados miembros, así como los países candidatos, se preparan para abordar las negociaciones relativas a los capítulos más complejos y con mayores consecuencias presupuestarias. 
En efecto, no podemos pasar por alto que los capítulos de la agricultura, la política regional y las disposiciones financieras y presupuestarias abarcan, por sí solos, casi el 80 por ciento del presupuesto comunitario. 
Ésa ha sido, desde luego, la razón que ha movido a la Comisión a proponer con prudencia un sistema de aplicación gradual para las ayudas directas pagadas a los agricultores en el ámbito de la PAC y para la atribución de Fondos estructurales a los nuevos Estados miembros. 
No nos cabe duda de que fueron motivos de la misma naturaleza los que movieron a algunos de los Estados miembros actuales a reclamar una profunda reestructuración de la PAC como condición para la obtención de una posición común de partida de la Unión Europea para las negociaciones del capítulo agrario. 
Si a eso sumamos la necesidad, que resulta evidente para nosotros, de seguir preservando la política de cohesión económica y social entre los actuales Estados miembros, so pena de que la ampliación llegue a agravar las disparidades existentes en la Unión, resulta fácil comprender las palabras, en tono de aviso, pronunciadas esta mañana por el Presidente en ejercicio del Consejo, Ramón de Miguel, a ese respecto. 
La planificación está terminada. 
Por lo que se refiere a la ampliación, ha comenzado la verdadera planificación política. 
Señor Presidente, el hecho más destacado de la actualidad política de Hungría ha sido sin duda las elecciones legislativas del pasado mes de abril. 
El Partido Socialista, en coalición con el Partido Liberal, alcanzó la victoria que le permitió obtener 198 escaños en el Parlamento, frente a los 188 obtenidos por el partido del gobierno anterior. 
Parece seguro que el cambio de gobierno no afectará al objetivo estratégico de Hungría de adherirse a la Unión Europea. 
Los partidos vencedores han apoyado siempre esa aspiración. 
No obstante, teniendo en cuenta las divergencias de opinión entre el gobierno anterior y los vencedores de las elecciones sobre una serie de asuntos (por ejemplo: la ley del estatuto, el diálogo social, los contratos públicos) , no se pueden excluir posibles modificaciones de la posición de Hungría en el proceso de adhesión, si bien no creo que pongan en entredicho ese proceso. 
Desde el punto de vista económico, Hungría continúa una economía de mercado viable y su desempeño económico figura entre los mejores de la región. 
Por otra parte, Hungría ha concluido hasta la fecha 24 capítulos y figura entre los países candidatos más avanzados en las negociaciones. 
En el capítulo de la cultura y del sector audiovisual, me complace hacer constar que el gobierno y la oposición han llegado por fin a un acuerdo sobre la representación de los partidos parlamentarios en el Consejo de Medios de Comunicación Social Públicos- radio y televisión -, lo que permitirá concluir en breve ese capítulo. 
Esperemos- y esperamos- que se corrijan también las disfunciones habidas en la esfera de los contratos públicos y que se cumplan por fin íntegramente las normas de la competencia en los sectores abarcados por ese importante mercado. 
También es muy positivo el fin anunciado para estos próximos días de las cuentas bancarias anónimas, incluso las preexistentes, medida con la cual las autoridades húngaras revelan la consistencia de sus iniciativas contra la corrupción y el blanqueo de capitales. 
Esos avances, sumariamente enumerados, así como la dinámica que revelan, son los que nos permiten mantener una posición optimista respecto de la conclusión de las negociaciones para la adhesión de Hungría a la Unión Europea dentro del calendario previsto y, en consecuencia, ver la presencia de sus 22 diputados en esta Asamblea a partir de la próxima legislatura, en 2004. 
Señor Presidente, señor representante del Presidente del Consejo, señor Comisario, señoras y señores, con 22 capítulos concluidos provisionalmente, Malta ha perdido algo de dinámica en la estadística de las negociaciones, si bien no se puede alegar como único baremo. 
Al igual que en el caso de todos los demás candidatos a la adhesión, no sólo están abiertos capítulos específicos sino naturalmente también los grandes escollos de la agricultura, la política regional y el presupuesto. 
No obstante, el desarrollo económico transcurre favorablemente. 
Se ha podido reducir claramente el déficit presupuestario. 
En lo que se refiere a la aproximación al derecho comunitario y su aplicación, hay que remitirse a los considerables progresos logrados en el derecho laboral, la protección de la salud y la seguridad en el puesto de trabajo. 
En el campo del derecho de competencia son necesarios más esfuerzos para fortalecer la capacidad administrativa. 
Pero Malta no es la única en este tema. 
Sin duda, también es positivo el marco jurídico para las inversiones y el desarrollo de las reestructuraciones de la pequeñas y medianas empresas. 
Hay que constatar déficits en el campo del medio ambiente y en los preparativos para la política regional y agrícola de la UE. 
La Comisión también debe también tener en cuenta aquí las especiales estructuras pequeñas de la agricultura maltesa, las tradiciones fiscales o las condiciones específicas del comercio debido a su situación de isla. 
También deberíamos apoyar la exigencia de Malta de tener seis escaños en el Parlamento Europeo. 
Espero que el proceso de adhesión de Malta gane de nuevo dinámica en los próximos meses y que este país se cuente entre los candidatos del primer grupo cuando la Comisión presente el informe el 16 de octubre de 2002. 
Para finalizar, quiero exponer mi posición como Presidenta de la comisión mixta parlamentaria con la República Checa sobre la cuestión tan explosiva de los decretos Benesch. 
Saludo que el Parlamento Europeo indique que formulaciones discriminatorias que contradicen el acquis communautaire se deben superar a más tardar hasta el momento de la adhesión a la UE y espero que después de las elecciones en la República Checa se pueda solucionar este tema de un modo razonable. 
En lo que se refiere a las cuestiones de la seguridad nuclear, quiero indicar expresamente que el Parlamento Europeo debería mantenerse firme en las fechas de cierre de las centrales nucleares peligrosas y no renovables. 
No sólo Ignalina sino también Kosloduj y Bohunice. 
. (IT) Señor Presidente, Polonia ha hecho grandes progresos en el camino de su regreso a Europa, a costa de grandes sacrificios y corriendo los Gobiernos que han querido y han perseguido este objetivo el riesgo de resultar impopulares. 
Desgraciadamente, en Polonia, al igual que en los demás países candidatos, aceptar compromisos con Bruselas, dar la impresión de ceder es muy negativo, y quien hoy lo hace ha de pagar un precio. 
Y Polonia lo está pagando con un intenso espíritu europeo. 
A este propósito, quisiera subrayar la importancia y la utilidad de la campaña de información sobre la adhesión a Europa, organizada por el Gobierno polaco, una campaña que está dando excelentes resultados y que otros países podrían imitar. 
Asimismo, quisiera respaldar firmemente la denegación por parte de la Comisión y del Consejo- el Comisario Verheugen acaba de hablar de ella- de la petición rusa de pasillos de tránsito desde Kaliningrado. 
Quien conoce la historia de Polonia sabe qué significado tienen los pasillos para este país. 
Señor Presidente, en este marco, por lo general, positivo para Polonia, déjeme expresar una preocupación respecto a los que parecen torpes intentos del actual Gobierno de izquierdas de influir sobre la independencia, de limitar la independencia tanto de la prensa y de la televisión como del Banco nacional de Varsovia. 
Quiero confiar en que el debate actualmente en curso en Polonia sobre estas dos instituciones fundamentales de toda democracia lleve a decisiones que no dañen el gran prestigio del que goza este país en el mundo. 
Por último, quisiera compartir otra preocupación, que también acaba de manifestar el Comisario Verheugen, que nos habla de que corren malos vientos para la ampliación. 
Efectivamente se nota que hay algo malsano en el aire: se enfría el entusiasmo y aquí y allá crecen los partidos antieuropeos. 
Yo creo que tenemos la obligación, debemos doblar realmente nuestros esfuerzos. 
El año pasado Eslovaquia logró importantes avances en el marco de las negociaciones de adhesión a la UE, lo cual es sin duda digno de elogio, sobre todo habida cuenta de los problemas internos sufridos por la coalición de Gobierno de dicho país. 
Desde ayer Eslovaquia encabeza la lista de los países con los que estamos negociando. A la luz del pasado de este país ello debe considerarse un gran éxito. 
Ahora bien, incluso a Eslovaquia le quedan unas cuantas cosas por hacer. Según el calendario correspondiente a este año le espera aún un duro trabajo. 
No son ninguna novedad y en muchos casos afectan asimismo a los demás países candidatos. Se trata de la lucha contra la corrupción, aún demasiado extendida. 
Se trata de mejorar la capacidad de ejecución del Gobierno. En realidad sería deseable que el Parlamento Europeo dedicara una debate específico a este tema. 
Se trata de aportar soluciones inmediatas para los problemas que afectan a los gitanos. 
Se trata asimismo de llevar a cabo una política regional eficaz a fin de reforzar la lucha contra la excesiva tasa de desempleo registrada en ese país. Por último se trata también de incrementar la eficacia de los controles fronterizos con vistas a la futura colaboración en el marco de Schengen. 
En algunos de esos ámbitos hemos puesto el listón muy alto. No exigimos la perfección, pero sí insistimos en la necesidad de progresar hasta alcanzar el nivel medio existente en la actual UE. 
Son los defensores de la ampliación, entre los cuales se sitúa afortunadamente la gran mayoría de este Parlamento, quienes tienen la responsabilidad de examinar minuciosamente a los países candidatos al final del trayecto sobre la base de los criterios establecidos en el pasado. 
En septiembre se celebran elecciones parlamentarias en Eslovaquia y ya se está especulando sobre el resultado de las mismas. 
La decisión está en manos de los ciudadanos eslovacos, pero tal y como sucedió en 1998 en estas elecciones está en juego el futuro de Eslovaquia en Europa. 
Espero que la participación electoral sea lo más elevada posible y confío en que el resultado de las elecciones permita formar un nuevo gobierno dispuesto a proseguir la estrecha colaboración con la Unión Europea iniciada por el actual Gobierno. 
. (IT) Señor Presidente, me parece que el informe Brok constituye una magnífica síntesis y un referente metodológico para futuras operaciones de este tipo. 
La de ahora- la ampliación- cuanto antes se haga, mejor. 
Los políticos de las nuevas democracias y la opinión pública, aunque algo menos en algunos casos, tienen la impresión de que estando en Europa llueve algo menos que estando solos; sin embargo, muchos países pequeños y desarrollados, entre ellos Eslovenia, a veces abrigan temores y ven en la soberanía total un instrumento para limitar los efectos globalizadores de quien es fuerte y de quien es económicamente agresivo. 
Espero que el equilibrado informe Brok contribuya a restablecer una normalidad psicológica y a imaginar que se avanza en la dirección correcta. 
Creo que las líneas generales ya han sido exploradas, y por lo tanto, permítanme que hable sólo de Eslovenia. 
En síntesis, dos son los puntos delicados que le afectan especialmente. 
Eslovenia, considerada uno de los países candidatos mejor preparados, está haciendo esfuerzos para transcribir los capítulos del acervo europeo; sin embargo, en la práctica, los problemas que se plantean son los mismos que hemos leído en otros informes. 
En algunos sectores los esfuerzos dan los resultados esperados, en otros se registran retrasos. 
Ljubljana tendría que cumplir en el plazo previsto los cuatro criterios de Maastricht rebajando la inflación, que no es poco. 
La actualización de los registros catastrales, la privatización de los bancos: todo esto nos da una idea de cierto progreso, en especial el tema de los bancos que nos da una idea de una mayor apertura hacia el exterior. 
La actualización de los registros catastrales debería, en cambio, reducir el número de los pleitos civiles relacionados con la desnacionalización. 
Desde hace algunos años la Unión Europea pide repetida e insistentemente que se aceleren los procedimientos y se eliminen los retrasos en este terreno. 
Bruselas comprende, en cambio, las preocupaciones eslovenas por entrar en la Unión en condiciones desfavorables o hasta incluso como contribuyente neto. 
Las compensaciones demasiado provisionales en la agricultura no son tranquilizadoras. 
Parece ser que se comprende la tesis eslovena según la cual es necesario encontrar mecanismos sólidos para los Fondos estructurales, las subvenciones directas, etcétera. 
Señor Presidente, como observación general, quisiera decir, en primer lugar, que es una pena que no hayamos aprovechado esta gran oportunidad que nos brinda la ampliación para introducir un enfoque más ligero y menos integrador de la cooperación europea, que sea menos oneroso para todos los interesados. 
En cambio, tenemos la enorme carga de la imposición del acervo que crece cada día y del que elementos importantes son pasados por alto incluso por parte de los actuales Estados miembros, por no hablar de los países candidatos. 
Me gustaría asimismo que el informe sobre la ampliación presentado a esta Asamblea siga haciendo referencia a los 13 países candidatos a la adhesión. 
Ello permitirá tratar sobre el progreso de Turquía. 
Tomo nota de las observaciones realistas y al mismo tiempo alentadoras del Sr. de Miguel respecto a Turquía. 
Por otra parte, las negociaciones para llegar a una solución justa, duradera y aceptable para ambas partes de la cuestión chipriota, que la mayoría de nosotros deseamos vivamente, se encuentran en una fase muy delicada. 
Debemos alentar a ambas partes a que asuman los compromisos necesarios para alcanzar dicha solución. 
Como ponente sobre Bulgaria, quiero alabar a dicho país por el progreso constante que está realizando de cara a su ingreso en la UE, con sus logros económicos, sus estrategias para reformar la Administración y el sistema judicial, para resolver con mayor eficacia los problemas de sus minorías, para reforzar sus fronteras y luchar contra la corrupción. 
Ahora debemos trasladar dichas estrategias a una acción más eficaz que produzca resultados tangibles de manera que Bulgaria esté pronto en condiciones de cerrar todas los capítulos de la negociación con vistas a su adhesión en 2007 o 2008. 
Esta perspectiva positiva, con el respaldo de la que debe ser una ayuda de la Unión Europea bien enfocada y bien gestionada, contribuirá a sustentar el apoyo necesario para la modernización de los gobiernos y la reforma de las instituciones públicas en Bulgaria- un apoyo que en estos momentos es precario. 
Debemos enviar una señal positiva a Bulgaria con un road map claro que conduzca a la adhesión. 
Acojo con satisfacción la promesa del Comisario Verheugen de proporcionar ayuda adicional y una estrategia de acercamiento reforzada. 
. (EN) Señor Presidente, Rumania ha realizado un progreso excepcional durante los últimos meses. 
Los formidables esfuerzos del Primer Ministro y su equipo han dado unos resultados loables. 
La adhesión este otoño a la OTAN en Praga ya es cosa segura y las repercusiones de esa gran labor serán muy beneficiosas para la ampliación de la Unión Europea. 
Rumania se encuentra actualmente en una encrucijada. 
Es una nación europea, pero no todas las capas de la sociedad respetan plenamente nuestras normas y nuestros valores fundamentales europeos. 
La firme lucha del Gobierno contra la corrupción se ve dificultada por la falta de recursos financieros, humanos y materiales, con el inevitable efecto de rebote de una baja tasa de absorción de los fondos comunitarios. 
Por tanto, son necesarios nuevos métodos para impulsar el progreso de Rumania en los próximos meses después de la gran explosión. 
Debemos emprender nuevas iniciativas. 
Es imprescindible que el nuevo mapa de Europa que ahora emerge, con su plaga de nacionalismos malsanos, no amenace la entrada de Rumania en la Unión Europea. 
Si la ventana de oportunidades de ampliación comienza a cerrarse, insto a la Unión a que conduzca a Rumania con más rapidez a través de la estrecha brecha de la integración como miembro de pleno derecho de la UE, de manera que no se quede al margen languideciendo. 
Rumania debería tener garantizada su pronta adhesión a pesar de que su acervo comunitario no está del todo completo. 
Sin duda podremos encontrar una fecha de ingreso con el objetivo, digamos, de completar las negociaciones antes de finales de 2006. 
Sin duda eso está dentro de nuestro alcance. 
Bajo Ceausescu, muchos cientos de miles de rumanos demostraron un valor increíble, un valor sustentado en su profundo aferramiento a nuestros valores fundamentales de la verdad, la libertad y el respeto de la dignidad humana de todas las personas. 
Recuerdo que en 1990, las calles principales de Bucarest estaban oscuras, sin alumbrado, y los únicos vehículos que circulaban eran de la policía secreta. 
La semana pasada, esas mismas calles estaban llenas de vida y animación con un enorme comercio internacional, atascos de tráfico, tiendas y oficinas y el bullicio de la vida normal. 
La revolución de Rumania sin derramamiento de sangre le ha conducido hasta el mundo libre. 
Aún le queda camino por recorrer hasta llegar a los que hoy nos encontramos aquí, pero los excepcionales esfuerzos realizados merecen sin duda respuestas excepcionales. 
Felicito a la Comisión, así como a la población de Rumania, los principales artífices del éxito del país, por haber sabido conducirlo hasta este nivel de integración en que hoy se encuentra. 
Espero con interés que en los próximos meses surjan nuevos planteamientos y logros creativos que proporcionen a Rumania las herramientas necesarias para terminar el trabajo. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, desde la perspectiva de la Comisión de Presupuestos hoy queremos mandar dos señales a la Comisión, al Consejo, a la opinión pública europea y a los países candidatos. 
En primer lugar, queremos mostrar claramente que queremos establecer las condiciones previas presupuestarias para que pueda comenzar la ampliación hasta con 10 candidatos el 2004. 
En segundo lugar, queremos decir muy claramente a la Comisión y al Consejo que, de conformidad con artículo 25 del acuerdo interinstitucional y sobre la base del artículo 272, a propuesta de la Comisión, el Parlamento junto con el Consejo van a aprobar la adaptación de las previsiones financieras, además con mayoría cualificada en el Consejo, con una mayoría de miembros de esta Asamblea así como con las tres quintas partes de los votos emitidos. 
Quiero añadir que todos los afectados deben trabajar para que el resultado pueda encontrar al final mayorías tanto en la antigua UE como en los nuevos países. 
Este es un desafío enorme y una obligación para nosotros. 
Las previsiones financieras originarias contienen un marco financiero indicativo para seis nuevos países a partir del 2002. 
Pero este marco debería servir como base para las negociaciones para que se respeten las resoluciones de Berlín, la Agenda 2000 y el acquis communautaire. 
Partiendo de las resoluciones del Pleno de septiembre de 2001, saludamos expresamente el enfoque de la integración gradual en la política agraria y estructural, teniendo en cuenta sencillamente la experiencia de la preadhesión, la disciplina presupuestaria, las normas de la OMC y también en base de la situación interna de los países candidatos. 
También saludamos que las ayudas existentes en la agricultura para los nuevos países se adapten hasta el 2013 al 100% del nivel de las ayudas que entonces sea aplicable. 
Está claro que es necesario hablar ya hoy sobre el posterior desarrollo de la Unión después del 2006. 
¿Habrá una prórroga o una nueva redacción de las previsiones financieras? 
¿Cómo se va a proseguir con la política agrícola, los pagos directos, las áreas rurales y las nuevas exigencias de la sociedad teniendo en cuenta la competitividad internacional y la OMC? 
La cuestión del inicio de una amplia reforma de los mecanismos de los fondos estructurales en base a la experiencia de la absorción, la simplificación de los procedimientos y una mayor consideración de las características in situ- todo esto es necesario. 
Me remito a lo que ha dicho la Presidencia: no sobrecarguemos las negociaciones para la adhesión y recapacitemos de nuevo. 
Adoptar hoy ya resoluciones para el tiempo posterior al 2006 significa también adelantarse a las recomendaciones de la Convención de cara a la futura Constitución de la Unión Europea y esto no me parece aceptable. 
El método simplificado de los pagos directos en la agricultura, también la consideración de una ayuda especial a través de un fondo de cohesión administrado por separado con condiciones especialmente favorables para los nuevos países, es el enfoque correcto. 
Pero quiero añadir lo siguiente: junto a la mejora de la utilización de los fondos estructurales en los países candidatos hay que hablar también sobre un phasing out de las condiciones especiales. 
Queremos apoyar expresamente lo que ha dicho el Sr. Verheugen en lo tocante a las ayudas a los nuevos países para mejorar la administración y el cierre de las centrales nucleares, unido también a criterios de cierre definitivo como condición previa para dicha ayuda. 
Nuevos miembros, esto significa al mismo tiempo nuevas fronteras exteriores y nuevos interlocutores en las fronteras exteriores. Con ello, se plantean nuevas cuestiones de cara a la cooperación transfronteriza y a la política exterior de la Unión Europea así como también repercusiones sobre la Categoría IV del presupuesto, por lo que deseamos ser consultados a tiempo sobre estas cuestiones. 
Una compensación financiera para los países candidatos como importe global limitado y degresivo a reflejar en el lado del Haber para impedir durante los primeros años una situación de contribuyente neto, es algo que vamos a apoyar en cualquier caso. 
Naturalmente, preocupa que los costes administrativos lleguen posiblemente al límite superior de las previsiones financieras y deberemos comprobar si estamos en situación de respetar este límite mediante el disciplinamiento de los procesos laborales y de las competencias o si tendremos que recurrir a lo que la Comisión ha indicado con unos 500 ó 600 millones de euros en los primeros años como costes adicionales en este campo. 
Para finalizar, quiero referirme a un punto muy importante. 
Si hay llamados países contribuyentes netos que creen que ya hoy habría que determinar las líneas maestras para el tiempo posterior al 2006 en todos los campos políticos, quiero recordar que unas nuevas previsiones financieras, sean como sean, se acuerdan a la postre unánimemente. De este modo se aclara que también para el futuro, sobre la base de las propuestas de la Comisión para el proceso de ampliación, se tiene la posibilidad de garantizar la disciplina presupuestaria y, al mismo tiempo, se tiene la responsabilidad de encontrar un equilibrio en este proceso de negociación en interés de los antiguos Estados miembros, pero también una solución que tenga en cuenta los intereses justificados de los países candidatos. 
Todos debemos ponernos a trabajar en este sentido. 
Señor Presidente, señoras y señores, la próxima ampliación sobre la que hablamos aquí plantea naturalmente a la Unión Europea un desafío sin igual. 
El número de miembros casi se va a duplicar. 
La población de la UE crecerá casi en un 50%. 
Pero lo que no aumentará sensiblemente es el producto interior bruto de esta nueva UE. 
Aumentará sólo en aproximadamente un 10%. 
La diferencia de bienestar entre la actual UE de los 15 y los Estados candidatos es enorme. 
Esta ampliación va a ir unida para todos nosotros a grandes cargas. 
Pero estamos de acuerdo: ¿qué importancia tiene esto ante la oportunidad histórica de lograr la unificación política y económica de Europa en paz y democracia, con estabilidad política y económica? 
Sin embargo, ya ahora, muchas de las regiones limítrofes con nuestros países candidatos sienten los ecos de la ampliación. 
Son precisamente estas regiones fronterizas las que se van a ver confrontadas muy directamente a una carga enorme como consecuencia de la ampliación de la Unión, regiones que deben soportar la carga principal en nuestro nombre. 
Estas regiones fronterizas precisan de nuestra solidaridad. 
Tenemos que ayudarlas a superar esta difícil situación. 
Sin duda, no todas las regiones fronterizas son iguales. 
Pues a unas les va mejor y a otras peor. 
Pero a muchas no les va especialmente bien desde hace mucho tiempo. 
Estas regiones se han encontrado durante muchos decenios en una situación periférica absoluta, desde nuestra perspectiva casi al final del mundo. 
No es ninguna situación atractiva, lo que describe por lo demás el hecho de que toda una serie de estas regiones siguen siendo territorios "objetivo" 1 para las ayudas. 
Siguen teniendo un gran déficit respecto a la media de la UE. 
¿Qué es lo que caracteriza la situación en estas difíciles regiones fronterizas? 
Elevado desempleo, ausencia de perspectivas que llega hasta la resignación, emigración de los jóvenes, deterioro de los núcleos urbanos y de los pueblos en las áreas rurales y, en consecuencia, pérdidas de infraestructura pues ¿quién piensa, por ejemplo, en ampliar las vías de transporte si parece que ya nadie las necesita? 
Como consecuencia de la pérdida de infraestructuras se origina también una pérdida de calidad de emplazamiento, de atractivo para la calidad de vida: un círculo vicioso. 
Adicionalmente, la confrontación con la competencia de las regiones candidatas a la adhesión que se orientan justificadamente hacia el oeste y que se encuentran al otro lado de sus fronteras. 
Es un hecho que estas fronteras son ya desde hace mucho tiempo semipermeables. 
No es esta necesariamente una competencia justa, pues sabemos lo grande que es la diferencia de bienestar entre estas regiones vecinas a un lado y otro de las fronteras. Esto significa unos costes de vida, laborales y sociales totalmente diferentes y también durante mucho tiempo unos estándares medioambientales muy diferentes. 
Una situación fuertemente distorsionante de la competencia que es especialmente difícil para las pequeñas y medianas empresas artesanales y de servicios. 
Este fue para mí un motivo para dedicar una atención especial al apoyo a las PYMES en las regiones fronterizas. 
Incluso habría creado gustosamente una propia línea presupuestaria para garantizar realmente este apoyo. 
Sin embargo, tuve que reconocer que esta posición no podía obtener una mayoría, pues también es cierto que la creación de un nuevo instrumento de ayuda precisa de mucho tiempo. 
Las PYMES afectadas no disponen de este tiempo. 
Precisan ayuda con rapidez. 
Por ello, he renunciado finalmente a la aplicación de mi idea y me he mostrado de acuerdo en recurrir a acreditados instrumentos de ayuda como INTERREG. 
Finalmente, he ganado asimismo la sensación de que la Comisión reconoce la absoluta necesidad de apoyar fuertemente a las pequeñas y medianas empresas en las regiones fronterizas problemáticas. 
También deberíamos reconocer la necesidad de medidas transitorias limitadas temporalmente para la libertad de prestación de servicios y de circulación de trabajadores. 
Es necesaria una apertura paulatina, un modo de proceder precavido. 
Las enmiendas ahora presentadas que niegan esa necesidad, no cuentan por ello naturalmente con mi apoyo. 
Por lo demás, también hay que decir que nos ocupamos muy tarde de nuestras regiones fronterizas y además con unos recursos financieros totalmente insuficientes. 
Mi informe también describe esto. 
No sería justo promover con la mayor parte de esta reducida dotación de créditos la ampliación de las redes transeuropeas. 
Estas redes son de interés global europeo. 
Las regiones fronterizas se benefician sólo indirectamente de ello. En las regiones fronterizas se necesitan conexiones de tráfico regionales. 
Aquí no hay aún casi nada. 
Lo que iniciamos ahora con esta medida comunitaria para las regiones fronterizas es realmente sólo un comienzo, un primer paso. 
Debemos ser conscientes del hecho de que la reducción de las carencias existentes es una tarea de generaciones. 
Tienen que seguir pues otras medidas. 
Naturalmente, con la ampliación las regiones fronterizas se desplazan al centro de Europa y esto ofrece enormes posibilidades para el futuro. 
Existe la posibilidad de convertirse en región modelo de la cooperación europea, es cierto, pero sólo dentro de muchos años. 
Mandemos una señal aprobando este informe con un amplio voto favorable de esta Asamblea. 
Una señal para las ciudadanas y ciudadanos en esas difíciles regiones de que no los sacrificamos con la ampliación y que no los dejamos abandonados sino que les damos la mano para recorrer juntos el camino de un buen futuro. 
. (IT) Señor Presidente, tras los buenos propósitos de una Europa que soñamos, pasemos ahora a las malas noticias de la Europa que somos, dado que el informe sobre el que soy ponente examina tres informes anuales de la Comisión correspondientes al año 2000: sobre los Fondos estructurales, sobre el Fondo de cohesión y sobre el instrumento de la política estructural de preadhesión. 
De haber estado presente el Comisario Barnier responsable de la Política Regional, me hubiera gustado leerle lo que nos dijo en este Pleno durante el año 2000. 
Pero como no está, lo dejo correr. 
El año 2000 fue el primer año en el que se aplicó la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y del Fondo de cohesión prevista en los Reglamentos aprobados en 1999. 
A la vista del informe de la propia Comisión y de los informes tanto anuales como especiales del Tribunal de Cuentas, comprobamos que la simplificación y la aceleración de los procedimientos de ejecución de los Fondos estructurales, prometidas por la Comisión en la Agenda 2000 y puestas en práctica con la adopción de los nuevos Reglamentos, no surtieron efecto alguno. 
Como ha sido indicado por la misma Comisión, en lo que hace referencia a los plazos de ejecución del conjunto de todos los objetivos de los Fondos estructurales, hay los mismos retrasos que los registrados en 1994. 
Sólo gracias a los mecanismos de anticipo del 7% y del compromiso anual automático, fue posible comprometer el 13% de los fondos y pagar el 5%. 
Si consideramos el conjunto de todos los objetivos de las iniciativas comunitarias y de las acciones innovadoras, se comprometió tan sólo el 58% de los recursos disponibles para el año 2000; por no hablar de la situación de las nuevas iniciativas comunitarias que es realmente increíble. 
A pesar de haber concentrado y simplificado las iniciativas comunitarias, puesto que de esta manera debían garantizar una mayor eficacia, y de haberlas reducido a cuatro, LEADER, INTERREG, EQUAL y URBAN, la ejecución del presupuesto fue del 0% tanto para los compromisos como para los pagos, ya que no se aprobó ninguna intervención. 
Además, las orientaciones para las acciones innovadoras se aprobaron sólo a principios del año 2001. 
A la vista de estos datos, es obvio que nos preguntemos, sólo retóricamente, si las nuevas reglas de la programación permiten realmente garantizar la transparencia de la gestión del presupuesto y evitar la falta de liquidez. 
No podemos dejar de expresar nuestro temor de que los retrasos acumulados en el año 2000 en la aplicación de los recursos de los Fondos estructurales y del Fondo de cohesión afecten a la garantía del cumplimiento de los objetivos fijados para el período crucial 2000-2006. 
Por no hablar de las intervenciones de los períodos anteriores. 
Nos hemos enterado con sorpresa que, once años después del cierre de los compromisos y nueve años después de la última fecha para efectuar los pagos, al final del año 2000, seguían abiertos nada menos que 35 programas, anteriores a 1989. 
Por otra parte, también para el período 1989-1993, seguían abiertos nada menos que 73 programas operativos. 
¿Que podemos decir? 
Comprobamos que los plazos improrrogables y la amenaza de rigurosas medidas coercitivas que fueron propuestas por la Comisión en reiteradas ocasiones, no se han cumplido una vez más. 
Pasemos ahora al control y a la evaluación. 
El Tribunal de Cuentas, en su informe anual para el año 2000 y en el informe especial del año 2001, ha puesto en evidencia faltas graves y a veces persistentes en los sistemas de gestión y de control de la Comisión y de los Estados miembros. 
El nivel de los errores observados en las declaraciones para los pagos intermedios no cambia respecto a los ejercicios anteriores y los errores más frecuentes son los mismos que los observados en el pasado en muchos Estados. 
Por último, estamos de acuerdo con el dictamen del Tribunal de Cuentas según el cual los controles se deberían ajustar a normas aceptadas a escala internacional que establezcan, además, que quien efectúa los controles debe ser independiente de quien ejecuta el proyecto, cosa que hoy no ocurre. 
Concluyo con el ISPA que, aparentemente, debería ser el motivo por el cual mi informe se ha metido en el mismo saco de la ampliación. 
Tomamos nota de que la Comisión ha comprometido alrededor de un tercio de los fondos previstos para el año 2000 en el primer año de programación y confiamos en que la ejecución se pueda incrementar ostensiblemente, al objeto de garantizar la plena utilización de estos recursos, fundamentales para el desarrollo equilibrado de los países candidatos. 
Para terminar, estoy verdaderamente asombrado porque, al hablar de la ampliación, al hablar de Hungría, ni un solo diputado ha puesto de relieve que, el 7 de septiembre de 2001, Hungría aparecía en la lista actualizada de los países y territorios no cooperantes con el GAFI, o sea, el grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales: grupo que forma parte de la OCDE, organismo, este último, al que pertenece también la Unión Europea. 
Pues bien, no nos hemos dado cuenta de lo que pasaba en Hungría: continuemos haciendo como que todo va bien y que la Europa que soñamos será mejor que la actual y que la Europa de la que les he informado. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, antes de referirme al informe SAPARD en este debate, quiero decir unas pocas palabras sobre las negociaciones para la ampliación. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento apoya expresamente la línea de negociaciones de la Comisión con los candidatos a la adhesión en el sector agrario. 
Apelamos al Consejo y en especial a algunos Estados miembros para que apoyen a la Comisión en su línea de negociación en el sector agrario. 
Como muchos saben, en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural soy desde hace muchos años un partidario decidido de las reformas. 
Va a seguir siendo así y esperamos con atención la presentación de la correspondiente comunicación de la Comisión. 
Sin embargo, una cosa tiene que estar clara. El debate sobre las reformas no debe interferir en las negociaciones sobre la adhesión. 
No se deben hacer ahora constataciones apresuradas que retrasarían las negociaciones de adhesión bajo determinadas circunstancias. 
A la inversa, también es aplicable que las negociaciones para la adhesión y las exigencias que van a plantear comprensiblemente los países candidatos no deben interferir en el debate sobre las reformas. 
Van a transcurrir paralelamente, pero no pueden bloquearse recíprocamente. Consideramos esto como un punto muy importante. 
Naturalmente, hay disputas, algunos Estados miembros no quieren en absoluto ningún pago directo y a los países que van a venir les gustaría el 100% -lo digo dirigiéndome a estos países- y estarán agradecidos a la Comisión por su propuesta. 
Respecto a SAPARD: mientras discutimos en las negociaciones para la adhesión sobre el importe de los pagos, no agotamos las posibilidades de las ayudas a la preadhesión de SAPARD. 
Desplazamos grandes sumas delante de nosotros como con una pala quitanieves. 
Naturalmente, esto tiene sus motivos. 
No se trata aquí de echar las culpas a nadie pero sí hay que realizar un claro análisis de las causas y qué es lo que aún podemos hacer. 
Por supuesto, la gestión descentralizada de programas que se ha elegido es una gestión muy exigente. 
Sin duda, habría llegado con mayor rapidez dinero a los proyectos si hubiésemos partido de una administración central y una gestión por parte de la Comisión. Esto no se ha hecho por buenos motivos. 
Pero tenemos que reconocer que deberíamos haber sabido que esta generosa actitud concediendo una responsabilidad propia mayor y descentralizada a los países candidatos no aporta el éxito rápido deseado. 
Esperamos que precisamente este año se logre un impulso. 
Pero, por desgracia, no vamos a poder recuperar el tiempo perdido. 
Por ello, el año pasado, en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural recomendamos a la Comisión que ya que configuramos la gestión de los programas de modo que a la postre contenga también un efecto de aprendizaje para el tiempo posterior a la adhesión, ¿porqué no aplicamos también otros elementos de lo que hemos practicado con éxito en la Unión de los quince en el área rural? 
¿Porqué no introducir un programa similar a Leader, que hemos rebautizado con el nombre de INPARD? 
Naturalmente, a este deseo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se opondrá: queridos amigos, para ello es ya demasiado tarde y no tenemos el fundamento jurídico adecuado. 
Un argumento muy usado por la Comisión cuando no quiere algo. 
Puede ser que si activamos ahora con un programa similar a Leader las organizaciones y la población y desarrollamos nosotros mismos ideas creativas en el área rural, probablemente sólo pueda ponerse en marcha cuando sean miembros plenos. 
Pero incluso en este caso habríamos ganado tiempo si intentamos comprometerles de este modo. 
Y quizás tendríamos la oportunidad mediante un programa así de que todo el dinero perdido retornase de nuevo a las cajas de los ministros de Hacienda. 
No todos estamos satisfechos, lo sabemos. 
La Comisión tampoco puede estar satisfecha con que los créditos de SAPARD no han fluido del modo que habíamos deseado. 
Pero esto nos permite al menos calentar las calderas en los últimos metros para que se vea algo, que todos los Estados candidatos- hay diferencias en este programa SAPARD en los diferentes países candidatos- experimenten Europa y que el dinero que es urgentemente necesario también para la repoblación forestal, en el sector de los mataderos, de las centrales lecheras, les ayude a producir la calidad para que los productos sean vendibles en el propio mercado europeo. 
También hay que indicar claramente a estos países candidatos que aquí no se trata sólo de la calidad que tienen que suministrar al mercado de la UE cuando sean miembros plenos. 
En la producción de productos agrícolas no podemos hacer diferencias de calidad en función de si están destinados al mercado interior o a la exportación. 
Entonces ya no es válida la excusa de algunos países candidatos de que no nos incomodemos pues no exportan actualmente a la UE y que incluso compran en Ucrania y en Rusia. 
No podemos permitirlo. 
Necesitamos dinero y ayuda rápida. 
El dinero que se gaste ahora con SAPARD y otros programas en los países candidatos nos ahorrará después dinero cuando sean miembros plenos. 
Intentemos hacer lo mejor de ello. 
. 
(SV) Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, a veces pienso que deberíamos detenernos un momento, pellizcarnos en el brazo y reflexionar sobre el gran privilegio que representa poder trabajar con los asuntos europeos en este momento. 
Unir a Europa, incorporar, por fin, a los países de Europa del Este en la Unión Europea, es el reto histórico de nuestra era. 
A veces me parece algo irreal, ya que durante mucho tiempo me he acostumbrado a la existencia de una línea divisoria a lo largo de Europa, que sería eterna. 
Felizmente no ha sido así. 
Ahora, en cambio, pienso que hemos esperado demasiado tiempo, ya han pasado muchos años desde que desapareció esa línea divisoria. 
Como señaló el señor Brok, ya no hay justificación para retardar la unificación. 
Todos los estados han tenido siempre el afán de proporcionar a sus pueblos alimentos nutritivos y sanos. 
Por esa razón la política agrícola y de alimentos desempeña un papel preponderante, tanto en las regiones del mundo donde abundan los alimentos como en las que éstos escasean. 
La política agrícola es el nudo gordiano de las negociaciones de adhesión. 
La Unión no puede satisfacer todos los deseos de los países candidatos. 
No obstante, en las negociaciones hay que crear una sensación de comprensión y comunidad en el marco de los compromisos políticos y económicos a largo plazo de la UE. 
El Consejo (asuntos generales) no pudo lograr unanimidad en relación con los pagos directos. 
Quisiera declarar en esta oportunidad que no respaldo la postura del gobierno sueco sino que apoyo el criterio de la Unión en torno al pago de las ayudas directas. 
En nuestro informe proponemos que la Comisión ayude y respalde los trabajos de adhesión de Rumania y de Bulgaria. 
Por eso doy las gracias al Comisario por haber declarado su conformidad desde el comienzo. 
Es alentador cuando nuestros esfuerzos son coincidentes. 
También nos ocupamos de algunos aspectos que podrían suavizar las negociaciones. 
Es posible que la Comisión ya haya pensado en esto. 
En cuanto a la fijación de cuotas y volúmenes, opinamos que hay que considerar la situación de los países candidatos durante el período de referencia, su potencial productivo y el desarrollo de su consumo en el marco de las cuotas y volúmenes propuestos por la Comisión. 
Pensamos que no hay que perjudicar a los países que durante todos estos años, por diferentes razones, han sometido su agricultura a los rigores del mercado. 
Además, debería estar permitido sobrepasar este nivel a los países con pocas ayudas directas antes de la adhesión. 
No creo que esto pueda aplicarse de manera general, ya que es razonable no permitir aumentos que rebasen los niveles anteriores. 
Sin embargo, debería existir una posibilidad- un espacio para la discusión en los casos en que la economía lo permita y que la competencia no se vea afectada- de sobrepasar ese nivel. 
Habida cuenta de que los países candidatos están en un período de grandes cambios, sería adecuado estudiar, después de un tiempo, la mejor aplicación de la política agrícola. 
El Presidente del Consejo tiene razón cuando dice que la ampliación es una cosa y la política agrícola otra diferente. 
Sin embargo, ambas cosas están relacionadas y pensamos que convendría que los países candidatos y los países de la UE empezasen inmediatamente a conversar sobre la futura política agrícola. 
Somos conscientes de que esta política debe ser reformada y un diálogo de esta naturaleza quizás facilitaría la aceptación por parte de los países candidatos. 
En conformidad con las discusiones que están teniendo lugar en la Conferencia Mundial de Alimentos y con los deseos de la OMC, creo que la UE tiene gran interés en poder vender sus alimentos en un mercado mundial que funcione adecuadamente. 
Esperamos que también sea posible utilizar el potencial productivo. 
Quisiera hacer una recomendación al Consejo y a la Comisión: Negocien con conocimientos, sensibilidad y amor y así obtendremos buenos resultados. 
Muchas gracias, señora Presidenta. El presente ' debate? pone de manifiesto el abismo que media entre Europa y sus ciudadanos. 
Sabemos muy bien que las ayudas públicas destinadas a la ampliación son francamente escasas, pero pese a ello aquí apenas se escuchan voces críticas. 
Ello demuestra que estamos ante el enésimo proyecto europeo impuesto por la élite europea sin que se abra un diálogo honesto y transparente con los ciudadanos, que están realmente preocupados. 
Señores del Consejo y de la Comisión, con ello no me refiero únicamente a unos cuantos individuos populistas y antieuropeos de derechas, sino a muchos ciudadanos normales y corrientes que sienten una profunda preocupación. 
A fin de dar un impulso a ese diálogo honesto el Grupo Liberal formula la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que la UE conceda asilo a los ciudadanos procedentes de los países con los cuales estamos negociando? O bien son países seguros y en ese caso no acogemos a solicitantes de asilo, o bien son países poco seguros y en ese caso hemos de llamarlos al orden instándoles a que cumplan los criterios políticos. 
El Grupo Liberal se toma muy en serio los preceptos en materia de asilo contenidos en la Convención de Ginebra. 
Abogamos por una política humana y justa. 
¿Cómo podemos garantizar el respeto de este principio después de la ampliación? 
Ésa es nuestra pregunta. 
Señora Presidenta, hoy hablamos una vez más del inminente cumplimiento de un profundo deseo. 
Muchos son conscientes de ello. 
Otros prefieren aprovecharse de la inseguridad, el temor y el supuesto descontento. 
Más que nunca los políticos tienen la responsabilidad de no caer en la tentación de dejarse llevar por el camino del populismo. 
Nos corresponde a nosotros y a los medios de comunicación ofrecer a los ciudadanos una imagen fidedigna de la realidad, independientemente de lo que ganemos con ello. El Parlamento y la Comisión están en grandes líneas de acuerdo sobre la política que ha de aplicarse. 
Muy en especial quisiera dar las gracias al Comisario Verheugen por su discurso altamente comprometido. 
Su actuación se ha caracterizado en todo momento por una gran seriedad, un enorme espíritu crítico y un manifiesto sentido de la responsabilidad ante la Unión Europea y los países candidatos. 
Esto es lo que deseaba el Parlamento y lo que se ha venido haciendo durante todos estos años. 
La evaluación de los progresos y los defectos de los países candidatos ha destacado siempre por su claridad y su minuciosidad. 
En aras a la satisfactoria culminación del proceso de ampliación hemos explicamos una y otra vez a nuestros amigos de los países candidatos que necesitamos saber dónde están los problemas, ya que esta información nos permite desarrollar una política más eficaz. 
Señalamos que queda aún mucho por hacer en el ámbito de las libertades públicas. 
Está plenamente justificado que el Estado de derecho se considere como una prioridad absoluta. 
Se ha invertido y se sigue invirtiendo mucho dinero en las medidas destinadas a reforzar la capacidad de las autoridades para cumplir y aplicar las modificaciones introducidas en su legislación. 
La reciente comunicación de la Comisión sobre la capacidad administrativa y judicial llama la atención sobre toda una serie de tareas pendientes. 
Pregunto al Comisario si será posible llevar a buen término las adaptaciones necesarias y la consolidación del Estado de derecho con la debida antelación para que los países candidatos puedan funcionar correctamente dentro de un año y medio o dos años. 
En el futuro le espera al Comisario, en concreto al Comisario de Justicia y Asuntos Interiores, otra tarea importante puesto que debe vigilar y garantizar el buen funcionamiento de los nuevos Estados miembros. 
Es probable que en este terreno tengamos que sacar más tarjetas amarillas de las que acostumbrábamos mostrar en el pasado. 
La idea de eternizar la política de trastienda nombrando a un alto funcionario para esta política en el seno del Consejo me resulta difícil de entender. 
Es una bofetada para la Comisión y el Parlamento. 
Daríamos mal ejemplo a los países candidatos. 
No cabe duda de que el Consejo desea evitar todo control parlamentario empezando por la posible destitución de un funcionario político. 
Por último, señora Presidenta, quisiera señalar que en algunos países se baraja la posibilidad de organizar un referéndum. 
Tal vez ello hubiera sido oportuno al comienzo de todo el proceso, pero en aquel entonces las encuestas eran tan positivas que nadie ponía en duda que el ciudadano europeo estuviera a favor de la ampliación, como una forma de pagar nuestra deuda de honor con la Europa Central. 
Sería extraño que se realizara una encuesta en este momento puesto que ello causaría la impresión de que tras tantos esfuerzos- a menudo impopulares- y una vez cumplidas todas las condiciones existiría la posibilidad de que los Estados miembros pusieran el veto a través de un referéndum difícil de interpretar. 
Por eso creo que nosotros, como políticos, debemos buscar el camino para llegar a los ciudadanos como hemos hecho siempre, con el espíritu crítico que nos es propio. 
Señora Presidenta, cada línea de la importante opinión de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, valerosamente elaborado por el Sr. Oostlander y la Sra. Beger, representa para nosotros una preocupación y una angustia: de la falta de independencia del sistema judicial en relación con el poder a la situación de las minorías, del acceso limitado a la justicia a la impunidad de delitos y actos de violencia, de las persecuciones religiosas a las discriminaciones de los homosexuales, del tráfico de seres humanos a la delincuencia organizada, a la corrupción policial, a la desorganización de las fronteras, de la frágil independencia de los periodistas a la debilidad del sistema judicial: son todos problemas respecto de los cuales los avances son desafortunada y prácticamente imperceptibles. 
No por culpa de Europa, pues tan sólo este año gastaremos 1.000 millones de euros en el intento acelerado de lograr que la maquinaria jurídico-administrativa de los países candidatos mejore esos calamitosos índices. 
Como estableció la doctrina de Copenhague, en materia de libertad, democracia y derechos humanos no hay excepciones, períodos transitorios ni Europa à la carte. 
En este caso, señora Presidenta, se trata de tomarlo o dejarlo. 
Esperemos que lo tomen y de la mejor manera. 
. (FR) Señora Presidenta, mencionaré, en un minuto, cinco puntos para recordar la posición de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Primero, nuestra preocupación en cuanto al informe de evaluación que hemos solicitado a la Comisión sobre el estado y las necesidades de los países candidatos en materia de servicios de interés general. 
En segundo lugar, la idea de que, tratándose de los países candidatos, debemos examinar su capacidad económica con cierta flexibilidad, teniendo en cuenta la necesidad de crear en ellos las condiciones de un crecimiento económico a la vez sostenido y sostenible. 
A continuación, nuestra preocupación, asimismo, en cuanto a la lucha contra el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales, lo que constituye, en nuestra opinión, una verdadera condición previa a la adhesión, que otros oradores han mencionado antes que yo. 
Por otro lado, la necesidad de incitar a dichos países a una mayor cooperación regional, y, finalmente, la idea de que la adhesión de estos países a la Unión les permitirá realizar con mayor facilidad los objetivos de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior se alegra mucho de que se hayan negociado ya con éxito los capítulos que se refieren al mercado interior y capítulos emparentados. 
Podemos decir hoy por ello que el mercado interior ya existe. 
Sin embargo, seguimos teniendo preocupaciones por las carencias existentes en el sistema administrativo y de la Justicia en los futuros Estados miembros. 
Voy a informarles sobre algo que he visto el fin de semana en Praga. La inscripción de una sociedad comercial extranjera en el Registro Mercantil checo dura aproximadamente un año, excepto si se invierten 2.000 euros. 
En el marcado interior no puede surgir una divergencia entre los derechos y deberes a causa de una aplicación insuficiente de los estándares de medio ambiente, sociales y del consumidor. 
Necesitamos una competencia leal también en el mercado interior ampliado. 
Muchas gracias a la Sra. Sommer por su informe. 
Es un fuerte impulso para una cooperación fructífera y crecimiento conjunto en el punto de intersección entre el Este y el Oeste, en las regiones fronterizas. 
Apoyamos decididamente la prioridad que se da a las PYMES y esperamos que se lleve asimismo a la práctica en las próximas licitaciones. 
Señora Presidenta, señoras y señores, he tenido que redactar un informe horizontal sobre política industrial, investigación, energía y economía exterior para 12 países candidatos. 
Ha sido bastante difícil. Es imposible exponerlo aquí en un minuto. 
Por ello, me remito a la exposición de motivos de mi informe. 
Quien esté interesado, puede mirar allí. 
Permítanme referirme a una cuestión que me interesa muy especialmente e indicar con algo más de detalle que mi colega Willi Görlach que, ante el trasfondo de que provengo de una región que es parte de la Unión Europea desde 1990 y ha experimentado mucha solidaridad en los 12 últimos años, puedo apreciar muy bien qué esfuerzos han realizado los países candidatos, sobre todo los de la Europa Central y Oriental, para poder adherirse. 
Quiero exigir también de nosotros, de la Unión Europea, en especial del Consejo y muy en concreto de dos países que han sido siempre el motor en esta Unión, Alemania y Francia, que quiten lo antes posible las piedras que se encuentran en el camino para la unificación con esos países y me permitan a mí y a nosotros hacer campaña electoral europea el 2004 a un lado y otro del Oder y del Neiße. 
Muchas gracias, señora Presidenta, yo también les remito a mi informe y quisiera destacar dos puntos. 
El primero concierne a la elevada tasa de empleo que afecta a algunos países candidatos. 
En Polonia, por ejemplo, el desempleo se sitúa en el 19% y de ahí no baja. 
Por tanto, es fundamental que se preste ayuda a las regiones más afectadas y que los inversores particulares hagan un esfuerzo especial. Deberían invertir asimismo en cursos de formación y reciclaje. 
Insto a la Comisión a que suscriba nuestro llamamiento en este sentido. 
El segundo punto tiene que ver con el miedo de nuestros propios ciudadanos a perder su empleo como consecuencia de los grandes flujos de inmigración procedentes de los países candidatos. 
Hay que erradicar este temor. 
Para ello disponemos de una batería de argumentos. 
Los países candidatos experimentan un fuerte crecimiento económico y podrán acoger a sus propios ciudadanos. 
El sueldo medio mensual en los países candidatos a la adhesión va en aumento y la exportación desde nuestros países crece más que la importación desde los países candidatos. 
Bélgica, por ejemplo, registra una subida anual del 15%. 
Además, todas las estadísticas demuestran que la inmigración hacia la Unión Europea es limitada. 
Señor Comisario, usted ha hecho un buen trabajo en la Cumbre de los empresarios. 
Muchos datos han llegado a los medios de comunicación, lo cual es muy importante para que podamos disipar el miedo de nuestros ciudadanos. 
Le ruego que siga por este camino y que aplique este método a todos los asuntos sociales. 
. (EN) Señora Presidenta, cuando nos encontramos en una destartalada fábrica de amianto polaca, y sentimos su gusto en el paladar, cuando asistimos a un debate en Malta sobre la eliminación de residuos en su pequeña isla que está formada por roca dura, y cuando en Bulgaria visitamos un patio donde los reclusos con trastornos mentales hacen ejercicios durante una hora al día, vemos algunos de los retos que parte de nuestra familia europea deberá superar en sus esfuerzos por integrarse en la Unión Europea y adoptar nuestro acervo comunitario. 
Los informes de nuestra Comisión de Medio Ambiente sobre la ampliación hacen hincapié en las preocupaciones por la seguridad nuclear, por las montañas de pesticidas caducados, por la seguridad alimentaria humana y animal, por la protección del hábitat y de las aves silvestres y por los derechos humanos en las instituciones para enfermos mentales. 
Queremos que se cumpla el acervo, pero comprendemos que el acervo incluye algunas normas que todos intentamos cumplir. 
Queremos que los países candidatos tengan acceso al asesoramiento y a la ayuda de especialistas y a los fondos de que nosotros disponemos, como Estados miembros, que les permitan hacer frente a las obligaciones que les imponemos, y pedimos a la Comisión que garantice que no exigiremos a los países candidatos el cumplimiento de unas normas que nuestros propios Estados miembros no cumplen. 
Señora Presidenta, quería impresionar al Comisario Fischler, pero por desgracia no está presente. 
Pero si todo transcurre según el plan, a final de año podremos pescar excepcionalmente un pez gordo. 
En la ampliación, la pesca va por delante también excepcionalmente de la agricultura. 
El capítulo "pesca" se ha podido concluir ya con todos los candidatos si bien con limitaciones en el caso de Polonia y Malta. 
Pero también aquí se muestran evoluciones satisfactorias después de que, por ejemplo, Polonia ha retirado su exigencia de derechos especiales de acceso. 
Con la ampliación la línea costera se va a prolongar considerablemente y va aumentar el número de actores interesados en la pesca. 
No caben esperar en la vida cotidiana unos problemas insolubles, pero puede haber dificultades que tienen que solucionarse. 
Faltan en especial unas estructuras administrativas más efectivas, un registro unitario, controles eficaces, unos estándares de higiene y medioambientales realmente adaptados así como medidas contra las banderas de conveniencia. 
Debemos controlar esto. 
Tengo confianza en que podremos solucionar estos problemas conjuntamente para colocar las velas de una pesca europea ampliada. 
. (EN) Señora Presidenta, mi opinión trata principalmente sobre el progreso técnico de las negociaciones de la Comisión con los países candidatos sobre los capítulos pertinentes, pero también hace un llamamiento al Consejo y a la Comisión para que intensifiquen sus esfuerzos con vistas a sensibilizar a la opinión pública. 
Me pregunto si el Ministro de Miguel y el Comisario Verheugen harán referencia en sus respuestas al debate al progreso realizado en lo relativo a la opinión pública, y a cualquier nueva iniciativa que tengan en mente. 
Todos hablamos de boquilla sobre esto- si tenemos en cuenta los referendos- pero es necesaria una aplicación práctica mucho mayor, en particular, por parte de los Estados miembros, y no sólo por parte de las instituciones de la Unión Europea. 
Tengo tres ideas relativas a la acción que los Estados miembros podrían llevar a cabo. 
En primer lugar, deberían ofrecer a los dirigentes de los países candidatos más proyección pública, y no sólo a los dirigentes políticos, sino también a las personalidades culturales- escritores, cineastas y músicos. 
En segundo lugar, deberían dar a conocer los nexos que unen las instituciones de la sociedad civil. 
En tercer lugar, deberían hacer algo para superar la amnesia colectiva que impuso la tiranía soviética sobre Europa Occidental, que nos ha hecho olvidar los miles de años de relaciones culturales, políticas y comerciales que ahora nos disponemos a restablecer. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de la Mujer me gustaría dar las gracias al Sr. Comisario Verheugen por sus esfuerzos en el ámbito de la igualdad de derechos. 
Siempre que la Comisión de la Mujer ha hablado con el Sr. Comisario, éste no ha dudado en recalcar que el? acquis communitaire? , si puedo hablar así, también estaría vigente en este ámbito. 
Que esto en un principio se aplique en una larga serie de países en el último momento, no se le puede reprochar al Sr. comisario. 
Sin embargo, me lleva a pedirle al señor Comisario y a sus colaboradores que continúen haciendo un seguimiento de este ámbito, de modo que todo el tiempo no sólo obtengamos los datos necesarios, sino que también nos preocupemos de que los países los entreguen. 
Y al señor Presidente del Consejo me gustaría decirle que los países miembros, en mi opinión, tienen un compromiso específico para con las mujeres, pues una cosa es que obtengamos la aceptación de la adhesión de los gobiernos y otra cosa es obtener la de la población; las mujeres constituyen más de la mitad de la población, y lo que hasta la fecha éstas han podido registrar en los países solicitantes es un alto desempleo que ha afectado especialmente a las mujeres. 
Es muy importante que prestemos atención al ámbito de la mujer especialmente cuando pasemos a la siguiente fase: convencer a las poblaciones de que la ampliación es de hecho una buena idea y en este punto creo que los Estados miembros pueden contribuir y que los Estados miembros y la Comisión pueden hacer juntos un esfuerzo especial. 
. (IT) Señora Presidenta, la Comisión de Peticiones considera este informe muy importante. 
La ampliación es el reto político más entusiasmante y difícil de este siglo y no puede ser examinada solamente en términos contables. 
Es necesario un pensamiento político más elevado y una visión menos chovinista y más global de la política. 
La Unión Europea también debe crecer también en calidad política asumiendo una apariencia que no puede ser la reductiva de un gran mercado. 
Sólo una gran talla política nos puede convertir en interlocutores creíbles, a escala mundial y occidental, en la composición de los difíciles procesos de integración cultural, económica y sobre todo jurídica. 
Los pequeños y mezquinos egoísmos no nos ayudan; el conservadurismo podría exponernos al riesgo de convertirnos en autoreferenciales y aislados, con graves consecuencias a medio y largo plazo. 
El proceso de ampliación está en marcha. 
Sin embargo, las lentas y progresivas adaptaciones que se registran en los países candidatos, como hemos oído, no solo se deben alentar, sino que se deben respaldar no solo a nivel elitista, sino con adecuadas políticas presupuestarias, desde una óptica de solidaridad y de rigor, de garantías para el desarrollo y la paz, para no correr el riesgo de recaídas euroescépticas. 
. (IT) Señora Presidenta, al reiterar que el principio de solidaridad y de cohesión económica y social constituye la línea fundamental de la acción política de las Instituciones comunitarias para conseguir el objetivo de un continente europeo basado en valores comunes, también queremos recalcar la preferente atención que nuestro Grupo dedica a la inminente ampliación, al pilar de la cohesión económica y social y a los esfuerzos cada vez más ingentes en materia de cohesión. 
Por lo tanto, nos ha parecido muy oportuna la propuesta de introducción gradual de los Fondos estructurales, propugnada por el Parlamento, y de introducción del Fondo de cohesión en los nuevos Estados miembros, con un porcentaje de hasta un tercio de la dotación para las operaciones estructurales, lo que contribuirá notablemente a mejorar la capacidad de absorción de estos países que actual y objetivamente adolecen de verdaderas capacidades administrativas. 
Desde hace tiempo venimos pidiendo que la Comisión actúe cada vez más a través de un riguroso control sobre la utilización de los fondos comprometidos, que llega a ser aún más urgente y apremiante si se tiene en cuenta que el recurso tan generalizado al Fondo de cohesión para mejorar la actuación de acciones estructurales en los países candidatos a la ampliación, se debe considerar como una nueva estrategia y, como tal, no puede entenderse sine die, de modo que se puede compartir la reflexión del ponente, Sr. Böge, de seguir atentamente la evolución de las mejoras de la ejecución de los Fondos estructurales y de proceder, en caso positivo, a la reducción gradual de la cuantía del Fondo de cohesión. 
Confiamos en que los problemas de ejecución, por ejemplo, de los instrumentos ISPA, SAPARD y PHARE, a pesar de que los fondos se han triplicado desde el año 2000 en adelante, se solventen o, en todo caso, disminuyan gracias al fortalecimiento de las Instituciones. 
En conclusión, al valorar, en líneas generales, la acción de la Comisión, compartimos con el Sr. Böge las preocupaciones y perplejidades respecto a las perspectivas financieras que no necesariamente se han de vincular al período 2007-2013, si se acepta la posibilidad de una breve prórroga del acuerdo interinstitucional y de las perspectivas financieras actualmente en vigor. 
. (DE) Señora Presidenta, las regiones fronterizas con los futuros Estados miembros de la Unión Europea necesitan toda nuestra atención, ahora y aún más después de la ampliación. 
En todos los lugares, en especial en mi país, las regiones próximas a las fronteras se caracterizan por un desempleo extremadamente alto y por pueblos y ciudades agonizantes. 
La juventud se va pues no ve perspectivas. 
Sólo podemos detener esta negativa evolución si apoyamos a estas regiones para modernizar la infraestructura, establecer conexiones de tráfico y ayudar a las pequeñas y medianas empresas para este desafío. Pues son éstas las que crean el mayor número de puestos de trabajo. 
Si la UE y los mismos Estados miembros promueven y apoyan a las regiones fronterizas que se ven acuciadas por grandes problemas, también de cara a evitar el dumping salarial y la competencia desleal, crecerá una vecindad fronteriza que es ventajosa para todos. 
Hay que lograr la tarea histórica de la ampliación. 
No tenemos alternativa. 
Señora Presidenta, como numerosos colegas han señalado, el ritmo de la ampliación varía entre los distintos países y de mes en mes. 
No es ningún secreto que la modernización de los sectores agrícolas de los países candidatos está resultando ser uno de los problemas más difíciles de resolver. 
Es evidente que la ayuda en el marco del programa SAPARD tiene una importancia decisiva en la contribución a este proceso. 
No obstante, las solicitudes para participar en éste y otros programas es irregular. 
Las expectativas en dichos países son universalmente altas. Existe el continuo problema de que dichas expectativas no se cumplan, lo que tendría inevitables secuelas políticas y sociales. 
En los últimos meses he visitado Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría, y en cuanto nos salimos de las carreteras principales y del tendido ferroviario, es fácil comprobar lo mucho que queda por hacer. 
Comparto los temores de la Baronesa Nicholson de que, a menudo, los esfuerzos sobrehumanos de los gobiernos no se ven secundados por la flexibilidad por nuestra parte. 
Quisiera instar a que dichas operaciones de la UE se lleven a cabo con flexibilidad, tacto y de manera que impulse el proceso, en vez de inhibirlo. 
Señora Presidenta, desde la perspectiva de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía es sin duda importante que ahora, en que SAPARD entra en su fase operativa, es decir, en que fluyen realmente los créditos, se empleen éstos para el desarrollo de las áreas rurales y menos para las capacidades de producción de la agricultura. 
Sólo voy a mencionar dos cifras clave: se puede registrar un 15% de producción agrícola por parte de los países candidatos y se puede activar aún adicionalmente el 50% de la superficie de cultivo. 
Sería pues erróneo seguir actuando sobre las estructuras de producción para mejorarlas. 
Sería mejor crear posibilidades de empleo alternativas en las áreas rurales, ya sea en el artesanado o en la pequeña industria. 
En general, sería importante que la posible ampliación de la producción no repercutiese en perjuicio de nuestra ya excesiva producción en la agricultura sino que en este caso encontremos los medios adecuados para crear en la agricultura y en las áreas rurales de los países candidatos también estructuras artesanales y para la pequeña industria. 
Señora Presidenta, en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y en el Partido Popular Europeo entendemos que la ampliación es un objetivo político respetable en sí mismo. 
Por tanto, no debe ser utilizado por el Consejo como moneda de cambio para obtener posiciones estratégicas ajenas a lo que es el proceso político de ampliación de Europa. 
No debe ser moneda de cambio para obtener determinadas modificaciones en la política agrícola o para resolver otros problemas, y, por eso, felicito a la Presidencia española por lo bien que está haciendo su trabajo y denuncio con nombres y apellidos a aquellos gobiernos, tal vez de mayoría socialista, que están utilizando el procedimiento de ampliación querido por este Parlamento y por la sociedad europea, para obtener acuerdos en otros asuntos en los que tal vez no tengan muchas razones, tratando de hacerse fuertes a base de condicionar su posición. 
Respecto al informe Turco, que estudia cómo se han gastado en el año 2000 los fondos estructurales, el fondo de cohesión, el ISPA, he de repetir una vez más que la política de cohesión interna, regional, que tenemos en la Unión Europea no debe ser cambiada por el procedimiento de que entren países más pobres. 
Debe mantenerse la cohesión interna entre las regiones y países más ricos y más pobres, con independencia de que estén a punto de entrar 10 países ciertamente más pobres. 
Creo que hay que gastar más y mejor el presupuesto comunitario, por este orden, y debemos seguir intentando que ejecutar el presupuesto comunitario no sea una carrera de obstáculos. 
Tenemos que simplificar los procedimientos y dar confianza a los ejecutores. 
Señora Presidenta, señoras y señores, estimadas y estimados colegas, nos encontramos poco antes de una ronda de adhesiones realmente histórica. 
La casa europea se va a ampliar hacia el Este. 
Al mismo tiempo, mediante otra ampliación hacia el sur, la Unión Europea se va a enriquecer con Malta y Chipre en dos hermosos Estados insulares de valiosa cultura. 
No les sorprenderá que me refiera ahora a uno de estos dos Estados, en concreto a Chipre. 
Chipre es el país que ha llegado más lejos en su adaptación al acervo comunitario. 
Ya se ha llamado la atención al respecto. 
Por ello, podemos partir del hecho de que Chipre pertenecerá a la primera ronda de adhesiones y que las próximas elecciones al Parlamento Europeo se celebrarán también en Chipre. 
La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿podrán participar en estas elecciones todos los chipriotas, los grecochipriotas y los turcochipriotas? 
Es decir, ¿se producirá una superación de la separación contraria al derecho internacional antes de la adhesión? 
Lo deseamos. 
Ha llegado realmente la hora de que la última capital dividida de Europa se convierta por fin de nuevo en una capital llena de vida y que los chipriotas de los dos grupos nacionales puedan vivir juntos y en paz en Chipre. 
Espero encarecidamente, tal como ha mostrado también claramente el Presidente del Consejo que se encuentre una solución política a más tardar hasta octubre. 
El hecho de que por primera vez desde hace mucho tiempo tengan lugar elecciones directas, muestra el efecto de catalizador del proceso de adhesión esperado por nosotros. 
Espero asimismo que el país candidato Turquía comprenda que una solución para Chipre radica en su propio interés y que Denktasch no pueda aferrarse a un modelo de dos Estados. 
No sólo en interés chipriota sino también europeo, la solución tiene que suponer un Estado capaz de actuar y de tomar decisiones a nivel internacional y europeo. 
Chipre tiene que hablar con una sola voz. 
Si no se logra esta solución hasta octubre, entonces habrá que trabajar para que la adhesión de Chipre sirva como catalizador para una solución, pues la gran mayoría de los turcochipriotas quiere pertenecer a la Unión Europea y poder vivir en un Chipre libre también después de la adhesión. 
Señora Presidenta, ahora que la ampliación se acerca cunde el miedo, tanto en la actual UE como en los países candidatos. 
Lo que todos hemos soñado y por lo que hemos luchado durante tantos años- una Europa unida- está a la vuelta de la esquina, por lo que no es extraño que arrecien las dudas. 
En los países candidatos donde habrá plebiscitos muchos ciudadanos se preguntan qué conllevará la adhesión. 
En la UE se hacen muchas conjeturas sobre los costes y sobre el funcionamiento futuro de la Unión. 
Los partidos extremistas se aprovechan de la ampliación para explotar el miedo a lo desconocido. 
Por eso se necesita más que nunca el liderazgo político. 
Los líderes de los países candidatos deben continuar decididamente las reformas que sean necesarias antes de la adhesión. 
Han realizado un trabajo impresionante y aún queda mucho por hacer. 
Hay que tener energías para todo el camino y hay que ser sincero. 
Algunos problemas internos persistirán después de la adhesión; la vida continúa después de la fecha de adhesión. 
En la UE tenemos una gran responsabilidad: explicar a los ciudadanos el enorme significado de la adhesión y lo que está en juego. 
¿Quién creyó que sería gratis? 
Es obvio que la ampliación tiene un coste, pero todos seremos ganadores a largo plazo. 
Hay que preparar un plan de reserva por si el resultado del plebiscito en Irlanda es negativo. 
Creo que el Parlamento Europeo ha asumido su responsabilidad. 
Hemos impulsado enérgicamente el proceso de ampliación, hemos exigido fechas y hemos estudiado los avances que se han realizado. 
En el informe que aprobamos hoy se aprecia con gran claridad que apoyamos la ampliación al mismo tiempo que resaltamos una serie de problemas. 
También es nuestra responsabilidad convencer a los ciudadanos de esta tarea histórica. 
La unificación del continente es una oportunidad histórica. 
Juntos podremos resolver problemas comunes: degradación medioambiental, delincuencia, crecimiento, seguridad y podremos velar por la democracia y los valores humanistas. 
Queda poco tiempo y estoy convencida de que la Cumbre de Copenhague en diciembre será histórica ya que conducirá a la mayor y más importante ampliación de la UE. 
La ampliación es irrevocable y absolutamente necesaria. 
Lo contrario sería el caos, la inseguridad y una perjudicial división de Europa. 
Señora Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, en nuestra calidad de Alianza Libre Europea somos partidarios de la ampliación, no tanto porque aspiremos a un mercado mayor, sino porque la Unión Europea parece ser capaz de garantizar la paz y la estabilidad dentro de sus propias fronteras pero no fuera de ellas. 
Nos interesa como modelo para la prevención de conflictos y, por tanto, consideramos oportuno que este modelo se amplíe. 
El Sr. Brok y los coponentes, a los que felicitamos, demuestran a través del informe que se han logrado serios avances, aunque, desgraciadamente, numerosos países candidatos continúan presentando enormes lagunas por lo que se refiere a la capacidad administrativa y a la independencia no sólo del sistema judicial, sino también de la policía y de los medios de comunicación. 
La mafia y la corrupción siguen estando omnipresentes. 
En muchos países existen diferencias regionales y faltan los instrumentos necesarios para erradicarlas. 
Muy en concreto llamamos su atención sobre los derechos humanos y las minorías. 
Una de estas minorías, los gitanos, vive aún en la más absoluta miseria en diversos países candidatos. 
Las circunstancias de vida de la población romaní son deplorables especialmente por lo que respecta a la situación de la vivienda, el nivel de formación y el desempleo. 
La mayoría de los países tiene previsto adoptar medidas al respecto. Ello no obstante, en numerosas ocasiones la participación activa de esta minoría en la sociedad continúa siendo un problema. 
La valoración positiva de la cultura romaní podría abrir el camino hacia la emancipación y la integración de esa comunidad. 
Hay que conseguir que los gitanos asuman sistemáticamente su responsabilidad y participen en la ejecución de los proyectos llevados a cabo por la Unión Europea. 
Por lo demás, es cierto que los gitanos son una nación europea sin Estado y que, como tal, caen bajo nuestra responsabilidad común. 
Ahora bien, las demás minorías también suelen ser víctimas de la falta de respeto y reconocimiento de su identidad. 
En muchos casos su destino viene marcado por la historia. 
Hay cicatrices y heridas abiertas. 
La crítica vertida contra algunos efectos de los decretos Benes, a los que también se ha referido el Comisario Verheugen, es consecuencia de ello. 
La adhesión a la Unión Europea puede ofrecer a las minorías una nueva perspectiva de futuro en la que las fronteras pierdan importancia y los pueblos colaboren entre sí más allá de las fronteras. 
Por último, está claro que tras la adhesión habrá más países pequeños, lo cual nos obligará a reconsiderar nuestra visión sobre las naciones sin Estado y la participación de las regiones. 
Señora Presidenta, según las resoluciones de Niza hay que concluir las negociaciones para la adhesión hasta finales de año para exigir o no entonces en el 2003 los necesarios derechos de codecisión en los Parlamentos nacionales. 
En el complicado entramado de normas de las negociaciones de adhesión, en especial los capítulos de agricultura, finanzas y política regional han despertado un gran interés público. 
La población, las ciudadanas y ciudadanos de la UE, está tan atenta como nunca con anterioridad. 
Quiero rogar aquí a la Comisión de la UE que dote mejor financieramente los Europa-Points allí donde existen, para que puedan cumplir sus tareas actuales. 
La actual propuesta de ir equiparando gradualmente la ayudas directas para los agricultores hasta el año 2013 no puede ser la última palabra. 
Este modelo no convence ya que adolece de justificaciones suficientes. 
También el producto de referencia europeo de sólo 2,96 aplicado como base, por ejemplo, para Polonia para el pago de las ayudas directas es algo más que sólo un feo detalle. 
Así no se promueve la capacidad de supervivencia y sostenibilidad de la agricultura en los países candidatos. 
Mi Grupo también exige que la integración de los países candidatos en la política agraria común se organice en consonancia con la evolución general económica específica de los países, teniendo especialmente en cuenta las exigencias sociopolíticas. 
La ampliación de la UE sólo puede ser la obra común de la UE, de los Estados miembros y de sus regiones. 
Por ello, la evolución de las regiones fronterizas cobra una especial importancia. 
Todos los afectados tienen que intensificar sus esfuerzos, pero precisan de la atención directa de la Unión Europea y de los Estados nacionales. 
No es suficiente el programa actual de desarrollo económico para las regiones fronterizas por un importe de 245 millones de euros. 
La disponibilidad va unida a otras entradas y salidas en las regiones y, en consecuencia, los municipios débiles se van a ver aún más gravados. 
Si embargo, el presupuesto de la UE se va a ver poco gravado. 
Si el Consejo, bajo Presidencia española, no se puede poner de acuerdo sobre el resultado final de las ayudas directas agrícolas- lamentablemente, por motivos electorales, al igual que en Alemania -, entonces los últimos meses serán una carrera para recuperar terreno, en la que en mi opinión sólo habrá perdedores. 
Señora Presidenta, trataré sobre dos aspectos principales de esta cuestión de la ampliación. 
En primer lugar, me gustaría que constara en el Acta de esta Asamblea que el Tratado de Niza debe ser aprobado por todos los Estados miembros actuales de la Unión Europea para facilitar la ampliación de la Unión a diez nuevos países, lo que esperamos que se produzca en un futuro no demasiado lejano. 
Odiaría que alguien no entienda bien o malinterprete la decisión del electorado irlandés de no aprobar el Tratado de Niza, porque la población irlandesa en general, incluidos los detractores de la aprobación del Tratado de Niza, está a favor de la ampliación. 
Esta Asamblea, como institución, y la población irlandesa deben garantizar nuestro cumplimiento con la ratificación a corto plazo del Tratado de Niza. 
El Gobierno irlandés presentará en este sentido una declaración en Sevilla sobre la tradicional neutralidad militar irlandesa, que espero obtendrá la aprobación de los otros Estados miembros. 
Mi última observación es que en nuestras negociaciones con los países candidatos no deberíamos entorpecer su progreso hacia la adopción del acervo comunitario. 
No deberíamos poner barreras injustas a su adhesión. 
Cuando dichos países se integren a la Unión Europea, traerán consigo un nuevo impulso, una nueva ideología y una nueva creencia en la visión que los padres fundadores de la Unión Europea tenían de una Europa en paz, próspera, progresista y que respete su diversidad. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, queda fuera de toda duda la necesidad histórica de la ampliación. 
Va a llegar, esto es un hecho y es bueno que ocurra. 
Pero el no mantener exactamente la fecha de adhesión para el 2004 no es ninguna tragedia. 
Lo decisivo es la calidad del proceso, no la velocidad. 
Tiene que asegurarse el éxito del proyecto. 
El informe tiene numerosos méritos pero le falta más valor político para nombrar a los problemas por su nombre. 
Dos ejemplos de ello. 
Primero: para la financiación de la ampliación no existe ninguna seguridad de planificación más allá del 2006. 
Considero cuestionable el método de la estrategia de hechos consumados. 
Los ciudadanos tienen que saber qué es lo que se les avecina. 
Tienen derecho a ello. 
Señor Comisario, este no es un argumento de bajo rigor intelectual. 
Segundo: en la disputa sobre los decretos Benesch, se trata en lo esencial de la ley de amnistía de 1946. 
No se trata de utilizar la historia como obstáculo para la ampliación, pero la ley de amnistía legitima el medio de la expulsión como instrumento para solucionar el conflicto y despenaliza expresamente hechos delictivos. 
Esto contradice el fundamento ético de la Unión, los principios básicos de la comunidad de valores de Europa y, finalmente, los criterios de Copenhague. 
En el conflicto de los Balcanes se trató exactamente de lo mismo, de limpiezas ético-étnicas. 
Quien quite importancia a este conflicto de valores, hace un flaco favor a Europa. 
No se puede dividir ni negociar el derecho o la falta de derecho, ni en el pasado, ni en el presente ni en el futuro. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en mi opinión hay que hacer aún mucho trabajo de aclaración en los Estados miembros de la UE sobre el tema de la ampliación hacia el Este. 
Constato este hecho al menos entre nuestros ciudadanos en los actos públicos de mi circunscripción electoral 
Me voy a referir especialmente al desafío de la agricultura y la ampliación hacia el Este. 
Felicito al Sr. Olson por el muy logrado informe sobre la ampliación de la Unión Europea y la agricultura. 
¿Cómo se puede lograr que la integración de los nuevos Estados miembros en la política agrícola común sea un éxito? 
Esta es una cuestión central para la mayor parte de los países candidatos y lo es porque la agricultura en los países de la Europa Central y Oriental tiene una mayor importancia en relación con su proporción en los ingresos nacionales que en la media de la UE. 
Esto es aplicable también al empleo dentro de la economía general. 
Como consecuencia de la adhesión de diez países en el 2004, se va a producir una ampliación de la superficie agrícola del 29% y un aumento de las explotaciones agrícolas del 74%. 
Pero el círculo de consumidores va a aumentar en un 24%. 
¿Cómo podemos configurar del mejor modo la adhesión y la integración a largo plazo? 
En mi opinión, en los países de la Europa Central y Oriental tiene que darse preferencia a la transformación de las estructuras en la agricultura. 
El modelo agrícola europeo con su doble encargo para los agricultores- producción y cuidado del paisaje- tiene que ser también válido allí. 
Desde el primer día de la adhesión se tienen que aplicar los elevados estándares de higiene en la producción y en el procesamiento de los productos. De lo contrario, la política europea del consumidor será una farsa. 
Se deben financiar temas medioambientales y puestos de trabajo alternativos en las áreas rurales en el marco del segundo pilar de la política agrícola común. 
Compartimos la opinión de la Comisión de que debemos poner en marcha una equiparación gradual de los pagos compensatorios financieros. 
Si el flujo de créditos fuese demasiado generoso desde el principio, cimentaríamos allí las estructuras agrícolas y esta no puede ser la vía correcta tampoco en el sentido de los afectados. 
Cuando digo que nuestros ciudadanos no saben lo suficiente de la Europa del Este, en la audición he comprobado también que los agricultores afectados en los países candidatos tienen también que realizar mucho trabajo de aclaración en sus países. 
Señora Presidenta, deseo comenzar rindiendo homenaje al Comisario Verheugen, porque gracias a su diligencia y a su determinación estamos muy cerca de alcanzar el galardón de la reunificación de Europa. 
Debemos alabar sus esfuerzos. 
También quisiera hacerme eco de sus palabras de introducción en relación con Lituania. 
La decisión adoptada por el Gobierno lituano en lo relativo al cierre de la central eléctrica de Ignalina ha sido muy valiente, porque no cuenta con el apoyo de la opinión pública en general de Lituania e ilustra fielmente la determinación de los lituanos de cumplir los requisitos para su ingreso en la UE. 
Los lituanos han avanzado a una velocidad tremenda para recuperar el tiempo perdido, y ha sido una tarea muy difícil para ellos. 
No obstante, si la adhesión desapareciera de repente del horizonte, dicha decisión del Gobierno y del Parlamento lituanos podría perfectamente volverse en su contra y podríamos encontrarnos en una situación en la que la adhesión se aleje cada vez más, en vez de acercarse. 
Es fundamental respetar el calendario y el road map. 
No debemos permitir que ese calendario se erosione. 
Si aminoramos la marcha, algunos de los países candidatos- por ejemplo, Hungría- volverán su mirada hacia otra parte, quizá hacia los Estados Unidos, en vez de a la Unión Europea. 
Los vaivenes políticos que estamos presenciando en la Unión Europea podrían significar perfectamente que no estemos en condiciones de seguir adelante si incumplimos el plazo establecido en la Cumbre de Copenhague. 
Como acertadamente ha dicho el Comisario Verheugen, debemos aprovechar esta ventana de oportunidades antes de que se cierre. 
O como decía el gran Elvis Presley: "Es ahora o nunca ,... mañana será demasiado tarde". 
La historia no nos juzgará demasiado bien si fracasamos y no demostramos el liderazgo y el valor necesarios en estos momentos. 
Esto no quiere decir que debamos ceder en nuestra posición con respecto a nuestras exigencias a los países candidatos. 
Cada país debe ser juzgado por sus propios méritos y por su cumplimiento de los criterios, en particular, en relación con su capacidad de ejecución y administrativa. 
La República Checa debe asegurarnos que la política de competencia será conforme a la política de competencia de la UE y que llevará a cabo una reforma de la administración pública. 
Letonia debe realizar serios avances en la reforma de su sistema judicial y en su lucha contra la corrupción. 
Acojo con satisfacción los planes del Comisario Verheugen en relación con Bulgaria y Rumania, pero también debemos transmitir a Rumania el mensaje de que deberá organizarse mejor, de lo contrario quedará muy rezagada del calendario. 
El informe Brok debería servir de aviso a aquel país en lo que se refiere a la corrupción y a la reforma de la administración pública. 
No olvidemos que debemos convencer a la población de que la ampliación le beneficiará. 
Deberíamos dejar de hablar de los problemas de la ampliación y recordar a la población que la ampliación es la solución a muchos de sus problemas. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero dar las gracias a los ponentes por sus excelentes informes. 
La ampliación es un gran acontecimiento histórico y político, pero también es el mayor destino de ayuda al desarrollo con el que jamás se hayan comprometido los Estados miembros. 
Por ello, el éxito de la ampliación requiere colaboración entre todos y confianza mutua. 
Las propuestas de la Comisión relativas a la financiación de la ampliación son realistas e incluso inteligentes. 
Los nuevos Estados miembros están necesitados de ayuda; las premisas que los convierten inmediatamente en beneficiarios netos son correctas si tomamos en consideración la capacidad de absorción de nuestra economía. 
Del mismo modo, tampoco se pretende reducir el nivel de ingresos de los agricultores de los nuevos Estados miembros, sino encauzarlos en una dinámica de crecimiento, aunque también está claro que no podemos incrementar de golpe las cargas financieras de los actuales Estados miembros. 
Por tanto, lo correcto es aplicar una ejecución por fases. 
Quiero llamar la atención sobre un aspecto particular. 
Los nuevos Estados miembros gozan de unas condiciones óptimas para dedicarse con rendimiento a la agricultura, y el precio de la tierra cultivable es bajo. 
El nivel de salarios es de entre el 10 y el 20 por ciento del salario medio de la UE y, además, la UE va a subvencionar las inversiones hasta en un 80 por ciento, conjuntamente con cada nuevo Estado miembro. 
Así pues, mi pregunta está relacionada con las explotaciones agrícolas familiares: ¿Subvencionará la UE las explotaciones agrícolas industriales del mismo modo que las familiares, o se aplicarán las modulaciones y algún sistema de reducción de las subvenciones proporcional al tamaño de las explotaciones? 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, a veces es conveniente volver a los clásicos. A Europa le ronda un espectro, el espectro del terror. 
El miedo a la ampliación se apodera de un número cada vez mayor de políticos. Temen que la ampliación se llevará a cabo de forma precipitada o que costará demasiado dinero o ambas cosas a la vez. 
Los integrantes de las diferentes familias políticas se están poniendo nerviosos. 
Esgrimen argumentos nuevos y viejos, a menudo bajo el pretexto de que ahora quieren escuchar la voz del pueblo. 
Ello induce a creer que hasta la fecha muchos políticos no sabían muy bien lo que estaban haciendo y ahora, justo antes del examen final, tienen los nervios a flor de piel. 
Se ponen nerviosos porque son conscientes de que no han hecho todo lo que debieran haber hecho para convencer a sus electores de las ventajas de la ampliación, tanto para los habitantes de los Estados miembros como para los de los países candidatos. 
En ese coro de escépticos hay algunas voces que cobran cada vez más fuerza. 
Algunos exigen, por ejemplo, que antes de proceder a la ampliación se lleve a cabo la reforma de la agricultura. 
Evitemos posibles malentendidos: la reforma es imprescindible. 
La política agrícola común debe reformarse. 
El Parlamento Europeo ha de seguir insistiendo en ello, sin hacer concesiones de ningún tipo. 
Ahora bien, estimados colegas, sin ampliación no habrá reforma de la política agrícola. 
Si ahora supeditamos el voto a favor de la ampliación a esta reforma saldremos todos perdiendo, mientras que podríamos salir ganando todos. 
¿A quién le interesa esta situación sino a los detractores de las reformas y a los enemigos de la ampliación? 
Otro argumento que se escucha cada vez más es que primero debe reformarse la estructura interna de la propia UE. 
De hecho, es una asignatura pendiente, pero una vez más: ¡no nos prestemos al chantaje! 
No podemos tomar como rehenes a los países candidatos porque no hemos puesto orden en nuestra propia casa. 
Y vuelvo a decir lo mismo: aplazar la ampliación equivale a aplazar las reformas necesarias. 
No olvidemos que nunca se han llevado a cabo reformas sin que hubiera una presión extrema. 
Últimamente hay otro argumento recurrente: la supuesta falta de respeto de los derechos humanos en los países candidatos. 
Eso también es cierto, no lo niego. Los derechos de los gitanos y de los homosexuales, por ejemplo, dejan mucho que desear. 
Es fundamental que estos hechos se denuncien. 
Mi Grupo se dedica a este tema desde hace años; de ningún modo pretende ocultar estos problemas. 
Ahora bien, estoy convencido de que también en este caso la mejor forma de vencer las dificultades existentes pasa por la adhesión de los países implicados. Es importante que no permanezcan aislados. 
Estimados colegas, nosotros no somos burócratas, somos políticos. 
No se trata de repasar una lista y poner un suspenso en cuanto se detecten cinco faltas. 
Somos partidarios de sopesar los pros y los contras. ¿Qué se ha hecho, qué queda por hacer y qué pesa más? 
Estimados colegas, señora Presidenta, aunemos nuestras fuerzas para evitar que la culminación del proceso de ampliación prevista para los próximos meses acabe en un gran coitus interruptus europeo, porque eso sí sería enormemente insatisfactorio. 
Primero, la ampliación constituye, sin duda, una empresa histórica, pero una empresa destinada a forjar una nueva Europa, y no a que algunos reescriban la historia de la posguerra. 
Intentos semejantes han de ser rechazados; los consideramos sencillamente abominables, vengan de donde vengan, de los países candidatos o de países miembros de la Unión. 
He percibido inquietud en el discurso del Sr. Verheugen y espero que los hechos no la justifiquen. 
¿Van a quedar Rumanía Y Bulgaria fuera de la perspectiva de la adhesión? 
¿Va a depender en algún momento su adhesión del veto de alguno de los países que ahora son candidatos? 
Ha dicho usted, señor Comisario que les hagamos llegar una nítida señal, pero ¿qué señal? 
Lamento la ambigüedad, del mismo modo que lamento no haber escuchado nada sobre el futuro de la adhesión de los demás países balcanicos. 
Y finalmente, sobre Chipre, señora Presidenta: el señor Comisario ha pedido que Turquía ejerza su influencia para alcanzar alguna solución. 
¿Sobre quién debe ejercer su influencia? 
Es una pena que el Sr. De Miguel, en su viaje a los territorios ocupados de Chipre, no se entrevistara con el comandante del ejercito turco allí estacionado. 
De haberlo hecho, podría proporcionarnos seguramente más información. 
Señora Presidenta, felicito al Sr. Olsson por su trabajo y permítame comenzar, una vez más, declarando públicamente mi apoyo y el de mis colegas irlandeses a la ampliación de la UE. 
Para los países candidatos de la Europa Central y Oriental, el debate académico debería haber concluido. 
Ahora debemos proceder, según lo previsto, a su integración. 
Felicito a los países candidatos por sus esfuerzos para cumplir los estrictos requisitos para su ingreso. 
Para algunos de ellos ha sido, y sigue siendo, muy difícil. 
Desde una perspectiva agrícola, el Sr. Olsson aborda el reto de la ampliación de una manera razonada y práctica. 
En mi opinión, el éxito de la integración dependerá de que sepamos fusionar las economías agrícolas de los países candidatos con la de los actuales Estados miembros, de manera que provoque a ambos los mínimos trastornos posibles y a tiempo para garantizar su plena participación en la política agrícola común. 
Cualquier cosa inferior a eso debilitaría los principios de la PAC que, en general, ha prestado un buen servicio a los agricultores, así como a los consumidores europeos. 
Cuando nos acercamos al estudio intermedio del Acuerdo de Berlín y a la inevitable reforma de la PAC a más largo plazo, no podemos permitir que el estudio nos desvíe de lo acordado en Berlín ni que nos planteemos dar un giro hacia la renacionalización de la PAC en la futura reforma. 
La agricultura en Europa, como demuestra la manifestación de ayer de 15.000 agricultores, continúa siendo difícil. 
Con la sabiduría que da la experiencia, en el contexto del comercio mundial no hemos proporcionado a nuestros agricultores el nivel de protección necesario contra la evidente competencia desleal y manipulación del mercado por parte de nuestros competidores. 
Una vez completada la ampliación, Europa tendrá el potencial para convertirse en un interlocutor dominante en el mercado mundial. 
No obstante, sólo lo lograremos si nos comprometemos a corto plazo a apoyar el modelo europeo basado en las explotaciones agrícolas familiares. 
Aviso a la Asamblea, y no es la primera vez que lo hago, de la grave amenaza que para la supervivencia de dicho modelo europeo representa la incertidumbre a largo plazo y la existencia de empleos alternativos, atractivos y mejor remunerados para los jóvenes que, en circunstancias normales, se dedicarían profesionalmente a la agricultura. 
Señora Presidenta, es una prueba de la pobreza ideológica de la Unión Europea que alguien, con el semblante serio, hable aún del éxito y de la PAC en una misma frase. 
Del mismo modo que se reconoce abiertamente que la política común de pesca ha sido desastrosa, igual debería hacerse en el caso de la PAC. 
El principal fallo de la PAC es que es una política común, y no es posible tener una política que abarque la Finlandia subártica, los pastos templados de Cheshire, los viñedos de Burdeos, los cultivadores de hortalizas casi subtropicales en las tierras áridas de Cataluña o los ganaderos de ovejas de las montañas de Grecia, y mucho menos a la populosa Dinamarca que produce más cerdos que personas. 
Pero el otro fallo importante de la PAC es que es una política agrícola. 
Como quedó demostrado durante el brote de fiebre aftosa en nuestro país, la agricultura forma parte integral de la economía rural. 
Existe una fuerte interdependencia entre la agricultura y su infraestructura rural. 
Si apoyamos una parte sin tener en cuenta las necesidades de la otra, podemos crear distorsiones perjudiciales, que es exactamente lo que está ocurriendo. 
La ampliación era la oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva, pero la hemos desperdiciado con las denominadas reformas de la Agenda 2000; y volveremos a desperdiciarla. 
Ahora toca imponer el desastre a los países de la ampliación. Tendremos motivos para lamentar esta medida. 
Señora Presidenta, los nuevos miembros deben saber que su adhesión a la UE no eliminará las grandes dificultades que ya tienen en sus sectores agrícolas. 
Los agricultores que ya pertenecen a la UE se enfrentan a dificultades aterradoras. 
En Irlanda del Norte estamos atravesando una grave crisis. 
A raíz de cinco subidas, las restituciones a la exportación de leche desnatada han aumentado de 0 a 650 euros por tonelada. 
El 55% de toda nuestra producción lechera es transformada en leche desnatada. 
Los precios de la leche han caído hasta 14,5 peniques el litro, lo que representa una pérdida de 4 peniques por litro para todos los productores de leche. 
Sólo puede salvarnos un gran avance en el mercado de la exportación. 
La agricultura se enfrenta a una catástrofe en Europa, tanto dentro como fuera de esta Unión, y en este debate debería ser uno de los temas prioritarios. 
Señora Presidenta, voy a exponer la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre el informe Böge y esto me concede de nuevo la oportunidad de referirme a la transferencia de pagos directos. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural saluda la propuesta de la Comisión de que los pagos directos se concedan en un escalonamiento determinado pero también dice que esto no puede ocasionar de ninguna manera que impidamos en la próxima reforma una nueva estructuración de las ayudas. 
Somos de la opinión de que este no va a ser el caso, pues el 35% que se va a dar permite un margen de actuación. 
Cuando se dice que hasta el año 2013 se debe alcanzar una equiparación, no se dice cuál va a ser esta equiparación en el 2013. 
Si en la última reforma hubiésemos tenido en la zona superior el 45% que se pensó en su día, ahora tendríamos una diferencia del 35 al 55%. 
No sería tan grande. 
Así pues, esperamos que la Comisión realice próximamente propuestas que apunten hacia una reforma que, tal como ha dicho Cohn-Bendit, hagan la reforma posible y estable. 
Creemos que también la propuesta de conceder pagos directos en el sector de la semisubsistencia es algo razonable, pero realizamos la propuesta de aumentarlos de 750 a 1.500 euros. 
De este modo, las explotaciones de 5-6 hectáreas entrarían en los pagos compensatorios plenos. 
En Polonia serían aproximadamente el 50% de las explotaciones. 
Es decir, aquí se incluye también el escalonamiento, la componente social. 
Saludamos muy en especial que en la reorientación de los fondos se invierta más en el segundo pilar. 
Estos son fondos que se necesitan sobre todo en los países candidatos. 
Es algo palpable que el área rural precisa aquí una transformación. 
Señor Comisario Fischler, me remito de nuevo- creo que ya lo ha hecho mi colega Görlach- al enfoque bottom up y a nuestro programa SAPARD en la forma Leader, donde la Comisión se niega hasta ahora insistentemente a respaldarlo mediante una línea legislativa. 
Decimos que es urgentemente necesario que se incluyan también a las fuerzas civiles de los países candidatos en el trabajo de estos proyectos para que aumente la alegría por la Unión Europea y en las votaciones nosotros podamos reclinarnos también hacia atrás con algo más de satisfacción y tranquilidad. 
Señor Comisario Fischler, le ruego de nuevo encarecidamente que ponga en movimiento su aparato burocrático. 
Hay ejemplos. 
Sólo necesita copiar. 
Nosotros estamos siempre dispuestos a ayudar. 
Señora Presidenta, la ampliación es un trabajo en pro de la paz, de la estabilidad y de los derechos ciudadanos. 
Si no acogiéramos a los países aspirantes, podrían surgir agitaciones, dictaduras y desplazamientos incontrolados de población en Europa Central y Oriental. 
Recordemos cómo razones a simple vista insignificantes pueden dar lugar a que el racismo, la xenofobia y la marginación salgan a flor de piel en elecciones democráticas de Estados democráticos como Austria, Holanda y Francia. 
Si no somos capaces de conseguir una ampliación controlada que cuente con la aceptación de la ciudadanía, existe el peligro de que se den erupciones políticas de signo extremista que estremezcan a toda la Unión. 
Estas últimas bien pudieran ser de gran envergadura en comparación con las actuales cuestiones punzantes en el ámbito de las políticas en materia de inmigración y de seguridad. 
Les recuerdo que acogeremos en la Unión de una sola vez a unos 100 millones de personas, es decir, casi el 30 por ciento de nuestra población, que sólo aportarán alrededor del 5 por ciento del Producto Interior Bruto. 
Por consiguiente, los sectores más desfavorecidos se pondrán en movimiento de forma sensible y competirán también por los puestos de trabajo. 
Para que la extrema derecha populista no siga ganando terreno, es imprescindible que se produzca una aceptación controlada y percibida por todos como provechosa en lo que se refiere a la acogida de nuevos miembros en el marco de la ampliación. 
Los nuevos Estados miembros aportarán también ciudadanos con un alto grado de formación. 
Nos enriqueceremos mucho culturalmente. 
Se trata de un contenido importante en la era de una economía de producción basada en la información. 
También recibiremos una tradición negativa: el respeto de la ley no prima en todas partes, ya que en el período soviético las leyes eran interpretadas arbitrariamente. 
Los países candidatos deberían presentar para finales de año informes aclaratorios sobre la corrupción y el grado de delincuencia. 
Asimismo, la aplicación de la legislación de la UE deberá realizarse de la forma debida. 
Y por último, la solución que yo propondría para la enconada situación de Kaliningrado es que los rusos vayan allí en tren. 
Tengo experiencia de ello. 
También los autobuses podrían ser objeto de control. 
Le preguntaría esto al Comisario, Sr. Verheugen, pero acaba de salir para la piscina; quizás su asistente pueda tomar nota de la pregunta. 
¿Hacemos lo que he expuesto? 
Muchos rusos respaldan esta idea. 
Señora Presidenta, quisiera destacar el punto 26 del informe de Karl-Erik Olsson sobre la agricultura y la ampliación. 
Se trata de tomar iniciativas para dialogar con los países candidatos sobre la futura política agrícola de la UE. 
Después de haber trabajado casi tres años en asuntos relacionados con la seguridad alimentaria, me pregunto cuánto afectará la reforma a cada uno de los países miembros. 
Es importante que puedan participar desde ahora, que ayuden a diseñar la Unión Europea y la política que será suya. 
Estoy segura de que todos esos países opinan que para ellos es más importante saber qué política sustituirá a la Agenda 2000 que saber cuántas subvenciones directas recibirán durante uno o dos años. 
Señora Presidenta, lo que ocurre con las negociaciones de adhesión relativas al dossier agrario es un ejemplo claro de la insistencia en proseguir un proceso de ampliación basado en un marco financiero comunitario que no garantiza el principio de la cohesión económica y social, dado que el marco financiero de la Agenda 2000 iba destinado sólo a seis candidatos y ahora se trata de diez países con una renta por habitante de casi el 40 por ciento de la media de la Unión Europea. 
Esta situación se deja sentir en particular en el caso agrario, dadas las conocidas debilidades de un sector importante para el empleo y la economía de diversos países candidatos, cosa que entraña importantes repercusiones socieconómicas y costos mayores, por lo que es necesaria una revisión de las perspectivas financieras para evitar que sean los más afectados o de menor desarrollo los que paguen los costos. 
Ésa es la razón por la que no es aceptable la división entre Estados de segunda y de primera en las ayudas y el acceso a cuotas muy inferiores a sus capacidades y necesidades. 
Las consecuencias de esa situación serían la agravación del desempleo y de la pobreza, cosa inadmisible. 
El desarrollo rural y la defensa de una producción agrícola de calidad exige una revisión de la PAC y no la renacionalización de sus costos, que perjudicaría no sólo a los agricultores de esos países, sino también a los de países, como Portugal, con una agricultura más débil. 
Señora Presidenta, estoy completamente de acuerdo con la ponente en que el paquete de medidas de la Comisión es un primer paso para solucionar los problemas específicos de las regiones limítrofes, porque estamos dando un paso atrás en el pasado, cuando las fronteras de los Estados miembros estaban, en muchos casos, dentro de los antiguos Imperios Húngaro y Otomano. 
A través de los proyectos Regio, a los que la ponente ha hecho referencia como buenos ejemplos a seguir, es evidente la necesidad de adoptar un enfoque fronterizo para los problemas específicos de algunas regiones limítrofes. 
Debemos tener esto presente, como resaltó anteriormente la Sra. Maes, las "regiones limítrofes" es a menudo un eufemismo para las minorías nacionales. 
Señora Presidenta, las consecuencias financieras y presupuestarias de la ampliación deben ser debatidas a la luz del hecho de que nos enfrentamos a un imperativo moral y a una prioridad política irrenunciable, porque el proyecto de vivir juntos supera los ámbitos de los negocios y las finanzas. 
Las dificultades no vienen de la Presidencia española, ni de la Comisión, ni de este Parlamento. 
La Presidencia española ha cumplido la hoja de ruta y está haciendo todos los esfuerzos necesarios para desbloquear el tema agrario pendiente y dejar despejado el calendario, para conseguir el objetivo temporal propuesto en Gotemburgo. 
Como se ha señalado, los países que ponen dificultades al consenso, para adoptar una posición común, tendrán que explicar por qué la ampliación no debe ajustarse al calendario fijado, sino al ritmo que imponen sus intereses. 
En estos momentos, debemos despejar las dudas, ayudar a torcer un sentimiento negativo que tiene mayor peso en aquellos países que, a día de hoy, están bloqueando el acuerdo en el capítulo agrario, que ponen en tela de juicio las ayudas directas a la agricultura bien por la vía del intento de despejar el horizonte financiero más allá de 2006, o bien por cuestionar su inserción dentro del acervo comunitario. 
La propuesta que el Parlamento apoya en la línea de la Comisión, y que se contiene en el informe de nuestro colega Böge, es equilibrada, respetuosa con el acervo y compatible con el respeto de los techos presupuestarios que se fijaron en Berlín. 
Contiene aspectos muy positivos como el apoyo al modelo de introducción gradual de los nuevos Estados miembros en las ayudas directas, recordando que forman parte del acervo, así como la introducción gradual de las operaciones estructurales, pero esto debe de ser compatible con una efectiva capacidad de absorción de los nuevos Estados. 
Hace algunos años, señora Presidenta, los países del Este eran dictaduras totalitarias con economías planificadas. 
Los cambios que se han producido son tan profundos que no podemos permitirnos paralizar este avance hacia la libertad porque algunos quieran asegurar, para después de 2006, una reducción de su contribución a las arcas comunitarias. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, la ampliación de la Unión Europea es para mí uno de los mayores desafíos para los próximos años. 
Coincido con el Comisario en que no deberíamos achicarnos sólo porque ahora hay que negociar los capítulos difíciles y, naturalmente, cada uno de los miembros y candidatos defiende sus propios intereses con vehemencia y convencimiento. 
No se debe perder de vista el año 2004, pues el 2005 la nueva Comisión comenzará a trabajar y entonces los Comisarios de los nuevos países miembros deberán estar ya representados aquí. 
No sabemos si se va a producir un big bang- como se dice- con los 10 países conocidos, pero no debemos despertar la esperanza de que en los años próximos podemos iniciar varias minirondas. 
Este es en cualquier caso nuestro objetivo. 
Naturalmente, lo tendríamos algo más fácil si hubiésemos realizado ya ciertas reformas. 
Pero no lo veo como un gran problema, pues la reforma, en especial en la política agrícola y regional, quizás se pueda llevar a cabo con mayor ímpetu, pues también existe entre nosotros la gran tarea de la ampliación. 
No veo aquí ninguna contradicción. 
¿Han cumplido los países candidatos todas las condiciones previas? 
Creemos que aún hay que hacer mucho. 
En muchos países, la aplicación del acquis communautaire es aún muy deficiente. 
Acordar las cosas es un asunto y el aplicarlas es otro. 
En algunos países sigue habiendo disposiciones discriminatorias en lo que se refiere al origen y sexo, pero esto se puede superar. 
El empleo de los créditos financieros es a veces deficiente. 
También recuerdo que, por ejemplo, mi propio país no requirió ni empleó tras la adhesión todos los créditos financieros que podría haber recibido de Bruselas. 
No debemos aplicar aquí unos criterios demasiado estrictos. 
En lo que se refiere a las promesas, al medio ambiente, en especial a la reestructuración y cierre de centrales nucleares, hay que hacer algunas cosas, pero podemos registrar también buenos progresos. 
Quiero decir expresamente que tampoco veo a la historia, que en muchos casos no ha sido común sino enfrentada, como un motivo para bloquear la ampliación. 
Si los Estados nacionales que hay ven por un lado que las expulsiones después de 1945 tenían como precedente la terrible dictadura nazi y si los otros reconocen que hoy- subrayo lo de hoy- la expulsión de minorías, tal como se llevaron a cabo después de la segunda guerra mundial sobre la base del consenso de las potencias vencedoras, ya no corresponde a nuestra comprensión actual de los derechos de las minorías, entonces esta cuestión ya no es algo que se oponga a la ampliación. 
Para finalizar: no va a funcionar sin compromisos. 
Si, como a veces ocurre, los Estados miembros de la UE exigen que los candidatos deben cumplir todos los criterios y que alcancen el 100% del nivel de los países miembros o a veces incluso se exige que vayan a más allá del nivel de los países miembros, entonces naturalmente la ampliación fracasará. 
Si los candidatos exigen que gocen plena e inmediatamente de las medidas de ayuda, entonces también fracasará. 
En cualquier caso, queremos un éxito, además un éxito en el 2004 y no un fracaso ni retraso. 
Señor Presidente, aunque apoyo plenamente la adhesión de Chipre, me pregunto si la Unión está realizando los esfuerzos necesarios para encontrar una solución al conflicto. 
El Ministro dice que apoya a las Naciones Unidas y que sigue el desarrollo de las conversaciones, pero ¿por qué no ofrece los servicios del Consejo como mediador en un intento de alcanzar una solución? 
¿Por qué la Comisión y el Consejo están bloqueando la apertura de relaciones comerciales con el Norte? 
Únicamente la intervención activa de Europa garantizará a ambas partes que la adhesión a la Unión traerá consigo un cambio profundo y radical del contexto de sus relaciones mutuas. 
La resolución del conflicto debería ser la piedra angular de la adhesión chipriota, y la Unión debería demostrar que es mucho más creativa, e incluso ingeniosa, de lo que ha sido hasta ahora. 
Señor Presidente, la ampliación de la Unión es un proyecto político. 
Los Estados que han solicitado la adhesión empezarán a decir a principios de otoño que sí les convienen las condiciones para la adhesión y, a raíz de ello, el proceso ya no podrá detenerse. 
Por entonces, la UE se verá políticamente obligada a ceder a las condiciones de Polonia, país que pospondrá hasta el final su aprobación. 
En cuanto a la financiación de la ampliación, es posible que muchos de los países que son contribuidores netos consideren que van a terminar siendo ellos los que paguen la ampliación. 
Las percepciones netas que estos últimos reciban de la Unión se verán reducidas. 
De hecho, en relación con las negociaciones para la ampliación, habría que elaborar las líneas presupuestarias para el período 2007- 2013, de tal forma que éstas estén disponibles antes de adoptar las decisiones fundamentales. 
El Tratado de Niza dificulta tal elaboración, dado que algunos países perceptores netos consiguieron hacer valer en Niza sus exigencias con respecto a la unanimidad en la toma de decisiones. 
Al exigírsele a Irlanda la organización de un nuevo referéndum sobre el Tratado de Niza con ocasión de la ampliación, se está ejerciendo una presión injusta que revela el carácter poco democrático de la UE en su relación con los Estados miembros pequeños. 
Todas las disposiciones necesarias siempre podrán ser incluidas en los tratados de adhesión, así que vaya nuestro cordial saludo para Irlanda: No means no! (¡No, quiere decir no!) 
Señor Presidente, la ampliación es, a mi entender, muestra característica de la solidaridad hacia los países de Europa Oriental, Malta y Chipre, que en breve se incorporarán a la Unión Europea. 
Por lo que respecta a Chipre, y ya que se ha referido a ello el colega que acaba de intervenir, quiero decir que cuanto antes comprenda Turquía cuál es la realidad europea actual, más sustantivamente contribuirá no sólo a la superación de los problemas referidos a Chipre, sino a su propia perspectiva europea. 
No conspira todo el mundo contra Turquía, señorías; por el contrario, en ocasiones es ella misma la que pone obstáculos a su perspectiva europea. 
Una política específica de la Unión Europea, que es expresión de la solidaridad de los más ricos para con los más pobres, es, qué duda cabe, la política de los Fondos Estructurales, que atañe a los actuales países miembros e, igualmente, a los futuros. 
Hablando, pues, del informe del Sr. Turco, al que desearía, a propósito, felicitar, quisiera decir que es evidente que en el año 2000 la puesta en marcha, para los actuales países miembros, fue singularmente lenta? la responsabilidad recae principalmente en ellos mismos, aunque no quisiera exculpar completamente a la Comisión Europea? e, igualmente, más lenta aún fue la puesta en marcha por lo que se refiere a las iniciativas comunitarias. 
Por lo que respecta al instrumento de preadhesión, el ISPA, desgraciadamente constatamos también una lenta puesta en marcha; aunque, por otro lado, hay un equilibrio entre las medidas que se refieren a los transportes y las medidas que se refieren al medio ambiente. 
Pero aquello que debemos tomar en consideración es que el ISPA no es sólo un instrumento financiero, sino también una vía de familiarización de estos países con las lógicas de la Unión Europea. 
Debemos, pues, por lo que respecta a la financiación? tanto si hablamos de Fondos Estructurales como si hablamos de agricultura? , mostrar con cierta generosidad nuestro apoyo hacia los que muy pronto se van a convertir en miembros de la Unión Europea; ellos, por su parte, deben hacer cuanto puedan, no sólo en el sentido de lograr la plena absorción los recursos, sino en el de su óptima utilización. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias tanto a la Presidencia como a la Comisión. 
En mi opinión, las dos han llevado a cabo un trabajo estupendo desde hace tiempo y me parece muy alentador que el calendario de las negociaciones con los países solicitantes parezca cumplirse, de modo que las negociaciones en el caso de diez países podrán darse por cerradas en diciembre bajo la Presidencia danesa. 
Los países solicitantes han hecho un gran esfuerzo para cumplir los criterios de Copenhague y aplicar el acervo comunitario. 
Nos falta ahora un punto central, es decir, reforzar la capacidad administrativa, la estructura administrativa, de modo que la legislación pueda también ponerse en práctica de forma responsable. 
En este punto quiero volver a elogiar a la Comisión por el programa de acción para el desarrollo de la capacidad administrativa, que en mi opinión ha resultado de gran ayuda para muchos países solicitantes. 
Los diez países solicitantes estarán listos. 
En cambio, pueden existir algunas dudas más acerca de los propios preparativos de la UE, que me parece son motivo de preocupación. 
No con respecto a su manejo por parte de la Comisión ni tampoco por parte de la Presidencia española, sin embargo, nos encontramos en la grotesca situación de que los quince países todavía no han podido ponerse de acuerdo en una posición común ante la cuestión de la ayuda agrícola directa- en este punto brillan con luz propia las divergencias internas entre los países comunitarios. 
Y hasta que exista una posición común, hemos de atenernos a la iniciativa de la Comisión en materia agrícola, que aprovecho la ocasión para elogiar. 
Es una iniciativa razonable y muy equilibrada que asimismo puede garantizar que tanto los agricultores polacos como otros agricultores obtengan una posición de competencia limpia y justa, sin que en el transcurso de pocos años hayamos vaciado las arcas comunitarias. 
También me parece acertado que se subraye todo el tiempo que la ampliación y la próxima reforma agrícola deben mantenerse separadas. 
En mi opinión, sería una equivocación histórica que los países solicitantes se vieran convertidos en rehenes de los propios desacuerdos internos de los Estados miembros. 
Tengo mucha fe en que la Presidencia danesa asumirá la responsabilidad junto con la Comisión y en que juntos harán todo lo que esté en su mano para eliminar los difíciles nudos que quedan, de modo que el sueño que todos tenemos de una Europa compacta y que coopera entre sí pueda convertirse en realidad. 
Señor Presidente, ha sido una alegría constatar durante este debate la abrumadora adhesión del Parlamento a la ampliación. 
El círculo de Copenhague a Copenhague está cerrándose. 
Si uno proviene, como es mi caso, de Copenhague, la alegría es naturalmente mucho mayor, y tampoco quiero ocultar mi alegría por provenir de un país, que, según los sondeos, es el país que más importancia da a la ampliación. 
Resulta alentador oír por boca del Sr. de Miguel los grandes avances acontecidos bajo la Presidencia española. 
Debemos dar las gracias por el considerable esfuerzo realizado, al igual que debemos dar las gracias al señor Comisario Verheugen por su esfuerzo incomensurable. 
Hemos oído también los obstáculos que aún quedan y que deben salvarse: la política agrícola, Kaliningrado, la cuestión de Chipre, los decretos Benes. 
La cuestión es si debemos sumarnos a Holanda, Suecia, Alemania e Inglaterra. 
No les permitamos que nos cierren el paso, no perdamos esta oportunidad histórica de reunificar Europa por interés de la libertad, la paz y la seguridad. 
Como otras Presidencias, también la danesa tiene un lema o eslogan de tres palabras. Dice así: ampliación, ampliación, ampliación. 
Tras el debate de hoy éste podría ser el orden del día del Parlamento. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a los Sres. Böge y Brok y a los demás diputados que han participado en la elaboración de estos informes. 
Son informes importantes que subscribo totalmente. 
He escuchado también con gran interés lo que el Sr. de Miguel y el Comisario Verheugen nos han dicho. 
Quisiera centrarme en los temas que se han eludido. 
Uno de ellos es la aprobación del referéndum en Irlanda y debemos tratar de entender de alguna manera qué podrá ocurrir en el futuro. 
En el caso de que no se apruebe, cosa que creo que nadie desea, nos resulta impensable decir a los países de la ampliación, después de todo lo que han hecho, que hemos estado bromeando. 
Es evidente que para Europa reconciliarse con su propia historia es una ocasión histórica. 
Sea como sea, es obvio que es preciso dar una respuesta y es justo que reflexionemos sobre esto. 
El otro tema es el coste de la ampliación que se tendría que comparar con el coste de la no ampliación. 
Si alguien piensa que la ampliación no implica costes superiores, francamente creo que no se han hecho bien las cuentas. 
Es evidente que debemos tratar de que nuestra opinión pública entienda el porqué de algunas decisiones. 
Justamente se acaba de hacer mención al aspecto que nuestros conciudadanos conocen poco y que mayoritariamente comparten poco, de las que son las decisiones originarias. 
Pero aquí quizás debería existir un esfuerzo mayor no solo por parte del Parlamento y de la Comisión, sino de todas las Instituciones europeas, pues es impensable que la ampliación se reduzca única y exclusivamente a abrir o cerrar cierto número de dossiers. 
Es una decisión que debe ser compartida por nuestros ciudadanos, pero es una decisión a la que es impensable que renunciemos si realmente queremos hacer progresos positivos de cara al futuro. 
Señor Presidente, señoras Comisarias y señores Comisarios, estimadas y estimados colegas, el año 2002 es para mí uno de los más decisivos e históricamente importantes en el desarrollo de la Unión Europea. 
Como Parlamento Europeo, queremos contribuir plena y totalmente a la ampliación pacífica de la Unión. 
Las negociaciones en los diversos capítulos avanzan bien en algunos campos y la Presidencia del Consejo se está esforzando realmente para que a finales de año se puedan concluir las negociaciones formales con los candidatos a la adhesión. 
El capítulo agrícola es uno de los mayores temas de negociación y, junto a la política regional y las cuestiones presupuestarias, es sin duda uno de los campos más delicados. 
Uno de los puntos más importantes sigue siendo para mí la cuestión tan duramente criticada del phasing-in de los países candidatos. 
Pero apoyo plenamente la propuesta de la Comisión relativa al phasing-in. 
También hay que prestar especial atención a que se lleve realmente a la práctica el acquis communautarire. 
Sólo deben llegar al mercado interior aquellos productos que cumplan los mismos requerimientos que los de la UE de los 15. 
Y en este contexto, hay que conservar el sistema de cuotas como importante instrumento de control. 
También quiero subrayar lo lamentable que es que avance tan lentamente la creación de oficinas de pago de SAPARD. 
Hasta ahora sólo se han establecido algunas en siete países candidatos y desde la aplicación de SAPARD en el ejercicio 2000 solamente ha fluido una pequeña cantidad de los créditos. 
Tenemos que alentar más a los nuevos países miembros para crear las necesarias condiciones administrativas para lograr una gestión financiera adecuada de la administración descentralizada sin que se pierda por ello de vista el objetivo de las ayudas. 
Por el contrario, es de saludar que la Comisión sea consciente de la difícil situación en las regiones fronterizas y lleve a cabo los estudios relativos a la situación socioeconómica en dichas regiones. 
Personalmente, lo saludo mucho y quiero decir para concluir que una Europa común sólo puede tener lugar con una intensa cooperación y asegurando el modelo europeo de política agraria también en el futuro. 
Señor Presidente, señoras Comisarias, señores Comisarios, estimadas y estimados colegas, hablo como experto en temas de presupuesto y en esta calidad a veces uno tiene la sensación de que hay que decir muy claramente, inclusive nosotros, los que nos ocupamos de las finanzas en relación con la ampliación, que estamos totalmente a favor de esta ampliación. 
Sabemos que no se trata sólo de una cuestión financiera sino que va mucho más allá. 
Es una cuestión de la paz en este continente, una cuestión de los estándares, una cuestión de la seguridad para las personas que viven en este continente, además en cualquier parte del mismo. 
Para poder superar el gran desafío que tenemos ante nosotros no sólo hay que querer algo políticamente sino que también hay que ocuparse de que aquellos para los que hacemos política, es decir, las personas, la apoyen. 
Es decir, deben tener confianza y ésta solamente existe cuando tienen la sensación de que también en relación con la financiación se actúa correcta y adecuadamente en estas cuestiones. 
Hay que añadir que la ampliación va a exigir algo de todos. 
Quien sueñe que puede avanzar sin ningún tipo de dificultad en un paisaje florido, no entiende el asunto. 
Queremos someter la financiación de la ampliación a unos controles muy exactos, es decir, que no extendemos cheques en blanco a los países que van a adherirse pero tampoco queremos poner obstáculos. 
Saludamos en gran medida lo que ha propuesto la Comisión. 
En el caso de los fondos estructurales, uno de los campos de mayores gastos, estamos contentos que haya seguido el enfoque del Parlamento y de que para aumentar la capacidad de absorción de los créditos en los países candidatos quiera realizar una regulación que se apoye en lo que hacemos en el campo de los fondos de cohesión. 
Pero también decimos muy claramente en este contexto que este modelo es sólo válido para la transición. 
No vamos a crear aquí un fondo de cohesión que en el futuro cree otro modelo u otro fondo que entonces ya no expire, sino que pasaremos dentro de lo posible a los fondos estructurales normales. 
En el campo de las ayudas agrarias, apoyamos a la Comisión. 
Estamos a favor de que las áreas rurales se vean como unidades dirigidas a objetivos. 
También somos de la opinión de que las ayudas directas son hoy parte componente de los ingresos agrarios y que hasta el 2006 hay un modelo sencillo que es financiable, claro y que podemos apoyar. 
Para el tiempo posterior, tenemos que recapacitar sobre cómo debe ser. 
Hoy no existen cheques en blanco pues sólo conocemos el marco financiero hasta el 2006. 
En este lugar, podemos garantizar el pleno apoyo. 
A continuación, habrá que seguir pensando. 
Esto exige también bastante de las partes negociadoras. 
Lo seguiremos muy crítica pero también constructivamente. 
Algo similar tenemos en el sector de la política exterior. 
Quien en el campo de las ayudas externas mire la evolución futura, tendrá que contar con que aquí hay cosas que no se pueden reconocer hasta hoy. 
Menciono sencillamente como ejemplo Kaliningrado. 
Someteremos en este caso también las ayudas externas de la Unión Europea a un control muy crítico, pero estamos convencidos de que es posible y que podremos lograr los correspondientes avances. 
Las ciudadanas y ciudadanos pueden saber que hasta el año 2006 no hay ningún problema detectable. 
Para el tiempo posterior, habrá que negociar correctamente. 
Todos los que están sentados a la mesa tienen un elevado grado de responsabilidad. 
Como Parlamento codecidiremos sobre el modo de proseguir y examinaremos todo con lupa. 
Sin embargo, acompañaremos estas cuestiones muy positivamente pues creemos que la ampliación de la Unión Europea es la tarea del futuro que hay que apoyar y en la que todos deben saber adónde se va, sobre qué hay que hablar antes y cuánto va a costar. Pero, en cualquier caso, vamos a acompañar este proceso muy constructiva y positivamente como hemos hecho hasta ahora. 
Señor Presidente, señoras Comisarias, señores Comisarios, señoras y señores, estimadas y estimados colegas, mi exposición se refiere a la administración de los fondos estructurales de la UE que precisa más que una mejora no sólo de cara a la ampliación. Pues en el marco del 12º informe anual sobre los fondos estructurales 2000, los fondos de cohesión y el instrumento de política estructural para la preparación a la adhesión de los países de la Europa Central y Oriental se muestra, tal como dice acertadamente el ponente, un considerable retraso en la utilización de los créditos de compromiso y de pago. 
A pesar de la reducción de objetivos, de la concentración y de la simplificación de la planificación, la aprobación de las nuevas formas de intervención para el período de planificación de los fondos estructurales ha avanzado sensiblemente con más lentitud de lo previsto y de lo que era deseable. 
Aunque los ministros de Hacienda de la UE se alegren actualmente por cada euro que no se gasta en el ámbito de la UE, ya que alivia a corto plazo los pagos netos de los Estados miembros de la UE, se trata de un ahorro en el lugar erróneo pues los fondos de la UE se necesitan precisamente con urgencia en tiempos de desempleo creciente. 
Los motivos de las dificultades se deben buscar por igual entre los Estados miembros y en la Comisión de la UE. 
En parte, faltan proyectos adecuados. 
No con poca frecuencia las dificultades se deben a la ausencia de la necesaria cofinanciación. 
También considerables cuellos de botella administrativos son un motivo por el que los créditos no pueden ser utilizados por los Estados miembros. 
Según el informe anual 2000, no se ha autorizado ni una sola intervención en lo tocante a las iniciativas comunitarias, de modo que la ejecución del presupuesto en este campo es del 0%. 
Por ello, es necesario que la Comisión se ocupe en el futuro de un inicio a tiempo en el nuevo período de planificación y que insista en un trabajo previo y a tiempo por parte de los Estados miembros. 
Por otro lado, la Comisión también debe intensificar el control de la ejecución de los programas e informar a tiempo al Parlamento Europeo sobre todas las irregularidades constatadas. 
Señor Presidente, señoras Comisarias, señores Comisarios, estimadas y estimados colegas, hoy se ha dicho ya en múltiples ocasiones- lo que sólo puedo subrayar- que las ventajas de la ampliación de la UE hacia el Este son muy superiores a las desventajas y que muchos se van a beneficiar de esta ampliación. 
Pero también hay problemas y no debemos enmascararlos si queremos que las ciudadanas y ciudadanos participen, tal como acaba de decir el Sr. Walter. 
Esto es aplicable especialmente a los puntos de intersección de la ampliación, es decir, a las regiones fronterizas. 
Muchas de estas regiones son ya hoy zonas periféricas con grandes carencias estructurales. 
Por este motivo, no debemos dejarlas solas. 
Para ello, disponemos entre otras cosas, de la acción comunitaria para las regiones fronterizas, que considero como un instrumento muy bueno. 
La parte principal se refiere al transporte. 
Aquí tenemos que dar una importancia central al transporte regional, lo que ya hemos destacado en el informe Sommer. 
No es suficiente con invertir sólo en las TEN, pues no se trata sólo de las líneas de Varsovia a Berlín o de Viena a Praga, sino también de las conexiones de una pequeña ciudad aquí a otra pequeña ciudad allí. 
De este modo, llego al segundo punto central que se menciona en esta acción comunitaria, a saber, la promoción de las pequeñas y medianas empresas. 
El comercio transfronterizo es un paso necesario. 
Actualmente existe un proyecto piloto que se ha puesto por fin en marcha y que espero sea un éxito. 
Pero sólo tendremos éxito si simplificamos los procedimientos de las solicitudes y si logramos una mejor coordinación entre los instrumentos de ayuda como, por ejemplo, Interreg y PHARE-CBC. 
Quiero además indicar aquí que no necesitamos nuevos instrumentos sino que debemos optimizar los ya existentes. 
Finalmente, tenemos que recapacitar también sobre si no podemos elevar la parte de cofinanciación en algún que otro sitio. 
Instrumentos como el de la acción comunitaria tienen realmente un valor añadido europeo. 
Las personas se reúnen en las regiones fronterizas. 
Trabajan quizás en un lado y viven en el otro. 
Aquí pueden conocerse y aprender unas de otras. 
Por ello, debemos apoyar este proceso con todas nuestras fuerzas. 
Señor Presidente, quiero referirme específicamente a los informes Turco. 
Reconozco que representan una acusación crítica de la gestión de los Fondos Estructurales, de Cohesión y del ISPA. 
Sencillamente no es admisible, por ejemplo, que haya aún numerosos programas que datan de los años ochenta y noventa que siguen abiertos. 
Asimismo, en el año en cuestión no se ha hecho ningún desembolso de fondos con cargo a programas como Urban, Interreg o Leader. 
Como insinúa el informe, todo esto no ha sido más que una sucesión de errores. 
Informes recientes del Tribunal de Cuentas y de la OLAF han revelado importantes agujeros en las cuentas de la Comisión. 
Sólo la OLAF ha investigado casos por valor de 144 millones de euros este año. 
¿Adónde ha ido todo ese dinero? 
Ahora es fundamental que la Comisión comience a actuar con más probidad financiera con vistas a conservar lo que le queda de su credibilidad. 
Habida cuenta de que 35 programas de 1989 siguen aún en los libros de la Comisión, a pesar de que los pagos debían haber terminado hace ya nueve años, es imprescindible introducir ya medidas adecuadas para ejecutar los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto. 
Por consiguiente, debería aplicarse con mayor rigor la regla "n+2" en todos estos fondos para que el contribuyente europeo no deba pagar proyectos que se prolongan más allá de los plazos de financiación establecidos. 
Del mismo modo, los Estados miembros no están exentos de culpa en este fallo de financiación. 
Es asombroso que, según se informa, más de 100.000 millones de euros sigan sin ser utilizados como consecuencia, en buena medida, de la falta de acción por parte de los gobiernos nacionales. 
El Reino Unido es uno de los peores infractores en este sentido. 
Me consterna, por ejemplo, que a comienzos de año se había utilizado en mi región menos del 5% de la financiación comunitaria disponible. 
Esos fondos no son y no deberían ser infinitos. 
Si la Comisión y los Estados miembros no saben organizarse, los fondos deberían ser devueltos adonde corresponde; los bolsillos del contribuyente europeo. 
Señor Presidente, como presidente suplente de la delegación para Lituania, me voy a centrar en este país y en la central nuclear de Ignalina. 
Saludo expresamente que a comienzos de la semana haya sido posible oír también por parte gubernamental de este país, a través del Jefe de Gobierno, Sr. Brazauskas, que el país va a desconectar definitivamente el año 2009 también el segundo reactor de esta central. 
Esto ha sido posible porque la Unión Europea ha aceptado compromisos entre el 2004 y el 2006, en total unos 245 millones de euros. 
Pero también quiero decir que después del 2006 tendremos que seguir prestando ayuda al país en la gestión general de esta central nuclear. 
Si los 2.400 millones de euros que quiere Lituania distribuidos a lo largo de 20 años tienen que provenir todos de la Unión, tengo naturalmente mis dudas, pues cualquier país que explota normalmente una central nuclear debe adoptar las medidas de previsión correspondientes para el tiempo posterior. 
Me parece que un aspecto interesante en este contexto con Ignalina es que por primera vez exigimos con razón de un país candidato algo que no se puede encontrar en el acquis communautaire, pues, lamentablemente, no disponemos hasta hoy de ningún acervo comunitario sobre la seguridad de las instalaciones nucleares. 
Lo considero como un escándalo político y espero que en el futuro logremos unos estándares comunes en este campo. 
Oigo que incluso determinados círculos del Consejo, los sospechosos usuales, tienen algo en contra de que se escriba expresamente en el tratado de adhesión con Lituania que tienen que cerrar y los motivos por los que tienen que cerrar, pues se tiene miedo de que de ello surgiese indirectamente un acquis. 
Espero que la Comisaria Loyola del Palacio tenga éxito con su anuncio de establecer por primera vez mediante un paquete de medidas en el marco de EURATOM unos estándares comunes para la seguridad de las instalaciones nucleares. 
Estos sólo pueden ser los estándares técnicos más elevados posibles si queremos seguir explotando la energía nuclear, pero para mí es un motivo para llamar la atención sobre un aspecto: no exijamos de los países candidatos algo que no nos exigimos a nosotros mismos. 
En el presente caso es correcto que lo exijamos, pero entonces tenemos que extraer las consecuencias dentro de la Unión para los estándares de seguridad de las instalaciones nucleares. 
Señor Presidente, quisiera manifestar mi acuerdo con el informe del Sr. Turco. 
Los programas de desarrollo regional van encaminados a fomentar la competitividad del empleo y la creación de condiciones para un desarrollo sostenible en las regiones europeas más desfavorecidas, en una Unión ampliada. 
Es necesario que haya eficacia en la ayuda comunitaria, lo que presupone una evaluación no sólo del análisis de los costos y beneficios, sino también de los indicadores cuantitativos y cualitativos. 
La prioridad de los fondos es el fortalecimiento de la calidad de los programas, la vinculación mutua de éstos con la resolución de las asimetrías regionales en la Unión y su influencia en la calidad de vida de las poblaciones. 
Es necesario incorporar los programas de la Política Agraria Común, de la Política Pesquera Común y de la sociedad de la información y la investigación en la política de cohesión económica y social para que las asimetrías no se agraven en relación con las regiones más ricas. 
La aplicación del Fondo de Cohesión y de los Fondos estructurales en el desarrollo de las redes transeuropeas y, en particular, de la red europea de ferrocarriles de alta velocidad, es necesaria para que extienda a los territorios continentales periféricos en la Unión Europea ampliada. 
Señor Presidente, como ya lo han hecho otros diputados, doy las gracias al señor Reimer Böge por este excelente informe que con tanta claridad se concentra en la ampliación y en sus condicionamientos económicos. 
Como parlamentarios europeos podemos ejercer presión sobre el Consejo- especialmente en la próxima Cumbre de Sevilla -, presión que evidentemente es necesaria para saber qué pasa con las negociaciones de ampliación que están pendientes. 
La ampliación de la UE tiene la máxima prioridad. 
Es absolutamente inaceptable que se aplace una vez más la fijación de una postura cuando la ampliación está a la vuelta de la esquina. 
Si el Consejo continúa con los retrasos y con las señales contradictorias sobre la política agrícola común que se aplicará en la UE ampliada- una para los antiguos países miembros y otra para los nuevos- se corre el peligro de que no podamos dar la bienvenida a diez nuevos países a comienzos del próximo año. 
En estas circunstancias también es importante recordar que la UE no determina esto por sí sola. 
En la UE ampliada se necesitará también respaldo en los plebiscitos que se realicen en los nuevos países miembros en relación con la ratificación de los tratados. 
La ampliación a los países de Europa del Este es una tarea histórica, la mayor y más trascendente que alguno de nosotros vaya a experimentar jamás. 
Los que intenten impedir o detener este proceso asumen una enorme responsabilidad. 
Espero que los Jefes de Estado y de Gobierno que se reunirán dentro de algunas semanas en Sevilla también lo entiendan. 
Señor Presidente, intervenimos sobre el informe Sommer y sobre la manera en que dicho informe insiste e incide en el futuro de la ampliación. 
Quiero decir seguidamente que estamos de acuerdo con lo que afirma la Comisión en su comunicación sobre el impacto que producirá la ampliación en las regiones directamente limítrofes con los países candidatos a la adhesión y apoyamos con convicción el informe de la Sra. Sommer, a la que debemos reconocer el mérito de haber identificado con precisión los problemas específicos de estas regiones fronterizas, unos problemas que deberán afrontar a corto plazo por su proximidad a los países que económicamente están todavía muy lejos de los estándares europeos. 
Con la misma convicción respaldamos la enmienda que hemos propuesto y que ha sido aprobada por la Comisión de Política Regional, con la que pedimos a la Comisión que se comprometa a formular una definición más clara y más exhaustiva de las regiones transfronterizas, una definición que, además de las fronteras terrestres, tenga más en cuenta las fronteras marítimas, así como la evolución de las prioridades políticas de la Unión. 
Señor Presidente, aun siendo una realidad ineludible, la ampliación de la Unión Europea debe ser también una ocasión para hacer un balance de sus propias políticas, teniendo en cuenta que aún persisten muchas desigualdades en su seno y que no se puede hacer la ampliación a costa de quienes son más pobres en la actual Unión Europea actual. 
La propuesta que la Comisión presentó para las negociaciones agrarias me parece razonable en su globalidad. 
La cuestión más polémica es la de la aplicación de las ayudas directas actuales, creadas por las reformas de la PAC de 1992 y 1999 para compensar las reducciones de precios que entonces se decidieron. 
Vistas las cosas con objetividad, esos países no tienen derecho a recibir ese tipo de ayudas. 
Fueron creadas con el exclusivo propósito de compensar las reducciones de precios. 
Ahora bien, en los nuevos países miembros no sólo no ha habido reducción de precios, sino que, además, es de prever que haya aumentos. 
Lo inadecuado de la propuesta de la Comisión es que da una señal en el sentido de que el actual modelo de ayudas directas se mantendrá después de 2006. 
El actual sistema de ayudas directas de la PAC estaba justificado a medio plazo para evitar reducciones en la renta de los agricultores. 
Pero es insostenible a largo plazo, porque, al no ser extensible a todas las producciones agrarias, es muy discriminatoria. 
Por eso, es necesario crear en 2006 un nuevo sistema de ayudas a la agricultura justificado por la lógica de las múltiples funciones que la agricultura desempeña en la sociedad. 
Pero, ¿querrá eso decir que no se deberán aplicar ayudas a los nuevos países del Este? 
No. 
Creo que la propuesta de la Comisión de presentar desde ahora mismo el 25 por ciento de las ayudas sería aceptable, si se pagaran dichas ayudas con una base horizontal objetiva- por ejemplo, basándose en las explotaciones o en las superficies -, sin vinculación con cultivos o producciones concretos. 
Si así fuera, la propuesta tendría mayor consistencia técnica o sería más justa con vistas tanto al presente como al futuro. 
Señor Presidente, el reto de la ampliación es un objetivo político irrenunciable y es inaceptable que la negociación del capítulo agrícola pueda poner en riesgo el fin o el calendario de la ampliación. 
Por eso es absolutamente imprescindible que sigamos trabajando en el sentido de apoyar los esfuerzos que están realizando los países candidatos para reestructurar y modernizar su agricultura, en la exigencia del acervo comunitario, por parte de los países candidatos, pero teniendo muy claro que también nosotros debemos cumplir este acervo comunitario. 
Los pagos directos forman parte de este acervo comunitario y la propuesta de la Comisión, que apoyamos, de su introducción progresiva, debe garantizar que, en un breve plazo, exista una sola política agrícola para una Unión Europea ampliada. 
Las medidas de desarrollo rural deben servir para conseguir que en los países candidatos existan zonas rurales activas con una producción diversificada y, sobre todo, que garanticen el empleo. 
Y, por último, hay que tener en cuenta que la ampliación no puede asociarse a la reforma de la política agrícola. 
La reforma de la PAC tiene su ritmo, su calendario y depende, en gran medida, del resultado de nuestras negociaciones en la Organización Mundial del Comercio y de sus consecuencias en la evolución del mercado mundial. 
Señor Presidente, me referiré al informe Turco. 
Con razón es un informe muy crítico. Lo que me llama la atención es que en todos estos años nuestra crítica acerca de los informes anuales sobre los Fondos Estructurales no ha variado. 
Desde el primer año de evaluación la comisión ha registrado serios retrasos que han causado una enorme infrautilización de los créditos. 
No se presta la debida atención al principio de adicionalidad, que no deja de ser un criterio fundamental. 
Los Estados miembros deberían ejercer el mismo control sobre el dinero europeo que sobre su propio dinero, empezando por las autoridades de mi país. 
La situación no ha cambiado o mejor dicho no ha mejorado nada desde los años ochenta. 
Continúa habiendo una sustanciosa cantidad de dinero que no se utiliza, no sólo en el ámbito de los Objetivos 1, 2 y 3 sino también por lo que respecta a las nuevas iniciativas. 
En mi opinión, la Unión y las regiones desaprovechan una oportunidad única actuando de esta manera. 
Es incomprensible que los Estados miembros no se hayan esforzado más por emplear los recursos disponibles. 
De este modo emitimos una señal negativa a los países candidatos. 
Si nuestros Estados miembros no saben gestionar nuestros fondos ¿qué es lo que se puede esperar de los nuevos miembros? 
No podemos aplazar por más tiempo la simplificación administrativa. 
Es algo que debe hacerse inmediatamente. 
Los recién llegados sencillamente no pueden cumplir todos nuestros requisitos administrativos. 
El programa ISPA constituye un claro ejemplo de ello. 
El resultado de todo ello será que el dinero de los fondos no se gaste, de modo que perderemos una ocasión importante para fomentar el desarrollo de la Europa Oriental. 
La presentación fuera de plazo de proyectos en el marco de ISPA no puede ser motivo de rechazo en los casos en que la Comisión no haya ofrecido asistencia técnica. 
Quisiera detenerme brevemente en otro tema. 
Instamos a la Comisión a que cierre definitivamente los antiguos proyectos de los años ochenta y noventa. Los servicios de la Comisión no serán capaces de seguir tramitando todo lo relacionado con estas iniciativas en cuanto entren a formar parte de la Unión Europea otros diez Estados miembros nuevos. 
¡Hay que sanear el sistema ahora mismo! 
¿Qué piensa hacer la Comisión al respecto? 
Señor Presidente, los ciudadanos de los países candidatos ya cuentan con la posibilidad de participar en los programas plurianuales de la Unión: la participación en los programas SÓCRATES, LEONARDO Y JUVENTUD ya ha empezado a darse en muchos países. 
Algunos de ellos ya participan también en los programas CULTURA 2000 y MEDIA PLUS. 
Nos cabe alentar este desarrollo con todos los medios disponibles. 
A través de esta participación, surge una auténtica colaboración y vinculación entre los ciudadanos de los países candidatos y los de los antiguos Estados miembros. 
Los programas ofrecen a los jóvenes de los países candidatos la oportunidad de enriquecer su formación humana a través del conocimiento de lenguas y de su mejor comprensión de diferentes culturas. 
Los contactos entre los ciudadanos de los antiguos y nuevos Estados miembros también son necesarios en la divulgación de la información relativa a la adhesión. 
Aunque la responsabilidad principal sobre las campañas informativas reside en los Gobiernos de los países candidatos y en las instituciones de la UE, sería deseable que la sociedad civil pudiera transmitir sus experiencias. 
En Finlandia, Suecia y Austria existe aún vivo el recuerdo de los debates que precedieron a los referéndums sobre la adhesión. 
Quizás esto sirva de ayuda al abordar los objetivos fijados para el año 2004. 
Señor Presidente, la ampliación de la Unión Europea será el mayor proyecto en el que Europa tome parte durante los próximos diez años, y debemos de tener cuidado no sólo cómo realizamos la ampliación, por el bien de los actuales Estados miembros, sino también cómo tratamos a los países que ingresan. 
Quiero referirme al aspecto agrícola porque quiero que se lleve a cabo una reforma adecuada de la política agrícola común antes de la ampliación. 
Lo que me preocupa es que no lo hagamos como es debido. 
Llegaremos a una situación en la que el presupuesto de la política agrícola común no encaje con el tamaño de la nueva Unión Europea. 
Entonces, habrá que realizar recortes en alguna parte, lo que quizá no sea el modo correcto de proceder. 
Sé que la Comisión está ocupándose mucho de esta cuestión, pero debemos estudiar también cómo podemos hacer llegar los fondos del programa SAPARD a los Estados candidatos para ayudarles a construir su infraestructura, incluido su sistema de enseñanza. 
Durante una reciente visita a Polonia descubrí que existen numerosos problemas con la enseñanza, especialmente en las zonas rurales, donde a menudo los niños no cursan la enseñanza secundaria porque se quedan en casa para ayudar en el campo. 
Debemos hacer frente a un gran número de agricultores en dichos Estados candidatos y debemos encontrar el modo de ayudarles a reestructurar su agricultura cuando ingresen en Europa. 
También me preocupa mucho cómo podemos evitar la entrada en la Unión Europea de productos alimenticios que no cumplen los estrictos niveles de nuestra producción. 
Debemos ser perfectamente claros al respecto. 
Con estas reservas, aunque apoyo la ampliación, debemos tener cuidado con estos aspectos. 
Señor Presidente, un cumplido al Consejo y a la Comisión, quienes ha escuchado en maratón de cinco horas todos los deseos del Parlamento Europeo sobre el proceso de adhesión. 
Han comprobado que hay numerosas observaciones y deseos en lo que se refiere a este proyecto histórico. 
Yo mismo soy miembro de la delegación para Rumanía y miembro suplente de la delegación para Bulgaria. 
Por ello, sólo voy a exponer una idea: estos países están naturalmente muy intranquilos por si les vamos a olvidar. 
Cuando a finales de este año se abra la puerta en Copenhague para los diez países, en Rumanía y Bulgaria se preguntarán cuál es si situación. 
Quiero preguntar ¿qué señales vamos a dar a estos países a finales del 2002? 
¿Existe un calendario para la segunda ronda? 
¿Existen también más ayudas para que podamos mejorar el proceso de adaptaciones? 
Señora Schreyer, no siempre tiene que ser dinero. 
Hay otras ayudas. 
No debemos olvidar a estos países. 
El primer proceso de adhesiones es sólo la primera etapa. 
Señor Presidente, yo también me felicito del trabajo realizado por el Sr. Brok y por todos sus coponentes en lo que se refiere al informe que hoy hemos debatido y que ha contado con la presencia de muchos oradores. 
Comparto la posición de muchos colegas que han respaldado la necesidad de usar el coraje, pero también la prudencia y el rigor a la hora de concluir el proceso de adhesión para cada país. 
La adhesión de los países candidatos es una decisión, un objetivo político y una necesidad para los Estados de la Unión. 
La decisión de cada uno de los países es un evento ligado a cuestiones de fondo, en el pleno cumplimiento del Consejo de Helsinki y de los criterios de Copenhague. 
Me satisface que los países candidatos participen en los trabajos de la Convención, porque en ese foro de trabajo podrán entender bien que, además de la exigencia de un buen gobierno, de la lucha contra la corrupción y contra la delincuencia, además de las reformas económicas, jurídicas y sociales, de las políticas de agricultura y de la distribución de los fondos, hay otro punto respecto al cual la Unión no está dispuesta a transigir: la cuestión de los derechos civiles, la cuestión de la igualdad de oportunidades, que deben ser capítulos innegociables de la adhesión. 
En realidad, hoy estamos viviendo una etapa de la ampliación de Europa. 
Es verdad que la ampliación anterior fue una ampliación lenta que vio como de los seis países iniciales se pasaba a los quince actuales. 
Lo que nos asusta y que tenemos ante nosotros es una ampliación rápida, con la adhesión, además, de diez países que tienen una democracia reciente. 
Es precisamente esto que si, por un lado, nos hace defender con firmeza la decisión política, por otro, nos hace seguir con prudencia el estricto respeto de los acervos. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señoras Comisarias, señores Comisarios, estimadas y estimados colegas, quiero felicitar muy encarecidamente a todos los ponentes, quienes se han ocupado muy intensamente del tema de la ampliación hacia el Este no sólo este año sino también durante los años pasados. 
El punto esencial es el apoyo político y el apoyo de las personas en el proceso de ampliación y esto, naturalmente, sólo puede tener lugar mediante fuerzas legitimadas democráticamente, como los diputados, representantes de las personas en Europa. 
En este contexto, nos hacemos cargo de una importante tarea. 
Quiero felicitar especialmente al ponente Böge, también como miembro de la Comisión de Presupuestos, pues creo que la financiación de la ampliación es la cuestión más seria que nos plantean desde todas las partes y que mueve muy especialmente a las personas en la Unión Europea al igual que en los países candidatos. 
Creo que el enfoque que el Sr. Böge y nosotros hemos encontrado en la Comisión de presupuestos es un enfoque serio. 
Hay que dedicar a este proceso de ampliación lo que se dispone en la Agenda 2000, pero no puede ser que se adopten al mismo tiempo resoluciones para el tiempo posterior de un modo que ya no existiría una libertad de decisión a partir del 2007. 
Lo considero un enfoque muy inteligente. 
También quiero felicitar a la colega Sommer pues creo que en su informe sobre las regiones fronterizas ha logrado mostrar los problemas de las personas que se ven afectadas directamente por la ampliación y que ya hoy experimentan día a día lo que significa vivir en una región donde la situación económica es muy diferente y por intentar que el Parlamento envíe un mensaje claro para proporcionar las correspondientes ayudas mediante los créditos que podemos poner a disposición como Parlamento en el marco del procedimiento presupuestario para el año 2002. 
Ha sido una lucha difícil pero lo hemos logrado al finalizar el día. 
Creo que en el marco del procedimiento 2003 encontraremos algún que otro euro para poder poner a disposición créditos adicionales en estos campos. 
Señor Presidente, la ampliación de la Unión es un paso importante y correcto en el camino hacia el futuro de Europa. 
A pesar de ello, no se pueden lanzar sin más hurras de optimismo. 
Hay que preparar y negociar con atención el proceso de ampliación en su totalidad y aún más en los numerosos capítulos para que coincidan todos los detalles. 
Es importante que el Parlamento Europeo se ocupe en un debate conjunto y a fondo del tema de la ampliación: estado de las negociaciones de adhesión, cuestiones de financiación y last but not least, también de la acción comunitaria para las regiones fronterizas. 
Este tema ha sido ha sido expuesto desde hace cinco años por numerosos representantes de Austria con muy buenos motivos como una medida irrenunciable de acompañamiento, al principio contra la resistencia de casi todos. 
Ahora, en que la fecha de la adhesión se aproxima y cada vez hay más personas que recapacitan sobre los detalles concretos de este acontecimiento, apenas podemos responder a las alabanzas. 
Por supuesto, la mayoría no sólo quiere darnos la razón sino sobre todo participar en los fondos financieros y compartirlos con nosotros. 
La Comisión, como ya se ha dicho hoy sobre el tema de la ayuda a las regiones fronterizas, no se ha mostrado desde el principio como especialmente dispuesta a ayudar. 
Tampoco ahora estamos totalmente satisfechos con la comunicación de la Comisión. 
Lo que se ha previsto se debe saludar como una primera medida. 
Pero van a ser necesarios más pasos, léase fondos, para que la ampliación sea un pleno éxito también en nuestro lado de la frontera. 
También va a ser necesario que haya algunas medidas de acompañamiento adicionales. 
Sobre todo, necesitamos una regulación mejor de minimus para que nuestros Estados miembros y regiones puedan apoyar medidas de reestructuración con fondos propios adicionales a los fondos de ayuda europeos. 
Sólo entonces las personas que viven en la región directamente al lado de la frontera podrán decir sí con buena conciencia a la ampliación. 
Señor Presidente, señoras y señores, la tarde de hoy se encuentra bajo el gran titular de "ampliación de la Unión Europea". 
Creo que estamos de acuerdo sobre un punto que ya han mostrado claramente las intervenciones de los colegas. Queremos la ampliación de la Unión Europea y estamos trabajando duramente a todos los niveles para llevar a cabo con responsabilidad este gran objetivo político. 
El calendario es ambicioso. 
Vemos el final a pesar de que aún hay que solucionar capítulos como el de la agricultura y el de la política regional. 
Permítanme realizar en este contexto una observación sobre ayer. 
Vimos ante el Parlamento una manifestación de agricultores de la Comunidad actual. 
Han expuesto las preocupaciones que ven para su futuro y se han manifestado sobre la evaluación intermedia de la Agenda 2000. 
Para ellos se trata de una oportunidad de futuro para sus explotaciones y, en consecuencia, para sus familias. 
Lo que más me ha impresionado fue que mostraron solidaridad con los colegas de los futuros Estados miembros a pesar de la mala situación en la que se encuentran actualmente nuestros agricultores, con unos precios a la baja de la leche y los cereales. 
Para mí, esto es un motivo para hacer todo y no dejar solas con sus preocupaciones y necesidades a las personas en la Unión existente al igual que en los países candidatos. 
Tenemos que hablar también sobre los problemas. 
Primero: SAPARD como ejemplo concreto. 
Aquí fluyen créditos de un modo totalmente insuficiente. 
Deberían conservarse para la agricultura y las áreas rurales. 
Segundo: los demás créditos necesarios para el desarrollo de las áreas rurales tienen que ser soportados por todas las medidas de política estructural y no sólo por la política agrícola común. 
Tercero: es absolutamente necesaria la plena armonización en el mercado interior. 
Soy breve y les expreso mi agradecimiento, pues aquí hay algunas personas que llevan aguantando mucho tiempo. 
Señor Presidente, voy a centrarme durante mi intervención en los aspectos prácticos de la ejecución de la Política Regional y Estructural, elemento crucial para proceder con éxito tanto a la ampliación, como a la preparación de la misma. 
La Comisión y los países candidatos deben preparar la ampliación de tal modo que no se produzcan demoras innecesarias en la puesta en marcha de los programas y que se utilicen de forma eficaz los fondos reservados para la ampliación. 
Los procedimientos de los Fondos Estructurales deben ser lo más simples y eficaces posible. 
Hay muchas cosas que mejorar en este sentido, lo cual se pone de manifiesto, por ejemplo, en el informe de Sr. Turco. 
Las subvenciones deben ser destinadas y aplicadas gradualmente, canalizándose la financiación lo más directamente posible hacia los agentes locales y, prioritariamente, hacia las regiones más pobres. 
Habrá que introducir de forma gradual las subvenciones en las operaciones estructurales. 
La utilización del Fondo de Cohesión en la primera fase está justificada, pero, en adelante, habrá que aumentar la proporción de financiación basada en los propios programas. 
La especialización, el saber hacer, las nuevas tecnologías y el acceso adecuado a la red por parte de las PYME y de todas las instancias regionales son aspectos esenciales para la práctica de una Política Regional eficaz y para el fomento de los efectos positivos de la ampliación. 
El reto en sí no es tanto la aceptación de las normas comunitarias, como la aplicación y seguimiento de las mismas. 
. Señor Presidente, usted puede imaginar que, después de cinco horas de debate, no tengo ninguna voluntad de añadir algo nuevo, porque creo que ya se ha escuchado todo. 
Además, no voy a cansar a esta Cámara, porque, en todo caso, se cansarían las sillas, ya que prácticamente no queda nadie más que la sufrida Comisión Europea que, desde luego, ha estado sentada, como la Presidencia, durante las cinco horas sin interrupción. 
Simplemente quisiera decir que hemos tomado muy buena nota, porque naturalmente eso es parte del ejercicio: la Presidencia toma buena nota de todo lo que los honorables diputados han dicho; no puedo decir que coincida con todos, pero he recogido temas muy importantes. 
En segundo lugar, he de decirle que la ampliación ha sido una prioridad para nuestra Presidencia, y seguirá siéndolo para el Consejo Europeo de Sevilla y, por lo tanto, esperamos poder sacar conclusiones que avancen en ese proceso. 
Del "road map" que nos correspondía no nos queda más que terminar un consenso, que esperamos poder lograr, para alcanzar una posición común en materia agrícola. 
Si por cualquier razón que yo pudiera entender, ese consenso por el que vamos a luchar en el Consejo no pudiera lograrse, me imagino que los países que no se presten a la posición común asumirán sus responsabilidades políticas ante esta Cámara y ante la opinión pública europea, porque me parece que el tema de los pagos directos, tal y como se deduce de la propuesta de la Comisión, forma parte del acervo y no debe discutirse y que, por lo tanto, no es bueno que la adhesión quede condicionada a una hipotética o a una futura reforma de la política agrícola común. 
Ése es un tema que no quiero prejuzgar, siempre hay lugar para la esperanza y para buscar una fórmula que agrade a todos y ése es precisamente el objetivo de la Presidencia: que todo el mundo pueda encontrar su posición y resolver sus problemas políticos. 
Señor Presidente, yo voy a ser incluso mucho más breve. 
Sólo voy a expresar mi agradecimiento a la Asamblea por un debate que considero como extraordinariamente constructivo, por un debate que la Comisión ha sentido como un aliento para proseguir su rumbo. Nos ayuda mucho saber que gozamos del apoyo del Parlamento. 
Se han planteado muchas cuestiones en este debate. 
Si quisiera responder a todas, necesitaríamos aún una hora. 
Por ello, con su autorización señor Presidente, ruego poder responder por escrito a todas las cuestiones planteadas en el debate. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, en primer lugar quiero adherirme al agradecimiento expresado por el orador anterior, Günter Verheugen. 
Yo también quiero expresar mi agradecimiento por el amplio apoyo que han encontrado las propuestas de la Comisión en este debate. 
Sólo voy a decir muy brevemente algo sobre dos, tres cuestiones. 
Sobre la primera cuestión, el programa SAPARD, que ha sido mencionado por muchos oradores. En primer lugar, quiero indicar que entretanto están en marcha siete programas, si bien lo importante es en qué países candidatos lo están. 
Les puedo realizar la satisfactoria comunicación de que en este mes se va a sumar otro país, Polonia. Solamente Polonia va a recibir más créditos que los siete países que participan hasta ahora. 
Esto pretende aclararles un poco que es algo demasiado simple el fijarse sólo en los porcentajes y en los importes. 
Creo que en este modo de mirar las cosas hay que incluir la diferencia de los candidatos y, naturalmente, también la necesidad de establecer un sistema que encuentre después en esta Asamblea, por ejemplo, la aprobación de la Comisión de Control Presupuestario. 
Es cierto que la introducción de este sistema ha exigido mucho trabajo y que se han producido retrasos, pero no es cierto que estos retrasos se deban exclusivamente a la Comisión. 
Quiero advertirles frente a comenzar de nuevo un debate sobre un programa INRA o como se llamen, advertirles en el sentido de que sólo retrasaremos adicionalmente todo el asunto si comenzamos ahora, por ejemplo, un debate sobre la modificación de la legislación financiera o incluso de las previsiones financieras o si inventásemos nuevas estructuras burocráticas que habría que desarrollar antes de nuevo. 
Pero sí entiendo perfectamente que deben entrar en la administración con más intensidad los asuntos de la sociedad civil. 
En este contexto, vamos a recapacitar sobre algunas cosas. 
Ultimo punto: muchos se han referido a las reformas agrarias. 
Por decirlo muy claramente: estoy a favor de ello y siempre he estado a favor de que necesitamos reformas agrarias y que éstas son un proceso que debemos proseguir. 
Sólo espero que cuando el 10 de julio aprobemos en la Comisión nuestras propuestas sobre el midterm review, encuentren entonces en esta Asamblea mucho apoyo, sobre todo por parte de aquellos que han exigido hoy más pasos de reforma. 
Quiero subrayar de nuevo expresamente que cualquier mezcla del proceso de ampliación con otras reformas agrarias o incluso la vinculación de estas dos cosas, no sólo representa un problema para la ampliación sino que retrasará ambas: la ampliación y las posteriores reformas. 
Por ello, insistimos en separar estas dos cosas y en hacerlas avanzar con rapidez. 
Señor Presidente, se han realizado diversas observaciones sobre los fondos estructurales. 
Como casi he participado en este debate con los oídos de mi colega Barnier, voy a decir brevemente algo sobre lo que se ha dicho sobre los fondos estructurales. 
El flujo de créditos es por el momento insatisfactorio, pero no es totalmente correcto decir que aquí se han producido grandes retrasos. La realidad es que los Estados miembros esperan casi hasta la última fecha que les permite el legislador para la aplicación de los programas. 
El Parlamento participó en las correspondientes regulaciones. 
En el marco del debate sobre el marco financiero de la ampliación, permítanme subrayar de nuevo como Comisaria para el presupuesto que la Comisión se ha dejado guiar en sus propuestas por el principio de que tiene que haber una compensación de intereses entre los actuales Estados miembros y los nuevos. 
Creo que lo hemos logrado. 
Al principio, al presentar las propuestas, los nuevos Estados miembros se quejaron de que se les trataba de modo desigual. 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión contiene también que ya en el 2006, las obligaciones financieras comprometidas frente a los nuevos Estados miembros van a ser igual de elevadas que las de los actuales Estados miembros calculadas en términos de per cápita de la población, de modo que existe una igualdad de trato. 
¿Se exige demasiado financieramente a los actuales Estados miembros como consecuencia de la propuestas de la Comisión? 
En este contexto, quiero indicar que nos hemos atenido estrictamente a los límites de la Agenda 2000. 
Además, hemos propuesto como Comisión, lo que fue aprobado por el Consejo, que los nuevos Estados miembros paguen desde el principio aportaciones al presupuesto de la UE, lo que significa que los costes netos para los actuales Estados miembros son incluso menores a lo que se acordó en la Agenda 2000 como carga máxima como consecuencia de la ampliación. 
Me parece importante constatar este hecho. 
Permítanme subrayar de nuevo algo: en los actuales informes y en el debate a veces se despierta la sensación de que sólo pagan los costes de la ampliación los actuales contribuyentes netos. 
Esto es falso. 
Todos los Estados miembros actuales pagan un importe proporcionalmente igual para la ampliación, exceptuando la regulación específica para Gran Bretaña. 
Como el producto social bruto y los tamaños de los Estados miembros son diferentes, en cifras absolutas esto significa que el 80% de los costes de la ampliación son sostenidos por los 5 Estados miembros más grandes: Alemania, Gran Bretaña, Italia, Francia y España. 
Pero se trata de una prestación común y solidaria y, por supuesto, el aspecto financiero es de alta importancia en el debate público y también en el debate del Parlamento, del Consejo y de la Comisión. 
No se debe olvidar que en este debate no se trata de la cuestión de si se construye o no un tramo de autopista sino de la cuestión de la unificación de Europa. 
Se trata de la cuestión de la estabilización de la democracia, del Estado de derecho y de la paz en Europa. 
Estos son aspectos de valor inapreciable. 
Majestad, es un gran honor y un placer para nosotros darle hoy la bienvenida al Parlamento Europeo. 
Asimismo, quisiera dar la bienvenida a su Majestad, la Reina Rania Al-Abdalá, que nos acompaña en la tribuna oficial. 
Sea bienvenida, Majestad. 
Su presencia aquí hoy continúa una tradición iniciada por su respetado padre, el Rey Husein, que pronunció una alocución ante esta Asamblea en 1983 y de nuevo en 1991. 
Creemos que su visita subraya la nueva fase en que han entrado las relaciones entre Jordania y la UE desde la aprobación, hace unos años, del Acuerdo de Asociación por el Parlamento y su entrada en vigor el 1 de mayo del presente año. 
Su visita refuerza además el papel de Jordania en el Proceso de Barcelona y el diálogo euro-mediterráneo. 
Desde que sucedió a su muy respetado padre, el Rey Husein, en el trono del Reino Hachemita de Jordania en 1999, su Majestad se ha esforzado por seguir impulsando sus logros para mejorar la vida de su pueblo con la institución de un amplio programa de reformas económica, legislativa y social a través de un ambicioso plan de desarrollo quinquenal. 
Este plan, que está centrado en la mejora de los servicios públicos y sociales y en la aceleración de la reforma económica, cuenta con el respaldo de esta Asamblea. 
Acogemos con especial satisfacción su firme compromiso de garantizar la plena participación de las mujeres en su sociedad. 
(Aplausos) 
La Unión Europea y el Parlamento Europeo ayudarán a Jordania en estos ámbitos prioritarios. 
El Parlamento hace especial hincapié en el reforzamiento del pluralismo político, la sociedad civil, el Estado de derecho y los derechos humanos, prioridades que sabemos que su Majestad comparte seriamente. 
En 1994, su padre tuvo el valor de firmar un acuerdo de paz con Israel. 
Ahora, su Majestad desempeña un importante papel en el intento de extender dicha paz a toda la región, un papel respetado y muy valorado en esta Asamblea. 
En numerosas ocasiones, el Parlamento Europeo ha pedido la creación de un Estado palestino junto con el Estado de Israel. 
Ambos pueblos deben poder vivir en paz y seguridad. 
Las familias deben poder criar a sus hijos en sociedades en las que no exista el odio, la violencia, el derramamiento de sangre y el miedo. 
El Parlamento Europeo cree firmemente que el camino hacia la paz no pasa por el terrorismo, por los asesinatos ni por la violencia y que no podrá estar basado en la fuerza. 
Reconocemos su contribución, Majestad, y la de Jordania para alcanzar la paz y la reconciliación. 
Le expresamos nuestro agradecimiento por honrar a nuestra Asamblea con su visita. 
Es para mí un gran placer invitarle a pronunciar su alocución ante el Parlamento Europeo. 
(Aplausos) 
. 
(EN) Señor Presidente, Señorías, es realmente un honor poder dirigirme al Parlamento Europeo. 
Su foro es la cuna de un experimento histórico que demuestra que, incluso después de los conflictos más terribles, los pueblos de diferentes naciones y de culturas muy distintas pueden crear juntos un futuro de paz. 
No necesito decir que su labor sirve de lección al mundo. 
Jean Monnet lo dijo en términos muy sencillos hace 50 años. 
Majestad, es siempre un privilegio maravilloso, en el contexto parlamentario, asistir a la locución de un dirigente que tiene convicción, razón y visión. 
Su Majestad posee todas esas cualidades. 
Ha tocado nuestra inteligencia emocional, así como nuestra racionalidad. 
Al hacerlo nos ha conmovido profundamente. 
Gracias, Majestad. 
Jalàlatu Lmalik, chukran jazìlan lakum. 
(Se levanta la sesión solemne a las 12.28 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Sr. Marques, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (2001) 732- C5-0691/2001- 2001/0284 (CNS) ) sobre la aplicación del impuesto ala Islas Canarias. 
Señor Presidente, Señorías, estamos examinando una propuesta de la Comisión encaminada a la aprobación por el Consejo de una decisión en el marco de la fiscalidad indirecta vigente en las Canarias. 
En verdad, se pretende, en el marco de la instauración de un impuesto denominado "arbitrio sobre las importaciones y entregas de mercancías en las islas Canarias-AIEM", autorizar a España a que aplique impuestos reducidos a determinados productos fabricados en esa región ultraperiférica. 
Conviene decir, desde ahora mismo, que el objeto de la autorización comunitario es la creación del AIEM, pues las autoridades españolas son libres para hacerlo, dado que en las Canarias no son aplicables las directivas comunitarias sobre el IVA y sobre los impuestos especiales al consumo. 
De modo que la decisión del Consejo es necesaria, pero para validar derogaciones fiscales y su extensión a favor de los productos regionales canarios, aspecto que no está debidamente aclarado en la propuesta de la Comisión. 
La mayor parte de las enmiendas que presenté, y que fueron aprobadas por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, tenían por objeto lograr que se hiciera esa aclaración. 
Por tanto, la cuestión fundamental de la propuesta de la Comisión es el establecimiento de exenciones fiscales a los artículos 23, 25 y 90 del Tratado, en la medida en que entre bienes industriales importados y determinados bienes industriales producidos en las Canarias se discrimina favorablemente a estos últimos, ya que pueden tributar con impuestos reducidos en 5, 15 o 25 puntos porcentuales, conforme al tipo de productos. 
Las exenciones fiscales tienen justificación y fundamento jurídico en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado. 
Dicho artículo reconoce la realidad muy particular de las llamadas regiones ultraperiféricas y la correspondiente necesidad de un trato especial de la Unión Europea a esas regiones. 
La propuesta que estamos examinando merece mi apoyo total. 
Va encaminada a permitir a una región como las Canarias, que presenta en el sector industrial graves desventajas competitivas resultantes de su situación ultraperiférica, una mejor integración y aprovechamiento de las dinámicas muy competitivas del Mercado Único Europeo, de la Unión Económica y Monetaria y de la propia mundialización. 
Ese tipo de medidas específicas es decisivo para garantizar la supervivencia y la modernización de las actividades industriales en las Canarias, actualmente ya reducidas a poco más del 5 por ciento del PIB regional, cuando históricamente siempre acendían a un importe muy importante. 
Pero la integración de las Canarias en 1991 en el territorio aduanero de la Unión Europea y el progresivo desmantelamiento hasta 1999 del impuesto entonces vigente, que entrañaba también una lógica de defensa de las producciones regionales, contribuyó a acentuar la sensibilidad y la vulnerabilidad del sector industrial canario a la competencia exterior. 
En verdad, como demuestra claramente la situación en la industria del tabaco, la decadencia ha sido constante. 
Entre 1985 y 2000, las industria tabaquera perdió más de 3.300 puestos de trabajo, es decir, casi el 67 por ciento de su mano de obra. 
Así, es imperioso que nos preguntemos lo siguiente: ¿deberá la plena integración de las Canarias entrañar la reducción hasta la insignificancia de sus actividades industriales? 
¿Deberán las Canarias depender casi exclusivamente de las actividades vinculadas con el turismo para la creación de empleo y riqueza? 
¿No será ésa una factura demasiado pesada que las Canarias deban pagar por su integración plena en la Unión Europea? 
De modo que la propuesta de la Comisión que estamos examinando representa un instrumento legítimo y adecuado para garantizar el mínimo de diversificación económica en una región con las especificidades de las Canarias. 
Pero la propuesta de la Comisión se justifica también a la luz de otras consideraciones, en particular la de la desigualdad competitiva que padecen las empresas industriales de las regiones ultraperiféricas. 
Sabido es que la situación ultraperiférica impone costos suplementarios al ejercicio de las actividades industriales en esas regiones y que, en el caso concreto de las Canarias, se calculan dichos costos en unos ocho puntos porcentuales en el caso de las grandes empresas y el 9 por ciento en el de las PYME y en el de la producción de tabaco llegan al 29 por ciento. 
Esa situación exige que retiremos una conclusión de la máxima importancia, a saber: en lugar de ser lesivas de la libre competencia, las medidas fiscales propuestas por la Comisión van destinadas, por el contrario, a igualar las condiciones de competencia. 
Sólo así se garantizará una igualdad efectiva de oportunidades a los empresarios industriales canarios o, mejor dicho, a algunos de ellos, dado que las medidas fiscales propuestas no tienen un carácter general y sistemático. 
De modo que estamos examinando un instrumento adecuado para responder a las necesidades específicas de las Canarias como región ultraperiférica. 
Así lo entendió la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo al aprobar mi informe por mayoría aplastante. 
El Parlamento Europeo, para ser coherente con sus diversas posiciones anteriores de clara solidaridad y apoyo a las regiones ultraperiféricas, no podrá dejar de emitir un dictamen favorable a la propuesta de la Comisión en examen. 
Señor Presidente, el ponente ya ha dicho de qué se trata. No necesito pues repetirlo, pero tengo que decir con toda claridad que favorecer a productos locales con un 15 o 25% es excesivo. 
En mi opinión- no estamos de acuerdo con la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo- hemos propuesto reducir estas diferencias fiscales del 25 al 15% y del 15 al 10%. 
Lamento que la Comisión competente para el fondo de Política Regional no nos haya seguido. 
En lo que se refiere a los productos listados en las diversas categorías, existen diferentes discrepancias: yo también he recibido numerosos comentarios de productores españoles y de colegas de esta Asamblea que se han referido a esas discrepancias y deseo indicar al Sr. Bolkenstein, pues es un gran defensor del principio, que en el mercado común no debe haber distorsiones de la competencia. 
Tengo que contarles lo siguiente. En la categoría B se encuentra, por ejemplo, un producto como el ron que, como todo el mundo sabe, se elabora de la caña de azúcar. 
Pero en las islas Canarias no hay plantaciones de caña de azúcar. 
El producto destilado se importa de ultramar. 
Los dos fabricantes locales controlan el 73% del mercado y añaden aromas y colorantes, importados sobre todo de Sudáfrica, y venden todo esto como ron de las islas Canarias. 
No se puede pues hablar de una producción de ron en las islas Canarias que garantice puestos de trabajo; aunque hay cien puestos de trabajo, dos familias son las que se benefician inmensamente de ello, manteniendo un oligopolio en el marcado canario. 
Creo que deben tener esto en cuenta. 
Tengo que indicar además que existen algunas discrepancias más. 
Por ejemplo, el nuevo impuesto se aplica para la ginebra, el vodka y licores pero no al whisky o a otras bebidas de alto contenido de alcohol. 
Que lo entienda quien pueda. 
Señor Bolkenstein, mire la que ha organizado usted o su administración. Le vamos a responder adecuadamente cuando nos venga de nuevo hablándanos de discrepancias. 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
. Señor Presidente, quiero, desde luego, agradecer y felicitar al Sr. Marques por su informe y, además, por la forma en que lo ha expuesto. 
Quizá debería empezar tranquilizando a la Sra. Lulling; tranquilizándola y aclarándole un poco las cosas porque, la semana pasada, estuve en Luxemburgo, que es el país de la Sra. Lulling, en el centro mismo de la Unión Europea. 
Y, realmente, el problema que tienen hoy en Luxemburgo, como pude comprobar la semana pasada, es el exceso de actividad económica que tiene ese país, que está trayendo cientos de miles de trabajadores a trabajar ahí. 
La situación en las regiones ultraperiféricas de la Comunidad es completamente distinta. 
Somos, diríamos, el reverso de la medalla de lo que es Luxemburgo. 
Cualquier actividad económica que llevemos a cabo se realiza venciendo el enorme obstáculo de la distancia. 
De forma que, en este momento, no hay ninguna posibilidad de que ninguna empresa industrial se pueda establecer en Canarias para competir en el territorio comunitario. 
Nosotros habíamos desarrollado un pequeño tejido industrial sobre la base de unas normas que, por cierto, son muy antiguas, que se remontan a la incorporación de Canarias a la Corona de Castilla, antes de que existiera España. 
Hay una Real Cédula de los Reyes Católicos, del siglo XV, que exime a los comerciantes canarios del pago de una serie de impuestos y esto se ha mantenido durante siglos. 
Y lo ha reconocido la Constitución española. 
Y, cuando España se adhirió a la Comunidad Europea, el Gobierno español se preocupó de introducir unas disposiciones especiales en el Acta de adhesión de España y Portugal a la Comunidad Europea para garantizar ese régimen especial, y hay un protocolo sobre eso, que se modificó por una decisión del Consejo en el año 1991 para adaptarlo al mercado interior. 
En este momento, diría que el régimen de especialización canaria con respecto al resto del territorio comunitario es inferior al que ha tenido nunca en toda la historia de nuestro país y de la Comunidad Europea. 
Lo que hemos hecho ha sido sustituir viejas formas de fiscalidad, que eran mucho más restrictivas, como la APIM (Arbitrio sobre la Producción y las Importaciones) o como la tarifa especial, por unas formas de fiscalidad nuevas que son mucho menos contrarias al funcionamiento del mercado interior. 
Es decir, lo que está proponiendo la Comisión, y espero que el Consejo lo apruebe, es tratar de reducir el impacto sobre el comercio, con lo cual, las medidas que adoptamos en este momento son medidas que facilitarán el comercio entre la Unión Europea. 
Es posible que la Sra. Lulling tenga razón en algún aspecto, no le digo que no. 
Es decir, en este momento se ha hecho, yo diría, una primera cata, un primer intento de reflejar en líneas generales lo que va a ser este sistema de un impuesto neutro, que permite el funcionamiento de las actividades mercantiles, con una pequeña preferencia para poder mantener las actividades tradicionales. 
Pero si la Sra. Lulling ve, por ejemplo, las enmiendas que han sido aprobadas por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, la enmienda 10 al artículo 2 y la enmienda 11 al artículo 3, verá que hay unos mecanismos de adaptación, de forma que, a propuesta de la Comisión, el Consejo puede revisar las condiciones y se puedan modificar los tipos y demás situaciones. 
Además, concretamente en el ámbito local, sé que las mismas preocupaciones que ha manifestado la Sra. Lulling, las han manifestado sectores económicos y fuerzas políticas. 
Es decir, que, una vez que el Consejo apruebe este sistema, tendremos la posibilidad de ir revisándolo y de ir adaptándolo, al objeto de conseguir el objetivo del funcionamiento del mercado interior. 
No se trata de establecer unas barreras infranqueables, sino de permitir el mantenimiento de unas pequeñas actividades, que son actividades tradicionales, y eso explica que haya, si usted quiere, una cierta discriminación. 
Es decir, se incluyen los productos en función de la existencia de actividades económicas que hay que mantener. 
No se trata de desarrollar nuevas actividades económicas, se trata, prácticamente, de mantener lo existente. 
Está claro, estoy de acuerdo con la Sra. Lulling, que es posible que haya diferencias, pero estas diferencias las tendremos que ver un poco más adelante. 
Creo que, en este momento, por parte del Gobierno español al hacer las propuestas y por parte de la Comisión, el objetivo es liberalizar el mercado interior y facilitar la integración de esta región, tan alejada y con tantas dificultades, con respecto al resto del mercado interior. 
Hay que tener en cuenta que, además, no hay ni siquiera un mercado canario porque hay siete islas y cada isla tiene un mercado, con unos obstáculos, o sea, que puede resultar mucho más fácil exportar desde Luxemburgo a Gran Canaria que desde Tenerife a Gran Canaria, a no ser que se establezcan estas pequeñas diferencias. 
Espero que esta Cámara pueda aprobar mañana la propuesta tal como viene formulada por la Comisión de Política Regional y, desde luego, el Grupo socialista está en contra de las enmiendas presentadas por el Sr. Helmer que tratan de derribar o debilitar un sistema que, creo, ha sido calculado, en este momento, al milímetro para impedir que esas empresas o esas actividades profesionales desaparezcan. 
Agradezco a la Comisión y a los funcionarios de la Comisión su esfuerzo y agradezco, desde luego, al Sr. Marques la labor que ha hecho al presentarnos este informe. 
. Señor Presidente, la Comisión de Pesca ha votado a favor de la propuesta de la Comisión que ahora discutimos en la misma línea de anteriores Resoluciones aprobadas por esta Cámara. 
En lo que se refiere a la pesca, la propuesta afecta a pescados frescos y refrigerados pertenecientes a determinadas especies, como la dorada de mar, el róbalo y la lubina. 
También a pescados ahumados y a salmones. 
Las excepciones autorizadas- como ya han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra- deben inscribirse en una estrategia de desarrollo económico y social de las Islas Canarias y contribuir, por ello, al fomento y a la diversificación de las actividades locales. 
Estas medidas fiscales son excepcionales, específicas y están destinadas a compensar las desventajas de la situación periférica y, por lo tanto, se inscriben de lleno en el ámbito del apartado 2 del artículo 299 del Tratado. 
Se trata de un fundamento jurídico que pretende que actividades económicas locales de las regiones ultraperiféricas puedan competir, pese a las considerables desventajas derivadas de su aislamiento, de su lejanía y de las dimensiones reducidas de su mercado local. 
Es un marco jurídico que no se agota en este tipo de medidas fiscales. 
En el campo de la pesca, a la hora de la reforma de la Política Común de Pesca, por ejemplo, deberían tenerse en consideración las especificidades relativas a esta ultraperificidad, en el marco del apartado 2 del artículo 299, tal y como apunta la propuesta que la propia Comisión ha adoptado ya. 
Señor Presidente, mis primeras palabras son para expresar mi felicitación y mi agradecimiento al ponente, Sr. Marques. 
Mi felicitación porque ha hecho un excelente informe, que da respuesta a una demanda de las Islas Canarias- una de las regiones ultraperiféricas de la Unión que cuenta con unas especialidades fiscales singulares, avaladas por una base jurídica sólida (el artículo 299, apartado 2, del Tratado) -, y mi agradecimiento porque, con su excelente trabajo y su flexibilidad, ha hecho posible conformar en torno a él una sólida mayoría parlamentaria que hace presumible la aprobación de dicho informe dentro de unas horas, lo que pondrá fin a un largo periplo parlamentario iniciado hace casi dos años. 
El régimen económico y fiscal de las Islas constituye la columna vertebral del Estatuto de autonomía y del autogobierno de Canarias, cuya versión actual tiene su origen en el Tratado de la Unión y en el propio Tratado de adhesión de España a las Comunidades Europeas, pero que- a lo largo de los siglos, desde nuestra incorporación a la Corona de Castilla, antes de que Castilla fuera España- ha ido experimentando diversas adaptaciones, en función del acontecer de cada momento. 
Se trata, pues, de unos derechos históricos cuyo rango no es inferior a las singularidades fiscales de Luxemburgo o de algunas de las islas británicas, por citar sólo el caso de países donde la tramitación de este expediente ha encontrado una oposición incluso obstinada, por paradójico que ello parezca. 
Los diputados que han pretendido- y aún pretenden- modificar el texto del ponente con sus enmiendas, defienden intereses legítimos- no cabe duda -, pero vinculados, sobre todo, a los "lobbys" del tabaco y de las bebidas alcohólicas y espirituosas, y que no coinciden ahora con los intereses de los canarios, cuya inmensa mayoría, a través de sus legítimos representantes, se ha manifestado en la línea del informe que nos presenta el Sr. Marques. 
Tal y como lo ha hecho el Gobierno español, en virtud de su Constitución, como lo hace la propia Comisión Europea- que ha entendido que este proyecto es conforme, y no contradice el Derecho comunitario -, y tal y como lo refleja el amplio acuerdo en el seno del Consejo, que, posiblemente, lo aprobará dentro de pocos días, una vez este Parlamento se haya pronunciado. 
Con ello, las Islas Canarias contarán con un buen instrumento de política económica, que permitirá diversificar sus recursos y potenciar su desarrollo económico y social, frenar el declive de su ya débil sector industrial y, si fuera posible, estimular su potenciación, especialmente en el sector de la transformación agroalimentaria, lo que- de producirse- permitirá mantener y crear nuevos puestos de trabajo en una región que cuenta con un alto índice de desempleo, al tiempo que proporciona alternativas a una peligrosa dependencia del sector turístico. 
Las Islas Canarias no pueden seguir creciendo exclusivamente a expensas de recibir cada año unos cientos de miles de turistas más. 
Este año habremos recibido doce millones de visitantes, con los beneficios que ello genera, sin duda, pero con los efectos, en ocasiones devastadores, que ello acarrea sobre nuestro desarrollo sostenible: en algunas islas el número anual de turistas supera ampliamente el número de residentes permanentes, lo que genera ahora un buen número de problemas, que aumentarán en el futuro si no contribuimos a corregir esta tendencia, que es lo que pretende este Reglamento. 
Por todas estas razones y por otras a las que han aludido el ponente y algunos de los oradores, este informe debe ser aprobado, y eso es lo que espero, como miembro del Partido Popular Europeo. 
Señor Presidente, también a mí me gustaría felicitar a nuestro colega Sérgio Marques por el excelente trabajo que ha llevado a cabo en este caso, en particular en lo relativo a la separación clara que hay entre la existencia de un régimen fiscal propio del que gozan las Canarias por derecho propio y la posibilidad de discriminación de algunos productos locales para su desarrollo económico. 
También quería saludar a nuestros colegas de las Canarias aquí presentes y decirles, en nombre de las Azores, que estamos con ellos plenamente y los apoyamos totalmente en sus objetivos de desarrollo lo más equilibrado posible para las Canarias. 
Señor Presidente, Señorías, creo que es fundamental que entendamos una cosa: no estamos aquí ante propuestas de exención fiscal de algunos países ricos del centro de Europa, como, por ejemplo, Luxemburgo, que ponen gravemente en entredicho el equilibrio del Mercado Interior y crean desequilibrios económicos e incluso una concentración de la actividad económica que no interesa, de hecho, a nadie. 
Estamos ante medidas concretas que pretenden apoyar industrias, pequeñas actividades, que de otro modo no sobrevivirían. 
No podemos comparar la supervivencia de pequeñas manufacturas de ron en las Canarias con lo que ocurre con el azúcar en la Unión Europea: un cártel que da beneficios fabulosos a una industria superprotegida y a la que la Comisión no es capaz de poner coto ni tampoco quiere hacerlo. 
¡Muy al contrario! 
Ayer mismo, tuvimos aquí, por lo demás, la prueba de ello. 
Por tanto, quisiera hacer un llamamiento a todos los diputados para que apoyen sin equívoco alguno la propuesta que nos hace el Sr. Sérgio Marques. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera decir que la Comisión ya presentó este mismo año esta misma propuesta por el procedimiento sin debate. 
De no haber sido por la iniciativa de uno de mis colegas, el Sr. Helmer, que anuló dicho procedimiento, esta Asamblea no habría tenido la oportunidad de debatirla. 
Permítanme que, para empezar, deje perfectamente claro ante la Asamblea que, en reconocimiento de su situación ultraperiférica, no tengo nada en contra de que se conceda un trato especial a las Islas Canarias- trato que ya me gustaría para mi región, pero eso es poco probable. 
En el momento de la adhesión de España a la Unión Europea ya se aceptó esta medida, y se estableció un régimen fiscal especial que favorece a las empresas locales. 
Pero dichas excepciones al Reglamento del mercado único tenían un carácter temporal y debían ser eliminadas gradualmente. 
Lejos de eliminarlas gradualmente, la propuesta de la Comisión duplica el nivel de protección para una amplia serie de productos, con una incidencia especialmente fuerte en los licores y el tabaco. 
El amplio sector turístico de las Islas Canarias es un importante punto de venta para estos productos. 
Las medidas propuestas repercutirán negativamente sobre los productores de licores y cigarrillos de numerosos Estados miembros. 
Al elevar los precios que paga el consumidor en Canarias, pueden incluso perjudicar al sector del turismo. 
En particular, perjudicarán a Gallaghers de mi circunscripción y a Imperial Tobacco de Nottingham, por nombrar sólo dos. 
Incomprensiblemente, según tengo entendido, la propuesta protegerá a un fabricante de cigarrillos estadounidense afincado en Canarias. 
El ponente afirma que se han perdido puestos de trabajo en las fábricas de tabaco de Canarias, pero también se han perdido en las fábricas de tabaco de toda la Unión Europea. 
Con los cambios en el consumo y las mejoras de la productividad, en todas nuestras regiones hay fábricas que sufren las consecuencias de la competencia de ultramar, pero en el mercado único no elevamos impuestos proteccionistas. 
La intención original era eliminar gradualmente estas medidas. 
La propuesta de la Comisión quiere doblarlas. 
Digo a la Asamblea que un compromiso razonable es dejar los niveles como estaban en 2001, y pido a los colegas que apoyen las enmiendas en este sentido y rechacen los aumentos que propone la Comisión. 
. 
(EN) Señor Presidente, gracias por concederme el derecho a intervenir sobre esta importante cuestión. 
Diré, para comenzar, que la presente propuesta de la Comisión representa la aplicación, en el ámbito fiscal, del apartado 2 del artículo 299 del Tratado. 
Dicho apartado reconoce el carácter específico de las regiones ultraperiféricas, entre las que se incluyen las Islas Canarias, y establece que se adoptarán medidas específicas, en particular en materia fiscal, para tener en cuenta las características especiales y las limitaciones de dichas regiones. 
Con arreglo a un memorándum y notificaciones de España, la Comisión propuso un marco comunitario para un impuesto conocido como "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias", o el impuesto AIEM, que debía entrar en vigor en las Islas Canarias el 1 de enero de 2002. 
Como numerosos diputados han observado, se han identificado numerosas desventajas que afectan a las empresas de producción locales, lo que justifica la introducción de una medida específica para fomentar la producción industrial e incrementar su participación en el producto interior bruto de las Islas Canarias a través de la concesión de excepciones o tarifas reducidas para productos locales. 
Por esta razón, hemos propuesto un marco comunitario que, de manera selectiva, permite aplicar los máximos tipos impositivos del 5% y 15% a varios productos delicados a los que España puede aplicar excepciones a la luz de la necesidad de fomentar las actividades locales de producción. 
Los tipos aplicables a los productos del tabaco se han fijado en el 25% porque la producción local de estos productos ha disminuido sensiblemente en las Islas Canarias en los últimos años. 
El Sr. Nicholson se ha referido a la excepción, o más bien, al tipo máximo aplicable a los productos del tabaco; era el 15% en el pasado; y ahora se propone el 25%. 
La producción local sigue siendo baja, por lo que no parece existir ninguna relación entre la reducción de aranceles aplicada en el pasado y el nivel de la producción local. 
Los tipos y las excepciones contenidos en el marco comunitario deben ser vistos como opciones sujetas a unos techos que las autoridades nacionales y regionales pueden aplicar en combinación con la ayuda necesaria a la producción local. 
Esta decisión deberá aplicarse durante un período de diez años. 
No obstante, será necesario evaluar el sistema propuesto después de cinco años. 
Por consiguiente, se hará una evaluación de las disposiciones y, en caso necesario, se adaptará la decisión con arreglo a dicha evaluación. 
La Comisión celebra que el Parlamento Europeo acoja favorablemente la presente propuesta. 
Quisiera, en particular, expresar mi satisfacción por la contribución positiva del ponente de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, Sr. Marques, así como por las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y de la Comisión de Pesca. 
El Consejo está examinando la propuesta, y la Comisión desea tratar sobre esta cuestión en su momento oportuno. 
El proceso más adecuado en estos momentos es que la Comisión no acepte formalmente las enmiendas presentadas por el Parlamento, aunque se compromete a tenerlas en cuenta en la medida de lo posible, con vistas a que el Consejo adopte la propuesta. 
Esto es válido para la enmienda 1, que propone introducir una referencia al informe de la Comisión de marzo de 2000 sobre las medidas necesarias para la aplicación del apartado 2 del artículo 299 del Tratado. 
Es válido igualmente para las enmiendas 2, 3, 4, 5, 6 y 9, que proponen basar el marco europeo de este impuesto AIEM sobre la limitación de las excepciones máximas, en vez de sobre el propio impuesto, para la enmienda 8, que propone introducir un considerando que justifique la fecha de aplicación de las propuestas, y para las enmiendas 10, 12, 13 y 14, que tienen un carácter puramente formal. 
Por otro lado, la Comisión no está de acuerdo con las enmiendas 7 y 11, que permiten la ampliación de la lista de productos afectados por las excepciones fiscales mediante un procedimiento de comitología. 
Habida cuenta de que estas excepciones constituyen una discriminación fiscal, será el Consejo quien decida sobre el contenido de dichas disposiciones. 
Las enmiendas 15, 16, 17 y 18, presentadas en una fase posterior que proponen tipos del 5% y 10% para productos y el 15% para el tabaco, no son aceptables para la Comisión. 
Los tipos del 5%, 15% y 25% propuestos por la Comisión corresponden globalmente a los tipos autorizados bajo el régimen anterior, y la finalidad es centrarnos en los productos que más necesitan las medidas. 
A continuación, me gustaría responder a algunos de los comentarios que se han hecho esta noche. 
En primer lugar, estoy de acuerdo con el Sr. Medina Ortega, que ha dicho que el AIEM equivale al APIM más la tarifa especial. 
Estos dos últimos impuestos fueron fusionados en la regulación de 1991, por lo que, una vez más, estoy de acuerdo con su análisis, que ha sido compartido por el Sr. Sánchez García. 
Ambos diputados tienen a la Comisión de su parte en lo que respecta a este análisis. 
El Sr. Fernández Martín dijo a continuación que el mantenimiento de la industria local permite mantener el empleo y actividades locales diferentes del turismo. 
Naturalmente tiene razón, y la Comisión desea expresar su conformidad con dicha declaración. 
Ya he respondido al Sr. Nicholson sobre los productos del tabaco, y he dicho que la producción local está disminuyendo a pesar de las ventajas fiscales. 
Ésta es la conclusión de las enmiendas 16 a 19 presentadas por el Sr. Helmer. 
La reducción de las excepciones no es aceptable para la Comisión porque eliminaría toda la finalidad del ejercicio. 
Por último, me sorprendió el carácter vivaz de los comentarios, las preguntas y las observaciones de la Sra. Lulling. 
Puedo asegurarle en lo que se refiere al ron que realmente existe una producción local tradicional. 
Puedo dar fe de ello personalmente, porque he estado en las Islas Canarias en varias ocasiones e incluso he visitado las destilerías. 
Si la Sra. Lulling no me cree, le sugiero que los dos viajemos a las Islas Canarias y visitemos las destilerías y, durante el viaje podremos discutir también sobre la posibilidad de imponer impuestos especiales sobre el vino. 
Debo rechazar la última propuesta del Sr. Comisario por motivos éticos. 
No, colega Lulling. 
Perdone, pero así no funciona. 
Puede tener la palabra para una cuestión de orden, pero nada más. 
No, pour un fait personnel. 
No sé como se dice en alemán, pero usted debería saberlo como Vicepresidente. 
Se me ha atacado personalmente. 
Señor Presidente, llevo 37 años en el Parlamento y sé lo que es un ataque personal y lo que se puede responder. 
Le ruego me conceda la palabra para responder a este ataque personal. 
Si me hubiese escuchado, se habría terminado hace tiempo este asunto. 
Señora Lulling, para que quede claro, le voy a leer el artículo 122 relativo a alusiones personales: " Se concederá la palabra a los diputados que la soliciten por una alusión personal al final del debate del punto del orden del día que se esté tratando en esos momentos o en el momento de la autorización del acta de la sesión a la que se refiera la alusión. 
El orador no podrá entrar en el fondo del asunto ", lo que usted ha hecho ," sino que se limitará bien a refutar aseveraciones hechas en el debate sobre su persona "- no sobre la mía -" u opiniones que se le hayan atribuido o bien a rectificar sus propias declaraciones ". 
Lo digo sólo por motivos de buen funcionamiento. 
Le he permitido hablar, pero en realidad no tenía derecho con su intervención. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0182/2002) del Sr. García-Margallo y Marfil, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y el Consejo (COM (2002) 10- C5-0027/2002- 2002/0015 (COD) ) sobre un programa de acción común para la mejora del funcionamiento de los sistemas fiscales en el mercado interior (Fiscalis 2007). 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, en primer lugar quiero disculpar al ponente, el Sr. García-Margallo y Marfil, que ha tenido que abandonar durante algunas horas Estrasburgo para ir a su región de origen por una importante cita que se le ha planteado a corto plazo. 
Me ha pedido que exponga el informe en su nombre y en el de la comisión. 
El programa FISCALIS se ha revelado como un instrumento eficaz para el fomento de la comprensión recíproca entre los funcionarios fiscales de la Unión Europea, por lo que se debería proseguir en opinión de nuestra comisión y según la propuesta de la Comisión. 
La comisión apoya plenamente la propuesta de la Comisión de proseguir el programa durante otros cinco años. 
Ante las dificultades a la que se enfrenta la Unión Europea en sus intentos de impedir la discriminación y el fraude fiscal en el mercado interior, lo consideramos urgente pues la intensificación de la cooperación cobra una importancia esencial para la comprensión recíproca y la cooperación de las diversas autoridades fiscales, también a causa de las diferentes competencias existentes entre la legislación del mercado interior y la legislación fiscal. 
¿Cuáles son los objetivos de este programa? 
Primero: el funcionamiento eficaz del mercado interior que se ve perjudicado considerablemente por el fraude fiscal. El fraude fiscal daña el comercio legítimo, repercute negativamente sobre el empleo y socava la confianza en los sistemas fiscales. 
Necesitamos por ello unas medidas efectivas de control y para combatir el fraude. 
Necesitamos una red de administraciones fiscales que cooperen como si se tratase de una única administración fiscal europea. El presente programa realiza asimismo una aportación para alcanzar los objetivos marcados en Lisboa. 
Saludamos asimismo las innovaciones frente al antiguo programa en las nuevas propuestas de la Comisión, sobre todo el aumento de los gastos operativos de 40 a 56 millones de euros. 
Segundo: el ámbito de aplicación. Ha sido ampliado de los impuestos indirectos a funcionarios que se ocupan de los impuestos directos. 
También saludamos que el ámbito de aplicación esté más claramente orientado y ampliado como consecuencia de la vinculación directa de los objetivos del programa con los objetivos de otras políticas comunitarias en el sector de los impuestos. 
Permítanme decir asimismo que consideramos importante que se abra el programa a los países candidatos, existiendo ya ahora la posibilidad de participar en seminarios y en medidas de intercambio. La cooperación administrativa es esencial también para la preparación del proceso de adhesión y para la adaptación de las regulaciones necesarias. 
Las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios afectan sobre todo a los siguientes campos. Primero: determinamos que la financiación a partir del 2006 debe ser aprobada por la autoridad presupuestaria; segundo: la UE precisa urgentemente de un sistema definitivo del IVA que se base en el principio de la imposición en el país de origen y en el sector de los impuestos directos es necesaria una sensibilización para la política comunitaria tanto en este campo como en otras políticas comunitarias y principios generales del derecho comunitario que afectan a la imposición de personas individuales y de empresas. 
Junto a las siete enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, encontrarán como base pare el debate también una enmienda de los Liberales y otra de los Verdes junto al informe de la Comisión y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Lo decisivo es que acordemos el programa de la Comisión junto con las enmiendas de Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pues es la vía correcta. 
Estimada colega Lulling, le ruego encarecidamente que mantenga sus conversaciones privadas a un nivel sonoro más bajo o fuera de la sala, pues perjudica realmente el debate. 
No necesita realmente un micrófono cuando usted habla. 
Señor Presidente, intervengo no en nombre de mi Grupo ni de mi comisión, sino en nombre de la delegación de Conservadores británicos pertenecientes al pilar Demócrata Europeo dentro del Grupo PPE-DE. 
No apoyamos la ampliación del programa FISCALIS para que cubra los impuestos directos, en particular, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el capital. 
Hay ámbitos que deben seguir siendo competencia exclusiva de los Estados miembros. 
El derecho a recaudar de los ciudadanos es una de las señas de identidad de un gobierno. 
Incrementar la participación de la UE en asuntos fiscales podría significar la muerte del Estado nación. 
Sé que me responderán que sólo se trata de un programa técnico para intercambiar información y organizar seminarios para funcionarios de las Agencias Tributarias, pero yo digo que es un paso más que acerca a la Comisión Europea y a la Unión Europea a los asuntos fiscales de los Estados miembros. 
Como el propio Comisario Prodi ha declarado recientemente, en la UE se han alcanzado a menudo grandes metas políticas con una serie de pequeñas medidas prácticamente técnicas. 
Creo que eso es lo que está ocurriendo con los impuestos, con las numerosas iniciativas y diferentes medidas en materia fiscal con que la Comisión Europea y la Unión Europea intentan ampliar su competencia en ámbitos fiscales. 
Rechazo las medidas técnicas que acercan a la Unión Europea a los asuntos fiscales de los Estados miembros, del mismo modo que rechazo el objetivo último de permitir que la Unión Europea recaude impuestos de las personas en la Unión Europea. 
Los gobiernos nacionales democráticos son los que deben recaudar los impuestos. 
Las organizaciones supranacionales no democráticas no deberían hacerlo. 
Señor Presidente, como el Sr. Karas ha dicho en la primera intervención, el programa FISCALIS actualmente en vigor ha dado verdaderos frutos. 
Ha permitido divulgar conocimientos e incrementar la experiencia de los participantes en el programa. 
Sin ninguna duda, ha contribuido a la lucha contra el fraude y, al hacerlo, ha mejorado el funcionamiento del mercado interior. 
Ha permitido a los funcionarios adoptar nuevas prácticas administrativas y cooperar más entre sí. 
Todas estas cosas han sido muy beneficiosas desde 1998. 
También ha mejorado el conocimiento mutuo de los regímenes fiscales comunitarios sobre impuestos indirectos, como el IVA y los impuestos especiales. 
Ha habido intercambios de funcionarios de los Estados miembros de la UE, seminarios sobre temas de interés común relacionados con los impuestos indirectos, el control multilateral de los impuestos especiales, el desarrollo de una formación profesional común a nivel de la Unión Europea, incluida la mejora de los conocimientos en auditoría de los funcionarios pertinentes y, lo que es muy significativo, el desarrollo de la formación lingüística. 
También ha habido financiación para el mantenimiento y el desarrollo de sistemas y programas de comunicación e información. 
En general, estamos entusiasmados con el programa FISCALIS y creemos que ha tenido mucho éxito y que debería mantenerse, pero sólo en su forma actual. 
Asimismo, debería hacerse extensivo, pero sólo en su forma actual, a los países candidatos, que podrían beneficiarse mucho de este programa para los objetivos y el tipo de cosas que el programa FISCALIS ha venido desarrollando. 
No hay ninguna duda de que podrían beneficiarse de la aplicación de las medidas legislativas, organizativas, administrativas y técnicas necesarias que contiene el programa tal y como existe en estos momentos. 
He hecho hincapié en la noción del programa tal y como existe en estos momentos porque estoy de acuerdo con la Sra. Villiers en que el programa FISCALIS no debería ampliarse para abarcar los impuestos directos. 
A diferencia del impuesto sobre el valor añadido, es muy poco lo que hay que compartir en cuanto a conocimientos sobre la tributación directa en los Estados miembros de la UE y los distintos Estados miembros imponen impuestos indirectos de modos muy diferentes. 
No debemos olvidar que el programa FISCALIS en su estado actual aún no ha sido evaluado debidamente y, por lo tanto, no sería una buena idea llevarlo adelante sobre esta base. 
El programa tal y como está en estos momentos ha sido un éxito. 
Debería continuar en su forma actual y no deberíamos ampliarlo más allá de sus limites actuales. 
Señor Presidente, señor Comisario, hay pocos asuntos que contengan tanta dinamita política y tantos sentimientos como los relacionados con los impuestos. 
El Inspector de Hacienda, autoritario y frío, amenaza tu bienestar, tu herencia y tus tierras? , así escribía Erik Axel Karlfeldt, poeta sueco que obtuvo el Premio Nobel de Literatura el siglo pasado. 
A nadie sorprende que en mi país, donde tenemos los impuestos más altos del mundo, éstos sean objeto de especial preocupación. 
Pero en la perspectiva comunitaria no es sólo en Suecia donde los impuestos son de difícil manejo. 
Existe el temor de que el próximo paso después del intercambio de información sea la armonización de los impuestos, incluidos los impuestos directos, tal como señalaron hace un momento las señoras Villiers y Honeyball. 
Los liberales no estamos dispuestos a permitir que la UE decida sobre nuestros impuestos directos. 
Por el contrario, podemos ver las ventajas y la necesidad de aumentar la colaboración en esta materia. 
Se trata de que los empleados de Hacienda comprendan mejor los sistemas impositivos de los Estados miembros- por ejemplo, que algún país quiera rebajar los altos impuestos- y de incrementar su formación, para mejorar así el funcionamiento del sistema impositivo en el mercado interior, para combatir el fraude, para incentivar el desarrollo informático y para integrar plenamente a los países candidatos. 
Respaldamos, por tanto, la propuesta de la Comisión y el informe del señor García-Margallo y Marfil, compartimos los criterios del ponente sobre el sistema de impuestos al valor añadido y sobre el principio del país de origen y respaldamos también las enmiendas de la Comisión de Control Presupuestario. 
Permítanme subrayar la importancia de que los asuntos relativos a la integridad personal y al uso de los datos personales deben ajustarse a las normas comunitarias vigentes y a las legislaciones nacionales. 
Esto es importante, especialmente en materia de impuestos. 
Señor Presidente, la evasión y el fraude son, por desgracia, elementos comunes en los ordenamientos fiscales de todos los países de Europa. 
La evasión y el fraude fiscales presentan una dimensión nacional específica de cada país tributaria de su cultura y dependiente de su grado de ciudadanía, pero también tiene una dimensión supranacional basada en la utilización de técnicas y esquemas complejos para sortear la legalidad. 
Compete claramente a cada país aplicar las medidas adecuadas para eliminar la evasión fiscal, pero parte de ese estímulo debe partir también de las políticas de la Unión. 
En Portugal, por ejemplo, se sabe, gracias a estudios de indiscutible mérito científico, que todos los años se pierde más del 25 por ciento del potencial de ingresos fiscales. 
Conque bastaría con recuperar casi un tercio (4.000 millones de euros) de dichos ingresos fiscales para que no existiera problema alguno con el cumplimiento de los objetivos fijados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, en particular, con la consecución del equilibro de la hacienda pública en 2004. 
Eso, evidentemente, sin tener en cuenta los perjuicios sociales resultantes de las injusticias y desigualdades- es decir, de la iniquidad- que un sistema fiscal tan permisivo permite y potencia. 
En ese marco, todas las medidas de naturaleza comunitaria que se adopten a favor de ese esfuerzo y, en particular, la continuación del programa FISCALIS, actualizado y reforzado en el marco de las propuestas presentadas por el Parlamento Europeo, también aplicable a los países candidatos, son correctas, dignas de beneplácito y de apoyo. 
Con todo, la evasión y el fraude fiscales tienen también una dimensión supranacional y para luchar contra ellas no basta- aunque sea importante- armonizar procedimientos técnicos u homogeneizar procedimientos administrativos. 
Es imprescindible avanzar con decisión hacia la propia armonización legislativa. 
La Unión Económica y Monetaria entraña, tarde o temprano, un modelo de impuestos semejante y armonizado en todos los países. 
Aunque en esa esfera los pasos y los avances (suficientemente apoyados por políticas comunes, que entrañan diversas cesiones) deban ser cautelosos y progresivos, esa política no puede dejar de concretarse en observancia de los objetivos fijados para Europa en la Cumbre de Lisboa. 
Al aceptar la renovación del programa FISCALIS como instrumento indispensable para el funcionamiento eficaz del Mercado Interior, el Parlamento Europeo debe dar también una indicación clara en ese sentido, que no será sino la otra faz de las exigencias de competitividad económica y consolidación financiera que tantas veces- y con razón- estamos dispuestos a reclamar. 
. 
(EN) Señor Presidente, el programa sobre el que debatimos esta noche, conocido como programa FISCALIS 2007, continuará y ampliará el programa FISCALIS en curso desde 1998. 
Antes de que la Comisión decidiera proponer el programa FISCALIS 2007, realizó una evaluación de las actividades y los resultados del actual programa FISCALIS en curso. 
Dicha evaluación estuvo basada en los informes de los Estados miembros sobre su experiencia con dicho programa. 
La evaluación indicó que los Estados miembros consideran que el programa es una herramienta fundamental para el fomento de la cooperación administrativa entre las administraciones responsables de los impuestos indirectos. 
En consecuencia, la Comisión decidió que las actividades del programa en curso debían seguir siendo financiadas por un programa comunitario. 
La Comisión creyó también que era necesario, en particular teniendo en cuenta la conclusión del grupo de trabajo ad hoc del Consejo sobre fraude fiscal, proponer la ampliación del programa a los impuestos directos. 
Esto significará que, en el futuro, las administraciones responsables de los impuestos directos dispondrán de una herramienta que les ayudará a colaborar más estrechamente del modo que ha pasado en convertirse en la segunda naturaleza de las administraciones responsables de los impuestos indirectos a través del programa FISCALIS. 
La Comisión cree asimismo que es importante ofrecer todo el apoyo posible a los países que se preparan para la ampliación de la Unión Europea. 
Por esta razón, los países candidatos se sitúan en igualdad de condiciones con los Estados miembros en este programa, que incluye objetivos especiales para suplir las necesidades de dichas administraciones. 
Quisiera añadir que es muy importante que este programa se apruebe antes de que expire el actual programa FISCALIS. 
Por consiguiente, la Comisión y yo, personalmente, sentimos una gran satisfacción por el respaldo del Parlamento Europeo a este programa. 
Acojo con especial satisfacción la contribución positiva del Sr. García-Margallo y Marfil, el ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Habida cuenta de que el examen de la presente propuesta en el Consejo aún no ha concluido y habida cuenta también del firme deseo de la Comisión de que el programa se apruebe lo antes posible, creo que el proceso más adecuado en estos momentos es que la Comisión no acepte las enmiendas presentadas por el Parlamento. 
En particular, en lo que respecta a los temas presupuestarios que se plantean en los informes, las enmiendas 1 y 2 parecen estar en contra de los acuerdos entre nuestras respectivas instituciones sobre disciplina presupuestaria y, fundamentalmente, no hacen más que repetir lo que ya recoge la propuesta con respecto al marco financiero del programa. 
Las enmiendas 3 y 4 sobrepasan el ámbito del programa FISCALIS 2007, que es meramente una medida administrativa. 
La enmienda 5 es superflua porque el Parlamento ya tiene derecho a obtener los documentos pertinentes. 
La enmienda 6 interferiría con la ejecución adecuada del programa. 
La enmienda 7 es superflua porque la decisión ya contiene disposiciones relativas al seguimiento regular de la realización de los objetivos. 
La enmienda 8 también es superflua porque el programa en curso no tiene ninguna repercusión directa sobre las autoridades fiscales locales, y digo esto, en particular, en respuesta a las observaciones que ha hecho el Sr. Mayol i Raynal. 
Permítanme decir que, personalmente, confío en que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión llegarán a un acuerdo sobre estos asuntos. 
El Consejo ya ha comenzado a estudiar los detalles de la propuesta, y no escatimará esfuerzos para llegar a un acuerdo lo antes posible. 
El respaldo del Parlamento a la propuesta es muy importante para alcanzar dicho resultado. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al Parlamento por dicho apoyo. 
Para responder más detenidamente a las observaciones de la Sra. Villiers, la Comisión cree que existen razones convincentes para ampliar el programa a los impuestos directos, entre otras razones, porque el propio Consejo, en el informe de su grupo de trabajo ad hoc, recomienda explícitamente la mejora de la cooperación en materia de impuestos directos. 
Soy perfectamente consciente, como quizá sepa la Sra. Villiers, de que la imposición directa, excepto cuando distorsiona el mercado interior, por ejemplo, en el caso de la contribuciones a fondos de pensiones transfronterizos, es un asunto que depende en buena medida de las preferencias políticas nacionales. 
Es una posición que he defendido en muchas ocasiones, tanto en el seno de la Comisión como en debates externos. 
En esta cuestión, estoy de acuerdo con la Sra. Villiers. 
Pero aquí estamos hablando de cooperación administrativa y de lo que se trata fundamentalmente es de luchar contra el fraude. 
Estoy seguro de que la Sra. Villiers detesta el fraude tanto como la Comisión. 
Detestar algo es una cosa, y hacer algo al respecto es otra. 
Si queremos hacer algo respecto al fraude en el ámbito de los impuestos directos, debemos facilitar la cooperación entre las autoridades fiscales. 
Con todo el debido respeto a la Sra. Villiers, no puedo evitar la impresión de que quizá vea peligros donde no los hay, cuando se opone a la cooperación entre las autoridades fiscales en el ámbito de los impuestos directos. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0219/2002) del Sr. Berenguer Fuster en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre la posición común del Consejo (5462/1/2002- C5-0148/2002- 2000/0213 (COD) ) relativa a la aprobación de la directiva del Parlamento y Europeo y del Consejo sobre la mediación en los seguros. 
Señor Presidente, en primer lugar, como ponente alternativo del PPE-DE, permítame felicitar a mi colega Socialista, Sr. Berenguer Fuster, por un trabajo excelente que ha logrado un amplio consenso entre los partidos en el Parlamento y en la comisión. 
Estoy muy satisfecho con este documento sobre la posición común del Consejo, que se lee mucho mejor y de forma más inteligible que las propuestas iniciales de la Comisión. 
Su contenido es coherente e incorpora unas 20 enmiendas presentadas en primera lectura por el Parlamento, incluidas varias presentadas por mí, tales como la necesidad de ofrecer unos servicios propios de la era electrónica y de la era de Internet, el establecimiento del almacenamiento de datos en ordenadores y discos, excepciones para la venta por teléfono, excepciones para el sector de las agencias de viajes para pequeños contratos y medidas para garantizar que el ámbito de la directiva no se extiende a la mera provisión de información sobre productos. 
Apruebo plenamente la enmienda de compromiso 15, relativa a disposiciones transitorias para eximir a los intermediarios actuales, y también la enmienda de compromiso 7 sobre la revisión regular del registro, en contraposición de mi propuesta original en favor de una revisión cada tres años. 
Esta enmienda fue presentada inicialmente por la comisión con vistas a garantizar el mantenimiento de altos niveles de probidad y de las aptitudes profesionales de los intermediarios, o brokers, como los llamamos en el Reino Unido. 
Apoyo, en particular, la propuesta del Consejo en favor del intercambio de información entre las autoridades competentes de los registros, y el hecho de que la función de la entidad aseguradora esté prescrita en el proceso de registro de intermediarios, en particular, para la categoría de intermediarios ligados. 
Tras muchas deliberaciones, yo también me opongo a la enmienda 2, porque comprendo que plantea problemas al Consejo que reducirían considerablemente el efecto de la directiva. 
Si se aprueba, deberá necesariamente ir a la conciliación. 
Apoyaré la enmienda de compromiso 16 que suprime el principio de mejor asesoramiento, que impondría al sector cargas inaceptables. 
Sigo apoyando la enmienda 18, destinada a reducir la carga para el sector, al garantizar que la obligación de proporcionar información sólo es aplicable cuando el cliente la exija. 
En resumen, esta directiva reúne los atributos de una buena legislación pionera y será una parte integral del plan de acción sobre los servicios financieros, y es la primera concebida específicamente para los intermediarios de seguros. 
Servirá de modelo para otros tipos de intermediación en productos financieros y, sin duda, también en otros ámbitos. 
Esta medida definitiva proporcionará un servicio útil a los consumidores de Europa porque facilita un mercado de seguros paneuropeo y competitivo con normas, mutuamente reconocidas y aceptadas, sobre la competencia profesional a través de la utilización del pasaporte financiero, para el que sólo se establecen unas normas mínimas, en vez de procedimientos de armonización preceptivos que, en opinión de algunos, es lo que estas entidades necesitarían. 
Felicito al ponente. Espero que esta directiva se convierta pronto en Derecho comunitario. 
Señora Presidenta, señor Comisario, sustituyo a Karin Riis-Jørgensen que tiene otros importantes compromisos esta tarde. 
Para empezar, doy las gracias al Comisario Bolkestein, que una vez más ha presentado una propuesta equilibrada para completar el mercado interno, esta vez en el campo de los servicios financieros. 
Doy las gracias también al ponente, señor Berenguer Fuster, por su excelente trabajo, desde la primera lectura hasta la segunda y muy rápida lectura de hoy. 
Es satisfactorio que el Consejo haya seguido en líneas generales la postura que tuvo el Parlamento en la primera lectura. 
Esta propuesta posibilitará ofrecer seguros en todos los países miembros y una buena protección a los consumidores. 
El mercado más libre que beneficia a los consumidores- mayor oferta, mayor competencia, bajos precios- se equilibra adecuadamente con las exigencias de protección a los asegurados. 
Este adecuado equilibrio entre mercado y protección al consumidor- y que la gente lo entienda como algo razonable- es sumamente importante para el crecimiento del mercado transfronterizo. 
Es fundamentalmente un asunto de credibilidad, algo que ahora existe en los mercados financieros. 
Las normas deben ser formuladas de manera que den confianza a los que constituyen el mercado, es decir, a los consumidores. 
No se trata, como señaló el señor Tannock, de armonizar todas las disposiciones, sino que, más bien, de encontrar métodos para la recíproca aceptación de las normas vigentes en los diferentes Estados miembros. 
Creo que ésta es una perspectiva interesante. 
Los liberales coincidimos en términos generales con la mayoría de las enmiendas, aunque cuestionamos la lógica de aprobar sólo algunas. 
Permítanme mencionar la principal enmienda, la que modifica esencialmente toda la propuesta. 
Me refiero, tal como hizo el señor Berenguer Fuster, a la segunda enmienda, que rechazamos. 
Perjudicaría a los consumidores y a sus demandas de seguridad. 
Además, pondría en peligro la sana competencia. 
Señora Presidenta, el presente proyecto de propuesta sobre la mediación en los seguros a nivel europeo garantiza un alto nivel de profesionalidad y competencia entre las empresas intermediarias. 
Nuestro objetivo común es garantizar que la autoridad competente tenga registradas a todas las personas, físicas y jurídicas, que ejercen la actividad de mediación de seguros con arreglo a unos requisitos mínimos profesionales. 
Un sistema de registro único para los intermediarios facilita las actividades transfronterizas en lo que respecta a la libertad de establecimiento y la libertad para prestar servicios. 
La propuesta garantiza además un alto nivel de protección de los intereses de los clientes. 
Lamentablemente, la propuesta original de la Comisión no tenía suficientemente en cuenta la diversidad de los mercados europeos de seguros. 
Habría impuesto una carga burocrática pesada e innecesaria a numerosos intermediarios, sin incrementar por ello la protección de los clientes. 
Nuestras enmiendas presentadas en primera lectura hacían referencia explícita a aquellos cuya principal actividad no es vender seguros, sino más bien ofrecer contratos de seguros normalizados como lo que vienen utilizándose en números países desde hace décadas, por ejemplo, los paquetes de asistencia para turistas o los seguros de automóvil que ofrecen las agencias de viajes o los vendedores de automóviles. 
La protección de los clientes es un valor de primer orden en el negocio de los seguros de mi país, y sí, las agencias de viajes y los vendedores de automóviles tienen derecho a vender contratos normalizados. 
Los años de experiencia sin ningún problema han demostrado que la práctica actual beneficia tanto a los intermediarios como a los clientes. 
No deben incrementarse los costes de la mediación de seguros, especialmente cuando no existe ninguna ventaja para los clientes. 
Tampoco es de ninguna utilidad que algunos Estados miembros adopten disposiciones más estrictas relativas a los requisitos de información, que no aportan ningún valor añadido al cliente, sino que tan sólo distorsiona la competencia entre los proveedores europeos. 
Me alegra que mis colegas hayan apoyado mis enmiendas en la votación en comisión y espero que también lo hagan mañana. 
La directiva tal y como está ahora en la segunda lectura es un buen proyecto y establece un compromiso razonable entre los intereses legítimos de los Estados miembros, los proveedores de seguros y los clientes. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, complementando mi intervención del 13 de noviembre de 2001, voy a referirme a los siguientes campos: en primer lugar quiero felicitar al ponente y al ponente en la sombra del Grupo del PPE-DE por el excelente trabajo. 
Creo que tanto la propuesta de la Comisión como el informe del Parlamento son una aportación más al fortalecimiento del mercado interior financiero, a la facilitación de la actividad Cross border y a una mayor armonización en este campo, que depende de la confianza de los ciudadanos y es importante para la transparencia. 
Se han debatido ya algunas enmiendas. 
Me voy a referir a la enmienda nº 6, que pretende lograr mayor transparencia, pues queremos que en el registro figuren, junto a los métodos propuestos, también el país o los países en los que actúa el mediador en el marco de la libertad de establecimiento o de la libre circulación de servicios. 
Por otro lado, queremos lograr más posibilidades de control concediendo en la enmienda nº 10 la posibilidad de presentar quejas también a las asociaciones de consumidores. 
En la enmienda nº 12 se trata de regular la cuestión, sobre la que siempre se discute, de si la información es una obligación de entrega o de aportar, de modo que la información sobre los derechos del cliente sea una obligación de aportar y la información detallada, una obligación de entrega. 
Respecto a la enmienda nº 2, quiero decir que no se la debe interpretar erróneamente. 
No está orientada contra la armonización. 
Por ejemplo, en el sector de las instituciones de crédito ya se cumplen muchas de las exigencias que figuran aquí en la directiva. 
Por ello, mediante la enmienda nº 2 se quieren tener en cuenta estas diversas regulaciones en las que ya existen unas exigencias mayores, pudiéndose comportar de modo diferente al respecto pero no eludiendo la tendencia básica de la directiva. 
. 
(EN) Señora Presidenta, quisiera comenzar expresando mi agradecimiento al Parlamento Europeo y, en particular, al ponente, Sr. Berenguer Fuster, por la manera tan sensata y eficaz con que ha tratado este asunto. 
Después de la segunda lectura en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sólo se han presentado 18 enmiendas al Pleno. 
Esto demuestra la calidad equilibrada del texto de la posición común a la que el Sr. Berenguer Fuster hacía referencia la semana pasada en la comisión. 
No era sólo un cumplido. 
De hecho, la posición común sigue, en buena medida, la línea adoptada por el Parlamento Europeo en primera lectura. 
Se han tenido en cuenta las enmiendas más importantes aprobadas, que mejoraron nuestra propuesta original. 
El plan de acción para servicios financieros identificaba a los intermediarios de seguros como un objetivo prioritario. 
Los intermediarios de seguros se enfrentan realmente a obstáculos que les impiden sacar todo el provecho de las libertades que garantiza el Tratado. Esto entorpece el buen funcionamiento del mercado interior. 
La directiva conforme al texto de la posición común garantizará que un intermediario de seguros, una vez registrado en su Estado miembro de procedencia, que es el responsable de comprobar los requisitos profesionales y financieros, podrá desempeñar sus actividades en todo el territorio del mercado interior. 
La medida mejorará el funcionamiento de dicho mercado interior en el ámbito de los seguros, en particular, en lo relativo a los mercados al por menor. 
Al mismo tiempo, la directiva garantizará la protección de los clientes con el establecimiento de unos requisitos adecuados en materia de información. 
La posición común del Consejo que ahora se presenta a este Parlamento es plenamente coherente con los objetivos fundamentales que persigue la propuesta de la Comisión. 
La Comisión apoya el presente texto. 
Pero es de vital importancia garantizar que las enmiendas que son incompatibles con sus objetivos fundamentales no ponen en peligro el difícil equilibrio alcanzado en la posición común. 
Permítanme pasar a continuación a las enmiendas presentadas al Pleno. 
La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 y 16. 
Respecto a la enmienda 17, encaminada a aclarar el ámbito de la directiva, la Comisión puede aceptarla, aunque considera que deberá modificarse ligeramente su formulación para evitar posibles malentendidos. 
No obstante, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 2, 9, 13, 14 y 18 por las razones siguientes: en primer lugar, la enmienda 2, a la que hace un momento han hecho referencia el Sr. Berenguer Fuster, el Sr. Tannock y el Sr. Schmidt. 
Dicha enmienda tiene el objetivo de excluir del ámbito de la propuesta a un gran número de intermediarios de seguros, tales como los vendedores de automóviles que venden seguros de circulación, las agencias de viajes, los veterinarios, los intermediarios vinculados a empresas de producción y a ciertas actividades de seguros bancarios. 
Estas exclusiones afectarían a la venta de numerosos productos de seguros lo que entraña importantes riesgos. 
Dejarían sin efecto a una parte muy importante de la directiva. 
Asimismo, los intermediarios excluidos no podrían beneficiarse de las ventajas que garantiza la directiva. 
Respecto a dicha enmienda, comparto plenamente la preocupación del Sr. Berenguer Fuster por la exclusión de dichos intermediarios de las ventajas del mercado interior. 
La Comisión no puede aceptarla. 
La enmienda 9 introduce una disposición transitoria encaminada a facilitar la aplicación de la directiva a aquellos intermediarios que ya ejercían una actividad de mediación con anterioridad a la fecha de adopción de la propuesta por la Comisión, a saber, septiembre de 2000. 
La Comisión ya acogió favorablemente esta idea en la primera lectura, pero, teniendo en cuenta que la enmienda 15 contempla mejor los intereses de la directiva, la Comisión preferiría su aprobación en vez de la enmienda 9. 
Aunque un elemento fundamental de la propuesta y de la posición común es garantizar un alto nivel de protección de los consumidores proporcionándoles información y asesoramiento adecuados, la enmienda 13 devaluaría dicho requisito. 
Establece que la recomendación del intermediario debe estar basada en el principio del mejor asesoramiento posible. 
La Comisión no puede aceptar dicha enmienda. Entrañaría enormes dificultades para el ejercicio de cualquier intermediario de seguros. 
Asimismo, provocaría una gran incertidumbre jurídica y puede dar lugar a conflictos legales. 
Por último, aunque no por ello menos importante, incrementaría los costes de la mediación en los seguros. 
El texto de la posición común ya contiene una disposición equilibrada que obliga a proporcionar asesoramiento adecuado sobre la base de un análisis objetivo de los contratos de seguros que existen en el mercado. 
Dicha disposición garantiza plenamente un alto nivel de protección de los consumidores. 
La enmienda 16, que hace referencia a un análisis objetivo, está en consonancia con la posición común y puede mejorar el texto. 
La última enmienda sobre la que quiero tratar es la enmienda 14, que en el caso de la cobertura inmediata, prevé una excepción al principio de que la información que exige la directiva sea facilitada por escrito. 
Esta medida pondría en peligro el objetivo de un alto nivel de protección de los consumidores. 
La posición común ya tiene en cuenta el espíritu de la enmienda 44 presentada en primera lectura. 
Si aceptamos esta nueva enmienda, privaremos al consumidor de la confirmación por escrito de la información que exige la directiva. 
El mismo razonamiento es aplicable también a la enmienda 18, que reduce la obligación de los intermediarios de seguros de especificar las exigencias del cliente. 
Gracias Comisario, señor Frits Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El próximo punto del orden del día es el informe Catherine Stihler (A5-0177/2002) , en nombre de la Comisión de Pesca, sobre medidas encaminadas a la recuperación de poblaciones de bacalao y merluza (KOM (2002) 724- C5-0095/2001- 0299 (CNS) ). 
. (EN) Señora Presidenta, los antecedentes del presente informe son bien conocidos, pero vale la pena repetirlos porque su importancia es crucial. 
En noviembre de 2000, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) alertó que la población de bacalao del Mar del Norte y el Oeste de Escocia y la especie merluza nórdica corrían serio peligro de derrumbamiento. 
El CIEM estima que las poblaciones de bacalao del Mar del Norte se encuentran en su nivel más bajo desde 1963 y que las medidas técnicas y las reducciones de los TAC por sí solas no serán suficientes para su restablecimiento hasta alcanzar niveles seguros. 
Las poblaciones de bacalao del Kattegar, del Mar de Irlanda y de las aguas al Oeste de Escocia se encuentran en una situación similar. 
En el caso de la merluza, el descenso de las poblaciones ha sido menos alarmante, pero se estima que las poblaciones sólo rondan la mitad de sus niveles en 1980. 
En su reunión de diciembre de 2000, el Consejo de Pesca acordó que eran necesarias medidas de conservación a más largo plazo, además de las reducciones de los TAC para 2001, e invitó a la Comisión a presentar propuestas sobre un plan de recuperación plurianual. 
Durante 2001, la Comisión adoptó varios reglamentos de emergencia para restringir la pesca de estas especies, y en junio de 2001 emitió una comunicación en la exponía su estrategia para la recuperación de las poblaciones de bacalao y merluza en las aguas comunitarias y adyacentes. 
El actual programa plurianual propuesto para la recuperación del bacalao y la merluza sigue los pasos de dicha comunicación. 
Acojo con satisfacción el enfoque global, que incluye objetivos de recuperación para cada una de las poblaciones, unos totales admisibles de captura que permitan un incremento porcentual anual del 30% en el caso del bacalao y del 15% en el caso de la merluza, un límite máximo y mínimo del cambio permitido en los TAC del 50% de un año a otro, un sistema de limitación del esfuerzo pesquero, mayores controles en relación con el seguimiento por satélite de los buques de más de 50 metros de eslora, informes de posición, condiciones de desembarque, la conservación a bordo y condiciones para el pesaje y el transporte, así como la posibilidad de imponer zonas de veda temporal de una duración máxima de 60 días. 
Creo que la recuperación real de las poblaciones debe ser una prioridad. 
Debemos evitar a toda costa la desaparición, al estilo canadiense, del bacalao y la merluza de las aguas del Norte. 
En Canadá se introdujo una moratoria sobre el bacalao en 1992. 
Unas 30.000 personas perdieron sus puestos de trabajo, la mayor suspensión de empleo de la historia canadiense. 
La desaparición del bacalao fue la consecuencia de una mezcla de factores, incluida la sobrepesca, y una década más tarde, la población no se había recuperado. 
Desconocemos las señales de alerta ecológica. 
En la votación en comisión se retiraron del presente informe las referencias a la merluza. 
Espero que los colegas me apoyen como ponente en mi intento de volver a incluir la merluza en el presente informe. 
A pesar de que existe desacuerdo sobre si el bacalao y la merluza deberían ser tratados juntos, el enfoque de la Comisión me parece aceptable, con la condición de que se tenga debidamente en cuenta la situación específica de las dos especies. 
Se han cuestionado las cifras y los niveles de la población de merluza y deberíamos guiarnos por la evidencia. 
Respecto a la medida propuesta para la merluza, las nuevas pruebas científicas quizá permitan flexibilizar los objetivos y el incremento porcentual de la población previsto. 
Necesitamos un paquete de medidas que, en primer lugar, funcione y, en segundo lugar, reduzca al mínimo los males para el sector. 
Por último, a pesar de que la prioridad debe ser el éxito de los planes de recuperación, convendría realizar una revisión anual del progreso y de su incidencia socioeconómica. 
No obstante, si no se consigue la recuperación, el resultado será mayor penuria socioeconómica. 
En cualquier caso, sin peces no puede haber pesca. 
Pido a los colegas que aprueben las enmiendas 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 y 16 y que voten en contra de las enmiendas 1, 3, 5, 9 y 14. 
Señora Presidenta, quiero comenzar lamentando la ausencia del Comisario Fischler. 
Creo que la importancia de este debate merecía su presencia hoy aquí. 
Los informes científicos, rigurosos, transparentes, contrastados y realizados con el sector, deberían ser el primer pilar de la reforma de la PCP para tener credibilidad en la conservación de nuestras especies pesqueras. 
Es preciso diagnosticar el verdadero estado de los recursos con precisión, con exactitud, porque de lo contrario, podríamos estar tratando una torcedura de tobillo con quimioterapia. 
La Unión Europea debería ser ejemplo mundial de la investigación marina, pero no lo es, ni siquiera- y se lo digo al Comisario Fischler- con su propuesta de reforma, que pasa la ciencia a un segundo plano. 
La semana pasada, en una reunión de científicos marinos, el señor Robin Cook, del laboratorio de investigaciones marinas de Aberdeen, y miembro asesor del CIES, afirmó que la reforma pesquera que se propone, se basa en informes científicos muy pobres y poco transparentes. 
John Molloy, del Instituto Marino de Dublín, -como puede ver no cito aquí a ningún científico español- dijo que "Fischmen are scientists", que hay que aprovechar la enorme información que poseen de primera mano y que ahora se desprecia. 
El científico canadiense Sr. McGuire, ha rechazado también los informes catastrofistas sobre la merluza. 
El sector lo rechaza de plano. 
Sabemos que el CIES y el Comité científico y técnico de la pesca no coinciden y replantearon en Lisboa y Copenhague la revisión de los informes actuales sobre la merluza. 
Y el señor Fischler, sin un informe de impacto económico, social y regional, postula equiparar bacalao y merluza, que son especies y son situaciones bien diferentes; y adopta medidas drásticas e irreversibles de reducción de flota, como si no hubiese otras medidas alternativas respetuosas con el stock a la espera de informes concluyentes. 
Le pido al Comisario que recapacite por una vez. 
La Comisión de Pesca aprobó la enmienda n° 1- veo que la ponente está en contra de separar ambas especies -, que yo espero que el Pleno apruebe. 
De no ser así, espero que la pueda recuperar el Consejo. 
Queremos proteger los recursos pero no a cualquier precio, ni con cualquier medida. 
Queremos que los informes ecológicos conlleven informes económicos y sociales, y que se tenga en cuenta el sector que lleva pescando en los mismos lugares durante varias generaciones, y no entienden la propuesta de la Comisión, a la vista de los resultados que están obteniendo, y piden la elección de otros puntos biológicos de referencia, amplios y más rigurosos. 
Pido por tanto a la Comisión, que profundice en la reforma de la PCP y la investigación marina, con más medios humanos y materiales. 
Pido que se revise la propuesta de la merluza, pues de ella depende un sector que exige más transparencia, más participación, más diálogo, más objetividad, más fiabilidad, para poder aceptar las propuestas que nos presenta la Comisión. 
Señora Presidenta, quiero felicitar muy sinceramente a mi colega, Catherine Stihler, por su magnífico trabajo, que da al Consejo la posibilidad de aprobar un plan mucho más equilibrado para estas dos especies. 
Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con su deseo, como ponente, de volver a incluir la merluza en este informe. 
Como ella bien sabe, yo había presentado en comisión 13 enmiendas, destinadas a suavizar las medidas para la merluza, y más de la mitad decayeron, al aprobar la Comisión la enmienda presentada por el Sr. Varela, que separa ambas especies. 
Por tanto, si se aprobara ahora el informe para ambas especies a la vez, éste resultaría muy desequilibrado. 
La política pesquera comunitaria tiene que encontrar un punto de equilibrio entre las medidas encaminadas a la preservación de los recursos, el ajuste razonable de la flota a cada Estado y el mantenimiento de la actividad económica en las regiones dependientes de la pesca. 
Se trata de un enfoque complejo. 
En primer lugar, porque no es sólo la sobrepesca la causante de la debilitación de los recursos: la captura indiscriminada de especies para la fabricación de harinas rompe la cadena trófica del bacalao y de la merluza y determina, en gran parte, la situación por la que atraviesan ambas especies. 
Es cierto que existen diferencias muy significativas entre ambas pesquerías, en lo relativo a sus niveles de mortalidad y de crecimiento, y las acciones necesarias para su preservación. 
La situación del bacalao del Mar del Norte y del de Escocia es diferente, así como la de la merluza nórdica del suroeste de Irlanda y la de las costas de Francia. 
No todas las especies- y esto es algo que tenemos que decir muy alto- ni todos los caladeros se encuentran en el mismo estado. 
En este sentido, la Comisión de Pesca consideró que la situación de la merluza y del bacalao es distinta, y que la merluza debe tener unas medidas diferentes de las del bacalao, que deberán adoptarse a partir de informes científicos contrastados. 
No existe una base científica indiscutible, unificada y única que indique que el "stock" de la merluza del Norte se encuentra fuera del límite biológico de seguridad, y no parecen necesarias medidas de gestión drásticas para salvar este "stock". 
No podemos olvidar el gran impacto económico y social que suponen estas medidas en las comarcas pesqueras. 
La Comisión no ha realizado ningún estudio sobre estas consecuencias ni sobre las que se deben tener en cuenta a la hora de aplicar el plan, así como tampoco nos ha presentado una evaluación de las medidas de urgencia que adoptó en 2001. 
Y hay que decir también que el TAC de merluza se redujo un 51 % entre 1999 y 2001. 
La flota pesquera europea necesita conocer, razonablemente, las perspectivas para su actividad. 
Por eso, mi Grupo se opone a recortes drásticos, que se pueden establecer en plazos más largos. 
Por ello, apoyamos la enmienda 8 de la ponente y, una vez más, la felicito sinceramente por el magnífico trabajo que ha hecho. 
Señora Presidenta, este informe es muy importante porque es la primera vez que la Comunidad Europea trata sobre planes de recuperación de las poblaciones de peces. 
Teniendo en cuenta que es la primera vez, es muy importante que lo hagamos bien. 
Debemos asegurarnos de que las acciones que emprendamos invertirán los declives de varias poblaciones de bacalao y merluza del Norte, y les permitirán recuperarse. 
Las propuestas de la Comisión son estrictas y, sin ninguna duda, tendrán repercusiones sobre las comunidades pesqueras afectadas, pero deben ser estrictas porque el estado de las poblaciones es muy precario. 
Como la ponente ha dicho, si no hacemos algo para salvar a las poblaciones de peces, en el futuro no habrá industria pesquera y no habrá pesca. 
El CIEM afirma que el bacalao en el Mar del Norte se encuentra en su nivel más bajo desde 1963. 
A pesar de que la merluza puede que no haya llegado a una situación tan extrema, sigue estando muy por debajo del nivel adecuado, y las señales de alarma llevan ya sonando desde hace algún tiempo. 
La Comisión, la Comisión de Pesca y el Consejo todos afirman estar de acuerdo con el enfoque cautelar, según el cual, no debería utilizarse la falta de pruebas definitivas para rechazar la acción encaminada a prevenir el descenso de la población de peces. 
En otras palabras, mientras existan motivos razonables para creer que las poblaciones de bacalao y merluza necesitan protección, deberíamos actuar. 
Y eso es exactamente lo que la Comisión ha hecho. 
Pero ¿qué ha hecho la Comisión de Pesca? 
Sostiene que no existe ninguna crisis que afecte a la merluza y la ha retirado por completo de la propuesta. 
Estoy de acuerdo con la ponente en este punto. 
Es totalmente inaceptable. 
No es un enfoque cautelar de la gestión de la pesca. 
La comisión sencillamente habla de boquilla sobre la idea de prevención y sigue adelante con su actividad como si no ocurriera nada. 
Si seguimos así, no resolveremos los problemas. 
No podemos seguir eludiendo la realidad. 
Debemos comprender que dichas poblaciones están en peligro y debemos proteger a la industria pesquera. 
En nada favorecerá a la industria pesquera a largo plazo que adoptemos un enfoque simplista, nacionalista y a corto plazo como el que se ha adoptado. 
Si el informe se somete a la votación del Pleno tal y como está, el Grupo Verts/ALE deberá votar en contra del mismo. 
Señora Presidenta, en un plazo de veinte años las poblaciones de bacalao y merluza se han reducido a una cuarta parte. 
Al mismo tiempo el número de pescadores de bacalao en mi país ha bajado considerablemente. 
Si en 1980 había aún 310 arrastreros que capturaban bacalao bajo pabellón neerlandés en la actualidad la mayoría de los pescadores se ha cambiado a la pesca del pescado plano. Tan sólo quedan unos pocos arrastreros que se dedican a la pesca del bacalao. 
Pese a todo, esta reducción del número de pescadores parece ser insuficiente. 
Con razón la Comisión presenta propuestas de planes de recuperación plurianuales para las poblaciones de bacalao y merluza. 
Este tipo de reducciones referidas a los recursos pesqueros se echan en falta en las propuestas de la Comisión para la reforma de la política pesquera común presentadas recientemente por el Comisario Fischler. 
En el caso del bacalao la relación es muy clara y lo es algo menos en el caso de la merluza. 
Coincido plenamente con la Sra. Stihler en que la recuperación de las poblaciones ha de ser el objetivo prioritario, como ella bien dice en la exposición de motivos. 
El paquete de medidas debe ser eficaz, pero al mismo tiempo debe tener en cuenta los daños socioeconómicos sufridos por el sector pesquero. 
No tiene sentido presionar al sector si las medidas adoptadas no inciden positivamente en las poblaciones afectadas. 
Por eso es fundamental que se ejerza el debido control sobre la eficacia de las medidas. 
A modo de ejemplo de una medida inútil quisiera recordar a la Comisión el plan de emergencia para el bacalao que implantó en el invierno de 2000 para el Mar del Norte. 
Ese plan de emergencia, en virtud del cual parte del Mar del Norte quedaba cerrada a la pesca, surtió el efecto contrario. 
En las zonas abiertas la presión pesquera aumentó sobremanera, mientras que las concentraciones de peces en las zonas cerradas se agotaron enseguida al abrirlas de nuevo. 
En opinión de los biólogos pesqueros las zonas cerradas no coincidían exactamente con las zonas de juveniles y reproductores. 
La concentración de la flota en las zonas abiertas ha contribuido a la sobrepesca en algunos caladeros vulnerables. 
A mi modo de ver, los pescadores y los biólogos acertaron al señalar que en aquel momento la Comisión anteponía la viabilidad política a la eficacia. 
Tenemos que evitar a toda costa que este desastre, originado por la falta de proporcionalidad, se repita. 
Es inaceptable que las actividades pesqueras de los pescadores neerlandeses autorizados para capturar el 10% de los totales admisibles de capturas, los denominados TAC, sufran más restricciones que las de los pescadores británicos, que representan el 40% de los TAC. 
Quisiera formular algunas observaciones acerca de las medidas presentadas en la propuesta de la Comisión. 
En primer lugar, los mencionados cierres de determinadas zonas pesqueras son un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. 
Sin embargo, los denominados real-time closures, los cierres efectuados al detectarse una elevada concentración de juveniles, pueden resultar eficaces. 
Las medidas técnicas pueden revestir importancia para los pescadores que se dediquen de forma accesoria a la captura del bacalao. 
En segundo término, la reducción de los TAC para bacalao encierra el peligro de que la presión pesquera sobre las especies no sujetas a un régimen de cuotas crezca enormemente. 
Con vistas al futuro sería deseable que se establecieran cuotas para estas especies lo antes posible, sobre todo de cara a la apertura del Mar del Norte a los buques españoles y portugueses a partir de 2003. 
Si la Comisión deja de establecer TAC y cuotas para estas especies es previsible que dentro de 10 años necesiten asimismo unos planes de recuperación. 
En tercer lugar está claro que la forma más rápida de reducir el esfuerzo pesquero pasa por la aplicación del régimen basado en el número de días pasados en el mar. 
Observo con satisfacción que, tras prolongadas críticas, la Comisión ha terminado por adoptar el sistema aplicado en los Países Bajos. Espero que la Comisión amplíe el ámbito de aplicación de este método. 
Los pescadores neerlandeses son partidarios de prohibir la pesca durante los fines de semana, una solución que se utiliza con suma frecuencia en el mundo del transporte. 
En cuarto lugar, la Comisión no puede dejar exclusivamente en manos de los Estados miembros la ejecución del régimen basado en el número de días pasados en el mar y el tema de la compensación financiera. 
Ello fomentaría la competencia desleal. 
La Comisión ha de fijar límites para cada Estado miembro. 
Estas cifras pueden calcularse a partir de las cuotas y la sobrepesca registrada en los últimos años. 
Por último, debemos cerciorarnos de que las flotas que hayan encontrado un equilibrio entre esfuerzo y cuota no sufran más restricciones. 
Con ello quiero decir que no podemos interferir en las actividades de una flota que sepa compaginar una gestión adecuada de las cuotas con un funcionamiento rentable y eficaz. 
Por eso considero positivo que se supriman las ayudas para la construcción de buques nuevos. Del mismo modo hay que evitar que los fondos del IFOP se utilicen para mantener artificialmente la capacidad pesquera. 
Es importante que el efecto de las medidas sea sometido a evaluación en su debido tiempo. También es importante que en ese momento tengamos en cuenta los daños socioeconómicos sufridos por el sector. 
Si el plan de recuperación falla las consecuencias serán incalculables, tanto para el bacalao y la merluza como para los pescadores. 
Señora Presidenta, yo también comenzaré felicitando a la Sra. Stihler por su excelente informe y por su excelente intervención de esta noche ante la Asamblea. 
Toda la Asamblea sabe que las poblaciones de peces están disminuyendo drásticamente en toda la UE. 
Por ello, la Comisión ha acudido al Parlamento con un nuevo paquete de propuestas drásticas con vistas a modificar la política común de pesca. 
Es por ello también por lo que debemos hacer frente a un recorte global del 18% del tonelaje bruto de la flota de la UE y a la incidencia masiva que la medida entrañará sobre los puestos de trabajo en numerosas zonas ultraperiféricas de nuestra Comunidad que ya atraviesan por una difícil situación económica. 
No obstante, también entendemos que las dos especies que corren mayor peligro son el bacalao y la merluza del Norte. 
Al menos no hay ninguna duda sobre el estado de las poblaciones de bacalao. 
Personalmente, estaría dispuesto a reconocer, sin embargo, que existen ciertas dudas respecto a la situación de las poblaciones de merluza. 
El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) sostiene que las poblaciones de merluza están al borde del colapso. 
Otros científicos independientes afirman que las poblaciones aún tienen niveles sostenibles y desafían los resultados del CIEM. 
Como la Sra. McKenna ha señalado en su intervención de esta noche, esta Asamblea tiene el deber de aplicar el principio cautelar siempre que existan dichas dudas. 
En estas circunstancias, quisiera apelar a la Asamblea para que vuelva a incluirse la merluza en el plan de recuperación de la Comisión hasta que se analicen las pruebas científicas y se verifiquen exactamente, como ha pedido el Sr. Varela Suanzes-Carpegna esta noche. 
Durante el Consejo de Pesca de ayer, como todos sabemos, un número considerable de Estados miembros se declaró en contra de algunos aspectos de las propuestas de la Comisión sobre la reforma de la PCP. 
Quieren que se utilicen las ayudas públicas para la construcción de nuevos buques, quieren el libre acceso a las aguas comunitarias, apoyan los beneficios a corto plazo en detrimento de la sostenibilidad a largo plazo, se oponen al cambio, apoyan la situación actual. 
La suya es una política desesperada. 
No podemos continuar como en el pasado. 
Si lo hacemos, no serán sólo el bacalao y la merluza las especies que desaparezcan, sino que nuestra industria pesquera también desaparecerá. 
Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, la pesca explota recursos naturales renovables, es cierto, pero frágiles y destructibles. 
Durante siglos, por ser los medios de captura de eficacia limitada, se concibió la idea de que los recursos disponibles eran inagotables. 
Esa sensación impregna aún algunas reacciones contra las políticas de conservación. 
No obstante, ante una opinión pública sensible a la protección de la naturaleza y los riesgos económicos creados por el colapso de algunas especies piscícolas, los pescadores toman conciencia de que deben ser los aliados de la vida marina y no sus enemigos. 
En ese sentido se debe plantear cualquier reforma de la Política Pesquera Común, ya sea general o destinada, como en este caso, a situaciones específicas. 
La legislación que estamos examinando, objeto del excelente informe Stihler, tiene como objetivo evitar la catástrofe que sería la extinción de peces tan apreciados como el bacalao y la merluza. 
Se puede discutir la gradación de las medidas propugnadas, la eficacia del dispositivo para ejecutarlas, se puede discutir la exactitud de esos datos científicos en que se basan, pero lo que no se puede subestimar es el peligro que amenaza a las unidades poblacionales de bacalao y, en menor escala, de merluza y la necesidad de invertir la situación y recuperarlas. 
En los debates sobre la pesca, hemos afrontado varias veces la incertidumbre y la flexibilidad de los datos científicos. 
Eso es lo que justifica la opción de la Comisión de Pesca de flexibilizar las propuestas sobre la merluza. 
Me pregunto si estamos siguiendo el buen camino. 
Tengo dudas. 
Por esas razones, hago un llamamiento a la Comisión para que ponga en pie un sistema de investigación científica y técnicamente creíble en el que se basen nuestras opciones. 
Es imperioso que lo haga. 
En cuanto al bacalao, es, como todo el mundo sabe, uno de los elementos de la gastronomía portuguesa. 
Pero no sólo de gastronomía vive el hombre. 
La pesca del bacalao en Terranova dejó profundas marcas en la memoria de los pescadores y trazos indelebles en la literatura portuguesa. 
Por eso, hay razones para decir: ¡salvemos el bacalao! 
Señora Presidenta, la presente propuesta pone de relieve la situación desesperada en que se encuentran algunas poblaciones de peces y hace hincapié en las razones por las que es tan importante que la Comisión y el Consejo lleven a cabo correctamente la reforma de la PCP. 
No deben ceder a las presiones políticas. 
Ambos deben garantizar que el objetivo de la pesca sostenible es lo más importante de la gestión de la pesca. 
Aunque reconozco que los planes de recuperación de la merluza deben ser específicos para la pesca dicha especie, no creo que la merluza deba excluirse de la propuesta. 
Respecto a los detalles de la propuesta, quiero resaltar algunos motivos de preocupación. 
En primer lugar, la Comisión debe tener más en cuenta la pesca mixta que se verá afectada por estos planes de recuperación. 
Un aspecto de crucial importancia es que no estoy convencido de que la Comisión haya aprendido las lecciones de los peligros de desplazar el esfuerzo, como pudimos comprobar en el Norte de Escocia el año pasado. 
La Comisión deberá garantizar que el asesoramiento científico es fiable y verificable, no sólo para determinar las zonas que deben cerrarse, sino también para determinar las consecuencias de dichos cierres. 
La retirada de niveles máximos de las contribuciones financieras con cargo al IFOP es motivo de satisfacción. 
Pero la Comisión no ha propuesto un sistema que garantice la igualdad de trato entre los pescadores sometidos a las medidas de recuperación y que no está fomentando la competencia desleal entre los pescadores de los distintos Estados miembros. 
Espero que la Comisión preste atención a la enmienda de la Comisión de Pesca que pide financiación comunitaria no sujeta a la cofinanciación para compensar a los pescadores afectados por estos planes. 
La seguridad es un aspecto de la máxima importancia. 
Aunque la ayuda pública para la modernización y renovación no debe ser un saco sin fondo, sí debería estar disponible para mejorar la seguridad. 
La combinación de restricciones sobre buques antiguos y días de pesca podría ser letal. 
Es de vital importancia que se tenga en cuenta la seguridad a la hora de medir las consecuencias de los planes de recuperación, así como en la gestión de la pesca en general. 
Señora Presidenta, espero que todos hayan podido degustar los excelentes arenques en salazón que se nos han ofrecido aquí esta tarde. 
Quiero expresar mi agradecimiento a nuestro colega Albert Jan Maat. 
Ha sido un excelente acontecimiento y sólo puedo confirmar- y creo que ustedes lo harán también- que el pescado es una cosa exquisita. 
No quiero aprovechar la votación sobre la recuperación de las especies como una cuestión de vida o muerte ante la próxima reforma de la pesca, pero espero que aquellos que rechazan el proyecto de reglamento de la Comisión que se ha presentado, aprueben mañana por la mañana el compromiso de autorizar de nuevo el bacalao junto a la merluza, exactamente como ha propuesto la Comisión por buenos motivos. 
Yo también he llegado a una conclusión mejor en este tiempo intermedio. 
Lo espero, al igual que otros conmigo, pues entretanto lo he comprobado, no por propio arbitrio, sino que lo que considerado sobre la base de documentos científicos como, por ejemplo, de CIES. 
¿Quién puede poner seriamente en duda sus datos? 
¿Ha presentado la Comisión una propuesta que contiene medidas para recuperar los stocks de bacalao y merluza? 
Ambas especies están seriamente en peligro. 
Nadie lo ha discutido esta tarde. 
Por ello, la merluza no puede quedar fuera si queremos ser consecuentes. 
Y prevenir es mejor que curar. 
Lo anoto en el cuaderno de bitácora para los que dudan. 
Tenemos que ocuparnos de las características biológicas y de los problemas naturales de un análisis exacto de los stocks. 
El pez nada. 
Por ello, nadie puede decir cuál es su cifra exacta y también por ello es un deporte muy querido el poner en duda las recomendaciones del Consejo de Exploración Marítima (CIES). 
Adónde nos conduce esto lo podemos observar desde hace algún tiempo no sólo para el bacalao y la merluza y no sólo en las aguas europeas. 
Deseo una pesca sostenible económicamente, responsable ecológicamente y compatible socialmente. 
Para ello necesitamos unos stocks sanos. 
Hay que actuar para quebrar el círculo vicioso de siempre más y mejores barcos a la captura de cada vez menos peces. 
Ahora. 
También en otros sectores económicos se reducen excesos de capacidades. 
La pesca tiene que acostumbrarse también a ello, pues queremos preservarla en Europa, pero sobre sus propios pies y no dependiendo del gota a gota de Europa y tampoco sin peces en las propias aguas. 
Señora Presidenta, ante esta propuesta de reglamento y este informe, abrigo sentimientos contradictorios. 
Por un lado, siento que debo poner de manifiesto mi repudio del reglamento, en particular por lo que se refiere a la merluza, que, al aparecer unida al bacalao, es irracional e injustificadamente perjudicada, pero, por otro lado, creo que eso nos ofrece una valiosa ayuda para poner en entredicho la reforma de la PPC, propuesta por el Comisario Franz Fischler y presentada por la Comisión al Consejo. 
La simple lectura de la exposición de motivos del informe Stihler prueba la debilidad de los argumentos de la Comisión, cuando intenta basar el reglamento en estudios científicos de supuesta fiabilidad. 
Como recuerda la ponente, la propuesta de medidas se aprobó en 2001, como consecuencia de la información facilitada por el Consejo Internacional para la Explotación del Mar, cuando aún se no había empezado a aplicar las drásticas reducciones de los TAC acordadas para 2001. 
En ese marco, las consideraciones científicas están, como recuerda la ponente, llenas de ambigüedades e incertidumbres. 
Cito textualmente: "Por lo que se refiere a la merluza, la disminución ha sido menos dramática y, por consiguiente, los datos científicos resultan menos claros y son incluso objeto de controversia". 
Sigo citando: "Hay desacuerdos sobre si se deben tratar conjuntamente esas dos especies- bacalao y merluza- y sobre la rapidez con que se debe intentar la recuperación y también sobre la severidad de las medidas necesarias y sobre cuáles deben ser precisamente dichas medidas", etc. 
El informe pone de manifiesto, también y sobre todo, las repercusiones y los efectos económicos, que no se abordaron en el proyecto de reglamento. 
Ésas son, señora Presidenta, las muchas consecuencias que se anuncian o que ahora se dan, en una dimensión mucho más transcendental y peligrosa con la injusta e irracional reforma Fischler de la Política Pesquera Común. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera felicitar a la ponente por un informe muy valiente. 
Será una medida muy dolorosa para todos los pescadores, porque significará la introducción de numerosas reducciones de captura y la pérdida de muchos puestos de trabajo. 
La ponente hace referencia a ello en su informe, que también incluye medidas de ayuda a los pescadores. 
Una cosa de la que podemos estar seguros es que los peces no reconocen fronteras ni límites. 
Asimismo, debemos reconocer que el informe trata sobre el bacalao y la merluza. 
No quiero dejar de animar a todos los colegas a que voten a favor de que se vuelva a incluir la merluza en el informe. 
De lo contrario, en un futuro no muy lejano, nos encontraremos aquí hablando de que las poblaciones de merluza se han reducido de manera tan alarmante que necesitamos aún más medidas draconianas para que puedan recuperarse. 
La ponente ha dicho que las poblaciones de merluza se han reducido en un 50% desde 1980, por tanto, debemos adoptar medidas que garanticen una mejora de la situación. 
También debemos reconocer que cuando los peces nadan en el mar no se separan por especies, por ello, cuando se sale a pescar una especie en particular, nunca se puede estar seguro de que ésa será la única que se pesque. 
Debemos adoptar una visión más amplia de todas las medidas de conservación. 
En particular, debemos encontrar una solución a los descartes, las cuotas transferibles cuando se llega a puerto o lo que sea. 
Debe existir el modo de poner fin al descarte de peces en buen estado, porque las poblaciones están mermando y debemos asegurarnos que vuelven a recuperarse. 
Basta con que miremos lo ocurrido en Canadá para darnos cuenta de que si seguimos pescando, no quedarán peces para nadie. 
También es equivocado que un Estado miembro en particular ejerza una enorme presión política en un intento de que se retire la merluza del presente informe y luego intente obtener más pesca para sí. 
Al final, no importa cuál sea nuestra nacionalidad. 
Si no hay peces, no habrá poblaciones y nadie podrá pescar. 
Debemos garantizar la aplicación de estas medidas. 
Felicito una vez más a la ponente y pido a todos que votemos en favor del informe original sobre el bacalao y la merluza- y que nos aseguremos de que tenemos un informe sobre el bacalao y la merluza. 
Señora Presidenta, Señorías, tomo la palabra en este Pleno para apoyar la propuesta de la Comisión de Pesca, principalmente para defender la necesidad de excluir las poblaciones de merluza del Norte del ámbito de aplicación de la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas encaminadas a la recuperación de las poblaciones de bacalao y merluza. 
Lo hago porque la situación de los stocks de merluza y de bacalao es muy distinta. 
De no excluirse, se pondrían en riesgo, sin fundamento técnico-científico, irrefutable y contrastado, miles de puestos de trabajo y un sector del que viven y dependen varias poblaciones costeras de la Unión Europea. 
Esta consecuencia socioeconómica debería ser razón suficiente para hacernos reflexionar, pero hay otras razones: la propuesta se basa en un pretendido estudio científico, y ya en el mes de noviembre de 2001 el Comité científico, técnico y económico de las pesquerías señalaba que los puntos de referencia de precaución utilizados por el Consejo internacional para la población del mar no eran válidos en la actualidad y, además, recomendaba su revisión inmediata. 
Porque nadie, ninguna administración, tiene la exclusiva de la sensatez y el bien hacer, se pone de manifiesto la necesidad de un mecanismo de apelación de asesoramiento científico, de la conveniencia de una revisión paritaria y, por supuesto, de escuchar y analizar en profundidad lo que seriamente diga el sector afectado con sus argumentos y estudios contrastados y contrastables. 
Cuando se van a adoptar decisiones de hondo calado social hace falta fundamentarlas muy bien; los estudios que las soportan tendrían que ser irrefutables. 
Lo dicho hasta aquí, Señorías, no significa oponerse a otras medidas alternativas, serias y responsables para la conservación y mejora de las poblaciones de merluza, mientras no se realicen, se completen y se confronten los estudios, pero no debemos apoyar aquellas medidas que puedan ir acompañadas de consecuencias irreversibles. 
Ciertamente, el principio de precaución tiene que poder ser aplicado sin provocar catástrofes económicas ni terremotos sociales. 
Un punto de equilibrio es posible y la Comisión debe buscarlo. 
Un primer paso serán los estudios verificados y contrastados que nos llenarán de razón y de argumentos. 
Las cosas hay que hacerlas bien, sobre todo cuando hay un riesgo grave y perjuicios claros para nuestros pescadores. 
. 
(EN) Señora Presidenta, permítame decir, para comenzar, que sólo hablaré de la propuesta para hacer hincapié en que la Comisión considera esta medida una de las más importantes que pueden adoptarse en el marco de la política común de pesca. 
Como muchos de los presentes saben, esta propuesta anuncia numerosos aspectos relativos a la reforma de la política común de pesca sobre los que deberemos tratar en el futuro. 
Si no podemos colaborar para garantizar la recuperación de nuestras poblaciones de peces, el futuro de la pesca y de los pescadores no estará asegurado. 
Permítanme, a continuación, comentar las enmiendas. 
Sobre la enmienda 1, la Comisión no puede aceptarla porque excluiría de la propuesta la referencia a la merluza. 
El CIEM ha advertido del peligro que corre la población de merluza. 
Si eso es así, la Comisión debe actuar para corregir la situación. 
La única evaluación alternativa de la población de merluza es la que ha elaborado, por encargo del Instituto Español de Oceanografía, el científico canadiense Sr. Maguire. 
Durante los debates entre los grupos de trabajo del Consejo, España no desafió la validez del estudio del CIEM sobre el acontecimiento histórico de la población de merluza ni la situación actual de dicha población. 
España ha cuestionado uno de los denominados puntos de referencia cautelar utilizados como término de comparación del estudio. 
En concreto, los funcionarios españoles proponían modificar el valor de 165.000 toneladas de la propuesta por 145.000 toneladas. 
Esta posición no contradice la percepción del peligro que corre la población. 
Quizá signifique que el peligro es menor, pero el peligro sigue existiendo. 
Respecto a la enmienda 2, la Comisión piensa que es innecesaria porque ya se han tenido en cuenta coherentemente los informes científicos sobre los efectos medioambientales, hasta el punto de que dichos efectos han sido científicamente documentados y cuantificados. 
Un ejemplo es el efecto que la baja salinidad en estos últimos años ha tenido sobre el éxito de la reproducción del bacalao en el Báltico. 
Los otros factores mencionados en la enmienda sobrepasan el ámbito de la política común de pesca y, por consiguiente, sería inadecuado incluirlos en la presente propuesta. 
Por otra parte, sigue siendo cierto que en el caso del bacalao, la merluza y muchas otras especies, la pesca es la principal causa de mortalidad, y la reducción de la pesca es el modo más probable de lograr la recuperación de las poblaciones. 
Respecto a la enmienda 3, la Comisión ya está trabajando en la mejora de todos los aspectos del asesoramiento científico. 
Cualquier comunicación en este sentido se incluirá en el segundo paquete de propuestas de reforma, que se presentará a este Parlamento en un futuro próximo. 
Asimismo, no es correcto afirmar que no se hayan realizado los análisis pertinentes de la correlación entre el esfuerzo pesquero y las tasas de mortalidad o que no se ha previsto el nivel adecuado de impuestos para el año 2002. 
Por estos motivos, la Comisión no puede aceptar dicha enmienda. 
Respecto a la enmienda 4, la Comisión coincide, en principio, con dicho análisis, porque los TAC no son instrumentos que resuelvan necesariamente el problema de los descartes. 
El problema sólo se solucionará si se incrementa la selectividad de las artes de pesca o se reduce o prohíbe la pesca en zonas geográficas donde se congregan los peces pequeños. 
Este aspecto está contemplado en una serie de reglamentos de la Comisión y del Consejo como respuesta a la situación de emergencia del bacalao y la merluza. 
Asimismo, la Comisión está trabajando actualmente en un plan de acción sobre los descartes en el marco de la reforma de la PCP. 
Por lo tanto, esta enmienda no es necesaria. 
Respecto a la enmienda 5, la Comisión no puede aceptarla porque, en su opinión, las ayudas públicas para la modernización de los buques deberían utilizarse exclusivamente para la mejora de la seguridad de los buques de pesca, mientras que la enmienda sugiere que hay otros objetivos que podrían también dar derecho a recibir ayudas. 
La ayuda susceptible de aumentar la potencia pesquera de las flotas ya no es aceptable. 
Respecto a la enmienda 6, la Comisión no puede aceptarla porque las vedas temporales deben imponerse sin pérdida de tiempo. 
Si se incluye al Consejo en este mecanismo se necesitará mucho más tiempo. 
Para cuando el Consejo haya tomado la decisión, la veda temporal real ya no sería eficaz. 
La enmienda 7 la hemos aceptado: se ha cometido un error tipográfico. 
Respecto a la enmienda 8, la Comisión está estudiando el impacto de una variación anual más baja del nivel de los TAC sobre la recuperación de la población. 
El Consejo también ha expresado reservas sobre este aspecto. 
Respecto a la enmienda 9, la Comisión no puede aceptarla. 
Las medidas técnicas están recogidas en una propuesta legislativa diferente. 
Las medidas técnicas aceptables para los Estados miembros permitirán una cierta mejora de la actual situación, pero no son suficientes lejos. 
La Comisión ya ha indicado anteriormente que con su aplicación sólo se logrará el 20% aproximadamente de la reducción deseada de la mortalidad provocada por la pesca. 
Por consiguiente, la limitación del esfuerzo pesquero también es necesaria. 
En la propuesta no se menciona el desguace obligatorio de buques y tampoco está previsto en la futura PCP. 
Los niveles de los TAC propuestos serán acordes con el asesoramiento científico. 
Respecto a la enmienda 10, la Comisión no puede aceptarla. 
La merluza no se captura únicamente con buques de pesca industrial y el bacalao se captura en cantidades muy pequeñas. 
La propuesta del 5% refleja las capturas probables de bacalao y, por consiguiente, está en proporción con el objetivo que se persigue. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 11. 
Aunque es difícil calcular el importe de la prima complementaria necesaria para despertar mayor interés por el desguace, el 20% es ya un incremento importante y se corresponde con prácticas anteriores en situaciones semejantes, por ejemplo, las medidas estructurales para la flota de España y Portugal que faenaba en aguas de Marruecos. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 12. 
No vemos ninguna razón para restringir las ayudas relacionadas con la seguridad de los buques más pequeños, es decir, de menos de 12 metros. 
Las recientes propuestas para la reforma de la PCP proponen que todos los buques deberían tener derecho a percibir dicha ayuda, con la condición de que ésta no afecte a la capacidad pesquera del buque. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 13. 
Es una forma muy cara de ayuda que no reduce el problema subyacente del exceso de capacidad. 
Las medidas de este tipo sólo se justifican a corto plazo. 
Si se acepta la cofinanciación comunitaria para un período más largo, se reducirá considerablemente la disponibilidad de fondos comunitarios para la cofinanciación de desguaces, que en este caso es, sin duda, el objetivo prioritario. 
La enmienda 14 no es aceptable para la Comisión porque la Comunidad no puede asumir toda la responsabilidad de las ayudas de este tipo. 
La cofinanciación es un principio fundamental para la ayuda estructural. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 15. 
La especificación de la duración del plan no es aceptable. 
Se considerará que las poblaciones se han recuperado cuando la ciencia indique, en dos años consecutivos, que las cantidades de peces maduros han sobrepasado los niveles definidos. 
En el último apartado del memorándum explicativo se hace referencia a la intención de la Comisión de realizar una evaluación del impacto en el plazo de 18 meses a partir de la adopción de la propuesta. 
Se podría apoyar a través del añadido de textos en un artículo de la propuesta, pero debería bastar con la referencia en el memorándum explicativo. 
Respecto a la enmienda 16, cabe prever un proceso de revisión, pero no anual. 
Deberá transcurrir cierto tiempo hasta que las medidas propuestas surtan efecto. 
La fecha más temprana sería al cabo de dos años de su aplicación. 
En el último apartado del memorándum explicativo se hace referencia a la intención de la Comisión de realizar un estudio en el plazo de 18 meses a partir de la adopción de la propuesta. 
Se podría apoyar si se añaden textos en un artículo de la propuesta, pero debería bastar con la referencia en el memorándum explicativo. 
Quisiera hacer referencia a algunas de las observaciones adicionales de sus Señorías. 
Para comenzar, el Sr. Varela Suanzes-Carpegna se ha referido al asesoramiento científico que sirve de base a nuestra propuesta. 
Dicho asesoramiento es el del CIEM. 
A pesar de sus carencias, que nadie niega, el asesoramiento del CIEM es con diferencia el mejor de cuantos conocemos. 
Una de las prioridades de la reforma de la política común de pesca es la mejora del asesoramiento científico. 
Entretanto, debemos trabajar con el mejor asesoramiento a nuestro alcance, que es el del CIEM. 
Digo esto también en respuesta a la Sra. Miguélez Ramos. 
Gracias, Comisario señor Frits Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El próximo punto del orden del día es el informe María del Pilar Ayoso González (A5-0198/2002) , en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la organización común del mercado del alcohol etílico de origen agrícola (KOM (2001) 101- C5-0095/2001- 2001/0055 (CNS) ). 
. Señora Presidenta, hace dos meses debatíamos este mismo informe porque realmente el problema del alcohol de origen agrícola es un problema que se ha presentado por la gran producción de alcohol de origen agrícola dentro de los países candidatos a la adhesión, porque la futura negociación con la OMC puede dar lugar a reducciones suplementarias de la producción en frontera y por el previsible aumento de la demanda de biotanol para combustibles en la Unión Europea. 
Por todo esto, el Consejo de Ministros de 17 de julio de 2000, invitó a la Comisión a presentar un marco normativo para el alcohol de origen agrícola, pero el Consejo fue mucho más alla y nos propuso una OCM, en la que no se contemplaba ninguna medida financiera, pero que admitía la posibilidad de establecer contingentes arancelarios, cláusulas de salvaguardia, prohibir o restringir el recurso del régimen de perfeccionamiento activo y una disposición específica en materia de ayudas. 
Sin embargo, esta propuesta que nos hacía la Comisión no contemplaba el acohol de síntesis y éste puede usarlo industrialmente el 70 % de los usuarios de alcohol etílico; sólo el 30 % en la producción de bebidas espirituosas utiliza únicamente alcohol de origen agrícola. 
Porque no se contemplaba el alcohol de síntesis, y porque no se encontró en ese momento una base jurídica para introducirlo dentro de una OCM, hace dos meses, este Parlamento devolvió el informe a comisión. 
Después, el Consejo siguió deliberando y ha llegado a un acuerdo previo para introducir el alcohol de síntesis y se nos ha solicitado un segundo informe. 
Ahora, el Consejo y el Parlamento están de acuerdo, y creo que eso lo debe tener en cuenta la Comisión. 
Este informe se propone en una de las enmiendas, la más importante, cambiar el título; en lugar de una OCM, se propone un reglamento por el que se establecen medidas específicas relativas al mercado del alcohol etílico de origen agrícola dentro de la Unión Europea. 
Se propone que el alcohol de síntesis sea también contemplado en estas medidas, sobre todo en lo que se refiere a estadísticas. 
Se propone, también, que el Comité de gestión del vino sea competente para estos asuntos, pero que haya un grupo de trabajo específico; dentro de este comité de gestión de vinos, que se ocupe del alcohol de origen agrícola. 
Y se propone también la supresión del artículo 10, puesto que al no tratarse de una OCM, no tiene sentido un artículo que se refiere a las ayudas. 
Además, tratándose de unas ayudas nacionales, creo que entran dentro del capítulo de todas las ayudas de Estado, independientemente de que sean para el alcohol de origen agrícola o para otro tema. 
Señor Comisario, le ruego que transmita todas estas enmiendas, que pido que mañana sean votadas en el Pleno, al Comisario competente y que le traslade también el sentimiento de que el Consejo y el Parlamento están de acuerdo en este aspecto. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, en el debate de esta tarde se trata de la cuestión de cómo se puede aportar transparencia e introducir aspectos estadísticos al sector del alcohol de origen agrícola. Este era el único encargo del Consejo Europeo. 
Mis sinceras felicitaciones a la ponente del Parlamento Europeo, la Sra. Ayuso González. 
Ha aprovechado de modo ejemplar el reducido margen de actuación de que dispone el Parlamento Europeo en cuestiones agrícolas. 
Señor Comisario, habríamos rechazado gustosamente la totalidad de la propuesta de la Comisión pues ha dejado totalmente de lado el encargo del Consejo. 
En estrecha cooperación con todos los afectados, la ponente ha logrado presentar un auténtico compromiso en el que todos están de acuerdo. 
Tras treinta años de discusiones, vamos a introducir en este campo una regulación que prevé los datos estadísticos exigidos. Esto se realiza, en primer lugar, en el marco de un reglamento simplificado del Consejo. 
En segundo lugar, no precisa de enunciados sobre el derecho de las ayudas. 
En tercer lugar, se incluye el alcohol sintético, que es el competidor directo del alcohol de origen agrícola. 
Mi apelación urgente a la Comisión es la siguiente: cejen en su resistencia contra esta línea de compromiso. 
Hasta ahora, era costumbre que, en caso de una mayoría cualificada del Consejo, la Comisión no insistía en un voto unánime, a no ser que existiesen objeciones jurídicas. 
Pero en este caso no hay un motivo razonable para insistir en la unanimidad. 
Los instrumentos de la Comisión bastan plenamente para controlar este sector en el que no existen distorsiones relevantes de la competencia. 
En los países candidatos no hay ni un solo candidato que quiera recoger o copiar el modelo alemán, que es objeto del litigio. 
Si la Comisión se aferra en su posición jurídica, dirijo mi apelación al Presidente español del Consejo. 
En lo que se refiere a los intereses de los destiladores alemanes y a los intereses de nuestro paisaje de cultivos, mi apelación se dirige a la ministra federal Künast: haga que con su voto el 27 de junio se logre la unanimidad en este asunto. 
El Parlamento Europeo ha hecho todo lo que está en su mano en largas negociaciones y ahora contamos con su apoyo. 
Señora Presidenta, debido a las distintas negociaciones que se han celebrado, la ponente ha necesitado más tiempo del habitual para elaborar el presente informe y merece nuestro sincero agradecimiento por los esfuerzos que ha realizado. 
Me pareció interesante descubrir que el Reino Unido es, al parecer, el segundo mayor productor de alcohol etílico y que, junto con otros productores, siente natural preocupación por el aumento de las importaciones a pesar de que la demanda comunitaria se mantiene bastante estable. 
Sabemos que las importaciones que llegan a la Comunidad gozan de concesiones arancelarias que han sido aprobadas por el Consejo de Ministros. 
He podido saber por representantes del sector que en los países exportadores existen regímenes de subvenciones que, naturalmente, ellos no ven con muy buenos ojos. 
A nuestros productores les preocupa además la perspectiva de la entrada libre de impuestos procedente de los 48 países menos desarrollados. 
Comprendemos estas preocupaciones, pero no creo que la eliminación de las disposiciones en materia de ayudas estatales, previstas en las enmiendas 7 y 19, sea la solución al problema. 
Ciertamente espero que dichas enmiendas sean rechazadas y, personalmente, votaré en contra de las mismas. 
Sobre el lado positivo, las medidas específicas propuestas por la Comisión son satisfactorias. 
Son preferibles, sin ninguna duda, a una organización intervencionista, y acojo con satisfacción el cambio de nomenclatura que ha introducido la ponente. 
Espero que las concesiones de ayuda no sean discriminatorias, que garanticen la continuidad del comercio sin grandes impedimentos y que nuestra competitividad no se vea afectada en exceso por las importaciones. 
Las propuestas incluyen un grado mínimo de administración y documentación. 
Espero que el Parlamento rechace las enmiendas 7 y 19, en cuyo caso podré apoyar el informe. 
No puedo decir que ésta sea la opinión de todos los miembros del Grupo PSE, pero sin duda es el punto de vista de algunos de nosotros. 
. 
(EN) Señora Presidenta, para comenzar permítame expresar mi agradecimiento a la Asamblea por la labor que ha realizado en el estudio de la propuesta sobre la organización común del mercado del alcohol etílico. 
En particular, quiero agradecer a la ponente, Sra. Ayuso González, su análisis de la propuesta y su informe. 
Antes de pasar a comentar más detenidamente las enmiendas presentadas, quisiera recordarles que ésta es otra propuesta sobre el establecimiento de un conjunto de normas comunes para el sector del alcohol tras varios intentos en el pasado, que por distintas razones siempre han fracasado. 
La Comisión es de la opinión de que la situación actual del mercado en este sector nos obliga a presentar, al menos, un marco normativo mínimo y que, en consecuencia, esta vez las probabilidades de éxito son bastante buenas. 
La Comisión puede aceptar la mayoría de las enmiendas presentadas. 
Todas las enmiendas relativas al cambio de nomenclatura son aceptables. 
Es más, si el título propuesto por la Comisión crea problemas porque hace más referencia a un sistema de intervención no previsto aquí, podemos considerar un título más idóneo que refleje el contenido del Reglamento, como sugiere el Parlamento. 
También podemos aceptar las enmiendas sobre la inclusión del alcohol de síntesis en el artículo relativo a la información sobre el mercado. 
El Parlamento propuso inicialmente ampliar la propuesta al alcohol de síntesis, pero el Anexo I no incluye este producto y, por consiguiente, no forma parte de la política agrícola común. 
Para la mayoría de las aplicaciones, excepto en las bebidas alcohólicas, puede utilizarse alcohol agrícola y de síntesis, por lo que ambos compiten en el mismo mercado. 
La Comisión está dispuesta a estudiar la sugerencia contenida en el informe de la Comisión de Agricultura de que el alcohol de síntesis debería incluirse en el artículo sobre la recogida de datos para elaborar un balance anual del mercado en este sector, disponer de mejor información sobre el mercado y dotarlo de mayor transparencia. 
Las enmiendas 7 y 19 relativas a la eliminación del artículo sobre las ayudas estatales no son aceptables. 
La Comisión es de la opinión de que todas las disposiciones propuestas son necesarias para establecer un conjunto de normas comunes para el sector del alcohol, incluidas las disposiciones sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales. 
Sin la aplicación imparcial de dichas normas, no habría un marco normativo común propiamente dicho para el alcohol agrícola, y quisiera señalar que dichas normas ya son aplicables al alcohol de síntesis. 
La Comisión es perfectamente consciente de que la aplicación de las normas sobre las ayudas estatales puede crear entorpecer el funcionamiento del monopolio alemán sobre el alcohol. 
Quisiera repetir que la finalidad de esta propuesta sobre el alcohol agrícola no es poner fin a dicho monopolio. 
Si la producción de alcohol de los agricultores alemanes conforme a las normas de monopolio, incluidos los pagos federales, es necesaria para mantener valiosos ecosistemas o para cubrir los costes adicionales de métodos de producción ecológicos, las normas en vigor en materia de ayudas estatales ofrecen un importante margen para la concesión de ayudas con estos fines o podrían aplicarse planes de ayuda al desarrollo rural. 
Por otro lado, las pequeñas destilerías que producen no sólo alcohol, sino también licores, podrían beneficiarse de la norma sobre mínimos en materia de ayudas estatales para productos no agrícolas. 
La Comisión está dispuesta a buscar una solución, pero no puede aceptar la propuesta de eliminar sencillamente del proyecto de texto el artículo correspondiente a las ayudas estatales. 
Debería encontrarse una solución dentro del contexto de dicho artículo. 
La enmienda 8, que hace referencia a la Declaración sobre el ron en el Acuerdo de Asociación ACP-UE y pide un trato especial para los productores de ron que se vean afectados por la aplicación de las políticas comunitarias, también es difícil de aceptar. 
Por definición, el reglamento propuesto debe respetar todos los acuerdos bilaterales e internacionales, como establece el artículo 14. 
No es necesario ni oportuno conceder un trato especial a una categoría de socios dentro de un acuerdo específico. 
Podemos aceptar la enmienda 13 excepto la referencia al código NC 3814 0090 en la nomenclatura de alcohol de origen no agrícola porque dicho código cubre mezclas de alcohol con disolventes y no se limita al alcohol de origen no agrícola. 
La adopción del Reglamento nº 142/2002 ha resuelto el problema de las importaciones de estas mezclas. 
Las enmiendas 14, 16, 17 y 18 son mejoras netamente técnicas del texto sobre las que también ha tratado el Consejo, y no tenemos nada en contra de aceptarlas. 
La enmienda 20, sin embargo, es más difícil de aceptar. 
La Comisión no quiere crear un grupo de trabajo específico sobre el alcohol dentro del Comité de gestión del vino. 
El objetivo de la Comisión es el mismo que el de la enmienda, es decir, reunir a auténticos expertos en materia de alcohol. 
Por esta razón, la Comisión ya ha hecho una declaración sobre la organización del trabajo del Comité de gestión del vino, de manera que todos los temas relacionados con el alcohol son agrupados con vistas a permitir a los Estados miembros a que envíen a auténticos expertos a la reunión. 
Aunque la enmienda 21 es aceptable, debo señalar que limita la capacidad de la Comisión para adoptar medidas transitorias de mayor calado que las de la propuesta original. 
Este texto aparece en otros reglamentos y, por consiguiente, es aceptable. 
En lo que respecta a las enmiendas 22 y 24, la Comisión está, naturalmente, de acuerdo con que las normas sobre las ayudas estatales sean aplicables, también, a este sector y, en consecuencia, no deberían suprimirse. 
Asimismo, reconozco la importancia de los actuales sistemas de ayudas de algunos Estados miembros, especialmente, a las pequeñas destilerías agrícolas, y la necesidad de encontrar una solución para ellas. 
El concepto de medida transitoria merece, sin ninguna duda, mi consideración, pero aún no estoy en condiciones de indicar el carácter específico de la solución. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 23, como he indicado hace un momento. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 3, 5, 13 y 15 sobre la inclusión del alcohol de síntesis en la propuesta en lo que se refiere al sistema de recogida de datos. 
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, puede incluirse sin modificar el fundamento jurídico de la propuesta y, por consiguiente, la Comisión es de la opinión de que el mercado mundial del alcohol ya está contemplado satisfactoriamente en la presente propuesta. 
Espero que mis comentarios de hoy hayan aclarado la posición de la Comisión respecto a la presente propuesta. 
Asimismo, quisiera agradecer a la Asamblea sus sugerencias constructivas, que naturalmente estudiaremos, y el tiempo que ha dedicado a este proceso, y también deseo expresar mi agradecimiento especial a la ponente, Sra. Ayuso González, por su contribución. 
Gracias, Comisario señor Frits Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
Nuestro voto favorable en general no olvida la preocupación que aún abrigamos en cuento al sexto programa marco de ver garantizadas en tiempo útil cláusulas de garantía ética indispensables y que consideramos oportuno establecer y aclarar definitivamente en el momento de la aprobación final de los programas específicos. 
A eso se debe la forma como hemos votado algunas enmiendas. 
Es hora de recordar, en verdad, que compartimos las preocupaciones que a ese respecto han manifestado en particular los Gobiernos de Alemania, Austria, Irlanda, Italia y Portugal y seguimos considerando inaceptable que dinero de un país determinado (y de sus contribuyentes) en el que determinadas acciones sean ilegales pueda ir, mediante el mecanismo europeo, a financiar esas mismas acciones cuando se realicen en otro Estado miembro. 
Recordamos la defensa que hicimos del principio de unanimidad legislativa, en el marco de los informes Fiori y Caudron, y esperamos que lo esencial de dicha defensa de principios éticos básicos y de respeto de las diferentes legislaciones nacionales prevalezca en las decisiones finales del Consejo 
Protección de los peatones: Compromiso de la industria europea del automóvil 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0154/2002) de la Sra. Hedkvist Petersen, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la Comunicación de la Comisión "Protección de los peatones: Compromiso de la industria europea del automóvil" (COM (2001) 389- C5-0537/2001- 2001/2216 (COS) ). 
. 
(SV) Señor Presidente, cada año mueren 42 000 personas en las carreteras europeas. 
Es un asunto político de gran importancia para los ciudadanos de la UE. 
La Comisión dice en el Libro Blanco sobre los transportes que en 2010 el número de víctimas habrá disminuido a la mitad. 
Entonces tendremos que ser muy activos. 
Habrá que adoptar todas las medidas posibles, en todos los ámbitos. 
Todos tenemos que colaborar, especialmente la industria, ya que sabemos que los consumidores así lo exigen. 
La seguridad es un argumento para vender. 
¿Cómo deberían diseñarse los coches para que representen el menor peligro posible para los peatones indefensos? 
La propuesta de acuerdo voluntario que nos ha enviado la Comisión y que ha negociado la industria del automóvil es insuficiente. 
Nos sorprende que la Comisión la haya aceptado en su forma actual. 
Hay partes poco claras respecto a la aplicación y no se han tomado en serio las pruebas de EVC, a pesar de que se han desarrollado durante más de 22 años. 
Estamos hablando de vidas humanas en la carretera y en la sociedad, que nos obligan a ser sinceros. 
Este asunto ha sido de difícil tramitación y doy las gracias a los colegas de la comisión por este trabajo, que nos ha demandado grandes esfuerzos. 
Ha habido muchas opiniones divergentes, muchos grupos de presión y muchas ideas expresadas por las comisiones. 
Ahora es importante que nos atengamos a la seguridad vial y a las exigencias de los consumidores. 
En nuestra respuesta a la Comisión hay tres opciones. 
La primera opción es que aceptamos el acuerdo voluntario. 
La segunda, que proponemos una directiva detallada en la que se señale con exactitud cómo deberán ser los coches del futuro. 
La tercera opción es que proponemos una directiva marco. 
La comisión estima que el acuerdo voluntario no es suficiente. 
Es demasiado frágil y no permite un control parlamentario del cumplimiento de las responsabilidades por parte de la industria del automóvil. 
El proceso resulta así menos obligatorio y más cerrado. 
Por eso propone la comisión una directiva marco, que la Comisión también menciona en su comunicación. 
Esto implica que los objetivos serán fijados en las instancias políticas y que, posteriormente, los expertos controlarán su cumplimiento, bajo la supervisión y con la ayuda de la Comisión. 
La directiva marco que proponemos y exigimos tiene numerosos componentes. 
El objetivo es que en 2010 todos los coches cumplan con las exigencias de las cuatro pruebas de EVC. 
Este proceso debe iniciarse ahora. 
La EVC es la institución que más ha avanzado en el mundo en la investigación de la seguridad vial, especialmente en la protección de los peatones. 
Sin embargo, podríamos aceptar métodos de prueba que den a los peatones el mismo nivel de seguridad. 
Obviamente, debe tratarse de pruebas que sean capaces de influir en el diseño de los coches. 
También queremos que el proceso se evalúe periódicamente y que se informe anualmente al Parlamento Europeo. 
De esa manera seremos una parte de este proceso y podremos controlar el cumplimiento de los objetivos que hemos fijado. 
Queremos que los Estados miembros, a través de sus autoridades pertinentes, participen en la evaluación del cumplimiento de la directiva marco. 
Pensamos que la EVC tiene los métodos de prueba más avanzados y que éstos pueden seguir desarrollándose. 
Éstas son las exigencias de la comisión. 
Esperamos que la Comisión y el Comisario Liikanen confirmen que presentarán una propuesta de directiva marco. 
El Grupo socialista habría querido llegar aún más lejos en este capítulo, por ejemplo, haciendo mayor hincapié en las bondades exclusivas de las pruebas de la EVC y fijando objetivos parciales que permitiesen seguir una línea clara en el desarrollo de la protección de los peatones hasta el año 2010. 
El Grupo socialista quiere también que la Comisión presente su directiva marco de inmediato, ojalá antes de fin de año. 
Esto es importante para demostrar que la Comisión toma estas materias con seriedad. 
Como he dicho, este asunto es muy polémico. 
Hemos llegado a un acuerdo con el que pretendemos conseguir el mayor respaldo posible a la exigencia de una directiva marco como la mejor solución a los problemas relacionados con la seguridad vial. 
Por este motivo, mi Grupo sólo apoyará la propuesta de la comisión, y pido a todos los diputados que hagan lo mismo. 
Aprobamos este acuerdo, que me satisface porque beneficia a todos los usuarios de las carreteras. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a la Sra. Hedkvist Petersen que haya articulado lo que constituye un compromiso equilibrado que refleja los intereses de todo el Parlamento. 
Como ponente de mi propia comisión? la Comisión de Asuntos Jurídicos? puedo afirmar que estábamos a favor de la propuesta de la Comisión de un acuerdo voluntario y percibimos que la totalidad del paquete lograba lo que perseguía la Sra. Hedkvist Petersen. Salvará vidas antes que cualquier otra propuesta. 
También se toma muy en serio la necesidad de mejorar los criterios de diseño de coches. 
Sin embargo? y es una cuestión crucial que ella no ha mencionado? permite a la industria y a todos los demás implicados abordar la cuestión desde un amplio frente, porque sabemos que sólo con hacer más flexible el frontal de los vehículos para el caso de colisión se logra una segunda opción. 
Queremos evitar las colisiones con los usuarios vulnerables de las carreteras con medidas que al mismo tiempo eviten accidentes a los ocupantes de los vehículos. 
Recuerden que los sistemas de frenado antibloqueo fijados como criterio formarán parte de este paquete de medidas. 
También tenemos que prestar atención al diseño de las carreteras, la educación de sus usuarios y muchas otras cosas. 
Esto debe ser un esfuerzo concertado. 
Me gustaría hablar de los criterios de diseño porque creo que son importantes. 
Soy ingeniero de automóviles de formación; he visto los laboratorios de pruebas; he hablado con ingenieros sobre los problemas de idear coches menos peligrosos para los peatones. 
No se trata de una cuestión sencilla. 
Algunos grupos han caído en un flagrante exceso de simplificación de los problemas en cuestión. 
La Sra. Hedkvist Petersen ha dado a entender que la industria no se lo está tomando muy en serio, sin embargo sé por mis visitas que sí lo está haciendo. 
Ella tiene razón cuando señala que debemos prestar atención a una amplia serie de medidas en las pruebas. 
He pedido a la industria esta mañana que colabore con la Comisión con el fin de formar un equipo con los mejores profesionales de la ingeniería y el diseño y las demás personas interesadas para idear las mejores pruebas posibles de acuerdo con la tecnología actual, y no con la tecnología de 1998, en la que se basan las pruebas actuales del EVC. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a la ponente y también a la Comisión Europea. 
La Comisión Europea se ha atrevido a proponer una serie de medidas autorreguladoras para garantizar que la industria y las administraciones públicas ofrezcan mayor seguridad a los peatones. 
Me parece que esto es muy necesario. 
He nacido en una cultura en que la autorregulación es muy frecuente y soy una gran partidaria de ella porque de esta manera las medidas van emparejadas con los últimos avances de la tecnología con los que la industria también puede estar conforme. 
Además, este sistema suele ser más ágil ya que el proceso legislativo es siempre mucho más lento. 
Sin embargo, siempre hay una condición que cumplir: tiene que haber un buen control de los acuerdos voluntarios. 
Si me preguntan por mi opinión personal- y la Sra. Petersen también lo acaba de decir- entonces me hubiera quedado satisfecha con una serie de buenos acuerdos voluntarios y por mi parte no hubiera hecho falta llegar al procedimiento legislativo. 
No obstante, el Parlamento ha tomado esta decisión que voy a respetar. 
No hay más remedio que elaborar una directiva ligera, una directiva que deje suficiente margen para que los últimos avances tecnológicos tengan cabida en ella. 
Como he dicho antes, soy muy partidaria de alcanzar acuerdos voluntarios porque me parece que la Comisión Europea actúa con demasiada lentitud en algunos procesos. 
Al final del informe de opinión de la Comisión de Medio Ambiente he introducido el punto de que hay que actuar para prevenir el ' whip lash?. 
Bien es verdad que no tiene nada que ver con esta cuestión sino con un aspecto de la seguridad que afecta a la salud de muchas personas. 
Además, este tema causa muchos gastos en nuestra sociedad. 
No por casualidad lo he introducido como última cuestión porque sé muy bien que no se está haciendo lo suficiente para solventar este problema. 
Por otra parte, he presentado una serie de preguntas por escrito que han sido respondidas en el sentido de: sí, vamos a hacer algo al respecto. 
Mientras tanto, ya lo hemos estudiado en el marco del IV Programa Marco. 
¿Por qué se pierde tanto tiempo en debatir todas estas cuestiones relacionadas con las acciones que evitan los accidentes y que evitan que se generen más gastos en este terreno? 
Ese fue el cuarto programa de acción, y ya estamos trabajando con el sexto programa de acción de investigación y desarrollo. 
Entonces está claro que habrá que actuar de otra forma ya. 
Señor Presidente, no sólo pido al Comisario que negocie urgentemente con la industria para hacer algo con respecto a la protección de los peatones, tal vez a través de la autorregulación, sino que también aborde estas otras cuestiones. 
Señor Presidente, Señorías, creo que el documento de la Comisión y el informe de la ponente, la Sra. Petersen, tienen un significado importante y doble. 
Por un lado, el del contenido, se trata de un tema importante para los habitantes de Europa como es la seguridad del tráfico, y, por otro, naturalmente, está el papel que este informe desempeña en el debate global sobre European democratic governments, better regulation. 
Hemos discutido mucho sobre ello. 
Felicito a la ponente porque en un punto concreto ha sabido mostrar cuáles serían los papeles del Parlamento, de la Comisión y de los grupos de intereses, los lobbys, si se quiere, de la industria, de la protección al consumidor, etc. Seguramente es correcto que los parlamentarios se muestren escépticos respecto de las autoobligaciones porque no se sabe exactamente hasta dónde va a cumplir la industria, hasta dónde puede realmente creerse por qué ellos mismos se ' autoobligan?. 
También puede entenderse que la industria manifieste a veces desconfianza respecto de los parlamentarios, cuyas decisiones les parecen cuestionables porque no son realmente expertos en estos temas. 
Por lo que creo, y esta es la vía que felizmente propone la ponente, que es correcto que intentemos abrirnos a compromisos que no sean vacíos, sino que nos muestren adónde se puede ir realmente. 
Como parlamentarios oscilamos entre nuestra obligación y nuestra misión democrática parlamentaria por un lado, y el conocimiento, por el otro, de que muchos detalles se nos escapan, salvo, naturalmente, a quienes son expertos en la materia. 
Estamos zarandeados por la confianza y la desconfianza frente a la verdad y frente a la facilidad con que en la industria se toman decisiones sobre la aplicación de cosas que quizás sólo sean obstáculos y que no procuren beneficios a la industria. 
Y también oscilamos entre la responsabilidad que tenemos frente a todos los principios y, finalmente, la responsabilidad que alguna gente nos reconoce, también para muchos detalles. 
Por lo que opino que es correcto que justamente en este caso se pida una directiva marco. 
Estoy a favor de la sencillez: si ocupa una cara o cara y media, sobre ello no vamos a discutir. 
El Sr. Rübig ha alabado al Comisario de modo que ya no sé cómo hacerlo yo, pero me parece de todo punto comprensible que el Comisario intente mediante un compromiso que los parlamentarios le apoyemos en lo que él quiere, en lo que como demócrata opina, esto es: que quizás la vía intermedia correcta sea hacer una directiva marco. 
Y además, y subrayo esto para terminar, porque se trata de un ámbito éste de la seguridad del tráfico que quizás se base en una cuestión técnica, pero en una cuestión técnica que puede decidir sobre la vida de las personas. 
Una cuestión técnica que protege o se lleva vidas humanas es una cuestión cuyos fundamentos al menos deberíamos fijarlos nosotros en el Parlamento. 
Apoyo a la ponente en su propuesta. 
Me ha parecido muy interesante haber participado como ponente del partido en nombre de los liberales. 
Ha habido una buena colaboración con los otros Grupos parlamentarios, y sobre todo con la ponente, para llegar finalmente a un informe equilibrado que tiene suficiente apoyo del Parlamento y en el que se da una señal muy clara a la Comisión. 
En otras circunstancias mi punto de partida hubiera sido intentar llegar a un convenio entre las partes implicadas, para que surgiera una colaboración eficiente, con acuerdos y firmes compromisos, pero en este caso me parece acertado que el Parlamento asuma la responsabilidad de defender los intereses del consumidor. 
No debemos olvidar el pasado a la hora de redactar el informe. Por lo tanto, me parece importante que nos basemos en los esfuerzos realizados en el pasado para elaborar una directiva marco. 
Sería extraordinariamente útil que el Comisario nos dijera si ve alguna posibilidad de presentar a corto plazo una propuesta de una directiva marco. 
A fin de cuentas, ya han pasado veintidós años de investigaciones previas. 
En el pasado ha habido ya tantas negociaciones entre los agentes sociales, los representantes de la industria automovilística y las organizaciones de consumidores que sería un buen gesto hacia nosotros que por su parte también hubiera un esfuerzo para agilizar la promulgación. 
Es evidente que cada persona que sufre las consecuencias de un accidente es una víctima de más. 
Por este motivo, me parece positivo que hagamos este esfuerzo. 
Creo que en este informe se ha encontrado un buen equilibrio entre las definiciones de los métodos de prueba del CEST, pero al mismo tiempo tiene que haber margen para posibles evoluciones en el futuro puesto que se trata de un proceso dinámico. 
Especialmente en la industria de alta tecnología puede haber un sinfín de posibilidades que tal vez ahora no conozcamos bien. 
Por esta razón, creo es importante que haya margen en el informe para que se incorporen en el futuro otros métodos aún mejores que ahora no conocemos todavía. 
Asimismo, es importante subrayar que no solamente el Parlamento Europeo es el que tiene que prevenir los accidentes de tráfico. 
Cabe resaltar que la conducta de los usuarios de la vía pública es importantísima para evitar los accidentes. 
Por lo tanto, se trata de un proceso integral en el que también los otros estamentos de la sociedad han de jugar un papel destacado y por eso estoy satisfecho con esta aportación para llegar a una regulación del tráfico más segura e integral a la que los consumidores también pueden aportar su granito de arena. 
Señor Presidente, la actual situación de víctimas mortales a causa de los accidentes de tráfico requiere una serie de medidas tanto con respecto a los vehículos como a la conducta de los usuarios de la vía pública. 
Cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad. 
En mi opinión, la Comunidad no ha de eludir su responsabilidad en esta cuestión. 
Su tarea es la de proteger a los ciudadanos ante los peligros de la vida diaria, incluidos los de la carretera. 
La situación actual es que la Comunidad exige que se cumplan una serie de requisitos en el diseño de los vehículos, lo cual me parece acertado. 
Esta competencia no debe pasar a otras manos. Por este motivo, creo que hay que actuar con mucho cuidado en relación con los acuerdos voluntarios de la industria automovilística. 
Esta industria es sólo secundaria y no puede suplir nunca la función del legislador, simplemente porque siempre abogará por unos compromisos con unos criterios menos rígidos. 
El acuerdo con la industria automovilística que estamos debatiendo ahora, nos enseña porqué es así. 
Permítame resaltar que el acuerdo ofrece mayores seguridades de lo que hasta ahora se ha redactado formalmente. Por lo menos, si todas las partes implicadas colaboran según la letra y el espíritu del acuerdo. 
No obstante, esto depende del punto de partida que se elija: se parte de la situación existente o de la deseada. 
Por mi parte, opto por lo último, es decir, defiendo la necesidad de llegar a unas mejoras sustanciales. 
Viendo desde este punto de vista el compromiso alcanzando, sí cabe hacer algunas críticas. 
Una cuestión a la que hay que prestar atención es la existencia de dos diferentes métodos de pruebas. 
Uno de ellos está relacionado con la industria y el otro es independiente. 
Es lógico que el primero sea menos riguroso que el segundo o que sea, al menos, menos crítico. 
Asimismo, del diseño de las pruebas se desprende también una clara diferencia. 
El EVC va bastante más lejos en sus pruebas y garantizará finalmente una protección más alta que el EuroNCAP. 
Además, el calendario juega un papel muy importante. 
Desde la industria se deja entrever que se requiere un periodo muy largo para las adaptaciones técnicas de los nuevos modelos. 
Esto también ha quedado reflejado en los acuerdos voluntarios que determinan que los nuevos requisitos sólo se aplicarán después de un periodo muy largo para todos los coches nuevos. 
Sin embargo, en la práctica resulta que las adaptaciones se pueden aplicar con una rapidez considerablemente mayor, no en un plazo de años sino incluso en varias semanas, siempre y cuando existan los incentivos necesarios. 
Señor Presidente, con respecto al contenido concreto de esta resolución creo que sólo se puede sacar una conclusión. 
Nos parece que la promulgación de una legislación comunitaria es la única manera de establecer los criterios de las pruebas de seguridad. 
Por lo tanto, apoyamos sinceramente la medida legislativa que se ha presentado, el establecimiento de una directiva marco. 
En cuanto al contenido, creemos que las cuatro pruebas del EVC deberían ser el núcleo, ya que sus requisitos son más altos con lo cual ofrecerán una mayor seguridad a los grupos de usuarios más débiles. 
Basándonos en la información de que disponemos, es más que factible que la industria automovilística pueda cumplir estas nuevas normas. 
Por lo tanto, creo que no existe ningún problema al respecto. 
Por otra parte, la inclusión de otros métodos de prueba no es necesaria. 
Se había manifestado que era necesario incluirlos para poder incorporar los avances tecnológicos en estos métodos de prueba pero esto ya está previsto en las pruebas del EVC. 
Para terminar, señor Presidente, quisiera decir que la petición de prohibir el parachoques rígido del tipo bull-bar tanto durante la producción como después recibe nuestro pleno apoyo. 
En resumidas cuentas, con algunas pequeñas modificaciones podemos adoptar esta resolución en su totalidad. 
Señor Presidente, el asunto que debatimos hoy es más importante de lo que podría imaginar alguien que desconozca sus pormenores. 
Recordaré a título ilustrativo que sólo en mi país y sólo durante el año 2000, según los datos brindados por las estadísticas, tuvimos 23.000 accidentes o siniestros con automóviles; en 3.900 de esos accidentes hubo peatones atropellados. 
La comunicación de la Comisión que hoy examinamos se propone, como todos sabemos, arrancar un compromiso a la industria europea del automóvil, al objeto de que aumenten las posibilidades de supervivencia de los peatones y los ciclistas tras ser atropellados por un vehículo. 
El compromiso en cuestión contempla dos etapas: una hasta 2005 y otra? con medidas aún más rigurosas? hasta 2010. 
Lo importante es, primero, que la propia industria se presta voluntariamente al compromiso, con lo que en una primera fase al menos no se requiere ninguna intervención legislativa directa, y, segundo, que este compromiso alcanza a todos los fabricantes importantes, a los europeos, a los japoneses y a los coreanos. 
El debate en torno al informe correspondiente de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento Europeo ofrece, en mi opinión, un resultado satisfactorio, que debe mucho al papel desempeñado por la ponente señora Petersen. 
Siendo fruto de un compromiso, el resultado, naturalmente, no nos entusiasma; pero, en todo caso, el Partido Popular Europeo lo asume, y por ello votamos el informe en la Comisión. 
Lo votaremos igualmente en el Plenario. 
Considero elementos fundamentales de este acuerdo los apartados 6 y 14. Recuerdo, pues, su contenido. 
Primero, entendemos que compromiso que se pretende arrancar a la industria europea del automóvil constituye un primer paso hacia una mayor seguridad del tráfico por carretera, y, segundo, pedimos a la Comisión que presente una directiva-marco en la que se defina un calendario claro y realista de los objetivos intermedios y finales que han de alcanzarse, así como de los métodos de seguimiento y evaluación que han de articularse. 
Señor Presidente, no me detendré en los contenidos ni en los aspectos técnicos de la comunicación que ya han sido ampliamente ilustrados, a pesar de que merecerían muchos comentarios críticos que, sin embargo, han quedado resueltos gracias a la excelente síntesis realizada por la ponente. 
Lo que sí quisiera recordar es la principal reserva formulada por la Comisión de Medio Ambiente en su opinión. 
Reducir el número de víctimas de accidentes de circulación es obviamente un objetivo cuya importancia es tal que convierte en secundario el problema de cuál es el mejor instrumento que hay que utilizar para alcanzarlo: un acuerdo voluntario o bien una medida legislativa. 
Por otra parte, no nos oponemos de manera prejudicial a los acuerdos voluntarios. 
Sin embargo, se pueden aceptar sólo dentro de un marco jurídico consensuado, en el cual se garantice al Parlamento el derecho a participar, en particular en lo que se refiere a los objetivos que hay que fijar, a los resultados que hay que alcanzar y a su seguimiento y control. 
Lo único que esperamos es que esta condición que sigue siendo prejudicial en las materias medioambientales, se cumpla por fin a través de las iniciativas propuestas hace unos días por la Comisión bajo el título "Mejorar la regulación". 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a nuestra colega, Sra. Hedkvist Petersen, por la concienzuda elaboración de este informe y también por su activa participación en los asuntos relacionados con la seguridad vial; gracias también al Comisario, Sr. Liikanen, por su fructífero quehacer desprovisto de todo prejuicio. 
El compromiso alcanzado representa una nueva cultura en el proceso de toma de decisiones y es un paso adelante en la implantación de una gestión más ágil y más flexible. 
Los acuerdos voluntarios permitirán aplicar con más rapidez soluciones sencillas que incrementen la seguridad de los peatones. 
No obstante, el Parlamento deberá velar por que la industria del automóvil cumpla sus compromisos; por ello, es necesaria una Directiva marco de gran alcance. 
Al mismo tiempo, cabe recordar que este compromiso supone sólo el comienzo. 
Tal y como se ha dicho aquí en varias intervenciones, los objetivos activos hubieran podido ser mucho más ambiciosos. 
Las nuevas técnicas pueden contribuir a mejorar la seguridad general del tráfico y, en consecuencia, también la de los peatones. 
Ya existen soluciones al respecto, y otras nuevas están al llegar. 
Lo más importante ahora es seguir de cerca la aplicación práctica de los compromisos y sus resultados. 
A la luz de las experiencias obtenidas, podremos considerar una aplicación más amplia de procedimientos similares. 
Señor Presidente, ¿los directivos de la industria que no hemos elegido son los legisladores o esa tarea corresponde a los representantes del pueblo democráticamente elegidos? 
La industria prefiere que se tomen medidas basadas en un acuerdo voluntario que sólo responden parcialmente a las exigencias de la sociedad y que, además, pueden dejar de respetar fácilmente las empresas que así lo deseen. 
Me entristece que la Comisión Europea se haya mostrado dispuesta a secundar este deseo y que una parte de la derecha de este Parlamento haya querido aprobarlo. 
El argumento esgrimido a favor de esta postura, es decir, una mayor agilidad en obtener los resultados y mayor flexibilidad de adaptación, se desbarata por completo viendo que los interesados mismos tendrían muchísima influencia en el resultado. 
Quieren preservar un margen para las consecuencias que perjudican a los demás pero que les benefician a ellos mismos. 
Si algunos acuerdos complementarios con la industria pudieran tener sentido, éstos deberían estar relacionados con agilizar la introducción de las nuevas disposiciones y maneras para una aplicación más rápida y eficiente. 
Para terminar, quisiera hacer una observación sobre el contenido del acuerdo. 
La circulación diurna con las luces puestas sólo tiene sentido para la seguridad en países poco poblados y con un sol muy bajo, donde no haya muchos ciclistas y donde no haya ninguna necesidad de que los motociclistas llamen la atención. De lo contrario, esto sería contraproducente. 
Señor Presidente, celebro el hecho de que este informe nos acerque a la perspectiva del diseño de frontales automovilísticos más seguros para que mueran menos peatones, ciclistas y motociclistas. 
Los coches siguen siendo excesiva e innecesariamente peligrosos. 
Unos frontales automovilísticos más seguros podrían salvar 2.000 vidas al año con un coste de tan sólo 30 euros ó 20 LEB por coche. 
Estoy de acuerdo en que sería posible apagar las luces de cruce diurnas. 
En efecto, me gustaría que se prohibieran en el Reino Unido porque creo que reducen la visibilidad de las motocicletas y hacen que los automovilistas se sientan superiores e invulnerables. 
Me complace la prohibición de las defensas integrales delanteras, no sólo en la venta de los coches, sino también como compra tras la venta. 
Quisiera felicitar no sólo al ponente, sino también a mi colega, Hermann Vermeer, por su excelente trabajo al liderar la búsqueda de un compromiso y al deshacer el punto muerto inicial entre los dos lados de la Cámara, uno que insistía en que los acuerdos voluntarios no deberían funcionar nunca y otro que afirmaba que nuca se debería recurrir a legislar. 
Lamento el intento de la industria automovilística de desacreditar las pruebas EVC. 
El informe nos recuerda oportunamente que la EVC es la institución al frente de la investigación en seguridad vial, particularmente con mucha experiencia en el campo de la protección de los peatones. 
Mientras la EVC y otros métodos de prueba deben continuar desarrollándose conforme a las nuevas tecnologías, en la actualidad no existen pruebas equivalentes, por lo que son, por ahora, el método estándar. 
Del mismo modo que no creo en la utilidad de ser dogmático sobre los acuerdos voluntarios o la legislación, tampoco creo que sea provechoso ser dogmático sobre un tipo particular de prueba y, por ahora, no existen otros modelos. 
Señor Presidente, Señorías, la comunicación de la Comisión que está orientada a la conclusión de un acuerdo voluntario entre las firmas del ramo del automóvil, a fin de mejorar la protección de los peatones y de los demás usuarios de la carretera, es, sin duda, un paso importante en aras de la seguridad vial. 
La misma representa, en mi opinión, también un válido ejemplo de enfoque extralegislativo capaz de ofrecer de forma rápida ventajas a los ciudadanos y de reforzar el marco del mercado interior. 
Las medidas arbitradas por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles- la instalación en los vehículos de frontales menos peligrosos para los peatones, la instalación de ABS en todos los vehículos nuevos, la instalación de luces de cruce diurnas en los países que no las prohiben, los tests de impacto para los automóviles- permitirán reducir el inaceptable número de personas y de peatones que cada año pierden la vida en la Unión Europea o resultan grave y irremediablemente lesionados. 
En consecuencia, el acuerdo voluntario constituye un primer paso positivo para mejorar la seguridad vial, sin perjuicio de que este compromiso pueda ser mejorado a través del tiempo y evaluado. 
En este contexto, es primordial que Parlamento Europeo inste a la Comisión a que garantice la independencia no sólo formal, sino substancial de los servicios técnicos que certificarán la conformidad con los tests previstos de todos los nuevos modelos de coches que los constructores tienen la intención de comercializar. 
Muy oportunamente la propuesta de resolución que hoy vamos a votar, pide a este respecto que las modalidades de ejecución de los controles de conformidad se fijen con arreglo a unas pautas establecidas de común acuerdo y bajo la supervisión del Centro Común de Investigación. 
Señor Presidente, la propuesta de resolución no obligatoria acepta por ahora el acuerdo voluntario con la industria automovilística europea. 
Pero estamos solicitando la creación de una legislación en la UE. 
Nos satisface el desarrollo por parte de los fabricantes de frontales automovilísticos menos peligrosos para los peatones, de sistemas de frenado automático y el uso de luces de cruce diurnas, aunque obviamente hay controversia sobre esta última cuestión. 
Acogemos de buen grado estas medidas porque estamos seguros de que se pueden llevar a cabo relativamente pronto. 
Sin embargo, la propuesta de resolución reconoce que este acuerdo no es la mejor manera de proteger a los peatones en el largo plazo. 
¿Qué ocurre si una de las partes no actúa? 
El acuerdo no es tan obligatorio o transparente como la legislación y existe una verdadera falta de confianza expresada por los cuerpos de protección de los peatones. 
La industria automovilística admite que no ha tomado la iniciativa en los últimos 22 años, algo que no nos agrada a ninguno de nosotros. 
Se necesitarán cinco años para llevar a cabo la fase I, habrá una revisión en el 2004 y la fase II terminará en 2010. 
Sólo estamos dando el primer paso. 
La industria del automóvil declara que el marco la permitirá progresar más deprisa, que una directiva haría más lenta la realización de las medidas. 
Pero pedimos a la Comisión que ofrezca una directiva marco que establezca un calendario concreto y unos métodos detallados de supervisión porque, al fin y al cabo, nuestro deber es proteger a los más vulnerables y la seguridad de los peatones de nuestras comunidades es de suma importancia. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos colegas, supe de esta intervención mía hace sólo dos minutos, pero estamos debatiendo un asunto verdaderamente serio, pues se trata de vidas humanas. 
Por eso he acudido gustosamente a hacer uso de la palabra, aunque casi sin previo aviso. 
Es una lástima que el planteamiento de esta cuestión en la comisión parlamentaria tomase un rumbo equivocado ya desde el principio. 
Nosotros, los políticos, quisiéramos dejar en todo nuestras huellas dactilares por el simple hecho de haber sido elegidos. 
Ahora estamos ante una cuestión mucho más seria. 
Se trata de salvar vidas humanas y de encontrar los medios que lo permitan con la mayor celeridad posible. 
Para ello, debemos olvidar nuestros hábitos políticos y decidirnos a apoyar la razonable propuesta de la Comisión, así como el extraordinario trabajo de la ponente, Sra. Petersen. 
¿Cuál es la fórmula para aplicar con la mayor rapidez posible los enormes cambios técnicos necesarios? 
Tenemos que recordar que a nosotros se nos elige una vez cada cinco años, en tanto que la industria del automóvil es elegida todos los días. 
Los consumidores votan con su bolsillo todos los días, y no debemos subestimar la concienciación ciudadana ante los asuntos relacionados con la seguridad. 
Hoy por hoy, los ciudadanos exigen que su coche sea seguro y que lo sea también para los peatones. 
Ante todo, no debemos echarnos la cuerda al cuello con el test del Comité Europeo para la Seguridad de los Vehículos (EVC) , puesto que todo se transforma con mucha rapidez. 
¿Qué medios técnicos no tendremos a nuestro alcance dentro de dos, tres o cuatro años? 
No debemos echarnos la cuerda al cuello ciñéndonos a pautas establecidas para el día de hoy, así que apoyo con toda firmeza la propuesta de la Comisión, así como el trabajo de consenso realizado por la Sra. Petersen; y concluiría brevemente diciendo: incluso Olof Palme estaría satisfecho con el trabajo que aquí hemos realizado. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0192/20002) de la Sra. Vlasto, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la Comunicación de la Comisión "Mantener los compromisos, aumentar el ritmo" (COM (2001) 641- C5-0075/2002- 2002/2033 (COS) ). 
. (FR) Señor Presidente, este informe se limitaba inicialmente a la comunicación de la Comisión Europea que examinaba los progresos realizados por los Estados miembros desde el Consejo Europeo de Lisboa. 
He pensado que también sería interesante que este informe pudiera contemplar la aplicación de la Carta Europea de las Pequeñas Empresas. 
He querido presentarles un informe sencillo y concreto, que se articula en torno a la labor realizada por la Comisión Europea y los Estados miembros durante estos dos últimos años. 
Al igual que a la Comisión Europea, me preocupa la lentitud de los progresos realizados y el cambio de la coyuntura económica, que no es necesariamente positivo para las reformas a largo plazo. 
Estas reformas estructurales son las que precisamente estamos tardando en aplicar, sobre todo en el ámbito de la apertura de los mercados y de la reducción de la presión fiscal. 
Una de las razones que explican la lentitud de las reformas es el no haber respetado el método establecido en Lisboa, que supone una concertación entre los Estados miembros y una coordinación de la Comisión Europea, con intercambios de información y evaluaciones de las medidas adoptadas. Estos elementos todavía brillan por su ausencia, con lo que la coherencia de la política empresarial se ve perjudicada. 
Por ello, propongo que la Comisión publique un cuadro de mando para la política empresarial, tal y como hace con la política de empleo, con el objetivo de definir prioridades de actuación y límites temporales. 
Le pido también que nos tenga mejor informados sobre el desarrollo de las reformas estructurales dentro de los Estados miembros. 
Finalmente, le pido que evalúe la eficacia de las iniciativas adoptadas por los Estados miembros y que difunda efectivamente las medidas más acertadas. 
Las pequeñas empresas son un pilar de la economía europea, una fuente de empleo que debemos apoyar y desarrollar. 
El marco reglamentario y administrativo que rodea a nuestras empresas influye también en su competitividad. 
Hay que tener presente que las pequeñas empresas de menos de 50 empleados dan trabajo a sesenta y cinco millones de personas en la Unión Europea. 
Representan el 99 % de las empresas en su conjunto, y proporcionan el 53 % de los puestos de trabajo. 
En otras palabras, legislar mejor teniendo en cuenta a las empresas pequeñas significa servir mejor a sesenta y cinco millones de personas. 
Por ello, invito a la Comisión a que refuerce la concertación con las organizaciones representativas de las pequeñas empresas y a que les ayude a integrarse dentro de una red. 
Este es igualmente el motivo de que insista en la necesidad de diferenciar con más claridad los distintos tipos de empresas en las propuestas legislativas. 
Y, para concluir, es la razón por la cual no debemos complicarle la vida a nuestros empresarios con una legislación asfixiante. 
Las medidas que propongo pretenden respaldar las iniciativas adoptadas por la Comisión Europea y por los Estados miembros a favor de las empresas. 
He querido incidir en los problemas metodológicos que frenan la estrategia de Lisboa, avanzando algunas propuestas concretas susceptibles de responder a las expectativas de los empresarios, que se basan en el segmento de las pequeñas empresas. 
Espero que nuestra Asamblea se sume a nosotros en esta iniciativa. 
Señor Presidente, añado mis felicitaciones a la Sra. Vlasto por su informe, que ha sido adoptado por unanimidad en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. Trata la cuestión del Consejo Europeo de Lisboa de convertir a la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo y de vincular este objetivo al Consejo de Feira, que suscribió una carta europea para las pequeñas empresas. 
Claramente, como ha señalado la Sra. Vlasto, las pequeñas empresas constituyen una de las claves del éxito en las economías europeas. 
Primero, el informe detalla los muy bajos niveles de inversión en investigación y desarrollo, el 1,19 % del PIB de la Unión Europea. Esto es particularmente grave para los sectores industriales dominados por las PYME. 
Me gustaría que prestáramos atención a la idea a escala europea de institutos de investigación subvencionados por un impuesto a las industrias pertinentes, un impuesto que los japoneses han utilizado con tanto éxito para introducir innovación en investigación y desarrollo en esos sectores industriales. 
Segundo, necesitamos considerar la cuestión de una mejor regulación que simplifique y racionalice nuestras reglas. 
No me parece mal imponer cargas tributarias a las empresas para mejorar, por ejemplo, el medio ambiente, pero esto requiere una valoración monetaria. 
Uno de los últimos estudios del Reino Unido sugería que la directiva sobre el fin de la vida de los vehículos, por ejemplo, cuesta 400 millones de LEB al año y beneficia al medio ambiente sólo el equivalente de 100 millones de LEB anuales. 
Si esto es correcto, no debió adoptarse y convertirse en ley en la Unión Europea. 
Así, debemos ser conscientes del impacto de nuestra legislación en las empresas y los empleos. 
Por consiguiente, en principio apoyamos la enmienda de Chichester y votaremos a favor de ella. 
Tercero, debemos considerar más ampliamente si las PYME que operan en mercados locales deben tener las mismas cargas impositivas que las grandes empresas que exportan a países de la Unión Europa y de fuera de ella. 
En muchos casos, el conocimiento local puede ser suficiente para proteger a los consumidores. 
Se necesitan regulaciones en los casos en los que los bienes y servicios que ofrecen empresas anónimas están lejos del consumidor tanto geográficamente como en términos de conocimiento local. 
Señor Presidente, señor Comisario, en el Consejo Europeo de Lisboa, se quiso armonizar y homogeneizar el formato del capitalismo en todos los Estados miembros de la UE. 
El método de Lisboa consistía en la liberalización de los mercados, y se ha presentado una sola forma de actuación. 
Se trata de la coordinación de la política económica y la política social, otorgando especial importancia al papel del sector privado. 
Podemos coincidir con la opinión de la ponente en que se han hecho muy pocos análisis sobre si este método es conveniente para todos. 
En cada país existen diferentes servicios públicos y diferentes criterios sobre la seguridad social. 
En las sociedades del bienestar integrado de los países nórdicos, los servicios públicos se entienden en su sentido más amplio, incluyendo también las pensiones, la asistencia sanitaria, las escuelas y las guarderías y prestaciones para los niños pequeños. 
No necesitamos que los países católicos que basan la seguridad en la familia vengan a decirnos que en Escandinavia tenemos unos impuestos muy altos. 
Los métodos de privatización de Lisboa no nos servirán allí para prestar mejores servicios. 
Las declaraciones de la UE no sirven para proporcionarnos una vida segura a nivel social. 
Quizá sea ésta la razón por la que los Estados miembros en los que la derecha no tiene la hegemonía quieran abstenerse, y también deberían hacerlo, de emitir declaraciones encaminadas a desmoronar la seguridad básica de los ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora ponente, cuando oigo mencionar el objetivo de Lisboa- "convertir en diez años la economía europea en la economía más competitiva basada en el conocimiento" -siempre me pregunto si de verdad creemos que, antes de la Cumbre de Lisboa, los jefes de Gobierno pensaban en proponer economías menos competitivas. 
Creo que, en lugar de fijar y proponer grandes objetivos, sería mejor intentar hacer algunas de las cosas justas y buenas que deben hacerse, y este informe muy oportunamente plantea algunas de las cuestiones a las que hay que enfrentarse: la liberalización de los mercados, un mercado de valores mobiliarios más integrado y la apertura de los mercados de exportación para las empresas europeas. 
Señora ponente, señora Presidenta, señor Comisario, creo que se habría podido decir algo más a propósito de las cargas fiscales y burocráticas, en términos de regulación del trabajo, que recaen, en particular, sobre las pequeñas y medianas empresas de Europa y que son una de las causas de que una parte considerable del empresariado y del micro empresariado europeo- pienso en concreto en el italiano, pero no sólo en él- sea una economía sumergida, una economía que se escapa de la regulación, que se escapa de la legalidad debido a las cargas excesivas que se le imponen. 
Quisiera concluir diciendo que es justo que nos ocupemos y preocupemos de las pequeñas y medianas empresas en Europa; en Italia las pequeñas y medianas empresas son la espina dorsal de la economía. 
Pero, con esto prestemos atención a dos cosas: primero, en Europa necesitamos grandes empresas competitivas internacionalizadas; segundo, necesitamos que las pequeñas y medianas empresas crezcan, registren una continua tendencia a crecer y a expansionarse, ante todo en Europa, y posiblemente a internacionalizarse. 
Por lo tanto: "lo pequeño es bonito" está bien, pero no creemos las condiciones para un enanismo empresarial europeo que no necesitamos. 
Señor Presidente, Señor Comisario, queridos colegas, de entrada me gustaría felicitar a la Sra. Vlasto por este informe. 
Efectivamente, está claro que todos debemos ser conscientes de que las PYME y las PMEI no sólo juegan un papel importante en la economía, sino también en la sociedad, favoreciendo su cohesión económica y social. 
Pero la capacidad de modernizar una economía y de estabilizar una sociedad debe basarse en condiciones institucionales, un marco jurídico claro, accesible y, sobre todo, adaptado. 
El Mercado Único y la plena consecución de la Unión Económica y Monetaria, la ampliación de la Unión Europea y la futura creación de una Zona Euromediterránea van a ampliar este espacio, y por lo tanto a modificar las reglas. 
Esta globalización de los mercados tiene un impacto claro sobre la competitividad de nuestras empresas europeas, que deben adaptar su estrategia, incorporando al conjunto de factores a tener en cuenta los progresos estratégicos realizados por la competencia de los países terceros competitivos, y la competencia de los mercados de estos países terceros, a los que desea acceder. 
Hemos podido constatar que el grado de internacionalización de las empresas europeas es demasiado bajo, tanto en el seno del Mercado Único como fuera de la Unión Europea. 
Por ello, las empresas necesitan urgentemente unas condiciones reglamentarias más favorables, y sobre todo adecuadas, en materia de acceso al mercado y de medidas adicionales para la cooperación empresarial a escala internacional. 
Las PYME necesitan también nuevas fórmulas de organización del trabajo, pero estos cambios no pueden hacerse en ningún caso a expensas de las necesidades de los trabajadores en materia de seguridad. 
Es esencial facilitar la adaptación de las competencias de los trabajadores a las necesidades de la empresa, y considerar la formación como una inversión para las empresas y como una plusvalía para los asalariados. 
Además, las PYME aportan valores culturales europeos y contribuyen a la cualificación de las personas. 
Son el nivel de proximidad económica que debemos potenciar, como se dijo en Lisboa, pero debemos actuar con celeridad, porque nuestra lentitud les asfixia; nuestras empresas, ancladas en la realidad económica subyacente, necesitan actos, más que palabras. 
Esta idea ya aparece con claridad en el Sexto Programa Marco de Investigación. 
Ahora, necesitamos seguir en esta línea coherente. 
Señor Presidente, simplemente me gustaría abordar la cuestión concerniente a mejorar la regulación. 
Felicito a la Comisión por sus propuestas, particularmente por sus recomendaciones sobre las valoraciones del impacto económico. 
Las propuestas de la Comisión sólo serán efectivas si las otras dos instituciones, el Consejo y el Parlamento, siguen el mismo camino. 
La enmienda del Sr. Chichester persigue alterar el apartado 25, que era mi enmienda original en la comisión, solicitando esencialmente al Parlamento que realice sus propias valoraciones del impacto económico. 
Creo que debemos hacerlo tras una segunda lectura, una vez que hayamos recibido la posición común del Consejo y sepamos que las enmiendas del Parlamento se han leído. 
Debemos disponer de una unidad independiente que valore con exactitud el impacto de la legislación y haga un análisis riguroso de coste-beneficio, como ha señalado el Sr. Ford, no con el fin de que asuma la toma de decisiones, sino con el de asegurar que las decisiones que toma el Parlamento están fundamentadas. 
Es harto probable que, aun reconociendo que hay costes implicados, percibamos que la legislación es muy importante. 
Pero el Parlamento debe seguir el ejemplo de la Comisión en este asunto, si no lo hace no funcionará. 
Y, en realidad, lo mismo debe hacer el Consejo. 
El Consejo suele añadir enmiendas a la legislación sin calcular realmente cuánto van a costar. 
Esto supone un desafío vital para el Parlamento. 
Finalmente, la agenda de Lisboa funcionará si nos centramos en la cuestión de la formación. 
La formación permanente debe ser real y no sólo un lema. 
Tenemos que asegurarnos de que nuestra fuerza de trabajo posee la formación necesaria para desarrollar nuestra economía, porque nuestra ventaja competitiva se basa sobre todo en la formación y es ahí donde está el futuro de la economía europea. 
. (FI) Señor Presidente, en marzo de 2000, el Consejo Europeo de Lisboa concedió a la actividad empresarial un lugar central en el marco de la consecución del objetivo estratégico de la UE. 
A través de la actividad empresarial, se pueden aprovechar las posibilidades ofrecidas por la economía y crear así riqueza, cosa que nos permitirá alcanzar los objetivos sociales. 
Como resultado del Consejo de Lisboa, nació la Carta Europea de la Pequeña Empresa. 
El punto de partida era que las pequeñas empresas son una fuente importante de dinamismo, innovación y espíritu empresarial. 
El invierno pasado, nuestra gran preocupación era que se olvidara la importancia fundamental de la actividad empresarial. 
Sin embargo, esto no ha ocurrido. 
El Consejo Europeo reunido en Barcelona el pasado mes de marzo volvió a constatar la gran importancia de la actividad empresarial, ratificó la posición privilegiada que le había otorgado con anterioridad e instó a los Estados miembros a impulsar la aplicación práctica de la Carta Europea de la Pequeña Empresa. 
Simultáneamente, la Comisión publicó su informe de 2002 sobre la competitividad. 
En el mismo, se pone en evidencia lo lejos que está la productividad de la UE de la de los Estados Unidos. 
Como consecuencia de esto, la renta per cápita es en la UE sólo el 65 por ciento de la existente en los Estados Unidos. 
Hay diferentes razones que explican la escasa competitividad de Europa, pero el informe destaca el bajo nivel de inversión y su escaso rendimiento en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Las consecuencias de estas carencias se dejan ver no sólo en la industria, sino también en el sector servicios. 
Uno de los factores que impide el óptimo rendimiento de las inversiones en tecnologías de la información y la comunicación es la falta de personal cualificado en la UE. 
La inquietante conclusión del informe de 2002 sobre la competitividad es, precisamente, que si la UE no elimina los obstáculos existentes, tampoco podrá alcanzar los objetivos aprobados en Lisboa. 
La Sra. Dominique Vlasto destaca en su informe diversas medidas encaminadas a mejorar la eficiencia de la UE y a evitar que se produzca ese resultado. 
Quisiera concluir resaltando cinco cuestiones: En primer lugar, el mercado interior es la base de la competitividad de las empresas de la UE. 
Todavía queda mucho por hacer para que el mercado interior de los servicios sea operativo. 
La liberalización de los mercados financieros facilita la oferta de servicios financieros a las empresas. 
En segundo lugar, hay que proceder con determinación a la aplicación de la Carta Europea de la Pequeña Empresa. 
Ya hay señales de cierto progreso, pero los Estados miembros no deben perder tiempo. 
En tercer lugar, mejorar el marco normativo significa que hay que estudiar el impacto de cada propuesta legislativa. 
De hecho, la Comisión ya presentó una propuesta relativa a esta cuestión la semana pasada, y acojo con satisfacción lo expuesto sobre este particular por los Sres. Chichester y Titley en sus respectivas intervenciones. 
En cuarto lugar, hay que hacer todo lo posible para aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación. 
No basta con demostrar que estas tecnologías impulsan la economía en los Estados Unidos, sino que también debemos proceder a adoptar las medidas pertinentes. 
En último lugar, debemos crear, ante todo, un clima propicio para el espíritu empresarial. 
Hay que tomar riesgos, y debemos alentar a la sociedad para que los tome. 
Este tema será retomado en el Libro Verde. 
Debemos centrarnos en encauzar la actividad política en la senda adecuada, con lo cual podremos conseguir crear un entorno apropiado para que las empresas desarrollen sus actividades, y sin mirar demasiado a proyectos concretos de pequeña envergadura, por más que éstos sean también dignos de todo apoyo. 
Doy las gracias a la Sra. Dominique Vlasto por haber señalado ámbitos políticos de gran importancia en los que también se requieren progresos. 
En resumidas cuentas, tenemos que mejorar la actividad política a fin de situar el objetivo de Lisboa a una distancia alcanzable. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación de este informe tendrá lugar a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0147/2002) del Sr. Belder, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la Comunicación de la Comisión "eEurope 2002: Accesibilidad de los sitios Web públicos y de su contenido" (COM (2001) 529- C5-0074/2002- 2002/2032 (COS) ). 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Belder por su excelente trabajo en el informe que ha realizado. 
Es un documento sumamente completo que ha requerido una buena cantidad de investigación. 
La tarea de los ponentes en la sombra ha sido relativamente fácil porque hemos estado de acuerdo con buena parte del contenido y hemos estado buscando modos de mejorar más la orientación de su texto. 
Quiero tratar algunos puntos concretos relacionados con cuestiones que él amablemente ha incorporado en el informe final. 
Primero, es correcto subrayar, como ha hecho él, las extraordinarias oportunidades ofrecidas a los discapacitados de la sociedad. 
La revolución digital mejorará su calidad de vida y su acceso a los servicios. 
Es algo que necesariamente tenemos que intentar explotar juntos de la manera más efectiva posible. 
Aquellos de nosotros que se han sentado con alguien parcialmente vidente y han visto a estas personas usar un sitio Web se percatan de que debería existir un diseño mejor, algo que no tendría coste alguno. 
Es una cuestión de educación, formación y mejores prácticas. 
La Comisión está trabajando en ello, pero es necesario subrayarlo. 
Se trata de un asunto donde las autoridades públicas pueden demostrar las mejores prácticas y ser un ejemplo para los demás. 
Como parte integrante de esto, es crucial asegurarnos de que disponemos de los instrumentos para establecer referencias y calificar el acceso a los sitios Web, porque la comparación pública y el fomento de mejores prácticas estimularán a todo el mundo a avanzar. 
Esto es un asunto en el que la Comisión también está trabajando, pero creemos correcto subrayarlo en nuestro informe. 
Por supuesto, este asunto está relacionado con la cuestión de los servicios comerciales. 
Los grupos de usuarios con los que he hablado? particularmente en el Reino Unido? , han hecho hincapié en la importancia de animar a los operadores comerciales y los proveedores comerciales de servicios para que hagan que sus sitios Web sean fáciles de usar para los discapacitados. 
Es necesario que los servicios comerciales más importantes? como los bancos, los servicios de venta a domicilio, el acceso al transporte, por el que pueden encargar un transporte y mirar los horarios? sean accesibles para los usuarios discapacitados. Estos servicios les ayudarán verdaderamente a implicarse en esta nueva revolución. 
Tener índices de referencia y calificar con estrellas animará a las empresas comerciales a mejorar y a hacer sus sitios Web más accesibles, lo que producirá el tipo de beneficios que estamos esperando. 
Me gustaría impulsar esos dos aspectos, pero sobre todo he de señalar que este informe es sumamente útil. 
No vamos a apoyar todas las enmiendas de este lado, pero se trata más bien una cuestión de detalle. 
La fuerza general de este informe es muy recomendable y animo a la Cámara a darle todo su apoyo. 
Señor Presidente, quiero reiterar las felicitaciones del Sr. Harbour al Sr. Belder. 
Realmente no sólo ha trabajado muy duro, sino lo ha hecho además de una manera muy abierta, brillante y accesible. 
Creo que estamos viendo los frutos del método de trabajo empleado en este informe. 
Ha sido un gran privilegio haber participado en él. 
En efecto, el mejor acceso posible es el gran elemento igualador, la gran fuerza de la democracia. 
He aquí por qué este informe es tan importante: ofrece un mecanismo en términos de ciudadanía activa, que es cada vez más importante, por ejemplo, para la democracia electrónica. 
Nos encaminamos hacia la votación electrónica; los métodos de implicarnos como ciudadanos activos dependen cada vez más del acceso. 
Pero la razón de por qué quería ser ponente en la sombra de este informe y apoyar al Sr. Belder es que el acceso al trabajo para las personas discapacitadas depende cada vez más del acceso a la red. 
El Sr. Harbour tiene bastante razón al afirmar que, en su mayor parte, esto no depende del dinero o, al menos, no de grandes sumas de dinero, por lo que el Sr. Belder ha procedido correctamente al hacer una amplia consulta a las propias personas discapacitadas. 
Estas están siempre en posición de explicarnos lo que se necesita, qué es lo que funcionará y qué es lo que les va a ayudar. 
Quiero que presten atención en particular al apartado 4 de la propuesta de resolución porque, cito, dice que las personas discapacitadas no sólo deben ser capaces de leer las páginas Web, sino también deben ser capaces de manejar el contenido de las páginas Web. 
En otras palabras, no son sólo receptores pasivos de información, también son serios colaboradores. 
Esto es de suma importancia. 
Mi último punto es que todo esto forma parte de la agenda de Lisboa, que es hacer una Europa acogedora y viable en términos electrónicos, y que va a significar que si este principio se aplica a otras áreas de trabajo, los ciudadanos discapacitados de la Unión Europea serán capaces de participar en términos mucho más igualitarios a este respecto de lo que hemos visto hasta ahora. 
Señor Presidente, señor Comisario, la democracia debe incluir el derecho a la información, la cual es necesaria para la mejora del control del individuo sobre su propia vida. 
La información debe estar disponible para todos. 
El sector público tiene la responsabilidad de que también puedan acceder a la información las personas que corren el riesgo de quedar excluidas socialmente. 
El objetivo de la Comisión de ofrecer a todo el mundo el acceso a la sociedad de la información es propiamente democracia. 
No existe conocimiento sin que antes haya aprendido uno a hacerse de información y a usarla. 
No basta con tener acceso a Internet o a otros instrumentos que sean fuente de información, sino que debe existir también el deseo y las aptitudes para utilizarlos. 
El ponente presta atención a la accesibilidad y compatibilidad de todos los equipos y programas especiales existentes. 
Yo también quiero resaltar de forma particular la importancia de la lengua: la lengua informatizada debe traducirse a las lenguas del pueblo. 
Estamos necesitados de contactos de persona a persona, y no solamente del contacto con la máquina. 
No debemos destruir, a la sombra de la privatización, aquellas instituciones de la sociedad que democratizan la información. 
La televisión debe producir servicios informativos de interés general. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, vemos Internat como una oportunidad para todos y no como una nueva fuente de desigualdades, exclusión o aislamiento. 
Por eso estaremos siempre de parte de los movimientos que se consagran no sólo a luchar contra la "infoexclusión", sino también, y sobre todo de modo positivo y proactivo, a potenciar los extraordinarios recursos ofrecidos por las tecnologías de la información para responder a necesidades y aspiraciones de los grupos sociales vulnerables y tradicionalmente marginados, como las personas con discapacidades y las personas de edad avanzada. 
Por tanto, es preciso dar toda la fuerza posible a ese impulso. 
Con motivo de la Presidencia europea de mi país, en junio de 2000, en la Cumbre de Santa Maria da Feira, se aprobó oficialmente el plan de acción "e-Europe 2002", entre cuyos objetivos figura el de volver la sociedad de la información accesible a todos los ciudadanos de la Unión Europea, por lo que se debe dedicar atención especial a las personas con deficiencias y a la lucha contra la "infoexclusión" en general. 
Nos mantenemos activos en esa línea. 
A ese respecto, fue muy importante la adopción en 2001, por el BEI y los Estados miembros, de las directrices para los sites Web. 
En ese marco, acogemos con beneplácito la comunicación de la Comisión y el extraordinario trabajo realizado por el ponente, y, aunque tengamos dudas sobre la generosidad voluntarista de verlas aplicadas plenamente hasta el final de 2003, creemos que debemos insistir en ese objetivo y formular una exigencia particular respecto de los sites Web públicos que, por desempeñar una función social específica o revestir relevancia especial para las personas con deficiencias y para las personas de edad avanzada, deberán ser los primeros en cumplir íntegramente ese objetivo. 
Señor Presidente, mis felicitaciones al ponente por la prioridad que ha sabido dar al tema de la accesibilidad, en concreto para las personas mayores y las personas con alguna minusvalía. 
En lo que hace referencia a la prioridad de la accesibilidad al contenido de los sitios, en concreto para las personas mayores y las personas minusválidas, creo que debemos concentrar nuestra atención en los derechos civiles y políticos, en su accesibilidad a través de Internet. 
Creo que ésta es la prioridad en términos de contenido. 
La difusión en la red de todos los momentos formalmente públicos de la vida institucional- no sólo el proceso político, sino también el judicial y administrativo- es un objetivo urgente para recuperar un principio fundamental de la democracia liberal. 
A este propósito, junto con 62 diputados- y se lo comunico también al Comisario Liikanen- hemos presentado una propuesta de resolución sobre la democracia electrónica, en la que pedimos que los ciudadanos europeos puedan gozar plenamente de los derechos de ciudadanía garantizados en los Tratados de la Unión Europea a través de la red Internet. 
Creo que esto vale para todos los niveles de la administración pública: es decir, la prioridad debe ser permitir que todos y, por lo tanto, también aquellos que de manera más difícil y más dificultosa tienen acceso a la red puedan gozar plenamente, a través de Internet, de sus derechos civiles, de los derechos civiles de la publicidad de los momentos institucionales, del acceso a los derechos democráticos, o sea, de esos derechos civiles que se pueden disfrutar a través de la red. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, doy las gracias al Comisario, Sr. Liikanen, por su buena intervención, una vez más, la cual ha reflejado también una gran inteligencia desde el punto vista social, así como al ponente, Sr. Belder, por el buen trabajo realizado. 
Acceso de todo el mundo a los servicios de la red: he ahí el punto de partida europeo que nos permitirá competir con los norteamericanos. 
Si no se incluye a todo el mundo, nuestra sociedad cojeará. 
Numerosos grupos específicos de población, tales como los discapacitados, los ancianos, las madres y los padres de familias unipaternales, los pobres, los parados, etc., están en una situación especial. 
Aumenta el número de personas de edad avanzada. 
También nosotros, en la Unión Europea, andaremos pronto con las sienes encanecidas. 
Hay que eliminar los obstáculos técnicos. 
Ello ya es posible si dependiera de los ingenieros, sólo se necesita voluntad política. 
La economía no constituye un obstáculo. 
Existen soluciones de distinto signo, por ejemplo en Suecia y en Finlandia, pero cada cual, también nosotros, debe intentar alcanzar la meta del Sr. Liikanen. 
Es importante facilitar el acceso a la red. 
Actualmente, los textos impresos en papel ya resultan demasiado difíciles, de modo que también lo son para mucha gente cuando aparecen en la pantalla; pero se trata de la medida de la democracia, la medida de la democracia moderna, la medida de la Europa electrónica, la baza competitiva de Europa frente al resto del mundo. 
El desarrollo y la madurez de nuestra democracia se medirán por el grado de democracia que alcancemos en la red. 
Así pues, no será cuestión de disponibilidad de la información, sino de si sabremos acceder a ella, de si podremos participar activamente y de si seremos capaces de hacer aportaciones propias. 
La democracia no se limita a un solo plano- como fácilmente ocurre en la red -, sino que todos deben tener la oportunidad de participar y hacer sus propias aportaciones en la red: los ancianos, los discapacitados y el resto de los ciudadanos, especialmente los grupos más excepcionales. 
A esto es a lo que debemos aspirar. 
En caso contrario, la democracia existirá sólo en las formas. 
Señor Presidente, distinguidos electores que hoy nos acompañan con la esperanza de que haya un buen debate, apreciado Comisario que acaba de bostezar, después de que ayer ni siquiera pusiéramos en marcha un acuerdo mínimo, lo que posibilitaría debates vivos, me permito referirme a los aquí presentes por su número, esto es, estimados 15 diputados aquí presentes. 
La cosa va de internet, esto es, sobre la alternativa a lo que ustedes han visto expuesto aquí, y sobre un acceso directo para ustedes a lo que puede ser el proceso democrático de formación de la opinión pública. 
Se habla de eEuropa, ¿pero lo han probado ya? 
¿Han visitado ya la página web del Parlamento, del Consejo, de la Comisión? 
Si es así, ¿les fue como a mí? 
Uno se siente como ante una pared llena de archivadores. 
Hay quien encuentra eróticos los archivadores, pero la mayoría no. 
Los niños, los jóvenes precisamente buscan algo diferente, buscan informaciones, buscan debates. 
Esto es posible, Europa es una oportunidad para ello, pero debemos esforzarnos mucho- también aquí en este Pleno- en el diseño de nuestra página web y en los contenidos. 
Faltan la mayoría de las informaciones y las más importantes. 
Internet es realmente importante para la democracia. 
Esto me lleva a mi ceterum censeo: no puede haber democracia sin transparencia. 
Señor Presidente, tan solo quiero rectificar la información del Sr. Hans-Peter Martin: son 18 los diputados que han escuchado con atención su intervención. 
. 
(EN) Señor Presidente, hay 37 millones de personas con discapacidades en la Unión Europea y el número de ancianos europeos está creciendo constantemente. 
El Sr. Belder ha utilizado aquí un lenguaje mucho más rico, sin embargo comparto la misma conclusión. 
Estos grupos se arriesgan a una grave exclusión social debido a una serie de barreras técnicas que encaran cuando usan Internet. 
La Comisión está plenamente comprometida a actuar para identificar y eliminar estas barreras a escala europea con el fin de asegurar una sociedad inclusiva que proporcione igualdad de oportunidades a todos. 
La Comunicación de la Comisión sobre la accesibilidad de la red forma parte del Plan de Acción eEuropa 2002 que se adoptó en el Consejo Europeo de Feira en junio de 2000. 
Uno de sus objetivos específicos es asegurar que las personas con discapacidades se beneficien plenamente de las nuevas tecnologías y de Internet. 
Se ha consultado ampliamente a organizaciones representativas de las personas discapacitadas, como el Foro Europeo de la Discapacidad, y seguiremos haciéndolo para tratar cuestiones como la inclusión electrónica y la accesibilidad electrónica cuando se lleve a cabo el Plan de Acción eEuropa 2005 que adoptará el Consejo Europeo de Sevilla la próxima semana. 
Todas las áreas en las que proponemos nuevas acciones deben estar disponibles para todas las personas con alguna discapacidad. 
La Comisión se ha comprometido particularmente a promover las orientaciones de la Iniciativa para la Accesibilidad de la Red (WAI) , que proporciona un mecanismo voluntario para que los proveedores de información pública y los diseñadores de sitios Web se ajusten a una serie de reglas informales sobre diseño y estructuración de los sitios Web. 
Muchos de los Estados Miembros ya han dado pasos en esta dirección. 
Por lo tanto, la Comisión acoge con agrado el nivel general de interés y satisfacción que ha recibido esta comunicación en el Parlamento Europeo. 
Me gustaría en particular agradecer al ponente, el Sr. Belder, su muy equilibrado y completo informe sobre esta cuestión. 
Por lo que concierne a las cuestiones específicas planteadas en su informe, la Comisión está de acuerdo en alentar a los Estados Miembros a que se aseguren de que se alcanzan los objetivos fundamentales de mejorar la accesibilidad de la red, fomentar la concienciación y agilizar la ejecución de las Directrices y organizar un seguimiento de los logros en este campo. 
La mayor parte de estos objetivos figuran también en la resolución del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones sobre este asunto. 
La Comisión ya ha tomado sistemáticamente algunas medidas para supervisar el progreso en la adopción y ejecución de las orientaciones a escala europea como parte del esfuerzo electrónico europeo de establecer índices de referencia. 
Estamos de acuerdo con el requisito de que los sitios Web desarrollados por la Comisión y otras instituciones europeas deben seguir estas orientaciones. 
Durante el Año Europeo de las Personas con Discapacidades 2003, la Comisión fomentará la concienciación de la accesibilidad de la red y las iniciativas de formación para los diseñadores de sitios Web y proveedores de contenidos. 
La Comisión continuará su fructífero diálogo con las organizaciones que representan a las personas con necesidades especiales, incluidos los discapacitados y los ancianos, para aprovechar su experiencia y su orientación en estas materias. 
Estoy convencido de que la resolución del Parlamento Europeo sobre este asunto será un importante hito para comprender el papel y la importancia de la accesibilidad en la sociedad inclusiva de la información. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación de este informe tendrá lugar a las 12.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 11.50, se reanuda a las 12.00 horas.) 
Señor Presidente, ayer celebramos una votación importante sobre Estrasburgo. 
Sin embargo, no hace falta tener un olfato especialmente desarrollado para darse cuenta de que Estrasburgo no está ' en olor de santidad?. 
Me gustaría que le pidiera usted a los servicios correspondientes que hagan algo para que los olores desagradables desaparezcan. 
Señor Presidente, de conformidad con el orden del día sobre esa cuestión, he de señalar que hay un olor especialmente desagradable que impregna este edificio, no sólo esta Cámara, sino también en el exterior. 
El mes pasado los Cuestores nos dijeron que la razón de este olor era que había un animal muerto en uno de los desagües. 
¿Se espera que aceptemos también este mes la misma excusa? 
Es inaceptable. 
No deberían pedirnos que trabajemos en estas condiciones. 
No se debería pedir al personal que trabaje en estas condiciones. 
Ya va siendo hora de que se haga algo. 
Informaré a los Cuestores de esta queja. 
Señor Presidente, solo quiero declarar que, debido a un interés financiero que ha sido registrado ante las autoridades parlamentarias, no participaré en esta votación. 
Pido a la Comisión que comunique su posición sobre las enmiendas. 
. 
(EN) Me gustaría suscribir el agradecimiento expresado por mi colega, el Comisario Bolkestein, al Parlamento Europeo y especialmente al ponente, el Sr. Berenguer Fuster, por su cooperación y eficiente tratamiento de este expediente. 
Como ustedes saben, la Comisión apoya la posición común del Consejo porque ésta está totalmente de acuerdo con los objetivos esenciales de la propuesta de la Comisión. También tiene en cuenta en primera lectura las enmiendas más importantes. 
A la Comisión le agrada confirmar que acepta las Enmiendas nº 1, 3 a 8, 10, 11, 12, 15 y 16. 
Respecto a la Enmienda nº 17, la Comisión puede aceptarla, pero considera que es necesario hacer algunas pequeñas correcciones para evitar cualquier confusión de interpretación legal. 
Sin embargo, la Comisión no puede aceptar las Enmiendas nº 2, 9, 13, 14 y 18 por las siguientes razones: la Enmienda nº 2 excluye de la propuesta un elevado número de intermediarios de seguros, algo que minimiza el alcance de la directiva. Por lo tanto, no puede ser aceptada. 
La Enmienda nº 9 introduce disposiciones transitorias para salvaguardar los derechos adquiridos de los intermediarios de seguros existentes. 
La Comisión ha aceptado ya la Enmienda Nº 15, que expresa el mismo objetivo en términos más adecuados y, además, aborda todos los intereses de la directiva. 
La Comisión no puede aceptar la Enmienda nº 13, que introduce el principio del mejor asesoramiento posible. Crea una gran inseguridad legal y sería, en la práctica, una fuente de conflicto legal. 
La Enmienda nº 16, aceptada por la Comisión, tiene la misma orientación que la posición común y la mejora. 
Las Enmiendas nº 14 y 18 ponen en peligro el objetivo clave de una alta protección al consumidor, algo que la Comisión no puede aceptar. 
En efecto, si fuesen aceptadas privarían al consumidor de los requisitos básicos de información. 
En concreto, la Enmienda nº 18 dejaría al consumidor en una situación de incertidumbre, porque no se le daría el asesoramiento escrito sobre el producto apropiado del asegurador que recomienda el intermediario. 
No se lograría el objetivo de alcanzar un verdadero mercado único con un nivel alto de protección al consumidor. 
La Comisión se opone totalmente a esta enmienda. 
Les agradezco su bastante limitada atención. 
(Risas, aplausos) 
Señor Presidente, quiero volver a señalar que hay un error en la traducción francesa de la Enmienda nº 4 en la que la frase 'seguro y aceptable? ha sido traducida como' saludable y aceptable?. 
Señor Presidente, en el artículo 47, los socialistas quieren añadir el nombre "Antigua República Yugoslava de Macedonia". En la versión original se usaba sólo ' Macedonia?. 
Obviamente éste no es un error idiomático sino un asunto político de importancia. 
Si no hay objeciones examinaremos la cuestión en el momento oportuno. 
Señor Presidente, tengo que hacer una observación importante sobre el punto 47. 
Lo que ahí se dice es falso. 
Dice: "? un Acuerdo que se cerró el mes pasado entre la República Yugoslava y Macedonia". 
El Acuerdo se cerró el año pasado. 
Fue el detonante de la crisis de Kosovo. 
Pido que se corrija este error. 
Señor Presidente, en el debate aprobamos el texto en su versión original. 
Sólo hemos detectado un error, relativo a un Estado que no es nombrado por su nombre. 
Esto se corrigió y ahora dice: 'la anterior República de Macedonia'. 
Éste es el nombre oficial de ese Estado. 
Pensamos que el Parlamento sólo logrará ponerse en ridículo si debido a unos determinados votos o a determinadas influencias políticas da a un Estado un nombre distinto del que le corresponde. 
Señorías, es muy simple. 
Creo que el Pleno puede decidir entre aceptar o no aceptar la modificación propuesta por la Sra. Malmström. 
Señor Presidente, sea como quiera que uno se exprese privada o personalmente- yo digo para mí siempre 'Macedonia' -en documentos oficiales de este Parlamento debemos usar el nombre oficial. 
Esto no es, desde mi punto de vista, una cuestión que haya de resolverse por votación, sino una cuestión de lenguaje oficial. 
Por ello no se tendría que votar esta cuestión. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, hemos votado textos en los que, por ejemplo, se dice 'India' y no 'República de la India' o así, y por eso en este texto se dice 'Macedonia'. 
Si hay alguien que, por razones políticas visibles, quiera cambiar esto, entonces se trata de una enmienda oral que habrá de seguir el procedimiento habitual. 
Señor Presidente, lo que es ridículo es que esta Cámara, que es una organización política, emplee un acrónimo para referirse a un Estado. 
Sin embargo, me parece que el texto existente proporciona un interesante equilibrio. 
Ciertamente, en el título de la versión inglesa pone 'FYROM? y luego en el grueso del apartado se habla sensatamente de' Macedonia?. 
Seguramente complacemos a todo el mundo con este texto. 
Señor Presidente, quisiera hacer alguna observación en nombre del Grupo Parlamentario del PPE. 
Como coordinador y representante en las negociaciones he de decir que, efectivamente, en los documentos oficiales hemos de referirnos siempre al nombre oficial. 
Aún prefiriendo personalmente el nombre de Macedonia, en el texto oficial me parece que es más correcto utilizar el nombre oficial habitual en los medios internacionales. 
Señor presidente, contra la afirmación que acaba de hacerse hay en el informe presente desde el principio al final nombres de países tales como 'Chipre, Eslovenia, Eslovaquia'. 
Pido que en todos los casos se utilice el nombre oficial. 
Señor Presidente, quisiera presentar una enmienda oral a la enmienda 38 del Grupo Liberal. Su enmienda dice que los candidatos a la adhesión deben empezar con la aplicación de las leyes antidiscriminación. 
Propongo que aceleren esa aplicación. Esto incluye también a los países candidatos que ya han empezado con ello. 
Esto es, en lugar de la expresión inglesa "to start preparing" que se escriba "to speed up". 
Señor Presidente, antes de proceder a la votación sobre la enmienda número 88, quisiera pedir que se prestara atención a la errata que hay en la traducción de la enmienda 91. 
Aquí pone que si se adopta la enmienda 88, se suprimirá la 91 pero me parece que hay una diferencia sustancial entre ellas. 
En la 88 figura el término prostitución, -la lucha contra la prostitución. 
Sin embargo, en la versión inglesa de la 91 se ha eliminado este término. 
Todas las otras traducciones están también mal. 
O sea, en la enmienda 91 queda recogido que estamos en contra del tráfico de seres humanos y de la prostitución de menores, pero no en contra de la prostitución en sí misma. 
Ahí estriba la gran diferencia entre las enmiendas 88 y 91. 
Señor Presidente, hay un error en el texto sueco. 
Allí se lee 'mayor acceso para los países mediterráneos? pero debe decir' países en vías de desarrollo?. 
Espero que las versiones en otras lenguas no contengan este error. 
Señor Presidente, me gustaría presentar ante la Asamblea una enmienda oral relativa a los párrafos 33 y 34, para tener en cuenta el hecho de que, a principios de esta semana, Chipre cerró el expediente de la competencia. 
Por tanto, hay que actualizar el párrafo 33 y decir que hay 28 capítulos de negociación provisionalmente cerrados, en lugar de 27. 
Hay que corregir también el principio del párrafo 34, que quedaría como sigue: ' es de señalar que sólo quedan pendientes los capítulos que se tratarán sobre una base horizontal para todos los países candidatos, y que son la agricultura y las disposiciones financieras y presupuestarias?. 
El resto del texto de este párrafo desaparecería. 
Los servicios lo comprobarán. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, el punto 18 dice en la versión alemana que las víctimas de atropellos automovilísticos deben ser perseguidas entre los peatones. 
Quizás sean los conductores los que deban ser perseguidos, pero seguro que las víctimas no. 
¡Corríjase esto, por favor! 
. (FR) Para mejorar el funcionamiento de los sistemas impositivos en el mercado europeo, el informe Garcia-Margallo y Marfill pretende básicamente ' respaldar la estrategia de IVA adoptada por la Comisión en 2000?. 
El ponente dice estar 'convencido? de que' la Unión Europea debe continuar trabajando de cara a la adopción del régimen definitivo de IVA?. 
Hemos votado en contra de este informe, pues no entendemos por qué hay que gastarse el dinero de los contribuyentes europeos en formar funcionarios para generalizar y uniformizar un sistema impositivo de pago al contado que es de los más injustos que existen. 
En efecto, independientemente de que sean ricos o pobres, los consumidores pagan un impuesto de idéntica cuantía sobre los productos (en Francia, cerca del 20 % del presupuesto de la mayoría de los productos). 
Por tanto, tiene un peso relativamente mayor para aquéllos cuyos ingresos son más modestos. 
El papel preponderante del IVA en los ingresos presupuestarios de un Estado como Francia, y en general, en Europa, pone de manifiesto el hecho de que las clases populares son las que financian el grueso del gasto público. 
Lo único que favorecería los intereses de la mayoría de la población sería la supresión de los impuestos indirectos. 
El gasto público debería quedar garantizado por una fuerte presión fiscal sobre los beneficios empresariales, así como por el impuesto directo sobre la renta, fijado en función de un baremo único de carácter marcadamente progresivo, y que incidiera sobre todo en los tramos más altos del impuesto. 
Aunque compartimos gran parte del contenido del informe y lo aprobamos en general, nuestras votaciones reflejan el mucho cuidado que tenemos siempre respecto de esas materias y la vigilancia permanente que es indispensable mantener sobre cualesquiera enmiendas del status quo que explícita o implícitamente vayan encaminadas a una comunitarización de la política fiscal, de la que no somos partidarios. 
. (FR) Votamos en contra del informe de Konstantinos Alyssandrakis sobre el programa de investigación y de formación ' Energía nuclear?. 
Efectivamente, este informe respalda la postura de la Comisión Europea en este campo y se inscribe positivamente en el marco del Tratado EURATOM: un tratado obsoleto cuya función, muy oficial, es la de promover el recurso al átomo, y del que hay que poner en entredicho hasta sus fundamentos. 
Así, las financiaciones están prioritariamente destinadas a la investigación sobre la fusión nuclear, a la que actualmente el stablishment industrial concede todas las virtudes que anteriormente otorgó a la fisión nuclear, con los resultados que ya conocemos. 
Es evidente que hay que seguir destinando fondos a la investigación sobre los residuos radiactivos, ahora que han sido generados en muy grandes cantidades, de forma altamente irresponsable. 
Sin embargo, en función de la perspectiva política que se adopte, tendrán un tratamiento distinto. 
Al incidir de una manera especial en el enterramiento en capas geológicas profundas, el programa que se nos propone intenta que la prosecución de la producción nuclear sea socialmente aceptable eludiendo el elemento en litigio. 
Para resolver de verdad el problema planteado, la primera medida urgente es dejar de producir estos desechos, y después orientar la investigación hacia su gestión in situ, con la perspectiva de abandonar lo nuclear. 
Señor Presidente, no he votado a favor del informe relativo al régimen del impuesto AIEM aplicable a las Islas Canarias, porque no quiero sumarme al Comisario Bolkestein y a nuestro ponente, ni plegarme a toda la "Spanish connection" puesta en pie de guerra para cometer un pecado mortal contra los principios del mercado único y de la libre circulación de mercancías. 
Soy partidario de la adopción de medidas especiales para las regiones periféricas, sobre la base del artículo 299 del tratado. 
Pero lo que están haciendo las autoridades españolas con ciertos productos, provocando incongruencias, discriminaciones y distorsiones de competencia que no tienen nada que ver con la protección de las producciones locales, aportará por lo menos el pleno empleo para los juristas, porque las víctimas, como por ejemplo los fabricantes de ron, de ginebra o de vodka, no lo tolerarán, ni siquiera en España. 
Además, no deja de ser extraordinario que el comisario que, en otros expedientes, es tan firme cuando se trata de salvaguardar la libre circulación de los productos en el Mercado Único, se preste a presentar una propuesta tan discriminatoria, con efectos retroactivos, durante un plazo exagerado de diez años, hasta diciembre de 2011, y todo ello sin hacer referencia alguna al desarrollo económico y social de las Islas, ni a la promoción de las actividades locales. 
A la Comisión y a los Estados miembros que ceden ante un verdadero chantaje de la Presidencia en el Consejo, les advierto que están creando un peligroso precedente. 
Más le valdría al Consejo no aprobar el artículo 1 de esta decisión una vez que el Parlamento haya emitido este dictamen; el Parlamento habría estado más acertado si hubiera seguido el consejo de su Comisión Económica y Monetaria, que además debería haber tenido competencia para entrar en el fondo del asunto. 
. (FR) Con el pretexto de preservar las poblaciones de peces en las aguas de la Unión Europea, la Comisión quiere reducir los cupos de pesca, lo cual implicará la supresión de 28 000 puestos de trabajo directos de aquí a 2006. 
El informe subraya que los estudios sobre los que se basa la Comisión son poco fiables. 
Sin embargo, no pone en absoluto en entredicho un proceso en el cual los mayores contaminadores no son los que pagan, sobre todo en los residuos de las industrias contaminantes y de las grandes unidades de pesca industrial, a pesar de que el deterioro que causan en los océanos es mayor que el provocado por la pesca artesanal. 
Aunque hemos respaldado con nuestro voto las escasas y tímidas medidas de ayuda a los trabajadores asalariados del sector y a la seguridad de las tripulaciones, nos hemos abstenido sobre el informe en su conjunto. 
Ciertamente, para evitar que el futuro se presente negro, tenemos que salvaguardar los recursos de pescado del planeta. 
Sin embargo, si hay una negativa a señalar a los que son los verdaderos responsables de la amenaza, y, por ende, a denunciar un sistema económico anárquico en el que la competencia y el ánimo de lucro individual hacen que cualquier proyecto de planificación racional sea ilusorio, no se responde al problema, y simplemente se les hace pagar el pato a los pescadores artesanales, lo cual es inadmisible. 
(FR) Aunque creo que es evidente que una reforma de la política común de pesca es necesaria, y que debe llevarse a la práctica rápidamente, y a pesar de que reconozco que los bancos a los que se refiere este proyecto de reglamento se encuentran en una situación precaria, creo que esta reforma, tal y como se nos está presentando aquí, está desequilibrada. Creo también que corre el peligro de hacernos olvidar que la necesaria protección de los recursos de pescado no debe alcanzarse, por nada del mundo, en perjuicio de los pescadores. 
Ahora bien, considero que este informe no le concede la importancia que se merece a esos hombres y a esas mujeres que, conscientes de que la supervivencia de su profesión depende ante todo de la gestión y de la conservación de los recursos pesqueros, han asumido ya la realización de un esfuerzo enorme. 
Pienso incluso que este informe es una especie de caballo de Troya de la futura política común de la pesca tal y como hoy nos la presenta el Comisario Europeo responsable de este ámbito, el Sr. Fischler. 
Por lo tanto, votaré en contra de este proyecto de resolución, es decir, en contra de un proyecto que, despreciando el aspecto humano, propone medidas cuyas consecuencias son traumáticas y brutales para el sector de la pesca. 
. 
(SV) Los abajo firmantes votamos en contra de este informe en la votación final a pesar de que contenía algunos aspectos que mejoraban la propuesta de la Comisión, entre otros, el nuevo capítulo sobre los importantes estudios de las consecuencias socioeconómicas y la disminución de la pesca del lanzón o faneca noruega. 
Pero, habida cuenta del muy necesario programa de reformas de la política de pesca común presentado recientemente por la Comisión, opinamos que este informe hace peligrar en numerosos puntos la visión de conjunto que exige esta reforma. 
Además, opinamos que es particularmente lamentable que el informe señale que las indemnizaciones a los pescadores y armadores afectados por la suspensión temporal de las actividades serán pagadas íntegramente por la UE. 
Esto hace que las medidas estructurales queden orientadas en una determinada dirección y, a nuestro juicio, es preferible la propuesta de la Comisión, que propone la cofinanciación de estas indemnizaciones. 
En cuanto a la merluza, con la actual modalidad relativa de explotación, independientemente de la fiabilidad y las limitaciones de la información básica, el nivel de pesca es demasiado elevado, por lo que son ventajosas reducciones temporales en el nivel de pesca y una reducción para el período 2002-2006 parece indispensable con vistas a una explotación adecuada de esa población de peces. 
Así, se puede aceptar el interés de la Comisión por la reducción del esfuerzo de pesca, pero en modo alguno se puede aceptar que se haga dicha reducción con retiradas de embarcaciones, lo que entrañaría la pérdida irremediable de licencias de pesca. 
Existen otros métodos, igualmente eficaces, para gestionar esa pesquería a fin de conseguir un nivel de pesca apropiado, como, por ejemplo, la reducción de los días de pesca anuales hasta que esa población de peces recupere niveles de abundancia aceptables. 
Así se reducen en gran medida los problemas socieconómicos de las empresas que actualmente cuentan con el derecho de pesca. 
En cuanto al bacalao, la situación de esas poblaciones parece ser más grave, pues requiere medidas un poco más severas que las propuestas relativas a la merluza, aunque puedan ser diferentes según las especies. 
De cualquier forma, esas medidas deberán ser también de carácter temporal y nunca recurrir a las retiradas de embarcaciones y la pérdida definitiva de licencias de pesca. 
Lamentamos que no se haya aceptado la separación entre los dos casos, de la merluza y del bacalao, y eso se debe también nuestro voto en contra. 
. (FR) El tratamiento del dossier sobre la reducción del número de ejemplares de bacalao y de merluza es característico de un comportamiento autista por parte de una Comisión Europea que hace diagnósticos erróneos, porque está aislada de la realidad y por lo tanto toma decisiones equivocadas. 
Diagnóstico erróneo: es cierto que el número de ejemplares de bacalao es reducido en ciertas zonas de pesca, pero achacarlo exclusivamente a la sobre-explotación pesquera es un error, porque en este fenómeno intervienen muchos otros factores. 
En cuanto a la merluza, su situación es específica y diferente: los ciclos biológicos son mucho más cortos, las reservas ya han empezado a recuperarse, y las medidas que propone la Comisión llegarán totalmente a destiempo. 
Decisiones equivocadas: la gestión de los TAC en un marco plurianual es una buena medida, que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, pero debe traducirse en variaciones anuales limitadas a porcentajes soportables por los profesionales afectados. 
En cuanto a las medidas estructurales propuestas, desprecian las consecuencias económicas y sociales que conllevan para las distintas actividades afectadas y transmiten el mismo espíritu maltusiano que la propuesta de reforma de la PCP: son absolutamente inaceptables. 
. (EN) He votado a favor de la resolución conjunta aunque aún no se ha producido la ratificación del Tratado de Niza en Irlanda. 
Hasta que, o a menos que, se celebre otro referendo, esta seguirá siendo la posición legal. 
. (FR) En su resolución sobre la preparación del Consejo Europeo de Sevilla (21 y 22 de junio de 2002) , el Parlamento Europeo acaba de lanzar un llamamiento a una política europea de la inmigración ' comunitarizada? sobre la base de las disposiciones del Tratado de Amsterdam. 
El hecho de que, en Europa, el asunto de la inmigración no vaya por buen camino, no se debe a la ausencia de una política supranacional. 
La explicación es que, desde hace mucho tiempo, ni los países miembros ni la Comisión han querido dar una prioridad absoluta a la seguridad de los ciudadanos y al control de la inmigración, que necesariamente implican la lucha contra la inmigración clandestina y la regulación de los flujos legales. 
Por el contrario, tanto en los países miembros como en la Comisión, se le ha dado prioridad a la circulación sin control, a la presión de las fronteras interiores, a la benevolencia frente a los demandantes de asilo, incluso manifiestamente abusivos, a la creencia de que la inmigración masiva iba a resolver nuestros problemas de dinamismo y de demografía. 
Hoy se puede apreciar el resultado de todo esto. 
Pero la solución no es la integración supranacional de la política de la inmigración sobre la base de prioridades inadecuadas. 
La primera solución es cambiar las prioridades. 
Hoy, sin embargo, todavía estamos muy lejos de este planteamiento. 
. (FR) La resolución común sobre el Consejo Europeo de Sevilla espera una vez más de las grandes instituciones internacionales, como la ONU o la OTAN, que asuman el papel de bomberos y vayan a apagar el fuego de los distintos conflictos, ya sea el de Oriente Próximo o el de la frontera indo-pakistaní. 
Por desgracia, en todos los conflictos recientes, sin ir más lejos, estas instituciones internacionales han sido instrumentalizadas por las grandes potencias para plegarse a la política de estas últimas, que siempre consiste, por encima de todo, en mantener su dominio sobre el mundo entero. 
Los bomberos pirómanos no merecen ninguna confianza. 
En cuanto a las demás perspectivas sobre el futuro de Europa que contempla esta resolución, están en las antípodas de lo que sería deseable para la población del continente. 
El capítulo social de esta resolución es, en el mejor de los casos, un capítulo vacío, que se limita a la ' formación durante toda la vida? , cuando los trabajadores europeos preferirían que se les garantizara un empleo durante toda su vida activa. 
Peor aún, contiene un gran número de nuevas amenazas contra el mundo del trabajo, y eso que defiende la idea de ' la apertura de los mercados de los servicios públicos? al imperio del capital privado. 
Es evidente que impidiendo el acceso a Europa, creando por ejemplo mecanismos adicionales de vigilancia europea de las fronteras, como aquí se propone, no se llegará a una solución humana de los problemas de la inmigración. 
No hemos participado en la votación de esta resolución. 
Nuestro voto contra la resolución común se debe a que se han aprobado posiciones inaceptables, en particular cuando se sigue presionando al pueblo de Irlanda para que ratifique el Tratado de Niza, con lo que se establece indebidamente una estrecha vinculación entre su ratificación y la ampliación o cuando se insiste en un acuerdo UE-NATO sobre la utilización de medios y en la operatividad de la PESD. 
Tampoco es aceptable que se pretenda avanzar más rápidamente en materia de políticas comunitarias en el sector de la inmigración y del asilo, aún más restrictivas que las existentes en diversos Estados miembros. 
Lo que era esencial, como se proponía en la resolución del Grupo GUE/NGL, que no fue aprobada, era que se prestara una mayor atención a la cohesión económica y social en los Estados miembros, revisando las políticas económicas y monetarias, en particular las del Pacto de Estabilidad, y poniendo fin al proceso de liberalización y desreglamentación y se tuviera particular cuidado con la dimensión social de la ampliación de la Unión Europea y mayor firmeza y determinación en la realización de iniciativas a favor de los países en vías de desarrollo y del fomento de la paz, haciendo hincapié en la defensa del pueblo palestino. 
. (FR) El Consejo Europeo de Sevilla, que cierra una Presidencia española muy positiva, se centrará en la lucha contra la inmigración clandestina, la ampliación y el futuro de la Unión, con una intervención del Presidente Valéry Giscard d ' Estaing que dará cuenta del estado de los trabajos de la Convención. 
El Consejo ' Asuntos Generales? , que se reunió ayer en Luxemburgo, ha puesto sobre la mesa toda la incomprensión que producen las propuestas sobre la reforma de la Política Común de Pesca en todos los países en los que este sector tiene un peso económico, social y cultural. 
Confiamos en que los Quince conseguirán que la razón, la moderación y la concertación se impongan. 
El Consejo Europeo debe abordar el problema de la inmigración clandestina en el marco más amplio de la política común de asilo y de inmigración. 
Debe concentrarse en la gestión común de las fronteras exteriores de los Quince y en la integración de la política migratoria dentro de las relaciones exteriores de la Unión. 
Debe responder a las expectativas de los ciudadanos sin demagogia, y con toda la firmeza que requiere una situación muy preocupante. 
Las negociaciones sobre la ampliación han progresado notablemente durante la Presidencia española. 
Pero las preocupaciones del mundo agrícola y rural que salieron a la luz el martes en Estrasburgo demuestran la importancia crucial del diálogo antes de tomar decisiones que afectarán a millones de europeos. 
(Explicación de voto acortada en virtud del artículo 137, párrafo 1, del Reglamento) 
. (FR) Discutir sobre las cumbres europeas es un mero ejercicio de retórica. 
Porque no hay duda de que en estas misas mayores, a las que no se invita a los representantes elegidos por sufragio universal y, menos aún, a los ciudadanos, es dónde se discute, en el mayor de los secretos, el futuro de 380 millones de personas. 
La Cumbre de Sevilla, al igual que la de Génova, la de Niza, la de Bruselas, es un nuevo y triste reflejo de la quiebra democrática característica de la construcción europea. 
Esta cumbre estará marcada política e ideológicamente por la derecha liberal y por la extrema derecha. 
Esta última, enaltecida por sus recientes éxitos electorales en Francia y en los Países Bajos, ha sabido imponerle a los Quince su populismo y su demagogia xenófoba, sobre todo en materia de inmigración y de derecho de asilo. 
Sólo se hablará de potenciar la Europa-fortaleza, cuando urge luchar contra el tráfico, las mafias y la clandestinidad a través de una política de apertura de las fronteras, de regularización de los sin-papeles y de igualdad de los derechos cívicos y sociales para nacionales y extranjeros. 
Los emigrantes y los demandantes de asilo sirven perfectamente de chivo expiatorio para la población víctima del liberalismo y de la mundialización capitalista. 
Al final, la histeria anti-emigrante generada por los jefes de Estado oculta las verdaderas orientaciones de la Cumbre de Sevilla, las de la Cumbre Antisocial de Barcelona, y las de la Cumbre Neocolonial de Madrid. 
La resolución común se inscribe en esta línea. 
. 
(EN) Me complace que el Parlamento haya aprobado abrumadoramente el apartado 49 donde se expresa pesar por la aprobación del Senado de los EEUU de un proyecto de ley que permitirá el uso de la fuerza por parte de los EEUU para impedir que sus ciudadanos sean juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI). 
El apoyo mayoritario a ese apartado (385 Diputados a favor) indica que la D66 estaba en lo correcto al plantear este asunto al Parlamento, porque el éxito de la CPI es una cuestión europea. 
A pesar de estas y otras importantes posiciones que suscribo, dudo si votar a favor debido al siguiente pasaje: ' 6. 
Subraya que la ratificación del Tratado de Niza por parte de todos los Estados Miembros facilitará el éxito del proceso de ampliación?. 
Es de hecho incorrecto sugerir que la ratificación del Tratado de Niza facilita el proceso de ampliación. 
Durante la cumbre de Niza los líderes de nuestros gobiernos optaron por una Europa ligeramente menos democrática y ligeramente menos eficiente. 
Además, al moverse en la dirección de un mayor intergubernamentalismo (y, por consiguiente, de una menor transparencia) el Tratado de Niza lleva a Europa en una dirección contraria a la que es necesario que tomemos. 
(Abreviado conforme al Artículo 137 (1) del Reglamento) 
Señor Presidente, por supuesto he votado a favor del informe Brok, pero lamento que los resultados y recomendaciones de la Comisión de los Derechos de la Mujer no hayan quedado recogidos en el informe mismo sino que hayan sido introducidos a través de algunas enmiendas. 
Sin embargo, debemos darnos cuenta de que la mitad de las personas en los países candidatos son mujeres. 
A estos países no les tenemos mucho que ofrecer: ni dinero, ni perspectivas inmediatas en cuanto a trabajo u otras cosas. 
¿Qué es lo que podemos ofrecer entonces? 
Pues el acervo comunitario, la política de igualdad de oportunidades para las mujeres y me parece lamentable que no se haya puesto de manifiesto de forma más clara. 
Esto constituye una condición ' sine qua non?. 
Hemos de incorporarlo, no puedo decir otra cosa. 
Espero que los resultados de hoy y las enmiendas se recojan en el debate sobre la ampliación y que el debate sobre la igualdad de oportunidades para las mujeres continúe. 
Señor Presidente, me he limitado a una sola explicación de voto y agradecería que la Presidencia no la eliminase. 
He votado a favor del informe Brok y, como representante de la delegación interparlamentaria Unión Europea-Bulgaria, quisiera hacer una puntualización. 
En la versión francesa de la exposición de motivos hay un error de traducción. 
En realidad, "Bulgaria cumple los criterios de Copenhague", como se ha indicado en la edición original inglesa, y no "está procurando cumplir". 
Además opino que es importante recalcar que, políticamente, se debería establecer que todos los países candidatos de Europa oriental y central se conviertan al mismo tiempo en miembros de la Unión Europea y que aquellos que se hallan retrasados desde el punto di vista económico se ayuden después de entrar. 
Creo que es un error político no aceptar a todos estos países candidatos a la vez. 
En particular, con respecto a Bulgaria, me preocupa que el cierre de las unidades 3 y 4 de la central de Kozloduy produzca un grave perjuicio a la población búlgara, sobre todo a las personas mayores, a los parados y a los jóvenes que buscan trabajo. 
. (EL) El Partido Comunista de Grecia ha señalado repetidamente que la llamada ampliación de la UE no es fruto de un sentimiento filantrópico hacia los pueblos ni una necesidad histórica. 
Se trata de un caso clásico de expansionismo imperialista, que ha encontrado terreno abonado tras la caída del Campo Socialista en Europa y la disolución de la URSS. 
El objetivo perseguido es la adhesión de países pequeños y débiles bajo el paraguas del eje europeo occidental del sistema imperialista internacional. 
Tal y como pone de manifiesto el texto de la resolución del Parlamento Europeo, la ampliación va de la mano de la expansión de la OTAN hacia el Este. 
Todo el proceso de adhesiones más bien recuerda anexiones de tipo colonial. 
No es sino la entrega de la riqueza nacional de esos países al capital europeo occidental, la adaptación a las reestructuraciones capitalistas (el célebre «acervo comunitario» ), el saqueo de los bienes públicos, la erradicación de las conquistas del socialismo, en colaboración con mafiosos locales. 
Las consecuencias son catastróficas para el populoso pequeño y medio campesinado de los países candidatos. 
Por lo que respecta particularmente a la adhesión de Chipre, nuestro Partido había advertido hace ya mucho tiempo que la resolución de Helsinki facilitaría la imposición de una solución orientada a consagrar la partición de la isla. 
Desgraciadamente, los hechos? especialmente los de los últimos meses? nos dan la razón. 
La candidatura ha funcionado como un chantaje hacia Chipre y ha alentado la intransigencia turca, con la complicidad de la UE. 
Las positivas referencias del informe a un solo estado soberano chipriota no cambian la realidad que acabo de exponer. 
Por las razones mencionadas, los diputados del Partido Comunista de Grecia al Parlamento Europeo hemos votado en contra del informe. 
. (FR) El informe Brok exhorta a los países miembros y a los países candidatos a hacer los esfuerzos que sean necesarios para concluir las negociaciones de adhesión al final de este año, con el objetivo de firmar los tratados de adhesión en torno a abril de 2003, lo cual permitiría la entrada de diez nuevos miembros en 2004. 
Efectivamente, en 1999, en el Consejo de Berlín, se estableció que seis Estados candidatos deberían entrar en la Unión en 2002. 
Pero ya estamos en 2002, y no ha entrado ninguno. 
No podemos seguir así. 
Hay que vencer los últimos obstáculos, pero sin dejar de ser realistas, tal y como lo indicaré en mi explicación de voto sobre el informe Böge. 
En cualquier caso, hay al menos un problema que no es tal: la no-ratificación del Tratado de Niza por parte del pueblo irlandés. 
Si, por medio de un segundo referéndum, el pueblo irlandés rechazara de nuevo este insatisfactorio tratado (a pesar de la estrategia de seducción que prepara el Consejo de Sevilla, con una declaración de apariencia engañosa que proclama el respeto a la neutralidad militar irlandesa) , la negativa no sería óbice para la ampliación: bastaría con incluir las partes correspondientes del Tratado de Niza en el futuro tratado de adhesión. 
Además, podríamos aprovechar ese momento para revisarlas, lo cual sería positivo. 
. (FR) Desmantelamiento de los servicios públicos; reestructuraciones industriales que son una bomba para el desempleo, sobre todo en la República Checa, en Eslovaquia, en Lituania, en Polonia; defenestración actual o futura de las fuentes de energía en Lituania, en Estonia, en Bulgaria, con repercusiones dramáticas desde el punto de vista social y económico; liquidación programada de millones de explotaciones agrícolas y de aquellos que todavía consiguen, a duras penas, vivir de ellas, en Polonia, en Eslovenia, en Hungría; política de reducción de la producción agrícola que las autoridades europeas quieren reforzar por doquier. 
Es un balance catastrófico para estos países, y todavía más catastrófico para sus trabajadores urbanos y rurales. 
Pero es un balance que llena de satisfacción a las autoridades de la UE, dado que el principal productor de tabaco de Europa, Bulgartabak, va a ser privatizado, y dado que la privatización de bancos, compañías aseguradoras, telecomunicaciones e industrias avanza en paralelo a la inversión directa extranjera. 
En otras palabras, esto viene a ser la invasión regulada de los países de Europa Central y Oriental por parte de los grandes capitales, sobre todo en Europa Occidental. 
Así, lo que motiva el consorcio de Estados pudientes- pues la UE no es otra cosa que eso- es ante todo la ampliación del abanico de beneficios que se ponen a disposición de sus trusts industriales y financieros. 
Nuestro voto no es un voto en contra de la entrada de estos países en la Unión Europea, sino una protesta contra la forma en que se está haciendo, que no es otra que bajo la batuta de los grandes capitales. 
. (FR) Hemos votado en contra del informe Brok sobre la ampliación. 
Evidentemente, no nos oponemos a la integración de nuevos países en la Unión. 
Sin embargo, tenemos nuestras reservas en cuanto al desarrollo actual de las negociaciones. 
Nos preocupa también el peso que, para los países candidatos, representa la adaptación del derecho interno al acervo comunitario, el cual supone entre 70 000 y 90 000 páginas de texto, según las traducciones. 
En materia agrícola, sanitaria y medioambiental, los retos son muy importantes. 
Además, el hecho de condicionar la incorporación de estos países al estricto respeto a la legislación sobre la protección de la biodiversidad es injusto: no olvidemos que estos países acuden a nosotros para consolidar la paz en el continente europeo, para desarrollar sus infraestructuras y para recuperar su correspondiente retraso económico. 
No lo olvidemos. 
. 
(EN) Celebro el informe del Sr. Brok, que muestra que se ha hecho un verdadero progreso en cuanto al proceso de ampliación. 
Existe ahora una posibilidad real de que se incorporen diez nuevos Estados Miembros en 2004 y de que participen en las elecciones europeas de ese año. 
Parece también ahora posible que Rumania y Bulgaria puedan incorporarse en 2007. 
Lo que ahora se requiere es una manifestación de voluntad política real y de compromiso por parte de todos para asegurar que se mantendrá el ímpetu. 
Copenhague tiene el potencial de ser una cumbre verdaderamente histórica. 
La ampliación de la Unión Europea está transcurriendo con más dificultades de las que habían previsto sus más fieles partidarios en el este y oeste. 
Cuatro Estados miembros, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Suecia abogan por un saneamiento previo de los fondos de agricultura y de los fondos regionales. 
Alemania y Austria están exigiendo unas medidas especiales a favor de los germanohablantes expulsados de la República Checa y Polonia y quieren que se impida la entrada de inmigrantes procedentes del este. 
Polonia, la República Checa y Bulgaria quieren construir con fondos europeos autopistas que van a atravesar parques naturales. 
Entre bastidores se especula que la victoria electoral del antiguo presidente Meciar colocaría a Eslovaquia fuera del grupo de los países candidatos. 
Sólo se llegarían a cerrar las peligrosas centrales nucleares en Lituania, Eslovaquia y Bulgaria con dinero de la UE. 
El este sigue siendo pobre porque sólo exporta productos agrícolas y minerales baratos y tiene que importar las tecnologías costosas. 
En el panorama europeo actual, los partidos políticos que muestran poca solidaridad con los estados económicamente más débiles y que vinculan la ampliación de la UE principalmente con un aumento de gastos y un nuevo flujo de inmigrantes, son los que suscitan mayor simpatía entre gran parte del electorado. 
Por lo tanto, veo que la ampliación para el 2004 se hace cada vez más improbable. 
Sin embargo, debido a la inclusión de algunos puntos positivos podría haber votado a favor de este informe, pero el alegato a favor de la ampliación de la OTAN lo hace finalmente inaceptable para mí. 
Es habitual que nos oigamos unos a otros hablar en nombre de Europa. 
Pero ese lugar común coloquial es objetivamente un abuso; en la UE somos sólo 15; Europa son muchos más Estados, pueblos, naciones que nuestros 15. 
Lo decimos para situar nuestra perspectiva esencial sobre este debate: la ampliación es indispensable; la ampliación constituye un rumbo político primordial del que no podemos apartarnos. 
Cierto es que la ampliación plantea desafíos y dificultades, pero habremos de afrontarlos y vencerlos... porque ése es el destino, para que el proyecto europeo, del que se deriva la Unión, tenga sentido. 
Para nosotros, lo esencial es que los europeos estemos unidos, ante lo cual todos los demás programas políticos deben ceder. 
También por eso rechazamos las obstinadas fantasías institucionales de los diputados que hacen del credo federalista una religión y veneran el poder de Bruselas como una divinidad, entrometiéndose en todo y queriendo regularlo todo, del futuro y hasta del pasado. 
Con eso sólo crean resistencias innecesarias y tensiones peligrosas. 
La Unión no se hace- es hora de recordarlo- para que nos entrometamos mutuamente, sino para que cooperemos, con respeto mutuo, y potenciemos las energías comunes. 
. 
(EN) Como estamos a favor de la ampliación de la UE, en la que las poblaciones de los países solicitantes deciden en última instancia sobre su pertenencia, hemos votado a favor del informe. 
Sin embargo, no podemos apoyar ciertas partes del informe. 
Primero, el apoyo general al acercamiento de los estados solicitantes a la OTAN y la referencia a la OTAN como un elemento importante de la estructura de seguridad y estabilidad de Europa. 
Consideramos que el papel de la OTAN es mucho más complicado que todo esto. 
Por lo que consideramos más prudente mantener este debate fuera de este informe. 
Segundo, hemos votado contra todas las enmiendas del apartado 50 porque los decretos de Benes son una traducción de las decisiones de Postdam de los Aliados. Estas aseguraban el destierro de aquellos alemanes que siempre habían querido vivir en Alemania y, por lo tanto, pretendían oprimir a la población no alemana. 
Este destierro debe ser apoyado aun cuando, y precisamente porque, sigue teniendo repercusiones legales en la actualidad. 
. 
(EN) Como ávido pero crítico defensor del proceso de ampliación, percibo la necesidad de votar en contra del informe Brok sobre el progreso de los países solicitantes. 
Primero, el informe Brok señala incorrectamente que los países solicitantes siguen cumpliendo los criterios políticos que se establecieron en Copenhague en 1993. 
Esto no es correcto. 
Si el Parlamento toma en serio los informes de la Comisión sobre los países, no podemos ignorar los numerosos ejemplos de corrupción, discriminación de minorías, falta de protección de derechos humanos y sistemas judiciales débiles en algunos países solicitantes. 
Creo que los derechos humanos y el imperio de la ley tienen que ser la máxima prioridad del Parlamento en el debate de ampliación. 
Por lo tanto, considero el informe inaceptable porque explícitamente niega los problemas que aún existen en este área. 
Me complace que las enmiendas que subrayan la prioridad absoluta de los criterios políticos se hayan aprobado de acuerdo con las líneas de mis propias enmiendas que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha adoptado como su opinión. 
El Parlamento debe tomar ahora sus propias palabras en serio y considerar con detalle la situación de los derechos humanos en los países solicitantes. 
(Abreviado conforme al Artículo 137 (1) del Reglamento) 
. (FR) Las perspectivas financieras fijadas en Berlín en 1999 para los años 2000-2006 preveían la llegada de seis nuevos miembros en este periodo, a partir de 2002. 
En realidad, podrían perfectamente llegar 10, pero sólo en 2004, de forma que el ahorro en tiempo de presencia compensaría la sobrecarga de los miembros adicionales. 
Podemos igualmente admitir la progresiva adaptación de los pagos de la política agrícola a los nuevos países miembros, tal y como la contempla el informe Böge, sabiendo que aquí se razona sobre la base de una política real. 
Pero desearíamos también que esta política se reformara, para convertirla en ' PAC duradera? (ver mi explicación de voto sobre el informe Olsson). 
Por el contrario, censuramos los escasos esfuerzos realizados por los Estados miembros que hoy disfrutan de los Fondos Estructurales y de Cohesión, que deberían entender mejor la necesidad de desplazar estos créditos hacia el Este. 
Hay que prever con claridad la extinción del actual Fondo de Cohesión, que además estaba destinado a facilitar el acceso de estos países a la moneda única, objetivo que hoy ya ha sido superado. 
En 1989 la Europa Occidental se consideró vencedora de un conflicto muy duradero. 
Esta victoria tendría como premio final la incorporación del este. 
Muchos habitantes del este sí estaban a favor, esperando sobre todo ayuda financiera y más riqueza. 
Ahora que se está aproximando el año 2004 vemos cuán difícil resulta el proceso de la ampliación. 
Gran parte de estas dificultades tienen que ver con temas financieros. 
Nuestra política agrícola, que fomenta la producción en masa y que mantiene los precios de los alimentos bajos para frenar las demandas salariales de los trabajadores, sería insostenible si los pequeños agricultores de Polonia también participaran. 
Nuestros fondos regionales, que hacen un trasvase de dinero desde los Estados miembros ricos a la burocracia de Bruselas y desde allí otra vez hacia los mismos Estados miembros ricos, se tendrían que destinar casi en su totalidad a los nuevos Estados miembros, perjudicando sobre todo a las regiones de España, Portugal y Grecia que son ahora las más pobres. 
Los fondos reservados para la ampliación tendrán que ser repartidos entre muchos más países candidatos de los que se preveía en principio. 
Luego no habrá dinero para bombear recursos con fines propagandísticos entre los diferentes Estados miembros ricos. 
Coincidiendo con el ponente, me parece bien que se proteja a los Estados miembros pobres de convertirse en contribuyentes netos, pero de ahí a eximir a los recién incorporados de cualquier pago para que se adhieran, me parece exagerado. 
. (FR) Más allá de las auto-felicitaciones de las instancias directivas de la Unión Europea, el panorama de la situación de los países candidatos de Europa Central y Oriental es más bien sombrío. 
Cuando, en este informe, se nos dice que existe ' una sensible diferencia en el nivel de bienestar, (que) podría situarse en una proporción del 1 al 10? entre regiones situadas a uno y otro lado de la línea de la próxima ampliación, esta observación, que por desgracia es realista, responde a un objetivo que ni siquiera se toma la molestia de disimular. 
La Comisión ya ha aceptado subvencionar generosamente a estas regiones y sobre todo a sus empresas, explicando que, tras la ampliación, es seguro que las regiones actualmente limítrofes de la UE atraerán a la mano de obra pobre de los países recién admitidos. 
Por su parte, el ponente añade que ' no es más que una gota de agua en el océano de las necesidades? , pero, desde luego, no de las necesidades de la población depauperada de Europa Central y Oriental, sino de las regiones ricas y de sus empresas. 
Basándose en esta premisa, propone incrementar las subvenciones que les serán concedidas, aprobando al mismo tiempo las medidas llamadas transitorias, las cuales, incluso después de la ampliación, obstaculizarán la libre circulación de los trabajadores de los países recién admitidos dentro de la UE. 
En efecto, estos nuevos países se integran en la Unión, pero con restricciones que les convierten en ciudadanos de segunda clase. 
Por lo tanto, es evidente que hemos votado en contra de este informe. 
El problema de las regiones fronterizas es sin duda uno de los que se plantearán con la futura ampliación. 
Pero, aun así, en la conciencia de esas limitaciones, demuestra la justa atención que se debe prestar a regiones que sufrirán "una dislocación geográfica" en el interior de la futura Unión Europea y que podrían sufrir efectos perversos en materia de competencia por parte de las nuevas regiones vecinas de la UE. 
Por eso, esperamos que sea posible establecer- de algún modo, también mediante la mejor utilización posible de los recursos disponibles- un nuevo dinamismo en esas regiones y que ese nuevo dinamismo entrañe igualmente efectos positivos para las regiones actualmente situadas justo allende las fronteras actuales de la UE. 
Felicito al Sr. Maurizio Turco por el informe que nos presenta, lo que contribuye de forma positiva al debate sobre la importancia de la política de cohesión, de su mantenimiento y su fortalecimiento. 
Ahora bien, quisiera hacer hincapié en dos puntos que me parecen importantes para el presente debate: 
necesidad de continuar con el esfuerzo de simplificación y aceleración de los procesos de ejecución en materia de acciones estructurales, indispensables para su ejecución correcta y eficiente, garantizada por sistemas de evaluación y fiscalización adecuados; 
observancia del principio de adicionalidad, garante de una política estructural coherente, que refleja el valor añadido de la política estructural de la Comunidad en las políticas regionales nacionales. 
. (FR) El informe Olsson y la Comisión proponen extender progresivamente la actual Política Agrícola Común a los nuevos miembros, durante los diez años posteriores a su adhesión, pensando al mismo tiempo en una nueva PAC que sea aplicable a todos, y que, en cualquier caso, por motivos financieros y técnicos, no podría entrar en vigor antes de 2006. 
A corto plazo, parece difícil actuar de otro modo: ni podemos aplicarle a todos inmediatamente las reglas vigentes en la Unión, porque sería inviable desde el punto de vista financiero, ni podemos aceptar una PAC a dos velocidades de forma duradera en el tiempo, porque sería políticamente inaceptable. 
Pero, al mismo tiempo, con el pretexto de adoptar medidas transitorias ineludibles, tendríamos que evitar encontrarnos al final con una fábrica de gas administrativa y financiera extendida por todo el continente. 
En consecuencia, establezcamos desde ahora mismo los principios futuros de una nueva PAC: la búsqueda de la calidad, el respeto a la naturaleza, el respaldo a la multifuncionalidad, el mantenimiento del equilibrio social en el medio rural, en una palabra, la defensa del modelo agrícola europeo, garantizada por la protección en las fronteras, y por tanto financiada por el consumidor, en vez de por un presupuesto comunitario en infinita expansión, alimentado por el contribuyente. 
. (EL) Las propuestas referidas a la adhesión de los nuevos países revelan el intento? de carácter colonialista? de anexión de los PECO. 
En la práctica no habrá una sola PAC para todos, y la que se aplicará en los nuevos países será peor que la que se aplica hoy en los países miembros. 
La ampliación se convierte en una palanca en manos de los poderosos del Norte para la eliminación de las ayudas directas a la renta, que pierden su consideración de «acervo comunitario» , hecho que resultará catastrófico para sectores agrarios vitales tanto en los PECO como en la UE. 
Se persigue asegurar mercados para el capital y desarrollar modelos agrícolas neocapitalistas, con la consiguiente marginación del mundo agrario y adulteración de su papel social y medioambiental (remito a sus señorías, sin comentario alguno, al apartado 24 del informe). 
El Partido Comunista de Grecia es contrario a la adhesión de ningún país a la UE, puesto que la adhesión no beneficia a los pequeños y medianos agricultores ni a las capas populares. 
Sin embargo, desde el momento en que estos países se van a incorporar a la UE deberán tener los mismos derechos y recibir las mismas subvenciones desde el primer año de su adhesión; igualmente, las cuotas deberán fijarse sobre la base de las posibilidades reales y las necesidades alimentarias de sus pueblos. 
. (EN) El Sr. Olson ha mencionado ya en su informe la importancia política y económica de la agricultura en todos los países de la CEE y los cambios estructurales que se requieren en sus áreas rurales. 
Es también crucial conseguir que la agricultura y las industrias alimentarias cumplan los criterios de la Unión Europea, en especial los higiénicos y veterinarios. 
Pero debemos también aceptar que muchos países candidatos practican métodos de agricultura mucho menos intensivos y dan un lugar más prominente al desarrollo rural. 
Para emitir una señal positiva ante la ampliación debemos dar a los países candidatos igual voz en los debates sobre el futuro de la política agrícola. 
También debemos concentrarnos en la cuestión de los pagos directos y la propuesta de establecer fases para estos pagos. 
Esto no debe constituir un escollo para la ampliación. 
Aun estando de acuerdo en que la introducción gradual de los pagos directos evitará una entrada excesiva y súbita de metálico, que desembocaría finalmente en sobreproducción, podría significar también dar un trato desigual a los nuevos Estados Miembros durante el periodo transitorio de diez años, algo que sería muy desalentador para ellos. 
La UE debe manifestar claramente que, a largo plazo, existirá una política agrícola común única para todos los Estados Miembros, en la que todos los participantes comenzarán en pié de igualdad. 
El primer motivo por el que defiendo este informe es el equilibrio entre, por un lado, el carácter necesariamente provisional del compromiso voluntario de la industria europea del automóvil para mejorar las posibilidades de supervivencia de los peatones y de los ciclistas en caso de colisión y, por otro, la futura legislación comunitaria. Esta legislación, más estricta y más sólida, vendrá a sustituir al compromiso voluntario. 
En efecto, a pesar de que esta aceptación voluntaria del examen entre los distintos fabricantes de automóviles puede ser aplicada con bastante rapidez, y generar medidas concretas, creo que, no obstante, sólo una base jurídica sólida es capaz de proteger satisfactoriamente tanto a peatones como a ciclistas a largo plazo. 
Considero que una directiva-marco, con un calendario concreto y realista, sería el medio adecuado para que una política de circulación verdaderamente seria viese la luz. 
Por su parte, la aceptación voluntaria no parece capaz de ofrecer las garantías necesarias para una política de seguridad vial seria. 
Además de que una aceptación de este tipo queda sin efecto si una de las partes decide retirarse, y de que adolece de falta de apertura y de transparencia, también tiene una carencia que es capital, y es la de no ser verdaderamente coercitiva. 
Todas estas razones imponen la necesidad de una directiva-marco que establezca una auténtica política de protección a peatones y ciclistas, y todas estas razones me llevan a respaldar este informe, que invita a la Comisión a proponer esta directiva. 
Debido al alto número de víctimas por accidentes de tráfico, por fin se ha convertido la seguridad vial en una cuestión política. 
Con mucha razón, la opinión pública está indignada con los numerosos usuarios vulnerables que han sido víctimas de la circulación temeraria de los vehículos. 
El informe Petersen contribuirá a solventar esta situación. 
Los coches no sólo han de ser más seguros para el conductor, sino también para los denominados usuarios vulnerables de la vía pública. 
Me sumo sinceramente al deseo expresado en el informe Petersen de que se involucre al Parlamento Europeo en la elaboración de la legislación al respecto. 
¡La seguridad vial no puede estar sólo en manos del poder ejecutivo y de los fabricantes de coches! 
Mientras la velocidad de los coches sea un argumento de promoción, seguiré desconfiando de este sector. El número de víctimas de accidentes de tráfico no disminuirá de forma importante si no se reduce la velocidad en las carreteras, el conductor no adapta su forma de conducción y la infraestructura no incita a circular con más cuidado y seguridad. 
Los accidentes de tráfico no son como las catástrofes, nosotros sí podemos y debemos evitarlos. 
En este informe se debería haber planteado la imposición de exámenes a fin de poner término al drama que representan los casi 2.000 muertos y más de 18.000 heridos graves por atropello que se dan anualmente en la UE. 
En efecto, después de más de veinte años de debates, la Comisión se considera satisfecha con un acuerdo voluntario de la industria automovilística europea- por lo que renuncia a la presentación de una propuesta legislativa -, cosa que consideramos inadmisible. 
Las consecuencias de esa inactividad resultan graves. 
Y la reducción en la fase A de los exámenes de cuatro a dos, contrariamente a la propuesta del Comité Europeo de Vehículos Experimentales, significará un descenso de 75 por ciento en el número de vidas salvadas, a lo que se suma el hecho de que sólo de aquí a 10 años se alcanzarán los objetivos propuestos por ese organismo. 
Sólo una directiva-marco podría garantizar el objetivo de una protección efectiva de los peatones en la UE. 
Por esa razón, el informe ahora aprobado, que insiste en ese acuerdo, merecerá nuestra abstención. 
Nuestro voto refleja nuestro punto de vista de considerar aceptable la transacción alcanzada en el marco de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
En esa materia tan delicada y con frecuencia tan olvidada y menospreciada- a fondo, una protección estructurada de los peatones -, estamos de acuerdo con la preparación de una directiva-marco que establezca claramente el calendario y las modalidades de un acuerdo negociado con la industria automovilística, en particular en lo relativo a los exámenes de supervisión indicados. 
Esa vía salvaguarda, en cierta medida, el planteamiento de la Comisión, que tiene el mérito de acelerar un proceso que, de lo contrario, podría arrastrarse indefinidamente y no alcanzar su objetivo sino al cabo de una fase extraordinariamente lenta de concertación. 
Naturalmente, habrá que analizar posteriormente la directiva-marco, en la que la Comisión debería, como se ha indicado, concretar las condiciones generales del acuerdo negociado con la industria automovilística. 
Sólo entonces, se podría, rigurosamente, proceder a una evaluación cuidada e informada de su contenido. 
. 
(EN) Me satisface este informe porque solicita un acuerdo voluntario sobre seguridad vial y protección de los peatones, con vistas a una legislación más obligatoria en el futuro. 
El informe ha hecho importantes progresos en términos de alcanzar un acuerdo entre la industria y los ciudadanos sobre cuestiones importantes como las defensas integrales delanteras y unos frontales automovilísticos menos peligrosos para los peatones. 
Seguramente estos acuerdos se verán recompensados con una marcada disminución del perjuicio para los peatones. 
Afortunadamente, estas medidas no tardarán en llevarse a cabo. 
Sin embargo, debemos evitar la complacencia para asegurar que a la larga dispondremos de una legislación más obligatoria y transparente. 
Los acuerdos voluntarios son herramientas útiles para asegurar que se introducen cambios relativamente pronto, pero no son una solución a largo plazo para algo tan importante como la protección de los ciudadanos europeos. 
. (FR) Hemos votado en contra de este texto, un nuevo alegato para que las instituciones europeas se pongan todavía más al servicio del capital privado, para que nada en Europa frene al capital y para que la apertura de los mercados pase a ser una realidad, en los sectores en los que la privatización aún no se ha completado: telecomunicaciones, energía, servicios postales, transportes. 
El informe no se preocupa de los usuarios, que corren el riesgo de ver cómo la calidad de los servicios públicos termina de degradarse si estas privatizaciones acaban por imponerse. 
Lo que le interesa es la 'dinámica de inversión y de empresariado? , dinámica que pretende favorecer a través de la reducción de la' presión fiscal? y del ' acceso a la financiación? , particularmente para las empresas calificadas de pequeñas y medianas. 
Efectivamente, aboga por que la Unión Europea les preste más atención?. y más ayudas. 
Y aunque su 'exposición de motivos? informa de cuál es la situación de las' pequeñas empresas? en Europa, oculta el hecho de que la gran mayoría de estas empresas pertenecen a grandes grupos, de las que son filiales. 
En la práctica, esto significa que estas ayudas de la Unión Europea reforzarán ante todo el peso de las empresas más grandes. 
Por tanto, se invita a los que han sido elegidos por sufragio universal a que, por medio de su voto, den su respaldo democrático a los intereses privados de la pequeña minoría de los propietarios de capitales. 
. (FR) La Comunicación de la Comisión 'Mantener los compromisos, aumentar el ritmo? ha permitido obtener una completa radiografía de la situación de las' disposiciones particulares de la estrategia de Lisboa en el ámbito del empresariado? , y poner de relieve las carencias que sigue habiendo para las pequeñas empresas y el artesanado. 
Todavía hay que hacer muchos progresos para apoyar y desarrollar el aprendizaje, que en numerosos países europeos tiene una mala imagen. 
Es hora de potenciar la figura del aprendiz, como vía para una formación moderna y dinámica. 
Por tanto, me alegro de que, al adoptar el informe de la Sra. Vlasto, el Parlamento Europeo se preste a crear una verdadera política en favor del aprendizaje, a través de las medidas que he propuesto por medio de distintas enmiendas: programa de intercambio similar al Erasmus destinado a incentivar la movilidad de los aprendices; estatuto europeo del aprendiz y becas de intercambio de formación entre aprendices y empresarios; política de apoyo a las pequeñas empresas y a los artesanos en el marco de los 'itinerarios europeos? , cuyo valor he defendido; finalmente, creación de redes de formación en el marco de estos' itinerarios? , que servirían de plataforma para una formación profesional que se extendería a lo largo de toda la vida. 
. 
(SV) Nos hemos abstenido en la votación final del informe Belder sobre accesibilidad de los sitios Web públicos. 
Este informe se ocupa de numerosos problemas que afectan a los discapacitados y a los ancianos, lo que es valioso y digno de ser resaltado. 
En la agenda de los liberales se da mucha prioridad a la creación de condiciones para que los discapacitados puedan participar plenamente en la sociedad. 
Sin embargo, opinamos que corresponde a los Estados miembros encargarse de las medidas destinadas a la adaptación de los sitios Web públicos. 
En términos generales, hay que ser muy restrictivo a la hora de regular los servicios de Internet, puesto que el dinámico desarrollo de la red mundial se debe justamente a que no ha tenido subsidios ni regulaciones. 
Creemos en el principio de la subsidiariedad, es decir, que las decisiones deben ser tomadas tan cerca como sea posible de las personas a quienes van dirigidas. 
Por eso impulsamos la idea de una constitución de la Unión Europea en la que se determinen claramente las responsabilidades. 
Todos los ciudadanos de la Unión deberían saber que la UE se encargará de lo que mejor sabe hacer, esto es, de los asuntos de carácter transfronterizo. 
Todos los demás asuntos deben resolverse en el ámbito local, regional o nacional. 
Acogemos con beneplácito esta comunicación de la Comisión, así como el magnífico informe de nuestro colega Bas Belder, ambos consagrados a la materialización y desarrollo de un propósito fundamental, lanzado en la Cumbre de Feira y de nuevo reafirmado en la Cumbre de Niza, para luchar contra todas las formas de exclusión, en particular las relacionadas con discapacidades y con la edad. 
No se pueden desaprovechar las nuevas oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías ni permitir que acaben funcionando, paradójicamente, en sentido negativo gracias a una perversa infoexclusión, consecuencia de nuestra insensibilidad. 
Consideramos muy importante la aprobación en 2001 por la UE y los Estados miembros de las "directrices" para los sitios Web, como también consideramos indispensable proseguir el trabajo y el esfuerzo, en ese marco, de intercambio de informaciones, evaluación, revisión de la legislación pertinente, estímulo de las procedimientos óptimos y creación y articulación de centros de excelencia en ese sector. 
Pasamos ahora al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0334/2002, del Sr. Sörensen y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el trabajo de los niños en la industria del fútbol; 
B5-0337/2002, de la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo UEN, sobre el trabajo de los niños en la fabricación de balones de fútbol; 
B5-0347/2002, de la Sra. Sanders-ten Holte, en nombre del Grupo ELDR, sobre el trabajo de los niños en la industria deportiva; 
B5-0351/2002, del Sr. Hughes y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre el trabajo de los niños en la industria del fútbol; 
B5-0360/2002, del Sr. Martens y otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el trabajo de los niños en la industria de los artículos deportivos; 
B5-0370/2002, del Sr. Vinci y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el trabajo de los niños en la fabricación de material deportivo. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera subrayar que estoy completamente de acuerdo con este texto de compromiso sobre el trabajo infantil en la producción de material futbolístico. 
Espero que la Comisión Europea también se muestre de acuerdo, ya que es una responsabilidad europea erradicar este fenómeno. 
No quiero hablar ahora del tema del trabajo infantil en general porque, evidentemente, todos lo rechazamos. 
Sin embargo, pese a todos los acuerdos, convenios y códigos de conducta se han vuelto a utilizar también en este campeonato mundial de fútbol de forma inaceptable unos productos que fueron manufacturados- bajo licencia- por niños. 
Quisiera señalar al Consejo y a la Comisión que la Copa del Mundo se celebrará en Alemania en 2006. 
No me puedo imaginar que la Comisión y el Consejo puedan aceptar que se empleen niños para la fabricación de productos para estos campeonatos mundiales que tendrán lugar en territorio europeo. 
Por lo tanto, espero que la FIFA- la organización que hace los encargos a la industria- y la Comisión Europea desde ahora y hasta la celebración de la Copa del Mundo de 2006 firmen no sólo un compromiso de esfuerzo sino también una obligación de resultado. 
De esta manera podremos estar seguros de que los niños sólo tocan el balón para jugar y divertirse con él. 
Por este motivo, hemos de insistir en buscar alternativas para los niños que ahora se ven obligados a trabajar, sobre todo por el propio interés de los países en vías de desarrollo. 
Tendrán que luchar contra esta práctica y han de procurar que estos niños reciban una educación y que desarrollen sus actividades en las escuelas. 
¿Por qué? 
Porque estos niños van a ser el futuro económico de los países en desarrollo. 
Por eso creo y espero que esta resolución reciba un amplio apoyo, sobre todo con vistas al futuro. 
Señor Presidente, el Campeonato Mundial de Fútbol constituye sin duda alguna un acontecimiento deportivo internacional que concita el interés de millones de personas en todo el mundo. 
A la sombra de este acontecimiento, miles de niños consagran a diario su precioso tiempo a fabricar balones destinados a ser utilizados en los partidos de fútbol. 
Estos niños carecen de toda oportunidad de adquirir una mejor formación en el colegio o de jugar como el resto de los niños de su edad. 
El trabajo infantil y las inhumanas condiciones de trabajo a las que se ven sometidos igualmente los adultos que trabajan en la fabricación de balones de fútbol siguen constituyendo, desgraciadamente, prácticas comunes, a pesar de los acuerdos contraídos por la Federación Internacional de Fútbol con las empresas fabricantes de material deportivo. 
De acuerdo con el informe avalado por la red 'Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil? que lleva el elocuente título' La cara oscura del fútbol? , Pakistán es el país que produce más balones de fútbol en el mundo; el segundo es la India. 
Sólo en una región de la India, el Punjab, trabajan cosiendo balones de fútbol alrededor de 10.000 niños de entre 6 y 12 años; 15.000 niños aproximadamente trabajan en Sialkot (Pakistán). 
Estos balones, fabricados por manos infantiles por unos cuantos céntimos, no son otros que los balones que se venden en los establecimientos de artículos deportivos de los países occidentales con los logos de empresas muy conocidas, incluso con el de la propia FIFA, por una buena cantidad de dólares. 
Ha habido intentos de hacer frente a este triste fenómeno con programas y sistemas de control, tanto por parte de organizaciones internacionales como por parte de las propias empresas de producción de artículos deportivos, pero se constata que la producción se ha trasladado a pequeñas poblaciones en las que o la vigilancia policial brilla por su ausencia o los niños no trabajan ya en fabricas, sino en casa. 
Igualmente, según el diario The Times de Londres, se han registrado muchos casos de niños que trabajaban en la fabricación de balones de fútbol con nombres de conocidas compañías multinacionales. 
Pedimos del Campeonato Mundial de Fútbol, que ha sido dedicado a los niños, que constituya la ocasión para que las organizaciones internacionales, las empresas de fabricación de artículos deportivos y los gobiernos trabajen en común al objeto de adoptar un sistema fiable de control del cumplimiento de las normas de trabajo. 
Puesto que el trabajo infantil no es ni un hobby ni un juego, tengo la esperanza de que tanto la FIFA como las industrias encabecen este esfuerzo, de suerte que el fútbol se convierta en un deporte verdaderamente justo para todos. 
Debemos transmitir hoy este mensaje: hay que dar trabajo a los adultos, los niños deben estar en el colegio. 
Los adultos al trabajo, los niños al colegio. 
Señor Presidente, no es porque mi país no se haya clasificado para el campeonato mundial de fútbol, sino porque los colegas de nuestro y de otros Grupos Parlamentarios pensamos que hay que aprovechar la euforia que suscita la Copa del Mundo de Korea y Japón para reparar en los eternos perdedores: los niños de seis, diez y doce años que cosen los balones en India, Pakistán y otros países. 
El mes pasado se presentaron tres informes en la rueda de prensa del Global March Against Child Labour en Nueva Delhi. En ellos se demuestra que para la producción del material deportivo el trabajo infantil sigue estando a la orden del día. 
Así por ejemplo, del informe redactado por el Comité Nacional Neerlandés de la India se desprende que el número de niños que trabaja a jornada completa en la industria de artículos deportivos apenas se ha visto reducido en los últimos cuatro años. 
Y esto a pesar del sistema de inspección introducido por la FIFA. 
Otros informes con el mismo planteamiento vierten severas críticas a Pakistán y China. 
Por supuesto, la FIFA mostró su buena voluntad en 1996 firmando un acuerdo con el sindicato internacional sobre un código de conducta para eliminar el trabajo infantil y las malas condiciones laborales. 
No obstante, este código hasta ahora no se ha puesto en marcha y de los informes citados se desprende que estamos muy lejos aún del objetivo marcado. 
Por este motivo, hago un llamamiento enérgico a la FIFA para que ponga en marcha este código a la mayor brevedad posible. 
Todos somos conscientes de que el trabajo infantil es una cuestión muy compleja. 
Nuestras acciones, por lo tanto, no han de quedarse limitadas a la retórica de pedir cuentas a la FIFA y a los fabricantes. 
Seguramente, la producción de material deportivo no es el único ni el más importante sector donde trabajan niños. 
Para erradicar este problema hace falta que haya colaboración entre la industria, los agentes sociales, los gobiernos implicados y las organizaciones internacionales. 
Lo importante es buscar alternativas cuando se trata del trabajo, de la educación, de los salarios y de la formación. 
Además, debemos dejar claro a los países implicados que tienen la obligación de controlar las normas de forma efectiva. 
Quisiera subrayar que esta resolución no ha de ser considerada como un ataque a una forma específica del abuso infantil, enfocada a un único sector empresarial y a un producto. 
Sin embargo, el campeonato mundial de fútbol es muy ilustrativo para ver los contrastes tan penosos que existen en nuestro mundo. Entre los niños sanos y felices que imitan en la calle en la parte próspera del mundo el fútbol del campeonato mundial y los niños en el subcontintente indio que pasan el día cosiendo balones en talleres hay mucho contraste. 
Por este motivo, la Copa del Mundo 2002 es una buena ocasión para señalar la responsabilidad que tenemos todos en esta cuestión- fabricantes, administraciones, organizaciones internacionales y el público. 
Por estas razones, apoyo sinceramente esta resolución de urgencia. 
Señor presidente, por iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo se declaró ayer el primer Día Internacional contra el Trabajo Infantil. 
250 millones de niños son vistos por sus padres como una inversión para la supervivencia de la familia. 
Desde muy pronto se ven expuestos a daños corporales graves. Se les priva de su inocencia y de su infancia. 
Son puestos a trabajar como mano de obra barata no sólo en plantaciones, en canteras, en minas, sino también en fábricas de calzado deportivo. 
Precisamente ahora, durante el Mundial de Fútbol de Corea y Japón, no debemos olvidar que muchos de esos futbolistas son equipados por mano de obra infantil. 
La FIFA se comprometió ya en 1998 a proscribir el trabajo infantil en la producción de productos licitados como patrocinadores oficiales. 
Esta rica e importante asociación deportiva mundial debería reconocer que ahora no podría dar ninguna garantía de que ha cumplido con ello. 
El Grupo del PPE-DE condena, como también lo han hecho todos los demás grupos, cualquier forma de trabajo infantil. 
La FIFA y los fabricantes de artículos deportivos deben introducir de una vez un código de comportamiento y aplicarlo de forma vigilada para acabar con esta lacra. 
En ello deben colaborar la industria, las asociaciones y los gobiernos como han subrayado la Sra. Maria Martens y las demás oradoras. 
La UE y la OIT deben controlar que se cumplan estas directivas de trabajo. 
Un paso en la dirección correcta es la acción ' Tarjeta roja contra el trabajo infantil? que comenzó en la Copa de África en enero de este año. 
Pedimos a la FIFA, a las selecciones nacionales y a los fabricantes de artículos deportivos que hagan todo lo posible para que la Copa de Europa de Portugal de 2004 se convierta en el primer torneo internacional libre de trabajo infantil. 
Más allá, y también aquí doy la razón a las oradoras anteriores, la lucha contra las causas del trabajo infantil: la pobreza, la falta de escolarización y la falta de formación profesional, debe ser fortalecida. 
Señor Presidente, señor Comisario, a pesar de que la Organización Mundial del Trabajo declaró el 12 de junio, es decir, ayer, Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, el Campeonato Mundial de Fútbol que se está celebrando ha vuelto a poner de relieve la violación de los derechos del niño. 
De vez en cuando salen a la luz pública imágenes de niños del tercer mundo que son obligados diariamente a trabajar y que sufren de subnutrición. 
En nuestras sociedades actuales, estas situaciones son sencillamente inadmisibles. 
Debemos preguntarnos, sin embargo, en qué medida contribuimos nosotros a este estado de cosas. 
Según los datos de los que dispone la Organización Mundial del Trabajo, alrededor de 211 millones de niños de edades comprendidos entre los 5 y los 14 años trabajan, cuando deberían estar educándose y formándose. 
En Asia, en África y en América del Sur, compañías multinacionales de países occidentales utilizan a niños pequeños en trabajos muy duros, como la recolección del tabaco, del plátano y del algodón, la fabricación de alfombras, o la confección de ropa deportiva o de balones de fútbol, bajo condiciones inaceptables, con jornadas de trabajo que sobrepasan con frecuencia las doce horas. 
Los resultados de las muchas las acciones contra el trabajo infantil emprendidas por organismos internacionales no son nada alentadores. 
Por ello, señor Presidente, debemos agotar todas nuestras posibilidades de ejercer presión e influencia al objeto de poner fin a esta vergüenza. 
Tenemos que encontrar la forma de detener el traslado de actividades empresariales a países en los que la mano de obra barata son los niños. 
Propongo, pues, que las comisiones competentes del Parlamento elaboren un informe de iniciativa sobre este asunto, e, igualmente, que se destinen más recursos al programa internacional de la OIT para la erradicación del trabajo infantil. 
Los niños, señor Presidente, tienen prioridad con respecto a cualquier otro grupo social, y son acreedores a una especial protección porque a ellos pertenece el futuro. 
Espero que el debate de hoy y la resolución consiguiente sean eficaces esta vez. 
. 
(EN) Señor Presidente, la Comisión comparte la preocupación expresada sobre el uso del trabajo infantil en la industria del fútbol. Condena todas las formas de explotación infantil, así como las peores formas de trabajo infantil. 
Apoya los llamamientos a la FIFA y a las empresas de artículos deportivos para asegurar que ningún niño sea empleado en la producción de balones y prendas deportivas con licencia de la FIFA. 
La Comisión no ha tenido ningún contacto con la FIFA sobre este asunto. 
Está dispuesta a apoyar a las ONG que trabajan con organizaciones locales para eliminar el trabajo infantil. Ya ha financiado varias iniciativas para combatir el trabajo infantil, especialmente en África. 
La Comisión considera que la ayuda y la protección de los niños vulnerables se debe considerar en el contexto más general de la erradicación de la pobreza y, por lo tanto, en el contexto del marco comunitario para el desarrollo y la cooperación. 
Los niños son un grupo de atención importante en la ayuda externa de la Comunidad, particularmente en el contexto de las políticas sectoriales como la educación y la sanidad. 
La Comunidad se ha comprometido a aplicar los criterios laborales centrales de la OIT y ha acordado aplicar esos criterios en el marco de acuerdos bilaterales y multilaterales con los países en desarrollo. 
Un buen ejemplo es el Artículo 50 de la Convención de Cotonou. En ese artículo, la Comunidad y los países ACP han reafirmado su compromiso con los criterios laborales centrales de la OIT, incluida la lucha contra las peores formas de trabajo infantil. 
La Comunidad está aumentando su apoyo a la educación primaria obligatoria universal en todos los países en desarrollo como parte de sus compromisos en el marco de ' educación para todos? y las metas de desarrollo del milenio para la educación y la igualdad de géneros. 
La considera uno de los medios más eficientes que hoy están a su disposición para rescatar a los niños del círculo vicioso de la explotación. 
La ayuda a los niños y su protección están canalizadas en una serie de programas de la Comisión, entre ellos la iniciativa europea en defensa de los derechos humanos y la democracia. 
La promoción de los derechos de los niños fue una de las prioridades de financiación en 2001 y será considerada central en la financiación del periodo 2002 a 2004. 
Es más, la Comisión ha hecho de los niños una prioridad transversal de la ayuda humanitaria. 
En su comunicación sobre la promoción de los criterios laborales centrales y la gobernanza social, la comisión presentó una estrategia completa proponiendo acciones a escala europea e internacional. A medio plazo, ésta asegurará un mejor cumplimiento de los criterios laborales centrales de la OIT a través del apoyo institucional y la capacidad constructiva y comercial de los países en desarrollo. 
Por lo que respecta al comercio, en diciembre de 2001 el Consejo adoptó un esquema revisado EPG por el que se dan preferencias comerciales adicionales a los países que respetan los criterios laborales centrales. Esto incluye un esquema mejorado de incentivo social y extiende la base para la retirada de los EPG que amparan graves transgresiones de todas las convenciones de la OIT. 
Finalmente, la Comisión ha representado un papel activo en la sesión especial de la Asamblea General de las NU sobre los niños. 
En este contexto, la UE considera fundamental un enfoque basado en los derechos para promover los intereses de los niños, dado que la Convención de las NU sobre los Derechos de los Niños es el tratado internacional más ratificado del mundo y proporciona un marco normativo consensuado. 
El plan de acción acordado en aquella sesión especial contiene importantes elementos dirigidos a combatir el trabajo infantil. 
Muchas gracias, Señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0335/2002, de la Sra. Maes y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la tragedia de Kisangani y la situación en la República Democrática del Congo; 
B5-0343/2002, de la Sra. Sanders-ten Holte y otros, en nombre del Grupo ELDR, sobre la masacre de Kisangani; 
B5-0349/2002, del Sr. Andrews, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación en la RDC (masacre de Kisangani); 
B5-0352/2002, de la Sra. Sauquillo Pérez del Arco y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre la tragedia de Kisangani y la situación en la República Democrática del Congo; 
B5-0359/2002, del Sr. Johan Van Hecke y otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la reciente masacre de Kisangani, República Democrática del Congo; 
B5-0371/2002, del Sr. Miranda y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la tragedia de Kisangani y la situación en la República Democrática del Congo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desde 1998 se libra una guerra en el Congo que se ha cobrado la vida de 3,5 millones de personas. 
Dos tercios del territorio siguen estando ocupados. 
Hace poco nos estremeció la noticia de una nueva masacre con 200 muertos en Kisangani. 
Esta masacre se ha producido dos años después de que en la misma ciudad hubiera 1.200 víctimas mortales a causa de unos enfrentamientos entre dos grupos armados rivales. 
Es evidente que las víctimas se encuentran sobre todo entre la población civil pero los responsables quedan impunes. 
Amnistía Internacional opina que entre la masacre de entonces y la de ahora hay alguna relación. 
Asimismo, la opinión internacional no ha prestado nunca la atención suficiente a la guerra del Congo. 
Sólo durante la presidencia belga la Unión Europea hizo más esfuerzos que antes para establecer un diálogo constructivo. 
Sin embargo, me pregunto por qué no se ha reforzado la MONUC. 
La MONUC es ahora objeto de vejaciones y sus funcionarios son expulsados por el RCD-Goma. 
¿Y por qué no se ha desmilitarizado todavía Kisangani a pesar de las resoluciones del Consejo de Seguridad? 
¿Qué estamos haciendo nosotros realmente para que el proceso de paz se salde con éxito cuando las facciones más importantes ni siquiera se han sentado en la mesa de las negociaciones? 
¿Qué estamos haciendo sobre el terreno para abrir de nuevo el río Congo? 
Actualmente, a la población del interior no le llegan los alimentos ni las medicinas. 
Nadie puede suministrarles nada porque, probablemente, la única vía de comunicación es el río Congo. 
Pensar en estas circunstancias en la reconstrucción del Congo es ' wishful thinking?. 
Además, no hay ningún avance en este ámbito, más bien todo lo contrario porque la desmilitarización se ha visto paralizada. 
Sólo Namibia ha hecho algo. 
Comprendo que Ruanda quiera velar por su seguridad pero ¿por qué la política internacional no protege en mayor medida a Ruanda obligando a todo el mundo a que abandone el país porque sólo están allí para saquear las materias primas? 
No están luchando entre ellos, sino que están robando a la población civil lo poco que les quedaba. 
Señor Presidente, el Diálogo Intercongoleño no ha terminado. 
Su cierre en falso en Sun City (Sudáfrica) con un acuerdo parcial está suponiendo la pervivencia de los enfrentamientos y, en último extremo, de masacres como la de Kisangani. 
El drama humano está hoy en Kisangani, en Kivu y Bunia, pero el problema político de fondo está desde hace 40 años en la ilegitimidad de los gobiernos y de las instituciones de la República Democrática del Congo, como ha señalado la Sra. Maes. 
Sólo un proceso honesto de transición democrática, en el que estén integrados todos los partidos de la oposición, dará lugar a la paz y a la soberanía nacional. 
El Grupo Socialista denuncia la masacre de Kisangani y la presencia de distintas tropas extranjeras en la RDC y apoya los esfuerzos de pacificación de Masire, de Ajello y La Monuc para, respectivamente, la reapertura de un diálogo integrador y la desmilitarización de las zonas del Congo ocupadas por grupos armados y tropas regulares de los países vecinos. 
Y con este espíritu, proponemos las siguientes enmiendas orales al texto de compromiso: 
1° Añadir al considerando H el siguiente párrafo, que coincide con la declaración del Consejo de la Unión Europea sobre Sun City. "Lamentando, no obstante, que algunos participantes no hayan aceptado sumarse a este acuerdo e invitando a todas las partes congoleñas a la responsabilidad y al respeto del marco establecido en los acuerdos de Lusaka y en las resoluciones de Naciones Unidas". 
Con este añadido, se recoge todo lo que dijo la Unión Europea sobre Sun City. 
Citar sólo la primera parte daría una idea sesgada de la posición de la Unión Europea que, por supuesto, apoyamos. 
2° Añadir al apartado 5 de la Resolución, después de la sociedad civil, el siguiente párrafo: "Lamenta que los partidos de la oposición (UDPS, FONUS, PALU y MNC/L) , así como otros partidos y plataformas representativas de la sociedad civil, no hayan firmado el acuerdo del 19 de abril". 
Por lo tanto, el apartado 5 quedaría de la siguiente forma: "Saluda el acuerdo político sobre el consenso para la transición en la RCD firmado el 19 de abril de 2002 entre el Gobierno de la RDC, el MLC de Jean Pierre Bemba, el RDC-ML, el RDC-N y otros delegados de la oposición no armada y de la sociedad civil; lamenta que los partidos de la oposición (UDPS, FONUS, PALU y MNCL) , así como otros partidos y plataformas representativas de la sociedad civil, no hayan firmado el Acuerdo del 19 de abril y apoya los esfuerzos del representante especial de la Unión Europea de sacar adelante la Alianza para la Protección del Diálogo Intercongoleño que incluya al RCD-Goma y a cinco partidos de la oposición no armada en este acuerdo". 
El Grupo Socialista votará en contra del considerando E, porque no creemos que, en las actuales condiciones políticas de la RDC, se pueda afirmar que la población de Kisangani, ni de ninguna otra provincia, se haya expresado democráticamente. 
Hay que corregir en el texto, también, la fecha del Acuerdo de Sun City, que tuvo lugar el 19 de abril y no el 19 de mayo, como erróneamente figura en la Resolución. 
En un conflicto tan complejo como el del Congo, en el que juegan tantos intereses espúrios, el papel del Parlamento Europeo debe ser de conciliación e integración, de velar, en la medida de sus posibilidades, por la instauración de una democracia real y no de un simulacro de democracia 
Señor Presidente, quien haya contemplado desde el aire el imponente paisaje fluvial del Congo o de los grandes lagos vecinos sabe que ha visto uno de los grandes espacios más fascinantes de la tierra. 
Es una especie de continente dentro de un continente. 
Por ello hay que constatar por desgracia que no se trata de un problema normal interno de un Estado, sino que la dimensión de la guerra del Congo hay que compararla con la Guerra de los Treinta Años. 
Del mismo modo que entonces los motivos religiosos fueron puestos al servicio de intereses políticos y económicos, también en el gran territorio del Congo y en la República Democrática del Congo se están instrumentalizando los motivos étnicos al servicio de intereses de multinacionales, de intereses en los recursos naturales, de intereses de poder en la región. 
Al igual que en la época de la Guerra de los Treinta Años, los Estados vecinos también están envueltos con sus tropas en esta guerra civil, tropas que no regresan a sus países de origen, sino que son parte de las bandas que merodean por este vasto territorio. 
Por ello es desgraciadamente un problema cuya solución tomará mucho tiempo. 
Debemos lograr cohesionar a ese inmenso territorio surgido de la descolonización hasta lograr que sea un estado. Esto sólo podrá hacerse en un proceso paulatino. 
Este proceso debe enlazar con lo que se acordó en Sun City, pero debemos tener presente que esto no será posible de un día para otro, sino que precisa de muchísimos pequeños pasos y que sólo podremos hablar de democracia cuando hayamos asegurado la capacidad funcional elemental del Estado. 
Para ello es necesario un mínimo de administración, un mínimo de comunicación, la reapertura del tráfico fluvial en el Congo, auténtica arteria vital de este inmenso país sin la que no puede ser reconstruido. 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión comparte la preocupación por la violencia y la represión en Kisangani y condena enérgicamente los terribles eventos del 14 de mayo. 
Nosotros recordamos, como la declaración que se hizo en nombre de la Unión Europea, las obligaciones derivadas de las resoluciones de las NU para la desmilitarización de Kisangani, así como los compromisos adquiridos por las partes bajo el Acuerdo de Alto el Fuego de Lusaka. 
A la Comisión le gustaría reiterar que el Acuerdo de Lusaka es actualmente el único compromiso de alcanzar una solución negociada y, en muchas ocasiones, la comunidad internacional ha subrayado la necesidad absoluta de respetarlo. 
La Unión ha recibido con satisfacción el acuerdo al que llegaron el Gobierno y el MLC para compartir el poder. 
Sin embargo, la Comisión acentúa la necesidad de que todas las partes suscriban un acuerdo inclusivo y consensuado para la transición en la República Democrática del Congo. 
La Comisión cree que la resolución política de la crisis será el objetivo de todas las partes y de la comunidad internacional. 
Apoyamos plenamente la iniciativa reciente del Secretario General de las NU de dar más apoyo al diálogo intercongoleño con el nombramiento de un Enviado Especial. 
La Comisión está a favor de una investigación internacional sobre la supuesta masacre de Kisangani, pero creemos que la MONUC y otras agencias de las NU presentes en la región pueden proporcionar suficientes elementos y evidencias. 
En este momento crítico, la Comisión considera que debe darse prioridad a los intentos internacionales de continuar las conversaciones de paz y las negociaciones entre las partes, incluidos los países extranjeros implicados en el conflicto. 
Solicitamos a todas las partes del Acuerdo de Alto el Fuego de Lusaka que respeten el final de las hostilidades y se abstengan de realizar acciones que puedan obstaculizar la búsqueda de una solución inclusiva al conflicto. 
Muchas gracias, Señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Guinea Ecuatorial 
B5-0336/2002, del Sr. Rod y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial; 
B5-0348/2002, del Sr. Van den Bos y otros, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial; 
B5-0353/2002, de la Sra. Sauquillo Pérez del Arco y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre el proceso contra la oposición democrática en Guinea Ecuatorial; 
B5-0361/2002, de los Sres. Bartolozzi y Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre los derechos humanos en Guinea Ecuatorial; 
B5-0372/2002, del Sr. Miranda y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los derechos humanos en Guinea Ecuatorial; 
Bielorusia (caso de Andrew Carpenter) 
B5-0340/2002, de las Sras. Schroedter e Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la misión de la OSCE AMG en la República de Bielorusia (Bielorrusia); 
B5-0344/2002, del Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre la República de Bielorusia; 
B5-0354/2002, del Sr. Wiersma, en nombre del Grupo PSE, sobre la misión de la OSCE AMG en la República de Bielorusia; 
B5-0362/2002, del Sr. Sacrédeus y otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación política en la República de Bielorusia; 
B5-0366/2002, del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la República de Bielorusia; 
B5-0373/2002, del Sr. Marset Campos, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la República de Bielorusia; 
B5-0342/2002, de la Sra. Nicholson of Winterbourne, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación de los derechos humanos en Siria y sobre el caso del Sr. Riad al Turk; 
B5-0350/2002, de la Sra. Boumediene-Thiery y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el caso del Sr. Riad al Turk y sobre la situación de los derechos humanos en Siria; 
B5-0355/2002, de la Sra. Napoletano y el Sr. Van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre el caso de Riad al Turk (Siria); 
B5-0363/2002, de los Sres. Tannock y Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación de los derechos democráticos en Siria, y en concreto sobre el caso de Riad al Turk; 
B5-0374/2002, de las Sras. Eriksson y Boudjenah, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los derechos humanos en Siria; 
Malasia 
B5-0339/2002, de la Sra. McKenna, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la detención sin proceso en virtud de la Ley de Seguridad Interior en Malasia; 
B5-0346/2002, del Sr. van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre Malasia; 
B5-0356/2002, del Sr. van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Malasia; 
B5-0364/2002, del Sr. Cushnahan y otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación actual en Malasia; 
B5-0375/2002, de las Sras. Morgantini y Frahm, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Malasia; 
Abolición de la pena de muerte en Japón, en Corea del Sur y en Taiwán 
B5-0338/2002, de la Sra. Frassoni y el Sr. Wuori, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la abolición de la pena de muerte en Japón, en Corea del Sur y en Taiwán; 
B5-0341/2002, de la Sra. Malmström, en nombre del Grupo ELDR, sobre la abolición de la pena de muerte en Japón, en Corea del Sur y en Taiwán; 
B5-0357/2002, de la Sra. Díez González y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre la abolición de la pena de muerte en Japón, en Corea del Sur y en Taiwán; 
B5-0376/2002, de la Sra. Boudjenah y el Sr. Manisco, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la pena de muerte. 
Guinea Ecuatorial 
Actualmente, Guinea Ecuatorial es escenario de violaciones de los derechos humanos fundamentales que son inaceptables. 
Decenas de opositores al régimen del Presidente Teodoro Obiang han sido detenidos arbitrariamente y procesados bajo la acusación de conspiración, incitación a la rebelión y tentativa de asesinato del Presidente. 
En realidad, el proceso que se inició el 23 de mayo no tiene otro objetivo que el de dejar fuera de juego a los líderes de la oposición, quienes, junto con sus familias, han sido detenidos en condiciones inhumanas, y están siendo víctimas de brutales torturas. 
La libertad de expresión y de prensa es sistemáticamente despreciada, y los periodistas independientes sufren diariamente insidiosas presiones. 
Se aplica una política represiva y brutal a todos los ciudadanos que tienen una ideología opuesta. 
Los sesenta y ocho líderes de la oposición han sido condenados a penas de cárcel en un proceso en el que la equidad ha brillado por su ausencia, y que ha despreciado los derechos de la defensa más elementales; algunos de ellos corren incluso el riesgo de ser condenados a muerte. 
Es indispensable que Guinea Ecuatorial respete sus compromisos en el seno de la Comunidad Internacional y de la Unión Europea, y emprenda un verdadero proceso de democratización que incluya la celebración de elecciones libres y el respeto absoluto a los derechos humanos. 
Hay que establecer un diálogo entre las fuerzas de la oposición, con el fin de garantizar los derechos políticos, la democracia y el pluralismo. 
Bajo este prisma, el proceso tiene que ser anulado, y los prisioneros políticos deben ser puestos en libertad de inmediato. 
En cuanto a la prensa, ha de tener la posibilidad de cubrir los acontecimientos de forma libre y segura. 
Para ello, es esencial que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE plantee urgentemente el problema de Guinea Ecuatorial en el seno de su Asamblea, y que el Consejo y la Comisión muestren una firmeza inquebrantable en sus relaciones con el gobierno de este país. 
Para garantizar un rápido restablecimiento del Estado de derecho y del respeto a los derechos humanos, hay que poner en marcha lo antes posible un procedimiento de consulta entre el gobierno de Guinea y la Unión Europea, que está previsto por el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú. 
Hoy, como europeos, no podemos permanecer indiferentes ante lo que está sucediendo en Guinea Ecuatorial ni ante los ataques a los derechos humanos. 
Señor Presidente, es importante que el Parlamento Europeo dé a conocer sus opiniones sobre la situación de deterioro de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. 
Desde marzo de este año los opositores al régimen del Presidente Obiang han sido detenidos y procesados arbitrariamente en condiciones deplorables e inaceptables. 
Los detenidos han sido sometidos a torturas brutales e inhumanas y con frecuencia se les ha impedido contactar con sus familias y abogados. 
En algunos casos, los familiares de los detenidos han sido arrestados simplemente debido a su relación con el acusado. 
Los periodistas independientes que informan sobre los juicios políticos están sometidos a una presión extrema y varias organizaciones pro derechos humanos informan que se han producido muertes debido a las lesiones causadas por la tortura infligida durante la detención. 
La naturaleza y el momento elegido de los arrestos me llevan a detectar un intento cínico por parte de las autoridades de infundir miedo ante las elecciones que se celebrarán el año que viene. 
Creo que se debe dar a la Cruz Roja un acceso inmediato a los detenidos, que se deben introducir en el país supervisores internacionales y que se debe poner fin a la detención arbitraria. 
Guinea Ecuatorial está claramente transgrediendo todas las convenciones de los derechos humanos que ha firmado. Está socavando su propio compromiso con la Unión sobre la democratización y la plena protección de los derechos humanos. 
Esta Unión debe tomar una postura firme ante las autoridades de Guinea Ecuatorial y exigir que se respeten los compromisos adquiridos. 
Hablar de justicia en ese país es hablar el lenguaje de la tortura y de la brutalidad sistemática. 
Esta traición a los valores humanos centrales sirve para recordarnos el a menudo trágico abismo que se abre entre las palabras y la acción y los derechos humanos en muchas partes del mundo. 
Esta Cámara debe asumir el desafío de reducir ese abismo con energía y autoridad. 
Pedimos que el conjunto de la UE dé a conocer sus preocupaciones a las autoridades de Guinea Ecuatorial y les solicite que se ponga fin a los abusos actuales de los derechos humanos. 
. 
(EN) La Comisión está muy preocupada por la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y agradece la atención que dedica el Parlamento al asunto en este debate. 
La Comisión piensa que el reciente juicio demuestra las deficiencias del régimen en relación con la transición a la democracia y el respeto del imperio de la ley y los derechos humanos. 
La Comisión considera que las sentencias han sido rigurosas y recuerda la declaración que se hizo en nombre de la Unión condenando la irregularidad de los procedimientos y la debilidad de las pruebas presentadas. 
La Comisión deplora las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para eliminar a Guinea Ecuatorial de la lista de países que deben ser observados por Representantes Especiales. 
La Comisión considera que, bajo estas circunstancias, deben visitar el país lo antes posible Informadores Especiales sobre asuntos como la tortura, la independencia del poder judicial y la libertad de prensa. 
La ayuda comunitaria estuvo bloqueada desde 1993 hasta 1997 por no respectar los derechos humanos y sólo se ha reanudado parcialmente. 
El octavo Programa Indicativo Nacional del EDF acentúa el apoyo a la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley. Obviamente, éste ha tenido un efecto sólo limitado, pero permite a la Comisión dar un apoyo condicionado al respeto de los derechos humanos sin recurrir a la aplicación del Artículo 96 del Acuerdo de Cotonou. 
La Comisión teme que el efecto financiero de los riesgos de cooperación al desarrollo sean inefectivos en comparación con el nivel de recursos procedentes del petróleo. 
Por lo tanto, por el momento cree apropiado mantener un sólido diálogo con el Gobierno así como una presión internacional y pública constante. 
La Comisión está siguiendo de cerca la situación del país y no excluye la posibilidad de abrir consultas bajo el Artículo 96 del Acuerdo de Cotonou. 
Señor Presidente, coincido plenamente con la señora Schroedter y con el señor Wiersma y resumiré en algunos puntos la postura de los cristianodemócratas ante el cierre de la oficina de la OSCE en Minsk. 
En primer lugar, el cierre no es un acto de fuerza por parte de Bielorrusia. 
Más bien es una expresión de debilidad. 
En segundo lugar, realmente Bielorrusia está diciendo que busca contacto con la UE, aunque de manera desesperada. 
En tercer lugar, Bielorrusia busca una carta para negociar, para jugar contra la Unión Europea. 
En cuarto lugar, Bielorrusia intenta de esta manera actualizar su enorme necesidad de discutir con la Unión Europea sus conflictos limítrofes y la situación de los refugiados en ese país. 
Fundamentándonos en este análisis podemos sentarnos a discutir abiertamente con Bielorrusia, partiendo siempre de nuestra enérgica y esencial crítica por el inaceptable cierre de la oficina de la OSCE en Minsk. 
Pido a la Comisión y al Comisario Liikanen- a quien le insto a conversar con el Comisario Patten- que intensifiquen todos los contactos con Bielorrusia. 
Lo que ha ocurrido con la oficina de la OSCE en Minsk demuestra que Bielorrusia está buscando alguna forma de contacto. 
Pero lo hacen de manera inaceptable; no podemos aceptar que los vecinos de la Europa ampliada se comporten de esta manera. 
También es conveniente que el Parlamento Europeo diga claramente que el presidente Putin, en el marco de la unión entre Bielorrusia y Rusia, tiene la enorme y especial responsabilidad de presionar a Bielorrusia para que actúe con credibilidad en el plano internacional. 
Señor Presidente, en los últimos cuatro años la misión de la OSCE ha realizado un trabajo impresionante en Bielorusia en unas circunstancias especialmente duras. 
En la resolución común que se ha presentado se expresa acertadamente el mayor respeto por este trabajo realizado. 
¿En qué consiste el mérito de este Grupo de Asistencia y Evaluación? 
El antiguo director y gran impulsor de ello, Hans-Georg Wieck, ha resumido este compromiso punto por punto: la observación de la situación de los derechos humanos y del funcionamiento del estado de derecho en Bielorusia, la prestación de ayuda jurídica a las familias afectadas, la documentación de los procesos judiciales e intervención directa en los casos de violación de los derechos humanos, la prestación de ayuda humanitaria a las víctimas de la persecución estatal por razones políticas y con medios administrativos o penales, el desarrollo de un radio de acción y de colaboración de los partidos políticos, la formación de una coalición de partidos y fuerzas sociales, la observación de elecciones con la ayuda de la población local y, finalmente, la puesta en marcha de proyectos para reforzar la sociedad civil. 
Evidentemente, el presidente autoritario de Bielorusia, Alexander Lukashenko, veía todas estas actividades desde el principio con malos ojos. 
Utilizando los medios que estaban a su alcance ha hecho caso omiso del trabajo de la misión de la OSCE de Minsk, lo ha obstaculizado o, peor aún, lo ha ridiculizado en público. 
Sin embargo, esto no le ha dado mayor popularidad al gran manipulador de las urnas Lukashenko. 
Más bien lo contrario porque su estrella está bajando en los sondeos de opinión mientras la de su aborrecida misión de la OSCE está en claro ascenso. 
Por eso no es de extrañar que el jefe de estado bielorruso quiera ahora vencer a la misión de la OSCE de Minsk jugando la baza de los visados. 
Al Consejo y a la Comisión les corresponde ahora la tarea de abortar este intento, colaborando estrechamente, si fuera posible, con la Federación Rusa porque no podemos defraudar y abandonar en estos momentos cruciales a la sociedad civil incipiente de Bielorusia. 
Por lo tanto, coincido plenamente con Hans-Georg Wieck en que está en juego nada menos que la credibilidad de las instituciones europeas. 
Señor Presidente, soy de la opinión de que el Sr. Sacrédeus se ha referido a algo esencial. 
Lo que en la Edad Media se conocía como Polonia, era en realidad una federación tripartita y paritaria constituida por Polonia, Lituania y Bielorrusia. 
Lituania y Polonia serán miembros de la UE este año o al siguiente, mientras que Bielorrusia, hoy por hoy, está más alejada de ello que la democrática República del Congo, de la que acabamos de hablar. 
Es trágico, y es, sobre todo, responsabilidad del Sr. Lukaschenko. 
Porque el pueblo bielorruso se ha comprometido con las movilizaciones en favor de la democracia que condujeron a la caída del comunismo, con las movilizaciones democráticas que llevaron a la disolución de la Unión Soviética. 
Por eso debemos respaldar con fuerza en ese país al movimiento en favor de la democracia, al movimiento en favor de los derechos humanos, que hoy está siendo apoyado desde Praga, desde Varsovia, y desde otros lugares por luchadores en favor de los derechos humanos de la época de la lucha contra el comunismo, y también por nosotros; y debemos darles una señal de que sabemos que son europeos, que pertenecen a nuestra comunidad. 
Naturalmente debemos trabajar en pos de ello con todos los medios democráticos y diplomáticos para que la OSCE sea realmente operativa, para que el intento de eludir los controles fracase, para que el intento de ocultar esas medidas represivas bajo un paraguas de medidas autoritarias fracase también. 
Pero yo sería muy prudente respecto de la incorporación de Moscú en este proceso, pues la antigua metrópoli colonial tiene una parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo hoy en Bielorrusia. 
Debemos colaborar con todos, también con Rusia. 
Pero veo una responsabilidad particular de la UE que debe dejar claro que ese país europeo algún día tendrá sitio entre nosotros, pero que antes la OSCE y el Europarat deben hacer su trabajo y, sobre todo, lo que resulta decisivo, deben hacer que los derechos humanos prevalezcan. 
No debe permitirse que un régimen secuestre a todo el conjunto. 
. 
(EN) Señor Presidente, la Comisión acoge con satisfacción este oportuno debate y comparte las profundas preocupaciones que han suscitado la lamentable información sobre los derechos humanos y la democracia en Bielorrusia. 
La UE y sus Estados Miembros han apoyado los movimientos de la OSCE para mantener abierta y operativa la misión de ayuda de la OSCE en Bielorrusia. 
La UE ha emitido una serie de declaraciones, bien desde la OSCE en Viena o desde la Presidencia de Madrid, condenando enérgicamente la acción de las autoridades bielorrusas para suprimir las actividades de la oficina de la OSCE en Minsk. 
Por medio de su delegación en Viena o durante las reuniones del grupo de trabajo del Consejo, la Comisión ha participado de forma muy activa en los debates sobre la posición de la OSCE frente a Bielorrusia. 
La clausura de la misión de la OSCE en Minsk pondría en peligro muchas de las actividades de la misión, sobre todo la observancia de los compromisos de Bielorrusia bajo los principios de los Derechos Humanos de la OSCE. 
Si la misión se cierra, esta información dejará de ser posible. 
El caso del Sr. Andrew Carpenter es sólo un ejemplo de los métodos usados por las autoridades bielorrusas para amordazar a los observadores de la OSCE que trabajan en su país en total acuerdo con las normas diplomáticas y de la OSCE. 
La Comisión ha dejado claro, en sus contactos con las autoridades bielorrusas, que considera el Grupo de Ayuda y Supervisión de la OSCE como una prueba significativa para la aproximación de las autoridades al desarrollo de la democracia, la sociedad civil y los derechos humanos en Bielorrusia. 
Si Bielorrusia pretende unirse a la familia democrática de las naciones europeas y establecer relaciones plenas con la UE en todos los niveles, debe demostrarlo aceptando el mandato y los servicios del AMG. 
Seguiremos los desarrollos muy de cerca y si es necesario propondremos una acción futura para apoyar la resolución de la OSCE. 
Señor Presidente, quiero empezar mi intervención refiriéndome a un caso personal. 
El abogado Riad Turk, después de haber pasado dieciocho años en la cárcel por delitos de opinión, fue liberado en 1998. 
Hace algunos meses fue encarcelado de nuevo por los mismos delitos de opinión. 
El proceso está en curso y el acusado corre el riesgo de que se le imponga una condena de quince años. 
Todo esto ocurre en Siria donde, a pesar de las esperanzas de renovación que ha hecho concebir el nuevo presidente Bashar Al-Assad, desgraciadamente, los espacios de libertad no se han ensanchado en absoluto. 
Hablemos pues de Riad Turk, un líder de la oposición política que ha pagado un muy alto precio por defender sus ideas. 
Tras haber sido nuevamente detenido, el abogado Riad Turk que ya es muy mayor y no goza de buena salud- podemos imaginar lo que significa estar veinte años en la cárcel en aquel país- se ha puesto peor en los últimos meses. 
En Occidente le conocemos poco porque no ha querido nunca hacer de su caso una excepción. 
Ha vivido siempre con gran dignidad y le han sido prohibidos hasta los libros. 
Para no perder la sensación del tiempo y de la realidad, intentaba sobrevivir y no perder la concentración componiendo dibujos con pequeñas piedras que encontraba en su celda. 
Junto con él se hallan en la cárcel, acusados del mismo delito, también dos miembros del parlamento sirio. 
Estos son los delitos: participación en reuniones políticas no autorizadas por el régimen. 
Miramos con interés y atención a un país clave de la región y estamos a favor de que se concluya el acuerdo de asociación que la Comisión está negociando. 
Es evidente, sin embargo, que el respeto a los derechos humanos es una condición esencial de estos acuerdos. 
Por lo tanto, esperamos que los negociadores de la Comisión Europea planteen con firmeza también el caso del anciano abogado Riad Turk. 
Nadie puede invocar las diversidades culturales; se trata de condiciones elementales que un Estado de derecho debe respetar. 
Señor Presidente, estoy consternado ante la evolución de la situación de los derechos humanos en Malasia, sobre todo después de los sucesos del 11 de septiembre. 
Con el pretexto de combatir el terrorismo, el Primer Ministro de Malasia, Mohamad Mahathi, ha recurrido en múltiples ocasiones a la Ley de Seguridad Interior (Internal security act) , que permite detener a cualquier persona sospechosa de atentar contra la seguridad nacional sin ser juzgada, con el objetivo de intensificar las medidas represivas que limitan las libertades individuales, sobre todo la libertad de expresión, y de cerrarle la boca a la oposición política, sea del tipo que sea. 
En algunos meses, hemos pasado de la imagen de un país que está despegando, bajo la batuta de hombres civilizados, a la de un país cuyos dirigentes destruyen con sus propias manos lo que previamente han edificado. 
Por ello, el Parlamento tiene la obligación de condenar este camino equivocado y de conminar al gobierno malayo no sólo a garantizar el respeto a las libertades individuales, sino también a abolir esta célebre Ley de Seguridad Interior, y a ratificar, con la mayor brevedad posible, el Convenio Internacional de Derechos Humanos, Políticos y Cívicos, el Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también el Convenio contra la Tortura. 
Es igualmente indispensable que el Parlamento Europeo envíe una misión a Malasia, para investigar en qué condiciones están detenidos los prisioneros políticos, y si sus derechos fundamentales han sido violados. 
Para finalizar, la Unión Europea debería incluir esta cuestión en el orden del día de las próximas reuniones que mantenga con la ANSA. 
Señor Presidente, desde los ataques del 11 de septiembre, el gobierno malasio ha intensificado sus medidas internas de seguridad supuestamente contra militantes islámicos sospechosos. 
Éste ha recurrido cada vez más al uso de la Ley para la Seguridad Interior, que permite detener a las personas indefinidamente sin pruebas si, en opinión del gobierno, son sospechosas de amenazar la seguridad nacional. 
Los grupos defensores de los derechos humanos han criticado sin cesar el abuso de esta legislación draconiana. 
El Tribunal Supremo de Malasia ha pedido también al Parlamento que revise su uso. 
Esta resolución solicita razonablemente la abolición de la Ley para la Seguridad Interior y todas las demás leyes que permitan la detención sin pruebas. 
Es también claro que el gobierno está usando el pretexto de tomar medidas enérgicas contra el terrorismo como un medio de suprimir a los opositores al gobierno y sus críticos. 
El uso repetido de la Ley para la Seguridad Interior a menudo ha tenido una motivación política y ha sido políticamente selectivo. 
Se ha utilizado para arrestar y detener sin pruebas a varios miembros de la sociedad civil Malasia, entre ellos a líderes de la oposición, académicos, sindicalistas y estudiantes y con frecuencia sin acusarles formalmente y negándoles el acceso a un abogado. 
La resolución subraya el hecho de que cerca de 40 activistas políticos han sido arrestados desde 2001 al amparo de la Ley. 
La resolución reclama adecuadamente bien la liberación, bien el procesamiento de todos los presos políticos de conciencia, entre ellos los seis presos políticos específicamente nombrados en la resolución, quienes han sido encarcelados por ejercer el derecho a la asociación política legítima y al disentimiento. 
Les queremos ver bien liberados, bien formalmente acusados y, en este caso, es nuestro deseo que reciban un juicio justo e inmediato. 
Para terminar, pediría que toda la cooperación política futura con Malasia esté condicionada a la abolición del gobierno malasio de la Ley para la Seguridad Interior y la liberación de todos los presos políticos, para que todos los malasios se aseguren de que sus derechos humanos básicos consagrados en su constitución sean respetados. 
Señorías, tengo el honor de dar la bienvenida en nombre del Parlamento Europeo a una Delegación de miembros de la Asamblea Nacional de la República Popular de Laos que acaban de tomar asiento en la tribuna de honor. 
La Delegación está presidida por la Vicepresidenta, la Sra. Pany Yathotou, y el motivo de su visita a Estrasburgo es el Tercer Encuentro Interparlamentario entre el Parlamento Europeo y Laos. 
Deseamos que la visita al Parlamento Europeo les resulte provechosa. 
Señor Presidente, Malasia podría ser en muchos aspectos un modelo para amplias zonas de Asia e, incluso, de Europa. 
Si se considera la constitución otorgada por el sabio fundador del Estado, Tunku Abdurahman, en la que los distintos Estados se federan, los nueve sultanes eligen cada cinco años una autoridad suprema del estado común, las diferentes razas y religiones conviven sin violencia y relativamente sin conflictos, podría decirse que Malasia tiene todas las trazas para ser un Estado modelo, incluso a nivel económico- pese a los retrocesos de los años pasados- ha habido durante décadas un notable desarrollo. 
Por eso resulta tan dramático contemplar los rasgos autocráticos que empieza a adoptar el régimen del Sr. Mahathir. 
Por un lado intenta, en nombre de un Islám politizado, ir contra quienes no piensan igual. 
Además utiliza la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el islamismo, para ir contra quienes no piensan como él, sólo que bajo otra etiqueta. 
Por un lado se erige en representante de la democracia e intenta conseguir reconocimiento mundial, y por otro es un autócrata brutal que niega el mínimo Estado de derecho. 
De esto se trata en relación a este Acta de Seguridad Interna, de que debe producirse un control judicial, de que debe haber un material probatorio adecuado, de que se deben garantizar las condiciones propias relativas a arrestos y de que debe haber posibilidades de carácter jurídico estatal para recurrir los arrestos. 
Nada de esto se les garantiza a los presos políticos malayos. 
Por ello debemos utilizar las próximas cumbres UE-ASEAN y UE-Asia para presionar enérgicamente para que un socio tan importante como Malasia respete los derechos humanos, vuelva a sus raíces, renueve la convivencia pacífica de las distintas religiones y grupos étnicos y desaparezcan de una vez las medidas represivas que se han estado agudizando en los últimos años y que se han traducido en un crecimiento de la cifra de presos políticos, pues estas medidas represivas no se corresponden con el estatuto de Malasia como socio preferente de la Unión Europea. 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión celebra el compromiso de Malasia con la lucha contra el terrorismo y los pasos concretos que ha dado para cumplir ese compromiso. 
Sin embargo, la Comisión se toma muy en serio las preocupaciones reflejadas en el debate de hoy y, en Malasia, como en muchos otros países, la lucha contra el terrorismo ha tenido a menudo efectos negativos en relación con los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Aunque la Comisión aún carece de presencia permanente en Kuala Lumpur, tiene conocimiento junto a los Estados Miembros presentes en Malasia de la situación de los derechos humanos en el país, incluida la aplicación de la ley para la seguridad interior, debido a sus contactos con el gobierno, los partidos de la oposición, la sociedad civil Malasia y la comisión nacional de derechos humanos. 
Como mi colega David Byrne señaló con claridad el año pasado en el debate sobre este asunto, la Comisión sigue preocupada por el uso de la Ley para la Seguridad Interior (ISA) y particularmente por la supresión de la oposición política legítima. 
La Comisión cree que las autoridades Malasias deben o bien liberar a los opositores políticos detenidos al amparo de la ISA, o bien dejar que accedan a un tribunal de justicia abierto. 
La Comisión sigue apoyando en todo momento las iniciativas de la UE relativas a los derechos humanos propuestas al gobierno de Malasia. 
El 8 de mayo la Comisión adoptó su documento de estrategia para Malasia, en el que se propone usar los instrumentos apropiados de financiación de la CE para respaldar actividades que refuercen la gobernanza y el papel de la sociedad civil en Malasia. 
Al llevar a cabo esta estrategia nuestro objetivo será establecer un diálogo constructivo con el gobierno de Malasia sobre estos asuntos. 
Más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte o están haciendo una moratoria práctica y este número de países va en aumento. 
Se trata sobre todo de países de la antigua Unión Soviética y de otros en esa región. 
En Europa también se están dando pasos muy importantes para abolir la pena de muerte, también en tiempos de guerra. 
Más de treinta y seis países europeos ya se han mostrado de acuerdo. 
Mientras tanto, en Asia estamos presenciando también un movimiento tanto de gobiernos como de organizaciones de derechos humanos a favor de la abolición. 
Sin embargo, la situación en Japón sigue siendo muy penosa a pesar de los pasos positivos que se están dando en el parlamento japonés. 
Por otra parte, el número de ejecuciones al año es menor que en muchos otros países. 
Entre 1993 y 2000 ha habido treinta y nueve presos que fueron ejecutados. 
Pero el sistema de ajusticiamiento es muy distinto a lo que cabe esperar de un país civilizado y de una potencia industrializada. 
También ha habido casos en que los abogados ni siquiera podían recuperar el cadáver, sino solamente los huesos incinerados de los condenados. 
Con muchísimo entusiasmo acojo la comunicación del Ministerio de Justicia taiwanés de que se abolirá la pena de muerte en Taiwán en 2004. 
Hasta 1998 ha habido todavía ejecuciones en Taiwán. 
Ahora hay una moratoria en este país y en enero de este año se abolió la ley ' Mandatory Death Penalty? de 1944. 
Además, en Corea del Sur estamos viendo que también surgen movimientos esperanzadores en favor de la abolición de la pena de muerte y lo celebramos sinceramente. 
Señor Presidente, la abolición de la pena de muerte es una parte esencial del mensaje moral que la UE quiere enviar al mundo, no sólo a los países libres y democráticos, sino también, de manera especial, a las dictaduras. 
La abolición de la pena capital simboliza también el concepto de dignidad humana- igual para todos los hombres e inviolable- que tiene sus raíces profundas en la ética judeocristiana de nuestra civilización occidental. 
La postura de la UE respecto a la pena de muerte tiene un fundamento moral y ético muy profundo y consciente, en el que descansa el concepto del hombre en nuestra civilización. 
La ampliación de la Unión implica también que el principio de la abolición de la pena de muerte se extenderá a nuevos países de la Europa del Este y de la antigua Unión Soviética. 
Los cristianodemócratas y los socialiberales del Grupo PPE-DE lamentamos que en esta resolución se envíe el unificador principio de la abolición de la pena de muerte, que respaldamos plenamente, tan solo a países libres y democráticos como Japón, Corea del Sur, donde se está jugando el Campeonato Mundial de Fútbol, y Taiwán. 
Por alguna razón el Grupo socialista- junto con los liberales, los Verdes, los socialistas de izquierdas y los antiguos partidos comunistas- ha optado por no decir nada en el Parlamento Europeo sobre la abolición de la pena de muerte en países vecinos como China y Corea del Norte. 
Esto nos parece incomprensible y unilateral, por lo que nos abstendremos en la votación que tendrá lugar a las 17.30 horas. 
En la lucha por la abolición de la pena de muerte debemos tener el mismo fundamento moral. 
El hecho de señalar con el dedo únicamente a países libres y democráticos nos parece unilateral. 
Es muy lamentable. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, me gustaría agradecerle especialmente a la Sra. Frassoni, la presidenta del Grupo de Los Verdes, el que el lunes sometiera a votación este punto, a título de añadido a las urgencias, y me gustaría darle las gracias a la Sra. Napoletano, del Grupo Socialista, a la Sra. Malmström, del Grupo Liberal, al Grupo PPE- aunque le pese a nuestro amigo, el Sr. Sacrédeus- y al Grupo Comunista, por haber apoyado, respaldado esta resolución. 
Creo que teníamos que acoger con los brazos abiertos esta admirable iniciativa del Consejo de Europa que se refiere a países concretos, que no va dirigida a todos los países, sino a los países observadores en el seno del Consejo de Europa, y en particular a Estados Unidos y a Japón. 
Una delegación del Consejo de Europa se ha desplazado recientemente a Japón para participar en un seminario organizado en el seno de la Cámara de Diputados japonesa, y, a pesar de lo que dice el Sr. Ford, la liga parlamentaria que efectivamente existe desde hace nueve años estaba un tanto aletargada, habiendo retomado su labor hace muy poco tiempo. 
Dicho esto, creo que la cuestión de la pena de muerte en los países democráticos es una cosa, y que la pena de muerte en los países no democráticos y dictatoriales es otra. 
De acuerdo, admito que la gran mayoría de los casos- las cifras arrojan un 98% del total- se refieren a los países en los que hay una dictadura, pero tratándose de ellos, creo que la prioridad quizás no sea la abolición de la pena de muerte, sino de entrada el retorno al Estado de derecho y a la democracia. 
La lucha es totalmente distinta, las fuerzas en conflicto son radicalmente diferentes, pero considero que esta iniciativa que se dirige a tres países democráticos, a tres países del Asia democrática, es importante por una razón esencial. 
Cuando nos reunimos con los altos mandatarios de la República Popular China, observamos que el argumento fundamental es que, según ellos, existiría un modelo asiático de los derechos humanos, un cierto relativismo de los derechos humanos. 
No obstante, hemos de decir que no existe un patrón asiático de los derechos humanos, hay un modelo universal de los derechos humanos y de la democracia, e incorporar a países tan importantes como Japón, Corea del Sur y Taiwán al bando de los países abolicionistas es por tanto fundamental para afirmar esta universalidad de los derechos humanos. 
En consecuencia, es evidente- y espero que así el Sr. Sacrédeus se quede tranquilo- que no renunciamos a la batalla por la abolición de la pena de muerte en los países en los que hay una dictadura; pero en esos países, el problema no es más que uno de tantos. 
Hoy, lo que importa es proclamar esta idea de universalidad, y creo, queridos colegas, que también deberíamos empezar a pensar en la transformación del Consejo de Europa. 
Con la ampliación, se ha producido actualmente un solapamiento entre la Unión Europea y el Consejo de Europa, y considero que deberíamos pensar en transformar el Consejo de Europa en un Consejo Universal de las Democracias, en el que podríamos integrar a países como Canadá, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, con el objetivo de convertir a esta institución en el bastión de una batalla para la consolidación de la democracia en el mundo entero, partiendo de la lucha por la abolición de la pena de muerte y en favor del Tribunal Penal Internacional. 
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen. 
Se levanta la sesión. 
La votación se celebrará hoy a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, muchos aficionados al fútbol en Europa están siguiendo muy de cerca los partidos en Corea del Sur. 
Sorpresas y desilusiones se alternan con mucha velocidad. 
¿Quién hubiera esperado por ejemplo que el equipo de Francia cayera eliminado tan pronto? 
En todo caso, el capitán Zidane no. 
Por otra parte, el equipo del país candidato Eslovenia fue también eliminado. 
La vuelta de Zidane y su equipo francés supone un peligro para millones de animales en Europa porque en Corea del Sur hay fiebre aftosa. 
El virus puede introducirse fácilmente en Europa a través de los alimentos o calzado de jugadores y aficionados. 
Señor Presidente, el control en los aeropuertos europeos y en las fronteras es mínimo. 
Este control se tiene que hacer de forma más rigurosa, siguiendo el ejemplo americano. 
La desinfectación y el cumplimiento de un formulario por parte de los viajeros procedentes de regiones afectadas por la fiebre aftosa deben formar parte de los trámites habituales. 
En Corea del Sur van cayendo poco a poco los equipos europeos. No podemos aceptar que por negligencia vayan cayendo después también nuestras vacas y ovejas. 
Señor Presidente, según los datos científicos actuales la fiebre aftosa es una de las más peligrosas enfermedades víricas que puedan afectar a los rumiantes. 
Ocurre incluso que cuando se produce un contagio de esta enfermedad en cabañas no vacunadas tiene lugar una extensión explosiva. 
Hace poco lo hemos vivido cuando se declaró la enfermedad en Gran Bretaña. 
También conocemos los daños que se produjeron. 
Es igual si la fiebre aftosa está ya o acaba de aparecer en Corea del Sur o en cualquier otro país de la tierra. 
El tráfico de bienes y de personas que se produce de un lugar a otro en tiempos muy breves hace que el peligro esté siempre ahí. 
Por ello pregunto a la Comisión si son suficientes los recursos de la profilaxis para eliminar este peligro a largo plazo. 
Sabemos que la estrategia europea de lucha contra las plagas animales tiene todavía algunas lagunas. 
El estado de los conocimientos, que normalmente aumenta con el tiempo, sólo vale todavía para el caso de la no vacunación. 
Pregunto a la Comisión si no debería intentar modificar esa estrategia en el futuro, precisamente en relación con la fiebre aftosa, de modo que se pueda controlar mucho mejor la profilaxis. 
La profilaxis comienza ya, como han dicho la Sra. Redondo y los oradores que la precedieron, en los aeropuertos y en las estaciones. 
La profilaxis corresponde en una parte importante a los que trabajan con el ganado, y en relación a ello tengo que decir que ha habido situaciones muy negativas. 
Para mi está fuera de duda que en el Día de los Establos Abiertos, esto lo he comprobado siempre, los habitantes de las ciudades se pasean por los establos sin que haya medidas de protección de ningún tipo. 
Todo esto junto constituiría, en mi opinión, una posibilidad para poner freno a esta plaga peligrosa. 
Que podamos erradicarla, y éste ha sido el punto de partida adoptado en los últimos años, es algo que dudo profundamente. 
Pido, pues, que se realice una buena profilaxis digna de ese nombre y pido a la Comisión una respuesta a la altura del problema. 
Señor Presidente, ante todo quisiera decir que más vale prevenir que curar. 
Una de las tareas de la Comisión Temporal de Fiebre Aftosa bajo la dinámica presidencia de la Sra. Redondo Jiménez es justamente investigar esto y presentar un informe al respecto a finales de este año. 
Pero ahora hemos de hacer todo lo posible para evitar la introducción del virus de la fiebre aftosa. 
La propagación de esta enfermedad en Corea del Sur ha llamado la atención por casualidad porque se están celebrando los campeonatos mundiales de fútbol. 
Muchas personas han viajado a Corea para seguirlos en directo. 
Algunos vuelven dentro de poco y otros, muy a su pesar, están volviendo antes de tiempo con el subsiguiente riesgo de que introduzcan el virus de la fiebre aftosa. 
Pero de todas formas, todos los días, -como ha señalado el Sr. Kindermann con mucho acierto- vuelve gente, viajeros y turistas, de África y de Asia donde la fiebre aftosa en sus múltiples variedades está a la orden del día. 
Por lo tanto, la gran pregunta es qué han hecho la Comisión Europea y los Estados miembros desde el último brote del año pasado con respecto a la protección de las fronteras exteriores. 
El viajero no ha notado ningún cambio desde entonces aunque la última crisis de fiebre aftosa causó la pérdida de miles de millones a la economía europea. 
Es evidente que el incremento de la vigilancia de las fronteras es también costoso, pero nunca tan caro como lo que gastamos con motivo de la crisis de la fiebre aftosa. 
A mi juicio, constituye una inversión excelente y rentable. 
Hemos de seguir el ejemplo de los Estados Unidos, Japón, Australia y Nueva Zelanda y deberíamos poner multas a la importación de productos alimenticios procedentes de países que, en lo que se refiere a enfermedades animales contagiosas, están situados en la zona de riesgo. 
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen. 
Se levanta la sesión. 
La votación se celebrará hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede ahora al debate sobre las siguientes seis propuestas de resolución: 
B5-0333/2002 presentada por los diputados Messner y otros en nombre del Grupo de Los Verdes/ALE sobre Nepal; 
B5-0345/2002 presentada por el Sr. van den Bos en nombre del Grupo ELDR sobre la situación en Nepal; 
B5-0358/2002 presentada por el Sr. van den Berg en nombre del Grupo del PSE sobre la situación en Nepal; 
B5-0365/2002 presentada por los diputados Thomas Mann y otros en nombre del Grupo del PPE-DE sobre Nepal; 
B5-0368/2002 presentada por el Sr. Collins en nombre del Grupo de la UEN sobre la situación en Nepal; 
B5-0378/2002 presentada por los diputados Di Lello Finuoli y Seppänen en nombre del Grupo GUE/NGL sobre la situación en Nepal. 
Señor Presidente, en relación con el último debate, no me resisto a hacer notar que el Comisario Liikanen no ha expresado su agradecimiento a los equipos de fútbol de la Unión Europea que al abandonar pronto la competición han contribuido a reducir las probabilidades de transmitir la enfermedad de la fiebre aftosa desde Corea del Sur. 
En nombre del Grupo Socialista sobre la resolución acerca de Nepal, he de señalar que tenemos ante nosotros una situación en la que los rebeldes maoístas están amenazando una monarquía constitucional muy frágil: la situación está en peligro de desembocar rápidamente en una guerra civil. 
Varios miles de personas han muerto y cientos han sido arrestadas. 
El camino a seguir es evidente: el gobierno debe asegurar el respeto a los derechos humanos y a la ley internacional. 
Las supuestas masacres de 500 guerrilleros maoístas en mayo, de ser verdad, sólo empeorarían la situación. 
Debemos proporcionarles medios procedentes de la Unión Europea para buscar y encontrar una solución pacífica al conflicto actual y financiar la ayuda para reconstruir la economía, particularmente en las zonas rurales. 
El gobierno de Nepal debe restaurar el imperio de la ley y el orden y es necesario organizar una investigación independiente sobre las acusaciones contra las fuerzas de seguridad. 
. (EN) Señor Presidente, debo admitir que he estado a punto de señalar que, en un acto de generosidad, Finlandia permitió a Inglaterra y a Alemania participar en la Copa del Mundo porque no quería contraer la fiebre aftosa, pero la verdadera razón fue la mala suerte en los dos partidos. 
Ahora trataré la cuestión de Nepal. 
La Comisión deplora el creciente número de víctimas de los continuos choques entre los maoístas y las fuerzas gubernamentales, particularmente después de promulgarse el estado de emergencia. 
La CE está también particularmente preocupada por las consecuencias de la suspensión de las garantías constitucionales y por los informes de los abusos perpetrados por los terroristas y las fuerzas contrarrevolucionarias. 
La UE está decepcionada por la interrupción de las negociaciones con los líderes maoístas que inició el nuevo Primer Ministro Deuba en noviembre de 2001. 
La nueva oleada de ataques terroristas está teniendo un efecto desastroso en la economía y está perturbando cada vez más todo el proceso de desarrollo en Nepal. 
A la Comisión le preocupa además que la reciente disolución de la Cámara de Representantes suponga un duro golpe para la democracia en Nepal. 
La anticipación de las elecciones al 13 de noviembre de 2002, el establecimiento de un ' gobierno provisional? y la prolongación del estado de emergencia no contribuirán a asegurar una solución al problema maoísta. 
Incrementará aún más el déficit democrático de las instituciones nepalíes y retrasará aún más las reformas administrativas más urgentes. 
La Comisión ruega a la clase política nepalí que cesen las divisiones internas y las rivalidades personales, una de las causas del estado endémico de crisis en Nepal. 
A pesar de la crisis política, la Comisión se ha comprometido a apoyar el desarrollo sostenible de Nepal. 
Los objetivos primordiales de la nueva Estrategia de Cooperación de la CE para Nepal 2002-2006 será la consolidación de la democracia, la prevención del conflicto y la erradicación de la pobreza. 
Las actividades a favor del desarrollo se realizarán en las áreas más pobres del país, incluida la región occidental, con la esperanza de mejorar las condiciones socioeconómicas de pobreza de las poblaciones locales y reducir de ese modo las simpatías maoístas. 
La Comisión está considerando actualmente la posibilidad de apoyar el proceso electoral del 13 de noviembre de 2002 con observadores de la UE. 
La Comisión también ha planeado la movilización de recursos de prevención del conflicto mediante el Mecanismo de Reacción Rápida que seguirá a una valoración global de la situación y a un informe detallado realizado en febrero de 2002. 
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen. 
Se levanta la sesión. 
La votación se celebrará hoy a las 17.30 horas. 
(La sesión se interrumpe a las 16.55 horas y se reanudará a las 17.30 horas.) 
Señor Presidente, se trata sólo de dos correcciones técnicas. 
Por un lado: en el considerando K se habla de 3,5 millones de congoleños. 
La cifra no la conoce nadie con exactitud, por lo que pedimos de que se hable sólo de millones. 
Ahí se habla de un Acuerdo firmado el 19 de mayo, pero en realidad, como ya se ha mencionado con razón en el debate, lo fue el 19 de abril. 
Pedimos que se corrijan estos dos puntos. 
Señor Posselt, he de decirle que esa corrección ya consta en el documento; tendremos ocasión de comprobarlo cuando lleguemos al punto en cuestión. 
sobre el considerando?: 
Señor Presidente, en el apartado 5 añadir, después de "sociedad civil", el siguiente párrafo: "lamenta que los partidos de la oposición (UDP, FONUS, PALU y MNC/L) , así como otros partidos y plataformas representativas de la sociedad civil, no hayan firmado el acuerdo del 19 de abril". 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 13 de junio de 2002. 
Desearía hacer una propuesta: ya que hoy sólo hay cuatro puntos inscritos en el orden del día del debate de actualidad, y teniendo en cuenta que tanto el Reglamento como la práctica permiten que se inscriban cinco, sugeriría que se añada el debate sobre la Argentina en lugar de suprimir uno de los puntos. 
Señor Presidente, mi Grupo, el Grupo Socialista, es partidario de que en el mes de septiembre se hable de Afganistán y de Cuba. Ahora bien, estima necesario que ambos puntos se preparen debidamente en la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Consideramos que las dos cuestiones no deben tratarse seleccionando un solo aspecto, sino que hace falta un análisis pormenorizado. De este modo, ambos asuntos pueden debatirse en septiembre. 
Con ello me refiero tanto a Cuba como a Afganistán. 
Por eso respaldamos la idea de sustituir ahora Afganistán por Argentina. 
Se ha propuesto a modo de sustitución, como antes. 
Señor Presidente, querría simplemente manifestar que nuestro Grupo apoya sin reservas la propuesta del Sr. Wurtz y que desea que se añada el punto sobre la Argentina al debate de actualidad. 
Es evidente que se debe celebrar un debate sobre la Argentina por tratarse de un debate de actualidad y que el debate de actualidad no consiste solamente en pronunciar un discurso. 
Se han producido unos acontecimientos, que yo no interpreto, por ejemplo, de la misma manera que el Sr. Wurtz. 
Se han producido, pues, unos acontecimientos, se han formulado denuncias sobre lo que ocurrió en el Afganistán, y el papel del Parlamento consiste en someter a debate estos asuntos e intentar clarificar la situación. 
Creo, por consiguiente, que es absolutamente necesario iniciar ahora el debate tanto sobre la Argentina como sobre el Afganistán en lugar de aplazar dichas cuestiones a septiembre. 
Si tras este debate surgiera una pregunta a la Comisión o al Consejo, muy bien, el debate proseguirá en los meses de septiembre y octubre con una pregunta al Consejo y a la Comisión. 
No quiero iniciar un debate sobre este asunto porque iría en contra del Reglamento. 
El Sr. van den Berg confirma la propuesta del Grupo Socialista. 
Por consiguiente, someto a votación que el punto 4 "Democracia en Afganistán" sea sustituido por un nuevo punto, "La crisis en Argentina". 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden, deberíamos celebrar que la Corte Penal Internacional entra hoy oficialmente en funciones. 
Lamentablemente, los Estados Unidos vetaron ayer en las Naciones Unidas el mandato de éstas sobre la Fuerza de estabilización de la paz en Bosnia, en la que participan numerosos países de la UE. 
Quisiera expresar mi más rotundo rechazo a dicho veto en el Consejo de Seguridad, porque, en realidad, veta no sólo el mandato de las Naciones Unidas en relación con dicha Fuerza de seguridad, sino además la política exterior de Irlanda y de otros países que operan en la Fuerza de seguridad bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
En consecuencia, es posible que Irlanda deba retirarse de dicha Fuerza de seguridad porque si prospera dicho veto, el mandato quedará sin efecto. 
Quisiera pedirle, señor Presidente, que transmita mis objeciones, al menos, cuando no aquéllas de muchos otros diputados, a esta maniobra de los Estados Unidos. 
Es increíble que los Estados Unidos intenten actuar al margen de las normas del Derecho internacional. 
Es increíble que pretendan que su personal esté exento de la acción procesal en caso de que se viera envuelto en violaciones de los derechos humanos. 
Para este Parlamento no es aceptable y tampoco debería serlo para la Unión Europea. 
Tenemos la posibilidad, señor De Rossa, de debatir este punto, dentro del orden del día, el miércoles por la mañana, después de las declaraciones del Consejo y de la Comisión, pero ya ha quedado claro, por la reacción de la Asamblea, cuál es la opinión abrumadoramente mayoritaria. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden, en las primeras horas de la mañana del pasado jueves, un autobús que transportaba a 43 escolares de Largs Academy en Ayrshire, Escocia, se vio envuelto en un trágico accidente en las proximidades de la ciudad francesa de Bierre-les-Semur, cerca Dijon en Borgoña. Tristemente, Katherine Fish, una joven de 15 años perdió la vida. 
Aquellos que sufrieron heridas menos graves han regresado a Escocia en un avión fletado especialmente para la ocasión. 
Estoy seguro de que otros diputados escoceses al Parlamento Europeo desearán unirse a mí en la expresión de nuestro profundo pesar por este trágico accidente y de nuestro sincero agradecimiento al Alcalde de Bierre-les-Semur, Michel Neugnot, a los servicios de urgencia, al personal médico y a los residentes de la zona. 
Todos actuaron con enorme interés, simpatía y humanidad en sus cuidados a estos escolares y profesores accidentados y dieron su apoyo a los numerosos padres que acudieron precipitadamente desde Escocia para estar con sus hijos. 
La población escocesa se sintió profundamente conmovida por la amabilidad y la consideración de estas buenas personas, muchas de las cuales se ofrecieron voluntarias para ayudar y consolar a las víctimas del accidente. 
Espero que esta Asamblea se una a mi expresión de sincero agradecimiento a todos los que abrieron sus corazones a los valerosos escolares que sufrieron el accidente. 
Deseamos a los heridos su pronta recuperación y transmitimos nuestro más profundo pésame a los padres y familiares de Katherine Fish. 
Señor Presidente, como ya tuve ocasión de solicitarle por escrito, es urgente que el Consejo aclare completamente los graves acontecimientos que afectaron a centenares de ciudadanos portugueses, incluidos diputados portugueses y delegaciones de partidos políticos, que pretendían ir a la manifestación del 22 de junio en Sevilla, con ocasión del Consejo Europeo, y se les impidió cruzar la frontera entre Portugal y España y algunos fueron incluso víctimas de la violencia por parte de la policía española y de confiscación de material fotográfico y audiovisual. 
Como dichos acontecimientos constituyen una flagrante violación de los derechos, libertades y garantías fundamentales, en particular el derecho de manifestación y reunión, conviene aclarar las responsabilidades y razones de semejantes actos para que no vuelvan a repetirse en el futuro. 
Conviene también aclarar si a partir de ahora se va a poner en entredicho la libre circulación de personas y el derecho de manifestación y reunión siempre que se celebren cumbres europeas, cosa que, de ser verdad, constituiría un grave atentado contra la democracia y una limitación inadmisible del derecho de protesta e indignación. 
El parlamento portugués ya adoptó una posición a ese respecto, porque hubo diputados afectados por esa situación. 
Así, pues, solicito, señor Presidente, que obtenga del Consejo todas las aclaraciones sobre esos graves acontecimientos del final de la Presidencia española. 
Señor Presidente, pido el uso de la palabra para sumarme a la intervención de la Sra. Ilda Figueiredo y a su petición de aclaraciones al Consejo y a la Comisión respecto de los graves incidentes ocurridos en la frontera luso-española. 
No se puede dejar de condenar dichos incidentes ni de extraer las debidas consecuencias. 
Provocaron mucha emoción en Portugal, una tempestad política, y esta Asamblea no puede permanecer indiferente a lo que sucede en un país miembro de la Unión Europea. 
El derecho de manifestación, el derecho de libre circulación son derechos constitutivos de la ciudadanía europea y no se puede violarlos sin que haya fuertes razones para ello y sin que esta Asamblea adopte una posición y proteste. 
Señor Presidente, naturalmente estoy de acuerdo con los principios aquí expresados por mis colegas, pero quisiera recordarles- y ellos probablemente ya lo saben- que su compatriota, el Comisario Vitorino, ya ha expresado públicamente, a través de una nota, que no se ha producido ninguna conculcación del principio de Schengen en estos incidentes, por los cuales además el Ministro de Asuntos Exteriores pidió disculpas a los afectados. 
Señor Presidente, estimados colegas, todos ustedes recibieron la semana pasada un escrito de los cuestores en el que se anunciaba que esta semana se producirían recortes en los servicios de chófer en Estrasburgo como consecuencia de una sentencia dictada por la Corte francesa. Solamente podemos recurrir a nuestros propios chóferes porque no están disponibles los taxis que contratamos habitualmente. 
Señor Presidente, cuando en 1999 asumimos nuestro cargo en el marco de nuestro actual mandato el Gobierno francés nos prometió que haría todo lo posible para que nuestra estancia en Estrasburgo nos resultara cómoda. 
Nada más lejos de la verdad. Primero se suprimieron numerosos vuelos procedentes de las capitales europeas con destino a Estrasburgo. 
Después nos quitaron el agua caliente en este Parlamento y, para colmo, nos quedamos ahora sin automóviles. 
¿Qué más puede hacer el Gobierno francés para amargarnos la vida aquí en Estrasburgo? 
Señor Presidente, así las cosas quisiera proponer que los automóviles del Parlamento queden exclusivamente reservados para aquellos diputados que voten en contra de Estrasburgo. 
Señor Presidente, con respecto a la intervención sobre el Tribunal Penal Internacional, me felicito de que esta cuestión despierte un vivo interés en algunos colegas. 
Dicho esto, pienso que no hay que aprovechar la ocasión para dejarnos dominar por el antiamericanismo. 
El estatuto del Tribunal Penal Internacional establece un mecanismo denominado ' complementariedad? , que, por lo tanto, no atañe a las tropas norteamericanas. 
En cualquier caso, se trata de un problema fundamental, y pienso que nuestro Parlamento deberá volver a examinarlo, porque debemos convencer a los Estados Unidos. 
En efecto, sin los Estados Unidos este Tribunal no sería un verdadero Tribunal internacional. 
Señor Presidente, como usted seguramente sabe, en este momento están sucediendo cosas muy interesantes en Cuba. 
Hay un enorme proyecto para realizar un plebiscito sobre la instauración de la democracia. 
La respuesta de Fidel Castro ha sido declarar en la constitución que el socialismo es irreversible, lo que es muy grave. 
El Grupo ELDR prepara una reunión para el jueves en este edificio. 
Hemos invitado a cuatro amigos liberales cubanos, que trabajan pacíficamente con asuntos relacionados en la democracia. 
Sin embargo, el gobierno cubano les ha negado el permiso para viajar fuera del país. 
Por tanto, están invitados por el Parlamento Europeo pero no pueden salir de Cuba, circunstancia que me preocupa profundamente. 
Espero que usted, señor Presidente, proteste por este tratamiento a las autoridades cubanas. 
Señor Presidente, el Estado de Israel nos ofrece todos los días nuevas muestras de barbarie. 
La nueva operación de exterminio de los palestinos? con asesinatos de civiles, bloqueo de la población, destrucción, con un balance de quince personas muertas, de la sede de la Autoridad Palestina en Hebrón? avanza en paralelo con la inadmisible intervención orientada al derrocamiento de los actuales dirigentes palestinos, democráticamente elegidos, por cierto. 
No cabe duda de que el objetivo de Israel, y de quienes apoyan a Israel, es aniquilar a la Autoridad Palestina o sustituirla por algún órgano subordinado al imperialismo internacional y hacer retroceder a toda Palestina al estatuto de territorio ocupado. 
Condenamos una vez más la política de genocidio contra los palestinos seguida por Israel, y recordamos que la única fuente de violencia en la región es la ocupación israelí. 
Condenamos enérgicamente los ataques contra la Autoridad Palestina y defendemos el elemental derecho del pueblo palestino a elegir a sus dirigentes. 
Finalmente, señor Presidente, condenamos la posición de la Unión Europea, que con su supuesta política de equidistancia brinda de hecho su apoyo a la barbarie israelí. 
Señor Presidente, intervengo para informar de que, respecto a la resolución, firmada por el 10 por ciento de los diputados, sobre la violación del Estado de derecho y la democracia en Italia, resolución que fue presentada el pasado 18 de abril, la Secretaría General ha estimado, después de cuarenta y dos días, que debía rechazar la propuesta de resolución por defecto de forma. 
Esta resolución fue presentada el pasado 20 de junio. 
Como les he anunciado previamente a los presidentes de los grupos, he iniciado, desde las 17.00 horas de hoy, una huelga de hambre y mañana pasaré a la huelga de sed, para que esta resolución, por la gravedad de lo denunciado, sea incluida en el orden del día de la próxima Conferencia de los presidentes, que se celebrará el 4 de julio. 
Frente a la denuncia de que un Estado miembro viola el Estado de derecho y la democracia, es necesaria alguna respuesta política, que ha de ir en contraposición con una cierta indiferencia burocrática. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0245/2002) del Sr. Klaus-Heiner Lehne, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior- Suplicatorio de suspensión de la inmunidad del Sr. Efstratios Korakas (2001/2230 (IMM) ). 
Señor Presidente, Señorías, permítanme que no utilice los cinco minutos que me corresponden porque en este caso no vale la pena. 
Para decírselo sin más preámbulos: la Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda por amplia mayoría, siguiendo mi propuesta, que no se suspenda la inmunidad. 
La persona a la que esto concierne está acusada por la Fiscalía General griega de haber prestado apoyo a su pareja, valiéndose de su condición de eurodiputado, en el delito cometido por ésta de difamación y calumnias sobre la persona de su anterior pareja. 
La Fiscalía General del Estado ha aludido en su Decisión, con la que ha anulado la del fiscal de la Audiencia de Atenas, expresamente a la condición de eurodiputado del acusado. 
Les cito del informe: la declaración del reclamante- el que puso la denuncia, la anterior pareja- parece coherente porque de la copia adjunta de la sentencia tal y tal se desprende que hay puntos de apoyo de que, en cualquier caso, en su condición de eurodiputado y dada la importancia que ello supone, ha brindado al menos apoyo psicológico para la comisión de un delito de calumnias. 
En circunstancias normales, en la Comisión partimos en un caso como éste de que se trata del llamado fumus persecutionis, esto es, de que al menos no podemos excluir que la fiscalía, en este caso la Fiscalía General del Estado, quiera proceder contra él a causa de su condición de eurodiputado. 
Y por ello, la gran mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos es de la opinión de que no se le debe suspender la inmunidad. 
Pido a este Pleno que se inclinen a favor de este punto de vista y que mañana no voten por suspender la inmunidad. 
Muchas gracias por su atención. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0191/2002) del Sr. Gilles Savary, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un sistema transparente de normas armonizadas para la restricción de la circulación de los vehículos pesados de mercancías que efectúan transportes internacionales por determinadas carreteras (COM (2000) 759- C5-0679/2000- 1998/0096 (COD) ). 
Señor Presidente, quisiera sustituir al ponente en este debate. 
Todos sabemos cuán difícil es llegar a Estrasburgo y comprendemos perfectamente que este problema afecta asimismo a nuestros colegas franceses. 
Señor Presidente, la libre circulación de mercancías constituye una de las cuatro libertades fundamentales de la Unión Europea. 
En realidad, las prohibiciones de circulación, sean del tipo que sean, suponen una grave infracción de este derecho. 
En el núcleo de la Unión Europea, en Francia y Alemania, los vehículos pesados que circulan por las carreteras de tránsito durante el fin de semana causan serias molestias a los ciudadanos que habitan esta zona. Nos tomamos muy en serio las objeciones formuladas por la población. 
Por otra parte, también hemos de reconocer que gracias a los vehículos pesados de mercancías podemos disponer en nuestra compleja sociedad de los productos y los elementos necesarios en cada momento. 
Sin perder de vista las sensibilidades existentes tenemos que hacer un esfuerzo por encontrar una solución viable para todas las partes implicadas dentro de este marco general. 
Junto con la Comisión Europea creemos haberla encontrado en el informe del Sr. Savary, que merece nuestro más sincero elogio. 
Nadie está obligado a reducir ni un minuto las prohibiciones de circulación actualmente vigentes en fin de semana. 
Señor Ferber- me agradaría que mi colega Ferber también prestara atención -, nadie está obligado a reducir ni un minuto las prohibiciones de circulación actualmente vigentes en fin de semana. 
Tan sólo queremos que las prohibiciones se den a conocer con la debida antelación, de modo que los profesionales del sector de transportes y del sector logístico puedan planificar sus trayectos con suficiente tiempo y puedan concertar con sus clientes posibles cambios en el calendario de entrega. 
En este momento el creciente número de nuevas prohibiciones de circulación no coordinadas sume al sector en una verdadera pesadilla. 
Intentamos solucionar este problema mediante la introducción, bajo las condiciones antes mencionadas, de un sistema de notificación obligatoria de nuevas prohibiciones de circulación a la Comisión Europea. 
Tan sólo queremos ahorrarnos mutuas sorpresas. 
Tampoco se armonizan los días festivos nacionales: pueden mantenerse todas las prohibiciones de circulación establecidas en días de fiesta nacionales. 
Por todo lo anterior la propuesta de la Comisión de elaborar una especie de normativa mínima de condiciones armonizadas para las nuevas restricciones en materia de transporte merece nuestro apoyo. 
Esperamos que esta propuesta modificada sea asimismo del agrado de quienes se oponen a que Europa se inmiscuya en el tema de las prohibiciones de circulación, puesto que a fin de cuentas solamente se aplica a las carreteras de la red transeuropea. 
En las demás carreteras depende de los propios Estados miembros si se introducen o no prohibiciones de circulación. 
La mayoría de las enmiendas presentadas por la Comisión de Transportes sirve para completar la propuesta de la Comisión desde un punto de vista constructivo. 
Así por ejemplo, el sector Europeo de transportes necesita urgentemente un sistema de información europeo. 
El Parlamento también ha introducido una serie de enmiendas en las que se insiste en la necesidad de prever suficientes aparcamientos e instalaciones sanitarias para los conductores que no puedan regresar a su casa y se vean obligados a entretenerse un fin de semana en un área de estacionamiento. 
Las circunstancias sociales en que se hallan los conductores como consecuencia de las restricciones a la circulación pueden tacharse realmente de dramáticas. 
Por otra parte, se han presentado numerosas enmiendas con objeto de ampliar la lista de excepciones. 
Mi Grupo rechazará todas las ampliaciones. 
Debo decir a título personal que votaré a favor de la enmienda 21 sobre el transporte de flores, pero desafortunadamente mi Grupo votará en contra. 
De todos modos, señor Presidente, esto apenas afectará a la prohibición de circulación. 
Para concluir quisiera señalar que las enmiendas 4 y 13 hacen peligrar la directiva, por decirlo suavemente. 
Hacen que los Estados miembros puedan decidirse a introducir restricciones a la circulación según les parezca, sin que estas decisiones estén sometidas al procedimiento de comitología propio de la Comisión Europea. 
En otras palabras, dichas enmiendas desvirtúan toda la propuesta. 
Por eso insto al Parlamento a que vote en contra de estas enmiendas y la enmienda 12. 
Esta vez mi Grupo aprobará la enmienda del Sr. Ferber y sus colegas. 
En la comisión hemos votado a favor de la misma. 
. (FR) Señor Presidente, disculpe usted mi retraso. 
Pensaba que debía intervenir más tarde; pero mi colega Karla Peijs ha estado extremadamente convincente, y le doy las gracias y la felicito por su ayuda. 
Se trata de un informe extremadamente difícil, que ya resulta familiar a los miembros de la Comisión de Transportes puesto que éste ha fracasado dos veces. 
Nos encontramos frente a opiniones enfrentadas que se salen de lo corriente, que responden sobre todo a criterios geográficos y no políticos, entre países periféricos que quieren circular y países centrales y de tránsito que quieren prohibir la circulación. 
Durante cierto tiempo he temido que se llegara en un consenso contradictorio, en que todos rechazarían esta directiva, unos porque exigen la libertad de circular, otros porque exigen la libertad de prohibir. 
Creo que, finalmente, se ha conseguido un equilibrio tras varios años de trabajo, gracias a una propuesta de la Comisión, la cual constituye ya un compromiso. 
La única dificultad que subsiste entre nosotros, entre algunos que querrían rechazar este proyecto de directiva y los otros, es la de saber si es necesario legislar en esta materia. 
En efecto, la situación actual es totalmente anárquica y ha creado espontáneamente dificultades en casi todos los países y sobre todo en las fronteras. 
De ocho países, sólo siete han impuesto fechas de prohibición; estas fechas no están coordinadas, crean aparcamientos no permitidos en las autopistas e incluso algunas veces en las áreas de estacionamiento de las mismas. 
Los conductores deben, por lo tanto, permanecer fuera de su domicilio debido a las dificultades de programación, y, finalmente, estas fechas entorpecen, para los transportistas y el sistema de transporte, la organización de la cadena logística. 
Dicha normativa, en mi opinión, resulta pertinente desde todo punto de vista. 
Primero, porque considero que disponemos de los fundamentos jurídicos necesarios. 
Sería extremadamente paradójico que la Europa de las carreteras, que fue el primer sector que se constituyó de la Europa de los transportes, se convirtiera en una Europa subsidiaria. 
El Parlamento Europeo dirigiría un pésimo mensaje si dijera que, finalmente, el Título ' Transportes? del Tratado CE no es aplicable al transporte por carretera. 
¿Cómo podríamos, entonces, aplicarlo en el día de mañana al transporte ferroviario, al sector marítimo y a todos los demás sectores? 
Personalmente, deseo fervientemente que la Europa de los transportes sea realizada y que nos conduzca hacia una política que, por otra parte, fue anticipada por el Libro Blanco, y pienso que esta es una buena razón. 
Se puede señalar, sin embargo, otra razón aún más importante: hoy no existe ninguna seguridad jurídica con respecto a dichas prohibiciones de circular los fines de semana, y los países- me dirijo a todos aquellos que quieren rechazar la propuesta- que desearan unilateralmente hacer más rígida esta propuesta se expondrían a ser perseguidos judicialmente y a la incoación de posibles recursos basados únicamente en los principios de la libre circulación y de no discriminación, y que muy probablemente pondrían en peligro muchas de las actuales prohibiciones, así como el reglamento comúnmente denominado Reglamento ' fresa? de 1998, que acaba de ser impuesto a Francia para hacer circular los camiones por el túnel del Mont Blanc. 
Considero, pues, que se trata de una garantía de seguridad para los países que han establecido prohibiciones. 
Además, deseo hacer recordar que la propuesta de la Comisión legaliza las prohibiciones más severas que existen actualmente, o sea: las impuestas por Austria y Alemania, y que procura que los otros países puedan optar por ajustarse a las mismas. 
En realidad, se trata de un sistema de convergencia hacia las prohibiciones alemanas y austríacas, con excepciones notificadas o no extremadamente importantes; en resumen, un régimen de excepciones, y ayudaré personalmente a la Sra. Peijs para solicitar que se introduzca una excepción para los productos hortícolas frescos y las flores, ya que considero que son productos más perecederos. 
Para resumir, existe a la vez una gran flexibilidad y una consolidación desde el punto de vista de la seguridad de las prohibiciones de circulación para los vehículos pesados durante el fin de semana. 
Y a mi, que vivo en una región donde se ejerce una gran presión por parte de los usuarios de vehículos pesados, me resulta penoso presentarme ante mi población para explicar que el Parlamento Europeo no desea que se prohiba la circulación de los vehículos pesados durante el fin de semana, lo que constituiría, naturalmente, un gran retroceso. 
Me felicito de que, finalmente, la Comisión de Transportes haya podido lograr un modus vivendi. 
Mañana, hemos de examinar 21 enmiendas aprobadas en comisión y 18 enmiendas nuevas. 
Considero que no hay que desestabilizar demasiado el texto, y, personalmente, solicitaré que se rechacen las enmiendas presentadas por el Grupo EDD (30, 28 y 31) , por las que se propone volver al proyecto de la Comisión, que fue rechazado en 1998: ' únicamente los domingos? , resulta demasiado escueto. 
En segundo lugar, propondré que se rechacen asimismo las enmiendas 22 y 23, presentadas por el Grupo ELDR, y que, por el contrario- y es absolutamente legítimo -, ampliarían los poderes de la Comisión en relación con el contenido del texto. 
Finalmente, estoy de acuerdo con la Sra. Peijs en que algunas enmiendas desvirtúan el texto, y, por consiguiente, no debemos arriesgarnos en ese terreno. 
Señor Presidente, sustituiré a mi colega Vermeer. Leeré el discurso que él pensaba pronunciar. 
El Sr. Vermeer no ha podido llegar a tiempo porque se lo ha impedido la densa circulación de vehículos pesados que, debido a la prohibición de circular en domingo, causan un verdadero caos los lunes. 
Mi Grupo no pone en duda la utilidad de esta propuesta destinada a armonizar las prohibiciones de circulación en el ámbito de la red transeuropea, pero no nos convence el método. 
Para nuestro Grupo la ampliación generalizada de las prohibiciones de circulación durante los fines de semana es un punto muy delicado. 
Toda prohibición de circulación, por útil que sea, atenta gravemente contra el principio de libre circulación de mercancías y afecta sobre todo a los países periféricos. 
Estos países se llevan una amarga desilusión puesto que no recogen siempre los frutos del mercado interior. 
La introducción de una prohibición de circulación sólo contribuirá a que se produzca una mayor densidad de tráfico en un número limitado de días creando otro tipo de presión, también en los denominados países de tránsito. 
Irónicamente, los Estados miembros tienen derecho a introducir restricciones a la circulación en la red transeuropea, financiada en gran parte con fondos comunitarios, sin que sea sometida a estudio la utilidad de las mismas, por ejemplo por parte de la Comisión. 
Por todo eso he presentado en nombre del Grupo Liberal, Democrático y Reformista algunas enmiendas que remedian este defecto. 
Con ellas autorizo a los Estados miembros para que introduzcan una prohibición de circulación siempre y cuando motiven esta decisión con razones medioambientales, de seguridad o sociales a fin de poner coto al crecimiento incontrolado del número de prohibiciones de circulación. 
Sin embargo, mi Grupo no puede aceptar las enmiendas 4 y 13 del ponente en las que se aducen argumentos topográficos para legitimar las prohibiciones. 
¿Qué se entiende por argumento topográfico y cómo se define? 
En la justificación de dicha enmienda se hace referencia a los Alpes, pero, por ejemplo, el paisaje de los pólders en los Países Bajos también podría aducirse como motivo topográfico para introducir una prohibición de circulación. 
En mi opinión, este concepto puede dar lugar a abusos. 
Si mañana en la votación sobre este informe se adoptan las enmiendas 4 y 13 recomendaré a mi Grupo, como ponente alternativo, que vote en contra del informe en su conjunto. 
Apostemos por un mercado interior abierto y no introduzcamos demasiadas restricciones o posibilidades de restricción. 
Señor Presidente, el transporte internacional de mercancías por carretera se caracteriza por la concurrencia de unos intereses radicalmente opuestos. 
Unos empresarios son partidarios de que los vehículos pesados puedan circular ininterrumpidamente, de día, de noche, en fines de semana y durante los días festivos. 
La no interrupción resulta beneficiosa para este sector empresarial que, en competencia con el ferrocarril y la navegación interior, procura ofrecer los servicios más rápidos y más baratos. 
Los conductores de vehículos pesados que trabajan por cuenta ajena se felicitan por las restricciones a la circulación ya que redundan en beneficio de su propia salud, pero no les agradan los tiempos de espera obligatoria en áreas de estacionamiento no preparadas para ello. 
Los conductores por cuenta propia, la mayoría de ellos antiguos empleados que han tenido que hacerse cargo el riesgo empresarial a instancia de su jefe, prefieren conducir sin parar para mantenerse a flote desde el punto de vista financiero. 
Por otra parte, si de los vecinos de las carreteras de tránsito dependiera, la circulación de vehículos pesados en Europa quedaría reducida al mínimo, especialmente en los cascos urbanos, las reservas naturales, los valles y los puertos de montaña. 
El interés de los ayuntamientos se limita al transporte de mercancías destinado al polígono industrial local puesto que crea empleo e ingresos, en tanto que el tráfico de tránsito no hace más que causar molestias. 
En este momento existe en los diferentes ayuntamientos y regiones un sinfín de medidas variopintas que tienen por objeto salvaguardar el medio ambiente y el sosiego dominical al tiempo que deben contribuir a una disminución de la densidad de tráfico en favor de la seguridad vial. 
La gran mayoría de los ciudadanos estima fundamental que no se atente contra la libertad de circulación y que no se obstaculice el paso de las fronteras si no hay necesidad de ello. 
Gracias a las propuestas del Sr. Savary las prohibiciones de circulación en las carreteras de la red transeuropea se vuelven previsibles. 
Ahora bien, en lugar de excluir los productos agrícolas perecederos del ámbito de aplicación de la directiva, como sugiere el ponente, soy partidario de que se transporten obligatoriamente por ferrocarril. 
No suscribo, por tanto, esta propuesta de exclusión. 
Creo que, por lo demás, ha logrado un razonable equilibrio entre los diferentes intereses enfrentados. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, creemos en el concepto de mercado único y en el principio comunitario de la libre circulación de personas, capitales, servicios y mercancías, pero también defendemos la calidad de vida de las personas y del medio ambiente. 
Muchas veces lo primero y lo segundo entran en colisión, en conflicto de intereses y, por ello, entendemos la necesidad de aplicar determinadas restricciones a la circulación a fin de salvaguardar la convivencia. 
En este sentido, son varios los Estados miembros que han establecido horarios y fechas diferentes para las restricciones, lo cual está produciendo una gran confusión a los transportistas, a los remitentes y a los destinatarios de las cargas, así como una perturbación en el mercado de flete de la distribución y del aprovisionamiento. 
De todo esto se desprende la necesidad de buscar un mínimo de armonización a nivel comunitario en cuanto a los horarios de las restricciones y, para ello, resulta básico, en primer lugar, contar con un sistema eficaz de información a los transportistas. 
También se necesitan estadísticas fiables de la congestión que existe en las redes transeuropeas, de sus días y horas puntas, etc., así como del impacto ecológico que producen las altas densidades de tráfico, para defender mejor nuestro medio ambiente. 
Además, debemos aprovechar estas restricciones de circulación de camiones para garantizar a los conductores que puedan disfrutar de un período mínimo de descanso ininterrumpido. 
Por otra parte, no sería democrático que unos Estados miembros pudieran mantener sin límite alguno en el tiempo sus restricciones establecidas anteriormente, mientras a los nuevos no se les permitiera introducirlas. 
Es una cuestión de justicia que dicho privilegio tenga un plazo limitado. 
Por último, quisiera felicitar al ponente, Sr. Savary, por la calidad de su informe y por haber conseguido, después de dos fracasados intentos anteriores, llegar a debatir en esta sesión plenaria del Parlamento una norma armonizadora de las restricciones a la circulación de transportes, tan necesaria para el buen funcionamiento y la buena convivencia entre mercado y personas y para el medio ambiente en Europa. 
Señora Comisaria, no todo el mundo está convencido de la utilidad y la legitimidad de las restricciones de circulación, como bien demuestra este debate. 
Hemos de encontrar un equilibrio entre la competencia de los Estados miembros para insertar tiempos de descanso en los servicios de transporte, por una parte, y la libre circulación de bienes y servicios, por otra. Las autoridades nacionales no son capaces de lograr este equilibrio, de modo que hace falta un marco europeo. 
El impacto de la presente directiva puede mitigarse de diversas maneras, por ejemplo a través de las condiciones previas a la introducción de una prohibición de circulación y mediante las excepciones establecidas para determinados vehículos o mercancías. 
No se sabe hasta qué punto la circulación de los vehículos pesados incide en los accidentes de tráfico. 
Sin embargo, no estoy muy conforme con la idea de incorporar disposiciones sociales al texto. 
Señor Presidente, aún no se ha logrado un equilibrio perfecto entre los intereses sociales y económicos. Por eso recomiendo que voten a favor de las enmiendas presentadas por mi Grupo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor ponente, es notoria la dificultad de aceptación por parte de varios Estados miembros de la armonización de las limitaciones de circulación aplicables a los vehículos pesados de mercancías que hacen transportes internacionales en la red transeuropea de carreteras, durante los fines de semana y los días festivos, ante los diversos intentos fallidos de la Comisión de conseguir aplicar la directiva relativa a un sistema transparente de normas armonizadas. 
Resulta digna de beneplácito la reformulación de la propuesta por parte de la Comisión, propuesta equilibrada y totalmente justificada, dados los imperativos de seguridad jurídica y la divergencia en aumento de las reglamentaciones nacionales que oponen radicalmente los países de tránsito a los países geográficamente periféricos. 
La Unión Europea constituye un espacio de tráfico rodado sin fronteras y la ampliación va a entrañar una agudización del problema con intensificación de las tensiones por falta de armonización. 
También es digno de beneplácito el excelente trabajo de mi colega ponente, en particular en las propuestas de enmiendas sobre la creación de un dispositivo europeo de información sobre las carreteras, sobre la ampliación de las exenciones de los transportes a las flores y los productos hortícolas frescos, así como sobre las condiciones sociales resultantes de las disparidades de las reglamentaciones nacionales, que podrían tener solución a partir de medidas sociales. 
Y se han aducido algunas, como los períodos de descanso compensatorio y los regímenes de remuneración aumentada. 
Considero que es una buena solución ahora mismo para este problema. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el presente informe Savary sobre restricciones en materia de transporte pesado cuenta con mi total apoyo. 
Es un buen compromiso y lo apoyo. 
En primer lugar, los Estados miembros tienen la posibilidad de establecer restricciones al tráfico de mercancías pesadas en las zonas horarias usuales hasta ahora: sábados, domingos y días festivos nacionales. 
En segundo lugar, el ámbito de aplicación se estableció según el principio de no discriminación entre transportes nacionales e internacionales. 
La Directiva regula exclusivamente el tráfico internacional en la red transeuropea de transportes, aunque los Estados miembros tienen derecho ha establecer ulteriores restricciones al transporte nacional. 
En tercer lugar, junto a las regulaciones de las excepciones conforme al derecho común, las autoridades nacionales tienen margen de acción para establecer excepciones relativas a la RTE de tráfico internacional. 
En cuarto lugar, las sanciones y controles del sistema de restricciones permanecen bajo la potestad de las autoridades nacionales. 
El ponente presenta dos enmiendas importantes. 
En primer lugar, la creación de un mecanismo europeo de información vial y, en segundo, la ampliación de la lista de excepciones a flores y productos hortícolas frescos. 
Señor Ferber, en este punto importante somos de distinta opinión. 
Con la aprobación de esta Directiva se genera seguridad jurídica, de modo que ya no puede argumentarse de manera distinta ante distintos tribunales. 
Se aumenta la seguridad vial y se reduce la carga que el tráfico representa para las personas y para el medio ambiente. 
Los Estados miembros que hasta ahora han dado una solución liberal al asunto no son forzados a introducir medidas restrictivas, y aquellos otros que han establecido fuertes restricciones al tráfico pesado, tampoco son forzados a liberalizarlo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor ponente, usted ha realizado un buen trabajo. Ha acertado plenamente al optar por una armonización leve dejándose llevar por consideraciones relacionadas con la seguridad vial, el medio ambiente y la disminución del ruido. 
Apruebo los argumentos aducidos por el Sr. Savary para justificar el fundamento jurídico, que es necesario para evitar posibles contiendas jurídicas. 
Del mismo modo considero importante que se mantenga el statu quo. 
Con ello hablo en contra de los intereses de mi propio país y de su sector de transportes, pero creo que en este caso, habida cuenta de los problemas que acabo de mencionar, deben prevalecer necesariamente los intereses de los países del centro. 
Las regiones periféricas, donde están los puertos y donde nace el transporte, han de adaptarse a esta realidad. 
Ahora bien, una cosa está clara. Si pensamos que la presente iniciativa va a cercenar la libre circulación de bienes hemos de ser conscientes de que nos quedan la navegación interior, el transporte por ferrocarril y el transporte marítimo de corta distancia. 
Es un tema en el que todos estamos trabajando mucho. 
Creo que el Sr. Savary tiene razón al introducir la enmienda 13. 
Tan sólo le sugeriría que en lugar de eliminar las palabras ' en casos excepcionales? referidas a las restricciones volviera a introducirlas puesto que su eliminación lo frenaría todo. 
No quiero añadir nada más. Recomiendo al Sr. Vermeer que la próxima vez tome el tren. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, quisiera contradecir algo de lo dicho por mi colega bávaro, pero ya ha abandonado el Pleno. 
Que conste en Acta. 
Es grotesco que se recurra a la Comisión pidiendo ayuda cada vez que los austríacos bloquean los Alpes. 
Y cuando hacemos algo realmente conveniente, como por ejemplo una regulación en materia de restricciones al transporte, entonces se cuestiona la competencia de la Comisión. 
Quisiera recordarle que no pueden usarse plataformas distintas. 
Es lógico: estamos hablando de la red europea de transporte internacional, y de que, según el Libro Blanco, queremos tener un sistema eficiente de utilización de la misma; entonces viene un eurodiputado y dice que no hay competencia europea. 
Es ridículo, es todo lo que puedo decir. 
Es totalmente ridículo. 
Aun perteneciendo a un país surcado por el tránsito de mercancías pesadas, pues los camiones recorren Alemania de norte a sur y de este a oeste, soy de la opinión de que necesitamos una regulación europea. 
Debemos tener reglas para solucionar el conflicto de horario entre el interés de los ciudadanos- contra el ruido, contra congestiones en algunos corredores- y el de la economía por poder llevar a cabo el transporte. 
Nos quejamos de la alta tasa de desempleo. 
Si queremos acabar con el desempleo debemos generar crecimiento económico. 
El crecimiento económico no puede lograrse por internet. 
Se puede, eso sí, comprar algo por internet, pero hay que transportar la mercancía, por lo que el empleo industrial depende de una utilización eficiente de la red transeuropea de transporte. 
Decir que esto no tiene que ver con Europa puede hacerlo cualquier país, pero es absurdo. 
Y más aún considerando que estamos ante la ampliación de la UE. 
Debemos dar a los países candidatos a la adhesión un conjunto de reglas armonizadas y claras a las que deban adaptarse y a las que tengan que someterse. 
Hay necesidad de una regulación europea. 
Debemos fijar que nadie, incluyendo la Comisión, quiera cambiar los días festivos de los Estados miembros mediante el sistema de avisos y controles de prohibiciones añadidas. No tiene sentido. 
¡Ésa es la cuestión! Un expedidor, un trabajador, deben saber cuándo y dónde se puede viajar y cuándo y dónde se debe permanecer parado. 
Naturalmente debe haber zonas de aparcamiento con instalaciones sanitarias adecuadas. 
Por ello, señora Comisaria, señora Vicepresidenta, quisiera hacer todavía una pregunta, y le pido que me la conteste: el Sr. Savary, un muy buen ponente, ha propuesto este mecanismo europeo de información vial: ¿está usted dispuesta a apoyarlo? 
Porque entonces le diría al Sr. Markus Ferber que si queremos tener un sistema de información eficiente debemos reflejarlo en una directiva que obligue a los Estados miembros a colaborar. 
En caso de sistemas voluntarios sabemos ya que los Estados miembros no suministran datos actualizados. 
Señora Comisaria, señora Vicepresidenta, ¿está usted dispuesta a respaldar esta gran idea del Sr Savary de crear ese mecanismo? 
Señor Presidente, señora Comisaria, es completamente legítimo que los ciudadanos de los países centroeuropeos no quieran verse arrollados por una política de tráfico centrada unilateralmente en el transporte por carretera. 
Pero es comprensible también que los países periféricos exijan iguales derechos para sus transportistas. 
La UE debe intentar encontrar aquí un equilibrio. 
La UE ha recogido dos objetivos en los Tratados de Maastricht y de Amsterdam que someten a la política de transportes realmente a una presión reformadora enorme. 
En Maastricht se fijó la seguridad vial como un objetivo de la UE y en Amsterdam la UE se comprometió a garantizar la protección de la calidad de vida de los ciudadanos. 
La protección de los ciudadanos contra el ruido y los gases de combustión así como la del medio ambiente en regiones sensibles puede mejorarse algo mediante restricciones de tráfico, pero a la larga sólo el fomento decidido del transporte por vía férrea puede cumplir el doble objetivo de garantizar la calidad de vida a los ciudadanos y ciudadanas centroeuropeos y garantizar a la vez a los países periféricos un buen acceso al mercado interior. 
Sobre la directiva en sí: me parece bien que se introduzcan estadísticas comparadas. 
Sobre el transfondo de una política de transporte europea actual desequilibrada soy de la opinión de que necesitamos más derechos para los países miembros para que puedan defenderse contra esa política europea desequilibrada. 
. Señora Presidenta, Señorías, quisiera dar las gracias, en primer lugar, al ponente, Sr. Savary, por el sutil y hábil modo en que ha conseguido tratar un tema tan delicado, difícil y complejo, en el cual, como se ha dicho antes, ya ha habido dos anteriores fracasos con distintos informes presentados al respecto. 
Todos sabemos que es fundamental la salud del sector del transporte por carretera para la fluidez del comercio intracomunitario y de la economía europea, y que estamos hablando de una de las libertades esenciales de los pilares básicos del mercado interior y de la constitución de las Comunidades. 
A la vez, sabemos que el sector atraviesa un período difícil: la presión de la competencia- que es muy fuerte -, los problemas de congestión en muchos corredores, las dificultades en el tránsito en algunos puntos- como, por ejemplo, los Alpes -, las preocupaciones por la seguridad vial o la fuerte presión social. 
Estos problemas no sólo distorsionan la imagen del sector, sino que son problemas reales, que se pueden ver agravados con motivo de la ampliación. 
Por ello la Comisión destacó la necesidad urgente de adoptar un conjunto de medidas para una estrategia comunitaria de fomento de la coherencia en el sector del transporte por carretera y un reforzamiento del mercado interior único en este sector. 
Sus Señorías conocen todas estas medidas presentadas por la Comisión- gran parte de ellas durante la Presidencia francesa -, que fueron también debatidas en parte y que forman parte de nuestro análisis del Libro Blanco. 
En este contexto, tenemos que situar la propuesta sobre las restricciones de tráfico que estamos discutiendo hoy. 
Creo firmemente que es importante introducir normas a nivel comunitario en esta área y organizar para toda la Unión las restricciones al transporte pesado de mercancías durante los fines de semana. 
Siete de los quince Estados ya imponen restricciones en algunas categorías de vehículos. 
La descoordinación de este tipo de medidas dificulta el funcionamiento del mercado interior en el transporte por carretera, y la Comisión y una mayoría de Estados están a favor de normas comunes que establezcan un sistema duradero, claro y transparente y que facilite, como se ha dicho, una combinación, un difícil equilibrio entre dos intereses contrapuestos: el derecho de los ciudadanos a tener los fines de semana unas carreteras que no estén absolutamente congestionadas y la libertad de tránsito de bienes y de mercancías a través de la Unión. 
La actual propuesta modificada de la Comisión ha tratado de dar respuesta a las objeciones iniciales, al indicar claramente que se aplica únicamente a los vehículos de transporte pesado de mercancías con recorridos internacionales y en la red europea de transporte. 
Por lo tanto, sigue siendo competencia de los Estados imponer restricciones de distinta duración en todas las carreteras que se encuentren fuera de esta red y que incluyan las demás carreteras nacionales. 
La propuesta armoniza el horario de las restricciones de fin de semana, pero no dificulta las restricciones actuales en la gran mayoría de los Estados de la Unión. 
También establece un sistema de notificación de los días, incluidos los días festivos, en que los Estados miembros proyectan imponer restricciones. 
Contesto, pues, a la pregunta del Sr. Jarzembowski y agradezco su apoyo. 
En principio, compartimos la petición del Sr. Savary y sólo hay algunas cuestiones pendientes en cuanto a aplicación de un análisis de coste-beneficio y respecto a la intensidad de ese mecanismo de información que ahí se contempla. 
Entrando ya en las enmiendas concretas, diré que la mayoría pueden ser aceptadas, concretamente veinte de ellas. 
Pero hay algunas que tenemos que rechazar, concretamente la 32, sencillamente porque rechaza nuestra propuesta. 
Rechazamos también las enmiendas 4, 13, 35 y 38, ya que permiten introducir a los Estados una restricción e informar simplemente a la Comisión y, por extensión, a otros Estados de la Unión y a sus transportistas. 
Pensamos que ésa es una inflexibilidad excesiva que no puede ser admitida; que el sistema de comitología es el adecuado, que mantiene y da garantías a todo el mundo. 
Tampoco podemos apoyar las enmiendas que van de la 24 a la 28, y las 30, 36, 37 y 40, que introducen un enfoque demasiado restrictivo, que desequilibraría la propuesta y disminuiría su calidad. 
Las enmiendas 18, 29 y 31 añadirían exigencias adicionales que la Comisión no puede asumir, porque son desproporcionadas respecto al objetivo propuesto; me refiero a cargas tales como compilación de estadísticas, listas de infracciones y multas, y profundización en aspectos de seguridad vial, sin hablar de mercado interior. 
Por último, rechazamos las enmiendas 2, 23, 25 y parte de la 39, ya que no nos parecen pertinentes. 
Señor Presidente, Señorías, quiero reiterar, una vez más, mi agradecimiento al Sr. Savary por su labor infatigable. 
Hay que tener mucho ánimo para enfrentarse con este informe y no desanimarse, porque comprendo que las posiciones son tan contrapuestas que parece imposible el acuerdo. 
Pero creo, como el Sr. Savary- y por eso he hecho esa propuesta modificada y he seguido insistiendo -, que hay que buscar un punto medio que evidentemente no va a satisfacer a nadie, pero que puede suponer un equilibrio que tome en consideración de una manera razonable los distintos intereses que hay sobre la mesa. 
La realidad es que, además, hay que recordar que pronto el mercado interior se va a extender hacia el Este y que, en esa situación, todavía será más necesario buscar una posición y un enfoque coordinados, una cierta armonización. 
No se trata de una armonización total, sino de un mínimo de armonización en las reglas de limitaciones de circulación, en las redes transeuropeas que permitan garantizar una adecuada libertad de movimiento de mercancías dentro de la Unión, absolutamente esencial para el desarrollo económico y para la actividad económica de nuestros países. 
Muchas gracias, Sra. Presidenta, muchas gracias, Sr. Savary. 
Espero que mañana este Parlamento pueda, por fin, adoptar el informe Savary, que considero que es equilibrado y que es lo mejor que podemos conseguir de un lado y de otro. 
Gracias, señora Comisaria Loyola de Palacio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
El próximo punto en el orden del día es un debate común de dos informes sobre biocarburantes: 
el informe Mayol i Raynal (A5-0218/2002) -en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios- sobre la posibilidad de aplicar tasas más bajas a algunos aceites minerales que contienen biocarburantes y a los biocarburantes 
y 
el informe Ayuso González (A5-0244/2002) -en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía- sobre el incentivo de los biocarburantes en los transportes 
. (FR) Señora Presidenta, se nos consulta sobre una propuesta de directiva fiscal relativa a los biocarburantes. 
Antes de examinar los méritos de la misma, desearía efectuar dos observaciones preliminares. 
La primera es de orden lingüístico. 
Les ruego, señora Presidenta, Señorías, que me disculpen por mis imperfecciones al expresarme en la lengua que utilizo en este hemiciclo. 
Mi lengua materna es, en efecto, el catalán, y lamento, ante ustedes, el hecho de que diez millones de ciudadanos no puedan hablar su lengua. 
La segunda consideración es de orden terminológico. 
El término biocarburante me parece criticable. 
En la Comisión de Asuntos Económicos propuse el término ' agrocarburante?. 
Puesto que esta propuesta no fue aprobada, la menciono a título de información. 
La propuesta de directiva es corolario de la directiva relativa al fomento del uso de biocarburantes en el transporte. 
La Comisión se basa en una hipótesis de crecimiento continuo del transporte por carretera. 
Con el fin de aplicar los compromisos de Kyoto, ha de preverse la sustitución parcial de los carburantes fósiles por carburantes que no agraven el efecto invernadero. 
A este respecto, el Libro Blanco sobre la política de transporte establece que las emisiones de dióxido de carbono en el ámbito del transporte aumentarán un 50% entre 1990 y 2010. 
Según las estimaciones realizadas en dicho Libro Blanco, el transporte por carretera representa el 84% de estas emisiones. 
Por otro lado, el aumento de la demanda del sector del transporte supone una mayor dependencia de los terceros países productores de petróleo o de gas natural. 
El Libro Verde de la Comisión sobre la seguridad del abastecimiento energético establece que de aquí a 2002 los carburantes alternativos deben representar el 20% del consumo total. 
Nuestra ventaja consiste, según la Comisión, en el fomento de los bio o agrocarburantes. 
Se trata de la posibilidad de explotar tierras, que, en virtud de los acuerdos de Blair House, están excluidas de la producción de productos alimenticios. 
Esta perspectiva podría resultar interesante- nos dice la Comisión- para los futuros Estados miembros, la Europa del Este, Malta y Chipre. 
Con el fin de fomentar el uso de biocarburantes, es necesario instaurar un trato fiscal favorable. 
En efecto, teniendo en cuenta el precio actual del petróleo bruto, el precio de coste actual del biodiésel puro sería superior al del diesel fósil en una cifra que oscila entre 0,25 y 0,30 euros por litro. 
De hecho, parece que la Comisión ha querido adaptar el régimen fiscal de los biocarburantes tras la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de septiembre de 2002. 
Se trata de un régimen que establece una excepción, con respecto al Derecho común, de los impuestos especiales sobre los aceites minerales basado en la directiva 92/81 relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial, que la presente directiva desea modificar. 
Hasta ahora, con el fin de fomentar la producción de bio o agrocarburantes, los Estados miembros podían establecer medidas de reducción o exención de impuestos especiales basándose en el párrafo d) del apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 92/81. 
La mencionada directiva contempla, concretamente, que en el campo de los proyectos piloto para el desarrollo tecnológico de productos menos contaminantes, en particular por lo que respecta a los combustibles obtenidos a partir de recursos renovables, estos proyectos puedan gozar de las mencionadas exenciones. 
Basándose en estas disposiciones, Alemania, Francia y Suecia, concretamente, adoptaron regímenes de excepciones que pueden suponer la exención completa. 
Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión de la Comisión por la que se adoptaba dicho régimen de excepciones específico para el Estado francés, puesto que el sector de que se trataba- producción de ETBE- había superado la fase de proyecto piloto. 
El apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 92/81 establece otra posibilidad de excepción, que el Consejo decide por unanimidad a propuesta de la Comisión. 
Debido a la jurisprudencia BP Chemicals, varios Estados miembros sometieron a la Comisión solicitudes de excepciones. 
Sobre la base del artículo 93 del Tratado, la propuesta de directiva contempla la armonización del régimen de los impuestos especiales sobre los biocarburantes. 
Por lo tanto, se establece que los Estados miembros podrán aplicar sobre estos productos impuestos inferiores al tipo del 20% fijado como tipo reducido, pero dichos impuestos no podrán rebasar una reducción del 50% con respecto a los impuestos especiales que gravan los carburantes fósiles. 
Los Estados miembros pueden establecer una reducción suplementaria en favor de los bio o agrocarburantes que consumen determinados transportistas bajo responsabilidad de una sociedad local de transportes públicos. 
Varias enmiendas están encaminadas a permitir una exoneración total de los biocarburantes. 
Es poco probable que los Estados, que en esta materia legislan por unanimidad, logren un acuerdo sobre este punto. 
Desde un punto de vista ecológico, no es en modo alguno evidente que el balance de los productos que estas directivas pretenden favorecer- me refiero a los bio o agrocarburantes que pueden mezclarse con petróleo (biodiésel y bioetanol) -presente un interés real. 
Podemos preguntarnos si las consideraciones relativas a la reducción del efecto invernadero no son acaso una especie de taparrabo de las compañías petroleras, de las industrias químicas de refinado, de la industria del automóvil y de la agricultura industrial. 
Por eso la enmienda que hemos presentado pretende que el volumen de las reducciones del tipo de imposición se establezca únicamente con arreglo al interés ecológico de los productos y a su utilización. 
Desde este punto de vista, nos parecería más oportuno favorecer los biocarburantes con vistas a su utilización por las denominadas flotas cautivas: los taxímetros, las líneas de autobuses y las locomotoras diesel. 
En tal caso, podrá crearse una red especial de distribución, así como motores adaptados para funcionar exclusivamente con biocarburantes, y de este modo el balance energético será favorable. 
Esta solución también posee el mérito de favorecer el desarrollo descentralizado. 
Se puede pensar que dichos productos y usos puedan beneficiarse de una exoneración total, así como también los biocarburantes fabricados a partir de la biomasa de las regiones mediterráneas, donde el peligro de incendio es real. 
En cuanto al fondo, si bien estamos de acuerdo con el objetivo del 2% para los biocarburantes con vistas a 2005, nos oponemos al objetivo del 5,75 % para 2010. 
Pedimos una nueva definición de los objetivos cuantitativos tras una evaluación del impacto en el medio ambiente que tome en consideración los usos alternativos de la biomasa. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, esta es una directiva que da respuesta a la Comunicación de la Comisión, al Libro Verde y a distintas resoluciones de este Parlamento. 
Nosotros consideramos que es una directiva realista y que se puede cumplir perfectamente. 
Quiero destacar, antes de seguir, la colaboración y la buena sintonía que he tenido con la ponente alternativa, la Sra. Rothe, y con el ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, el Sr. Kronberger, puesto que estamos ante un procedimiento Hughes. 
Esta circunstancia, por cierto, ha retrasado bastante el debate de la directiva en primera lectura, por un problema de competencias que el Parlamento ha tardado demasiado tiempo en resolver. 
Me voy a centrar fundamentalmente en el aspecto más conflictivo de la directiva, que es el tema de los objetivos. 
La Comisión ha propuesto unos objetivos obligatorios para cumplir a lo largo de una serie de años. 
Hay países que van avanzando en su logro y que podrían cumplirlos antes de que se llegue a las fechas prescritas por la Comisión. 
Este Parlamento, tanto en la Comisión de Industria como en la Comisión de Medio Ambiente, a pesar de las enmiendas que se han presentado- y han sido muchas- proponiendo objetivos indicativos, ha aprobado por una muy amplia mayoría que los objetivos fuesen obligatorios. 
En la Comisión de Industria, concretamente, ha sido por 38 votos a favor y 5 en contra. 
A pesar de eso, la ponente alternativa, yo misma y el ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, en un acto de gran generosidad por parte del Parlamento, le hemos ofrecido al Consejo una enmienda, que presentamos conjuntamente, para que los objetivos sean indicativos. 
Eso sí, nosotros esperamos del Consejo algo a cambio: que responda con la aceptación de otra serie de enmiendas que propone el Parlamento y con la aceptación de la propuesta de directiva que hace la Comisión con esa salvedad de los objetivos. 
Además, también le proponemos al Consejo una transacción en la enmienda 53, en la que se contempla que los Estados miembros, por razones justificadas, puedan retrasar la aplicación de la directiva con una excepción de dos años por una sola vez. 
Otro asunto que quiero tratar no se refiere a la presente directiva, pero indirectamente afecta a la aplicación de las mezclas. 
Se trata de la Directiva 98/70/CE sobre la calidad de las gasolinas. 
La Comisión es consciente de que se tiene que adaptar esa directiva para las mezclas, ya que no se puede aplicar de igual modo para mezclas que para el resto de los carburantes procedentes del petróleo. 
En los países con veranos cálidos, la volatilidad aumenta y, por tanto, habrá que aumentar la presión de vapor. 
Yo misma había presentado una enmienda en esta dirección. 
Por problemas jurídicos he retirado su segunda parte, pero quiero hacer hincapié en que la Comisión debe proponer la modificación de la Directiva 98/70/CE en el sentido de que las mezclas puedan tener en los países con veranos cálidos una volatilidad de 70 kPa (kiloPascales) , como ocurre y está permitido en los países con veranos árticos. 
Otro asunto que ha surgido a lo largo del debate de las enmiendas ha sido el de proponer la introducción de otros carburantes en la directiva. 
No es éste su objeto. 
Sin embargo, hay una serie de enmiendas en los considerandos que pueden ser aceptadas, en el sentido de que hay que tener en cuenta estos carburantes alternativos. 
Sí suscribimos las enmiendas que van en la dirección de incluir el biohidrógeno en el ámbito de aplicación de esta directiva. 
Otras enmiendas van en el sentido de establecer unas normas de calidad para los biocarburantes que deben ser mezclados. 
Hay que establecer unas normas estándares para todos los biocarburantes. 
Finalmente, quiero decir que esta es una directiva que está pensada para sustituir por biocarburantes. 
No es una directiva con un objetivo final medioambiental pero tiene una repercusión medioambiental importante. 
Hay quien dice que hay otros medios más baratos para reducir las emisiones de CO2. 
Indudablemente los hay, pero la directiva puede ser una sinergia más. 
Además, da lugar a otros beneficios dentro del mundo del empleo y de la agricultura. 
Lo único que pido es que el Consejo acepte la propuesta de la Comisión y la propuesta del Parlamento y se apruebe la directiva, porque los productores de biocarburantes necesitan un marco estable para producir. 
Señor Presidente, los dos documentos presentados por la Comisión, el uno para la tributación y el otro para el fomento de biocarburantes, son algo contradictorios. 
En una directiva se quiere introducir un sistema de tributación sobre los biocarburantes, con lo que se les quitaría la competitividad que ahora poseen respecto de los carburantes fósiles; con la otra, en cambio, se pretende fomentar el uso de biocarburantes para aumentar su cuota en el consumo total de carburantes. 
El fomento del uso de biocarburantes será una parte esencial de un futuro consumo energético europeo sostenible y amistoso con el medio ambiente. 
Las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente y de la de Economía referentes a una total exención tributaria hacen coherentes entre sí a las dos propuestas. 
En el debate sobre los biocarburantes se ha mencionado un punto: su compatibilidad con el medio ambiente. 
Se pidió que se valorase la totalidad del ciclo ecológico de vida de los biocarburantes. Esto es correcto, pero en comparación con ello habría que valorar también el ciclo total de los carburantes fósiles para obtener resultados objetivos. 
Se debería tener esto en cuenta en la discusión con el Consejo a la hora de lograr el compromiso que hemos propuesto. 
Se podría evaluar mucho mejor si actuamos en una línea ecológicamente correcta aspirando a objetivos obligatorios o indicativos. 
Llegaremos, probablemente, a un compromiso, pero uno de los presupuestos más importantes para ello es la aprobación del Consejo. 
. (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, acabo de llegar y estoy encantada de intervenir sobre este expediente ' biocarburantes? , en el que he trabajado para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Es evidente, pues, que, en cierto modo, en este debate sobre los biocarburantes se ha empezado la casa por el tejado, en el sentido de que se trata ante todo de un problema de agricultura y de que hubiese sido más prudente esperar que se completara la evaluación de la agenda de Berlín, es decir, que se diera el último toque a la evaluación intermedia, para saber efectivamente en qué dirección debe orientarse la política en el sector de los biocarburantes. 
En efecto, es ante todo la manera en que la agricultura será gestionada lo que determinará la calidad de la producción de los biocarburantes, y esto es lo que conviene recordar en primer término en esta cuestión. 
Los biocarburantes a los que nos referimos pueden producirse de forma productivista, con OMG, con insumos por hectárea: pero en ese caso el balance ecológico global sería negativo. 
En cambio, si seguimos la lógica de la orientación que, desde hace algún tiempo, se aplica en el ámbito de la Política Agrícola Común, es decir: si se practica una mayor rotación de los cultivos y si se respeta efectivamente el medio ambiente, entonces tanto los biocarburantes como su producción podrían convertirse en un complemento positivo para los agricultores por lo que respecta a la producción directa. 
Es mejor, en efecto, producir biodiésel puro, aceite puro o utilizar la biomasa para crear hidrógeno que obedecer a una lógica consistente en introducir un bajo porcentaje de carburante de origen agrícola en carburantes que, por tratarse de carburantes fósiles, son siempre productos cuya elaboración es extremadamente contaminante. 
Esto abre la vía a una orientación que consideramos bien encaminada. 
Y puesto que la orientación propuesta parece satisfactoria, vamos a estudiar detalladamente lo que finalmente se decida. 
Señora Presidenta, puesto que la Unión Europea se ha comprometido a disminuir los gases de efecto invernadero, creo que es muy importante que se creen las condiciones para desarrollar las energías renovables, especialmente los biocarburantes. 
Sin embargo, la disminución de las emisiones no es el único motivo por el que conviene apostar por el desarrollo de nuevos carburantes. 
Cada vez es más importante hacerlo para asegurar a largo plazo la producción de energía en la Unión Europea. 
Los incentivos fiscales son una herramienta eficaz, puesto que los impuestos representan una gran parte del precio de venta de los productos energéticos. 
La propuesta a que me referiré se ocupa de la posibilidad de rebajar los impuestos sobre consumos específicos en los Estados miembros, es decir, la propuesta de la Comisión para modificar la directiva 92/81/CEE. 
En esta propuesta se facilita a los Estados miembros una herramienta económica flexible para desarrollar los biocarburantes. 
Se toma en consideración la situación presupuestaria de los Estados miembros, las condiciones locales y la propia elección de soluciones técnicas. 
Por eso esta propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad. 
Creo que las enmiendas de los ponentes y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que han sido aprobadas en la comisión han mejorado la propuesta. 
Estas enmiendas contienen exigencias tanto en relación con los plazos y los controles como con la evaluación de la eficacia energética en su totalidad y la evaluación e investigación de los efectos medioambientales. 
Por eso respaldo este informe y deseo que lo apruebe el Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar al ponente. 
Creo que este informe nos hace avanzar en un tema de gran importancia política, económica, medioambiental y energética. 
La producción y utilización de los carburantes obtenidos a partir de la biomasa es una alternativa política y económica a la importación de petróleo. 
La demanda energética para transporte seguirá creciendo. 
Todos sabemos que la sociedad cada vez está mas interconectada y que esto aumentará dramáticamente con la ampliación de la UE. 
Un abastecimiento energético seguro es condición indispensable para las oportunidades económicas y de empleo en Europa. 
Hasta ahora ha sido correcto el planteamiento fiscal de promoción, pues podemos estar ciertos de que en pocas décadas se producirá una sustitución total del petróleo para carburantes por la obtención de los mismos a partir de la biomasa. 
Por ello es correcto también que a nivel europeo se fomenten los biocarburantes mediante instrumentos fiscales durante un periodo transitorio. 
No basta con que, en un mercado interior común, algunos Estados los fomenten y otros no. 
Los biocarburantes ya tributan menos que el petróleo, a causa de su propio componente hidrocarbúrico y de la necesaria mezcla con petróleo. 
Pero también es correcto que recomendemos al PE en el Pleno que vaya más allá de la propuesta de la Comisión y que no piense sólo en impuestos moderados, sino en una liberalización total para realizar así un fomento decidido. 
Las ventajas fiscales- sean reducciones o exenciones- reducen los costes de manera que pueda garantizarse la competitividad de los biocarburantes. 
Al mismo tiempo, este tipo de fomento puede crear puestos de trabajo en la agricultura y en la construcción de instalaciones que, a su vez, darán lugar a un aumento en las cotizaciones fiscales y a la seguridad social. 
Por último, la producción de biocarburantes es intensiva en trabajo y produce resultados más positivos en el empleo que la producción de carburantes convencionales. 
El trato fiscal ventajoso a nivel de Comunidad fortalece el mercado interno y es adecuado para dar mayor competitividad a la Unión. 
Pueden darse innovaciones en las técnicas de procedimiento, cultivo y cosecha, y también en la producción de motores. 
Estándares comunitarios de calidad de los biocarburantes conformes a la tecnología de motorización harían posible que se avanzase en la tecnología del motor hasta que se llegase al vehículo de cero emisiones. Seguramente sería un éxito de exportación. 
Todo ello fortalece el crecimiento y crea puestos de trabajo. 
Esto es válido también para la exportación de algunos productos y procedimientos a países dependientes hoy en día del petróleo. 
Mi Grupo también opina que la propuesta de la Comisión resulta enormemente atractiva. 
Desde siempre mi Grupo se ha mostrado partidario de fomentar el uso de productos agrícolas para fines industriales. 
A mi modo de ver, la presente propuesta sobre biocarburantes podría ser la primera de toda una serie puesto que los productos agrícolas pueden utilizarse para otros muchos fines. 
Pienso por ejemplo en aceites lubricantes, en plásticos reciclables y tantas cosas más. 
Podría imaginarse un sinfín de otras aplicaciones. 
Ya se ha dicho antes: en el ámbito energético Europa depende demasiado de la importación. 
Importamos prácticamente la mitad- un 45% para ser preciso- de la energía que necesitamos y, según parece, esta dependencia irá aún en aumento. 
Por eso se puede decir que la Comisión va por buen camino con esta propuesta. 
Sin embargo, nos queda por averiguar, entre otras cosas, cómo se puede garantizar un uso más eficaz del biodiésel de origen vegetal. 
Han surgido dudas que yo no comparto del todo. Muchos se preguntan si el biodiésel resulta verdaderamente rentable desde el punto de vista económico y ecológico. 
Yo creo que sí, pero también es cierto que la Comisión puede mejorar aún algunas cosas. 
Aunque la propuesta de la Comisión no se refiera a esta posibilidad comparto la idea de que, aparte del biodiésel, también se pueden utilizar aceites vegetales puros. 
En Alemania existen ya una técnica y un motor para ello. 
¿Por qué no intentarlo también? 
¿Por qué no se prevé una exención de impuestos para los agricultores que utilizan su propio aceite vegetal? 
Es una opción que cuenta con nuestro apoyo. 
Ahora pasaré a comentar la cuestión fiscal. En el pasado diversos países se esforzaron por fomentar el uso de biocarburantes y en muchos países de Europa se aplican tipos de impuestos especiales. 
Opinamos que, por el momento, esta situación debe mantenerse. Ahora bien, a largo plazo hay que evitar que las diferencias fiscales terminen por distorsionar la competencia. 
A nuestro modo de ver, pueden mantenerse aproximadamente hasta el año 2008. A partir de ese momento se impondrá cierta armonización. 
Estimo oportuno que la Comisión no pierda de vista esta necesidad. 
Resumiendo, hay que felicitar a la Comisión por esta propuesta, en la que conviene incluir también los aceites vegetales puros. 
Además, si en el futuro deseamos fomentar el uso de productos agrícolas en general la Comisión habrá de presentar asimismo propuestas para aceites lubricantes, plásticos reciclables, etcétera. 
Señora Presidenta, el uso de los biocarburantes puede ser excelente desde una perspectiva medioambiental, especialmente si atendemos a la emisión de gases de efecto invernadero. 
Sin embargo, esto no siempre es así, ya que dependerá de la forma de producir esos biocarburantes. 
Desde una perspectiva medioambiental, muchas veces resulta inconveniente emplear productos agrícolas altamente subvencionados y transformados para la producción de biocarburantes. 
Si nos atenemos exclusivamente a los efectos medioambientales, existen tecnologías mucho más interesantes, como, por ejemplo, la utilización de materias primas forestales para la producción de etanol. 
Por tanto, para conseguir un sistema sostenible a largo plazo, hay que evaluar los biocarburantes en una perspectiva amplia, es decir, considerando el impacto medioambiental a que dan origen. 
Los impuestos también deberán ajustarse a este impacto medioambiental a largo plazo. 
Para que esta nueva tecnología tenga éxito, con las grandes inversiones que requiere, los países deben eximirla totalmente de impuestos durante un periodo transitorio, facilitando así las inversiones que se necesitarán en motores, estaciones para su venta, etcétera. 
Señora Presidenta, la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero me parece un objetivo digno de consecución, pero me pregunto si el fomento del uso de biocarburantes realmente contribuye a ello. 
El efecto positivo sobre la emisión de CO2 no es la única consecuencia de los biocarburantes para el medio ambiente. 
En el proceso de combustión se liberan otros gases que, por regla general, tienen un impacto menos positivo. 
Por eso considero imprescindible que se realice un estudio integrado del impacto sobre el medio ambiente para despejar las dudas surgidas acerca del uso de biocarburantes. 
Si fomentamos el uso de biocarburantes mediante la aplicación de medidas fiscales sin conocer su impacto sobre el medio ambiente corremos el riesgo de llevarnos un chasco. 
En caso de que quede demostrado que el uso de biocarburantes contribuye unívocamente a la mejora del medio ambiente su fomento resulta aconsejable, pero en todo caso habrá que subrayar que los motores de biomasa deben cumplir las mismas normas de emisión que los motores de gasolina. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, ¿qué son realmente los biocarburantes? 
Son carburantes que sustituyen al combustible convencional o que pueden ser mezclados con él y que se obtienen por elaboración o fermentación de distintas materias biológicas no fósiles. 
Lo digo porque siempre deberíamos aclarar de lo que estamos hablando. 
Bioetanol y biodiesel son los biocarburantes más utilizados en la actualidad. 
La rentabilidad de ambos compuestos es muy parecida, pero sin embargo no pueden competir con los procedentes del petróleo. 
La rentabilidad de los biocarburantes depende, por un lado, de la optimización del proceso de producción, del volumen de producción, y, por otro, del precio. 
En relación con el biodiesel quisiera señalar que el biodiesel se obtiene de aceites vegetales- colza, girasol, soja y palma- que se cultivan en regiones de la UE y que pueden ser utilizados también para piensos animales. 
Señorías, como representante convencido de la economía ecosocial de mercado celebro que los Estados miembros prevean cargas impositivas a los biocarburantes que se encuentran entre las más bajas en general. 
Pero pido también que, al igual que en la Comisión de Economía y en la de Asuntos Monetarios, se solicite también desde aquí una exención completa de impuestos para los biocarburantes en un determinado plazo de tiempo. 
¿Por qué lo pedimos? 
Porque debemos garantizar la competitividad de los biocarburantes frente al petróleo. 
Hasta ahora los costes añadidos alcanzan 0,30 euros por litro. 
Una segunda razón es que los biocarburantes no emiten CO2, por lo que contribuyen de manera decisiva a la reducción de emisiones y al cumplimiento con el Protocolo de Kyoto. 
En tercer lugar representan una mejora en la independencia europea de abastecimiento energético, un objetivo que nos hemos propuesto en vista de que actualmente no sólo dependemos del petróleo de manera sobreproporcional, sino que según nuestros cálculos la dependencia energética aumentará para el 2020 en un 85%. 
En cuarto lugar, los biocarburantes son una fuente doméstica de energía al igual que otras energías renovables y el carbón. 
Con lo de hoy estamos dando un paso consciente dirigido al fortalecimiento de la economía ecosocial de mercado. 
Señora Presidenta, sobre los biocarburantes hay que decir que albergan un enorme potencial de innovación, con todos los efectos secundarios positivos, aunque también con los grandes costes de puesta en marcha- esto hay que tenerlo claro- que habrá que hacer frente. 
El biocarburante en sí mismo nos suena tan bien porque satisface nuestra conciencia ecológica. 
Aunque celebrar los biocarburantes como medida para la reducción de emisiones de efecto invernadero es un poco exagerado. No debemos lanzar las campanas al vuelo. 
Incluso si por ejemplo se dedicase el mismo potencial, los mismos recursos que se han previsto para este capítulo para hacer frente al calentamiento global, la demanda energética podría reducirse tres veces más. 
Por lo tanto, visto desde un punto de vista puramente ecológico, puede discutirse al menos sobre la razonabilidad. 
Aunque no puede negársele a estos productos que tienen futuro. Albergan innovación. 
Mirando al futuro hay que considerar también que sobre todo los países en desarrollo con grandes superficies agrícolas pueden vislumbrar ahí una salida. 
Aunque la política se encamina a la optimización de la producción en ese sector mediante la muy probable contribución de la ingeniería genética. 
¿Es ésto lo que queremos? Si es así, entonces de acuerdo. 
Pero además hay que considerar la relación coste/beneficio para el consumidor, que no está clara. 
Si por ejemplo cae el precio del crudo en el mercado mundial entonces caen los precios de producción del petróleo y entonces necesitarán más subvenciones los productores de biomasa. 
La euforia no debe reinar todavía, pero dados los compromisos de los distintos Grupos, se abre alguna posibilidad para ello. 
Señora Presidenta, doy cordialmente las gracias a nuestra colega, la Sra. Ayuso González, por el trabajo que ha realizado en la elaboración de este informe. 
Esta Directiva es importante para la industria del sector en cuestión y marca las pautas del desarrollo para los próximos años. 
El aspecto más importante de todos, que ha sido abordado en muchas enmiendas, es el carácter vinculante de los objetivos porcentuales que se establezcan, es decir, si son de cumplimiento obligatorio o solamente indicativos. 
Las aspiraciones y los objetivos deben fijarse de tal forma que, en el largo plazo, se favorezca la utilización de biocarburantes poco contaminantes. 
El tráfico rodado es una gran fuente de emisiones de dióxido de carbono y dependemos en gran medida de la importación de carburantes tradicionales derivados del petróleo. 
La dependencia del petróleo importado crecerá en el futuro y debemos intentar librarnos de ella por todos los medios. 
Sin embargo, no apoyo el establecimiento de objetivos obligatorios en esta fase. 
La voluntariedad es con frecuencia la solución que mejor funciona. 
La imposición excesivamente rápida de la obligatoriedad siempre presenta sus propios peligros. 
Muchos Estados miembros tienen poca densidad de población y, en las regiones de población dispersa, el uso del coche suele ser la única alternativa de desplazamiento. 
No podemos imponer el uso de biocarburantes a los habitantes de las regiones poco pobladas si ello supone una subida considerable de los precios del combustible. 
Si queremos introducir objetivos para fomentar la utilización de los biocarburantes, también debemos estar dispuestos a aplicarles ciertas reducciones de impuestos. 
Se puede proceder a la exención parcial de impuestos en los biocarburantes para garantizar su competitividad, tal y como propuso la Comisión en otra propuesta de directiva. 
Y es que los biocarburantes no pueden competir con los carburantes tradicionales sin la existencia de un régimen fiscal diferenciado en su favor. 
Sin embargo, no creo que el Consejo de Ministros acoja con demasiado entusiasmo esta idea, particularmente en lo que se refiere a los Ministros de Hacienda. 
Yo quiero mostrar moderación en este tema de la reducción de impuestos. 
La promoción del aumento del peso en el mercado de los biocarburantes deberá dejarse para estimaciones posteriores. 
Antes, hay que evaluar cómo son acogidos los nuevos productos por los mercados y por los consumidores, así como todas las repercusiones que puedan derivarse de los nuevos biocarburantes y de otros componentes biológicos. 
En esta evaluación, no debe pasar desapercibida la innegable influencia positiva que los biocarburantes tienen en el empleo de los países de la UE. 
Esta Directiva tampoco debe significar altas subvenciones agrícolas para determinados Estados miembros. 
Debemos examinar detenidamente la evolución del abastecimiento de materias primas en los diferentes Estados miembros. 
El crecimiento anual en términos porcentuales propuesto por la Comisión debe excluirse por el momento de la Directiva. 
Señor Presidente, ¿llegará el día en que los agricultores europeos ocupen el rango de los jeques del petróleo produciendo carburantes como ellos y obteniendo los mismos beneficios? 
Dudo que esta conjetura se cumpla, pero de todas formas doy las gracias a la Sra. De Palacio por haber tenido el valor de presentar una propuesta destinada al fomento de la producción y el uso de biocarburantes. 
Podría decirse que así se cierra el círculo. 
Si por mí fuera, en el futuro los agricultores europeos manejarían sobre todo tractores y máquinas propulsados por biocarburantes, del mismo modo que en el pasado nuestros caballos de tiro utilizados para cultivar los campos fueron sustituidos por la mecanización. 
Con eso se cierra el círculo natural en el sentido de que el carburante utilizado se cultiva en la propia explotación agrícola. 
La consecución de este objetivo supondría un enorme paso adelante. 
Me alegro de que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios haya aceptado mis enmiendas. Con ellas pretendo que el porcentaje de impuestos especiales se reduzca a cero o que al menos se contemple esta posibilidad en lugar de prever únicamente un descuento del 50%. 
Quisiera que la Comisaria me confirmara si es cierto que los Ministros de Hacienda consideran la posibilidad de una exención total de impuestos especiales para biocarburantes. 
El uso de colza y de aceite de colza obtenido por presión en frío constituye otro punto. 
Por supuesto existe la posibilidad de importar estas materias primas, pero si deseamos reducir nuestra dependencia de la importación estimo necesario que incluyamos una cláusula especificando explícitamente que la exención total de impuestos especiales se limita a los biocarburantes producidos en la Unión Europea. 
Ello me parece fundamental, también de cara al mundo rural europeo. Además, este planteamiento ofrece buenas perspectivas para una nueva política de desarrollo rural basada en la alta tecnología. 
¿Acaso no es bueno que dotemos de contenido al segundo pilar para la producción y el cultivo de biocarburantes procedentes de colza y otras materias primeras, todo ello en beneficio de los propios carburantes? 
Me agradaría que la Comisión elaborara más aplicaciones a este respecto y que incluso impusiera más obligaciones a los Estados miembros para garantizar que cumplan este objetivo. 
Con ello me refiero asimismo a los países que van muy atrasados. 
Tengo depositadas grandes esperanzas en nuestra actual Comisaria, la Sra. De Palacio. Espero que consiga presionar un poco más a los Estados miembros. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera felicitar a la ponente por su excelente trabajo. 
Quisiera felicitar también a la Vicepresidenta de la Comisión por su ambiciosa propuesta. 
Me congratulo de que usted, señora Comisaria, haya propuesto objetivos vinculantes, pues creo que si no conseguimos fijar objetivos vinculantes la directiva tendrá menos valor. 
No debemos, ciertamente, tener puestas demasiadas esperanzas en la directiva. 
No nos solucionará el problema climático ni la dependencia energética, pero contribuirá a la seguridad del abastecimiento energético y a la protección del clima, y significará nuevas oportunidades de ingresos para la agricultura. 
Pero tengo mis reservas. 
Éstas son: se fomenta la agricultura intensiva. 
Naturalmente hay agricultura intensiva, pero también la hay extensiva, sin embargo todavía no he visto una refinería que produzca carburantes tradicionales de manera extensiva. 
Siempre es una carga intensiva para el medio ambiente, concentrada en un lugar. 
Se han referido al ciclo de vida, al daño al medio ambiente causado por la producción de biocarburantes. 
¿Quién está calculando el ciclo de vida de los carburantes tradicionales? 
Hay que tener en cuenta otros factores, como por ejemplo el transporte desde los centros de producción hasta Europa y las posibles catástrofes como la del buque petrolero 'Erika'. 
Si 'Erika' hubiese transportado biodiesel no le hubiera pasado nada al medio ambiente. 
Quienes, pues, calculan las desventajas de los biocarburantes deberían calcular también las de los carburantes tradicionales. 
Creo en la técnica y creo en la innovación. 
Si nos damos un marco claro, los biocarburantes serán en Europa más eficientes, baratos y compatibles con el medio ambiente. 
Sólo tenemos que crear ese marco. 
Por ello pido que se apoyen las enmiendas 25 y 33 que ponen en primer plano la ecoeficiencia y la establecen como un criterio en la directiva. 
Mi voto el jueves sobre si apoyaré un compromniso con el Consejo tendrá mucho que ver con que enmiendas que hemos aprobado en la comisión como la 25 y la 33 sean aceptadas. 
Si no es así, no votaré en favor de ningún compromiso en primera lectura. 
. Señor Presidente, en primer lugar, con mucho gusto felicito a la Sra. Ayuso por el excelente trabajo que ha realizado. 
Como ustedes saben, el objetivo de esta directiva en materia impositiva es establecer un marco comunitario que permita a los Estados miembros aplicar un régimen fiscal diferenciado en favor de los biocarburantes. 
Centrándome en el contenido de la directiva de la Comisión Europea, ésta propone una serie de medidas que, en su conjunto, son equilibradas y están bien estructuradas. 
No obstante, soy de la opinión de permitir que cada Estado miembro tenga la máxima libertad para fijar el nivel de reducción de impuestos especiales, es decir, para promocionar este tipo de combustibles y no establecer un tipo mínimo de imposición. 
Pienso que cada país de la Unión Europea va a tratar en los próximos años de alcanzar la reducción de las emisiones de CO2 que nos hemos fijado para el año 2020 en el marco del Protocolo de Kyoto y, en función de sus circunstancias, algunos pondrán más énfasis en el uso de biocarburantes y otros en la aerogeneración, etc. Por esta razón, creo que es indispensable dotar a esta directiva de una mayor flexibilidad. 
Por otra parte, no hace falta decir que cada Estado miembro es soberano para decidir en su caso hasta qué punto le compensa la pérdida en ingresos vía impuestos especiales si a través de esto reduce sus emisiones de CO2. 
En esta misma línea, me temo que ésta va a ser la única manera de hacer prosperar esta propuesta del Consejo, donde, como ustedes saben, existe una gran división acerca de esta materia. 
En relación con la política de información y transparencia interinstitucional, en general, soy un firme partidario- particularmente en asuntos relativos al medio ambiente en torno a los cuales existe una gran sensibilidad que parece doblemente importante- de que todos seamos informados puntualmente del desarrollo de los diversos programas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, vuelvo a hacer uso de la palabra en nombre de mi colega, Dominique Souchet, que era la otra ponente de opinión sobre el capítulo fiscal en la Comisión de Agricultura. 
No insistiré en los argumentos políticos, pero- como ustedes saben- las leyes del mercado son responsables, por dos importantes razones, de que hoy los biocarburantes no puedan ser desarrollados espontáneamente en el Unión Europea. 
La primera razón obedece a que el precio de los carburantes de origen fósil no integra los costes externos que representan, por una parte, la utilización de un recurso no renovable- el petróleo- y, por otra, las emisiones masivas de gas de efecto invernadero. 
La segunda razón radica en que los sectores petroleros gozan de la ventaja reconocida de un siglo de experiencia industrial, la cual ha permitido optimizar los costes industriales en unas proporciones colosales. 
Es, pues, perfectamente legítimo que los Estados miembros apliquen una fiscalidad diferenciada, expresión que creemos más acertada que el término desgravación, fiscalidad que favorecería la competitividad de los carburantes de origen vegetal renovables y que no contribuyen a producir el efecto invernadero. 
Se trataría, por tanto, de extender los impuestos especiales sobre los carburantes para los vehículos automóviles a una especie de impuesto ecológico que introduzca un mayor gravamen a los carburantes fósiles que a los carburantes renovables, debido a su externalidad negativa. 
La propuesta fiscal de la Comisión debería contribuir a que la Unión Europea pudiera lograr el objetivo del Libro Verde sobre la seguridad del abastecimiento energético: el 20% para carburantes de sustitución en 2200 en el sector del transporte por carretera. 
Las enmiendas aprobadas en la Comisión de Agricultura pretenden lograr una mayor eficacia en la aplicación de esta directiva: haciendo hincapié en que los biocarburantes producidos en la Unión Europea generan subproductos de materias ricas en proteínas vegetales, utilizables en la alimentación animal; suprimiendo el límite totalmente arbitrario del 50% respecto al diferencial del impuesto; suprimiendo el límite en el tiempo- 31 de diciembre de 2010 -, puesto que las externalidades de los sectores petroleros son permanentes; permitiendo desgravar totalmente los carburantes utilizados para la producción de biocarburantes, como ya se practica para la producción de productos petroleros; precisando que la desgravación sólo puede ser aplicada a los biocarburantes producidos en la Unión Europea, en cuyo defecto la Unión europea no se beneficiaría ni de las reducciones de emisiones de gas de efecto invernadero ni de la coproducción de proteínas forrajeras. 
. Señor Presidente, Señorías, tenemos hoy en la agenda dos propuestas importantes que se refieren a cuestiones delicadas para la Unión Europea. 
El fomento de biocarburantes contribuye a la seguridad de abastecimiento, como una de las pocas medidas posibles de que disponemos para el sector de los transportes. 
Además, la implantación de los biocarburantes también es una de las escasas posibilidades para reducir nuestra dependencia del petróleo y las emisiones de CO2 en este sector. 
Hay que decir que el desarrollo rural presenta otra perspectiva que se refuerza con vistas a la ampliación. 
En este sentido, señor Presidente, me voy a referir a las dos propuestas. 
Hablaré en primer lugar de la propuesta sobre promoción de biocarburantes para el transporte, cuya ponente es la Sra. Ayuso, a la que quiero felicitar muy sinceramente por el magnífico trabajo que ha realizado. 
El hecho de que cinco comisiones hayan participado en el examen de esta propuesta de directiva indica con claridad el carácter intrínsecamente multifuncional de los biocarburantes. 
El estado de la cuestión en debate es el siguiente: el Consejo ha discutido reiteradamente estas iniciativas, tanto en el Consejo de Energía como en el Consejo Ecofin. 
La realidad es que el problema más importante, como ha señalado ya la ponente, Sra. Ayuso, es la cuestión de si los objetivos han de ser indicativos o, por el contrario, obligatorios. 
A la vista de la postura de la mayoría de los Estados de la Unión y de la necesidad- que me parece absolutamente clave- de desarrollar un sistema estable en un marco estable, fundamentalmente desde el punto de vista fiscal, para promocionar la utilización de biocarburantes, la Comisión podría aceptar que una solución semejante a la que plantea la directiva sobre electricidad de origen renovable se aplicara a los biocarburantes. 
Así, habría una cláusula de revisión que permitiría a la Comisión proponer la reintroducción de objetivos obligatorios en caso de que los Estados de la Unión no llegaran a un cumplimiento razonable de los objetivos indicativos planteados. 
Ahora existen dos enmiendas, la 68 y la 69, que han firmado distintos ponentes o ponentes alternativos, y ya digo que, en nombre de la Comisión, puedo aceptar, porque permitirían acercar claramente las posiciones del Parlamento y el Consejo. 
Quiero decirles además que acojo con satisfacción todas las enmiendas que dan prioridad al aspecto medioambiental en el caso de los biocarburantes. 
Algunas de sus Señorías han dicho que no son tantas. 
Yo quiero decirles que un ahorro mínimo del 45% de emisiones de CO2- en algunos biocarburantes es muy superior, en torno al 80%, y los hay incluso mayores- me parece esencial. 
En breve voy a presentar a sus Señorías una propuesta nueva para dar un marco claro a la producción combinada de calor y electricidad, es decir, a la cogeneración, y les voy a decir que estamos hablando de mejoras de eficiencia global de todo el sistema, del 5% o del 10%, y que los sistemas más eficientes apenas superan el 10% de mejora. 
Con ello les señalo que una mejora del 45%, por ejemplo, en la cuestión de emisiones de CO2, es un elemento que debe tenerse en cuenta. 
En cuanto a los aspectos medioambientales, quiero decirles que hay algunas enmiendas que no podemos, sin embargo, aceptar, como las enmiendas 1, 5, 6, 25- antes alguien se refería a ella; lo siento, no podemos aceptarla -, 37, 41, 44, 60 y 66, porque supondrían una carga adicional que no podemos asumir o plantearían ir demasiado lejos con esta propuesta. 
La Comisión sabe que el consumo de energía en el sector de transportes es un tema complejo. 
Las mejoras fundamentales en este sector no van a venir sólo de una medida. 
Hemos presentado la propuesta sobre biocarburantes junto con una comunicación sobre combustibles alternativos. 
El objetivo es el 20% de combustibles alternativos, en general, que cubre un ámbito mucho más amplio y, en ese sentido, puedo aceptar todas las enmiendas que van en esa línea. 
Sin embargo, creemos que las enmiendas que incluyen otros combustibles fósiles en las disposiciones de esta directiva se salen del ámbito de aplicación y así no podemos aceptar las enmiendas 9, 13, 29 y 30 (parcialmente). 
Tampoco podemos aceptar algunas enmiendas que, por ejemplo, excluyen el uso de biocarburantes en flotas de vehículos cautivos o que vacían la propuesta de contenido, así las enmiendas 11, 17, 27, 33, 40, 48, 50, 51, 52, 56, 62, 63, 64, 65, 66 y parte de la 19. 
Necesitamos tomar una decisión relativa al abastecimiento energético en el transporte, no podemos demorar más el inicio del trabajo para reducir nuestra dependencia petrolera. 
Las campañas de promoción y las declaraciones de buenas intenciones son útiles pero no bastan para modificar la situación energética en Europa. 
Nuestra propuesta de fomento de los biocarburantes abrirá un nuevo mercado para las tecnologías de energías renovables y precisa su decisión estratégica para poder aprovechar su potencial. 
Diré, además, en relación con la modificación de la Directiva 98/70/CE, que se refiere a las características de los carburantes, y para tener en cuenta el problema de la volatilidad en los países más cálidos- en los países del sur de la Unión Europea -, que estamos tratando de que en el ámbito de la discusión, que ahora se desarrolla precisamente en segunda lectura por parte de este Parlamento, y de una modificación que se está trabajando actualmente, haya algún margen para ello. 
En cualquier caso, es obvio que éste es un problema que hay que afrontar, porque de lo contrario en los países del sur habría varios meses al año donde la utilización de ciertos biocarburantes, concretamente el etano, sería sencillamente imposible. 
Hoy tenemos la oportunidad de ponernos de acuerdo sobre una disposición legislativa que, efectivamente, en algunos aspectos es menos ambiciosa que la propuesta original de la Comisión, pero que creo que es realista y que nos permite avanzar, siempre y cuando- y entro en la segunda propuesta- el Consejo acepte también nuestra propuesta sobre exención de impuestos especiales en los biocarburantes. 
En efecto, según las noticias que nos llegan del Consejo éste también ha sido un asunto discutido. 
Parece ser que esta vez los ministros de Economía y Hacienda están dispuestos a hacer un esfuerzo real para conseguir un impulso importante a la utilización de biocarburantes. 
Quiero agradecer también al ponente su trabajo e insisto en que las noticias que tengo por parte del Consejo van en el buen sentido y nos permitirán, por lo tanto, aprobar el paquete, las dos medidas, con objetivos no obligatorios, sino sencillamente orientativos. 
Creo que sería un paso adelante en aras de impulsar la utilización de biocarburantes. 
Respecto a esta propuesta, la Comisión puede aceptar varias de las enmiendas. 
Sin embargo, no puede aceptar las enmiendas 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24 y 25, porque intentan imponer obligaciones a los Estados miembros o porque están ya recogidas en la legislación vigente, o sencillamente porque son superfluas o inapropiadas en el contexto de esta propuesta. 
Señorías, el apoyo de este Parlamento a las dos propuestas con las formulaciones y las enmiendas que se han planteado- concretamente y muy especialmente las enmiendas 68 y 69- sería, de verdad, dar un paso adelante y acelerar la expansión del uso de los biocarburantes en el sector del transporte. 
Espero que mañana se logre un acuerdo que permita una aprobación en primera lectura, lo cual facilitaría la pronta puesta en funcionamiento de esta iniciativa. 
Gracias, señora De Palacio. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación del informe Mayol i Raynal tendrá lugar mañana a las 12.30 horas y la del informe Ayuso González tendrá lugar el jueves. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0196/2002) del Sr. Rübig, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: "Funcionamiento de la Oficina de Control de Seguridad de Euratom 1999-2000" (COM (2000) 436- C5-0535/2001- 2001/2214 (COS)) 
Señor Presidente, la seguridad ocupa un lugar preferente en todas las actividades y, tratándose de las relacionadas con la energía atómica, es algo esencial. No puede haber margen para errores humanos ni para sabotajes o actos terroristas. 
Por eso me satisface que el informe de Euratom demuestre una mejor percepción de los riesgos y apueste por aumentar la seguridad. 
En la comisión ha habido sólida mayoría para concentrarse aún más en la seguridad y en las medidas conducentes a que todos los que trabajan con material atómico se ocupen más de ella. 
Quisiera mencionar especialmente la formación del personal, los aspectos de seguridad en relación con los transportes y los mayores riesgos de ataques terroristas que nos afectan desde el 11 de septiembre de 2001. 
Señor Presidente, la energía nuclear es un método muy discutido y polémico para la producción de energía. 
Hemos visto muchos accidentes graves y otros que habrían podido terminar muy mal si el personal de seguridad no hubiese estado alerta. 
Hay que tomar muy en serio la preocupación de los ciudadanos por la energía atómica, los materiales radiactivos y todo lo relacionado con estas actividades. 
. Señor Presidente, efectivamente, comprendo lo que acaba de decir el Sr. Martin sobre la falta de público y sobre la realidad o no de las sesiones de este Parlamento respecto a los ciudadanos que están ahí fuera, en los distintos Estados de la Unión. 
Sobre todo porque- en mi opinión- estamos trabajando y hablando de un asunto de una gran importancia para los ciudadanos, que en principio les debería interesar y que creo que les interesa. 
En ese sentido, señor Presidente, Señorías, quiero ante todo dar las gracias a los diputados que han intervenido y, especialmente, al Sr. Rübig por su iniciativa al preparar este informe. 
Estoy particularmente agradecida porque se refiere al primer informe sobre las actividades de control de seguridad Euratom presentado por la Comisión en los últimos ocho años. 
Era la reacción esperada en respuesta a la voluntad de información y de transparencia expresada por la Comisión en el ejercicio de las responsabilidades que nos atribuye el Tratado Euratom. 
La mayoría de las peticiones y sugerencias expresadas en la propuesta de resolución sometida a la votación de este Parlamento coinciden al 100% con los deseos y preocupaciones que yo misma he expresado en distintas ocasiones ante sus Señorías. 
La semana pasada, la Comisión aprobó mi iniciativa de reagrupar bajo una misma dirección las responsabilidades de la Comisión en materia de seguridad nuclear en sentido amplio. 
Con ello respondo a una de las preocupaciones fundamentales de este Parlamento: la coherencia en estos ámbitos claves del sector nuclear debe salir reforzada. 
Sin entrar en los detalles de la propuesta de resolución presentada por el Sr. Rübig, desearía referirme a dos cuestiones muy concretas: 
En primer lugar, quiero anunciarles que un nuevo informe de actividades de la Oficina de control de seguridad de Euratom les será transmitido en las próximas semanas. 
En segundo lugar, respecto a las competencias en materia de seguridad nuclear, en sentido amplio, considero fundamental que el ejercicio de la competencia comunitaria pueda apoyarse en los conocimientos técnicos de las autoridades nacionales y llevarse a cabo de manera coordinada y armoniosa y con ellas. 
Esta constatación, que es cierta hoy, lo será más con la ampliación. 
En ese sentido, quiero decirles al Sr. Rübig y a los otros oradores que espero, en los próximos meses, poder presentar al Consejo y a este Parlamento un paquete de iniciativas precisamente sobre seguridad nuclear, que responderá a lo que han manifestado como inquietud sus Señorías, y es la necesidad de que haya unos estándares comunes de seguridad en las instalaciones en el ámbito de la Unión Europea, que sean unos estándares que constituyan un acervo comunitario, de obligado cumplimiento por los quince miembros actuales de la Unión, pero también por los países candidatos, que en su momento serán países de la Unión y que, por lo tanto, den garantías a todos los ciudadanos de que las cosas se hacen de la manera adecuada y con los máximos niveles de seguridad, que son los exigibles en el ámbito de la Unión Europea. 
En cuanto a la energía nuclear, saben sus Señorías cuál es mi posición. 
Es un asunto controvertido pero, claramente, teniendo en cuenta los nuevos problemas relacionados con el cambio climático y otras cuestiones, en mi opinión- lo he dicho reiteradamente- es algo absolutamente inevitable. 
Es algo absolutamente necesario y la opción nuclear debe mantenerse abierta dentro de la Unión Europea. 
Esto es también lo que se deducía en las conclusiones del Libro Verde que aprobó recientemente la Comisión. 
Pero el corolario que lleva aparejada esta constatación en las nuevas circunstancias es la necesidad de garantizar la máxima transparencia y la máxima eficacia de los estándares de seguridad adecuados en todas las instalaciones en la Unión Europea. 
En eso es en lo que vamos a trabajar, además de seguir haciéndolo en el ámbito internacional, en la Agencia de Viena, para mejorar todavía más los estándares exigibles en el ámbito mundial en este tipo de instalaciones. 
Cuando ya había comenzado a hablar la señora Comisaria, han ingresado en el hemiciclo la Sra. Doyle y la Sra. Ahern, que me imagino que han tenido dificultades para estar aquí. 
Sin que sirva de precedente, como me piden la palabra, se la voy a conceder para que intervengan muy brevemente. 
Si la Sra. Comisaria desea añadir alguna observación. 
Ha podido escuchar a las señoras diputadas y queda constancia en el Acta de que no han llegado a tiempo por motivos ajenos, debidos, en este caso, al transporte aéreo, de lo que tomarán buena nota también, sin duda, la Sra. Comisaria y el Parlamento Europeo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0222/2002) del Sr. Vander Taelen, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la Comunicación de la Comisión sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual (COM (2001) 534- C5-0078/2002- 2002/2035 (COS)) 
Señor Presidente, estimados colegas, siento cierta emoción al dirigirme hoy a ustedes, aunque me esperaba un auditorio más repleto. 
En efecto, es la última vez que hablo ante este Parlamento, ya que a partir del 1 de septiembre asumiré la dirección de la fundación que se encarga de la asignación de medios financieros destinados a fortalecer el cine flamenco. A fin de cuentas, éste es el objetivo final del trabajo que he venido realizando aquí durante los últimos tres años. 
La comunicación de la Comisión en la que se basa mi informe ha supuesto sin duda un enorme paso adelante. 
Es un paso en la buena dirección. El principal mérito de la comunicación- me refiero a ello en mi informe- consiste en que por fin se logra una mayor transparencia, especialmente desde el punto de vista jurídico, y en que se ha intentado aclarar un poco lo que está permitido y lo que no en el ámbito de las ayudas públicas otorgadas al sector audiovisual. 
Sin duda debemos felicitarnos por estos avances. 
Ahora bien, si miramos la comunicación desde otra perspectiva no podemos por menos que lamentar que una vez más la Comisión Europea dé muestras de una enorme falta de ambición, como viene siendo habitual en este terreno. 
Concede mucha importancia al cumplimiento de la normativa en materia de competencia, ¡como si en el sector audiovisual europeo existiera competencia! 
Es muy curioso que Europa preste tanta atención al análisis de la situación en los diferentes Estados miembros cuando estos mismos Estados miembros tienen que hacer frente a un aplastante rival que, sin embargo y por fortuna, no forma parte de la Unión Europea. 
Me refiero por supuesto a los Estados Unidos, cuya producción cinematográfica se lleva en la mayoría de los países europeos una cuota de mercado de entre el 80% y el 85%. Es realmente una cifra sorprendente. 
Habida cuenta de esta situación desastrosa es de esperar que, por fin, la Comisión Europea se muestre capaz de tomar una iniciativa eficaz digna de lo que debería significar la Unión Europea, porque no hay ninguna ley que estipule que Europa debe quedar a la zaga de los Estados Unidos. 
Ahora bien, está claro- el Parlamento Europeo lo ha señalado en informes anteriores- que los Estados miembros se topan con serios obstáculos. 
Es hora de que la Comisión Europea demuestre que no sólo se da cuenta de ello- como es obvio- sino que, además, está dispuesta a emplear los medios necesarios para remediar esta situación. 
Señoras y Señores, les voy a poner un ejemplo que ya está muy visto, pero que sigue clamando al cielo y que sigue siendo muy ilustrativo: Europa gasta diez veces más dinero en medidas de apoyo a la industria tabacalera que en el programa MEDIA. 
En Europa quienes cultivan aceitunas salen ganando a los cineastas. 
En el ámbito de las aceitunas Europa dispone de una política clara y bien delimitada, pero en uno de los sectores más ambiciosos y más prometedores, también con vistas al empleo, continúa sin tomar cartas en el asunto. 
No, exagero, Europa sí está presente, pero apenas se nota. 
Por todo ello insto al Parlamento Europeo- y éste es el último llamamiento que hago en este Parlamento Europeo- a que ponga entre la espada y la pared a la Comisión Europea y a los Estados miembros para que algún día podamos disponer de una verdadera política europea que ofrezca a los ciudadanos europeos lo que les corresponde: una industria audiovisual europea de buena calidad. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera felicitar al Sr. Luckas Vander Taelen por su informe y por su trabajo y compromiso con el Parlamento Europeo. 
Es un verdadero abogado de los audiovisuales europeos. 
Aunque lo perdamos para el Parlamento, lo ganamos como socio en el mundo profesional. 
Creo que podremos seguir colaborando muy bien. 
Felicto también a la Comisión por el informe que ha presentado. 
El informe nos da la oportunidad de sacar un balance provisional. 
¿Dónde nos hallamos después de aproximadamente tres años de trabajo del Parlamento y de la Comisión? 
En mi opinión este balance provisional pone una cosa de relieve: los audiovisuales europeos se fortalecen cuando trabajamos en colaboración, esto es, el Parlamento, la Comisión, el Consejo, lo que ya es muy trabajoso, y las asociaciones profesionales. 
El balance de los tres últimos años demuestra que hemos alcanzado algo importante. 
Quisiera referirme sólo a tres puntos. 
Primero, la proporción de películas no europeas que han sido expuestas en las salas de cine de la UE ha ascendido en el último año en un 21%. 
Esto significa que nuestro Programa ha realizado una contribución muy importante para lograr ese resultado. 
En segundo lugar, gracias a la iniciativa de la Sra. Comisaria Reding y del Parlamento, el Banco Europeo de Inversiones ha creado un fondo para proveer el necesario capital riesgo para audiovisuales y que alcanza este año una suma de 400 millones de euros, lo que significa un paso muy importante en esta dirección. 
Tercer punto: la Comisión ha revisado el derecho de competitividad en relación a las subvenciones a la producción de obras audiovisuales de los Estados miembros y lo ha reconocido en general como adecuado a derecho, de modo que hemos ganado un quántum más de seguridad para los audiovisuales europeos. 
Pero no debemos dormirnos en los laureles. 
El informe se refiere también a los problemas más importantes que deberemos solucionar en los próximos años a nivel, precisamente, de la UE. 
Y deberemos hacerlo- ésta es mi petición al Consejo, que exige subsidiariedad- mediante iniciativas propias de los Estados miembros. 
Sólo menciono tres puntos. 
Como base eficiente de trabajo necesitamos el artículo 151 de los Tratados sobre la transición a la mayoría cualificada. 
Necesitamos proyectos piloto para la herencia digital, y necesitamos disposiciones objetivas para el derecho de ayudas al futuro de los audiovisuales europeos. 
Querido Luckas, te echamos de menos. 
Echamos de menos tu acción en favor de la circulación de las películas en Europa, y deseo darte las gracias por todo lo que has realizado durante estos tres meses: Me asocio a los colegas que lo han hecho antes que yo. 
Me limitaré a realizar algunos comentarios sobre la circulación de las películas. 
No sólo la directiva ' Televisión sin fronteras? no será revisada, sino que, además, exactamente en el mismo momento, otros proponen crear una cadena europea para hacer circular las películas. 
Desearía conocer la opinión de la Comisión a propósito de esta iniciativa, adoptada- entre otros- por Bélgica, con vistas a crear dicha cadena. 
En efecto, me pregunto una vez más cómo se define la obra europea. 
Cuando se revisó ' Televisión sin fronteras? , se había prometido que hablaríamos de ello. 
El debate no tendrá lugar porque la directiva no será revisada. 
Sin embargo, la cuestión persiste. 
En efecto, con la multiplicación de los soportes de transmisión audiovisuales se plantea asimismo el problema de las fronteras de la obra audiovisual. 
¿Una emisión de plató televisado constituye una obra audiovisual, y cómo circula ésta? 
¿Es objeto de una promoción en una cadena del cine europeo? 
En el fondo, la pregunta que formulo una y otra vez atañe al contenido cultural de esta producción industrial audiovisual y cinematográfica. 
¿Cómo defenderemos el contenido cultural? 
Segunda pregunta a la Comisión: pienso que la Comisión está abierta a la idea de la creación de un instrumento internacional, paralelo a la OMC, específico de las cuestiones culturales. 
Sabemos que un grupo de expertos francoquebequeses ha realizado un estudio de viabilidad de dicho instrumento. 
Las cosas adquieren, pues, poco a poco una forma concreta. 
Se trata de una cuestión que nos toca de cerca a nosotros, diputados europeos, y desearía abrir el debate al respecto. 
Considero que la Sra. Reding y el Sr. Lamy se han hecho eco abiertamente, en varias ocasiones, de esta propuesta. 
Desearía, pues, en interés del patrimonio cultural, recibir algunas aclaraciones. 
Señor Presidente, lamento yo también que nos deje el Sr. Vander Taelen, que ha trabajado bien, con calidad y con un talante sumamente democrático. 
Le gusta colaborar y siempre trabajar dentro del consenso. De verdad, siento que se vaya. 
He de felicitar a la Comisión por este intento de introducir algunos cambios jurídicos para la difusión del mundo cinematográfico europeo y aplaudo algunos aspectos de la comunicación, a los que me referiré posteriormente. 
Sin embargo, me preocupa enormemente que, de nuevo y una vez más, haya una especie de gran timidez de fondo y creo que ello se debe a que el punto de vista, es decir, el lugar donde nos hemos colocado para ver el cine, la imagen audiovisual y buscar la competitividad, no es el adecuado. 
Por ejemplo, creo que la relación cultura-industria no está clara. 
Seguimos entendiendo la cultura como algo diferente, como un mundo aparte sometido a la subsidiariedad pero, ¿podemos decir que el cine digital es sólo cultura? 
Las medidas de protección y de apoyo son siempre medidas pequeñas, de pequeña ambición, a pesar de que se han conseguido muchas cosas, en parte debido al Parlamento y al Sr. Hieronymi: por ejemplo, la importante colaboración del BCI. 
Pero no basta. 
Uno de los aspectos de esta timidez es la manera en que se está tratando el mundo digital, que arrasa las fronteras, nos deja sin ellas, elimina prácticamente las salas de proyección. 
Se trata, pues, de un salto cualitativo que requiere mutación en nuestras políticas, cambios radicales en los enfoques. 
Pensar que la solución para el mundo digital pueda ser apoyar el desarrollo de la investigación y del sexto programa me parece una concepción para tratar un tema que se va a desarrollar no en cuatro años sino en veintisiete. 
Incorporarnos al mundo digital significa que revolucionemos nuestro sistema tecnológico en la mayor parte de los casos, que fortalezcamos a Europa con una base y que nos introduzcamos, por de pronto, en el tema de la postproducción. 
Y esto me parece que no se ha abordado porque hay miedo a relacionar cultura e industria, porque si entráramos en el mundo de la industria tendríamos que entrar en el mundo de la competencia, y seguimos creyendo que hace falta tener barreras para la cultura. 
Pero es que llegamos tarde. 
En cambio, y frente a esta llamada a que hablemos en términos modernos, contemporáneos y con un conocimiento de lo que es la revolución tecnológica que va a revolucionar los escenarios culturales, también quiero decir que me parecen muy oportunos el atrevimiento y la valentía de defender, de una vez, la conservación del patrimonio audiovisual. 
Me parece muy interesante, muy valiente y lo aplaudo. 
Además, es preciso hacer un banco de datos. 
Me parece perfecto reconocer la propiedad digital y abordar como un conjunto la posibilidad de hacer alguna norma, alguna medida para que todos nos pongamos de acuerdo. 
Pero sigo creyendo que el mundo de la industria y de la imagen no puede resolverse con la subsidiariedad. 
Señor Presidente, es verdad que los argumentos que escuchamos están presididos por un espíritu de pluralismo, y quisiera que el Sr. Lamy, que se encuentra aquí, no los considerara contradictorios. 
Todos amamos el cine, y su mejor abogado, desde luego, en estas salas ha sido el colega Vander Taelen. 
Yo soy de la opinión de que no lo perdemos; de que en su nuevo puesto lo veremos regularmente, y podremos trabajar con él tan bien como hasta ahora. 
El cine, el séptimo arte, que vino a sumarse al resto de las artes en un período histórico muy reciente, reunió desde el principio los atributos del arte y los de la industria, la calidad y el carácter de masas, y educó a generaciones enteras de europeos. 
En las actuales condiciones, sin embargo, recibe, como es sabido, la asfixiante presión del cine norteamericano. 
El Parlamento y la Unión Europea han adoptado hasta ahora diversas decisiones políticas de apoyo a las obras cinematográficas y audiovisuales; es necesario, sin embargo, adoptar nuevas medidas. 
En esta dirección, el informe Vander Taelen propone medidas legislativas y fiscales muy adecuadas, y presta atención igualmente a la investigación y los archivos. 
Nos aproximamos, no obstante, a tres momentos cruciales, que son 2004, año en el que se tomarán decisiones sobre las ayudas económicas, 2005, por las negociaciones en el marco de la OMC, y un momento aún por determinar, que no hace sino alejarse, en el que deberá ser revisada la directiva ' Televisión sin fronteras?. 
Antes de alcanzar estos hitos, debemos agotar todas las posibilidades, y nuestra propia imaginación política, al objeto de salvar el cine europeo y el sector audiovisual. 
El colega Lucas Vander Taelen lo ha hecho, y es acreedor a nuestra felicitación. 
Su iniciativa no merece quedar en el aire. 
Por ello, sería bueno contar con una respuesta lo más concreta posible de la Comisión. 
. (FR) Señor Presidente, la Comisión da las gracias al Sr. Vander Taelen por la preparación de este informe y se felicita de sus conclusiones, que nosotros compartimos. 
Naturalmente, tendremos en cuenta sus observaciones, las demandas que se han formulado, y ello sobre todo porque el Sr. Vanden Taelen nos ha recordado que este informe era, en cierto modo, el mensaje que nos deja en herencia. 
Esta comunicación ' cine? demuestra la importancia que para la Comisión reviste el sector cinematográfico y, en general, el sector audiovisual para el desarrollo de nuestras políticas. 
Por lo que a nosotros respecta, somos absolutamente conscientes y estamos satisfechos de la convergencia de puntos de vista entre el Parlamento y la Comisión sobre dichas cuestiones. 
Por otro lado, en esta casa ustedes ya han demostrado el interés que les despierta este sector, gracias al anterior informe de propia iniciativa, también preparado por el Sr. Vander Taelen, sobre una mejora de la circulación de las películas europeas en el mercado interior y los países candidatos. 
El objetivo de esta comunicación ' cine? es ante todo explicar claramente el enfoque positivo y constructivo de la Comisión con respecto a las ayudas nacionales al cine. 
El sector audiovisual y cinematográfico- cuya especificidad responde a su doble naturaleza económica y cultural, lo que justifica que no sea abandonado únicamente a las fuerzas del mercado- está asimismo obligado a adaptarse continuamente a un universo en constante evolución. 
La Comisión ha dado un curso positivo a cada notificación por parte de los Estados miembros del sistema de ayudas estatales para apoyar el cine nacional. 
Los regímenes nacionales que la Comisión ha examinado están, pues, consolidados hasta 2004, lo cual no significa, sin embargo, que luego serían ilegales y que en dicha fecha deberían ser puestos en tela de juicio. 
Esta fecha significa simplemente que, hasta ese momento, los criterios que la Comisión ha presentado no cambiarán y que, en caso de que cambiaran posteriormente, ello obedecería, entonces, a la aparición de elementos nuevos que demostrarían la existencia de una desviación concreta. 
Por lo que respecta a las demás cuestiones mencionadas en el informe del Sr. Vander Taelen, desearía precisar, en particular, que la Comisión apoyará el cine digital- respondo con esto a lo que la Sra. Gutiérrez-Cortinez ha manifestado- y la digitalización de los archivos a través de varios proyectos piloto previstos en el programa MEDIA-Plus. 
Las otras acciones de seguimiento anunciadas por la Comisión están en curso de realización. 
Con respecto a las encuestas realizadas sobre el depósito legal y los sistemas de registro, los grupos de expertos del sector cinematográfico serán convocados este otoño, e iniciaremos el debate sobre los resultados de dichas encuestas. 
Finalmente, los estudios anunciados en la comunicación han sido lanzados, y los informes finales deberían estar listos a finales de este año. 
Y para concluir, los trabajos sobre el nuevo examen de la directiva ' Televisión sin fronteras? están en curso- lo aclaro para la Sra. Fraisse-. 
Uno de los tres grandes estudios ha sido publicado en el sitio web de la Comisión. 
Los otros dos serán publicados más tarde. 
El informe sobre la aplicación de la directiva será aprobado en comisión de aquí a finales de este año. 
Antes de responder sobre dos o tres puntos precisos, recordemos simplemente que la comunicación de la Comisión, que es objeto del informe que discutimos esta noche, sólo constituye una primera etapa. 
Vamos a seguir trabajando juntos para realizar este objetivo común que todos ustedes, sin excepción, han recordado en sus intervenciones: la vitalidad, el desarrollo y el crecimiento de un sector audiovisual europeo creativo y diversificado. 
Sobre dos o tres cuestiones más precisas: la Sra. Sanders-ten Holte se ha referido al patrimonio cinematográfico europeo. 
Aprovecho esta ocasión para llamar la atención de ustedes sobre la semana CinEd@ys, que se celebrará del 15 al 24 de noviembre y que está pensada para permitir que los europeos descubran en Internet y en las salas algunos tesoros del cine europeo, contribuyendo, de este modo, a popularizarlos. 
En relación con la pregunta de la Sra. Fraisse sobre la idea de crear una cadena europea dedicada al cine, se trata de un proyecto que se menciona aquí y allí desde hace algún tiempo. 
En 1997, por otra parte, nosotros ya habíamos financiado un estudio, pero sin resultados demasiado concluyentes. 
Los radiodifusores públicos siguen examinando el expediente, pero es evidente que persisten algunas dificultades, sobre todo con respecto a los derechos de autor y a los intereses de los productores, que, aparte de las cuestiones atinentes a la financiación, rentabilidad o audiencia, han bloqueado, de momento, este asunto. 
En cuanto a la idea, señora Fraisse- y concluyo con esto- de un instrumento internacional que establezca los principios de la diversidad cultural y de los objetivos que de ellos pueden desprenderse en materia de acuerdos internacionales, es una idea de la que, efectivamente, se habla desde hace algún tiempo. 
En ese sentido, se han realizado trabajos interesantes en la Unesco, pero éstos aún no han alcanzado, ni en calidad ni en profundidad- ni siquiera desde el punto de vista de los países participantes o dispuestos a comprometerse en este asunto -, una masa crítica suficiente. Por consiguiente, continuaremos, mientras tanto, en la Organización Mundial del Comercio el debate sobre el capítulo referente a las negociaciones comerciales internacionales en el seno del sector audiovisual. 
Vamos a seguir ateniéndonos, como lo hemos hecho hasta ahora, al mandato que nos ha sido otorgado, y que consiste en proteger la diversidad cultural tanto en este ámbito como en los demás. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0188/2002) del Sr. Turchi, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 2236/95 del Consejo por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuorpeas (COM (2002) 134- C5-0130/2002- 2001/0226 (COD)) 
. (IT) Señor Presidente, las redes transeuropeas son uno de los motores del crecimiento de la competitividad y el empleo dentro de nuestra Unión Europea. 
El Consejo Europeo de Essen, en diciembre del ' 94, les dio un impulso político decisivo, gracias a la adopción de una lista de 14 proyectos prioritarios. 
La Comunidad y el Banco Europeo de Inversiones han puesto en marcha una serie de instrumentos financieros para alcanzar estos objetivos. 
El objetivo principal de la ayuda comunitaria a las TEN es contribuir a superar los obstáculos financieros que pueden presentarse cuando se lanza un proyecto. 
Actualmente, como norma, la ayuda comunitaria está limitada al 10 por ciento de los costes generales, a excepción del programa GALILEO que puede recibir hasta el 20 por ciento de su financiación de la Comunidad. 
El resto del gasto ha de ser cofinanciado a través de presupuestos locales, regionales y nacionales. 
Por desgracia, el trabajo no está avanzando con la esperada rapidez: de los 14 proyectos específicos aprobados en la cumbre de Essen, sólo tres han sido completados; otros seis deberían estar concluidos en el 2005; por lo que concierne a los otros cinco, para terminar, no se ha dado ninguna indicación clara respecto a sus plazos de vencimiento. 
¿Cuáles son entonces los problemas? 
Ante todo, el ritmo de las inversiones ha sido demasiado lento, y la Comisión cree que, en caso de que el porcentaje de financiación no aumente de aquí al 2010, será muy improbable que se complete la red, en particular por lo que se refiere al componente ferroviario. 
Los retrasos mayores son los relativos a los proyectos transfronterizos en cuanto que, en sus decisiones, los Estados miembros han concedido prioridad a las financiaciones de los tramos locales de la red transeuropea. 
Dichos retrasos se pueden deber esencialmente a la ausencia de un enfoque integrado de planificación, estudio y financiación de las infraestructuras transfronterizas. 
Por otra parte, los recursos financieros y los instrumentos jurídicos de la Comunidad no permiten intervenir autónomamente para acelerar dichos proyectos en cuanto que, como norma del Tratado, las autoridades nacionales son competentes para la ejecución de un proyecto en el territorio de un Estado miembro. 
Las zonas más gravemente afectadas, de persistir el estrangulamiento, son los pasillos internacionales, en los que está muy concentrado el tráfico Norte-Sur, las barreras naturales como los Alpes y los Pirineos, la periferia de los centros urbanos y comerciales más importantes, en los que se encuentra y se agrupa el tráfico de larga distancia regional y local, además de algunas fronteras de la Unión Europea, en particular aquellas con los países candidatos a la adhesión. 
La Comisión propone por tanto que las actividades y los proyectos comunitarios se dirijan a la reducción de estos estrangulamientos. 
Por lo que atañe a la ejecución, en los últimos años, la Comisión ha sido capaz de mantener un nivel relativamente elevado y, a partir del 2002, se han ido también reduciendo los retrasos. 
Así pues. la Comisión ha propuesto que se modifiquen las condiciones generales para la concesión de la ayuda financiera comunitaria en el sector de las TEN. 
La ayuda aumentaría del 10 al 20 por ciento, de modo que tendría un efecto multiplicador y atraería sobre todo a inversores privados. 
Esta modificación implicaría a tres categorías de proyectos: los proyectos ferroviarios transfronterizos, que atraviesan barreras naturales, como los Alpes o los Pirineos; los proyectos dirigidos a eliminar estrangulamientos claramente identificados en las fronteras con los países candidatos; los doce proyectos prioritarios en el sector de la energía. 
Las dos primeras categorías entran en el ámbito de la TEN-transporte, como se estableció en la decisión 1692 de 1996. 
Un importe adicional de 100 millones de euros se asignaría, en el período 2003-2006, a la línea de presupuesto relativa a las TEN de transporte- B5-700- para completar la ayuda proporcionada a través del ISPA. 
La dotación financiera para las TEN y las perspectivas financieras 2000-2006 serían, por tanto, revisadas. 
Para terminar, la Comisión propone que se reasignen 50 millones de euros a favor de los proyectos transfronterizos en el marco de la actual dotación para las TEN de transporte. 
Por lo que se refiere a GALILEO, su tasa de cofinanciación queda en el 20 por ciento, como ya estaba antes. 
¿Cuáles son mis observaciones? 
Las enmiendas nº 1, 3, 5 y 6 fijan el cuadro general reequilibrando la presentación de la Comisión que, en su propuesta, tendía únicamente a subrayar la importancia de los proyectos que implicaban a los países candidatos. 
La enmienda nº 2 le pide a la Comisión que haga un estudio de las responsabilidades de los Estados miembros; la enmienda nº 4 introduce la posibilidad, para los Estados que lo consideraren útil, de recurrir a los capitales privados y subraya como, en la selección de los proyectos, también ha de ser estudiado su valor añadido económico y social y su compatibilidad con el objetivo de la movilidad sostenible; la enmienda nº 7 afirma que el aumento de la dotación financiera es compatible con las perspectivas financieras sin provocar recortes en otros programas. 
Pues bien, yo pido a la Comisión que vuelva a consultar a la autoridad de presupuestos antes de reasignar los fondos en el marco de las TEN de transporte. 
La enmienda nº 8 TEN-transportes fija la realización de la aplicación a la red, como fue prevista en la decisión 1692/96, aprobada el 23 de julio de 1996; la enmienda nº 9 autoriza a la Comisión a recuperar las cantidades concedidas para proyectos no completados en el espacio de diez años; la enmienda nº 10 se refiere a la comitología y, para terminar, la enmienda nº 11 se refiere a la denominada cláusula Sunset. 
Espero que mi presentación, aunque breve por limitaciones de tiempo, haya sido exhaustiva, y que se pueda llegar a completar el desarrollo de las TEN, no sólo por nosotros mismos, sino sobre todo por el futuro de Europa. 
Señor Presidente, Señorías, el 12 de marzo de 2002 recomendó la Comisión que se incluyeran las redes de energía en la modificación presente del Reglamento. 
El transfondo de ello es la propuesta de modificación de las directivas sobre redes transeuropeas en el sector energético, de la que el Sr. Beysen ha sido ponente en la Comisión de Industria. 
La Comisión propone una elevación del máximo del 10 al 20%. 
Las inversiones deben garantizar una alta seguridad de abastecimiento energético, y esto debe ocurrir mediante inversiones más elevadas que deben solucionar los diversos problemas surgidos en la planificación y construcción de infraestructuras. 
El objetivo es la creación de un verdadero mercado interior europeo de la energía que abarque a las regiones y a las estrategias que hasta ahora no lo están o bien que hasta ahora no han sido puestas en práctica. 
Aquí se incluyen también los países de la adhesión. 
La Comisión aprueba la propuesta, entre otras cosas, con los siguientes añadidos: las inversiones previstas deben realizarse en proyectos para la UE necesarios desde el punto de vista de la economía política y rentables desde el punto de vista empresarial. No debe producirse una distorsión de la competencia. 
Debe excluirse una elevación de los recursos comunitarios previstos en las previsiones financieras para 2002-2006 para redes de energía y la Comisión deberá presentar un informe al Parlamento en el que se trate de aquellos proyectos de los que mediante una elevación del 10 al 20% se espera que finalicen más rapidamente. 
Quisiera felicitar al ponente porque pudo aceptar las propuestas con pequeños variaciones. Quisiera felicitar especialmente a los Sres. 
Beysen, Mombaur y Turmes por su estrecha colaboración en la realización del informe, a veces mediante propuestas y enmiendas. 
Quisiera felicitar al secretariado y, muy particularmente, a la Comisión. 
Señor Presidente, señores diputados, el ponente, Sr. Turchi, y la Comisión de Presupuestos, yo creo que han hecho un óptimo trabajo, completando la propuesta de la Comisión de tal modo que sea más idónea para afrentar el problema principal que hemos tenido, es decir el excesivo retraso. 
En este sentido, deben ser leídas las innovaciones ya recordadas por Franz Turchi, desde la ampliación de la cofinanciación al 20 por ciento, a la previsión de un espacio de tiempo de diez años para la conclusión de los trabajos. 
Además, considero importante haber incluido en el nuevo reglamento el proyecto GALILEO y los proyectos de red para las telecomunicaciones y para la energía, y el haber recordado que el sector prioritario, también a los afectos de la sostenibilidad, es el ferroviario. 
El trabajo positivo que ha sido desarrollado, sin embargo, deja inalterada la exigencia de una revisión más amplia, tanto de la filosofía como de los mecanismos de funcionamiento de toda la compleja operación ' Redes?. 
Con la revisión de la política de cohesión y con la ampliación de la unión, las redes transeuropeas son, en efecto, parientes muy cercanos. 
Sobre estos tres desafíos, los socialistas llamamos a un gran debate que involucre a todos y afronte el tema de las redes en su verdadera finalidad, que es la de reducir las desigualdades dentro de la Unión e impedir que lo que está fortaleciéndose, es decir una Unión ampliada, sea una Europa con una gran locomotora que tira hacia adelante, la Europa del Norte, y un pesado vagón que renguea, es decir la Europa del Sur. 
La experiencia nos enseña que las redes transeuropeas requieren mucha buena voluntad y empeño. 
Ni los inversores ni los organismos responsables de la ejecución están siempre convencidos de la importancia de las conexiones realizadas en el ámbito de las redes transeuropeas. 
Es, por tanto, fundamental que se busque una solución para los problemas relacionados con la financiación y la ejecución. 
En Essen se establecieron 14 proyectos prioritarios en materia de transporte. 
Hasta la fecha sólo tres de ellos han sido concluidos. 
Sería lógico que los medios disponibles se concentraran en los 11 proyectos restantes a fin de darles un nuevo impulso y acelerar su ejecución. 
Sin embargo, la presente iniciativa y la revisión de la Decisión nº 1692/96 no contribuyen a este fin. 
A ello se añade que en 2004 se llevará a cabo una gran revisión de todo el expediente de las redes transeuropeas. 
Ése será el momento indicado para modificar la lista de proyectos y las condiciones de financiación. 
Una modificación provisional sólo acabará enturbiando los procesos y los proyectos. Ello no interesa a nadie, ni a los inversores, ni a los ejecutores, ni a los usuarios. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo creo que los ponentes- el Sr. Turchi y el ponente de opinión- han hecho un buen trabajo mejorando la propuesta de la Comisión. 
Creo que el objetivo de acelerar la realización de las redes transeuropeas es un objetivo esencial, sobre todo respecto a los competidores del sistema europeo que son, en particular en Asia, mucho más rápidos por mil razones en la realización de proyectos e infraestructuras, logrando luego hacer que los sistemas económicos sean más competitivos. 
A mi juicio, en el informe del colega Turchi, hay unas mejoras importantes con respecto al texto de la Comisión. 
Querría recordar dos de ellas: por una parte, evidenciar la oportunidad, si no la necesidad, del recurso a los capitales privados. 
Creo que el esfuerzo de elevar hasta el 20 por ciento la contribución comunitaria es un tipo de apuesta sobre la eficacia de estas inversiones y creo que prever para ello el compromiso de buscar los capitales privados significa ayudar a seleccionar realizaciones que tengan una razón económica y que, de otro modo, podría no existir. 
Además, fijar en diez años el plazo para la realización creo que es un signo de seriedad respecto a los objetivos que se quieren alcanzar con la realización de las redes pero, sobre todo, un signo de seriedad respecto a los contribuyentes europeos que, al final, ponen el dinero. 
. (FR) Señor Presidente, como el ponente ha indicado, el Libro Blanco sobre la política europea de transportes ha revelado retrasos significativos en la realización de las redes transeuropeas de transporte, concretamente respecto a algunos de los proyectos más ambiciosos de la década, y, en particular, en relación con los ejes ferroviarios alpinos como el Brenner o Lyon-Turín. 
Estos proyectos, que responden plenamente a las prioridades del desarrollo sostenible, se cuentan a la vez entre los más complejos desde el punto de vista técnico y de su financiación. 
Además, como ustedes han señalado, se han constatado asimismo retrasos importantes en la mejora o la construcción de infraestructuras que unen la Unión con los países candidatos. 
En el ámbito de la energía, la reciente comunicación sobre las infraestructuras en materia energética ha constatado la falta de numerosos enlaces en las interconexiones eléctricas entre los Estados miembros, y el Consejo de Barcelona fijó un objetivo muy ambicioso de capacidad de interconexión transfronteriza de al menos el 10% de la capacidad de producción de la Unión de aquí a 2005. 
Con el fin de apoyar todos estos proyectos, cuya necesidad nadie discute, el Reglamento Financiero para las redes transeuropeas actualmente en vigor permite cofinanciar los estudios hasta un total del 50% y los trabajos hasta un total del 10%, límite, este último, que en ningún caso debe ser rebasado. 
Si se efectúa un balance de la aplicación del Reglamento, es evidente que la cifra del 50% destinada a los estudios representa un estímulo real, mientras que el límite máximo del 10% no es suficiente para lanzar los proyectos y atraer inversores privados cuando ello resulta posible. 
En esta óptica, y en la línea del Libro Blanco sobre la política europea de transportes, así como con las exigencias formuladas por el Consejo Europeo de Gotemburgo en materia de un incremento del apoyo financiero a los proyectos ferroviarios, el objetivo de la propuesta de revisión del Reglamento Financiero que hoy ustedes examinan es aumentar al 20% el nivel máximo del apoyo financiero comunitario, en el marco de las redes transeuropeas, para los proyectos ferroviarios transfronterizos localizados en regiones caracterizadas por barreras naturales o destinados a eliminar puntos de congestión de la red ferroviaria, como ya es posible hacerlo, en el marco del Reglamento actual, para proyectos de radionavegación por satélite tipo Galileo. 
Este apoyo del 20% también se aplicará a las infraestructuras transfronterizas con los países candidatos, para hacer frente al aumento del tráfico previsible entre estos países y los de la Unión. 
Además, se destinarán 100 millones de euros suplementarios a dichos proyectos, incluyendo todos los modos de transporte, con el objetivo prioritario de mejorar la seguridad en los ejes y de eliminar, en esos ejes, los puntos de congestión. 
En el ámbito energético, el incremento del porcentaje de ayuda se aplicará a los doce proyectos prioritarios que la Comisión ha identificado en su reciente comunicación sobre las infraestructuras de energía y cuya rentabilidad financiera no siempre está garantizada. 
Por consiguiente, el objetivo es claro: consiste en permitir que el apoyo financiero comunitario desempeñe plenamente su papel de catalizador, incluso en la fase de realización de los proyectos, y haga más atractivas para la financiación privada las inversiones en las infraestructuras transfronterizas de transporte y de energía. 
En cuanto a las enmiendas y al propio informe, la Comisión desearía, primero, dar las gracias al Sr. Turchi, ya que el informe en el que ha trabajado mantiene e incluso refuerza el alcance de muchos aspectos de nuestra propuesta. 
En cuanto a las enmiendas que se han presentado, es decir, las 15 enmiendas, la Comisión se ve obligada, sin embargo, a rechazar la enmienda 2, puesto que afecta a nuestro derecho de iniciativa; la enmienda 12, puesto que se debe a un error de interpretación al que luego me referiré; la enmienda 14, que establece obligaciones que están fuera del ámbito de aplicación del Reglamento y la enmienda 15, que modifica sustancialmente la naturaleza de la propuesta de la Comisión, ya que suprime el capítulo ' energía?. 
Hay otras enmiendas que la Comisión puede aceptar parcialmente, pero sólo parcialmente: la enmienda 3, cuya redacción se presta a confusión debido a que la fase de desarrollo de los proyectos en el ámbito de la energía puede, en el régimen actual, beneficiarse de un porcentaje de apoyo de hasta un total del 50%; la enmienda 7, cuyos apartados segundo y tercero no podemos aceptar, puesto que resultan de una confusión con los Fondos Estructurales. 
Estos últimos son, en efecto, programas plurianuales, lo que no ocurre con el presupuesto de las redes transeuropeas, en cuyo caso las decisiones se adoptan sobre una base anual; estas mismas observaciones se aplican, además, a la enmienda 12, a la que me he referido hace un instante. 
No confundamos, señor Turchi, las redes transeuropeas con el Fondo de Desarrollo Regional. 
Tres observaciones con respecto a la enmienda 8. 
Primero, la Comisión está de acuerdo en introducir en el artículo 5.3, entre los criterios en materia de subvencionalidad con el nivel máximo del 20%, los aspectos vinculados con la seguridad. 
En cambio, la Comisión no puede aceptar la referencia a la intermodalidad del transporte por carretera y por vías navegables. 
Esta definición es, en efecto, demasiado vaga y podría abrir posibilidades de financiación con un incremento del nivel, en particular, a proyectos de transporte por carretera, lo que no forma parte de las prioridades comunitarias, contrariamente al deseo que ha expresado en este debate el Sr. Bradbourn. 
Finalmente, llamo la atención de ustedes sobre el hecho de que la propuesta de la Comisión se refiere sólo a dos sectores, el transporte y la energía. 
Por lo que respecta a las telecomunicaciones, habida cuenta de las diferencias fundamentales que existen con los dos sectores que acabo de mencionar, la Comisión no puede aceptar la propuesta de extender a las telecomunicaciones, desde ahora, dicho incremento. 
Paso a la enmienda 10. 
La Comisión apoya plenamente la propuesta de convertir el Comité financiero de las redes transeuropeas en comité de tipo consultivo. 
Por el contrario, no aceptamos la enmienda por la que se propone la presencia, sin derecho de voto, de un representante del BEI y de representantes de los países candidatos, en calidad de observadores, por ser contrario a la decisión sobre comitología que nos vincula a todos. 
Con respecto a la enmienda 13, al igual que en el caso de la enmienda 8, la Comisión puede aceptar el aspecto tendente a fomentar la seguridad, pero no el resto de la enmienda. 
Finalmente, de estas 15 enmiendas, la Comisión puede aceptar todas aquellas que no he mencionado: 1, 4, 5, 6, 9 y 11- en su caso, con algunas modificaciones de redacción -, puesto que están orientadas a reforzar el alcance de nuestra propuesta, y, en particular, desearía subrayar que compartimos la preocupación del Parlamento en cuanto a la necesidad, en el marco de las próximas Perspectivas Financieras, de lograr un presupuesto que esté a la altura de las ambiciones. Ambiciones que todos hemos situado a un nivel muy elevado por lo que respecta a las redes transeuropeas de transporte y de energía. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas 
Presupuestos 2002 y 2003 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0247/2002, de Göran Färm, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el presupuesto 2003 de cara al procedimiento de concertación antes de la primera lectura en el Consejo (2002/2027 (BUD) ); 
A5-0246/2002 de Guido Podestà, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el ejercicio 2002: perfil de ejecución, transferencias de créditos y proyectos de presupuestos rectificativos y complementarios; 
A5-0248/2002, de Guido Podestà y Kathalijne Maria Buitenweg, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo y complementario nº 3/2002 de la Unión Europea para el ejercicio 2002. 
. 
(SV) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, público presente en esta Sala, el Parlamento Europeo intenta conseguir que los presupuestos de 2003 permitan realmente hacer reformas. 
Hay dos perspectivas que son esenciales. 
Una de ellas es, obviamente, la ampliación histórica, y la otra, la necesidad de reformar algunos sectores de la Unión Europea. 
La mayor parte de los trabajos presupuestarios se realizarán en el otoño, pero posiblemente tendremos que resolver importantes cuestiones en la conciliación de julio, en relación con la primera lectura en el Consejo. 
El documento que debatimos hoy, y sobre el que tendremos que votar, se ocupa de dar un mandato especial al Parlamento Europeo con vistas a esta conciliación con la Presidencia danesa y con la Comisión. 
En el acuerdo interinstitucional que contiene las normas sobre conciliación se señalan tres ámbitos principales: la agricultura, los acuerdos pesqueros y la política común de exterior y de seguridad. 
Me temo que este año no avanzaremos mucho en aspectos de política agrícola y pesquera. 
En relación con la agricultura, estamos esperando la propuesta de midterm review de la Comisión y en cuanto a la política pesquera, faltan aún muchos detalles. 
Con todo, daremos relevancia a estos asuntos. 
Respecto a la agricultura, hay algunas exigencias concretas que quisiéramos destacar. 
La reforma de la política agrícola debe contemplar el traspaso de recursos de los mercados tradicionales al desarrollo de las zonas rurales. 
Asimismo, impulsaremos algunas exigencias medioambientales, medidas para la prevención de desastres provocados por enfermedades animales, etcétera. 
Esperamos que algunos de estos puntos sean discutidos en julio. 
En cuanto a la pesca, ante todo pedimos información sobre los planes del Consejo. 
Esperamos contar con las partidas necesarias para firmar acuerdos de pesca con numerosas importantes naciones. 
Obviamente esperamos hacerlo sin el dramatismo del año pasado, cuando la ruptura del acuerdo con Marruecos creó una difícil situación para la totalidad de los trabajos presupuestarios. 
Todavía estamos obligados a cumplir la promesa que hicimos el año pasado para ayudar con 27 millones a la reconversión del sector pesquero en España y Portugal. 
Creo que podremos resolver algunos detalles en estas materias, pero también nos hemos ocupado de otros asuntos. 
Permítanme empezar con la política exterior y de seguridad. 
Espero que podamos discutir seriamente los recursos, especialmente los que se necesitarán para relevar con fuerzas policiales a las tropas que hemos tenido en Bosnia. 
También espero comenzar a discutir otros temas importantes. 
Al menos necesitaríamos algo más de información sobre las intenciones del Consejo y de la Comisión respecto a Afganistán y a Oriente Medio. 
Esto es decisivo para poder resolver los problemas presupuestarios relacionados con la política exterior. 
Pensamos que los recursos son muy escasos. 
Tenemos un problema estructural respecto a los escasos recursos de la categoría 4, es decir, los relacionados con materias de política exterior y de ayudas al desarrollo. 
Se necesitan nuevos recursos. 
Esto podría hacerse en concordancia con la propuesta de la Comisión, que sabemos que no gusta al Consejo, sobre un instrumento de flexibilidad especial para los gastos externos. 
El Parlamento Europeo ha presentado una idea en esta materia, esto es, que se usen más activamente las reservas para situaciones catastróficas. 
Sería muy conveniente que llegásemos a algún acuerdo en julio. 
Probablemente el tema predominante en julio será la ampliación. 
Habrá que discutir especialmente los recursos administrativos que necesitarán las instituciones comunitarias para preparar la ampliación. 
Quiero hacer hincapié en la trascendencia de este asunto. 
Los plazos respecto a la ampliación deben cumplirse. 
Por eso hay que empezar los preparativos tan pronto como sea posible. 
Es muy importante que en la conciliación de julio alcancemos un acuerdo sobre los gastos administrativos de la categoría 5. 
Sin embargo, el hecho de dar prioridad a la ampliación no significa que destinemos automáticamente más dinero para contratar personal o para otras tareas administrativas. 
Tenemos que demostrar que somos capaces de realizar nuevas tareas, especialmente en la administración. 
Antes de pedir más recursos, en la UE tenemos que demostrar, como en todas las administraciones modernas, nuestra capacidad para desarrollar los métodos de trabajo, para cambiar las prioridades y para ser más eficientes y modernos. Por eso, la Comisión de Presupuestos ha decidido votar en contra del empleo del instrumento de flexibilidad en la categoría 5. 
Opinamos que se opone a la normativa. La regla general debe ser que no se utilice este instrumento. 
Es sabido que la Comisión pide 500 nuevos funcionarios para hacer frente a la ampliación. 
Estoy convencido de que esas personas se necesitan, pero, aún así, habrá que formular numerosas preguntas antes de acceder a su contratación. 
Actualmente hay más de 800 personas en la Comisión que trabajan en la ampliación, de las cuales unas 300 en la DG Enlargement. 
Cuando haya concluido la gran ronda de ampliación, habrá que reorientar esos recursos a los trabajos en torno a la Unión ampliada. 
Necesitamos, por tanto, más información antes de aceptar un aumento automático de 500 empleos. 
Lo mismo vale para las reformas en materia de política exterior. 
En relación con la administración de la política exterior y de ayudas al desarrollo, se prometió en 2000 que se harían nuevas reformas y una revisión en 2002. 
En la Annual policy statement de la Comisión se ha prometido otra revisión de la colaboración y eficacia de la Dirección de Relaciones Exteriores. 
Queremos ver resultados en estos puntos antes de admitir esos 500 nuevos funcionarios. 
Presentamos también dos nuevos proyectos. 
Uno, sobre la ampliación a toda la Unión de la colaboración entre empresas en las regiones fronterizas y, otro, respecto a la simplificación de la administración comunitaria. 
Éste es un proyecto extraordinariamente interesante. 
. (IT) Señorías, el presente informe que la Comisión de Presupuestos decidió a principios de año, se sitúa en la óptica de reforzar los poderes de seguimiento de la ejecución del presupuesto de la Unión Europea. 
Con este informe la Comisión de Presupuestos pretende que se respete la competencia institucional de establecer el presupuesto europeo, una competencia que los Tratados confieren al Parlamento, supervisando la convergencia entre el presupuesto aprobado y la ejecución financiera. 
Ésta, en efecto, resulta ser una condición indispensable para el cumplimiento de las prioridades políticas que el Parlamento decide anualmente en el documento financiero, una condición que, a veces, la Comisión tiende a olvidar. 
La Comisión de Presupuestos ha querido perseguir dos objetivos: fotografiar la situación del primer semestre para identificar los primeros síntomas de desviación del presupuesto aprobado e indicar a la Comisión las orientaciones para el segundo semestre. 
El hecho de que, durante la aplicación de las perspectivas financieras 2000-2006, no se haya registrado ningún aumento del límite máximo de los recursos propios convierte en aún más necesario el logro de dichos objetivos que permitirán mejorar la calidad del gasto. 
En esta óptica, el control llevado a cabo por el Parlamento pone de manifiesto dos tipos de problemáticas: la utilización excesiva y a veces impropia de los instrumentos de flexibilidad financiera y la escasa tasa de ejecución que caracteriza algunas rúbricas. 
Para tener una idea cuantitativa de lo que estamos tratando, basta pensar que, sólo en el ejercicio financiero en curso, la Comisión ha presentado transferencias de créditos por un importe total de 250 millones de euros y que, por ejemplo, más de 2.000 millones en créditos de pago han sido transferidos durante el procedimiento presupuestario 2001 por medio de transferencias. 
Para mejorar esta situación, la Comisión presenta una programación de la ejecución a partir de este año. 
Este nuevo instrumento, propugnado por el Parlamento de acuerdo con el Consejo, permitirá un control más preciso pero todavía imperfecto de la situación. 
En efecto, consideramos que la Comisión debe presentar dicha programación en el mismo momento en que presenta las solicitudes a la Autoridad Presupuestaria y debe asimismo presentar esta información de forma más disgregada. 
En síntesis, para garantizar una relación más estrecha y sistemática con los créditos aprobados inicialmente, cualquier solicitud de transferencia debería tener en cuenta el presupuesto aprobado, la actual ejecución, los perfiles de ejecución presentados por la Comisión, el calendario para la ejecución del saldo restante sobre la línea de procedencia y los análisis realizados por nuestras comisiones parlamentarias. 
Si dicha información se considerará no satisfactoria, la transferencia será rechazada. 
En principio, por lo tanto, no se aceptarán solicitudes de transferencia que reduzcan las líneas presupuestarias aprobadas por el Parlamento. 
Por el contrario, los presupuestos rectificativos y suplementarios plantean otro tipo de problema y permiten hacer frente a situaciones imprevistas o introducir los ajustes necesarios al presupuesto como consecuencia del cierre de las cuentas del ejercicio anterior. 
En efecto, ha sido gracias al PRS nº 1 que se ha encontrado una solución a la financiación de la Convención; el PRS nº 2, pero también el PRS nº 3- que se debatirá hoy- han devuelto, de hecho, a los Estados miembros un importe global de casi 14.000 millones de euros en créditos de pago no liquidados en el ejercicio anterior. 
A fin de mejorar los resultados y la imagen de la Unión Europea, por medio de este informe se insta a la Comisión a que presente un proyecto sobre la manera como pueden reprogramarse los pagos cancelados de 2001, a que facilite, el 30 de septiembre a más tardar, una adecuada evaluación de los pagos realizados en 2002, a que acelere los pagos de los antiguos compromisos o bien que los descomprometa, incluso cancelando los créditos de pago que se han convertidos en obsoletos. 
Actualmente, la Comisión prevé para el final de ejercicio una tasa de ejecución del 100% para los créditos de compromiso y del 97% para los créditos de pago. 
En 2001 la tasa de ejecución de éstos no alcanzó más que el 72% y si estos resultados se logran habremos realizado verdaderos progresos. 
En lo que respecta a los próximos PRS, seguramente la reconstrucción de Afganistán y probablemente la cuestión de Oriente Próximo podrían necesitar fondos suplementarios. 
Para la reconstrucción en Afganistán los créditos suplementarios podrán utilizarse sólo en el caso de que la Comisión pueda demostrar que los créditos ya consignados en el presupuesto se han utilizado correctamente, teniendo en cuenta también los compromisos de los demás donantes. 
Querido colegas, como pueden comprobar, se trata de un informe marcadamente técnico en algunos aspectos, pero que demuestra lo muy necesario que es que todas las comisiones de nuestro Parlamento se comprometan de cara al control del Ejecutivo. 
Quiero decir que en estos meses, gracias a la excelente colaboración de todos los ponentes de las comisiones que tienen competencias en materia presupuestaria y junto con el Sr. Färm, hemos creado varios grupos de control de las distintas políticas. 
Si la situación mejora será gracias también al esfuerzo, esta vez en la sombra de los ponentes competentes en materia presupuestaria. 
De este modo, las comisiones parlamentarias podrán convertir en más eficaz el control democrático del Parlamento sobre la Comisión en el futuro. 
Recuerdo que el día 15 de junio los pagos pendientes ascendían a más de 111.000 millardos de euros y superaban el presupuesto anual de la Unión Europea. 
A pesar de que este dato corresponde al reparto normal de los pagos en el tiempo, es necesario, en todo caso, un compromiso constante de la Comisión para reducir el peso del pasado. 
La anulación de 97 millones de antiguos créditos de compromiso es un paso, aunque tímido, en la dirección correcta. 
Por último, quisiera recordar que, aunque a lo largo de estos meses la colaboración con la Comisión ha sido ciertamente provechosa, probablemente deberemos converger en una acción común para que el resultado sea más acorde con lo que la Autoridad Presupuestaria aprobó a principios de año. 
(NL) Señor Presidente, comisario y estimados colegas. La modificación del presupuesto del 2002 también contiene una serie de gastos administrativos a los que me voy a referir. 
La propuesta del Tribunal de Cuentas para un autoseguro contra el terrorismo. 
De este modo el Tribunal de Cuentas se une a lo expresado por el Parlamento. 
Nosotros también hemos dicho que nos estamos de acuerdo con el incremento absurdo de las primas por parte de las compañías aseguradoras que, en realidad, no quieren cubrir los riesgos de atentados tras el 11 de septiembre. 
Espero obviamente que nuestro rechazo sirva para instar a las compañías aseguradoras a acceder a negociar con nosotros. 
Y es que si el autoseguro se convierte en un elemento a medio o largo plazo- con las actuales ampliaciones a diversas instituciones- no tendremos más remedio que analizar juntos y con detenimiento el modo de cubrir los riesgos que ello implica para el presupuesto de la UE y solucionar esta cuestión de este modo. 
Presidente, mi colega, el Sr. Podestà, ha hablado acerca del enorme excedente del presupuesto de la Unión del año pasado: quince millones de EUR han quedado sin uso. 
Quiero dejar claro que no soy partidario de dilapidar o gastar el dinero sin motivo, aunque sí debemos velar por que cumplamos lo prometido a nuestros ciudadanos y a los ciudadanos de otros países. 
El hecho de que sobre dinero no es algo puntual. 
El próximo año volverá a ocurrir. 
Tal y como se conoce, lo mayores excedentes se dan en los fondos estructurales. 
Es lógico por tratarse de grandes programas que deben alcanzar su velocidad de crucero. 
Por este motivo, el marco financiero no debería seguir una línea recta, sino que debería trazarse desde una perspectiva gradual. 
Resulta sorprendente que determinados Estados Miembros planteen que resulta ventajoso contar con un marco tan falto de lógica como el actual, ya que así pueden recibir mayores devoluciones al final del año, lo que resulta muy beneficioso para los pagadores netos. 
También creo que se piensa lo mismo desde el engranaje de funcionarios de la Comisión. 
La Unión Europea cada vez se hace cargo de más tareas en un territorio creciente, lo que se traduce en una mayor carga de trabajo. 
Sin embargo, un número cada vez mayor de funcionarios conllevaría que el trabajo se hace de forma efectiva, que el dinero se invierte realmente, lo cual creo que no entra en los planes de algunos Estados Miembros. 
Creo que sobre todo los contribuyentes netos están más que satisfechos de seguir prometiendo cosas a sabiendas de que existe un número insuficiente de personas para llevarlas a cabo y poder echar la culpa de ello a la Comisión mientras que a final de año se les devuelven varios miles de millones de lo dado. 
Señor Presidente, quisiera hacer una última apreciación acerca del informe Färm. 
Quiero felicitar a mi colega por su trabajo y darle ánimos por el que le queda por hacer. 
Se trata sin duda de una resolución general y la decisión final aún está por tomar. 
Puedo decir que mi Grupo someterá el presupuesto definitivo al menos a tres comprobaciones. 
En primer lugar se valorará la evaluación a medio plazo de la política agraria. 
El Sr. Färm ya se ha atrevido a utilizar la palabra ' reforma?. 
En segundo lugar nos fijaremos en la ampliación y en tercer lugar en la categoría cuatro: los gastos externos. 
En ambos casos se trata de comprobar si cumplimos nuestras promesas. 
Si de mi Grupo dependiera, lo hacemos. 
No tenemos porqué pelearnos por un duro. 
Lo que importa es que la propuesta final merezca la pena. 
Señor Presidente, Señorías, tal como ha destacado el Sr. Färm, este debate sirve para preparar la reunión conjunta entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión antes de la primera lectura del presupuesto 2003 en el Consejo. 
Se trata en primer lugar de la agricultura y la pesca, si bien los créditos para la Política Exterior y de Seguridad Común y los gastos administrativos van a desempeñar también un gran papel. 
En el campo de la agricultura, el anteproyecto de la Comisión se encuentra 2 mil millones de euros por debajo del límite máximo. 
Quiero subrayar de nuevo que esto en principio es muy positivo pues en la agricultura siempre debe existir un margen de actuación para acontecimientos imprevistos. 
Expreso mi agradecimiento al Sr. Färm por el informe sobre el presupuesto 2003 para el procedimiento de conciliación. 
Usted indica allí críticamente si se debe presentar en otoño de nuevo una carta rectificativa para el sector de la agricultura y si no se podría adelantar. 
Por todas las experiencias tenidas, se puede decir precisamente para el sector de la agricultura que las predicciones de cuánto se va a gastar en un año se pueden hacer mucho mejor en otoño que en primavera, pues la totalidad de los gastos dependen fuertemente de la evolución durante los meses de verano. 
Esto se puede tener en cuenta en el otoño. 
Quiero llamar la atención asimismo sobre la fuerte modificación del cambio entre el euro y el dólar frente al anteproyecto de la Comisión. 
Allí calculamos con un cambio de 0,88 centavos por euro. 
En las últimas semanas, esta relación se ha modificado fuertemente, con lo que el margen dentro de la Categoría 1 para la agricultura se ha reducido entre 400 y 500 millones. 
La evolución del cambio entre el dólar y el euro ha provocado pues ya unos gastos adicionales de entre 400 y 500 millones de euros. 
Quizás unas breves palabras sobre los gastos veterinarios, pues aquí se ha observado críticamente que se van a reducir según la propuesta de la Comisión. 
Precisamente en el campo de los gastos veterinarios, la evolución de los mismos depende de aspectos imprevisibles, de si van a existir enfermedades o epizootias. 
Para ello tiene que estar a disposición el margen. 
En su caso, se aumentaría esta línea. 
Respecto al acuerdo de pesca, se va a presentar en otoño una carta de adaptación. 
Quiero indicar aquí de nuevo- no sobre la Categoría 4 sino sobre la pesca en total- que la Comisión va a presentar también una propuesta para la reforma de la política de pesca que coloca 32 millones de euros adicionales en la Categoría presupuestaria que está destinada a un programa de consultas y las correspondientes medidas, de modo que serían necesarios en total 59 millones de euros de la reserva de flexibilidad el año próximo para la política de pesca y aquí en especial para la reducción de la flota. 
Unas breves palabras sobre la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Agradezco al Parlamento Europeo que salude que se eleven los créditos también para la misión de la policía en Bosnia, que comenzará en el curso de este año. 
También quiero llegar aun acuerdo dentro de la conciliación sobre cómo se podrá lograr en el futuro una mayor seguridad de financiación. 
La Comisión presentó la propuesta de una reserva específica de flexibilidad. 
El Consejo no logró sumarse a la misma. 
Compruebo que el Parlamento Europeo favorece por así decirlo la propuesta second best, con lo que está de acuerdo en utilizar también más intensamente la emergency reserve para tales tareas de gestión de crisis. 
Quizás se pueda lograr un acuerdo en el procedimiento de conciliación. 
Me voy a referir muy brevemente al sector de la política exterior. 
Puedo anunciar ya que la Comisión va a utilizar el presupuesto suplementario y rectificativo nº 4 para este año para activar el margen de 70 millones de euros aún existente en la política exterior. 
El Consejo y el Parlamento dejaron el último año este importe en el margen diciendo que se debería activar cuando existiesen informaciones más exactas sobre un programa para Afganistán. 
Unas palabras sobre la cuestión de los créditos de pago en general. 
El Sr. Färm se ha ocupado también de la cuestión de si no se podría alcanzar ya ahora un acuerdo sobre los créditos de pago. 
Soy de la opinión de que es demasiado pronto, debido a las cuestiones abiertas en el sector de la política agrícola y también a la importancia del cambio euro-dólar para la totalidad del campo de los créditos de pago. 
Naturalmente, también se trata de disponer de una base lo más concreta posible para realizar las previsiones en los créditos de pago. 
Esto significa que se necesitan más informaciones sobre la ejecución del presupuesto 2002, lo que, naturalmente, ocurrirá con la expiración del ejercicio. 
El objetivo de su informe, señor Podestà, es una previsión mejor para los necesarios créditos de pago y, en consecuencia, una mejor coordinación con los planes de ejecución para el ejercicio en curso. 
Quiero felicitarle por su informe. 
Pero creo que en la Comisión de Presupuestos debe tener lugar un debate a fondo sobre cuál es en sí el objetivo. 
En el ámbito europeo tenemos un presupuesto de créditos de compromiso, los commitments, y esto significa que siempre hay commitments abiertos, créditos de compromiso abiertos. 
No se pueden equiparar los RAL, los restes à liquider, con retrasos en los pagos. 
Permítanme expresarlo del siguiente modo: una gran parte de los créditos europeos está destinada a gastos de infraestructura, a inversiones. 
Las inversiones no se pueden ejecutar el mismo año en el que se vinculan a créditos de compromiso. 
Permítanme tomar como ejemplo la redes transeuropeas: si en este campo se tuviesen que aplicar siempre en el plazo de un año los créditos de compromiso, sólo se podrían elaborar estudios pero no cofinanciar los proyectos reales. 
Por ello, se crean aquí siempre compromisos de pago. 
Naturalmente, es importante reducir los commitments yacentes o anormales y creo que aquí se han logrado progresos precisamente en el campo de política exterior: el último año se han utilizado mucho más los créditos de pago en el sector de la política exterior que en el pasado. 
Los gastos administrativos son un punto importante que se ha reflejado en todos los debates mantenidos hasta ahora sobre el presupuesto 2003. 
La dificultad consiste en que en la planificación financiera no se han previsto créditos para los preparativos de la ampliación para las instituciones a pesar de que existe acuerdo en que las instituciones deben adoptar medidas antes de la fecha concreta de la ampliación para estar preparadas administrativamente para la misma. 
La Comisión previó una suma en el anteproyecto que cubría dichas medidas tanto para la Comisión como para las demás instituciones. 
El Consejo ha preparado ahora una resolución de cara a la primera lectura que no comparte en absoluto la Comisión. 
El Consejo quiere concederse para los gastos administrativos un aumento del 7% y si se añaden por ejemplo los costes de traducción para el acquis communautaire, entonces el Consejo propone para sí una tasa de aumento del 12% en comparación con el año 2003, financiada mediante un recorte de la correspondiente tasa de aumento para la Comisión. 
Esta es una propuesta extremadamente injusta e inaceptable para la Comisión. 
Espero que en la concertación se pueda llegar a un acuerdo para que se deje de momento de lado este punto, incluyendo también las interesantes propuestas del Parlamento. 
Pero por el momento, la Comisión no ve otra posibilidad que la de preparar la aplicación del instrumento de flexibilidad. 
Me voy a referir muy brevemente al presupuesto rectificativo y suplementario nº 3: expreso mi agradecimiento a la Sra. Buitenweg y al Sr. Podestà por su apoyo a la propuesta. 
De este modo, la totalidad de los excedentes se colocan en el presupuesto 2002 y sobre todo se aprueban los puestos necesarios para el Comité Económico y Social, para poder hacerse cargo a partir de agosto de los trabajos que como consecuencia de la expiración de la CECA van a recaer sobre él. 
Espero que el Consejo tenga una actitud abierta en el procedimiento de concertación- aunque ahora no me puede oír, sin embargo ayer tuve la oportunidad de decirlo en Dinamarca- para los argumentos del Parlamento Europeo, pues la transparencia y acuerdo caracterizan la totalidad del transcurso y del ambiente en los debates presupuestarios. 
. (EN) Señor Presidente, desde el punto de vista de la Comisión de Asuntos Exteriores, una de nuestras prioridades debe ser la de garantizar que nuestras delegaciones en otros Estados miembros reciben la atención necesaria, en particular, en materia de seguridad. 
Con vistas a la desconcentración, queremos garantías de que existe una infraestructura adecuada in situ para nuestras delegaciones. 
En segundo lugar, debemos garantizar que contamos con las disposiciones necesarias para una gestión adecuada de las crisis que afectan a la población civil. 
En relación con Kosovo, nos preocupan los recortes propuestos y necesitamos más información sobre los motivos que exigen estos recortes. 
Si sólo se trata de cómo presupuestamos nuestros fondos, entonces, evidentemente, el problema es de menor importancia. 
Sobre la ampliación, como ya ha indicado el Sr. Färm, la capacidad es un elemento clave sobre el que debemos trabajar en los próximos 12 meses. 
Me parece esperanzador el compromiso de una mayor actividad transfronteriza, pero sigo teniendo serias dudas sobre la utilización que se hace actualmente del programa TACIS. 
Por último, debemos tener presente que siempre existe la posibilidad de que sea necesaria una intervención importante en Oriente Medio, y me encantaría saber de dónde sacaremos los fondos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ante nosotros se encuentra un claro- o al menos intencionado- presupuesto de ahorro. 
En el sector agrario nos encontramos 2 mil millones de euros por debajo de Berlín y Berlín se encuentra 10 mil millones de euros por debajo de la actual directriz agrícola que aún está en vigor. 
Nos encontramos con 20 mil millones de euros por debajo de 126. 
Cada año devolvemos grandes sumas de miles de millones. 
Por lo tanto, el Parlamento Europeo tiene que enfrentarse a su tarea y utilizar el presupuesto que se nos ha prometido en medidas políticas razonables. 
Esto es también aplicable a la agricultura y expreso mi agradecimiento al Sr. Färm por haber recogido en lo esencial las propuestas provenientes de la agricultura. 
Precisamente en el sector agrícola hay una controversia: el Comisario Fischler recoge nuestras propuestas al pasar en lo esencial del primer al segundo pilar en dirección a una redistribución. 
Quiere redistribuir una parte de los costes para la ampliación del presupuesto agrícola, ¿pero qué es lo que ocurre? 
Inmediatamente comienza el debate sobre el ahorro. 
Señora Comisaria Schreyer, usted también participa en el mismo y, por decirlo sinceramente, considero que se trata de una controversia errónea pues no se trata de ahorrar en la agricultura. 
No fluye demasiado dinero a la agricultura y a las áreas rurales de Europa sino que- por decirlo muy claramente- sólo fluye a los canales equivocados. 
Tenemos ante nosotros unas grandes tareas y las reformas cuestan dinero. 
No se puede hablar inmediatamente de ahorro en el marco de reformas cuando en el sector agrícola ya tenemos ante nosotros un presupuesto de ahorro. 
Es decir, tenemos que llegar a un equilibrio entre el primer y el segundo pilar si queremos lograr una aceptación de las reformas. 
No se van a aceptar recortes radicales dentro del primer pilar. 
Coincido con usted: de cuero ajeno, correas largas. Está claro que los beneficiarios netos tienen a este respecto unas ideas totalmente diferentes que los países contribuyentes netos. 
Esto hay que tenerlo en cuenta, pero el debate no puede desembocar en una discusión equivocada sobre el ahorro sino que debe tratar sobre las reformas y no decir sencillamente que suprimir es la mejor política agrícola. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera señalar, en primer lugar, la lentitud de la puesta en marcha de la programación para el período 2000-2006 de la política regional en lo referente a la utilización de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión e ISPA. 
En este sentido, no son una excepción las sanciones innovadoras y, sin embargo, a pesar de nuestro retraso en la aprobación de sus orientaciones, se ha presentado ante la Comisión Europea un número importante de programas, lo cual demuestra que el Parlamento tuvo razón en defender estas acciones, que propician una relación directa entre Bruselas y las regiones. 
También creo que debemos proporcionar un mayor asesoramiento a los países candidatos sobre cómo confeccionar sus propuestas e incrementar el porcentaje de financiación comunitaria. 
Por lo que se refiere a la línea de financiación de las redes europeas de transporte en el presente ejercicio, todavía es muy bajo el grado de realizaciones, lo que hace pensar que en algunos proyectos transeuropeos puedan tener más interés los Estados de su alrededor que el propio Estado donde se localizan, que deberá soportar la mayor parte de su financiación. 
En términos generales, considero que no son los municipios y las regiones los responsables de la escasa ejecución presupuestaria, dado, en primer lugar, que las instituciones europeas hemos sido quienes hemos tardado en aprobar y definir las orientaciones y los programas, para los que, por otro lado, hemos dado un muy escaso plazo de utilización de los recursos financieros: dos años a partir de su presupuestación. 
Este plazo a duras penas puede ser cumplido por las instituciones regionales y locales cuando reciben con mucho retraso la aprobación comunitaria a sus proyectos y luego tienen que respetar las normas de transparencia democrática para los procesos de licitación de la redacción de proyectos, aprobación de los mismos, búsqueda de colaboradores, posterior licitación pública para la adjudicación de las obras de realización, etc. Todo ello da lugar a más de dos años de demora en el inicio de los trabajos, como ha dicho la Sra. Comisaria. 
No deberíamos pretender borrar la política comunitaria dirigida a las regiones de la Unión, sino incrementarla a fin de corregir los desequilibrios territoriales y, sobre todo, deberíamos escuchar más a esas entidades infraestatales, no trasladarles nuestra propia tardanza en planificar y decidir, ponernos en su lugar y en su dificultad para llevar a buen fin sus proyectos y ayudarles. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, en el debate celebrado en la Comisión de Pesca se subrayó la importancia del mantenimiento de la financiación adecuada del sector, por lo que conviene disponer de informaciones rápidas y substanciales sobre las consecuencias de la reforma de la Política Pesquera Común en el presupuesto para 2003, pues es cierto que se debe tener en cuenta la resolución de este Parlamento, de 17 de enero de este año, en la que se rechazaba la intención de la Comisión de reducir substancialmente las ayudas estructurales al sector de la pesca y se afirmaba compartir la pretensión del sector, en el sentido de la defensa de la continuación de los apoyos comunitarios a la modernización de la flota mediante medidas estructurales, cosa que, como sabemos, no figura en la propuesta presentada por la Comisión de reformulación de la Política Pesquera Común. 
Conviene también que haya información más precisa sobre las asignaciones inscritas para los acuerdos internacionales de pesca, teniendo en cuenta la importancia de los que se firmaron el año pasado y el desarrollo de las nuevas relaciones internacionales. 
Entretanto, apoyamos la propuesta de movilización del instrumento de flexibilidad en 27 millones de euros, para financiar el resto de los importes atribuidos al programa de reestructuración de la flota que faenaba en Marruecos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en primer lugar, uno se plantea la pregunta de si es razonable que una parte de la autoridad presupuestaria determine en primera lectura mediante un debate parlamentario y una resolución su estrategia sobre un procedimiento de conciliación con el Consejo. 
Pregunto si esto es inteligente por parte del Parlamento, tanto más cuando el banco del Consejo está relativamente vacío. 
Las informaciones que queremos tratar aquí no fluirán al otro lado de la autoridad presupuestaria. 
No obstante, estoy muy agradecido al colega Färm pues, mucho antes de los debates sobre cada una de las líneas presupuestarias, nos ha ofrecido la oportunidad de recapacitar sobre cómo debemos ocuparnos en total del ejercicio presupuestario 2003. 
Permítanme realizar sólo algunas observaciones. 
Señora Comisaria, en primer lugar, me parece algo extraño que, por un lado, tengamos un presupuesto suplementario por el que devolvemos 15 mil millones de euros a los Estados miembros, es decir, una magnitud muy superior al 15% de nuestro presupuesto y que, por otro, tengamos que emplear para la elaboración del ejercicio 2003 el instrumento de flexibilidad en campos donde no tiene nada que hacer, a saber, para el aseguramiento de los gastos administrativos. 
Aquí hay algo que no encaja en absoluto. 
Tiene relativamente poco que ver con el mandato presupuestario de veracidad, claridad y transparencia y con todas las cosas sobre las que siempre debatimos aquí en teoría. 
También quiero indicar que el instrumento de flexibilidad no se introdujo en Berlín para proporcionar a la Comisión la posibilidad de realizar reestructuraciones en el presupuesto sino para dar respuestas actuales a desafíos políticos actuales. 
Los gastos administrativos no son desafíos políticos actuales sino algo que debe garantizar siempre el presupuesto. 
Permítanme que me refiera al tema de la gestión civil de crisis. 
Como Grupo del PPE aquí tenemos que plantear grandes reservas si se crea una nueva hucha, un nuevo instrumento de flexibilidad para financiar tales problemas. 
Tampoco entiendo que la Comisión apoye esta idea, porque sabe que el Consejo no la va a recoger en absoluto. 
Aquí habría sido necesario algo más inteligente. 
Como Grupo del PPE hemos propuesto- y espero que la mayoría de esta Asamblea se adhiera- que encontremos mediante la reserva de urgencia una posibilidad para poner aquí a disposición los créditos presupuestarios y también una vía que pueda apoyar al final el Consejo. 
Señora Comisaria, permítame para finalizar que añada algo. 
Poco a poco me está cansando que cada año se emplee el mismo procedimiento cuando se trata de la promoción de hermandades entre ciudades. 
Ha dedicado de nuevo pocos créditos a esta Categoría. 
El Consejo recorta a continuación, a lo que ya estamos acostumbrados, y al final nosotros tenemos que elevar de nuevo los créditos. 
Usted sabe exactamente qué es lo que quiere el Parlamento. Anótelo entonces ya desde el principio en el anteproyecto de presupuesto. 
Esta es una lucha que no debería ser necesario mantener entre nosotros. 
Señor Presidente, no debemos perder de vista el hecho de que el informe Färm trata sobre cómo facilitar al Parlamento orientaciones para la conciliación que tendrá lugar el 19 de julio. 
Si la conciliación de este año se parece en algo a la del año pasado, en lo que a mí respecta, no tengo ningún deseo de asistir. 
Puedo pensar en cosas mejores que hacer un viernes que sentarme frente al Consejo. 
Nosotros exponemos nuestros planteamientos sobre tres ámbitos de la negociación para que luego el Consejo haga caso omiso de todo. 
Esos tres ámbitos son la agricultura, la pesca y la PESC. 
Respecto a la agricultura, podemos defender las tesis que han expuesto nuestros colegas en la Comisión de Agricultura, especialmente, las prioridades que ellos consideran necesarias para la agricultura, y podemos hablar sobre la categoría 2 y la PESC. 
Quisiera referirme a una observación de la Comisaria Schreyer- y esto es lo que he oído a través de la interpretación al inglés y no de la interpretación al finés- cuando dijo que serían necesarios 59 millones de euros y que deberá aplicarse el instrumento de flexibilidad. 
Un argumento es que aún no disponemos de una política común de pesca. 
En el caso de que alguna vez tengamos una, ése será un problema para el año próximo. 
No obstante, seguimos teniendo el problema de los 27 millones de euros y siento interés por conocer qué hará el Consejo con ese importe el 19 de julio. 
Una vez que conozcamos las intenciones del Consejo, podremos tomar una decisión sobre lo que debemos hacer nosotros. 
El tercer aspecto es la PESC. 
Como el Sr. Titley ha dicho, apoyaremos muchas de las cosas que se han mencionado, pero el incremento de 10 millones de euros en la PESC significa que deberá sacarse de alguna otra cosa en la categoría 4. 
Para nosotros, ése es el dilema. 
Hay ámbitos en los que me gustaría que pudiéramos obtener decisiones el 19 de julio, lo que, al menos para mí, hace que valga la pena asistir. 
Eso será sobre la categoría 5 y, probablemente, en lo relativo al instrumento de flexibilidad de la categoría 4, si es que dicho instrumento llega a existir. 
Es evidente que el Consejo nunca dará su consentimiento sobre un nuevo instrumento de flexibilidad, pero si conseguimos algún tipo de acuerdo sobre la utilización de las actuales reservas para casos de emergencia de manera similar para la categoría 4, es decir, mediante un procedimiento de codecisión, es posible que podamos avanzar algo. 
Pero la categoría 5 es el gran ámbito. 
Es evidente que el Consejo querrá que aprobemos en primera lectura sus propuestas sobre la categoría 5. 
No creo que eso sea posible, pero si conseguimos llegar a un acuerdo respecto a lo que queremos hacer en el transcurso de todo el año, podremos llegar a algunas conclusiones. 
Asimismo, deberíamos plantearnos seriamente la posibilidad de aplicar la concentración de desembolsos al comienzo del año próximo en la categoría 5. 
El informe del Sr. Podestà pone de relieve los gastos en menos en el presupuesto de este año. 
En la categoría 5, el año pasado se infrautilizaron 70 millones de euros. 
En la categoría 5 dejan de utilizarse, como promedio, 50 millones cada año. 
Si pudiéramos tomar los gastos en menos de este año y utilizarlos como un ramassage global para todas las instituciones, quizá encontremos el método de aplicar la concentración de desembolsos al comienzo del período para evitar problemas en el presupuesto del año próximo. 
Ojalá que podamos hacerlo, porque así avanzaremos con el Consejo y habrá valido la pena. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias a los ponentes, Sra. Buitenweg, Sr. Färm y Sr. Podestà, por sus excelentes informes. 
El paquete que tenemos sobre la mesa revela el estado actual de la gestión presupuestaria de la UE: es deplorable. 
Nada menos que el 16 por ciento de los créditos de pago consignados para el ejercicio pasado quedaron sin utilizar, o sea, 15.000 millones de euros. 
La ejecución del presupuesto presentó un grado de infrautilización sin precedentes. 
El total acumulado de los créditos comprometidos no utilizados ascendió a 110.000 millones de euros, cantidad que supera el presupuesto anual de la UE. 
Cabe preguntarse si existe en todo el mundo otra organización cuyo presupuesto sea ejecutado de forma tan deficiente. 
La ejecución de los Fondos Estructurales es especialmente precaria. 
La infrautilización de los créditos de pago ascendió a 10.000 millones de euros, y el saldo de los créditos de compromiso pendientes de liquidación responde a esa situación. 
Si a principios del año pasado su infrautilización ascendía a 38.000 millones de euros, después de un año y cuatro meses asciende a 82.000 millones de euros. 
Esto demuestra que la Política Estructural de la UE amenaza con venirse abajo si no se consigue hacer más eficaz la ejecución de la misma. 
El sistema actual no funciona. 
Hay que modificar toda la legislación. 
Estamos en la fase de planificación del presupuesto para el próximo ejercicio. 
El problema del mismo radica en los créditos de pago, que no han sido tan escasos durante muchos años, tan solo suponen el 1,03 por ciento del Producto Interior Bruto de la Comunidad. 
La diferencia existente con las perspectivas financieras asciende hasta 4.720 millones de euros, a pesar de que los créditos de compromiso pendientes de liquidación se han disparado de forma incontrolable. 
El anteproyecto de presupuesto no ha presentado consignaciones para reducir el saldo pendiente de los ' RAL?. 
Otro problema son los gastos administrativos, que superarán en 66 millones de euros la cantidad prevista en las perspectivas financieras. 
La Comisión propone la movilización del instrumento de flexibilidad para cubrir este déficit. 
Mi Grupo se opone a ello de forma tajante. 
Los gastos administrativos deben ceñirse a los límites máximos establecidos mediante transferencias internas y medidas de ahorro. 
El instrumento de flexibilidad está diseñado para cubrir los gastos imprevistos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el presupuesto para el próximo ejercicio se presenta más flaco de lo habitual. 
Su proporción sobre la suma total del Producto Interior Bruto de los Estados miembros no ha sido tan baja desde hace muchos años. 
Además, todos sabemos que una parte de los fondos consignados quedará de nuevo sin utilizar. 
La ineficacia de la gestión de la Comisión queda bien reflejada en la crítica que acaba de hacer el Sr. Virrankoski y con la que yo coincido completamente. 
Por alguna razón, se le permite a la Comisión ejecutar los programas que ella misma considera importantes y omitir la ejecución de los programas que son importantes para el Parlamento. 
El Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria se contrajo justo antes de empezar la actual legislatura parlamentaria. 
Ciertas limitaciones estipuladas en dicho Acuerdo dificultan la elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio. 
Los puntos controvertidos en la elaboración de los presupuestos se encuentran en la rúbrica 4, Acciones exteriores, y en la rúbrica 5, Gastos administrativos. 
A sabiendas de la gestión presupuestaria practicada por la UE y siendo conscientes de que una gran parte de los fondos quedará sin utilizar, podemos decir que muchos de nuestros problemas, más que reales, tienen que ver más bien con los aspectos técnicos de los presupuestos. 
Forcejeamos por cuestiones cuya ejecución no presenta escasez de dinero. 
La rúbrica 4 está desahogada gracias a los RAL y la rúbrica 5 tiene mucho margen de maniobra sin que haya que acudir a la llamada movilización del instrumento de flexibilidad. 
Nuestros problemas reales están relacionados con la ampliación. 
Si se mantiene la tendencia actual, la UE no estará aún en condiciones de proceder a la ampliación en el año 2004. 
Faltan capacidades lingüísticas e instalaciones apropiadas. 
La UE ahorrará mientras que no se amplíe. 
En la Agenda 2000 se reservaron fondos para la ampliación que no se utilizarán si la puesta en marcha de la misma no se ciñe al calendario previsto. 
Habría que garantizar la utilización de estos fondos en la ampliación cuando ésta se realice, pero se trata de fondos que, técnicamente, estarán perdidos desde el punto de vista de la UE. 
En el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común, crece la proporción de los fondos correspondientes al Consejo, de manera que también habría que introducir los procedimientos pertinentes de intervención de cuentas y de aprobación de la gestión del Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar déjenme dar las gracias al ponente, Sr. Färm, por el trabajo realizado. 
Todos nosotros conocemos la dificultad que entraña la gestión del procedimiento presupuestario y las presiones que debe soportar quien se encarga de él año tras año. 
Sin embargo, si me permiten el atrevimiento diré que este año la situación me parece mucho más compleja y difícil. 
En teoría, nos encontramos a dos años vista de la efectiva ampliación de la Unión pero, en realidad, la maquinaria ya se ha puesto en marcha y el presupuesto de 2003 deberá poner a disposición los fondos necesarios para afrontar los cambios necesarios, en primer lugar de orden administrativo. 
Lo que les digo es que, a buen seguro, no estamos preparados, que nuestro presupuesto no me parece capaz de hacer frente a las actuales condiciones, a una previsión financiera como la que nos ha sido planteada, sin correr un riesgo enorme en el caso de que se verificara un imprevisto. 
Por esto, considero que nosotros, los diputados, debemos tener el valor de pretender durante el procedimiento de conciliación, una respuesta política al callejón sin salida en el que nos encontramos, sin juegos contables o medias promesas, indignas del papel que desempeñamos. 
Es penoso repetirse pero, aun a costa de parecer pesado, quiero confirmar una vez más mi posición que parte de un único y gran supuesto: nosotros, los diputados, y nuestra Institución tenemos, en cuanto rama de la autoridad presupuestaria, la misma e idéntica dignidad que el Consejo, lo que significa que no está dicho que debamos acatar las decisiones de este último sin mover un dedo. 
No está dicho que nuestro papel sólo está orientado a limitar los daños producidos por una política miope pero que se ha autoproclamado más fuerte. Nosotros somos política y moralmente responsables frente a millones de electores europeos de la gestión financiera de la Unión y lo cierto es que no podemos decir a nuestros electores: "nosotros lo sabíamos, nosotros lo dijimos, pero el Consejo no nos ha escuchado". 
Por esto, subrayo que, incluso ahora y sobre todo con los problemas que se están afrontando en relación con la rúbrica 5 y los problemas más antiguos como el de los RAL, debemos obligar al Consejo a encontrar una solución política, con todas las consecuencias que esto entraña. 
Mejor arriesgar ahora que arrepentirse mañana. 
La conclusión del informe Färm es la siguiente: más y más dinero para la política de la Unión. 
Aunque la Unión fuera el órgano designado para asumir cada vez más competencia de los gobiernos nacionales (¡lo que no es el caso! ), el cumplimiento del presupuesto desmiente la necesidad de incrementar los medios. 
Como consecuencia del estancamiento en la ejecución de la política comunitaria, las cantidades reclamadas de vuelta por los Estados Miembros en el 2001 ascendieron ni más ni menos que a 15.000 millones de EUR. 
¿No deberían saltar las alarmas al constatar estos hechos? 
¡Los pagos están tan atrasados con respecto a las aprobaciones- véase el apartado 26 del informe Podestà- que las cantidades pendientes de pago superan el presupuesto total de la Unión Europea! 
¿No deberíamos ser francos a la hora de establecer que el engranaje de la Comisión no está en condiciones de gestionar adecuadamente los capítulos aprobados por la autoridad presupuestaria y transmitidos a la Comisión a lo largo de los últimos años? 
¿Se producen excesos en los presupuestos? 
La teoría del complot planteada por el Sr. Buitenweg no me convence. 
Por consiguiente, abogo por ajustar los créditos a la capacidad ejecutiva de la Comisión y solo en lo que respecta a programas específicos. 
Dejemos que la Unión se limite a los ámbitos de competencia en los que una gestión europea realmente aporte un claro valor añadido. 
Por último quiero destacar el apartado 14 del informe Podestà: ¡antes del 1 de septiembre queremos contar con información precisa acerca del modo en que se emplea el dinero de la UE en el proceso de paz de Oriente Medio, así como de los mecanismos de control que se han implantado al respecto y las sanciones que se aplican en caso de abuso! 
Señor Presidente, Señorías, es una lástima que no estén los representantes de los países candidatos a la adhesión ni tampoco un público algo más numeroso para escucharnos en este debate. 
Si estuvieran aquí se darían cuenta de la singularidad, por no decir otra cosa, de este debate conjunto. 
En efecto, como han observado hasta ahora muchos diputados, de un lado, el Parlamento y la Comisión nos piden que utilicemos la reserva del instrumento de flexibilidad para cubrir unos gastos, después de todo, ordinarios, aunque en exceso- pienso en la rúbrica 5 y, cuando pienso que nos encontramos en un edificio del que podríamos prescindir tranquilamente, en la compensación de la rúbrica 5 me digo que quizás precisamente ahí se podrían hacer ahorros- por lo que es necesario apurar todas las reservas, como se dice en italiano, y del otro, estamos a punto de regalar a los ministros de Economía de nuestros países que tienen una gran necesidad de ellos, nada menos que 14.000 millones de gastos no utilizados, muy a menudo por ellos mismos. 
Entonces, realmente "aquí nadie es tonto", como decía un gran humorista italiano. 
Es decir, no es posible continuar por este camino: decir en las Cumbres europeas que no se tiene dinero para financiar la ampliación, llegar, como decía el Sr. Virrankoski, al presupuesto más bajo, en términos de pago, de los últimos años, con una cifra ridícula respecto a los mismos techos fijados en Edimburgo y en otras partes, y luego encontrarse en esta situación. 
Creo que éste es el banco de pruebas de nuestra credibilidad en los próximos años. 
Si los Estados consideran que necesitan los miles de millardos que devolvemos cada año para sus déficits, es un problema serio, pero también es un problema serio llegar a una situación de este tipo. 
Esto es lo que quería subrayar en este debate en el que ni la Comisión ni el Parlamento son actores principales. El mensaje va dirigido ante todo al Consejo. 
Señor Presidente, siempre es útil celebrar un debate antes de nuestra primera lectura del presupuesto, como el que celebraremos este mes con el Consejo, pero las resoluciones del Sr. Podestà y del Sr. Färm que nos ocupan ponen de relieve una contradicción fundamental, al menos en mi opinión y en la de mi Grupo. 
En primer lugar, por un lado tenemos la infrautilización de fondos, que, con la recuperación del balance por parte de los Estados miembros que actualmente se eleva a 15.000 millones de euros para el ejercicio de 2001, como ha señalado el Sr. Färm, representa un importante problema financiero y político, especialmente con respecto a la insuficiencia de pagos en los Fondos Estructurales. 
No obstante, como ha dicho el Sr. Virrankoski, la ejecución de créditos de pago ha sido escasa, elevándose a 82.000 millones de euros. 
¿Debemos buscar la causa de esto en las cuestiones que la Sra. Buitenweg ha planteado acerca de que los Estados miembros no quieren utilizar dichos fondos? 
¿Son los procedimientos poco eficaces? 
¿Se trata sencillamente de rigidez? 
También podría estar relacionado con la cofinanciación, cuando los Estados miembros no disponen de fondos, en cuyo caso debemos tomar precauciones sobre los siguientes pasos en la política agrícola, porque podríamos encontrar dificultades si dependemos de los Estados miembros para la ejecución de los programas. 
En segundo lugar, existe una contradicción entre la política exterior y la política administrativa. 
En realidad, estamos buscando fondos para la ejecución de programas aprobados por el Consejo o por nuestra institución en el procedimiento presupuestario. 
Sabemos que el Parlamento no ha dado su dictamen conforme a la financiación para Afganistán por valor de 1.000 millones de euros y, sin embargo, vemos cómo la Comisión y el Consejo siguen adelante alegremente, dando por descontado que la aprobaremos. 
Por consiguiente, a la luz de estos dos enfoque contradictorios, a mi Grupo y a mí nos parece muy lógico que pidamos a la Comisión más flexibilidad a la hora de transferir fondos de una partida presupuestaria a otra porque, por un lado, faltan fondos y, por otro, sobran. 
Y sin embargo, el Grupo Socialista quiere suprimir el apartado 12. 
Su portavoz debería justificar por qué se opone a un enfoque tan lógico. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, el informe Podestà sobre los perfiles de ejecución es un informe muy importante y quiero felicitar al ponente por su trabajo. 
Quien me conoce, sabe que esto no pertenece a mis rituales, pero creo que Guido Podestà es acreedor a nuestro agradecimiento por haber recogido la tarea de nuestro antiguo colega y ponente general para el año 2002, Carlos Costa Neves y por haber proseguido el trabajo iniciado por mí el 2001, es decir, observar la ejecución del presupuesto a lo largo del ejercicio. 
Este es un trabajo muy laborioso y no tan atractivo como el trabajo para el siguiente ejercicio presupuestario. 
La ejecución por parte de la Comisión del presupuesto y de los créditos financieros para los objetivos que acordamos al final de un año para el siguiente, merece una gran atención. 
Si se observa el curso de un ejercicio, uno se pregunta a veces si se ha seguido suficientemente la voluntad de la autoridad presupuestaria. 
Un ejercicio de este tipo está repleto de presupuestos suplementarios y rectificativos así como de transferencias de créditos. 
Si se analiza más exactamente, se comprueba que la totalidad de las transferencias de créditos representa un desplazamiento de créditos entre las diversas líneas de aproximadamente un 1% del presupuesto total. 
No demasiado, se diría. 
Pero es que una gran cantidad de créditos no se gastan en absoluto. 
Varios colegas han llamado la atención al respecto. 
A los Estados miembros se les devuelve 15 mil millones de euros del presupuesto 2001, es decir, 15 veces más de lo que han representado las transferencias de créditos en total. 
Aunque no podemos achacar de modo general a la Comisión que ignore nuestra voluntad política, todos- en este caso no se trata solamente de los miembros de la Comisión de Presupuestos sino también de las y los colegas de las demás comisiones- tenemos que prestar atención durante todo el año y apoyar a la Comisión para que no pierda de vista nuestra voluntad política. 
La confianza es buena, el control mejor. 
Señor Presidente, como ponente presupuestaria de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales me gustaría decir que hemos optado por no emitir opinión sobre el presupuesto para el ejercicio 2003 al haber quedado nuestros puntos de vista muy bien cubiertos por las reflexiones generales del excelente informe del Sr. Färm, no obstante, me gustaría destacar dos puntos. 
En primer lugar, la falta de ejecución del presupuesto para Fondos Estructurales, que ya ha sido mencionada en numerosas ocasiones a lo largo del día de hoy. 
El mismo problema se hace notar para el Fondo Social y no hablamos de la construcción a largo plazo de infraestructuras, luego me parece un punto que debe ser examinado muy seriamente. 
El segundo punto son las agencias, de las cuales contamos con varias más. 
Debemos garantizar que no se produzca un solapamiento de tareas cuando creemos agencias, y también debemos garantizar que puedan cumplir sus tareas y que sus presupuestos en el ejercicio 2003 les permitan cumplir con los preparativos de la ampliación en 2004. 
Por último, me gustaría mencionar que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales hace hincapié en que la nueva estrategia en materia de medio laboral reciba asimismo prioridad en el presupuesto. 
Señor Presidente, cuando hace algunos meses fijamos las directrices de los presupuestos de 2003 había en el Parlamento Europeo unidad de criterios en torno a tres prioridades dentro de la categoría cinco, a saber, los preparativos para la próxima ampliación, las reformas institucionales y el mantenimiento de ambas prioridades dentro de los marcos presupuestarios. 
Si en su reunión de diciembre en Copenhague el Consejo Europeo se decide a llevar a cabo un big bang, es decir, que diez nuevos países participen en las elecciones de 2004 al Parlamento Europeo, nos enfrentaremos a enormes exigencias. 
¡Éste es el mayor de todos los retos! 
El Parlamento Europeo- mediante una política previsora- ha trabajado ampliamente, durante largo tiempo, para hacer posible la futura ampliación. 
Estos esfuerzos continuarán en los presupuestos de 2003. 
Para alcanzar estos objetivos hay que dar a la ampliación la mayor prioridad en las instituciones comunitarias, cosa que deberá notarse también en los trabajos presupuestarios. 
Por esta razón resulta provechoso y satisfactorio que la próxima Presidencia danesa haya señalado claramente que su principal prioridad es la ampliación. 
Estos esfuerzos también deben tener repercusiones en la propia organización de la UE. 
En el transcurso de este año ha habido claras señales- especialmente desde el Parlamento Europeo- para que las instituciones solventen los preparativos de la ampliación de 2004. 
Esta circunstancia impone especiales exigencias a los presupuestos del próximo año. 
La mediación con el Consejo dentro de un par de semanas será un elemento muy importante en estos trabajos, especialmente en relación con la posibilidad de alcanzar un acuerdo para la categoría cinco. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, brevemente diré que, si queremos garantizar a los ciudadanos una buena y eficiente gestión de los recursos de que dispone la Unión, parece prudente acudir a la experiencia que nos proporcionan los años adquiridos del marco financiero vigente. 
¿Y qué lección, Señorías, podemos extraer? 
Que no podemos continuar con unos métodos que dan lugar a una no ejecución de créditos de pago tan abultada. 
Podemos hablar alternativamente de errores en las previsiones o de deficiencias en la ejecución. 
En realidad, estamos hablando de las consecuencias de un mal estructural, como muy acertadamente señala nuestro colega Podestà. 
Nuestro Grupo viene, año tras año, haciendo hincapié en reformar los métodos de trabajo para conseguir más eficacia, más transparencia y más agilidad en las políticas presupuestarias, porque de ello depende, en gran medida, la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo. 
Por eso, cuando asistimos a ciertos debates en la opinión pública orientados hacia los balances financieros, sabemos que algo se está haciendo mal. 
Por otra parte, el Parlamento ha dado pruebas de que quiere y exige una administración europea a la altura del siglo XXI pero, al mismo tiempo, exigimos eficacia, control y transparencia. 
Y es de sentido común la contención del gasto, y la exigencia al Consejo de que modere el aumento de gastos administrativos. 
Y es de sentido común que, si defendemos unas políticas agraria y de pesca comunitarias, las decisiones financieras se correspondan con el verdadero significado de estas palabras y que las instituciones hagan honor a sus compromisos. 
Por eso, el presupuesto para el 2003 debe financiar el segundo tramo de la reestructuración de la flota comunitaria afectada por el extinto acuerdo de pesca con el Reino de Marruecos. 
Señorías, creo sinceramente que hay margen para la negociación y el consenso y espero que, en beneficio de todos, se logre un buen resultado en la próxima ronda de concertación. 
Para ello, bastaría guiarse sólo por el sentido común. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de un informe del Consejo Europeo y de la Declaración de la Comisión sobre la reunión del Consejo Europeo celebrada en Sevilla los días 21 y 22 de junio de 2002, y la Declaración de la Presidencia en ejercicio del Consejo- Balance de la Presidencia española. 
Quisiera expresar, en nombre de todos nosotros, mi gratitud a la Presidencia española y al Presidente en ejercicio del Consejo por la deferencia que ha mostrado con el Parlamento y con mi persona en el transcurso de su Presidencia. 
En particular, deseo destacar su buena disposición a colaborar con el Parlamento en un intento de establecer, de cara al futuro, un diálogo entre las instituciones sobre el modo de mejorar nuestra colaboración y, más especialmente, cómo desempeñar mejor nuestras funciones en nombre de nuestros ciudadanos. 
. 
Señor Presidente del Parlamento Europeo, señor Presidente de la Comisión, señoras y señores diputados, cuando presenté ante sus Señorías las prioridades de la Presidencia española de la Unión Europea, me comprometí a acudir al Parlamento Europeo para exponerles los resultados del Consejo Europeo de Sevilla y realizar un balance final de este semestre. 
Quiero comenzar mi tercera comparecencia ante ustedes manifestando mi satisfacción por el trabajo desarrollado por las instituciones, a lo largo de la Presidencia, y las buenas relaciones que Parlamento, Consejo y Comisión han mantenido durante estos seis meses. 
Este buen clima de entendimiento se debe, en muy buena parte, a los esfuerzos del Presidente Pat Cox. 
El Parlamento Europeo y su Presidente han contribuido sustancialmente a los trabajos de la Presidencia. 
Esta Cámara ha adoptado el enfoque legislativo propuesto por el informe Lamfalussy, el VI Programa Marco de Investigación y el Reglamento Financiero. 
Por otra parte, durante estos seis meses, el Consejo y el Parlamento hemos adoptado un texto definitivo sobre el acceso del Parlamento Europeo a los documentos del Consejo relativos a la Política Exterior, de Seguridad y de Defensa, y hemos reformado la normativa europea sobre el procedimiento electoral común. 
Por todo lo anterior, el Consejo Europeo de Sevilla se ha felicitado por el impulso significativo dado al diálogo interinstitucional durante la Presidencia española. 
Buen ejemplo de todo ello es la creación del Grupo Técnico de Alto Nivel para la Cooperación Interinstitucional que supone un salto cualitativo en estas relaciones. 
Este grupo deberá ser el cimiento del futuro acuerdo interinstitucional sobre la simplificación y mejora del marco regulador, que se adoptará en diciembre de 2002. 
Señorías, cuando les presenté las prioridades de la Presidencia, declaré que España trabajaría para: 
fortalecer la respuesta de la Unión al terrorismo, desde la perspectiva de la construcción de un Espacio de Libertad, de seguridad y de Justicia; 
profundizar la modernización económica; 
contribuir a la conclusión de las negociaciones de la ampliación; y 
sentar las bases de la futura Unión Europea. 
Creo poder decir que se han producido avances en todas y cada una de estas materias. 
La Presidencia ha profundizado las medidas contenidas en el plan de acción contra el terrorismo de la Unión Europea. 
Este objetivo no hubiese sido posible sin el apoyo del Parlamento y especialmente sin el apoyo de la Comisión. 
Mi última comparecencia ante esta Cámara recuerdo bien que coincidió con un atentado terrorista en Italia. 
Confío en que estos actos serán cada vez más difíciles de realizar, tras las medidas que hemos adoptado durante estos meses. 
Hemos conseguido reforzar la lucha antiterrorista de la Unión Europea aprobando formalmente, entre otras, las Decisiones marco sobre la lucha contra el terrorismo, la Decisión marco sobre la orden de detención y entrega y la Posición Común sobre congelación de haberes. 
Todas estas medidas fortalecen la cooperación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de los Estados miembros, contribuyen a aumentar la cooperación internacional de la Unión en la lucha antiterrorista y extienden el ámbito de la lucha contra el terrorismo a toda su estructura de apoyo. 
En el marco del desarrollo del Espacio de Libertad, de Seguridad y de Justicia, España había propuesto, como una de las líneas de su Presidencia, la creación de una política común de inmigración y asilo. 
Europa necesita la inmigración y así lo entienden la mayoría de los europeos, pero en los últimos tiempos hemos visto la aparición de mafias criminales que trafican con seres humanos. 
Para combatir la inmigración ilegal, el Consejo Europeo de Sevilla ha decidido adoptar un paquete global y equilibrado de medidas que buscan: 
luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos; 
poner en marcha una gestión coordinada e integrada de las fronteras exteriores de la Unión; 
acelerar los trabajos sobre la definición de una política común de asilo e inmigración; e 
integrar la política de inmigración en las relaciones de la Unión con los terceros países. 
Permítanme que me detenga en estos dos últimos puntos, que han suscitado la mayor atención de nuestras opiniones públicas. 
El Consejo Europeo ha decidido acelerar los trabajos legislativos en curso sobre la definición de una política común de inmigración y asilo, mediante la ejecución de una serie de acciones concretas, dentro de unos plazos concretos. 
Así: 
antes de diciembre de este año, aprobaremos las condiciones que determinarán qué países son responsables para tramitar las solicitudes de asilo en la Unión Europea; 
antes de junio del 2003, adoptaremos normas relativas al estatuto de refugiado, a la reagrupación familiar y al estatuto de los residentes permanentes de larga duración; y 
antes de diciembre de 2003, aprobaremos las normas comunes sobre el procedimiento de asilo. 
Creemos que es necesario integrar la inmigración en la política de la Unión con los países terceros, teniendo en cuenta varios factores: la intensificación de la cooperación económica, el desarrollo de los intercambios comerciales y la ayuda al desarrollo, y la prevención de conflictos, pues éstos son los medios escogidos por la Unión Europea para reducir las causas de los movimientos migratorios. 
Por eso, el Consejo ha declarado su disposición a reforzar la colaboración con los países de origen y tránsito de la inmigración. 
Si queremos que la ayuda de la Unión para combatir la inmigración ilegal sea efectiva y también sea creíble, debemos ser capaces de evaluarla y revisarla, en función de los resultados obtenidos, para poder reaccionar ante una manifiesta falta de cooperación para frenar la inmigración ilegal. 
En ese caso, y en circunstancias excepcionales, la Unión se reserva el derecho de adoptar medidas, en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común y de las demás políticas de la Unión, dentro del respeto de los compromisos adquiridos. 
La entrada en circulación del euro sirvió de motor para que el Consejo Europeo de Barcelona retomase, con fuerza, el proceso de modernización económica y social. 
Como sus Señorías recordarán, los resultados del Consejo Europeo de Barcelona fueron ya objeto de examen por esta Cámara, durante mi comparecencia el pasado 20 de marzo. 
Me gustaría sólo detenerme en los elementos de contenido económico del Consejo Europeo de Sevilla. 
El reciente Consejo Europeo ha aprobado las Grandes Orientaciones de Política Económica, con las que se reafirma el compromiso de alcanzar el equilibrio presupuestario en el año 2004 y la necesidad de continuar con las reformas económicas, como única vía para que la Unión aumente su crecimiento y alcance el pleno empleo, objetivo que acordamos para esta década en Lisboa. 
Tras el hito que ha supuesto la ratificación por la Comunidad y los Estados miembros del Protocolo de Kyoto y los buenos resultados de la Cumbre de Monterrey, ahora tenemos dos bases sólidas sobre las que abordar la Cumbre Mundial de Desarrollo en Johannesburgo. 
Esta Cumbre será una oportunidad para cumplir nuestros objetivos de lucha contra la pobreza y el deterioro del medio ambiente, y para impulsar el desarrollo de los países menos avanzados. 
Estas metas serán una realidad si, en Johannesburgo, adoptamos una visión equilibrada, de todas las todas las facetas del desarrollo sostenible. 
De ahí, que el Consejo Europeo de Sevilla haya destacado, entre otros, los esfuerzos realizados por la Unión para promocionar iniciativas en el terreno del agua, la energía o la salud y desempeñar una posición de liderazgo, desde una óptica constructiva, en Johannesburgo. 
Una de las prioridades de la Presidencia era avanzar también en las negociaciones de la ampliación. 
El itinerario de las negociaciones adjudicado a la Presidencia española era muy exigente. 
Al final de este semestre se debían cerrar los capítulos relativos a la política regional y de cohesión, la política de las instituciones, las cuestiones financieras y el capítulo agrícola. 
Creo que el resultado puede calificarse de positivo. 
La Presidencia española ha negociado un total de 96 capítulos, de los cuales ha cerrado, provisionalmente, 52 y 22 han sido abiertos por primera vez. 
Quiere eso decir que las negociaciones han entrado en su etapa final y espero que el próximo Consejo Europeo de Bruselas pueda designar los países que podrán finalizar las negociaciones este año. 
Permítanme que me detenga un momento en la cuestión de los pagos directos del capítulo agrícola. 
Este tema era el más complejo de las negociaciones, dada la especial sensibilidad de algunos Estados miembros. 
El Consejo Europeo de Sevilla ha encontrado una formula de compromiso que nos permite comenzar a negociar con los candidatos la gran mayoría de las cuestiones agrícolas. 
El resto de los elementos que faltan del paquete financiero de las negociaciones de ampliación se comunicarán a los países candidatos a más tardar el mes de noviembre. 
De esta forma, el Consejo Europeo de otoño podrá decidir cuáles serán los países candidatos con los que podrán concluirse las negociaciones a finales de 2002. 
En este apartado, quiero también referirme a los progresos realizados por Bulgaria y Rumania y animar a Turquía para que siga por la senda de las reformas necesarias y cumpla los requisitos económicos y políticos, exigibles a todos los candidatos. 
Señorías, como Presidente de la Unión Europea inauguré los trabajos de la Convención Europea sobre el futuro de Europa el pasado 28 de febrero. 
En Sevilla, el Presidente Giscard d´Estaing ha presentado un informe sobre la marcha de la Convención y sobre los diversos foros en los que se ha manifestado la sociedad civil. 
El Consejo Europeo respalda el planteamiento general de la Convención. 
Otro tema del que se ha ocupado el Consejo Europeo de Sevilla, ha sido la ratificación del Tratado de Niza por Irlanda. 
La ratificación del Tratado de Niza es condición necesaria para seguir adelante, y considero importante la Declaración sobre la Ratificación del Tratado de Niza por Irlanda, que confirma que la política de neutralidad de este Estado miembro no se verá afectada, tras la ratificación del Tratado de Niza. 
Como sus Señorías también saben, el Consejo Europeo de Laeken encargó al Secretario General del Consejo, Javier Solana, la presentación de un informe sobre la reforma del Consejo. 
Sobre esa base, y de acuerdo con el Consejo Europeo de Barcelona, la Presidencia presentó en Sevilla tres grupos de propuestas sobre la reforma del Consejo. 
Las primeras se dirigían a cambiar sustancialmente la preparación, el desarrollo y las decisiones del futuro Consejo Europeo. 
La labor de preparación del Consejo Europeo corresponderá al nuevo Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores. 
También se han adoptado otras medidas que simplificarán y dotarán de flexibilidad a los trabajos del Consejo Europeo. 
Se limitará el tiempo de las reuniones y se adoptarán conclusiones claras y concisas. 
En Sevilla se ha dado un paso fundamental al admitir que el Consejo pueda utilizar, en casos extraordinarios, el sentido de las discusiones del Consejo Europeo para seguir avanzando en determinados asuntos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en los Tratados. 
Un segundo grupo de propuestas pretendía conseguir un Consejo de Ministros con una estructura y un funcionamiento más eficaces y transparentes. 
Para ello, el Consejo ha creado el Consejo de Asuntos Generales y de Política Exterior. 
Este Consejo, de nueva creación, preparará y seguirá los trabajos del Consejo Europeo, será competente para la coordinación horizontal y conducirá el conjunto de la acción exterior de la Unión Europea. 
El Consejo Europeo de Sevilla ha decidido también disminuir de 16 a 9 las formaciones del Consejo de Ministros, ha aprobado las reglas de cooperación entre Presidencias y ha adoptado normas que permitirán la apertura al público de las sesiones del Consejo, cuando éste actúe en codecisión con el Parlamento Europeo. 
Por último, la Presidencia española ha lanzado el debate sobre las Presidencias semestrales de la Unión. 
Modificar el actual sistema semestral de Presidencias implica reformar los Tratados. 
Esta decisión la deberá tomar la próxima Conferencia Intergubernamental. 
En todo caso, el Consejo Europeo de Copenhague debe continuar y profundizar en esta reflexión, basándose en el principio de igualdad entre los Estados miembros. 
Durante la Presidencia española, la Unión ha desarrollado también una intensa actividad exterior. 
Las Cumbres de la Unión Europea con los Estados Unidos y Canadá han servido para reforzar el vínculo transatlántico. 
La Cumbre con los Estados Unidos ha reafirmado el especial compromiso político que tiene la Unión con los Estados Unidos, al aprobar el acuerdo sobre la negociación de un Convenio de cooperación judicial en materia penal, de extradición y de asistencia mutua. 
Europa tiene que apoyar a Rusia ante la evidente apuesta del Presidente Putin por defender la democracia e iniciar el camino de las reformas. 
Era importante que la Cumbre de la Unión Europea con Rusia se saldase con un éxito. 
La inclusión de la lucha contra el terrorismo, como nueva esfera de cooperación entre la Unión Europea y Rusia, el reconocimiento del estatuto de economía de mercado para Rusia y la definición de las bases de un acuerdo sobre Kaliningrado son varias razones que invitan al optimismo sobre la futura evolución de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. 
A mediados de mayo, se celebró también en Madrid la II Cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y del Caribe. 
Unos de los objetivos de esta Cumbre era impulsar la integración regional en la zona. 
Por eso, se acordó negociar acuerdos políticos y de cooperación con América Central y con la Comunidad Andina, y se firmó el Acta formal de conclusiones del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Chile. 
España también propuso como objetivo prioritario de su Presidencia, impulsar el foro de Barcelona, único proceso en donde se encuentran directamente israelíes y palestinos. 
Por esta razón, la propia celebración de la Conferencia Euromediterránea, en la que estuvo presente el Parlamento Europeo, puede calificarse de un éxito y de un acierto. 
En Valencia se firmó el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Argelia y estos días se ha hecho lo propio con el Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Líbano. 
La Cumbre aprobó también el Programa marco de Justicia y Asuntos de Interior Euromediterráneo, adoptó la facilidad reforzada del Banco Europeo de Inversiones y el Programa de Acción para el Diálogo entre Culturas y Civilizaciones, y creó la Fundación Euromediterránea para ese diálogo entre Culturas y Civilizaciones. 
La Presidencia española ha mostrado una especial atención en momentos de grave crisis en Oriente Medio. 
De ahí las dos Declaraciones aprobadas durante los Consejos Europeos. 
La Presidencia española no ha cejado de intensificar su cooperación con otros actores internacionales. 
La importancia del "Cuarteto", reunido por primera vez en Madrid, y de la Declaración aprobada por la Unión Europea, los Estados Unidos, la Federación de Rusia y las Naciones Unidas son prueba de este esfuerzo, que continúa precisamente hoy, al reunirse los componentes del "Cuarteto", al nivel de Enviados Especiales, para seguir coordinando sus acciones. 
Fortalecer la Política Europea de Seguridad y de Defensa también fue una de las prioridades de la Presidencia española. 
El Consejo Europeo de Sevilla ha aprobado la Declaración sobre la contribución de la Política Europea de Seguridad Común en la lucha contra el terrorismo. 
Se da así un primer paso para integrar la lucha antiterrorista en la Política de Seguridad y Defensa. 
Durante la Presidencia española, la Unión Europea ha confirmado también su disposición a asumir la misión de policía en Bosnia-Herzegovina, el 1 de enero de 2003, y ha expresado su voluntad de tomar el relevo de la operación ' Amber Fox? , en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Quiero, por último, destacar que la Presidencia española ha realizado todas las gestiones para llegar a un acuerdo sobre la participación, en la defensa europea, de los aliados europeos no Miembros de la Unión. 
España y la Unión Europea deben seguir trabajando activamente en este tema. 
Señorías, hoy he comparecido ante el Parlamento Europeo para explicar los resultados de la Presidencia española de la Unión Europea y, especialmente, del Consejo Europeo de Sevilla. 
Creo que hemos avanzado en cada una de las prioridades de la Presidencia, a pesar de las dificultades y de las incertidumbres a las que nos hemos enfrentado durante estos meses. 
El euro ha entrado en circulación con plena normalidad y con excelente aceptación, el Consejo Europeo ha retomado, con fuerza, el proceso de modernización económica y social de Europa, la Unión ha desempeñado un importante perfil político en el mundo y, por último, hemos afrontado los problemas derivados de la inmigración ilegal y hemos sabido reaccionar con decisión ante la amenaza del terrorismo. 
Todos estos pasos deben servir para aumentar nuestra confianza en el proyecto europeo, que es una fórmula ya contrastada y basada en el éxito. 
Este éxito se sustenta en dos principios que no debemos olvidar: el respeto hacia los puntos de vista no compartidos y la búsqueda constante del equilibrio, y el imperio de la ley. 
Sólo desde esta doble perspectiva podremos afrontar las dos tareas más inmediatas que nuestro futuro nos depara: la ampliación y reunificación de Europa y la próxima Conferencia Intergubernamental, que definirá nuestro sistema institucional. 
No quiero terminar mi comparecencia sin desear lo mejor a la Presidencia danesa y sin garantizarle, por supuesto, el apoyo de España durante estos seis meses, al igual que ellos han colaborado activamente con nosotros. 
Por último, quiero acabar como empecé, agradeciendo a sus Señorías y al Presidente Cox el trabajo realizado durante la Presidencia española. 
Asimismo, quiero agradecer la colaboración prestada por la Comisión y por el Presidente Romano Prodi. 
Sin esa colaboración, muchos de los resultados que hoy he venido a presentarles aquí, sencillamente, no hubiesen sido posibles. 
. (IT) Señor Presidente del Parlamento, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, para el proyecto europeo, 2002 es un año crucial en el que convergen procesos y retos de grandísima importancia política e histórica, como la ampliación y el debate sobre la naturaleza política e institucional de la Unión de hoy y de mañana. 
En los últimos meses también ha aumentado la atención que nos merece otro desafío: la inmigración que implica una nueva reflexión sobre los equilibrios que hay que debemos lograr dentro de las sociedades europeas y en las relaciones Norte-Sur del mundo. 
Conocemos perfectamente la dificultad de estos desafíos y debemos reconocer en este sentido el mérito de la Presidencia española, que en los últimos seis meses ha tenido a su cargo la tarea de guiar a la Unión a la hora de afrontar todos estos problemas, unos problemas que la misma ha afrontado con energía y sensatez. 
Por lo tanto, quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias al Presidente Aznar, a sus ministros y a todos los colaboradores por el trabajo realizado. 
Me gustaría asimismo añadir que la cooperación entre la Presidencia y la Comisión ha alcanzado unos niveles elevadísimos, lo que me permite decir que hemos logrado establecer con España un método que espero pueda ser reutilizado por todas las futuras presidencias. 
Uno de los éxitos que la Unión ha alcanzado en este semestre es el respeto del calendario de la ampliación. 
En Sevilla hemos dado nuevos pasos en esta dirección: hemos alcanzado posiciones comunes sobre los capítulos de la agricultura y de los Fondos estructurales y hemos identificado los últimos obstáculos pendientes. 
En otoño, y más concretamente en el marco del Consejo Europeo que se celebrará en octubre en Bruselas, tendremos que lograr un acuerdo interno de la Unión sobre algunas cuestiones presupuestarias, y en particular sobre los pagos directos a las explotaciones agrarias. 
También en otoño, los ciudadanos irlandeses serán llamados a participar en segundo referéndum para la ratificación del Tratado de Niza. 
Estoy plenamente convencido de que esta vez el debate girará en torno a los puntos fundamentales del Tratado y no en torno a otras cuestiones erróneamente atribuidas a la Unión, y conducirá a un resultado positivo. 
En este sentido, considero de gran utilidad la declaración que hizo el Consejo en Sevilla sobre el respeto de la neutralidad militar de Irlanda. 
Sigo pues mirando al Consejo Europeo de Copenhague con gran optimismo: paso a paso estamos superando los posibles obstáculos a la decisión definitiva sobre la ampliación. 
El gran esfuerzo que los países candidatos han desplegado en estos años merece verse coronado por el éxito. 
Nunca me cansaré de repetir que la ampliación y las reformas que conlleva son y seguirán siendo nuestra prioridad política, y que esta Comisión no escatimará ningún esfuerzo para conseguir este objetivo, cuya importancia estratégica va mucho más allá del Continente europeo. 
En el orden del día del Consejo Europeo que acaba de finalizar, el capítulo "Asilo e inmigración" ocupaba un puesto de enorme relevancia. 
En Sevilla han prevalecido el sentido común, la prudencia y la medida. 
La inmigración ilegal y la trata de seres humanos son fenómenos inaceptables y la Unión ha afirmado con claridad que hará todo lo posible para combatirlos. 
Y no se trata de simples declaraciones abstractas. 
En Sevilla han surgido indicaciones y plazos precisos, tales como, por ejemplo: la conclusión de los acuerdos de readmisión en curso y la apertura de las negociaciones con los otros países señalados por el Consejo; la ejecución de operaciones comunes en las fronteras exteriores durante 2002; la institución de un sistema común de visados de aquí a marzo de 2003. 
De ningún modo debemos infravalorar la importancia de estas fechas. 
La experiencia nos enseña que sólo unas fechas precisas pueden permitirnos avanzar con coherencia. 
Y les aseguro que obraremos y nos mantendremos alerta para conseguir que se cumplan estos compromisos. 
En su conjunto, por otra parte, el fenómeno de la inmigración exige un enfoque integrado que tenga plenamente en cuenta los distintos aspectos políticos, sociales y humanos. 
El control de las fronteras está ligado a las políticas de asilo; la seguridad, al tratamiento equitativo de todos los ciudadanos y a la seguridad interna y la eficacia de las distintas decisiones y acciones dentro de la Unión depende también de las relaciones con los terceros países y de la cooperación al desarrollo que seremos capaces de organizar. 
Retomando el espíritu de Tampere, el Consejo no ha descuidado ninguno de estos aspectos y, por lo tanto, ha dado muestras de gran equilibrio. 
Ésta es una señal tranquilizadora para todos los ciudadanos, tanto para aquéllos que temen por el futuro de los inmigrantes legales y creen en unas sociedades abiertas y tolerantes como para aquéllos que se sienten amenazados por la inmigración ilegal y por quienes se aprovechan de ella y, por lo tanto, reclaman una mayor seguridad: Una seguridad que ciertamente no depende tan sólo de la gestión del fenómeno de la inmigración, sino también de una serie de cuestiones que deben afrontarse de manera orgánica y para las cuales la Unión puede realmente marcar la diferencia. 
Porque ésta, Señorías, es una de las enseñanzas que debemos extraer de Sevilla, donde se ha evidenciado de manera todavía más clara la imposibilidad de resolver estos problemas a escala meramente nacional y la necesidad de políticas y de decisiones valientes y de largo alcance a escala europea. 
Señorías, la ya inminente ampliación ha levantado un viento de reforma que atraviesa toda la Unión. 
La actividad hierve en dos direcciones principales: por una parte, en el seno de la Convención que está a punto de concluir la primera etapa de sus trabajos; y por otra, en cada una de las Instituciones principales de la Unión. 
La Convención presidida por el Presidente Giscard d ' Estaing tiene por misión idear soluciones a largo plazo para la futura Europa de 25 o más Estados miembros, y reflexionar sobre qué tipo de Unión deseamos para nuestro Continente. 
Sin embargo, como les decía, hay otros procesos en curso dentro de la Unión y a sus puertas, como decía el Presidente Aznar en su discurso, que nos obligan a revisar el funcionamiento de nuestras Instituciones desde ahora mismo con decisión, rapidez y concreción, sin esperar a la modificación de los Tratados y sin interferir en los trabajos de la Convención. 
La Convención es sagrada; no podemos interferir en lo más mínimo en ella. 
Debemos, por ejemplo, evaluar de inmediato el impacto de la ampliación en el funcionamiento de nuestras Instituciones, a fin de aplicar las medidas necesarias antes del inicio de 2004. 
En segundo lugar, no debemos olvidar que el sistema comunitario se basa en un refinado equilibrio entre nuestras Instituciones, basado en pesos y contrapesos y en su funcionamiento interdependiente: cualquier cambio que afecte a una de ellas se refleja por lo tanto de manera estructural en todas las demás. 
Por esta razón, la coordinación y la concertación del esfuerzo de racionalización en curso en todas las Instituciones son fundamentales. 
Me complace constatar que en ciertos casos esto ya está ocurriendo de manera casi espontánea. Su informe Corbett, el informe Solana y nuestras propuestas sobre cómo modificar el sistema de funcionamiento de la Comisión apuntan todos en la misma dirección. 
En particular, las nuevas reglas aprobadas en Sevilla para el Consejo Europeo y las demás formaciones ministeriales y mis ideas de reforma del Colegio de Comisarios tienen muchos puntos en común. 
Ambas iniciativas articulan las actividades de cada Institución de manera más flexible y simplificada identifican una serie de tareas esenciales y las asignan a organismos de coordinación con responsabilidades muy precisas. 
En consecuencia, Señorías, en esta etapa histórica debemos encontrar rápidamente soluciones creativas con los instrumentos de que disponemos, es decir, sin necesidad de modificar el Tratado. 
No obstante, como ya he dicho, debemos actuar de manera coherente entre nosotros, y éste es también el espíritu de nuestro paquete de propuestas para legislar mejor, es decir, la better regulation. 
Por lo tanto, me felicito de que en Sevilla el Consejo Europeo haya tomado la decisión de crear un Grupo técnico de alto nivel para la cooperación interinstitucional y haya invitado a las tres Instituciones a adoptar, dentro de este año, un acuerdo interinstitucional para mejorar la calidad y la aplicación de nuestra legislación. 
Ésta es la tarea que nos espera en un futuro próximo y estoy seguro de que la afrontaremos con serenidad y empeño, y con ese espíritu de colaboración que ya caracteriza nuestras relaciones. 
Y es precisamente por este espíritu de colaboración que les doy las gracias a ustedes, miembros del Parlamento, y al Presidente Aznar y a sus colaboradores que en este semestre han hecho posible un trabajo concreto y eficaz. 
Señor Presidente, quisiera saber si ya ha recibido respuesta del Consejo y de la Comisión, pues he oído sus intervenciones y no se han referido a los incidentes ocurridos en la frontera luso-española que impidieron que manifestantes portugueses fueran a Sevilla y en los que hubo actos de violencia contra algunas personas, incluidos diputados portugueses... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Ésa no es una cuestión de orden. 
Nos disponemos a celebrar un debate durante dos horas. 
Todos los diputados son libres de formular las preguntas que deseen dentro del tiempo previsto para el debate. 
Le aconsejaría, al igual que a sus colegas, que si desea plantear cualquier cuestión, lo haga en el marco del debate, que es el procedimiento idóneo. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Presidencia española, señor Presidente de la Comisión, estimadas y estimados colegas, en primer lugar recomiendo mantener el debate como lo mantenemos desde hace años y no permitir que se interrumpa por comunicados de cualquier tipo que son inadecuados en este momento. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo quiero expresar a la Presidencia española mis sinceras felicitaciones y reconocimiento por una Presidencia de éxito, lo que ha reconocido también el gran aplauso de toda la Asamblea. 
Señor Presidente Aznar, usted ha venido tres veces a este Parlamento, dando de este modo un ejemplo a otras Presidencias que espero lo sigan. 
Una sociedad libre sólo puede prevalecer si nos enfrentamos con decisión a toda forma de terrorismo. También debido el terror ejercido por ETA en España, usted se ha comprometido de modo ejemplar en esta lucha ya mucho antes del 11 de septiembre del 2001. 
Deseo decirle en nombre de mi Grupo que estaremos decididamente a su lado cuando se trate de defender la libertad y la democracia frente al terrorismo. 
Señor Presidente, usted ha recorrido un importante camino en la política de asilo e inmigración, aspectos a los que se ha referido en su intervención. 
Estamos a favor de asegurar nuestras fronteras y también de una policía común de fronteras europea. 
Pero también es importante- a lo que asimismo se ha referido- que combatamos las causas de la inmigración, que salgamos a su paso. La Conferencia de Valencia ha sido importante para intensificar el diálogo del Mediterráneo. 
Como Grupo del PPE-DE, somos del firme convencimiento de que hay que afianzar nuestras relaciones con el mundo árabe e islámico. 
No debemos equiparar el terrorismo con el mundo árabe e islámico y debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para que en el norte de África surja una sociedad que ofrezca las condiciones previas para que los jóvenes ya no tengan que emigrar sino que encuentren un futuro en su patria. 
Señor Presidente Aznar, usted ha hablado- al igual que el Presidente de la Comisión Prodi- sobre la ampliación de la Unión Europea. 
Quiero expresarle mi agradecimiento por que precisamente usted, como representante del sur de la Unión Europea, ha actuado con decisión en la cuestión de la adhesión de los países de la Europa central y, naturalmente, también de Chipre y Malta. 
Tengo el mandato expreso de mi Grupo para decir lo siguiente: nos parece irresponsable que ahora un Jefe de Gobierno, en concreto, el Canciller Federal de la República Federal de Alemania, vincule condiciones a la ampliación, indicando que primero se tienen que lograr resultados en las negociaciones agrícolas en lo tocante a los pagos. 
Lo consideramos irresponsable, pues esto daña en los países candidatos la confianza en la Unión Europea y a la postre conduce a fomentar sentimientos antieuropeos en esos países. 
Le instamos y le rogamos por ello... 
(Exclamación) 
... sí, no le gusta oírlo, pero estoy diciendo la verdad y si también lo criticase, estimado colega, entonces gozaría de mayor credibilidad que con sus exclamaciones. 
(Aplausos) 
Señoras y señores, estimadas y estimados colegas, señor Presidente, usted ha defendido asimismo con gran compromiso el pacto de estabilidad. La estabilidad es la base para la confianza en la moneda común europea. 
Tanto si se trata de un país grande o pequeño, cuando se infringe el pacto de estabilidad y crecimiento, se tiene que enviar un mensaje de advertencia a ese país. Debemos defender todos la estabilidad de la moneda europea. 
Usted se ha referido a la Convención. 
Lo saludo expresamente. 
Estamos a favor de soluciones comunes que debe elaborar la Convención. 
Bajo la Presidencia española ha sido posible dar un gran paso hacia adelante con el Acuerdo Interinstitucional en la política exterior, de seguridad y de defensa. 
Pero circulan rumores en el sentido de que en la Secretaría General del Consejo no se quieren clasificar en absoluto ciertos documentos. 
Espero que esto no conduzca al final a que se nos oculten documentos sino que se respete realmente lo que se ha acordado, tal como ha hecho la Presidencia española. 
Depositamos una gran confianza en el Acuerdo Interinstitucional y esperamos que al final no sólo se negocie a un elevado nivel técnico sino también político, para llegar de este modo a una legislación realmente mejor de la Unión Europea 
Señor Presidente Aznar, para finalizar quiero felicitarle por la reforma del Consejo. 
Creo que debemos seguir trabajando en el futuro sobre esta base. 
Le expreso mi agradecimiento en nombre de nuestro Grupo por una Presidencia de éxito y depositamos nuestra confianza en el Gobierno español y en su Jefe de Gobierno para que el camino que hemos andado durante el último semestre prosiga también bajo la Presidencia danesa. 
En este sentido le deseo a usted y también a todos nosotros mucha suerte durante el próximo semestre para nuestra Unión Europea. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, quisiera, ante todo, saludar, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo la comparecencia del Presidente saliente del Consejo y el sugerente discurso que ha pronunciado hoy. 
Me permitirá una primera observación sobre el ambiente de Sevilla que, más que de feria, era de Semana Santa, en una ciudad que se caracteriza por ser la capital de las tres culturas. 
Estamos en contra de la Europa fortaleza y, sobre todo, de la Europa inexpugnable para los ciudadanos europeos y, en este sentido, creemos que hace falta una explicación aquí de por qué se ha impedido a ciudadanos europeos e ibéricos- concretamente portugueses, en este caso- y diputados el poder acudir a Sevilla en ejercicio de sus derechos. 
En cuanto a la Presidencia semestral, el Presidente en ejercicio del Consejo se ha adelantado a mi crítica. 
El mismo, aquí y en Oxford, criticó las presidencias semestrales. 
Tengo que manifestar mi acuerdo con eso porque, evidentemente, no se puede reescribir el Libro del Génesis cada seis meses. 
Cada semestre empieza de nuevo Europa y eso no puede ser. 
Por ejemplo- refiriéndome a la Presidencia española -, no puede ser que se recree el proceso de Lisboa- que era un proceso equilibrado- cambiando objetivos. 
Es interesante tener energía- y estamos a favor de liberalizar la energía, no de privatizarla sin más -, pero hay que ocuparse de los servicios públicos y de la creación de empleo. 
Por ejemplo, en relación con la inmigración y el asilo: hace dos años se hizo un planteamiento global en Tampere. 
La Presidencia sueca planteó el tema importante para Europa de nuestra demografía. 
Ahora parece que todo se concentra en la inmigración ilegal. 
¿Es que lo que han hecho los Consejos Europeos anteriores no vale? 
No tenemos memoria del pasado, y ése es un punto importante, porque hay que decir, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que ustedes le han puesto al Consejo JAI unos deberes muy estrictos: hemos estado esperando en el Parlamento Europeo, en el marco del procedimiento de codecisión, que se hiciera una política más proactiva y menos represiva desde el punto de vista europeo en el terreno de la inmigración. 
Ahí ha habido cinco directivas que han estado esperando que el Consejo hiciera su trabajo. 
Eso en primer lugar. 
(Aplausos) 
En segundo lugar, tengo que decir que la Presidencia- no ha sido la única- ha evitado sistemáticamente los temas calientes. 
Ha aprobado muchos capítulos de la ampliación, pero hay que decir que queda lo más fundamental. Y quiero recordar que el Parlamento Europeo, como en anteriores ampliaciones, ha dicho siempre que una ampliación supone la revisión de las perspectivas financieras, y lo están haciendo ustedes por la puerta de atrás. 
El Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo ha aprobado un documento sobre la necesaria reforma de la política agrícola y la están haciendo ustedes en privado, sin un debate público, incluso sin escuchar lo que propone la Comisión, que puede ser muy discutible pero tiene la responsabilidad de hacerlo. 
Y en relación con la ampliación, comprendo que el Sr. Poettering, en el clima preelectoral alemán, ataque al Canciller Schröder como candidato. 
Lo que parece que no ha oído es lo que dice el Sr. Stoiber sobre la ampliación, que es mucho más fuerte todavía. 
(Aplausos) 
Y señalo que la Presidencia danesa lo tiene muy difícil para poder concluir con los temas pendientes de Sevilla en el mes de diciembre. 
En tercer lugar, tengo que señalar, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que usted, que es un político de raza, ha ejercido su labor de una manera que ha roto con la neutralidad de las presidencias. 
No se ha recatado en decir- en relación con lo que ocurre en mi país- que la culpa es de los socialistas. 
Sistemáticamente ha acusado de los problemas a los gobiernos de mi familia política y se ha apuntado usted los tantos. 
Ésa no es la tradición de las presidencias europeas y yo creo que habría que volver a un tipo de presidencia que fuera más neutral. 
Por último, señor Presidente en ejercicio del Consejo, está el tema del control democrático y la reforma del Consejo. 
Es cierto que hemos cerrado el acuerdo sobre el acceso a los documentos. 
Han dado ustedes el paso de situar a nivel político la negociación sobre cómo legislar mejor. 
Ahora bien, cuando ustedes dicen que van a abrir el Consejo en su capacidad de codecisión con el Parlamento, nos dicen que accedamos a través de Internet. 
Nosotros les invitamos a ustedes cuando codecidimos. 
Lo menos que pueden hacer es invitarnos oficialmente cuando ustedes codeciden. 
No somos un elemento más del público para enterarnos por la prensa. 
En conclusión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, me permitirá también que me refiera a su propuesta de una Presidencia del Consejo por cinco años. 
En enero dije que podrían ser buenos anfitriones de la Convención, porque no habían expresado su opinión. 
Ahora, después de haberla expresado abiertamente, tengo que decirle que, como demócrata europeísta, me opongo a que recreemos el Sacro Imperio Romano Germánico y estoy a favor del mantenimiento del método comunitario. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, para el Grupo de Liberales, Demócratas y Reformistas europeos, la prueba de fuego de Sevilla fue el acuerdo sobre inmigración y asilo, que elevó el nivel del debate por encima de la búsqueda de titulares de tabloides y fue directamente al quid de la cuestión. 
Un lector ocasional de la prensa en vísperas de la Cumbre de Sevilla podría haber creído que el Presidente español interpretaba a Don José en la Carmen de Tony Blair, en un engaño apasionado, pero mortal sobre la utilización de la ayuda al desarrollo como arma en la ofensiva contra los inmigrantes ilegales. 
Por ello, acogemos con satisfacción el éxito del Primer Ministro Verhofstadt, entre otros, en el restablecimiento del equilibrio del proyecto de conclusiones del Consejo Europeo. 
Nos complace, en particular, que el Consejo haya recordado la importancia de la cooperación económica, el libre mercado, la ayuda al desarrollo y la prevención de conflictos como medidas para atajar las causas de la inmigración ilegal. 
Aplaudo que el Consejo haya hecho hincapié en incentivar a los países en desarrollo para que cooperen en la gestión de los flujos migratorios, en vez de en suspender la ayuda al desarrollo si no cooperan. 
No obstante, en vez de limitarse a fijar nuevos objetivos para poder avanzar en el tema de la inmigración y el asilo, los Jefes de Estado y de Gobierno deberían dejar de obstruir el proceso de toma de decisiones con iniciativas nacionales y respaldar las propuestas de la Comisión según el método comunitario. 
Es decir, hacer uso de la votación por mayoría cualificada para garantizar la toma de decisiones. 
Respecto a las propuestas de reformas de los procedimientos del Consejo, está muy bien que los Jefes de Estado y de Gobierno hablen de introducir mayor transparencia en las funciones del Consejo. 
No obstante, esto no se logrará sólo con permitir la entrada de cámaras en la sala para un debate de mesa redonda ritual y para las votaciones. 
Debemos lograr una transparencia real a través del acceso a los documentos del Consejo en Internet, desde que los funcionarios tratan sobre ellos por primera vez, hasta que alcanzan el nivel ministerial. 
Es vergonzoso que los funcionarios de la Secretaría del Consejo se nieguen a publicar documentos de Sala y documentos no numerados. 
Existe la necesidad evidente de racionalizar el número de Consejos, pero sería mucho mejor que eso se hiciera en conjunción- como ha dicho el Presidente de la Comisión- con la introducción de medidas similares en el Parlamento y la Comisión, para que se sepa con claridad quién tiene el control y la responsabilidad. 
También me preocupa que la abolición del Consejo de Desarrollo se vea como un deterioro del papel de la Unión en la ayuda al desarrollo, algo que no podemos permitir que ocurra. 
Después de la Cumbre de Barcelona advertí a esta Asamblea del peligro de que se abriera una brecha en su credibilidad si no se cumplían los ambiciosos objetivos para la reforma económica. 
Pedí, en particular, progreso hacia un mercado integrado de servicios financieros. 
Por consiguiente, felicito cordialmente a la Presidencia española por conseguir el acuerdo sobre la directiva de las pensiones- que permanecía bloqueada en el Consejo desde julio del año pasado- así como el acuerdo sobre la directiva relativa a los abusos del mercado, porque tras el ruido y el fragor sobre la inmigración ilegal, el progreso uniforme en asuntos técnicos, pero de vital importancia, como éstos es lo que demuestra la valía de una Presidencia. 
Señor Presidente del Parlamento, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, como le dije al Sr. de Miguel en la pasada sesión, ésta es la primera Presidencia de la Unión Europea con geometría variable. 
Es sorprendente la escasa relación entre la exposición que el Sr. Aznar realizó al inicio de la Presidencia en esta Cámara acerca de las prioridades y la actividad de la Unión Europea en este semestre. 
Es notable la capacidad de adaptación que ha demostrado cambiando sus prioridades. 
Por ejemplo, cuando se hizo complicado cumplir los objetivos de la ampliación, se introdujo el tema de la inmigración ilegal. 
La prioridad del terrorismo era un enfoque en parte reductor del mandato, mucho más amplio, emanado de Laeken, que se centraba en la política exterior y de seguridad común. 
En realidad, no se ha registrado ningún avance importante con relación a este aspecto y la cuestión del terrorismo ha consistido en la orden de detención y entrega básicamente, que en parte ya fue diseñada por la Presidencia belga. 
Su capacidad de adaptación se hace aún más patente si pensamos que al principio de la Presidencia, por ejemplo, se habían aparcado las propuestas de la Comisión sobre inmigración. 
En Sevilla, la cuestión de la inmigración se trató de enfocar exclusiva y básicamente desde un punto de vista represivo y policial. 
Afortunadamente, algunos Estados miembros dulcificaron sus propuestas a este respecto. 
Se han dejado de lado- por desarrollar, sería más correcto- las políticas de integración, los expedientes de reagrupación familiar, el estatuto para residentes de larga permanencia o la regulación común de las corrientes migratorias. 
El lema de su Presidencia, señor Aznar, era "más Europa" y entre las prioridades, la que quizás tenía mayor alcance político era la relacionada con la ampliación de la Unión Europea. 
Es cierto que se ha cerrado un buen número de capítulos, pero no todos tienen la misma importancia. 
El agrícola era el principal y, dentro de él, las ayudas directas son mucho más importantes que cualquier otro tema. 
La cicatera propuesta de la Comisión sobre la agricultura es rechazada por la mayoría de los países candidatos. 
Por otra parte, el bloqueo de cuatro Estados del Consejo de Asuntos Generales pone de manifiesto la magnitud del problema, un problema en el que no se ha avanzado mucho en Sevilla. 
Un buen número de Estados miembros quiere un mercado más grande, pero no más Europa. 
Las razones son presupuestarias y el objetivo, en parte, es desmantelar o reducir las escasas políticas comunes. 
Efectivamente, señor Aznar, es necesaria más Europa; una Europa más grande, pero no vacía de contenidos. 
No es admisible el argumento que usted usó antes del Consejo Europeo de Sevilla: "los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía". 
La Presidencia debe hacer todo lo que esté en su mano para cumplir los objetivos finales. 
A usted, señor Aznar, en Barcelona no le supuso ningún problema- me parece a mí- presionar a Francia hasta el final acerca de la liberalización del suministro de la energía eléctrica, aun habiendo un proceso electoral en marcha en ese país. 
Sin embargo, ante el proceso electoral actual en algún otro país, no ha actuado del mismo modo, para evitar las presiones sobre la ampliación y la reducción de la PAC, porque seguramente lo considera un esfuerzo inútil. 
Sin justificar su actitud con respecto a las liberalizaciones, es evidente que usted ahí ha usado dos varas de medir. 
Su enfoque también ha sido parcial y reductor en los aspectos económicos. 
Ha conseguido conferir al proceso de Lisboa una impronta muy neoliberal, olvidando sus contenidos sobre el empleo de calidad, la cohesión social y el papel del diálogo social. 
Se niega a reconocer el nuevo escenario económico, alejado ya de las previsiones de Lisboa; se mantiene una interpretación inflexible en las orientaciones económicas del Pacto de Estabilidad, pero, a la vez, el "sálvese quien pueda" para que algunos Estados miembros puedan arreglar sus problemas de equilibrio presupuestario. 
Y esto tampoco se puede calificar de más Europa. 
En enero, usted manifestó literalmente su intención de crear una zona de mayor prosperidad económica que salvaguarde el modelo social europeo. 
El Consejo Europeo de Barcelona y las políticas que su Gobierno pretende aplicar en España demuestran lo contrario. 
Y de Barcelona a Sevilla, señor Aznar, le convocaron una huelga general. 
No podía ser de otra forma, porque su reforma laboral, que recorta la protección del desempleo y abarata el despido, es un exponente más de lo que la Presidencia española entiende por flexibilizar el mercado laboral. 
En su Presidencia, señor Aznar, la Unión Europea no ha desempeñado un verdadero protagonismo para la solución justa del conflicto de Oriente Próximo, y sus propuestas acerca de América Latina y del Mediterráneo han sido de un perfil bajo incomprensible. 
Por estas razones, señor Aznar, no podemos hacer una valoración positiva de su Presidencia. 
Los aspectos positivos- el proyecto Galileo, la tarjeta sanitaria, alguna cosa más- palidecen ante estas razones que yo he intentado, al menos para nosotros, esbozar. 
No se puede hacer más Europa deteriorando las políticas sociales, los servicios públicos o las políticas europeas comunes. 
Es necesaria más Europa pero, también y sobre todo, una mejor Europa. 
Otra Europa es posible- como han venido reclamando miles de ciudadanos ante cada Consejo Europeo cada vez más y, particularmente en su Presidencia, en Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla. 
Más Europa, sí, pero una Europa más solidaria, más humana, más al servicio de los ciudadanos y más presente en la escena internacional. 
Le agradecería también, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que pudiera usted clarificar el tema del suceso con Portugal en relación con estas manifestaciones. 
Presidente Aznar, la tiranía del tiempo no me permite detenerme en los aspectos positivos de su Presidencia que, también en opinión de mi Grupo, están ahí, sino que me impone subrayar sobre todo algunos aspectos preocupantes. 
Respecto a la cuestión de la inmigración y del asilo, hemos acogido con alivio la falta de apoyo en Sevilla a su propuesta de supeditar la ayuda al desarrollo- ya de por sí escandalosamente escasa- a las pretensiones de la Unión de controlar la inmigración ilegal. 
Pensamos que no es siguiendo los instintos más bajos de los partidos de la extrema derecha como se podrá responder a las justas preocupaciones de los ciudadanos. 
Ya existen las bases de una política coherente y comprensiva en materia de asilo y de inmigración, y son las propuestas de la Comisión que están sobre la mesa del Consejo desde hace demasiado tiempo. 
Debemos seguir el procedimiento legislativo normal para tener éxito en esta materia. 
Al principio de su Presidencia le hice una sugerencia- que gozara de estos seis meses- y una crítica porque en su programa yo no llegaba a ver una clara definición de su visión de Europa y del papel de Europa y de las Instituciones. 
Hoy creo poder decir que su Presidencia le ha gustado tanto que le ha hecho presentar una visión de la Unión en la cual no solo los Gobiernos continúan siendo los amos de la Unión, sino que la Presidencia del Consejo, al convertirse en electiva y al durar más de seis meses, entra en competencia directa con la Presidencia de la Comisión y rompe el equilibrio institucional. 
Nosotros estamos en contra de esta visión, señor Presidente, que consideramos contradictoria respecto a la urgencia de convertir a la Unión en más democrática y en más eficaz, y esperamos realmente que la Convención no la siga. 
Por otra parte, al igual que el Sr. Watson, quisiera expresar mi preocupación y nuestra oposición respecto a la supresión del Consejo "Desarrollo", puesto que esto no puede sino significar que la política de desarrollo deberá someterse aún más a las prioridades geopolíticas y comerciales de la Unión Europea, en particular de sus Estados más importantes. 
La disolución del Consejo "Desarrollo" podría asimismo ser la antecámara, entre otras cosas, del desmantelamiento de la Dirección General de ' Desarrollo ", y respecto a esto quisiéramos algunas garantías por parte del Presidente Prodi. 
En cuanto a la Cumbre de Johannesburgo, tan solo dos palabras: nos ha sorprendido mucho no encontrar en las conclusiones referencia alguna al grave fracaso de la Cumbre de Bali, ni a las iniciativas de la Unión Europea para relanzar la estrategia para el desarrollo sostenible. 
Esta estrategia no se puede basar exclusivamente en la liberalización del comercio y, mucho menos, como hace ver también la Comisión, en la energía nuclear. 
Si realmente ésta será la estrategia de la Unión en Johannesburgo creo realmente que en Johannesburgo, en cambio de Río +10, volveremos a Río- 10. 
Sin embargo, podemos estar razonablemente contentos de que, gracias también a una amplia movilización de la opinión pública, que hemos apoyado realmente, no se hayan visto coronados por el éxito sus esfuerzos de utilizar la Presidencia para que avanzara el Plan Hidrológico Nacional, especialmente su financiación por parte de la Unión, y la reforma de la política de pesca en la dirección propugnada por el Gobierno español. 
Por último, señor Presidente, yo también quisiera saber por qué los diputados Verdes se vieron implicados en problemas en las fronteras con Portugal. 
Estoy realmente curiosa por escuchar sus explicaciones al respecto. 
Señor Presidente, los objetivos fundamentales que el Gobierno español se marcó para su Presidencia de la Unión Española se han logrado. 
Las negociaciones sobre la futura ampliación de la Unión Europea se han acelerado a un fuerte ritmo y ya es probable que las negociaciones con muchos de los países candidatos queden concluidas realmente antes de que finalice este año. 
Es un calendario apretado, pero un calendario que ahora puede cumplirse gracias a los grandes avances alcanzados durante los últimos seis meses. 
La Cumbre de Barcelona celebrada la pasada primavera sentó las bases para que el actual desarrollo de la economía europea siga siendo una prioridad de primer orden. 
Los gobiernos de la UE reconocen abiertamente que el desarrollo de la economía europea no será posible a menos que aprovechemos al máximo las nuevas tecnologías de la información que están en plena evolución. 
El fomento del comercio electrónico, de los programas de salud en línea, el e-gobierno y las iniciativas sobre el aprendizaje electrónico bajo los auspicios de del e-Plan de Acción Europa 2005 se están llevando a cabo en su totalidad a lo largo y ancho de Europa. 
El nivel de trámites burocráticos para las pequeñas y medianas empresas en Europa sigue constituyendo una barrera para la creación de empleo. 
Bajo la Presidencia española ha entrado en vigor la nueva Carta para las pequeñas y medianas empresas que ayudará a las empresas europeas a crecer y prosperar con más facilidad. 
También se ha dado prioridad a la reforma de los sistemas de pensiones en Europa. 
Lamentablemente, los ciudadanos de Europa envejecen y los gobiernos de la UE deberán ser imaginativos para garantizar el respaldo y la protección de los sistemas de pensiones públicos y privados. 
Debemos introducir iniciativas que garanticen que la población más anciana de nuestra sociedad puede llevar una vida satisfactoria con confianza y con la total tranquilidad de que sus necesidades están plenamente protegidas. 
Desde una perspectiva irlandesa, la Cumbre de Sevilla ha sido de la máxima importancia. 
En esta Asamblea todos sabemos que, el año pasado, Irlanda rechazó por un pequeño margen las disposiciones del Tratado de Niza. 
Un tema que preocupa a numerosos irlandeses es que el Tratado de Niza ponga en peligro la tradicional neutralidad de Irlanda. 
Los soldados irlandeses pueden sentirse orgullosos de su trayectoria de servicio en misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz en el extranjero bajo los auspicios de mandatos de las Naciones Unidas, y la población irlandesa quiere que se mantenga esta cooperación en el futuro. 
Acojo con satisfacción las dos declaraciones aprobadas en Sevilla, una suscrita por el Gobierno irlandés y la otra aprobada por el Consejo Europeo. 
Fundamentalmente, estas declaraciones explican en términos claros e inequívocos el hecho de que la política de neutralidad de Irlanda está plenamente protegida. 
En consonancia con nuestra política tradicional de neutralidad militar, Irlanda no está comprometida por ningún compromiso de defensa mutua. 
Las fuerzas de defensa irlandesas que sirven en el extranjero necesitan la aprobación de las Naciones Unidas, el acuerdo del Gobierno irlandés y el consentimiento del Parlamento irlandés. 
Nuestros socios europeos han declarado que el Tratado de Niza no impone ningún compromiso de defensa a ningún Estado miembro de la Unión Europea. 
Tengo la esperanza de que estas declaraciones alejen por completo todas las preocupaciones políticas que nuestra población sintió por este asunto concreto durante el pasado referéndum sobre el Tratado de Niza. 
El lugar de Irlanda está en Europa, tanto histórica como políticamente. 
El aislamiento de Europa sólo traería incertidumbre económica a nuestro país, que recibe fuertes inversiones del exterior de las que dependen cientos de miles de puestos de trabajo. 
Queremos garantizar que seguimos siendo un emplazamiento atractivo para los inversores extranjeros, que ven Irlanda como un punto de entrada al mercado único de la Unión Europea. 
No queremos poner en peligro el que ha sido un fructífero mecanismo de creación de empleo enviando señales claras a los inversores de que no queremos continuar en el corazón de la Unión Europea y en el corazón del mercado interior. 
No hay ninguna duda de que el problema de la inmigración ilegal en Europa necesita una solución, y acojo con satisfacción el acuerdo que han alcanzado nuestros dirigentes de intensificar sus esfuerzos de coordinación en las fronteras marítimas y terrestres para frenar la inmigración ilegal en la Unión. 
Debemos seguir coordinando medidas con los países donde se originan altos índices de inmigración ilegal y debemos garantizar que los delincuentes organizados que participan en el siniestro negocio del tráfico de seres humanos son detenidos y procesados por sus delitos. 
Por último, la Presidencia española de la Unión Europea ha sido un rotundo éxito. 
Le expreso mi sincero agradecimiento. 
Colaboremos todos con el Gobierno danés para que sigamos progresando durante los próximos seis meses. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a la Presidencia española por el compromiso de abrir las reuniones del Consejo al público durante la primera y la última lectura. 
Es un comienzo. 
Superamos ahora a Corea del Norte, que queda así como el único país del mundo que legislará detrás de puertas cerradas. 
Sin embargo, aún estamos lejos de la transparencia que caracteriza a nuestros parlamentos nacionales cuando éstos legislan. 
Todos los demás países del mundo seguirán siendo más transparentes que nosotros. 
Permítaseme dar asimismo las gracias al Ministro de Asuntos Exteriores español, Sr. Piqué, por su promesa en la Conferencia de Presidentes de facilitarnos todos los documentos de los grupos de trabajo del Consejo. 
Si esta promesa se hace realidad, España podrá pasar a la historia como la Presidencia que abrió la Unión de veras. 
Será estupendo para el país que tradicionalmente ha combatido la transparencia junto a Francia y a Alemania. 
Sin embargo, en Sevilla Francia y Luxemburgo bloquearon una apertura más amplia de las reuniones del Consejo. 
El borrador español habría abierto todas las partes donde el número de asteriscos de un documento indica que se trata del procedimiento de codecisión. 
Me gustaría pedirles a nuestros colegas franceses y luxemburgueses que den a sus ministros una lección de transparencia y de democracia parlamentaria. 
Y un comentario sobre la famosa conversación telefónica entre los Sres. Prodi y Aznar. 
¿Propondréis una modificación del Tratado de modo que todos los Primer Ministros tengan derecho a telefonear al Presidente de la Comisión el domingo para lograr la retirada de una propuesta y el despido de aquellos funcionarios molestos el lunes siguiente? 
Varios portavoces de grupos han hecho referencia a la cuestión del acceso del Parlamento a documentos confidenciales del Consejo relativos al segundo pilar. 
Quisiera hacer constar que sin el esfuerzo decidido de la Presidencia española no tendríamos ahora un proyecto de acuerdo interinstitucional. 
Este proyecto de acuerdo ha sido aprobado, en principio, por la Conferencia de Presidentes y será transmitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales y más tarde, en septiembre si fuera posible, será sometido al Pleno. 
Anoche, la Mesa examinó un proyecto de documento, que el Parlamento debe aprobar también como ejercicio paralelo, sobre las medidas de seguridad internas que garanticen la protección de las informaciones confidenciales en términos comparables a las garantías de seguridad que se aplican en el Consejo y la Comisión. 
Cuando la Mesa haya aprobado el proyecto de documento, éste será también transmitido al Pleno para su examen, junto con el proyecto de acuerdo interinstitucional. 
Sin esa firme determinación en las últimas semanas, dudo que hubiéramos avanzado hasta este punto. 
Señor Presidente, no voy a utilizar esta intervención para el elogio. 
Aunque, si quisiera hacerlo, me resultaría difícil superar los calificativos que han empleado estos últimos seis meses, por ejemplo, el Secretario General del Consejo, el Sr. Solana, o el Premier británico, o el actual Canciller alemán, todos ellos correligionarios del Sr. Barón, aunque pudiera no parecerlo. 
Sí parece razonable, sin embargo, decir que en estos seis meses hemos avanzado más que nunca en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior. 
Y más importante, tal vez, que haber acordado una definición común del delito de terrorismo, haber creado Eurojust, o haber aprobado el mandato de detención y entrega creo que es haber entendido que el terrorismo es un problema y una amenaza para todos los europeos y que, por lo tanto, exige medidas de ámbito comunitario. 
Representan una amenaza para la democracia y para el régimen de libertades, sin duda, quienes asesinan, quienes usan la extorsión o la amenaza como medio para alcanzar sus objetivos políticos. Pero también quienes instigan o colaboran con los terroristas. 
Hay quienes colaboran, por ejemplo, con su financiación: de ello se acusa al tesorero de Batasuna, después de que las autoridades judiciales francesas le encontraran más de 200 000 euros en el maletero de su coche que, según declaró, le entregó un miembro de esta Cámara. 
Por lo tanto, me produce, y creo que nos ha de producir a todos, gran tranquilidad que la Mesa del Parlamento Europeo haya tomado cartas en este asunto. 
Hablando de agresión a los derechos humanos, hay pocos actos más repugnantes que el tráfico de seres humanos. 
También la lucha contra la inmigración ilegal exige un esfuerzo de ámbito europeo. 
Sin duda, mi Grupo aspiraba a llegar más lejos, como la mayoría de los miembros del Consejo, pero hay que estar satisfechos, creo, por el compromiso alcanzado, que es fruto de la exigencia de la unanimidad y que, sin duda, representa un avance, sobre todo para aquellos que hace poco reclamaban demagógicamente papeles para todos. 
Quiero terminar estas palabras repitiendo unas que se pronunciaron en este Pleno en enero de 1996, con ocasión de la anterior Presidencia de la Unión Europea. 
Decía entonces el portavoz de mi Grupo, Abel Matutes, que la Presidencia no es patrimonio del Gobierno que transitoriamente ejerce el poder, sino que es responsabilidad de todo un país y de todos sus ciudadanos. 
Por eso el Partido Popular- decía entonces el Sr. Matutes- le ha brindado su colaboración leal para alcanzar los objetivos que se pretenden. 
Hemos cumplido con ese objetivo y, por eso, señor Presidente del Consejo, quiero anunciarle que asumimos como propias las luces y las sombras de esa presidencia. 
Hay quien ha perdido esta mañana otra oportunidad de mostrar un mínimo de lealtad institucional. 
Siempre tendrá la libertad de seguir trayendo a Bruselas o a Estrasburgo discusiones estrictamente nacionales. 
Así tiene también la ocasión de, primero, perder los debates en su país de origen y, después, volverlos a perder aquí, en Bruselas o en Estrasburgo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor presidente de la Comisión, al igual que en cualquier Presidencia hay naturalmente elementos positivos y críticos. 
Cada Presidencia tiene la posibilidad de adjudicar algunas cosas a los restantes Estados miembros. 
Si hoy mencionamos más bien los elementos críticos, lo hacemos en interés del debate. 
No obstante, quiero mencionar un elemento positivo, a saber, el Acuerdo Interinstitucional que se va a adoptar en este Parlamento, tras largos trabajos previos del Presidente de la Comisión Prodi. 
Lo hemos logrado tras numerosas discusiones con el Sr. De Miguel. 
Quiero expresar por ello mi agradecimiento a usted, señor Presidente del Consejo, y en especial, al Sr. De Miguel. 
En lo que se refiere a la reforma del Consejo, el resultado no es tan glorioso, en especial en lo que se refiere a la transparencia: es ridículo que la transparencia se refiera sólo a una parte de la legislación, sólo al principio y al final y sólo en una forma determinada. 
No debemos asustarnos de la transparencia que existe en este Parlamento. 
La plena transparencia es lo que exigimos también del Consejo para la totalidad del procedimiento legislativo. 
En lo que se refiere a la inmigración, se celebra ahora como un gran éxito que se confirme lo que ya se ha confirmado varias veces: en principio se quiere hacer realidad Tampere, pero no se ha hecho realidad. 
Bajo la Presidencia española apenas se ha avanzado tampoco. 
Señor Presidente del Consejo de Ministros, tiene que reconocer sinceramente que la única "gran" idea, la sanción de los países de origen, no ha tenido éxito. 
Gracias a Dios, no ha tenido éxito por nuestro Grupo: sería absurdo castigar precisamente a los más pobres de entre los pobres. 
Si tenemos que castigar, si tenemos que perseguir, es a esas bandas criminales que quitan sus últimos ahorros a los más pobres de entre los pobres y les prometen el paraíso. 
Con frecuencia termina con la muerte en el Mediterráneo. 
Lo que hay que hacer es proporcionar ayuda y cooperación a aquellos países que son los más pobres de entre los pobres para reducir la presión migratoria. 
Un último punto: señor Presidente del Consejo, si concedo credibilidad al "Handelsblatt" -un periódico normalmente serio- usted ha dicho lo siguiente: " Creo que la izquierda ha perdido la orientación. 
Tiene miedo ante el mundo moderno, un mundo de transformación e innovación ". 
Señor Presidente del Consejo, al menos la izquierda socialdemócrata no tiene miedo ante la modernización y el cambio. 
Sólo sabemos que muchas personas en nuestra población tienen miedo de perder como consecuencia de esta transformación y modernización. 
No hay sólo ganadores sino también perdedores. 
De esos tenemos que ocuparnos. 
Si los socialdemócratas no nos preocupamos por ellos, caerán en manos de los movimientos populistas de derechas. 
Esto no puede ser nuestro interés común. 
Pues estos movimientos se aprovechan del miedo que provoca la inmigración. 
Estos movimientos se aprovechan del miedo que provoca la ampliación de la Unión Europea. 
Pero nosotros queremos una inmigración controlada razonablemente. 
Por ello, la socialdemocracia tiene que ocuparse también de que no se pierda la solidaridad y el componente social de la modernización, privatización y liberalización. 
Una Unión Europea que no muestre solidaridad con los más débiles en la sociedad no puede tener éxito. 
La socialdemocracia está a favor de ello, no tenemos miedo a las reformas. 
Queremos ayudar a aquellos que tienen miedo ante el paro y la inestabilidad. 
Señor Presidente, me referiré brevemente a algunos puntos. En la UE necesitamos una política común de migraciones, a largo plazo y fundamentada en el humanismo, que tome en consideración tanto nuestras responsabilidades frente a los que huyen como nuestra necesidad futura de mano de obra inmigrante. 
Me satisface, como liberal, que las propuestas más represivas no hayan encontrado eco en Sevilla y que el Consejo parezca haber comprendido que, para impedir que la gente huya de sus países, son mejores el comercio, las ayudas al desarrollo y los incentivos a la democracia que las amenazas con sanciones. 
Abrigo alguna esperanza frente a las reformas del Consejo. 
Es provechoso que las reformas sean más eficaces, las reuniones más abiertas y las Cumbres menos espectaculares. 
Sin embargo, esto no es suficiente, ya que también las negociaciones deben ser abiertas, los documentos accesibles y la legislación ser merecedora del calificativo de democrática. 
Espero que la Presidencia danesa dé buenos ejemplos en esta materia. 
Finalmente, me interesa el programa estratégico plurianual que aprobará el Consejo. 
Hemos trabajado mucho en el Parlamento Europeo, junto con la Comisión, en torno a este asunto. 
¿Cómo van a integrarse estas dos instituciones en esos trabajos? 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señora Comisaria, señor Aznar, le pido que no se relaje usted. 
Su tiempo de gloria de la Presidencia habrá finalizado en la Unión Europea, pero no así su responsabilidad. 
La cortina mediática de logros que ustedes han levantado no esconde los gravísimos interrogantes que se atisban en el horizonte. 
Las propuestas de su compañero de partido, el Sr. Fischler, de reforma de la política pesquera común o de la PAC generan incertidumbre y preocupación en nuestros pescadores y agricultores. 
Sólo necesitan armonizarse con nuestra realidad que, hoy por hoy, está muy lejos de la realidad virtual tecnócrata que impera en la Comisión. 
Ahora es cuando usted debe demostrar esa contundencia que impera en su política de allí, aquí, donde se decide nuestro futuro. 
Su mayor logro, el de la Presidencia española, ha sido su voluntarismo, la capacidad de trabajo de su equipo. 
¡Felicidades! 
Nunca había visto tal cantidad de memorandos presentados aunque, en proporción, los avances han sido escasos. 
Usted cortó la cinta de la implantación del euro. 
Muy bien. 
Pero menospreció el trabajo previo realizado por algunos. 
Para finalizar, sus propuestas iniciales sobre inmigración fueron rebajadas significativamente, gracias a Dios, y, para decepción de muchos, los ciudadanos de Barcelona y de Sevilla se comportaron correctamente y disiparon con su civismo todas sus alarmistas previsiones. 
Por ello solicito formalmente, señor Presidente, que las instituciones europeas feliciten a ambas ciudades por su comportamiento y por su civismo, así como por su paciencia ante estos alardes de poder costosos e innecesarios. 
La Cumbre de Sevilla se anunció como una nueva etapa en el desarrollo de una política europea en materia de inmigración y asilo. 
Tengo dos observaciones postreras al respecto. 
En primer lugar me siento aliviado por el hecho de que la propuesta de un servicio de policía fronteriza europea y la idea de reducir las ayudas al desarrollo de los países de procedencia de los ilegales no se hayan admitido. 
Estas medidas estaban básicamente dirigidas a combatir los síntomas y a mantener alejados a los ilegales. 
De este modo se puede satisfacer a corto plazo al ciudadano europeo, aunque la eficacia y a las consecuencias de estas medidas no se habían analizado adecuadamente. 
En segundo lugar. Solo a través de una combinación del reparto equitativo de la prosperidad por una parte y a aplicación de una sistema de asilo y de inmigración europeo que resulte viable, se puede lograr una perspectiva de futuro. 
Lamentablemente, la Cumbre no se ha traducido en avances en estos campos, incluso aunque se cuente con propuestas a tal efecto desde hace tiempo. 
Comprendo que se deba devolver a sus países de origen a las personas cuyas peticiones de asilo hayan sido denegadas. 
Sin embargo, ¿qué ocurre con los millones de inmigrantes ilegales que nunca han pedido asilo? 
Apoyo los intentos de limitar el flujo migratorio pero, ¿cómo se pretende poner en marcha la salida? 
Considerando lo delicado del tema, comprendo la lentitud con la que se está tratando. 
No obstante, el Consejo Europeo se ha limitado a ratificarse una vez más en los acuerdos existentes. 
No se trata en ningún caso de una nueva etapa en el desarrollo, sino de un estancamiento. 
Señor Presidente, durante los últimos seis meses, a pesar del eslogan "más Europa", la Presidencia española ha fomentado los viejos instintos autoritarios de los nacionalistas franquistas. 
Esta práctica, señor Aznar, ha hecho muy difícil que usted parezca sincero. 
Un ejemplo esclarecedor fue su negativa a reconocer la huelga general con ocasión de la Cumbre de Sevilla. 
De hecho, para usted y para su Gobierno, dicha huelga nunca tuvo lugar. 
Esa forma ridícula suya de hacer caso omiso a la realidad es imperdonable en política y ése es el motivo por el que su pobre programa para la Presidencia refleja más euroescepticismo e incluso una hostilidad abierta a la Unión Europea. 
En palabras del Profesor Dominique Réné: "2002 est l 'année d' une poussée spectaculaire de l ' Euro-phobie, notamment dans les classes populaires européennes",. 
Naturalmente, usted no es el único culpable de la actual imagen lamentable de la Unión Europea, porque hechos como las prácticas de genocidio en Chechenia, Palestina y el Kurdistán no pueden disimularse. 
Señor Aznar, usted muestra especial entusiasmo por las doctrinas de los Gobiernos de Rusia, Israel y Turquía. Todos pueden verlo en su deseo irresistible de prohibir Batasuna y todas las organizaciones nacionalistas vascas. 
Al hacerlo, ha provocado la más cruda disputa con los obispos vascos, los sindicatos y la amplia mayoría de los ciudadanos vascos desde los tiempos de Franco. 
Su mandato como Presidente en ejercicio ha terminado y el conflicto vasco continúa. 
El único medio de poner fin a esta interminable pesadilla vasca es sencillo: despierte. 
Antes de que sea demasiado tarde, por favor, deje de cernerse sobre las cumbres. 
Señor Aznar ¡aterrice! 
Señor Presidente, no sé si era Talleyrand quien decía que la oposición es el arte de estar en contra de algo, pero de tal forma que luego se pueda estar a favor. 
Quería decir esto, señor Presidente, porque en este tipo de debates se pueden afrontar los problemas que plantea una situación como ésta desde distintas perspectivas, y todas ellas son válidas, excepto la de aquellos que se pronuncian desde la indigencia moral de no levantar su voz para condenar el asesinato de víctimas inocentes, lo cual constituye una ofensa a la memoria de éstas y una burla, señor Presidente, a las posiciones del Parlamento. 
Decía, señor Presidente, que la crítica es un ejercicio saludable, pero que hay que ejercerla bajo determinadas premisas. 
Creo que es mucho más fácil criticar que hacer y es evidente que siempre debe merecer mayor consideración quien hace algo, aunque no alcance el 100 % de los éxitos, que un mal crítico. 
El ejercicio de la crítica, señor Presidente, es también un poco como los testamentos, es decir, que el único válido es el último. 
Y a mí, francamente, me choca que algunas de las manifestaciones que se han vertido aquí parece que se encuentran claramente en contradicción con más de treinta apartados aprobados en las resoluciones que este Parlamento ha adoptado con motivo de las Cumbres de Sevilla, de Madrid y de Barcelona, y que, por cierto, contaron con el apoyo y el voto favorable del Grupo parlamentario socialista. 
Además, en mi opinión, señor Presidente, se plantea también una cuestión de estilo personal. 
Cada persona tiene su estilo propio, como tiene su propia nariz, y el hecho de trasladar a este Parlamento debates y cuestiones internas pone claramente de manifiesto que los ciudadanos tomarán nota de este tipo de actitudes que no redundan en beneficio del interés general, sino que pretenden vanamente comprometer la imagen del Gobierno de España. 
Señor Presidente, en este tipo de debates se trata exclusivamente de saber si la Unión Europea, sin exaltar luces ni ocultar sombras, progresa. 
Creo que, aunque algunos prefieren ver las cosas como a ellos les gustaría que fueran y no como son, es evidente que en estos seis meses se han hecho muchas cosas. 
Hay un trabajo serio, se ha culminado de forma satisfactoria un camino lleno de dificultades internas, debido a los procesos electorales en algunos Estados miembros y a dificultades externas derivadas de la situación internacional. 
Pero es evidente que en el corto período de seis meses la Presidencia en ejercicio no puede resolver, por arte de encantamiento, todos los males que aquejan a la Unión Europea, como si pudiera disponer de la piedra filosofal, del ungüento amarillo o del bálsamo de Fierabrás. 
Lo cierto es que los otros catorce Estados miembros también cuentan y en este tipo de situaciones, señor Presidente, hay una cosa muy clara: los peor situados, los que han fracasado en la resolución del problema del empleo y de la convergencia para alcanzar la unión monetaria, son siempre los que dan los mejores consejos. 
Lamento que el Sr. Barón no se encuentre en este momento en el hemiciclo, porque, realmente, él, que ha sido ministro de Transportes, está aquí dándonos una lección de cómo navegar, cuando su barco hace agua por todas partes. 
Señor Presidente, quien financia a los cómplices del terrorismo es una vergüenza para esta Cámara. 
La manera de resolver el conflicto vasco es que quienes nos persiguen y nos matan dejen de hacerlo y nos dejen vivir en libertad. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, es cierto que podríamos haber avanzado más, pero también menos, y que podríamos haberlo hecho mejor, pero también peor. 
Todo partiendo de la base de que en una Presidencia semestral no hay ni éxitos rotundos ni fracasos absolutos. 
En seis meses no hay tiempo para los fracasos absolutos, son imposibles, y los relativos se pueden explicar. 
Usted mismo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ha reconocido la inutilidad de un sistema rotatorio que da lugar a unas presidencias obligadas a buscar un éxito, a ser posible nacional y en corto tiempo. 
En este sentido, las reformas del Consejo acordadas en Sevilla- de las que se ha hablado ya- representan un avance de mínimos, pero un avance positivo. 
No estoy aquí para criticarle, pero tampoco para halagarle el oído, así es que analizaré el estado de la cuestión de tres de sus prioridades: la ampliación, la relación transatlántica y las relaciones exteriores. 
Respecto de la ampliación, no puedo por menos que constatar que no se han cumplido los objetivos- usted mismo lo ha dicho. 
Los capítulos que la Presidencia se había propuesto cerrar para conseguir la reunificación de Europa y hacerla realidad siguen abiertos. 
Son temas difíciles y suscitan muchos recelos en varios Estados miembros, pero renunciar a impulsar un debate serio que nos permita superar la incertidumbre no es la solución. 
En cuanto a la relación con nuestro principal aliado, he de reconocer, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que usted ha tenido un indudable éxito personal: ha sido invitado a Camp David. 
Pero esa relación no se ha visto concretada a favor de Europa en sus relaciones con los Estados Unidos. No han ratificado el Protocolo de Kyoto, han retirado la firma de la creación de la Corte Penal Internacional, no se dejan aconsejar en materia de Oriente Próximo, se incrementan nuestros conflictos comerciales de todo tipo. 
En definitiva, nuestro liderazgo flaquea. 
Respecto al resto de relaciones exteriores, es verdad que se ha firmado el acuerdo con Chile- por el que le felicitamos -, pero esta Presidencia no ha situado la política de la Unión respecto a Iberoamérica y el Mediterráneo en el lugar que le corresponde. 
Europa no va bien, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no va mejor que hace seis meses. 
Ya sé que nos ha tocado vivir tiempos difíciles, pero la política es para los tiempos difíciles. 
Por eso, con la misma sinceridad que le ofrecí nuestro apoyo hace seis meses, créame, señor Presidente en ejercicio del Consejo, si le digo que yo esperaba y deseaba más. 
Más éxitos, más avances, menos incertidumbres. 
Para terminar, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no pensaba calificar esta Presidencia, pero su Ministro de Asuntos Exteriores- como siempre- me ha provocado y lo ha hecho al decir que él se encuentra razonablemente satisfecho. 
Quizás porque soy de izquierdas y soy mujer, y mujeres e izquierda requieren más ambición, le diré que yo me he quedado razonablemente insatisfecha. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, me gustaría felicitar a la Presidencia española y dar las gracias a la Presidencia española, no sólo al Primer Ministro sino también a todos los demás ministros, por su benévola cooperación con el Parlamento Europeo. 
Personalmente, quiero desearle al señor Primer Ministro que tenga ahora ocasión de disfrutar de unas cortas vacaciones, que es de esperar pase junto a su encantadora esposa. 
Lo siguiente por tanto no va dirigido al señor Primer Ministro personalmente, sino contra el Consejo y es la cuestión relativa a la inmigración ilegal. 
Se dedica en las declaraciones del Consejo un número increíble de líneas, por no hablar de páginas, a la inmigración ilegal. 
Ninguna persona sensata es partidaria de la inmigración ilegal. 
La cuestión es únicamente si se va a actuar en las razones o si se va a levantar un? Fuerte Europa?. 
El Consejo, en general, se ha concentrado sólo en un? Fuerte Europa? y así el texto que trata de las razones mismas resulta demasiado blando y demasiado débil. 
Se lee en el texto que el Consejo Europeo recuerda la importancia de la cooperación económica. 
¿No sería mejor que el Consejo Europeo dejara de recordar cosas y en vez de ello, hiciera algo, pues es la cooperación europea la que puede poner remedio a estos temas? 
Seguiremos recibiendo inmigración ilegal si no establecemos una cooperación razonable con los países en vías de desarrollo, y mientras no hagamos nada, no hay nada que decir a que acudan a Europa. 
De ahí que lo más importante sea establecer una cooperación razonable. 
Señor Presidente, le han bastado los meses de su Presidencia para convertir en una caricatura lo acordado en las anteriores Presidencias sobre la inmigración y el asilo, la educación y el trabajo de las mujeres, el desarrollo sostenible. 
Deja peor la cuestión de la ampliación, confirmada en Laeken. 
No ha impulsado las justas reformas de la PAC, de la Política Pesquera Común y de los Fondos estructurales, tan importantes para la Unión, España y Galicia. 
No ha hecho avanzar la propuesta de la Unión sobre el horror de Israel y Palestina. 
Ha abandonado a nuestra América Latina. 
Se ha entrometido con arrogancia insolente en la Convención y ha llegado a concebirse como presidente virtual de la Unión. 
En su Presidencia todo ha quedado absorbido por la paranoia de la seguridad. 
Obcecado por el deseo de reducir su función a la de presidente de la policía de la Unión, sólo puede exhibir el triste mérito de haber identificado la inmigración con la delincuencia. 
Señor Presidente, algunas cumbres como la de Sevilla serían bienvenidas, por lo ilustrativa que ha resultado esta última. 
Cualquiera puede ver en ella la impotencia de Europa. 
Ataques de pánico por lo que llaman populismo- que sólo es la exasperación de los pueblos europeos desposeídos de sí mismos -, las eminencias han pretendido atacar de frente el problema de la inmigración. 
Esta pretensión ha parido un ratón como Ámsterdam en 1997. 
De nuevo la Unión desposee a los Estados y sustituye su política por la nada. 
Como acaba de decir hace unos instantes el Sr. Barón Crespo en este debate, cada seis meses es necesario poner Europa a cero. 
Excelente fórmula. 
Poco a poco, los pueblos se dan cuenta de este cero de forma que su exasperación no hace más que incrementarse, y verdaderamente eso puede llevar lejos. 
Hay un punto de las conclusiones de Sevilla que merece señalarse aunque haya pasado claramente desapercibido; se trata del punto 6, por el cual el Consejo está invitado a estudiar la cuestión de las lenguas para mejorar, según se dice, la situación actual; facilitar que los diputados trabajen en su idioma. 
Y estamos lejos de ello porque cada vez con más frecuencia, en la Comisión por ejemplo, nos pronunciamos sobre textos cuya única versión disponible es el inglés, en contra de nuestro reglamento. 
¿Será necesario elegir algún día a los diputados europeos en función de sus resultados de acuerdo con una prueba de nivel en inglés? 
Quiero alertar a la Presidencia danesa contra las propuestas que va a plantear. 
No resulta admisible elegir una o dos lenguas de trabajo ya que este Parlamento no es una organización internacional. 
Tampoco es aceptable tener que elegir una lengua enlace que, por supuesto, sería el inglés o, mejor, el angloamericano. 
Cometan este error, señores federalistas, y ante los ojos de los pueblos todo quedará claro, será una excelente demostración del verdadero rostro de la Unión Europea, es decir el de una sucursal del imperio americano y de su verdadera función, que consiste en limar todas las naciones de Europa para convertirlas en pobres sujetos de la americanización del mundo. 
Señor Presidente Aznar, nadie puede estar en desacuerdo con la lucha contra la inmigración ilegal. 
Lo que, por el contrario, nos deja perplejos es que esta lucha llegue a ser un elemento clave en las relaciones con los terceros países y en los acuerdos de cooperación más que ahora o más que lo ha sido hasta ahora, en términos políticos y concretos, la promoción de la democracia y del Estado de Derecho. 
En estos pocos segundos de que dispongo no puedo por más que hacer esta reflexión acudiendo a una paradoja: desde este punto de vista, la Albania del dictador comunista Hoxha fue un socio perfecto, ya que nadie podía emigrar de aquellos países, nadie podía emigrar de las sociedades militarizadas. 
Ésta, sin embargo, es una paradoja hasta cierto punto, puesto que allí donde no somos capaces de llevar la democracia y el Estado de Derecho, es en donde después estallan los conflictos, como en los Balcanes: ese es el verdadero problema que está en la raíz de los flujos migratorios que no se pueden gestionar. 
Por ello, seguramente Europa haría mejor en concentrarse más que en los síntomas en las causas profundas de la imposibilidad de gestionar el problema de la inmigración ilegal. 
Señor Presidente, debo decir, para comenzar, que la intervención del Sr. Watson ha arruinado todas las observaciones que yo tenía preparadas en relación con la Cumbre de Sevilla. 
Me temo, Presidente Aznar, que no consigo sacarme de la cabeza esa imagen de sus esfuerzos por seducir a la "Carmen" de Tony Blair. 
Tenía pensado comenzar diciendo que usted ha servido de gran estímulo y ejemplo para los partidos de centro-derecha de Europa. 
Un gran número de los logros políticos que hemos presenciado en el transcurso de los últimos meses ha sido posible gracias al buen ejemplo que usted ha dado. 
No obstante, al analizar el orden del día de Sevilla y los ámbitos en los que desearíamos mayores avances, debo decir que estoy algo decepcionado por el paquete de reformas económicas. 
No le culpo de ello, señor Presidente, culpo a los gobiernos recalcitrantes de otros países de Europa. 
No obstante, no hay ninguna duda de que hay demasiada autocomplacencia respecto a los temas de gobernanza empresarial en los Estados Unidos y a la hipótesis de que la Agenda de Lisboa se realizará, de alguna manera, sin necesidad de introducir cambios notables aquí en Europa. 
Usted, señor Presidente, lo entiende, pero no estoy seguro de que muchos otros gobiernos de los Estados miembros también lo entiendan. 
En lo relativo al terrorismo y la inmigración ilegal, es acertado que haya elevado estos asuntos a un primer plano. 
Se ha hablado mucho sobre ellos. 
Me limito a respaldar las observaciones y su apoyo para que estos asuntos se incluyan en la agenda general. 
En lo relativo a la ampliación, mi partido espera ciertamente claros avances en las negociaciones sobre la PAC y la reforma estructural. 
Estamos expectantes por saber qué ocurrirá en Irlanda con el referéndum, lo que tal vez vuelva encantador a nuestro Presidente. 
Esto me lleva de nuevo a la absorbente imagen de "Carmen" Blair, porque en lo tocante a la reforma del Consejo- a la idea de que la Presidencia dure 5 años- quizá le consideraríamos a usted el candidato idóneo para ese cargo, pero el Sr. Blair ha venido diciendo en nuestra Cámara de los Comunes que él, y no usted, es quien estableció el orden del día de Sevilla. 
No lo ha dicho una sola vez, ¡lo ha dicho cinco veces! 
Su ministro para Europa dijo que el que se impuso fue el orden del día del Sr. Blair. 
Quisiera pedirle, señor Presidente, que reconsidere toda la historia de Carmen, porque creo que no fue precisamente una persona muy fiable en temas de seducción. 
En Sevilla parece que los jefes de gobierno se han dejado llevar ligeramente por la fiesta flamenca. 
No tengo otra explicación para la resolución alcanzada. 
La declaración final mencionaba ' un? tratado de adhesión para todos los países candidatos. 
Todo ello mientras que en Laeken aún se hablaba de tratados en plural. 
Para la ratificación, esto significa que los parlamentos nacionales lo toman o lo dejan. 
La tan manida evaluación individual deja de repente de tener validez para los representantes populares nacionales. 
La Comisión y el Consejo Europeo han abierto un nuevo hueco democrático. 
El precedente de las anteriores ampliaciones limitadas no resulta aplicable. 
En este caso, nada más y nada menos que diez países deben cumplir un gran número de requisitos nuevos. 
Quisiera una explicación al respecto por parte del Presidente. 
La desaparición del Consejo de Desarrollo supedita la lucha contra la pobreza a la política exterior. 
Ese es un mensaje equivocado de cara al Tercer Mundo. 
Aparentemente también se han atragantado en la paella de la política exterior. 
Señor Presidente, señor Aznar, usted nos propuso el objetivo de "más Europa" para su Presidencia. 
Hoy nos encontramos con el resultado de menos Europa en solidaridad, con la confusión de la inmigración con la delincuencia y con el olvido de los muchos españoles que, no hace tantos años, necesitaron ser inmigrantes para poder encontrar un medio de vida. 
Menos Europa en reunificación, con el incumplimiento de los plazos señalados en Niza respecto a la ampliación; menos Europa en democracia, al potenciarse el Consejo Europeo, el poder de los ejecutivos por encima del Parlamento; menos Europa en estabilidad económica, con la flexibilización del plan anteriormente acordado; menos Europa en política exterior con un plan Bush sobre Oriente Próximo que ignora la posición europea; menos Europa en participación, por su prohibición a las comunidades autónomas de tomar parte en su Presidencia- lo que contrasta con la presencia habitual que tuvieron las regiones belgas. 
Y donde sólo ha promovido usted más Europa ha sido en sanciones y castigos a los países pobres origen de la inmigración. 
Lo mismo que ha hecho en España con las prestaciones para el desempleo o en el caso del conflicto en el País Vasco, es decir, imposición y represión. 
Menos mal que otros líderes europeos le han enmendado a usted la plana a tiempo y su propuesta global de sanciones, al igual que su Presidencia, finalmente ha fracasado. 
Señor Presidente, la Presidencia española ha tenido el mérito de saber modificar sus prioridades a lo largo del mandato elevando la lucha contra la inmigración ilegal en la cumbre del orden del día del Consejo de Sevilla. 
Ha tenido razón. 
Y este Consejo, por su parte, ha tenido razón al dejar de lado los proyectos mal orientados y mal construidos presentados por la Comisión prefiriendo adoptar decisiones prácticas y operativas. 
No puede imaginarse el mal hecho a la idea europea en las opiniones públicas a lo largo de los últimos años por los proyectos integradores de la Comisión que declaraban como prioridades la libre circulación interior sin control y la acogida más amplia de nacionales de países terceros, antes incluso de la protección de la seguridad de los ciudadanos y de la cohesión social de los países de Europa. 
Espero sinceramente que esta época esté cumplida, aunque tenga dudas, ya que si bien el Consejo ve mejor las prioridades necesarias, creo yo, la Comisión parece por el contrario un buque al que resulta difícil cambiar de dirección. 
Sólo podemos estimular al Consejo a revisar con severidad, en el futuro, los proyectos en suspenso de la Comisión sobre el asilo, el agrupamiento familiar, el estatuto de residente de larga duración, la protección temporal, e incluso a arrojar a las mazmorras el cuerpo supranacional de policía de fronteras. 
Es necesario priorizar proyectos concretos, eficaces, que respeten la soberanía territorial de los Estados, y la necesidad de geometría variable, por ejemplo un fichero común de visados que permitiría saber quién ha entrado y quién ha salido de la Unión. 
Finalmente, debo recordar, señor Presidente, que la declaración del Consejo sobre Irlanda sólo está hecha para engatusar a los irlandeses con vistas a su segundo referéndum sobre Niza. 
Parece aceptar una Europa a la carta para la política de seguridad y defensa, pero en realidad no se trata en absoluto de la filosofía subyacente ni de la letra del proyecto de Niza. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, escuchando hace unos instantes la larga exposición de las tareas a las que se ha enfrentado su Gobierno a lo largo de los últimos seis meses, pensaba, con el Sr. Prodi, que España acababa de demostrar en este corto espacio de tiempo tanta energía como sabiduría. 
Bajo su presidencia, la Unión Europea ha proseguido sus reflexiones en sectores tan esenciales para su futuro como los de la reforma necesaria del Consejo en la perspectiva de la ampliación, la definición de una política común en materia de asilo, inmigración e integración, el relanzamiento del proceso de Barcelona para una mejor comprensión mutua entre los pueblos ribereños del Mediterráneo y no puedo en esta tribuna más que felicitarme, felicitarle aquí, señor Presidente en ejercicio, por los progresos conseguidos en todos estos ámbitos. 
Permítame, dicho esto, lamentar que bajo esta misma Presidencia haya podido madurar la idea de una distorsión creciente del vínculo trasatlántico entre unos americanos que asumirían solos, o en cualquier caso cada vez más aisladamente, la carga del tratamiento de las crisis que, en Afganistán, en Oriente Próximo, en Cachemira y en otros lugares siguen amenazando la paz y la estabilidad del planeta, y unos europeos que se verían acantonados en las misiones de asistencia humanitaria y reconstrucción después de las crisis, a falta, señor Presidente, para los gobiernos de la Unión Europea, de haber comprendido que su voluntad declarada de participar en la prevención y en el tratamiento de las crisis no es compatible con el continuo relajamiento de su esfuerzo en defensa. 
En los discursos sobre el tema, todo el mundo está de acuerdo en reclamar que se gaste mejor mediante un reparto más equilibrado e inteligente de las tareas entre los industriales europeos de armamento. 
Esto seguirá siendo un deseo bienintencionado hasta tanto no se haya decidido instituir el principio de un presupuesto europeo de defensa, limitándolo en un primer momento al ámbito de la investigación y el desarrollo. 
Es necesario gastar mejor, señor Presidente. 
¿No piensa también que ha llegado el momento de gastar más si no queremos convertirnos en un simple vasallo del potencial militar americano? 
Es hora de hacer balance, señor Aznar. 
Situó usted su Presidencia bajo la consigna de más Europa. 
¿Qué ha ocurrido más allá de las medallas que se atribuye? 
La lucha contra el terrorismo era una de sus prioridades. 
Se le ha recordado aquí que por encima de esa lucha necesaria era importante afrontar políticamente los problemas políticos. 
Usted prefiere los decretos al diálogo. 
En el Reino de España, como en otras partes, el terrorismo se alimenta de la ceguera política. 
La ampliación era una de sus prioridades. 
Como se dice en rugby el balón ha salido por ' touche? : política agrícola común, financiación y ayuda a los futuros Estados miembros, ha enviado el balón al campo de la Presidencia danesa. 
Y para terminar, Sevilla: ciudad investida por los manifestantes, país paralizado por la huelga general. 
Era necesario hacer surf en la ola de la Europa pusilánime, de la Europa rencorosa de los Le Pen, Heyder y Berlusconi. 
Era necesario que la tensión se centrara en los condenados de la tierra a quienes convenía castigar con su miseria. 
Ha facilitado que el Sr. Chirac pasara con facilidad por progresista. ¡El Sr. Chirac! 
Para nosotros, independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña, su balance es claro: "Menos Europa", "Viva Cataluña", "Viva Europa". 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, hay que saludar los progresos de la Unión Europea en la lucha contra la trata de personas y la inmigración ilegal. 
Esto es en especial aplicable a la mayor seguridad frente a falsificaciones y a la protección de las fronteras exteriores de la UE. 
Es inaceptable una cifra anual de más de 500.000 inmigrantes ilegales en la Unión Europea. 
Constituyen una fuente permanente de delincuencia, de represión y de esclavización de personas, de peligro para la salud y la vida incluso de niños. 
Hay que castigar a los traficantes de personas con la misma dureza que a los traficantes de drogas. 
Ambos se aprovechan desvergonzadamente de la necesidad de las personas por codicia. 
En relación con la ampliación hacia el Este, el Canciller Federal alemán Schröder ha dado el patinazo del año al pretender tomar a los países candidatos como rehenes de la reforma interna de la política agraria europea. 
No se puede cuestionar la reunificación de Europa porque la Unión Europea no esté hasta hoy en situación de hacer a tiempo sus tareas. 
La suspensión de los pagos directos a la agricultura europea que amenaza el Canciller Schröder tendría unas consecuencias catastróficas sobre la competitividad de la PAC ante el hecho de que los norteamericanos acaban de aumentar drásticamente sus pagos a la agricultura. 
Europa tiene que mostrar perfil precisamente en los tiempos difíciles. 
Las propuestas de usted, señor Presidente del Consejo Aznar y también de la Comisión, señor Presidente de la Comisión, son una buena base para el posterior desarrollo de la Unión Europea. 
Sin embargo, el resultado del segundo referéndum irlandés cuelga como una espada de Damocles sobre la ampliación hacia el Este. 
La Unión Europea tiene que mejorar en total su imagen para llegar también a los corazones de las personas. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, como ha dicho el presidente del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, Sr. Barón, no se reinventa la Unión Europea en cada Presidencia. 
Usted ha dicho, señor Aznar, que España ha propuesto una política europea de inmigración y asilo. 
Yo creo recordar que ya existía. 
Hace casi tres años, en Tampere, el Consejo Europeo adoptó un programa para armonizar las políticas de asilo y para dotar a la Unión Europea de un marco común para las políticas de inmigración. 
Un programa que tenía sus plazos- que, por cierto, expiran dentro de dos años. 
La Comisión, en este tiempo, presentó todas las propuestas para una política de inmigración coherente: reagrupación familiar, integración, gestión de flujos de entrada legal para cubrir empleos que existen en la Unión Europea- a lo mejor deberíamos plantearnos que necesitamos más inspección de trabajo y menos control de fronteras en la Unión Europea; también sería una manera de avanzar -, relación con los países terceros en términos de cogestión de flujos y de codesarrollo, y lucha contra la inmigración irregular. 
Ninguna de estas propuestas ha sido adoptada. 
En Sevilla, de todas formas, han tenido que ratificar la agenda de Tampere, han tenido que ratificar sus objetivos después de tres años. 
Ello me produce dos sentimientos: uno de esperanza, porque eso es lo último que se pierde, pero otro de preocupación por cómo lo han hecho. 
Ustedes le han dado la vuelta a la agenda de Tampere y esto me inquieta por muchas cosas y, entre otras, por razones de eficacia. 
La lucha contra la inmigración ilegal debe ser la defensa de una política europea legal de inmigración. 
Si no es eso, es sólo la lucha contra los desesperados, es una guerra horrible contra los inmigrantes clandestinos, que no podremos ganar. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, hoy por hoy esta política europea de inmigración necesaria para el siglo XXI no existe, pero existen las propuestas para tenerla. 
Señor Presidente, el número de ilegales en Europa no deja de aumentar. 
El leguaje duro de nuestros dirigentes también se incrementa aunque, en mi opinión, no ha reflejado la preocupación de nuestros electores al no ser capaces de formular objetivos en Sevilla, como una policía fronteriza europea, una auténtica política europea en materia de inmigración con acuerdos de colaboración con los países de procedencia y un auténtico y rápido apoyo a las propuestas del Comisario Vitorino. 
Presidente, en lo que respecta a la política europea en materia de seguridad se ha dado algunos pasos. 
Se han introducido modificaciones institucionales, aunque ahora es preciso que Europa se ponga de acuerdo de forma unánime en torno a un tratado UE-OTAN para poder hacer uso de los activos de la OTAN y cobrar operatividad en un plazo adecuado en caso necesario. 
Esperamos que en el club de Asuntos Exteriores del Consejo, tanto los ministros de cooperación al desarrollo como los ministros de defensa se reúnan regularmente y de forma transparente para mostrar que la política de seguridad europea otorga gran importancia a la prevención de conflictos y a la lucha contra la pobreza en el interés de un mundo más estable. 
Nuestra propuesta de resolución del Parlamento incluye al Consejo, a los ministros de asuntos exteriores y a los de cooperación al desarrollo. 
Un nuevo título que recomendamos sin duda. 
Presidente, en Oriente Medio queremos centrar toda la atención en la conferencia internacional. 
Nuestro Grupo, el PSE, subraya que el pueblo palestino es quien debe decidir acerca de su liderazgo y no el presidente Bush, aunque lamentamos que cientos de europeos que deseaban apoyar el proceso de paz no hayan sido admitidos en Israel y seguiremos insistiendo en un diálogo político con vistas a dos estados: Israel y Palestina, ambos igual de seguros y democráticos. 
La espiral de violencia, venga de la parte que sea, al final solo perjudica nuestro deseo de paz. 
Presidente, en lo que respecta a las relaciones entre la UE y Rusia, respaldamos los avances de las mismas. 
Por otra parte, Kaliningrado debe considerar que los acuerdos de Schengen son un marco para la solución. 
La vigilancia fronteriza conjunta de la UE y Rusia puede constituir un primer paso. 
En lo que respecta a la India y Pakistán, el Grupo PSE se muestra muy preocupado. 
La UE y los Estados Miembros deben esforzarse más en pro de una distensión. 
Pakistán debe cumplir lo dispuesto en la resolución 1.373 del Consejo de Seguridad, las infiltraciones deben detenerse y, en este sentido, necesitamos aplicar un enfoque bilateral en el que se incluya a la India y en el que la UE pueda aportar su experiencia. 
Esperamos poder trabajar en el plano multilateral a diferencia de las imposiciones unilaterales de nuestros aliados estadounidenses. 
Señor Presidente, hay un hecho cierto y real que parece molestarle a la izquierda y es que ha sido el Gobierno de España, en definitiva el Gobierno del Presidente José María Aznar, un gobierno del Partido Popular, quien ha impulsado, tanto en Tampere como en Sevilla, todas las directrices que la Unión Europea ha adoptado en materia de inmigración y asilo. 
Lo que ocurre es que la izquierda europea dice una cosa en el Parlamento Europeo que no coincide con lo que hacen sus Gobiernos- donde los tienen -, dice otra en los foros internacionales y dice lo contrario en los Parlamentos nacionales o en los medios de comunicación. 
Y a eso se le llama esquizofrenia, falta de ideas y de proyecto político. 
Y, para colmo, se dedican a jalear huelgas para entorpecer el trabajo de una Cumbre que ha tratado- afortunadamente, con éxito- de reimpulsar las medidas acordadas en Tampere y de combatir a quienes se dedican a negociar y a traficar con seres humanos. 
Me parece relevante, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que se sepa que los parlamentarios de todo el arco mediterráneo, reunidos en Bari y además sin distinción de signo político, tres días antes de la Cumbre de Sevilla, aprobaron una resolución por unanimidad que apoya claramente todas y cada una de las directrices acordadas en Sevilla: impulsar políticas de integración que aseguren el respeto de los derechos y libertades de los inmigrantes que residen legalmente en la Unión Europea y el respeto también, por parte de éstos, de sus obligaciones como ciudadanos y de la comunidad de valores de la sociedad civil; hacer de los acuerdos de asociación y de cooperación el instrumento de corresponsabilidad en la gestión de los flujos migratorios; y adoptar las medidas necesarias para evaluar y garantizar la aplicación efectiva de los acuerdos. Y que los países de origen redoblen también sus esfuerzos en la lucha contra la inmigración ilegal, que vigilen y custodien mejor sus fronteras y que asuman sus obligaciones en la readmisión de los inmigrantes clandestinos. 
Señorías, los miles de fallecidos y desaparecidos que se cuentan ya en las costas andaluzas- a los que hay que añadir los de Dover- o el triste espectáculo, también, de barcos repletos de inmigrantes en las costas italianas no deben permitir el más mínimo margen de demagogia y de irresponsables acusaciones partidistas, que sólo alimentan a quienes hacen de la inmigración una bandera radical de graves consecuencias políticas. 
Señor Presidente Aznar, ante todo quisiera felicitar a la Presidencia española porque, como Vicepresidente encargado de seguir las conciliaciones, debo decir que hemos realizado un buen trabajo: hemos aprobado muchos dossiers difíciles y por ello debo aplaudir al Parlamento, al Consejo y también a la Comisión por su eficaz colaboración. 
Ahora, quisiera formular una pregunta tanto al Presidente Aznar como al Presidente Prodi. 
En el documento aprobado en Sevilla sobre la reforma del Consejo se menciona un documento estratégico que se debería presentar cada tres años. 
Es decir, el Consejo se compromete a presentar sus objetivos estratégicos cada tres años, previa consulta con la Comisión; falta cualquier referencia al Parlamento. 
Pues bien, la pregunta es doble: en primer lugar, ¿por qué tres años, puesto que la legislatura dura cinco años? 
En segundo lugar, ¿por qué no se menciona para nada al Parlamento? 
También he de expresar una preocupación y hacer una invitación. 
Mi compañero y amigo Poos acaba de hablar de las divergencias que existen entre la Unión, de la que España ejerce la presidencia, y el Presidente Bush en lo relativo a Oriente Próximo. 
Quisiera que el Sr. Aznar me dijera si en los próximos seis meses, cuando la Presidencia será danesa, se prestará atención a la evolución de la situación en Oriente Próximo, teniendo en cuenta que las recientes declaraciones del ministro danés de Exteriores coinciden perfectamente con las del Presidente Bush tanto en lo que atañe a la Conferencia internacional sobre Oriente Próximo como al cuarteto, unas declaraciones que no se consideran en absoluto válidas. 
Y termino con otra pregunta: usted, señor Presidente, estuvo aquí el 20 de marzo; el día anterior, en mi ciudad, un profesor universitario, Marco Biagi, había sido asesinado por las Brigadas Rojas. 
En esa ocasión usted expresó su solidaridad. 
¿Qué pensaría usted, Sr. Aznar, si un ministro de su Gobierno refiriéndose a esa víctima del terrorismo dijera que era un tocacojones- ruego a los intérpretes que traduzcan literalmente- que se lamentaba porque quería que se le renovara su contrato como asesor? 
Señor Presidente, no me riña, porque no soy yo el maleducado: las palabras son del ministro italiano del Interior. 
¿Piensa usted que con este tipo de declaraciones se puede favorecer la lucha contra el terrorismo? 
Señor Presidente, al término de la Presidencia española se podrán decir muchas cosas sobre su ejecutoria, y muchas hemos oído esta mañana, unas más afortunadas que otras. 
Pero nadie que aspire a un mínimo de objetividad dejará de reconocer que no hemos asistido a un semestre de trámite, de mera gestión o de pasivo fluir de inercias resignadas. 
¿O es que la puesta en marcha de un auténtico mercado interior de la energía no representa un hito impensable hace tan sólo pocos años? 
¿O acaso la configuración y desarrollo de un sistema europeo de comunicaciones por satélite no significa un paso adelante en el ámbito de las nuevas tecnologías, que modifica profundamente el panorama existente y rompe un monopolio que algunos consideraban ya irreversible? 
¿Quién sería capaz de ignorar que, por fin, se han puesto las bases para una política común de inmigración basada en la apertura generosa de nuestro territorio a tantas personas que desean legítimamente una vida mejor, a la vez que se combate eficazmente el tráfico ilegal y monstruoso de seres humanos? 
En cuanto a los progresos realizados en las negociaciones con los países candidatos, han sido espectaculares, y el reproche de que han quedado pendientes algunos capítulos muy sensibles está impregnado de parcialidad y falto de ecuanimidad. 
Bastante se ha hecho en el complejo contexto electoral reinante en Europa durante estos pasados meses. 
Por último, la crítica que se basa en un supuesto cambio de prioridades sobre la marcha olvida interesadamente la aceleración vertiginosa de este principio de siglo y califica de volubilidad lo que ha sido, de hecho, una notable capacidad de adaptación y de reacción ante problemas que surgen de forma inesperada y que exigen respuestas inmediatas. 
En definitiva, señor Presidente en ejercicio del Consejo, se nos prometió más Europa y más Europa hemos tenido. 
Se nos presentó un programa extenso e intenso y este programa se ha cumplido en gran medida. 
Se emprendió el semestre español con ilusión renovada sobre el futuro de la Unión y este entusiasmo, pese a las dificultades y los obstáculos, que han sido evidentes, vibra hoy, tras la Presidencia española, con más fuerza que nunca. 
. Señor Presidente, Señorías, con brevedad quisiera hacer unos comentarios sobre algunas de las posiciones que han mantenido los distintos grupos y algunas de sus Señorías. 
En primer lugar, quiero decir que, como saben todos ustedes, la tarea de las presidencias consiste fundamentalmente en impulsar medidas, impulsar reformas, tener una práctica de iniciativa y, sobre todo, forjar y buscar acuerdos que permitan que las cosas avancen, que es justamente la tradición europea y también el sentido de los debates en el Consejo Europeo. 
En relación con las cuestiones planteadas respecto al espacio de libertad, de seguridad y de justicia y las presentadas hoy ante todos nosotros en relación con la política de inmigración, quiero recordar que lo que se ha desarrollado en Sevilla es el plan general, la estrategia general aprobada por el Consejo Europeo de Tampere. 
Agradezco todos los recordatorios en este sentido pero, al mismo tiempo, quiero recordar que, en el año 1998, el entonces Canciller austríaco Viktor Klima encargó a algunos primeros ministros, bajo Presidencia austríaca, el desarrollo y la presentación de unos proyectos y borradores de trabajo para realizar. 
Y justamente, por España, yo tuve la satisfacción de tener el encargo de desarrollar todas las cuestiones relativas al tercer pilar de la Unión. 
Sobre el trabajo que se desarrolló y se aprobó en el Consejo Europeo informal de Pörtschach, se estableció el Consejo de Tampere. Y éste establece un marco general para el tercer pilar, por primera vez, y que naturalmente tiene sus prescripciones y desarrollos en razón de las circunstancias nuevas que se producen y en razón de la propia dinámica del proceso establecido en Tampere. 
Así se hizo en Sevilla, como marcaba desde el comienzo el programa de la Presidencia española. 
Quiero decir que, al respecto, hay cuatro bases sobre las cuales nos tenemos que mover, en un ámbito tan complejo como es el de la inmigración. 
En primer lugar, la legalidad. 
La inmigración en nuestros países tiene que tener una base de legalidad. 
Eso es necesario, como es necesaria la inmigración; eso es imprescindible para la integración del inmigrante en nuestras sociedades; eso es absolutamente necesario para la ordenación de flujos migratorios que solamente pueden basarse en la legalidad; y eso es vivamente aconsejable para el mantenimiento de la convivencia en todas nuestras sociedades y en todos nuestros países. 
Pensar que se puede hacer una política de inmigración sin distinguir entre lo legal y lo ilegal y al grito de "papeles para todos" es precisamente apostar, en mi opinión, por la línea equivocada, por el conflicto, por la no integración y por la demagogia. 
Por la misma razón que eso es así desde el punto de vista de la legalidad, existe perentoriamente la obligación de luchar contra la inmigración ilegal. 
No podemos decir seriamente en nuestras sociedades que da lo mismo ser un inmigrante legal que ilegal porque, al final, el gran perjudicado es aquella persona que legalmente ha seguido unos procedimientos para buscar cobijo y trabajo en un país. 
Y hay mafias que se dedican al tráfico de seres humanos y a la inmigración clandestina, que es un negocio muy rentable para esas mafias y que está unido, además, a la comisión de otros delitos, como es el narcotráfico. 
Por eso, la puesta en marcha de un plan de acción contra la inmigración ilegal es uno de los elementos más importantes que se han desarrollado en Sevilla y, naturalmente, es uno de los elementos nuevos puestos en marcha a lo largo de este proceso en la Presidencia española. 
Pensar, Señorías, que no tenemos que dedicar una atención muy especial al control de las fronteras exteriores e ir progresivamente mejorando ese control hasta poder llegar, en el ámbito comunitario, a la fórmula que mejor nos parezca para garantizar nuestra eficacia, más aún en el ámbito de la ampliación europea, creo sinceramente que carece de sentido común. 
Tenemos obligaciones elementales de defender, controlar y vigilar nuestras fronteras exteriores y tenemos obligaciones elementales de ser mucho más eficaces por la vía de los visados comunes, de los grupos de expertos o de las fuerzas de seguridad, de los grupos de trabajo, de fuerzas especiales. 
Tenemos muchas más obligaciones, aun más- como he dicho- en el ámbito de la ampliación. 
Por último, se establece una novedad importante en el ámbito de la inmigración, que es incorporarla a la política de cooperación de la Unión Europea. 
Es la primera vez que ocurre, pero todos los acuerdos que firme la Unión Europea con cualquier país, a partir de este momento, deberán tener una cláusula de inmigración, como la tienen de lucha contra el terrorismo, de defensa de los derechos humanos. 
Todos los acuerdos que celebre la Unión Europea a partir de ahora tendrán una cláusula en relación con la lucha y los compromisos contra la inmigración ilegal. 
No se trata de un debate más o menos escandaloso en torno a ningún tipo de sanción. 
Se trata de reflexionar y de decir lo siguiente: ¿qué ocurre cuando un país se niega sistemáticamente a cumplir los acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales? 
¿Qué ocurre cuando la cooperación en medios técnicos en favor de un país es utilizada no para combatir la inmigración ilegal, sino para favorecer la inmigración ilegal? 
¿Se puede decir seriamente que en ese caso la Unión Europea tiene que actuar como si no pasara nada? 
¿Se van a seguir dando medios técnicos o medios financieros a los países que los usan para favorecer y no para contrarrestar la inmigración ilegal? 
A mí, sinceramente, Señorías, eso no me parece una posición coherente, ni correcta, ni seria. 
Justamente, por eso, me parece muy conveniente que la Unión se reserve sus derechos para actuar en consecuencia si ello es necesario. 
Nada se gana, por lo tanto, no afrontando esos problemas. 
Nada se gana, desde luego, y así se ha demostrado recientemente, afrontándolos con demagogia. 
Y creo que tampoco se gana haciendo debates estériles sobre si Europa tiene que ser una fortaleza o no. 
Europa tiene que ser posible y Europa tiene una capacidad de acogida que tiene que estar basada en la ley y sobre eso, sin duda, haremos una política de inmigración positiva en favor de todos. 
En segundo lugar, en el punto en relación con el terrorismo, se han desarrollado aspectos muy importantes que en Europa han avanzado desde hace años y, en particular, a partir del 11 de septiembre de 2001. 
Quiero decir que en este tema, Señorías, no puede haber ni comprensión ante ninguna acción terrorista, ni apoyo a ninguna acción terrorista, ni mucho menos resignación ante el terrorismo. 
El terrorismo y los terroristas no son sólo aquellos que forman parte de un comando ejecutor-operativo-asesino. 
Son aquellos que apoyan, que encubren, que ayudan o que financian a los terroristas, que forman parte de la organización terrorista? 
? y que son tan responsables como ellos de las acciones de la organización terrorista. 
Espero que no haya ninguna institución europea ni ninguna institución en ningún país miembro de la Unión Europea que dé cobijo o que dé asientos a aquellos que encubren, financian o apoyan a los terroristas. 
Porque el único destino del terrorismo, en ese sentido, es ser moral, política y operativamente derrotado. 
Decía Winston Churchill que ningún destino está escrito que caiga inevitablemente sobre nosotros, salvo que no hagamos nada por evitarlo. 
Pues yo quiero decir que lo que tenemos que evitar todos los días es soportar que haya terroristas que puedan ampararse en las instituciones para seguir cometiendo delitos o para seguir financiando o amparando crímenes en cualquier parte de la Unión Europea o en cualquier país de la Unión Europea. 
En relación con lo que significa la economía, quiero decirles que el elemento básico y el objetivo básico, como saben sus Señorías, es el pleno empleo. 
Ese es nuestro objetivo, llegar al pleno empleo. 
No hay prácticamente ningún país de la Unión Europea que no tenga en marcha, en este momento, reformas de carácter laboral o reformas de carácter social para intentar acercarse al pleno empleo. 
Justamente aquellos países que tienen más problemas de desempleo son los que deben trabajar con mayor ahínco en el planteamiento de esas reformas. 
El pleno empleo en Europa tiene dos líneas: una, es el pacto de estabilidad, fundamento de un crecimiento sostenible y estable en Europa, y otra es la política de reformas para un espacio más competitivo, más abierto, más productivo. 
No podemos debilitar el pacto de estabilidad y dejar de hacer las reformas, sino que tenemos que mantener el pacto de estabilidad y hacer las reformas. 
Con eso fomentaremos el crecimiento, incrementaremos la competencia y, sobre todo, haremos cumplir nuestro objetivo, que es que haya el mayor número posible de gente trabajando en Europa. 
Pero si debilitamos el pacto de estabilidad o no impulsamos las reformas, no podremos afrontar claramente lo que significan las políticas de pleno empleo en Europa. 
(Aplausos) 
Tercera consideración en relación con la ampliación. 
Ante todo, una aclaración: espero y deseo que se cumpla el calendario de Niza. 
El calendario de Niza termina a finales de 2002. 
En segundo lugar: las posiciones comunes sobre política regional, política institucional, marco financiero y política agrícola están adoptadas. 
Por lo tanto, el mandato que recibió la Presidencia de establecer las políticas comunes se han llevado a cabo. 
Dentro de la política común, de la posición común de agricultura, falta por definir un aspecto financiero que se hará en noviembre. 
Eso ha sido así porque se ha llegado a un acuerdo y a un consenso difícil, en el Consejo Europeo de Sevilla, cuyo único peligro era no llegar a ningún acuerdo y poner en riesgo la ampliación. 
Por lo tanto, en noviembre, podremos tomar decisiones y, en diciembre, podremos efectivamente haber cumplido el calendario de Niza. 
De lo que se trata es de la aplicación del acervo comunitario y de no poner en cuestión otras políticas: dicho de otra manera, mezclar las perspectivas financieras, la Agenda 2000- que está vigente hasta el año 2006-. 
Mezclar las perspectivas financieras con la ampliación es un error, en mi opinión. 
Y mezclar las reformas de las políticas con la ampliación es otro error. 
Y querer mezclar las tres cosas es apostar por que la ampliación no se haga y, desde luego, no ha sido ese ni será el impulso de la Presidencia ni del Gobierno español. 
(Aplausos) 
Por lo que se refiere a las cuestiones en relación con el exterior, quiero decirles que se ha fijado a lo largo de estos meses la posición común sobre Johannesburgo. 
En esta posición común es bien importante tener presente que no debe abrirse ni el acuerdo de Doha ni el acuerdo de Monterrey, que tanto tiempo nos costó alcanzar. 
Por lo que se refiere a la reforma del Consejo, quiero decir que se han tomado decisiones que no implican la reforma de los Tratados. 
La reforma de los Tratados no estaba al alcance del Consejo Europeo, y por eso se abren las reflexiones consecuentes. 
Las reformas que no implican, a su vez, modificación de los Tratados creo que suponen un avance razonable al respecto. 
En relación con la polémica, la dinámica, o el debate sobre las presidencias, eso está abierto y podrán defenderse muchas posiciones. 
Lo que ocurre es que si se dice que no se es partidario de una presidencia semestral y tampoco se es partidario de una presidencia por tres, o cuatro, o cinco años, hay que decir de qué es partidario uno, porque de alguna manera se tendrán que presidir los Consejos Europeos: seis meses, un año o dos años, pero de alguna manera se tienen que organizar las presidencias europeas. 
Salvo que lo que se proponga es que se supriman las presidencias y se suprima el Consejo Europeo, cosa de la que yo, personalmente, no soy partidario. 
Señorías, hemos hecho presentaciones ante esta Cámara por tres veces, y he comparecido ante esta Cámara por tres veces. 
Espero y deseo que los que vengan presidiendo los Consejos Europeos después también cumplan con esta misión de comparecer ante sus Señorías para dar cuenta de los Consejos Europeos. 
Tenemos ahora retos muy importantes- institucionales, de ampliación, de seguridad, de defensa, económicos- en nuestros países y en la Unión Europea. 
Vamos a seguir contribuyendo para que la Unión Europea continúe avanzando y para que, efectivamente, podamos cumplir nuestros objetivos y nuestras ambiciones. 
Eso es lo que nos puede permitir estar, después del trabajo de estos seis meses, razonablemente satisfechos, que es lo mejor para tener una buena base para encomendar el futuro. 
(Aplausos) 
. (IT) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el debate de hoy ha puesto de manifiesto algunos de los puntos fundamentales abordados por la Presidencia española, en los que quiero abundar con algunas breves referencias. 
El primer punto atañe a una ulterior profundización del debate sobre el terrorismo, del que ha surgido claramente que sólo una fuerte cooperación a escala europea puede resolver los problemas. 
Y en el último semestre se han dado verdaderos pasos adelante en esta dirección: en cuanto a las readmisiones, a las operaciones comunes en las fronteras exteriores, al sistema común de visados. 
El terrorismo no se vence con acciones aisladas, sino con una coordinación que tenemos la obligación de llevar a cabo a escala europea. 
La segunda serie de problemas atañe a la ayuda internacional y al próximo compromiso de Johannesburgo. 
Quisiera volver brevemente sobre este punto porque los encuentros de hoy y de mañana son los últimos que tenemos antes de esta cita tan importante, que tendrá lugar a finales de agosto. 
En este semestre- partiendo de Monterrey y pasando por Kananaskis- se ha invertido ligeramente la tendencia que veía una continua disminución de las ayudas al Tercer Mundo. 
Utilizo el término "ligeramente" porque, por un lado, me satisface que haya habido una inversión, pero, por el otro, me preocupa bastante que esta inversión no sea decisiva, no sea fuerte como todos desearíamos. 
La preocupación va en aumento al constatar lo difícil que fue el encuentro de preparación con vistas a Johannesburgo que se celebró en Bali. 
Para contestar a sus preguntas, quisiera decir que por parte de la Comisión, no solo la Dirección General de "Desarrollo" no se suprimirá, sino que se reforzará. 
En efecto, es mi intención lanzar una iniciativa comunitaria en favor de África desarrollando las líneas que se esbozaron en la reunión del G-8 en Kananaskis. 
Es preciso que nos dediquemos con más fuerza y energía a África. 
En este ámbito, quiero abordar también la cuestión del Mediterráneo que ha recibido un fuerte impulso en el semestre que acaba de terminar. 
También en este caso, sin embargo, el impulso no es todavía suficiente, dada la envergadura de los problemas que plantea el Mediterráneo. 
Todos los discursos que hoy hemos hecho sobre la inmigración, sobre nuestra seguridad, sobre nuestras relaciones con el mundo exterior, pasan por una política del Mediterráneo más fuerte y más importante. 
En lo tocante a la ampliación, por último, se han sentado las bases para poder llegar a conclusiones en Copenhague. 
Éste ha sido un objetivo sumamente difícil, y la Presidencia y la Comisión lo han perseguido con tenacidad y con éxito. 
Evidentemente, se llama mucho la atención- y se plantea un interrogante- sobre el futuro desarrollo de estas negociaciones, y se dedica una atención especial a la agricultura. 
Debo decir, con mucha franqueza, que las propuestas de la Comisión son las únicas que consiguen armonizar las distintas exigencias, las distintas expectativas, en una situación de presupuestos restrictivos, pero también en una situación en la que es preciso responder lo más posible a las exigencias de los agricultores de los países existentes. 
Hemos comprometido todos los recursos que nos quedaban en las ayudas directas. 
En estos años, hemos ahorrado duramente para llegar por debajo del 1,27 % que se puso como límite, y con la ampliación a diez miembros conseguimos no sobrepasar los límites del 1,27 %, pero empleamos todos nuestros recursos. 
Sin embargo, creo que éste es el único camino que podemos seguir de cara al futuro. 
Algunas breves respuestas a las preguntas específicas: el Sr. Bonde se ha referido a la famosa llamada telefónica entre el Presidente Aznar y yo sobre los problemas de la PESC. 
Debo decir que éste es el método correcto, que en este semestre hemos hecho al menos treinta o cuarenta llamadas, que ha sido precisamente gracias a esta colaboración continua que hemos podido trabajar en aras del interés común. 
Es más, quisiera invitar al Sr. Bonde a que, en caso necesario, me llame también para poder armonizar nuestro trabajo. 
Respecto a Irlanda, Sr. Doyle, ayer dije con mucha claridad que no existe un plan respecto al referéndum irlandés. 
No sólo dije esto, sino que dije que no existe ni una puerta trasera ni una puerta lateral. 
He sido muy claro y espero que esta claridad conste en el Acta de esta sesión. 
Por último, el Sr. Imbeni ha planteado unas preguntas acerca de la programación anual de nuestro trabajo- esto es muy importante- y a la programación trienal del Consejo Europeo de Sevilla. 
Creo que no me equivoco al considerar esta programación anual como la única solución aceptable a la vista de los límites actuales de la duración de la Presidencia de las Instituciones, con objeto de permitir una coherente continuidad interinstitucional, o sea, una manera de respetar la duración de las presidencias ayudándonos mutuamente para programar a largo plazo. 
Para la programación anual la Comisión ha empezado a hacer sus primeras propuestas en el ámbito del procedimiento APS, y dichas propuestas afectan tanto al Parlamento como al Consejo: son una manera concreta de empezar a trabajar juntos. 
Para la programación trienal, creo que las tres Instituciones deberán examinar conjuntamente cómo convertir en útil esta nueva idea y cómo evitar que llegue a ser una carga burocrática. 
En este marco, sería útil examinar cómo armonizar la duración de esta programación con la duración de las Instituciones presentes tratando de convertirlas en lo más homogéneas posibles. 
Una última reflexión sobre una pregunta formulada por el Sr. Imbeni. 
Quiero recordar aquí las palabras no solo de dolor, sino de gran aprecio y estima que este Parlamento dirigió a la figura del profesor Marco Biagi, bárbaramente asesinado por los terroristas. 
(Aplausos) 
De conformidad con el orden del día, procedemos a las votaciones. 
Procedimiento simplificado: 
Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 69/208/CEE referente a la comercialización de las semillas de plantas oleaginosas y textiles (COM (2002) 232- C5-0301/2002/0105 (CNS) ): Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0235/2002) de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo sobre la propuesta de Decisión del Consejo (13262/1/2001- COM (2001) 540- C5-0087/2002- 2001/0242 (AVC) ) relativa a la celebración del Acuerdo INTERBUS sobre el transporte discrecional internacional de viajeros en autocar y autobús (Ponente: Dana Scallon) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0221/2002) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor respecto de la posición común (5198/1/2002- C5-0150/2002- 2000/0336 (COD) ) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 97/68/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera (Ponente: Bernd Lange) 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Informe (A5-0236/2002) del Sr. Giuseppe Nisticò, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la producción y desarrollo de estadísticas comunitarias de ciencia y tecnología (COM (2001) 490- C5-0392/2001- 2001/0197 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0239/2002) de la Sra. Caroline Jackson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 86/609/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros respecto a la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos (COM (2001) 703- C5-0605/2001- 2001/0277 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0238/2002) de la Sra. Caroline Jackson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo de enmienda del Convenio Europeo sobre protección de los animales vertebrados utilizados con fines experimentales y otros fines científicos (COM (2001) 704- C5-0037/2002- 2001/0278 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0240/2002) de la Sra. Caroline F. Jackson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la adhesión, en nombre de la Comunidad Europea, al Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia para luchar contra la acidificación, la eutrofización y el ozono troposférico (COM (2002) 44- C5-0094/2002- 2002/0035 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0245/2002) del Sr. Klaus-Heiner Lehne, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, -Suplicatorio de suspensión de la inmunidad del Efstratios Korakas (2001/2230 (IMM)) 
Señor Presidente, puesto que esta votación me afecta directamente, quiero declarar que no voy a tomar parte en ella. 
Señor Presidente, en primer lugar, doy las gracias a sus Señorías por la votación precedente y quisiera que consignara, por favor, la retirada de la enmienda 15 al informe Turchi. 
. 
(SV) Los socialdemócratas suecos optamos por votar en contra de las enmiendas 2, 4 y 5. 
A nuestro juicio, las máquinas que esas enmiendas pretenden exceptuar producen mucha contaminación medioambiental y tienen grandes repercusiones en la salud de los que las utilizan. 
El mayor peso y las emisiones de esas máquinas son también factores que dañan especialmente a sus usuarios y que conviene considerar. 
Pensamos que la postura común es mejor. 
Ésta faculta a la Comisión para dar a los fabricantes un plazo suplementario de cinco años para mejorar las condiciones técnicas. 
Sin embargo, en ese caso la Comisión podrá otorgar un plazo más corto si lo estima adecuado. 
Las enmiendas no ofrecen esta posibilidad. 
Finalmente quisiéramos subrayar la conveniencia de que se estudie el peso de estas máquinas cuando se plantee su desarrollo técnico y medioambiental. 
Señor Presidente, Señorías, siempre es difícil dar una explicación de voto en estas condiciones. 
Nosotros, los Verdes, consideramos que los votos emitidos por el Parlamento desnaturalizan hoy el espíritu de la propuesta de directiva del informe Savary. 
Los Verdes están a favor de una armonización de los transportes, pero a condición de que esta tire de Europa hacia arriba, algo que demandan nuestros conciudadanos. Una armonización así implica más normas sociales y una consideración importante del medio ambiente. 
Y, por supuesto, nosotros, los Verdes, consideramos que esta no será válida más que si se ve acompañada de una verdadera política de los transportes con, debo recordar, un transporte modal, una internalización de los costes medioambientales en los precios de las infraestructuras, un régimen social de los trabajadores por carretera así como una armonización para los transportistas por carretera. Los Verdes consideran por otra parte que la libre circulación de mercancías no se ve amenazada en la actualidad, ya que falta, Señorías, si no se puede circular durante el fin de semana por las carreteras y las autopistas, el ferrocarril, abierto todo el fin de semana; faltan también el cabotaje por vía marítima y también los canales. 
Finalmente, en lo que respecta a la enmienda sobre las flores: en ese caso también, nosotros, el Grupo de los Verdes, consideramos que es absolutamente escandaloso haber votado esta enmienda, porque al fin y al cabo se trata en cierto modo del caballo de Troya de una larga lista. 
Consideramos que, a partir del momento en que se concede una excepción a las flores, inevitablemente le sucederán otras. 
Finalmente, señor Presidente, Señorías, debo recordarles que todas nuestras políticas de transporte exigen que se proceda a la reducción de los transportes por carretera. 
Hoy hemos perdido esta ocasión. 
Señor Presidente, iba por la autopista Brescia-Bérgamo-Milán con mi amigo Ugo Gustinetti que es conductor de trailers desde toda la vida. 
Era domingo, no había coches circulando, sólo trailers y camiones, y Ugo me decía: " ¡Qué bonito es viajar en domingo, sin el tráfico de todos los que se van de vacaciones! 
Me encuentro muy a gusto y ¿sabes por qué? 
Porque el Parlamento Europeo ha aprobado una directiva del Sr. Savary el cual con su sabiduría- como su propio nombre indica- ha previsto para el domingo y el sábado primero el trabajo y luego la diversión: o sea, la preferencia en las carreteras es para los trailers y los coches de los domingueros no pueden circular ". 
¿Acaso era un sueño, señor Presidente? 
Señor Presidente, el futuro de nuestra Unión depende de modo decisivo de la aceptación por parte de los ciudadanos. 
Debemos tener siempre en cuenta esto cuando prevemos regulaciones. 
Por este motivo, me he pronunciado a favor de que la regulación de las prohibiciones de circulación caiga dentro del ámbito de competencias de los Estados miembros. 
Son realmente los Estados miembros los que tienen que adoptar las medidas adecuadas en relación con la prohibición de circulación los fines de semana y festivos, ya que son los que mejor pueden reaccionar ante las circunstancias concretas. 
Las limitaciones para los Estados miembros por motivos medioambientales y de seguridad deben estar permitidas de modo general y es absolutamente necesario tener en cuenta las características geográficas específicas. 
Es positiva la referencia a la situación especial del transporte de alimentos perecederos, como la leche, la fruta o la verdura. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Savary aunque con ciertas dificultades, pues aunque es un paso hacia delante sin embargo es mucho menor de lo que habría deseado. 
Creo que se deben tratar de modo más restrictivo las regulaciones sobre prohibición de circulación para la protección del medio ambiente, de la población y para que así surja también una cierta presión para desarrollar alternativas y ocuparse de las mismas. 
Por lo demás, soy de la opinión de que la aplicación del principio de subsidiariedad sería aquí necesario, de que habrían sido posibles regulaciones regionales más estrictas pues, de este modo, la presión sería más intensa para buscar las alternativas mencionadas. 
A pesar de ello, creo que se trata de un paso en la dirección correcta, aunque a este paso deben seguir pronto otros. 
Resulta lógico armonizar las restricciones de circulación que se aplican a los camiones a escala europea cuando actualmente cada Estado aplica su propia regulación. 
Pero no hay ninguna razón para que la armonización se haga por abajo, de acuerdo con los deseos de los grupos de presión del transporte por carretera, limitando las restricciones y autorizando a los Estados complacientes con el todo para el camión a dejar a los patronos transportistas circular a su antojo. 
Hemos votado por tanto todas las enmiendas que van en el sentido de más restricciones de circulación que tengan en cuenta "motivos de orden topográfico, ecológico o vinculados a la seguridad por carretera". 
Al no haber sido adoptadas estas restricciones, hemos votado en contra del informe. 
Pero, en un plano más general, el problema no puede resolverse mediante una simple regulación. 
No bastaría únicamente con prohibir el transporte de mercancías por carretera los sábados y domingos. 
Sería necesario desarrollar el transporte ferroviario y el ferrocarril-carretera en el marco de un servicio público europeo de los ferrocarriles. 
. (DE) La delegación de los liberales en la UE rechaza la propuesta de la Comisión para la armonización de las normas sobre la prohibición de circulación para camiones los fines de semana y días festivos legales. 
La directiva atenta por un lado contra el principio de subsidiariedad y limitaría considerablemente las competencias nacionales en el campo del Código de Circulación austríaco. 
Por otro lado, el país de tránsito que es Austria no puede admitir un debilitamiento de la prohibición de circulación durante los fines de semana y festivos; ya hoy, el creciente tráfico representa una carga enorme para nuestro medio ambiente y la salud de la población austríaca. 
Nuestra atención debe dirigirse más bien a una solución del tráfico en toda Europa y a impulsar el empleo de sistemas de transporte alternativos. 
Señor Presidente, en el ya lejano 1963 conocí personalmente al padre del Sr. Turchi. 
Era un navegante y anoche le vi en sueños junto con su hijo, el Sr. Turchi, nuestro ponente, llevar un velero por un mar tempestuoso, Y mientras llevaba el barco en medio de la tempestad hacia el mar, decía a su pequeño hijo: " ¿Has visto cómo se ha de llevar un barco durante la tempestad para encontrar el rumbo correcto? 
Pienso que tú también en el futuro, cuando te convertirás en diputado europeo, sabrás indicar la dirección correcta de las carreteras europeas ". 
Entonces, ¿cómo es posible no seguir al Sr. Turchi en su informe sobre la dirección y sobre las carreteras europeas? 
Por esto, he votado a favor. 
Señor Presidente, naturalmente, he votado a favor del informe Turchi que lleva al 20% los niveles de financiación europea de las redes transfronterizas, pero considero que esta propuesta de la Comisión no está en absoluto a la altura de los desafíos y en especial de las nuevas orientaciones de su política de movilidad sostenible. 
En primer lugar, aumentar los niveles de financiación sin aumentar los presupuestos corre el importante riesgo de provocar decepciones y dar lugar a actos arbitrarios extremadamente difíciles cuando se nos presenten los expedientes. 
En segundo lugar, Europa no puede ser de forma indefinida un gran prescriptor y un mal pagador. 
Y cuando vemos los retrasos que llevan los trabajos de Essen, cuando se ve que en la actualidad, mientras se nos está proponiendo una nueva política de movilidad sostenible extremadamente exigente en incentivos públicos, cuando se ve que el Consejo acaba de retirar o de diferir los seis nuevos proyectos absolutamente esenciales a la aplicación de la nueva política de transporte de la Comisión, que estaban incluidos en las propuestas de orientación de las RPE, sólo se puede defender que se aborde el problema de la financiación de las redes transeuropeas, y que por fin nuestra política de transporte europea disponga de medios equivalentes a sus ambiciones. 
El informe señala el desarrollo insuficiente de las redes transeuropeas tanto en el ámbito de los transportes, en especial ferroviarios, como en la interconexión de las redes de energía. 
Esta insuficiencia es el subproducto del desarrollo de la economía europea en entornos nacionales reducidos. 
Pero las infraestructuras transeuropeas sufren igualmente esta "penuria de la financiación pública" que critica el informe. 
Para paliar esta penuria, el ponente se conforma con seducir a los poseedores de capitales privados con subvenciones suplementarias. 
Hemos votado en contra de este informe ya que nos oponemos a la utilización del dinero público para servir a beneficios privados. 
Por otra parte, la interconexión creciente de las redes de gas y electricidad no tiene como objetivo una racionalización de la distribución de la energía a escala de la Unión, sino la apertura total del mercado del gas y de la electricidad en este caso, lo que supone un paso más, especialmente en Francia, hacia la privatización de EDF y de GDF, procesos que rechazamos totalmente. 
En lugar de favorecer aún más a las grandes empresas y a sus accionistas, sería necesario, más bien, imponerles más para que los diferentes Estados o la Comunidad Europea pudieran financiar una red de transportes a la altura del siglo XXI. 
No tenemos sin embargo la ingenuidad de esperar la realización de las instituciones europeas actuales, totalmente volcadas a los intereses privados. 
Con la presente propuesta, aceptada por el ponente, la Comisión pretende sobre todo garantizar la financiación de 12 proyectos prioritarios en el ámbito de la energía, mientras vela por la materialización de las conclusiones de Barcelona, desde luego, en cuanto a la liberalización del sector energético. 
Con semejantes objetivos aumenta la cofinanciación comunitaria del 10 al 20 por ciento. 
Y, además de un cambio de prioridades en la esfera de las redes transeuropeas, la propuesta consagra también y una vez más un cambio de enfoque, al trasladarlo al este europeo, en perjuicio de los actuales países de la cohesión, como Portugal, que sólo marginalmente figuran en ella. 
La propuesta indica necesidades suplementarias de 150 millones de euros respecto de las perspectivas financieras para el período 2000-2006. 
Pero la Comisión pretende financiar 100 millones de euros con cargo a importes inscritos en el actual límite de las políticas interiores, que acarreará mayores dificultades para otros objetivos de esa rúbrica presupuestaria y, además, una reprogramación de los restantes 50 millones de euros de los actuales importes de las redes transeuropeas. 
En esas condiciones, dicha propuesta no merece nuestro apoyo. 
Señor Presidente, se reducen los impuestos especiales para los biocarburantes. 
Impuestos especiales: es un término que, al estar rodeado de pensionistas y también por mi experiencia personal, me recuerda los licores, la cerveza, el Martini. 
Por lo tanto, reducir los impuestos especiales es bueno y justo. 
¿Por qué he dicho el Martini? 
Porque mira por dónde dentro de poco participaré en una reunión del prestigioso Kangaroo Group, a la que está invitado el conde Martini di Montelera y en la que tendré el gusto de ser recibido oficialmente. 
Por lo tanto, viva la reducción de los impuestos especiales sobre todos los productos. 
Viva la cerveza, viva el vino, viva el Martini. 
Señor Presidente, me alegra realmente que se haya recogido en este informe la propuesta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que en el futuro va a ser posible exonerar totalmente de impuestos al consumo a los biocarburantes y aceites minerales fabricados en base a estos productos. 
No obstante, me duele realmente que esto sólo vaya a ser posible hasta el 2010. 
Espero que más allá de esa fecha se logre más adelante dicha exoneración fiscal, pues los fabricantes que tienen que realizar las inversiones necesarias precisan asimismo una cierta seguridad. 
El biodiesel es una importante aportación para lograr el objetivo de Kioto y nos independiza de los agentes energéticos de origen fósil. 
Para finalizar, quiero subrayar expresamente que la producción de materias primas renovables asegura puestos de trabajo existentes y crea otros nuevos en el área rural, también de cara a la ampliación. 
Parece aberrante discutir sobre la utilidad o no de los biocarburantes sin discutir sobre el control de la totalidad de recursos energéticos, del petróleo a la energía blanca pasando por la energía nuclear. 
Si hay un ámbito en el que debería prevalecer una planificación consciente a escala mundial es el de la producción y transporte de energía y de la gestión de los recursos energéticos, tanto más en la medida en que la decisión entre las diferentes fuentes de energía puede tener consecuencias importantes para el futuro del planeta. 
Ahora bien, se trata de un ámbito dominado por algunos grupos empresariales de los más poderosos del mundo, cuya preocupación exclusiva es incrementar al máximo sus beneficios cueste lo que cueste a la Humanidad. 
Esos grupos empresariales tienen los medios para imponer sus decisiones a todo el mundo y utilizar los Estados y su política fiscal para favorecer la forma de energía más rentable. 
La "dependencia energética de la Unión" que lamenta el informe, no se traduce realmente con respecto a los países productores sino con respecto a esos grupos empresariales. 
Para discutir de forma válida sobre la decisión entre las diferentes formas de energía, sería necesario imponer a esos grupos de presión un control de su estrategia e incluso de la orientación de sus investigaciones. 
(Explicación de voto acortada en aplicación del párrafo 1º del artículo 137 del Reglamento) 
Es perfectamente legítimo que los Estados miembros apliquen una imposición diferencial orientada a favorecer la competitividad de los carburantes de origen vegetal, que son renovables y no contribuyen al efecto invernadero. 
Los Estados miembros deben poder hacer que evolucionen los impuestos sobre los carburantes para automóviles hacia una especie de ecotasa, que grave con más intensidad los carburantes fósiles, en razón de sus efectos externos negativos, que los carburantes renovables. 
Como ponente de la Comisión de Agricultura, me alegro de ver que el Parlamento aprueba las principales enmiendas que he propuesto y que nuestra comisión aprobó por unanimidad: la renuncia total al cobro de un impuesto de los carburantes utilizados para la producción de biocarburantes, como se practica ya para la producción de derivados del petróleo; la supresión del límite, totalmente arbitrario, del 50% del diferencial de imposición; la necesidad de evitar que la promoción de los biocarburantes se traduzca en una importación de biomasa que privaría a la Unión Europea del beneficio de las reducciones de las emisiones de gas de efecto invernadero y de la coproducción de proteínas forrajeras, utilizables para la alimentación animal y en las cuales somos claramente deficitarios. 
Señor Presidente, el Sr. Rübig propone la creación de una oficina europea independiente para todos los controles de seguridad nuclear. 
Sería- y es si se consigue- una gran empresa. 
Sin embargo, el Sr. Rübig es conocido en este Parlamento por ser el representante de las pequeñas y medianas empresas. 
Por lo tanto, compruebo con placer que por fin está a punto de dirigir una gran empresa, como sería la de conseguir crear este organismo comunitario de seguridad nuclear. 
Por esto, he votado a su favor. 
Señor Presidente, en este informe se desea y se promueve la obra cinematográfica europea, sobre todo y además de las otras obras audiovisuales. 
Entonces, quizás tendremos por fin- he hablado de ello en otras ocasiones- un cine europeo. 
Pero yo también me refiero a una película sobre el Parlamento Europeo, en la que los protagonistas sean los protagonistas del Parlamento Europeo. 
De este modo, quizás veremos al Comisario Monti como inspector de policía. 
El chofer sería el Sr. Vaatanen y, naturalmente, el Presidente Prodi el reverendo párroco; por no hablar del presidente Watson, rector del college; la Comisaria, Sra. Reding, sería la esposa fiel y usted, Sr. Provan, no podría sino ser el escocés archimillonario y, por último, la Sra. Plooij-van Gorsel la chica guapa de la película. 
¿Y quién sería el asesino? 
¿Acaso el Sr. Fatuzzo? 
Las ayudas a la producción y distribución de obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual en la Unión Europea, especialmente frente a la supremacía de las obras equivalentes americanas, que cubren el 66% del mercado, tiene una gran importancia cultural y política. 
Sin embargo, a pesar de los repetidos debates y medidas, el avance señalado es mínimo. 
Creemos que la causa principal es el planteamiento del tema en el marco del mercado y de la competencia comercial. 
El informe expresa inquietud por la situación, así como ciertas intenciones de defender valores, acertadas en general, pero que se quedan en una declaración de intenciones. 
Ocupa mucho más al informe el país de procedencia de las obras que su calidad, y se depositan las esperanzas en la sumisión de este sector (también) a las normas del mercado interior, es decir, a la mayor comercialización. 
Se propone la creación de un mecanismo de imposición económica autoritaria sobre los hechos audiovisuales culturales, que sustituya a la competición de calidad con un Procrustes homogeneizante, una farsa competitiva, ' Euro Holliwood?. 
Creemos que el problema no es competir con la supremacía americana por medio de las leyes del mercado, sino crear condiciones de desarrollo, de intercambio y enriquecimiento de todas las culturas populares y nacionales, dentro y fuera de la Unión Europea. 
Una política de este tipo ayudará a que la calidad predomine por encima de la subcultura, con independencia del país del que proceda. 
Por esas razones, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia nos hemos abstenido en la votación, aun estimando los puntos positivos del informe. 
. (EN) La delegación británica del PPE-DE se reserva su posición sobre el apartado 35, en el que se pide la modificación del artículo 151 con vistas a poder tomar decisiones por mayoría cualificada. 
A pesar de su reserva, la delegación apoya la posición global del informe Vander Taelen. 
No hemos rechazado este informe porque estamos a favor de que el cine y la cultura sean asequibles para todos, lo que está lejos de ocurrir. 
Sin embargo, nos hemos negado a votar este informe que reprocha a la Comisión- el colmo, a la vista de su política- que deje de lado el aspecto industrial de los medios audiovisuales... para reclamar más subvenciones para los capitales invertidos en el sector. 
Ayudar a la creación y a la difusión de las obras, no nos oponemos a ello. 
Pero las atenciones del ponente van menos a los espectadores que a los detentadores de capitales. 
Sería necesario apoyar, por ejemplo, a los municipios que a duras penas consiguen subvencionar, y por tanto hacer que vivan, salas de barrio que revisten un importante papel en la difusión, a bajo coste, de las obras para un público popular; e incitar a otros municipios a imitarlos. 
Pero no es eso lo que contempla este informe que propone financiar la investigación-desarrollo del e-cine, el equipamiento de las salas en material costoso, que precisa contar con el mercado, por lo demás. 
En resumen, una vez más, para desarrollar una industria llamada "subcapitalizada", ya que la empresa privada no se arriesga sin red, se pretende que el público financie futuros beneficios privados. 
El presente informe explora pistas interesantes para garantizar el mantenimiento y el refuerzo de la industria cinematográfica de los Estados miembros de la Unión Europea. 
La insistencia que se ha puesto en la doble naturaleza cultural e industrial de las obras cinematográficas y audiovisuales no es satisfactoria desde el punto de vista intelectual ya que el interés de una atención sostenida para este sector reside precisamente en la promoción prioritaria de su dimensión cultural. 
Sin embargo, la preservación de una producción cinematográfica europea creíble frente a las superproducciones de Hollywood pasa necesariamente por la emergencia de grandes grupos industriales capaces de oponerse a una producción en masa. 
Por otra parte, las propuestas que contiene el informe son en su mayoría dignas de interés. 
Desde la cofinanciación de los trabajos de digitalización de los archivos hasta el apoyo al equipo en material de proyección digital, pasando por la invitación a incentivos fiscales por parte de los Estados miembros para los productos y servicios audiovisuales, el panorama esbozado de medidas contempladas es amplio. 
Se puede esperar que su aplicación permita una avance real de las industrias y servicios vinculados al sector audiovisual. 
En cuanto a la elaboración de nuevas normas jurídicas de armonización entre las diferentes legislaciones nacionales, no es condenable en sí misma, pero conviene evitar que esas aproximaciones sirvan de pretexto para la promoción de una ilusoria cultura europea. 
Señor Presidente, tanto yo como el Partido de los Pensionistas que represento consideramos que es importante apoyar la política exterior y de seguridad común, tal como se indica en esta perspectiva de concertación para el presupuesto. 
En efecto, pienso que Europa será una gran Europa sólo cuando tendrá una defensa común y la posibilidad de intervenir incluso militarmente para defender su propia esencia democrática. 
Creo que esto- la potenciación de la política europea de seguridad común- es la única forma de pasar de una Europa de papel y de papeles a una Europa realmente fuerte y líder en todo el mundo. 
. (EN) Quisiera hacer constar mis razones por las que hoy he votado en contra de algunos apartados del informe del Sr. Färm, en particular, los apartados sobre agricultura. 
Todos sabemos que las propuestas de la Comisión sobre el estudio provisional de la PAC deberían publicarse la semana próxima. 
Me opondré firmemente a cualquier intento de convertir dicha revisión en una reforma. 
El acuerdo alcanzado en Berlín en 1999 sobre la Agenda 2000 sigue en vigor y será revisado antes de que finalice 2006, con vistas a examinar la próxima perspectiva financiera. 
Una reforma en profundidad de la PAC en estos momentos no es ni necesaria ni deseable. 
Los mercados se mantienen razonablemente estables y los niveles máximos de Berlín no corren peligro. 
Respecto al pilar del desarrollo rural, está previsto que la Comisión presente una modulación obligatoria de los pagos directos, como también propone el Sr. Färm. 
Rechazo esta idea y apoyo el concepto de modulación voluntaria acordado por los 15 Estados miembros en Berlín. 
Apoyo plenamente los objetivos de desarrollo rural, pero creo firmemente que los pagos directos son un elemento fundamental para mantener con vida las pequeñas explotaciones familiares y para que las comunidades rurales sigan esparcidas por toda Irlanda. 
señor Presidente, todos saben que el Sr. Podestà es un Vicepresidente de lo más equilibrado y sabio de este Pleno. 
Pues bien, acabo de cerrar los ojos y he visto que se convertía en el nuevo rey de Afganistán, con corona y cetro, una larga barba y un gran poder. 
¿Pero por qué? 
Pues porque en el apartado 13 del informe del Sr. Podestà se dice que "reitera la voluntad de apoyar la reconstrucción de Afganistán y su disponibilidad a utilizar la ayuda humanitaria correcta y eficazmente para ayudar a la población afgana". 
En el momento en que le he visto, había logrado su propósito y los afganos, felices de haber recibido esta gran ayuda del Sr. Podestà, habían decido nombrarle y coronarle rey de Afganistán. 
Este informe adolece de tres pecados capitales: acepta sin reservas el límite de gastos del actual marco financiero, manifiestamente insuficientes; pretende que la Comisión presente propuestas de institucionalización de una política de redistribución de los importes presupuestados, propugne más flexibilidad y establezca transferencia entre sectores y rúbricas presupuestarias, en desmedro del rigor presupuestario; y, por último, es intencionalmente exagerado en las críticas que formula a las bajas tasas de ejecución de los Fondos estructurales, tanto más cuanto que no tiene en cuenta las contingencias de cualquier marco financiero en su fase inicial de aplicación y tampoco los condicionamientos resultantes de la aplicación del Pacto de Estabilidad. 
Respecto de este último pecado, son patentes dos objetivos: utilizar la baja tasa de ejecución como argumento para reducir los gastos comunitarios con los países de la cohesión (y lo mismo sucede con las políticas de cooperación y desarrollo) , frente a la ampliación y a la satisfacción de los intereses de los países contribuyentes netos, e iniciar "reformas" en los reglamentos de los Fondos estructurales, aprovechando la revisión provisional de la Agenda 2000. 
Por esas razones, el informe no merece nuestro voto favorable. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0220/2002) de Piia-Noora Kauppi, en nombre de la Comisión de Agricultura y Asuntos Monetarios sobre el informe anual 2001 del Banco Central Europeo (C5-0196/2002- 2002/2092 (COS) ). 
Saludo al Presidente del Banco Central Europeo, el Sr. Duisenberg. 
Es para nosotros una gran alegría y honor que usted esté aquí presente. 
Todos esperamos con gran interés su exposición ante el creciente valor del euro 
. 
(EN) Señor Presidente, hace seis meses fuimos testigo de un hito en la historia europea: el lanzamiento del "euro, nuestra moneda" en su forma visible. 
Los ciudadanos europeos ya han podido percibir la realidad tangible del euro- y beneficiarse de ella -, y la rápida sustitución de las que, a comienzos de año denominábamos monedas para el legado, atestigua el éxito del lanzamiento de los billetes y monedas en euros. 
El año 2001 ofreció un panorama especialmente difícil para la política monetaria del Banco Central Europeo. 
El empeoramiento de las perspectivas económicas fue acompañado por presiones alcistas a corto plazo de distinto origen sobre los precios, lo que complicó el comportamiento de la política monetaria. 
Nuestra tarea se vio agravada aún por la extrema incertidumbre que siguió a los atentados terroristas en los Estados Unidos el 11 de septiembre. 
Como es habitual, el BCE debía enfocar su respuesta de política monetaria a dicha situación más allá de los acontecimientos a corto plazo y centrarse en los riesgos para la estabilidad de los precios a medio plazo. 
Desde esta perspectiva, pudimos comprobar el receso de las presiones inflacionistas a medio plazo. 
El BCE tuvo en cuenta esta tendencia y redujo los tipos de interés en cuatro ocasiones en 2001, sobre un total de 150 puntos de base. 
En consecuencia, el tipo mínimo de interés demandado en las principales operaciones de refinanciación del BCE- el más importante entre nuestros principales tipos de interés- alcanzó el 3,25 % en noviembre de 2001. 
Los tipos de interés fundamentales del BCE se han mantenido inalterados desde noviembre y los tipos de interés reales a corto y largo plazo son, desde una perspectiva histórica, muy bajos. 
La tasa media de inflación anual en 2001, según medición del Índice armonizado de precios al consumo, fue del 2,5 %. 
La inflación en 2001 se vio afectada por el efecto retardado del aumento de precios de las importaciones en 2000 y por la nueva incidencia de las enfermedades del ganado sobre los precios de los alimentos no elaborados. 
No estamos satisfechos con este resultado, que no se corresponde con la estabilidad de los precios. 
No obstante, hay que reconocer que los factores que han contribuido a perfilar este resultado escapan al control del BCE. 
De hecho, la política monetaria sólo afecta a la inflación con efecto retardado y no puede controlarla a corto plazo. 
Nos complace que nuestros observadores y los mercados entendieran perfectamente nuestra política el año pasado. 
De hecho, el nivel de rentabilidad de los bonos, así como varios otros indicadores de las expectativas de inflación de los agentes económicos, apuntaban a la confianza continua, durante todo 2001, en que el BCE mantendría la estabilidad de los precios a medio plazo. 
Hubo- y aún persiste- cierta preocupación por la posible incidencia del paso al euro sobre la inflación en la zona euro, de la que también se ha hecho eco la propuesta de resolución sobre el Informe Anual del BCE elaborada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento. 
De hecho, el aumento de la inflación anual de los precios al consumo en la zona euro, que pasó del 2,0 % en diciembre de 2001 al 2,7 % en enero de 2002, se ha asociado lamentablemente, en opinión de muchos, al paso al euro. 
Lo cierto es que otros factores han contribuido a este incremento, como la subida de los precios de las hortalizas, vinculada a condiciones climatológicas adversas, en particular, en el Sur de Europa y la subida de impuestos sobre el tabaco en varios países de la zona euro. 
Pero hay que reconocer también que, en particular en algunos sectores con bajo nivel de competencia, han podido producirse algunos ajustes al alza de los precios con ocasión del paso al euro. 
No obstante, también ha habido reducciones de precios en la zona euro, vinculadas al paso al euro, y hay pruebas estadísticas que confirman que hasta ahora se ha contenido la incidencia sobre el nivel general de precios. 
Paso, a continuación, a la situación económica actual. Durante estos últimos meses, las condiciones económicas han experimentado un cambio gradual. 
Las repercusiones de los atentados terroristas sobre la confianza en la economía han ido desapareciendo paulatinamente y la actividad económica se ha estabilizado. 
Aunque la solidez de la actual recuperación sigue estando sujeta a incertidumbres, la hipótesis más probable es que la actividad económica se acelere gradualmente y alcance niveles acordes con la tendencia de crecimiento en potencia este mismo año. 
Respecto a los acontecimientos monetarios, el pasado otoño presenciamos una alta demanda de activo disponible y seguro, vinculada, en particular, con la incertidumbre de los mercados financieros a raíz de los atentados terroristas. 
Hemos podido comprobar una cierta moderación a comienzos de 2002, pero los datos más recientes indican un nuevo repunte de la demanda de activo disponible. 
Por otra parte, ha cesado el decaimiento del crecimiento de empréstitos al sector privado y la demanda de créditos se ha reforzado recientemente. 
Es necesario seguir vigilando de cerca estas tendencias, porque pueden comenzar a apuntar a un aumento de los riesgos para la estabilidad de los precios, en particular, durante un período de recuperación económica. 
En general, la perspectiva de la estabilidad de los precios es ahora menos benigna que en noviembre de 2001, cuando ajustamos por última vez los tipos de interés clave del BCE. 
La inflación ha descendido hasta ahora en menor proporción y menos rápidamente de lo que esperábamos a comienzos de año. Una vez más, esto se debe en parte a los factores temporales a los que me he referido antes, y a la nueva subida de los precios del petróleo en el primer trimestre de 2002. 
En la actual coyuntura, a pesar de que la revalorización del tipo de cambio del euro contribuirá a frenar las presiones inflacionistas, seguiremos muy atentos a todas las tendencias relevantes precisamente cuando existe el riesgo de que las desviaciones de la estabilidad de los precios, como consecuencia de la excepcional serie de sacudidas alcistas de la inflación durante los dos últimos años, repercutan sobre las expectativas de inflación a más largo plazo, lo que posiblemente podría afectar al comportamiento de los salarios y de la fijación de precios. 
Para mantener la estabilidad de los precios, es crucial que la moderación salarial prevalezca también en el futuro. 
En este sentido, nos preocupan las recientes tendencias salariales aquí y allí. 
No está de más insistir en la importancia de que los salarios crezcan en consonancia con nuestra definición de estabilidad de los precios. 
La moderación salarial es un factor clave para favorecer la creación de empleo y de las condiciones necesarias para un incremento sostenible de la tasa de crecimiento en potencia de la economía en la zona euro. 
Las estimaciones actuales de la tendencia de crecimiento en potencia en la zona euro son del orden de 2-2½% y existe un amplio margen para un aumento del crecimiento en potencia en la zona euro. 
El BCE contribuirá a ello centrando su atención en el mantenimiento de la estabilidad de los precios a medio plazo. 
Pero hay otros factores políticos que también deberán asumir sus responsabilidades. 
Las grandes orientaciones de las políticas económicas para 2002, que acaban de ser aprobadas en Sevilla, hacen hincapié, muy oportunamente, en la necesidad de ampliar las reformas estructurales en la zona euro. Veo que la propuesta de resolución también comparte esta opinión. 
El futuro bienestar de los ciudadanos de la zona euro dependerá también, en buena medida, de una conducta prudente de las políticas fiscales. 
El pacto de solidaridad de nuestra unión monetaria exige que todos los participantes mantengan una perspectiva a medio plazo en consonancia con el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esto implica que las posiciones presupuestarias en todos los países deben estar prácticamente en equilibrio o exceder el ciclo económico en su conjunto para permitir suficiente margen para el buen funcionamiento de los estabilizadores automáticos. 
Hemos presenciado algunas tendencias preocupantes en la política fiscal de algunos países durante estos últimos meses. 
Por ello, recordamos a aquellos países que aún no han alcanzado una posición presupuestaria equilibrada, que es muy importante que cumplan los compromisos asumidos de ponerse al nivel de los demás países de la zona euro a más tardar en 2003/2004. 
Permítanme pasar, a continuación, a otras cuestiones planteadas en la propuesta de resolución sobre el Informe Anual del BCE. 
Acogemos favorablemente el claro apoyo en la propuesta de resolución a la estrategia monetaria del BCE. 
La propuesta de resolución concluye que no debería ponerse demasiado énfasis en los movimientos a corto plazo en los agregados monetarios y que no debería producirse ninguna reacción mecánica a las desviaciones del crecimiento de M3 del valor de referencia. 
Esta opinión se corresponde totalmente con la estrategia y la práctica monetarias del BCE. 
El primer pilar de nuestra estrategia, que concede un papel destacado al análisis de las tendencias monetarias, está asentado en la prueba empírica del vínculo estrecho y estable entre el dinero y los precios en la zona euro a medio plazo. 
No existe aún ninguna prueba que sugiera que esta vinculación se haya debilitado con el paso del tiempo. 
El BCE es perfectamente consciente de que las tendencias monetarias pueden estar sujetas a los cambios de composición de las carteras a corto plazo, que no guardan ninguna relación directa con futuras decisiones sobre el gasto. 
Es más, lo que importa es identificar y conocer las razones subyacentes de las tendencias monetarias con el fin de poder evaluar sus repercusiones sobre los riesgos de estabilidad de los precios a medio plazo. 
En este sentido, el análisis de las tendencias monetarias proporcionó, también durante el pasado año, una orientación muy útil para la política monetaria del BCE. 
Esto me lleva a otra cuestión que se menciona en la propuesta de resolución, a saber, la importancia de que un banco central tenga en cuenta el precio de los activos a la hora de evaluar los peligros que podrían comprometer la estabilidad de los precios, aunque sin introducir riesgos morales en los mercados financieros mediante reacciones desproporcionadas ante alzas excesivas del precio de los activos. El BCE comparte plenamente este punto de vista, y vigila de cerca el comportamiento de los precios de los activos como indicador de la política monetaria, pero no se centra en ellos ni reacciona ante ellos de una manera mecánica. 
En lo que se refiere a la propuesta de que el Consejo de Gobierno del BCE respalde las proyecciones macroeconómicas, permítanme aclarar una vez más la función de dichas proyecciones en el proceso de elaboración de la política monetaria del BCE. 
Estas proyecciones tienen un importante papel para nosotros, pero no tienen en absoluto una función globalizadora. 
Constituyen un dato técnico importante para el personal del BCE y de los bancos centrales nacionales a la hora de resumir y evaluar de manera coherente las repercusiones de un gran volumen de información sobre la futura inflación. 
No obstante, también somos perfectamente conscientes de la dificultades que entraña la elaboración de proyecciones. 
Reconocemos, en particular, que es imposible resumir toda la información relevante, con vistas a evaluar el mantenimiento de la estabilidad de los precios, en una única proyección. 
Habida cuenta de las dificultades de previsión a más largo plazo y de la incertidumbre respecto al modelo económico idóneo, no somos partidarios de utilizar una proyección única para analizar los riesgos de estabilidad de los precios. 
En consecuencia, examinamos explícitamente muchos otros indicadores y análisis en el contexto de nuestra estrategia del segundo pilar, y no intentamos esconder la complejidad de la política monetaria detrás de la producción de una única previsión del Consejo de Gobierno. 
Las proyecciones reflejan el criterio experto del personal del Sistema Europeo de Bancos Centrales y preferimos mantenerlo claramente separado del criterio del Consejo de Gobierno en lo que se refiere a la evaluación global de los peligros que pueden comprometer la estabilidad de los precios. 
Por consiguiente, nuestra decisión de separar claramente la elaboración de las proyecciones de los análisis del Consejo de Gobierno es totalmente transparente y refleja fielmente el proceso de toma de decisiones en el seno del BCE. 
Respecto a la comunicación, el enfoque que adoptamos siempre garantiza un alto grado de transparencia y de claridad de nuestro mensaje. 
Nuestras ruedas de prensa mensuales tienen una importancia clave en este sentido. 
La puntualidad y los pormenores de nuestra comunicación no tienen parangón. 
Al mismo tiempo, no hemos cambiado nuestro punto de vista respecto a la publicación del Acta. 
Tememos que, habida cuenta del contexto multinacional en el que funciona el Consejo de Gobierno, la publicación del Acta- o de un procedimiento en el que exista diversidad de opinión entre los miembros del Consejo (aun sin mencionar nombres) -podría dar lugar a una presión desmedida sobre los gobernadores de los bancos centrales nacionales para que se aparten de la perspectiva para la zona euro. 
Esto no favorece en nada a la zona euro, al igual que tampoco favorecería que el Consejo de Gobierno pusiera fin a su planteamiento de hablar con una sola voz. 
La propuesta de resolución sugiere también que debería hacerse público, respetando el anonimato, el resultado de las votaciones en el Consejo de Gobierno. 
Como ya declaré en mi pasada intervención, tengo ciertas dudas acerca de que la medida ofrezca más claridad a los mercados o más transparencia que ahora. 
En cualquier caso, creo que es fundamental que sigamos haciendo hincapié en nuestra comunicación sobre la justificación económica de nuestras decisiones en materia de política monetaria, en vez de en las diferencias de puntos de vista en el seno del Consejo de Gobierno. 
Para terminar mi declaración, quisiera referirme brevemente, una vez más, al paso al euro. 
Con una moneda única, nuestros ciudadanos tienen ahora un símbolo de identidad europea común que utilizan en su vida diaria. 
De hecho, el euro ha sentado las bases para estimular una mayor integración- en el ámbito político, así como en los ámbitos económico y financiero. 
En este sentido, "el euro, nuestra moneda" puede proporcionar una base nueva y más sólida sobre la que construir una "unión cada vez mayor". 
Usted también tiene partidarios en la tribuna de espectadores pero, lamentablemente, no pueden aplaudir. 
Pero los diputados presentes en esta Asamblea sí pueden hacerlo. 
. (FI) Señor Presidente, distinguido señor Duisenberg, estimados colegas, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es un factor imprescindible para la credibilidad de la zona euro. 
Las medidas de saneamiento de las finanzas públicas adoptadas por los Gobiernos de la zona euro han creado las bases para un crecimiento sostenido de la economía y para la revalorización del euro. 
Aunque no considero que haya necesidad de modificar por el momento el Pacto de Estabilidad y Crecimiento acordado en 1997, respaldo, sin embargo, la idea de que las responsabilidades eventualmente no cubiertas por los Estados miembros en materia de financiación de las pensiones y los actuales tipos de imposición fiscal también sean tenidos en cuenta a la hora de evaluar el grado de cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que presentan los países de la zona euro; está claro que los fondos de pensiones ya recaudados y la existencia de tipos impositivos bajos confieren mayor margen de maniobra en situaciones de crisis. 
El euro se ha apreciado durante los últimos meses con respecto al dólar. 
Aunque la paridad no tenga en sí relevancia económica, su existencia es, no obstante, una señal psicológicamente importante de la confianza de los mercados y de los agentes económicos en la estabilidad de la zona euro, así como de las previsiones positivas existentes sobre su desarrollo. 
Coincido con la valoración hecha por el BCE de que la apreciación del euro respecto al dólar es positiva, siempre y cuando ésta ocurra de forma controlada, y no con excesiva rapidez. 
El incremento de las inversiones privadas en la zona euro indica que los inversores confían más en el futuro de la zona euro que en las perspectivas económicas a medio plazo de los Estados Unidos. 
Los casos Enron, Xerox, Worldcom y los que posiblemente les sigan vienen a reforzar con gran seguridad esta tendencia. 
Cabe preguntarse por las presiones inflacionistas de la apreciación del euro. 
Durante los últimos días hemos podido escuchar mensajes contradictorios al respecto, entre otros, los transmitidos por el Sr. Eichel y por el Sr. Solbes. 
Por ejemplo, se ha dicho que la paridad del euro con el dólar frena la tendencia al alza de los tipos de interés. 
Otros, por su parte, se han mostrado preocupados por la apreciación del euro respecto al dólar, por ejemplo el Comisario, Sr. Solbes, en la entrevista concedida el sábado pasado. 
¿Y cómo habría que interpretar en este contexto la intervención en los mercados de divisas que realizó el BCE, conjuntamente con el Banco Central de Japón, el viernes pasado? 
Me gustaría escuchar la opinión del Sr. Duisenberg a propósito de esta pregunta y, en particular, si la apreciación del euro respecto al dólar estadounidense permitirá mantener los actuales tipos de interés. 
Al día de hoy, la inflación se sitúa en el 1,7 por ciento, la más baja desde diciembre de 1999. 
Las cifras de crecimiento arrojadas la semana pasada por el agregado monetario M3 eran más altas de lo previsto. 
Cabe preguntarse cómo influirá este hecho en la actual política monetaria del BCE. 
Una cuestión fundamental afecta al papel desempeñado por el primer pilar en su conjunto. 
Estamos apoyando una estrategia basada en los dos pilares. 
La mayoría de los expertos reconoce la interconexión entre moneda e inflación en el largo plazo. 
Sin embargo, la gestión del primer pilar es compleja y suele prestarse mal a la toma diaria de decisiones. 
Quisiera, pues, que el BCE explicase detalladamente el contenido y la posición del primer pilar en su política monetaria. 
En una fase en la que la volatilidad de los mercados es alta, la transparencia del BCE es aún más importante. 
Quisiera aprovechar esta ocasión para dar las gracias al Banco Central Europeo y a su Presidente por la mejora de su estrategia de comunicación y por su actitud positiva en el diálogo monetario que mantiene con el Parlamento. 
Asimismo, el Parlamento anima en su informe al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo a que extienda las votaciones en la toma de decisiones, haciendo uso de la habilitación que le confiere el Tratado de la UE. 
En caso de necesidad, ello le permitiría reaccionar más rápidamente ante desviaciones en el desarrollo. 
También habría que publicar las actas de las votaciones. 
La publicación de las posiciones discrepantes y de las actas de las votaciones, aunque sea de forma anónima, refuerza la confianza de los mercados en el BCE. 
El incremento de la información disponible permitirá hacer mejores previsiones sobre el desarrollo futuro. 
Distinguidos colegas, señor Duisenberg, la opinión de nuestros ciudadanos traza las pautas de nuestras actuaciones. 
Dos terceras partes de los consumidores de la zona euro creen que los precios subieron con la entrada del euro y que los artículos de consumo encarecieron más de lo normal al empezar el nuevo año. 
Esta impresión de los consumidores no es corroborada por las estadísticas sobre la inflación. 
Las medidas para la estabilización de la economía adoptadas por los Estados miembros han dado lugar a una inflación media muy baja durante los tres últimos años. 
Sorprendentemente, las subidas esporádicas que se dieron en el sector servicios, bastante inapreciables a escala global, fueron consideradas importantes por los consumidores. 
Así pues, debemos seguir prestando atención a que los ciudadanos sean informados con claridad sobre la evolución del euro. 
Según los estudios, más del 60 por ciento de los ciudadanos sigue sin acostumbrarse a los precios de los productos en euros. 
Por esta razón, insto a los Estados miembros a que prolonguen la doble visualización de los precios, de tal forma que tengamos más tiempo para familiarizarnos con el valor comparativo de nuestra nueva moneda. 
No deben surgir lagunas en la estimación de los precios por parte de los ciudadanos, y éstos deben seguir teniendo la opción de influir como un factor más de contención de la inflación a través de sus propias decisiones de compra. 
La doble visualización de los precios garantiza también el transcurso fluido del período vacacional que se avecina en Europa Central. 
La semana pasada falleció, a la edad de 88 años, una personalidad muy importante en el ámbito del debate que nos ocupa, el prolongadamente Primer Ministro de Luxemburgo y uno de los padres del euro, Sr. Pierre Werner. 
El Sr. Werner elaboró en la década de 1970 el informe que lleva su nombre y que sentó las bases para la creación del Banco Central Europeo. 
En mi calidad de ponente del Parlamento, quiero dedicar la última parte de mi intervención a honrar la memoria del Sr. Werner. 
El Sr. Wrener era un hombre de grandes visiones. 
La Unión Europea se basa en nuestros puntos de vista compartidos, en la concepción que los ciudadanos y los hombres de Estado de nuestro continente tienen sobre la forma de solucionar los retos europeos comunes. 
A la hora de buscar soluciones a las cuestiones políticas y económicas de nuestro continente, debemos tener siempre presentes estas visiones, así como nuestros objetivos comunes y los principios acordados en relación con el ejercicio de una política económica sostenible y responsable. 
Señor Presidente del BCE, señor Presidente del Parlamento, señor Comisario, señoras y señores, voy a articular mi exposición en cuatro partes. En primer lugar, felicito a la ponente por su muy completo informe que enjuicia tanto el informe del BCE y, por otro lado, lo amplía y complementa con exigencias para el futuro, incluyendo las de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
En segundo lugar, agradezco a usted, señor Presidente Duisenberg y al Consejo de Administración del BCE por la positiva cooperación con el Parlamento y, sobre todo, con nuestra comisión, si bien debo indicar que en ambos lados aún podemos mejorar. 
Por un lado, nos esforzamos por intensificar el diálogo monetario, por hacerlo más interesante, por plantear preguntas más claras y arrancarle respuestas más claras. Esperamos de usted un trabajo más intenso de cara a la opinión pública. 
Las decisiones del BCE no las entiende con frecuencia fácilmente el ciudadano. 
Pero todos sabemos que la política del Banco Central Europeo tiene repercusiones directas sobre el comportamiento de compras y sobre la moneda; por ello, es necesario un trabajo más intenso de cara a la opinión pública y fomentar así más transparencia y aceptación entre los ciudadanos de Europa y para la dinamización económica en el marco de lo que usted ha indicado. 
Queremos felicitarle no sólo por su trabajo y balance sino sobre todo por su actividad en relación con el 11 de septiembre. En cooperación con el Federal Reserve Bank, las medidas políticas de liquidez e intereses adoptadas por el Banco Central Europeo como reacción inmediata a los atentados y con las que se pudo evitar con éxito la amenaza de una crisis financiera, han despertado una impresión positiva. 
Felicitaciones también por el éxito de la introducción del euro como moneda circulante, si bien nos encontramos enfrentados aquí al problema de que, por un lado, tenemos estadísticas que revelan una introducción sin ningún tipo de problemas pero, por otro, constatan una elevada inseguridad entre los ciudadanos, por lo que en el apartado 18 de la resolución nos hemos referido a ello. 
Quiero aprovechar la intervención de hoy para mostrar claramente que el pacto de estabilidad y crecimiento es una parte del éxito del euro y del BCE y que rechazamos todos los intentos de reinterpretarlo y socavarlo por oportunismos políticos miopes; son necesarias más reformas estructurales de la política y del BCE así como reformas en el marco de la ampliación. 
Esperamos que siga trabajando con tanto éxito y pueda superar también estos desafíos. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos apoya el informe de la ponente. 
Es cierto que hay que felicitar al Banco Central Europeo muy en especial porque ha sido posible mostrar dentro de la zona del euro lo importante que es el euro como respuesta a las sacudidas externas pero también porque su introducción como moneda circulante ha transcurrido con tanto éxito. 
Registramos que no todas las ciudadanas y ciudadanos están satisfechos con el nuevo dinero. 
Pero Europa ha mostrado que puede poner algo en marcha cuando se une. 
Según una encuesta, el 64% de todas las ciudadanas y ciudadanos se sienten por fin un poco más europeos con el euro en el bolsillo. 
Esto es lo que se pretende. 
Pero no es lo mismo con la sensación que tienen los europeos con los precios pues la tasa de encarecimiento real, registrable estadísticamente y extremadamente baja en los países del euro no corresponde a la inflación sentida. 
Por ello, ha sido correcto que el Parlamento Europeo haya apostado siempre por una campaña de información para que no se entendiese la introducción del euro sólo como una mera cuestión técnica sino como un cambio de elevada importancia psicológica. 
Por ello, es importante que mandemos señales positivas. 
El hecho de que los consumidores sientan desde ayer las ventajas de la Unión Monetaria cuando sacan dinero con la tarjeta, es muy importante. 
Otras ventajas se van a mostrar por ejemplo ahora en las vacaciones. 
Esto se debe agradecer sin duda también a los esfuerzos del Parlamento Europeo. 
Permítanme que me refiera brevemente a las preocupaciones por la revaluación del euro. 
Sin duda, es deseable una lenta curva de aproximación hacia la paridad del dólar con el euro. 
Pero esto es algo que no se puede dirigir. 
No se puede dejar de subrayar lo suficiente que los menores precios de importación en esta fase de débil crecimiento en la zona del euro hacen posible un entorno positivo para una política monetaria expansiva y, en cualquier caso, no hace necesario modificar los intereses en una dirección. 
La Unión depende de ello para mantener en marcha el proceso de Lisboa. 
El Banco Central Europeo tiene una gran responsabilidad. 
Es de esperar que la coordinación de las políticas económicas cree por fin un entorno positivo para todos los actores. 
La evolución de los componentes de la masa monetaria no ha sido tan positiva en los últimos tiempos. 
No obstante, también esconde un elemento positivo pues es expresión de un relanzamiento, ya que es señal de que por parte de las empresas se toman créditos para inversiones destinadas a un futuro crecimiento económico, lo que es de importancia vital para Europa. 
Creo que también sería importante una mayor transparencia en la Unión Monetaria Europea. 
El Banco Central Europeo debería atender los argumentos del Parlamento por los que queremos conocer todos los motivos que se encuentran detrás de las decisiones de política monetaria. 
Esto es también bueno para la credibilidad y confianza del Banco Central Europeo. 
El Banco Central Europeo tiene también la tarea de contribuir a la estabilidad financiera. 
Confío mucho en que el Banco Central Europeo siga promoviendo la estabilidad financiera y, al contrario que el Banco emisor norteamericano, no apoye la formación de burbujas monetarias especulativas. 
El BCE no debe permitir tampoco una moral hazard con su propio comportamiento. 
Señor Presidente, habida cuenta del amplio acuerdo que existe en la Asamblea sobre los fundamentos de la política del BCE, quisiera tratar sobre una medida específica que incluimos en la propuesta de resolución y que ya solicitamos con anterioridad, sin que por ello hayamos recibido una respuesta formal del Consejo de Gobierno en el Informe Anual, y que espero que se rectifique. 
Me refiero a la publicación del reparto de los votos de manera anónima, para que los mercados y el Parlamento puedan evaluar el cambio de opinión a través del tiempo. 
Usted, señor Duisenberg, en el pasado se declaró contrario a esta medida, porque el Consejo de Gobierno suele tomar sus decisiones por consenso. 
Me alegró que nos indicara en comisión que se replantearía su postura más adelante. 
Espero que opte por que las decisiones se tomen por mayoría, porque de este modo la toma de decisiones sería más eficaz y además porque los Tratados así se lo exigen. 
Quisiera dejar claro que no comparto la crítica de que durante el año pasado el BCE intervino demasiado poco y demasiado tarde. 
De hecho, el BCE recortó los tipos de interés por primera vez en mayo de 2001, a pesar de la subida imparable de la inflación, que llegó a alcanzar el 3,4 %. 
Usted ha incumplido sus propios valores de referencia monetaria, y del total de 41 meses, durante 26 ha permitido que la inflación supere los valores que usted estableció. 
Ésta es una institución pragmática. 
No obstante, sabemos por el Consejo de Ministros que la votación por consenso, en otras palabras, por unanimidad, es más lenta y más difícil que la votación por mayoría. 
Sólo por esta razón sería sensato que, en el futuro, el BCE votara por mayoría. 
El hecho de que los procedimientos en vigor no hayan provocado errores, no es un argumento válido para no mejorarlos, en particular, cuando eso es lo que establece el Tratado. 
El artículo 10 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales pide claramente al Consejo de Gobierno que actúe por mayoría simple. 
Por consiguiente, espero que el Consejo de Gobierno también tome nota de las obligaciones que le impone el Tratado respecto a su toma de decisiones por mayoría. 
Señor Presidente, en el informe del BCE se indica críticamente que en la mayoría de los países del euro no se logró en el 2001 alcanzar sus objetivos presupuestarios. 
Alemania, Francia, Italia y Portugal tuvieron unos déficits relativamente elevados. 
Se advierte frente a un aumento adicional de las tasas de déficit. 
En otras palabras, está en peligro la consolidación del presupuesto, que junto a la conservación de la estabilidad de los precios, es el segundo objetivo primario de la política económica europea. 
No se logra ni la suficiente estabilidad ni se crea espacio para la configuración política, lo que no es menos importante. 
Lamentablemente, esta cuestión no ha sido lo suficientemente tratada en el informe del Parlamento. 
Al contrario que el colega Karas, soy de la opinión de que el pacto de estabilidad y crecimiento está controvertido con razón. 
En mi opinión se encuentra metido en una grave crisis, pues es demasiado inflexible a causa de su marca del 3% determinada arbitrariamente. 
En tiempos de estancamiento y recesión, sus amarras se revelan como veneno para la reactivación económica. 
No ha sido casualidad que los ministros de Hacienda de la zona del euro hayan exigido a la Comisión que en la evaluación de la situación presupuestaria de los Estados miembros se deben tener más en cuenta las oscilaciones cíclicas. 
Por ello, estoy a favor expresamente de la reforma del pacto de estabilidad y de su complemento con un pacto por el empleo que exija una amplia coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros. 
El pacto de estabilidad- tal como se puede escuchar ahora de la Francia gobernada por los conservadores- no está de hecho tallado en mármol. 
El objetivo debe ser crear con rapidez márgenes de actuación para una política económica anticíclica. 
Naturalmente, no se debe perder de vista la limitación de las deudas. 
Pero tampoco puede ser que unos países se enriquezcan a costas de otros al desbordar sus deudas y sin que se les penalice con unos intereses más elevados. 
La política de estabilidad no se puede limitar, por otro lado, al valor del dinero, pero sobre todo no debe perjudicar el equilibrio social de la sociedad. 
Señor Presidente, el informe anual del Banco Central Europeo para 2001 que parece ponderado, técnico y sereno, no permite apenas adivinar que este año, como el precedente, han sido desastrosos para el euro en los mercados de cambio. 
Un discreto gráfico en la página 59 señala sin embargo la caída del curso de la moneda europea bastante más profundo que todas las turbulencias que han conocido desde 1994 las monedas nacionales participantes. 
Igualmente, el gráfico de la página 65 relativo a los flujos financieros netos de la zona euro en 2000 y en 2001 señala importantes salidas que dan fe del poco gusto de los inversores por nuestra zona o nuestra moneda o ambas. 
Pero, se me va a responder sin duda que el informe del Banco Central Europeo ha tenido razón al no insistir en estos aspectos poco satisfactorios ya que ahora el euro va mejor y el periodo negro ha terminado. 
Es ésta una afirmación que será necesario verificar. 
Por ahora, lo que vemos no es un entusiasmo de los inversores por el euro sino una distancia para con el dólar vinculada al desinflado de la burbuja tecnológica, a los escándalos financieros y, sobre todo, no se puede olvidar, al importante diferencial de tipos de interés que juega contra la moneda de Estados Unidos. 
Las desgracias del dólar benefician momentáneamente la alegría del euro, pero es necesario seguir siendo prudentes ya que los problemas subyacentes de la moneda europea siguen intactos. 
En primer lugar, el crecimiento europeo sigue siendo débil y la entrada en vigor del euro no lo ha estimulado contrariamente a lo que se prometía. 
Y, sobre todo, sigue intacto el gran interrogante para el futuro, el de la coexistencia problemática de una moneda única y de una zona económica y social disparatada cuyos elementos pueden mantener divergencias. 
Para ponerle remedio, algunos sueñan con una integración más o menos forzada. 
Por nuestra parte, señor Presidente, esperamos que Europa, a pesar de esta situación poco confortable, sepa seguir siendo flexible y liberal. 
Señor Presidente, Señorías, al contrario que el Sr. Berthu, creo que el Banco Central Europeo puede jactarse de un balance más que satisfactorio. 
El euro es un éxito: más de 50 países disponen ya de un régimen de cambio al que sirve el euro, al menos parcialmente, de referencia. 
Nuestra moneda común se ha igualado al dólar. 
Cuando el euro se ha debilitado con respecto al dólar, algunos comentaristas han cuestionado la llamada falta de reformas estructurales en Europa. 
En buena lógica, la actual subida del euro frente al dólar debería ser la consecuencia de una política estructural exitosa de la Unión Europea, a menos que la evolución del tipo de cambio ante el dólar y el euro deba menos a los fundamentos económicos que al humor cambiante de los mercados financieros. 
Tras la exuberancia irracional en los mercados bursátiles y el desinflado de la burbuja de la llamada nueva economía, llega la hora del desencanto. 
El nivel de endeudamiento de las empresas y de los particulares es más que preocupante. 
A ello se añade que muchos campeones de la nueva economía demuestran ser manipuladores y estafadores. 
Durante la crisis financiera en Asia, muchos comentaristas denunciaron el crony capitalism, el capitalismo de connivencia que existe en esos países. 
Ahora bien, la actualidad en Estados Unidos, pero también en Europa, nos demuestra que los donantes de lecciones de Wall Street, de la City y de otros lugares se habían instalado confortablemente en una especie de libre servicio en el que empresarios, banqueros inversores, analistas y sociedades auditoras se han servido mutuamente. 
De hecho, el mundo de las finanzas vive actualmente una especie de crack rampante que recuerda la crisis de 1929 y las que siguieron. 
En este sentido, son imperativas reformas profundas en las finanzas internacionales. 
Los bancos centrales, la FED y el BCE en especial deben formular propuestas para una mejor regulación y una mejor vigilancia de los mercados financieros, hedge funds incluidos. 
El artículo 110, punto 1, del Tratado atribuye al sistema europeo de bancos centrales el derecho de emitir recomendaciones y dictámenes. 
Deseo recomendaciones del BCE para combatir el capitalismo de connivencia, establecer una mejor regulación y vigilancia, es decir, crear las condiciones para una recuperación de la confianza del público en general en un sector financiero moralizado. 
No es el peligro de inflación lo que nos amenaza en la actualidad, sino el peligro de implosión de los mercados financieros. 
El BCE no puede sustraerse a su responsabilidad. 
Por otra parte, las llamadas del BCE a la moderación salarial serían más creíbles si el Sr. Duisenberg tuviera el mismo lenguaje de moderación frente a los capitalistas. 
(Aplausos en los escaños de la izquierda) 
. Señor Presidente, voy a ser muy breve. 
En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de participar en este debate con motivo de la presentación del informe anual del Banco Central Europeo. 
Quiero agradecer al Parlamento, y en especial a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y a su ponente, la Sra. Kauppi, su excelente informe. 
Muchos de los puntos de vista recogidos en el mismo son compartidos totalmente por la Comisión. 
Entre ellos, y de forma muy especial, la positiva valoración que ha hecho de la política del Banco Central Europeo. 
Me referiré sólo a dos puntos del debate de hoy que son de especial interés para la Comisión. 
En primer lugar, el papel del pacto de estabilidad y crecimiento en el proceso actual. 
En nuestra opinión, el pacto ha contribuido a una buena reacción de las políticas presupuestarias en la reciente ralentización. 
Aquellos países que habían logrado ya el equilibrio del superávit han podido utilizar los estabilizadores automáticos, amortiguando los efectos del menor crecimiento. 
Y, a diferencia de otras situaciones, ningún país en déficit ha llevado a cabo políticas fiscales expansionistas de difícil justificación. 
Por otra parte, los Estados miembros han podido seguir adelante con sus políticas de reforma fiscal que, sin duda alguna, ayudarán a eliminar rigideces de la oferta. 
Yo diría que, en términos generales, la combinación de la política de los primeros años de la Unión Económica y Monetaria ha sido apropiada para contribuir al crecimiento económico y a nuestra estabilidad macroeconómica. 
Más recientemente, una combinación de una política monetaria de apoyo al crecimiento y una política fiscal ligeramente más flexible han sostenido la recuperación cíclica. 
Sin embargo, la falta de consolidación fiscal en el año 2000, cuando el crecimiento económico era floreciente, ha estado en la base de algunos de los obstáculos que actualmente tenemos, especialmente en los países con déficits más altos. 
Por eso, consideramos que nuestro objetivo fundamental inmediato es seguir adelante con la consolidación fiscal y con las reformas estructurales que nos permitan mejorar nuestra capacidad de crecimiento. 
En segundo lugar, respecto al euro y su impacto sobre los precios, utilizando datos trimestrales, Eurostat ha llegado a la conclusión de que en el primer trimestre del año 2002, en comparación con el último trimestre del año 2001, el impacto inflacionista del euro ha sido del 0,16 %. 
Sin embargo, hay que ser prudentes en la utilización de esta cifra. 
Primero, porque es difícil llegar a estos cálculos; segundo, porque, aun siendo esta cifra global correcta, en nuestra opinión existen incrementos inusualmente altos en algunos servicios y bienes que se consumen con regularidad, y con ello se da a los ciudadanos la impresión de que la subida ha sido mucho mayor; y tercero, porque no es menos cierto que el euro debe contribuir a medio plazo a mejorar el entorno competitivo y la eficiencia económica, disminuyendo los precios al consumo. 
Estos son mis comentarios esta tarde y, tras ellos, cedo la palabra al Presidente del Banco Central Europeo, Sr. Duisenberg, que, imagino, expondrá algún asunto adicional. 
. 
(EN) Señor Presidente, en primer lugar, deseo unirme a los respetos que ha presentado la Sra. Kauppi a la memoria de Pierre Werner, uno de los padres fundadores de la Unión Europea, a quien nunca olvidaremos. 
Cuando el 2 de enero entregué al Sr. Werner una estilográfica conmemorativa para homenajear, destacar y agradecer su contribución a la Unión Europea, ya no podía hablar, pero sus mejillas inundadas de lágrimas fueron más expresivas que cualquier palabra. 
Varios diputados han vuelto a insistir en el tema de más transparencia y, en particular, en la publicación del Acta o, como ha dicho el Sr. Huhne, de al menos el reparto de los votos en el Consejo de Gobierno. 
Ya he dado una respuesta formal en mi declaración de presentación, pero quisiera añadir, y me dirijo en particular al Sr. Huhne, que la toma de decisiones por consenso no significa necesariamente que exista unanimidad, en el sentido de que si se procediera a una votación, el resultado sería unánime. 
Decidir por consenso significa que las conclusiones a las que llega el Consejo de Gobierno en su conjunto sobre una decisión determinada, una dirección determinada o sobre la decisión de no modificar nada, están respaldadas por el Consejo de Gobierno en su totalidad, con más entusiasmo por parte de unos que de otros, pero para eso no hace falta una votación. 
No debemos olvidar nunca que a pesar de que los miembros del Consejo de Gobierno provienen de todos los Estados miembros, no representan a sus Estados miembros ni, en el caso de los gobernadores de los bancos centrales nacionales, a su banco central. 
Están allí en su capacidad personal y son completamente independientes. 
Esto mismo es válido también para el proceso de toma de decisiones, y queremos a toda costa preservar el fenómeno de que las decisiones del Consejo de Gobierno son decisiones de un organismo colegiado y que cada uno de sus miembros defenderá y describirá el resultado de determinados debates como si hubiera estado al 100% a favor de dichas decisiones. 
Las decisiones son apoyadas por el Consejo de Gobierno en su conjunto. 
No queremos debilitar esa actitud en el Consejo de Gobierno. 
Respecto al tema de los precios y los costes del paso al euro, al que han hecho referencia varios diputados, es cierto que la opinión pública atribuye muchas de las subidas de precios que hemos observado a la introducción de billetes y monedas en euros y a los consiguientes efectos del redondeo. 
Esto es cierto, en particular, en el caso de los productos de consumo diario. 
Por ejemplo, no pagamos el alquiler todos los días, o sea que ahí no hay ningún problema. 
No compramos un ordenador todos los días, o sea que tampoco ahí existe el menor problema, porque en esos sectores los precios han bajado. 
Sin embargo, sí lo notamos en cafeterías, cafés o restaurantes o cuando aparcamos el coche en el lugar habitual. 
En general, estadísticamente, Eurostat estima que del 0,8 % del índice de inflación alcanzado durante el primer trimestre de este año, entre el 0 y 0,16 % podría atribuirse al paso al euro. 
No obstante, existe una diferencia entre lo que la población, en general, percibe y los datos estadísticos, ahora que, como esperábamos, la inflación parece por fin haber entrado en la vía del descenso. 
Conocemos las últimas estimaciones preliminares de Eurostat de la inflación en junio, que al parecer es del 1,7 %, un 0.3 % más baja que en mayo. 
Aunque la cifra definitiva fuera algo más alta del 1,7 %, la tendencia actual es a la baja. 
También es cierto que el BCE espera que durante el resto del presente año y durante el año próximo la inflación se mantenga en torno al 2%, por lo que la actual situación nos exige que nos mantengamos sumamente atentos a los peligros de que esa cifra sobrepase el límite del 2% a medio plazo. 
Existen riesgos, tanto en un rebrote como en el descenso de la inflación. 
Los riesgos de rebrote los defino como aquéllos derivados de las tendencias monetarias y, quizá, de las actuales tendencias salariales, si los antiguos índices de inflación consiguen imponerse en los nuevos acuerdos salariales. 
Estos riesgos están siendo atenuados- y agradezco que así sea- por la reciente apreciación considerable del euro, por lo que estamos sopesando una y otra vez el equilibrio de estos riesgos. 
En la última reunión del Consejo de Gobierno celebrada a comienzos de junio, que estuvo dedicada a nuestra posición respecto a la política monetaria, llegamos a la conclusión de que existen riesgos, parece que están apareciendo los efectos atenuantes y debemos esperar para ver como evoluciona la situación. 
Respecto a las preguntas del Sr. Berthu sobre las decisiones de inversión en lo que se refiere a Europa, que ahora parecen ser algo más atractivas que en el pasado gracias al tipo de interés, quisiera decir que el período de enormes salidas de capital de Europa, en particular, hacia los Estados Unidos, parece haber llegado a su fin, tanto en términos de inversión directa como en cartera. 
Existen indicios de que en algunos casos los flujos se han invertido y de que las salidas, cuando menos, han caído en picado. 
No obstante, a la hora de determinar si Europa es un lugar atractivo para posibles inversores, incluidos los extranjeros, ya sea en inversión directa o en cartera, el tipo de cambio sólo es una de las consideraciones a tener en cuenta, y además su importancia es menor. 
Debemos crear en Europa el clima idóneo, mediante nuestras políticas, nuestras tendencias salariales y nuestro medio ambiente, para convertir a Europa en un lugar más atractivo para invertir que el que supuestamente ha sido estos últimos años. 
También por esta razón es muy importante que las intenciones de nuestros Jefes de Estado y de Gobierno insistan con firmeza en las reformas estructurales para que pasemos de las palabras a los hecho cuanto antes mejor. 
Para terminar con la pregunta del Sr. Goebbels sobre la regulación de los mercados financieros, el BCE apoya plenamente el plan de acción sobre servicios financieros y no escatimará esfuerzos para fomentar la aplicación del plan y promover una mayor armonización de las regulaciones relativas a los instrumentos de los mercados de capital con vistas a obtener en Europa un mercado de capital más transparente y comparable. 
Respecto a la supervisión, el BCE no escatimará esfuerzos para cumplir el mandato que le dicta el Tratado de fomentar la buena marcha de las prácticas supervisoras. 
No obstante, debo recordarles que éste es el único mandato que el Tratado impone al BCE, y no la práctica supervisora propiamente dicha, ni la formulación de las normas en vigor. 
Podemos promoverla, podemos allanar el camino, podemos actuar de catalizador de la buena cooperación, pero, en principio, la supervisión se incluye en el principio de subsidiaridad. 
Haremos todo lo posible, y ya hacemos todo lo posible, por alcanzar exactamente eso. 
Espero haber respondido a las principales preguntas. 
Señor Presidente, muchas gracias por darme la palabra. 
Sr. Duisemberg, tenía una pregunta suplementaria que hacerle. 
Dice, con razón, que el Tratado le concede únicamente competencias limitadas en materia de vigilancia prudencial. 
Sin embargo, el artículo 110 le concede la posibilidad de formular recomendaciones y de emitir dictámenes. 
¿Ha sacado partido de este poder previsto en el Tratado? 
. 
(EN) Señor Presidente, la utilización de ese artículo para adoptar medidas especiales en el ámbito de la supervisión bancaria o de la regulación financiera en general, en cuyo ámbito se incluyen otras empresas financieras, sería, en mi opinión, una trasgresión de nuestra autoridad, teniendo en cuenta que el Tratado es muy restrictivo respecto al otorgamiento al Banco Central Europeo de responsabilidades precisas en la supervisión bancaria. 
Muchas gracias una vez más. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
A5-0229/2002 del Sr. Trakatellis, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001 182- C5-0380/2001- 2001/0180 (COD) ) relativo a la trazabilidad y etiquetado de los organismos genéticamente modificados y la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE; 
A5-0225/2002 de la Sra. Scheele, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 425- C5-0368/2001- 2001/0173 (COD) ) relativo a alimentos y piensos genéticamente modificados. 
Señor Presidente, hoy estamos debatiendo la propuesta legislativa de Reglamento del Parlamento Europeo relativa a, primero la trazabilidad y etiquetado de los organismos genéticamente modificados, segundo la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos, y tercero la modificación de la Directiva 2001/18/CE sobre la liberalización intencional en el medio ambiente de organismos genéticamente modificados. 
El propósito principal es garantizar la armonización de las normas en la Unión Europea con objeto de que el mercado interior funcione con mayor eficacia, así como informar mejor al consumidor. 
Sin embargo, desgraciadamente, tanto la propuesta de la Comisión como las enmiendas adoptadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor no proporcionan garantía alguna sobre el logro de dichos objetivos. 
Por el contrario abren el camino a adulteraciones y fraude, a una desorientación del consumidor, a una distorsión de los precios y de la competencia y a un trato discriminatorio para los productores y empresarios de la UE. 
La presente propuesta se relaciona con el Protocolo de bioseguridad de Cartagena de Indias, sin embargo, dicho protocolo no incluye ninguna disposición sobre la trazabilidad de los productos producidos a partir de organismos genéticamente modificados. 
Más que una garantía de seguridad jurídica se aprecia aquí una deficiencia, por no decir un obstáculo, en el proceso de establecimiento de normas dentro de la Comunidad, no sólo con respecto a los productos comunitarios, sino sobre todo con respecto a los importados. 
Y esto es así porque no hay obligación jurídica de facilitar todos los datos en todas las fases del proceso de producción. 
Así se abre camino a todo tipo de adulteración y fraude por parte de los productores y proveedores de terceros países. 
La consecuencia será la adulteración de la competencia porque en tanto que los productores de la Unión Europea estarán obligados a respetar el reglamento, los productores de países terceros podrán afirmar que sus productos son a partir de materias primas, sin que nadie pueda controlar y verificar si es así en realidad. 
Además, la aplicación unilateral por la UE de requisitos de trazabilidad y etiquetado y de medidas de control a productos importados puede dar pie, si se carece de pruebas científicas suficientes, a discrepancias comerciales con terceros países ante los órganos de la OMC. 
En paralelo, en lugar de fomentar la propuesta una tecnología del futuro como es la biotecnología, reconocida mundialmente y muy prometedora en cuanto a la sociedad humana del siglo XXI, dicha tecnología está recibiendo un golpe peligroso. 
Así pues me pregunto y no me puedo explicar quiénes son los que redactan propuestas de esta índole. 
Hasta hoy, todo lo relativo al campo de los alimentos se basaba en el análisis con métodos científicos, por ejemplo, los controles de la adulteración en los alimentos, la EEB, las dioxinas, etc. Por consiguiente, para que el reglamento sea totalmente efectivo debe combinarse con métodos científicos para hallar diferencias entre los productos producidos a partir de organismos genéticamente modificados y los productos tradicionales. 
Por otra parte, los métodos con que contamos hoy en día son excepcionalmente sensibles para la trazabilidad de las proteínas o del ADN genéticamente modificados. 
En virtud, pues, de estos métodos analíticos, como ponente, distingo las siguientes clases: Primera clase de productos: los que contienen proteína o ADN modificado, consiguientemente, en ellos podemos utilizar trazabilidad y etiquetado. 
La segunda clase la constituyen los productos derivados de organismos genéticamente modificados, pero que no contienen ni proteína ni ADN ni característica alguna diferente a los productos tradicionales. 
Sin embargo, cuando productos completamente iguales los tratamos de manera desigual en cuanto al etiquetado, entonces los hacemos desiguales y tienen una suerte distinta en la compra y, por supuesto, distorsionan los precios y, claro, confunden al comprador que probablemente pagará más. 
Por consiguiente, un trato de esta índole conduciría a la deformación en el mercado, causaría confusión en el consumidor; esencialmente abre el camino al fraude, puesto que el etiquetado no se puede controlar ni tampoco se puede controlar científicamente la verdad de cuanto consta en la etiqueta. 
Así pues creo que es evidente que la propuesta de la Comisión es tan contradictoria, y más aún tal como se ha redactado en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, que, si aceptamos sus principios, llegaremos a anular toda base científica y lógica y avanzaremos en el etiquetado de alimentos basándonos en convicciones políticas o concepciones ideológicas. 
Vamos a marcar la carne, la leche, la mantequilla, el queso de animales que comen, por ejemplo, productos genéticamente modificados durante 10 ó 20 días, esta es la ampliación lógica de la propuesta de la Comisión. 
Por tanto, señor Presidente, creo que la Comisión Europea nos ha aportado esta propuesta presionada para retirar la moratoria. 
La propuesta es del todo inaplicable. 
No hay seguridad jurídica porque no puede ser admitida por ningún órgano jurisdiccional, como los tribunales. 
Así pues, mi propuesta de conectar la trazabilidad y el etiquetado con el principio de determinar y hallar el ADN y las proteínas modificados es la única prácticamente aplicable en los productos derivados de los organismos genéticamente modificados, garantizando por el control científico, la aplicación de este reglamento. 
Señor Presidente, esta no era la posición de la Comisión de Medio Ambiente y, lamentablemente, el Sr. Trakatellis no se ha atenido a la costumbre de presentar el informe de la comisión sino que ha expuesto su propia opinión. 
Me parece muy enojoso y lamentable y le ruego como Presidente que en el futuro preste atención a que los ponentes expongan la posición de la comisión. 
Si no puede hacerlo, debería atenerse a la costumbre y devolver el informe en lugar de exponer su propia opinión como la posición de la comisión. 
La verdad, la suya no era exactamente una cuestión de orden. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en el proyecto de reglamento del que soy ponente se trata de la autorización y etiquetado de alimentos y piensos genéticamente modificados. Este reglamento se debe observar naturalmente en estrecha relación con el reglamento sobre la localización y seguimiento. 
Saludo al igual que otros muchos- y este es también el resultado de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor- el futuro ámbito de aplicación propuesto por la Comisión para el etiquetado de productos de valor equivalente, es decir, de productos que han sido elaborados con ingredientes genéticamente modificados y en los que ya no se puede demostrar en el producto final la modificación genética. 
Este es un gran avance en la legislación de la Comunidad que atiende una exigencia planteada durante muchos años por las consumidoras y consumidores. 
Esta modificación va a hacer también que una serie de alimentos que no están actualmente sujetos a la obligación de etiquetado tengan que hacerlo. 
Según la actual situación legal, un aceite puede estar elaborado al 100% en base a maíz modificado genéticamente y no tiene que etiquetarse como tal. 
El sistema de seguimiento hace posible este etiquetado. 
Aunque en los debates se hace como si esta fuese la primera legislación por la que se proporcionan al consumidor informaciones cuyo contenido de autenticidad no se puede demostrar mediante procedimientos analíticos, sin embargo en la Unión Europea ya hay normas legales, como la relativa a la obligación de indicar el origen de muchos alimentos, por ejemplo, frutas y verduras, que se basan en un sistema eficaz de seguimiento, es decir, en documentos. 
En el sentido de la máxima libertad de elección de los consumidores, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor exige también un etiquetado de productos animales y enzimas. 
Pero como seguimos los debates en el Consejo- aunque sea desde fuera -, no nos hacemos ilusiones: con un elevado grado de probabilidad, esto no va a formar parte de la presente legislación. 
Sin embargo, me parece realmente necesario no aflojar en este asunto y proseguir el debate político sobre estos temas. 
Pues una cosa está clara: la cuestión de si los enzimas y productos animales deben ser etiquetados no se va a terminar con certeza con esta legislación. 
En el marco del etiquetado siempre se han producido discusiones sobre si hay que indicar en el mismo "sin tecnología genética". 
En todos estos debates he dicho claramente que para mí sería aceptable como concepto adicional pero nunca como concepto alternativo. 
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor se acaba de producir una discusión en la que se ha dicho lo siguiente: devolvamos lo que nos presenta la Comisión pues solamente queremos un etiquetado en el que figure "sin tecnología genética". 
La propuesta de la Comisión prevé un valor umbral para impurezas no evitables técnicamente y casuales. 
Todos estamos de acuerdo en que necesitamos un valor umbral de este tipo. 
Hay que mostrar claramente que este valor umbral es aplicable exactamente igual a estas impurezas no evitables técnicamente. 
Con frecuencia se afirma- lo que he leído en muchos artículos- que la Unión Europea está acordando ahora que sólo hay que etiquetar a partir del 0,5 % o del 1%. 
Esto es, naturalmente, absurdo. 
Me parece que no es aceptable- en lo que coincide conmigo la mayoría de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor- que esos valores umbral se quieran aplicar a aquellos OGM que no están autorizados en la Comunidad. 
En lo referente al valor umbral espero que la mayoría del Pleno apoye las enmiendas nº 162 hasta 164 presentadas por mi Grupo, en las que se determina un valor umbral del 0,5 % y en las que también se exige que tiene que haber valores umbral más reducidos si el progreso de la ciencia y la tecnología así lo permiten. 
He presentado de nuevo otros dos puntos que han sido acordados por la comisión del siguiente modo: se trata de la centralización del procedimiento de autorización y también del papel de las autoridades nacionales, sobre todo en lo referente al examen de compatibilidad medioambiental. 
La propuesta de la Comisión prevé que la Autoridad Europea para la Seguridad en los Alimentos sea la encargada en el futuro de realizar los análisis sobre la compatibilidad medioambiental. 
Me parece que esto no es adecuado. No se debe socavar la directiva sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos genéticamente modificados o que estén compuestos de ellos que se aprobó aquí hace poco, en el 2001. 
La competencia debe seguir en manos de las autoridades competentes de los Estados miembros. Además, en varias de mis enmiendas planteo el fortalecimiento de los derechos de la opinión pública a información y espero que la gran mayoría del Pleno apoye estos derechos de la opinión pública, tal como ha hecho la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Señor Presidente, señora Comisaria, nos enfrentamos a una cuestión muy complicada. 
Aunque la opinión transmitida por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor parece haber sido adoptada con bastante unanimidad, algunas cuestiones particulares fueron aprobadas por un solo voto de diferencia. 
Podemos decir que la comisión parlamentaria se dividió en dos, y los miembros que quedaron en minoría pudieron percatarse, para su gran satisfacción, de que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor representaba su postura personal mejor que la opinión de su propia comisión. 
Cuando se manipulan los genes, el resultado son especies y subespecies que no se generan de por sí en la naturaleza. 
Nadie tiene conocimientos que predigan lo que puede ocurrir si se insertan en la naturaleza organismos genéticamente modificados. 
Éstos podrían cruzarse con especies naturales y engendrar algo que no estaba previsto cuando los genes fueron manipulados. 
Tenemos que actuar con grandísima cautela. 
Está justificado exigir que todos los organismos genéticamente modificados puedan ser detectados con la suficiente retroactividad en el tiempo. 
Ya en el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad se exigía que se precisaran los códigos de identificación de los OGM. 
La Comisión de Industria habla más por boca de los productores y no quiere que se proceda de esa forma. 
También está en el interés de los consumidores que éstos elegir sus alimentos, y tienen todo el derecho. 
Para ello, se propone la obligación de etiquetar todos los productos que contengan OGM. 
Así, los consumidores podrán rechazar los productos que no quieran utilizar. 
En la votación de la comisión parlamentaria, ganó ajustadamente la posición que se desmarca de la propuesta original de la Comisión. 
En opinión de la comisión parlamentaria, el etiquetado debería existir cuando el producto no contenga OGM, y no cuando el producto sí contiene organismos genéticamente modificados. 
La posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre este asunto es diferente de la adoptada por la Comisión de Industria, siendo la posición de aquélla la que tal vez proporcione más posibilidades de elección a los consumidores. 
. Señor Presidente, estamos examinando dos informes: uno que trata sobre trazabilidad y etiquetado de los alimentos y piensos con OGM y otro sobre su presencia en alimentos y piensos. 
Estas cuestiones deben resolverse para poner fin a la moratoria del Consejo sobre los organismos genéticamente modificados. 
Conciliar las distintas prioridades que han de tenerse en cuenta- primera, derecho del consumidor a estar informado; segunda, prioridad a la salud y al medio ambiente; y tercera, derecho al funcionamiento del mercado interior- no es tarea fácil pero es innegociable. 
Pero oír cosas como que los genes salen al medio ambiente? 
La verdad, Señorías, agradecería un poco más de rigor en las intervenciones. 
No conozco ningún gen que se haya liberado así y salga volando por el medio ambiente. 
Creo que tenemos que ser rigurosos, serios, ordenar las dos propuestas que nos hace la Comisión, que considero bastante razonables y tratar de adecuar nuestra propuesta a lo que el mercado y el consumidor necesitan. 
La prioridad primera deber ser tener informado al consumidor y que éste sea capaz de elegir. 
La prioridad segunda, que esto sea una garantía para la salud. 
Y la prioridad tercera, que siempre respetemos la libertad del mercado interior y que exijamos a los países terceros lo que estamos dispuestos a exigirnos a nosotros mismos. 
No podemos tener reglamentaciones distintas y nuestros consumidores no pueden estar totalmente inundados de organismos genéticamente modificados, sin etiquetar, que nos vienen de otros países porque no somos capaces de imponer nuestras reglamentaciones ante los organismos internacionales. 
Sé, señor Presidente, que me estoy excediendo en el tiempo, pero le pido un poquito de flexibilidad, puesto que algún miembro de mi Grupo no va a intervenir. 
Me gustaría decir también que el etiquetado no implica un incremento de la seguridad. 
Y no creo que sea competencia del Parlamento, que es un Parlamento político establecer una norma que indique si vamos a un 0,5 % o a un 0,3 %. 
Debe ser un comité de gestión el que fije ese parámetro, que deberá ser medible. 
Para terminar,? 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, señoras y señores, ¿para qué se necesitan plantas genéticamente modificadas? 
Mediante la modificación de algunos pocos elementos constitutivos del material genético se quiere que una planta esté mejor adaptada a los efectos medioambientales negativos, como por ejemplo, que sea resistente a los parásitos o esté mejor preparada para la competencia con las malas hierbas. 
De este modo, se puede reducir fuertemente el empleo de herbicidas e insecticidas, lo que repercute positivamente sobre el medio ambiente. 
En calidad y valor nutriente, estos alimentos genéticamente modificados no se diferencian en absoluto de los alimentos tradicionales. Esto está demostrado por numerosas pruebas. 
Las opiniones sobre las presentes propuestas de la Comisión relativas al seguimiento y etiquetado divergen ampliamente dentro del Parlamento. 
Lo sabemos. 
Estamos de acuerdo en un punto: las propuestas son poco afortunadas. 
Es incomprensible porqué la Comisión no quiere regular todo junto en un único reglamento. 
Una regulación global y unitaria de este tipo podría incluir asimismo el sector de las semillas que actualmente, lo que es para nosotros también incomprensible, es tratado en el procedimiento de la comitología, es decir, casi excluyendo al Parlamento Europeo. 
A pesar de estos defectos, no vamos a devolver las propuestas de la Comisión, pues cualquier retraso adicional sería veneno para la situación de los productos genéticamente modificados dentro de la UE. 
Proseguiría la moratoria que existe de facto desde hace algunos años. 
En las dos propuestas de la Comisión se trata de asegurar una información clara y veraz al consumidor sobre los organismos genéticamente modificados en los alimentos y piensos. 
Por supuesto, yo también estoy a favor de una amplia información de los consumidores sin ningún tipo de limitaciones. 
Está claro. 
Pero una información de este tipo sólo se puede lograr si sólo se etiquetan como OGM los productos que contienen realmente OGM. 
Es absolutamente necesaria la prueba científica en base a ADN o de proteínas genéticamente modificadas o quizás en el futuro en base a nuevas posibilidades de análisis. 
Un etiquetado de tal tipo relacionado con el producto es el único camino viable. 
La propuesta de la Comisión apunta aquí en la dirección equivocada. 
Un así llamado etiquetado de alimentos y piensos basado en el proceso con independencia de la demostrabilidad de las modificaciones genéticas en el producto final es sencillamente impracticable e invita al fraude. 
La consecuencia sería que Europa se vería envuelta en una oleada de supuestos escándalos que sacudiría sin necesidad la confianza de los consumidores en nuestros alimentos que sí son de alta calidad. 
Por el motivo indicado, se debe rechazar la ampliación de la obligación de etiquetado a los productos de origen animal, como carne, huevos o productos lácteos provenientes de animales que en alguna ocasión han estado en contacto con piensos genéticamente modificados. 
Una obligación de etiquetado de este tipo sería tan absurda como la de para alimentos que se han elaborado empleando sustancias auxiliares elaboradas o genéticamente modificadas, como por ejemplo, los enzimas, pues en ambos casos en el mismo alimento no existe ninguna modificación genética. 
No existe ninguna diferencia con los productos tradicionales. 
Exactamente lo mismo es aplicable a productos intensamente refinados, como aceites para la alimentación o el azúcar. 
Está comprobado que no existe ya ninguna modificación genética en el producto. 
¿Para qué etiquetar entonces? 
Un modo de proceder de este tipo con el etiquetado de cualquier producto que realmente sólo ha visto de pasada un OGM, contradiría la idea de la información o aclaración del consumidor. 
Prácticamente cada alimento debería ir acompañado de la anotación "elaborado bajo el empleo de OGM". 
Otra cuestión clave: el valor umbral para la presencia casual o inevitable técnicamente de OGM en los productos. 
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política de Consumidor se ha reducido, en contra del voto del Grupo del PPE, el valor umbral para la presencia casual o inevitable técnicamente de OGM del 1%, que era la propuesta de la Comisión, a un 0,5 %. 
Estamos de acuerdo en que este valor umbral es sólo un valor político y que no posee ningún fundamento científico. 
Pero como magnitud política, este valor debe orientarse a lo que es practicable o factible. 
El umbral de lo posible se alcanza en cualquier caso ya más que de sobra con un valor inferior del 1%. 
Un valor umbral del 0,5 % es sencillamente imposible de mantener actualmente. 
Se trataría de un valor o de un umbral obstáculo. 
Sin embargo, también hay que decir que en este punto la propuesta de la Comisión estaba formulada de un modo extremadamente desafortunado. 
Naturalmente que provoca desazón si se habla en la UE de OGM no autorizados. 
A esto se asocia algo así como estar a merced de alguien. 
En el fondo, en este umbral se trata de un valor de tolerancia necesario, en especial en la fase transitoria para los OGM que debido a la moratoria de facto aún no han obtenido una autorización, pero que ya han pasado en la UE el control de los comités científicos competentes, con el resultado de que no representan ningún peligro para la salud humana ni para el medio ambiente. 
Han pasado el examen pero se encuentran en la cola de espera. 
El concepto correcto debería ser el de preauthorized. 
Intentaré que este concepto se establezca en la legislación. 
Señor Presidente, las dos propuestas de reglamento e informes que hoy tramitamos son importantes suplementos de la Directiva relativa a la liberación deliberada de organismos genéticamente modificados (OGM) que aprobáramos el pasado año. 
Las normas sobre trazabilidad y etiquetado son naturalmente absolutamente necesarias, por un lado, para llevar a cabo un control de calidad eficaz, pero también para que se pueda proceder a la retirada del mercado de un producto si surgieran efectos negativos imprevistos para nuestra salud o para el medio ambiente y por último, también para ofrecer a los consumidores una elección de consumo real entre productos genéticamente modificados y productos no genéticamente modificados. 
Por ello respaldo completamente la línea adoptada por la Comisión de Medio Ambiente- ésta garantizará que contemos con un sistema de trazabilidad eficaz y que como consumidores dispongamos de libertad de elección. 
Seremos informados de si un producto está compuesto por o contiene organismos genéticamente modificados y también seremos informados de si un producto ha sido producido a partir de organismos genéticamente modificados. 
Esto se aplica naturalmente también a productos animales como la leche, los huevos y la carne derivados de animales que hayan sido alimentados con productos genéticamente modificados. 
Como consumidores naturalmente tenemos derecho a ser informados tanto sobre el contenido como sobre el método de producción de los alimentos que consumimos. 
Respaldo asimismo que el límite para la contaminación accidental por organismos genéticamente modificados quede fijado en el nivel más bajo posible y como máximo en un 0,5 %. 
Permítanme a continuación hacer un comentario sobre los grupos químicos multinacionales que están detrás de los productos genéticamente modificados, y dicho sea de paso, también sobre el gobierno inglés, que adopta la curiosa postura de que no haya etiquetado, con la excepción de que se permita a las empresas etiquetar sus artículos como libres de organismos genéticamente modificados. Sería una solución catastrófica. 
Y en segundo lugar, este régimen deja a los consumidores completamente en la estacada. Todos los productos que no estén etiquetados como libres de organismos genéticamente modificados, pueden ser o productos genéticamente modificados o productos no genéticamente modificados. 
En este caso los consumidores no reciben ninguna información al respecto y ésta es por supuesto también la intención detrás del deseo de la industria química. 
Por último, la trazabilidad de los OGM resultará absolutamente imposible si no se marca positivamente la presencia de OGM en todas las fases de producción y de distribución. 
Si éste fuera el caso, no habría ninguna posibilidad de encontrar nuevamente los OGM que pudieran mostrarse con efectos negativos para nuestra salud o para el medio ambiente. 
A la luz de la historia, es innegable que a uno debe extrañarle que sea precisamente el gobierno inglés el que abogue por un régimen que impide la trazabalidad en materia alimentaria. 
Simplemente no entiendo la estrategia de comercialización por parte de la industria de los productos genéticamente modificados. 
Se argumenta todo el tiempo en favor de dar la menor información posible a los consumidores. 
¿Piensan realmente que de este modo se puede generar confianza hacia los alimentos genéticamente modificados? 
Me resulta absolutamente incomprensible y por ello sólo puedo decir que comprendo en cambio a la gran mayoría de los consumidores europeos. 
Cuando uno se encuentra todo el tiempo con la postura de que los consumidores deben saber lo menos posible, esto significa que no tienen confianza en estos productos. 
Señor Presidente, los alimentos genéticamente modificados pueden ser analizados desde diversos ángulos. 
Para nuestro Grupo son importantes la variedad biológica, el medio ambiente, la salud y la seguridad alimentaria. 
También nos interesa el derecho fundamental de los consumidores a elegir lo que quieren comprar y lo que quieren comer. 
Además, este asunto puede analizarse desde una perspectiva de poder, ya que el poder sobre nuestros alimentos está, en gran medida, en manos de empresas multinacionales que a veces venden semillas genéticamente modificadas directamente dependientes de sus propios insecticidas. 
Todas estas razones pueden inducir a los consumidores a rechazar los productos genéticamente modificados. 
Los investigadores no se ponen de acuerdo sobre el uso de esta técnica en materia alimentaria. 
Es una técnica controvertida y nuestros conocimientos sobre ella aumentan rápidamente. 
Hay inseguridad respecto a la diversidad biológica y a los posibles efectos en las personas alérgicas. 
Por eso hay que aplicar el principio de cautela y fortalecer el derecho de los países miembros a suspender los cultivos comerciales de productos genéticamente modificados. 
Cuando la Comisión ha actuado para modernizar la política de la Unión Europea en esta materia, se han fijado condiciones respecto a la rastreabilidad, al etiquetado y a la responsabilidad de los productores. 
A nuestro juicio, y en consonancia con lo anterior, la exigencia mínima debería ser el rechazo a la siembra comercial de productos genéticamente modificados antes de que esas exigencias se incorporen a las leyes nacionales. 
En cuanto al etiquetado y a la rastreabilidad, hay que crear un sistema completo que posibilite la elección a los consumidores. 
Esto significa que los alimentos en cuya producción se hayan empleado componentes o alimentos genéticamente modificados, como la carne producida con piensos genéticamente modificados, deberán ser etiquetados como tales. 
Obviamente no se debe permitir tampoco el uso de restos de productos genéticamente modificados y no autorizados. 
Respecto al uso accidental de restos de estos piensos, la cantidad autorizada debe ser tan baja como sea posible. 
Creemos que la propuesta de un 0.5 por ciento es demasiado alta, pero puede ser un buen punto de partida para rebajarla en el futuro. 
Es sorprendente que los que normalmente defienden la libertad de elección de los consumidores ahora no quieran reconocer el ejercicio de este derecho mediante el etiquetado especial de los alimentos genéticamente modificados. 
¿Será porque saben que la mayoría de los consumidores usarían su derecho a elegir para rechazar estos productos? 
Un sistema de etiquetado de los productos no genéticamente modificados sería una solución peor que la propuesta. 
Un sistema de estas características supondría que los alimentos genéticamente modificados son la regla general y los que no lo son, la excepción. 
Queremos que sea al revés. 
Es sabido que la industria y algunos gobiernos presionan enérgicamente para que se vote en contra de los criterios aprobados en la Comisión de Medio Ambiente. 
Pido a los diputados que asuman su responsabilidad por el medio ambiente y por los consumidores respaldando la línea de la Comisión de Medio Ambiente y que no cedan a las presiones de la industria ni del número 10 de Downing Street. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, con la votación de mañana el Parlamento Europeo pasará la prueba de fuego de si logramos más transparencia para el consumidor o si nos doblamos a los intereses de la industria y le seguimos encajando calladamente alimentos manipulados genéticamente. 
La no aceptación de un amplio etiquetado y, con ello, del seguimiento de los productos hasta su origen, sería una declaración política del Parlamento y caer de rodillas ante los intereses de la tecnología genética. 
Con un fracaso del seguimiento y de la transparencia, se pisotearía el derecho de los consumidores. 
Por ello, apelo en especial al Grupo del PPE para que ceda en su actitud de bloqueo y se coloque por fin al lado del consumidor y no siga intentando someterle a tutela. 
Es totalmente inaceptable que se etiquete cuando se trata de aceite prensado en frío o de tomates, ya que existe la prueba, pero que el mismo aceite, tan pronto como ha sido calentado o el mismo tomate, tan pronto como se ha convertido en ketchup, no tengan que ser etiquetados. 
Necesitamos un etiquetado amplio pues los consumidores tienen el derecho a saber qué es lo que comen. 
El mercado debe decidir, es decir, las consumidoras y consumidores. 
Tenemos que aceptarles realmente como consumidores mayores de edad y no someterles a tutela. 
A más tardar, desde el escándalo de la EEB sabemos que los consumidores quieren saber cómo y con qué se alimenta a los animales. 
Naturalmente, estamos totalmente en contra de un valor umbral para alimentos genéticos no autorizados, pues de lo contrario, el objetivo de la Comisión de lograr más seguridad en los alimentos se conduciría ad absurdum. 
Sólo puede salir a circulación lo que se ha autorizado expresamente. 
Todo lo demás, sería totalmente inaceptable y trastocaría el derecho alimentario. 
El valor del 1% para productos autorizados nos parece demasiado elevado y arbitrario. 
Esto significaría que en un cargamento medio de un barco cargado de soja natural se podrían mezclar más de 3000 toneladas de soja manipulada genéticamente. 
La Comisión tiene que presentar por fin también más medidas de seguridad para impedir que se produzcan contaminaciones, pues necesitamos realmente más etiquetado y seguridad para el consumidor. 
Señor Presidente, en principio, no estamos en contra de los OGM y de su empleo; antes bien, somos partidarios de su uso reglamentado, tal como por otra parte exige la situación mundial: 50 millones de hectáreas de cultivo con OGM en el mundo contra las 12.000 en Europa. 
Esto nos obligaría a abordar la situación de la investigación a escala europea, así como el papel de Europa en la OCM y el empleo, con frecuencia discrecional e incontrolado de productos que contienen OGM en los países en desarrollo. 
Asimismo debería poner en tela de juicio el valor de la defensa de la biodiversidad, así como el significado de garantía, de seguridad de los consumidores que la ciencia no ha sido todavía capaz de garantizar con certeza. 
Sin embargo, ésta nos es la ocasión para hacerlo. 
De todos modos, en las propuestas en cuestión y en los consiguientes trabajos de los ponentes lo que nos produce perplejidad son algunas de las modalidades de traducción de los principios del Protocolo de Cartagena. 
En efecto, parece que la precaución y la transparencia, elementos fundamentales de dicho Protocolo, se deben interpretar de manera a veces incluso distorsionadora, sobre todo si se lee el segundo Reglamento, el que se refiere a la trazabilidad y al etiquetado. 
No hay rastro de un método común que pruebe que los operadores adoptan todas las medidas aptas para evitar contaminaciones, ni se prevé una autoridad que acredite la utilización de dichas medidas ni tampoco existe armonía entre los límites de contaminación autorizados. 
Lo mismo vale para las muestras que hay que entregar junto con la solicitud de autorización, pues la toma de muestras se deja a discreción de los solicitantes de la misma autorización. 
Por otra parte, no parece adecuado confiar a los operadores económicos la demostración de la calidad de los análisis científicos, por otra parte, formulada subjetivamente, puesto que ni siquiera el Protocolo de Cartagena aborda de manera significativa el aspecto de la responsabilidad, ya que aplaza su examen, de los conceptos incluso, hasta cuatro años después de la entrada en vigor del mismo protocolo. 
Además, si el objetivo es la trazabilidad, de acuerdo con el principio de precaución, no se comprende por qué una autorización concedida tiene que valer diez años según un reglamento, mientras que, en virtud del otro reglamento, la documentación que le sirve de soporte, tiene que mantenerse, por el contrario, durante sólo cinco años. 
Con respecto a los informes de los señores ponentes y sobre todo al de la Sra. Scheele, que incluso ha mejorado la propuesta de la Comisión, abrigamos la esperanza de que estas perplejidades se enmienden, al objeto de conseguir una coherencia siquiera funcional. 
En el debate acerca de los organismos genéticamente modificados, no podemos limitarnos a los debates técnicos, sino que debemos prestar atención específica a los aspectos éticos. 
La creación divina debe ser utilizada por nosotros para proveernos de alimentos. 
Esto no significa que debamos modificar las características de la naturaleza viva. 
Las empresas con intereses afirman no obstante que la biotecnología es necesaria para solucionar la escasez de alimentos. 
Por otra parte, la falta de recursos económicos es a menudo la causa de que las personas no dispongan de alimentos. 
Si nos fijamos en las hambrunas de los países del sur de África, observamos claramente que estos problemas no se iban a solucionar con la biotecnología. 
El pasado año hemos aprobado una directiva con la que se posibilitaba la comercialización de alimentos transgénicos cumpliendo determinadas condiciones. 
Las condiciones son la protección del medio ambiente y de la salud, la libertad de elección del consumidor y el principio de que 'el que contamina, paga'. 
Si la industria no puede cumplir estas condiciones, deberemos renunciar a la comercialización de alimentos transgénicos. 
Mi preocupación se centra en que, a pesar de las estrictas normas de etiquetado, no está garantizada una auténtica libertad de elección. 
Siempre se producirá una contaminación no deseada. 
Por otra parte, opino que los productos libres de OGM no deben ser más caros que los productos transgénicos. 
Señor Presidente, al pronunciarnos sobre los informes Scheele y Trakatellis relativos a los productos genéticamente modificados, debemos contribuir a la definición de una estrategia creíble de seguridad de los alimentos genéticamente modificados con el fin de restaurar la autoridad del discurso político en esta cuestión. 
Con respecto al campo de aplicación de la legislación propuesta, consideramos que el etiquetado debe aplicarse a los OGM y a sus derivados en la alimentación humana y animal, y que debe basarse en la rastreabilidad completa de los OGM, sin limitación a los criterios de detectabilidad de ADN genéticamente modificado, con el fin de respetar el puro principio de precaución. 
Rechazamos, por el contrario, las enmiendas que contemplan la promoción de un etiquetado del tipo "no-OGM" y/o "sin-OGM" ya que esta medida impondría excesos de costes de producción en el sector "sin OGM". 
Por lo que se refiere a los OGM no autorizados en la Unión Europea, proponemos la tolerancia "cero". 
Sería contradictorio reforzar el procedimiento de autorización de los OGM por un lado y aceptar por otro que OGM no autorizados estén presentes en los productos alimenticios. 
En cuanto al umbral de exención del etiquetado en caso de diseminación fortuita de OGM autorizados en Europa, damos nuestro apoyo al umbral del 0,5 %. 
No perdemos sin embargo de vista que al ser problemática la identificación de los productos OGM, la misma existencia de un umbral así plantea un problema. 
Este tipo de ambigüedad propia del debate sobre los OGM debe resolverse de forma urgente en nuestras sociedades que tienen cada vez más la tendencia a adoptar decisiones frente a los miedos y amenazas, hasta el punto de que éstas se han convertido actualmente en más estructurantes que la propia noción de riesgo. 
Señor Presidente, el debate sobre los OGM ha generado con frecuencia mucha más confusión que claridad. 
Eso se puede comprobar esta noche también en este hemiciclo. 
Hemos de abstenernos de cualquier iniciativa espectacular y mediática y priorizar, al contrario, un planteamiento pragmático y científico del tema para alejar cualquier presión o consideración de orden emocional. 
El excesivo número de críticas no fundadas a los OGM no reflejan este planteamiento científico. 
No perdamos de vista que la ingeniería genética ha permitido realizar avances importantes y progresos en el ámbito farmacéutico, por ejemplo. 
No debería admitirse que un freno así viniera a obstaculizar la investigación. 
En contrapartida, hemos de velar para que la alimentación humana y animal no presenten ningún riesgo para la salud humana, animal o para el medio ambiente y para que la utilización de organismos genéticamente modificados no presente esos riesgos. 
Debemos proteger al consumidor contra cualquier posible peligro, hablar abiertamente de las ventajas e inconvenientes de los OGM describiendo a los consumidores los riesgos a los que nos expondríamos de pretender dar la espalda a esta tecnología. 
Sin embargo, la seguridad sigue siendo el ingrediente más importante de la alimentación. 
También, la experimentación de los OGM no debe hacerse de acuerdo con el principio de validación científica "etapa por etapa", en consonancia con criterios homogéneos y centralizados acompañados de toda transparencia deseable tanto sobre las condiciones de esta experimentación como sobre sus resultados. 
Efectivamente, disponer actualmente de 15 sistemas diferentes de autorización añade confusión allí donde debería haber más bien armonización. 
Debo recordar que nuestra credibilidad depende de los textos que votamos y de las medidas realistas que se derivan de ellos. 
Sabemos que es posible la contaminación de los alimentos o la presencia accidental de OGM. 
Todavía falta detectarla de forma evidente. 
La comunidad científica propone un umbral del 1% y pone claramente en duda la viabilidad de bajar este umbral al 0,5 % y, efectivamente, eso no parece realista sino insensato en el momento actual. 
Al tener que ser realista el umbral considerado para mencionar la presencia de OGM, esta cuestión nos lleva por tanto a la del etiquetado. 
Decir al consumidor que se pueden garantizar alimentos sin ningún OGM equivaldría a mentirle. 
La aplicación de esa política exige naturalmente un refuerzo de la validación científica, de los controles y de las sanciones aplicables. 
Deseo que la Unión Europea informe lo mejor posible al consumidor para darle una verdadera libertad de decisión y que le comunique informaciones creíbles sobre los OGM especialmente mediante un etiquetado claro y legible, sin equívocos pero sin excesos, es decir, basado en un sistema que exige una información completa y fiable sobre la presencia de los OGM y de sus derivados, basada en la detectabilidad y en el análisis de ADN y de proteínas modificadas. 
Pretender hoy ampliar esta exigencia al etiquetado de los productos obtenidos a partir de animales alimentados con OGM plantea un problema y puede confundir la información. 
Para ser eficaces, los dos informes que se nos han propuesto deben ser homogéneos. 
Ahora bien, me preocupa la falta de coherencia que podría surgir de la votación de estos dos textos. 
¿Cómo haríamos si cada uno de los informes se aleja de una línea directriz común? 
¿Cómo explicaremos esta discordancia a la opinión pública? 
¿Cómo aplicaremos estas medidas que, a fin de cuentas, no podrán aplicarse? 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión. 
Es un intento real y sincero de atender a las demandas de los ciudadanos en este ámbito. Los informes de los ponentes han sido un sincero intento de mejorar la propuesta. 
Significa que estamos un paso más cerca de una utilización adecuada y racional de tecnología de modificación genética en Europa. 
Espero que sea un paso más cerca del final de la moratoria de manera que podamos comenzar a aprobar nuevos productos genéticamente modificados que nos beneficiarán a todos y utilizan la nueva legislación, de la que fui autor el año pasado. 
Esta legislación ofrece una protección mucho mayor que la legislación que se viene aplicando en los ensayos de cultivos que actualmente tienen lugar en la Unión Europea. 
Debemos continuar haciendo preguntas. 
¿Es esto realmente lo que los ciudadanos desean? 
Cuando algunos ciudadanos se ponen en contacto conmigo a través del correo electrónico, una postal, el teléfono o personalmente, no dicen "por favor, dennos la oportunidad de consumir alimentos que contengan menos del 1% de OGM". Lo que dicen es: "por favor, dennos la oportunidad de elegir alimentos que no contengan ningún OGM, es decir, sin OGM, para que realmente podamos elegir entre OGM y sin OGM". 
No creo que esta propuesta haga eso. 
Permitirá el etiquetado de alimentos que contienen una cantidad sustancial de OGM, pero dejará en las estanterías del supermercado muchas sustancias y productos diferentes sin etiquetar, a pesar de que contienen OGM. 
Engañaremos a los ciudadanos; confundiremos a los ciudadanos; los ciudadanos volverán a desconfiar de los sistemas de etiquetados que proponemos en esta Asamblea por el bien general. 
Debemos replantearnos nuestra posición. 
Dudo que la presente propuesta, en su forma actual, a menos que sea modificada debidamente, aporte beneficios positivos a la sociedad. 
Debemos decir a los ciudadanos toda la verdad sobre lo que contienen sus alimentos. 
El noventa y nueve por ciento de la verdad no equivale a ser sinceros; no es suficiente; no es el 100% que necesitamos. 
Señor Presidente, las preocupaciones por los efectos de los OGM sobre la salud humana se ven eclipsadas, en la mente de muchos de nosotros, por las dudas sobre sus efectos en otras especies de la vida vegetal o animal y sobre el control del banco mundial de semillas en manos de un puñado de empresas. 
Pero el tema que hoy nos ocupa es la salud animal y humana, y el Grupo ELDR es unánime en su creencia de que los productos deben ser etiquetados claramente para que los consumidores puedan hacer su elección con conocimiento de causa. 
No obstante, estamos divididos sobre cuál es la manera más clara de lograr este objetivo. 
Una mayoría acepta las propuestas de la Comisión, pero quiere que los productos que contengan más del 0,5 % de OGM, o menos si fuera viable, sean etiquetados como tal. 
Deberían establecerse normas sobre la trazabilidad con vistas a que ésta sea posible incluso cuando no pueda identificarse la presencia de ADN resultante de una modificación genética. 
Pero corremos el riesgo de abrumar al consumidor si etiquetamos todos los alimentos elaborados a base de productos derivados de animales que han sido alimentados con piensos genéticamente modificados. 
Estoy en contra de que se tomen medidas encaminadas a que al final los productos sean etiquetados sólo en el sentido de si contienen o no contienen OGM, en caso de que eso sea posible, porque ello tendrá como consecuencia que alimentos normales sean clasificados como especiales y se exima a los productores de OGM de la carga de la prueba y de los costes. 
Es posible que debamos hacerlo en algún momento, pero aún no. 
Los cultivos genéticamente modificados tienen el potencial de aportar grandes beneficios, pero también representan una amenaza para el medio ambiente. 
Es necesario regular el comercio, pero no lamentaré si la preferencia de los consumidores frena el avance de los OGM y nos permite disponer de más tiempo para evaluar todas las consecuencias de su utilización. 
Señor Presidente, hoy no estamos debatiendo sobre si los productos derivados de organismos genéticamente modificados son buenos, malos o peligrosos para nuestra salud, a pesar de que hay serias sospechas sobre ello. 
Hoy estamos debatiendo sobre salvaguardar el derecho de los ciudadanos consumidores a conocer y a elegir entre los productos que se les ofrecen. 
Para que esto sea posible, los productos deben tener una identidad y llevar cierta etiqueta que la acredite. 
Hoy es técnicamente posible que esta identidad se corresponda con la historia real del producto. 
A partir de qué materiales y de qué manera se ha producido. 
Así pues, no estoy de acuerdo con enmienda alguna que aspire a limitar la trazabilidad de los organismos genéticamente modificados y que la limite sólo a la forma final del producto, mientras que podemos, de acuerdo con las propuestas de la Comisión, tener un sistema que nos dé más información en todas las fases de la producción y tener así una imagen más exacta, más compleja de la procedencia del producto final. 
La aplicación elemental del principio de cautela y la preocupación por la libertad de información y de elección del ciudadano abogan por apoyar las propuestas básicas de la Comisión y reforzar sus directrices, y no a que nos hallemos, como Parlamento, en posturas más conservadoras, que además se pueden juzgar como posturas enfocadas a encubrir información. 
En este apoyo incluyo también la necesidad de trazabilidad de los organismos genéticamente modificados- y por supuesto en los piensos- y quisiera añadir, señor Presidente, que el umbral del 1% para la contaminación fortuita me parece muy elevado. 
Me he enterado de que se puede rastrear el 0,1 % y no entiendo por qué no lo legislamos. 
Finalmente quisiera solicitar a la Comisión lo siguiente: Ha introducido un sistema de control centralizado, principalmente mediante el principio sobre la seguridad de los alimentos. 
Pero por muchas razones y por el posible juego que se puede jugar con licencias provisionales, se deberá garantizar a las autoridades nacionales, creo, un fuerte papel de control. 
Señor Presidente, la finalidad de estos informes es permitir que las personas elijan si comen o no alimentos genéticamente modificados. 
El único modo de conseguirlo es con un etiquetado eficaz y un plan de trazabilidad que diga a los consumidores exactamente aquello que quieren saber, que es si los alimentos o los piensos han sido producidos a partir de OGM. 
Esto significa que hay que etiquetar los alimentos y los piensos que contengan OGM o que hayan sido producidos a partir de un OGM, de manera que cuando alguien coge un paquete o una lata en una tienda, sepa si es un producto modificado genéticamente o no. 
Este resultado no se logrará con la etiqueta de "Sin MG". 
Aparte de la dificultad de garantizar que los productos están exentos al 100% de modificación genética, ¿por qué deberíamos permitir que toda la responsabilidad, los gastos y las molestias recaigan en aquellos que no utilizan OGM? 
Eso haría subir los precios de los productos "sin MG" y los dejaría fuera del alcance de muchos consumidores. 
Aquellos que utilizan OGM deberían estar obligados por ley a etiquetar y adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de la producción convencional u orgánica. 
Hablar de valores umbrales de la contaminación accidental o técnicamente inevitable y, luego, hacer responsables del cumplimiento de esos valores umbrales a los que no utilizan OGM contradice el principio de 'quien contamina paga'. 
Deberíamos rechazar cualquier valor umbral para los OGM no autorizados, y no debería permitirse que éstos lleguen a comercializarse. 
En el caso de los OGM autorizados, por otra parte, deberíamos aceptar únicamente el nivel de tolerancia más bajo que pueda alcanzarse. Esto significa que se tendrán en cuenta los últimos avances científicos y tecnológicos. 
Sé, por las reacciones de mis electores, que los consumidores sienten gran preocupación por este tema y están a favor de la trazabilidad y el etiquetado de los alimentos y piensos genéticamente modificados. 
También sé que muchas importantes organizaciones de voluntariado, organizaciones de consumidores y de supermercados apoyan firmemente este tipo de programa. 
Espero que mañana este Parlamento apruebe un plan riguroso que garantice a los consumidores una elección real y la confianza que nos están exigiendo. 
Señor Presidente, en el debate sobre el empleo de alimentos manipulados genéticamente nos encontramos actualmente aproximadamente en el mismo lugar que hace 25 años nos encontrábamos en el debate sobre la energía nuclear. 
Numerosos estudios certifican la total inocuidad. 
Hay que partir del hecho de que la mayoría de esos estudios son financiados por la industria, que es la que se beneficia financieramente de la manipulación genética. 
Investigadores reconocidos en Escocia llegaron, por el contrario, al resultado de que, por ejemplo, con ensayos animales se han constatado graves daños en la salud como consecuencia de patatas manipuladas genéticamente. 
En principio, es problemático dejar decidir a los mismos consumidores si quieren consumir o no alimentos manipulados genéticamente, ya que el estado de conocimientos sobre las posibles repercusiones es muy reducido incluso entre personas con un elevado grado de formación. 
Por ello, la obligación de etiquetado debe aplicarse de un modo extremadamente restrictivo. 
El valor límite debe mantenerse lo más bajo posible. 
Este no es el primer debate acerca de los alimentos y los OGM en el que participo de forma intensiva. 
Aún recuerdo el debate en torno al reglamento para productos no alimentarios de hace unos cinco años. 
La postura expresada por mi Grupo en aquella ocasión es la siguiente: Los OGM pueden formar parte de los alimentos si así lo desea el consumidor, aunque en ese caso deberemos optar por un sistema seguro y transparente en el que sólo se puedan utilizar OGM permitidos y, por consiguiente, seguros. 
Segundo: Debe existir libertad de elección para el consumidor. 
Esto significa que el consumidor debe estar óptimamente informado para poder realizar su propia elección. 
Presidente, estos dos puntos de partida fueron en su momento, en el caso del reglamento para productos no alimentarios, el motivo por el que nosotros nos opusimos radicalmente al etiquetado con la formulación 'puede contener'. 
Dicha etiqueta 'puede contener' no informa y no saca a nadie de dudas. 
Nosotros o, mejor dicho, yo introduje en dicho reglamento para productos no alimentarios la obligatoriedad de mostrar en el etiquetado el hecho de que se utilicen elementos con ADN modificado en el alimento por la vía de las enmiendas. 
Recuerdo las protestas de la industria alimentaria de aquel entonces y recuerdo también claramente el apoyo de numerosas organizaciones, incluyendo la organización de consumidores holandesa de ese momento. 
Presidente, el consumidor no goza de libertad de elección en la propuesta que debatimos hoy ni tampoco en la vida real, a pesar de que se sostenga lo contrario. 
¿Por qué? 
Muy sencillo: debido a que en el llamado trash hold se permite que un mínimo de un uno por ciento de ADN modificado puede estar presente en el alimento sin necesidad de constar en el etiquetado. 
Para mayor claridad: la Comisión Europea confirma ahora que esta falta de etiquetado se encuentra por debajo del uno por ciento. 
Esto significa que los alimentos que se encuentran en el mercado y no están etiquetados presentan casi un uno por ciento de ADN modificado. 
La propuesta de la Comisión Europea que tenemos ante nosotros resta transparencia a la libertad de elección del consumidor. 
Lo explico: El principio de la demostrabilidad analítica en el producto final no se regula. 
Siempre hemos sido partidarios de dicho principio, con el límite del uno por ciento, por debajo del cual no es obligatorio el etiquetado. 
La novedad consiste en que todas las añadiduras al producto final que sobre el papel procedan o sean procesadas con OGM sí que deben etiquetarse. 
En la práctica, esto puede suponer que si se añade a un frasco de zumo de frutas azúcar o vitamina C como complemento cuya documentación demuestre que puede proceder, en varias fases del procesamiento, de maíz transgénico, se deberá etiquetar este zumo como transgénico. 
Presidente, esto es ridículo. 
Se debe etiquetar una milésima documentada de ADN modificado mientras que el frasco sin dicha vitamina C no debe etiquetarse a pesar de que puede contener un uno por ciento de ADN modificado. 
Presidente, colegas, de este modo de etiquetarán decenas de miles de productos en los que no se puede demostrar la presencia de productos transgénicos. 
Cito el queso de las pizzas o la leche de una tableta de chocolate. 
Presidente, la introducción de este monstruo documental es engañosa para los consumidores desde mi punto de vista. 
Esa es quizás la causa por la que soy contrario a esta propuesta. 
Seguiré trabajando junto a mis colegas y con todo mi esfuerzo por una información franca, objetiva y demostrable de cara a los consumidores de modo que exista la posibilidad real de elegir. 
Señor Presidente, la orientación que prevaleció en la Comisión de Medio Ambiente, sobre todo gracias al excelente trabajo de nuestra ponente, refuerza en lo menester el sistema de trazabilidad y de etiquetado, especialmente riguroso, propuesto por la Comisión. 
El deber prioritario de la Unión es garantizar la mayor seguridad a lo largo de todos los eslabones de la cadena de producción y de distribución, así como proporcionar una correcta información sobre los alimentos presentes en el mercado. 
Después le corresponderá al consumidor elegir entre adquirir o no alimentos genéticamente modificados. 
Esta libertad de elección, sin embargo, supone un sistema riguroso y cierto de etiquetado que indique si los productos contienen organismos genéticamente modificados, si están constituidos por estos, pero también si están producidos a partir de estos o con su ayuda. 
En consecuencia, ha de rechazarse con firmeza el intento del Partido Popular de volver a proponer en el Pleno el planteamiento que se rechazó en la Comisión de Medio Ambiente. 
En efecto, el hecho de limitarse sólo al etiquetado de los alimentos o piensos, en los cuales se detecten analíticamente ADN o proteínas modificadas, invirtiendo el planteamiento de la Comisión, significaría allanar el camino a una especie de colonización del sistema agroalimentario europeo. 
De hecho, la cuestión no es sólo el riesgo potencial para la salud o el principio de transparencia respecto a los consumidores, sino también y quizás sobre todo la defensa de las producciones alimentarias tradicionales o biológicas. 
Puede parecer una exageración, pero la de mañana es una votación importante para los europeos: por un lado, se puede y se debe contribuir a vencer su sentido de inseguridad, y del otro, se puede y se debe reforzar la idea de la Europa de las diversidades que la puede ayudar mucho a avanzar por el camino de la unidad. 
Señor Presidente, es provechoso que tengamos dos directivas sobre etiquetado de organismos genéticamente modificados. 
Sin embargo, creo que han llegado demasiado tarde, con unos 10 ó 12 años de retraso, ya que actualmente estos organismos se emplean en la producción de muchos de nuestros alimentos. 
Cuando hace unos diez mil años los seres humanos empezaron a cultivar y a domesticar ciertos animales empezó también la transformación de la naturaleza. 
Hoy no sólo podemos elegir plantas e individuos, sino también las características de esos individuos. 
Son los mismos objetivos de nuestros antepasados, pero con nuevos métodos. 
Permítanme reconocer que creo en la ciencia, creo en esta tecnología y creo que debemos usar nuestros conocimientos, pero tenemos que ser conscientes de que los nuevos conocimientos siempre conllevan riesgos y exigen cautela. 
Hay dos aspectos que conviene tener en cuenta: por una parte, la salud de las personas y, por otra, las amenazas al medio ambiente. 
Muchas personas sienten temor. 
Hay que tomar en serio esos temores. 
Los consumidores exigen etiquetado y el consumidor siempre tiene la razón. 
Nosotros debemos asumir nuestras responsabilidades como políticos. 
Si se da a los aspectos medioambientales la seriedad que merecen- cosa que hago, en contraste con el señor Trakatellis- habría que etiquetar todos los alimentos, aun cuando no se descubran en ellos organismos genéticamente modificados o cuando estos organismos hayan sido usados como refuerzo en la producción. 
Por eso respaldo plenamente la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente. 
Además, doy mi apoyo a algunas de las enmiendas del Grupo PSE y de Los Verdes, que van un poco más lejos. 
Creo que es muy importante que los que tenemos confianza en esta tecnología también seamos sinceros. 
Señor Presidente, el seguimiento de los alimentos desde el campo hasta el mostrador de la tienda es una necesidad. 
Paralelamente a ello, tiene que existir para los productores un camino voluntario para un aseguramiento transparente de la calidad con el que se garantice un elevado grado de seguridad a los millones de consumidores. 
Por desgracia, el modo de proceder en los Estados miembros es aún muy diferente y oscuro. 
No va a funcionar sin un control estricto, debiéndose imposibilitar además cualquier manipulación en el etiquetado. 
Los consumidores exigen alimentos naturales y están en contra del empleo de cualquier tecnología en la elaboración de alimentos. 
El etiquetado y el seguimiento no garantizan automáticamente la seguridad. 
El mayor peligro radica en el procedimiento de autorización de organismos genéticamente modificados en las cadenas de alimentos de la Comunidad cuando aquellos se encuentran en contradicción con los estándares generales de las normas de la OMC. 
Los proyectos de la Comisión en lo referente a la reforma de la PAC se van concretizando diariamente. 
Las modificaciones proyectadas son una provocación a los derechos de codecisión de los Estados miembros y a sus asociaciones de intereses. 
Además, se transforma la agricultura en una especie de sociedad ocupacional al ir cobrando los sistemas de administración y de control más importancia que la buena práctica agrícola. 
La nueva edición sobre la degresión de los tamaños pertenece al capítulo de decisiones políticas erróneas, por lo que es inaceptable. 
El presente informe apunta hacia el futuro. 
Una reforma debería poder afirmar también esto de sí misma. 
Centraré mi intervención en dos aspectos importantes de las propuestas de la Comisión que, en su conjunto, van en la dirección adecuada. 
Sin embargo sigue habiendo una serie de lagunas que, creo, ha podido solucionar la Comisión de Medio Ambiente, y espero que el Plenario siga las propuestas de ésta. 
Los dos puntos en cuestión: primero, la introducción de un umbral de tolerancia del 1% para los OGM no autorizados, aunque su presencia sea accidental o técnicamente inevitable. 
Esto es totalmente incoherente: si se trata de un OGM no autorizado, no debe encontrarse en nuestra alimentación. 
Se trata de una propuesta que estimula el fraude y constituye una violación flagrante del espíritu y de la letra de la directiva 2001/18/CE, adoptada el año pasado. 
Por tanto, resulta inaceptable. 
Segundo punto importante: el problema de la coexistencia entre las culturas OGM y las culturas no OGM. 
Tratar este problema fijando umbrales de contaminación es un planteamiento insuficiente de todo punto de vista. 
Es importante plantear el problema de fondo, que es el de la responsabilidad jurídica de los operadores. 
Más claro, los agricultores que cultivan o que cultivarán OGM deben velar para adoptar todas las medidas necesarias con el fin de evitar la contaminación de los productos clásicos y de los productos biológicos. 
Es el principio de que quien contamina paga el que hay que aplicar y éste es el caso con un planteamiento así. 
Por consiguiente, espero que la votación de mañana vaya en este sentido. 
Señor Presidente, Señorías, creo que considerar que los dos informes sometidos hoy a nuestro examen plantean únicamente problemas de seguridad alimentaria sería especialmente restrictivo. 
Los verdaderos desafíos de las manipulaciones genéticas son de orden ético y medioambiental. 
Ético, ya que la manipulación de la información cromosómica pone de relieve otros límites que los de lo técnicamente posible; y medioambiental porque, al introducir genes extraños en las plantas cultivadas, se asume deliberadamente el riesgo de difundir en la flora silvestre genes indeseables. 
No desconozco las posibilidades nuevas que aporta la ingeniería genética en materia de mejora de las plantas cultivadas con respecto a los métodos clásicos de selección vegetal. 
La investigación debe continuar, evidentemente, pero a partir de ahí, debe plantearse la cuestión de saber hasta dónde tenemos derecho a jugar a aprendices de brujo en el corazón mismo de la materia viva. 
Es necesario constatar que hasta el momento los beneficios de los OGM son bastante más reales para las empresas de semillas americanas que para los agricultores o los consumidores. 
Una corriente muy fuerte de reticencias contra los OGM está manifestándose entre los consumidores, los agricultores y los ciudadanos. 
El legislador debe oírlo. 
Con respecto a la industria, deben fijarse los límites que ésta ha de respetar y velar para que esos límites se impongan con el mismo rigor a los productos importados de países terceros y a los productos de la Unión Europea. 
Con respecto a los consumidores, el legislador debe exigir un etiquetado correspondiente a dosis efectivamente cuantificables de la forma más precisa, de acuerdo con los conocimientos científicos. 
Señor Presidente, me alegra que el debate de hoy se haya enmarcado como un debate conjunto sobre el aspecto sanitario de los alimentos y piensos. 
Aunque la mera mención del término "OGM" basta para atraer la atención de los medios de comunicación, es importante que no perdamos de vista la verdadera dimensión de las cosas. 
Estamos tratando sobre este asunto como parte del interés general por el bienestar de los consumidores en un momento en que aún están recientes los sustos relacionados con los alimentos y la alimentación animal. 
Creo que es importante que nos alejemos de los aspectos emotivos del debate y nos centremos en nuestro papel de legisladores europeos, que es el de garantizar a los consumidores el establecimiento de un marco jurídico que garantice los productos de mejor calidad y más seguros. 
Asimismo, los consumidores deberían disponer de la información más clara y completa posible sobre cada producto alimenticio que consumen, de manera que puedan elegir con conocimiento de causa. 
Es importante que los legisladores escuchemos a todas las partes y busquemos el equilibrio, guiados por el principio inexpugnable de la seguridad alimentaria para nuestros ciudadanos. 
En este sentido, creo que la Comisión, en términos generales, ha presentado una propuesta muy equilibrada. 
Debe existir etiquetado y transparencia. Deben existir directrices sobre los ingredientes. 
No puedo apoyar una serie de enmiendas que intentan ir más allá de lo necesario. 
Muchas de las enmiendas aprobadas en comisión situarían al sector agrícola europeo en considerable desventaja respecto a nuestros socios comerciales, por no mencionar el riesgo de caer en falta con nuestros compromisos adquiridos en la OMC. 
Al final, deberíamos evitar complicaciones que no aportan ningún beneficio tangible a nuestros consumidores y sólo dan argumentos a los que sostienen que la UE crea un pesado exceso de regulación. 
Proporcionar plena información significa que los consumidores puedan elegir. 
Si los consumidores desean comprar alimentos derivados de animales que no han sido alimentados con piensos genéticamente modificados, pueden hacerlo por la vía orgánica. 
Afrontemos la realidad y basemos nuestras decisiones en consideraciones científicas. 
En el futuro es probable que la alimentación animal provenga cada vez más de cultivos genéticamente modificados. 
Creo que existen medidas de salvaguarda para garantizar que todos esos piensos son sometidos a pruebas y exámenes antes de entrar en la cadena alimentaria. 
Si un consumidor decide evitar dichos productos, tiene todo el derecho a hacerlo. 
Nuestra responsabilidad es proporcionarle la información necesaria para que pueda hacer esa elección. 
Sería equivocado ceder a los intentos de convertir en demonio todos los alimentos y piensos genéticamente modificados. 
Escuchemos los consejos científicos sólidos y confiemos en nuestro sistema de seguridad alimentaria, que creo que es el mejor que existe. 
Señor Presidente, la biotecnología es uno de los puntos centrales del Proceso de Lisboa para convertir Europa en la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo. 
Conforme a este ambicioso objetivo, la biotecnología es una prioridad de primer orden en el Sexto programa marco de investigación, que hemos aprobado recientemente. 
Los avances en la biotecnología aplicada a los cultivos promete grandes ventajas para nuestro medio ambiente y nuestros consumidores. 
Si, por un momento, conseguimos pensar en los intereses de los demás, las ventajas serán incalculables para los que pasan hambre o sufren ceguera y enfermedades en el tercer mundo. 
Por ello es vergonzoso que nos dobleguemos a la destructiva agenda de Amigos de la Tierra y Greenpeace, que se han propuesto engatusar a la opinión pública con historias de miedo sin fundamento. 
Es evidente que su objetivo es impedir cualquier avance en este ámbito científico tan prometedor, porque eso es lo que harían los actuales textos de los informes Trakatellis y Scheele. 
La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía comprendió que ésas serían las repercusiones para la industria, nuestros agricultores, nuestras relaciones comerciales internacionales, nuestra comunidad científica y, sí, también para nuestros consumidores. 
Votó a favor del sistema de etiquetado 'Sin MG' y 'Prácticamente sin MG', un sistema que sería viable fácilmente y mucho menos burocrático y más coherente con los deseos de los consumidores de obtener información sencilla y directa- mucho más directa que la actual propuesta de la Comisión, por no hablar de los absurdos textos que nos ocupan. 
Algunos Estados miembros también preferirían con diferencia esta solución. 
Le ruego al Comisario que, en el momento de la codecisión, tenga presente que esta opción cuenta con el apoyo del Parlamento. 
Si el Parlamento apoya realmente su plan de acción sobre biotecnología, debería estudiar con más detenimiento esta opción. 
Es más, pido a la Comisión que declare esta tarde que esta opción sigue abierta. 
Señor Presidente, el Partido Comunista de Grecia está totalmente en contra de la directiva que liberaliza los organismos genéticamente modificados porque creemos que no garantizan la salud pública y el medio ambiente, sino los beneficios de unas pocas multinacionales que, aparte de todo lo demás, controlarán de forma asfixiante la producción de alimentos. 
En nombre de la evolución científica que explotan muchas multinacionales de alimentos, se intenta llevar a cabo la intervención humana en los códigos genéticos de los organismos vivos, en un momento en que nadie puede dar garantías sobre las consecuencias de los artículos modificados, que ni son previsibles, ni inmediatamente visibles, y sólo serán apreciadas después de los desastres que causen. 
Aunque consideramos más positivas las enmiendas del Parlamento Europeo, hay serias posibilidades de que tengan resultados más negativos, puesto que la responsabilidad de la idoneidad se traslada, por medio de las etiquetas, de las entidades estatales competentes a los consumidores, los cuales no siempre tienen la capacidad y los conocimientos apropiados para evaluarlas. 
Además, incluso en el caso de que estas propuestas tuvieran algún resultado, los márgenes temporales de beneficio serían limitados puesto que con el procedimiento de la contaminación y con la propuesta de la Comisión de considerar limpios los productos que contienen organismos genéticamente modificados en un porcentaje del 1%, en muy pocos años todos los productos estarán contaminados, y más especialmente los productos vegetales, mediante la polinización. 
Mucho nos tememos que este intento se centra en calmar a la opinión pública, en adornar los peligros, en crear un clima de aceptación de los organismos modificados, en favorecer a las empresas multinacionales del sector de la alimentación y en multiplicar sus beneficios, dejando márgenes peligrosos para minar la salud de los consumidores y el equilibrio del ecosistema. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el desafío principal de esta directiva- y es la voluntad de la Comisión- consiste en un etiquetado claro, tanto para los productos alimentarios como para los alimentos para animales o las enzimas. 
Efectivamente, conviene recordar aquí que cuando comemos los animales volvemos a comer los alimentos que ellos mismos han consumido. 
Por consiguiente, los consumidores desean saber, pero también gran número de agricultores desea saber, lo que comen los animales. 
Como inicialmente fui nombrada ponente de opinión sobre la cuestión como miembro de la Comisión de Agricultura, me sentí obligada a no presentar esta opinión en mi nombre, en la medida en que mis colegas- la Sra. Redondo, productivista probada y defensora de los organismos genéticamente manipulados, lo ha ilustrado hace unos instantes- quisieron, al contrario, introducir confusión en el debate. 
En consecuencia, estoy contenta de poder seguir a la Sra. Scheele y a la Comisión de Medio Ambiente, que no solamente exigen un etiquetado claro sino que bajan el umbral de la rastreabilidad al 0,5 %. 
Los científicos nos dicen actualmente que pueden rastrear los alimentos que contengan OGM hasta el 0,1 %. 
Por consiguiente, si se quiere que los consumidores sepan claramente lo que desean saber es totalmente posible. 
La segunda cosa que no se puede olvidar en absoluto es que las exigencias deben ser las mismas para los productos importados de forma que el consumidor se tranquilice tanto en lo que respecta a los productos que proceden del exterior como sobre los productos originarios de la Unión Europea. 
Será así, y solamente así, como llegaremos efectivamente a tranquilizar y a reconciliar a consumidores y productores. 
Señor Presidente, en primer lugar, debo preguntar por qué hay dos informes. 
¿Es sólo para contentar a dos DG que no consiguieron presentar una propuesta conjunta? 
Permítame decir que han aumentado la confusión- como si eso fuera necesario- sobre este asunto en particular, y me siento decepcionada porque ahora tenemos dos enfoques completamente diferentes del mismo tema, lo que no ha contribuido en absoluto a arrojar luz, pero sí agitación, sobre el asunto que nos ocupa. 
Para muchos, la expresión 'organismo modificado genéticamente' es un concepto sacado directamente de la ciencia ficción. 
En cambio, el hecho científico de la ingeniería genética es que esta tecnología ya ha mejorado la calidad de vida de muchos, y con un medio regulador equilibrado y práctico, tiene un futuro prometedor en los ámbitos farmacéutico, médico, de la alimentación y de los piensos, por nombrar sólo algunos. 
Debemos levantar la moratoria y adoptar un enfoque regulador racional de la tecnología de modificación genética que permita a los consumidores elegir con conocimiento de causa. 
Debo decir, sin embargo, que me siento muy decepcionada por la escasa defensa que el sector ha hecho de sus productos y procesos, e incluso de sus ensayos sobre el terreno, contra las historias de miedo sin fundamento. Es casi lamentable. 
No merecen que ninguno de nosotros defendamos aquí en pie sus productos o su futuro, porque se han echado a tierra y se han tapado la cabeza desde el primer día y han hecho muy difícil poder recuperar ahora un debate racional y de sentido común en este ámbito. 
Se lo merecen por no haber defendido sus productos. 
También me preocupa que, hasta cierto punto, el enfoque adolece de falta de rigor en este ámbito. 
Apoyo plenamente el enfoque de mi colega Sr. Trakatellis. 
Si lo que hacemos y la legislación que aprobamos no tienen un fundamento científico sólido y riguroso, pondremos en entredicho todos los procesos reguladores de la UE; y ése es el camino que estamos siguiendo con muchos de los temas a los que nos enfrentamos en estos informes de hoy. 
No sólo carecemos de rigor científico en nuestro enfoque, sino que además es posible que entremos en conflicto con la OMC. 
Necesitamos un enfoque cautelar pero no preventivo. 
La nueva Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria deberá asumir una función central muy importante en todo este ámbito, incluida la evaluación rigurosa de los riesgos de cualquier pienso modificado genéticamente antes de autorizar su consumo en la UE. 
No existe ningún método analítico para determinar si los productos animales provienen de animales alimentados con piensos genéticamente modificados, y la inexistencia de un etiquetado en este sentido abrirá la puerta a la interpretación errónea, al fraude, a la distorsión de la competencia, etcétera. 
El único medio de verificarlo será mediante controles en las explotaciones con otro ejército de inspectores. 
Por favor, no nos manden de nuevo por ese camino. 
Por último, un ruego para el sector del whisky: ¿cuál es la situación de transición? 
Los productores han dejado envejecer sus whiskies hasta alcanzar 12 y 20 años. 
Si vamos a insistir en el carácter retroactivo del etiquetado, cómo podrán competir? 
Los productores están muy preocupados. 
Señor Presidente, quería dar la bienvenida a la Asamblea a mis padres, pero como recibí instrucciones de que debía volver a las 9 de la noche, no sé si se encuentran ya en la tribuna. 
Si no sabían mucho sobre los OGM antes de las 15.45 horas, seguro que ahora saben mucho más del tema. 
Este año, el tema de los organismos genéticamente modificados es de la máxima actualidad y polémico. 
Ha sido un tema estrella en el Parlamento escocés. 
En la Asamblea galesa se habla de un Gales sin MG. 
En Escocia se están realizando actualmente ensayos de cultivos. Uno se está llevando a cabo actualmente en un pequeño pueblo, en Munlochy, en la Black Isle, donde la comunidad local ha mantenido incluso la vigilancia del sitio donde se realiza un extenso ensayo. 
No es posible evitar este asunto. 
Los miedos despertados por los alimentos en la pasada década han tenido como consecuencia que los consumidores quieran estar seguros de que lo que comen no encierra ningún peligro. 
Actualmente, los temores por los alimentos genéticamente modificados se han disparado. 
A pesar de que las pruebas apuntan a que los alimentos genéticamente modificados no encierran peligro, las personas tienen dudas sobre las repercusiones medioambientales y ante lo desconocido. 
¿Cómo podemos tranquilizar a las personas sobre esta cuestión? 
¿Cómo podemos evitar que se produzcan olas- como decía la Sra. Scheele- sobre cuestiones como éstas? 
Un modo de evitarlo es a través de las etiquetas y la trazabilidad. 
Sólo podremos ganarnos la confianza de los consumidores si ofrecemos un sistema de información absolutamente comprobable, transparente y fiable. 
La trazabilidad pone la carga de la prueba sobre el productor. 
Si el valor umbral es del 1% o el 0,5 %, si es viable, eso supone un paso adelante. 
Sobre el tema del etiquetado, las personas quieren la máxima información posible. 
Este sistema debe asentarse en información de calidad. 
Se ha hablado de la etiqueta "Sin MG". 
Las posibilidades que ofrece son numerosas, pero también puede confundir a los consumidores debido a la contaminación accidental. 
Las normas sobre el etiquetado "Sin MG" existe en Alemania, Austria y los Países Bajos, pero los productores de alimentos no pueden garantizar que los productos estén completamente libres de modificación genética. 
Estos productos no deberían convertirse en un oneroso sector del mercado. El comentario de la Sra. Scheele sobre el tema es gratificante. 
Este debate continuará. 
No podemos permitir que se nos escape esta oportunidad de implantar una trazabilidad y un etiquetado adecuados y prácticos de los productos genéticamente modificados. 
Como dice un artículo en la edición de hoy del Guardian, nos encontramos en una encrucijada. 
La votación de mañana determinará el futuro de los alimentos genéticamente modificados en Europa. 
Señoras y señores colegas, tengo el gusto de dar la bienvenida, en nombre del Parlamento Europeo, a los miembros de la delegación del parlamento de Taiwán, dirigida por el Sr. Youank, delegación que acaba de llegar a la tribuna de invitados, y de desearles todo tipo de éxitos en su labor y todo lo mejor durante su estancia en el Parlamento Europeo. 
En este punto interrumpimos el debate de los informes del Sr. Trakatellis y de la Sra. Scheele hasta las 21.00 horas; procedemos a la Comunicación de la Comisión sobre la responsabilidad social de las empresas. 
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(EN) Señor Presidente, me complace anunciar que, hoy, la Comisión ha adoptado nuestra nueva estrategia relativa a la responsabilidad social de las empresas (RSE). 
Este documento es la continuación del Libro Verde "Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas", que fue presentado el pasado verano y, tras seis meses de consultas, hemos obtenido un gran número de respuestas muy constructivas y positivas procedentes de todos los rincones de la Unión. 
Quisiera felicitar y agradecer al Parlamento, en particular, al ponente Sr. Howitt, por su contribución a la consulta sobre el Libro Verde. 
En resumen, el objetivo fundamental de esta estrategia es fortalecer el papel que las empresas desempeñan en la búsqueda del desarrollo sostenible en Europa y más allá. 
La sostenibilidad no es sólo una cuestión de gobernanza o de individuos, es una cuestión de las empresas. 
La RSE consiste en que la empresas integren consideraciones sociales y medioambientales en su gestión y en su interacción con sus accionistas con carácter voluntario. 
Numerosas empresas ya han reconocido la importancia de un gestión responsable y, como resultado, han surgido numerosos planes sobre la RSE. 
No obstante, la Unión Europea puede añadir valor ayudando a los accionistas a dotar la RSE de más transparencia, a hacerla más abierta y, en última instancia, más creíble. 
La responsabilidad social de las empresas y la gobernanza empresarial son dos caras de la misma moneda. 
"Greenwashing" (falsear) la gestión social y medioambiental de la empresa es tan grave como "whitewashing" (maquillar) los resultados. 
Éste es el motivo por el que cada vez son más las empresas que comprenden que la RSE ha dejado de ser apenas una función del departamento de comercialización. 
La nueva estrategia de RSE que hemos adoptado hoy- presentada por el Sr. Liikanen, el Comisario responsable de Empresa, y por mí- intenta complementar las iniciativas existentes de las propias empresas y de organizaciones internacionales, como la OCDE y las Naciones Unidas. 
Esta estrategia apoya los esfuerzos de las empresas y de otros interlocutores por crear un mejor equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y medioambientales en una economía globalizada. 
Intenta mejorar los conocimientos sobre la RSE a través del intercambio de la buena práctica, el estudio de los argumentos comerciales en favor de la RSE y el desarrollo de aptitudes de gestión responsables. 
¿Qué es, pues, en términos concretos, lo que hemos presentado hoy? 
Primero, hemos propuesto la creación de un "Foro europeo multipartito". 
¿A quién va dirigido, cuál es su finalidad y que hará? 
Este foro aunará a las principales organizaciones europeas de representantes de los trabajadores, de la patronal, de los consumidores y de la sociedad civil, así como de redes de empresas de toda Europa. 
El foro intercambiará la buena práctica y buscará el consenso sobre los principios de orientación de las herramientas de la RSE, como códigos de conducta, informes, planes de etiquetado y mecanismos de evaluación. 
Es la respuesta a una de las peticiones que hace el informe Howitt a la Comisión en relación con el Libro Verde. 
En nuestra opinión, el foro podría desempeñar un papel de primer orden en el intento de adoptar un enfoque común de la Unión Europea basado en los principios básicos acordados por las empresas y los interlocutores. 
La estrategia de la Comisión para fomentar la RSE tiene en cuenta el carácter voluntario de los esfuerzos que realizan las empresas. 
El papel del foro será el de promover el consenso entre empresas e interlocutores. 
Esto ayudará a las empresas a obtener mayores frutos de sus esfuerzos en materia de RSE. 
En segundo lugar, la estrategia apoyará el fomento de la RSE en las pequeñas y medianas empresas, en particular, a través de iniciativas de sensibilización y de desarrollo de las capacidades, porque la RSE no es en absoluto del dominio exclusivo de grandes empresas multinacionales. 
Por último, la Comisión trabajará por la integración de los principios de RSE en toda la gama de políticas de la Unión Europea: empleo y asuntos sociales, empresa, desarrollo, comercio y contratos públicos. 
En términos de seguimiento, el foro deberá presentar, antes del verano de 2004, un informe sobre su trabajo a la Comisión, para que ésta evalúe sus resultados, decida sobre su futuro y estudie si es necesaria cualquier otra iniciativa que incluya, en particular, la participación de empresas y otros interlocutores para seguir fomentando la responsabilidad en las empresas. 
Señora Comisaria, acojo con gran satisfacción sus comentarios. 
Son muy acertados, como suele ocurrir. 
Me gusta, en particular, que haga hincapié, una vez más, en la importancia del carácter voluntario de las iniciativas, que muchos de nosotros consideramos que tiene una importancia fundamental para el éxito de la RSE, y el modo en que ha resaltado que la aplicación de la RSE se está multiplicando. 
Estoy seguro de que usted acoge favorablemente, al igual que espero que hagamos todos nosotros en esta Asamblea, la noticia aparecida en la edición de ayer del Financial Times de que varios dirigentes empresariales lanzarán una academia sobre RSE en las Escuelas de Negocio INSEAD de Fontainbleau este próximo viernes. 
Ello demuestra que las empresas ya han captado el mensaje, que a partir de ahora se irá propagando a más y más niveles empresariales. 
Debemos apoyarle y apoyar el trabajo que está realizando, y asegurarnos de que reconocemos que el "carácter voluntario" queda patente en todo lo que hagamos en lo sucesivo. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Comisaria por sus amables palabras y darle mi sincera enhorabuena, a ella y al Comisario Liikanen, por este Libro Blanco. 
Me alegra mucho poder reiterar el respaldo del Parlamento al fomento de un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. 
Agradezco a la Sra. Comisaria, en particular, que haya desviado su enfoque y haya tenido en cuenta nuestras propuestas sobre un foro pluripartito y sobre un mayor compromiso con la dimensión internacional y las repercusiones internacionales de las empresas europeas en todo el mundo. 
Quisiera dirigir a la Sra. Comisaria tres preguntas: 
Primera, en el apartado 7.6 la Comisaria dice, acertadamente, que la ayuda financiera pública a las empresas, por parte de los Estados miembros, debería estar sujeta al cumplimiento de los principios éticos. 
¿Podría confirmar, señora Comisaria, que aplicará este argumento a las ayudas que la Comisión concede a las empresas? 
En segundo lugar, ¿podría repetir, señora Comisaria Diamantopoulou, la promesa que hizo al Parlamento el 30 de mayo, en el sentido de que si, en el plazo de dos años, las empresas no avanzan en sus informes anuales sobre el aspecto social y medioambiental, la Comisión considerará la posibilidad de dar un carácter obligatorio a dichos informes? 
Por último, cuando en el apartado 4.3 la Comisión afirma que tratará con los Estados miembros sobre la legislación en materia de RSE, ¿podría decirnos a qué legislación se refiere? 
Señor Presidente, también yo debo mostrar mi alegría por el hecho de que el elemento voluntario haya sido destacado en esta comunicación sobre la responsabilidad social de las empresas. 
Fue algo en lo que hicimos mucho hincapié cuando tuvimos la opinión del Parlamento y a propósito de lo cual también hicimos hincapié en el intercambio de las mejores prácticas. 
Me gustaría preguntar al señor Comisario cómo se va a organizar este foro de múltiples interlocutores. 
Propusimos que se utilizara el Instituto de Dublín, que ya tiene experiencia en el intercambio de buenas prácticas entre interlocutores sociales y dispone de una gran red. 
¿Ha sido involucrado en este foro de múltiples interlocutores? 
¿Se han incluido en el presupuesto los costes que habrá con motivo de la información a las pequeñas y medianas empresas acerca de la responsabilidad social de las empresas? 
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(EN) Señor Presidente, agradezco a todos los diputados su gran interés y apoyo a esta propuesta. 
La Comisión ha hecho todo lo posible por tener en cuenta los comentarios de la Asamblea. 
Respecto a lo que ocurrirá a continuación, es muy importante que respetemos el espíritu de la Comunicación allí donde dice que el foro desempeñará, en lo sucesivo, un papel fundamental. 
El foro reunirá a todos los interlocutores y éstos llegarán a conclusiones y, a continuación, la Comisión hará una evaluación de las mismas. 
Si ahora nos adelantamos a las conclusiones, antes de que se constituya el foro, no estaríamos actuando correctamente. 
En segundo lugar, la responsabilidad social de las empresas fue una idea que lanzó hace años Jacques Delors, cuando se dirigió a las empresas y les pidió su apoyo y su contribución a una serie de objetivos europeos concertados. 
Ha sido una actividad voluntaria. 
Es muy importante que esta actividad sea tenida plenamente en cuenta a la hora de organizar futuros trabajos, incluidos los foros. 
Estoy seguro de que la Sra. Diamantopoulou conoce mucho mejor que yo la labor del Instituto de Dublín y su experiencia en este campo, y estoy seguro también de que la Comisión está dispuesta a tomarlas en consideración. 
En lo que se refiere a los criterios éticos para la concesión de financiación comunitaria, sería totalmente impensable que se conceda financiación comunitaria sobre la base de unos criterios que no respeten por completo las normas éticas que compartimos en nuestro Tratado y nuestros valores. 
Si existe algún caso que parezca demostrar lo contrario, debemos actuar en consecuencia. 
. 
(EN) Señor Presidente, deseo responder a dos preguntas. 
La primera es del Sr. Howitt, sobre lo que queremos decir con que la presente propuesta sobre la RSE concierne a los marcos legislativos de los Estados miembros. 
Ya disponemos de datos sobre la legislación en vigor en todos los Estados miembros, y sería de gran utilidad que difundiéramos las mejores prácticas, no sólo en términos de prácticas empresariales, sino también de prácticas gubernamentales, para que podamos saber si la obligación o la regulación están dando frutos en un Estado miembro determinado. 
Acto seguido, podemos difundir los resultados a los otros Estados miembros. 
Como el Sr. Liikanen ha dicho, no podemos prejuzgar cuál será el resultado final del foro al cabo de dos años. 
Tenemos grandes esperanzas de que, gracias a la enorme y muy constructiva contribución de las empresas y de otros interlocutores durante nuestro proceso de consulta, tendremos, a más tardar a mediados de 2004, un informe concreto, y la Comisión presentará su iniciativa con arreglo a dicho informe. 
Señor Presidente, señoras y señores, la responsabilidad social en las empresas es un auténtico desafío. 
Las empresas están formadas por trabajadores y empresarios. 
Mi preocupación se debe a que el último año se ha producido en Europa un aumento de quiebras de un 19% y en Alemania de un 32%. 
Esto significa en sólo en Alemania han tenido que cerrar sus puertas 50.000 empresas perdiendo su puesto de trabajo más de 100.000 personas. 
Por ello, me interesaría saber qué representaciones de empresarios pretende integrar aquí y si va a deliberar sobre modelos óptimos de formación inicial y continuada. 
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(EN) Naturalmente hay redes de empresas que ya desempeñan una gran actividad en este asunto de la responsabilidad social de las empresas y, naturalmente, hay interlocutores europeos que representan a las empresas y PYME a nivel europeo. 
En lo que se refiere al problema de la pérdida de puestos de trabajo- porque es cierto que se ha destruido un gran número de puestos de trabajo durante estos dos últimos años- sólo me gustaría recordarles que existe otra iniciativa de la Comisión relativa a la reestructuración social. 
Esta iniciativa fue lanzada hace algunos meses e invita a los interlocutores sociales a trabajar en asociación con las autoridades locales y los gobiernos en la búsqueda de nuevas fórmulas de salvar puestos de trabajo. 
Señor Presidente, me gustaría preguntar algo más sobre este foro. 
¿Cómo es de grande? 
¿Dónde se reunirá? 
¿Cuánto costará? 
¿Quién correrá con los gastos? 
¿Puede ampliar los detalles? 
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(EN) Señor Presidente, 40 organizaciones participarán en este foro. 
El foro se reunirá dos veces al año y no existe ningún presupuesto específico para cubrir sus gastos. 
Existe un presupuesto interno en lo que respecta a la Comisión y para los aspectos de organización, pero no cubre los gastos de los participantes. 
Señor Presidente, sólo una pregunta sobre el seguimiento. 
¿Se reunirá el foro en sesiones abiertas al público? 
¿Podrán asistir los diputados, en calidad de observadores, a cualquiera de estas sesiones? 
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(EN) Desde un inicio, se invitará a cualquier observador a asistir a este foro y, naturalmente, al Parlamento, y además habrá observadores de las organizaciones internacionales. 
Necesitamos participantes del Tercer Mundo porque la responsabilidad social de las empresas tiene una dimensión internacional. 
Señora Comisaria, insisto en mi pregunta: ¿cuántas de las 40 organizaciones van a ser enviadas por parte de los empresarios? 
¿Existe ya una idea? 
. 
(EN) No, no puedo ser más explícita en estos momentos. 
Cuando estemos preparados, lo anunciaré en el Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
Se interrumpe la sesión dos minutos. Se reanudará a las 18.00 horas, con el turno de preguntas a la Comisión. 
(La sesión, interrumpida a las 17.58 horas, se reanuda a las 18.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0253/2002). 
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Pregunta nº 54 formulada por Ewa Hedkvist Petersen (H-0487/02): 
Asunto: Medidas para garantizar la seguridad jurídica 
La adopción de la orden de detención europea en el Parlamento sueco ha abierto un debate sobre la seguridad jurídica. 
Las directrices que existen hoy en día sobre la forma en la que los Estados miembros deben satisfacer los requisitos de seguridad jurídica son demasiado vagas. 
Es necesario elaborar normas nuevas y claras para poder continuar con el trabajo de armonización jurídica; de lo contrario, las reformas corren el peligro de aumentar la inseguridad y provocar recelos hacia el proyecto. 
Debería fijarse, por ejemplo, un límite máximo para el tiempo que un sospechoso puede estar detenido antes de la celebración del juicio. 
La Comisión lanzó, a principios de año, un documento de consulta sobre este asunto. 
¿Qué medidas concretas piensa tomar la Comisión en función de los resultados de esta ronda de consultas? 
Señor Presidente, Señorías, señora diputada, la Comisión ha publicado en el site en Internet de la Dirección General de Justicia y Asuntos de Interior un documento de consulta sobre las garantías procesales de los sospechosos y reos en proceso penal. 
El plazo para las respuestas expiró el 15 de abril de 2002. 
Después de analizar las respuestas, la Comisión va a adoptar las siguientes medidas concretas: se organizará una reunión de peritos, en septiembre, en la que se debatirán las diversas medidas sometidas a consulta; a partir de esos debates, la Comisión va a presentar, al final del corriente año de 2002, un Libro Verde sobre las garantías en proceso penal que abarcará probablemente la cuestión de la limitación del plazo que precede al juicio. 
Además del trabajo ya llevado a cabo sobre los aspectos generales de las garantías procesales, la Comisión ha empezado a analizar la problemática de la prisión provisional y de sus opciones substitutivas. 
Esa cuestión será el objeto de otro Libro Verde, que se presentará al final del año o al comienzo de 2003, en el que se examinará el aspecto de la seguridad jurídica en relación con los individuos en situación de prisión provisional. 
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el concepto de plazo razonable previo al juicio no se puede concretar en un número exacto de días, semanas, meses o años o en varios plazos fijados en función de la gravedad de la infracción. 
Los órganos europeos con competencia en materia de derechos humanos aprobaron plazos muy largos de prisión provisional, hasta dos años y medio. 
Pero la prisión sólo estará justificada, si se considera necesaria para la persecución de un objetivo legítimo. 
Cuando se examina la cuestión de si se respetaron las condiciones del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos, en particular el apartado 3 del artículo 5, el Tribunal Europeo examina y evalúa siempre la adecuación de los fundamentos de la detención de conformidad con las normas de respeto de la libertad individual y de la presunción de inocencia en que se basa cualquier detención sin condena. 
La decisión-marco relativa a la orden de busca y captura europea se basa en el principio del reconocimiento mutuo, lo que presupone también la confianza mutua en los sistemas penales de los Estados miembros. 
Con vistas a la consecución de la confianza mutua y el respeto exigidos a un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia, las normas de protección concedidas a los sospechosos y a los reos en los procesos penales deben ser equivalentes en toda la Unión. 
Las personas que se trasladan al extranjero deben tener confianza en las normas existentes, que deberán conferirles una protección equivalente, independientemente del Estado miembro de que se trate, a fin de no impedir su libre circulación por miedo a afrontar un sistema que no les proporcione una protección suficiente. 
Gracias, señor Comisario por su respuesta. 
Cuando en la UE adoptamos decisiones marco que implican que los ciudadanos comunitarios puedan ser entregados y juzgados en todos los países miembros, debemos garantizar la seguridad jurídica. 
Esto se deduce también de su respuesta, cosa que me satisface. 
Estamos en presencia de uno de los fundamentos de nuestra Unión recogido, además, en la Carta de Derechos Fundamentales. 
Los ciudadanos deben conocer sus derechos. 
Escuché con mucho interés lo que dijo el Comisario en relación con los tiempos de detención. 
Está claro que existen diferentes motivos para los distintos tiempos de detención, pero es importante que los ciudadanos conozcan esos plazos y que sepan que pueden interponer recursos a esas resoluciones. 
Por eso quisiera saber si el derecho a revisar la detención mediante recursos puede llegar a ser un elemento relevante en relación con la duración del arresto. 
Me pregunto también si debe haber- como es mi deseo y como con seguridad lo propondrá la Comisión- algún tipo de función comunitaria para garantizar la seguridad jurídica. 
Señoría, estoy totalmente de acuerdo con usted y quisiera señalar que la orden de busca y captura europea debe respetar los derechos fundamentales y en particular los principios que figuran en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, que remite al Convenio Europeo de Derechos Humanos en materia de garantías procesales. 
Y cuando está en juego la libertad de una persona, el Convenio Europeo de Derechos Humanos es claro al establecer la posibilidad de revisión por vía de recurso de una entidad judicial. 
Lo que la Comisión pretende hacer a raíz de esta consulta es verificar si es necesaria alguna medida legislativa en el ámbito europeo para aproximar esas normas comunes a los Estados miembros y que figuran en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, de ese modo, fortalecer la confianza mutua entre los Estados miembros, sin por ello dejar de dar garantías de seguridad jurídica. 
Espero poder presentar, al final de este año, la conclusión de esta reflexión al Parlamento y al Consejo. 
Pregunta nº 55 formulada por Marit Paulsen, a quien sustituye Olle Schmidt (H-0493/02): 
Asunto: Concentraciones entre empresas en el sector alimentario 
En la actualidad, las concentraciones que caracterizan el sector alimentario europeo van claramente en aumento, pues unas pocas cadenas de productos de uso cotidiano se van haciendo con una parte cada vez mayor del mercado. 
Una cooperación excesivamente estrecha- sobre todo en materia de compra de productos- entre cadenas de este tamaño puede poner en peligro la libre competencia y la libertad de elección de los ciudadanos. 
Además, los productos regionales y los pequeños productores, que no pueden proveer las enormes cantidades que requiere un sistema a gran escala, corren el riesgo de desaparecer del mercado. 
¿Ha tenido ocasión la Comisión de investigar las concentraciones entre empresas en el sector del comercio de productos de uso cotidiano? 
En caso afirmativo, ¿a qué conclusiones ha llegado sobre la amenaza que pueden suponer para la libre elección y la diversidad de productos europeos en el sector alimentario? 
En caso de que no se haya realizado examen alguno, ¿no opina que debería hacerse lo antes posible? 
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(EN) Su Señoría tiene razón al señalar que durante estos últimos años hemos presenciado varias concentraciones entre grandes cadenas de distribución en Europa y, en este sentido, la Comisión ha debido revisar, entre otras, operaciones como Rewe/Meinl, Carrefour/Promodes y Ahold/Superdiplo. 
En general, la Comisión revisa las posiciones de las partes haciendo una distinción entre los diferentes grupos de productos y canales de distribución. 
En los casos de Carrefour/Promodes y Rewe/Meinl, por ejemplo, la Comisión ha observado que, cuando la participación de un cliente en particular en la facturación de un proveedor concreto sobrepasa un cierto nivel, existe el peligro de que el proveedor quiebre si pierde a dicho cliente en particular. 
La Comisión examinará, por consiguiente, si las participaciones respectivas y combinadas de las partes en la facturación de sus proveedores alcanzan valores umbrales críticos. 
Cuando los proveedores se enfrentan a un número limitado de clientes poderosos, y cada uno de los cuales representa una parte importante de su facturación, existe el riesgo de que aparezca una posición dominante colectiva por parte de los compradores. 
En la decisión sobre Carrefour/Promodes, la Comisión evaluó este riesgo en el mercado francés, pero concluyó que no se habían dado las condiciones necesarias para que se produjera una posición dominante colectiva. 
Otro factor tomado en consideración en la evaluación del poder de mercado sobre el mercado adquisitivo es la posible integración vertical en la producción por parte de una cadena de distribución o la utilización estratégica de sus propias marcas. 
El análisis del mercado adquisitivo será especialmente relevante en aquellos casos en que la entidad fusionada sea tenga un papel importante en el mercado minoritario. 
Como puede resultar evidente de lo que acabo de decir, la Comisión sigue siendo muy sensible al tema del poder adquisitivo de las cadenas de distribución. 
Señor Comisario, de su respuesta deduzco que usted comparte la preocupación de la señora Paulsen. 
En la pregunta se afirma que la situación es muy grave en toda Europa. Es necesario que la Comisión adopte medidas especiales y que estudie la situación. 
De la respuesta del Comisario se deriva que coincide en que tal estudio es necesario. 
Lo que queremos, y lo que desea la señora Paulsen, es que el Comisario Bolkestein no sólo prometa que prestará especial atención a este asunto, sino también que esté dispuesto a adoptar medidas y a realizar estudios y análisis. 
Para terminar, quisiera contarle al señor Bolkestein que en mi país, Suecia, donde tenemos los alimentos más caros, se está llevando a cabo una revuelta para mejorar estas condiciones. 
Es sabido que los ciudadanos europeos, especialmente los que ganan menos, tienen que destinar todos los meses una gran parte de sus ingresos para comprar alimentos. 
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(EN) Comprendo perfectamente las preocupaciones de su Señoría, que acaba de intervenir, y su temor a una reducción de la variedad en el sector de la alimentación. 
Quisiera repetir que la Comisión ha revisado las últimas tendencias en este ámbito. 
De hecho, así queda reflejado en las últimas decisiones que la Comisión ha adoptado en el caso Carrefour/Promodes, al que me refería antes. 
A pesar de que actualmente la Comisión no tiene una posición oficial sobre los posibles acontecimientos en ese sector, desea subrayar que pondrá el mismo cuidado que antes a la hora de analizar la posible incidencia de cualquier futura concentración en el ámbito que nos ocupa y de tomar las decisiones oportunas. 
Quisiera asegurar a la Sra. Paulsen y al Sr. Schmid, su sustituto, que la Comisión vigilará activamente esta cuestión. 
Todo depende de que, en primer lugar, realicemos un análisis correcto. 
Si las circunstancias aconsejan que la Comisión adopte una posición jurídica en este ámbito, le garantizo a la Sra. Paulsen y al Sr. Schmid que no dudará en hacerlo. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, las cadenas comerciales disponen por lo general de un capital propio muy importante, lo que no ocurre naturalmente con sus principales competidores, las pequeñas y medianas empresas. 
Muy por el contrario: una gran parte de las pequeñas y medianas empresas no dispone de ningún tipo de capital propio ni de capital de riesgo. 
¿Cómo cree que va a repercutir ahora Basilea II? 
¿Ha realizado ya en alguna ocasión una especie de balance económico inaugural de Basilea II para ver cómo repercuten estas nuevas normas sobre nuestras pequeñas y medianas empresas? 
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(EN) Quisiera declarar con toda claridad que la Comisión es de la opinión que las negociaciones sobre Basilea II tratan sobre la idoneidad del capital de los bancos, y no sobre si las cadenas de distribución están bien capitalizadas o no. 
Las pequeñas y medianas empresas también entran en el debate de Basilea porque, en particular en Alemania, éstas son financiadas con créditos a largo plazo. 
Dichos créditos son valorados por los bancos de manera diferente a los créditos a corto plazo, y éste es el motivo por el que todo el asunto de las pequeñas y medianas empresas se incluye en las negociaciones de Basilea. 
Puede que éste no sea el momento ni el lugar para tratar sobre los pormenores de los procedimientos de Basilea, aunque estoy a disposición de su Señoría para ampliar detalles sobre el particular. 
Quisiera asegurar a la Asamblea que todas las negociaciones en el marco de Basilea II tienen plenamente en cuenta la posición de las pequeñas y medianas empresas. 
En dichas negociaciones nos esforzamos por encontrar una solución satisfactoria que tenga debidamente en cuenta los intereses de las pequeñas y medianas empresas. 
En este sentido, creo que su Señoría no deberá preocuparse. 
Pregunta nº 56 formulada por Brian Crowley (H-0500/02): 
Asunto: El euro y las comisiones bancarias 
¿Está la Comisión al tanto de la práctica seguida por bancos de la zona euro consistente en cobrar comisiones por las retiradas de euros efectuadas en cajeros automáticos en otro Estado miembro? 
¿Comparte la Comisión la opinión de que estas comisiones aplicadas a las transacciones en euros no tienen justificación y son contrarias al espíritu del euro? 
¿Tiene la Comisión intención de realizar una investigación sobre esta situación e informar urgentemente al respecto? 
. 
(EN) La pregunta del Sr. Crowley es relativa a la retirada de dinero en los cajeros automáticos. 
La Comisión tiene conocimiento de que las tasas por la retirada de billetes en euros en la zona euro difieren si la operación tiene lugar fuera del país de residencia. 
No obstante, la situación cambió ayer, 1 de julio, gracias al Reglamento nº 2560/2001, aprobado el 19 de diciembre del año pasado. 
Las tasas por la retirada de euros de cajeros y por la utilización de tarjetas de débito en euros deben ser las mismas para las operaciones nacionales y transfronterizas a partir de ayer. 
Hasta ayer, los usuarios de tarjetas de débito debían soportar una serie de tasas sobre las operaciones transfronterizas realizadas en euro. 
Eso ya no es posible. 
Ahora, la ley establece que las tasas aplicables a una operación monetaria nacional- esto es, la retirada de dinero de cajeros- deben ser las mismas que las que se aplican en el extranjero. 
Una característica de este reglamento, que acabo de citar, es la simplicidad. 
Las normas que estipulan la igualdad de tasas son fáciles de explicar a los turistas que utilizan una tarjeta de débito o una tarjeta bancaria para sacar dinero de los cajeros automáticos. 
La Comisión emitió un comunicado de prensa a finales de junio explicando el nuevo Reglamento, que supongo será del agrado del Sr. Crowley. 
Este Parlamento ha desempeñado un papel importante en la elaboración del Reglamento, que es un ejemplo de las ventajas prácticas que la acción comunitaria puede aportar a cada ciudadano de Europa y de otros países, cuando se encuentren en la zona euro- ventajas de las que gozarán tan pronto como deseen retirar dinero de un cajero automático. 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta. 
Debo declarar un interés personal en este asunto. 
Como titular de una cuenta bancaria en Bruselas, como alguien que viene a Estrasburgo periódicamente, que tiene una cuenta bancaria en Irlanda y que viaja a otros países, últimamente he podido observar en las tasas con que cargan mis operaciones enormes costes por operación, en particular, aquí en Francia y Bélgica. 
Estoy encantado de que el Reglamento nº 2560 de 2001 haya entrado en vigor el 1 de julio. 
También acojo con satisfacción el hecho de que la Comisión haya emitido un comunicado de prensa sobre el particular. 
No obstante, si descubrimos que los bancos no cumplen con sus obligaciones en lo que respecta al cobro de tasas similares o iguales dentro y fuera del país, y si descubrimos que los bancos aplican tasas usureras a las operaciones con tarjeta entre un Estado miembro y otro, ¿qué acción podrá emprender un consumidor particular, sin tener que recurrir a todo el lío que supone presentar una queja oficial a la Comisión? 
¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para garantizar que se informa puntualmente al público sobre este Reglamento y sobre sus derechos? 
Quizá, una manera de hacerlo podría ser que los bancos asuman la responsabilidad de colocar anuncios en sus sucursales para dar a conocer dicho Reglamento. 
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(EN) El Sr. Crowley ha comenzado diciendo que tiene un interés personal en este asunto. Permítame responder que todos tenemos un interés personal en la cuestión. 
Afecta a todos los ciudadanos de ' eurolandia? que viajan al extranjero y desean sacar dinero de un cajero automático. 
Es una medida al servicio de todos los ciudadanos, y todos los que salen de su país para viajar a cualquier otro lugar de la zona euro se alegrarán de que exista. 
El Sr. Crowley ha preguntado también qué pueden hacer los usuarios de cajeros si descubren que las tasas por sacar dinero en el extranjero no son las mismas que por sacar dinero en su país. 
Existen tres formas en que los usuarios pueden obtener reparación. 
En primer lugar, pueden ir al banco y reclamar, por qué el banco no hace lo que dice la ley. 
Se puede hacer un seguimiento por escrito, y estoy seguro de que el banco tomará nota. 
Ésta es la segunda forma de obtener reparación. 
No obstante, si el usuario opina que la respuesta que le ha dado el banco es insuficiente, puede acudir al defensor del cliente del banco. 
En francés se le conoce por el término de médiateur bancaire. 
El usuario puede reclamar los servicios de dicho defensor del cliente a través Internet en el sitio "FIN-NET". 
Este sitio proporciona un lista de todos estos defensores del cliente que se ocupan de los problemas de esta naturaleza. 
Si este sistema no da resultados, el interesado puede acudir a las autoridades de su Estado miembro porque en este caso, al igual que en todos los demás, su aplicación es competencia de las autoridades nacionales. 
Estoy seguro de que las autoridades nacionales de Irlanda estarán lo suficientemente atentas y dispuestas a ayudar a cualquier cliente descontento a obtener lo que desea. 
Estas tres formas de obtener satisfacción deberían ser suficientes. 
Respecto a la última observación sobre cómo se propone la Comisión informar a los 370 millones de ciudadanos sobre este servicio, en primer lugar, me gustaría decir que el turista que viaja al extranjero, al menos dentro de la zona euro, se enterará inmediatamente de esta disposición porque cuando retire dinero de un cajero verá en el comprobante las tasas que le han cargado. 
El turista podrá compararlas con las de su país y, así, sabrá inmediatamente si se cumple la ley o no. 
En segundo lugar, los bancos tienen la obligación de informar a los clientes no sólo sobre las tasas que cobran por la transferencia de dinero o la obtención de dinero a través de un cajero automático en el extranjero, sino que además deben notificar a todos sus clientes cualquier cambio que se produzca en las tasas. 
Otra de las condiciones de este Reglamento es la transparencia. 
Gracias a que existe transparencia, los clientes sabrán lo que deben pagar y podrán compararlo con las tasas que cargan otros bancos. 
Esperamos que, de esta manera, la competencia se encargará de que el cliente pague las tasas más bajas posibles. 
Espero que esta respuesta satisfaga al Sr. Crowley. 
Espero que esté contento con la situación, que, estoy seguro, anhelaba desde hace muchos meses. 
Señor Presidente, solamente a causa del interés general que despierta este asunto, me gustaría preguntarle a la Comisión si la pregunta formulada por nuestro colega, Sr. Crowley, ha influido de alguna forma en el calendario de aplicación o si se trata de una pura casualidad. 
Comprenderá usted que, para los diputados al Parlamento, este asunto tiene cierto interés especial. 
Aprovecho también para expresar mi satisfacción por el hecho de que este asunto haya quedado resuelto. 
. 
(EN) No estoy seguro de si he entendido bien la pregunta, pero creo que su Señoría quiere que yo le diga si la pregunta del Sr. Crowley fue organizada hoy por la Comisión para que pudiéramos volver a explicar todo este asunto públicamente en el Parlamento. 
Puedo asegurar a su Señoría que la Comisión es muy hábil y activa a la hora de organizar el apoyo suficiente para lo que hace, pero en este caso, ha sido mera coincidencia. 
El Sr. Crowley y yo no nos hemos reunido con tanta frecuencia. 
No conozco su número de teléfono. 
Estoy convencido de que él no necesita que ningún Comisario le diga que pregunte en el Parlamento lo que desea conocer. 
Este Reglamento sobre las tasas por la retirada de dinero pasó con gran rapidez por el Consejo y el Parlamento. 
No recuerdo ningún otro caso en el que un reglamento se haya aprobado y adoptado con tanta celeridad. 
Ello se ha debido a que el público quería este tipo de reglamento desde hace muchos años. 
La Sra. Korhola insistió en ello. 
Afortunadamente, la Comisión está ahora en condiciones de garantizar a la Asamblea que en lo que respecta a la retirada de dinero de los cajeros, la situación es como el Parlamento desea. 
Existe la posibilidad de que el año próximo esta misma normativa sea aplicable a las transferencias de dinero, además de a los cajeros automáticos. 
Pregunta nº 57 formulada por Bernd Posselt (H-0513/02): 
Asunto: Acuerdo con la República Checa sobre gastronomía tradicional 
En los medios de comunicación checos se afirma que cuando el país se adhiera a la Unión Europea se prohibirá la especialidad "Utopenec", una salchicha muy popular que se conserva en un envase de cristal al vacío con vinagre, pimiento y cebolla y se come poco a poco y hoy en día forma incluso parte del menú de los restaurantes; y el tradicional procedimiento de destilación del famoso Slivovitz de Moravia. 
¿Ha establecido la Unión Europea acuerdos con la República Checa para salvaguardar esta gastronomía tradicional, o cuál es el estado de las negociaciones? 
Preguntas dirigidas al Sr. Lamy 
Señor Presidente, Señorías, respecto a la pregunta del Sr. diputado Posselt, quiero decir lo siguiente: la Comisión no tiene conocimiento de que la República Checa haya solicitado una excepción al acervo comunitario del derecho alimentario de la UE para las salchichas "Utopenec". 
Por ello, la Comisión parte del hecho de que el procedimiento de elaboración y venta de "Utopenec" está en consonancia con las normas de seguridad para los alimentos de la Comunidad o que lo estarán al menos en el momento de la adhesión. 
En el curso de las negociaciones, por parte de la República Checa no se ha presentado tampoco ninguna solicitud especial para el registro de productos tradicionales o locales "Utopenec" a pesar de que sí se han presentado para otros productos. 
Sin embargo, la República Checa sí ha anunciado su intención de presentar tras la adhesión otras solicitudes de registro. 
En lo que se refiere al "Slivovice", sus procedimientos de producción no están en consonancia con las disposiciones de la Comunidad para los aguardientes de frutas tal como se determina en el apartado 4 del artículo 1 del Reglamento 15/76, pues se añade al Slivovice alcohol etílico, es decir alcohol industrial. 
Según este reglamento, una bebida a la que se añade alcohol etílico no puede llevar en su presentación de ninguna forma la denominación general de aguardiente de frutas. 
Por ello, la Comunidad es de la opinión de que no se puede aceptar una excepción permanente de la calificación de aguardiente para el Slivovice checo. 
Sería posible que para este licor checo se siga empleando el nombre de Slivovice, pero calificándole de licor y no de aguardiente de frutas o bien modificando el procedimiento de fabricación de tal modo que corresponda a las normas para aguardientes de frutas. 
Muchas gracias, señor Comisario, por esta respuesta tan precisa. 
El tema desempeña un gran papel en la política interior checa y es algo que agitan intensamente los euroescépticos. 
Por ello, le agradezco su aclaración en el asunto del Slivovice, si bien tengo que decir que el Slivovice de Moravia es uno de los mejores que existe. 
En lo que se refiere al Utopenec, seguiré el asunto. 
Sólo quiero indicarle que por lo visto se trata de una norma de higiene. 
Le ruego que siga el tema y que me comunique cuando se presente la ocasión para qué especialidades se han solicitado autorizaciones de excepción. 
Señor Presidente, señor diputado, atenderé gustosamente su petición de ponerle a disposición una lista de los productos para los que se han solicitado autorizaciones de excepción. No supone ningún problema. 
Respecto a la segunda pregunta sobre si se respetan todas las normas de elaboración de alimentos en la fabricación de salchichas, hay que decir que los checos tienen, naturalmente, la posibilidad de adaptarla hasta la adhesión y como no lo han presentado como un tema de negociación, están obligados a hacerlo. 
Por lo demás, le estoy muy agradecido que haya planteado esta pregunta, pues de hecho ocurre que las fuerzas críticas con Europa en la República Checa siempre ponen en circulación tales infundios que carecen de toda base. 
Pregunta nº 58 formulada por Lennart Sacrédeus (H-0496/02): 
Asunto: Aranceles sobre el acero y empleo en Europa 
Los EE.UU. han decidido establecer aranceles del 30% sobre el acero producido fuera del país con el fin de proteger la producción nacional. 
La UE ha respondido a esta medida imponiendo aranceles sobre productos estadounidenses. 
¿Ha calculado la Comisión la incidencia que tendrán los aranceles estadounidenses sobre el empleo en el sector siderúrgico de Europa? 
¿Se dispone de estadísticas específicas por país que indiquen la manera en que la caída de la producción afecta a los diferentes Estados miembros de la UE? 
En respuesta a las medidas proteccionistas americanas, la Unión Europea ha puesto en marcha una estrategia en tres puntos, cuyo objetivo es hacer respetar nuestros derechos en el marco comercial multilateral. 
Primer punto: acción ante la OMC para hacer que se condenen las medidas americanas; segundo punto: adopción de una salvaguarda europea calculada de tal manera que mantenga el acceso al mercado europeo protegiéndolo de los flujos comerciales que, excluidos del mercado americano, volverían hacia el mercado europeo; en tercer lugar, exigencia de compensaciones a los Estados Unidos por las pérdidas sufridas por los exportadores europeos a causa de las medidas americanas, lo que corresponde a nuestra interpretación de los textos de la OMC sobre las cláusulas de salvaguarda. 
Aún no hemos impuesto aranceles adicionales a los productos americanos pero tenemos ahora un reglamento del Consejo, adoptado el pasado 13 de junio, que da la posibilidad a la Unión de suspender las condiciones tarifarias, lo que es el lenguaje adecuado de la OMC, sobre algunos productos americanos, y ello a partir del 18 de junio de 2002. 
Nuestro objetivo esencial es lograr a corto plazo un conjunto de exclusiones y/o de compensaciones, algo que puede necesitar un plazo suplementario para negociarlas, y nosotros haremos, como ya acordamos con el Consejo, un informe antes del 19 de julio sobre el estado del expediente. 
A la luz de ese informe y de nuestras recomendaciones se tomará entonces, o no, la decisión de imponer aranceles a un número limitado de productos americanos por un valor aproximado de 400 millones de euros. 
El reglamento en cuestión impondrá incrementos de los aranceles sobre una cuantía equivalente al perjuicio sufrido, es decir, para una suma mucho más importante, de más de 2 millardos de euros, si los Estados Unidos no retiran sus medidas después de la condena por parte de la OMC, por tanto hacia mediados del año 2003. 
La pregunta es, ¿cuál es el impacto de las medidas americanas en el empleo? 
Una evaluación del impacto de las medidas americanas en el empleo en el sector de la producción siderúrgica europea es al mismo tiempo difícil y prematura. 
Difícil porque las medidas americanas sólo tienen una duración de vida limitada y porque, después de la subida de los precios del acero en Estados Unidos y en otros lugares, las empresas siderúrgicas europeas tienen la tendencia esperar temerosas por unos meses y no prescinden de los trabajadores que han formado y que son competentes y productivos. 
Prematura porque este impacto dependerá del nivel de exenciones que obtengamos de la Administración americana y también de las salidas que las empresas siderúrgicas europeas encuentren en otros mercados para unos productos que ya no tienen acceso a Estados Unidos. 
Así las cosas, está claro que las empresas siderúrgicas europeas que deben pagar esos aranceles, que pueden ir hasta el 30% de suplemento, están claramente en desventaja con respecto a las empresas que no tienen que pagarlos. 
Por consiguiente, en este momento, no podemos dar más cifras. 
No disponemos de estadísticas específicas sobre el impacto de las medidas americanas en cada Estado miembro, ya que esto se gestiona a nivel de la Unión y nuestros interlocutores son las compañías siderúrgicas, de las cuales la mayoría son ahora plurinacionales en Europa. 
Paradójicamente, es más bien en Estados Unidos donde el impacto sobre el empleo puede ser serio, principalmente en los sectores de la economía americana que son consumidores de acero y que probablemente serán los más afectados a corto plazo, en razón de su incapacidad para repercutir las subidas de precios a sus propios clientes o porque una situación así conducirá a estos últimos a buscar otros continentes. 
Doy las gracias al Comisario por su respuesta. 
Entiendo que puede ser conveniente para las negociaciones no hacer un examen demasiado temprano de la pérdida de empleos, de ingresos en concepto de exportación y de volúmenes de exportación. 
¿Estaría usted dispuesto a hacer una estadística más adelante, cuando sea necesario? 
Muchos ciudadanos quieren conocer las futuras consecuencias. 
Pienso en los habitantes de numerosos sitios de Suecia, por ejemplo Borlänge en Dalarna, donde hay una gran empresa siderúrgica. 
¿Cree usted que el conflicto con EE.UU. será duradero o que las reacciones que prepara la Unión Europea harán que ese país recupere la cordura? 
Nuestro objetivo, señor Sacrédeus, es que no hay "más tarde", es decir, que estas medidas se restituyan por los americanos lo más pronto posible, es decir, antes de que sean condenadas por la OMC- lo que sería evidentemente la mejor solución, pero poco probable, por así decir- o cuando sean condenadas por la OMC, lo cual debe ocurrir más o menos hacía mediados del año próximo. 
Por tanto, es un 'más tarde? que no es' muy tarde? , y éste es el objetivo principal. 
Mientras tanto, deseamos utilizar todos nuestros derechos en el seno de la OMC para presionar a los Estados Unidos con el fin de que, como he dicho, podamos conseguir compensaciones y/o exenciones, de tal forma que el impacto en nuestras industrias siderúrgicas, a medida que los americanos decidan exenciones, que son de hecho supuestos de excepción al alza tarifaria en beneficio de nuestros exportadores, sea lo más positivo posible. 
Ya hay cierto número de paquetes de exenciones que se han anunciado, vendrán otros y nosotros debemos mantener la presión necesaria. 
Utilizaremos las medidas a las que nos autoriza la OMC en función de nuestros intereses y del hecho de que los Estados Unidos, in fine, deberán estar de conformidad con la norma internacional. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, en primer lugar quiero felicitar sinceramente al Comisario Lamy por su estrategia en esta causa. 
Por un lado, creo que la imposición consecuente de nuestros derechos en la OMC es un aspecto esencial. 
Por otro lado, esta falta de competencia en el mercado norteamericano para los productos de acero conduce a la postre a unos precios mayores y a problemas de calidad en los productos siderúrgicos, lo que a su vez para la industria europea significa que existen más posibilidades de venta para productos elaborados de la Unión Europea. 
¿Se puede ver ya en base a las estadísticas que los productos europeos van a poderse vender en el mercado norteamericano con mucho más éxito? 
Señor Rübig, la respuesta a su pregunta es: sí. 
Las medidas americanas de protección han implicado un alza de los precios substancial en el mercado americano. 
En otros lugares, incluida Europa, los precios siguen actualmente la tendencia inversa a corto plazo. 
El diferencial de precios entre el mercado americano y el mercado europeo se ha incrementado. 
Por tomar el ejemplo de los laminados en caliente, el precio europeo es de alrededor de 250 euros la tonelada contra 400 euros la tonelada en Estados Unidos. 
La diferencia es por tanto bastante considerable. 
Esta diferencia puede compararse a una burbuja, creada por las protecciones americanas, que induce una situación de precios, de rentabilidad y de tesorería más confortable para los industriales americanos. 
Éstos, se nos dice, se supone que utilizan esta burbuja para reestructurarse. 
La cuestión es saber si, en el muy corto plazo que la OMC les deja y que nosotros les dejemos, hay una posibilidad razonable de que la industria americana se reestructure y tratar los problemas de competitividad que están en el origen de sus dificultades. 
Todavía no tenemos la respuesta para esta pregunta, pero mi pronóstico personal es, desafortunadamente, reservado. 
Segundo punto, creo que intentamos proteger los intereses de la Unión y hacer que se respeten las reglas del comercio internacional. 
Efectivamente, si todos los países miembros de la OMC se pusieran a utilizar la cláusula de salvaguarda en la interpretación que hacen actualmente los americanos, reinaría el desorden sin duda en una serie de mercados mundiales. 
Para tranquilizar al Sr. Rübig, que sepa que cuando el Consejo de Ministros y el Parlamento están unidos detrás del negociador, la tarea de éste se facilita enormemente. 
El Wall Street Journal ha llegado a la conclusión de que el cambio de postura que llevó al Sr. Bush a declarar la imposición de dichos aranceles sobre el acero en marzo, a los que han seguido sus subvenciones agrícolas y su proteccionismo con Canadá sobre la madera, marcó el paso de un régimen de libre comercio a otro proteccionista y de 'primero los Estados Unidos'. 
¿Cree usted que es eso lo que ha ocurrido o que sus amigos el Sr. Zoellick y el Sr. Bush siguen defendiendo realmente el libre comercio? 
El Sr. Purvis me apremia a comentar artículos de prensa, algo que es siempre extremadamente peligroso, pero digamos que una vez más no estoy absoluto de acuerdo con lo que escribe el Wall Street Journal. 
Ya ha ocurrido en otras ocasiones anteriormente y sin duda se repetirá. 
En este momento, creo que sería exagerado calificar las medidas que los americanos han adoptado como giro en su política comercial. 
Es al menos eso lo que se nos dice cuando nos hemos reunido con ellos, tanto con el Sr. Bush con ocasión de la Cumbre de la Unión Europea, como con el Sr. Zoellick, con quien me reúno regularmente. 
Mi propia interpretación consiste en afirmar que se trata en ese caso sobre todo del resultado de una fiebre electoral- espero que pasajera -, en lugar de un cambio de orientación completo. 
En realidad, el juez de paz, Sr. Purvis, va a pronunciarse en unas semanas cuando se dé el punto final a la cuestión de la legislación Fast Track, llamada a partir de ahora Trade Promotion Authority. 
El día en que el Congreso, es decir el Senado y la Cámara, otorgue o no a la Administración americana la autoridad para negociar tanto en el plano multilateral como en el bilateral veremos si efectivamente la política americana sigue practicando un liberalismo comercial, ciertamente salpicado más o menos de supuestos de excepción como tiene costumbre para proteger los intereses de Estados Unidos o si, al contrario, conoceremos una vez más momentos mucho más difíciles, en cuyo caso nuestras propias opciones deberán verse sin duda cuidadosamente revisadas. 
Asunto: El Acuerdo ADPIC y el acceso a medicinas 
¿Podría exponer la Comisión los progresos realizados en la OMC con miras a cumplir el compromiso de Doha de asegurar que el Acuerdo ADPIC no impida el acceso a medicinas a precios razonables en aquellos países que no tienen en absoluto, o en muy escasa medida, capacidad de fabricar medicamentos? 
¿Podría confirmar la Comisión que la UE se esforzará por contribuir a la búsqueda de una solución que asegure que los miembros de la OMC tengan acceso a medicinas en términos equivalentes a los establecidos en la Declaración de Doha respecto de ADPIC y medicinas? 
¿Acepta la Comisión que un acuerdo que autorice la producción para la exportación, de conformidad con el artículo 30 de ADPIC, coincide claramente con el espíritu del Acuerdo de Doha, ubicando cualquier decisión sobre licencias obligatorias sólo en el país de consumo? 
La pregunta tiene relación con los derechos de propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos. 
Sabe que la declaración de Doha sobre los derechos de propiedad intelectual y la salud pública encarga al Consejo especializado de la OMC que logre rápidamente a una solución a los problemas con los que se encuentran los miembros de la OMC cuyas capacidades de producción en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes, o que se encuentran con dificultades para utilizar de forma eficaz la concesión de licencia obligatoria. 
Esos países pobres no poseen, en efecto, ni la flexibilidad suficiente ni la capacidad para negociar con las compañías farmacéuticas establecidas en países que tienen la posibilidad de expedir una licencia obligatoria. 
Por tanto, es totalmente posible que se encuentren con más dificultades que los demás para disfrutar de importantes reducciones en los precios de los medicamentos esenciales. 
Por nuestra parte, pensamos que una solución rápida es una solución que permitiría poner remedio a esta situación en el seno de la OMC antes de final de este año. 
En marzo, la Unión presentó una comunicación que proponía dos pistas. 
Una se basa en la interpretación del artículo 30 del Acuerdo sobre la propiedad intelectual y la otra en una modificación del artículo 31. 
Hemos sido pues el único miembro de la OMC en proponer un documento escrito que adoptara una posición clara. 
Los demás intervinieron oralmente y sobre la mesa se plantearon cuatro opciones: interpretar el artículo 30, modificar el artículo 31, decretar una moratoria sobre la solución de los litigios y, finalmente, prever un sistema de supuestos de excepción. 
La semana pasada tuvo lugar una nueva reunión del Consejo especializado y nosotros presentamos en ella un nuevo documento, surgido de nuestra reflexión y de nuestro examen de las propuestas de unos y otros, que propone una modificación del artículo 31. 
Proponemos añadir a este artículo un nuevo párrafo que fijaría una excepción claramente determinada a una restricción impuesta por este artículo 31 en el ámbito de la concesión de licencia a la exportación de productos farmacéuticos fabricados bajo licencia obligatoria. 
Consideramos que en el actual estado de cosas, el artículo 30, que es una alternativa, no autoriza más que excepciones demasiado limitadas a los derechos concedidos a las licencias exclusivas y que la solución que consideramos en Doha va más allá de los límites fijados por el artículo 30. 
Por otra parte, tenemos que tomar en consideración las posiciones de nuestros socios y proponer una solución que pensemos in fine aceptable para la mayoría de los miembros de la OMC. 
Una modificación del artículo 31 tendría, desde este punto de vista, más futuro que una clarificación del artículo 30 en la medida en que ningún miembro de la OMC ha separado una modificación del artículo 31 cuando algunos, y no pocos, se han opuesto firmemente a una clarificación del artículo 30. Los países en vías de desarrollo afectados, que constituyen nuestra preocupación principal, han señalado que estaban dispuestos a examinar la modificación del artículo 31 que nosotros habíamos propuesto. 
De hecho, consideramos que el añadido de una disposición a este acuerdo sobre la propiedad intelectual constituiría una solución clara, jurídicamente fiable y permanente que no alteraría el marco reglamentario actual, es decir, el del artículo 31. 
Este acuerdo modificado como proponemos, prevería claramente que un país incapaz de producir un medicamento puede pedir a otro país que le conceda una licencia para fines de exportación. 
Esta propuesta nos parece que es la más sencilla y, finalmente, la más susceptible de resolver el problema surgido en la declaración de Doha que nos ha obligado a encontrar una solución a esta cuestión. 
Ésa es nuestra posición. 
Otros se manifiestan en Ginebra y nosotros seguiremos, en el espíritu que nos ha animado hasta el momento, intentando encontrar una solución que concilie los grandes principios de la propiedad intelectual, por una parte y, por otra, la posibilidad para los países más pobres de acceder a medicamentos que les resultan absolutamente esenciales. 
Muchas gracias al Comisario por su respuesta. 
El Parlamento ha colaborado con el de forma exitosa en la lucha por los avances en este punto en Doha. 
Rechaza una renuncia, moratoria o excepción como solución y en eso coincidimos con él. 
Afirma que, según el artículo 30 y 31, su objetivo consiste en recabar apoyos para lograr que nuestro objetivo se alcance. 
Somos obviamente conscientes de la presión de los Estados Unidos y de varios Estados Miembros. 
La industria farmacéutica estará seguramente detrás de todo ello. 
El eje del debate es el siguiente: ¿Se puede, recurriendo al artículo 31, -y usted sabe que estamos a la espera de una recomendación jurídica solicitada como Parlamento- partir de la base de que el país solicite en un momento determinado una licencia de otro país para tomar sus propias decisiones acerca de su situación sanitaria? 
Muchos juristas afirman que, tratándose del artículo 31, dicha decisión no corresponde en tal caso al país interesado, sino a la OMC. 
Queremos seguridad en este aspecto. 
En el fondo, admito que la forma como presenta el problema, señor van den Berg, es correcta. 
Necesitamos, como ya le he recordado, conciliar los grandes principios de la propiedad intelectual así como la capacidad, para esos países que no poseen industria farmacéutica, de proveerse de genéricos mediante las importaciones. 
El supuesto de excepción no nos parece una buena idea ya que no se trata más que de una solución temporal que de alguna manera se conforma con aplicar un esparadrapo al problema esperando días mejores. 
Creo que ésa no es la mejor manera de conciliar, frente a la opinión pública, estos dos imperativos a los que debemos servir. 
Estamos más a favor del artículo 31 que al artículo 30. 
En el caso del artículo 31, el problema es saber si el país que solicita la importación de genéricos vive una situación de emergencia que no es una cuestión que deba someterse automáticamente a la OMC. 
Juntos podemos, como hicimos en el artículo 6 en Doha, definir de forma vinculante en qué consiste la noción de situación de emergencia nacional. 
Recuerdo que, en los casos que dependen del artículo 31, el país que desea importar medicamentos deberá dirigirse o bien a un país desarrollado que disponga de las posibilidades de producción y sea titular de una licencia obligatoria, o bien a otro país en vías de desarrollo. 
Si se acepta esta última solución, el país en vías de desarrollo encargado de proporcionarle los genéricos en cuestión encontrará necesariamente un interés en ello. 
Pienso por tanto que desde este punto de vista no existe ningún riesgo para que el sistema esté demasiado cerrado, lo que me parecía que le preocupaba. 
Pienso al contrario que es precisamente recurriendo al artículo 30 como acumularemos imperativos que harán más difícil el acceso a los medicamentos. 
Pregunta nº 60 formulada por Mihail Papayannakis (H-0469/02): 
Asunto: Visita a Grecia de un equipo de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 
Un equipo de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión visitó recientemente Grecia, por segunda vez en el plazo de tres meses, con el fin de estudiar los casos por los que hay denuncias contra dicho país. 
¿Cómo valoró el equipo de la Comisión las vulneraciones del Derecho ambiental comunitario en Grecia? 
En particular, ¿comunicaron las autoridades griegas al equipo de la Comisión las medidas de acatamiento que han tomado tras la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por la deficiente protección de la tortuga Caretta caretta? 
. 
(EN) En el contexto de las reuniones celebradas entre la Comisión y las autoridades nacionales con vistas a examinar el cumplimiento del Derecho comunitario europeo en los Estados miembros- el denominado paquete de reuniones- una delegación de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión visitó Grecia en mayo del presente año. 
El principal objetivo de la reunión era tratar sobre la cuestión de la contaminación atmosférica. 
En particular, la Comisión preguntó acerca de las medidas que las autoridades griegas habían adoptado para la transposición y aplicación de la Directiva 96/61, denominado Convenio Internacional de Protección de las Plantas, y la revisión de problemas técnicos relacionados con infracciones y quejas relativas al incumplimiento de la Directiva 84/360, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de instalaciones industriales. 
Asimismo, las autoridades griegas proporcionaron información actualizada sobre varias otras infracciones, incluido el caso caretta caretta- la tortuga boba. 
Las autoridades griegas se han comprometido a responder puntualmente a la Comisión sobre cada uno de estos casos. 
La información contenida en dichas respuestas será examinada con vistas a comprobar si Grecia ha cumplido con sus obligaciones en virtud de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. 
En particular, en lo relativo a las medidas de acatamiento de la sentencia del Tribunal de Justicia por no haber establecido y aplicado un sistema eficaz de protección estricta de la tortuga marina caretta caretta, las autoridades griegas han descrito el sistema de protección incluido en las medidas legislativas y concretas de protección. 
La notificación por escrito a la Comisión está de camino. 
Señora Comisaria, si he entendido bien, usted dice que por el momento no ha evaluado nada las respuestas que le han dado en Grecia. 
¿No lo ha hecho sobre ningún tema? 
Especialmente, quisiera poner como ejemplo, que usted también ha referido, la tortuga Careta-careta. 
No sé qué es lo que le han proporcionado por escrito, pero ya tenemos decenas de testimonios y visitas in situ, tanto míos como de organizaciones medioambientales, diciendo que no se aplica nada de los que se dice en los papeles. 
¿Cuándo vamos a tener una evaluación por su parte, de las respuestas que le han dado? 
. 
(EN) Aún no hemos recibido las respuestas, las notificaciones, de Grecia. 
Esperamos recibir la notificación sobre el caso careta careta en julio. 
En cuanto al resto de los asuntos planteados en el denominado "paquete de reuniones", esperamos las respuestas antes de finales de año. 
Tendremos ocasión de examinarlas tan pronto como las recibamos y, a continuación, volveremos sobre estos asuntos. 
Pregunta nº 61 formulada por Nuala Ahern (H-0482/02): 
Asunto: Los niveles de tritio frente a la costa de Gales 
¿Cómo valora la Comisión el informe del Consejo Nacional de Protección Radiológica del Reino Unido, de mayo de 2002, relativo a los niveles radiológicos de tritio que se han medido en el mar frente a la costa galesa y en el Canal de Bristol? 
¿Se han analizado las emisiones de tritio procedentes de los Estados miembros en el estudio radio-ecológico de la Comisión titulado Marina II? 
. 
(EN) La Comisión tiene conocimiento del informe científico publicado en el boletín Radiation Protection Dosimetry (Dosimetría de protección contra la radiación) de mayo de 2002 y de la publicación correspondiente del Consejo Nacional de Protección Radiológica del Reino Unido sobre este mismo tema. 
Ambas publicaciones hacen referencia al informe RIFE (sobre la radiactividad en los alimentos y el medio ambiente) publicado por la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido y la Agencia Escocesa de Protección del Medio Ambiente. 
Dicho informe incluye las concentraciones que se han medido en los mariscos procedentes del litoral galés y del Canal de Bristol en las proximidades de Cardiff. 
Los resultados de estas investigaciones demuestran un aumento en los niveles de tritio en los peces y moluscos capturados en las proximidades de una instalación industrial en la que se procesan materiales radiactivos para su utilización en medicina, investigación y en la industria. 
La Directiva sobre medidas de seguridad 96/29/Euratom prevé dichos coeficientes en el organismo por unidad consumida mediante ingestión de tritio y de agua tritiada. 
Aun en el supuesto de que el consumo de mariscos sea por encima de la media, los niveles de tritio medidos en el pescado procedente de la Bahía de Cardiff entrañarán una dosis de radiación muy por debajo del límite anual previsto para los miembros de la sociedad. 
Las referencias a los escapes de tritio en el medio ambiente marino y al asunto de los efectos del tritio sobre el organismo se incluyen en el estudio Marina II sobre la exposición radiológica de la Comunidad Europea procedente de la radiactividad en las aguas marinas del Norte de Europa. 
La publicación de dicho estudio está prevista para finales de agosto de 2002. 
Gracias por su respuesta, señora Comisaria. 
Supongo, y me gustaría una expresión de interés por su parte, que las autoridades reguladoras nucleares han calculado mal los riesgos para la salud de uno de los contaminantes nucleares más extendidos del mundo. 
Los adultos tienen el doble de probabilidades de lo que se creía anteriormente de desarrollar cáncer tras haber estado expuestos a tritio, y ese tritio en particular ha sido liberado por una fábrica. 
No obstante, la descarga de tritio procedente de la central de tratamiento de residuos nucleares Sellafield de BNFL en Cumbria y de la Central nuclear de Chapelcross, por mencionar sólo una descarga, es enorme- millones de litros de agua y aire tritiados cada año. 
De hecho, en opinión de un reciente estudio, la dosis podría ser 12 veces más peligrosa para los niños. 
Creo que ésta es un motivo importante de preocupación, puesto que las autoridades reguladoras han calculado mal. 
Me alegra que usted haya dicho que el estudio Marina II hará referencia a este punto. Pero habida cuenta de que estos hechos no se han conocido hasta fecha reciente, parece poco probable que el estudio pueda examinar muy de cerca el problema, y me gustaría que me garantizara que se hará un seguimiento serio de este problema. 
. 
(EN) Siempre existe algún motivo de preocupación cuando presenciamos cambios y un incremento de los vertidos en nuestras aguas. 
También suponemos que las autoridades del Reino Unido examinarán seriamente la situación. 
Tengo entendido que han iniciado una investigación del problema y que examinarán las razones del incremento de las dosis. 
Es un problema que también afecta a la Comisión en el sentido de que la legislación de la UE no prevé niveles máximos autorizados de tritio en los productos alimenticios. 
Junto con la Comisión Internacional de Protección Radiológica y con un grupo de expertos creado en virtud del artículo 31, la Comisión está negociando en estos momentos la posibilidad de establecer niveles máximos autorizados de tritio en los alimentos. 
Es una información muy importante para usted y, naturalmente, el estudio Marina II también examinará esta cuestión. 
La Comisión se toma muy en serio este asunto, seguiremos adelante con nuestras negociaciones y, sin ninguna duda, haremos un seguimiento. 
Nosotros tenemos el deber de vigilar muy de cerca estos casos y de garantizar que adoptamos las medidas oportunas. 
Pregunta nº 62 formulada por Carlos Bautista Ojeda (H-0471/02): 
Asunto: "Pescaíto frito" 
¿Sabe la Comisión si el Comisario encargado de la pesca el Sr. Fischler sabe qué es el "pescaíto frito"? 
¿Sabe la Comisión de donde viene el "pescaíto" que consumimos actualmente la mayor parte de los ciudadanos del sur de Europa? 
¿Tiene constancia sobre cuál o cuáles flotas son las que pescan ahora el "pescaíto" que se consume a diario en Andalucía? 
¿Tiene constancia la Comisión del nivel de compromiso con el medio ambiente y con la conservación de los stocks que tienen los terceros países que pescan ahora el "pescaíto"? 
¿Es consciente la Comisión de que las flotas que hasta hace un par de años pescaban el "pescaíto frito" eran las únicas que vigilaban las paradas biológicas y ahora son las únicas que están en los astilleros desguazándose? 
¿Entonces por qué ese empeño en apretar siempre la misma tuerca con sus propuestas de PCP (Política Común Pesquera) , permitiendo y favoreciendo con acuerdos comerciales, de cualquier índole, a esos terceros Estados que no respetan paradas biológicas pesqueras, ni los stocks y que además permiten que enormes flotas industriales comerciales, algunas de ellas de armadores europeos, nos traigan para consumir el "pescaíto frito"? 
¿No cree que en realidad sus propuestas de PCP, que se esconden bajo un falso criterio de sostenibilidad, lo que pretenden es que desaparezca la flota artesanal, la única que genera empleo paralelamente al respeto del medio ambiente, en favor de una flota industrial más poderosa e irrespetuosa con los stocks? 
Señor Presidente, Señorías, respecto a la pregunta del Sr. diputado le puedo asegurar que no solamente sé qué es el "pescaito frito" sino que ya he comido varias veces ese plato en España. 
También sé que el "pescaito frito" se prepara con frecuencia con peces que no alcanzan los tamaños mínimos que prescribe el derecho comunitario. 
Los peces empleados para ello se pescan tanto por terceros Estados como por la flota europea. 
Pero tanto para las capturas de la Comunidad como para el pescado importado se aplican los mismos tamaños mínimos que, en ambos casos, tienen que ser controlados por las autoridades de los Estados miembros. 
En este contexto, deseo indicar que tras varias inspecciones en España, hemos llegado a la conclusión de que los controles en este país dejan mucho que desear pues en los mercados hay grandes cantidades de peces que no dan la medida. 
Hemos extraído las consecuencias de ello y hemos iniciado un procedimiento de violación del Tratado contra España. 
La Comisión está también informada de que estos peces antes eran pescados por la flota española en el marco del acuerdo con Marruecos. 
Como sabe, por desgracia, no se pudo renovar dicho acuerdo, pero la Comunidad ha cumplido su responsabilidad adoptando medidas a favor de los barcos y tripulaciones afectadas. 
Finalmente, deseo indicarle que en nuestras propuestas sobre la reforma de la política de pesca común nos pronunciamos decididamente a favor de una pesca responsable y sostenible también fuera de las aguas de la Comunidad. 
Queremos ayudar a los terceros Estados a explotar sus reservas de un modo sostenible en el marco de nuestros acuerdos de pesca. Esto incluye naturalmente también la captura y comercialización de los alevines. 
A su última pregunta tengo que responderle con toda claridad que nuestras propuestas de reforma no pretenden en absoluto extinguir alguna parte de la flota comunitaria. 
En nuestras propuestas no encontrará ningún punto en el que se favorezca la flota industrial frente a la pequeña pesca artesanal costera. 
Lo que proponemos es reducir la pesca allí donde es necesario, es decir, menos días en la mar donde las reservas de peces están en peligro. 
Cada Estado miembro puede entonces decidir por sí mismo, según criterios sociales y económicos, cómo distribuir los días en la mar entre los barcos y, en consecuencia, entre los grandes y pequeños. 
Señor Comisario, con todo el respeto he utilizado las palabras "pescaíto frito" sirviéndome de una denominación coloquial que utilizamos en Andalucía para definir el pescado fresco que se come a diario, que viene a diario, y que se fríe con aceite de primera calidad, como usted sabe. 
La realidad es que la suma del fracaso de las negociaciones con Marruecos con las propuestas de PCP con un criterio de sostenibilidad, que a nosotros también nos preocupa, va a dar lugar a que desaparezca prácticamente la flota artesanal. 
Mi pregunta sería, señor Comisario, ante esa misma preocupación de sostenibilidad, ¿aceptaría usted mi invitación y la de mi Grupo a visitar las bases pesqueras andaluzas, a venir a pescar con nosotros un par de días, ver los problemas de sostenibilidad, los problemas sociales, económicos y las alternativas? 
Creo que eso sería muy importante para darle credibilidad a su postura y sería fundamental de cara a los ciudadanos y de cara a todos esos criterios que también nosotros, los que defendemos la pesca, queremos transmitir. 
Nos preocupan los caladeros- sabemos que están sobreexplotados -, pero estamos dejando el mar en manos de flotas industriales, como usted sabe perfectamente, que son las que no respetan las paradas biológicas y las que no podemos controlar en las artes de mallas, como sí controlamos a los pescadores de la flota artesanal. 
Le reitero nuestra invitación, señor Fischler, y le expreso mi consideración. 
Señor Presidente, señor diputado, en primer lugar quiero agradecerle sinceramente la invitación de ir a Andalucía. 
Como usted sabe, amo esa parte de España. 
Naturalmente, tendremos que organizarlo adecuadamente, pero en principio estoy dispuesto a ir a Andalucía, al igual que viajo a otras muchas regiones costeras de la Comunidad. 
Pero volviendo al asunto: comprendo su preocupación por la pequeña pesca artesanal y es cierto que estos barcos pequeños tienen tendencialmente una desventaja competitiva frente a los barcos grandes. 
Cuando adoptamos en la Comisión las resoluciones sobre las propuestas de reforma de la pesca, también dijimos que estábamos dispuestos a discutir en el marco de las negociaciones del Consejo junto con los Estados miembros y, naturalmente, también junto con el Parlamento, posibilidades sobre cómo se puede seguir ayudando a esta pequeña pesca costera. 
Somos aquí exactamente de la misma opinión. 
Yo también creo que tenemos que hacer todo lo posible para que se pueda mantener esta pequeña pesca costera. 
Señor Presidente, quisiera sumar yo también mi inquietud y plantear una cuestión al Sr. Comisario. 
Soy aficionado a la pesca y vengo constatando, y creo que es una constatación general, que en el Mediterráneo no se controla la pesca realizada por grandes naves, barcos de arrastre, cuyas redes literalmente despellejan el fondo del mar, destrozando no sólo las crías y los huevos de los peces, sino también la flora marina, de forma que el fondo del mar se está convirtiendo en un desierto. 
Querría preguntar en qué medida hay un interés correspondiente por si es mayor o menor el tamaño de los peces pescados. 
Porque aquí ya no estamos hablando del tamaño de los peces, sino de la destrucción total de la fauna marina. 
Y quisiera preguntar, puesto que veo que estas naves destruyen constantemente las profundidades marinas, por lo menos las de mi país, las de Grecia, si esto está permitido o si se va a tomar alguna medida para impedir esta catástrofe. 
Señor Presidente, señor diputado, señoras y señores, la cuestión de cómo se puede asegurar una pesca sostenible en el Mediterráneo es sin duda un tema muy importante. 
Quiero recordarle que en las propuestas que presentamos se proyecta una comunicación propia al Parlamento y al Consejo que prevé un plan de acción especial en exclusiva para el Mediterráneo. 
Aquí se trata de mucho más, no sólo de la cuestión de la industria o de los barcos grandes que también pescan en partes del Mediterráneo. 
Lamentablemente, en relación con el Mediterráneo disponemos de muchos menos datos científicos en comparación, por ejemplo, con el nordeste del Atlántico y tampoco existe ninguna institución que sea comparable a la ICES de esa zona del Atlántico. 
Se trata pues en primer lugar de cómo o de dónde podemos obtener los datos necesarios para adoptar decisiones de gestión adecuadas. 
El segundo punto que se refiere al Mediterráneo es- en lo que tiene usted toda la razón- es que no sólo pescan allí los barcos comunitarios sino también los de los demás Estados ribereños. 
Debemos considerar si no es posible que en esta área introduzcamos también una gestión regional incluyendo a los terceros Estados. 
Finalmente, tenemos que ocuparnos también de las especiales características sociales y económicas de la pesca en el Mediterráneo. 
Pero insisto claramente: en comparación con el Atlántico, la proporción de barcos pequeños en el Mediterráneo es muy superior y la mayor parte de la actividad pesquera es ejercida por esos barcos pequeños y no por los grandes. 
Pregunta nº 63 formulada por John Joseph McCartin (H-0474/02): 
Asunto: Nuevas capacidades pesqueras de la flota irlandesa 
¿Puede confirmar la Comisión la noticia publicada por la prensa de que un nuevo barco pesquero, el "Atlantic Dawn", con 144 metros de eslora y la mayor capacidad pesquera del mundo, ha sido dado de alta en el registro de barcos pesqueros de Irlanda y que está autorizado a faenar dentro del cupo pesquero de este país? 
¿Puede aclarar la Comisión si han sido inmovilizadas o decomisionadas otras capacidades pesqueras para compensar la de dicho buque recién incorporado? ¿Ha desistido la Comisión de sus acciones legales contra el Gobierno irlandés por aumentar su capacidad pesquera de tal manera, contraviniendo la Política Pesquera Común? 
Señor Presidente, señoras y señores, el "Atlantic Dawn" está actualmente registrado correctamente en el registro oficial irlandés para barcos de pesca, por lo que se ha incorporado también al registro de la flota de la Comunidad. 
Pero la actividad de este barco de pesca es asunto del gobierno irlandés y no de la Comisión. 
Los Estados miembros están obligados a respetar los objetivos relativos a la capacidad de capturas y el cupo pesquero que se ha determinado para ellos en un programa plurianual. 
Mientras no se sobrepasen esos valores, los Estados miembros pueden emplear sus barcos registrados como deseen. 
El "Atlantic Dawn" está autorizado a pescar en aguas europeas bajo las cuotas irlandesas. 
En lo que se refiere a los objetivos POP, Irlanda sobrepasa actualmente las capacidades pesqueras en su segmento pelágico. 
Por ello, la Comisión ha iniciado contra Irlanda un procedimiento por incumplimiento del Tratado. 
Como reacción a ello, Irlanda ha reducido sus capacidades en este segmento y ha informado a la Comisión de que hasta finales de este mes va a seguir reduciendo sus capacidades de pesca para alcanzar los objetivos. 
Vamos a ver hasta qué punto esto se cumple realmente en el curso de este mes y vamos a seguir esta evolución muy exactamente. 
Aunque en muchos sentidos acogemos con satisfacción el progreso que significa la incorporación de este buque en particular y acogemos favorablemente la tecnología moderna, en una situación en la que los pescadores no pueden encontrar caladeros suficientes que justifiquen la actual capacidad, resulta extraña la introducción de un nuevo buque al que se le podría conceder licencia y ser dado de alta y que podría capturar la mitad o quizá dos terceras partes de la cuota para toda la flota irlandesa. 
Tengo entendido que la Comisión Europea inició procedimientos contra el Gobierno irlandés con respecto a este buque, pero que ahora ha retirado dichos procedimientos. 
¿Podría explicar la Comisión qué ha cambiado y por qué ahora no ve ninguna ilegalidad, mientras que hace un año, parecía que el Gobierno irlandés había contravenido la Política Pesquera Común al permitir faenar a dicho buque en aguas comunitarias? 
Señor Presidente, me permito repetir de nuevo muy brevemente de qué se trata aquí. 
El hecho es que el gobierno irlandés ha solicitado incluir en el registro de flotas este barco, que es muy grande, uno de los barcos más grandes que existe. Al principio se precisó de algún tiempo para que Irlanda pudiese cumplir las condiciones de registro. 
Según las comunicaciones que recibió la Comisión, se cumplieron dichas condiciones o bien el gobierno irlandés anunció que las iba a cumplir. 
Se ha comprobado que en el segmento pelágico se han sobrepasado los objetivos POP. 
En consecuencia, hemos iniciado el procedimiento. 
En el marco de este procedimiento, el gobierno irlandés nos ha comunicado que está reduciendo capacidades, de modo que no va a sobrepasar ya la capacidad total en este segmento. 
Si se cumple, no tendremos ya ninguna base para proseguir un procedimiento. 
Pero, a la postre, es una decisión del gobierno irlandés. 
Si el gobierno irlandés es de la opinión de que desde su perspectiva es mejor distribuir sus correspondientes cuotas más a este gran barco y menos a otros barcos más pequeños, no podemos intervenir. 
No disponemos para ello de fundamento jurídico. 
Sobre una cuestión de orden, se debía haber tomado la pregunta nº 67 de la Sra. Jackson junto con ésta. 
Quizá, si la Sra. Jackson viene ahí, tenga tiempo para formular una pregunta complementaria porque ambas tratan sobre el mismo asunto. 
Quisiera preguntar al Sr. Comisario si el Sr. McHugh, el propietario de Atlantic Dawn, ha solicitado una licencia poder faenar en el marco del acuerdo pesquero entre la UE y Mauritania. 
El Atlantic Dawn y el Veronica atracan en Las Palmas. 
Puesto que el Veronica se ha convertido ahora en un buque con pabellón de conveniencia, ¿qué medidas ha adoptado la Comisión para poner fin a las descargas del Veronica en Las Palmas? 
Cuando usted mencionó la reducción de capacidad de la flota irlandesa, pasó por alto el hecho de que el Veronica es la reducción de capacidad y que ahora ha pasado al pabellón de un país de conveniencia, que le permite faenar sin ningún tipo de control. 
Pensé que la Comisión penalizaría duramente todo este asunto. 
Francamente, usted no ha respondido a la pregunta del Sr. McCartin en relación con el hecho de que la Comisión emprendió una acción legal contra Irlanda por dos motivos, uno de los cuales afecta al registro de dicho barco. 
Fue registrado como buque de la marina mercante y más tarde obtuvo una licencia de pesca. 
El Gobierno irlandés obró mal y ahora el Sr. McHugh ha encontrado el modo de eludir a la Comisión para hacerse con la licencia. 
Por lo que puedo ver, prevalece el problema del registro, porque actualmente forma parte de la flota, pero lo ha conseguido actuando de manera irregular desde el inicio. 
Sí soy consciente, señora McKenna, de que la pregunta 67 es parecida a la pregunta 63, pero la Comisión nos la ha trasladado como pregunta diferente y se ha aceptado. 
De todas formas, la Sra. Jackson va a hacer una pregunta complementaria también y creo que se va a completar toda la respuesta a este tema. 
Pregunta nº 67 formulada por Caroline F. Jackson (H-0505/02): 
Asunto: El Atlantic Down y la pesca en Mauritania 
¿Puede la Comisión confirmar que el barco irlandés Atlantic Down, con base en Las Palmas, está pescando en aguas mauritanas en virtud del acuerdo de pesca de la UE, o de un acuerdo privado, con dicho país, obviando las disposiciones relativas al tamaño de los barcos pesqueros al haberse registrado como barco mercante? 
Si es así, ¿qué medidas está tomando al respecto la Comisión, habida cuenta de que no se puede atribuir toda la responsabilidad a las autoridades mauritanas? 
Señor Presidente, usted ha constatado con razón que la pregunta que ha planteado ahora la Sra. diputada coincide literalmente con la que ha planteado la Sra. Jackson. 
Estoy gustosamente dispuesto a responder a ambas. 
Voy a comenzar enseguida. 
En este acuerdo don Mauritania se introdujo una gran limitación para el segmento pelágico, en concreto 9.500 TBR, de modo que el "Atlantic Dawn" no tiene la posibilidad de pescar en el marco del acuerdo con Mauritania. 
Pero esto no tiene nada que ver con banderas de conveniencia, sino que el "Atlantic Dawn" ha llegado a un acuerdo privado y pesca con una licencia privada en aguas mauritanas. 
El propietario del "Atlantic Dawn" ha obtenido esa licencia directamente del gobierno mauritano, por lo que queda fuera de nuestro ámbito de influencia. 
Sólo podemos controlar aquella parte que contempla el acuerdo. 
No podemos influir sobre los acuerdos que el gobierno mauritano adopta con otros Estados o particulares. 
Para que no surja ningún malentendido sobre la cuestión del procedimiento por incumplimiento del Tratado: le he dicho que Irlanda se encuentra fuera de los objetivos POP en lo relativo al segmento pelágico. 
Por ello, este procedimiento sigue su curso. 
Pero el "Atlantic Dawn" está registrado adecuadamente y por ello el procedimiento contra el "Atlantic Dawn" se ha sobreseido. 
El Atlantic Dawn parece un barco fantasma, faena frente a la costa de Irlanda, de Mauritania o donde sea. 
Tengo una pregunta muy sencilla para la Comisión. 
¿Se destinó a la construcción del Atlantic Dawn una subvención con cargo al presupuesto de la Unión Europea, en el marco de la ayuda destinada a Irlanda o no? 
Si es así, ¿a cuánto ascendió la subvención? 
Señor Comisario puede contestar ahora o después de la siguiente pregunta, si necesita usted más inspiración. 
La Comunidad no subvenciona al "Atlantic Dawn", por lo que no hay en juego ningún dinero de la Comunidad. 
Sin embargo, tengo que indicarle que esto no es algo que sólo afecte a un barco irlandés. 
Por ejemplo, barcos holandeses pescan también en aguas marroquíes con licencias privadas. 
Aquí tampoco tenemos ninguna posibilidad de intervenir. Tenemos que atenernos aquí a las leyes nacionales. 
No podemos invadir Mauritania o Marruecos porque estos países concedan una licencia a un barco privado. 
Pregunta nº 64 formulada por Camilo Nogueira Román (H-0476/02): 
Asunto: Las capturas para la fabricación de harinas de pescado por parte de la flota de Dinamarca y los recursos pesqueros en aguas comunitarias 
Es sabido que Dinamarca dispone de una posición privilegiada en lo que respecta a derechos de captura en aguas comunitarias, de manera que puede pescar tanto como Francia y el Estado Español juntos. 
Gran parte de estos derechos se refieren a capturas destinadas a la fabricación de harinas de pescado. 
Según el Comisario Franz Fischler, la harina se destina a la acuicultura y no tiene influencia en los recursos y especies que son objeto de pesca directamente para el consumo humano. 
¿Qué datos cuantitativos existen acerca de la utilización parcial o total de estas harinas de pescado en la acuicultura? 
¿Qué datos objetivos existen para demostrar que estas capturas para uso industrial no influyen en la situación de los recursos destinados al consumo humano? 
Señor Presidente, el empleo de harinas y de aceite de pescado en la acuicultura ha aumentado fuertemente durante los últimos años sobre todo porque ha crecido también intensamente la acuicultura como tal. 
La asociación internacional de fabricantes de harinas y de aceites de pescado indica que en 1990 se empleaban en la acuicultura el 10% de las harinas de pescado y el 16% de los aceites de pescado. 
El año 2000, estas proporciones han pasado al 35% para las harinas de pescado y al 60% para los aceites de pescado. 
Se puede partir del hecho de que este crecimiento va a proseguir. 
Las capturas danesas que se procesan en forma de harinas y aceites de pescado son del orden de entre 1 y 1,5 millones de toneladas de pescado anuales. 
Las especies principales son alicantes, con un 60%, anchoas, con aproximadamente el 20%, ojón mayor con aproximadamente un 6% y bacaladilla con asimismo un 6%. 
Todas estas especies se explotan con TACs y cuotas sobre la base de estudios científicos del ICES. 
El ICE analiza cada año la situación de las especies de peces más importantes económicamente y de tal estudio se deduce que las capturas accesorias de peces destinados a la alimentación se han reducido en la pesca industrial y que, por lo tanto, la evolución de los stocks de estos peces se ha visto poco influenciada. 
Hasta 1996, en la pesca industrial del Mar del Norte, del Skagerrak y del Kattegat se pescaba también arenque, merlan y eglefino. 
En 1996, la Comunidad introdujo regulaciones para estas capturas adicionales y un amplio sistema de supervisión y control y desde entonces estas capturas accesorias se han reducido masivamente y ya no existe ningún peligro para los peces destinados a la alimentación. 
En el marco de ICES existe también un grupo de trabajo sobre el tema "repercusiones de la pesca sobre los ecosistemas" y este grupo también ha valorado las repercusiones indirectas de la pesca de grandes cantidades de peces industriales sobre la cadena alimenticia marina. 
No ha encontrado ninguna prueba de que la captura de especies utilizadas industrialmente limite la productividad de los stocks de peces destinados a la alimentación. 
Respecto a la pesca de bacaladilla, ICES ha advertido frente al peligro de que se puedan capturar accesoriamente grandes cantidades de alevines de la misma especie. 
Por ello, nos hemos dirigido por escrito a ICES para solicitar asesoramiento científico para saber cómo se pueden evitar en el futuro estas capturas accesorias. 
Señor Presidente, señor Comisario, la verdad es que, antes de formular mi pregunta, debo confesar que los datos que di sobre las capturas de Dinamarca en comparación con las de España y Francia estaban equivocados: no es tanto como España y Francia, sino seis veces más que España y seis veces más que Francia. 
Dinamarca tiene, por el llamado principio de estabilidad relativa, el 44 por ciento de los derechos de captura en las aguas comunitarias, mientras que la suma de Francia y España alcanza sólo el 13 por ciento. 
Los datos que proporcionó el Comisario Franz Fischler son para mí muy confusos y espero que ese grupo de trabajo que estudia las repercusiones en los recursos para el consumo humano acabe su labor precisamente antes de que se ponga en funcionamiento la reforma de la Política Pesquera Común. 
En todo caso, la pregunta que hago es la siguiente: evidentemente, en este momento hay en la Unión Europea países privilegiados en cuanto a capturas y pregunto si es posible una reforma de la PPC sin aplicación del principio tan autieuropeo de estabilidad relativa. 
¿Qué razones políticas existen para mantenerlo, como se dice en el Libro Verde y se dice ahora en la reforma de la Política Pesquera Común? 
Señor Presidente, señor diputado, que Dinamarca pesque seis veces más que España y Francia juntas es más bien un infundio, pero creo que no tiene mucho sentido que nos arrojemos aquí recíprocamente cifras. 
Le propongo lo siguiente: le enviaremos por escrito los datos correspondientes sobre la magnitud y las cifras concretas de la pesca industrial. 
Entonces tendrá la prueba concluyente. Creo que es lo más sencillo. 
Otro tema muy diferente es la pregunta que ha planteado sobre la estabilidad relativa. 
Aquí se trata esencialmente de dos cosas: por un lado, de la prosecución de la zona de doce millas o de las seis millas y, por otro, de la estabilidad relativa en lo tocante a la distribución de TAC y cuotas. 
Usted sabe que hasta ahora ha habido una disposición especial que se basa en el Tratado de adhesión de España y Portugal y esa disposición expirará a finales de este año. 
Pero debe creerme que la expiración de esta disposición significa que son aplicables los mismos principios para todos- inclusive España y Portugal -, por lo que se deben aplicar los mismos principios para la determinación de TAC y cuotas y al acceso a las aguas. 
Vamos a tomar las medidas necesarias para que así sea y lo va a ver por primera vez cuando a finales de este año se determinen para el próximo las TAC y cuotas. 
Quería preguntarle al señor Comisario una cosa muy simple, que quizás tiene más que ver con las preguntas que se formularon antes y a las que llegué un poco tarde para formular mi pregunta complementaria. 
¿Cree usted, señor Comisario, que la situación que acaban de exponer en su intervención usted y algunos diputados- que buques enormes de Estados miembros están pescando en los mismos caladeros en los que la flota comunitaria hace esfuerzos por preservar los recursos- es justa o cree que es una situación que deberíamos ser capaces de evitar a través, por ejemplo, de toda una serie de mecanismos que vamos a poner ahora mismo en marcha durante estos meses que nos esperan de debates para reformar la Política Pesquera Común? 
¿Cree usted que en caladeros que ha abandonado la flota comunitaria, o en los que las exigencias comunitarias para preservar el recurso son muy altas, es permisible, aun no recibiendo fondos comunitarios, que barcos grandes estén ejerciendo una presión enorme sobre los recursos? 
Ésa es mi pregunta. 
Señor Presidente, señora diputada, podemos discutir sobre este tema, pues la Comisión es de la opinión de que no tiene sentido emplear abundantes fondos comunitarios para la nueva adquisición de barcos y que sería mejor dedicar el dinero para que los pescadores pequeños pobres que tienen grandes dificultades económicas tengan en el futuro unas posibilidades mejores. 
Este es uno de los conceptos básicos de la reforma que proponemos. 
Vamos a tener aún muchas ocasiones de debatir al respecto. 
Pregunta nº 65 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0497/02): 
Asunto: El cultivo del tabaco 
¿Cuántas son las mujeres que trabajan en el cultivo de tabaco dentro de la Unión Europea? ¿Cuántos los jóvenes agricultores? 
Señor Presidente, respecto a esta pregunta quiero decir lo siguiente: la Comisión sabe cuántas explotaciones producen tabaco en la Unión Europea. 
Lamentablemente, no tenemos ninguna información estadística sobre la distribución de los trabajadores en este sector del tabaco según los criterios a los que se refiere la Sra. diputada, es decir, cuántas mujeres y jóvenes agricultores trabajan en estas 100.000 explotaciones, por lo que no puedo darle ninguna cifra para responder adecuadamente a su pregunta. 
Señor Presidente, en cuanto al mantenimiento sostenido del cultivo de tabaco en Granada, quisiera saber si la entrada de Polonia- país cultivador- o el flujo comercial con Zimbabwe son factores que podrían provocar una disminución de las cantidades de tabaco cultivado en la provincia de Granada. 
Es muy deficiente la primera parte de la respuesta del Sr. Comisario, en lo que se refiere a las mujeres. 
Yo le puedo facilitar la cantidad de mujeres que trabajan en el tabaco en Granada, pero es sorprendente que usted, que es Comisario europeo en este sector, con un cultivo tan importante en Europa, no conozca el número de mujeres- que es lo que yo le preguntaba- o el de agricultores jóvenes. 
En cualquier caso, le ruego que conteste a mi pregunta complementaria, porque proviene justamente de los tabaqueros de Granada, que están preocupados porque allí se dice que la entrada de Polonia y el comercio con Zimbabwe van a perjudicarlos. 
A ver si puede disuadir esta inquietud. 
Señor Presidente, señora diputada, créame que yo también siento no poder proporcionarle esta información relativa al empleo de mujeres en el cultivo de tabaco. 
Pero la Oficina de Datos Estadísticos no dispone de las cifras necesarias para diferenciar entre trabajadoras y trabajadores. 
Quizás sería una iniciativa solicitar a la Oficina de Datos Estadísticos que en el futuro recabe estos datos también en función de los sexos. 
Respecto a su otra pregunta: no veo que la adhesión de Polonia a la Unión Europea represente un problema especial para el cultivo del tabaco como tal en la Unión Europea. 
El problema que vamos a tener en el futuro en la Unión Europea se va a ver determinado por una iniciativa del Parlamento que exige que se suspendan las ayudas al cultivo del tabaco. 
Aquí sí que veo un problema, pues va a tener, naturalmente, consecuencias sociales para los cultivadores afectados. 
Pero por la adhesión de Polonia a la Comunidad apenas se van a producir cambios en los cultivos. 
Tampoco debe olvidar que precisamente en el cultivo de tabaco, son muy importantes las variedades que se cultivan. 
No se encuentran en competencia directa. 
Puesto que estamos en un momento de reforma de la PAC, puesto que se anima a los agricultores a comprometerse con la multifuncionalidad, que viene a ser la protección del mundo rural a través de la diversificación, y puesto que se reconoce- por ejemplo, en la reunión que mantuvo el Consejo de Agricultura el 27 de mayo de 2002- el papel tan importante que puede desempeñar la mujer en esta diversificación del mundo rural, me gustaría preguntarle al Comisario si no cree que quizás la Comisión tendría que plantearse una reflexión similar respecto a la reforma de la política común de pesca, porque- lo he dicho muchas veces- son muchísimas las mujeres que están presentes en esta actividad. 
Y, además, las que no están presentes directamente en la actividad, están ejerciendo un papel secundario al lado del marido- lo que es todavía más grave, pues su trabajo es invisible y no obtienen ningún tipo de reconocimiento, ni social ni económico. 
Me gustaría preguntarle al señor Comisario si ha previsto la Comisión algún documento o alguna actividad en este sentido. 
Señor Presidente, señora diputada, coincido plenamente con usted en que en el sector de la pesca las mujeres desempeñan un gran papel, no solamente en el sector de transformación. 
En la industria transformadora, en la de conservas, trabajan muchas mujeres y también de modo creciente en las mismas actividades de captura. 
Sobre todo en relación con la política de la estructura pesquera y de su futuro, que es a la que se orientan las ayudas, merecería considerarse adoptar aquí medidas específicas para las mujeres, tal como ocurre en la política de desarrollo rural. 
No quiero realizar aquí y ahora la promesa de que vamos a presentar un documento propio, pero voy a recapacitar al respecto, ocuparme de este asunto del modo adecuado y comunicarle el modo con que lo haremos. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, y teniendo en cuenta que la pregunta 67 ha sido contestada conjuntamente con la 63, la pregunta 66 y de las preguntas 68 a 86 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.45, se reanuda a las 21.00 horas) 
Señora Presidenta, señora Comisaria, el Sr. Trakatellos y la Sra. Scheele han presentado un detallado trabajo que puede contribuir claramente a la mejora de la información y transparencia y a la libertad de elección de los consumidores europeos. 
La salud de las personas y animales tiene prioridad. 
Sin embargo, el criterio más importante debe ser que estas condiciones marco legales sean viables. 
Sobre todo, deben estar en consonancia con las normas de la OMC y no deben impedir el desarrollo de la biotecnología en Europa como consecuencia de un exceso de burocracia. 
Necesitamos en primer lugar una regulación practicable sobre la presencia casual y técnicamente inevitable de organismos genéticamente modificados en productos no genéticamente modificados. 
El valor umbral de un 1% propuesto por la Comisión es razonable y realista y supone una ayuda para que los fabricantes y consumidores puedan orientarse. 
El valor umbral es importante para la coexistencia de diversas formas de cultivo ya que en la Naturaleza no se puede evitar técnicamente, por ejemplo, el vuelo del polen. 
El segundo punto importante es que sólo se deben etiquetar aquellos productos que contienen de modo comprobable científicamente organismos genéticamente modificados, mientras que no es adecuado el etiquetado de sustancias componentes que se han aislado de plantas genéticamente modificadas ya que, por ejemplo, en aceites, azúcares y reforzantes del sabor no existen ya organismos genéticamente modificados en el producto final. 
También se debe rechazar el etiquetado de carne, huevos y leche de animales que han sido alimentados en alguna ocasión con piensos genéticamente modificados, pues confunde al consumidor. 
Estoy a favor de un etiquetado orientado al producto y estoy expresamente en contra de un etiquetado orientado a los procesos que no es controlable por motivos técnicos. 
Sólo debe realizarse un etiquetado allí donde también existe una prueba y, en consecuencia, donde también es posible un control de las normas de etiquetado. 
Señora Presidenta, estoy algo confundida. 
Al principio disponía de cinco minutos y tenía que decir naturalmente muchas cosas, pero me repetiría. 
La posición de mi parte está clara y como ya es tarde, me ahorro dos minutos de tiempo de intervención. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Comisario, los informes del Sr. Trakatellis y de la Sra. Scheele van estrechamente unidos. 
Hoy ya se ha dicho mucho al respecto en este debate. 
La opinión pública en Europa rechaza mayoritariamente la aplicación de la biotecnología moderna fuera de los laboratorios. 
Sin embargo, existen diferentes aspectos. 
Diversos estudios indican que la mayoría de las personas se sienten poco informadas para poder emitir un juicio claro. 
Aproximadamente el 86% de los encuestados en la Unión Europea han indicado que les gustaría saber más antes de consumir alimentos elaborados en base a organismos genéticamente modificados. 
Los investigadores deducen de sus resultados que los alimentos producidos con tecnología genética en Europa tienen un mercado si ofrecen ventajas inequívocas. 
Pero en el primer plano debe encontrarse la libertad de elección de los consumidores. Los consumidores quieren poder decidir entre productos elaborados con organismos genéticamente modificados y productos convencionales. 
Hoy hemos debatido muy vivamente sobre las nuevas directivas de etiquetado. 
Desde mi punto de vista, sólo se debería realizar un etiquetado allí donde también sea posible una prueba y, en consecuencia, un control de las normas de etiquetado. 
Si las modificaciones genéticas no se pueden comprobar en el producto, como es el caso, por ejemplo, en la carne, leche o huevos provenientes de animales que han sido alimentados con piensos genéticamente modificados, estoy en contra de esa exigencia. 
Y lo que para mí es muy importante: no quiero ni mencionar los incalculables riesgos de responsabilidad para las empresas. 
Por ello, es absolutamente necesario que se determinen unos valores límite practicables y, por ello, estoy a favor de un valor límite unitario de un 1%. 
En su documento, la Comisión indica que en la práctica no es realizable una tolerancia cero y muchos de mis colegas se han referido repetidamente a los imponderables que tenemos en la Naturaleza. Por ello, no voy a añadir nada nuevo. 
Señora Presidenta, es obvio que estamos totalmente a favor de la adopción de normativas que garanticen un elevado nivel de protección y seguridad de los consumidores y del medio ambiente, pero también estamos a favor de medidas que se apliquen de forma cierta y transparente, y una de estas medidas es, sin duda, el etiquetado que consideramos que se debe aplicar a través de un sistema de control científicamente verificable. 
A pesar de dar las gracias a ambos ponentes por el enorme trabajo realizado sobre un tema tan difícil y complejo, debo decir que ambos informes presentan aspectos que nos plantean algunas perplejidades: por ejemplo, la arbitraria reducción al 5% del margen de tolerancia, anteriormente fijado en el 1%, por la presencia accidental de materiales genéticamente modificados; por ejemplo, la que nos parece una complicación adicional del procedimiento de autorización sin ninguna mejora de la seguridad u otros beneficios para el consumidor; y por último- otro punto que nos produce perplejidad- la falta de medidas adecuadas para detectar la presencia accidental de restos de productos genéticamente modificados. 
Quisiera hacer una reflexión sobre el concepto de "presencia accidental", un concepto que se emplea para indicar la presencia fortuita de pequeñas cantidades de un determinado material atípico en otro material. 
Pues bien, cuando tratamos de agricultura- que, como siempre, es un sector especial- en el caso de las variedades vegetales cultivadas, plantas o materiales de propagación, la presencia accidental de restos de otras variedades puede producirse en cualquier etapa de la siembra, de la cosecha, del transporte, de la distribución; en algunos casos la presencia accidental puede producirse incluso a raíz del intercambio de polen entre variedades cultivadas en campos vecinos. 
Ahora, en la práctica agrícola normal nos encontramos con que el apartado 9 de la propuesta nos plantea una dificultad objetiva. 
Sería importante que se evitaran umbrales que no tienen en cuenta la realidad de los hechos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señora Comisaria, en primer lugar quiero felicitar a los dos miembros de la Comisión. 
Creo que han presentado un documento muy ambicioso, una buena base para un debate con el Parlamento. 
Pero si se piensa que si se aprobasen todas sus propuestas se tendrían que etiquetar entre el 70 y el 80% de todos los alimentos que se encuentran ya en el comercio, entonces se podría decir como el gran pensador socialista David Bowe: Bueno, ¿no habría sido más inteligente si hubiésemos dado la vuelta a todo y sólo etiquetado positivamente? 
Felicito a David Bowe por su sincera y gran intervención. 
Naturalmente, sugerimos al consumidor que, cuando ha encontrado entre los numerosos productos etiquetados por fin algo donde no figura "organismos genéticamente modificados", el 20% restante está totalmente limpio. 
Pero el consumidor no lo sabe, quizás no deba saberlo. 
En cualquier caso, se encuentra en una situación penosa pues aún es peor. 
Uno por ciento, aquí puede haber quizás algo. 
Y ya nos encontramos en un concurso de belleza: 0,5 %, 0,1 % opina la Sra. Gebhardt. Sí, ¿porqué no 0,01 %? 
Nuestro gran científico Trakatellos dice que en pocos años podremos demostrar todo. 
Entonces estaremos por fin en situación de etiquetar el 99% de todos los alimentos. 
¿Qué hace entonces el pobre consumidor? 
No conoce la materia. 
Nosotros somos muy malos con el consumidor pues le decimos: no hay que etiquetar este 1%, excepto que el empresario sea malvado y no lo haya mandado hacer a propósito o no pueda aportar las pruebas. 
¿Qué le importa esto al consumidor? 
¿Es más sano o menos sano para el consumidor si el empresario puede presentar o no pruebas? 
¡Esto es una farsa! 
Es una comedia de tal calibre que realmente entiendo cuando los consumidores- y yo también soy consumidora- se sorprenden sobre lo que los políticos elucubran. 
Señora Comisaria, señor Comisario, mi confianza en ustedes es absoluta. 
La Comisión propuso el 12-01-2000 en el Libro Blanco sobre la seguridad de los alimentos presentar un reglamento sobre el etiquetado de alimentos libres de organismos genéticamente modificados. 
Esto sería perfecto y maravilloso como complemento a su propuesta. 
Los liberales lo han introducido afortunadamente como enmienda. 
En Austria hemos recorrido este fantástico camino austríaco. 
Señora Comisaria, no quiero decirle que proceda al modo austríaco cuando le invitamos gustosamente a escalar montañas en Austria y andar por ellas. 
Pero tenemos tiempo hasta la segunda lectura para marchar por este buen camino, es decir, etiquetar adicionalmente también positivamente. 
Entonces podré estar muy satisfecha con su propuesta, señora y señores Comisarios. 
Tengo confianza en ustedes. 
Señora Presidenta, señoras y señores, si los organismos genéticamente modificados fuesen peligrosos, deberíamos prohibirlos inmediatamente. 
Hoy se trata de etiquetado, de seguimiento de los alimentos hasta el origen. 
La información del consumidor es el mandato superior, la libertad de decisión. Todos estamos a favor de ello. 
El consumidor debe poder decidir él mismo qué es lo que lleva a su mesa y para ello necesitamos un etiquetado. 
En la Unión se ha sometido ya una serie de organismos genéticamente modificados a una valoración por parte de los comités científicos, comprobándose que no suponen ningún peligro para la salud y el medio ambiente. 
Sin embargo, también es importante la información cuando se trata del sector alimentario y creemos que aquí encontramos una mejor aceptación de la aplicación de la tecnología genética. 
Según la propuesta de la Comisión, los organismos genéticamente modificados se deben etiquetar a partir de un valor máximo de un 1%. 
Como consecuencia de una enmienda que fue aprobada en la comisión en contra de los votos del PPE y DE, este valor se quiere reducir al 0,5 %. 
En todo lo que exigimos, debemos tener en cuenta la practicabilidad y ejecutabilidad de los reglamentos. 
Aquí se plantea también la cuestión de si una contaminación casual se puede evitar en absoluto. 
La realidad muestra que esta tolerancia cero no se puede garantizar casi nunca. 
Especialmente problemática es- repito lo que las colegas ya han dicho- la exigencia de etiquetar todos los productos cárnicos, huevos y leche de animales que han sido alimentados con organismos genéticamente modificados o que poseen partes de dichos organismos. 
Si el producto final no contiene ADN ni proteínas genéticamente modificadas, no puede ser que haya que etiquetar a pesar de ello como organismos genéticamente modificados. 
A la postre, sólo puede figurar lo que realmente hay dentro. 
¿Qué agricultor, cuyos animales están al aire libre en los prados puede garantizar que no tomen organismos genéticamente modificados esparcidos por el viento? 
Este hecho y también proporciones reducidas en los piensos traerían como consecuencia que toda la carne tendría que ser etiquetada como organismo modificado genéticamente. 
Y esta es una situación inadmisible tanto para los agricultores europeos como para los consumidores. 
Para los consumidores, porque tendrían que enfrentarse a informaciones que no dicen nada y para los agricultores significaría un problema insoluble técnicamente. 
Tampoco es aceptable porque los agricultores no son a la postre los responsables de la introducción y difusión de los organismos genéticamente modificados. 
. 
(SV) Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias a los ponentes, el Sr. Trakatellis y la Sra. Scheele, y a los diputados por este interesante y activo debate. 
Las propuestas que discutimos hoy están vinculadas con muchas materias importantes. 
La opinión pública está muy preocupada por los organismos genéticamente modificados. 
Como legisladores, somos responsables de garantizar la salud y seguridad de los consumidores y de proteger el medio ambiente y la diversidad biológica. 
Además, hay que asegurar a los consumidores la posibilidad de elegir por sí mismos, fundamentándose en información confiable. 
Por estas razones, la comercialización de los productos genéticamente modificados debe ser regulada de manera tal que nos permita alcanzar un alto grado de seguridad, transparencia y credibilidad. 
La Directiva 2001/18, el reglamento sobre nuevos alimentos y la propuesta sobre alimentos y piensos genéticamente modificados han sido redactados sobre la base de esas premisas. 
Por eso, en conformidad con estas normas y con el principio de cautela, la autorización para comercializar productos genéticamente modificados debe conllevar un alto grado de protección para las personas y el medio ambiente. 
En el sistema comunitario se exige una minuciosa evaluación de riesgos antes de la comercialización. 
El hecho de conocer la procedencia de los productos facilita la adopción de medidas después de su comercialización, como, por ejemplo, su control o retirada del mercado. 
Esto facilita también una adecuada información a todos los operadores en la cadena de producción y distribución. 
En esta propuesta se establece un seguimiento de todos los pasos de la comercialización de los productos genéticamente modificados. 
Se estipula también que los productos que contienen organismos genéticamente modificados deberán ser etiquetados en todas las etapas de su comercialización. 
El objetivo final es que esta información dé a los consumidores y a la opinión pública la posibilidad de elegir. 
Pensamos que estas medidas son un importante paso para recuperar la confianza de los consumidores y de la opinión pública. 
En la propuesta se establecen numerosas obligaciones a los distintos operadores, sin que esto implique una carga innecesaria o desmedida para esas personas ni para las autoridades encargadas del control. 
En las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo se han destacado numerosos temas importantes como, por ejemplo, el alcance de estas normas. 
Mi colega David Byrne se ocupará más detalladamente del alcance de la propuesta respecto a los productos obtenidos de animales alimentados con piensos genéticamente modificados. 
Sin embargo, quisiera destacar que la Comisión, en relación con la redacción de esta propuesta, estudió esta cuestión minuciosamente. 
Después de muchas discusiones y consultas llegamos a la conclusión de que la inclusión de estos productos sería irrealizable y contraria a la legislación comunitaria. 
Por esta razón, la Comisión no respalda las enmiendas con este contenido. 
Hay también numerosas enmiendas cuyo objetivo es limitar la propuesta de la Comisión. 
Esas enmiendas limitan los requisitos de rastreabilidad sólo a los casos en que sea posible demostrar la existencia ADN o proteínas. 
Nuestra propuesta permitiría el etiquetado de productos producidos con organismos genéticamente manipulados, pero que ya no contienen ADN o proteínas modificados. 
Durante la redacción de la propuesta discutimos esta materia que implica, sin embargo, algunas limitaciones. 
La principal objeción es que tal limitación dificultaría a los consumidores la información necesaria para hacer su elección. 
Por eso, la Comisión rechaza esas propuestas. 
En cuanto a los objetivos, conviene recordar que aunque la rastreabilidad facilita la aplicación de medidas de seguridad, cuando éstas sean necesarias, no constituye en sí misma una medida de seguridad. 
Por eso cabe aplicar el principio de cautela a las autorizaciones emanadas de las evaluaciones de riesgos, pero no a las de la aplicación del sistema de rastreabilidad como el de esta propuesta. 
Por esta razón la Comisión rechaza las enmiendas 2 y 6, que pretenden la aplicación del principio de cautela a la propuesta. 
Quisiera destacar también que los sistemas para rastrear la procedencia no son una herramienta adecuada para estudiar la coexistencia. 
En la comunicación sobre ciencias y tecnologías biológicas aprobada en enero de este año, la Comisión se comprometió a estudiar la coexistencia de piensos orgánicos, convencionales y genéticamente modificados. 
En esta propuesta se trata solamente el etiquetado y la rastreabilidad de organismos genéticamente modificados. 
Éstos no son instrumentos adecuados para tratar la coexistencia, ya que ésta requiere una decisión sobre el sistema de producción agrícola. 
Por eso la Comisión no aprueba la totalidad de la enmienda 27 y partes de la enmienda 3, que se ocupan de esta materia. 
Hay más enmiendas que se ocupan de la rastreabilidad. 
Conviene tener en cuenta que el objetivo que se persigue con esta información no es el mismo para los organismos genéticamente modificados que para los productos elaborados con esta clase de organismos. 
Es importante poder identificar los organismos genéticamente modificados que intencionadamente se incorporan al medio ambiente mediante cultivos, ya que estos productos contienen organismos genéticamente modificados viables, que pueden reproducirse y expandirse. 
Por eso en la propuesta se dispone que los operadores deberán ser capaces de precisar con exactitud el tipo de organismos genéticamente modificados que contienen los diferentes productos y tendrán la obligación de informar a los que reciban esos productos. 
Los eventuales riesgos para el medio ambiente emanados de los productos genéticamente modificados destinados al consumo directo en alimentos, piensos o como componentes son limitados, puesto que esos organismos no están destinados al cultivo. 
Por eso la Comisión estima que es adecuado y suficiente que los productos que contienen organismos genéticamente modificados destinados a alimentos, piensos y como materias primas, aun a granel, estén acompañados de documentación en la que conste esta circunstancia y de una lista de los códigos de los sistemas particulares de identificación de los organismos genéticamente modificados que van a incorporarse al producto o al transporte. 
Estas normas sobre información se ajustan a la legislación sobre transportes transfronterizos contenidas en el protocolo sobre seguridad biológica. 
La Comisión opina que, con el objeto de garantizar procedimientos armonizados y coordinados en el comercio con terceros países, no se debe ir más lejos de lo que permite este protocolo 
Por estas razones la Comisión no puede apoyar las enmiendas 16 y 41, que pretenden que los distintos operadores señalen exactamente, mediante la indicación de sus códigos particulares, los organismos genéticamente modificados que estarán presentes en el transporte. 
La Comisión opina también que la información y la documentación destinada a la rastreabilidad deberán archivarse por un plazo máximo de cinco años. 
No se justifica que este plazo se prorrogue a diez años. 
Sólo implicaría un recargo innecesario de trabajo para los operadores. 
Por eso la Comisión rechaza las enmiendas que proponen aumentar este plazo a diez años, es decir, las enmiendas 17 y 22. 
La Comisión coincide con el Parlamento Europeo en que las normas de esta propuesta se ajustan a las de la Directiva 2001/18, sin que se opongan de manera alguna. 
Es necesario suprimir el artículo 4.6 de esta Directiva, en el que se señala que los Estados miembros deberán adoptar medidas para garantizar la rastreabilidad en todos los estadios de la comercialización de los organismos genéticamente modificados. 
En caso contrario, es evidente que las medidas nacionales podrían aplicarse paralelamente a las contenidas en la directiva, lo que obstaculizaría el mercado interno y produciría inseguridad jurídica. 
Por eso la Comisión no respalda las enmiendas 28 y 33, ya que mantienen los requisitos de rastreabilidad de esa directiva. 
Asimismo, la Comisión rechaza la enmienda 32, que implica la prohibición de nuevas autorizaciones hasta que se hayan adjudicado los nuevos códigos particulares a los organismos genéticamente modificados, en conformidad con la propuesta. 
En el actual marco comunitario se señalan numerosas exigencias para la autorización de los organismos y alimentos genéticamente modificados, entre otras, que deben ser inofensivos para las personas y para el medio ambiente. 
Si se amplían los actuales criterios para que también comprendan a los códigos particulares, como propone esta enmienda, se introduciría un elemento de inseguridad respecto a la aplicación de la ley comunitaria que la Comisión no puede aceptar. 
Para finalizar, quisiera decir algunas palabras sobre la contaminación accidental y los valores límite. 
La contaminación accidental pero técnicamente inevitable de material genéticamente modificado en productos convencionales es un tema de gran trascendencia. 
Actualmente hay en el mundo más de 50 millones de hectáreas sembradas con productos genéticamente modificados. 
Esto significa que el material genéticamente modificado- usado sin premeditación e inevitablemente- está presente en productos importados, especialmente en semillas a granel destinadas a alimentos, a piensos y a ser usadas como componentes. 
Es una realidad que no podemos evitar. 
La prolongación de la congelación de las autorizaciones en la UE sólo empeoraría esta situación, ya que tendríamos que enfrentarnos a una mayor cantidad de organismos manipulados genéticamente que no están autorizados en la UE. 
En la legislación comunitaria ya existen normas sobre el etiquetado de los valores límite para la contaminación accidental de organismos genéticamente modificados. 
En consecuencia, es lógico que en la propuesta, en determinadas circunstancias, se exceptúe a la contaminación accidental de las normas sobre etiquetado y rastreabilidad. 
La fijación de valores límite es una tarea complicada y la Comisión piensa que la mejor solución se alcanzará mediante un esfuerzo conjunto del sector. 
Por eso la Comisión rechaza las enmiendas 45 y 56, que proponen que la fijación de umbrales para alimentos, piensos y materias primas sea realizada por las personas señaladas en la propuesta sobre alimentos y piensos. 
Reitero que la Comisión apoya plenamente el principio de fijar valores límite para la contaminación accidental, como se ha propuesto en numerosas enmiendas. 
La propuesta de incluir un artículo que determine estos umbrales resulta más relevante, no obstante, en la directiva sobre alimentos y piensos genéticamente manipulados. 
Señora Presidenta, para facilitar la tramitación he hecho un resumen detallado de la postura de la Comisión respecto a todas las enmiendas. 
Este resumen se adjuntará a la documentación sobre la negociación 
. 
(EN) Permítanme, en primer lugar, expresar mi agradecimiento por todos los esfuerzos realizados en las diferentes comisiones en relación con la presente propuesta de Reglamento relativo a alimentos y piensos genéticamente modificados, y quiero también agradecer a los ponentes sus grandes esfuerzos- así como al personal de ambas Direcciones Generales de la Comisión, que ha trabajado con ahínco durante el último par de años para hacer posible la presentación de esta propuesta. 
Los temas que se plantean bajo esta bandera son complejos y delicados, y a menudo provocan fuertes reacciones emocionales y división de opiniones. 
La votación en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor derivó a menudo en la aprobación o el rechazo de enmiendas por un margen muy estrecho. 
Estos resultados ponen de relieve la complejidad del tema- pero también, en mi opinión, demuestran que la propuesta de la Comisión representa un compromiso bueno, sensato y equilibrado entre los diferentes puntos de vista. 
No tengo intención de referirme a todas y cada una de las enmiendas, sino que me gustaría centrarme en cuatro aspectos principales. 
El primero es el ámbito de aplicación de la propuesta. 
Las enmiendas que proponen ampliar el ámbito de aplicación de la propuesta a los auxiliares tecnológicos y productos animales procedentes de animales alimentados con piensos genéticamente modificados y, también, restringir dicho ámbito a los productos derivados de OGM en los que es posible detectar proteínas o ADN resultantes de una modificación genética. 
Cuando redactó la propuesta, la Comisión meditó detenidamente qué productos debían ser incluidos en su ámbito de aplicación. 
Decidimos incluir únicamente los productos producidos a partir de un OGM. 
Los auxiliares tecnológicos no están cubiertos por el Reglamento sobre nuevos alimentos porque no se consideran ingredientes alimenticios. 
Ésta es también la razón por la que, en lo que respecta al Derecho comunitario, los auxiliares tecnológicos no necesitan figurar en la etiqueta del producto final. 
Por razones de coherencia, la Comisión cree que sería inadecuado exigir la autorización y el etiquetado de los auxiliares tecnológicos genéticamente modificados, sin exigir los mismos requisitos para los auxiliares tecnológicos convencionales. 
Es la primera vez que la propuesta de la Comisión cubre específicamente los piensos genéticamente modificados. 
No obstante, ampliar su ámbito de aplicación a productos tales como la leche, los huevos y la carne de animales alimentados con piensos genéticamente modificados se apartaría radicalmente de la actual legislación alimentaria en lo que respecta a productos animales. 
La Comisión cree que la inclusión de los productos procedentes de animales alimentados con piensos genéticamente modificados en el ámbito de aplicación del Reglamento no es viable ni factible. 
Por consiguiente, la Comisión rechaza firmemente las enmiendas en este sentido. 
A continuación, permítanme referirme a las enmiendas, presentadas la semana pasada, encaminadas a restringir el ámbito de aplicación de la propuesta con respecto a la autorización así como al etiquetado. 
La Comisión propone ampliar las actuales necesidades de etiquetado y exigir el etiquetado obligatorio de alimentos, ingredientes alimenticios y piensos producidos a partir de un OGM, aun en el caso de que no se encuentre presente ADN ni proteínas resultantes de una modificación genética- es decir, que no se detecta en el producto alimenticio, en el pienso ni en el ingrediente. 
El ejemplo clásico es el aceite de maíz, soja o colza genéticamente modificados. 
A través del proceso de refinado se ha eliminado todo el material transgénico. 
Por tanto, se plantea la cuestión de si deben ser etiquetados como genéticamente modificados o no. 
Aquí no está en juego la seguridad. Este aspecto está contemplado en el proceso de autorización. 
El etiquetado tiene la finalidad de informar a los consumidores y usuarios y permitirles la elección. 
Para mí está perfectamente claro que el origen de los productos genéticamente modificados es algo que preocupa realmente a numerosos consumidores. 
También sabemos que muchos de los Estados miembros quieren el etiquetado obligatorio de los derivados de OGM. 
Algunos han manifestado abiertamente que no están dispuestos a apoyar la autorización de nuevos OGM si no se exige el etiquetado y la trazabilidad de los derivados de OGM. 
Aquellos que se declaran en contra del etiquetado obligatorio de todos los derivados de OGM, con independencia de la presencia de ADN o proteínas genéticamente modificados, alegan que el control de esta obligación no es viable y que estaría abocada al fraude generalizado. 
Permítanme declarar abiertamente que no puedo aceptar este argumento. 
No acepto que no se puedan hacer cumplir los requisitos legales si no es posible comprobar su cumplimiento a través de métodos analíticos. 
La realidad es que un gran número de requisitos reglamentarios y derechos legales, desde el etiquetado obligatorio del origen geográfico de los productos hasta los derechos de propiedad intelectual, se cumplen sin tener que recurrir a controles físicos. 
Ninguna de las dificultades de orden práctico pronosticadas en relación con el etiquetado de OGM ha resultado ser insuperable en este contexto. 
Es más, el requisito en sí que hoy nos ocupa ya está en vigor en muchas partes de la Comunidad, si bien ha sido impuesto por las empresas de la cadena alimentaria y no mediante legislación comunitaria. 
No conozco aún a ningún fabricante que admita que desconoce el origen de los ingredientes que utiliza. 
Existe una buena razón para ello. 
Admitir que se desconoce si un ingrediente ha sido modificado genéticamente o no equivale a admitir también, por el mismo razonamiento, que no sabemos si estamos utilizando o no un OGM no autorizado. 
Probablemente por esta misma razón, aquellos que se oponen al etiquetado obligatorio de los productos que no contienen ADN o proteínas genéticamente modificados también proponen que se exima de la autorización a dichos productos. 
Me temo que eso sería totalmente inaceptable para la Comisión. 
Haría retroceder el reloj más de cinco años, hasta antes de la adopción del Reglamento sobre nuevos alimentos, precisamente cuando se está alcanzando el consenso internacional, en particular, en el Codex Alimentarius, de que todos los alimentos producidos a partir de OGM deben estar sujetos a un proceso de aprobación previo a su comercialización. 
El mensaje a nuestros consumidores sería inaceptable. 
Actualmente, el mensaje es: "Lo sentimos, pero no podemos decirle si este aceite ha sido modificado genéticamente o no". 
Por último, quisiera referirme al tema del etiquetado "Sin MG". 
La Asamblea ya ha comprendido que la Comisión no puede aceptar "Sin OGM" o "Sin MG" como alternativa al etiquetado obligatorio de los derivados de OGM. 
No obstante, no creo que sea adecuada la enmienda presentada a la propuesta de Reglamento en relación con un régimen voluntario sobre los OGM. 
Asimismo soy de la opinión de que la propuesta que presentamos engañará al público si sugiere que debería existir un régimen de sin OGM. 
Existe un riesgo abrumador de que un régimen de etiquetado "sin OGM" confunda al público porque no se pueden ofrecer esas garantías a la sociedad e intentar hacerlo mediante un régimen de etiquetado obligatorio, respaldado por el Derecho comunitario, entrañaría, en mi opinión, el peligro de desacreditar el Derecho. 
Por consiguiente, tras incluir este objetivo en el Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria hace dos años, hemos meditado larga y profundamente sobre este asunto. 
Debo decirle, señora Flemming, que tras haberlo sopesado, hemos llegado a la conclusión de que ése no era el camino a seguir, por las razones que he expuesto. 
Por eso hemos presentado esta propuesta en particular. 
En lo que se refiere a la evaluación del riesgo medioambiental, una serie de enmiendas desafía la sugerencia de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria realice la evaluación del riesgo medioambiental como parte de la evaluación general de alimentos y piensos genéticamente modificados. 
De hecho, estas enmiendas privarían a la propuesta de Reglamento de la condición de legislación sectorial dentro del significado de la Directiva 2001/18. 
La Sra. Doyle preguntaba antes por qué presentamos dos propuestas de legislación, lo que aumenta la confusión. 
La legislación horizontal es competencia de la Comisaria Wallström, como en el caso de la Directiva 2001/18. 
En la Directiva 2001/18 se previó que, en su momento, se presentaría legislación sectorial. 
Es la legislación que estoy proponiendo- legislación sobre alimentos y piensos. 
Esta Asamblea debía votar sobre la Directiva 2001/18, y pidió legislación sectorial. 
Es lo que la Comisión está haciendo. 
Éste ha sido el objetivo desde un comienzo. 
Es lo que el Parlamento ha aprobado. 
La Comisión considera que estos requisitos están plenamente contemplados en la propuesta de Reglamento relativo a alimentos y piensos genéticamente modificados. 
Asimismo, impediría la aplicación del principio de la instancia administrativa única. 
El resultado sería la necesidad de que las empresas presenten más de una solicitud para el mismo OGM, a pesar de que las solicitudes contendrían prácticamente la misma información. 
En mi opinión, la propuesta de la instancia administrativa única es fundamental y ofrece una gran ventaja, no sólo para los solicitantes, sino también para los consumidores. 
La Comisión, por consiguiente, no puede aceptar las enmiendas que exigen que la evaluación del riesgo medioambiental de los OGM contemplada en la propuesta relativa a alimentos y piensos se lleve a cabo únicamente bajo la Directiva 2001/18. 
Se han presentado otras varias enmiendas con la intención de reforzar las necesidades de información de la propuesta. 
La Comisión estaría dispuesta a aceptar algunas de las enmiendas encaminadas a incrementar aún el nivel de información a disposición del público, pero no considero adecuado ni razonable intentar modificar las reglas generales de comitología a través de este instrumento. 
Es importante también que no olvidemos los derechos de propiedad intelectual de las empresas. 
En este sentido, quisiera llamar la atención sobre el artículo 31 de la propuesta que, en mi opinión, establece el equilibrio idóneo entre la protección de estos derechos legítimos y los intereses de transparencia. 
Varias enmiendas sugieren que en alimentos y piensos no deberían aceptarse rastros insignificantes de OGM y de material modificado genéticamente no autorizados. 
Sencillamente no sería factible ni viable que las propuestas no permitieran ninguna tolerancia- bajo determinadas condiciones- respecto a pequeños rastros de OGM o material modificado genéticamente en alimentos o piensos. 
De hecho, aunque un fabricante se esfuerce por evitar la utilización de OGM o material modificado genéticamente, los rastros pueden ser técnicamente inevitables durante el cultivo, la cosecha, el transporte y el tratamiento. 
Ya lo he dicho antes y vuelvo a repetirlo. 
Nos guste o no, es una realidad. 
Se trata de un problema que no es exclusivo de los OGM. 
En la producción de alimentos, piensos y semillas es prácticamente imposible lograr un producto final que sea 100% puro y que esté totalmente libre de sustancias extrañas. 
En la UE, los Comités Científicos ya han evaluado algunos OGM y han llegado a la conclusión de que no presentan ningún riesgo para el medio ambiente ni para la salud pública. 
No obstante, algunos de estos OGM han debido esperar durante algún tiempo hasta obtener su aprobación definitiva. 
Por ello me parece sensato que la propuesta permita la presencia de dichos OGM y material modificado genéticamente, que han sido declarados seguros tras una evaluación completa de los riesgos con resultado positivo por parte del Comité Científico de la UE, en alimentos y piensos hasta un máximo del 1%. 
Esta concesión se hace con la condición de que la presencia de OGM sea accidental o técnicamente inevitable. 
El Sr. Lannoye sugería antes que estábamos permitiendo la presencia de hasta el 1% de material modificado genéticamente no autorizado. 
Eso no es correcto. 
Debemos hacer una distinción clara entre el material modificado genéticamente no autorizado, para el que jamás se ha presentado una solicitud, y el material modificado genéticamente para el que sí se ha presentado una solicitud, del que el Comité Científico ha hecho una evaluación científica y cuya evaluación del riesgo ha sido favorable a dicha solicitud, pero al que aún no se le ha concedido la autorización a causa de la moratoria. 
Son dos situaciones diferentes. 
Es el segundo tipo cuya presencia permitimos hasta en un 1%, y no el primero. 
Es una distinción importante de la que me gustaría que el Parlamento tomara buena nota. 
Otras enmiendas sugieren que el valor umbral máximo para el etiquetado de la presencia accidental de material modificado genéticamente autorizado debería establecerse en la mitad del uno por ciento (0,5 %). 
Creo que deberíamos seguir el principio establecido en la Directiva 2001/18, según el cual se fijarán los valores umbrales mediante el procedimiento de comitología con vistas a poder tener en cuenta los avances tecnológicos y científicos. 
Creo que es el modo adecuado de proceder porque se puede llegar a la respuesta más rápidamente mediante la comitología o el procedimiento de derecho derivado, que si se incluye en la legislación, como se sugiere en la enmienda. 
Si alguna vez necesitamos modificarlo, deberemos hacerlo por los procedimientos habituales a los que estamos acostumbrados, lo que puede tardar perfectamente más de un año o dos hasta conseguirlo. 
Repito que la Comisión considera que las dos propuestas juntas establecen un compromiso bien equilibrado entre los distintos puntos de vista. 
Asimismo, creo firmemente que además proporcionan el enfoque correcto para fomentar la confianza de la sociedad y su aceptación de la aplicación de la biotecnología en la producción agroalimentaria. 
Espero que el Parlamento comprenda el razonamiento que sustenta la decisión de rechazar o aceptar en parte sólo algunas de las enmiendas presentadas. 
La lista completa de la posición de la Comisión sobre cada una de las enmiendas ha sido entregada al Parlamento. 
Me abstengo de proponer leerlas una por una, pero confío en que la lista se incluirá en el Acta de la presente sesión 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0234/2002) del Sr. Trakatellis, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (PE-CONS 3627/2002- 5-0204/2002- 2000/0119 (COD) ) por la que se adopta un programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2003-2008). 
Señora Presidenta, hoy estamos debatiendo sobre el texto conjunto de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la adopción de un programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública entre los años 2003-2008, aprobado por unanimidad el 8 de mayo por una Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación junto con el Consejo. 
El texto conjunto es el deseado resultado de un gran esfuerzo que comenzó hace dos años, y no voy a omitir que ha sido especialmente edificante, tanto desde el punto de vista de la colaboración de las tres instituciones, como por la configuración final de dicho programa. 
La adopción de un programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública constituye el primer intento integrado de la Unión Europea en la protección de la salud pública. 
Hoy en día, la protección de la salud pública es la preocupación principal de los ciudadanos de la Unión. 
La salud debe ser prioritaria más allá de conciliaciones políticas o económicas. 
El programa que sustituirá las acciones comunitarias por sectores y fraccionarias relativas a la salud desde el 1 de enero del años 2003 con un programa más integrado, se orienta principalmente a la prevención de las enfermedades y contribuirá al establecimiento de normas de calidad en el sector de la salud pública. 
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida gracias a los ocho programas antiguos y al trabajo de la red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad, el programa aspira a seguir una estrategia más global e integrada para la salud. 
Los tres objetivos generales del programa son: primero mejorar la información y el conocimiento acerca del estado de la salud pública; segundo, reaccionar rápida y coordinadamente ante amenazas sanitarias; y tercero, la promoción sanitaria y la prevención de enfermedades, abordando los factores determinantes en la salud en todas las actividades políticas. 
Aquellos factores conectados al estilo de vida actual, tales como el tabaco, el alcohol, y la alimentación, así como factores socioeconómicos y ambientales de mayor relieve, son junto con los factores genéticos, las causas principales de las enfermedades. 
El programa, que viene a completar las políticas nacionales, aspira a lograr un elevado nivel en la salud física y mental, así como una mayor igualdad en cuestiones relacionadas con la salud en toda la Comunidad. 
En este punto quisiera hacer una pequeña evaluación del trabajo en el Comité de Conciliación que, esencialmente, mejora el texto y la posición común del Consejo. 
El presupuesto de 312 millones de euros es bastante superior al de 280 propuesto por el Consejo y al de los 300 propuestos por la Comisión Europea. 
Dicho aumento viene a cubrir los ambiciosos objetivos del programa, así como las exigencias de ciertas acciones más. 
Se trata de un éxito notable puesto que, según los datos del Parlamento, sólo por segunda vez desde que comenzó el procedimiento de codecisión, se ha acordado finalmente un compromiso superior al propuesto por la Comisión Europea. 
Además, una declaración de la Comisión sobre el artículo 7- relativo a la financiación -, prevé una revisión del marco financiero, tanto en el contexto de la adhesión de nuevos Estados miembros, como de los preparativos para la revisión de las perspectivas financieras. 
Para asegurar una aplicación eficiente y la coordinación del programa, la Comisión hizo una segunda declaración sobre medidas estructurales a fin de que el programa pudiera funcionar mejor. 
Finalmente, el Consejo aceptó la mayoría de las enmiendas del Parlamento Europeo, 37 de las 50 propuestas en la segunda lectura, con la misma redacción o con redacción diferente, y están incluidas en el texto conjunto. 
Se refieren a estrategias para hacer frente a amenazas para la salud por factores químicos, físicos, y biológicos, situaciones de emergencia, estrategias de vacunación e inmunización, salud mental, resistencia a los antibióticos, problemas reales y muy importantes de la salud pública. 
Creo que reforzar los cimientos de la construcción europea presupone convergencias, no sólo en las políticas del ámbito económico, sino también en sectores complementarios, como el de la salud. 
Respetando al máximo el principio de subsidiariedad podemos avanzar en nuevas convergencias que amplían la integración europea; así pues, considero que el nuevo programa constituye el comienzo de un procedimiento así en el ámbito de la salud pública, que es de importancia vital. 
Para cerrar mi intervención, quisiera dar las gracias a todos los miembros de la delegación que han trabajado por este resultado tan satisfactorio de la conciliación, a la Comisión y, personalmente, al Comisario, Sr. Byrne, así como a la Presidencia española por su constructiva cooperación con la Delegación del Parlamento para alcanzar un acuerdo que permita la rápida aplicación del programa. 
Por ello recomiendo al Parlamento Europeo la aprobación del texto del programa y que, consiguientemente, dé comienzo a este programa tan importante y original. 
Señora Presidenta, en primer lugar, permítame felicitar a mi amigo, el ponente Profesor Trakatellis, por su excelente trabajo. 
En la conciliación ha conseguido, para sorpresa de todos, incrementar la financiación autorizada más allá de las propuestas iniciales de la Comisión hasta 380 millones de euros para cinco años, lo que contrasta con la propuesta inicial del Consejo de apenas 280 millones de euros. 
La acción de la UE en el ámbito de la salud pública sigue siendo, en opinión de algunos, polémica, porque no sólo existe el riesgo de duplicación con las actividades europeas de la Organización Mundial de la Salud, sino que además es un conflicto en potencia porque la realización y financiación de la atención sanitaria es competencia exclusiva de los Estados miembros. 
Si las iniciativas de la UE ponen de relieve la mejor práctica o estimulan la demanda de tratamientos o medidas de prevención de enfermedades costosos, pueden acarrear problemas presupuestarios para los Estados miembros. 
No obstante, la atención en los cambios de estilo de vida como determinantes de la salud, con un enfoque especial en la difusión de información sobre el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la nutrición y el ejercicio, puede contribuir considerablemente a reducir este riesgo. 
La hipocresía de la UE, que sigue subvencionando a los cultivadores de tabaco con unos 1.000 millones de euros al año aproximadamente, necesita una reforma urgente. 
Algunos sostienen que los importes barajados a nivel de la UE, en comparación con los gastos nacionales en materia de salud, son tan pequeños que es incierto que podamos alcanzar resultados significativos a nivel comunitario. 
No obstante, a pesar de lo que he dicho, tuve una participación constructiva en la primera lectura, junto con varios de mis colegas del Partido Conservador, en la tarea de insistir en el tema de la salud mental como una necesidad prioritaria, y en la necesidad de crear mecanismos estructurales adecuados que coordinen las distintas actividades financiadas y centralicen todo el programa dotándolo de dirección y liderazgo. 
La necesidad de fomentar el consenso sobre la mejor práctica es importante, y es fundamental involucrar a los países candidatos que suelen estar muy atrasados en este ámbito. 
Por último, un sistema de reacción rápida para responder a las amenazas inminentes para la salud, como las que hemos visto con el escándalo de las dioxinas en Bélgica o la crisis de la EEB, es muy acertado. 
Es el tipo de cosas que acercará la UE a la población de Europa, a la que probablemente le preocupa mucho más la política de salud que prácticamente cualquier otro punto de la agenda política. 
Señora Presidenta, señor Comisario, hoy nos hallamos en la fase final de la aprobación de un ambicioso programa en el ámbito de la salud pública. 
El programa incluye tres objetivos: mejorar la información y el conocimiento acerca del estado de la salud pública, reaccionar rápidamente ante amenazas sanitarias y abordar los factores determinantes en la salud por medio de la promoción sanitaria y la prevención de enfermedades. 
Por supuesto, para realizar todo esto es imprescindible la creación de un mecanismo que garantice el seguimiento continuo y la coordinación, que refuerce la efectividad y proporcione información sobre las mejores prácticas y a la evaluación global a los Estados miembros. 
Creo que en este punto se ha logrado una conciliación que garantiza la correcta materialización del programa en la dirección que se centraban las enmiendas relativas del Parlamento Europeo. 
Otro punto igualmente importante está relacionado con las propuestas del Parlamento Europeo para hacer frente a las situaciones de emergencia, actos terroristas incluidos. 
En esto, la conciliación con el Consejo es satisfactoria. 
Pero quisiera referirme al presupuesto del programa. 
Creo que si queremos responder a las exigencias y a los objetivos del programa, debemos garantizar los fondos indispensables. 
El Parlamento Europeo había propuesto la cantidad de 380 millones de euros, y considero que el Consejo debería aprobar dicha cantidad, puesto que ya una cantidad importante de este dinero la han absorbido los programas en curso hasta finales de 2002. 
Además, el nuevo programa no sólo afecta a los quince Estados miembros, sino también a los 10 miembros nuevos. 
Finalmente, a los objetivos principales se ha añadido, tras el 11 de septiembre, la acción para el bioterrorismo. 
La cantidad final de los 312 millones de euros, aunque es mayor que la cantidad inicial propuesta por la Comisión y por el Consejo, tampoco me satisface. 
Sin embargo, me alegro de que el Comisario, Sr. Byrne, se haya comprometido a reexaminar la cantidad del presupuesto tras la entrada de los nuevos Estados. 
Por otra parte, esto ha contribuido de forma catalizadora a la votación final en la conciliación. 
Quisiera agradecer, finalmente, al Sr. ponente, la colaboración global y los esfuerzos realizados para lograr esta sabia conciliación. 
En nombre del Grupo liberal, debo manifestar también nuestra satisfacción. 
El resultado conseguido en conciliación no hubiera sido posible, y debo señalarlo, sin la perseverancia del profesor Trakatellis, ni esta cooperación constructiva entre la delegación de este Parlamento, la Presidencia española y los servicios del Comisario Byrne. 
A pesar de ásperas negociaciones que se centraron esencialmente en el apartado presupuestario, las tres instituciones han querido ante todo dirigir un mensaje común a los ciudadanos europeos. 
La salud figura en primer lugar de nuestras prioridades y es necesario que nos felicitemos por ello, ya que era esencial que Europa, por así decir, "cuidara su salud" y se dotara por fin de una estrategia global integrada en esta cuestión. 
La inseguridad alimentaria, el crecimiento del consumo de alcohol y tabaco, en particular entre los jóvenes, exigen más que nunca este tipo de acción coordinada a nivel comunitario en materia de prevención de las enfermedades. 
En cuanto al recrudecimiento de lacras como el sida o la tuberculosis; o también la emergencia- ya se ha mencionado- de actos bioterroristas, éstas imponían por parte de la Unión esta capacidad de reacción rápida. 
Son muchas razones y preocupaciones las que justifican un presupuesto apropiado para los seis próximos años: el veredicto está dictado, serán por tanto 312 millones de euros los que se dedicarán, además de una declaración de la Comisión que prevea la revisión del marco financiero a la luz de la ampliación, así como nuevas perspectivas financieras. 
Ciertamente, es menos que los 380 millones que esperábamos, pero sin embargo mucho más que los 280 millones inicialmente concedidos por el Consejo. 
Este compromiso es por consiguiente, así se puede decir, una victoria de este Parlamento, y en este caso ha prevalecido la voluntad política sobre el dogmatismo presupuestario. 
Señora Presidenta, quiero agradecer- como otros colegas han hecho- la perseverancia del Sr. Trakatellis. 
Como se recuerda en el documento final, la Organización Mundial de la Salud dice que las cinco principales causas de la enfermedad son los trastornos neuropsiquiátricos, el cáncer, los trastornos cardiovasculares, las lesiones involuntarias y las enfermedades respiratorias, que se agravan últimamente y de forma cada vez más seria por la resistencia a los antibióticos. 
Nosotros creíamos que los ocho programas anteriores intentaban- y contribuían a hacerlo- prevenir una parte de esas enfermedades, pero consideramos que ese programa de acción- que comenzará enseguida- pretende, además de complementar las políticas nacionales, abarcar de forma más global los tres objetivos que se prevén en el propio documento: la información y el conocimiento, la capacidad de reaccionar ante riesgos inesperados y el fomento de la salud y la prevención de la enfermedad. 
Creemos que eso contribuirá a reducir las desigualdades, también a evaluar la incidencia de los aspectos sociales, medioambientales y económicos en el ámbito de la salud. 
Consideramos que sería necesaria la participación de la sociedad, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos- como muy bien recoge el documento- para abordar este plan con éxito. 
. 
(EN) Señora Presidenta, estoy muy agradecido al Parlamento por sus esfuerzos para desarrollar con nosotros y con el Consejo este nuevo y ambicioso programa. 
Durante todo el transcurso del proceso de codecisión, el Parlamento ha realizado una gran cantidad de trabajo- ha analizado los distintos temas y ha presentado nuevas ideas y enfoques. 
No hay ninguna duda de que, gracias a la labor del Parlamento, el programa se ha visto reforzado considerablemente y proporcionará una base sólida para el desarrollo de la estrategia comunitaria en materia de salud, incluidos nuevos campos de trabajo, como el desarrollo de un programa de vacunación y de respuestas a la amenaza del bioterrorismo. 
Sus esfuerzos han fortalecido aún más los tres objetivos que la Comisión se marcó en su propuesta desde un comienzo. 
Éstos son: mejorar la información sobre la salud pública, reaccionar rápidamente ante amenazas sanitarias y abordar los factores determinantes para la salud. 
Estos tres ámbitos de acción se corresponden con las prioridades y las preocupaciones de los ciudadanos europeos, y permitirán que el programa tenga una relevancia directa para ellos. 
Gracias a su perseverancia, sin olvidar la contribución personal del Profesor Trakatellis y del Vicepresidente Imbeni, fue posible alcanzar un acuerdo realista en el procedimiento de conciliación. 
Desde mi perspectiva, el resultado establece un equilibrio viable entre el alcance de las actividades que se emprenderán, las medidas que se adoptarán para la aplicación del programa- los denominados mecanismos estructurales- y el presupuesto global para el programa. 
Quisiera recordarles las dos declaraciones realizadas por la Comisión con vistas a alcanzar un acuerdo sobre estos temas. 
La primera es relativa al presupuesto. Su finalidad fue la de poder tener en cuenta las preocupaciones expresadas por la delegación del Parlamento sobre si el presupuesto de 312 millones de euros era adecuado para el programa, en particular, habida cuenta de la próxima ampliación de la Unión Europea. 
La Comisión declaró que se revisaría el marco financiero del programa en el contexto de la adhesión de nuevos Estados miembros y de los preparativos para la revisión de las perspectivas financieras, teniendo en cuenta el establecimiento de las medidas estructurales y los desarrollos relativos a las prioridades fundamentales- se presentarán, en su caso, propuestas financieras. 
También hicimos una declaración sobre la aplicación del programa. La declaración resaltaba nuestro total acuerdo con el Parlamento sobre la necesidad de garantizar que el funcionamiento de este importante programa sea lo más eficiente posible. 
En la declaración, expusimos una serie de medidas que nos proponíamos adoptar. 
Estas medidas incluirán la creación, sin pérdida de tiempo, del comité del programa; la organización pertinente de los servicios de la Comisión; la utilización de expertos científicos y técnicos para reforzar nuestra capacidad; y la búsqueda de posibilidades de exteriorización- en particular, la creación de una Agencia ejecutiva. 
Ahora corresponde a la Comisión garantizar que el programa se pondrá en marcha, en serio, a comienzos del año próximo. 
Naturalmente, mantendremos informado al Parlamento sobre el progreso, conforme a las normas establecidas. 
Para terminar, permítanme reiterar mi agradecimiento al ponente, Profesor Trakatellis, a la Comisión de Medio Ambiente y también a todo el Parlamento por su magnífica colaboración en este programa. 
Estoy convencido de que la versión final que ha resultado nos permitirá contribuir realmente a la mejora de la salud de los ciudadanos europeos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-243/2002) del Sr. Lisi, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 624- C5-0668/2001- 2001/0257 (COD) ). por la que se modifica la Directiva 96/82/CE, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
. (IT) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, los dramáticos accidentes que últimamente han afectado a la industria química, pero sobre todo a las poblaciones que viven cerca de estas instalaciones y al medio ambiente, no podían sino llamar la atención de la Unión Europea. 
Baia Mare, Aznalcóllar, pero sobre todo Toulouse y Enschede se han convertido en sinónimos de tragedias humanas y medioambientales que no podemos dejar sin una respuesta clara. 
Es en este delicado contexto que la Comisión ha presentado al Parlamento y al Consejo su propuesta de modificación de la Directiva 96/82, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan determinadas sustancias peligrosas, más conocida como Directiva "Seveso II". 
Esta propuesta es fruto de un profundo trabajo científico. 
En consecuencia, debemos reconocer a la Comisión la voluntad de hacer frente a las debilidades de la Directiva 96/82 con un talante constructivo que hoy nos permite lanzar un mensaje claro tanto a la industria química como a las poblaciones. 
Haremos de todo para que se adopten medidas de control adecuadas y se respeten. 
Como ponente, he tratado de privilegiar un enfoque metodológico basado tanto en el fundamento científico de las modificaciones propuestas como en la evaluación de su impacto en el sistema económico europeo. 
Qué duda cabe que insertar o reforzar normas preventivas no es tarea fácil. Por lo tanto debemos encontrar un justo equilibrio entre la necesidad de preparar modificaciones sostenibles para la industria química y la necesidad de lanzar a la opinión pública un mensaje claro de seguridad. 
El método para determinar las modificaciones necesarias es transparente: basarse en la casuística de los accidentes para conseguir que dichos accidentes no se repitan. 
En la práctica, la propuesta modifica dos tipos fundamentales de criterios: los umbrales mínimos de presencia de sustancias en las instalaciones y la inclusión o reclasificación de nuevas actividades o sustancias peligrosas, al objeto de reforzar los controles y la prevención de los accidentes. 
Obviamente, todo esto generará un considerable incremento del número de instalaciones afectadas por la nueva directiva, pero no hay que olvidar que lo que está en juego es la seguridad pública y la defensa del medio ambiente contra sustancias capaces de causar daños irreversibles. 
En consecuencia, me valgo de esta metodología para presentar brevemente las modificaciones sustanciales propuestas por la Comisión y las enmiendas presentadas por nuestro Parlamento. 
Los accidentes de Baia Mare (Rumania) y de Aznalcóllar (España) han inducido a la Comisión a incluir en el ámbito de la directiva también las actividades mineras y los vertidos. 
La Comisión de Medio Ambiente, a petición del ponente, ha precisado los términos de estas inclusiones definiendo cubiertas por la Directiva "Seveso II" todas las instalaciones en que se preparan o trabajan sustancias peligrosas independientemente del tipo de elaboración. 
Por otra parte, hemos precisado que nos referimos únicamente a las instalaciones o minas o canteras en activo y no a los simples almacenes. 
En segundo lugar, el dramático accidente de Enschede ha inducido a la Comisión a redefinir las disposiciones relativas a los explosivos. A pesar de las distintas propuestas presentadas por sus Señorías, la propuesta de la Comisión fue considerada la más adecuada para alcanzar el objetivo prefijado. 
Por último, el accidente de Toulouse, ocurrido en un clima de creciente inseguridad, deja aún hoy una huella impresionante en la memoria colectiva. 
Por razones técnicas y de plazos la cuestión del nitrato de amonio, sustancia responsable de la explosión, no ha sido abordada por la Comisión. Ahora, con el pleno apoyo de la Comisión tanto el Parlamento como el Consejo han tomado medidas para llenar esta laguna. 
La cuestión del nitrato de amonio es muy compleja y ha necesitado múltiples debates para establecer para los distintos tipos de nitrato de amonio, qué subdivisión y qué umbrales eran los adecuados para limitar al mínimo los riesgos de accidente. 
Se trata de entender si, a escala europea, deberemos alinearnos con la posición más rígida en términos de umbrales, o bien, sobre la base del artículo 176 del Tratado, permitir a cada Estado que lo considere necesario, adoptar medidas adicionales más restrictivas, como por otra parte ya puede hacer. 
Personalmente, vuelvo a proponer al Pleno una enmienda que prevé un umbral más alto para la cuarta categoría de los productos compuestos por nitrato de amonio, para garantizar sin posibilidades de error la exclusión de las explotaciones agrarias del ámbito de aplicación de la directiva. 
Existe asimismo una última oportunidad que menciono muy brevemente y que hemos retomado en nuestro informe: pedir a la Comisión que nos presente, dentro de un plazo razonable, un plan para la definición de criterios y metodologías de planificación territorial- otro grave problema que se ha planteado- o sea, la localización de estas instalaciones. 
Como último punto, y acabo, recuerdo que la Comisión ha tratado de reforzar el aspecto de la información del público, un aspecto que consideramos especialmente interesante y, sobre todo, necesario respecto de nuestros ciudadanos. 
Y termino dando las gracias a todos los colegas que han participado y colaborado, así como a los servicios de secretaría de la comisión. 
Siempre se adoptan medidas a toro pasado. 
Lamentablemente es cierto, aunque ahora hay que reforzar dichas medidas. 
Se han producido graves accidentes en Seveso y en Bhopal. 
A continuación se adoptaron medidas, aunque siempre han resultado ser insuficientes. 
Y siempre nos encontramos con graden tragedias. 
En Enschede se ha demostrado que la actual legislación Seveso es insuficiente. 
Una pirotecnia que no se recogía en la directiva destruyó todo un barrio. 
El dolor humano fue enorme y la pena por las víctimas perdura. 
Los habitantes de este barrio desconocían la presencia de esta pirotecnia. 
Las autoridades sólo lo sabían parcialmente. 
Por ello es preciso endurecer las normas. 
En nombre de la Comisión de Industria, propongo cuatro modificaciones. 
En primer lugar, una reducción de los valores umbral. 
Se trata sobre todo del amoniaco, nitrato, y sustancias explosivas. 
En segundo lugar, es preciso mejorar la obligación de informar. 
No se puede retener información por motivos de secretismo industrial o de riesgo de terrorismo. 
Resulta excesivamente ridículo. 
En tercer lugar, se debe lograr una mejor colaboración y coordinación en Bruselas ya que debemos aprender al máximo de estas cuasi-catástrofes. 
Podemos lograrlo si lo organizamos a través de la Comisión Europea y de las instituciones comunitarias. 
Por último, y esto constituye un aspecto importante que el Sr. Lisi también ha tratado, debemos contar con una disposición precisa en relación con las distancias de seguridad. 
Está claro que las empresas peligrosas no deben estar en zonas residenciales. 
Se debe poner en marcha una política activa para sacarlas de estas zonas. 
En la medida de lo posible también se deberá recurrir a los fondos europeos para ello. 
Se debe clarificar la cuestión de qué es exactamente una distancia de seguridad. 
La Comisión Europea debe establecer las pautas para ello. 
El endurecimiento de las normas es una cosa. 
El cumplimiento de las mismas es harina de otro costal. 
Podemos redactar todas las normas que queramos pero no servirá de nada si no se logra su cumplimiento en el plano municipal. 
La obligación de información es igualmente aplicable a nosotros mismos, a la Comisión y a las autoridades nacionales. 
La seguridad no es solo cuestión de normas, sino también y precisamente de cultura. 
El fomento activo de dicha cultura también es tarea pública. 
Cuando se trata de la seguridad, no debemos pecar de falta de rigor. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señor ponente, todos tenemos en la memoria las recientes catástrofes industriales que han puesto de luto a Europa. 
Esos accidentes se han producido a pesar de la legislación en vigor. 
Por ello, debemos exigir más aún y ayudar a prevenir al máximo los accidentes actuando de forma prioritaria en tres ámbitos. 
En primer lugar, en los propios productos, en segundo lugar en los emplazamientos, en su estructura y situación geográfica y, finalmente, en las personas, tanto en el conjunto de los asalariados como en la población que vive o trabaja en las proximidades de los emplazamientos industriales. 
Con respecto a los productos, y esto ya se ha dicho, la Comisión ha revisado la lista y los umbrales con el fin de tomar en consideración tanto los diferentes accidentes que se han producido como la evolución de los datos científicos. 
Sin embargo, hemos considerado necesario modificar también los umbrales relativos al nitrato de amonio con el fin de tomar en consideración el accidente ocurrido en Toulouse. 
En lo que respecta a los emplazamientos, la legislación prevé ya los estudios de peligrosidad. 
Es necesario sin embargo dar la posibilidad a las autoridades competentes de exigir que dichos estudios realizados por la empresa puedan ser revisados por una tercera persona en caso de duda. 
Con respecto al personal, son necesarios esfuerzos en materia de formación ya que ésta es un medio para prevenir mejor los accidentes. 
Esta formación debe también dirigirse al personal de las empresas subcontratantes que trabajan en el propio emplazamiento, al ser éste cada vez más numeroso. 
Es indispensable movilizar en el interior de las empresas, pero también en el exterior, ya que en caso de accidente están en segundo lugar las poblaciones que residen en las proximidades de los emplazamientos que también son víctimas. 
Por tanto, resulta necesario asociarlos a la aplicación de planes de emergencia externos permitiendo a representantes de la población que formen parte de los comités consultivos e igualmente informando a toda la población afectada de los riesgos y de la forma de actuación en caso de problemas. 
Hacer de los ciudadanos actores, de pleno derecho, de su seguridad es uno de nuestros objetivos. 
Éste no podría satisfacerse con una eventual puesta a disposición de documentos. 
Por ello deben realizarse regularmente campañas de información en dirección a las poblaciones determinadas. 
Las medidas de protección de las poblaciones vecinas deben tomar en consideración la difícil coexistencia entre instalaciones peligrosas y zonas de viviendas. 
En este sentido se han adoptado enmiendas por parte de la Comisión de Medio Ambiente. 
El Grupo de los Verdes y el mío propio han propuesto dos enmiendas que piden a la Comisión que desarrolle una metodología para la definición de las distancias de seguridad en lo que respecta a los futuros establecimientos y a las zonas de viviendas, pero también que tome en consideración otros criterios en las actuales evaluaciones. 
Estas propuestas nos parecen indispensables pero para que adquieran toda su dimensión deben acompañarse de una responsabilidad judicial de las autoridades competentes en materia de urbanismo. 
Por ello, nuestro Grupo ha presentado una enmienda en este sentido. 
Todavía se han producido muchos accidentes de gran importancia desde la adopción de la primera directiva de 1976. 
Ya es hora de que se aplique esta legislación. 
Se lo debemos a todas las víctimas de este tipo de accidentes. 
Al igual que mis colegas, debo felicitar a nuestro ponente, el Sr. Lisi, por la calidad de su trabajo en un tema muy técnico pero también especialmente sensible para nuestras opiniones. 
En el origen, Séveso 3 no debía ser más que un Séveso 2, diría yo, mejorada. 
Después del drama de Baia Mare y de Enschede, la revisión de esta directiva contemplaba principalmente la ampliación del campo de aplicación a las actividades mineras y la disminución de los umbrales relativos a las sustancias pirotécnicas. 
El pasado 21 de septiembre cambió la mano con la catástrofe de la planta química AZF de Toulouse, una cruel llamada a la realidad. 
Para ser eficaz, una ley debe ante todo ser perfectamente aplicada. 
Ése no ha sido de forma manifiesta el caso en la ciudad rosa: no se había realizado ningún estudio de peligrosidad en el edificio donde se produjo la explosión; tampoco ninguna reevaluación- y ello desde 1995- de los nitratos de amonio producidos y almacenados, razón por la cual, sin cuestionar las excelentes disposiciones en el plano de la evaluación de riesgos ya previstos en Séveso 2, estoy a favor del refuerzo de las obligaciones que debe cumplir el explotador. 
El artículo 9 es la columna vertebral de esta directiva. 
Es necesario por tanto actuar al principio, actuar de forma que el informe de seguridad se elabore con la mayor transparencia y sea objeto de una actualización en el momento en que se produzca un cambio importante en el emplazamiento industrial. 
El Grupo liberal se felicita en este sentido de la adopción en comisión de las enmiendas 17 a 19. 
Ahora, sobre el informe de seguridad, y más ampliamente sobre otro punto crucial de esta revisión, el control de urbanización en torno a los emplazamientos industriales, constato que los Estados miembros tienen métodos de cálculo del perímetro de peligro muy diferentes, por no decir opuestos en ciertos casos, y por ello nos alegramos de la votación en comisión de la enmienda 20 orientada a establecer, con el tiempo, un método de cálculo europeo único. 
Como señaló un representante de la Comisión ante los diputados nacionales franceses después de la catástrofe de Toulouse, un proceso, y cito, "que intente armonizar los planteamientos sin armonizar las filosofías básicas nunca podrá salir adelante". 
Por ello, y por una preocupación por la coherencia, el Grupo liberal es también favorable a la enmienda 55 en esta materia. 
Siempre en una preocupación por la seguridad nos parece esencial, tal como prevé la enmienda 39, reducir los umbrales para la cuarta categoría de nitratos de amonio, los compuestos de residuos y que explotaron en el hangar de la fábrica AZF. 
En conclusión, señora Presidenta, las autoridades nacionales competentes deben hacer que se respeten las obligaciones que incumben ya al emplazamiento, obligaciones que serán reforzadas aquí, con la red 3. 
Combatir sin descanso esta banalización de los riesgos en algunos sectores industriales es nuestra prioridad en memoria de las 52 víctimas de Toulouse y de Enschede y de todas las demás. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, nueve meses después de la catástrofe de la planta química AZF de Toulouse, hubiéramos podido pronunciarnos sobre una directiva nueva que habríamos llamado Toulouse, como sugerimos en octubre de 2001. 
A falta de Toulouse 1, nos conformaremos con Séveso 2 y su revisión. 
Sin embargo, tampoco queremos lanzar el bebé con el agua del baño. 
Según los resultados de la investigación, la fábrica AZF no respetó la regulación exigida por Séveso 2. Así, difícilmente alguien podrá pronunciarse sobre su eficacia. 
Y es porque los Verdes tienen la voluntad de asegurar un máximo de seguridad en los emplazamientos de alto riesgo por lo que damos nuestro apoyo al informe del Sr. Lisi y lo felicitamos. 
Efectivamente, mejorar la propuesta de revisión de la Comisión permitirá especialmente acotar mejor la cuestión de los nitratos de amonio. 
Punto muy positivo, la nueva clasificación aumenta el número de emplazamientos que dependen de la directiva Séveso. 
Pedimos también apoyo para las enmiendas 49 a 55, y especialmente las dos últimas. 
Así, la enmienda 54 permitirá ampliar el perímetro de distancia de las nuevas instalaciones de alto riesgo añadiendo especialmente los inmuebles, las vías de transporte, los establecimientos industriales y las zonas de ocio. 
Enmendada de esta forma, la directiva Séveso 2 revisada podría ser una herramienta valiosa de ordenación del territorio de la Unión Europea. 
La segunda enmienda que deseo defender se refiere a la elaboración de las distancias de seguridad mínimas apropiadas entre los futuros establecimientos cubiertos por la directiva y las zonas sensibles enumeradas en el párrafo 1. 
Consideramos indispensable que la Comisión presente en tres años una metodología pensada en cooperación con los Estados miembros para fijar esta distancia de seguridad mínima. 
Finalmente, Señorías, deseo recordar que el Gobierno francés decidió ayer reabrir una parte de la explotación de la planta química AZF de Toulouse mientras las poblaciones están reclamando su traslado fuera de las zonas habitadas. 
Con la aplicación de la directiva Séveso 2 enmendada en este sentido, AZF estaría cerrada por no haber aplicado la legislación europea. 
La Unión Europea estaría así de acuerdo con las poblaciones y con sus exigencias de seguridad. 
Muchas gracias, señora Presidenta, un aspecto importante que ha agravado el accidente de Enschede y de Toulouse es la ubicación de las empresas afectas en las inmediaciones de zona residenciales. 
De esta circunstancia se desprende que los planes de ordenación territorial son claves para prevenir accidentes en el futuro o para minimizar los efectos en caso de que se produzcan. 
Por ello estamos en principio de acuerdo con las modificaciones propuestas en esta directiva en relación con la ordenación territorial. 
Es de vital importancia que a medio plazo se establezca una separación entre las empresas peligrosas y las zonas residenciales u otras zonas visitadas por la población. 
Lo que sí quiero destacar es que, en mi opinión, estamos ante una importante tarea para los Estados Miembros a título individual. 
La ordenación territorial es un asunto en el que todos los países deben y pueden asumir su responsabilidad, sobre todo cuando se trata de la protección de sus propios habitantes. 
Por este motivo, estamos satisfechos con la promesa de la Comisión Europea de reforzar la colaboración con los Estados Miembros en lo que respecta al desarrollo del artículo referido a la ordenación territorial. 
También quiero dar las gracias a la Sra. Wallström por hacer realidad con tanta rapidez la promesa hecha en su momento a una delegación de los Países Bajos. 
. 
(EN) Señora Presidenta, en primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a los ponentes, Sr. Lisi y también a la Sra. Corbey, por sus muchos esfuerzos. 
Me consta que también sienten un enorme interés por este importante asunto. 
El 3 de octubre del año pasado hice una declaración aquí en el Parlamento relativa al accidente de Toulouse. 
Propuse que debíamos avanzar en esta modificación. 
Entretanto, hemos podido incorporar en la propuesta de modificación algunas conclusiones extraídas del accidente de Toulouse. 
No obstante, sigo estando convencida de que el accidente de Toulouse no ocurrió debido a las deficiencias de la Directiva Seveso II. 
Tampoco soy de la opinión de que legislación sea el único medio de garantizar la seguridad de las instalaciones industriales. 
La seguridad depende de un mosaico de factores, pero la responsabilidad recae, en primer lugar y sobre todo, en los operadores de instalaciones peligrosas. 
Luego viene la función de las autoridades públicas de controlar a los industriales y de inspeccionar las instalaciones industriales. 
En mi opinión- y parece que no soy la única que tiene esta opinión- Toulouse fue mucho más un problema de aplicación práctica de la legislación que un problema de deficiencia de la legislación. 
Mientras existan problemas de aplicación, lo más conveniente sería que centráramos nuestros esfuerzos en la mejora de la cooperación, tanto a nivel del sector como de las autoridades públicas, con vistas a incrementar la seguridad mediante la práctica y no por la letra de la ley. 
En consecuencia, la propuesta de la Comisión no aspiraba a convertirse en una revisión en profundidad de la Directiva Seveso II. Como la Asamblea sabe, la Directiva Seveso II sustituyó la Directiva Seveso original de 1982, que permaneció en vigor durante más de 15 años. 
Seveso II representó en sí una importante revisión de la legislación comunitaria en materia de peligros de accidentes graves y sólo lleva en vigor tres años. 
Por consiguiente, hago hincapié en que la Comisión no tiene intención en estos momentos de pasar de Seveso II a Seveso III. 
Dicho esto, lamento tener que decir que sólo un puñado de las 55 enmiendas presentadas abordan realmente los aspectos sobre los que trata la propuesta de la Comisión. 
La mayoría de las otras enmiendas parece haber sido desarrollada bajo la nube del trágico accidente de Toulouse y aborda aspectos que no guardan ninguna relación con el ámbito de la Directiva. 
Quisiera llamar la atención de la Asamblea sobre el hecho de que la fábrica AZF de Toulouse estaba cubierta plenamente por la Directiva Seveso II, a diferencia de Biomare y Entschede. 
Como se ha declarado en reiteradas ocasiones, inclusive en el informe de la comisión de investigación creada por la Asamblea Nacional francesa, la Directiva Seveso II contribuye de manera significativa a la mejora de la seguridad. 
Asimismo, algunas de las modificaciones propuestas supondrían un aumento de trámites sin ninguna repercusión directa sobre la seguridad. 
Les pondré algunos ejemplos. 
En cualquier caso, la Comisión ha estudiado detenidamente todas las enmiendas presentadas con vistas a aceptar el mayor número posible. 
O sea, que hemos adoptado un enfoque muy positivo. 
Permítanme que comente detenidamente algunas de las enmiendas presentadas. 
En primer lugar, en lo que respecta a la minería, la Comisión no puede aceptar la eliminación de los términos "térmico y químico", como propone la enmienda 6. 
En este contexto, también rechazamos la enmienda 43 que propone que se haga referencia al marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y a la directiva sobre residuos peligrosos. 
En nuestra opinión, la Directiva Seveso II sólo debería ser aplicable cuando intervienen procesos químicos y en el almacenamiento de sustancias químicas. 
Su finalidad no es convertirse en legislación sobre minería ni en legislación sobre residuos, y la futura directiva sobre la gestión de residuos de la minería debería cubrir los aspectos de seguridad de las instalaciones de evacuación de residuos. 
En segundo lugar, en lo que se refiere a los explosivos, la definición de las dos nuevas categorías de explosivos son el resultado de una consulta pluripartita, realizada con vistas a reforzar la directiva, pero sin imponer cargas innecesarias al sector. 
Por consiguiente, la Comisión rechaza la enmienda 49. 
Los Estados miembros tienen la posibilidad de aplicar el artículo 176 del Tratado CE, que les permite introducir valores umbrales más bajos a nivel nacional, como han hecho los Países Bajos. 
Respecto al nitrato de amonio, la Comisión puede aceptar la enmienda 39, la enmienda 48, en principio, y la enmienda 53, en parte. 
Puedo informarles asimismo de que la posición del Consejo sobre el nitrato de amonio es prácticamente idéntica a la de las enmiendas presentadas, lo que demuestra la buena sintonía que existe entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión y lo que facilitará enormemente alcanzar un acuerdo. 
Respecto a la planificación del uso del suelo, reconozco el firme deseo del Parlamento de reforzar el artículo 12 de la Directiva Seveso II. La Comisión acepta, por tanto, la enmienda 13 y la enmienda 54, en parte, pero rechaza las enmiendas 51 y 55. 
Por otra parte, la Comisión es de la opinión de que el desarrollo de un sistema de incentivos y/o financiación para el traslado de los establecimientos es una tarea que corresponde a los Estados miembros y, por consiguiente, tampoco puede aceptar la enmienda 31. 
Aún no está todo dicho sobre el uso del suelo, y comprendo la importancia que el Parlamente atribuye a este punto. 
Seguiremos atentos, sin ninguna duda, a la evolución de este asunto y, además, hemos celebrado jornadas europeas sobre la planificación del uso del suelo. 
A raíz de los resultados de dichas jornadas, se decidió establecer un grupo de trabajo comunitario sobre la planificación del uso del suelo en el que participen interlocutores de todas las partes interesadas y a todos los niveles con vistas a desarrollar una orientación armonizada sobre asesoramiento técnico, que, en la planificación del suelo, tenga en cuenta los riesgos que representan las instalaciones industriales. 
Esto es lo que el Parlamento pide en la enmienda 30. 
Hay otras enmiendas que la Comisión no puede aceptar. 
Les pondré un par de ejemplos. 
La enmienda 35 sugiere que se añada un nuevo artículo sobre la formación del personal, por el que los operadores de instalaciones industriales estarían obligados a presentar a las autoridades competentes, una vez cada dos años, un informe sobre las medidas de formación. 
No obstante, el tema de la formación está contemplado convenientemente en el Anexo III y el Anexo IV. Asimismo, habida cuenta de que el informe sobre las medidas de seguridad debe demostrar que se cumplen los requisitos de gestión de la seguridad, también incluirá necesariamente información sobre la formación del personal. 
No estamos a favor de la duplicación del esfuerzo que entrañaría la elaboración de un informe separado sobre las medidas de formación. 
Por último, aunque no por ello menos importante, varias enmiendas pretenden incluso que se regule el modo en que debe informarse al público- prensa, correo, Internet- y llegan incluso a imponer ciertas obligaciones sobre los alcaldes de los municipios. 
Aquí se plantea no sólo la cuestión de subsidiaridad, sino también la pregunta siguiente: ¿debería la provisión de información ir en un sentido único o creemos que los ciudadanos responsables también deberían ejercer activamente su derecho a conocer la situación solicitando para ello información? 
Una de las novedades principales de la Directiva Seveso II es que otorga mayores derechos al público, pero también establece un delicado equilibrio entre la información activa y la información pasiva, imponiendo así las mismas responsabilidades sobre los operadores de instalaciones industriales, las autoridades públicas y los ciudadanos. 
Permítanme confirmar la posición de la Comisión sobre las enmiendas. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 2, 8, 27, 32, 37, 39, 40, 42 y 45. 
La Comisión puede aceptar, en principio, las enmiendas 9, 13, 16, 18, 23, 24, 46 y 48, y, en parte, las enmiendas 7, 17, 25, 26, 30, 50, 53 y 54. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 3 a 6, 10 a 12, 14, 15, 19 a 22, 28, 29, 31, 33 a 36, 38, 41, 43, 44, 47, 49, 51, 52 y 55. 
Para terminar, y disculpen que me haya extendido tanto, quisiera hacer hincapié en que debemos intentar, por nuestro bien común- y por el bien de los ciudadanos europeos- que la presente propuesta se apruebe y entre en vigor lo antes posible. 
En consecuencia, quisiera pedir a la Asamblea que acepte la opinión de la Comisión- que, en buena medida, es compartida por el Consejo- de no considerar la presente propuesta como una oportunidad para realizar una revisión en profundidad del Tratado Seveso II. Como pueden ver, he intentado aceptar el mayor número posible de enmiendas, y he ido más allá de lo que era nuestra intención inicial. 
Prometo que, dentro del plazo del Sexto programa de acción en materia de medio ambiente, la Comisión intentará recoger toda la experiencia acumulada mediante la aplicación de la presente directiva y presentará una nueva propuesta sobre una revisión más exhaustiva de la Directiva Seveso II, en función de las necesidades. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0223/2002) , de la Sra. Van Lancker, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la salud y derechos en materia de sexualidad y reproducción (2001/2128 (INI) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la salud y los derechos en materia de sexualidad y reproducción es un tema que debemos tratar con la mayor sensibilidad en el contexto europeo. 
Hay que tener sobre todo en cuenta la gran diversidad de culturas, religiones y tradiciones existentes en Europa así como colocar en primer plano aspectos éticos. 
La Unión Europea no posee competencias en el campo de la legislación sobre el aborto y de la ordenación de los sistemas sanitarios. 
Esta es tarea de los Estados miembros. 
El principio de la subsidiariedad se tiene que reflejar plenamente en este sector tan sensible y no se puede ignorar. 
La salud reproductiva cae también en el ámbito de competencias de los Estados miembros. 
Tarea de la UE es elaborar con cuidado aquí unas directrices y promover la cooperación de los Estados miembros. 
El presente informe trata otros temas no mencionados en el título. 
Por ejemplo, el concepto de prevención de urgencia es absolutamente engañoso. 
Hablando claro se trata aquí de la píldora del día después y esta no es evidentemente ninguna clase de prevención sino sencillamente un aborto por adelantado. 
Es inaceptable la exigencia derivada de ello de promover el aborto y la píldora del día después en la UE y en los países candidatos como una práctica estándar y sin ningún tipo de formalidad. 
El PPE se pronuncia claramente en contra de una legalización del aborto. 
En muchos Estados europeos tenemos anclado además en las Constituciones el derecho a la protección de la vida no nata. 
Nadie tiene el derecho a decidir sobre la vida de un tercero. Exigencias de otro tipo contradicen el espíritu de nuestra cultura humanista. 
El informe no tiene en cuenta las necesarias condiciones previas de una prevención efectiva. 
No se menciona en absoluto la responsabilidad recíproca en la relación así como el papel irrenunciable de los padres y de la familia en los temas de educación sexual, dos bases determinantes para evitar embarazos no deseados. 
Con este informe no sólo mandamos una señal equívoca a los Estados miembros de la UE, en especial a Irlanda, sino además a los candidatos a la adhesión. 
He recibido muchas cartas y llamadas- como todos ustedes- de organizaciones y particulares de los países candidatos en las que expresan su preocupación. 
Las personas han padecido allí durante mucho tiempo bajo regímenes antidemocráticos que han controlado arbitrariamente todos los sectores de la vida, inclusive los más íntimos. 
Este es un motivo porqué el presente informe no sólo intranquiliza a las personas de los países de la Europa Central y Oriental sino que además despierta temores y desconfianza ante la Unión Europea. 
Plantea exigencias básicas a los gobiernos de los países candidatos, mientras que éstos no participan de modo alguno en el proceso decisorio, lo que está en contradicción con nuestra comprensión democrática. 
La Carta de Derechos Fundamentales nos obliga a respetar la dignidad de las personas y a proteger la vida. 
La subsidiariedad y la preservación de la diversidad cultural se cuentan entre los principios básicos de la Unión Europea. 
No podemos olvidar esto cuando mañana votemos sobre el presente informe. 
Señor Presidente, sobre todo quiero felicitar a la Sra. Anne van Lancker, quien se ha esforzado mucho por lograr un consenso en esta Asamblea. 
Ya se ha mencionado que se trata de un campo muy delicado que afecta a la esfera más íntima de las ciudadanas y ciudadanos. 
¿De qué se trata en este informe? 
Se trata de un derecho que nadie en esta Asamblea permitiría que se le arrebatase. El derecho a decidir uno sobre su propio cuerpo. 
No se le puede negar a las mujeres, tampoco a los pocos privilegiados en la Unión Europea ni a las ciudadanas y ciudadanos que van a venir a la Unión Europea. 
La Comisión de los Derechos de la mujer y de Igualdad de Oportunidades ha reconocido sin ningún género de dudas la competencia primaria de los Estados miembros en la salud y derechos en materia de sexualidad y reproducción. 
Pero Europa también tiene una gran responsabilidad como adelantada en el mundo, tal como expusimos en Pekín con motivo de la Conferencia Mundial de la Mujer. 
En aquella ocasión defendimos que se deben garantizar la salud y los derechos en materia de sexualidad y reproducción. 
La Sra. van Lancker se ha adherido de modo muy concreto a esta tarea y ha presentado en el informe una gran cantidad de best practices. 
Lo más importante sigue siendo una buena educación sobre una sexualidad bajo propia responsabilidad. 
Hay que introducirla cuidadosamente con la ayuda de expertos. 
Necesitamos puestos de asesoramiento profesionales que cubran todo el territorio y de esta tarea deben hacerse cargo los Estados miembros. 
Hay que acercarse a los jóvenes de un modo específico en función de los sexos y hay que recoger el respeto recíproco y responsabilidad para la sexualidad. 
En los Estados miembros hay que garantizar que no se excluya de la formación a las mujeres jóvenes que quedan embarazadas. 
Por desgracia, esto no es aún una realidad en muchos lugares. En el Libro Blanco sobre la Juventud existen observaciones al respecto. 
Tenemos que ofrecer una política generalizada, por lo que el Parlamento Europeo y la Comisión también tienen que actuar en este campo. 
Tenemos que observar más de cerca la situación en los países candidatos; apenas hay allí anticonceptivos a unos precios al alcance de todos y la interrupción del embarazo es con frecuencia un medio de planificación familiar. 
Tenemos que impedirlo, tal como se dice de modo muy claro en el informe van Lancker. 
La interrupción del embarazo no puede ser la solución sino que hay que impedir en sí el embarazo indeseado. 
Probablemente, el motivo es mantener a las mujeres en una situación de dependencia y estoy espantada por lo que se ha expuesto en repetidas ocasiones aquí en el Parlamento: con medias verdades, con medios cuestionables se genera inseguridad entre millones de mujeres al indicar que la interrupción del embarazo aumenta el riesgo de cáncer de mama. 
Se utilizan medias verdades para generar inseguridad entre millones de mujeres y alejarlas de sus derechos. 
No vamos a permitirlo, por lo que espero que mañana obtengamos una gran mayoría a favor del informe de la Sra. Lancker. 
El camino de este informe puede calificarse de extraño. 
Textos razonables acerca de la sexualidad que deberían ser tan obvios como un libro abierto. 
Sin embargo, algunos miembros del este Parlamento consideran que deben hundir el informe. 
Muy extraño. 
En opinión de mi Grupo, estas cuestiones forman parte de las competencias de los Estados Miembros. 
Sin embargo, una vez que se ha decidido elaborar un informe, debemos colaborar de forma constructiva con el objetivo de que tenga un contenido adecuado. 
Y eso es lo que ha logrado nuestro colega, el Sr. Van Lancker. 
El informa aboga con razón por unos servicios adecuados. 
La información sexual es clave a la hora de prevenir los embarazos no deseados y las enfermedades. 
Esto se desprende claramente de las estadísticas. 
Asimismo, nuestro colega, el Sr. Gröner, ya decía que la libre disposición del cuerpo y de la sexualidad propia es un derecho. 
En mi opinión se trata de un derecho fundamental que no solo debería estar garantizado en Europa y en los países candidatos, sino en todo el mundo. 
La mayoría de los países de la Unión cuentan con buenas disposiciones legales en relación con la planificación familiar y el aborto. 
En estos países se ha registrado un descenso de los riesgos sanitarios. 
Por este motivo sería poco creíble que adoptáramos mañana en este Parlamento modificaciones que supusieran un paso atrás para el informe Van Lancker con respecto a las normativas de probada eficacia en los Estados Miembros. 
El ELDR se muestra por consiguiente contrario a la gran mayoría de las enmiendas presentadas debido a que amenazan con hundir un texto muy equilibrado. 
Respaldamos el texto actual, concretamente en los dos aspectos más delicados. La píldora del día después debe ser asequible y encontrarse disponible en establecimientos, mientras que el aborto debe ser seguro y legal. 
Quienes no lo apoyen correrán el riesgo de que las mujeres y las niñas más desvalidas vuelvan a los cuartos traseros a hacer ganchillo. 
Si esa es la señal que el Parlamento va a lanzar mañana, nuestro Grupo no quiere participar. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera solamente comentar una enmienda que se nos propone mañana, que consiste en pretender cambiar el título de este informe, suprimiendo el término "derechos". 
Nos encontramos en un Parlamento y en unas democracias, hemos tenido dos conferencias de la ONU, en 1994 sobre la población, en El Cairo, y en 1995 sobre la mujer, en Pekín. 
Ahora bien, ¿qué han dicho esas dos conferencias? 
Por una parte, que la cuestión del control de la fecundidad y de la reproducción era un derecho del hombre; por otra, en 1995 en Pekín, que era un derecho de la mujer. 
Derechos del hombre y derechos de la mujer: en todo caso se trata de derechos. 
Por consiguiente, se menciona un derecho de la persona, no se hace ahorro de población. 
En los correos electrónicos, en la avalancha de correo que recibo, descubro que no se discute más que de ahorro de población, de la fertilidad de la mujer, de la jubilación de todos, de la falta de natalidad de nuestros países- se podría también comentar la natalidad, por qué no- y eso es lo que llamo ahorro de población. 
No tiene nada que ver con el derecho. 
Creo pues que la enmienda propuesta es bastante representativa de la polémica que mantenemos aquí. 
Ahora bien, si aceptamos que estamos en un país de derecho, podemos llegar a decir lo que yo digo, que el derecho a la anticoncepción, al control de la fecundidad, es el Hábeas Corpus de las mujeres. 
Hace treinta años que hemos dicho que nuestro cuerpo nos pertenece. 
Eso es lo que se llama un Hábeas Corpus, es la traducción exacta del inglés our bodies, our selves. Eso se llama Hábeas Corpus. 
Por tanto, si estamos en esta lógica, no vamos a fantasear con la subsidiariedad reafirmada en el artículo 1. 
No vamos a fantasear con el aborto, que se convertiría en una forma de anticoncepción. 
Nadie quiere abortar, nadie desea un aborto a nadie. 
Eso no tiene nada que ver con la anticoncepción. 
Por tanto, si estamos en esta lógica, estamos en la lógica del derecho de las mujeres que es el equivalente de muchos derechos humanos y desde ese punto de vista creo, si no queremos contradecirnos, que es necesario votar el informe de la Sra. Van Lancker. 
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar quisiera expresar nuestro gran respeto por el ponente y por el modo en que ha elaborado este informe bien sustentado. 
La Sra. Van Lancker no solo no ha tenido en cuenta ampliamente la opinión de todos los grupos, sino que también ha considerado las diferentes sensibilidades dentro de los grupos. 
Nadie puede negar la sensibilidad de este informe. 
Se trata de una cuestión que exige una política urgente y clara. 
No hay que olvidar que hoy en día existe una gran diversidad entre los diferentes Estados Miembros en el ámbito de los derechos de las mujeres en el terreno de la salud sexual y reproductiva. 
Esto significa que el derecho de decidir acerca del propio cuerpo es diferente en cada Estado miembro. 
Todos los Estados Miembros deben asumir su propia responsabilidad al respecto. 
En determinados países aún no se puede interrumpir un embarazo de forma legal y segura. 
Una de las consecuencias es un creciente 'mercadeo del aborto'. 
El Sr. Van Lancker acaba de tratar este tema. 
Sin embargo, las mujeres acudirán donde puedan. 
Un ejemplo son las seis mil seiscientas mujeres que viajaron el año pasado desde Irlanda a Gran Bretaña para un interrupción del embarazo. 
Estas cantidades aumentan todos los años. 
Mi colega puede atestiguarlo. 
Ella es irlandesa. 
Estas cifras demuestran que se trata de un hecho que afecta tarde o temprano a todas las familias. 
En especial en los países en los que la información sexual y el acceso a los anticonceptivos son insuficientes. 
Comprendo a las personas que se muestran contrarias a la legalización del aborto, aunque me pregunto si nuestros dirigentes tienen el derecho de negar la interrupción del embarazo a las mujeres. 
Todos los políticos deben ser conscientes de su papel educativo y, por ello, debemos evitar que los embarazos se conviertan en un riesgo, asumible o no, en el futuro. 
En ningún caso se debe permitir que se practique una interrupción del embarazo ajena a la voluntad de la mujer. 
Por último, el eje de la cuestión gira en torno a la protección de las mujeres embarazadas por una parte y por otra, la aceptación de que es la mujer la que finalmente debe decidir acerca de su cuerpo. 
Por ello, los Estados Miembros deben asumir la enorme tarea que supone prevenir las interrupciones de embarazos que no se realicen específicamente por motivos ajenos a la mujer como la pobreza, trabajo o estigmatización. 
Nosotros votaremos mañana a favor. 
Señor Presidente, a pesar de reconocer el esfuerzo de la ponente y de correr el riesgo de parecer impopular, no puedo compartir en absoluto este informe. 
No puedo hacerlo incluso por el lenguaje utilizado que considero que dista mucho de mi modo de ver y del de muchas mujeres europeas, católicas, pero también laicas, que creen profundamente en los valores de la vida, de la familia, de la maternidad. 
Sólo por poner un ejemplo, veo que en todo el texto se habla repetidamente de derechos reproductivos, de conciencia de la fertilidad: definiciones que sinceramente me parecen más adecuadas a las reses que a las mujeres que son seres humanos. 
En efecto, sería más respetuoso hablar de derecho a la maternidad, de maternidad consciente, de educación afectiva, pero sobre todo, a parte de una serie de genéricas y, en consecuencia, genéricamente compartibles declaraciones, a mi modo de ver, todo el informe se centra en el imperativo de afirmar el derecho a la anticoncepción, y en particular a la anticoncepción de urgencia, es decir, la píldora del día siguiente, y al aborto tanto para los Estados miembros como para los países candidatos. 
Todo esto es inaceptable porque vulnera el principio de subsidiariedad y, por lo tanto, la libertad de cada uno de los Estados miembros de escoger su propia política en materia de salud, pero sobre todo porque se banaliza el recurso al aborto y se niega cualquier auténtico respeto a la vida y a los derechos del nasciturus. 
Se trata, además, de una propuesta que emplea muy pocas palabras, palabras concretas en pos de una seria política en favor de la solidaridad y de la familia, de las adopciones y de la defensa de las madres solteras, y que ignora completamente todas aquellas medidas legislativas, esas mejores prácticas en favor de la maternidad que pueden ayudar concretamente a las mujeres que esperan un niño y disuadirlas de recurrir al aborto a través de un programa de ayudas económicas y de una seria asistencia social y psicológica. 
Por lo tanto, señor Presidente, mi Grupo votará en contra de este informe. 
Señor Presidente, en 1994, 179 países, todos los países comunitarios incluidos, aprobaron el programa de la CIPD sobre acceso universal a la salud reproductiva en el año 2005. 
Cabía esperar que se hubieran producido progresos en este ámbito desde 1994, sin embargo, desgraciadamente ha sucedido lo contrario: los países árabes han cerrado una nada santa alianza con el Presidente Bush para impedir el trabajo de las Naciones Unidas de cara a alcanzar los objetivos de la CIPD. 
Acabo de estar en el Congreso norteamericano en Washington con motivo de una sesión sobre la política? Ciudad de México? del Sr. Bush. 
Estuve junto a un miembro de la Duma rusa quien me informó de que después de haberse encargado la IPPF de las facilidades en materia de salud reproductiva en Rusia, el número de abortos se había reducido en un 25%. 
¿Por qué? 
La respuesta es bastante lógica. 
Si una persona sufre un embarazo no deseado y acude a abortar a una clínica en lugar de llevar a cabo ella misma el aborto, siempre será informada de otras alternativas al aborto, será informada de cómo en el futuro podrá evitar embarazos no deseados, y se le advertirá de un posible riesgo de infección con el VIH. 
Las políticas que en este informe se propone que los países miembros implanten no darán como resultado más abortos, sino menos abortos. 
De ahí que la campaña que han llevado a cabo algunos antiabortistas contra el informe resulte absurda y en ciertos casos directamente de mal gusto. 
Pienso en el correo enviado por The Truth of God que afirma que en realidad queremos instaurar una campaña de limpieza étnica para deshacernos de los pobres y que la IPPF se ha convertido en la base de la inglesa Eugenic Society. 
Semejantes afirmaciones suponen un insulto a nuestra inteligencia y deberían también ser respondidas con una demanda por difamación. 
Votar a favor de este informe es votar a favor de garantizar el derecho fundamental de todo ser humano a tomar decisiones libres e informadas en su vida emocional, sexual y reproductiva y a favor de garantizar que todos tengan las mismas posibilidades de desarrollar y proteger sus derechos sexuales y reproductivos- en especial a estar protegidos de la infección por VIH. 
El deseo de garantizar derechos fundamentales debería bastar para votar a favor del informe. 
Reducir el riesgo de propagación del VIH hace indispensable votar a favor del informe. 
Señor Presidente, aunque pasen los años o las décadas, a veces parece que estamos repitiendo siempre las mismas cosas. 
Debo decir que ya en 1995 todos los Estados- digo bien todos- suscribieron libremente la Declaración de las Naciones Unidas de derechos reproductivos. 
El término puede gustar o no gustar, pero esto ya lo han hecho los Estados miembros autónomamente. Por lo tanto, no hay ninguna Europa que imponga algo a nadie, tanto es así que el mismo informe confirma que la materia es competencia de los Estados miembros que, repito, ya en 1995 suscribieron todo esto autónoma y libremente. 
Es más, el único comentario que podríamos hacer aquí entre nosotros es que este informe no va lo suficientemente lejos en lo relativo a la libertad de elección de la maternidad de las mujeres y que no se pronuncia sobre la reproducción asistida, cuestión que, por ejemplo, en mi país se debate mucho en estos últimos tiempos, y que no sea quizás bastante ambicioso en lo que se refiere, por ejemplo, a la RU 486. 
Estos quizás sean los límites de prudencia de este informe que, de todos modos, voy a respaldar. 
Reitero, sin embargo, que me parece un informe repetitivo de documentos ya aprobados por los Estados miembros que, en mi opinión, no supone un gran avance. 
A la vista del enfrentamiento político, repito, votaré a favor. 
Habríamos podido ser algo más ambiciosos, por ejemplo, en lo relativo a las nuevas técnicas que la ciencia pone a disposición de la salud y de los derechos reproductivos de la mujer. 
Que éste, luego, continúe siendo un tema femenino, lamentablemente, lo demuestra este Pleno. 
A pesar de que los hijos, la familia parecen, deben y deberían ser asuntos de pareja, la misma composición de este Pleno demuestra fácilmente- y quizás sea realmente así- que, después de todo, éste sigue siendo un tema que sólo es posible dejar al libre albedrío de las mujeres. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Van Lancker trata un tema que ha tenido ocupada de forma especial a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, a mi Grupo Político, y a cada uno de nosotros por separado. 
Nos ha dado la oportunidad de constatar así dos cosas. 
Por un lado, el vacío existente en la información el la sociedad actual sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, como las enfermedades de transmisión sexual, los métodos para hacerles frente, los métodos anticonceptivos, sus ventajas y desventajas. 
Asimismo, las diferencias y los vacíos entre diversos países en cuanto a las políticas de programación familiar, la educación sexual, los servicios de salud sexual y reproductiva y hemos llegado a acuerdos sobre el intercambio de prácticas efectivas y el fomento de políticas contemporáneas. 
Hemos tenido un diálogo actual entre los grupos políticos en la Comisión, y también con representantes de la sociedad europea; y estamos de acuerdo en la importancia de todos estos temas en la vida actual de los ciudadanos europeos, y especialmente en la de las mujeres. 
Pero también hemos constatado una cosa más y, diría, hemos recibido las reacciones intensas de gobiernos, partidos políticos, y representantes de asociaciones de mujeres, por realizar llamamientos e intentar guiar- por no decir tomar decisiones- sobre temas que no inciden en las competencias de la Unión Europea. 
Esta inquietud ha constituido un mensaje político con una importancia especial para mi Grupo, en esta época en la que estamos intentando definir nuestras competencias a nivel nacional y europeo, que queremos convencer a los pueblos de la Unión Europea y a los países candidatos de que trabajamos respetando la democracia, la subsidiariedad y las particularidades culturales; y hemos recibido el mensaje de que no estamos legitimados para solicitar a los Estados miembros a que legalicen los abortos o a que no procedan penalmente contra las mujeres que abortan o que toman la pastilla del día siguiente. 
Confusión y malicia es lo que vamos a traer a los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, cuando visité Polonia junto con mis colegas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, todas nosotras subrayamos la importancia del diálogo sobre los derechos de las mujeres a todos los niveles y en todos los ámbitos de la vida, y de que las políticas se desarrollen y se adapten a los hechos sociales y médicos; pero Europa no va a allanar las ideologías, la ética y las conciencias, ni tampoco las particularidades culturales. 
Reconozco los esfuerzos de la Sra. ponente y su buena intención para que lleguemos a un acuerdo en un texto, y personalmente esperaba que pudiéramos llegar a un texto aceptado comunmente por nosotros y por los pueblos de la Unión Europea. 
Desgraciadamente, el mensaje del informe no es el que consideramos, como Partido Popular Europeo, que debe enviar el Parlamento Europeo, y por esta razón no vamos a votar a favor del informe. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. Anne van Lancker, que ha sabido abordar con inteligencia, conocimiento y valor el difícil tema de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva. 
Ahora bien, este informe, que considero notable, ha sido objeto de grandes debates y posiciones extremadas. 
Sin lugar a dudas, el punto más controvertido se refiere al aborto, aunque se empiece diciendo expresamente que no se debe fomentar el aborto como método de planificación familiar. 
Se debe considerar el aborto la última de las soluciones y el informe indica varias vías para conseguirlo. 
Pero el aborto es un drama social que existe. 
La culpa, el dolor, la violencia física y psíquica del aborto han de soportarlos sobre todo las mujeres; por eso, en todos los Estados de la Unión Europea, exceptuados Irlanda y Portugal, ya se han encontrado soluciones legales para que la sociedad respete el derecho que todas las mujeres tienen, si lo desean, de recibir atención médica en procesos de aborto. 
Ya es suficiente con el drama de tener que recurrir a él. 
¡Que se deje de una vez de considerarlo un delito y se termine la persecución pública en tribunales y medios de comunicación social! 
Este informe es, en mi opinión, un acto de esperanza para las mujeres de mi país, para que sepan que nosotros, aquí, en Europa, luchamos para que todas tengamos derechos iguales, para que haya tolerancia y solidaridad, para que se acaben las hipocresías y se defienda la salud y la dignidad de todas las mujeres. 
A la tolerancia, al respeto y a la solidaridad pedidos se responde algunas veces con oscurantismo e intransigencia sin límites. 
En Portugal, en un referéndum no vinculante, pues votó menos de un tercio de la población, ganó el "no" a la discriminación del aborto. 
De entonces acá la situación no ha cesado de agravarse. 
La prueba es que ya se ha llevado a numerosas mujeres a los tribunales, yo misma he sido bombardeada con mensajes de activistas del "no" para que vote contra el informe y, para colmo de colmos, una asociación denominada "defensora de la vida", acaba de presentar en un tribunal portugués una queja contra la diputada Anne van Lancker. 
Si fuera hace trescientos años, ¡me llevan ante la Inquisición! 
Es triste, pero ésa es aún la situación en Portugal, y por eso es para nosotros, los portugueses, tan importante ver aprobado este informe y sentir la solidaridad de Europa en un asunto tan delicado. 
Señor Presidente, Señorías, felicito a la Sra. Anne van Lancker por el informe que presenta. 
Es un trabajo excelente, que sigue de cerca las declaraciones finales de las conferencias de El Cairo y de Pequín, promovidas por las Naciones Unidas, y pretende que haya un intercambio de los procedimientos mejores en el sector de la salud reproductiva y en la defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres. 
Como quedó claro aún recientemente en Portugal, cuando 17 mujeres fueron sometidas a la vejación de un juicio en un tribunal, con la investigación completa de su vida privada, por la acusación de aborto clandestino- que no se demostró, salvo en un caso- y en que una joven fue inadmisiblemente condenada, ése no es el camino para luchar contra el aborto clandestino. 
Entre otras cosas, porque quien tiene medios financieros siempre puede recurrir a un país en el que se practica libremente. 
Las portuguesas lo hacen en la vecina España, por ejemplo. 
Si bien es cierto que, como se dice en el informe, no se debe fomentar el aborto como método de planificación familiar, es fundamental que haya una política sanitaria y social que permita una disminución del recurso al aborto, en particular mediante el fomento de la educación sexual y de la planificación familiar debidamente dirigidos a la juventud a fin de evitar los embarazos indeseados, en particular de adolescentes. 
Pero igualmente fundamental es que la interrupción voluntaria del embarazo sea legal, segura y universalmente accesible a fin de salvaguardar la salud reproductiva y los derechos de las mujeres, como se dice en el informe, y que pueda estar a disposición de todas las mujeres, independientemente de su situación económica y financiera, y no sólo de aquellas que pueden practicarlo en una buena clínica del país vecino. 
¡Eso es una hipocresía y debe acabar cuanto antes! 
Señor Presidente, ninguna de los asuntos del informe es competencia comunitaria, sino de los órganos políticos nacionales. 
Por eso, ni siquiera deberíamos estar examinándolo ni mañana deberíamos votarlo. 
Este abuso de injerencia exterior contra la libre determinación y la libre conciencia de los pueblos alcanza el extremo del absurdo en el párrafo 28, al pretender poner a nuestros contribuyentes a financiar a la fuerza acciones en terceros países al servicio de un programa militante de fomento del aborto. 
Ésa es, por lo demás, la mayor fragilidad del informe: desorientación aparente y una gran confusión. 
Mezcla cosas aisladamente positivas, como el rechazo del aborto como método de planificación familiar, la necesidad de que se consiga una disminución del recurso al aborto, la consideración de la educación sexual de forma global y positiva, basada en el respeto mutuo y en la responsabilidad, con otras que corresponden exactamente a la doctrina opuesta o conducen demostradamente al resultado inverso. 
Por eso, la aplicación global de este conjunto de orientaciones que en muchos países ha predominado, tal como ha quedado amalgamado en el informe, no puede dejar de propiciar resultados desastrosos, algunos de ellos reconocidos, por lo demás, en el informe, ya sea el número de casos de embarazos en la adolescencia o la alarmante propagación de enfermedades de transmisión sexual, pese a la información profusamente distribuida. 
Según la prensa, mi país es, al parecer, uno de los blancos directos de este informe. 
Portugal celebró un referéndum hace cuatro años sobre la liberalización del aborto y venció "el derecho a la vida". 
Por eso, lamento ver aquí a algunos federalistas ocasionales que consideran la Comunidad como una instancia de recurso y apoyan algún pequeño fraude para hacer presión contra la libre expresión de la voluntad popular. 
Y, evidentemente, el debate continúa. 
Pero ese debate, que es un debate serio, no es sobre los derechos de la mujer, es sobre los derechos del niño, del niño engendrado, por nacer. 
Eso es lo que nos divide, no el cuerpo de quien elige, sino la vida de quien no elige. 
El informe adopta la posición del más fuerte contra el más débil. 
El más débil es también muchas veces la mujer, abandonada por el marido o por el compañero o presionada por el círculo social para que aborte, cuando en su fuero interno no lo desea. 
Y el más débil es siempre y en cualquier caso el niño en una fase vulnerable e indefensa del crecimiento. 
Son esos más débiles los que necesitan protección de la sociedad y de la ley y que recurren a nosotros para pedirla. 
En mi país optamos por hacerlo así, quisimos tomar el partido del más débil. 
Y tenemos derecho a hacerlo así, mientras la ley sea así y así lo desee la voluntad popular. 
Seguro que los países candidatos estarán muy satisfechos. 
En la práctica totalidad de los apartados se les cita de forma activa. 
Por fin un reconocimiento pleno. 
Lamentablemente, se trata de todo los contrario. 
En efecto, constituyen la causa de este informe acerca de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, aunque de una forma un tanto desagradable. 
El Parlamento impone con plazos sus propias normas en materia de aborto, anticonceptivos y educación sexual en el terreno del sexo libre a los países candidatos. 
Porque eso es lo que se esconde detrás de tantas palabras hermosas. 
Una visión de la vida en la que la autodeterminación sexual y reproductiva individual se considera lo idóneo, mientras que se ocultan las sombras de este criterio. 
Nonatos sin derechos, vidas truncadas de mujeres y hombres, y opiniones aplastadas acerca del amor y del sexo. 
Los valores antiquísimos de la fidelidad y del amor en el vínculo matrimonial, tal y como se citan en la Biblia, siguen siendo las mayores garantías del bienestar humano. 
Sin embargo, en este informe no hay ni rastro de la educación humana que sirva para mejorar la salud física y mental de las personas. 
Lo que queda es un informe acerca de un ámbito político que no corresponde a la Unión y que pretende imponer a los países candidatos la moral atea imperante sin ningún respeto por su independencia. 
Este informe depende de un curioso procedimiento; en primer lugar el desprecio del principio de subsidiariedad, ya que se trata efectivamente de injerencia de la Unión Europea no sólo en los Estados miembros sino también en los países candidatos, por su voluntad de obligarlos a incluir disposiciones contrarias a su ética como condiciones para su adhesión a la Unión. 
En segundo lugar, la mención de derechos en materia sexual y de reproducción no está presente en ningún tratado, en ninguna convención europea ni en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. 
Es curioso por cierto que el derecho a la reproducción consista en un catálogo de procedimientos que impiden precisamente esa reproducción. 
Finalmente, es irresponsable dispensar a chicos muy jóvenes una pedagogía de la sexualidad sin discernimiento. 
Las decisiones educativas en este ámbito dependen de la responsabilidad de los padres y del círculo familiar. 
Por otra parte, no se puede reducir la educación sexual a la anticoncepción, ni considerar el aborto como un método de planificación familiar. 
¿Sería el aborto la única respuesta a la angustia de una mujer embarazada? 
Al contrario, la educación sexual es un aprendizaje de la libertad, de la responsabilidad, así como del respeto por el propio cuerpo y el del otro. 
El respeto por la dignidad humana y la atención dispensada a las mujeres en dificultad nos hubieran conducido a medidas más responsables y respetuosas con la vida. 
Desafortunadamente, no hay nada de eso, y por ello votaré en contra de este informe. 
Señor Presidente, el informe que nos ocupa no le hace justicia a los asuntos sobre los que trata, tanto si estamos a favor de la libre elección o a favor de la vida, porque pretende marcar a los Estados miembros una dirección determinada en cuestiones de subsidiaridad de la máxima importancia para los Estados miembros. 
Ni este Parlamento ni la Comisión tienen ninguna competencia en este ámbito. 
Aunque puede ser de utilidad tratar sobre estos asuntos y airearlos, el momento en que se presenta este informe, que, reconozco, ha permanecido durante mucho tiempo en fase de tramitación, está provocando grandes daños colaterales, algo que quizá no se pretendía. 
Declaro categóricamente que hasta el día de hoy, el tema de este informe está en los sitios web en Irlanda y está siendo utilizado en la campaña a favor del "no al Tratado de Niza" para que resuene en los oídos de aquellos que, como a mí, nos gustaría formar parte de la campaña en favor del "sí" al Tratado de Niza. 
Ya está siendo utilizado en los sitios web, incluido en el sitio web de un diputado a este Parlamento, para decir "esto es lo que Europa se propone; mira lo que harán si les damos la mínima oportunidad. Nos impondrán cuestiones éticas". 
Ruego a los colegas, cualesquiera que sean sus puntos de vista sobre los importantes temas del informe, que no permitan que esas personas tergiversen y abusen de lo que hacemos en este Parlamento. 
Soy especialmente sensible a que se plantee esta cuestión en Irlanda en estos momentos. 
Nuestra ratificación del Tratado de Niza no sólo beneficia a Irlanda, beneficia también a todos los Estados candidatos a la adhesión que quieren reincorporarse a la familia europea. 
Dichos Estados candidatos a la adhesión se han puesto en contacto con muchos de nosotros y con los dirigentes de numerosos grupos para exponerles las dificultades añadidas que el presente informe está causando. 
Sé personalmente que tres países candidatos tienen serios problemas. 
Deben librar una batalla para ganarse los corazones y las mentes de su población en relación con el ingreso en Europa, igual que ocurre en Irlanda en estos momentos en relación con la ratificación del Tratado de Niza. 
No me importa cuáles son los puntos de vista de la Asamblea sobre este asunto. 
En estos momentos, es algo secundario con respecto al daño colateral que está causando este informe en los Estados candidatos a la adhesión y en Irlanda. 
Siento una gran preocupación. 
Se han planteado muchas otras cuestiones. 
Personalmente, no tengo nada en contra de la píldora del día después. 
No la considero un abortivo. 
Es posible que algunos de mis colegas, que como yo votarán en contra de este informe, discrepen conmigo en esto. 
Pero deberíamos también sentar correctamente las bases biológicas. 
Es un anticonceptivo de emergencia. 
No es un abortivo porque la implantación del óvulo fertilizado no tiene lugar hasta 72 horas después de la fertilización. 
No puede tratarse de un aborto si no se está embarazada. 
Atengámonos a los hechos. 
En su mayor parte, en mi opinión, el informe está muy mal redactado y es muy reiterativo. 
Pero la cuestión es que se trata de un asunto de subsidiaridad y no debemos dar indicios de que pueda ser de otra manera. 
En este Parlamento no tenemos ninguna competencia. 
El daño colateral en estos momentos es enorme, y lo lamento. 
El primero de ellos tiene que ver con el principio de subsidiariedad que está subyacente al derecho comunitario. 
La presente propuesta de resolución viola este principio que obliga no sólo a respetar, sino también a incentivar el ejercicio de la autonomía de los Estados miembros en las materias de su competencia y a excluir ingerencias ilegítimas en el fuero interno de cada uno de los Estados. 
La Unión Europea debe abstenerse de intervenir en lo que es competencia de los Estados miembros. 
Es notorio y manifiesto que este informe trata de cuestiones que exorbitan la esfera de competencias de la Unión Europea, al inmiscuirse en particular en las políticas de salud y justicia. 
Otro de los pecados capitales tiene que ver con la grave circunstancia de que esta propuesta no respeta deliberada y ostensiblemente la voluntad popular expresada de forma libre y democrática en los referenda sobre la despenalización del aborto celebrados en algunos Estados miembros, como, por ejemplo, Portugal. 
El objetivo de su aprobación es el de constituir un medio de presión en el sentido de volver a incluir en el orden del día político de algunos Estados miembros el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. 
Y eso tendrá la consecuencia perversa de crear desconfianza en los ciudadanos de los Estados miembros y también de los países candidatos, por lo que este informe presta un mal servicio a la Unión Europea. 
La Unión Europea es un modelo político original basado en la diversidad cultural y en el respeto del patrimonio histórico y ético de cada una de las naciones que la componen. 
La construcción europea debe dar preferencia a esos valores. 
La profundización del espíritu europeo requiere precisamente el respeto de las diferencias y el fortalecimiento del principio de que las decisiones deben ser adoptadas en un nivel lo más próximo posible a los ciudadanos de la Unión. 
Esos dos requisitos fallan en el informe que hoy debatimos. 
Así, por esas razones no nos complace esta propuesta y no nos quedará otra opción que la de votar en contra. 
Unas últimas palabras para celebrar el empeño de la Sra. Emilia Müller, ponente en la sombra de este informe polémico, quien no ha escatimado esfuerzos para intentar mejorarlo. 
Señor Presidente, creo que la Sra. ponente se merece nuestra enhorabuena y toda clase de alabanzas, puesto que ha tenido la iniciativa de este importante informe, el cual ha abierto el diálogo y ha puesto de relieve un problema que afecta al núcleo de los derechos y de las libertades fundamentales de la mitad de la población de la tierra, de las mujeres. 
A pesar de que en los últimos años se han señalado mejoras en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, los indicadores siguen mostrando porcentajes elevados de abortos, sobre todo entre las adolescentes; baja utilización de anticonceptivos y aumento de las enfermedades de transmisión sexual. 
Pero lo peor de todo es la vuelta, en distintas regiones de la Unión, a concepciones obsoletas y obscurantistas sobre los derechos sexuales, la anticoncepción, la igualdad entre los sexos y el derecho de autodeterminización de las mujeres. 
Una característica de la situación muy notable es la movilización de círculos conservadores y religiosos que nos han rodeado estos días con diversos panfletos, a fin de evitar la aprobación de este importante informe. 
Con la supuesta excusa de la protección de la vida, básicamente proponen la penalización del aborto, la culpabilización de las mujeres, incluso procesos en su contra según los modelos de Portugal. 
Se trata de los conocidos combatientes contra la igualdad de los dos sexos y contra los derechos de las mujeres; y también sabemos que cuando hablan de ética, normalmente están hablando de la ética doble de las distintas medidas y pesos para los dos sexos. 
Por supuesto que nadie propone el aborto como un método anticonceptivo; sin embargo, a menudo es una necesidad, y por regla general tiene lugar bajo la presión de condiciones sociales, económicas, psicológicas y culturales desfavorables. 
¿Duda alguien de que muchos de los embarazos no sean resultado del ejercicio de cualquier tipo de violencia contra las mujeres? 
Y más allá de la salud y de los derechos de las mujeres, ¿no deberemos dedicar nuestra atención a que los niños nazcan en ambientes en los que sean bien recibidos, a fin de garantizar su desarrollo psíquico, físico y espiritual normal? 
Se debe señalar que los datos muestran que el número de abortos es muy bajo allí donde se proporcionan servicios de salud reproductiva de alto nivel y gratuitos; en los países en los que se da apoyo a las embarazadas que hacen frente a dificultades, como por ejemplo las madres solteras, allí donde una legislación liberal sobre la interrupción del embarazo está combinada con una educación e información sexuales serias y efectivas, especialmente entre los jóvenes. 
En conclusión, creo que la Unión Europea y el Consejo, así como los países candidatos a la adhesión, deberán intensificar sus esfuerzos para que se dé prioridad y que haya una política europea integrada para la salud reproductiva, que ponga énfasis en la prevención, la anticoncepción y la educación e información sexuales de los jóvenes. 
El principio de subsidiariedad no puede ser en ningún caso una excusa para que el Parlamento Europeo no pueda tomar una postura en un tema tan importante como este. 
Vamos a votar este informe porque propone una política que favorece la educación sexual y la anticoncepción, por que afirma con claridad que se debe legalizar el aborto, en condiciones seguras y accesibles a todos, y porque llama a los gobiernos a abstenerse en todos los casos de diligencias judiciales contra las mujeres que hubieran abortado ilegalmente. 
Lamento sin embargo que el informe se conforme con recomendar o invitar a los gobiernos en lugar de obligarlos a incluir en su legislación leyes que vayan en este sentido. 
No más que ninguna mujer, no considero el aborto como un medio normal de anticoncepción. 
Sin embargo, el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo debería ser un derecho inalienable. 
Resulta indignante que en algunos países de la Unión Europea este derecho se vea ridiculizado legalmente y que en otros lo sea en la práctica. 
Y me parece extremadamente chocante que aquí mismo, en el Parlamento Europeo, algunos intervinientes se atrevan a oponerse a algunas mejoras que propone este informe invocando unas ideas tan bárbaras como reaccionarias y votando en contra. 
Señor Presidente, este informe de iniciativa sobre salud sexual y reproductiva llega a este debate envuelto en una gran polémica, fundamentalmente porque entra en un terreno que continúa siendo competencia de los Estados miembros. 
Pertenece a la subsidiariedad y, aun reconociéndolo por una enmienda de mi Grupo, pretende que en todos los Estados de la Unión se siga la misma política; es decir, que todos los países tengan la misma ley en un asunto que forma parte de la subsidiariedad pero que, sobre todo, forma parte de las convicciones, las tradiciones y el acervo propios. 
Hay bastantes cosas positivas en este informe; en especial, lo que se refiere a la información y prevención de enfermedades de transmisión sexual, una mayor educación en las escuelas y un mejor acceso a los centros sanitarios y de planificación familiar, en particular para los jóvenes. 
Es una realidad que han aumentado los embarazos no deseados entre las jóvenes, muy jóvenes incluso, pero no podemos admitir que se promueva el aborto libre para resolver este problema, porque la realidad es que el objetivo último de este informe de iniciativa es introducir en la legislación de los países miembros de la Unión Europea y en la de los países candidatos el aborto libre y la píldora del día siguiente como un medio eficaz para luchar contra los embarazos no deseados. 
Y esto es inaceptable para muchos europeos, tanto desde un punto de vista moral, como desde un punto de vista sanitario. 
Se incluyen los países candidatos que no han tenido la oportunidad de participar en este debate y, por tanto, simplemente suponemos su opinión. 
Es necesario que los jóvenes reciban más información y más medios para prevenir embarazos no deseados. 
La sanidad pública debe comprometerse en esta mejor información y también las escuelas, y no debemos olvidar el papel fundamental de los padres y su necesaria participación. 
Lamento que no hayamos conseguido un mayor acuerdo en los asuntos clave, espero que en la votación podamos alcanzarlo si es que alguna de las personas que aquí han hablado pudiera suavizar o moderar sus planteamientos tan extremos. 
De lo contrario, pienso, como el resto de mi Grupo, que tendremos que votar en contra. 
Señor Presidente, en estos últimos días muchos de mis colegas y yo misma nos hemos visto inundados por correos electrónicos y fax que nos apremiaban para que votáramos contra el informe Van Lancker porque, al parecer, es una invitación a legalizar el aborto en toda Europa. 
Se trata de una campaña de desinformación muy grave, lanzada por sectores de la derecha, que ha de rechazarse con firmeza. 
Este informe aborda la delicada cuestión de la salud y de los derechos sexuales reproductivos, trata los aspectos de la salud reproductiva de las mujeres, la difusión de las prácticas anticonceptivas, se preocupa difusamente de la política de salud y de educación sexual de los jóvenes y, obviamente, se ocupa también de los embarazos no deseados y del aborto. 
Sin embargo, este tema se aborda en el ámbito de las recomendaciones dirigidas a los Estados miembros y a los países candidatos, al objeto de proteger la salud y los derechos reproductivos de las mujeres. 
La ponente abunda en numerosas recomendaciones dirigidas a la prevención. 
Insta a los Gobiernos de los Estados miembros y de los países candidatos a que se esfuercen en llevar a cabo una política sanitaria y social que permita una reducción del recurso al aborto, en particular a través de la puesta en marcha de una red de centros de asesoramiento y de planificación familiar. 
El informe sugiere que se garanticen informaciones imparciales, científicas sobre la salud reproductiva, incluida la prevención de embarazos no deseados; subraya que la interrupción del embarazo no debería promoverse como método de planificación familiar y recomienda que, a fin de proteger la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, el aborto debe ser legal, seguro y accesible a todos. 
Por otra parte, la experiencia de los países en que existe una ley sobre la interrupción del embarazo nos demuestra que los abortos disminuyen si dejan de ser ilegales y si se efectúan en centros seguros, bajo un estricto control médico y sin riegos para la salud. 
En Italia, por ejemplo, de 1980 a 1998 se han reducido en un 40%. 
Con este informe muy equilibrado la Sra. Van Lancker no vulnera el principio de subsidiariedad. 
No propone a las Instituciones europeas que asuman las competencias y las responsabilidades de los Estados miembros, sino que les recomienda una política de prevención- la educación sexual- y recuerda a todo el mundo que la sexualidad y la salud reproductiva son ante todo un derecho de las mujeres. 
Pero, ¿cuál es el debate que mantenemos entre nosotros sobre este informe? 
Podría pensarse que se trata de un debate administrativo. 
Nada de eso: se trata más bien de un debate sobre los derechos de la persona, y los derechos de reproducción, sobre lo que hablamos esta noche, representan una etapa más. 
Si la primera generación de derechos fundamentales trataba de los derechos civiles y políticos, la segunda se ha concentrado en los derechos sociales y, finalmente, aquí estamos, hablamos de los derechos de reproducción, de los derechos del cuerpo de las mujeres. 
Nos encontramos actualmente en la fase de definición de dichos derechos y, en este sentido, la concepción de la OMS, que contempla la salud como derecho fundamental, viene a apoyar los esfuerzos para elaborar un marco que fija, en derecho, la salud en materia de reproducción. 
Pero hemos de ser muy conscientes de que hay decisiones en materia de procreación, en Europa y en el mundo, que no son libres. 
Para que hombres y mujeres puedan acceder a esta libertad es necesario por tanto que puedan acceder a la información sobre las diferentes opciones posibles y sus consecuencias respectivas, de ahí la necesidad de una educación sexual y efectiva que tenga un papel de primer orden. 
Pero esta educación está condicionada por los diferentes contextos, político, cultural y familiar, y por tanto el desafío es de gran importancia: construir un espacio para un debate posible, respetuoso con los individuos, con su cultura, un debate en el que el respeto por cada individuo debe obligarnos a una educación que aborde todas las cuestiones y no censure en ningún caso la información. 
Hoy, en muchos países, las políticas públicas pretenden dar autonomía a las mujeres por medio de una serie de medidas entre las que se encuentra la educación, que debe llegar a todos los ámbitos de la vida para ser una herramienta de democracia. 
Excluir algunos aspectos es entrar en la censura, en el oscurantismo y en la falta de respeto por la capacidad de decisión del libre examen del individuo. 
Aproximar las leyes a la realidad de la vida es organizar la evolución emancipadora de una sociedad. 
Ésta es una nueva señal, un nuevo proyecto que Europa puede poner de manifiesto y del que podríamos estar orgullosos. 
Señorías, no están por una parte los bárbaros y por otra los civilizados, por una parte los reaccionarios y por otra los progresistas, por un lado los morales y por el otro los inmorales. 
El debate debe desarrollarse en el respeto de unos y otros y, en este sentido, debemos dar las gracias tanto a la Sra. Van Lancker como al ponente alternativo de nuestro Grupo, a la señora Müller por la forma como han trabajado juntas. 
Pero este debate no está de actualidad. 
Y la propia Sra. Van Lancker lo reconoce en su informe; cito: "Cualquier política legislativa y reglamentaria sobre la salud en materia de reproducción depende de la responsabilidad de los Estados miembros... " 
La propuesta de resolución que discutimos en el día de hoy, autorizada sin duda equivocadamente por la Mesa del Parlamento en el marco del derecho de iniciativa de nuestra institución, no me parece fundada, y me parece tanto menos fundada en la medida en que hace un mes- somos verdaderamente paradójicos- votamos el informe Lamassoure sobre el reparto de competencias entre lo que depende de la Comunidad y lo que depende de los Estados, y hemos de aplicarnos por tanto lo que votamos. 
Ésta es la primera razón por la cual no votaré este informe. 
La segunda razón: ¿Cómo imponer normas en todos los ámbitos? 
Hay una serie de diferencias culturales pero, ¿cuál es la norma adecuada? 
Tomaré un ejemplo: en Francia, pusimos en práctica una legislación sobre la píldora del día siguiente. 
Admitamos que nos basamos en la legislación francesa. 
Ésta está llena de lagunas. 
¿Por qué? 
Porque la píldora del día siguiente, actualmente, está autorizada en Francia y se distribuye exclusivamente en las escuelas- no puede ser autorizada en los hospitales -, ahora bien, las escuelas funcionan 150 días de cada 365. 
¿Vamos a basarnos en otra legislación? 
Siempre encontraremos una laguna en ese marco. 
¿Cuál es el marco de las buenas prácticas? 
Y el tercer elemento que me preocupa realmente es que considero que, actualmente, la conjunción de la dilatación de los plazos propuestos en materia de aborto y de los progresos de la ciencia, que ahora permiten detectar cada vez más pronto las posibilidades de anomalía del niño que va a nacer, conjuntamente con los progresos de la bioética, puede, y una serie de médicos, no de los menos progresistas- pienso, por ejemplo, en Francia, en el Profesor Nisand- conducir en el futuro directa o indirectamente, de algún modo, a una eugenesia de Estado que me parece perjudicial para la construcción de una Europa de los hombres que nosotros deseamos enormemente. 
Gracias, señora Hermange. 
En mi condición de miembro de la Mesa, le recuerdo que es la Conferencia de Presidentes la que dirige el orden del día. 
Señor Presidente, el informe Van Lancker habla de prevención, de educación y de salud, pero algunos grupos lo han intentando convertir en el informe del aborto. 
Mienten, manipulan, extorsionan y coaccionan. 
Llegan, incluso, a afirmar que el aborto produce cáncer de mama. 
El nivel de presión al que hemos sido sometidas es completamente intolerable. 
El informe Van Lancker apunta a romper con algunas hipocresías, por ejemplo la que consiste en dar el derecho a decidir a algunas mujeres, sólo a las privilegiadas y negárselo a todas aquellas que no lo son. 
Las mujeres de un alto nivel socioeconómico consiguen resolver el problema. 
Las que tienen el problema sin resolver son aquellas que menos oportunidades tienen. 
También rompe con la hipocresía de no desarrollar suficientemente la educación sexual y además negar el aborto. 
Señor Presidente, las españolas viajábamos a Londres para abortar. 
Hoy, las portuguesas viajan a España. 
¿Es esto justo, sensato, equilibrado? 
¿Tiene algún sentido en el ámbito de la Unión Europea? 
El informe Van Lancker da orientaciones cuyo resultado es que se produzcan menos abortos. 
A mayor prevención, a mayor educación, menos abortos. 
El informe Van Lancker es un informe equilibrado y la ponente ha sido flexible y generosa con los grupos de la derecha en la negociación de las enmiendas, pero las representantes de la derecha no quieren entender. 
No entienden, probablemente porque no permanecen en los debates; dan su opinión y se marchan. 
Nosotras pensamos que muchas mujeres de la Unión Europea y de fuera de las fronteras de la Unión están esperando el resultado de este informe. 
El informe deberá ser aprobado por el Pleno del Parlamento, porque hay muchas mujeres que esperan su orientación, y todos aquellos que han estado extorsionando tienen que recibir la lección de que, el jueves, el Pleno de este Parlamento apruebe el excelente informe de Anne E. M. Van Lancker. 
Señor Presidente, quisiera plantear una cuestión de orden. 
En este debate se ha sugerido a la Asamblea que vote en contra del presente informe porque podría afectar negativamente al referéndum sobre el Tratado de Niza en Irlanda. 
Permítame que pida a la Asamblea que deseche esa consideración. 
La población irlandesa es perfectamente capaz de cuidar de sí misma. 
No necesita que nadie la proteja de sí misma y no le gusta que la traten como a un niño, al que se le pide que salga de la habitación cuando se habla de sexo. 
También me gustaría señalar que si los hombres se quedaran embarazados, el aborto no sería problema en ningún lugar del mundo. 
Señoría, creo que tendría dificultades para decirnos a qué punto del reglamento hace referencia su intervención, por tanto, me veo obligado a quitarle la palabra, pero creo que todos lo han comprendido. 
. 
(EN) Me alegra que me hayan brindado la oportunidad de intervenir, en nombre de la Comisión Europea, al final del debate plenario sobre el presente informe. 
El informe de la Sra. Van Lancker aborda una serie de temas importantes que figuran entre los más delicados y significativos, en materia de salud y de ética, de cuantos deben afrontar nuestras sociedades en la actualidad. 
Para comenzar, permítanme reconocer los esfuerzos que ha realizado la ponente para responder al orden jurídico de la Unión Europea. 
Como acertadamente reconoce la ponente, la Unión Europea no tiene competencia para intervenir en el suministro de asistencia sanitaria. 
El Tratado así lo establece claramente. 
En el apartado 5 de su artículo 152, el Tratado establece que "La acción comunitaria en el ámbito de la salud pública respetará plenamente las responsabilidades de los Estados miembros en materia de organización y suministro de los servicios sanitarios y la asistencia médica". 
Por consiguiente, quisiera subrayar, como hace el informe, que el suministro de la asistencia sanitaria entra dentro de la competencia de los Estados miembros. 
Esto es aplicable también a la política de suministro de los servicios sanitarios en materia de sexualidad y reproducción. 
En este sentido, tomo nota, como ha dicho la Sra. Van Lancker, de que la amplia mayoría de las recomendaciones del informe van dirigidas a los Estados miembros y a los países candidatos a la adhesión. 
Serán ellos los que deban estudiar cómo responder de la forma más adecuada en consonancia con sus propios marcos normativos y constitucionales. 
Permítanme que aproveche esta oportunidad para subrayar que la Comisión no aspira a intervenir en los sistemas de suministro de los servicios sanitarios ni de atención médica. 
En la actualidad, no tenemos competencia para hacerlo y no preveo que esta situación cambie en el futuro. 
La subsidiaridad es el principio por el que se rige el suministro de los servicios sanitarios, y esto debe ser respetado. 
Permítanme exponerlo abiertamente. La Comisión no presentará ninguna propuesta en ámbitos relacionados con el suministro de los servicios sanitarios. 
Es responsabilidad de los Estados miembros. 
Por lo tanto, aunque es fundamental que celebremos un debate a fondo y franco sobre temas sanitarios fundamentales, también debemos respetar la distinción entre las competencias de los Estados miembros y aquéllas de la Comunidad cuando nos dispongamos a estudiar recomendaciones generales en ámbitos delicados. 
Es evidente que existen importantes diferencias culturales, étnicas, éticas y religiosas entre nuestros ciudadanos con respecto a estas cuestiones. 
A la hora de resaltar la importancia de la salud y los derechos en materia de sexualidad y de reproducción, debemos demostrar sensibilidad ante las actitudes divergentes en nuestros Estados miembros sobre temas como el aborto. 
Las cuestiones de la salud sexual y reproductiva tienen hoy una importancia de primer orden en el debate sobre la salud social y pública en Europa. 
Estos temas afectan a las vidas de nuestros ciudadanos como otros jamás podrían. 
Por esta razón, lo mejor es que las decisiones sobre estos temas se tomen lo más cerca posible de los interesados. 
Pero en el contexto del desarrollo de una política de salud pública, existe una serie de temas que exigen una consideración y un análisis cuidadosos. 
Y los informes, como el que esta noche nos ocupa, permiten arrojar luz sobre asuntos complejos que afectan a los legisladores de hoy. 
En todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva, cuanto más información y mejor formación tienen las personas, mayor es la posibilidad de que eviten los riesgos y asuman la responsabilidad sobre su propia salud y bienestar. 
Naturalmente, suele ocurrir que en situaciones muy difíciles de la vida real, las personas deben pasar de absorber información a desarrollar un conocimiento holístico de cómo estas cuestiones afectan a sus vidas. 
Como es natural, en este debate se ha dedicado especial atención a la responsabilidad y los derechos de las mujeres en lo que respecta a su salud y bienestar. 
Creo, sin embargo, que debe concederse mayor atención a las responsabilidades de los hombres en este ámbito. 
Con demasiada frecuencia pasamos por alto la importancia de mejorar la educación de los hombres con vistas a que modifiquen su conducta, sus actitudes y su participación. 
Espero que nuestros Estados miembros hagan más hincapié en la educación e información de los hombres en este importante ámbito. 
El Informe de la Comisión sobre el estado de la salud de la mujer en la Unión Europea, de 1997, ofrece también un análisis muy útil. 
El informe llamaba la atención sobre el hecho de que las cuestiones de salud sexual y reproductiva tienen una importancia fundamental para las mujeres en edad de reproducción. 
En la Comisión Europea se está trabajando actualmente en indicadores de la salud pública. 
Los expertos están desarrollando indicadores, que proporcionarán la base para recoger y analizar información sobre la salud en Europa. 
Entre dichos indicadores, una serie de ellos abordan varios aspectos de la salud reproductiva y sexual. 
La Comisión está dispuesta a reunir y acometer investigaciones estadísticas epidemiológicas sobre la base de los datos recogidos. 
Debo hacer hincapié, no obstante, en que la calidad de dicho trabajo dependerá de la calidad y la compatibilidad de los datos que proporcionen los Estados miembros. 
En el marco del nuevo Programa de salud pública, el tercer sector tratará sobre los determinantes de la salud a través de la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. 
Esto es aplicable también a la salud sexual y reproductiva. 
Al igual que en el Programa de promoción de la salud, los países candidatos también pueden participar. 
No obstante, la estrategia local de promoción de la salud y prevención de enfermedades es responsabilidad de los Estados miembros. 
Aquí entran los proyectos de educación y promoción de la salud en los colegios, que podrán beneficiarse de los datos científicos generados mediante dicho análisis. 
En relación con la "Política Ciudad de México" de la Administración estadounidense, a la que se hace referencia en el informe, la Comisión Europea no se considera en situación de comentar ni reaccionar. 
Es un asunto que depende de la decisión de la Administración estadounidense. 
Por ello, hoy limito mis comentarios a aquellos ámbitos en los que la Comisión tiene competencia. 
Para terminar, permítanme resaltar la importancia y la sensibilidad de los temas sobre los que hoy tratamos, que han sido planteados y explorados a raíz de la labor de la Sra. Van Lancker. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los informes siguientes: 
(A5-0203/2002) de la Sra. Quisthoudt-Rowohl, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 822- C5-0017/2002- 2001/0202 (COD) ) relativa a las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades, y a las normas de difusión de los resultados de la investigación para la ejecución del Programa Marco de la Comunidad Europea 2002-2006. 
(A5-0205/2002) de la Sra. Quisthoudt-Rowohl, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta modificada de Decisión del Consejo (COM (2001) 823- C5-0236/2002- 2001/0327 (CNS) ) relativa a las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades en la ejecución del Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) 2002-2006. 
Señor Presidente, ¿de qué pueden tratar las regulaciones sobre la participación en un programa de investigación? 
Hay dinero para actividades de investigación, dinero que proviene del sector público, lo que quiero destacar muy claramente aquí. 
Se trata de fondos públicos con los que el contribuyente financia actividades de investigación. 
Se sacan a licitación proyectos, se presentan solicitudes y en alguna ocasión se produce la autorización o no. 
¿Qué es lo que era importante para nosotros? 
En primer lugar, que la licitación sea clara y sencilla. Que sea posible redactar solicitudes claras, unívocas y sencillas. 
Por ello, nos hemos pronunciado a favor de un procedimiento de dos fases que ya se ha acreditado en el pasado. 
La Comisión ha atendido nuestra propuesta. 
En segundo lugar, es por supuesto importante que sea posible una evaluación rápida, que no se espere durante tanto tiempo a si se aprueba o no el proyecto en cuestión. 
Para nosotros como Parlamento era importante que junto a los evidentes criterios de calidad e innovación se tuviesen también en cuenta otros criterios. 
Pienso, por ejemplo- muchas damas ya se han ido de aquí- en la participación de las mujeres en la investigación. 
También es importante financiar una plusvalía europea. 
En otras palabras: mediante los trabajos conjuntos debe salir algo más que si cada uno investiga por separado. 
Trabajar conjuntamente significa solidaridad entre los miembros de ese grupo. Significa también solidaridad en la responsabilidad si algo saliese mal, lo que por supuesto nadie espera. 
Pero la solidaridad no debe llegar tan lejos como la Comisión había propuesto, de modo que existiese una responsabilidad solidaria entre todos los participantes. 
Hemos logrado imponer aquí nuestro criterio. 
Sí a una responsabilidad común con determinados límites. 
Hemos logrado encontrar una buena vía intermedia entre la necesaria solidaridad y la responsabilidad de cada individuo. 
Por supuesto, el flujo del dinero debe ser flexible pero también comprobable. 
Y el dinero debe entregarse para objetivos concretos. 
Sólo voy a exponer un ejemplo: sí a los importes globales cuando sean necesarios. Pero sólo cuando se deban a costes adicionales derivados de la investigación europea y cuando sean demostrables, aunque el comprobante se presente a posteriori. 
En otras palabras: sí a las redes de investigación, a un espacio común de investigación europeo, pero no en forma de una cooperación no mensurable correctamente. 
También aquí hemos logrado seguir desarrollando la propuesta de la Comisión en la dirección deseada por ustedes. 
Un punto importante del debate fue además para nosotros como Parlamento el siguiente: la propuesta de la Comisión nos ha transmitido la sensación y digo aquí muy conscientemente "nos ha transmitido la sensación" de que la Comisión quería retirarse un poco, de que quería decir sencillamente que hay un responsable de proyecto que recibe el dinero y él es responsable de todo. 
Esto no es posible. 
No podemos exonerar a nuestro Ejecutivo de su responsabilidad. 
Es responsable de las sumas autorizadas por él y es el único directamente responsable ante el Tribunal de Cuentas Europeo. 
Gracias a la cooperación de numerosos colegas, creo que hemos logrado formular un texto aún mejor en base a una buena propuesta. 
Quiero decir aquí algunas palabras sobre el procedimiento pues es realmente inusual. 
En el primer informe se trata de un informe de plena codecisión mientras que en el informe sobre el Euratom sólo actuamos como órgano de consulta. 
Pero permanezcamos en el primer informe y en la codecisión. Se trata de una codecisión y vamos a lograr aprobar el texto tras sólo una lectura. 
¿Porqué? 
Hemos tenido una excelente cooperación con el Consejo y en este contexto quiero mencionar expresamente al Subsecretario Marimón. 
Con una gran dedicación personal ha logrado que lleguemos a un acuerdo mediante conversaciones y el diálogo. 
No obstante, también tengo que decir que he encontrado una gran disposición al diálogo en la Comisión. 
En general, todas las partes han mostrado una gran comprensión con las posiciones de los demás y se ha logrado redactar un texto que, tras la votación en la comisión, ha sido autorizado ya por el Consejo. 
Por así decirlo, como obedeciendo diligentemente a la votación que va a tener lugar mañana con una gran mayoría a favor, de lo que estoy seguro. 
Que se logre un acuerdo tal tras una sola lectura solamente es posible gracias a la disposición a cooperar de todas las partes, por lo que quiero expresar aquí mi agradecimiento. 
También quiero expresar mi agradecimiento a todos los colegas de los demás grupos políticos. 
Ha habido unas condiciones especiales debido a mi impedimento provisional- todos me han visto circular continuamente por aquí- y esas condiciones especiales han contribuido a que todas las partes, la Comisión, el Consejo y los colegas, hayan sido muy comprensivos- por lo que expreso de nuevo mi agradecimiento- y que también haya existido flexibilidad y se hayan desarrollado unos métodos de trabajo innovadores. 
Deseo estas calidades- flexibilidad y métodos de trabajo innovadores- a todos los participantes en el sexto programa marco así como también a la Comisión, que se va a hacer cargo como es natural de su trabajo de distribuir dinero. 
Vamos a seguir este trabajo en el curso de los próximos años con una mirada crítica pero también benevolente. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, estamos examinando una propuesta de la Comisión encaminada a establecer las normas de participación de las empresas, centros de investigación y universidades, así como las normas de difusión de los resultados de la investigación en el ámbito de la ejecución del programa-marco 2002-2006. 
Felicito a la ponente por el excelente informe que nos presenta y al que doy mi apoyo total. 
Como la ponente, concuerdo con el planteamiento seguido por la Comisión de facilitar el acceso a las financiaciones, mediante una simplificación de la legislación y una mayor flexibilidad operativa. 
Así, me congratulo de los nuevos objetivos propuestos, a saber, la introducción de normas de participación simples y comprensibles, una gestión más rápida y simplificada y la protección de los intereses financieros de la Comunidad. 
Permítanme ahora que, como diputado elegido por una región ultraperiférica, la Región Autónoma de Madeira, centre la parte final de esta intervención en un punto que versa directamente sobre las regiones ultraperiféricas. 
En el considerando 9 de la enmienda de transacción se haga referencia a la necesidad de que las actividades del sexto programa-marco fomenten la participación de las regiones más periféricas de la Comunidad. 
Ya en el anterior programa-marco se hacía referencia también a la necesidad de atender las especificidades de esas regiones. 
Ahora bien, yo sostuve, mediante una propuesta de enmienda, que deberíamos ir más lejos, entre otras cosas como forma de dar seguimiento a dicho considerando, porque considero necesario que exista, para los proyectos elaborados en una región ultraperiférica, un aumento del criterio relativo al valor añadido comunitario. 
Un aumento de ese tipo sería de gran importancia, dado que evitaría una penalización de las regiones ultraperiféricas, en particular por la dificultad para encontrar interlocutores exteriores dispuestos a asociarse con instituciones reducidas en aquellas regiones, pese a la calidad de los proyectos por proponer. 
Ahora bien, cuando se defiende una igualdad total de los participantes y una apertura general de los proyectos a nuevos participantes, el aumento del criterio relativo al valor añadido comunitario sería indispensable para garantizar el acceso al sexto programa-marco de los proyectos procedentes de aquellas regiones. 
Como ya hemos pasado de las 12, debo señalar a nuestros amigos intérpretes que los debates aún van a durar como un cuarto de hora. 
Les doy las gracias por su paciencia. 
Señor Presidente, siguiendo el hilo de sus palabras, deseo decir: buenos días. 
Quizás esto sea también una señal para el nuevo inicio que nos proponemos con el sexto programa marco de investigación. 
Mi agradecimiento también a la ponente. No lo digo por mera cortesía, pues creo que hemos colaborado positivamente y hemos seguido también en gran medida su proyecto. 
Quiero felicitarla de nuevo expresamente por la iniciativa. 
En lo que se refiere a estas reglas de participación, tengo que decir que hemos depositado en la Comisión una gran responsabilidad y, en consecuencia, también exigimos mucho de ella. 
No envidio a la Comisión, pues va a ser muy difícil aplicar el sexto programa marco de investigación cuando, por ejemplo, veo la resolución por la que la Comisión justifica cualquier eventual resolución para rechazar una propuesta. 
Esta es una vieja exigencia nuestra, pero ante las muchas decenas de miles de proyectos supone una enorme responsabilidad para la Comisión. 
Si lo logra, entonces tendré que quitarme el sombrero, pues contribuirá sin duda a que no amaine el entusiasmo de muchos para participar en el programa de investigación. 
Pero no va a ser sencillo. 
La mayor dificultad en este sexto programa marco de investigación va a ser que participan muchos Estados miembros. 
15 Estados miembros más los Estados que quieren adherirse a la Unión Europea, más los Estados del espacio económico europeo, más Israel y, en el futuro, también Suiza. 
Es decir, son muchos participantes y "administrarlos", es decir, aplicar correctamente el programa marco de investigación, no va a ser sencillo. 
También entiendo el deseo de poner en marcha proyectos lo más grandes posibles, redes, proyectos integrados, etc. y probablemente este va a ser también el futuro del programa de investigación europeo. 
Sin embargo, esto significa que los otros, sobre todo los proyectos pequeños, van a tener que ser recogidos cada vez más por los Estados miembros y las regiones, es decir, esto va a conducir a una mayor distribución de trabajo entre la Unión Europea y los Estados miembros. 
Me alegra extraordinariamente que la cuestión del procedimiento en dos fases se haya descrito con mayor precisión. 
Espero de este procedimiento una mayor sencillez, en función de cómo se aplique. 
La Comisión tiene ciertas experiencias con él. Espero que logre mejorarlo. 
Cuanto más rápido apliquemos el sexto programa marco de investigación, tanto más dinero ahorraremos. 
El Parlamento ha realizado su aportación y hay un consenso al respecto. 
Ahora se trata de entregar el dinero lo más rápidamente posible. Le deseo mucho éxito, señor Comisario. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora ponente, Señorías, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, ha deseado encarecidamente que se simplifique la aplicación del programa-marco y, por así decir, que se humanice. El informe de la Sra. Quistoudt-Rowohl, a quien agradezco sinceramente su disponibilidad y las disposiciones plenas de sentido común que ha conservado sobre las reglas de participación, nos lleva en la buena dirección. 
Debo señalar que, por primera vez en el programa-marco, los países candidatos a la adhesión van a disfrutar de derechos equivalentes a los de los Estados miembros, organizaciones de cooperación científica europea y países asociados van a poder participar al mismo nivel que las entidades establecidas en los Estados miembros. 
Me alegro también de ver que las organizaciones de países terceros podrán participar plenamente en las acciones del programa-marco. 
Esto es especialmente importante para nuestro Grupo que desea intensificar la investigación con los países en vías de desarrollo y los de la cuenca del Mediterráneo y América latina. 
Habida cuenta de las nuevas disposiciones de gestión- aportadas por las nuevas herramientas- será sin duda necesario optimizar el funcionamiento en el transcurso de la puesta en marcha de este programa absteniéndose sin embargo de optar por procedimientos formales de conciliación. 
En este sentido, damos las gracias al Consejo, en la persona del Sr. Marimón, que se ha ocupado mucho de esta cuestión, por haber accedido a nuestra propuesta destinada a acelerar las cosas. 
Por ello, nos agradará mantener contactos regulares con el Parlamento y con la Comisión, algo que será posible gracias a la competencia condescendiente del Sr. Busquin, y especialmente por una posible actualización en las evaluaciones provisionales en 2004. 
Señor Presidente, deseo felicitar a la ponente que ha hecho uso de su experiencia en el Quinto Programa Marco y de su experiencia profesional como científica para gran beneficio de todos nosotros, en particular, después de su accidente. 
También quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Busquin, un excelente Comisario, que, junto con sus servicios, ha demostrado una gran habilidad para garantizar la pronta obtención de resultados en el proceso. 
Naturalmente, todos deseamos dar las gracias al Sr. Marimon por su paciencia y buen humor. 
También doy las gracias a la comunidad científica, que no ha tardado en aconsejarnos y señalarnos que sus necesidades son simplicidad, una gestión más ágil y asistencia financiera. 
Estos nuevos instrumentos son emocionantes, pero debemos estar seguros de que no dificultan la participación de muchos en los programas, por no estar familiarizados. 
Parecía que el tema de la responsabilidad iba a ser un gran problema, pero, afortunadamente, ha podido superarse. 
Quisiera señalar la importancia que para el Parlamento tiene la enmienda 29 y su contrapartida en el Programa Euratom, la enmienda 38, que añaden criterios que pueden y deben ser tenidos en cuenta, incluidas las actividades encaminadas a incrementar el papel de la mujer en la investigación y a estudiar las sinergias con la enseñanza. 
El fácil acceso significa que la difusión debería ser bastante fácil, pero el Parlamento considera que la difusión es una fase importante de este proceso. 
Pueden tener la certeza de que seguiremos muy atentamente el desarrollo del Sexto Programa Marco, visitaremos proyectos, hablaremos con científicos y pediremos evaluaciones. 
Con la aprobación mañana del informe de la Sra. Quisthoudt-Rowohl, habrá encajado la última pieza del rompecabezas. 
Gracias al Sr. Caudron y a los ponentes de los programas específicos. Hemos trabajado eficientemente y ahora nuestros científicos disponen de mucho tiempo para prepararse, sabiendo que nuestro objetivo es que el Sexto Programa Marco sea eficaz, esté bien gestionado, sea fácil participar en él y que, desde el punto de vista financiero, sea irreprochable. 
Gracias, una vez más, a todos los interesados. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, con la propia decisión del programa-marco y los programas específicos, las normas de participación y de difusión constituyen el tercer elemento del dispositivo de aplicación del Programa Marco de Investigación. 
No es lo menos importante. 
Efectivamente, las reglas de participación establecen el marco jurídico y financiero que preside la ejecución y financiación de las actividades de investigación del Sexto Programa Marco. 
Quisiera dar encarecidamente las gracias a la ponente, la Sra. Quisthoudt-Rowohl, por el trabajo tan profundo que ha realizado sobre la propuesta relativa a estas reglas, en colaboración estrecha con las zonas de intervención. 
Doy también las gracias a los ponentes para opinión, el Sr. Linkohr, la Sra. Plooij-Van Gorsel, el Sr. Piétrasanta y el Sr. Alyssandrakis, así como al presidente de la comisión, el Sr. Westendorp, por el excelente clima que han creado en los debates. 
Tiene usted razón, señora Quisthoudt-Rowohl, al señalar hasta qué punto este acuerdo se ha podido alcanzar gracias a un trabajo intenso a lo largo de los fructíferos debates en los que cada cual se ha implicado. 
Quisiera, como usted, señalar el papel de la Presidencia española, especialmente en la jefatura del Sr. Marimón, y creo que el resultado alcanzado confirma nuestra voluntad común de simplificación y alivio con respecto al programa precedente, conservando el rigor necesario. 
El nuevo modelo se funda en un principio de autonomía más amplio de los consorcios que será reforzado mediante una flexibilidad incrementada de las reglas y de los contratos y un alivio sustancial de las obligaciones administrativas que pesan sobre ellos. 
La intención era efectivamente hacer esas reglas más sencillas, ligeras y fáciles de utilización, más distinguibles y comprensibles para los participantes, más flexibles sin por ello perder el rigor. 
Tiene también razón, señora Quisthoudt-Rowohl, al volver a decir que cree que la Comisión iba a desprenderse de todas sus prerrogativas y por tanto de sus responsabilidades, en especial sobre la evaluación y la selección de las propuestas a financiar, la selección de los participantes que disfrutan de los fondos comunitarios así como la puesta en marcha de un sistema eficaz de vigilancia de proyectos financiados y la decisión de los pagos a efectuar no era más que una impresión. 
Lo ha señalado bien, es en ese marco en el que hay que comprender la totalidad del proceso de solidaridad. 
Por supuesto, con respecto a las actualmente en vigor, se han adaptado las reglas para tomar en consideración las novedades que aparecen con el Sexto Programa Marco, comenzando por la introducción de nuevos instrumentos de ayuda financiera. 
Entre los principales cambios de los cuales algunos han visto la luz por iniciativa del Parlamento, figura la participación en un proyecto de investigación- con excepción de los casos particulares- está abierta a toda entidad jurídica y no solamente a las entidades jurídicas que realicen una actividad específica de investigación. 
Figura también la puesta en pie de igualdad de las organizaciones de los países candidatos y la de los Estados miembros de la Unión en lo que respecta a las condiciones de su participación- señal política importante en el momento en el que se habla de ampliación. 
La apertura a la participación y a la financiación de las entidades jurídicas establecidas en los países terceros contemplados por las actividades de cooperación internacional amplía también el campo del espacio europeo de investigación. 
Mencionemos también la introducción de la posibilidad de participación de pleno derecho para las organizaciones internacionales de interés europeo, la reducción del número de contratos tipo y un nuevo procedimiento de entrada en vigor de los contratos, la simplificación de los sistemas de financiación, la subvención presupuesto y la subvención a la integración para los proyectos integrados y las redes de excelencia respectivamente, el recurso a certificados de auditoría para la justificación de los gastos de los participantes para una mayor seguridad financiera en condiciones que implican menos procedimientos y, finalmente, la simplificación de las reglas en materia de propiedad intelectual con el principio de definición único de un marco de conjunto y de principios generales a respetar, las disposiciones detalladas podrán variar en función de los tipos de acción. 
Sobre todos estos puntos y sobre muchos otros, los debates profundos y prolongados que se han producido entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, han permitido alcanzar un acuerdo. 
La Comisión puede por tanto aceptar de manera formal la enmienda única de compromiso que materializa este acuerdo, y pienso que el Consejo ha manifestado el mismo sentimiento. 
Entre los puntos de compromiso que deseo poner de relieve, mencionaré especialmente el incremento del número mínimo de participantes obligatorios de dos a tres, la introducción de la posibilidad de una evaluación de las propuestas recibidas en dos etapas, limitación a algunos casos concretos del recurso al anonimato para la evaluación de las propuestas, la mención de una serie más rica de criterios para la evaluación de las propuestas, criterios obligatorios u opcionales como las actividades, tal como ha señalado la Sra. McNally, orientados a incrementar el papel de la mujer en la investigación y a crear sinergias con la educación a todos los niveles, una clarificación de la forma como se ejerza la responsabilidad de los participantes, la definición del método de cálculo de la contribución financiera de la Comunidad a las redes de excelencia- se trata de una cuestión que ha suscitado muchos debates- y la introducción de la noción de acuerdo de consorcio como herramienta esencial de la ejecución de proyectos de investigación. 
Una palabra sobre las reglas de participación Euratom. 
Son claramente similares a las definidas por el programa marco y por tanto aceptables. 
La única enmienda que no está cubierta por el compromiso prevé un nivel de financiación para las asociaciones "fusión" que no puede desgraciadamente considerarse a ese nivel, en los límites del apartado previsto. 
La Comisión no puede aceptarlo, pero intentaremos llegar a un compromiso. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, a pesar de las dificultades, gracias a los esfuerzos y a la voluntad del ponente las reglas de participación del Sexto Programa Marco se adoptarán, espero, mañana en primera lectura. 
No podemos hacer otra cosa que alegrarnos enormemente. 
Para la comunidad científica, para las empresas, se trata de un elemento esencial de la ejecución de este Programa Marco que es un instrumento del espacio europeo de la investigación. 
Creo que la comunidad científica ha comprendido ya parcialmente el mensaje. 
Se han recibido ya más de 15.000 declaraciones de interés y van a hacerse públicas. 
Ello nos permitirá preparar en las mejores condiciones la puesta en marcha del Programa Marco de aquí a final de año. 
Una vez más doy las gracias al Parlamento por su acción más que constructiva. 
Gracias, señor Comisario. 
En mi propio nombre, doy las gracias también a nuestro ponente que ha llevado a cabo verdaderamente grandes esfuerzos, a pesar de su pequeño problema de salud, para realizar este doble informe. 
La felicitamos por doble partida. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Agradeciendo a sus Señorías y a los intérpretes su disponibilidad y presencia, se levanta la sesión. 
(Se levanta la sesión a las 24.25 horas) 
El Acta de la sesión del martes 2 de julio de 2002 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, he pedido la palabra con relación al Acta. Ayer, cuando el Sr. Cappato pidió que se le informara sobre la inclusión en el orden del día de la Conferencia de Presidentes de una propuesta de resolución firmada por una décima parte de los diputados de este Parlamento, el Vicepresidente Schmid anunció que se daría respuesta a la cuestión durante la tarde. 
Quisiera recordar que a las 17.00 horas de ayer inicié una huelga de sed, veinticuatro horas después de una huelga de hambre, precisamente por esta razón: ya en una ocasión no se sometió al órgano político esta propuesta de resolución. 
Ahora espero que encuentren ustedes el tiempo para devolver al órgano político sus funciones y su dignidad. 
Señor Turco, consultaré sobre el particular a la Conferencia de Presidentes cuando se reúna el jueves. 
Señor Presidente, quisiera señalar un problema lingüístico en relación con la enmienda 11 de mi informe, que votamos ayer. 
Por respeto a la gramática y a las Instituciones, la frase debería ser la siguiente: "El marco financiero establecido para la aplicación del presente Reglamento durante el período comprendido entre 2000 y 2006 asciende a 4.700 millones de euros y está sujeto a una revisión intermedia sobre la base de los resultados de la aplicación del presente Reglamento". 
El resto de la enmienda queda igual. 
Tengo entendido que los servicios se están ocupando ya de esa cuestión. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, una delegación del Parlamento taiwanés democráticamente elegido estuvo ayer aquí, en Estrasburgo, invitada por algunos diputados europeos. 
Usted, señor Presidente, concedió a dicha delegación el honor de recibirla y se entrevistó con sus miembros. 
En el curso de esta visita ocurrió un hecho que me avergüenza y creo que también a varios otros colegas. 
Nuestros invitados tuvieron que marcharse precipitadamente anoche porque las autoridades francesas les habían concedido un visado válido sólo por 24 horas. 
Todos los esfuerzos de los diputados europeos para conseguir una prórroga o la prolongación de dicho visado fracasaron ante la intransigencia de las autoridades francesas. 
Señor Presidente, yo quisiera hacerles dos preguntas. 
En primer lugar: ¿cree usted que esta actitud de denegación de un visado por razones exclusivamente políticas- supongo- es conciliable con los valores de la Unión Europea, que considera la libertad, incluida la libertad de circulación de todas las personas, como un derecho fundamental? 
En segundo lugar: ¿no cree usted, como pensamos yo y otros colegas de esta Asamblea, que dicho suceso representa una grave obstaculización y menoscabo de la labor que desarrolla el Parlamento Europeo en Estrasburgo? 
Ésta no es la primera vez que políticos de alto rango de ese Estado sufren las molestias de una denegación de visado y no es éste el único lugar donde desarrolla sus actividades el Parlamento Europeo en que se ha manifestado ese problema. 
No me queda más remedio que decir que me sumo a los que estiman que la botella está medio llena; es decir, que las autoridades permitieron que se hiciera la visita el día de ayer, lo que, por muy breve que la visita haya sido, es algo que algunos de los miembros de la delegación no han podido conseguir en ocasiones anteriores. 
O sea que ayer se ha conseguido un modesto progreso hacia la reconciliación de los derechos de este Parlamento a desempeñar su cometido con la posibilidad de que los invitados a asistir a reuniones del Parlamento o de sus comisiones puedan llevar a cabo las visitas. 
Señor Presidente, yo quisiera referirme a un asunto que afecta al equipamiento de este edificio del Parlamento y que mis grupos de visitantes también me comentan a menudo. 
En esta Asamblea nos enorgullecemos, con razón, de que aquí todos podemos hablar, escuchar y leer en nuestra lengua materna. 
Sin embargo, muchos de mis grupos de visitantes me preguntan por qué todos los rótulos, todas las indicaciones y también todos los anuncios electrónicos del Parlamento están escritos en una sola lengua. 
A mí me parece que lo lógico es que todos podamos sentirnos reflejados aquí, también en la imagen visual de este Parlamento. 
Al fin y al cabo, en este momento tenemos once lenguas y yo creo que ya existen posibilidades técnicas para dotar al Parlamento de las correspondientes instalaciones. 
El 90% de mis grupos de visitantes no hablan francés y cuando consultan, por ejemplo, los planes de evacuación que se exhiben en cada ' poste totémico ", o comoquiera que se llamen aquí, se encuentran con que están escritos sólo en francés. 
Los planes de emergencia por si ocurre alguna cosa están escritos en una sola lengua. 
La verdad es que no me parece procedente en el Parlamento Europeo. 
Yo le ruego, por lo tanto, que solicite a nuestros servicios que elaboren un proyecto para que el plurilingüismo de este Parlamento, del que nos enorgullecemos con razón, también pueda encontrar su expresión en el aspecto visual. 
He aquí una útil sugerencia. 
Para empezar, podríamos remitir la cuestión a la Junta de Cuestores y, si podemos encontrar la forma apropiada de hacerlo, no hay duda de que habrá sido una buena idea. 
Señor Presidente, quiero subrayar lo que dijo el señor Sakellariou sobre el Presidente del Parlamento de Taiwán y su Comisión de Asuntos Exteriores. 
Señor Presidente, le pido que hable con las autoridades francesas para que el Parlamento, aquí en Estrasburgo, pueda trabajar en las mismas condiciones que en Bruselas. 
Si el presidente y la comisión de asuntos exteriores del parlamento taiwanés, elegidos democráticamente, hubiesen visitado Bruselas en vez de Estrasburgo, habrían podido quedarse más de 24 horas sin tener que suspender sus actividades en condiciones indignas, como sucedió ayer. 
De conformidad con el orden del día, el próximo punto es la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo sobre el programa de la Presidencia danesa. 
Al mismo tiempo que presento este punto del orden del día, quisiera dar gracias en nombre del Parlamento y de los presidentes de los grupos, a la Presidencia danesa por habernos invitado a Copenhague antes del comienzo oficial de nuestra reunión a fin de sostener un extenso debate con la Presidencia entrante acerca de sus prioridades. 
Tomo nota de que el Presidente en ejercicio del Consejo, Primer Ministro Rasmussen, participará a título excepcional en nuestro debate principal del próximo mes de noviembre sobre la ampliación, aunque no nos informará sobre la labor del Consejo Europeo. 
Se prevé que antes de que acabe la Presidencia danesa con la Cumbre de Copenhague, haya un intenso diálogo con los dirigentes de los grupos del Parlamento. 
Todos estos son aspectos innovadores que indican un esfuerzo en favor de la asociación entre las instituciones. 
En nombre del Parlamento, quisiera expresar oficialmente al Presidente en ejercicio nuestra apreciación por la amplitud e intensidad de esos esfuerzos y por su carácter innovador. 
. 
(DA) Señor Presidente, señorías, distinguidos miembros de la Comisión Europea, señoras y señores, es un gran honor para mí hablar hoy por primera vez ante este Parlamento. 
Supone una alegría especial hacerlo como Presidente del Consejo Europeo a fin de presentar las prioridades de la Presidencia danesa de la UE. 
Aguardo el debate posterior sobre las tareas que se alzan ante nosotros. 
El Parlamento Europeo es una importante y constructiva fuerza en el desarrollo de la cooperación europea y estoy seguro de que seguirá siéndolo durante los próximos meses en los que nos encontraremos ante una serie de decisiones de trascendental importancia para la Unión Europea del futuro. 
La Presidencia danesa se propone por tanto mantener una estrecha colaboración con el Parlamento Europeo. 
La Presidencia danesa desea reforzar la cooperación entre las instituciones comunitarias. 
Sé que el Parlamento Europeo comparte este deseo. 
Intentaremos promover los contactos y la cooperación entre las instituciones. 
Tenemos intención de celebrar cumbres entre el Parlamento, la Comisión y la Presidencia con anterioridad a los Consejos Europeo de Bruselas y de Copenhague. 
Nos encontramos ante importantes decisiones en relación con la codecisión. 
La Presidencia mostrará eficacia y flexibilidad esperando alcanzar una cooperación fructífera. 
Hemos de aprobar un nuevo presupuesto. 
También en este punto la Presidencia propone negociaciones constructivas y orientadas a los resultados. 
Dinamarca concede gran importancia a la labor del Parlamento Europeo y la Presidencia estará bien representada en todas las asambleas plenarias. 
A este respecto, el Ministro de Asuntos Europeos, Bertel Haarder, antiguo miembro de este Parlamento, jugará un papel importantísimo. 
No obstante, también los demás ministros daneses participarán en los debates plenarios a lo largo de los próximos meses. 
Yo mismo informaré al Parlamento tras el Consejo Europeo de Bruselas y emitiré un informe al final de la Presidencia tras la cumbre de Copenhague. 
Además, participaré en el importante debate sobre la ampliación que tendrá lugar el 19 de noviembre. 
Hemos titulado a nuestro programa de la presidencia? Una Europa?. 
Con este título subrayamos la importancia que concedemos a la ampliación y a una cooperación más estrecha en nuestro continente. 
El programa contiene una exposición detallada de nuestros planes y objetivos para cada ámbito. 
Hoy quiero concentrarme en los temas principales. 
Los epígrafes del programa son: 
En primer lugar: Ampliación de la UE- De Copenhague a Copenhague. 
Hemos de adoptar una decisión sobre la ampliación de la UE en la cumbre de Copenhague prevista para diciembre. 
En segundo lugar: Libertad, seguridad y justicia- Hemos de reforzar la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y la inmigración ilegal. 
En tercer lugar: Desarrollo sostenible- desde el punto de vista económico, social y de medio ambiente. 
Hemos de trabajar por que el desarrollo económico vaya parejo con la protección del medio ambiente y la mejora del empleo. 
Hemos de trabajar por una mejor seguridad alimentaria, examinar la política agrícola y renovar la política pesquera común. 
En quinto lugar: Responsabilidad global de la UE. 
Hemos de reforzar la política exterior y de seguridad común, consolidar los fuertes lazos existentes entre Europa y los EE.UU. y trabajar en favor de un acuerdo global entre los países ricos y pobres del mundo. 
En la reunión del Consejo Europeo celebrada en Sevilla se adoptaron una serie de decisiones relativas a los marcos del trabajo del Consejo a la luz de la ampliación. 
Doy la bienvenida a estas decisiones. 
Trataremos de ponerlas en práctica en la medida de lo posible ya durante la Presidencia danesa. Esto afectará especialmente a las decisiones relativas a una mayor transparencia en el trabajo del Consejo. 
En general, nuestra ambición es garantizar el máximo grado posible de transparencia sobre todo el trabajo de la Presidencia danesa. 
(Aplausos) 
La ampliación de la UE es la tarea más importante a la que se enfrenta la Presidencia danesa. 
Me voy a ocupar a fondo de este importante tema posteriormente en mi intervención, sin embargo, antes quiero comentar el resto de temas del programa de la Presidencia. 
Junto a la ampliación la Presidencia danesa hace gran hincapié en hacer avanzar el considerable orden del día comunitario que se levanta ante nosotros. 
Nos centraremos especialmente en cuatro ámbitos. 
En primer lugar trabajaremos en favor de una mayor libertad, seguridad y justicia. 
La Presidencia danesa dará gran prioridad a la lucha contra la delincuencia transnacional y a la ejecución del plan de acción comunitario para la lucha contra el terrorismo, haremos hincapié en el desarrollo de una intensa cooperación internacional- especialmente con los EE.UU. 
La Presidencia canalizará asimismo las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla en materia de asilo, inmigración y control de las fronteras. 
En este ámbito se adoptaron una serie de decisiones equilibradas, concretas y prospectivas que servirán de base al trabajo durante la Presidencia danesa. 
En segundo lugar, la Presidencia danesa trabajará en favor de un desarrollo sostenible. 
Desde el punto de vista económico, social y de medio ambiente. 
Daremos prioridad a la aplicación del mercado interior y al desarrollo de la cooperación económica de los países comunitarios. 
Una economía europea fuerte y competitiva es la condición previa para el crecimiento, el bienestar, un mayor empleo y un desarrollo sostenible. 
Debemos estar en condiciones de competir globalmente- especialmente con respecto a los EE.UU. 
Además, la Presidencia danesa prestará gran atención a los alimentos. 
Trabajaremos por alimentos seguros. 
La seguridad alimentaria- de la tierra a la mesa- es una tarea muy importante para la UE. 
Bajo la Presidencia danesa trataremos de lograr avances concretos en este ámbito. 
Las discusiones respecto a la reforma de la política agrícola común tendrán asimismo comienzo bajo la Presidencia danesa. 
Daremos a este trabajo considerable prioridad y trataremos de llevarlo tan lejos como sea posible, sin embargo, me gustaría recalcar que es una discusión que debe mantenerse al margen de las negociaciones sobre la ampliación de la UE. 
No aceptaremos que se pongan nuevas condiciones a la ampliación. 
(Aplausos) 
Por último, la Presidencia dará prioridad a los trabajos dirigidos a una nueva política pesquera para los países comunitarios. 
Es una tarea ardua y de gran envergadura. 
La propuesta de la Comisión constituye una buena y seria base desde la que seguir trabajando 
La responsabilidad global de la UE es el último epígrafe de la Presidencia danesa. 
La UE tiene una especial responsabilidad ante la paz y estabilidad en un mundo cada vez más unido. 
Así sucede especialmente en la lucha contra el terrorismo internacional y en los esfuerzos por reducir la pobreza en el mundo. 
También el desarrollo de la política de defensa y de seguridad común (PESC) seguirá adelante el próximo semestre. 
Como consecuencia de la reserva danesa en el ámbito de defensa, los trabajos relativos a los aspectos militares de la cooperación serán presididos por Grecia y me gustaría recalcar que contribuiremos a garantizar una cooperación eficaz y ágil entre las dos presidencias en este punto. 
La Presidencia danesa se verá marcada por una serie de cumbres internacionales de relieve. 
La UE ha de asumir y asumirá un papel central en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo. 
Trabajaremos sobre la base de los marcos fijados en la Cumbre de Sevilla. 
Es intención de la Presidencia danesa garantizar un resultado lo más ambicioso posible. 
El objetivo es un acuerdo global prospectivo que obligue tanto a países ricos como a países pobres, un acuerdo global con el que los países ricos mejoren las posibilidades de desarrollo de los países pobres mediante el libre comercio y el aumento de la ayuda al desarrollo. 
Por su parte, los países en vías de desarrollo deben comprometerse a un buen gobierno, es decir, democracia, respeto por los derechos humanos, acceso abierto y libre a la información. 
En la Cumbre Euroasiática de Copenhague prevista para septiembre las relaciones entre Asia y Europa se verán consolidadas. 
Propondremos también un fortalecimiento de la relación con Rusia y los nuevos vecinos de la UE al este- Ucrania, Bielorrusia y Moldavia. 
Es necesario formular una nueva política con respecto a estos países. 
Las especiales circunstancias que rodean Kaliningrado deben hallar una solución- basada en el acervo Schengen. 
Debería resultar posible sobre esta base alcanzar un entendimiento razonable con Rusia. 
Habrá una cumbre entre la UE y Rusia en Copenhague en noviembre y esta cumbre será un paso esencial en todo este proceso. 
Permítanme volver a la tarea más importante a la que se enfrenta la Presidencia durante este semestre, cerrar las negociaciones sobre la ampliación de la UE con hasta diez nuevos Estados miembros. 
Fue en Copenhague en 1993 donde se definieron las condiciones de la adhesión a la UE y puede ser ahora en Copenhague en 2002 donde se den por finalizadas las negociaciones sobre la ampliación. 
De Copenhague a Copenhague. 
Nuestro objetivo es cerrar las negociaciones con todos los países solicitantes que estén preparados antes de finales de este año. 
Lo cual permitirá a estos países convertirse en miembros de la UE en 2004, es decir, antes de la próxima elección al Parlamento Europeo. 
Al mismo tiempo seguiremos avanzando en las negociaciones con los países que no están preparados para la adhesión hasta más adelante y reforzaremos las relaciones con los nuevos y antiguos vecinos de la UE. 
Seguiré tres principios en las negociaciones sobre la ampliación de la UE: 
En primer lugar, insistiremos en la exigencia de que han de cumplirse ciertos criterios claros para convertirse en miembro de la UE. 
Espero que esto así ocurra en el caso de los diez países, sin embargo, no haré concesiones con la exigencia principal. 
En segundo lugar, ningún país deberá esperar a otros. 
Hay diferencias en el tamaño de los países, pero no en sus derechos o compromisos. 
Si sólo algunos- y no los diez países- están preparados para diciembre, en Copenhague habremos de cerrar las negociaciones con aquellos que estén preparados y ningún país que esté preparado deberá esperar a un país que no esté preparado. 
(Aplausos) 
En tercer lugar, mantendremos diciembre de 2002 como fecha decisiva y vinculante. 
Todas las experiencias demuestran que lo mejor para la UE es trabajar en una gran tarea a la vez. 
El próximo semestre estará dedicado a la ampliación. 
Tras ésta apremian nuevas tareas. 
En 2003 hemos de cerrar las discusiones en la Convención sobre el futuro de la Unión Europea. 
En 2004 tenemos una conferencia intergubernamental y la elección al Parlamento Europeo y en 2005 y 2006 hemos de fijar los marcos del próximo período presupuestario. 
No digo que sea ahora o nunca; pero si no aprovechamos la oportunidad ahora, corremos el riesgo de que la ampliación sufra un retraso considerable. 
Tenemos un compromiso moral e histórico para alcanzar un resultado bueno y positivo. 
(Aplausos) 
No obstante, hay una serie de piedras en el camino. 
Debemos retirarlas. 
En primer lugar, está la cuestión de la financiación. 
Especialmente en cuanto a las discusiones sobre agricultura, fondos estructurales y presupuesto. 
En mi opinión, la Comisión ha presentado una propuesta lógica y equilibrada. 
Varios Estados miembros consideran que la propuesta tiene un coste excesivo. 
Al mismo tiempo, los países candidatos manifiestan que la propuesta es insuficiente. 
En mi opinión, la Comisión ha alcanzado el justo equilibrio en su propuesta. 
En la Cumbre de Sevilla aprobamos un ambicioso calendario. 
Éste supondrá que la UE, a más tardar a comienzos de noviembre, podrá comunicar a los países candidatos una posición común ante la cuestión de las ayudas directas a la renta para los agricultores. 
La Presidencia danesa mantendrá este ambicioso calendario. 
El otro problema fundamental es la cuestión de Chipre. 
Chipre se las arregla bien en las negociaciones para la adhesión, es uno de los países que ha cerrado la mayoría de los capítulos de la negociación- 28 de 31, y como país candidato, Chipre tiene derecho a entrar cuando el país esté preparado. 
Sin embargo, al mismo tiempo es un problema que la isla continúe estando dividida. 
El Consejo Europeo de Helsinki estableció que la solución de este problema sería una ventaja, pero no una condición para su adhesión a la UE. 
Al mismo tiempo, recalcó, no obstante, que la decisión definitiva se adoptaría tomando en cuenta todos los factores relevantes. 
La Presidencia danesa seguirá trabajando sobre esta base y me gustaría recalcar que todos los involucrados- en ambas partes- deben hacer los máximos esfuerzos por hallar una solución lo antes posible. 
En tercer lugar, el referéndum irlandés sobre el Tratado de Niza supone un factor desconocido. 
La aprobación del Tratado de Niza es condición para que la ampliación pueda llevarse a cabo dentro de los plazos establecidos. 
Las negociaciones se llevan a cabo sobre la base de las disposiciones del Tratado de Niza. 
Un nuevo? no? en Irlanda pondrá en peligro todo el proceso. 
Con este trasfondo saludo la declaración sobre la neutralidad irlandesa en la Cumbre de Sevilla. 
Se ha enviado un mensaje claro y positivo desde Europa al pueblo irlandés. 
No ocultaré que nos encontramos ante desafíos considerables. 
Sin embargo, nadie debe dudar de la determinación, del compromiso o de la voluntad de la Presidencia danesa. 
Disponemos de un buen punto de partida. 
Éste es sobre todo resultado del trabajo infatigable de la Comisión y de los países candidatos a lo largo de más de diez años y la Presidencia danesa seguirá trabajando igualmente sobre la base de los resultados obtenidos por presidencias anteriores, entre éstos, por ejemplo, los grandes progresos alcanzados por la Presidencia española. 
Diez años de negociaciones, diez años de duro trabajo, que han dado fruto, diez años de esperanzas, que no podemos permitirnos defraudar. 
Hemos de cumplir las promesas que nos hemos hecho mutuamente, hemos de mantener los plazos que nosotros mismos nos hemos puesto. 
Hemos de aprovechar la oportunidad histórica que se nos ha brindado. 
Más de cuarenta años de dominio comunista en Europa central y oriental supusieron una partición artificial y desafortunada de Europa. 
Es este capítulo oscuro de la Historia de Europa el que ahora tenemos oportunidad de cerrar. 
El tiempo de los brindis pasó. 
Hemos de hacer que la acción siga a las palabras. 
Ahora es cuando debemos cumplir nuestras promesas. 
(Aplausos) 
? Una Europa? es el título de la Presidencia danesa. Una Europa para todos nuestros pueblos. 
Una Europa como marco de una futura cooperación en beneficio de todos. 
Una Europa con libertad, paz y bienestar. 
La Presidencia danesa hará todo cuanto esté en su mano por levantar ésta y las demás tareas que se nos han encomendado. 
No podemos hacerlo solos, necesitamos a todos nuestros socios. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, grandes europeos como Schuman, Monet y Spinelli crearon la visión de una Europa sin guerras, una Europa unida en cooperación. 
Este sueño se ha hecho realidad para nosotros en Europa Occidental. 
La ampliación de la UE supone la posibilidad de extender esta libertad, paz, estabilidad y prosperidad que conocemos a los países del este. 
Debemos acudir a esta tarea en el espíritu que imbuía a los fundadores de la cooperación europea. 
No debemos perdernos en detalles, debemos tener el valor y la voluntad de aferrarnos a la visión histórica y a la tarea que se alza ante nosotros. 
Hago un llamamiento para que todos vean la ampliación de la UE desde esta perspectiva histórica. 
Hago un llamamiento para que aprovechemos la oportunidad histórica de unir la Europa que estaba anteriormente dividida. 
Hago un llamamiento para mantener una cooperación más estrecha con el Parlamento Europeo en la ejecución de la más importante tarea política de nuestra generación: dar a las nuevas democracias de Europa central y oriental la bienvenida a la Unión Europea. 
. (IT) Señor Presidente, señor Primer Ministro, Señorías, la de hoy es la última sesión plenaria antes de las vacaciones de verano. 
Acaba de finalizar el Consejo Europeo de Sevilla y empieza este importantísimo semestre de Presidencia danesa. 
Me parece pues el momento oportuno para hacer un balance de la situación. 
Entre las actividades que nos acompañarán a lo largo de la segunda mitad del año destacan tres grandes procesos estrechamente relacionados entre sí: en primer lugar, como decía el Primer Ministro danés, la ampliación. 
Como manifesté ayer en este Parlamento, se ha resuelto la inmensa mayoría de los asuntos pendientes y la Comisión indicará al Consejo Europeo de otoño qué países considera preparados para la adhesión. 
Al mismo tiempo, tendremos que examinar los progresos de los demás países candidatos: nuestra estrategia consiste en llevar adelante el proceso de manera orgánica, sin levantar otras barreras en el interior del Continente que tratamos de unificar. 
En este estado de cosas y salvo imprevistos, es probable que la Comisión considerará preparados para la adhesión a todos los diez países de la primera oleada. 
El criterio, sin embargo, sigue siendo el mismo: a ningún país se le juzgará en términos generales; a cada país se le juzgará según su mérito propio. 
Trabajaremos con ahínco para concluir las negociaciones de adhesión en Copenhague. 
Antes, sin embargo, será preciso alcanzar un acuerdo interno entre los actuales Estados miembros sobre cuestiones presupuestarias y sobre los pagos directos a las explotaciones agrarias, a pesar de que estas cuestiones no están estrechamente relacionadas entre sí. 
A este respecto, quiero reiterar mi convicción de que la propuesta de la Comisión es la única base posible para alcanzar dicho acuerdo entre los quince Estados de hoy y los veinticinco de mañana. 
En consecuencia, hago un llamamiento para que todas las partes se comprometan a llegar a un acuerdo que permitirá la reunificación de todo el Continente. 
Mientras tanto, pondremos al día el calendario y la estrategia de preadhesión para Bulgaria y Rumanía. 
En cuanto a Turquía, el Consejo de Sevilla anima y apoya plenamente- así rezan las conclusiones- los esfuerzos realizados por dicho país para respetar las prioridades definidas en su Acuerdo de asociación con vistas a la adhesión. 
El informe periódico sobre los avances y la situación de las reformas acometidas por Turquía, que la Comisión publicará en octubre, será el elemento central con vistas a las decisiones que se tomarán en Copenhague. 
Por lo tanto, el Consejo Europeo de Copenhague del próximo mes de diciembre fijará la fecha de 2004 en que tendrá lugar el ingreso de los nuevos Estados miembros y la firma del Tratado de adhesión en marzo de 2003. 
Evidentemente, todo el proceso depende de la ratificación del Tratado de Niza, sobre la que los electores irlandeses serán consultados en otoño. 
En consecuencia, debo destacar la importancia que tendrá para el futuro de Europa un resultado positivo. 
El impulso de la ampliación no se agota con la firma del Tratado de adhesión que, por el contrario, sólo será la fase inicial. 
A partir de 2004, la Unión deberá dar muestras de que es capaz de desempeñar plenamente sus funciones y de responder a las expectativas de los ciudadanos europeos que entonces se habrán convertido en más de 450 millones. 
Los últimos datos del Eurobarómetro son claros: el 67% de los entrevistados está a favor del euro, con un avance de seis puntos respecto al sondeo anterior; la política exterior y de seguridad común y la ampliación gozan de un amplio consenso y la inmensa mayoría de los ciudadanos es favorable a dotar a la Unión Europea de una Constitución. 
Señorías, los datos del Eurobarómetro nos indican también que los ciudadanos reclaman a nuestras Instituciones la máxima eficacia. 
Y éste es precisamente el sentido del segundo punto que quiero abordar con ustedes en el día de hoy: las reformas institucionales. 
De hecho, en cuanto se ratifique, el Tratado de Niza introducirá las reformas institucionales necesarias para la ampliación. 
Paralelamente, no obstante, deberemos tomar algunas decisiones de fondo sobre la naturaleza política y sobre la arquitectura institucional de la Unión Europea del futuro. 
En efecto, Europa debe estar más presente en tres grandes ámbitos: una política exterior más fuerte y un papel más decidido en el escenario internacional; una cooperación más estrecha entre los Estados miembros en el terreno de la seguridad y de la justicia y en la lucha contra la delincuencia organizada y la inmigración ilegal; una mejor coordinación de la política económica y financiera. 
El debate sobre el futuro de Europa, actualmente en curso en el seno de la Convención, aborda todos estos temas. 
Sin embargo, la ampliación ya es inminente y no podemos esperar cruzados de brazos la ratificación de un nuevo Tratado. 
¿Cómo repartir, entonces, las competencias entre los Comisarios cuando la Unión estará integrada por 25 o más Estados, o sea, desde aquel momento, no desde hoy? 
¿Cómo podrá el Consejo asegurar una conducción coherente y eficaz? 
La Presidencia danesa ha recibido el mandato de llevar adelante las reformas procedimentales del Consejo decididas en Sevilla, y la Comisión se compromete desde este mismo momento a ofrecer toda su colaboración. 
También la Comisión se ha movido en este sentido. 
Como dije ayer, ya he propuesto ideas similares sobre cómo reorganizar el trabajo del Colegio, y ahora quiero repetir que las reformas, sin necesidad de modificar el Tratado, deben avanzar al mismo tiempo en todas las Instituciones. 
Por lo tanto, cuando lleguemos a ser 25 Estados miembros, tendremos que sacar las lógicas consecuencias. 
Debemos dejarnos guiar por un único objetivo: colocar los hombres y las mujeres apropiados en el lugar apropiado, y sólo debemos pensar en el interés general del sistema y en su rendimiento óptimo. 
En realidad, el objetivo que se persigue es siempre el de una gobernanza de la Unión más sólida y más democrática. 
El tercer y último asunto que quiero tratar hoy es Johannesburgo y la Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible. 
El concepto de sostenibilidad es un concepto recurrente en nuestro pensamiento. 
A menudo hablamos de sostenibilidad y de objetivos a largo plazo para nuestras políticas en materia medioambiental, económica y social, y yo espero que la Cumbre de Johannesburgo marque un decidido paso adelante. 
Entre otras cosas, sé que muchos de ustedes van a participar en esta Cumbre, y es bueno que sea así porque la Unión tiene un papel de guía en el ámbito comercial, de la ayuda al desarrollo, de la ayuda humanitaria y de las relaciones diplomáticas. 
Pero no debemos dormirnos en los laureles ni en los resultados logrados en el pasado. 
Debemos retomar el impulso de Monterrey y de Doha, donde la Unión tuvo un papel fundamental, y hemos de hacer frente a la difícil tarea de convencer a nuestros socios de que cumplan su papel. 
Debemos comprometernos a mantener concretamente el desarrollo del Sur del mundo siguiendo las prioridades definidas por el Secretario General de la ONU, Kofi Annan: agua, higiene, salud, energía, agricultura y biodiversidad. 
Tampoco debemos olvidar los aspectos sociopolíticos: desarrollo de la democracia, buen gobierno, diálogo político, reformas sociales y económicas. 
Al final todas las acciones convergen en los grandes objetivos: reducir la pobreza, garantizar la paz, mejorar las condiciones de vida de la que, por desgracia, constituye la inmensa mayoría de la población del planeta. 
Las crecientes diferencias de renta entre el Norte y el Sur del mundo se están ampliando, especialmente en África. 
Debemos invertir la tendencia y evitar levantar nuevos muros y barreras de división a escala mundial. 
Por esto, es necesario hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora y es preciso cumplir los compromisos asumidos y actuar de manera más concertada y complementaria. 
La última reunión del G-8 en Canadá adoptó un plan de acción para África en apoyo de la nueva asociación para el desarrollo de África, o sea, el NEPAD. 
No podemos limitarnos a participar en esta iniciativa, sino que debemos garantizar que nuestra contribución estará a la altura de nuestro papel de socio privilegiado de África y de nuestras responsabilidades históricas hacia el continente. 
Señor Primer Ministro, la Presidencia danesa puede contar con el activo apoyo de la Comisión y de la recién creada Agencia de Seguridad Alimentaria, con el fin de mantener los estándares más elevados de los alimentos seguros para los ciudadanos de la Unión, a los que usted ha hecho referencia en su discurso. 
En los tres grandes temas que hoy he abordado- ampliación, reformas institucionales y desarrollo sostenible- la Unión Europea debe erigirse en modelo de eficacia democrática. 
No olvidemos que nosotros somos el único ejemplo concreto de gestión democrática y supranacional de la globalización. 
Los demás hablan de ella; nosotros tratamos de lograrla. 
Por este motivo, el mundo espera de nosotros una gran contribución al debate sobre la sostenibilidad, y debe ser la contribución de todos: suya, Señorías; suya, Presidente Rasmussen, y de todo el equipo que acaba de hacerse cargo de la Presidencia del Consejo; nuestra, de la Comisión. 
Estoy contento porque hemos comenzado, señor Primer Ministro, esta colaboración de manera leal, fuerte, activa pero también amistosa, y se lo agradezco. 
También les quiero dar las gracias a ustedes, Señorías, y dado que éste es el último período parcial de sesiones antes de las vacaciones, aprovecho la ocasión para desearles felices vacaciones. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías. Señor Presidente del Consejo, usted sabe lo que piensa mi Grupo porque tuvo la amabilidad de invitarnos a todos los presidentes a Copenhague y creo que ha planteado la cuestión al final de su intervención en los términos justos, dándole una visión histórica al desafío que tenemos ante nosotros. 
En este sentido, le tengo que decir que creo que es un buen planteamiento político. 
Espero que la Presidencia danesa actúe con neutralidad, como lo hizo en la última vez que ocupó el cargo. 
Tengo que decirle que no desesperamos de que, respetando las decisiones del pueblo danés, ustedes también se incorporen plenamente a la construcción europea. 
Creo que será bueno para todos. 
En relación con los desafíos que tenemos ante nosotros, el fundamental es la ampliación. 
Reitero que hay que plantearlo en términos de desafío histórico entre europeos para conseguir una Europa. 
El Parlamento está haciendo todo lo posible para lograr que la ampliación se haga en los plazos convenidos. 
Me han sorprendido las declaraciones de su Ministro de Asuntos Exteriores amenazando con sacar el palo a los países candidatos si no se comportan debidamente. 
No sé si la transcripción de la prensa es la correcta. 
Pero, en cualquier caso, sí le digo que tienen una tarea titánica, porque- el Parlamento lo ha dicho en anteriores ampliaciones- no se puede dar un salto de este tipo sin reconsiderar las cosas. 
No se puede pasar de quince a veinticinco negociando en quince días y sin tocar en absoluto los temas presupuestarios. 
Por eso tienen ustedes el problema del Consejo. 
Va a necesitar usted también un bastón, un palo, para poner orden en el seno del Consejo. 
Tengo que decir, ya que el Sr. Poettering se empeña en introducir la campaña electoral alemana sistemáticamente en los debates, que, ¡hombre! , se puede discutir sobre la agricultura, pero dígale usted al Sr. Stoiber que no saque los Decretos Benesch todo el tiempo, que esas son bombas mucho más peligrosas en Europa. 
Por lo tanto, señor Primer Ministro, ya que los cuentos de su paisano Andersen son bellísimos, no haga que esto sea un cuento que acabe en pesadilla. 
Les deseo mucho suerte, pero lo tienen muy difícil. 
Y esto se relaciona con la seguridad alimentaria, porque lo que tenemos ahora mismo es una política agrícola hiperproductivista e hipercapitalista. 
Nosotros hemos tenido el valor político de debatirlo. 
Queremos una política agrícola que tenga un sentido de desarrollo sostenible, pero no se puede decir que eso se va a discutir y se van a esperar cuatro años. 
En cuanto a la pesca, tenemos también que hacer una política de desarrollo sostenible, pero aplicando los principios humanos y de respeto del tejido y de la cohesión social, que creo que compartimos todos. 
Le tengo que señalar que ustedes son una potencia pesquera, porque son los que más pescan en la Comunidad. 
En cuanto a la seguridad, la justicia y la libertad, lo único que le digo es que apoyamos la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. 
Estamos muy preocupados porque su Gobierno está siguiendo una política sobre asilo que ha sido criticada por la Comisaría de Refugiados de las Naciones Unidas. 
Además ustedes no han puesto Tampere en su programa; se refieren sólo a Sevilla. 
En el trabajo de desarrollo de Tampere tenemos cinco directivas pendientes sobre la mesa? 
(Aplausos) 
? y ustedes en Sevilla han tenido que poner deberes con plazos a los Ministros de Interior. 
Señor Presidente, una breve referencia a la responsabilidad global. 
Tiene usted razón cuando plantea la seguridad global. 
A mí me preocupa mucho también y me gustaría que me desmintiera las declaraciones de su Ministro de Asuntos Exteriores en las que afirma que el planteamiento del "Cuarteto" y de la Conferencia Internacional en Oriente Medio no tiene sentido. 
Eso está aprobado por el Parlamento, es una línea de la Unión Europea y está en las conclusiones de Sevilla. 
Pensamos que una actuación unilateral norteamericana no es la línea para tratar de resolver este conflicto. 
Por último- y con ello concluyo, señor Presidente -, sabiendo que la Convención que estamos preparando es un desafío para el año que viene, me gustaría saber qué piensan ustedes: ¿están a favor del método comunitario o del directorio? 
Muchas gracias y buena suerte. 
(Aplausos) 
Señor Presidente en ejercicio, asume usted la Presidencia del Consejo Europeo en un momento en el que la Unión se enfrenta con el reto más importante que jamás haya tenido: la mayor expansión de nuestra Comunidad en la historia de la integración europea. 
Si su presidencia acaba con éxito- y todo tenemos la seguridad de que así será- suprimirá los últimos vestigios del Telón de Acero. 
Como se indica acertadamente en su programa, Europa habrá culminado un esfuerzo que empezó en la Cumbre de Copenhague de 1993, en la que se fijaron los criterios para el ingreso, y pasa a la Cumbre de Copenhague, en 2002, que reúne a Europa. 
¿Por qué los liberales de este Parlamento están tan seguros de que tendrá usted éxito? 
No solamente porque se ha preparado usted tan a fondo para esta labor sino también porque asume usted también la presidencia del Consejo en un momento en que los liberales ocupan las presidencias de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. 
Cuando gobiernos de izquierda y de derecha se pliegan a estrechos intereses nacionales y ponen en dificultades esta reunificación histórica, la historia recurre a la generosidad del espíritu liberal. 
Instamos a Blair y Schröder en la izquierda y a Aznar, Berlusconi y Chirac en la derecha a que se detengan un momento y piensen en la imagen de Europa que tendrá el mundo si nos querellamos como soldados romanos bajo la cruz por una fracción del 1% del PIB. 
No es fácil ser liberal cuando la codicia y los prejuicios se manifiestan por todas partes, pero tenga la seguridad, Presidente en ejercicio, de que los demócratas liberales de este Parlamento mantendremos nuestro apoyo infatigable a la ampliación bajo los criterios que se fijaron en Copenhague. 
Lamento que la Presidencia española no haya podido facilitarles a ustedes el trabajo logrando mayores progresos en la agricultura y la pesca, como ya se ha mencionado hoy. 
Aunque apoyamos fírmemente la reforma de la PAC y de la PCP, esa reforma no tiene que ser un requisito previo para la ampliación. 
Que nadie crea que el gran interés que tenemos en pagar el precio de la ampliación hará que dejemos de lado la ejecución de la reforma. 
Ahora bien, que nadie crea tampoco que toleraremos la práctica de que el orden del día de la Unión Europea quede dictado por el calendario de las elecciones nacionales. 
El otro obstáculo que tendrá usted que superar es la escasez de la preparación pública. 
Una encuesta del Eurobarómetro indica que solamente un ciudadano de cada cinco se considera bien informado acerca de la ampliación de la UE. 
Irlanda tiene que aprobar el Tratado de Niza, y después de Copenhague los parlamentos nacionales y este Parlamento tienen que ratificar los tratados de ingreso. 
Si no nos ocupamos debidamente de los temores populares ante los países candidatos y ante el costo de la ampliación, todavía es posible que este proceso no llegue a feliz término. 
Sin embargo, esta dificultad quedará resuelta en gran parte si la meritoria tradición de apertura y responsabilidad de Dinamarca logra influir positivamente en el Consejo tras las tímidas medidas acordadas en Sevilla, y si dan ustedes a su excelente Ministro de Asuntos Europeos carta blanca para ocuparse de los euroescépticos. 
Por lo que se refiere a los asuntos del interior y de la justicia, el Grupo ELDR acoge con satisfacción su detallado programa encaminado a proteger a nuestros pueblos contra el terrorismo. 
Esperamos que, como buenos liberales, den muestras ustedes del mismo celo en la adopción de medidas resueltas para proteger las libertades de los ciudadanos, como han hecho ustedes en el caso de las amenazas terroristas. 
En la esfera de la inmigración y el asilo, les insto a que utilicen el método comunitario, ya probado y de validez demostrada, para progresar y vencer la oposición miope de los que están en contra de un cuerpo europeo de guardafronteras. 
En respuesta a las observaciones de mi amigo, el Sr. Barón Crespo, le diré que yo preferiría ser una persona en busca de asilo que intenta entrar en Dinamarca- país en el que tendría mayores posibilidades de éxito- que uno de los integrantes de los racimos de personas que se esfuerzan por colarse en el triste país del Sr. Blair. 
(Aplausos) 
En cuanto al desarrollo sostenible, su promesa de concentrar sus esfuerzos en la adopción de medidas encaminadas a dar trabajo a la gente que no lo tiene y a conseguir una economía sólida en vez de aumentar la proliferación de objetivos, es música para los oídos de los demócratas liberales. 
También aplaudimos la meta que se han fijado de equiparar los nuevos progresos en materia de liberalización energética con la introducción de normas básicas comunes en materia de fiscalidad energética, y pueden ustedes contar también con nuestro apoyo para impulsar las negociaciones necesarias acerca de las numerosas medidas en materia de servicios financieros necesarias a más tardar al final de este año si queremos completar a tiempo para 2004 el plan de acción sobre servicios financieros. 
Reunir a Europa es su preocupación principal, y lo es acertadamente. 
Le deseamos toda clase de éxitos y le brindamos nuestro apoyo, pues esta responsabilidad recae en nuestra generación, nosotros somos el objeto de este reto, y es en nosotros en quien reside la esperanza. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, quiero dar la bienvenida a mis compatriotas y a la Presidencia danesa. 
Le deseo naturalmente suerte a la Presidencia danesa con la larga serie de puntos recogidos en el programa y en especial, naturalmente, con la ampliación. 
Sabemos que deberíamos haber acabado el trabajo con respecto a los aspectos económicos de la ampliación en Ámsterdam; ya entonces deberíamos haber tenido la gran pelea sobre la política agrícola y los fondos estructurales- sin embargo, ahora es demasiado tarde para convertirlos en un obstáculo para llevar a cabo la ampliación. 
Sólo quiero exhortar al gobierno danés para que mantenga la línea llevada hasta ahora de que debemos eliminar de una vez por todas la ayuda agrícola en favor de un mundo más justo, dejando fuera de juego los intereses nacionales y en su lugar, colocar en el orden del día la sostenibilidad y la relación con los agricultores del tercer mundo. 
Quiero mostrar mi respaldo a que se mantenga esta línea. 
No obstante, hay otras cosas en las que no quiero desearles suerte, no quiero desearle suerte al gobierno danés a la hora de influir en la política de asilo y de refugiados europea común. 
Vengo de un país, donde la visión de hechos como el racismo y otros similares es diferente. 
En Dinamarca uno puede ser condenado por llamar al socio más estrecho y respaldo parlamentario del gobierno, Pia Kjærsgård, del Dansk Folkeparti, lo que se le llama en todos los demás países europeos, y lo que últimamente la European Voice lr ha llamado: una manifiesta racista. 
Si uno dice esto en Dinamarca, puede verse condenado por ello. 
Aplicamos un concepto de racismo y de hechos similares un poco diferente al que aplican las Naciones Unidas y la UE, y en realidad también al que la mayoría de ciudadanos daneses aplican cuando hablan entre amigos. 
Dinamarca es también un país que tiene una forma absolutamente particular de contemplar la ayuda al desarrollo. 
La hemos recortado, sin embargo, el gobierno danés considera que la situación es increíblemente positiva, sólo porque no figuramos en la base ni en el medio con respecto a los demás países. 
Es también un país que aprecia mucho los vínculos transatlánticos. 
También figuran en el programa de la Presidencia. 
En este punto se habla de los intereses comunes. 
¿Es una muestra de intereses comunes colaborar con un país que no quiere reconocer al Tribunal Penal Internacional, colaborar estrechamente con un país que no quiere ratificar el Protocolo de Kioto? 
¿Es una muestra de intereses comunes o sólo es porque en esta lucha común contra el terrorismo hemos de cerrar los ojos ante un montón de cosas, ante la guerra de los rusos en Chechenia, ante la manera en que los turcos tratan a los kurdos, ante cómo Israel trata al pueblo palestino- es decir, porque somos una alianza común contra el terrorismo, una alianza transatlántica? 
Muchos diputados al Parlamento Europeo recordarán entonces al Ministro danés, Bertel Haarder, quien fuera miembro del Parlamento Europeo y ponente de los derechos humanos. 
Podemos ver que el cambio del diputado al Parlamento Europeo, Bertel Arder, por el señor Ministro Bertel Haarder no ha sido un cambio especialmente bueno. 
Habríamos preferido conservarte como diputado al Parlamento Europeo, Bertel Haarder, hablando claramente, y quiero invitar al gobierno a que vuelva a leer el discurso que Bertel Haarder pronunció cuando fue ponente en el Parlamento de los derechos humanos. 
Debéis volver a leerlo como inspiración para vuestras próximas decisiones. 
Señor Presidente, comenzaré dando las gracias al señor Presidente del Consejo, el Primer Ministro Fogh Rasmussen, por su discurso muy claro y transparente. 
La Presidencia danesa será presidida naturalmente con toda la competencia profesional de que Dinamarca es capaz; sin embargo, esto no equivale a decir que se logrará cumplir el programa muy ambicioso del gobierno danés para una rápida ampliación al este, pues tal cosa no depende sólo de la competencia de la Presidencia. 
Hay enormes choques de intereses comprensibles entre la población de los quince países de la UE y sólo aquellos que sean completamente insensibles a los intereses del ciudadano medio comunitario pueden pensar que la atención de estos intereses ha de ser dejada a un lado para acelerar la ejecución de la ampliación al este. 
Ante todo, resulta sumamente deplorable aplazar una reforma agrícola porque ésta posiblemente sea políticamente imposible tras la ampliación. 
Tanto económica como organizativamente una ampliación al este supone una enorme tarea. 
Hablamos de varios cientos de miles de millones de coronas que la UE habrá de enviar al este cada año. 
La inmigración a la UE de mano de obra muy barata combinada con el traslado de nuestras empresas, que requieren mano de obra, al este, provocará violentos cambios sociales en la UE. 
A pesar de los deseos del gran capital europeo de un gran volumen de mano de obra barata y nuevos mercados es poco inteligente por parte de la UE hacer caso omiso de los problemas sociales que se causarán a los europeos. 
Los grandes problemas a los que nos enfrentamos pueden echar perfectamente por tierra el ambicioso plan del gobierno danés. 
Es en este trasfondo en el que quiero criticar ' la idea de ahora o nunca?. 
Si la decisión sobre la ampliación no se adopta en 2002, no se hundirá el mundo- sólo es el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, quien va por ahí pretendiendo creer tal cosa. 
Por ello celebro también las manifestaciones del Sr. Presidente del Consejo rechazando esta forma de pensar. 
Hace falta una cooperación entre los países europeos, sobre todo una cooperación en materia de libre comercio, sin embargo, es una aberración hablar de una reunificación de Europa. 
La verdad es que los países de Europa nunca han formado parte de una cooperación más estrecha que ésta en la que hoy toman parte. 
El proyecto no fracasará porque no se alcance una fecha determinada- al contrario puede mejorarlo el hecho de que los problemas no se silencien y se aplacen. 
Por ello la Presidencia debe disponer de una plan B al que pueda recurrirse si el plan A fracasa. 
Concluiré expresando mi deseo de que la Presidencia danesa, fiel a su costumbre, contribuya al desarrollo de la UE escuchando más a los electores europeos de lo que estamos acostumbrados a que se les escuche. 
Señor Presidente, me gustaría dar la bienvenida a la Presidencia danesa a una cooperación de medio año, vuestro trabajo puede ser histórico por dos motivos, puede ser la última vez que los Estados miembros compartan la presidencia- esto no ha de pasar- y la ampliación puede tener éxito o fracasar a causa de demasiados intereses mezquinos. 
El Movimiento de Junio votará a favor de la ampliación, sin embargo, no ocultamos nuestra crítica de los métodos negociadores de la UE. 
Los países solicitantes han de fotocopiar todas las leyes comunitarias sin tener en cuenta en lo más mínimo sus propias democracias nacionales. 
En los Sudetes, el precio del suelo agrícola es el 10% del precio en el país vecino, Alemania. 
Cuando ahora obligamos a los checos a vender al mejor postor tras un corto período transitorio, no es difícil prever el resultado y las reacciones entre los electores checos. 
¿No podríamos permitir que los regímenes transitorios fueran más flexibles y no permitir, por ejemplo, la venta de residencias de verano y suelo agrícola en la UE hasta que el ingreso medio en la República Checa se aproxime al nuestro? 
Los regímenes agrícolas comunitarios son caros para los consumidores y contribuyentes de la UE si no se garantiza a los agricultores unos ingresos adecuados. 
Las subvenciones sólo de las arcas comunitarias a la agricultura danesa serán este año probablemente tres veces superiores al ingreso neto total de la agricultura. 
Por ello los agricultores franceses, daneses, polacos y todos los demás agricultores tienen un interés común en lograr la reforma de la política agrícola para que ésta apoye los ingresos de los agricultores en lugar de respaldar productos invendibles, los excedentes, la destrucción, la devastación de la producción agrícola de los países en vías de desarrollo, l adestrucción medioambiental, los sobreprecios que repercuten sobre los consumidores en nuestra comida diaria. 
La Presidencia danesa del Consejo es liberal y está estrechamente ligada a la agricultura danesa, esto ofrece una oportunidad histórica para acabar con la fallida economía planificada comunitaria. 
¿Por qué no eliminar todo sostenimiento de precios en un 20% al año, dar a los agricultores obligaciones para la caída del precio del suelo y autorizar ayudas a los ingresos más desfavorecidos? 
Si no suprimimos el sostenimiento de precios en la UE, no hay ninguna razón para que los nuevos países miembros entren en el sistema. 
Démosles, en lugar de ello, el dinero para que dispongan de él libremente y no se vean atraídos hacia inversiones fallidas. 
La Presidencia danesa también debe peinar las 85.000 páginas de leyes comunitarias. 
Devolvamos la mayor parte a los Estados miembros de modo que la UE sólo legisle en materia de temas transnacionales, en los que por sentido común no podemos legislar por nosotros mismos. 
Convirtamos la UE en una Europa de las democracias en lugar de una comunidad de los cabilderos y de los burócratas. 
Señor Presidente, en primer lugar dar las gracias al Presidente del Consejo, Sr. Fogh Rasmussen, por el programa presentado. 
Será una Presidencia que se distinguirá claramente de anteriores presidencias danesas. 
La cooperación se ha visto ampliada en una larga serie de ámbitos y a ello se suma la tarea fundamental, que todos han destacado, de cerrar la negociación de la ampliación con nada menos que diez países candidatos. 
Sobre todos nosotros descansa una gran responsabilidad moral y política, y para cumplir con ella, es preciso naturalmente que en todas las partes exista la necesaria voluntad de alcanzar compromisos. 
Los países solicitantes han pasado por un proceso de adaptación radical. 
Han realizado grandes sacrificios, sin embargo, ahora pueden declararse preparados en todo lo esencial. 
El balón se encuentra ahora en gran medida en el terreno de juego de la propia UE y creo que la Comisión lo ha jugado con un régimen especialmente sensato para la financiación de la ampliación durante los primeros años, que distingue claramente la ampliación de la futura reforma agrícola. 
Esto me parece muy sensato. 
Ahora la decisión queda en manos de los quince Jefes de Gobierno. 
Ahora va a quedar claro si la UE dispone estos años de jefes de estado con la necesaria calidad y fuerza y con visión más allá de intereses nacionales a corto plazo. 
La estrechez de miras y los nuevos nacionalismos no han de ser obstáculo para la ampliación. 
El segundo gran desafío será la Cumbre Mundial de Johannesburgo, en la que la UE debe mostrar activa y valientemente su solidaridad con los países en vías de desarrollo liderando la búsqueda del acuerdo global, como también mencionara el Sr. Presidente del Consejo, mediante compromisos políticos concretos y con un calendario necesario. 
Es preciso presionar a los EE.UU., que aparentemente creen que el hambre, la pobreza y el terrorismo pueden ser solucionados militarmente, y reservar ayuda económica a los regímenes que danzan como marionetas siguiendo el guión norteamericano. 
Espero que la Presidencia danesa adopte una postura activa y tome el camino de la verdadera solidaridad con el tercer mundo. 
En este punto existe asimismo una relación con la política de asilo e inmigración comunitaria que no sólo trata de la inmigración ilegal, como cabría creer a veces. 
El debate sesgado y negativo sobre los extranjeros en ciertos países debe ser sustituido por una política europea común basada en el humanismo y en la que los extranjeros no sean objeto de discriminación social, en la que se respeten los convenios y en la que el acceso a Europa como refugiado o por reagrupamiento familiar no esté reservado a una élite bien educada. 
No debemos levantar un? Fuerte Europa? , fundado en la nivelación por abajo, sino crear al contrario una relación entre la tan loada globalización y nuestra legislación en materia de extranjería. 
Con esta línea- pero también sólo con esta línea- cabrá esperar una positiva cooperación desde el Parlamento Europeo. 
Dichas estas palabras, me gustaría manifestar mi esperanza y confianza en que la Presidencia danesa resuelva las tareas pendientes y especialmente en que lo haga en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, extiendo una cordialísima bienvenida a la Presidencia danesa y me agrada sobremanera que en su programa declare que en la Unión Europea recae una responsabilidad especial de paz y estabilidad en un mundo que está cada vez más interrelacionado. 
En nuestros días está teniendo lugar la mayor revolución de la historia del mundo, que es la revolución tecnológica de los transportes y de las telecomunicaciones, con el resultado de que el mundo es mucho más pequeño. 
Sin embargo, en este caso estaremos en una situación mucho más fuerte para configurar el mundo, pero en particular para lograr, pues estamos en un nuevo siglo y en un nuevo milenio, que éste sea el primer siglo en el que no haya ya conflictos ni guerras en nuestro mundo y que la Unión Europea utilice su influencia para conseguirlo. 
La Unión Europea es el mejor ejemplo de solución de conflictos en la historia del mundo, y eso refuerza nuestra posición para lograr lo que apetecemos. 
Con dos guerras mundiales, la primera mitad del siglo pasado fue la peor de toda la historia del mundo. 
A pesar de ello esos mismos pueblos, los pueblos que están representados en este Parlamento, se reunieron todos y dieron por terminados sus conflictos y crearon la Unión Europea. 
Los principios en que se funda la Unión Europea deberían prevalecer en las zonas de conflicto de todo el mundo. 
Sé por experiencia propia que los tres principios fundamentales de la Unión Europea son los tres mismos principios en que se basa el acuerdo de Irlanda del Norte: número uno, respeto de la diferencia, que es la base de todo conflicto. 
Me agrada que el Comisario Patten y su departamento estén trabajando en esta esfera, pero en el mundo de nuestros días me gustaría que la Unión Europea estableciese en la Comisión Europea, con su propio Comisario, un departamento dedicado a la solución de conflictos y a la paz. 
De esa manera podríamos desempeñar nuestro cometido en este mundo más pequeño de nuestros días, para poner término a los terribles conflictos que están teniendo lugar en diferentes lugares del mundo y para llevar a esas zonas un mensaje de paz y de estabilidad duradera. 
Señor Presidente, estimado Sr. Presidente del Consejo y estimado Sr. Primer Ministro. Llegó el día que todos nosotros, pero especialmente tú, hemos estado esperando y para el que te has preparado desde que te convertiste en Primer Ministro de Dinamarca. 
Estoy orgullosa en tu nombre y en el de Dinamarca. 
Como liberal, me supone una alegría especial estar hoy aquí. 
Contamos ahora con un presidente liberal del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión. 
Es un buen punto de partida para la ejecución del programa de trabajo de la Presidencia. 
La ampliación es la cuestión primordial. 
Los liberales hemos luchado a favor de la ampliación desde la caída del muro. 
Ésta garantizará a las nuevas democracias de Europa Central y Oriental el lugar que les corresponde en la futura Europa. 
La ejecución de la ampliación a tiempo exigirá no sólo habilidad política, sino también mucho trabajo duro. 
Y de ambas cosas sé bien por experiencia propia que el Sr. Presidente del Consejo puede dar mucho y con ello lograr cerrar el círculo de Copenhague a Copenhague. 
Como liberal danesa, espero que el éxito de la ampliación lleve a que Dinamarca vuelva a ser miembro de pleno derecho de la UE. 
Puede parecer extraño trabajar en favor del acceso de los nuevos países a la plena cooperación europea cuando uno procede de un país que se ha quedado sin influencia en ámbitos esenciales. 
Sin embargo, la especial situación de Dinamarca en la UE no será en ningún caso un lastre para la ampliación. 
La ampliación dará derechos a los nuevos ciudadanos europeos. 
Es nuestro deber- pero un deber que cumplimos con alegría- dar a estos nuevos ciudadanos de la UE los mismos derechos de los que gozamos nosotros mismos. 
Un ciudadano comunitario puede asentarse y conseguir trabajo en cualquier lugar de la UE. 
Nuestros nuevos conciudadanos deben disponer de este derecho desde el primer día. 
Me gustaría desear toda la suerte del mundo a la Presidencia en su tarea de realizar el proyecto de una Europa. 
Estoy convencida de que lo logrará. 
En el Grupo Liberal haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a conseguirlo. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Presidencia danesa y también al Sr. Bertel Haarder por estar aquí con nosotros, y por el ambiciosísimo programa que han fijado para mantener los plazos de la ampliación. 
Mi primera pregunta es una pregunta doble: ¿creen ustedes realmente que pueden mantener los plazos, teniendo en cuenta las enormes diferencias que hay en materia de política agrícola? 
¿Habrá tiempo suficiente entre noviembre y diciembre para concluir esas negociaciones en el seno de la Europa de los 15? 
Mi segunda pregunta se refiere a los denominados decretos presidenciales y a los decretos de Benes. 
Hay tensiones entre Alemania y la República Checa, y también entre Austria y la República Checa, acerca de un pasado reciente y muy amargo. 
El pasado no debe ser un obstáculo para el decurso del presente. 
Por eso me gustaría pedirle, Primer Ministro, que utilice usted su influencia política para mitigar esas tensiones y que utilice su influencia con el Gobierno checo para que responda al informe del Parlamento Europeo sobre la República Checa, en el que se pide a los checos que deroguen los decretos en cuestión a más tardar cuando llegue el momento del ingreso. 
Señor Presidente, en primer lugar, una observación con respecto a lo que acaba de decir la Sra. Riis-Jørgensen. 
Me sorprende que el Sr. Prodi sea ahora liberal. 
Yo le conocí como representante del Olivo. 
Ahora resulta que es liberal. 
Viene a ser prácticamente el presidente de la agrupación tricolor que tenemos en esta Asamblea. 
Sin embargo, tal vez él quiera añadir algo al respecto. 
Yo quisiera decirle, no obstante, una cosa al Sr. Poettering. 
Él siempre se empeña en impartir desde aquí lecciones para que otros- ayer el Sr. Aznar, ahora el Sr. Rasmussen- la transmitan al Canciller federal. 
¿Cuál es el fondo del asunto? 
El fondo del asunto es que el Gobierno alemán, a través de la persona del señor Canciller federal, preguntó- una pregunta acertada, a mi parecer- si los pagos directos en su forma actual no podrían llegar a constituir un obstáculo para la ampliación si no reformamos el ámbito agrario. 
Por lo demás, existe un consenso al respecto. 
El Sr. Fischler va a presentar en julio algunas propuestas para la transferencia, en el marco de la modulación, de fondos de los pagos directos en beneficio del apoyo a las zonas rurales. 
Tengo curiosidad por comprobar si el Sr. Poettering también se levantará entonces para declarar que se están poniendo trabas a la ampliación. 
No lo hará, ya se lo puedo adelantar, pues entonces no estará en juego la campaña electoral federal alemana. 
El objetivo de las intervenciones de Poettering cuando se expresa de esa guisa es exclusivamente hacer propaganda en el contexto de la campaña electoral alemana. 
Esto es admisible. 
No es nada malo, la lucha electoral es importante en política, pero sería más aceptable, señor Poettering, si cuando la Asamblea debatió sobre Austria, y cuando debatimos sobre Italia, usted no hubiese intervenido como un Savonarola para manifestar que todo ello eran injerencias en los asuntos internos de los Estados miembros, para luego actuar aquí, cuando se trata de su propio país, como si estuviera en un acto electoral en Osnabrück. 
Me parece que después de esta intervención, el Sr. Poettering va a procurar atraer mi atención. 
Señor Presidente, no voy a inmiscuirme en la polémica alemana, sino a felicitar a la Presidencia danesa. 
Fue una presentación trabajada y bien presentada, sin ni siquiera una sola idea independiente. 
Los daneses somos ciertamente gente modesta. 
Somos y seremos el rabo del buldog alemán, sin embargo, la retórica del Sr. Primer Ministro hace parecer que fuera el rabo el que menea al perro. 
Y tras esta divertida imagen- esta hermosa retórica- hay una realidad que encierra una larga serie de contradicciones. 
Mi buen colega, Per Gahrton, indicó una de ellas. 
Una contradicción muy marcada, como es que el gobierno danés que ocupa ahora la Presidencia de la UE, cuente con un apoyo parlamentario que representa un marcado grado de xenofobia, próximo al racismo. 
En unión con este apoyo parlamentario- el Dansk Folkeparti -, que también está representado en esta Asamblea, se ha presentado un programa de extranjería, cuyas contradicciones fueron documentadas muy claramente por el Sr. Gahrton y repetiré la pregunta del Sr. Gahrton. 
El segundo punto de la retórica es la Copa de Europa en manipulación de referéndums- el mensaje claro a la población irlandesa. 
No sé de qué tipo de mensaje claro se trata. 
La situación en la que se encuentra Irlanda no ha variado y la capacidad de modificar referéndums ya la mostró anteriormente la Presidencia danesa. 
El último y decisivo punto es este mantra: Un espacio de libertad, seguridad y justicia- ELSP. 
El Sr. Primer Ministro, la Presidencia danesa del Consejo, habla sin parpadear de reforzar la lucha contra el terrorismo. 
Ahora que pronto se cumplirá un año del 11 de septiembre, vemos una legislación del pánico, que en primer lugar desprecia la más elemental seguridad jurídica y en segundo lugar, aborda iniciativas comunitarias que carecen de base en el Tratado. 
Pienso especialmente en la orden de detención europea. 
La seguridad jurídica y la democracia están en vías de desaparición. 
Señor Presidente del Consejo, usted ha dado, para su Presidencia, prioridad a la ampliación; le felicito por ello y le apoyaremos calurosamente. 
Desearía formularle tres preguntas con respecto a esta prioridad. 
Para la primera no le pido necesariamente una respuesta inmediata, ya que es espinosa: se trata del presupuesto agrícola. 
Como usted sabe, si se quisiera transponer de la misma manera las normas de la PAC, habría de incrementarse considerablemente el presupuesto agrícola, lo cual nadie desea. 
No tenemos tiempo de reformar la PAC y, como usted ha dicho, no hay que retrasar la ampliación. 
El hecho de renacionalizar las ayudas directas resulta atrayente por varios motivos, pero no es cien por cien satisfactorio, ya que justamente son los países más pobres los que podrían pagar menos. 
¿No habría, entonces, una vía complementaria para explorar, y que consistiría en la aplicación de una nueva preferencia comunitaria, que permitiría a la vez proteger la renta de los agricultores, imponiendo al mismo tiempo normas de calidad muy elevadas? 
Recientemente, hemos ratificado un plan norteamericano bastante cuestionable de apoyo a la agricultura, pero que podría darnos la oportunidad de exigir una revisión de las normas de la OMC, a fin de que cada país o cada zona pueda defender su modelo agrícola. 
¿Qué piensa usted de una reflexión de este género, fijando como plazo 2006? 
En segundo lugar, con respecto a la inmigración ilegal, la Presidencia anterior se había fijado como una de sus prioridades la lucha contra la inmigración ilegal. 
La prioridad de usted es la ampliación. 
En la confluencia de ambas, se plantea el problema de Turquía: país que pretende ser candidato y que, sin embargo, es un punto de confluencia de la inmigración ilegal en Europa. 
¿Qué piensa usted hacer a este respecto? 
Y, en tercer lugar, usted ha declarado en su exposición que un nuevo ' no? en Irlanda pondría la ampliación en peligro. 
¿Es esto cierto, señor Presidente? 
¿No sería posible incorporar las partes correspondientes de Niza en el tratado de adhesión, mejorándolas de paso, y, desde este ángulo, un ' no? de los irlandeses no sería más bien afortunado para Europa? 
Señor Presidente, la Presidencia española se había impuesto como prioridad la lucha contra el terrorismo. 
Usted se ha impuesto como prioridad la ampliación. 
Políticamente hablando: ¡bravo! 
Sin embargo, no debemos creer que, en este torbellino semestral, nuestros ciudadanos se dejarán deslumbrar, y no malogremos lo que, para la mayoría de ellos, constituye un logro fundamental de la Unión Europea: me refiero, evidentemente, al paso al euro. 
Desde este punto de vista, todavía nos queda mucho por hacer. 
Primero y ante todo necesitamos una verdadera coordinación de las políticas económicas para que el euro vaya acompañado por el crecimiento y la creación de empleos. 
Su país, señor Presidente, esta en opting out. 
Naturalmente, deseamos para el pueblo danés que esta situación evolucione. 
¿Pero díganos cómo, en esas condiciones, se puede organizar el mandato tratándose de cuestiones que requieren voluntad y determinación política para avanzar? 
¿Qué consecuencias saca respecto al funcionamiento de nuestras instituciones, y cómo espera usted organizar la Presidencia en este ámbito? 
(comienzo sin micrófono )... puede verse a liberales sentados en los asientos del Consejo, a un Primer Ministro que es genuinamente liberal y, a su lado, a Bertel Haarder. 
Para comenzar quisiera solamente decirle, señor Primer Ministro, que usted es un hombre osado. 
¿Es realmente posible ampliar Europa sin Polonia? 
Sé que ustedes piensan así, y lo dicen, pero me cuesta mucho esfuerzo imaginarme esa situación. 
Quisiera escuchar sus comentarios sobre lo que es política y estratégicamente posible en este caso. 
Permítanme decir algunas palabras sobre la política de asilo y refugio. 
Sé que es un capítulo delicado y sé también que ustedes ven en los suecos a un hermano mayor. 
Espero, señor Primer Ministro, que no lo haga en este momento y que me vea como a un liberal amigo, un amigo fiel que quiere decirle algunas verdades. 
Algunas veces nos equivocamos y otras estamos en lo cierto. 
Debo confesarle que esta situación me preocupa. 
Me preocupa que Europa se esté convirtiendo en una fortaleza, que realmente rechaza a las personas. 
Sabemos que necesitamos a millones de personas. 
Para cumplir los objetivos de Europa y mantener el bienestar necesitaremos cada año hasta 2050 a unos cuatro millones de personas. 
Cuando Europa se amplía me parece importante mantener en alto los valores, valores que los europeos queremos que otros también tengan. 
Además, creo conveniente que nosotros mismos cumplamos esas exigencias. 
Permítame decirle, señor Primer Ministro, que espero que la política de inmigración que ustedes han modificado en Dinamarca no llegue a convertirse en un símbolo en el resto de Europa. 
Creo que se necesita más tolerancia y más apertura, es decir, más liberalismo. 
El pueblo europeo tiene ansias de liberalismo. 
Señor Primer Ministro, quiero decirle, para terminar, que usted me inspira mucha confianza. 
Usted cumplirá la tarea comenzada por Uffe Elleman-Jensens. 
Quiero desearle suerte, til lykke, pero espero que cambie sus ideas respecto a la política de refugiados. 
Señor Presidente, los colegas han dicho cosas muy importantes sobre la política de extranjería, así como que la Unión Europea no debe convertirse en una fortaleza blindada. 
Quisiera utilizar mi intervención para hacer hincapié en que nosotros también debemos desarrollar en nuestro entorno más cercano una buena colaboración con nuestros vecinos. 
La Presidencia danesa nos ofrece, de hecho, una nueva posibilidad para ello en dirección al norte. 
Dinamarca ha mencionado en el programa de actividades de su Presidencia el refuerzo de la llamada dimensión nórdica. 
Saludo con entusiasmo esta mención y quisiera proponer que la Comisión, conjuntamente con la Presidencia danesa, empiece ya a elaborar el siguiente programa de acción de la dimensión nórdica, ya que el programa actual expira a finales del año 2003. 
Yo quisiera saber cuál es realmente la actitud de la Comisión ante la dimensión nórdica. 
¿Está la Comisión tan seriamente convencida a este respecto como lo está la Presidencia danesa? 
Se trata de la cooperación de toda la Unión Europea con sus regiones vecinas septentrionales, y no solamente de la colaboración de los países nórdicos con Rusia, Islandia, Noruega y Groenlandia, entre otros países. 
Estamos verdaderamente ante un programa, en cuyo marco debemos ser capaces de resolver nuestros problemas comunes relacionados con los enormes retos que tenemos, por ejemplo, la brecha existente entre el nivel de vida de Rusia y la Unión Europea; es tan grande la diferencia en el nivel de desarrollo que puede llegar a representar una amenaza para la seguridad. 
Existen centrales nucleares, transportes de material radiactivo, y luego está también la problemática relacionada con las condiciones climáticas árticas. 
En este marco de la dimensión nórdica, ¿tienen la Comisión y la Presidencia danesa la intención de centrarse ahora también en la llamada ventana ártica que forma parte de esta dimensión nórdica y qué es lo que se piensa conseguir concretamente en este campo? 
Señor Presidente, yo también quiero dar gracias al Primer Ministro danés pero ha dicho algo a propósito de la cuestión de Chipre que me ha sorprendido. 
Se ha deslizado un cambio pequeño, delicado y espero que involuntario en el texto de la resolución del Consejo Europeo de Helsinki. 
La resolución dice que la decisión sobre el ingreso de Chipre se adoptará sin que una solución política sea condición previa para ello. 
En este caso, el Primer Ministro danés ha dicho que ' se adoptará una decisión final sobre la base de todos los factores pertinentes?. 
Esto es algo muy diferente de la posición del Sr. Prodi, así como de la posición de la Comisión, o sea la posición del Sr. Verheugen, de la posición del Parlamento Europeo, de la posición de Helsinki y de la posición de la presidencia española. 
Espero que no haya habido una intención deliberada por parte de la presidencia danesa y espero también que cuando el Primer Ministro danés vuelva a tomar la palabra, nos confirme que, aunque queremos que haya una solución política y nos esforzaremos por conseguirlo, dicha solución no sea condición previa para el ingreso de Chipre. 
Señor Presidente, la ampliación es un proyecto noble y a nuestros vecinos de Europa oriental, que en Potsdam no supimos proteger contra el yugo comunista, les daremos la posibilidad de retornar a la familia europea de naciones. 
Ahora bien, hay muchos problemas, que van desde la ratificación irlandesa del Tratado de Niza- aunque seguramente ya hay un plan B por si resulta necesario- hasta los pagos directos excesivamente generosos hechos en el marco de la PAC a los agricultores y el potencial de inmigración en gran escala, particularmente en el caso de las comunidades romaníes nómadas y mal integradas, de las cuales hay muchísimas en países de Europa oriental. 
Me agrada particularmente el ingreso de dos países del Commonwealth británico: Malta y Chipre, lo que aumentará la utilización del inglés en esta institución, cosa que merece mi firme apoyo. 
Eso no es óbice para que yo también sienta preocupación por Chipre, como ya se ha mencionado en la otra ala de esta sala. 
Quizá tenga que ingresar como isla dividida, con todo lo que esto significa para una posible anexión turca de la parte septentrional. 
¿Qué presión cabe ejercer, particularmente ante el Sr. Denktash, a fin de poder llegar a un acuerdo con el Sr. Clerides que permita que un Chipre unido ingrese en la Unión en 2004, como estoy seguro de que todos deseamos en este Parlamento? 
Señor Presidente, la Cumbre de Sevilla impone a la Presidencia danesa unas obligaciones para cumplir en muy poco tiempo. 
Concretamente, según el apartado 32 de las Conclusiones de la Presidencia, se solicita al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que cada uno, en el marco de sus competencias, lleven a la práctica las siguientes medidas antes del final de 2002: la puesta en práctica de operaciones conjuntas en las fronteras exteriores, la puesta en práctica inmediata de proyectos piloto abiertos a todos los Estados miembros interesados y la creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración de los Estados miembros. 
Teniendo en cuenta el corto tiempo de que dispone la Presidencia danesa, ¿estarán en condiciones de apoyarla para la realización de estos objetivos fijados de una manera muy clara en la Cumbre de Sevilla? 
Señor Presidente, muchas gracias por esta innovación que me agrada sobremanera. 
Felicito a la Presidencia danesa muy calurosamente y, naturalmente, también a mi colega, el Sr. Haarder, antiguo miembro eminente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, así como de este Grupo, por su nueva posición. 
Sin embargo, amigos de la presidencia, me gustaría pedirles algo que, como la presidencia danesa, creo que les agradaría conceder. 
Hoy en día el Tratado de Roma reconoce derechos humanos y derechos de los animales, pero no da derechos a los niños. 
Sin embargo, el derrumbamiento del Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría reveló una imagen devastadora de niños objeto de abuso, de niños descuidados, de niños miserables y de niños hambrientos y desesperados como no habíamos visto en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 
Hoy en día, con la ampliación de la Unión Europea, la situación no va a mejorar. 
¿Por qué digo semejante cosa? 
Porque, desgraciadamente, hay pruebas suficientes de que la desaparición de las fronteras, la ampliación de la Unión Europea, factores como la mundialización, los Acuerdos de Schengen e Internet han hecho que la tragedia de los niños ultrajados sea aún peor. 
Los niños de nuestros días corren riesgos que antes no existían; por ejemplo, un enorme número de niños son objeto de trata en todo el mundo. 
Traficantes, delincuencia organizada y separación de sus familias: he aquí varios de los muchos riesgos de que son víctimas los niños. 
La Unión Europea no puede ocuparse de todo, pero tenemos poderes muy particulares. 
Lo que estoy pidiendo es que la Presidencia danesa trabaje conmigo y con la Children's Alliance, que es un grupo de diputados de este Parlamento que provienen de todos los grupos políticos aquí representados, a fin de que podamos prestar un apoyo unánime. 
Quisiéramos conseguir que en el Tratado de Adhesión y en el Tratado de Roma se introdujera una simple noción, apenas un reconocimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que cada uno de los Estados miembros han firmado y ratificado. 
Ésta es la Convención más importante en la historia del mundo, la que ha obtenido el mayor número de ratificaciones. 
Únicamente los Estados Unidos de América se oponen a ella. 
La Comisión ha desempeñado su cometido: figura en el acquis communautaire. 
Quisiéramos ahora que estuviera también en el Tratado de Adhesión y en el Tratado de Roma. 
Presidente en ejercicio, ¿va a trabajar usted conmigo para lograrlo? 
Se me ha asignado un plan de trabajo para esta mañana que ya no me permite recurrir al sistema de ' levante el brazo y procure atraer mi atención?. 
Insto a la veintena larga de personas cuyos nombres están en la lista, así como a sus grupos, a que animen a sus presidentes para que incrementen las posibilidades de recurrir al mencionado sistema la próxima vez que lo experimentemos en esta sala. 
Ha sido una nueva característica interesante. 
. (IT) Una brevísima replica, señor Presidente, para hacer algunas afirmaciones que me merecen especial interés. 
Ante todo, no es en absoluto cierto que la ayuda comunitaria en Oriente Próximo no esté sujeta a controles y a condiciones. 
Ya es hora de que acabemos con estas afirmaciones que tienen su origen en alguna otra parte y que llevan a una caricatura ridícula, que no corresponde a ninguna realidad ni conocimiento de los hechos. 
La Comisión, como las demás Instituciones, e incluso mucho más que el Fondo Monetario, apoya los proyectos para infraestructuras de paz en Oriente Próximo, hoy lamentablemente destruidas por la guerra, pone en práctica las decisiones que toma el Consejo en la ayuda a la Autoridad Palestina y continúa haciendo los controles que son necesarios, aunque por desgracia la tragedia de la guerra convierte en más difícil su eficacia. 
Sin embargo, quiero llamar la atención del Parlamento sobre la importancia de evaluar estas afirmaciones no demostradas que, de hecho, continúan mancillando nuestras Instituciones. 
Una breve respuesta en relación con la dimensión nórdica, que para la Comisión es muy importante y lo será aún más, tanto como instrumento en las relaciones con Rusia como para la solución de determinados aspectos y problemas. 
A la vista de la Presidencia danesa, quiero citar sólo uno de ellos, es decir, lo importante que es la relación constructiva y de amistad con Groenlandia y lo importantes que son el aspecto geográfico, el aspecto estratégico y también el aspecto humano de nuestra relación con esa región. 
Y ahora, señor Schultz, una breve observación sobre su intervención. 
He asistido en numerosas ocasiones a seminarios del Partido Liberal, del Partido Popular y, afortunadamente, por invitación del amigo Enrique, también del Partido Socialista y de los Verdes. 
No soy un Presidente tricolor, sino más bien multicolor, que es mucho más que tricolor, porque un Presidente tricolor sería restrictivo, absolutamente restrictivo en esto caso. 
(Aplausos y risas) 
Por último, quisiera dar las gracias al Parlamento por esta gran apertura de crédito concedida a la Presidencia danesa por todas las fuerzas políticas; es un respaldo merecido y un respaldo necesario para nuestro trabajo. 
Triunfar en una operación de alcance histórico para el continente como la ampliación exige la unidad de todos nosotros: una unidad que haga superar las diferencias entre las fuerzas políticas y también los juegos políticos internos de cada país; una unidad que permita alcanzar el acuerdo necesario sobre los asuntos pendientes; una unidad de acción entre todas las Instituciones de la Unión, y a este fin el diálogo interinstitucional será decisivo tanto para decidir mejor como para prepararnos para la ampliación con las normas existentes. 
En efecto, debemos ser capaces de hacer funcionar nuestras Instituciones en cuanto se amplíen, y debemos prepararnos desde ahora. 
Por último, unidad para demostrar que Europa sabe dar respuesta a los grandísimos desafíos. 
En los próximos meses, en efecto, los retos políticos y los retos económicos serán aun más importantes que los de los pasados meses, y habrá una gran necesidad de Europa en el mundo, empezando por Johannesburgo, pero después todavía más, a medida de que vaya entrando el otoño. 
Debemos responder a las nuevas grandes demandas de civilización en nuestro interior, para dar libertad y seguridad, y también en el exterior, para una gobernanza mundial en la que, como dije antes, Johannesburgo es sólo el inicio, pero que necesita realmente un nuevo orden que ante todo es orden mental y, después, orden político. 
(Aplausos) 
Presidente en ejercicio, muchas gracias por su polícroma contribución. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Gobierno danés, que ha asumido la presidencia, y desearles toda clase de éxitos durante sus seis meses de mandato. 
Se enfrentan con una tarea formidable y me agrada mucho que hayan dado gran prioridad a la finalización de las negociaciones para el mes de diciembre. 
Comparto los sentimientos que ha expresado recientemente el Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Per Stig Møller, quien ha subrayado la necesidad de que la Unión Europea cumpla sus promesas para con los países candidatos. 
Ahora bien, también tenemos una obligación moral de cumplir las promesas ya hechas a los actuales Estados miembros. 
Las propuestas que actualmente está considerando el Comisario de Asuntos Agrícolas, Franz Fischler, como parte del examen de mitad de período de la PAC, constituyen una traición respecto del acuerdo de Berlín sobre la Agenda 2000. 
Las nuevas propuestas sobre modulación y el desacoplamiento de las primas por ganado en favor de un sistema basado en pagos en función de la superficie, presagian un desastre para los agricultores de la UE. 
Nada menos que el 20% del total de pagos directos a los agricultores se apropiarían y transferirían a otras medidas de desarrollo rural o se reingresarían en el propio presupuesto de la PAC. 
Como los productores de cereales y ganado dependen actualmente por completo de los pagos directos para obtener ingresos, las nuevas propuestas les dejarían sin beneficios. 
Los ingresos agrícolas han disminuido ya. 
La agricultura es la piedra angular de la economía rural en Europa y el desarrollo rural sería un tópico sin sentido alguno si se penaliza y empobrece a los agricultores mediante la aplicación de las propuestas que la Comisión de la UE deja filtrar. 
Prepararse para la ampliación penalizando a los agricultores es un error moral y político que puede muy bien dar por resultado que el propio proceso de ampliación se gane la antipatía de los agricultores. 
Lo que habría que hacer es financiar la ampliación con el presupuesto vigente, aumentando los gastos hasta su actual nivel máximo. 
Hasta ahora un 20% de los fondos presupuestarios- lo que representa unos 25.000 millones de euros- están sin utilizar. 
Utilizando ese dinero, la UE demostraría su voluntad política de efectuar la ampliación con convicción y a tiempo. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a los que han dado la bienvenida a la Presidencia danesa. Me agrada en particular su intención de esforzarse por que haya una sola Europa unida, cosa importantísima. 
Lo que quisiera decirle, Presidente en ejercicio, es exactamente lo mismo que lo que dije hace tres semanas a la Presidencia española saliente. 
La Comisión y el Parlamento están haciendo lo que tienen que hacer respecto de la ampliación, y ahora incumbe al Consejo cumplir su cometido y lograr que la ampliación se efectúe. 
La historia no nos perdonará nunca, ni perdonará a los gobiernos de la Unión Europea, si retrasan este proyecto histórico a causa de la querella por unos cuantos millones de euros. 
Ha llegado el momento de cumplir nuestras promesas. 
No es éste el momento de poner nuevas dificultades al proceso de ampliación. 
La reforma de la política agrícola común es importante pero no está vinculada con la ampliación. 
También éste es un mensaje que debe transmitir usted al Consejo. 
Todo el mundo se calmará a medida que los resultados del examen de mitad de período se vean con más claridad, pero se trata de un mensaje que necesitamos que transmita usted a los gobiernos. 
Le apoyamos en las tres cuestiones que ha enunciado. 
Los criterios se fijan para seguirlos, y hay que seguirlos. 
Trabajaremos de consuno con usted a este respecto. 
No podemos retrasar a ningún país que esté preparado para ingresar, y diciembre de 2002 es la fecha crucial. 
El Sr. Watson se ha permitido una observación tan poco elegante como tonta acerca del Reino Unido. 
He de decirle que en esa Gran Bretaña que califica de ' triste? , cualquiera- independientemente de su edad- puede casarse con quien quiera. 
Quizá pueda sumarse a mí para invitar a los jóvenes daneses a que vengan a Gran Bretaña y se casen con quien quieran y luego, si les parece, se vuelvan a su país. 
Ha llegado el momento de obrar en vez de hablar, como ha dicho usted. 
Sin embargo, estos próximos meses vamos a oír bastantes palabras poco amistosas y va a haber bastantes debates subidos de tono. 
Cuando vuelva usted aquí en diciembre, después de la reunión en la Cumbre, espero sinceramente que todos estemos cantando al unísono: ' Wonderful, wonderful Copenhague?. 
Muchas gracias. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Señorías, he valorado altamente la declaración de la Presidencia danesa de esta mañana, sobre todo en relación con la cuestión extraordinariamente delicada de la ampliación. 
No puedo por menos que destacar la perfecta sintonía con el Presidente de la Comisión en un tema tan delicado y tan crucial. 
Dos son las reflexiones que hay que hacer: la primera se refiere a la presión sobre las opiniones públicas de nuestros países, puesto que si bien es cierto que el referéndum irlandés es crucial y decisivo, no es menos cierto que debemos conseguir que el proceso de ampliación se explique y se entienda en nuestros países, y ésta es una tarea que seguramente corresponde a cada uno de los diputados europeos. 
La segunda reflexión se refiere, en cambio, a los referéndum que se celebrarán en los países candidatos. 
También en este caso es necesario prestar atención a la forma en que se desarrollará el proceso para evitar efectos dominó que podrían resultar sumamente negativos, así como contrarrestar el empuje populista que se está manifestando casi en todas partes y que tiene un tinte extremadamente negativo respecto a la integración europea. 
Otro punto decisivo es ciertamente el trabajo de la Convención. 
En el período 2003-2004 deberemos hacer frente a un atasco institucional: las elecciones, la ampliación y la Conferencia Intergubernamental. 
Me gustaría decir a la Presidencia danesa que en el trabajo de la Convención hay al menos dos temas que de alguna manera serán también interesantes para ella. La cuestión, siempre actual, del papel de las minorías lingüísticas en Europa. 
Éste es un tema importante no solo para los países de la ampliación, sino también para los Estados miembros. 
El otro tema, al que ya se ha hecho referencia en este Pleno, es la cuestión de las relaciones, dentro de la Unión Europea, con las regiones que tienen un poder legislativo reconocido por cada una de las Constituciones. 
También en este caso el tema es especialmente significativo, puesto que o seremos capaces de conjugar de verdad federalismo y subsidiariedad o las incomprensiones frente a los mecanismos europeos podrían crecer de alguna manera. 
Quisiera volver a recordar el método, muy apreciable, seguido por la Presidencia danesa que ha permitido a todas las comisiones parlamentarias, incluida la que yo presido, celebrar una serie de reuniones con los coordinadores en Copenhague. 
Por fin hay esta promesa de una presencia física y verdadera del Consejo en el seno de las comisiones para poder discutir, en los momentos cruciales, los apartados de cada uno de los informes antes del debate en el Pleno. 
Creo que esta innovación- me dirijo al amigo Haarder- es muy significativa, porque de alguna manera hoy seguimos sufriendo un problema de relaciones con el Consejo que tiene consecuencias extraordinariamente negativas. 
En los temas que atañen en particular a la actividad de mi comisión, me interesa destacar dos cuestiones que, no obstante, conciernen a todo el Parlamento y evidentemente también al Grupo del que formo parte. 
La primera cuestión se refiere a la importancia que, ya desde los próximos meses, tendrá el debate sobre la política de cohesión y la política regional. 
Quisiera recordar que en enero dispondremos del segundo informe intermedio sobre la cohesión y, durante el año 2003, del tercero que será el decisivo. 
Por lo tanto, podemos decir que los debates de estos días son muy importantes. 
También es importante seguir trabajando en el Libro Blanco. 
A este propósito, quisiera recordar una cuestión urgente a la que deberán enfrentarse los daneses, o sea, la cuestión de los ecopuntos de Austria. 
Éste es un tema político muy delicado que se debe resolver de alguna manera, puesto que sabemos que incide también en el proceso de ampliación y pone evidencia lo apremiante que es el problema de los transportes en los Alpes. 
Señor Presidente, he querido actuar honradamente respetando la nueva organización del debate, y sacar yo mismo las conclusiones en nombre de mi Grupo. 
Lamento que todos no hayan decidido hacer lo mismo. 
Desearía formular tres observaciones. 
La primera se refiere a la conclusión de las negociaciones sobre la ampliación. 
Estoy de acuerdo en lo que se ha dicho en cuanto al calendario. 
El hecho de aplazar o de no dejar el tiempo necesario para la negociación final tendría consecuencias políticas desestabilizadoras, es decir: un precio político que no podemos pagar. 
En cambio, no estoy de acuerdo con lo que se ha manifestado sobre las propuestas de la Comisión en materia de presupuesto y de ayudas agrícolas. 
El Sr. Rasmussen ha hablado de propuestas razonables; el Sr. Prodi de ' única base posible?. 
Sin embargo, no debemos ignorar- y ustedes lo saben- que los países de Europa Central perciben estas propuestas como discriminatorias y como un signo negativo procedente de la Unión Europea. 
Asimismo, las poblaciones experimentan otros aspectos económicos del acervo comunitario como obligaciones demasiado pesadas para ellas. 
Basta con seguir el debate político en Polonia. 
Creo que no se ha elegido el método correcto para crear una Europa más estable y más unida, que es lo que constituye el objetivo de la ampliación. 
Mi segunda observación, de orden más general, podría resumirse en una frase: ' No nos fiemos de la excesiva tranquilidad?. 
Señor Prodi, usted ha hecho una lectura selectiva del Eurobarómetro. Pienso que es una forma demasiado fácil de tranquilizarse. 
Si existe realmente un amplio consenso, ¿por qué aplazar, entonces, decisiones estratégicas una vez que se han celebrado las elecciones francesas y alemanas? 
¿Por qué hay que temer el referéndum irlandés? 
De hecho- y todos lo sabemos- existe un gran malestar entre los dirigentes europeos y los ciudadanos europeos. 
Estoy convencido de que hay que encarar el problema con determinación y hacer que los ciudadanos tengan una mayor implicación en la elaboración de la política europea, y, en ese sentido, se debe desarrollar una política capaz de motivarles, de movilizarles y de despertar en ellos la solidaridad. 
Se trata de un reto esencial que la Unión ha de aceptar. 
Finalmente, pienso que el debate ha sido muy interesante en muchos aspectos, pero insuficiente en cuanto al papel de la Unión en el mundo. 
Tres ejemplos: África sólo ha sido mencionada en términos imprecisos. 
En el G8 se mencionó ese plan de acción para África. Plan que los africanos habían evaluado en 64 millardos de dólares. 
Ahora bien, no se ha llegado a ningún compromiso. 
En la propia Unión Europea, el acuerdo de Cotonú ni siquiera ha sido ratificado por los Quince, lo que impide su entrada en vigor. 
Es preciso imprimir un nuevo giro. 
Segundo ejemplo: la Cumbre de la Tierra en Johannesburgo y sus retos planetarios. 
También este caso, la preparación de dicha Cumbre está actualmente bloqueada por cuestiones de financiación y se corre el peligro de fracasar. 
¿Cuáles son, en su opinión, las iniciativas que la Unión debe adoptar? 
Tercer ejemplo: los lazos transatlánticos, que usted también ha mencionado, señor Presidente, sin siquiera referirse al unilateralismo y a la decisión increíble que han adoptado los dirigentes norteamericanos de valerse de la ONU y de la paz en los Balcanes, para intentar escapar a una jurisdicción internacional. 
Pienso que tenemos que conocer su opinión sobre todos estos puntos. 
Señor Presidente, quiero dar la bienvenida a la Presidencia danesa. 
Europa: he aquí un mensaje muy fuerte en el cual también nosotros estamos implicados y que escuchamos como mucho gusto. 
¿Pero qué Europa, señor Presidente? 
Al final de este debate, que yo también valoro altamente por su nueva forma, quisiéramos transmitirle tres mensajes: ante todo consideramos que sus políticas en materia de asilo y de inmigración, contrariamente a sus afirmaciones, no son una cuestión interna. 
Debe existir una correspondencia y una coherencia entre lo que ustedes hacen y dicen en Dinamarca y lo que ustedes hacen y dicen aquí; no puede haber una divergencia tan grande. 
Estamos muy preocupados porque Dinamarca corre el riesgo de dejar de ser un claro modelo de acogida y de integración como lo fue en el pasado demostrando así que los derechos y las libertades nunca se pueden adquirir de verdad y pueden variar a cada cambio de Gobierno. 
Ustedes, los daneses, pretenden medir incluso el amor sobre la base de la nacionalidad y de la edad: esto es algo que, desde el punto de vista europeo, suscita muchas perplejidades. 
Estamos convencidos de que la manera en que conducirán el Consejo dependerá también de cómo se comportarán con relación a estas materias dentro de su país. 
Hemos escuchado no sin preocupación a su ministro de Asuntos Exteriores declarar: "No debemos hacer nada, es cosa de las Naciones Unidas". 
No es verdad. 
En lo referente a la ampliación, es absolutamente fundamental la manera en que la Unión Europea gestionará los últimos meses de las negociaciones. 
A pesar de las declaraciones de Helsinki y de otros Consejos importantes, no podemos permitir que ingrese en la Unión Europea un país en el que existe un muro o una línea verde. 
Debemos y deben hacer todo lo posible para resolver este problema. 
A pesar de que existe una prioridad absoluta para la Unión Europea, en su discurso usted no ha dicho cuál es la prioridad de la Unión en Johannesburgo. 
En nuestra opinión, la prioridad es una sola: declarar y actuar sin titubeos para afirmar que el comercio y el mercado no están por encima de cualquier tipo de compromisos y de acuerdos en materia medioambiental. 
Este es el mensaje que debe salir de Johannesburgo, un mensaje que actualmente no se oye en absoluto en ninguna parte, salvo en algunas frases que la Comisión ha usado hoy en los documentos de la Unión Europea. 
Ésta es la línea estratégica que debemos seguir de cara a Johannesburgo y esto es lo que me gustaría oírles decir hoy. 
Señor Presidente, en primer lugar lamento que el Sr. Primer Ministro Fogh Rasmussen haya tenido la impresión de que traté de relativizar su compromiso en la ejecución de la ampliación. 
Tal cosa nunca se me pasaría por la cabeza. 
Sólo quise responder al comentario del Sr. Primer Ministro de que la ampliación tendría lugar en todo caso, también aunque no se lograse este año. 
Algunos de mis colegas daneses y también un par de mis colegas suecos han criticado la política del gobierno danés en materia de refugiados e inmigración y asimismo la política hacia los países en vías de desarrollo. 
Aunque el Sr. Watson hizo una excelente comparación entre ser solicitante de asilo en Dinamarca e Inglaterra, respectivamente, se han propagado algunas falsedades sobre la política danesa y el último ejemplo han sido las palabras que le hemos oído pronunciar a la Sra. Frassoni hace un momento. 
Con este trasfondo y teniendo en cuenta que tres cuartas partes de la población danesa respaldan la política del gobierno en este ámbito, me gustaría pedirle al Sr. Primer Ministro o en su caso, al Sr. Ministro Haarder, que confirmara dos cosas: En primer lugar, que el informe relativo a los derechos humanos, del que fue ponente el Sr. Ministro para Asuntos Europeos, Sr. Haarder, diputado al Parlamento Europeo por aquel entonces, ha sido observado en todos los sentidos en la nueva política de extranjería puesta en práctica por los partidos gubernamentales y el Dansk Folkeparti. 
En segundo lugar, me gustaría pedirle al Sr. Primer Ministro que confirmara que la ayuda danesa al desarrollo en 2002, por un lado, es la segunda mayor de la historia de Dinamarca y por otro, es la mayor que concede un país en relación con el producto nacional bruto del país. 
Señor Presidente, no es habitual elogiar a los adversarios, sin embargo, me gustaría elogiar a Anders Fogh Rasmussen por un buen discurso y especialmente porque, al igual que cuando estuvo aquí la Reina, no se enfrentó a los opositores daneses a la Unión. 
Este desacuerdo debemos tratarlo en Dinamarca. 
Aquí tenemos un proyecto común de apertura de la UE, y quiero pedir a la Presidencia danesa que cuelgue todos los órdenes del día, resúmenes y documentos de trabajo del proceso legislativo en la página web? dk2002?. 
Cuando la UE actúa como legislador, debe existir la misma transparencia que en los parlamentos nacionales, y cuando la UE administra, los ciudadanos deben disponer de un mejor acceso a los documentos. 
A continuación, me gustaría prevenir al señor Primer Ministro del uso de la ampliación contra los opositores irlandeses al Tratado de Niza. 
Me han comunicado claramente que respaldan la ampliación y técnicamente tiene poca ciencia tomar la Declaración núm. 20 de la Cumbre de Niza y situar el número de votos y escaños en el Parlamento Europeo en los tratados de adhesión. 
Técnicamente es fácil y el Tratado de Niza no es ninguna maravilla de belleza y además va a ser modificado en el Convención actualmente en marcha y en la próxima Conferencia Intergubernamental, como advirtiera acertadamente el Sr. Giscard d ' Estaing, Presidente de la Convención, en los periódicos daneses de hoy. 
Cito en inglés del Berlingske Tidende: 
Con ocasión del acceso de Dinamarca a la Presidencia europea, los diputados del Grupo de las Derechas Europeas desearían saludar la manera en que este país ha sabido conciliar su pertenencia a la Unión con la defensa de su soberanía nacional. 
En efecto, Dinamarca, de gloriosa tradición, pequeño sólo en superficie y población, es un país admirable por la conducción de su política europea. 
Primero, porque se atreve a consultar directa y sistemáticamente a su pueblo sobre los compromisos que desea contraer en su nombre y porque esta voluntad popular es tenida en cuenta por las autoridades gubernamentales. 
A pesar de haberse visto obligado a organizar un segundo referéndum sobre Maastricht, no ha participado en la moneda única en contra de la voluntad de los daneses. 
Hoy sigue existiendo la corona, y, naturalmente, la economía danesa goza de mejor salud que la zona euro. 
Dinamarca no participa en la política de inmigración común. 
Además, está aplicando, en este ámbito, medidas nacionales de una gran lucidez. 
No participa en la política de defensa. 
Conserva importantes prerrogativas nacionales, con excepciones al derecho común europeo en materia de cooperación policial y judicial. 
Supo rechazar o adaptar todas sus transferencias de soberanía en los ámbitos que afectan al meollo mismo de las prerrogativas soberanas de los Estados, y ello en el interés legítimo de la nación danesa. 
Todo eso no constituye en absoluto una desventaja, sino, muy por el contrario, una verdadera baza en la conducción de las negociaciones de adhesión de diez nuevos miembros deseosos de unírsenos, pero cuidadosos de no ceder una libertad recientemente reconquistada. 
Dinamarca constituye la prueba de que se puede participar en Europa sin entregarse al sistema de Bruselas más allá de lo estrictamente necesario. 
La prueba de que la firmeza contrarresta las imposiciones de la ideología antinacional, por más triunfante que ésta parezca, en el momento en que se elabora, en una Convención, la constitución de un super-Estado eurocrático centralizado, y, por tanto, contrario al verdadero espíritu de Europa. 
Deseo que los gobiernos europeos se inspiren en la práctica danesa, que no atenta ni contra sus libertades ni contra sus identidades milenarias. 
. (DA) Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a mis antiguos compañeros por la acogida sumamente amable que he recibido. 
Es casi como el hijo pródigo de la Biblia que regresa a casa a la fiesta y la alegría. 
Puedo asegurarles a Barón Crespo, Pernille Frahm, Per Gahrton, Olle Schmidt, Jan Andersson, a la Sra. Frassoni y al Sr. Schulz que la Presidencia seguirá trabajando en el objetivo de Tampere, es decir, el objetivo de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia en Europa. 
Esto ocupa un lugar prominente en el programa de nuestra Presidencia y también fue subrayado en el discurso del Sr. Primer Ministro. 
Seguiremos las pautas de la Declaración de Sevilla y en materia de asilo trataremos de llegar más lejos de lo previsto en Sevilla. 
La política de asilo común, según la Declaración de Sevilla, debe estar concluida en 2002, sin embargo, trataremos de acabar tanto como sea posible ya durante la Presidencia danesa. 
Hemos elaborado un calendario, un? mapa de carreteras? , que hemos facilitado a la Comisión y que remitiremos al Parlamento. 
En éste, podrán leer el Sr. Medina y otros diputados cómo estamos plenamente inmersos tanto en la cuestión de la repatriación y el retorno como en la del control de las fronteras. 
Ya dentro de tres semanas se reunirán los responsables del control de las fronteras en Copenhague para debatir la forma en que podemos plasmar en la realidad la decisión de Sevilla. 
Me gustaría decirle, entre otros, al Sr. Gahrton que el gobierno danés ha declarado desde un principio nuestro deseo de contar con una política de asilo común que cumpla todos los compromisos internacionales y más; y me gustaría decirle a Pernille Frahm y al Sr. Camre, entre otros, que naturalmente cumpliré lo manifestado por mí en mis intervenciones ante esta Asamblea y en los informes que elaboré sobre los derechos humanos en 1998 y 1999. 
Dinamarca tiene desgraciadamente en este campo una excepción de los Tratados. 
Digo desgraciadamente y apelo a Pernille Frahm, al Sr. Gahrton entre otros, a que nos ayuden a acabar con estas excepciones, como nos gustaría y así quizá podríamos colaborar a este respecto. 
No obstante, me gustaría garantizar al Parlamento que la Presidencia danesa de ningún modo se verá debilitada por la excepción danesa, haremos todo lo posible por alcanzar un consenso entre los catorce y posteriormente trataremos en Dinamarca de adaptarnos a las normas comunitarias. 
A esto puede llamarse una postura positiva. 
A la Baronesa Nicholson me gustaría prometerle todo el respaldo imaginable en los esfuerzos dirigidos a emplear las normas comunes y las acciones comunes así como las negociaciones con terceros países para actuar contra los terribles problemas de abuso infantil contra los que la Baronesa Nicholson ha combatido tan a fondo y sobre los que ha llamado la atención del Parlamento en repetidas ocasiones. 
Espero que el Sr. Cushnahan no espere que yo vaya a contestar a una propuesta de la Comisión sobre la política agrícola que todavía no se ha presentado. 
Estoy de acuerdo con lo manifestado por el Sr. Murphy sobre este asunto. 
El Sr. Cavieri mantiene un fuerte compromiso en la política de minorías y escuché con interés sus palabras relativas a la necesidad de una política de cohesión. 
Respeto el compromiso del Sr. Wurtz con la pobreza en África y quiero avisarle que esta tarde contestaré una pregunta sobre la nueva posición norteamericana ante el Tribunal Penal Internacional- luego trataré esta cuestión en esta Asamblea esta tarde. 
Por último, quiero prometerle al Sr. Schulz que en cualquier oportunidad me encantará contarle cómo funcionan los gobiernos en minoría, pues son algo a los que no están acostumbrados en el país del Sr. Schulz. 
Funcionan de modo que todos cooperan con todos y esto puede ser difícil de entender para extraños. 
Por último lugar, me gustaría dar las gracias al Sr. Brok; escuché como siempre con gran atención lo que dijo y me gustaría darle las gracias a él, a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y a todo el Parlamento porque en un momento tan temprano como esta primavera se haya tomado una posición clara ante la ampliación. 
Es un enorme respaldo a la que es la máxima prioridad de la Presidencia danesa. 
Así que una vez se nos han dado las gracias, también hay motivos para que nosotros demos las gracias al Parlamento que en este tema ha mostrado el camino a seguir con decisiones rápidas y claras. 
A continuación pasamos a las votaciones. 
La primera cuestión es la decisión sobre el conflicto de competencias entre la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor respecto de la propuesta en favor de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad ambiental respecto de la prevención y el remedio de los daños ambientales (COM (2002) 17- C5-0088/2002- 2002/0021 (COD) ). 
Al final de un prolongado período de negociaciones en el cual no se pudo obtener un resultado satisfactorio para las dos comisiones, la Conferencia de Presidentes decidió en su reunión del 13 de junio remitir la propuesta a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que es la comisión responsable a la luz de sus poderes y obligaciones, en el entendimiento de que se aplique el Procedimiento Hughes a la controversia entre la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Medio Ambiente. 
La Comisión de Medio Ambiente ha impugnado esta decisión y ha pedido que sea el Parlamento quien entienda en la cuestión, de conformidad con el artículo 154.2 del Reglamento, cosa que tiene perfecto derecho a hacer en virtud del Reglamento vigente. 
Antes de proceder a la votación daré la palabra a los presidentes de las dos comisiones pertinentes, y solamente a ellos, y después tendrá lugar la votación. 
. (IT) Señor Presidente, quisiera decir sin más preámbulos que la votación que tendrá lugar hoy en este Pleno no tiene precedentes. 
Es una votación un tanto excepcional porque no solo está en juego la competencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Medio Ambiente, sino que ante todo es una cuestión de coherencia con el Reglamento- a la que usted acaba de referirse- y con lo que nosotros hemos asumido en el debate. 
Sobre el conflicto ha habido un claro pronunciamiento- usted lo ha recordado- por parte de la Conferencia de Presidentes a favor de la Comisión de Asuntos Jurídicos, puesto que es la Conferencia de Presidentes la que debe decidir sobre los conflictos de competencia, cosa que hemos establecido con la modificación del articulo 154. 
Precisamente el Sr. Corbett fue el que hizo esta propuesta al Pleno y el Pleno la aceptó. 
De hecho, la Conferencia de Presidentes es la que tiene los instrumentos para un análisis a fondo, es decir, para valorar caso por caso, y para decidir. 
El voto favorable que pido al Pleno es ante todo un consenso a la Conferencia de Presidentes para confirmar la validez de la norma reglamentaria. 
Existen muchas razones que juegan a favor de la competencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y yo quisiera señalar dos de ellas: la Comisión de Asuntos Jurídicos está trabajando en este asunto desde marzo de 2000, cuando le fue atribuida la competencia- presten atención, Señorías- para tratar en cuanto al fondo el Libro Verde sobre la responsabilidad jurídica en materia medioambiental, el documento de consulta que ha precedido la propuesta de directiva objeto del conflicto. 
El actual ponente para la propuesta de directiva es el mismo que se ocupó del Libro Verde, el muy eficiente Sr. Manders, que a lo largo de estos años ha adquirido un profundo conocimiento de esta materia; la Comisión de Asuntos Jurídicos, además, en el respeto de la competencia que le fue atribuida, ya debatió la cuestión y el 21 de mayo celebró una audición muy importante. 
La histórica competencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señor Presidente, Señorías, en materia de responsabilidad medioambiental constituye precisamente la interpretación del Anexo VI de nuestro Reglamento, que asigna a esta comisión los asuntos relativos a la responsabilidad civil, independientemente del sector de que se trate. 
Ésta es una propuesta de directiva que evidentemente atribuye la responsabilidad civil a quien contamina, y es respecto a esta problemática, a estas cuestiones que desde ahora pido que el Parlamento pueda dar su voto favorable y confirmar la decisión que la Mesa ha tomado. 
(EN) Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente estima que ésta es una medida de la que debería ocuparse mi comisión por tres razones. 
En primer lugar, se basa en una parte del Tratado en la que se trata de la protección ambiental. 
De ella se ocupará el Consejo de Ministros de Medio Ambiente. 
La Comisión de Medio Ambiente es responsable de la política ambiental, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior es responsable de la legislación en materia de responsabilidad civil. 
En realidad, esta directiva crea un instrumento totalmente nuevo para luchar contra los daños ambientales de carácter general para la diversidad biológica, el agua y la tierra, y asigna a las autoridades públicas de los Estados miembros la carga administrativa de ayudar a prevenir y restaurar esos daños. 
Referirse a esa directiva como directiva de responsabilidad ambiental es una abreviación que induce en error. 
En vez de ello, hay que denominar a la propuesta directiva sobre la prevención y el remedio del daño ambiental. 
En segundo lugar, tres vicepresidentes- que hace dos años y medio pasamos día y medio para elegir- decidieron unánimemente que este informe debería redactarlo la Comisión de Medio Ambiente. 
No tengo nada que ver con dos de esos vicepresidentes pues provienen de grupos que están en las antípodas políticas de los Conservadores británicos. 
El tercero era el Sr. Provan, quien, según tenemos entendido, todavía tiene una línea directa con el bolso de la Sra. Thatcher. 
(Risas) 
En consecuencia, la Comisión de Medio Ambiente votó en favor de confirmar sus objeciones respecto de la adjudicación del tema a la Comisión de Asuntos Jurídicos, aunque he de confesar que la mayoría fue escasa. 
En tercer lugar, nuestro ponente, el Sr. Papayannakis, está trabajando ya con sumo empeño en esta directiva. 
Apreciamos la labor que ha efectuado el Sr. Manders en relación con la opinión en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero he de decir al Grupo Liberal que no tiene ninguna posibilidad de convencer al Sr. Papayannakis de que renuncie a su ponencia en favor de un Liberal. 
(Risas) 
La razón es muy sencilla: si el Grupo Liberal desea hacerse con la ponencia en la Comisión de Medio Ambiente, estará al final de la lista. 
Los siguientes grupos tienen prioridad sobre él: UEN, PSE, EDD, incluso los independientes, y PPE están mejor situados en la lista que los Liberales. 
Hay otra posibilidad en la que nadie ha pensado: ¿qué sucede si la votación acaba con un empate? 
Sugiero que, en caso de empate, adjudiquemos la cuestión a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, que está buscando algo que hacer. 
(Risas y aplausos) 
Señor Presidente, una cuestión de orden: esta mañana se utilizó por vez primera el procedimiento de ' levante la mano y procure atraer mi atención? en el debate sobre el programa de la Presidencia danesa. 
Todos los presentes podemos atestiguar que el procedimiento fue un gran éxito. 
Había más personas en la sala que las que suele haber en un debate de ese tipo. 
Desgraciadamente no hubo tiempo suficiente para que todos pudieran tomar la palabra pues sólo se había reservado media hora durante el debate. 
Por conducto de usted, quisiera pedir a la Presidencia del Consejo que en el futuro se repita este experimento y que se reserve más tiempo para él en futuros debates. 
No sé si se trataba de una cuestión de orden, pero en todo caso me ha alegrado mucho. 
Señor Presidente, no es una cuestión de orden, es un recordatorio. 
Hace hoy un año se desencadenó una crisis alimentaria por la presencia de alfabenzopirenos en el aceite de orujo de oliva. 
Aún no se ha solucionado el problema de la industria orujera. 
La responsabilidad que tuvimos en ese momento en el aspecto de la seguridad alimentaria fue importantísima, pero también este Parlamento tiene la responsabilidad de encontrar soluciones para un sector económico que además realiza una función medioambiental fundamental y necesaria, al reciclar productos altamente contaminantes. 
En la versión francesa, este apartado recomienda ' la mise en branle? de un proceso. 
Me temo que dicha expresión, tratándose de un informe sobre la sexualidad, pueda resultar algo equívoca e incluso- por qué no decirlo- escabrosa, y que en mi país provoque risa en relación con un informe que, por lo demás, hay que confesar que más bien hace llorar. 
Me encargaré de que los servicios eviten el uso de términos de argot. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Con esto acabamos las votaciones. 
Señor Presidente, deseaba manifestar, y quería que constara en el Acta, que no he participado en ninguna de las votaciones sobre este informe, ya que considero absolutamente extravagante que algunas semanas después de haber aprobado el informe Lamassoure, exigiendo una delimitación estricta de las competencias, decidamos- soy bastante favorable a dicho informe- intervenir y dar consejos a los gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros sobre una cuestión que no entra en el ámbito de nuestras competencias. 
Señor Bourlanges, ha encontrado usted una forma muy inteligente de saltarse a la torera la cola de oradores que se han apuntado para las explicaciones de voto. 
Señor Presidente, en nombre de los Verdes y del Grupo EFA quisiera manifestar nuestra satisfacción por los resultados de la votación de hoy sobre los organismos genéticamente modificados. 
Hemos conseguido un progreso considerable, pues hemos votado en contra de los OGM no autorizados; o sea, el tipo de contaminación accidental causada por OGM. 
Esto es un aspecto positivo porque estábamos a punto de dejar la puerta abierta para que las empresas multinacionales pudieran salirse con la suya. 
El umbral ha quedado reducido al 0,5 %, lo que es muy apreciable. 
El informe indica también que, si resultase técnicamente posible utilizar un umbral más bajo, hay que conseguirlo. 
El procedimiento de concesión de licencias se da ahora por un año. 
La licencia durará un año. Y luego habrá que renovarla, lo que dará a la gente la posibilidad de determinar si hay que conceder la licencia de nuevo. 
Uno de los aspectos más decepcionantes de la votación de hoy es el hecho de que no se etiqueten los productos lácteos o cárnicos derivados de animales que se han alimentado con productos OGM. 
El público tiene derecho a saber si la leche que bebe proviene de animales que han sido alimentados con forrajes OGM, o si la carne que está comiendo proviene de animales que se han alimentado con piensos OGM. 
No hay duda alguna de que hay un claro vínculo entre lo que come la gente y lo que comen los animales. 
Un buen ejemplo de lo que acabo de decir es la cuestión de la EEB. 
Es evidente que lo que comen los animales tiene consecuencias negativas muy graves para el consumidor. 
Por lo tanto, el consumidor tiene derecho a saber y tiene derecho a elegir y es decepcionante que ese aspecto no se haya tenido debidamente en cuenta en la votación de hoy sobre el informe. 
Sin embargo, se ha conseguido un considerable progreso. 
Europa está mostrando en particular a los Estados Unidos que realmente colocamos en primer lugar a los consumidores, que las multinacionales no tienen derecho a dictar a los consumidores lo que pueden o no pueden tener, y que los consumidores tienen derecho a obtener información y a saber con seguridad qué es lo que están comprando y qué es lo que están consumiendo. 
Señor Presidente, he votado en contra de esta propuesta de reglamento. 
Pienso que estamos empleando mucho tiempo para decidir lo que es bueno o lo que es malo para nuestra alimentación, cómo está compuesto, si contiene o no contiene OMG, mientras que, por contra, muchísimas personas en el mundo tienen hambre y no tienen nada que comer. 
Dicho esto, sin embargo, con todo el respeto que me merece el informe, el Partido de los Pensionistas y yo mismo estamos a favor de los OMG. 
Soy partidario del progreso y el progreso no se puede parar. 
Es mi opinión personal y estoy seguro de que el futuro verá muchos organismos modificados genéticamente en la alimentación. 
Por esto he votado en contra. 
Señor Presidente, yo quería votar a favor de la transparencia, de la apertura y de la protección de los consumidores, de los cuales nosotros también formamos parte. 
Pero no hemos conseguido avanzar en la medida que habríamos deseado a partir del apoyo a la transparencia, la apertura y la protección de los consumidores. 
En vez de apostar a fondo por una solución practicable, la mayoría de esta Asamblea prefirió una solución de principio. 
Yo creo que el populismo, aunque se exponga con tanta vehemencia, no resuelve los problemas, sino que genera una inseguridad aún mayor. 
El camino que se ha marcado no es, lamentablemente, demasiado transitable, a mi parecer. 
Su resultado será generar nueva inseguridad entre los consumidores, que deben recibir la máxima información posible, pero también sólo la necesaria. 
Por este motivo, yo he votado en contra, porque no se trata de una solución practicable, sino de una solución de principio. 
. (FR) La protección del consumidor requiere una información clara y precisa en materia de trazabilidad y etiquetado de los productos. 
Partiendo del principio de que los consumidores deben poder optar a una alimentación ' no OMG? , nosotros estamos en contra de fijar un umbral por lo que respecta a la presencia accidental de OMG no autorizados. 
El umbral del 1% apoyado por el PPE y el del 0,5 % propuesto por el PSE son inaceptables. 
Debe aplicarse la tolerancia ' cero? con respecto a los OMG no autorizados en la Unión. 
Los consumidores no entenderían el hecho de que se toleraran, aún en cantidades infinitesimales, OMG prohibidos. 
El principio de trazabilidad estricta debe asimismo aplicarse a los productos procedentes de los terceros países. 
La importación de productos no ha de dar lugar a una introducción fraudulenta, en los Estados miembros, de alimentos transgénicos cuyo cultivo nosotros no autorizamos. 
Apoyamos las enmiendas que asocian estrechamente, por lo que respecta a la emisión de dictámenes de la Autoridad Alimentaria Europea, a las autoridades alimentarias de los Estados miembros, así como a las administraciones locales y regionales responsables de las cuestiones alimentarias y sanitarias. 
En relación con este espinoso expediente de los OMG, como en otros, no debemos establecer una centralización excesiva que aleje a los ciudadanos de las decisiones que afectan a su vida cotidiana. 
. (FR) Los informes Trakatellis y Scheele se refieren a dos propuestas de reglamentos imbricadas entre sí, que tratan, superponiéndose, cuestiones relativas a la autorización, trazabilidad y etiquetado de los organismos modificados genéticamente. 
Esta presentación, que hace que el expediente sea aún más difícil de comprender, sólo se debe, al parecer, a rivalidades de competencias en el seno de la Comisión. 
Con respecto a los ciudadanos, para quienes ya es difícil entender Europa, este método es intolerable, y por sí solo habría justificado una devolución de dichos textos. 
Puesto que el Parlamento Europeo no ha tenido este comportamiento digno, no le ha quedado otro remedio que votar en medio de cierta confusión. 
En cuanto al fondo, la idea consiste en ofrecer determinadas garantías de rigor en el procedimiento de autorización y etiquetado de los OMG. 
En conjunto, he apoyado las enmiendas tendentes a hacer más riguroso el texto, las cuales, en general, han sido aprobadas. De tal manera que, desde este punto de vista, el resultado no parece ser negativo. 
Desgraciadamente, la Comisión ha introducido en ambos reglamentos un método de votación y de decisión que hará desaparecer la libre elección de los Estados. 
Lo expondré en mi explicación de voto sobre el informe Scheele. 
Por eso me he abstenido con respecto a estos dos informes. 
. (FR) Como no podría ser de otra manera, este informe denuncia, con razón, el carácter fragmentado e insuficiente de la legislación comunitaria sobre los OMG. 
Las grandes sociedades del sector agroalimentario, de la química o de la biotecnología no desean, evidentemente, que se cree una reglamentación demasiado restrictiva, y aún menos que se establezca un control real, sobre todo en un contexto caracterizado por los temores justificados de los consumidores. 
Naturalmente, sería posible imponerles un sistema coherente de obligaciones y sobre todo permitir que la colectividad controle estas sociedades. 
Sin embargo, las instituciones europeas están demasiado vinculadas al empresariado y a sus intereses como para imponerles exigencias en el ámbito de que se trate. 
Sin pretender emular a aquellos que quieren convertir los OMG en un espantajo de los tiempos modernos, sino porque no damos ningún margen de confianza a las alternativas de los capitalistas dictadas no por el principio de cautela, sino únicamente por la obtención de beneficios, votamos a favor de este informe. 
Si bien las medidas propuestas se inscriben en la guerra de competencia a la que se entregan los trusts europeos y norteamericanos, las mismas podrían lograr una mayor transparencia e incluso seguridad para los consumidores. 
Por estas mismas razones y con las mismas reservas, concretamente sobre el respeto de los datos confidenciales, que sólo beneficia a los empresarios, hemos votado a favor del informe Scheele. 
No se puede poner en entredicho el derecho de los consumidores a ser informados sobre el tipo de productos que van a comprar por intereses de multinacionales que quieren camuflar la utilización de OGM en la producción agrícola y alimentaria. 
Por eso es muy importante que se reduzca o incluso se elimine el límite del 1 por ciento propuesto por la Comisión para la inexistencia de etiquetado, teniendo en cuenta que el umbral propuesto dejará sin etiquetado un conjunto importante de productos elaborados con OGM y derivados de ellos. 
Así, pues, el informe es un paso positivo, con las salvaguardas que introduce, lo que justifica la oposición de la propia industria y de los EE.UU., por lo que resulta estratégicamente importante su aprobación, no sólo para la Unión Europea, sino también para su contribución a fin de que no se diseminen los OGM en los países en vías de desarrollo y menos adelantados. 
Las propuestas del PPE han sido lamentables. 
Claro, que en este momento se trata de evitar lo peor, dado que lo esencial era mantener la moratoria sobre nuevas autorizaciones en la esfera de los OGM, pues, como se sabe, éstas impiden una acción en el futuro por ser un paso sin retorno con consecuencias imprevisibles en las esferas medioambiental y económica y para la salud humana y animal. 
(FR) Estoy a favor del consentimiento crítico de cada consumidor. Este último debe disponer de todos los elementos que le permitan decidir si desea o no adquirir los productos que le apetecen. 
Para que el consumidor pueda elegir, debe disponer de informaciones objetivas. 
Ahora bien, actualmente algunos medios se empeñan en asustar al consumidor, cuando no existe ningún indicio respecto a una posible nocividad de productos mejorados genéticamente y, a fortiori, a productos derivados de animales alimentados con productos mejorados genéticamente. 
No entiendo cómo un alimento puede ser calificado de ' biológico? , si el 5% de sus componentes no es de origen orgánico, mientras que insistimos en condenar todos los productos que contengan accidentalmente una ínfima cantidad de OMG. 
Ya es hora de que Europa enseñe la tarjeta roja a los integristas ' verdosos? que convierten la caza de OMG en su medio de vida cotidiano. 
La Unión debe establecer normas adecuadas para el comportamiento responsable de países que, desde los Estados Unidos hasta China, pasando por la India, Sudáfrica y otros, producen y consumen desde hace años, y sin ningún problema, productos mejorados genéticamente, siguiendo para ello una tradición milenaria del campesinado mundial, que mediante selecciones y cruces ha modificado genéticamente todos los productos que consumimos desde hace siglos. 
. (EN) Soy partidario de que haya una directiva que proporcione a los consumidores informaciones que se puedan comprobar y que tengan sentido, para que así puedan estar en condiciones de decidir por sí mismos si compran o no compran alimentos que contengan materiales GM. 
La Unión Europea no debe etiquetar algo que no está presente y que, por lo tanto, no se puede detectar en el producto final. 
Eso sería exagerado, sería imposible de poner en vigor e invitaría al fraude. 
Soy partidario de la norma del 1%. 
Me parece que es un nivel que refleja de forma fidedigna las posibilidades de la tecnología moderna. 
Me opongo a la idea de que se exija el etiquetado de productos provenientes de animales alimentados con piensos GM. 
Tampoco eso se podría aplicar. 
Las investigaciones han demostrado que en la leche, en la carne y en los huevos no se detecta el ADN transgénico proveniente de alimentos GM para animales. 
La tecnología de la modificación genética nos brinda la posibilidad de desarrollar formas de agricultura menos dañosas para el medio ambiente, que utilizan menos plaguicidas, menos herbicidas y fertilizantes artificiales. 
Tengo la convicción de que, con una legislación razonable que tenga en cuenta la necesidad de establecer sistemas verificables que indiquen la presencia de OGM, en la Unión Europea se podrían aprovechar los beneficios que ofrecen los alimentos y piensos GM- y evitar su consumo si así se desea. 
Ante la ausencia de legislación sólida e integrada sobre los organismos genéticamente modificados (OGM) que dé garantías a los consumidores y a la industria, hace ya tres años que se encuentran suspendidos los procesos de concesión de las autorizaciones de comercialización en el nivel de la UE. 
Me congratulo de la legislación que hoy aprobamos (rastreabilidad y etiquetado de los OGM) , dado que hace posible el registro y supervisión del movimiento de los OGM en el mercado, así como de los alimentos para consumo humano y animal con ellos producidos. 
De ese modo, se permite que el consumidor siga las opciones que desee y se facilita el proceso de retirada de un producto, en caso de que se considere necesario. 
Ahora bien, habría sido preferible que se hubieran formulado esas normas en un único reglamento y no en dos, como acabó sucediendo a propuesta de la Comisión Europea. 
Hay, pues, una parcelación innecesaria de la legislación sobre OGM. 
Por otro lado, en la propuesta de Directiva figuran posiciones que, por exceso de celo, pueden abrir una vía a la falsificación, al engaño al consumidor y a la distorsión de la competencia. 
Las normas deben ser claras y simples. 
Por eso, apoyo las propuestas de enmienda presentadas por el ponente, en el sentido de que la rastreabilidad y el consiguiente etiquetado se refiera a OGM y a productos en los que se detecte ADN genéticamente modificado o proteínas genéticamente modificadas. 
La ampliación del etiquetado a otros productos, en los que no hay vestigios de ADN o de proteínas genéticamente modificados, sería totalmente ilusorio para el consumidor. 
Además, semejante disposición sería contradictoria con los objetivos del reglamento y onerosa tanto para las empresas como para el consumidor. 
Señor Presidente, estoy a favor de la comercialización de los alimentos modificados genéticamente. 
Sin embargo, me preocupa que dicha comercialización se realice de una manera desordenada y sobre todo limitando la actividad productiva de los pequeños comerciantes, de los pequeños agricultores y de los pequeños artesanos. 
Me gustaría que en todos estos documentos- directivas, reglamentos- sobre los alimentos y también sobre los piensos, como en este caso, modificados genéticamente, se pusiese más atención en evitar que la progresión en la alimentación OMG perjudique a las pequeñas empresas europeas. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, el Partido Laborista del Parlamento Europeo, quisiera decir que la votación de hoy refleja nuestro deseo de ir más allá de la moratoria y de establecer una verdadera trazabilidad. 
Los consumidores quieren saber cuál es el origen de lo que comen y beben, dónde se puede establecer y comprobar ese origen. 
Necesitamos propuestas efectivas en favor de establecer los umbrales mínimos que se puedan medir y una mejor definición de lo que se puede describir adecuadamente como 'libre de OGM? , en vez de utilizar la ambigua fórmula' no OGM?. 
Hemos votado a favor del umbral de 0,5 %, que es un umbral que se puede aprobar y por encima del cual el producto tiene que llevar la etiqueta GM. 
Ahora bien, por debajo de ese umbral no se puede garantizar que el producto esté ' libre de OGM?. 
Tenemos que crear un ambiente en el cual el etiquetado constituya un estímulo para seguir esforzándose por desarrollar verdaderas zonas de cultivo y producción libres de OGM, en vez de la ficción que presentamos en esta propuesta. 
. (FR) El informe Scheele avala un procedimiento Europeo centralizado muy criticable con vistas a autorizar los OMG, de conformidad con la propuesta de la Comisión COM (2001) 425 final. 
En efecto, esta propuesta remite de una manera imprecisa a una decisión 1999/468/CE sobre la comitología, según la cual: 
1) la Comisión adopta las decisiones relativas a la autorización sobre la base del dictamen conforme de la mayoría cualificada de un ' Comité de reglamentación? compuesto por representantes de los Estados miembros; 
2) si el Comité no esta de acuerdo, el asunto sube al propio Consejo; pero si el Consejo no aprueba la propuesta de la Comisión (por mayoría cualificada) , o si éste no se opone (por unanimidad) , la decisión vuelve a la Comisión, que la adopta. 
Así, es posible autorizar un OMG en contra de la voluntad de una minoría de Estados miembros e incluso, en algunos casos, en contra de la voluntad de una mayoría. 
No se establece ninguna cláusula de salvaguardia nacional a este nivel, aun cuando, por ejemplo, un país expresara por referéndum su oposición a un OMG. 
Este procedimiento está visiblemente destinado a dejar las manos libres a la Comisión para conceder autorizaciones, en cuyo caso los gobiernos dirán luego ' No podemos hacer nada, es la normativa Europea?. 
Así va la democracia en Bruselas. 
. (FR) El Parlamento Europeo acaba de dar un gran paso adelante para responder a la demanda de los ciudadanos europeos preocupados por los efectos de la presencia de OMG en su alimentación. 
Al aprobar el informe de la Sra. Scheele, el Parlamento se ha pronunciado claramente a favor de exigir que todos los productos que contienen OMG (incluyendo, por ejemplo, el chocolate) estén etiquetados. 
Los Verdes lamentan, sin embargo, que, si bien se establece la obligación de etiquetar los productos destinados a los animales, el producto final, la carne, no esté etiquetada. 
Es el único punto negativo de este informe. 
Si bien el productor podrá elegir para los animales piensos que no contengan OMG, el consumidor, por su parte, no podrá saber si dichos piensos contenían o no OMG. 
Es lamentable que el Parlamento no haya llegado hasta el final de su razonamiento. 
No obstante, los Verdes se felicitan de este avance del Parlamento Europeo hacia una mayor legibilidad de cara al consumidor, para que este último pueda elegir libremente entre los productos que contienen OMG y aquellos que no los contienen. 
. (FR) La Comisión presenta una directiva sobre la autorización y el etiquetado de los productos alimenticios y piensos modificados genéticamente. 
En más de un punto, este proyecto refleja la presión de los lobbies del sector agroalimentario. 
Es particularmente grave proponer un umbral aceptable relativo a la presencia, en los productos comercializados, de OMG... ¡no autorizados porque se consideran peligrosos! 
Como subraya Karin Scheele en su informe al Parlamento: con esta medida, 'socavaría toda la legislación de la Unión Europea en materia de bioseguridad'. 
Por lo que respecta a los OMG actualmente autorizados, la Comisión propone un umbral muy alto, por debajo del cual no será necesario informar al consumidor de la presencia de éstos mediante un etiquetado obligatorio. 
Nosotros apoyamos, pues, la propuesta del ponente, que rebaja dicho umbral del 1 al 0,5 %. 
Apoyaremos asimismo toda enmienda que refuerce la directiva en materia de procedimiento de autorización y de derecho del público a la información. 
Detrás de las cuestiones aparentemente técnicas (etiquetado, trazabilidad) se esconden objetivos políticos y democráticos esenciales que, en Francia, adquieren una resonancia muy particular cuando José Bové, dirigente de la Confédération paysanne, está en prisión por luchar en favor de una alimentación que respete los derechos de los productores, la salud de las poblaciones y la calidad del medio ambiente. 
(FI) A través de mi voto, quiero sacar a relucir el punto de vista de los agricultores sobre la indicación ' Genéticamente Modificado? (GM) en el etiquetado. 
Necesitamos datos más fiables de los existentes sobre el origen de los productos para que los agricultores puedan estar seguros del contenido de los productos que adquieren para su producción, particularmente, de los procedentes de fuera de la UE. 
Actualmente, el agricultor no puede garantizar totalmente la ausencia de OGM en los alimentos o materias primas que producen. 
No es posible asumir responsabilidades si no existe la capacidad de controlar ampliamente las materias primas. 
Con el fin de garantizar la protección legal de los agricultores y de todos los que intervienen en la cadena alimentaria, es importante mantener en el 1,0 por ciento el límite de contenido de OGM para la obligación de etiquetado. 
Un umbral inferior no mejoraría de forma significativa la protección del consumidor; al contrario, se correría el riesgo de errores en el etiquetado. 
Lo mismo ocurre con el etiquetado de los huevos o la leche, en cuyo proceso de producción intervienen OGM, ya que su fiabilidad es cuestionable. 
Con la tecnología actual, los agricultores no pueden estar seguros de la ausencia de OGM en las materias primas que utilizan. 
Tampoco es realista la idea de extender la trazabilidad a los productos obtenidos de animales alimentados con OGM utilizados en la alimentación de animales domésticos. 
En tal caso, la detección presupondría en la práctica el control del origen de todas las materias primas utilizadas en los alimentos. 
El plazo de diez años propuesto por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor para la conservación de los datos de registro, en lugar de los cinco años propuestos por la Comisión, me parece exagerado. 
Un plazo tan amplio para la conservación de los registros es complicado de llevar a la práctica y no incrementa de forma importante la protección del consumidor. 
En consecuencia con los argumentos presentados, voté en favor de los puntos que garantizan la protección legal de los agricultores. 
- (NL) Me alegro de que en esta sesión plenaria hayamos recuperado el sentido común, aunque con una mayoría ajustada. 
Después de la votación en la Comisión de Medio Ambiente me pareció que la razón nos había abandonado. 
La propuesta de ampliar el ámbito de aplicación de la obligación de etiquetado y trazabilidad a los animales alimentados en alguna fase con piensos compuestos total o parcialmente por OMG o ingredientes similares, o producidos a partir de estas sustancias, iba realmente demasiado lejos. 
Por fortuna estas enmiendas no llegaron hasta la sesión plenaria. 
Desgraciadamente, eso no bastó para que este informe y el informe TRAKATELLIS merecieran mi voto. 
Para ello debería haberse introducido como factor de discriminación relevante para el etiquetado la posibilidad de detección. 
Es la única forma de conseguir el objetivo principal y permitir que el consumidor elija entre productos diferentes entre sí. 
En este momento dicha elección no queda garantizada, lo cual quiere decir que hemos perdido una gran oportunidad. 
Induciremos a error a muchos consumidores. 
Señor Presidente, ¿cuántas veces, al viajar por Europa, hemos visto ciudades muy bonitas, paisajes agrícolas maravillosos? 
Recientemente estuve en Escocia donde vi páramos maravillosos, un verdadero paraíso para los ojos de cualquier persona. 
¿Cuántas veces, por el contrario, nos encontramos con ciudades en las que, junto a millones de habitantes, hay empresas nocivas y peligrosas, que de la noche a la mañana podrían llegar a ser objeto de esta propuesta de directiva que quiere evitar accidentes relacionados con determinadas sustancias peligrosas? 
El Sr. Lisi, con su gran sabiduría, ha propuesto en este texto trasladar lejos de los centros habitados las empresas dañinas y peligrosas. 
¿Cómo es posible no estar de acuerdo con esta excelente y sabia propuesta? 
Por esto he votado a favor. 
. (FR) Más allá de las propuestas de la Comisión, el informe Lisi realiza una revisión mucho más severa de la directiva Seveso II. 
Hay que subrayar algunos avances: se reducen los umbrales aplicables a las sustancias explosivas, se incluyen nuevas sustancias cancerígenas o determinadas actividades de tratamiento en minas, se contempla el almacenamiento como elemento de peligrosidad potencial para determinadas sustancias. 
El informe expresa la necesidad de integrar al personal de las empresas, su experiencia práctica y profesional, así como su formación, con el fin de lograr una mayor seguridad. 
La voluntad de transparencia y de información al público, así como de asociar a las poblaciones locales a todos los planos de seguridad, es otro elemento muy positivo del informe. 
No obstante, en la elaboración de los planes de seguridad aún falta una verdadera integración de los comités de higiene y de seguridad en el trabajo. 
Con respecto a la subcontratación, el informe recomienda asociar a los personales y formarlos. 
Sin embargo, no se cuestiona la lógica de subcontratación. 
Ahora bien, el objetivo de rentabilidad máxima de las direcciones de empresas, que se traduce por un uso masivo de la subcontratación, contradice la búsqueda de un nivel de seguridad máximo. 
El informe tampoco insiste lo suficiente sobre la responsabilidad de las direcciones de las empresas afectadas. 
A pesar de estas observaciones, y por las razones que he mencionado más arriba, votaré positivamente este informe. 
. (FR) Las sucesivas catástrofes de Enschede en los Países Bajos, de Baia Mare en Rumania, de Doñana en España y de AZF en Toulouse, han llevado al Consejo y al Parlamente Europeo a hacer más rigurosa la reglamentación sobre la utilización de sustancias peligrosas. 
Más vale tarde que nunca, ciertamente. 
Sin embargo, aun cuando el informe sea aprobado, como deseamos, la legislación, sin embargo, seguirá siendo insuficientemente restrictiva y no permitirá exigir a los empresarios que asuman una mayor responsabilidad frente a la colectividad. 
Hay que recordar que esta irresponsabilidad representa un grave peligro para los habitantes de los alrededores e incluso de zonas más alejadas, pero también y sobre todo para los trabajadores de estas empresas peligrosas. 
No obstante, es significativo que en la exposición de motivos el redactor de este informe esté en contra de 'una interpretación extrema del principio de cautela? que podría' penalizar inútilmente a las industrias?. 
Esta indulgencia con respecto a los empresarios, incluso en un texto destinado en principio a reforzar 'el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves', anuncia accidentes más graves debido no ya a la peligrosidad de las substancias, sino a la búsqueda de los máximos beneficios por las empresas. 
- (NL) A raíz de la gran catástrofe pirotécnica que devastó el 13 de mayo de 2000 un barrio entero de la ciudad de Enschede en los Países Bajos salió a la luz que la seguridad existía tan sólo sobre papel. 
La empresa había solicitado y obtenido todos los permisos necesarios, así que no podía pasar nada. 
Los vecinos no estaban al tanto del destino actual del almacén, así que nadie podía expresar su preocupación o exigir que se reforzaran las medidas de seguridad. 
Dos días después insté a la Comisión Europea a que diera a conocer la Directiva Seveso II al público y a que procediera a su aplicación. 
Unas semanas más tarde me entrevisté, junto con otros tres diputados europeos procedentes de los Países Bajos, con la Comisaria Wallström, que se comprometió a elaborar una propuesta para reforzar la Directiva Seveso, que es la que votamos hoy. 
Con razón la Comisión de Medio Ambiente ha endurecido las propuestas relacionadas con el cierre de empresas peligrosas, las medidas de formación de personal, la información facilitada a los ciudadanos y la necesidad de poner a disposición del público los informes de seguridad y los planes de emergencia. 
Por desgracia, también comienza a acusarse la tendencia contraria. 
La ciudad de Rotterdam se queja de que su posición como mayor puerto del mundo se ve amenazada por el hecho de que muchos buques transportan algunos contenedores con material pirotécnico proveniente de China que, de conformidad con las nuevas normas de seguridad, ya no podrán ser admitidos. 
Según parece, estos buques amarrarían en Amberes y el material pirotécnico se llevaría a Rotterdam por carretera, lo cual resulta aún más peligroso. 
Es otro problema que queda por resolver. 
. (EN) Me satisface este informe, que pide que se adopten medidas para precaverse contra los accidentes industriales en zonas urbanas. 
Acontecimientos trágicos como los ocurridos en Toulouse (Francia) y en los Países Bajos, son una prueba lamentable de que la legislación vigente no cumple eficazmente su cometido de proteger a los ciudadanos europeos. 
Solamente cuando la UE consiga una evaluación armonizada de los peligros que presentan las sustancias peligrosas podremos estar seguros de que se está haciendo todo lo posible por precaverse contra posibles desastres. 
Por último, me satisface que se pida la introducción de medidas punitivas contra los propietarios que no cumplen la legislación vigente o que no cumplan la legislación futura. 
Además, como los subcontratistas son muy numerosos en esta industria, reviste importancia vital que las medidas que se adopten les incluyan también. 
Señor Presidente, este informe se refiere a una decisión del Parlamento sobre las normas de participación de las empresas, de los centros de investigación y de las universidades en la investigación científica y sobre cómo hacerla pública. 
Estimo que es muy importante este texto- y por eso he votado a favor- pero quisiera recalcar que considero mucho más importante que la Unión Europea se comprometa a que sus propios científicos se queden en Europa. 
O sea, se deben dedicar más atención y más ayuda, incluso económica, a quienes, campeones desde siempre a la hora de descubrir nuevas maneras para facilitar la vida del ser humano en cualquier parte de la tierra, se dedican a la investigación. 
Creo que un mayor esfuerzo en Europa por parte de la Unión Europea sería muy útil no solo para los actuales pensionistas, sino también para quienes vivirán felizmente en el futuro en Europa. 
. (FR) Me satisface que hoy se cierre el paquete legislativo relativo al Sexto PMID. 
Hemos cumplido con nuestros compromisos al adoptar en mayo de 2002 el informe sobre el Sexto PMID como tal, en junio de 2002 los informes relativos a los programas específicos y, finalmente, en julio de 2002, al adoptar las normas de participación que permiten regular jurídica y financieramente la aplicación de las orientaciones establecidas en materia de investigación hasta 2006. 
Saludo el trabajo realizado en esta fase por la Sra. Quisthoudt-Rowohl, quien no ha escatimado esfuerzos para que las tres instituciones puedan encontrar compromisos que permitan la aprobación en primera lectura. 
La Comisión persigue diferentes objetivos, que nosotros hemos sostenido desde el principio: crear normas más simples, permitir una gestión más rápida y ágil, reforzar la protección de los intereses financieros de la Comunidad. 
Sin embargo, muy pronto surgieron varios escollos. 
Sólo puedo abordar la cuestión de la responsabilidad solidaria. 
La propuesta de la Comisión establecía la responsabilidad solidaria de los participantes con respecto a las subvenciones concedidas con cargo al presupuesto comunitario, incluyendo los fondos gestionados por otros participantes. 
Este concepto reveló muy pronto sus límites, siendo así que tras varios trílogos informales se decidió hacer recaer la responsabilidad con respecto a la parte de los fondos comunitarios asignada a cada participante. 
(Explicación de voto acortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento) 
Felicito a la Sra. Quisthoudt-Rowohl por el excelente informe que nos presenta y al que doy mi apoyo total. 
Como la ponente, concuerdo con el planteamiento seguido por la Comisión de facilitar el acceso a las financiaciones mediante una simplificación de la legislación y una mayor flexibilidad operativa asegurada a los beneficiarios. 
Ahora bien, quisiera subrayar un punto relativo a las regiones ultraperiféricas y en relación con el cual ha presentado una propuesta de enmienda por considerar que reviste gran importancia: se trata de la necesidad de que en los programas relativos a una región ultraperiférica exista un aumento del criterio relativo al valor añadido. 
En el preámbulo al sexto programa-marco se menciona la necesidad de atender las especificidades de las regiones ultraperiféricas en lo relativo al acceso al programa. 
Ahora bien, un aumento del criterio relativo al valor añadido comunitario evita una penalización de las regiones ultraperiféricas, en particular por las dificultades para encontrar interlocutores exteriores dispuestos a asociarse con instituciones radicadas en las regiones ultraperiféricas a pesar de la calidad de los proyectos. 
Señor Presidente, el segundo informe de la Sra. Quisthoudt-Rowohl se refiere a la investigación y a la actividad en el campo nuclear que se desarrolla en Europa y en particular a todo lo que figura en el Tratado EURATOM. 
Aprovecho la ocasión para expresar mi voto favorable a esta decisión y para recalcar que tanto personalmente como en mi condición de representante del Partido de los Pensionistas aquí en Estrasburgo, estoy a favor de la energía nuclear. 
Pero sobre todo estamos a favor de que Europa se decida, de una vez por todas, a decir si debemos desarrollar la energía nuclear o si debemos pararla: o es peligrosa y dañina, y entonces lo es en toda Europa, o es el futuro, y la ciencia es el progreso, y entonces se debe extender a todos los Estados de la Unión Europea. 
Estoy convencido de que esto último sería positivo para todos los ciudadanos de Europa, tanto para los pensionistas como para los trabajadores y los jóvenes. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Kauppi, sobre lo que ha sido el año 2001 en lo que se refiere al euro, la moneda europea, y en particular al papel del Banco Central Europeo. 
Con respecto a este informe, quisiera destacar la parte- algo deficiente, todo sea dicho- relativa a la macroeconomía, es decir, a los presupuestos de los Estados y a su influencia en las iniciativas del Banco Central Europeo. 
Lo hago haciendo votos por que en sus presupuestos los Estados miembros cuiden que los gastos soportados por los institutos nacionales de pensiones en el ámbito de la previsión social sean gastos prudentes, en beneficio de los ciudadanos, y que se imparta cierta justicia entre todos los ciudadanos y no se cometan injusticias como, desgraciadamente, ocurre a menudo. 
. (FR) En la introducción del Informe Anual del Banco Central Europeo para 2001, Wim Duisenberg presenta una interesante opinión personal sobre la integración. 
Considera que ésta conocerá un nuevo impulso, puesto que la moneda única incitará a los ciudadanos a exigir que se eliminen ' otras barreras que se alzan entre los países de la zona?. 
Y concluye que en el futuro, ' la integración europea podría dejar de ser un proceso desde arriba hacia abajo, impulsado por los políticos y los expertos, para convertirse en un proceso de abajo hacia arriba, iniciado por los ciudadanos europeos?. 
Este texto contiene dos confirmaciones: primero, el montaje institucional actual es inestable; segundo, hasta ahora la construcción europea ha sido sobre todo asunto ' de los políticos y los expertos?. 
Sin embargo, nos parece discutible la idea de que con motivo de la moneda única los ciudadanos europeos puedan exigir una mayor integración. 
Este es, sin duda, el deseo de los eurócratas, que querrían que los ciudadanos por fin les dijeran que han tenido razón desde el principio. 
Pero, de momento, no es eso en absoluto lo que se constata sobre el terreno. 
Además, el proceso descrito por el Sr. Duisenberg no es verdaderamente espontáneo, sino más bien teledirigido desde arriba, a través de la existencia de la moneda única. 
Siempre la manipulación. 
Nuestro voto contra este informe es evidente, dadas las afirmaciones que en él figuran, en particular la reafirmación de la "importancia primordial del objetivo prioritario, es decir, el mantenimiento de la estabilidad de precios", independientemente del crecimiento y del empleo, en la defensa de la irracionalidad del Pacto de Estabilidad, recurriendo a una continua "moderación de los salarios" e insistiendo en la vieja receta capitalista de que "los trabajadores paguen la crisis", cuando los aumentos de productividad transferidos de los salarios a los beneficios no han contribuido a una mayor inversión y más empleo, sino al enriquecimiento del pequeño grupo de siempre. 
Olvida la coyuntura económica actual y pide de nuevo más liberalizaciones, privatizaciones, integración de los mercados de capitales y, evidentemente, más flexibilidad laboral y considera injustas las críticas al comportamiento del BCE en relación con la Reserva Federal, al olvidar que la política desinflacionista seguida ha contribuido al desempleo, mientras que la política monetaria restrictiva no ha permitido un aprovechamiento cabal del período de crecimiento económico de la segunda mitad del decenio de 1990, crítica compartida no sólo por diversos economistas de renombre internacional, como Solow, sino también por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. 
Somos categóricamente contrarios a la política monetaria, cruel e insensible del Banco Central Europeo, una política de desigualdad, que explota más aún a los trabajadores y que garantiza beneficios y privilegios a los monopolios europeos. 
En nombre del estricto cumplimiento del pacto de estabilidad y de la lucha contra la inflación, se solicita la continua reducción de los salarios y cambios estructurales en el mercado de trabajo, con el objeto de lograr una flexibilidad aún mayor en el horario de trabajo. 
En nombre del llamado ' ambiente sano? para las empresas y las inversiones, se fomenta la avaricia del gran capital, ignorando las consecuencias económicas y sociales, la inseguridad y el temor de los trabajadores, así como el gran peso económico con que se cargan estos últimos. 
La política del Banco Central Europeo de aumentar o reducir sus intereses, siguiendo la política de los intereses americanos, básicamente viene dictada por la necesidad de financiar proyectos especulativos, que objetivamente conducen a realizar no sólo inversiones no productivas, sino también a ' fraudes? como los de los mercados de capitales, en donde han pagado y seguirán pagando el pato los miles de trabajadores despedidos de sus trabajos, y los miles de inversores engañados. 
Los recientes escándalos en las bolsas americanas, primero con ENRON, ahora con WOLDCOM y XEROX, que ahora se descubren para las empresas europeas, tienen como resultado las retiradas de dinero de los pequeños inversores, el saqueo de las reservas de los fondos de pensiones de las entidades aseguradoras y el sacrificio de miles de trabajadores en aras de los superbeneficios. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Verdes diré que nos satisface este informe y que felicitamos a la ponente. 
Ha sido objeto de muy fuertes presiones para convencerla de que retirase su informe o se prestara a transigir acerca de su contenido. Hay que felicitarla por haber sabido resistir. 
El informe indica que las tasas de aborto son altas en los países en los que la educación sexual es deficiente y en los que no se ponen de relieve las posibilidades de contracepción. 
El informe declara que no hay que servirse del aborto como contraceptivo. 
Estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en que ése es un motivo de preocupación. 
El informe declara que, a fin de proteger los derechos de la mujer y su salud genésica, hay que conseguir que el aborto se pueda efectuar sin riesgos y sea legal y esté al alcance de todos. 
En Irlanda, según la decisión dictada hace tiempo por el Tribunal Supremo en el caso ' X? , cuando hay un riesgo real y considerable para la vida de la madre y cuando ese riesgo sólo se puede evitar poniendo término al embarazo, esa acción es lícita. 
Esto significa que el aborto, de hecho, es legal en Irlanda pero no ha sido objeto de legislación. 
Este asunto preocupa a los médicos, que no disponen de un marco legislativo dentro del cual trabajar y que por lo tanto no se consideran en condiciones de cumplir esa decisión del Tribunal Supremo. 
El acceso al aborto es una verdadera preocupación para las irlandesas. 
Más de 6.600 irlandesas fueron al Reino Unido el año pasado para abortar. 
Recientemente se ha invocado la fórmula en virtud de la cual los ciudadanos de la Unión Europea tienen acceso a cuidados sanitarios en otros países cuando dichos cuidados no estén a su disposición en su propia patria. 
Me gustaría mucho que la Comisión explicara, en el marco de las normas sobre subsidiariedad, de qué forma va a funcionar esa fórmula en la práctica. 
Señor Presidente, al igual que muchos miembros del Grupo del Partido Popular Europeo-Demócratas Europeos, yo también he votado en contra de este texto no solo por el contenido que no refleja completamente nuestra ideología respecto al aborto y a los problemas sexuales que afectan a la salud de los ciudadanos europeos, sino también porque de esta manera trato de subrayar el hecho de que, aunque apruebo que se hable de este tema tan importante, me gustaría y desearía que se hablara con la misma frecuencia de la salud de las personas mayores, de la vida de los pensionistas, de lo qué pasa- ¿y por qué no? -también desde el punto de vista de las relaciones sexuales, entre las personas mayores. 
Me gustaría que se hablara más de ello en este Parlamento. 
Imagínese usted, señor Presidente, si hubiera aquí 200 representantes del Partido de los Pensionistas: seguramente se hablaría más de ello. 
Señor Presidente, me abstuve de votar sobre el informe Van Lancker por muchas de las razones que ya ha mencionado la Sra. Ahern, pero también porque en el informe hay cosas de gran valor. 
El informe declara sin ambages que no debe recurrirse al aborto como método de control de la natalidad. 
Soy Embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas en materia de salud genésica. 
He podido ver con mis propios ojos el alarmante y aterrador incremento del VIH/SIDA no solamente en los países en desarrollo sino también en los países candidatos. 
Estimo que los servicios de salud genésica constituyen un derecho y que deben estar a disposición de todos. 
No hay legislación sobre el aborto en Irlanda. 
Este informe nos causará considerables problemas en relación con la próxima enmienda constitucional. 
El número de abortos en Irlanda es enorme e inaceptable. 
Acepto sin discusión que la Unión Europea no posee competencia en esta cuestión, pero, como ha declarado acertadamente el Comisario Byrne, el suministro de servicios de salud genésica forma parte intrínseca de un buen servicio de salud pública. 
Señor Presidente, he votado en contra de este informe porque estimo que no es de nuestra incumbencia. 
Aunque el informe tiene muchas cosas buenas, también habla de derechos. 
Derechos, ¿a expensas de quién? 
Derechos a expensas del niño nonato y también, por lo tanto, a expensas de la humanidad. 
No creo que pueda rebajarse la humanidad al nivel de las intrigas políticas. 
Me parece que para edificar un mundo mejor tenemos que basarlo en algunas piedras angulares de valor absoluto. 
La vida humana no puede someterse a votación. 
No puede ser algo que se decida por decisión minoritaria o mayoritaria. 
Si nuestra solidaridad no se extiende a la más vulnerable de las criaturas, el niño nonato, entonces nuestra familia humana estará poniendo los cimientos del mundo de mañana en arena anegada con las lágrimas de los niños nonatos. 
Señor Presidente, he votado en contra de este informe porque la Unión Europea no tiene competencia para legislar en materia de abortos. 
En consecuencia, el Parlamento Europeo no debería estar discutiendo sobre informes que dan la impresión errónea de que sí que la tiene, suscitando con ello temores innecesarios entre muchos ciudadanos europeos. 
El problema se complica aún más por el hecho de que Irlanda va a celebrar pronto un segundo referéndum sobre el Tratado de Niza. 
La cuestión del aborto que se plantea hoy en el Parlamento Europeo es como una bombona de oxígeno para los euroescépticos irlandeses, que citarán la votación de hoy sobre esta cuestión como prueba de que Europa quiere imponer el aborto a Irlanda en contra de su voluntad y de que este proyecto, por lo tanto, es un proyecto antidemocrático. 
Todo eso es totalmente falso, pero la adopción de este informe hoy, junto con la propuesta reforma de mitad de período de la PAC, va a hacer que resulte dificilísimo que Irlanda ratifique el Tratado de Niza. 
Es lamentable tener que decirlo, pero si así sucede, los que han apoyado hoy el informe habrán obtenido una victoria pírrica y en ellos recaerá una parte de responsabilidad si el electorado irlandés rechaza de nuevo el Tratado. 
Insto a los colegas parlamentarios a que cesen de preparar informes sobre cuestiones que no son de su competencia y a que, en vez de ello, se concentren en las esferas en que tenemos poderes de codecisión para formular la legislación europea. 
. 
(SV) El informe Van Lancker contiene, a juicio de la delegación conservadora, muchos aspectos importantes y provechosos. 
Sin embargo, la UE no tiene, y no debe tener, competencia en esta materia. 
Por eso hemos optado por respaldar las enmiendas que proponen la eliminación de textos, ya que los asuntos relativos al aborto y a la educación sexual no son de competencia de la UE. 
Votamos también a favor de la enmienda 7, que explica claramente nuestra posición. 
En la votación final votamos en contra del informe. 
. (FR) Este informe identifica hombres y mujeres con los animales, mostrándolos incapaces de dominar sus impulsos sexuales, los cuales les conducen inevitablemente al coito. 
Al proponer una concertación entre Estados miembros, ampliada a los futuros adherentes, sobre la salud sexual y reproductiva y los derechos en esta materia, la Comisión describe la dirección que deben tener los debates: convertir el aborto en algo común y desconstruir la célula familiar. 
La voluntad de la Comisión de acercar las diferentes políticas nacionales sobre esta cuestión forma parte de la racionalización- normalización- de la vida social en el seno de los Estados, sin tener en cuenta las diferencias de identidad. 
Al generalizar la práctica del aborto, el informe recomienda la creación de servicios asistenciales para enmarcarlo, mientras que se abandona a las madres que se encuentran en dificultades. 
El absurdo llega a su paroxismo cuando la Comisión exhorta a los Estados ¡a no perseguir judicialmente los abortos ilegales! 
Por otro lado, el informe anuncia políticas de sensibilización y de información a partir de la infancia. 
Estas medidas violan la integridad del niño y tendrán como consecuencia desconectarlo de la célula familiar, lo que demuestra un desprecio al papel esencial de la educación en el seno familiar. 
. (EN) La delegación del Reino Unido del PPE-DE votará en contra de este informe porque propone una ampliación de las injerencias de la UE a esferas que actualmente no son de la competencia de la Unión Europea. 
. 
(DE) El Grupo cristianodemócrata ha rechazado decididamente el informe van Lancker sobre salud sexual y reproductiva y los derechos en esta materia en el Parlamento Europeo y yo no puedo sino apoyar esta posición. 
No podemos dejar de tener en cuenta la inquietud de los movimientos y organizaciones católicos laicos nacionales de los países candidatos a la adhesión. 
¡El tema del informe no forma parte de las competencias políticas de la UE! 
Conforme al principio de subsidiariedad, las decisiones sobre estos temas se deben adoptar en el ámbito nacional. 
Sobre todo, me preocupa muchísimo que se promueva como práctica habitual la llamada anticoncepción de urgencia, la ' píldora del día siguiente?. 
Esto equivaldría a propugnar la legalización del aborto en los Estados miembros y en los países candidatos. 
Dado que se trata de un tema particularmente delicado, la aprobación del informe suscitará reacciones negativas en los países candidatos con respecto al proceso de ampliación y lo dificultará innecesariamente. 
El informe plantea exigencias sustanciales a los Gobiernos de los países candidatos, que no han tenido ninguna participación en el programa de decisión. 
Yo estoy firmemente convencida de que este modo de proceder no es, en cualquier caso, el camino adecuado para fomentar la confianza en los procesos democráticos de decisión de la UE. 
. (FR) El informe Van Lancker sobre ' la salud sexual y reproductiva y los derechos en esta materia? es una contribución positiva con vistas a incitar a los Estados miembros y a los países candidatos a desarrollar la información y el acceso a los servicios sanitarios sexuales y reproductivos. 
En efecto, las disparidades que existen entre los diferentes países europeos son importantes, pero también lo son las diferencias que existen entre ricos y pobres dentro de cada país. 
Lo mismo ocurre con los actos de violencia sexual, que siguen siendo un fenómeno real e importante. 
El informe pide, pues, a los Estados que creen una distribución de medios contraceptivos gratis o a precios asequibles, que legalicen el aborto, que desarrollen políticas reales de información y de educación dirigidas a los jóvenes, así como de apoyo a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. 
Se trata de un informe que sirve esencialmente de orientación, ya que la Unión Europea no puede decidir sobre políticas sanitarias que entran el ámbito de competencias de los Estados. 
Dicho esto, el informe constituye una orientación una incitación interesante, progresista, tendente a mejorar la situación de miles de mujeres obligadas a sufrir abortos en unas condiciones dramáticas, poniendo a menudo su vida en peligro. 
Esto lo han entendido muy bien algunos diputados reaccionarios, que han hecho todo lo posible por impedir el debate y luego la adopción de este texto: manifestaciones, amenazas, envíos masivos de correos electrónicos... 
Evidentemente, nosotros hemos votado a favor de este informe. 
. (FR) El informe de la Sra. Van Lancker es una verdadera pesadilla. 
El mismo aborda las cuestiones relativas a la sexualidad y a la reproducción sin hablar nunca de aceptar la vida. 
A la lectura de este informe, se tiene la mórbida impresión de que un embarazo es necesariamente un drama. 
Ciertamente, muchas mujeres embarazadas se encuentran en dificultades humanas o materiales. 
¿No atañe más a nuestra responsabilidad actuar en lugar de huir? 
El aborto es la solución fácil que propone una sociedad que se está muriendo porque ya no respeta la vida. 
Hagamos hincapié más bien en la creación de centros de acogida para madres que se encuentran en dificultades, ofrezcámosles verdaderos medios humanos, materiales y financieros para remediar esas dificultades, revaloricemos y reconozcamos social y económicamente la elección de algunos padres de interrumpir su actividad profesional para ocuparse de sus hijos, facilitemos los trámites de adopción... 
En nombre de un combate ideológico hedonista y materialista, y que niega completamente los valores humanitarios, se pretende rechazar a los hijos supuestamente no deseados como se puede hacer desaparecer a los ancianos que, al parecer, molestan. 
Frente a esta cultura de muerte, elijamos la vida desde su comienzo hasta la muerte natural, aceptando los hijos, que son nuestro futuro. 
. (IT) El informe sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos lesiona, entre otras cosas, la igualdad de dignidad entre hombres y mujeres. 
Además, al hablar de derechos reproductivos y no de derechos a la procreación, se acaba por asimilar a la mujer a una paridera animal o a una máquina. 
Como miembros de Alianza Nacional, nos oponemos a este concepto mecanicista del nacimiento de una vida humana y rechazamos la concepción cultural que contrapone la libertad de la mujer al derecho a la vida del nasciturus. 
Es asimismo inaceptable la tesis según la cual el aborto se convierte en un método anticonceptivo y estamos convencidos de que, para proteger la salud, todo producto considerado medicinal debe tener precios accesibles y ha de suministrarse por prescripción facultativa. 
en materia de salud la competencia es de los Estados nacionales, así como las decisiones en el campo de la ética; 
el informe no aborda en lo más mínimo los problemas relacionados con el derecho a la vida y el derecho a una vida digna, ni trata cuestiones respecto a las cuales en repetidas ocasiones hemos instado a la Comisión a que hiciera algo, tales como un fondo destinado a promover ayudas a favor de aquellas mujeres que se encuentran en dificultades económicas o psicológicas y que, sea como sea, desearían llevar a término el embarazo. 
Tampoco se abordan los grandes temas que plantea la sociedad actual, como la afectividad en sentido amplio o incluso la afectividad ligada a la educación sexual; 
la dignidad de la mujer y su participación en uno de los acontecimientos más significativos de la vida, la maternidad, ha sido tratada sólo desde el punto de vista reproductivo o de la gestión de un derecho sexual. 
(Texto abreviado de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Hoy hemos presenciado en el Parlamento la más genuina manifestación de cómo entiende el PE el principio de subsidiariedad. 
No me refiero sólo a la votación de más de 400 enmiendas en diversos informes, que revelan una furia reglamentadora totalmente contraria al concepto de una Unión Europea simplificada y simplificadora, la única que se aproximará a los ciudadanos, sino también a la aprobación del informe Van Lancker sobre derechos en materia de salud sexual y reproductiva, que representa una intolerable intromisión no sólo en la reserva de las conciencias individuales, sino también en la esfera de poderes de los Estados miembros. 
Así, pues, he votado en contra no sólo en cuanto al fondo del informe, que en buena parte está resuelto en mi país mediante referéndum, sino también en cuanto al método intrusivo que esta votación ha asumido, por desgracia. 
El informe y su votación reducen al ridículo las declaraciones que hemos oído sobre el principio de subsidiariedad o el respeto de las competencias privativas de los Estados miembros. 
Para la izquierda, el Derecho no existe: todo depende sólo de la causa ideológica que se persigue. 
Al final, por eso precisamente es por lo que la Unión, al entrometerse en esferas a las que nadie la ha llamado, se va volviendo impopular para muchos, ora por un motivo ora por otro. 
Pero, si quisiéramos realmente debatir quién influye a quién a largo plazo, creo que será la legislación humanista portuguesa contraria a la liberalización del aborto y protectora del derecho a la vida la que será adoptada en otros países a lo largo del siglo. 
Ante los avances de la genética, la embriología, la fetología, la medicina, el siglo XXI no conseguirá seguir negando por mucho más tiempo lo que es una evidencia cada vez más conocida incluso en detalle: en cada crisis en materia de aborto hay una vida humana por nacer- individual, singular e irrepetible- con dignidad por reconocer y proteger en la plenitud. 
En ese día, cuando la dignidad humana prevalezca por entero en Europa y todos seamos Estados de derecho para todos, las cifras que observaremos en las estadísticas de estos decenios no dejarán a nadie orgulloso. 
. 
El aborto es una materia que no pertenece al ámbito comunitario, puesto que los asuntos relacionados con la salud son de competencia nacional. 
Los cristianodemócratas opinamos que sería erróneo traspasar competencias legislativas del parlamento sueco, y de los demás parlamentos nacionales, a la UE respecto a la protección jurídica de los que están por nacer. 
Este asunto es de tal trascendencia para la moralidad de las personas y los países, para el concepto de inviolabilidad de la vida y de la dignidad humana y tan estrechamente vinculado a las tradiciones nacionales que en el futuro debe permanecer en el ámbito de los parlamentos nacionales. 
En el artículo 12 del informe se fija claramente la orientación respecto del aborto. ' El Parlamento Europeo recomienda que, para proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres, se legalice el aborto, con objeto de hacerlo más accesible a todos y eliminar así los riesgos de prácticas ilegales?. 
Es evidente que en este punto el Parlamento Europeo no está dispuesto a tener en cuenta el hecho de que numerosos Estados miembros- entre ellos Irlanda, Portugal y Alemania- entienden que la extracción del feto se opone al principio de que la principal misión del estado es la protección de la vida, especialmente de los indefensos. 
. (EN) Me sorprende sobremanera que la Conferencia de Presidentes haya autorizado el informe Van Lancker que trata de cuestiones respecto de las cuales la Unión Europea carece de competencia. 
Los servicios de salud pública, el aborto y la enseñanza son cosas de la responsabilidad exclusiva de los Estados miembros y los países candidatos, que se resuelven en consonancia con sus requisitos constitucionales y jurídicos. 
En cuanto a la posición irlandesa, el artículo 40.3.3 de la Constitución ' reconoce el derecho a vivir del niño nonato teniendo debidamente en cuenta el derecho igual a vivir de la madre?. 
En virtud de ese artículo de la Constitución, el aborto es ilegal en Irlanda. 
La ' píldora de la mañana siguiente? , que según el fabricante es un abortivo, también es ilegal en virtud de las secciones 58 y 59 de la Ley de delitos contra la persona, de 1861, que es una ley irlandesa de derecho escrito. 
El artículo 42.1 de la Constitución irlandesa enuncia lo siguiente: ' El Estado reconoce que la entidad educadora primaria y natural del niño es la Familia y garantiza el respeto del derecho y la obligación inalienables de los padres de velar, según sus medios, por la educación religiosa y moral, intelectual, física y social de sus hijos. 
(Texto abreviado de conformidad con el artículo 137 1) del Reglamento) 
. 
(SV) El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es un derecho fundamental que no hay que vulnerar. 
Por eso rechazo las enmiendas 2 y 5 y, evidentemente, las enmiendas que atentan contra este derecho. 
Vamos ahora a interrumpir nuestros trabajos. 
La sesión se reanudará a las 15.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 13.32 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la lucha contra el hambre. 
. (EN) Para la Comisión y la Unión Europea la cumbre ha brindado la oportunidad de renovar el diálogo con los países en desarrollo acerca de la ejecución del Plan de Acción de Roma, y de confirmar nuestra voluntad política de luchar contra el hambre y la desnutrición. 
Resultado de la cumbre fue la adopción de una declaración que contiene muchos elementos valiosos que espero apoyen y faciliten la promoción de una acción coordinada a fin de conseguir el objetivo fijado en la cumbre de 1996. 
Obrando con este espíritu, la cumbre decidió establecer un grupo intergubernamental de trabajo con participación de todos los interesados directos a fin de elaborar, dentro de un período de dos años, un conjunto de directrices voluntarias sobre el derecho a una alimentación adecuada. 
El objetivo de las directrices es apoyar los esfuerzos de los Estados miembros de la FAO a fin de conseguir la materialización gradual del derecho a una alimentación adecuada en un contexto de seguridad alimentaria nacional. 
El tiempo nos dirá cuáles serán las consecuencias de esa decisión. 
No hace falta decir que queremos ser parte en ese esfuerzo y cerciorarnos de que se desarrolla en la buena dirección. 
La adopción de esa declaración apoyada por todos los Estados miembros de la FAO ha mejorado sin duda alguna el perfil de la lucha contra el hambre y su lugar en el programa de trabajo internacional. 
La Comisión acoge con satisfacción ese logro positivo y se alegra de ver que la declaración refleja las opiniones de la UE sobre muchas cuestiones. 
Ahora bien, en nuestra opinión la declaración no menciona un aspecto estratégico fundamental, un aspecto que la UE ha apoyado siempre firmemente: la importancia de elementos diferentes de la productividad y la producción agrícola, en la campaña contra la inseguridad alimentaria. 
Es esencial que las cuestiones que voy a mencionar se consideren simultáneamente y en el marco de las estrategias nacionales de reducción de la pobreza. 
Esos elementos esenciales son los siguientes: disponibilidad, producción, reservas estratégicas y comercio de alimentos; acceso a los alimentos- por ejemplo crecimiento económico, empleo, ingresos- a fin de dar real valor a dicho acceso; respuesta en caso de situaciones de crisis, como por ejemplo redes de seguridad, y problemas de nutrición, que, a fin de cuentas, son el principal elemento de todos los demás. 
En particular, la cumbre no denunció claramente ni aclaró las causas más importantes y supremas del hambre, que son la mala gobernanza y los desastres causados por el hombre. 
Algunas estimaciones dicen que aproximadamente el 80% de las personas que padecen hambre son víctimas de conflictos, o sea problemas creados por el hombre. 
Hay diferentes versiones de lo que acabo de decir, y Zimbabwe es uno de esos casos. 
Los problemas de Zimbabwe son, en gran parte, problemas causados por el hombre. 
Ahora bien, también hay una verdadera sequía en África meridional. 
Huelga decir que proporcionaremos ayuda humanitaria, pero hay que tener en cuenta que gran parte de lo que sucede es culpa del hombre. 
Las declaraciones y llamamientos públicos de la FAO durante el proceso de preparación y la propia cumbre han hecho demasiado hincapié en la necesidad de recursos adicionales de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y en el papel de la agricultura y el desarrollo rural. 
La cuestión de la AOD se ha tratado ya razonablemente en la Conferencia de Monterrey, y la UE sigue haciendo suyos tanto el consenso de Monterrey como los claros compromisos en favor de una mayor AOD que se acordaron en Barcelona y que se presentaron en Monterrey, a los que el Ministro danés acaba de referirse con mayor detalle. 
En Roma hubiera sido más apropiado volver a poner de relieve uno de los principales temas de cumbres y conferencias recientes: la necesidad crucial de que los países en desarrollo revisen su desarrollo nacional y sus políticas sectoriales a fin de tener debidamente en cuenta las necesidades y las limitaciones de la inseguridad rural en términos de alimentación y recursos. 
Esto debería ser preludio de la formulación de estrategias nacionales de reducción de la pobreza, con inclusión de las preocupaciones suscitadas por la seguridad alimentaria, poniendo especialmente de relieve la agricultura y el desarrollo rural cuando sea apropiado. 
Entonces el papel de la comunidad de donantes consistiría en apoyar la ejecución de estrategias y políticas nacionales de forma coordinada. 
El Parlamento Europeo contribuyó al debate internacional con la adopción, el 16 de mayo de 2002, de la resolución sobre la cumbre. 
La Comisión conviene con el dinamismo general de esta resolución, que contiene muchos elementos importantes como el apoyo del Consenso de Monterrey y la importancia concedida a la necesidad de que haya mayor coherencia normativa en los países desarrollados. 
En particular, la Comisión acoge con satisfacción el recordatorio del Parlamento de que la ayuda alimentaria ha de quedar reservada para casos de emergencia y sólo debe concederse en forma de donaciones, adquiriendo siempre que sea posible los suministros en el plano local o dentro de la región. 
En cambio, la Comisión no apoya todos los elementos contenidos en la resolución, en particular el llamamiento hecho a la propia Comisión y a los Estados miembros de la UE para que aporten una contribución al Fondo Fiduciario de la FAO establecido el año pasado. 
Lamento que los mismos llamamientos en favor de aportar contribuciones a ese fondo se hagan en algunas de las propuestas presentadas en este período parcial de sesiones del Parlamento. 
La opinión de la Comisión sobre el particular sigue siendo la misma que expuso con ocasión del último debate. 
La política de la Comisión Europea consiste en apoyar directamente los programas y procesos de desarrollo nacionales y regionales en el contexto de sus acuerdos regionales de asociación. 
Estoy firmemente convencido también de que la multiplicación de instrumentos de financiación, como por ejemplo fondos fiduciarios separados, etc., no contribuirá a la generación de corrientes financieras adicionales sino que fomentará la desviación de fondos. 
La Comisión coincide también con la política de larga data de la Unión Europea de que la FAO debe concentrar sus recursos allí donde posea las mejores capacidades y genere un valor añadido, y que ésa es su labor normativa. 
La orientación de las posibles acciones en el marco del Fondo Fiduciario parece hallarse fuera del área mencionada, y por consiguiente no quiero que la Comisión fomente ese enfoque. 
Además, el enfoque de la FAO a la seguridad alimentaria está muy basado en la producción y no promueve el concepto más amplio de la seguridad alimentaria. 
A pesar de ello cooperamos financieramente con la FAO en programas y proyectos específicos y seguiremos haciéndolo, siempre que veamos que hay competencia, valor añadido y excelencia profesional que corresponden a las prioridades y a los objetivos de la política de desarrollo de la Comunidad. 
Por eso la Comisión no considera la posibilidad de contribuir al Programa Especial de la FAO para la Seguridad Alimentaria y al Fondo Fiduciario como aspectos prioritarios de su cooperación para el desarrollo. 
He de añadir aquí que la resolución del Parlamento del 16 de mayo de 2002 fue adoptada, con arreglo a la Regla 37. 2 del Reglamento, a raíz del debate sobre la declaración formulada por la Comisión, sin ninguna consulta previa con la Comisión. 
Por eso en mi discurso de hoy he mencionado aquí muy específicamente los nuevos proyectos. 
Estimando que el papel fundamental del desarrollo rural y de la agricultura es luchar contra la pobreza, la inseguridad alimentaria y la degradación ambiental, la Comisión presentará, antes de que acabe el año, una comunicación al Consejo y al Parlamento sobre ' lucha contra la pobreza rural-política y enfoque de la Comisión Europea al desarrollo rural y a la gestión sostenible de recursos naturales en los países en desarrollo?. 
Para acabar me gustaría recordar que esta Cumbre Mundial sobre la Alimentación es un paso más en un largo proceso que comenzó en Doha y en Monterrey y que acabará dentro de menos de dos meses en Johannesburgo. 
Tengo la convicción de que cada una de las conferencias principales que han tenido lugar desde Doha no han constituido de por sí una respuesta al déficit de gobernanza mundial con que nos enfrentamos. 
Únicamente la totalidad de esas diversas conferencias puede dar una respuesta significativa a los problemas del desarrollo sostenible y es esa totalidad lo que define lo que nos gusta denominar negociación global. 
Señor Presidente, hoy cumple mi madre 97 años, durante los cuales ha sido testigo de guerras y hambrunas, de pobreza y de pestes, y ha sido testigo también de que nuestro mundo ha sabido encontrar los conocimientos necesarios para prevenir o derrotar esas calamidades globales. 
Pero hay algo de lo que todavía no ha sido testigo: ver unirse a los dirigentes de nuestro mundo, verles usar esos conocimientos para instaurar paz y salud, y medios de vida para los 800 millones de nuestros compañeros humanos que padecen hambre. 
Mi madre tenía 69 años cuando la primera Conferencia Alimentaria Mundial prometió que todo el mundo- excepto 400 millones de personas- iba a quedar libre del hambre; todo el mundo. 
Tenía 91 años cuando la Cumbre Alimentaria Mundial abandonó esa promesa y fijó como objetivo reducir a la mitad el número de los que padecen hambre en el mundo o sea reducir su número a 400 millones, para el año 2015. 
Ahora sabemos que ese objetivo tan lamentablemente modesto ni siquiera se alcanzará antes del año 2030. 
Durante la segunda mitad de la vida de mi madre han muerto de hambre 400 millones de personas, tres veces más del número de personas cuyas vidas se cobraron las guerras durante toda la vida de mi madre. 
Hoy, día de su cumpleaños, morirán otras 24.000 personas. 
Me parece que era lógico esperar que la Cumbre de Roma acordara un plan de acción para poner término a esta matanza. 
Estoy seguro de que los dirigentes del mundo occidental hubieran apoyado un programa encaminado a luchar contra las causas del hambre, de la pobreza, de los conflictos, de las enfermedades, de la necesidad de saneamiento, de la mala gobernanza, de los desastres causados por el hombre, y de la producción y distribución inadecuadas de alimentos en los países, que son exactamente los aspectos que usted, Comisario, destacó en su carta del 20 de junio dirigida al Sr. Diouf, en la que describía lo que no había hecho la cumbre. 
Tenía usted razón, pero me parece que pecó usted por exceso de cortesía. 
Tenía que haber comenzado por condenar a los Estados miembros de la UE, de los cuales únicamente Italia, el país anfitrión, y España, que ocupaba la Presidencia, enviaron a jefes de gobierno. 
El Gobierno Laborista del Reino Unido no envió siquiera al Sr. Blair, ni siquiera a la vehemente Clare Short. 
No, enviaron a un funcionario subalterno, alguien que formaba parte de la ' Dependencia para compartir conocimientos sobre iniciativas especiales? del DFID. 
Eso refleja todo el interés que tenían. 
¿Dónde ha quedado la pasión de obrar? 
La prensa italiana dejó bien sentado que los delegados tenían más interés por la dolce vita que por la lucha contra el hambre en el mundo. 
Se ha tardado dos años y medio en preparar la cumbre. 
Ha costado millones. 
Estaba tan bien organizada que el documento final estaba ya aprobado antes de que comenzara la reunión. 
Ahora bien, ¡qué declaración! 
Recuerda, reconoce, reafirma, reitera y después empieza de nuevo por el principio. 
La nueva política de ayuda a los hambrientos del mundo no es ya 'lo que sea, menos armas? , sino algo así como' como primera medida, hay que blandir las armas?. 
Una recomendación lo resume todo, y el Comisario la ha citado: ' Invitamos a la FAO a que establezca un grupo intergubernamental de trabajo para preparar dentro de un plazo de dos años un conjunto de directrices voluntarias para que los Estados miembros puedan lograr la materialización progresiva del derecho a una alimentación adecuada. 
' ¡Qué mensaje de esperanza para los hambrientos! 
¡Qué manera de escabullirse! 
No penséis nada, no veáis nada, no hagáis nada. 
Nada de nuevas ideas, nada de nuevas visiones, nada de nuevas iniciativas, y nada de urgencias. 
En el año 2015, y sin duda alguna también en el año 2030, volveremos a lamentar la falta de progreso, la eternización de los plazos, la reducción de los objetivos, el establecimiento de grupos de trabajo y la falta de ayuda a las naciones hambrientas para que resuelvan sus necesidades. 
De nuevo haremos llamamientos de emergencia para hacer frente a las consecuencias de nuestra actual inactividad. 
Pensamos ahora en Johannesburgo y nuestro mensaje tiene que ser: ' Europa, despiértate; despiértate, mundo occidental?. 
Superemos de una vez esa enfermedad política del sueño que parece paralizarnos ante desastres que, todos juntos, podríamos evitar. 
¿Por qué continúa habiendo 800 millones de personas con el estómago vacío? 
Porque los dirigentes fallan en todo el mundo. 
En principio hay alimentos para todos. 
Tampoco faltan los objetivos y las buenas intenciones. 
A menos resultados más cumbres, aunque éstas se limitan a concluir que hay que intensificar las medidas de acción. 
¿Quién tiene la culpa: los países ricos o los países pobres? 
Los países desarrollados son hipócritas. 
A pesar de sus hermosas declaraciones de principios continúan subsidiando su propia agricultura de forma excesiva y no dejan de proteger su propio mercado. 
La liberalización del mercado mundial no se ve obstaculizada únicamente por Europa sino también por los Estados Unidos y otros grandes Estados agrícolas. 
Las empresas occidentales siguen explotando su monopolio de patentes en materia de técnicas y cultivos y la cooperación al desarrollo debería centrarse más en la agricultura y la transferencia tecnológica. 
Los propios países en vías de desarrollo también fallan. 
Aunque la mayoría de la población viva en zonas rurales se presta muy poca atención a la producción alimentaria. 
Las hambrunas no se deben únicamente al clima o a las barreras arancelarias: las interminables guerras, la falta de respeto por la naturaleza, el excesivo crecimiento demográfico, la urbanización incontrolada, la deficiente infraestructura y sobre todo la corrupción y la mala gestión ponen trabas al desarrollo de una agricultura sana. 
Para alimentar a los habitantes de las atiborradas ciudades se acude a la importación de productos. 
Apenas existe el comercio regional y predomina el monocultivo. 
En lugar de garantizar alimentos asequibles para todo el mundo los dirigentes prefieren saciar sus propias necesidades militares. 
Las declaraciones solemnes y la incansable repetición de conclusiones anteriores no son manifestaciones de una verdadera voluntad política, sino meros intentos de ocultar la falta de voluntad. 
Las personas con hambre ya no tienen apetito por estas cosas. 
Tienen el estómago lleno de promesas, pero lo que necesitan son alimentos. 
Señor Presidente, cumbre mundial tras cumbre mundial se van desvaneciendo las esperanzas de días mejores para la Humanidad. 
Como en Monterrey, también ahora la Cumbre Mundial de la Alimentación ha distado de alcanzar los esperanzadores propósitos que su programa inicial permitía esperar, pero esta Cumbre de la FAO ha permitido, entretanto, confirmar lo que no hemos dejado de afirmar: los objetivos de la lucha contra el hambre y la subalimentación fijados en 1996 distan de haberse alcanzado y quizás esté cada vez más lejos de que así sea. 
Y es así pese a que el de una alimentación sana y suficiente constituye un derecho fundamental de todos los seres humanos. 
Ahora bien, eso sucede porque falta un programa-objetivo, porque faltan medios, porque faltan orientaciones y medidas adecuadas (en particular, encaminadas al acceso a la tierra y al agua por parte de las poblaciones y convenientemente basadas en una concepción de desarrollo sostenible en que el derecho a la soberanía alimentaria y el apoyo a la agricultura familiar y comunitaria deberán constituir elementos esenciales) , porque falta una política correcta de distribución de la riqueza y porque falta sobre todo voluntad política, como ha puesto de manifiesto perfectamente el reducido número de Jefes de Estado o de Gobierno de los países desarrollados presentes en Roma. 
Pero sucede también porque simultáneamente sobran los factores de perturbación que impiden una inversión de la dramática situación actual, como son la completa prioridad concedida a los aspectos comerciales y a las políticas ultraliberalizadoras, las ayudas concedidas por los países ricos a sus exportaciones de bienes en el sector primario, bien patentes en las recientes decisiones norteamericanas en esa esfera o incluso la desproporcionada promoción ahora concedida a las biotecnologías. 
Ahora queda esperar, aun cuando no haya demasiadas razones para seguir abrigando esperanzas, que en Johanesburgo se inicie una nueva etapa más prometedora. 
Y una vez más reafirmamos la necesidad de que la Unión Europea desempeñe al respecto un papel importante en la defensa del derecho de los países más pobres a proteger sus recursos haliéuticos y desarrollar sus economías rurales, con vistas a garantizar su soberanía alimentaria en el marco de un deseable desarrollo sostenible. 
Lamentablemente, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación organizada por la FAO ha demostrado que los temores que yo había manifestado hace un mes y medio en el seno de esta misma Asamblea eran perfectamente fundados. 
La ausencia de trece jefes de Estado europeos en esta Cumbre, así como la solicitud que realizó el Primer Ministro italiano de avanzar la hora de clausura de la conferencia con motivo de un partido de fútbol demuestra, con toda evidencia, el escaso interés que suscita en nuestros países el hambre en el mundo. 
Se multiplican las conferencias internacionales: Monterrey, Roma, Johannesburgo; se quiere hacer creer que el desarrollo es el centro de las preocupaciones europeas. 
Sin embargo, paralelamente, se suprime el Consejo de Desarrollo de la Unión Europea y quizá pronto la DG ' Desarrollo?. 
Y nos abstenemos de participar en los compromisos vinculantes, o de adoptarlos, en favor de las poblaciones más pobres. 
Esa es la otra inmensa decepción con respecto a la Cumbre, durante la cual sólo se suscribieron los compromisos anteriormente adoptados, sin que hayamos sido capaces de asignar los medios concretos para llevarlos a la práctica, al igual de lo que, por otra parte, ocurrió en Monterrey, o sea: vamos de peor en peor. 
El Sr. Berlusconi se atrevió incluso a poner en duda la responsabilidad de los países industrializados frente a la situación crítica en que se encuentran los países en vías de desarrollo. 
' A Dios rogando y con el mazo dando? , manifestó. 
Lo mismo puede decirse del hecho de que la OMC ayude a los Estados Unidos y a la Unión Europea a mantener o incluso a aumentar sus subvenciones a las exportaciones de productos agrícolas, lo que es contrario al sacrosanto principio del libre cambio que estos mismos Estados propugnan y que practican ampliamente, en detrimento de los países pobres, principales exportadores de materias primas. 
¿Cómo se puede todavía dar algún crédito al Gobierno norteamericano, que acaba de aumentar sus subvenciones a su sector algodonero, o a los Estados europeos, que en Doha se negaron a fijar un calendario para reducir sus subvenciones a las exportaciones agrícolas? 
La resolución propuesta por el Parlamento Europeo nos decepciona porque se niega a denunciar la distancia que separa las palabras de nuestros gobiernos de sus actos. 
Los emperadores romanos tenían antiguamente un lema para los más pobres: pan y circo. 
Creo que en Roma, no faltó el circo, pero se olvidó el pan. 
Señor Presidente, mucho me alegra estar hoy aquí, y dirigirme a este Parlamento por vez primera en mi primer día como diputado del Parlamento Europeo. 
El hecho de que dos veces en los últimos meses la Cumbre Alimentaria Mundial haya sido tema de discusiones y de resoluciones en este Parlamento transmite un importante mensaje sobre la prioridad que concedemos a la cuestión del hambre en el mundo. 
Todo ser humano tiene derecho a disponer de una alimentación sana y nutritiva y un derecho fundamental a que se le proteja contra las hambrunas. 
El hambre y la desnutrición no se deben sencillamente a que no haya suficientes alimentos en el mundo. 
En la actualidad se estima que 815 millones de personas padecen hambre. 
Esto es totalmente inaceptable y nosotros, los que vivimos en el occidente rico y bien alimentado, tenemos la obligación moral de hacer algo para corregir la situación. 
Señor Presidente, si me lo permite usted aprovecharé la ocasión de mi primer discurso en este Parlamento para decir unas cuantas palabras en mi propio idioma nativo, el idioma irlandés. 
Tá an rímeád orm bheith in ann freastal anseo mar theachta le h-aghaidh Cúige Connacht/Uladh in Éirinn. 
Molaim an dea-seirbhís a thug mo réamhtheachtaí san áras seo, Pat the Cope Gallagher atá anois mar bhall do Rialtas na h-Éireann. 
Gealaim fhreastail go díograsach ar mhuintir mo Réigiún, go mormhór maidir leis na polaisaithe a bhaineann le saol laethiúil na ndaoine faoin tuath agus sna bailte beaga. 
Chaith mé níos mó ná ocht bliain mar bhall de Coiste na Réigiúin agus creidim go láidir ar thabhacht na réigiúin agus chumhacht a bhronnadh orthu chun gnéithe lárnacha dár saol a dhíriú dóibh féin. 
Tá aithne maith agam ar na rudaí sa réimse Eorpach a chuireann faitíos ar chosmhuintir iarthair na h-Éireann faoi láthair. 
Táimse an-ghar de lucht na feirme agus lucht an éisc agus tuigim go bhfuil athruithe móra san aer mar gheall ar pholaisaithe a leasú. 
Deirim anois go soiléir é, ionas go mbéadh sé cláraithe, seasfaidh mé taobh le taobh le muintir na tuaithe agus déanfaidh mé polasaithe a chosaint a thabharfaidh saol maith dos na daoine sin agus a gheallfaidh todhchaí cinnte dos na glúinta atá le theacht. 
Ar thaobh na talmhaíochta, caithfimid an Polasaí Comónta a choiméad agus a shabháil ó na h-ionsaithe atá ag teacht ó ghrúpaí agus ó thíortha a bhfuair mórán ón Eoraip agus an Margadh Comónta Inmhéanmach. 
Is polasaí é a thug seirbhís maith do mhuintir na h-Eorpa agus oireann sé do roinnt daoine dearmad a dhéanamh ar an mhéid sin agus Tógáil na h-Eorpa a fheiceáil mar cheist shimplí cuntais bhainc. 
Tá fhios agam go bhfuil díospóireacht faoi gnéithe áirithe den Pholasaí Comónta na h-Iascaireachta níos déanaí agus tá súil agam go mbeidh seans agam roinnt pointí a rá ar an polasaí síud. 
Déarfaidh mé abairt amháin ag an bpointe seo: ní féidir le phobal a bhraitheann ar an bhfarraige glachadh leis na moltaí is déanaí a rinne an Coimisiúin. 
Chun críochníu, ba mhaith liom a rá go cruinn agus go sóiléir, mar teachta ó Éirinn, go mbeidh aidhm pholaitíuil amháin agam idir é seo agus an Fhomhair, sé sin tábhacht Chonraidh Nice a chur in iúil do mhuintir Connacht / Ulaidh chun go nglacfar leis san dara reifreann a bheidh againn in Éirinn roimh deireadh na bliana. 
(Me enorgullece que se me haya brindado la oportunidad de servir a la población de Connaught-Ulster, en Irlanda. 
Quisiera rendir homenaje a la actuación de mi predecesor, Pat the Cope Gallagher, que está prestando servicio ahora en el Gobierno irlandés. 
Me comprometo a servir sinceramente a la región que represento, en particular por lo que se refiere a las políticas que afectan a la vida cotidiana de los habitantes de comunidades rurales. 
He sido un miembro del Comité de las Regiones durante ocho años, y estoy firmemente convencido del importante papel que desempeñan las regiones y de la necesidad de potenciarlas para que puedan adoptar decisiones sobre los numerosos aspectos que afectan a sus comunidades. 
No ignoro que en la actualidad hay algunos elementos de la política de la Unión Europea que son causa de preocupación para los habitantes de Irlanda occidental. 
Conozco de cerca a las comunidades pesquera y agrícola y sé muy bien que se están ventilando actualmente importantes propuestas que afectan a esas dos esferas. 
Quisiera hacer constar claramente en acta que seré adalid de la solidaridad con las comunidades rurales y que defenderé toda política que garantice una vida decente a esas comunidades y un futuro para las próximas generaciones. 
En lo que se refiere a la agricultura, la PAC es una política que hay que defender contra los ataques de países o grupos que olvidan cuando les conviene los beneficios que han obtenido del Mercado Único, así como la necesidad de que haya cohesión socioeconómica. 
La PAC ha servido bien al pueblo de Europa, hecho que hacen como que olvidan los que no ven en la construcción de Europa más que un ejercicio contable. 
Sé que más adelante habrá un debate sobre la pesca y espero poder decir algo sobre el particular entonces, pero quisiera hacer un comentario más: las actuales propuestas de la Comisión son totalmente inaceptables para las comunidades que dependen mucho de la pesca. 
Para acabar, quisiera declarar brevemente como diputado irlandés que desde ahora hasta el próximo otoño tendré un objetivo político principal: persuadir al pueblo de Connaught-Ulster de la importancia del Tratado de Niza, esperando que se pueda ratificar en el próximo referéndum, antes de que acabe el año en curso.) 
Señor Presidente, en la reciente Cumbre mundial sobre la alimentación, celebrada en Roma, 182 naciones renovaron su compromiso de poner fin a la tragedia del hambre en el mundo que cuenta todavía con 800 millones de personas subalimentadas. 
Lamentablemente, cinco años después de la primera Cumbre de 1996, debemos constatar que el objetivo de reducir su número a la mitad, en 2015 a más tardar, ha fracasado estrepitosamente. 
Este abismo entre promesas y realidad se debe superar sea como sea. 
La exigencia de luchar contra esta tragedia cobra más fuerza también por la consideración de que el hambre es al mismo tiempo causa y efecto de pobreza. 
Una persona hambrienta no es una persona libre, es una persona desesperada y se le puede convencer fácilmente para que participe en acciones desesperadas, como conflictos, crímenes internacionales, tráfico de estupefacientes, trata de seres humanos, inmigración ilegal y terrorismo. 
No cabe duda de que es necesaria una mayor atención por parte del mundo occidental, y el compromiso de dedicar el 0,7 % del producto interior bruto de los países industrializados está en el primer plano de la actualidad, puesto que, como dijo John Fitzgerald Kennedy, "nadie puede considerarse rico si sus vecinos son pobres". 
He aquí porque necesitamos hechos y proyectos concretos. 
Es necesario actuar de inmediato para evitar que otros 2.000 millones de personas, como se desprende de los estudios demográficos, vayan a sumarse a los 4.000 millones actuales que viven excluidos del bienestar. 
De todas maneras, el buen gobierno de estos países en vías de desarrollo continúa siendo una condición esencial para reforzar aquella colaboración indispensable para alcanzar los objetivos fijados. 
El acceso a la información, como propone el primer ministro italiano Berlusconi, y no el desinterés como ha observado el Sr. Rod, y el nuevo modelo de organización estatal digitalizada para combatir la corrupción y aumentar la eficacia, convertirían, sin duda, en más transparente toda utilización de las ayudas al desarrollo. 
Asimismo es preciso hacer frente de manera urgente, a través de una conferencia de los países miembros de la FAO, a la cuestión del correcto funcionamiento de la misma Agencia. 
Es necesario reformar y racionalizar el funcionamiento y la gestión, con el fin de mejorar la transparencia y la eficacia y lograr acciones y resultados mejores. 
En Johannesburgo tendré la oportunidad de comprobar, junto con la delegación del Parlamento Europeo, si la Unión Europea será realmente capaz de asumir y de hacer que se asuman compromisos políticos concretos con plazos definidos, cuyo cumplimiento deberá basarse en una asociación efectiva. 
Señor Presidente, la reunión de Johannesburgo- ya se ha dicho- es la tercera gran cumbre en la que se perfila la estrategia internacional de lucha contra la pobreza. 
La primera fue la de Monterrey, sobre la financiación del desarrollo, con resultados mediocres; la segunda, la de Roma, sobre la alimentación, sin resultados eficaces. 
La última oportunidad es esta reunión de Johannesburgo, sobre desarrollo sostenible, en la que, además de alcanzar compromisos sobre esta cuestión, debe retomarse, adoptando medidas concretas, lo que no se ha hecho en las anteriores y, como ha dicho el Sr. Comisario, con un punto de vista global. 
Hay grandes esperanzas, por tanto, en esta cumbre y hay, sobre todo, una enorme responsabilidad de la Unión Europea. 
Al fracaso de Roma hay que añadir la revisión de los objetivos acordados en 1996 sobre la reducción del hambre en el mundo a la mitad, en el 2015. 
Ya se ha reconocido que este objetivo no se va a alcanzar porque no hay voluntad política para hacer los esfuerzos necesarios. 
Yo espero que durante esta Presidencia danesa, con la sensibilidad que tiene, consigamos algunas mejoras. 
No nos podemos permitir más fracasos, sobre todo el mundo en desarrollo, por una cuestión de supervivencia. 
No se puede concluir cumbre tras cumbre sin ningún resultado. Por ello, debemos hacer unas propuestas muy concretas y realistas, que queremos trasladar a la Comisión y al Consejo: un código de conducta para garantizar la alimentación, considerando que se trata de un derecho humano fundamental, y un plan de emergencia para atajar las hambrunas y las carencias de alimentos que afectan actualmente a 14 millones de personas en África. 
Son medidas concretas sobre las que el Consejo y la Comisión deben conseguir un compromiso mundial. 
Estoy de acuerdo con el resto de las medidas que se subrayan en la resolución, especialmente con las consideraciones sobre el presupuesto comunitario y el FED, la mayor coordinación entre donantes bilaterales y multilaterales, la importancia de los microcréditos y de la creación de una alianza contra el hambre y la pobreza. 
La condición de principales donantes de ayuda de la Unión y sus Estados miembros capacitan a los representantes de la Unión Europea para liderar el necesario éxito de la cumbre, éxito que no es un deseo voluntarista de este Parlamento sino un compromiso de los Jefes de Gobierno europeos de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla. 
Esperamos fervientemente que los representantes de la Unión Europea vuelvan de Johannesburgo con compromisos y planes de acción concretos y sobre ello pediremos cuentas. 
Me alegra mucho saber que el Sr. Comisario nos va a presentar una comunicación muy concreta sobre un plan global para luchar contra la pobreza. 
Esperamos con ansiedad esta comunicación. 
Señor Presidente, las previsiones basadas en el ' ritmo actual? de la disminución del número de personas que padecen desnutrición, prevén que se necesitará un siglo para acabar con el hambre en el mundo. 
¿Esta realidad no basta para justificar un cuestionamiento profundo de las políticas aplicadas? 
Las subvenciones que los Estados industrializados otorgan a su propia agricultura son 48 veces superiores a los importes desembolsados en favor de la agricultura de los países pobres. 
La libre competencia directa de los productos agrícolas procedentes de países con sistemas productivos muy desiguales, así como las prácticas de los países exportadores añadidas a los riesgos de dependencia del Sur frente a una especialización a la exportación de uno o dos productos primarios, es lo que amenaza, a largo plazo, el futuro alimentario de la población de las tres cuartas partes del planeta. 
Los efectos de dichas prácticas, que se ciñen totalmente a los acuerdos de la OMC, según la fórmula consagrada, son comprobables y están comprobados: estas prácticas matan. 
La Cumbre de Johannesburgo puede ser la ocasión de buscar otras alternativas, de avanzar hacia otras pistas todavía inexploradas, como el hecho de garantizar el derecho de los países en desarrollo de proteger su economía rural, para defender su seguridad alimentaria contra las empresas transnacionales y apoyar el sector de la transformación agroalimentaria local. 
¿Por qué no concretar la creación de un fondo específico para garantizar la realización efectiva de todos estos objetivos? 
El director de la FAO ha calculado en 24 millardos de dólares suplementarios anuales los recursos necesarios para lograr dichos objetivos. 
Ahora bien, el desinterés de los jefes de estado en la Cumbre de la FAO ha confirmado la negativa de presupuestar nuevos recursos, lo que parece preocupante. 
Lo único que podrá ser eficaz será dar una respuesta a las exigencias de los países pobres: así, con ocasión del Foro de los Pueblos que acaba de celebrarse en Sibi (Malí) , estos países han reclamado la anulación inmediata e incondicional de la deuda exterior africana, así como el pago de un precio justo para los productos agrícolas y otras materias primas. 
Sólo a este precio podrá desaparecer el hambre del planeta. 
Señor Presidente, señor Ministro, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, nuevamente nos encontramos reunidos después de una Cumbre mundial sobre los alimentos y antes de una Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible. 
Unas conferencias al máximo nivel que deberían ir más allá de las declaraciones de apoyo a la lucha mundial contra la pobreza y el hambre. 
A pesar de lo cual las horripilantes cifras de 800 millones de personas subalimentadas, entre ellas 300 millones de niños, no se han modificado en absoluto. 
Siguen muriendo 24.000 personas diarias como resultado de la desnutrición. 
El crecimiento de la población mundial en 2.500 millones de personas previsto para el 2020 significa que casi un 90% de este incremento corresponderá a los países en desarrollo. 
Con ello se incrementa el riesgo de que continúe creciendo la brecha entre el bienestar y la pobreza, en lugar de reducirse. 
Según la FAO estamos muy lejos de la meta de reducir a la mitad el número de personas que pasan hambre en el mundo para el año 2015, que nos fijamos hace seis años. 
La lucha contra el hambre y la miseria es al mismo tiempo un combate necesario contra el terror, la delincuencia internacional y la inmigración ilegal. 
Esta lucha requiere un enfoque global. 
El desarrollo rural y la seguridad de los medios de subsistencia deben ocupar un lugar central en las estrategias de los países. 
Es necesario promover el acceso a la educación y a las cualificaciones. 
El agua, las energías renovables, la salud y la agricultura deben figurar en la lista de prioridades de una nueva cooperación para la lucha contra el hambre en el mundo. 
Además, también necesitamos establecer objetivos y calendarios claros, pues de lo contrario todos estos programas acaban convirtiéndose en promesas vacías. 
Evidentemente, también se debe contemplar la apertura de los mercados. 
Pero no se debe sobrevalorar el instrumento de la iniciativa ' todo excepto las armas?. 
Los Estados Unidos también deben adaptar su política en el marco de la OMC. 
Yo no creo en absoluto en una división del trabajo, como la que propugnan algunos, en virtud de la cual el mundo desarrollado aportaría la industria y la alta tecnología y el resto del mundo subdesarrollado se responsabilizaría de la alimentación a escala mundial. 
Tampoco todo se reduce a un reparto y una redistribución deficientes. 
Es necesario promover y mantener el principio del buen gobierno. 
La expropiación de los agricultores blancos en Zimbabue no forma parte del mismo y sólo contribuirá a seguir sumiendo en el hambre al África meridional. 
También esto debería suscitar la indignación internacional y europea. 
Señor Presidente, creo que tanto al señor Comisario como al señor Presidente en ejercicio del Consejo no les pasará inadvertido que sobre este debate se cierne la sospecha de una gran hipocresía. 
Hace algunos días el Director General de la FAO, Jacques Diouf, decía que, seis años después de la Cumbre de 1996, "para los hambrientos del Mundo la campana toca siempre a muerto". 
Todos los oradores han recordado que 800 millones de personas- de los cuales 300 millones son niños- padecen hambre y que cada día 24.000 personas mueren de hambre. 
El señor Diouf declara: "Las promesas no se han cumplido". 
Y lo que es peor, los hechos contradicen las palabras. 
¿Cuáles son los hechos que esperábamos? 
He aquí algunos ejemplos: invertir en los Millennium goals, es decir, en agricultura, salud, educación y en subir hasta el 0,7 % del producto interior bruto la ayuda de los países del G-8 para esta gran batalla. 
Estamos muy lejos de esto si pensamos que el país más rico, los Estados Unidos, paga tan sólo el 0,1 %, o sea, 34 dólares per cápita. 
Al daño se une la burla con la que los países ricos han menospreciado esta cita. 
No estaba el Presidente de los Estados Unidos ni el de Rusia, no estaban los jefes de Gobierno de Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia y Canadá. 
El único que estaba era el Sr. Prodi, en representación de la Unión Europea. 
Todo esto proyecta una sombra peligrosa y malévola sobre la cita del 26 de agosto, la Cumbre de Johannesburgo. 
Creo que sería oportuno que recordáramos que no tenemos todavía muchas pruebas de una exhortación formal a afrontar y resolver esta emergencia. 
Señor Presidente, señor Ministro, es cierto, el fracaso de la ONU, el fracaso del plan contra el hambre también se deben achacar a la escasa sensibilidad de muchos Gobiernos. 
Ciertamente no del italiano- y lamento que un diputado de la izquierda no haya dejado escapar la ocasión para hacer una miserable especulación política incluso en un tema tan grave y delicado- cuyo Presidente, el Sr. Berlusconi, déjenme recordarlo, en Génova, durante el G-8, logró abrir un claro, al conseguir que se aprobara un primer tramo de 750 millones de euros de un nuevo paquete de 3.000 millardos de liras, o sea, 1.500 millones de euros. 
Éste es un compromiso concreto, y por lo tanto, esas acusaciones están fuera de lugar. 
Es verdad, se abren siempre nuevos focos de hambre en el mundo, y no sólo allí donde están las guerras como coartada y como factor desencadenante. 
Este panorama se debatió ampliamente en la FAO, incluso en la última sesión matinal del jueves 13, cuando se quiso dedicar una atención especial al problema de las zonas de montaña en el mundo, donde el hambre y la pobreza son cada vez más acuciantes y donde se manifiestan más gravemente. 
En esa reunión, en la que tuve la ocasión de participar como ponente, ya que en 1998 fui el promotor de una resolución sobre las zonas de montaña en este Parlamento, se subrayó que no es necesario buscar escenarios de guerra ni zonas lejanas para captar preocupante señales de aumento del abandono, de la degradación y también de posibles hambrunas en las zonas de montaña, incluso en la muy civilizada Europa. 
Por esto, en el Año internacional de las montañas, proclamado por la ONU, este mensaje pasa de la Asamblea de la FAO directamente a este Parlamento. 
Es necesario dar importancia a las zonas de montaña, prestarles atención, devolverles su especificidad pero, sobre todo, no avergonzarse de considerarlas ya unas zonas potencialmente pobres. 
En definitiva, esta plaga de la pobreza se puede también prevenir, además de combatir. 
. (EN) Señor Presidente, me parece bien lo que han dicho la Presidencia y los diputados en sus intervenciones. 
Algunos las han centrado en la cuestión propiamente dicha y otros en la relación entre el enorme incremento de la población y el número de personas que siguen sin poder alimentarse debidamente. 
Éstos son dos problemas complementarios que me recuerdan la interesantísima votación que ha tenido lugar hoy en esta sala acerca de los derechos de la mujer y de su salud genésica y sexual. 
Se trata de cuestiones cada una de las cuales tiene mucho que ver con las demás, y es prácticamente imposible luchar eficazmente contra el hambre sin ocuparse también de la cuestión de la política demográfica. 
Otro importante aspecto en el que centro cada vez más mis observaciones es la relación directa que hay entre los conflictos y el hambre. 
Tanzania, desde memoria de hombre, acoge en sus campamentos a más de medio millón de refugiados. 
Hay que alimentarlos a todos. 
Forman parte del número inmenso de personas respecto de las cuales tenemos que hacer algo para que sobrevivan. 
La situación podría ser diferente. 
Las personas hambrientas que son víctimas de conflictos constituyen un desastre del que el hombre es responsable. 
Los optimistas hablarán de la cuestión considerándola como algo que podemos cambiar. 
Ahora bien, no se trata de aumentar la producción agrícola, se trata también de crear paz y un mínimo de decencia y de gobernanza. 
Algunos oradores han mencionado la ausencia de dirigentes de nuestros Estados miembros, pero el Presidente Prodi y yo mismo estuvimos allí en nombre de la Comisión y hicimos lo que nos correspondía hacer. 
Otros muchos se han referido a las relaciones entre nuestra política agrícola europea y las cuestiones comerciales. Entre ellos, el Sr. van den Berg, el Sr. van den Bos, y la Sra. Sandbæk. 
Quisiera destacar que necesitamos evitar las sobredosis de euromasoquismo que oímos a menudo cuando hablamos de estas cuestiones. 
A la Sra. Sandbæk quisiera decirle que aunque esas cifras provengan de Oxfam, la verdad es que no se puede caracterizar a la UE como el bloque más proteccionista en esta esfera, pues en Europa todavía importamos más alimentos y más productos agrícolas del Tercer Mundo que el volumen de importaciones combinadas de los Estados Unidos, Japón, Canadá y otros países de la OCDE, sin contar a los de la UE. 
Ésa es y sigue siendo la realidad. 
¿No les parece que hay un límite a lo masoquistas que podemos ser?. 
Es cierto que las subvenciones plantean un grave problema. 
Eso es clarísimo en la actualidad, y constituirá uno de los principales temas de debate en Johannesburgo. 
Las cifras son abrumadoras. 
Los países de la OCDE gastan 350.000 millones de dólares de los Estados Unidos al año en subvenciones, en comparación con 50.000 millones de dólares al año destinados a la cooperación para el desarrollo. 
Afortunadamente, nuestros análisis internos en Europa corresponden y apuntan a la misma dirección que la presión global respecto de lo que tenemos que hacer. 
En ambos casos el título es: ' Reforma y reducción de las subvenciones?. 
Esperamos progresar sobre el particular. 
El Sr. Van den Bos ha dicho que hay demasiados monocultivos y demasiado poca seguridad alimentaria. 
Estoy de acuerdo. 
Un buen ejemplo es el de Etiopía, que llevamos discutiendo desde hace años y años. 
Es el caso más importante de ayuda alimentaria tradicional ' a la antigua? , que consiste en enviar el trigo que es bueno para los agricultores de Wisconsin y de otros lugares pero que no es bueno para la supervivencia y la sostenibilidad del ser humano en Etiopía. 
Vamos a acordar ahora un nuevo enfoque con el Gobierno de Etiopía e incluso con los Estados Unidos. 
Este año hemos organizado seminarios con el Gobierno, en los cuales también estaba presente el Primer Ministro, para definir un nuevo enfoque de la seguridad alimentaria, muy diferente del antiguo. 
Eso es exactamente lo que dije al Parlamento, que quisiéramos que se materializase ese cambio. 
Es un enfoque que apenas se mencionó cuando el Sr. Diouf presentó el programa de trabajo de la FAO. 
Ésa es una de las causas de las fricciones que hay en nuestras conversaciones con la FAO. 
Sr. Ó ' Neachtain, muchos recuerdos afectuosos para sus buenos amigos y electores. 
Sra. Sauquillo Pérez del Arco, decir que Johannesburgo es la última posibilidad después de Doha y Monterrey es una forma de hablar con la que yo no estoy de acuerdo en absoluto. 
Cualquiera diría que Doha y Monterrey han sido fracasos, eso no es así. 
En la Unión Europea podemos estar contentos de que, gracias a nuestra insistencia y a nuestra enérgica presión, hayamos conseguido en Doha un programa de desarrollo. 
Sin la insistencia de la UE sobre esta cuestión, no lo hubiéramos conseguido. 
Sin la decisión adoptada en Barcelona que abrió el camino de Monterrey, no hubiéramos regresado a casa con algo positivo. 
Sin un verdadero impulso europeo no hubiera existido el tipo de decisión americana que tenemos ante nosotros. 
No estamos viajando con las manos vacías. 
Roma nos brindó la oportunidad de volver a reconocer la importancia de la cuestión alimentaria en general. 
Por eso tuvo éxito, incluso en su cronología. 
La próxima parada es Johannesburgo. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Haarder en las dificultades que plantea la preparación de Johannesburgo. 
Tenemos que esforzarnos muchísimo durante las semanas y meses que nos separan de la reunión. 
El Sr. Belder se ha interesado por el nuevo programa contra el hambre que ha presentado el Secretario General de la FAO, Sr. Diouf. 
El precio de ese programa, presentado pocos días antes de la cumbre, es de 24.000 millones de dólares de los Estados Unidos de fondos públicos adicionales. 
Es un precio considerable. 
El programa era una simple iniciativa de la Secretaria, no se había preparado a petición de los miembros ni se había discutido anteriormente con ellos. 
Va a hacer falta trabajar mucho para apoyar y justificar esa iniciativa. 
No hay que olvidar tampoco que recientemente se ha adoptado otro amplio programa conjunto agrícola FAO/NEPAD para África, que requiere la inversión de otros 240.000 millones de dólares desde ahora hasta el año 2015. 
O sea que no podemos decir que tengamos pocas iniciativas resplandecientes que involucran miles de millones de dólares de nuevos fondos adicionales provenientes de la Secretaria de la FAO. 
La mayor parte de esas iniciativas, sin embargo, provienen de la Secretaria y no son resultado de ningún debate a fondo ni de ninguna coordinación con los donantes o con los países miembros en general. 
Ésta es una de las razones de que no hayamos estimado que resulte muy fácil interesarse constructivamente por todo lo que se nos ha presentado a ese respecto. 
Sería una falsa interpretación considerar todo lo que he dicho como reflejo de una actitud negativa. 
Estamos trabajando con la FAO, estamos desarrollando algunos buenos proyectos en África, que financiamos mediante nuestros fondos regionales cuando nuestros asociados de África nos piden que obremos de consuno con la FAO en esferas en las que la FAO tiene muchos conocimientos especializados. 
Algunos de estos proyectos funcionan bien. 
Les ruego que no cedan a la tentación de creer que no se está haciendo ningún progreso. 
Lo que necesitamos es un esfuerzo combinado que agrupe a la política demográfica, un desarrollo sostenible de amplia base, la lucha contra la pobreza, y el término de las guerras y conflictos que siguen siendo la causa principal de que tantos millones de personas mueran de hambre. 
Es una cuestión causada por el hombre y al mismo tiempo es una cuestión política. 
Hemos de tener muy en cuenta este aspecto. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de sendas Declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre las consecuencias de la Ley de protección de los agentes al servicio de los Estados Unidos para las relaciones transatlánticas. 
. (EN) Señor Presidente, hace dos días entró en vigor el Tribunal Penal Internacional, algo que hay que valorar muy positivamente. 
Llevar ante la justicia a quienes cometan los delitos más graves contra la humanidad, tales como genocidio, asesinato generalizado de civiles, tortura y violaciones masivas, constituye uno de los principales objetivos de la política de derechos humanos de la UE. 
La creación de un Tribunal Penal Internacional es fundamental en este empeño. 
Al investigar y poner a disposición de la justicia a esos individuos, el Tribunal proporciona un medio esencial de fomentar el respeto del derecho humanitario internacional y de los derechos humanos. 
La Unión Europea se mantiene firme en su compromiso con el TPI. 
Con la entrada en vigor del Estatuto de Roma, el TPI se convierte por fin una realidad. 
Sin embargo, el trabajo más duro lo tenemos aún por delante. 
Hemos de dotar al TPI de verdadera fuerza para que sea un verdadero freno para quienes piensan que pueden cometer impunemente los más horrendos crímenes contra la humanidad. 
En este contexto, la retirada de la firma de los Estados Unidos del Estatuto de Roma supuso un duro golpe para la comunidad internacional en su lucha por prevenir que se repitan las atrocidades que han plagado los conflictos recientes. 
El hecho de que la mayor potencia militar del mundo no esté con nosotros es un duro golpe: no puede negarse. 
No es ésta la primera vez en la historia reciente que Europa se ha puesto a la cabeza y ha marcado la agenda internacional. 
Muchos dieron por perdido el Protocolo de Kyoto tras la retirada de los Estados Unidos, pero la UE siguió adelante y ratificó Kyoto, dando así un ejemplo que fue seguido por la comunidad internacional con el fin de ofrecer unas perspectivas reales de atacar el problema del cambio climático. 
Pretendemos hacer lo mismo con el TPI de tal forma que sea una institución que funcione en pos de la justicia global. 
Como nación independiente, Estados Unidos tiene el derecho soberano a no participar en el TPI si ése es su deseo. 
Cuando el 6 de mayo Estados Unidos dijo al mundo que no tenía intención de ratificar el Estatuto de Roma, también dio garantías de que no intentaría de manera activa socavar el trabajo del Tribunal Penal Internacional, ni de disuadir a otros de que ratificaran el Estatuto de Roma. 
Por eso, la aprobación por el Senado estadounidense el 6 de junio de su propia versión de la Ley de Protección de los Militares Estadounidenses (American Servicemembers ' Protection Act (ASPA) ), previamente aprobada por la Cámara de Representantes, resultó una gran sorpresa y decepción para muchos de los aliados y socios de Estados Unidos. 
Esperamos que todavía, en el seno de la Conferencia de la Cámara y el Senado, puedan efectuarse modificaciones en el texto que contribuyan a atenuar el impacto de esta ley. 
Las disposiciones de la ASPA, según su redacción actual, son causa de grave preocupación para los partidarios del TPI por varios motivos. 
Al intentar prohibir la asistencia militar a Estados que ratifiquen el TPI, la ASPA podría disuadir a los países de participar en el mismo. 
Al pretender sustraer al personal estadounidense que opera bajo mandato de la ONU de la jurisdicción del TPI, la ASPA podría restringir la participación de Estados Unidos en operaciones de mantenimiento de la paz. 
Ya estamos viendo el espectacular efecto que esto podría tener para el trabajo de la ONU en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en lugares conflictivos de todo el mundo. 
La postura de Estados Unidos de oponerse a la renovación de la misión de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina amenaza con tirar por tierra años de trabajo de la comunidad internacional para reconstruir esa comunidad fracturada. 
La Comisión, en un primer análisis, percibe varios efectos potencialmente negativos para el clima político y el estado de derecho en Bosnia-Herzegovina. 
Uno de estos efectos, y no el menos importante, afectará al trabajo contraterrorista desempeñado por la fuerza de policía internacional en territorio bosnio. 
La UE está trabajando día y noche con las NN.UU. y otros socios, entre ellos Estados Unidos, para encontrar una solución a esta crisis. 
Pero en una cosa nos mantenemos firmes. No permitiremos que el TPI esté desde su nacimiento mutilado porque se excluya de su jurisdicción al trabajo de las Naciones Unidas. 
Debe haber igualdad ante la ley con independencia de la nacionalidad. 
Existen otros motivos de preocupación por las posibles repercusiones de la ASPA. 
Al prohibir la cooperación de sus autoridades judiciales y de seguridad con el TPI, la ASPA podría entorpecer la causa de la lucha internacional contra el terror. 
Por último, y no por ello menos importante, hay una disposición particularmente inquietante en virtud de la cual se autoriza al Presidente a emplear cualquier medio necesario para conseguir la liberación de personal estadounidense detenido a instancias del TPI, incluso en el territorio de Estados miembros de la UE. 
A la vista de estas consideraciones, la Unión Europea no podía guardar silencio y no lo hizo. 
La reacción de la UE se estudió en el Consejo de Asuntos Generales del 17 de junio en el que aprobamos unas conclusiones que manifestaban nuestra preocupación por las disposiciones de la ASPA. 
También acordamos una estrategia para transmitir nuestras preocupaciones a los Estados Unidos de una forma coordinada. 
El 19 de junio el embajador español ante los Estados Unidos, junto con el jefe de la delegación de la Comisión en Washington, presentó una declaración acordada en nombre de los Estados miembros de la UE al Departamento de Estado de EE.UU. Al mismo tiempo, los embajadores de la UE se dirigieron por escrito a figuras principales del gobierno de EE.UU. y a los principales congresistas, trasladándoles su grave preocupación por el contenido de la ASPA. 
El 20 de junio se convocó a los embajadores de EE.UU. en las capitales de la UE, así como al embajador de EE.UU. ante la UE, para informarles de la posición de la UE. 
Esperamos sinceramente que este conjunto de intervenciones convenza al gobierno de EE.UU. para que retire su apoyo a esta propuesta legislativa e impida que se convierta en una ley estadounidense. 
Confío en que el Consejo y la Comisión contarán con el pleno apoyo del Parlamento Europeo a la hora de llevar a cabo esta estrategia. 
Por ello, me gustaría animarles a que, en tanto que legisladores, planteen este asunto a sus homólogos del Congreso de EE.UU., ya sea a través del diálogo de legisladores o de cualquier otro contacto que sus señorías puedan tener con la Colina del Capitolio. 
Como representantes de los europeos democráticamente elegidos, sus señorías son los más indicados para transmitir este mensaje al Congreso de EE.UU. Es mi deseo que el Parlamento exprese sus puntos de vista esta tarde de una manera inequívoca cuando debata esta cuestión y adopte una resolución al respecto. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Señorías, les informo que tenemos un grave problema de tiempo. 
Vamos muy retrasados respecto al horario previsto, motivo por el cual tendré que ser algo estricto. 
Por lo tanto, les ruego que respeten el tiempo de que disponen. 
Señor Presidente, felicito a la Comisión por su posición de firmeza; cuenta con todo nuestro apoyo. 
Es verdad, señor Haarder, que no se gana nada lamentándose, pero tampoco se gana nada evitando considerar las preocupaciones y los problemas. 
La buena noticia es, efectivamente, que hay 76 Estados que han ratificado el Estatuto, pero la mala noticia es la actitud intolerable e intolerante de los Estados Unidos respecto de este sistema de justicia internacional, que tiene como objetivo poner fin a la impunidad. 
El Presidente Bush ha desarrollado una campaña de acoso hacia la Corte y contra los países que han firmado o ratificado su estatuto, lo que es absolutamente inadmisible. 
Sólo desde la prepotencia, la ignorancia y el orgullo- las tres cosas juntas- se puede entender una reacción como la que ha llevado a las dos Cámaras a aprobar la ley de la que estamos hablando. 
Es impresentable. 
Menos mal que dicen que no van a invadir los Países Bajos. 
La Unión, este Parlamento y todas las instituciones europeas hemos de advertir, con toda nuestra fuerza, que no toleraremos tal arbitrariedad; no la invasión, sino la arbitrariedad que supone la propia ley. 
Hemos de exigir a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que defiendan la integridad del nuevo tribunal y hemos de evitar que los Estados Unidos utilicen su capacidad de maniobra en el Consejo de Seguridad para desvirtuar un texto que nunca les gustó, incorporando una protección a toda prueba para las tropas y personal civil norteamericanos. 
El Estatuto de Roma está basado en el principio de complementariedad y ofrece todas las garantías frente a una utilización inadecuada de la Corte. 
Estoy segura de que cuando se ponga en funcionamiento algunas personas se tranquilizarán. 
Debemos insistir ante los miembros sensatos- como decía el Comisario Byrne- del Congreso y del Senado norteamericanos a fin de evitar que la mencionada ley entre en vigor. 
Si no ratifican el Estatuto, al menos que se abstengan de adoptar medidas para perturbar o impedir su funcionamiento. 
Decía quien fue fiscal del juicio de Nuremberg, Benjamin B. Ferencz, que no puede haber paz sin justicia, justicia sin ley, ley significativa sin tribunal para decidir qué es justo y legítimo bajo cualquier circunstancia. 
Millones de ciudadanos de todo el mundo pensamos que esta Corte Penal Internacional es la respuesta a esta aspiración. 
No permitamos que nadie nos la estropee, ni siquiera los Estados Unidos. 
Señor Presidente, mañana es 4 de julio, Día de la Independencia. 
Nos sumamos a nuestros amigos estadounidenses en la celebración de los logros de Estados Unidos. 
En dos guerras mundiales los estadounidenses vinieron a liberarnos de las tinieblas y de la violencia, y cuando estallaron los Balcanes, los estadounidenses intervinieron cuando Europa fracasó. 
Los estadounidenses están ahí cuando se les necesita, dispuestos a luchar y a morir por un mundo de libertad y democracia. 
Sin embargo, la libertad y la democracia no se detienen una vez que se consigue la paz. 
Para mantener la paz y para impedir las guerras, los criminales deben siempre ser sometidos a la acción de la justicia. 
Por eso en Europa nos resulta completamente incomprensible que los estadounidenses estén aclamando a sus legisladores mientras éstos destruyen una herramienta esencial que se echaba de menos en nuestro intento de hacer del mundo un lugar más seguro y más justo: el Tribunal Penal Internacional. 
El Tribunal tiene el mandato de enjuiciar sólo los crímenes más horribles (genocidio, asesinatos masivos y violaciones masivas). 
En el pasado hemos tenido que establecer tribunales ad hoc para los Milosevics de este mundo. 
Ahora 74 países han ratificado un tribunal al que Kofi Annan llama acertadamente "una gran victoria para la justicia y para el orden mundial; un alejamiento del imperio de la fuerza bruta para pasar al imperio de la ley". 
Estados Unidos y Europa han establecido salvaguardas para que el Tribunal no se convierta en una herramienta política. 
Cualquier Estado puede impedir que el Tribunal actúe contra sus ciudadanos enjuiciándolos en su propio país. 
A pesar de esto, los EE.UU. han retirado su firma. 
Por si eso no fuera un golpe suficientemente duro a la justicia internacional, el Congreso aceptó después la Ley de Protección de los Militares Estadounidenses (American Servicemembers ' Protection Act) , que no sólo amenaza con retirar el apoyo militar y financiero a cualquier país que coopere con el Tribunal, sino que permite también a los EE.UU. invadir a un aliado y amigo desde hace mucho tiempo: mi país, para ser preciso. 
El pueblo holandés no puede comprender cómo nuestros amigos de Estados Unidos pueden amenazarnos ahora con violencia ni por qué. 
¿Es realmente más importante permitir que los soldados estadounidenses cometan crímenes de guerra que construir un mundo más seguro? 
¿Es necesario poner en peligro las misiones internacionales de mantenimiento de la paz sólo para dejar claro que las superpotencias no tienen que someterse a las normas? 
Quizás esta sea una oportunidad para Europa. 
Europa tiene la ocasión de mostrar al mundo que de verdad es una unión de valores; que creemos en un mundo en el que todos seamos iguales ante la ley, un mundo en el que se lleve a los criminales ante la justicia, sin importar quiénes sean ni dónde se escondan: un mundo regido por el derecho, no por la espada del más fuerte. 
No me puedo creer que los estadounidenses no quieran también este tipo de mundo y espero de veras que reconsideren su postura. 
Sin embargo, hasta que lo hagan, Europa debe ponerse en cabeza. 
Hemos de mostrar al mundo que seremos fieles a nuestros principios y lucharemos por la justicia. 
Si una mayoría de la Asamblea transmite mañana al mundo ese mensaje apoyando nuestra resolución de transacción, también nosotros celebraremos el Día de la Independencia, el día en el que Europa defendió sus valores. 
Señor Presidente, hace unas semanas aún bromeábamos sobre la intención de los Estados Unidos de adoptar medidas para poder liberar a sus ciudadanos o soldados de la cárcel del Tribunal Penal Internacional de La Haya haciendo uso de la fuerza si ello hiciera falta. 
Entretanto esta polémica se ha convertido en una disputa extraordinariamente seria entre Europa y los Estados Unidos. 
De entrada quiero dejar claro que hay algo que me irrita y me exaspera sobremanera. Y creo que muchos otros europeos comparten mi opinión. 
Como bien dijo esta mañana un profesor norteamericano en el Herald Tribune, un periódico que también lee el Sr. Oostlander, los Estados Unidos se comportan como un gran gorila que no tolera que su conducta sea sometida a ninguna restricción. 
En realidad, esto viene a decir que los Estados Unidos consideran que no son comparables a otros países. 
¿Estrictas obligaciones? 
¿Disciplina? 
Todo ello está muy bien para los demás países, pero a los Estados Unidos no les apetece respetar estas reglas. 
Es ésta política de doble rasero la que molesta cada vez más a Europa. 
Si los norteamericanos pueden hacer lo que les venga en gana, ¿cómo podemos evitar que los rusos y los chinos, que casualmente tampoco respaldan el Tribunal Penal Internacional, hagan lo que quieran haciendo caso omiso de los acuerdos internacionales? Entretanto surgen cada vez más preguntas. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Haarder, antiguo colega nuestro, con su permiso quisiera formular aquí las preguntas más acuciantes. 
Al parecer, la continuación de la Sfor no corre peligro puesto que no hace falta un nuevo mandato de Naciones Unidas. 
¿Comparte el Gobierno alemán esta interpretación? 
¿No hay ningún riesgo de que las tropas alemanas se retiren de Bosnia? 
¿Y qué hay de la situación jurídica de los militares de la Sfor? 
¿No pueden ser perseguidos por el Tribunal Penal Internacional? ¿Se limita esta inmunidad a Bosnia o se extiende al resto del mundo? 
Si no se prorroga el mandato de la fuerza policial de las Naciones Unidas en Bosnia- y todos los indicios apuntan a ello- ¿cómo reaccionarán los países no europeos que aportan aproximadamente el 60% de los agentes de policía, 900 para ser preciso? 
Si estos policías se retiran próximamente se carga a los soldados europeos y los agentes de policía europeos con una enorme responsabilidad. 
¿Está la Unión Europea realmente dispuesta y capacitada- espero que sí- para enviar lo antes posible un nuevo contingente de agentes de policía para esa fuerza policial, como afirmó ayer Javier Solana, y están nuestro antiguo colega Haarder y el Consejo dispuestos a pagar más dinero por ello? 
Tengo una última pregunta muy explícita para el Consejo, señor Presidente. Se trata de la postura adoptada por Gran Bretaña y Francia en el Consejo de Seguridad. 
¿Es cierto que esta postura se determina previa consulta a la Unión Europea? 
En otras palabras, ¿debo concluir, si la respuesta es afirmativa, que el Consejo también está de acuerdo con las propuestas de compromiso formuladas entre otros por los británicos que, en mi opinión, debilitan la posición del Tribunal Penal? 
Señor Presidente, quisiera finalizar mi intervención con una nota positiva. 
A pesar de todo, podemos dar un paso en la buena dirección si la Unión Europea consigue sacar de esto una política a favor de la protección de las personas, siempre y cuando seamos conscientes de que todos debemos responder de nuestros actos, porque con un King Kong tenemos suficiente. 
Señor Presidente, la hostilidad de los Estados Unidos en relación con el Tribunal Penal Internacional no debe sorprendernos en absoluto ya que sabemos muy bien, y desde hace mucho tiempo, que, con respecto a la conducción de las relaciones internacionales, los Estados Unidos ni siquiera aceptan la idea de la cooperación, así como tampoco la idea de la cooperación atlántica, más allá de las pobres ilusiones que se forjan los europeístas y otros ideólogos del gran cercenamiento de las naciones. 
El Estado norteamericano sigue siendo intransigente, y, en estas circunstancias, desmantelar nuestros Estados significa desmantelar Europa. 
Lo más sorprendente en este asunto es la ceguera constante que demostramos frente a este supuesto socio. 
Ya que los Estados Unidos no son socios en ningún ámbito. 
Su unilateralismo predomina tanto en la política exterior como en la lucha contra el medio ambiente, por ejemplo, con respecto a la cuestión de los cambios climáticos, por no hablar, naturalmente, de la política de imposición en el ámbito de los principales expedientes comerciales. 
Los Estados Unidos fomentan el desarme en los países europeos, pero, por su parte, están comprometidos en una amplia empresa de rearme unilateral. 
Quieren extender la OTAN lo más lejos posible hacia el Este sin modificar sus estructuras de mando. 
Propugnan la injerencia universal en la línea de conducta de los Estados y rechazan cualquier opinión desde el momento en que la suya está en tela de juicio. 
Sólo la lógica del imperio explica esta política. 
En realidad, hay que ser débiles e incluso cobardes- diría yo- para que los europeos no nos demos cuenta de esta evidencia. 
Los Estados Unidos no quieren ningún socio. 
Sólo aceptan tropas supletorias. 
Es simplemente un imperio. 
Al magnificar un sistema insensato que, en el mundo entero, pretende someter todas las actividades humanas a la sola ley del provecho, es decir, a la ley del poder, este dueño del mundo es responsable de una gran parte de la miseria de este planeta. 
En ese sentido, Europa debe aplicar sólo una política, una política de reequilibrio, en cuyo defecto se convertirá en un verdadero perro faldero. 
Este reequilibrio, que representa la política del valor, del honor, no sólo se lo debemos a las naciones de Europa, sino a la propia Europa, y, en último término, a cierta idea de la libertad del mundo. 
Señor Presidente, Señorías, como europeísta convencida, como proamericana convencida y sobre todo como pertinaz y convencida partidaria, desde hace más de diez años, de la necesidad de instituir el Tribunal Penal Internacional, nunca he pensado que este instrumento, precisamente por su importancia, podía empezar a funcionar sin problemas. 
Siempre he pensado que este instrumento, precisamente porque marca un cambio histórico, encontraría resistencias de todo tipo: las más abiertas y también más transparentes, aunque inaceptables, de los amigos estadounidenses, pero también las de los demás. Quisiera que no olvidáramos la hostilidad y el obstruccionismo de otras grandes potencias enfrentadas con problemas e incluso crímenes internos- me refiero abiertamente a los amigos chinos entre otros- que se oponen al Tribunal Penal Internacional, sin, por otro lado, atreverse a enfrentarse con dignidad a un debate abierto. 
Por consiguiente, es importante que debatamos y discutamos entre aliados en el respeto mutuo y sin tratar de hacer valer quién sabe qué cultura jurídica superior, pero decididos a afirmar nuestro punto di vista. 
Y con todo el respeto que me merece la administración estadounidense, quisiera recordar a la misma que el Tribunal Penal Internacional es un instrumento destinado a permanecer en el tiempo, mientras que los dirigentes políticos, por definición, están destinados a cambiar. 
Quizás también sea nuestro deber comprometernos al máximo de nuestras posibilidades al efecto de convertir en eficaz este instrumento, convencidos como estamos de que las futuras administraciones de los amigos estadounidenses pueden, en su caso, cambiar de opinión y valerse ellas mismas de esta importante herramienta que les ofrecemos. 
Como justamente ha hecho notar el Consejo, está ocurriendo algo similar a propósito de la cuestión de la pena de muerte, en la que el diálogo ha llevado al Tribunal Federal a realizar importantes avances. 
Dicho esto, no me interesa mucho debatir si estamos frente a una quiebra irreversible de lo que llamamos Occidente. 
Lo que sí me interesa es llegar a saber cómo seguir adelante. 
Al respecto, me parece que se están configurando dos respuestas importantes. 
En primer lugar hay que destacar el número creciente de Estados que se asocian a la ratificación. 
El 11 de abril los países que habían ratificado el tratado eran 66, y este número, en poco más de dos meses, se ha elevado a 76. 
En segundo lugar, es necesario constatar que todo depende de nosotros. 
El problema que hoy se nos plantea es entender si nosotros, los europeos, queremos y somos capaces de asumir la responsabilidad, y por lo tanto, también los costes, financieros y de personal, para avanzar, por ejemplo en lo relativo a las misiones de paz. De hecho, temo que el verdadero objetivo de nuestros amigos estadounidenses no es tanto matar el Tribunal Penal Internacional, sino más bien desligarse de las operaciones de peace-keeping, y por lo tanto, atacar de alguna manera el sistema de las Naciones Unidas. 
Sé que nuestros embajadores en Nueva York están negociando incansablemente, con mucho rigor y sin rigideces. 
Considero que la mayor aportación que debemos y podemos dar es mantener con firmeza nuestras convicciones y estar dispuestos a asumir el coste y la responsabilidad de las mismas. 
Cuanto más filoeuropeos seamos, tanto más conseguiremos, creo, ofrecer instrumentos válidos no para demonizar, sino para fomentar el diálogo y salvar la alianza con los Estados Unidos que considero que para nosotros es estratégica e irrenunciable. 
Señor Presidente, no me cabe ninguna duda de que hoy la mayoría de los oradores criticaran a los Estados Unidos, pero no, por supuesto, a India, China, Rusia y Sri Lanka. 
Y criticarán quizás a Israel. 
Se trata de países que han expresado objeciones al Estatuto de Roma o que se han negado a ratificarlo. 
Las acciones de EE.UU. en el Consejo de Seguridad no pondrán, por sí mismas, en peligro la misión en Bosnia, pero indican la gravedad de las preocupaciones de Estados Unidos, de las cuales la más importante es el posible enjuiciamiento de sus líderes civiles y militares por crímenes graves cometidos en el extranjero por su personal militar. 
La definición ampliada de crímenes de guerra recogida en el Estatuto y la mucho más vaga definición de responsabilidad del mando, más vaga que en Nuremberg, suponen que es muy posible que Donald Rumsfeld o su sucesor, en una visita a París, pueda encontrarse detenido por crímenes cometidos por sus subordinados, en los cuales él no participó, ni ordenó o de los que ni siquiera tenía conocimiento y por los cuales no se plantearía en ningún momento que fuera juzgado en un tribunal estadounidense. 
A algunos esto puede parecerles contrario a la justicia natural pero no hay duda de que gobiernos liberales y exponentes de la sociedad civil internacional y de la jurisdicción universal tales como Amnistía han apoyado plenamente la creación del TPI, a la vez que se aseguraban de que hubiera un debate público mínimo acerca de sus defectos y de su capacidad de causar dificultades políticas para los Estados Unidos. 
Existen otros problemas. 
Es como mínimo discutible que los terroristas estén excluidos de algunas de sus disposiciones y existe el peligro de que la justicia prime sobre las amnistías que consiguen una paz y una reconciliación mucho tiempo buscadas en países como Angola, Sudáfrica, Sri Lanka o Colombia, por citar sólo algunos. 
La justicia internacional es un noble principio pero las inquietudes de Estados Unidos son muy reales y serias y tiene perfecto derecho, como Estado soberano, a aprobar la ASPA y a utilizar el punto 2 del artículo 98 del Estatuto de Roma, aunque no, desde luego, a utilizar la fuerza contra Estados europeos como Holanda. 
Deberíamos buscar formas de atender a estas preocupaciones, si fuera necesario modificando las normas del TPI para precisar de forma más rigurosa las normas relativas a la responsabilidad de mando y dar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un papel de co-decisión en el proceso de acusación. 
Señor Presidente, me alegro de que el Sr. Tannock no sea partidario de que se invadan los Países Bajos, pero me siento más próximo al espíritu del Sr. Oostlander. En esta misma línea, quisiera invitar al Presidente Bush en su función de comandante en jefe a que venga a nuestra costa neerlandesa y europea, a la playa de Scheveningen, para que le podamos ofrecer el primer arenque de la temporada. 
Creo que esta invasión del arenque resultaría mucho más beneficiosa para garantizar el éxito de la coalición internacional contra el terrorismo que la amenaza de invadir Europa en caso de que haga falta liberar a militares norteamericanos, a militares acusados de haber cometido crímenes contra la humanidad y entregados al Tribunal Penal Internacional de La Haya, que se ha puesto en marcha este lunes con el apoyo de 133 países. 
Señor Presidente, parece ser que los Estados Unidos desean situar a sus fuerzas de paz y a sus militares por encima de la ley. Ello va en contra del cumplimiento del imperio de la ley, aparte de que es contrario al hecho de que el Convenio deja en manos del país que envía las fuerzas de paz la responsabilidad de iniciar una investigación y emprender las acciones oportunas. 
El Tribunal Penal Internacional no es sino un último recurso imprescindible para castigar a los criminales de guerra y los dirigentes de regímenes que cometen crímenes contra la humanidad. 
Es necesario que acabemos con la impunidad internacional, entre otras razones para garantizar que la coalición contra el terrorismo resulte creíble. 
Si ser una superpotencia equivale a estar por encima de la ley vamos por muy mal camino. 
Los Estados Unidos están jugando con fuego. 
Por eso Europa ha de ponerse firme, más firme de lo que acaba de decir el Sr. Haarder. Debemos presionar a nuestro aliado con todos los medios diplomáticos que están nuestro alcance. 
Es importante que Europa hable con una sola voz, haciendo hincapié en un amplio concepto de seguridad y elementos clave como prevención y factores civiles. 
Al Presidente Bush le gusta dárselas de vaquero en la escena internacional, pero amenaza con convertir en forajidos a sus propias fuerzas de paz. 
Ello no está en consonancia con la historia norteamericana, donde el imperio de la ley se aplica a todos, independientemente de la religión, la raza y la procedencia. 
Este principio debe aplicarse a los norteamericanos de todo el mundo. 
A este fin necesitamos una coalición internacional y para eso sirve el Tribunal Penal Internacional de La Haya. 
Presidente Bush, le ruego encarecidamente- habida cuenta de su calidad de comandante en jefe- que vuelva a entrar en la coalición internacional para la creación de un orden jurídico mundial. 
Le daremos con mucho gusto la bienvenida a nuestras playas y será para nosotros un placer ofrecerle el primer arenque de la temporada. 
Señor Presidente, desde hace algunos días la negativa de Estados Unidos a dar su visto bueno al envío o al sostenimiento de las fuerzas de paz en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acapara toda la atención. En realidad se trata de un instrumento de presión para conseguir que los militares norteamericanos gocen de inmunidad y no puedan ser perseguidos internacionalmente por haber cometido crímenes contra la humanidad. 
Después de la negativa a firmar el Convenio de Kioto sobre el cambio climático y a erradicar el uso de armas químicas y bacteriológicas, y después de la nueva tasa sobre la importación de acero, éste es el enésimo paso del Gobierno de Estados Unidos con el que pretende ir en contra de todo el mundo. 
Los norteamericanos exigen que los demás colaboremos y demos muestras de disciplina en la lucha contra el terrorismo, pero ellos hacen lo que les viene en gana. 
Es hora de que Europa se dé cuenta de que es imposible alcanzar y mantener acuerdos de estrecha colaboración con un país y un Gobierno como éste. 
Creo que el Sr. Haarder infravalora este creciente abismo. 
Si Europa actúa como él propone acabará cediendo a los Estados Unidos, y esto sería lo peor que pudiera suceder. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimados colegas, presionada por los dramáticos acontecimientos en Rwanda Bélgica adoptó en su día una ley que permite castigar a los genocidas en territorio belga, pero ésta no es sino una pequeña pieza legislativa. 
Necesitamos un orden jurídico internacional del que ese Tribunal Penal Internacional constituye una de las piedras angulares. 
Aquí se habla de los Estados Unidos y de algunos hechos que demuestran que este país se sustrae a las obligaciones comunes que nosotros sí deseamos asumir. 
El Comisario nos ha instado a abrir un diálogo con nuestros colegas americanos. 
Quisiera dirigirme al Presidente de este Parlamento. 
Me preocupa la creciente divergencia entre los parlamentos de Europa y el parlamento y la opinión pública norteamericanos. 
¿No sería oportuno que enviáramos nuestra Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos o una comisión especial al Parlamento de los Estados Unidos para debatir esta cuestión? 
También se puede tener la esperanza de que la situación se suavice ridiculizando un poco esta postura un tanto exagerada, pero creo que una actuación formal dará mejores resultados, y los necesitamos. 
Señora Maes, la delegación se reunió recientemente y tiene programada una visita para el próximo mes de noviembre. 
El programa no se ha fijado todavía porque, como usted sabe, en los Estados Unidos el 4 de noviembre se celebrarán las elecciones de mitad de mandato, hecho que como es natural convierte todo esto en más problemático. 
Señor Presidente, se cumplió un sueño cuando el Tribunal Penal Internacional comenzó sus actividades esta semana. 
Es una institución en servicio del humanismo que llevará a juicio a criminales de guerra, aplicará sanciones por genocidio y castigará a delincuentes internacionales. 
Es incomprensible y lamentable que EE.UU. se ponga al margen e intente entorpecer los trabajos. 
La aplicación de tan egoísta y peligrosa política, basada en la fuerza, no sólo daña las relaciones con Europa, sino que, lo que es peor, pone en peligro y debilita al Tribunal Penal Internacional. 
EE.UU. ha presentado hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU una nueva resolución en torno al artículo 16, que el Reino Unido parece estar dispuesto a apoyar. 
Según la coalición que respalda al Tribunal Penal Internacional, esta nueva propuesta amenaza partes vitales del Tratado de Roma. 
Pido a la Comisión y al Consejo que insten a los países miembros a no modificar las decisiones adoptadas y a respaldar a la ONU y al Tribunal Penal Internacional. 
Señor Presidente, durante cuatro años hemos trabajado en la organización Parlamentarians for Global Action (PGA) , con 1.400 miembros de los parlamentos del mundo, en pro de la ratificación del Tribunal Penal Internacional. 
Con gran satisfacción comprobamos que este Tribunal empezó a funcionar el 1 de julio de este año. 
En 1998 votaron 120 estados a favor de este Tribunal y sólo seis se opusieron, entre ellos EE.UU. Ahora 76 estados lo han ratificado. 
Este Tribunal es una valiosa herramienta legal para fortalecer el derecho internacional. 
Ningún país, ningún líder, ningún gobierno podrá cometer impunemente delitos contra el derecho internacional, tales como el genocidio, delitos contra la humanidad o delitos de guerra. 
Es sorprendente que un país con tradiciones jurídicas tan profundas y tantos abogados por metro cuadrado como Estados Unidos vaya a exceptuar a sus ciudadanos de responsabilidad por semejantes delitos. 
¿Qué quiere ocultar EE.UU.? 
Sería terrible para las mujeres que se eximiese de responsabilidad penal a las fuerzas de paz. 
Significaría la legalización de las violaciones, los abusos sexuales y los embarazos no deseados en que desgraciadamente se ven envueltas esas fuerzas. 
La actitud de EE.UU. constituye una grave señal. 
George Bush ha elegido un camino peligroso e irresponsable y la UE debe reaccionar enérgicamente. 
. (EN) Agradezco al Parlamento lo que supone un poderoso respaldo de la política de la Comisión en esta cuestión particularmente difícil, expuesta por mí y por otros, y expresada, si puedo decirlo así, con considerable elocuencia y pasión. 
El hecho de que se haya dado una práctica unanimidad constituye también una fuente de apoyo a la Comisión a la hora de aplicar las políticas que ha afirmado que seguirá. 
Varios oradores han planteado cuestiones concretas a las que me gustaría responder. 
La Sra. Bonino preguntaba "cuáles son los próximos pasos" y se refería específicamente al aspecto de los costes. 
Desde luego, sería grave que surgieran problemas con el mandato de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. 
Es evidente que es algo que habrá de abordarse, en particular el aspecto de los costes. 
Sé que hay conversaciones en curso y que en este momento se están estudiando posturas en relación con esta cuestión. 
Habrá que buscar una solución pero será difícil encontrar una buena. 
Quisiera referirme a la cuestión planteada por la Sra. Maes acerca de si cabe la posibilidad de una delegación parlamentaria de esta Asamblea a los Estados Unidos para tratar estos asuntos con sus homólogos y colegas de EE.UU. Desde el punto de vista de la Comisión, permítanme decir que este sería un acto que la Comisión apoyaría plenamente y acogería de manera favorable; de hecho, la Comisión cree que seguir esa línea de acción puede presentar algunas ventajas. 
La tarea que tenemos ahora por delante es apoyar totalmente el trabajo del TPI, que ha abierto sus puertas hace tan sólo dos días, en la esperanza de que realice su trabajo de la manera en que quienes lo respaldan y han ratificado este tribunal creen que puede hacerlo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
He recibido cinco propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0215/2002) del Sr. Medina Ortega, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el seguimiento de la política comunitaria en el ámbito de la protección de los adquirentes de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido (Directiva 94/47/CEE) (2000/2208 (INI) ). 
. Señor Presidente, con respecto a este informe he de decir que solamente me ha correspondido- utilizando un símil taurino que no sé si la Cámara entenderá- la "faena de matar", porque durante un año- entre el 1 de enero de 2001 y el 1 de enero de 2002- el ponente fue el Sr. Marinho y luego tuvo que dejarlo, con lo cual él hizo toda la "faena" preparatoria y a mí solamente me correspondió, en la fase final, recoger las enmiendas que habían sido propuestas y propiciar algún tipo de compromiso. 
Bajo la dirección del Sr. Marinho tuvo lugar una audiencia en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y hubo un primer plazo y un segundo de enmiendas. 
Mi tarea fue solamente la de aglutinar. 
La Directiva sobre utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido fue aprobada en 1994 por el procedimiento de codecisión y a mí me correspondió ser el ponente del Parlamento sobre esta directiva. 
La directiva tardó tres años, en principio, en entrar en vigor, pero en muchos países se pospuso durante un año. 
Por cierto, he de señalar con satisfacción que recientemente el Tribunal Supremo de España ha condenado al Gobierno español a indemnizar a consumidores particulares comunitarios por el retraso, por parte del Gobierno español, en la aplicación de la Directiva. 
Creo que es un buen precedente jurisprudencial que refuerza la vigencia de las directivas comunitarias. 
La Directiva actual es una directiva de mínimos. 
Se establecían unas ciertas obligaciones de información y también la posibilidad por parte del adquiriente, del contratista, de arrepentirse en un período de diez días, obteniendo la restitución de las cantidades abonadas. 
Pero está claro que, al ser una directiva de mínimos, no iba a poder resolver todas las cuestiones que se planteaban. 
En la discusión durante estos dos últimos años en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre el tema, se ha puesto de relieve que para muchos ciudadanos comunitarios el actual sistema está produciendo daños y que, por tanto, sería conveniente completar el arsenal de que disponemos. 
Desde el punto de vista del Derecho comunitario quizás nos encontremos con alguna dificultad. 
Y la dificultad está en la preocupación que existe hoy en todas las instituciones comunitarias en cuanto al ahorro del instrumento de carácter reglamentario. 
Tenemos el informe Mandelkern del Consejo, tenemos las propuestas de la Comisión sobre la gobernanza europea y sobre la mejora de la reglamentación comunitaria y tenemos, por último, los acuerdos del Consejo Europeo de Sevilla, en los que se insiste en la necesidad de avanzar por esta zona con la participación precisamente del Parlamento Europeo. 
Además, la presente Directiva tiene la peculiaridad de que entra en un terreno que es el del Derecho privado, el derecho de los contratos, el derecho de la propiedad inmobiliaria, que se considera un terreno de tradicional competencia de los Estados miembros. 
Por tanto, el camino que tenemos por delante no es fácil. 
Por un lado creo que es una materia que es evidentemente comunitaria, en cuanto que se trata de propiedades vendidas en un país a súbditos comunitarios y con responsabilidades que pueden surgir con posterioridad, y, por otro lado, se trata- como he dicho antes- de una materia de derecho privado que, normalmente, se pensaría que no es del ámbito comunitario. 
Además, se plantea la cuestión de la posible utilidad o limitaciones del procedimiento legislativo. 
Se ha sugerido, por ejemplo, que en esta materia podrían ser útiles otro tipo de medidas, por ejemplo medidas de colaboración entre los Estados miembros para luchar contra las formas de blanqueo de dinero que aparecen en algunos tipos de sociedades de "timesharing" o simplemente contra algunos sistemas de estafa y similares. 
Se habla de la posibilidad de recurrir a procedimientos de coregulación, de autoregulación, por ejemplo mediante la acreditación de los operadores en este ámbito y hay toda una serie de dificultades que aparecen reflejadas en el informe. 
El informe del Parlamento es un informe de compromiso. 
Hay un estudio exhaustivo de la Comisión, pero es del año 1999. 
Creo que la conclusión principal es que hay que pedirle a la Comisión que estudie de nuevo la materia y que, a la mayor brevedad, nos presente propuestas, que pueden ser de carácter legislativo o de carácter no legislativo. 
Concretamente, al revisar el informe aprobado en la comisión, detectamos un error en el apartado 20, en el que se hacía referencia a unos procedimientos de infracción que ya han sido concluidos y, por tanto, ese apartado 20 ya no tiene sentido y habría que suprimirlo. 
Y también unas repeticiones innecesarias que se manifiestan en los apartados 6 y 7. 
Propondría a la Cámara que votara en contra de esos tres apartados 6, 7 y 20. 
Con respecto a las enmiendas presentadas, hay tres- las enmiendas 1, 2 y 3 de los diputados Bradbourn, Lehne y McCarthy, que se refieren a la especificación de unos días determinados- que me parecen enmiendas demasiado precisas para un texto no legislativo. 
Y, por último, hay tres enmiendas de la Sra. McCarthy que aclaran algunos aspectos en materia de información y de responsabilidades, que me parecen correctas. 
Con esto termino mi exposición, señor Presidente, y espero que mañana la Cámara pueda adoptar el proyecto de informe. 
Señor Presidente, me complace especialmente hablar de este informe puesto que me he tomado un interés especial en la revisión de la directiva sobre tiempo compartido, después de las numerosas quejas que he recibido de turistas perjudicados de mi propia región del Reino Unido, los cuales han sufrido a manos de operadores a veces sin escrúpulos. 
En noviembre del año pasado, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior promovió una audiencia pública sobre la utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido y varios de mis electores tuvieron la oportunidad de venir a exponer sus experiencias directamente en esa audiencia. 
Me alegra decir que muchos de los problemas planteados durante la audiencia, tanto en las intervenciones orales como en el expediente de pruebas por escrito que yo presenté en ese momento, han sido abordados. 
Una de las preocupaciones concretas ha sido el aumento de las operaciones de clubes de vacaciones o clubes de puntos, que por la propia naturaleza de las normas de pertenencia a los mismos, se aprovechan de la legislación vigente que no regula los contratos de menos de tres años. 
Por ello, recomendaría a la Asamblea la propuesta de regular todos los contratos de esta naturaleza, cubriendo así la laguna que existe actualmente. 
Asimismo, me complace ver que hemos propuesto que la comunicación los datos de la tarjeta de crédito esté sometido al mismo período para echarse atrás que un depósito por otros medios. 
En consultas en mi propia circunscripción he oído historias de turistas inocentes que habían dado ingenuamente a promotores de tiempo compartido los datos de sus tarjetas de crédito y que a la vuelta de sus vacaciones descubrían que se habían adeudado en sus cuentas importantes cantidades de dinero. 
Del mismo modo, es también vital que una vez que los contratos se hayan firmado definitivamente, se proteja de manera adecuada a los consumidores frente a aumentos no razonables de los costes de mantenimiento y, que, en casos en los que haya existido conducta incorrecta, los turistas tengan un fácil recurso jurídico para obtener compensación. 
Un obstáculo significativo a esta compensación es el coste que supone para los reclamantes emprender procedimientos judiciales a menudo largos en un país en el que no se encuentran completamente cómodos con el proceso. 
Por tanto, debemos buscar nuevas formas de simplificar este procedimiento, quizás permitiendo a los reclamantes utilizar sus propios sistemas judiciales nacionales si fuera necesario. 
Estas medidas representan, para los turistas europeos que contratan este tipo de vacaciones, pasos esenciales hacia una verdadera protección del consumidor. 
Sin embargo, el presente informe no es una solución completa a todos los problemas. 
Espero que sus señorías puedan apoyar mi enmienda para ampliar el período para arrepentirse a 28 días naturales en lugar de los 10 actuales. 
Esto daría a la gente la oportunidad real de considerar, pensándolo en frío a la vuelta de vacaciones, si desean seguir adelante con su compra. 
Espero que ahora la Comisión presente propuestas apropiadas de legislación lo antes posible para que nuestros ciudadanos de la UE puedan disfrutar de todas las formas de vacaciones en régimen de tiempo compartido con total tranquilidad. 
Señor Presidente, los Sres. Medina y Marihno intentan sistemáticamente demostrar las deficiencias de la legislación comunitaria actual sobre el régimen de tiempo compartido, y dejar claro que, para que dicha legislación sea eficaz, las regulaciones no deben hacerse unilateralmente. 
En este sentido ha estado de acuerdo una gran mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y por esta razón debe aprobarse el informe. 
La nueva propuesta legislativa que tendremos tras la intervención deberá: primero, dar respuestas completas a los problemas a los que se han enfrentado los consumidores hasta el día de hoy; segundo, evitar prácticas destinadas a eludir las garantías establecidas por la legislación comunitaria; y tercero, dar garantías a todas las partes implicadas. 
Así, es imprescindible la inclusión en el campo de aplicación de la Directiva de todas las nuevas formas contractuales de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, sin que sea necesario establecer términos temporales rígidos, tanto en lo que hace a la duración mínima del contrato como al periodo anual de utilización. 
También hacen falta normas: primero, que garanticen que los agentes responderán a sus compromisos contractuales, incluso en caso de quiebra o de insolvencia durante un periodo largo, y de que se impondrán limitaciones al trámite de licencias de agencias; segundo, sobre el derecho de los consumidores y la obligación de los promotores de que la compra de la parte de tiempo compartido se realice sobre la base de un precio concreto; y tercero, sobre el sistema de intercambio de tiempo compartido. 
En la práctica han ocasionado problemas tanto las cuestiones sobre la competencia jurídica internacional como las del derecho aplicable. 
Por esta razón es deseable que se prohíban las cláusulas sobre competencia jurisdiccional que remitan a competencias extraterritoriales, o simplemente a competencias distintas de las del lugar donde se halla el inmueble, así como las cláusulas que remiten al derecho de un país tercero. 
Tal como hemos dicho antes, en el intento de evitar la regulación unilateral, se deben tener en cuenta los intereses de los propietarios del inmueble. 
Además la institución debe contemplarse como una palanca de desarrollo del turismo y de empleo. 
Finalmente, a la vista de las experiencias con que contamos hasta ahora, deberá considerarse una campaña informativa y publicitaria a nivel de la UE para promocionar a operadores de calidad de la multipropiedad. 
Señor Presidente, imaginen, señorías, a una persona inteligente y sensata que está de vacaciones en otro país de la UE con su anciana y delicada madre, que acaban los dos atrapados por personas totalmente extrañas durante más de medio día en una habitación sin ventilación, que apenas les ofrecen un refresco y que, al ver a un corpulento caballero que bloquea la puerta, sienten que tienen cortada la salida, y acaban así firmando un contrato y pagando un depósito por un régimen de tiempo compartido que no desean. 
Vuelven a casa y descubren que han dicho adiós a un depósito de varios miles de libras y que la empresa con la que han tratado es una tapadera sin ningún valor, constituida en algún paraíso fiscal. 
No tienen ninguna posibilidad de compensación. 
Pues bien, ésta es una historia real. 
¿Cuántos de nosotros hemos escuchado historias desventuradas como ésta a nuestros propios electores, a pesar de la existencia de una directiva sobre tiempo compartido? 
Este informe es oportuno. 
Hay que aplicar sus contenidos ya, no retrasar la aplicación a la espera de nuevos estudios e informes. 
Pero permítanme una nota de precaución. 
Aunque contará con el apoyo del Grupo Liberal, yo no estoy totalmente convencida de que este montón de iniciativas bastante complejas y diferentes, tanto legislativas como no legislativas, vaya a dar respuesta al problema. 
El problema es sencillamente, en mi opinión, el siguiente: estos timos del tiempo compartido son una de las señales más espantosas de que no tenemos, de que no hemos creado, una zona de justicia única europea. 
El acceso transfronterizo a la justicia dentro del mercado interno sigue estando plagado de obstáculos para nuestros ciudadanos. 
Pocos de estos timos, si es que hay alguno, se cometen contra los ciudadanos en sus propios Estados miembros. 
Estos granujas se aprovechan con demasiada facilidad de la falta de una zona única de justicia civil europea. 
Si supieran que se les va a procesar en sus propios países se lo pensarían dos veces. 
Recomiendo el párrafo 15 del informe como un buen punto de partida para incluir estos contratos en la definición de contratos del consumidor. 
Este tipo de planteamiento horizontal es el que ofrecerá finalmente la respuesta. 
Si disponemos de un apropiado acceso transfronterizo a la justicia, los bandidos del timo del tiempo compartido se lo pensarán dos veces antes de explotar a nuestros electores cuando están de vacaciones. 
Señor Presidente, en primer lugar mi agradecimiento por las simpáticas palabras del ponente Sr. Manuel Medina Ortega, pero debo decir que el informe no ha perdido nada con mi substitución. 
Señor Presidente, el reparto de oportunidades que se concede con la utilización de inmuebles en multipropiedad- el llamado timeshare- no ha brindado la felicidad precisamente a todos los usuarios. 
Son públicos los problemas que esos productos han planteado en el pasado y que aún persisten y en virtud de dichos problemas se aprobó en tiempos la Directiva 94/47 con el objeto de facultar la protección contra abusos flagrantes de confianza. 
Ahora bien, hay problemas que persisten. 
La directiva sigue el principio de armonización mínima, al establecer un bajo nivel de medidas de protección del consumidor, que los Estados miembros podrían después ampliar, si lo consideraran oportuno. 
Por desgracia, no ha sido ése el procedimiento generalizado. 
En consecuencia, los consumidores afrontan ahora una miscelánea de leyes, que ofrecen mayor protección en algunos Estados que en otros. 
Desde la modificación de la directiva, el número de quejas recibidas por parte de los consumidores ha aumentado, en vez de disminuir, como reconoce la Comisión en su informe de ejecución. 
Por lo demás, existen fórmulas cada vez más complejas de ofrecer productos de timeshare por períodos de menos de tres años, normalmente 35 meses, por lo que no admite la duración mínima establecida por la directiva y elude la disciplina comunitaria. 
De la misma forma, la directiva abarca sólo los bienes inmuebles utilizados durante al menos siete días al año, lo que provocó un aumento de contratos de timeshare para períodos de menos de siete días. 
Así, pues, es evidente que la directiva necesita, como ha dicho el Sr. Medina Ortega, y muy acertadamente, una revisión urgente. 
Los consumidores necesitan una medida eficaz de protección para sus transacciones, en particular las que se dan en más de un Estado miembro. 
La industria necesita garantías de que se fomentarán y apoyarán los procedimientos correctos mediante una directiva reformulada a fin de erradicar los procedimientos escandalosos que hemos presenciado. 
Señor Presidente, o nos dotamos de normas que sin exageraciones reglamentarias, evidentemente, permitan el libre desarrollo de esa actividad o dejamos todo como está y nos sometemos, en una sociedad abierta y de información como aquella en la que vivimos, a todos los ataques bien o mal intencionados en relación con esa industria y que quieren destruirla en los moldes de competencia en los que debe funcionar. 
Nuestra opción debe ser a favor de los consumidores, del turismo, de los tiempos libres, de la oportunidad de vacaciones para todos, del respeto de los promotores responsables y honrados y en ese sentido quiero felicitar al ponente Manuel Medina Ortega, quien en este texto expone con claridad las deficiencias que se deben superar en un futuro texto legislativo. 
A partir de ahora la Comisión tiene la responsabilidad y la palabra. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a mi colega, el Sr. Medina Ortega, así como a su predecesor por el trabajo que han realizado en esta directiva. 
El Sr. Medina ha hablado de las medidas que había que adoptar para aplicar esta directiva en todos los Estados miembros y del retraso con el que éstos lo han hecho. 
Todo ha sido demasiado poco y demasiado tarde. 
Existe una serie de actividades fraudulentas: los tiburones del tiempo compartido. 
Existen prácticas que aprovechan los plazos de la propia directiva: el crecimiento de los clubes de vacaciones, de los clubes de puntos, etc. Se elude la limitada protección del muy breve período para arrepentirse que, me temo no se aplica universalmente, de nuevo por los diferentes Estados miembros. 
Mi colega la Sra. McCarthy y otros diputados se unen a mí a la hora de pedir un período adecuado para arrepentirse de 28 días cuando el contrato se firme fuera del país de residencia del adquirente, como suele ser habitual. 
En mi propio país, las víctimas del fraude del tiempo compartido se han agrupado para intentar exigir medidas. 
Una de mis electoras, Claire Griffiths, que asistió a las audiencias públicas que celebramos aquí, organizó boicots a los agentes de su zona. 
Tuvieron éxito en cuanto que redujeron el negocio de esas personas, pero el grupo sigue esperando una compensación adecuada y la devolución de su dinero. 
La Asociación de Propietarios de Tiempo Compartido está en la actualidad organizando un órgano co-regulador para que se ocupe de la gestión de los centros turísticos de tiempo compartido, que ha sido otra de las cuestiones debatidas. 
No tenemos nada en contra de ellos. 
Yo aprecio cualquier cosa que se haga en el campo de la co-regulación. 
Sin embargo, tanto ellos como nosotros necesitamos que la Comisión actúe, ya sea mediante una resolución o mediante una directiva. 
Esa es la única forma en que podemos demostrar nuestro poder para proteger a los vulnerables de la explotación que no es solamente cruel, sino también a menudo delictiva. 
. (EN) Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría dar las gracias al ponente, el Sr. Medina Ortega, y a los miembros de las Comisiones de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por todo el útil trabajo en este tema. 
Yo me tomo muy en serio la cuestión del uso de inmuebles en régimen de tiempo compartido. 
Las transacciones son casi exclusivamente transfronterizas y a menudo implican cantidades de dinero muy significativas. 
Por tanto, es esencial que intentemos proporcionar un alto grado de protección a los consumidores en este ámbito. 
La actual directiva de la UE ha supuesto una aportación importante a los derechos de los consumidores, estableciendo una armonización mínima. 
Sin embargo, soy muy consciente de que siguen existiendo diversos problemas en cuanto a la protección del consumidor. 
Ello, a mi juicio, no se debe a la transposición de la directiva- la Comisión ya ha retirado todos los procedimientos de infracción al respecto- sino a su aplicación. 
Por consiguiente, es necesario hacer más. 
Los consumidores pueden ser vulnerables a varios problemas cuando adquieren derechos de utilizar bienes inmuebles en régimen de tiempo compartido. 
En primer lugar, ciertos vendedores y agentes sin escrúpulos utilizan técnicas de comercialización agresivas, que engañan a los consumidores o que ejercen sobre éstos una influencia indebida con el fin de inducirles a comprar, a menudo en su detrimento. 
En segundo lugar, han surgido nuevas prácticas en virtud de las cuales los acuerdos de tiempo compartido se ofrecen mediante determinados paquetes, tales como programas de puntos de club o participaciones en una empresa, que en la práctica sortean las obligaciones establecidas en la directiva. 
Como consecuencia, los consumidores pierden en cuanto a acceso al nivel de información requerido y a períodos para arrepentirse. 
Yo le doy una gran importancia a la resolución de sus señorías. 
Sus conclusiones, junto con las del Consejo y los comentarios al informe de 1999 de la Comisión relativo a la aplicación de la directiva, proporcionan una base sólida para seguir actuando. 
Asimismo, estoy seguro de que estarán de acuerdo en que necesitamos actuar de manera inmediata dadas las numerosas quejas que nuestras instituciones han recibo acerca de este tema. 
Creo que los problemas más generales podrían abordarse dentro del contexto de una directiva marco sobre comercio justo. 
Es necesaria una mayor armonización de las legislaciones para lograr un nivel uniforme y elevado de protección del consumidor en toda la UE. 
Así se recoge en la comunicación de seguimiento del Libro Verde sobre protección del consumidor, que acaba de ser aprobada por la Comisión. 
Entre las prácticas de comercialización que podrían abordarse empleando este planteamiento figuran las basadas en declaraciones engañosas o en la omisión de información sustantiva a los consumidores antes de la formalización del contrato, las que implican acoso, coerción o técnicas intimidatorias y las relativas a la asistencia posventa al consumidor. 
Además, para hacer frente a los problemas más urgentes, deberíamos establecer vínculos con las principales asociaciones y miembros del sector del tiempo compartido con el fin de hacer más eficaz la autorregulación. 
Los códigos de conducta del sector del tiempo compartido podrían utilizarse para aumentar los requisitos básicos y para enfrentarse a esas prácticas injustas y opacas que no se contemplan en la directiva. 
Recientemente he sido informado de que una asociación de comercio europea ha emprendido acciones jurídicas contra determinados clubes de vacaciones en España por violación de la legislación española sobre uso de inmuebles en régimen de tiempo compartido. 
La asociación en cuestión ha facilitado información a las autoridades públicas sobre prácticas fraudulentas, las cuales han sido posteriormente investigadas. 
Varias empresas de club de vacaciones han sido cerradas en las últimas semanas y sus directivos han sido detenidos en el curso de la investigación. 
Por tanto, podría y debería fomentarse una cooperación más sistemática entre el sector y los puntos de contacto correspondientes de los Estados miembros. 
Dicha cooperación debería dirigirse a identificar aquellas empresas con las que han surgido problemas y contra las que pueden adoptarse medidas destinadas a exigir el cumplimento de las normas. 
La Comisión aprovechará, por tanto, la experiencia de los centros europeos, las Euroventanillas, y el trabajo con las recientemente establecidas cámaras de compensación de la Red Extrajudicial Europea y con la Red Internacional de Supervisión de las Prácticas Comerciales para abordar los problemas que siguen existiendo y para animarlas a cooperar estrechamente con las empresas. 
Específicamente, lo que ha planteado la Sra. Wallis en relación con el acceso a la justicia reviste importancia y ella destaca, en mi opinión acertadamente, el carácter transfronterizo de ese problema. 
Nuestra propuesta, recogida en el documento de seguimiento sobre el comercio justo, se refiere expresamente a la necesidad de cooperación entre los Estados miembros en la aplicación de la ley. 
En nuestro proceso de consultas con los Estados miembros y otros agentes, hubo una respuesta muy positiva a la parte del documento que se centra en la cooperación para aplicar las normas. 
Atendiendo a esto, la Comisión tiene la intención de presentar una propuesta específica en relación con este asunto concreto a finales de este año o a principios del próximo. 
Igualmente, cuestiones como los poderes recíprocos de interdictos entre los Estados miembros serían, a mi juicio, importantes y podrían ser eficaces. 
En efecto, la legislación relativa a consumidores y contratos en toda la UE ha de ser examinada, y eso es lo que estamos haciendo en mi DG en este momento, como estoy seguro que muchas de sus señorías saben, y presentaremos propuestas al respecto en su debido momento, espero que más pronto que tarde. 
Estos son nuestros planes, pero, si después de adoptar las medidas que he expuesto, siguen existiendo problemas que no pueden resolverse con tales medidas, no dudaré en revisar la directiva sobre tiempo compartido según lo indicado en la estrategia de protección del consumidor recientemente aprobada por la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0253/2002). 
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas al Consejo. 
Está entre nosotros el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Haarder, con el valor añadido de que ha sido diputado durante mucho tiempo y conoce muy bien el funcionamiento de este hemiciclo y los deseos de los diputados. 
La pregunta nº 6 del Sr. Gallagher no se tratará, dado que su autor ha dejado de ser diputado al Parlamento Europeo por una razón interesante en política: es ahora ministro del Gobierno irlandés. 
Nosotros le remitiremos la respuesta por escrito a su pregunta. 
Pregunta nº 1 formulada por Mihail Papayannakis (H-0356/02): 
Asunto: Proyecto de ley sobre los medios de comunicación en Turquía 
El Gobierno turco planea aprobar un controvertido proyecto de ley sobre los medios de comunicación que contradice la constitución del país y las obligaciones de Turquía para con la UE. 
Diversos funcionarios comunitarios, diplomáticos de los Estados miembros y la representante de la Comisión en Ankara han manifestado ya su inquietud acerca del contenido del proyecto de ley en cuestión. 
Dado que con el proyecto de ley se prorroga la prohibición de emitir programas de radio y televisión en lengua kurda, pese a las promesas en contrario de Turquía de levantar la prohibición a partir de finales del mes pasado, se pone en peligro el principio democrático fundamental de la libertad de expresión y se allana el camino a la creación de un régimen monopolista incontrolado, ¿considera el Consejo que la aprobación del proyecto de ley es compatible desde un punto de vista político y jurídico con los criterios de adhesión de Copenhague y con la unión aduanera Turquía-UE? 
¿Podría indicar el Consejo si se propone intervenir para que se garanticen las reglas democráticas y los derechos humanos que dictan los principios del Derecho internacional? 
. (DA) Señor Presidente, gracias por su amable bienvenida. 
Puede decirse que Pat Callagher no está aquí por ser ahora Ministro, en cambio yo estoy aquí por ser Ministro- así es la vida. 
En cuanto a la pregunta, diré que la controvertida ley sobre medios de comunicación, a la que hace referencia el distinguido diputado, fue aprobada por el Parlamento de Turquía el 15 de mayo de este año. 
El Consejo es de la opinión de que esta ley sobre medios de comunicación, de ponerse en práctica, será un claro paso atrás e implicará un endurecimiento adicional de las restricciones a la libre radiodifusión en Turquía. 
El Consejo señala que el Tribunal Constitucional turco dejó en suspenso el 13 de junio, después de que el asunto le hubiera sido planteado por el Presidente de Turquía, el Sr. Sezer, cinco artículos de esta ley, entre ellos, el artículo relativo a la designación de los miembros y el artículo relativo a las sanciones económicas en los casos de infracción. 
Asimismo advierto de que el Tribunal Constitucional sigue examinando la sustancia del resto del texto. 
El Consejo recuerda que la Comisión Europea reaccionó inmediatamente a esta ley considerando que, por un lado, ésta no cumple el criterio político de Copenhague, y por otro, choca con la asociación para la adhesión, que implica la derogación a corto plazo de todos los decretos que prohíben a los ciudadanos turcos el uso de su lengua materna en las emisiones radiofónicas y televisivas. 
La UE ha subrayado esta condición de manera absolutamente inequívoca en sus encuentros con Turquía, la última vez en la reunión de los Directores Políticos el 17 de mayo en Madrid, inmediatamente después de la aprobación por el Parlamento turco de la ley. 
El Consejo seguirá la situación detenidamente, pues se trata de principios absolutamente fundamentales. 
Luego en este punto el Consejo y el Sr. Papayannakis estamos de acuerdo. 
Muchas gracias al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo e, incluso puedo decir, a mi colega: de verdad, ¡muchísimas gracias! 
Su respuesta ha sido muy clara y muy satisfactoria. 
No tengo nada que añadir. 
Solamente quiero preguntarle otra cosa. 
¿Tenemos información sobre cuándo va a terminar, positiva o negativamente esta historia? 
Y claro, espero que sea positivamente. 
Es decir, ¿cuándo vamos a tener la decisión final sobre el vigor de esta ley? 
. (DA) Me gustaría darle las gracias al Sr. Papayannakis por sus amables palabras. 
Celebro que estemos de acuerdo en esto. 
Desgraciadamente no puedo decirle nada acerca de cuándo este asunto se dará por zanjado. 
¿No estamos de acuerdo en mantenerlo bajo vigilancia y en seguir presionando? 
Luego esperamos que llegue una solución lo antes posible. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 2 decae. 
Pregunta nº 3 formulada por Alexandros Alavanos, a quien sustituye Mihail Papayannakis (H-0365/02): 
Asunto: Revocación de decisiones adoptadas en Niza sobre el ejército europeo 
En la cumbre de Niza, los "15" decidieron que en la planificación de las operaciones de la fuerza militar europea sólo participarían los Estados miembros de la Unión Europea, independientemente de si se utilizan infraestructuras de la OTAN. 
A esta última y única decisión de la Unión Europea se opuso con vehemencia Ankara, que amenazó con ejercer el veto en el seno de la OTAN si no participaba en igualdad de condiciones con los Estados miembros en la toma de decisiones al respecto. 
A raíz de lo anterior, hubo una iniciativa británico-estadounidense extrainstitucional de la que surgió el "texto de Ankara", que se opone en la letra y en el espíritu a las decisiones de Niza. 
¿Puede indicar el Consejo si el "texto de Ankara", elaborado fuera de los procedimientos tanto de la UE como de la OTAN, compromete a la Unión Europea? 
¿Con arreglo a qué decisión de la UE ejercen presiones la Presidencia y el Alto Representante sobre distintos Estados miembros para que se acepte el "texto de Ankara"? 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, lo que ha dicho lo ha dejado muy claro. 
Simplemente le pediría que, si es posible, diera algunos detalles más sobre la continuación que se dé tras las decisiones de Sevilla. 
Si he entendido bien, en Sevilla se ha alabado a la Presidencia española por todo lo sucedido, se ha decidido continuar los esfuerzos por encontrar una solución, pero creo que también se ha debatido sobre ciertas añadiduras a este famoso documento, que no es vinculante, pero que tiene significación política. 
¿Tenemos más información después de Sevilla? 
¿Sabemos cómo se fomenta la mejora de este documento y qué posibilidades tiene? 
Dado el caso tan singular, le vamos a dar la palabra por una cuestión de orden al Sr. Papayannakis. 
Señor Presidente, sinceramente, no querría hacer ninguna insinuación sobre el opt-out de Dinamarca; pero la respuesta del Sr. Presidente en ejercicio del Consejo significa que en algún momento, como el opt-out afecta a la política exterior común y al euro, quizás debería invitarse a nuestras sesiones estas, dedicadas a preguntas al Consejo, al representante griego. 
Se lo planteo a usted, señor Presidente, para que lo plantee posiblemente a la Presidencia. 
Las preguntas escritas no bastan, tal como ha señalado el Sr. Haader. 
Buenas son, pero la pregunta oral es otra cosa, porque se da la posibilidad de hacer una pregunta complementaria, etc. 
¿No deberíamos analizarlo? 
Tomo buena nota, como Presidente de sesión, de este problema, pero tiene la palabra el Sr. Haarder. 
. (DA) Señor Presidente, me gustaría asegurarle al Sr. Papayannakis que Dinamarca se encarga de la Presidencia de la Comisión de Asuntos de Interior a pesar de que ciertos temas en ésta se vean afectados por la reserva danesa y que, además, nos encargamos de la Presidencia del Consejo ECOFIN, sin embargo, cuando se trata de cuestiones relativas a decisiones y acciones que inciden en el ámbito de la defensa, por respeto a la decisión que los daneses adoptaron hace muchos años hemos elegido dejar que la Presidencia griega lidere la Presidencia del Consejo en este punto. 
Me gustaría añadir que el gobierno danés al igual que la mayoría del Parlamento danés desea que desaparezcan estas reservas tan pronto como sea posible, sin embargo, hasta que no sean retiradas en un referéndum, las respetaremos. 
Es una decisión democrática que respetamos y me alegra que el Sr. Papayannakis tenga necesidad de esto y celebramos que el gobierno griego sea tan amable y que la cooperación haya discurrido tan bien a raíz de la redacción del programa de la Presidencia danesa, en el cual Grecia ha redactado el capítulo tocante a la defensa. 
Pregunta nº 4 formulada por Olivier Dupuis (H-0371/02): 
Asunto: Georgia 
Al término de su cuarta reunión, que tuvo lugar en Tbilisi los días 29 y 30 de abril de 2002, la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Georgia adoptó un documento final en cuyo apartado 14 se pide a las autoridades de Georgia y de la Unión Europea que cumplan, tan pronto como sea posible, el Acuerdo de colaboración y de cooperación (ACC) , a fin de establecer la base para iniciar las negociaciones para un acuerdo de asociación. 
¿Podría indicar exhaustivamente el Consejo qué puntos del Acuerdo de cooperación aún no se han aplicado y las razones por las que no se ha hecho, así como la estrategia y la agenda elaboradas por el Consejo para que la totalidad del Acuerdo pueda ejecutarse lo antes posible? 
Además, ¿no considera el Consejo que en el contexto regional sumamente problemático en el que se encuentra Georgia, el ACC, o incluso un posible acuerdo de asociación, no constituye una respuesta adecuada de la Unión que permitirá a Georgia hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta? 
¿No considera el Consejo que sería conveniente no seguir eludiendo la cuestión de la adhesión de Georgia a la UE, incluyendo sin más demora a dicho país en la lista de los países candidatos, sobreentendiendo que su adhesión dependerá de su capacidad de integrar el acervo comunitario? 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, estoy absolutamente de acuerdo con el balance que usted efectúa sobre el carácter trágico de la situación en Georgia. 
Asimismo, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha manifestado y con lo que esta mañana ha expresado el Presidente Rasmussen en cuanto a la importancia que reviste el proceso de ampliación para superar la actual división del continente europeo. 
Conocemos, además, la importancia que ha tenido la perspectiva de adhesión para todos los países de Europa Central con vistas a resolver los enormes problemas que les afectaban y que continúan haciéndolo. 
Lo que proponemos no es diferente de lo que hemos propuesto y ofrecido a los países de Europa Central y Oriental, es una perspectiva de adhesión. 
Una perspectiva de adhesión no significa que se vayan a adherir mañana, sino la garantía de tener un marco en el que Georgia podrá resolver sus problemas. 
Hoy sabemos que eso no ocurre, conocemos las presiones de Rusia, conocemos el papel que Rusia desempeña en los conflictos internos a los que ustedes se han referido. 
Mi pregunta, pues, es esta: ¿estaría usted de acuerdo en proponer al Consejo, como Presidente en ejercicio de la Unión, que reflexione en la posibilidad de incluir Georgia en la lista de los países candidatos? 
. (DA) Señor Presidente, me veo obligado a decirle a mi buen amigo y antiguo compañero, el Sr. Dupuis, que desgraciadamente no es nada realista incluir a Georgia en la lista de posibles países candidatos. 
Creo que en la Unión Europea debemos considerar alternativas a la adhesión para nuestros vecinos próximos y lejanos al este y al sur. 
Para ciertos países europeos, la solución evidente es la adhesión, para otros, no resulta nada realista. 
Hemos de ser realistas en las ilusiones que despertamos en los líderes de los países con los que cooperamos. 
Creo que no sería inteligente, en cualquier caso no en el momento actual, despertar ninguna ilusión de adhesión ni en el Sr. Shevardnadze ni en otros líderes de Chechenia. 
Señor colega Haarder, yo también quiero felicitarle y que nos felicitemos por su presencia hoy aquí en calidad de Presidente del Consejo. 
Mi pregunta se refiere a Georgia. 
Usted ha señalado, con razón, que la situación de Georgia en materia de seguridad depende de la situación en el Cáucaso y yo quisiera preguntarle qué está haciendo el Consejo para intentar mejorar la situación en materia de seguridad en el Cáucaso, mediante una solución del problema de Chechenia que permita estabilizar también a Georgia. 
En efecto, mientras Chechenia continúe desestabilizada, tampoco será posible la estabilización de Georgia. 
No sé hasta qué punto es una pregunta complementaria al tema de Georgia, pero el señor Presidente está en su capacidad de contestar. 
. (DA) Señor Presidente, sólo puedo responder brevemente al Sr. Posselt que sí hay abierto un diálogo con el gobierno ruso respecto al problema de Chechenia. 
No debemos infravalorar este problema y tampoco lo haremos. 
Su debate forma parte permanente del diálogo con Rusia y no negaré que pueda haber una relación entre el problema de Chechenia y los problemas en Georgia. 
Luego le doy en cierta forma la razón al Sr. Posselt, sólo digo que hay abierto un diálogo con Rusia sobre este asunto, éste no ha sido olvidado y así se desprenderá de posteriores preguntas si llegamos a ellas. 
Me gustaría también dar la bienvenida a su nueva función al Sr. Haarder. 
Me ha animado a intervenir oírle decir al Sr. Haarder que no deseaba despertar esperanzas en algunos países como Georgia, a los que se ha referido el Sr. Dupuis. 
Sé por mi experiencia en Rumanía- que es el undécimo o el duodécimo en la lista de países que espera adherirse a la UE- que lo que mantiene unido a ese país es la luz al final del túnel, la esperanza de que podrá adherirse a la Unión Europea, sus vecinos ricos, en un club próspero. 
Si se le dice a otros países- ya sea Georgia o alguna de las antiguas Repúblicas Yugoslavas- que no vamos a despertarles esperanzas, ¿no existe el peligro de que se vean empujados a la tensión, las luchas internas, y posiblemente a la violencia, y de que aumenten las presiones migratorias hacia Occidente? 
Señor Presidente en ejercicio, ¿podría aclarar esa postura? 
. (DA) Señor Presidente, comprendo perfectamente este razonamiento, sin embargo, la cuestión es si éste es un buen consejo para dar a Georgia, si es una buena solución a los problemas actuales encender esta luz al final del túnel. 
El túnel puede ser tan largo- y es largo en este caso- que la esperanza se vuelva demasiado pequeña y cabe decir que la esperanza quizá sencillamente desvíe la atención de los actuales requisitos que Georgia no cumple, entre ellos, ciertos acuerdos que mantenemos con Georgia. 
Creo que no sería buen consejo animar a Georgia a que trabaje hacia la adhesión. 
El Consejo debe estar mucho más atento: cumplid los acuerdos existentes, solucionad los problemas que se alzan ante vosotros. 
Georgia, por lo que sé, se encuentra en Europa y naturalmente es una posibilidad teórica que en algún momento Georgia pueda convertirse en miembro, no puede descartarse; sin embargo, esto no es algo que deba desempeñar ningún papel en la actual y triste situación. 
Pregunta nº 5 formulada por Liam Hyland (H-0379/02): 
Asunto: OMC e importaciones de los países más pobres del mundo 
La UE ha decidido recientemente conceder a las importaciones procedentes de los 48 países más pobres del mundo, incluidos los productos agrícolas, un acceso libre de impuestos e ilimitado a los mercados de la UE, lo que constituye una primicia mundial. 
Se espera asimismo que otros países desarrollados sigan su ejemplo. 
¿Va a realizar ahora el Consejo una declaración sobre la situación en que se encuentra actualmente esta decisión y sobre si otros países desarrollados están siguiendo esta iniciativa de la UE? 
. (DA) Señor Presidente, la UE albergó la Conferencia de Naciones Unidas sobre los países menos avanzados celebrada en mayo de 2001 en Bruselas. 
En la Conferencia se aprobaron una Declaración y un programa de acción, en los que se confirmó que la intención era mejorar el acceso preferente de los países menos avanzados a los mercados, trabajando hacia el objetivo de dar a todos los productos procedentes de los países menos avanzados un acceso libre de impuestos e ilimitado a los mercados de los países desarrollados. 
El Consejo de Asuntos Generales aprobó el 26 de febrero del pasado año su iniciativa ' Everything but Arms? y la UE invitó a otros países desarrollados durante los preparativos de la reunión de ministros de la OMC celebrada en Doha en noviembre del año pasado a poner en práctica iniciativas similares y de este modo cumplir el compromiso multinacional de dar a los productos de los países menos avanzados acceso libre de impuestos, la promesa que figura en el plan de acción de la OMC aprobado en Singapur en 1996. 
El Secretario General de Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, les ha rogado asimismo encarecidamente que lo hagan. 
Ahora mismo, sin embargo, ninguna de las iniciativas puestas en práctica por los grandes países puede compararse de algún modo a la iniciativa ' Everything but Arms?. 
La iniciativa de Nueva Zelanda es la que más se aproxima al ejemplo de la UE. 
Canadá, Japón y los EE.UU. han hecho también progresos, sin embargo, aún se encuentran retrasados con respecto a la iniciativa que adoptara la UE. 
Un estudio llevado a cabo recientemente por UNCTAD analiza el efecto de la propuesta. 
El estudio concluye que todos los países menos avanzados se beneficiarán de la propuesta. 
Las ventajas, sin embargo, serían mucho mayores si los demás participantes de la reunión cuatripartita, Canadá, Japón y los EE.UU., siguieran el ejemplo de la UE. 
En la actualidad, la mitad de las exportaciones de estos países es gravada con impuestos en Canadá, Japón y los EE.UU. La reunión del G8 del otro día en Alberta, Canadá, brindó una nueva ocasión de debatir esta cuestión. 
En la reunión la atención estuvo centrada principalmente en África, donde se encuentra la mayoría de estos países pobres. 
El caso aún no está cerrado, y la Unión Europea puede sentirse orgullosa de haber adoptado la iniciativa más fuerte en el plano global dentro de este ámbito. 
Señor Presidente, me gustaría sumarme a la bienvenida al Presidente en ejercicio y darle las gracias por su respuesta tan detallada y exhaustiva. 
La decisión de permitir a los países más pobres acceder a los mercados de la UE constituye una expresión práctica de nuestro deseo de contribuir a su desarrollo económico a largo plazo. 
Es el único modo creíble y sostenible de avanzar. 
Pero, ¿dispone el Consejo de alguna información acerca de la medida en que algunos de estos países han podido aprovechar estas facilidades en lo que respecta a la UE? 
Quizás, el Presidente en ejercicio podría también hablar de las dificultades por las que atraviesan estos países para cumplir con los requisitos para exportar a la Unión Europea. 
. (DA) Señor Presidente, el diputado tiene razón en que es importante brindar esta ayuda; sin embargo, en lo que a la parte más pormenorizada de la pregunta se refiere, es la Comisión quien debe responder. 
Luego le invito a que la pregunta se plantee a la Comisión. 
Pregunta nº 7 formulada por Dirk Sterckx (H-0384/02): 
Asunto: Insuficiencia del "Reglamento de las fresas" en caso de obstáculos graves a la libre circulación de mercancías 
Desde noviembre de 2001, el transporte de mercancías por ferrocarril entre Francia y el Reino Unido a través del túnel de la Mancha está gravemente perturbado. 
La Comisión ha adoptado todas las medidas autorizadas en virtud del "Reglamento de las fresas" 
Señor Presidente del Consejo, es para mí un gran placer poder dirigirme a usted en estas nuevas circunstancias. 
En realidad estamos ante una traba a la libre circulación de bienes a través del Túnel de La Mancha. Desde el pasado mes de noviembre su uso ha quedado reducido al 40% de su capacidad total. 
Esta situación perjudica a un gran número de empresas y constituye un gran problema para el transporte por ferrocarril en general, que, sin embargo, es un modo de transporte respetuoso con el medio ambiente. 
Por eso pido al Presidente del Consejo que en las reuniones del Consejo haga todo lo posible para que la Presidencia ejerza presión sobre los Estados miembros, instándoles a que hagan todo cuanto esté a su alcance para poner a salvo la libre circulación de bienes. 
En este momento la directiva de las fresas resulta insuficiente. Creo que hay que reforzarla. 
El Sr. Bolkestein me contesta a una de mis preguntas que el Consejo rechaza esa vía. 
Mi pregunta es: ¿qué medidas puede adoptar usted en la práctica para garantizar que no se perturbe la libre circulación en el Túnel de La Mancha, puesto que este asunto se aplaza una y otra vez? 
. (DA) Me aseguraré de que tengo razón en entender que es la Comisión quien deben garantizar el cumplimiento de tales normas. 
Por lo demás, no quiero minimizar de ningún modo el problema mencionado por el Sr. Sterckx. 
Cabe imaginarse el posible resultado en pérdidas económicas, y los interesados no podrán entenderlo cuando hay normas comunitarias que deberían garantizar su comercialización. 
Luego no quiero minimizar este asunto y me gustaría llevarlo al Consejo, sin embargo, ha de ser la Comisión quien realice la inspección. 
Pregunta nº 8 formulada por Marit Paulsen (H-0389/02): 
Asunto: Pesca industrial y prohibición de utilizar proteínas animales elaboradas 
Las repercusiones de la pesca industrial para el medio ambiente y la biodiversidad son de todos conocidas. 
Como es sabido, el principal objetivo de este tipo de pesca es producir harina de pescado rica en proteínas destinada a la producción animal o a la cría de pescado de mejor calidad. 
En virtud de la Decisión 2000/766/CE 
. (DA) Señor Presidente, en 1992 se presentó un informe sobre la pesca industrial en el Mar del Norte, el Skáger Rak y el Cattegat, el mar alrededor de Dinamarca. 
El Consejo ha debatido desde entonces en varias ocasiones el efecto de la pesca industrial en el medio ambiente, sin embargo, el Consejo en ningún momento ha aprobado una posición común sobre este tema. 
La Comisión presentó el 28 de mayo de este año una Comunicación sobre la reforma de la política pesquera común. 
En la Comunicación, la Comisión propone que la pesca destinada a la elaboración de harina de pescado debe dirigirse hacia el pescado para el que no haya ningún mercado de consumo comercial y que este tipo de pesca debe seguir siendo vigilado cuidadosamente. 
El Consejo todavía no ha debatido esta Comunicación de la Comisión. 
La Decisión del Consejo 2000/766/CE se aplica sólo a los piensos de harina de pescado destinados a rumiantes y sólo si el pienso cumple las disposiciones de la resolución de la Comisión. 
Esto es lo que puedo contestar a la pregunta y reconozco que no resulta especialmente satisfactorio, sin embargo, el Consejo todavía no ha debatido la Comunicación de la Comisión. 
Por último, me gustaría subrayar que comprendo perfectamente que el Sr. diputado plantee esta pregunta. 
Sin embargo, en el momento actual no puedo decir nada más. 
¿Para reformular su pregunta? 
Muy bien. 
Agradecemos a la Sra. Paulsen esta decisión. 
Pregunta nº 9 formulada por Cecilia Malmström (H-0396/02): 
Asunto: Medidas contra el Gobierno cubano y apoyo al movimiento democrático 
Gisela Delgado Sablón, Directora de las bibliotecas independientes en Cuba, ha recibido el premio Lars Leijonborg por la lucha en favor de la democracia. 
Dicho premio lo concede mi partido a aquellas personas que, bajo regímenes dictatoriales, realizan aportaciones valiosas para la democracia y para los derechos humanos. 
Gisela Delgado Sablón ha sido invitada a Estocolmo para recibir el premio y yo personalmente la he invitado a que colabore en un seminario sobre la situación en la isla en el Parlamento Europeo. 
Desafortunadamente, se nos ha comunicado que el Gobierno cubano se ha negado a conceder el visado de salida de la isla a la Sra. Delgado Sablón. 
Desde hace tiempo, el régimen comunista en Cuba persigue de manera sistemática a los demócratas y éste no es sino un ejemplo más. 
Habría sido muy valioso para el movimiento democrático que la Sra. Delgado Sablón pudiera visitar Estocolmo y Bruselas para contar cómo está la situación en su país natal. 
¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo en relación con el Gobierno cubano para que deje de perseguir a los demócratas y para apoyar a las personas que trabajan por la democracia y los derechos humanos en Cuba? 
. (DA) Señor Presidente, el Consejo se da perfecta cuenta de la situación en cuanto a derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba y de la necesidad de implantar un sistema basado en las libertades y demás derechos. 
Este sistema está establecido en la Constitución cubana, sin embargo, no se ha puesto en práctica. 
Éste es el principal motivo de que Cuba hoy sea el único país de Latinoamérica con el que la UE no ha celebrado un acuerdo de cooperación. 
Desde 1996 las relaciones de la UE con Cuba han estado determinadas por la posición común de la UE respecto a Cuba. 
Como se menciona en la posición común, el objetivo de las relaciones con Cuba es promover la transición hacia una democracia plural y el respeto de los derechos humanos y de las libertades así como una restauración económica sostenible y una mejora del nivel de vida del pueblo cubano. 
Creemos que un diálogo orientado a la obtención de resultados y la ayuda humanitaria son los mejores medios para alcanzar este objetivo. 
El diálogo con Cuba, roto por las autoridades cubanas en abril de 2000, se reanudó oficialmente el 1 y 2 de diciembre del pasado año cuando la Troica comunitaria compuesta por funcionarios de alto nivel viajó a La Habana. 
La Troica se reunió con la delegación cubana, presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Felipe Pérez Roque. 
La Troica comunitaria se reunió asimismo con la delegación cubana a nivel de expertos, cuando la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebró su reunión en abril de este año. 
El Consejo de Asuntos Generales en su reunión de 17 de junio de este año en Luxemburgo aprobó la undécima valoración de la posición común de la UE respecto a Cuba. 
El Consejo confirmó nuevamente que estos objetivos siguen estando de actualidad. 
El Consejo pensó que era importante proseguir el diálogo con Cuba, de modo que puedan alcanzarse resultados concretos y también dio a entender que espera señales claras por parte del gobierno cubano en dirección a una realización de los objetivos de la posición común. 
El 20 de mayo de este año, cuando el proyecto Varela ya había sido presentado a la Asamblea Nacional cubana, la Presidencia presentó una Declaración en nombre de la Unión Europea, en la que se saludaba la iniciativa Varela. 
Creemos que el proyecto Varela es una iniciativa importante, que con un fuerte respaldo entre la sociedad civil cubana puede allanar el camino a los cambios que precisa el país y que exige la sociedad cubana. 
El propósito de la iniciativa, que tiene fundamento en la Constitución cubana, es implantar un sistema de libertades y demás derechos establecido en la propia constitución pero que no se ha puesto a la práctica. 
En la Declaracion, la UE manifiesta sus esperanzas de que la Asamblea Nacional quiera considerar la iniciativa y que el proyecto Varela sea el pistoletazo de salida de un debate que promueva una transición pacífica a una democracia plural y a una sociedad cubana en paz consigo misma. 
En la reunión del 17 de junio en Luxemburgo el Consejo tomó nota de esta undécima valoración de la posición común de la UE respecto a Cuba. 
Se confirmó que la posición común sigue constituyendo la base de la política comunitaria hacia Cuba y se indicó que esta política sigue estando de actualidad. 
El Consejo observó ciertas señales positivas, tales como una mayor libertad de culto, menor número de presos políticos, ninguna aplicación de la pena de muerte los dos últimos años y medio y la ratificación de varios instrumentos de Naciones Unidas relativos a derechos humanos. 
Observó que en este último tiempo ha habido señales de una mayor apertura de las autoridades cubanas. 
Se consideró esto un comienzo esperando que el gobierno cubano diera pasos positivos que pudieran llevar a reformas concretas encaminadas a un sistema político basado en valores democráticos. 
A este respecto, el Consejo seguirá con interés el desarrollo del proyecto mencionado, que está previsto en la constitución, e invitará al gobierno cubano a que lo considere una iniciativa legítima, puesto que representa un esfuerzo considerable implantar estas reformas. 
La conclusión, por tanto, es que el Consejo se ocupa en grado sumo de Cuba, sigue el desarrollo en Cuba, plantea exigencias a Cuba y proseguirá planteando exigencias a Cuba, sin embargo, al mismo tiempo toma nota de los modestos avances, producidos a pesar de todo, y que el Consejo espera puedan llevar a nuevos avances en el futuro. 
Bienvenido, señor Presidente del Consejo. Me alegro de verlo. 
Agradezco mucho su respuesta y quisiera dejar constancia de que han ocurrido cosas nuevas desde que formulé mi pregunta. 
El Grupo liberal organizará mañana un seminario sobre el proceso de democratización en Cuba. 
Hemos invitado a cuatro ciudadanos cubanos a los que las autoridades cubanas han negado permiso para abandonar el país. 
Hace un cuarto de hora recibí un fax en el que el embajador cubano dice que este seminario es una ofensa al pueblo de Cuba. 
Como usted sabe, el régimen cubano ha modificado la constitución eternizando el socialismo. 
Lo que ocurre en Cuba es una enorme provocación por parte del régimen comunista. 
Quisiera saber si la Presidencia danesa ejercerá más presión ahora que hay tantas iniciativas en pro de la democratización. 
Los tímidos avances que hemos visto parece que no conducen a ninguna parte. 
La UE tiene un importante papel en este proceso y la oposición cubana nos necesita desesperadamente. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿no le parece que es, cuando menos hipócrita, el interés por la democracia y los derechos humanos en un país que, a pesar del embargo inhumano y de muchos años que se le ha impuesto y de la guerra despiadada que le hacen los Estados Unidos, consigue tener el nivel de vida y el nivel cultural más alto de América Central y América Latina? 
¿Y no le parece, además, que debemos respetar la voluntad de la mayoría aplastante del pueblo cubano de defender su patria socialista, y que la demanda inmediata debe dirigirse a la administración de los Estados Unidos para que pongan fin al embargo criminal y al terrorismo contra Cuba y contra los líderes del pueblo cubano? 
De verdad, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿qué va a hacer por la liberalización de los cinco combatientes cubanos contra el terrorismo, retenidos en Estados Unidos precisamente porque denunciaron el terrorismo que ejerce la gestión de dicha nación en contra de Cuba y de sus líderes? 
Pregunta nº 10 formulada por Lennart Sacrédeus (H-0399/02): 
Asunto: Sesión Especial de la ONU en favor de la Infancia 
En la Resolución que el Parlamento Europeo aprobó el 11 de abril de 2002 con vistas a la Sesión Especial de la ONU en favor de la Infancia se afirma, entre otras cosas, que "el Parlamento Europeo apoya la opinión de que la familia es la principal unidad de la sociedad y tiene la responsabilidad primordial de proteger y criar a los niños, así como de velar por su desarrollo". 
En consecuencia, el Parlamento Europeo sugiere que debe ser "un mundo apropiado para los niños (?) y también para las familias". 
¿De qué manera ha actuado el Consejo durante la Sesión Especial a favor de la Infancia para incorporar los puntos de vista del Parlamento Europeo en el documento final aprobado durante la sesión plenaria? ¿De qué manera se puede satisfacer la idea de la familia como la principal unidad de la sociedad? 
Agradezco a Bertel Haarder su respuesta y doy la bienvenida al Parlamento Europeo a nuestro antiguo colega, ahora Ministro de Asuntos Europeos. 
Agradezco los esfuerzos de la Unión Europea para dar a la familia la categoría de unidad esencial de la sociedad. 
Quisiera formular a Bertel Haarder algunas preguntas complementarias. 
¿Cuáles son las consecuencias de esto para los trabajos del Consejo en torno al reto demográfico, que Göran Persson destacó como asunto fundamental para el futuro de la Unión en la reunión del Consejo en Estocolmo en marzo de 2001? 
¿Cabe interpretar el énfasis en que las familias pueden ser muy diferentes como que la UE subraya que los niños tienen derecho a un padre y a una madre, a vivir en una comunidad que fortalezca su seguridad? 
. (DA) Señor Presidente, me gustaría disculparme por haber acentuado la sílaba equivocada del apellido del Sr. Sacrédeus, no volverá a suceder- sin embargo, yo mismo estoy acostumbrado a ello. 
Creo que me expresé de forma muy equilibrada. 
Estoy de acuerdo en que el mejor punto de partida para el crecimiento de un niño normalmente es que cuente con un padre y una madre, sin embargo, no siempre se tiene esta suerte. 
Por otro lado, hay niños que crecen sin padre y sin madre, y que aún así tienen un crecimiento feliz y una buena vida y por ello me parece importante que no tengamos una definición demasiado estrecha del término familia. 
El reto demográfico, me refiero al que supone la caída de las cifras de población, puede ser objeto de una larga discusión. 
Pienso que el problema no es tan dramático como alguno apunta, sin embargo, no es mi labor aquí en representación del Consejo tomar postura en el debate continuo que creo que debemos mantener en torno a esta cuestión. 
Lo cual, dicho sea de paso, está también relacionado con la cuestión de la inmigración en nuestros países y creo que nos llevaría demasiado lejos iniciar un debate al respecto. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nº 11 y 12 recibirán una respuesta conjunta. 
Pregunta nº 11 formulada por Carlos Carnero González (H-0402/02): 
Asunto: Juicio en Guinea Ecuatorial contra dirigentes de la oposición democrática 
Hoy, 23 de mayo de 2002, serán juzgados en Guinea Ecuatorial, por acusaciones carentes de todo fundamento y sin las mínimas garantías procesales propias de un Estado de derecho, diversos dirigentes de la oposición democrática, entre los que se encuentra Plácido Micó, líder de una de las formaciones más representativas de la misma, la Convergencia para la Democracia Social (CPDS). 
Este juicio es la más clara demostración de la ausencia total de voluntad por parte del régimen ecuatoguineano de cumplir los compromisos adquiridos ante la Comunidad Internacional, incluida la UE, de iniciar la transición hacia la democracia. 
¿Qué acciones ha puesto o va a poner en marcha la UE con motivo de este juicio y para proteger a la oposición democrática de las inaceptables agresiones de la dictadura de Teodoro Obiang? 
Pregunta nº 12 formulada por Raimon Obiols i Germà (H-0407/02): 
Asunto: Detenciones de líderes políticos de la oposición en Guinea Ecuatorial 
El Secretario General del partido Convergencia para la Democracia Social (CPDS) de Guinea Ecuatorial, Plácido Micó Abogo, se encuentra en situación de arresto domiciliario después de haber sido detenido el día 9 de mayo, por haber participado en una supuesta reunión en el domicilio de Emilio Ndong Biyogo y Felipe Ondo Obiang, en la que supuestamente se habló de los planes para dar un golpe de Estado contra el Presidente Obiang. 
El CPDS fue legalizado en el mes de febrero de 1993 debido a la presión de la comunidad internacional, después de que el régimen, que tachaba al CPDS de incompatible con el proyecto de ' ensayo democrático? que propugnaba, por entonces, el Gobierno de Guinea Ecuatorial, ofreciera mucha resistencia a la legalización de éste y otros grupos políticos. 
¿Qué información tiene la Presidencia del Consejo sobre la detención de opositores pertenecientes a partidos democráticos como el CPDS en Guinea Ecuatorial? 
¿Qué opinión le merece a la Presidencia el desarrollo del proceso de democratización en ese país? 
¿Qué acciones ha emprendido el Consejo para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas, así como de los derechos políticos de las diferentes fuerzas políticas democráticas en ese país? 
Creo, con todo respeto, que al señor Presidente en ejercicio del Consejo le han pasado una respuesta que estará en algún lugar, pero no en la Tierra ni en la Unión Europea, ni mucho menos en Guinea Ecuatorial. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, con su respuesta demuestra que o no se ha enterado o no se quiere enterar de que en Guinea Ecuatorial se ha celebrado un juicio sin ninguna garantía democrática, con penas basadas en acusaciones inexistentes y, además, con una situación de los detenidos, después condenados, que en estos momentos pone en grave peligro su vida. 
No sé si sabe, por ejemplo, que desde hace una semana no se les suministra ningún tipo de alimento y que hace 48 horas dos de ellos han tenido que ser ingresados de urgencia, con dolencias gravísimas, en el hospital de Malabo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿piensa usted honrar la respuesta de la Comisión Europea a la situación de Guinea Ecuatorial, pronunciada por el Comisario correspondiente en el último Pleno, y más aún, cumplir la resolución de este Parlamento sobre esta situación, aplicando lo que está contenido en el Convenio de Cotonú? 
. (DA) Señor Presidente, es cierto que hay artículos en el Convenio de Cotonou que permiten a la Unión Europea iniciar un diálogo, criticar, pedir explicaciones, y esto es lo que la Unión Europea ha hecho y en mi respuesta de ningún modo he disculpado a Guinea Ecuatorial. 
Al contrario, he utilizado fuertes palabras. 
Terminé manifestando la desconfianza de la Unión hacia los tribunales, hacia las sentencias pronunciadas, y si el Sr. Carnero González así lo desea, me encantará asimismo manifestar mi desconfianza en nombre de la Unión hacia el modo en que se trata a los acusados y a los presos en Guinea Ecuatorial. 
Señor Presidente, me permitirá que, en mi breve intervención, no pronuncie ningún eufemismo. 
Se trata de la vida o de la muerte de personas que tenemos realmente muy próximas. 
Tengo una amistad personal con Plácido Micó, Secretario General del CPDS (partido socialdemócrata y miembro de la Internacional Socialista) , que ha sido condenado en este juicio, realmente una farsa ignominiosa en la que se han puesto de manifiesto no sólo la vulneración absoluta y total de cualquier regla de garantía, sino la existencia de muy graves torturas físicas. 
Intervenimos, pues, para pedir a la Presidencia del Consejo una acción inmediata, porque las informaciones que tenemos de Malabo, de anteayer, son- como señalaba mi colega Carlos Carnero- extraordinariamente alarmantes. 
No se trata simplemente de condenar más o menos eufemísticamente esta situación, sino de ejercer la fuerza de la Unión Europea para conseguir que este escándalo terrible acabe de una vez. 
. (DA) Señor Presidente, yo mismo he sido diputado al Parlamento Europeo y participado en la redacción de decisiones en casos donde se cometen agresiones y atrocidades a lo largo y ancho del mundo. 
Lo que se puede hacer en muchos de estos casos es lo que he comunicado aquí en nombre del Consejo. 
Se puede hacer un llamamiento, se puede investigar, se puede hacer que los países en cuestión cumplan los compromisos que han firmado. 
Por regla general, es complicado- perdón por decirlo- invadir los países en cuestión, emprender una acción policial, luego creo que el Consejo en este caso hace precisamente lo mismo que el Parlamento en muchas ocasiones, es decir, hace un llamamiento, aprueba decisiones, hace que los países cumplan los compromisos contraídos, hace referencia a convenios internacionales que han firmado, etc. Es lo que hemos hecho, es lo que puede hacerse en este tipo de casos, y les aseguro que la situación en estos próximos días también será vigilada muy de cerca por parte del Consejo. 
Pregunta nº 13 formulada por Bill Newton Dunn (H-0405/02): 
Asunto: Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero 
En vista de los compromisos vinculantes contraídos por los quince Estados miembros en el marco del Protocolo de Kyoto para reducir las emisiones de los seis gases de efecto invernadero, ¿qué medidas prevé adoptar el Consejo para reducir su propio consumo de energía? 
¿Admite el Consejo que si aprobase una sede única de trabajo para el Parlamento Europeo podría reducir de forma considerable dicho consumo? 
También para mí es un placer ver aquí al Presidente en ejercicio del Consejo. 
Como amigo y colega suyo, me complace mucho verle de vuelta y, si alguna vez las cosas van mal en Copenhague, estoy seguro de que estaríamos encantados de tenerle de nuevo en uno de los escaños. 
Pero, no hablemos de esa posibilidad negativa hasta que ocurra. 
Gracias por su respuesta a mi pregunta. 
Comprendo que la cuestión de la sede es realmente para otro lugar, aunque eliminar este edificio ahorraría mucha energía. 
Estoy particularmente interesado puesto que las instituciones de la UE deberían tomar la delantera. 
Espero que demos ejemplo al mundo intentando ahorrar energía. 
Por ello, yo sugeriría que si presento una pregunta al Presidente en ejercicio para la sesión de diciembre, quizás se comprometa a decirme específicamente lo que ha hecho el Consejo con sus propios edificios en cuanto a ahorro de energía, dando un ejemplo al mundo: interruptores de luz eficientes desde el punto de vista de la energía, por ejemplo, o cualquier otra medida que el Consejo vaya a adoptar en los próximos seis meses para dar ejemplo al mundo. 
Pregunta nº 14 formulada por Bernd Posselt (H-0408/02): 
Asunto: La Loya Jirga y el futuro de Afganistán 
¿Cuál es la opinión de la Presidencia del Consejo sobre el proceso de preparación de la Loya Jirga en Afganistán? ¿Qué medidas piensa tomar para contribuir a que continúe la estabilización del país? 
. (DA) Señor Presidente, me gustaría darle las gracias al Sr. Posselt por la pregunta. 
El Consejo, al igual que UNAMA y otros observadores internacionales, se muestra en general satisfecho con el resultado de la reunión extraordinaria celebrada en Kabul a mediados de junio. 
En general, el proceso de la Loya Jirga ha cumplido acertadamente los objetivos establecidos en el Acuerdo de Bonn, es decir, elegir un Jefe de Estado y aprobar la estructura de la administración de transición y sus personajes centrales. 
Las fuerzas políticas más importantes del país han apoyado esta Loya Jirga y el respaldo popular durante todo el proceso ha sido excepcionalmente fuerte. 
Esta Loya Jirga fue posiblemente la más representativa que el país haya tenido nunca. 
Estuvo equilibrada étnicamente y hubo un número considerable de mujeres entre los delegados. 
Ésta es una hazaña notable considerando el complicado medio político y en materia de seguridad y el ajustado calendario, una población parcialmente desplazada y la falta de infraestructuras sólidas, entre ellas, también de estadísticas. 
El Consejo, sin embargo, también es consciente de las dificultades y problemas surgidos hasta la Loya Jirga. 
En varios casos, la elección de delegados se vio perturbada por problemas organizativos, pero también por intentos de acoso, soborno, intimidación o asesinato a candidatos. 
Estos episodios, no obstante, fueron raros y no pudieron modificar la estructura y calendario del proceso ni tampoco socavar la legitimidad del proceso. 
El Consejo sigue estando convencido de que la reunión extraordinaria ha despejado el camino a la reconciliación ulterior entre las tribus y a la creación ahora de una estructura política estable, lo que resulta esencial para la ulterior reconstrucción de Afganistán. 
En este sentido, el Consejo quiere subrayar una vez más que la ayuda para la reconstrucción procedente de la UE, que fue prometida en Tokio, sigue estando condicionada a que todas las partes afganas contribuyan positivamente a este proceso y a los objetivos establecidos en el Acuerdo de Bonn. 
En cuanto a una ulterior estabilización del país, la UE ha confirmado en numerosas ocasiones desde el comienzo del proceso de Bonn su firme empeño de apoyar la reconstrucción de Afganistán. 
Los Estados miembros contarán también en el futuro con la mayoría de las fuerzas ISAF en Kabul. 
La Comunidad y los Estados miembros continuarán prestando la ayuda para la reconstrucción prometida en la Conferencia Internacional de Donantes celebrada en Tokio en enero de este año. 
La Comunidad y los Estados miembros han prometido 600 millones de euros durante solo este año y 2.300 millones de euros durante los años siguientes hasta 2006. 
Como uno de los cuatros presidentes del grupo de gestión relativo a la reconstrucción de Afganistán, la UE seguirá desempeñado un papel activo en la reconstrucción del país. 
La UE seguirá entregando asimismo la ayuda humanitaria urgente y así seguirá siendo el mayor contribuyente a Afganistán. 
Puedo añadir que en Sevilla se mencionó en la Declaración que se darían ayudas a la repatriación a Afganistán, tal y como ha solicitado ACNUR. 
En los últimos meses, se han llevado a cabo en el lugar diversos proyectos que pronto se han mostrado eficaces, y constantemente están poniéndose en marcha más proyectos de desarrollo y proyectos de reconstrucción a largo y medio plazo. 
La UE seguirá estando firmemente comprometida en la necesaria reforma del sector de la seguridad, en la que varios Estados miembros continuarán ejerciendo un papel de liderazgo en la formación del ejército, los guardias de fronteras, las fuerzas policiales, las fuerzas antidroga, etc. La visita de varias delegaciones comunitarias de alto nivel ha profundizado los contactos políticos con los líderes afganos. 
Estos contactos continuarán, y en último lugar, pero no por ello menos importante, también serán una buena base para un diálogo continuado sobre el fondo con las autoridades afanas y además, harán más visible la presencia de la UE reforzando el perfil de la UE en el país y ayudando a canalizar la futura ayuda comunitaria a Afganistán. 
De ahí la importancia de que la UE disponga de un Representante Especial en Kabul, de que los Estados miembros abran embajadas y de que la Comisión abra una Representación. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nº 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 recibirán una respuesta conjunta. 
Pregunta nº 15 formulada por Luigi Vinci (H-0412/02): 
Asunto: PKK y "lista antiterrorista" 
¿No considera el Consejo que, tras haber incluido el pasado 2 de mayo al PKK en la "lista antiterrorista", se convierte en cómplice de la política de represión turca, militar y policial, contra el pueblo kurdo? 
¿Qué iniciativas piensa emprender el Consejo para relanzar el proceso de paz en Turquía y, sobre todo, quiénes serán los interlocutores? 
Pregunta nº 16 formulada por Giuseppe Di Lello Finuoli (H-0414/02): 
Asunto: Unión Europea, PKK y Turquía 
Tras haber incluido al PKK en la lista de las organizaciones terroristas con arreglo al Reglamento (CE) 2580/2001 
Señor Presidente Haarder, creo que el Consejo no ha querido tomar en consideración que el PKK se ha disuelto, que ya no ha llevado a cabo ninguna acción armada y que muchos de sus miembros más importantes se han entregado a los turcos. 
El hecho de seguir incluyendo al PKK en la lista de organizaciones terroristas es absurdo precisamente por estas novedades que acabo de mencionar, y empujará a Turquía a ser cada vez más cruel con los kurdos. Esto volverá a impedir un acuerdo de paz y empeorará la situación. 
Quiero insistir en que el PKK fue incluido en esta lista en el momento en que, unilateralmente, ha empezado a respetar, mucho más que Turquía, los derechos humanos del pueblo turco. 
Creo, por lo tanto, que el Consejo debería reconsiderar su decisión y borrar al PKK de la lista de organizaciones terroristas, precisamente porque sus miembros ya no son terroristas. 
Señor Presidente, yo le agradezco su respuesta, señor Haarder. 
Lamentablemente, no he obtenido respuesta a mis preguntas en lo que respecta al HADEP, qué opinan ustedes sobre dicha organización y si en el futuro también se incluirá al HADEP en la lista de organizaciones terroristas. 
Usted no ha dicho ni una palabra al respecto. 
En relación con el otro punto, yo quisiera recordar una vez más que cuando consideramos la lista de las organizaciones terroristas también deberíamos tomar en consideración el punto de vista kurdo. Se han arrasado totalmente más de cuatro mil aldeas kurdas. 
¿Quién actuará frente a ello y dará protección a la población kurda? 
¿Acaso no se trata también de actos terroristas? 
Por otra parte, si consideramos el caso de Leyla Zana, ésta fue galardonada con el Premio Sajarov del Parlamento Europeo y en Turquía fue condenada por su apoyo al PKK. 
Según la lista más reciente, Leyla Zana es una terrorista en Turquía. 
Mi pregunta es: ¿Qué actos de terror ha cometido la diputada Leyla Zana para ser clasificada como terrorista? 
. (DA) Puedo asegurarle a la Sra. Uca que conozco tanto los varios miles de pueblos destruidos como el destino sufrido por Leyla Zana, la ganadora del premio Sajarov en cuya entrega yo mismo participé. 
Sin embargo, precisamente para ser objetivos, es importante analizar las cosas a fondo. 
KADEK, el sucesor del PKK, está bajo investigación, sin embargo, en este momento no puedo indicar en que acabará esta investigación. 
No sería pertinente que dijera nada al respecto. 
Las cosas deben seguir su curso. 
Debemos seguir las normas que nosotros mismos hemos fijado, y debemos escuchar a los expertos a quienes pedimos que valoren el cumplimiento o no de nuestros criterios. 
Señor Presidente, la lucha contra el terrorismo también ha provocado excesos y expresiones exageradas de la legítima defensa, hechos que se vuelven fácilmente contraproducentes. 
Por ello, es sumamente importante que la Unión Europea y su Consejo de Ministros actúen de forma coherente y conserven el realismo y la frialdad a la hora de plantearse estos problemas. Especialmente ahora que estamos considerando nuestra postura ante el Estatuto del Tribunal Penal Internacional y ante las misiones de paz en Bosnia. 
Esto está estrechamente relacionado con la cuestión que hoy estamos abordando. 
. (DA) Sí, estoy de acuerdo con las últimas palabras de mi antiguo compañero y buen amigo, el Sr. Wouri, tal y como las entendí. 
No tengo mucho que añadir a lo manifestado sobre la importancia de que establezcamos una distinción objetiva entre qué organizaciones son organizaciones terroristas y cuáles no lo son. 
Debe hacerse objetivamente. 
Y permítanme concluir diciendo que siento el mayor de los respetos por el trabajo que el Sr. Wouri ha realizado en favor de los derechos humanos en este Parlamento y le doy las gracias por el libro que me dio esta mañana. 
Prometo leerlo. 
Señor Presidente del Consejo, quisiera formular dos preguntas en las que solicito mayor precisión. 
Mi primera pregunta es: ¿cuáles son los criterios que han llevado a la decisión de considerar el PKK como una organización terrorista? 
Y mi segunda pregunta es: ¿cómo se interpreta este concepto de cara a quienes colaboran con una organización de estas características? 
No sería de extrañar que existiera una colaboración muy generalizada, puesto que se trata de un movimiento al que los propios kurdos consideran como una especie de movimiento de liberación nacional. 
Y por último: ¿a quién propondría usted como posible interlocutor de los kurdos a la hora de iniciar el proceso de paz? 
En Irlanda del Norte también han tenido que negociar con socios que en un primer momento no inspiraron demasiada confianza. 
. (DA) Señor Presidente, los criterios respecto a qué organizaciones son organizaciones terroristas y cuáles no pueden encontrarse en la posición común del Consejo de 2 de mayo de 2002. 
Son muy precisos y son los expertos quienes valoran si se cumplen estos criterios. 
Entiendo perfectamente que Nelly Maes mencione Irlanda del Norte y otros lugares donde se ha acabado alcanzando un compromiso con anteriores organizaciones terroristas. 
Hemos de esperar que también suceda así en el futuro, pues ésta es a menudo la forma de que organizaciones terroristas dejen de ser organizaciones terroristas. 
Sin embargo, a la luz de lo sucedido, a la luz de la amenaza, a la que obviamente se enfrentan nuestros países, con un amplio consenso de la sociedad internacional se ha aprobado mostrar una postura firme ante las posibles organizaciones terroristas. 
Lo cual se ha traducido en estos criterios y en esta lista. 
Me cuesta ver qué otra cosa puede hacerse, además, esto no excluye la posibilidad de que antiguos miembros del PKK puedan llegar a desempeñar un papel en un futuro régimen que garantice los derechos por los que han luchado las organizaciones kurdas y de los que tengo un conocimiento igual de amplio que- creo- Nelly Maes. 
Hemos estado bastante de acuerdo en estos temas durante el tiempo en que estuvimos sentados casi codo a codo en este Parlamento. 
Señor Haarder, vamos a hacerle la última pregunta de hoy en el límite del tiempo, que hemos prorrogado desde las 19.00 horas porque hemos empezado con más de quince minutos de retraso. 
Pregunta nº 25 formulada por Konstantinos Alyssandrakis (H-0420/02): 
Asunto: Intento de criminalización de las convicciones políticas en Eslovaquia 
En el Parlamento de Eslovaquia se ha presentado una propuesta de modificación del Código Penal (ley 140/1961) que prevé penas de prisión para cuantos manifiesten simpatía por las ideas comunistas. 
El intento de criminalización de la acción política tiene lugar a la vista de las elecciones parlamentarias que se celebrarán en septiembre de 2002, en las que, según diversas estimaciones, el Partido Comunista de Eslovaquia podría rebasar el límite del 5% y obtener representación parlamentaria. 
El objetivo es atemorizar a los votantes mediante la criminalización de sus concepciones políticas, ya que se amenaza con penas de prisión de seis meses a tres años a cuantos manifiesten incluso "simpatía por el comunismo" o "duden de sus crímenes", e impedir de este modo que los ciudadanos se expresen de forma democrática. 
¿Condena el Consejo esta acción inadmisible y profundamente antidemocrática? 
¿Piensa emprender las iniciativas oportunas ante las autoridades eslovacas de manera que acciones semejantes no encuentren eco, al menos en un país que está en puertas del ingreso en la UE? 
. (DA) Señor Presidente, el Consejo hace gran hincapié en que los países candidatos cumplan los criterios políticos para la ampliación establecidos en Copenhague en 1993. 
Es decir, democracia, Estado de derecho, derechos humanos y protección de las minorías. 
Se acordó que estos criterios tendrían que cumplirse antes de que pudieran abrirse negociaciones para la adhesión. 
Las negociaciones con Eslovaquia no se abrieron por tanto hasta que el Consejo Europeo de Helsingfors en diciembre de 1999 pudo determinar que se cumplían los criterios. 
La Comisión concluyó en su informe de 2001 sobre los progresos realizados por Eslovaquia que Eslovaquia seguía cumpliendo los criterios políticos de Copenhague. 
La Comisión constató asimismo que el país ha hecho mucho desde 1999 por consolidar y afianzar la estabilidad de las instituciones y con ello fortalecer la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. 
En cuanto a la pregunta concreta que plantea el distinguido diputado, la propuesta de ley en cuestión, según se ha informado, de momento está en trámite en el Parlamento eslovaco. 
La segunda lectura, que debería haber tenido lugar a mediados de junio, se aplazará posiblemente porque hay muchas propuestas de ley por tramitar. 
El Consejo no puede valorar en el momento actual el contenido de esta propuesta. 
Sería inadecuado que la UE se inmiscuyera en el proceso democrático de un tercer país. 
En el caso de que la propuesta legislativa fuera aprobada, la UE sin duda tomará postura ante el contenido y si resultara que se trata de una violación de los principios democráticos fundamentales, especialmente de los criterios de Copenhague, la UE naturalmente no tardará en plantear esta cuestión en cualquier oportunidad que surja y especialmente en los órganos creados en virtud del Acuerdo de Europa. 
El Consejo seguirá muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos con respecto a este ley y espera más datos sobre el debate en la asamblea legislativa de Eslovaquia. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, la respuesta del Consejo me recuerda a alguien que sabe que se va a cometer un crimen, no hace nada por evitarlo y se guarda de proceder penalmente contra el autor después de haberse cometido. 
El proyecto de ley en cuestión ya ha influido en la vida política del país, especialmente ante las próximas elecciones de septiembre en las que, según diversas estimaciones, el Partido Comunista de Eslovaquia podría rebasar el límite del 5% y obtener representación parlamentaria. 
Excepto si el Consejo no considera que es un problema, no considera una violación de los derechos humanos criminalizar las concepciones políticas mediante esta ley, que amenaza con penas de prisión de seis meses a tres años a cuantos manifiesten incluso simpatía por el comunismo o duden de sus crímenes. 
Me pregunto si el Consejo considera que una amenaza así con penas, una criminalización tal, está dentro o fuera del respeto a los derechos políticos fundamentales. 
Muchas gracias, señor Haarder, por esta larga colaboración de hoy. 
Le esperamos el próximo mes para el turno de preguntas, después de las vacaciones. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas nºs 26 a 53 recibirán respuesta por escrito. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0216/2002) del Sr. Wieland, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (COM (2000) 899- C5-0035/2001- 2001/0004 (COD) ). 
. Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, recientemente se ha presentado la estrategia europea sobre seguridad y salud en el trabajo 2002-2006. 
Si quisiéramos destacar tres rasgos de la misma, creo que no me equivocaría si hablara de la necesidad de una fuerte concienciación, del fomento de la cultura de la prevención, así como también de la necesidad de impulsar programas y acciones concretas en las pequeñas y medianas empresas y la consideración de la realidad demográfica en que esa estrategia va a ser aplicada. 
Un cuarto rasgo es la horizontalización de las políticas de salud laboral. 
Esto tiene mucho que ver con el objeto del debate que nos ocupa. 
La directiva relativa a las máquinas se aplica prácticamente a todas las máquinas, fijas o móviles, de uso comercial, industrial o privado, en la Unión Europea. 
Como ponente de opinión, tuve el empeño de conocer el criterio al respecto de los empresarios, de los sindicatos, de los agentes económicos y sociales, de los asesores técnicos y jurídicos y de la universidad. 
Las enmiendas de la Comisión de Empleo pretendieron, con la aportación del diálogo social, evitar el riesgo o el debilitamiento de las disposiciones relativas a la protección de la salud y la seguridad, responder a la necesidad de simplificar determinadas cláusulas y disposiciones en aras de la claridad de la normativa de protección y atender a la conveniencia de referirlas a otras disposiciones comunitarias, particularmente la Directiva marco 89/391/CEE. 
De este modo, una aproximación de las disposiciones nacionales en materia de salud y seguridad facilitará la libre circulación de máquinas sin que bajen los niveles de protección existentes y exigibles, y las medidas específicas aumentarán la calidad de los puestos de trabajo, siempre que la maquinaria se utilice en la forma prevista. 
Se determina además, claramente, la responsabilidad del que modifique o haga modificar sustancialmente una máquina. 
Máquinas e instalaciones seguras más prevención- es decir, toma de conciencia, cultura de la prevención- será igual a menores posibilidades de que el riesgo se convierta en siniestro y, por lo tanto, mejores empleos de acuerdo con la estrategia del Consejo Europeo de Lisboa. 
Ha dicho el ponente que estas medidas garantizarán la seguridad de los productos. 
Permítanme añadir que también la de los trabajadores, en particular, y la de los ciudadanos, en general. 
Aquélla, la de los productos, supone y exige la de los trabajadores. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo PPE-DE, me gustaría mucho dar la bienvenida al Sr. Wieland y felicitarle por todo el trabajo que ha realizado durante mucho tiempo. 
Ha sido una prueba de resistencia y, como él ha dicho, se trata de un informe complejo y técnico. 
Yo tengo que decir que como ingeniero también me ha resultado difícil trabajar con el informe. 
Pensándolo bien, y teniendo en cuenta que estamos en primera lectura, yo le diría a la Comisión esta noche que le queda mucho trabajo por hacer con el Consejo sobre este asunto. 
En vista de la reciente comunicación del Sr. Prodi acerca de la mejora y la simplificación de la normativa, este informe es candidato a que la Comisión lo vuelva a examinar. 
En definitiva, buscamos un reglamento que haga funcionar el mercado interior y, como han dicho algunos colegas, que garantice también de manera uniforme un alto nivel de seguridad para los usuarios de maquinaria y para las personas que trabajan con ellas. 
Habiendo dicho que se trata de una directiva técnica, es importante decirle a la Comisión esta noche que existen importantes señales políticas recogidas en el trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
En particular, hay una cuestión en la que hemos trabajado el Sr. Miller y yo- sé que él hablará de ella dentro de un momento- que es el tratamiento de categorías particulares de ascensores para personas con discapacidad, en concreto, los instalados en viviendas privadas. 
Nos llenó de inquietud ver que en la propuesta de directiva se discriminaba contra esta importante categoría de maquinaria. 
Este tipo de maquinaria funciona de manera muy satisfactoria. 
Mejora significativamente la calidad de vida de las personas con discapacidad porque se instala en sus propias casas. 
Yo he visto las instalaciones. Están diseñadas con unos niveles de seguridad muy elevados. 
Hemos permitir que continúen. 
Esta directiva no tiene por qué retirar del mercado equipos satisfactorios sin ninguna base para hacerlo. 
Por ello, le pido a la Comisión que se asegure de que este tipo de maquinaria se incluye adecuadamente. 
Todavía queda trabajo por hacer; todavía hay algunos aspectos que deberían considerarse. 
En conclusión, quiero decir que debemos poner en primer término el aspecto del mercado interno, en especial la primacía de las marcas CE. Esto todavía no es plenamente satisfactorio. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Sr. Wieland, el ponente. Ha realizado trabajo un largo y duro. 
Si a él, como abogado, y al Sr. Harbour, como ingeniero, les ha resultado difícil comprender el informe, les pido que tengan compasión de mí que soy lechero: me ha resultado incluso más difícil. 
Hay un par de aspectos a los que me gustaría referirme. 
Me gustaría añadir mañana una enmienda oral al punto 2 de la enmienda 14, porque aunque hemos puesto "embarcaciones marítimas", y yo olvidé mencionar las "embarcaciones de canales y ríos". 
Así me lo han indicado y así se lo he planteado al ponente quien ha estado de acuerdo en que se incluya a través de una enmienda oral, que espero que todos apoyemos. 
Paso ahora a la cuestión planteada por el Sr. Harbour acerca de las plataformas de ascensores. 
Puede que no sea el más fascinante de los temas, pero es importante porque ayuda a miles de personas con discapacidades en toda Europa. 
Quisiera señalar que existe un error en la versión inglesa. 
La velocidad mencionada en la versión inglesa es "0,015 metros por segundo". Debería decir " "0,15 metros por segundo". 
Si la velocidad se redujera a una décima parte, la gente estaría muerta cuando llegara al otro extremo. 
Las plataformas de ascensores ya son bastante lentas, no las hagamos más lentas todavía. 
No criticaré a la Comisión en este caso porque no fue la Comisión la que introdujo los detalles técnicos que habrían hecho a los ascensores inviables en esta directiva. 
Eso se hizo durante el debate en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
No echo la culpa a la Comisión. 
Doy de nuevo las gracias al ponente por haber aceptado las enmiendas presentadas por el Sr. Harbour y por mí, en las que hemos trabajado durante mucho tiempo. 
Esto es importante, como ya he indicado, para miles de personas. 
Estos son los dos aspectos principales que me han parecido pertinentes y relevantes. Siguen siendo objeto de debate en el Consejo. 
Parece que allí hay un bloqueo y espero que se resuelva con bastante rapidez, porque esta cuestión de los ascensores y de las plataformas de ascensores es importante para mucha gente. No queremos fallarles. 
Por favor, resuelvan esto lo antes posible. 
Señor Presidente, también yo quiero felicitar al Sr. Wieland por el excelente trabajo realizado en lo que se refiere a esta propuesta de directiva, cuyo contenido es altamente técnico. 
Aunque soy ingeniero, no ha sido muy fácil ni siquiera para mí entender todos los mecanismos. 
Con respecto a la propuesta originaria de la Comisión, las enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos están encaminadas a facilitar la libre circulación de mercancías en Europa y a mejorar la producción destinada a los consumidores y la salud de los mismos. 
Al final, en efecto, el texto será más claro y la falsificación de la marca CE más difícil. 
En el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos el debate se centró en algunos puntos. 
Y ya se ha hecho referencia a uno de ellos. 
El apartado 3 del articulo 14 de la Directiva modificada relativa a los ascensores contenía una referencia dirigida a excluir de su ámbito de aplicación los aparatos de elevación con una velocidad de desplazamiento inferior a 0,15 metros por segundo, y esto con el fin de excluir los aparatos que se caracterizan por un bajo nivel de riesgo del cumplimiento de gravosas condiciones. 
Entre dichos aparatos están también las plataformas elevadoras para personas minusválidas o mayores. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha rechazado justamente las enmiendas tendentes a introducir requisitos más vinculantes que los previstos por la Comisión Europea, en relación con la velocidad, la distancia de la carrera y el manejo por parte de personas autorizadas de las plataformas elevadoras. 
De haberse aprobado, las modificaciones habrían limitado muchísimo el uso de dichos aparatos y habrían inutilizado muchas plataformas ya instaladas en nuestros países en lugares públicos y en hogares particulares, sin una válida motivación desde el punto de vista de la seguridad. 
EL impacto habría sido verdaderamente muy, pero que muy negativo. 
Hubiera sido una medida que habría contribuido a crear un rechazo de los ciudadanos hacia el proceso de integración europea. 
La actual nueva formulación de las disposiciones relativas al artículo 24 de la propuesta de directiva sobre las especificaciones contenidas en la sección 7 del Anexo 1 del informe Wieland, tal como queda modificada tras? 
(El Presidente interrumpe al orador) 
. 
(EN) Señor Presidente, acojo favorablemente la conclusión de la primera lectura de la revisión de la directiva sobre maquinaria y me gustaría especialmente dar las gracias al ponente, el Sr. Wieland, y a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
La finalidad de la propuesta, como han subrayado los oradores, es aumentar la seguridad jurídica clarificando el ámbito de aplicación y el significado de la directiva y eliminando ambigüedades que han dado lugar a interpretaciones diferentes. 
A su vez, debería garantizarse el máximo nivel posible de protección de la salud y la seguridad del consumidor. 
El sector europeo de ingeniería mecánica que es objeto de la directiva de maquinaría incluye una variedad muy grande de productos: máquinas, aparatos mecánicos y componentes. 
En 1998 produjo bienes por un valor de 300 mil millones de euros. 
Emplea a más de dos millones doscientas mil personas altamente cualificadas en los 15 Estados miembros. 
El volumen de producción del sector supera al de Japón y rivaliza con el de los Estados Unidos de América. 
La Unión Europea es el mayor exportador mundial de máquinas y equipos mecánicos, por delante de los EE.UU. y de Japón. 
Basándose en la experiencia de los últimos 12 años, la propuesta refleja la firme decisión de la Comisión de reducir la burocracia y de facilitar, a su vez, el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea, teniendo debidamente en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
Está también plenamente en consonancia con las recomendaciones de grupos de expertos que actúan en el marco de una mejor regulación del mercado interior. 
La propuesta y sus implicaciones han sido ampliamente debatidas con una audiencia de interesados muy extensa. 
Me gustaría hacer hincapié en que el objetivo de la propuesta es mejorar aspectos que han causado dificultades en cuanto a su aplicación. 
Muchas de las numerosas enmiendas presentadas mejoran la propuesta de la Comisión. 
Algunas podrían incluirse en su forma actual en una propuesta revisada, mientras que otras podrían mantenerse parcialmente o en su espíritu. 
Algunas enmiendas propuestas se refieren a cuestiones concretas, muy técnicas, que no añaden ningún valor por lo que no formarán parte de la propuesta revisada. 
Asimismo, otras quedan fuera del ámbito de aplicación que nosotros consideramos correcto para la directiva de maquinaria. 
En relación con la enmienda 5 sobre equipos de atracciones feriales, la Comisión está al tanto de la cuestión y está preparada para emprender un estudio al respecto. 
En la actualidad estamos elaborando una comunicación de la Comisión sobre el funcionamiento del nuevo enfoque, la cual se publicará este otoño. 
El nuevo enfoque de la armonización y normalización técnica prevé la libre circulación de mercancías y un alto nivel de protección de la salud del consumidor y del medio ambiente. 
No deseamos entrometernos en el debate general sobre la comitología. 
Queremos concentrarnos en la aplicación práctica de la actual directiva. 
Por tanto, preferimos retrasar el debate de aquellas materias comunes a las aproximadamente 20 directivas basadas en el nuevo enfoque hasta la futura comunicación que ya he mencionado con el fin de que haya un planteamiento coherente. 
La aplicación práctica de la actual directiva sobre maquinaria ha puesto de manifiesto la necesidad de un procedimiento de comité regulador que resuelva las cuestiones técnicas sin que se infrinja el control democrático del Parlamento Europeo. 
Nosotros también compartimos el principio de que es necesario mejorar los textos completos de las directivas modificadas, tal y como sugiere la enmienda 13. 
Sin embargo, esta enmienda va más allá del ámbito de aplicación de la directiva sobre maquinaria. 
Por tanto, debido a razones jurídicas, no podemos aceptar esta enmienda. 
En la práctica, los textos consolidados de las directivas modificadas suelen aparecer en la página web de la Comisión, y así será en el caso de la directiva sobre ascensores modificada. 
En consecuencia, la postura de la Comisión acerca de las enmiendas es la siguiente: 
Las enmiendas que la Comisión podría aceptar total o parcialmente son éstas: 2, 3, 14 a 18, 23, 27, 42, 45, 47, 49, 56, 57, 59, 63, 66, 69, 72, 74 a 76 y 80. 
Las enmiendas que la Comisión podría aceptar en su espíritu son: 22, 30, 41, 51, 61, 62 y 64. 
Por último, la Comisión no puede aceptar ninguna de las otras enmiendas, es decir: 1, 4 a 13, 19 a 21, 24 a 26, 28, 29, 31 a 40, 44, 48, 50, 55, 58, 60, 65, 67, 70, 71, 73, 77 a 79, 82 y 83. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera empezar pidiendo disculpas al Parlamento, en nombre del Sr. Ceyhun, que se ha quedado bloqueado en Alemania y no puede estar aquí. 
Por ello, tengo el placer de presentar este informe en su nombre. 
¿Puedo transmitirle al Sr. Ceyhun, a través de usted, Señor Presidente, que yo, que no hablo alemán, le estoy muy agradecido por las notas de resumen que me ha enviado en alemán, y a partir de las cuales intervendré esta tarde? 
Acojo favorablemente este informe que es ambicioso y que se recibe de una manera especialmente favorable: un informe que el Parlamento deseaba desde hace tiempo. 
Doy también la bienvenida al Sr. Comisario Vitorino porque este informe demuestra claramente su gran compromiso y sus muy elevados principios en relación con este tema. 
Nosotros en el Parlamento- desde luego, en mi comisión- le estamos muy agradecidos por todo el trabajo que realiza. 
Se trata también de un informe muy oportuno y de actualidad. 
Hemos asistido al crecimiento del populismo y del extremismo de derechas. 
Vimos el muy alto porcentaje de votos a favor del Sr. Le Pen en Francia y cosas similares en otros países. 
Allí donde está la extrema derecha, el racismo y la xenofobia no andan lejos. Y hemos de tener mucho cuidado con esto. 
Sus señorías sabrán que existe también una gran preocupación en Europa en este momento acerca del asilo y la inmigración. 
Hay muchas historias horrorosas presentadas por la prensa para desinformar a la gente. 
Este informe intenta aclarar la definición de lo que es racismo y de lo que es xenofobia y dejar mucho más claro cuáles son los actos que deberían castigarse. 
Nuestro Grupo y la comisión valoraron positivamente el esfuerzo realizado por la Comisión para intentar armonizar esta legislación. 
El ponente también reconoce la importancia de proteger la libertad de expresión e, igualmente, la necesidad de proteger a las minorías y otros grupos. 
Debemos asegurarnos de que cualquier nueva legislación no se interpone en el camino de estos importantes derechos fundamentales europeos. 
En cuanto a las penas por la transgresión de estas normas, cada gobierno debe considerar las recomendaciones que se hacen, que varían desde los seis meses para algunos delitos, a los seis años para otros. 
Debemos verlas como puntos mínimos- como mínimos comunes denominadores- y deberíamos instar a los países a que hagan más. 
El Sr. Ceyhun también se refiere en su informe al uso creciente de Internet, que no sólo se da en Europa sino globalmente y que no conoce fronteras. 
En este aspecto existe un considerable nivel de responsabilidad que debe recaer en los proveedores de servicios de Internet. 
Ellos deben ser responsables de sus páginas, usuarios y contenidos. Eso no significa que sean siempre responsables de todo lo que pase por sus páginas pero deben ser responsables de la presentación de material racista y xenófobo. 
Más compleja es la cuestión de si es posible procesar- el Comisario es abogado, así que lo sabrá- sin la denuncia de las víctimas. 
Quizás los Estados miembros deberían ser responsables de esto, puesto que a algunos no les satisface. 
Paso ahora a la cuestión de la elaboración, distribución y posesión privada de material racista y xenófobo. 
El ponente ha estudiado muy detenidamente las posibilidades. 
Hemos de dejar absolutamente claro que la elaboración y producción de dichos materiales deberían ser punibles. 
Sin embargo, en muchos casos la posesión privada de tales materiales no puede ser punible y puede no ser deseable que lo fuera, porque esto- si lo consideramos en sus consecuencias lógicas- impediría a la gente guardar, por ejemplo, libros antiguos, fotos y otros materiales históricos que tendrían que ser destruidos en masa. 
El ponente vuelve la mirada a Europol y Eurojust para reforzar las estructuras existentes en Europa, en cooperación con las fuerzas judiciales de cada país. 
Estoy seguro de que el intercambio de datos debería contribuir a mejorar la aplicación de esta decisión marco. 
Por último, el ponente ha pedido informes periódicos sobre los progresos de la Comisión, sobre cómo va avanzando, y esa es la práctica habitual. 
Hay un buen apoyo a esta norma en Europa, en los partidos presentes en la comisión y en una amplia variedad de ONGs de toda Europa. 
Es una norma muy oportuna. 
Valoro positivamente todo el trabajo que el Sr. Comisario ha realizado y espero de veras que el Parlamento dé mañana todo su apoyo y que podamos avanzar y conseguir un progreso real en la lucha contra los materiales racistas y xenófobos. 
La propuesta que hoy nos somete la Comisión persigue un doble objetivo: por una parte, procurar que los comportamientos racistas y xenófobos sean efectivamente punibles en todos los Estados miembros y, por otra, reforzar la cooperación entre las autoridades judiciales respecto a dichas infracciones. 
Esta propuesta, señor Presidente, llega en el momento oportuno a la vista del contexto político que conocemos en algunos Estados miembros. 
El Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, por otro lado, constata en su último informe que en el año 2000 se observó un aumento sustancial del nivel de violencia racial, del número de ataques antisemitas y de amenazas y de intimidaciones racistas en Francia, en Alemania, en España, en Suecia y en el Reino Unido. 
En Alemania, expresa el informe, la proporción de crímenes racistas conoció en un año un aumento del 33% con respecto a 1999, mientras que en el Reino Unido la cifra de actos de violencia racial y de agresiones racistas se duplicó en el período de 1999-2000. 
Estas cifras deben hacernos reaccionar, como lo hicieron los resultados electorales que hemos conocido en Francia. 
Es de temer, además, que la situación internacional nos conduzca a un recrudecimiento de tales actos. 
El PPE se congratula, por lo tanto, de la propuesta de la decisión marco sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia, al mismo tiempo que propone introducir modificaciones que clarifican y facilitan, en nuestra opinión, su aplicación. 
Querría insistir en el amplio margen de apreciación que con respecto a la aplicación y a la ejecución de la decisión debe darse a los Estados miembros, en aplicación del principio de subsidiariedad y, en particular, en que ha de precisarse necesariamente que la decisión no impide que un Estado miembro adopte o mantenga disposiciones que establezcan un grado de protección penal más elevado contra el racismo y la xenofobia. 
Por otra parte, apoyamos las enmiendas incorporadas por iniciativa de mi colega Lehne, las cuales precisan el ámbito de aplicación de la decisión, indicando claramente que ésta se aplica a la vez a las infracciones cometidas en un Estado miembro y a las cometidas en cualquier otra parte si la persona culpable de la infracción es un nacional de un Estado miembro. 
Finalmente, considero asimismo importante señalar que las circunstancias agravantes que pueden hacer más severa la sanción merecerían ser extendidas a los casos en que la víctima sea menor de edad y a aquellos en que la infracción esté dirigida contra un menor o una persona que se deje influir fácilmente. 
Añado que mi Grupo apoyará la enmienda 12, pero que no votará a favor de las enmiendas 24 y 25. 
Les doy las gracias por su atención y le doy las gracias, señor Comisario, por haber presentado ante el Parlamento este expediente de gran importancia jurídica y también política. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el impacto y el desarrollo de la utilización de las redes digitales y de Internet, de lo que no podemos menos que congratularnos, han ofrecido un nuevo ámbito de expresión a los mensajes de carácter racista y xenófobo. 
La profusión de estos mensajes se ve favorecida por un sentimiento de impunidad inherente al carácter supuestamente virtual de la infracción cometida en la red. 
Es cierto que Internet ofrece un espacio público para que todos puedan expresarse. 
Pero parece que algunos han olvidado, delante de su ordenador, la dimensión pública de sus palabras o de su acción y la responsabilidad que necesariamente de ello se desprende. 
Es evidente que la dimensión internacional, la multiplicación de los intermediarios, el anonimato, han favorecido y acentuado la impresión de que el espacio virtual gozaba de una especie de extraterritorialidad y de que, de ese modo, escapaba al derecho. 
Si bien el espacio es virtual, la realidad, por su parte, es muy real. 
Está claro que si Internet desea figurar entre los instrumentos que forman parte de la libertad de expresión, si quiere poseer los derechos y el espacio para hacerlo, debe asumir todas las obligaciones que de ello se desprenden. 
Y si esta herramienta, que trasciende de las fronteras, desea contribuir a la emancipación de las sociedades y de sus ' ciberciudadanos? , en ningún caso puede aprovecharse de los intersticios que resultan de la falta de coordinación de las políticas nacionales, para construir, o más bien destruir, el propio objetivo que la Unión Europea se ha fijado, el de ser un espacio de paz, de justicia y de seguridad. 
Gracias, señor Comisario, por esta propuesta. 
Eso es lo que este informe también pretende afirmar. 
No se trata, por tanto, de imponer, sino de incitar a ello. 
Señor Presidente, señor Comisario, en nombre del Grupo liberal doy la bienvenida a esta propuesta que pretende, con ayuda de la ley, eliminar el creciente racismo y la xenofobia en Europa. 
Este sombrío panorama se contrapone a todos los valores de la UE: libertad, democracia, respeto por los derechos humanos y seguridad jurídica. 
Creo que el Sr. Ceyhun merece un elogio por este excelente trabajo. 
Conviene que en la UE trabajemos para fortalecer la protección a las víctimas del racismo y la xenofobia, para castigar a los culpables y para eliminar las lagunas legales. 
Las diferencias en las legislaciones de los países miembros no deben ser utilizadas por los delincuentes. 
El racismo y la xenofobia deben ser ampliamente combatidos, tal como se hace en este informe. 
Los delitos deben ser castigados y los culpables de racismo y xenofobia deben recibir castigos aún más severos; el racismo debe ser una circunstancia agravante a la hora de aplicar las penas. 
Ha llegado el momento de que este Parlamento y las instituciones comunitarias manifiesten clara e inequívocamente que jamás aceptaremos la existencia de actos racistas en nuestra Europa. 
Con ayuda de herramientas democráticas hay que combatir a los que inducen a los ciudadanos a delinquir. 
Nuestra Europa debe ser un lugar seguro para todos, cualquiera que sea su identidad racial, su raza, su religión o sus preferencias sexuales. 
Hoy no es así. 
Sabemos que muchas personas en Europa temen por sus vidas y por la seguridad de sus familias. 
Se sienten amenazados. 
Esto es totalmente inaceptable. 
Nuestro anhelo de crear una sociedad sin racismo ni xenofobia- que quizás es una quimera, pero importante- no debe cercenar el derecho de los individuos a expresar sus opiniones libremente, verbalmente y por escrito, tal como está estipulado en la Convención de Derechos Humanos. 
Por eso, confío en el respaldo de sus Señorías a las enmiendas 24 y 25, que velan por la libertad de expresión de periodistas, de artistas y de otras personas. 
La libertad de expresión es esencial y, por regla general, no debe sufrir menoscabo. 
En algunos Estados miembros, entre ellos en mi país, tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa están consagradas en la constitución. 
Obviamente no está permitido injuriar o amenazar, aún menos por motivos racistas. 
Pero no es seguro que siempre se apliquen las penas adecuadas. 
Es algo que hay que equilibrar y me parece importante que nada se oculte en el debate. 
Por eso tengo dudas respecto a algunas propuestas del Sr. Ceyhun que implican la prohibición de distribuir material racista o xenófobo y a otras que, en la práctica, significan que se penaliza la pertenencia a ciertas organizaciones. 
Sin embargo, mi incertidumbre y mis dudas no son en este caso tantas que me impidan respaldar sinceramente la propuesta del Sr. Ceyhun. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, es exacto que este informe surge en un contexto de avance del voto populista y xenófobo que conocemos en Europa y que está agitando el corazón de nuestro continente. 
Todos los informes, ya emanen de las instituciones, de las ONG o del Observatorio de Viena subrayan la persistencia e incluso el agravamiento de los actos de violencia racistas. 
Aplaudo, por mi parte, la clarificación que aporta el ponente, al considerar que el racismo no es una opinión. 
El hecho de insultar o de humillar no entra en el ámbito de la libertad de expresión, se trata claramente de un delito. 
No es lo mismo decir 'no me gusta un árabe? que decir' no me gusta el pudding?. 
Es sabido que las consecuencias no son las mismas. 
Mucho más que sancionar únicamente- y esto es lo importante en el informe- a las personas o los actos aislados, se trata de perseguir a aquellos que arman ideológicamente a las personas que luego pasan a los actos. 
Desde este punto de vista, las reflexiones sobre Internet son muy interesantes. 
Todos sabemos que a través de esta formidable herramienta de comunicación que es Internet, hoy se pueden adquirir publicaciones revisionistas, comprar discos que ensalzan el Tercer Reich, exaltar el antisemitismo, y que, desde el 11 de septiembre, en nombre de la libertad de opinión, algunos dedican foros completos a desahogar su odio contra los árabes o el islam. 
Esto es inaceptable. 
No se puede concebir, en mi opinión, una ampliación de Europa y una coexistencia pacífica entre los pueblos del viejo continente sin sensibilizar a los más jóvenes contra el racismo. 
En Francia, el Consejo Constitucional acaba de decidir otorgar a la asociación SOS Racismo el derecho de proceder legalmente a la realización de ' testings? , para atrapar a los empresarios de discotecas que impiden entrar a los jóvenes. 
Este es el ejemplo que se ha de seguir. 
Concluiré, señor Comisario, señor Presidente, manifestando, sin embargo, que este informe fracasa, y lo lamento, cuando establece que mientras no se otorguen derechos económicos, sociales y... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, Señorías, la lucha contra el racismo y la xenofobia no es una preocupación nueva de nuestras instituciones. 
En numerosas ocasiones, en los debates en el seno de nuestra Asamblea nos hemos ocupado de la lucha contra el racismo. 
Hoy disponemos de un Observatorio Europeo y del artículo 13 del Tratado, que consagra la competencia de la Unión en materia de lucha contra las discriminaciones. 
En el plano nacional, los países europeos disponen de una legislación para luchar contra el racismo. 
Sin embargo, en la realidad, las discriminaciones raciales nunca han sido tan agudas. 
Cito como prueba el informe del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, que demuestra el resurgimiento del racismo y de la xenofobia, y dentro de éstos de la ' islamofobia? , que se manifiesta debido al avance preocupante de la extrema derecha. 
El objetivo de la propuesta del Consejo relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia, que nos ocupa en esta Asamblea, es reforzar y completar el dispositivo legislativo existente. 
Ahora bien, es muy lamentable comprobar una vez más que la comunitarización de las infracciones y de las penas se ajusta al mínimo común denominador. 
Si las infracciones decididas no son objeto de definiciones comunes, ¿cómo se puede, entonces, garantizar que la lucha contra estas infracciones será idéntica en todos los Estados miembros? 
Podemos preguntarnos si el objetivo de esta propuesta es luchar contra el racismo o querer tener la conciencia limpia. 
A fuerza de no querer coger el toro por los cuernos, estamos ofreciendo el derecho a la impunidad a los racistas, a aquellos que le hacen el juego a la extrema derecha o utilizan electoralmente el populismo y los procesos de amalgama demagógicos. 
No olvidemos que la lucha contra el racismo no tiene como único objetivo la protección de los extranjeros, sino que su objetivo también es defender los valores de nuestras democracias, como son los derechos humanos, las libertades fundamentales, el fundamento de la Constitución de la Unión. 
Además, ¿por qué ha de excluirse a los Estados de la aplicación de esta decisión, cuando sabemos pertinentemente que el racismo institucional existe y que debe ser combatido con la mayor firmeza? 
Este racismo institucional, revelado por toda una serie de exclusiones sociales, económicas, profesionales, culturales o políticas, se basa en razones étnicas, religiosas o incluso en el principio de la preferencia nacional, a la que ahora sustituye la preferencia europea. 
Para poder luchar mejor día a día contra el racismo, no basta con aprobar textos. 
Estamos convencidos de que sólo la igualdad de derechos, incluyendo los derechos políticos, para todos los ciudadanos, cualquiera sea su nacionalidad, permite luchar contra todas las formas de racismo, creando la relación de fuerza política que nace del ejercicio de la ciudadanía. 
Desgraciadamente, la decisión marco no va tan lejos. 
Sin embargo, debemos apoyar toda iniciativa que sitúe la dignidad humana en el centro de la construcción de la Unión, en la que la lucha contra el racismo participa. 
Señor Presidente, intervengo para apoyar algunas enmiendas pero también para remediar algún grave olvido en materia de derechos de los pueblos y de las etnias. 
En virtud del principio de subsidiariedad, se debe aprobar ese conjunto de enmiendas según las cuales la decisión de promover la acción penal debe, en todo caso, continuar siendo una prerrogativa de cada uno de los Estados miembros. 
De hecho, existe un punto de referencia que el Parlamento nunca debe perder de vista, especialmente en una materia tan delicada, esto es, que las medidas encaminadas a luchar contra el racismo no deben sobrepasar el límite constituido por el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a la libertad de pensamiento reconocido en el artículo 9 de la Convención Europea. 
Que esta preocupación que expreso tiene fundamento lo demuestra el caso del procedimiento que un movimiento que se presenta como antirracista ha promovido ante la justicia francesa para pedir, nada menos, la prohibición en Francia del libro "La rabia y el orgullo" de la escritora italiana Oriana Fallaci. 
Sin perjuicio de cualquier consideración acerca del contenido del libro- que en Italia, país no racista, ha tenido un enorme éxito editorial- queda, sin embargo, abierta la cuestión fundamental, es decir, el riesgo de que la así llamada normativa antirracista pueda ser instrumentalmente utilizada con fines de censura político-ideológica y para conculcar la libertad de expresión del pensamiento garantizada en los principios fundamentales de la Unión Europea. 
Según el ponente, los Estados miembros deben castigar los delitos de sus ciudadanos incluso si no se han cometido en el territorio nacional. 
Por el contrario, me parece evidente que de este modo un Estado puede injerir en el ordenamiento jurídico de otro Estado y limitar su soberanía indebidamente. 
Asimismo en Europa existen pueblos enteros, grupos y minorías lingüísticas y religiosas que, también en el interior de los Estados miembros que se declaran defensores de los valores de libertad, no gozan de tutela alguna precisamente en lo relativo a estos derechos fundamentales. 
¿Acaso no es racismo impedir o conculcar el uso de la lengua materna en los tribunales, o hacer cambiar las señales de tráfico en lengua local, como se ha hecho hace unos días en la ciudad de Bérgamo, o negar la enseñanza de la lengua materna y de la historia local en las escuelas llevando a cabo no solo una gravísima discriminación desde el punto de vista étnico, sino también un autentico genocidio cultural? 
En algunos casos, el racismo de Estado, como el que actualmente se lleva a cabo contra los independentistas bretones, llega a negar los derechos fundamentales a la defensa como, por ejemplo, a pesar de estar reconocido en la ley francesa, el acceso libre y gratuito a los documentos del proceso, tal como denuncié en su día en una pregunta al Consejo. 
Asimismo es oportuno definir con mucha claridad el ámbito de aplicación de los delitos de negacionismo, con la especificación del intento racista o xenófobo, así como del carácter amenazador, ofensivo e insultante. 
De esta manera se protege mejor la plena libertad de circulación de textos y documentos históricos y sobre todo de investigación y de elaboración científica e histórica. 
El límite entre estos hechos y el negacionismo puede ser en algunos casos muy sutil, pero existe, y nuestra cultura liberal nos impone garantizar la plena libertad de investigación histórica y de expresión del pensamiento. 
Señor Presidente, estamos hablando de un informe tan esperado como delicado pero que, sin embargo, si se aprueba con algunas enmiendas de base presentadas por el PPE, podrá contribuir realmente a resolver un problema muy grave. 
En cualquier caso, nos ayudará a dar un paso delante de cara al compromiso de luchar contra toda actitud discriminatoria contra las personas debido a su raza, su religión o su diferente nacionalidad. 
El objetivo es poner en marcha acciones comunes entre los Estados miembros comprometidos en afrontar el problema lo más coordinadamente posible, y esto ante todo para evitar que delitos cometidos en diferentes países de la Unión se juzguen y sancionen con medidas demasiado alejadas y diferentes entre sí. 
La primera parte del informe está orientada a definir con la máxima precisión posible en qué consiste el delito relacionado con el racismo y la xenofobia. 
A este propósito, querría señalar al Sr. Comisario la válida aportación de la enmienda 12, de la que se pueden deducir los términos para evitar, en este contexto, una inútil caza de brujas, incluso demasiado fácil cuando se habla de xenofobia y de racismo, pero también y al mismo tiempo, para no infravalorar actitudes que podrían ser realmente racistas y xenófobas. 
El informe prosigue definiendo sanciones comunes mínimas de que pueden ser objeto tanto las personas físicas como las jurídicas, pero sobre todo este informe es innovador porque, además de los delitos que se cometen en la vida cotidiana de los ciudadanos, recoge también los delitos virtuales, es decir, aquellos que se cometen diariamente en la realidad virtual de Internet. 
Es interesante el pasaje en que se configura la componente racista como agravante en determinados casos en que concurre con delitos de origen y naturaleza diferente. 
Por último, para alcanzar estos objetivos, es necesario un reforzamiento convencido de la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito judicial. 
Se trata de una nueva iniciativa que sigue otras acciones emprendidas en el pasado y que se apoya en una acción madre de 1996. 
Confiemos en que esta madre sepa dar a luz en el futuro a otros hijos como este informe. 
Señor Presidente, todos sabemos lo fácil que es desencadenar comportamientos racistas y xenófobos a partir de los fenómenos migratorios que afronta Europa. 
Ese camino fácil, que identifica subliminalmente en la conciencia de los ciudadanos inmigración con violencia, abre las puertas a la perversión racista y xenófoba y mina hoy las bases de la convivencia cívica de Europa, con lo que catapulta a los populistas a los puestos de poder. 
A ese respecto, Europa, valor añadido para contribuir a la resolución de un problema común, se diluye en las barreras nacionalistas y policiales que cada uno de los Estados van construyendo por sí mismos, auténticos castillos de arena que se deshacen cuando el viento sopla más fuerte. 
Por todo ello, hay que subrayar el sentido verdaderamente europeo de esta decisión-marco que se orienta hacia el establecimiento de la penalización europea de los delitos de racismo y xenofobia, hasta hoy materia de derecho internacional o derecho interno de cada uno de los Estados miembros, malla ancha por la que se escapan sus autores. 
No se defiende a Europa, señor Presidente, con inercia política o con verbalismo o diciendo irresponsablemente a los electores lo que resulta más fácil: que la culpa es de los otros. 
Se defiende a Europa con la ley, con sanciones y con tribunales. 
Por eso, nosotros apoyamos, señor Comisario, esta iniciativa con la esperanza de que el Consejo no se descuide su rápida aprobación. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, si el informe cumpliese la promesa que contenía en su título, yo lo votaría afirmativamente con mucho gusto. 
Permítanme que exponga brevemente las razones exactas por las que eso no sucede. 
La palabra clave es Internet. 
En Internet ya es ilegal todo lo que también lo es fuera de la red. 
Este hecho no parece haber llegado al conocimiento de esta Asamblea. 
Debemos agradecer a los demás Grupos que los proveedores en realidad sólo puedan ser penalizados cuando tengan conocimiento de la presencia de contenidos ilegales en sus sitios. 
El ponente ha hecho todo lo posible para criminalizar al conjunto de Internet. 
Yo creo que esto permite apreciar muy bien cuál es su verdadera intención. 
En segundo lugar, en el informe se sigue el enfoque de castigar sobre todo las ideas. Se dedica menos atención a las acciones. 
Esto nos aleja del castigo de los delitos motivados por la aversión, o sea, los que se basan realmente en una motivación racial, para adentrarnos en el control del pensamiento. 
Lo cual conduce a un aumento de la censura y una reducción de la libertad de prensa y de expresión. ¡No es posible apoyar algo así! 
Finalmente, el antirracismo, tal como aquí se dice, se debería traducir en una mejora concreta de las condiciones de vida de las y los inmigrantes. 
¿Y qué hace el informe? 
Éste no se enfrenta con el racismo institucional, del que Eurodac constituye sólo la punta del iceberg, con el racismo económico y con el racismo puro, que en Sevilla se adoptó precisamente otra vez, concretamente con la decisión no sólo de continuar fortificando la UE, sino de llegar hasta el extremo de estrangular directamente a terceros Estados. 
Por esto, no es posible tomarse en serio de ningún modo el carácter antirracista del informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, al felicitar al Sr. Ozan Ceyhun, lamentamos el aumento del número de manifestaciones racistas en los países europeos. 
Según el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, en el año 2000 (respecto del año anterior) se registró un aumento de hostilidades y ataques con expresión particular en diversos países de la Unión. 
Con los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, la situación empeoró y se registró un aumento de las tensiones y la violencia, en particular antiislámicas. 
Conviene subrayar una vez más que el racismo y la xenofobia constituyen una clara violación de los principios de la libertad, de la democracia, del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como del Estado de derecho, principios en los que se basa la Unión Europea y que son comunes a los Estados miembros. 
La discriminación por razones de raza u origen étnico está prohibida en todos los Estados, pero el ámbito, el tenor y la aplicación de dicha prohibición presentan disparidades considerables. 
Los Estados miembros deben poder introducir o mantener disposiciones más favorables respecto de la protección del principio de igualdad de trato. 
Pero es fundamental que existan normas mínimas en el nivel europeo. 
Quien comete esas infracciones no debe poder beneficiarse de esas disparidades y hurtarse a acciones judiciales trasladándose de un país a otro. 
Esta propuesta de decisión-marco deberá propiciar una aproximación de las legislaciones penales nacionales y un planteamiento común, lo que permitirá una represión eficaz de los actos racistas en la Unión Europea. 
Ahora bien, nunca estará de más subrayar que debe existir un equilibrio justo entre la lucha contra el flagelo del racismo y la xenofobia y la salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión, prensa y reunión. 
Pero, en nombre de la verdad, conviene también recordar que no se lucha contra el racismo sólo reprimiendo sus manifestaciones, sobre todo las violentas. 
Antes se debe prevenir y hacerlo mediante la educación para la igualdad y la adopción de políticas inteligentes que no provoquen reacciones indeseables. 
Es el ejemplo muy actual de las medidas por adoptar en el ámbito de las políticas de asilo e inmigración. 
Señor Presidente, si tenemos en cuenta las decisiones de Sevilla sobre los emigrantes, toda medida positiva propuesta por el Consejo y el presente informe en debate sobre una revisión para hacer más estricta la política de la Unión Europea, fomentando las medidas de procedimiento penal contra el racismo y la xenofobia, más bien pierden su importancia. 
Allí se trazó verdaderamente una política de persecución y de intimidación constante a los emigrantes, armonizada con la lógica de los partidos de extrema derecha, que quieren hacer a los emigrantes culpables de todos los males del capitalismo. 
Emigrantes que, al fin y al cabo, proceden principalmente de países víctimas de una explotación cruel, también por parte de los países de la Unión Europea. 
Igualmente, en muchos países, como en Grecia, que es quizá el país con el mayor porcentaje de emigrantes, constatamos prácticas en contra de los emigrantes que constituyen una violación cruda y bárbara de los derechos fundamentales del ser humano. 
Recientemente se ha sabido que 2.700 emigrantes fueron retenidos en unas condiciones tan miserables que se vieron obligados a realizar una marcha de protesta. 
En este paisaje tan terrible, señor Presidente, la propuesta del Consejo y el informe Ceyhun combinados con la legislación actual sobre la orden europea de detención son, esencialmente, medidas para relajar y cubrir la política xenófoba y racista de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión se congratula del informe del Sr. Ceyhun, que sigue la misma orientación que la propuesta que presentamos de decisión-marco contra el racismo y la xenofobia. 
Como subraya el ponente, la libertad de expresión en un Estado de derecho democrático tiene límites y sobre todo no se puede utilizar como justificación para violar derechos de terceros o para cometer actividades delictivas. 
Por desgracia, seguimos afrontando en varias zonas de Europa manifestaciones racistas y xenófobas, inaceptables en nuestras sociedades democráticas. 
Un planteamiento integrado que conste de medidas preventivas y represivas es esencial para luchar eficazmente contra ese fenómeno. 
Las medidas en materia de derecho penal como las formuladas en la propuesta de la Comisión constituyen un elemento de ese planteamiento. 
Pero, por otro lado, la Comisión siempre ha subrayado que se trata de una lucha de carácter cultural y, por eso, ha adoptado ya varias medidas de sensibilización para luchar contra el racismo y la xenofobia en esferas como las del empleo, la inmigración, la política de asilo y el sistema de educación. 
Por lo que se refiere a las enmiendas a la propuesta de la Comisión de decisión-marco, el ponente sostiene que el hecho de que una infracción de carácter racista o xenófobo haya sido cometida mediante un medio de comunicación de masas constituye una circunstancia agravante. 
La Comisión es flexible en lo relativo a circunstancias agravantes suplementarias. 
No obstante, podría ser más adecuado a ese respecto hacer referencia a materiales dirigidos a un gran número de personas, dado que el material racista distribuido por una única persona (por ejemplo, la distribución manual de propaganda racista) podría ir destinado igualmente a un gran número de personas. 
Las enmiendas seis y doce, letra b) introducen una referencia a la directiva sobre el comercio electrónico en lo relativo a la responsabilidad de los proveedores de acceso a Internet. 
En efecto, las disposiciones de la decisión-marco no prejuzgan el recurso a cualquier instrumento del primer pilar, en particular la directiva sobre el comercio electrónico. 
A ese respecto, es de señalar que, según dicha directiva, los Estados miembros no pueden imponer a los prestadores de servicios una obligación general de vigilancia sobre los contenidos, pero pueden establecer una obligación de información a las autoridades competentes sobre actividades alegadas o informaciones ilícitas comunicadas por los destinatarios. 
Por consiguiente, se puede establecer la responsabilidad de los proveedores, siempre que los proveedores de acceso a Internet tengan realmente conocimiento de que albergan material racista, es decir, de que una autoridad judicial lo haya señalado a su atención mediante una denuncia y no hayan adoptado medidas para suprimir ese material. 
La Comisión tiene, en relación con el ponente, una opinión ligeramente diferente por lo que se refiere a la incriminación de la apología pública de los delitos de genocidio y de otros delitos de la máxima gravedad. 
Las condiciones impuestas por la enmienda nº 12 en esa parte son más rigurosas que las propugnadas por la acción común de 1996, ya que exigen que las palabras o el comportamiento de que se trate constituyan una amenaza, una injuria o un insulto y tengan una motivación racista o xenófoba. 
Ahora bien, la acción común aprobada hace sólo seis años exigía que se hiciera la apología pública con un objetivo racista o xenófobo. 
Por consiguiente, las condiciones impuestas por la enmienda nº 12 establecerían un umbral más elevado para el ejercicio de la acción penal, por lo que solicitamos que el Parlamento pondere esa cuestión. 
Por último, quisiera subrayar que nuestra propuesta es clara en lo relativo a la definición y la tipificación del delito, porque nos referimos siempre a actos concretos y no a opiniones. 
No se puede interpretar la propuesta de decisión-marco en el sentido de menoscabar los derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión y los principios reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos en sus artículos 10 y 11 y por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
No obstante, en el derecho europeo, como en el de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, se debe garantizar un equilibrio adecuado. 
Según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del Convenio Europeo, el ejercicio de esas libertades, en particular la libertad de expresión, puede y debe ser objeto de ponderación con la defensa del orden, la prevención del delito y la protección de la honra o de los derechos de terceros. 
En ese marco, no estamos proponiendo la creación de policía del pensamiento alguna, sólo pedimos que la Unión, en su conjunto, sea fiel a los valores que forman parte de nuestro patrimonio común desde el Consejo Europeo de Derechos Humanos y que en ese sentido el mensaje político es claro, es decir, el de que se luche contra los delitos racistas y xenófobos vigorosamente y de forma equivalente en todo el espacio de la Unión Europea. 
Muchas gracias, señor Comisario António Vitorino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0217/2002) del Sr. Luis Berenguer Fuster, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo. 
. Señor Presidente, hace ahora aproximadamente dos años tuvieron lugar en Bruselas unas jornadas en las que se celebraban los diez años del Reglamento (CEE) nº 4064/89 sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas. 
En esas jornadas, todos los oradores se pronunciaron con una unanimidad, que en cierta manera resulta extraña cuando se trata de apreciaciones de expertos, en favor de las bondades de ese Reglamento. 
Coincido con tales opiniones y manifiesto mi acuerdo sobre esa valoración positiva. 
Ahora bien, cuando se trata de plantear la propuesta de modificación del Reglamento, hay una opinión que debe señalarse desde el principio. 
La valoración positiva no impide que se puedan sugerir reformas parciales o adaptaciones a las necesidades que la práctica ha puesto de manifiesto pero, en cualquier caso, esas reformas serán limitadas. 
El propio Reglamento (CEE) nº 4064/89 prevé en su texto que algunos aspectos deben reconsiderarse transcurridos diez años desde su vigencia. 
Transcurrido ese plazo, la Comisión ha remitido un Libro Verde en el que se sugiere analizar no solamente los puntos previstos en el Reglamento, sino todos aquellos que permitan una actualización del texto. 
Ello es una iniciativa muy positiva por la que debe felicitarse a la Comisión. 
Tal vez los puntos más importantes de este Libro Verde al que aludimos se refieran a la definición de los umbrales para que la operación se considere como de dimensión comunitaria y, en segundo lugar, a los supuestos en los que una concentración notificada a la Comisión pueda ser remitida a la autoridad o autoridades nacionales para su análisis y decisión, y, en sentido contrario, cuando una operación notificada a las autoridades nacionales pueda ser remitida conjuntamente a la Comisión. 
En el primero de esos apartados, la Comisión sugiere que la concentración tendrá dimensión comunitaria cuando pueda notificarse en tres o más países, suprimiendo las complicadas reglas procedimentales contenidas en el apartado 3 del artículo 1 del Reglamento. 
Algunas autoridades nacionales de la competencia han manifestado su opinión sobre la modificación de dicho apartado, o bien su sustitución por criterios diferentes a los de la Comisión. 
No podemos mostrarnos de acuerdo con esas objeciones. 
La regla de la atribución automática de competencias propuesta por la Comisión aporta mayor claridad y simplicidad, favorece la uniformidad de criterios de valoración, incrementa la seguridad jurídica y ahorra costes a las empresas. 
Por ello, la apoyamos plenamente. 
El segundo de los apartados, el relativo a la remisión de los expedientes, presenta mayor complejidad y, por ello, el Parlamento Europeo y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios realizan algunas sugerencias. 
La primera de ellas se refiere a la conveniencia de que las partes muestren su conformidad con la remisión del expediente por parte de la Comisión Europea a una o varias autoridades nacionales. 
Si el tratamiento unificado se ha considerado más eficaz y ahorra costes a las empresas, no parece que por la vía de la remisión las empresas puedan ser obligadas a tramitar diferentes expedientes en contra de su criterio. 
En un segundo apartado, el Parlamento Europeo advierte a la Comisión del problema que se plantea cuando se puede producir esa remisión, cuando la decisión última corresponde a órganos políticos y no a autoridades independientes. 
Hay que tener en cuenta que en varios Estados miembros, la decisión corresponde a una autoridad política, como por ejemplo en el mío, donde corresponde, en definitiva, al Gobierno. 
Por ello, los criterios por los que se pueda aprobar o rechazar una concentración pueden ser diferentes a los del análisis de los efectos sobre la competencia y sus posibles eficiencias. 
Recientemente, el Comisario Monti en una entrevista publicada en la prensa de mi país hacía hincapié en las presiones que los Gobiernos realizan en los expedientes de competencia. 
No hay que ser muy agudo para adivinar cuál puede ser la postura de esos Gobiernos si son ellos mismos quienes toman la decisión. 
El Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo mantiene dos enmiendas: la primera de ellas se refiere a la necesidad de que entre las eficiencias que puedan compensar los efectos de una concentración sobre la competencia se encuentre el mantenimiento o la creación de empleo. 
En realidad se trata de la traducción del principio del "failing company defence", que ya ha sido aplicado por la Comisión y creemos que su reflejo en el texto mejorará el informe. 
Igualmente, considero que mejorará el informe el contenido de la segunda enmienda, que pide que en los expedientes de concentración se consideren interesados no sólo los competidores, sino también los consumidores y, en su caso, los representantes de los trabajadores afectados. 
. Señor Presidente, me corresponde, en efecto, expresar la opinión de la citada comisión sobre el informe del Sr. Berenguer, al que felicito por su trabajo, lo mismo que a la Comisión, representada hoy por el Comisario Monti, en cuanto a la iniciativa, que nos parece también una iniciativa feliz. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha incluido en su informe algunas de las conclusiones de la Comisión de Asuntos de Jurídicos. 
Cito especialmente las que se refieren a la no extensión del control previo a nuevas propuestas, la simplificación de los plazos o el rechazo a la grabación de alegaciones verbales que podrían afectar a la seguridad jurídica. 
Agradezco al ponente su disposición favorable a estas enmiendas y a la comisión competente para el fondo su aceptación. 
En cambio, hay otros puntos en que la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos no ha sido incorporada y debe reafirmarse. 
En concreto, no estimamos conveniente que el criterio de dominación sea sustituido por el de disminución considerable de la competencia para autorizar las concentraciones, ni que se amplíe el mecanismo de remisión por parte de la Comisión a las autoridades nacionales de competencia, ni el cálculo de las multas en función del volumen de negocios. 
Todo ello porque, a nuestro juicio, no es aconsejable correr riesgos en materia de seguridad jurídica por el afán de introducir nuevos procedimientos más o menos novedosos cuando no son necesarios. 
De acuerdo con ese planteamiento, es obvio que no deberían prosperar, a juicio del ponente de opinión, las enmiendas presentadas por el Grupo socialista ni la enmienda 5 del Grupo de Izquierda Unitaria Europea, que van en contra de la tendencia a clarificar los procedimientos y que adolecen de notoria imprecisión, ni tampoco las otras dos enmiendas, que nada tienen que ver con el objetivo de lograr un mejor procedimiento de control de las concentraciones. 
Felicidades, pues, por la iniciativa, y prudencia para no echar abajo lo que funciona bien. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al Sr. Berenguer. 
Me parece un informe excelente. Merece todo mi apoyo, aunque no puedo decir lo mismo de las enmiendas que el ponente ha presentado ante el Pleno, pero sobre este tema volveré enseguida. 
El Libro Verde sobre el control de las operaciones de concentración describe a grandes rasgos cómo se llevará a cabo el control sobre las operaciones de fusión en Europa en los próximos años. 
Es positivo que la actual normativa se examine y se reforme ahí donde ello sea necesario. 
Las empresas vertieron serias críticas contra los procedimientos de notificación, especialmente en el caso de las fusiones transnacionales. 
La ausencia de armonización entre las normas de los diferentes Estados miembros da lugar a unos procedimientos burocráticos, costosos e interminables. 
La solución que ahora propone la Comisión me parece magnífica. En el caso de las concentraciones que se notifiquen en más de dos Estados miembros basta con hacer una notificación única ante la Comisión, de conformidad con el principio de One Stop Shop. 
Si por mí fuera, este principio podría haberse aplicado asimismo a los casos en que las concentraciones se notifiquen en más de un Estado miembro. 
Una notificación única en Bruselas no sólo resulta menos costosa, sino que, además, supone una mayor seguridad jurídica. 
También considero positivo que, por fin, comience a plasmarse la colaboración entre los Estados miembros en el ámbito del control sobre las operaciones de concentración. 
Es imprescindible que impliquemos a los nuevos Estados miembros en este proceso. 
Esperemos que esta cooperación entre los Estados miembros permita simplificar los trámites administrativos y armonizar los procedimientos y los criterios. 
Por otra parte, instamos a la Comisión a que se muestre suficientemente reticente con respecto a la situación inversa del One Stop Shop, es decir, la remisión por parte de la Comisión a los Estados miembros sobre la base del artículo 9. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios menciona explícitamente en el informe que la remisión sólo es y puede ser posible si las empresas implicadas están de acuerdo con ello, lo cual también redunda en beneficio de la seguridad jurídica. 
Señor Presidente, el control sobre las operaciones de concentración tiene en cuenta el efecto de las concentraciones sobre el mercado. 
Surgen estructuras nuevas y el impacto de estas nuevas estructuras sobre el mercado ocupa un lugar primordial en el control ejercido por parte de la Comisión. 
Se trata de una forma de ordenación económica cuyos criterios de evaluación, incluido el aumento de la eficacia, se toman del derecho de competencia. 
Por eso mi Grupo rechaza todas las enmiendas que tienen por objeto una ampliación de los criterios de evaluación, incluyendo, por ejemplo, las consecuencias para el empleo y otros aspectos sociales. 
Estas consideraciones no vienen a cuento en un Reglamento relativo al control sobre las operaciones de concentración. 
Señor Presidente, lo mismo digo respecto a las enmiendas del Sr. Herzog, que entran en el terreno de la política comercial. 
El objetivo del control sobre las operaciones de concentración no consiste en reforzar las industrias europeas o crear industrias fuertes. 
Las industrias y las empresas más fuertes son el resultado de una mayor competencia y eso es lo que se persigue con estas medidas de control. 
Ya he señalado que en este tipo de procedimientos concedo suma importancia a la seguridad jurídica de las empresas. 
La aplicación de criterios diferentes puede dar lugar a conclusiones contradictorias. 
Por la misma razón nos oponemos también a una mayor participación en el marco de la toma de decisiones sobre las operaciones de fusión. 
Se trata de unas inversiones enormes. 
Las empresas tienen derecho a unos procedimientos rápidos y sencillos. 
El Libro Verde de la Comisión Europea constituye un primer paso en esta dirección. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión sobre la reforma es muy de agradecer. 
En cualquier caso, es una muestra de previsión abordar ya ahora el tema de las modernizaciones y las reformas a pesar de la exitosa trayectoria del Reglamento sobre el control de las fusiones. 
Yo creo que también demuestra previsión porque de este modo ya se toman también en consideración los procesos de ampliación. 
Yo apoyo el informe del ponente- y mi Grupo también lo apoya -, pero comparto asimismo su preocupación, por ejemplo por el hecho de que todavía no se hayan podido poner en práctica algunas propuestas del Libro Verde. 
Por esto es muy importante que la Comisión acepte efectivamente que se cambiará el punto relativo a las definiciones, pero también el relativo al test de dominancia del mercado, y que éstos no se pospondrán hasta posteriores revisiones. 
Yo creo que esto es particularmente importante por lo que respecta a la dimensión internacional de los procesos de fusión y, en particular, para los sectores innovadores en los que tienen lugar las fusiones. 
El número de fusiones transfronterizas de empresas se ha incrementado progresivamente en los últimos años. 
El aumento del número de casos y también su complejidad justifican sin duda una revisión del reparto de tareas y que se reorganice la coordinación entre las autoridades nacionales y europeas de competencia. 
Yo acojo con satisfacción, en el contexto de la eficacia, transparencia, seguridad jurídica, abreviación de los plazos y reducción de los costes administrativos para las empresas, la mayor concentración en la Comisión como jurisdicción central y también apoyo explícitamente la sugerencia de la Comisión de que con el tiempo sería necesario crear una instancia judicial adicional. 
No obstante, también es necesario examinar minuciosamente- y ahora contradigo a los oradores que me han precedido- las considerables repercusiones de las fusiones, especialmente sobre la situación del empleo, y los criterios y procedimientos seguidos para verificar la licitud de una fusión. 
En el conjunto de la UE se han perdido millares de puestos de trabajo como resultado de las reestructuraciones que las acompañan. 
Las empresas deben disfrutar sin duda de la máxima libertad para adoptar decisiones administrativas, pero al mismo tiempo las empresas que llevan a cabo estas reestructuraciones suelen ser a menudo las mayores empleadoras de una región. 
La pérdida de puestos de trabajo no afecta, por lo tanto, únicamente a los asalariados y asalariadas individuales, sino que también tiene consecuencias para la cohesión económica y social de toda la región. 
Yo quisiera recordar en este contexto que el Consejo Europeo de Niza señaló explícitamente el vínculo indisoluble entre el rendimiento económico y el progreso social. 
El Derecho de la competencia y la política de competencia también deben tenerlo en cuenta, también en el marco del control de las fusiones. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera expresar mis agradecimientos al ponente, señor Berenguer Fuster, por este excelente informe. 
Señor Comisario, ya lo he dicho antes, y lo he dicho en Suecia: probablemente usted sea el miembro más importante de la Comisión para los ciudadanos de Suecia, país en el que los asuntos relacionados con la competencia nunca han tenido tanta actualidad. 
La situación ha empezado a mejorar, por lo que ¡hay que tener esperanzas! 
La política de competencia es especialmente importante para los países pequeños, en los que son evidentes los riesgos de formación de monopolios y de concentración de empresas. 
Es provechoso que la UE esté dispuesta a revisar el funcionamiento del control de la fusión de empresas en la economía globalizada. 
Los cambios en el mundo obligan a la UE a imponer nuevas exigencias al control de las fusiones 
En mi país se han discutido ampliamente estos asuntos a raíz de una serie de fusiones que no se han podido realizar. 
No digo que la decisión de la Comisión haya sido errónea en esos casos particulares. 
Pienso, no obstante, que se habría podido realizar un estudio más amplio de esas fusiones. 
Reitero: esto reviste especial importancia para los países pequeños. 
Quisiera referirme a algunos puntos específicos. 
En primer lugar: el control de las fusiones debe orientarse más a incentivar el desarrollo y racionalización de las empresas en el conjunto del mercado interior. 
Hay que crear un mercado sin trabas ni segmentos. 
No es la situación actual. 
En segundo lugar: el control de las fusiones debe ser más previsible. 
En tercer lugar: hay que fortalecer la seguridad jurídica. 
Un principio saludable es que las autoridades que estudian un caso particular no sean las mismas que ya hayan adoptado decisiones sobre el mismo caso. 
Señor Presidente: Europa necesita empresas más sólidas. 
Se precisa más competencia. 
Se requieren actores globales, que puedan crecer y hacerse fuertes para hacer frente a la cada vez más dura competencia internacional. 
Por eso conviene que la Comisión, en sus decisiones sobre las fusiones, tenga una perspectiva más dinámica y con vistas al futuro. 
Para incentivar el crecimiento y la competitividad en la Unión- en concordancia con lo expresado en Lisboa- la UE podría seguir el ejemplo de EE.UU. 
Señor Presidente, señor Comisario, a la vista de la importancia creciente de las operaciones de concentración y de su enorme impacto social y económico, es posible mejorar las propuestas del Libro Verde. 
Como lo subraya el ponente, el Sr. Berenguer Fuster, el control de las operaciones de concentración constituye un elemento esencial de la política comunitaria de la competencia. 
Sin embargo, no se puede juzgar la legitimidad de las concentraciones sólo desde el ángulo de la competencia. 
Es preciso integrar otros objetivos reunidos en la estrategia de Lisboa, como la dinámica del pleno empleo y de industrias competitivas. 
Es conveniente otorgar a estos dos tipos de objetivos un mismo valor jurídico no sólo para no retroceder por lo que respeta a la competencia, sino también para hacer progresar los intereses de la industria y del empleo, que hoy son los ' parientes pobres?. 
La cuestión de la renovación de los criterios de evaluación es, pues, esencial. 
Se debe prestar mayor atención a las realidades de la competencia en el plano mundial, reconocer que la noción de mercado nacional pierde su justificación, salvo en algunos sectores, que la noción de mercado europeo es pertinente y, finalmente, elaborar la noción de mercado contestable, orientándose hacia el criterio de reducción sensible de competencia. 
Al mismo tiempo, es conveniente mejorar los procedimientos. 
El principio de la ventanilla única para las operaciones de interés comunitario es excelente si va acompañado de buenas condiciones de control. 
Se puede simplificar la cuestión de las condiciones de notificación y mantener la norma de los dos tercios sin perder de vista la coherencia comunitaria. 
Sin embargo, deben efectuarse progresos sustanciales en dos aspectos relativos al método. 
A la vista del enorme impacto social de estas operaciones, es imprescindible consultar a los representantes de los trabajadores y a los distintos sectores antes de tomar una decisión, como lo proponen las enmiendas de los Sres. Goebbels y Berenguer Fuster. 
El procedimiento de test de mercado debe ser plenamente transparente; para ello han de oírse los argumentos de las partes afectadas y responder a las observaciones. 
El interés industrial resulta así protegido, y ese es el sentido de una de mis enmiendas. 
Ciertamente, la contestabilidad de las decisiones puede aún progresar. 
Competencia efectiva en el gran mercado, por una parte, y desarrollo de la industria y del empleo, por otra: estos son dos objetivos respecto de los cuales aún debemos mejorar nuestra acción. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, como ya han señalado todos los oradores, debemos responder a diferentes retos. 
Por un lado, a una mayor integración de los mercados, por el otro, a la globalización económica que determina, entre otras cosas y no en último lugar, un aumento de las fusiones de empresas y, finalmente, al reto que supone la ampliación. 
La competencia es un elemento esencial para alcanzar nuestros objetivos políticoeconómicos respetando nuestros principios y en el marco del principio rector europeo de la economía social de mercado. 
Nos preocupa la competitividad de Europa en el mercado mundial. 
Nos preocupa la competencia dentro de Europa, que es urgentemente necesaria para alcanzar los objetivos de Lisboa y consolidar el mercado interior. 
No queremos que los monopolios estatales sean sustituidos por monopolios privados. 
Deseamos establecer una competencia sobre la base de unas normas comunes. 
La competencia, tal como nosotros la entendemos, asegura el trabajo y crea trabajo, genera unos precios favorables para los consumidores y promueve el proceso de renovación dinamizado que es tan urgentemente necesario. 
Nos enfrentamos con el reto adicional de la ampliación, que requiere con urgencia una armonización mutua de algunos aspectos fundamentales de las normas de la competencia entre los Estados miembros y con los países candidatos a la adhesión. 
Señor Comisario, evidentemente también tenemos algunos deseos. 
Queremos que se delimite claramente el mercado relevante, justamente en la era de la globalización. 
Lamentamos que no exista ningún tipo de separación entre las autoridades investigadoras y las autoridades responsables de adoptar las decisiones. 
Insistimos en la necesidad de una organización coherente del reparto de competencias y de la coordinación entre la Comisión y las autoridades nacionales de la competencia. 
Nos congratulamos de que las participaciones de capital riesgo dejen de estar sujetas al control de las fusiones por parte de la UE. 
La necesidad de renovación ha quedado de manifiesto también en el caso de Austria, donde desde el 1 de julio existe una nueva? 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, gracias por este excelente informe. 
La concentración de empresas no sólo se ve facilitada por el mercado interior, sino también por la moneda única, por la ampliación de la Unión y por la globalización; de lo que se trata, en realidad, es de la formación de consorcios y de la concentración en pocas manos del poder globalizado sobre la economía y las comunicaciones. 
Por su parte, la convergencia o aproximación ha dado lugar a que los sectores de las tecnologías de la información, los medios de comunicación y las telecomunicaciones estén mutuamente integrados a efectos prácticos, de tal forma que el resultado es la existencia de enormes concentraciones, de un verdadero megapoder, donde el poder económico, industrial, comunicativo y, en muchos casos, el propio poder político está concentrado prácticamente en las mismas manos. 
Los medios de comunicación también han experimentado una intensa concentración, y yo no he visto que la Comisión haya intervenido de forma decidida. 
La situación de Italia recuerda a la de Rusia, aunque bien es verdad que los dirigentes de Rusia no tienen en su propiedad cadenas de televisión. 
El sector de las telecomunicaciones contará pronto con sólo unos cuantos operadores o empresas y, aunque no se dé una posición dominante de alguna empresa en el mercado de uno, dos o tres países, puede que ello sí ocurra a escala global. 
En tal caso, alguna empresa concreta puede llegar a tener una posición significativa en los mercados de decenas de países. 
Espero, pues, que la Comisión evalúe e intervenga en la posición dominante de las empresas en los mercados globales. 
Las empresas que se han granjeado un peso mayor pueden manipular los mercados. 
El principio de la Unión que obliga a la integración social exige que se tengan en cuenta los derechos sociales y laborales en las operaciones de concentración de empresas, y por qué no también los derechos de los accionistas, pues todo ello forma parte de las decisiones que hemos adoptado en materia de integración social. 
Señor Presidente, el ponente se felicita del control que las instituciones europeas ejercen sobre las operaciones de concentración de empresas. 
Esta autosatisfacción es ridícula, ya que los grandes empresarios que se comprometen en estas operaciones tienen infinitamente más en cuenta los intereses de los grandes accionistas que la opinión del Parlamento Europeo. 
Al afirmar que estas concentraciones representan el aumento de la competitividad y, por consiguiente, del crecimiento económico y del empleo, el informe reproduce la tesis de los empresarios según la cual lo que es bueno para los empresarios y para los accionistas es bueno para la sociedad. 
Basta, sin embargo, con efectuar el inventario de las concentraciones que han supuesto supresiones de empleos y cierres de empresas, que han arrastrado al desempleo a miles de trabajadores y arruinado a regiones enteras, para evidenciar que los intereses de los accionistas están en el polo opuesto de los intereses de la mayoría trabajadora de la sociedad. 
El caso Vivendi, tras otros muchos casos en los Estados Unidos, demuestra la forma en que el sistema que se propugna transforma la producción en capital financiero, simple objeto de especulación. 
La Bolsa enriquece a los ricos, empobrece a algunos, pero empobrece sobre todo a la sociedad. 
La riqueza no procede de la especulación, sino del trabajo, y la Bolsa no hace sino lapidar y transformar en falsos valores el producto del trabajo real. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente, Sr. Berenguer Fuster, por el magnífico trabajo realizado. 
En la última década, la actividad de inversión financiera ha cobrado una creciente relevancia cuantitativa y cualitativa con vistas a una mejor colocación de los recursos y con miras a una economía en los costes. 
Gracias también al desarrollo de la informática, se ha concretado un proceso de globalización y concentración evidente e incisivo que ha supuesto grandes beneficios en el desarrollo de las inversiones y de las actividades productivas, pero que también ha generado crisis que han desestabilizado los sistemas bancarios y financieros en los países en desarrollo. 
Los efectos negativos se han dejado notar en la producción y en el empleo y, algunas veces, en el tren de vida de amplias capas sociales de estos países. 
Si bien es cierto que las concentraciones han desarrollado los sistemas económicos de algunos Estados que, gracias a una ya comprobada solidez, han tenido la oportunidad de obtener beneficios de las oportunidades ofrecidas, no lo es menos que dichas concentraciones deben fomentar iniciativas aptas para reforzar el apoyo internacional que tiene que apuntar a la introducción de reformas que fomente la integración en los intercambios mundiales. 
A menudo, sin embargo, los mecanismos de los mercados, que estimulan y apoyan las concentraciones, muestran límites evidentes y pueden crear fuertes estrecheces en esa parte de la población que queda excluida de los beneficios que dichas situaciones pueden crear. 
Si las concentraciones económicas giran exclusivamente en torno al share golden value, o sea, a la optimización del valor de la empresa, encontrarán en su camino fuertes conflictos en las relaciones con otros operadores del mercado y con los consumidores. 
En los mercados bancarios, en los que está prevaleciendo la tendencia a las concentraciones y a la consecución exclusiva del beneficio, son fácilmente visibles sus consecuencias. 
El informe Cruikshank- es la segunda vez que se lo recuerdo, Sr. Comisario- pone de manifiesto que el mercado bancario británico presenta un grado de concentración que perjudica a los consumidores. 
El hecho de que los cuatro mayores bancos comerciales ostenten cotas de mercado tan amplias se traduce en tarifas y precios desproporcionadamente altos y en una oferta que carece de productos y servicios a los particulares y a las empresas. 
. (IT) Señor Presidente, deseo agradecer al Parlamento Europeo su apoyo al Libro Verde de la Comisión sobre la modificación del Reglamento sobre las concentraciones. 
Me parece que Parlamento comparte claramente el objetivo de la Comisión, es decir, el fortalecimiento del marco legislativo en materia de control de las concentraciones. 
Sólo empleando métodos e instrumentos modernos es posible afrontar los retos como la inminente ampliación, la intensificación de las relaciones con las demás autoridades antitrust y la mayor concienciación, a escala internacional, de la importancia de las cuestiones relativas al control de las concentraciones. 
Deseo aprovechar esta ocasión para expresar mi gratitud a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y al ponente, Sr. Berenguer Fuster, así como a todos aquellos que han contribuido a este debate, en particular a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
El proceso de consulta pública ha ofrecido y ofrece una serie de opiniones interesantes y bien documentadas sobre las cuestiones jurisdiccionales, procedimentales y fundamentales planteadas en el Libro Verde. 
Su informe, Sr. Berenguer Fuster, hace, a mi modo de ver, un compendio muy bien razonado y plantea observaciones especialmente interesantes. 
Señorías, ustedes saben bien lo mucho que valoro la colaboración del Parlamento Europeo y les puedo prometer que el presente informe se examinará con la máxima atención. 
Sobre la base de todas estas intervenciones, la Comisión adoptará, antes de finales de este año, una propuesta de nuevo reglamento sobre las concentraciones que posteriormente será debatida por el Consejo. 
Considero dicho reglamento parte, sin duda importante, pero sólo parte de un paquete de reformas que incluirá asimismo orientaciones interpretativas sobre la aplicación del criterio sustancial de la competencia- hemos escuchado diferentes opiniones sobre el criterio actual de posición dominante y sobre el criterio eventualmente alternativo del substantial lessening of competition- que aclaran en particular las modalidades de análisis del poder de mercado en los casos de concentración y la importancia que conviene atribuir a las consideraciones acerca de la eficiencia que también han sido variadamente mencionadas. 
Como es natural, el proyecto de reglamento se hará público por medio de consulta. 
Asimismo prevemos consensuar con los ambientes jurídicos y empresariales una nueva serie de orientaciones sobre la mejor práctica a seguir en el proceso, o sea, en la dirección de las investigaciones en materia de concentración. 
Seguidamente, deberemos reflexionar sobre los cambios estructurales o de gestión que serán necesarios para acompañar este paquete de reformas, en particular sobre cómo afrontar a fondo la cuestión de los derechos de la defensa y la cuestión del fortalecimiento de nuestras capacidades económicas y del papel del análisis económico en nuestro proceso de toma de decisiones. 
Por último, señor Presidente, deseo abordar brevemente una cuestión a la que varios diputados del Parlamento han aludido esta tarde, la relativa a la posible relación entre las políticas sociales y las políticas en materia de competencia. 
Se trata de una cuestión que plantea interrogantes respecto a los criterios en virtud de los cuales se deben valorar las concentraciones. 
Me gustaría ser muy claro respecto a este punto. 
La introducción de más criterios, diferentes a los de la competencia, en el sistema de valoración de las concentraciones, complicaría, convertiría en confusa y, en fin de cuentas, podría conducir a desvirtuar la función principal del Reglamento sobre las concentraciones que es el mantenimiento de una competencia efectiva. 
Esto no significa en absoluto dejar de atribuir la máxima importancia a las políticas de empleo. 
La Unión Europa tiene políticas de empleo, los Estados miembros tienen políticas de empleo, la Comisión y yo personalmente apoyamos el reforzamiento de las políticas de empleo. También el mantenimiento de una sana competencia, como se ha observado, agiliza, a medio y largo plazo, una economía en crecimiento y, con el crecimiento, el empleo. 
Sin embargo, pienso que confundir los objetivos e incluir un objetivo de mantenimiento del empleo en el Reglamento sobre las concentraciones sería una tergiversación. 
Esto no significa que, con ocasión de las prácticas de concentración, no se pueda llamar la atención de las empresas sobre sus obligaciones en materia de respeto de la legislación social, cuando sea menester. 
Por nuestra parte, queremos garantizar a los trabajadores y a sus representantes la posibilidad de expresar su punto de vista a la Comisión durante la investigación. 
Como decía, realizamos un análisis de la competencia y, desde esta perspectiva, el punto de vista de los trabajadores dependientes y de sus representantes puede adquirir más importancia si guarda relación con los efectos de la operación sobre la competencia. 
En resumen, considero que la normativa social que es tan importante como la normativa sobre la competencia persiguen objetivos técnicamente distintos a través de una variedad de métodos diferentes, pero igualmente válidos. 
Estoy profundamente convencido de que una confusión entre los instrumentos no beneficiaría a ninguna de estas políticas. 
Quiero agradecer una vez más al Parlamento la contribución que, también en esta ocasión, nos aporta para perfeccionar los instrumentos de la competencia. 
Muchas gracias, señor Comisario Mario Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0115/2002) de la Sra. McKenna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la conclusión por la Comunidad Europea del Convenio sobre la conservación y la gestión de los recursos pesqueros en el Atlántico suroriental. 
. 
(EN) Señor Presidente, el Atlántico Suroriental es una de las últimas zonas de los océanos del mundo en las que no existe organización regional de pesca. 
Con el fin de cubrir esta necesidad, se acordó en abril de 2001 el nuevo Convenio sobre la conservación y gestión de los recursos de pesca en el Océano Atlántico Suroriental, el cual creará la Organización de la Pesca del Atlántico Suroriental (SEAFO). 
Hasta la fecha sólo Namibia ha ratificado el Convenio. 
Es de esperar que la votación del Parlamento de mañana acelere la ratificación por parte de las Comunidades Europeas. 
Tras eso sólo se necesitará una ratificación más para que entre en vigor. 
La finalidad de la SEAFO es garantizar la conservación a largo plazo y la utilización sostenible de los recursos pesqueros en el Atlántico Suroriental, más allá de la jurisdicción nacional de Angola, Namibia y Sudáfrica. 
Se refiere al pescado, los moluscos, los crustáceos y otras especies sedentarias, pero no a especies muy migratorias que ya están reguladas por la CICAA. 
El informe ofrece algunas indicaciones básicas sobre el contexto a las que me referiré brevemente. 
Entre las poblaciones de peces de importancia comercial en el momento actual figuran la merluza, el jurel, la sardinela y la anchoa. 
La mayoría de estos, sin embargo, se capturan en aguas nacionales. 
La Comisión sugiere que toda captura de estas especies en alta mar, fuera de la zona SEAFO, serían pequeñas. 
Por tanto, ¿qué especies estarían bajo la autoridad de gestión de la SEAFO? 
En otras zonas del mundo, a medida que las poblaciones de peces en las aguas costeras son progresivamente sobreexplotadas y agotadas, la industria pesquera se pasa cada vez más a especies de aguas profundas. En muchos casos, la pesca de estas especies no está en absoluto regulada. 
Pero las características de estos peces les hace muy vulnerables al exceso de explotación. Son peces que crecen muy lentamente, que viven durante períodos de tiempo extremadamente largos y con distribuciones muy limitadas. 
La historia ha demostrado repetidamente que estas operaciones pesqueras se definen mejor como minado de la pesca dado que las poblaciones de pesca se han esquilmado tan rápidamente. 
En las aguas del Atlántico Suroriental hay una serie de poblaciones de especies de aguas profundas, entre ellas el pez diente, el pez reloj, el ochavo, el gallo y los langostinos de aguas profundas. 
Hasta ahora sólo se dispone de una información muy preliminar acerca de la biología y abundancia de estas especies. Eso ya debería ser motivo de honda preocupación. 
Sin embargo, es alentador el hecho de que se hayan acordado recientemente medidas de gestión al menos para algunas poblaciones de peces de aguas profundas en el Atlántico Nororiental. 
En mi informe he mencionado un par de aspectos, en los que el texto, a pesar de ser más estricto que en algunos convenios previos, es en realidad más débil que el Acuerdo de Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces. 
Probablemente, uno de los más importantes es la referencia al enfoque cautelar, que es significativamente más débil que en el nuevo convenio recientemente firmado para la pesca de atún en el Pacífico Occidental. 
Los detalles acerca de esto se recogen en mi informe. 
Por otro lado, una inclusión digna de elogio en el Convenio de la SEAFO es la de los acuerdos provisionales de seguimiento, control y supervisión, que deben valorarse positivamente. 
Queda por ver si la SEAFO cumple las elevadas expectativas y objetivos ambiciosos. 
El éxito de cualquier organización pesquera regional depende totalmente de la voluntad política de las partes contratantes. 
En ese sentido, tengo algunas preocupaciones acerca del comportamiento de la Unión Europea. 
Por desgracia, y en gran parte para vergüenza de la Unión Europea, se han dado numerosos ejemplos, que se han prolongado muchos años y en varias organizaciones, en los que la Unión Europea no ha respetado el asesoramiento científico de la Organización Pesquera Regional. 
En este sentido, el historial no invita al optimismo de que la UE vaya a hacer todo lo que está en su mano por fomentar la conservación de los recursos pesqueros en el Atlántico Suroriental. 
Espero que haya un cambio de parecer de la Unión Europea al respecto. 
Deseo a la nueva SEAFO todo el éxito en la gestión de sus recursos pesqueros. 
Espero que la UE actúe como una fuerza constructiva en esta zona. 
Señor Presidente, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo se congratula por la creación de una nueva organización regional de pesca, la organización que va a regir el Atlántico Suroriental, la Organización de la Pesca del Atlántico Suroriental (SEAFO) , y también por la participación de la Comunidad en esta organización. 
Se trata- como dijo la Sra. McKenna, a la que felicito muy calurosamente por su informe- de ordenar y gestionar una zona donde faena la flota comunitaria y donde mantenemos, además, relaciones pesqueras con los países ribereños. 
Formando parte de la SEAFO, la Comunidad podrá contribuir a la investigación y a la adopción de medidas para la preservación de los recursos, aplicando niveles elevados de gestión responsable del esfuerzo de pesca, tal y como prevé el Derecho internacional del mar. 
Animo a la Comisión y al Consejo a lograr que la Comunidad participe en todas las organizaciones regionales de pesca (ORP) , en las existentes y en las que vayan a constituirse, en interés del sector pesquero comunitario, tal y como les pidió el Parlamento Europeo en su resolución sobre el Libro Verde. 
Quiero recordar dos problemas: el primero, derivado del hecho de que en las ORP no existe un sistema de voto ponderado, con lo que la Comunidad resulta perjudicada al no contar más que con un solo voto, como un microestado, parte contratante; y el segundo, la lentitud de los plazos de transposición al Derecho comunitario de los acuerdos vinculantes para la Comunidad, adoptados en el seno de estas organizaciones regionales. 
Hay que mejorar los procedimientos administrativos. 
Quiero pedir, además, a la Comisión que prepare adecuadamente su posición antes de acudir a las reuniones de la SEAFO y de las otras ORP, consultando para ello con el sector, para lo que es necesario que exista una buena comunicación y una relación fluida entre la Comisión y el sector. 
No puedo dejar de mostrar mi inquietud por una idea expresada por la Comisión en su propuesta de reforma de la Política Común de Pesca cuando señala, respecto a las ORP, que la Comunidad únicamente debería intervenir si existe un interés real para el sector pesquero comunitario. 
¿Qué es lo que entiende la Comisión por interés real? 
Me parece que esta autorestricción perjudica, sobre todo, a los principios de pesca responsable que la Comunidad preconiza y que debería hacer llegar a todos los foros, de acuerdo con el artículo 174 del Tratado, que nos dice que la política de la Comunidad en este ámbito contribuirá a alcanzar "el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente". 
Creo que la presencia y el liderazgo comunitario en las ORP son necesarios para proteger la sostenibilidad de los recursos con igual fuerza en aguas europeas y no europeas- tal como lo expresaba la propia Comisión -, así como para velar por que se tengan en cuenta debidamente los intereses de las naciones que practican la pesca de altura, de la misma forma que se tienen en cuenta los intereses de los Estados ribereños. 
Por todo ello, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo pide a la Comisión que, en el seno de la SEAFO y de las otras ORP, coordine el conjunto de las políticas comunitarias. Y viceversa, que la Comisión coordine también todas sus políticas para la defensa de los intereses de la flota comunitaria en el mundo, porque sólo así defenderá adecuadamente a los pescadores europeos. 
Para ello, es necesario dotar a la unidad de la Comisión dedicada a las ORP de medios humanos y financieros suficientes para poder afrontar con éxito estas funciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, proteger, preservar y conservar los recursos haliéuticos equivale a respetar la naturaleza, considerar los mares como medios de vida preciosos e insubstituibles, defender la vida y la biodiversidad. 
Pero es también un imperativo de superviviencia de actividades humanas que, si se explotan los mares de forma salvaje, se agotan y, con ellos, esas actividades. 
Ningún medio marítimo debería estar entregado a actividades predadoras, razón por la cual sorprende que una zona marítima tan vasta como el Atlántico suroriental no esté sujeta a disciplina y a la gestión de algún tipo de organización. 
Así, pues, es digno de beneplácito el Convenio que crea una organización regional de pesca para esa zona de alta mar del Atlántico, que ya firmaron en abril de 2001 los principales Estados costeros y otros Estados interesados. 
Por eso, merece nuestro total apoyo la propuesta de decisión relativa a la formulación por la Comunidad Europea del Convenio sobre la conservación y la gestión de los recursos pesqueros en el Atlántico suroriental. 
Además, se da el caso de que las especies abarcadas son por su constitución biológica y por el medio en que viven muy vulnerables. 
Ha hecho bien la ponente, la Sra. McKenna, en hacer sólo una única propuesta de enmienda y, aun haciendo críticas concretas, considerar positivo el Convenio. 
Estamos con ella y agradecemos su trabajo. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo yo quiero agradecerle, señora McKenna, su excelente informe y agradecer también al Parlamento Europeo su persistente apoyo a nuestros esfuerzos en la negociación del Convenio por el que se creará la SEAFO. 
Nuestros esfuerzos se han visto compensados, ya que la Comunidad va a ratificar en breve dicho Convenio. 
Desde que en 1997 nos sumamos a las negociaciones del mismo, la Comunidad ha participado activamente en ellas y va a ser ahora una de las primeras partes contratantes que ratificará el Convenio. 
Con ello contribuiremos de manera decisiva a que entre pronto en vigor. 
El camino seguido para celebrar el Convenio ha sido ejemplar por la colaboración multilateral positiva y activa en el ámbito de la pesca internacional. 
El Convenio incorpora la evolución más reciente del Derecho del Mar y constituye una auténtica prueba del compromiso de todas las partes a favor de una pesca responsable en una región marítima con unos recursos pesqueros muy sensibles. 
En primer lugar, el Convenio establece un buen sistema de seguimiento y control de la actividad pesquera en dicha región. 
En segundo lugar, incluye un reparto bien equilibrado de las posibilidades de pesca entre los Estados ribereños y países en desarrollo. 
Y en tercer lugar, el Convenio ha adoptado el mecanismo de resolución de conflictos del Derecho marítimo internacional. 
La SEAFO tiene de este modo todas las oportunidades de llegar a ser una organización capaz de imponer sus decisiones a fin de gestionar los recursos de manera responsable y combatir decididamente la pesca ilegal, no declarada y no regulada, y beneficiará a una serie de Estados ribereños cuyas economías dependen en gran medida de dichos recursos. 
Paso a comentar ahora su enmienda, señora McKenna, que la Comisión no puede sino hacer suya. 
Es cierto que la Convención de las Naciones Unidas entró en vigor sin la ratificación de la Comunidad. 
La Decisión del Consejo de 1998 preveía una rápida ratificación simultánea por parte de la Comunidad y de los Estados miembros. 
A pesar de ello, actualmente no se han completado aún los procesos internos de ratificación en tres Estados miembros. 
Esto impide que la Comunidad figure entre las partes contratantes de la Convención de las Naciones Unidas. 
Yo he instado personalmente en varias ocasiones al Consejo y a los Estados miembros a que aceleren este proceso. 
Sólo puedo apoyar asimismo sus demás peticiones, en relación con la necesidad de que se tenga en cuenta la vulnerabilidad de los recursos, sobre todo de las especies de aguas profundas- tal como usted ha señalado antes -, en el ámbito de jurisdicción de la SEAFO y de que la Comunidad se comprometa más firmemente a favor de una amplia aplicación del criterio de precaución en la gestión de dichos recursos por parte de la SEAFO. 
Señoría, yo puedo asegurarle que la Comunidad continuará participando activamente en la SEAFO. 
En nuestra Comunicación sobre la reforma de la Política Pesquera Común manifestamos claramente nuestra voluntad de lograr una cooperación entre todos los Estados ribereños a favor de una pesca de alta mar sostenible y responsable. 
Muchas gracias, señor Comisario Franz Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0176/2002, del Sr. Busk, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el informe de la Comisión (COM (2001) 526- C5-0008/2002- 29002/2001 (COS) ) sobre el seguimiento de la aplicación de la política pesquera común. 
A5-0228/2002, de la Sra. Attwooll, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (2001) 650- C5-0197/2002- 2002/2093 (COS) ) sobre las conductas que infringen gravemente las normas de la política pesquera común descubiertas en 2000. 
. (DA) Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión ha presentado recientemente la propuesta de reforma de la futura política pesquera y bajo esta luz, el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aplicación de la política pesquera común, tema de mi informe, es una herramienta muy importante. 
Debemos utilizar todas las experiencias recogidas de la política pesquera llevada a cabo hasta ahora para que la futura política pesquera pueda llevar a algunas mejoras claras. 
Las mejoras son necesarias, pues hay demasiadas lagunas en la política pesquera llevada a cabo hasta la fecha. 
Uno de los ejemplos más claros son los programas POP, que no han posibilitado un control eficaz del número de buques de pesca, no han garantizado la reducción necesaria de las flotas y tampoco han asegurado un control eficaz de la capacidad real de las flotas. 
Ciertos Estados miembros no han cumplido en absoluto su obligación de comunicar a la Comisión el esfuerzo pesquero de sus buques o sólo han facilitado esa información de manera ocasional durante el período al que hace referencia el informe de la Comisión. 
Desgraciadamente existen grandes divergencias en la forma en la que los Estados miembros cumplen las condiciones y con ello también las obligaciones de notificar las capturas a la Comisión. 
Demasiados Estados miembros muestran una considerable desidia en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la política pesquera común. 
Estas obligaciones incluyen suministrar información, aplicar decisiones comunes y utilizar recursos suficientes para garantizar el pleno cumplimiento de la política pesquera común. 
Para garantizar la ejecución de una política pesquera común es absolutamente necesario exigir que el sistema de control y observancia y el sistema de información se cumplan de forma absolutamente correcta en todos los Estados miembros. 
También es necesario por otras razones, especialmente para obtener el respaldo de los pescadores y su respeto hacia las políticas que se decidan. 
También debe asegurárseles a los pescadores la ejecución homogénea de estas políticas en los Estados miembros. 
La responsabilidad del control de la aplicación de la legislación comunitaria, según los principios comunitarios, recae naturalmente sobre los Estados miembros. 
Todo indica que los Estados miembros necesitan más ayuda para poder cumplir con esta responsabilidad y la Comunidad tiene en última instancia la responsabilidad general de que la aplicación sea satisfactoria. 
Los Estados miembros han creado marcos legales para el control y han asignado las instancias competentes de acuerdo con las tradiciones de sus sistemas legales y administrativos. 
Asimismo han investido a los inspectores de pesca con facultades legales para ejercer el control e incoar procedimientos de sanción. 
Con ello todo debería estar en orden, la base es en cualquier caso la correcta, las autoridades nacionales estarían en condiciones de hacer cumplir la decisión comunitaria; sin embargo, desgraciadamente hemos de constatar en el informe de la Comisión la existencia de diferencias demasiado grandes y esto naturalmente hace sentir a los pescadores que reciben un trato desigual dentro de la Comunidad. 
En el informe de la Comisión me he detenido también en la mala formación de los inspectores de pesca. 
Puede asimismo leerse entre líneas que hay algunos inspectores de pesca que ni siquiera conocen la diferencia entre un arenque y un espadín. 
Si tengo razón en esto, si éste es el caso, la verdad es que hay que abordar la cuestión de la formación- sobre todo considerando que la formación recibida por los inspectores está parcialmente financiada por la UE. 
Luego es absolutamente inaceptable que la Comisión haya podido constatar una falta manifiesta de formación y experiencia para la realización de comprobaciones básicas del cumplimiento de las normas comunitarias aplicables. 
Es hora de hacer que los Estados miembros concedan prioridad a sus obligaciones. 
Se trata de hacer más eficaz esta responsabilidad en el plano nacional, de modo que la observancia, la inspección y el control, por ejemplo, como es el caso en un país, no estén distribuidas entre siete instancias, lo que significa que ninguna cuenta con la responsabilidad real. 
El seguimiento de las infracciones debe ser eficaz, y deben asignarse recursos suficientes para cumplir con los objetivos de observancia e inspección. 
He propuesto a la Comisión que se considere un sistema de retribución, por ejemplo, en forma de cuotas adicionales a los Estados miembros que cumplan la legislación comunitaria y naturalmente que se adopten sanciones más fuertes con respecto a los países que no cumplen las cosas. 
Señor Comisario, estoy convencido de que la llave del éxito de nuestra reforma pesquera se encuentran en el ámbito del control. 
. 
(EN) Señor Presidente, tiene algo de surrealista plantear a estas horas tardías de la noche esta cuestión relativa a infracciones que se produjeron hace más de dos años y cuando se da la circunstancia de que la Comisión ya ha presentado propuestas de reforma. 
El ejercicio merece, no obstante, la pena porque existen tres grandes motivos de preocupación; dos acerca de la comunicación, y uno acerca de la propuesta. 
El primero tiene que ver con el retraso. 
La comunicación de la Comisión que debería haber llegado en junio, llegó en noviembre. 
La comunicación equivalente para 2001 ya lleva más de un mes de retraso. 
Espero que la Comisión pueda volver a asegurar a la Comisión de Pesca que su aparición es inminente. 
El segundo se refiere al contenido. 
No todos los Estados miembros informaron, según lo requerido, en forma electrónica y no siempre se utilizaron los códigos apropiados. 
Algunos informes eran incompletos o ilegibles. 
Un Estado miembro ni siquiera presentó informe el año pasado, aunque entiendo que lo ha hecho posteriormente. 
El análisis que yo mismo he realizado indica que los Estados miembros no fueron totalmente uniformes en la forma de clasificar infracciones. 
Algunas de las sanciones parecen haberse presentado de modo agregado, lo cual hace difícil identificar la cuantía impuesta. 
Todo esto es de lamentar puesto que, como admite la propia Comisión, es imposible sacar conclusiones claras y coherentes. 
De los contactos informales con la Comisión se deduce que la presentación de informes en 2001 ha sido mejor. 
La Comisión de Pesca espera que ello permita un análisis más completo y elaborado. 
Por ejemplo, el número de faltas comunicado por los Estados miembros sólo puede comprenderse adecuadamente en el contexto del tamaño de las flotas en cuestión. 
Espero que el Sr. Comisario no se tome a mal que yo sugiera que uno podría esperar que Austria comunique considerablemente menos faltas que otros Estados miembros. 
Desde un punto de vista más general, e incluso con datos mucho mejores, debe adoptarse una postura de cautela en cuanto a la interpretación. 
¿Significa un mayor porcentaje de faltas registradas que se han cometido realmente más faltas o simplemente que hay un mejor grado de detección? 
Y, de modo similar, ¿deberían las sanciones impuestas compararse en términos absolutos o sólo en el contexto del coste de la vida de los Estados miembros en cuestión? 
No obstante, interpretada de un modo adecuado, la información podría tener un incalculable valor como base para tratar las infracciones durante la reforma de la PPC. 
Existen suficientes pruebas en la comunicación de que existe una gran margen de diferencia entre sanciones. 
Por ejemplo, en el caso de falsificación del diario de navegación o de omisión del registro de datos en éste, la sanción media en los Estados miembros oscila entre los 88 euros y los 16.020 euros. 
La Comisión de Pesca acoge favorablemente el hecho de que la Comisión haya abordado la cuestión de la armonización de sanciones en el capítulo 5 de sus propuestas sobre conservación y explotación sostenible de los recursos pesqueros. 
Eso me lleva, sin embargo, al tercer punto de preocupación: la redacción no contempla plenamente lo recogido en nuestro informe. 
En primer lugar, está nuestra petición de que se utilicen criterios objetivos para la clasificación y ordenación de los tipos de conducta y de sanciones. 
A tal respecto, subrayaríamos la potencial utilidad, adecuadamente interpretados, del tipo de datos a los que se refiere este informe. 
En segundo lugar, el informe pide un sistema uniforme de sanciones mínimas mientras que la propuesta no hace mención alguna de un mínimo. 
Incluso en caso de infracción grave, algunos tipos de actividad pueden ser más graves que otros. 
No es irracional esperar que se haga una distinción entre la primera falta y la reincidencia o entre casos en los que el comportamiento fue claramente deliberado y casos en los que de verdad existió un error. 
Lo importante para la justicia no es que se traten igual todos los casos, sino que los casos iguales se traten por igual. 
Por tanto, y teniendo en cuenta toda la doctrina de la separación de poderes, parecería inaceptable no permitir un grado de discreción administrativa judicial en este ámbito. 
Con esta salvedad, yo creo que podemos avanzar mucho hacia el establecimiento del principio de igualdad de trato, que junto con medidas tales como la creación de consejos consultivos regionales, contribuirá mucho a generar confianza en la política pesquera común por parte de nuestras comunidades pesqueras. 
Esperamos las propuestas detalladas del Sr. Comisario al respecto. El Sr. Comisario puede estar seguro de que las vamos a analizar muy detenidamente. 
Señor Presidente, el Grupo socialista quiere expresar su más cordial felicitación y manifestar su satisfacción por los informes de la Sra. Attwooll y del Sr. Busk, así como por las dos comunicaciones que presentó la Comisión, ambas referidas al control. 
Estamos satisfechos también, y quiero expresárselo así al Comisario Fischler, por los avances en materia de inspección y control que supone la propuesta de reforma de la PCP adoptada por la Comisión Europea. 
En este sentido, estamos plenamente de acuerdo con la Comisión cuando dice que las medidas actuales de control y cumplimiento de la normativa no han bastado para garantizar el establecimiento de unas condiciones iguales en toda la Unión y ello ha hecho que la credibilidad de la PCP se vea afectada. 
Respaldamos la propuesta de crear, tal como pedía el Parlamento Europeo, una estructura común de inspección y control. 
Ello supondrá un gran paso hacia una mayor comunitarización de la Política Común de Pesca, que nos gustaría también ver reflejado en otras dimensiones de esta política, aumentará la cooperación entre autoridades nacionales, en el sentido que reclamaba el Parlamento Europeo, avanzando hacia una estructura común de inspección a escala comunitaria y adoptando normas uniformes, entre ellas sobre la cuantía de las sanciones. 
Ello permitirá paliar la insuficiencia actual, debida a la carencia de medios humanos y materiales, que hoy en día están limitados a un escaso control de los desembarcos. 
También las diferencias sustanciales entre las prácticas de inspección de cada Estado miembro y entre las sanciones que se aplican, lo que se traduce en un control poco efectivo. 
Por ello reclamábamos en la resolución sobre el Libro Verde, un informe del que fui ponente, un sistema europeo armonizado de inspección y control aplicable a todos los profesionales, no discriminatorio, con un régimen uniforme de disposiciones y procedimientos sancionadores que cuente con un elevado grado de conformidad por parte del sector. 
Sin dicho sistema, todos los esfuerzos destinados a la conservación de los recursos y a la gestión racional de las pesquerías están destinados al fracaso. 
Pero el control no puede ser efectivo si no existe una coordinación entre la Comisión y los Estados miembros y si éstos no cumplen su obligación, como decía la Sra. Attwooll, de notificar las infracciones que se producen en este ámbito. 
Ruego, por lo tanto, al Comisario que nos indique, si es posible, qué acciones ha emprendido la Comisión ante los incumplimientos que describe en su comunicación acerca de los Estados miembros que no han respetado los requisitos del Reglamento (CE) nº 2740/1999. 
También le pediría al Comisario que nos dijese si ha pedido explicaciones a Francia por no haber proporcionado información alguna y cuál ha sido la respuesta. 
Como indica la Sra. Attwooll, con estas carencias resulta imposible extraer conclusiones firmes. 
Por último, nos sumamos a la petición que formuló mi colega, el Sr. Busk, de que la Comisión elabore un catálogo de sanciones que puedan resultar más eficaces y disuasorias, tomando como base las experiencias realizadas en los diferentes Estados miembros y que pueda servir de guía para todos. 
Estamos seguros de que un sistema eficaz e imparcial de control homogéneo a nivel europeo aumentará el apoyo de los pescadores a la reglamentación en materia de pesca y aumentará también su respeto por la misma. 
Señor Presidente, queda claro por los excelentes informes Attwooll y Busk que los sistemas de control y supervisión de la Unión Europea dejan mucho que desear. 
Muy poco ha cambiado desde que yo elaboré el informe sobre controles hace varios años. 
La aplicación del reglamento de control es muy dispar en la Comunidad, con Estados miembros que aplican partes del mismo bien y otras partes no tan bien. 
El grado de multas y sanciones varía mucho en la Comunidad, a pesar de que existe una lista común de infracciones graves. 
Necesitamos imperiosamente una coordinación a escala europea del control y la supervisión. 
La credibilidad de la política común pesquera está en peligro en este aspecto. 
En otras palabras, deben atribuirse a la Comisión poderes mucho más amplios en este ámbito, como llevamos muchos años diciendo en este Parlamento. 
Por tanto, yo respaldo plenamente la idea, recogida en el paquete de reforma de la Comisión, de crear una inspección de la UE y mi Grupo votará a favor de ambos informes. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como lo ha subrayado nuestro colega, el Sr. Niels Busk, ponente de la Comisión de Pesca sobre las cuestiones de control de la aplicación de la política pesquera común, es esencial que la normativa de esta política sea percibida como algo justo, equitativo y proporcionado ante los pescadores, a fin de que éstos se adhieran a ella. 
Cito a nuestro ponente: ' aumentará el apoyo de los pescadores a la reglamentación en materia de pesca y su respeto por la misma si se permite la participación de las organizaciones de pescadores en el proceso de toma de decisiones?. 
Este es un punto esencial, señor Presidente. 
Si los profesionales afectados no son estrechamente asociados a la elaboración de las decisiones, a la definición de las medidas de protección de las reservas y de las medidas técnicas, si comprueban que la política pesquera común no es equitativa y que se construye contra ellos, si piensan que se les considera a priori como contraventores, entonces la normativa de la política pesquera común nunca será adecuadamente aplicada, y ningún dispositivo represivo cambiará nada. 
Desgraciadamente, el camino elegido por la Comisión para iniciar el proceso de reforma de la política pesquera común está en el polo opuesto de esta necesaria elaboración concertada de la nueva normativa. 
Sin embargo, las organizaciones de pescadores han tomado parte de manera muy activa y muy constructiva en la concertación lanzada por la Comisión tras la publicación de su Libro Verde. 
Éstas pensaban que la reforma de la política pesquera común ofrecería la ocasión de devolver la confianza, rompiendo con la triste tradición de las políticas impuestas, y hoy se encuentran penosamente situadas ante un proyecto de reforma que, de hecho, ignora sus propuestas. 
El error de fondo de la Comisión se acompaña, pues, de un error de método. 
Con respecto a las medidas de protección y de reconstitución de las reservas, en lugar de avanzar hacia los procedimientos consensuales y responsabilizantes que los pescadores desean, a pesar de algunos pretextos falsos, como los comités consultivos regionales, la Comisión quiere llevarnos hacia un mayor autoritarismo y una mayor centralización. 
Con respecto a las medidas de regulación del esfuerzo pesquero, se han impuesto decisiones brutales y arbitrarias, y orientadas siempre hacia una mayor destrucción de buques y eliminación de marinos. 
Si se aprobaran tales medidas, es de temer que el control de la aplicación de la futura política pesquera común, señor Ponente, mañana sea mucho más problemática que hoy. 
Pero aún está a tiempo, señor Comisario, para rectificar y escuchar los mensajes que le dirige la base. 
Usted lo sabe, sus propuestas no han suscitado entusiasmo, sino indignación en nuestros puertos y en nuestras costas. 
Si usted sabe oír el sentido de esa indignación, entonces comprobará de inmediato que nuestros pescadores se toman aún más en serio que sus especialistas de medio ambiente de café la voluntad de practicar una pesca sostenible. 
Señor Presidente, con las señales en aumento de reducción de muchas poblaciones de peces, la Política Pesquera Común (PPC) cuenta con un componente de protección y conservación de los recursos, que se fortalece progresivamente. 
Se trata de una cuestión de responsabilidad cívica y política, ya que semejantes medidas son imprescindibles para salvaguardar el futuro de la propia pesca y de los pescadores, aunque de forma inmediata puedan no ser muy populares. 
Para garantizar la aplicación efectiva de esa importante dimensión de la PPC, existe desde hace mucho un conjunto de dispositivos comunitarios de control, inspección y vigilancia cuyo cumplimiento depende, en lo esencial, de los Estados miembros. 
Lo que la Comisión acaba de presentar es un informe de evaluación de la forma como se aplican esos dispositivos en los diferentes Estados miembros. 
Ese informe muestra que existen profundas desigualdades de interpretación y aplicación de esas medidas, en particular en los equipos de control y vigilancia, en la formación de los inspectores, en la frecuencia de las acciones de control, en los procedimientos sancionadores. 
El informe de la Sra. Attwooll también aborda algunos de esos problemas. 
Así las cosas, es evidente que semejantes disparidades crean una desigualdad objetiva de trato de los pescadores en los diferentes Estados miembros. 
Desigualdades que en última instancia se plasman también en una distorsión de la competencia. 
Así ha sido, por ejemplo, con los famosos planes de orientación plurianual de la pesca, los POP, en que los Estados miembros que no cumplían los objetivos establecidos no han sufrido sanción alguna, con lo que los infractores han acabado resultando beneficiados. 
Lo que la Comisión indica ahora en este informe es la necesidad de fortalecer substancialmente los dispositivos de control y vigilancia de la pesca, incluida la posibilidad de que el cuerpo de inspectores de la Comisión actúe autónomamente frente a las administraciones nacionales. 
Estamos de acuerdo con esa intención y creemos que se debe incorporar ahora este debate al debate de la PPC de después de 2002. 
Quisiera sólo terminar agradeciendo al Sr. Niels Busk el apoyo que ha prestado a la Comisión de Pesca, así como su informe, con cuyo contenido concordamos en lo esencial. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, los informes Busk y Attwooll, así como los documentos de la Comisión a los que se refieren son muy oportunos y tienen la mayor utilidad. 
De hecho, estamos en un momento de transición en que la Política Pesquera Común está en proceso de revisión en todos sus capítulos. 
Ahora bien, los informes arrojan luz y ayudan a esclarecer una pieza esencial de la política pesquera: el control y las sanciones. 
La conservación de recursos escasos, pero renovables, es una cuestión decisiva, no está de más repetirlo. 
Se puede regular la mortalidad por pesca, como se sabe, de varias formas, limitando las capturas, los TAC y las cuotas, limitando el esfuerzo y los días de faena en el mar y aplicando moratorias periódicas; también se puede regular el modelo de explotación mediante medidas técnicas, modelos oficiales de redes, tamaños mínimos de los peces, zonas cerradas o restringidas. 
No obstante- y ahí está el busilis- los sistemas de control son esenciales, porque van destinados a velar por que las actividades de pesca respeten y cumplan las medidas de conservación adoptadas. 
Por desgracia, lo que hoy sucede es que la eficacia y la calidad del control de la pesca es desigual y deja mucho que desear. 
Hay actividades controladas eficazmente y otras que permanecen sin el menor control. 
Ha habido avances- cierto es -, pero insuficientes, ¡todo el mundo lo dice! 
El control y las sanciones que lo acompañan, según el informe, varían hasta tal punto entre los Estados miembros, que el resultado final se salda con un trato poco equitativo entre los pescadores de los diferentes países, lo que resulta negativo para la fiabilidad, la aceptación y el respeto de las normas comunitarias. 
En estas circunstancias, es urgente afinar los instrumentos de control de la pesca comunitaria en las esferas de vigilancia, control y aplicación. 
Por último, permítaseme que anime al Comisario a formular transacciones y adaptaciones para que su propuesta de reforma- tan controvertida- resulte asimilable por los Estados miembros. 
Esperamos sinceramente que se pueda llegar a un acuerdo de aquí al final de este año y no se caiga en un atolladero de indefiniciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, las comunicaciones de la Comisión y los informes de los Sres. Busk y Attwooll demuestran que la Política Pesquera Común es un gigante con pies de barro. 
En la PPC la Comisión tiene un gran poder político legislativo, pero instrumentos muy débiles, cosa que la propia Comisión debe reconocer. 
En la gestión de la Política Pesquera Común y en el control de su aplicación hay carencias evidentes de recursos financieros. 
Además, hay una gran disparidad en el control de cada uno de los Estados y en las penas aplicables a los mismos comportamientos irregulares, lo que provoca cierta desconfianza en la propia Política Pesquera Común. 
Esa carencia de instrumentos se manifiesta también en falta de personal y de medios financieros, en la participación de las organizaciones regionales de pesca y en la cuestión de los acuerdos con terceros países, así como en los estudios científicos de los recursos pesqueros, materia en la que la Comisión no dispone de un sistema creíble. 
Teniendo en cuenta todo eso, creo que sería mejor comenzar la reforma de la PPC con la atribución a la Comisión de los instrumentos de gestión financiera necesarios, estableciendo la equidad en el acceso a los mares comunitarios y a las capturas, siempre conforme al principio de desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría empezar leyendo un breve discurso de mi colega la Sra. Langenhagen, que no puede estar con nosotros esta tarde. 
He aquí sus palabras: " Esta semana comenzó la presidencia danesa y, en relación con la pesca, tendrá una tarea difícil. 
Nos encontramos en una encrucijada y, por desgracia, llegamos tarde. 
Observemos las poblaciones de peces en nuestras aguas y veremos que no hay tiempo que perder. 
En mi opinión, los dos informes que estamos debatiendo ahora demuestran claramente la necesidad de actuar. 
Existe una falta de cooperación en algunos Estados miembros, y eso obstaculiza la adecuada aplicación de la PPC. 
Deben fortalecerse los controles, deben establecerse sanciones al mismo nivel en el conjunto de la UE. 
Estoy, por tanto, convencida de que con esta reforma de la PPC, Europa tiene que recobrar credibilidad. 
Una gran reforma sólo tendrá éxito si los hombres a bordo comprenden lo que Bruselas impone y creen en el éxito de las medidas adoptadas. 
Evidentemente nosotros también deseamos pescar en la próxima década y más adelante, así que unamos fuerzas y encontremos la solución correcta. " 
Ahora continuaré con mis propias palabras. 
El ponente, Sr. Busk, ha realizado un excelente trabajo, igual que la Sra. Attwooll, en la elaboración de estos informes. 
Yo alabo sus esfuerzos útiles y comprometidos. 
Sin embargo, utilizando un dicho inglés, estas medidas equivalen a cerrar la puerta del establo después de que el caballo haya salido corriendo. 
Nos vemos obligados a adoptar estas medidas tan drásticas precisamente por el fracaso total de la PPC. 
Ya se admite de manera generalizada que esta política ha sido un desastre sin paliativos y que, en gran medida, ha producido la catástrofe medioambiental y económica en la que ahora nos encontramos. 
Yo acepto y apoyo la necesidad de una inmediata aplicación de los controles y de la supervisión de las flotas pesqueras en las aguas europeas. 
Debemos utilizar todos los medios disponibles, en particular, la tecnología de satélites, y todos los Estados miembros deben exigir un cumplimiento riguroso y uniforme para que tenga algún efecto. 
La Comisión ha recomendado que se mantengan los límites de las 6 y las 12 millas con el fin de proteger la sensible pesca costera. 
Es interesante constatar que en el borrador original de las propuestas de reforma de la PPC, ampliamente filtrados en marzo, la Comisión dijera que los límites de las 6 y las 12 millas deberían convertirse en una característica permanente de la PPC sin ningún límite de tiempo. 
Ahora, misteriosamente, eso ha desaparecido y ha sido sustituido por una simple reafirmación de la necesidad de los límites de las 12 millas. 
A pesar de las garantías del Sr. Fischler de que no se plegaría a la intimidación del Presidente español, el Sr. Aznar, parece que las amenazas españolas de llevar a la Comisión a los tribunales por los acuerdos de libre acceso pueden haber dado sus frutos. 
Estos cambios son tremendamente decepcionantes y tremendamente preocupantes. 
Me gustaría una explicación de por qué se han producido. 
Es esencial que exista una verdadera responsabilidad de gestión, devolviendo los límites de las 12 millas a los Estados miembros afectados. 
Debería recaer en los Estados miembros una mayor responsabilidad en cuanto a las medidas de gestión de la conservación y a la exigencia de cumplimiento de las mismas por todos los barcos de cualquier nacionalidad que faenen en esas zonas. 
En cuanto a la polémica cuestión de los descartes, es hora de enderezar este lamentable entuerto de una vez por todas. 
No podemos seguir con una política que conduce a que un total de 2 millones de toneladas de peces sanos- el 25% de todo el pescado capturado en la UE- se arrojen muertos de vuelta al mar cada año. 
Los pescadores del R.U. están escandalizados por los descartes, que representan continuamente casi el 50% de todas las capturas. 
Gran parte de este problema procede del modo en que gestionamos los TACs y cuotas. 
Seamos claros: los TACs y cuotas se establecieron en la PPC no con fines de conservación, sino para ayudar en el proceso de reparto de los derechos de pesca. 
Pero, mucha gente diría que "justa" no es una palabra que pueda aplicarse a la PPC. 
Cuando el R.U. entró en la PPC en 1972, el acuerdo que alcanzamos supuso un fuerte revés para la industria pesquera británica. 
Para terminar: a ojos de mucha gente, la PPC se enfrenta a su última oportunidad. 
Hay demasiado en juego para equivocarse una segunda vez. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, quiero agradecer, en primer lugar, el buen trabajo y el esfuerzo de los ponentes de ambos informes. 
Son muchas las formas de conducta que infringen o pueden infringir las normas de la Política Pesquera Común y es una realidad que los hechos constitutivos de infracciones pueden quedar desdibujados y difuminados tanto por la falta de información por parte de los Estados miembros como por la falta de puntos de referencia y de posibilidad de comparación de índices, y también por las dificultades de interpretación y de lectura, dada la falta de datos sobre sanciones propuestas, tamaño de flotas, medios y mecanismos de control más eficaces, etc. 
Aun admitiendo la necesidad de una cierta flexibilidad en la interpretación de normas y valoración de conductas, creo que es el momento de apostar por un reforzamiento de la cooperación entre las distintas autoridades de inspección nacionales, al objeto de informar sobre las sanciones por las infracciones cometidas y de apostar también por sanciones efectivas y eficaces realmente disuasorias, por un trato igualitario y, también, por una decisión valiente que impida la entrada en la Unión Europea de los productos procedentes de la pesca ilegal. 
Las principales infracciones, las más graves, se refieren a pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que atenta contra la protección de los recursos pesqueros y penaliza, además, a los pescadores que no cometen infracciones y a quienes quizás la multa pecuniaria o monetaria- me refiero a los infractores- ni les elimina ni les quita rentabilidad a su actividad ilegal, ni les desanima a seguir practicando una actividad de pesca ilegal. 
En resumen, debemos lograr un sistema efectivo de control, aplicación y notificación, como dice el considerando A, pero que exige ineludiblemente en todos los Estados miembros un espíritu de recíproca responsabilidad y mutua confianza y un compromiso igual en la notificación de las infracciones de manera efectiva y segura. 
Aprovechar, señor Comisario, la oportunidad de la reforma de la PCP para estos logros, sería dotar de mayor transparencia y eficacia la acción de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, los dos informes que se han debatido conjuntamente se refieren a la aplicación de la Política Común de Pesca. 
Es una satisfacción para mí que usted, señor Busk, y la Comisión de Pesca apoyen el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aplicación de la Política Pesquera Común. 
Todos estamos de acuerdo en que los controles y la aplicación de las disposiciones jurídicas son aspectos clave de la Política Pesquera Común. 
Sin embargo, las mejoras introducidas por los Estados miembros en los controles y la aplicación han seguido siendo hasta ahora sólo un conjunto de parches. En consecuencia, los pescadores sienten, con razón, que el trato que reciben es distinto. 
Las condiciones de la competencia en los Estados miembros son dispares y las infracciones se sancionan de manera absolutamente distinta. 
Por nuestra parte, hemos seguido atentamente el debate del informe en el Parlamento Europeo y yo tomo nota de sus recomendaciones. 
En el segundo semestre de este año voy a presentar a la Comisión un plan de acción para incrementar la cooperación en el contexto del control y la aplicación, así como sobre la vigilancia común de la pesca. 
Además de mejorar la eficacia de los controles y la aplicación, dicho plan de acción tendrá sobre todo como objetivo una transposición uniforme de la Política Pesquera Común. 
Usted pide en su informe una lista de sanciones. 
La Comisión acoge con agrado esta petición. 
Los fundamentos para establecer dicha lista se encuentran en las propuestas para la reforma de la Política Pesquera Común. En cuanto ésta se haya aprobado, también presentaremos al Parlamento Europeo y al Consejo una lista como la que usted pide. 
En cuanto al informe de la Sra. Attwooll, yo quiero expresarle mi sincero agradecimiento por su opinión positiva con respecto a nuestra Comunicación. 
Con su informe usted ha dejado claro, Señoría, que el Parlamento Europeo y la Comisión actúan a una en lo que se refiere a la igualdad de trato de las infracciones análogas y a la exigencia de unas sanciones uniformes. 
El objetivo de nuestra Comunicación era comparar de manera transparente el cumplimiento de las normas de la Política Común de Pesca y cómo se sancionan las infracciones. 
Éstas incluyen, por ejemplo, el incumplimiento de las normas relativas a las licencias, los aparejos de pesca autorizados o el tema de los desembarques y los controles. 
En segundo lugar, un Estado miembro, concretamente Francia, optó en un primer momento por no presentar absolutamente ningún dato. 
En tercer lugar, algunos Estados miembros sólo comunicaron información fragmentaria. 
Ahora puedo comunicarles que todos los Estados miembros han cumplido entre tanto los requisitos del Reglamento nº 2740/99. 
No obstante, el proceder seguido en un primer momento dificulta, naturalmente, muchísimo la comparación de las situaciones en los Estados miembros. 
Aun así, de la información transmitida pudimos extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, la mayoría de las infracciones corresponden a la pesca sin autorización para una zona determinada. 
En segundo lugar, en algunos Estados miembros las infracciones comportan una sanción penal, mientras que en otros ésta es sólo administrativa. 
En tercer lugar, existen grandes diferencias entre los Estados miembros en cuanto a las sanciones. 
En muchos casos éstas no son en absoluto idóneas para lograr un efecto disuasorio. 
En consecuencia, hemos presentado algunas propuestas específicas en el marco de la reforma de la PPC. 
Necesitamos unas normas uniformes para la aplicación de la Política Pesquera Común. 
Las sanciones deben ser eficaces y también adecuadas para privar al responsable del beneficio económico de la infracción, y necesitamos medidas que eviten la reiteración de las infracciones graves. 
También en el caso de la comunicación de las infracciones descubiertas en el año 2001, la mayoría de Estados miembros nuevamente no han presentado a tiempo sus informes. 
Por esto, la Comisión tampoco pudo presentar la segunda Comunicación dentro del plazo previsto, o sea, el 1 de junio de 2002. 
Por consiguiente, yo recojo gustosamente la petición de que en el futuro se comunique al Parlamento antes del 15 de abril qué Estados miembros no han cumplido sus obligaciones de notificación. 
Así lo haré con mucho gusto, con objeto de que la opinión pública tenga claro quién se ha retrasado y quién no. 
Muchas gracias, señor Comisario Franz Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Antes que nada quiero manifestar que considero un grave error político que la Conferencia de Presidentes haya autorizado la elaboración de un informe que vulnera claramente el principio de subsidiariedad, cuando, además, estamos en puertas de la celebración del referéndum irlandés. 
Esta ha sido una de las razones de mi voto en contra. 
La Unión Europea no es competente en cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva- como nos recordó ayer claramente el Comisario Byrne -, que son competencia de los Estados miembros. 
Ello prueba el hecho de que el informe no hace propuestas legislativas sino que se limita a hacer recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros y países candidatos. 
Pero, sobre todo, he votado contra el informe porque no comparto en absoluto sus planteamientos. 
El valor de la vida humana debe preservarse y no destruirse. 
Una cosa es promover políticas de información sexual adecuadas, asesoramiento sobre planificación familiar o métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual, y otra cosa es recomendar que se legalice el aborto. 
El derecho a la vida está por encima de cualquier otro derecho, también por encima de los derechos de la mujer, y su defensa debe ser el objetivo primero de las políticas que han de emprender los poderes públicos. 
(Explicación de voto acortada en aplicación del apartado 1 de l artículo 137 del Reglamento) 
Igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005) 
De conformidad con el orden día se procede al debate del informe (A5-0197/2002) , presentado por el Sr. Figueiredo en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la aplicación del programa de trabajo en materia de la igualdad entre hombres y mujeres ' Gender Equality? (2001-2005) (2001/2266 (INI) ). 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, a pesar de los pasos positivos que se han dado en la esfera legislativa para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, aún hay muchas insuficiencias, discriminaciones y desigualdades en la práctica diversificada de los Estados miembros que conviene resolver. 
Después de la aprobación en 2000 de la estrategia-marco de la Unión Europea para la igualdad entre hombres y mujeres y del respectivo programa de acción comunitaria de 2001 a 2005, hay un esfuerzo para abarcar todas las políticas comunitarias y todos los servicios de la Comisión en esta estrategia ya con algunos resultados prácticos positivos. 
Pero es preciso ir más lejos. 
No es aceptable, por ejemplo, que en las propias instituciones comunitarias, incluida la Convención europea que está en marcha, haya menos de 20 por ciento de mujeres, es decir, un porcentaje aún inferior al de la anterior Convención que preparó la Carta de Derechos Fundamentales. 
Resulta particularmente importante seguir con rigor la aplicación por parte de los Estados miembros de las orientaciones, directivas, recomendaciones y resoluciones encaminadas a fomentar la igualdad a fin de que se apliquen más correctamente las decisiones adoptadas en el ámbito de la política de igualdad, derechos y oportunidades y se plasmen también de forma eficaz en la política de igualdad de derechos y oportunidades. 
Así, por ejemplo, respecto del objetivo fijado en el Consejo de Lisboa de conseguir que el 60 por ciento de las mujeres formen parte de la población activa (de aquí a 2010) , reafirmamos que sólo si la mayoría tiene empleos de calidad y debidamente remunerados, contribuirá esa meta a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y subrayamos la importancia de la formación en diversas formas y modalidades, así como la creación de una oferta suficiente de servicios de acogida para niños y personas dependientes y una diversificación de las opciones profesionales de las mujeres. 
A eso se debe también la importancia de la aplicación de la recomendación del Consejo de 31 de marzo de 1992. 
Y no basta con que la Comisión diga que aprobó un informe sobre esa aplicación el 4 de febrero de 1998. 
Entretanto, ya han pasado cuatro años y conviene saber cómo está la situación actual, por lo que subrayamos la importancia del establecimiento de indicadores comunitarios relativos a las estructuras de acogida de niños y sobre la diferencia de salarios y otras rentas de hombres y mujeres por sector, incluido lo relativo al trabajo atípico y al trabajo con jornada parcial. 
De igual modo conviene insistir en la conclusión de las investigaciones sobre las causas y las medidas adoptadas y por adoptar por los diversos Estados miembros para luchar contra la discrepancia salarial existente (de un 15 a un 20 por ciento) , a pesar de la directiva vigente- y ya desde 1975- relativa a la igualdad de remuneración. 
También es necesario introducir objetivos cuantitativos y temporales precisos en las directrices para el empleo, cuyo proceso de revisión está en marcha, por lo que la Comisión debe presentar un informe a ese respecto, en particular sobre las medidas por adoptar. 
Igualmente importante es establecer metas por concretar mediante fases realistas y mensurables en las esferas de intervención establecidas en la estrategia-marco a fin de garantizar avances prácticos efectivos en todas las esferas, teniendo en cuenta que sigue siendo elevado el número de infracciones a la legislación en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
Respecto de la nueva directiva en preparación sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en otros sectores distintos del de la igualdad de oportunidades de empleo y cuya propuesta estaba prometida para junio, es fundamental que no se retrase más su presentación. 
Igualmente insistimos en la actualización con mejoras de otras directivas existentes, en particular de las relativas a la seguridad y la salud de las trabajadoras embarazadas, puérperas o lactantes en el trabajo y a la igualdad de trato de hombres y mujeres en los regímenes legales y profesionales de la seguridad social. 
Una cuestión fundamental es la de pugnar por la integración de la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres en las orientaciones económicas, incluido el proceso de adhesión, con vistas a evitar efectos negativos provocados por los procesos de privatización, liberalización y reducciones en los gastos públicos de sectores sociales, por lo que reafirmamos que son esenciales servicios públicos de calidad y hacemos un llamamiento en pro del fortalecimiento de las asignaciones presupuestarias en las esferas sociales a fin de prevenir la exclusión social y luchar contra el tráfico de mujeres. 
Por último, quiero agradecer a todos los que han colaborado en la realización de este informe, convencida como estoy de que el éxito de la lucha por la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, incluidos la vida política y los órganos de decisión, depende también de una mayor participación y voluntad política de todos nosotros. 
Señor Presidente, señora Comisaria, tengo que agradecerle a la Sra. Figueiredo su labor de seguimiento del programa de trabajo de igualdad de oportunidades, ya que- como ella ha dicho y decimos continuamente en la Comisión de Derechos de la Mujer- todavía hay que seguir trabajando para conseguir la igualdad en la mayoría de los ámbitos- igualdad salarial, igualdad de oportunidades -, a pesar de que continuamente vienen a esta Cámara informes de todo tipo con rangos legislativos diversos. 
Es necesario continuar con este trabajo e insistir en el cumplimiento del programa, conocer los datos y tener una información mayor sobre el desarrollo del mismo. 
Sería de una gran ayuda para toda nuestra labor que los datos se expresaran por países. 
Es algo que pedimos reiteradamente y que es fundamental para que el trabajo se base en datos reales y sea más eficaz. 
Es importante también, como dice el informe, alcanzar los objetivos propuestos en el Consejo Europeo de Lisboa, para que las mujeres representen el 60% de la población activa, sin olvidar el importante número de mujeres que trabajan dentro de empresas familiares, empresas autónomas, sin ningún tipo de reconocimiento por su trabajo y sin ningún tipo de protección social. 
Ése es un problema que deberíamos abordar en un plazo breve, ya que es muy significativo el número de mujeres que se hallan en esa situación en ámbitos como la agricultura, la pesca, en pequeñas empresas. 
Son problemas específicos ligados a la dimensión de género que se dan en distintos ámbitos, pero que son de una gran importancia. 
En este informe se hace un llamamiento para que se busque una solución. 
Muy importante también es la dimensión de género en cuanto a la exclusión social y la pobreza. 
Por tanto, hay que felicitarse de que la Presidencia danesa lo haya incluido en su programa para poder avanzar en la resolución de estos problemas. 
Espero también con verdadero interés que nos llegue la propuesta de directiva de igualdad basada en el artículo 13 del Tratado. 
Espero igualmente que no se retrase la puesta en marcha del Instituto Europeo para la Igualdad, que afortunadamente ya ha pasado el informe de viabilidad. 
Señora Comisaria, le insisto en nombre de mi Grupo en que estos trabajos deben continuar con la mayor celeridad posible. 
Señor Presidente, el programa de trabajo ' Igualdad de Oportunidades? para el año 2002 es un magnífico documento. Proporciona una buena visión de las acciones que la Comisión ha organizado y de la estrategia planteada. 
La Comisaria Diamantopoulou ha vuelto a explicar detenidamente la estrategia, a su conocida, profunda y convincente manera, en el transcurso de una reunión de la Comisión sobre los derechos de las mujeres de este Parlamento celebrada en abril. 
Nosotros hemos valorado altamente el debate que se produjo entonces. 
Especialmente, quiero mencionar aquí la iniciativa para desarrollar una política sistemática sobre la dimensión de género de la política extranjera. 
Quizás la Comisaria esté en condiciones de explicar aquí cuál es el estado de la cuestión con respecto a este punto. 
En términos más generales, creo que se debe hacer constar que, actualmente, la Comisión Europea se encuentra a la cabeza en el establecimiento de líneas generales de género. No sólo muchos de los Estados miembros, sino el propio Parlamento Europeo, pueden tomar ejemplo de ello. 
Deseo hacer especial hincapié en algunos elementos del informe de la Sra. Figueiredo que tenemos ante nosotros. 
En primer lugar, el apartado 3 del informe: la cuestión del llamado Instituto de género- un término extraño, por cierto, para el cual deberíamos buscar otro alternativo-. 
Se nos ha comunicado la situación de viabilidad, que expone un esquema de Instituto encargado de la recopilación y de la distribución de información, que apoye las redes de contactos, etcétera. En pocas palabras, que cumpla una función de agente intermediario. 
Podría ser útil dar una mayor presencia política en Europa al asunto de la mujer y dar más apoyo a la calidad profesional de nuestro trabajo. 
Mi pregunta a la Comisaria es la siguiente: ¿Comparte la Comisión esta forma de pensar y está dispuesta a profundizar en ella y darle forma? y sobre todo, ¿está dispuesta a pedir al Parlamento asesoramiento al respecto y, de ser así, dentro de qué plazo? 
Yo creo que en la Comisión hay mucha gente a favor de los derechos de la mujer a los que les parece bien la idea de tal Instituto, pero que desearían que se pusiera sobre la mesa un plan más elaborado en los aspectos concretos antes de emitir finamente su juicio al respecto. 
Mi pregunta es, pues: ¿Va a presentar la Comisión tal plan? 
Mi segunda pregunta se refiere al apartado quinto. 
¿Puede la Comisaria prometer que va a elaborar un análisis del estado de la implementación del acervo comunitario de los Estados miembros en materia de igualdad de trato? y ¿nos puede decir si tiene intención, bien de modificar la legislación o bien de establecer procedimientos inbox del tratado? 
Para finalizar, me gustaría saber- tal como ya planteó la Sra. Avilés Perea- cuándo va a presentar la Comisaria un proyecto de directiva ' Igualdad de trato? , que tantísimo tiempo llevamos esperando. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias al señor Comisario por la infatigable labor que realiza en este ámbito. 
Éste no depende sólo de la señora Comisaria de igualdad de oportunidades, depende primordialmente de toda la Comisión, y estoy plenamente convencida de que con nuestra Comisaria, quien está aquí presente, disponemos de una importantísima defensora de la igualdad de oportunidades. 
No es tan fácil abrirse paso y así lo evidencia que sólo haya cinco mujeres entre veinte comisarios. 
Todos sabemos que estamos en el límite crítico para sacar las cosas adelante y por ello hay motivos suficientes para agradecer la perseverancia. 
Si tenemos que criticar a alguien, no sería en cualquier caso a nuestra Comisaria, antes nos dirigiríamos a la parte masculina de la Comisión. 
Una vez dicho esto, también me gustaría dar las gracias a la señora ponente por el excelente informe que se ha presentado aquí. 
En general, considero una de nuestras grandes tareas seguir manteniendo estas cuestiones en el orden del día. 
La UE es un proyecto político y es también un proyecto político que se aplica también a hombres y mujeres y de ahí la importancia de que prestemos siempre atención a lograr la participación de la otra mitad de la población, es decir, de las mujeres. 
Una vez dicho esto, naturalmente debemos distinguir también entre lo que debe ser primordial y lo que es subsidiario. 
En este punto, al igual que ponentes anteriores, me gustaría interesarme también por el Instituto para las cuestiones de género. 
Será cada vez más acusada la falta de datos si no hay órganos de iniciativa, por ejemplo, en la UE, que puedan recoger los datos nacionales y realizar así una labor de coordinación. 
Luego está la subsidiariedad, que también ha sido mencionada en el informe con relación a importantes ámbitos de intervención, por ejemplo, regímenes para el cuidado de los niños. 
Sin esto, las mujeres no podrán incorporarse al mercado laboral. 
Lo sigo considerando como subsidiariedad, donde sólo podemos mostrar la? best practice? y en realidad sólo exhortar, pero no intervenir directamente. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero hacerme eco de los comentarios de la Sra. Dybkjær y dar las gracias a la Comisaria por su trabajo. 
En nombre del Grupo de los Verdes/ALE deseo felicitar a la ponente por su amplio y justo balance crítico de las deficiencias observadas en el trabajo de la Comisión, ensalzar los logros del programa de trabajo y las constructivas sugerencias de trabajo en el futuro. 
El apoyo que este informe ha recibido en la comisión es un reflejo de todo ello. 
Somos plenamente conscientes, como han señalado otros oradores, de que tenemos un largo camino por recorrer en lo que respecta a la igualdad de género en el seno de las Instituciones de la UE, así como en la sociedad en su conjunto. 
No podríamos tener un más claro reflejo de todo ello que la composición de la Convención sobre el futuro de Europa. 
Sólo un 16% de sus miembros son mujeres, en un organismo plenamente implicado en la planificación de todo el futuro de Europa. 
Este informe aborda los medios para alcanzar la igualdad de género en el mercado de trabajo, empleo, toma de decisiones, inclusión social, formación continuada, salud, etc. La ponente ha concentrado todos sus esfuerzos en estos temas y ofrece directrices muy claras a la Comisión sobre el tipo de medidas que el Parlamento desearía que se adoptasen. 
Por cuanto respecta a las acciones previstas para 2002, acojo con particular satisfacción el compromiso de la Comisión de ofrecer datos desglosados por género, indicadores que permitan evaluar los progresos en materia de igualdad y una evaluación del impacto sobre los hombres y las mujeres de ámbitos políticos en los que no se habían integrado hasta la fecha los principios de igualdad. 
Ahora sabemos que esta información es esencial a la hora de elaborar y evaluar la legislación en materia de igualdad de género. 
En nuestros informes y opiniones hemos condenado una y otra vez la falta de datos adecuados sobre los que basar nuestro análisis. 
Este problema tiene que abordarse ahora, como han manifestado otros oradores. 
Querría también hacer una referencia a algunas de las propuestas de la Comisión mencionadas en este informe, como la conferencia internacional sobre las mujeres en las zonas rurales, que se celebrará en octubre. Dicha conferencia reviste una enorme importancia, habida cuenta de la crisis que han sufrido muchas de nuestras zonas rurales, sobre todo en los últimos 18 meses y de las necesidades específicas de las mujeres que viven y trabajan en áreas rurales. 
La igualdad en la política exterior y las relaciones internacionales es, una vez más, una cuestión vital. La conferencia proyectada no sólo podría llamar la atención sobre esta cuestión, sino también ayudarnos a comprender mejor su importancia en toda nuestra labor internacional. 
Como ha señalado la Sra. Avilés Perea, la cuestión de la igualdad de género debe ocupar un lugar central en el debate sobre la exclusión social y la pobreza. 
El programa de trabajo para 2002 es más amplio y ambicioso que el de este año y espero que, sobre la base de este informe, podamos realizar progresos significativos. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la ponente por el trabajo desarrollado. 
Antes que nada, señalo que comparto plenamente, como también ha sido recordado por otras colegas mías, la amargura por el hecho, tristemente simbólico y grave, de que, a pesar de los muchos buenos propósitos, en la Convención Europea que está elaborando el futuro de la Unión, y por tanto el futuro de los derechos de los ciudadanos y de las ciudades europeas, por desgracia, las mujeres sólo están presentes en el 16 por ciento de los miembros, que es en mi opinión un dato realmente preocupante. 
Si bien, merece la pena insistir sobre algunos objetivos fundamentales, subrayados enérgicamente en el informe, que ayudarían a hacer más concretas y sobre todo a mejorar las oportunidades para las mujeres europeas. 
Me refiero, en primer lugar, a la necesidad de elaborar un informe de valoración sobre el cumplimiento de todos los textos legislativos aprobados- resoluciones, recomendaciones, directivas, etcétera- para averiguar puntualmente su estado de aplicación por parte de los Estados miembros y, en su caso, poder poner en marcha los oportunos procedimientos de infracción en caso de ausencia de transposición o incumplimiento de éstos. 
De este modo, sería más fácil tener bajo control la situación, responsabilizando a los Estados miembros e interviniendo más eficazmente para garantizar todas las condiciones para una participación más equilibrada de las mujeres, tanto en el mundo del trabajo como en los papeles de su elección, tratando además de promover una seria política de apoyo social a las mujeres trabajadoras- por lo tanto: asistencia a la infancia y asistencia a la familia- para dar la posibilidad realista a todas las mujeres de conciliar su vida profesional con la familiar. 
Por los motivos que brevemente he tratado de sintetizar, nuestro Grupo votará a favor del informe. 
Gracias, señora Comisaria. 
Se cierra el debate. 
La votación se realizará hoy, a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0214/2002) , presentado por el Sr. Herman Schmid en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión "Fortalecimiento de la dimensión local de la estrategia europea de empleo" - (COM (2001) 629- C5-0076/2002- 2002/2034 (COS) ). 
. (SV) Señor Presidente, señora Comisaria, me alegra que la Comisión haya enviado otra comunicación sobre el desarrollo de la dimensión local en la estrategia europea del empleo. 
Pienso que esto es extraordinariamente importante y en mi informe he intentado desarrollar estas ideas. 
En la estrategia del empleo hay una desafortunada tradición que nos lleva a pensar en términos nacionales, economías y mercados nacionales, y a ver al mercado laboral como una unidad. 
Así se hace caso omiso de los mercados de trabajo locales, de sus diferencias y de su significado. 
También existe la tendencia a considerar a los mercados laborales locales como una especie de concepto residual, que se ocupa de las zonas rurales, de los capítulos más débiles de la economía o de la economía social. 
En mi informe doy a los mercados laborales locales otro significado, es decir, me refiero a mercados que producen bienes y servicios que se consumen localmente. 
Es personal sanitario y son obreros, es gente que trabaja en la red vial y personal técnico, son comerciantes locales, pequeñas empresas, servicios públicos de carácter local, y, también, comprende infraestructuras, tales como formación y otras. 
Hablamos, por tanto, de cosas importantes, aun en una perspectiva económica. 
Esta materia también tiene importancia por la forma cómo se comporta frente a los ciclos económicos. 
Los mercados laborales locales son muy sensibles a las variaciones coyunturales de los mercados mundiales. 
Esto significa que durante un periodo como el actual- en que la economía camina despacio- los mercados laborales locales gozan de buena salud relativa. 
Para que la economía pueda salir de una depresión como la actual es especialmente relevante que los mercados laborales locales funcionen adecuadamente, ya que constituyen la tierra fértil en la podrán crecer nuevas empresas y desarrollarse nuevas actividades. 
Quisiera subrayar también el significado de los mercados laborales locales. 
En mi informe destaco que éstos comprenden al menos un 30 por ciento del empleo. 
Esta proporción puede ser aún mayor, dependiendo de cómo se cuente. 
Por tanto, no es un problema marginal, sino que es una parte económica muy grande, importante y trascendente del conjunto de la política de empleo. 
Cabe destacar también que, por muchas razones, estos mercados locales tienen gran trascendencia para la calidad de vida y el bienestar social. 
Es un mercado laboral con mayoría de mujeres, cosa muy importantes desde la perspectiva del empleo: si nos interesa incentivar el empleo, habrá que hacerlo especialmente con el empleo femenino. 
Además, a menudo es el primer mercado laboral para los jóvenes y el de más fácil acceso para los que comienzan su vida laboral. 
Estos mercados laborales locales tienen, por tanto, la importante función de servir de puente para alcanzar otras metas laborales. 
Finalmente, estos mercados locales tienen gran valor para el asentamiento de las grandes industrias, incluso de las empresas multinacionales, en las estructuras sociales locales y, además, proveen de personal altamente cualificado a las empresas que tienen que competir en el ámbito internacional. 
Por tanto, hay muchas y poderosas razones sociales y económicas para dedicar más atención a los mercados laborales locales. 
En los países de la Unión existen muchas variaciones regionales y locales, lo que implica que hay mucho por hacer. 
Quisiera subrayar que me refiero tanto a las grandes ciudades, a las regiones urbanas, como a otras zonas. 
En las grandes ciudades hay grandes diferencias entre los barrios pobres de inmigrantes y los de los ricos, como asimismo entre los mercados laborales vinculados a éstos. 
Muchos problemas sociales tienen su reflejo en la situación del empleo. 
He propuesto acuerdos de colaboración de carácter local que estén abiertos para muchos grupos. 
En la primera de las enmiendas se ha propuesto suprimir a algunos de ellos, cosa que me resulta incomprensible. 
Quizás alguien pueda explicármelo más tarde en este debate. 
En la segunda enmienda propongo marcas cualitativas para la política educativa, materia sobre la que no sorprende que existan diferentes opiniones. 
No tengo objeciones respecto a la tercera enmienda y la respaldo con gusto. 
Para terminar, doy las gracias a los Grupos políticos por su colaboración en la comisión en torno a esta importante materia. 
Señor Presidente, este informe fue votado por unanimidad en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, lo que demuestra no sólo el consenso sobre la importancia del fortalecimiento de la dimensión local de la Estrategia Europea de Empleo, sino también el mérito del trabajo del ponente, a quien aprovecho para felicitar. 
Esta iniciativa propone un desarrollo de los mercados laborales locales a fin de alcanzar niveles de eficacia y calidad en lo relativo a la creación de puestos de trabajo y un planteamiento de aspectos como la igualdad entre los sexos, la dimensión social, el desarrollo económico, la innovación y la sociedad de información, como subrayé en la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
Resulta cada vez más necesario adoptar medidas de incentivación y acción en la esfera de la cohesión económica y social, concediendo atención especial a las regiones menos desarrolladas y con carencias estructurales y a los grupos más afectados. 
Para alcanzar esos objetivos, es esencial una correcta articulación de los planes nacionales de acción y de los planes locales de acción, que deben indicar con claridad el papel y el nivel de participación de las autoridades locales a fin de que la formación y la información de todos los copartícipes contribuya a una mejor organización de las medidas adoptadas. 
De igual modo, los Estados miembros deberán hacer participar a las agencias locales de empleo en el proceso de descentralización de la Estrategia Europea de Empleo, dada la proximidad de esas entidades y el mejor conocimiento de las realidades de los mercados laborales locales. 
Las mujeres deberán ser simultáneamente agentes y grupos destinatarios de las estrategias locales de empleo. 
Las empresas locales (en cuanto empleadoras) y los interlocutores sociales pueden y deben contribuir al fomento de las oportunidades de carrera de las mujeres y a la conciliación de la vida profesional y familiar en el nivel de la empresa (por ejemplo, mediante horario flexible, aspectos fiscales y seguridad social) , acelerando en particular la aplicación de directivas y acuerdos celebrados en esa esfera. 
Para que se alcance el objetivo de la igualdad de oportunidades en el ámbito de la Estrategia Europea de Empleo, es necesario que haya un fortalecimiento de los instrumentos financieros de las iniciativas comunitarias, como EQUAL, el Fondo Social Europeo, el FEDER, también las acciones locales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, mi cordial felicitación a Herman Schmid por su excelente informe sobre la comunicación de la Comisión sobre la dimensión local de la estrategia europea para el empleo. 
Como ponente de las Directrices 2000 de política de empleo del Parlamento Europeo me remito gustoso a lo que aprobamos a este respecto casi por unanimidad en el Pleno en 1999 en el sentido de que es preciso tomar en cuenta en mayor medida el papel especial y la responsabilidad especial de los órganos regionales y locales de los demás interlocutores a nivel regional y local, así como de los interlocutores sociales y de que, además, habría que apoyar plenamente el papel de las administraciones públicas en la búsqueda de posibilidades de empleo a nivel local y en el aseguramiento del buen funcionamiento del mercado local de trabajo. 
La exigencia que se expone, a veces de manera algo nebulosa, en el documento de la Comisión acerca de pactos territoriales para el empleo se ve complementada en el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales mediante la exigencia de crear pactos para el empleo entre los interlocutores sociales en las empresas. 
En mi circunscripción electoral he podido constatar hace poco con cuánto éxito ha discurrido un intento de este tipo. 
Las Bürkert-Werke de Ingelfingen se salvaron. 
Como contrapartida a que los trabajadores renuncien a determinadas prestaciones es preciso que se acuerde con carácter vinculante una garantía de empleo. 
Mediante la introducción de la dimensión local en la estrategia europea para el empleo ésta resultará esencialmente mejorada. 
Se trata de coordinar en el plano europeo las políticas nacionales de empleo incluyendo también las políticas locales y se trata de lograr una estrategia común para descubrir potenciales sociales de creatividad, de innovación y de espíritu fundador. 
Se trata de encontrar soluciones subsidiarias para poner en consonancia la flexibilidad y la seguridad social. 
La fórmula correcta para la estrategia europea para el empleo significa: pensar globalmente, actuar localmente y, en este sentido, queremos dar nuestra conformidad al informe Herman Schmid. 
Señor Presidente, querría también darle las gracias al Sr. Schmid por el trabajo desarrollado. 
La comunicación de la Comisión, que considero muy positiva, responde a la consulta, lanzada por dicha Comisión en el 2000, sobre ' Actuar a nivel local en materia de empleo? , consulta que ha contado con la participación de numerosos actores, a nivel europeo, nacional y local, y que ha confirmado la opinión, que este Parlamento ha expresado varias veces en el pasado y que también ha encontrado corroboración en las posiciones de la Comisión, sobre la necesidad y sobre la importancia de dar valor a los actores a nivel local. 
Si queremos alcanzar el objetivo, que los jefes de Estado y Gobierno se pusieron en Lisboa, de aplicar una estrategia europea para el empleo que, en el 2010, logre un buen y pleno empleo dentro de un contexto de cohesión social, no hay duda de que hace falta considerar, valorizar, sustentar los esfuerzos que los actores están cumpliendo en el ámbito local, de manera diferente según el contexto ambiental en que operan. 
Para hacer esto, es necesario espolear a los Estados miembros para que sigan las indicaciones que siempre hemos dado en el ámbito europeo: mecenazgo, ayuda a los planes locales de empleo, ayuda a todos los actores- tanto si son partes sociales, organizaciones no gubernativas o sector terciario- con una responsabilidad primaria de las instituciones públicas. 
Creo que realmente tenemos que seguir pidiendo a los Estados miembros, y lo hacemos con esta comunicación, que, en la estrategia europea del empleo y en el lanzamiento de los planes nacionales, los actores locales sean escuchados, porque es en el ámbito local donde se encuentran los responsables obligados a responder en primera persona a los desafíos actuales, representados por las nuevas necesidades, por la necesidad de crear empleo, por el recurso a instrumentos de movilidad y a instrumentos de formación permanente, que son fundamentales para alcanzar el objetivo. 
En conclusión, querría observar que el forum que la Comisión ha prometido organizar el próximo año me parece fundamental. 
En segundo lugar, a mí personalmente y al grupo socialista, las enmiendas propuestas nos parecen superfluas y contrarias al espíritu unitario con el que ha sido votada la comunicación en comisión. 
Nosotros querríamos mantener pues el texto votado en comisión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quiero manifestar mi enorme agradecimiento a Herman Schmid por el estupendo trabajo que ha realizado con su informe. 
Políticamente estamos en desacuerdo en muchas cosas, sin embargo, cuando se trata de hacer más transparente la coordinación abierta de la política de empleo, estamos unidos y le doy las gracias en particular al Sr. Schmid por haber puesto claramente de relieve que la estrategia para el empleo no sólo debe ser un proceso top down, sino también un proceso construido desde abajo y que implique a todos los que en la práctica trabajan en la política de empleo. 
Sabemos que es en el nivel local donde se ponen en práctica grandes partes de la política de empleo- es aquí donde se recogen experiencias, se consiguen conocimientos, y es aquí donde se está al tanto de qué funciona cuando el objetivo a alcanzar es un mayor empleo. 
De ahí que sea fundamental recoger las experiencias locales. 
A la Comisión quiero decirle que celebro que bajo el Fondo Social se haya incluido el esfuerzo local de la forma en que se ha hecho. 
La Comisión nos ha prometido una declaración corriente sobre cómo se utilizarán los créditos a nivel local y regional del artículo 4 del Fondo Social Europeo, donde hay asignados 40 millones de euros para este año y para el año próximo. 
Insistiremos en que la Comisión mantenga esta promesa. 
Es importante que el Parlamento siga el desarrollo dentro de este ámbito prioritario. 
Espero asimismo que la cooperación abierta involucre el nivel local y regional y que los nuevos planes de acción nacionales y el informe comunitario sobre el empleo nos cuenten qué está pasando a nivel local y regional. 
A esto añadiré la cuestión respecto a un esfuerzo informativo más activo por parte de la Comisión con relación a las autoridades locales y regionales. 
El objetivo de la cooperación abierta no es sólo que unos pocos expertos, funcionarios y líderes políticos se reúnan y se confirmen mutuamente que disponemos de una buena política. 
No, el objetivo de la coordinación abierta de la política de empleo debe ser proporcionar a los cargos electos una mejor base de decisión y a los electores más información sobre las posibilidades con las que contamos en el ámbito de la política de empleo. 
Señor Presidente, el empleo hay que adecuarlo a la dimensión humana. 
Por el contrario, el paradigma del crecimiento económico no es más que una abstracción que, en la práctica, tiene poco significado. 
En los últimos tiempos se está registrando un aumento del desempleo, pero las personas que, por ello, pierden sus trabajos y sus ingresos, no son tomadas en cuenta. 
El informe del Sr. Schmid intenta no perder de vista a las personas que se encuentran detrás de esa abstracción inherente a la política de empleo. 
Quiero hacer unas observaciones con respecto a dos puntos sobre esa dimensión humana en la estrategia de empleo. 
En primer lugar, considero de gran importancia que en la resolución se haga hincapié sobre la fuerza de los planes locales de empleo. 
En la exposición de motivos, el ponente hace referencia a la estabilidad del empleo local y al hecho de que éste se ve menos afectado por las fluctuaciones coyunturales. 
Por mi experiencia como concejal del ayuntamiento de Capelle-aan-den-IJssel, puedo decir que la política local de empleo es eficaz, lo cual me hace preguntarme cuál será el papel reservado a Europa si la política local de empleo es capaz de conducir a un clima de estabilidad. 
Y es que, de esa manera, en el ámbito europeo se creará un marco para la promoción del empleo que se encuentra lejos del ciudadano en el ámbito regional. 
Además, tal marco limitará las posibilidades de las diferentes regiones para desarrollar sus propias iniciativas. 
En mi opinión, por tanto, el papel de Europa en la estrategia local de empleo debe ser limitado, a lo sumo de coordinación. 
Su papel se limitará al intercambio de experiencias sobre la participación de grupos meta de difícil acceso y al lugar que ocupen la enseñanza y la educación en la promoción de empleo. 
En segundo lugar, pido que se preste atención a las consecuencias de la política que se ha formulado. 
El objetivo de la promoción de la participación de la mujer y de creación de igualdad de oportunidades para los diferentes grupos nos sitúa ante nuevos problemas. 
No tengo más que indicar las consecuencias para las familias, para los contactos sociales, el voluntariado y el cuidado de personas. 
No es suficiente que se señale el especial significado de la existencia de guarderías infantiles de alta calidad. 
El derecho adquirido de hombres y mujeres a elegir sus tareas en el cuidado de la familia es un gran privilegio en nuestra sociedad occidental. 
Sin embargo, la presión para participar en el mundo laboral es grande, y nuestro deber es el de encontrar un buen equilibrio entre ambas situaciones. 
La participación en el mundo laboral necesita que no se excluya la asistencia familiar, del mismo modo que la asistencia a familias se debe considerar como trabajo. 
Finalmente, señor Presidente, quiero expresar mi apoyo a esta resolución. 
La política de ámbito europeo en materia de empleo no debe hacer sombra a las iniciativas locales y regionales. 
La política europea debe apoyar las iniciativas locales encaminadas a promocionar la participación de los ciudadanos en el mundo laboral, de tal modo que se consiga encontrar un equilibrio entre el trabajo y las labores de asistencia familiar. 
Creo que, de esa manera es como mejor se puede servir al ciudadano. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, esta mañana intervengo en calidad de nuevo y muy provisional no agrupado, después de haber sido, por cierto, expulsado del Grupo PSE a petición del PS francés. 
Por lo demás, en este momento quiero centrarme en un dossier que para mí es esencial: el dossier del empleo, y, como siempre, lo haré como hombre de izquierdas y como socialista en el sentido amplio de la palabra, y todos ustedes son conscientes de ello. 
De entrada, me gustaría darle las gracias a la Comisión Europea por su comunicación. Aunque no es un texto revolucionario, contiene propuestas concretas, susceptibles de conseguir que las cosas vayan por buen camino. 
En un mundo ultraliberal, este es un rasgo muy interesante. 
Por descontado, desearía también darle las gracias al ponente, nuestro colega Herman Schmid, por la calidad de su trabajo y por el interés y la pertinencia de muchas de sus propuestas, que comparto y apoyo sin fisuras. 
Dicho esto, quiero recordarles con idéntica firmeza que, por encima de las propuestas concretas de la Comisión y de las del ponente, lo importante, lo esencial e incluso lo vital es volver a situar al empleo en el centro de todo, y a todos los niveles. 
Efectivamente, el empleo le permite a cada ciudadano encontrar su lugar, mientras que, por el contrario, el paro lo desestructura, lo aísla y muy a menudo lo destruye. 
En un mundo en el que el empleo se considera con demasiada frecuencia ' una variable de ajuste de la supuesta eficacia y del ánimo de lucro, que es absolutamente real? , ya va siendo hora de superar el sentido de las prioridades y de recalcar a todos los niveles que el pleno empleo es el objetivo número uno. 
Por tanto, dado que en materia de empleo, no existe, naturalmente, ninguna solución milagrosa, y dado que las fórmulas mágicas no son suficientes, hay que compatibilizar, multiplicar, diversificar las fórmulas de actuación a todos los niveles para alcanzar este objetivo. 
Es evidente que donde conviene actuar, y donde es absolutamente necesaria la creación de una regulación, es a escala mundial. 
Hay que aplicar en el ámbito europeo una política industrial voluntarista, una política de investigación y una política social enérgica. 
Asimismo, hay que llevar a la práctica políticas sociales nacionales que den prioridad al empleo sobre todo lo demás. 
Finalmente, hay que diseñar políticas sociales que impliquen a las empresas, a las colectividades, a las asociaciones, a los sindicatos y a los ciudadanos. 
Esta es ciertamente la fórmula que permite que se puedan crear nuevos puestos de trabajo a una escala lo más local posible. 
Esta es la fórmula que permite crear puestos de trabajo para las personas a menudo marginadas o en situación precaria. 
Finalmente, esta es la fórmula que permite aunar puestos de trabajo, ingresos, servicios y calidad de vida. 
La Comisión Europea y el ponente avanzan en esta línea con propuestas concretas. 
Repito que me sumo a ellas y que las respaldo, y que ahora hay que llevarlas a la práctica rápidamente, aunque rechazando la engañifa de pensar que todo puede resolverse a escala local. 
La lucha contra una mundialización desenfrenada, una Europa exclusivamente liberal y políticas nacionales sometidas a la dictadura de las bolsas y de las finanzas condicionan el éxito de las políticas locales en materia de empleo. 
Estoy seguro de que el ponente es consciente de ello, pero esta mañana, quería precisarlo de nuevo muy claramente en mi intervención. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me sumo a las felicitaciones al Sr. Schmid por su trabajo y también por su actitud al recoger las numerosísimas enmiendas presentadas, que no han tenido otra pretensión que la de fortalecer y ampliar las ideas en torno a la dimensión local del empleo y a sus posibilidades. 
Ciertamente, todos los trabajos pueden considerarse locales, y aunque la estrategia europea de empleo se haya centrado en los esfuerzos realizados a escala nacional y europea, cada vez es más aceptado que el objetivo del pleno empleo no podría alcanzarse sin una mayor implicación y participación de los niveles más próximos al demandante de empleo- el regional y el local -, tanto desde la perspectiva de la actividad como de la de los trabajadores. 
En la consideración del mercado laboral como una estructura vertical desde los planos europeo, nacional, regional y local, ya nadie duda del papel del mercado local- quizás, cuantitativamente, un tercio del empleo total- y esta dimensión local cobra significación especial en zonas rurales y marginales. 
En tal sentido, puede y debe servir como instrumento de fijación de población en determinadas áreas y puede desempeñar- y creo que tiene que hacerlo- un papel importante de cara a los colectivos socialmente más vulnerables. 
Las acciones locales por el empleo de realización directa y claramente inmediata pueden ser muy diversas también, por supuesto con el apoyo de los programas europeos. 
En cualquier caso, una acción municipal o local puede abrir las puertas del trabajo en la lucha contra la discriminación por razón de género, como destacaba la Sra. Bastos, o en la lucha contra la exclusión social. 
Quizás sólo se trate de convencer a la empresa- a veces, la más importante de una ciudad- de que tan importante como patrocinar un club- puede que de fútbol, ahora que el campeonato está reciente- son las incorporaciones a esa empresa de algunos trabajadores que proceden de grupos socialmente débiles, y convencerla también de que, probablemente desde el punto de vista de la publicidad y la promoción, esta actitud es más sensible y, al menos localmente, también más rentable. 
Además, en el supuesto de dominio de los empleos por una o unas pocas empresas de un sector en una localidad determinada, existe la oportunidad de diversificar y de dar mayor garantía para la sociedad en su conjunto. 
Desempeñan también un papel importante aquí los agentes sociales, a los que habrá que convencer. 
No quiero terminar sin referirme a la importancia de la conexión de las iniciativas locales de empleo con la salud laboral. 
Una buena intercomunicación entre la administración local y otras administraciones puede ser también un mecanismo que facilite la lucha contra la siniestralidad. 
Señor Presidente, quiero abordar dos cuestiones. 
Una es la cuestión de igualdad de remuneración y otra es la cuestión del empleo juvenil. 
Las estadísticas demuestran que, a pesar de la adopción de normas en materia de lucha contra la discriminación en Europa, a nivel nacional y comunitario, la diferencia de salarios entre un sexo y otro sigue siendo aproximadamente del 17% entre hombres y mujeres. 
En Irlanda esta diferencia alcanza ahora el 20%, después de subir desde el 18% registrado en 1997. 
Es evidente que existe todavía un problema y, si nos planteamos seriamente el objetivo de que un 60% de las mujeres forme parte de la población activa, tenemos que abordar la cuestión de la igualdad de remuneración en la revisión que la Comisión está haciendo de sus políticas. 
Creo que este planteamiento animará a las mujeres a participar voluntariamente en el mercado de trabajo y- espero- contribuirá a disminuir las diferencias entre sexos. 
En lo que respecta a la cuestión del empleo juvenil, hay cientos de miles de jóvenes en toda Europa que son excluidos del mercado de trabajo por razones de todo tipo. 
Si nos planteamos seriamente romper el ciclo de la pobreza en Europa, tenemos que abordar este problema. 
Tenemos que hacerlo mediante programas y objetivos de acción, de una forma tal que se comprometa con cada uno de ellos en una perspectiva multidisciplinar para romper de verdad el ciclo de la exclusión. De otro modo, seguirán abocados permanentemente a la exclusión y a la pobreza. 
Señor Presidente, me gustaría sumar mi voz al coro de felicitaciones a Herman Schmid por su excelente informe y por la buena colaboración alcanzada en la comisión. 
A mi juicio, el gran problema del mercado laboral del futuro es, como ya vemos, que dentro de poco tiempo habrá escasez de mano de obra en toda la Unión Europea. 
Ya es un hecho en algunos sectores. 
Al mismo tiempo, en la Unión hay numerosos desempleados a los que no somos capaces de dar un empleo. 
En estas circunstancias cobra importancia la dimensión local. 
Para coordinar la política de empleo con las necesidades que estamos palpando en el mercado laboral hay que aplicar localmente estrategias centrales. 
Hay que hacerlo para dar a conocer localmente los objetivos centrales, pero también para que en el centro conozcamos los problemas existentes en la periferia. 
Como presidente del Cross-border de la región del estrecho de Sund informo sobre los objetivos centrales de la política de empleo y, además, escucho los problemas de la región. 
En el futuro tendrá que existir este tipo de coordinación. 
Es conveniente la participación de muchos actores, tanto en el ámbito central como en el local. 
Estos actores pueden ser, por ejemplo, las partes del mercado del empleo, las agrupaciones populares y las organizaciones de discapacitados, pudiendo estas últimas diseñar programas para grupos con necesidades especiales. 
También hay que actuar en el seno del Fondo Social Europeo. 
He visto muchos casos en que este Fondo ha tenido un papel relevante en los mercados laborales locales a la hora de respaldar las estrategias que hemos creado en el ámbito central. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ¡una buena comunicación de la Comisión, un excelente trabajo de su ponente!. 
Como sabemos, es inequívoca la importancia de los mercados laborales, los recursos, las instituciones y las administraciones locales en un desarrollo armonioso y sostenible. 
El nivel local es, de hecho, un valor añadido, pero si participa efectivamente en la estrategia de decisiones que se adoptan normalmente en otros niveles; no se debe relegar el nivel local a la condición de mero espacio de ejecución, como, por desgracia, sucede muchas veces. 
Lo que es indiscutible es que cada vez hay- y ha habido a lo largo de los años- una mayor panoplia de medidas y proyectos específicos de impulso al empleo, que se deben integrar inmediatamente, porque urge- todas las políticas que se aplican en el nivel local deben ser integradas -, así como todos los protagonistas, todos los agentes locales. 
Las administraciones locales, por excelencia, pueden y deben considerarse agentes de desarrollo incentivadores de asociaciones en las esferas del turismo, la cultura, el artesanado, el medio ambiente, participando en la constitución de empresas mixtas y microempresas, haciendo participar a los jóvenes, a las mujeres y a los desempleados. 
Son puntos de excelencia en la esfera de la información, la colaboración y la formación. 
Termino ya con esta observación: es necesario desburocratizar los procesos de candidaturas y facilitar el acceso al crédito. 
. (FR) Señor Presidente, Señora Comisaria, queridos colegas, efectivamente- lo ha recordado usted, Señor Presidente -, la comunicación de la Comisión ha diseñado una estrategia tendente a promover las normas fundamentales del trabajo en el contexto de la mundialización. 
¿A qué nos referimos? 
De entrada, recordemos que las normas fundamentales a las que se hace referencia son las que se derivan de la Declaración de 1998, identificadas en la Cumbre de Copenhague e incluidas en ocho convenios de la OIT: la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la erradicación de cualquier forma de trabajo forzado u obligatorio, la efectiva abolición del trabajo infantil, la supresión de la discriminación para empleados y profesionales. 
Aunque ciertamente, la Organización Mundial del Trabajo, OIT, es el órgano competente para definir y negociar las normas relativas al trabajo, el Consejo Europeo de Octubre de 1999 recordó que la Unión debía reforzar con su respaldo la protección de los derechos fundamentales del trabajo. 
Así, el papel de la Unión Europea en el seno de la OMC ha cobrado una fuerza especial. 
Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que las dificultades, incluso la incapacidad de conseguir que estos derechos, a pesar de ser elementales, se apliquen a escala mundial, son absolutamente reales. 
Al mismo tiempo, surgen en todos los rincones del planeta voces que denuncian que desarrollo económico no significa desarrollo social, y la propia comunicación reconoce que ' el gobierno de mercado se ha impuesto sobre el gobierno social?. 
De entrada, me gustaría acoger con los brazos abiertos la comunicación, así como las propuestas que dependen de ella, y poner de manifiesto el interés y la oportunidad de abrir un debate sobre esta relación mundialización / derecho del trabajo y gobierno social dentro de nuestras instituciones. 
Así, la comunicación deja patente que los mecanismos del mercado y la liberalización de los intercambios, a pesar de ser esenciales para el desarrollo, no pueden por si solos garantizar este desarrollo para toda la humanidad del planeta. 
En cuanto a las normas fundamentales del trabajo, esta mundialización debe ir acompañada del establecimiento de normativas públicas que tengan la misma eficacia que las que se aplican en el ámbito del mercado. 
La OMC no puede ignorar estas normas. 
Tampoco puede ser el único reducto de estas regulaciones mundiales, ni ser la que domine al conjunto de las demás instituciones. 
A partir de estas reflexiones, les presentamos esta opinión, que viene a complementar las propuestas de la Comisión. 
Se basa en algunas ideas fundamentales, que se desarrollan en el informe. 
Me gustaría mencionar tres elementos, que a mi modo de ver son esenciales. 
En primer lugar, la necesaria definición y clarificación de las relaciones entre la Unión Europea, la OIT y la OMC. 
La enorme dificultad que existe a la hora de conseguir que las normas fundamentales del trabajo se apliquen a escala mundial pone de relieve, por una parte, la falta de coherencia en las iniciativas adoptadas por distintas instituciones, y por otra, la debilidad del sistema de gobierno mundial, su estructura inadaptada a la realidad de hoy en día, y la ausencia de una jerarquía normativa común entre estas distintas regulaciones mundiales. 
Para ello, el informe propone, entre otras cosas, que se revise y se corrija la colaboración entre la Unión Europea y la OIT- esto se está haciendo ahora mismo, lo cual nos parece estupendo -, que la OIT tenga un estatuto de observador en la OMC, que las decisiones de la OIT- y sobre todo los resultados de sus controles- sean publicados, y que la Unión los tenga de verdad en cuenta en sus relaciones con los países terceros. 
La segunda línea de actuación se refiere a las políticas de desarrollo. 
La Unión Europea tiene que adoptar un enfoque integrado de sus políticas y favorecer una ayuda coordinada para potenciar las normas fundamentales del trabajo. 
Tomemos un único ejemplo: ¿De qué sirve promover la erradicación del trabajo infantil, si al mismo tiempo no actuamos sobre las políticas educativas? 
¿Qué ocurre con el derecho a la libre expresión de los trabajadores en un país que no es democrático, o que no es un Estado de derecho? 
Así, le pedimos a la Unión Europea que, además de incluir cláusulas incitativas en lugar de sancionadoras, y cláusulas que no estén exclusivamente vinculadas a los acuerdos comerciales, integre sistemáticamente en el conjunto de los acuerdos que se cierren con los países terceros, sean del tema que sean, la cláusula que se refiere a las normas fundamentales del trabajo. 
Señora Comisaria, he retomado una fórmula muy apreciada por las feministas, que decían que lo que no se dice no existe. 
Creo que si las normas fundamentales del trabajo no se mencionan, se olvidan, y dejan de existir. 
El tercer punto se refiere al desarrollo de la actuación europea relativa a las actuaciones regionales y que afecta a nuevos ámbitos de regulación que se están creando en el mundo para conseguir una mayor adaptación a la realidad local. 
La OIT trabaja con esta filosofía, y aquí podría haber un verdadero efecto de sinergia. 
En este punto, el debate debería poder abrirse, con la incorporación de representantes de los países en vías de desarrollo que compartan el objetivo de identificar programas de actuación realistas y progresivos. 
Señora Comisaria, esta comunicación supone para nosotros un avance, y tendría que abrir la puerta a un cambio en los métodos de trabajo que la Unión Europea debe desarrollar con los países terceros, especialmente sobre una base más respetuosa de su realidad. 
Deseamos también, señora Comisaria, que el Consejo se ocupe lo antes posible de este dossier, y le pedimos a la Presidencia danesa que tenga la amabilidad de incluir su examen en el marco del próximo Consejo de Asuntos Sociales. 
Para finalizar, señor Presidente, concluyo dando muy sinceramente las gracias a mis colegas en su conjunto; en especial, quiero manifestarle mi agradecimiento a los que, en las cuatro comisiones que han tenido a bien adoptar opiniones que hemos intentado integrar lo mejor posible en este informe, han permitido, en mi opinión, enriquecerlo y permitirán también alcanzar- así lo espero- un amplio consenso. 
- (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, en nombre de la Comisión de Industria, quisisiera felicitar a la Sra. Gillig y expresar mi agradecimiento a la Comisión de Empleo por haber aceptado una gran parte de nuestras propuestas. 
La Comisión de Industria concede especial importancia al respeto a las normas fundamentales del trabajo y considera que condiciones necesarias para que la situación mejore son impulsar una política comercial internacional más justa, frenar la especulación y reducir la deuda exterior. 
La Comisión de Industria saluda los progresos registrados en la dirección de reconocer el carácter universal de las normas fundamentales del trabajo, y expresa su inquietud por las consecuencias de la cada vez más acelerada liberalización del comercio y del sector financiero. 
La Comisión de Industria se congratula de la iniciativa de la Comisión Europea de plantear el asunto en organismos internacionales en respuesta a las demandas al respecto del Parlamento Europeo, y del movimiento sindical y popular, tal y como éste se expreso en Seattle, Génova y en otros lugares. 
Destaca que en Doha no se registró avance alguno, llama a la Comisión Europea a revisar su estrategia y a la Unión Europea a intensificar el diálogo con organismos initernacionales. 
Se pronuncia a favor de la imposición de sanciones, especialmente a empresas multinacionales que obtienen beneficios del incumplimiento de las normas fundamentales del trabajo y aplaude el uso del sistema de preferencias generalizadas. 
Por otra parte, nuestra comisión considera que los países que participan en la Organización Mundial del Comercio tienen especial responsabilidad con respecto a la observación de las normas fundamentales del trabajo y pide a la OMC que aclare que las sanciones impuestas por la OIT no pueden considerarse contradictorias con los Tratados de la propia OMC. 
Por último, llamamos a la Comisión Europea y al Consejo que fomenten igualmente el respeto a otros derechos laborales, como son la seguridad social, el derecho a un trabajo estable y la prevención de los accidentes laborales. 
Señorías, quisiera llamar su atención sobre ciertos puntos de nuestro dictamen, muy importantes en mi opinión, que no fueron aceptados por la Comisión de Empleo. 
He tomado la iniciativa de plantear de nuevo estos puntos con motivo de la presentación de las enmiendas 9 a 12, que les propongo aprobar. 
Se trata de la referencia a relaciones comerciales más justas, la imposición de sanciones a empresas multinacionales que obtienen beneficios del incumplimiento de las normas fundamentales del trabajo, el necesario respeto a otros derechos laborales, así como la necesaria referencia a las movilizaciones de Seattle, Génova, etcétera. 
. (FR) Señor Presidente, creo que de entrada, lo que procede es felicitar a la Sra. Gillig por este informe. 
Con frecuencia, la población no percibe con nitidez la legislación europea, y por tanto pedimos que se tengan más en cuenta sus intereses, sobre todo para mejorar el gobierno social y las condiciones de trabajo en los Estados miembros, pero también en los países terceros. 
Generalmente, consideramos peligroso decir que lo más importante es ante todo evitar que el reconocimiento de la existencia de un vínculo entre el comercio y las cuestiones sociales sea abusivamente utilizado con fines proteccionistas, o sirva de pretexto para recurrir cada vez más a las sanciones comerciales. 
Sin duda, para algunos, las cuestiones sociales son siempre abusivas. 
¿Dónde está el abuso? 
¿Cuándo hay abuso? 
Podemos seguir afirmando que el trabajo está al servicio del hombre con el fin de mejorar sus condiciones de vida, y no al revés. 
Por desgracia, los ajustes vienen a menudo acompañados de un deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. 
En el programa de actuación, los gobiernos se han comprometido a defender y a promover el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, en concreto prohibiendo el trabajo forzoso y el trabajo infantil, y respetando la libertad de asociación, la libertad de crear sindicatos y de entablar negociaciones colectivas. 
La esclavitud es un crimen; la explotación sexual, también. 
No se trata de un trabajo. 
Y me habría gustado que esto se hubiera podido decir más claramente aún. 
Promover las normas fundamentales del trabajo es permitir que los países terceros no sean explotados por los países ricos. 
A mi modo de ver, así es como hay que entenderlo. 
Durante el Consejo de Niza, la Unión Europea aprobó una agenda social que considera que la calidad en el empleo, las relaciones profesionales y las condiciones laborales son el elemento motor de una economía próspera y de inserción, que crea un mayor número de empleos, y de mayor calidad. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, insistimos aquí en la idea de que la aplicación universal de los derechos fundamentales es, a todas luces, una condición necesaria para el progreso. 
. (EN) Quiero felicitar a mi amiga y colega la ponente Sra. Gillig. 
El informe que ha elaborado en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales es paralelo en muchos aspectos al mío sobre la responsabilidad social empresarial. 
Hemos trabajado juntos para garantizar que se presente al Parlamento un paquete de propuestas uniformes y complementarias, y quiero darle las gracias de veras por ello. 
En nombre de la Comisión de Desarrollo quiero subrayar cuatro cuestiones en particular. 
En primer lugar, si bien acogemos con gran satisfacción el compromiso de la Comisión de incluir las normas fundamentales del trabajo en el nuevo SPG y en sus acuerdos comerciales (ya hemos visto pruebas de ello en el acuerdo comercial con Sudáfrica y en el Acuerdo de Cotonou) , en el punto 11 de esta resolución ponemos de relieve que debe concederse una mayor importancia a su aplicación en la práctica. 
Durante demasiado tiempo las cláusulas relativas a los derechos humanos y a la democracia contenidas en los acuerdos internacionales de la UE nos han comprometido a los más elevados ideales, pero no han sido objeto de seguimiento, de elaboración de informes y de diálogo sistemático entre las partes. 
Dichas cláusulas sobre las normas fundamentales del trabajo deben convertirse en el medio de un efectivo cumplimiento, y además será la prueba de que disponga la Comisión de la observancia de esta comunicación. 
En segundo lugar, como señalamos en el punto 12, la aplicación de tales normas también debe formar parte de programas de cooperación al desarrollo, y no sólo buenas palabras recogidas en documentos de estrategia de país, sino programas reales, cuantificables, ayudando a los Gobiernos de los países Estados miembros en desarrollo a poner en marcha cuerpos de inspección efectivos y ofreciendo ayuda directa al desarrollo de los sindicatos y de otros grupos de la sociedad civil y de vigilancia, al objeto ofrecer dar una voz independiente que haga frente a abusos como el trabajo infantil y el trabajo forzoso. 
En tercer lugar, las normas fundamentales del trabajo. 
No debe haber excepciones, y esto significa que debe ponerse fin a los abusos que son sistemáticamente aceptados en la formidable economía sumergida de muchos países en desarrollo, y deliberadamente fomentados en zonas francas industriales de otros muchos. 
Europa debe contribuir a este objetivo. 
Por último, en lo relativo, en particular, a la responsabilidad social de las empresas, acojo con satisfacción el nuevo compromiso de la Comisión, asumido esta semana, para promover y introducir las directrices de la OECD sobre las empresas multinacionales en su Libro Blanco y, repito- como ya señalamos en el punto 15 -, el objetivo último es un código de conducta europeo vinculante relativo a las operaciones de las empresas multinacionales. 
La votación y el informe que hoy nos ocupa nos acercan un paso más a este objetivo. 
Señor Presidente, Señorías, en el comunicado que debatimos hoy se indica la estrategia con la que la Unión Europea intenta contribuir al desarrollo social. 
Es bueno que eso ocurra. 
Hay muchos que temen que en estos tiempos de mundialización el desarrollo social se vea relevado. 
Los órganos dentro de los cuales se establecen los acuerdos se encuentran actualmente demasiado lejos del alcance del ciudadano medio y, por ello, a éste le resultan desconocidos. 
Este desconocimiento produce malestar e inquietud. 
El ciudadano que está bien en esta sociedad echa de menos una visión general. 
La Comisión ha expuesto de forma clara y resumida las relaciones entre los diferentes actores de la sociedad mundial: ha hecho un balance de los mecanismos con los que la Unión Europea se va a esforzar, tanto en cooperación con la OIT y la OMC como desde dentro de estas organizaciones, para impulsar el desarrollo de normas laborales fundamentales y para mejorar la gobernanza social. 
Como ponente de la comisión de derechos de la mujer le tengo que decir que, en nuestra opinión, en este comunicado falta una atención explícita a la dimensión de género como componente de las normas laborales fundamentales, y a la posibilidad de conseguir una durabilidad social. 
Es cierto, el género forma parte de las normas laborales centrales de la OIT, porque el principio de no-discriminación y el principio de igualdad de trato están contemplados en ellas. 
Pero sabemos que la mejor forma de desarrollo en el área económica y social es, desde luego, aquella en la que las mujeres se encuentren completamente integradas en el proceso de participación. 
Y ésa es, por tanto, la razón por la cual la Comisión propone derechos para la mujer con el fin de introducir, también como instrumento, informes sobre efectos de género. 
También quisiera llamar su atención sobre el hecho de que, cuando se habla de los agentes sociales, no se expone el papel que desempeñan las organizaciones de mujeres. 
Y eso es una deficiencia, porque, no sólo dentro de la UE sino fuera de ella, aún se recurre muy poco por la vía regular a las mujeres para que ayuden a dar forma a la política. 
Para finalizar, hago un llamamiento urgente a la comisión para que refuerce el excelente informe que tenemos ante nosotros con el informe sobre efectos de género, lo cual dará una mejor visión sobre el importante papel reservado a las mujeres en el desarrollo social. 
Agradezco de corazón a la Sra. Gillig, no sólo por su buen informe, sino, desde luego, por la manera en que ha colaborado con la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Señor Presidente, ¿es anacrónico que en vista de muchos efectos amenazadores de la globalización y de las graves transformaciones de los mercados laborales instemos a las empresas a que se sometan a normas laborales básicas? 
¿Es aceptable, en vista del predominio de la orientación de la economía que apoyemos una orientación más social de las normas laborales? 
Para poder arrastrar a los ciudadanos, consumidores, trabajadores, directivos, debemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. 
El Grupo PPE-DE, en nombre del cual estoy hablando, comparte las ideas fundamentales de la Sra. Gillig. 
Consideramos importante una estandarización de las normas laborales, la no discriminación en el empleo y en la profesión, la supresión del trabajo forzado, el reconocimiento del derecho a las negociaciones colectivas y a la libertad de asociación. 
Sin embargo, nosotros damos preferencia a las regulaciones voluntarias en las empresas si se cumplen y se valoran de manera consecuente y si son reconocibles claramente mediante el sello de la conciliación. 
Es preciso desarrollar estándares para una certificación internacional. 
Tenemos la expectativa de que las iniciativas privadas y un eficaz control público de la calidad sean una contribución influyente de la UE para dotar a las normas laborales básicas de un lugar adecuado en la nueva arquitectura global. 
Para lograr un desarrollo sostenible necesitamos una política de dos fases. 
En primer lugar todos los Estados miembros de la UE y los países candidatos a la adhesión deben ratificar las convenciones de la OIT. 
Considero absolutamente merecedora de apoyo la iniciativa de un encuentro común entre la OIT y el Parlamento Europeo. 
Necesitamos después unanimidad acerca de la jerarquía de las normas en los ámbitos de la política social, del comercio y del medio ambiente así como de la gobernabilidad social. En segundo lugar, los países terceros han de ser persuadidos de aceptar los acuerdos de la OIT. 
Esto es difícilmente alcanzable mediante un catálogo de sanciones y resulta mucho más lograble a través de un sistema de incentivos, por ejemplo, a través de una intensificación de la ayuda financiera al desarrollo o de un acceso privilegiado a los mercados cuando se hayan alcanzado signos sociales de conciliación porque se pueda decir, por ejemplo, que no se va a permitir el trabajo infantil. 
Por esta razón, mi Grupo subraya el papel especial que asumen las asociaciones patronales y los sindicatos en el fomento de estas normas laborales importantes y básicas. 
Gracias, señor Presidente, en nombre de mi Grupo quiero felicitar a la Sra. Gillig por este magnífico informe y a la Comisión por presentar este comunicado sobre normas laborales. 
Es cuestión de seguir repitiendo y e insistiendo en el interés que tiene el respeto por las normas laborales fundamentales en una economía que cada vez se mundializa más. Por ello, es bueno que la Comisión lo haya hecho. 
Por tanto, en nombre de mi Grupo puedo decir que apoyamos firmemente este informe. 
Creo que es bueno que, gracias a este informe, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se haya convertido en el centro de atención. 
Dentro de la familia de las Naciones Unidas, la OIT es la única organización en la que los servicios no sólo los llevan a cabo funcionarios y autoridades nacionales sino que también a las organizaciones patronales y a los sindicatos se les reserva un importante papel. 
No sólo con funciones de asesoramiento y de supervisión como es el caso de muchas ONG que, por cierto están llevando a cabo una labor magnífica, no: en esa organización tripartita los agentes sociales están plenamente integrados en la gestión, dirección y desarrollo de la política. 
Ese compromiso de los agentes sociales, que desempeñan un papel esencial en la economía y en el mercado laboral, es de una importancia incalculable. 
Quisiera hacer hincapié sobre ello en el contexto de la UE porque, cuando debatíamos este informe en la comisión, noté que para un determinado número de Señorías no era un dato conocido. 
Por suerte, ha sido retirada la enmienda presentada por el PPE, que amenazaba con negar ese papel sustentador. 
Gracias por ello. 
Otro punto fuerte de la OIT es que combina la reglamentación con un apoyo técnico muy práctico sobre el terreno. 
Ambos elementos hacen que la OIT no sólo sea un tigre de papel sino que desempeñe un activo papel en el debate general. 
Creo que en el debate internacional se debe evitar que se cargue con la responsabilidad de las cuestiones sociales sólo a la OIT. 
La OMC y otras organizaciones también deben tener realmente en cuenta este asunto dentro de su política y deberán participar más activamente en la comisión mundial que ha constituido el Sr. Somavia de la OIT. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quiero dar las gracias a la Sra. Gillig por el gran y muy competente trabajo que ha realizado con este informe. 
El resultado ha sido un informe equilibrado que respaldo. 
Hay partes del informe en las que aparecen posiciones fundamentales con las que no puedo estar de acuerdo. 
La globalización y el libre comercio se presentan de vez en cuando como algo que perjudica el desarrollo social en el mundo, y creo que fundamentalmente es al contrario. 
El libre comercio, especialmente para los países en vías de desarrollo, es el camino para salir de la pobreza y de la necesidad social. 
El desarrollo social y los derechos de los trabajadores están mejor asegurados en países con economías abiertas, mientras que los peores ejemplos de violaciones de derechos fundamentales de los trabajadores los encontramos en países que se aíslan del mundo circundante. 
Básicamente, pienso que el libre comercio favorece el desarrollo social; sin embargo, una vez dicho esto, debemos garantizar naturalmente el cumplimiento eficaz de los convenios de la OIT y así asegurar a los trabajadores unas condiciones de trabajo adecuadas, pues coincido con la Sra. Gillig en que el libre comercio y el crecimiento económico no son suficientes. 
El informe de la Comisión muestra cómo la tarea de garantizar el cumplimiento de los convenios es una tarea que la OIT no ha podido poner en práctica, por lo que hemos de preguntarnos qué podemos hacer. 
Quiero rechazar las sanciones comerciales como instrumento por la naturaleza del caso, sin embargo, es importante que la UE incluya la cuestión en el orden del día en los foros internacionales. 
Desgraciadamente, no todos los países comparten nuestra visión de los derechos de los trabajadores. 
Luego hemos de presionar. 
También es cierto que los derechos de los trabajadores serán parte natural de la acción de lucha contra la pobreza, luego, cuando demos la ayuda al desarrollo, pensemos también en los derechos de los trabajadores. 
Por último, es importante que hagamos un esfuerzo en materia educativa, que incluyamos en las formaciones profesionales conocimientos sobre derechos de los trabajadores, así éstos podrán imponerse, tanto en nuestra parte del mundo como en los países pobres. 
Señor Presidente, me dirijo a usted en nombre del Grupo Los Verdes alianza Libre Europea. 
El fracaso de las grandes conferencias como las de Seattle y Doha significa también el fracaso de las grandes organizaciones que, en el ámbito mundial, se ocupan de los procesos económicos, de la distribución del trabajo y de la riqueza o de los procesos sociales de este planeta: las Naciones Unidas, la OMC, la Organización Internacional del Trabajo y también nuestras propias instituciones europeas. 
Los países del mundo rico deberíamos hacer examen de conciencia. 
Esperamos que Johannesburgo se convierta en un punto de inflexión. 
Y es que en algún momento se habrá de comenzar a hablar de desarrollo sostenible, de manera que ese desarrollo se plantee de forma centralizada. 
Para establecer las razones por las que no ha habido éxitos hasta el momento, deberíamos analizar nuestra propia participación en el fenómeno. 
Los procesos económicos tienen impacto en todo el mundo. 
Las autoridades e instituciones políticas, tales como la Unión Europea, han ayudado a demoler las barreras para alcanzar una mundialización, que ha sido posible gracias al desarrollo de nuestra tecnología occidental. 
Pero, a pesar de la existencia de una multitud de políticos electos y de funcionarios de instituciones internacionales, no hemos sido capaces- a la misma escala y con la misma eficacia- de sacar adelante la reglamentación necesaria para que la humanidad en general y las gentes de los países del Sur en particular puedan vivir dignamente. 
No sólo no se ha conseguido en el ámbito material sino tampoco en el ámbito cultural. 
En materia de comercio se podría crear una reglamentación eficaz, provista de un órgano sancionador dentro del marco de la OMC. 
Pero, por nuestra experiencia en la Unión Europea, sabemos que la promoción exclusiva del comercio es peligrosa. 
Casi siempre conlleva exclusión social de los débiles. 
Las consecuencias pueden ser la pobreza, la destrucción de las estructuras sociales y culturales y la destrucción de normas y valores. 
Y de todo ello se aprovechan los dictadores, las mafias internacionales, los traficantes de armas y aquellos interesados en la existencia de guerras. 
Me adhiero, pues, a la conclusión de la ponente de que es necesaria una jerarquía de normas a escala internacional. 
Nos tiene que interesar ir más allá de la simple introducción de correcciones; debemos encaminarnos a conseguir un desarrollo mundial sostenible. 
Nunca se podrá pedir lo suficiente que se respeten los derechos administrados por la Organización Internacional de Trabajo. 
Yo propongo que comencemos por mirar hacia nuestras instituciones europeas para comprobar si manejamos correctamente el equilibrio. 
Ya veremos cuándo empiezan los primeros debates sobre los subsidios para la agricultura. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, debo, en primer lugar, felicitar a la Sra. Gillig por su buen trabajo y el equilibrio que ha dado a un informe tan importante. 
Creo que vivimos en un mundo global, en la sociedad de la información y de las tecnologías, y que apostamos por una sociedad con una economía dinámica, fuertemente desarrollada, creadora de más y mejores empleos. 
Pero, al lado de esta viveza económica, situamos el desarrollo sostenible y la cohesión social. 
En la Unión Europea disfrutamos de un modelo social- el modelo social europeo- que se ha ido desarrollando durante los últimos 40 años y que ha dado lugar a lo que llamamos nuestro "acervo social", un legado importante, que comprende la libre circulación de los trabajadores, la igualdad entre hombres y mujeres, la salud y la seguridad en el trabajo, la lucha contra la exclusión social y la pobreza, etc. 
Estos principios se han plasmado, por otra parte, en la Carta de los Derechos Fundamentales, cuyo primer capítulo se refiere a la dignidad y el cuarto a la solidaridad. 
Ahora bien, la mundialización supone una nueva regulación de relaciones económicas y comerciales y también, al propio tiempo, nuevos riesgos. 
Estas nuevas políticas no pueden constituir en ningún caso un obstáculo a aquellas prácticas e ideas sino que, antes bien, deben contribuir al desarrollo social y al fomento del respeto de los derechos fundamentales. 
En la terminología o en la concepción de la OIT, se han ido perfilando como tales los relativos a la libertad sindical y al reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la proscripción o eliminación de toda forma de trabajo forzoso, la eliminación del trabajo infantil o la ausencia de discriminación respecto del empleo. 
Creo, señora Comisaria, que la aplicación de estas normas y su difusión, con un papel importante por su ejemplaridad en los Estados candidatos, debe constituir una prioridad de la Comisión desde la colaboración interinstitucional con el Consejo y los Estados miembros. 
Creo también que el diálogo social será un instrumento idóneo de aplicación y difusión de los principios que integran nuestro modelo social europeo. 
Señor Presidente, quisiera felicitar muy especialmente a la Sra. Gillig por su excelente informe, y también a la Comisión Europea, por plantear un asunto tan serio y de tanta actualidad, precisamente, además, en un momento en el que se debate el futuro de Europa y el refuerzo de su papel en la escena política mundial. 
Es necesario destacar hoy la gran importancia y transcendencia de que la Unión Europea ejerza influencia y asuma iniciativas, de suerte que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sean sancionados por países que aún no lo han hecho, que las normas fundamentales del trabajo sean respetadas, que el diálogo social se convierta en una práctica habitual en todos los países de la OMC, que se haga frente debidamente a la vergüenza que suponen la explotación del trabajo infantil y el tráfico de esclavos en nuestros días, que haya de una vez por todas una verdadera política europea común de inmigración y asilo, de suerte que pueda combatirse la sobreexplotación de los inmigrantes, que ha transformado las sociedades contemporáneas en sociedades de patricios y plebeyos. 
Es necesario, igualmente, que Europa funcione como modelo mundial y como fuerza impulsora, poniendo además los acuerdos internacionales, como el acuerdo de Cotonou, al servicio activo del fomento de la igualdad entre los sexos, no sólo por motivos de justica entre hombres y mujeres, sino también como factor dinámico de reducción de la pobreza, de desarrollo sostenible económico y social, de profundización en la democracia y consolidación de la paz. 
Desgraciadamente, una anárquica globalización, sin garantías sociales, ha globalizado la pobreza y no la riqueza. 
La Organización Mundial del Trabajo habla de mil millones de parados en el mundo, y desgraciadamente parece que hemos pasado no ya a la economía de mercado, sino a la sociedad de mercado. 
Por ello, es urgente promover políticas que hagan de la globalización fuente de bienestar y reducción de las desigualdades, en lugar de amenaza para el desarrollo social y la paz mundial. 
Señora Comisaria, la única actitud que podemos adoptar es alegrarnos por este texto, y agradecerle a la Sra. Gillig la labor que ha realizado. 
Tomemos un criterio muy simple: el trabajo infantil. 
Un informe reciente de la OIT nos recuerda que 245 millones de niños en el mundo se ven obligados a desempeñar una actividad profesional, de los cuales 180 millones realizan las peores tareas laborales, es decir, aquellas que ponen en peligro su salud física y mental o su integridad moral. 
Esto demuestra la importancia de hacer una reflexión sobre las normas fundamentales. 
Sin embargo, en este momento, en el que estamos defendiendo un modelo social europeo, debemos hacer una reflexión sobre nosotros mismos, porque, siguiendo con este criterio del trabajo infantil, no hay que olvidar que, según las estimaciones, el número de niños que trabajan en los países desarrollados se sitúa en torno a 2 millones y medio. A pesar de que actualmente los Quince han ratificado en bloque los Convenios 182 y 138 de la OIT sobre los trabajos más penosos, esta situación, señora Comisaria, es muy reciente, y además, hay que tener en cuenta que no todos los países candidatos los han ratificado. 
En los países en desarrollo, 10 millones de niños trabajan en actividades relacionadas con la exportación, y por tanto trabajan indirectamente para empresas multinacionales. 
Pero la inmensa mayoría de estos niños desarrollan actividades que forman parte de la economía sumergida, por lo que el control es muy difícil. 
Este es el motivo por el cual nuestro Grupo propone integrar las normas fundamentales del trabajo en la política de la Unión en materia de desarrollo, definir mejor actuaciones muy delimitadas en el marco de los programas de cooperación al desarrollo, y promover una ayuda coordinada. 
Bajo este prisma, hemos redactado un cierto número de enmiendas, y esperamos que la Asamblea adopte las propuestas del PPE en la materia. 
Señor Presidente, doble felicitación, a la Comisión, por la iniciativa asumida, y a la ponente, por haber insuflado un nuevo aliento al informe. 
Desde el primer momento de mi presencia en las diferentes instancias y comisiones del Parlamento Europeo para asuntos de política social, intenté mostrar y poner de relieve que el primer y principal gesto que tiene que hacer la Unión Europea para reforzar el prestigio de la Organización Internacional del Trabajo es convertirse en miembro de pleno derecho de la OIT, desplegar una red de cooperación permanente entre la Unión Europea y la OIT. 
Es el único modo de hacer frente al gran déficit social en los tiempos de la globalización. 
La sociedad mundial ha conseguido a buen ritmo derribar los obstáculos al comercio, a un ritmo aún más intenso plantear nuevas normas al comercio mundial, y, al mismo tiempo, no sólo rechazar la previsión de reglas normativas para los asuntos sociales, sino identificar el desarrollo de los terceros países con privatizaciones y liberalización de los mercados sin límite alguno. 
Imperio absoluto de los programas del Banco Mundial. 
Y sin embargo, los propios informes de los organismos hablan de fracaso de los programas en materia social. 
La lógica de la abolición de los derechos de los trabajadores, la lógica del trabajo forzoso que prevalece en los terceros países debe ser denunciada. 
Se requiere, en consecuencia, un programa integral si queremos verdaderamente convertir a la OIT en protagonista sustantivo en la nueva escena mundial. 
Se hace necesaria la sanción de los convenios internacionales y, principalmente la aceptación de mecanismos de control en materia social. 
Señor Presidente, quiero felicitar sinceramente, no sólo a la Comisión y a la Sra. Gillig, sino también a todas las comisiones del Parlamento que, verdaderamente, han emitido informes muy buenos. 
La mundialización de la economía, que es inevitable, sólo se puede aceptar si con ello se mejoran las condiciones laborales y de vida. 
En vista de que la Unión europea, con su fuerte economía, es uno de los más importantes actores de esta mundialización, Europa tiene la obligación de hacer lo necesario para mejorar también las condiciones sociales. 
Para ello, Europa puede utilizar diferentes palancas; la cuestión es hasta qué punto estas palancas realmente se utilizan. 
A este respecto, quiero hacer dos preguntas a la Comisaria. 
En primer lugar, con respecto a Europa. 
Sabemos de la existencia de abusos en nuestros propios países. Por ejemplo, el trabajo infantil y la servidumbre doméstica. 
Tales tipos de trabajo van en contra de las normas laborales fundamentales. 
Con frecuencia he hecho preguntas a la Comisión con el fin de saber hasta qué punto se ocupa de esta problemática y, sinceramente, debo decirle, señora Comisaria, que, a pesar de sus promesas de ocuparse de ello, hasta el momento no se me ha comunicado nunca nada al respecto. 
Mi segunda pregunta versa sobre los acuerdos de cooperación con países terceros, en los cuales se han introducido recientemente cláusulas en materia de respeto a las normas laborales fundamentales. 
La Comisión de Cooperación para el Desarrollo ha declarado a este respecto que no se está haciendo nada para poner en práctica las nuevas estipulaciones. 
Pregunto: ¿Cómo está organizada la cooperación en estas materias dentro de la Comisión Europea? , ¿entre el Comisario de Cooperación para el Desarrollo y el Comisario de Asuntos Sociales, por ejemplo? 
¿Hasta qué punto está usted comprometida con estos asuntos? 
¿Hasta qué punto es usted capaz de hacer un seguimiento de estos asuntos y de estimularlos desde su administración? 
Las mismas preguntas se pueden hacer, por cierto, con respecto a la introducción y puesta en práctica de cláusulas en materia de derechos del ser humano y de derechos de la mujer. 
No he olvidado, señora Comisaria, cuán indignado estaba todo el mundo por la destrucción de estatuas por parte de los Talibán, mientras que durante ese mismo periodo fueron asesinadas muchísimas mujeres. 
Señor Presidente, agradezco la oportunidad que se me brinda de contribuir a este debate, siquiera brevemente. 
Asimismo, me complace que tantos colegas se apresuren a entrar en la Cámara, evidentemente con el objeto de escuchar lo que voy a decir. 
Quería contribuir a este debate porque, como saben los colegas del otro lado de esta Cámara, existen diferencias entre los grupos sobre el importante asunto de la responsabilidad social de las empresas. 
El Sr. Howitt ha formulado una interesante observación al afirmar, al principio de este debate, que había estado trabajando en paralelo en este informe con la Sra. Gillig. 
' En paralelo? es una expresión bien elegida, porque las líneas paralelas son líneas separadas que no se cruzan. 
Es importante que la responsabilidad social de las empresas, en cuanto tema, no debe verse como un cajón de sastre en el que quepa todo lo que queremos que los empresarios hagan mejor. 
Asimismo, es importante que las normas fundamentales del trabajo (las normas de la OIT) sean objeto de la dedicación y la atención necesarias para su aplicación, como, en efecto, el ponente ha señalado con tanta elocuencia. 
Es evidente que tenemos que trabajar mucho y en común esta cuestión. 
Doy las gracias al ponente por aceptar dos de mis enmiendas en particular. 
En una se afirma que la globalización puede ser positiva, creando oportunidades de un crecimiento y desarrollo verdaderos. 
A la Sra. Jensen quiero decirle que esto es una parte sin duda alguna fundamental del informe. 
La otra trata de que uno de los principales impulsores de la cohesión social es el pleno empleo. 
Todos nosotros debemos ser mucho más positivos y proactivos a este respecto. 
Por último, observo que la ponente ha aceptado las conclusiones de la Comisaria. 
Nosotros, toda la Cámara, apoyaremos las conclusiones de la ponente. 
Existe un peligro cierto de que el consenso brote por todas partes. 
Felicito a la ponente por su trabajo dirigido a hacer esto posible. 
. (EL) Señor Presidente, creo que se pueden vincular automáticamente las dimensiones local y global del empleo. 
La anterior comunicación, sin ir más lejos, se refería al planeamiento local del empleo, y, sin embargo, las intervenciones de muchos diputados han demostrado que un trabajador reducido a la miseria, un obrero en un país del Tercer Mundo, puede convertir en rehén a un trabajador de una región europea. 
Y este es el problema que resulta del gobierno mundial de la economía, que tiene como resultado la liberalización del comercio y de los capitales, sin que se dé al mismo tiempo la gobernanza mundial social correspondiente. 
Esta comunicación aspira a hacer una aportación a la necesaria arquitectura de la gobernanza social. 
El enfoque político que inspira a la comunicación es que nuestro marco no es el proteccionismo. 
Se trata de un enfoque en positivo que utiliza conceptos como incentivo, cooperación y desarrollo sostenible. 
Quisiera referirme a datos concretos planteados por los oradores. 
El papel de la Organización Internacional del Trabajo. 
Reconocemos y respaldamos el papel central de la OIT, decidimos en su momento? y hemos avanzado en ese sentido? incrementar nuestra participación en los programas de la OIT, y el año pasado firmamos el Sr. Somadias, Secretario general de la OIT, y yo, una nueva colaboración que incluye el fomento mundial de las normas fundamentales del trabajo, la reducción de la pobreza, la promoción del trabajo digno, el diálogo social, la responsabilidad social de los agentes y el empleo. 
Esta colaboración cubrirá también los acuerdos de Cotonou y ACP. 
Es importante el apoyo por parte del Parlamento de la dimensión económica de esta colaboración de la Comisión con la OIT. 
Igualmente, creo que un paso importante es la creación de la comisión mundial de alto nivel para la dimensión social de la globalización, convocada por acuerdo mundial en el marco de la OIT para concebir y proponer enfoques innovadores que permitan mejorar la gobernanza a escala mundial. 
El paso siguiente es la necesidad de promover la máxima cooperación posible entre la OIT, la Organización Mundial del Comercio, el Banco mundial y las conferencias de Naciones Unidas para el comercio y para el desarrollo. 
Por lo que se refiere a los Estados miembros y a los acuerdos bilaterales o multilaterales, la Comisión propone que se tome en consideración en todas las áreas implicados de la Unión Europea (comercio, desarrollo, relaciones exteriores y asuntos sociales) la dimensión social y las normas sociales del trabajo, las escasas normas del trabajo. 
Se ha mencionado el apoyo del parlamento al nuevo enfoque del sistema de preferencias generalizadas. 
Quisiera recordar el aliento a determinados países a ir más allá del límite mínimo de normas sociales del trabajo; es algo que se impulsa mediante incentivos concretos que la Comisión ofrece a estos países. 
Una última observación, señor Presidente, se refiere a la iniciativa europea por la democracia y los derechos humanos, a través de la cual, y con acciones muy concretas, se apoya la lucha contra el trabajo infantil, al que se han referido muchos diputados, así como la reincorporación de los niños trabajadores a la educación. 
Para terminar mi comentario a esta comunicación, quisiera responder a dos diputados. En primer lugar, a la Sra. Smet, que se ha referido al control del mercado interior de trabajo en Europa: está, por supuesto, el Instituto de Dublín, pero por lo que se refiere al asunto del trabajo doméstico que adquiere características de esclavitud, tenemos en primer lugar el enorme problema del trabajo no declarado que es muy difícil detectar; pero volveremos sobre el asunto con un informe que, como ya he dicho, se está preparando sobre el asunto de las mujeres no declaradas que trabajan en casas. 
En cuanto al asunto de la colaboración del Comisario de Ayuda al Desarrollo y Asuntos Sociales, hay una gran colaboración, resultado de la cual, quiero recordarles, fue que el año pasado en toda la ayuda al desarrollo hubiera paralelamente un plan de acción sobre la dimensión de género en todas las acciones parciales, con calendario y con un presupuesto específico. 
El segundo elemento es la nueva comunicación de la Comisión referida al diálogo social, y especialmente a la dimensión exterior, a la dimensión global del diálogo social y al papel que los agentes sociales, trabajadores y empresarios, pueden desempeñar en el asunto de las inversiones a escala mundial en el cumplimiento de las noprmas sociales del trabajo. 
Le agradezco, señor Blokland, las buenas noticias que nos ha dado. 
El Consejo no puede confirmárnoslas oralmente, como usted solicita, porque está ausente, mientras que, en cambio, la Comisión está en condiciones de decirnos lo que piensa de nuestras enmiendas. 
. 
(EN) Señor Presidente, la Comisión puede aceptar todas las enmiendas de compromiso presentadas y, por tanto, apoyar las recomendaciones de voto de la ponente. 
Las enmiendas recogidas en el paquete de compromiso están dirigidas a aumentar la calidad de las estadísticas. 
La principal razón es que los Estados miembros tengan más tiempo para establecer sus propios métodos para recabar datos fiables. 
Los datos recopilados sobre asuntos complicados como los residuos agrícolas y el reciclaje de residuos se beneficiaran particularmente de ello. 
Permítanme decirles unas palabras sobre la exigencia de datos sobre residuos agrícolas. 
La Comisión también ha sido consciente de la necesidad de encontrar un equilibrio entre esta importante exigencia de datos y la reducción de los obstáculos a quienes tengan que facilitarlos. 
Quiero subrayar el hecho siguiente: al objeto de reducir las barreras administrativas que afectan a las pequeñas empresas, las empresas con menos de 10 empleados quedarán excluidas de las inspecciones, a menos que contribuyan significativamente a la generación de residuos. 
Esta excepción en beneficio de las pequeñas empresas se extienda a toda la normativa. 
Además, quiero recordar que la normativa prevé un período transitorio de hasta tres años y que dicho período transitorio está estrechamente vinculado a los estudios piloto, dirigidos a encontrar los métodos más eficientes desde el punto de vista de los costes para la obtención de datos. 
La Comisión acoge con satisfacción la propuesta sobre la periodicidad con que deben facilitarse los datos, que será de dos años. 
La Comisión toma nota de que los Estados miembros facilitarán actualizaciones anuales sobre diversos grupos de datos agregados. 
Estos datos agregados hacen referencia, por ejemplo, a algunos de los indicadores estructurales necesarios para el informe anual de primavera de la Comisión, acordado en el Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo quisiera retirar el apoyo a las enmiendas 68 y 69. Fue una solicitud común de la ponente y mía en nombre de nuestros Grupos pues queríamos dirigirnos al Consejo que deseaba tener ya una solución, pero contra la línea de la comisión. 
Sin embargo, el Consejo no nos ha correspondido en absoluto y mi idea del procedimiento de codecisión no es la de que en la primera lectura cedamos en puntos esenciales de negociación sin recibir ninguna cosa a cambio. 
Votaremos en contra de las dos enmiendas. 
Naturalmente, los servicios lingüísticos harán un atento control sobre la base de lo que ha señalado, señor Wieland, para que el texto sea el que usted correctamente ha indicado. 
Sobre la enmienda nº 14: 
Señor Presidente, quiero que en la enmienda nº 14, apartado 2, letra f) se añada, después de 'buques marítimos? , la expresión' buques de vías interiores navegables?. 
Se debe a un descuido mío que la comisión omitiese esta expresión. 
Se lo he planteado al ponente y él está de acuerdo. 
Señor Presidente, no quería intervenir hasta que se celebrase la votación sobre la segunda parte. 
Quiero señalar que en la segunda parte hay un error técnico en la versión inglesa. 
La velocidad debe ser de 0,15 m/s, mientras que en el texto inglés consta 0,015 m/s. La primera es la correcta. 
También será aportada la corrección en la versión inglesa, señor Miller. 
El texto que tengo yo ya está corregido. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0189/2002) , del Sr. Ceyhun en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión-marco del Consejo relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia (COM (2001) 664- C5-0689/2001- 2001/0270 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0115/2002) , del Sr. McKenna en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la conclusión por la Comunidad Europea del Convenio sobre la conservación y gestión de los recursos pesqueros en el Atlántico Suroriental (COM (2001) 679- C5-0666/2001- 2001/0280 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Propuesta de resolución común 
. (FR) Creo muy firmemente en las posibilidades de desarrollo de los bio-carburantes derivados de materias primas agrícolas; uno de los rasgos de la multifuncionalidad de nuestra agricultura es poder producir alimentos y energía; esta última supone un sector que, con una producción de 570 000 toneladas anuales, está todavía en sus inicios, y va camino de experimentar en los años venideros un importante crecimiento en volumen, en rendimiento energético y en mejora de su balance ecológico. 
He respaldado las medidas tendentes a una fiscalidad diferenciada; las tasas que gravan a los productos petroleros deberán considerarse cada vez más como una ecotasa destinada a penalizar a los carburantes de origen fósil por sus efectos negativos externos: duración limitada y contribución al efecto invernadero. 
En cambio, los bio-carburantes son un recurso limpio, renovable, autóctono y perfectamente neutro en cuanto al efecto invernadero. 
He apoyado las medidas que fijan para los Estados miembros objetivos concretos y crecientes de utilización de los bio-carburantes en el pool de los carburantes, y lamento que el Parlamento haya suavizado el carácter obligatorio de estas medidas. 
Finalmente, lamento que no se nos haya secundado en las disposiciones orientadas a evitar que las medidas adoptadas se traduzcan en un incremento de las importaciones de bio-carburantes y de sus materias primas. 
. (SV) Los socialdemócratas suecos votamos en contra de la enmienda 33, 3a, que propone que los ascensores sólo deberán ser usados por personas con limitaciones físicas. 
Opinamos que esos sencillos equipos también deben ser accesibles para otras personas que puedan necesitarlos. 
. (FR) Este informe exige que la certificación de los equipos y ascensores parta de criterios que incrementen la seguridad para los usuarios. 
Por tanto, hemos votado a su favor, a pesar de que las medidas propuestas no se aplicarán más que a los equipos nuevos, y sólo afectarán excepcionalmente a los aparatos antiguos. 
Aunque se hace hincapié en la obligación de mantener en buen estado los aparatos en uso, la materialización de esta voluntad puede ponerse en tela de juicio. 
Recientemente, en Francia, la prensa se ha hecho eco de una serie de accidentes en ascensores de viviendas modestas (HLM) , que han provocado la muerte de varias personas. 
El sindicato "CGT Ascensores" ha recordado que lleva mucho tiempo denunciando la escasez crónica de técnicos de mantenimiento, que se ven obligados a asumir el mantenimiento de entre el doble y el triple de aparatos que hace 20 años. 
A esto hay que añadir el hecho de que el parque de viviendas HLM está envejeciendo, al igual que sus equipamientos, y cada vez está más abandonado por los poderes públicos. 
Por tanto, el deseo de este informe de incrementar la seguridad al máximo, deseo que está claro y que nosotros compartimos, debería ir acompañado de medidas obligatorias que impidieran la comercialización de equipos poco seguros, y de la obligatoriedad de destinar medios técnicos y humanos suficientes al mantenimiento de estos equipos, así como a su sustitución inmediata cuando se considere necesario. 
. (NL) Señor Presidente, este tema pudiera no parecer más que un asunto técnico en el cual no se plantean alternativas políticas importantes. 
Pero no es ésa la realidad, porque puede tener importantes consecuencias tanto para la protección del consumidor como para el bienestar y la salud de los trabajadores. 
En virtud del artículo 95 del Tratado relativo al mercado interno, la directiva sobre las máquinas deberá estar al servicio de la promoción del libre tráfico de mercancías. 
Afortunadamente, el punto 3 de ese artículo alude también a la consecución de un alto nivel de protección en materia de salud pública y de seguridad y protección del consumidor. La cuestión es si realmente se cumple lo estipulado. 
Aunque no se ha investigado lo suficiente este asunto, parece que la directiva actual no ha tenido el efecto de conseguir un descenso apreciable de los accidentes laborales. 
Tampoco espero que de la revisión de la directiva se alcancen grandes resultados, cosa que, desde luego, ocurrirá si sigue existiendo confusión sobre su aplicación. 
La primera limitación de la directiva consiste en que se otorga el máximo valor oficial a la autocertificación, la llamada ' Conformidad Europea? , que funciona con la marca de la UE, y que ofrece menos garantías que los antiguos organismos nacionales, tal como el KEMA de los Países Bajos para los aparatos eléctricos. 
La segunda razón es que se excluye de la directiva a, entre otros, los vehículos, los interruptores, los generadores, las escaleras mecánicas y los pequeños ascensores. 
. (SV) Los socialdemócratas suecos optamos por votar a favor de la resolución en su conjunto y de la enmienda 12. 
Con esta explicación de voto queremos aclarar nuestra postura. 
La enmienda 12 es contundente en su intención de combatir el racismo y la xenofobia. 
La constitución sueca da sólida protección a las libertades y derechos fundamentales. 
Algunas partes de la enmienda 12, especialmente el punto f, pueden contravenir el derecho a asociación consagrado en nuestra constitución. 
No respaldaremos un atropello o una modificación a nuestra constitución. 
La explicación de nuestro apoyo a la enmienda 12 y a la resolución en su conjunto es que el informe es evidentemente mejor que la propuesta originaria de la Comisión. 
Es importante que el Parlamento Europeo adopte una inequívoca postura contra el racismo y la xenofobia. 
. (FR) Consideramos que la propuesta de decisión-marco sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia presentada por la Comisión carece de base legal, desde dos puntos de vista. 
1. 
Tiende a aproximar entre los Estados miembros las normas de derecho penal, y particularmente las sanciones, basándose en los artículos 29, 31 y 34, párrafo 2, del Tratado de la Unión Europea. 
Pero estos artículos no confieren esta competencia para la lucha contra el racismo. 
2. 
Efectivamente, uno de los objetivos de la cooperación policial y judicial del Título VI TUE es, entre otros, luchar contra 'el racismo y la xenofobia? , pero la propuesta de la Comisión amplía de motu propio la definición de estos términos, añadiendo al rechazo motivado por la raza o por el origen nacional aquel que se deriva' de la religión o de las convicciones? (artículo 3). 
Si cambiar a posteriori el sentido de las palabras fuera suficiente para ampliar las competencias establecidas por el tratado, sería demasiado fácil, y todos lo sabríamos. 
Finalmente, esta tentativa de extensión abusiva de la definición de racismo hace temer una fiscalización policial del pensamiento a escala europea, y por este motivo debe ser igualmente rechazada. 
. (DA) Para empezar, queremos dejar sentado que de ningún modo somos contrarios a la lucha contra el racismo y la xenofobia, el objetivo mismo del informe. 
No obstante, hemos optado por votar en contra de la propuesta pues tenemos la firme convicción de que lo mejor es que los propios Estados miembros se hagan cargo de las cuestiones relativas a los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior. 
Además, dudamos del fundamento jurídico de esta decisión marco, que con sus instrucciones muy específicas toma el carácter de una aprobación supranacional. 
. (EN) Coincidimos plenamente en la necesidad de combatir el racismo y la xenofobia, y acogemos con satisfacción que la Comisión Europea reconozca la necesidad de luchar contra el racismo y la xenofobia. 
No obstante, no apoyaremos el informe Ceyhun por diversas razones. 
En primer lugar, el informe presta muy poca atención a lucha política contra el racismo y la xenofobia, y se centra básicamente en las medidas judiciales que pueden adoptarse. 
Sin embargo, los ataques y discriminaciones racistas y xenófobos se producen en las esferas sociales y económicas, y deben ser combatidos con medidas que eliminen estas discriminaciones, que se dan también en formas institucionalizadas. 
En la lucha contra el racismo y la xenofobia no puede considerarse suficiente un planteamiento estrictamente limitado al Derecho penal. 
En segundo lugar, el informe centra su atención en las restricciones legales a las ideologías racistas y xenófobas y no en los actos motivados por el racismo y la xenofobia. 
Criminalizar las ideas supone un intento de censura y aparta la atención de los ataques violentos criminales que sufren las personas de color y los extranjeros. 
En lugar de un planteamiento de 'vigilancia de las ideas? , nos decantamos por el planteamiento de una legislación' que odie el delito? que considere las motivaciones de un crimen racistas y xenófobas como una circunstancia agravante y aumente las penas impuestas a estos delitos. 
(Acortada en aplicación del apartado 1, del artículo 137 del Reglamento) 
. (FR) Hoy, frente a la creciente amenaza que representan los resultados electorales de la extrema derecha en Europa, debemos mostrar, más que nunca, nuestra determinación a defender el conjunto de valores y de principios fundamentales de nuestro régimen democrático. 
Los representantes de formaciones políticas democráticas tienen el deber de confirmar su compromiso de no respaldar a ninguna coalición política, ni a formación o partido alguno que defienda ideologías o propuestas susceptibles de atentar contra los principios democráticos que son la base de nuestro sistema político. 
Dentro del debate democrático, y con ocasión de las campañas electorales, debemos también comprometernos a condenar cualquier discurso, cualquier actitud demagógica que pretenda amplificar artificialmente los temores que son campo de cultivo para las formaciones de extrema derecha. 
Por ende, es deseable que los miembros electos de nuestros partidos en su conjunto se adhieran a un código de buena conducta, para definir la actitud que han de adoptar frente a las formaciones que hacen peligrar los principios democráticos de nuestro sistema político. 
. (FR) El propio ponente es una prueba de que Europa no es racista. 
El Sr. Ozan Ceyhun, turco de nacimiento, ha sido elegido por los votantes alemanes. 
Y no creo que haya muchos hijos de residentes europeos en el Parlamento turco. 
Seguimos enfrentándonos al mismo argumento: si rechazan la política de inmigración, los europeos son racistas. 
Es una inculpación forzosa, una inquisición moral y un permanente condicionamiento psíquico. 
El informe Ceyhun supone un paso más en el camino hacia el totalitarismo moral. 
Presenta una definición tan amplia de la infracción de carácter racista que resulta difícil determinar qué no es racista. 
Así, la mera referencia al origen nacional puede ser considerada como un acto racista o de discriminación racial. 
En última instancia, al simple hecho de reservar los puestos públicos o el derecho al voto para los nacionales le sería de aplicación esta aberrante legislación. 
Incluye también un arsenal represivo, que sanciona la expresión de las ideas. 
La libertad de expresión se volatiliza ante el principio del cosmopolitismo forzoso. 
Este delirio del ' anti-racismo? es el incentivo psicológico del proceso de colonización general de Europa. 
Al final, este informe reconoce implícitamente un solo derecho: el derecho a callarse y a sumarse a aquellos que destruyen nuestras libertades y nuestras identidades. 
Este documento es el manifiesto de los colaboradores de las futuras ocupaciones extranjeras. 
Pasamos a la resistencia. 
. (EN) Indudablemente, el racismo es un fenómeno peligroso e inaceptable. 
No obstante, en Gran Bretaña hemos modificado nuestras leyes para hacer frente a estas situaciones en la forma que mejor se adapta a nuestras circunstancias y reflejar la mejoría de las relaciones interraciales (al menos hasta 1997). 
El delito de xenofobia depara enormes dificultades probatorias y no tiene un encaje directo en el Derecho penal británico. 
En estas circunstancias, preferimos continuar con nuestras políticas y sanciones. 
Esta decisión marco, si se lleva a la práctica, también desafía valores tradicionales de la libertad de expresión, y ello va en detrimento, y no en beneficio, de las buenas relaciones interraciales, que es lo que todos deseamos. 
A los conservadores británicos no les gusta abstenerse en materia de lucha contra el racismo, pero deben hacerlo en esta ocasión por las razones expuestas. 
. (DA) Tengo dos motivos fundamentales para votar en contra de la propuesta: 
1. 
Las acciones en contra del embrutecimiento que se plasma en el racismo y la xenofobia no deben convertirse en sanciones penales, en las que está basada la propuesta. 
La criminalización es en el mejor de los casos inútil, en el peor de los casos contraproducente- y entraña, además, una serie de efectos nocivos, entre ellos, una mutilación de la libertad de expresión. 
2.? Un acceso penal común en la UE? , en el que está basada la propuesta, carece de base jurídica en el Título IV del Tratado. 
Verdaderamente se trata de una regulación tan amplia tanto de objetivos como de medios que la decisión no puede adoptarse bajo la forma de? decisión marco?. 
A esto hay que añadir que? el racismo y la xenofobia? no están incluidos dentro de los tipos de delitos que pueden regularse en virtud del artículo 31, la letra e) (? delincuencia organizada, terrorismo y tráfico ilícito de drogas? ). 
La decisión marco choca por tanto con el Tratado y supone una clara violación de la excepción danesa en materia de justicia y asuntos de interior. 
. (SV) Respaldamos el informe Ceyhun, que constituye una meritoria contribución en la lucha contra el racismo y la xenofobia en Europa. 
El racismo se contrapone abiertamente a los valores en que se asienta la Unión Europea: derechos humanos, igualdad, libertad y democracia. 
Una definición común de los delitos de racismo y de xenofobia y la armonización de la tipificación de éstos pueden ser importantes herramientas para combatir atropellos o acoso contra personas o grupos. 
Asimismo, nuestro deber como demócratas es discutir con los racistas. 
Si conseguimos destruir sus argumentos, habremos hecho un gran servicio a la democracia y a la tolerancia. 
La libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de prensa son libertades esenciales y, por regla general, jamás deben ser restringidas. 
Estas libertades están consagradas en la constitución sueca y hay que sopesar minuciosamente su limitación. 
Por eso resulta difícil el equilibrio entre esas libertades y la eficacia en la lucha contra el racismo y la xenofobia. 
En estas circunstancias, respaldamos con ciertas dudas la propuesta de prohibir la distribución de escritos y la que, en la práctica, implica que se penaliza la pertenencia a determinadas organizaciones. 
. (FR) Ahora que tanto se habla de suavizar la legislación comunitaria, creo que esta propuesta de la Comisión es inútil e incongruente. 
Está claro que hay que luchar contra el racismo en todas sus formas, y los primeros que deben hacerlo son los Estados. Además, todos ellos cuentan con una legislación específica (a pesar de que la represión judicial no es ciertamente la solución adecuada). 
Después de todo, ¿no impone la subsidiariedad el hecho de que la Unión sólo se ocupe de una cuestión si Europa aporta una ' plusvalía?? 
La existencia de actos calificados de racistas en los Estados- calificación que debe ponerse en tela de juicio, dado que no existe ' ningún criterio uniforme para la obtención de información sobre los incidentes racistas? -no justifica en absoluto esta intolerable ingerencia en las políticas penales internacionales. 
Esta propuesta es una fantasmada- ¡al parecer, existiría una especie de internacional negra del racismo! -, e incluso una manipulación ideológica; estas propuestas liberticidas suponen una grave violación de la libertad de expresión, y su único objetivo es satisfacer las reivindicaciones de entidades supuestamente responsables de proteger los derechos humanos. 
Aquí, Europa no es más que el Caballo de Troya de grupúsculos moralizantes que practican el ajuste de cuentas y que de hecho intentan eliminar a sus adversarios políticos. 
. (EN) Señor Presidente, presto todo mi apoyo a esta propuesta de resolución, que tendrá un considerable efecto disuasorio sobre quienes cometan actos delictivos racistas. 
Al facilitar el procesamiento por delitos racistas, la intolerancia religiosa y racista podría disminuir considerablemente. 
En efecto, al extender el alcance de lo que se entiende por comportamiento racista para incluir actos que puedan ser considerados amenazadores, injuriosos o insultantes, esta resolución representa una consolidación de los principios de libertad y de los derechos humanos, principios sobre los que se basa la UE y sus Estados miembros. 
Es positivo que se haya aprobado la enmienda- que apoyamos- en la que se condena la acción de las autoridades españolas que impidieron a un grupo de ciudadanos portugueses, incluido un diputado nacional, cruzar la frontera para participar en una manifestación autorizada en Sevilla, al margen del Consejo Europeo, por considerar que dicha acción era contraria a los principios y las libertades fundamentales consagrados en los Tratados. 
Pero la resolución común tiene muchas lagunas que abordábamos en la resolución del Grupo GUE (pero que, lamentablemente, fue rechazada) y muchos aspectos negativos, en particular por no criticar los aspectos represivos y de seguridad de la política de inmigración, por insistir en el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y de las orientaciones monetarias y por propugnar la profundización de las vías federalistas en varios aspectos de la política comunitaria. 
Así, a pesar de que hemos votado a favor de algunos puntos, como la enmienda que condena las acciones de las autoridades españolas en la frontera luso-española, hemos votado en contra de la resolución común. 
. (EL) El Consejo Europeo de Sevilla ha levantado aún más los muros de la Europa fortaleza, con la adopción de medidas que contribuyen a reforzar la xenofobia y el racismo, y a enmascarar la inhumana política liberal de la UE y los países miembros, convirtiendo a los inmigrantes y a sus países de origen en víctimas propiciatorias. 
Insiste en la antipopular política de la competitividad, las privatizaciones y la liberalización de los mercados; una política que aumenta los beneficios del gran capital y empeora la situación de los trabajadores, lo que provoca su justificada reacción. 
Refuerza la militarización y el autoritarismo de la UE, prevé el envío de tropas a Bosnia y la ARYM y la creación de nuevos entes policiales al objeto de facilitar la implantación del nuevo orden, el tratamiento de las contradicciones intraimperialistas y la represión del movimientos de resistencia y contraofensiva de los trabajadores. 
Muestra de esta política autoritaria fueron la fortaleza que se levantó en torno al espacio de reunión del Consejo, el intento de aterrorizar a los ciudadanos, la prohibición del recorrido de la manifestación y la prohibición de entrada en España a manifestantes procedentes de otros países. 
Estas grandiosas manifestaciones, esta conjunción de tan amplias capas sociales que se opone a esos planes, la formación de frente antiimperialista y antimonopolista, serán, sin duda alguna, la respuesta de los trabajadores para dar al traste con semejante política. 
Los diputados del Partido Comunista de Grecia al Parlamento Europeo hemos votado en contra de la resolución común, puesto que viene a coincidir con esa nefasta política. 
. (FR) Lo que la opinión pública recordará de la Cumbre de Sevilla será, sin lugar a dudas, el programa europeo de lucha contra la inmigración. 
Obsesionados por los resultados electorales de la extrema derecha, los jefes de Estado y de gobierno han puesto a punto un amplio arsenal represivo y de seguridad pública, pero no han abordado las causas últimas de la inmigración, ni tampoco han querido buscar otras soluciones distintas de la extradición para los inmigrantes que residen y trabajan en Europa. 
Por otra parte, es paradójico que simultáneamente, en Sevilla, 450 trabajadores agrícolas sin papeles, originarios en su mayoría de Argelia, hayan ocupado la universidad para intentar regularizar su situación. 
Ellos eran los que planteaban las verdaderas cuestiones: la de la deuda que su país de origen ha contraído con el FMI, y que deja a la población en la más absoluta de las miserias; la de las mafias que se aprovechan de la Europa-fortaleza; la de los patrones que engañan a esta mano de obra clandestina, despreciando la legislación laboral y los derechos humanos. 
La urgencia hay que aplicársela a otra política: la condonación de la deuda del Tercer Mundo, la supresión del apoyo de Europa a los dictadores, la regularización de los sin papeles y la apertura de las fronteras. 
Por cierto, que el Estado español ha hecho caso omiso de los tratados, bloqueando durante la Cumbre a ciudadanos portugueses en la frontera. 
(Explicación de voto acortada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (FR) Una vez más, los resultados de una Cumbre Europea, en este caso, los de la Cumbre de Sevilla, ponen de manifiesto que la construcción comunitaria sigue avanzando por un callejón sin salida. 
Si en la década de los 90 se produjo una aceleración de la integración siguiendo una lógica federal, parece que, desde el Tratado de Niza, las naciones empiezan a hacer oír de nuevo su voz. 
Las conclusiones de la Cumbre de Sevilla lo confirman: los expedientes de más calado han sido mayoritariamente pospuestos, debido a los desacuerdos surgidos entre unas naciones preocupadas por dar prioridad a su soberanía y a sus intereses. 
En cuanto a la inmigración, felizmente, el régimen de sanciones contra los países de origen de los ilegales que algunos gobiernos querían implantar no ha prosperado. 
Liderados por Francia, varios países han rechazado este tipo de medidas, que son contrarias a la antigua y sólida tradición que les caracteriza como países de acogida. Estas medidas habrían degradado sus vínculos históricos con los Estados de origen de los ilegales. 
Tampoco se ha presentado ninguna reforma concreta al funcionamiento de la PAC ni al del Consejo de Ministros. 
Todo esto da a entender que los Estados miembros tienen intereses divergentes, y demuestra, como si a estas alturas hiciera falta alguna prueba de ello, que no se puede seguir avanzando en la construcción europea prescindiendo de estas realidades. 
. (NL) Señor Presidente, la política de la Presidencia española del Consejo, durante el primer semestre del año 2002, ha arrojado el mismo tipo de resultados que la política interior del Gobierno español. 
Estaba enfocada al pasado, no al futuro. 
Sus prioridades eran las de retirar aun más al Gobierno de la actividad económica y reforzar el carácter autoritario y militarizado de lo que entonces quedara de él. 
De esa manera se crea un mayor espacio de maniobra para los dirigentes y menor para los ciudadanos críticos. 
Parece un intento de retrotraer a la Unión Europea en su totalidad al siglo diecinueve, es decir, a la época anterior al surgimiento de los movimientos obreros y ecologistas y anterior a la introducción del derecho al sufragio universal. 
Afortunadamente, el Parlamento ha enmendado una propuesta sobre la adopción de medidas de seguridad para los prominentes. Y, afortunadamente una vez más, la Presidencia española, que estaba en contra de mi informe sobre el mercado del transporte público, tampoco ha conseguido lograr una mayoría para llevar a cabo privatizaciones en gran escala, cosa que pretendía durante el debate sobre aquel. 
La Cumbre de Sevilla no ha contribuido a solucionar los problemas financieros que se interponen en el camino de la ampliación, en ella no se ha alcanzado un entendimiento sobre las 14 delegaciones de la UE, para las que aún se debe encontrar una sede, y, una vez más, la Presidencia española se ha manifestado contra la inmigración sin proponer ninguna solución para ello. 
En la Cumbre de Sevilla destacaron tres temas principales; primero, la aprobación de una serie de medidas relativas a la organización del Consejo Europeo y del Consejo, que, sin afectar al principio de igualdad entre los Estados, permitirán un mejor y más eficaz funcionamiento de esos órganos; después, la reafirmación positiva del calendario previsto para la conclusión de las negociaciones con los países candidatos que se adherirán a la Unión Europea en una primera fase, respetando el principio del mérito y la diferenciación; y, por último, la adopción de una posición firme en lo relativo a la lucha contra la inmigración ilegal y clandestina, sin por ello poner en entredicho los compromisos de desarrollo y cooperación con los países de origen de la corriente o paso de las corrientes migratorias y su participación en esa lucha. 
También es de destacar, por su importancia y significado, la clara posición del Consejo en cuanto a la necesidad de fortalecer en las políticas de la Unión el componente de las regiones ultraperiféricas, dadas sus especificidades. 
Ese conjunto de temas está suficiente y adecuadamente expuesto en la resolución común que se acaba de aprobar, pese a tratarse de un texto de transacción, razón por la cual la he subscrito y he votado. 
En la conclusión de la Presidencia española, en la Cumbre de Sevilla, acojo con particular beneplácito el punto que contribuyó a reanimar el enfoque en las regiones ultraperiféricas y también el párrafo correspondiente en la resolución que hemos aprobado. 
Las Azores y Madeira, en el caso portugués, bien merecían esa atención para no dejar que el apartado 2 del artículo 299 del Tratado de Ámsterdam cayera en el olvido o en desuso. 
Por desgracia, en los dos últimos años, ni la Presidencia portuguesa ni la Presidencia francesa (entonces con gobiernos socialistas) dieron impulso nuevo alguno a ese importante aspecto de los Tratados, cuando resulta que Portugal y Francia, además de España, son los Estados miembros con regiones ultraperiféricas. 
Ha sido necesario esperar a la Presidencia española (no socialista) y al impulso del nuevo Gobierno portugués para que se volviera por fin a examinar ese asunto con la debida relevancia. 
Estaremos atentos a su desarrollo de aquí al final de este año. 
. (NL) Señor Presidente, al igual que mi Grupo, he votado en contra de la enmienda 1 presentada por el Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas (ELDR) porque no le corresponde al Parlamento Europeo dictar a los Parlamentos nacionales cómo deben abordar los tratados de ampliación previstos. 
Sin duda, el Consejo Europeo hará propuestas, ante las cuales los Parlamentos nacionales podrán reaccionar de forma individual. 
Será decisión de los Parlamentos nacionales si discuten estos tratados individualmente o en bloque. 
. (FR) ¿Cómo no retomar los términos de esta resolución, que afirma que ' todo ser humano tiene derecho a acceder a unos alimentos sanos y nutritivos, y a un agua no contaminada, así como el derecho fundamental a ser protegido?? 
¿Cómo no sentirse indignado ante el dato que se menciona de 815 millones de personas que pasan hambre en el mundo? 
Nuestro voto positivo se basa exclusivamente en este aspecto del texto. 
Porque, además, ¿Cómo no indignarse ante la hipocresía de esta unanimidad de todos los partidos que, en su mayoría, han respaldado todas las políticas infames aplicadas por las grandes potencias imperialistas para apoyar a sus trusts y a sus grupos financieros, que son directa o indirectamente responsables de esta situación? 
Los medios materiales y la riqueza acumulada son se sobra suficientes para garantizarle a todos los seres humanos el acceso a los alimentos y al agua. 
Pero estas riquezas están acaparadas por un pequeño número de grandes grupos, que no sólo se niegan a renunciar ni siquiera a una mínima parte para ayudar a esta humanidad que está sufriendo, sino que siguen enriqueciéndose a sus expensas. 
La resolución termina allí dónde empiezan los problemas. 
Lo que ha permitido que todos los partidos participen en su redacción es precisamente su carácter hipócrita a la hora de denunciar, y cobarde a la hora de proponer. 
. Al igual que ya ocurrió en la Conferencia de Monterrey, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación ha sido, lamentablemente, una nueva oportunidad perdida. 
La UE y los Estados miembros tenían en sus manos la posibilidad de demostrar no sólo con palabras sino con hechos su compromiso con el combate que las Naciones Unidas han emprendido para acabar con la pobreza y el hambre en el mundo. 
Pero una vez más nos hemos quedado en las grandes declaraciones de principios y no hemos sido capaces de adoptar las medidas y destinar los recursos necesarios para traducir las palabras en hechos. 
Seguimos afirmando el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos pero somos incapaces de emprender actuaciones que permitan el ejercicio de este derecho a los más pobres. 
Nos limitamos a reiterar el compromiso de reducir a la mitad para el año 2015 el número de personas desnutridas, lo que no sólo es absolutamente insuficiente sino, además, hoy ya imposible de cumplir de no adoptarse medidas generosas y eficaces. 
Por ello he votado a favor de la Resolución sobre la Cumbre de Roma. 
Porque en ella se proponen soluciones que pretenden ir a la raíz del problema y atacar no sólo las consecuencias sino también las causas que provocan la pobreza y la falta de alimentos en el mundo. 
(Explicación de voto acortada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (IT) La Cumbre de Roma ha mostrado de nuevo la diferencia entre Norte y Sur en el mundo. 
Uno de los problemas más graves sigue siendo la falta de agua, por lo que se refiere tanto a su potabilidad como a su utilización. 
La solución a este problema podría ser la constitución, por parte de los países miembros, de un fondo ad hoc que se usara, sin intermediaciones, para el estudio, la adquisición, la construcción y la gestión de acueductos y pozos. 
La lucha contra el hambre en el mundo no es una ' competición? de solidaridad fin en sí misma, sino la lucha contra la desesperación que lleva a millones de seres humanos a perseguir, en otro lugar, el sueño de una vida mejor. 
Por desgracia, en muchos casos se trata de un sueño irrealizable que choca contra la velocidad de los tiempos que el progreso nos impone y la lentitud en la realización de las intervenciones. 
Estamos seguros de que una mayor atención a las exigencias primarias de las economías de los países más pobres y a la búsqueda de soluciones in situ podrán dar vida a una solidaridad eficaz. 
Las propuestas de la Cumbre FAO de Roma parece que se orientan en esta dirección y en ellas converge el compromiso de todos los países participantes. 
Nuestra función es comprobar que los buenos propósitos se traduzcan en acciones concretas y soluciones directas e inmediatas. 
Con este deseo votamos a favor. 
. (EL) El Plenario ha aprobado hoy una resolución de protesta por la reciente ley de los Estados Unidos de America que pone al personal norteamericano fuera de la jurisdicción del recién creado Tribunal Penal Internacional, aun cuando se trate de personas acusadas de genocidio y crímenes de guerra. 
No cabe la menor duda de que el contenido de esa ley quebranta los principios fundamentales del Derecho Internacional y constituye, además, un alarde, no exento de exhibicionismo, de la inclinación a enseñorearse del mundo, del perfil altanero, beligerante e imperialista de los Estados Unidos. 
Cualquier persona bienintencionada, sin embargo, se pregunta: 
1. 
¿Ahora se ha acordado la UE de los principios del Derecho Internacional? 
¿Por qué no los aplicaba cuando en conjunto con los Estados Unidos bombardeaba a Yugoslavia, y, cuando después del 11 de septiembre, declaró «la guerra contra el terrorismo» y Afganistán, proclamando «todos somos norteamericanos»? 
2. 
¿Sobre qué principios ha constituido, junto con los Estados Unidos, la ilegal? de acuerdo con la Carta de la ONU? Corte Penal Internacional para juzgar al Presidente Milosevic y a cuantos se resistieron a la intervención otano-americana? 
3. 
¿Serán conducidos al nuevo Tribunal los dirigentes de la UE y la OTAN por sus crímenes en Yugoslavia y Afganistán, y por los que perpetren en el futuro? 
4. 
¿No será finalmente este Tribunal utilizado para pponer en el banquillo a la resistencia contra del nuevo orden imperialista? 
Dados todos estos interrogantes, los diputados del Partido Comunista de Grecia no podemos votar a favor de la resolución. 
Señor Presidente, ha sido para todos nosotros un motivo de gran satisfacción que el informe Medina Ortega haya sido aprobado por una mayoría tan amplia. 
Para muchos de nuestros electores, una mejor regulación del sector inmobiliario en régimen de tiempo compartido es una cuestión importante. 
Muchas personas de la Unión Europea- y, sin duda alguna, muchos de mis propios electores- han formulado graves quejas sobre comportamientos fraudulentos y abusos cometidos por los tiburones que operan en este mercado. 
Es ésta una cuestión muy desagradable, pues hay muchos operadores honrados, decentes y adecuados, por ejemplo los representados por la Organización Europea de Régimen de Tiempo Compartido, que me ha prestado una considerable ayuda en relación con mis electores. 
Estoy seguro de que otros también la habrán obtenido. 
El verdadero problema es la regulación del comportamiento fraudulento y garantizar que las personas que se encuentren en situaciones especialmente delicadas disfruten de una adecuada protección contra aquél. 
El riesgo de adoptar una normativa sectorial sobre un tipo particular de fraude radica en que simplemente se regule una parte y se dejen al margen las nuevas formas de fraude, que no son objeto de regulación o bien se subsumen en el Derecho penal general. 
Será muy importante que la Comisión estudie esto cuidadosamente y nos presente propuestas más sólidas. 
A todos los ciudadanos les interesa que actuemos adecuadamente en este ámbito. 
Invitamos a la Comisión a desarrollar el excelente informe de mi amigo y colega, Sr. Medina Ortega. 
Señor Presidente, al igual que Sir Neil MacCormick, acojo con satisfacción este informe, particularmente ahora que se introducen enmiendas para darle más mordiente. 
Cuando adoptamos la primera normativa sobre multipropiedad, esperaba que la larga cola de gente que venía a contarme sus problemas en esta materia se acabaría. 
Y así fue, efectivamente, durante un tiempo, pero la cola comenzó de nuevo porque, tan pronto como se aprueba una normativa, los defraudadores pasan a otro campo. 
El último chanchullo consiste, básicamente, en crear los denominados clubes de vacaciones. 
Me complace que estemos tomando medidas al respeto. 
Es importante recordar que, por cuanto respecta al acercamiento a los ciudadanos de la Unión Europea, nos corresponde tomar medidas en asuntos como éste, que es tan importante, de modo que la gente perciba que es parte de una Europa de los ciudadanos y que se tienen problemas en un país, pueden reclamar adecuadamente mediante el sistema legal. 
Afortunadamente, como ha dicho Sir Neil, ahora contamos con diversas organizaciones que trabajan muy duramente en este sector y la situación ha mejorado. 
. (EN) Acojo con satisfacción los puntos resaltados por el Sr. Busk y la Sra. Attwooll en sus respectivos informes. 
Es evidente que hay una necesidad de mejorar diversos aspectos del seguimiento de la política pesquera común y de las sanciones adecuadas que se impongan a quienes la incumplan. 
El asunto fundamental es que si queremos llamar a esta política, política ' común? , tenemos que garantizar unas condiciones de igualdad. 
Ello vale para todos los aspectos de la PPC. 
Los diputados que, como yo mismo, representan a regiones costeras de la Unión dependientes en un amplia medida de la pesca, tienen fundamentalmente en la cabeza las recientes propuestas de la Comisión sobre la reforma de la PPC. 
Las propuestas, en su perfil actual, son simplemente insostenibles. 
En ella se presta muy poca atención al impacto socio-económico en las regiones a que me he referido. 
No creamos unas condiciones de igualdad si seguimos socavando la precaria situación de familias y comunidades para las que el sector pesquero es la única fuente de empleo local y, al mismo tiempo, no examinamos los excesos de la pesca industrial, en particular si afirmamos estar aplicando una política basada en el desarrollo sostenible y una protección medioambiental firme. 
Como se dice en el informe, el cumplimiento de la Política Pesquera Común depende en gran medida de la participación de los pescadores y sus asociaciones en el proceso de adopción de decisiones, por lo que es fundamental avanzar con la cogestión. 
Igualmente importante es que el informe subraye que la responsabilidad del control de la aplicación de la legislación comunitaria incumbe sobre todo a los Estados miembros y así debe permanecer, aunque con mayor cooperación y fiscalización y no con una total centralización. 
Con todo, el informe es bastante crítico en relación con el incumplimiento por parte de los Estados miembros de la notificación de capturas, infracciones y otras informaciones en la esfera de la PPC. 
Parece que sólo Portugal cumple todas las decisiones, ya sea en el caso de las infracciones de los reglamentos o en el de los POP. 
De modo que resulta profundamente lamentable que aparezca ahora la Comisión, con la propuesta de revisión, a intentar tratar a todos los países del mismo modo, lo que significaría una penalización de Portugal por haber sido buen cumplidor. 
. (EN) La Comisión debe redoblar sus esfuerzos para garantizar unas condiciones de igualdad mediante una mayor cooperación entre todas las partes interesadas. 
Los pescadores deben participar en la elaboración y aplicación de las normas dentro de un sistema de gestión zonal, un sistema que facilite la aceptación de estas normas y haga más efectiva su aplicación. 
Para su seguimiento y control efectivos, debe disponerse de recursos presupuestarios y humanos adecuados. 
Una cuestión fundamental que suscitan las propuestas de la Comisión sobre la reforma de la PPC es la propuesta de abrir el acceso al Mar del Norte y dejar que una zona marítima con unos caladeros esquilmados sean gestionados sin más mediante máximos autorizados de capturas y el sistema de cuotas. 
Sin una inversión comprometida en el control y el seguimiento, el Mar del Norte se convertirá en el escenario de una potencial contienda que podría diezmar aún más los caladeros y acabar con las frágiles comunidades dependientes de la pesca. 
Por tanto, insto a la Comisión a que asuma todas estas reflexiones y garantice que se den unas condiciones de igualdad. 
No abrir en ningún caso el Mar del Norte mientras que no se perciba, o no se demuestre, que el actual sistema de observancia es justo o suficientemente fundado como para garantizar que la pesca ilegal sea erradicada. 
La disminución de la capacidad de pesca de los países miembros sigue siendo un elemento constitutivo fundamental de la nueva Política Pesquera Común, que se manifiesta a través de la reducción de la flota pesquera, y, más en general, de la pesca propiamente dicha. 
Es, pues continuación de la anterior PPC que ya tuvo serias consecuencias para las pequeñas y medianas empresas pesqueras. 
Con la propuesta de revisión estas consecuencias negativas se multiplicarán, ya que se intensificará la destrucción de embarcaciones pesqueras, y las posibilidades de modernización del resto de las embarcaciones se reducirán, si es que no desaparecen completamente, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas. 
Todo lo supuestamente previsto sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en realidad no obedece sino al fin de limitar a los pequeños pescadores el acceso a la riqueza pesquera y entregar ésta para su saqueo y explotación por el gran capital y sus empresas pesqueras. 
Para que estos planes pasen más fácilmente, y sin reacción alguna, vienen acompañados por supuestas medidas de jubilación anticipada, y reciclaje de los pescadores que encaminarán sus pasos hacia otros oficios. 
Las pespectivas y consecuencias de la nueva PPC serán trágicas para las regiones de la UE que por su historia y por las características de su tejido productivo fundamentan su economía en la pesca. 
Con la aplicación de las nuevas medidas, crecerá el ritmo de abandonos de la actividad pesquera, se perderá una parte importante de su renta, aumentará el paro, y crecerá igualmente, la corriente de abandono de las regiones remotas e insulares. 
Si en unos países existe una enorme cantidad de controles de velocidad, en otros sólo se controlan las infracciones graves. 
La conservación de la población piscícola no es asunto comunitario, pero la política de pesca sí. 
Lamentablemente, el control de los pescadores adquiere formas tan diversas como los mencionados controles de tráfico. 
Peor aun, se ha visto que los servicios nacionales de inspección, ante idénticas infracciones a los pescadores de los Estados miembros vecinos les imponen sanciones superiores a las que imponen a los pescadores del propio país. 
La diferencia en tipo y frecuencia de los controles y de las sanciones por Estado miembro mina la política comunitaria de pesca. 
Con razón claman los pescadores neerlandeses que se cree una estructura europea de inspección y control. 
Es urgente la armonización de la política de control y de imposición de sanciones, ya que está en juego la credibilidad de nuestra política de pesca. 
Las organizaciones neerlandesas de productores ejercen un control mutuo sobre extralimitaciones en la cuota. 
Este ejemplo merece que se siga en otros Estados miembros. 
Y es que es absurdo que no sepamos si todos los pescadores europeos se ciñen a la cuota o no. 
. (EN) Señor Presidente, presto mi apoyo incondicional a este informe, que centra su atención en la importancia de los mercados de trabajo locales. 
A la hora de examinar las tasas de ocupación, centramos nuestra atención demasiado a menudo en el entorno macroeconómico, puesto que los mercados de trabajo locales contribuyen notablemente al buen funcionamiento general y al dinamismo de la economía. 
Dado que la UE centra cada vez más sus esfuerzos en el empleo, en buena medida bajo los auspicios de la estrategia de Lisboa, se recibe con gran satisfacción el llamamiento a un proceso ascendente. 
En efecto, los operadores locales que conocen las condiciones locales son los mejor ubicados para planear los cambios necesarios que las economías locales puedan necesitar acometer. 
Este informe también resulta especialmente recomendable por atender en particular a todas las partes integrantes de las economías locales: la promoción de las iniciativas empresariales de las mujeres, por ejemplo, es relativamente innovadora y podría preparar el camino para nuevos tipos de innovación y el crecimiento económico. 
El hecho de que la UE se ocupe de las ' normas fundamentales del trabajo? es, sin duda alguna, resultado de la presión del movimiento popular y de las grandes manifestaciones de Seattle, Génova, etcétera. 
Destacamos que su interés rezuma hipocresía, desde el momento en que la directriz es que la llamada globalización contribuye al respeto a las normas fundamentales del trabajo. 
Hacen, pues, comulgar con ruedas de molino, intentan convencer de que el imperio mundial del capital, la fagocitación de las riquezas del planeta, y el aumento de la explotación de los trabajadores tienen resultados positivos en los países del tercer mundo. 
La posición de la UE resulta aún más hipócrita al autopromocionarse como paraíso laboral al mismo tiempo en que está desencadenando un ataque sin precedentes contra las conquistras de los trabajadores. 
Al no enfrentarse a las causas profundas del problema, es natural que las propuestas de la Comisión, e igualmente las de la Comisión Europea se antojen insuficientes cuando no ridículas. 
Partiendo de la verdad histórica de que todo cuanto ha conquistado la clase obrera es resultado de luchas y sacrficio, y no de la filantropía de la burguesía, el Partido Comunista de Grecia cree que la mejora de las condiciones de trabajo será fruto de la lucha de los trabajadores y de la solidaridad internacional. 
Más aún, una solución definitiva sólo es posible con la transformación revolucionaria de la sociedad y la abolición de la explotación. 
Por todo ello, los diputados del Partido Comunista de Grecia hemos rechazado el informe. 
Este informe merece mi voto a favor, pues constituye un importante paso en la toma de conciencia de la compleja vinculación entre la mundialización y el fomento de las normas laborales fundamentales. 
Destaca, en particular, la necesidad de que se elabore una estrategia encaminada a la mundialización como contribución al desarrollo social con respeto de los derechos fundamentales. 
De hecho, la mundialización entraña imperativos y oportunidades y debe permitir la mejora de las condiciones de vida y trabajo y el fortalecimiento de la ayuda para el desarrollo en beneficio de las poblaciones menos favorecidas. 
El establecimiento de un único código de conducta europeo que reglamente las cooperaciones de las empresas europeas en el nivel mundial es un instrumento esencial para garantizar la aplicación de las normas laborales fundamentales. 
En ese sentido, la Unión Europea debe trabajar en cooperación con los gobiernos de los países en desarrollo, así como incluir el respeto de las normas laborales fundamentales en todos sus acuerdos de cooperación con terceros países. 
Conviene subrayar una vez más la importancia de la cuestión de la igualdad entre los sexos. 
Se debe prestar mayor atención a las organizaciones de defensa de la mujer cuando se aborda la cuestión de los interlocutores sociales que intervienen en la formulación de las políticas encaminadas al desarrollo sostenible y la cohesión social. 
. (EN) Señor Presidente, acojo con satisfacción esta resolución dirigida a promover las normas fundamentales del trabajo. 
La tendencia hacia una mayor interdependencia económica y a la globalización es una realidad que todos tenemos que afrontar. 
Esto no significa, sin embargo, que los derechos de los trabajadores y la gobernanza social deban quedar en la cuneta. 
En efecto, se acoge con una gran satisfacción, aunque debería haberse producido hace mucho tiempo, la llamada a un orden más equilibrado, en el que las cuestiones sociales se consideren al mismo nivel que las cuestiones económicas. 
La llamada a la ratificación de los convenios de la OIT por los países candidatos y por terceras partes es un medio concreto y conveniente mediante el cual garantizar que la OIT sea tomada en serio. 
Por último, acojo con satisfacción la llamada a un mayor diálogo y a una mayor vinculación entre la OIT y otras organizaciones internacionales como la OMC y el Banco Mundial. 
Puede parecer que estas instituciones sean recíprocamente excluyentes, si bien, de hecho, ambas ' partes? podrían aprender mucho la una de la otra y trabajar más eficazmente al unísono. 
Con esto concluye el turno de votaciones. 
(La sesión, suspendida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15.05 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la situación en Somalia. 
Gracias a la Comisaria, Sra. Diamantopoulou, cuyas valoraciones comparto, por fin se comienza a hablar de Somalia. 
Desde hace mucho tiempo, no logramos afrontar este problema, entre otras cosas porque no se daban las condiciones para hacerlo. 
Hoy, con este gobierno nacional de transición, logramos hablar de Somalia sabiendo que el recorrido que ha de hacerse todavía es bastante largo y muy tortuoso. 
Creo que Somalia es el único país de la región que se encuentra en estas condiciones. 
Así pues, tenemos que pedir, a través del IGAD, que se celebre lo más pronto posible la Conferencia de Nairobi, en la que deberán participar no solamente los representantes del gobierno nacional de transición, sino también todos los demás representantes y todos los jefes que controlan las regiones del Norte y del Sur del país. 
De hecho, si no lográramos implicar al mayor número de representantes de estos territorios, creo que fracasaríamos en nuestro intento. 
Creo que hay que dar las gracias también a Djibouti y a Kenia, países que durante mucho tiempo han llevado a cabo un papel de mediación; a ellos ahora se ha sumado, y con un gran peso, también Etiopía; hay que esperar que estos tres países logren poner a punto muchas sugerencias para hacerles a los jefes que se reunirán en la Conferencia de Nairobi. 
Deseamos que sean sugerencias para un efectivo recorrido de paz. 
Sin duda, tenemos que intentar proponer una solución basada en el respeto de la integridad del país, aunque quien decida tendrá que valorar si confiar a formas especiales de autonomía algunas regiones de este país. 
Los problemas son enormes, como señalaba la Sra. Comisaria: hace falta ante todo desmilitarizar y desarmar a la población, que es un primer objetivo; es necesario limpiar de minas los territorios y, sobre todo, hace falta aislar esas vetas de terrorismo que existen y que están instaladas dentro del país; es necesario, además, determinar el orden institucional y poner en marcha un recorrido de aplicación de la democracia y el respeto de los derechos humanos. 
Como la Sra. Comisaria ha subrayado, es necesario que exista un espíritu de reconciliación nacional que involucre ampliamente a todas las partes. 
Además de eso, se ha de afrontar el problema de los refugiados, que deben poder elegir si vuelven libremente a su patria, sin riesgos para su incolumidad; y más aún, un grave problema es el sanitario, que constituye una grave emergencia en este país y debe ser afrontado con urgencia. 
Si, como pienso, éstos son los objetivos prioritarios de la Conferencia de Nairobi, es necesario que esta conferencia se celebre lo más pronto posible, posiblemente en este mes, visto que eso permitirá a la unión europea aprobar programas de ayuda que tienen que ser más eficaces y rápidos en su ejecución que los ya realizados. 
Si se lograran dichos objetivos, esto llevaría a Somalia a compararse con los demás países de la región en la puesta en marcha de un proceso económico indispensable. 
Además, parece que también hay esperanzas en el inicio de un proceso democrático en Eritrea, y esto permite a la Unión Europea intervenir, con los instrumentos previstos en el tratado de Cotonou, en toda la región con un primer programa orgánico de intervenciones. 
Creo que precisamente éste, el dato regional, es un dato que puede crear sinergias dentro de la región y puede crear un espíritu de emulación en los países como Somalia, que necesitan ayuda y comprensión, pero también decisiones que sean atrevidas y que puedan asegurar la participación total de todas las partes. 
Señor Presidente, es evidente que una propuesta de resolución común no puede desear otra cosa que no sea la pacificación y prometer la atención de la Unión Europea por la marcha político-militar del país. 
Los promotores de la resolución hacen mención obviamente a la asistencia de la comunidad internacional, que es indispensable, pero recordando también que, en las últimas semanas, los choques armados han provocado otras numerosas víctimas civiles. 
Sin embargo, hay que concluir que la conciliación nacional es un compromiso que han de asumir sobre todo las poblaciones de Somalia. 
De hecho, el objetivo es evitar la inestabilidad, evitar el gran número de prófugos intentando repatriarlos, evitar dentro de lo posible, incluso con medidas provisionales, la miseria y la constante adquisición de armas, ya que todos estos factores amenazan con exportar la desestabilización de Somalia fuera de las fronteras nacionales. 
También en este caso, como en tantos otros, la política y las tentativas, a menudo fallidas, de organizar una conferencia, son la continuación, con otros medios, de las fases en que predomina la violencia; a pesar de que el enredo es muy complejo, creemos que la Conferencia de Nairobi tiene que celebrarse cuanto antes y abrir nuevas vías a la esperanza. 
Ésta es mi opinión personal como la del colega, y como creo, la de todos los demás colegas. 
Por lo demás, sólo se trata de buenos deseos. 
En nuestro documento, se subraya la bondad de la iniciativa a la vista de una conferencia, aunque no se puede saber todavía si todas las partes aceptarán sentarse en la misma mesa. 
Se exhorta a los países exportadores de armas a que respeten el embargo decretado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluso sabiendo que, si una facción busca armas, las encontrará sin duda en el mercado. 
Es deseable la vigilancia para que el territorio somalí no sea utilizado para actividades criminales, pero no está muy claro quien podrá ejercer este control. 
¿El gobierno de transición? 
A este respeto, soy bastante escéptico, visto que tampoco otros actores que operan en la escena tienen el pleno control del territorio nacional. 
Querría concluir señalando que la resolución advierte a Europa que el problema somalí podría extenderse en sus efectos peores y también recuerda a los somalíes que el mundo de alguna forma está atento a sus problemas y está dispuesto a ayudarlos. 
Quizás por primera vez se vislumbran salidas más racionales y positivas a la crisis. 
Nuestro deber es denunciar la situación pero, al mismo tiempo, hablar de los métodos. 
A este respeto, me parece que el método de paz del que ha hablado la Comisaria, Sra. Diamantopoulou, sea una salida para la crisis somalí, al menos de su fase más grave. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, con respecto al ánimo y al pesimismo sobre esta cuestión, tiendo a identificarme con el Sr. Mulder, aunque pienso que las sugerencias de los Sres. 
Gemelli y Volcic son muy interesantes y me adhiero también a ellas. 
No las voy a repetir. 
Naturalmente, no es buena señal que tengamos que volver a hablar de Somalia. 
Significa que hay nuevas hostilidades y que realmente estamos muy preocupados por la posibilidad de que en ese país vuelva a haber una guerra sin perspectiva. 
Debemos evitar que eso ocurra. 
Actualmente, ese país está, al menos parcialmente, pacificado y, por lo tanto, se debe evitar que estalle una nueva guerra. 
Por ello considero que no es demasiado afortunado que el Gobierno provisional pida que se lleven a cabo intervenciones militares. 
No creo en esa estrategia. 
En mi Grupo creemos que se deben utilizar otros medios. 
Señora Comisaria, usted habla de asociación con las autoridades locales, lo cual aplaudimos. 
Pero le quiero comunicar que tal actuación no debe pasar sólo por Kenia. 
Porque en Kenia son los hombres los que llevan la batuta. 
Las mujeres somalíes me han dicho que son ellas las que se encargan de aprovisionar de agua y alimentos en sus comunidades, lo cual, naturalmente, es esencial. 
Usted probablemente no será insensible ante esa circunstancia, pero el caso es que esas mujeres no están en Nairobi. 
También le quiero pedir que preste una atención especial a los refugiados. 
Y, tal vez, también le tengamos que pedir al Consejo que se cese de enviar a los refugiados de vuelta a Somalia, ya que la situación allí no es en absoluto segura para una gran parte de la gente. 
Finalmente, no creo que tengamos que adoptar un sistema unitario. 
Si tenemos que partir de una autonomía regional para reconstruir el Estado somalí, me puedo imaginar que se llegue a un sistema federal, tal como se ha tenido que hacer en Etiopía. 
En cualquier caso, pienso que la ayuda que usted pretende seguir prestando, siempre será necesaria. Pienso también que el proceso de paz debe estar apoyado por Europa con fuerza y desde el consenso. 
Señor Presidente, señora Comisaria, desde hace dos años nuestro Grupo, el UEN, pide al Parlamento y a la Comisión una toma de posición sobre la situación somalí, en relación con los problemas más urgentes: el recrudecimiento de la actividad de grupos terroristas como Al-Ittihaad; las continuas presiones sobre la población por parte de grupos fundamentalistas organizados; la amenaza de nuevas acciones terroristas dirigidas a golpear a otros países, sufragada por el reciente pasado que tuvo a Somalia como base de partida para los atentados de Nairobi y de Dar El Salam; la grave situación política interna, que registra una posición poco clara con respecto al rechazo del terrorismo por parte de exponentes vinculados al denominado gobierno de transición nacional; la petición reiterada por parte de algunas regiones somalíes, como el Puntland y el Somaliland, de llegar a una pacificación nacional por medio de la constitución de un Estado federal; la caída en el hambre y en la penuria de toda una población carente de medios de sustento. 
La propuesta de resolución, firmada hoy por algunos Grupos políticos, no tiene en consideración lo expresado por nosotros en nuestra propuesta, ni afronta los problemas que hemos denunciado con preguntas a la Comisión y al Consejo, mientras invita a la Unión Europea a apoyar al gobierno de transición, incluso sabiendo que éste no surge de elecciones democráticas y que precisamente la Conferencia de Nairobi, ya pospuesta de abril a julio, debería tener la tarea de definir los nuevos órdenes institucionales y las nuevas condiciones para que el proceso de normalización y paz corra paralelo a la lucha contra el terrorismo y a las ayudas a la población. 
¡Por estos motivos, cada vez más preocupados por la situación en las distintas regiones somalíes, por la amenaza del terrorismo y por la aproximación política demostrada por los redactores de la resolución común, que denota una grave falta de conocimiento de las realidades somalíes y africanas- he oído hablar de una guerra en Kenia, pero desde los tiempos de Kenyatta no hay ninguna guerra en Kenia! -y de los graves peligros que de ella se desprenden, tanto para la población local como para todos los demás países, Europa incluida, expresamos un voto negativo a una resolución que pretende reemplazar a la Conferencia de Nairobi y que, en todo caso, pretende condicionar sus resultados. 
Muchas gracias, señor Presidente, la implosión de Somalia representa un gran peligro, no sólo para el país mismo y para la zona, sino también para el resto del mundo. 
Esa área, que está fuera de control, no es capaz de controlar sus fronteras y, con toda seguridad, en el pasado ha sido un puerto seguro para Al Qaeda. 
Su fragmentada situación de seguridad interna y las diferentes agendas de los países islámicos vecinos podrían de nuevo hacer de ese país una base del terrorismo internacional. 
La organización islámica autóctona más peligrosa, ligada a Al Qaeda, es Al Itihad, la cual quiere instaurar en ese país, con sus siete millones de habitantes, un Estado islámico fundamentalista. Ese estado de cosas sería una auténtica pesadilla para los sesenta y cuatro millones de etíopes, en cuyo país la mayoría cristiana aún convive en paz con la minoría musulmana. 
Señor Presidente, Somalia ha sido abandonada al olvido, y la amenaza del terrorismo islámico internacional hace que el compromiso de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas y de la Unión Europea se convierta en un asunto de la mayor urgencia. 
Asimismo, es necesaria una cooperación más estrecha con los actores regionales. 
Por ello, doy la bienvenida a la Iniciativa de Igad, que propone organizar este mes en Nairobi una conferencia de reconciliación para Somalia en la cual espero que participen todos los partidos somalíes sin condiciones previas, tal como menciona el apartado 5. 
Contrariamente a la solicitud presentada ante la Unión Europea, expresada en el apartado 8 de la propuesta de resolución, de ayudar al Gobierno nacional de transición a asentar su autoridad en toda Somalia, llamo al Consejo y a la Comisión a que no fijen de antemano las conclusiones de la conferencia. 
Yo abogo por que se lleven a cabo unas negociaciones abiertas a las posibles conclusiones. 
No se debe defender un Estado de unidad a toda costa. Un mundo libre contra el terrorismo islámico, sí. 
Señor Presidente, cuando era diputado del Parlamento Británico, fui copresidente del grupo de Somalia que comprendía a todos los partidos, y yo, junto a mi colega laborista, representábamos a los puertos británicos que contaban con un número considerable de residentes somalíes. 
Ello se debe la tradición de las personas procedentes de la Somaliland británica que servían en la Marina mercante Británica. 
En consecuencia, aprendí mucho sobre Somalia y Somaliland y, sobre todo, me di cuenta de la complejidad de este área. 
Aprendí que la vieja bandera contenía cinco estrellas, una por cada una de las cinco naciones somalíes: la Somalia francesa, que es ahora Djibuti; la parte británica de Somalia, que es ahora parte de la actual Somalia; la parte británica de Kenia, que estaba habitada por somalíes; los italianos en el sur de Somalia, que ahora pertenece en su mayor parte a Somalia, y los etíopes en Ogaden. 
Como se ha señalado, la comunidad ogadeni somalí provocó una guerra entre Somalia y Etiopía en un intento de reunir a los pueblos somalíes. 
A la Unión Europea le incumbe la obligación de ayudar a todas las naciones somalíes. 
Y es también nuestro deber entender su historia. 
Eso es lo que necesitan ahora. 
Necesitan soluciones políticas que respeten las cinco tradiciones, y el fomento de la economía, la educación, la salud, las infraestructuras y la seguridad de estas naciones. 
En 1996, Somalia ocupaba el 164º lugar de los 172 países que componen el índice de desarrollo humano de la PNUD. 
En su reciente historia ha sufrido guerras y la destrucción consecuencia de aquéllas. 
Tenemos más de 100 agencias de ayuda humanitaria trabajando en Somalia. 
Como ha subrayado la Comisaria, la Unión Europea y los Estados miembros son los mayores donantes del área, al aportar aproximadamente 60 millones de euros en conjunto, frente a los 26 millones de euros que aportan los estadounidenses. 
Pero recordemos también la diáspora somalí, que transfiere cerca de 400 millones de euros al año al país. 
Con todo, el promedio de años de vida ha descendido de 48 años en 1990 a 45 en 1997; la mortalidad infantil es de un 125 por mil nacimientos; uno de cada ocho bebés muere en el primer año; 4.000 mujeres mueren en el parto al año. 
Tenemos problemas que ya no son el resultado de una guerra civil, sino que se deben a la hambruna, a las condiciones metereológicas, a unas condiciones sanitarias infames y a la desertificación. 
Sólo entre el 10% y el 20% de los niños, según las regiones, asisten al colegio. 
Las mujeres son objeto de abusos. 
Tienen pocas oportunidades, si no ninguna, de recibir formación. 
Se practica la ablación a prácticamente el 100% de las mujeres. 
Hay una generación perdida de profesionales somalíes- doctores, maestros, funcionarios- que huyó del país antes de la guerra y que no ha regresado. 
La peor crisis la sufre el sur de Somalia, en zonas centrales como Galcaio, que fue devastada en el momento de mayor agravamiento de los disturbios y ahora está siendo reconstruida, incluso instalándose de nuevo el alumbrado público de las calles. 
No debemos olvidar el progreso que experimenta Somaliland: se están construyendo y abriendo hospitales de maternidad de beneficencia y hay una escuela de formación de enfermeras. 
En Hargeisa, los salarios de empleos no cualificados son el doble de la media de Nairobi. 
Es decir, la estabilidad política en algunas regiones propicia la recuperación y el hambre que se registra en otras partes es causada en buena parte por los combates- si bien se producen sólo esporádicamente -, pero sobre todo por la sequía. 
Así pues, nuestra tarea debe consistir en prestar ayuda y fomentar los proyectos de desarrollo sostenible y buscar soluciones políticas. 
Ahora tenemos que apoyar al Gobierno de transición. 
También debemos recordar que zonas como Somaliland ya han votado dos veces- en los años sesenta y de nuevo en 2001- en referéndum a favor de la independencia. 
Eso es lo que han decidido. 
Cuentan con Gobiernos elegidos. 
Todo ello pone de manifiesto que Somalia es una región compleja. 
Existen zonas en las que reina la desesperación y la desolación. 
Pero también hay zonas de regeneración y estabilidad. 
Tenemos que salvar a los hambrientos y a los necesitados, apoyar los movimientos que traigan la estabilidad política, pero también respetar las diversas tradiciones de estas cinco naciones somalíes, para que puedan reunirse en el seno de estas conferencias y vivir como vecinos en paz y prosperidad. 
He recibido cinco propuestas de resolución 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto dos propuestas de resolución: 
B5-0405/2002, de los diputados Almeida Garrett, en nombre del Grupo PPE-DE, Mendiluce Pereiro, Lage y Colom i Naval, en nombre del Grupo PSE, Isler Béguin y Maes, en nombre del Grupo Verts/ALE, Miranda, en nombre del Grupo GUE/NGL y Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, 
B5-0423/2002, de los diputados Ribeiro e Castro y Queiró, en nombre del Grupo UEN 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hace pocos días una delegación de la Comisión de Desarrollo y Cooperación de nuestro Parlamento, encabezada por su presidente y de la que formaba parte, entre otros, Teresa Almeida Garrett, visitó Angola. 
Tuvieron oportunidad de verificar in loco la gravedad y la amplitud del drama en materia humanitaria que reclama la urgencia de la ayuda europea e internacional. 
No se trata sólo de mejorar el nivel de vida de un pueblo, sino también de la última posibilidad de salvar muchas vidas, sobre todo de niños, que todos los días mueren de hambre y enfermedad en el más escandaloso silencio, sin energía ni ánimo para llorar siquiera. 
Esa ayuda debe ser eficaz y rápida. 
Muchas veces, en esta descomunal burocracia en que nos hemos transformado, cuando decidimos actuar es demasiado tarde. 
Angola necesita ayuda humanitaria de emergencia, lo que se plasma, por ejemplo, en realidades tan prácticas como la urgencia del envío de semillas y herramientas agrícolas antes de la época de las lluvias, el próximo mes de octubre, para evitar un año más de hambre. 
Nuestras prioridades están claras en la propuesta de resolución que subscribimos y apoyamos: hay que prestar ayuda humanitaria de urgencia, hay que contribuir a la consolidación de la paz, lo que comprende la conversión de la UNITA en partido político y la integración de sus miembros en la vida nacional, hay que apoyar la conciliación democrática, procurando la legitimación por elecciones democráticas y libres con respeto de las libertades esenciales, en particular la libertad de información, reunión y expresión, hay que proseguir la consolidación económica y la reorganización social. 
Como ya hemos dicho varias veces en esta Asamblea, Angola es un gran país con posibilidades de afirmarse como potencia regional, influyente e importante y así contribuir a la estabilización democrática de esa región africana y a su progreso económico y social. 
La guerra limitaba ese camino. 
Ahora todo es posible: depende de la voluntad de los angoleños, pero también de nuestro apoyo. 
¡Que no falte el nuestro para que no flaquee la voluntad de ellos! 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hace casi treinta años todo parecía favorecer la aparición de una nueva nación en Angola: un territorio inmenso, recursos naturales fabulosos, una población reducida, una red de pequeñas ciudades distribuidas por todo el territorio. 
Todo podría haber sido diferente, de no haber sido por la ceguera de la dictadura portuguesa y la brutalidad de la lucha por el poder que siguió a la descolonización. 
Angola, sin la piedad de los dioses y víctima de la locura de los hombres, se sumió en una de las grandes tragedias de nuestro tiempo: un tercio de la población desplazada, centenares de millares de niños abandonados, destrucciones de ciudades, desmantelamiento de la incipiente infraestructura económica existente en el territorio. 
Todos los recursos obtenidos por los contendientes fueron dedicados a la guerra y a la crueldad, con indiferencia total para con la población. 
En medio de la miseria y del sufrimiento general se sabe que hay innumerables individuos vinculados al aparato del Estado que consiguieron acumular, por vía ilegítima, riquezas incalculables. 
Ahora ha llegado por fin el tiempo de la paz y la esperanza. 
La comunidad internacional y, en particular, la Unión Europea no debe regatear esfuerzos para consolidar la paz, fomentar la democracia y socorrer a millones de personas expuestas al hambre, la enfermedad y la miseria. 
La propuesta de resolución que hoy vamos a aprobar muestra que el Parlamento Europeo no olvida a Angola. 
Por lo demás, ha contraído muchos compromisos morales con Angola. 
Debemos intensificar nuestros esfuerzos para prestar ayuda de emergencia a la población amenazada, en particular a quienes, situados en las zonas de influencia de la UNITA, se encuentran en la más negra miseria. 
Pero las autoridades angoleñas tienen también la obligación moral- hay que subrayarlo- de renunciar a mucha de la riqueza acumulada y ayudar a su propio pueblo. 
Tienen también la obligación de contribuir a encaminar la ayuda de emergencia, garantizar que llegue a sus destinatarios y no se pierda por el camino. 
Por eso, señor Presidente y Señorías, señora Comisaria, nosotros aquí, en el Parlamento Europeo, estamos atentos a lo que ocurre en Angola. 
El Parlamento Europeo quiere que Angola sea una tierra de paz, una tierra de progreso, una tierra y un país que se inserte en la comunidad internacional. 
Angola tiene inmensos recursos e inmensos talentos y abriga una inmensa esperanza. 
Y aquí, en el Parlamento Europeo, debemos estar de parte de la población angoleña aunque muchas veces tengamos que ser duros con el poder instalado en Luanda. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, queridos colegas, hoy, el resurgir de Angola y del pueblo angoleño se presenta tan optimista y estable como espantoso e interminable nos parecía este trágico conflicto. 
Tres décadas de odio y de barbarie han devastado una tierra y una naturaleza extraordinariamente ricas, han arruinado a escala nacional a todo un país, y han aniquilado física y psicológicamente a todo un pueblo. 
Frente a la magnitud prácticamente desconocida del drama histórico vivido por Angola, en un continente que ya está muy castigado, y ante el rebrote de optimismo que despeja el horizonte de este país, la Unión Europea afronta algo más que un simple papel: lo que debe asumir es un verdadero deber, de carácter histórico. 
Un deber humanitario, urgentísimo, de entrada, y antes que nada, para garantizar la seguridad en este país, que ha sufrido en sus propias carnes el impacto de las balas y el efecto del hambre, y en sus propios pies la explosión de las minas; pero también un deber tanto moral como político a largo plazo, que deberá asumir lo antes posible para consolidar en suelo angoleño el frágil restablecimiento de la paz civil y religiosa, así como el de una economía todavía libre y el de una democratización transparente de las instituciones. 
En esta tierra calcinada de Angola, con un subsuelo tan rico y unos recursos tan abundantes, la Unión Europea, a través de sus experiencias, de sus medios técnicos y de sus garantías financieras, puede respaldar el seguimiento de un nuevo modelo en África. Es el modelo de reconciliación nacional, la cual debe ante todo partir de una educación de los ciudadanos, basada en los conocimientos adquiridos en las escuelas, el respeto a los valores civiles y cívicos, y la exigencia de la democracia. 
Esta fase es esencial también desde el punto de vista económico. 
Sería conveniente replantearse y volver a presentar un modelo de desarrollo a partir de los recursos disponibles y de un potencial sostenible y renovable. 
Sólo en estas condiciones se podrá definir una estrategia de desarrollo económico creíble y con futuro. 
Ni el petróleo ni los diamantes son eternos en una economía, como tampoco lo fue la dominación política del colonialismo, ni lo será, a partir de ahora, la explotación industrial de las empresas occidentales. 
Con su inesperada y prometedora reconciliación nacional, Angola le ha dado a los occidentales, que ya habían perdido la esperanza, una brillante lección. 
A partir de ahora, le corresponde a nuestra Unión, a la Unión Europea, brindarle su experiencia y su apoyo para escribir una nueva página de su historia común y atormentada. 
Señor Presidente, voy a limitarme a abordar algunos aspectos esenciales, ya que la propuesta de resolución que estamos examinando y que apoyamos es suficientemente exhaustiva y también porque tendremos, además, la oportunidad de debatir en la Comisión de Desarrollo y Cooperación un informe sobre la reciente misión que llevamos a cabo en Angola. 
Así, me referiré, en primer lugar, a la nueva y prometedora situación política que se vive en ese país, donde por fin, y después de decenios de guerra, la paz parece ser finalmente irreversible. 
No podemos por menos de acoger con el mayor beneplácito ese hecho extraordinariamente positivo por las esperanzas que infunde en cuanto a estabilidad, gobernabilidad y mejora de las condiciones de vida de los angoleños, por las puertas que abre en cuanto a consolidación, fortalecimiento y vivencia democrática y por los efectos positivos que podría inducir en toda la región. 
Entretanto, subsisten dificultades que pueden condicionar la evolución del propio proceso de paz. 
Las esperanzas infundidas con la firma del memorando de entendimiento son enormes y conviene que no sean defraudadas. 
Además de los invariables traumas, los problemas más apremiantes se plantean en el nivel humanitario, pero afectan también a la necesaria reconstrucción del país, cuyas economía e infraestructuras quedaron completamente destruidas con la guerra. 
Todas las cifras son preocupantes y evidencian la imposibilidad de una respuesta adecuada y oportuna exclusivamente en el nivel interno. 
Por eso insistiré en algunas orientaciones que me parecen fundamentales en este momento: la necesidad de que la comunidad internacional y, por tanto, la Unión Europea consideren prioritaria la ayuda humanitaria a Angola, en particular el envío de alimentos, ropa y medicamentos, así como la urgencia en conceder mayor celeridad y eficacia a dicha ayuda; la urgencia en la facilitación de instrumentos y semillas que permitan iniciar cultivos y disminuyan, a corto plazo, la actual y completa dependencia de la ayuda alimentaria; el apoyo decidido al reasentamiento de las poblaciones desplazadas, en particular con la ayuda para la recuperación de infraestructuras básicas y, como corolario, la adhesión clara y comprometida a las dos fases de la Conferencia de Donantes propugnada por las autoridades angoleñas. 
Angola espera mucho de nosotros, es bueno que no defraudemos esas mismas esperanzas. 
. (EN) Sr. Presidente, la Comisión se ha comprometido a apoyar el proceso de paz y a abordar eficazmente y sin retraso la dramática crisis humanitaria que vive Angola. 
En respuesta a la firma del proceso de paz entre el Gobierno y UNITA y a la petición de ayuda para hacer frente a la situación humanitaria, la Comisión ha elaborado un plan de acción para Angola en apoyo del proceso de paz. 
El plan de acción identifica un paquete financiero de 125 millones de euros destinados a hacer frente a las preocupaciones más apremiantes en esta fase, incluidas la ayuda de emergencia, la ayuda alimentaria y la seguridad alimentaria, la reinserción y reasentamiento de los refugiados y desplazados y la desactivación de minas. 
La Comisión ofrece una ayuda humanitaria sustancial dirigida a aliviar el sufrimiento de las personas desplazadas en Angola. 
La Comisión insta al Gobierno a adoptar nuevas medidas que faciliten la entrega de paquetes de ayuda de emergencia. 
La Comisión anima al Gobierno a dar prioridad a la extensión de la ayuda a la totalidad del territorio en sus negociaciones con UNITA. 
Somos conscientes de que la presencia de minas terrestres y antipersonas constituye un enorme obstáculo para el acceso de la ayuda humanitaria, para el reasentamiento y la reinserción. 
Una mayor seguridad sobre el terreno permitirá a la Comisión poner en práctica, mediante organizaciones especializadas, la sustancial financiación asignada a operaciones de desactivación de minas. 
La Comisión estima que la desmovilización de las tropas de UNITA y de las fuerzas armadas angoleñas es un elemento vital en el proceso de paz y, en este contexto, está considerando, junto a otros socios, prestar su apoyo al programa de desmovilización y reinserción de Angola. 
Para garantizar una paz duradera, el Gobierno debería mejorar las condiciones democráticas del país, en particular promoviendo mejoras en la situación de los derechos humanos y de la libertad de prensa. 
Estas cuestiones, junto a la libertad de circulación, la reforma de la Constitución y de las leyes electorales y un adecuado censo de población, serán fundamentales para hacer posible la celebración de unas elecciones libres. 
Se anima a mantener los esfuerzos dirigidos a dar a UNITA tiempo y espacio para reorganizarse y convertirse en una fuerza política viable. 
La Comisión insta a ambas partes a consultar a todos los sectores de la sociedad civil angoleña, incluidas las iglesias, con vistas a la reconciliación nacional y a una paz duradera. 
La Comisión está preparada para apoyar organización de elecciones tan pronto como las condiciones in situ lo permitan. 
Queremos subrayar que las intervenciones dirigidas a promover la buena gobernanza gozarán de alta prioridad en todas las fases de la estrategia de ayuda a Angola. 
Nos proponemos contribuir, en particular, a reforzar el sistema judicial y la reforma de la administración de las finanzas públicas. 
La estrategia futura de la Comunidad para Angola con arreglo al noveno FED se está debatiendo en la actualidad con el Gobierno y la sociedad civil. 
La estrategia establecerá vínculos entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. 
Se asignará una cantidad sustancial de fondos a fomentar el reasentamiento, incluyendo microproyectos y el restablecimiento de la producción agrícola y la cría del ganado, al objeto de impulsar la recuperación socio-económica de las zonas afectadas por la guerra, particularmente en la región montañosa central. 
La Comisión seguirá prestando su apoyo a la salud y a la educación, así como a la capacitación de las administraciones provinciales, que, en última instancia, deben asumir la responsabilidad de crear y mantener estructuras y sistemas sociales. 
La Comisión acoge con satisfacción la intención del Gobierno de organizar una conferencia internacional para la reconstrucción del país y confía en que la opinión de todos los grupos sociales se verá reflejada en el plan de reconstrucción que debe presentarse. 
La Comisión ha ofrecido su cooperación en la preparación de esta conferencia internacional. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de seis propuestas de resolución: 
B5-0403/2002, de los diputados Van Orden, Deva, Parish, Foster, Banotti, Corrie, Tannock, Gahler, Korhola, Lehne, Maij-Weggen y Sacrédeus, en nombre del Grupo PPE-DE, 
B5-0406/2002, de los diputados Maes, Isler Béguin y Lucas, en nombre del Grupo Verts/ALE, 
B5-0417/2002, de los diputados Van den Bos y Mulder, en nombre del Grupo ELDR, 
B5-0418/2002, de los diputados Junker, Kinnock y Van den Berg, en nombre del Grupo PSE, 
B5-0425/2002, del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD, 
B5-0429/2002, de los diputados Miranda, Sjöstedt, Boudjenah, Jové Peres, Fiebiger, Bakopoulos y Seppänen, en nombre del Grupo GUE/NGL, 
sobre Zimbabwe. 
Señor Presidente, este Parlamento ha sido un consecuente crítico de la dictadura de Mugabe en Zimbabwe, un país que, hace 20 años, era considerado un modelo de democracia africana próspera y multirracial. 
Sin embargo, tras la matanza de miles de personas de personas en Matabeleland, el Gobierno del ZANU-PF ha llevado al país al borde del colapso económico y de la hambruna. 
Las elecciones presidenciales de marzo fueron un simulacro de democracia, reprimiéndose la libertad de prensa y con el líder del partido de oposición MDC actualmente juzgado por traición. 
Mugabe ha recompensado a sus camaradas- los llamados ' veteranos? -con las granjas confiscadas a los blancos. 
La Ley de adquisición de tierras impide incluso la recogida de la cosecha para dar de comer a los hambrientos. 
Las sanciones de la UE se han aplicado insatisfactoriamente, mientras que el Ministro de Interior ha participado recientemente en una reunión de la Interpol en España y Mugabe ha asistido a una conferencia sobre el hambre en Roma, lo que supone una clara afrenta a la opinión pública internacional. 
Se dice que los hijos de los líderes del régimen asisten a caros internados británicos. 
La Nueva Alianza para el Desarrollo Africano y la troika de la UE han actuado con indolencia a la hora de galvanizar la opinión regional- en particular de Sudáfrica y Nigeria- contra el Presidente. 
Aunque Zimbabwe se expone a la expulsión de la Commonwealth el 25 de julio, el Gobierno parece más preocupado por proseguir una desastrosa guerra en la República Democrática del Congo para salvaguardar los intereses de los camaradas de Mugabe en las minas de diamantes. 
Insto enérgicamente al Consejo de Asuntos Generales, que se celebrará el 22 de julio, a agravar las sanciones y no permitir excusas de los Estados miembros en el sentido de que sus obligaciones derivadas de los tratados multilaterales anulan las restricciones a las sanciones. 
Invito también a la Commonwealth a dejar fuera a Zimbabwe de los próximos Juegos de la Commonwealth, que comenzarán el 25 de julio en Manchester. 
La gente corriente puede descansar confiada en que la UE seguirá proporcionando ayuda humanitaria de emergencia para impedir todo sufrimiento innecesario y un colapso total de la sociedad civil. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, de entre nuestras preocupaciones, Zimbabwe forma parte de los asuntos recurrentes a tratar en nuestras sesiones. 
Estoy de acuerdo con la resolución que hemos presentado, pero, sin embargo, tengo ciertos reparos con respecto a la situación, dictados por la constatación de nuestra clara impotencia. 
Hasta el momento, no hemos conseguido nada con nuestras resoluciones sancionadoras. 
Mugabe es una figura que ha superado dos elecciones que no ha ganado. La ganadora moral fue la oposición. 
Mugabe es un triste personaje, que intenta por todos los medios a su alcance manipular la ley a su favor. 
Y yo propongo que empecemos por elegir los medios que se adecuen a nuestro discurso. Si no queremos guerra, si no tenemos medios para hacer la guerra, entonces no debemos entonar ningún canto de guerra. 
Se lo quiero pedir a nuestros colegas británicos. 
Yo quisiera empezar por aplicarle la ley seca a Mugabe en el Congo. Él está allí, él es el que roba las materias primas, él es el que recurre al ejército. 
Debe abandonar el Congo en virtud de los Acuerdos Internacionales de Lusaka. 
Sabemos que él es de gran importancia para el apoyo al régimen del joven Kabila. 
Si queremos que el Congo se pacifique, debe abandonar el Congo. 
Así no tendrá más fuentes de ingresos, con lo cual deberá enviar a sus soldados de nuevo a casa, porque a los soldados hay que pagarlos y él no tendría medios para hacerlo. 
Yo recomendaría estas actuaciones y desearía acabar con esos hermosos llamamientos a los países vecinos, porque no son de ninguna utilidad. 
A esos países les debemos ir diciendo poco a poco que ya no se puede permitir que sigan apoyando la política de Mugabe. 
Que, por un lado acatan el ideal de buena gobernanza (good governance) y demás, sin cumplirlo y, por otro lado, siguen demostrando lealtad a Mugabe. 
Ejerzamos presión también sobre ellos. 
Pido que la Comisión revise su modo de actuar con respecto a Zimbabwe, porque nosotros ni siquiera hemos conseguido aplicar las escasas sanciones que se han impuesto. 
Mugabe y su entorno se van de viaje, y usted lo sabe. 
Señor Presidente, señoras y señores, mientras que es posible constatar en Angola signos de esperanza, hay que afirmar que la situación en Zimbabwe se hace cada vez más desesperada porque un obcecado presidente, a riesgo de la total destrucción de su país, persiste en el poder precipitando así a su pueblo en la miseria. 
Quiero citar aquí una cifra que han anunciado hoy las agencias y que es especialmente estremecedora, aunque constituye solamente una instantánea. 
El 33% de la población adulta de Zimbabwe está infectada por el sida. 
Cada día mueren por esta epidemia entre 2.000 y 5.000 personas, ya hay 900.000 huérfanos en Zimbabwe y esto es también una consecuencia de esta indescriptible política de Mugabe y del ZANU-PF. 
Ya no existe prevención, ya no existe tratamiento. La pobreza agrava aún más la desventura de estas personas. 
En un país, en el que en otro tiempo existió una atención sanitaria ejemplar para Africa, apenas hay ya asistencia sanitaria, al menos, desde hace mucho tiempo, una asistencia de amplia cobertura, pues el personal médico del país ha huido, porque la asistencia hospitalaria se ha derrumbado y porque ya no hay medicamentos. 
Todas éstas son las consecuencias de una política en la que aquellos que esperan todavía algo del futuro en su vida, dan la espalda a este país y sólo quedan los pobres. 
El hambre que se extiende por el Africa meridional es un hambre que solamente en parte está condicionada por la sequía, por las catástrofes naturales que asolan ocasionalmente a tales regiones, sino que está generada por el hombre y es utilizada también como arma. 
Aquí es necesaria, realmente, una presión masiva por parte de Europa en la esperanza de que vuelva todavía la sensatez. 
Pero esta presión debe ser ejercida, de manera fáctica, sobre aquellos que en el marco del NEPAD formulan todavía ampulosas declaraciones de que son partidarios de una buena conducción del estado, del respeto de los derechos humanos y de los valores democráticos. 
Si lo dicen en serio, entonces pueden demostrar su credibilidad hablando claramente con su vecino colega, Mugabe, retirándole su apoyo político y poniéndole en claro que se encuentra aislado en un continente que ahora está intentando salir de la miseria a la vez que respeta la dignidad humana. 
Señor Presidente, un granjero blanco de Zimbabwe dijo en una ocasión ' al continuar mis gallinas poniendo huevos, me encontré con que, formalmente, estaba infringiendo la ley?. De esa forma tragicómica puso al descubierto la locura criminal de la política de expropiación de tierras del presidente Mugabe. 
Locura criminal, sí, porque, ¿de qué otra manera se puede describir una política de gobierno que se reduce a puro robo a gran escala en una situación en la que se avecina una gran ola de hambre? 
El gobierno de Mugabe prohíbe a miles de granjeros blancos que sigan con su trabajo en el campo y, así, deja en la calle a cientos de miles de campesinos junto con sus familias. 
Y todo ello con la cosecha de invierno en los campos... Piénsese en la inverosímil situación en que Mugabe coloca a los granjeros: las vacas, por ejemplo, tienen que ser ordeñadas por alguien. 
Para este presidente ávido de poder y para su entorno, los granjeros blancos y la oposición es todo una misma cosa. Hay que eliminarlos sin perdón. 
Aunque el país se dirija de cabeza hacia una catástrofe humana. De paso, Mugabe tuvo el descaro de explayarse ampliamente en la Cumbre Mundial de la Alimentación del mes pasado en Roma. 
En aquellos mismos momentos, un experto de Zimbabwe se quejaba de que ' ni un sólo Gobierno africano había condenado este robo de propiedad privada en Zimbabwe?. 
¿Qué confianza puede depositar el mundo exterior en la Nueva Cooperación para el Desarrollo de África? , añadió con razón. 
La propuesta de resolución común que tenemos ante nosotros pone también a todos los líderes políticos africanos ante esta asfixiante pregunta e insta para que se haga algo creíble en África contra el régimen de terror de Mugabe. 
Espero que el Consejo, la Comisión y los Estados miembros se hagan realmente eco de esta llamada. 
Señor Presidente, de las anteriores intervenciones se desprende que la situación en Zimbabwe es de una clara y total desmoralización de sus habitantes. 
El Presidente Mugabe ha utilizado su cargo para destruir un país antes lleno de vitalidad. 
Y no sólo eso, también ha conducido a lo que fue una de las economías mas fuertes de África hasta las simas de la desesperación. 
Si bien todos nosotros condenamos esto, hemos permanecido inmóviles mientras veíamos cómo sus esbirros asesinaban a granjeros blancos inocentes y eran recompensados por el Presidente por sus acciones. 
Nadie debe permanecer inmóvil y permitir que ocurra todo esto. 
Sin embargo, el mundo ha asistido indolente a este espectáculo y ha permitido que ocurra. 
Esto no puede continuar así. 
Coincido con el Sr. Tannock en su afirmación de que Zimbabwe debe ser expulsada de la Commonwealth. 
No se le debe permitir participar en los Juegos de la Commonwealth. 
Pero los problemas del sufrido pueblo de Zimbabwe no se resolverán simplemente tapándonos los ojos fingiendo que no existen, ni permitiendo al Presidente Mugabe que salga de su país y asista a conferencias. 
Ya es hora de imponer fuertes sanciones. 
Debemos estar preparados para prestar ayuda y dejar claro que estamos dispuestos a ayudar a reconstruir un Zimbabwe democrático, porque podría resurgir un Zimbabwe democrático en el continente africano. 
No tengo las más mínima duda de ello. Zimbabwe fue el granero de África. 
Zimbabwe fue un país floreciente y podría serlo de nuevo. 
Pero no podrá serlo si permanecemos inmóviles y sólo nos oponemos de palabra a un déspota como Mugabe, que no sólo está destruyendo su país y acabando con su población, sino que también vela por que la ayuda que se presta no llegue a quienes la necesitan. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de dieciséis propuestas de resolución sobre derechos humanos: 
Condena de Grigory Pasko (Rusia) 
B5-0407/2002, de los diputados Staes, Elisabeth Schroedter, Lagendijk y Turmes, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el asunto de Grigory Pasko; 
B5-0413/2002, de los diputados Andreasen y Thors, en nombre del Grupo ELDR, sobre el asunto de Grigory Pasko en Rusia; 
B5-0419/2002, de los diputados Sakellariou, Paasilinna y Wiersma, en nombre del Grupo PSE, sobre la condena de Grigory Pasko en Rusia; 
B5-0426/2002, de los diputados Oostlander y Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la condena de Grigory Pasko en Rusia; 
B5-0430/2002, de los diputados Frahm y Herman Schmid, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el caso del periodista Grigory Pasko; 
Persecución de los homosexuales (Egipto) 
B5-0411/2002, de los diputados Boumediene-Thiery, Piétrasanta y Wuori, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la violación de los derechos de la persona en Egipto; 
B5-0412/2002, del Sr. Hernández Mollar, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre los homosexuales en Egipto; 
B5-0416/2002, del Sr. Van der Laan, en nombre del Grupo ELDR, sobre los homosexuales en Egipto; 
B5-0422/2002, de los diputados Cashman, Karamanou, Van den Berg y Swiebel, en nombre del Grupo PSE, sobre las violaciones de los derechos de la persona en Egipto; 
B5-0431/2002, de los diputados Vinci, Eriksson, Uca y Cossutta, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la persecución de los homosexuales en Egipto; 
B5-0404/2002, de las diputadas Elisabeth Schroedter e Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la libertad de prensa en Belarús; 
B5-0415/2002, de los diputados Andreasen y Thors, en nombre del Grupo ELDR, sobre la libertad de prensa en Belarús; 
B5-0420/2002, del Sr. Wiersma, en nombre del Grupo PSE, sobre la libertad de prensa en Belarús; 
B5-0424/2002, del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la libertad de prensa en Belarús; 
B5-0427/2002, de los diputados Sacrédeus, Goodwill y Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la libertad de prensa en Belarús; 
B5-0432/2002, de los diputados Marset Campos y Sjöstedt, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la libertad de prensa en Belarús. 
Señor Presidente, según la Constitución rusa, el periodista Grigory Pasko habría cometido un delito si hubiera ocultado información relativa a cuestiones medioambientales o catástrofes que pudieran poner en peligro la vida humana. 
Lo dicen los artículos 41 y 42 de la Constitución rusa- artículos estupendos. 
Sin embargo, no lo ha hecho. 
Al contrario, ha relatado oportunamente cómo la flota rusa del Pacífico vierte residuos nucleares y viejo armamento en el Pacífico y con ello provoca una amenazadora catástrofe medioambiental. 
Por haberlo hecho, ha sido declarado culpable de alta traición por un tribunal militar ruso y condenado a cuatro años de cárcel. 
El mes pasado, su condena fue ratificada por la Sala Militar del Tribunal Supremo ruso en Moscú. 
Resulta verdaderamente trágico para Grigory Pasko y verdaderamente trágico para la situación de la democracia y de los derechos humanos en Rusia. 
Muestra las terribles dificultades a las que se enfrentan la libertad de expresión y los principios en los que está fundada nuestra UE en Rusia. 
Debemos expresar claramente en este Parlamento nuestro distanciamiento de leyes y sentencias que coartan la libertad de prensa y exhortar en este Parlamento al Consejo a que en las próximas reuniones entre la UE y Rusia se haga eco de nuestra grave preocupación. 
La Unión respalda a Rusia económicamente y en este sentido, la Comisión debe prestar gran atención a que los proyectos que apoyamos cumplan nuestros requisitos en materia de libertad de expresión y de independencia de los tribunales y de los medios de comunicación. 
Doy la razón a nuestra colega, la Sra. Schroedter. El caso Pasko se está convirtiendo progresivamente en el caso test del desarrollo o no del estado de Derecho en Rusia y, por ende, en el caso test para las relaciones entre la UE y Rusia. 
Con frecuencia tengo la impresión de que nuestra política sobre Rusia es una mezcla lograda de engaño y autoengaño, donde no se sabe con precisión donde acaba el engaño y comienza el autoengaño. 
Hemos visto esto en la cumbre de la OTAN en Roma. 
Lo estamos viendo en la OSCE. 
Lo vemos aquí, en Estrasburgo, en el Consejo de Europa y lo estamos viendo también en las relaciones entre la UE y Rusia. 
Constantemente se habla de que Rusia ha avanzado mucho en la vía hacia la democracia o, incluso, de que Rusia es una democracia en funcionamiento Esto no tiene nada que ver con la realidad. 
Lo vemos en el caso de Chechenia. 
Pero lo vemos también con toda claridad en el caso del Sr. Pasko, pues el Sr. Pasko ha hecho aquello de lo que hablan constantemente las instituciones que he mencionado. 
Ha actuado en pro de la libertad, de la democracia, de la salud y de la seguridad de los ciudadanos. 
Ha puesto al descubierto un delito que ha puesto en peligro a las personas y las habría amenazado aún más si no hubiera sido descubierto, y de esta manera, como ha afirmado nuestra colega, la Sra. Schroedter, ha cumplido con su deber. 
Ahora ha llegado el momento de que cumplamos de una vez por todas con nuestro deber y digamos con toda claridad: respaldamos a los defensores de los derechos humanos y al periodista Pasko. 
Éste nos ha prestado a todos un servicio, y en esta situación, en la que su salud y su libertad se encuentran gravemente amenazadas, hemos de apoyarlo, no sólo por razones humanitarias, sino por razones de credibilidad de la Unión Europea, cuyos valores de libertad ha defendido, y también en función de las relaciones entre Rusia y la CE, pues no cabe lograr una auténtica asociación con Rusia si no se refuerza allí el estado de Derecho y se siguen produciendo más retrocesos en el camino hacia ese estado de Derecho. 
En los últimos tiempos se han producido ya notables retrocesos y debemos abrigar el temor de que los últimos restos de la democracia y del estado de Derecho en Rusia están amenazados todavía si prevalecen los que están convirtiendo el caso Pasko en objeto de una lucha por el poder dentro de Rusia queriendo hacer patente que el ejército y los servicios secretos continúan teniendo la última palabra. 
Esto es irreconciliable con los principios europeos y por esta razón se trata de nuestra credibilidad. 
Señor Presidente, me ocupé por primera vez de este asunto cuando un elector mío me envió un informe de Amnistía Internacional sobre los 52 hombres arrestados en el club nocturno Queen Boat en mayo de 2001 por presunta homosexualidad, prácticas satánicas y ofensas al Islam. 
No se presentaron acusaciones contra los europeos y las mujeres. 
Según afirman, fueron torturados con palizas y corrientes eléctricas y amenazados con perros para que firmasen confesiones de homosexualidad. 
Parece que muchos no eran homosexuales, sino que disfrutaban de la cultura occidental del consumo de alcohol y del baile. 
La razón del arresto fue, en parte, apaciguar el sentimiento antioccidental y distraer a la población de los problemas económicos que atravesaba el Gobierno en aquel tiempo. 
En el primer juicio, celebrado en noviembre de 2001, 25 fueron condenados a penas de cárcel, pero el Gobierno decidió que se celebrase un segundo juicio para los denominados pervertidos. 
Se pusieron de manifiesto las irregularidades producidas en el primer juicio. 
La Ley de prensa egipcia prohíbe la publicación de detalles sobre investigaciones en curso que puedan afectar al resultado del juicio, prohibición flagrantemente saltada con la publicación de relatos de supuestas orgías homosexuales, bodas entre homosexuales y fotografías de todos los acusados. 
La ley no prohíbe los actos homosexuales, sino solamente la ' corrupción habitual? , de la que apenas había pruebas. 
Estos hombres fueron juzgados por un tribunal de seguridad nacional y no por un tribunal ordinario, y se practicaron exámenes médicos forzosos, manifiestamente contrarios a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Me parece evidente que la celebración de un segundo juicio constituye una violación del principio non bis in idem, recogido en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, así como del artículo 2 del Acuerdo UE-Egipto Euromediterráneo sobre derechos humanos. 
El Comisario Patten me contestó, como hizo el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Sr. Brandshaw, manifestando su preocupación y disposición a hacer un seguimiento de la situación que este Parlamento plantea aborda hoy con preocupación una vez más. 
Por cuanto respecta al debate previo, querría pedir a la Comisaria Diamantopoulou que utilice todos los medios a su alcance para mantener la presión sobre Zimbabwe. 
Señor Presidente, anteayer se inició en El Cairo el juicio a estos cincuenta hombres acusados de homosexualidad. 
Siempre hemos condenado la discriminación y los atropellos a las personas por sus preferencias homosexuales, etnia, género, religión, etcétera. 
Además, la homosexualidad no contraviene la legislación egipcia. 
A pesar de esto, esos hombres corren el riesgo de ser castigados severamente. 
Como ya han señalado algunos colegas, ya ha habido un primer proceso. 
Un segundo juicio se opone a todos los principios jurídicos. 
Los liberales queremos hacer presente el artículo 12 del Acuerdo de Asociación. 
Siempre hacemos referencia a este artículo sobre el respeto a los derechos humanos. 
¿No ha llegado la hora, Comisión, de tomar en serio este artículo y de buscar medios que permitan su empleo, por lo menos para que nos permita en determinados casos aplicar sanciones a los países que no lo respetan? 
Confío en que la Comisión presentará enérgicas protestas contra este juicio. 
Señor Presidente, lamento intervenir tan apesadumbrado, porque nunca es agradable hablar sobre violaciones de los derechos humanos. 
Nos recuerda que a muchos habitantes del mundo, por ser diferentes, por su lugar de nacimiento, por su ascendencia, no disfrutan de esas libertades fundamentales que nosotros damos por sentadas demasiado a menudo. 
Mi pesadumbre se debe también a que yo soy amigo de Egipto. 
Reconozco la importancia de Egipto y tengo la más elevada consideración del Gobierno egipcio, del presidente Mubarak y del embajador ante la Unión Europea. 
Pero, cuando se trata de violaciones de los derechos humanos, si somos selectivos en la aplicación de los principios, exponemos a este Parlamento a que se le acuse de hipocresía. 
Pedimos simplemente el respeto de los derechos humanos; el derecho a un juicio justo, el derecho a la libertad de opinión, de conciencia y de religión, el derecho a no sufrir torturas ni un trato cruel o inhumano, el derecho a la intimidad, el derecho a la igualdad ante la ley, y, asimismo, reafirmamos el artículo 14, apartado 7, del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos mencionado hoy. 
Permítanme decirles personalmente- pues no estoy hablando en nombre de mi Grupo- que, como homosexual, si hubiera nacido en Egipto o en otro sitio, podría verme privado de todos y cada uno de los derechos que acabo de mencionar sólo por ser diferente, por la gente con la que me reúno, o por declarar públicamente mi condición. 
Mírenme. 
Soy un ser humano. 
Respiro. 
Río. 
Lloro. 
Cada uno de nosotros somos exactamente iguales, pero, extrañamente, otros perciben diferencias para privarnos de nuestros derechos humanos. 
Por ello, no hacer nada supone tolerar las violaciones de los derechos humanos allá donde se cometan. 
Mirar al otro lado supone privarnos de nuestros derechos humanos y de nuestro derecho a llamarnos civilizados. 
Insto al Presidente egipcio y al Gobierno egipcio a que hagan lo que es justo, correcto y adecuado y liberen a los hombres en cuestión. 
Señor Presidente, la mayor parte de las veces, en la primera parte de nuestras resoluciones se hace una relación mecánica de antiguas resoluciones o convenciones internacionales. 
Sin embargo, en esta ocasión es muy importante lo que se dice en esa relación. 
En primer lugar, se recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que debiera guiar siempre nuestras actuaciones; también, el artículo 2 del Acuerdo UE-Egipto de asociación Euromediterránea, aún por ratificar. 
En el momento de su ratificación probablemente nosotros debamos tener influencia para el tratamiento que se da al caso que nos ocupa. 
Asimismo, el apartado 6 de la resolución del año pasado, que refleja muy bien cuál es nuestro sentimiento y exige a las autoridades egipcias que pongan en libertad a las personas que en ese momento estaban en prisión. 
También el análisis de la legislación egipcia, que refleja que la homosexualidad allí no es ningún delito. 
De acuerdo con todas esas consideraciones, nosotros compartimos lo que dice la resolución, es decir, que se deben tener en cuenta esos derechos: el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opción sexual, el derecho a la vida privada y a la igualdad ante la Ley. 
Señor Presidente, en Europa, en los últimos días, hubo grandes manifestaciones denominadas del "orgullo gay". 
En mi país, en concreto en Madrid, 250 000 personas se expresaron pacíficamente en una manifestación colorista y tolerante que es digna de elogio. 
Por lo tanto, con todo nuestro respeto, hemos de transmitir a las autoridades egipcias ese sentimiento y el derecho de esas personas. 
Señor Presidente, recordemos que Egipto es una de las grandes y antiguas civilizaciones. 
Desde tiempos remotos siempre ha sido un pilar de la cultura y el progreso. 
Hoy, su último Ministro de Asuntos Exteriores es el Secretario General del Consejo de Cooperación del Golfo. 
Egipto es un primus inter pares a perpetuidad en la Liga Árabe. 
Sin embargo, ahora tenemos a estos desgraciados hombres acusados de un delito que en Europa no podemos aceptar en modo alguno que no sea una flagrante discriminación. 
A la luz del Acuerdo de Asociación Euromediterráneo con que contamos, hablamos como amigos de Egipto porque, efectivamente, Egipto es todavía hoy uno de los más destacados defensores de los derechos humanos y garantes de la democracia y de las libertades del hombre en todo el mundo árabe. 
Respetamos su cultura, su tradición, su historia, su religión. 
Pero, no obstante, como amigos, y, más en particular, por nuestra intensa relación con Egipto, le pedimos que reconsidere su actuación. 
Hoy, al apoyar esta importante resolución, instamos al Consejo y la Comisión que hablen en nombre del Parlamento y pidan al Gobierno egipcio que reconsidere su actuación. 
Señor Presidente, el masivo deterioro de la situación en Belarús se pone de manifiesto precisamente también en el hecho de que durante dos Plenos seguidos tengamos este tema en la sesión de cuestiones de urgencia. 
Bien es cierto que esto es realmente excepcional, pues usualmente somos aquí mucho más variados. 
Ciertamente es increíble que el Sr. Lukaschenko, como único gobernante, siga creyendo que puede permitirse en Belarús algo que no se permite en ninguna parte de Europa ni en ninguna otra parte del ámbito de la OSCE. 
En mi opinión, padece claramente de pérdida de la realidad. 
El último ejemplo en el ámbito de la libertad de opinión, en concreto, que las encuestas de opinión tengan que ser discutidas con el gobierno, que los contratistas, las financiaciones, los métodos tengan que ser sometidos a indagación y que la comisión gubernamental exija la corrección de los sondeos de opinión, muestra qué situación tan dramática y qué dramática evolución tenemos en este país. 
Un segundo ejemplo: como delegación en este Parlamento recibimos una carta del embajador, que nos dicta qué hemos de hacer con nuestro orden del día. 
Esto lo puede intentar con su parlamento, pero nosotros somos diputados libremente elegidos, y todavía establecemos nosotros mismos nuestro orden del día. 
Esto pone de manifiesto en qué situación se encuentran allí los diputados. 
Presentamos esta resolución sobre el trasfondo de que en la OSCE se plantee la pregunta de si se reconoce o no se reconoce la Asamblea Parlamentaria. 
No creo que pueda ser reconocida pues no ha sido elegida libremente. 
Señor Presidente, mientras que en el resto de Europa central y oriental se han producido grandes avances para la libertad de prensa, las cosas, como ya hemos mencionado todos, van por mal camino en Rusia y también en Belarús. 
Estos retrocesos suponen, como dijera anteriormente el señor Comisario, un riesgo de que el desarrollo en el resto de la zona se vea afectado negativamente. 
Resulta sumamente preocupante que como media en los últimos años hayan sido asesinados diez periodistas al año en los dos países. 
Han sido típicamente periodistas que estaban investigando hechos que los poderosos no querían que fueran sacados a la luz. 
La voluntad de las autoridades para esclarecer estos casos rara vez es grande. 
El Parlamento debe respaldar las recomendaciones de la Federación Internacional de Periodistas, FIP, que señalan con razón la necesidad de que la sociedad internacional siga mucho más atentamente y censure los ataques a la libertad de prensa que se produzcan. 
Esto es válido cuando los gobiernos mediante la legislación tratan de impedir a los medios de comunicación críticos e independientes que trabajen, por ejemplo, como sucedió con una llamada ' ley de información? en Belarús, y cuando en casos concretos coartan la libertad de prensa, tal y como, por ejemplo, ha sucedido en el caso de los periodistas Mikolai Markevich y Pavel Maozheiko, que se han permitido criticar al Presidente Lukashenko durante la campaña electoral con motivo de las elecciones presidenciales en Belarús y que por ello han sido condenado a duras penas. 
Hemos manifestado claramente nuestro distanciamiento de leyes que coartan la libertad de prensa y debemos censurar las violaciones concretas de la libertad de prensa en todo el mundo, también en estos dos países. 
Debemos aumentar la vigilancia de lo que sucede en estos dos países en lo que a pluralismo y libertad de prensa se refiere, y además, la sociedad internacional debe respaldar en mucha mayor medida proyectos que tengan por objeto promover la profesionalización de los medios de comunicación mediante la educación de los practicantes de la profesión y dando a las organizaciones de la profesión un papel más fuerte en el desarrollo democrático. 
Gracias, señor Presidente, estoy de acuerdo con la Sra. Schroedter cuando dice que es lamentable que en el plazo de un mes tengamos que hablar dos veces de Belarús en esta asamblea plenaria. 
Es mala publicidad para ese país. 
La vez anterior se trató de los problemas que hubo en la misión de la OSCE en Minsk y su furtiva conclusión. 
Ese problema aún no está resuelto. 
Arriba, en la tribuna, se encuentran el Sr. D. Andrew Carpenter, uno de los diplomáticos que ha abandonado Belarús y con el que hemos tenido una conversación esta mañana y el Sr. D. Nikolai Statkevich uno de los líderes de la oposición de Belarús. Creo que debemos darles una calurosa bienvenida. 
Últimamente han vuelto a producirse una serie de incidentes en relación con la libertad de prensa. 
Los viejos tiempos aún permanecen en Belarús. 
Y eso lo sabemos por experiencia propia. 
Todo lo que hacemos o intentamos hacer allí, junto con la OSCE y el Consejo de Europa, a menudo es tergiversado por los medios de comunicación estatales, siendo lo peor de todo que a mí mismo, en calidad de presidente de su delegación, se me tilda de espía de la OTAN aunque también forme parte de la delegación de la OTAN 
No quiero extenderme demasiado sobre la libertad de prensa porque nuestra resolución ya es bastante clara. 
Si se trata de buscar soluciones, quiero hacer un llamamiento al consejo y a la Comisión para que intenten establecer un diálogo con Rusia sobre Belarús. 
La Federación Rusa tiene una enorme ascendencia sobre ese país, pero, hasta el momento, siempre se ha negado a prestarnos su colaboración para ejercer presión sobre el régimen de Lukaschenko. 
Las relaciones entre la UE y Rusia y entre Rusia y la OTAN han mejorado notablemente. Deberíamos aprovecharnos de esas buenas relaciones para convencer a los rusos de que hagan realidad una mayor implicación democrática por su parte con Belarús. 
De vez en cuando se nos reprocha que, con nuestra política y con nuestras resoluciones, estamos intentando aislar a Belarús, lo cual sólo puede ayudar a Lukaschenko. 
Yo me doy por aludido por esos reproches, pero creo que también hay que decir que, sobre todo, es Lukaschenko el que se aísla y que nosotros simplemente esperamos ansiosos una señal por su parte, alguna concesión fundamental a la democracia, de modo que nosotros podamos reaccionar con una apertura hacia ese país. 
Porque queremos realmente hacer entre todos algo por Belarús. 
Hay más que suficientes problemas que podemos solucionar conjuntamente, pero el régimen de Belarús debe facilitar las cosas. 
Señor Presidente, hace tres semanas el Parlamento Europeo criticó severamente el cierre de la oficina de la OSCE en Belarús. 
La negativa a renovar el visado a Andrew Carpenter- su más alto funcionario, que se ha interesado enormemente por la democracia y por los derechos humanos en ese estado europeo- significó, en la práctica, el cierre de la oficina. 
Una vez más nos ocupamos de atropellos a los derechos humanos de periodistas y disidentes en Belarús, personas que no sólo son enjuiciadas y condenadas a largas penas de cárcel, sino que también son víctimas de injurias, humillaciones y rechazo por parte de la sociedad oficial. 
Hay gente que ha muerto en la defensa de la democracia en Belarús. 
Esto es, en el fondo, una manifestación de la poca confianza en la legitimidad política y democrática del régimen. 
La Comisión, en este caso representada por la Comisaria Diamantopoulou, debe revisar minuciosamente la estrategia de la Unión Europea respecto a Belarús. 
Este país ha estado aislado durante largo tiempo. 
No tenemos que ceder ni un milímetro en nuestras exigencias respecto a los derechos humanos, pero, al menos en un bajo nivel técnico, tenemos que iniciar un diálogo con este país. 
A pesar de todo, es un estado europeo. 
Es un vecino de Letonia, de Lituania y de Polonia, esto es, de la UE ampliada. 
Se necesita una nueva estrategia. 
Permítanme mencionar algunos puntos que pueden servir para la formulación de una estrategia. 
En primer lugar, una sola persona- el presidente Lukasjenko- no puede interponerse en el camino de un pueblo de diez millones de habitantes. 
Hay que dar a este pueblo una perspectiva europea, hay que darle esperanza de un futuro mejor. 
En segundo lugar, hay que fortalecer la sociedad civil y hay que dar prioridad a las elecciones locales como expresión de arraigo popular en pro de la democracia. 
En tercer lugar, las leyes electorales deben ser más abiertas y dar garantías de seriedad y justicia, cosa que no ha ocurrido hasta hoy. 
En cuarto lugar, la UE debe actuar de manera que no aumente la polarización en ese país. 
Hay que apoyar la democracia, pero sin que el país se divida. 
En quinto lugar, tenemos que continuar obstinadamente nuestra lucha en favor de los derechos humanos. 
Es probable que Belarús vuelva a aparecer en el Parlamento Europeo entre los asuntos de actualidad y urgencia en septiembre. 
En sexto lugar, hay que hacer presente a Belarús y al presidente Putin que, en virtud del acuerdo que los une, son responsables del respeto a los derechos humanos en ese país. 
Señor Presidente, Belarús, un país que en la historia ha estado orientado durante siglos hacia la Europa central y que ha mantenido una estrecha relación con nuestra actual Comunidad, fue duramente golpeado en el siglo XX. Primero fue el imperialismo de la Gran Rusia, luego el estalinismo que tuvo efectos especialmente crueles allí y en Ucrania, luego la ocupación nacional-socialista con sus delitos- la guerra afectó de manera especial a la Rusia blanca- más tarde, de nuevo, el colonialismo soviético, Chernobil que tuvo efectos muy fuertes allí, y ahora, finalmente, el Sr. Lukaschenko. 
El Sr. Lukaschenko es un flagelo para este país, en la Europa actual- gracias a Dios, hay que decir- se ha convertido en una figura singular. 
Desde la caída de Milosevic el Sr. Lukaschenko constituye una reliquia de una época que, gracias a Dios, ha pasado. 
Precisamente por esto hemos de hacer todo lo posible para apoyar en Belarús el oprimido movimiento democrático, apoyar la liberación de los periodistas que son perseguidos y actuar en pro del estado de Derecho, de la democracia y de la libertad de opinión. 
Se trata de uno de los últimos regímenes tiránicos de Europa y es preciso superar este régimen de manera pacífica, democrática y con arreglo al estado de Derecho. 
Por esta razón considero acertado que en tan breve tiempo nos estemos ocupando de este país por segunda vez y no dejaremos de hacerlo hasta que este país disfrute de lo que disfrutamos nosotros, es decir, de democracia y de un estado de Derecho con arreglo a los criterios europeos, hasta que este país haya regresado también a la comunidad de los pueblos europeos libres. 
Esto incluye también de manera muy concreta que nosotros apoyemos a los defensores de los derechos humanos, que apoyemos- como ha afirmado nuestro colega, el Sr. Belder- a los medios de prensa independientes, y que velemos por que la tiranía no sofoque el espíritu de la libertad, sino que este espíritu de la libertad triunfe también en Belarús. 
Señor Presidente, el derecho a expresar libremente nuestras opiniones y el derecho de los periodistas y de los medios de comunicación a informar sobre el gobierno y el desarrollo de la sociedad es indiscutible para los que vivimos en países con profundas tradiciones democráticas. 
En muchos países no es así. 
En Belarús, por ejemplo, son perseguidos los que sostienen una opinión diferente de la del gobierno. 
Los que quieren una política diferente de la del gobierno son objeto de represalias. 
En Belarús tampoco hay libertad de prensa. 
Los periodistas y los medios de comunicación no pueden investigar ni informar sobre asuntos de política interna y sobre lo que ocurre en el mundo. 
Hay poderosas razones para condenar enérgicamente el manejo del gobierno bielorruso de las libertades de expresión y de prensa. 
Conviene que todas las instituciones democráticas coadyuven para fortalecer la prensa independiente de ese país. 
Por eso celebro que el Parlamento una vez más dirija sus focos hacia la situación en Belarús. 
. (EN) La situación de la democracia y de los derechos humanos en Belarús suscita una enorme preocupación en la Comisión y en los Estados miembros. 
En principio, Belarús debería contarse entre nuestros socios más importantes: será un vecino directo tras la ampliación y constituye una vía fundamental de comunicación entre la UE y Rusia. 
Sin embargo, la sistemática eliminación de elementos de la oposición, incluyendo diversas ' desapariciones? , la falta de controles y equilibrios democráticos y el trato dado a los medios de comunicación, nos han conducido a congelar nuestras relaciones. 
De hecho, como se recomienda en algunas de las propuestas que se han presentado hoy, hemos advertido a las autoridades belarusas que no pueden contar con que se produzca cambio alguno en esta situación a menos que adopten medidas claras de respeto de los derechos de humanos y de observancia del estado de derecho. 
El trato dispensado a periodistas y escritores en Belarús es escandaloso. 
La práctica de redactar listas de escritores que no deben ser publicados recuerda tiempos que creíamos pasados. 
Constituye una flagrante violación de los principios de la OSCE y de Europa. 
También estamos muy preocupados por el cierre del periódico Pagonya, ya mencionado por dos diputados de este Parlamento, así como por las imputaciones vertidas contra el director de Rabochy. 
Estas personas han sido acusadas de difamar al Presidente durante la campaña electoral del año pasado. 
Belarús se niega a cooperar con la OSCE, a la que ha acusado de inmiscuirse en cuestiones internas. 
Estamos convencidos de que la OSCE debe mantener su presencia en Belarús y ayudar activamente al país a cumplir las obligaciones que asumió al adherirse a la OSCE. 
La Comisión seguirá insistiendo en que los Estados miembros no deben hacer concesiones ni negociar con el Gobierno belaruso a menos y hasta que modifique su actitud de forma sustancial. 
Al mismo tiempo, debemos estar preparados para responder si tal cambio se produce, y no dejar de utilizar los instrumentos de que disponemos para apoyar a la sociedad civil y los contactos entre los pueblos. 
Tanto el programa TACIS como la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) se aplican activamente en estos ámbitos. 
No tengo duda alguna de que la UE seguirá abordando los casos particulares, incluidos los de dichos periodistas, políticos de la oposición y académicos como el Profesor Bandazhevski. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de cinco propuestas de resolución: 
? 5-0421/2002, de los diputados Linkohr, Medina Ortega y Izquierdo Rojo, en nombre del Grupo PSE, sobre los graves sucesos acaecidos en Buenos Aires; 
? 5-0428/2002, de los diputados Andria y Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación en Argentina: crisis económica, institucional y social; 
? 5-0433/2002, de los diputados Marset Campos, Di Lello Finuoli, Miranda y Jové Peres, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la represión en Argentina; 
? 5-0434/2002, de los diputados Gasòliba i Böhm, Sánchez García y Marieke Sanders-ten Holte, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Argentina; 
? 5-0435/2002, de los diputados Lipietz, Mayol i Raynal, Nogueira Román y Frassoni, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en Argentina. 
Señor Presidente, en realidad deberíamos habernos ocupado de la crisis de Argentina en el pasado mes de enero, cuando se hallaba en su momento álgido, pero la renovación de los cargos lo impidió. 
La situación argentina ha mejorado con respecto al mes de diciembre, pero nos encontramos todavía con enormes dificultades. 
Hace pocos días hubo unos incidentes que originaron la muerte de dos personas y varias decenas de heridos. 
Ayer, el Presidente de la República Argentina, el Sr. Duhalde, anunció el adelantamiento de las elecciones, que se celebrarán en mayo y no en octubre. 
En todo caso, cuando abordamos el problema de la Argentina en estas instituciones, deberíamos renunciar a dar lecciones. 
Desde luego, no creo que ni este Parlamento ni las instituciones de la Unión Europea en su conjunto estemos en condiciones de dar lecciones. 
Sobre todo es difícil hacerlo con un país como la Argentina, que ha sido el discípulo predilecto del Fondo Monetario Internacional y al que muchas veces hemos alabado por haber seguido ese tipo de políticas. 
Pero el discípulo ha sido menos bueno de lo que parecía, ha habido una acumulación excesiva de déficit público, un gasto público desordenado y, en este momento, a consecuencia de ello, se ha producido, un desplome del sistema financiero. 
Creo que es difícil recomendar soluciones dogmáticas. 
Por un lado, no creo que solucione nada volver a las viejas recetas de la sustitución de importaciones, las viejas recetas de las teorías de la dependencia. 
Pueden satisfacernos intelectualmente, pero no solucionarían nada. 
Y, desde luego, tampoco es cierto que las recetas de Davos, las del evangelio del neoliberalismo, hayan conducido al país a la vía de la solución. 
Creo que hay que buscar una fórmula mucho más pragmática. 
Hay países de América Latina que, aunque con dificultades, van sorteando esos problemas. 
El caso de Chile es el mejor exponente, pero incluso Brasil, con Fernando Enrique Cardoso, parece estar defendiéndose en situaciones difíciles. 
Lo importante es que las instituciones europeas impulsen la ayuda a la Argentina, que es un país democrático, con libertad de prensa, con un alto nivel cultural y con excelentes relaciones económicas, comerciales, políticas, etc. con nuestra Unión. 
Habría que pensar en una ayuda parecida a la que se dio a Turquía. 
En este caso es posible que influyera el papel que tiene Turquía como país estratégico en la zona de Oriente Medio. 
Argentina quizás no esté en una zona estratégica pero, si no se ayuda a Argentina, existe el peligro de que todo el resto de América Latina siga el camino de este país. 
Por tanto, desde mi punto de vista y el del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, lo importante ahora no es dar recetas ni recomendaciones, sino hacer que las instituciones europeas y nuestros Gobiernos se movilicen en favor de esta economía y de este país que, por las relaciones íntimas que tiene con nosotros, merece nuestro apoyo. 
Señor Presidente, estoy satisfecho con el debate que se desarrolla en la Sala. 
No me refiero a enero, cuando comenzó la crisis argentina, sino al hecho de que desde hace más de dos meses estoy tratando, con escaso éxito, de debatir sobre esta resolución. 
El mismo carácter de urgencia creo que ha de ser revisado. 
La posibilidad de recoger frutos abundantes o frutos escasos, de hecho, depende de la rapidez con que se toman las decisiones y se dan indicaciones. 
La situación en Argentina es ciertamente difícil y delicada: difícil porque sustancialmente se ha detenido cualquier tipo de mecanismo económico y financiero. 
En particular, me refiero a los depósitos bancarios para los que no hay en absoluto posibilidad de cobro, a excepción de las transacciones por medio de tarjeta de crédito, pero que obligan a reponer las mismas provisiones. 
Una suma depositada no puede ser luego utilizada en modo alguno. 
Luego, se ha concedido la posibilidad, muy discutible, de adquirir obligaciones a tres o a diez años, pero con una rentabilidad y una posibilidad de reembolso más bien dudosas. 
Sea como fuere, conviene recordar que con la rentabilidad de estas obligaciones no se puede en absoluto sobrevivir. 
Al colega Medina me gustaría recordarle otro aspecto, y es que Argentina es, para bien y para mal, un país locomotora, un país guía. 
Por lo tanto, es posible que también Uruguay, que se encuentra ya en las mismas condiciones- por no hablar de Chile y de Brasil- por desgracia, pueda seguir el mal ejemplo de Argentina. 
Para terminar, querría subrayar que es muy difícil formular propuestas. 
La resolución, de hecho, desea evidenciar solamente el aspecto de la crisis. 
En cambio, al Fondo Monetario Internacional le toca decidir, en poco tiempo, si se subvenciona o no la crisis argentina y al Estado argentino. 
Prometer un circuito de exportaciones, ante todo un circuito de las tarjetas de crédito, que no ha de ser solamente virtual, sino también tener una posibilidad de utilización de los propios fondos dentro del circuito bancario, pienso que puede ser un primer paso para encauzar la crisis hacia su solución. 
Señor Presidente, a diferencia de tres grupos de la Cámara, nosotros no firmamos esta resolución porque nos parece una resolución que no dice toda la verdad de lo que ocurre en Argentina- aunque es difícil hacerlo en una resolución, lo reconozco- y nos parece un poco débil. 
El ejemplo mejor es el considerando H, en el que se dice que "considerando que los violentos incidentes con víctimas ocurridos en Argentina se deben a la grave situación económica y social del país (... ) , y que más del 40% de la población se encuentra en el desempleo". 
Eso es verdad, pero no es toda la verdad, porque las víctimas las produjo la represión y hay dos víctimas mortales con nombres y apellidos, más de 90 heridos y además la fuerza pública entró en la sede del partido Izquierda Unida a tiros. 
Es decir, no es sólo la pobreza, el desempleo y la situación grave de crisis. 
En la resolución se pide al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional ayuda para que Argentina salga de la crisis, pero no se habla de las condiciones que se ponen para que eso sea así. 
En nuestras enmiendas recordamos que Joseph E. Stiglitz, que fue Vicepresidente del Banco Mundial, indica que la desregulación del mercado, la especulación financiera y la fuga de capitales contribuyen a esa crisis, además de los errores que hayan podido cometer los argentinos. 
Señor Presidente, no hay derecho a que un país tan rico como la Argentina tenga en la pobreza a la mayoría de su población. 
Por lo tanto, hay que ayudarla a salir de la crisis, pero ayudarla como es debido. 
Señor Presidente, Argentina está en crisis y cuando Argentina llora toda América se preocupa, como creo que también le ocurre a Europa. 
No sólo porque Argentina es socio privilegiado de ese gran bloque comercial que se llama Mercosur, sino también por sus fuertes lazos sociales y vínculos culturales con la vieja Europa. 
Desgraciadamente, estamos comprobando con hechos preocupantes que el populismo político-económico de esta rica república no tiene buen fin. 
Los vientos que sembraron algunos gobernantes los sufren hoy en sus carnes los ciudadanos argentinos, con las consecuencias calamitosas de las tempestades económicas que estamos viendo. 
De ahí que lancemos desde el Parlamento Europeo una llamada a la solidaridad internacional para intentar ayudar a estos ciudadanos del Cono Sur americano a que consigan una política económica adecuada. 
Debemos ayudar a un pueblo que vive y soporta a diario y desesperadamente las consecuencias de nefastas políticas gubernamentales de antaño. 
Nuestra contribución debe orientarse a la búsqueda de la estabilidad social de Argentina y a la recuperación económica de su pueblo, porque lo que es bueno para Argentina es bueno para todos. 
Señor Presidente, en el paso del siglo XIX al siglo XX los barcos estaban llenos de europeos que emigraban desde Europa a Argentina. 
Si ustedes visitan hoy Buenos Aires se encontrarán allí una fascinante pequeña Europa. 
Todos los pueblos de Europa se encuentran unidos allí en su riqueza cultural y conviven pacíficamente. 
Hoy, cien años después y, en parte, ciento cincuenta años después, sucede lo contrario: delante de las embajadas europeas hay largas colas de argentinos de origen europeo que quieren emigrar a Europa. 
Esto es un símbolo del éxito de Europa y de la unificación europea, pero, lamentablemente, es también un signo del fracaso de Argentina. 
Como alguien, que ama y valora extraordinariamente a este país maravilloso, debo decir que esto es algo que como europeos debemos lamentar y donde debemos ofrecer nuestra ayuda solidaria. 
Sin embargo, creo que nuestra colega, la Sra. McKenna, simplifica demasiado las cosas cuando se remite a las instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
Hay que ver claramente que Argentina es un país en el que fluyen la leche y la miel. 
Hay carne, miel, leche, vino, todo de excelente calidad y en abundancia. 
La agricultura argentina podría coalimentar a Europa. 
Argentina posee petróleo y gas natural. 
Exporta energía y es uno de los países más ricos del mundo con condiciones ideales. 
El hecho de que, no obstante, se produzcan estas extremadas tensiones sociales en este país- y he visto allí realmente barrios ardiendo, cubiertas de automóvil ardiendo en las autopistas, barricadas y levantamientos- se debe, lamentablemente, a que en Argentina existe un sistema político que no funciona, que es ineficaz, que es corrupto, que origina costes enormes. 
En provincias pobres, como Misiones, por ejemplo, los diputados provinciales ganan más que un diputado europeo. 
Me alegro del salario de cada cual, no se trata de esto, pero Argentina posee un sistema enormemente ineficaz y si Argentina no soluciona por sí misma sus problemas domésticos, como se ha comenzado a hacer en el Brasil vecino, los europeos tampoco podremos hacer nada. 
Hemos de ayudarles a autoayudarse. 
Señor Presidente, mientras los sobresaltos incontrolables e incontrolados de su economía han dejado a Argentina exhausta, mientras el 50% de la población ha caído por debajo del umbral de pobreza, mientras la rabia se adueña de la población trabajadora, que, sin trabajo y en su inmensa mayoría sin subsidios, se ve obligada a rebuscar en los cubos de basura, la única respuesta que han sabido dar los dirigentes de este país es disparar sobre una manifestación de parados, matando a dos jóvenes e hiriendo a cientos de personas. 
Lo que está pasando en Argentina es incalificable, y más aún teniendo en cuenta que este país, que ni siquiera era de los más pobres, ha sido durante años saqueado por grandes trusts de Estados Unidos- aunque también de Europa -, que han obtenido pingües beneficios al tiempo que arruinaban al país. 
A pesar de que la mayoría de la población está arruinada, hay una minoría rica, argentina y extranjera, que sigue haciendo negocio. 
Aparte de algunos difusos comentarios que lamentan la crisis económica, política y social como si se tratara de una catástrofe natural, lo único que se le ocurre a la resolución común es protestar por la violación del derecho a la propiedad, y reclamar un gesto del gobierno argentino para que garantice el respeto al derecho fundamental a la propiedad de los ahorradores locales y de los inversores extranjeros. 
Esto quiere decir que para usted, los que no tienen ni propiedad, ni inversiones, sólo tienen derecho a estirar la pata, sin que ni siquiera el Parlamento eleve una protesta. 
Habríamos votado a favor de la propuesta de resolución del GUE, que al menos denuncia la represión brutal que están aplicando las fuerzas del orden. 
Rechazamos con indignación la resolución común. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, querría presentar una enmienda oral; sería un apartado 7 bis (nuevo) que diría lo siguiente: "Valora positivamente el reciente anuncio del Presidente Dualde de adelantar el proceso electoral en seis meses, a la primavera del año 2003, al objeto de afirmar la legitimidad democrática". 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
- (EN) El Gobierno irlandés ha hecho público el tenor de la pregunta que se formulará a los votantes irlandeses al objeto de la ratificación del Tratado de Niza mediante referéndum. 
A mi juicio, la inclusión de un artículo que prohíba a Irlanda participar en un política de defensa común de la UE constituye un error táctico y pone de manifiesto una interpretación equivocada de las razones por las que los votantes irlandeses rechazaron el Tratado de Niza en el referéndum anterior. 
Una encuesta sobre los motivos de los que se opusieron al Tratado ha puesto de relieve que el ' temor a perder capacidad influencia y dinero? y no la cuestión de la neutralidad fueron los principales factores. 
Además, esta decisión, adoptada por un Gobierno dirigido por un Primer Ministro de Fianna Fail supone una traición al ideal europeísta de sus predecesores, tan remotos como Sean Lemass, quien afirmó que Irlanda estaría dispuesta a participar en una política de defensa común de la UE. 
Además, es claramente contraria a las anteriores declaraciones realizadas por el Ministro de Asuntos Exteriores, Brian Cowen, en el Irish Examiner el 3 de julio de 2000. 
En lugar de hacerles el juego a los euroescépticos de su propio partido, como el Ministro, O ' Cuiv, y a los de fuera de su partido, debería asumir un liderazgo firme y no seguir confundiendo a los votantes. 
(Abreviada de conformidad con el artículo 137, apartado 1, del Reglamento) 
En las últimas semanas unas inundaciones de proporciones catastróficas y sin precedentes han arrasado zonas enteras de Europa Central, especialmente la parte alta y baja de Austria, el este de Alemania y zonas de la República Checa. 
Más de un centenar de personas han perdido la vida y decenas de miles se han visto forzadas a abandonar sus casas y lugares de trabajo. 
Hoy, en mi propio nombre y en el de esta Cámara, deseo expresar mi más profunda solidaridad con las víctimas de las inundaciones y sus familias y reconocer los extraordinarios esfuerzos realizados por los equipos de rescate y numerosos voluntarios. 
Mañana, en un debate de urgencia especialmente convocado con este motivo, además de nuestra sincera expresión de condolencia de esta tarde, tendremos la posibilidad de sentar las bases para demostrar una auténtica solidaridad de forma práctica. 
En memoria de las víctimas, les ruego se levanten y guardemos un minuto de silencio. 
(La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio) 
El domingo día 4 de agosto, Cecilio Gallego Alaria y una niña de seis años perdieron la vida a causa de la explosión de un coche bomba que estaba aparcado cerca de una parada de autobús en la ciudad española de Santa Pola, Alicante. 
El día 1 de agosto, David Caldwell resultó muerto a raíz de una explosión que se produjo en Derry, en Irlanda del Norte. 
Con estos actos, los terroristas han demostrado una vez más, al negar el derecho a la vida, su esencial provocación al orden democrático. 
El terrorismo rechaza los valores y principios comunes sobre los que se asienta la Unión Europea, y que ésta representa, promueve y defiende. 
Nuestra Unión se basa en los principios de la democracia y el Estado de derecho, que son comunes a los Estados miembros y, por lo tanto, no pueden ofrecer ninguna justificación para el uso de la violencia terrorista. 
En mi propio nombre y en el de esta Cámara, condeno firmemente estos actos terroristas y expreso mi más sincera condolencia a los familiares de las víctimas y nuestra más profunda solidaridad con los afectados por los ataques terroristas. 
En nombre de la Cámara, expreso una vez más nuestro apoyo a las autoridades respectivas en su lucha contra el terrorismo. 
Ruego guardemos un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo. 
(La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio) 
Señor Presidente, creo que la Corte Penal cuenta con el apoyo de casi todos los grupos parlamentarios. 
Sin embargo, ningún Gobierno- ya sea de derecha o de izquierda- apoya realmente la Corte Penal y, en mi opinión, es necesario que celebremos un debate durante este periodo parcial de sesiones para dejar claro que rechazamos toda propuesta de conceder la inmunidad a cualquier persona que no pertenezca a esta Corte. 
Este debate nos daría la oportunidad de aprobar una resolución durante el segundo periodo parcial de sesiones de septiembre. 
Dado que está previsto que los Ministros de Asuntos Exteriores se reúnan el 30 de septiembre para decidir si deben o no permitir excepciones, creo que resultaría más eficaz celebrar dos debates en lugar de uno si queremos dejar suficientemente claro a todos los gobiernos de que el Parlamento Europeo no desea que existan excepciones de ningún tipo. 
Por este motivo, tanto mi Grupo como yo mismo pensamos que un solo debate a puerta cerrada sobre una moción, el próximo 24 de septiembre, no sería suficiente. 
Recomendamos que se celebre un debate a puerta abierta, con el fin de informar al público europeo sobre la firme postura de todos los grupos parlamentarios. 
Por lo tanto, solicitamos que se incluya otro debate en el programa de este periodo parcial de sesiones. 
Señor Presidente, Señorías, no estamos en desacuerdo con el asunto, pero instamos a que se aborde de otra manera. 
El miércoles celebraremos un debate realmente amplio y muy serio sobre Iraq y otros temas importantes, para el que nuestro Grupo se ha preparado exhaustivamente, no sólo en lo que respecta al tiempo de uso de la palabra, sino también a lo que vamos a decir. 
Por lo tanto, proponemos que el debate sobre la Corte Penal Internacional no se celebre esta semana, sino durante el segundo periodo parcial de sesiones de septiembre. En todo caso, la fecha seguiría siendo anterior al 30 de septiembre y a la reunión del Consejo, por lo que el debate podría quedar cerrado previamente mediante la aprobación de una resolución. 
Por lo tanto, no estamos en desacuerdo con ello; sin embargo, en lo que respecta al procedimiento, preferimos el segundo periodo parcial de sesiones de septiembre, en Estrasburgo, en lugar de esta semana. 
Señor Presidente, esta decisión me lleva, como miembro de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Rumania, a hacerle una petición. 
A mediados de septiembre, el Parlamento Rumano debatirá el acuerdo que su Ministro de Asuntos Exteriores ha negociado con los Estados Unidos, en relación con este tema, sin haberles mantenido informados, como quizás ya sabrá. 
Si vamos a debatir este tema sólo durante el segundo periodo parcial de sesiones de septiembre, quizás debería remitir una carta a su homólogo rumano, con el objeto de que el Parlamento Rumano se atenga firmemente a la postura común de la UE y se niegue a refrendar este acuerdo. 
Eso es lo que cabría solicitar en tal situación. 
Muchas gracias. 
Lo haré con mucho gusto en nombre del Parlamento. 
(Se aprueba el orden del día) 
Señor Presidente, durante el fin de semana, 11 palestinos, entre los que se encontraban 4 niños de 6, 10 y 15 años de edad, fueron asesinados por el ejército israelí en el transcurso de ataques dirigidos a objetivos palestinos. 
Según el diario israelí Haaretz, al menos 30 palestinos fueron asesinados durante el mes de agosto. 
A finales de julio, una incursión en Gaza provocó la muerte de otras 16 personas, 9 de ellas niños. 
Incluso la prensa israelí condenó la irresponsabilidad de estos ataques aunque, como subrayó el Yediot Aharonot, el número de atentados terroristas ha descendido notablemente. 
Por este motivo, en nombre de mi Grupo, hago un llamamiento al Consejo, a la Comisión y al Parlamento para que adopten una postura firme con respecto a este cambio de táctica del gobierno de Sharon, que, en mi opinión, incita al odio e inculca el deseo de venganza en un momento en el que existe una necesidad imperiosa de aliviar las tensiones, así como de diálogo y de paz. 
Señor Presidente, durante mucho tiempo los daneses padecimos el grave problema de no poder ver noticias danesas en la televisión. 
El problema llegó a solucionarse, gracias a la eficaz intervención de nuestro Cuestor. 
Sin embargo, ahora nos hemos encontrado con otro problema, puesto que un conflicto entre la Radio Nacional danesa y los periodistas ha provocado que, una vez más, nos quedemos sin noticias. 
Le rogaría que no mostrase su apoyo a los periodistas, con la esperanza de que se resuelva el conflicto y podamos obtener información de nuevo en las mismas condiciones que nuestros colegas de esta Cámara. 
Confío de verdad en que obre de esta manera. 
Señor Presidente, el 8 de agosto dos periodistas turcochipriotas pertenecientes al antiguo periódico Europa, ahora denominado África (su director, Sener Levent, y Mentuh Ener) , fueron condenados a seis meses de prisión por un tribunal ilegal en la zona ocupada de Chipre, acusados de presuntas injurias contra el Sr. Denktash. 
No se trata sino de otro flagrante ejemplo de violación de los derechos humanos por parte del régimen invasor de Denktash y, en este caso en concreto, de los derechos de libertad de expresión y de prensa, violación ante la que las autoridades mundiales han hecho la vista gorda, por no decir que han mantenido una actitud hipócrita. 
No cabe duda de que el objetivo es acallar cualquier voz turcochipriota de carácter progresista opuesta a la ocupación y a los planes de división de Chipre, lo que resulta especialmente trascendente en esta fase crucial de los debates sobre la cuestión de Chipre. 
También tengo entendido que cinco profesores tendrán que comparecer ante los tribunales por haber participado en un coro, formado por miembros de distintas comunidades, que actuó en Estambul. 
Condenamos esta acción rotundamente y le rogamos que utilice su influencia para ayudar a garantizar la inmediata puesta en libertad de estos dos periodistas. 
Señor Presidente, como recordará, antes del verano propuse una iniciativa en torno a un diálogo global cristiano/musulmán/judío, con la asistencia de representantes de parlamentos cristianos, musulmanes y judíos, patrocinado por usted en el Parlamento Europeo. 
Durante el verano, hemos podido comprobar que se han producido tensiones en relación con el 11 de septiembre, con Iraq o con lo que está sucediendo en torno a Israel/Palestina. 
Creo que es hora de que haya tal diálogo, como punto focal de las buenas fuerzas moderadoras y de personas moderadas. 
Esta idea me la propuso el Presidente del Parlamento de Filipinas cuando estuvimos allí y creo que ha llegado el momento de poner en marcha esta iniciativa. 
Señor Presidente, hoy se celebra un importante aniversario de la guerra de Vietnam, no la que habitualmente llamamos Guerra de Vietnam, sino la guerra que tiene lugar cada día en ese país en contra de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales: la guerra que se está librando contra los ciudadanos de Vietnam, contra los monjes budistas y contra los líderes de los movimientos contrarios al régimen vietnamita. 
Hoy es el aniversario del nacimiento de ese régimen. Es una fecha significativa y de gran importancia, particularmente para la minoría católica y protestante de los montañeses vietnamitas, que sufren la opresión de este régimen. 
El Partido Radical Transnacional ha solicitado que el próximo sábado, 7 de septiembre, sea declarado Día Mundial de movilización ghandiana no violenta para promover la democracia y la libertad en Viet Nam. Participarán disidentes chinos como Wei Jing-Sheng, líder de la comunidad disidente vietnamita, Vo Van Ai, líder de los montañeses, y Kok Ksor. 
Hago un llamamiento a todos los diputados para que apoyen la iniciativa del Partido Radical Transnacional y participen en este Día Mundial de protesta no violenta en contra de esta nueva, constante y diaria batalla que se está librando en Vietnam. 
Señor Presidente, este verano, cuando iba por la autovía Roma-Nápoles en dirección al aeropuerto de Roma, me detuve en Cassino. Cerca de Cassino, hay un pueblecito de 2000 habitantes, San Pietro in Fine, que fue arrasado en la famosa batalla de Cassino durante la Segunda Guerra Mundial. 
En San Pietro in Fine no quedó ni una sola piedra en pie, y los pocos habitantes que sobrevivieron reconstruyeron el pueblo un poco más arriba del valle. 
En mi opinión, la gente joven debería saber lo que ocurrió. Con este propósito, deberíamos hacer de San Pietro in Fine un lugar que nos recordase los horrores de la guerra y la importancia del papel desempeñado por la Unión Europea en los últimos 50 años para evitar la guerra en Europa. 
Señor Gorostiaga, me parece el colmo del cinismo, y me resulta absolutamente repugnante, oírle otra vez justificar los crímenes, en este caso de un jubilado y de una niña española. 
Absolutamente repugnante. 
Tan repugnante como saber que parte de los recursos públicos, del dinero de los ciudadanos europeos, que usted recibe, termina en manos de los criminales y de los fascistas de ETA. 
Tan repugnante como eso. 
Señor Presidente, algo no funciona en el sistema si tenemos que soportar en esta Cámara la indecencia de personas que vienen aquí a justificar los crímenes. 
Señor Gorostiaga, sepa usted que la impunidad de individuos como usted y la de sus actitudes está tocando a su fin en toda Europa. 
La democracia tiene el derecho de defenderse y lo ejercerá. 
Señor Presidente, deseo reiterar la preocupación que mis colegas, especialmente los irlandeses, han mencionado acerca de este transporte marítimo de MOX de regreso desde Japón. 
La verdadera dificultad es que no disponemos de un foro, como diputados de esta Asamblea elegida democráticamente, en el que podamos discutir nuestras preocupaciones y temores, sean reales o ficticios, y alcanzar acuerdos entre nosotros o mostrar nuestro desacuerdo de una forma democrática acerca de este problema. 
Por ello no tenemos más remedio que seguir planteando el problema en ocasiones como esta. 
Le rogaría, señor Presidente, que tuviese en cuenta, cuando la Comisaria Palacio presente su paquete nuclear este otoño, que lo mínimo que se nos debería conceder en este Parlamento y en los parlamentos nacionales es el derecho de comunicación y consulta, así como de debate completo acerca de estos asuntos, para que podamos emitir convenientemente nuestras opiniones a favor y en contra sobre estos temas. 
Señor Presidente, deseo referirme a un tema sobre el que ya he tenido la oportunidad de llamar su atención en el pasado. 
Se trata de un asunto que afecta a mi país, pero primero me gustaría aclarar algo brevemente, en vista de lo que han dicho algunos de los diputados que representan a los partidos españoles. 
Como miembro de un movimiento nacionalista, deseo declarar mi firme convicción de que el principio y el valor de la autodeterminación de los pueblos debe ser reconocido y puesto en práctica en Europa como uno de los valores básicos de los pueblos europeos, de la Europa de los pueblos y las regiones. No se debe permitir que ningún gobierno o país lo suprima. 
Ahora pasaré a otro asunto: las indemnizaciones a los soldados utilizados como mano de obra forzosa en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. 
Las indemnizaciones se están concediendo en la actualidad, pero sólo se ha excluido de esta medida que cierra una herida abierta en Europa desde la Segunda Guerra Mundial a los soldados italianos, lo que supone una grave omisión. 
Hago un llamamiento al Parlamento Europeo para que analice el asunto de las indemnizaciones a los soldados italianos utilizados como mano de obra forzosa en los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. 
Señor Presidente, simplemente dos palabras acerca de lo que mis colegas españoles han dicho de mí. 
En primer lugar, parece que la Sra. Díez González me está amenazando con que sólo me quedan unos días como diputado de esta Cámara. 
No sé si de alguna forma estoy amenazado de muerte con estas palabras. 
En segundo lugar, con respecto a los doscientos mil euros que aparentemente se destinaron a ETA, aquí en esta Cámara hay personas responsables que saben perfectamente dónde está ese dinero en este momento, así como el origen del mismo. 
Siento tener que decir a la Sra. Díez González que está mintiendo con odio, lo que resulta muy decepcionante para todos. 
-Señor Gorostiaga Atxalandabaso, conforme al procedimiento parlamentario ordinario quisiera que esa alusión por parte de un diputado a otro en los términos que usted ha utilizado fuese retirada del acta. 
Le ruego que retire la acusación de que un diputado está engañando a la Cámara. 
Las personas tienen opiniones diferentes y las expresan con pasión. 
Así que le ruego que retire esa última observación y, a continuación, otros colegas podrán intervenir sobre cualquier otro aspecto del contenido. 
Estoy dispuesto a retirar lo que he dicho, siempre que ella haga lo propio. 
Presidente, en Euskadi y en España gentes como yo llevamos escolta. 
Gentes como yo somos asesinadas por personas que se manifiestan con el diputado Gorostiaga en las calles, que nos gritan y que gritan «ETA, mátalos». 
Lo que él ha dicho me pone a mí en peligro. 
Las personas como él viven cómodamente en Euskadi y yo quiero que sigan viviendo cómodamente, pero lo que él ha dicho pone en peligro mi vida y la vida de muchas gentes como yo. 
Por favor, que esta Cámara sea capaz de entender que lo único que queremos los constitucionalistas españoles es ser tan libres, y estar tan seguros de que vamos a volver por la noche a casa a ver a nuestros hijos, como el Sr. Gorostiaga. 
Queremos tener su misma libertad, su misma seguridad y no la tenemos, señor Presidente. 
Es insoportable que utilice esta Cámara democrática para amenazarnos de muerte, pues yo me siento amenazada de muerte, señor Presidente. 
Él y sus cómplices saben de lo que estoy hablando. 
Es una indecencia tener que escuchar en esta Cámara las palabras de una persona que se manifiesta por la calle con los torturadores y los asesinos. 
Señor Presidente, esto no sería más que un incidente parlamentario si no fuera simplemente porque, en el País Vasco y en España, cuando Batasuna amenaza, ETA mata. 
Y eso responde exactamente a la situación que nosotros vivimos en nuestro país. 
Señor Presidente, nuestra acción política siempre ha tenido como punto de referencia el ideal de la libertad, y existe una condición ligada a este ideal: es, de manera absoluta e inequívoca, incompatible con el uso de la violencia. 
Toda forma de autodeterminación basada en la violencia, o que la emplee de cualquier modo, incluso indirectamente, deberá ser rechazada en las iniciativas y posturas que adoptemos. 
En segundo lugar, tenemos un ideal de Europa, que es el ideal de la subsidiariedad. 
Nunca hemos puesto en duda ninguna decisión adoptada por un parlamento nacional, dado que reconocemos que los parlamentos nacionales actúan en contextos locales que no tienen nada que ver con Europa. 
Por lo tanto, nos gustaría que estos dos puntos de referencia fijos de nuestra acción continuaran siendo nuestros ideales, puesto que de lo contrario, la política europea se convertiría en una farsa, en la que Europa adoptaría posturas que no forman parte de nuestra tradición. 
Este punto queda cerrado. 
Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea generó un total de 63,5 millones de toneladas de residuos de envases en 1999, lo que supone aproximadamente el 17% de los residuos municipales y el 3% del peso de todos los residuos producidos. 
La Directiva 95/62/CE relativa a los envases y residuos de envases ha significado una reducción del impacto medioambiental asociado con los envases y los residuos de envases, principalmente porque se ha recogido, reciclado y aprovechado una cantidad mayor de residuos. 
En la actualidad, los envases se reciclan en toda Europa, y no sólo en los países del centro y del norte del continente. 
Todos los Estados miembros ya habían cumplido en 1998 los objetivos mínimos de reciclado para 2001. 
Esta propuesta tiene la intención de establecer unos nuevos objetivos de reciclado y valorización en conjunto, muy superiores a los previstos en la versión actual de la directiva sobre envases. 
El objetivo mínimo de reciclado que propone la Comisión supera el doble del actual, al estar fijado en el 55%, y eleva el objetivo mínimo de valorización en conjunto en un 10%, hasta el 60%. 
El Parlamento ha señalado, en repetidas ocasiones, la necesidad de que las consecuencias económicas y medioambientales de los objetivos de valorización y reciclado sean tenidas en cuenta. 
Así se hizo en el análisis de coste-beneficio más detallado que jamás se haya realizado sobre los objetivos de reciclado de la Comunidad. 
Se calcula que la financiación adicional necesaria asciende a un total de 700 millones de euros al año, frente a los 800 millones de euros de los métodos de depósito alternativos. 
Además, los beneficios para el medio ambiente se estiman en torno a los 350 millones de euros. 
Sin embargo, existen importantes diferencias entre los distintos tipos de materiales de los envases, tanto en lo que respecta a los beneficios medioambientales como en lo referente a los costes del reciclado. 
Por esta razón, la propuesta de la Comisión no sólo especifica objetivos generales de valorización y reciclado, sino también objetivos diferenciados y específicos para cada material. 
Esto tiene como intención concentrarse en aquellos materiales cuyo reciclado produzca el mayor beneficio medioambiental posible frente al coste que suponga. 
Algunos Estados miembros ya han alcanzado los nuevos objetivos propuestos por la Comisión, mientras que para otros, cuyos programas de reciclado todavía no han llegado a esta fase de desarrollo, éstos representan un importante reto. 
Me gustaría añadir que estoy presentando esta propuesta en lugar de mi colega, la Comisaria Wallström, que está pasando el día en la Cumbre de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, señora Comisaria, damas y caballeros, la directiva europea sobre envases ha tenido una considerable repercusión. 
Estamos clasificando y recogiendo nuestros residuos. 
En estos momentos hay instalaciones de reciclado por toda Europa, y hay personas, también por toda Europa, que procesan los residuos que todos nosotros producimos. 
Se trata de un trabajo duro y que requiere mano de obra intensiva. 
Estamos haciendo todo esto por el bien del medio ambiente y debemos continuar así, dado que la montaña de residuos continúa creciendo. 
Sin embargo, no debemos hacer la vista gorda ante algunas dificultades que plantea la directiva sobre envases. 
En primer lugar, existen importantes discrepancias entre los Estados miembros en lo que respecta a la ejecución de la directiva sobre envases. 
Esto se debe, en ocasiones, a una relajación, pero con frecuencia también a problemas reales, como la falta de instalaciones para depositar los residuos. 
En segundo lugar, los beneficios medioambientales no son siempre obvios. 
En nuestra opinión, el reciclado beneficia al medio ambiente, aunque con ciertos límites. 
En el caso de distancias excesivas, por ejemplo, la carga medioambiental pesa más que los beneficios. 
En tercer lugar, seguimos observando que hay una gran cantidad de envases innecesarios. 
No hace falta decir que los envases cumplen una función fundamental, concretamente proteger el producto, pero envolver una pequeña barra de pan con una capa doble de plástico resulta claramente excesivo. 
Estos asuntos se plantearon el año pasado en la resolución del Parlamento. 
Debatimos la propuesta de la Comisión teniendo en cuenta estos antecedentes. 
Apoyamos la propuesta de revisión de la Comisión, aunque consideramos que resulta demasiado limitada. 
El tema de la prevención, en particular, apenas se ha tocado. 
Señoras y señores, hemos debatido extensamente sobre este tema. 
Me gustaría agradecer su contribución a todos mis colegas de esta Cámara y, en particular, a los ponentes alternativos. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor es capaz de presentar resultados adecuados para continuar avanzando hacia el desarrollo sostenible. 
Me gustaría subrayar algunos puntos clave. 
En primer lugar, está el resultado medioambiental de la directiva, que, por desgracia, no siempre resulta evidente. 
El impacto medioambiental debe ser claro, si queremos que los ciudadanos continúen sintiéndose motivados para separar sus residuos. 
Por este motivo, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor exige una evaluación clara de los beneficios medioambientales de la directiva sobre envases. 
No sólo debería ser claro el impacto medioambiental para los ciudadanos, sino que además debería constituir un factor fundamental en las opciones tomadas por la industria y los gobiernos. 
Es aquí donde debemos sentar las bases para ello, lo que me lleva al segundo punto: la prevención. 
Los productores eligen los envases de los productos basándose en funciones esenciales, dentro de las que existen diversas opciones. 
Los refrescos se pueden envasar en cartón, metal, vidrio, plástico o una combinación de estos materiales. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor pide a los productores que elijan la alternativa más ecológica, para lo que se prescribirá un indicador. 
El Indicador medioambiental de los envases está formado por, al menos, dos parámetros: el volumen de residuos y la emisión de gas invernadero. 
Dado que la emisión de gas invernadero constituye un problema mundial, deberá acordarse el mismo valor para este parámetro en todos los países. 
Sin embargo, los problemas relacionados con los residuos y la capacidad de reciclado son diferentes en cada país, por lo que los valores acordados deberán variar teniendo esto en cuenta. 
El Indicador medioambiental de los envases ha generado una gran polémica. 
Una consecuencia resulta clara a todas luces: los diferentes materiales, como el papel, el metal, el vidrio y el plástico, deben competir entre ellos en lo relativo a la calidad medioambiental. 
De este modo, se crea un incentivo para lograr una innovación constante en el plano medioambiental, un incentivo para invertir en capacidad de reciclado. 
Esto hace que cada país desarrolle su capacidad de reciclado óptima. 
Es importante que nosotros demos el primer paso de inmediato. 
La industria desea unas manifestaciones políticas claras que, al menos, le indiquen el camino. 
Mi tercer punto hace referencia al reciclado. 
Puesto que la política de prevención no está funcionando por completo, tenemos que trabajar sobre los objetivos de reciclado. 
El problema de los objetivos de reciclado es que nunca resultan totalmente apropiados para todos los países. 
Lo que resulta ambicioso para el Reino Unido y España, no lo es para Alemania o Austria. 
Considero que el 65% propuesto por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor resulta un buen compromiso para la primera lectura. 
Se ha suscitado un gran debate acerca de si deben prescribirse objetivos específicos para cada material o no. 
De nuevo, propongo una solución de compromiso: que no haya objetivos específicos para cada material, pero sí una distinción entre materiales fáciles y difíciles, con un mínimo del 25% para el plástico y la madera, y del 60% para el resto. 
Esto ofrece a los Estados miembros la suficiente flexibilidad para que consigan los mejores porcentajes posibles. 
En cuanto a los objetivos máximos, fueron una buena idea en las fases iniciales del reciclado, pero ahora son absolutamente innecesarios. 
Objetivos nacionales excesivos ya no trastornan el mercado. 
Mi siguiente punto hace referencia a la reutilización. 
El debate en torno a la reutilización se centra fundamentalmente en los envases de bebidas, que vuelven a constituir un problema de actualidad en varios países, sobre todo en Alemania, Dinamarca y los Países Bajos. 
La reutilización también genera más problemas para el mercado interior. 
La obligación de reutilizar con frecuencia favorece a los productores locales de cerveza o de agua mineral. 
De hecho, se trata de un uso inadecuado de la reutilización que se debe evitar. 
Por este motivo, y también a este respecto, debemos poner el impacto medioambiental en el primer punto del orden del día. 
Los Estados miembros deben promover la reutilización si resulta más beneficiosa para el medio ambiente. 
El último punto hace referencia a los metales pesados. 
Todos tenemos claro que deben ser eliminados. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha optado por una prohibición total. 
Se ha señalado que esto dificulta el uso de material reciclado y, obviamente, esa no es nuestra intención. 
Por este motivo, deseamos aclarar una vez más que el uso de metales pesados debe quedar prohibido. 
Me gustaría concluir realizando un apunte sobre el desarrollo sostenible. 
En Johanesburgo, el mundo entero está debatiendo sobre desarrollo sostenible. 
Hoy tenemos la oportunidad de convertir en realidad este bello concepto. 
El concepto de desarrollo sostenible debe adquirir una dimensión práctica. 
Debemos eliminar nuestros propios desechos, en lugar de exportarlos a países en desarrollo. 
Por este motivo, debemos ser estrictos con respecto a la responsabilidad del productor. 
Ya lo hemos hecho anteriormente con la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la Directiva relativa a los vehículos al final de su vida útil. 
La responsabilidad del productor no es únicamente de tipo económico. 
Los productores también deben innovar en términos de calidad medioambiental y envases. 
La innovación constituye también la mejor garantía para mantener el empleo en el sector de los envases. Representa la mejor garantía para que las generaciones futuras no carguen con nuestros residuos, con la falta de recursos naturales y con los cambios climáticos. 
Esperamos que la revisión de la directiva sobre envases nos ayude a conseguir esto. 
Agradezco su atención y quedo a la espera del debate. 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría comenzar felicitando sinceramente a la ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, la Sra. Corbey, y agradeciéndole su informe. 
La Sra. Corbey ha ampliado el debate acerca de la enmienda a la directiva sobre envases, encuadrándola así en el contexto más amplio de la política medioambiental. 
Además del cambio de las cuotas de reciclado, ha añadido al debate la consideración de la evaluación del impacto medioambiental, recurriendo, entre otras cosas, al análisis del ciclo de vida. 
Se podría decir que, de este modo, ya se ha adelantado al debate acerca del Libro Blanco sobre la política integrada de productos. 
Por supuesto, nunca es un error estudiar, en una fase lo más temprana posible, los métodos para evaluar el impacto medioambiental, dado que así es como se crea un conocimiento general más amplio acerca de las políticas medioambientales de este tipo. 
Sin embargo, por otra parte, no debemos utilizar la directiva sobre residuos de envases para recomendar el resultado antes de que hayamos analizado detenidamente los problemas en esta Cámara. 
Después de todo, eso es de lo que trata el Libro Blanco sobre la política integrada de productos o, en cualquier caso, eso es lo que pensaban casi todos los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Por este motivo, la mayoría de nosotros, los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, solicitamos celebrar una votación para suprimir la enmienda 16 del informe, que estipula la introducción inmediata de indicadores medioambientales para los envases. 
Además, la enmienda 16 prevé una reducción total del 10%. 
¿Significa esto que ha de recortarse la producción de materiales para envases? 
¿Cómo se puede conseguir? 
¿Pretendemos reducir en un 10% la producción industrial de artículos que precisan envasado? 
Esta es otra propuesta que deberíamos evitar. 
Me gustaría hacer un breve comentario acerca del contenido de la directiva. Los nuevos objetivos pueden parecer ambiciosos pero, en mi opinión, están justificados desde el punto de vista de la política industrial en cuanto a su propósito: ayudar a que se cumplan los objetivos sobre política medioambiental de la Unión Europea. 
A pesar de las reservas a las que he hecho referencia con anterioridad, nos complacerá apoyar con determinación el informe de la Sra. Corbey. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el informe que vamos a votar mañana nos ha tenido muy ocupados en la Comisión de Medio Ambiente durante los últimos meses, y muy especialmente a la ponente, Sra. Corbey, a quien quiero felicitar, porque es un dossier nada fácil y en el que ha tenido que trabajar duramente. 
La modificación de la Directiva de envases tendrá importantes consecuencias para los diferentes agentes implicados: para las Administraciones públicas, para los sistemas de recogida selectiva, para las empresas de producción de materiales y envases, para la industria agroalimentaria y- lo más importante- para el consumidor. 
Porque sin la colaboración del consumidor esta Directiva no va a ser cumplida por ningún país. 
Está claro que es necesario fijar objetivos cuantitativos, y que éstos deben ser ambiciosos, pero también es cierto que, al mismo tiempo, los objetivos tienen que ser alcanzables. 
Tenemos que ser conscientes de que en algunos Estados miembros los objetivos serán más difíciles de alcanzar por razones históricas de carencia de infraestructuras, baja densidad de población o pautas de consumo. 
Estamos debatiendo una Directiva que debe tener el suficiente grado de flexibilidad para permitir que las leyes nacionales se adapten a ella y, además, no podemos obligar a los consumidores a separar los residuos de los envases para facilitar la recogida. 
Es algo que tienen que hacer voluntariamente y por educación. 
Los objetivos de valorización y reciclado que propone la Comisión para 2006 son particularmente ambiciosos para la mayoría de los Estados miembros y hay que reconocer que para algunos Estados miembros son inalcanzables. 
No obstante, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos va a apoyar que se aprueben los porcentajes propuestos, pero, en cualquier caso, manteniendo los límites superiores, porque la propuesta ya prevé una posible superación de estos límites con un permiso de la Comisión. 
Sin embargo, somos contrarios a la pretensión de objetivos específicos para cada material, porque suponen una distorsión de la competencia entre materiales y reducen el margen de elección del consumidor. 
Nuestra propuesta- en la enmienda 45- es un mínimo del 25% para todos los materiales, en la misma línea de la Directiva vigente, aun a sabiendas de que cumplir el 25% para el sector de los plásticos es una meta muy difícil de alcanzar. 
Que el objetivo sea del 25% no va a impedir que se supere. 
En la Directiva actual, con un 15%, se están cumpliendo objetivos del 70 y del 80% de reciclado en algunos países, pero, sin embargo, esto va a favorecer la libre competencia entre materiales dentro de un mercado libre. 
Yo, personalmente- y ya no hablo en nombre del Grupo PPE -, considero que los objetivos generales de valorización y reciclado deben ser fijados a nivel local por las autoridades competentes, que son las que mejor conocen sus posibilidades, sus infraestructuras y las pautas de sus consumidores. 
La Comisión propone que los objetivos se cumplan en junio de 2006, y nuestra propuesta es que se retrase esa fecha hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, porque es más práctico hablar y hacer los recuentos por años naturales y porque, además, el plazo es muy ajustado. 
Por ello, también comprendo que se quiera retrasar el cumplimiento de la Directiva hasta el año 2008. 
Además, los Estados miembros van a tener poco tiempo para ajustar sus legislaciones en vista del procedimiento de codecisión que va a alargar algún tiempo la aprobación de la Directiva. 
Pero creo que el retraso es un mensaje que este Parlamento no debería dar. 
En cambio, sí apoyo unos objetivos y plazos diferenciados para algunos Estados miembros como Irlanda, Grecia y Portugal, que tienen grandísimas dificultades para seguir el ritmo propuesto. 
También creemos que no es necesario un objetivo de prevención, porque, por razones medioambientales y económicas, como el pago del "Punto verde", que existe en algunos países como el mío, la industria ya trata de reducir al máximo la cantidad de material utilizado para la fabricación de envases. 
Conviene tener en cuenta que el volumen de envases en el mercado también depende de la cantidad de productos vendidos, no sólo de los materiales que se utilizan en su fabricación. 
Estamos a favor de una responsabilidad compartida, de forma que el fabricante utilice la cantidad óptima de recursos para asegurar que el producto sea convenientemente envasado, que el consumidor colabore en la recogida de residuos y que las autoridades municipales gestionen el volumen de residuos y recuperen valor donde sea posible. 
También apostamos- en la enmienda 44- por que el reciclado y la reutilización puedan ser fomentados por los Estados miembros indistintamente, según sus circunstancias particulares y sus infraestructuras. 
Debemos ser flexibles. 
La industria ya está haciendo esfuerzos para mejorar el diseño de sus productos y hacerlos más cuidadosos con el medio ambiente, porque es un aspecto que el consumidor aprecia cada vez más, y no convendría olvidar que la Directiva que queremos modificar surgió en su momento por problemas de funcionamiento del mercado interior. 
Por último, quisiera hacer una reflexión, y es que esta propuesta, como las demás que se nos presentan, está destinada a ser cumplida por todos los Estados miembros y que las condiciones socioeconómicas, de infraestructuras, de tradiciones y modos de vida son muy distintas de unos a otros, y lo serán aún más después de la ampliación. 
Por ello, en la Unión Europea debemos dar normas que fijen unos mínimos que todos puedan alcanzar y que permitan subir el listón a quien esté en condiciones de hacerlo. 
Cuando la aplicación de la legislación se traduce en excepciones y en incumplimientos es porque algo no funciona. 
Señor Presidente, en nombre de mi grupo, me gustaría también dar las gracias a mi colega, la Sra. Corbey, por su informe tan bien elaborado. 
Resulta absolutamente indispensable revisar la directiva sobre envases. 
Es preciso encontrar una solución clara con respecto a los objetivos para la utilización de residuos de envases, puesto que la situación actual es muy confusa. 
La propuesta de la Comisión sobre un nivel general de reciclado con respecto a los residuos de envases supone un objetivo ambicioso, aunque no resulta viable en ciertas circunstancias. 
Los objetivos de reciclado específicos para cada material deberían ser más similares entre sí. 
No puede haber ninguna justificación para que los objetivos sean muy diferentes, al menos en lo que respecta a los criterios medioambientales. 
Los objetivos específicos para cada material dentro de la UE conceden una categoría diferente a cada uno de ellos, pero los Estados miembros también están en una situación desigual si sus prácticas relativas al envasado y, en consecuencia, la proporción de los diferentes materiales de envasado que utilizan varían notablemente entre un Estado y otro. 
Como ya se ha dicho antes, es de gran importancia prevenir la producción de residuos. 
Esto se puede hacer, por ejemplo, empleando de manera eficaz materias primas renovables, fabricando productos de buena calidad, duraderos, reciclables y que no se deterioren, y reduciendo el peligro de los residuos resultantes. 
Aunque debería fomentarse la reutilización de los envases, es necesario evaluar caso por caso. 
Por ejemplo, el envase de fibra se fabrica fácilmente con materias primas renovables y reciclables. 
A menudo, resulta más beneficioso para el medioambiente y más barato que el envase reutilizable. 
Señor Presidente, en primer lugar, como otros colegas, quiero agradecer a la ponente la atención que prestó a cada uno de los que presentamos enmiendas y la aceptación de algunas de esas enmiendas. 
Estoy de acuerdo con la señora Comisaria en que la Directiva del año 1994 tiene algunos aspectos positivos, en el sentido de que, en mayor o menor medida, todos los Estados miembros distribuyen los residuos en origen, valorizan, reciclan y reutilizan los residuos. 
Creo que tiene esos efectos, aunque hay diferencias importantes en cada uno de los Estados miembros. 
También coincido con la ponente en que sería necesario, en éste como en otros aspectos de la política medioambiental, que, habiendo reglamentos, directivas y decisiones, se simplificara y se consolidara la legislación. 
Hay, quizá, dos cuestiones que son más controvertidas entre cada uno de los diferentes grupos: la primera de ellas se refiere a los niveles de concentración del plomo, cadmio, mercurio y cromo presentes en los envases y la segunda es el tanto por ciento de reciclaje y valorización en cada uno de los materiales propuestos. 
Creo que al final quizá fuera necesario ir a aquellos aspectos más estrictos de estas dos cuestiones, para poder llegar a una posible conciliación con un nivel alto en la Directiva. 
También hay una preocupación de la ponente que compartimos, a saber, la que se refiere a la comercialización de los productos reciclados, que tienen muchísimas dificultades y, como la ponente, pienso que las administraciones públicas deben tener esas posibilidades de contratar productos reciclados. 
Termino, Señor Presidente, con lo que a mí me parece más importante en este tema: la prevención. 
En la prevención deben participar los consumidores. 
Hay experiencias que demuestran que los consumidores, si están adecuadamente informados, participan debidamente en este tema. 
Por su parte, como vimos en Johannesburgo, los productores son responsables de la utilización de materiales que produzcan pocos residuos, deben tener en cuenta la emisión de gases de efecto invernadero, los vertidos y la protección de los recursos naturales escasos. 
Señor Presidente, según la Biblia, todos somos pastores y todos tenemos la responsabilidad de preservar el medio ambiente. 
Por lo tanto, en nuestra opinión, la política medioambiental europea debería tener como fin proteger toda la Creación, incluyendo la salud de las personas, los animales y las plantas, así como la calidad del aire, del agua y del suelo. 
Dado que el material de los envases representa aproximadamente en peso un tercio de todos los residuos domésticos e industriales, apreciará la importancia que concedemos a la armonización de las medidas nacionales con el fin de evitar o reducir los efectos medioambientales nocivos de los envases y los residuos de envases. 
Estamos razonablemente satisfechos con la directiva que tenemos ante nosotros. Estoy utilizando de forma específica la palabra razonablemente, porque la revisión propuesta sólo contempla el aumento de las medidas para valorizar y reciclar material. 
Lo que falta son normas más eficaces a favor de la prevención de los residuos, la reutilización de los materiales de los envases y la responsabilidad del productor. 
Es absolutamente crucial que haya cambios radicales en estos ámbitos. 
Por este motivo, las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor resultan un buen punto de partida. 
La ponente, la Sra. Corbey, ha desarrollado una ardua labor y ha logrado un buen resultado, gracias a la cooperación. 
Me gustaría expresarle mi más sincera felicitación por ello y aprovechar la oportunidad para realizar un llamamiento a la Comisión para que adopte una postura activa con respecto al nuevo planteamiento previamente anunciado, en el que los mencionados asuntos se traten en mayor profundidad. 
La propuesta modificada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor que tenemos ante nosotros resulta, en nuestra opinión, un primer paso en la dirección correcta. 
Señor Presidente, permítame centrarme en el planteamiento francés sobre los envases, con el que estoy más familiarizada. 
En Francia, los fabricantes han puesto en práctica una política de reducción de envases en el origen mediante el procedimiento de la certificación del cumplimiento de la norma 13428 relativa a la prevención. 
El cumplimiento de esta norma sólo es obligatorio en Francia y el Reino Unido. 
Las enmiendas que he presentado en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor iban dirigidas a ampliar este procedimiento a todos los Estados miembros. 
Mis colegas no incluyeron mi propuesta? aunque sí la tuvieron en cuenta? porque la enmienda 16 del párrafo 5 de la disposición en cuestión afirma, con gran acierto, que la Comisión evaluará, antes de finales de 2004, la ejecución de la norma CEN EN13 428 sobre prevención en todos los Estados miembros. 
Me gustaría llamar la atención de mis colegas sobre la necesidad de eliminar el cambio introducido por la enmienda 16 al artículo 4, apartado 1, letra a) , dado que un límite arbitrario en la cantidad de envases no tiene en cuenta ni el crecimiento económico ni el desarrollo sociológico. 
En efecto, la venta por unidades está creciendo rápidamente en un mundo en el que cada vez más gente vive sola. 
Mediante el cumplimiento de la norma CEN EN 13428 sobre prevención, descenderá el volumen de envases y su tonelaje mundial, tal y como demuestra el ejemplo francés. 
Ese es precisamente el reto al que tenemos que enfrentarnos. 
Me gustaría llamar su atención, una vez más, sobre los peligros que conlleva la adopción de un indicador medioambiental para los envases, tal y como propone el cambio introducido por la enmienda 16 al artículo 4, apartado 3, letra a). 
No hay necesidad de este indicador adicional para los envases, puesto que ya existe una herramienta de normalización, aunque deberá ser utilizada de forma más estricta por los fabricantes. 
Además, su compleja definición debería tener en cuenta todos los criterios relevantes, tales como la naturaleza del producto, los requisitos de la materia prima, los procesos de fabricación y los sistemas disponibles de recogida y reciclado. 
Estoy segura de que las diferencias entre las situaciones de los distintos países han provocado que los resultados no sean representativos. 
Por último, con respecto al tema de la reutilización, me gustaría señalar que esta forma de reciclado no se debería fomentar de manera sistemática, porque el impacto medioambiental de un artículo de envase reutilizable no es necesariamente menor que el de un artículo de envase desechable. 
Varios estudios han confirmado este extremo, particularmente en el sector de las bebidas embotelladas, por no hablar de las denuncias presentadas por la Comisión contra ciertos Estados miembros que obstaculizaban el comercio al hacer obligatorio el sistema de botellas retornables. 
Por lo tanto, hago un llamamiento a los diputados para que voten en contra de la enmienda 17. 
Vivimos en una sociedad que funciona a un ritmo propio de la máquina de Tiempos modernos de Chaplin: producimos, envasamos, tiramos y, cada vez más, para mi satisfacción, reciclamos y reutilizamos. 
Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que el envase es algo más que un desafortunado efecto colateral de nuestra sociedad de consumo. 
Su misión no es sólo otorgarle un bonito aspecto al producto o atraer al cliente: el envase tiene una función muy importante. 
La solución del problema al que nos enfrentamos consiste en fabricar este producto de conformidad con los requisitos medioambientales y en considerarlo en el contexto de su ciclo de vida completo. 
Aquí estamos de nuevo, hablando acerca de residuos y afirmando que la directiva de 1994 ha tenido el efecto deseado, aunque los resultados difieren entre países, entre regiones, y entre la ciudad y el campo. 
Los progresos logrados son patentes. 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión dirigida a mejorar los objetivos de la directiva parece bastante apropiada. 
Por lo tanto, no puedo sino apoyar este paso, puesto que, en vista de las dificultades encontradas en este ámbito con respecto al tratamiento de los residuos- en concreto, el tratamiento de los residuos de envases -, parecería prematuro emprender una revisión más profunda del texto. 
Sólo hay una exigencia fundamental que el Parlamento debe plantear en relación con este asunto, y es pedir realismo, pues nuestro objetivo es facilitar el tratamiento de los residuos de envases en la medida de lo posible, así como proporcionar, antes incluso de que lleguen al mercado, los envases menos nocivos para nuestro medio ambiente. 
Por lo tanto, necesitamos una política integrada en materia de productos y envases para estos. 
Además, debemos buscar salidas para nuestros residuos. 
El reciclado resulta a menudo problemático y, por lo tanto, es necesario aplicar el principio de la prevención, así como limitar el volumen de envases. 
Nuestra legislación debe, sencillamente, integrar la prevención, aunque también necesita ser más sencilla y flexible. 
Algunas de las definiciones empleadas en la directiva están también aclaradas, pero el principal problema en el ámbito europeo sigue siendo la armonización de las definiciones, algo que quedó muy patente, cuando el Parlamento estuvo examinando los textos. 
Aparte del problema de los residuos de envases, resulta esencial llevar a cabo una reforma en profundidad y encontrar la respuesta a una sencilla pregunta: ¿qué es un residuo? 
El problema de los residuos en Europa es fundamental para las instituciones comunitarias, para los gobiernos nacionales, para las autoridades locales, para las empresas y para nuestros conciudadanos, que tienen que desempeñar un papel clave. 
Quizás deberíamos trabajar en una directiva marco relativa a los residuos. 
Señor Presidente, me satisface enormemente estar hoy aquí por más de un motivo, ya que, si miro a mi alrededor en la sala, puedo apreciar que quizás sea una de las pocas personas que ya estaba aquí cuando redactamos por primera vez la directiva relativa a los envases. 
Me siento especialmente responsable de asegurar que no lo olvidemos y que esta directiva continúe desarrollándose de forma positiva para el medio ambiente. 
Acojo con gran satisfacción esta propuesta, aunque no estoy convencido de que los plazos sean precisamente idóneos, viniendo como viene de la Comisión antes de que podamos evaluar en todos sus extremos el efecto de la ampliación. 
Creo que debemos asegurarnos de que lo que hagamos con la directiva en esta ocasión sea algo positivo y sensato y que no intentemos, por ejemplo, presentar «ego-enmiendas» en lugar de «eco-enmiendas». 
Los políticos siempre tienden a cambiar las directivas y demostrar su poder. 
Lo que tenemos que hacer hoy es adoptar un planteamiento algo más limitado del que empleamos con las primeras directivas relativas a los envases de hace algunos años. 
Sin embargo, considero que esta es una oportunidad muy útil, si somos capaces de adoptar ese planteamiento, para ajustar la directiva a la luz de la experiencia. 
Hemos aprendido que el reciclado no es bueno por sí mismo, sino solamente cuando resulta positivo y beneficioso para el medio ambiente. 
Por lo tanto, muchas de las herramientas que hemos desarrollado gradualmente precisan ser mejoradas de nuevo, ya se trate del análisis de su ciclo de vida o de alguna de las demás herramientas. 
Éstas nos darán a conocer el valor real del trabajo que estamos realizando y del que encomendamos a otras personas. 
Plantear simplemente los objetivos sin reflexionar detenidamente sobre ellos no es algo que debamos hacer en esta ocasión. 
Veamos los objetivos de la Comisión, que no son nada malos- de hecho, la propuesta de la Comisión no es mala en absoluto -, estudiémoslos detenidamente y pongámonos a mejorarlos. 
Veamos si podemos mejorarlos. 
Puede que el establecimiento de unos objetivos mínimos para cada material no sea una mala idea. 
De hecho, hay algunos materiales que exigen mucho más trabajo o, si pensamos en materiales como el vidrio y el metal, quizá menos trabajo. 
Tenemos que pensar detenidamente acerca de esta directiva. 
Debemos garantizar que resulte aceptable no sólo para los países que ya aplican plenamente la directiva relativa a los teleenvases, sino también para los que tendrán que aplicarla en el futuro. 
Hemos de tener presente, desde luego, que algunos países, como Malta, se encontrarán en una situación muy diferente. 
Siendo realistas no se puede esperar que los países más pequeños con problemas de vertido de residuos especialmente graves cumplan exactamente los mismos niveles de reciclado que se podrían conseguir en los Países Bajos. 
También estamos hablando de Europa Central y Europa del Este, y por eso me pregunto si no deberíamos pararnos a pensar antes de avanzar demasiado con una revisión radical de esta propuesta. 
Las circunstancias y condiciones de esos países, que en breve serán miembros de la Unión Europea, nos obligarán a adoptar un planteamiento diferente con respecto a una parte de la legislación. 
En particular, si hablamos de envases, tiene que haber unas reglas de juego uniformes y equitativas en toda Europa, lo que nos obliga a ser realistas acerca de lo que se puede conseguir en Europa Central y Europa del Este en un futuro previsible. 
Finalmente, me gustaría decir que espero que, cuando hoy nos sentemos, podamos sentirnos satisfechos y felices y tener una sensación de bienestar en nuestro interior, pero también que sintamos que hemos hecho algo no sólo por nuestro ego, sino por el medio ambiente. 
Señor Presidente, en el contexto de Johanesburgo y de los compromisos de la UE en materia de sostenibilidad, no es descabellado pedir a este Parlamento concrete medidas de sostenibilidad, en particular exigiendo que se incluyan en la revisión en curso el principio de responsabilidad del fabricante y la internalización de los costes externos. 
Ya hemos acordado esto en el caso de la directiva de residuos electrónicos y eléctricos. 
Me preocupa especialmente que mi propio Estado miembro, Irlanda, busque de nuevo excepciones. 
¿Por qué aceptarlo teniendo en cuenta la reciente expansión económica del país? 
Mi colega ya lo ha mencionado. 
Actualmente la industria irlandesa está pagando una tasa a Repak para que cumpla unos compromisos que no se están cumpliendo. 
Se están alcanzando los objetivos mínimos, por ejemplo mediante el reciclado de recortes de papel que tradicionalmente se han reutilizado, de modo que hay más una sensación de progreso que no un progreso real y mucho humo y espejismos en torno al cumplimiento de los objetivos mínimos. 
También estoy muy preocupada con de los monopolios y cárteles de la industria papelera, especialmente en Irlanda. 
Señor Presidente, señora Comisaria, damas y caballeros, el informe que la Sra. Corbey ha presentado resulta exhaustivo y ambicioso, y apruebo la mayoría de sus puntos. 
Todos los Estados miembros necesitan trabajar juntos en el futuro, de forma activa y constructiva, para evitar los residuos de envases y para recogerlos y reciclarlos sistemáticamente. 
Es preciso encontrar el mejor sistema posible para hacer frente a los 58 millones de toneladas de residuos de envases que produce aproximadamente la Unión Europea cada año. 
Estos sistemas nos permitirán garantizar una mayor protección del medio ambiente y, al mismo tiempo, ofrecer mayor seguridad a importantes sectores de la industria en términos de planificación. 
Hay dos enmiendas que considero de vital importancia a la hora de realizar la votación. 
La primera tiene que ver con los recipientes de cerámica, que durante décadas se han producido en muchos Estados miembros, principalmente en Francia, Italia, los Países Bajos y España, pero también en negocios familiares de la región de la que procedo. 
Las botellas, las cazuelas y los tazones de cerámica se utilizan en nuestros días fundamentalmente para el envasado de alimentos, pero también para el envasado de licores, chocolates, patés, etc. Suponen sólo el 0,1 % de los residuos de envases de la Unión Europea: dicho de otro modo, 60 000 toneladas de un total de 58 millones de toneladas. 
Estos envases de cerámica están compuestos sólo de arcilla cocida y, por lo tanto, no contienen contaminantes de ningún tipo. 
Las características del material hacen que la valorización de los recipientes de cerámica usados carezca de sentido. 
No se pueden valorizar mediante un proceso térmico ni se pueden reciclar. 
Son materia inerte y no suponen ningún riesgo para el medio ambiente. 
Localizar por separado estas pequeñas cantidades, recogerlas aparte y transportarlas miles de kilómetros a través de los Estados miembros no tendría sentido en términos medioambientales ni económicos. 
Por lo tanto, solicito su apoyo a la enmienda 68, que prevé una excepción para pequeñas cantidades en lo que respecta a los objetivos de aprovechamiento. 
Mi segundo punto hace referencia al reconocimiento dado por la directiva a los últimos sistemas para reprocesar plásticos. 
Si vamos a modificar esta directiva, deberíamos aprovechar la oportunidad para actualizar también los objetivos previstos por la legislación. 
La enmienda 43 estipula la valorización de materiales a partir del plástico, facilitando el uso de residuos plásticos contaminados para producir plásticos tan buenos como los nuevos. 
Este proceso tiene mucho sentido, tanto en términos ecológicos como económicos, y ha demostrado su valor técnico a gran escala. 
En Alemania, por ejemplo, ya se ha utilizado para la valorización de materias primas de más de 1,8 millones de toneladas de residuos plásticos. 
Este tipo de tecnología ofrece un enorme potencial, ya que proporciona otro método para valorizar materiales sintéticos, además de para fundir envases de plástico de alta calidad y valorizar térmicamente plásticos mixtos en plantas de incineración de residuos. 
Por este motivo, debería incorporarse a la directiva. 
Además de ello, la protección de los consumidores hace necesario que los materiales de los envases sean seguros y cumplan el requisito de minimizar el peligro de los residuos, y que se utilicen las últimas tecnologías en la fabricación de envases. 
No creo demasiado en la idea de desarrollar indicadores medioambientales para los envases. 
En lugar de ello, la Comisión debería estar trabajando en la fijación de firmes criterios para evaluar el impacto que tienen los envases sobre el medio ambiente. 
Necesitamos esta directiva para establecer un sistema eficaz que gestione los residuos de envases en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Señor Presidente, ahora que estamos discutiendo sobre la revisión de los objetivos establecidos en la Directiva de 1994 relativa a los envases, en un esfuerzo por reducir la creciente montaña de residuos de envases de la UE, me gustaría agradecer a nuestra ponente, la Sra. Corbey, así como a la ponente alternativa, la Sra. Ayuso González, por la gran labor realizada en este campo tan importante. 
Hay dos problemas en este debate: el primero se refiere a los objetivos y el segundo al calendario. 
A pesar de que estoy de acuerdo en que hay que hacer hincapié en los objetivos de prevención y no sólo en los nuevos objetivos de reciclado y reutilización, estoy convencida de que las autoridades nacionales de cada Estado miembro deberían poder optimizar libremente su propia combinación de opciones de recuperación de energía y reciclado. 
En cuanto al calendario, insto a la Comisión a llevar a cabo nuevos estudios para garantizar que los objetivos aplicables en la UE también resulten apropiados para los países colindantes, entre ellos, por supuesto, los países candidatos. 
Los consultores contratados para ayudar a la Comisión a fijar los objetivos revisados, RDC-Environment y Pira International, han asumido una serie de principios subyacentes que no son aplicables a algunos Estados miembros, como es el caso de Grecia, Portugal e Irlanda. 
No han tenido en cuenta los problemas geográficos y demográficos específicos. 
Por ejemplo, en Irlanda el 80% de nuestros envases son importados. 
Por lo tanto, las salidas locales para utilizar los envases reciclados en la fabricación de nuevos envases son limitadas. 
Esto explica mi enmienda, por la que se propone el año 2011 como plazo límite para la consecución de los objetivos por parte de Grecia, Portugal e Irlanda y para la que solicito su apoyo. 
En mi opinión, los ministros de Medio Ambiente de la UE parecen haber alcanzado ya una «orientación común» en relación con esta Directiva en junio de 2002. 
Solicitaron que el plazo límite para Portugal, Grecia e Irlanda fuese el año 2012. 
Esto me parece bien. 
El verdadero problema es que deberíamos fijar objetivos y plazos que consideremos alcanzables desde un punto de vista realista e insistir en que los irlandeses, griegos, portugueses y otros cumplan los plazos sin excusas. 
Quisiera terminar con una noticia positiva, un ejemplo sensacional de un incentivo fiscal para prevenir, minimizar, reutilizar y reciclar y un ejemplo de cómo cada Estado miembro puede determinar su propia combinación de prevención, reutilización y reciclado, con el fin de satisfacer los objetivos. 
El 4 de marzo de 2002, nuestro ministro de Medio Ambiente introdujo un impuesto sobre las bolsas de plástico en Irlanda, del 15 por ciento por bolsa. 
Esto ha tenido un efecto increíble. 
Las autoridades fiscales han recaudado 3,5 millones de euros desde el pasado mes de marzo. 
El cambio ha sido impresionante y se han producido muy pocas quejas. 
Hubo una o dos protestas durante la primera semana, cuando nos olvidábamos de llevar con nosotros las viejas bolsas de la compra. Sin embargo, en lo que se refiere al cambio de mentalidad, este impuesto ha conseguido por sí solo lo que nunca se consiguió con años de debates en este Parlamento y en los parlamentos nacionales. 
Espero que el hecho de que realmente hayamos hecho algo para afrontar el problema de estas horribles bolsas de plástico no se utilice en contra nuestra en relación con los objetivos. 
Quizás deberíamos haberlo hecho un año más tarde, porque esto nos habría permitido mostrar una notable mejora en relación con el cumplimiento de todos los objetivos y plazos; estoy siendo un poco sarcástica, pero es un tema serio. 
El programa ha sido todo un éxito y recomendaría a otros países que siguiesen el ejemplo inmediatamente para enfrentarse a esta plaga. 
Tengo entendido que el Reino Unido lo está estudiando. 
Será más eficaz que todos los debates y directivas y que su transposición a la legislación nacional. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a las felicitaciones a la ponente por su exhaustivo trabajo y, en particular, deseo agradecer a la ponente alternativa de nuestro grupo sus equilibradas opiniones. 
Ésta es una directiva importante que estábamos esperando, dado que el reciclado debe introducirse de manera eficaz y precisa en los casos en los que resulte realmente beneficioso para el medio ambiente, y puesto que el volumen de residuos generados debe reducirse de forma drástica. 
El reciclado por el reciclado es algo que no necesitamos: debe traducirse en un verdadero ahorro. 
Con todo, en virtud de su naturaleza legislativa, la directiva debería permitir cierta flexibilidad por parte de los Estados miembros para su puesta en práctica. 
Por tanto, el criterio deberá ser la verdadera preservación del medio ambiente. 
La densidad de población y la distancia serán los factores decisivos para evaluar si el reciclado resulta apropiado. 
Deberá considerarse que los objetivos generales de valorización y reciclado están en la misma línea, es decir, en la línea de la propuesta de la Comisión. 
Esto evitaría el uso de materiales reciclables simplemente como fuentes de energía. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Corbey en que no deben establecerse objetivos específicos de reciclado para cada material. 
Además del hecho de que resultarían difíciles de establecer, podrían provocar que un sector se viese favorecido, lo que podría alterar la competencia. 
He presentado enmiendas tanto a la Comisión como al Pleno. 
Estas enmiendas hacen referencia a pequeños detalles, pero éstos son el tipo de cosas que parece necesitar esta directiva para no volverse demasiado engorrosa. 
Un ejemplo bastante prosaico es el tubo del papel higiénico. 
Quizás a muchos de nosotros no nos haría demasiada gracia clasificarlo como un residuo de envase que tendría que ser reciclado y utilizado, por ejemplo, en el rollo de papel higiénico de nuestro vecino. 
Es de esperar que la directiva tenga una repercusión en dos direcciones: será de vital importancia para la racionalización de la práctica, aunque es de esperar que también lo sea para la prevención de la generación de residuos. 
El volumen de residuos debería desvincularse del crecimiento económico, tal y como ha afirmado muy acertadamente mi colega, la Sra. Myller. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme comenzar expresando mi más profundo agradecimiento por la forma en que su debate acerca de la propuesta de la Comisión ha puesto de manifiesto su compromiso. 
Me gustaría hablar acerca de las enmiendas más importantes que se han planteado, y que se someterán a votación mañana. 
La postura adoptada por la Comisión con respecto a estas enmiendas es que, en primer lugar, en lo que respecta al calendario- es decir, a la ampliación de los plazos en los que se deberán alcanzar los objetivos -, la Comisión continúa prefiriendo un calendario ambicioso. 
Sin embargo, en principio puede aceptar un retraso hasta cierto límite. 
Volviendo a los objetivos, quisiera decir que los objetivos propuestos por la Comisión deberían mantenerse fundamentalmente sin cambios. Se basan en un análisis de coste-beneficio de las propuestas. 
En concreto, no existe ninguna justificación en términos de coste-beneficio para incrementar el objetivo mínimo de reciclado del 55% al 65%, por lo que la Comisión también lo rechaza. 
Tampoco desea reducir los objetivos para el vidrio, el papel y los metales del 60%, 55% o 50% al 25%, dado que estos materiales se pueden reciclar con grandes beneficios para el medio ambiente y a un bajo coste. 
Consideramos que estos objetivos, específicos para ciertos materiales, también resultan necesarios en términos de claridad legislativa y de seguridad de inversión para las empresas que ofrecen servicios de reciclado. 
Con respecto a los objetivos máximos, la eliminación propuesta del objetivo máximo para el reciclado puede provocar alteraciones en el mercado interior si se recoge más material del que se puede reciclar. 
Esto puede causar que aumenten los problemas para vender los materiales recogidos, especialmente en los países que han introducido sus propios programas de reciclado en una fase más tardía. 
Con respecto a la cuestión de dar prioridad a la prevención de los residuos con respecto a su gestión, la Comisión, en principio, comparte su opinión de que resulta más importante prevenir los residuos que gestionarlos. 
Sin embargo, este tema merece un análisis más profundo con respecto a los criterios por los que deberá guiarse la prevención, ya sean los efectos medioambientales o el peso en cuestión. 
La Comisión no puede aprobar la introducción de una reducción del 10% como objetivo de prevención cuantitativo, dado que no está claro cómo se va a llevar a cabo este objetivo ni los costes y beneficios que tendría. 
No se puede excluir la posibilidad de que esta medida pueda tener un impacto negativo general sobre el medio ambiente, sobre todo si provocase sólo un mayor uso de los envases ligeros, como los de plástico. 
El requisito de que, a la hora de elegir el envase, debería minimizarse su impacto sobre el medio ambiente basándose en la evaluación de su ciclo de vida, resulta fundamentalmente aceptable tal y como se ha propuesto, aunque un planteamiento de este tipo debería analizarse con más detalle, y también es preferible que se desarrolle en el contexto de los requisitos básicos de la directiva. 
Quisiera también expresar la gratitud de la Comisión hacia la ponente y su coponente. Gracias igualmente a la Comisión en su conjunto por el trabajo realizado. 
En total hay 68 enmiendas. La Comisión puede aprobar seis de ellas en su totalidad y otras seis en parte, y aceptar 15 de ellas en principio. 
Se ha proporcionado a la mesa una lista de las enmiendas a las que me he referido 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0230/2002) del Sr. Deva, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre el comercio y el desarrollo para la erradicación de la pobreza y la seguridad alimentaria. 
. Señor Presidente, nos reunimos aquí mientras se está celebrando la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Sudáfrica, tras la importante reunión de la OMC en Doha el pasado año. 
También es el día del nombramiento del nuevo Director General de la Organización Mundial del Comercio. 
El Dr. Supachai Panitchpakdi es el primer Director General de un país en desarrollo. 
Le deseamos lo mejor y también reconocemos con agradecimiento el gran trabajo realizado por el Sr. Mike Moore, el anterior Director General. 
Recordemos el informe sobre la globalización para la Asamblea del Milenio, elaborado por el Secretario General de las Naciones Unidas. 
Éste afirmó que la globalización integradora ha de basarse en la gran fuerza del mercado y que las fuerzas del mercado por sí solas no lo conseguirán. 
Requiere un esfuerzo más amplio para crear un futuro compartido basado en nuestra humanidad común. 
Este informe constituye un intento de incluir las esperanzas del Secretario General dentro de un marco legislativo aquí en el Parlamento Europeo. 
Es el comercio, no la ayuda, el que eliminará la pobreza mundial y acelerará el desarrollo sostenible. 
Es el comercio, no la ayuda, en asociación con la comunidad empresarial mundial, el que incrementará la capacidad industrial, intelectual, educativa e infraestructural de los países en desarrollo y repetirá lo que actualmente se denomina el milagro asiático, que según me han dicho continúa vivo y funcionando en China. 
Es el comercio, no la ayuda, el que impulsará la soluciones en torno a la seguridad alimentaria, el agua limpia, la vivienda, la salubridad y la tecnología de la información a través de la inversión extranjera directa y la inversión interna. 
Durante los últimos 50 años, el comercio mundial se ha multiplicado por 19. 
Las producción se ha multiplicado por cuatro y la renta per cápita mundial se ha duplicado. 
Sin embargo, desafortunadamente el informe sobre desarrollo humano indica que la propagación de la tecnología, del comercio y la riqueza no ha sido uniforme, dado que las naciones más ricas del mundo abarcan el 20% de la población mundial pero acaparan el 86% del PIB mundial, el 82% de las exportaciones, el 68% de la inversión directa extranjera y el 93% de los usuarios de Internet. 
Dentro de este grupo se encuentran 64 países, pero la mayor proporción de la población mundial se encuentra en la categoría de países de desarrollo medio, entre los que se incluyen India, China, Indonesia, etc. Esta población está sufriendo graves problemas estructurales, de infraestructuras, medioambientales y demográficos. 
Existen 51 países de renta baja crónica, principalmente en África, aunque también en Asia y América Central, que dependen totalmente de la ayuda porque cuentan con una inversión extranjera directa muy escasa. 
Tenemos que ver el mundo como es y no como nos gustaría que fuera. 
En el mundo real, el producto nacional bruto conjunto de 182 países en desarrollo es inferior al volumen de negocio mundial de las 200 empresas más grandes, las multinacionales, de las que hay 65.000 en total. 
Hay 200 presidentes de empresas transnacionales cuyo volumen de negocio conjunto supera el PNB conjunto de los presidentes y los ministros de finanzas de 182 países que abarcan probablemente a los mayores grupos de población del mundo. 
Sin embargo, mi informe propone que las personas que dirigen estas enormes empresas multinacionales se impliquen en el proceso de desarrollo, en primer lugar animándoles a aceptar la gobernanza y la responsabilidad social de las empresas, de acuerdo con el Secretario General de las Naciones Unidas. 
Debemos crear un marco que constituya un foro en el que el Parlamento Europeo, los diputados de los parlamentos nacionales y los directores de estas empresas se puedan reunir regularmente, dos veces al año, con la Presidencia de turno de la UE, para discutir temas relativos al desarrollo y a la sostenibilidad, no de forma aislada como en Johanesburgo o en Río, sino mediante un diálogo continuo. 
En este marco, en mi informe propongo que establezcan algo así como un comité ético de inversión, similar al comité de remuneración y otros comités de los consejos de administración. 
La labor del comité consistiría en identificar la inversión para el desarrollo, la inversión como compensación de inversiones, en los países en desarrollo. 
Alrededor del 0,7 % de su volumen de negocio en dicho país se destinaría a proyectos de inversión para aumentar la capacidad intelectual, educativa e infraestructural de los países en desarrollo. 
De este modo, todos saldrían ganando: la empresa porque conseguiría una mano de obra más cualificada, y el país porque mejoraría su capacidad. 
Espero que el Parlamento apruebe mi propuesta por unanimidad. 
Permítanme expresar mi agradecimiento a las muchas personas que me han ayudado con este informe y decir que confío en que sea aprobado mañana sin ningún voto en contra. 
Señor Presidente, en la década de los noventa hubo una apertura prácticamente universal del comercio mundial, mientras que en todo el mundo, con la excepción de China, aumentaba el número de personas que viven en la pobreza absoluta. 
El número de países clasificados como «menos desarrollados» ha aumentado, mientras que la escala de la pobreza ha seguido siendo grande en una serie de países con una elevada tasa de crecimiento. 
Las relaciones entre comercio, desarrollo y pobreza son complejas, por lo que debemos evitar los juicios precipitados. 
Mi informe a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, que fue adoptado por unanimidad, contiene propuestas a este respecto, algunas de las cuales han sido incluidas en el informe Deva. 
En esta ocasión, me centraré en dos cuestiones primordiales. 
En primer lugar, la ayuda, particularmente la asistencia técnica, es una cuestión clave. 
Hay muy poca información disponible sobre este asunto, pero parece haber un gran caudal de historias de terror. 
Lo esencial es que los países correspondientes puedan definir sus necesidades y comunicárselas a las agencias internacionales, poniéndose objetivos e intentando conseguirlos. 
Ahí es donde resulta necesario nuestro apoyo y debemos asegurar que la sociedad civil y las empresas de este campo participan tanto como sea posible. 
Debemos romper con la práctica de establecer condiciones partidistas que, en realidad, sirven a los intereses de los países dominantes. 
La ayuda debe servir principalmente para crear una capacidad de oferta local diversificada. 
Cualquier administración comercial debe establecerse a nivel de mercados comunes regionales. 
El informe también solicita que la OMC negocie las medidas sociales necesarias para dar a los pueblos vulnerables nuevas perspectivas frente al impacto de la liberalización. 
Además, aboga por que se incluya la cuestión de los trabajadores inmigrantes en las negociaciones sobre servicios. 
Por último, aboga por la ayuda para compensar las pérdidas de ingresos aduaneros en los países menos desarrollados. 
En segundo lugar, el informe considera que el encaje de los objetivos contra la pobreza en el mismo núcleo de las normas comerciales unilaterales aún está por definir. 
Temo que la Comisión se muestre francamente escéptica en cuanto al trato especial y diferenciado. 
Nosotros no: nosotros abogamos por la redefinición de este concepto. 
En cuanto a las futuras negociaciones sobre la inversión, pueden resultar fructíferas, pero desearíamos advertir que las inversiones directas en raras ocasiones llegan a los países más pobres y, cuando lo hacen, es a cambio de favores fiscales que dañan a estos países en primera instancia. 
Sin la cooperación entre la OMC y otros organismos importantes, sin la lucha contra la fragilidad financiera, es poco probable que las negociaciones sobre las inversiones produzcan resultados provechosos para todos aquellos que sufren la pobreza en el mundo. 
Señor Presidente, señor Comisario, comienzo expresando la sensación agridulce que me produce este debate. 
Por una parte, el Sr. Deva ha defendido este informe de iniciativa, en el que ha trabajado durante un largo tiempo, con mucha dedicación y recogiendo muchas e interesantes aportaciones. 
Quiero destacar especialmente las consultas que ha realizado con todos los Gobiernos de los países en vías de desarrollo para conocer sus opiniones y sugerencias, especialmente para conocer qué esperan de la Ronda del Milenio estos países. 
El resultado es este informe, que llega con el respaldo unánime de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, para ser votado mañana. 
Pero permítame, Señor Presidente, que exprese el lado menos grato de la cuestión. 
El ponente menciona en los antecedentes más de veinte documentos, resoluciones y acuerdos internacionales de los últimos años que reclaman acciones más enérgicas para la lucha contra la pobreza, y la lista no es exhaustiva. 
Se han cumplido 22 años desde que Willy Brandt presentara su impactante informe sobre las relaciones Norte-Sur. 
Desde entonces, las cosas no han hecho más que empeorar. 
Son contados los ejemplos de éxito y muchísimos más, por desgracia, los casos que permiten decir que, después de décadas de crecimiento persistente, este mundo nunca había sido tan poco igualitario; nunca el reparto de la riqueza había sido tan poco equilibrado como ahora. 
Por tanto, creo que no podemos seguir haciendo sólo propuestas, aunque éstas sean tan interesantes como las que nos hace hoy el Sr. Deva. 
El problema de la pobreza en todo el mundo- también en Europa- no es económico; es un problema político, que exige soluciones políticas y globales. 
Es inútil buscar responsables, como se está haciendo durante estos días en Johannesburgo. 
Aquí no hay culpables e inocentes, aquí sólo hay víctimas. 
Y todos los demás somos culpables en mayor o menor medida. 
Los recursos financieros aprobados en Monterrey, que han sido mencionados por el representante de la Comisión, suponen un paso adelante, pero todos coinciden en que son insuficientes. 
Los organismos internacionales no pueden seguir siendo los guardianes de la ortodoxia mientras un país tras otro cae víctima de la crisis, no sólo en África, sino también en América Central, en Sudamérica y en otras regiones. 
Me pregunto por qué los representantes de los países europeos, que en el Fondo Monetario Internacional son mayoría, no son capaces de apostar por nuevas fórmulas que agilicen el desarrollo de los países más pobres y de los que se empobrecen como consecuencia del mal gobierno y de la corrupción. 
Los bloques económicos regionales, salvo nuestra propia Unión Europea, no viven tiempos buenos. 
Pensemos en Mercosur o en el Pacto Andino. 
Debemos ser más firmes en la exigencia de avanzar en la dirección marcada en Doha, para hacer efectiva una mayor apertura de los mercados, que estimule el comercio mundial. 
Debemos presionar para una mayor aportación de recursos por parte de los que disponen de ellos. 
El Comisario ha mencionado los datos referidos a la Unión Europea que son, ciertamente, los datos más importantes que se dan para ayuda al desarrollo en el mundo. 
Pero la tendencia no es satisfactoria, señor Comisario. 
La ayuda oficial al desarrollo en la Unión Europea en los últimos años va decreciendo. 
Por tanto, los datos son como usted dice, pero la tendencia marcada por los datos actuales no es aceptable para nosotros. 
Hay que fomentar y estimular más democracia y desarrollo de los derechos humanos, de la salud, de la alimentación y de la educación para todos. 
También, y sobre todo, en los países en vías de desarrollo. 
Hay que mantener una actitud beligerante contra la corrupción en todas sus formas, que existe, sin duda, en los países menos desarrollados, pero que existe también- y es más reprobable- entre nosotros. 
Me parecen muy atinadas las aportaciones del Sr. Deva sobre una mayor implicación y corresponsabilidad de las grandes corporaciones multinacionales, pero no puedo dejar de decir que muchas de ellas dejan mucho que desear, y que su actuación va hoy en la dirección contraria. 
Éstos son los elementos clave para alumbrar luz donde hoy sólo hay tinieblas (dicho en recuerdo de Conrad) , pero exijamos más acción, más decisiones y menos palabras. 
Me gustaría felicitar al Sr. Deva por su informe tan completo y exhaustivo. 
Tal y como ha comentado el Comisario Byrne, ya está bien que estemos nosotros aquí justo cuando en Johanesburgo están teniendo lugar esos interminables y arduos debates. 
Pero quizás para nosotros sea más importante y conveniente el hecho de que las negociaciones en torno a los acuerdos de asociación económica comenzarán este mes. 
En Johanesburgo el orden del día incluye gran variedad de temas, como nos sucede a nosotros. 
El hecho es que se han acordado objetivos y ahora necesitamos personas audaces y de principios para averiguar cómo podemos hacer frente a los desafíos: los desafíos que suponen los 11 millones de muertes innecesarias de niños menores de cinco años que se producen cada año; la forma de alimentar a 800 millones de personas que pasan hambre; la manera de ayudar a los 2.400 millones de personas que carecen de una salubridad adecuada y a los seis millones de personas que pierden la vida cada año a causa del sida, la tuberculosis y la malaria. 
Como afirma el Sr. Deva, la ayuda resulta esencial para los países en desarrollo, pero el comercio les ofrecerá ventajas de una escala mucho mayor. 
Si los países subsaharianos controlasen simplemente el uno por ciento del mercado mundial de las exportaciones, obtendrían unos ingresos adicionales de 70.000 millones de dólares al año. Esta cantidad sería equivalente al quíntuplo de la suma de lo que la región percibe actualmente en ayudas más la deuda exonerada. 
Por supuesto, los países pobres necesitan más ayuda, pero también necesitan oportunidades de exportación mejores y más justas. 
Lo bueno que tiene el comercio es que aporta autosuficiencia; el comercio conlleva oportunidades de empleo y de inversión. 
El comercio también ofrece ese camino de salida de la pobreza, que es lo que pretende nuestra comisión y este informe. 
No hay nada que no se pueda evitar en relación con todas las preocupaciones planteadas en el informe del Sr. Deva. 
Como dijo el Presidente Mbeke durante la apertura de la cumbre de Johanesburgo, no está escrito con letras de oro que la política mundial tenga que versar sobre de «ellos» y «nosotros» ni sobre la supervivencia de los más aptos en un mundo desigual. 
Debemos tener en cuenta también el efecto de la OMC, del FMI y del Banco Mundial, así como las condiciones que éstos imponen a los países en desarrollo y que verdaderamente hacen que sus posibilidades comerciales resulten más escasas. 
Lo que tenemos que decir es que todos los agentes del escenario mundial necesitan una oportunidad justa y equitativa para poder obtener buenos resultados. 
Las barreras comerciales perjudican a la gente pobre en general y a las mujeres en particular, dado que son estos grupos de pobres los que suelen producir los bienes que resultan más perjudicados: los productos agrícolas y los artículos manufacturados de gran intensidad de mano de obra. 
Tal y como sugiere este informe, necesitamos claramente un cambio radical de la normativa comercial mundial. 
Lo que estamos presenciando resulta insostenible; la injusticia y la desigualdad deben ser atajadas y el comercio representa la clave para ello. 
No cabe duda de que en las negociaciones ACP-UE tenemos una verdadera oportunidad de situarnos en el centro del escenario y ofrecer esa igualdad y justicia. 
Somos una potencia agrícola y podemos orientar toda la agenda posterior a Doha, mediante la apertura de mercados y poniendo fin a la competencia desleal de lo que producimos en el mercado mundial, provocando así distorsiones que los países en desarrollo sencillamente no pueden afrontar. 
Los TRIPS deberán aplicarse con equidad. 
Habrá que resolver el problema de la concesión obligatoria de licencias. 
Volviendo a las negociaciones en torno a los acuerdos de asociación económica, deberíamos utilizar la Declaración de Doha sobre los TRIPS como techo para cualquier discusión con los ACP sobre propiedad intelectual. 
Finalmente, como copresidente de la Asamblea Parlamentaria Paritaria, creo que tenemos un papel muy importante que desempeñar en las negociaciones de la UE. 
Decimos claramente en la Asamblea Paritaria que deseamos una dimensión fuerte e inequívoca, que sea una dimensión de desarrollo. 
Esto exigirá una enorme inversión en capacitación y un análisis serio de las implicaciones del efecto de la reciprocidad sobre nuestros socios ACP. 
Por lo tanto, como ya ha dejado claro el Sr. Deva, tenemos una larga lista de tareas por delante, una lista que no se cumplirá si no hacemos frente a los intereses creados que se benefician de la difícil situación de los pobres. 
Europa debe guiarse por los imperativos morales a los que nos enfrentamos. 
Como sugiere el Sr. Deva, es el momento de desafiar a las actitudes ortodoxas y abandonar el concepto típico de que el flujo libre de finanzas, información y comercio aumenta el bienestar en todas las circunstancias. 
No es el momento de utilizar un lenguaje derrotista, sino el de las respuestas constructivas y prácticas. 
Señor Presidente, admiro el valor del Sr. Deva al afrontar esta cuestión. 
Yo mismo he estado trabajando en países en desarrollo durante veinte años y tengo que admitir sinceramente que aún tengo que descubrir cómo desenvolverme en uno de estos países. 
Lo que funciona en un país no resulta en otro. 
Ésa es mi conclusión general. 
El propio Sr. Deva se refiere a Asia oriental, que ha experimentado una tremenda mejora económica. 
Lo que me choca es que este desarrollo se haya producido sin una ayuda al desarrollo importante y que esto sucediera cuando la mayoría de los mercados del mundo aún estaban cerrados. 
¿Cómo es esto posible y por qué no funciona en otras partes? 
Como ha señalado el Sr. Fernández Martín, el informe, en mi opinión, no subraya suficientemente el hecho de que un buen desarrollo requiere un buen gobierno y ciertamente no un gobierno corrupto. Desgraciadamente, he visto gobiernos de este tipo a menudo en la mayoría de los países. 
Mi grupo ha presentado varias enmiendas en la segunda lectura. 
Estas enmiendas corresponden a los siguientes puntos. 
En primer lugar, sentimos que resulta excesivo prohibir todas las exportaciones de los insecticidas que están prohibidos en Europa. 
Las plagas de langosta de África sólo pueden combatirse con plaguicidas que están prohibidos en Europa, a no ser que haya aparecido algún producto nuevo en el mercado en el último año, de lo que no tengo constancia. 
Así es como siempre ha sido. 
También resulta excesivo, en nuestra opinión, prescribir los mismos requisitos de seguridad alimentaria en Europa que en los países en vías de desarrollo. 
Huelga decir que no exportaremos carne contaminada con dioxina o EEB. 
No obstante, los alimentos escasean y, como decimos en neerlandés, el hambre es la mejor salsa. 
Por tanto, deberemos hacer los ajustes necesarios. 
Quiero confirmar que nuestro grupo respalda por completo la Declaración de Doha y me complace que la Comisión lo haya reiterado. 
Lamentablemente, la resolución no menciona la importancia de un buen precio para los productos agrícolas. 
En lo que se refiere al comercio, ignoro si el Sr. Deva ha leído el artículo de The Economist de hace unas pocas semanas, que afirmaba claramente que las barreras comerciales de los países en vías de desarrollo entre sí son mucho más elevadas que las que tienen con los países ricos. 
En parte se refiere a esta cuestión en la resolución, pero, en mi opinión, habría que resaltarlo más. 
Sería perfecto si pudiéramos culpar del uso de las armas a quienes las fabrican, pero me parece un tanto idealista. 
Lamentamos que ninguna de las enmiendas presentadas por nuestro grupo fuese adoptada porque existen nuevas reglas. 
Ésta es una de las razones por las que mi grupo se abstendrá en su mayor parte de votar sobre esta resolución. 
Señor Presidente, no resulta en absoluto indecente mencionar las cifras de extrema pobreza en los países en desarrollo. Lo que resulta indecente es el modo deliberado en que hacen la vista gorda los países ricos, que, a pesar del horror de la situación, siguen comportándose del mismo modo. 
Este es el contexto en que debería tratarse la creciente interconexión entre comercio y desarrollo, también aquí, en la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Para que la lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria tenga éxito, no se puede dejar en manos de la comunidad empresarial. 
Debe atacar las causas estructurales de la pobreza en los países en vías de desarrollo. 
Hay que dar prioridad al cambio estructural de estas economías para aumentar su cuota de productos producidos y diversificados, incluido el sector agrícola. 
Por eso resulta esencial fomentar el acceso equitativo a la tierra, el agua y los recursos de la biodiversidad, así como una política de ayuda local a las pequeñas explotaciones rurales. 
Para conseguir este propósito, debemos tener en cuenta tres factores. 
En primer lugar, se necesitan nuevos compromisos internacionales y, por encima de todo, estos deben respetarse. 
Acabo de llegar de Johanesburgo. 
Tras las decepciones de las cumbres de Monterrey y la cumbre de la alimentación, Johanesburgo es una nueva oportunidad para que los Jefes de Estado del norte manifiesten que es muy importante ayudar a los pueblos del sur, pero que también lo es hacernos con los medios adecuados para llevarlo a cabo. 
Todo esto suena muy bien, pero ¿cuándo vendrá una acción práctica tras estos compromisos significativos? 
En segundo lugar, el enfoque de las relaciones comerciales multilaterales debería revisarse por completo de una vez por todas. 
Dentro de la OMC, estas relaciones no se producen con vistas a respetar las prioridades establecidas por las Naciones Unidas, sino que están dominadas por la filosofía del quid pro quo. 
Además, los métodos y el ritmo de la negociación excluyen automáticamente a muchos países en desarrollo. 
¿Por qué negar la protección que ha permitido a los países en desarrollo llevar a cabo su propia industrialización? 
En cuanto a los Acuerdos ADPIC, restringen el acceso de los pueblos locales del sur a sus propios recursos naturales y son incompatibles con el objetivo de la seguridad alimentaria. 
Además, la presión a favor de la liberalización de los servicios pone en peligro los servicios públicos de estos países, como el agua, la energía, las comunicaciones, la sanidad y la educación. 
Por último, hay que encontrar urgentemente nuevas formas de financiación. 
En Johanesburgo, el presidente francés, Jacques Chirac, sugirió tomar un pequeño porcentaje de la riqueza creada por la globalización para financiar la lucha contra sus efectos negativos. 
¿A quién pretende engañar? 
¿Por qué no sugerir que los países ricos dediquen el equivalente al 5% del dinero que gastan en subvenciones para su propia agricultura a luchar contra el hambre en los países en desarrollo? 
Johanesburgo, en particular, es también un excelente reflejo de las experiencias y la frustración de la gente, pero también de las esperanzas de numerosas ONG, hombres y mujeres de todos los continentes que se reúnen para encontrar alternativas y elaborar propuestas efectivas. 
Debemos escucharles. 
Al Sr. Berlusconi, que dijo en julio que no es culpa de los países ricos si tienen el 80% de la riqueza mundial, le contestaría que tres cuartas partes del mundo agonizan a las puertas de este mundo «rico». 
Es la responsabilidad y la obligación de los países ricos, por justicia, y también por eficiencia económica, no limitarse a compromisos formales, a directrices voluntarias o a la comunidad empresarial, sino definir un código de conducta restrictivo, adecuado, que penalice a los países que no proporcionen la ayuda necesaria a los países más pobres. 
Esto mismo debe aplicarse a las empresas transnacionales, cuyo poder excepcional debe regularse y controlarse urgentemente. 
Aunque el informe Deva no muestra una voluntad radical de liberarse de los grilletes de la globalización comercial salvaje, plantea la necesidad de proteger las economías de los países pobres y condonar toda o parte de su deuda. 
Este es un punto de partida significativo. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias al ponente por su informe. 
Ha demostrado una buena voluntad considerable hacia los distintos grupos políticos al incorporar las posibilidades formuladas por cada uno. El resultado, como podemos ver, es que el equilibrio entre los distintos capítulos es desigual. 
De todas formas, no obstante, pienso que el informe es un punto de partida en varias cuestiones importantes. 
El capítulo sobre seguridad alimentaria, por ejemplo, es extremadamente prometedor, en particular cuando manifiesta que en «la lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria deben combatirse las causas estructurales que generan el empobrecimiento». A menudo, la pobreza es la causa de la desnutrición y, en los peores casos, de las hambrunas. 
Evidentemente, atacar las causas estructurales es sin lugar a dudas el enfoque más inteligente. 
Hasta la fecha, no obstante, se ha pensado a menudo que bastaba con abrir los mercados de los países ricos a los países pobres, lo cual, creo, es sólo una solución parcial- y ni siquiera en todos los casos -, y que había que incrementar la productividad agrícola de estos países. 
Esto no tiene en cuenta el hecho de que a menos que se garantice el acceso a la tierra a los pobres, estos seguirán sin tener suficientes alimentos. 
Por tanto considero positivo el enfoque de promover el acceso a la tierra, el agua y los recursos de la biodiversidad, al igual que la ayuda a las pequeñas explotaciones agrarias. 
El cese de las subvenciones a la exportación- y esto es una mancha negra en nuestro historial y en el de Estados Unidos -, que trastornan los mercados locales, y la condonación de la deuda, que acapara más del 40% del PNB de los países menos desarrollados, deberían aplicarse también en términos estructurales. 
El segundo punto importante es el reconocimiento del hecho de que el acceso a la alimentación debe reconocerse como un derecho humano fundamental. 
Esto resulta esencial, puesto que supone que las normas comerciales no pueden afectar al ejercicio de este derecho, como sucede hoy en día. 
Dicho llanamente, debemos desobedecer la jerarquía de normas que da prioridad a la OMC sobre todo lo demás y por tanto sobre todos los convenios internacionales destinados a proteger los bienes fundamentales, como el agua y la biodiversidad, por no mencionar el acceso a estos bienes fundamentales. 
Así, pienso que todo esto es positivo y, aunque no comparto el entusiasmo del Sr. Deva con respecto a la función de las multinacionales, creo que en líneas generales puedo respaldar este informe. 
Señor Presidente, una Europa convertida en una fortaleza proteccionista del azúcar supone un robo a las personas más pobres de África. Impide que los agricultores puedan ganar sus propios ingresos exportando a Europa. 
En el informe The Great EU Sugar Scam, publicado la semana pasada, Oxfam International muestra cómo las subvenciones europeas minan las ventas locales de azúcar de África. 
A pesar de las peticiones del Parlamento y la Comisión para eliminar estas subvenciones en 2002, los grupos de presión del azúcar europeos consiguieron convencer a sus gobiernos de prolongar el proteccionismo hasta 2009. 
Para mí, esto supone un robo a expensas de los más pobres entre los pobres. 
Hoy, estas prácticas vergonzosas son un tema central de la cumbre mundial de Johanesburgo y la Unión Europea debería por tanto utilizar ese foro para abogar por el comercio justo, la eliminación de subvenciones injustas y la apertura de nuestros ricos mercados. 
En eso consiste el desarrollo sostenible. 
Con el Gobierno Bush, Estados Unidos ha elaborado su propio «Farm Bill» , incumpliendo los acuerdos alcanzados en Doha en el marco de las negociaciones para la eliminación mundial de las subvenciones agrícolas. 
Este intento de ganarse el favor de los votantes es un ataque directo a los más pobres del mundo, con desafortunadas consecuencias para el comercio y el desarrollo mundiales. 
Afortunadamente, la Comisión y el Parlamento siguen una senda distinta. 
Todo el crédito corresponde a la Comisión, que, a través del Sr. Lamy en Doha y del Sr. Fischler, quiere dar un giro de 180º mediante las propuestas de reforma agrícola. 
Es la hora de intentar pasar de la ayuda a la producción a una política agrícola. 
Más agricultura ecológica, la eliminación de las ayudas a la exportación y el estricto cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria, en eso consiste el desarrollo sostenible. 
Insto a la Comisión Europea a que ayude a los Estados miembros de la UE a enviar esta señal a la cumbre mundial y, por consiguiente, a que contribuya a conseguir un acuerdo sobre comercio y agricultura justos. 
Quien no esté listo para dar una solución concreta a estas cuestiones en Johanesburgo se enfrenta al problema de la pobreza con las manos vacías. 
El desarrollo sostenible no es posible sin adoptar un enfoque estructural para la cuestión medioambiental. 
La naturaleza contraatacará con un deterioro del clima y la aceleración de la desintegración de bosques, el mar y el suelo. 
Hemos experimentado los efectos del daño al medio ambiente cerca de aquí, durante las recientes inundaciones. 
El ejemplo más reciente de distorsión del mercado local, con el consiguiente bloqueo del desarrollo, es el dúmping de maíz modificado genéticamente efectuado por Estados Unidos en el mercado africano. 
La hambruna que afecta actualmente a África austral no significa que estos países deban aceptarlo todo. 
La Comisión, por fortuna, parece adoptar una postura sensible. 
Los países no deberían ser coaccionados y es inaceptable aprovecharse de su hambruna. 
El informe Deva sobre comercio y desarrollo, sobre el que alcanzamos un acuerdo tras unas duras negociaciones entre las diferentes tendencias políticas en la Comisión de Desarrollo y Cooperación, es una señal de advertencia para el Consejo Europeo, una señal de que debe dejar de oponerse a los planes de los Comisarios Lamy y Fischler y de la Comisión Europea. 
Dejemos que el Consejo emita su propia señal en Johanesburgo, comenzando con un enfoque estructural mundial sobre la pobreza. 
La primera señal debería ser la de la credibilidad. 
Acabemos con una Europa erigida en fortaleza comercial, pongamos fin al robo europeo, que resulta perjudicial para los ingresos de los agricultores pobres de este mundo. Sólo entonces podremos hablar realmente de desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, tomo la palabra para felicitar al ponente por el informe que ha preparado y por el excelente trabajo realizado. 
Es tremendamente importante que el Parlamento Europeo mantenga este debate en su agenda y que no se interrumpa no sólo el debate, sino tampoco la presentación de propuestas prácticas. 
No haré una introducción excesivamente larga, general y específica, sino que simplemente me remitiré a las palabras de la Sra. Kinnock, con las que estoy completamente de acuerdo. 
Pensé que podía discutirse qué beneficios podemos sacar de una reunión como la que tiene lugar en Johanesburgo. 
Escuchando especialmente a los que participaron en la cumbre de Río, puede darse la impresión de que Johanesburgo realmente se limita a confirmar lo que ya conseguimos entonces en Río y ésa es por supuesto una triste situación. 
Yo creía que el problema era que, sin estas cumbres, no podíamos asegurar que continuara el debate, pero, dicho esto, el Sr. Deva nos ha mostrado, por supuesto, uno de los modos en que se puede continuar dicho debate. 
Antes de discutir puntos individuales, quiero señalar que por supuesto pienso que es importante que realicemos peticiones tanto a nosotros mismos como a los países en desarrollo en términos de, por ejemplo, gobernanza, a lo que el Sr. Deva ya se ha referido en este informe. 
Dicho esto, me gustaría comentar los primeros puntos mencionados por el Sr. Deva, esto es, los puntos A, B y D, en los que recalca que la globalización es un fenómeno que durará mucho tiempo, lo cual es por supuesto positivo. 
No obstante, si no la controlamos puede llegar a marginar a un número de países y a varios grupos de población de esos países. Éste es, en mi opinión, un mensaje increíblemente importante. 
El segundo mensaje importante que transmite el Sr. Deva se refiere a una situación de la que constituimos un ejemplo inmejorable nosotros mismos y la UE, en la medida en que hemos crecido, por supuesto, en el marco del proteccionismo. 
Además, parece que olvidamos esto por completo cuando debatimos sobre los países en desarrollo. 
Resulta muy interesante la línea de pensamiento en la que se ha embarcado el Sr. Deva en lo que se refiere a las empresas, de las que no podríamos prescindir. Me gustaría decir también, no obstante, que las empresas no deben emplearse como una pobre excusa para no hacer nada en la esfera de la ayuda general, que desafortunadamente algunos países recortan en la actualidad. 
Señor Presidente, la situación creada por su enfoque del modo de gestionar la sociedad es tan repugnante que incluso aquí, en este entorno seguro, se siente obligado a fingir que hace algo. 
En cualquier caso, tiene que admitir usted que la mayoría de los países del mundo, y en particular la gran mayoría de sus habitantes, no se benefician del progreso en el terreno de la producción. 
Tiene que admitir que miles de millones de seres humanos son víctimas del progreso y muchos de ellos no tienen garantía de poder conseguir agua o alimentos a diario. 
Escribiendo en el informe que las 200 empresas más importantes tienen casi el doble del peso económico que las cuatro quintas partes más pobres de la humanidad, reconoce de hecho la responsabilidad de estas empresas y sus accionistas, cuyos enormes beneficios vienen de los bajos salarios y de saquear la riqueza natural de los países pobres. 
Y aún y así lo mejor que se le ocurre es sugerir a las multinacionales que establezcan comités de inversión ética. 
En el colmo del cinismo, pide que estos comités, cito textualmente, «rindan cuentas al Consejo de Administración, a los accionistas... » , en otras palabras, que rindan cuentas precisamente a quienes saquean, empobrecen y matan de hambre al planeta. 
En resumidas cuentas, no evitar que los asesinos cometan sus crímenes nos convierte en sus cómplices. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, apoyaremos el informe del Sr. Deva y asimismo deseamos felicitarle. 
De hecho, creemos que un elevado número de personas de este hemiciclo estarán a favor de este informe, pero tememos que muchos pierdan el interés cuando se ponga en peligro el bienestar de su propio electorado. 
Esto es lo que sucede actualmente en la cumbre de Johanesburgo. 
Esta hipocresía debe terminar. 
La globalización económica viene impuesta por el norte rico y está causando estragos en los países con economías débiles, grandes necesidades sociales y débiles estructuras democráticas. 
Pedimos a los países pobres que abran sus fronteras a nuestros productos, sin darles la oportunidad de reforzar sus estructuras económicas primero, como hicimos nosotros cuando nuestras estructuras estaban arrancando. 
Si nos tomamos en serio la lucha contra la pobreza, es necesario emprender una acción directa del tipo que muchos diputados han pedido hoy. 
Por tanto, debemos abrir nuestras fronteras, pagar precios justos por los productos del mundo en desarrollo y garantizar a los productores unos ingresos razonables. 
Asimismo, debemos eliminar todas las subvenciones para nuestros propios productos si generan competencia desleal con los productos de los países en desarrollo y la desmoralización de los productores locales que son responsables de la seguridad alimentaria en su propio país. 
Debemos imponer a nuestras multinacionales un código de conducta que proteja las economías, los gobiernos y los pueblos débiles de la arbitrariedad y la explotación. 
Su gran poder conlleva una responsabilidad acorde para con el mundo. 
Me avergüenza ver cómo la privatización hace que pueblos enteros, países o regiones enteros, dependan en cuanto a sus ingresos de consejos de administración que sólo prestan atención a los intereses de sus propios accionistas. 
¿Qué medios tiene un país como Zambia, por ejemplo, para ejercer presión sobre los propietarios de sus minas de cobre, como Anglo American? 
Los países que dependen de un producto, como el petróleo, los diamantes, la madera o la caña de azúcar, a menudo no tienen ninguna forma de defenderse de las multinacionales que determinan los precios y regulan el mercado. 
Es un problema de relaciones de poder. 
Es, por encima de todo, nuestro problema. 
No obstante, deberíamos practicar entre tanto la solidaridad, y el norte rico debe darse cuenta de que la solidaridad y la lucha contra la pobreza son una forma de mantener la paz. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar felicitando al Sr. Deva por lo que considero un conjunto de propuestas completo, equilibrado y significativo. 
En particular me complace su resolución, porque reafirma nuestro compromiso con respecto a los principios de trato especial y diferenciado de los países en desarrollo, a la importancia de la seguridad alimentaria y al incremento de la responsabilización y la responsabilidad social de las empresas. 
El último punto del ponente, la propuesta de un Foro europeo de empresas en los apartados 61 a 63, resulta interesante. 
Sin embargo, no debería desviar a la Comisión de su obligación de asegurar que el actual Foro de responsabilidad social de las empresas (RSE) , que está previsto que comience a funcionar en octubre, aborde íntegramente las actividades de las empresas europeas en los países en desarrollo. 
Quisiera plantear dos argumentos sustantivos en este debate. 
En primer lugar, está bien el hecho de registrar en un informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación que podemos enunciar todas las políticas de desarrollo de la UE que deseemos, pero con demasiada frecuencia éstas han quedado sumergidas bajo los propios intereses comerciales y empresariales de la UE cuando realmente importaba. 
Recordamos la hipocresía de la Comisión y los Estados miembros con respecto a las negociaciones del acuerdo de libre comercio con Sudáfrica. 
Las respuestas iniciales a las propuestas del Sr. Fischler sobre la reforma de la PAC, aunque son limitadas, y los informes actuales de Johanesburgo sugieren que las palabras del Sr. Byrne acerca de la reducción gradual de las subvenciones a la exportación agrícola bien podrían ser una promesa vacua. 
Si la UE mostrase su interés por la reforma de la OMC con el mismo entusiasmo que demostró cuando ganó las sanciones comerciales por valor de 4.000 millones de dólares contra Estados Unidos en relación con nuestras exportaciones de acero, es posible que los países más pobres comenzasen a creernos cuando decimos que queremos una ronda del desarrollo. 
En segundo lugar, como ya han dejado claro otros oradores, tendremos una responsabilidad directa cuando comiencen las negociaciones comerciales con nuestros colegas de ACP. 
El Comisario Byrne, cuando habla de los acuerdos de asociación económica, debería responder a las preguntas que la Comisión se ha negado a responder, antes de que comience el proceso. 
¿Por qué la Comisión no habla ahora acerca de las alternativas que figuran en el Acuerdo de Cotonú? 
¿Por qué habla de capacitación cuando sólo destina del 0,1 % de los actuales Programas Indicativos Nacionales (PIN) a respaldar el comercio? 
¿Cómo podemos confiar en la evaluación del impacto de la sostenibilidad, cuando los miembros de la Comisión no fueron capaces de ponerse de acuerdo entre ellos mismos con respecto al impacto de la iniciativa «Todo menos armas» en el sector azucarero? 
Finalmente, ¿por qué la Comisión rechaza la propuesta de los jefes de gobierno ACP en Fiji de celebrar una fase inicial de negociaciones sobre los principios con el Grupo ACP en su conjunto? 
¿Es que la Comisión desea utilizar la vieja táctica de dividir y dominar atacando a la solidaridad del Grupo ACP? 
Eso no es lo que desea este Parlamento Europeo. 
. Señor Presidente, en respuesta a algunos de los asuntos planteados por Sus Señorías, me gustaría señalar en primer lugar, en relación con las negociaciones comerciales ACP-UE, que la Unión Europea está dispuesta a abrir más sus mercados a las mercancías y servicios de los Estados ACP, siempre que éstos estén dispuestos a aplicar las políticas adecuadas y a reforzar su capacidad de abastecimiento. 
Este planteamiento también será relevante en las relaciones con otros países en vías de desarrollo y grupos de países como Mercosur, América Central y la Comunidad Andina. 
Quisiera destacar que los acuerdos de asociación económica se sitúan por encima de todos los instrumentos de desarrollo. 
Por lo tanto, serán designados con toda la flexibilidad precisa para tener en cuenta las limitaciones económicas, sociales y medioambientales de los países ACP. 
Por otra parte, éstos deberán integrarse en la política de desarrollo de los propios países ACP, así como en las estrategias de apoyo de la Unión Europea. 
El segundo punto que me gustaría señalar es que se ha sugerido que existe una tendencia a la baja en lo que se refiere al apoyo económico. 
Podría haber parte de verdad en esta afirmación, aunque existen motivos para pensar que esta tendencia a la baja ha tocado fondo si tenemos en cuenta los compromisos alcanzados en el proceso de Monterrey. 
Se prevé y espera que este respaldo aumente a la vista de esta situación. 
También se ha mencionado la necesidad de apoyo para la erradicación del sida, la tuberculosis y la malaria. 
Me gustaría llamar la atención de la Cámara sobre el Fondo Mundial de la Salud que se ha creado. 
Algunos Comisarios, entre los que se incluyen los Comisarios Lamy, Nielson y yo mismo, estamos trabajando en ello. 
Se ha mencionado la influencia de la PAC en varias ocasiones. 
Como se ha señalado, el Comisario Fischler y la Comisión han presentado propuestas relativas a la revisión de la PAC. 
Ya habrán advertido el hecho de que las ayudas en este campo se han desvinculado de la producción. 
En mi opinión, se trata de un paso muy importante en relación con el papel de la agricultura y las ayudas, así como con el impacto que tiene sobre los países en desarrollo. 
Finalmente, se ha mencionado la ayuda alimentaria a los Estados del sur de África, concretamente el maíz modificado genéticamente, y estoy satisfecho de la mención por parte de Sus Señorías del hecho de que la Comisión ha adoptado un enfoque razonable al respecto. 
En una declaración realizada hace unos diez días, la Comisión señalaba de nuevo, tal y como yo y otros Comisarios, y en particular la Comisaria Wallström, habíamos comentado repetidamente, que las pruebas científicas de que disponemos en la Unión Europea indican que los alimentos genéticamente modificados resultan seguros como dieta convencional. 
Esa declaración ha sido reiterada por la Comisión en los últimos diez días, con la esperanza de ayudar a superar el punto muerto en el que se encuentra esta cuestión. 
Parte de la preocupación hace referencia al hecho de que algunos de los gobiernos implicados están inquietos ante la posibilidad de que algunos agricultores conserven parte del maíz genéticamente modificado, lo que provocaría una fertilización cruzada con los cultivos convencionales de esos países. 
Esta posibilidad es mayor si la totalidad del maíz que yo entiendo que está implicado en estos envíos no ha recibido la aprobación de la Unión Europea o no ha obtenido un resultado positivo en las evaluaciones del riesgo elaboradas por comités científicos, aún cuando puede que no se les haya concedido todavía la plena autorización debido a la existencia y la continuación de la moratoria. 
Finalmente, si persiste la preocupación sobre este asunto, el problema del hambre se puede tratar mediante la adopción de un planteamiento sensato con respecto al tema de la plantación y la molienda de las semillas en cuestión, eliminando así el riesgo que algunos de los gobiernos consideran particularmente inquietantes. 
Muchas gracias, Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0242/2002) del Sr. Stevenson, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre las opciones para fomentar el cultivo de proteínas vegetales en la UE (COM (2001) 148/2- C5-0260/2001- 2001/2116 (COS) ). 
. Señor Presidente, el hecho de que el Parlamento contempla este informe con gran seriedad se puede deducir de las dos principales audiencias que se celebraron el pasado año: una del ECOSOC y otra de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Es comprensible que los diputados estén preocupados. 
Actualmente en la UE el déficit de proteínas vegetales asciende a 35 millones de toneladas al año. 
Esta situación se ha agravado a causa del mantenimiento de la prohibición del uso de harinas de carne y huesos, que ha provocado un agujero adicional de 2 millones de toneladas en nuestro abastecimiento de proteínas. 
La autosuficiencia de la UE en proteínas vegetales ha descendido hasta el 23%, colocando a la Comunidad en una situación de gran vulnerabilidad. 
Actualmente dependemos en gran medida de las proteínas importadas de fuera de la UE. 
La mayor parte procede de América, Argentina y Brasil, en forma de tortas de soja. 
En gran parte es soja genéticamente modificada. 
Sin duda, esta fuerte dependencia de fuentes ajenas a nuestro control hace que la UE resulte vulnerable ante las repentinas subidas de precios, los cambios climáticos o las malas cosechas en esos países, dejando prácticamente a nuestro sector ganadero en la misma situación en que se encontraba nuestra industria pesada durante la crisis del petróleo. 
Existe otro factor alarmante que inevitablemente se sumará a nuestros problemas. 
Actualmente, la autosuficiencia en proteínas vegetales de los países candidatos supera el 80%. 
A pesar de que esto representa una considerable mejora con respecto a la situación de los 15 Estados miembros, lo cierto es que la mayor parte de los países candidatos exportan su semilla oleaginosa porque sus almazaras son obsoletas, lo que significa que también tienen que importar tortas de soja en grandes cantidades para su sector ganadero. 
Sin embargo, la Comisión prevé un descenso de la producción de proteínas vegetales en estos países, una vez que se conviertan en Estados miembros de pleno derecho, y su sustitución por cereales. Esto sería desastroso. 
Contamos con un mercado disponible para semillas de oleaginosas y proteaginosas, del que los países candidatos se podrían beneficiar enormemente. 
Por otra parte, un incremento de la producción de cereales simplemente aumentaría el excedente general y se intensificaría la retirada de tierras de la producción. 
Debemos poner en marcha un plan que fomente la producción de semilla de colza, legumbres con vaina, girasol y soja, y que genere importantes beneficios económicos, no sólo para los países candidatos, sino también para nosotros mismos, gracias una mayor autosuficiencia. 
En los Estados miembros y en los países candidatos también prevemos un continuo aumento del consumo de carne, lo que a su vez conllevaría una demanda aún mayor de alimentos a base de proteínas por parte de los ganaderos. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta esta situación, he mencionado en mi informe la necesidad de buscar maneras de fomentar una mayor autosuficiencia dentro de la UE. 
Entre muchas recomendaciones, he sugerido diversas maneras de fomentar un incremento de la producción de proteínas vegetales, invirtiendo más en la investigación y el desarrollo de variedades de plantas nuevas y mejoradas. 
También he hecho un llamamiento para que se concedan ayudas a la rotación a los agricultores, para fomentar la producción de proteínas vegetales en el ciclo de cultivo de los cereales y para que se cultiven proteaginosas, leguminosas en grano y oleaginosas en tierras retiradas de la producción. 
He realizado un llamamiento para la creación de una red de seguridad o un sistema de seguro de renta para los productores de oleaginosas y proteaginosas. 
Estoy alarmado por el mantenimiento de la prohibición del uso de harinas de pescado para la alimentación de los rumiantes, impuesta por la Comisión. 
Considero que esto no tiene una justificación científica y simplemente incrementa nuestro déficit de proteínas en general. 
Ruego encarecidamente al Comisario Byrne que se replantee este tema y que levante la prohibición, que está afectando a un gran número de puestos de trabajo en los sectores de procesado de pescado y piensos para el ganado. 
Creo que existe un gran potencial para desarrollar el sector no alimentario. 
La producción de plantas oleaginosas para biocarburantes como el éster metílico y para biolubricantes y disolventes biodegradables resulta importante en el contexto de este debate, dado que los residuos oleaginosos constituyen un subproducto aprovechable. 
La Comisión ha demostrado un gran interés por este sector. 
Merece un examen más detenido. 
Sin embargo, los progresos en este ámbito vienen determinados principalmente por la situación fiscal de los biocarburantes. 
Nos queda mucho camino por recorrer antes de que podamos esperar un acuerdo en torno a un régimen fiscal armonizado para toda la UE, que fomentaría una mayor producción de biocarburantes. 
Por último, me temo que la revisión intermedia de la PAC realizada desde que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural debatiese mi informe, puede haber frenado significativamente el ímpetu de estas recomendaciones. 
Me gustaría saber cómo creen el Comisario Byrne y el Comisario Fischler que afectará la revisión intermedia a esta posición. 
. Señor Presidente, en primer lugar me gustaría agradecer al ponente, el Sr. Stevenson, así como a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, su actitud constructiva en relación con esta comunicación. 
Para empezar, deberíamos recordar el contexto en el que surgieron los actuales debates sobre las proteaginosas. 
Desde la Decisión del Consejo de 4 de diciembre de 2000, quedó prohibido el uso de proteínas animales procesadas en los alimentos de todos los animales. 
Dado que el uso de harinas de origen animal para los rumiantes ya llevaba prohibido unos años, la prohibición afectaba principalmente al sector porcino y al avícola. 
Poco después, en Niza el Consejo Europeo tomó nota de la intención de la Comisión de analizar la oferta y la demanda de semillas oleaginosas y del cultivo de proteaginosas, desde un punto de vista estrictamente financiero. 
Este análisis dio pie a la elaboración del documento de la Comisión presentado en marzo de 2001. 
Permítanme resumir las conclusiones que sacamos de nuestro análisis de la situación y de las posibles opciones políticas. 
En primer lugar, la prohibición sobre las harinas a base de carne y huesos para la alimentación de animales no rumiantes crearía un déficit equivalente a 1,5 millones de toneladas de harina de soja. 
En segundo lugar, el incremento de las ayudas a la producción nacional comunitaria daría resultados decepcionantes: un escaso aumento de la producción a un coste elevado. 
Por otra parte, nuestro grado de autosuficiencia apenas cambiaría. 
En tercer lugar, el incremento de las ayudas para las semillas oleaginosas nos llevaría de nuevo a las restricciones de los acuerdos de Blair House sobre zonas cultivadas con ayudas específicas por cultivo. 
Desde la presentación de nuestro informe, hemos continuado reflexionando, no sólo acerca de las proteínas vegetales, sino de todo tipo. 
Esto culminó con la revisión intermedia de la política agrícola común de la UE, presentada por la Comisión el 10 de julio de 2002. 
La Comisión opina que el gasto público en el sector agrícola debe estar más justificado. 
Además de suponer una ayuda para las rentas de los agricultores, debe tener otras ventajas en términos de calidad alimentaria, conservación del medio ambiente y del bienestar animal, del campo y del paisaje rural, así como la mejora de la equidad y del equilibrio social. 
Para los consumidores y contribuyentes de la UE, la revisión debería garantizar una mejor relación entre calidad y precio. 
Volviendo específicamente a la producción de proteaginosas, permítanme recordarles que proponemos la introducción de una ayuda suplementaria aparte de 55,57 euros por hectárea. 
También tenemos previsto integrar los planes de ayuda para leguminosas en grano y forrajes deshidratados en la lista de ayudas desvinculadas. 
Las actuales disposiciones sobre cultivos no alimentarios serán sustituidas por ayudas no específicas para cultivos con un gran valor energético. 
La revisión intermedia de la PAC nos ofrece una oportunidad, en el contexto de la nueva ronda de negociaciones de la OMC, para obligar a nuestros socios comerciales a aceptar nuestras exigencias relativas, por ejemplo, al reconocimiento de las denominaciones de origen registradas, al bienestar animal, la seguridad alimentaria y el principio de cautela. 
Nuestro nuevo sistema de subvenciones dependiente de la producción evitará la distorsión del comercio y no tendrá ningún efecto negativo en los países en desarrollo. 
A diferencia de lo que sucedió en la Ronda de Uruguay, la Unión Europea estará en condiciones de tomar parte activa en la negociación sobre el capítulo de agricultura de la Ronda Doha de la OMC, fortalecida por una sólida posición negociadora y un nivel de credibilidad que los Estados Unidos han perdido a causa de su reciente ley agraria. 
Por último, permítanme decirles algo sobre la prohibición de las harinas de pescado para la alimentación animal. 
La prohibición prorrogada veta el uso de harinas de pescado en la alimentación de los rumiantes, no por un potencial riesgo de EET de la harina de pescado en sí, sino por motivos de control, como ya hemos discutido aquí en varias ocasiones. 
En particular puede resultar difícil descartar la presencia de proteínas procedentes de animales terrestres en las harinas de pescado o en los alimentos que contengan estas harinas. 
Por lo tanto, el fin de la prohibición del uso de harinas de pescado en los alimentos de rumiantes dependerá de la disponibilidad de métodos para diferenciar la harina de pescado de las proteínas de origen animal prohibidas. 
Varios investigadores están trabajando en ello actualmente y creo que existe la posibilidad de volver sobre este tema concreto de conformidad con el procedimiento de comitología que se establece en el reglamento relativo a subproductos animales del que soy responsable. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar me gustaría dar las gracias al Sr. Stevenson por un informe particularmente minucioso. 
Estoy de acuerdo con las conclusiones y el diagnóstico. 
Es por tanto motivo de preocupación que la autosuficiencia de la UE haya caído por debajo del 23%. 
Las relaciones de precios determinadas por el mercado han hecho que resulte más ventajoso comprar tortas de oleaginosas importadas, especialmente tortas de soja, pero los riesgos climáticos y los cambios de la producción de los países de los que nos abastecemos hacen a la UE demasiado vulnerable. 
La UE debe por tanto aumentar su autosuficiencia cultivando plantas oleaginosas y yo refrendo las distintas iniciativas propuestas por el ponente en su informe. 
Tampoco quiero dejar de alertar a la Comisión sobre el hecho de que las medidas tomadas perjudican específicamente al mercado europeo del maíz, puesto que permiten importar maíz barato de Rusia y simplemente contribuyen a hacer la producción vegetal menos rentable económicamente. Al mismo tiempo, los precios más bajos del maíz dan lugar a un aumento de la cría de cerdos en Europa, lo que a su vez requiere una mayor importación de tortas de soja. 
Por tanto, esta iniciativa no promueve ni el cultivo europeo de plantas ni la producción europea de proteínas. 
Asimismo, desearía añadir que no existe una base científica sólida para la prohibición de la harina de pescado mencionada por el Comisario. 
Desde el punto de vista técnico no es correcto argumentar que, por temor a que la harina de pescado se mezcle con harinas de carne y huesos de rumiantes, es necesario mantener a la harina de pescado fuera del abastecimiento de proteínas. 
Debemos decir a los países que controlan su producción- esto es, a los países que pueden separar su producción de proteínas- que por supuesto también pueden gozar de alguna ventaja, de modo que no sean los países que no pueden separar su producción de proteínas los que impongan las sanciones. 
Señor Presidente, apoyo firmemente al Sr. Stevenson y deseo felicitarlo por su excelente informe. 
Las consecuencias de la crisis de la EEB y la prohibición del uso de harinas a base de carne y huesos han provocado un importante y pronunciado descenso de las proteínas en la alimentación animal, que deberá suplirse por otros medios. 
Todos sabemos que la lección que hemos aprendido con esta crisis concreta de la agricultura europea es que debemos contar con una cadena alimentaria que garantice los criterios más estrictos posibles de trazabilidad y seguridad. 
Realmente no me entusiasman las propuestas de la Comisión para afrontar esta situación. 
La sugerencia de la Comisión de que deberíamos suplir la escasez de piensos en los mercados mundiales no constituye una solución realista a largo plazo. 
Deberíamos producir esos piensos dentro de la UE, gracias a lo que podríamos estar y estaríamos preparados para controlar cada elemento de la cadena alimentaria. 
Esto se suma al hecho de que la producción interna ofrece otras muchas ventajas diferentes. 
Permite a nuestros agricultores diversificar su producción y producir cultivos para los que existe un mercado claro y demostrable. 
Esto les serviría de gran ayuda en su situación actual. 
También tengo serias dudas con respecto a la conveniencia a largo plazo de depender de fuentes externas para nuestros piensos. 
Uno de los fundamentos de la PAC consiste en garantizar un suministro seguro de piensos de alta calidad a nuestros ciudadanos y espero que la Comisión tenga en cuenta las preocupaciones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que sin duda serán respaldadas mañana por una sólida mayoría en esta Cámara. 
Señor Presidente, señor Comisario, la irrupción de la enfermedad de las vacas locas anunció una crisis de la cría de ganado. 
Guiada por el deseo de reducir costes y aumentar la producción, la industria de piensos para el ganado olvidó por completo el orden de la creación. 
Las vacas se hicieron caníbales y se dejó de lado la naturaleza de los animales. 
La Comisión estuvo acertada al prohibir el uso de harina animal. 
Espero que la Comisión considere debidamente la particularidad de cada especie y no ceda a la presión de la industria para readmitir el uso de harina de pescado como alimento para los animales. 
Nunca he visto a una vaca junto a una acequia buscando pescado. 
Dada la escasez de poblaciones de peces, es un signo de un desconocimiento todavía mayor de la cuestión si se anima a los pescadores a abastecer de alevines a la industria de la harina de pescado. 
En su informe, el ponente, Sr. Stevenson, insta a la Comisión a fomentar el cultivo de proteaginosas que sustituyan a la harina animal. 
Apoyo plenamente esta propuesta, particularmente con la idea de proteger a la UE de las importaciones de soja modificada genéticamente, un organismo cuyas características no se tienen en cuenta seriamente. 
Señor Presidente, el fomento del cultivo de proteínas vegetales en la Unión Europea es uno de los temas clave sobre los que giran el presente y el futuro de la agricultura europea y de la seguridad alimentaria. 
Por eso me parece muy relevante, Señor Presidente, que hayan estado presentes en este debate tanto el Comisario Sr. Byrne, responsable de Seguridad Alimentaria, como el Comisario de Agricultura y Pesca, Sr. Fischler. 
El Parlamento Europeo se ha hecho eco de esta importancia y le ha dedicado al tema amplios debates y dos audiencias. 
Como consecuencia de todo ello se han aunado voluntades y en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se ha votado con un amplísimo acuerdo este informe que hoy viene a sesión plenaria sin ninguna enmienda. 
Felicito al Sr. Stevenson por su magnífico trabajo. 
La Comisión debería aceptar este voto tan representativo y esta unidad de posiciones porque, Sr. Fischler, la posición del Parlamento Europeo queda reflejada con toda claridad en el apartado 3, que dice "el Parlamento Europeo recomienda que se fomente el desarrollo de la producción de proteínas vegetales en la UE para que se reduzca su dependencia de las importaciones y se mantenga el carácter multifuncional de la agricultura comunitaria". 
Para que pueda desarrollarse en todas sus potencialidades y hacerse realidad esta posición, es absolutamente necesario que la Comisión aplique lo que se le pide en el apartado 5: que "la Comisión financie un amplio programa de investigación y de desarrollo" Porque si la Comisión no financia un programa orientado al aumento del potencial genético y del rendimiento en la utilización y el valor nutritivo de las leguminosas forrajeras y las leguminosas en grano como fuente clave de proteínas, estaremos hablando de palabras y no de hechos. 
Asimismo, Señor Presidente, el Considerando F y el Considerando I llaman la atención sobre las áreas mediterráneas, que con mucha frecuencia el Comisario Sr. Fischler olvida. 
En la sesión plenaria de hoy se ha repetido que debe revisar esa posición, porque dichas áreas deben recibir ayudas también por este concepto, para que la producción de leguminosas de grano con destino a la ganadería en las zonas mediterráneas de la Unión Europea tenga efectos también muy beneficiosos. 
Por último, apunto, Señor Presidente, por la importancia del hecho, que en el Considerando D se indica que debe tenerse en cuenta el difícil momento por el que pasa Argentina para no agravar su situación. 
Señor Presidente, señor Comisario, el ponente, Sr. Stevenson, ha realizado un trabajo exhaustivo y quiero agradecerle particularmente su capacidad para trabajar con distintos grupos y partidos, lo cual ha sido muy útil y nos ha permitido alcanzar este excelente resultado. 
La Comisión ha propuesto una solución muy simple a este debate y pienso que en realidad se trataba de una forma de iniciar el debate. 
Que las importaciones compensarán la escasez es una propuesta de una simpleza infantil. 
Pero la respuesta que se da en este informe es excepcionalmente buena. 
Plantea las cuestiones de los nuevos cultivos, las negociaciones de Blair House, la ayuda a la producción de oleaginosas en los Estados Unidos de América y el problema de la harina de pescado, entre otras. 
Éstos son problemas que pueden y deben resolverse. 
La cuestión crucial, no obstante, es si se debe o no apoyar la producción de proteínas vegetales en los Estados miembros de la Unión o no. 
Ésta es la cuestión que debemos afrontar y tomar la decisión fundamental de que debe apoyarse. 
No podemos embarcarnos en un programa de producción no rentable, y por eso el Sr. Garot ha formulado la propuesta de investigar en este campo y avanzar sobre la base de esta investigación. 
La investigación conlleva la posibilidad de que habrá de hecho una demanda para nuestras propias proteínas vegetales. 
La demanda hará que suban los precios y éstos darán un impulso al cultivo. 
Estos problemas deben resolverse y nosotros tenemos la clave para resolverlos. 
¿Por qué no podemos aportar soluciones? 
¿Por qué? 
Todo el mundo es un tanto cauteloso: todo el mundo está quizá demasiado pendiente de salvaguardar sus propios intereses. 
Debemos tener más amplitud de miras y buscar una solución global en lugar de escudarnos todo el rato en simples excusas. 
Con respecto a la bioenergía y las proteínas vegetales, por ejemplo, la solución es muy sencilla. 
Todo cuanto necesitamos hacer es aprobar resoluciones y resolver los problemas del régimen fiscal. 
Este tipo de procedimientos proporcionará una solución global que conducirá a nuestro propio programa energético de proteínas vegetales, que no dependa de Estados Unidos, Brasil ni Argentina. 
Señor Presidente, la exposición de motivos del informe deja claro que la Comisión considera la prohibición de harinas de carne y huesos en el forraje como una medida temporal y, tan pronto como se mitigue la justificada protesta en torno a la crisis de las vacas locas, considerará levantar gradualmente las prohibiciones, sin prestar atención a los terribles problemas que el uso de proteína animal en el forraje crea para la salud pública y el ganado. 
Esto, unido a la insistencia de la Comisión en respetar al pie de la letra el acuerdo del GATT y la Agenda 2000, que prohíben cualquier aumento en los cultivos de proteínas vegetales, revela en toda su magnitud la hipocresía de la Comisión, que utiliza todas las excusas medioambientales que puede de acuerdo con la Agenda 2000 en un intento de reducir la producción agrícola. 
Al mismo tiempo, demuestra hasta qué punto la Comisión está dispuesta a doblegarse ante los intereses de las industrias de producción y comercialización de forraje. 
Creemos que existe una alternativa a las harinas de carne y huesos, que únicamente ocasionan problemas a la salud pública, el ganado y el presupuesto comunitario. 
La harina de soja importada, principalmente de Estados Unidos, tampoco es la solución, puesto que ocasionará aún más problemas a la salud pública y hará que los ganaderos europeos dependan aún más de Estados Unidos. 
La solución al problema está en las proteínas vegetales, que pueden cultivarse en abundancia en la Unión Europea, en Grecia y otros países del sur, y en aumentar los cultivos de legumbres, judías, alfalfa, veza y tortas de algodón que, junto con otros productos, proporcionan el mejor forraje. 
No obstante, este supone cambiar el sistema de precios y subvenciones tanto para las legumbres forrajeras como para los cultivos competidores. 
Supone una revisión completa del presupuesto y una reconsideración de los criterios de desarrollo de la economía agrícola, esto es, el cambio de la actual Política Agrícola Común, que tanto daño ha hecho al sector agrícola, especialmente en los países meridionales donde, desafortunadamente, no hay más remedio que centrarse en ciertos cultivos, como el algodón, lo cual ha provocado graves problemas para los agricultores algodoneros griegos. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Stevenson, la Comisión Europea rechazó la propuesta de la Presidencia española del Consejo de realizar acciones de promoción de los cultivos proteicos deficitarios en la Unión Europea, y que se suplen con importaciones de soja procedentes, fundamentalmente, de Estados Unidos y, en muchos casos, de origen transgénico. 
La Comisión argumenta que modificar la actual política podría llevarnos a litigios en el seno de la OMC, algo que no debería preocuparnos, a la vista de la actitud proteccionista de la Administración Bush. 
Señor Comisario, es incuestionable que nuestra industria de piensos y, por ende, nuestra producción ganadera y nuestra alimentación, dependen, en gran medida, de un solo producto, la soja, cuya producción y comercio están bajo el control de Estados Unidos. 
¿Cómo puede permitir la Unión Europea esta dependencia estratégica tan importante? 
Mantener o aumentar las importaciones de estos productos no excedentarios, como la soja y el maíz, de origen no transgénico, desde países en vías en desarrollo, debe ser una parte importante de nuestra política de cooperación pero, paralelamente, también debe ser una prioridad fomentar sistemas agropecuarios autosuficientes y sostenibles dentro de las zonas más desfavorecidas de la Unión Europea, generadores de empleo y mantenedores de la población rural, los recursos genéticos autóctonos y la necesaria producción de biocombustibles. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Stevenson por su informe, que fue aprobado mayoritariamente en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Desde la prohibición de las harinas de carne, a raíz de la crisis de las vacas locas, el déficit comunitario de alimentos proteicos para el ganado se ha acentuado. 
Frente a esta carencia, la única solución que la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa ha sido aumentar las importaciones de estos cultivos proteicos, incremento que se verá agravado tras la adhesión de los nuevos Estados miembros. 
El Ejecutivo comunitario ha rechazado el memorándum presentado en la pasada Presidencia española, apoyado por gran parte de los Estados miembros, a favor de promover estos cultivos en la Unión Europea, a pesar de que ésta es cada vez más dependiente de las importaciones de soja procedentes de Estados Unidos. 
Dicha dependencia podría, además, incrementarse, tras el aumento de las ayudas otorgadas por este país en el marco de su nueva ley agrícola. 
Mientras que Estados Unidos no se sonroja por incrementar en tres millones de dólares sus ayudas anuales a los productores de soja, la Unión Europea no sólo reduce sus ayudas a los cultivos oleaginosos, sino que pone su mercado al servicio de importaciones procedentes de estos países terceros. 
Pero, aparte de las razones de índole comercial- que la Comisión Europea quiere esgrimir para justificar su negativa a restablecer una ayuda específica para el cultivo de las oleaginosas -, no existe ningún motivo para no apoyar otros cultivos cuyo contenido en proteínas es mayor incluso que el de las oleaginosas, como es el caso de los forrajes desecados, en donde los cupos de producción son insuficientes para hacer frente a la demanda. 
Para atender las necesidades de abastecimiento de proteínas hay igualmente otros cultivos, como proteaginosas y leguminosas- entre ellas, habas, haboncillos y altramuces, que han sido ya citados aquí- que no están sometidos a ningún tipo de restricción en el marco de la OMC y que también podríamos incluir. 
No hay que olvidar, además, que la Unión Europea se ha comprometido a reducir las emisiones de CO2, y que uno de los caminos posibles es facilitar el cultivo de biocarburantes, razón de más para que el Parlamento Europeo apoye el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural a favor de promover estos cultivos y de disminuir, si no de suprimir, estas dependencias externas que tantos problemas en cuanto al grado de abastecimiento, así como en el control de la calidad y la seguridad de los mismos pueden originarnos con nuestra normativa. 
Y, por último, una reflexión: Señor Comisario, si no conservamos nuestra capacidad de producción y de abastecimiento, ¿cuál va a ser nuestra capacidad de negociación y defensa de nuestros intereses en los foros internacionales? 
Muchas gracias, Comisario Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas 
Comunicación del Presidente 
Señorías, recuerdo a esta Cámara que ha sido modificado el artículo 148 del Reglamento. 
De conformidad con el orden del día, se procederá a la aprobación del Acta por la tarde, cuando se reanude la sesión a las 15 horas. 
A las 14:30 horas será distribuida a todos los diputados en el hemiciclo, aunque estará disponible en el servicio de distribución a partir de las 14 horas. 
Señor Presidente, acaba de responder a una parte de mi pregunta pero, en primer lugar, quiero decir que no sé si yo firmé ayer, aunque realmente estuve aquí durante toda la jornada y, de hecho, voté. 
Por lo tanto, me gustaría pedir que esto se tuviera en cuenta ya que, de todas formas, el Acta llegará tan tarde. 
En segundo lugar, desearía saber si en un futuro se podría distribuir el Acta por la mañana. 
De este modo, la aprobación de la misma se aplazaría hasta la tarde y podríamos leerla detenidamente durante la jornada. 
Realmente, no entiendo por qué el reparto del Acta se realiza por la tarde. 
Señor Posselt, sugiero que comunique de nuevo esta tarde su asistencia en el día de ayer, para asegurar que los servicios tengan constancia de ello. 
En cualquier caso, participó en la votación, así que no tiene por qué preocuparse. 
. (ES) Señor Presidente, Señorías, hoy vamos a tratar un paquete legislativo destinado a establecer el cielo único europeo. 
El objetivo principal de todas estas medidas es, sencillamente, responder al problema de la congestión en el espacio aéreo europeo sin, por ello, reducir la seguridad del mismo, sino, por el contrario, aumentándola. 
Una vez más, hay que recordar que ésa es nuestra primera preocupación y nuestra prioridad, sobre todo después del trágico accidente de Überlingen- donde hubo que lamentar una serie de víctimas mortales -, y donde tuvimos la sensación de que se debía y se podía haber evitado. 
Lo que pretendemos es introducir un marco reglamentario armonizado que rija la gestión del tráfico aéreo en la Unión Europea, facilitando así la mejor gestión del espacio aéreo y la mejora de la seguridad. 
Recuerdo que el cielo único fue una de las iniciativas que el Presidente Prodi anunció en el debate de su investidura como prioridad política de una Europa cercana a los ciudadanos. 
Durante estos tres años hemos venido trabajando en esta cuestión, y hoy es día de conseguir resultados concretos. 
Entrando ya en los informes concretos, me voy a referir en primer lugar a los de los ponentes, Sr. Fava y Sra. Sanders-ten Holte, en los que se reconoce la importancia estratégica y la madurez de la iniciativa sobre el cielo único. 
Quiero señalar mi satisfacción al comprobar el apoyo que la comisión competente ha prestado, estudiando estas propuestas aquí en el Parlamento y, una vez más, quiero agradecer la colaboración y el trabajo realizado por el Parlamento Europeo. 
En lo que se refiere más concretamente a las enmiendas, la Comisión está en condiciones de aceptar la mayor parte de ellas; algunas, con cambios de redacción que las adapten mejor al texto, y otras parcialmente, ya que, normalmente, esas enmiendas aclaran o refuerzan nuestras propuestas iniciales. 
No obstante, la Comisión no puede aceptar y, por lo tanto, ha de rechazar las enmiendas 1, 2, 13, 19, 24, 27, 29, 34, 35 y 37 a 40 del informe del Sr. Fava, y las enmiendas 3, 12, 13, 14, 26, 46, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 75, 77 a 80 y 83 a 107, del informe de la Sra. Sanders-ten Holte. 
Si sus Señorías me lo permiten, quisiera hacer algunas observaciones sobre las enmiendas que tienen mayor relevancia. 
En primer lugar, pienso ante todo en las que se refieren a las relaciones con Eurocontrol. 
Estoy de acuerdo en que es necesario establecer una cooperación adecuada entre la Comunidad y esta organización y, de hecho, las negociaciones técnicas para la adhesión de la Comunidad a Eurocontrol ya han concluido. 
Como muy bien saben sus Señorías, la firma del acuerdo oficial sobre el protocolo de adhesión de la Comunidad a Eurocontrol está prevista para dentro de un mes, sencillamente por un problema de acuerdo parlamentario en uno de los países de la Unión. 
Por lo tanto, no es necesario especificar en el Reglamento las modalidades de asistencia técnica a esta organización, porque vamos a formar parte de ella. 
Considero que las enmiendas propuestas a este respecto se refieren a aspectos que ya están cubiertos adecuadamente por la misma adhesión de la Comunidad a Eurocontrol, o bien, deberán modificarse para adecuarlas a la naturaleza de los actos comunitarios. 
Lo mismo ocurre con las enmiendas que piden consultas obligatorias. 
La Comisión no cuestiona el principio de la consulta con las partes empresariales y sociales, pero desea que este principio se aplique respetando su derecho de iniciativa. 
En lo que se refiere a la naturaleza de los servicios de la circulación aérea, el paquete legislativo ha sido redactado cuidadosamente para conciliar las exigencias del interés público con la necesidad de apoyar la dinámica del sector. 
Aun reconociendo las características inherentes a estos servicios, no podemos negar su impacto económico en los costes directos e indirectos que implica. 
Por ello, la Comisión no puede aceptar, y rechaza, las enmiendas 12 y 13 del informe del Sr. Fava. 
Lo mismo ocurre con una serie de enmiendas que antes he citado y que nos parecen jurídica o técnicamente incompletas y que no podemos respaldar, así como aquellas enmiendas que piden rechazar nuestra propuesta en su conjunto. 
Quisiera, asimismo, añadir las consideraciones siguientes sobre determinadas enmiendas del informe de la Sra. Sanders-ten Holte. 
La enmienda 13, sobre el principio de separación entre las autoridades de vigilancia nacionales y los prestatarios de servicios de navegación aérea afecta al compromiso razonable que se encontró en el momento de las negociaciones en el Grupo de Alto Nivel, donde- les recuerdo a sus Señorías- estaban representados todos los países de la Unión, así como también Noruega y Suiza. 
Comparto el punto de vista de que la cooperación entre los sectores civil y militar en un factor clave para el éxito del cielo único europeo y, de hecho, nuestras propuestas legislativas intentan ya crear las condiciones necesarias para estimular dicha cooperación. 
Pero las enmiendas 57 y 59 van más allá de lo que nos permite el actual reparto competencial y, por lo tanto, el primer pilar. 
Las enmiendas 14 y 51 introducen mecanismos de recurso que ya están previstos en los procedimientos nacionales. 
En cuanto al informe de la Sra. Maes, sobre seguridad de las aeronaves de países terceros, esta propuesta pretende mejorar la seguridad aérea mediante la creación de un sistema de inspección de las aeronaves de países terceros para verificar su conformidad con las normas de seguridad internacionales. 
La Comisión ya había presentado una propuesta sobre este tema en 1997, que no había podido ser aprobada hasta hoy por el contencioso sobre el aeropuerto de Gibraltar. 
La propuesta presentada ahora a sus Señorías recoge las disposiciones de la posición común que el Consejo había aprobado en su momento, así como las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo en segunda lectura. 
Su ponente, la Sra. Maes, a quien quiero dar las gracias, ha suscrito esta nueva propuesta y la Comisión acoge con satisfacción el informe aprobado por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
En efecto, estamos en condiciones de aceptar la mayor parte de las 23 enmiendas; cinco de ellas, en cuanto a sus principios, con otra redacción, y otras también con algunos cambios redaccionales. 
No obstante, siete enmiendas resultan problemáticas a los ojos de la Comisión y, por ello, quiero hacer las siguientes reflexiones: primero, la enumeración de las carencias que figura en la enmienda 3 es restrictiva en relación con los datos de que dispone la Comisión; segundo, la enmienda 6 tampoco puede ser aceptada, ya que la propuesta de Directiva se refiere solamente a las aeronaves de países terceros y no a los aviones de los Estados miembros de la Unión; tercero, lo mismo puede decirse de la enmienda 8, que asignaría a la Agencia Europea de Seguridad Aérea nuevas responsabilidades y esto exigiría modificar el Reglamento constitutivo de la misma, y de la enmienda 10, que queda fuera del ámbito de aplicación de la propuesta de Directiva. 
La enmienda 14 no nos parece necesaria, ya que la propuesta de la Comisión especifica que todas las denuncias son admisibles, y la 15 añadiría un trabajo importante a los servicios de inspección de las aeronaves y, sin embargo, la utilidad práctica de la información suplementaria solicitada nos parece más que dudosa. 
Por último, la enmienda 17 queda fuera del ámbito de las inspecciones cubiertas por la Directiva y estaría en contradicción con los principios del Convenio de Chicago, por lo que debe ser rechazada. 
Señor Presidente, Señorías, espero haber aclarado la postura de la Comisión en lo que respecta a los diferentes informes objeto de este debate conjunto. 
Nadie duda de que los informes que sus Señorías aprobarán mañana contribuirán de forma significativa a la seguridad, eficacia y regularidad del tráfico aéreo en Europa. 
Una vez más, quiero agradecer el trabajo de la comisión competente, en general, y el de los ponentes, Sr. Fava, Sra. Sanders-ten Holte y Sra. Maes, en particular, porque han hecho un trabajo francamente notable sobre asuntos muy técnicos y complejos. 
Señor Presidente, Comisaria, representantes del Consejo, Señorías, la propuesta de reglamento de la Comisión surge en respuesta al informe elaborado por el Grupo de Alto Nivel sobre el cielo único europeo. 
Como todos sabemos, el objeto de dicha propuesta es conseguir, a más tardar el 31 de diciembre de 2004, que el cielo de la Unión Europea constituya un espacio aéreo integrado, organizado según los mismos principios y regido por las mismas normas. 
Asimismo, estamos familiarizados con los objetivos prioritarios de tan relevante reglamento: en primer lugar, garantizar una mejor utilización del espacio aéreo, lo que supone una reducción de los costes y una mejora de la gestión del tráfico aéreo con vistas a reducir los retrasos, aumentar la capacidad del sistema y, principalmente, reforzar el nivel de seguridad, que constituye nuestra principal prioridad. 
Al mismo tiempo, sabemos que no basta con declarar cuáles son nuestros objetivos prioritarios, sino que ha llegado el momento de tomar decisiones: la primera decisión que deben adoptar el Parlamento y las demás instituciones europeas hace referencia precisamente a la cesión de gran parte de la soberanía. Para ello, es necesario proceder con cuidado y determinación. 
Me gustaría centrar mi intervención en algunas cuestiones incluidas en nuestro informe, que desde nuestro punto de vista constituyen los puntos más destacados del reglamento. 
Para empezar, permítanme afirmar que la consecución de un cielo único no sería posible sin el apoyo incuestionable del Parlamento Europeo, puesto de manifiesto en una resolución el mes de julio de 2000, y sin el apoyo de los gobiernos de todos los países. 
La Comisaria ha citado durante su intervención (y yo volveré a hacerlo) el reciente acuerdo firmado entre el Reino Unido y España sobre la inclusión en el acto legislativo sobre el cielo único europeo de la llamada «Cláusula de Gibraltar». 
Tal como dije anteriormente, el reglamento contempla cuestiones importancia. La Comisaria describió la primera de ellas, relativa a la cooperación de la Comunidad con Eurocontrol. 
La cooperación con esta organización resulta esencial. Fue propuesta en su momento por el Grupo de Alto Nivel con el fin de evitar, especialmente, la duplicación de las actividades. 
La cooperación recíproca resulta fundamental aun cuando la Comunidad firmará la adhesión al Convenio Eurocontrol en el plazo de un mes. 
En nuestra opinión, las enmiendas presentadas al respecto resultarán innecesarias una vez firmado dicho Convenio. 
No obstante, pensamos que es preciso hacer hincapié en este tema, especialmente cuando la adhesión de la Comunidad a Eurocontrol, así como la ratificación del Convenio por los Estados miembros, ha llevado tanto tiempo. 
Asimismo, consideramos que la cooperación entre las autoridades civiles y militares resulta igualmente de vital importancia. 
Se trata de un tema especialmente delicado porque podría entrar en conflicto con una serie de hábitos y prerrogativas que se encuadran indiscutiblemente en el ámbito de los poderes soberanos de los Estados miembros. 
Tanto nuestro informe como el reglamento de la Comisión se han elaborado siguiendo dos líneas principales: en ambos documentos se solicita que se fomente una cooperación estrecha entre los proveedores de servicios de navegación aérea civiles y militares, al tiempo que se propone que las autoridades militares estén representadas en la comisión para el cielo único. 
Aunque el texto no incluye ninguna disposición específica al respecto, proponemos que uno de los dos escaños disponibles para cada Estado en dicha comisión, a la cual se le asignará el control político y técnico del cielo único, sea asignado a un representante de las autoridades militares. De este modo, se conseguiría un nivel más elevado de responsabilidad compartida y de colaboración entre las autoridades civiles y militares. 
En tercer lugar, el tema de las sanciones. 
El respeto de las medidas reglamentarias del cielo único mediante la imposición de sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias, tal y como solicitó el Parlamento, constituye otro punto delicado. 
En nuestra opinión, la previsión de estas sanciones resulta esencial para garantizar que el cielo único se convierta en algo más que una simple lista de buenas intenciones y llegue a ser una auténtica realidad jurídica para todos los países de la Unión Europea. 
El ultimo punto a destacar es que la apertura gradual del sector y, por consiguiente, de la competencia, se llevará a cabo con algunas limitaciones específicas. 
Es nuestro deber recordar que el control del tráfico aéreo representa un servicio de interés general, tal y como establece la Decisión del Tribunal de Justicia y, por lo tanto, pedimos a la Comisión que resalte especialmente el impacto social y económico sobre el empleo. 
La enmienda 36, cuya descripción nos ocupa, plantea la creación de una comisión para el diálogo sectorial que se haga cargo de todas las medidas con implicaciones sociales adoptadas para implementar el reglamento. 
Para terminar, señor Presidente, permítame expresar mi optimismo informado a la vista de los resultados alcanzados estos últimos años. 
Con el establecimiento del cielo único, podremos, por fin, eliminar las fronteras tanto en el cielo como en la tierra, acercándonos de este modo a una ciudadanía europea más plena y real. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, a pesar de los trágicos sucesos acontecidos recientemente, el avión sigue siendo un medio de transporte muy seguro. 
No obstante, se prevé que el tráfico aéreo crecerá de manera exponencial durante los próximos años, lo que someterá nuestro espacio aéreo a fuertes presiones, con todos los riesgos para la seguridad que ello conlleva. 
Esta es la razón fundamental que subyace en la presente propuesta sobre el cielo único. 
Parece que «la seguridad ante todo» se ha convertido en el lema de todos los diputados, ya que se han aprobado directamente 24 de las 79 enmiendas presentadas, todas ellas relacionadas con el tema de la seguridad. 
Confío en que el Consejo interpretará adecuadamente lo que esto significa. 
Por lo demás, creo que se ha alcanzado un sólido compromiso en la Comisión. Si me lo permiten, hay tres puntos que me gustaría comentar. 
En primer lugar, desearía mencionar la postura de los controladores aéreos y sus preocupaciones en torno a la privatización del sector. 
En mi opinión, el cielo único, el cielo europeo, no admite una privatización encubierta. 
Continúa siendo responsabilidad de los Estados miembros decidir si los proveedores de servicios de gestión del tráfico aéreo en los nuevos y funcionales bloques de espacio aéreo transfronterizos pertenecerán al sector público o al privado. 
Opino que no se debe adoptar una actitud dogmática al respecto. 
Lo que realmente importa es garantizar un alto nivel de seguridad y la existencia de un marco regulador estricto, independientemente de si los servicios de navegación aérea los presta el sector público o el privado. 
No obstante, puedo asegurarles, Señorías, que un amplio número de Estados miembros están convencidos de que estos servicios deben continuar en manos del sector público. 
De hecho, la comisión de transportes de Dinamarca declaró recientemente en nuestra comisión que el control del tráfico aéreo danés debía seguir siendo responsabilidad del sector público. 
Asimismo, los principales proveedores de servicios de navegación conservan el monopolio de los bloques funcionales de espacio aéreo y no hay duda de que evitarán competir entre ellos. 
La cuestión que se debe resolver en relación con los proveedores de servicios es bien distinta. 
Dado que disfrutan de una situación de monopolio, resulta importante garantizar la independencia del mecanismo regulador en cada Estado miembro para así lograr que el nivel de seguridad acordado se respete de forma estricta. 
El mensaje que el Parlamento debe hacer llegar al Consejo es que, en la práctica, éste es el modo conveniente de actuar. 
De aquí se deduce que no puedo apoyar las enmiendas presentadas por el Sr. Simpson en nombre del Grupo PSE. La misma postura se aplica a las enmiendas sugeridas por el Grupo GUE/NGL, ya que proponen que un proveedor de servicios integrado preste todos los servicios en cada Estado miembro, sin dejar oportunidad a la subcontratación de unos servicios auxiliares. 
Desde mi punto de vista, un enfoque de este tipo impediría alcanzar el objetivo de aumentar la eficacia de los servicios conservando el mismo nivel de seguridad. 
Además, dicho enfoque no refleja la situación actual presente en la mayoría de los Estados miembros. 
En segundo lugar, me gustaría comentar el tema relativo a la cooperación civil y militar que, en mi opinión, resulta imprescindible para el éxito del proyecto del cielo único europeo. 
No obstante, para lograr la utilización flexible del espacio aéreo, es preciso que los usuarios militares participen en el proceso habitual de toma de decisiones de la comisión para el cielo único. 
Desde el Parlamento debemos garantizar que los Estados miembros respetan este punto y es por ello, Comisaria, que las enmiendas que presento van aún más lejos. 
Sin la cooperación militar, la calidad de este proyecto de cielo único se verá seriamente afectada. 
En este sentido, me cuesta aceptar la enmienda 40 ya que, si se analiza de forma lógica, prohíbe la participación militar en el Comité del cielo único. 
El tercer y último punto que deseo tratar hace referencia al papel y la posición de Eurocontrol. 
Comisaria, he escuchado en diversas ocasiones que todo el asunto está preparado de antemano, pero necesito verlo para creerlo. 
De ahí las enmiendas presentadas y la intensa presión que ejercemos para que éstas se adopten. 
Aunque, en términos generales, puedo aceptar el resultado de las votaciones, mantengo mi preocupación acerca del papel de Eurocontrol en el proceso de toma de decisiones. 
Después de todo, se trata de una organización intergubernamental y no de un organismo legislativo. 
Dado que su significativa competencia en la materia es indiscutible, opino que debería desempeñar un papel clave en lo que se refiere a la asistencia técnica, pero su cometido ha de limitarse a ese ámbito. 
Eurocontrol no es la panacea para la solución de todos los problemas de gestión del tráfico aéreo en Europa, esto es un hecho evidente. 
La Comisión ha aprendido valiosas lecciones de los éxitos de Eurocontrol y las ha integrado en sus propuestas. El error es que también ha tratado de copiar sus defectos. 
Si, por ejemplo, tenemos que hacer totalmente compatible el sistema de rutas del cielo único con el de Eurocontrol, resultará imposible desarrollar un plan de incentivos. No se pueden fomentar las mejores prácticas en el ámbito de la gestión del flujo de tráfico aéreo de este modo. 
Asimismo, Eurocontrol no es sólo un organismo regulador, sino que es al mismo tiempo un proveedor de servicios, lo que significa que puede surgir un grave conflicto de intereses. 
Por esta razón, he presentado las enmiendas 81 y 82 y solicito, en nombre de mi grupo, que la votación de la enmienda 51 se realice por partes, para que se establezca de este modo un equilibrio de poder entre Eurocontrol y el proceso de toma de decisiones del cielo único. 
Señorías, les ruego que voten hoy a favor de mi informe, cuyo texto, espero, se mantiene lo más pegado posible al de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Hemos dado un paso adelante. 
La propuesta es ambiciosa. 
Me gustaría agradecer la valiosa colaboración de sus Señorías y, en especial, la del personal implicado. 
No ha sido una tarea fácil; a través de varios debates hemos obtenido finalmente una clara visión de la situación, y creo que hemos conseguido alcanzar el equilibrio adecuado entre seguridad y eficacia. 
Con la Cumbre de Johanesburgo todavía en nuestro pensamiento, quiero afirmar asimismo que el cielo único europeo resultará de un valor importantísimo para el desarrollo sostenible de nuestro medio ambiente. 
Señor Presidente, Señorías, si la seguridad se mantiene constante en el nivel de 1996, en el año 2015 podríamos enfrentarnos a una tasa de un accidente grave cada semana. 
Partiendo de este punto de vista, nuestros documentos explicativos subrayan una vez más la importancia de la propuesta de directiva de la Comisión. 
La seguridad en el sector de la aviación nunca había cobrado tanta relevancia como ahora. 
En el periodo previo al trascendetal aniversario del 11 de septiembre, la seguridad en la aviación se ha convertido en un asunto que preocupa a la mayoría de los usuarios. 
Esta preocupación no debe ceñirse tan sólo a la propia flota europea, sino abarcar también a las de terceros países. 
De ahí que esta propuesta, que ahora se plantea en el marco de las propuestas comentadas ampliadas por los diputados en sus diferentes informes sobre el cielo abierto, resulta de vital importancia. 
La Comisión ha vuelto a abrir el procedimiento para la elaboración de una directiva sobre la seguridad de las aeronaves de terceros países. 
De hecho, resulta trágico que el procedimiento de aprobación de esta directiva se paralizara, ya que podría haberse completado en 1997. No obstante, debido a la disputa surgida entre España y Gran Bretaña por la situación en Gibraltar, quedó aparcada en su momento. 
Afortunadamente, en la actualidad este tema despierta una amplia unanimidad, aunque lamento que todavía sea competencia de los Estados miembros, ya que el control de los procedimientos de inspección por parte de éstos puede significar que el muestreo no se realice de la forma más adecuada. 
No obstante, la necesidad de una política de seguridad comunitaria es, en mi opinión, indiscutible. 
No podemos pasar por alto que el número de accidentes varía enormemente entre regiones y continentes del mundo. 
Las líneas aéreas con base en África, Asia y Suramérica o Centroamérica arrojan unos índices de accidentalidad dos veces superiores, como mínimo, a la media mundial. 
En Europa Occidental y Australia podemos alegrarnos de presentar los índices más bajos, mientras que la accidentalidad en los países de Europa Oriental es la más elevada, casi 50 veces superior a la registrada en Europa Occidental. 
Debemos tener en cuenta que nos enfrentamos a la ampliación masiva de la UE, lo que aumentará, en consecuencia, los riesgos de seguridad en nuestros países. 
Asimismo, partiendo de la base de que los usuarios de las aeronaves traspasan las fronteras, el tema de la seguridad no debe circunscribirse a las fronteras nacionales. 
A menudo, los problemas surgidos se pueden atribuir a una normativa principal sobre aviación inadecuada y a la falta de estructuras institucionales, personal cualificado y recursos financieros. 
Los accidentes acaecidos recientemente ponen de manifiesto que un dominio insuficiente del idioma oficial de la aviación, el inglés, puede tener consecuencias trágicas. 
Baste recordar algunos accidentes graves, como los sucedidos en Francia e Italia, provocados ambos por la falta de domino del inglés, el idioma oficial, por parte del personal de aviación. 
Asimismo, existen otras deficiencias cuyas consecuencias pueden ser aún más terribles. 
En un 25% de los casos relacionados con aeronaves de terceros países, faltan los manuales de vuelo o los mapas de navegación, o bien, los sistemas GPS de posicionamiento global no están convenientemente actualizados. 
La acción coordinada, acompañada por un intercambio de información que permita la identificación anticipada de posibles defectos en la aeronave, resulta preferible a que se proceda de acuerdo con medidas nacionales. 
En este sentido, los Estados miembros pueden recurrir a la posición común de la UE respecto a terceros países para evitar que las aeronaves que no cumplan las normas de seguridad se desvíen a aeropuertos de Estados miembros limítrofes en los que no se lleven a cabo las inspecciones oportunas. 
Determinados aspectos de nuestro informe hacen referencia al hecho de que la gente que vive en las cercanías de los aeropuertos pueda presentar sus quejas sobre la seguridad de los aviones y obtener información acerca de la falta de seguridad de algunas aeronaves que se dirijan a los aeropuertos de su localidad. 
El pueblo de Ostend agradecerá la aprobación de esta sección. No obstante, no es de esperar que la Comisión acepte este punto. 
Me gustaría resaltar que en este tema no hay lugar para la discriminación. 
Las aeronaves de la UE deberán ser inspeccionadas estrictamente siguiendo los mismos criterios aplicados a los aparatos de terceros países. 
Desde los sucesos del 11 de septiembre, es preciso pensar en la seguridad de aquellos que residen en las cercanías de los aeropuertos y en las rutas de aproximación. 
Además, para terminar con mi intervención sobre este punto, desearía comentar que es necesario evitar que la privatización en el sector de la aviación, especialmente en el ámbito de la seguridad, perjudique a la seguridad de las aeronaves, porque probablemente se volverían a descuidar los detalles. 
Confío en que los recortes en materia de seguridad, que quedaron patentes en Überlingen, no vuelvan a tener consecuencias fatales. 
. (EN) Señor Presidente, señora Vicepresidenta, Señorías, nos encontramos en el inicio de este nuevo período parlamentario ante uno de los temas que yo diría estrella en esta legislatura. 
Recordarán cómo a finales de la sesión parlamentaria anterior felicitamos a la Sra. Vicepresidenta, tanto por los esfuerzos realizados en materia de transporte ferroviario, como por los relativos a los paquetes Erika en materia de seguridad marítima. 
Pues bien, hoy, en el inicio, nos volvemos a encontrar con un tema estrella: el intento de creación del cielo único; el intento de armonizar las normas técnicas; el aumento de la seguridad; el aumento de la capacidad de nuestro espacio aéreo. 
Armonizando todo ello con los intereses nacionales. 
Armonizando o intentando involucrar a las autoridades militares, pero a la vez, intentando dar respuesta a una demanda de los ciudadanos de Europa: el aumento de la capacidad de vuelo y el aumento de la seguridad. 
Nosotros entendemos que esa seguridad se puede lograr, precisamente, por la vía de la armonización. 
Entendemos que la creación del cielo único va a responder a una demanda creciente en materia de seguridad aérea. 
Por ello, insto a la Sra. Vicepresidenta a que, con el apoyo de este Parlamento- porque sabe que lo tiene y que la respalda- emprenda, después de la aprobación de los informes que en estos momentos estamos debatiendo, el difícil camino de intentar convencer al Consejo de un acuerdo rápido. 
Esto es lo que requieren los ciudadanos europeos: que se aumente la seguridad técnica mediante la aprobación de todas estas propuestas y medidas, que en estos momentos estamos debatiendo aquí. 
Quiero recordar que la Comisión de Transportes y, evidentemente, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que represento, hemos estado instando y empujando a la Comisión Europea para que se adopten este tipo de medidas. 
Desgraciadamente, como nos pasó en el debate del paquete Erika, estamos debatiendo en un aniversario dramático en la historia del mundo pero que, además, coincide con lo que es la historia de la navegación aérea. 
Salvaguardar los intereses militares- reforzando la coordinación y la colaboración entre las autoridades civiles y militares -, aumentar la seguridad aérea, armonizar las normas técnicas, crear el comité de cielo único, reforzar el papel de Eurocontrol en una colaboración entre la Comisión Europea y Eurocontrol en la línea planteada y manifestada por la Sra. Vicepresidenta. 
Ésos son los retos, ahí tenemos las opciones y el camino a seguir. 
Quiero dar la enhorabuena a los ponentes y a sus Señorías por el esfuerzo en este importante debate. 
Igualmente, doy la enhorabuena a la Sra. Vicepresidenta y la insto a que no ceje en lograr un acuerdo rápido. 
Señor Presidente, Señorías, a modo de introducción de mi intervención, me gustaría dedicar unas palabras de agradecimiento a ambos ponentes, el Sr. Fava y la Sra. Sanders-ten Holte, ya que considero que sus informes se han redactado con muchísimo cuidado y demuestran al mismo tiempo un enfoque responsable del contenido tratado. 
Permítanme decir asimismo que agradezco su disposición, en lo que se refiere a la preparación de las votaciones en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, a la hora de colaborar en la búsqueda de compromisos y avances, cosa que hemos conseguido en gran medida. 
También deseo dar las gracias a la Comisaria, quien ha mostrado un compromiso profundo con este proyecto y opino que, sin su esfuerzo constante, no habríamos llegado a la situación en la que nos encontramos actualmente, a punto de completar la primera lectura de un proyecto de esta magnitud. 
No obstante, me gustaría añadir un comentario. 
Me sorprendió bastante, Comisaria, su postura crítica con respecto a gran parte de las enmiendas aprobadas por el Parlamento, las cuales he vuelto a analizar brevemente, y el hecho de que admitiera las escasas posibilidades que existen de que llegue a aceptarlas. 
Creo que debería leerlas con mayor detenimiento y considerar al Parlamento como el colaborador que necesitará para defender con éxito y de forma coherente nuestro proyecto conjunto ante el Consejo. 
Nos encontramos hoy aquí hablando de una situación que ha sido durante tanto tiempo una realidad concreta. 
Se ha convertido, entretanto, en la norma para que los bienes, al igual que las personas, puedan cruzar las fronteras con total libertad, en cualquier momento y de cualquier forma. 
A decir verdad, el origen de esta libertad debe encontrarse en el cielo, ya que parece menos problemático establecer fronteras en el espacio aéreo que eliminarlas de la tierra. 
No obstante, el asunto es diferente en la actualidad y el público, la gente que vuela con frecuencia, espera con apremio grandes cambios; son los usuarios los que nos piden que adoptemos finalmente decisiones políticas y solucionemos los problemas. 
El hecho de que, sencillamente, la posición actual no resulte satisfactoria, es lo que nos ha empujado a plantearnos la existencia de un cielo único. 
Para aclarar este punto, ofreceré algunos ejemplos. 
En Europa, hoy en día, uno de cada cuatro vuelos llega con retraso. 
Una parte de los retrasos se puede atribuir a la saturación del espacio aéreo que, a su vez, se debe a esta desastrosa situación en que nos encontramos a raíz de la fragmentación del cielo. 
Cada año se pierden 350.000 horas de vuelo debido a que la ruta directa que debería seguir la aeronave atraviesa zonas militares que no se pueden sobrevolar y es preciso tomar rutas más tortuosas. 
Asimismo, nos enfrentamos actualmente a la existencia de 41 bloques de espacio aéreo en sólo 15 Estados miembros de la UE. 
Para ilustrar esta situación, siempre recurro al ejemplo del piloto que, en un vuelo de Roma a Bruselas, debe atravesar nueve bloques de espacio aéreo diferentes, lo que significa que tiene que notificar su entrada y su salida nueve veces. 
En todo momento, cabe la posibilidad de que surjan malentendidos y problemas lingüísticos, de modo que si alguien trata de responder que no existen riesgos potenciales adicionales en estos casos, se equivoca. 
El problema es tan obvio que es preciso realizar un cambio al respecto, cambio que hace tiempo ya debía haberse aplicado. 
Considero que las propuestas pueden aportar una nueva arquitectura al cielo, crear bloques funcionales de espacio aéreo y, por tanto, garantizar que, por un lado, se producirá un aumento de la capacidad (realmente necesario debido al crecimiento del tráfico aéreo) y, por otro lado, mejorará la seguridad al reducir de entrada los peligros potenciales al mínimo. Asimismo, se reducirán los costes, con el consiguiente abaratamiento de los vuelos y, final y particularmente, estas propuestas podrán asegurar una serie de beneficios para el medio ambiente al eliminar radicalmente 350.000 horas de vuelo innecesarias a las que he hecho referencia anteriormente. 
Por lo tanto, nos hemos centrado en el objetivo adecuado, aunque me atrevo a afirmar que todavía existe un número de puntos que podríamos someter a debate. Estoy seguro de que alguno de los diputados aquí presentes duda acerca de cuál será el modo de actuación correcto. 
En la comisión hemos intentado añadir algunos aspectos. 
Uno de estos aspectos consiste en la creación de un organismo consultivo de la industria, ya que consideramos que tanto los usuarios como los fabricantes deberían participar más activamente en el proyecto, para evitar así desarrollar puntos que resulten finalmente poco prácticos o, por otro lado, evitar el establecimiento de requisitos que no guarden relación alguna con los productos del mercado. 
La realidad es que, así como el espacio aéreo está fragmentado en 41 zonas diferentes, Europa se encuentra dividida en el campo tecnológico. 
Por este motivo, opino que nuestras tecnologías se deberían modernizar y armonizar lo antes posible. 
Al igual que el Sr. Stockmann, quien ha presentado una enmienda sobre el tema, desearía que diéramos un paso adelante y nos planteáramos la creación de una autoridad de supervisión europea, reduciendo la autoridad de los Estados nacionales en este ámbito. 
Soy consciente de que, por el momento, esto es solo una quimera. No obstante, desde la esperanza que me aporta mi relativa juventud, confío en que hoy nos arriesgaremos y daremos un importante paso al declarar nuestro deseo de conseguir el cielo único europeo, al adoptar una decisión sobre este objetivo político y al seguir las directrices marcadas por la Comisión. 
De este modo, puede que dentro de diez o veinte años exista realmente un cielo único europeo con una autoridad de supervisión europea que, ante todo, respetará los intereses nacionales. 
Por lo tanto, les pido que voten a favor de estos proyectos para que sean aprobados por amplia mayoría. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, «y, sin embargo se mueve». Me refiero a la política de transporte aéreo europea. 
Obviamente, existen problemas tan numerosos y urgentes que España y Gran Bretaña han puesto fin en el Consejo a un bloqueo que duraba décadas. 
Esto supone un importante avance para Europa. 
La relevancia del proyecto de cielo único en el ámbito del espacio aéreo europeo es comparable a la de la introducción del euro en el ámbito económico y monetario europeo. 
Tan sólo espero que exista la misma conciencia de los problemas y la misma voluntad para resolverlos, ya que el mal es bien conocido como para detenerse en los detalles. 
Ya podemos ver cómo surgen intereses nacionales bastante divergentes que se disponen a socavar el ambicioso objetivo de convertir este proyecto en una realidad para el año 2004. 
Los informes elaborados por el Sr. Fava y la Sra. Sanders-ten Holte muestran la voluntad necesaria para solucionar los problemas y confío en que, igualmente, los diputados de este Parlamento mantendrán la misma disposición. 
Asimismo, me gustaría comentar un número de puntos principales mencionados durante este debate y que parecen bastante importantes. 
Todavía me cuesta entender por qué no se ha resuelto definitivamente el tema de la responsabilidad compartida entre la Comunidad y Eurocontrol. 
Es preciso aún resolver diversos aspectos en este ámbito. 
En segundo lugar, creo que la postura de la Comisión es bastante acertada al hacer referencia a la cooperación entre las autoridades civiles y militares. No obstante, opino que su alcance no es suficiente ya que, a fin de cuentas, aún existe la necesidad intrínseca de que se integren completamente los servicios de control del tráfico aéreo. 
Este ámbito exige medidas más avanzadas que las propuestas por la Comisión. 
Por supuesto, soy consciente de que para ello habría que entablar un debate continuado en las diversas instituciones, un debate en el que se abarcara la Política Exterior y de Seguridad Común y no se ciñera exclusivamente a la política de transporte. 
En tercer lugar, la disposición sobre los servicios de control del tráfico aéreo propone la creación de autoridades de supervisión nacionales que deberían ser institucionalmente independientes de los proveedores de servicios. 
Tal y como ha indicado mi compañero, estaríamos de acuerdo con este punto si ya existiera una autoridad de supervisión europea, pero parece que todavía no es el momento adecuado para esto. 
En cuarto lugar, es preciso disponer de procedimientos claros y normas transparentes para la autorización y designación de los cargos. 
En este momento, les pediría que no se encerraran en un debate acerca de si el control del tráfico aéreo debe asignarse a proveedores de servicios privados o estatales o, de lo contrario, el proyecto corre el riesgo de quedar paralizado, tal y como ha sucedido en el ámbito del transporte público. 
Este tema es prioritario, junto con la prestación de servicios integrados de control de tráfico aéreo adecuados a los bloques funcionales de espacio aéreo. 
El quinto punto que deseo tratar, alrededor del cual gira toda la cuestión, se deriva del punto anterior. 
Es preciso crear bloques funcionales de espacio aéreo. 
No obstante, la descripción aportada por la Comisión acerca del método para lograrlo es incorrecta e inapropiada. 
En este aspecto, la necesidad de liberar al cielo de la estrechez de miras estatal implica que aún faltan mejoras por introducir. 
Existen 26 subsistemas, 58 sistemas de control y equipos diferentes. 
Todo esto es innecesario y, tal como se ha dicho anteriormente, aumenta la probabilidad de error. 
La seguridad debe ser la prioridad principal. 
Señora Maes, no puedo más que apoyar su informe sin reservas. 
No existe objeción alguna al respecto por parte de nuestro grupo. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, para empezar, me gustaría aclarar que el debate en comisión ha resultado largo y exhaustivo, de tal modo que las enmiendas acordadas no son aleatorias, sino fruto de una prolongada discusión. Asimismo, me gustaría dar las gracias a los tres ponentes anteriores por el excelente trabajo realizado. 
Me atrevo a afirmar que el apoyo del Parlamento al proyecto de cielo único quedó confirmado en el debate llevado a cabo en comisión y quedará patente en el debate que nos ocupa hoy, que ha demostrado ser una aportación constructiva a la creación del cielo único. No obstante, si pretendemos que el año 2004 siga siendo la fecha programada para la introducción de este nuevo modelo de espacio aéreo, será necesario, en mi opinión, proseguir este diálogo en el seno del Consejo. 
En especial, con aquellos países que todavía se muestran escépticos al respecto (algunos incluso manifiestan su clara oposición a la idea) y con los países cuyos sistemas internos requieren aplicar un proceso de modernización urgente. Con esto, me refiero a los problemas que se derivarán claramente de la ya inminente ampliación. 
Durante el desarrollo del debate, he observado que surgía un tema de carácter político: la persistencia del mito de que el cielo único representa un ataque a la soberanía de los diferentes Estados. Se ha llegado a afirmar incluso en comisión que este proyecto supone un ataque a la soberanía física de los Estados sobre sus respectivos territorios. 
Creo que es importante aclarar que este mito no tiene fundamento alguno y que resulta, evidentemente, contrario al espíritu subyacente en los Tratados. Sin embargo, me temo que es un tema que ya ha trascendido a las negociaciones de alto nivel. 
Asimismo, tal y como han afirmado varios diputados, resulta necesario entablar un diálogo con los sindicatos. Éstos expresan las preocupaciones justificadas de la población, en particular las concernientes a los puntos más delicados relativos al concepto de servicio público o de servicio de interés general. 
Opino que debemos resaltar, tal y como se ha hecho anteriormente, que el proceso de liberalización, que resulta absolutamente esencial en este sector, no conlleva la privatización del mismo. Debemos destacar que la competencia, por muy amplia que sea, debe, evidentemente, tener en cuenta los requisitos básicos de seguridad. 
Por lo tanto, es preciso aumentar la capacidad de gestión del enorme volumen de tráfico aéreo, al tiempo que, como ya he dicho, se refuerza la seguridad, se reduce la fragmentación del control del tráfico a través de nuevas tecnologías y, en particular, se resuelve el complejo tema pendiente de la integración con los sistemas militares, ya que opino que es un asunto de carácter político que hay que abordar. 
Uno de los principios rectores debe ser la creación de nuevas rutas para evitar así la congestión de determinados espacios aéreos. Nos enfrentamos actualmente a la existencia de rutas saturadas y a un elevado aumento de los costes, originado por los retrasos y la enorme cantidad de combustible consumido. 
Creo que el proyecto del cielo único ofrecerá un sistema eficiente y eficaz a todos los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, la propuesta para la creación del cielo único europeo es un tema complejo que yo, personalmente, sigo considerando bastante ambiguo. 
No obstante, debo reconocer la intensa labor realizada por el Sr. Fava y la Sra. Sanders-ten Holte, dado el tamaño de este informe. 
De entrada, para poder comprender las repercusiones de este asunto, he dedicado parte de mi tiempo a colaborar con el sector en cuestión. 
El jueves pasado, sin ir más lejos, pasé la mañana en el centro de control de tráfico aéreo de Roissy y la tarde en el de Athis-Mons, el centro de control de tráfico aéreo más importante de Europa después de los de Maastricht y Londres. 
De esta experiencia, he llegado a la conclusión de que, a pesar de que los ponentes y la Comisión han tenido en cuenta un gran número de factores, el contenido que se presenta hoy aquí sigue entrañando riesgos considerables. 
Me gustaría dar las gracias a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo por haber incorporado una serie de enmiendas que propuse en su momento para que se preste mayor atención a la seguridad. 
Asimismo, considero que resulta bastante positiva la inclusión de una enmienda en la que se especifique que cada Estado miembro puede nombrar libremente a entidades públicas o privadas como sus operadores, si bien opino que los servicios de navegación aérea constituyen un servicio de interés general a los que no se pueden aplicar las normas de competencia, tal y como ha dictaminado de hecho el Tribunal de Justicia europeo. 
Por desgracia, aunque estas enmiendas han sido aprobadas, no se ha modificado, en mi opinión, el trasfondo liberal del proyecto. 
Trataré de explicar lo que quiero decir. 
Todas las enmiendas propuestas por mi grupo, en las que se defendía claramente la introducción de la competencia en el sector de la navegación aérea, fueron rechazadas en comisión. 
A pesar de ello, insto a la Cámara a que reflexione sobre el hecho de que los sindicatos de controladores aéreos mantiene la misma postura al respecto. 
Aunque existen, obviamente, diferencias de opinión entre las partes, la conclusión a la que llegan todos los miembros del sector en relación con los riesgos de la propuesta actual es la misma. 
Debemos aclarar que no hablamos del personal que disfruta de los supuestos privilegios, incapaz de aceptar cambio alguno: el trabajo real de los controladores aéreos implica la sucesión de cambios y un desarrollo constante. 
El sistema actual dista mucho de ser perfecto. 
Además, su carácter es en sí mismo transfronterizo. 
Todos somos conscientes de que los puntos límite no suelen, por lo general, comenzar y terminar en las fronteras. 
Existen otras razones para ello aparte del control del tráfico aéreo. 
Claramente, es preciso introducir mejoras en el sistema actual pero, en mi opinión, existen otros problemas que se deben resolver, como el relativo al objetivo primario. 
El objetivo primario debería convertirse, de hecho, en el punto prioritario. 
Asimismo, se plantea un problema a la hora de decidir el método a aplicar. 
Ninguna reforma del sistema de control del tráfico aéreo podrá llevarse a cabo con éxito sin la ayuda de los controladores aéreos, que son los responsables de mantener normas de seguridad máximas en Europa. 
Asimismo, gracias al aumento de la productividad de los controladores aéreos, por no hablar de la significativa inversión realizada para actualizar los equipos, ha sido posible salvar la considerable distancia existente entre el crecimiento extraordinario del tráfico aéreo experimentado estos últimos años y la mejora del flujo de tráfico. 
La búsqueda de normas aplicables en toda Europa constituye un objetivo primordial para la Unión y, desde esta interpretación, la Comisión Europea puede desempeñar un papel realmente importante a la hora de ofrecer una organización armonizada y un sistema de control eficaz. 
Aunque la propuesta de reglamento considera prioritaria la cuestión de la seguridad, opino que todas las propuestas que sugieren elaborar un reglamento partiendo de una base económica se oponen a esta afirmación. 
Independientemente de los procedimientos (que presentan diferencias considerables) elegidos por los Estados miembros, la propuesta de introducir la competencia en los servicios de navegación aérea poniendo en duda el sistema integrado, incluidos todos los servicios técnicos, resultaría perjudicial para la navegación y representa un daño manifiesto para la seguridad. 
Es cierto que existe un vínculo entre la seguridad, la capacidad y los costes. 
Sin embargo, pretender establecer normas de seguridad máximas considerando la cuestión económica como una prioridad, por encima de los demás aspectos, resulta, en el mejor de los casos, ilusorio y, en el peor de los casos, podría llevar a confundir el objetivo principal de mantener dichas normas de seguridad. 
Obviamente, el flujo de tráfico aéreo y la seguridad forman parte de una cadena cuyos eslabones son, en su totalidad, esenciales. 
Si se rompe la cadena, la seguridad puede verse seriamente comprometida. 
Por lo tanto, y para ser franco, me temo que no podré apoyar los textos, con la redacción actual que presentan, si no se introducen cambios significativos en lo que respecta a estas cuestiones primordiales. 
Señor Presidente, me complace que se hayan presentado hoy estas propuestas, concebidas sin duda para tratar de resolver los retrasos ocasionados por los problemas de control del tráfico aéreo en Europa. 
Estos retrasos se dan en numerosos vuelos debido a las dificultades con los sistemas de tráfico aéreo en Europa. 
Es preciso modernizar y centralizar estos sistemas para garantizar que los vuelos no sufran retrasos debido a las deficiencias del control del tráfico aéreo. 
Todos hemos leído estudios que muestran que el tráfico aéreo va a aumentar en los próximos años. 
El objetivo de la propuesta del cielo único europeo es garantizar que los sistemas de gestión del tráfico aéreo se diseñen, gestionen y regulen de forma armonizada dentro de la Unión y con el nivel de seguridad más alto posible. 
Provengo de un país insular que depende en gran medida del transporte aéreo, y una mejor eficiencia de estos modelos de transporte es sumamente importante para permitir el futuro desarrollo económico de mi país. 
En la actualidad hay 73 centros de control del tráfico aéreo en el espacio aéreo paneuropeo, que funcionan con distintos códigos de clasificación. 
La gestión del tráfico aéreo en Europa está fragmentada y el sistema actual no puede mantener el ritmo de la demanda, lo cual se traduce en retrasos en muchos vuelos. 
La Unión Europea necesita establecer acuerdos de reglamentación vinculantes y efectivos para resolver este problema lo antes posible. 
En una cuestión aparte, pero no ajena, en breve va a iniciarse un procedimiento de conciliación en relación con la promulgación del nuevo reglamento de la Unión Europea relativo al establecimiento de normas comunes en materia de seguridad de la aviación civil. 
Este procedimiento de conciliación ha de llevar a un acuerdo efectivo. 
Necesitamos asegurar un control de equipajes al 100% en todos los aeropuertos de Europa. 
También hemos de garantizar la formación necesaria del personal para hacer que estos cambios funcionen. 
La mejora de la seguridad supone un gasto considerable, y una de las cuestiones que tienen que tratarse en la fase de conciliación es acordar exactamente quién va a asumir el coste de la implementación de los nuevos dispositivos de seguridad antiterrorista. 
En la actualidad, la financiación de las medidas de seguridad antiterrorista en el transporte aéreo difiere según el país y el modo de transporte. 
Esta situación es inadmisible. 
Señor Presidente, las compañías aéreas y los pasajeros se enfrentan a una serie de graves problemas, que podrían ser resueltos con la gestión combinada del espacio aéreo europeo. 
El aumento de eficacia y el control de las tarifas reducirían al mínimo los retrasos, la contaminación ambiental y los costes innecesarios. 
Nos enfrentamos a una serie de complicaciones, entre las cuales, en mi opinión, destaca la división existente entre el espacio aéreo militar y los pasillos civiles. 
Corresponde a las autoridades nacionales y militares el desafío de poner término a dicha división. 
Debemos tener muy presente el tema de la seguridad durante el proceso de liberalización de los servicios de navegación. 
Nadie sale beneficiado si, al reducir los costes, aumentan los riesgos para los pasajeros y el personal. 
Por esta razón, apoyamos el énfasis con que la Sra. Sanders-ten Holte defiende este aspecto. 
Las normas aplicables a los diferentes servicios deben alcanzar la mayor uniformidad posible, preferiblemente a escala global y, como mínimo, a escala europea. Éstas deben basarse en la competencia y la experiencia de organizaciones como ICAO, Eurocontrol y, en breve, también EASA. 
Rogaría se prestara especial atención al cumplimiento de estas normas. 
En numerosas áreas, una legislación sólida fracasa a consecuencia de un cumplimiento inadecuado y un control insuficiente. 
Una labor de preparación e implementación apropiada de las fases de inspección y cumplimiento permitiría a empresas que no pertenezcan al sector público ofrecer igualmente servicios de navegación. 
Para terminar, decir que tanto el tiempo como la capacidad y la seguridad requieren una mejora urgente de la situación actual. 
Espero que la Comisión pueda cumplir los apretados plazos de tiempo programados, sin menoscabar en ningún momento la calidad y la seguridad de los proyectos. 
A nuestro juicio, los ponentes han llamado suficientemente la atención sobre este tema en sus respectivos informes, que cuentan con nuestra aprobación. 
Señor Presidente, en vista de la explosión del tráfico aéreo en los últimos años y de la saturación de los cielos europeos, se deduce que es preciso adoptar una serie de medidas para reducir la congestión existente. Una de estas medidas ha de consistir en establecer procesos reglamentarios coordinados y mejorados entre los países europeos. 
Desde esta perspectiva, la iniciativa de la Comisión sobre el cielo único, que pretende ofrecer un espacio aéreo más fluido y seguro, parece que se basa en lo evidente. 
No obstante, lo evidente resulta más claro aún cuando se estudian los detalles prácticos del proyecto y al comprobar que ya existe un organismo regulador del tráfico aéreo, Eurocontrol. Este organismo dispone de una excelente capacidad técnica y abarca un territorio más amplio que el de la Unión, ya que entre sus miembros hay 31 países del continente. 
En este sentido, existe una discrepancia considerable que, debemos admitir, no mencionan los textos presentados por la Comisión. 
Dicha discrepancia queda patente en el artículo 1 del Reglamento, que establece el marco general, ya que en él se declara que la Comunidad proporcionará los medios necesarios para crear el cielo único europeo al tiempo que se tendrá en cuenta la labor de Eurocontrol a la hora de determinar un espacio aéreo paneuropeo. 
Más adelante, en el mismo texto, tampoco queda muy claro el punto que trata la coordinación entre la Comisión, que representa a la Comunidad, y Eurocontrol. 
Aunque el texto pretende sugerir lo contrario, sólo se obtiene una respuesta. 
Eurocontrol da las órdenes y la Comunidad debe acatarlas, junto a los Estados miembros, que siguen desempeñando el papel más importante. 
Pensamos que la mayoría de los Estados miembros comparten la misma opinión. 
Es preciso mantener la colaboración con Eurocontrol y aceptar sus prerrogativas y, por consiguiente, debemos aclarar previamente los requisitos esenciales de las relaciones con este organismo en materia de regulación. 
En caso contrario, se pueden complicar los problemas en lugar de simplificarse. 
Señor Presidente, me gustaría, en primer lugar, dar la enhorabuena a la Sra. Maes por su muy competente y excelente informe. 
Esta cuestión debería haber sido planteada hace tiempo y, por tanto, agradezco a la Comisión que la presente. 
El problema de las aeronaves de terceros países y sus normas de seguridad preocupa a mucha gente, especialmente a las aerolíneas de Europa del este e incluso de países más orientales. 
La directiva de la Comisión ha intentado resolver este problema disponiendo un gran número de inspecciones en pista y de inspectores encargados de llevar a cabo inspecciones aleatorias en estas aeronaves cuando aterricen en la Unión Europea. 
Ese es un modo de hacerlo. 
Podríamos haberlo enfocado de otro modo, pero ahora no voy a quejarme. 
Únicamente quisiera decir que la propuesta de la Comisión supone un programa de creación masiva de empleo para ingenieros y técnicos aeronáuticos. 
Yo soy ingeniero aeronáutico y no debería quejarme. 
Pero va a suponer la creación de un gran número de puestos de trabajo en los aeropuertos de la Comunidad, en los que se necesitará gente para hacer las inspecciones aleatorias y en pista. 
Una alternativa que sugeriría de cara al futuro consiste en mejorar la capacidad técnica y de mantenimiento en terceros países, y ofrecerles apoyo y ayuda para que puedan mejorar sus propias especificaciones técnicas y su capacidad de mantenimiento, hasta llegar a una norma que sea aceptable internacionalmente. 
Esto es algo que los Estados Unidos han venido haciendo, especialmente con países africanos. 
Esto supone una ventaja para las exportaciones y también para el sector aeronáutico de los EE.UU., ya que ofrece una oportunidad a largo plazo para vender sus bienes y servicios. 
También es una manera de colocar sus equipos en todo el mundo: el acuerdo Boeing-Airbus, supongo. 
Por supuesto, hay una serie de cuestiones que es preciso abordar en relación con el transporte aéreo en la Comunidad. 
Permítanme mencionar lo que considero una cuestión muy importante para los eurodiputados británicos que vienen a Estrasburgo. 
Nos quedamos en tierra por mucho que tengamos billetes totalmente confirmados. 
Esto se ha producido con Air France en repetidas ocasiones; ayer dos de mis colegas, con billetes confirmados, se quedaron en tierra porque la compañía aérea había vendido demasiadas reservas para dicho vuelo. 
Esto contraviene las normas internacionales. 
Asimismo- y quizá el Comisario quiera escribir al presidente de Air France sobre este tema -, en el Reino Unido es un delito penal impedir que un diputado acuda al Parlamento. 
Existe una cosa llamada orden de arresto europea, que entendemos va a poner las cosas en su sitio. 
Señor Presidente, Señorías, aunque estoy claramente de acuerdo con la idea básica, opino que, en lo relativo al complejo tema del cielo único europeo, deberíamos analizar detenidamente los parámetros locales y pedir a todo aquel que defienda la privatización de la gestión y del control del tráfico aéreo que aporte argumentos mucho más convincentes. 
Asimismo, debemos llegar a acuerdos, en conjunción con el sector militar, para proteger sus poderes de decisión sobre temas de defensa y garantizar que no se sobrepasan los niveles actuales de defensa y de política exterior y de seguridad común. 
Está claro que han surgido diversas cuestiones que precisan una mayor clarificación. 
Por ejemplo, en relación con la cuestión de la soberanía nacional, cada Estado miembro deberá ceder la planificación y el control de su espacio aéreo a una agencia central, lo que puede llegar a ocasionar numerosos conflictos constitucionales en dichos Estados. 
Este problema debe estudiarse detenidamente. 
Del mismo modo, a pesar de la opinión inicial de los servicios jurídicos del Consejo, parece que no se ha contemplado el tema del espacio aéreo sobre aguas internacionales. 
En algunos países, como Grecia, esta cuestión resulta bastante delicada ya que, sin la continuidad del espacio aéreo, pueden surgir problemas de carácter técnico e institucional y pueden llegar a operar diferentes sistemas en un mismo Estado miembro. 
Esta situación complicaría las operaciones diarias y acabaría con la flexibilidad que se pretende lograr con este proyecto. 
Asimismo, la participación del sector militar en todo este proceso no se ha asegurado claramente en lo que respecta a los temas de seguridad nacional, que son cuestiones enmarcadas del segundo pilar. 
También debemos comentar la cuestión de la base legal de las normas propuestas que, en nuestra opinión, resulta igualmente problemática. Estas normas parece que, en esencia, ofrecen más garantías que las contenidas en el apartado 2 del artículo 80 del Tratado, ya que el asunto no se limita al ámbito del transporte. 
Para terminar, opino que si se contemplan estos puntos delicados, el derecho de defensa y de seguridad consagrado en la legislación nacional deberá estar estrictamente asegurado cuando el cielo único europeo se convierta en la realidad que todos deseamos. 
Gracias a todos y doy la especial enhorabuena a la Comisaria y a Sus Señorías por el excelente trabajo realizado. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, para empezar también me gustaría agradecer a los ponentes la extraordinaria labor realizada en la redacción de estos importantes informes. 
En su elaboración han tenido en cuenta diferentes puntos de vista y el resultado ha sido un documento equilibrado. 
Los objetivos del paquete legislativo destinado a mejorar la viabilidad del tráfico aéreo han tenido una acogida realmente positiva. 
Las reformas que plantean son necesarias para reducir los costes del tráfico aéreo, disminuir el número de retrasos y aumentar la capacidad. 
Tal y como se ha repetido hoy aquí en diversas ocasiones, el refuerzo de la seguridad en el tráfico aéreo resulta extremadamente importante. 
Respecto a estos objetivos, se ha llegado a un amplio consenso. 
No obstante, existen aspectos importantes del Reglamento sobre los que difiere la opinión de los Estados miembros. 
Entre ellos está el factor de la dimensión política, la prestación de servicios, los bloques funcionales de espacio aéreo y las relaciones con Eurocontrol. 
A la hora de tomar una decisión, hay que tener en cuenta las necesidades de las fuerzas aéreas de defensa nacional. 
Para garantizar este punto, se podría incluir una cláusula de salvaguardia. 
Además, los Estados miembros deben conservar en el futuro la capacidad para designar al proveedor responsable de los servicios de navegación aérea. 
Con respecto a la prestación de servicios de navegación aérea, el Reglamento propone la posibilidad de establecer bloques de espacio aéreo supranacionales, lo que permitiría a las autoridades nacionales elegir a los proveedores de servicios. 
La decisión reciente de la UE de solicitar la adhesión a Eurocontrol, la Organización Europea de Seguridad de la Navegación Aérea, era absolutamente necesaria. 
Tras su adhesión, la UE podrá recurrir a la competencia decisoria de los Estados miembros en aquellos asuntos relativos a la organización que afecten a dichos Estados. 
El principal objetivo de Eurocontrol es, concretamente, la mejora del flujo de tráfico aéreo y de la seguridad. 
La armonización de los sistemas de navegación y el control de los flujos de tráfico contribuirá a lograr dicho objetivo. 
Para conseguir reforzar la seguridad aérea, será preciso adoptar medidas con respecto a la inspección de las aeronaves de terceros países. 
Esta cuestión, que considero esencial, ya aparece reflejada en el informe de la Sra. Maes. 
Las diferentes opiniones manifestadas hoy aquí podrían conciliarse del modo que han demostrado los ponentes. 
Deberíamos intentar que el debate sobre el paquete legislativo progrese rápidamente para que éste pueda ser finalmente aprobado en el transcurso de este año. 
Señor Presidente, Comisaria, es indiscutible el hecho de que la gestión del espacio aéreo sobre la Unión Europea debería ser común para así reducir los retrasos y poder garantizar una utilización segura y una calidad mejorada del mismo. 
Permítanme decir que estoy de acuerdo con el planteamiento adoptado por los ponentes, que sugieren aceptar la participación de asociaciones de consumidores y del sector, así como la de Eurocontrol y las fuerzas armadas, a la hora de adoptar decisiones sobre propuestas relativas a la utilización del cielo único. 
Sólo si se colabora de esta forma, teniendo en cuenta la experiencia de los operadores civiles y militares, de los proveedores, de aquellos que ofrecen servicios de transporte aéreo y de aquellos que los utilizan, se podrán alcanzar decisiones que enlacen eficientemente las normas de seguridad requeridas, la eficacia y los intereses del personal. 
No obstante, tengo mis dudas en lo que respecta al proceso de implementación técnica propuesto. 
Entiendo que los proveedores de servicios y las autoridades reguladoras deben conservar su independencia, pero me opongo a la opción contemplada de destruir el sistema de control de tráfico aéreo vigente hasta la fecha mediante la concesión de contratos individuales, algunos de ellos otorgados a operadores del sector privado. 
Puesto que con esta medida se propicia la aparición de más competidores en el mercado, considero que el resultado puede ser totalmente opuesto al objetivo propuesto inicialmente de reforzar la seguridad. 
La fragmentación geográfica actual de los servicios de control del tráfico aéreo sólo favorece una situación de fragmentación de tipo económico. 
No reduce en modo alguno los problemas existentes en el transporte aéreo europeo sino que, en su lugar, contribuye a la aparición de otros nuevos, tal y como prueba la colisión reciente de dos aeronaves sobre el lago de Constanza. 
Por cuestiones de rentabilidad se produjeron recortes de personal que provocaron una situación en la que sólo se encontraba de servicio uno de los pilotos. De este modo, fue imposible llevar a cabo una operación segura y sin problemas. 
Llegados a este punto, se plantea claramente la cuestión de si no sería más recomendable que un servicio público se responsabilizara de aquellos temas de seguridad especialmente delicados relativos a la gestión del tráfico aéreo. Este servicio podría incorporar las ventajas derivadas de la integración de los servicios individuales en una única cadena, aportando la calidad laboral exigida, una serie de profesionales cualificados y los recursos materiales necesarios. 
Aunque la introducción de bloques de espacio aéreo transfronterizos representa un avance hacia la integración necesaria del espacio aéreo europeo, sólo tendrá lugar cuando todos los Estados implicados lleguen a un acuerdo. 
Los casos ambiguos o conflictivos que puedan surgir en un momento dado nunca podrían resolverse sin la participación de uno o varios Estados. 
En contraste con la propuesta de la Comisión, que presupone la cooperación transfronteriza de los servicios regionales cuya disponibilidad es bastante limitada, la estrecha colaboración entre los servicios de control de tráfico aéreo públicos existentes en los diferentes Estados resulta definitivamente concebible e incluso realista. 
En este caso, dos países formarían un bloque de espacio aéreo transfronterizo. 
Esta compleja cuestión del respeto a la soberanía estatal resulta igualmente aparente en el planteamiento de la Comisión y en su cobertura de la colaboración mejorada entre la utilización civil y militar del espacio aéreo. 
En estos informes no queda del todo claro el modo en que se reducirá el cierre del espacio aéreo a la aviación civil a expensas de la militar. 
No se puede decir que con las normas actuales se logre mejorar la utilización del espacio aéreo europeo único ni se refuerce la seguridad. 
La interoperabilidad ampliada de la red de gestión del tráfico aéreo europeo se puede considerar positiva, dada la tendencia natural de las redes integradas a facilitar un aumento de la compatibilidad y su contribución a la reducción de los costes de adquisición y mantenimiento. 
Señor Presidente, Comisaria, dado que los diputados de este Parlamento somos un grupo de usuarios habituales del transporte aéreo, debemos prestar especial atención a todas las iniciativas destinadas a mejorar la organización, la puntualidad y la seguridad de los servicios de navegación y de control del tráfico aéreo. 
Por supuesto, no estamos cuestionando que la intención de la propuesta de crear un organismo legislativo aéreo comunitario, denominado «Cielo Único Europeo» , y de desarrollar reglamentos al respecto sea otra que aumentar la eficacia y reforzar la seguridad de este medio de transporte y hacer frente a los retos que planteará su predecible crecimiento en el futuro. 
Sencillamente, debemos admitir que en este ámbito hay preguntas que no se pueden dejar sin responder. 
Puesto que dispongo de muy poco tiempo, analizaré solamente las cuestiones principales. 
En primer lugar, me gustaría saber si el Parlamento es consciente de que la base legal a la que se acogen los cuatro reglamentos, el apartado 2 del artículo 80 del Tratado, puede que no sea suficiente para las medidas recomendadas por la Comisión, cuya consecuencia principal es la conversión de un espacio aéreo nacional en comunitario, permitiendo a los Estados miembros ejercer, de forma independiente y conjunta, sus poderes soberanos. 
Asimismo, ¿se dan cuenta, Señorías, de que, en virtud de estos reglamentos, será difícil distinguir entre los usuarios civiles y militares del espacio aéreo común? 
En tercer lugar, ¿no creen que es evidente que la asunción por parte de la Unión de estas nuevas competencias, que deberán ejercerse de acuerdo con las normas de comitología, requiere la inclusión de un nivel de competencia que no está reflejado en el Tratado actual, e incluso la definición de una política defensa común, lejos aún de ser alcanzada? 
Además, teniendo en cuenta la necesidad de respetar las normas máximas de seguridad, ¿se puede asegurar que la introducción de mecanismos de competencia económica en las actividades de control del tráfico aéreo resultará apropiada para cumplir el objetivo de garantizar la seguridad del tráfico aéreo, en otras palabras, la seguridad de las personas y las mercancías transportadas y de las comunidades residentes bajo las rutas de vuelo? 
Por último, durante este proceso, ¿se realizará un análisis imparcial y objetivo de las verdaderas causas que originan los retrasos producidos en los vuelos europeos? 
¿Se pueden atribuir dichos retrasos únicamente a aquellos defectos en el sistema de control del tráfico aéreo que tratamos de resolver actualmente? 
¿Se tendrán en cuenta, por ejemplo, la responsabilidad de los aeropuertos o de aquellas líneas aéreas que se niegan a anular sus vuelos, así como los factores meteorológicos? 
Lamentamos decir que en estos nuevos reglamentos no conseguimos ver propuestas para la aplicación de medidas destinadas a mejorar las prácticas del resto de componentes de este complejo sistema. 
No las vemos y, por lo tanto, seguimos preocupados al respecto. 
Señor Presidente, Comisaria, la lectura de los textos propuestos por la Comisión induce a creer que los servicios de navegación aérea pueden estar sujetos a las reglas económicas de la Comunidad, lo que significaría tener que hacer pública la convocatoria de licitaciones para los servicios públicos de este tipo. 
Sin embargo, en su decisión de 19 de enero de 1994, el Tribunal de Justicia declaró que el control de la navegación aérea es una labor de las autoridades públicas carente de carácter económico, puesto que esta actividad es un servicio de interés general destinado a proteger tanto a los usuarios del transporte aéreo como a las poblaciones afectadas por las aeronaves que sobrevuelan su territorio. 
Por consiguiente, se podría pensar que los servicios de control del tráfico aéreo, de información de vuelo y de vigilancia ejercen un tipo de supervisión administrativa de una naturaleza regia, y que no pueden, bajo ninguna circunstancia, incorporarse a un servicio de mercado, a pesar de la existencia de las tarifas de usuario. 
El hecho de que estos servicios se cubren con las tarifas que pagan los usuarios no les otorga, sin embargo, el carácter de servicios sujetos a las reglas económicas del Tratado. 
Por esta razón, los Estados miembros deben poder elegir los procedimientos para la organización y prestación de estos servicios en función del volumen y la naturaleza del tráfico que gestionan, así como de la realidad económica presente en sus territorios específicos. 
Asimismo, queremos señalar que los servicios de tráfico aéreo no pueden estar sujetos a las reglas económicas del Tratado, ni se debe introducir la competencia en el sector. 
Los conflictos de intereses que podrían surgir afectarían negativamente a la seguridad del transporte aéreo y, aún más importante, a la seguridad del público general. 
Una de las funciones soberanas del Estado es la de garantizar la seguridad de su población y su territorio. 
Por lo tanto, corresponde a los Estados y sólo a ellos (fomentando en todo momento, por supuesto, la armonización con Eurocontrol) el cumplimiento de esta tarea. 
Señor Presidente, deseo comenzar dando las gracias a nuestros ponentes, el Sr. Fava y la Sra. Sanders-ten Holte, y también al ponente alternativo, Sr. Schmitt, por el gran trabajo realizado en la elaboración de un complejo y detallado informe. 
No obstante, me gustaría plantear una serie de cuestiones que aún no han sido abordadas, en especial por la Comisión. 
El sector aeronáutico no puede mantener la pérdida de 4.000 millones de dólares estadounidenses a causa de los retrasos en toda Europa, y reconozco que quedarnos de brazos cruzados no es de recibo. 
Pero a pesar de todo, como suele decirse, el problema está en el detalle. 
Las propuestas presentadas podrían comportar una duplicación de los esfuerzos y medidas en materia de reglamentación de cara a los Estados miembros o a la totalidad de Eurocontrol, que en la actualidad abarca 31 países. 
Es más, existe un riesgo real de dañar o destruir los sistemas paneuropeos existentes que funcionan a plena satisfacción de todos, únicamente porque hay que situarlos de pronto en el contexto de la Unión Europea. 
Me refiero en particular a la propuesta de la Comisión de restablecer las tarifas de ruta de Eurocontrol y los sistemas de gestión central del flujo. 
También pondría en tela de juicio la creación de un organismo consultivo del sector, ya que supondría una duplicación innecesaria del sistema existente. 
Es nuestro deber mirar más allá de nuestras fronteras y emprender acciones y medidas coherentes y efectivas para mejorar la seguridad, la eficiencia y el rendimiento de la gestión del tráfico aéreo, que no nos conduzcan a una sistema de dos niveles, poniendo así en peligro el actual modus operandi. 
Además, no podemos ignorar la inquietud sincera de muchos Estados miembros en relación con las dimensiones militares del cielo único, ni la cuestión de la soberanía. 
El 6 de julio de 2000, durante el debate inicial en esta Cámara, informé a la misma de que el 44% de los retrasos y el 30% de los embotellamientos se concentraban en sectores que sobrevuelan zonas al norte y al sur y que incluyen a Suiza, Francia, Italia, España y partes de Alemania. 
También señalé que era improcedente utilizar a Eurocontrol de chivo expiatorio. 
Un cielo único no solucionará todos nuestros problemas de congestión si estos Estados miembros y Suiza no realizan un esfuerzo conjunto por resolver sus propias deficiencias. 
Finalmente, tanto las líneas aéreas como los aeropuertos también tendrán que revisar detenidamente sus prácticas, ya que demasiado a menudo son responsables de un alto porcentaje de los retrasos sufridos. 
Este informe ha recorrido un largo camino y, de nuevo, debemos dar las gracias a los ponentes. 
Pero aún no hemos logrado nuestro objetivo. 
Espero que este punto se aclare más y mejor una vez se haya reunido el Consejo. 
Señor Presidente, en este debate no se discute sólo el tema de la seguridad o la eliminación de los retrasos mediante una mayor cooperación a escala europea. 
A pesar de que la cooperación constituye uno de los pilares de la UE, representa igualmente uno de sus puntos débiles. 
Resulta útil llegar a acuerdos acerca de normas europeas que regulen la aviación, incluyendo la utilización del espacio aéreo. 
No obstante, el fallo radica en el modo en que esto se lleva a cabo: lentamente y con un gran número de reservas por parte de los Estados nacionales. 
Tal y como pone en evidencia el protocolo de Kioto y todo el asunto relativo a la Corte Penal Internacional, la Unión Europea trata de imitar a los Estados Unidos en el plano internacional. 
Los norteamericanos suelen provocarnos para que discutamos entre nosotros y, a menudo, no somos capaces de oponer resistencia alguna. El expediente de aviación es un caso ilustrativo. 
Si comparamos la Unión Europea con los Estados Unidos, queda patente que la organización en aquel país es superior y el hecho de que aquí todavía queda mucho por hacer. 
El debate y el informe Fava muestran al mismo tiempo que todavía no se ha llegado ni mucho menos a un acuerdo sobre la utilización del espacio aéreo y las normas para el control del tráfico aéreo. 
Una discusión sobre este tema resulta innecesaria en los Estados Unidos, ya que dispone de una autoridad para la aviación. 
Por lo tanto, opino que es importante, en vista de este debate, realizar un rápido avance y establecer un sistema, un conjunto de normas, que constituya la base para un espacio único, en lugar de disponer de quince reglamentos diferentes a los que se otorgue un denominador común europeo de cualquier tipo. 
Para terminar, me gustaría añadir un comentario acerca del informe de la Sra. Maes, admitiendo que éste es excelente. 
Considero positivo el hecho de cerrar por fin este expediente. Su desarrollo se ha prolongado durante bastante tiempo, debido en parte a la cuestión de Gibraltar. 
Existen riesgos en relación con las aeronaves de terceros países, generalmente derivados de la antigüedad de los mismos. Son riesgos que no admiten justificación alguna y que afectan incluso a los aeropuertos de la UE en los que los pasajeros suben a dichos aviones. 
Por consiguiente, apruebo la creación de un sistema de inspección y doy las gracias nuevamente a la Sra. Maes por su excelente informe. 
Señor Presidente, la introducción de la competencia en los servicios de navegación aérea no reducirá los retrasos de los vuelos, ni armonizará los cielos europeos, tal y como proclama la Comisión. 
De hecho, la competencia agravaría estas dificultades, ya que obstaculiza la cooperación. 
La aplicación de criterios de productividad a lo que es sencillamente una cuestión de rentabilidad comercial no puede mejorar los servicios ofrecidos a los usuarios del transporte aéreo. 
Y, lo que es más importante, el ataque al carácter integrado y público de los servicios de control del tráfico aéreo y, por consiguiente, la ruptura de la cadena de seguridad que este servicio proporciona, sólo aumentará los riesgos. 
Por desgracia, el desastre aéreo acontecido en el lago de Constanza el pasado mes de julio constituyó un trágico recordatorio de este punto. 
La postura que adoptan los controladores aéreos al rechazar el proyecto denominado del «Cielo Único» y los riesgos que éste conlleva es acertada, un mensaje que se reafirmó durante la huelga de este sector que tuvo lugar el pasado 19 de junio en toda Europa. 
Mis colegas, la Sra. Laguiller y la Sra. Bordes, y yo, condenamos la disolución- planeada por la Comisión- de este servicio público en vistas a transferirlo a la codicia privada. 
Los accionistas de las compañías aéreas, de la industria aeronaútica y del sector de las tecnologías de la información se encuentran ya calculando los beneficios que obtendrán de dicha disolución. 
Si despojamos el proyecto de los pretextos presentados por la Comisión, la realidad de este proyecto resulta demasiado evidente. 
Por lo tanto, rechazamos rotundamente el proyecto, y votaremos en contra de los informes Fava y Sanders-ten Holte, puesto que la privatización y la búsqueda de beneficios son peligrosas e incompatibles con el progreso, con la preocupación por la seguridad, así como con la posible y necesaria renacionalización de las actividades humanas, tanto en el cielo como en la tierra. 
Sr. Presidente, cuando mi colega habló del cielo único europeo en julio de 2000, le dio las gracias al entonces ponente, Sir Robert Atkins, por hacer un regalo al movimiento euroescéptico del Reino Unido. 
Desde entonces, la prensa eurófila británica, especialmente el dominical nacional The Observer, ha sacado provecho de la trágica colisión reciente entre el avión suizo y el ruso. 
Un periodista llegó a sugerir que la ausencia de un sistema unificado era en parte responsable del accidente. 
Sin embargo, la cuestión no es el control del espacio aéreo. 
Ya existe un sistema unificado a través de Eurocontrol. 
Durante 42 años, Eurocontrol se ha dedicado a coordinar los movimientos aéreos en 30 países, la mitad de ellos fuera de la Unión Europea. 
La cuestión real es una batalla tan antigua como las mismas Comunidades: la batalla entre el supranacionalismo y el intergubernamentalismo. 
El sistema de Eurocontrol está basado en una control intergubernamental; la directiva marco del cielo único europeo es puro supranacionalismo. 
La Comunidad quiere mantener una parte del sistema bajo control supranacional. 
Quiere hacerse con el control de las relaciones de los Estados miembros con Eurocontrol, acercándose de ese modo a su ambición de llegar a ser lo que Monnet calificó de gobierno europeo. 
Ese es el verdadero plan. 
Por tanto, quisiera recordar, en especial a mis colegas británicos, que si votan a favor de esta medida, están votando por la integración política. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar mi intervención dando las gracias y la enhorabuena a la Comisión por su iniciativa, tal y como ya han hecho otros diputados. Asimismo, me gustaría agradecer la labor realizada por los ponentes y los órganos parlamentarios en relación con este complejo asunto, al cual se debe aplicar, en mi opinión, el principio de flexibilidad citado frecuentemente. 
Quiero dar las gracias también a la Comisaria y Vicepresidenta de la Comisión porque, en este caso, al introducir un pequeño cambio formal en el procedimiento, ha anticipado la postura que adoptará la Comisión sobre las enmiendas al final del debate. 
Esto nos ha permitido, a pesar de la complejidad del asunto, especificar algunas de las razones que justifican la importancia que concedemos a las enmiendas y sacar a relucir, precisamente, los puntos más delicados y esenciales del debate. 
La iniciativa del cielo único es positiva por las razones mencionadas anteriormente por todos los oradores, las cuales no volveré a repetir para ahorrar tiempo y espacio. 
Los principios rectores son la seguridad, la eficacia y la puntualidad, según palabras de la Comisaria. 
Por este motivo, aunque hemos decidido no hacer referencias explícitas y aisladas al carácter económico de los puntos tratados en algunas enmiendas, esto no significa que no seamos conscientes de su importancia, sino que preferimos evitar seguirle el juego a aquellos que han considerado el proceso negativo desde el principio. 
Se suele decir que no debemos desechar al bebé junto con el agua del baño, pero en este caso hay gente que ha intentado, desde el principio, ensuciar el agua precisamente para que el bebé se vaya con ella, y nosotros queremos evitarlos. 
Lo mismo se aplica al tema de la cooperación entre las autoridades civiles y militares. Puede que las soluciones propuestas hoy aquí no resuelvan el problema pero lo único seguro es que nunca se resolverá si no le hacemos frente. 
La cuestión se complica nuevamente con respecto a las relaciones con Eurocontrol y el respeto de las soberanías nacionales a la hora de redefinir los espacios aéreos funcionales, y existen soluciones potenciales que pueden perfeccionar el trabajo positivo realizado hasta ahora. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a los ponentes por su labor y recordar a todos los colegas que las cuestiones reales, los tres principios rectores que deben servir de piedras de toque de estas propuestas, deben ser la seguridad, la sostenibilidad medioambiental y los derechos del consumidor. 
Los sistemas actuales de control del tráfico aéreo en Europa están viviendo de prestado y los trágicos sucesos de este verano así lo demuestran. 
La Sra. Maes tiene toda la razón cuando dice que en un plazo de 20 a 30 años podríamos ser testigos de una tragedia importante en la aviación cada semana, a menos que emprendamos de inmediato alguna acción al respecto. 
El cielo único europeo y las propuestas de inspecciones a aeronaves que no pertenezcan a países de la Unión Europea son contribuciones importantes para convertir nuestros cielos en un lugar seguro. 
Pero también debemos tener en cuenta el medio ambiente, especialmente en esta semana de la Cumbre de la Tierra de Johanesburgo. 
Cada día se gastan millones de litros de combustible y se producen emisiones innecesarias debido a los retrasos en la aviación y a las aeronaves que cruzan los cielos europeos. 
Un cielo único supondrá una importante contribución a reducir la contaminación, las emisiones y el consumo de combustible fósil. 
Finalmente, no olvidemos los derechos de los consumidores. 
Uno de cada tres vuelos en Europa sufre retrasos. 
El coste humano es incalculable: miles de vacaciones familiares se han visto frustradas este verano, con gente esperando largo tiempo y pasando calor en aeropuertos anticuados. 
Los negocios no marchan y se retrasan. 
Espero que esta propuesta reciba un amplio apoyo. 
Estoy satisfecho de que la Comisaria sea suficientemente ambiciosa como para decir que deberíamos observar un adelanto significativo en 2004. 
Al igual que el Sr. Fava, mantengo la postura optimista de que cumpliremos ese plazo. 
Es una pena que el Consejo no esté presente para responder a nuestras inquietudes y a nuestras peticiones de acción inmediata, porque la Comisaria ha hecho lo que tenía que hacer. 
Y nosotros también. 
Ahora le toca al Consejo. 
Señor Presidente, no tenemos nada en contra del proyecto del cielo único destinado, tal y como se proclama, a reforzar los niveles de seguridad en el espacio aéreo europeo mediante la coordinación de directrices y acciones, y a través de la armonización de normas. 
Sin embargo, este no es, objetivamente, el motivo verdadero de esta propuesta de la Comisión. 
Por cierto, los problemas de seguridad o incluso los retrasos no se encuadran dentro del ámbito del control del espacio aéreo. 
Y, a decir verdad, la propuesta introduce pocos aspectos nuevos en el campo de la seguridad. 
Algunas de las directrices que contiene podrían, de hecho, poner en duda incluso las normas de seguridad máximas que proclaman como objetivo que se pretende alcanzar: esto hace referencia a la apertura del mercado de servicios auxiliares, dada la prioridad asignada a la mejora de los resultados, lo que podría originar una reducción de los gastos destinados a personal y equipos. Asimismo, esto se aplica a la transformación de bloques geográficos en bloques económicos, entre los cuales surgirá la tendencia a competir, lo que afectará negativamente a la seguridad. 
No obstante, son otros aspectos de la propuesta los que verdaderamente nos preocupan, así como algunas de las enmiendas introducidas en la comisión parlamentaria competente. 
Me refiero concretamente a la intención de transferir la definición de «bloques funcionales» de los Estados miembros a la esfera comunitaria. 
Puesto que este tema ha sido y sigue siendo una cuestión correspondiente al foro sobre administración territorial, en virtud de los Tratados y las constituciones de algunos países, concretamente el mío propio, debe atribuirse a la competencia exclusiva de los Estados miembros. 
No existe, por tanto, base legal alguna para proponer lo que aquí se propone. Particularmente, no existe base legal según los términos adoptados en la comisión parlamentaria, que refuerza el papel de la Comisión como autoridad de última instancia. 
De hecho, este asunto cobra especial importancia dada la participación de la esfera militar. 
Resulta inaceptable que se trate de subordinar el control del espacio aéreo militar y, en general, que se intente definir nuevos «bloques funcionales» sin considerar la decisión competente de los Estados miembros. 
Por lo tanto, creemos que la postura adoptada recientemente por el Consejo a la hora de analizar este asunto es bastante sensata. 
Éstas, en caso de ser aprobadas, se podrían incorporar a otras enmiendas, ya adoptadas en comisión, que han perfeccionado algunos aspectos de la propuesta inicial de la Comisión. Se trata de la idea de que los servicios de control del tráfico aéreo son un asunto de interés general; la ausencia de participación anterior de los agentes sociales en el proceso; la posibilidad ya aceptada de que la utilización y gestión de los servicios de control del tráfico aéreo siga perteneciendo a la esfera pública; y, finalmente, el compromiso de fomentar la cooperación con Eurocontrol. 
No obstante, repito que las cuestiones mencionadas al comienzo de mi intervención resultan esenciales para la evaluación final de esta propuesta. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, los tres informes presentados- por el Sr. Fava, la Sra. Sanders-ten Holte y la Sra. Maes- fueron aprobados en comisión por amplia mayoría. 
Los diputados han llamado justamente la atención sobre los objetivos que alcanzará el proceso legislativo actual en su desarrollo hacia el cielo único. 
Todo esto, incluido el agradecimiento a la Comisaria y los ponentes, merece nuestro apoyo. 
Sin embargo, tal y como ya han afirmado varios diputados, todavía queda un largo camino que recorrer hasta las soluciones ideales. 
Aquellos que no estén dispuestos a admitir esto deberían, por un instante, ponerse en el lugar del público. 
La visión de nuestros ciudadanos sobre el tema de «volar en Europa» es mucho menos optimista, especialmente la de aquellos que, como sucede frecuentemente, se ven obligados a desplazarse por aire. 
Consideran que el transporte aéreo en Europa es seguro, lo cual resulta positivo. 
Y puede seguir siendo así, a pesar de que también en este aspecto se pueden introducir mejoras. 
No obstante, los usuarios creen, ante todo, que el transporte aéreo resulta extremadamente caro. 
Con el importe de un vuelo de Graz, mi cuidad natal, a Bruselas, podría volar a Los Ángeles o Kuala Lumpur. 
Resulta bastante evidente que esto es desproporcionado. 
Asimismo, hay cada vez más retrasos. 
Teniendo en cuenta la alta velocidad de los vuelos actuales, resulta que pasamos más tiempo esperando en los aeropuertos y, desgraciadamente, ocurre en numerosas ocasiones que ni siquiera llegamos a volar. 
Las huelgas, especialmente justo antes de las vacaciones, nos recuerdan hasta qué punto hay gente que, cuando se plantea el tema de la seguridad del transporte aéreo, se preocupan por sus propios intereses antes que por el interés público. 
Desde este punto de vista, no sólo deberíamos alabar los logros alcanzados sino que, además y especialmente, deberíamos trabajar sobre la base de que puede resultar preciso introducir mejoras posteriores en los avances iniciales. De este modo, al imponernos normas más exigentes, conseguiremos garantizar una seguridad más reforzada en el espacio aéreo y unas condiciones más adecuadas en el transporte en Europa. 
Todavía queda mucho por hacer. 
Señor Presidente, Comisaria, esta propuesta resume bastante bien nuestro enfoque. 
Nuestro punto de partida es un problema conocido, los retrasos de 1999, aun cuando aquel fue un año excepcional debido a la guerra de Kosovo y los cambios de las rutas de vuelo. 
Cuando surge un problema, nos volvemos espontáneamente hacia uno de los temas favoritos del Parlamento, a saber, la competencia. Pronto o tarde tendremos que erigir un monumento a la competencia. 
Los limites de ésta se alcanzan muy rápidamente cuando la seguridad de los pasajeros está en juego, y estos límites que, afortunadamente, aparecen por lo general en los borradores de textos, son responsabilidad de los Estados miembros. 
Los controladores del tráfico aéreo son, esencialmente, el equivalente a un policía en el arcén de una carretera, a un capitán pilotando un buque al puerto, y nunca podemos hacer tratos a su costa. 
Además, cada Estado miembro es libre a la hora de seleccionar quién proporciona sus servicios de navegación aérea, y la normativa debe prevenir contra los casos en los que los negocios públicos o privados afecten a las misiones de interés general. 
Se ha presentado una enmienda en este sentido. 
El espacio aéreo es utilizado no sólo por los civiles sino también por los militares, y por tanto la cooperación entre ambas partes es necesaria. 
Quisiera señalar que esta cooperación, para el ejército, recae más en lo intergubernamental que en el pilar comunitario y, en este caso, el Comité del Cielo Único no responde a la pregunta. 
Además, los quince no están solos; hay otros países. 
Usted nos dijo que van a ingresar en Eurocontrol el mes próximo y este es un paso positivo. 
Ahora debemos esperar a los próximos acontecimientos. 
Hay más límites- y terminaré en este punto -, ya que el control aéreo es una entidad única que no podemos dividir o cortar en porciones. 
Los servicios implicados en la prestación de control aéreo no pueden disociarse. 
Espero que el resultado de nuestra votación tendrá en cuenta toda esta información. 
Dicho esto, nuestros colegas diputados han realizado un buen trabajo y les agradezco por escuchar atentamente lo que hemos dicho. 
Señor Presidente, existe el riesgo de que el cielo abierto que se pretende crear con la Directiva propuesta se convierta en una pesadilla de seguridad para millones de pasajeros. 
Los problemas del transporte aéreo, la competitividad y la eficiencia se están utilizando de tapadera para la total liberalización del mercado en este sector, para aumentar los beneficios de las grandes empresas y, al mismo tiempo, para emprender un brutal ataque a la seguridad de las aeronaves, a la independencia nacional y al potencial de desarrollo de los Estados miembros, especialmente de los Estados miembros menos desarrollados y de las zonas más remotas. 
Y esto no es todo. 
El cielo abierto propuesto, como se admite abiertamente, se usará para atender a los planes militaristas y antipopulares de los belicistas de la OTAN y la Unión Europea. 
Al mismo tiempo, la misma naturaleza del servicio de transporte cambiará, pasando de ser un servicio en beneficio de las personas a ser una manera de incrementar los beneficios de las grandes empresas. 
Los efectos adversos de esta Directiva serán muchos y variados, especialmente para Grecia, un país con cientos de islas, con zonas que están entre las menos desarrolladas de la Unión y con serios problemas de defensa y seguridad. 
Por estas razones nosotros, trabajadores y consumidores, nos oponemos a esta Directiva. 
Luchamos por compañías aéreas nacionalizadas que alcancen altos niveles de calidad y seguridad y que estén integradas en un programa de desarrollo nacional diseñado para servir a las personas, no a las grandes empresas. 
Señor Presidente, Comisaria, yo, al contrario, doy la bienvenida con satisfacción a la adopción hoy de este paquete de medidas, y si tenemos algún motivo del que lamentarnos, es de que haya llevado tanto tiempo en conseguirse: hemos malgastado 10 años por esta confrontación entre España y el Reino Unido- que ni siquiera estaba basada en hechos históricos -, pero eso ya no tiene remedio. 
Hoy, finalmente, se abre ante nuestros ojos un nuevo horizonte. 
Tengo que decir que, en cualquier caso, un buen número de dificultades se han debido a que el expediente era y es en sí mismo complejo, y su aprobación no ha estado precisamente carente de obstáculos. 
Los efectos de esa complejidad se han sentido incluso hoy en este Parlamento, aunque está claro para todos que hay muchas justificaciones económicas, de seguridad, medioambientales y de protección al consumidor para elaborar este paquete de medidas: hemos visto la cantidad de retrasos, el nivel de congestión del tráfico aéreo, los costes de la congestión y las dificultades para la creación de nuevo espacio aéreo en términos de seguridad. 
A pesar de que todos podemos ver que existen razones más que excelentes por las que necesitamos este paquete de medidas, hoy todavía se han puesto reparos y éstos han adoptado diversas formas: la referencia bastante insólita a la soberanía de los Estados, la cooperación con las autoridades militares, que de repente se ha hecho tan vital- yo estoy particularmente sorprendido de ver a la extrema izquierda mostrar tal deferencia hacia las autoridades militares- y la confusión entre liberalización y privatización. Todas estas objeciones que, a mi juicio, en realidad encubren una cierta resistencia y el deseo de mantener el status quo, el deseo de no cambiar, que es exactamente lo contrario de lo que nuestros ciudadanos están demandando de nosotros. 
Comisaria, hay muchas áreas en las que Europa necesita dar un paso atrás más que adelante, en las que no debe asumir las funciones y competencias de los Estados miembros, pero ésta no es una de ellas. 
Nuestros ciudadanos reclaman esta iniciativa, y por tanto ustedes deben seguir adelante con resolución y proporcionarnos un cielo único en el que todo el mundo pueda viajar con seguridad y sin inquietud. 
Señor Presidente, esta cuestión demuestra perfectamente la necesidad de una entidad como la Unión Europea. 
Ningún Estado miembro por sí solo puede resolver efectivamente los problemas de control del tráfico aéreo o de seguridad aérea. 
Tenemos una Unión en la que no sólo cooperamos como Estados, sino que también compartimos nuestra soberanía y nuestra legislación en interés de nosotros mismos como Estados miembros individuales y de toda la población de la Unión Europea. 
Este es un buen ejemplo de cómo podemos hacerlo efectivamente. 
Que no es lo mismo que decir que esta sea una propuesta perfecta, pero es un paso adelante en la dirección correcta. 
Nadie duda de que necesitamos que exista interoperabilidad entre nuestros sistemas de control del tráfico aéreo; necesitamos una mejor integración y equipos mejores y más comunes, además de la adecuada formación del personal. 
Es preciso que intentemos restablecer no sólo el placer de volar, sino también la sensación de seguridad que se tiene cuando uno aborda un avión y viaja de un sitio para otro. 
En nuestra calidad de diputados de este Parlamento, volamos por motivos de servicio; estamos constantemente en el aire. 
Soy consciente de que, en los últimos años, el placer de ir a un aeropuerto y embarcar en un avión se ha visto mermado, no sólo por los retrasos ocasionados por el control del tráfico aéreo y a la falta de espacio, etc., sino también por los retrasos en los aeropuertos, la recogida de equipajes y la seguridad, aunque bien se puede a alegar que la seguridad es necesaria. 
Asimismo me complace el carácter de servicio público de Eurocontrol. 
Es importante tener en cuenta que esta es una cuestión que no puede dejarse en manos de la empresa privada. 
La normativa debe mantenerse gracias a un fuerte elemento de servicio público. 
Finalmente, en cuanto a los principios que aplicaría en este sector, la seguridad es la principal prioridad, la sostenibilidad medioambiental la segunda y la eficiencia la tercera. 
Es importante tenerlos en cuenta para seguir adelante con esta propuesta. 
Señor Presidente, señora de Palacio, Señorías, hemos estado oyendo aquí una vez más toda clase de razones por las que puede que no seamos capaces de adoptar una solución europea única con respecto al uso del espacio aéreo. 
Las razones aducidas han reflejado a menudo lo que parecerían inquietudes sobre la seguridad, pero en realidad todo tiene que ver con el egoísmo y con el hecho de que queramos mantener el status quo. 
Es difícil imaginar un proyecto más sensato y más lógico que el uso racional y coordinado del espacio aéreo europeo, especialmente cuando su uso y el número de pasajeros van a aumentar a partir de ahora. 
¿Por qué una aeronave en vuelo de Helsinki a Atenas o de Varsovia a Dublín zigzaguea sobre Europa y el piloto tiene que repetir muchas veces las mismas cosas? 
Este vuelo debería verse como un único uso del espacio aéreo. 
El resultado de los procedimientos actuales son los retrasos. 
Los parlamentarios finlandeses no vuelan ya más de Helsinki a Estrasburgo vía Paris porque los vuelos tienen a menudo retrasos o son cancelados, o se pierde el equipaje. 
Ahora volamos directamente a Francfort o Zúrich y después viajamos por carretera durante tres horas. 
Esto es mejor que usar los servicios de tráfico aéreo europeos. 
Es también un sistema muy caro. 
En los Estados Unidos, como todos bien sabemos, pueden operar el doble de vuelos por la misma cantidad de dinero. 
¿Quién paga la factura en la sociedad cuando actuamos de una manera ineficiente? 
Siempre los desfavorecidos. 
Los ricos pueden permitirse buscar una alternativa. 
Es también un sistema vulnerable. 
Con toda seguridad el trágico accidente acontecido en Suiza no se debió a que los equipos fueran malos o a que no hubiera suficiente personal de servicio. 
Tenemos que plantearnos esta cuestión: ¿por qué Suiza, un pequeño país, tiene su propio espacio aéreo? 
Si un modus operandi basado en las fronteras internacionales es el correcto, deberíamos establecer centros en Andorra, San Marino y el Vaticano. 
En realidad, el Vaticano ya es una especie de centro de control de tránsito aéreo celeste, digamos que espiritual. 
Allí nos recuerdan que el cielo nos pertenece a todos, que es algo que todos compartimos. 
Señor Presidente, Comisaria, ponentes para el fondo y de opinión, la necesidad de una normativa que construya un espacio aéreo verdaderamente integrado es ampliamente reconocida. 
La situación actual se caracteriza por la existencia de varios sistemas de prestación de servicios, implementados por unos cincuenta centros de control del tráfico aéreo, con dos docenas de sistemas de gestión diferentes y 70 lenguajes de programación informática. 
¡Esto es absurdo! 
Existe una auténtica necesidad de enmendar y legislar, que implique la armonización necesaria, que también puede extenderse a la formación de los controladores aéreos. 
En este punto me gustaría hacer un inciso: yo fui controlador aéreo durante mi servicio militar y soy muy consciente de las dificultades causadas por la falta de coordinación entre el espacio aéreo controlado por los militares y el controlado por las autoridades civiles. 
La cuestión de la normativa es de suma importancia, y en esta propuesta de un paquete de cuatro reglamentos para el cielo único europeo, la necesidad de poder e independencia de Eurocontrol, una de cuyas principales funciones es la de un servicio público concebido para garantizar la seguridad del espacio aéreo es, por tanto, indiscutible. 
Sin embargo, la cuestión que se plantea inevitablemente es el tema de la creación de bloques funcionales de espacio aéreo transfronterizo. 
También vale la pena hacer transparente lo que esos bloques son y a para qué sirven. 
Estos bloques tienen que crearse con el acuerdo de los países implicados; pues de lo contrario se vulnerarían con toda seguridad las constituciones de algunos Estados miembros. 
Para terminar, la seguridad debe ser la preocupación principal de todas las partes implicadas en establecer el cielo único europeo, seguida de consideraciones medioambientales y de eficacia. 
Señor Presidente, Comisaria, me gustaría en primer lugar decir que yo también estoy personalmente implicado en la implementación del proyecto de cielo único por tres razones. 
La primera tiene que ver con la racionalización de la capacidad y todos estamos de acuerdo en este punto dado el auge del tráfico aéreo. 
La segunda es la introducción de altos niveles de seguridad, particularmente antes de la ampliación, y esto, desde mi punto de vista, es un aspecto muy importante. La tercera y última razón es la transformación del consenso de Eurocontrol en normativa comunitaria. 
Estos tres factores revisten una importancia bastante alta. 
Este es un asunto difícil porque comenzó de una forma incorrecta, a causa de dos errores iniciales cometidos por la Comisión, que antes que nada lo quiso presentar como un juego de poder entre la Comisión y Eurocontrol y que también se ha inclinado excesivamente ante la presión de las líneas aéreas en vista de la comercialización de los servicios de control. 
Pero la Comisión ha presentado una segunda propuesta que yo creo que supone un cambio considerable, con la participación de Eurocontrol, el reconocimiento de los servicios de interés general de los servicios de control del tráfico aéreo, su carácter de monopolio natural y, por encima de todo, el hecho de que los Estados miembros estén integrados en un cielo único y tendrán algo que decir en la forma en que opera la normativa. 
La primera de todas, los servicios auxiliares son todavía muy vagos: a veces hay una concepción muy restringida, otras, hay una noción amplia de estos servicios. 
Sin embargo yo no creo, como muestra el desafortunado ejemplo de lo ocurrido con los ferrocarriles en el Reino Unido- y debemos aprender lecciones de ello- que debamos romper la cadena de control en un grado muy alto. 
El radar, la radio y las tecnologías de la información son los ojos y los oídos de los controladores aéreos. 
Hemos visto, desgraciadamente, lo que puede suceder cuando no existen. 
Esto no significa que un servicio integrado sea infalible, pero significa que hay, probablemente, un grado mínimo en que los servicios pueden ser integrados y quizás incluso uno máximo, que podemos mantener. 
En segundo lugar, parece que la interacción entre Eurocontrol y la Agencia Europea de Seguridad Aérea no está clara. 
La Agencia no se menciona en los proyectos, pero verá la luz y será necesaria una clarificación. 
Por último, hay una feroz oposición a la atribución de bloques de espacio aéreo y debemos vencer esta oposición. 
De hecho, si cada Estado miembro puede escoger su proveedor, y dos Estados miembros no se ponen de acuerdo en el mismo, no se dice nada sobre cómo resolver el conflicto. 
Debemos por tanto proponer enmiendas para clarificar este punto, y espero que sean aprobadas. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, me gustaría comenzar expresando mi gran satisfacción por el hecho de que este debate esté teniendo lugar hoy y de que hayamos alcanzado esta fase. 
Considero que se lo debemos agradecer, en particular, a la Comisaria de Palacio, Vicepresidenta de la Comisión, que está aquí presente hoy. 
Este resultado se ha alcanzado gracias a su perseverancia, y a la contribución de muchos otros, incluido el Parlamento Europeo. 
Como he dicho, esto me causa una gran satisfacción. 
Espero que, de la misma forma que ella ha tenido éxito a la hora de vencer una resistencia tan grande, también será capaz de vencer la resistencia opuesta por el Consejo y llevará a su conclusión con éxito el proyecto dentro del margen de tiempo establecido. 
En particular, me gustaría decirles que en el pasado he señalado repetidamente a la Comisión que no se deje apartar de su camino por una élite privilegiada como la de los controladores aéreos que, tengo que decir con tristeza, está más interesada en conservar su condición privilegiada que en hacer una contribución práctica a la seguridad del conjunto de la población de la Unión Europea. 
Tristemente, hemos tenido pruebas en el pasado de la negligencia y la escasa disciplina de los controladores aéreos, que ha ocasionado muchas víctimas, y el hecho de que esto se deba en parte a la inexistencia de un espacio aéreo único muestra cuán importante y necesario es resolver este asunto sin dilación. 
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los responsables de los informes y a todos los que han intervenido en este debate, que me ha resultado interesantísimo. 
Quiero agradecer a la Sra. Maes su informe sobre el control de las aeronaves de terceros países, que ha suscitado el apoyo prácticamente unánime de esta Cámara, y que permitirá reforzar la seguridad general en la Unión Europea, garantizando, no sólo la situación de las aeronaves de la Unión, sino también las de terceros países, muy especialmente las de los países más vecinos, los de Europa del Este, que son con los que tenemos más relación. 
Por lo que se refiere a los otros informes, del Sr. Fava y de la Sra. Sanders-ten Holte, sobre el cielo único, quisiera, para concluir, hacer unas cuantas reflexiones: 
Primero, la propuesta "cielo único", evidentemente, no va a acabar con todos los retrasos. 
Pero el 50% de los retrasos en el sector aéreo tiene su origen en problemas de gestión del tráfico aéreo, y la propuesta "cielo único", claramente, va a mejorar la gestión del tráfico aéreo y, por lo tanto, va a mejorar ese 50% de retrasos. 
Segundo, lo que se pretende, sencillamente, es la racionalidad del espacio aéreo, armonizando reglas, armonizando sistemas, introduciendo la interoperabilidad y poniendo sencillamente en red- en esta era en que todo está en red- los sistemas de control aéreo en todos los países de la Unión. 
Se termina así con un sistema compartimentado, fragmentado, que, lejos de ser un elemento de seguridad, es un elemento de falta de seguridad. 
La puesta en red, la integración de los sistemas, el facilitar a la industria mayores posibilidades para avanzar tecnológicamente es una aportación al aumento de la seguridad. 
No quiero hacer demagogia ni utilizar tragedias, pero les quiero decir una cosa: en el terrible accidente que se produjo este verano, los controladores aéreos alemanes se dieron cuenta de lo que iba a pasar, pero no estaban en red, ni integrados con los controladores aéreos suizos, y tuvieron que ir a un teléfono para llamar al control aéreo suizo y no pudieron conectar. 
No puedo garantizar que con el cielo único en marcha se hubiera evitado ese accidente, no lo sabemos. 
Lo que sí les puedo asegurar es que se habría facilitado el poder evitarlo. 
Y eso es lo que hay que tener en cuenta. 
Estamos introduciendo, no sólo más racionalidad, sino mayor seguridad, como es el objetivo de esta iniciativa. 
A partir de ahí- fecha, 2004- hay que mantenerse en este objetivo y- recojo lo dicho por el Sr. Jarzembowsky, por el Sr. Ripoll y por otra serie de oradores- hay que exigir al Consejo una solución rápida. 
Confío en la Presidencia danesa para impulsar este dossier, que sé que es una de las prioridades en el terreno del transporte y, muy especialmente del transporte aéreo. 
Eurocontrol. 
Señorías, nadie pretende ni duplicar las acciones de Eurocontrol ni anular Eurocontrol. 
Pero hay que saber que Eurocontrol no tiene las capacidades que ofrece el método comunitario para llevar a cabo sus acciones. 
Quiero que sepan que Eurocontrol lo único que hace es coordinar los vuelos a priori. 
En el momento operativo, cuando los aviones están funcionando, la operatividad del control aéreo de esos vuelos recae en las autoridades nacionales correspondientes basándose en una coordinación genérica que se ha hecho previamente desde Eurocontrol. 
De lo que estamos hablando es de que en tiempo real, en esa realidad de vuelo, haya esa integración y esa armonización de sistemas que refuerce el control. 
Por lo tanto, lo que hacemos es reforzar la seguridad y no quitar competencias a un organismo ya existente. 
Porque ese organismo, insisto, no tiene esas capacidades, no dispone del método comunitario, que hace que lo que aquí acordamos (Comisión, Consejo y Parlamento) sea regla de obligado cumplimiento, exigible ante los tribunales por parte de todos los países de la Unión. 
Privatización. 
Estoy harta de repetir lo mismo. 
No sé si hay desconocimiento o mala fe. 
Léanse lo que dice el texto, no lean algunos panfletos de algún sindicato. 
Aquí no hay ninguna privatización. 
El control del tráfico aéreo es un monopolio natural que tiene que estar regulado. 
Hay una sentencia del Tribunal de Justicia que establece claramente que ese control está fuera de las normas de competencia. 
También figura en los Tratados que la realización concreta de esa actividad y la fórmula que se adopte para llevarla a cabo compete a cada Estado. 
Nosotros, lo que no vamos a hacer es cambiar el Tratado a través de una Directiva. 
Señorías, seamos un poco conscientes de cuáles son nuestros límites. 
Claramente es un monopolio de hecho, claramente el Tribunal de Justicia se ha pronunciado y nadie pretende cambiar el statu quo, al revés, lo que estamos planteando es reforzar la situación de servicio público y el marco comunitario común para esa gestión del tráfico aéreo. 
Civil-militar. 
Este es el elemento más espinoso y más delicado de todo el debate. 
Hay un informe del Servicio Jurídico del Consejo, importantísimo, que, primero, confirma lo apropiado del fundamento jurídico en que se basa la propuesta de la Comisión; con lo cual, si alguna de sus Señorías tuviera dudas, léase el informe del Servicio Jurídico del Consejo que, como saben muy bien sus Señorías, en esto hila muy fino. 
Segundo, estamos viendo cómo podemos superar las dificultades derivadas, sencillamente, del hecho de que la Unión tiene unas competencias limitadas; no podemos ir más allá de las competencias atribuidas, por un lado, y por otro, en ningún caso se trata ni de disminuir la capacidad de defensa de ninguno de los países de la Unión Europea ni de entrar en terrenos de soberanías más allá de lo que los Tratados contemplan. 
Por lo tanto, sepan sus Señorías que todo eso estará cuidadosamente garantizado y que, además, el informe del Consejo da una base para resolver claramente este problema. 
En este contexto se plantea la cuestión de los bloques supraterritoriales. 
Tengo que decir a sus Señorías, que lo ven muy bien, que sólo hay bloques transfronterizos en tanto en cuanto haya acuerdo de los dos Estados de la Unión. 
Es verdad, no existen en caso de que haya una divergencia. 
En este caso no hay un bloque compartido, cada Estado controla su zona de territorio y punto. 
Por lo tanto, creo que esa premisa permitirá superar esta dificultad. 
Muchas gracias, señor Presidente, reitero mi agradecimiento al magnífico trabajo que han realizado el Sr. Fava, la Sra. Sanders-ten Holte y la Sra. Maes en este paquete aéreo que permitirá reforzar la seguridad y racionalizar el sector aéreo en la Unión Europea. 
El siguiente punto del orden del día es el informe (A5-0269/2002) elaborado por el Sr. Blokland, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de un marco comunitario para la clasificación de las emisiones acústicas de los aviones subsónicos civiles para el cálculo de las tasas sobre el ruido [COM (2001) 74- C5-0001/2002- 2001/0308 (COD) ]. 
. (ES) Señor Presidente, en primer lugar, una vez más, quiero agradecer al ponente, Sr. Blokland, su magnífico informe, que nos presenta hoy. 
Estamos tratando la posibilidad de proporcionar incentivos económicos a las empresas, para que tengan en cuenta las molestias acústicas provocadas por determinados aviones, siguiendo el principio de recompensar a los mejores y castigar a los peores. 
Aunque el ruido de los aviones ya está integrado en algunos sistemas de tasas aeroportuarias de la Comunidad, los criterios utilizados para la diferenciación y cuantificación de las molestias acústicas varían ampliamente entre los distintos Estados miembros. 
Por ello, es difícil comparar un sistema con otro. 
La presente propuesta aborda esta cuestión, aportando un marco común para la clasificación del ruido de las aeronaves que refuerza la convergencia y la transparencia, y permite predecir la situación en cada caso concreto. 
La propuesta se limita al mínimo necesario para alcanzar su objetivo y deja suficientes posibilidades a los Estados miembros para ajustarse a parámetros específicos de determinados aeropuertos, como el nivel de la tasa de ruido unitaria, las características de la flota que presta servicio en un aeropuerto determinado, o la variación entre la tasa más alta y la más baja. 
La responsabilidad de la decisión de implantar tasas sobre el ruido se deja a los Estados miembros. 
No existe obligación de imponer tasas en todos los aeropuertos, puesto que no es necesario establecerlas en aquellos que no tienen problemas de ruido. 
Quiero agradecer el apoyo del Parlamento a este expediente y, al final del debate, me pronunciaré, ya con más detalle, sobre algunas de las enmiendas, adelantando que, una vez más, aceptaremos la mayor parte de las presentadas. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor me gustaría hablar del informe relativo a las tasas sobre el ruido en los aeropuertos. 
Aunque llevamos años luchando contra el ruido de las aeronaves, todavía se permite que aviones ruidosos aterricen en los aeropuertos europeos. 
Pensemos en los llamados aviones marginalmente conformes, que están equipados con silenciadores que sólo cumplen marginalmente la norma establecida para los aviones incluidos en el Capítulo 3. 
Otros aviones pueden causar también una perturbación acústica considerable, sobre todo en los grandes aeropuertos donde aterrizan y despegan multitud de aeronaves. 
Para evitar los efectos negativos de estos aviones ruidosos, es preciso tomar medidas en las proximidades de los aeropuertos, tales como el traslado de las pistas de despegue y aterrizaje, la colocación de pantallas amortiguadoras del ruido, el desplazamiento de zonas residenciales, el aislamiento acústico de las viviendas y así sucesivamente. 
Es evidente que estas medidas cuestan mucho dinero y conllevan grandes esfuerzos, y son esos gastos los que se pretenden sufragar mediante tasas sobre el ruido. 
Actualmente, el ruido de los aviones ya es parte integrante de los sistemas de tasas de algunos aeropuertos de la Comunidad. 
La finalidad del informe que nos ocupa es armonizar las tasas sobre el ruido en los aeropuertos. 
Evidentemente, pretende también fomentar el uso de aviones más silenciosos. 
Con el actual marco europeo común, las tasas sobre el ruido se calculan utilizando un sistema fácil de entender, que mejora la transparencia, la igualdad de trato y la previsibilidad, y que evita la arbitrariedad. 
Me gustaría insistir en la imposibilidad de calcular las tasas sobre el ruido a base de mediciones, puesto que existen otras fuentes de ruido y los aviones aterrizan y despegan simultáneamente en los aeropuertos. 
Así pues, esta Directiva se basa en un método de cálculo, por ser ésta la única opción. 
Para evitar distorsiones de la competencia, la Comisión de Medio Ambiente ha decidido que las tasas sobre el ruido sean obligatorias en todos los aeropuertos. Queda, no obstante, más margen para la flexibilidad. 
La variación máxima entre las tasas mínima y máxima sobre el ruido durante una determinada parte del día puede alcanzar una proporción de 1:40, en lugar de 1:20. 
Además, se estipula que los aviones más ruidosos deben pagar más por la mayor perturbación que causan. 
La propuesta de la Comisión establece concretamente que los aviones más ruidosos no tendrán que pagar unas tasas más altas sobre el ruido que las categorías menos ruidosas. 
En mi opinión, ahora se ha introducido suficiente flexibilidad. Por consiguiente, no es necesario hacer excepciones para los aeropuertos que sean partidarios de una política estricta en materia de tasas sobre el ruido. 
El marco propuesto por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor permite una política muy estricta. 
Yo no creo que existan aeropuertos con unas políticas tan estrictas que queden fuera de ese marco. 
Si algunos aeropuertos recibieran un trato especial, eso generaría arbitrariedad. 
Como ya se ha dicho, la recaudación de tasas sobre el ruido se utilizará para hacer inversiones destinadas a reducir las molestias acústicas. 
No obstante, la Comisión de Medio Ambiente opina que también deben cubrirse otros costes, como los costes medioambientales derivados de las molestias acústicas. 
Además, no todos los efectos de las molestias acústicas pueden expresarse en términos monetarios hasta el último centavo. 
Algunos ejemplos son la perturbación del descanso nocturno o los efectos psicológicos de las molestias acústicas, que no pueden compensarse económicamente. 
En última instancia, debemos recordar que las tasas sobre el ruido tienen por objeto promover el uso de aviones más silenciosos. 
Finalmente, me gustaría hacer un comentario sobre las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes. 
El uso de niveles de ruido para calcular las tasas sobre el ruido es totalmente incompatible con el enfoque de esta Directiva. 
Además, todavía está por ver que esos niveles lleguen a establecerse alguna vez. 
Por esos motivos, yo recomendaría que se rechacen esas enmiendas. 
Con este informe, espero que las tasas sobre el ruido se hagan más justas y más transparentes. 
Pero lo más importante de todo es reducir las molestias acústicas que soportan nuestros ciudadanos. 
. 
(NL) Señor Presidente, intervengo en calidad de orador invitado en representación del verdadero ponente de la opinión de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, el Sr. Josu Ortuondo, que como saben se encuentra en España por razones políticas. 
El trecho que separa al espacio aéreo europeo del ruido es, lógicamente, pequeño. 
Si simplificamos este procedimiento, entonces debemos implantar toda una serie de condiciones y medidas. 
Me gustaría agradecer a la Comisión y al ponente, el Sr. Blokland, el trabajo que han realizado, pero los problemas son claros y evidentes. 
Por otra parte, ya se han dedicado varios años de trabajo a esta cuestión. 
Yo mismo asistí a los debates sobre los equipos silenciadores en el anterior período de sesiones. 
En principio, los aviones ruidosos deberían verse obligados a ser menos ruidosos; en otras palabras, a partir de ahora deberían aplicarse los requisitos del Capítulo 3. 
Este es, de hecho, el objetivo último de toda esta iniciativa y su aplicación a través de estas medidas tiene una gran importancia. 
Ni que decir tiene que el informe de la Comisión ha suscitado comentarios. 
Dicho informe tiene que referirse, en primer lugar y ante todo, a las tasas sobre el ruido, los gastos asociados y la relación entre ambos. 
Se trata de procurar la armonización y las tasas sobre el ruido deben ser el resultado lógico de una clasificación acústica. 
Pero lo más importante son las tasas sobre el ruido. 
El problema que existe con la propuesta de la Comisión es que- y ese es el motivo por el cual se han presentado enmiendas en algunas comisiones- sigue sin ser obligatoria hasta cierto punto, puesto que sólo existe un débil vínculo entre las tasas sobre el ruido por un lado y los impuestos por otro. 
Los Estados miembros tienen libertad para decidir cómo quieren tratar esos impuestos y, como el Sr. Blokland explica en su informe, eso puede tener, en la práctica, un efecto distorsionador de la competencia. Pero lo peor de todo es que no motiva al sector de la aviación en el sentido al que yo me refería antes. 
Asimismo, creo que es muy importante estipular- y esto se refleja en algunas enmiendas- que, siempre que existan buenas prácticas que complementen o vayan más allá de los requisitos establecidos en las directivas, esas prácticas deben mantenerse. Por lo tanto, yo recomiendo que se acepten una serie de enmiendas, especialmente las del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Existe demasiada poca diferenciación entre los impuestos, y la relación entre las tasas sobre el ruido y los gastos es, en mi opinión, ambigua. 
Como ya ha dicho el Sr. Blokland, el trastorno del sueño, los efectos psicológicos y algunos de los efectos medioambientales son difíciles de verificar, y hay margen para una mejora en este sentido. 
De nuevo, recomiendo que se aprueben las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes; a saber, las enmiendas 18, 19 y 20. 
Soy totalmente partidario de que se aprueben sus enmiendas. 
No estoy hablando en nombre de la Comisión de Política Regional, pero en cualquier caso, recomiendo vivamente que se aprueben. 
Señor Presidente, la legislación que trata sobre las molestias acústicas experimentadas por muchos ciudadanos en las proximidades de los aeropuertos civiles reviste gran importancia. 
En la actualidad, vemos que todavía quedan importantes discrepancias. 
Lo que no resulta posible en Maastricht, se permite en Bierzet, que está a tan sólo una distancia de 10 km. Los horarios diurnos y nocturnos varían. 
Cuando la noche se cierne sobre Düsseldorf, nosotros en los Países Bajos todavía volamos al alba y al anochecer. 
Es, por tanto, muy necesario que procuremos la armonización- aunque con prudencia- mediante la introducción de un sistema de tasas sobre el ruido aplicable a todos los aeropuertos europeos, que fomente la fabricación de aviones más silenciosos y prohíba los aviones ruidosos. 
Puedo informales de que la mayor parte de mi grupo votará, en el pleno, a favor de la propuesta modificada, según ha sido aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Acogemos con satisfacción las enmiendas presentadas con objeto de hacer más vinculante la propuesta de la Comisión y de este modo eliminar el elemento de competencia inapropiado. 
La propuesta del Sr. Blokland de modificar el factor de 20 como límite superior de la tasa a un factor de 40 es también excelente, puesto que, de hecho, al ampliar la franja de 13 a 16 dB, los aviones más ruidosos tendrán que pagar más por las perturbaciones acústicas ocasionadas. 
Por consiguiente, quiero manifestar mi apoyo al ponente y agradecer el esfuerzo que ha realizado para llegar a un acuerdo con todos. 
Aprovechando la presencia aquí de la Comisaria, me gustaría hacer un comentario diferente, aunque relacionado con este debate. 
Me aventuro, por tanto, a hacer un comentario de naturaleza diferente, aunque relacionada con el ruido de los aviones. 
Comisaria, aunque respeto la forma en que está usted tratando de enfrentarse al problema del ruido de los aviones, me gustaría también que nos explicara- y si no pudiera responder sobre la marcha, podría hacerlo por escrito- cómo podemos evitar que surjan nuevas fuentes de perturbación acústica. 
Puedo citar el ejemplo de Laarburch, en la frontera entre Alemania y los Países Bajos, respecto al cual se han formulado ya numerosas preguntas. 
En Laarbruch, un aeropuerto militar se está transformando en civil, y se está rechazando rotundamente cualquier contribución exterior. 
Además, no existe transparencia en las condiciones bajo las que se establecerá el aeropuerto, el mecanismo para la concesión de licencias o la cuestión de si se mantendrá un régimen de tasas diferentes para el día y la noche. 
Comisaria, me gustaría que nos explicara qué medidas concretas piensa usted adoptar para evitar que ocurran este tipo de cosas. 
Señor Presidente, me alegro de que estemos ya un paso más cerca de conseguir poner coto al ruido en Europa. 
Me gustaría comentar cuatro puntos importantes. 
En primer lugar, es conveniente establecer un criterio para aplicar un sistema de tasas sobre el ruido que promueva el uso de aviones más silenciosos por parte de las líneas aéreas. 
En nuestra opinión, lo que se recaude debe invertirse de nuevo en infraestructura para reducir las molestias acústicas. 
La introducción del nuevo sistema aumentaría la transparencia de un sistema actualmente ambiguo. 
En segundo lugar, no es obligatorio introducir este sistema en todos los aeropuertos, lo cual es conveniente, puesto que algunos aeropuertos presentan barreras naturales contra el ruido que podrían explotar económicamente. 
En tercer lugar, debería introducirse un sistema de certificación conforme a la norma ICAO. 
En mi opinión, es importante que no empecemos a utilizar otras normas, sino que investiguemos primero si podrían utilizarse en el futuro, y es conveniente que la contaminación acústica real experimentada por la población se traduzca en una clasificación del ruido. 
Es muy complicado trabajar con las clasificaciones del ruido que existen hoy en día. 
Como ya ha dicho el Sr. Blokland, existen siempre efectos externos que interfieren. 
En el futuro, me gustaría que esta cuestión se investigara más a fondo, para poder implantar y evaluar esas normas, pero no ahora. 
Mi último comentario se refiere al factor, respecto al cual nosotros, el Grupo ELDR, hemos adoptado una posición diferente. 
En nuestra opinión, el factor 1:20 además de los otros sistemas y los derechos de aterrizaje tiene ya un efecto suficiente sobre los precios y sobre el reto que supone para las líneas aéreas y las industrias a la hora de aplicar las tarifas. 
En nuestra opinión, se ha conseguido un buen equilibrio. 
Señor Presidente, la contaminación acústica tiene un efecto importante en el bienestar de muchos ciudadanos europeos. 
El ruido en las zonas próximas a los aeropuertos alcanza a menudo un nivel que resulta insoportable para millones de nuestros ciudadanos. 
Es, por ello, absolutamente esencial que los métodos de control se combinen con instrumentos económicos para reducir al mínimo la contaminación acústica. 
La primera medida que debe adoptarse es la retirada de los aviones más ruidosos. 
Hasta la fecha, esta medida se ha puesto en práctica sólo parcialmente. 
Tenemos entendido que muchos aviones que sólo cumplen los requisitos establecidos en el Capítulo 3, siguen utilizando los aeropuertos europeos. 
Ahora es fundamental que complementemos esas medidas de control con instrumentos económicos. 
Por ello, el uso de tasas y la aplicación del principio de que quien contamina, paga, es desde luego, una buena iniciativa. 
Acogemos, pues, con satisfacción la propuesta de la Comisión, que trata de introducir un sistema de tasas dentro de un marco comunitario armonizado. 
La finalidad es promover el uso de aviones más silenciosos por parte de las líneas aéreas y, además, evitar la competencia desleal entre aeropuertos. 
Ese tipo de competencia desleal en relación con el ruido es, evidentemente, muy dañina para los ciudadanos que residen cerca de esos aeropuertos. 
Dicho esto, aunque la propuesta de la Comisión parezca razonable en un principio, cuando se examina con más detalle se comprueba que carece del rigor y la efectividad suficientes, como ya ha señalado el ponente. 
Según esta propuesta, la introducción de tasas es opcional, lo que inevitablemente traerá consigo una política de competencia desleal. 
Además, la diferenciación entre los tipos de contaminación acústica es insuficiente. 
Puesto que la proporción propuesta de 1:20 entre las tasas máxima y mínima sobre el ruido es insuficiente, el ponente ha sugerido aumentar esa proporción de 20 a 40, lo cual es totalmente aceptable. 
En general, estamos de acuerdo con las propuestas del ponente, pero hemos añadido un elemento a esas propuestas que, lamentablemente, el ponente rechaza; a saber, que se tenga en cuenta el nivel de ruido por la noche y el nivel de ruido por el día, la noche y la tarde, que son dos indicadores extremadamente importantes de la contaminación acústica que nos permiten diferenciar entre tasas. 
Esperamos que el ponente revise su posición y tenga en cuenta el problema del ruido por la noche, porque es evidente que ese problema es, con toda seguridad, la peor molestia que uno puede sufrir. 
El problema no va a resolverse exclusivamente con tasas; pero en cualquier caso, esta medida ayudará a mejorar la situación. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, en principio los expertos en transporte de los Demócratas Cristianos apoyamos también la propuesta de la Comisión relativa a las tasas sobre el ruido, puesto que tenemos que imponer tasas más altas a los aviones más ruidosos que supongan para las líneas aéreas un incentivo práctico para utilizar aviones más silenciosos y, de esa forma, proteger a la población de un nivel innecesariamente alto de ruido percibido. 
Aquellos de nosotros que formamos parte de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo no estamos muy satisfechos con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, puesto que la Comisión de Medio Ambiente se ha limitado a rechazar las propuestas que la Comisión de Transportes había adoptado por gran mayoría. 
La Comisión debería reconsiderar la manera de reintroducir nuestras propuestas, puesto que las propuestas de la Comisión de Transportes tenían por objeto dotar a los aeropuertos de un marco mucho más sofisticado para el cálculo de las tasas sobre el ruido. 
Queremos que en la legislación quede claro que la carga puede repartirse entre más y que las tasas impuestas a los aviones pueden calcularse en función del ruido certificado o del ruido medido en los aeropuertos. 
Nuestra opinión es que lo que propusimos en la Comisión de Transportes es más efectivo desde el punto de vista medioambiental y establece normas más estrictas. 
En la UE siempre hemos actuado de hecho conforme al principio de que, cuando ya existen sistemas generalizados y efectivos para la protección del medio ambiente, y adoptamos una norma mínima a escala europea, los países y grupos con los sistemas más desarrollados no tienen que relajar sus normas. 
Usted, Comisaria, parece hacer caso omiso de la preocupación que he expresado en el sentido de que podríamos estar utilizando la legislación europea para relajar las normas vigentes sobre el ruido, como sería éste el caso. 
Un gran mayoría de nosotros en esta Cámara se ha manifestado de acuerdo con la enmienda 11, que tiene que añadirse al Informe Blokland, y con la que pretendemos dejar claro que los sistemas de tasas sobre el ruido que ya existan y sean más efectivos pueden mantenerse, de manera que la normativa europea no suponga dar un paso atrás en lo que se refiere a la protección del medio ambiente. 
En ese sentido, Comisaria, espero sus comentarios sobre la enmienda 11 con gran expectación. 
Señor Presidente, Señorías, la Directiva forma parte de una estrategia para combatir las molestias acústicas en los aeropuertos y sus proximidades, un tema que significa mucho para la población. 
La estrategia pretende conseguir que entren en servicio aviones más silenciosos y se establezcan unas tasas sobre el ruido más efectivas desde el punto de vista del medio ambiente. 
Eso ya está sucediendo en muchos aeropuertos europeos, pero a todos ellos les queda todavía un largo camino por recorrer. 
La Comisaria tiene razón cuando dice que cada Estado miembro tiene criterios muy diferentes a la hora de diferenciar entre las tasas y medir el nivel de ruido percibido. 
Existe una verdadera necesidad de armonización. 
Hasta aquí, la Directiva tiene sentido. 
Conseguirá, de una vez por todas, mejorar la transparencia y la igualdad de trato, así como la previsibilidad de las tasas que tienen que pagar las líneas aéreas, por lo que, además de mejorar considerablemente la protección contra el ruido, tendrá un efecto incidental sobre la competencia. 
La propuesta de Directa presenta, no obstante, un grave defecto, y ahora quiero hacer la misma advertencia que el Sr. Jarzembowski cuando ha dicho que significa una armonización a la baja, aunque sea involuntaria. 
Porque la propuesta de Directiva supone un freno tal del progreso que ya no puede considerarse un incentivo perceptible, ni puede ser el objetivo de nuestra política en materia de ruido y medio ambiente. 
Frankfurt, Londres, París, Múnich, Amsterdam, Hamburgo, Roma, Madrid y Stuttgart tienen otros sistemas de tasas sobre el ruido que consiguen una protección mucho mejor contra el ruido y esos sistemas deben mantenerse, aunque eso es precisamente lo que la propuesta de la Comisión impediría si no se modifica en algunos aspectos. 
¿A qué se debe esto? 
Si las tasas sobre el ruido no aumentan de manera considerable y progresiva- insisto, de manera considerable y progresiva- con el nivel de ruido, no servirán de incentivo económico efectivo. 
Por lo tanto, es preciso que los aviones silenciosos obtengan algún beneficio y los aviones ruidosos se vean obligados a pagar unas tasas cuantiosas. 
Sea cual sea la armonización necesaria, nuestro objetivo tiene que seguir siendo el de mantener una normativa europea lo más estricta posible en materia de prevención del ruido. 
Por ese motivo, mi grupo ha reintroducido tres enmiendas, que reflejan claramente la necesidad de mantener los sistemas de tasas que ya existen y son más eficaces desde el punto de vista del medio ambiente. 
Pido a la totalidad de la Cámara que apruebe estas enmiendas. 
En efecto, sería absurdo penalizar a los aeropuertos que proporcionan una protección mucho mayor contra el ruido que la que se ha propuesto aquí. 
. (ES) Señor Presidente, quiero reiterar, en primer lugar, mi agradecimiento al Sr. Blokland, por el trabajo realizado. 
La Comisión no puede aceptar todas las enmiendas propuestas, entre otras cosas porque, a la hora de regular este tipo de cuestiones, hay que tener en cuenta un equilibrio entre la necesaria armonización, que evite que cada uno vaya por su lado, y el margen de la actuación de los distintos Estados de la Unión y de las distintas autoridades responsables, es decir, el principio de subsidiariedad. 
Señorías, no podemos aceptar las enmiendas que cito a continuación: la enmienda 3, que prevé basarse en el ruido medido en los aeropuertos, y no en el ruido certificado de la aeronave, porque disminuiría significativamente la trasparencia del sistema de tasas y también podría causar discriminación, debido a las grandes diferencias entre los sistemas de medición del ruido que se emplean en los distintos aeropuertos. 
La enmienda 4, que no deja suficientemente claro que el concepto de modulación de las tasas debe aplicarse, tanto en el caso de un marco neutral, desde el punto de vista de los ingresos, como cuando los ingresos se utilizan para financiar medidas de atenuación de los efectos medioambientales. 
La enmienda 8, que obligaría a la Comisión a preparar un informe sobre la posibilidad de sustituir a largo plazo el sistema propuesto por un sistema basado en la medición del ruido. 
Como la Comisión considera que esta metodología no garantizaría una trasparencia suficiente, como he dicho respecto de la enmienda número 3, entendemos que no tiene sentido llevar a cabo el estudio correspondiente. 
Si decimos que esas enmiendas pretenden aumentar las diferencias y, por lo tanto, disminuyen el efecto armonizador que busca la propuesta de la Comisión, debo decir que, sin embargo, tenemos que rechazar la enmienda 9, que establece una tasa mínima sobre el ruido, porque los aeropuertos que carecen de problemas de ruido no tienen por qué, en principio, estar obligados a imponer tasas sobre el ruido. 
La enmienda 10 no puede aceptarse, ya que no dejaría suficientemente claro que aumentar los ingresos de las tasas sobre ruido es una opción y no una obligación. 
Lo mismo ocurre con las enmiendas 11, 15, 16 y 17, porque van en contra del objetivo principal de las propuestas, que es lograr un mínimo de armonización. 
Y en ese sentido le digo al Sr. Jarzembowski que si dejamos ya lo que está hecho, lo siento mucho, pero tendríamos una armonización bastante reducida. 
La enmienda 13 no puede ser refrendada, porque obligaría a todos los aeropuertos a aplicar un sistema de impuestos por ruidos y las 18, 19 y 20 no sólo se descartan porque la inclusión o referencia a objetivos europeos armonizados queda fuera del campo de aplicación de esta propuesta, sino también porque son complemente incompatibles con el método propuesto para el cálculo de las tasas sobre las emisiones sonoras. 
Señorías, hay una serie de enmiendas que son aceptables, pero hay otras que no podemos aceptar, o porque pretenden una armonización que va demasiado lejos o porque, por el contrario, debilitarían demasiado la armonización propuesta. 
Agradezco nuevamente las intervenciones de los distintos diputados. 
Muchas gracias, Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
El siguiente punto del orden del día es el informe (A5-0253/2002) elaborado por el Sr. Beysen, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las promociones de ventas en el mercado interior [COM (2001) 546- C5-0475/2001- 2001/0227 (COD) ]. 
En primer lugar intervendrá el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión. 
Debo advertir a todos que, debido al número de oradores previsto, está claro que no podremos concluir este debate antes de la votación. 
En nombre de la Presidencia, me gustaría pedir disculpas a los diputados que tengan que volver esta noche para realizar sus intervenciones. 
Señor Presidente, es para mí un gran placer presentar, aunque sea brevemente, el tema del día, y posiblemente del momento, a sabiendas de que tendré otra oportunidad de explicar la opinión de la Comisión sobre esta cuestión al final de las intervenciones de los señores diputados. 
Me gustaría decir lo siguiente a modo de introducción. 
La propuesta de Reglamento relativo a las promociones de ventas pretende crear un mercado interior en el terreno de los descuentos, los obsequios, las primas y los concursos y juegos promocionales. 
La Comisión ha estimado que la actual fragmentación normativa en este campo obstaculiza la prestación transfronteriza de tales servicios. 
El Parlamento ha solicitado, en este sentido, la adopción de medidas rápidas. 
El Reglamento propuesto trata de responder a esa petición armonizando los requisitos de información y suprimiendo restricciones nacionales ya obsoletas en este campo. 
Tengo el placer de presentarles la propuesta de resolución del Parlamento elaborada por el Sr. Beysen. 
Aunque se han presentado algunas enmiendas al texto de la Comisión, el resultado sigue la línea de la modernización prevista y los objetivos del mercado interior. 
El objetivo de la propuesta es suprimir algunos límites impuestos al valor de las promociones de ventas y, al mismo tiempo, armonizar una serie de requisitos de información. Este enfoque equilibrado debe mantenerse. 
De hecho, la mayor parte de las enmiendas del Parlamento reconocen la necesidad de ese enfoque, pero la Comisión está menos convencida de las enmiendas que reintroducen un límite sobre el valor de las promociones de ventas, como la enmienda 29, o las enmiendas que suprimen requisitos de información, como las enmiendas 49 y 54. 
Esta propuesta ha causado inquietud en las siguientes cuatro áreas: el tratamiento de las prohibiciones nacionales sobre la reventa por debajo del coste; la relación entre esta propuesta y las actividades actuales de la Comisión relativas a una iniciativa mucho más general con respecto a unas prácticas comerciales justas; las disposiciones que regulan los juegos promocionales, en relación a las cuales la Comisión ha sido acusada de fomentar actividades de juego ilícitas; y finalmente, las críticas que ha recibido también la Comisión por hacer un uso excesivo del reconocimiento mutuo como punto de partida. 
Me gustaría ceñirme a esos comentarios introductorios. 
Como ya he mencionado, al final de las intervenciones de los diputados, la Comisión tendrá otra oportunidad de comentar estas cuatro objeciones generales con más detalle. 
Pero antes de que la Comisión lo haga, me gustaría escuchar las opiniones de los diputados. Eso le permitirá a la Comisión dar mejores respuestas esta tarde. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, en primer lugar me gustaría pronunciar unas palabras de agradecimiento hacia todos mis colegas en esta Cámara y, especialmente, a los ponentes de la oposición, con los que he trabajado estrechamente para presentar al pleno el informe sobre las promociones de ventas. 
Hemos recorrido un largo viaje, plagado de obstáculos, que se inició en 1996 con la primera publicación del Libro Verde, seguida de la comunicación de seguimiento de la Comisión en 1998. 
Después de una amplia ronda de consultas, la Comisión presentó una propuesta pragmática y claramente definida en octubre de 2001, para la que se designó a un ponente en noviembre de 2001. 
En el terreno de las promociones de ventas, esta propuesta de Reglamento pretende eliminar medidas obsoletas y discrepancias profundas de la legislación vigente en los quince Estados miembros. 
Estas numerosas discrepancias impiden especialmente a las pequeñas y medianas empresas la penetración en los distintos mercados europeos. 
Ni que decir tiene que cuando las empresas no pueden comunicarse a través de sus fronteras, no pueden hacer negocios a escala internacional. 
Además, las promociones de ventas tienen muchas facetas y pueden adaptarse a circunstancias diferentes. 
Pueden utilizarse para lanzar productos innovadores al mercado, promover relaciones con los clientes, fomentar campañas de corta duración dándoles alguna ventaja competitiva, reaccionar rápidamente a un descenso del volumen de ventas o gestionar de una manera eficaz las existencias. 
Además, el presente Reglamento reforzará considerablemente la posición del consumidor. 
El consumidor no sólo recibirá mucha más información, sino que también, a través del desarrollo del mercado interior, podrá beneficiarse plenamente de unos precios mejores. 
Después de todo, un mercado interior de mayor tamaño aumenta la competencia, lo que significa precios más bajos, en parte debido a la introducción del euro. 
Por eso, yo considero que esta propuesta es una iniciativa muy importante para el futuro desarrollo del mercado interior. Es también un primer paso para poner en práctica las buenas intenciones manifestadas en la Cumbre de Lisboa. 
Después de todo, nadie puede negar que dos años después de celebrarse esa cumbre tan debatida, el progreso que hemos realizado es decepcionante. 
¿No desea Europa convertirse en una economía más competitiva basada en el conocimiento? 
Creo que ha llegado el momento de dar otro paso más en la dirección correcta con un reglamento de este tipo sobre las promociones de ventas. 
Sus consecuencias de largo alcance y los muchos intereses en juego han hecho que la propuesta provoque una reacción a la que la Comisión se refería antes. 
Me gustaría insistir en los principales retos a los que nos enfrentamos. 
En lo que respecta al fundamento jurídico, yo siempre he creído que un Reglamento, al entrar en vigor más rápidamente y tener una aplicación directa, es un instrumento jurídico mucho más eficaz que una Directiva. 
El tema de la venta por debajo del coste ha quedado aplazado temporalmente por las excesivas discrepancias en las posiciones adoptadas por los Estados miembros. 
Por mi parte, he presentado una enmienda de compromiso al respecto, en la que solicito a la Comisión que investigue más a fondo el tema. 
El motivo de presentar esa enmienda es que no quiero que la liberalización de la venta por debajo del coste tenga un efecto negativo en las pequeñas y medianas empresas. 
Por lo tanto, he presentado una enmienda que contiene la petición expresa de que se proteja a las PYME. 
En dicha propuesta cobra gran importancia el reconocimiento mutuo o, en otras palabras, el principio del país de origen. 
Ese principio es también la piedra angular del mercado interior. Significa simplemente que los Estados miembros tienen que reconocer que no pueden aplicar sus respectivas legislaciones nacionales a las promociones procedentes del exterior. 
Además, es ya una fórmula ampliamente utilizada habitualmente en nuestra legislación comunitaria. 
La Directiva relativa a la televisión sin fronteras y la Directiva relativa al comercio electrónico son dos ejemplos de ello. 
Finalmente, me gustaría comentar la imposición de un límite de edad para los niños. 
Yo siempre he sido partidario de la edad de catorce años, salvo que algunos productos específicos requieran otros límites de edad. 
Tras extensas consultas bilaterales con mis colegas diputados de las distintas comisiones, he conseguido resolver estos retos de una manera pragmática. 
Estoy satisfecho con el resultado, aunque soy consciente de que tendrán que hacerse más ajustes en futuros debates sobre la propuesta de resolución. 
Creo que el Parlamento le ha remitido al Consejo un asunto de gran importancia, y espero este debate con gran interés. 
Señor Presidente, el reglamento relativo a las promociones de ventas es un asunto problemático y controvertido, como ha quedado claro con las intervenciones del Comisario Bolkestein y el Sr. Beysen. 
Me gustaría agradecer al Sr. Beysen el resultado tan útil que ha obtenido de esas largas deliberaciones. 
Esa tarea fue realmente difícil, puesto que el debate se centró en la protección del consumidor, la consolidación del mercado interior, la burocracia que todavía existe en los Estados miembros y los problemas que afectan a las pequeñas empresas. 
Los tratados europeos establecen el principio de una economía de libre mercado y libre competencia. 
El interés público se defiende mejor con unos mercados que funcionen bien que con la burocracia. 
La aplicación de estas reglas de la competencia es responsabilidad de los Estados miembros, por un lado, y de las instituciones europeas, por otro. 
Es precisamente la introducción del euro lo que ha hecho tan necesaria la armonización en este terreno. 
Todos, salvo un número muy pequeño de miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, han acogido con satisfacción la línea básica de la propuesta de Reglamento de la Comisión y su opinión hace más hincapié en el mercado interior que el texto definitivo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
En particular, hemos sido más francos en lo que se refiere al principio del país de origen. 
Debemos reconocer nuestro deseo de mantener las leyes nacionales sobre los cárteles y las leyes contra la competencia desleal, pero dando un paso más hacia delante. 
Las disposiciones referentes a las leyes sobre los cárteles en el Tratado de las Comunidades Europeas y las disposiciones nacionales esenciales sobre las ventas por debajo del coste deben mantenerse, puesto que protegen a las empresas más pequeñas frente a los grandes grupos corporativos. 
Tienen que establecerse derogaciones justificables en áreas específicas, como loterías, miembros de profesiones y medicinas. 
La adopción explícita de métodos para fomentar la lealtad de los clientes, aparte de los descuentos normales, es también correcta y necesaria, algo que la Comisión no ha tenido en cuenta. 
La supresión de la normativa que prohíbe las ventas por debajo del precio de coste, solicitada por la Comisión de Asuntos Económicos y aceptada por la Comisión de Asuntos Jurídicos, es correcta y apropiada. 
En este sentido, quiero contradecir expresamente los comentarios del Comisario Bolkestein. 
La Comisión ha propuesto obligaciones de transparencia como una condición previa para la prohibición prevista de las ventas por debajo del coste, y esto no tiene nada que ver con la práctica actual, es cuestionables desde el punto de vista de las leyes sobre la competencia y llevaría a adoptar acuerdos para fijar el precio de reventa. 
Ese no puede ser nuestro objetivo y, por tanto, Comisario, no creo que consiga un apoyo mayoritario del Parlamento a ese sistema. 
Señor Presidente, Señorías, lo menos que podemos decir es que la votación de esta propuesta de Reglamento para liberalizar las promociones de ventas es prematura. 
Una vez más, la Comisión ha empezado la casa por el tejado, sin esperar a conocer el punto de vista del Parlamento Europeo. 
La Comisión se ha declarado ya partidaria de la opción abierta en un Libro Verde sobre la protección del consumidor que no será examinado por la Cámara hasta dentro de varias semanas. 
Por consiguiente, además de la ligera incoherencia del planteamiento adoptado, no podemos dejar de condenar la escasa atención prestada al punto de vista del Parlamento, que se ha visto reducido a la mera aprobación de unas políticas que ya habían sido decididas previamente por la Comisión. 
La elección del instrumento jurídico que representa el Reglamento desempeña un papel importante en todo esto. 
Hubiera sido quizá preferible una Directiva marco que dejara un margen de flexibilidad a los Estados miembros, pero con ella se habrían reanudado los debates a escala nacional que han concluido con la elección del Reglamento, algo que la Comisión no deseaba. 
Me gustaría insistir especialmente en la cuestión del reconocimiento mutuo, un principio recomendado por la Comisión para mejorar el funcionamiento del mercado interior. 
Debo poner de relieve las dificultades prácticas que plantea la aplicación de ese principio. 
Los consumidores desconocen totalmente las legislaciones extranjeras y los jueces nacionales tienen dificultades para aplicar una legislación extranjera que se contradice con la legislación nacional. 
En segundo lugar, con el principio del reconocimiento mutuo se corre el riesgo de desembocar en una liberalización perjudicial tanto para los operadores económicos como para los consumidores. 
Los operadores en situación de desventaja por la aplicación de este principio se verán lógicamente tentados a presionar a sus gobiernos respectivos para que adapten sus legislaciones nacionales a las legislaciones más liberales. Esto conllevará a su vez una relajación de la política de protección del consumidor en toda la Unión Europea. 
Por eso, propongo sustituir este principio que, por cierto, se ha formulado de una manera muy imprecisa en la propuesta de Reglamento, por una fórmula que es, de hecho, la que se utiliza en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
En cuanto al resto, creo que el texto, tal como ha quedado después de las votaciones en las respectivas comisiones, sigue conteniendo los aspectos fundamentales que los Estados miembros consideran necesarios para la protección de sus consumidores. 
No obstante, todavía no hemos debatido una política realmente europea para la protección del consumidor y, desde luego, esperamos que se debata en un futuro próximo, cuando se presente el Libro Verde al Parlamento. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, un 10% más por el mismo precio; un segundo par de gafas por sólo un euro más; tres por el precio de dos; un obsequio con cualquier compra... estos son los reclamos habituales de las llamadas promociones de ventas. 
Cuando el consumidor aprovecha este tipo de oportunidades, probablemente no es consciente de la sutileza de un fenómeno que es tan económico como cultural. 
Las diferencias entre la definición de obsequio, bono, descuento y juego promocional son extremadamente sutiles y lo que el francés considera razonable será impensable para un alemán, mientras que el inglés no entenderá por qué sus vecinos imponen tantas reglas y considerará que el consumidor es ingenuo. 
Este informe es un buen ejemplo de cómo se solapan las cuestiones económicas y culturales, lo que explica en parte la apasionada respuesta que ha provocado. 
La respuesta inicial fue rechazar el informe. 
No obstante, ante la actitud decidida del Sr. Beysen y después de un proceso de conciliación no menos decidido por naturaleza por parte de mis colegas del PPE-DE, optamos por una posición que refleja nuestro compromiso con la Comunidad. 
Así pues, nos declaramos partidarios de un Reglamento que, en un mercado regulado por el euro, liberalice y armonice las promociones de ventas, asegurando al mismo tiempo que ese mismo Reglamento proteja tanto a los consumidores como a las pequeñas y medianas empresas. 
Desde esa perspectiva, descartamos la liberalización de las ventas y la reventa por debajo del coste, pidiendo a la Comisión Europea que realizase un estudio más detallado de este tema específico. 
Para gestionar esta promoción comunitaria sólo pudimos remitirnos al principio del reconocimiento mutuo, que es fundamental y apuntala toda la infraestructura del mercado interior. 
Dicho esto, en este caso específico, tuvimos que redefinir claramente el ámbito de aplicación del principio, puesto que existen discrepancias importantes en las legislaciones nacionales. 
El texto propuesto contenía en un principio más de 300 enmiendas. 
Finalmente se redujeron a 58, lo cual no sólo representa un esfuerzo considerable, sino también la voluntad común de seguir adelante. 
No olviden que, en Lisboa, los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a hacer de Europa la nación más competitiva del mundo. 
Todos tuvimos que mantener una mentalidad abierta, demostrar una gran fuerza de voluntad y escuchar atentamente a los demás, y así se ha enviado una clara señal a los gobiernos de los Estados miembros. 
Por eso recomendamos que se adopte el texto en la forma que fue aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y que se rechacen las enmiendas presentadas en el pleno. 
El mercado interior tiene un potencial enorme y podemos superar cualquier dificultad si demostramos la firme voluntad de seguir nuestro camino. 
Señor Presidente, todos coincidimos en la necesidad de permitir que las empresas de toda Europa realicen promociones de ventas en el territorio de la Unión Europea. 
Las promociones de ventas son una herramienta clave para comercializar bienes y servicios y necesitamos eliminar restricciones y barreras para permitir que las empresas y los consumidores aprovechen las oportunidades del mercado interior. 
En el Reino Unido es frecuente que los consumidores puedan y, de hecho, se beneficien de las promociones de ventas, por ejemplo de los vales de descuento. 
En el año 2000, por ejemplo, en el Reino Unido se cajearon 531 millones de vales; entre 1999 y 2000 hubo un incremento del 122,5 % en la utilización por parte de los consumidores de vales y promociones a través de Internet. 
Se trata, por tanto, de un fenómeno popular y necesitamos regular y abrir este ámbito a los consumidores y a las empresas. 
No obstante, es importante que la Comisión aborde algunas de las cuestiones que inquietan a los diputados al Parlamento europeo y del grupo político al que pertenezco, en especial la de las ventas por debajo del precio de coste. 
También presentamos una enmienda para exigir a la Comisión la elaboración de un estudio en este ámbito. 
Estas preocupaciones están justificadas, ya que a veces las ventas por debajo del precio de coste pueden utilizarse para desplazar a la competencia con precios abusivos; esto no ayuda al pequeño comercio ni tampoco al consumidor. 
Por esta razón, en aras de una mejor legislación, tal y como ha pedido el Comisario Prodi recientemente, mi grupo ofrecerá su apoyo a la Comisión en esta reglamentación, con la condición de que se lleve a cabo un estudio de evaluación para determinar exactamente cómo las ventas por debajo del precio de coste pueden beneficiar tanto al pequeño comercio como a los consumidores. 
Este estudio también debería tratar la necesidad de fortalecer los instrumentos de política de competencia para impedir los precios abusivos y sus efectos secundarios no deseados. 
El mercado interior no debe convertirse en una batalla para conseguir gangas de los grandes distribuidores, expulsando a las PYME fuera de los mercados, con el resultado de una menor capacidad de elección por parte de los consumidores. 
También debemos garantizar que las exigencias de información del anexo sean suficientemente claras. 
Es importante que una empresa entienda claramente cuáles son sus obligaciones a la hora de facilitar información sobre promociones. 
También es importante que los consumidores tengan suficiente información sobre la promoción y sobre los recursos legales que tienen a su disposición, bien a través de los tribunales de justicia, bien mediante sistemas alternativos de resolución de litigios. 
Por tanto, el Grupo del PSE ha presentado una enmienda en la que solicita a la Comisión que, en consulta con los grupos de consumidores y con el sector, asegure el cumplimiento claro e inequívoco de las exigencias de información. 
La manera en que están redactados actualmente es confusa y ha dado pie a que las empresas ejerzan presiones sobre los diputados al Parlamento europeo y formulen quejas relacionadas con la falta de claridad, y también a avisos de los consumidores de que hay lagunas de información. 
Si este reglamento ha de pretende obtener seguridad jurídica, entonces los requisitos deben quedar claros. 
No obstante, coincido con el Comisario en que la respuesta no es, como ha propuesto el Grupo PPE-DE, suprimir dichas exigencias y, al igual que la Comisión, votaremos en contra de tal supresión. 
El Grupo PSE ha optado por una línea sólida para proteger a los menores de promociones dañinas relacionadas con el alcohol y el tabaco. 
Espero que se les tenga en consideración. 
Finalmente, un breve punto sobre el reconocimiento mutuo. 
Personalmente, creo que el reconocimiento mutuo ya funciona. 
Cada día, en Internet, se realizan más y más ventas y negocios a través de las fronteras, aplicando el principio del reconocimiento mutuo. 
No podemos cerrar los ojos y negar algo que ya existe. 
Señor Presidente, este es un acto legislativo importante que ayudará a mejorar y consolidar el mercado único, garantizando que no existan excesivas diferencias transfronterizas entre las normas aplicables a la promoción de ventas. 
Con razón se trata de un reglamento, porque simplemente suprime ciertas prohibiciones sobre las promociones de ventas, a la vez que deja que, en otros casos, sea cada Estado quien decida sobre sus propias preferencias jurídicas, económicas y políticas. 
En este sentido, supone una importante contribución a la consolidación del mercado único, y el grupo al que pertenezco le dará su apoyo con el mismo espíritu, y también apoyará las mismas enmiendas que la señora McCarthy acaba de hacer en nombre del PSE. 
Me gustaría hace hincapié en algunos aspectos. 
En primer lugar, no se trata de una merma de la protección al consumidor. 
De hecho, algunas de las enmiendas dejan totalmente claro que deseamos que las promociones de ventas tengan la libertad máxima que sea compatible con las respectivas leyes de protección del consumidor. 
En segundo lugar, hay cierta preocupación en torno al destino de los pequeños comercios frente a las grandes organizaciones de distribución, cuyas promociones de ventas pueden estar destinadas a fomentar el cierre de la ' tienda de la esquina? y a hacer crecer el supermercado. 
Nos oponemos radicalmente a esto y subrayamos, en las enmiendas que apoyamos así como en aquellas a las que dimos nuestro apoyo en comisión, que las leyes sobre la promoción de ventas deben ser plenamente conformes con las leyes en materia de competencia y con la voluntad de impedir el abuso de posición dominante en el mercado. 
Dadas estas garantías, incluidas las garantías de protección de los menores, mi grupo votará en el día de hoy, con la mejor de las voluntades, a favor de esta medida. 
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de Reglamento de la Comisión demuestra que la obsesión por hacer que todo sea uniforme, sin tener en cuenta la subsidiariedad, afectará a los grupos de rentas más bajas. 
Los representantes electos del grupo CPNT [Chasse Pêche Nature Traditions] no están dispuestos a abandonar a los pequeños minoristas y los pequeños negocios en las garras del sector de la distribución masiva, que es libre de embarcarse en la práctica anticompetitiva de unas ventas por debajo del coste. 
La legislación de varios países prohíbe este tipo de conducta poco limpia. 
El consumidor sufrirá las consecuencias en dos frentes. 
Las ventas por debajo del coste no constituyen un acto de caridad, sino que pretenden hacerse con una cuota de mercado que otros tendrán que perder. 
Los ciudadanos sufrirán también las consecuencias del cierre de los pequeños establecimientos, que ya atraviesan graves dificultades en las zonas rurales y en los centros urbanos. 
Nadie pone en duda la calidad del trabajo realizado por nuestros colegas miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y es cierto que se han eliminado muchos elementos negativos, pero existe el riesgo de que la Comisión, como en muchos otros asuntos, ignore este trabajo y mantenga, en casi todo, su postura original. 
En resumen, nosotros creemos que la única alternativa política que resulta apropiada y responsable, como ya les han expuesto, es rechazar las propuestas de la Comisión, porque eso nos beneficiará a todos. 
Si permitimos que la situación empiece a decaer, luego no podremos ser los primeros en quejarnos cuando todo vaya mal en el futuro. 
Señor Presidente, toda libertad se basa en un equilibrio. 
La libertad económica se basa en un equilibrio entre los intereses de los consumidores y los de los empresarios y distribuidores. 
Esta libertad se perderá, desde luego, si introducimos una desigualdad que beneficie a una u otra parte. 
Eso es simplemente lo que la Comisión ha tratado de hacer con el engañoso pretexto, una vez más, de la obligada armonización. 
Al tratar de suprimir las restricciones sobre las promociones de ventas impuestas por los Estados miembros, la Comisión está eliminando las medidas de seguridad esenciales que las legislaciones nacionales han implantado para proteger los intereses de los consumidores, los pequeños productores y los minoristas. 
La reventa por debajo del coste o la liberalización de los períodos y las condiciones de venta desembocarán en unas prácticas comerciales peligrosas e irresponsables, que con el tiempo terminarán por deteriorar nuestras economías. 
Además, la introducción del euro no debe utilizarse como excusa para subir los precios. 
Por consiguiente, no puedo más que acoger con satisfacción las enmiendas que han sido adoptadas en las distintas comisiones parlamentarias que han participado en la elaboración de este texto y que siguen respetando las legislaciones nacionales en este campo. 
La armonización a la baja, que es lo que parece desear la Comisión, va en contra del sentido común y de la solvencia empresarial de los operadores económicos, en particular de los más frágiles. 
Los pequeños comercios y las pequeñas empresas constituyen la fuerza motriz que impulsa nuestra economía. 
Creo que es necesario insistir en esto y reiterar que, sin ellos, la diversidad de la oferta y la garantía de calidad desaparecerían. 
Además, también son importantes para alcanzar un equilibrio social y económico en nuestra sociedad. 
Tenemos que tratar de no alterar ese equilibrio, puesto que nadie saldría beneficiado, ni en nuestra calidad de consumidores, ni en nuestra calidad de políticos. 
Muchas gracias. 
El debate queda aplazado. Cedo la palabra al Sr. Harbour para pasar al siguiente punto del orden del día antes de comenzar el turno de votaciones. 
Señor Presidente, una cuestión de observancia del reglamento. 
Estoy convencido de que hablo en nombre de todos mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, algunos de los cuales aún se encuentran aquí. 
¿Puedo protestar en nombre de todos los colegas que se dedican a este expediente sobre el modo inadmisible en que se ha programado este debate? 
Los servicios de organización del periodo de sesiones sabían que no podría concluir y, como podrá comprobar en su sistema informático, se habían programado otros debates a continuación, que bien podrían haberse fijado para más adelante. 
Ahora nos vemos obligados a interrumpir este debate hasta las nueve y media de la noche. 
La Sra. Montfort y mi colega del EDD han intervenido en circunstancias inaceptables. 
Considero que esta no es la mejor manera de dirigir una cámara que se supone está celebrando un debate serio sobre estas cuestiones. 
No es necesario hacerlo; no hay razón alguna para dividir los debates. 
Usted dispone de la información, y entiendo que no puede haber intervenciones como es debido cuando hay gente entrando en el salón de sesiones. 
Espero contar con el apoyo de todos mis colegas al sugerir que deberíamos controlar seriamente el modo en que se llevan a cabo las actividades en esta cámara. 
Señor Harbour, he tomado buena nota de su queja, que trasladaré a los servicios responsables de programar nuestro orden del día. 
Mientras usted hablaba, sus colegas diputados han ocupado sus asientos y vamos a proceder a la votación. 
Señor Presidente, hemos tardado más de diez minutos en bajar de la novena planta al Hemiciclo. 
Estos ascensores no sirven para nada, o los arquitectos que los diseñaron son unos perfectos inútiles. 
(Grandes aplausos) 
Mi colega diputado que se sienta a mi lado ha hecho un comentario muy acertado. 
Ha dicho: «Tenemos los ascensores más seguros de toda Europa.» Son tan seguros porque ya no funcionan. 
Si no funcionan, nunca pueden estropearse. 
Pero quizá deberían desempeñar la función para la que fueron diseñados. 
Señor Presidente, en observancia del reglamento, el motivo por el cual parecía que no funcionaban los ascensores era que los guardias de seguridad se encontraban abajo y habían bloqueado al menos tres, ¡por lo visto, porque una delegación estaba visitando el Parlamento! 
Debido al mal diseño de este edificio, los ascensores apenas tienen capacidad suficiente para los diputados, no digamos si encima los guardias de seguridad bloquean el uso de dos o tres de ellos justo en el momento preciso en que todo el mundo acude a votar. 
Los servicios de organización de las sesiones deberían organizarse mejor ellos mismos. 
Señor Presidente, me gustaría decir que me he quedado atrapado en un ascensor durante 15 minutos, de manera que es cierto que los ascensores no funcionan. 
-Informaremos debidamente de ello a los servicios. 
Lo único que puedo asegurarle es que el Presidente no estaba bloqueando ningún ascensor. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Solicitud, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de consulta al Comité de las Regiones sobre el papel de las regiones en el proceso de la integración europea. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Informe (A5-0268/2002) de Michel Rocard, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión nº 253/2000/CE por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de educación «Sócrates» (COM (2002) 193- C5-0188/2002- 2002/0101 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0260/2002) de Salvador Jové Peres, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 96/411/CE relativa a la mejora de las estadísticas agrícolas comunitarias (COM (2002) 080- C5-0064/2002- 2002/0044 (COD)) 
Desde 1996, este Parlamento viene propugnando la utilización de la documentación administrativa derivada de los pagos del FEOGA-Garantía a efectos estadísticos. 
La política comunitaria que más fondos absorbe genera una enorme cantidad de información, que actualmente queda desaprovechada. 
Dicha información podría suministrar un resultado mucho más actual, un retrato más actual y fiable de la agricultura comunitaria, que muchas encuestas mucho más caras y menos fiables. 
Hoy nos encontramos ante la revisión intermedia de la Agenda 2000, y sería deseable afrontarla con más y mejores informaciones estadísticas. 
Si la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha retirado sus enmiendas ha sido porque, a lo largo del debate, la Comisión publicó un informe acerca de la creación de una base de datos sobre los pagos realizados por el FEOGA-Garantía, es decir, sobre la distribución de las ayudas agrarias. 
La Comisión de Agricultura entendió que dicho informe daba satisfacción a nuestras demandas con un compromiso de transparencia por parte de la Comisión para con el Parlamento y el conjunto de la sociedad. 
En el segundo guión de las conclusiones de dicho informe, se establece que dicha base de datos se pondrá en marcha a partir del 1 de enero de 2003, aunque esto no impedirá la presentación de cifras indicativas antes de dicha fecha. 
Reiterando a la Comisión la necesidad de disponer de dichas informaciones, con vistas a la reforma intermedia de la Agenda 2000, me gustaría que la Comisión respondiera a una pregunta simple: ¿con qué fecha se pondrá en marcha la base de datos en cuestión, y cuándo se presentarán las cifras indicativas? 
Cuanto antes sea, ello redundará en mejor trabajo para nuestra comisión y para la revisión de la Agenda 2000. 
. 
Señor Presidente, la respuesta a esta pregunta es, como el Comisario Fischler ya ha indicado en varias cartas enviadas a diputados de este Parlamento, que a principios de otoño tiene la intención de publicar información estadística sobre los destinatarios de los pagos directos, clasificados según el importe. 
Las estadísticas abarcan 14 Estados miembros, ya que las cifras de Grecia aún no están disponibles. 
Por supuesto, sólo se tratará de información estadística y no incluirá ningún tipo de información personal sobre dichos destinatarios. 
. 
(FI) Señor Presidente, la Comisión propone que la Comunidad Europea apruebe la Convención conjunta, pero quiere hacer constar una reserva en relación con el artículo 27. 
Dicho artículo es importante, dado que permite a los signatarios de la Convención prohibir unilateralmente la importación de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos extranjeros. 
Entonces, ¿por qué incluir esa reserva? 
Tras la deliberación de la comisión sobre el asunto, cabe afirmar lo siguiente: un Estado miembro de la UE puede prohibir categórica y unilateralmente la importación de combustible nuclear agotado de un Estado extracomunitario. 
Asimismo, un Estado miembro de la UE puede prohibir la importación de combustible gastado de otro Estado miembro cuando ese combustible ya no vaya a reprocesar, sino a almacenar definitivamente en otro país. 
Un país no podrá imponer una prohibición unilateral sobre la importación de combustible gastado destinado al reprocesamiento. 
La reserva con respecto al Artículo 27 que propone la Comisión no allanaría el camino para un mercado único europeo del almacenamiento definitivo de residuos nucleares; al contrario, permitiría a la CE enmendar la Directiva 92/3/Euratom para asegurar su compatibilidad con la Convención conjunta. 
Señor Presidente, propongo a la Cámara que apruebe el texto de la enmienda 33 sin las palabras «y el entrenamiento». La razón es que ya hemos añadido el caso de la movilización rápida a los muchos casos en los que se pueden suspender las normas del «cielo único». 
Señor Presidente, necesito un técnico. 
En un primer momento pensé que era un logro extremadamente inteligente por mi parte, pero lo ha hecho la máquina. 
Aunque he votado en contra, se ha encendido la luz verde. 
-Sabemos que no falta ningún diputado. 
Debe ser el aparato. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0266/2002) de Marieke Sanders-ten Holte, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, 
1. sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo (COM (2001) 564- C5-0482/2001- 2001/0235 (COD) ), 
2. sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la organización y utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo (COM (2001) 564- C5-0483/2001- 2001/0236 (COD) ) y 
3. sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la interoperabilidad de la red europea de gestión del tráfico aéreo (COM (2001) 564- C5-0484/2001- 2001/0237 (COD)) 
(En votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las tres resoluciones legislativas) 
Informe (A5- 0265/2002) de Nelly Maes, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de las aeronaves de terceros países que utilizan los aeropuertos de la Comunidad (COM (2002) 8- C5-0023/2002- 2002/0014 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0269/2002) de Hans Blokland, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de un marco comunitario para la clasificación de las emisiones acústicas de los aviones subsónicos civiles, para el cálculo de las tasas sobre el ruido (COM (2001) 74- C5-0001/2002- 2001/0308 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0242/2002) de Struan Stevenson, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre las opciones para fomentar el cultivo de proteínas vegetales en la UE (COM (2001) 148 /2- C5-0260/2001- 2001/2116 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Colegas, gracias por su colaboración. 
En menos de una hora hemos conseguido votar 15 informes de acuerdo con el nuevo Reglamento y más de 360 enmiendas. 
Con esto concluye la votación. 
EXPLICACIONES DE VOTO 
Hasta la fecha, el programa Sócrates ha contribuido de manera importante a los intercambios educativos, pero su gestión resulta cara y los requisitos burocráticos son excesivos. 
Técnicamente, la propuesta de la Comisión responde a las propuestas del Parlamento destinadas a reducir la burocracia, pero queda mucho camino que recorrer hasta que el centro de enseñanza más pequeño y remoto pueda participar con facilidad en el programa. 
. La PAC supone casi la mitad del presupuesto de la UE, y es lógico que se rindan cuentas de cada euro gastado. 
Apoyo plenamente la necesidad de contar con bases de datos eficientes. 
Ahora bien, recordemos cuál es el propósito de dicha recopilación de datos. 
Debería permitir una administración más eficiente de la PAC y una utilización más eficiente de los fondos públicos. 
La clave es la simplificación: no la complicación. 
No tenemos que generar aún más papeleo ni trámites administrativos para los ya atribulados agricultores. 
Si queremos favorecer que la gente siga dedicándose a la agricultura- en especial los jóvenes -, no debemos hacer de ella una carrera que tiene más que ver con montañas de papeleo que con la producción de alimentos y el cuidado de la tierra. 
Hay que tener especial cuidado en evitar la duplicación de esfuerzos. 
Hay muchos datos disponibles, facilitados por los propios agricultores a la hora de cumplir los requisitos para participar en distintos programas y planes, que están a disposición de las autoridades nacionales y europeas. 
Dejemos que los esfuerzos se realicen en el plano administrativo en términos de compartir información y estadísticas, compatibilizar los sistemas de información, etc. Aquellos que, como yo, representan grandes circunscripciones agrícolas, seguramente se opondrán a que sean los agricultores quienes tengan que soportar aún más cargas administrativas. 
Como ha quedado patente en la exposición de motivos, el informe, en el fondo, parece intentar contentar a todo el mundo: a la Comisión, que está aplicando la liberalización; a los Estados miembros que son, por el momento, los encargados de garantizar la seguridad; a las principales compañías aéreas, a las que en ningún caso se impondrán reglamentos excesivamente restrictivos (y, sobre todo, excesivamente costosos) ; a las compañías aéreas de tarifas reducidas, a las que el informe intenta imponer determinadas normas mínimas, siempre que no afecten a sus beneficios? 
Sin duda, estamos ante un ejemplo de lo que las autoridades europeas pueden hacer en este sector: están fijando las normas de trabajo, periodos de descanso y tiempos de vuelo y actividad de las tripulaciones y el personal de vuelos comerciales. 
Estas normas para toda la UE pueden ofrecer al personal unas garantías mínimas y por esto no hemos votado en contra del informe. 
Sin embargo, ese mínimo es tan minimalista que desde luego es lo máximo que cabe esperar de las autoridades europeas que, sobre todo, no quieren crear problemas a los empresarios del sector del transporte aéreo. 
En la actualidad, hay un amplio consenso sobre el hecho de que la tripulación de cabina tiene una enorme responsabilidad y es cada vez más importante para la seguridad de los pasajeros, dado el clima que reina actualmente en la aviación civil. 
Es esencial que armonicemos las horas de vuelo, las horas de trabajo y el tiempo obligatorio de descanso del personal de cabina, no sólo en previsión de la futura ampliación, sino también, y con mayor razón, porque creemos que es urgentemente necesario proteger a dichos trabajadores en vista de la expansión de las líneas aéreas de tarifas reducidas en la Unión Europea. 
De ahí que apoyemos este informe, que intenta poner remedio a un fallo de la Comisión, que no ha incluido este asunto en su propuesta de reglamento, lo que no podemos dejar de lamentar, sobre todo porque en varios Estados miembros no existe todavía una normativa sobre esta materia. 
No obstante, queremos destacar la importancia de que se mantengan las normativas nacionales existentes cuando sean más favorables para los trabajadores que la propuesta que se acaba de aprobar. 
. 
(PT) La propuesta se refiere a un reglamento muy técnico y detallado, que tiene por objeto armonizar, en aras de la seguridad aérea, las normas que rigen las horas de vuelo y el tiempo de descanso de la tripulación, con el fin de garantizar que todos los operadores cuenten con unas condiciones de trabajo similares y unas normas de seguridad comunes. 
A pesar del amplio apoyo de las compañías aéreas, los sindicatos de pilotos no han respaldado las propuestas del ponente, ya que opinan que los tiempos de vuelo son exagerados. 
Las consideraciones del ponente, que se ha declarado satisfecho por haber concluido unas negociaciones que se habían alargado durante un periodo de tiempo considerable, contaron con el apoyo unánime de sus colegas en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Por consiguiente, creemos que la solución a la que se ha llegado es la mejor, y quizás la única posible. 
Por lo tanto, comparto las conclusiones del ponente. 
El undécimo convenio del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (OOPS) sobre la mejora de la situación de los refugiados en Oriente Medio, entre los que se encuentran unos cuatro millones de palestinos de la Franja de Gaza, Líbano, Siria y Jordania, es extremadamente urgente, dada la trágica situación a la que se enfrenta actualmente el pueblo palestino como consecuencia de la política de Sharon. 
El incremento de la aportación de la UE, de 120 millones a 237 millones de euros, también es importante, aunque esta cantidad debería ampliarse cuando se elabore el presupuesto. 
Sin embargo, lo más importante es que la UE y la comunidad internacional en su conjunto exijan al gobierno de Sharon en Israel que abone la totalidad de los costes de reconstrucción de las infraestructuras destruidas por sus acciones militares, lo que ha provocado un acusado deterioro de las condiciones de vida de los palestinos residentes en la Franja de Gaza y en los territorios ocupados. 
Hemos votado a favor del informe porque, como es lógico, no nos oponemos a que los países europeos ayuden a los refugiados palestinos. 
No obstante, no hay nada de lo que alardear visto el incremento del importe de la ayuda. 
Teniendo en cuenta el número de refugiados palestinos hacinados en los países de Oriente Medio, el montante que se propone sólo representa unos 40 euros anuales como máximo. 
Además, no hay ninguna garantía de que esa cantidad llegue en su totalidad directamente a los refugiados y de que, por el camino, una parte no pase a manos de empresas y proveedores europeos. 
Sobre todo, sin embargo, ¿cómo podemos dejar de mencionar la hipocresía del informe cuando critica el hecho de que «las condiciones de vida de los refugiados son cada vez más penosas» y cuando tiene el descaro de achacarlo, en particular, al «fuerte crecimiento demográfico» , mientras ni siquiera menciona la guerra que está llevando a cabo el Estado de Israel contra la nación palestina? El informe no condena el hecho de que, a pesar de que miles de palestinos se ven obligados a vivir en campos de refugiados, el Estado de Israel, con el apoyo de las naciones más poderosas, incluida Europa, se opone a que puedan volver a la tierra de la que fueron expulsados. 
. La cuestión de la seguridad del transporte de combustible nuclear es un asunto urgente. 
En este mismo instante, dos envíos de combustible nuclear que fueron rechazados por Japón debido a que BNFL falsificó los certificados de seguridad, se acercan a las costas de Europa y van a entrar en los estrechos confines del Mar de Irlanda. 
Permitir el movimiento de ese cargamento peligroso en estos momentos es escupir en la cara de las víctimas del 11 de septiembre. 
Esos barcos no son capaces de soportar un atentado terrorista, ni tampoco un incendio. 
Son una invitación a los terroristas a secuestrar material para fabricar una bomba nuclear. 
Por otra parte, nos encontramos ante una situación absurda, en la que la industria nuclear compra material radiactivo peligroso por todo el planeta. 
Que no parezca que la Convención da luz verde a la industria nuclear para llevar a cabo ese comercio de material mortífero. 
Insto al Gobierno de Irlanda a que tome medidas, al amparo de la Convención, para detener esos envíos. 
La Convención reconoce que cualquier Estado tiene derecho a prohibir las importaciones en su territorio de combustible nuclear agotado y residuos radiactivos extranjeros. 
Esta disposición debería aplicarse a las aguas costeras del Mar de Irlanda, que ya están peligrosamente contaminadas con residuos radioactivos. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Deva aborda la erradicación de la pobreza y la seguridad alimentaria. 
Incluye muchas e importantes propuestas relativas a la forma de erradicar la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, propuestas que apoyo plenamente y a las que he dado con sumo placer mi voto afirmativo. 
Sin embargo, señor Presidente, ¿cuántos pensionistas hay en todo el mundo desarrollado que seguirían siendo capaces de enseñar y trabajar en países pobres en desarrollo y que podrían contribuir a mejorar la situación económica? 
¿Hacemos algo nosotros en la Unión Europea para ayudar a esos pensionistas, a esas personas mayores que siguen sintiéndose capaces de ser útiles a la sociedad y a los que les gustaría ir a trabajar en esos países en desarrollo? 
Espero que en el futuro hagamos más al respecto. 
El informe sobre el comercio y el desarrollo forma parte de un debate más general en el seno de la UE sobre la llamada globalización y sus efectos en los países del tercer mundo. 
Demuestra que las fuerzas imperialistas están preocupadas por las diversas reacciones populares contra los efectos del dominio mundial de las grandes empresas y el hecho de que el comercio internacional tenga que bailar al son que éstas tocan. 
Este debate nos podría hacer creer que la «globalización» puede hacer maravillas y que solucionará los problemas de desarrollo y de pobreza, una vez que se hayan solucionado algunos flecos pendientes. 
Por ejemplo, sugiere que las multinacionales deberían desarrollar un sentido de la responsabilidad y crear comités de inversión ética, y que deberían aplicar un sistema comercial «justo» (aunque sin concretar) y una política de liberalización generalizada del comercio. 
Todo el debate hace oídos sordos deliberadamente a las causas reales y a los mecanismos utilizados para saquear la riqueza de los países pobres. 
Hace caso omiso al hecho de que es imposible que las multinacionales consigan un gran éxito financiero y el pueblo prospere al mismo tiempo. 
No tiene en cuenta la utilización directa o indirecta de la violencia para obligar a los países pobres a someterse a condiciones comerciales que benefician a las grandes empresas y, por todo ello, es hipócrita y engañoso. 
Ésas son las razones por las que los diputados y las diputadas del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe Deva, que es poco más que un programa electoral del partido de la «globalización». 
. 
(NL) Hay varias razones por las que el informe Deva no ha recibido mi apoyo. 
En primer lugar, la propuesta de abolir todas las subvenciones en la UE es tendenciosa. 
Estoy a favor de eliminar las barreras para los productos procedentes de países pobres, pero también hay buenas razones para mantener subvenciones regionales a la producción o medioambientales. 
Aunque tienen una importancia crucial, los efectos sobre los países en vías de desarrollo no son el único aspecto que debe tenerse en cuenta. 
Por lo tanto, sería lógico que la OMC tuviera en cuenta a la hora de redactar normas comerciales los efectos del consumo de un producto concreto sobre la naturaleza, empezando por el proceso productivo e incluido el transporte hasta el país en el que se consume. 
Una segunda crítica se refiere a la aplicación de la inversión ética. 
El informe avanza en la dirección equivocada. 
Se ocupa de la organización interna de la dirección, para la que estipula la creación de un comité interno y las secciones de la empresa ante las deberá rendir cuentas. 
Sería preferible que se dedicara a analizar estrategias que permitieran introducir la inversión ética a una escala más amplia. 
Especialmente, hay margen de mejora en lo que respecta a la valoración y los informes. 
Por último, la petición de que se revise la política común en materia de salud pública es improcedente, dado que la política sanitaria no entra dentro de las competencias de la Comunidad. 
. 
(NL) La propuesta del Sr. Deva es la mejor que cabe esperar de un miembro del Partido Conservador británico. 
Cree en el capitalismo, pero también tiene en cuenta la evolución de la diferencia en el nivel de bienestar entre Europa y los países en vías de desarrollo a lo largo de los siglos. 
Sabe que nuestra industria se desarrolló gracias al proteccionismo y no a una actitud de laissez-faire, y se da cuenta de que el Acuerdo de la OMC sobre medidas de inversión frena los intentos de los países en desarrollo de desarrollar una industria local promocionando sus propios productos. 
Sus opiniones sobre un sistema judicial fiable, la lucha contra la corrupción, las transferencias de tecnología, el sistema sanitario, la emancipación de la mujer y las reformas agrarias, tal y como se expresan en su propuesta, cuentan con mi apoyo. 
También apoyo las tareas asignadas la UE: una contribución distinta a la OMC, la reducción de las subvenciones a la exportación, la prohibición de la venta de alimentos no seguros o de insecticidas que están prohibidos en la Unión, la prohibición del comercio de armas de fuego, la anulación de la deuda y medidas concretas contra empresas y particulares europeos que participen en el comercio ilegal de diamantes, petróleo y oro. 
Por otra parte, no comparto el optimismo del ponente sobre las inversiones éticas de los empresarios y sobre la aportación del liberalismo comercial al desarrollo, dado que la adquisición barata de recursos en los países en desarrollo sigue siendo una importante aspiración de muchos empresarios. 
. 
(PT) El informe Deva reconoce un aspecto universalmente positivo del fenómeno de la mundialización: que contribuye a la creación de una riqueza económica, social y cultural para todo el planeta. 
Sin embargo, destaca que los más pobres no participan en las «ventajas» derivadas del progreso tecnológico y del crecimiento del comercio internacional. 
Con el fin de liberarnos de la vía del fomento a ciegas de la mundialización, el ponente propone que se haga hincapié en el concepto de «maximizar las ventajas de las que dispone el grupo menos aventajado de la comunidad mundial». 
Por consiguiente, el informe trata de conciliar el principio general del aspecto positivo de la liberalización del comercio con la necesidad de obligar a las empresas multinacionales a regirse por los mismos tipos de regulación, estabilización y legitimación que rigen en el ámbito nacional, razón por la cual he votado a favor del informe. 
Señor Presidente, como no podía ser de otra forma, he votado a favor del informe sobre el reciclaje y aprovechamiento de los residuos de envases, pero tengo que decir que, al hablar del informe con una pensionista, la Sra. Caterina Rossi, de Bérgamo, ésta me dijo: «¡Qué buen informe! 
¡Así que los envases pueden servir para algo! 
¡Incluso el papel que rodea los envases, incluso la madera y el plástico pueden reutilizarse y sirven para algo! 
Entonces, ¿por qué se dice a veces que los pensionistas ya no servimos para nada? 
¿Quiere decir que somos menos útiles que los envases, que el papel que rodea todos los productos que se venden?» 
Espero que el Parlamento preste más atención a los jubilados y las personas mayores, por lo menos tanta atención como dedica a los envases que- y eso es una buena noticia- el Parlamento Europeo considera tan útiles: esperemos que los pensionistas y las personas mayores de todos los Estados individuales, así como los del Estado europeo, sean considerados igualmente útiles. 
Cada año, la Unión Europea genera más de 60 millones de toneladas de residuos de envases. 
A pesar del objetivo de estabilización del Quinto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, a pesar de que la prevención de los residuos es la principal prioridad de la política medioambiental europea, la situación no ha cambiado mucho: la cantidad de envases sigue aumentando en la Unión Europea. 
Es hora ya, en vista de esa creciente montaña de residuos, de que desarrollemos una estrategia ambiciosa. 
Esa estrategia debe incluir la ampliación de la modesta propuesta de la Comisión mediante la introducción de la prevención y de la responsabilidad del productor. 
El Parlamento Europeo ya se ha manifestado a favor de incrementar los objetivos de reciclaje y de mejorar la prevención introduciendo el concepto de la responsabilidad del productor. 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión ha hecho caso omiso de esa opinión. 
No obstante, la prevención es una prioridad real en el ámbito de la gestión de residuos y podría llegar a ser incluso la piedra angular de la política medioambiental europea. 
Tenemos ante nosotros una oportunidad real de avanzar hacia una política de productos integrada y en la estrategia temática del Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. 
Por mi parte, voy a dar mi apoyo al informe, que también subraya dos conceptos que son esenciales para el éxito de toda política medioambiental: la necesaria cooperación de todos y el hecho de que los efectos que causamos sobre el medio ambiente deberían guiar siempre nuestras acciones en el futuro. 
. 
(NL) Cuando el consumidor compra un nuevo producto, se encuentra con que el envase queda en sus manos. 
A lo largo de los años, esos envases han ido aumentando de volumen, no sólo para proteger el contenido de las cajas, sino también, en gran medida, para llamar la atención de los posibles compradores. 
Los materiales de envasado tienen cada vez más colorido y contienen, más que las simples cajas de cartón de antaño, materiales perjudiciales para el medio ambiente, incluidos metales pesados. 
Ya era hora de que la Comisión Europea se decidiera a modificar la Directiva sobre envases y residuos de envases aprobada hace ocho años, pero la modificación propuesta deja bastante que desear. 
Creemos que es un error hacer hincapié en la generación de energía mediante la incineración, puesto que eso sólo sirve para permitir a los productores y procesadores de envases contaminantes seguir como hasta ahora. 
Por el contrario, deberíamos centrarnos en la prevención de los residuos y en la reutilización de los materiales. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor tiene razón cuando sostiene que debe reciclarse como mínimo el 65% del peso, prohibirse completamente la utilización de plomo, cadmio, mercurio o cromo hexavalente a partir de 2007 y someter a los nuevos materiales de envasado a normas más estrictas a partir de 2004. 
Así mismo, me congratulo de la iniciativa de producir un 10% menos de residuos de envases en 2006 que en 1998 y de reconsiderar las normas nacionales y europeas en tanto constituyan un obstáculo para la reutilización. 
. Quiero expresar mi apoyo incondicional a este informe, que aborda la necesidad de atajar la creciente montaña de residuos en la UE. 
Hay que reforzar y endurecer el texto original de la Comisión para garantizar una estrategia más ambiciosa con vistas a reducir esa enorme cantidad de materiales de envase desechados. 
Por lo tanto, acojo con agrado los conceptos de prevención y responsabilidad del fabricante, que contribuirán a garantizar que la carga de la aplicación de estas medidas se reparta de forma equitativa entre los ciudadanos europeos. 
Igualmente celebro el llamamiento a los fabricantes a adoptar «todas las medidas necesarias para reducir al mínimo el impacto medioambiental de los mismos» , aunque reconozco también que puede ser complicado normalizar una medida de este tipo. 
Por último, situar esta Directiva en un contexto más amplio con el fin de asegurar que sea compatible con el Sexto Programa de Acción Medioambiental es una medida muy lógica y demuestra que la UE puede pensar al unísono y adoptar un enfoque sensato a este respecto. 
Señor Presidente, voy a referirme al informe del Sr. Fava sobre la creación del «cielo único» europeo. 
Mi colega y mano derecha, Giuseppe Italia, de Cremona, un jubilado de avanzada edad, me dijo cuando me preparaba para venir a Estrasburgo: «Le recomiendo que vote a favor del informe sobre el «cielo único» europeo. 
Soy un jubilado anciano, y no me ofenderé, señor Fatuzzo, si usted dice en su explicación de voto que nosotros, los pensionistas, estamos más cerca del cielo que los demás ciudadanos. 
¿No sería apropiado, dado que ya estamos cerca del cielo, que pudiéramos obtener descuentos en la compra de billetes de avión y que, de esa forma, se fomentara que los pensionistas viajemos en avión con billetes menos costosos? ». 
He votado en contra de la iniciativa del «cielo único» , que más parece una maniobra de la Comisión para incrementar su poder (como siempre, con el incondicional apoyo del Parlamento Europeo) que una iniciativa diseñada realmente para mejorar la seguridad aérea e incrementar los flujos de tráfico aéreo. 
Durante el debate de ayer, llamé la atención de la Asamblea sobre una dificultad relevante que sigue sin solucionarse: la que plantea la relación con Eurocontrol. 
Ahora debo mencionar otra: la relación con los ejércitos. 
La Comisión ha hecho pública su intención de modificar, en cuanto obtenga las competencias que le concede el proyecto del «cielo único» , la distribución del espacio aéreo entre espacio de utilización civil y de uso militar. 
Ese objetivo está muy claro: reducir o incluso suprimir zonas militares con el fin de facilitar el tráfico aéreo civil. 
Estamos doblemente asombrados por este método, que en esencia parece dar por supuesto que los usos militares son menos importantes en la actualidad en Europa, una idea que a su vez presupone que disfrutamos de un periodo de paz duradera. 
Esa es una idea ingenua y peligrosa. 
En lo que respecta al procedimiento, debemos reiterar que la Comisión no tiene ninguna responsabilidad militar (afortunadamente, por lo que vemos). 
Esa responsabilidad corresponde a los Estados soberanos y los procedimientos comunitarios no intervienen para nada en este ámbito. 
- (DA) El Movimiento de Junio no está de acuerdo con la totalidad del contenido del informe, pero ha votado a favor porque el espacio aéreo es un problema transfronterizo que requiere soluciones comunes a escala europeo y queremos dejarlo patente mediante nuestro voto afirmativo. 
Aunque no podemos negar que se han hecho algunos avances en lo que respecta a las normas que regulan el control del tráfico aéreo, la voluntad- confirmada por la Comisaria responsable del informe- de acelerar la liberalización de los servicios de transporte aéreo conlleva riesgos que han sido claramente expuestos por los sindicatos del sector. 
Desgraciadamente, esos riesgos no se han mencionado demasiado, y por supuesto se les ha prestado aún menos atención, salvo algunos diputados de izquierdas. 
Sin embargo, no podemos creer que los efectos de la liberalización sean exclusivamente positivos. 
No hay más que observar el triste deterioro de los servicios de transporte ferroviario en algunos Estados miembros desde su liberalización. 
Inicialmente se proponía introducir la competencia separando la función de prestación del servicio (operadores) de la función de reglamentación (los encargados del establecimiento y del cumplimiento de las normas). 
Tras recibir presiones, la Comisión ha tenido que modificar afortunadamente su texto, que sigue siendo mediocre y peligroso. 
Por lo tanto, los servicios de navegación aérea van a ser liberalizados, lo que dará lugar a riesgos de seguridad reales. 
La Comisión propone, en el contexto de sus esfuerzos para conseguir la armonización a escala, la introducción de un sistema de autorizaciones para la prestación de servicios de navegación aérea. 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (FR) Finalmente me veo obligado a dar mi apoyo a este informe, que subraya la importancia de la propuesta de la Comisión con vistas a la creación de un «cielo único» europeo antes del 31 de diciembre de 2004, como muy tarde. 
Ésta me parece imprescindible si queremos, no sólo optimizar la utilización de nuestro espacio aéreo actual, establecer unas condiciones de seguridad aérea más estrictas y gestionar de forma segura y eficaz los incrementos del tráfico previstos, sino también crear las condiciones necesarias para que las compañías aéreas europeas compitan con otras líneas aéreas. 
Esta propuesta, que debe permitir cierta armonización e interoperabilidad de los sistemas de navegación aérea, no está, sin embargo, exenta de problemas. 
La definición de la cooperación entre Eurocontrol y la Comunidad es uno de esos problemas, entre los cuales se encuentra también la definición de la cooperación entre las autoridades civiles y militares. 
Doy mi apoyo al informe para subrayar que la creación de un «cielo único» europeo no debe retrasarse en absoluto. Están en juego la reducción de los costes relacionados con el control del tráfico aéreo, la disminución de los retrasos y el incremento de la capacidad del sistema, así como, especialmente, una considerable mejora de las condiciones de seguridad. 
Con el pretexto de querer crear «un espacio aéreo integrado, organizado según los mismos principios y regido por las mismas normas» , la Comisión y el Informe Fava están proponiendo en realidad la creación de un método de control del tráfico aéreo en Europa basado en criterios económicos, es decir, de un Mercado Único del espacio aéreo. 
¿El desastre aéreo que tuvo lugar en Alemania el pasado julio fue un ejemplo de lo que podemos esperar del «cielo único» europeo? 
La empresa de control de tráfico aéreo Skyguide era una empresa privada. 
Operaba en un espacio aéreo funcional en el que el operador y el regulador eran independientes. 
Las carencias de recursos humanos y materiales de Skyguide eran tales, que afectaban a la seguridad. 
¿Es éste el camino que se debe seguir, como recomienda la Comisión? 
En cualquier caso, este accidente debería inducir a los diputados a actuar con extrema cautela a la espera de los resultados de las investigaciones, y también a la luz de las consecuencias de la liberalización efectiva de otros medios de transporte, como es el caso del transporte ferroviario en el Reino Unido. 
Ese fue el mensaje de la importante huelga europea de controladores del tráfico aéreo del pasado 19 de julio de 2002. 
En lugar de creer con fe ciega exclusivamente en el mercado, deberíamos fomentar la cooperación, como la que existe en el seno de la organización para la seguridad aérea, Eurocontrol. 
Deberíamos prestar más atención al servicio público y a la seguridad. 
Deberíamos hacer una reflexión global sobre la intermodalidad del transporte. 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(NL) Existe tendencia visible a ampliar los ámbitos en los que interviene la UE y con frecuencia eso se traduce en una reducción de la participación democrática del pueblo y una falta de soluciones sólidas, diseñadas a medida. 
Por esto considero que, en términos generales, esa ampliación de las competencias de la UE es negativa. 
Haría una excepción en el caso de la aviación, que la mayoría de las veces implica conexiones transfronterizas y recorridos de larga distancia. 
Mantener los sistemas de navegación nacionales y dividir el espacio aéreo en pequeñas zonas no beneficiaría en nada a la seguridad. 
Por lo tanto, parece lógico que esa tarea se ceda en su conjunto al actual Eurocontrol, que ha controlado el espacio aéreo de los países del Benelux y de Alemania occidental durante mucho tiempo. 
Eso debería servir también para el tráfico aéreo militar que, sobre todo en Francia, sigue estando autorizado a ocupar una parte inaceptablemente grande del espacio aéreo. 
Es una pena que, especialmente ahora, dejemos pasar la oportunidad de contar con una gestión clara y segura del espacio aéreo. 
El alquiler de bloques de espacio aéreo durante un periodo fijo de tiempo no serviría sino para perpetuar la antigua fragmentación de una forma distinta. 
La fragmentación geográfica dará paso a una fragmentación económica. 
Ampliaré ese punto en mi intervención sobre el informe de la Sra. Sanders-ten Holte. 
. (FR) La Comisión propone mediante estos reglamentos que desmantelemos los sistemas existentes, para atender mejor a los intereses económicos. 
De acuerdo con la propuesta, el cielo debe dividirse en bloques funcionales que se venderán por separado a los proveedores de servicios. 
Todos los servicios se liberalizarán (el control, la radio, el radar, la localización y el rescate, y el servicio meteorológico). 
Este «Mercado Único del espacio aéreo» es contrario al sentido común y a los principios de seguridad y servicio público. 
El servicio ferroviario británico es un claro ejemplo de ello. 
La presencia de múltiples operadores y la competencia entre proveedores del servicio ha obrado en detrimento de la inversión en mantenimiento, el incremento de la seguridad y la mejora de las condiciones de trabajo del personal. 
Lo que necesitamos es más bien lo contrario: es preciso aumentar la cooperación entre los servicios de navegación aérea y se debe garantizar la seguridad mediante sistemas integrados. 
Asimismo, es necesario un mayor control público sobre el transporte aéreo a escala europea, que permita desarrollar planes de transporte intermodal de pasajeros y mercancías. 
Las propuestas de la Comisión y el informe que ahora se debate no constituyen un paso en esa dirección. 
Por esto hemos votado en contra de los mismos. 
. 
(NL) Ya he indicado en mi intervención sobre el informe Fava que la ampliación de los ámbitos de intervención de la UE puede ser inevitable, pero que, desgraciadamente, de nuevo se están proponiendo las opciones erróneas. 
La participación obligatoria en la licitación para la adjudicación de servicios públicos, durante un periodo limitado de tiempo, de empresas privadas que compiten entre ellas (que ya se había propuesto antes para el transporte público y los puertos) se está aplicando ahora también como solución para organizar la seguridad aérea. 
Eso significa que cada bloque del espacio aéreo puede acabar en manos de una empresa distinta, aunque a largo plazo es inevitable que se establezca un semimonopolio que controle la mayor parte del espacio aéreo. La ideología neoliberal habrá triunfado entonces sobre la seguridad. 
En ese modelo, la seguridad ha quedado desplazada del primer puesto de la lista de prioridades por la reducción de costes. 
Se cree que se pueden reducir costes utilizando menos personal, y con peores condiciones laborales. 
Dado que esas personas están repartidas entre múltiples compañías aéreas con distintos intereses, que están continuamente preocupadas por sus posibilidades de ganar o perder la próxima licitación, los trabajadores tienen la sensación de que su trabajo ya no es tan esencial como antes, lo que inevitablemente se traduce en un descenso de la calidad del mismo. 
Asimismo, los militares no van a finalizar todavía su ocupación del espacio aéreo. 
No puedo dar mi apoyo a este planteamiento. 
. (FR) Como es natural, estamos a favor de la máxima seguridad aérea. 
Sin embargo, nos hemos abstenido en la votación del informe puesto que éste sólo aborda esa cuestión desde el punto de vista de las líneas aéreas y de los organismos de gestión de los aeropuertos. 
Como indica el ponente, también es significativo que la directiva no proponga una sola medida sobre la seguridad de las comunidades que viven en las proximidades de los aeropuertos. 
El Parlamento Europeo y el Consejo consideran que es cuestión, sobre todo, de establecer un sistema unificado que permita a la Unión Europea excluir a los aviones menos seguros de sus aeropuertos y evitar también que algunos Estados miembros se sientan tentados, por razones comerciales o de otro tipo, a ser menos estrictos en los necesarios controles. 
Hasta aquí todo perfecto. 
El ponente, sin embargo, ve estas medidas como un medio para devolver una sensación de seguridad a los pasajeros, lo que beneficiaría mucho a las compañías aéreas. 
Al mismo tiempo, las autoridades europeas están dispuestas a correr graves riesgos de seguridad con su proyecto de «cielo único». 
Esas mismas autoridades europeas pueden tomar todas las medidas que quieran (entre ellas, la exclusión de aviones africanos, latinoamericanos o de la Europa oriental) , pero con el de «cielo único» y sus proyectos de privatización, el estado del espacio aéreo europeo va a ser tal que va a acabar pareciendo un espacio aéreo del tercer mundo. 
. 
(PT) Las tasas de accidentes aéreos varían entre las distintas regiones, dado que los aviones construidos en la Europa occidental están entre los más seguros del mundo. 
Las compañías aéreas de la Europa oriental tienen unas tasas de accidentes elevadas, al igual que las de países de África, Asia y América del Sur y Central. 
Conforme al Convenio sobre aviación civil internacional, la responsabilidad de la seguridad de la aviación corresponde a los Estados individuales. 
La Conferencia Europea de Aviación Civil aplica el procedimiento SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) para controlar los aviones e incrementar, por consiguiente, la seguridad de la aviación. 
Por lo tanto, apoyo la propuesta de directiva, de la Comisión Europea, con vistas a la formalización del procedimiento SAFA en la Comunidad. 
En mi opinión, tratar de conseguir mediante esa propuesta una acción coordinada, junto con un intercambio de información que permita la pronta identificación de posibles problemas, responde adecuadamente a las preocupaciones en cuanto a la necesidad de garantizar la seguridad aérea. 
Sin embargo, para terminar me gustaría subrayar la importancia de la propuesta que se nos ha presentado para devolver la imagen de seguridad a la industria de la aviación, en la era posterior al 11 de septiembre de 2001, en la que esa imagen, cuya restauración es esencial para la supervivencia del sector, ha sido y aún sigue siendo bastante discreta. 
. 
(NL) Las conexiones de transporte con terceros países suponen que viajen por nuestras carreteras, nuestros mares o nuestro espacio aéreo medios de transporte que no cumplen nuestras normas medioambientales o de seguridad. 
Me refiero a petroleros de un solo casco, camiones desvencijados y aviones ruidosos y cuyo mantenimiento es deficiente. 
En la actualidad, resultan especialmente perjudicados los aeropuertos regionales de menor tamaño, que son los únicos dispuestos a aceptar a los viejos y ruidosos aviones que transportan mercancías desde la Europa oriental y los países en vías de desarrollo. 
Hay muchas razones para prohibir esos medios de transporte en el territorio de la UE, aunque comprendemos que países con un menor nivel de vida y una tecnología menos avanzada no tengan más remedio que utilizarlos. 
Sería mejor que les ayudásemos a conseguir unas normas de transporte más seguras que permitirles que causen problemas en Europa. 
Lamentablemente, la propuesta sobre la seguridad de las aeronaves de terceros países no va tan lejos. 
Es por eso que apoyo las modestas mejoras propuestas por la Sra. Maes en la primera lectura. 
Tiene razón cuando destaca la necesidad de unas inspecciones por muestreo más rigurosas, incluso cuando no exista ninguna sospecha, y cuando pide que se prohiba el transporte de material radioactivo en vuelos de pasajeros. 
Asimismo, es igualmente importante tomarse en serio las reclamaciones de las personas que viven en las proximidades de los aeropuertos. 
. (FR) El informe Maes debería llevar en realidad el nombre de la comisión. 
El trabajo de la ponente no se nota. 
No creo que este informe merezca llevar el nombre de la Sra. Maes. 
De hecho, es la comisión la que debería llevarse todos los honores por las enmiendas y la coherencia y fiabilidad del informe. 
Por lo tanto, he votado a favor de todas las enmiendas de la comisión (que son lógicas y adecuadas) y no he participado en la votación final, ya que eso habría representado apoyar a la ponente cuando en realidad el informe es el resultado del trabajo de la comisión. 
Por lo tanto, demos al César lo que es del César. 
. (FR) Nosotros apoyamos las líneas generales del informe Stevenson, que aboga por la promoción del cultivo en la Unión Europea de proteínas vegetales necesarias para la alimentación animal (soja, pero también guisantes, judías, judías silvestres, altramuces y, en menor medida, hortalizas, cereales, pasto, etc.). 
De hecho, parece que actualmente dependemos en gran medida de la importación (más del 77%) , mientras que la producción de proteínas vegetales aumenta en el mundo y, por lo tanto, podríamos cultivar muchas más. 
Esta dependencia nos causa graves problemas estratégicos, pero también problemas de salud pública, dado que es complicado, en las actuales circunstancias, establecer un seguimiento de los productos, lo que podría llevarnos, por ejemplo, a comprar de manera involuntaria soja modificada genéticamente. 
No obstante, ¿qué ha limitado la producción europea en este sector? 
Los acuerdos de Blair House, que también han tenido otro efecto desastroso, ya que han favorecido la utilización de piensos animales, que causó la enfermedad de las vacas locas. 
Estos acuerdos deben revisarse o eludirse urgentemente. 
Por desgracia, la Comisión no parece dispuesta a hacerlo. 
Una vez más, nos preguntamos de qué lado está, y si el sistema comunitario va a volver a debilitarnos. 
. (FR) ¿Por qué no desarrollamos la producción de proteínas vegetales para alimentar a los animales, ahora que conocemos las consecuencias de alimentar a bóvidos con piensos animales? 
Sin embargo, el informe sólo se preocupa por la guerra comercial con Estados Unidos, un país del que Europa depende actualmente en gran medida para alimentar a sus animales. 
El informe ni siquiera aborda las necesidades reales de la población mundial. 
Sin embargo, los cimientos del sistema de producción de alimentos están moralmente en quiebra, puesto que éste sólo pretende satisfacer las necesidades de los países y clases sociales con un elevado poder adquisitivo. 
Con el fin de vender alimentos con un alto valor añadido que resulten rentables para aquellos con un elevado poder adquisitivo, estamos malgastando lo que podríamos usar para alimentar a los más pobres. 
Por ejemplo, son necesarios varios kilos de harina de pescado para producir pescados más caros en las piscifactorías. 
Se trata de un sistema repugnante, porque contribuye a expoliar los recursos de los países más pobres y a dejar morir de hambre a parte de la población mundial. 
Igualmente en aras de los beneficios, Europa financia la retirada de tierras para dejarlas en barbecho con el fin de evitar una caída de los precios. 
No hemos querido apoyar a todo este sistema votando por alguna de las opciones. 
Hemos optado por votar en contra del informe del Sr. Stevenson en su totalidad. 
No hay ninguna razón que justifique que la comisión utilice la prohibición de la transformación de proteínas animales para fabricar piensos para animales como un pretexto para pedir que la UE subvencione los altramuces (quién lo iba a imaginar) y otros cultivos ricos en proteínas. 
Igualmente injustificada es la exigencia de una «red de seguridad» o algún programa de seguros de renta que beneficie a los productores de semillas oleaginosas y proteínas vegetales. 
Según la comisión, la solución adoptada por la Comisión, es decir, la utilización del mercado mundial casi de forma exclusiva, coloca a la UE en una posición de vulnerabilidad, «en particular frente al cambio climático, las malas cosechas e incluso los aumentos de los precios de los principales abastecedores mundiales (los EE.UU., la Argentina y el Brasil) ». 
No creemos que haya nada malo o antinatural en eso. 
Más bien al contrario, como liberales que somos, creemos en la mundialización, el libre comercio y la solidaridad internacional. 
Por lo tanto, no podemos apoyar el informe del Sr. Stevenson. 
. (FR) Aunque la UE depende en gran medida de determinados abastecedores de proteínas vegetales, la Comisión propone mantener la dependencia de las importaciones, dando prioridad a una oportunidad de mercado antes que a la racionalización de sus múltiples políticas. 
Al hacerlo, pasa por alto los problemas que ya están teniendo los agricultores en este tipo de situaciones y deja al sector agrícola sin nuevas perspectivas. 
El desarrollo del cultivo de plantas oleaginosas ricas en proteínas respondería a la necesidad de desarrollar un sector agrícola diversificado y sostenible, en respuesta a la demanda de los consumidores de productos de origen controlado y el rechazo de los organismos modificados genéticamente. 
Asimismo, brindaría a los agricultores nuevas oportunidades mediante el desarrollo de posibilidades de cultivos para usos no alimentarios, como biocombustibles por ejemplo. 
Por último, estas cosechas pueden desempeñar un papel esencial desde un punto de vista agronómico y medioambiental. 
No debemos despreciar a este sector agrícola. 
Al contrario, debemos facilitarle los medios para hacer realidad sus sueños de crear condiciones de rentabilidad comparables a las de los cereales, favoreciendo la diversidad de especies y, más concretamente, de las que no se ven afectadas por el acuerdo de Blair House. 
Sin embargo, esos esfuerzos no obtendrán resultado alguno si nuestros negociadores no se comprometen a defender con convicción de nuestra producción agrícola en el ámbito internacional. 
Señor Presidente, los conservadores británicos nos hemos visto obligados a votar hoy en contra del informe Blokland relativo al establecimiento de un marco comunitario para la clasificación de las emisiones acústicas de los aviones subsónicos civiles para el cálculo de las tasas sobre el ruido. 
Esto se debe a que ha sido aprobada la enmienda nº 8, volviendo a introducir un concepto que el Parlamento rechazó el año pasado: la fijación de niveles de ruido y tasas para los aeropuertos, y no únicamente para los aviones. 
Mientras que los aviones se mueven por toda la Unión Europea, es obvio que ése no es el caso de los aeropuertos y, por lo tanto, las tasas de ruido de los aeropuertos y los problemas de ordenación territorial son aspectos reservados a los Estados miembros de conformidad con el principio de subsidiariedad. 
Así concluyen las explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 13.10, se reanuda a las 15.00 horas) 
El siguiente punto son las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre las inundaciones en Europa. 
Señor Presidente, hace unas semanas presenciamos un terrible desastre natural en Europa central, que ha producido daños de un alcance que es difícil de imaginar. 
Entre los países afectados hay tanto Estados miembros como países candidatos. 
Especialmente en este semestre en el que abordamos la ampliación, esa catástrofe tiene una importancia casi simbólica, al recordarnos que los Estados miembros y los países candidatos tienen un destino común y comparten los mismos problemas, que debemos resolver mediante esfuerzos conjuntos. 
Me gustaría agradecer al Parlamento Europeo esta oportunidad de expresar, en nombre del Consejo, toda mi solidaridad con las víctimas del desastre. 
Muchos millones de personas se han visto afectadas. 
Algunas han perdido a familiares, y muchas, sus viviendas. 
Los daños materiales se harán notar en la vida diaria durante mucho tiempo. 
Todos debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar. 
Es importante- sobre todo en vista de la importancia de la ampliación para la Comunidad Europea- que la UE, que también es una comunidad de valores y de solidaridad, contribuya a paliar esos extensos daños. 
Así se destacaba también en la carta del Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, el Canciller Schröder y el Canciller Schüssel que recibieron el 21 de agosto el Presidente del Parlamento Europeo y los Jefes de Gobierno de los Estados miembros. 
La Presidencia participó activamente en las deliberaciones que dieron lugar al envío de esa carta. 
También querría agradecer, en nombre del Consejo, al Parlamento Europeo y a su Presidente el compromiso y la buena voluntad que ha demostrado el Parlamento para conseguir una respuesta rápida y eficaz de la Comunidad. 
Asimismo, hay que alabar a la Comisión por la considerable energía que ha desplegado en relación con este complicado asunto. 
Debemos felicitar a la Comisión por el hecho de que la UE haya sido capaz de tomar rápidamente la iniciativa respecto a decisiones que beneficiarán a las regiones afectadas de Alemania y Austria, así como de la República Checa y Eslovaquia, en su condición de países candidatos. 
Se han puesto en marcha varias acciones, y en un futuro muy próximo podremos iniciar otras. 
Entiendo que en el Consejo existe un amplio apoyo a favor de la utilización flexible de los actuales instrumentos como los Fondos Estructurales, las ayudas agrícolas y las redes transeuropeas, así como de conceder excepciones y poner a disposición de las regiones afectadas procedimientos más rápidos en lo tocante a las ayudas estatales y las licitaciones públicas. 
El Consejo tuvo una primera ocasión de debatir la declaración de la Comisión en una reunión del Comité de Representantes Permanentes que tuvo lugar el 29 de agosto. 
La Comisión propone, por ejemplo, que se cree un fondo europeo para catástrofes, que se podrá utilizarse en el caso de las inundaciones de Europa central y de futuros desastres. 
Quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a la Comisión por la propuesta, que se está debatiendo en el Consejo. 
Debo decir con satisfacción que la propuesta de la creación del fondo obtuvo un amplio respaldo político en la reunión informal de los ministros de Asuntos Exteriores que se celebró en Elsinore el pasado fin de semana. 
Es un buen punto de partida para las intensas conversaciones entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo que se desarrollarán durante las próximas semanas. 
Este tema se incluirá en el orden del día de la reunión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores que se celebrará entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, y en el que se hará balance de la cuestión y, si es posible, se adoptarán algunas decisiones prácticas. 
La Presidencia danesa está convencida de que la Comunidad debería colaborar para solucionar los problemas que han causado a nuestros conciudadanos, tanto en los actuales como en los futuros Estados miembros, las graves inundaciones que se han producido. 
Debemos actuar con rapidez y eficacia, y esperamos poder colaborar de forma constructiva con el Parlamento Europeo en este importante asunto que afectará inevitablemente a muchas de las normas y procedimientos del Parlamento. 
Señor Presidente, señor Ministro, Señorías, todos estamos preocupados y conmovidos por el alcance de las inundaciones que afectaron tan gravemente a Alemania, Austria, la República Checa y Eslovaquia hace unas semanas. 
El 18 de agosto, en compañía del Presidente Prodi y de mis colegas, la Sra. Schreyer y el Sr. Verheugen, presentes aquí hoy, pude comprobar con mis propios ojos el alcance de esa catástrofe en la región de Dresde, en particular. 
El Presidente Prodi y la Sra. Wallström viajaron a Praga con el Sr. Verheugen, y el Sr. Fischler pudo observar asimismo la extensión de los daños en su propio país. 
Señorías, hoy quisiera hacer llegar, en primer lugar, mis más sinceras condolencias a todas las familias afectadas, pero también quiero hacer una mención especial a las fuerzas de protección civil, a los miles de voluntarios que pudimos ver, y a los dirigentes políticos y autoridades civiles locales, regionales y nacionales que han demostrado una admirable dedicación en esta situación. 
El 28 de agosto, la Comisión anunció una serie de iniciativas en el marco de las distintas políticas comunitarias para ayudar a los países y regiones afectados a superar este desastre. 
La Unión no sólo ha demostrado su solidaridad con las comunidades afectadas, sino que también se propone demostrar su capacidad de actuar y reaccionar rápidamente. 
Señor Presidente, todos los Comisarios presentes se han sentido especialmente impresionados por las propuestas que hizo usted al comienzo del presente periodo parcial de sesiones, así como por el discurso del Sr. Haarder de hace unos minutos. 
Me gustaría destacar, con respecto a los riesgos naturales, que siempre intervienen dos aspectos estrechamente relacionados: la prevención y la reparación. 
Permítanme, antes que nada, decir unas palabras sobre la prevención. 
Sabemos que la prevención requiere tanto financiación como valentía política. 
Por ejemplo, el deseo de controlar la planificación del uso de la tierra, de evitar la impermeabilización de áreas excesivamente extensas, en resumen, de gestionar en lugar de desarrollar la planificación del uso de la tierra. 
Sin embargo, también sé que la prevención siempre cuesta menos que la necesaria reparación de los daños. 
En el ámbito comunitario, no cabe duda que los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión actúan como una palanca financiera para fomentar la prevención. 
Permítanme que cite un solo ejemplo. 
Muchos países se vieron afectados por las inundaciones del Rin y el Mosa durante la primera mitad de los años noventa En aquella ocasión movilizamos más de 140 millones de euros en el marco del programa INTERREG y ese dinero hizo posible el desarrollo de sistemas de control de inundaciones y de alerta, la identificación de zonas de riesgo, la construcción de embalses de control de avenidas, así como infraestructuras para facilitar el desagüe. 
Durante el periodo actual, 2000-2006, muchos de los programas incluyen también acciones de prevención de riesgos. 
Ése es el caso, por ejemplo, del programa del Objetivo 1 para Brandenburgo, que establece la construcción de barreras de protección contra inundaciones. 
Se van a desarrollar más de 40 proyectos con un presupuesto de 230 millones de euros. 
El Tirol austríaco es otro ejemplo de ello. 
Tras el desastre de Galtur de febrero de 1999, en el que perdieron la vida 31 personas, se van a asignado casi 10 millones de euros para un programa de prevención de avalanchas. 
Señorías, creo que estos esfuerzos, según se están desarrollando actualmente, no están a la altura de los riesgos a los que nos enfrentamos. 
Hemos debatido conjuntamente sobre los futuros programas de política regional a partir de 2006. 
Cuando llegue el momento, propondré que la prevención de riesgos naturales, tecnológicos y medioambientales sea prioridad una importante y casi inevitable de los futuros programas de política regional a partir de 2006. 
Como hemos visto, la frecuencia de estos desastres está aumentando, aunque no todos son tan graves. 
Asimismo, regiones como Alemania, que con la ayuda de los Fondos Estructurales han hecho considerables esfuerzos para impulsar su economía tras la reunificación, así como para restaurar sus ciudades y pueblos, han visto arrasado su trabajo en el transcurso de unas pocas horas. 
Por esto, no es posible un desarrollo regional que no incluya la prevención de riesgos naturales, tecnológicos o medioambientales. 
La Comisión, fundamentalmente a iniciativa de la Sra. Wallström, va a presentar la propuesta de una estrategia europea de prevención de riesgos antes de que concluya el año. 
Para acabar con este punto, me gustaría decir que es muy pertinente que este asunto se debata ahora, el mismo día en que los Jefes de Estado y de Gobierno se encuentran reunidos en Johannesburgo. 
Es evidente que nuestro planeta necesita un pensamiento global y valentía colectiva, tal y como propugnaba el Informe Brundtland a finales de los años ochenta, antes de la Cumbre de Río. 
También está claro que deben aplicarse planteamientos globales, ya sea a escala mundial o de la Unión Europa, de una forma práctica y local, sobre el terreno. 
Ese es el reto ecológico, el reto del desarrollo sostenible frente a la política regional al que estamos obligados a responder. 
Señor Presidente, voy a hablar ahora sobre la urgente necesidad de la reconstrucción, de demostrar de forma inmediata nuestra solidaridad con los Estados federados alemanes y austríacos, pero también con las regiones checas y eslovacas que han sufrido daños. 
En primer lugar, necesitamos movilizar todos los instrumentos de los que ya disponemos para acometer ese reto. 
Ese fue el compromiso que expresó la Comisión el 28 de agosto, un compromiso que se concretó de inmediato en la adopción de decisiones en el primer ámbito, el sector agrícola, gracias al impulso del Sr. Fischler. 
Los instrumentos disponibles actualmente incluyen, por supuesto, los Fondos Estructurales para los Estados miembros afectados y los instrumentos de preadhesión para los países candidatos. 
En el caso de las zonas y regiones elegibles, los créditos de los Fondos Estructurales podrán redistribuirse entre las distintas prioridades de los programas regionales, y estamos dispuestos a incrementar los porcentajes de cofinanciación tanto como sea posible. 
Durante los próximos días, se celebrarán reuniones con las autoridades nacionales y regionales con el fin de concretar las cantidades que pueden reasignarse de acuerdo con las peticiones de los Estados miembros. 
Nos mostraremos tan flexibles como permitan los reglamentos, sobre todo en lo que respecta a la ayuda estatal. 
También me gustaría confirmar que las zonas afectadas por la catástrofe no serán penalizadas mediante la aplicación de la cláusula N+2 si, como consecuencia de las inundaciones, los créditos no se utilizan dentro de los plazos estipulados por los reglamentos. 
No obstante, también en este caso los instrumentos disponibles tienen sus límites. 
Los Fondos Estructurales no pueden utilizarse fuera de las zonas elegibles. 
Aunque la mayor parte de las zonas de Alemania afectadas por la catástrofe pueden beneficiarse de esos Fondos en el marco del Objetivo 1, ese no es el caso de Austria. 
Asimismo, dichos instrumentos se rigen por disposiciones que ustedes ya conocen bien y que no siempre permiten liberar rápidamente la ayuda necesaria. 
Es por ello, señor Presidente, Señorías, que la Comisión propone la creación de un fondo para catástrofes para las regiones y Estados en el caso de un desastre natural de gran alcance. 
Me gustaría subrayar que ese fondo de solidaridad estará a disposición tanto de los actuales como de los futuros Estados miembros. 
Consideramos que es preferible recurrir a un instrumento nuevo y flexible que permitiría movilizar un mínimo de 500 millones de euros en 2002 y 1.000 millones de euros en el futuro, que se sumarían al Fondo cuando se produjese un desastre. 
El objetivo de ese Fondo sería, por una parte, contribuir al restablecimiento de la actividad pública normal, por ejemplo mediante la reparación de las redes de energía, transporte y telecomunicaciones, y la reconstrucción o construcción de alojamientos temporales y, por otra parte, limitar los daños consolidando las infraestructuras preventivas, como diques y presas. 
Como pueden apreciar, esta propuesta es, por consiguiente, distinta. 
Tanto en lo que respecta a las cantidades que contempla como al tipo de intervenciones previstas, difiere del sistema de ayuda de emergencia a las víctimas que existió entre 1977 y 1996. 
Creo, sin embargo, que esta propuesta de la Comisión responde a los deseos que he podido escuchar, en esta misma Cámara, durante los últimos tres años, por ejemplo tras los desastres que afectaron a Grecia, a las Azores, a las Canarias, a Francia y al Reino Unido. 
Dentro de unos días, el 18 de septiembre, nos gustaría adoptar una propuesta de reglamento que estipule las condiciones y los métodos de implantación de ese fondo para catástrofes. 
La premura del calendario demuestra la determinación de la Comisión de actuar rápidamente, conforme al deseo de actuar que usted expresó claramente, señor Cox. 
En nombre de la Comisión y de mis colegas aquí presentes, me gustaría dar, por tanto, las gracias a la Comisión de Presupuestos, a su Presidente, Sr. Wynn, y a sus ponentes, Sres. Colom i Naval, Podestà y Färm, por la calidad y rapidez de su cooperación. 
Este apoyo y comprensión son esenciales dado que nuestro objetivo común es conseguir que ese fondo esté operativo dentro de unos meses. 
Los Ministros de Asuntos Exteriores reaccionaron positivamente a esta propuesta en Elsinore, como ya nos ha informado usted, señor Ministro. 
Concluyendo, señor Presidente, Señorías, me gustaría recalcar una vez más que la prevención es siempre más eficaz y menos costosa que la reparación. 
Sin embargo, en ocasiones, como ocurre en estos momentos, la urgencia es primordial y es importante que la Unión Europea sea capaz de ofrecer ayuda y solidaridad práctica a las comunidades y regiones afectadas de Alemania, Austria, Eslovaquia y la República Checa. 
Esto demuestra que la solidaridad europea, junto con la solidaridad local, regional y nacional, no se queda sólo en palabras. Durante los últimos quince años, ha sido la base de la cohesión política. 
Y hoy demostramos que ese objetivo se está confirmando, impulsando e incluso consolidando. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario Barnier y demás representantes de la Comisión, Señorías, Europa ha sufrido unas inundaciones que se cuentan entre las más catastróficas de su historia y queremos expresar nuestras condolencias a las familias de las personas que han perdido la vida en ellas. 
Muchas personas siguen todavía desaparecidas. 
Hemos sido testigos de una gran destrucción y devastación no sólo en dos Estados miembros de la Unión Europea, Austria y Alemania, sino también en dos países candidatos, Eslovaquia y la República Checa. 
El señor Haarder y el Comisario Barnier, en representación de la Comisión, y también nuestro representante del Parlamento, han tenido ya ocasión de expresar la actual necesidad de solidaridad europea. 
La tarea de descombrar tras los daños causados por las inundaciones corresponde, como es lógico, en fundamentalmente a las regiones y las naciones, pero los acontecimientos a los que hemos tenido que enfrentarnos en esta ocasión han tenido unos efectos tan dramáticos que los ciudadanos se han vuelto hacia Europa en espera de una expresión de solidaridad y, por lo tanto, aunque el Sr. Romano Prodi, Presidente de la Comisión, pueda estar aquí hoy, querría expresarle bien alto y con toda claridad mi más sincera gratitud por su visita a las zonas catastróficas con otros representantes de la Comisión, y por haber representado allí a la Unión Europea de manera correcta y apropiada. 
Concedo una gran importancia a ese hecho. 
Yo no he estado en las zonas afectadas y sólo he podido mantener contactos telefónicos, pero muchas personas me han dicho que la presencia del Sr. Prodi, y la humanidad que encarna su persona, les permitieron ver por una vez a la Comisión y a la Unión Europea de una forma totalmente distinta, y no como la lejana burocracia que siempre habían creído que era. 
Su presencia humana muy personal en la zona significó mucho para todos nosotros. 
Estuve en contacto con el Presidente Prodi en aquellos momentos y le comuniqué en nombre de nuestro Grupo (creo que entonces se encontraba en la República Checa) que contaba con todo mi apoyo y le aseguré que cualquier compromiso al que llegara tendría el apoyo de nuestro grupo. 
Quiero hacer extensivo mi agradecimiento a toda la Comisión, incluidos el Comisario Barnier, que acaba de intervenir, el Comisario Fischler, la Sra. Schreyer, el Sr. Verheugen y todos los que han colaborado, así como también, especialmente, a la Presidencia danesa del Consejo encabezada por el Sr. Haarder, cuyo Gobierno ha hecho gala de una actitud muy abierta ante este asunto, en su calidad de Presidencia del Consejo. 
Por supuesto, todos somos conscientes de que existe una constante tensión entre solidaridad y subsidiaridad, pero en este caso es nuestra solidaridad la que se enfrenta con un gran reto. 
Si las medidas de seguimiento se completan ahora con la debida rapidez- y lo que acaba de expresar el señor Comisario me llena de alegría -, habremos cumplido con nuestra obligación como Unión Europea. 
Antes de pasar a tratar diversos aspectos de carácter más bien práctico, quisiera expresar mi sincera gratitud a todos los que prestaron su ayuda sobre el terreno. 
Las referencias al cuerpo de bomberos, por ejemplo, suelen suscitar sonrisas en nuestra sociedad, ya que la gente piensa que los artilugios que manejan son de juguete. 
Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado la importancia de disponer de un equipo de bomberos en una situación como la que nos ocupa y cuán esenciales son los soldados destacados en una situación de emergencia interna, al igual que la policía y también el servicio de protección civil. 
En Alemania, el país del que procedo, he podido ver acudir, en cualquier caso, a innumerables jóvenes dispuestos a arrimar el hombro y prestar ayuda y, en una época en la que con frecuencia parecen prevalecer el anonimato y el egoísmo, es una buena señal que sean los jóvenes los que demuestren esta solidaridad. 
Voy a comentar ahora a algunos aspectos de la ayuda de emergencia, a los que también se referirá el Sr. Ferber. 
Nosotros somos del parecer- que reconozco que difiere de la opinión de la Comisión- de que deberían asignarse 1.000 millones de euros a la ayuda de emergencia. 
Deseo expresar mi agradecimiento a los seis Grupos que han suscrito el documento- los Sres. Karas y Ferber lo hicieron en nombre de nuestro grupo- por su disposición a llegar a un acuerdo sobre un texto conjunto. 
La ayuda para la agricultura ya se había debatido, luego se habló de la reserva de eficacia de los fondos Estructurales, seguida por supuesto por el fondo para catástrofes que se va a crear ahora para el futuro; además, habrá que aplicar con flexibilidad las normas en materia de competencia. 
El Comisario Monti y la Comisión en su conjunto se han comprometido a ello. 
Lo que los ciudadanos esperan ahora de nosotros- y me dirijo ahora especialmente al Sr. Wynn, presidente de la Comisión de Presupuestos -, es que pongamos todas estas medidas en práctica sin demora. 
Si ahora dudamos y perdemos semanas discutiendo entre nosotros, estaremos desaprovechando la buena voluntad que se ha granjeado la Unión Europea, sobre todo en la persona del Sr. Romano Prodi, Presidente de la Comisión. 
Por lo tanto, espero que actuemos con decisión y compromiso para poner en marcha las medidas de seguimiento. 
Por otra parte, me gustaría hacer una observación que sólo concierne de manera indirecta a este asunto. 
En estos momentos, se están desarrollando deliberaciones sobre el Pacto de Estabilidad. 
Incluso en una situación catastrófica como la que nos ocupa, no debemos poner en peligro el Pacto de Estabilidad, dado que está en juego la confianza en la moneda europea, la confianza en la capacidad de la Unión Europea en su conjunto para cumplir lo prometido. 
Por lo tanto, quiero exhortar a todos, a la Comisión, al Consejo y al Parlamento, a que ninguno de nosotros socave los cimientos del Pacto de Estabilidad, sino que- volviendo al tema de la catástrofe- todos cumplamos nuestra obligación con las personas que se han visto seriamente afectadas. 
Si lo conseguimos, nuestra Unión Europea disfrutará de una aceptación popular mucho mayor de la que solemos creer que tenemos. 
Con este espíritu, insto a todas las instituciones implicadas a que cooperen. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores Comisarios, Señorías, este verano hemos vivido una auténtica catástrofe medioambiental, económica y cultural en Centroeuropa. 
El 14 de agosto, yo, en nombre del Grupo Socialista, expresé nuestra solidaridad y la necesidad de que la Comisión actuara, y me permitirán que mencione el hecho de que el Presidente Sr. Prodi y los Comisarios no sólo se pusieron las botas y patearon el barro, sino que, además, el Presidente, Sr. Prodi, aceptó la invitación del Canciller Sr. Schröder, que desde el primer momento se movilizó, para realizar esa Cumbre extraordinaria de Berlín que, creo, fue un signo fuerte de voluntad y de actuación. 
Otros compañeros míos hablarán más extensamente de la situación en Alemania, en Austria, en Chequia, en Eslovaquia y en Hungría. 
Pero, permítanme, en nombre del Grupo Socialista, en primer lugar, que exprese nuestra condolencia, nuestro sentimiento a las víctimas y, también, nuestro agradecimiento más sincero a todos los voluntarios que se han movilizado, no sólo a aquellos que vienen de las zonas concretas, sino, también, a otros muchos. 
Yo he tenido la oportunidad de ver en mi país voluntarios que venían de las Islas Canarias, que están un poco lejos, y que se iban a Europa Central a echar una mano donde hiciera falta. 
Esto demuestra que hay un espíritu común entre nosotros. 
Creo que éste es el momento de señalar que debemos enmendar comportamientos pasados. 
La solidaridad debe expresarse por igual con todos, y ésa es una lección que hemos de aprender de las Azores. 
También hay una lección que aprendimos, por ejemplo con el terremoto de Grecia y es que la acción conjunta de griegos y turcos permitió superar barreras pasadas. 
Es en los momentos de dificultad cuando hay que manifestar la voluntad. 
En relación con la decisión que ha tomado la Cámara- me felicito de que sea unánime y de que la Comisión de Presupuestos haya actuado con seriedad- creo que tiene que haber un apoyo decidido. 
Es evidente que no se pueden planificar las catástrofes en los presupuestos, pero sí se puede, como se ha hecho con ECHO y como vamos a hacer ahora con el fondo: tratar de crear un sistema de aseguramiento que nos permita actuar. 
Quiero manifestar, ahora que estamos en la Convención, que ya es hora de que superemos esa absurda distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios. 
Parece que hay que pagar lo que va a las vacas o al trigo y no lo que se destina a las catástrofes. 
También esto se aplica al pacto de estabilidad. 
Se puede discutir la aplicación del pacto de estabilidad cuando hay una catástrofe, lo que no es de recibo es que se esté discutiendo el pacto de estabilidad en países que no han sufrido las catástrofes. 
Creo que en eso tenemos que ser muy firmes. 
Por último, señor Presidente, creo que, de cara a nuestro planteamiento del desarrollo sostenible, hemos de ser más humildes y respetuosos con la naturaleza, que tiene memoria y que vuelve. 
Debemos actuar con más firmeza en el camino hacia una política de desarrollo sostenible y, sobre todo, de reforzamiento de la solidaridad entre nosotros. 
Señor Presidente, las inundaciones que han afectado de esa forma tan grave a Europa central este verano han sido una enorme catástrofe natural. 
Las pérdidas financieras han sido colosales. 
Las inundaciones han provocado víctimas mortales, heridos y consternación. 
En circunstancias como esas, la Unión Europea tiene también la obligación de ayudar. 
Por esa razón, mi Grupo, del ELDR, apoya las acciones y planes de la Comisión destinados a ayudar a las víctimas de las inundaciones y a contribuir a financiar la reconstrucción, y solicita un enérgico programa de acciones ulteriores. 
El reparto de competencias determina que la responsabilidad de la UE sea mayor en el ámbito de la agricultura. 
Por lo tanto, las medidas que ha adoptado la Comisión para adelantar los pagos de las ayudas agrarias directas son acertadas, al igual que el resto de sus planes. 
El Grupo ELDR también considera apropiadas las siguientes medidas: la reprogramación parcial de los Fondos Estructurales, un incremento temporal de la financiación comunitaria y la canalización de la reserva de eficacia a la zona inundada. 
Incluso está del todo justificado el uso de los fondos destinados a la red transeuropea de transportes para los trabajos de reconstrucción. 
Las medidas encaminadas a ayudar a los países candidatos también tienen el apoyo de nuestro grupo. 
Debemos hacer posible la utilización de la reserva de ayuda de emergencia del presupuesto para reparar los daños. 
Nuestro grupo está a favor de la creación de un fondo europeo de ayuda de emergencia. 
Técnicamente, puede ser conveniente crearlo de conformidad con un instrumento flexible. 
Su finalidad y sus normas deberían definirse claramente. 
La compensación tendría que proceder fundamentalmente de la cuota nacional de los Estados miembros, y de las compañías de seguros. 
Nuestro grupo está dispuesto a impulsar una puesta en marcha tan rápida como sea posible de la legislación y los preparativos técnicos relativos a este fondo. 
Es importante que la Unión Europea haga un esfuerzo más intenso para superar el cambio climático, aplicar el acuerdo de Kioto y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Asimismo, es importante promover la utilización de fuentes de energía renovables. 
Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta el riesgo de desastres naturales, como las inundaciones, en los distintos ámbitos de la estructura social e intentar reducirlos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, señores Comisarios, mi grupo acoge con satisfacción el debate sobre las medidas necesarias en el ámbito europeo para afrontar los daños sin precedentes que han causado las desastrosas inundaciones en la República Federal de Alemania, Austria, la República Checa y Eslovaquia. 
Quisiera volver a expresar nuestra consternación y nuestro dolor por las víctimas, así como nuestras condolencias a sus familias. 
Los inmensos daños materiales y la pérdida de los medios de vida de miles de personas requieren una ayuda amplia y coordinada por parte de las autoridades e instituciones europeas, nacionales y regionales. 
Los ciudadanos, las comunidades, las empresas y las instalaciones agrarias que se han visto afectados esperan que las instituciones europeas les presten una ayuda inmediata y tangible para aliviar su estado de necesidad y también para abordar las amplias consecuencias de la emergencia. 
La Unión Europea puede hacer mucho para mejorar su imagen y su reputación a los ojos del público actuando de forma rápida y sin trabas burocráticas. 
La notable oleada de solidaridad y ayuda mutua altruista que se manifestó en la lucha contra la crecida de las aguas debe complementarse con muestras evidentes y significativas de la solidaridad de la Unión Europea. 
La Comisión ha dado un paso en la dirección adecuada al proponer la posible redistribución de los recursos en el marco de los Fondos europeos, pero eso no es suficiente. 
Junto con el fondo comunitario para catástrofes que ha propuesto la Comisión y que movilizará dinero para ayudas a largo plazo, es preciso aportar una ayuda de emergencia con cargo al margen todavía no utilizado de los recursos presupuestarios europeos. 
Además de eso, proponemos que, en el caso de desastres, sea posible contemplar la opción legal de reducir la cuota de cofinanciación nacional, suspendiendo al mismo tiempo la licitación obligatoria de contratos públicos con el fin de movilizar a las empresas locales y regionales. 
De esa forma, se contribuiría eficazmente a apoyar y promover las pequeñas y medianas empresas de la región o la zona afectada por la catástrofe. 
Nos congratulamos de la iniciativa del Banco Europeo de Inversiones, por la que se van a liberar en un primer momento 1.000 millones de euros para la concesión de créditos con condiciones especiales, con la opción de reponerlos en una fecha posterior. 
Ofrecer esos créditos sin intereses sería de gran ayuda para sus receptores. 
Eso nos lleva a proponer que la Unión Europea asuma los costes de los intereses devengados, mediante un fondo creado especialmente con este objeto. 
A modo de conclusión, quisiera señalar que esas desastrosas inundaciones no son un fenómeno natural aislado y extremo; la incidencia de desastres naturales en diversas partes del mundo se está incrementando. 
En nuestra opinión, esa debería ser- debe ser, de hecho- una clara señal de advertencia, que nos exige que otorguemos a los aspectos medioambientales una prioridad mucho mayor de la que les hemos dado hasta ahora en todas los ámbitos pertinentes las políticas comunitarias. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, observamos con horror cómo los ríos de Sajonia, Sajonia-Anhalt, Baviera, la República Checa, Eslovaquia y Austria, fueran grandes o pequeños, se convertían en ríos de destrucción. 
Nunca antes había roto el Elba, el río que pasa por Dresde, mi cuidad natal, sus márgenes originales con tanta brutalidad. 
Destruyó buena parte de los trabajos de reconstrucción realizados tras la unificación alemana y, sobre todo, se llevó las posesiones de muchos jóvenes que acababan de fundar hogares y de iniciar nuevos negocios- estarán endeudados durante generaciones- y destruyó la mayor parte del centro renovado de la ciudad de manera verdaderamente arrasadora. 
Me faltan palabras para describir las pérdidas, los sufrimientos y la desesperación de las víctimas. 
Hablo de mi ciudad natal, pero tomémosla como un símbolo que representa a muchas pequeñas localidades que también se han visto afectadas en la misma medida que las grandes ciudades de Alemania y sus países vecinos. 
En mi nombre y en nombre de mi Grupo, me gustaría expresar mis más sinceras condolencias a todos ellos. 
Deseo que este debate se convierta en una muestra real de solidaridad y que el fondo para catástrofes llegue a ser una realidad, basada en un sentimiento de solidaridad con todas las regiones, en lugar de sólo con algunas, y que incluya a los países candidatos. 
Tanto los residentes como los visitantes tuvieron siempre un gran respecto por el río Elba. 
La ciudad se ha adaptado a las crecidas de primavera, pero ahora los nuevos planes de las redes transeuropeas de transporte convertirán el río en una esclusa con corrientes rápidas que pondrán en peligro a la población que vive en sus riberas. 
Por lo tanto, solicito a la Comisión que vuelva a analizar si sus planes de desarrollo urbanístico del río Elba y también del Danubio siguen estando justificados en vista de la presente experiencia. 
Hay un plan de desarrollo para el Danubio, que es sostenible y conservará los bosques aluviales Ahora le corresponde a la Comisión decidir si va a financiar ese plan en solitario o si va a establecer algún tipo de acuerdo para la financiación de las presas. 
En lo que respecta al Elba, todavía no está claro en qué medida va a asumir la Comisión los planes existentes para su desarrollo que son impracticables, como ha quedado demostrado. 
Si esos planes aún no se han ejecutado- lo que ha sido una gran suerte, pues de lo contrario las inundaciones habrían sido incluso más torrenciales- ha sido gracias a las iniciativas de la sociedad civil que, hasta la fecha, han evitado que se pusieran en práctica. 
Sin embargo, durante las próximas semanas habrá que plantearse si será posible conservar los importantes bosques aluviales y sus recursos, y mantener así también las aguas controladas, o si el desarrollo urbanístico del Elba va a seguir adelante. 
Lo mismo cabe decir del río Oder, para el que existen planes similares; también cerca del Oder hay reservas naturales y el río amenaza con inundar algunos pueblos. 
La pregunta que hacemos a la Comisión es si se puede elaborar un nuevo plan adecuado y se pueden revisar todos los planes actuales, de forma que también la Comisión asuma su plena responsabilidad en este ámbito. 
Señor Presidente, el objeto de la propuesta de resolución presentada por el Grupo UEN y de las propuestas de los demás grupos políticos es en esencia crear en el presupuesto de la Unión una línea de crédito destinada a ayudar a paliar los daños causados por los desastres naturales que han ocurrido recientemente en varios Estados miembros y en países candidatos. 
La necesidad de una acción comunitaria urgente era, además, del todo evidente si tenemos en cuenta los efectos excepcionalmente amplios de los fenómenos atmosféricos que han afectado a toda Europa. 
Cuando visitó las zonas catastróficas, el propio Presidente Prodi no pudo sino declarar, al expresar las condolencias de la Unión, su disposición a actuar, tanto mediante exenciones como con ayudas financieras. 
A nuestro juicio, otras consideraciones también sugieren la necesidad de crear una línea de crédito estable. 
Aunque muchos no estén dispuestos a admitirlo, me temo que está empezando a ser obvio que el clima de nuestro planeta está cambiando, y no es necesario adherirse a la teoría más alarmista para verlo. 
Como es lógico, las estadísticas meteorológicas acumuladas a lo largo de los años han hecho lo posible para mostrarnos comparaciones alentadoras, haciendo que la escala de los desastres parezca menor, pero no es su tamaño, a pesar de ser muy significativo, lo que nos preocupa ahora, sino la creciente frecuencia con la que se producen, por una parte, y por otra, el hecho de que ocurran repetidamente fuera de su estación normal en Europa. 
La creación de una línea de crédito estable dentro del presupuesto de la Unión ayudaría, por tanto, a los Estados a tomar todas las medidas necesarias para paliar los daños causados por esos sucesos. 
Sin embargo, no hay duda de que la Comisión debe adoptar también otras medidas, incluso más importantes, destinadas a la prevención Sin duda, es buena idea volver a analizar, tanto en el ámbito nacional como en el comunitario, las políticas de producción agrícola, de forestación y de gestión de las zonas de riesgo hidrológico. En cualquier caso, el problema principal, la cuestión más importante es, con toda seguridad, el efecto invernadero y sus consecuencias perjudiciales que, debo decir con gran pesar, se han demostrado científicamente más allá de cualquier duda. 
Es preciso que reflexionemos sobre el hecho de que la cuestión de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero- que se planteó por primera vez hace ya diez años en Nueva York y por segunda vez, seis años después en Kioto, en el famoso Protocolo- sigue sin avanzar un ápice hacia su solución debido a que el Protocolo no ha sido ratificado por un número suficiente de Estados. 
Instar a Rusia a que ratifique el Protocolo es, sin duda, un paso importante, pero entra dentro del ámbito de las relaciones políticas y económicas que se están estableciendo con dicho país. 
Seguimos teniendo la incuestionable obligación de insistir con mayor firmeza en la necesidad de que los países candidatos ratifiquen el Protocolo, empezando por Polonia. 
Señor Presidente, mi grupo, el Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, también desea transmitir sus condolencias a los familiares de las víctimas de las graves inundaciones que se han producido en Europa y afirmar que debemos encontrar métodos eficaces para prestar ayuda a las numerosas personas que en estos momentos la necesitan. 
Sin embargo, me gustaría prevenirles de las consecuencias negativas de que la UE tome parte en los trabajos de ayuda. 
Las víctimas del huracán de América Latina no recibieron el dinero que les habíamos asignado. 
La UE se contenta a menudo con aceptar los beneficios en términos de relaciones públicas de una importante asignación de fondos, pero no está en una posición que le permita tomar medidas eficaces. 
Lo mismo podría ocurrir fácilmente también en esta ocasión. 
Sería más razonable pagar un parte del coste del programa de ayudas que han puesto en marcha las autoridades locales, regionales y nacionales, y yo personalmente estoy dispuesto a ser muy generoso en este sentido, puesto que es en tiempos de necesidad cuando los amigos demuestran que lo son. 
En la UE somos ricos, mucho más ricos que, por ejemplo, la República Checa y Eslovaquia, dos países muy afectados. 
Ahora deberíamos apresurarnos a demostrar nuestra solidaridad en términos prácticos y monetarios. 
Sin embargo, también debemos analizar las causas y tomarnos más en serio el efecto invernadero y otros ataques humanos contra el medio ambiente. 
El presidente francés, Jacques Chirac, tiene razón, por supuesto. 
Merece nuestras alabanzas por su discurso en Johannesburgo. 
Todavía no estoy en condiciones de poder valorar la aportación de la Presidencia danesa del Consejo a la Cumbre de Johannesburgo, pero es escandaloso que sigamos inundando de productos subvencionados por la UE los mercados agrícolas de los países en desarrollo, mientras nos negamos en redondo a abrir nuestros mercados a sus productos de esos países, y que todavía no se haya llegado ni siquiera a un acuerdo que establezca que el 15% de la energía debe proceder de fuentes renovables en 2015. 
Como consecuencia de esa falta de decisión, probablemente estamos sentando las bases de futuros desastres naturales. 
Gracias, señor Presidente, aunque no hay mucho que agradecer. 
Señor Presidente, no es necesario decir que nos complace la iniciativa de la Comisión de ayudar a quienes han sufrido daños en las desastrosas inundaciones de una forma rápida y sin burocracia. 
Sin embargo, creemos que los mensajes de ayuda que ha ofrecido la Comisión en este momento resultarán, por desgracia, insuficientes para ayudar a las víctimas. 
Asimismo, los fondos se conceden hasta cierto punto de acuerdo con criterios no igualitarios. 
Estamos muy conmovidos por la magnitud de esas desastrosas inundaciones. 
Sólo en las regiones austríacas, más de 10.000 viviendas han quedado destruidas, innumerables puentes y carreteras han quedado inservibles o han sufrido daños importantes, y la infraestructura de comunidades y regiones ha quedado gravemente perjudicada. 
Las inundaciones han afectado gravemente a cientos de empresas, cuyas instalaciones y edificios están muy dañados o destrozados. 
Sólo en la región de Alta Austria, las inundaciones han afectado o puesto en peligro millares de puestos de trabajo. 
El alcance global de los daños crece prácticamente de día en día, según vamos apreciando mejor hasta qué punto han quedado afectadas las regiones. 
En la actualidad se cree que los daños totales ascenderán a más de 800.000 millones de euros, lo que significa, como ya se ha dicho en varias ocasiones, que el montante de 500 millones de euros propuesto por la UE como ayuda de emergencia no será suficiente. 
Por lo tanto, estamos trabajando sobre la base de que como mínimo se asignen mil millones de euros a las medidas de ayuda de emergencia. 
En este contexto, nos gustaría recordarles que se acaba de devolver a los Estados miembros un superávit correspondiente al año 2000 por valor de 11.600 millones de euros. 
Si se devuelven a los Estados miembros miles de millones de euros correspondientes a 2002, las personas afectadas por las inundaciones interpretarán que la UE honra el concepto de solidaridad más sobre el papel que en la realidad. 
Por lo tanto, creo que la Comisión debería reponer ese dinero y que el superávit de este año debería recortarse como corresponda. 
No podemos, o más bien no debemos, llegar a una situación en la que los pobres de Europa sean tratados injustamente. 
No considero correcto ni apropiado que las medidas de ayuda sean asignadas, en última instancia, en función de la región a la que están destinadas. 
En el caso de Alta Austria, muchas empresas no están ubicadas en la región incluida dentro del objetivo comunitario y, por lo tanto, se les deniegan determinadas ayudas. 
No hay ni que decir que también debemos pensar en los agricultores y ganaderos a los que se deberían facilitar, de forma rápida y sin burocracia, fondos para la compra de piensos, además de permitirles utilizar tierras ahora en barbecho y proporcionarles cereales intervenidos a bajo precio para su utilización como piensos. 
Es obvio que tenemos que pensar en los miles de particulares cuyas casas quedaron destruidas y también debemos poner fondos a su disposición con espíritu solidario. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías Comisarios, Señorías, permítanme expresar mi gratitud a la Comisión por la iniciativa que presentó a finales de agosto, inaugurada por una visita a las zonas afectadas, seguida de la reunión especial que celebró la Comisión la semana pasada con objeto de dar el pistoletazo de salida a la creación del fundamento jurídico para la concesión de una ayuda que permita responder a esta grave catástrofe. 
Permítanme que mencione particularmente, en este contexto, al Comisario Fischler, que tiene menos problemas con los presupuestos. 
Además de hacer propuestas, al mismo tiempo también puede tomar decisiones a través de la Cámara Alta austríaca. 
Es una gran ayuda para los agricultores y ganaderos afectados por las inundaciones que esto se haya hecho tan rápidamente tras los acontecimientos. 
Tres cosas son necesarias. 
En primer lugar, debemos ofrecer ayudas de emergencia, y hacerlo rápidamente. 
Con ello daremos una muestra de solidaridad europea. 
Quiero resaltar explícitamente que esa ayuda debe ser rápida y, lógicamente, inmediata. 
No podemos conformarnos con que las personas afectadas se sienten en torno a un árbol de Navidad improvisado en sus casas decoradas con gran esfuerzo, mientras en esta Cámara seguimos debatiendo aspectos como la fundamento jurídico, la redistribución de los fondos y todas esas cosas ya consabidas. 
Una ayuda de emergencia rápida significa que el procedimiento que se siga para actuar debe ser el más rápido disponible- los miembros del Grupo del PPE proponemos que se base en el procedimiento utilizado en el cuarto presupuesto suplementario de 2002 -, de forma que se pueda poner a disposición un montante del orden de 1.000 millones de euros para finales de octubre como muy tarde. 
En segundo lugar, hay que crear el marco jurídico necesario. 
El Fondo Estructural- se ha mencionado el nombre de Michel Barnier -, la ley sobre subvenciones y contrataciones públicas, son todos aspectos que se deben tener en cuenta. 
Es necesario poner en marcha un paquete legislativo completo, con el fin de que la legislación europea no entorpezca una rápida reconstrucción. 
En tercer lugar, tenemos que prepararnos para el futuro. 
¿Cómo podemos crear un fondo para catástrofes para el futuro? 
He ahí la cuestión. 
Debemos hacerlo de forma calmada y sin prisas, con el fin de que todo sea correcto en términos presupuestarios y jurídicos. 
Si llevamos a buen puerto esos tres aspectos, la ayuda llegará pronto a las personas, y Europa habrá cumplido con sus responsabilidades a largo plazo con sus ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores representantes de la Comisión, en esta Asamblea ya se han desarrollado en otras ocasiones largos debates sobre si es o no conveniente contar con una institución o fondo con la finalidad específica de conceder ayudas cuando se producen catástrofes. 
Es preciso decir en honor a la verdad que muchos nos sentíamos escépticos, creyendo que resultaría una carga para nuestros recursos, pero el gran desastre que se ha producido durante las últimas semanas nos ha convencido, a mi juicio, de que la solidaridad es una respuesta adecuada frente a esas catástrofes. 
No se trata sólo de ofrecer apoyo financiero a los países que repentinamente se enfrentan con una gigantesca tarea; sino también, como ya se ha mencionado, de una cuestión espiritual y moral, y también de una situación en la que esta Unión Europea nuestra, que ya no despierta un gran entusiasmo, puede conseguir un mayor apoyo público si demuestra que actúa con un espíritu de solidaridad. 
Por lo tanto, mi grupo está decididamente a favor de la creación de un nuevo instrumento financiero con todas las precauciones que la honestidad nos exige que adoptemos ante una situación de desastre. 
En primer lugar, los desastres en cuestión deberán ser de grandes dimensiones y no debemos fomentar la falsa impresión de que podemos reemplazar los esfuerzos de los Estados; podemos y debemos complementarlos, pero no sustituir ese esfuerzo en el ámbito nacional. 
De nuevo me gustaría subrayar lo que ha manifestado el Comisario Barnier con respecto a la prevención. 
No sólo debemos procurar restablecer la situación anterior, cuando esto sea posible, sino también poner en práctica medidas preventivas utilizando todos nuestros conocimientos técnicos, como se ha hecho, por ejemplo en mi ciudad natal, Viena, donde de nuevo hemos podido evitar el desastre. 
Lo que eso significa es que los Estados no pueden dar por sentado que seguirán obteniendo dinero cuando se produzcan desastres para luego continuar desarrollando indefinidamente políticas urbanísticas y demográficas que han fracasado por completo. 
La última cuestión que me gustaría apuntar ya se ha mencionado en un par de ocasiones, pero nunca está de más resaltarla: debemos ayudar de una forma rápida. 
Sé que todos tenemos que respetar ciertos plazos, pero veo que algunos planes indican que el regalo podría llegar para Navidad o quizá sólo después, cuando ya sea demasiado tarde. 
Demasiado tarde para que los ciudadanos tengan una experiencia de la Unión Europea como una ayuda real. 
Por esto pido a todos los diputados, pero sobre todo a la Comisión, que concluyan los preparativos tan rápidamente como sea posible y con la máxima eficacia para que tanto el Consejo como el Parlamento puedan dar su inmediata aprobación. 
Si podemos explicar a los ciudadanos que así se ha hecho, creo que podrán decir «sí» con gran entusiasmo a esta Unión Europea nuestra. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, en primer lugar, me gustaría expresar mis condolencias y las de mi grupo a todas las personas afectadas por la catástrofe. 
Las catastróficas inundaciones que han tenido lugar en Europa Central han sido, y siguen siendo, espantosas. 
Algo ha ocurrido con el clima. 
Los desequilibrios en la frecuencia de las sequías y las lluvias son cada vez más comunes, y los vientos son cada vez más violentos. 
En Johannesburgo se hizo un esfuerzo por encontrar soluciones globales. 
Sin embargo, el país que provoca la mayor contaminación por habitante, los Estados Unidos, no desea participar. 
Tal y como está en el mundo en estos momentos, a la UE le corresponde asumir ahora el liderazgo del desarrollo de una política medioambiental sólida. 
El Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Haarder, ha afirmado que eso afectará a nuestros procesos y a nuestras decisiones. 
Estoy convencido de que será así. 
La UE se ha enfrentado con problemas importantes que requerían soluciones comunes y que han unido a países y pueblos. 
Así ocurrió en el caso de la Unión del Carbón y del Acero, de la política agrícola, del mercado interior y de la Unión Económica y Monetaria. 
Estoy convencido de que tenemos que trabajar unidos para poder hacer frente con éxito a los futuros problemas medioambientales del planeta. 
El próximo proyecto importante de la Unión Europea debería ser la creación de una política medioambiental común que sea estricta y también directamente vinculante para los países y las personas. 
De esa forma, podríamos fijar unas normas mínimas más exigentes que nadie pudiera rebajar luego y la UE podría tener la oportunidad de representar un papel protagonista en la mejora del medio ambiente mundial. 
Esa es la cuestión más importante tanto para la humanidad como para la UE. 
Señor Presidente, las inundaciones más catastróficas que se recuerdan que han afectado a las personas que viven en la zona del río Elba y algunos de sus afluentes han tenido también graves consecuencias para los agricultores y ganaderos y sus familias. 
Aunque todavía no se ha hecho un recuento definitivo de los daños, los informes provisionales de los Estados federales de Sajonia y Sajonia-Anhalt, especialmente afectados, indican el enorme alcance de los daños causados por las inundaciones. 
En estos momentos, se calcula que los daños causados por la riada en la agricultura y la silvicultura ascienden a cerca de 287 millones de euros. 
Sólo en Sajonia, unas 1.900 explotaciones agrícolas se han visto afectadas directamente por las inundaciones, y otras 640 en Sajonia-Anhalt. 
Mucho mayores son, no obstante, los daños causados en las viviendas de los pueblos, en la infraestructura de las zonas rurales y en los diques de los ríos. 
La zona de la que procedo, Prignitz, está situada en las orillas del río Elba y los daños han sido graves; a pesar de que se pudo evitar parte del desastre, puesto que la zona no se inundó y los diques del Elba no se rompieron, los habitantes de 37 pueblos de Prignitz tuvieron que ser evacuados y unas 20.000 cabezas de ganado tuvieron que ser rescatadas de la inundación: un logro inmenso de solidaridad entre vecinos en una zona como Prignitz, muy poco poblada. 
Se llevó a cabo un trabajo ingente en Havelland, donde muchos miles de voluntarios hicieron lo posible para contrarrestar la inundación artificial de la zona a pesar de que los pólderes habían reventado. 
Las consecuencias medioambientales y financieras no quedarán patentes hasta finales de 2003 y 2004. 
Solicito expresamente que los anticipos de la prima comunitaria del 50% por hectárea se tramiten rápidamente, pero pido al Comisario Fischler que revise su pago a las empresas, a pesar de que eso no entra dentro de sus funciones. 
Los formularios de solicitud que han llegado a mis manos están escritos en jerga burocrática y no en el idioma de la solidaridad. 
Además, hay una necesidad de fondos adicionales. 
Las líneas de crédito especiales y los programas de garantía pueden ayudar, pero muchos agricultores ya no pueden volver a endeudarse, puesto que todos estos programas tienen en común la característica de que tardan un tiempo en entrar en vigor. 
Sabemos que este año quedarán sin utilizar entre 1.000 y 1.300 millones de euros del presupuesto de la UE. 
Solicito con carácter de urgencia que se estudie la posibilidad de que los fondos no utilizados se destinen a financiar subvenciones a fondo perdido para los agricultores de todas las zonas afectadas que hayan sufrido graves daños, en lugar de devolverlos a los Estados miembros. 
Cuando la UE pone en práctica sus medidas, es objeto de un intenso escrutinio por parte de sus ciudadanos. 
Lo que hace falta, y rápidamente, es dinero, no trucos de prestidigitación ni medidas de evasión política. 
Espero que, teniendo eso en cuenta, el Parlamento y todos nosotros seamos capaces de hacer lo correcto. 
Señor Presidente, Señorías, en mi calidad de diputado austríaco, me gustaría empezar mi intervención expresando mi gratitud por la posibilidad de una ayuda rápida e inmediata. 
Estos tristes acontecimientos nos han permitido avanzar hacia el objetivo de conseguir la proximidad con nuestros ciudadanos que con frecuencia hemos anhelado. 
Europa ha sido capaz de dar una imagen algo mejor. 
Bruselas, ese monstruo burocrático, parece encarnar la solidaridad, y esperemos que eso no siga siendo únicamente una imagen de cara a la galería. 
Los desastres tienen una dimensión que trasciende las fronteras nacionales. 
Es necesaria la solidaridad europea, y la UE ha dado la respuesta correcta. 
Junto con las incontables víctimas, cuya muerte lamentamos profundamente, hay muchas personas y familias que están al borde de la ruina; tenemos empresas, tanto pequeñas como grandes, agricultores, el medio ambiente, la agricultura, servicios públicos, edificios históricos, tesoros artísticos, incluidos los de los países candidatos, que necesitan una ayuda inmediata y rápida, concedida de forma conjunta y sin condiciones. 
Al público no le interesa de dónde viene el dinero ni cómo llevamos a cabo toda la reestructuración. 
Tenemos que abordar esto de forma inmediata y rápidamente. 
Las ayudas deben ser visibles. 
Volviendo a las medidas de seguimiento y las medidas a largo plazo, me gustaría subrayar lo que han dicho mis colegas, a saber, que el cambio climático se ha convertido en una realidad brutal. 
Estamos ante un cambio climático provocado por el hombre. 
El Sr. Barón Crespo ha afirmado que debemos ser más humildes en lo que respecta a la naturaleza, pero esto exige que emprendamos más acciones eficaces y acciones políticas más eficaces. 
El Comisario Barnier ha destacado repetidamente la necesidad de medidas preventivas. 
No sólo son necesarias y más baratas, sino que también protegen mejor el medio ambiente. 
Espero, y solicito a todos los Estados miembros, a la Comisión y a esta Asamblea, que todas estas medidas no se queden en meras expresiones de buena voluntad, sino que se pongan en práctica en todos los ámbitos políticos pertinentes. 
En vista de ello, debemos darnos tiempo para desarrollar un debate detallado sobre el fondo para catástrofes. 
No tiene mucho sentido lanzarse simplemente a la reconstrucción de lo que ha quedado destruido si no hemos reunido previamente toda la información disponible necesaria, sobre todo en áreas sensibles desde el punto de vista medioambiental. 
Tenemos que reconstruir de una forma sostenible. 
Las esperanzas que los ciudadanos depositan en esta UE nuestra, en esta comunidad de solidaridad, han aumentado y seguirán creciendo. 
Por lo tanto, debo felicitarles por esas medidas ad hoc, pero deberíamos trabajar con igual celo para identificar las estructuras para el futuro, pues nuestra solidaridad no debería limitarse a las víctimas actuales, sino que debería extenderse a todo el mundo, y no sólo ahora, sino también en el futuro. 
Señor Presidente, Señor Presidente en funciones del Consejo, Comisarios, Señorías, me gustaría empezar manifestando mi sincero agradecimiento a todos mis colegas diputados por su solidaridad y simpatía, ya que ésta es una época realmente difícil para las personas de las zonas afectadas de Europa Central. 
La última vez que Austria sufrió una inundación de esta envergadura fue hace más de un siglo. 
Estamos especialmente agradecidos a la Comisión y a la Presidencia del Consejo por su rápida respuesta a esta catástrofe. 
También me gustaría dar las gracias a los diputados europeos de Austria por la solidaridad y cooperación que han manifestado, independientemente de su adscripción política, así como a todos los ayudantes voluntarios, a los bomberos voluntarios, a la Cruz Roja y al Ejército Federal austriaco por su incansable labor. 
Procedo de una de las zonas afectadas de la Baja Austria y he sido testigo de sus esfuerzos sobrehumanos. 
En muy poco tiempo fueron destruidos los medios de subsistencia de muchas personas, y, por citar un ejemplo, más de 20.000 hectáreas de tierras cultivables austriacas quedaron anegadas. 
Los daños causados han sido enormes, lo que significa entre otras cosas, que la cosecha no podrá completarse en las zonas en que la trilla se hace tarde, y que numerosos campos y prados no podrán ser segados, ya que todavía se encuentran inundados debido al alto nivel de las aguas subterráneas. 
Las máquinas y equipos se hunden en los campos y hay que contar con escasez de forrajes. 
La inmediata adopción de medidas por parte de la Comisión para ayudar a los agricultores es, por consiguiente, una cuestión de vida y muerte para nosotros y lo agradezco de todo corazón. 
En un estudio, el Instituto de Investigaciones Económicas de Austria cifra los daños en más de 7.500 millones de euros. 
La destrucción de numerosas empresas y de la infraestructura en estas regiones ha hecho que el desarrollo de estas zonas se retrase años enteros. 
El Parlamento y la UE en su conjunto deben ayudar activamente y con gran celeridad. 
Ha llegado el momento de demostrarlo. 
Considero que es una oportunidad para que la Europa que compartimos demuestre su valía. 
Realmente saludo la ayuda de emergencia concedida por la UE, una de cuyas características más importantes es, como ya han señalado muchos de los oradores que me han precedido, la transparencia del proceso y la ausencia de burocracia. 
Éste es un ámbito en el que- para ser francos- los gobiernos de las zonas afectadas deben asimismo facilitar los fondos necesarios sin demora. 
La ayuda de emergencia debe incluirse en el presupuesto suplementario. 
Debemos crear un fondo eficiente para catástrofes, dotarlo de recursos suficientes y definir los criterios para su funcionamiento. 
Este fondo debería estar dotado de 1.000 millones de euros. 
Las catástrofes sucederán una y otra vez, pero nuestra sociedad se distingue por la manera en que tratamos la naturaleza y vivimos en armonía con ella, así como por nuestra solidaridad con los afectados por el infortunio, ya que todos podemos encontrarnos en su situación. 
Señor Presidente, Señorías, yo vengo de Sajonia. 
Tan sólo pensar en lo sucedido allí me causa dolor y dos minutos es muy poco tiempo para hacerlo. 
El 12 de agosto marcó el comienzo de una de las peores catástrofes naturales que ha conocido este país. 
He aquí tan sólo una estadística: El 12 de agosto, en los Montes Metálicos cayeron 360 litros de lluvia por metro cuadrado en 24 horas. 
Creo que muchos Estados miembros estarían más que satisfechos con sólo una parte de estas precipitaciones durante el verano. 
Los arroyos y ríos desbordados barrieron con todo lo que encontraron en su camino. 
Miles de personas perdieron todas sus pertenencias en unas cuantas horas. 
Los minoristas y comerciantes no sólo perdieron sus tiendas y empresas, sino también todas sus existencias y materiales. 
Al parecer, 21 personas perecieron en las inundaciones. 
El nivel del agua ha descendido y todo lo que queda es: devastación y lodo. 
Las primeras estimaciones cifran los daños de las infraestructuras y edificios públicos en el Estado Libre de Sajonia en 16.500 millones de euros. 
A título de comparación, el presupuesto anual del Estado Libre de Sajonia es de unos 15.000 millones de euros. 
Sajonia-Anhalt se queja de haber sufrido daños por 2.100 millones de euros, aunque considero que la factura definitiva será más elevada. 
Se necesita urgentemente ayuda de emergencia. 
El Gobierno federal ya ha reaccionado y en breve facilitará 10.000 millones de euros para los trabajos de reconstrucción. 
Sin embargo, la Unión Europea también ha recibido solicitudes de ayuda. 
Y también ha respondido y su respuesta ha sido bien acogida. 
No obstante, me gustaría señalar que, incluso si recurrimos a los fondos estructurales y damos prioridad a determinadas medidas, debemos ir aún más lejos. 
No debe producirse una disminución en las ayudas de los fondos estructurales para las zonas del Objetivo 1 de Alemania Oriental y les exhorto a que tengan esto en cuenta. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos los que han ayudado en las labores de limpieza y lucha contra las inundaciones. 
Me gustaría asimismo pedir a la Comisión que no deje fuera de sus planes de ayuda de emergencia a la República Checa y a Eslovaquia. 
Estos países han sufrido daños enormes y probablemente no están tan bien preparados para ello como Alemania o Austria. 
Señor Presidente, Comisarios, Presidente en funciones del Consejo, mi simpatía en este momento va dirigida a las familias más afectadas de las zonas que han sufrido este desastre. 
Asimismo debemos mostrar respeto y admiración por la enorme respuesta al desastre y por la manera en que miles de personas lucharon, hombro con hombro, contra las mareas de agua. 
Fue algo sin precedentes. 
No cabe duda que los Estados miembros de la UE deben unirse para hacer frente a una catástrofe como ésta. 
Por ello es importante recordar que la ayuda concedida en el momento oportuno cuenta doble. 
Asimismo me gustaría destacar que muchas personas desean saber de qué forma vamos a ayudar a la República Checa. 
La República Checa es un país candidato y, por consiguiente, es muy importante que lo tratemos de tal manera que tanto ese país como los demás países candidatos se sientan seguros. 
Por último, destacaré que la agricultura en las zona afectadas ha sufrido una doble pérdida: primero, la cosecha de forraje de este otoño se ha perdido, y segundo, las cosechas de invierno ya sembradas no estarán listas para el año próximo. Por esa razón no cabe duda que las pérdidas sufridas por la agricultura se extenderán al menos a dos ejercicios contables. 
Señor Presidente, en la noche del 12 de agosto, mi hija compró una cámara fotográfica en la localidad de Döbelin, donde vivo, que cuenta con 28.000 habitantes. 
Tres horas más tarde, la tienda ya no existía. 
Otro tanto sucedió con 1.425 hogares de ese distrito y 711 empresas. 
Y por supuesto, las escuelas, los institutos científicos y, sobre todo, las infraestructuras públicas se vieron gravemente afectadas y, para decirlo sin rodeos, la agricultura contempla su propia ruina. 
Como ya hemos escuchado, 220.000 hectáreas fueron inundadas y las estimaciones provisionales de los daños causados por las inundaciones a la agricultura son enormes. 
La Sra. Fiebiger ha citado estas cifras. 
Lo peor de todo es la pérdida de piensos animales, sobre todo por la pérdida de grano. 
Los gobiernos y la Unión Europea ya han concedido una suma considerable de dinero en forma de ayudas de emergencia. 
Y aparte de ello, el Comisario responsable, Franz Fischler, con quien estoy en constante contacto personal y al que expreso nuevamente mi agradecimiento, ha ordenado que se faciliten 560 millones de euros en forma de pagos directos a los agricultores, si bien la cifra definitiva será superior, ya que, de acuerdo con la información con que cuento, ahora se han incluido las regiones de Mecklemburgo y Pomerania Occidental. 
Como ya se ha dicho aquí, se han facilitado superficies de barbecho, junto con grano barato para alimentar al ganado. 
Mi petición o, más bien, mi pregunta es la siguiente: ¿se han facilitado realmente estos 560 millones de euros desde el 1 de septiembre? 
Escuchar la respuesta de sus labios, estimado Sr. Fischler, sería música para los oídos de las víctimas. 
Porque no debemos equivocarnos. 
Ésta es una emergencia nacional y, aunque las regiones afectadas deben hacer todo lo posible por hacerle frente, tendrán que ir más allá de sus límites financieros. 
Por ello, hacer frente a esta catástrofe a corto, medio y largo plazo es tarea de estas regiones, de los gobiernos nacionales y de la Unión Europea. 
Y habrá que adoptar medidas rápidamente, porque las personas afectadas requieren urgentemente ayuda económica. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, hago míos los mensajes de condolencia y agradecimiento de los colegas. 
Europa se ha visto afectada de manera incomparable por el problema de las inundaciones y debe ser parte de la solución de este problema inmediato que tenemos. 
Por ello, la urgencia reclamada por los colegas y una ayuda que no sea una ayuda semántica son los dos primeros factores absolutamente necesarios en el comportamiento de esta Cámara. 
Es necesario, señor Presidente, dinero fresco para acometer las ayudas; no solamente el dinero programado, sino nuevas aportaciones. 
Debemos tener en cuenta que esta Cámara ha contribuido durante muchos años a que el 1,27 como tope del presupuesto de la Unión Europea nunca se haya utilizado y ha sido, por tanto, utilizado en proporciones sustanciales por debajo del mismo. 
Creo que el Sr. Barnier ha introducido consideraciones y matizaciones absolutamente necesarias. 
Pertenezco a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y es evidente que la flexibilidad es fundamental en la reprogramación, que la reserva de eficacia se debe utilizar para su cometido, revitalizando las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la normalización y la recuperación y que la prioridad en la defensa de nuestras infraestructuras es un dato fundamental en las nuevas prioridades. 
Señor Presidente, termino diciendo que, si hemos sabido ahorrar durante muchos años, la solidaridad nos exige hoy generosidad. 
Señor Presidente, Señorías, en mi calidad de diputado de una de las regiones afectadas por las inundaciones, estoy muy agradecido de que este debate se celebre hoy. 
Aquí estamos, pensando en la manera de conseguir dinero para las víctimas. 
Lo que demuestra que nuestra comunidad, la Unión Europea, se basa sobre todo en el principio de solidaridad. 
También me gustaría dar las gracias al Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, por haber visitado personalmente las regiones devastadas. 
Su visita demostró claramente que la Unión Europea se encuentra perfectamente, que está lista para ayudar e hizo mucho por mejorar la reputación de la Unión Europea. 
Los ciudadanos de a pie vieron que Europa es una fuerza dinámica que ayuda. 
La semana pasada visité algunas de las zonas afectadas para preparar el presente debate y hable con los ciudadanos y los responsables. 
La devastación es inmensa y la gente sufre una profunda desesperación. 
Sin embargo, sacan esperanzas para comenzar de nuevo del incontenible sentido de solidaridad mostrado en Alemania y de la ayuda procedente de otras partes, entre ellas la Unión Europea, ya que no pueden hacer frente a estos problemas por sí solos. 
Lo fundamental- como me dijeron una y otra vez- es que se necesita dinero rápidamente. 
Aparte de reemplazar la pérdida de propiedades personales, antes que nada debemos garantizar que las infraestructuras sean reconstruidas lo antes posible, a fin de reducir al mínimo las pérdidas de las empresas. 
Además de los créditos baratos, que el Comisario ya ha mencionado, creo que debemos hacer algo más por garantizar que el dinero fluya con rapidez. 
Una posibilidad sería facilitar fondos del presupuesto suplementario o del fondo para catástrofes sobre el que ya hemos debatido hoy aquí. 
Este dinero debe desembolsarse a corto plazo. 
La segunda posibilidad consiste en facilitar recursos a través de los fondos estructurales. 
Me parece que ambos canales son importantes y constituyen el planteamiento adecuado. 
Sin embargo, en el caso de los fondos estructurales debemos tener en cuenta que, con arreglo a la legislación vigente, los fondos estructurales sólo pueden utilizarse con una cofinanciación del 50%. 
Esta cofinanciación se consigna en los presupuestos de los países en tramos anuales y a continuación se asignan los fondos correspondientes. 
No se pueden facilitar fondos adicionales a corto plazo. 
De ahí que el empleo de los fondos estructurales sólo tenga sentido si se modifica la cofinanciación. 
Lo que necesitamos es una reducción, y no me refiero a un par de puntos porcentuales, sino a una reducción drástica únicamente durante este período, es decir, mientras los fondos se utilicen para la reparación de los daños. 
Sin embargo, habrá que revisar la cuestión de la aportación de más dinero con cargo a los fondos estructurales durante los próximos años, como ha señalado la Sra. Krehl. 
Creo que si adoptamos este planteamiento, tendremos una gran oportunidad de ayudar a la gente y ganarnos su confianza en la Unión Europea. 
Señor Presidente, yo también debo comenzar diciendo, con cierto patriotismo local, que mi región, la Alta Austria, y lo que es más importante, mi distrito de Perk, se han visto devastados por las inundaciones. 
En el distrito de Perk, donde vivo, sufrimos tres inundaciones y avalanchas de lodo repentinas de una magnitud sin precedentes en tan sólo un mes. 
La primera, que fue, en términos relativos, la más ligera, afectó a mi casa. 
Atrás quedó el momento en que intentábamos convencernos de que éste era un suceso que ocurre cada milenio- una infeliz combinación de circunstancias -, pues ahora estamos convencidos de que se trata de una catástrofe producida por el cambio climático que puede repetirse en cualquier momento. 
Puede repetirse una vez más en cualquier lugar de Europa o del resto del mundo y en cualquier momento, es decir, incluso ahora que nos dedicamos a los casos de emergencia y a reparar los daños, tenemos que centrarnos en la prevención y la protección del clima. 
Estoy muy agradecido con todo el mundo, incluida la Comisión, que ha adoptado un impresionante paquete de medidas y nos ha demostrado la forma en que podemos ayudar a escala europea. 
Todos los que procedemos de las regiones afectadas ya hemos señalado que este mensaje ha sido muy bien acogido por nuestros conciudadanos. 
Asimismo creo- y ese es el motivo por el que hacemos presión aquí para obtener mayores ayudas- que la asistencia de la Unión Europea debería ser proporcional a los daños. 
La factura total en Alta Austria probablemente será del orden de 3.000 millones de euros. 
Me gustaría hacer una petición especial a la Comisión en nombre de mi región, que no forma parte de los Objetivos 1 y 2, y de los lugares más afectados que no cumplen los criterios para recibir ayudas. 
Pido que se apoye la aplicación de las medidas de reestructuración dentro de Austria, incluidas estas zonas. 
Le agradezco, Señor Presidente Cox por haber adoptado la temprana iniciativa en nombre de la Unión Europea y por inaugurar una exposición sobre los daños sufridos en Alemania, la República Checa y Austria que yo he organizado para las 17 horas de hoy, pues considero que este tipo de solidaridad es importante. 
Puedo informarles de que en mi región, incluso las personas que lo perdieron todo o casi todo, afirman que los pobres checos están peor y que probablemente tendrán mayores problemas para hacer frente a esta catástrofe. 
Creo que hemos sido testigos de un súbito repunte de la solidaridad transfronteriza. 
Me gustaría aprovechar este foro para agradecer a todos los que han ayudado en Austria: el ejército, los bomberos, la Cruz Roja y todos los voluntarios. 
Numerosos organismos se han visto desbordadas por los ofrecimientos de ayuda. 
En Austria, los solicitantes de asilo africanos han ayudado y las asociaciones de jóvenes musulmanes han colaborado de forma voluntaria. 
Se ha producido una ola de solidaridad que nunca habíamos presenciado y que ha sorprendido a muchos, y con mucho gusto transmitiré el mensaje de sincera simpatía que se ha expresado aquí para las víctimas de mi región. 
Señor Presidente, Comisarios, Señorías: mi intervención se debe, por supuesto, a las diversas catástrofes que han ocurrido en los Estados miembros de la Unión Europea, las devastadoras inundaciones, sequías e incendios. 
Este verano, las lluvias torrenciales que azotaron Alemania y Austria, así como la República Checa y Rumania, han causado un daño incalculable. 
Antes que nada, en términos humanos, la pérdida de docenas de vidas humanas y de miles de heridos o desparecidos y de familias que han quedado sin techo. 
Se han producido igualmente daños materiales en las infraestructuras, como puentes y carreteras destruidos, cultivos inundados y la destrucción de un patrimonio centenario. 
Antes que nada- y creo que hablo en nombre de todos mis colegas diputados- deseo utilizar este foro para elogiar la gran dedicación y la movilización de los servicios de emergencia, bomberos, policía, soldados y voluntarios. 
En la víspera de las sombrías conclusiones de la Cumbre de Johanesburgo, la Unión Europa ya tiene que hacer frente a las consecuencias del cambio climático y del incumplimiento del Protocolo de Kyoto. 
Para mí y para mi país, la Unión Europea significa solidaridad, tanto con los Estados miembros como con los países candidatos. 
Por ello, la Unión Europea tiene que poner en marcha todos los mecanismos y medios financieros que tiene a su disposición para ayudar a las zonas afectadas. 
La ayuda debe ser directa e inmediata, ya que las víctimas no comprenderían que se utilizasen procedimientos burocráticos y que se produjeran retrasos administrativos. 
Por esa razón deseo manifestar mi apoyo inequívoco a la creación a corto plazo de una línea presupuestaria excepcional para hacer frente a este tipo de desastres, mediante la reorientación de los fondos estructurales que ya han sido asignados, teniendo en cuenta la nueva situación, y la liberación de créditos concedidos en el marco de los programas de preadhesión. 
Igualmente estoy a favor a medio plazo de la propuesta de la Comisión de crear un fondo especial de asistencia para las catástrofes naturales, tecnológicas y medioambientales con una dotación no inferior a 1.000 millones de euros. 
Este fondo nos permitiría dar un respuesta rápida en caso de desastre en el sentido más amplio del término. 
Propongo que la dotación de este fondo que no se gaste durante el ejercicio en curso se añada al fondo para los años siguientes con el fin de reforzarlo. 
De esta manera, cada año aumentaría la capacidad de respuesta. 
Además, la cuantía de la financiación liberada debería tener en cuenta no sólo la magnitud del desastre, sino también la prosperidad de las regiones afectadas. 
Señor Presidente, Señorías: los desastres a gran escala como los acontecidos hace un mes traen consigo tristeza, ansiedad y pena, pero en ocasiones también traen algo bueno. 
Como por ejemplo, que la gente se sienta más cercana y unida, y que todos veamos que tiramos en la misma dirección. 
La cooperación vivida en un contexto europeo hace mucho más en los tiempos difíciles que los interminables y nobles discursos, y aquí hemos visto- y mis felicitaciones sobre todo a la Comisión por la forma en que se puso en acción- que la Unión Europea, que a menudo es considerada inflexible, puede demostrar toda su flexibilidad al asignar recursos de los fondos estructurales, al pagar las ayudas a los agricultores, al aplicar las normas de los fondos procedentes de Europa, al establecer un régimen flexible de ayudas, es decir, cuando los fondos no son canalizados directamente, y al mostrarse flexible en sus disposiciones en materia de competencia. 
Y estas actividades emiten un mensaje positivo, un mensaje que dice que Europa puede ponerse en movimiento cuando resulta necesario. 
Nosotros tenemos nuestra tarea hecha para nosotros. 
El Consejo y el Parlamento tienen que facilitar ahora ayudas tangibles con rapidez. 
La ayuda debe ser rápida debido a que los diques que han sido inundados no resistirán indefinidamente. 
Se necesita ayuda. 
Y la ayuda debe ser tangible porque se necesita una ayuda permanente y aquí me gustaría decir con toda claridad que el fondo de ayuda propuesta, que cuenta con nuestro pleno y firme apoyo, no está concebido como un parche rápido para unos cuantos meses o un incidente aislado. 
Cualquier persona que haya presenciado que dos países, que se encuentran entre los más fuertes económicamente de Europa, han recibido expresiones de solidaridad de países que no se encuentran entre los más fuertes, nunca más podrá negar ayuda a esas regiones si sufren una catástrofe en el futuro. 
Y digo esto a la vista de lo que hemos hecho en materia presupuestaria en años anteriores. 
Fundamentalmente, todo lo que hicimos fue despertar esperanzas para luego defraudarlas. 
Esto no debe repetirse con el fondo de ayuda y debemos actuar de forma consecuente. 
Sin embargo, debemos abordar una serie de cuestiones que trascienden estas medidas de emergencia. 
Debemos abordar estos temas en la Comisión de Presupuestos, donde intentaremos mantener un estrecho contacto y una estrecha colaboración con la Comisión y el Consejo a fin de hacer que las cosas avancen lo antes posible. 
Pero también debemos tener en cuenta en nuestros cálculos la experiencia a la hora de elaborar políticas en otros ámbitos. 
La información vía satélite sobre gestión de inundaciones debe incluirse en el programa marco de investigación, como sucede con la investigación sobre seísmos, ya que aquí no sólo estamos hablando de agua, sino también de terremotos, y ahí tenemos el caso de las Azores. 
Tenemos que pensar cómo imponer especificaciones obligatorias para garantizar la estabilidad de los edificios. 
Asimismo debemos considerar muy detenidamente la canalización de los ríos y las vegas. 
Y se necesita ayuda urgente. 
A medio plazo debemos crear una base sólida para la futura ayuda de la Unión Europea- incluida la ayuda financiera- y adoptar medidas preventivas en todo el espectro político que nos atañe. 
Sólo entonces la ayuda será creíble, pues sólo entonces la gente nos tomará en serio e, incluso entonces, no debemos prometer más de lo que podemos cumplir. 
Me gustaría dar las gracias a todos los que han ayudado y confío en que colaboraremos en las próximas semanas y meses para llevar a cabo la tarea que nos espera. 
Señor Presidente, Comisarios, Señorías: como ya se ha dicho, mi país, Austria, ha sufrido daños por 7.500 millones de euros. 
He participado personalmente en los trabajos de limpieza, evacuación y excavación en Alta y Baja Austria, como muchos de los que estamos aquí y miles, literalmente miles, fuera de esta Cámara. 
Juntos hemos presenciado la necesidad material y la angustia mental causada por este desastre, que ha llevado a algunas personas al límite y que acabó con casas, calles y empresas. 
Muchos sólo se dieron cuenta de la gravedad de la situación una vez que se marcharon los bomberos, el ejército y los servicios de emergencia. 
En nombre de un gran número de personas me gustaría dar las gracias a las autoridades, los municipios, los Estados federados, los Gobiernos de los Estados miembros, la Unión Europea y los voluntarios y, en mi calidad de presidente de una organización social, la Österreichisches Hilfswerk, que es una de las ocho organizaciones que distribuyen el dinero de los donantes o, mejor dicho, de los cientos de miles de donantes. 
La sociedad civil ha demostrado su valía y no nos ha fallado. 
Pero su labor aún no ha terminado. 
El Canciller austriaco, Dr. Schüssel, estimó ayer que ya se ha registrado un 70% de los daños y se han desembolsado directamente entre 65 y 60 millones de euros. 
La jefa de la Delegación austriaca, Ursula Stenzel, tomó la iniciativa de presentar una resolución común de los diputados austriacos, que se ha incluido en la resolución común del Parlamento Europeo. 
No es necesario definir este desastre, ya ha tenido lugar, y es por ello que el Parlamento Europeo solicita una ayuda de emergencia de 1.000 millones de euros para las zonas inundadas. 
Ahora pedimos flexibilidad en la concesión de las ayudas, pedimos que los recursos de los fondos estructurales sean reasignados, pedimos que se reduzca la cofinanciación nacional, pedimos que se supriman los límites nacionales en materia de ayudas y pedimos que las ayudas de emergencia se entreguen rápidamente; queremos fechas concretas, no sólo promesas. 
Me gustaría concluir dando las gracias a todas Sus Señorías por el tono del presente debate. 
No se ha intentado oponer las víctimas a los que no han sufrido daños, el norte al sur, los Estados miembros a los países candidatos, las cifras presupuestarias entre sí, los proyectos a nuevos planes. 
Este debate pone de manifiesto que debemos actuar porque todos vamos en el mismo barco. 
Es un buen ejemplo de madurez política y de la disposición para demostrar que las acciones valen más que las palabras, para contribuir a garantizar que no se produzcan retrasos, que se adoptarán medidas a corto plazo y que se adoptará un nuevo enfoque a largo plazo. 
Comisario, señor Presidente, Señorías: pronto llegará el invierno y las peticiones de nuestros ciudadanos a la Unión Europea no deben quedar desatendidas. 
En toda Europa, los hombres y mujeres que han sufrido la terrible tragedia de las inundaciones, en condiciones especialmente difíciles, esperan que el Parlamento les transmita una señal de esperanza, pero más que eso esperan medidas claras, inmediatas y prácticas. 
En mi región, el Hainault belga o en zonas que han recibido menos publicidad, el público no entendería que nos negáramos a ayudarles o que hubiese dos tipos de ayudas según la zona en la que se viva o la magnitud de los daños, puesto que todas estas personas se han visto desgraciadamente afectadas por este desastre, unas más que otras o incluso dos veces más que otras; me refiero en particular a aquellos que forman parte del tejido económico, como los agricultores y las pequeñas y medianas empresas. 
Por esa razón, todos ellos deben ser compensados con rapidez y de forma equitativa y sin tener que superar los excesivos obstáculos burocráticos que todos conocemos. 
¿Qué podemos aprender de esta situación? 
Demostremos nuestra eficacia y utilidad; asumamos nuestras responsabilidades y apliquemos de inmediato una política europea concertada, coordinada y vinculante en materia de ordenación territorial. 
Debemos defender firmemente lo dispuesto en Kyoto, independientemente de lo que digan algunos. 
Podemos crear un fondo de ayuda permanente, pero debemos mirar hacia el futuro y elaborar medidas preventivas a largo plazo. 
Comisario, usted habló de «valor político» , y yo le diría que lo que debe demostrar este Parlamento es «responsabilidad política común» a fin de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Lo que está en juego es nuestro futuro. 
Señor Presidente: Me gustaría decir dos cosas: Primero, quisiera manifestar la sincera y profunda solidaridad de la Región Autónoma de las Azores, y segundo, deseo destacar las palabras y concretamente la actuación del Comisario Barnier, quien desde hace años presta especial atención y gran dedicación al problema de las catástrofes naturales. 
Lo que debemos hacer ahora es transformar esa dedicación en un proyecto de reglamento que garantice que dichos fenómenos se aborden con objetividad e imparcialidad, de forma que todos los ciudadanos sean tratados de la misma manera, independientemente del lugar en que vivan, ya sea en medio del Atlántico o en el centro de Europa. 
Además hay que hacerlo de acuerdo con el principio de subsidiariedad y teniendo en cuenta el espíritu que ha demostrado esta Cámara, el espíritu de que la solidaridad europea está siendo construida en este preciso instante, en estos momentos tan difíciles para todos nosotros. 
Señor Presidente: ha sido un debate tranquilo, pero conmovedor. 
Me refiero a los informes testimoniales que hemos oído y a las numerosas expresiones de simpatía y voluntad de ofrecer asistencia rápida. 
Creo que podemos decir que el Parlamento, la Comisión y el Consejo están unidos en su voluntad de ayudar a los cientos de miles de personas afectadas, y no sólo ayudarles, sino hacerlo rápidamente. 
Estamos a la espera de que la Comisión presente propuestas prácticas. 
Consideramos que la Comisión ha actuado correctamente en este asunto. 
La Presidencia debería hacer todo lo posible por garantizar que el Consejo aborde rápidamente esta cuestión y, si juzgo por lo que he oído hoy, estoy convencido de que los asuntos pueden avanzar con mucha rapidez en este Parlamento. 
Actuar con rapidez es importante. Como ha señalado un diputado, la ayuda concedida en el momento oportuno cuenta doble. 
Estoy convencido de que podremos crear un instrumento eficaz, tanto a corto como a largo plazo, para ayudar a todas las personas afectadas. 
Como señalé en mi intervención introductoria, los Ministros de Asuntos Exteriores han aprobado este fin de semana la creación de un instrumento de este tipo. 
Ahora nuestra tarea es la de la reconstrucción tras los abundantes daños, pero como han mencionado varios diputados, no debemos dejar a un lado la prevención, pues los daños podrían haber sido mucho menos graves si hubiéramos tenido más visión de futuro a la hora de abordar las inundaciones en Europa. 
Los verdaderos amigos se conocen en la necesidad, dice un viejo refrán que existe en muchos idiomas. 
Creo que es importante que la solidaridad que ha puesto de manifiesto este debate se extienda igualmente mas allá de los actuales Estados miembros para incluir a los países candidatos que, de esa manera, recibirían la señal de que también ellos son tomados en cuenta en el contexto en el que estamos trabajando. 
Es este espíritu de comunidad y solidaridad con los nuevos Estados miembros el que utilizaremos más adelante, este mismo año, para aprobar una de las decisiones más importantes en la historia de Europa. 
Quiero dar las gracias a todos nuestros colegas que han participado en el debate. 
El tono del debate y su contenido prácticamente ya lo dicen todo. 
Dadas las distintas responsabilidades ejecutivas de nuestros colegas en la Comisión, es importante que aprovechemos su presencia al final de este debate invitando a cada uno de los Comisarios a hacer una breve declaración relativa a la institución en general y a sus carteras en particular. 
Señor Presidente, Señorías, Comisarios, Señorías: yo también quiero dar las gracias a todos ustedes por sus intervenciones y por el tono del presente debate. 
Creo que éste ha sido uno de los mejores momentos del Parlamento Europeo. 
No voy a extenderme mucho, simplemente deseo responder a las preguntas que se me han formulado. 
En este contexto, la pregunta principal es: ¿cómo se aplicarán las medidas adoptadas para la agricultura? 
La primera medida adoptada consistía en utilizar las tierras en barbecho. 
Esta medida ya está en marcha. 
Estas superficies ya pueden utilizarse en las regiones afectadas. 
La segunda medida adoptada fue suministrar grano de intervención para la alimentación del ganado en Austria. 
Esta medida está igualmente en marcha. 
Ya se han recibido solicitudes de las autoridades austriacas. 
La tercera medida y la más completa consiste en dar prioridad a los anticipos del 50% de las primas por superficie en el presente ejercicio presupuestario. 
El Sr. Goepel ha preguntado cuál es la situación en este ámbito. 
La decisión ya ha sido adoptada y será tramitada, el dinero se asignará utilizando los procedimientos normales de asignación que se utilizan para las primas. 
Éste es el método más expeditivo. 
En otras palabras, los importes son desembolsados por el Ejecutivo en cada uno de los Estados miembros. 
Quisiera añadir que mientras tanto esta medida se ha ampliado un poco y que los anticipos se elevan a más de 900 millones de euros. 
Señor Presidente, señor Presidente en funciones del Consejo, Señorías: creo que una vez más el debate de este día ha enviado una señal clara, una clara señal de solidaridad y de que las instituciones europeas colaboran muy bien y se apoyan mutuamente en esta situación. 
Y me parece que este hecho es sumamente significativo. 
La Comisión decidió la ayuda que podía conceder en su capacidad ejecutiva, las medidas que podíamos adoptar directamente, en su reunión extraordinaria tras el descanso estival. 
Existen las ayudas financieras para los agricultores, las ayudas de preadhesión y, lo que por supuesto es más importante, los fondos estructurales. 
Pero también podemos ofrecer más flexibilidad. 
A este respecto me gustaría destacar que hemos decidido permitir, en materia de licitaciones, la máxima flexibilidad en las regiones afectadas, a fin de actuar con rapidez. 
El Comisario Monti ha dejado muy claro que no se presentarán objeciones basadas en la normativa en materia de ayuda contra las ayudas nacionales destinadas a compensar hasta un 100% de los daños sufridos por las empresas y que esta ayuda incluso puede incluir la pérdida de beneficios o pedidos. 
Creo que ésta es una señal de gran importancia para las empresas afectadas de esas zonas. 
Por lo que se refiere a la creación de un fondo para conceder ayudas directas en caso de catástrofe natural, agradezco el gran consenso que se ha manifestado en esta Cámara, consenso que abarca a todos los partidos políticos y que concuerda con el que se ha producido en el Consejo. 
Como ustedes saben, anteriormente no contábamos con ese instrumento, un fondo de ayuda para las catástrofes naturales. 
Primero debemos crear este fondo. 
Esto significa que debemos llegar a un acuerdo y a un contrato extraordinario entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
En las próximas semanas, la Comisión presentará una propuesta al respecto. 
Deberemos establecer la base jurídica correspondiente, a fin de poder desembolsar el dinero del fondo. 
Quiero hacer una petición directa al Parlamento Europeo y al Consejo: recuerden que el demonio se esconde en los detalles cuando ustedes formulan esta base legal; tengan en cuenta que lo que deseamos es que el dinero llegue rápidamente a las regiones afectadas. 
Debemos conceder a las regiones afectadas un importe a tanto alzado en forma de ayuda y, en lugar de esperar a que se formulen proyectos concretos, deberíamos declarar la ayuda como tal para la región. 
Al parecer, este debate ha puesto de manifiesto que toda la Cámara está de acuerdo en que necesitaremos al menos entre 500 y 1.000 millones de euros anuales. 
Tenemos que llegar a un acuerdo con el Consejo a este respecto, ya que, como resulta obvio, el fondo deberá ser financiado por los Estados miembros, incluso si deseamos facilitar ayuda este año sin reclamar nuevos fondos. 
Sin embargo, debemos dejar claro que nuestra ayuda es una ayuda subsidiaria. 
Es una ayuda solidaria por parte de la Unión Europea y no debemos despertar falsas esperanzas. 
Este debate también me ha hecho comprender que la Cámara está de acuerdo en que las decisiones y las normativas deben adoptarse sin demora. 
Así las cosas, tenemos que establecer un calendario ambicioso a fin de que las decisiones necesarias para la creación de este fondo de ayuda de emergencia puedan adoptarse para finales del mes de octubre. 
Gracias por su apoyo. 
Señor Presidente, Señor Presidente en funciones del Consejo, Señorías: quisiera retomar una idea que ha aparecido en todo el debate, a saber, el hecho de que en medio de un desastre tan terrible se produzcan momentos de consuelo, sobre todo cuando la humanidad muestra de repente su rostro en el momento menos esperado. 
Estoy encantado de que hayamos podido mostrar el rostro humano de la política europea. 
Y no sólo en las zonas devastadas de Alemania y Austria. 
Puedo asegurarles que fue muy apreciado en la República Checa. 
La celeridad con la que actuamos y el hecho de que dimos por sentado que era necesario actuar han causado una impresión mucho más profunda que mucho de lo que hemos hecho a favor de la República Checa en los últimos años. 
El hecho de saber que, en la hora de la necesidad, estás en el mismo barco que tu vecino y de ver que se ofrece ayuda con un espíritu de solidaridad, ha venido a responder a la pregunta que se plantean muchas personas en este país: ¿por qué exactamente queremos Europa y la necesitamos? 
Agradezco al Parlamento Europeo que, al igual que la Comisión y el Consejo, no haya perdido tiempo haciendo distinciones entre Estados miembros y futuros Estados miembros a la hora de conceder ayudas procedentes de la nueva reserva para emergencias. 
Podemos elegir a nuestros asociados, pero no podemos elegir a nuestros vecinos. 
Si llueve a cántaros en Austria y Sajonia y en la República Checa, que se encuentra entre ambas, no podemos decir que ayudaremos a Austria y a Sajonia, pero que no ayudaremos a la República Checa. 
Y los habitantes de Praga se dieron cuenta de que esta es la opinión general. 
Estuve ahí el jueves pasado. 
Me parece que- y lo digo con la mayor de las precauciones- la inundación también ha acabado con algunos problemas políticos recientes entre los países afectados. 
Señor Presidente: ahora que nos acercamos al final de este debate, me gustaría añadir unos cuantos pensamientos a los de mis colegas. 
Es significativo que varios Comisarios hubieran manifestado su deseo de estar presentes durante todo el debate, ya que hemos colaborado y cada uno de nosotros, dentro de su ámbito, debe contribuir a una respuesta expeditiva y eficaz. 
En particular, quisiera decir a los Sres. Ferber y Markov que vamos a utilizar todos los márgenes de flexibilidad de los que disponemos en materia de porcentajes de cofinanciación, licitaciones y ayudas estatales. 
Lo que se aplica a los fondos estructurales para los Estados miembros de la UE se aplica igualmente a los instrumentos de preadhesión para la República Checa y Eslovaquia, como ha señalado el Sr. Verheugen. 
Quisiera responder a la Sra. Krehl que no tenemos intención de excluir a estos dos países candidatos de nuestra solidaridad. 
En una intervención anterior, la Sra. Schroeder ha hablado de los pueblos y regiones que rodean su ciudad, Dresde. 
Por lo que a mí respecta, nunca olvidaré el panorama de la ciudad de Wiesenstein, que me afectó profundamente. 
Esta pequeña ciudad acababa de ser reconstruida y restaurada tras la caída del muro de Berlín y resulta trágico que ahora haya quedado destruida. 
No debemos olvidar ese aspecto, junto con las grandes ciudades afectadas. 
También me gustaría responder al Sr. Virrankoski, que se ha referido a la metodología del fondo. 
Dentro de muy poco, el 18 de septiembre, presentaremos una propuesta: celeridad, eficacia y equidad para los métodos de distribución de este nuevo fondo. 
Actualmente estoy estudiando los criterios que permitirán definir qué es una catástrofe importante. 
En mi opinión, una catástrofe importante es una catástrofe que afecta gravemente a una parte significativa de la población en una o más regiones o en uno o más Estados. 
Es asimismo una catástrofe que pone gravemente en peligro la economía de la región, de un grupo de regiones, de un Estado o de un grupo de Estados. 
Eso es lo que ha sucedido con las inundaciones que han afectado recientemente a muchas regiones y a cuatro Estados. 
Con este espíritu estamos trabajando. 
La Sra. Berger ha mencionado las regiones que no forman parte de los Objetivos 1 y 2. El objetivo de este fondo excepcional de ayuda que vamos a crear juntos es el de poder financiar a las regiones no incluidas en los Objetivos 1 y 2 que se hayan visto afectadas o que puedan verse afectadas en el futuro. 
Por último, me gustaría decir al Sr. Swoboda y a la Sra. Echerer y a los demás que han hablado de desarrollo sostenible, al igual que yo en mi primera intervención sobre la prevención, que no existe una competencia comunitaria en materia de ordenación territorial. 
La planificación de las zonas urbanas y rurales corresponde a las autoridades locales y regionales o incluso a los Estados miembros. 
La Comisión no reclama nuevas competencias, ni ahora ni en el marco de la Convención. 
Sin embargo, tenemos una responsabilidad. 
Utilizo intencionalmente esta palabra de la misma manera que la expresión «valentía política». 
Nuestra responsabilidad consiste en garantizar, como en el caso de los créditos gestionados en el marco de los fondos estructurales, que los créditos que vamos a asignar en el marco de los créditos totales para este fondo se utilicen sobre el terreno de conformidad con las Directivas sobre medio ambiente, con la exigencia del desarrollo sostenible y, quizás con la exigencia adicional, a partir de ahora, de la prevención. 
Esto puede suceder con los créditos asignados en el marco de la Agenda 2000-2006. 
Les prometo que en las propuestas que presentaré en nombre de la Comisión para la futura política regional a partir de 2006, haré hincapié en esta obligación de tomar en consideración, por lo que se refiere a la prevención, el riesgo de catástrofes naturales y ecológicas para los futuros documentos sobre programación en cada una de las regiones que vayan a recibir créditos. 
Éste es mi compromiso. 
En conclusión, como ha señalado el Sr. Karas, debo decir que me ha sorprendido la tremenda dignidad y alta calidad de este debate. 
Era lo que cabía esperar y demuestra de forma fundamental que la acción, la reacción rápida y la solidaridad deben existir entre la Unión Europea y los países candidatos vecinos: una gran familia que hace frente a sus desgracias unida. 
Gracias, señor Comisario. 
En las dos últimas horas se ha celebrado aquí un debate de carácter muy particular. 
Para todas las instituciones europeas, este asunto exige la respuesta más rápida y sustancial que podamos dar. 
Como ya se ha mencionado en el debate, en tiempos de crisis se demuestra que la Unión Europea es, sin lugar a dudas, una unión con rostro humano, que quizá es algo más fundamental en su conjunto que la suma de sus partes individuales. 
Quiero dar las gracias a todos los que han hecho alguna aportación a este debate. 
He recibido seis propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 5 del artículo 42 del Reglamento. 
-De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación por el Consejo del proyecto de presupuesto general- 2003. 
A continuación hablará el ministro Haarder en nombre del Consejo. 
En nombre de la Presidencia del Consejo, tengo el honor de presentar el proyecto de presupuesto de las Comunidades Europeas para 2003 preparado por el Consejo el 22 de julio. 
Tanto en calidad de Ministro de Asuntos Comunitarios como en calidad de miembro del Parlamento Europeo, me complace observar que el procedimiento presupuestario de 2003 se ha caracterizado hasta ahora por una sólida cooperación entre el Consejo y el Parlamento Europeo. 
En este proyecto de presupuesto que voy a presentar, se han tenido ya en cuenta una serie de acuerdos y entendimientos comunes resultantes de la reunión consultiva celebrada entre el Consejo y el Parlamento el 19 de julio de 2002. 
Durante la reunión preparatoria tripartita de consultas y debate celebrada en julio, el Ministro de Economía danés, Thor Pedersen, el presidente de la comisión, Terry Wynn y el diputado de este Parlamento que es miembro de la comisión realizaron un trabajo decisivo. 
Estoy seguro de que esta labor ha constituido una sólida base para que las dos partes de la autoridad presupuestaria hayan podido llegar a un acuerdo sobre un presupuesto satisfactorio para 2003. 
Sé que en ocasiones anteriores algunos diputados se sintieron decepcionados por el hecho de que el Parlamento Europeo y el Consejo hubieran tenido dificultades para llegar a un acuerdo, pero no ha sido el caso este año, lo que me complace en gran manera. 
Hablaré a continuación sobre determinadas cuestiones que el Parlamento Europeo y el Consejo ya han debatido y sobre las cuales se ha llegado a diversos acuerdos y entendimientos comunes. 
Después ofreceré una visión general de las principales características del proyecto de presupuesto preparado por el Consejo el 22 de julio. 
Sin embargo, en primer lugar quisiera referirme al debate que acabamos de cerrar en relación con las trágicas inundaciones. 
Todos estamos de acuerdo en que este nuevo problema requiere que se tomen medidas inmediatas. 
Es alentador saber que, por iniciativa propia, los diversos Estados miembros ya están contribuyendo a la reconstrucción. 
Al mismo tiempo, la Comisión ha puesto en marcha una serie de iniciativas, que acabamos de discutir, y ahora el Consejo tiene que debatir qué medidas adicionales se pueden tomar. 
Vuelvo pues sobre el tema de los resultados de la reunión entre el Parlamento y el Consejo celebrada el 19 de julio. 
Se llegó a un entendimiento común y a un acuerdo sobre el hecho de que la preparación administrativa para la ampliación es una prioridad clave que las instituciones deben tener la oportunidad de discutir a partir de ahora y durante el año 2003. 
Se llegó a un entendimiento común sobre el hecho de que hay que trabajar para asegurar la financiación de la política exterior y de seguridad común a la luz de nuevas tareas de gran importancia. 
También se llegó a un entendimiento común sobre el hecho de que debería financiarse la reestructuración de las flotas pesqueras española y portuguesa y que el índice de crecimiento de los créditos globales para pagos debería mantenerse lo más bajo posible. 
En primer lugar, permítanme que me refiera brevemente al gasto administrativo para 2003. 
El acuerdo a que llegaron en julio las dos partes de la autoridad presupuestaria es un acuerdo sólido. 
El Consejo y el Parlamento Europeo reconocen que las instituciones deben prepararse para la ampliación de la UE en 2003, lo que implicará gastos administrativos adicionales. 
Por ejemplo, se necesitará más personal y más espacio. 
Gracias al acuerdo firmado hemos otorgado importancia al aseguramiento de la financiación de las medidas previas a la ampliación, necesarias para cada una de las instituciones. 
Al mismo tiempo, se ha acordado que en 2003 debe conservarse el mismo tope para el gasto administrativo. 
No hay que utilizar el instrumento de flexibilidad. 
Las dos partes de la autoridad presupuestaria han acordado, en concreto, que el gasto previo a la ampliación que se pretende aplicar en 2003 podría aplicarse, en la medida de lo posible, ya este mismo año. 
De este modo las instituciones podrían prepararse más fácilmente para la ampliación. 
De momento, el objetivo de esta distribución anticipada es financiar la publicación del cuerpo legislativo de la Comunidad en los idiomas oficiales de los nuevos Estados miembros. 
En este sentido, entre otras cosas se necesitará adoptar un presupuesto adicional complementario y modificador para 2002. 
Gracias a un acuerdo alcanzado a principios de julio, las instituciones adquirirán la mejor base posible para la planificación a medida que se preparan para la ampliación. 
Este acuerdo garantizará un ambiente más tranquilo para la elaboración de los presupuestos de 2003 tanto del Parlamento Europeo como del Consejo. 
Además, es bueno que estemos de acuerdo en aprovechar las ventajas de una mayor cooperación interinstitucional que indicaban los secretarios generales de las instituciones en una serie de informes. 
También se ha hallado una solución al problema de la jubilación anticipada de empleados de los grupos políticos del Parlamento Europeo. 
Tanto el Parlamento como el Consejo otorgan una gran prioridad a la participación de la UE en la acciones exteriores, es decir la política exterior y de seguridad común. 
La Unión Europea debería disponer de los recursos necesarios para poder llevar a cabo en cualquier momento las tareas que comporta su posición en la comunidad internacional. 
Estoy seguro de que sus señorías estarán de acuerdo conmigo en que es una cuestión de credibilidad de la UE. 
En la reunión consultiva celebrada en julio, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión acordaron que, cuando las circunstancias lo exigieran, la reserva para ayudas de emergencia en cuestiones humanitarias podría utilizarse también para la gestión de crisis civiles. 
También se acordó que había que intentar llegar a un acuerdo sobre los créditos para la política exterior y de seguridad común. 
Y esto debería ocurrir como parte de un acuerdo general en relación con el presupuesto de 2003. 
Debemos asegurar los créditos de 2003 para la política exterior y de seguridad común a la luz de nuevas tareas esenciales. 
También queremos llegar a un acuerdo sobre cómo implicar mejor al Parlamento en los acuerdos sobre dicha política exteriory de seguridad común dentro del marco del Tratado. 
Es alentador que en este campo se hayan conseguido ya tan buenos resultados. 
En este proyecto de presupuesto la Comisión ha separado una cantidad de 40 millones de euros para la política exterior y de seguridad común. 
De este modo, nos preparamos para asumir la misión de vigilancia en Bosnia Herzegovina. 
El Consejo aprecia este crédito pero cree que los créditos generales son inadecuados. 
De modo que propone un crédito total para la política exterior y de seguridad común de 47,5 millones de euros para 2003. 
Más allá de la misión de vigilancia en Bosnia Herzegovina, el Consejo prevé, por ejemplo, medidas que implicarán la asistencia especializada a terceros países que luchan contra el terrorismo. 
Además, existe una necesidad de más créditos para las medidas de no proliferación y desarmamento. 
Espero que podamos llegar a un acuerdo sobre alguna parte del contenido de la propuesta del Consejo. 
Me referiré brevemente a la propuesta de la Comisión de utilizar el instrumento de flexibilidad para otorgar una subvención del orden de los 27 millones de euros para la reestructuración de las flotas pesqueras de España y Portugal. 
En este sentido, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo se han comprometido a encontrar una solución antes de cerrar el procedimiento presupuestario. 
En opinión del Consejo, el instrumento de flexibilidad debe utilizarse sólo en circunstancias extraordinarias. 
En cuanto a proporcionar los 27 millones de euros en forma de subvención, el Consejo cree que deberían investigarse todas las formas de financiación antes de considerar la propuesta de la Comisión de utilizar el instrumento de flexibilidad con este fin. 
Finalmente, dos palabras sobre el índice de crecimiento de los créditos globales para pagos. 
En este sentido, me complace que el Parlamento haya reconocido la necesidad de ejercer una disciplina presupuestaria y una sólida gestión financiera. 
Durante las consultas del mes de julio, el Parlamento declaró que el índice de crecimiento de los créditos globales para pagos debería mantenerse lo más bajo posible. 
Y a la vez, hay que tener en cuenta la primera lectura que hizo el Consejo del presupuesto de 2003. 
Como políticos, todos los que formamos parte de esta Cámara somos conscientes de que si la UE devuelve a los Estados miembros cantidades considerables de fondos no utilizados, se ofrece una imagen pública muy pobre. 
Debemos demostrar al mundo que nos rodea que somos capaces de poner en marcha un presupuesto realista. 
El Consejo quisiera pedir a la Comisión que estime cuál será el superávit de 2002 para que podamos asignarlo al presupuesto de 2003 mediante una carta de enmienda. 
Permítanme que continúe mencionando varias características esenciales del proyecto de presupuesto del Consejo. 
Los créditos globales para compromisos ascienden a 99 548 millones de euros, lo que constituye un aumento de apenas un 0,9 % respecto a la cifra de 2002. 
Se ha tenido en cuenta especialmente la posibilidad de los créditos que en realidad ya están agotados. 
Los créditos globales para pagos ascienden a 96 992 millones de euros, lo que constituye un aumento del 1,4 % respecto a la cifra de 2002. 
Este bajo índice de crecimiento debe considerarse a la luz de la infrautilización de los créditos para pagos en los años anteriores. 
La primera lectura del proyecto de presupuesto de 2003 se llevó a cabo: 
tomando debida nota del acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 sobre disciplina presupuestaria y mejora el procedimiento presupuestario 
dentro del marco de las conclusiones del Consejo de 5 de marzo de 2002 referentes a las orientaciones presupuestarias para 2003, y 
teniendo en cuenta las conclusiones de la reunión consultiva del 19 de julio de 2002 entre el Parlamento y el Consejo. 
En especial, se procuró: 
conservar los topes de gasto anual establecidos en las perspectivas financieras para el período 2002-2006 
si es posible, permitir unos márgenes adecuados por debajo de los topes para diversas categorías de gastos excepto en el caso de las categorías relacionadas con los Fondos Estructurales y las ayudas previas al acceso, donde los topes incluyen los objetivos en cuanto a gastos 
guardar una cantidad adecuada de fondos para las diversas prioridades de la UE. 
Me gustaría resaltar un par de puntos importantes del proyecto de presupuesto del Consejo dentro de las diversas categorías de gastos. 
En relación con la agricultura, el Consejo propone un ajuste a la baja de 288 millones de euros. 
La experiencia ha demostrado que a menudo los créditos para política agrícola común son demasiado elevados. 
Ahora la Comisión tiene la oportunidad de revalorizar sus estimaciones en relación con la carta de enmiendas de otoño. 
En este contexto se podría tener en cuenta la información más reciente referente, por ejemplo, a las condiciones de mercado y a las variaciones en los tipos de cambio del dólar. 
En este sentido, el Consejo está de acuerdo con el Parlamento al observar que la Comisión debe examinar más de cerca si la cantidad que ha propuesto para erradicar las enfermedades de los animales es adecuada. 
Cuando se trata de créditos para el desarrollo de las regiones rurales, el Consejo ha aceptado el proyecto de presupuesto preliminar de la Comisión. 
En lo que se refiere a los acuerdos estructurales, los créditos para compromisos se han cargado en su totalidad al presupuesto. 
Y se ha hecho de conformidad con las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de marzo de 1999 en Berlín. 
El Consejo ha aceptado las propuestas de la Comisión casi en su totalidad. 
Sin embargo, ha habido un ajuste a la baja de 525 millones de euros en los créditos para los Fondos Estructurales teniendo en cuenta la poca utilización de los mismos en los años anteriores. 
En cuanto a política interior, el Consejo ha aceptado los importes sobre los que se había llegado a un acuerdo en relación con programas multianuales ya adoptados. 
En el caso de los programas que todavía se están debatiendo, el Consejo ha ajustado los créditos de modo que reflejen la posición común del Consejo o el resultado de los debates en el Consejo. 
Estos ajustes a la baja no afectan a los proyectos relacionados con las regiones limítrofes de los países candidatos. 
Permítanme también que mencione que el Consejo ha aumentado ligeramente los créditos para la financiación de los Juegos Olímpicos especiales que se celebrarán en Europa en 2003. 
Se ha dejado un margen de 122 millones de euros por debajo del tope para la categoría de gastos 3, lo que permitirá al Parlamento Europeo financiar varias prioridades y a la vez cubrir futuras necesidades. 
En lo que se refiere a la categoría de gastos 4- política exterior- el Consejo ha aceptado prácticamente en su totalidad los créditos del proyecto de presupuesto de la Comisión. 
Es importante, por ejemplo, financiar la tarea que se está llevando a cabo en Afganistán. 
En la categoría de gastos 4, el Consejo ha acordado aceptar los créditos para los acuerdos pesqueros internacionales propuestos por la Comisión. 
Ya he mencionado la decisión del Consejo referente al presupuesto para la politica exterior y de seguridad común. 
Se ha dejado un margen de 80 millones de euros por debajo del tope para la categoría de gastos 4, lo que permitirá al Parlamento Europeo financiar varias prioridades, y a la vez cubrir futuras necesidades. 
Ya he mencionado los gastos administrativos de la categoría 5. 
Terminaré mi informe sobre las diversas categorías de gastos con la categoría 7, referente a la ayuda previa al acceso. 
El proyecto de presupuesto del Consejo no ha modificado las propuestas de la Comisión referentes a los créditos para compromisos. 
Sin embargo, los créditos para pagos se han ajustado a la baja en 300 millones de euros. 
Esta baja debe considerarse teniendo en cuenta la infrautilización de los créditos en los años anteriores. 
En conjunto, me complace poder confirmar que el proyecto de presupuesto del Consejo para 2003 contiene fondos suficientes para cubrir las diversas prioridades de la UE, teniendo también en cuenta los acuerdos y los entendimientos comunes a que llegamos en la primera reunión consultiva de julio. 
Sus Señorías saben que este procedimiento presupuestario no ha hecho más que empezar y que queda todavía un largo camino hasta la adopción final del presupuesto para 2003. 
Contamos con las condiciones previas necesarias para que a finales de año hayamos podido elaborar un presupuesto satisfactorio. 
El proyecto de presupuesto preparado por el Consejo constituye una sólida base para que así sea. 
Los acuerdos y entendimientos comunes alcanzados en la reunión de 19 de julio son un signo positivo de que estamos dispuestos a llegar al acuerdo. 
En resumen, quisiera señalar que estoy seguro de que las tres instituciones aquí presentes hoy harán todo lo que esté en sus manos para contribuir a una cuidadosa priorización que nos permita alcanzar los objetivos para el próximo año. 
También estoy seguro de que no olvidaremos que, en última instancia, el presupuesto de la UE está financiado por los ciudadanos de Europa. 
Y por este motivo el presupuesto debe ser realista y responsable- también para el próximo año. 
Siempre resulta interesante escuchar a un exmiembro de esta Cámara hablar como ministro. 
Señor Presidente, señor Presidente en funciones del Consejo, Señorías. El debate anterior sobre las ayudas en casos de desastres naturales ha demostrado con toda claridad cuáles son las expectativas de la población en cuanto al presupuesto comunitario. 
Pero si examinamos los contingentes reales de cada país, es decir, la proporción entre el presupuesto comunitario y el producto nacional bruto europeo, la imagen adquiere un aspecto ligeramente distinto. 
Es prácticamente al revés, porque los contingentes nacionales constituyen poco más del uno por ciento. 
La Comisión propuso un 1,03 % del producto nacional bruto europeo para el presupuesto de 2003. 
El Consejo lo redujo ligeramente. 
Según las perspectivas financieras, es decir las previsiones financieras en las que todos estamos de acuerdo, debería ser en realidad un 1,08 %. 
Y creo que deberíamos tomarlo como orientación, a pesar de que yo esté a favor de separar unas determinadas reservas para contingencias aunque sólo sea por seguridad. 
Ahora el Consejo ha efectuado reducciones generales, por ejemplo en el sector agrícola, pero ha ignorado el hecho de que necesitamos una revalorización para poder asumir el valor actual del dólar. 
Estamos de acuerdo en que en otoño debe efectuarse una nueva presentación sobre los gastos agrícolas necesarios. 
El Consejo ha aceptado una gran parte de las estimaciones de la Comisión para el proyecto de presupuesto de 2003. 
Y lo agradecemos. 
También nos complace en general que se haya podido llegar a un consenso en el área de política exterior y que la denominada reserva de emergencia se pueda utilizar también para financiar la gestión de crisis civiles. 
Creo que esto debería ofrecernos mayor capacidad para reaccionar rápidamente en las crisis y que es un paso importante en el camino hacia una política exterior y de seguridad común, clara y eficiente. 
Sin embargo, también debo criticar seriamente los resultados de la lectura del Consejo. 
Por ejemplo, todavía no se ha dado respuesta a la cuestión de cómo se financiarán los fondos para la reestructuración de las flotas pesqueras de España y Portugal o las medidas necesarias para apoyar una reforma sostenible de las industrias pesqueras. 
Es un tema que se llegó a plantear pero después quedó olvidado. 
Y el Consejo ha reducido en 15 millones los fondos para cofinanciar el transporte transeuropeo y la red de energía. 
Los Estados miembros tienen grandes esperanzas puestas precisamente en este sector, que ahora se debatirá en relación con los desastres naturales. 
Creo que esta reducción también debería invertirse.. 
También debo criticar duramente la decisión del Consejo en cuanto a gastos de personal, es decir, su planteamiento de los costes de personal de cada una de las instituciones. 
La perspectiva financiera permitía un aumento del 3,6 % en todas las instituciones. 
Y sin embargo el Consejo se ha concedido a sí mismo un aumento mucho más elevado. 
Tomando los gastos de personal por sí solos, el Consejo se ha otorgado un doble aumento. 
Y si se añade a ello todo el gasto administrativo del Consejo, resulta que se ha concedido a sí mismo un aumento del 11%. 
Llegados a este punto debo aclarar, para parafrasear las palabras que con tanto entusiasmo utilizó en otra ocasión el Consejo de Ecofin, el Consejo de Ministros de Finanzas, que: la decisión de este Consejo sobre sus propios recursos administrativos no encaja en el paisaje presupuestario. 
Se ha beneficiado a sí mismo a costa de otros, en concreto, a costa de la Comisión, donde el Consejo ha sugerido recortes oscilantes. 
Obviamente, los gastos administrativos de la Comisión para el año 2003 serán muy elevados, porque durante este año deberemos preparar la mayor ampliación de la historia de la Unión Europea y la Comisión necesitará iniciar los preparativos en 2003 para que podamos controlar a los nuevos miembros desde el primer día. 
Por ejemplo, necesitaremos controlar cómo se transponen las leyes medioambientales, si se están cumpliendo las leyes sobre la competencia, cuál es la situación en el sector alimentario o el sector veterinario, y si se está aplicando también la legislación de la Unión Europea. 
Y he mencionado sólo unos pocos ejemplos del trabajo de la Comisión. 
Por supuesto, no tiene sentido empezar a negociar programas de ayuda agrícola o asistencia estructural con los nuevos miembros cuando ya se hayan adherido. 
Los preparativos deben empezar ahora y para ello hace falta personal. 
El Consejo se ha otorgado 236 nuevos puestos de trabajo para preparar la ampliación. 
En cambio, ha cuestionado y reducido la financiación de los puestos de trabajo actuales en la Comisión. 
El Parlamento presentó aquí un modelo que después fue enmarcado en un acuerdo. 
Este modelo exige un esfuerzo para distribuir anticipadamente algunos gastos administrativos en 2002, de modo que podamos disponer de fondos para los costes de personal de la Comisión y preparar así la ampliación. 
Sin embargo, esto sólo funcionará si todas las instituciones consideran vinculante este modelo. 
Por lo tanto, en nombre de la Comisión, debo insistir en que hagamos inventario en octubre para averiguar si este modelo de distribución anticipada de gastos está funcionando o, si no, qué nuevas decisiones debemos tomar. 
La ampliación debe prepararse para poder funcionar correctamente desde el primer día. 
La Comisión cuenta con el Parlamento Europeo, confía en que el Parlamento Europeo no se sentirá satisfecho sólo con la resolución aprobada en julio y efectuará comprobaciones para asegurarse de que también el Consejo está haciendo un esfuerzo para poner en práctica este modelo de distribución anticipada de gastos. 
Repito, la Comisión necesita recursos de personal para preparar la ampliación. 
De lo contrario, no podremos garantizar que se lleve a cabo desde el principio el trabajo necesario para que la ampliación sea un éxito. 
Gracias por su atención. 
. Señor Presidente, quisiera dar la bienvenida al Sr. Haarder, y me alegro de verle de nuevo en éste su nuevo cargo. 
Sabe que siempre es bienvenido en esta Cámara. 
Le ruego que haga llegar nuestro saludo al Sr. Pedersen, con quien fue un placer trabajar. 
No quiero entrar en demasiados detalles sobre muchos de los asuntos, que prefiero dejar a ambos ponentes, que han mencionado varios puntos. 
Me gustaría centrarme en uno o dos aspectos políticos concretos. 
Uno de ellos está relacionado con el acuerdo al que se llegó en el procedimiento de concertación sobre la Categoría 5. 
Aunque ese acuerdo complació plenamente al Consejo, los miembros del Parlamento nos dimos cuenta de que probablemente habíamos puesto a la Comisión en contra nuestra al aprobar ese acuerdo. 
Sin embargo, permítanme reiterar por qué adoptamos esa decisión. 
Estábamos convencidos de que el Consejo no daría nunca su consentimiento al instrumento de flexibilidad que se estaba utilizando para la Categoría 5. 
Por consiguiente, llegamos a un acuerdo que beneficiaría al Parlamento y a las demás instituciones y que permitiría abordar de forma sensata la Categoría 5, no como quería la Comisión. 
Las propuestas que hemos formulado sobre el sistema de amortización de un préstamo con pagos decrecientes, el uso del ramassage y otras propuestas están destinadas a aliviar el dolor de la Comisión. 
Sabemos que la Comisión va a sufrir, pero intentamos mitigar la situación ligeramente. 
Si hay problemas con la ampliación debido a lo que ha ocurrido, la Comisión tendrá que convencer al Consejo, no a nosotros, de sus necesidades de personal, dado que algunos de nosotros ya estamos convencidos. 
No obstante, no se nos puede criticar por la ayuda que hemos prestado a la Comisión en lo referente a sus necesidades de personal durante los últimos dos años. 
Contra los deseos del Consejo, hemos ayudado a la Comisión a incrementar su plantilla en varios cientos de personas. 
Por lo tanto, cualquier crítica deberá ser sobre lo que ocurra el año próximo. 
Tengan en cuenta que hemos estado codo a codo con la Comisión. 
Estamos ante un intento de conseguir que la reforma sea un éxito y que la Comisión tenga el personal adecuado para hacer los trabajos que pretendemos que realice. 
Digo esto porque se trató de un acuerdo bastante excepcional. 
No obstante, el Sr. Stenmarck y el Sr. Färm de nuestra comisión deben decidir ahora cuál será el ramassage global para este año. 
Ésa es la tarea de nuestros dos ponentes, sobre todo del Sr. Stenmarck, que se dirigirá a las demás instituciones para comprobar cuánto dinero queda de sus presupuestos para reunirlo con el fin de que la Comisión no esté en una situación de clara desventaja. 
Somos conscientes de que lo que encontremos este año será aceptable, pero no resuelve el problema de la dotación de plantilla del año que viene, así que ahorraremos todo lo que podamos para el presupuesto del año próximo. 
El otro punto político que quería tratar se refiere a la política exterior y de seguridad común. 
El Presidente en ejercicio lo ha mencionado en su discurso. 
Vamos a explicar claramente nuestra posición. 
No llegamos a un acuerdo sobre las cantidades destinadas a la PESC. 
El importe asignado en el presupuesto de este año era de 30 millones de euros; el importe del anteproyecto de presupuesto ascendía a 40 millones de euros, y la cantidad incluida en la primera lectura del Consejo fue 47,5 millones de euros. 
No llegamos a acuerdo alguno sobre esto y, en lo que respecta a nosotros, seguimos ateniéndonos al artículo 39 del Acuerdo Interinstitucional. 
Esa cifra, tal y como están las cosas en este momento, debería ser de 30 millones de euros. 
No queremos decir con esto que, una vez en nuestra segunda lectura, la cifra no pueda ser de 47,5 millones de euros, pero, en lo que respecta a este debate y para aclarar cualquier duda, mantenemos que el Consejo puso una cifra equivocada: debería ser 30 millones de euros. 
Puede haber una interpretación jurídica sobre cuándo se confirmó el desacuerdo, pero en lo que respecta a nosotros, se confirmó en la reunión de concertación. 
No olvidemos que también hay problemas en otras categorías. 
En la Categoría 2, los 27 millones de euros asignados a la reestructuración de la flota no van a aparecer por arte de magia. 
Es preciso afirmar seriamente que hay que encontrar una forma de resolver esa situación. 
Parece que la única forma de hacerlo es utilizar el instrumento de flexibilidad. 
Es posible que el Consejo tenga que reconsiderarlo salvo que tenga una idea mejor que todavía no se nos haya ocurrido. 
Eso es todo lo que quería decir sobre los aspectos políticos. 
Dejaré el resto a los ponentes. 
Señor Presidente, gracias Señorías y, en especial, muchísimas gracias a la Presidencia danesa. 
Como muy bien ha dicho el Sr. Wynn, realmente agradecemos la actitud constructiva que encontramos en la conciliación de julio cuando, por primera vez en muchos años, conseguimos un acuerdo con contenido. 
¿Pero por qué llegamos a este acuerdo en lo que se refiere a la categoría 5? 
El Sr. Wynn se ha referido a este tema. 
Estábamos sometidos a una fuerte presión de los Estados miembros y del Consejo, y finalmente decidimos aceptar que no se utilizara el instrumento de flexibilidad. 
Pero había otra razón, porque creemos que debemos aprovechar al máximo todos los medios disponibles para racionalizar y dar prioridad a lo que estamos haciendo, aumentando la eficacia y creando una gestión moderna también en la Unión Europea. 
Debemos aprovechar al máximo las oportunidades, sobre todo cuando nos enfrentamos a una tarea tan increíblemente importante como la ampliación. 
Sin embargo, comparto la opinión de la Comisión cuando se trata de una perspectiva bastante más amplia. 
A largo plazo, sería difícil imponer una gran cantidad de trabajo adicional sin proporcionar los recursos necesarios en términos de personal y de recursos administrativos. 
Probablemente este tema será fuente de conflictos en el futuro, pero creo que este año era necesario hacer las cosas tal como las hemos hecho. 
¿Qué aspecto tiene la situación presupuestaria en general antes del procedimiento presupuestario de otoño? 
Ante todo, debemos discutir lo que hace bastantes años que el Parlamento está intentando plantear, principalmente las carencias de la aplicación en muchas áreas. 
Cada año, el presupuesto asigna grandes recursos que después no se utilizan. 
El Sr. Haarder se ha referido a este acuerdo de julio para justificar que no debemos aumentar los pagos más de lo necesario, e incluso quiere dejar márgenes. 
Sin embargo, el problema es que, a través de los compromisos del presupuesto, también hemos decidido sobre un determinado nivel de ambición al que debemos intentar llegar. 
Y este objetivo debería ser también el de los Estados miembros y el Consejo. 
Los ministros de finanzas no pueden quedarse sentados y aplaudir cuando se les devuelve dinero que no se ha utilizado. 
Tenemos una responsabilidad política que nos obliga a cumplir los objetivos y poner en práctica los programas que hemos decidido en la Unión Europea. 
Éste es el motivo por el que el Parlamento aumenta siempre los pagos. 
Queremos señalar que hay que hacer más, y debemos invertir más recursos para cumplir realmente las promesas que hemos hecho. 
Creo que este año en el Parlamento también tendremos un debate en estos términos. 
Sin embargo, no es seguro que sea suficiente aumentar los pagos, y hemos visto ya algunos ejemplos de que no es así. 
A veces, que se aumenten los pagos no significa que la Comisión pueda utilizar estos recursos. 
Como ya he mencionado, debemos discutir los recursos de personal de la Comisión desde una perspectiva un poco a más largo plazo. 
Y quizás también deberíamos empezar a discutir la reducción de nuestros compromisos. 
En algunas áreas, donde vemos que la Comisión no está poniendo en práctica lo que hemos exigido, quizás deberíamos empezar a discutir si habría que recortar el personal, o al menos, mantenerlo en reserva. 
A largo plazo, los recursos de personal destinados a compromisos de un determinado nivel no se pueden mantener si no se están cumpliendo dichos compromisos. 
Este problema de los pagos y la aplicación también cobra mucha importancia cuando se trata de la política exterior y la política de ayudas. 
Año tras año, hemos visto cómo el Consejo ha ido adquiriendo más ambiciones. 
En el 2000, se añadió Kosovo a la lista, y en consecuencia hubo una ligera pérdida de interés en el cumplimiento de promesas anteriores referentes a África y América Latina. 
En el año 2001, la nueva preocupación fue Serbia, por lo que disminuyó ligeramente el interés en las prioridades anteriores. 
La nueva preocupación para el año 2002 fue el Fondo Mundial para la Salud. 
Este año, estamos discutiendo Afganistán, Oriente Medio y la fuerza policial en Bosnia. 
No podemos añadir cada año nuevas responsabilidades y simplemente olvidarnos de las antiguas. 
Existe un límite más allá del cual hay que proporcionar nuevos recursos si queremos satisfacer todas las prioridades. 
Este año tendremos graves dificultades para cumplir con nuestra prioridades en lo que se refiere al Fondo Mundial para la Salud. 
Ya tenemos grandes recortes en el presupuesto en lo que se refiere a Kosovo, ayuda humanitaria, etc. Y esto es insostenible a largo plazo. 
Si vamos a añadir nuevas prioridades cada año, también habrá que proporcionar nuevos recursos. 
Hemos estudiado los Fondos Estructurales y una serie de programas políticos diversos. 
He estado viajando- hace poco a Finlandia, por ejemplo- y he visto que las organizaciones regionales, las universidades, etc., están dejando de solicitar fondos del presupuesto de la UE porque el proceso es terriblemente complicado. 
Y creo que ésta es una de las razones por las que el dinero de la UE no se gasta. 
Ya es hora de que nos tomemos en serio este estado de cosas. 
Dentro de la UE debemos sentarnos y revisar nuestros métodos, documentos y burocracia para que el proceso sea un poco más simple para quienes necesiten los recursos de la UE. 
Señor Presidente, creo que éstos son algunos de los aspectos más importantes que debemos seguir discutiendo en el Parlamento, en la Comisión de Presupuestos y en los futuros debates presupuestarios. 
Señor Presidente, permítame que empiece dando las gracias a la Presidencia danesa por su espléndida colaboración hasta el momento. 
Ya desde principios del invierno pasado, cuando empezamos a trabajar en el presupuesto de 2003, como ponente y como persona responsable de los presupuestos para el próximo año de ocho instituciones de la UE, mi objetivo ha sido encontrar una solución de equilibrio para el presupuesto administrativo de la UE y que no tengamos que pedir dinero adicional haciendo uso de lo que se conoce como instrumento de flexibilidad. 
No ha sido una tarea fácil porque a principios de año preveíamos un gran déficit en este presupuesto. 
Sin embargo, con el acuerdo a que llegaron el 19 de julio las dos autoridades presupuestarias de la UE, el Consejo y el Parlamento, se ha demostrado que era posible. 
Y sostengo que el hecho de haber conseguido este objetivo constituye un gran éxito para el Parlamento. 
Hemos obtenido el apoyo para las reformas que son necesarias, especialmente en una UE ampliada. 
El instrumento de flexibilidad no debe utilizarse para el presupuesto administrativo de la UE. 
Debemos respetar el tope para la categoría 5. 
Después de la conciliación existe un compromiso común para resolver los problemas restantes de la categoría 5 mediante lo que se conoce como distribución anticipada de gastos. 
Es importante que así sea por el hecho de que quedan varios problemas por resolver durante los últimos meses del año. 
Pero estoy convencido de que también sabremos resolverlos. 
En este contexto, sería muy fácil permitir que una visión de conjunto se viera empañada por todos los detalles, y precisamente el trabajo presupuestario es extremadamente detallado. 
Pero juntos hemos creado unas condiciones básicas mejores para seguir adelante con la tarea histórica de recibir en este Parlamento y en las demás instituciones de la UE, dentro de pocos años, a diputados o diputadas de quizás diez nuevos Estados miembros. 
En mi opinión, ésta es la consecuencia más importante de la conciliación. 
Y ya a principios del próximo año, estos países podrán enviar observadores a lo que se habrá convertido también en su propio Parlamento. 
Gracias al acuerdo, estamos cumpliendo no sólo con nuestros compromisos sino también con las prioridades definidas por la Comisión de Presupuestos y el Parlamento a principios de este año. 
En primer lugar se trata de asegurar que las instituciones de la UE tengan la oportunidad de prepararse para la ampliación. 
En segundo lugar, se trata de poner en práctica las reformas necesarias. 
Y en tercer lugar, la intención es que ambos objetivos puedan conseguirse dentro del marco presupuestario. 
En mi comentario final sobre el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo quiero dirigirme a la Presidencia danesa que, en mi opinión, ha trabajado con gran eficacia y con el objetivo claramente definido de llegar a un acuerdo. 
La Presidencia danesa se ha centrado en esta tarea y ha adoptado una actitud constructiva, dispuesta a comprometerse de forma que el acuerdo fuera posible. 
Ha demostrado que sabe escuchar, lo que no siempre ha sido característico del Consejo en este contexto. 
Estoy seguro de que también muchas otras personas lo agradecen. 
Durante mucho tiempo el Consejo ha sido criticado por no haberse exigido a sí mismo lo que ha exigido a los demás. 
El Consejo no estaba preparado para poner en práctica las reducciones que imponía a los demás. 
Cuando el Consejo ha reducido puestos de trabajo en otras instituciones, no ha reducido los puestos de trabajo dentro del propio Consejo. 
Es evidente que en el futuro es necesario adoptar una actitud un poco más humilde. 
Así lo espero y creo que en este sentido la Presidencia danesa ha jugado un papel positivo que tendrá efectos duraderos en el futuro. 
Muchas gracias, señor Stenmarck. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0257/2002). 
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Asunto: Línea especial del MEDA para inmigración 
De acuerdo con la información transmitida con motivo de la entrevista, celebrada el 27 de junio, entre el Comisario Patten y el Primer Ministro de Marruecos, Sr. Youssoufi, no hay dudas en la Comisión sobre la importancia del problema de la inmigración ilegal. 
¿Tiene previsto la Comisión dedicar una línea específica del programa MEDA a la inmigración? 
¿Hay algún proyecto concreto? 
¿Hay algún proyecto en este sentido dedicado a las mujeres inmigrantes? 
. 
Señor Presidente, la Comisión sigue una estrategia global y equilibrada en lo relativo a la inmigración procedente de Marruecos. 
Dada la importancia del asunto, la inmigración es una de las cinco mayores prioridades del informe estratégico para el periodo 2002 a 2006 para la cooperación financiera con Marruecos. 
También se aborda en el Acuerdo de Asociación firmado por la CE y Marruecos. 
Nuestra forma de abordar la inmigración es integral. Prestamos atención tanto a la inmigración legal como a la ilegal, así como a la dimensión socioeconómica de ese fenómeno. 
Este enfoque integral se refleja también en nuestro programa MEDA. 
Dentro de este marco, intentaremos ayudar a las autoridades marroquíes a organizar mejor la inmigración legal. 
En la actualidad, estamos elaborando un proyecto para crear un centro de inmigración. 
Asimismo, Marruecos y la CE han llegado a un acuerdo para colaborar con miras a prevenir y evitar la inmigración ilegal. 
Como primera medida, un programa de gestión de fronteras ayudará a las autoridades marroquíes a reforzar la seguridad de sus fronteras y a luchar contra el tráfico de seres humanos. 
Este programa, cuya cuantía asciende a unos 40 millones de euros, se comprometerá en 2003. 
Asimismo, estamos tratando las causas socioeconómicas de la inmigración, sobre todo en las provincias del norte de Marruecos, de las que procede aproximadamente el 35% del total de los emigrantes que llegan de ese país. 
Esa región también se ha beneficiado de una significativa financiación a través del programa MEDA y se prevé la asignación de otros 70 millones de euros para el desarrollo socioeconómico en 2004. 
La mayoría de los proyectos actuales en las provincias del norte del país contribuyen a mejorar la situación económica de las mujeres, tanto emigrantes como no emigrantes, sobre todo dando una educación básica a las niñas en las zonas rurales, prestando servicios sanitarios maternales e infantiles, mediante la promoción de actividades productivas para mujeres y a través de la instalación de infraestructuras básicas. 
Además del programa MEDA, la Comisión financia proyectos de la línea presupuestaria ' cooperación con terceros países en el ámbito de la inmigración?. 
Se han asignado 3,3 millones de euros para proyectos en Marruecos, sobre todo en materia de codesarrollo, el diálogo intergubernamental sobre inmigración y la lucha contra la inmigración ilegal. 
Señor Presidente, únicamente quiero agradecer al Sr. Comisario la información que me ha dado y plantearle que- en la línea de codesarrollo que él ha citado, que es lo que puede solucionar el problema de la emigración- voy a seguir con mucho detalle todos estos proyectos y programas que él ha planteado precisamente en toda la zona del norte de África, del norte de Marruecos, que considero de mucha importancia para evitar la emigración. 
. 
Quisiera hacer tres breves puntualizaciones al respecto. 
En primer lugar, es evidente que una de las mejores formas de prevenir la inmigración ilegal es promover el desarrollo económico y social, algo sobre lo que no albergo ninguna duda. 
En segundo lugar, Marruecos y otros países se enfrentan a problemas reales, dado que ellos mismos son el destino de la inmigración ilegal procedente del sur y a menudo se encuentran en la ruta por la que pasan los inmigrantes ilegales camino de Europa. 
En tercer lugar, es obvio que sería de gran ayuda para Marruecos que consiguiéramos pasar de las conversaciones informales a negociaciones formales sobre un acuerdo de readmisión. 
Reconocemos que Marruecos tiene algunas preocupaciones, a las que esperamos se pueda dar cumplida satisfacción, de forma que podamos avanzar y llegar a ese tipo de acuerdo formal en cuanto sea posible. 
Somos conscientes de los problemas a los que se enfrenta Marruecos; queremos ayudarles a abordar esos problemas económicos y sociales y apoyamos los esfuerzos que han realizado, entre otros en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 
Pregunta nº 36 formulada por Emilia Franziska Müller (H-0570/02): 
Asunto: Relajación de la prohibición de utilizar harinas de carne y hueso como pienso 
¿Qué se propone hacer la Comisión para impedir que las existencias de harinas de carne y hueso conservadas vuelvan a entrar en el circuito de los alimentos para animales y, por esa vía, en el de los productos alimenticios para el consumo humano? 
¿Qué ha hecho hasta ahora la Comisión para contar lo antes posible con procedimientos de análisis validados y seguros para detectar la presencia de harinas de carne y hueso en los piensos y la de materiales de riesgo en las harinas de carne y hueso? 
¿Cómo piensa garantizar la Comisión que, en el caso de que se relaje la prohibición de utilizar las harinas de carne hueso para la alimentación animal, puedan excluirse todos los riesgos que las existencias de harinas de carne y hueso y las harinas de carne hueso contaminadas con materiales de riesgo encierran para los consumidores? 
. 
Señor Presidente, la prórroga de la prohibición de utilizar harinas de carne y hueso para la alimentación animal seguirá en vigor como medida transitoria hasta el 30 de junio de 2003. 
Para esa fecha, la prohibición debería revisarse. 
Esa revisión tendrá en cuenta el reglamento sobre subproductos animales que se aprobará próximamente, la correcta implantación práctica de medidas de control de la prohibición de las harinas de carne y hueso, los avances científicos y la disponibilidad de métodos de control. 
Los servicios de la Comisión ya están examinando atentamente el posible impacto de las distintas opciones de revisión de la prohibición de las harinas de carne y hueso para pienso, pero aún es demasiado pronto para prever el resultado de ese análisis. 
La implantación de la prohibición de las harinas de carne y hueso para pienso en los Estados miembros está siendo objeto de un seguimiento sistemático mediante inspecciones periódicas por parte de la Oficina de Alimentación y Veterinaria. 
Los informes de la Oficina de Alimentación y Veterinaria subrayan los notables esfuerzos realizados por los Estados miembros para poner en práctica esas normas. 
No obstante, en aquellos casos en los que se detectan problemas, se hacen recomendaciones concretas tras cada inspección, con el fin de seguir mejorando los controles. 
La Comisión ha expresado en varias ocasiones su preocupación por la seguridad del transporte, el almacenamiento y la destrucción de las harinas de carne y hueso. 
Por lo tanto, la adopción de medidas sobre subproductos animales será acogida con gran satisfacción, puesto que crea un marco jurídico para la eliminación de forma segura de las harinas de carne y hueso mediante la incineración, el enterramiento o la descarga en vertederos. 
Asimismo, fija las normas para la utilización segura de harinas de carne y hueso como fertilizantes, en la producción de biogás y en la alimentación animal. 
En la actualidad, las harinas de carne y hueso sólo pueden utilizarse en piensos para animales domésticos o en piensos para animales. 
El nuevo marco de control creado por el reglamento sobre subproductos de animales nos ofrece la posibilidad de revisar la actual prohibición del uso de harinas de carne y hueso para pienso. 
El reglamento sobre subproductos de animales incluye disposiciones relativas a la canalización y la posibilidad de rastrear esos subproductos con el fin de garantizar que las actuales existencias de harinas de carne y hueso no puedan volver a entrar por medios fraudulentos en la cadena alimenticia. 
Ya es obligatorio marcar los materiales específicos de riesgo en cuanto se separan de las carcasas, almacenarlos por separado y destruirlos posteriormente. 
La Comisión cofinancia un programa de investigación con dos objetivos principales: en primer lugar, la armonización del control de la prohibición de las harinas de carne y hueso para pienso mediante microscopía clásica, así como la mejora de su eficiencia y, en segundo lugar, el desarrollo y la aprobación de nuevos métodos basados en técnicas alternativas. 
La Comisión sigue con gran atención los resultados de este programa de investigación, así como los de iniciativas privadas en este campo, y los tendrá en cuenta cuando revise la prohibición de utilizar harinas de carne y hueso para pienso. 
Sea cual sea el resultado de la revisión de la prohibición de la utilización de las harinas de carne y hueso para pienso, puedo asegurarle que la Comisión no va a volver a autorizar la utilización de las harinas de carne y hueso para alimentación animal salvo que puedan excluirse todos y cada uno de los posibles riesgos para los consumidores y los animales y el cumplimiento de las disposiciones pueda verificarse debidamente. 
Señor Presidente, Comisario Byrne, su principal argumento para relajar la prohibición alimentaria es el coste de desechar los subproductos animales. 
No sabemos si se refiere a un coste económico o a un coste en cuanto a protección medioambiental. 
Me sorprende bastante que este argumento proceda precisamente de Vd., el Comisario para la protección de los consumidores. 
¿No deberíamos comparar el coste de desechar los subproductos animales con lo que les costaría a los granjeros europeos la aparición de un nuevo brote de EEB en su ganado o, aún peor, si la gente empieza a enfermar? 
Le agradecería muchísimo que respondiera a esta pregunta. 
Sigo pensando que necesitamos una prohibición alimentaria total en cuanto a las harinas de carne y hueso, al menos hasta que podamos determinar hasta qué punto son infecciosos los priones responsables del brote de EEB y hasta que podamos definir diferentes tipos de harinas de hueso para cada tipo de animal. 
Sólo entonces estaremos seguros de que la harina de hueso en el alimento de las aves, por ejemplo, no procede de las aves. 
. 
Es importante que quede absolutamente claro que el principal criterio para imponer la prohibición de utilizar harinas de carne y hueso es la salud pública. 
También la protección de los animales, pero esencialmente las pruebas científicas de que disponemos demuestran que la transmisión de la EEB a los animales se produce a través del consumo de harinas de carne y hueso. 
Esto, en definitiva, constituiría un riesgo para las personas que consuman la carne. 
Este es el motivo por el que queremos promulgar una ley que elimine este material de riesgo específico de la cadena alimenticia. 
De modo que tenemos dos bloques. 
El primero es la cuestión de la harina de carne y hueso. 
Como he dicho, lo que pretendemos con la imposición de la prohibición de utilizar harinas de carne y hueso es proteger la salud pública y a los animales. 
Sin embargo, como probablemente ya sabrán, se trata de un tema controvertido. 
Algunos diputados y otras personas opinan que la prohibición es demasiado amplia y debería revisarse. 
No estoy de acuerdo, porque creo que ni las pruebas efectuadas ni la investigación llevada cabo a instancias de la Comisión en los Estados miembros, en particular la labor emprendida por la Oficina Alimentaria y Veterinaria, no demuestran que los controles practicados en relación con las harinas de carne y hueso sean suficientemente seguros. 
La necesidad de estos controles surge en una situación en que pudiera haber cierta relajación de la prohibición de utilizar harina de carne y hueso, pero no para alimentar a rumiantes. 
No podemos permitir una relajación de la prohibición de utilizar harina de carne y hueso para rumiantes. 
Se podría relajar para cerdos y aves, que no pueden contraer la EEB y por lo tanto el consumo de harina de carne y hueso no supone un peligro para estos animales. 
El problema es que si se relaja la norma sobre la alimentación de aves, por ejemplo, con harina de carne y hueso, existe el riesgo de que dicha harina de carne y hueso destinada a alimentar a las aves o a los cerdos llegue finalmente a los rumiantes, creando así el mismo peligro que estamos intentando evitar. 
Por lo tanto, no creo que la prohibición de utilizar harina de carne y hueso deba relajarse a corto plazo. 
No obstante, esto se puede revisar en el contexto del reglamento sobre la EET, en concreto del capítulo 4, que se podría enmendar por la vía de la comitología. 
Ya indiqué al Parlamento, cuando se debatía el reglamento sobre la EET en una ocasión anterior, que, aunque la enmienda se podría efectuar a través de la comitología, yo me comprometí a volver al Parlamento y, aunque la ley no lo exige estrictamente, debatir en el Parlamento cuál es la mejor forma de proceder. 
Quiero dejar absolutamente claro a la Sra. Müller que lo que nos importa no es el coste. 
Pido disculpas si ha llegado a esta conclusión por no haberme expresado con suficiente claridad. 
Las consideraciones principales son la protección de los animales y la salud pública, y la prohibición no se puede relajar jamás para los fines que he señalado, a menos que podamos estar absolutamente seguros de que los controles que se llevan a cabo en los Estados miembros no crean el riesgo en vez de evitarlo. 
La legislación actual de la CE establece un mínimo de 71,7 grados centígrados durante 15 segundos para la pasteurización de la leche líquida o los productos lácteos pasteurizados 
Se sabe que esta combinación es eficaz para evitar la fiebre aftosa y otros riesgos conocidos para la salud animal, la salud pública y las zoonosis. 
Sin embargo, la Directiva 92/46/CEE autoriza cualquier otra combinación equivalente de tiempo/temperatura en la pasteurización a condición de que ofrezca el mismo nivel de seguridad alimentaria. 
El Comité Científico de Sanidad y Bienestar Animal, en su informe adoptado el 21 de marzo de 2000, examinó la cuestión de una posible relación entre la enfermedad de Crohn y la paratuberculosis. 
La conclusión era que no se dispone de datos suficientes para determinar la existencia de un vínculo epidemiológico entre ambas enfermedades y no se recomendaba ninguna combinación específica de tiempo/temperatura para la pasteurización de la leche que pudiera dejar inactivo al agente de la paratuberculosis. 
Los datos de que dispone la Comisión indican que no se ha identificado ningún tratamiento concreto de tiempo/temperatura que destruya por completo la bacteria MAP en la leche. 
Además, la Comisión ha financiado un proyecto, SACROHN- mejora de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la sarcoidosis y la enfermedad de Crohn -, que se inició el 1 de octubre de 2000. 
El coste total del proyecto es de 3 millones de euros. 
La aportación de la Comunidad es de 1.639.151 euros. 
La duración del proyecto es de 36 meses. Se financia a través del programa Control de la Calidad de Vida en Enfermedades Infecciosas. 
No se dispone de resultados concretos procedentes de esta fuente para confirmar que exista una relación entre la bacteria MAP y la enfermedad de Crohn. 
Sin embargo, el consorcio está muy implicado en el desarrollo de nuevos métodos de detección basados en nuevas tecnologías moleculares y técnicas de cultivo. 
Los consorcios de investigación utilizan estas tecnologías para facilitar la detección de la bacteria MAP en la leche y en las biopsias intestinales de los pacientes con enfermedad de Crohn. 
También se realizan esfuerzos por emplear técnicas de tipificación molecular para establecer una posible vinculación entre la bacteria MAP procedente de rumiantes y la etiología de la enfermedad de Crohn. 
El proyecto seguirá hasta octubre de 2003. 
Los resultados se comunicarán en intervalos regulares. 
Por supuesto, en el caso de que salgan a la luz nuevos datos científicos, la Comisión estará dispuesta a tomar las medidas necesarias al respecto. 
Quiero dar las gracias al Sr. Byrne por esta respuesta tan amplia y atenta. 
Es una cuestión importante, que cada vez afecta a más personas. 
Es un problema de salud crónico y tiene un efecto notable en la calidad de vida de aquellas personas que contraen la enfermedad. 
Cada vez hay más pruebas- aunque, al menos de momento, estoy de acuerdo con el Comisario Byrne en que no son concluyentes- de que existe una relación entre la presencia de estas bacterias en la leche pasteurizada y la incidencia de la enfermedad de Crohn. 
Quisiera pedir a la Comisión que, una vez concluidos los estudios, sopese todas las pruebas y que quizás celebre un seminario o un debate más amplio sobre las medidas que podrían adoptarse, dado que esta enfermedad preocupa cada vez más y se está extendiendo. 
El paso más obvio sería que la Comisión ampliara el período de pasteurización de 15 segundos a 25 segundos a la temperatura apropiada. 
Sería el método más simple y efectivo. 
Me pregunto si la Comisión estaría de acuerdo en considerar estas medidas cuando concluyan los estudios. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Vamos a comenzar ahora la segunda parte de este turno de preguntas. 
Ya saben ustedes que dedicamos veinte minutos a cada Comisario. 
Cuanto más hablemos en cada pregunta, menos preguntas se pueden hacer y menos respuestas. 
Hay una relación muy bien establecida. 
Preguntas dirigidas al Sr. Bolkestein 
Pregunta nº 38 formulada por Bart Staes (H-0525/02): 
Asunto: Perfeccionamiento de las normas europeas que rigen los seguros de automóviles en el mercado interior 
A comienzos de junio, el Comisario Bolkestein presentó una propuesta de directiva destinada a perfeccionar las cuatro directivas existentes sobre los seguros de automóviles. 
A consecuencia de las anteriores directivas y a raíz de la reiterada insistencia del Comisario responsable de Mercado Interior, se ha suprimido en Bélgica el denominado sistema ' bonus-malus?. Con ello han desaparecido los acuerdos tarifarios entre los diferentes aseguradores belgas. 
La posibilidad de establecer libremente las tarifas beneficia sin duda a los buenos conductores. 
Por otra parte, esta medida más bien va a aumentar las tensiones considerables que ya existen en la segmentación antes que disminuirlas. La consecuencia de ello es que posiblemente vayan a circular cada vez más personas no aseguradas. 
¿Va a tener en cuenta la Comisión este efecto negativo en las fases siguientes del examen de esta propuesta o va a permitir por otra parte que los Estados miembros contrarresten los excesos tarifarios de la segmentación? 
Como Su Señoría sabe, el principio de la libertad de contratación se aplica a las compañías que ofrecen servicios financieros. 
En el ámbito de los seguros, la Tercera Directiva sobre seguros distintos del seguro de vida acabó con el sistema de la autorización gubernamental previa y sistemática de las tarifas y la política de precios. 
Los sistemas obligatorios de bonificación en ausencia de siniestros infringen el principio enmarcado en las directivas. 
Creo que el libre mercado de productos aseguradores será beneficioso para la gran mayoría de los conductores, dado que les permitirá elegir a las compañías de seguros que incentiven a los buenos conductores con unas primas más bajas. 
Volviendo a la pregunta planteada por Su Señoría en relación con el posible aumento de la cantidad de vehículos no asegurados, quisiera que prestaran atención al apartado 1 del artículo 3 de la Primera Directiva sobre seguro de responsabilidad civil de los vehículos automóviles. 
En este artículo se establece que todos los automóviles de la Comunidad deben disponer del seguro obligatorio de responsabilidad civil. 
Corresponde a las autoridades de cada país garantizar que se respete esta obligación. 
La reciente propuesta de la Comisión de una Quinta Directiva sobre seguro de responsabilidad civil de los vehículos automóviles a la que se refiere Su Señoría no altera esta disposición. 
Esta nueva propuesta, la Quinta Directiva, no infringe el principio fundamental de la libertad tarifaria. 
Su objetivo principal es revisar las cuatro directivas existentes sobre los seguros de automóviles. 
Los principales objetivos son actualizar y mejorar el marco de los seguros obligatorios para proteger a las víctimas de los accidentes de coche, para eliminar lagunas y aclarar algunas disposiciones de las directivas. 
La Comisión está haciendo todo lo posible para mejorar la eficacia del mercado interno de los seguros. 
Sus planes se describen en el Plan de acción para los servicios financieros. 
La Comisión está convencida de que el aumento de la competencia comportará un descenso de los precios y una mayor oferta de productos para el consumidor. 
Gracias Señor Presidente, Comisario, Señorías, y gracias por responder de forma tan completa y en un neerlandés tan excelente. 
No estamos muy acostumbrados a oírle hablar de esta forma en esta Cámara, por lo que se lo agradecemos una vez más. 
Como muy bien ha dicho, la Comisión pretendía abolir el sistema belga de bonificaciones en ausencia de siniestros y adoptar una estructura de tarifa libre. 
Recientemente he hablado con algunos representantes de compañías de seguros, que comparten la opinión de que el nuevo sistema de tarifa libre podría ser beneficioso para los buenos conductores. 
Pero tienen una reserva: ¿qué ocurrirá con los que son más torpes? 
¿Y qué hay de los jóvenes a quienes a menudo se convence para que elijan primas elevadas? 
El sector de los seguros está convencido de que la nueva reglamentación aumentará el nivel general de las primas, y que, en concreto, los conductores propensos a tener accidentes van a querer evadir el sistema, lo que originará una mayor cantidad de conductores no asegurados. 
Por lo tanto, quisiera aprovechar esta oportunidad para preguntar una vez más al Comisario, en relación con sus propuestas y la legislación vigente, qué puede hacer la Comisión para evitar que las primas de seguros suban demasiado, una excesiva diferencia de precios y que los conductores propensos a tener accidentes se evadan del sistema. 
¿Qué podría hacer la Comisión en este sentido? 
¿Tiene intención de introducir un sistema basado en categorías alrededor de un promedio, según el que, por ejemplo, un tipo estándar sería 100, y donde los buenos conductores pagarían 50 y los malos conductores no más de 150? 
¿Podría el Comisario dar una respuesta a esta pregunta? 
Señor Presidente, quisiera empezar dando las gracias al Sr. Staes por alabar la calidad de mi neerlandés. 
Aunque resultaría extraño, Señor Presidente, que no pudiera hablar bien mi propia lengua. 
En segundo lugar, quisiera destacar que la principal función de la competencia es garantizar que los precios sean lo más competitivos posible. 
Por otro lado, así se incentiva a los buenos conductores con la reducción de las primas, lo que según creo, al Sr. Staes le parece bien, mientras que, por otro lado consigue que los malos conductores paguen por sus propios errores. 
Sólo la persona que ocasiona el daño debe pagar por ello. Nadie más. 
De modo que la competencia entre las diversas compañías de seguros debería garantizar que las primas que cada cual paga estén en la línea del mercado de los productos de seguros, y esto no tiene absolutamente nada que ver con la Comisión. 
Si la Comisión hiciera lo que sugiere el Sr. Staes, se estaría entrometiendo en los poderes y las responsabilidades del sector privado, algo que no le corresponde en absoluto. 
Pregunta nº 39 formulada por Michl Ebner (H-0549/02): 
Asunto: Excepción para proyectos piloto en el ámbito de la competencia 
Las autoridades italianas aún no han otorgado la concesión para la construcción de la autopista del Brénnero (A22) entre Módena y Brénnero, dado que en la Comisión persisten reservas al respecto. 
Independientemente de las, por lo general, necesarias medidas contra la distorsión de la competencia, al profundizar en la materia, la Comisión y el Comisario competente deberían deducir que no se trata de una concesión normal, sino de un proyecto piloto. 
¿No sería, por lo tanto, posible, y además respondería a un interés primordial de la UE en un ámbito sensible, promover y apoyar un proyecto piloto, definido en función del periodo de concesión y destinado a que el transporte por carretera financie el transporte por ferrocarril, en vez de impedirlo por distorsión de la competencia? 
Señor Presidente, el hecho de que se trate de un proyecto piloto, como se ha dicho correctamente, no impide que deban aplicarse las normas generales sobre concesiones. 
De hecho, las dudas que mis servicios y yo planteamos sobre el tema del proyecto mencionado se refieren exclusivamente a la extensión hasta 2035 de la concesión de la autopista del Brénnero en ausencia de toda competencia. 
Las propias autoridades italianas han adoptado recientemente una postura similar al comprometerse a proponer soluciones que puedan satisfacer a la vez los requisitos para el desarrollo del proyecto y la necesidad de cumplir la legislación comunitaria. 
Con el fin de no interrumpir la ejecución de este proyecto, las autoridades competentes y mis servicios se mantienen en estrecho contacto para encontrar una solución adecuada. 
Señor Presidente, Comisario, este proyecto piloto afecta a tres países, que son Alemania, Austria e Italia, y afecta a una zona muy sensible en el antiguo Hauptkamm, donde los concesionarios de la autopista de Brenner en la zona sur del paso de Brenner y ahora la organización equivalente en el lado norte del paso del Brenner quieren utilizar la carretera para subvencionar los ferrocarriles, con el fin de evitar daños ecológicos y crear un proyecto piloto. 
Pero el proyecto debe funcionar hasta el año 2035. 
El año 2005 está demasiado cerca, es decir, hay que ampliar la concesión italiana durante 30 años más. 
El Gobierno italiano envió un mensaje de apoyo a través del Ministro Buttiglione, que hasta hace poco era miembro de esta Cámara, y debemos esperar que este proyecto piloto, que podría sentar un precedente y que su colega, el Comisario de Transporte, piensa que es un paso positivo, sea considerado como tal y se haga una excepción. 
Aunque le he oído citar los puntos positivos, no le he oído decir que está totalmente de acuerdo con ello. 
¿Podría comentar este punto? 
He discutido esta cuestión tema en varias ocasiones con el Ministro Buttiglione y también con algunos diputados de este Parlamento. 
Quisiera añadir que se trata de una extensión para un plazo de tiempo bastante largo- unos 33 años -, de modo que este proyecto está sujeto a las normas de contratación pública y por lo tanto debe haber alguna competencia a la hora de adjudicar los contratos. 
Al fin y al cabo, la competencia hace que los precios sean más bajos que lo que serían sin ella y también que haya más ventajas para el pueblo italiano, supongo, o al menos para el Estado italiano y, por lo tanto, indirectamente, también para los ciudadanos italianos. 
O sea que todos deberíamos estar a favor de que haya una mayor competencia en la adjudicación de unos contratos tan cuantiosos. 
El hecho de que exista una posible subvención cruzada a favor del transporte ferroviario es un aspecto perfectamente defendible. 
De modo que, una vez articuladas y formuladas las cláusulas del contrato que se vaya a adjudicar, esta condición deberá incluirse en dicho contrato. 
Todos aquellos que quieran obtener el contrato deberán cumplir esta condición. 
No hay nada malo en ello. 
La Comisión cree firmemente que los contratos públicos deben concederse de acuerdo con las normas sobre contratación pública, que se refieren básicamente al hecho de que debe permitirse la competencia. 
De lo contrario, abriremos la puerta a la adjudicación de contratos bajo mano y será la población quien sufriría las consecuencias. 
Estoy seguro de que nadie en esta Cámara lo desea y, por lo tanto, la Comisión hace bien en seguir esta línea. 
Señor Presidente, Comisario, Sus Señorías, estoy de acuerdo con el Comisario; obviamente las rutas que atraviesan los Alpes compiten unas con otras. 
Pero, como todos sabemos, estas rutas se encuentran en una zona muy inestable. 
Si durante varios años una compañía concesionaria ha ahorrado dinero para poder ofrecer una mejor solución, mi pregunta es, ¿por qué no podemos dejar que sean las propias empresas concesionarias quienes decidan si desean ofrecer técnicas alternativas para mejorar el tráfico que atraviesa los Alpes? 
Me gustaría mucho saber qué piensa sobre ello y si deberíamos dejar que sean las compañías implicadas quienes decidan las técnicas alternativas. 
. 
Señor Presidente, la Comisión no tiene conocimiento suficiente para entrar en los detalles de ningún contrato público, lo que además no corresponde a la función ni la responsabilidad de la Comisión. 
Ha de ser la autoridad adjudicadora, que se supone que es el Estado italiano o una parte del Estado italiano, quizás las autoridades provinciales, quien formule el contrato. 
La única responsabilidad de la Comisión es comprobar que se permita la competencia, sea cual sea la naturaleza del contrato y establezca lo que establezca, por ejemplo, sobre nuevas soluciones técnicas o subvenciones cruzadas, y que los demás agentes económicos tengan la oportunidad de licitar para obtener el contrato. 
Si se permite al contratista actual mantener su concesión hasta el año 2035, no habría competencia y los intereses del pueblo italiano se verían perjudicados. 
Señor Presidente, me complace comunicar a la Cámara que se encuentra entre el público una personalidad especialmente importante, no sólo para Italia sino para Europa en general: el presidente nacional de la asociación italiana de personas con discapacidad o heridas como consecuencia de accidentes de trabajo, quien pide ayuda a Europa para conseguir seguridad, medidas preventivas y rehabilitación, y garantizar que se eliminen lo obstáculos estructurales. 
Esta mañana nos hemos reunido con el Sr. Medina Ortega y otros diputados, el vicepresidente Podestà y el presidente Cox. 
Espero que su presencia nos obligue a todos a reflexionar seriamente sobre este asunto. 
Señor Ferri, sin que sirva de precedente su cuestión de orden para otras intervenciones, me sumo a su salutación en nombre de todo el Parlamento. 
El Presidente.- Señor Ebner, ya sabe usted que no se puede volver a preguntar, pero, como se trata de una cuestión de orden, le ruego que sea breve. 
Señor Presidente, creía que estábamos autorizados a realizar dos preguntas complementarias. 
El Sr. Rübig ha planteado una. 
No lo estamos. 
Gracias. 
¿Ni siquiera una explicación sobre si me satisface o no lo que ha dicho el Comisario? 
No, al preguntarme, ya sospecho que usted no ha quedado totalmente contento, pero, en todo caso, tiene la posibilidad de hablar con el señor Comisario, ya en el pasillo. 
Bien. 
Gracias, Señor Presidente. 
No me satisface lo que ha dicho el Comisario. 
Pregunta nº 40 formulada por Paul Rübig (H-0579/02): 
Asunto: No reconocimiento de las normas europeas relativas a las placas y sistemas solares térmicos 
Desde hace aproximadamente un año están en vigor normas europeas uniformes referentes al control de los productos solares térmicos. 
Para tener derecho en Francia y España a las subvenciones públicas en el ámbito de la energía solar, las placas y los sistemas solares de fabricantes extranjeros tienen que someterse adicionalmente a las pruebas que exigen las normas y procedimientos nacionales vigentes en cada caso, a pesar de contar con los certificados europeos pertinentes. 
Las pruebas nacionales no corresponden plenamente a las normas europeas. La duplicación de las pruebas implica también costes considerables, obstáculos burocráticos y pérdida de tiempo. 
No se reconocen los certificados de pruebas de institutos acreditados de otros Estados miembros de la UE. Así se dificulta considerablemente la penetración en el mercado y las empresas de otros Estados miembros tienen que soportar importantes desventajas competitivas en relación con los fabricantes nacionales. 
¿Qué opina la Comisión sobre la situación descrita? ¿Qué medidas piensa tomar en contra? 
. 
La Comisión quiere resaltar que las placas y los sistemas solares térmicos no están regulados a escala comunitaria. 
Las normas EN que se aplican a estos productos tienen carácter voluntario. 
Toda normativa nacional que exija el cumplimiento de normas y procedimientos de ensayo nacionales en el caso de que vayan a concederse subvenciones, debe valorarse a la luz de los artículos 28-30 del Tratado. 
De estos artículos, según la interpretación del Tribunal de Justicia, se desprende que el principio de reconocimiento mutuo se aplica no sólo a las especificaciones técnicas de fabricación, sino también a todos los procedimientos de ensayo a que deban someterse dichos productos en otro Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado signatario del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
Este principio se aplica también a los certificados emitidos para los productos en virtud de estos procedimientos de ensayo. 
A este respecto me remito a la sentencia de 17 de diciembre de 1981 sobre productos biológicos. 
Y existe también otra sentencia, de 28 de enero de 1986, sobre la homologación de maquinaria para trabajar la madera. 
Y además tenemos la sentencia de 11 de mayo de 1989, comúnmente denominada sentencia Bouchara. 
La jurisprudencia es coherente y clara. 
Esto significa que los Estados miembros no deben exigir innecesariamente análisis o ensayos técnicos o químicos si dichos análisis o ensayos ya se han llevado a cabo en otro Estado miembro y los resultados están disponibles o se pueden obtener previa solicitud. 
Sobre la base de la información que el Su Señoría nos ha facilitado, la Comisión emprenderá una investigación al respecto y, si es necesario, procederá contra los Estados en cuestión de acuerdo con el artículo 226 del Tratado. 
Si se demostrara la existencia de una infracción, la Comisión examinaría también qué conclusiones cabría extraer a la luz de los artículos 87 y 88 del Tratado. 
Señor Presidente, Comisario, Sus Señorías, creo que el hecho de que el principio de reconocimiento mutuo sea el tema central en Europa constituye un buen ejemplo. 
Agradezco al Comisario su análisis claro y que haya explicado abiertamente la intención de la Comisión, haciendo uso de su capacidad ejecutiva, de reafirmarse en este punto y luchar porque este principio vaya ganando aceptación. 
Por supuesto, en el transcurso de la armonización nos encontramos con límites que no siempre se está dispuesto a aceptar. 
También hemos invertido mucho tiempo en la discusión de las marcas emitidas por los institutos certificadores independientes que prueban los productos. 
¿Existe un reconocimiento paneuropeo de los productos probados en un país? 
Si así fuera, aumentaría considerablemente la seguridad de los productos en el futuro. 
¿La Comisión tiene planes para poner en práctica alguna iniciativa al respecto? 
. 
Observo que el Sr. Rübig está satisfecho con la actitud de la Comisión. 
Eso está bien. 
Una vez más, la esencia de este problema es el reconocimiento mutuo. 
La jurisprudencia es completamente clara y coherente. 
La Comisión iniciará una investigación de estos casos que el Sr. Rübig ha puesto sobre el tapete. Si es preciso, la Comisión emprenderá medidas legales. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al señor Comisario, las preguntas 41 y 42 se contestarán por escrito. 
Si alguien tiene una cuestión de orden, puede hacerla. 
¿Tiene usted una cuestión de orden, señor Savary? 
Señor Presidente, lamento no poder hacer esta pregunta, porque la Sra. Bérès me pidió que se la planteara muy directamente al Comisario Bolkestein, Aunque con pesar, acepto las limitaciones del Reglamento. 
Sí, y la escasez de tiempo. 
Hemos pasado los veinte minutos del señor Comisario y no tenemos más remedio que pasar a las preguntas dirigidas al Sr. Verheugen. 
Preguntas dirigidas al Sr. Verheugen 
Pregunta nº 43 formulada por Alexandros Alavanos (H-0537/02): 
Asunto: Expiración del plazo fijado para una solución política del problema chipriota 
En junio de 2002 ha expirado el plazo fijado para encontrar una solución política al problema chipriota a través de la celebración de conversaciones entre las dos comunidades bajo la égida del Secretario General de las Naciones Unidas sin que se haya registrado ningún avance debido a la intransigencia turca. 
¿Tiene la Comisión intención de realizar una evaluación de los posibles resultados alcanzados hasta la fecha en el marco de estas conversaciones? 
¿Podría indicar cuáles serán las próximas etapas hasta la adhesión de la República de Chipre a la Unión Europea junto a los otros nueve países candidatos? 
Señor Presidente, desde que empezaron las conversaciones directas el 16 de enero de 2002, los dirigentes de ambas comunidades han presentado propuestas sobre los cuatro puntos centrales. 
Sin embargo, las partes no han podido encontrar una solución global que sea conforme a las correspondientes resoluciones de las Naciones Unidas. 
Dado que las conversaciones directas son confidenciales, la Comisión no puede evaluar los resultados y tiene que confiar en las evaluaciones regulares que efectúa el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Las conversaciones se encuentran en un momento decisivo desde finales de junio de 2002, que era la fecha límite que las propias partes se habían puesto. 
Las negociaciones para la adhesión con Chipre siguen el curso previsto. 
La Comisión presentará sus informes regulares el 16 de octubre de este año. 
En dichos informes se ofrecerá un análisis detallado del progreso de los países candidatos en cuanto a los criterios de adhesión, y serán la base de las recomendaciones de la Comisión sobre los países que cumplan todos los criterios de adhesión. 
Estas recomendaciones y los principales aspectos que surjan de las negociaciones se examinarán en el Consejo Europeo de Bruselas a finales de octubre de este año, y las negociaciones para la adhesión deberían finalizar según dichas recomendaciones antes de que se celebre el Consejo Europeo de Copenhague en diciembre de 2002. 
Los acuerdos de adhesión deberían firmarse en primavera de 2003 y el parlamento de cada país debería ratificarlo en los meses siguientes. 
Antes de que se firmen los acuerdos de adhesión, el Consejo decidirá sobre la adhesión de los países candidatos previa consulta a la Comisión y después de recibir el consentimiento del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 49 del Tratado sobre la Unión Europea. 
Agradezco al Comisario su respuesta y la postura que ha adoptado con respecto a este asunto. 
Simplemente quiero puntualizar que, cuando faltan pocas semanas para recibir los informes de la Comisión y a pocos meses de la ampliación, todavía cuelga sobre la República de Chipre este inmenso interrogante. 
Me gustaría que el Comisario nos confirmara que, aunque la Unión Europea y la Comisión apoyen todos los esfuerzos que se hagan para encontrar una solución política, cuyo principal impedimento, como todos sabemos, es la intransigencia de los turcos y de los chipriotas turcos, no se excluirá a la República de Chipre del primer grupo de nuevos países que se adherirán a la Unión Europea si no se encuentra una solución. 
Estoy de acuerdo con Su Señoría en que ahora el tiempo es un aspecto prioritario y que es de lo más deplorable que todavía no se haya visto un progreso decisivo en la cuestión chipriota. 
Su Señoría tiene también razón cuando dice que la Unión Europea está haciendo todo lo que está en sus manos para llegar a una solución, y seguirá haciéndolo así en el futuro. 
Lucharemos para llegar a un acuerdo hasta el último momento. 
Es muy difícil responder a su pregunta sobre la actitud del Gobierno turco, sobre todo ahora que el clima político ha cambiado en Turquía. 
Esta semana tengo que hablar con el Ministro de Asuntos Exteriores turco y quizás después podré decir si en adelante podemos esperar una actitud decisiva y constructiva de la parte turca. 
De momento, lo único que puedo decir es que no tengo más elementos que Vd. para prever cómo actuará Turquía en este asunto, pero me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir de nuevo a Turquía que reconozca que son los chipriotas turcos quienes van a sufrir las consecuencias si no se puede encontrar una solución para el problema de Chipre. 
Ellos son quienes más van a ganar con una solución política y la adhesión de Chipre. 
Pero también son quienes más van a perder si no se puede encontrar ninguna solución política. 
Lo siento, Comisario, pero sus respuestas no añaden nada nuevo. 
Todos sabemos que las conversaciones entre ambas comunidades han llegado a un punto muerto y que las perspectivas de encontrar una salida antes de diciembre son escasas, por no decir nulas. 
Quisiera plantearle dos preguntas. 
Primera, tal como están las cosas, existe un claro peligro de que la isla quede dividida o partida y, lamentablemente, esto significará que el Partido Comunista de Grecia tenía razón al prever que los esfuerzos para integrar Chipre en la Unión Europea comportarían precisamente esta consecuencia. 
La pregunta es, en primer lugar, si la Comisión ha considerado esta posibilidad y qué planes tiene para anticiparse. 
Y, en segundo lugar, todos sabemos que Turquía tiene la clave del problema de Chipre. 
Tenemos la impresión de que la Comisión y el Consejo, la Unión Europea en general, no ha agotado todas las vías posibles para ejercer presión sobre Turquía. 
Vd. ha hablado ya de las repercusiones que tendrá la postura de Turquía, pero tengo la sensación de que el Consejo y la Comisión podrían aumentar la presión. 
La pregunta es si en realidad hay alguien que quiera ejercer este tipo de presión. 
(DE Yo le diría a Su Señoría que mi lectura de la situación difiere un poco de la suya. 
Ya sé que no he dicho nada nuevo. 
Pero es porque no hay nada nuevo que decir. 
Y es algo que ambos lamentamos. 
La responsabilidad del proceso político, es decir el proceso que debería resolver el problema en el futuro, reside en las Naciones Unidas. 
Ni el Consejo ni la Comisión ni el Parlamento Europeo tienen competencia alguna en este asunto. 
Y Vd. debería ser muy cauteloso para no socavar la autoridad de las Naciones Unidas en este tema. 
Porque la política establecida en la Unión Europea- y que se aplica a todos, el Consejo, el Parlamento y la Comisión- es apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. 
El instrumento más importante que podemos ofrecer a las Naciones Unidas, y que hemos ofrecido, es el proceso de adhesión. 
Y si ha habido conversaciones directas ha sido porque Chipre tiene la posibilidad de adherirse y porque la parte turca entiende ahora que la Unión Europea tiene intención de cumplir su calendario de ampliación. 
Por este motivo creo que la mejor forma de ejercer presión sobre Turquía, y créame que lo haremos, es asegurarnos de que sepan que no negociaremos el calendario de la ampliación. 
Pregunta nº 44 formulada por Konstantinos Hatzidakis (H-0574/02): 
Asunto: Chipre y las negociaciones de adhesión 
¿Cómo valora la Comisión el modo en que se están llevando adelante las negociaciones de adhesión de Chipre? ¿De qué modo podría influir el diálogo intercomunitario en la cuestión chipriota? 
Señor Presidente, Chipre se encuentra en un estado avanzado de las negociaciones para la adhesión. 
De los 31 capítulos, 28 se han cerrado provisionalmente. 
En esta fase del proceso no se puede hacer nada más. 
En cuanto a las negociaciones con la finalidad de llegar a un acuerdo político bajo la égida del Secretario General de las Naciones Unidas, acabo de expresar mi apoyo total a este proceso, al igual que la UE lo ha hecho en numerosas ocasiones. 
En cuanto a la pregunta de cómo el diálogo entre los dos grupos étnicos puede influir en las negociaciones de adhesión, el planteamiento de la Comisión se rige por las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki en 1999 y del Consejo de Sevilla en 2002. 
La Unión ha dejado claro que desea una isla unida para la adhesión. 
Sin embargo, también ha puntualizado que la solución política no es imprescindible para la adhesión de Chipre a la Unión, si la cuestión chipriota no se ha liquidado antes de que finalice el período de negociaciones. 
La decisión la tomará el Consejo teniendo en cuenta todos los factores relevantes. 
Todavía existe una posibilidad de que consigamos una solución política antes de la adhesión, y es el motivo por el que el Consejo Europeo ha pedido a los dirigentes de ambos grupos étnicos que acudan a las conversaciones. 
Si se llega a una solución política, el acuerdo de adhesión reflejará el acuerdo conseguido. 
Tal como se declaró recientemente en el Consejo Europeo de Sevilla, la Unión está preparada para incluir en el acuerdo de adhesión los términos de un acuerdo global en la cuestión de Chipre. 
Hemos hecho hincapié en el hecho de que creemos que Chipre debería poder hablar con una sola voz y que necesita poder aplicar la ley comunitaria en toda la isla. 
Si se llega a un acuerdo y Chipre accede como país unitario, la Unión Europea está dispuesta a efectuar una gran aportación financiera para conseguir un rápido desarrollo de la parte norte de la isla en el camino hacia la adhesión. 
Comisario, creo que la Comisión Europea ha adoptado un planteamiento constructivo y positivo en el proceso de integración de Chipre y la resolución del problema chipriota, y me complace. 
Sólo quería hacerle una pregunta: ¿Presentará Vd. su propia recomendación al Consejo sobre la integración de los países candidatos durante el mes de octubre? 
Creo que todos reconocemos que la parte chipriota griega ha acudido a las conversaciones de buena fe, pero también existe la posibilidad de que las conversaciones fracasen por motivos que no tengan nada que ver con la parte chipriota griega. 
Quisiera que la Comisión aclarara cuál será su recomendación si esto ocurre. 
Es decir, si las conversaciones entre ambas comunidades fracasan, ¿cómo afectará este hecho a las perspectivas de integración de Chipre? 
Ésta es mi pregunta. 
Señor Presidente, señor Hatzidakis, está en lo cierto. 
El 16 de octubre la Comisión presentará un informe con su valoración sobre si los países candidatos con los que se están llevando a cabo negociaciones están preparados para adherirse. 
Como saben, se ha nombrado a diez países, entre los cuales se encuentra Chipre, con los que esperamos finalizar las negociaciones a finales de este año. 
El 16 de octubre la Comisión declarará si se pueden seguir aplicando estas perspectivas. 
Naturalmente, esto incluye una postura clara de la Comisión respecto a Chipre. 
Pregunta nº 45 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0538/02): 
Asunto: Ampliación, mujeres y fundamentalismo 
En relación con los países de la próxima ampliación de la Unión Europea y para prevenir situaciones en las que las organizaciones religiosas invadan competencias pertenecientes al sector de las autoridades públicas, ¿qué medidas aplicará la Comisión para evitar que, por presiones fundamentalistas, se limiten los derechos humanos, y para garantizar un libre ejercicio de los derechos a las mujeres? 
Señor Presidente, como Su Señoría sabe, cumplir los criterios de Copenhague es condición indispensable no sólo para concluir sino incluso para empezar las negociaciones de adhesión, motivo por el que ningún país puede adherirse a la Unión Europea si no cumple todos los criterios políticos. 
La pregunta que Vd. ha hecho se refiere a las organizaciones que, según Vd., señora, están usurpando poderes que pertenecen al estado o bien existe el peligro de que lo hagan y, como resultado, las mujeres de los países candidatos pueden ver limitada su libertad. 
La Comisión opina que los futuros Estados miembros han logrado un nivel de estabilidad democrática adecuado, y que en dichos futuros Estados miembros se respetan los derechos humanos, entre los que se incluye la libertad religiosa. 
La libertad religiosa está garantizada en todos los futuros Estados miembros, lo que significa que, por supuesto, las comunidades religiosas tienen derecho a participar en el debate social en sus países. 
Es completamente normal y ocurre en todos los Estados miembros. 
Las comunidades religiosas forman parte de la sociedad civil y, al igual que todas las demás organizaciones sociales, tienen derecho a participar en el debate social. 
En algunos países más y en otros países menos. 
Los gobiernos, las autoridades públicas, deben mantener una vigilancia estricta para asegurarse de que los grupos sociales no ejerzan poderes que no les hayan sido atribuidos y que, por ejemplo, podrían tener un impacto adverso en los derechos fundamentales. 
En teoría, en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades para las mujeres, hemos conseguido un progreso considerable desde el punto de vista legislativo e institucional en todos los futuros Estados miembros, aunque, por supuesto, queda mucho por hacer para fomentar la igualdad económica y social de las mujeres. 
Pero esto no se aplica sólo a los futuros Estados miembros, sino también a la mayoría de los Estados miembros actuales. 
No podemos decir que se hayan resuelto todos los déficits, y, naturalmente, por este motivo la Comisión seguirá controlando muy de cerca la evolución en este ámbito e incluirá una valoración actualizada de la situación en el informe que ya he mencionado y que se hará público en octubre de 2002. 
Señor Presidente, ¿ha detectado la Comisión en qué temas y países se producen estas invasiones de la esfera pública por parte de los poderes eclesiásticos? 
En segundo lugar, quisiera preguntarle también al Sr. Comisario si estaría dispuesto a programar campañas informativas para dar a conocer las ventajas y beneficios que tiene el acervo comunitario para las mujeres. 
Me han llegado también, Sr. Comisario, referencias de que en algunos Parlamentos existen departamentos donde los poderes eclesiásticos efectúan controles y seguimientos de la actividad que realizan los parlamentarios. 
Quisiera que se constatara este hecho. 
Señora Izquierdo Rojo, la Comisión no tiene constancia de los hechos que Vd. ha descrito. 
Por lo tanto, le agradecería que me hiciera llegar una copia de la información que, obviamente, Vd. tiene en sus manos. 
Sin embargo, debo reiterar que la Comisión no considera que sea una interferencia inaceptable que las comunidades religiosas se unan al debate político como parte de la sociedad civil. 
No conozco ningún caso en que los derechos humanos se hayan visto violados a consecuencia de la participación de las comunidades religiosas. 
Si tiene ejemplos específicos de ello, naturalmente queremos conocerlos. 
En cuanto a la campaña de información, puedo confirmar que estamos llevando a cabo dichas campañas, especialmente sobre el tema de la igualdad de las mujeres. 
Forma parte de la estrategia de comunicación que estamos llevando a cabo junto con el Parlamento para que los ciudadanos de los futuros Estados miembros sean conscientes de todos los aspectos de la ley comunitaria, especialmente los derechos humanos y los derechos de las personas y los grupos. 
Pregunta nº 46 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0543/02): 
Asunto: Futuro tratado de adhesión con los nuevos Estados miembros 
Es posible que los electores irlandeses voten por segunda vez en contra del Tratado de Niza. De este modo, decaería también la nueva composición de escaños prevista en el Tratado de Niza para el Parlamento y el Consejo. 
¿No podría la Unión proceder como hizo con ocasión de la adhesión de Finlandia, Suecia y Austria, cuando negoció y acordó con cada uno de los países candidatos los escaños en el Parlamento y los votos en el Consejo que figurarían en el tratado de adhesión? 
De ese modo, no se necesitaría el Tratado de Niza como base para la adhesión de los nuevos Estados miembros. 
¿Considera la Comisión que sería adecuado aplicar este procedimiento a la ampliación de la Unión en el caso de que el pueblo irlandés votara una vez más en contra del Tratado de Niza? 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión no comprende la utilidad de especular sobre lo que ocurrirá en el caso hipotético de que no se ratifique el Tratado de Niza. 
Como saben, el objetivo de las instituciones europeas es conseguir la ratificación del Tratado de Niza, tal como el Consejo Europeo dejó perfectamente claro hace poco en Sevilla, en junio de 2002. 
El Tratado debe ratificarse porque, de lo contrario, será muy difícil concluir el proceso de ampliación en las fechas previstas. 
La Comisión quisiera recordar a esta Cámara que en el Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002 se aprobó la determinación del Gobierno irlandés de conseguir que el Tratado de Niza se ratificara en Irlanda. 
Este tema salió también este fin de semana en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Dinamarca, cuyo orden del día tenía como punto principal la ampliación. 
Los Estados miembros y la Comisión acordaron de nuevo que no deberíamos interferir en el ejercicio de formación de opinión en Irlanda haciendo declaraciones sobre lo que haremos si en el segundo referéndum sale otra vez el «no» con mayoría. 
Señor Presidente, Comisario Verheugen, entiendo que no se ha dado respuesta a mi pregunta por ser de carácter hipotético y especulativo. 
Pero, al mismo tiempo, creo que de todas formas ocurre siempre que quienes piensan en términos políticos deben pensar siempre en varios escenarios posibles. 
Además, no nos preocupa el futuro remoto, sino algo que tendrá lugar bastante pronto y que ejercerá una influencia importante en el desarrollo de Europa en general. 
Por lo tanto, me sorprende que la Comisión no quiera pensar en vías alternativas ni reflexionar sobre lo que puede ocurrir si el pueblo irlandés vota «no» de nuevo. 
Estoy convencido de que la Comisión debe pensar en esta línea. 
También creo que es una cuestión de importancia práctica. 
No se puede permitir que el hecho de que el pueblo irlandés vote «no» sea decisivo para el conjunto de la UE. 
Debemos buscar una solución práctica. 
En mi pregunta, indicaba que Finlandia, Suecia y Austria negociaron una fórmula para llegar a una solución práctica a los problemas antes de que dichos países se convirtieran en Estados miembros. 
Y sin duda podría adoptarse el mismo método con los nuevos países candidatos. 
¿Al fin y al cabo, no sería una posibilidad legal y práctica? 
Señor Schmid, una vez más, por favor, léame los labios. No existe ningún plan B y tenemos expresamente prohibido entablar este tipo de deliberaciones. 
Y es muy fácil de entender. Si yo dijera aquí y ahora que la Comisión está considerando una alternativa o que la Comisión tiene una alternativa, antes de que nos diéramos cuenta los votantes irlandeses estarían preguntando cuál es la alternativa. 
Nos gustaría mucho saber cuál es porque entonces ya no tendríamos ninguna necesidad de ratificar el Tratado de Niza. 
De modo que si decimos que hay una alternativa, lo único que conseguiremos es que el Tratado no se ratifique nunca. 
Y tenemos una razón para insistir en la ratificación del Tratado de Niza porque no sólo contiene los requisitos técnicos para concluir las negociaciones de la ampliación en el ámbito institucional, sino que incluye también los requisitos políticos indispensables para un conjunto de Estados miembros si queremos concluir el proceso de ampliación. 
Si no elegimos un método más simple en esta ronda de ampliación y no incluimos simplemente las normas institucionales en los acuerdos de adhesión, fue porque la mayoría de los Estados miembros consideraron que se requerían cambios tanto institucionales como políticos antes de llevar a cabo este cambio tan radical en la naturaleza y el estado de la Unión Europea. 
Estos cambios se enmarcaron en el Tratado de Niza y les aconsejo que los tengan en cuenta. 
Para toda una serie de Estados miembros, el Tratado de Niza debe asumirse en su totalidad. 
La alternativa aparentemente adecuada que podría ser, si no hay Tratado simplemente extraigamos los apartados institucionales y escribámoslos en los acuerdos de adhesión, es inaceptable para toda una serie de Estados miembros y, que yo sepa, para la mayoría del Parlamento Europeo. 
Estimados colegas, estamos ampliamente fuera del tiempo en el turno del Sr. Verheugen. 
De todas formas, hay varios que han planteado preguntas complementarias, y yo voy a dar la palabra por orden cronológico. 
Primero al Sr. Crowley y luego al Sr. Seppänen. 
Señora McKenna, lo siento mucho, pero usted no es la primera ni la segunda que ha preguntado. 
¿Tiene usted algún derecho especial y me lo puede explicar? 
Señor Presidente, sobre una cuestión de observancia del Reglamento. 
Se trata del referéndum irlandés. 
Lo he señalado con bastante claridad, de modo que sería sumamente injusto debatir sobre el referéndum irlandés y no permitir a los oradores expresar los dos puntos de vista sobre este tema. 
En esta ocasión es esencial. 
Tengo que ser muy breve: dése usted cuenta, señora McKenna- y le pido que sea racional, como pretendo serlo yo -, que hay un Reglamento del turno de preguntas, y son dos preguntas complementarias. 
Esto no es un debate sobre el referéndum irlandés. 
Planteen ustedes un debate en el Pleno y probablemente lo tendrán. 
Son dos preguntas complementarias, y no a favor o en contra. 
Tengo el Reglamento delante y, además, nos lo sabemos todos muy bien. 
Primera pregunta complementaria del Sr. Crowley, que yo no sé si es a favor o en contra. 
Sé que ha pedido una pregunta. 
Si el Sr. Seppänen le cede la palabra a usted, pues será otra cuestión, pero él tiene derecho a hablar. 
Tiene la palabra el Sr. Crowley. 
Sólo quisiera pedir al Comisario Verheugen que confirmara lo que creo que ha dicho según la interpretación: que para que en este proceso se complete la ampliación es absolutamente necesario que Irlanda ratifique el Tratado de Niza. 
Bastará con que responda sí o no. 
Sí, es absolutamente necesario que todos los Estados miembros ratifiquen el Tratado. 
Al renunciar a la palabra el señor Seppänen- muy amable -, tiene la palabra la señora McKenna. 
Comisario, me interesa mucho lo que ha dicho. 
Ha dicho, en primer lugar, que no debe caer en la trampa de contar a la gente lo que van a hacer ustedes si el pueblo irlandés vota en contra, y que, si hubiera una alternativa, el pueblo irlandés querría conocer cuál es esa alternativa. 
O sea que está diciendo que mantendría al pueblo irlandés en la ignorancia y le forzaría a votar a favor. 
Es interesante oír a la Comisión decir que no debería implicarse. 
Ya hemos tenido que oír a comisarios como Patten, Byrne y otros decir al pueblo irlandés que deben votar «sí».El Sr. Prodi ha dicho que el Tratado de Niza no es legalmente necesario para la ampliación. 
Giscard d ' Estaing ha dicho lo mismo y que si el pueblo irlandés vota «no» ya se encontrarán otras soluciones. 
Pero de hecho la estrategia es hacer como si no existiera ninguna alternativa e intentar forzar al pueblo irlandés para que diga «sí» a algo a lo que ya ha dicho «no». 
Como usted mismo ha dicho, no quieren proponer alternativas porque no quieren que el pueblo irlandés pregunte cuáles son estas alternativas. 
¿Dónde está la democracia? 
Muy señora mía, me parece que, por razones políticas, está intentando hacerme decir algo que no voy a decir. 
Repito que la Comisión no conoce ninguna alternativa legal o política al Tratado de Niza. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al señor Comisario, la pregunta 47 se contestará por escrito. 
Preguntas dirigidas al Sr. Vitorino 
Señor Presidente, el Consejo Europeo celebrado en junio en Sevilla fue especialmente importante para el debate sobre la lucha contra la inmigración ilegal, estableciendo plazos para la aplicación de las medidas operativas más significativas en esta lucha que se describen en el plan global propuesto por la Comisión y adoptado por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior el 28 de febrero de 2002. 
Y de especial importancia para las Islas Canarias es el reciente esfuerzo realizado para contener la inmigración ilegal por mar. 
El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior pidió a la Comisión que efectuara un estudio de viabilidad sobre este tema para saber cómo se podía mejorar el seguimiento de las fronteras marítimas de la Unión Europea. 
El principal objetivo de este estudio será ofrecer un análisis exhaustivo de las medidas legislativas y operativas a adoptar. 
Los resultados del estudio estarán disponibles a principios de 2003. 
Hay que indicar también que la Comunidad está dando su apoyo a varios proyectos en terceros países, con la intención de combatir la inmigración ilegal. 
De especial interés también para las Islas Canarias es el programa diseñado para ayudar a las autoridades marroquíes a controlar mejor sus fronteras marítimas tanto en la costa del Atlántico como en la del Mediterráneo. 
La Comunidad ha contribuido a este objetivo con una subvención de 40 millones de euros, importe que se verá complementado por las autoridades marroquíes. 
Hay que mencionar también que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 13 de junio aprobó un planteamiento integral en este campo, lo que significa que se utilizarán todos los instrumentos de que dispone la estructura de relaciones exteriores de la Unión Europea. 
Se ha decidido poner en práctica una serie de medidas operativas que incluyen la creación de equipos de investigación conjunta y cooperación sistemática para luchar contra las redes de contrabando y de tráfico organizado. 
La Presidencia danesa otorga especial importancia al progreso en el campo de la inmigración ilegal en cuanto a las relaciones con terceros países y la política de repatriación. 
Con toda seguridad esto ayudará a acelerar la aplicación de futuras medidas en este campo. 
Señor Presidente, soy consciente del esfuerzo que está haciendo el Sr. Vitorino para obtener medidas concretas en materia de control de la inmigración ilegal en el conjunto de la Unión Europea y, especialmente, en estas regiones ultraperiféricas como las Islas Canarias. 
Lo que pasa es que la situación se está deteriorando, es cada vez peor, y cada vez es mayor el número de inmigrantes que está entrando en nuestras regiones. 
Y no sólo están entrando por la vía marítima ilegal de las pateras, sino también por vía aérea, es decir, que hay muchos inmigrantes que vienen a nuestra región procedentes de otros países sin control ninguno. 
He tomado nota de las observaciones que ha hecho. 
Se ha referido a Marruecos, pero no ha mencionado para nada a Mauritania; y no sé si el Comisario es consciente, por ejemplo, del descubrimiento en estos momentos de una red de inmigración ilegal que funcionaba en Mauritania y en territorio español, actuando conjuntamente. 
Mi preocupación es que, aunque me parece correcta la realización de estudios, me da la impresión de que en este momento el Consejo no está respaldando las iniciativas del Comisario, Sr. Vitorino, para una rápida solución de este problema. 
. Señor diputado, comparto totalmente su opinión de que la entrada de la inmigración clandestina en el territorio de la Unión Europea se produce no solamente por vía marítima, sino también por vía terrestre y por los aeropuertos. 
Por eso hemos colaborado con el Gobierno italiano para hacer un estudio de viabilidad sobre el control de las fronteras terrestres y aéreas de la Unión Europea. 
El actual estudio sobre las fronteras marítimas es específico, porque es complementario del otro que ha realizado el Gobierno italiano. 
Tengo la esperanza de que, después de concluida la fase de los estudios, los gobiernos se sentirán más respaldados para aplicar medidas concretas y el plan de acción de lucha contra la inmigración ilegal y la Comunicación de la Comisión sobre el control de las fronteras exteriores tiene una lista muy larga de acciones concretas. 
Por último, quiero decir que, naturalmente, estamos dando prioridad a la cuestión de Marruecos, pero he tomado buena nota de la información que el señor diputado me ha dado sobre la cuestión de Mauritania y voy a integrarla en mis indagaciones. 
Pregunta nº 50 formulada por Esko Olavi Seppänen (H-0565/02): 
Asunto: Expertos TEAM 
A primeros de julio, la Comisión aprobó un amplio programa de información que contenía un proyecto para la continuación y el desarrollo de las actividades de la red del grupo de expertos TEAM. 
¿Qué criterios se han seguido para seleccionar a estas personas? 
¿Cuál es el importe que se asigna anualmente a su formación, sus dietas y sus honorarios? 
. 
El programa de expertos TEAM Europe fue creado por la Comisión Europea en 1989 con el fin de proporcionar una red de conferenciantes independientes cuya experiencia abarcara todos los campos de actividad de la Unión en todas sus lenguas de trabajo. 
En la actualidad, el programa cuenta con 550 miembros que pueden participar en conferencias, seminarios, debates y sesiones de formación sobre temas relacionados con la Unión Europea. 
Hablan en nombre propio y no en nombre de la Comisión. 
Los miembros de TEAM Europe son seleccionados por las representaciones de la Comisión en cada Estado miembro basándose en criterios como la experiencia, el conocimiento profundo de los temas europeos, las lenguas que hablan, su formación en medios de comunicación y su disponibilidad. 
La Comisión no paga a los miembros de TEAM Europe, aunque estos pueden aceptar dietas de los organizadores del acto en el que participan e incluso unos honorarios adecuados. 
No obstante, la Comisión les ofrece sesiones de formación regulares. 
En 2002 la Comisión organizó tres seminarios de formación en Bruselas, específicamente para los miembros de TEAM Europe. 
Hubo un seminario de dos días de duración sobre relaciones exteriores de la Unión Europea, en el que participaron 80 miembros de TEAM Europe; un seminario de tres días y medio sobre la ampliación, en el que participaron 60 miembros de TEAM Europe; y un seminario de dos días sobre el futuro de Europa, el proceso post-Niza y la Convención Europea, en el que participaron 103 miembros de TEAM Europa. 
Esta formación se lleva a cabo en la Comisión, a cargo de conferenciantes e intérpretes tanto de la Comisión como de otras instituciones, y ocasionalmente de conferenciantes externos que no reciben emolumento alguno. 
Pregunta nº 51 formulada por Bernd Posselt (H-0588/02): 
Asunto: Supresión del visado para los macedonios 
¿Planea la Comisión una iniciativa para eximir del visado a los ciudadanos macedonios que quieran viajar a la UE, sobre todo si se tiene en cuenta que el Consejo, respondiendo a una pregunta mía al respecto, ha señalado que sin propuesta de la Comisión no puede adoptar ninguna decisión sobre asunto tan importante para la estabilización de Macedonia? 
. 
(PT) Señor Presidente, el Reglamento nº 539/2001, adoptado por el Consejo el 15 de marzo de 2001, incluye a la Ex República Yugoslava de Macedonia entre los terceros países cuyos ciudadanos necesitan un visado para cruzar las fronteras externas de los Estados miembros. 
La introducción de una exención de visado para los macedonios requeriría una modificación del Reglamento, que sólo la Comisión puede proponer, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 (2) del Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas. 
Los criterios para la inclusión de un país en la lista de terceros países cuyos ciudadanos necesitan un visado o en la lista de países cuyos ciudadanos están exentos de visado se definen en el punto quinto expositivo del Reglamento nº 539/2001. 
Son criterios que abarcan la dimensión de la inmigración ilegal procedente de estos países, razones de orden público y seguridad, relaciones exteriores, coherencia regional y el principio de reciprocidad. 
Estos criterios no son inmutables. 
El alcance y la persistencia de una determinada evolución en relación con un país u otro puede llevar a la Comisión a proponer que se modifique el Reglamento. 
En este ámbito, la Comisión está llevando a cabo un esfuerzo continuado para detectar estos cambios y efectuar una valoración precisa de su importancia. 
Para llevar a cabo esta labor, la Comisión utiliza información procedente de diversas fuentes, y presta especial atención a los datos y a las estadísticas de los Estados miembros que recoge de las acciones llevadas a cabo por determinados grupos de trabajo especializados en el Consejo. 
En este contexto, conviene señalar que el Consejo Europeo de Sevilla celebrado el 21 y el 22 de junio pidió al Consejo y a la Comisión que, en el ámbito de sus respectivas competencias, otorgara prioridad absoluta a determinadas medidas en la lucha contra la inmigración ilegal. 
Entre estas medidas se encuentra la revisión antes de fin de año de la lista de terceros países cuyos ciudadanos necesitan un visado y la de los terceros países exentos. 
Con toda seguridad, en este ejercicio de revisión del reglamento, la Comisión tendrá en cuenta toda la información referente a la situación en la Ex República Yugoslava de Macedonia, a la luz de los criterios establecidos en el punto 5 expositivo del mencionado Reglamento. 
Señor Presidente, Comisario, el motivo de mi pregunta procede de otro turno de preguntas, cuando bajo la Presidencia española se me dijo que el Consejo no podía tratar este tema porque la Comisión no había tomado la iniciativa. 
Quizás se trate de un juego de pasar la pelota entre el Consejo y la Comisión (no tengo ni idea) pero esto fue lo que me dijo el Consejo. 
Por eso le hago la pregunta a Vd. 
De todos lo nuevos estados procedentes de la antigua Yugoslavia, donde nunca se necesitó un visado, hay tres países con los que la UE tiene acuerdos de asociación, Eslovenia, Croacia y Macedonia, de los cuales Macedonia es el único al que se le exige visado. 
Ni siquiera los estados vecinos de Bulgaria y Rumania necesitan visados, a pesar de sus graves problemas de seguridad, motivo por el cual éste sería un mensaje importante para este país. 
Se sienten humillados, y en posición de desventaja respecto a los demás países asociados. 
Es el único país asociado al que se le exige un visado. 
Pregunta nº 52 formulada por Camilo Nogueira Román (H-0599/02): 
Asunto: Exigencia de visado para inmigrantes en la Unión Europea procedentes de países que mantienen una relación especial con Estados miembros de la Unión 
Una parte importante de los Estados miembros de la Unión Europea- como en el caso de Portugal y del Estado español con los países de América Latina- mantienen una especial relación afectiva y cultural con países que no pertenecen a la Unión, siendo frecuente la doble nacionalidad. Esta relación forma parte de su propio carácter, de forma paralela a su pertenencia a Europa. 
¿De qué manera va a abordarse esta realidad con respecto a la formulación del Consejo Europeo de Sevilla en el marco de una revisión de la lista de países a cuyos nacionales va a exigírseles visado para entrar en los Estados de la Unión? 
¿Cómo se tratará a los nacionales de los países de América Latina por lo que se refiere al Estado español y a Portugal? 
Señor Presidente, Sr. Nogueira Román, cada Estado miembro de la Unión Europea establece sus propias condiciones para otorgar la nacionalidad. 
Cualquier ciudadano que tenga la nacionalidad de un Estado miembro tiene derecho a circular y establecerse libremente en todo el territorio de los Estados miembros de la Unión, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la legislación comunitaria. 
En el caso de la doble nacionalidad, los ciudadanos pueden acogerse a la legislación sobre ciudadanía de la Unión. 
Por lo tanto, la Comisión opina que la existencia de casos de doble nacionalidad en las relaciones entre España y Portugal y diversos países de América Latina queda cubierta por la legislación existente. 
En relación con la política de visados respecto a América Latina, el Reglamento nº 539/2001 establece las listas de terceros países cuyos ciudadanos necesitan un visado o están exentos de dichos trámites. 
De acuerdo con las conclusiones de la Cumbre Europea de Sevilla, la Comisión envió un cuestionario a los Estados miembros con el fin de revisar las listas de terceros países sometidos a la mencionada regulación. 
Las respuestas de los Estados miembros pueden proporcionar varias sugerencias, y basándose en las mismas la Comisión quizás podrá presentar una propuesta para modificar el reglamento. 
Los criterios utilizados para elaborar las listas se definen en la primera frase del quinto punto expositivo del reglamento. 
La decisión sobre qué ciudadanos de terceros países necesitan un visado y cuáles no se toma mediante una valoración detallada, analizando caso por caso y siguiendo varios criterios, en especial, los relacionados con la inmigración ilegal, el orden público y la seguridad, así como las relaciones exteriores de la Unión con dichos terceros países. También se tienen en cuenta las implicaciones en la coherencia regional y el principio de reciprocidad. 
Todas las decisiones del Consejo en este campo se adoptan por mayoría cualificada, previa consulta al Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, Comisario Vitorino, no puedo ni imaginar que un día en España y en Portugal, e incluso en la Unión Europea, Brasil pueda considerarse un tercer país para los portugueses o Argentina un tercer país para los gallegos o los españoles. 
Aunque en estos países vive mucha gente con doble nacionalidad, muchos hijos y nietos de ciudadanos portugueses, españoles y gallegos no son considerados europeos. 
Sin embargo, considero que este vínculo familiar tan próximo que existe entre Portugal, España y Galicia y América Latina debe recibir un tratamiento muy especial en las soluciones que la Comisión ha propuesto para los visados y que se discutió en el Consejo de Sevilla. 
Espero que la Comisión no olvide a los familiares que tenemos en América Latina. 
Gracias, muchas gracias, Sr. Nogueira Román, no podría estar más de acuerdo con Vd., por todas las razones que ha indicado y por una más, que explica el por qué hablamos casi el mismo idioma. 
En cualquier caso, quisiera que prestara atención al hecho de que los países que ha mencionado ya disfrutan de exención respecto a los visados y que los únicos países de América Latina que están sujetos a este requisito son Colombia y Perú. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 53 a 81 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.15, se reanuda a las 21.00 horas) 
. Señor Presidente, la Comisión ha adoptado hoy una comunicación para racionalizar la coordinación de las políticas económicas y de empleo. 
Esta coordinación, a nivel de la Unión, crea el marco en el cual los Estados miembros definen sus propias políticas. 
Contribuye a avanzar también en los ambiciosos objetivos de Lisboa. 
Todos sabemos que el marco general de coordinación se ha convertido cada vez en un marco más complejo. 
Con demasiada frecuencia se han ido añadiendo nuevos elementos a medida que era necesario, y esta situación no ha facilitado ni la coherencia de las orientaciones para las distintas políticas ni tampoco su comprensión. 
Ustedes nos han presentado, como Parlamento, distintas propuestas para mejorar la situación y en este ejercicio a Derecho constante hemos intentado tomarlas en consideración. 
Racionalizar la coordinación no se limita simplemente a mejorar los calendarios y la organización, como puede parecer a simple vista. 
Hemos intentado modificar a fondo la coherencia de las políticas y la evaluación de las realizaciones, contribuyendo así a progresar en el incremento del potencial de crecimiento, la creación de más y mejores empleos, la mejora de la cohesión social y el desarrollo sostenible. 
Teniendo en cuenta todo ello, la Comisión hace propuestas concretas en su comunicación para aumentar la eficacia y la coordinación, mejorar su coherencia y complementariedad entre los distintos procesos e instrumentos; estimular nuestros compromisos y nuestra ownership en cuanto a una mayor implicación del Parlamento y de los interlocutores sociales, y aumentar la trasparencia y comprensión de la coordinación política y, en consecuencia su visibilidad y efectos. 
Estas mejoras políticas importantes aumentarán la capacidad de la Unión para conseguir sus ambiciosos objetivos en términos económicos y de empleo. 
Querría comentar dos puntos clave: primero, la Comisión propone una mejor articulación del ciclo de coordinación de las políticas alrededor de tres puntos: ejecución, orientaciones políticas y líneas directrices. 
Estos serán los puntos clave que harán que el ciclo de coordinación sea más trasparente y mejore sus efectos. 
El ciclo comenzará con la preparación del Consejo Europeo de primavera. 
La Comisión presentará a principios de cada año un paquete sobre evaluación de la ejecución que acompañará al informe de primavera y, en el mismo, se presentará tanto la evolución de los avances en las diversas áreas, que afectan a la ejecución de las grandes orientaciones de política económica como al proyecto de informe conjunto sobre el empleo. 
El informe de primavera se centrará, por tanto, en los puntos en los que deben acelerarse los avances y propondrá orientaciones políticas clave para el Consejo Europeo de primavera. 
Sobre esa base, el Consejo Europeo de primavera formulará a mediados de marzo unas orientaciones políticas generales y la Comisión, teniendo en cuenta estas orientaciones, presentará a principios de abril sus directrices, que incluirán tanto las orientaciones generales de política económica como las directrices de empleo. 
Por último, las formaciones competentes del Consejo adoptarán ese conjunto de directrices una vez que hayan obtenido el apoyo del Consejo Europeo de junio. 
El segundo punto clave de las propuestas que presenta hoy la Comisión es mejorar la eficacia de la coordinación. 
En ese sentido sugerimos centrarnos más en el medio plazo a la hora de formular orientaciones. 
El conjunto de las directrices adoptará una perspectiva a medio plazo más diferenciada y se revisará en su totalidad sólo una vez cada tres años. 
En los años intermedios los cambios se limitarán a los necesarios para tener en cuenta los acontecimientos más relevantes de ese período. 
La orientación más estratégica dará estabilidad a las directrices en las distintas políticas y facilitará su mejor seguimiento. 
Por otra parte, la coherencia se verá favorecida por una mayor claridad de los contenidos que deberán cubrir los respectivos instrumentos y su sincronización. 
Esa mejor complementariedad reforzará los mensajes políticos básicos. 
La Comisión sugiere que esta racionalización se ponga en marcha rápidamente y el primer conjunto de nuevas directrices debería adaptarse en el Consejo Europeo de primavera del año 2003 presentando la Comisión su primer paquete de evaluación de la ejecución a principios del año 2004. 
Por consiguiente, el nuevo ciclo estará totalmente en marcha antes de las elecciones de este Parlamento. 
Más allá de estas mejoras, que empezarán a funcionar para el ciclo 2003, la Comisión ha puesto sobre la mesa una serie de modificaciones referentes al Derecho actualmente en vigor en los Tratados, tendentes a la coordinación de las políticas económicas. 
No voy a entrar en ese tema hoy; quiero simplemente recordar, como he dicho al principio de mi intervención, que estos temas no están vinculados a este proceso de streamlining que hoy planteamos, dado que, como he señalado, lo hacemos a Derecho constante. 
Quisiera finalizar subrayando que la Comisión aprecia la contribución a la coordinación de las políticas que el Parlamento ha hecho, esperamos con enorme interés sus sugerencias en las directrices que vamos a plantear y en este proceso de racionalización. 
Sus contribuciones y participación son una señal del amplio compromiso con las orientaciones comunes de las distintas políticas y con la mejora de los resultados económicos y sociales. 
Mi colega Anna Diamantopoulou comentará algunos elementos más sobre este proceso de coordinación que ambos hemos presentado hoy conjuntamente. 
Señor Presidente, Señorías, durante el debate del pasado año sobre el paquete sobre empleo, el Parlamento solicitó con toda claridad los procedimientos se hicieran más eficientes. 
El Consejo de Barcelona presentó la misma petición. 
Por tanto, creo que esta comunicación responde a las demandas tanto del Parlamento como del Consejo de actualizar los procedimientos. 
Como muy bien ha dicho el Sr. Solbes Mira, no se trata de un simple arreglo técnico. 
No se trata sólo de cumplir mejor los plazos. 
Existe realmente un ambicioso objetivo político en términos de políticas mejor definidas, una mejor gobernanza y una mayor eficacia. 
Estamos luchando para modernizarnos, con este nuevo procedimiento común, estamos aplicando nuestra experiencia de diez años de orientaciones económicas desde Maastricht, cinco años de Estrategia de Empleo en acción y, naturalmente, todo el marco de Lisboa, y esto es importante. 
Quisiera hacer algunos comentarios sobre la Estrategia Europea de Empleo en concreto. 
En primer lugar, ambas estrategias se verán claramente reforzadas y tendrán un perfil más preponderante dentro del marco de Lisboa. 
En segundo lugar, ahora tenemos un calendario a medio plazo, y esto es importante. 
En vez de unas directrices o unas recomendaciones anuales, tenemos un calendario a medio plazo. 
Pretendemos redactar unas nuevas directrices hasta 2010, con una revisión a medio plazo en 2006, como se solicitó en Barcelona. 
De modo que habrá una revisión a medio plazo, cuando establezcamos objetivos y orientaciones, junto con los controles anuales y la cooperación anual en el seguimiento de las políticas, y es así como se mantendrá el impulso de la estrategia. 
El tercer punto es que este ejercicio tiene un objetivo claro: conseguir una mayor cohesión entre las dos políticas. 
Obviamente, existe una división de papeles entre las dos políticas. 
Las grandes orientaciones económicas ofrecen el marco general, el marco en el cual se mueven las directrices sobre empleo, pero son las directrices sobre empleo las que definen un marco más detallado y los objetivos, y proponen estrategias individuales. 
El siguiente punto se refiere a una mejor gestión de las políticas sociales y económicas, que es también uno de los puntos del orden del día de la Convención que pretende revisar el Tratado. 
Lo que queremos demostrar es que, aunque respetamos la autonomía de cada política, tal como se define en el Tratado, también tenemos la facultad de establecer un marco económico único para la Unión. 
Creo que, en lo que al Parlamento Europeo se refiere, las cosas serán mucho más claras y mucho más transparentes porque en los estudios se tendrán en cuenta todos los aspectos básicos de la política económica y estructural en práctica en un momento dado y de forma coordinada. 
También quisiera asegurarles que seguiremos con nuestras eficientes consultas al Parlamento; simplemente se han trasladado de otoño a primavera. 
Nuestro objetivo es garantizar que con este nuevo marco podamos cooperar de forma eficaz con el Parlamento. 
Comisaria Diamantopoulou, Comisario Solbes, muchas gracias a los dos. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Comisión por la comunicación de hoy. 
Sin embargo, hay dos puntos que siguen preocupándome. 
En la Cumbre de Lisboa se otorgó un papel clave de coordinación al propio Consejo Europeo. 
Aunque no se dijo abiertamente, una de las principales razones era evitar que todo el proceso estuviera dominado por Ecofin. 
En el procedimiento de esta comunicación existe una ruptura importante, después del Consejo de junio. 
De modo que tenemos a los diferentes Consejos, de Competitividad, Empleo y Ecofin, tomando decisiones finales en sus respectivos ámbitos. 
Y precisamente es en este punto donde Ecofin empezará a ser dominante y paralizará a los otros dos Consejos. 
Hay un fallo básico en el conjunto del procedimiento. 
El segundo punto que me preocupa es que la primera y última mención del Parlamento es en mayo, en relación con las directrices sobre el empleo. 
Si la Comisión como institución se toma en serio la implicación del Parlamento, debería unirse a nosotros y exigir un acuerdo interinstitucional que otorgue al Parlamento voz y voto en los preparativos del Consejo de primavera. 
Señor Presidente, gracias por esta información que hemos recibido de la Comisión. 
Ha sido breve, como presumiblemente debe ser en este contexto. 
Sin embargo, me gustaría tratar otros dos asuntos. 
En primer lugar, sería interesante saber más cosas sobre la forma en la que el Parlamento Europeo y los parlamentos de cada país podrán llegar a una posición común. 
El Sr. Hughes se ha referido ya a este tema, pero es importante que quede claro. 
Se podría decir que en estos momentos no queda claro de qué forma deberán participar en este proceso el Parlamento Europeo y los parlamentos de cada país. 
El segundo asunto que quiero mencionar es el de los procesos. 
Estoy de acuerdo en que estos procesos deben estar coordinados. 
Se están discutiendo dos procesos, pero creo que habría que hablar de tres procesos que son: el proceso económico, el proceso de empleo y el proceso de la inclusión social. 
Los tres tienen su valor particular y algo especial que aportar. 
Por lo tanto, es extremadamente importante que se conserven estas características distintivas cuando se coordinen los procesos. 
De lo contrario, disminuirá su valor global. 
Me pregunto, pues, qué se ha pensado para que, cuando los procesos estén coordinados, se pueda conservar el carácter especial de cada una en concreto. 
En varias ocasiones (más recientemente durante el Consejo de Ministros informal de Kolding) hemos comentado, en nombre del Parlamento y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que nos gustaría que los ciclos de política de empleo y política social estuvieran coordinados. 
Y queremos que esto ocurra por una razón: porque en el Tratado se establece muy claramente que las directrices sobre política de empleo deben alinearse hasta cierto punto con las orientaciones económicas. 
Espero que podamos ver una interacción entre estos dos elementos. Que no nos centremos exclusivamente en el empleo. 
Que no nos preocupemos sólo de la cantidad de puestos de trabajo, sino también de la calidad. Que no pensemos sólo en los puestos de trabajo y en expresiones como flexibilidad del mercado laboral, sino que dediquemos algún pensamiento también a la seguridad en el mercado laboral y a sus implicaciones sociales. 
En otras palabras, todos los elementos que podrían contribuir a la interacción, y mi pregunta es si ésta es la intención de este acto de mezcla de políticas. 
Señor Presidente, voy a intentar dar una respuesta rápida a los problemas que me afectan más directamente, dejando a Anna Diamantopoulou los que son más de su competencia. 
En primer lugar, ¿hay una ruptura con respecto a Lisboa? , ¿hay una falta de coordinación a partir de la toma de decisiones en el Consejo de primavera? 
Yo creo que no; creo que la situación es exactamente la contraria. 
Precisamente, iremos al Consejo de primavera con una posición de directrices sobre los distintos procesos. 
El Consejo de Lisboa tomará esta decisión- que, lógicamente, tiene que ser consistente en todas las directrices- y sobre esa base tendrán que trabajar los Consejos posteriormente. 
Por lo tanto, lo que conseguimos es lo contrario: que los distintos Consejos trabajen sobre una línea que ha sido ya previamente definida. 
No sólo somos coherentes con Lisboa, sino que yo creo que vamos más lejos de lo que inicialmente se había previsto. 
En segundo lugar, algo que preocupa a muchos de ustedes: ¿cuál es el papel de los Parlamentos- europeo y nacionales- en el proceso? 
Desde el punto de vista de las grandes orientaciones de política económica, trabajamos a Derecho constante, como antes he dicho. 
Por tanto, no estamos hablando de una modificación del Tratado ni de otros aspectos que se pueden plantear en la Convención. 
Sin embargo, creemos que el nuevo procedimiento permite al Parlamento dos tipos de actuaciones. 
En primer lugar, el debate sobre el informe de realizaciones de las grandes orientaciones de política económica. 
El Parlamento dispondrá de mucho más tiempo que en la situación anterior para dicho debate, y también dispondrá de mayores posibilidades para llevar a cabo sus propias tomas de posición sobre las grandes orientaciones de política económica, tal y como estamos introduciendo en la práctica en los últimos años. 
En ese sentido, creemos que la situación mejora claramente. 
La posición de los Parlamentos nacionales debe ser una decisión de cada uno de los Estados miembros, aunque la Comisión defiende que, tanto en las grandes orientaciones de política económica, como en los temas referidos a los programas de estabilidad, tiene que haber una implicación de los Parlamentos nacionales. 
Finalmente, es cierto que la coordinación se produce básicamente entre grandes orientaciones de política económica, empleo, pero también con el Proceso de Cardiff y con los restantes procesos que pueden afectar a la política económica. 
Estos son los temas fundamentales que quería comentar. 
Señor Presidente, me gustaría responder a dos puntos. 
El primero se refiere a las políticas diferenciadas y si podemos conseguirlas o no. 
Sin duda, esta propuesta establece unos objetivos específicos, junto con unos procedimientos y unas fechas para conseguirlos. 
Un objetivo claro, como he dicho, es que estas dos políticas deben ser independientes. De modo que tenemos unas directrices específicas sobre empleo, dentro del marco de las orientaciones generales, con unos objetivos y unos procedimientos incorporados. 
No sé si alguien puede asegurar que conseguiremos este objetivo. 
Pero una cosa está clara, y es que la voluntad política existe y que los procedimientos están pensados para que podamos avanzar en esta dirección. 
Creo que ahora todos tenemos la responsabilidad política de conseguirlo, tanto por razones políticas como porque necesitamos unas políticas de empleo diferenciadas en la Unión Europea en conjunto. 
La segunda cuestión se refiere a la postura del Sr. Bowman sobre empleo, que, por supuesto, conlleva algo más que cifras sobre los puestos de empleo. 
Dentro del marco de las orientaciones y en el Parlamento hemos dicho una y otra vez que necesitamos incluir directrices y orientaciones sobre la calidad del empleo, y éste es el objetivo de nuestra labor. 
Mi reacción inicial es bastante positiva, ya que creo que las propuestas de la Comisión se encuentran en la línea correcta. 
No podemos pedir una mejor coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros si no exigimos también una mejora del proceso de coordinación de la política económica, social y de desarrollo sostenible en el ámbito de la Unión Europea. 
Creo que, para ello, hay que racionalizar todos los procesos relacionados con el BGEP, es decir, los procesos de Luxemburgo, Cardiff, Colonia, Lisboa y Estocolmo, y todos los demás. 
Los expertos están empezando a perder el hilo, y los ciudadanos están perdidos del todo. 
Por lo tanto la racionalización es necesaria, a condición, por supuesto, de que el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales se impliquen en dichos procesos. 
Si he entendido correctamente al Sr. Solbes, en el futuro tendremos coordinación a medio plazo, con una revisión completa cada tres años. 
Sin embargo, tres años es mucho tiempo, para un Parlamento con un mandato de cinco años y una Comisión que también tiene una esperanza de vida de cinco años. 
En consecuencia, en algunas legislaturas sólo habría un debate principal sobre grandes orientaciones. 
Además, tres años es un plazo muy largo en términos económicos. 
Señor Presidente, hace tres años todos los mercados de valores del mundo estaban en alza. 
Pero hace dos años la burbuja estalló ocasionando considerables daños colaterales. 
Por lo tanto, y ésta es mi pregunta, ¿puede Vd. imaginarse no adaptar las orientaciones al desarrollo de la economía y de la vida en la sociedad? 
Señor Presidente, Comisarios, Comisario Solbes, Vd. ha empezado mencionando que están trabajando para cambiar el Tratado. 
Quisiera preguntarle directamente: ¿Exactamente en qué cambios están trabajando? 
¿Cómo encajarán en estos cambios el Parlamento Europeo y la codecisión y la competencia conjunta? 
Y en cuanto a mi segunda pregunta. Todos hablamos sobre crecimiento y empleo. 
Tenemos el pacto de estabilidad y crecimiento. 
Tenemos el mercado interior. 
Tenemos el proceso de Lisboa. 
¿Cuál es el potencial de coordinación de estos tres acuerdos que todavía no se ha agotado y cómo puede impedir el Tratado que se cumplan estas órdenes? 
Señor Presidente, me complace oír que el Parlamento recibirá documentos antes de que tengamos redactar nuestros informes; esto es positivo. 
La pregunta que quisiera que me aclaren es: ¿Cómo encaja aquí el desarrollo sostenible? 
En su introducción, el Comisario Solbes ha hablado de crecimiento sostenible, que no es lo mismo que desarrollo sostenible: hay crecimientos que pueden destruir el medio ambiente y puestos de trabajo, y que no son precisamente sostenibles. 
De modo que me gustaría saber de dónde se va a sacar el elemento de la sostenibilidad. 
¿Cómo se determinará mediante un análisis cualitativo del crecimiento, y cómo va a encajar en esta coordinación que esperamos ver en el futuro? 
De momento es un elemento ausente, aunque se supone que debe ser un elemento clave en las cumbres de primavera, tal como se decidió en Gotemburgo. 
. Señor Goebbels, para clarificar la posición hemos expuesto muy rápidamente el tema. 
Tenemos unas grandes directrices cada tres años, pero eso no impide que tendremos una modificación anual y un debate anual. 
Pongo un ejemplo: en este momento, las grandes orientaciones de política económica tienen como objetivo fundamental reforzar el crecimiento dentro de un marco de estabilidad económica para incrementar la productividad y el empleo. 
Ese tipo de principios van a ser generales durante un largo período. 
Evidentemente, los resultados que se producen cada año, y las modificaciones que tendremos que introducir tomando en consideración lo que está sucediendo en la economía, tendrán que debatirse cada año y tendremos que aportar modificaciones anuales, pero sobre la base de un esquema fundamental que estará en vigor durante tres años. 
Señor Karas, creo que, o bien no me expresado bien o la traducción no ha sido todo lo correcta que hubiera sido deseable. 
He dicho dos veces que lo que pretendemos con esta Comunicación es racionalizar y coordinar los instrumentos de política económica a Derecho constante. 
Por lo tanto, no hay en ese documento ninguna modificación sobre los Tratados. 
Estamos hablando de cómo utilizar mejor las posibilidades que los Tratados nos ofrecen. 
En este sentido quiero hacer dos comentarios: el Parlamento Europeo ya tiene una participación claramente definida en el Tratado respecto a las líneas generales de empleo y estamos poniendo en marcha un sistema de participación del Parlamento- no en un procedimiento de codecisión al no tratarse de normas legislativas -, que, precisamente, al disponer de más tiempo para poder trabajar sobre los informes de aplicación del año anterior y- aquí será necesaria una cooperación del Parlamento- mejorar los tiempos para la toma de decisiones sobre las grandes orientaciones de política económica, permitirá al Parlamento incrementar su participación en el proceso, que es lo que todos esperamos. 
Tercer elemento: ¿en qué medida Lisboa puede mejorarse o puede aplicarse más? 
En mi opinión, es lo que estamos intentando: sacar el máximo resultado posible de Lisboa. 
Último comentario respecto al desarrollo sostenible: el desarrollo sostenible está incluido ya este año como objetivo en las grandes orientaciones de política económica, y éstas incluyen algunos elementos referidos al desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, creo que la Comisión ha realizado un loable intento de conseguir una mayor continuidad y coherencia, pero permítanme decir que no creo que el intento llegue a materializarse en los objetivos óptimos. 
Primero me gustaría decir algo sobre la continuidad. 
Creo que está bien trabajar en el contexto de un plazo más largo, pero hay que poder incorporar ajustes de vez en cuando. 
La comunicación de la Comisión habla de ello. 
Tengo una pregunta sobre el calendario. 
El calendario actual prevé que las nuevas orientaciones abarquen un período de tres años. De 2003 a 2006. 
Esto nos lleva más allá de los mandatos de la Comisión y del Parlamento. Yo esperaba que esto fuera más bien un programa de inducción, vinculado a los mandatos políticos de la Comisión y el Parlamento. 
¿Podría el Comisario comentar este aspecto? 
En segundo lugar, las grandes orientaciones económicas se mencionan como instrumentos esenciales para la puesta en práctica, dado que contienen las líneas de fuerza de la estrategia sobre empleo. 
Mi colega diputado Stephen Hughes ya lo ha comentado en el contexto del Consejo Ecofin. 
El empleo forma parte de estas orientaciones económicas, pero ya se había decidido que también incluirían una opinión de consenso sobre temas como la coordinación de las pensiones y la sanidad. 
Me gustaría saber qué ha ocurrido con estos temas, porque no he oído que en la notificación se hablara de ellos. 
Señor Presidente, yo también quisiera agradecer a la Comisión sus propuestas, pero también quiero llamar la atención sobre un tema que va inextricablemente ligado a la mejora de la coordinación política económica y de la política de empleo, y es el debate, bastante acalorado en algunos Estados miembros, sobre el Pacto de Estabilidad y la flexibilidad del mismo. 
Quisiera preguntar a la Comisión cómo tiene intención de responder, para distinguir entre la actitud de determinados Estados miembros, de determinados gobiernos, que quisieran revisar el Pacto de Estabilidad y hacerlo menos rígido (en algunos casos por la simple razón de que tienen dificultades para mantener sus finanzas públicas bajo control pero quieren cumplir las promesas que hicieron de reducir los impuestos en un período económico tan difícil) y la actitud y la postura de otros, que están presentando lo que considero propuestas razonables para que el Pacto de Crecimiento y las inversiones lleguen a buen fin, haciendo un buen uso de la norma de oro según la cual las inversiones públicas más fructíferas deben incorporarse a la estrategia de Lisboa e integrarse en la misma. Finalmente, ¿cómo se coordinará todo esto con las propuestas que la Comisión ha presentado esta tarde? 
Señor Presidente, quisiera preguntar a la Comisión cómo tiene intención de garantizar que la política económica, la política social y la de empleo vayan coordinadas, tal como se define en el proceso de Lisboa, y que se apliquen de forma legítimamente democrática si se no quiere cambiar el Tratado dentro del marco de la Convención. 
. En primer lugar, quiero responder a la cuestión sobre la coincidencia de los procesos de la Comisión y del Parlamento. 
Por supuesto, se podría pensar en una programación a largo plazo- cinco años -, pero, en nuestra opinión, este período de tiempo es excesivo. 
Si no hablamos de cinco años, los problemas que su Señoría ha planteado siempre existirán. 
O es un año o cualquier cifra superior a un año nos plantea esos problemas. 
Sin embargo, yo creo que su preocupación es que dos o tres años nos plantea el problema, lo mismo que cuatro años. 
O son cinco o es uno. 
Cinco es demasiado, uno nos hace perder margen de maniobra. 
En todo caso, yo creo que es un falso problema. 
Porque se podrán discutir anualmente las modificaciones necesarias y, en consecuencia, no plantea ninguna dificultad, como he dicho antes al Sr. Goebbels, que un cambio de circunstancias, o un cambio institucional exija replantear el problema; evidentemente eso se puede hacer. 
El segundo punto: ¿qué pasa con Ecofin Empleo y en qué medida se plantean contradicciones? 
Precisamente, lo que intentamos evitar son contradicciones en el proceso, por una razón muy simple: el proceso parte de la Comisión, con una posición que debe ser consistente; esa posición debe ser decidida o refrendada sobre esa base por parte del Consejo Europeo; los Consejos Ecofin y el Consejo de Empleo tendrán que trabajar sobre las directrices dadas por el Consejo Europeo de primavera, y será el Consejo Europeo de junio quien finalmente acepte unas directrices que deben ser consistentes entre sí y consistentes con lo que el propio Consejo Europeo ha planteado. 
En consecuencia, ese tipo de incoherencias no debería producirse. 
Un tema totalmente, en mi opinión, fuera del debate de hoy es el Pacto de Estabilidad. 
No voy a alargarme demasiado. 
El Pacto de Estabilidad está en la legislación comunitaria. 
Mi posición es perfectamente conocida: yo creo que la legislación hay que cumplirla y, por lo tanto, mi posición es que hay que aplicar el Pacto de Estabilidad tal como está establecido en la reglamentación actualmente en vigor. 
Lo cual no quiere decir que la Comisión no sea sensible a la experiencia que el Pacto nos ha proporcionado y no haya propuesto- la propia Comisión- una serie de elementos interpretativos en función de las evoluciones económicas, entre ellos, elementos tan importantes como, por ejemplo, tomar en consideración los presupuestos cíclicamente ajustados para hacer la valoración de la realidad en cuanto a la posibilidad de conseguir los objetivos nominales previstos en los programas de estabilidad. 
Sigo pensando que el Pacto de Estabilidad es un excelente instrumento y que, lógicamente, tenemos que extraer de la realidad las mejores conclusiones posibles para que el Pacto funcione mejor, pero no para que el Pacto se vea afectado en cuanto a su sustancia. 
Último punto: la legitimación del proceso que plantea la Sra. Randzio-Plath. 
Yo creo que el proceso tiene toda la legitimación de que se dispone en el momento actual; y yo diría que incluso más, en la medida en que no sólo los Consejos sectoriales están implicados en estas decisiones, sino también el Consejo Europeo al inicio y al final del proceso y, en segundo lugar, no sólo se mantiene el actual compromiso, o la actual participación del Parlamento Europeo, sino que se intenta incrementar. 
Su Señoría plantea otro problema: ¿qué tipo de modificación del Tratado puede plantearse en el futuro para una mayor participación del Parlamento Europeo en el proceso? 
Sobre ese punto esta Comunicación no dice nada. 
Ése es un punto que está pendiente de la Convención, y el resultado que se consiga dependerá de la negociación de la Conferencia Intergubernamental. 
En primer lugar, ya hemos indicado que toda la propuesta entra dentro del marco del Tratado actual, que no necesita ser interpretado de otra manera ni de forma más amplia ni ser modificado en absoluto. 
En segundo lugar, esta propuesta no es más que un paso. 
No podemos actualizar los procedimientos de Lisboa de un solo golpe. 
De modo que, para volver a lo que ha dicho la Sra. Van Lancker sobre otras políticas, como los programas de pensiones o las políticas sobre otros aspectos sociales, o el problema de la exclusión que hemos debatido hace poco, tengo que decir que todos estos procedimientos se encuentran en un estado de cambio continuo y que nuestro objetivo final es coordinarlos dentro de un marco común. 
El tercer punto planteado por varios diputados es simplemente cómo debería ser el calendario, a medio plazo o a corto plazo. 
Creo que el éxito de esta propuesta reside en el hecho de que establece unos objetivos a medio plazo (he mencionado el año 2010). 
Es importante, porque las políticas deben ser estructurales, especialmente la política de empleo. 
No tienen en cuenta los cambios cíclicos, motivo por el cual los objetivos a medio plazo son mucho más significativos y ayudan a los gobiernos a centrar sus esfuerzos y a aplicarlos a unos objetivos específicos. 
Pero al mismo tiempo proponemos que los procedimientos se controlen anualmente, lo que significa que una vez al año se celebrará en el Parlamento un debate basado en los informes de los Estados miembros y, como acaba de decir el Sr. Solbes Mira, si aparecen incidentes específicos o surgen circunstancias inesperadas, obviamente podremos revisar las nuevas propuestas. 
Gracias Comisaria Diamantopoulou y Comisario Solbes. 
El debate queda cerrado. 
The next item is the continuation of the debate on sales promotions in the internal market. 
Señor Presidente, señores Comisarios, cualquier empresario estará de acuerdo en que, si aspiramos a contar con un mercado único merecedor de tal calificativo, es necesario eliminar todas las trabas que aún subsisten, por lo que acogemos positivamente la iniciativa de propuesta de reglamento de la Comisión, pero no así su texto, al menos no en su totalidad. 
Uno de los puntos que quisiera comentar es el referente a su proyecto de autorizar la venta con pérdidas. 
¿Quién se beneficia de ella, a excepción de un puñado de grandes minoristas que se pueden contar con los dedos de una mano? 
¡Absolutamente nadie! 
Sin embargo, para más de 20 millones de pequeñas y medianas empresas, representa la amenaza mortal de una competencia desleal por parte de los grandes minoristas que, mediante la venta con pérdidas, podrían barrer a miles de empresas y reducir así cualquier posible competencia. 
Si ello ocurriera, decenas de millones de trabajadores irían al paro. 
Y un aumento del paro es lo último que la precaria economía europea necesita en su calamitoso estado actual. 
Ni siquiera se beneficiarían los consumidores, ya que a las ofertas puntuales seguirán rápidamente fuertes subidas de precios en cuanto unas pocas empresas hayan conseguido acaparar el mercado. 
Por ello, si deseamos seguir representando los intereses de millones de trabajadores y de empresas de la Unión Europea, si queremos preservar el conjunto de pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de la economía y de la sociedad europeas, si no deseamos que se nos acuse de dar la espalda a la realidad, es preciso que mañana votemos en contra de la venta con pérdidas. 
Señor Harbour, ¿desea intervenir por una cuestión de orden? 
Señor Presidente, quería solicitar la palabra incidentalmente antes de que empezara el Sr. Folias, porque creo que todos los que estamos aquí quisiéramos que quedara constancia en las actas, antes del debate, de que estamos reanudando este debate diez horas- repito, diez horas- después de iniciarlo. 
Para mí, y estoy seguro de que para mis colegas también, especialmente el ponente, esto es una forma bastante inaceptable de planificar nuestra actividad como Parlamento serio sobre este tema de máxima importancia. 
Espero poder hablar más adelante, pero quería que constara en acta ahora, porque es muy importante que usted como Presidente entienda con qué gravedad juzgamos la forma como se ha tratado este asunto. 
He tomado buena nota de lo que acaba de señalar, señor Harbour. 
Señor Presidente, quisiera refrendar las palabras de mi distinguido amigo, el Sr. Harbour. 
Tengo la impresión de que la labor legislativa desarrollada por esta Asamblea no queda adecuadamente reflejada en el orden del día, y que seguimos siendo proclives a la resolucionitis que hemos venido padeciendo desde 1979. 
El grupo del PPE ha tenido francamente muchas dificultades con esta propuesta de la Comisión, debido en parte al hecho de que los Estados miembros mantienen enfoques muy distintos en relación con la legislación sobre la competencia. 
Hicimos grandes esfuerzos para alcanzar un compromiso con el ponente en la comisión y hoy deseo anunciar al Pleno que el Grupo del PPE respalda plenamente dicha propuesta de transacción, que es idéntica al informe del ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Me parece un hecho digno de mención tratándose de un grupo tan numeroso. 
No hubo ni una sola voz discordante en el Grupo. 
El compromiso incluye una declaración en la que dejamos constancia de nuestra aceptación y nuestro de que estamos de acuerdo con la idea de la Comisión de optar por un reglamento. 
Somos de la opinión de que, en principio, un reglamento constituye el mejor medio para hacer frente a los problemas que aborda la propuesta. 
No obstante, los Estados miembros van a necesitar tiempo para adaptarse, por lo que hemos sugerido que se posponga la entrada en vigor del reglamento hasta el 1 de enero de 2005. 
El Sr. Folias ha mencionado el problema de la pequeña y mediana empresa, que fue, de hecho, un elemento central de nuestro debate. 
Permítanme mencionar tan sólo dos ejemplos: con objeto de proteger a la pequeña y mediana empresa, numerosos Estados miembros han prohibido la venta con pérdidas en su normativa sobre la lealtad en las transacciones comerciales. 
Hemos presentado una enmienda a la propuesta de la Comisión que permite expresamente tal eventualidad. 
Asimismo, nos hemos asegurado de que se puedan mantener sin restricciones las tarifas de honorarios de las profesiones liberales. 
Por otro lado, hemos logrado el nivel requerido de armonización. 
Pienso que los excesos cometidos en la legislación sobre la competencia, como los observados en Alemania a principios de año, cuando una orden judicial prohibió a una empresa ofrecer descuentos del 20%, pasarán a ser cosa del pasado. 
Gracias por su atención. 
Señor Presidente, deseo expresar mi más sincero agradecimiento al ponente, Sr. Beysen, por su concienzudo trabajo y por su atención a todos los puntos que, como señaló el anterior orador, el Sr. Lehne, han sido objeto de considerable debate en la Comisión. 
Creo que fue una buena idea presentar la propuesta en forma de reglamento, pues opino que los reglamentos constituyen el vehículo más apropiado para establecer normas uniformes relativas a aspectos claramente definidos, para garantizar la transparencia de los precios y para aumentar la seguridad jurídica, y son el mejor modo de satisfacer la necesidad de normas uniformes que ha traído consigo la introducción del euro. 
Por encima de todo, los reglamentos permiten crear un marco jurídico en el que el consumidor y otros agentes del mercado pueden obtener la información suficiente para estar en condiciones de adoptar decisiones informadas. 
El texto que hoy se debate y que se someterá a votación mañana es, en todo caso, el resultado de un análisis meticuloso a cargo de la comisión competente y de las comisiones a las que se ha remitido para encargadas de emitir sus opiniones. Modifica y mejora muchos aspectos importantes de la propuesta original relativos a la protección de los consumidores, de los menores, de las pequeñas y medianas empresas y de la competencia leal, así como a la incorporación del mecanismo de subsidiariedad. 
En efecto, la enmienda introduce el principio de subsidiariedad, en virtud del cual los Estados miembros pueden limitar parcialmente las comunicaciones comerciales para proteger al consumidor, salvaguardar la competencia y proteger a los prestadores de servicios. 
De especial importancia resulta, a mi parecer, la disposición aprobada en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que aumenta la protección de los menores, en particular en lo referente a los datos personales y a las muestras gratuitas que puedan resultar peligrosas. 
Además, también se protege al consumidor en lo que respecta a los mecanismos judiciales o extrajudiciales de resolución de litigios. 
En resumidas cuentas, se trata de una propuesta equilibrada que sabe conjugar la necesidad de un buen funcionamiento del mercado internacional con la necesidad de proteger a los consumidores. 
Señor Presidente, nosotros consideramos importante la armonización a escala comunitaria de las promociones de ventas en el mercado interior, pero las propuestas de la Comisión suscitan muchos interrogantes. 
El más grave, como muchos diputados han mencionado ya, se refiere a la autorización de la venta con pérdidas, que los gobiernos nacionales no podrán restringir ni prohibir. 
Dudo que ello vaya a fomentar la competencia leal; al contrario, contribuirá a promover las prácticas comerciales deshonestas por parte de las empresas de mayor tamaño, mientras que las pequeñas y medianas empresas saldrán malparadas, ya que, una vez eliminada la competencia más próxima, unas pocas empresas acapararán el mercado. 
Por ello, aplaudo la intervención de la Comisión de Asuntos Jurídicos y sus enmiendas, que permiten que cada Estado miembro introduzca o, probablemente, mantenga en su legislación la prohibición de la venta con pérdidas. 
Cinco países de la Unión Europea cuentan ya con leyes que regulan la materia, incluido Grecia, donde la ley 2941, adoptada en 2001, garantiza básicamente el cumplimiento de unas normas comerciales mínimas y prohibe la venta con pérdidas. 
Según el texto de la Comisión, esta ley infringiría la legislación comunitaria. 
Si se adopta la enmienda de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, no habría ningún problema, por lo que es esencial que apoyemos sus enmiendas. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor ponente, creo que hay que acoger con satisfacción el proyecto de reglamento que hoy se debate en el Parlamento porque, si bien es cierto que las ventas promocionales son un tema recurrente y representan una buena parte del mercado, no es menos cierto que siguen vigentes leyes nacionales que aplican restricciones a las promociones, en particular a los descuentos, algo que en la práctica pone en peligro la consolidación del mercado interior. 
La Comisión ha presentado un texto equilibrado que ofrece una solución adecuada al problema de la ausencia de un auténtico mercado interior en el caso de las promociones y ventas promocionales, así como al problema de que el mercado está regido por leyes diferentes, que en unos países prohiben prácticas permitidas, en cambio, en otros. 
Temo que algunas de las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior puedan reducir la eficacia del texto. 
Me refiero, en particular, a las enmiendas 29 y 32 que, aunque pretenden salvaguardar el principio de subsidiariedad, pueden hacer ineficaces en la práctica las disposiciones y las propuestas del reglamento en el caso concreto de los descuentos. 
Antes de nada, hay algo que me parece preciso dejar claro: existen autoridades encargadas de regular la competencia a escala comunitaria y de los Estados miembros. Hay asimismo leyes que regulan la competencia y leyes que cubren todos los casos que pueden calificarse como competencia desleal, de modo que casos de descuentos que parecen constituir una muestra de competencia leal también son llevados ante los tribunales por esta vía. 
Existen autoridades de la competencia, pero en todos los demás casos, los descuentos no sólo no son negativos, sino que son positivos. 
Son claramente positivos para el consumidor, que puede adquirir bienes y servicios a precios muy ventajosos, sin que importe si es por un tiempo limitado o no. 
No es cierto, en mi opinión, que los descuentos sean necesariamente perjudiciales para los pequeños negocios. Al contrario, las pequeñas empresas ofrecen con frecuencia descuentos para lanzar un producto o una actividad comercial, puesto que no disponen de grandes recursos económicos para llevar a cabo campañas a gran escala y a menudo ni siquiera a pequeña escala. 
Por todo ello, creo que corremos el riesgo de perjudicar a los consumidores y a las empresas. 
Quisiera tratar ahora brevemente otro punto: el tema de la inflación. 
Voy a referirme a Italia, aunque otros países se hallan en la misma situación. Penalizar los descuentos hasta que resulta imposible ofrecerlos en la práctica, como ha sucedido en Italia, ha contribuido en un grado equivalente a crear un mercado menos competitivo y, por tanto, más vulnerable a la inflación. 
Señor Presidente, en nombre propio y en el de mis colegas del Partido Conservador del Reino Unido, quiero dar una calurosa bienvenida a esta propuesta tan elegante y simple para reformar el mercado único. 
Quizás sorprenderá a mis colegas saber que el contenido dispositivo de este reglamento que tenemos ante nosotros no ocupa más que ocho cláusulas y tres páginas, y sin embargo tenemos 200 enmiendas. 
Una parte del problema- y se lo digo especialmente al Comisario, porque sé que lo entiende- es que a pesar de que el mercado único está en el centro de la reforma económica de los objetivos de Lisboa, cuando se presenta una propuesta de reforma simple nos encontramos con el sorprendente hecho de que un número considerable de Estados miembros se oponen a ella e, incluso, algunos diputados pretenden cambiarla y diluirla. 
Hemos llegado a un compromiso aceptable, gracias a los denodados esfuerzos del Sr. Beysen. 
Confío en que mañana haya una sólida mayoría a favor, y la habrá con toda la razón del mundo. 
¿Cómo podemos justificar a estas alturas en el mercado único una situación en la que alguien que compra en Amberes obtiene tratos, ofertas y condiciones totalmente diferentes de quienes compran en Rotterdam, que se encuentra a pocos kilómetros de distancia? 
Y esta historia se repite en toda la Unión Europea. 
El propósito de este reglamento es permitir que los consumidores puedan elegir en el mercado único dándoles información y permitiéndoles ejercer sus opciones. 
Muchas de las propuestas y enmiendas del Grupo Socialista, que estoy seguro que rechazaremos mañana, reflejan la vieja mentalidad de intentar explicar a los consumidores quá es mejor para ellos. 
¡Este mundo ya no existe! 
Estamos hablando de un mundo de Internet en que las personas pueden comprar en toda la Unión Europea y en que las empresas pueden presentarles sus ofertas. 
Es una medida esencial. 
Y finalmente, quiero agradecer al Comisario las observaciones que ha hecho en su comunicación comercial, donde dice que el Parlamento acude a rescatar el mercado interior. 
Esta parte de la Cámara y esta comisión seguirán en ello. 
También rescataremos a los consumidores europeos del excesivo intervencionismo que algunos colegas proponen. 
Señor Presidente, debemos aplaudir el valiente estudio que ha realizado la Comisión sobre las promociones de ventas en el mercado interior y el enfoque legislativo por el que ha optado, así como la mayoría de las soluciones que ha encontrado para el reglamento que hoy se debate. 
No obstante, las buenas intenciones de mejorar el funcionamiento del mercado interior y la aplicación de las normas de la competencia? como desearía la Comisión, con toda la razón? pueden encubrir la irracionalidad que supone permitir la venta con pérdidas. 
Como ya se ha manifestado durante el debate, nadie da algo a cambio de nada: lo gratuito no existe. 
Con todo, la venta con pérdidas es un ardid comercial que, tarde o temprano, acaba siendo tolerado por los consumidores. 
La limpieza de las prácticas comerciales es un elemento esencial para la construcción y el desarrollo de una economía más próspera, justa y cohesionada. 
La práctica rapaz de la venta con pérdidas es incompatible con estos valores. 
En efecto, cuando esta práctica se extiende, ejerce una presión intolerable sobre el sistema de producción en un ámbito en el que existe una posición dominante, reduciendo hasta niveles inconcebibles los márgenes de beneficio legítimos y, a resultas de ello, poniendo en serio peligro la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, que se ven obligadas a hacer todo tipo de concesiones y se hallan sujetas a toda clase de presiones morales. 
Además, esta práctica es responsable de fomentar la compra impulsiva que, obviamente, no ofrece ninguna ventaja para los consumidores y que, por el contrario, se opone a sus intereses y modifica su escala de prioridades. 
Por todo ello, debe mantenerse la prohibición sobre la venta con pérdidas como un principio fundamental que rige unas prácticas comerciales leales. 
Además, hemos comprobado que la estrategia comercial de recortar brutalmente los precios no se puede controlar simplemente mediante la aplicación de las normas generales que regulan la competencia desleal. 
En conclusión, el Parlamento Europeo debe presentar enmiendas al reglamento de la Comisión que respeten los principios que acabo de mencionar. 
Señor Presidente, Señorías, sean mis primeras palabras de sincera felicitación al ponente, por su informe. 
El texto que ha aprobado la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior es fruto de su buen hacer y de su espíritu de diálogo, que ha permitido llegar a compromisos ampliamente aceptados. 
El resultado es un texto que se ha reequilibrado para incrementar la protección de los consumidores, especialmente en lo que se refiere a la información que ha de facilitárseles, los medios de reclamación y la situación de los menores de edad, entre otros. 
También se excluyen prácticas que no tienen el carácter de promoción comercial, como sería la explotación de un juego de azar encubierto bajo la aparente forma de una operación de promoción de ventas o las ventas con pérdidas o por debajo del coste. 
Repito que esta última no es una práctica verdaderamente promocional, porque su finalidad no es tanto proteger al consumidor como eliminar competidores del mercado, lo cual, a la larga, no favorece ni a los consumidores, ni a la competencia, ni al buen funcionamiento del mercado. 
Por esta razón, se considera una práctica ilegal en la mayoría- no en la minoría- de los Estados miembros. 
Incluso, varios de ellos- al ser insuficientes las normas sobre competencia- han tenido que reintroducir estas previsiones. 
Y esto, señor Presidente, Señorías, hay que tenerlo en cuenta cuando la Comisión elabore su informe del artículo 7 y cuando tratemos- como tratamos- de llevar a la práctica el mercado común. 
Porque lo que no puede ser el mercado común es un medio para extender prácticas que la mayoría de los Estados miembros consideran perjudiciales, por razones fundadas. 
El impacto de una liberalización no puede evaluarse exclusivamente en términos económicos, sino que ha de tener en cuenta todos los factores que inciden en el bien común, y la protección de los consumidores es algo que no se puede dejar simplemente a las prácticas predatorias de determinadas grandes empresas. 
Por eso, la solución adoptada nos parece apropiada, y por eso, la inmensa mayoría de nuestro Grupo- que no es de un liberalismo a ultranza, sino de una economía social de mercado- lo va a apoyar. 
Señor Presidente, señor Comisario, si nuestro objetivo es elaborar una legislación que proporcione una plena seguridad jurídica y, a la vez, normas que permitan que los ciudadanos obtengan los máximos beneficios del mercado interior, el reglamento que hoy se debate constituye ciertamente un paso en la dirección adecuada. 
Hemos trabajado arduamente en este reglamento, y tanto el número de enmiendas citadas por mis colegas, como el debate en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior evidencian la importancia de un camino que creemos que Europa debe seguir sin falta y que nosotros queremos construir. 
El mercado interior precisa de normas y éstas normas se deben evaluar en el contexto de la vida cotidiana. 
El reglamento aborda una serie de temas de crucial importancia. 
No voy a volver sobre aquellos a los que ya se han referido mis colegas. 
Hay un punto, por ejemplo, sobre el que desearíamos que se reflexionara más; me refiero a los recursos de resolución de litigios. 
Nos gustaría además que se intentase experimentar con la autorregulación en este nuevo mundo en el que los consumidores entablan diálogo con el mercado. 
Continuando con el asunto de los litigios, que nunca faltan en las relaciones comerciales, instamos a la Comisión a que prolongue esta fase piloto de la Red Extrajudicial Europea. 
Asimismo, como han recomendado mis colegas, desearía que el Grupo de Expertos sobre Comunicaciones Comerciales desarrollase una mayor actividad. 
Este grupo, constituido hace ya mucho tiempo, en 1998, necesita adaptarse ahora para poder abordar el desarrollo cada vez más urgente del mercado interior. 
Por otro lado, hay una serie de puntos, ya mencionados, que apoyamos plenamente. 
En conclusión, creemos que este es el camino adecuado para promover nuestro ideal de Europa a través del mercado interior. 
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, agradecerle al Sr. Beysen que aceptase actuar como ponente. 
Él brindó a nuestro grupo la oportunidad de expresar en el informe la esencia de nuestros puntos de vista. 
Como resultado, no sólo obtuvimos el apoyo del 90% de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sino que además pudimos asegurarnos de que la propuesta en su conjunto fuera más equilibrada y mostrara la cara humana del mercado interior. 
A continuación, desearía formularle dos preguntas al señor Comisario. 
Quisiera conocer su opinión sobre la enmienda en la que optamos por mantener las disposiciones nacionales que prohiben la venta con pérdidas o que permiten, en todo caso, que lo hagan los Estados miembros. 
Me pregunto si el señor Comisario comprende que hayamos optado por una acción preventiva frente a las apelaciones a posteriori ante autoridades nacionales u otras autoridades de la competencia. 
Me pregunto si el señor Comisario es plenamente consciente de que no todos los Estados miembros cuentan con mecanismos jurídicos que permitan apelar ante las autoridades de la competencia con el fin de resolver tales problemas. 
Me pregunto si el Comisario entiende que la venta con pérdidas no sólo puede ser objeto de abuso por parte de compañías en posición dominante que aplasten a sus rivales en el marco de la legislación sobre la competencia, sino que también permite que una empresa de distribución integrada utilice su posición económica más sólida contra una PYME especializada de menor peso financiero. 
La otra cuestión que me gustaría plantearle al Comisario se refiere a la protección de los consumidores, asunto en torno al cual se han hecho una serie de anuncios. 
¿Debemos esperar algo más? 
Y en caso afirmativo, ¿qué? 
¿Qué otras cartas se guarda en la manga la Comisión? 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera iniciar mi intervención manifestando mi más sincero agradecimiento al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, Sr. Beysen, y felicitarle por su informe. 
Gracias a la excelente relación de trabajo mantenida pudimos llevar a buen puerto esta conflictiva propuesta de la Comisión sobre las promociones de ventas. 
La publicidad en los diferentes Estados miembros y, sobre todo, la publicidad transfronteriza a escala europea, es un asunto difícil y peliagudo. 
En los tiempos que corren, uno casi ni se atreve a lanzar una campaña publicitaria sin consultar antes a un abogado. 
Los anunciantes de los Estados miembros están sujetos a todo tipo de restricciones y prohibiciones. 
Para ponerles al día sobre la situación actual en Alemania, que el Sr. Lehne también ha citado como ejemplo, les diré que los tribunales prohibieron, a principios de este año, el «eurodescuento» ofrecido por una cadena de tiendas de ropa, así como los descuentos fuera de la temporada de rebajas, y los programas de «fidelización» ya clásicos, como los planes de kilometraje aéreo, están prohibidos bajo la legislación alemana. 
A los consumidores se les trata como a niños ignorantes y desinformados. 
Debemos poner fin a esta situación; por esto los amigos diputados de nuestro Grupo y yo misma acogemos, en principio, con satisfacción las soluciones que ofrece la propuesta de la Comisión. 
Las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos contribuirán en gran medida a favorecer la publicidad transfronteriza de productos y servicios en Europa. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha propuesto importantes enmiendas al ámbito de aplicación del reglamento. 
Diversos ámbitos sensibles deberían quedar excluidos, en particular las prohibiciones nacionales que impiden hacer publicidad a los miembros de profesiones reguladas, como los abogados y notarios, y las prohibiciones de la publicidad de productos farmacéuticos. 
Además, deben mantenerse las normas nacionales relativas a las prácticas publicitarias agresivas o al empleo de presiones psicológicas para inducir a la compra. 
Las ventas de temporada y las rebajas quedan también excluidas del ámbito de aplicación del reglamento, así como los precios fijos de los libros y, por último, aunque no por ello menos importante, el espinoso asunto de la venta con pérdidas, que ya se ha comentado. 
Fue acertado no incluirla en el ámbito de aplicación del reglamento. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la propuesta de este Reglamento sobre las promociones de ventas en el mercado interior va a permitir a las empresas europeas aprovechar mejor las ventajas de la supresión de fronteras para realizar sus actividades económicas. 
Considero, por lo tanto, que la propuesta es muy oportuna para humanizar las disposiciones nacionales sobre las actividades de comunicación de las promociones de ventas. 
Esta propuesta ha suscitado un debate muy importante en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor de este Parlamento en un aspecto muy concreto y se trata, una vez más, de las ventas a pérdidas. 
Me produce satisfacción ver que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha incluido en sus enmiendas el punto de vista de la Comisión de Medio Ambiente, y felicito por ello al Sr. Beysen, ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y a la Sra. Patrie, ponente de la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Es razonable que las ventas a pérdidas se regulen a nivel nacional. 
En estos momentos, la mayoría de los Estados miembros prohíben esta práctica: Alemania, Austria, Francia, Irlanda, Grecia y España, entre otros, y no se trata de una prohibición arbitraria. 
Voy a ser la última oradora que diga que las ventas y reventas a pérdidas no pueden considerarse prácticas de promoción comercial, porque se trata de prácticas que distorsionan los principios de la competencia leal y que perjudican especialmente al pequeño comerciante, que no dispone de márgenes para competir en una situación así. 
Además, dan una falsa alarma de información al consumidor, desvalorizan la imagen de la marca y alteran gravemente la planificación de fabricantes y proveedores. 
Concretamente, apoyo las enmiendas 27, 28, 29, 30 y 32 y confío en que la mayoría de esta Cámara las apruebe también y que la Comisión las acepte. 
Señor Presidente, en mis observaciones introductorias de esta mañana, ya he explicado que las objeciones del Parlamento y de otros grupos sociales atañen principalmente a cuatro ámbitos distintos, a cuatro aspectos diferentes. En nombre de la Comisión, quisiera referirme ahora a estos cuatro aspectos. 
La práctica totalidad de los diputados que han intervenido por la mañana y por la tarde han aludido a la venta con pérdidas. 
Al referirse a las disposiciones nacionales que prohiben la venta con pérdidas, los Sres. Beysen y Langen, las Sras.. 
Opino que la propuesta de resolución ofrece una solución aceptable, puesto que pide a la Comisión que emprenda una nueva investigación antes de proponer una solución comunitaria al problema. 
Los autores de la resolución están de acuerdo en que la diversidad de normas nacionales en este ámbito dificulta las estrategias de precios y los intercambios transfronterizos, y que es necesario adoptar medidas a escala comunitaria. 
La Comisión considera aceptable la propuesta transaccional. 
Asimismo, quisiera destacar que la Comisión no está de acuerdo en que las prohibiciones de la venta con pérdidas sean necesarias para mantener las rebajas. 
Después de todo, en los siete Estados miembros que no cuentan con tales disposiciones se realizan sin problemas este tipo de rebajas de temporada. 
Por este motivo, la Comisión no puede aceptar la enmienda número 30, presentada por la Sra. Thyssen. 
Con todo, me complace aclarar que el estudio sobre la venta con pérdidas que se ha comprometido a emprender la Comisión tendrá debidamente en cuenta las consecuencias de la desregulación para las PYME. 
Quisiera ahora tratar el segundo asunto que he mencionado esta mañana. 
En lo que se refiere a los comentarios de la Sra. Patrie acerca de la protección de los consumidores y la relación entre esta iniciativa y nuestras actividades relativas a las prácticas comerciales leales, el informe del Sr. Beysen, por fortuna, no suscribe la idea de que esta propuesta pueda tener una repercusión negativa en el estudio que estamos llevando a cabo acerca de la necesidad de una iniciativa con respecto a las prácticas comerciales leales. 
Esto confirma las declaraciones realizadas en varias ocasiones por mi colega, el Sr. Byrne, y yo mismo en el sentido de que ambas iniciativas son totalmente complementarias. 
La Comisión lamenta, por lo tanto, no poder aceptar la enmienda 28, presentada por la Sra. Ghilardotti, y la segunda parte de la enmienda 12, presentada por la Sra. Niebler. 
Los requisitos de información de la propuesta ofrecen un alto grado de protección a los consumidores, motivo por el cual la Comisión no puede aceptar las enmiendas 41 y 50, que reducirían la protección de los consumidores. 
En cuanto al tema del alcohol, la Comisión considera desproporcionada la enmienda 80, pues los Estados miembros ya restringen la venta de bebidas alcohólicas a menores. 
En cuanto al tercer punto, juegos promocionales, les comunico que en vista de la fuerte oposición del Parlamento hacia el presente enfoque de la Comisión, ésta acepta la solución de compromiso que propone el informe del Sr. Beysen. 
Por este motivo, la Comisión no puede aceptar la enmienda 8 en su forma actual. 
Las enmiendas 20, 21 y 22, presentadas por la Sra. Patrie y el Sr. Lehne, resultan ahora redundantes, puesto que ya no es posible establecer ningún vínculo entre la participación en un juego promocional y la venta de un producto. 
En cuarto lugar, quisiera referirme a la cuestión del reconocimiento mutuo. 
Deseo destacar que este principio permite la libre circulación en el caso de las actividades de promoción de ventas, incluso sin una gran armonización. 
Como la Sra. McCarthy y la Sra. Fourtou han indicado claramente, el principio de reconocimiento mutuo es la piedra angular de todo nuestro trabajo en el ámbito del mercado interior. 
Esto también se aplica a Internet, como todos sabemos. 
La Comisión no puede aceptar, por lo tanto, las enmiendas que tienen por objeto eliminar este principio de la propuesta, como la 72, presentada por la Sra. Patrie, o la 79, presentada por el Sr. MacCormick y la Sra. Hautala. 
Lo mismo puede decirse de la enmienda 73, presentada por la Sra. Patrie, que hace depender de engorrosos procedimientos de notificación la aplicación de este principio. 
Asimismo, la Comisión rechaza las enmiendas que socavan el mercado interior, como las enmiendas 28 y 12, y las que tienen por objeto excluir a ciertos sectores, como la primera parte de la enmienda 13, presentada por la Sra. Niebler. 
Además, la Comisión no puede aceptar la enmienda 39 en lo que se refiere a la lengua. 
Por último, me gustaría informar al Sr. Fiori de que la Comisión está de acuerdo en que se debe hacer uso lo más pronto posible de la posibilidad de obtener reparación, pero considera que en la mayoría de los casos es preferible que lo haga el promotor mismo. 
La Comisión propondrá un cierto número de normas para asegurar que el promotor actúe en este sentido. 
Señor Presidente, éstas son mis respuestas a las preguntas y a los comentarios formulados por la mañana y por la tarde. 
Sólo me resta la agradable tarea de agradecer al Sr. Beysen y al ponente de la oposición por su contribución muy positiva a los debates sobre este importante asunto, que tan vivo interés ha suscitado. 
La Comisión sabe que el Sr. Beysen ha dedicado un gran esfuerzo y un tiempo considerable a esta tarea, que presentaba muchas dificultades tanto para él como para su comisión. 
La Comisión agradece que finalmente se haya conseguido alcanzar un compromiso satisfactorio, y espera que sea aprobado en la votación que, si no me equivoco, tendrá lugar mañana. 
Muchas gracias, Comisario Bolkenstein. 
Al igual que el ponente y los demás diputados, también yo lamento la manera en que se ha llevado a cabo este importante debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0249/2002) , presentado por el Sr. Berenguer Fuster, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo (C5-0259/2002- 2002/2126 (COS) ). 
. Señor Presidente, Señorías, el Reglamento (CE) 994/98 del Consejo contiene la previsión de que la Comisión apruebe reglamentos de exención por categorías que eximan de la obligación de notificación a la Comisión de determinadas ayudas, trasladando una técnica ya utilizada con éxito en materia de conductas contrarias a la competencia. 
Hasta el momento, la Comisión ya ha aprobado los Reglamentos relativos a las PYME, formación y de mínimos, y ahora se nos propone un Reglamento relativo a las ayudas al empleo. 
Con carácter previo, me gustaría realizar una serie de consideraciones. 
En primer lugar, que la propuesta que ahora analizamos, aunque no se modifique, mejora el régimen actualmente existente. 
En la actualidad no existe un reglamento de exención por categorías en esta materia, y las directrices sobre este tipo de ayudas obran en una serie de comunicaciones dispersas y sin valor normativo. 
El hecho de que se exima de la obligación de notificar a ciertas ayudas con criterios claros, aunque tales criterios puedan resultar insuficientes, supone un avance importante en cuanto a transparencia y seguridad jurídica, que no podemos dejar de reconocer. 
En segundo lugar, quiero insistir en que esto no significa que las ayudas que no reúnan las características incluidas en el Reglamento vayan a ser consideradas ilegales. 
En absoluto. 
Lo único que implica es que tales ayudas deberán ser objeto de notificación, para analizar si son o no contrarias a los objetivos del Tratado. 
Y no hay que olvidar que, entre esos objetivos, no solamente se encuentra el mantenimiento de un régimen en el que la competencia no quede falseada, sino también el fomento del empleo. 
En tercer lugar, deberían precisarse algunos supuestos para evitar que las administraciones que conceden las ayudas- particularmente, las autoridades regionales en el caso de España y también de otros Estados miembros- se vean sometidas a los largos trámites que implica la notificación cuando conceden ayudas encaminadas a fomentar el empleo, particularmente en sectores de trabajadores más afectados por el paro y el desempleo. 
En esa línea, y en criterio coincidente con los objetivos establecidos en la estrategia de Lisboa, debe proponerse el apoyo a la transformación de los contratos laborales en contratos fijos y una mayor flexibilidad para definir los distintos colectivos de trabajadores beneficiarios, así como adaptarlos a las características propias de cada región, o la inclusión entre las ayudas exentas de las encaminadas a fomentar el empleo femenino y, finalmente, la ampliación de la edad, para que los trabajadores jóvenes- o aquellos que se encuentran en la última etapa de su vida laboral- puedan beneficiarse de ayudas sin necesidad de modificación. 
Todos estos criterios, incluidos en la enmienda 1 del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, van eminentemente encaminados a fomentar el empleo en sectores desfavorecidos, y su inclusión en el Reglamento no distorsiona en absoluto la competencia. 
La comparación de los efectos anticompetitivos de estas ayudas con otras podría resultar, si lo analizamos fríamente, un insulto a la inteligencia. 
No vamos a entrar aquí en un debate sobre las ayudas públicas y sus efectos sobre la competencia, pero, de existir unas ayudas públicas dignas de tomarse en cuenta como compatibles con los objetivos del Tratado, ésas son las ayudas encaminadas a fomentar el empleo. 
No sería bueno que transmitiéramos a los ciudadanos y a los trabajadores europeos la impresión de que la Comisión da muestras de flexibilidad, admitiendo otros tipos de ayudas, mientras que se muestra extraordinariamente estricta en materia de ayudas al empleo. 
Igualmente, sería conveniente que- con carácter general- se incluyera la economía social como sector exento. 
Como todas sus Señorías saben, las empresas de economía social suponen un colchón importante para el mantenimiento del empleo cuando un sector entra en crisis, y esa realidad debería reflejarse en el Reglamento. 
Por último, en el informe aprobado se han introducido unos párrafos acerca de la preferencia de las medidas de flexibilidad laboral sobre las ayudas para el fomento del empleo. 
No voy a dedicarme a rebatir esa afirmación, que- como toda afirmación expresada en términos tan rotundos- refleja un criterio rígido y cargado de tintes conservadores, con el que no puedo estar de acuerdo. 
Pero, simplemente, tendrán que reconocer sus Señorías que cualquiera que sea la posición ideológica de la que se parta, se trata de una afirmación extraña y extravagante en este momento, que no debería figurar en el informe, que se refiere a otros temas. 
Insistir en ello denota un interés excesivo en mandar mensajes en favor de una acción determinada, que no puede ser compartida por sectores importantes, tanto de este Parlamento como de la sociedad europea. 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría comenzar esta intervención felicitando al ponente, el Sr. Berenguer Fuster, y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por la calidad del informe. 
Dada la situación por la que atraviesa el empleo en la Comunidad, todos los aspectos del empleo representan, y deben representar, una prioridad política de primer orden. 
Recibiré con agrado las observaciones del Parlamento relativas a esta propuesta, que pretende reducir las cargas administrativas sobre los gobiernos nacionales que recurren a medidas de ayuda estatales para hacer frente al reto que representa el empleo. 
Me agrada especialmente el tono, en general, favorable del informe. 
Como ya saben, y como acaba de señalar el ponente, el proyecto alude a un cuarto Reglamento de exención en el ámbito de la ayuda estatal, que se deriva de los reglamentos de exención ya en vigor para la formación, la ayuda a la pequeña y mediana empresa, y las ayudas de minimis. 
El objetivo fundamental de todos estos reglamentos es reducir las cargas administrativas soportadas por los gobiernos nacionales, eximiéndolos de la obligación de notificar medidas que sean claramente compatibles con el mercado interior. 
El proyecto trata la relación entre dos objetivos comunitarios esenciales: el empleo y la competencia. 
La necesidad de encontrar un equilibrio justo entre estos dos objetivos es manifiesta y, al afirmar esto, no estoy sugiriendo de ningún modo que la competencia y el empleo sean dos objetivos incompatibles. Al contrario, estamos convencidos de que, a escala mundial, mantener una economía de mercado dinámica, en el que la competencia pueda expresarse por sí misma libremente, contribuirá en gran medida a aumentar la tasa de empleo. 
Existen, por supuesto, un buen número de medidas que los Estados miembros pueden tomar? y, en la práctica, toman? para fomentar el empleo. 
Muchas de éstas no constituyen una ayuda estatal, en particular cuando no son selectivas, sino que abarcan toda la actividad económica de un Estado miembro. 
El proyecto de Reglamento no se refiere a estas medidas. 
Debe observarse además que, en muchos casos, la ayuda estatal con diferentes objetivos primarios tiene también el objetivo implícito de fomentar el empleo. 
Éste es el caso, por ejemplo, de la ayuda regional a la inversión y de la ayuda a determinados sectores. 
El presente Reglamento alude tan solo a ayudas formal y explícitamente ligadas al logro de objetivos relacionados con el empleo. 
El texto no sólo racionaliza los requisitos administrativos: aclara también las normas fundamentales que se aplican a las ayudas al empleo. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al ponente. 
Este informe ha supuesto un gran esfuerzo, y es un buen informe. 
El informe y la reglamentación subyacente intentan establecer unas normas más claras y más transparentes para las ayudas estatales a favor del empleo. 
Hay que agradecer la elaboración de unos procedimientos racionales para los Estados miembros que quieran favorecer los programas de empleo y también es deseable que exista una sensibilidad hacia las circunstancias locales. 
El informe saluda y apoya la creación del registro de ayudas estatales, que los conservadores británicos han convertido en una prioridad. 
Es de vital importancia que efectuemos un seguimiento en los diversos Estados miembros y sus registros sobre ayudas estatales. 
En términos de principios generales, creemos que es de vital importancia restringir los ámbitos en que se pueden otorgar ayudas estatales. 
No estoy seguro de si debemos llegar tan lejos como el Sr. Monti- creo que ha calificado de nefastas las ayudas estatales del pasado -, pero sí creemos que es necesario limitar la ayuda estatal para mantener la eficiencia y la prosperidad económicas y unas condiciones equitativas para las empresas de los diversos Estados miembros. 
Dicho esto, este informe y el reglamento reconocen que algunas ayudas estatales son aceptables e incluso deseables en relación con los programas de empleo. 
Sin embargo, somos muy precavidos en cuanto al grado de amplitud que se puede aceptar incluso en este caso, debido a nuestra suspicacia respecto de las ayudas estatales. 
Pero creemos que la Comisión ha puesto el límite en un punto razonable. Esto se refleja también en el informe. 
Yo no iría tan lejos como la primera enmienda, tal como la ha presentado el Sr. Berenguer Fuster. 
En concreto, el apartado (a) de la enmienda nº 1, que parece condenar específicamente los contratos temporales por oposición a los contratos fijos, no es procedente y esta Cámara no debería apoyarlo. 
Pido a la Cámara que recuerde que la ayuda estatal, en este contexto, es más bien como una tirita o un parche aplicado a una herida abierta. 
Las ayudas estatales para el empleo compatibles con este reglamento, de hecho no podrán resolver nunca los problemas de desempleo en Europa. 
Es correcto permitir la ayuda estatal para los programas de empleo en determinadas circunstancias, pero la única forma de que los 18 millones de parados de Europa dejen de serlo, de ofrecer a los ciudadanos oportunidades auténticas de trabajo, es mediante una reforma del mercado laboral, introduciendo una reforma estructural y económica y flexibilidad en el mercado de trabajo, para que contratar empleados sea más fácil. 
Ésta es la forma de resolver el grave e inaceptable nivel de desempleo en la Unión Europea. 
De modo que lo aceptamos como una medida pragmática y razonable. 
Tanto el reglamento como el informe hacen propuestas razonables, pero es de vital importancia que resolvamos el problema principal, que es la flexibilidad del mercado laboral y la reforma económica. 
Señor Presidente, quisiera adherirme a la valoración positiva que ha realizado el ponente con respecto a la propuesta de Reglamento de la Comisión. 
Precisamente porque el sector privado no demuestra estar a la altura de su responsabilidad de crear empleo estable, necesitamos más ayudas para fomentar el empleo en la Unión Europea. 
No hay más que pensar en los altos índices de paro que padecemos y en las distintas situaciones en que se encuentran las regiones para darse cuenta de que el papel que desempeña este Reglamento es fundamental, pusto que crea una mayor transparencia, reduce la burocracia, proporciona seguridad jurídica y mejora la comparabilidad. 
Gracias a él, pronto estaremos en condiciones de juzgar la eficacia de las ayudas. 
Es interesante observar cómo han variado las políticas nacionales de empleo de la Unión Europea y cómo se han ido orientando hacia los objetivos comunes de una estrategia para promover el empleo mediante planes de acción que han actuado como palancas. 
Pero lo que nos sorprende en este contexto es que las directrices actuales de empleo no hacen ninguna referencia al crecimiento o a los efectos, deseables o indeseables, de las ayudas al empleo. 
Debemos exigir unos retoques finales a las directrices de empleo, en el interés de la integración y la coherencia de las políticas europeas en la materia. 
Tenemos que asegurar que la contribución de ambos aspectos? la política de empleo y la política sobre la competencia? a la estrategia de empleo europea quede garantizada. 
En el presente proyecto, la Comisión reconoce, con toda la razón, la necesidad de permitir medidas estatales en forma de incentivos laborales para las compañías, destinados en especial a los grupos menos favorecidos. 
No se trata sólo de una consecuencia lógica de los objetivos establecidos en Lisboa. 
El pleno empleo es, y siempre será, uno de los objetivos más importantes de la estrategia de Lisboa, algo que se confirmó en Barcelona. 
Por eso, debemos exigir unos retoques finales en forma de una definición más flexible de los grupos que se van a beneficiar. 
Considero que la edad límite de 25 años debería subirse hasta los 30, y que la edad límite para los empleados mayores debería reducirse de 55 a 50 años, teniendo en cuenta que la sociedad se apoya en ambos colectivos, tanto en los jóvenes que entran por primera vez en el mercado laboral como en las personas mayores que siguen trabajando. 
Es preciso además que nos aseguremos de que la oportuna distinción que la Comisión hace en su proyecto entre pequeñas y medianas empresas, por un lado, y grandes empresas, por otro, se aplique de hecho cuando este proyecto se ponga en práctica. 
Señor Presidente, me gustaría hacer constar nuestro deseo de cooperar aún más con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
No nos hemos formado una opinión sobre este informe? como es habitual? , debido, en parte, a que lo recibimos demasiado tarde. 
Lo mismo puede aplicarse también a otras comisiones. 
Sobre el trasfondo del asunto que acabamos de debatir? a saber, la Comunicación de la Comisión relativa a la coordinación de políticas económicas, lo que conlleva políticas sobre la competencia, políticas de empleo y otras áreas de política social? debemos considerar en qué medida podemos alcanzar diversos objetivos muy importantes en la lucha contra el paro. 
Un asunto muy importante es el de un cuarto Reglamento de exención. 
Es tremendamente exasperante la situación que se vive en algunas regiones que padecen graves problemas y presiones de todo tipo, y donde para obtener los necesarios subsidios es preciso hacer frente a una terrible burocracia (yo mismo procedo de una de éstas regiones, aunque los ejemplos son innumerables). 
En estas circunstancias, me es grato comprobar que se da una oportunidad a los objetivos sociales en la legislación vigente, y a esto era a lo que me refería cuando hablaba del intercambio. 
Confío en que esta base se amplíe en el futuro y en que, a partir de la cumbre de Atenas, que se celebrará la próxima primavera, luchemos por esos intercambios, en un intento de lograr objetivos sociales comunes y sostenibles, considerando además cómo puede contribuir la política económica a este proceso, en lugar de tratando asuntos que el Tratado califique de subordinados en línea con la política económica. 
En resumidas cuentas, y con estos antecedentes, creo que, en líneas generales, nos encontramos ante un excelente proyecto, y me parece que es importante que las normas sobre la competencia en general? se me vienen a la cabeza, por ejemplo, algunos servicios de interés general que podría enumerar? vuelvan a ser examinadas y probadas, teniendo en cuenta nuestras metas en materia de política social. 
Si se observa el proceso de Lisboa en su conjunto, creo que algunas de sus afirmaciones contradicen lo que estamos tratando de lograr con nuestros objetivos en materia de empleo. 
Algunos objetivos, tales como la nueva economía, por ejemplo, fueron seleccionados de manera injusta en el proceso de Lisboa. 
Ahora podemos darnos cuenta de ello y de las consecuencias trascendentales que esto ha traído consigo. 
Tomemos la ayuda estatal basada en los artículos 87 y 88. 
Estos artículos son muy importantes porque nos permiten retomar los objetivos en política social, y por ello debemos evitar cualquier malentendido. 
Quizás ahora sea el momento de dar un paso adelante. 
Pienso que no sólo debemos garantizar que los reglamentos vigentes reflejen, de manera adecuada, los objetivos sociales, sino que además debemos decidir qué metas perseguimos, según se formuló en el Tratado, entre otros documentos, y considerar si se debería revisar el Tratado para, por ejemplo, situar al mismo nivel las políticas sociales y económicas. 
Con estos antecedentes, y considerando las propuestas presentadas en el informe del Sr. Berenguer Fuster? aprovecho la ocasión para agradecerle su trabajo y el de comisión? , solicito a los diputados de esta cámara que apoyen las enmiendas 1 a 4. 
Un apoyo mayoritario a estas enmiendas por parte del Parlamento podría llevarnos a conseguir una votación a favor del proyecto en su conjunto. 
Desde fuera, los reglamentos europeos parecen un gran e impenetrable misterio. 
Muchos reglamentos distintos, requisitos y condiciones que varían, innumerables disposiciones y textos extensísimos crean una tupida maraña normativa, ante la que los ciudadanos y las empresas se sienten perdidos sin una ayuda experta. 
Esto quiere decir que los reglamentos europeos no constituyen precisamente el mejor ejemplo de claridad e inteligibilidad. 
Las actuaciones judiciales emprendidas por las corporaciones municipales, las empresas y los ciudadanos afectados, así como las dudas jurídicas planteadas por todos ellos, demuestran que esta falta de claridad causa problemas a la hora de solicitar una ayuda. 
El Parlamento debería, por tanto, apoyar la propuesta de simplificar y aclarar las normas de concesión de ayudas, en lo relativo al fomento del empleo. 
Esta simplificación y aclaración no implica añadir un gran número de objetivos e ideas nuevas que sean difíciles de poner en práctica. 
Por lo que respecta a este asunto, desearía realizar un breve comentario acerca de la primera enmienda. 
Las adiciones propuestas en la enmienda número 1 pertenecen realmente a la política de empleo, y no han lugar en una resolución sobre concesión de ayudas en el marco del Tratado de la Unión Europea. 
Desde mi punto de vista, el Reglamento de la Comisión se refiere, sobre todo, al aspecto monetario de la concesión de ayudas. 
Después de todo, las ayudas sólo se otorgan cuando son necesarias y están justificadas por las circunstancias. 
Las adiciones mencionadas en la primera enmienda son, desde mi punto de vista, demasiado generales para aplicarse de forma específica en la concesión de ayudas. 
En resumidas cuentas, declaro mi apoyo a la resolución, con la salvedad de la enmienda número 1, y comparto con el Sr. Bouwman la opinión de que este informe se ha llevado de una manera un tanto extraña. 
Señor Presidente, señor Comisario, Sus Señorías, el proyecto de Reglamento de la Comisión ilustra, a la perfección, el error en que caen algunos diputados al pensar que las políticas de empleo desempeñan siempre un papel secundario con respecto a las políticas económicas. 
Las dos son necesarias, pues las unas no pueden existir sin las otras. 
No existe contradicción alguna entre las políticas sobre competencia, las políticas de crecimiento y la necesidad de otorgar ayudas a determinados sectores, como muy bien ilustra este Reglamento. 
Somos conscientes de que las ayudas deben actuar como incentivos que sirvan para tender un puente hacia la autofinanciación. 
Las ayudas no pueden sustituir a las políticas económicas ni a políticas correctas de empleo. 
Seguimos pensando que el mejor modo de crear puestos de trabajo es contar con un mercado interior que funcione, poner en práctica el pacto de estabilidad y crecimiento, luchar por los objetivos formulados en Lisboa e introducir las cuatro libertades, un mercado laboral desregulado y más flexible, y un sistema educativo que fomente la educación permanente, la diversificación de las habilidades y la formación continua. 
Acogemos con agrado este Reglamento porque respalda la sistematización, la simplificación y la asociación, porque respalda el control y la transparencia, con la ayuda del registro de ayudas, porque respalda las ayudas reguladas al empleo para la pequeña y mediana empresa, los pilares de la economía europea y de las políticas de empleo, y porque respalda una mayor coordinación entre las políticas de la Comisión y las políticas de los Estados miembros, y entre los ministerios y los Estados miembros. 
En Austria, hemos tomado ya medidas encaminadas en esa dirección, mediante la unión, en un solo ministerio, de los ministerios de Trabajo y de Economía, unión que ha resultado exitosa. 
Quisiera mostrarle mi agradecimiento, señor Comisario, por enviar un mensaje tan claro en sus manifestaciones con respecto a las ayudas, así como por su política de ayudas, que tiene en cuentas las diferencias regionales en materia de economía, competencia y políticas de empleo. 
A diferencia de alguno de mis colegas, no siento un gran entusiasmo por el Reglamento que nos ocupa. 
Tengo la seguridad de que, si no se realizan modificaciones en el Reglamento durante el proceso de consulta, muchos Estados miembros tendrán muchas dificultades para alcanzar los ambiciosos objetivos de la estrategia de empleo europea a la que se comprometieron en Lisboa. 
Si deseamos que el 70% de la población en edad de trabajar tenga empleo en el año 2010, es necesario ayudar a los trabajadores de mayor edad y dar una salida laboral a las personas sin una formación académica adecuada y a los minusválidos, lo que significa que será preciso adoptar medidas de apoyo. 
Estoy convencido de que una mayor flexibilidad, unida a reformas estructurales, no bastarán para resolver estos problemas. 
Sin embargo, señor Comisario, el Reglamento se centra tanto en la competencia, que será casi imposible lograr estos objetivos. 
Un ejemplo tan solo: los niveles máximos de apoyo a los trabajadores más desprotegidos son tan bajos que, de un día para otro, las empresas flamencas de inserción social que proporcionan trabajo a los parados de larga duración sin formación académica se verán obligadas a cerrar, a menos que dichos trabajadores sean reclasificados como minusválidos. 
Quisiera tratar ahora otro punto: me sigue causando preocupación el hecho de que la Comisión no reconozca la realidad institucional de algunos Estados miembros. 
En mi país, y en algunos otros, son las regiones las que apoyan los programas de empleo. 
Tal y como está redactado actualmente el Reglamento, esta responsabilidad se engloba dentro de las medidas específicas, y no dentro de las generales, por lo que debe ser notificada por las regiones. 
Señor Comisario, creo que hemos encontrado suficientes argumentos para que el Convenio limite las políticas sobre la competencia, pero espero de verdad que, cuando la Comisión aplique este Reglamento, sea capaz de demostrar que, aún sin enmendar el Tratado, es capaz de lograr un equilibrio entre objetivos laborales y objetivos sobre la competencia. Finalmente, me gustaría saber si es posible preguntarle a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, a cargo de vigilar el cumplimiento de los objetivos de Lisboa, su opinión acerca de este Reglamento. 
Señor Comisario, apoyamos el proyecto de Reglamento? así como los progresos en su ejecución por parte de la Comisión? , que parece estar funcionando como una especie de iniciativa general, de la cual ésta debería ser la cuarta parte. 
Dado que apoyo el Reglamento, puede estar ahora preguntándose el porqué de mi intervención, pero si intervengo es porque no tenemos claro un asunto fundamental. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué, en un Reglamento que pretende reducir la burocracia mediante una serie de medidas? y ya hemos mencionado con anterioridad los sectores específicos? , se decidió excluir al sector del transporte? 
Tomo como ejemplo? por una vez, y sin que sirva de precedente? la situación interna de Italia, donde algunas decisiones tomadas a lo largo de estos años han tenido consecuencias discutibles, aunque es cierto que Italia es un país cuyas condiciones medioambientales difieren en gran medida de las del resto de Europa. 
En un Reglamento que estipula las medidas laborales en sectores que ya padecen numerosos problemas, y que necesitan reconvertir y reciclar sus plantillas, excluir de la medida, por completo, al sector de transportes me parece una medida que quizás la Comisión desee reconsiderar. 
Señor Presidente, me complace ver que los artículos 5 y 6 del proyecto de reglamento transmiten una señal favorable a los gobiernos de los Estados miembros para que apoyen los procedimientos especiales de la denominada «adaptación razonable» del entorno laboral para promover el empleo de las personas discapacitadas. 
Sin embargo, quisiera pedir al Comisario Monti que, cuando responda, se dirija a los 400.000 trabajadores discapacitados- como los de Remploy en Southend, en mi circunscripción, y en otros centros de trabajo de toda Europa -, donde más del 50% de los trabajadores de la empresa son personas con discapacidad que no podrían trabajar en el mercado laboral abierto. 
Esto se denomina empleo protegido o apoyado. 
Sé que el Comisario ha recibido propuestas del Sindicato general, municipal y de caldereros y muchos otros en el sentido de que los gastos de organización, administración y transporte de dichas empresas queden también exentos de la normativa sobre ayudas estatales. 
Entiendo que el comité consultivo sobre ayudas estatales ha dado una respuesta inicial favorable a esta propuesta. 
Espero que esta noche el Comisario reafirme ante este Parlamento y para todas aquellas personas discapacitadas que de otra forma no podrían conseguir un empleo en el mercado abierto, que Europa reconocerá plenamente sus derechos y sus aspiraciones en su normativa en materia de competencia. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0233/2002) , presentado por la Sra. Avilés Perea, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre el informe de evaluación del programa Daphne (2000-2003) (2001/2265 (INI) ). 
. Señor Presidente, señor Comisario, analizamos en este informe el Programa DAPHNÉ, su desarrollo, sus aciertos y sus debilidades. 
Es un programa contra la violencia ejercida hacia las mujeres y los niños, fundamentalmente en el ámbito doméstico. 
Violencia que es una grave violación de sus derechos fundamentales. 
La violencia contra las mujeres es consecuencia de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres y de la discriminación de género que existe en la sociedad. 
La lucha contra la violencia exige un planteamiento integrado que combine la prevención, la represión del agresor y el apoyo a las víctimas. 
La Comisión Europea ha realizado un informe de evaluación a mitad de programa, exhaustivo y riguroso, que nos permite plantear las propuestas para el futuro con el fin de conseguir el objetivo "violencia cero". 
La violencia contra las mujeres y los niños se manifiesta en todos los países, sin distinción de clases, raza o nivel de educación. 
La violencia es un obstáculo para conseguir la igualdad y perpetúa las desigualdades. 
Hay que señalar la insuficiente dotación presupuestaria de este programa, que sólo ha permitido financiar un tercio de los proyectos presentados. 
Hay que prestar una especial atención a la prevención de la violencia, pero también al tratamiento y la rehabilitación de los agresores para evitar la reincidencia. 
Es fundamental elaborar programas pedagógicos dirigidos a la prevención de la violencia para su difusión en las escuelas y en los centros de educación de adultos. 
Hay que implicar a todos los sectores de la sociedad en la lucha contra la violencia, y en particular a los medios de comunicación como creadores de opinión e instrumentos de transmisión de valores, para que a través de los medios se transmita una imagen de la mujer no estereotipada, así como de los niños y de las víctimas en general. 
La forma en que se transmiten las noticias sobre actos de violencia es también fundamental para la valoración que se hace posteriormente de las mismas. 
Las ONG han realizado un papel relevante en la lucha contra la violencia, pero deben implicarse también las instituciones públicas- hasta ahora sólo el 10% de los programas ha sido desarrollado por éstas -, así como las universidades y centros de estudio e investigación. 
Necesitamos tener más datos sobre la violencia real, ya que sólo conocemos una pequeña parte. 
Debemos tener indicadores comunes y una base de datos común. 
Los Estados miembros deberían actualizar sus legislaciones nacionales para tener instrumentos más adecuados en la lucha contra la violencia. 
En algunos países ya existe el derecho a desalojar al agresor del domicilio común, con las correspondientes medidas de acompañamiento. 
Las víctimas deben ser protegidas, y debemos procurar que no sean ellas quienes tengan que huir y esconderse. 
Una mejor formación de la policía en este ámbito ayudaría mucho. 
El Programa DAPHNÉ debería continuar cuando finalice éste, ya que, lamentablemente, el problema persiste y sabemos que su erradicación es difícil, por lo que las acciones que se lleven a cabo para sensibilizar a la sociedad e intentar cambiar la mentalidad machista que aún persiste deben ser bienvenidas. 
Entre estas medidas proponemos un Año europeo contra la violencia hacia las mujeres y los niños. 
Por último, quiero señalar la necesidad de cambiar el fundamento jurídico del Programa. 
Es el momento adecuado para hacerlo, ya que la Convención Europea que revisa y actualiza el Tratado tiene la oportunidad de modificarla, por lo que le pido encarecidamente al Comisario Vitorino, cuya sensibilidad hacia estos problemas todos conocemos, que insista, que presione, que haga lo posible y lo imposible para introducir en el Tratado un fundamento jurídico que facilite la lucha contra violencia hacia las mujeres y los niños en toda la Unión Europea. 
Conocemos las dificultades que esto conlleva, pero yo espero de su buen hacer que lo consiga. 
- (EL) Señor Presidente, Comisario, Señorías, quisiera felicitar también a la ponente por su amplio enfoque sobre el problema de la violencia y las numerosas formas que ésta adopta, así como por proponer que sigamos con el programa y hagamos un mejor uso de éste. 
Nuestro informe de evaluación refleja lo mucho que hemos avanzado en concienciarnos sobre el problema de la violencia y sobre cómo ocuparse del mismo. 
No obstante, la triste realidad es que la violencia persiste en nuestra sociedad y nos fuerza a adoptar medidas más radicales y eficaces, como la de introducir un fundamento jurídico en el Tratado u organizar un año europeo dedicado a este asunto, como sugiere la ponente. 
Por lo pronto, tengo muchas ganas de que se lleve a cabo una amplia campaña informativa que emplee todos los medios posibles y que implique a todas las agencias, en una acción conjunta de la Unión Europea y los Estados miembros, una campaña que llegue a las pequeñas y remotas poblaciones donde persiste la violencia en la familia, en las escuelas y en las calles. 
Y, además de este objetivo, hemos de animar al conjunto de la sociedad para que tome cartas en el asunto, como el Comisario ya ha mencionado. 
Haciendo un balance hasta el presente, podemos comprobar que, aunque el programa está abierto a los organismos locales y regionales, su grado de participación se reduce tan solo a un 10%, mientras que a las ONG, que trabajan a nivel local y regional, no se les permite tomar parte en él, debido a la obligación de establecer relaciones con organizaciones de otros Estados miembros y a la complicada gestión del programa. 
Es, por tanto, fundamental que el informe final contenga un análisis exhaustivo del grado de participación, cuantitativa y cualitativamente, de las distintas agencias, de los mecanismos que emplean para cooperar entre ellas y de la repercusión que los programas tienen en la sociedad. 
Este análisis nos ayudará a estudiar y proponer nuevas vías para garantizar que las pequeñas agencias se unen al programa en ámbitos en los que se ha desarrollado una escasa labor, ya sea revisando los programas educativos que generan violencia o educando a los profesores y a los periodistas. 
De la misma manera, si deseamos hacer un mejor uso del programa, hemos de considerarlo en relación con otros programas similares, en especial con programas nacionales para reducir la violencia y ayudar a las víctimas. 
Señor Presidente, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo acoge con agrado el informe de evaluación de la Comisión acerca del Programa Daphne. 
Este programa ha demostrado una gran eficacia en la lucha contra la violencia hacia los niños, los jóvenes y las mujeres, aunque ha contado con un presupuesto muy reducido. 
El Programa Daphne nació de una iniciativa de la Comisaria Ania Gradin y del Parlamento Europeo, y ejemplifica a la perfección cómo se pueden lograr buenos resultados y elaborar nuevas políticas gracias, por un lado, a un profundo nivel de compromiso por parte de las personas involucradas en el programa y en el desarrollo del proyecto y, por otro, a una clara voluntad política. 
Debido a la amplitud del fenómeno de la violencia, ha sido difícil limitar el Programa Daphne. 
Se trata de un tema tabú en las zonas marginales, y hay una carencia de información clara. 
Pero los estudios nos demuestran que una de cada tres mujeres sufre algún tipo de violencia de género, y que una de cada cinco mujeres es víctima de la violencia por parte de su esposo o compañero. 
Según estimaciones de la OIM, cada año, en la Unión Europea, 500 000 personas, principalmente mujeres y niños, son víctimas de la trata con fines de explotación sexual, mientras que otras mujeres se encuentran en peligro de sufrir mutilación genital. 
En 2000 y 2001, sólo pudimos apoyar 73 proyectos amparados en el Programa Daphne, lo que representa tan solo el 12% de los proyectos presentados, hecho que produjo una gran frustración en el seno de las ONG. 
Cuatro millones de euros al año no mueven montañas, pero son suficientes para crear expectativas y luego echarlas abajo. 
Pero lo importante es que el Programa Daphne fue una herramienta multidisciplinaria y que la Comisión debería seguir siendo flexible con respecto a este asunto. 
Por ejemplo, el Observatorio de la Violencia de Dublín, supervisado por el Lobby Europeo de Mujeres, proporciona magníficos datos, y ha redactado además el borrador de un buen informe sobre las medidas tomadas y los instrumentos jurídicos de los Estados miembros, lo que crea sinergias entre los distintos agentes y proyectos a escala nacional, europea e internacional. 
Por desgracia, los países de Europa Central y Oriental no han participado todavía lo suficiente. 
Sólo el 6% de las organizaciones tienen recursos que destinar a los proyectos. 
Durante las visitas a nuestras delegaciones de los países candidatos, hemos comprobado las grandes carencias existentes: hay una voluntad de actuar, pero se carece de los recursos económicos necesarios, dos factores que deben reconciliarse en las ONG. 
Es importante ir más allá de las fronteras de la Unión Europea. 
En Rusia, Ucrania y Bielorrusia, nadie está a salvo de este fenómeno, algo que nos repercute también en la Unión Europea. 
Es preciso abarcar más e incluir otros programas comunitarios en el Programa Daphne. 
Mi grupo parlamentario y yo pensamos que es importante que, partiendo de nuestra experiencia en la primera mitad del Programa Daphne, fortalezcamos las sinergias en la segunda mitad de éste, como dice el punto 12 de la resolución. 
Debemos continuar con la campaña en contra de la violencia y con las medidas preventivas, de las que hay excelentes ejemplos, en las fronteras exteriores, en forma de advertencias a las jóvenes. 
Hemos logrado buenos resultados con nuestras redes, con las ONG, y ahora es necesario que se tomen medidas en los Estados miembros. 
Lo que de verdad se necesita? algo que ya han señalado y solicitado en varias ocasiones? es un Año europeo contra la violencia. 
La Comisaria Reding, a cargo de las comunicaciones, ha dado ya la luz verde. 
Ahora debemos presionar a la Convención para que haga una declaración en la que diga claramente que, desde el punto de vista de la base jurídica, no se trata tan solo de un asunto de salud pública, sino que además la seguridad interna está amenazada si persiste la violencia contra las mujeres. 
Señor Presidente, la violencia contra las mujeres y los niños, a pesar de haber sido condenada en diferentes resoluciones de la ONU y de la Unión Europea por constituir una violación inaceptable e intolerable de los derechos fundamentales, sigue siendo una realidad social que afecta también a Portugal. 
Especialmente la violencia doméstica, una de las formas más comunes de violencia, aunque una de las más ocultas, y que supone grandes costes humanos, sociales y económicos para toda la sociedad, además de constituir una amenaza para la seguridad, la integridad física, la libertad y la dignidad de las mujeres. 
De ahí la importancia de un enfoque integrado que refuerce las medidas, las acciones y los recursos económicos que el Programa Daphne proporciona, pero que son insuficientes, como se ha puesto ya de manifiesto. 
Además, como indica el informe? mis felicitaciones para la ponente? , en la Unión Europea, cada año, alrededor de 500.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, son víctimas de la trata con fines de explotación sexual, lo que exige medidas más eficaces para luchar contra todas las formas de violencia y para apoyar a las víctimas; entre estas medidas, se incluye el incremento de los recursos económicos destinados en la actualidad a este propósito. 
No obstante, es necesario actuar también de manera preventiva, mediante la creación de más empleo de calidad y el aumento del apoyo y las ayudas sociales, así como prestando más atención a la educación contra la violencia, por medio de campañas de información y del fomento de los derechos de las mujeres y los niños. 
Por ello, insto a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros para que tengan en cuenta las propuestas elaboradas por el Parlamento, aprovechando la experiencia obtenida desde 1997 y presentando un nuevo programa de acción con un presupuesto adecuado, y teniendo en cuenta también la plena participación de los países candidatos y la creación de una base de datos común para erradicar la violencia. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, saben que este informe ha sido aprobado sin enmiendas por unanimidad. 
Ni el informe ni la evaluación del Programa Daphne presentan contradicciones, y el consenso es total. 
Esta iniciativa, promovida por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, ha sido un gran éxito, no sólo en Europa, sino también en muchas regiones lejanas del mundo, como mis colegas del Parlamento han mencionado ya. 
Por desgracia, no se puede considerar un éxito rotundo, como el Comisario ha indicado con anterioridad. 
Este programa puede darse por terminado, pero he escuchado numerosos comentarios positivos acerca de que podría prolongarse, aunque quizás no haya fondos suficientes para atender a todos los problemas relacionados. 
Una de las preguntas que me gustaría plantear es, en el caso de ciertos proyectos que contaron con la aprobación de la Comisión, pero que no pudieron financiarse, es si la Comisión y el Comisario no podrían recomendar que los Estados miembros? que, después de todo, son los responsables de los proyectos? se encargaran de ellos. 
Esto significaría que tales proyectos pasarían a ser costeados por los Estados miembros, en lugar de por la Comisión, lo que incitaría a los Estados miembros a promover actividades en sus países, contando quizás también con la participación de las ONG y de organismos públicos como los ayuntamientos. 
La Presidencia española estableció la violencia contra las mujeres como una de sus prioridades, lo que condujo a la elaboración de un gran estudio acerca de las medidas tomadas por varios Estados miembros y a un examen de la mejor práctica. 
La Presidencia danesa ha continuado el camino trazado, y me gustaría aprovechar la ocasión para llamar su atención sobre una cuestión en particular que, en mi opinión, merece mayores partidas presupuestarias: la violencia familiar. 
¿Por qué? 
Un estudio realizado dentro del Cuerpo de Policía de Amberes mostró que el 70% de todos los casos atendidos estaban directamente relacionados con la violencia familiar, incluyendo incestos, ataques de los niños a sus padres y viceversa, violencia contra familiares ancianos, problemas psicológicos y violencia física y psicológica antes y después de un divorcio, cuando se ejerce el derecho de visita o en el caso de una nueva unidad familiar. 
No me refiero sólo a niños que crecen en familias violentas y que consideran este comportamiento como algo normal, sino también a una pérdida general de valores morales. 
Algunas veces sucede lo contrario: uno de los padres crece en una familia violenta o con problemas y desea, a cualquier precio, que sus hijos no pasen por lo mismo. 
Este padre se vuelve demasiado protector y ejerce una disciplina excesivamente férrea, y los demás miembros de la familia, o bien aceptan la situación, o se sienten oprimidos y se rebelan. 
En situaciones como ésta, los niños pueden huir de casa o atacar a sus padres, y las niñas que crecen en estas circunstancias eligen, más tarde, y de forma inconsciente, a un compañero de carácter tiránico, convirtiéndose así con frecuencia en víctimas de la violencia doméstica. 
El hecho de que ahora se pueda hablar del tema de la violencia doméstica en nuestra sociedad ha abierto la caja de Pandora. 
No podemos abandonar a su suerte a las víctimas: debemos apoyarlas y dar una salida a sus problemas. 
Y no me refiero sólo a los medios tradicionales (servicios de asistencia telefónica y centros o viviendas de acogida) , sino también a proyectos educativos y de formación, para que las personas que atienden por primera vez a una posible víctima sean capaces de sacarla de su aislamiento, ya sean médicos, profesores o policías. 
Actuar cuando se produce el primer acto de violencia impide su escalada, y es el mejor mecanismo para la prevención. 
Me gustaría además hacer hincapié en la importancia del Programa Daphne. 
Fue un proyecto emprendido por varias ONG en distintos países, conjuntamente con una organización internacional: la Organización Internacional para las Migraciones. 
Concibieron un proyecto de cooperación para ayudar a las víctimas del tráfico de seres humanos. 
Este proyecto tuvo tanto éxito, que es por este motivo por el que me parece tan importante que los proyectos puedan continuar y mejorarse. 
En efecto, el 17 de octubre, el Parlamento Europeo organizará una mesa redonda en la que presentará un vídeo, un folleto y un sitio web en los que pueden obtener información políticos, policías, periodistas, investigadores y estudiantes. 
Me gustaría tan sólo decir a mis colegas que se trata de una medida muy importante, algo que la Sra. Avilés Perea expresó de manera muy acertada. 
Necesitamos subvenciones y necesitamos un Año Internacional contra la Violencia. 
Quizás deberíamos ejercer una mayor presión sobre los Estados miembros para que participen. 
Señor Presidente, deseo comenzar mi intervención felicitando a la ponente por su trabajo, por las cifras y estadísticas presentadas, que, a pesar de no ser homogéneas, revelan que la violencia contra las mujeres y los niños es un fenómeno tremendamente preocupante. 
Los datos más recientes sobre violencia doméstica y violencia en el hogar, que indican que una de cada cinco mujeres es víctima de malos tratos por parte de su marido o compañero, son creíbles. Estos malos tratos, con frecuencia, no salen a la luz, y a veces terminan con la muerte de la víctima. 
Ante cifras tan trágicas, nos deja atónitos el hecho de que se destine tan poco dinero a tratar de solucionar el problema, aun teniendo en cuenta que el presupuesto para el año 2002 ha aumentado en un millón de euros. 
Nos deja también atónitos el hecho de que los organismos públicos hayan supuesto únicamente el 10% de los participantes. 
El papel de los organismos públicos es decisivo, ya sea formando personal especializado o proporcionando información para prevenir los malos tratos a las mujeres y a los niños. 
En particular, es necesario crear centros de orientación y asesorías jurídicas o mejorar los existentes, con el fin de que puedan garantizar y proporcionar la máxima protección posible a las víctimas, además de asistencia psicológica y asesoramiento jurídico gratuitos. 
Sería deseable incluir en los planes de estudio algunas horas dedicadas a la prevención del maltrato a los niños y de la violencia doméstica. 
Para concluir, mi grupo respalda plenamente la idea de que se celebre un año europeo para luchar contra la violencia hacia las mujeres y los niños. 
No obstante, estoy de acuerdo con mis colegas: si no se modifica la base jurídica, poco se puede hacer para combatir estos delitos de manera práctica y eficaz. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Comisión porque, precisamente, este es el resultado de la constancia y de haber creído en algo que nunca hasta ahora se había tratado. 
Por tanto, en los últimos años, en esta legislatura y en otras anteriores, se está creando una conciencia europea sobre los problemas de la violencia ejercida contra la mujer, contra los niños y en el hogar. 
Creo que hay que insistir en esta línea de trabajo a pesar de que cueste introducir en lo que podríamos llamar la política de los países la credibilidad y la importancia de estas ideas. 
Lo que está ocurriendo en muchos países de Europa: la prostitución organizada, la violencia doméstica, el crecimiento alarmante de la violencia contra los niños y el abandono de muchos por sus familias, muestra que estamos ante un tema que debe ser abordado desde un régimen de competencias compartidas. 
En este sentido, apoyo absolutamente las propuestas de la Sra. Avilés y me muestro muy de acuerdo con lo que ha indicado el Comisario. 
Dicho de otro modo, Europa debe crear un marco jurídico referencial mínimo tanto para la violencia en el hogar y la obligación de los Estados para velar por las víctimas como para tratar de evitar el daño irreversible que se está haciendo a los niños, testigos del horror, menores que viven en escenarios de miedo con el único techo de la violencia. 
Es bien claro, además, y quiero insistir en ello, que la mayor parte de los niños abandonados y aquellos que padecen el horror en sus propias casas se ven en esta situación precisamente porque su entorno familiar se ha roto o nunca existió o está quebrado. 
Y en consecuencia, su protección y formación no puede abordarse desde el marco familiar. 
Es necesario poner a punto otras estrategias de protección y defensa ya que a veces la familia es una maquinaria represora. 
Tengo la sensación, además, de que nos estamos acostumbrando a tantos y tantos casos como estamos conociendo. 
Y en este sentido, pido que se desarrolle un derecho hacia los niños que sea vinculante para los Estados y que se tenga en cuenta esta obligación a la hora de hablar de los países que han de integrarse en la Unión Europea. 
Sin un marco jurídico básico es imposible seguir trabajando, sabiendo, además, que no estamos protegiendo a las víctimas. 
Señor Presidente, no hay duda de que el Programa Daphne fue una iniciativa de la Comisión Europea que gozó de gran éxito, pero también fue posible gracias a la presión ejercida por la Comisión de Derechos de la Mujer y la campaña iniciada en 1997 bajo el lema «Violencia contra las mujeres: Tolerancia cero» , un lema, señor Comisario, tan actual ahora como lo era entonces, dado que la violencia- o, pasa ser más precisos, el terrorismo y la guerra- contra las mujeres, más que decrecer, va en aumento, tanto en Europa como en todo el mundo. 
Cada día llegan a nuestros oídos terribles noticias de los numerosos frentes de esta absurda y despiadada guerra, en especial de países con los que la Unión Europea ha firmado acuerdos políticos y económicos, empezando por Nigeria y Sudán, donde los tribunales islámicos, demostrando su fanatismo, condenan a morir lapidadas a mujeres inocentes, pasando por la India, donde se obliga a las niñas de diez años a casarse, y terminando por los Emiratos Árabes, donde las mujeres carecen de independencia, es decir, de derechos políticos. 
Día tras día, la prensa publica noticias de esta guerra salvaje, aunque no aparezcan en las portadas. 
En la Unión Europea, como han afirmado otros diputados, se estima que, cada día, se compra y se vende a 500 000 personas, y sin embargo la Europol sólo dispone de tres profesionales para hacer frente este crimen internacional organizado, cuyas víctimas son las mujeres y los niños. 
Un determinado porcentaje de las mujeres europeas- que, dependiendo del país, oscila entre el 20% y el 50%- ha sido víctima de la violencia doméstica, mientras la violación y el acoso sexual están a la orden del día. 
Las comunidades islámicas de inmigrantes utilizan las Sagradas Escrituras y las costumbres religiosas como pretextos para continuar con sus prácticas salvajes, como la mutilación genital femenina, que se da incluso dentro de la Unión Europea. 
Por desgracia, en el año 2002, millones de mujeres de numerosas zonas y comunidades de todo el mundo siguen siendo tratadas como objetos, en lugar de como personas. 
Nuestra comisión considera la violencia contra las mujeres una violación flagrante de los derechos humanos de la mitad de la humanidad, una forma moderna de salvajismo, tolerada del mismo modo por sociedades patriarcales e instituciones. 
A medida que aumenta la lucha por la igualdad sexual y el reconocimiento de facto de los derechos de la mitad de la población del planeta, también lo hace la violencia contra la mujer. 
Esto significa que la violencia es un problema político mundial de primer orden y que debe acometerse como tal. 
Aparte de su dimensión económica? debe añadirse que el dinero aportado es mínimo comparado con la gravedad del problema? , el Programa Daphne tiene un gran valor político, por lo que debe continuar más allá del año 2003, esperemos que con un mayor presupuesto. 
Confiamos en que el nuevo Tratado fortalezca la base jurídica para la lucha contra la violencia. 
Nuestra ponente, la Sra. Avilés Perea, ha redactado un magnífico informe y ha presentado propuestas, en nombre de nuestra comisión, que le pido, Señor Comisario, tenga en cuenta. 
Señor Presidente, en estos momentos no puedo hacer mucho más que dar las gracias a la ponente y a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades por su excelente informe. 
También quiero agradecer al Comisario su respuesta al informe y su compromiso de renovar este programa. 
Soy uno de los patrocinadores de una organización irlandesa denominada Women's Aid. 
Se trata de una organización nacional que se ha beneficiado mucho del programa Daphne. 
Proporciona refugio a mujeres y niños víctimas de la violencia doméstica. 
También aporta defensa jurídica, educación pública e investigación. 
El problema que tratamos aquí está muy arraigado en nuestra sociedad, y no sólo en comunidades alejadas y distantes con una determinada actitud religiosa respecto de las mujeres. 
También en Europa existe una misoginia profundamente arraigada en nuestra sociedad. 
Y no vamos a erradicarla de la noche a la mañana. 
Se requerirá educación y un cambio de la cultura en la que vivimos; requiere un cambio de las actitudes de nuestros medios de comunicación. 
Nuestra esperanza reside en nuestros hijos y en intentar asegurarnos de que les inculcamos un respeto por la dignidad de cada ser humano, hombre o mujer, adulto o niño por igual. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0256/2002) , presentado por la Sra. Smet, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el cuadro de indicadores sobre la aplicación de la Agenda de política social (2001/2241 (INI) ). 
El propósito del cuadro anual de indicadores sobre la aplicación de la Agenda de política social es determinar qué progresos se han realizado en torno a los objetivos establecidos en Lisboa y Niza. 
El espíritu de estos objetivos es la creación de un modelo social europeo que erradique la pobreza y el desempleo, cree empleo de calidad, estimule el aprendizaje continuo, modernice el sistema de seguridad social y elimine toda forma de discriminación. 
El periodo 2000-2006 es crucial a este respecto, ya que los cambios económicos, demográficos y migratorios rara vez han sido tan profundos como lo son ahora. 
Por ello, se espera que el Parlamento, como portavoz por excelencia de las preocupaciones de la población europea, realice un seguimiento pormenorizado de la evaluación de los progresos. 
El documento presentado por la Comisión nos informa detalladamente de las actividades emprendidas y de lo que nos aguarda en el futuro. 
Pero falta? y ésta es mi principal crítica? una reseña de lo que debe hacerse durante estos seis años. 
El Parlamento opina que los progresos realizados cada año sólo pueden juzgarse a la luz de los objetivos señalados para dicho período de seis años, y espera de la Comisión algo más que un informe anual. 
Solicita un programa de seis años que exponga las iniciativas que se van a tomar y los instrumentos que se van a utilizar para cada iniciativa, tales como la legislación, la coordinación abierta o las negociaciones entre los interlocutores sociales, así como los plazos para completar estas iniciativas. 
Como parte de su evaluación intermedia del año 2003, la Comisión debe tratar de elaborar un modelo diferente de cuadro de indicadores y presentarlo al Parlamento. El Parlamento ya formuló esta solicitud el año pasado, y la reitera este año. 
Esto me lleva a mi segunda crítica: la falta de participación del Parlamento. 
La Comisión sabe muy bien que el Parlamento Europeo es el principal defensor de los aspectos sociales del desarrollo europeo, los defiende mucho más que el Consejo. 
Tenemos multitud de ejemplos que lo ilustran, empezando por la legislación europea, que el Parlamento normalmente lleva más lejos de lo que al Consejo le gustaría. 
No entiendo, por tanto, por qué la Comisión se molestó tan poco en convencer al Parlamento de que participara, en una fase temprana, en la elaboración del programa social europeo. 
El documento de la Comisión data del 19 de febrero de 2002, y se aprobó en la Cumbre de Primavera celebrada en marzo. 
El Parlamento necesita, al menos, dos meses para redactar un informe a través de sus comisiones y sesiones plenarias, lo que no nos deja mucho tiempo. 
Aconsejaría por ello a la Comisión que envíe su próximo informe antes de que finalice diciembre, de modo que pueda establecer un diálogo productivo con el Parlamento. 
Este diálogo será fluido si la Comisión tiene en cuenta los comentarios realizados en los dos informes previos del Parlamento. 
Para concluir, quisiera decir unas palabras acerca de uno de los instrumentos de la política social: la coordinación abierta. 
El éxito de este método reside en el hecho de que nos ha proporcionado un modo de coordinar la política de los 15 Estados miembros, establecer un conjunto coherente de objetivos para dichos Estados y suministrarles mejores prácticas para lograr tales objetivos. 
Y todo eso en ámbitos donde la legislación europea no desea o no puede ser vinculante. 
El problema para el Parlamento es que su participación no está regulada, al menos, no adecuadamente. 
Este método cuenta con una gran aportación por parte de numerosos grupos ajenos al Parlamento, lo que plantea la pregunta de si hacer uso del método abierto de coordinación y de la participación del Parlamento Europeo puede resultar más apropiado en el marco de la Convención y de la Conferencia Intergubernamental. 
Confiamos en que la Comisión nos apoye en esto. 
Señor Presidente, me gustaría agradecerle a la Sra. Smet su informe sobre el cuadro de indicadores sobre la aplicación de la Agenda de política social. 
Como muy bien señala, la Agenda política social para el periodo 2000-2006 es el primer compromiso común adoptado? también por el Consejo? y la primera carta europea de compromisos y acciones sociales. 
El primer año, 2001, fue un caso especial que debatimos el año pasado. 
Era el primer año que la poníamos en práctica, y tuvo defectos y problemas graves. 
Este año disponemos de nuestro primer cuadro detallado de indicadores, con un análisis paso por paso de los progresos realizados en este área política en particular. 
El año pasado se comentó que la descripción sólo era aplicable a la Comisión. 
Está claro que este año contamos con una descripción detallada de todas las agencias que participan en cada acción. 
Un ejemplo es la propuesta de una reestructuración, sensible desde el punto de vista social, del sector empresarial, que describe el papel de la Comisión, del Parlamento Europeo, de las agencias y los interlocutores sociales, de los gobiernos y de la sociedad civil. 
Estoy de acuerdo, por supuesto, con la Sra. Smet cuando dice en el informe que debemos mirar tanto hacia adelante como hacia atrás, y fijarnos no sólo en cómo han participado las distintas agencias, sino también en los objetivos que se han propuesto para las siguientes etapas. 
Las siguientes etapas se examinarán, hasta cierto punto, en el primer informe de revisión de 2003. 
El período 2003-2005 también es importante. 
Habrá un informe inicial de progresos y podremos efectuar cualquier cambio que se considere necesario. 
Debería señalar, llegado este momento, que el Parlamento Europeo participará de lleno en este informe de revisión porque, como dice la Sra. Smet? y estoy seguro de que nadie discrepa? , el principal aliado de Europa en todas las propuestas de política social es el Parlamento Europeo. 
Las más de las veces, el Parlamento Europeo ha sido la fuerza motriz de la política social de la Unión Europea. 
Me gustaría comentar tres puntos que, en mi opinión, son trascendentales para el debate. 
En primer lugar, gracias a la cooperación entre la Comisión y el Parlamento Europeo, la mayor parte de las iniciativas de la Agenda política social planeadas para el período 2000-2002 han tenido éxito o están en camino para tenerlo. 
En segundo lugar, como ya se ha mencionado, hemos encontrado un modus operandi con el método abierto de coordinación entre los Estados miembros y, hasta cierto punto, un modo de incluir el papel del Parlamento en este método. 
Por supuesto, se trata de un primer paso, y lo que debemos hacer es identificar el papel fundamental y básico del Parlamento Europeo, algo que la Convención deberá tratar. 
El tercer punto es que, como con el Parlamento Europeo, hemos de hallar una base jurídica para conseguir que la sociedad civil participe en los debates de la Convención. 
Quisiera agradecerle al Parlamento Europeo su cooperación constructiva. 
Estamos encantados de recibir sus comentarios individuales. 
- (EL) Señor Presidente, el cuadro de indicadores sobre la aplicación de la Agenda de política social resulta, obviamente, un instrumento muy valioso porque nos permite sacar conclusiones sobre los progresos realizados. 
He tenido el honor de redactar la postura de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Para ser sincera, poco tuve que añadir al informe muy detallado de la Sra. Smet, que además es un miembro activo de la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo. 
Es obvia la importancia y el valor para las mujeres de la puesta en práctica de la Agenda, dado que, en los últimos años, el empleo femenino ha crecido más que el empleo masculino. 
Alrededor de dos tercios de los nuevos puestos de trabajo que, según las estimaciones, se crearán entre 2002 y 2010 serán ocupados por mujeres, motivo por el que estoy especialmente satisfecha, señora Comisaria, con su comunicación, hace un momento, acerca de las nuevas iniciativas que ha emprendido en nombre de la Comisión para coordinar las políticas económicas y las políticas de empleo. 
El procedimiento para evaluar los progresos, a pesar de las deficiencias señaladas por la Sra. Smet en su informe, es sin duda una herramienta muy útil, sobre todo en una época de recesión económica en que se tiende a relajar la política social y a abandonar los esfuerzos para reducir las desigualdades económicas y combatir la exclusión social. 
Por ello, acogemos con agrado la iniciativa de la Presidencia danesa de hacer hincapié en el problema de la exclusión social y de las diversas repercusiones que dicha exclusión tiene en ambos sexos. 
Sr. Presidente, Sra. Comisaria, Señorías, quiero comenzar felicitando a la Sra. Smet por su excelente trabajo. 
El cuadro de indicadores sobre aplicación de la Agenda de política social debe permitir seguir los progresos realizados en términos de aplicación de dicha Agenda, pero también debe permitir representar una alerta rápida, un toque de atención, cuando se produzcan retrasos en la ejecución de las medidas anunciadas. 
Creo que la Sra. ponente ha sabido armonizar ambos aspectos en su informe. 
Por otra parte, la Agenda de política social no debería, en mi modesta opinión, tratarse en su aplicación como un programa inalterado e inalterable. 
Pensada por personas y para personas, la entiendo como un programa en evolución que exige ajustes posteriores, como pondrá de manifiesto la evaluación intermedia de los avances logrados, a realizar en el próximo 2003. 
Señora Comisaria, en el desarrollo del modelo social europeo se ha hecho mucho, pero me atrevo a decir que queda todavía mucho por hacer, y en diferentes ámbitos. 
Desde la política de igualdad hombre-mujer hasta las medidas contra la exclusión social y la pobreza, pasando por las políticas de integración social de los discapacitados y el aprovechamiento de sus capacidades residuales, o por las apuestas por la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida y, con ello, las necesidades de adaptación a las nuevas formas de trabajo y a la conciliación de la vida laboral y familiar. 
En todo caso, hay una exigencia que quisiera destacar y señalar a la atención de la Comisión. 
Me refiero a las nuevas formas de trabajo, con los nuevos riesgos a ellas inherentes y, por lo tanto, a la preocupación por las formas de participación en los procesos productivos a través de la externalización o la descentralización productiva- subcontrataciones, presencia de autónomos, trabajadores independientes- en el ámbito de los riesgos de la empresa contratista, etc. 
De ahí la necesidad de la aplicación de medidas dirigidas a evitar la conversión del riesgo- inherente en todas las formas de trabajo, pero a veces imperceptible y a veces difuminado en estas nuevas maneras de producción- en accidente laboral. 
Creo que serán medidas rentables para todos: trabajadores, empresarios y sociedad. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la ponente por este informe y también felicitar a la Comisaria Diamantopoulou por su excelente trabajo en este ámbito de la política social. 
En la Cumbre de Lisboa, la Unión Europea dio un gran paso adelante en su compromiso no sólo a favor de una economía dinámica y competitiva, sino también de una sociedad cohesionada y basada en el pleno empleo. 
Demasiado a menudo oímos a los portavoces de los diversos grupos políticos hablar sólo de la idea de una economía competitiva, ignorando el equilibrio que debemos garantizar dentro de la Unión Europea en términos de modernización e intensificación del modelo social que tenemos en Europa. 
La Cumbre de Niza también constituyó un gran paso adelante en la adopción de la nueva agenda social. 
Si en Irlanda hubiéramos celebrado un referéndum sobre este tema, en vez del Tratado de Niza, los votos habrían sido favorables en un 100%. 
Lamentablemente, no se nos pide votar sobre estos temas en estos momentos. 
Pero fue un avance importante. 
No obstante, debo decir que desde entonces parece que el progreso se ha frenado notablemente. 
No dudo de que en la Unión Europea- tanto en la Comisión como en el Consejo- existen fuerzas o elementos que deliberadamente intentan retrasar el progreso de esta cuestión. 
Si de verdad queremos crear una Unión Europea que tenga el apoyo de los ciudadanos, debemos llegar a un compromiso equilibrado respecto al desarrollo de una Europa social. 
Esto resulta lógico incluso para el centro derecha. 
Si de verdad quieren trabajar por Europa y crear una Europa de los Estados y los pueblos, debemos asegurarnos de que la igualdad, la cohesión y la solidaridad funcionen bien en toda la Unión. 
Creo que hay insuficiencias en los propios indicadores. 
Todavía no se ha medido todo el progreso. 
Me complace la idea de una revisión intermedia a principios del año que viene, y espero poder participar en ella. 
Espero que en los próximos años, especialmente en la Convención y en el posterior CIG, consigamos garantizar que el compromiso que empezó a desarrollarse en Lisboa y después en Niza se pueda incorporar e intensificar en una Constitución de la Unión Europea que demuestre que disponemos no sólo de una Europa competitiva, sino también de una Europa que se ocupa por igual de todos sus ciudadanos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Agenda de política social es un programa dinámico y, por tanto, es probable que sufra ajustes. 
De ahí la importancia del panel de evaluación anual, que permite al Parlamento Europeo vigilar y controlar la puesta en práctica de la Agenda social, analizando el pasado y programando el futuro. 
La ponente, la Sra. Smet, ha presentado un magnífico trabajo que critica la comunicación de la Comisión y pone al descubierto sus puntos débiles, además de realizar contribuciones claras y lúcidas a la futura puesta en práctica de la Agenda. 
El empleo es la prioridad número uno de la Unión Europea. 
En el año 2000, la tasa de empleo alcanzaba el 63,2 %. 
A pesar de la creación de 3 millones de nuevos puestos de trabajo, continúa estando un 7% por debajo de los objetivos de la Cumbre de Lisboa para 2010, y así, 14,5 millones de ciudadanos europeos siguen careciendo de empleo. 
La baja tasa de empleo de los trabajadores de mayor edad, las disparidades entre el hombre y la mujer, en términos de tasa de empleo y remuneración (18% y 14%, respectivamente) , los altos índices de paro? alrededor del 8% de la población activa? y las diferencias regionales en cuanto a empleo constituyen fallos estructurales que requieren nuestra atención, así como medidas activas. 
La participación comprometida de los interlocutores sociales es crucial. 
La pobreza y la exclusión social son otros asuntos que merecen una mayor atención. 
Más de 60 millones de personas viven en el umbral de la pobreza. 
Este fenómeno varía, como saben, entre los Estados miembros, pero no nos equivocamos al considerar que la lucha contra la pobreza y la exclusión, y la erradicación de ambas, es el mayor reto al que nos enfrentamos. 
Por tanto, la Comisión debe agilizar los trabajos que se han puesto en marcha, con el objeto de comprender y evaluar el fenómeno, y prestar una atención especial a las mujeres. 
En cuanto a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer, este panel de evaluación de la Comisión sigue careciendo de un enfoque estratégico global. 
En consecuencia, la Comisión debe proponer medidas para mejorar la situación de la mujer y, a la vez, adoptar iniciativas para promover su plena participación en la toma de decisiones en sus lugares de trabajo. 
- (EL) Señor Presidente, comparto las quejas expresadas por la Sra. Smet en su informe por el retraso en la presentación de los contenidos del último cuadro de indicadores sobre la puesta en práctica de la Agenda de política social. 
La Agenda, como todos sabemos, no es un conjunto de propuestas sobre política social, sino un plan estratégico para modernizar el modelo social europeo y enfrentarse a los problemas y desafíos futuros. 
Un único cuadro de indicadores anual crearía un mecanismo estratégico de evaluación de los progresos obtenidos en las políticas y de los ajustes que se consideraran necesarios. 
Ahora vemos que los cuadros de indicadores no responden a estos ambiciosos objetivos. 
El informe parece más un trabajo rutinario que un enfoque fundamental. 
Tiende a lo superficial y apenas parece una herramienta integrada para analizar la situación actual y hacer posible una valoración adecuada de los progresos que permita programar acciones futuras en áreas mencionadas por la Comisión Europea? como la integración de los discapacitados, la participación de la tercera edad, la movilidad de los trabajadores y las propuestas legislativas pendientes? o sugerir nuevos temas. 
Otra observación que me gustaría realizar es que no hace hincapié en el aspecto empresarial de los planes de desarrollo sociales, aunque nuestra nueva percepción de la política europea incluye este aspecto. 
Después queda pendiente la cuestión de la cooperación con los interlocutores sociales y el Comité Económico y Social Europeo, y la participación de todos ellos, así como los resultados del diálogo social, aunque me ha agradado oír a la Comisaria referirse a los esfuerzos para entablar un diálogo con la sociedad civil. 
Hemos de hacer un gran esfuerzo con respecto a la forma y el contenido del informe de revisión a medio plazo, que el Parlamento Europeo espera recibir antes del Consejo de la próxima primavera, porque, como usted sabe, señora Comisaria, desea desempeñar un papel importante a la hora de dar forma a la sociedad europea, y con razón. 
Señor Presidente, me gustaría extender mi agradecimiento a Sus Señorías por sus intervenciones, que tendremos en cuenta, como ya hicimos el año pasado. 
Me gustaría tan sólo responder a algunos de los comentarios de los diputados. 
Obviamente, el informe refleja los esfuerzos que se han desarrollado o se están desarrollando, así como las actividades legislativas que, o bien han concluido, o están en la fase de consulta. 
Sin embargo, todo lo que puede hacer es reflejar las posibilidades de la Comisión en el marco del Tratado, en lo que respecta a las posibilidades y las propuestas del Consejo en fases posteriores. 
Y digo esto porque asuntos como los de los discapacitados o la tercera edad, mencionados por la Sra. Kratsa, así como otras políticas sociales especiales son, en la actualidad, como ustedes saben, políticas meramente nacionales. 
El debate en esta fase de la Convención es muy tenso, y creo que todos los que apoyamos la necesidad de que la política social cuente con una dimensión europea tenemos la gran oportunidad política de, a estas alturas del partido, lograr un cambio, incluyendo el de la Convención. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
. 
(PT) En un asunto tan delicado y tan actual como es la definición y la armonización de las normas operativas con el fin de mejorar la seguridad de la navegación aérea, nos congratulamos de que se haya alcanzado un amplio consenso entre los actores implicados, consenso que ha dado lugar a un acuerdo entre los diversos operadores para limitar las horas de vuelo y para fijar los periodos obligatorios de descanso de las tripulaciones. 
Por consiguiente, compartimos las conclusiones del ponente, dado que ponen de manifiesto la urgente necesidad de adoptar progresivamente unas normas técnicas que garanticen unas condiciones de seguridad cada vez mayores, con el objetivo, asimismo, de que los pasajeros tengan una total confianza en el transporte aéreo europeo. 
. 
(PT) Como afirma la ponente, «la supervisión y la aplicación de la legislación medioambiental de la UE siguen dejando mucho que desear». 
De hecho, en un ámbito cada vez más importante para los ciudadanos europeos, que ya son conscientes de la importancia de gestionar, racionalizar y proteger el medio ambiente, seguimos asistiendo periódicamente a ataques brutales contra lo que constituye el legado cultural de todos. Eso pone de manifiesto la insuficiencia del marco legislativo y la mala coordinación entre los actores y las autoridades comunitarias. 
Con el fin de acabar con la situación actual, es preciso un mejor control y la aplicación de medidas prácticas y firmes sobre la base de los informes que los Estados miembros presentan a la Comisión Europea cada tres años. 
De hecho, estamos viendo preocupantes niveles de demora en la aplicación de los procedimientos de infracción. 
Por lo tanto, es preciso adoptar todas las medidas necesarias para que la Comisión pueda «aprehender un cuadro de lo que está sucediendo en todo un sector de determinado ámbito político, tal como sucede con la gestión de residuos» , atendiendo así a las crecientes y cada vez más insistentes demandas de los ciudadanos europeos. 
Por lo tanto, he votado a favor del informe. 
Iraq 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, Comisario Patten, Señorías, el motivo del presente debate y del debate que tiene lugar en la comunidad internacional es el régimen dictatorial y criminal de Sadam Husein. 
El foco del mal está en Iraq, no en Estados Unidos. 
Tal y como ya han señalado tanto el Presidente en ejercicio como el Comisario, Sadam Husein ya cuenta con un historial de uso de armas de destrucción masiva contra su propio pueblo y los vecinos de Iraq. 
Invadió Kuwait. 
Seguir haciendo acopio y fabricando armas de destrucción masiva es una amenaza tanto para Oriente Próximo como para el conjunto de la comunidad internacional. 
Quien quiera evitar una guerra debe impedir que Sadam Husein pueda utilizar armas biológicas, químicas o nucleares. 
La forma en que Sadam Husein desacata el derecho internacional es bastante inaceptable. 
Está obligado a permitir que los inspectores de armas de la ONU realicen en Iraq comprobaciones incondicionales y sin límites. 
Esto es lo que pedimos en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos) y Demócratas Europeos. 
Sadam Husein debe cumplir las demandas de las Naciones Unidas. 
Por este motivo hemos de seguir presionando a este dictador iraquí. 
Si en Europa no estamos unidos, se aprovechará de ello. 
Por ello es inaceptable, y lo digo con mucha tranquilidad, que el Canciller Federal de Alemania hable de un enfoque alemán de esta cuestión. 
Esto solo animará a Sadam Husein y debilitará la unidad y la solidaridad de Europa. 
En la Unión Europea sólo tendremos alguna influencia si actuamos conjuntamente. 
Solo puede existir un único enfoque europeo. 
El Presidente Bush ha prometido una rigurosa consulta a los aliados. 
Exhortamos a nuestros colegas norteamericanos a que compartan toda la información que tengan con sus aliados europeos. 
El uso de la fuerza solo puede justificarse si fracasan todos los demás medios. 
Las Naciones Unidas tienen el monopolio a la hora de adoptar decisiones y pasar a la acción. 
Únicamente deberían utilizarse medios militares si fracasan todos los demás medios, pero incluso en este caso es preciso responder a las siguientes preguntas. 
La primera pregunta es si sobrevivirá la coalición que estableció el Presidente Bush contra el terror tras los sucesos del 11 de septiembre. 
La segunda pregunta es cuál es el siguiente plan para Oriente Próximo. 
Personalmente, sólo puedo apoyar con rotundidad lo dicho por el Comisario Patten cuando señala que necesitamos un plan de paz entre Israel y Palestina, que necesitamos un Estado palestino y un Estado israelí que puedan coexistir pacíficamente. 
La tercera pregunta es cuáles serán las consecuencias. 
¿Qué consecuencias tendría la acción militar para nuestras relaciones con el mundo árabe e islámico, con quién queremos coexistir en un ambiente de cooperación y, si es posible, de amistad? 
Sé la importancia que tiene una respuesta a esta pregunta en estos momentos, porque hace poco he estado en Arabia Saudí, Dubai y Qatar. 
Es preciso responder a estas preguntas y con respecto a todas ellas debemos establecer una posición común con Estados Unidos. 
La población de Estados Unidos también lidia con estas preguntas; no es que sólo exista la posición del Vicepresidente Cheney y la posición del Secretario de Defensa, Sr. Rumsfeld, sino que también está la posición del Secretario de Estado, Colin Powell, la posición del ex Secretario de Estado, James Baker, y la del ex Asesor de Seguridad del padre del Presidente, Brent Scowcroft. 
Por este motivo no hay absolutamente nada que justifique el antiamericanismo en este debate, porque en Estados Unidos hay exactamente el mismo debate que aquí en Europa. 
Lo importante para Estados Unidos y la Unión Europea es establecer en definitiva una posición común. 
Quisiera pedir a nuestros amigos norteamericanos que resistan la tentación del unilateralismo y que no actúen solos. 
Esto no sólo se refiere a Iraq, sino también al modo de abordar la Corte Penal Internacional. 
También llamo a todas las partes, a todos los Gobiernos de la Unión Europea, a que no emprendan acciones unilaterales, sino que sigan el camino de la Unión Europea en su conjunto. 
También invito a nuestros amigos norteamericanos a actuar coherentemente y al unísono con Europa en otras cuestiones, por ejemplo en la de Kyoto, igual que en el presente caso de Iraq. 
Tengo la impresión de que nuestros amigos norteamericanos consideran sus relaciones con Europa más en términos de relaciones bilaterales con Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia y otros Estados, que en términos de la Unión Europea como entidad singular. 
El Presidente Bush pronunció un importante discurso ante el Bundestag en Berlín. 
Podemos estar de acuerdo con casi todo lo que dijo, pero en ese discurso no mencionó ni una vez el concepto de la Unión Europea. 
Esto demuestra lo importante que es reforzar nuestro diálogo con el Gobierno de Estados Unidos. 
Personalmente acogería con gran satisfacción que en el futuro próximo pudiéramos también invitar al Presidente de Estados Unidos a que se dirigiera a esta Asamblea, porque, si no recuerdo mal, el último Presidente de Estados Unidos que se dirigió al Parlamento Europeo fue el Presidente Reagan en 1986. 
Todo esto contribuiría a consolidar nuestras relaciones con Estados Unidos, con nuestros socios y amigos norteamericanos. 
Debemos intensificar nuestro diálogo con Estados Unidos. 
Debemos actuar juntos para conjurar las amenazas lanzadas por Sadam Husein y, sobre todo, nosotros en Europa, los Estados miembros de la Unión Europea y la propia Unión Europea tenemos que actuar juntos y al unísono. 
Lo digo porque si no estamos unidos, Europa no podrá ejercer ninguna influencia. 
Por este motivo nuestra principal prioridad es actuar juntos en el escenario mundial a través de la Unión Europea. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías. Sr. Haarder, pensaba felicitarle por su aplicación de las espartanas reglas de laconismo parlamentario europeo como representante del Consejo, pero ha ido usted demasiado lejos, no nos ha dicho lo que ha pasado en Elsinor. 
Esas cuestiones son muy importantes para este debate. 
Y lo digo porque, a lo largo del verano, estamos viviendo una escalada verbal por parte de la Presidencia de los Estados Unidos que, en este delicadísimo tema, comporta evidentes riesgos. 
Creo que hay que distinguir dos cuestiones: una es el juicio que nos merece el régimen de Sadam Husein en Iraq. 
Nadie puede defender ese régimen dictatorial, tiránico y cruel, que no vacila en aplicar medidas genocidas contra su propio pueblo, a través de la represión, tanto individual como colectiva. 
Pero debemos tener en cuenta, también, otra cosa. 
Usted ha mencionado las sanciones a largo plazo. 
Éstas producen efectos contraproducentes. 
Asimismo, hay que tener en cuenta que los europeos hemos conseguido domeñar el nacionalismo, que tanto daño nos hizo en el pasado. 
Decía el Presidente Mitterrand, aquí también, que el nacionalismo es la guerra. 
Los europeos lo hemos domeñado, pero el mundo árabe está en otra dimensión cultural, y la afirmación nacionalista, el orgullo y el enfrentamiento, si es preciso, tienen su sentido. 
Por eso hay que tomar muy en cuenta lo que ha dicho el Presidente Mubarak y es que una intervención unilateral, sin apoyo de las Naciones Unidas, produciría seguramente un efecto devastador en todo Oriente Próximo. 
Por eso, tiene mucha importancia nuestro avance en la resolución del conflicto y, ahí, creo que la Presidencia danesa ha hecho una propuesta importante en relación con la creación del Estado palestino. 
Debemos tener muy en cuenta eso para que no se nos critique la aplicación de un doble rasero en relación con la situación. 
En cuanto a la filosofía de la actual Administración norteamericana, creo que el hijo debería mirar más lo que hizo el padre hace 10 años, por una razón, porque el Presidente Bush (padre) , consiguió una coalición internacional muy amplia y respetó el mandato de las Naciones Unidas. 
No voy a aludir al debate en curso en los Estados Unidos, pero es curioso y, ya se ha dicho, que parece que aquí los civiles, por primera vez, están dando un golpe militar contra los militares, porque aquellos que han tenido responsabilidades militares, incluso en este terreno, son los más prudentes a la hora de plantear la cuestión. 
Ojalá que todo esto quede en una mera escalada de palabras. 
Respecto a nuestras relaciones con los Estados Unidos, creo que es interesante que venga el Presidente Bush, pero también tenemos que hablar con el Congreso de ese país. 
De esto, de la Corte Penal Internacional y del respeto de la aplicación de las resoluciones o de los fallos del panel de la OMC, en relación con temas tan sustanciales como la ley de apoyo a la exportación, la Foreign Sales Act. 
Aunque no sean los temas de hoy, es importante que hablemos con el Congreso de los Estados Unidos, que es nuestro interlocutor. 
Mi Grupo, en relación con la cuestión de Iraq- y espero sus explicaciones- ratifica la posición que votó el Parlamento el día 16 de mayo de 2002, cuatro días antes de que el Consejo la aprobara. 
Nosotros pensamos que sólo puede garantizarse la estabilidad y la paz en la región, en una región tan convulsa como es Oriente Próximo, en el marco de las Naciones Unidas. 
Espero que su explicación acerca de la postura a la que ha llegado en Elsinor siga en esta línea. 
Pensamos que es muy importante mantener la ayuda humanitaria y esperamos que las Naciones Unidas, bajo la dirección de Kofi Annan, sean capaces de obligar a Iraq a respetar sus compromisos internacionales y a dejar que los inspectores vuelvan a entrar. 
Creemos que ésta es la mejor vía para poder avanzar. 
Señor Presidente, el dictador iraquí Sadam Husein constituye una verdadera amenaza. 
En el pasado ha utilizado armas de destrucción masiva para oprimir a su propio pueblo y con el propósito de empujar a Israel a una guerra más amplia en Oriente Próximo. 
La comunidad internacional tiene la responsabilidad de detener el desarrollo de armas de destrucción masiva por parte de Iraq. 
Sin embargo, las consecuencias de la guerra son potencialmente tan graves que, en opinión de mi grupo, ésta no debería ser más que el último recurso. 
Evitar la guerra no significa sacar a Saddam Hussein del atolladero. 
Quienes exhortan a Estados Unidos a que no lance un ataque preventivo contra Iraq no son apaciguadores, como afirma implícitamente Donald Rumsfeld cuando compara a George W. Bush con Winston Churchill. 
En mi opinión, esta comparación es más absurda que la de Dan Qayle cuando se compara a sí mismo con John F. Kennedy. 
Si se me permite parafrasear al Senador Lloyd Benson, diría «Donald, George W. Bush no es Winston Churchill». 
La verdadera lección de la historia es esta: Churchill detectó correctamente la amenaza nazi en una fase temprana, pero no actuó unilateral y preventivamente. 
Trazó una línea en la arena. Cuando se rebasó esta línea, actuó con autoridad moral y respaldo internacional. 
Churchill no bombardeó Berlín e intentó derrocar el régimen nazi basándose en sus sospechas con respecto a Hitler, sino que actuaba de común acuerdo con sus aliados cuando era evidente que la razón estaba de su parte. 
Para el Grupo ELDR, la cuestión ahora es que los inspectores de Naciones Unidas regresen a Iraq, no que George W. Bush salde una antigua cuenta familiar pendiente con Sadam Husein. 
El Gobierno iraquí debe cumplir las resoluciones de la ONU y permitir la entrada sin condiciones de los inspectores de armamento. 
Una vez en el país, estos inspectores deberán tener permiso para ir a donde deseen y en el momento que deseen. 
Sólo si Iraq se niega a readmitir a los inspectores, si obstruye injustificadamente su labor o si los inspectores encuentran pruebas de que Iraq desarrolla armas de destrucción masiva, la comunidad internacional tendría motivos justificados para adoptar nuevas medidas. 
En estas circunstancias, los gobiernos europeos han de manifestar claramente su apoyo a la acción militar respaldada por la ONU. 
Si estalla la guerra, será la comunidad internacional quien deberá actuar al unísono, no Estados Unidos unilateralmente. 
Es preciso aprobar una resolución de la ONU que fije un plazo para que Iraq cumpla. 
Si queremos convencer a la opinión mundial de que no buscamos un choque de civilizaciones, hay que construir una amplia coalición internacional que incluya a países árabes. 
Francamente, tal y como ha señalado el Comisario, nuestra tarea sería mucho más fácil si Estados Unidos pusiera tanto ahínco en resolver la crisis de Oriente Próximo que en eliminar a Sadam Husein. 
También hemos de reflexionar seriamente sobre el modo de recuperar la estabilidad en la región después de un ataque. 
La coalición internacional, inclusive Estados Unidos, debe destinar recursos a la reconstrucción del país. 
A menos que reconstruyamos su economía y su sociedad, y contribuyamos a desarrollar instituciones políticas viables, un Iraq devastado por la guerra correría riesgo de implosión y supondría un peligro todavía mayor para la estabilidad de la región. 
No podemos posponer el debate mucho más tiempo aduciendo que ninguna decisión es inminente. 
Al Presidente en ejercicio del Consejo le diría lo siguiente: Sr. Haarder, no es de recibo decir que la posición de la Unión Europea es clara remitiéndose a una declaración del 20 de mayo. 
La posición de la Unión es tan clara como el barro. 
Si estuviera clara, el embajador Burghardt en Washington no lamentaría la forma en que los Estados miembros velan celosamente por mantener su propio acceso a la Administración estadounidense, en lugar de hacer frente común. 
Como se demostró en la Cumbre de la ONU de Johanesburgo, la Unión Europea sólo influirá si actúa a modo de Estados Unidos de Europa. 
Esta es su tarea. 
Es preciso llegar a un consenso en torno a la forma de afrontar la amenaza, hay que publicar las pruebas de que existen armas de destrucción masiva y, sobre todo, cualquier ataque debe estar amparado por el derecho internacional y la autoridad moral de la comunidad internacional. 
El mundo no puede permitirse la inestabilidad que conllevaría una aventura militar unilateral y preventiva en Iraq. 
Señor Presidente, estoy convencido de que todos estamos de acuerdo con que el régimen que gobierna Iraq es, sin duda alguna, dictatorial, que pisotea todos los derechos humanos, y que en el pasado ha llevado a cabo una guerra criminal con armas químicas contra Irán y Kuwait, e incluso contra su propio pueblo. 
Sr. Haarder, me parece sorprendente y no solo una cuestión académica que solo haya mencionado hace un momento la guerra contra Kuwait. 
¿Por qué no ha mencionado la guerra contra Irán, que ocasionó un número bastante mayor de muertos? 
Creo que la respuesta es obvia: la guerra contra Irán fue una guerra que en ese momento convenía mucho a Occidente. 
Occidente facilitó armas a Husein e incluso le allanó el camino para disponer de armas químicas. 
La guerra contra Kuwait se hizo por los motivos propios de este dictador. 
Digo que no es una cuestión académica porque buscamos respuestas difíciles en una situación muy compleja. 
Si queremos ir a la raíz de la guerra y la agresión, hemos de preguntarnos en primer lugar cómo se dan estas situaciones. 
También hay otro punto de vista. 
Husein es un dictador infame cuya posición militar está ahora sin duda debilitada. 
Hay muy pocas diferencias entre él y algunos de nuestros aliados en la guerra contra el terror. 
En Irán hay un régimen que utiliza la tortura y tiene armas nucleares, y una estrategia nuclear que se distingue muy poco de la de Estados Unidos. 
Es curioso. 
La semana pasada el Presidente Bush prácticamente rindió homenaje al Príncipe Bandar bin Sultan, representante de uno de los regímenes más reaccionarios de este planeta. 
Seguramente el hecho de que estas personas sean nuestros aliados debilita la credibilidad de nuestra política de derechos humanos y nuestra política de seguridad, ¿no? 
Anticipo que mi grupo concluirá que quien realmente quiera garantizar la democracia, los derechos humanos y la seguridad no puede declarar la guerra para garantizarlos, y sin duda no puede consentir una política de poder hipócrita que pruebe la absurdidad de nuestros objetivos declarados. 
Esta es la cuestión básica para mi grupo. 
Estamos sin reservas en contra de esta guerra, pase lo que pase. 
Sin embargo, aplaudo el hecho de que, sean cuales sean los motivos subyacentes, hayan surgido críticas muy variadas en esta Asamblea en torno a estos preparativos de guerra. 
Esto es mucho más importante. 
Con respecto al último Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, quisiera decir que he llegado a tenerles a ustedes un gran respeto en este Parlamento, pero lo que he oído decirle hoy me demuestra que están ustedes totalmente atrapados en su posición actual. 
A mi entender esto deja mucho que desear. 
Creo que una política europea común en este terreno sería valiosa por derecho propio en vista de los peligros de la situación actual. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Poettering en esto, que se necesita urgentemente una política de este tipo. 
Pero, ¿dónde está? 
Creo que nos enfrentamos a una grave crisis con respecto a la Política de Exterior y Seguridad Común, en una situación de relaciones internacionales de importancia vital. 
No obstante, esta comunidad de intereses no puede limitarse a ser arbitraria. 
Pienso que implica alternativas al enfoque de Estados Unidos, a un unilateralismo que considero aún más peligroso y a lo que estimo en cualquier caso contraproducente para Estados Unidos. 
Por lo tanto, en cuanto a mí se refiere, presentar una alternativa es todo menos antiamericano. 
No solo creemos que esta guerra debería rechazarse sin reservas, sino también que habría que levantar el embargo inhumano y políticamente contraproducente, salvo las exportaciones de armamento, para poder paliar la exclusión de Iraq del desarrollo democrático. 
En tercer lugar, los inspectores de la ONU tendrían que regresar, pero sobre la base del mandato existente. 
Mi cuarto punto es que necesitamos relaciones de cooperación multilaterales y no unilateralismo. 
Y mi quinto punto es que, por último, necesitamos volver al desarme. 
No se puede decir que se quiere ir a la guerra para obligar a otros a desarmarse y, al mismo tiempo, armarse uno mismo hasta los dientes sin esperar que proliferen las armas de destrucción masiva. 
Señor Presidente, Señorías, nadie ha venido aquí esta mañana a apoyar al régimen de Sadam Husein, y no creo que tenga sentido centrarse en los aspectos perniciosos de este régimen. 
Personalmente, quisiera retomar dos o tres puntos del debate de esta mañana y plantear una cuestión propia. 
En primer lugar, plantearé mi cuestión: la Política Exterior y de Seguridad Común no existe en el ámbito de la Unión Europea y, por el momento, apenas tenemos influencia alguna, si es que la tenemos. 
De momento solo los Gobiernos de la Unión Europea están en condiciones de intervenir para intentar que Estados Unidos entre en razón. 
Sin embargo, soy consciente, y no solo yo, de que actualmente no hay unanimidad. En particular he podido observar que el Reino Unido se alinea sistemáticamente con Estados Unidos, lo que, en consecuencia, socava notablemente todas las iniciativas que se nos pida emprender. 
En segundo lugar, retomaré las cuestiones de esta mañana. 
Primero quisiera mencionar lo dicho por el Comisario Patten, a saber, que si deseamos evitar el posible desastre es absolutamente crucial promover una alianza muy amplia para que Estados Unidos sólo pueda actuar en el marco de las decisiones de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. 
En segundo lugar, es vital intentar reconocer y tener en cuenta la posición de los países árabes. 
Estados Unidos no sabe nada sobre los países y las reacciones de los musulmanes, y nuestro colega el diputado Sr. Barón Crespo nos ha recordado, hace un momento, lo que dijo el Sr. Mubarak. 
No hay duda alguna de que una acción unilateral decidida por Estados Unidos al margen de las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y con total desconsideración de la situación de los países árabes, conduciría al desastre. 
El propio Presidente Mubarak, y creo que tiene razón, dijo que en esta situación, ningún líder de ningún Estado árabe podría contener la explosión de sentimientos en sus propios países. 
Es evidente que lo que ocurra nos afectará directamente en Europa. 
Quisiera añadir algo más: si siguen ustedes dudando de la disposición de Estados Unidos a actuar, vean la CNN y se quedarán de piedra, porque todos los días se condiciona sistemáticamente a los estadounidenses. 
Creo que la decisión de actuar ya ha sido tomada. 
Por lo tanto, es hora de que los gobiernos de la Unión Europea hagan algo por hacer entrar en razón a Estados Unidos, pues de los contrario nos enfrentaremos a consecuencias inimaginables y potencialmente trágicas. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, celebro esta oportuno debate sobre Iraq porque me preocupa mucho la amenaza potencial que emana del régimen actual de Mesopotamia. 
Esta amenaza es la culminación de dos tendencias inquietantes. 
En primer lugar, Iraq ha estado boicoteando la inspección por parte de la ONU de su material militar durante casi cuatro años. 
Esto se refiere en particular a las armas de destrucción masiva que tiene vetadas. 
En segundo lugar, hay numerosas sospechas de que el régimen del Presidente Sadam Husein mantiene estrechos vínculos con grupos terroristas islámicos. 
Esta sospecha se remonta al atentado de bomba de 1993 contra el World Trade Centre de Nueva York. Desde el 11 de septiembre del año pasado, esta sospecha, hablando en términos políticos, se ha hecho más candente que nunca. 
En la confusión actual en torno a la actitud de Occidente con respecto a Iraq, quisiera plantear al Consejo unas pocas preguntas y, al mismo tiempo, hacer algunas propuestas. 
¿Por qué la UE, con o sin Estados Unidos, no fija un plazo perentorio para que Bagdad permita la reanudación real e incondicional de las inspecciones de armas por parte de la ONU? 
De todos modos, quisiera añadir que las deseadas inspecciones de este tipo no descartarán el peligro de los arsenales de armas biológicas. 
Después de todo Sadam Husein es un hombre muy cruel y las armas que son fáciles de esconder son justo las que le gustan. 
En segundo lugar, ¿por qué la UE no intensifica la presión política sobre Sadam entablando conversaciones con la oposición iraquí? 
En última instancia, esto es justo lo que hace la Federación Rusa, que, después de todo, es un país que hasta la fecha ha hecho algo más que mantener una comunicación con Iraq. 
En pocas palabras, pido a Europa que busque activamente una alternativa política a la «república del terror» de Sadam. 
Por último, quisiera pedir al Consejo que emprenda iniciativas a favor de una cumbre inmediata para discutir a fondo con el Gobierno de Estados Unidos. 
El asunto que se trataría en esta reunión debería ser una posición común sobre la persistente función desestabilizadora internacional de Iraq. 
El lanzamiento de una propuesta de paz europea para el conflicto palestino-israelí es simplemente incompatible con la tolerancia de un patrocinador del terror palestino. 
Señor Presidente, uno de nuestros objetivos es sin duda evitar la guerra, hacer todo lo posible por garantizar que se impide la guerra, pero el problema no solo consiste en definir nuestra posición a favor o en contra de una posible intervención armada: el problema es ver lo que Europa, la Unión Europea, puede hacer no solo para intentar evitar, y lograrlo, el conflicto armado, sino también para intentar detener, y lograrlo efectivamente, la masacre del pueblo iraquí por parte del dictador, Sadam Husein, hacer todo lo que pueda para detener lo que, con toda probabilidad, son los preparativos de Sadam Husein para el desarrollo de armas de destrucción masiva, con la posibilidad real, el verdadero peligro de que se utilicen estas armas. 
Este es un peligro contra el cual Estados Unidos, bajo el Gobierno de Bush, ha decidido tomar posición, que, aunque equivocada, es bastante clara y concreta. 
Si hay alternativas, y hemos de hacer todo lo que podamos por asegurarnos de que las haya, éstas han de desarrollarse con vigor y resolución. 
En otras palabras, Europa, la Unión Europea, debe ser el vehículo, el lugar, el centro donde se desarrollan las alternativas al conflicto: las alternativas de derecho internacional, las alternativas de la ONU, las alternativas propuestas por lo que se denomina multilateralismo. 
Estas alternativas han de desarrollarse con decición y no deben ser una cortina de humo para ocultar ambigüedades o una política que beneficie directa o indirectamente a Sadam Husein. 
Como Unión Europea, como la Unión que ha luchado tanto por establecer la Corte Penal Internacional y otros instrumentos que imponen y promueven el Estado de derecho y la democracia, debemos, por supuesto, pensar en la Europa de Churchill y tener en cuenta lo que se ha dicho hoy en esta Asamblea, pero también tenemos que esforzarnos al máximo por impedir que Europa retroceda a la situación que se dio con Chamberlain. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que me complace este debate que estamos teniendo esta mañana. 
El momento es muy oportuno. 
En gran medida, el problema que afrontamos en Iraq es lo que quedó inacabado en la Guerra del Golfo. 
Antes que nada hemos de reconocer este hecho. 
El Sr. Watson se ha referido al anterior Presidente Bush y al hecho de que en cierto modo el actual Presidente Bush quizá espere subsanar algunos de los fallos de su padre. 
La verdad es que, y esto tenemos que afrontarlo, desde entonces Sadam Husein no ha hecho más reírse de la comunidad internacional. 
Una y otra vez la ha manejado a su antojo y una y otra vez la comunidad internacional le ha dejado hacer. 
Sí, las Naciones Unidas ha hecho hasta la fecha un magnífico trabajo, pero sin éxito en cuanto a la inspección de armamentos. 
Aplaudo la declaración del Sr. Blair de esta mañana, sea cual sea su significado. 
Sin duda alguna no podrá contárnoslo todo, pero quizá podría arrojar algo de luz sobre la situación. 
Es preciso destruir las armas de destrucción masiva para proteger el mundo libre. 
Sí, Sadam Husein ha gobernado Iraq con puño de hierro, es un dictador malvado. 
Debemos asegurar que el problema de Iraq se aborde de forma multilateral. 
No hay que adoptar un enfoque unilateral. 
Opino que es necesario crear una amplia coalición internacional que cuente con el respaldo de la resolución de las Naciones Unidas. 
No es una resolución para no hacer nada, como dirían muchos norteamericanos, sino que supone un amplio apoyo para dicha acción, que aquí esta mañana se ha afirmado en gran medida. 
Hemos de implicar al Congreso, tal y como ha indicado el Sr. Barón Crespo, pero por experiencia he de decir que el Congreso está pensando ahora en las elecciones del 5 de noviembre y no está muy dispuesto a entablar un debate con el Parlamento Europeo. 
Sin embargo, la Unión Europea ha de desempeñar un papel crucial en esta cuestión. 
Señor Presidente, parece que en este punto estamos muy de acuerdo. 
El régimen de Sadam Husein, que todos consideramos dictatorial, ha sido denunciado por el Grupo del Partido Popular Europeo y Demócratas Europeos, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, el Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea y el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
En los últimos 23 años ha asesinado sistemáticamente a su propio pueblo y a los líderes de su régimen estalinista. 
Es más, también denunciamos la acción unilateral de los EEUU. 
Asimismo, hemos observado que Europa sigue sin hablar con una única voz en grado suficiente. 
De hecho, insistiremos al Consejo en que participe activamente ahora en este debate en Estados Unidos, porque es evidente que hay diferentes corrientes en Estados Unidos. 
Lo que podríamos hacer ahora es mostrar un compromiso con Estados Unidos que no sea antinorteamericano, sino pronorteamericano, mediante la participación en este debate. 
Pero para ello es preciso hablar con una sola voz y adoptar una posición clara. 
Quisiera decir al Consejo de Seguridad que, por lo tanto, no es una licencia para emprender una acción unilateral. 
Necesitamos al Consejo de Seguridad de la ONU si queremos ejercer presión sobre Iraq para restablecer las inspecciones de armamento. 
Esto también implica que si en última instancia queremos actuar y amenazar con la violencia, debemos tener pruebas. 
Estas pruebas han de ser claras y públicas. 
Esto también implica que, al mismo tiempo, hemos de estar dispuestos a actuar de forma inteligente. 
El Sr. Lagendijk, del Grupo de los Verdes, ha utilizado el término «sanciones inteligentes» que, por supuesto, son una realidad. 
Si las utilizamos, podremos golpear con más fuerte a Iraq y a su líder, y al mismo tiempo ayudar a la población. 
Lo que ha dicho aquí esta mañana el Comisario Patten es crucial. 
Podría ser muy perjudicial que adoptáramos unilateralmente la misma postura que en Oriente Próximo, pero también podemos utilizar esta posición para conseguir el apoyo a una nueva iniciativa de paz junto con Estados Unidos. 
Es esencial que el Consejo tome una decisión en torno a la solución de los dos Estados. 
La clave está en la paz inmediata en Oriente Próximo, abordando la cuestión de Palestina e Israel. 
Existe un inconveniente real, del que nos ha advertido, en efecto, el Presidente Mubarak, a saber, que podemos tomar la dirección equivocada. 
Europa desempeña actualmente un papel central. 
En lugar de descuidar este papel, debemos actuar ya. 
En este sentido les pido su apoyo. 
Señor Presidente, ayer nuestro grupo debatió ampliamente sobre la situación de Iraq en presencia de la Ministra de Asuntos Exteriores de España, Sra. Ana de Palacio. 
Es impresionante la unanimidad que se manifestó en nuestro grupo, y la sinopsis del Sr. Poettering encaja perfectamente en este debate. 
Quisiera destacar tres cuestiones. 
Estamos de acuerdo en que Sadam Husein es, sin duda alguna, una de las personas más peligrosas de nuestro tiempo, con sus armas químicas y biológicas, que al parecer está dispuesto a utilizar. 
Después de todo, esto es lo que ha hecho contra su propio pueblo. 
También hemos quedado en que si resulta necesario intervenir, para lo cual tendrán que cumplirse una serie de condiciones, nunca podrá hacerse sin el apoyo de la ONU. 
Esto es lo que de verdad opina nuestro unánimemente. 
En tercer lugar, y es una apelación al Comisario y al Ministro, Europa debe hablar con una única voz y debe unir sus fuerzas. 
Nunca ha sido esto más necesario que ahora. 
También quiero hacer unos pocos comentarios relacionados con lo que acaba de decir el Sr. Van den Berg. 
Parece que Europa no dispone de toda la información que tienen los norteamericanos. 
En mi opinión, si Europa va a recibir ayuda y recursos, es muy importante que toda esta información sea accesible, en particular también para los foros políticos y los parlamentos. 
El segundo comentario se deriva de una inquietud. 
En todo lo que hemos comentado sobre este asunto, tendríamos que tener en cuenta la situación de Israel. 
Si tratamos a todo el mundo árabe de la misma forma, esto podría tener una gran repercusión en Israel. 
Por lo tanto, en esta cuestión es sumamente importante que también contemos con el apoyo del mundo árabe. 
Por último, es preciso desarrollar una estrategia encaminada a impulsar el apoyo en Europa, porque no todos los ciudadanos, ni mucho menos, están convencidos de la necesidad de una intervención. 
Para esta estrategia necesitamos un plan europeo, y creo que el Sr. Patten y el Ministro tendrán que desempeñar un importante papel a este respecto. 
Señor Presidente, dado que el tiempo apremia empezaré diciendo lo que debemos hacer. 
En primer lugar, hemos de conversar con Estados Unidos en todos los niveles. 
Tenemos que conversar con los norteamericanos de país a país, de unión a unión, de partido a partido, de comisión a comisión, en todos los niveles en que sea posible, no solo en relación con Iraq, sino en relación con la sumamente peligrosa filosofía unilateralista que desarrollan con respecto a tantas zonas de interés mundial. 
No debemos ignorar el hecho de que el intento actual de minar la Corte Penal Internacional tiene implicaciones que van mucho más allá de la simple exclusión de las fuerzas norteamericanas implicadas en conflictos internacionales. 
Es un desafío frontal a la Unión Europea y forma parte del intento por parte de Estados Unidos de instaurar su superioridad en todas las regiones del mundo. 
La única respuesta que pueden dar la Unión Europea y sus Estados miembros a tales hechos y al intento actual de Estados Unidos de generar una psicología de guerra en relación con Iraq, es permanecer juntos. 
Sé que es difícil y que existen diferencias entre los Estados miembros en torno a esta cuestión, pero hay que tener presente una preocupación mucho más amplia por el futuro. 
Me ha impresionado el discurso del Comisario cuando ha señalado la necesidad de reformar nuestro derecho internacional con respecto a la cuestión de cómo, cuándo y quién debería intervenir en otros Estados. 
Es una cuestión que cada vez pasa más a primer plano, en particular ahora que la guerra fría ha terminado y se disipa el polvo. 
No obstante, vista nuestra experiencia con la Corte Penal Internacional, aún no ha llegado el momento de desmantelar las actuales garantías previstas en la Carta de Naciones Unidas. 
Señor Presidente, Señorías, el asunto que nos ocupa puede reducirse básicamente a dos conceptos diferentes. 
¿Podemos responder a amenazas internacionales utilizando el derecho internacional y los mecanismos que proporciona? 
Incluso si estos mecanismos precisan una reforma, tal y como ha dicho el Comisario Patten, siguen existiendo y podrían aplicarse tal como están. 
Creemos que cuando se trata de afrontar amenazas internacionales de Estados como Iraq, y no necesito repetir de qué tipo de amenazas podríamos estar hablando, la única forma de aplicar el derecho internacional es a través de las Naciones Unidas. 
La alternativa consiste en responder a estas amenazas sobre una base unilateral, que es el enfoque que adopta actualmente Estados Unidos. 
El Sr. Poettering lleva bastante razón al decir que urge completar este proceso, porque también existe un debate interno, aunque sin duda alguna ha empezado a emerger un consenso en torno al Presidente Bush. 
La siguiente pregunta que precisa una respuesta es dónde se sitúa Europa a este respecto. 
La respuesta es que no apoyamos el unilateralismo, tal y como hemos podido escuchar cuando el Comisario Patten ha preguntado cómo podríamos estabilizar la coalición internacional contra el terror. 
Es cierto que no la podremos estabilizar si Estados Unidos la socava adoptando un enfoque unilateral. 
Ahí es donde radica el verdadero peligro, porque contra quien realmente luchamos, y quisiera recordar al Sr. Van Orden que el Sr. Brie ya se ha referido a esta cuestión, es el Gobierno iraquí, tan criticado aquí y, sin embargo, ¿de dónde ha conseguido la tecnología que le permite proferir ahora una amenaza de tales proporciones? 
De Estados Unidos, cuando Iraq aún era un aliado en la lucha contra el fundamentalismo islámico de Irán, lo que también demuestra que el partido Baath que gobierna en Iraq no es un partido fundamentalista islámico. 
Todos sabemos que las Hermandades Musulmanas, que son perseguidas en Iraq, han obtenido asilo político en Europa. 
Solo quiero recordarles todo esto para dejar claro lo complicado y peligroso que es el unilateralismo en la práctica. 
Por este motivo, Sr. Van Orden, en Europa decimos todos al unísono «no» al unilateralismo y «sí» a la aplicación del derecho internacional. 
Señor Presidente, Comisario Patten, tal y como ha dicho usted, en esta Asamblea hay consenso y deseamos evitar la crisis que se avecina, una crisis desencadenada por las acciones de Sadam Husein. 
Quisiera decirle al Sr. Barón Crespo que nadie sabe mejor que las fuerzas armadas, tanto aquí como en Estados Unidos, que el uso de la fuerza para prevenir esta crisis nunca podrá ser limpio. 
No existen las guerras limpias. 
A pesar de los avances logrados en el campo de la tecnología, el ser humano aún no cuenta con los medios para eliminar a todas las personas malvadas a golpe de botón, aunque sólo fuera porque es imposible separar a los buenos de los malos. 
En estas circunstancias, la guerra o el uso de la fuerza armada puede ser un mal menor. 
En tal caso, es preciso haber explorado a fondo todas las vías políticas y diplomáticas con vistas a conseguir el objetivo político, de lo contrario tendrá que lograrse con el uso de esta fuerza. 
Por este motivo apoyamos sin reservas el enfoque actual de la Unión, que consiste en seguir presionando a Sadam Husein para que permita a los inspectores de armamento que regresen a su trabajo. 
En segundo lugar, si se adopta esta decisión, ha de ser una oportunidad para lograr su objetivo, aunque se nos ha dejado muy claro que el objetivo ahora es derrocar el régimen de Sadam Husein. 
En este punto se plantean dos cuestiones. La primera se refiere a la evaluación de la amenaza. 
El Sr. Poettering y la Sra. Maij-Weggen han resaltado que esperamos impacientes los datos prometidos por el Primer Ministro británico, que deberían llegar en los próximos minutos. 
El Comisario Patten ha dicho en su discurso que alberga dudas de si se dispondrá de alguna prueba. 
Es muy importante contar con pruebas. 
En segundo lugar, debemos tener alguna posibilidad de ganar. 
En Afganistán estábamos seguros de que el propio pueblo afgano estaba listo para derrocar al régimen talibán. 
¿Hay alguna posibilidad, Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, de que el pueblo iraquí ayudará, en caso de una acción militar, a derribar el régimen? 
Es una pregunta genuina 
Señor Presidente, se ha hablado mucho del comportamiento malvado e inmoral de Sadam Husein y con razón, pero quisiera centrarme en la Unión Europea, concretamente en un Estado miembro en particular, el mío propio, que es el Reino Unido. 
El Sr. Blair dejó claro ayer que apoyará a EEUU en una guerra contra Iraq, sin esperar a que se estudien otras opciones y sin intentar que se apruebe una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Ayer, en una conferencia de prensa, apoyó implícitamente el principio del ataque preventivo contra Iraq cuando dijo que el mero regreso de los inspectores de armamento a Iraq quizá no baste para evitar la guerra. 
No podemos hacer cumplir el derecho internacional violando ese mismo derecho. 
Una guerra contra Iraq en estas circunstancias sería inmoral, ilegal, peligrosa y equivocada. 
Se ha hablado mucho de la importancia de que la UE haga frente común y hable con una sola voz, y estoy de acuerdo con ello. 
En este caso, insto a la Comisión, al Consejo y a todos los demás Jefes de Estado de la UE a que hagan todo lo posible por ayudarnos a refrenar al referido Estado miembro de la UE. 
Señor Presidente, la Resolución nº 678 de la ONU y la resolución del Congreso de EEUU de 1991 establecían un acuerdo global de alto el fuego en la Guerra del Golfo a condición de que Iraq se deshiciera de todas las armas de destrucción masiva, pero, en su lugar, expulsó a los inspectores de la UNSCOM acusándolos de ser espías norteamericanos. 
Sadam Husein sigue teniendo enormes cantidades de armas biológicas y químicas, y hace tres años intentó comprar uranio de uso militar de Serbia. 
Ha negociado con Corea del Norte para adquirir tecnología de misiles balísticos. 
Por lo tanto, es evidente que supone una amenaza global para el abastecimiento de petróleo y, si se convierte en una potencia nuclear, podría chantajear a todo el mundo. 
Seamos también coherentes desde el punto de vista moral. 
Ningún diputado de esta Cámara pidió resoluciones de la ONU para atacar la Serbia de Milosevic; las violaciones de los derechos humanos se consideraron suficientes. 
Sin duda, las violaciones por parte de Sadam Husein de los derechos de los kurdos, a quienes ha atacado con gases; de los árabes de las marismas y los shiítas, a los que ha torturado y asesinado; y de los israelíes, en cuyo caso ha pagado dinero a las familias de suicidas por matar a víctimas inocentes, son mucho peores que los crímenes de Milosevic, por no mencionar a los británicos y norteamericanos a quienes ha jurado venganza por nuestra participación en la Guerra del Golfo. 
Soy escéptico en cuanto a la preocupación de los países vecinos por la intervención militar, pues algunos temen la democracia en Iraq y otros la autonomía de los kurdos en el norte. 
Me complace el apoyo que ayer expresó la ministra de Asuntos Exteriores De Palacio a la posición británica y norteamericana. 
También espero que China y Rusia no veten en el Consejo de Seguridad de la ONU las propuestas de nuevas resoluciones a este respecto, si así lo solicitan los Estados Unidos. 
En Occidente deberíamos apoyar la petición de nuestros aliados norteamericanos de completar la tarea inconclusa de liberar al mundo de este hombre sumamente perverso. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, quisiera tomarme la libertad de hacer un comentario personal, porque he trabajado con usted durante mucho tiempo y porque siempre he apreciado la receptividad y la franqueza con que ha expresado sus opiniones. 
Me parece que en los diez metros que le separan de aquí a donde está usted ahora sentado se ha quedado usted sin habla. 
No nos ha dicho lo que ocurrió en Elsinor, y en su lugar nos ha repetido lo que logró la Presidencia española en mayo en este terreno. 
Supongo que esto es mejor que nada. 
Quisiera comentar las dos cuestiones planteadas por el Comisario Patten. 
Puedo asegurarle, Sr. Patten, que todos estamos a favor de cumplir las resoluciones de la ONU. 
Sin embargo, las Naciones Unidas no son una organización en la que uno puede elegir lo que le guste; hemos de cumplir la Carta de las Naciones Unidas y también hemos de cumplir el derecho internacional. 
La Carta de las Naciones Unidas establece los casos en que es posible y está permitido utilizar la fuerza militar, y también fija el procedimiento. 
La Carta de la ONU no contempla una guerra preventiva o una guerra para derrocar a un gobierno indeseable, y no podemos dejar esto de lado. 
Quien declare la guerra a pesar de todo esto es un agresor y viola el derecho internacional. 
La segunda cuestión se refiere a la amplia coalición. 
A este respecto, le puedo asegurar que de hecho este debería ser el único objetivo de la Unión Europea. 
Pero nosotros no somos los que hemos dividido la amplia coalición; no, ésta ha sido socavada por el unilateralismo norteamericano. 
Le planteo la siguiente pregunta: ¿cómo podemos restablecer esta unidad, esta amplia coalición? 
Señor Presidente, Señorías, si los británicos y los norteamericanos quieren declarar la guerra a regímenes que no respetan los derechos humanos, sin duda tendrán mucho trabajo. 
Si quieren declarar la guerra a regímenes antidemocráticos en Oriente Próximo, tendrán que declarar la guerra a Arabia Saudí. 
Si quieren declarar la guerra a regímenes que no respetan las resoluciones de las Naciones Unidas, tendrán que declarar la guerra a Israel. 
Si desean declarar la guerra a países que han adquirido armas de destrucción masiva, deberán declarar la guerra a India, Pakistán, China y Corea del Norte, que, estamos seguros, poseen armas nucleares. 
Si quieren declarar la guerra a países que sirven de semillero de terroristas, tendrán que destruir Londres y Hamburgo. 
Esta es la realidad de la situación. 
Por supuesto que lo digo con ironía, porque el motivo de esta acción militar, evidentemente, no es el régimen de Sadam Husein, que es un régimen autoritario, sin duda alguna, pero también un régimen secular que respeta el derecho de los cristianos y de las mujeres. 
Esta acción militar tiene que ver con las armas de destrucción masiva. 
Hasta la fecha aún no se nos ha presentado ninguna prueba de que tales armas existan en un país que no se tiene en pie, donde ya no pueden encontrarse bombillas, donde no hay minas para los lápices de los escolares porque están hechas de grafito y donde incluso una serie de observadores de la ONU han condenado el papel que tuvieron que desempeñar. 
Terminaré con una anécdota: hace tres años, mi hermano, un cura católico, visitó Iraq. 
Allí casi le mata una bomba y, en realidad, no sabe si fue una bomba norteamericana o británica. 
Es lícito preguntarse qué ley internacional permite que Iraq, que, a decir verdad, fue derrotada y que, a raíz de su derrota, aceptó las visitas de inspectores de la ONU durante varios años, sea bombardeada todos los días y siga sufriendo las sanciones. 
Señor Presidente, hay dos cuestiones muy delicadas que preocupan a la población de los países árabes, incluidos los llamados países árabes moderados, y son la cuestión palestina y el impacto del embargo sobre Iraq. 
Es la comunidad internacional, y no el dictador, a quien se culpará del impacto del embargo sobre Iraq, esto ha de estar claro. 
No creo que aquí haya divisiones, como ya se ha dicho, con respecto a la condena de Sadam Husein y su régimen. 
Sin embargo, los repetidos anuncios de acción unilateral por parte de los Estados Unidos, que no se ha inventado la prensa internacional, sino que el propio Presidente ha proferido en varias ocasiones, están teniendo dos consecuencias muy negativas: por un lado, se vinculan de nuevo los intereses y el destino del dictador a los de su pueblo- ayer mismo pudimos ser testigos de las declaraciones de Sadam Husein, «resistiremos, venceremos» -y, por otro, se está formando una oposición a esta acción. 
Por lo tanto, creo que la Unión Europea debe seguir la vía del derecho internacional, la vía de las Naciones Unidas, con firmeza, y que es necesario establecer un vínculo mucho más claro entre la readmisión de la UNSCOM y el final del embargo sobre el pueblo iraquí, porque así podremos empezar a dialogar con la población de Iraq. 
De lo contrario, será muy difícil influir en Sadam Husein. 
Además, la tarea de Occidente no es en absoluto sustituir a Sadam por un ayatollah, por ejemplo. 
Es preciso que introduzcamos la democracia en este país y en otros países árabes, y pienso que si Europa verdaderamente cree en esta posición y está unida, entonces podrá aportar algo. 
Señor Presidente, un portavoz de la izquierda de esta Cámara ha dicho que debemos obligar a los Estados Unidos a que actúen de acuerdo con Europa. 
Opino que es ingenuo creer que podemos obligar a algo a los Estados Unidos. 
Los Estados Unidos no actúan para lograr dominar el mundo. 
Actúan sólo porque estamos expuestos a la amenaza de un proceso peor que la guerra. 
Si Europa no puede decidir, los Estados Unidos, esperemos, actuarán por su cuenta. 
Parece como si hubiéramos olvidado que fueron los Estados Unidos quienes rescataron a Europa en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y quienes nos salvaron de la dominación comunista. 
Es ingenuo creer que los Estados Unidos actuarían sin pruebas. 
Los Estados Unidos no harían grandes sacrificios si hubiera alternativas menos arriesgadas. 
El Primer Ministro Tony Blair dijo con rotundidad que tenían pruebas. 
Deberíamos imitar la posición de Tony Blair y del Reino Unido, y yo exhortaría a la Presidencia a que intentara promover la unidad de la UE en la lucha contra la dictadura. 
Es evidente que no tendríamos que infringir el derecho internacional derribando una dictadura viciosa que amenaza a su propio pueblo y la seguridad mundial, y, por supuesto, el enfoque basado en el modelo de la ONU ha sido plenamente probado y ensayado. 
Pusieron a los inspectores de armamento de patitas en la calle, entonces ¿qué sentido tiene que vuelvan? 
Ya se ha advertido a Sadam Husein, pero está claro que no quiere escuchar nuestras peticiones, y lo único que hacemos es mostrar nuestra propia debilidad. 
Nuestra obligación para con la población de Europa es estar hombro con hombro con los Estados Unidos en esta lucha contra una dictadura que amenaza la seguridad mundial. 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio, Comisario, el debate sobre la situación de Iraq y la posible intervención militar es, desde luego, un debate sobre la naturaleza de la solidaridad. 
Cuando algunos diputados de esta Asamblea, el Sr. Van Orden y el Sr. Tannock, hablan de solidaridad, se refieren principalmente a la solidaridad con los Estados Unidos. 
Para mí, se trata principalmente de la solidaridad dentro de Europa. 
Por este motivo me preocupa que el Reino Unido, y también España e Italia, sigan por una vía que plantea la posibilidad de que se socave esta solidaridad. 
Lo que me preocupa en especial es el enorme abismo existente entre los conceptos que tienen los Estados Unidos y Europa del orden mundial. 
Los Estados Unidos parecen estar cada vez más cerca de una teoría según la cual los acuerdos y las organizaciones internacionales tienen, por así decirlo, un papel meramente sucedáneo. 
Al menos en cuanto a las principales potencias, parece que la máxima prioridad es la soberanía nacional y una visión nacional del mundo. 
Difiero bastante de la opinión de los Estados Unidos de que pueden decidir cuándo apoyan a una organización internacional, aunque «sólo» sean las Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional, y cuándo deben actuar y pueden llevar a cabo ataques preventivos, y por qué medio pueden definir el peligro y tomar decisiones sobre el despliegue sin consultar a las autoridades internacionales. 
Por último, también me cuesta entender que el Presidente de los Estados Unidos lea un libro en verano donde se dice que no conviene fiarse de los militares, porque los militares dudan y siempre ven el riesgo del fracaso, y que la característica de un verdadero político es su desconfianza hacia los militares. 
Visto que el autor, Elliot Cohen, cree que no echamos suficientes bombas sobre Yugoslavia, cualquier país que presten oído a asesores como este me preocupa de veras. 
Señor Presidente, no tenía la intención de intervenir pero al escuchar este debate no he podido dejar de sorprenderme, si puedo decirlo así, por el predominio de la ignorancia y la impotencia. 
En cuanto al predominio de la ignorancia, no sabemos nada o casi nada de las decisiones que han adoptado los Estados Unidos, de la información concreta que tienen y de sus objetivos. 
¿Qué quieren hacer con Iraq, qué pueden hacer con Iraq? 
¿Cómo podemos resolver el problema con Irán por un lado y con los kurdos por el otro? 
No sabemos nada. 
En cuanto al predominio de la impotencia, procede de la absoluta división y de la completa heterogeneidad de opiniones aquí expresadas. 
También creo que deberíamos reflexionar sobre el hecho de que no estamos en medio de un debate moral o sentimental, sino de un debate político. 
Un debate político se basa en dos pilares: la fuerza y el derecho, entendiendo que la fuerza debe supeditarse al derecho y que hay un lugar donde debe aplicarse el derecho, que es las Naciones Unidas. 
De hecho es prematuro, en mi opinión, y en vista del debate que acaba de producirse, pensar que la Unión Europea pueda tener un puesto en las Naciones Unidas, porque me pregunto qué opinión expresaría allí. 
Dicho esto, hay miembros de la Unión Europea que tienen un puesto en las Naciones Unidas, y la Unión Europea quizás podría reflexionar sobre la búsqueda de una solución al presente debate. 
Está claro que las Naciones Unidas deben participar, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que pertenezcan a la Unión Europea deben adoptar una postura. 
¿Qué postura deben adoptar? 
¿Qué mandato se les puede dar, a condición de que un mandato sea posible en esta situación? 
En cualquier caso, ¿qué posición adoptarán los países de la Unión Europa, aquellos que también son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, si se invoca a este último? 
Esta es la verdadera cuestión que, al mismo tiempo, establece el límite de este debate. 
Con esto concluye la parte de solicitudes incidentales de intervención de este debate. 
Doy las gracias a los colegas que han intervenido y pido disculpas a quienes no han podido hacerlo, pero así es el procedimiento de solicitud incidental de intervención, que no permite dar la palabra a todos en el tiempo disponible. 
Señor Presidente, Señorías, creo que las conclusiones del Consejo informal de Elsinor fueron razonables; se acordó explorar todas las vías para dar con una solución no militar a este problema, incluido el envío de inspectores. 
Sin embargo, para que este acuerdo tenga éxito, por ejemplo con la entrada de los inspectores en Iraq, es preciso que Sadam Husein cumpla sus obligaciones. 
Esto debe estar claro como el agua. 
No podemos dejarle que sea juez y jurado en esta cuestión. 
Es preciso que haya un amplio acuerdo de que Sadam Husein tiene que irse. 
Pero esto sólo puede lograrse si se adoptan varios puntos de vista. 
A diferencia del Sr. Sakellariou, creo que las guerras preventivas son aceptables. 
No obstante, solo son aceptables si existen pruebas de peligro inminente y de que existe un mayor riesgo que sin una guerra preventiva. 
Por el momento no se vislumbran estas pruebas y, por lo tanto, no hay justificación para la guerra. 
Tampoco se ha tenido debidamente en cuenta si el hecho de iniciar esta guerra y acabar con el régimen de Sadam Husein no produciría cambios en otras partes del mundo islámico que conllevarán mayores riesgos que los que acarrea permitir a Sadam Husein seguir en el poder. 
La destrucción de la coalición contra el terror y el establecimiento de regímenes fundamentalistas en los países árabes «moderados» podrían tener consecuencias muy negativas, en particular en Europa. 
Esto hay que sopesarlo si deseamos tener éxito. 
Por ejemplo, también debemos considerar qué consecuencias directas tendría un conflicto militar de este tipo en las minorías de Iraq, en vista de lo que Sadam Husein ha hecho con los kurdos u otras poblaciones del sur de su país en determinadas situaciones. 
Hay que tener en cuenta todo esto a la hora de ponderar la situación. 
Sin embargo, nosotros los europeos sólo podemos llevar adelante este proceso de ponderar la situación si tenemos una opinión común. 
Éste es un requisito indispensable. 
Ni la posición del Sr. Blair por un lado ni la posición del Sr. Schröder por otro son muy útiles a la hora de intentar alcanzar esta postura común. 
Creo que la única forma de impedir que los norteamericanos sigan adelante unilateralmente es mediante este enfoque unitario. 
Si los Estados Unidos son conscientes de que en Europa presentamos un frente unido a este respecto, será posible llegar a acuerdos en torno a ciertos puntos. 
Desde el 11 de septiembre se han adoptado enfoques que pueden ser comprensibles, pero que, sin embargo, son peligrosos. 
Desde los acontecimientos del 11 de septiembre se ha discutido sobre el artículo 5 del Tratado de la OTAN, aunque no se ha aplicado, porque aplicarlo implicaría que en Europa participáramos en la planificación estratégica y la toma de decisiones conjuntas. 
Así, los europeos hemos de hacernos esta pregunta básica: ¿Podemos posicionarnos como socios y participar en el proceso de toma de decisiones, o simplemente se nos darán órdenes para actuar cuando se haya adoptado una decisión y la guerra sea inminente? 
Esto también tiene implicaciones fundamentales para las futuras relaciones transatlánticas. 
El Parlamento debería esforzarse por apoyar al Consejo y a la Comisión en la búsqueda de este enfoque político común, porque esta es la mejor forma de deshacerse de Sadam Husein y de evitar una guerra. 
Señor Presidente, en vísperas del aniversario del 11 de septiembre, Europa debe, más que nunca, hablar con una sola voz y defender la paz. 
Europa tiene que decir de nuevo con rotundidad al mundo que la lucha contra el terrorismo, que defiende sin reservas, no puede implicar la guerra, y que la llamada guerra preventiva contra Iraq, por el contrario, supondría el sacrificio de una nación, provocaría el malestar en Oriente Próximo y no tendríamos ningún resultado garantizado. 
Europa se enfrenta a una oportunidad histórica de hablar con una única voz y de distanciarse de la política del eje del mal que Estados Unidos intenta imponer nos guste o no. 
En su informe del 16 de mayo sobre Iraq, el Parlamento Europeo pidió, en particular, que la ONU desempeñe un papel crucial para buscar una solución regional, política y pacífica, y que Europa adopte al menos una posición común a este respecto. 
Estas palabras han sido casi del todo ignoradas. 
Una vez más, Europa está dividida en torno a qué estrategia debería seguir. 
Bagdad no sabe si abrir sus puertas a los inspectores de la UNMOVIC y el pueblo iraquí sigue llorando las víctimas de un embargo inhumano que no ha logrado desestabilizar el régimen de Sadam Husein, mientras que el Presidente Bush organiza su cruzada del bien, violando descaradamente el derecho internacional. 
¿A qué estamos jugando? 
Por este motivo evitaré andarme con rodeos y plantearé a la Comisión y al Consejo las preguntas que están en boca de todos. 
¿Qué garantías puede ofrecer Europa a Iraq de que las inspecciones de la UNMOVIC se realizarán justamente, de que tendrán un plazo límite y de que en última instancia conducirán al levantamiento de las sanciones económicas? 
En otras palabras, de que en estas inspecciones no se infiltren, como antes de la crisis de 1998, espías de los Estados Unidos anotando los lugares que van a bombardearse en el futuro. 
En segundo lugar, ¿qué garantías puede dar Europa a Bagdad de que, una vez demostrado que su arsenal ha sido desmantelado o una vez verificado que no hay armas de destrucción masiva, Norteamérica no atacará inmediatamente, después de comprobar que el régimen no está armado? 
Aunque Europa intenta impedir la proliferación de armas de destrucción masiva, todos sabemos que los Estados Unidos quieren derrocar el régimen. 
¿Es esta en realidad la misión de Europa, intentar derrocar regímenes? 
También hay otros regímenes que nos gustaría ver caer. 
En tercer lugar, ¿cuál sería la reacción de Europa si se llevara a cabo un ataque contra Iraq sin el respaldo de la ONU? 
Una guerra contra Iraq no sería justa, limpia ni eficaz. 
No sería justa porque, sin la luz verde de la ONU, sería una afronta al derecho internacional. 
No sería limpia porque, tal y como ha dicho el Sr. Morillon, no existen guerras limpias, por no mencionar el hecho de que sería una guerra experimental con nuevas armas, lo que perjudicaría a la población iraquí. 
No sería eficaz porque, desde el punto de vista de la lucha contra el terrorismo, y Afganistán es prueba de ello, las bombas no sirven de nada. Osama bin Laden sigue en libertad y Sadam Husein, con toda probabilidad, quedará libre. 
Por este motivo, cuando escucho las palabras del Sr. Van Orden me temo, como cuando pude escuchar al Sr. Blair ayer, que sólo hay un mensaje, basado en las palabras del Conde de Auteroche en la batalla de Fontenoy: si los ingleses quieren apoyar a nuestros amigos norteamericanos, pueden disparar primero, pero no pueden contar con nosotros para apoyarles. 
Señor Presidente, sé que el Presidente en ejercicio, un ex diputado de esta Cámara muy respetado, transmitirá nuestras opiniones al Consejo de Asuntos Generales. 
Quizá no haya consenso entre los Estados miembros, pero sí que lo hay, y muy amplio, en esta Asamblea. 
Desde el final de la Guerra del Golfo nuestra estrategia ha consistido en la contención y la disuasión. 
Para cambiar de estrategia, precisamos pruebas convincentes de que los ataques militares contribuirían mejor a lograr nuestros objetivos en la zona. 
Incluso con estas pruebas, la acción militar no debería emprenderse sin objetivos políticos claros y realistas y un compromiso de financiar y administrar la reconstrucción necesaria. 
Para ganar una guerra contra el terrorismo en un país se precisa un amplio consenso que sirva de apoyo en dicho país. 
Para ganar una guerra contra el terror en varios países a la vez, debemos obtener un consenso internacional. 
El Consejo debe estar unido, bien para acordar estos objetivos, para contraer un compromiso así o para crear dicho consenso, bien para frenar las ambiciones declaradas de Estados Unidos. 
Sr. Presidente en ejercicio, de acuerdo con un sondeo de opinión realizado por el Fondo Marshall de Alemania y el Consejo de Relaciones Exteriores, dos de cada tres ciudadanos europeos están a favor de que la Unión actúe de este modo. 
En el presente debate le urgimos a que tome usted la iniciativa. 
Señor Presidente, el discurso truncado del Sr. Haarder y la intervención mucho más larga del Sr. Patten nos causan preocupación, consternación y alarma, en particular después del belicismo mostrado ayer por el Primer Ministro británico en Sedgefield. 
Es evidente que las autoridades europeas, con la notable salvedad de Alemania, piensan, aunque no lo digan, que hoy por hoy la guerra es segura. 
No importa que no haya ninguna prueba, por nimia que sea, de que Iraq posee armas de destrucción masiva, incluso armas nucleares, no importa que el Sr. Blair haya pospuesto otra vez la publicación de su propio expediente privado sobre esta cuestión. 
No cabe duda de que, como en el caso de la contabilidad creativa de Enron, la CIA se dedica en estos momentos a fabricar pruebas creativas. 
Frente a este inminente desastre para la humanidad, el Consejo y la Comisión adoptan una postura equivocada, aunque previsible. 
Tal y como aparece en el periódico francés le Figaro, «frente a la intransigencia norteamericana, Europa destaca de nuevo por su inclinación por el apaño». 
En este caso, el apaño se lo ofrece la hoja de higuera de las Naciones Unidas, una hoja de higuera que, en este caso concreto, tapa mucho más de lo que tapaban la UNSCOM y la UNMOVIC. 
El acceso ilimitado, incondicional e intruso de los inspectores de Naciones Unidas, digamos los inspectores angloamericanos, a cualquier instalación de Iraq, y que el propio Sr. Rumsfeld espera que rechace de plano el infame dictador de Bagdad. 
Después de esto solo queda una alternativa: la guerra. 
Por desgracia, lo que hemos escuchado hoy al Sr. Haarder y al Comisario Patten confirma nuestra creencia de que existe una creciente distancia entre el pueblo de Europa y estos órganos de gobierno, una distancia que esta guerra aumentará con nefastas consecuencias para el futuro de la Unión. 
Señor Presidente, Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, al final de este debate aún tengo una serie de preguntas. 
La condena del dictador Sadam Husein parece unánime. 
Sin embargo, ¿acaso no olvidamos que a los ojos de algunos musulmanes, e incluso de grandes grupos de ellos, le consideran un héroe? 
En segundo lugar, ¿hasta dónde llega esta unanimidad? 
¿Estamos convencidos de que la reanudación de las inspecciones de armas nos acercará a las soluciones que queremos? 
¿Creemos que deberíamos lanzar un ultimátum? ¿Convendría que la ONU lanzara este ultimátum? 
Y ¿a qué conclusiones llegaremos si no se encuentra nada, o si se encuentra algo? 
En mi opinión, es preciso reflexionar sobre estas situaciones de antemano. 
La existencia de armas de destrucción masiva en Iraq ¿es un motivo necesario o suficiente para empezar una guerra? 
¿O querremos entonces entablar negociaciones sobre su desmantelamiento? 
¿Quién aportará pruebas de la existencia de estas armas de destrucción masiva? 
Algunos de nuestros colegas diputados al Parlamento Europeo ya dicen que existen tales pruebas porque ya las tenía antes. 
Por otro lado, se ha informado de que durante la segunda Guerra del Golfo se destruyeron una serie de armas. 
¿Está de acuerdo la población de la UE con los intereses que están realmente en juego en Oriente Próximo, con la estabilidad de esta región, con el riesgo que corren los Estados del Golfo? 
No es que sean modelos de democracia, pero, ¿qué ocurrirá con ellos? 
¿Qué sucede si no se alcanza una solución previa para Israel y Palestina? 
¿Nos acercaremos a una solución? 
¿Tiene la UE la intención de evitar una guerra contra Iraq sólo a corto plazo? 
¿Es el objetivo derrocar a Sadam Husein? 
¿O negociaríamos más bien la paz en Oriente Próximo, ya que la cuestión palestina es el centro del problema? 
¿No deberíamos expresar nuestra aspiración a defender los derechos humanos y la democracia para que puedan forjarse asociaciones en el futuro? 
En mi opinión, la solución que necesitamos es a largo plazo. 
También quisiera saber si la UE tomará la iniciativa de dejar a la ONU que desempeñe otra vez un papel destacado en Oriente Próximo. 
Al parecer, esta cuestión ni siquiera se planteó en Elsinor. 
¿Están los dos países europeos del Consejo de Seguridad, a saber, el Reino Unido y Francia, en la misma onda? 
Probablemente no, porque todo el mundo puede ver las señales. 
Tengo unas pocas preguntas más, pero el tiempo se agota. 
Sin embargo, quisiera acabar con una pregunta final. 
¿Está bien que Dinamarca se conceda un mes para obtener un compromiso que también sea aceptable para los norteamericanos, si sabemos que los propios europeos siguen peleando con tantos problemas? 
¿Cuántos suscriben la opinión del Sr. Schröder? 
No solo decimos, junto con el Sr. Schröder, «no» a la guerra ahora; también queremos que Europa tenga el objetivo de establecer una paz estable y duradera en Oriente Próximo. 
Señor Presidente, quiero empezar diciendo que en la década de 1950 serví en el Ejército de los Estados Unidos, por lo que conozco un poco los horrores de la guerra. 
También quisiera añadir que a George Orwell le costaría crear personajes como Rumsfeld, Cheney y Ashcroft. 
Es muy importante que nos preguntemos qué entendemos por armas de destrucción masiva. 
¿Nos referimos a Hiroshima, Nagasaki, Camboya o siquiera Corea, donde estuve con el Ejército norteamericano? 
¿Cuál es nuestra definición exacta, y qué son y dónde están? 
Un ataque unilateral contra Iraq sería una locura moral. 
Los 22 millones de iraquíes ya han sufrido graves penas y pérdidas. 
Ahora sufren la amenaza de una invasión total por parte del llamado poder cristiano, que producirá innumerables muertes. 
Se verá como lo que probablemente sea: una cruzada de Occidente contra el islam. 
Se nos dice que Israel utilizará armas nucleares en ciertas circunstancias. 
Sin embargo, no tenemos pruebas, tal y como se ha repetido una y otra vez en esta Asamblea esta mañana, de que Iraq tenga armas del tipo de que hablan los halcones del Gobierno estadounidense. 
El Secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, proclama que Iraq concede refugio a terroristas de Al Qaeda. 
Nadie, excepto un fantasioso, diría algo así. 
Bombardear de nuevo Iraq sería un asesinato masivo. 
El Gobierno estadounidense habla de salvar la civilización: ¿una civilización de 200 años o una civilización de 5.000 años? 
Realmente hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿a quién quiere salvar realmente el Gobierno estadounidense? 
El Gobierno estadounidense podría estar potenciando la industria armamentística o petrolífera de su país o podría estar pensando en la reelección del Presidente George Bush, al estilo de Margaret Thatcher. 
Si se produce esta guerra, ciertamente asistiremos a un auge del fundamentalismo islámico y a la continuidad de los ataques individuales contra objetivos occidentales, incluso de por libre. 
Pido encarecidamente al régimen iraquí que rectifique y permita la inmediata readmisión de los inspectores de la ONU en Iraq. 
Por último, pido a los medios de comunicación que hagan un examen de conciencia y se pregunten: ¿por qué ahora, por qué no entonces? 
) Señor Presidente, me pregunto si estamos en el Parlamento o si lo que escuchamos todo el rato es propaganda de la CNN. 
Lo que se ha dicho de Sadam Husein podría decirse sobre incontables jefes de Estado de todo el mundo. 
Todos sabemos, ya que somos los representantes de los Estados nacionales, que los Estados miembros son, por naturaleza, monstruos insensibles, tan insensibles que pocas veces retroceden ante una guerra, especialmente cuando al ver la posición que ocupan en la correlación de fuerzas adoptan una forma de pensar imperialista, como es el caso actual de los Estados Unidos, que alimentan situaciones de conflicto potencial en todo el mundo con el simple aunque reconocido objetivo de lograr el dominio mundial. 
Esto es una locura total, porque, no les quepa la menor duda, no son las Naciones Unidas quienes declaran la guerra, es el Imperio. 
El imperialismo equivale a la guerra. 
A fin de impedir que los Estados miembros se desboquen cuesta abajo, a lo largo del tiempo se han venido redactando unas normas que, en el siglo XX, pasaron a llamarse seguridad colectiva. 
No obstante, de la misma forma que los esfuerzos de La Haya en 1905 fueron desbaratados en la Primera Guerra Mundial, también los «imperialistas» , y no los «nacionales» , desbarataron los esfuerzos de la Liga de las Naciones; el socialismo imperialista de Hitler y, más concretamente, sus guerras preventivas, en especial en la región de los Sudetes. 
En 1948 tuvimos que empezar nuevamente desde cero. 
Esta fue la tarea de los fundadores de la ONU y de la Carta de las Naciones Unidas, que ahora constituye la espina dorsal del orden internacional. 
A nuestro entender la guerra está prohibida. 
Solo se permite en casos específicos, delimitados por las normas que suponen, por un lado, el apoyo del Consejo de Seguridad y, por otro, el seguimiento de operaciones militares por parte de un Estado multinacional importante, supeditado a su vez a la autoridad del Consejo de Seguridad. 
Hoy hacemos caso omiso de todo esto. 
Pasamos absolutamente por alto el derecho internacional. 
Esto supone un gravísimo incumplimiento de la ley. 
Ahora estamos en medio de un debate para determinar si condenaremos a un Estado que, dirigido por su propio Presidente, contraviene el derecho internacional, mientras que Europa debería simplemente condenarlo, no sólo por piedad, y he dicho piedad, hablando como un cristiano, hacia una nación que durante diez años ha sufrido un auténtico martirio, al que volvemos la espalda porque nos recuerda nuestra propia impotencia, pero debemos, ante todo, pensar en el verdadero concepto del derecho, con el que se ha identificado a Europa durante siglos. 
Es este concepto el que ahora desprecian los Estados Unidos, abriendo así la puerta a nuevos actos de barbarie. 
Señorías, el Sr. Watson tiene razón: la posición del Consejo no nos sorprende, porque como antes ha ilustrado tan bien el Sr. Pasqua, no hay más política exterior y de seguridad común que una política común en Europa. 
Nuestras posiciones nunca serán parecidas, pero Europa debería por lo menos recordar que ha sido sinónimo, como lo ha sido Francia, del concepto del derecho, y esto dice mucho a su favor. 
Señor Presidente, Señorías, los gobiernos norteamericano y británico preparan una ofensiva militar general contra Iraq, un pequeño país de 19 millones de personas, un miembro de la Organización de las Naciones Unidas, para derrocar al gobierno de Sadam Husein, del que ellos, la policía mundial autonombrada, sospechoso de constituir, y cito textualmente, «una amenaza para la seguridad mundial». 
Con ello violan la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y, en términos más generales, los derechos de los pueblos. 
Desde el final de la Guerra del Golfo, Norteamérica y Gran Bretaña nunca han puesto fin a sus ataques aéreos sobre Iraq y han causado, por medio de las sanciones- un verdadero crimen contra la humanidad -, la pobreza y la muerte de civiles y, de acuerdo con la ONU, la muerte de más de un millón de niños. 
Es sorprendente que, aunque una serie de países, incluidos los aliados de los Estados Unidos, son dictaduras, su objetivo número uno sea Iraq, un país musulmán que es secular y tolerante con las religiones y las minorías (el Viceprimer Ministro es cristiano y tres ministros del Gobierno son kurdos). 
También sorprende que estas superpotencias occidentales, parangones de virtudes democráticas, se estén preparando tan cínicamente para quebrar la paz. 
Están ustedes en contra de la pena de muerte para los asesinos, pero los británicos y los norteamericanos van a matar a miles de iraquíes y a sus niños. 
Esta guerra preventiva es inaceptable y bien saben ustedes que las verdaderas razones son inmorales; de hecho, esta guerra es básicamente electoralista y sirve para proteger el abastecimiento de crudo. 
(Aplausos de los diputados no inscritos) 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento. 
Quisiera disculparme ante el Comisario Patten porque en mi intervención le he otorgado el título de Vicepresidente de la Comisión. 
Ha sido un lapsus debido a la Convención. 
Espero que el Comisario Patten no se haya sentido ofendido. 
. Señor Presidente, responderé a esta observación tan cortés. 
Siempre me encanta que me confundan con el Sr. Kinnock, y más todavía que de vez en cuando me tomen por los compatriotas españoles de Su Señoría, el Sr. Solana y la Sra. de Palacio. 
El debate queda cerrado. 
Señor Presidente, me ha sorprendido mucho que la Conferencia de Presidentes haya pedido, por unanimidad, al Consejo y a la Comisión que incluyan específicamente en la declaración de esta mañana la cuestión de las alegaciones de crímenes de guerra en Afganistán, que hace poco ha reconocido la ONU. 
Me ha sorprendido mucho que no se haya dicho nada al respecto, y quisiera pedirle, señor Presidente, que solicite al Sr. Haarder que amplíe su declaración para incluir la cuestión que la Conferencia de Presidentes ha pedido específicamente. 
Al no haber asistido a la Conferencia de Presidentes, no sé nada sobre lo que allí se trató, pero el Sr. Haarder podrá responder al final del debate. 
Si después desea retomar la cuestión, puede hacerlo. 
. El Ministro seguramente querrá, en nombre de la Presidencia, decir unas palabras sobre estas alegadas atrocidades relacionadas con los derechos humanos. 
Yo mismo quería decir algo al respecto, que imagino no diferirá mucho de las observaciones de la Presidencia. 
De hecho, si dijéramos algo diferente sobre esta cuestión sería motivo de considerable inquietud diplomática. Estoy seguro de que no será así. 
Quisiera dar las gracias al Parlamento por esta ocasión tan oportuna para examinar la situación en Afganistán. 
Hace casi un año que los sucesos del 11 de septiembre catapultaron al primer plano de la actualidad a un país que la oficina de ayuda humanitaria de la Comisión Europea había calificado de ' crisis olvidada? a principios de ese año. 
Desde entonces hemos sido testigos de notables mejoras: El régimen Talibán cayó por implosión más rápidamente de lo que algunos esperaban, lo que dio pie a la instalación de una autoridad provisional que pronto obtuvo sus credenciales en todo el mundo y, lo que es más importante, logró desarrollar una relación equilibrada con sus vecinos. 
En junio del presente año, una Loya Jirga de emergencia eligió a una Autoridad Transitoria que tiene más legitimidad democrática que cualquiera de los regímenes anteriores de las últimas dos décadas. 
Por lo tanto, en general el proceso de Bonn va en el buen rumbo. 
Sin embargo, aún queda por delante un camino lleno de baches. 
A medida que Afganistán entra en la fase posterior a la Loya Jirga, es preciso abordar una serie de desafíos fundamentales. 
El más inminente es la seguridad interior, o, para ser más precisos, su ausencia. 
Hasta la fecha, al Presidente Karzai le ha resultado muy difícil extender la autoridad del Gobierno central a las regiones, a pesar de sus grandes esfuerzos. 
Este desafío guarda relación con la dificultad de convertir a los señores de la guerra en políticos. 
Algunos de ellos siguen enriqueciéndose con el tráfico de drogas y otros productos ilícitos; algunos se aprovechan de su participación en la Operación Libertad Duradera; otros intentan plantar cara abiertamente al liderazgo del Presidente Karzai. 
En esta situación incierta, el apoyo internacional, concertado y a largo plazo prestado al Gobierno central es más crucial que nunca. 
Esto me lleva al segundo punto. 
A menos que el Presidente Karzai logre demostrar que la confianza que genera en la comunidad internacional reporta a su vez beneficios económicos tangibles y una mayor seguridad, no le resultará fácil convencer a sus rivales de que es la persona más indicada para dirigir el país en este difícil período de transición. 
A medida que la situación se complica, necesitará más aún de nuestro apoyo. 
Por lo tanto, la Comisión sigue, junto con otros donantes, una doble estrategia: proporcionar un dividendo tangible de paz a la población lo antes posible, garantizando al mismo tiempo que la mayor parte de esta ayuda se canalice a través del Gobierno central. 
A su vez, y este es el tercer punto, insistimos a rajatabla en el carácter condicional de nuestra asistencia. 
En una palabra, esto significa respetar estrictamente el espíritu y la letra del proceso de Bonn, así una la sólida gestión macroeconómica y financiera. 
Volvamos brevemente sobre el Acuerdo de Bonn. 
La designación de la Comisión Constitucional es inminente. 
El trabajo de esta Comisión consistirá en preparar el camino de las elecciones generales previstas para mediados de 2004. 
Tendrá que adoptar decisiones difíciles sobre la futura estructura del Estado, la cuestión de la sociedad secular frente a la islámica, la igualdad entre hombres y mujeres y el papel de las minorías, por solo nombrar unas pocas cuestiones espinosas. 
Esta Comisión, junto con la Comisión Judicial, también influirá en el trato de los criminales de guerra, tanto pasados como presentes. 
Llevará su tiempo encontrar soluciones duraderas a muchas de estas cuestiones. 
No obstante, lo importante es que veamos que este país avanza, con nuestra ayuda, hacia la paz y la estabilidad a largo plazo. 
La cuestión antes planteada sobre las atrocidades relacionadas con los derechos humanos es motivo de gran preocupación para la comunidad internacional. 
Entre otros foros, el Consejo de Seguridad habló de ella en una reunión celebrada el 28 de agosto. 
Es un placer decir que la ONU está dispuesta a ayudar al Gobierno en una futura investigación. 
En este momento es importante proteger la fosa y a los posibles testigos antes de que pueda emprenderse una investigación activa. 
A mi juicio, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, UNAMA, está en mejores condiciones que nadie para abordar esta delicada cuestión, respaldando a la vez la función crucial de la Comisión de Derechos Humanos de Afganistán en la adopción de futuras medidas. 
Aceptamos plenamente la necesidad de adoptar futuras medidas y de la máxima transparencia posible con respecto al proceso. 
La necesidad de avanzar con regularidad y a largo plazo no debe distraernos del gran desafío humanitario inmediato. 
Desde marzo del presente año, un millón y medio de afganos han regresado de Pakistán a Afganistán en el marco del programa de repatriación de la ONU. 
Unos 116.000 han regresado de Irán. 
Es una cifra impresionante, pero supone un gran problema para los organismos de ayuda. 
Lo mismo ocurre con el elevado número de personas desplazadas en el interior del país. 
La comunidad internacional afronta en estos momentos otras demandas, tanto en el frente humanitario como en el frente de la seguridad. 
Estas facturas superan los 1,8 millardos de euros comprometidos en Tokio en enero para el año 2002. 
En esta situación, es importante establecer bien las prioridades, pues no es realista pensar que van a satisfacerse de una sola vez todas las peticiones adicionales de financiación. 
Una de estas cuestiones es la financiación del regreso de un número mayor de refugiados, asunto en el cual algunos organismos internacionales han afirmado que Europa no ha sido suficientemente generosa. 
Puedo hablar en nombre de la Comisión Europea. 
Este año hemos duplicado con creces la ayuda humanitaria a Afganistán, que ha aumentado de 25 millones de euros originalmente asignados a principios de año a 60 millones de euros en estos momentos. 
Sin embargo, creo que es un error examinar esta cuestión únicamente en términos cuantitativos. 
El principal desafío es, y esta ha sido nuestra línea desde el principio, garantizar que los que han regresado este verano no vuelvan a convertirse este invierno en refugiados. 
Por lo tanto, nuestras intervenciones están cuidadosamente asociadas a la sostenibilidad global del programa de regreso. 
Otro criterio de selección significativo es la dependencia de la producción de adormidera. 
Junto con algunos otros donantes, la Comisión protagoniza ahora el debate sobre el modo óptimo de desarrollar medios de vida alternativos. 
Todas estas cuestiones conducen a una conclusión inevitable: Afganistán necesita socios que estén dispuestos a seguir allí por mucho tiempo. 
Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos obtener logros tempranos con nuestro esfuerzo. 
Permítanme señalar algunos ejemplos. 
En virtud del programa de Ayuda a Poblaciones Desarraigadas, la Comisión financia el funcionamiento de 450 escuelas de enseñanza primaria en Afganistán. 
En estos momentos prestamos ayuda a más de 200 clínicas, a tres hospitales de distrito y a tres provinciales. 
Nuestros programas de recuperación rural y rehabilitación urbana aportan tan sólo este año el equivalente a más de 3 millones de jornadas de trabajo. 
En virtud de un contrato con Habitat limpiamos cinco ciudades de Afganistán, con lo que ello supone de prevención de enfermedades como el cólera. 
Cofinanciamos una operación masiva de retirada de minas. 
Contribuimos más que cualquier otro donante a los costes de funcionamiento del Gobierno (50 millones de euros del presupuesto de Asia y Latinoamérica y 2,5 millones de euros del Mecanismo de Reacción Rápida). 
Aunque menos visibles, estas cantidades financian los salarios de funcionarios esenciales, incluyendo a enfermeras, médicos, policías, profesores y otros funcionarios públicos. 
En cuanto al rendimiento, tengo el placer de decir que Afganistán ha demostrado que la reforma de la gestión de la ayuda exterior da resultado incluso en las peores circunstancias. 
De los 120 millones de euros disponibles hasta la fecha para la recuperación y la reconstrucción, ya se han asignado 100 millones de euros. 
Esta cifra no incluye los 45 millones de euros de ayuda humanitaria al amparo del programa ECHO, ya comprometidos, o los otros 15 millones de euros previstos en el marco del mismo programa antes de finales de año. 
Tengo entendido que el Parlamento votará en octubre sobre una propuesta de presupuesto suplementario para los restantes 70 millones de euros prometidos para 2002. 
Se destinarán a más ayuda a la administración pública, a proyectos de infraestructura muy necesarios y a un paquete de atención sanitaria primaria. 
Los preparativos para la ejecución de este programa ya están muy avanzados. 
Puedo asegurar al Parlamento que, una vez aprobados, se dará salida inmediata a estos fondos. 
Así, este año habremos asignado, y en gran parte gastado, casi 250 millones de euros en Afganistán, un gran paso adelante en el cumplimiento de nuestra promesa de gastar mil millones de euros en cinco años. 
Esto, como recordará esta Cámara, se ha conseguido prácticamente partiendo de cero. 
Por supuesto sólo ha sido posible gracias a la comprensión de la autoridad presupuestaria: el Parlamento y los Estados miembros. 
Pero también se ha logrado gracias a la gran labor realizada sobre el terreno por nuestra delegación y el personal de ECHO. 
No podría ensalzar suficientemente su entusiasta dedicación y su profesionalidad en circunstancias muy difíciles. 
Fue un gran placer reunirme con ellos en la visita que hice en mayo, y espero volver. 
En la Comisión tenemos buenos motivos para estar orgullosos de estas personas, como nuestro equipo de Kabul, que lleva a cabo una labor de primer orden. 
Sé que trabajarán tan bien con nuestro nuevo y experimentado representante de la UE, el embajador Vendrell, como lo hicieron con su denodado predecesor, el embajador Klaiber. 
Estoy dispuesto a garantizar que la Comisión Europea siga plenamente volcada en Afganistán, incluso aunque la atención mundial se centre en otros lugares de conflicto y de posterior rehabilitación. 
Permítanme de nuevo agradecer al Parlamento Europeo que haya tenido una actitud tan constructiva a la hora de abordar las necesidades presupuestarias adicionales para suscribir este compromiso. 
Espero que a medida que pasen los meses y los años, los diputados de este Parlamento puedan ir a Afganistán, como han ido a los Balcanes en los últimos años, y ver que la ayuda europea se presta con generosidad, eficacia e inteligencia, como debería hacerse en todas partes. 
No podremos concluir este debate antes de la hora del almuerzo, pero seguiremos hasta las 12.20 horas aproximadamente para escuchar a los portavoces de los grupos políticos. 
Señor Presidente, señor Haarder, Comisario Patten, gracias por brindarnos la oportunidad de examinar la situación de este país en ruinas, como lo describió el Sr. Haarder el año pasado, de este olvidado país, como con gran precisión lo ha descrito el Comisario. 
Sin embargo, aquí nadie ha olvidado las opiniones de aquellos que se consideraban, no hace tanto tiempo, expertos en Afganistán y que recomendaban llegar a un acuerdo con el régimen talibán so pretexto de aplicar una realpolitik que implicaría que sólo los talibán podrían garantizar algo parecido a la paz en este desafortunado país que los feudos tribales han destrozado durante tanto tiempo, como usted ha señalado, señor Haarder. 
El riesgo era que el país cayera de nuevo presa de los diversos señores de la guerra una vez eliminado el régimen talibán. 
Por este motivo, solo podemos aplaudir el hecho de que, a pesar de estas previsiones, Afganistán no está siendo destruida y que los avances logrados en el restablecimiento del orden en el país son, por el contrario, alentadores. Los avances logrados son, desde luego, alentadores, tal y como ha dicho usted, señor. 
Haarder, pero distan de ser satisfactorios. La lucha contra el terrorismo practicado por Al Qaeda y el mulá Omar está lejos de haber concluido, y por tanto la seguridad en Afganistán no está garantizada; la reorganización necesaria en Afganistán, que implica la creación de instituciones para asegurar la representación de todos los grupos étnicos y el respecto del derecho internacional y de los derechos humanos, todavía está en sus inicios; por último, debido el retorno masivo de refugiados sólo ha servido para exacerbar la situación humanitaria ya desastrosa causada por la guerra y la sequía que han hecho estragos durante años. 
Si se me permite, retomaré todas estas cuestiones por orden. 
La lucha contra el terrorismo practicado por Al Qaeda y el mulá Omar dista de haber concluido porque no tenemos ni idea de lo que ha ocurrido con ellos, pues es improbable que puedan haber encontrado refugio en zonas colindantes con Afganistán, en el territorio no controlado de las tribus pastunes en Pakistán, pero tampoco hay pruebas, que yo sepa, de que no estén todavía escondidos en algún lugar del centro de Afganistán. 
Por lo tanto, la seguridad del país no está garantizada. 
El Comisario Patten y el Sr. Haarder han hablado de los asesinatos. 
Han hecho hincapié con bastante acierto en las dificultades que estos ataques han supuesto para nuestros representantes sobre el terreno, y me uno a usted, Comisario, en el elogio a la entrega y la valentía de estos representantes. 
Este puede ser el motivo de la petición formulada por el Gobierno de transición, por el Presidente Karzai, a todos los países donantes, y a la Unión Europea en particular, de ampliar el mandato concedido a la fuerza de paz al exterior de Kabul e incluso a todo el territorio. 
Al igual que el Ministro francés de Asuntos Exteriores, no creo que esto sea deseable. 
No creo que sea deseable para los afganos confiar a otros la responsabilidad de mantener el orden sobre el terreno. 
Es mucho más deseable, en mi opinión, acelerar la formación ya iniciada del ejército nacional y del cuerpo de policía, para que los propios afganos puedan asumir la responsabilidad sobre la seguridad en su país, tal y como han empezado a hacer en las instituciones. 
He mencionado la necesaria reorganización que se ha llevado a cabo mediante el establecimiento de instituciones que garantizan la representación de todos los grupos étnicos. 
Saben ustedes bien que existen dificultades con los pastunes. 
También quisiera indicar que nos prometemos mucho, y con razón, de la labor emprendida en el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales que intenta hacer lo posible por velar por la aplicación del derecho internacional y el respeto de los derechos humanos en Afganistán. 
Celebro las noticias que ayer recibí sobre el inicio de las clases en el Instituto Francés de Kabul, abierto a las mujeres y donde las estudiantes no tienen que llevar velo. 
Por último, he mencionado la situación humanitaria. 
A este respecto, y concluiré con este punto, solo podemos aplaudir el hecho de que, al examinar el presupuesto suplementario de 2002, la Unión Europea haya acordado aumentar la ayuda a Afganistán, dotándola de hasta 250 millones de euros. 
Lo que vamos a pedir es una mayor transparencia en el uso que se dé a este dinero. 
Por este motivo, al examinar el presupuesto, hemos pedido una línea que indique todas las transacciones realizadas con respecto a Afganistán. 
Señor Presidente, felicito a la Comisión, al grupo dirigido por el Sr. Fotiadis en la oficina del Comisario y a los que se encuentran sobre el terreno por el fabuloso trabajo que están llevando a cabo. 
En la Conferencia Internacional para la Reconstrucción de Afganistán celebrada en Tokio, a la que asistí, me sentí orgullosa ante el ejemplo de liderazgo en la reconstrucción nacional que dieron tanto la Comisión como la Presidencia. 
Felicito al propio Comisario y a la Presidencia de aquel momento- la Presidencia española- por el modo en que se coordinaron allí los asuntos de la Unión Europea. 
Pero la labor posterior de la Comisión demuestra que mi postura es correcta: entre los bloques de la comunidad internacional que aseguran que son capaces de reconstruir naciones, la Unión Europea está sola. 
Y estamos trabajando en circunstancias duras y peligrosas. 
Afganistán es un país al que es muy difícil ayudar. 
Por ejemplo, el principal mensaje que llega desde el gobierno afgano en este momento es que las promesas de ayuda internacional hechas en Tokio no se están cumpliendo, y por lo tanto el gobierno no puede desempeñar sus actividades. 
El sábado pasado tuve la oportunidad de hablar en Teherán con el nuevo embajador afgano en la República Islámica de Irán. 
Le expliqué que la Unión Europea era el único socio en el que podía confiar plenamente. 
Destaco las prioridades que la propia Unión se ha fijado, tal y como ha señalado el Comisario, puesto que, como he dicho anteriormente, no es una cuestión sencilla. 
El agua. 
Un diputado- el Sr. Morillon- ya ha mencionado la grave sequía que se extiende por el sudoeste de Afganistán, procedente de la llanura iraní. 
En la República Islámica de Irán hay 26 importantes proyectos en curso para intentar abastecer de agua a la población local. 
Al otro lado de la frontera, en Afganistán, no he visto ningún proyecto hidráulico sobre el terreno. 
Y se trata de la mayor sequía en 300 años por lo menos, que ha afectado a varios cientos de miles de personas. 
Por supuesto, durante una sequía los granjeros no pueden optar por cultivos alternativos. 
El sudoeste de Afganistán no está especialmente infestado de minas, así que pueden cultivar opio durante esta sequía. 
Por desgracia, el opio crece extremadamente bien en periodos de sequía. 
Así que no podemos quejarnos tanto de que la producción de opio no está controlada hasta que no pongamos en marcha proyectos hidráulicos en la región del sudoeste. 
Por supuesto que no está controlada. 
Las cifras facilitadas por el gobierno afgano han confundido sin proponérselo a la comunidad internacional. 
El agua debería ser una de las máximas prioridades. 
En cuanto a la asistencia sanitaria, la población está prácticamente en su punto más bajo. 
La esperanza de vida son 46 años, la más baja del mundo exceptuando a Somalia. 
Todos los indicadores de salud muestran que la salud ha sido pésima en los últimos 23 años y que hay carencias en la educación. 
Por todo ello debemos insistir en que otros donantes internacionales se concentren en proyectos sanitarios a pequeña escala para poner en marcha el plan maestro de la Organización Mundial de la Salud. 
Hay que olvidarse de los grandes hospitales, para los que no habrá suficiente personal ni recursos, e incrementar las inmunizaciones masivas, las clínicas de asistencia primaria y las clínicas móviles. 
Les invito a que presionemos a otros donantes para que se concentren en estas áreas. 
Y por supuesto, los derechos de la mujer. 
Tengo que decir que éstos no han mejorado, sino todo lo contrario. 
Sin ir más lejos, la semana pasada el gobierno aprobó una ley que impide a las mujeres cantar en la radio. 
Así que la cuestión no es fácil. 
Felicito a la Comisión y le recomiendo encarecidamente que convenza a otros donantes para que adopten el mismo enfoque que nuestro equipo de Bruselas y el que está sobre el terreno. 
Lo estamos haciendo francamente bien; me temo que otros no están teniendo ni mucho menos tanto éxito. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, Comisario, cuando mi grupo invitó al director Jamie Doran a mostrar su película en el Parlamento Europeo el 12 de junio, teníamos tres objetivos en mente. 
El primero era conseguir el mayor reconocimiento posible de la abrumadora validez de las alegaciones de crímenes de guerra expresadas por las personas entrevistadas por el periodista británico en Afganistán. 
A continuación, queríamos respaldar en todo lo posible la idea de enviar, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, una comisión de investigación a la región, con vistas a establecer la verdad de lo ocurrido. 
Esto nos permitiría para la mano, atrapar y llevar ante la justicia a los posibles autores de estas atrocidades, sea quien sea. 
Por último, queríamos aprovechar esta oportunidad para reafirmar la necesidad de respetar el derecho y las convenciones internacionales, en cualquier situación, y esto también se aplica a la lucha contra el terrorismo. 
La resolución conjunta sobre la que vamos a votar mañana cumple explícitamente estos tres deseos, y esto es un resultado excepcionalmente alentador, aunque, para lograrlo, una destacada revista estadounidense habrá tenido que confirmar nuestras declaraciones y, además, el departamento de Estado, la ONU y, si no el Consejo, al menos sí una serie de líderes europeos habrán tenido que hablar más abiertamente. 
Ahora hemos de concluir este episodio y, además, mi grupo cree que debemos extraer alguna lección estratégica de él para el futuro. 
A título personal, no me cabe duda alguna con respecto a la necesidad de una lucha decidida contra el terrorismo, y nunca he sentido la menor simpatía por el régimen talibán. 
No obstante, es preciso indicar que las operaciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos u Occidente en Afganistán, como la detención aleatoria de supuestos extremistas islámicos en Guantánamo o la compilación de crecientes listas de organizaciones sospechosas, no nos han permitido erradicar la red criminal Al Qaeda. 
En cierta medida, esta observación se basa en el informe que hoy ha enviado el grupo de supervisión antiterrorista formado por la ONU al Consejo de Seguridad. 
Por otro lado, las acciones antes mencionadas han tenido consecuencias inhumanas y a menudo traumáticas para la población, sin duda han reforzado a los elementos más radicales y extremistas y, por último, han aumentado la inseguridad en todo el mundo. 
Por este motivo mi grupo no está en absoluto de acuerdo con los pasajes de la resolución que intentan justificar la guerra como parte de la lucha contra el terrorismo. 
Si llegan a aprobarse estos apartados, muchos de nosotros, sintiéndolo mucho, no podríamos apoyar ese texto. 
Hemos de tener en cuenta que la cuestión de la guerra ha vuelto a generar preocupación en la mayoría de nuestros países. 
A diferencia de los aprendices de brujo que, no hace mucho, apoyaban redes extremistas islámicas en su intento por desestabilizar a quien fuera su enemigo en un momento dado, nosotros pedimos una gestión responsable y continua de las cuestiones de seguridad; en particular estoy pensando en la necesidad de mejorar la prevención de conflictos civil y, si fuera necesario, la gestión de crisis civil. 
El hecho de que sigan existiendo células de Al Qaeda en al menos 40 países, de acuerdo con el informe de la ONU que he mencionado antes, también nos recuerda que las redes terroristas pescan sus recursos en las aguas turbulentas del mercado financiero internacional. 
¿Cuándo adoptaremos por fin medidas encaminadas a despejar y hacer más transparente los circuitos financieros internacionales, donde ahora se mezcla, si es que no se cruza, el capital especulativo, llamémoslo tradicional, con el dinero sucio del crimen organizado? 
Este es uno de los costes de una lucha realmente efectiva contra el terrorismo. 
Por el momento, señor Presidente, es vital, tal y como han dicho muchos de mis colegas diputados, facilitar inmediatamente la ayuda internacional prometida a Afganistán en la Conferencia de Tokio, para que la población, profundamente afectada, sobre todo las mujeres, pueda, al menos, empezar a vivir de nuevo como seres humanos. 
Señor Presidente, hagamos que la situación actual de Afganistán sea una dura lección para los Estados Unidos y Europa sobre lo que sucede en un país durante y después de una intervención militar. 
En primer lugar, quisiera hacer un comentario sobre la intervención del Sr. Wurtz y los datos que ha aportado, junto con las que en mi opinión son sólidas pistas del artículo de Newsweek, así como las secuencias que él y sus colegas diputados mostraron la última vez, de que cientos, posiblemente incluso más, de talibanes han sido asesinados en circunstancias sospechosas. 
No digo todo esto para censurar en absoluto a los norteamericanos por algo que puede no tener ninguna relación con ellos. Lo digo porque, en mi opinión, es muy importante poner fin a la anarquía después de 20 años de guerra civil. 
Y esto implica la necesidad de organizar una investigación rigurosa sobre este y, me temo, otros casos similares. 
Todos estamos bastante de acuerdo en que esta investigación es competencia de las Naciones Unidas. 
El único problema es que el representante especial de la ONU, el Sr. Brahimi, ya ha dejado claro que las Naciones Unidas no pueden llevar a cabo esta investigación porque no pueden garantizar la seguridad, por ejemplo, de testigos e investigadores. 
Mi pregunta explícita a la Comisión y al Consejo consiste en si podrían hacer todo lo posible por permitir a las Naciones Unidas examinar este caso y otros similares, y proteger suficientemente a testigos e investigadores. 
En segundo lugar, me referiré al comentario que he hecho antes en el debate sobre Iraq. 
El tan cacareado cambio de régimen solo puede ser efectivo si en el propio país se apoya este cambio. 
En términos militares, este apoyo existió en Afganistán, en la forma de la Alianza del Norte. 
Si un cambio de régimen dependiera de la construcción de la sociedad civil o de la existencia de ONG, entonces sería muy difícil. Estas prácticamente no existen en Afganistán, y la Unión Europea hace en estos momentos todo lo posible, por lo que se merece todo el reconocimiento, para que se desarrollen. 
Sin embargo, estoy preocupado por la marcha de estos esfuerzos y la resistencia encontrada. 
Hay grandes grupos en la sociedad afgana que rechazan lo que llaman valores occidentales, que en mi opinión son esencialmente democráticos. 
Tal y como ha dicho la Baronesa Nicholson, se ha producido lo que considero un contratiempo en relación con el papel de la mujer. 
Aunque celebro el hecho de que la Loya Jirga incluyera a varias mujeres, ahora hay todo tipo de indicios de que el papel de la mujer está siendo relegado. 
Creo que es un signo de que un país no se hace de la noche a la mañana. 
Esto mismo quiero decir también a los norteamericanos: un país no se hace de la noche a la mañana. 
Construir una sociedad democrática es un compromiso a largo plazo. 
La última cuestión es, a mi parecer, en términos políticos, la cuestión más importante de estos momentos, y quisiera en particular pedir al Consejo que tratase este asunto. 
Se trata de la ampliación del mandato de la ISAF, las tropas de mantenimiento de la paz actualmente acantonadas en Kabul. 
Este Parlamento y también la mayoría de los Estados miembros hemos insistido durante meses en la necesidad de ampliar el mandato fuera de las fronteras de Kabul, porque allí es donde se extiende el caos. 
Aunque los Estados Unidos parecen estar dispuestos a permitirlo, no aportarán ni un solo soldado. 
La Unión Europea, los Estados miembros europeos, se encargarán de ampliar el mandato de la ISAF enviando más tropas a Afganistán. 
Mi pregunta al Sr. Haarder es la siguiente: ¿Está el Consejo dispuesto a enviar más tropas a Afganistán a fin de controlar el caos fuera de Kabul y mantener la paz? 
Por último, señor Presidente, de esta situación he aprendido que deberíamos pensarlo dos veces, o más, antes de decidirnos por una intervención militar. 
Sin embargo, una vez allí, tenemos que llevar a cabo nuestras tareas efectivamente todo el tiempo que sea necesario. 
Señor Presidente, el feroz régimen talibán fue derrotado en la guerra, pero en Afganistán aún hay que establecer la calma social y política y la estabilidad económica, y sigue habiendo numerosos problemas relacionados con el respeto de los derechos humanos. 
El nuevo gobierno se enfrenta a graves dificultades y hemos de facilitar algo más que ayuda económica. 
Más de 1,5 millones de refugiados han regresado de los lugares a dónde huyeron durante los años de guerra y disturbios que ha sufrido su país en las últimas décadas, pero no tienen casas ni trabajo y son presa fácil de los continuos peligros causados por la falta de seguridad en el país. 
Con vistas a aumentar la seguridad, los asesores de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos colaboran con el gobierno de Karzai para crear un ejército nacional en Afganistán, pero si, por un lado, los soldados del nuevo ejército no tienen armas, por otro parece que hay 750.000 muyaidines armados pertenecientes a los distintos grupos étnicos. 
Todos esto significa que habrá más dificultades y que es precisa una mediación especial política y diplomática entre el Gobierno nacional y los llamados «señores de la guerra». 
No se han conseguido avances en relación con la situación de las mujeres: la única mujer elegida ministra del nuevo Gobierno tuvo que dimitir después de recibir amenazas de muerte por declarar su oposición a la sharia. 
Los últimos ataques, el último descubrimiento de un laboratorio de productos químicos para producir explosivos y materiales letales, y la existencia de un territorio bajo influencia tribal entre Afganistán y Pakistán son otros indicios de una situación peligrosa. 
El Gobierno afgano ha empezado, paso a paso, a restablecer la ley y el orden y el respeto de los derechos humanos, luchando contra los grupos extremistas marginales que han combinado el terrorismo y el islam para crear una religión única. 
No obstante, la comunidad internacional también debe seguir delegando sus responsabilidades a través de la cooperación humanitaria que dará a Afganistán el apoyo económico y estructural que necesita para eliminar el cultivo de drogas, y a través de medidas menos ambiguas destinadas a combatir la sharia y la discriminación de las mujeres. 
La Unión Europea tiene una responsabilidad particular. durante demasiado tiempo nuestras democracias han hecho oídos sordos ante los gritos de ayuda del pueblo afgano oprimido por el régimen talibán y la violencia cultural y física impuesta por su dictadura. 
Esta nueva y específica iniciativa de la Unión también constituirá un tributo, aunque póstumo, a la petición del Comandante Masud, que el 5 de abril de 2001 solicitó ayuda aquí en Estrasburgo a Europa, aunque Europa, me apena decirlo, fue entonces insensible a las aflicciones de un país oprimido por el fundamentalismo talibán y que Al Qaeda ha convertido en la cuna del terrorismo internacional. 
Dentro de pocos días, será el aniversario del asesinato del Comandante Masud, a quien mataron unas horas antes de la tragedia del 11 de septiembre. 
Tenemos la esperanza de que también los hombres y las mujeres de Afganistán que creen en la libertad y la democracia responderán a la llamada del Comandante Masud y colaborarán para vencer a la violencia fundamentalista y garantizar la paz para su pueblo. 
Señor Presidente, es difícil hablar en esta Asamblea, que apenas se parece a un verdadero Parlamento. 
Lo que podemos decir de la situación de Afganistán es una mera ampliación de lo que hemos dicho antes de Iraq. 
En ambos casos somos testigos del desenfreno de un imperio, que utiliza todas las excusas posibles para infligir a una nación, y, sin duda alguna, a través de esta nación a todo el mundo, una exhibición de su capacidad militar. 
En Afganistán la excusa no es plausible. 
No se destroza todo un país porque allí se esconda un terrorista. 
Tal y como ha dicho el Sr. Gollnisch, tendríamos que bombardear Londres hasta que el Gobierno británico extradite a Francia a Rachid Ramda, quien planeó y organizó varios ataques terroristas que se llevaron a cabo en el metro de París en 1995. 
Aunque ha hablado con ironía, el Sr. Gollnisch ha hecho simplemente un comentario lógico. 
Debido al hecho, Señorías, de que el imperio y su propaganda están tan profundamente metidos en nuestras mentes, estamos perdiendo de vista la lógica más básica e incluso el sentido común más fundamental. 
¿Quién si no el imperio desacata abiertamente la ley y, tal y como he dicho antes en relación con Iraq, la Carta de las Naciones Unidas, a la que estamos todos sujetos, en la guerra que ha decidido unilateralmente declarar, primero en Kosovo, después en Afganistán y ahora en Iraq? 
¿Quién si no Washington es culpable de crímenes de guerra sobre los cuales me gustaría, como al Sr. Wurtz, que nos hablara esta tarde el Sr. Haarder? 
¿Y quién si no Washington utiliza armas de destrucción masiva en Kosovo, Afganistán e Iraq, tal y como han demostrado los numerosos niños que han nacido deformes en estos países, así como el estado de muchos soldados norteamericanos? 
El propio pueblo norteamericano ha sido víctima del desenfreno del imperio. 
Abran los ojos, Señorías. 
El gran señor de la guerra ya no es Sadam Husein, es George W. Bush. 
No puede decirse que el Hitler actual sea el remoto y sectario «hassasin» , es Bush y la patética banda militarista con sus aspiraciones de dominar el mundo. 
Deberían saber que aunque no encontrarán a la desdichada Europa parada en su camino, Europa que está tan dividida ahora y cada vez más, al menos escucharán la voz de la libertad de las naciones y, sobre todo, la voz de Francia. 
Señor Presidente, Señorías, Comisario, es cierto que se ha logrado avanzar notablemente en la situación de Afganistán y quien haya visitado el país hace poco puede verlo; a pesar de los grandes problemas, hay esperanza y vida. 
Sin embargo, tiene usted, Comisario, bastante razón cuando dice que el problema de Afganistán es la falta de seguridad y que el Gobierno actual, dirigido por el Presidente Karzai, apenas tiene poder fuera de Kabul. 
Por este motivo, a diferencia del Sr. Morillon y la decisión del Consejo de Seguridad, creo que nos equivocamos al no responder positivamente a la petición del Sr. Brahimi y del Sr. Karzai de intensificar la presencia de la fuerza internacional de paz, de ampliarla temporalmente y de ampliar su jurisdicción territorial. 
Personalmente creo que quizá hayamos ganado la guerra, pero corremos el riesgo de perder la paz. 
En estos momentos, en Kabul están estacionados 4.800 soldados de la fuerza internacional de mantenimiento de la paz. 
Tiene usted razón, General Morillon, sería mejor que los propios afganos se encargaran de la seguridad de su país. 
No obstante, reunir a un ejército y a una fuerza policial lleva su tiempo y, mientras tanto, los líderes tribales se organizan, lo que es evidente por los ataques realizados en las últimas semanas. 
Por esto digo que la reconstrucción es algo positivo. 
La Comisión y nuestro personal, en mi opinión, hacen que ocurran milagros en Afganistán, pero espero con toda sinceridad, Comisario, señor Presidente, que la próxima vez que el Sr. Brahimi y el Sr. Karzai nos pidan el aumento de la fuerza de mantenimiento de la paz tengamos el coraje de decir que sí. 
Hay 7.800 soldados norteamericanos en Afganistán para luchar contra el terrorismo y 4.800 soldados para mantener la paz. 
Creo que nos hemos equivocado. 
Habría sido más inteligente y quizá más útil haber tenido el valor de invertir tanto en la paz y la seguridad como lo hemos hecho en la lucha contra el terrorismo. 
Se interrumpe el debate para realizar la votación. 
El debate se reanudará esta tarde a las 15.00 horas. 
Señor Presidente, yo soy el diputado responsable de las enmiendas introducidas en el informe Corbett, a resultas de lo cual el libro en el que se firman las declaraciones escritas de acuerdo con el artículo 51 se cambió de sitio y se encuentra ahora al salir de este salón de sesiones, en lugar de estar metido en una oficina que nadie podía encontrar. 
Hoy he hablado con el encargado de dicha oficina, quien se ha quejado de que ni un sólo diputado ha mostrado interés alguno en leer las declaraciones o en firmar el libro, ni siquiera ahora que el procedimiento es más fácil y cómodo. 
Ruego a Sus Señorías que cooperen en este proyecto para que se justifique el cambio y los recursos humanos dedicados a hacer que funcione. 
Gracias, doctor Tannock. 
A continuación pasamos a las votaciones. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos quisiera proponer una cuestión de observancia del Reglamento de conformidad con el artículo 144 del mismo. 
La propuesta es devolver este texto a comisión. 
Creemos que el informe Beysen no puede adoptarse legítimamente hasta haber resuelto las cuestiones planteadas por el Comité Ejecutivo en el Libro Verde sobre la Protección del consumidor. 
Estas cuestiones son: ¿debemos armonizar la legislación europea en materia de consumo mediante una directiva marco o mediante disposiciones específicas del tipo utilizado en la propuesta de reglamento sobre promociones de ventas? 
De acuerdo con el Reglamento, ¿puede intervenir un orador a favor de la solicitud y otro en contra? 
Señor Presidente, creo que el argumento expuesto por la Sra. Patrie se basa en el sentido común. 
No tendríamos que votar antes de celebrar un debate sobre el Libro Verde de Protección del consumidor. 
Por lo tanto, mi grupo también está a favor de la solicitud de la Sra. Patrie. 
El ponente ha pedido la palabra. 
. (NL) Señor Presidente, la propuesta de la Sra. Patrie me sorprende notablemente, porque no se ha planteado ninguna nueva cuestión durante el amplio debate que celebramos aquí ayer, tanto por la mañana como por la tarde, y porque el Comisario Bolkestein también ha confirmado con insistencia que el Libro Verde y el proyecto de reglamento son totalmente compatibles. 
Además, quisiera llamar la atención del Parlamento sobre el hecho de que este informe se ha aprobado en la Comisión de Asuntos Jurídicos por una aplastante mayoría, con dos votos en contra y dos abstenciones, y de que normalmente en el pleno no se habría discutido este informe si hubiéramos aplicado el nuevo procedimiento. 
Es más, no se puede pretender, por supuesto, obstruir el procedimiento legislativo porque un grupo, independientemente de su importancia, no alcance la unanimidad en torno a este informe. 
Nos corresponde a nosotros asumir nuestra responsabilidad libremente; este es ni más ni menos nuestro mandato. 
Señor Presidente, quisiera presentar una enmienda oral. 
La Sra. Villiers propone la siguiente enmienda: «considera necesario revisar el reglamento para aplicarlo también al sector del transporte como instrumento estratégico para el desarrollo de la UE». 
Si aprobamos esta enmienda, impediremos la entrada en vigor del reglamento de la Comisión sobre las ayudas estatales para el empleo, cosa que, estoy seguro, nadie desea. 
Por lo tanto, propongo que añadamos la breve expresión «en un futuro próximo» para urgir a la Comisión a que nos presente, en un futuro próximo, las propuestas que desea la Sra. Villiers, lo que permitirá a la Comisión aplicar este reglamento, que, de hecho, es importante. 
Creo que la Sra. Villiers está de acuerdo. 
Señor Presidente, este informe se votó a tenor de lo dispuesto en el artículo 110bis del Reglamento, que no prevé debate alguno en el Parlamento ni enmiendas al informe. 
La delegación británica del Grupo PPE-DE intentaba anteriormente modificar informes que no apoyaba. 
Sin embargo, la nueva reglamentación no deja otra opción que votar en contra de ciertos informes. 
Los conservadores británicos lamentan todo tipo de violencia y aplauden las medidas para combatirla, inclusive algunas de las iniciativas del programa Daphne. 
La violencia, especialmente contra mujeres o niños, no tiene justificación alguna y es inadmisible. 
Sin embargo, las medidas que propone el artículo 18 del informe Avilés Perea suponen una violación del derecho de los Estados miembros a definir sus propios sistemas de justicia penal y son medidas tendentes a armonizar el derecho penal. 
La exigencia de una base jurídica europea específica viola el principio de subsidiariedad. 
Creemos firmemente que deberían ser los parlamentos nacionales y no el Parlamento Europeo los que dictasen las leyes relacionadas con asuntos como la expulsión de cónyuges violentos, por ejemplo. 
A la vez que aceptamos que el programa Daphne está desarrollando una buena labor, los conservadores británicos nos oponemos a los principios del informe por las razones señaladas. 
Señor Presidente, Señorías, he apoyado plenamente y con entusiasmo este magnífico informe de la Sra. Avilés Perea. 
De hecho, el programa Daphne, concebido para proteger a las mujeres y a los niños de la violencia, y que ahora también está abierto a países candidatos a la adhesión y a los países de la AELC-Espacio Económico Europeo, ha tenido un nivel excepcional de respuesta y, tal y como ya se ha dicho, es víctima de su propio éxito. 
Por lo tanto, los esfuerzos desplegados por llamar la atención sobre la financiación a todas luces insuficiente del programa no son excesivos. Esta financiación insuficiente es motivo de honda preocupación, en particular si tenemos en cuenta la próxima ampliación de la Unión. 
Hasta la fecha, la participación de los países candidatos sólo representa el 6% de la totalidad de los recursos del programa y se prevé que aumente. 
También defendemos las propuestas de la ponente sobre la rehabilitación y el tratamiento de los agresores, sobre la realización de estudios comparativos en materia de legislación y castigos, sobre los modos de abordar el problema de la prostitución, sobre la aplicación de programas educativos que demuestran que la violencia contra las mujeres y niños es inaceptable y sobre la creación de una base de datos común relativa a la eliminación de la violencia contra las mujeres. 
Sin embargo, de acuerdo con nuestro colega conservador que acaba de hablar, estimamos que algunos pasos excesivos son prescindibles, en particular los que podrían interpretarse como favorables a un código europeo común, que en nuestra opinión atentaría contra el principio de subsidiariedad. 
En todos los países de la UE existe violencia física, sexual o psicológica. 
Las cifras estadísticas recopiladas en los diferentes países son bastante elevadas, y van del 14,5 % de Alemania al 56,3 % de Portugal, con un 52,8 % de mujeres que sufren violencia física a manos de su pareja o cónyuge. 
Desde 1991, Portugal cuenta con una ley de protección de las mujeres que sufren violencia doméstica. 
Sin embargo, esta ley se adoptó bajo presión internacional y no a raíz de una mayor sensibilidad, lo que significa que casi no se toman medidas para aplicar la ley. 
La violencia cometida contra niños, adolescentes y mujeres debe condenarse porque viola sus derechos fundamentales, entraña graves consecuencias para el conjunto de la sociedad y constituye un obstáculo para la igualdad entre hombres y mujeres. 
El programa Daphne de lucha contra la violencia implica políticas que combinan la prevención, la acción punitiva y el apoyo a las víctimas. 
Para cumplir los objetivos fijados se precisa suficiente financiación y, por lo tanto, es crucial que aumentemos el presupuesto para los próximos años. 
. 
(FR) Hemos votado a favor de este informe a pesar del hecho de que, incluso en vista de su objetivo limitado- la ayuda a asociaciones que combaten la violencia sexual y luchan por los derechos de las mujeres y los niños -, el presupuesto fijado es claramente insuficiente. 
El informe en sí mismo reconoce esta insuficiencia y enumera los proyectos rechazados por falta de recursos presupuestarios. 
Sin embargo, hemos de destacar que, entre los tipos de violencia infligida a mujeres, que sufren no solo violencia sexual y doméstica, también está la violencia social que, de hecho, también puede afectar a los hombres, por ejemplo cuando tienen que soportar unas condiciones de trabajo inaceptables. 
Un ejemplo es el trabajo nocturno para las mujeres, permitido por el Parlamento Europeo en la industria, o aún peor, la pérdida del puesto de trabajo y la pérdida de la fuente de ingresos. 
La incapacidad por luchar contra la violencia y, por lo tanto, de evitar sus consecuencias, dificulta seriamente los esfuerzos por combatir la violencia doméstica. 
. 
(FR) Un número creciente de mujeres y niños son víctimas, como ustedes supondrán, de violencia física, pero también psicológica. 
Son las mujeres y los niños quienes sufren más violencia, pero no debemos olvidar que también se explota sexualmente a los hombres y estos también sufren. 
Por lo tanto, hemos de aplicar medidas efectivas para combatir todas las formas de violencia, combinando la prevención, la acción punitiva y el apoyo a las víctimas. 
El programa Daphne es un instrumento eficaz y hay que desarrollarlo más. 
La lucha contra la trata de personas ha de incluir sanciones que sirvan de factor disuasorio y que sean comunes a todos los Estados miembros. 
Es preciso apoyar activamente a todas las ONG y hay que interpretar la violencia en sentido amplio. 
Hay que oponerse a todas las formas de violencia porque la violencia es inaceptable. 
. 
(PT) Existe un gran vacío entre las declaraciones de buena voluntad proclamadas en la Agenda Social y la forma en que se ponen en práctica, tal y como ha quedado demostrado en el propio informe, a pesar de algunos puntos débiles y algunos aspectos negativos con los que no estamos de acuerdo, y de ahí nuestra abstención en la votación final. 
No obstante, celebramos la crítica que se hace en el informe a la Comisión, tanto con respecto a las cuestiones de forma, como por la falta de información dada al Parlamento Europeo y a los interlocutores sociales, así como por las demoras en el cumplimiento de los compromisos que adquirió, en particular en relación con los siguientes aspectos: 
enmienda de la Directiva 92/85/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia sobre la base de las propuestas presentadas en la moción de una resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 6 de julio de 2000; 
el establecimiento de criterios de reconocimiento discapacidades y la presentación de un plan de acción efectivo para impedir que se produzcan daños musculoesqueléticos en el lugar de trabajo; 
y prestar más atención a la calidad del trabajo, al desarrollo de la economía social, al analfabetismo, a la lucha contra la mano de obra ilegal y la discriminación de personas con discapacidades desde el punto de vista del acceso al empleo, la educación y la formación profesional. 
La finalidad de esta propuesta de reglamento de la Comisión consiste en eliminar cualquier restricción impuesta por los Estados miembros sobre las promociones de ventas desleales (reducciones de precios fuera de los periodos de rebajas, obsequios gratuitos, ventas por debajo del coste) , tales como las restricciones aplicadas en Grecia en virtud de la ley 2941/01 prohibiendo las ventas por debajo del coste. 
Esta normativa contribuirá todavía más a que las compañías multinacionales concentren la riqueza monetaria y acaparen el mercado, ya que únicamente ellas estarán en condiciones de aumentar su beneficio global, aún cuando vendan ciertos productos por debajo del coste. 
Al mismo tiempo, constituirá un desastre para las pequeñas y medianas empresas, que ya han soportado el impacto ocasionado por la implantación del mercado interior único, y para los consumidores, que se encontrarán aún más expuestos al fraude y padecerán las consecuencias cuando los mercados queden monopolizados. 
El hecho de que haya optado por un reglamento, que asegura su inmediata aplicación, y el hecho de que la propuesta no se haya sometido a debate con las partes interesadas, especialmente las PYME, revela el grado de interés de la UE en favorecer directamente los intereses de las grandes empresas. 
Todo este asunto ilustra de manera exacta lo que entiende por competencia en el mercado interior único. 
Los diputados del Partido Comunista de Grecia solicitan la retirada de esta resolución legislativa y votarán en contra del informe. 
Dado que la legítima petición de la Sra. Patrie de devolver el informe a la comisión ha sido rechazada y no se han incorporado las enmiendas de la izquierda, he votado en contra del informe junto con mis tres compañeros de Izquierda Republicana, Radical y Ciudadana. 
El informe relativo a la propuesta de reglamento sobre promociones de ventas en el mercado interior, aprobado por mayoría en el Parlamento Europeo, mejora la propuesta de la Comisión Europea, aunque contiene algunas contradicciones y apreciaciones incorrectas, en contra de las que nosotros hemos votado. 
Sin embargo, hemos votado a favor de las propuestas encaminadas a proporcionar una mayor protección a los consumidores y las microempresas, así como a las pequeñas y medianas empresas, combatiendo el habitual y reiterado dúmping practicado por ciertos grupos económicos, que utilizan una estrategia predatoria de precios con el propósito de facto de arruinar a los competidores más débiles y expulsarlos del mercado. 
Apoyamos asimismo las propuestas destinadas a defender la legislación nacional más progresista, a preservar la subsidiariedad y la soberanía de cada Estado miembro, concretamente mediante leyes concebidas para la protección de los consumidores y los menores y en apoyo a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas, tal como ha ocurrido en Portugal, concretamente mediante la prohibición de las ventas por debajo del coste fuera de los periodos de rebajas. 
. (DE) Las ventas por debajo del coste han sido objeto de intenso debate en los últimos meses. 
La Comisión hubiese preferido utilizar esta resolución para abolir la prohibición que pesa sobre dicha práctica en diversos países. 
Tal decisión acarrearía consecuencias catastróficas para los pequeños productores, como los del sector agrícola o vitícola. 
A diferencia de las grandes cadenas de supermercados, a menudo venden sólo un producto y no pueden repercutir sobre otros productos las pérdidas ocasionadas por las ventas por debajo del coste. 
Así pues, perderían toda su capacidad para competir y, para contrarrestar este efecto, muchos productores se verían obligados a utilizar ingredientes más baratos y por ende de peor calidad. 
El perjudicado a pesar de unos precios más bajos seguiría siendo el consumidor. 
Ha supuesto una cierta satisfacción constatar que la comisión competente en esta materia ha incorporado el texto de mi enmienda a dicho asunto y que ha conseguido alcanzar un compromiso satisfactorio para casi todo el mundo. 
En la Comisión de Asuntos Jurídicos, otras enmiendas abogaban por la prohibición de todo tipo de promoción de ventas de bebidas alcohólicas como el vino, la cerveza o los licores. 
No cabe la menor duda de que es necesario frenar el consumo excesivo de alcohol por medio de la adecuada formación a edad temprana. 
Es más, todos los Estados miembros tienen fijada una edad mínima para el consumo de alcohol en público. 
Sin embargo, la prohibición en general de las promociones de ventas resulta desproporcionada, perjudicando efectivamente a todos los consumidores y no sólo a la pequeña minoría adicta al alcohol y, por ello, necesitada del oportuno tratamiento. 
La mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos entendió el carácter absurdo de esta medida y rechazó las mencionadas enmiendas. 
(Explicación de voto acortada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (NL) En la actualidad, las personas se consideran principalmente consumidores. 
Han de intentar acumular la mayor cantidad posible de dinero trabajando durante largas y penosas jornadas o mediante la especulación. 
Quienquiera que no logre hacerse rico rápidamente, a menudo a costa de sus conciudadanos, es considerado un fracasado. 
Los triunfadores, por otra parte, son invitados continuamente a poner todos sus ahorros a la mayor prontitud en manos de los agentes inmobiliarios, de quienes ofrecen vacaciones costosas y de los casinos. 
Y también en planes que les independizan de la educación, la sanidad y los servicios de transporte públicos normales, ya que éstos han quedado degradados hasta niveles que ya sólo resultan aceptables para los perdedores. 
No es de extrañar que el consumidor próspero se vea avasallado por la publicidad, incluida la de otros países. 
En esta propuesta se asume que las promociones de ventas, tales como los descuentos, los obsequios y los sorteos contribuyen al bienestar. 
En el año 2000, representaban un millón de puestos de trabajo en nueve Estados miembros y una inversión superior a 40.000 millones de euros. 
Si bien hasta el ponente liberal Sr. Beysen se ve obligado a admitir que este tipo de promoción de ventas afecta negativamente a la edición de libros, la distribución equitativa de medicinas y favorece la adicción de la juventud al alcohol y las máquinas de juego, su propuesta no incide en la protección del consumidor, sino en la suspensión de las normas y la rebaja de las obligaciones para los empresarios. 
Esa es la razón por la que voy a votar en contra de ella. 
He apoyado las propuestas del ponente, que mejoran de forma significativa el texto elaborado por la Comisión y que pretenden proporcionar una respuesta satisfactoria a los aspectos que pueden resultar más controvertidos. 
Sin embargo, me he abstenido de votar a favor de la resolución legislativa porque considero que es necesario estudiar detenidamente el seguimiento otorgado a este informe en el proceso legislativo. 
Estoy de acuerdo con las ideas de garantizar la transparencia de precio y reforzar la seguridad legal, de responder a la necesidad acuciante de establecer reglas homogéneas con la introducción del euro y adecuadas al nuevo enfoque de la Comunidad, encaminado a proporcionar una reglamentación más apropiada y coherente en el ámbito de toda la Comunidad. 
Esta propuesta podría contribuir a clarificar las posiciones contractuales en un ámbito de cierta sensibilidad para los consumidores, como son las promociones de ventas del tipo abordado por la resolución legislativa: descuentos, ofertas gratuitas, premios u oportunidades para participar en concursos o sorteos promocionales, dentro del contexto de la venta de un producto. 
Me congratula en concreto el interés constante por la necesidad de proporcionar una información exhaustiva en las promociones de ventas, un aspecto que destaca en el nuevo acuerdo sobre la política de comunicaciones y que espero impregnará futuras reglas en este ámbito, tal como recomienda el ponente. 
Los Estados miembros, y Francia en particular, que han aprobado leyes en virtud de su derecho soberano para regular las ventas y promociones por debajo del coste, lo han hecho con el propósito claramente manifiesto de preservar el equilibrio entre productores, distribuidores y consumidores. 
Son los intereses de cada uno de ellos los que los parlamentos nacionales pretenden proteger. 
El deseo de la Comisión, por tanto, de eliminar las restricciones impuestas a las promociones, sobre la base de fortalecer la armonización económica, constituye una amenaza directa para los intereses y el equilibrio de los actores económicos. 
Partiendo de una concepción errónea de un supuesto beneficio para el consumidor, es la imagen de nuestros productos de las principales marcas la que podría verse perjudicada por dicha política, preconizada por ciertos distribuidores poco escrupulosos de los productores, y de sus propias restricciones económicas, a costa de los cuales se enriquecen. 
Las enmiendas adoptadas por las comisiones parlamentarias, incluidas las que yo he presentado, han permitido felizmente restaurar el respeto por nuestras legislaciones nacionales. 
Sólo con la condición de que el Parlamento apruebe estas enmiendas manifiesto mi apoyo a este texto. 
. Apoyo plenamente este informe, puesto que asegurará a los consumidores de la UE unas reglas de juego uniformes y las promociones de ventas seguirán las misma pautas en todos los Estados miembros de la UE. 
De hecho, uno de los argumentos más convincentes a favor del euro es que los ciudadanos europeos pueden comparar precios más allá de las fronteras. 
Esta ventaja se ve actualmente desvirtuada por el hecho de que existen distintos tipos de promociones de ventas en los Estados miembros, lo que distorsiona efectivamente la transparencia de precios a escala transfronteriza. 
Una vez que esta Directiva haya entrado en vigor, representará un paso más hacia la plena realización de un mercado único que funcione en todos sus aspectos 
Por ello, esta propuesta es la mejor manera de alcanzar la transparencia de precios y asegurar unas condiciones uniformes. 
Sin embargo, tal y como recomienda la comisión, la decisión en torno a la prohibición o no de descuentos en productos de precio regulado debería ser prerrogativa de cada Estado miembro, y apoyo enteramente la insistencia de la comisión en que hay que mantener el principio de subsidiariedad en este terreno. 
Las ayudas estatales para el empleo constituyen una forma importante de estimular el mercado laboral y las pequeñas y medianas empresas. 
Asimismo son importantes la transparencia y las reglamentaciones a escala europea. 
Dicho esto, me preocupa no obstante que el reglamento de la Comisión pueda privar a los gobiernos de los Estados miembros de otras herramientas específicas para combatir el desempleo en circunstancias especiales. 
De igual modo, el informe aboga por la «flexibilidad» en el mercado laboral, lo cual puede incidir aún más en detrimento de los derechos al empleo de los trabajadores, razón por la que me veo incapaz de votar a favor de él. 
. 
(IT) Deseo felicitar al ponente por su trabajo. 
Las ayudas estatales deben ser objeto de definición y dotación por un país en época de crisis económica. 
Si las ayudas se convirtieran en una acción normal y regular, lejos de beneficiar al país o de proporcionar una forma esencial de superar momentos difíciles, vendrían indudablemente a agudizar los problemas de los perceptores. 
El informe Berenguer Fuster sobre el proyecto de reglamento de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo debería leerse desde esta perspectiva, considerando que dichos artículos normalmente también se aplicarían al sector del transporte. 
La inminente ampliación debe enjuiciarse como un suceso extraordinariamente importante y excepcional. 
Provocará un cambio en el reparto del trabajo y diferencias notables en los niveles salariales y de vida entre los actuales Estados miembros y los países recién adheridos. 
Las posibles distorsiones estructurales generadas por los costes- ciertamente menores- de la mano de obra en estos países, por los diferentes criterios ambientales, sociales y técnicos, así como por la fuerte competencia entre las fuerzas de trabajo en el mercado, se pueden abordar haciendo más flexible el mercado del trabajo y, hasta cierto punto, mediante la provisión de ayudas estatales para el empleo. 
El acceso de los países candidatos provocará, especialmente en los sectores económicos tradicionales como la industria pesada, la agricultura y el transporte, un exceso de mano de obra y estas personas no podrán encontrar trabajo de manera inmediata en los nuevos sectores económicos emergentes. 
(Texto acortado en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
El propio título de este informe induce por sí mismo a error. 
El título hace referencia a las «ayudas estatales para el empleo» , mientras que el informe versa realmente sobre la provisión de fondos para aumentar el beneficio de los empresarios. 
Si bien el informe «persigue... la transparencia de los precios y reforzar la seguridad jurídica» en los ámbitos de ayuda, exenciones fiscales y ventajas concedidas a los empresarios so pretexto de estimularles a crear puestos de trabajo, no cuestiona el derecho de los empresarios a hacer lo que les plazca en sus negocios. 
Por consiguiente, nada puede impedirles embolsarse los fondos sin crear un solo empleo, que es lo que los empresarios han venido haciendo de manera habitual durante mucho tiempo. 
Dado que no deseamos dar nuestra aprobación a esta farsa, hemos votado en contra del informe. 
En primer lugar deseo felicitar al Sr. Berenguer Fuster por su trabajo y su informe y manifestar a continuación el enorme beneficio que se podrá derivar de una resolución del Parlamento Europeo que pretende fomentar el empleo y que reconoce la necesidad de las ayudas estatales. 
El informe afirma que el desempleo es demasiado elevado. 
Yo añadiría que se trata de una tragedia y una auténtica enfermedad en la que deberíamos volcar toda nuestra energía. 
Es perfectamente legítimo utilizar las ayudas estatales para sustentar una serie de medidas encaminadas a combatir el desempleo y a fomentar el empleo. 
Resulta totalmente inaceptable, dicho sea de paso, asociar las ayudas con el incremento de la actividad del mercado laboral. 
Sin embargo, dado que los diputados de la derecha han votado a favor del informe, mis compañeros de la delegación de la Izquierda Republicana, Radical y Ciudadana y yo tuvimos que votar en contra de la propuesta. 
. (DE) He votado a favor del informe Berenguer Fuster ya que, al igual que el ponente, refrendo el planteamiento de la Comisión para reformar el sistema de ayudas para el empleo. 
En concreto celebro la forma en que la limitación prevista del requisito de notificación previa concede a las autoridades regionales mayor margen para desarrollar programas locales de empleo, permitiéndoles así responder de manera rápida y flexible, con medidas concretas, a las condiciones variables del mercado laboral en las distintas regiones. 
Las pequeñas y medianas empresas serán, sobre todo, quienes se beneficien de las condiciones más permisivas, pudiendo esperar, cuando surja la necesidad, el abono pronto y directo de las ayudas, lo que yo apoyo de manera entusiasta. 
La refundición de la legislación actual sobre ayudas para el empleo en un único texto significa que la Comisión está cumpliendo su objetivo de mayor transparencia en los procesos legislativos de la UE. 
Sin embargo, existe un punto en la argumentación del ponente con el que discrepamos. 
La clave para mejorar el empleo no radica en una mayor flexibilidad del mercado laboral, tal como él propugna. 
Más bien se trata de responder a la nueva situación del mercado laboral mediante un planteamiento novedoso de la política de empleo, por ejemplo utilizando nuevas disposiciones laborales para garantizar el pleno empleo al tiempo que se salvaguardan los puestos de trabajo de alta cualificación. 
Las ayudas estatales se han convertido en una expresión execrable dentro de la UE. 
En parte tiene su justificación. 
Las ayudas estatales pueden significar que el dinero procedente de los impuestos que hemos contribuido a recaudar para las tareas comunitarias se ha transferido a los amigos de los políticos en el gobierno a fin de proporcionarles una ventaja inaceptable. 
Con mayor frecuencia, sin embargo, las ayudas estatales han servido para proteger a las regiones más débiles, los grupos profesionales menos favorecidos y los servicios públicos esenciales, o salvaguardar la sociedad contra los efectos de severas crisis económicas. 
Por ejemplo, después de la crisis de 1929 hubo una serie de intentos para activar la economía mediante ingentes inversiones de clara inspiración keynesiana. 
En la actualidad, estas formas de ayuda a menudo se interpretan como una manera de distorsionar la competencia, pues infringen el principio liberal de la libre competencia y van en contra de los recortes gubernamentales. 
En este contexto, cualquier reglamento que garantice una ayuda estatal por pequeña que sea significa una mejora dentro de un crudo planteamiento global de liberalización que impide totalmente resolver cualquier problema. 
Por desgracia, esta propuesta, destinada a los grupos más vulnerables de trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, queda invalidada inmediatamente por la solicitud de una mayor flexibilidad en el mercado laboral. 
En consecuencia, se propugna la reducción de la protección de los trabajadores como la mejor manera de garantizar un mayor empleo y las ayudas se contemplan como un último recurso. Lo anterior constituye para mí razón suficiente para votar en contra de la propuesta. 
. 
(IT) Hemos votado a favor del informe del Sr. Berenguer Fuster. 
De hecho, hubiese resultado difícil no hacerlo, teniendo en cuenta quiénes son los beneficiarios de tales ayudas y los objetivos de simplificación y transparencia que se ha fijado la Comisión. 
El aspecto sobre el que resulta preciso reflexionar, sin embargo, es el hecho de que, como bien sabe la Comisión, en algunas regiones de los Estados miembros de la Unión la diferencia entre vivir en una zona perceptora de ayudas según el apartado 3 del artículo 87 y no vivir en dicha región se traduce en una reducción fiscal superior al 12%. 
La cuestión entonces estriba en el contenido del apartado 3 del artículo 4 del proyecto de reglamento, que hace referencia precisamente a las regiones antes mencionadas, ya que creemos que el método de determinar las zonas no arroja una definición totalmente exacta de qué zonas se pueden calificar verdaderamente de desfavorecidas, siendo la Comisión consciente de ello. 
Analícese el método utilizado por los sistemas de empleo local para definir estas zonas y cómo ha sido desestimado en determinadas instancias. 
Por tanto, consideramos que debe revisarse la cartografía actual a fin de garantizar su coherencia, con independencia de que las propias regiones la hayan utilizado. 
De lo contrario, incluso con el aumento planificado del 10% sobre el límite superior, el proyecto de reglamento serviría, en tales casos, básicamente para subsanar, de manera encubierta y sólo parcial, los errores cometidos. 
. 
(EL) El desempleo crece de manera constante, seguido de un subempleo que aumenta aún más rápidamente. 
La finalidad de las políticas de empleo de la UE no consiste en reducir el desempleo; son un vehículo para abolir los derechos salariales, laborales y de seguridad social y resultan redundantes para los trabajadores con un empleo estable a tiempo completo, y el objetivo que persiguen es imponer formas flexibles de empleo. 
Estas ayudas estatales representan unos ingresos netos para el patrón; comportan la sustitución de trabajadores por mano de obra parada subvencionada y la violación permanente de los convenios colectivos. 
Contribuyen a reducir los costes laborales y apuntalan los intereses y beneficios de las grandes empresas. 
El hecho de dar prioridad a las PYME y las propuestas de confeccionar un listado de los grupos que se beneficiarán de tales medidas no hace sino dorar la píldora. 
La finalidad de tales propuestas no consiste en ayudar a las PYME a reforzar sus defensas contra la embestida de las grandes empresas, sino en utilizar a las PYME, que siempre han contado con el mayor número de puestos de trabajo pero que asimismo han tenido el movimiento sindical más débil, y a los grupos sociales más endebles para apoyar la tendencia a favor de la flexibilidad del mercado laboral. 
Los trabajadores desean un pleno empleo estable, unos derechos sociales protegidos, un mayor nivel de vida, desarrollo y prosperidad sociales auténticos, cobertura del desempleo del 80% sobre el salario mínimo y un tipo diferente de política, que gire en torno al individuo y sus necesidades. 
Consideramos totalmente comprensible que la Comisión Europea juzgue llegado el momento de establecer, sobre la base de una política activa de ayudas para el empleo, criterios más vinculantes y de plasmarlos en único marco legal. 
De hecho, esta racionalización pretende conseguir un objetivo doble: por una parte, simplificar y clarificar el sistema para regular las ayudas para el empleo, con el propósito de garantizar mayor transparencia en la acción de la Comisión y de facilitar la comprensión y seguimiento de dicha acción; y además, contribuir a estimular el empleo en la Unión Europea, en consonancia con la estrategia europea de empleo, especialmente para los trabajadores en las categorías menos favorecidas. 
En consecuencia, he manifestado mi aprobación a la postura del ponente, que sustenta en gran medida esta propuesta de la Comisión, considerando que dicho enfoque será el que materialice la estrategia de Lisboa, y aprecio en concreto las referencias efectuadas a la necesidad de apoyar el desarrollo económico de las regiones menos favorecidas de la Unión Europea, con especial atención a las regiones más apartadas. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 12.53 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, proseguimos el debate sobre la situación en Afganistán. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, el 11 de septiembre está prácticamente a la vuelta de la esquina, el primer aniversario del día en que dos aviones, pilotados por dos terroristas de Al Qaeda, se estrellaron contra el World Trade Centre, provocando el derrumbamiento de las dos torres y la muerte de miles de personas. 
En un momento, el mundo cambió, o al menos eso creímos en aquel instante. 
Y en efecto ha habido cambios. 
Bajo el mandato de la ONU, se forjó una alianza contra el terrorismo. 
Por primera vez se declaró que una crisis era competencia de la ONU y se invocó el artículo 5 del Tratado de esta organización. 
El Presidente norteamericano, Bush, pidió la cabeza de Osama Bin Laden, el multimillonario saudí que encabezaba la red de Al Qaeda. La guerra contra el terrorismo tuvo su primer éxito significativo en el propio Afganistán, donde el régimen fundamentalista de los talibanes, en general inhumano y particularmente hostil a las mujeres, fue eliminado del poder, estableciéndose un gobierno provisional con el Presidente Karzai a la cabeza, quien se está encargando de asentar las raíces democráticas. 
Un año más tarde, por supuesto todos somos conscientes de que la lucha contra el terrorismo, como ya advirtió en una ocasión el propio Presidente Bush, será larga y deberá librarse en varios planos, y que las victorias rápidas son ilusorias. 
En Afganistán, el gobierno de Karzai goza de poder de facto únicamente en la ciudad de Kabul. 
La autoridad de los gobernantes provinciales pertenecientes a diferentes tribus no ha disminuido y, en algunos casos, incluso se ha reforzado, como lo demuestran los asesinatos del comandante Masud y del Vicepresidente de Afganistán, Abdul Qadir, quien se había granjeado la enemistad del barón rival de la droga, de los defensores de Osama Bin Laden y de los talibanes, así como de los miembros de la Alianza del Norte, quienes sintieron que se había prescindido de ellos. 
Asimismo, dista mucho de estar claro si Osama Bin Laden sigue vivo o no. 
De lo que no se tiene ninguna duda es de que la red de Al Qaeda se ha regenerado y reorganizado, y que sigue activa en otros países además del vecino Pakistán. Esta organización ha vuelto a organizar también sus fuentes de financiación, que continúa recibiendo en abundancia. 
Cualquiera que lea hoy el periódico Herald Tribune, encontrará un informe detallado sobre las transferencias de oro a Sudán a través de canales que parten de Pakistán e Irán. 
Esto significa que la red Al Qaeda y las milicias talibanes siguen teniendo grandes reservas financieras a su disposición, derivadas del cultivo y la venta de opio. 
Si las comparamos con las cifras de que se habla aquí, las ayudas de la Unión Europea destinadas a la estabilización de la situación en Afganistán parecen bastante modestas, a pesar de que la UE se ha convertido en el mayor donante de fondos asignados a esta causa. 
No hay duda de que estas donaciones son necesarias para llevar la paz a Afganistán, país que en el pasado sufrió la ocupación comunista soviética y las devastadoras consecuencias de décadas de guerra civil. Por lo tanto, se trata de una contribución a la consolidación de esta región en crisis que abarca Pakistán, Irán, India y la inestable parte asiática de la antigua Unión Soviética. 
También debemos hacerlo por razones de autoprotección. 
Europa es destino no sólo de las drogas afganas, sino de inmigrantes ilegales, cuyo número ha aumentado de manera significativa en las fronteras de la República Checa, Eslovaquia y Austria a lo largo del año pasado. 
Así pues, existe una necesidad de ayuda humanitaria al igual que para las medidas ya previstas en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, una lucha que deberemos continuar sin duda aún durante mucho más tiempo y en la cual no podemos esperar victorias inmediatas. 
Sin embargo, es algo que debemos hacer si queremos demostrar a los Estados Unidos que nos deben considerar como un socio serio en la alianza contra el terrorismo. 
Las relaciones con los Estados Unidos después del 11 de septiembre se han visto dificultadas por la aparición de algunas susceptibilidades, por decirlo de forma suave. 
Tanto norteamericanos como europeos nos sentimos entristecidos; los europeos cuando los Estados Unidos actúan en solitario, y los estadounidenses por la falta de unidad política de la Unión Europea y por su debilidad militar, ambas ejemplificadas por los argumentos de la UE en el caso de Iraq, que hasta la fecha han sido menos que coherentes. 
Un ejemplo sintomático de esto son los gestos amenazantes de los Estados Unidos hacia Bagdad, que no siempre resultan creíbles. 
Lo que necesitamos a ambos lados del Atlántico es una gestión coherente de las crisis a la hora de combatir no sólo los síntomas del terrorismo internacional, sino sobre todo sus causas, como ha recomendado muy acertadamente el ex consejero de seguridad de la Casa Blanca, Zbigniew Brzezinski. 
Para desarrollar una estrategia destinada a ofrecer soluciones a las crisis de Oriente Próximo, resolver el conflicto entre Israel y los palestinos, y neutralizar el fundamentalismo político islámico allá donde extienda sus alas (hay que tener en cuenta que tiene apoyos en la propia Europa) , la Unión Europea puede y debe realizar una importante contribución. 
En este sentido, la ayuda de la UE en Afganistán constituye un componente esencial. 
Señor Presidente, Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la Unión Europea desempeñó un papel muy activo en la democratización de Afganistán, labor por la cual debemos dar las gracias a la Comisión y muy especialmente a las personas que trabajaron sobre el terreno. 
Ya en el Día Internacional de la Mujer de 1998, las mujeres europeas iniciaron una campaña bajo el título de «Flor para las mujeres de Kabul» , condenando la violación de los derechos humanos que suponía la exclusión de las mujeres sobre todo de la educación, del tratamiento médico, del empleo y de la actividad política. 
Aún deberían transcurrir seis años más de gobierno despótico de los talibanes para que pudiera vislumbrarse la democracia. 
La alianza antiterrorista internacional consiguió abatir el fantasma talibán. 
De inmediato se iniciaron los movimientos democráticos y de nuevo la UE desempeñó un papel activo en Petersberg, en Bonn. 
Paralelamente, a pesar de no haber llamado prácticamente la atención, tuvo lugar en Bruselas la primera Cumbre de Mujeres Afganas, por invitación de las mujeres europeas. 
Allí, por primera vez y tras dos décadas de invisibilidad política, las mujeres afganas (tanto las que vivían en el exilio como las que permanecieron en Afganistán) pudieron contar con un foro propio y encontrarse a sí mismas. 
La presión internacional hizo que fuera posible, en primer lugar, la admisión de las mujeres en la Loya Jirga y, a continuación, su participación en el nuevo Gobierno de transición. 
Mientras tanto, nosotros velamos por que en los presupuestos se incluyeran partidas de fondos para ayudar a las mujeres a recuperar gran parte del terreno perdido y por que de nuevo fuera posible que organizaciones de autoayuda como la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA) recibieran ayuda con cargo a los fondos presupuestarios. 
Actualmente oímos consternadas la información de que de nuevo se están cerrando las primeras escuelas para niñas, que los fundamentalistas quieren volver a forzar la salida de las mujeres de la vida pública, y que la influencia política de las Ministras se está viendo deteriorada. 
Por ello, debemos emplear toda la influencia política de que disponemos para impedir que empeore aún más la situación de las mujeres y, sobre todo, para garantizar que las ayudas lleguen a las zonas rurales y se distribuyan entre las mujeres. 
Junto con las mujeres del Consejo Europeo habíamos decidido crear un grupo internacional de observadoras con el fin de garantizar que las mujeres reciban las ayudas que necesitan. 
Creyendo como creo que debemos mantener abierto este frente, deseo hacer un llamamiento a la Comisión para que siga atenta a la situación de las mujeres y que acelere la lucha contra el principal enemigo, que son la pobreza y el analfabetismo de las mujeres. 
Aunque la opinión pública internacional se centre en otras cuestiones, estoy convencida de que deberíamos continuar prestando atención a Afganistán y mantener una presencia local en ese país. 
Mi grupo, el Grupo de los Socialistas, enviará una delegación a Afganistán, y yo espero que la Comisión le proporcione apoyo en forma de ayuda logística. 
La amenaza de guerra en Iraq destruiría mucho de lo que es necesario se ha conseguido, por lo que todo nuestro esfuerzo para contribuir a la paz en la región. 
Señor Presidente, Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, cometimos un gran error después de la primera guerra, tras la derrota de los rusos en Afganistán. 
Mostramos escasa preocupación por la reconstrucción de ese país, y no establecimos ningún tipo de dispositivo de prevención de conflictos mediante la reconstrucción de la sociedad en aquella parte del mundo. 
Por lo tanto, creo que no deberíamos cometer el mismo error dos veces. 
La sociedad afgana es compleja debido a la existencia de multitud de facciones, tribus y diferencias étnicas y religiosas. 
Las diferentes culturas deben integrarse y Afganistán, un país que probablemente ha estado siempre altamente militarizado y que aún lo está, necesita que le digan una vez más que el Estado de derecho no puede nacer del cañón de un arma. 
El fundamentalismo está lejos de haber desaparecido de la sociedad afgana, pero debemos posibilitar el retorno de los refugiados planificando bien nuestros programas y garantizando la máxima participación por parte de la población. 
Debemos establecer esto como condición previa, ya que si nos limitamos a proporcionarles fondos y ven que pueden volver a cubrir a las mujeres en sus burkas y confinarlas en sus casas, hay algo que definitivamente no funciona. 
Hay que desarrollar la economía y limpiar el país de minas para restablecer la situación anterior en el campo. 
Todas estas acciones requerirán un gran gasto y, sobre todo, paciencia. 
Dado que el gangsterismo es tan prevalente, no debería sorprendernos el encontrarnos con nuevas luchas armadas entre diferentes facciones de cuando en cuando. 
Por ello, quisiera resaltar la necesidad de salvaguardar los derechos humanos. 
Debemos asegurarnos de que ningún delito quede sin castigar, y de que por fin se investigue cualquier caso de crímenes contra la humanidad. 
Quizás podamos ayudar a las Naciones Unidas en esta tarea, a fin de que su prestigio moral se vea reforzado también económicamente. 
Señor Presidente, en todos nuestros esfuerzos por ayudar a construir un Afganistán mejor, deberíamos tener presente por qué estamos ahora tan involucrados en este compromiso. 
La respuesta es, por supuesto, para erradicar de una vez por todas el terrorismo, para ayudar a construir una sociedad mejor, pacífica, emprendedora y duradera y para asegurarnos de que los extremistas no se establezcan en otra parte del país o fuera de éste. 
Todas nuestras acciones deberían valorarse teniendo en cuenta estos criterios y no deberíamos hacernos ilusiones acerca de la fragilidad de la situación, que representa un reto importante para la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) y las demás fuerzas de coalición que operan en el país. 
Ahora existe un acuerdo más amplio acerca de la conveniencia de que la ISAF extienda su mandato más allá de Kabul. 
Y esto no es simplemente una cuestión de disponibilidad de fuerzas internacionales apropiadas, sino también, como ha indicado el Comisario Patten, una manera de comprobar la voluntad de los caciques locales, a menudo apoyados por intereses extranjeros en la región y reticentes a acatar la autoridad de Kabul. 
Hay que felicitar a las fuerzas armadas turcas por la satisfactoria conclusión de la primera fase de extensión del mandato de la ISAF. 
La organización de un ejército y un cuerpo de policía profesionales y fiables en Afganistán, que se está desarrollando paralelamente y en gran parte bajo auspicios norteamericanos, británicos y franceses, llevará tiempo, y sin duda la ISAF tendrá que continuar con sus operaciones el año que viene; por ello, necesitamos tener lo antes posible una idea de las líneas de acción de la segunda fase del mandato. 
Lo que menos necesitamos es incertidumbre acerca de la disposición del contingente militar en Afganistán. 
Me gustaría resaltar tres aspectos concretos de la situación: los refugiados, la financiación de la UE y la cuestión de las minas terrestres. 
En primer lugar, la cuestión de los refugiados, que ya ha mencionado el Sr. Haarder. 
Actualmente existe cierto grado de seguridad en Afganistán. 
No obstante, a la vez que muchos refugiados han vuelto al país, millones de ellos permanecen todavía en Irán y Pakistán. 
Se habla de dos o tres millones respectivamente, aunque las cifras difieren bastante. 
Además, un gran número de refugiados y solicitantes de asilo político que llegan a Gran Bretaña y otros países europeos provienen de Afganistán. 
Por ello deberíamos tener en cuenta que muchos de ellos poseen antecedentes extremistas y que por tanto somos vulnerables a la implantación y cultivo de extremistas islámicos en nuestras propias sociedades, no sólo en Afganistán. 
Y eso es una locura. 
Necesitamos actuar de manera resuelta para hacer frente a estos problemas y animar a estas personas a que vuelvan a Afganistán. 
En cuanto a la cuestión de la financiación, la aportación de 4,5 millardos de dólares que se prometió en la conferencia de Tokio en enero, y que incluía más de un millardo de dólares de la Unión Europea, ha tardado en llegar en su mayor parte, aunque tomo nota de los comentarios del Comisario acerca de la forma en que ha respondido la Comisión. 
Hay un problema de absorción: el gobierno interino afgano carece de las instituciones necesarias para desembolsar el dinero de manera eficaz y necesita más ayuda en este terreno. 
Al mismo tiempo, tiene que haber el debido control y gestión de los fondos internacionales. 
Y digo esto en un momento en que el procedimiento de la Comisión Europea al respecto ha sido de nuevo objeto de fuertes críticas y la cuestión del debido control de los fondos parece haber sido eludida en gran parte por la comunidad internacional, como ha ocurrido en el caso de la Autoridad Palestina hasta hace poco. 
El Acuerdo de Bonn simplemente estipula que los miembros de la administración interina se regirán por un código de conducta elaborado de acuerdo con las normas internacionales. 
Este código no está publicado, y en cualquier caso, no parece muy adecuado. 
Debemos insistir en que se tomen medidas por parte de las autoridades afganas y la comunidad internacional, incluida la UE, para asegurar una buena coordinación, contabilidad y uso de estos fondos. 
Finalmente, la cuestión de las minas terrestres, que ya ha sido mencionada por otros oradores. 
Afganistán es uno de los países del mundo más densamente minado. 
Ésa era la situación antes de septiembre del año pasado y desde entonces se ha agravado. 
La presencia de minas terrestres y artefactos sin explotar (UXO) representa un gran obstáculo para la regeneración económica y social. 
Se estima que cada día de 5 a 10 personas resultan heridas debido a la explosión de minas en Afganistán y que el país está plagado de unos 10 millones de minas. 
Saludamos el compromiso del gobierno interino de adherirse a la Convención de Ginebra y prohibir el uso de minas antipersona, pero en el suelo sigue habiendo minas y las víctimas siguen cojeando por las calles. 
Se necesita urgentemente un programa de acción debidamente financiado y coordinado que permita la reanudación de las acciones de desminado al menos hasta alcanzar el nivel que había antes de septiembre del año pasado. 
Se necesita un esfuerzo conjunto concentrado en un plazo de tiempo limitado, si no todavía estaremos hablando de esto dentro de diez años. 
Queda mucho por hacer en Afganistán. 
Hagámoslo bien, en armonía con los Estados Unidos y los demás aliados, y recordemos en todo momento por qué estamos allí. 
Señor Presidente, aún queda mucho por hacer por Afganistán, y esta resolución constituye una buena aportación política. 
En primer lugar, debemos restablecer el papel, la responsabilidad y la visibilidad de las Naciones Unidas. 
En cuanto a la evaluación de los resultados de la intervención y a los análisis que justificarían cualquier acción posterior, hemos observado que Naciones Unidas se encuentra ausente y que, a menudo, se la considera como una intrusa que, de hecho, se ve relegada. 
Este enfoque unilateral no promueve la causa de Afganistán, entre otras cosas porque estamos legítima y sinceramente preocupados por la forma en que estamos depositando ciegamente toda nuestra confianza en el Presidente Bush, cuyo enfoque de la política exterior resulta bastante incoherente y además ha sido incluso cuestionado por su Gobierno. 
En segundo lugar, rechazamos la doble moral en cuestiones relacionadas con los derechos humanos. 
Pedimos que se garanticen juicios justos para todas las personas acusadas, independientemente del delito que se les impute. 
Pedimos que se respeten las convenciones internacionales. 
Es posible que algunas de ellas tengan que volver a ser refundidas y revisadas, y deben revisarse realmente, no simplemente aparcarse. 
Pedimos que se apliquen todas estas garantías a todas las personas acusadas porque es una norma fundamental, un principio básico, que no se pueden hacer concesiones en temas relacionados con los derechos humanos, sobre todo si esas normas están diseñadas para facilitar nuestro trabajo. 
Quiero subrayar que deben aplicarse sea quien sea la persona acusada. 
Por último, señor Presidente, a través de esta resolución hacemos un llamamiento a las autoridades afganas para que pongan el mayor empeño posible en conseguir justicia para los periodistas asesinados en Afganistán y en mostrar la verdad sobre sus asesinatos. Y reitero: obtener justicia y revelar la verdad. 
Además justicia, exigimos que se nos informe de las razones por las que tantos periodistas han sido asesinados. Si hemos tenido la oportunidad de averiguar lo que ha sucedido en Afganistán, en parte ha sido gracias a los periodistas que decidieron ir a informar sobre esta guerra sobre el terreno. 
Debemos pedir justicia para aquellos que perecieron en el desempeño de su deber, señor Presidente, y pedir también que se revele la verdad sobre su muerte; es lo mínimo que puede hacer el Parlamento en la actualidad. 
Señor Presidente, nos oponemos a las mociones sobre Afganistán y a la moción conjunta porque, aunque puede que cuenten con algunos puntos positivos, legitiman la intervención y el asesinato brutal del pueblo afgano y dan el visto bueno a operaciones similares en Iraq o en cualquier otro lugar al que deseen ir los imperialistas. 
Y nos oponemos sobre todo porque el fin último es el de lavar el cerebro a las naciones para que crean que los imperialistas tienen el derecho, con varios y diversos pretextos, de intervenir, bombardear, matar y destruir países enteros y establecer regímenes títeres. 
Ya sucedió en Iraq en 1991, en Chipre en 1974, en Yugoslavia en 1993-99 y en otras zonas del mundo. 
Siguiendo los horrendos ataques del 11 de septiembre, la lucha contra el terrorismo se utilizó como pretexto para justificar el salvaje ataque de Afganistán (que tuvo como resultado una destrucción inimaginable, miles de víctimas y asesinatos masivos) , basándose en la afirmación arbitraria y no probada de que el agente estadounidense Bin Laden, Al Qaeda y el régimen talibán (apoyado por los Estados Unidos) eran los responsables de aquellos ataques. 
Como ha declarado Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa estadounidense, no se precisa confirmación para este tipo de operación militar. 
Desgraciadamente, esta opinión es compartida por muchas personas de esta Cámara. 
El Sr. Blair, de modo aún menos piadoso, nos dice que el ataque sobre Afganistán se llevó a cabo como base moral de cara al próximo ataque sobre Iraq. 
Actualmente, el Presidente estadounidense ha demostrado su cinismo declarando que, incluso aunque Iraq permita la entrada de los inspectores, el problema sólo quedará resuelto mediante la guerra, a pesar de que ésta comporte aún más asesinatos y un apoyo aún mayor para Sadam. 
La excusa para llevar a cabo este ataque, que cuenta incluso con la bendición de las Naciones Unidas, es la afirmación no probada de que la brutal dictadura encabezada por Sadam guarda armas de destrucción masiva. 
Y, sin embargo, aquellos que realizan tales afirmaciones disponen de muchas más armas de destrucción masiva repartidas en todo el mundo y amenazan con utilizarlas contra China, Rusia y otros países. 
Así pues, el régimen de Bush es aún más peligroso y las naciones deben unirse en contra de él. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, ha pasado ya un año desde los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre que desencadenaron la guerra contra Afganistán. Ahora estamos en una fase cuyo objetivo es buscar y acabar con los restos del odioso régimen talibán y sus aliados terroristas, Al Qaeda. 
No obstante, Afganistán ha hecho grandes progresos desde la derrota de Mullah Omar y la desaparición, esperemos que definitiva, de Osama Bin Laden. 
Las chicas han vuelto a la escuela, la música y las películas están permitidas otra vez y el fútbol sustituye a las ejecuciones públicas. 
Tanto la conferencia de Bonn como la de Tokio han sido un éxito. 
El ex rey, a quien tuve el placer de conocer el pasado septiembre en Roma, inauguró la Loya Jirga. 
Ahora le acaban de conceder el título de «Padre de la Patria» porque ha trabajado incansablemente entre bastidores para unir de nuevo a su nación y parar las disputas, especialmente entre las comunidades pastunes. 
No obstante, la ISAF, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, sigue teniendo dificultades. 
Hemos sido testigos del asesinato de dos ministros, y esta semana ha habido un atentado con explosivos, presumiblemente dirigido contra las fuerzas occidentales. 
Todavía podemos ver los males del caciquismo, la división étnica y un floreciente comercio de la droga. 
Me impresionó leer que la cosecha de opio de este año asciende a 3.000 toneladas, superando incluso las 900 del Triángulo de Oro de Myanmar y Tailandia. 
Seguimos teniendo el problema de la gran simpatía por el terrorismo islámico que profesa la vecina Irán, donde se cree que se han refugiado combatientes de Al Qaeda. Pero se sabe casi con certeza que muchos se han refugiado en Pakistán, donde el presidente Musharraf camina sobre la cuerda floja entre la cooperación con los países occidentales y la falta de voluntad de acabar del todo con los grupos terroristas islámicos autóctonos de Jihadi. 
Estos grupos se infiltran en la región india de Cachemira, donde siembran la violencia y el caos y hacen que una guerra entre los dos vecinos nucleares sea una posibilidad real. 
Está claro que el presidente Musharraf no quiere que se celebren elecciones pacíficas en Cachemira. 
Pakistán tampoco coopera plenamente con la ISAF, impidiéndole acceder a las zonas tribales de la frontera noroccidental, donde actualmente se está reagrupando Al Qaeda para amenazar al Gobierno de Afganistán y a la sociedad civil. 
Los países occidentales deben estar dispuestos a extender en las Naciones Unidas el mandato de las fuerzas de ISAF dirigidas por Turquía más allá de diciembre y ampliar también su misión a las provincias afganas, para terminar con los caciques y extender la autoridad gubernamental a las provincias en el marco del programa de construcción nacional. Asimismo, es preciso organizar un ejército nacional y un cuerpo de policía y distribuir la ayuda que tanto necesita este paupérrimo país. 
Por desgracia, los 1.800 millones de dólares que se prometieron en Tokio todavía no se han materializado y hasta ahora sólo ha llegado la ayuda humanitaria. 
La reciente «Operación León de la Montaña» sólo ha servido para descubrir algunos alijos de armas y todavía queda un largo camino por recorrer para convertir este bello país en un país pacífico y próspero y para que vuelva a ser el miembro respetable de la comunidad internacional que fue en las décadas de 1960 y 1970. 
En particular considero firmemente que el gobierno de Afganistán debe declarar una moratoria en la aplicación de la sharia en cuestiones como la lapidación de mujeres y la amputación de miembros, a fin de demostrar cómo un país islámico moderno puede respetar los pactos internacionales y las compromisos de los tratados y promover la justicia sin crueldad o abuso de los derechos humanos. 
Asimismo, los criminales de guerra han de rendir cuentas y ser juzgados. 
A los refugiados que vengan a los países occidentales habiendo simpatizado con el terrorismo o sido miembros activos del régimen talibán o de Al Qaeda hay que enviarlos de vuelta al país para que afronten las consecuencias. 
Les deseo de corazón al presidente Karzai y al ex rey Mohammad Zahir Shah lo mejor ante todos los retos que van a tener que afrontar en los meses venideros. 
En general, espero sinceramente que Afganistán se convierta en el miembro respetable de la comunidad internacional que una vez fue. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, nosotros sabíamos, y lo advertimos, que el daño que el fundamentalismo talibán estaba ocasionando a las mujeres iba a ser muy difícil de reparar. 
Ahora, el presente demuestra que serán necesarios muchos esfuerzos sostenidos y programas destinados específicamente a las mujeres para poder restablecer el derecho mínimo a su autonomía personal. 
No obstante, hay muchas acciones concretas que la Unión Europea puede impulsar. 
Entre ellas proponemos que se ofrezca a las mujeres un proyecto que cambie los burkas por carnets de conducir, para que las mujeres puedan ejercer su derecho a la libre circulación y puedan cambiar, si así lo desean, esta prenda- que las discapacita- por automóviles y carnets de conducir. 
Que la Comisión ponga en marcha un proyecto de cooperación que permita a las mujeres afganas hacer este cambio: burkas por carnets de conducir, con los automóviles incluidos. 
Señor Comisario, esta mañana usted ha relatado la relevancia y los logros de los equipos que están trabajando allí. 
Yo le animo a que incluya este proyecto tan imaginativo y modernizador: burkas por automóviles para las afganas. 
Señor Presidente, las guerras, la presencia de la Unión Soviética y los talibanes han convertido a Afganistán en un Estado sin instituciones, sin industria y con una agricultura que lucha por sobrevivir. Ha dejado un Estado con altos niveles de pobreza y analfabetismo, incluido el analfabetismo de retorno, tanto en hombres como en mujeres, hasta alcanzar cotas verdaderamente increíbles. 
Por otra parte, la falta de integración entre las diferentes identidades culturales, sociales, religiosas y étnicas que componen la sociedad afgana no hace sino incrementar la complejidad del problema al que tiene que enfrentarse el gobierno de transición cada día. 
Como ya se ha dicho anteriormente, gobernar ese país significa no sólo llevar a cabo reformas institucionales esenciales, comenzando por la Constitución, sino que además supone crear un sistema bancario básico partiendo de cero con gran celeridad, difundir la educación y promover el respeto entre ciudadanos y grupos étnicos, reconstruir ciudades e infraestructuras, separar los asuntos militares de los civiles y crear una industria y agricultura nuevas que sean capaces de sobrevivir en un mundo globalizado. 
El reto al que se enfrenta el Gobierno de transición no es baladí, ya que se trata de hacerlo todo de una vez con toda la celeridad posible, de la forma más barata posible y con la mayor participación posible. 
Está claro que las labores descritas no resultan fáciles, sobre todo si se deben realizar en un periodo de tiempo relativamente corto. 
Es más, el Sr. Karzai se ha comprometido de forma explícita a conseguir una paz estable entre los ciudadanos, entre grupos étnicos y entre sexos, para establecer las bases de la democratización del país en los dos años de mandato del gobierno de transición. 
Sin embargo, como ha apuntado el Comisario Patten, el camino sigue siendo tortuoso. 
No se ha producido ninguna mejora real o práctica de la situación de las mujeres en particular, a pesar de las declaraciones del Sr. Karzai. 
El nivel de analfabetismo entre las mujeres es increíblemente elevado: alcanza un seis o siete por ciento en comparación con el 39% anterior. 
Desde este punto de vista, incluso el nuevo gobierno se ha deteriorado, ya que algunos señores de la guerra han asumido un papel político no sólo en las administraciones descentralizadas, sino también en el propio gobierno de Kabul. 
La censura ha aumentado, como ya se ha dicho; las mujeres siguen llevando el burka y se las margina, especialmente en las regiones del Sur y del Sureste. 
La Unión debe multiplicar sus esfuerzos por garantizar que las esperanzas que surgieron en Bonn no queden completamente anuladas y que la actual situación de desigualdad extrema, de discriminación y de falta de respeto de los derechos humanos no queden arraigados de forma permanente. 
Señor Presidente, creo que todos estamos de acuerdo en que se han producido importantes mejoras en Afganistán en los últimos ocho meses, y me gustaría dar las gracias a los diputados del Parlamento Europeo por el debate que ha tenido lugar, aunque también estamos de acuerdo en que aún quedan problemas fundamentales que resolver, como han subrayado, por ejemplo, algunos de los discursos más recientes. 
En primer lugar, quisiera añadir un par de comentarios acerca de la posible vulneración de los derechos humanos, por ejemplo en conexión con el reciente descubrimiento de fosas comunes en el norte de Afganistán. 
No debe existir ninguna duda de que el Consejo concede una importancia fundamental a que el Gobierno y el pueblo de Afganistán exijan responsabilidades sobre el pasado y los crímenes de guerra que puedan haberse cometido. 
Por supuesto, esto no se limita exclusivamente a las atrocidades cometidas por el régimen talibán. 
En este contexto, las declaraciones del Presidente Karzai de que debe investigarse el asunto de las fosas comunes resultan alentadoras. 
La ONU desempeñará un papel fundamental ayudando al gobierno afgano en esta tarea. 
Por supuesto, la UE también prestará su ayuda en todo lo que sea posible, en parte a través de nuestro representante especial, el Sr. Vendrell. 
En cuanto a la difícil situación de la seguridad, sobre todo en zonas de fuera de Kabul, creo que el enfoque más realista y más orientado al futuro es fortalecer al Gobierno de transición, de forma que pueda ocuparse de los asuntos relacionados con la propia seguridad, en parte ofreciéndole ayuda en la desmovilización, en el fortalecimiento del ejército y la policía, en el desarrollo de programas encaminados a suprimir la producción de droga y, por último, en el establecimiento de un poder judicial eficaz. 
Algunos Estados miembros de la UE están contribuyendo de forma importante a esta tarea. 
Esto se aplica igualmente a la importante labor, a la que ya se refería el Sr. Van Orden, de eliminar las numerosas minas que suponen un peligro constante para la población civil y que dificultan la regeneración económica. 
El Consejo también está atento a las necesidades de ayuda de diverso tipo que diferentes oradores han señalado en esta Cámara y que quizás sean mayores de lo que se había pensado en un principio, en parte debido a que existe un mayor número de refugiados que están regresando a su país. 
Para contribuir a la estabilidad en el país, debemos, como ya se ha señalado, asegurar una paz visible para el pueblo afgano. 
Las ayudas constituyen también una importante herramienta para reforzar el gobierno de transición a expensas de los señores de la guerra locales. 
Quisiera señalar que, en la reunión del Consejo de Asuntos Generales del mes de julio, el Presidente del Consejo recordó a los Estados miembros la necesidad de garantizar que las promesas realizadas en la Conferencia de Países Donantes para la Reconstrucción de Afganistán, celebrada en Tokio este año, se cumplan en su debido momento. 
Por último, la cuestión de la situación de las mujeres en Afganistán ha sido tratada por un buen número de oradores de esta cámara. 
Desde el principio, el fortalecimiento de los derechos de las mujeres ha sido un punto absolutamente fundamental de la política de la UE, y perseguiremos este objetivo tanto en nuestras conversaciones con los partidos afganos como a través de las ayudas que proporcionemos. 
Como ha dicho la Sra. Izquierdo Rojo, de lo que se trata es de sustituir los burkas por permisos de conducir. 
Estoy completamente de acuerdo. 
Sin duda alguna, el Comisario Patten también hará algún comentario al respecto. 
En una evaluación general de la situación en Afganistán, y de los esfuerzos realizados por la comunidad internacional, es importante mantener el sentido de la proporción. 
Como se ha señalado en muchas intervenciones, actualmente existen problemas graves en Afganistán. 
Estos problemas afectan a la seguridad, a la producción de droga y, especialmente, a los derechos de las mujeres. 
Si comparamos la situación actual con la que existía hace menos de un año, las condiciones en las que vivía el ciudadano afgano corriente han mejorado infinitamente. 
Se puede decir que podríamos haber esperado mejores resultados, pero yo dudo de que en realidad fuera posible. 
En vista de las circunstancias, teníamos razones para temer lo peor. 
Tanto la UE como los Estados Unidos reaccionaron con rapidez y de forma generosa, en cuanto se presentó la oportunidad. 
Miles de europeos, soldados, policías, equipos de ayuda de emergencia y funcionarios están realizando ya inestimables esfuerzos para ayudar a levantar Afganistán. 
Se trata de una tarea ingrata y peligrosa. 
Muchos han perdido la vida. 
Por supuesto, debemos ser siempre receptivos a las críticas, pero tampoco hay que infravalorar el esfuerzo de las personas valerosas y comprometidas que han ayudado a reconstruir Afganistán. 
Antes al contrario, en reconocimiento de su labor tenemos la obligación de señalar que se han conseguido importantísimos resultados. 
Europa no tiene nada de qué avergonzarse en Afganistán, y yo añadiría, por último, que 100.000 afganos ya están regresando a sus hogares de Afganistán. 
Sólo unos pocos están obteniendo asilo en nuestros países, porque el Afganistán de hoy es seguro, al menos, en amplias zonas del país. 
En este contexto, se trata de actuar de acuerdo con la declaración de la cumbre de Sevilla y de realizar importantes esfuerzos para facilitar la repatriación. 
Esto es algo que le debemos a Afganistán y a aquellas personas que actualmente están teniendo el valor de regresar a ese país. 
. Señor Presidente, pemítame hacer uno o dos comentarios en respuesta a este debate. 
En primer lugar, agradezco las amables palabras acerca de la labor que ha llevado a cabo la Comisión en Kabul y en el conjunto de Afganistán. 
Los comentarios acerca de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad subrayan la importancia del papel que los militares se han comprometido a desempeñar para extender la seguridad. 
Estoy seguro de que los Estados miembros habrán tomado nota de lo que aquí han dicho algunos diputados de esta Asamblea acerca de la posibilidad de ampliar el papel de la ISAF y su mandato. 
Si queremos ver cómo se extiende la autoridad de la Autoridad Transitoria por todo el país, no debemos en ningún caso minar dicha autoridad reinventando a los caciques al amparo de la campaña contra Al Qaeda y los talibanes. 
Es absolutamente imperativo que brindemos todo nuestro apoyo al presidente Karzai y a su equipo. 
Quiero señalar otros tres aspectos. 
En primer lugar, la Sra. Maes nos ha recordado la gran importancia de no cometer los mismos errores que cometimos tras la retirada de las tropas soviéticas. 
No estamos involucrados en lo que en ocasiones se ha llamado un tanto ridículamente la construcción nacional, o, por parte de un distinguido político, el trabajo social. 
Lo único que puedo decir es que es una pena que no hubiera más trabajo social y construcción nacional en la década de 1980 tras la retirada de las tropas soviéticas, porque si ése hubiera sido el caso, podríamos haber evitado algunos de los excesos cometidos por los talibanes y otros problemas que nos han surgido. 
Lo que Su Señoría ha dicho nos recuerda que la tarea que hemos asumido no va a ser breve. 
Tenemos que estar en Afganistán y vamos a tener que trabajar en asociación con Afganistán durante muchos años. 
Esta labor va a tardar bastante en concluir. 
Varias de Sus Señorías- sobre todo mujeres, aunque esta cuestión debería interesar por igual a los de mi sexo- se han referido a cuestiones de igualdad entre hombres y mujeres. 
Debemos asegurarnos de que se le dé prioridad a estas cuestiones en la ayuda al desarrollo y los programas de desarrollo. 
La Sra. Izquierdo Rojo ha preguntado por el intercambio de burkas por permisos de circulación. 
Desafortunadamente le ha sido imposible quedarse hasta el final del debate, pero estudiaré su comentario y nos aseguraremos de que la delegación a la que se ha referido obtenga toda la ayuda que precise. 
Es muy importante que Sus Señorías visiten Afganistán, vean por sí mismos lo que está pasando y presten su apoyo a las primeras etapas del proceso democrático en ese país. 
Ahora voy a tratar la cuestión del cumplimiento de los compromisos y promesas que se han suscrito en Tokio. 
Lógicamente, es importante, como descubrimos en Kosovo, en Timor Oriental y en otros países y sociedades en vías de recuperación de crisis, asegurarse de que la ayuda que se promete llegue con la mayor rapidez posible. 
No todo es perfecto, ni mucho menos, en Afganistán, pero cuando el Sr. Tannock dice que hasta el momento sólo ha llegado la ayuda humanitaria, está exagerando un poco. 
Como ha quedado claro en mi discurso, la Comisión Europea y otros han aportado ya bastante ayuda para la reconstrucción. 
En particular hay que señalar que el dinero que se ha facilitado a título de apoyo presupuestario- probablemente hemos sido los que más apoyo hemos prestado en este terreno- tan sólo para que el Gobierno empiece a funcionar, se ha suministrado con rapidez y ha sido usado como es debido. 
Ahora quiero referirme al comentario hecho por el Sr. Van Orden de que hay que asegurarse de que incluso cuando se gasta el dinero con celeridad, se gasta con prudencia y de modo transparente, puesto que hemos de tener en cuenta al Tribunal de Cuentas, hemos de ser conscientes del miedo a comparecer ante de la Comisión de Control Presupuestario o la Comisión de Presupuestos y hemos de ser conscientes de la importancia de tener a la opinión pública europea de nuestro lado. 
Al igual que en el caso de la Autoridad Palestina, al que se ha referido el Sr. Van Orden, la Comisión Europea ha sido pionera al asegurar el establecimiento de controles financieros reformados y transparentes. 
Hemos sido pioneros en la reforma de dichos controles financieros que todos están apoyando y utilizando ahora. 
También en Afganistán fue la Comisión Europea la que se puso pesada discutiendo inicialmente el establecimiento del presupuesto en dólares, tal y como se hizo en Kosovo. 
De hecho, fuimos los únicos que defendimos la dolarización del presupuesto. 
Otras cuestiones también las hemos resuelto satisfactoriamente, en estrecha consulta con el Fondo Monetario Internacional. 
Estoy harto de las continuas alusiones a que somos más descuidados que nadie en la manera en que apoyamos a otros países y otros gobiernos en crisis. 
En general, lo que estamos consiguiendo ahora es prestar asistencia con más rapidez y de forma que resista el escrutinio más minucioso de este Parlamento y del Tribunal de Cuentas. 
A veces deberíamos reconocer lo que estamos alcanzando y no simplemente suponer que lo que dice de nosotros la prensa sensacionalista es la verdad. 
Señor Presidente, el Sr. Van Orden también presenta sus disculpas al Comisario. 
Tenía un compromiso a las 16.00 horas, pero mañana leerá con gran interés la respuesta del Comisario en las transcripciones. 
He recibido seis propuestas de resolución presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de: 
las Declaraciones del Consejo y de la Comisión- Preparación del cuarto encuentro Asia-Europa "ASEM IV" (Copenhague, 23/24 de septiembre de 2002); 
el informe A5-0270/2002 del Sr. Maaten, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la Comunicación de la Comisión "Un marco estratégico para consolidar las asociaciones entre Europa y Asia" (COM (2001) 469- C5-0255/2002- 2002/2120 (COS) ). 
. Señor Presidente, el debate de hoy no puede ser más oportuno. 
El informe es excelente, y sé que Sus Señorías me entenderán cuando digo que este tema reviste un interés especial para mí. 
Este debate tiene lugar un año después de que se publicara en 2001 el documento de la Comisión «Estrategia para Asia» y una semana después del primer aniversario de los ataques a Nueva York y Washington. 
Por último, como ya se ha dicho, tiene lugar poco tiempo antes de que la cuarta cumbre de la ASEM (Conferencia Asia-Europa) reúna a 26 líderes europeos y asiáticos en Copenhague. 
Estos puntos centrarán mi breve presentación de hoy, así que los abordaré en el mismo orden. 
En primer lugar, el documento «Un marco estratégico para consolidar las asociaciones entre Europa y Asia» , del 4 de septiembre de 2001, siguió a nuestro primer documento importante de 1994, llamado «Hacia una nueva estrategia para Asia» , que reconocía que la nueva relación entre Europa y Asia había evolucionado más allá de «la ayuda y el comercio». 
El documento estratégico de 2001 refleja por lo tanto la importancia que ha adquirido el diálogo político entre la Unión Europea y Asia. 
La velocidad sin precedentes de la globalización también ha afectado al desarrollo de ambas regiones. 
Aconsejamos avanzar hacia una asociación con Asia en igualdad de condiciones sobre la base de cuatro puntos clave. 
En primer lugar, el reconocimiento de la gran diversidad cultural, política y geográfica existente en Asia. 
En segundo lugar, la consolidación de la presencia política y económica de la Unión Europea en esta región. 
En tercer lugar, la mejora del equilibrio entre los elementos económicos, políticos, sociales y culturales de nuestra estrategia. 
En cuarto lugar, el reconocimiento de que los países asiáticos son socios decisivos para la Unión Europea; éste es un punto que estamos descubriendo en las conversaciones actuales sobre comercio internacional. 
Somos plenamente conscientes de la preocupación del Parlamento por proteger los derechos humanos y extender la democracia, la gobernanza y el Estado de derecho en Asia y en cualquier otro lugar. 
Por esto el compromiso constructivo, al igual que nuestro diálogo con China acerca de los derechos humanos, es tan importante para la Comisión. 
También compartimos la preocupación del Parlamento por las tensiones que no cesan a través del estrecho de Taiwán y tomamos nota de la opinión del Parlamento acerca de nuestra relación con Taiwán. 
A la vez que la política de la Unión Europea de «una sola China» excluye toda relación formal con Taiwán, hemos de reconocer que Taiwán es un socio económico importante para la UE; de hecho, es el tercer socio en importancia de la región Asía-Pacífico. 
Por ello, mantendremos y si es preciso intensificaremos el diálogo con la administración taiwanesa en el terreno económico y en otros terrenos.. 
La Comisión, como ya sabrá el Parlamento, también se propone abrir una oficina en Taipei muy pronto, probablemente a finales de año. 
Además, apoyamos la participación taiwanesa en organizaciones y procesos internacionales, siempre que esto sea compatible con el estatus de Taiwán. 
Por supuesto, tanto el Consejo como el Parlamento han discutido y comentado la estrategia a seguir tras los espantosos sucesos del 11 de septiembre, que han tenido desde entonces un efecto significativo en las políticas y las acciones. 
La influencia más clara la hemos visto en nuestra política con respecto a Afganistán, que acabamos de debatir detenidamente en este Parlamento. 
Faltan pocos días para la celebración de la cumbre ASEM IV en Copenhague. 
Dejando a un lado las reuniones ordinarias de ministros de Asuntos Exteriores y Finanzas de la ASEM, que pronto se verán complementadas por una reunión de ministros económicos en Dinamarca, hemos mantenido varias reuniones ministeriales sobre medio ambiente y gestión de migraciones. 
Estas reuniones dieron pie a varias iniciativas concretas que serán ratificadas por los líderes en la propia cumbre. 
El ministro se ha referido a los principales temas que se discutirán en la cumbre. 
Espero que ésta siga la línea señalada por los ministros de Asuntos Exteriores, que hace la discusión sea menos formal y rígida en esta ocasión. 
Una de las principales ventajas de la ASEM es que brinda la oportunidad reunir a líderes de diversas culturas y civilizaciones, así como de países en distintas etapas de desarrollo, en torno al compromiso de sacar fuerza de la unidad en la diversidad. 
Y tal y como se ha dicho, los líderes discutirán por primera vez a puerta cerrada sobre el diálogo entre culturas y civilizaciones. 
Asia- y ésta es mi mayor subestimación en los últimos tiempos- es una región enorme, y por ello no somos partidarios de una política única. 
En nuestro último documento político hemos dividido Asia en cuatro subregiones: el sur, el sureste, el noreste de Asia y Australia y Oceanía. 
En el marco común se emprenderán acciones políticas específicas. 
Así que Asia es un tema de gran importancia para la Comisión. 
Nuestro enfoque tiene tres componentes básicos: uno de ellos tiene que ver con la definición de Asia como tal, puesto que los conceptos geográficos, culturales y políticos, entre otros, no están uniformemente definidos. 
También tenemos la cuestión del alcance de nuestra «Estrategia para Asia» , que ha sido objeto de debate desde que se publicó el año pasado. 
Finalmente, tenemos la discusión en curso acerca de la ampliación de la asociación ASEM. 
Acerca de este último punto, Sus Señorías recordarán que el Marco de Cooperación Asia-Europa 2000 introdujo el principio de consenso de doble llave, por el cual cualquier decisión sobre nuevos participantes se hará por consenso de todos los socios, una vez el candidato ha obtenido el apoyo de su propia región. 
Somos plenamente conscientes de que muchos diputados han expresado su deseo de ampliar la ASEM a otros socios de Asia. 
Ya hemos acordado entre los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEM que la consolidación de la ASEM y la cuestión de su ampliación se tratará en la próxima cumbre, que tendrá lugar en Hanoi en 2004. 
Ésta ha sido una sabia decisión: tendremos que utilizar el tiempo que nos queda hasta la próxima cumbre para preparar la incorporación de nuevos participantes en la ASEM y para preparar el orden del día de dicha reunión con sumo cuidado. 
La selección de temas que encierran un «valor añadido ASEM» es vital para evitar el solapamiento de órdenes del día. 
Por ello es importante definir las cuestiones que conviene tratar bilateral, regional o multilateralmente. 
En el contexto regional, tendremos que asegurarnos de que la ASEAN, la ARF y la ASEM se ocupen de los asuntos para los que cada foro está más capacitado. 
Durante los preparativos de la cumbre de Hanoi tendremos en cuenta las sugerencias del Parlamento que he mencionado, y puedo asegurar a Sus Señorías que seguiremos prestando la máxima atención a este exhaustivo informe. 
Hemos demostrado nuestro creciente interés por Asia con los cambios introducidos en nuestros servicios exteriores durante el último año más o menos. 
El Parlamento sabe que únicamente podemos abrir nuevas delegaciones si cerramos o reducimos las que ya existen, y se mantiene muy firme, y con razón, al limitar el número de delegaciones que tenemos en todo el mundo. 
También sabe que en general se reciben más críticas por cerrar o recortar personal en una oficina que elogios por establecer otra. 
A pesar de los problemas políticos que afrontamos, en los próximos meses podremos presenciar la apertura de nuevas delegaciones en Malasia, Singapur, Camboya, Laos y Nepal y la apertura de una oficina en Taiwán. 
El Parlamento sabrá que en un entorno en el que tales objetivos no pueden alcanzarse a la velocidad del rayo, esto es todo un logro y un indicio de la prioridad que otorgamos a Asia. 
En segundo lugar, sigo absolutamente convencido de que una región a la que no hemos prestado suficiente atención es el sureste asiático. 
Antes de 1997, las empresas europeas, los bancos y otros interesados, a menudo quizás abrumados por las historias de milagros económicos de Asia, se precipitaron sobre el sureste asiático con exagerado optimismo. 
El problema que surgió a partir de 1997 es que demasiados abandonaron el sureste asiático sin darse cuenta de lo que sigue habiendo y se puede conseguir allí. 
Estoy convencido de que deberíamos desarrollar una política europea coherente en el sureste asiático y darle más prioridad. 
El año que viene la Comisión presentará una comunicación que intentará definir un contexto razonable para nuestras relaciones comerciales, medioambientales, económicas y políticas con el sureste asiático. 
Por ejemplo, la importancia de Indonesia en nuestra vida política y económica merece ser subrayada mediante el establecimiento de una política más clara y coherente. 
El último punto es que la península de Corea es una zona en que hemos sido capaces de desempeñar un papel auxiliar, pero no insignificante. 
Creo firmemente que la política que persigue el presidente Kim Dae-Jung es totalmente correcta. 
Es muy importante que desempeñemos un papel de apoyo, que quizás no sea tan importante como el papel de Estados Unidos, China y Japón, pero que de todos modos es un papel importante en la reconciliación de la península de Corea y en el estímulo a Corea del Norte para que se una al resto de la especie humana. 
Deberíamos avanzar partiendo de lo que ya se ha conseguido en esa zona. 
Esto no es más que un indicio de cómo, sin ningún amor propio y sin exagerar los posibles logros, simplemente concentrándonos en algunas de las cuestiones en que de verdad tenemos fuerza suficiente para conseguir buenos resultados, podemos hacer mucho más que una realidad de nuestra política asiática. Y eso es lo que nos proponemos. 
Señor Presidente, permítame comenzar dando la enhorabuena a la Comisión. 
El documento de la Comisión, su visión de las relaciones entre Asia y Europa, que constituye el tema de mi informe, es claro y coherente, y demuestra que entiende la situación a que se enfrenta Asia. Realmente responde a una necesidad acuciante. 
Uno de los fallos de las relaciones entre Europa y Asia es, desde mi punto de vista, el enfoque minimalista del Consejo hasta la fecha, y en particular de los Ministros de Asuntos Exteriores. 
En mi opinión, nuestros Ministros alcanzaron un mínimo histórico con su nimia aportación a la cumbre ASEM III de Seúl, en agudo contraste con la contribución de la Comisión. 
Esto ya no resulta aceptable. 
Cualquiera que haya trabajado en este tema en el último año sabe que es necesario tomar medidas firmes y concretas, ya que esto es lo que precisan tanto Asia como Europa para enfrentarse a sus respectivos retos. 
Me refiero a medidas que vayan más allá de una sólida cooperación económica- de la que, por cierto, yo soy ferviente partidario- y más allá también de las apariencias y del interminable simbolismo que se supone ha de tomarse por política. 
Así pues, estoy satisfecho con el anuncio por parte de la Comisión de que pronto se adoptará una estrategia para el sudeste asiático, ya que esta era precisamente la pieza que faltaba para completar el rompecabezas. 
Puedo ilustrar fácilmente el reto al que nos enfrentamos en el campo de los derechos humanos simplemente citando un ejemplo de la vida cotidiana. 
En octubre del año pasado, informé en este Parlamento del caso del Sr. Bin Vinh Trinh en Vietnam. 
Tras una larga estancia en el extranjero, el Sr. Trinh realizó unas inversiones en su propio país. 
Posteriormente, fue detenido y acusado de haber utilizado medios fraudulentos y sus posesiones fueron embargadas. 
Este fue un suceso trágico para él y su familia, pero, sobre todo, envió una señal muy negativa a los posibles inversores en Vietnam. 
Desde entonces ha transcurrido un año y se han realizado algunos avances, pero no son ni mucho menos suficientes. 
Las posesiones del Sr. Trinh aún no le han sido devueltas y todos aquellos que lo acusaron falsamente aún no han sido llevados ante los tribunales. 
La Unión Europea es en la actualidad el donante principal de Vietnam, pero se echa de menos una atención paralela por el respeto de los derechos humanos. 
Esto hace que la política sea incoherente y que sin duda presente lagunas en aspectos de los que Europa siempre se ha enorgullecido. 
No sin razón, el Comité de Derechos Humanos de la ONU informaba recientemente acerca del gran número de violaciones de los derechos humanos en Vietnam. 
Otros países asiáticos, como Camboya o Corea del Norte, tampoco escaparon a la condena del comité de Naciones Unidas. 
Sería imposible mencionarlos a todos uno por uno, pero espero que el mensaje haya quedado claro. 
La observancia de los derechos humanos, incluida, por ejemplo, la protección de los inversores, no puede considerarse aislada de la cooperación económica. 
Ambas son interdependientes. 
La Unión Europea no sólo se considera a sí misma la guardiana de los derechos humanos, sino también partidaria de los procesos de democratización y de las democracias jóvenes en todo el mundo. 
¿En todo el mundo? 
Pues no, ya que, sorprendentemente, existe una joven democracia en Asia que no cuenta con ningún apoyo, a saber, la de Taiwán. 
El trato que recibe este país por parte de Europa y de nuestro Consejo es hipócrita. 
Este es el único calificativo que puedo emplear. 
Taiwán es una democracia en ciernes con la que mantenemos sólidos lazos económicos. 
Veamos un ejemplo: el año pasado, el Presidente Chen Shui-bian no pudo recibir el Premio Libertad de la Internacional Liberal que se le había concedido porque se le denegó el visado, mientras que los representantes de la República Popular de China lo pasaron maravillosamente viajando por todo el continente. 
Todos conocemos el contenido democrático del régimen de Pekín. 
Puedo entender perfectamente que se les deniegue el visado a Sadam Husein y a Robert Mugabe, pero sin duda resulta extraño que se prohíba la entrada en un país democrático a un líder electo que se encuentra en visita privada. 
Ningún Estado miembro quiso conceder un visado al invitado liberal demócrata, y el Consejo mostró su flanco más débil al no mover ni un dedo por resolver esta situación. 
Así pues, acojo con gran satisfacción los planes de la Comisión de abrir una oficina en Taipei. 
Comisario, usted pidió que se le diera crédito y aquí lo tiene. 
Después de las duras palabras que he dicho sobre el Consejo, me gustaría decirle a mi buen amigo, el Sr. Haarder, que me han complacido sus comentarios acerca de los preparativos de la ASEM IV. Sus palabras inspiran confianza. 
Era necesario adoptar un enfoque integral y serio de cara a la ASEM IV, y espero que mi colega reciba al respecto un apoyo efectivo del Consejo. 
La cooperación económica- pienso en inversiones de las PYME, aunque también en el diálogo político y los intercambios, el Ministro ha nombrado la lista completa- es de suma importancia. 
A guisa de conclusión, ya no seguimos viviendo en la era de Rudyard Kipling, quien hizo la siguiente observación: el este es el este y el oeste es el oeste, y los dos nunca se encontrarán. 
El Estado de derecho democrático es un asunto de vital importancia también en Asia. 
No existe un modelo asiático ni tampoco un modelo europeo. 
Por eso me gustaría terminar recordándoles las palabras de un famoso experto asiático, escritas hace unos cuatro años en su libro sobre China y Hong Kong. Este experto dijo que «es absurdo afirmar la existencia de cualquier diferencia fundamental entre los valores personales y los principios morales de los asiáticos por un lado y los europeos y americanos por otro, ya que la decencia es la decencia, tanto en el este como en el oeste.» 
Comisario Patten, estas son palabras sabias que no han perdido ni un ápice de verdad. 
Muchas gracias, señor ponente. 
Yo quisiera recomendar a la Asamblea que tenga en cuenta que vamos un poco justos de tiempo y, para la consistencia del debate, sería bueno no tenerlo que dividir entre ahora y la sesión nocturna. 
Por lo tanto, rogaría a sus Señorías contención en el uso de la palabra y que procurásemos entre todos ahorrar tiempo, de manera que podamos hacer un debate consistente y acabarlo antes de las cinco y media. 
Señor Presidente, señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, mi estimado Bertel, Comisario, comenzaré transmitiéndoles mi satisfacción por el hecho de que, junto a las personas que están asistiendo al debate, en las galerías hay diplomáticos de la República Popular de China y también representantes del parlamento libremente elegido de Taiwán. 
Creo que es muy positivo que desde ambos lados del estrecho se siga nuestro debate de hoy. 
Señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, hablo en nombre del grupo PPE al afirmar que acogemos que gran satisfacción sus declaraciones acerca de los preparativos del proceso ASEM IV. 
Creo que sus declaraciones constituyen una prueba impresionante del modo cuidadoso y comprometido en el que tanto el Consejo como la Comisión se han preparado para la reunión ASEM IV. 
Sin embargo, mi grupo solicita algo sobre lo que yo pediría que proporcionara más detalles, a saber, visto el cúmulo de asuntos que hay que tratar, mencionados por el Presidente en ejercicio del Consejo, para que se plasme una acción concreta por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno, con calendarios fijos y objetivos definidos. 
No basta con que hagamos lo mismo que en la ASEM III y discutamos todos los problemas habidos y por haber, inclusive la economía, la cultura, la política y la educación, mientras después la opinión pública se pregunta por los resultados concretos de todo ello. 
Por lo tanto, nosotros preferimos, y exigimos, menos planes pero más definidos para la cooperación entre Asia y Europa. 
Entre los abundantes temas que se han mencionado, permítanme escoger tres en los que considero importante que los Jefes de Gobierno de Europa y Asia consigan resultados concretos. Especialmente para nosotros, como diputados del Parlamento Europeo. 
El primero de ellos es que debería iniciarse un proceso especial para unir ambos horizontes culturales. 
Precisamente teniendo en cuenta el aniversario de los terribles sucesos acaecidos el 11 de septiembre, Europa y Asia, independientemente de sus diferencias históricas, culturales y religiosas, deben definir, por el bien de la convivencia y de la paz mundiales, sus puntos comunes, aquello que les une, y extraer conclusiones de dicho análisis. 
Esperamos que este diálogo político y cultural tenga un punto de partida definido. 
El segundo asunto es un tema que Bertel Haarder, siendo danés, comprenderá perfectamente. En lo que respecta al terrorismo, existe un aspecto en el que deseamos resultados concretos, a saber, la lucha contra el terrorismo marítimo. 
Una y otra vez, nuestros barcos, al navegar entre Asia y Europa, caen en manos de piratas en determinados estrechos marítimos. 
No podemos explicar a la opinión pública el hecho de que estemos en condiciones de combatir el terrorismo en todo el mundo, y sin embargo no seamos capaces aparentemente de enfrentarnos a los terroristas en pequeños estrechos marítimos, terroristas que ponen en peligro a la tripulación de nuestros barcos y los asesinan. 
El tercer problema al que deseo referirme es el de la inmigración. En el Presidente en ejercicio del Consejo, cuyo cometido no sólo abarca la política europea, sino también la inmigración, podemos encontrar a un buen socio, alguien que velará por que se tomen decisiones concretas en la ASEM IV sobre el modo de mejorar la cooperación en la lucha contra los movimientos ilegales de personas entre Asia y Europa. 
Ahora comentaré brevemente al informe del Sr. Maaten, que por supuesto es un informe excelente. 
Las limitaciones de tiempo me obligan a señalar únicamente cinco aspectos del mismo, por lo que les pido que disculpen la brevedad. 
Comisario Patten, usted ha señalado que la ampliación del número de miembros de la ASEM requiere un enfoque consensuado, pero ha entendido muy bien que en el Parlamento deseamos animarle a hablar con nuestros socios asiáticos en la ASEM IV de cara a la preparación de la conferencia de Hanoi. 
Lo que cuestionamos es la afirmación de que «ampliaremos de 15 a 20 países». 
Como europeos, creo que es importante que Asia se centre en particular en integrar a países como la India y Taiwán en el proceso asiático. 
Usted mismo ha señalado el papel especial que desempeñan estos dos países. 
Creo que deberíamos, por así decirlo, «empujar» a estos países para que sean admitidos. 
Usted ya ha demostrado su compromiso político en torno al diálogo sobre derechos humanos, y en este sentido cuenta con nuestro pleno apoyo. 
Creo que el diálogo sobre los derechos humanos con la República Popular de China, que acaba de iniciarse, ha demostrado que ambas partes partirán en adelante de la base de que los derechos humanos son por naturaleza universales. 
Pongamos fin a la terrible discusión sobre si hay derechos humanos europeos o asiáticos. Muy al contrario, los derechos humanos son universales, y esta es la base sobre la que debería continuar el diálogo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, Europa quizás debería desempeñar un papel más destacado en la prevención y resolución de conflictos en Asia. 
La seguridad de la región es de vital importancia para el planeta en su conjunto. 
Por ello deberíamos proporcionar un apoyo constructivo al diálogo político entre la República Popular de China y Taiwán sobre la base de la democracia, del derecho de los pueblos a la autodeterminación, del respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho. 
Asimismo deberíamos comprometernos a desempeñar algún tipo de papel en la reducción de las tensiones entre India y Pakistán. 
Este asunto guarda relación no sólo con la protección de las culturas minoritarias, sino también con la protección de las minorías cristianas en la región. 
Le estamos muy agradecidos, Comisario Patten, por referirse, en calidad de portavoz de la Comisión, a la pronta inauguración de la delegación en Malasia, Singapur, Taiwán, Camboya, Laos y Nepal. 
Este era un viejo deseo del Parlamento. 
Es necesario que contemos con una representación más destacada en un continente que engloba a la mitad de la población mundial. 
En este punto cuenta usted con nuestro apoyo. 
Permítanme concluir con una nota moderadamente crítica. 
Hoy estamos discutiendo sobre la gran importancia de Asia y Europa y la relación entre ambos continentes. 
Espero no desentonar al afirmar que pronto, y también en el mes de septiembre, habrá una reunión, una cumbre entre la Unión Europea y China, programada para un día. 
Me pregunto si los Jefes de Estado y de Gobierno no deberían quizás conceder más de un día a este encuentro, si verdaderamente desean entablar un diálogo en profundidad con la República Popular de China. 
Creo que sería conveniente dada la importancia de ese país y la del continente. 
Señora Presidenta, acojo con satisfacción la comunicación de la Comisión titulada «Un marco estratégico para consolidar las asociaciones entre Europa y Asia» y el informe del Sr. Maaten, por el cual lo felicito. 
En el pasado, con demasiada frecuencia hemos dejado de lado a Asia para centrarnos más en otras regiones del mundo, pero la verdad es que en Asia vive la mayor parte de la población mundial. 
Nos complace el reconocimiento, tanto en el informe como en la declaración de la Comisión, de que tenemos que estrechar lazos con Asia no sólo en el ámbito del comercio y la economía, sino también en otros terrenos, como por ejemplo los intercambios culturales, especialmente entre los Estados islámicos moderados de Europa y Asia; en justicia y asuntos de interior, en la guerra contra el terrorismo, el tráfico de drogas y el crimen organizado, todos ellos asuntos con una evidente dimensión mundial; política medioambiental, en la que Europa y Asia hacen frente a la misma amenaza de contaminación y degradación del medio ambiente; política de seguridad, ya que en un mundo cada vez más globalizado, una crisis en la península de Corea- como ha señalado el Comisario Patten- amenazaría la paz y la estabilidad del mundo entero. 
Esta es una de las razones por las que la Unión Europea participa en el proceso KEDO. 
Por lo tanto, acogemos con satisfacción la aparición de voces asiáticas que hablan conjuntamente a través de la ASEAN y otros foros regionales. 
También aprobamos y nos gustaría animar y profundizar en la ampliación del proceso ASEM y el diálogo parlamentario paralelo a través de la ASEP. 
Yo tuve la oportunidad de participar en la primera reunión de la ASEP aquí en Estrasburgo en el año 1996 y en la segunda reunión de la ASEP en Manila la semana pasada, donde hubo unanimidad en torno a declaraciones sobre del terrorismo, el medio ambiente y los derechos humanos de mujeres y niños. 
Diputados del Parlamento Europeo de Alemania, España, Bélgica e Italia se unieron a colegas de China, Japón, Corea y Filipinas para acordar que hay que ratificar Kioto; las Naciones Unidas deben ser la base de la guerra internacional contra el terrorismo; se requiere la acción positiva para hacer frente a la discriminación de las mujeres; hay que trabajar con sindicatos y otros representantes de la sociedad civil para luchar contra el trabajo infantil. 
El problema fundamental es la pobreza: hay cientos de millones de personas en todo el mundo, y especialmente en Asia, que viven con menos de un euro al día. 
Esperamos que el Parlamento esté de acuerdo con la propuesta de la enmienda que otros diputados y yo hemos presentado para organizar la ASEP III a principios del 2004. 
Apoyamos el grueso del informe del Sr. Maaten. 
Mi única crítica es que ha habido un intento de secuestrar el informe en nombre del lobby taiwanés. 
Es sabido que los diputados del Parlamento tienen derecho a hacer esto, pero debemos ser conscientes de lo que se nos pide que aprobemos. 
Permítanme recordar a los diputados las disposiciones del apartado 1 del artículo 9, anexo I, artículo 1 acerca de declaraciones de intereses. 
En nombre del Grupo Socialista, he presentado enmiendas para intentar corregir estas distorsiones. 
Sí, debemos reconocer a Taiwán como una de las entidades comerciales más importantes para la UE, pero aquí se nos está pidiendo que vayamos más allá. 
Si queremos retirar nuestro apoyo a la política de una sola China que seguimos en el pasado, hagámoslo directamente en lugar de camuflarlo en el apartado 35 sobre la OMS. 
La pertenencia a la OMS está limitada a los Estados nacionales. 
Solicitar la admisión de Taiwán en la OMS es reconocerlo como Estado nacional, dotarle de una independencia que ni siquiera su propio Gobierno ha solicitado. 
Igualmente no entiendo por qué, si el Grupo PPE-DE está realmente interesado en respetar los derechos fundamentales de libertad para viajar del Presidente y altos funcionarios del Gobierno de Taiwán, quiere limitar esta libertad a las visitas privadas, en lugar de dejarla más abierta. 
De otro modo sólo podremos concluir, si siguen manteniendo su postura, que esto es un subterfugio para abrir un proceso político que todavía no hemos acordado. 
Con estas reservas, apoyamos el informe. 
Señor Presidente, quisiera manifestar mi agradecimiento al Sr. Maaten por el admirable informe que ha elaborado sobre un tema especialmente amplio. 
Asia es un tema inmenso no sólo por su superficie geográfica. Ha También engloba amplias diferencias económicas, políticas y religiosas, de manera que es un reto particularmente grande considerar toda la zona en un solo informe. 
Y sin embargo, lo ha conseguido. 
Me gustaría destacar únicamente un par de aspectos. 
Anticipándome a la próxima cumbre ASEM que se va a celebrar en Copenhague, debemos dejar bien claro que apoyamos totalmente la iniciativa destinada a mantener y favorecer las relaciones entre la UE, los países de la ASEM y toda Asia. 
Se trata en primer lugar y ante todo, de impulsar la lucha por el respeto de la democracia y de los derechos humanos en todo el continente. 
Con respecto a la campaña mundial contra el terrorismo es importante que la UE consiga forjar alianzas sólidas y duraderas con los países asiáticos. 
Un flujo de relaciones más intenso entre la UE y Asia también debería ser favorable para la economía de mercado y el desarrollo sostenible y, en última instancia, para la prosperidad asiática. 
Nos basta con repasar la historia reciente y los ejemplos de Japón y Taiwan para constatar enseguida que la democracia, la economía de mercado y el respeto de los derechos humanos son el camino que permite avanzar. 
Como es natural, debo expresar mi satisfacción ante el hecho de que tanto China como Taiwan sean ahora miembros de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. 
Y es muy grato poder escuchar en palabras del Señor Comisario que la UE va a abrir dentro de un año una nueva oficina en Taipei. 
Taiwan es el undécimo socio comercial de la UE por el volumen de los intercambios, lo que lo convierte en un socio muy importante. 
Aun a riesgo de ser blanco de las posibles acusaciones del Sr. Ford, lamento que Taiwan no pueda participar en la reunión ASEM, en calidad de observador, por ejemplo. 
Del mismo modo, también lamento que Taiwan no forme parte de la Organización Mundial de la Salud, ni siquiera como observador. 
En mi opinión, todas y cada una de las democracias del mundo deberían ocupar un lugar en estas instituciones internacionales. 
Señora Presidenta, hay muchas partes del informe del Sr. Maaten con las que estoy completamente de acuerdo. 
No obstante, subsisten una serie de problemas. En primer lugar, cualquier alusión a Europa y a Asia debe incluir también a Rusia. 
Todas las cuestiones afectan a los intereses de Rusia como gran potencia euroasiática, tal como ha quedado patente hace muy poco en relación con la cuestión de Corea. 
Tanto el viaje del presidente de Corea del Norte a Siberia, como los planes de construir una línea de ferrocarril entre Corea del Norte y Corea del Sur merecen gran atención. 
Por otro lado, si analizamos la situación bajo la sospechosa perspectiva de los Estados Unidos y además no contamos con Rusia ni con China en la medida que se merecen, se hace muy difícil conseguir una solución pacífica y equitativa capaz de resolver los problemas que se plantean. 
En segundo lugar, diseñar una política asiática sin tener en cuenta al Grupo de Shanghai y el lugar que ocupa en los acontecimientos políticos euroasiáticos es hacer caso omiso de la realidad de la situación. 
Ahora debemos decidir cuál es, por ejemplo, el lugar que ocupa Asia Central y qué actitud debemos adoptar con respecto a la estrategia euroasiática de los Estados Unidos que desean modificar la disposición geoestratégica en esta zona. 
El final de la guerra fría sembró la esperanza de un mundo en paz, pero desgraciadamente, esta esperanza se está desvaneciendo rápidamente. 
En tercer lugar, los Estados miembros de la Unión Europea, durante mucho tiempo han subestimado o no han dedicado la suficiente atención a los progresos realizados en Asia; todavía en la actualidad continúan empeñados en desarrollar deliberaciones unilaterales y, en ocasiones, limitadas. 
El señor Comisario ha observado que la realidad ha dejado desfasadas las referencias del informe a la India y Taiwan, sin distinciones; considero que se trata de un error político que no tiene debidamente en cuenta la realidad. 
La realpolitik siempre está asociada a los intereses y la UE hace bien en encontrar un equilibrio entre sus propios intereses y los de sus socios. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, comenzaré por felicitar al ponente, Sr. Maaten, puesto que todavía nos queda mucho camino por recorrer en cuanto a las relaciones entre la UE y Asia se refiere. 
Estamos actuando como si Europa, un simple apéndice de Asia, no tuviese nada que ver con el continente euroasiático, como si fuéramos el centro del mundo y Asia fuera otro continente distinto. 
La ASEM podría ser, sin duda, un foro muy útil en materia de cooperación si todos los países asiáticos pertenecieran a esta asociación de países o, al menos, se reconociera debidamente a aquellos que están realizando un esfuerzo para democratizarse. 
La ASEM me parece impensable, por ejemplo, sin la India. 
El proceso de creación de la democracia en Asia sólo será factible con el firme compromiso de la UE. Por esta razón, podemos y debemos prestar a atención a los países democráticos, como por ejemplo Taiwan, como un foco de irradiación. 
Se Es posible afirmar que Taiwan podría llegar a ser el motor del proceso continuado de democratización que queremos impulsar en Asia. 
Además, los acuerdos de cooperación entre los países asiáticos y la UE- pienso ahora en Laos y VietNam) carecen de significado alguno si estos países no se adhieren a sus principios. 
Mi primera preocupación se centra en las zonas de montaña, puesto que Asia posee las montañas más altas del mundo, entre las que se encuentran las cordilleras del Himalaya, del Karakorum, del Hindu Kush y las montañas del Pamir. En estas zonas de montaña, cuya superficie en el mapa supera la de toda la UE, se encuentran localizados los mayores focos de conflictos. 
El Tíbet posee una historia y una cultura propias. 
Tiene aproximadamente las mismas dimensiones que Europa, desde Gibraltar hasta los Urales. 
El Tíbet fue ocupado por China en los años 50. 
La intelligentsia y los dirigentes de la sociedad tibetana fueron expulsados del país. 
Su líder espiritual, el Dalai Lama, abandonó el país en 1959 y actualmente dirige desde la India su gobierno en el exilio. 
Tras muchas promesas, el pueblo tibetano obtuvo la autonomía formalmente en 1965, pero ésta resultó ser una auténtica farsa: la represión contra el pueblo tibetano fue en aumento y el país continúa siendo víctima del saqueo. 
El ferrocarril que se está construyendo desde Golmod hasta Lhasa y que casualmente discurre sobre zonas de terreno permanentemente helado, lo que no tiene mucho sentido, no sirve para hacer llegar los suministros al país, sino para seguir explotándolo. 
En el marco de este sistema híbrido, mitad capitalista, mitad comunista, China ha hecho todo lo posible por marginar a la minoría y la cultura tibetanas. 
Todos los esfuerzos que hemos realizado hasta la fecha para conseguir el respeto de los derechos humanos han sido en vano. 
La represión contra todo lo tibetano continuará a no ser que la UE intervenga para frenarla. 
Nuestro siguiente punto de atención es Sinkiang, una región que todavía hoy vive bajo dominio chino y cuenta con una población musulmana muy poco numerosa. 
Se trata de una vasta región situada al oeste China, entre las montañas de Kunlun y las cordilleras del Altai y el Pamir. 
También allí existe represión, violación de derechos humanos y, tras el 11 de septiembre de 2001, una opresión aún mayor so pretexto de combatir el terrorismo. 
Desde entonces, ya no se ha vuelto a hablar de autonomía. 
Me pregunto si sería útil aportar la experiencia sobre resolución de conflictos regionales de la que disponemos los europeos. 
Le ha llegado el turno a Cachemira, el foco de conflictos más importante de Asia. Se trata de un problema que se arrastra desde 1947 en la región de Cachemira, denominada Jammu y Cachemira, dividida entre la India y Pakistán. 
Tras varias guerras entre ambos países, los soldados continúan enfrentándose desde hace 15 años, tanto en invierno como en verano, a 6.000 metros sobre el nivel del mar. 
Los intentos por resolver este conflicto no han tenido éxito. 
Pero ahora no me preocupa dirimir qué parte de culpa tienen unos y otros, sino encontrar soluciones. 
Evidentemente, la población autóctona, los cachemires, debe ser consultada y la autonomía podría ser tal vez una solución también en este caso; quizá se podría contemplar incluso una autonomía compartida para ese país dividido y los europeos disponemos de varios modelos caminos que se pueden seguir para encontrar soluciones. 
Por lo que se refiere a la autonomía, lo mismo se podría decir con respecto al Tíbet, Sinkiang y varias regiones del Cáucaso. 
Pasemos ahora a Nepal, un país pequeño, pero con una gran densidad de población. 
En esta zona encontramos situaciones próximas a una guerra civil, que están conduciendo al país- uno de los más pobres del mundo- hacia la práctica autodestrucción. 
Por una parte, hay un gobierno corrupto y por la otra, unos grupos rebeldes autodenominados maoístas; ambas partes se enfrentan entre sí con la excusa de apoyar a la población rural empobrecida. 
Mientras se desarrollan estos enfrentamientos, la población rural y el turismo, únicas fuentes de ingresos con las que sobrevive el país, van quedando aplastados. 
Esto significa que ya no podemos seguir aportando la ayuda financiera no gubernamental que hasta ahora contribuía a mitigar un poco la pobreza. 
Por el momento, no veo ninguna posibilidad de liberar a este pequeño reino situado a los pies de la cara sur del Himalaya de este dilema autodestructivo. 
Tampoco veo que la paz haya llegado a Afganistán. 
Las zonas montañosas del Hindu Kush han quedado arrasadas, el desarrollo del turismo como actividad económica no es posible allí, y las zonas de montaña se están quedando cada vez más desoladas. 
Lo que debemos fomentar desde aquí es, en primer lugar, el respeto de todos los modos de vida distintos, la protección de las minorías y, por supuesto, la ayuda económica, el mantenimiento de la paz, la educación, la resolución de los conflictos y la intervención en los casos en que sea necesaria. 
Sin embargo, ¿cómo nos proponemos influir en las interacciones políticas en esa entidad tan compleja que es Asia y cómo puede intervenir la UE en su configuración si no conseguimos hablar con una sola voz? 
Mientras la UE no consiga desarrollar una política exterior y de seguridad común, gran parte de las medidas que deseamos llevar a cabo y en cuya ejecución se debería invertir un gran esfuerzo, se quedarán en meras ilusiones. 
Lamentablemente, este último aspecto es el que más nos urge resolver antes de poder empezar a desarrollar nuestra verdadera tarea en Asia. 
Señora Presidenta, me cuesta pensar en otra región para la que resulte tan difícil elaborar una estrategia política como para Asia. 
Desde el punto de vista de su seguridad, se trata de un auténtico polvorín; desde el punto de vista económico, todavía es un gigante en pañales y desde el punto de vista de los derechos humanos, constituye sobre todo una fuente de preocupación. 
¿Cómo debe actuar la Unión Europea en esta región? 
El informe del Sr. Maaten contiene mucha información fundamental para poder construir una visión coherente. 
Sus aportaciones son de una gran calidad, por lo que yo voy a apoyarlo, aunque no esté completamente de acuerdo con todas las apreciaciones del ponente. 
Me gustaría plantear dos consideraciones. 
Empezaré por una crítica. 
El informe se extiende mucho sobre el papel que debería desempeñar la Unión Europea en todo tipo de conflictos en la región, pero no se pronuncia sobre la relación con los Estados Unidos. 
En punto 14, se indica que la Unión Europea necesita subrayar ante Oriente que Europa tiene un papel propio que cumplir, independiente del de los Estados Unidos. 
Esta afirmación no parece muy realista si tenemos en cuenta que, como también se reconoce en el punto 14, la Unión Europea no dispone todavía de una política exterior, ni tampoco, desde luego, de una política de seguridad efectivas. 
Quiero señalar, por lo tanto, sin ningún deleite perverso, que si queremos que Europa desempeñe algún papel en este tipo de conflictos, la UE tendrá que colaborar forzosamente de manera más estrecha con los Estados Unidos. 
Al fin y al cabo, la presencia militar estadounidense no sólo es una garantía de estabilidad, sino que dota de mayor peso político a la región. 
Que esto no se mencione en el informe constituye una omisión, a mi parecer. 
En segundo lugar y de acuerdo con el ponente, quisiera destacar la importancia de los principios del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. 
Nuestras relaciones con China, Indonesia, Birmania y VietNam, por poner unos cuantos ejemplos, deberían estar supeditadas al acatamiento de estos derechos fundamentales. 
Estoy completamente de acuerdo con el ponente en que la única base real para fomentar el progreso económico y social de la región es el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, ponente, Señorías, estoy de acuerdo con el Presidente en ejercicio del Consejo en que éste es un buen informe. 
Sin embargo, como él mismo es consciente, muy a menudo se da la circunstancia de que el Parlamento produce buenas resoluciones pero después hay un problema. 
Tal problema es el Consejo. El Sr. Belder tiene a todas luces razón: hay un problema institucional, pero eso no es todo, ya que también tenemos el problema de la Comisión. 
El Sr. Messner tenía razón al recordarnos que es necesario adoptar una estrategia. 
No puedo creer que, a día de hoy, seamos incapaces de distinguir los países asiáticos democráticos de los países asiáticos no democráticos. 
Los incluimos en el mismo saco que a China, con quien hemos mantenido un difícil diálogo, no sólo desde ayer, sino durante una década entera, un difícil diálogo en el que los líderes chinos nos informan repetidamente de que China es un caso especial, que existe un modo particular de enfocar los derechos humanos en Asia. 
¿Han pensado decirles alguna vez que Engels, Marx, Stalin y Lenin no eran precisamente asiáticos y que deben dejar de decir semejantes tonterías? 
El problema no es de índole económica, señor Presidente en ejercicio, y nuestros amigos taiwaneses son el mejor ejemplo de ello, ya que, independientemente de cualquier relación política o institucional con nuestros países, se ha convertido en un país de 20 millones de habitantes que es el tercer socio comercial de la Unión Europea. 
Los empresarios de Taiwán y de la Unión Europea han encontrado su propio camino. 
Somos nosotros los que tenemos un problema, y ese problema es que hay una serie de países que se encuentran en guerra: en Viernam, actualmente hay una guerra contra la democracia y la libertad, como hay una guerra en China contra la democracia y la libertad y también en Laos se está librando una guerra contra la democracia y la libertad. 
Este problema no puede abordarse desde aquí. 
El Sr. Ford ha condenado las iniciativas del señor Jarzembowski y otros diputados en apoyo de la democracia en Taiwán. 
No consigo entender esta política de cooperación, Comisario Patten. 
Tampoco consigo entender por qué debemos seguir concediendo fondos que sabemos perfectamente que acabarán en las billeteras de los líderes vietnamitas, chinos y lao, por lo que no tienen el efecto deseado. 
¿Por qué, Comisario, no hace lo que está empezando a hacer con otros países? 
Es decir, suprimir todos estos proyectos de cooperación y conceder a los países un millón de euros una vez hayan llevado a cabo esta reforma democrática concreta. 
Ello eliminaría toda la burocracia europea y, por lo tanto, también el fraude y el vergonzoso despilfarro de nuestro dinero y el de nuestros contribuyentes. 
Asimismo, me gustaría que el Consejo y la Comisión nos informaran de si realmente no hay esperanzas de éxito en conseguir la liberación de las cinco «personas desaparecidas». 
Hace veinte años, cientos de miles de europeos se manifestaban en las calles pidiendo la liberación de los desaparecidos chilenos. 
Somos incapaces de salvar a cinco civiles desaparecidos, cinco «personas desaparecidas» en Laos, un país de cinco millones de habitantes y de escasa influencia geopolítica. 
Ni siquiera somos capaces de conseguir la liberación de los líderes de la Iglesia Budista Unificada, que ya llevan en prisión veinte años. 
Considero esta situación completamente inaceptable, por no decir incomprensible. 
Señora Presidenta, señor Haarder, Comisario Patten, el informe elaborado por mi colega Jules Maaten sobre la Comunicación de la Comisión relativa a las relaciones entre la Unión Europea y los países asiáticos merece reconocimiento, como demuestra el hecho de que fuera aprobado en comisión por gran mayoría. 
Quisiera igualmente dar las gracias al Consejo y a la Comisión por la visión de futuro que preside el modo en que están gestionando las relaciones entre estas dos regiones del mundo. 
Mi colega, el Sr. Jarzembowski, ha trazado las principales líneas políticas de nuestro grupo a su manera, que considero lúcida y brillante, por lo que sólo voy a tratar aquí algunos detalles. 
Me gustaría llamar la atención sobre unos aspectos concretos que para muchos de nosotros parecen no ser más que sutilezas, pero que revisten una importancia particular en lo que respecta a nuestras relaciones, por ejemplo, con la República Popular de China. 
El informe saca a colación la importancia que tiene para nosotros Taiwán. 
Se trata, en efecto, de un importante socio comercial y de una comunidad que ha realizado importantes avances en su desarrollo democrático. 
Sin embargo, hemos aceptado el concepto de una China, a pesar de que con razón nos preocupa la posición de Taiwán y de que nos oponemos a ciertas medidas o a la amenaza de ponerlas en práctica. 
Por esta razón, si deseamos ser coherentes, no podemos tratar a Taiwán como un Estado completamente independiente, condición que se refleja claramente en el hecho de que la República Popular de China es miembro de Naciones Unidas, y Taiwán no. 
Por ello Taiwán tampoco puede ser miembro de la OMS. 
Así pues, la forma de cooperación que me gustaría que se desarrollase debe ser de otro tipo. 
La OMS es una comunidad de Estados independientes. 
A continuación viene lo que evidentemente es mi opinión personal, pero dado que desde 1985 he tenido a menudo la ocasión de visitar China continental tanto de forma oficial como no oficial, y he hablado además con la gente corriente y con las autoridades, y he seguido los avances que se han producido, y creo que en materia de derechos humanos, a pesar de no acercarse siquiera a nuestra idea de lo que debieran ser, hemos de reconocer que ha habido algunos avances positivos. 
Aunque insistamos en el hecho de que China debe realizar más avances, y más rápidos, en esta cuestión, también deberíamos reconocer que esto ha tenido lugar en un país importante para nosotros en términos de cooperación. 
Soy un firme detractor de la pena de muerte, pero lógicamente nos deberíamos oponer a ella en todos los países del mundo. 
Se trata de una cuestión cualitativa, no numérica. 
Yo recordaría a todo el mundo que en los últimos diez años se han ejecutado cerca de trescientas penas de muerte en Taiwán, y en Japón un número ligeramente inferior a cien. 
Aproximadamente un tercio de la población musulmana mundial vive en Asia, continente que cuenta además con el mayor número de países musulmanes del mundo en términos de población. 
El Grupo PPE-DE cree que es muy importante mantener un diálogo con estos países y mejorar el conocimiento de nuestras respectivas culturas, por ejemplo en forma de programas de intercambio entre ciudadanos. 
De momento, la gran mayoría de la población islámica de Asia acepta y se ajusta a las políticas moderadas y, en mayor o menor grado, democráticas de sus gobiernos. 
La situación más crítica se da en Pakistán, donde ha sido derribada la democracia y continúan las actividades terroristas de forma más o menos abierta. 
Sin embargo, si se produjera una escalada de enfrentamientos en Oriente Próximo (de forma intencionada o no) , también podría influir en las actitudes de los musulmanes de Asia y un posible crecimiento del fundamentalismo en esos países. 
Por esa razón, también es muy importante para nuestras relaciones con Asia encontrar una solución a la situación en Oriente Próximo (y eso incluye tanto el conflicto israel o palestino como la amenaza iraquí) a través de la cooperación en un amplio frente, utilizando los medios que gocen de la aceptación más universal posible. 
Soy consciente de que técnicamente Mongolia es un país de Asia central en lo que respecta a los planes de trabajo de la Comisión (y por lo tanto a los nuestros) , pero en mi opinión debería formar parte de Asia oriental, como de hecho lo es desde el punto de vista geográfico. 
Mongolia, por muchas razones, no tanto por la desaparición de las estructuras comunistas, con la consecuente destrucción de la estructura industrial, sino también por sus condiciones climáticas, se ha convertido prácticamente en un Estado medieval en lo que se refiere a industria, educación y sanidad. 
Creo que este país merece, mejor dicho, necesita el tipo de atención y asistencia de primer orden que la UE debe ofrecer. 
Este país no podrá levantar cabeza sin ayuda, por lo que no debemos olvidarnos de él. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, desearía comenzar dando las gracias al Sr. Maaten por su excelente informe. 
Aunque no soy miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, he seguido esta cuestión, he leído el informe y lo he encontrado excelente. 
Tengo algunas reservas sobre determinados detalles, pero en su conjunto creo que se trata de un informe de excepcional calidad. 
Por supuesto, todos creemos que es importante que la cumbre de ASEM en Copenhague sea un éxito. 
En ella se tratarán temas económicos de extrema importancia para las relaciones entre la UE y los países de la ASEAN. 
Estas cuestiones clave han ido evolucionando en los últimos años. 
Sin embargo, el elemento que requiere un mayor desarrollo es la cooperación en el campo de la política exterior, es decir, la UE debería unirse a Asia en la adopción de un papel comprometido con los conflictos existentes en todo el planeta, y desempeñar un papel más activo. 
Por lo tanto, creo que fue positivo que Suecia abordara la cuestión coreana durante la Presidencia sueca, y espero que esta cooperación pueda continuar en el futuro. 
Tengo alguna experiencia en temas medioambientales. 
En cuanto al medio ambiente global, creo que es muy importante cooperar con los países asiáticos. 
Tenemos mucho en común y compartimos los mismos puntos de vista. 
Dado que estas cuestiones tienen carácter global, vemos que los Estados Unidos se muestran reacios en este terreno. 
Sabemos que necesitamos contar con la participación de este país. 
Tendremos mayores posibilidades de éxito si somos capaces de crear una coalición con los países asiáticos en torno a estos temas. 
Asimismo debemos continuar cooperando en temas de derechos humanos, campo en el que estos países registran problemas considerables, como muy acertadamente se ha comentado. 
Sin embargo, sigo estando convencido de que el diálogo mejorará nuestras oportunidades de avanzar también en este campo. 
Ahora me gustaría hablar de algunas cuestiones relacionadas con el diálogo. 
Acabo de volver de la reunión de la ASEP en Manila, en la que participé como delegado. 
A pesar de existir diferencias entre nosotros, debo decir que el ambiente fue positivo. 
Conseguimos ponernos de acuerdo en un comunicado conjunto. 
En la reunión de Manila intentamos centrarnos en tres ámbitos: en primer lugar, el terrorismo; en segundo lugar, los temas medioambientales; y en tercer lugar, las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. 
Conseguimos ponernos de acuerdo en los tres. 
Lo que yo destacaría por encima de todo con respecto a la lucha contra el terrorismo es que se debe llevar a cabo bajo los auspicios de la ONU y en el marco del derecho internacional. 
Es igualmente importante que se ratifiquen varias convenciones de la ONU. 
Ya he mencionado el aspecto medioambiental, que es una cuestión global. 
El calentamiento global es la cuestión más importante. 
Es importante que todos ratifiquemos el Protocolo de Kyoto. 
Es más, debemos intentar conseguir que los Estados Unidos lo firmen primero y, a continuación, que lo ratifiquen. 
También discutimos de la necesidad de movilizar a la sociedad civil en el contexto del medio ambiente y de los derechos humanos. 
Estamos muy preocupados por la situación de los derechos humanos, que ha venido deteriorándose en los últimos años. 
Necesitamos una mayor cooperación en este terreno. 
Como ha dicho el señor Ford, es importante conseguir una continuidad en nuestras relaciones en el plano gubernamental. 
Al mismo tiempo, también es importante mantener la continuidad en las relaciones en el plano parlamentario. 
Así pues, espero que la reunión de la ASEP pueda organizarse en conexión con la próxima reunión de la ASEM del año 2004. 
Nuestras relaciones con Asia han mejorado significativamente en los últimos años, y esto es algo que debemos acoger con satisfacción, ya que Asia representa el 56% de la población mundial, el 26% del PNB mundial y el 25% del comercio mundial. 
A pesar de la crisis en Asia, las relaciones comerciales y la inversión se han ampliado hasta tal punto que Asia es actualmente el tercer socio comercial regional de la UE. 
Incluso podríamos decir que en Europa hemos contribuido a una recuperación económica relativamente rápida en Asia gracias a nuestras inversiones y nuestros mercados abiertos. 
A pesar de esto, aún tenemos mucho trabajo por delante. 
Nuestros lazos políticos deben reforzarse y expandirse. 
Seguimos sin dar a Asia la consideración que merece como socio importante en las discusiones multilaterales de los foros internacionales, como la Organización Mundial del Comercio. 
En este sentido, me gustaría referirme a la reciente adhesión de China al Acuerdo de Kyoto. 
Este es un punto positivo. 
De hecho, Asia se está dando cuenta gradualmente de que se enfrenta a los mismos retos mundiales que nosotros: promover la paz, la seguridad, lograr unos niveles sociales mínimos, la protección del medio ambiente y la lucha contra el crimen internacional y el tráfico de seres humanos. 
Por último, sé por experiencia propia que los asiáticos aún no conocen Europa suficientemente. 
Esto conlleva, por ejemplo, un déficit comercial de la UE con Asia que, en parte debido a la crisis, se ha visto casi multiplicado por diez en los últimos cinco años. 
Así pues, urge reforzar nuestra presencia en la región y hacer que los asiáticos tomen conciencia de la importancia de Europa (y sobre todo de la UE) , todo ello con el fin de promover el comercio y el potencial de inversión de nuestras empresas. 
Señora Presidenta, me gustaría felicitar a la Presidencia del Consejo por el ambicioso programa de la cumbre de Asia en Copenhague. 
Desde mi punto de vista, es especialmente gratificante que nos centremos en el diálogo sobre la cultura y la civilización, ya que es precisamente en estos tiempos cuando el entendimiento mutuo cobra mayor importancia. 
Demasiado a menudo, aún se producen malentendidos a pesar de los avances realizados en las relaciones entre Europa y Asia, que son más bien distantes, en contraste con las relaciones existentes con los Estados ACP o con Latinoamérica. 
Hemos llegado a entender que los Estados asiáticos no son meramente competidores económicos o comerciales para Europa, sino que son socios verdaderamente importantes. 
Tanto el informe del Sr. Maaten como la comunicación por parte de la Comisión han explicado claramente que el marco estratégico debe destacar igualmente ámbitos prioritarios de cooperación política y estratégica, aspecto en el que el refuerzo de Naciones Unidas será, por otra parte, un punto de vista de peso, y por otra, sin duda alguna, también serán importantes los esfuerzos bilaterales y conjuntos (en la medida de lo posible) para conseguir la implicación de los Estados Unidos en una relación multilateral. 
En este momento de conflictos, en el que nos enfrentamos a problemas y retos, nunca haremos suficiente hincapié en el hecho sumamente importante de que Asia y Europa apoyen a un mundo multipolar. 
Aquí es donde nosotros, como Parlamento Europeo, podemos desempeñar claramente un papel significativo a través de estos informes y debates. En este sentido, las cumbres de la ASEP podrían encargarse de subrayar este aspecto. 
Verdaderamente creo que se trata de algo importante. 
Asimismo me gustaría subrayar doblemente el papel que debe desempeñar el principio de distensión y cambio a través del acercamiento, al dar prioridad a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la democracia. 
¿Qué hemos conseguido en Europa con esta política? 
¿Por qué no puede utilizarse para apoyar nuestros esfuerzos en Asia? 
Yo considero justo y acertado que cooperemos con los asiáticos de este modo en el Foro Regional de la ASEAN y también en otros ámbitos que afectan a la estabilidad. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer otro llamamiento. 
Otro asunto importante es la cooperación entre organizaciones no gubernamentales, como lo es también la nueva relación basada en los derechos humanos, los acuerdos de asociación y el entendimiento mutuo. 
¿Qué habremos conseguido, sin embargo, si esto queda confinado a los jefes de gobierno, al mundo empresarial, o incluso a los parlamentos? 
Debemos incluir a los jóvenes de estos nuestros continentes. 
Con esta idea en mente, me gustaría animar a la Presidencia danesa del Consejo a que haga todavía más por las escuelas de verano asiático-europeas y por el entendimiento mutuo entre los jóvenes asiáticos y los europeos. 
Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría alabar el informe del Sr. Maaten y expresar mi apoyo al mismo. 
Se trata de un documento excelente. 
Asimismo me gustaría expresar mi satisfacción por la comunicación del comisario Patten. 
En los últimos diez años, la atención que la UE ha prestado a Asia no ha sido siempre la adecuada. 
En parte gracias al Comisario Patten, esta atención ha mejorado. 
Por supuesto, esto tiene que ver de alguna manera con su gran conocimiento y experiencia en este campo. 
También en el plano parlamentario han mejorado los contactos a lo largo de los últimos años, como demuestra la reciente reunión de la ASEP en Manila. 
Asimismo es de vital importancia que las conversaciones no tengan lugar únicamente a escala ministerial y oficial, sino igualmente en el plano parlamentario. 
Esto refuerza el debate sobre los contactos mutuos, y de este modo los contactos vienen orientados y controlados también en el plano parlamentario. 
Reforzar la calidad democrática en Asia no es ni mucho menos un esfuerzo vano. 
Me gustaría hacer algunos comentarios adicionales, comenzando por Indonesia. 
Me alegra que el Comisario Patten se haya referido a este país en términos tan elogiosos. 
Me gustaría decir algo sobre Indonesia, ya que conozco bien ese país y porque soy también copresidenta del recientemente creado grupo de trabajo «Amigos de Indonesia». 
Este está en vías de convertirse en un régimen democrático. 
Afortunadamente, el autoritario régimen de Suharto ha cedido el puesto a la democracia bajo el liderazgo al principio del Presidente Wahid y actualmente de la Presidenta Megawati Sukarnoputri. 
Este proceso dista mucho de ser fácil, por lo que es importante que ese país reciba todo nuestro apoyo. 
Después de China, Indonesia es el país más grande de la región. 
No deberíamos olvidar que Indonesia, en términos de población, es el segundo país islámico mayor del mundo. 
Ambos elementos unidos significan que Indonesia tiene una enorme importancia estratégica en la política mundial actual, tras los trágicos sucesos del 11 de septiembre del año pasado. 
A lo largo del verano, el Congreso indonesio, que está compuesto por una combinación de parlamentos nacionales y regionales, tomó importantes decisiones que refuerzan aún más la democracia. 
En el futuro, el Presidente será elegido directamente por el pueblo y el ejército se retirará del parlamento nacional, donde aún ocupaba una posición preferente. 
Al mismo tiempo, sin embargo, también debemos tener en cuenta el creciente número de grupos fundamentalistas islámicos que se oponen a la libertad religiosa en Indonesia. 
Las comunidades cristianas también sufren ataques regulares. 
La situación en las islas Malucas ha sido debatida a menudo en esta Cámara. 
Indonesia es un país vulnerable en esta fase de transición a la democracia, y esta es la razón por la cual el gobierno indonesio necesita un mayor apoyo por parte de la Unión Europea. 
La pregunta que yo quisiera hacerle al Comisario Patten es la siguiente: ¿Cómo podría reforzarse este apoyo? 
En segundo lugar, me gustaría hacer una observación acerca de Birmania o Myanmar. 
El informe del Sr. Maaten afirma que el país también debería ser miembro del grupo ASEM. 
Yo cuestionaría seriamente esta afirmación. 
Birmania aún tiene un régimen militar que llegó al poder derrocando a un Presidente que contaba con el respaldo del 80% de los votos de su país, suprimiendo los poderes del parlamento, encarcelando a muchos diputados o asesinándolos, o adoptando una política desastrosa con las minorías étnicas y que tuvo como consecuencia la llegada de 100.000 refugiados a Tailandia, entre otros países. 
He visitado estos campos de refugiados. 
Tampoco deberíamos olvidar que Birmania tolera la mano de obra esclava y que es el segundo país exportador de droga de Asia. 
En este sentido, se encuentra en clara competencia con Bolivia. 
Desde mi punto de vista, tal país no pertenece a la ASEAN ni al grupo ASEM. 
En su lugar, deberíamos intentar garantizar que la señora Aung San Suu Kyi vuelva a ser Presidenta del país en un sistema democrático. 
Me gustaría finalizar con un comentario sobre Vietnam. 
Es interesante oír que la nueva Conferencia Ministerial tendrá lugar en dicho país. 
Aunque tenga una opinión positiva sobre Vietnam, espero que la atención se centre también en el alto número de prisioneros políticos existentes en ese país. 
El Sr. Pannella ha presentado una enmienda a este efecto. 
La experiencia me dice que es útil plantear preguntas sobre esta cuestión, como lo he hecho en numerosas ocasiones, y también resulta útil para que el Comisario garantice que el embajador europeo en Vietnam preste a este asunto una atención urgente. 
Tengo cartas que muestran que algunos prisioneros vietnamitas han sido liberados tras la presión internacional ejercida por el Parlamento y la Unión Europea. 
Así que funciona. 
Espero que se dé a este aspecto la consideración debida en los debates de Hanoi. 
Y una última palabra. 
El argumento de la Comisión sobre Taiwán cuenta con mi apoyo incondicional. 
Espero que se dé a Taiwán un lugar en la ASEM y espero igualmente que seamos capaces de darnos cuenta de que Taiwán es una democracia más importante que la gran China, de la que por supuesto esperamos que siga avanzando en esta dirección. 
Señora Presidenta, Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, cuando se habla de cooperación entre la ASEAN y la UE, la mayoría de la gente piensa en el proceso ASEM (es decir, la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno) , pero no debemos pasar por alto la importante reunión de los parlamentarios europeos y asiáticos. 
La cooperación en este ámbito es tan importante que no debemos olvidar a uno de nuestros socios, ya que necesitamos a ambos. 
Con el tiempo hemos construido lazos muy intensos de cooperación económica, y Asia es en cualquier caso el socio comercial más importante de la Unión Europea. 
Hemos construido buenas relaciones en el ámbito cultural, pero lo que necesitamos es reforzar la cooperación política, simplemente porque los conflictos y problemas geopolíticos afectan a la Unión Europea. 
Pensemos, por ejemplo, en el terrorismo, o el crimen internacional organizado, en la inmigración o los temas medioambientales y los muchos otros problemas que debemos abordar. 
Así pues, acojo con gran satisfacción las iniciativas recogidas en este informe, al igual que las propuestas de la Comisión, y doy las gracias al ponente por las propuestas tan precisas que ha formulado. 
Sin embargo, me gustaría añadir un comentario propio, que considero que puede mejorar aún más la cooperación. 
Lo primero que deseo apuntar es que en el futuro deberíamos organizar una reunión de la ASEP, si es posible, antes de cada cumbre ASEM, de forma que se puedan recoger en un borrador propuestas tangibles y, en segundo lugar, para que podamos seguir avanzando, como acaba de apuntar el señor Jarzembowski, en lugar de llevar un registro de los diálogos en términos amplios, para llegar a decisiones definidas y establecer en términos concretos cuáles son las resoluciones y los objetivos que pueden y deben ponerse en práctica en estas cumbres. 
Algunos de nosotros, desde esta Cámara, dirigidos por el distinguido Lord Inglewood, participamos en la reunión de la ASEP celebrada entre el 26 y el 28 de agosto, en la que dimos un excelente ejemplo por cuanto cerramos un paquete muy sólido en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. 
Allí tuve la oportunidad de actuar como coordinador y le pediré a usted, como Presidente del Consejo, y a usted, como representante de la Comisión, que incorporen estos puntos específicos del paquete contra el terrorismo en la próxima cumbre de la ASEM. 
Propusimos de forma unánime que la ONU intentara proporcionar una definición uniforme del terrorismo que se convirtiera en vinculante para todos nuestros Estados. 
Decidimos que se creara una red para facilitar la cooperación en la lucha contra el terrorismo, el intercambio de información, la ayuda mutua (incluyendo la ayuda tecnológica) al abordar cuestiones como las armas químicas o bacteriológicas o la formación de expertos. 
En esta reunión, formulamos propuestas para mejorar los sistemas de seguridad en el transporte terrestre, marítimo o aéreo hasta conseguir niveles concretos. Igualmente propusimos que, al menos, todos los actos terroristas, incluidas la conspiración, la incitación y la pertenencia a organizaciones terroristas deberían calificarse de delitos graves y castigarse como tales en todos los Estados asiáticos. 
Por último, resolvimos que se brindara protección y ayuda a las víctimas del terrorismo. 
Tendremos éxito en la lucha contra el terrorismo sólo si la propia Europa toma medidas efectivas, cuando se desarrolle y consiga ponerse en funcionamiento la cooperación con los Estados Unidos, y si, finalmente, logramos el éxito en el desarrollo de proyectos cooperativos de primer orden con nuestros socios asiáticos en materia de lucha antiterrorista. 
Le pido, Comisario, y también a usted, señor Bertel Haarder, mi muy respetado y antiguo colega diputado de esta Cámara, que tomen nota de estas propuestas de la ASEP y de la cumbre de Copenhague y que las incorpore allí donde proceda. 
Señora Presidenta, tenemos hoy la suerte de debatir este informe apenas tres semanas antes de la cumbre de Copenhague y esta feliz circunstancia se ve reforzada por el hecho de que si alguien conoce este campo, ese es el Comisario responsable, el Sr. Patten. 
El tema de este debate es la política de la Unión Europea con respecto a Asia. 
Sin embargo, la política discutida en Copenhague se centrará, necesariamente, en el diálogo institucional con los miembros de la ASEM que, como saben, son los quince Estados miembros de la Unión Europea, diez países asiáticos y al Comisión Europea. 
En este sentido, resulta muy difícil tratar todos los aspectos de este ámbito en este único marco. 
Sin embargo, se trata de un paso en la dirección correcta y creo que este modus operandi y nuestro compromiso con este proceso son útiles para la estrategia de la Unión Europea en materia de asociaciones regionales y del mundo multipolar. 
Sin embargo, me gustaría señalar que, hasta la fecha, este diálogo ha tenido lugar en su mayor parte únicamente a un nivel económico y sería necesario que englobara también otros ámbitos, como la política, la educación y la cultura. 
No es un hecho casual que China, país que recientemente entró a formar parte de la Organización Mundial del Comercio y se presenta como candidata para albergar los juegos olímpicos del 2008, sea además un interlocutor de este debate, y definitivamente la economía y la cultura ejercen igualmente una gran influencia en el desarrollo de las instituciones democráticas. 
Sin embargo, un tema muy importante que debe abordarse es la ampliación de la ASEM. 
La Unión Europea tendrá pronto diez nuevos miembros, englobando un total de veinticinco. 
Todos los miembros de la Unión Europea pertenecen a la ASEM. 
Evidentemente, una vez que se amplíe, se pedirá que se permita la entrada de otros países asiáticos. 
Esto significa que este factor político es extremadamente urgente y que deben definirse los criterios de ampliación. 
Creo que los criterios que deben cumplirse, sin excepciones, por ambas partes son los criterios de Copenhague, los cuales contribuyen a la mejora de las relaciones económicas, culturales y, sobre todo, de los derechos humanos. 
Espero que consigamos avances significativos en la conferencia de Copenhague, de hecho estoy seguro de ello. Creo además que la Unión Europea conseguirá una aceptación más amplia en una región devastada por conflictos y crisis, es decir, el conjunto de Asia. 
Señor Presidente, como ha señalado el Sr. Pirker, la semana pasada tuve el honor de encabezar la delegación del Parlamento Europeo en la segunda reunión parlamentaria Asia-Europa (ASEP II) en Filipinas. 
Este evento, organizado con gran éxito bajo los auspicios del Senado filipino, concluyó con la emisión de un comunicado y unas declaraciones que trataban de los derechos humanos, con especial referencia a mujeres y niños, al terrorismo y al medio ambiente, tal y como han indicado varios diputados de este Parlamento. 
Pero otro dato igual de importante es introdujo una impronta parlamentaria en el proceso ASEM, que culminará dentro de unos meses con la reunión de Copenhague. 
En este mundo cada vez más interdependiente, donde la economía moderna, impulsada por la ciencia, la tecnología y los sistemas de transporte cada vez más perfeccionados, reduce el significado de las fronteras nacionales, y con ellas el efecto práctico de vallar la jurisdicción nacional, el proceso político democrático no debe quedarse atrás. 
La evolución de las reuniones gubernamentales, ministeriales y de Jefes de Gobierno que toman decisiones en las que, de hecho o de derecho, se promulgan leyes o se compromete a los participantes a que las promulguen, debería adquirir la debida perspectiva y vertiente parlamentarias. 
En mi opinión, este es un punto tan importante como muchas de las conclusiones a las que se ha llegado en reuniones parlamentarias como la ASEP II. Constituyen el primer paso hacia la creación de instituciones parlamentarias colectivas que colaboren con colectivos administrativos y gubernamentales como la ASEM. 
Espero de todo corazón que las decisiones tomadas por el ASEP II en Manila y la decisión de este Parlamento de votar a favor del informe Maaten confirmen la necesidad de celebrar otra reunión de la ASEP que complemente la reunión de la ASEM propuesta para Hanoi en 2004. 
También espero que esta reunión parlamentaria se celebre en Europa, aunque no necesariamente en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, sede de la primera reunión del ASEP en 1996. 
Gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0257/2002). 
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por Bart Staes (H-0524/02): 
Asunto: Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y endurecimiento de la política frente a los extranjeros en varios Estados miembros de la UE 
Los gobiernos en el conjunto de la UE están endureciendo la política frente a los extranjeros y establecen cada vez más obstáculos a los solicitantes de asilo, como, por ejemplo. el endurecimiento de las condiciones para la reunificación familiar, a cuyo respecto se exigen elevados importes de garantía, el aumento de la edad mínima para el matrimonio a 24 años, la expulsión de hijos nacidos de padres entrados ilegalmente en el país, la obligación de demostrar que se va a encontrar trabajo o la restricción del derecho de los padres de inmigrantes a venir a vivir con sus hijos. 
Las medidas enumeradas parecen ser una violación flagrante de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. 
¿Puede comunicar el Consejo si comparte el punto de vista de que las medidas arriba expuestas que se aplican en los Estados miembros son efectivamente contrarias al espíritu de los artículos 7, 9, 15 (apartado 3) , 18, 20, 21, 24, 25, 29, 33, 34, 41 y 47, entre otros, de la Carta citada y está dispuesto, en su caso, a tomar medidas contra dicha violación? 
La inmigración ilegal es un problema considerable para los Estados miembros de la UE y una cuestión que mantiene a su población bastante ocupada. 
El Consejo Europeo de Sevilla decidió aumentar los esfuerzos de la UE en este campo. 
Se acordó que las medidas relativas a la gestión conjunta de los flujos migratorios tomadas a corto o largo plazo deben alcanzar un equilibrio justo. Por una parte, debería existir una política de integración para los inmigrantes con residencia legal y una política de asilo que se ajustara a las convenciones internacionales, especialmente la Convención de Ginebra de 1951. 
Al mismo tiempo, nuestra política debe incluir acciones resueltas para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. 
Eso es lo que se afirma en el apartado 28 de las conclusiones acordadas en Sevilla. 
Las medidas a las que se refiere Su Señoría son normas legales adoptadas por los Estados miembros a escala nacional para combatir los problemas a los que se enfrentan. 
No es competencia del Consejo decidir si las medidas tomadas por los Estados miembros están o no de acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Quisiera referirme al apartado 1 del artículo 51 de la Carta, que afirma que los Estados miembros están obligados por la Carta cuando aplican el Derecho de la Unión y sólo cuando aplican el Derecho de la Unión. 
En general, los reglamentos a los que Su Señoría se refiere no se adoptan en aplicación del Derecho de la Unión, por lo que no creo que haya motivos para pedirme que evalúe si las medidas tomadas por los Estados miembros están de acuerdo con la Carta. 
La Carta es de naturaleza distinta. 
Su objetivo es aplicar el Derecho de la Unión. 
Hablando ahora en calidad de Ministro danés para la Integración, me gustaría señalar, no obstante, que la legislación danesa en este campo se ajusta totalmente a las normas internacionales. 
Y eso es algo que me gustaría subrayar. 
Quisiera dar las gracias, desde luego, al Ministro y ex diputado del Parlamento Europeo su respuesta, pero no podemos dedicarnos a los juegos de palabras. 
Claramente he preguntado si el Consejo podía indicar si está o no de acuerdo con que las medidas decretadas por los Estados miembros son contrarias al espíritu, repito, al espíritu de la Carta. 
Soy consciente de que la Carta es una declaración solemne, señor Haarder, pero contiene pasajes muy sutiles acerca del respeto de la privacidad, del derecho a casarse y fundar una familia, del derecho a la igualdad de condiciones de trabajo, del derecho de asilo, de la prohibición de toda discriminación, y podría seguir sin problema durante varios minutos. 
Sin duda, señor Haarder, tendrá usted que admitir que también en su país se están promulgando leyes que como mínimo son contrarias al espíritu de lo que está escrito en la Carta. 
Me gustaría pedirle al Consejo, a los Ministros de los quince Estados miembros, que respeten el espíritu de la Carta. Creo que el resultado podría ser una sociedad mejor. 
Señor Presidente, discrepo totalmente con el autor de la pregunta y me gustaría dejar muy claro que no hay en absoluto razón para que se violen ni la letra ni el espíritu de ningún acuerdo internacional. 
También me gustaría añadir que la información contenida en la pregunta es falsa en algunos puntos. 
Por ejemplo, se afirma que en un país existe una edad mínima para casarse, y eso no es correcto. 
Hay condiciones que regulan las circunstancias bajo las cuales se puede obtener un permiso de residencia permanente únicamente por motivos de matrimonio, y eso es algo muy diferente. 
Es obvio que este tipo de condiciones no se pueden aplicar, por supuesto, a los refugiados, puesto que si éste fuera el caso, sería contrario a las convenciones. 
Puedo asegurarle al Sr. Staes, cuando habla de legislación danesa, que estamos al día en materia de convenciones. 
Somos muy conscientes de cómo han de interpretarse y no pienso responsabilizarme de ninguna violación, ni del espíritu ni de la letra de ninguna convención en absoluto. 
Yo mismo fui el portavoz de derechos humanos del Parlamento Europeo en 1998 y 1999, y los informes están ahí para que los busquen y los lean. 
No tengo ninguna intención de infringir ni el espíritu ni la letra de ninguna convención internacional en absoluto. 
Pregunta nº 2 formulada por Gerard Collins (H-0526/02): 
Asunto: El sur de África y la grave escasez de alimentos 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación advirtió el pasado mes de febrero de que casi 4 millones de personas en el sur de África necesitarían ayuda urgente alimentaria durante este año. 
La causa es la disminución de las cosechas de cereales en 2001, originada por condiciones atmosféricas adversas y la reducción de los cultivos. 
La organización Christian Aid acaba de publicar un documento en el que advierte de que más de 12 millones de personas en el sur de África corren peligro que morir de hambre durante los próximos meses debido a malas cosechas, sequías, inundaciones y mala administración. 
¿Puede el Consejo explicar en términos generales su respuesta a esta alarmante situación y la manera en que considera que se puede proporcionar la ayuda alimentaria necesaria y reforzar el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil? 
La crisis alimentaria en el sur de África se discutió en la última reunión del Consejo el 22 de julio de este año, es decir, en la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores. 
El Consejo expresó su preocupación por la situación existente en el sur de África, donde se teme que hasta13 millones de personas se hayan visto afectadas por la crisis. 
El Consejo está molesto por varias decisiones políticas e iniciativas que se han tomado y que, aparentemente, han contribuido a empeorar la ya alarmante situación humanitaria, con sequía e inundaciones. 
El Consejo es de la opinión de que resolver la crisis humanitaria es una de las principales prioridades políticas, y por ello pide a los países de la zona que orienten sus respectivas políticas hacia la consecución de este objetivo. 
Deben estimularse los esfuerzos regionales por resolver la crisis conforme a los principios, tales como el de gobernanza, establecidos en la iniciativa que concierne al NEPAD, en el que los Estados del sur de África desempeñan un papel decisivo. 
El Consejo pide a los países de la región que hagan todo lo posible para facilitar las operaciones regionales humanitarias que están en marcha, incluidas las que van a proporcionar apoyo logístico y administrativo y asegurar el acceso y la distribución de la ayuda de emergencia. 
Las organizaciones que forman parte de la sociedad civil deben desempeñar un papel decisivo en la distribución de ayuda alimentaria para impedir que dicha ayuda sea usada con fines políticos. 
La UE ya ha respondido proporcionando abundante ayuda alimentaria y humanitaria a la zona. 
Sin embargo, se necesitan más esfuerzos. 
La UE y sus Estados miembros, en estrecha cooperación con los países de la SADC, están dispuestos a seguir contribuyendo a estos esfuerzos. 
Seguramente no necesito decir nada acerca de Zimbabwe y del Sr. Mugabe, porque la posición del Consejo respecto de este asunto es evidente. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo la por su exhaustiva respuesta. 
La Oficina de Coordinación de los Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas nos ha advertido del peligro en los próximos seis meses de que 13 millones de personas mueran de hambre debido a la escasez de comida a raíz de las condiciones atmosféricas adversas y la deficiente planificación gubernamental. 
El Enviado Especial de las Naciones Unidas para las Necesidades Humanitarias en el sur de África va a recorrer del 6 al 16 de septiembre seis países asolados por la sequía en esta región, y tengo entendido que se espera que se unan a la misión representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Lo que me sorprende es que no hay referencia alguna a la participación de la UE. 
Ruego al Consejo que tome urgentemente las medidas necesarias para asegurar que la UE participe en esta misión y en la coordinación de la ayuda alimentaria internacional junto con otras organizaciones internacionales. 
Finalmente me gustaría conocer la respuesta del Consejo a la advertencia de la FAO en el informe del pasado mes de agosto de que sólo se ha prometido una contribución del 24% de los 507 millones de dólares que se necesitaban para proporcionar ayuda alimentaria hasta la próxima cosecha en abril de 2003 y de que se necesitan aportaciones a la agricultura para ayudar a los granjeros a recuperarse de la crisis. 
Entiendo a la perfección la opinión aquí expuesta por mi buen amigo y colega, Sr. Collins. 
Me gustaría subrayar el hecho de que la Unión Europea está implicada, pero son las Naciones Unidas las que adoptan las medidas. 
Por lo tanto, las Naciones Unidas son el contratista y el encargado del trabajo, mientras que la UE en gran medida apoya el trabajo económicamente y, por supuesto, diplomática y políticamente si es necesario. 
Así que la UE está implicada, pero son las Naciones Unidas las responsables de llevar a cabo el trabajo. 
Pregunta nº 3 formulada por Liam Hyland, a quien sustituye el Sr. Crowley (H-0527/02): 
Asunto: Promover la participación de los jóvenes en la vida política y civil 
¿Cómo proyecta el Consejo poner en práctica las interesantes propuestas formuladas por los ministros de Educación y Juventud en su reunión del pasado 30 de mayo, en la que expusieron la necesidad de promover la participación de los jóvenes en la vida política y civil de los Estados miembros, ser más receptivos con los jóvenes y tener en cuenta sus puntos de vista formal y sustancialmente? ¿Expondrá el Consejo en qué ámbitos considera que deberían tenerse en cuenta las opiniones de los jóvenes? 
Su Señoría será consciente, sin duda, de que las discusiones del Consejo de Educación y Juventud el 30 de mayo relativas a la participación de los jóvenes tuvieron lugar a propósito de la adopción de una resolución en el marco de la cooperación europea en el ámbito juvenil. 
De acuerdo con esta resolución, el método de coordinación abierto ha de aplicarse de manera flexible y adecuada a ciertos asuntos prioritarios del ámbito juvenil. 
La Comisión formuló propuestas al respecto en un libro blanco titulado «Un nuevo impulso para la juventud europea» , que se publicó en noviembre del año pasado. 
La información y la participación son algunos de los temas que se abordarán inicialmente. 
Consultando con los Estados miembros, la Comisión ha preparado un cuestionario sobre estos temas. 
El cuestionario se ha entregado a los Estados miembros, que deberían responder preocupándose por que prevaleciera la opinión de los propios jóvenes, de las organizaciones juveniles y de otros organismos relevantes. 
Las cuestiones que tratan del trabajo voluntario de los jóvenes y de la mayor comprensión y conocimiento de éstos se abordarán en fechas posteriores. 
Me gustaría subrayar en nombre del Consejo que el nuevo marco de cooperación europea en el ámbito juvenil se encuentra todavía en su fase preliminar. 
En el año 2004 se presentará un informe de evaluación. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. 
El motivo por el que el Sr. Hyland formula esta pregunta y por el que yo voy a tratar el asunto en su nombre es que durante los últimos años hemos visto cómo aumenta el número de jóvenes desvinculados de la vida política y civil. 
De hecho estos jóvenes, que no se sienten vinculados en modo alguno a movimientos o partidos políticos en su propio país, son los que probablemente aparecerán en las manifestaciones contra la globalización, por la mejora de la seguridad en las calles o la erradicación de la pobreza, entre otras cosas. 
Seguro que con ayuda del Consejo y los buenos oficios del propio Ministro se podrá encontrar algún mecanismo por el cual esa energía y ese idealismo puedan aprovecharse para el bien de esta sociedad y no para el de unos pocos. 
Estoy deseoso de escuchar una respuesta acerca de las iniciativas que esperan emprender durante la Presidencia danesa. 
Estoy totalmente de acuerdo con la presentación del problema tal y como lo ha planteado mi estimado colega. 
Por una parte, tenemos un grupo de jóvenes que tienen más mentalidad internacional que nunca y que están extremadamente comprometidos. 
Esto pudimos comprobarlo en el verano del foro «Juventud 2000» , donde mil jóvenes de toda Europa se reunieron en 13 escuelas secundarias tradicionales de Dinamarca para redactar sendas propuestas para una constitución europea y finalmente refundirlas en una única propuesta que presentaron a la Comisión. 
También quiero mencionar la convención de jóvenes como ejemplo de esta juventud comprometida. 
Después hay un grupo muy amplio que es extremadamente pasivo. 
Puede que no se opongan a la cooperación europea, pero no les interesa. 
Y por último hay un grupo muy pequeño que se manifiesta y tira piedras. 
En cuanto a este último grupo, uno de los datos gratificantes de la reunión de Elsinor que tuvo lugar durante el fin de semana fue que el número de oficiales de policía presentes doblaba al de manifestantes. 
Y eso es un paso adelante, y esperemos que siga caracterizando el resto de la Presidencia y también futuras presidencias. 
Sólo puedo decir que estoy de acuerdo con Su Señoría. 
El Consejo tiene muy presente esta cuestión, y creo que se ha hecho constar tantas veces que no necesito repetirlo. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 4 y 5 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 4 formulada por Josu Ortuondo Larrea (H-0528/02): 
Asunto: Acuerdos del Consejo Europeo de Sevilla 
El Consejo Europeo de Sevilla aprobó, entre otras cuestiones, que dicho órgano se reunirá formalmente cuatro veces por año (dos más que en la actualidad) sin perjuicio de otras reuniones informales y establecerá programas estratégicos por períodos de tres años a partir de diciembre de 2003, de los que se derivarán programas operativos anuales. 
¿No le parece al Consejo que ello supone acentuar el poder comunitario del Consejo Europeo, que es el órgano que concentra los máximos poderes ejecutivos de gobierno en los Estados Miembros, además de controlar el legislativo europeo que ejercen sus ministros dependientes, y que ello va en contra del poder ejecutivo de la Comisión, al tiempo que aumenta el déficit democrático de esta Unión, en la que no se da la verdadera separación de poderes públicos que consagrara el Barón de Montesquieu y que debe caracterizar a una democracia moderna homologable? 
Pregunta nº 5 formulada por Bill Newton Dunn (H-0535/02): 
Asunto: Separación de poderes 
¿Debería estar separado el poder ejecutivo del legislativo? 
En caso negativo, ¿por qué no? 
El Consejo considera que las decisiones tomadas en Sevilla relativas al Consejo Europeo apenas esclarecen las disposiciones relevantes del Tratado de la Unión Europea, especialmente el artículo 4, que afirma que el Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones políticas generales. 
En un período en el que las actividades de la Unión están caracterizadas por un desarrollo y una diferenciación crecientes, y justo antes de que la gran ampliación incorpore a varios Estados miembros nuevos, el Consejo Europeo ha considerado necesario reforzar los poderes del Consejo como fuente de directrices e impulsos. 
Y éste es precisamente el papel que le corresponde al Consejo Europeo de acuerdo con el Tratado. 
El Consejo no cree que estas orientaciones prácticas sean de algún modo incompatibles con los poderes ejecutivos de la Comisión, que no pueden verse afectados por una decisión cuyo único propósito es capacitar al Consejo Europeo para ejercer lo más eficazmente posible la responsabilidad que se le ha conferido. 
En cuanto a este punto, señalaría que el Presidente de la Comisión es, por supuesto, miembro del Consejo Europeo, y yo no he oído objeción alguna a que el Consejo se intente reformar a sí mismo. 
En cuanto a un posible déficit democrático y falta de separación de poderes dentro de la Unión, el Consejo considera que la situación actual, dejando a un lado lo que cada uno piensa acerca de ello, no puede verse afectada por una reforma cuyo objetivo es, como se ha observado, aplicar las disposiciones del Tratado de modo más efectivo. 
Puesto que la cuestión de la separación de los poderes ejecutivo y legislativo- ya sea cuestión del principio en general o de su aplicación en la Unión- no ha sido discutida como tal por el Consejo, éste no se encuentra en condiciones de responder al punto exacto planteado en la pregunta H-O 535. 
Desde luego, el Consejo es consciente de este clásico problema, que se aborda, por ejemplo, indirectamente en la Declaración de Laeken, adoptada por el Consejo Europeo en diciembre y que con seguridad será también discutido en la Convención y más tarde en la posterior conferencia intergubernamental. 
Su Señoría debe entender que, más allá de consideraciones puramente académicas que no vienen al caso, el Consejo no puede comentar el posible resultado de un debate que no dirigirá el propio Consejo y que, en cualquier caso, todavía no ha tenido lugar. 
Espero haber dejado claro con esta explicación por qué no puedo profundizar más en la cuestión que se ha planteado. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, muchas gracias por su respuesta. 
Quizá voy a manifestar un imposible, pero a mí me habría gustado que el plazo de contestación de nuestras preguntas fuera más corto, para que la respuesta a mi pregunta la hubiera efectuado la Presidencia española, que fue la responsable, en su momento, del Consejo Europeo de Sevilla. 
Dicho esto, lo que es indudable es que en Europa, en la Unión Europea, es el Consejo quien ostenta el máximo poder legislativo, y, además, controla al poder ejecutivo a través del procedimiento de comitología. 
Le quisiera preguntar a usted si cree que los Estados Unidos estarían a la cabeza del mundo si su poder legislativo, en lugar de residir en el Congreso de los representantes y en el Senado, residiera en un consejo ministerial conformado por representantes de los distintos Estados norteamericanos: desde el de Nueva York o el de Washington al de California, Florida o Colorado. 
Y si el Presidente norteamericano, el Sr. Bush, tuviera el nivel de atribuciones, competencias y facultades que tiene nuestro Presidente, el Sr. Prodi, ¿usted cree que tendría la influencia y la capacidad que tiene en las relaciones internacionales y también a nivel interno? ¿tendría la misma incidencia y capacidad? 
Creo que en Europa debemos realizar una verdadera democracia, con una separación de poderes, como ha planteado otro orador: el poder legislativo debe residir en este Parlamento, y el ejecutivo, en la Comisión. 
Me limitaré a decir que estoy tan preocupado por las teorías de Montesquieu acerca de la separación de poderes como Su Señoría. 
Yo estudié ciencias políticas, y creo que es absolutamente fundamental que tengamos en mente esta separación de poderes. 
Esto lo dije, sin ir más lejos, ayer mismo, cuando representé a la Presidencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales en este Parlamento. 
Sin embargo, con la mejor voluntad del mundo, no considero que los esfuerzos del Consejo por reformarse entren en conflicto con las teorías de Montesquieu acerca de la separación de poderes. Del mismo modo, tampoco considero que el Consejo haya quitado poderes u obstaculizado de alguna manera las acciones de la Comisión. 
Como pura formalidad, me gustaría repetir lo que dije ayer en nombre del gobierno danés en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y es que el gobierno danés es un fervoroso partidario del método comunitario y no desea que el Consejo quite poderes a la Comisión. 
Eso fue lo que se dijo, pero yo añadí esto en calidad de Ministro danés. 
El Presidente en ejercicio ha hecho de pasada una observación muy interesante en la primera mitad de su primera respuesta cuando ha dicho que el Presidente de la Comisión había sido antes miembro del Consejo Europeo. 
Así que a las personas que han sido miembros de otras instituciones de la UE se les permite expresar una opinión desde su cargo actual. 
El Presidente en ejercicio fue un diputado muy distinguido de este Parlamento, por lo que puede expresar su opinión, con sus propias palabras, acerca del estado del Consejo en la actualidad. 
¿Está de acuerdo, Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, basándose en su experiencia en el Parlamento, con que necesitamos una separación de poderes, y va a recomendar encarecidamente a la Presidencia danesa a que lo proponga en la Convención? 
. Estamos en el turno de preguntas, en este caso las que están dirigidas al Consejo. 
El Consejo no trata con la Convención. La Presidencia danesa no trata con la Convención. 
Respetamos el procedimiento que se ha establecido para la Convención, así que no habrá más comentarios. 
En cualquier caso, espero que con lo que acabo de decir, Su Señoría pueda reconocer la necesidad de separar los poderes en democracia. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta 6 decae. 
Pregunta nº 7 formulada por Alexandros Alavanos (H-0536/02): 
Asunto: Expiración del plazo fijado para una solución política del problema chipriota 
En junio de 2002 ha expirado el plazo fijado para encontrar una solución política al problema chipriota a través de la celebración de conversaciones entre las dos comunidades bajo la égida del Secretario General de las Naciones Unidas sin que se haya registrado ningún avance debido a la intransigencia turca. 
¿Tiene el Consejo intención de realizar una evaluación de los posibles resultados alcanzados hasta la fecha en el marco de estas conversaciones? 
¿Podría indicar cuáles serán las próximas etapas hasta la adhesión de la República de Chipre a la Unión Europea junto a los otros nueve países candidatos? 
Como Su Señoría sabrá sin duda, las actuales conversaciones directas relativas a Chipre son confidenciales. 
El Consejo es plenamente consciente de que las conversaciones todavía no han avanzado, y de que, a nuestro pesar, se ha progresado poco hasta ahora. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también ha afirmado esto, según el informe del Sr. de Soto, Representante Especial de las Naciones Unidas para Chipre, emitido el 9 de julio. 
Ahora que las conversaciones se han reanudado, el Consejo espera que las partes se esfuercen más por aprovechar esta oportunidad única que se presenta ahora y dar los pasos necesarios hacia una solución, esperemos que antes de que concluyan las negociaciones para la adhesión. 
Las decisiones que conciernen a la adhesión de los países candidatos deben tomarse antes de finales de año dentro del proceso ordinario de ampliación sobre la base del informe de la Comisión y las recomendaciones que ésta proponga en su documento sobre la estrategia de ampliación, que se espera para octubre. 
Con respecto a la adhesión de Chipre, la opinión de la UE, que se expuso de nuevo en Sevilla, coincide con las conclusiones de Helsinki, a efectos de que la solución del problema de Chipre facilitará su adhesión a la UE. 
No obstante, dicha solución no es condición necesaria para la adhesión de Chipre. 
Cuando el Consejo tome su decisión, tendrá en cuenta todos los factores relevantes. 
Ésta es una posición a la que es sabio adherirse, y todos esperamos, crucemos los dedos, que se aproveche esta oportunidad excepcional y única que se presentará este otoño para resolver el problema tan sumamente trágico y antiguo que afecta a esta maravillosa isla. 
Doy las gracias al Ministro y antiguo diputado de este Parlamento. 
He escuchado muy atentamente su opinión, que es idéntica a la expresada por su Primer Ministro, el Sr. Rasmussen, en una entrevista reciente publicada en el periódico Politiken. 
Simplemente me gustaría formular una pregunta sencilla al Presidente en ejercicio: ¿cuál es el mensaje que envía la Presidencia del Consejo de la Unión Europea a Turquía? 
¿Por qué hay que culpar a alguien de que las conversaciones no avancen? 
Hay algunos que van a salir ganando si las conversaciones no avanzan. 
¿Es el mensaje que la Presidencia de la Unión Europea está mandando a Turquía: sí, haremos todo el esfuerzo posible por resolver la cuestión de Chipre, pero si no se puede llegar a una solución política, esto no será impedimento para que la República de Chipre se una a la Unión Europea? 
Creo que es importante que vincule mi respuesta totalmente a la fórmula sensata y correctamente establecida que se adoptó en Helsinki y que se ha repetido una y otra vez, y que es que la solución del problema de Chipre facilitará su adhesión, pero que dicha solución no es condición necesaria para la adhesión. 
El Consejo tendrá en cuenta todos los factores cuando se tome la decisión. 
Eso es lo que se puede decir, y creo que todos entienden lo que se pretende decir, así que no tengo nada que añadir. 
Señor Presidente en ejercicio, no hace falta decir que nos preocupa el punto muerto en el que se encuentran las conversaciones intercomunitarias. 
En su primera respuesta, usted dijo que las partes interesadas necesitarán redoblar sus esfuerzos. 
Sin embargo, como todos sabemos, la clave para la resolución del problema de Chipre no se encuentra en Chipre, sino en Ankara. 
Me gustaría preguntar si el Consejo tiene intención de presionar al Gobierno turco para que dé los pasos necesarios para intentar resolver el problema de Chipre. 
De lo contrario, me temo que tal y como están las cosas, terminaremos por dividir la isla, con el lado turco, obviamente apoyado por Turquía, insistiendo como siempre en el reconocimiento de la soberanía independiente de los turcochipriotas. 
Me gustaría subrayar que las negociaciones no se han interrumpido en absoluto. 
Existe un diálogo continuo, y muy pronto debería celebrarse una reunión entre el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y las partes implicadas en Chipre, por lo cual no hay razón para pensar que algo se ha interrumpido. 
Ni tampoco voy a aceptar la descripción de la «sombra» de Ankara. 
No voy a hacer comentarios sobre si hay o no sombra, pero puedo decir que este proceso, que se adoptó en Helsinki y ha sido confirmado, sigue adelante. 
No va a verse afectado por ninguna sombra. 
Pregunta nº 8 formulada por Ioannis Marinos (H-0539/02): 
Asunto: Discriminación contra los griegos en Albania 
Según informaciones aparecidas en la prensa, cientos de habitantes griegos de la ciudad de Himare, en el sur de Albania, han presentado una reclamación oficial ante el Gobierno albanés por la no restitución de sus propiedades, situadas en la zona costera de esta ciudad y que les fueron confiscadas por el antiguo régimen comunista albanés. 
Los habitantes de Himare no han conseguido obtener sus títulos de propiedad y una gran parte de sus bienes han sido redistribuidos ilegalmente entre albaneses por las autoridades con el pretexto de que sus propietarios habían residido en el extranjero durante muchos años. 
Un problema similar se plantea con la Iglesia ortodoxa autocéfala de Albania, cuyos bienes, también nacionalizados por el régimen comunista, todavía no se han restituido. 
¿Está el Consejo informado de los problemas con que se enfrentan estos propietarios en Albania? 
¿Qué medidas piensa tomar para que se les devuelvan lo más rápidamente posible los títulos de propiedad? 
El Consejo es consciente de que la minoría griega existente en Albania reclama derechos de propiedad del mismo modo que otros ciudadanos. 
También resulta que la Iglesia Ortodoxa Autocéfala formula reclamaciones similares. 
Conforme al artículo 181 de la Constitución albanesa, el Parlamento albanés debe aprobar leyes antes de finales de noviembre con el propósito de encontrar una solución justa para las cuestiones relativas a las expropiaciones y confiscaciones que tuvieron lugar antes de que se aprobara la Constitución. 
El Parlamento albanés ha constituido una comisión especial para el restablecimiento de la propiedad. 
Dicha comisión está empezando a examinar la legislación con el propósito de restablecer o compensar por las propiedades incautadas bajo el régimen comunista. 
La comisión todavía no ha concluido su labor. 
El Consejo es plenamente consciente de que una solución del tema de la propiedad es también una condición esencial para fomentar las inversiones nacionales y extranjeras en Albania, del mismo modo que es condición necesaria para el desarrollo de la agricultura. 
El Consejo ha podido suscribir plenamente la evaluación de cada uno de los países, proporcionada por la Comisión en su primer informe anual sobre el proceso de estabilización y asociación. 
El 13 de mayo de este año, el Consejo aprobó las recomendaciones incluidas en dicho informe y solicitó que se progresara rápidamente en cada una de las cuestiones a lo largo de los próximos años. 
En una de estas recomendaciones, se hizo un llamamiento específico a Albania para que promulgara nuevas leyes sobre la propiedad y el restablecimiento de la propiedad para remediar las deficiencias existentes en la legislación a este respecto y asegurar una mejor aplicación de la legislación en materia de propiedad en Albania. 
Albania está asociada con la UE en el proceso de estabilización y asociación. 
La UE mantiene un diálogo continuo con Albania, especialmente en forma de reuniones en el grupo de trabajo consultivo UE-Albania. 
Aquí la UE tiene la oportunidad de subrayar la importancia concedida a la resolución de esta cuestión, ahora que el país se está empezando a acercar a la integración en Europa, al mismo tiempo que está estrechando sus lazos con la UE. 
Este grupo de trabajo también da a la UE la oportunidad de asegurarse de que Albania sigue tomando las medidas que ha prometido en este ámbito. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta, de la que deduzco que el Consejo es realmente consciente del problema y está dirigiendo sus esfuerzos en la dirección correcta. 
Sin embargo, no queda claro lo que exige el Consejo, o al menos yo no entiendo lo que el Presidente quiere decir con «tratar el problema». 
Espero que decida cómo se debería tratar el problema. 
El Departamento de Estado ha escrito al Gobierno albanés hace unos días exigiendo concretamente que se abran escuelas griegas de una vez, que se reconozca el derecho de propiedad de la tierra a los miembros de la comunidad griega y que se ponga fin a la intrusión ilegal en la propiedad griega en Himara. 
Que yo sepa, el Gobierno griego ha tomado medidas similares. 
Me gustaría recordarle al Presidente en ejercicio que Grecia envía a Albania una generosa ayuda económica y que más de 600.000 inmigrantes albaneses trabajan legalmente y sin obstrucción en Grecia y ganan sueldos con los que sueñan los trabajadores de Albania. 
¿Quizás la Unión Europea, que también contribuye de varias maneras ayudando a Albania, debería tomar medidas más persuasivas? 
Y seguramente considera urgente poner fin al plan para trasladar a 15.000 pobladores del norte de Albania y Kosovo a la zona de Himara para acrecentar ligeramente el equilibrio étnico en contra de la minoría griega. 
Entiendo perfectamente la preocupación de mi colega, pero me gustaría subrayar que el Parlamento se ha ocupado del asunto y se ha establecido una comisión especial. 
La Constitución prevé encontrar una solución. 
El Consejo ha expresado su opinión, y hay un diálogo continuo entre la UE y Albania, en el marco del cual yo prometí aquí hace no mucho tiempo que la UE se aseguraría de que Albania procediera de acuerdo con las medidas prometidas. 
Por lo tanto, no hay razón para pensar que la minoría griega u otros se han quedado en la estacada. 
Se hará un seguimiento minucioso y continuo de la situación. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero hacer un comentario acerca de la manera en que ha respondido el Presidente en ejercicio. 
Quizás piense que los autores de las preguntas son tontos. 
Pero yo le aseguro que no somos tan tontos. No tiene derecho. 
No tiene derecho a decir que el asunto no está condicionado por la sombra de Ankara cuando tanto Ecevit como su secretario de Asuntos Exteriores han indicado que van a seguir adelante e integrar la parte ocupada de Chipre en Turquía. 
¿Por quién nos toma? 
En ningún momento creí haberle quitado importancia, y creo que mi última observación ha sido extremadamente vinculante. 
Ha sido un poco más corta que la primera, pero no menos vinculante. 
Sin corregir a ninguno de los asistentes, solamente les recuerdo a todos que esto es un turno de preguntas, con sus normas, y apelo a que se atengan al Reglamento. 
Sin que sirva de precedente y habida cuenta de que el Sr. Lage ha tenido que ausentarse unos minutos de la sala coincidiendo con su intervención, le voy a dar la opción de que el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo conteste a su pregunta. 
Repito: que no siente precedente. 
Cuando no se está en la sala, se pierde el turno, pero ha tenido que ausentarse un momento. 
También le ruego que no vuelva a ocurrir en su comparecencia. 
Pregunta nº 6 formulada por Carlos Lage (H-0530/02): 
Asunto: Libre circulación de personas en el espacio Schengen 
El pasado 22 de junio, fuerzas policiales españolas impidieron- recurriendo a la violencia- la entrada al territorio español a un grupo de unos 500 ciudadanos de nacionalidad portuguesa que se dirigía a España para participar en una manifestación autorizada al margen del Consejo Europeo de Sevilla. 
Nada justifica este tipo de procedimientos y actuaciones, totalmente inadmisibles en el marco de una Unión que asume el respeto de las libertades y de los derechos fundamentales como uno de sus principios fundadores. 
En este caso, el grupo de ciudadanos portugueses no parecía presentar ningún peligro especial, ni ningún peligro a secas, para el Estado español. 
Y aunque así no fuera, no deja de ser inaceptable que en España, Portugal o cualquier otro Estado de la Unión pueda darse semejante actitud de fuerza y prepotencia que, lamentablemente, tuvo como protagonistas a las autoridades policiales españolas. 
En consecuencia, ¿puede indicar el Consejo qué medidas piensa adoptar ante el Gobierno español para aclarar estos hechos? 
¿No considera el Consejo que sería necesario promover una definición clara y común de las circunstancias y condiciones que podrían conducir a la suspensión del Acuerdo de Schengen? 
Quisiera responder la pregunta 6 hecha por el Sr. Carlos Lage. 
Con respecto a la primera pregunta, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que ni el artículo 33 del Tratado UE ni el apartado 1 del artículo 64 del Tratado CE dan al Consejo la posibilidad de intervenir para mantener el orden público o la seguridad en los Estados miembros. 
Esto también se aplica a las medidas de orden público que los Estados miembros toman cuando se celebran reuniones del Consejo Europeo en su territorio. 
Por lo tanto, la Comunidad no puede interferir en esta cuestión. 
En cuanto a la segunda pregunta, quiero referirme a la Decisión del Comité Ejecutivo del 20 de diciembre de 1995 sobre el procedimiento para aplicar el apartado 2 del artículo 2 del Convenio por el que aplica el Acuerdo de Schengen, que tiene un largo número de referencia que no quiero leer. 
Esta Decisión contiene reglas detalladas para las situaciones en que se pueden reintroducir controles en las fronteras interiores, y forma parte de la llamada normativa Schengen, por lo cual es vinculante para todos los Estados que forman parte del Acuerdo de Schengen. 
Por cierto, está publicado en el DO L 239 del 22 de septiembre de 2000, pág. 133. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, le agradezco la información que nos ha proporcionado. 
Me veo en la obligación de decirle que el episodio relacionado con la cumbre de Sevilla ha causado una pequeña tormenta política en Portugal y ha sido usado por los oponentes de la Unión Europea como argumento en contra de la propia Unión Europea. 
Puesto que vivimos en una zona de libre circulación, la mayoría de la opinión pública en Portugal no puede entender cómo esta zona de libre circulación y estos derechos de los ciudadanos pudieron ser violados por controles fronterizos realizados de manera bastante opresiva y arbitraria por parte de las autoridades españolas. 
No queremos hacer de esto una cuestión portuguesa. 
Tan sólo pedimos al Presidente en ejercicio del Consejo que, cuando tenga la oportunidad, investigue el asunto para establecer no tanto cambios legales como procedimientos comunes y consensuales para asegurarse de que no vuelvan a ocurrir episodios de este tipo. 
Como se ha demostrado, no corresponde al Consejo decidir cuándo es razonable hacer uso de la posibilidad que recoge la normativa Schengen para cerrar las fronteras temporalmente. 
Puedo decir que la Presidencia danesa se reserva el derecho a hacer uso de esa posibilidad. 
Hemos indicado esto expresamente, pero nos agradó ver que, durante el fin de semana que acaba de terminar, hubo tan pocos manifestantes en la cumbre de Ministros de Asuntos Exteriores en Elsinor que el número de oficiales de policía doblaba al de manifestantes. 
Esperemos que ésta siga siendo la pauta en el futuro. 
No es la primera vez que se ha puesto en marcha esta práctica inaceptable y que a los ciudadanos de un Estado miembro se les ha prohibido cruzar la frontera y pasar a otro Estado miembro y han sido maltratados. En general, las víctimas son gente que protesta en contra de la política de la Unión Europea. 
Es lo que pasó durante la cumbre de Niza, cuando miles de manifestantes italianos se encontraron con la frontera francesa cerrada; lo que pasó durante la cumbre de Génova, cuando a cientos de manifestantes griegos, que fueron maltratados seriamente, se les impidió desembarcar en Ancona. 
Les pasó a manifestantes daneses, a sus compatriotas campesinos, señor Presidente en ejercicio, durante la cumbre de Gotemburgo, cuando intentaron cruzar la frontera y reunirse con gente que protestaba contra la política de la Unión Europea. 
Está claro que, a pesar de las declaraciones, Schengen no se implantó para facilitar la libre circulación de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea dentro de la Unión Europea. Se implantó para convertir la Unión Europea en una fortaleza. 
Se aplica cuando interesa a los círculos dominantes de la Unión Europea para que el capital pueda moverse con libertad, pero no se aplica cuando se trata de la circulación de personas que protestan contra los intereses de las grandes empresas y la política de la Unión Europea. 
La cooperación de Schengen significa que los países se comprometen a mantener las fronteras abiertas unos con otros, excepto cuando hay motivos excepcionales para el cierre temporal. 
No es un paso hacia atrás; es un paso adelante. 
El Consejo y yo consideramos razonable la posibilidad del cierre temporal. 
Debemos tener presente que no sólo se trata de manifestaciones legales, sino que ha sido cuestión de algo parecido a actividades terroristas relacionadas con estas reuniones. 
Debemos proteger las reuniones democráticas. Es algo que le debemos a la democracia. 
El Sr. Haarder ha dicho, entre otras cosas, que la reunión de Elsinor había sido muy tranquila, y que no se había producido ninguno de los desórdenes que se esperaban o se temían. 
Eso es bueno, por supuesto. 
Sin embargo, me pregunto si esto puede haber tenido algo que ver con el hecho de que los controles fronterizos fueron estrictos, con lo cual si hubo algún manifestante extranjero que quiso llegar a Dinamarca y Elsinor, no pudo hacerlo. 
Sería de gran ayuda que el Sr. Haarder pudiera negar que esto ocurrió así e indicar claramente que nadie ha sido rechazado en la frontera danesa durante la Presidencia danesa. 
Si puedo aventurarme a responder en calidad de Ministro danés, creo que no hicimos uso alguno de la posibilidad de cierre de las fronteras bajo la normativa Schengen en relación con la reunión del fin de semana en Elsinor. 
Los manifestantes tenían plena libertad para entrar, pero afortunadamente sólo vinieron manifestantes pacíficos, y eso es algo de lo que todos deberíamos alegrarnos. 
Pregunta nº 9 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0540/02): 
Asunto: Las mujeres que trabajan en el campo en los países de la próxima adhesión a la Unión Europea 
En cuanto a las mujeres que trabajan en el campo en los países de la próxima adhesión, ¿qué medidas, beneficios y actuaciones les afectan directamente en el proceso de adhesión a la UE? 
¿Qué acciones acometerá la Presidencia danesa en relación con ellas? 
Tanto los Estados miembros como las instituciones de la UE están obligadas a incluir la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos los programas y políticas de la UE, y el Consejo Europeo ha propuesto directrices para una estrategia particular en este terreno en varias ocasiones. 
Es más, el Reglamento nº 1.250 de 1999 estipula que los Fondos estructurales contribuirán a eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y a promover la igualdad de oportunidades reforzando la cohesión económica y social. 
Esto también se aplica a los programas de preadhesión. 
Con respecto a esto, la Unión ha reservado ayuda económica considerable para las medidas destinadas a desarrollar los distritos rurales mediante el llamado programa Sapard. 
La diputada puede dirigirse directamente a la Comisión si desea tener una visión de conjunto más completa de los programas específicos. 
Con respecto a las negociaciones de preadhesión en el capítulo de la agricultura, la posición común de la Unión también incluye una amplia sección sobre el desarrollo de las zonas rurales. 
Ésta abarca la ayuda que se prestará a través de los distintos instrumentos financieros de la UE. 
Como las zonas rurales de los países candidatos requieren reestructuración, modernización y producciones alternativas y equipamientos, la UE concede gran importancia a las medidas encaminadas a desarrollar las zonas rurales, que tienen un efecto directo sobre las condiciones en que trabajan las mujeres en estas regiones. 
Durante las negociaciones relativas al capítulo dedicado al empleo y la política de relaciones laborales, la Unión ha subrayado la importancia que esta sección posee para la igualdad de trato de hombres y mujeres, y también ha insistido en la necesidad por parte de los países candidatos de cumplir las normas en este terreno. 
Me gustaría llamar la atención sobre el Reglamento nº 1.257 de 1999, que agrupa todas las acciones comunitarias en favor del desarrollo de las zonas rurales y en la que se indica expresamente que debería apoyarse cualquier medida que tenga por objeto la supresión de desigualdades y la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Recientemente, el Consejo de Agricultura, en su reunión del 27 de mayo de este año, adoptó conclusiones específicas sobre la intengración de las perspectivas de igualdad en de la Política Agrícola Común. 
El Consejo reconoció expresamente en estas conclusiones que las mujeres desempeñan un papel cada vez más importante en las zonas rurales y hace un llamamiento a la Comisión a utilizar los Fondos estructurales para seguir promoviendo el espíritu empresarial, el empleo de alta calidad, la formación y la prestación de servicios durante toda la vida para las mujeres rurales. 
Además, el Consejo insta a los Estados miembros a que adopten políticas que refuercen activamente la capacidad económica de las mujeres en las zonas rurales. 
El Consejo señala que todos los países candidatos han acordado adaptarse a la legislación comunitaria vigente en materia de igualdad inmediatamente después de su adhesión. 
La Presidencia danesa quiere seguir la misma línea, entre otras cosas en el contexto de la revisión intermedia de la Política Agrícola Común y las ulteriores negociaciones de adhesión. 
Queremos hacer uso de cualquier oportunidad para llamar la atención sobre los principios fundamentales generales del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, modificado por el Tratado de Amsterdam, y a este respecto, promover la igualdad entre el hombre y la mujer, como se indica en el artículo 2 y en el apartado 2 del artículo 3 del Tratado. 
Finalmente, me gustaría señalar que la actual Presidenta de este Consejo de Agricultura proviene de un entorno agrario. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿cuántas serán estas agricultoras que entrarán a formar parte de la Unión Europea en la próxima ampliación? ¿con qué número trabajan ustedes en sus previsiones? 
Quisiera preguntarle también si durante la Presidencia danesa se llevará a cabo alguna acción o campaña para corregir la discriminación salarial existente. 
No puedo responder a la pregunta que se me ha hecho, y ni siquiera estoy seguro de si algún estudio podrá pemitir una respuesta. 
Lo intentaré con mucho gusto, pero aquí no puedo responder oralmente a la pregunta. 
No puedo. 
La señora diputada ha hecho dos preguntas, ¿no? 
Me imagino que la segunda pregunta quiere decir esto, pero intervenga usted, señora diputada. 
Señor Presidente, quisiera decirle que me interesaría el dato en el momento en que el Presidente en ejercicio del Consejo pueda facilitármelo, es decir, qué número de agricultoras está previsto que entren en la primera fase de la adhesión. 
De lo contrario, no podemos trabajar en las previsiones. 
Para cualquier acción tenemos que saber cuántas serán estas agricultoras, si vamos a dirigirnos a ellas. 
En este momento no puede ser, pero le agradecería que me lo haga saber. 
En cuanto a la segunda pregunta, también agradecería una respuesta sobre si se realizará una campaña. 
No creo que dispongamos en Dinamarca de ninguna información acerca de cuántos hay en Dinamarca. Ni creo que la tengan en otros países. 
Puede que a nuestro pesar, pero no creo que la información exista. 
No obstante, si se precisa, intentaré por todos los medios encontrarla. 
Sí, hemos tomado nota, pero, señora diputada, el señor Presidente contesta a lo que cree oportuno. 
No vamos a iniciar ahora un debate. 
Señor Presidente, el Consejo tiene que saber cuántas agricultoras se van a adherir. 
Bueno, pues ya lo sabrá el Consejo y, en su caso, le contestará, pero ya ha preguntado usted por segunda vez. 
Pero si el señor Presidente en ejercicio del Consejo quiere informarla más, no me voy a oponer. 
Lo sabemos con bastante precisión, tanto en Polonia como en los demás países. 
Sin embargo, no conocemos la cifra de mujeres rurales que van a entrar. 
No tenemos una clasificación por género. 
Lo siento muchísimo. 
Pregunta 10 formulada por Jonas Sjöstedt, a quien sustituye el Sr. Herman Schmid. Pregunta nº 10 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0542/02): 
Asunto: Futuro tratado de adhesión con los nuevos Estados miembros 
Es posible que los electores irlandeses voten por segunda vez en contra del Tratado de Niza. De este modo, decaería también la nueva composición de escaños prevista en el Tratado de Niza para el Parlamento y el Consejo. 
¿No podría la Unión proceder como hizo con ocasión de la adhesión de Finlandia, Suecia y Austria, cuando negoció y acordó con cada uno de los países candidatos los escaños en el Parlamento y los votos en el Consejo que figurarían en el tratado de adhesión? 
De ese modo, no se necesitaría el Tratado de Niza como base para la adhesión de los nuevos Estados miembros. 
¿Considera el Consejo que sería adecuado aplicar este procedimiento a la ampliación de la Unión en el caso de que el pueblo irlandés votara una vez más en contra del Tratado de Niza? 
Me gustaría recordar a Su Señoría que el Consejo Europeo de Sevilla expresó su satisfacción por el hecho de que el Gobierno irlandés hubiera decidido firmemente aprobar el Tratado de Niza, que es condición necesaria- como es bien sabido- para que se produzca la ampliación dentro de los plazos establecidos. 
En nombre del Consejo, me gustaría recordar que, en la reunión de Sevilla, el Primer Ministro irlandés afirmó que su Gobierno tenía intención de celebrar un referéndum este otoño para que Irlanda pudiera ratificar el Tratado de Niza. 
El Primer Ministro presentó una declaración nacional de Irlanda en la que se confirmaba que las disposiciones del Tratado UE relativas a la política de seguridad y exterior no afectan a la política tradicional del país en materia de neutralidad militar y no la afectarán tras la ratificación del Tratado de Niza, como puede verse en el Anexo 3 de las conclusiones de la Presidencia. 
El Consejo Europeo adoptó una declaración en la que se tomó nota de la declaración nacional hecha por Irlanda. 
Esta declaración puede encontrarse en el Anexo 4 a las mismas conclusiones. 
El Consejo Europeo expresó su satisfacción por que el Gobierno irlandés hubiera decidido firmemente aprobar el Tratado de Niza, que es condición necesaria- como es bien sabido- para que se produzca la ampliación dentro de los plazos establecidos. 
No puedo decir más de lo que ya he dicho, porque así es como están las cosas. 
Por supuesto que puede que salga «no» -todos lo sabemos -, pero en ese caso nos encontraríamos con una situación totalmente nueva e impredecible de la que sería imposible predecir la conclusión. Se trata de una situación muy incierta que pone en pleigro la ampliación en cualquier caso. 
Sin embargo, no desearía que hubiera controversia alguna acerca del asunto. Sólo quería indicar los datos que afectan al Consejo y a la votación irlandesa. 
Esto es lo que se afirma en las conclusiones de Sevilla y ésta es mi firme actitud al respecto. 
Tiene la palabra el Sr. Crowley para una pregunta complementaria. 
Doy las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por su respuesta. 
Me gustaría pedirle que confirmara lo que creo haber entendido, a saber, que es necesario que todos los Estados miembros ratifiquen el Tratado de Niza para que haya ampliación. 
Se trata simplemente de responder «sí» o «no». 
Sí, como ya he dicho dos veces, es condición necesaria para que la ampliación tenga lugar dentro del plazo establecido. 
Esto es lo que se afirma en las conclusiones de Sevilla y ésta es mi firme actitud al respecto. 
Mi pregunta sigue a ésta. 
Usted dice que es una condición previa en el tiempo fijado. 
¿Se trata de la fecha límite de 2004, lo cual significa que todavía será posible la ampliación después de 2004 sin contar con el Tratado de Niza, quizás según el sistema propuesto por el Sr. Sjöstedt en esta pregunta? 
He dicho lo que se acordó en Sevilla, y ésa es mi firme actitud respecto a este punto. 
No tengo nada que añadir: todo el mundo sabe que los plazos límite se establecieron en Helsinki y que éstos han sido afirmados repetidas veces. 
Lo que se dijo en Sevilla fue que el Tratado de Niza es condición necesaria para que la ampliación tenga lugar dentro del plazo establecido. 
La no ratificación del Tratado de Niza nos ofrecería una situación extremadamente incierta e impredecible. 
Pregunta nº 11 formulada por Gary Titley (H-0544/02): 
Asunto: Mejora del marco regulador 
La Comisión ha presentado este mes su Comunicación sobre la simplificación y mejora del marco regulador. El principal objetivo de dicha Comunicación es garantizar que se lleve a cabo una evaluación del impacto de todas las propuestas de la Comisión. 
¿Qué medidas prácticas adopta el Consejo para garantizar que se lleva a cabo una evaluación del impacto de las enmiendas del Consejo a las propuestas de la Comisión? 
El Consejo Europeo de Sevilla acogió con satisfacción varias comunicaciones de la Comisión sobre el modo de mejorar el proceso legislativo. 
Me refiero en particular al plan de acción para encontrar formas de simplificar y mejorar la calidad del entorno legislativo. 
Se invitó a las tres instituciones interesadas, es decir, al Parlamento, al Consejo y a la Comisión, a que se encargaran de que esto se llevara a cabo sobre la base del trabajo del Grupo Técnico de Alto Nivel y que se aprobara un acuerdo interinstitucional antes de finales del 2002 para mejorar la calidad de la legislación comunitaria y las condiciones de su transposición a la ley nacional, incluidos los plazos de tiempo. 
El Grupo Técnico de Alto Nivel para la Cooperación Interinstitucional se reunió el 15 de julio de 2002. 
Antes de esta reunión, la Presidencia había propuesto un calendario para redactar y adoptar el acuerdo interinstitucional comercial, empezando con las acciones específicas relacionadas con las tres instituciones tal y como se propone en el plan de acción de la Comisión. 
En la reunión del 15 de julio de 2002 se decidió primeramente alcanzar un acuerdo común en torno a los elementos principales de un futuro acuerdo interinstitucional. 
Después, las instituciones discutirían, sobre la base de esto, el contenido práctico de las acciones específicas del acuerdo. 
Al mismo tiempo, se subrayó que el principio de acciones concretas en un acuerdo debería considerarse en el contexto del trabajo que se está llevando a cabo en la Convención. Las medidas prácticas con vistas a una evaluación del impacto de las enmiendas a la propuesta de la Comisión probablemente serán incluidas en discusiones futuras acerca de un acuerdo interinstitucional. 
En este contexto, puedo decirle que se espera que la próxima reunión del Grupo Técnico de Alto Nivel se celebre la próxima semana, el 10 de septiembre. 
Es un placer tener al Sr. Haarder de nuevo con nosotros, desempeñando un papel distinto. 
Pero con todo el respeto, permítanme decir que ahora que ha pasado a formar parte del Gobierno, ha adquirido la costumbre de éste de no responder a la pregunta. 
¿Cómo va a abordar el Consejo la cuestión de las evaluaciones de impacto? 
Si la Comisión elabora una evaluación de impacto en el marco de sus propuestas de mejora de la normativa, ¿llevará a cabo el Consejo, cuando modifique las propuestas de la Comisión, otra evaluación de impacto de sus propias enmiendas? 
¿Cómo y quién lo hará? 
Es muy importante desde el punto de vista de los acuerdos institucionales con el Parlamento conocer con exactitud el enfoque que tiene el Consejo de las evaluaciones de impacto. 
Me gustaría haber dado una respuesta clara. 
Si no lo he hecho, ha sido porque esta cuestión en particular va a discutirse con relación al acuerdo interinstitucional; es una cuestión que, entre otras cosas, se discutirá la próxima semana, el 10 de septiembre. 
Por lo tanto, no puedo decir lo que pasará, pero puedo decir lo siguiente: no se realiza una reforma sin llevar a cabo evaluaciones y sin perseguir los objetivos de la reforma. 
Encontrar una manera de evaluar su posible impacto es un tema lógico para el acuerdo interinstitucional. 
Reiterando la cuestión que ha abordado el Sr. Titley, me gustaría pedir al Consejo que considerara seriamente la cuestión de la metodología de la evaluación de impacto. 
En los años en que estuve implicado en este asunto en calidad de académico, se sabía que en materia de sociología legal era extremadamente difícil encontrar maneras fiables de evaluar el impacto de la legislación vigente. 
Todavía es más difícil predecir el impacto de la legislación que va a entrar en vigor en el futuro. 
Me gustaría saber si el Presidente en ejercicio está de acuerdo conmigo en que sería una decisión sabia que el Consejo investigara la cuestión metodológica antes de embarcarnos en proyectos costosos de este tipo. 
Es precisamente eso lo que se va a discutir. 
No puedo decir si estoy de acuerdo o no al 100% con lo que se ha dicho, pero el orador es una persona inteligente en cualquier caso y probablemente tiene razón en lo que dice. 
La cuestión es, por tanto, hasta qué punto vamos a proceder de esta manera. 
Y es eso lo que se va a discutir el 10 de septiembre, así que pido al Parlamento que aprecie esto. 
Pregunta nº 12 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0545/02): 
Asunto: Medidas para limitar la inmigración ilegal en Canarias 
Sobre la base de los acuerdos adoptados en la Cumbre de Sevilla, ¿qué medidas propone el Consejo para poner límites a la llegada masiva de inmigrantes ilegales a las islas Canarias? 
En particular, ¿qué medidas se proponen para frenar esa desordenada inmigración en los puntos de origen al objeto de velar por la seguridad de los inmigrantes? 
Las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla dan una idea general de las medidas que van a tomarse con vistas a combatir de manera efectiva el problema de la inmigración ilegal a nivel de la UE, y aquí se habla tanto de prevención como de restricción de la inmigración. 
Tenemos que alcanzar un equilibrio justo entre este objetivo por una parte, y el objetivo de una mayor integración de los inmigrantes que se encuentran legalmente en nuestros países por otra. También, por supuesto, necesitamos una política de asilo que se ajuste a las convenciones internacionales. 
Igualmente conviene mencionar el hecho de que antes del Consejo Europeo en Sevilla, la Presidencia española había dado un impulso significativo a este asunto, en concreto había adoptado dos instrumentos normativos que no sólo proyectan algunas de las medidas necesarias sino que también establecen el marco de futuros esfuerzos y el desarrollo de los mismos. 
Los instrumentos en cuestión son el plan de acción para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos y el plan de acción para la gestión de las fronteras exteriores de la UE, ambos adoptados por el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores. 
Además, este Consejo llegó a un acuerdo el 13 de junio de este año acerca de las medidas que se van a tomar para prevenir y combatir la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos por mar. 
Las conclusiones de Sevilla, que hacen especial referencia a estos planes de acción, conceden importancia a las medidas siguientes. 
En primer lugar, agilizar la conclusión de acuerdos de readmisión que están negociándose actualmente y la aprobación de escritos para la negociación de acuerdos de readmisión con países ya identificados por el Consejo: véase la conclusión nº 30. 
En segundo lugar, en cuanto a las políticas de expulsión y repatriación, la adopción, como muy tarde a finales de año, de los componentes de un programa de repatriación basado en el libro verde presentado por la Comisión en abril del 2002. 
Esto también se corresponde con la conclusión nº 30. 
En tercer lugar, la introducción gradual de la gestión coordinada e integrada de las fronteras externas, que deberían ayudar a controlar más los flujos migratorios, entre otros objetivos. 
Se han proyectado varias medidas que deberían posibilitar la consecución de esta meta muy pronto: véanse las conclusiones nº 31 y 32. 
Desde una perspectiva más amplia y general, las conclusiones de Sevilla afirmaban que la política de integración, como elemento esencial a tener en cuenta, debería formar parte de las relaciones de la UE con terceros Estados. 
También señalaban que un enfoque integrado, exhaustivo y equilibrado para atacar las causas de la inmigración ilegal debe seguir siendo el objetivo de la UE a largo plazo. 
Las conclusiones subrayan la importancia de asegurar la cooperación de los países de origen y tránsito en la gestión conjunta, en el control fronterizo y en la readmisión, que se discute en la conclusión nº 34. 
Las conclusiones confirmaron que es necesario realizar una evaluación sistemática de las relaciones con terceros Estados que no cooperan en el combate contra la inmigración ilegal en las zonas relevantes. 
A este respecto, indican que la cooperación defectuosa por parte de un país podría dañar el establecimiento de relaciones más estrechas entre ese país y la UE. 
A la luz de las conclusiones de Sevilla, la Presidencia danesa ha concedido alta prioridad en su esquema de trabajo a la lucha contra la inmigración ilegal para que las conclusiones del Consejo Europeo puedan aplicarse con prontitud. 
Puedo decirle que yo mismo seguiré siendo el Presidente en ejercicio del Consejo cuando éste someta estos temas a debate. 
Señor Presidente, en la primera sesión de julio en la que participó usted como Presidente en ejercicio del Consejo yo le hice una pregunta muy parecida y usted me dijo que el Consejo y la Presidencia danesa se ocuparían del tema con la mayor celeridad posible. 
Dos o tres días después, el 8 de julio, hice yo esta pregunta, esperando precisamente que durante el verano se hubiera producido algún acontecimiento. 
El problema que tenemos en la Unión Europea, señor Presidente, y esto no es culpa ni suya ni del Gobierno danés, es que tenemos un mecanismo que no funciona. 
Entre la fecha en que yo formulé la primera pregunta, la primera semana de julio, y hoy, miles de inmigrantes ilegales han entrado en las Islas Canarias, tanto por vía marítima, como por vía aérea, y nos encontramos con una situación insostenible, en la que no tenemos ni centros de acogida. 
Son islas de extensión más reducida que las propias islas danesas y en este momento carecemos de mecanismos para resolver el problema. 
Diría, señor Presidente, que- repito- sin culpa suya ni de la Presidencia danesa, en este momento el Consejo de la Unión Europea no está dando seguimiento a las propuestas que desde hace tiempo viene formulando el Sr. Vitorino para conseguir que, en efecto, la Unión Europea establezca un control. 
Por lo menos debemos saber qué personas vienen y por qué, y qué podemos hacer por ellas. 
Los problemas de las Islas Canarias los tuve presentes a menudo cuando asistí en Lanzarote a principios del verano a la reunión Asia-Europa (ASEM) dedicada a las migraciones. 
Por lo tanto, soy bastante consciente de estos problemas y puedo asegurarle al Sr. Medina Ortega que estamos siendo bastante activos en este campo. 
He viajado a Atenas para discutir problemas específicos de lo que se denomina acuerdo Dublín II, que determina el país que debería responsabilizarse de procesar las solicitudes de asilo. 
El fin de semana próximo probablemente vaya a Roma a discutir los mismos problemas. 
Si adoptamos el nuevo sistema- garantizando que sea responsabilidad del primer país procesar la solicitud de asilo- combinado con el sistema de intercambio de huellas digitales, se teme que ciertos países se encuentren con un gran número de solicitantes de asilo devueltos y por ello soporten una carga excepcionalmente pesada. Por supuesto, esto habrá que discutirlo. 
Hay varias maneras de hacerlo, y es esto lo que estoy discutiendo con los gobiernos en cuestión. Esto es simplemente para convencer al Sr. Medina Ortega de que no estamos de brazos cruzados en este asunto en absoluto. 
Hemos empezado con los problemas más difíciles de todos para quitárnoslos de encima, con el fin de que podamos no sólo darnos cuenta del deseo expresado en las conclusiones en Sevilla para completar el sistema de Dublín, sino también para progresar al máximo con las reglas comunes de asilo. A pesar de que la Presidencia las ha declarado de alta prioridad, no nos hemos comprometido a terminar de redactarlas durante la presidencia danesa. 
Tenemos la intención de avanzar al máximo en este trabajo, y si es posible completarlo en noviembre. 
Pregunta nº 13 formulada por Astrid Thors (H-0547/02): 
Asunto: Conclusión del acuerdo sobre el Programa multilateral de energía nuclear y medio ambiente para Rusia 
Según la Comisión (DG de Relaciones Exteriores) , las actividades bilaterales referentes a las relaciones entre la UE y Rusia se centraron, durante gran parte de 2001, en asuntos como la energía, la protección del medio ambiente y la seguridad nuclear. 
El objetivo consistía en concluir un acuerdo sobre el Programa multilateral de energía nuclear y medio ambiente para Rusia (MNEPR) , destinado a eliminar los residuos radiactivos en el noroeste del país, así como en proseguir la Asociación Medioambiental de la Dimensión Septentrional (NDEP). 
Asimismo, en un comunicado de prensa de la Comisión publicado el 27.5.2002, antes de la celebración en Moscú de la Novena Cumbre UE-Federación de Rusia en mayo de 2002, se afirmaba que se iban a debatir cuestiones medioambientales y de seguridad nuclear y que era importante conseguir que Rusia concluyese el acuerdo sobre el MNEPR lo antes posible. 
El 9 de julio se celebrará una conferencia de donantes sobre la NDEP. 
¿Cuáles son los obstáculos que impiden un acuerdo al respecto? ¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo en un futuro próximo para procurar que la Federación de Rusia concluya el acuerdo? 
Las negociaciones en torno al Programa medioambiental nuclear multilateral en la Federación de Rusia (MNEPR) duran ya más de tres años. 
La UE ha subrayado en varias cumbres que estas negociaciones deberían llegar a una conclusión rápida. 
Es verdad que la voluntad común de concluir las negociaciones no se expresó formalmente en la declaración conjunta de la cumbre de Moscú del 29 de mayo, pero la cuestión se discutió en la cumbre y Rusia expresó su deseo de resolver las cuestiones pendientes, que son, por supuesto, el sistema tributario y la responsabilidad civil. 
La UE ha aprovechado cualquier oportunidad para presionar a Rusia a fin de que rompa el bloqueo, incluso en las reuniones del Consejo de Cooperación. 
Los demás países socios, los Estados Unidos y Noruega, también han presionado intensamente. 
La UE concede gran importancia a la seguridad nuclear en el noroeste de Rusia y considera que este acuerdo podría contribuir a la superación de algunos de los obstáculos existentes para la aplicación de proyectos que podrían fomentar la cooperación en materia de seguridad con respecto a la administración del combustible nuclear irradiado y de los desechos radiactivos en la Federación de Rusia. 
La conferencia inaugural de donantes para el Fondo de ayuda a la Asociación Medioambiental de la Dimensión Septentrional (NDEP) concluyó con resultado positivo el 9 de julio de este año en Bruselas. 
La contribución inicial al Fondo de apoyo fue de unos 110 millones de euros, de los cuales 62 millones están destinados a proyectos nucleares. 
Los participantes de la conferencia subrayaron que la conclusión de este acuerdo MNEPR es condición necesaria para los proyectos del ámbito nuclear que entren en funcionamiento en el marco del NDEP. 
El NDEP es un paso práctico importante hacia la consecución de los objetivos establecidos por el G8 de la Asociación global contra la proliferación de armas y materiales de destrucción masiva. 
La cuestión de la seguridad nuclear reviste una importancia crucial en la protección del medio ambiente en el continente europeo. 
Esto afecta especialmente a Rusia, pero también a otros países del norte de Europa. 
Por ello, la Presidencia danesa desea trabajar con el fin de concluir las negociaciones del acuerdo MNEPR para finales de año. 
Espero que esto responda a la pregunta de la Sra. Astrid Thors. 
Comprendo que la Sra. Astrid Thors esté perdiendo la paciencia: en la Presidencia y en el Consejo también la estamos perdiendo, y es ése el motivo por el que hemos aprovechado cualquier oportunidad para ejercer presión. 
Sin hacer comentarios a lo que se ha dicho sobre la estrategia de Rusia, al menos puedo garantizar que no desperdiciaremos ninguna oportunidad de presionar a Rusia, tal y como he dicho. 
Acabo de asistir a una Conferencia de Ministros en Groenlandia en la que también participaron los rusos. 
El asunto tratado era la Dimensión Septentrional, en la que me consta que la Sra. Thors también está muy interesada. 
Muchas de estas cuestiones también se plantearon allí, y creo que es importante- y me parece que en este punto estamos de acuerdo- que la cooperación con Rusia se establezca en todos los campos posibles. Esto, a su vez, será otra forma de incrementar la presión sobre Rusia en los campos en que la consideramos importante y necesaria. 
Me quiero referir a Kaliningrado, a la ampliación de la OTAN y de la UE y a los problemas medioambientales en la zona de Murmansk, que la Sra. Thors conoce más a fondo que yo. 
Tenemos todos los motivos para entablar relaciones con Rusia en todos los campos que podamos, y al mismo tiempo aprovechar estas oportunidades para presionarla donde lo creamos verdaderamente necesario. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, me interesaría saber si estos tratados se concluyeron en el seno del Organismo Internacional de la Energía Atómica. 
En Europa tenemos el problema de que son los Estados miembros los que deciden individualmente acerca de las normas de seguridad de las centrales nucleares. 
El Parlamento ha llegado a un acuerdo con la Comisión, particularmente con la Comisaria de Palacio, que establece que las normas se seguridad para las centrales nucleares han de presentarse antes de que los nuevos Estados miembros se unan. 
Su colega miembro del Consejo ha señalado a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía que esta sería una de las prioridades de su Presidencia. 
Por lo tanto, me gustaría saber cuál es la posición actual en el acuerdo con Rusia y también lo que nosotros pensamos acerca de la seguridad nuclear y de cómo podemos hacer que las centrales nucleares sean seguras. 
En mi opinión, los acuerdos sobre los que he estado contestando están relacionados con un tema diferente, y por lo tanto esta pregunta suplementaria no guarda relación directa con las preguntas a que he respondido. 
No quiero decir que la normativa se encuentre archivada, pero prefiero no improvisar dado que esto se encuentra fuera del ámbito de la pregunta. 
Las preguntas complementarias deberían tratar siempre sobre la Federación Rusa y el problema de la energía nuclear en las relaciones con Rusia. 
La pregunta 14 no se responderá por haberse incluido en el orden del día del presente período parcial de sesiones. 
Pregunta nº 15 formulada por Brian Crowley (H-0554/02): 
Asunto: Lucha contra la droga 
La extensión del uso de drogas ilegales, incluidos el "crack" y la cocaína, sigue planteando graves problemas a la sociedad en términos de adicción, delincuencia, tratamiento y mantenimiento del orden. 
¿Puede asegurar el Consejo bajo la Presidencia danesa, teniendo en cuenta también la subsidiariedad, que hará de la lucha contra las drogas ilegales una prioridad máxima de la Presidencia y que informará al Parlamento en diciembre de 2002 sobre las iniciativas y acciones realizadas al respecto? 
Esta es la pregunta nº 15 del Sr. Fitzsimons. 
La pregunta era del Sr. Crowley. 
Al igual que su antecesora española, la Presidencia danesa otorga gran importancia a la lucha contra las drogas. 
La piedra angular del programa sobre drogas de la Presidencia es la revisión intermedia del plan de acción de la UE 2000-2004 de lucha contra las drogas. 
La Comisión redactará un informe de evaluación para presentar al Consejo Europeo en la reunión que se celebrará en Copenhague en diciembre. 
La Presidencia danesa tiene la intención de hacer un seguimiento minucioso de la preparación del informe de la Comisión para asegurarse de que los grupos de trabajo pertinentes del Consejo aporten todo lo posible para que el informe sea completo e informativo. 
La Presidencia danesa ha adoptado un enfoque equilibrado del problema de las drogas y por ello procurará prestar la misma atención a la prevención y la reducción de la oferta de drogas que a la cooperación internacional. 
Ha presentado iniciativas sobre el tratamiento de drogodependientes criminales mientras están en la cárcel y sobre drogas sintéticas: la clasificación genérica. 
Además, la Presidencia tiene la intención de aumentar los esfuerzos para abordar los problemas actuales y futuros acerca de la distribución de drogas ilícitas por medio de Internet. 
En el plano internacional, se celebrarán reuniones con los países candidatos, los Estados Unidos, Rusia y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) ; y por lo que concierne a América Latina, se celebrarán reuniones de preparación para el evento que tendrá lugar durante la Presidencia griega. 
De esta manera, la Presidencia tiene intención de celebrar reuniones con la mayoría de los países que, desde el punto de vista de la UE, son lugar de origen y tránsito de las drogas ilícitas. 
La cuestión de la cocaína se discutirá en reuniones con los Estados Unidos y con las partes implicadas en América Latina. 
En diciembre, la Presidencia informará en la medida de lo posible al Parlamento Europeo acerca de los resultados obtenidos durante la Presidencia danesa. 
Señor Presidente, de nuevo quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. 
La razón por la que hago esta pregunta es que en los últimos ocho meses han tenido lugar en la Unión Europea varias incautaciones importantes de drogas ilegales y estupefacientes. 
En Irlanda, en los últimos ocho meses, la policía y los agentes de aduanas han decomisado drogas por valor de unos 24 millones de euros. En Gran Bretaña, la cifra asciende a 82 millones de euros, y en el resto de la Unión Europea a 297 millones de euros. 
La Unión Europea se distingue actualmente por ser el principal usuario de drogas sintéticas como el éxtasis y las anfetaminas. 
La razón por la que solicito expresamente que presente conclusiones o resultados a finales de la Presidencia en diciembre es que- refiriéndome a lo que el Sr. Hyland comentaba anteriormente- esperaba que fuera posible durante el periodo de su Presidencia llevar a cabo una iniciativa conjunta entre la gente joven y la Presidencia para preguntar a los jóvenes acerca de los problemas a los que se enfrentan e intentar aliviar algunos de los problemas sociales que hacen que se introduzcan en el mundo de las drogas. 
Quisiera agradecer al Sr. Crowley su firme implicación con este asunto y agradecerle sus consejos y sugerencias. 
Sólo puedo decir que haremos lo que podamos porque, repito, consideramos ésta una cuestión especialmente importante. 
Señor Presidente, lo que me gustaría saber es si se está considerando la cuestión de los programas preventivos o si el Consejo ha pensado en incentivos para otras alternativas de modo que los jóvenes que ya han entrado en contacto con las drogas puedan dejarlas. 
La pregunta 16 se ha retirado. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta 17 decae. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 18 y 19 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 18 formulada por Raimon Obiols i Germà (H-0560/02): 
Asunto: Muerte de opositores en Guinea Ecuatorial 
En el turno de preguntas al Consejo del 3 de julio, el Consejo fue interpelado y advertido tanto por el Diputado señor Carlos Carnero González como por mi persona, sobre las violaciones de los derechos humanos y las graves torturas físicas contra la oposición democrática por parte del régimen presidido por Teodoro Obiang. 
En mi intervención insté a la Presidencia del Consejo a "una acción inmediata", recordándole que no se trata simplemente de condenar más o menos eufemísticamente esta situación, sino de "ejercer la fuerza de la Unión Europea" utilizando todos los mecanismos políticos y diplomáticos para acabar con esa inhumana situación. 
Dos días después, Juan Ondó Nguema, uno de los condenados en el juicio del cine Marfil sin ninguna garantía procesal según todos los observadores internacionales, murió en la cárcel de Black Beach a consecuencia de las secuelas por los malos tratos sufridos durante los interrogatorios policiales y de la privación de agua y comida en los últimos días previos a su muerte. Ante esta situación, 
¿Qué presiones ejercen el Consejo y la Presidencia sobre las autoridades de Guinea Ecuatorial para garantizar el mínimo respeto de los derechos fundamentales en ese país? 
¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar el Consejo para exigir al Gobierno de Guinea Ecuatorial la implantación de medidas democratizadoras en el país? 
Pregunta nº 19 formulada por Carlos Carnero González (H-0577/02): 
Asunto: Muerte de un preso político en Guinea Ecuatorial y necesaria acción común de la Unión Europea en favor de la democracia y los derechos humanos en ese país 
Exactamente al día siguiente de que el Consejo, a través del Ministro de Asuntos Europeos de Dinamarca, contestara en el Pleno del PE de julio a las preguntas sobre las detenciones arbitrarias, juicios sin garantías ni acusaciones fundadas, brutales torturas y encarcelamientos en condiciones inhumanas llevados a cabo por la dictadura de Guinea Ecuatorial contra la oposición democrática, una de las personas afectadas, Juan Ondó Nguema, fallecía trágicamente a consecuencia de los maltratos recibidos. 
Teniendo en cuenta que el dictador Teodoro Obiang ha ignorado hasta hoy toda demanda de anulación de los juicios, puesta en libertad de los presos o cese de las torturas formulada por la comunidad internacional, ¿piensa el Consejo adoptar con urgencia una acción común en favor de la democracia en Guinea Ecuatorial que incluya aplicar las disposiciones de defensa de los derechos humanos del Convenio de Cotonú, reforzar la actuación de la ONU e implicar a los Estados Unidos en ese objetivo? 
El Consejo está realizando un seguimiento minucioso de las condiciones humanitarias y la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, especialmente del caso de los líderes de la oposición encarcelados y las condiciones por las que están retenidos. 
Todos recordaremos que la UE, justo después de que se dictara la sentencia, hizo una declaración exigiendo a las autoridades competentes que adoptaran las medidas necesarias para revisar las sentencias y asegurarse de que se respetaran los derechos fundamentales de los acusados. 
La UE ha expresado varias veces su honda preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos, y tras la muerte de Juan Ondó Nguema, el Consejo debatió informes acerca de las causas. 
En ese momento, ni la explicación del gobierno ni la de la oposición podían confirmarse. 
Según la oposición, su muerte se debió a la tortura y a los malos tratos, mientras que el gobierno atribuía la causa de la muerte a una grave enfermedad pulmonar, que ya sufría, según se afirma, antes del juicio. 
Ante esta situación, el Consejo no tiene la intención de adoptar medidas de emergencia en este momento, pero continuará investigando las circunstancias que llevaron a la muerte de Nguema. 
La UE adoptará medidas políticas y diplomáticas adecuadas para presionar a las autoridades de Guinea Ecuatorial a fin de que mejoren la situación de los derechos humanos en general y promuevan reformas democráticas en este desdichado país. 
Sr. Haarder, nos referíamos en nuestra pregunta al fallecimiento en prisión de D. Juan Ondó Nguema, pero, lamentablemente, hay que añadir que el pasado 31 de agosto falleció otro preso político en Black Beach, D. Juan Asumu Sima. 
Con 80 años de edad, tuvo que asistir al juicio, ayudado algunas veces y sentado otras, por las torturas brutales de las que había sido objeto. 
Los presos políticos que están en Black Beach pueden terminar convirtiéndose en protagonistas de una tremenda lista de muertes que, como un rosario, irá cayendo sobre la conciencia de la opinión pública internacional y, desde luego, de la Unión Europea. 
Señor Haarder, el Consejo podrá pensar lo que quiera, pero, desde luego, creer al Gobierno de Guinea Ecuatorial en vez de a la oposición, es demasiado creer. 
Yo le pregunto ¿piensa el Consejo visitar oficialmente a los presos políticos en Black Beach y, además, tomar medidas para suspender el Acuerdo de Cotonú con Guinea Ecuatorial si no se les pone en libertad de manera inmediata? 
El Consejo hará uso, sin duda alguna, de todos los medios disponibles para averiguar la verdad. 
Yo mismo he participado en debates en este Parlamento para alcanzar resoluciones sobre ese desdichado país, y le puedo asegurar al Parlamento que el Consejo está totalmente dispuesto a averiguar la verdad. 
Mis palabras no deben interpretarse en el sentido de que yo dé más peso a las declaraciones del Gobierno que a las de la oposición; me estoy limitando a indicar que es la palabra de uno contra la del otro y que lo que tenemos que hacer es comprobar la verdad- bueno, la verdad documentada- para que podamos sustanciar cualquier acusación contra el Gobierno y aumentar la presión sobre el régimen. 
Estoy totalmente de acuerdo con mi ex colega y le doy las gracias por la noticia trágica y lamentable de que ha tenido lugar otra muerte. 
Esto es, naturalmente, otro argumento para mantener la presión y para valernos de todos los medios para obtener información y ejercer presión. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, el pasado 3 de julio le pedimos al Consejo una gestión inmediata para hacer frente a la muy preocupante situación en la que se hallaba un nutrido grupo de opositores al régimen del Sr. Obiang, en Guinea Ecuatorial. 
Pedimos entonces que se hiciera una llamada, que se ejerciera una presión. 
Dos días después, exactamente el 5 de julio, uno de los condenados en el juicio que llevó a la cárcel de Black Beach a estas decenas de opositores, D. Juan Ondó Nguema, fallecía como consecuencia de los malos tratos sufridos, y por la privación de agua y comida en los últimos días, previos a su muerte. 
Señor Presidente, sé que el mundo es, a menudo, atroz y que ni Europa ni, desde luego, el Consejo, pueden resolver todos sus problemas o cargar sobre sus espaldas todas sus tragedias. 
Sin embargo, se trataba de un problema muy localizado y muy concreto. 
Hace pocos días falleció otro opositor, y le pedimos de nuevo, insistentemente, Señor Presidente, que, por favor, el Consejo haga algo de inmediato, porque puede solventar este problema y la amenaza que pesa sobre unas personas muy concretas. 
No sé por qué mi ex colega ha pensado que el Consejo podría suprimir esta amenaza. 
Lo ha hecho lo mejor que ha podido con los medios que tenía a su disposición. 
Eso es lo que he dicho, y lo que el Consejo seguirá haciendo. 
No puedo añadir nada más. 
El siguiente artículo es el informe (A5-0226/2002) de la Sra. Stenzel, en representación de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el informe anual de la Agencia Europea de Reconstrucción (2001/2255 (INI) ). 
Señor Presidente, Comisario y todos aquellos señores y señoras que aún se encuentran presentes, el informe anual 2001 sobre la Agencia Europea de Reconstrucción fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa el 11 de junio de 2002. 
Sin embargo, la votación en la sesión plenaria fue pospuesta deliberadamente hasta el otoño con el fin de permitir que la Comisión pudiera cumplir con una petición reiterada y continua por parte de la Comisión de Asuntos Exteriores para que se presentara una estrategia de la política general en los Balcanes y del papel que la Agencia de Reconstrucción desempeña y aclarara cómo deberían repartirse las tareas entre la Agencia, por un lado, y las delegaciones territoriales, por otro. 
La Comisión no ha presentado ningún informe relativo a este aspecto ni tampoco ha cumplido el acuerdo de noviembre de 2001 por el que se comprometía a presentar un informe sobre la estrategia a medio plazo para la gestión de la asistencia de la UE dentro del contexto del proceso de asociación y estabilización antes de finales de marzo de 2002. 
El informe de la Comisión Europea sobre las estrategias de la Comisión Europea para la asistencia a los Balcanes Occidentales describe la situación detalladamente y el 19 de junio el Comisario Patten también se encontraba disponible para proporcionarnos información adicional. 
No obstante, no se adoptó ninguna estrategia en este sentido, un hecho que el Sr. Swoboda definió con palabras, puesto que, si no hubo estrategia, el hecho habla por sí solo. 
Lo más importante, por tanto, es la petición de que la Comisión presente un informe al Consejo, no en junio de 2004, justo antes de que finalice el mandato de la Agencia Europea de Reconstrucción sino en junio de 2003 a más tardar y de implicar al Parlamento en ello. 
Sólo de este modo podemos evitar la desestabilización de la Agencia y garantizar que trabaje de forma eficiente. 
Empieza a convertirse en un hecho aún más preocupante a la vista de los compromisos financieros de la UE en los Balcanes. 
Yo mismo fui capaz de comprobar con satisfacción la eficiencia de la Agencia durante mi visita a Pristina, algo que, por cierto, el Tribunal de Cuentas también ha confirmado. 
Es muy lamentable y preocupante que la exportación de electricidad por parte de la compañía eléctrica local KEK originara irregularidades importantes con unos ingresos por exportación que ascendían a 4,2 millones de dólares USD que acabaron en una cuenta ilegal en Gibraltar. 
Sin embargo, la propia Agencia ha adoptado medidas para evitar futuras irregularidades delictivas de este tipo en KEK y contribuir a aclararlas. 
La Agencia de Reconstrucción se ha puesto en contacto con la OLAF en relación con la contratación de un asesor externo dudoso.. 
Lo fundamental de esta relación es que se nombre a un auditor interno lo antes posible. 
El abastecimiento eléctrico de Kosovo aún deja mucho que desear. 
El nuevo acuerdo entre la UNMIK y Serbia estableció las condiciones políticas necesarias para facilitar el abastecimiento adecuado de electricidad en Kosovo, hecho por el que deberíamos alegrarnos. 
Como ponente, soy consciente de que la Agencia trabaja en Kosovo con unas condiciones políticas difíciles. 
Todavía no se ha definido con claridad su estatus político y existen tensiones políticas continuas entre la minoría serbia y la mayoría albana. 
Por tanto, lo más importante es conseguir que la influencia positiva de la Unión Europea y de la Agencia resulten visibles. 
Cualquier estrategia dirigida a esta región debe tener como objetivo facilitar una política sostenida y la reducción paulatina de los préstamos financieros concedidos por la UE, principalmente a través del cobro eficiente por los servicios públicos. 
La ampliación del mandato de la Agencia a Macedonia dio lugar a controversia, puesto que la situación política de Macedonia previa a su caída, aunque muy débil, era muy distinta de la de Kosovo y, sobre todo, porque el mecanismo de consulta entre la Comisión y el Parlamento mediante el que, por supuesto, los fondos tienen que aprobarse, no siempre resulta idóneo. 
No obstante, el informe propone una serie de directrices políticas para la Agencia en las que puede centrarse el trabajo futuro. 
Los mecanismos para adoptar decisiones en cada una las oficinas de la Comisión también deberían resultar lo más claros y transparentes posibles. 
Centrándonos específicamente en los compromisos de la Agencia en Macedonia, hay que decir que la situación ha mejorado y ha sido posible terminar 900 casas. Además, se han conseguido avances en lo que respecta a la supresión de minas. 
Es también de especial importancia el hecho de que la Agencia goce de una buena relación a la hora de trabajar con las delegaciones locales de Macedonia, donde las elecciones están previstas para el 15 de septiembre. 
La situación allí es extremadamente tensa y no es evidente que las elecciones vayan a celebrarse en condiciones adecuadas, en el caso de que se celebren. 
Hoy, en la sesión plenaria, hemos debatido la responsabilidad de la Unión Europea en Afganistán y hemos garantizado nuestro apoyo al Comisario Patten. 
Es cierto que Afganistán repercute mucho más en los Balcanes por lo que la Unión Europea tiene una responsabilidad directa. 
En este sentido, el informe sobre la Agencia de Reconstrucción debería contribuir a una gestión sostenida de la crisis. 
Señor Presidente, Comisario, Sra. Stenzel, éste es un informe muy completo y preciso. 
El hecho de que nosotros, como mi grupo ha solicitado, nos encontremos debatiéndolo esta noche es prácticamente motivo suficiente para replanteárselo. 
Me gustaría disculparme con todos aquellos que se encuentran aquí por este motivo. 
No obstante, estoy convencido de que es conveniente revisar los logros obtenidos en los Balcanes, sobre todo en el área en la que la Agencia se encuentra activa así como tener en cuenta lo que aún no hemos conseguido. 
Al igual que han hecho otros oradores debemos basarnos en el hecho evidente de que la Agencia ha actuado bien y podemos estar satisfechos de ello. 
Sin embargo, hay que decir al mismo tiempo que existen varios aspectos sobre los que la política de la Unión Europea tiene que seguir trabajando y quizás incluso potenciar los esfuerzos. 
Si pensamos servirnos de la Agencia para desembolsar los fondos (la Sra Stenzel considera que debería reducirse el montante y lleva razón) tenemos que ser conscientes de que la situación económica continúa siendo extremadamente endeble. 
El dinero no lo compensará todo, por lo que debemos concentrarnos, sobre todo, en construir estructuras que hagan posible que allí se pueda percibir el desarrollo y crecimiento económicos, aunque sea de forma lenta. 
Dichas estructuras, desgraciadamente, todavía no están presentes. 
Por lo que respecta a la situación política, todavía tenemos grandes deficiencias que debemos afrontar. Podría afirmarse incluso que tenemos que resolver la carencia de un proceso de madurez, tanto en las relaciones entre Serbia y Montenegro como con las condiciones que en ellas se dan. 
Sin embargo, todavía hay poca predisposición por parte de Kosovo a aceptar que nuestra Unión Europea se ha comprometido a un Kosovo multiétnico habitado principalmente por la población albanesa pero en el que los serbios también deben poder vivir en paz y libertad y continuar con normalidad su trabajo y actividad económica. 
En Kosovo, esto ni siquiera ha comenzado a suceder. 
En Macedonia, lugar al que viajaremos dentro de unos días para analizar las elecciones, todavía existen incidentes recurrentes y se cometen asesinatos. 
Allí tampoco el proceso de madurez política ha progresado tanto como debería. 
Me agrada que el Comisario Vitorino se encuentre presente para escuchar el tercer punto que me gustaría exponer y que se refiere al hecho de que la región central de los Balcanes continúe siendo un país de tránsito para muchas actividades transfronterizas dudosas. 
Por supuesto, somos conscientes de que determinadas organizaciones ilegales no se oponen a la cooperación étnica y no plantean inconvenientes a las invasiones fronterizas. 
Ahora, no deseo que esta región se arruine, cuando actividades tales como el tráfico de drogas y el tráfico de seres humanos con frecuencia tienen como destino países de la UE mientras que sus orígenes se encuentran en algún otro lugar. 
Sin embargo, estoy convencido de que tenemos que respaldar totalmente la política de los Balcanes, teniendo presente a nuestra propia población, para conseguir poner freno a estas transacciones del modo más rápido y efectivo posible. 
Algunos de nosotros hemos visitado en persona el centro de Bucarest destinado específicamente a combatir estas actividades criminales y me gustaría pedir al Comisario Vitorino, como asunto con carácter de urgencia, que colabore lo máximo posible con el Comisario Patten para conseguir que se detengan estas actividades delictivas que están consiguiendo que la región cuente con una mala reputación. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Sra. Stenzel por su eficaz y útil informe. 
No puedo afirmar que sigo de cerca o que tengo un conocimiento detallado de las operaciones de la agencia, por lo que su informe me resulta muy valioso. 
Para alguien que ha estado los tres últimos años en la delegación para el sudeste de Europa y más recientemente en la vicepresidencia, creo que es esencial que mantengamos y desarrollemos la ayuda financiera necesaria para que los países balcánicos aspiren a su meta, que ha de ser la de ingresar en la Unión Europea. 
Yo era una de las personas a las que no convencía la decisión original de establecer la sede de la agencia en Tesalónica. 
Era la historia de siempre, de repartir premios entre los Estados miembros. 
Puede que mi opinión haya cambiado ligeramente, dado que Grecia está desempeñando un papel muy valioso en la dirección y coordinación de la cooperación regional. 
Sin embargo, creo que tenemos que reconsiderar si ésta es la manera más efectiva de gestionar una agencia que opera sobre distintas bases. 
La agencia está realizando un trabajo esencial y lo está haciendo bien. 
Con el tiempo será importante racionalizar y, si es posible, extender nuestra ayuda a los países balcánicos. 
Esta ayuda debe pasar de la reconstrucción al desarrollo, de la misma manera que pasó de ayuda de emergencia a la reconstrucción. 
Un reto que tenemos que resolver es la situación de la red de agencias, que corren el peligro de pisarse unas a otras en el sudeste de Europa. 
Es un escenario complejo, una especie de sopa de letras, y es muy difícil incluso para alguien en mi posición entender quién hace qué y valorar el impacto sobre los ciudadanos locales. 
La Sra. Stenzel ha señalado algunos puntos importantes, entre los que se encuentra la necesidad de llegar a acuerdos con otros donantes para decidir quién se responsabiliza de cada sector y evitar solapamientos. 
Ha mencionado en particular que la agencia debería ocuparse de la energía en Kosovo, con lo que yo estaría de acuerdo. 
También ha subrayado la necesidad de establecer una estrategia para el futuro de las relaciones de la agencia con las delegaciones de la UE. 
Desde mi experiencia en Skopje me pregunto si no hemos ido demasiado lejos al prescindir de la competencia de la delegación local de la Comisión. 
Pensé que era peligroso que la agencia adoptara un ligero tono imperialista con la delegación local. 
En vista de las próximas elecciones del 15 de septiembre, todavía no estoy seguro de si hemos reconstruido suficientes casas allí. 
Señor Presidente, el excelente informe del Sr. Stenzel, con el que todos estamos de acuerdo en lo esencial, pretende presentar de forma positiva una hoja de balance que obviamente únicamente puede resultar problemática. 
No debería resultar sorprendente que existan opiniones distintas relativas a la Agencia Europea que gestiona la asistencia financiera para Europa Sudoriental y, por tanto, son comprensibles las peticiones de la promoción de una investigación amplia de cualquier sospecha de una administración inadecuada o de corrupción, en particular, las relacionadas con las inversiones en el sector energético. 
De ahí la necesidad de mejorar la transparencia de las transferencias y prácticas financieras de todas las áreas de la actividad de la organización. 
No es casualidad que se haya solicitado el nombramiento de un auditor interno y que se haya reforzado la importancia del Tribunal de Cuentas Europeo, de un asesor financiero y, finalmente, del papel que la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude. 
Todo esto apunta al hecho de que las cosas se dirigen hacia lo que habíamos temido pero que, por otra parte, era lo que esperábamos: no podemos esperar milagros en la región, es prácticamente imposible garantizar la buena gobernanza durante todo el tiempo y en todas las ocasiones pero debemos, por supuesto, hacer todo lo posible para que se reduzcan al máximo las posibilidades de ofrecer o recibir fondos de forma ilegal. 
Como pueden comprobar, no existe estrategia de cooperación internacional y esto es un aspecto bastante grave. Nuestra organización tampoco ha contribuido a ninguna estrategia pero es difícil establecer una estrategia cuando no sabemos dónde estarán nuestras fronteras en un futuro a corto o largo plazo. 
Todo esto, hay que tenerlo en cuenta. 
Sin embargo, por otro lado, se ha ampliado geográficamente la competencia de la Agencia Europea de Reconstrucción y me pregunto si ésta es la manera adecuada de proceder, teniendo en cuenta que los problemas que plantea cada situación varían enormemente en función de cada situación particular. 
La Comisión ha prometido al Parlamento que elaboraría un informe aunque todavía no se encuentra disponible. Esto confirma también las dificultades y es una indicación más clara de los problemas que las autoridades de la reconstrucción han encontrado en los Balcanes. 
Por supuesto, se trataba de la manera más sencilla de ofrecer una asistencia inicial pero las cosas se complican cuando se trata de definir la reconstrucción y decir dónde y cómo reforzar las instituciones. 
Las cifras sobre la asistencia que gestiona la agencia aparecerían, sin embargo, más o menos correctas por lo que respecta a la relación entre los proyectos, la financiación, los plazos y resultados de los pagos. Son buenas noticias. 
La reconstrucción de los Balcanes es un asunto demasiado delicado y sensible como para ser ignorado ni siquiera de forma temporal y, por tanto, pienso que deberíamos dedicarle más atención. 
. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría darle las gracias a la Sra. Stenzel en nombre de la Comisión por su informe sobre la Agencia Europea de Reconstrucción. 
Es un informe minucioso que incita a la reflexión y que plantea importantes preguntas. 
Mi colega, el Sr. Patten, lo discutió con algunos de ustedes en la reunión de Estrasburgo del 2 de julio e hizo circular una Nota Informativa en junio, que espero que incluyera muchas de las preocupaciones de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
El Sr. Patten ha prometido presentar un informe que defina en líneas generales la futura implementación de la ayuda antes de finales de 2003. 
Este informe constituirá la base de las recomendaciones que la Comisión tiene que presentar antes del 30 de junio de 2004 de acuerdo con el Reglamento relativo a la Agencia Europea para la Reconstrucción. 
Hoy mencionaré algunas ideas preliminares, pero primero permítanme que haga unos comentarios acerca de ciertos puntos específicos del informe. 
Me complace que el informe reconozca tan claramente la eficiencia y alta capacidad de entrega de la Agencia Europea para la Reconstrucción. 
En realidad, la agencia es una historia de éxito. 
Está realizando un trabajo extraordinario, canalizando ayuda comunitaria a la Antigua República de Yugoslavia y a la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
En este contexto, también me gustaría resaltar el éxito de la descentralización de las delegaciones de la Comisión. 
Éste, por ejemplo, ha sido un factor importante para permitir la prestación de la ayuda comunitaria europea en Bosnia y Herzegovina. 
La Comisión aprueba muchas de las observaciones del informe. 
Estamos totalmente de acuerdo, por ejemplo, con la propuesta del Parlamento de que necesitamos concentrarnos cada vez más en el establecimiento de instituciones y la capacitación. 
Ése es, sin duda, nuestro enfoque. 
Un gran porcentaje de la ayuda en general se destina al establecimiento de instituciones, y dicho porcentaje está en continuo aumento. 
Los documentos estratégicos de cada país y los programas indicativos plurianuales permiten cierta flexibilidad y no necesitan ser revisados para estas transiciones. 
El Sr. Swoboda ha mencionado la cuestión de la inmigración ilegal y las rutas balcánicas y hemos dejado muy claro que necesitamos un enfoque regional para luchar contra la inmigración ilegal y el crimen organizado en el sudeste de Europa. 
Bajo la Presidencia sueca se organizó la primera reunión de los cinco países que componen la región, puesto que necesitamos la cooperación regional para asegurar el éxito. 
Algunos Estados miembros han creado una red de funcionarios de enlace y hemos estado cooperando con oficiales de puestos fronterizos y fuerzas de policía en la región, lo cual ha mejorado la situación bastante, aunque todavía está lejos de estar resuelta. 
El cambio que he mencionado arriba se aplica a los países que tienen delegaciones descentralizadas y a los que hay agencias en funcionamiento. 
No hay ningún motivo para pensar que la agencia no obtendrá los mismos resultados en los programas de establecimiento de instituciones que obtuvo en la reconstrucción física. 
El fundamento jurídico de la agencia es más que apropiado y no necesita enmienda alguna. 
Tampoco queremos cambiar el nombre, aunque el enfoque principal ya no sea la reconstrucción. 
El informe sugiere que si se ampliara la competencia territorial de la agencia, habría que cambiar su reglamento. 
La decisión de extender el mandato de la agencia a la totalidad de la Antigua República de Yugoslavia y a la Antigua República Yugoslava de Macedonia se tomó en circunstancias excepcionales. 
No creemos que la competencia territorial de la agencia deba extenderse más. 
En el informe, usted subraya la necesidad de coordinación. 
Es una necesidad imperativa asegurar que la ayuda que proporcionamos consiga el máximo valor añadido posible. 
Por ello nos complace observar la sistemática y extensa coordinación que ya está teniendo lugar entre los servicios de la Comisión y los agentes sobre el terreno. 
Por debates anteriores sé que usted desea discutir la cuestión cada vez más amplia del futuro de la ayuda a los Balcanes occidentales y sus aspectos organizativos, incluidas las competencias de las delegaciones de la Comunidad Europea y la agencia. 
Nuestras ideas preliminares son las siguientes: 
No hay motivo para afirmar que la coexistencia de la agencia y la delegación de la Comisión en el mismo país lleve al solapamiento. 
El papel político y el estatus de todas las delegaciones de la región son idénticos, más allá de la implementación de la ayuda. 
Las delegaciones se centran en el desarrollo de la relación política e institucional con la Unión Europea. 
A medida que cada país se vaya integrando en el proceso de estabilización y de asociación, habrá que decidir si el apoyo al proceso para que los países alcancen el nivel europeo necesita estar totalmente integrado con el trabajo político de las delegaciones. 
Esta pregunta será crucial a la hora de tomar de decisiones sobre el futuro de la agencia. 
Pero no podemos proporcionar una respuesta clara en este momento. 
Sobre todo, no creemos que sea favorable para la región desmantelar el orden establecido recientemente, especialmente cuando está funcionando bien. 
La pulcritud administrativa e institucional no debe obstaculizar el objetivo principal de alcanzar un cambio real sobre el terreno. 
No obstante, debemos mantener nuestras opciones abiertas y estar preparados para cambiar la forma de suministrar ayuda cuando se demuestre que el cambio es ventajoso. 
La Comisión se asegurará de que estas decisiones se tomen partiendo de la base de lo que resulta más efectivo para alcanzar los cuatro objetivos: una mayor concentración en la calidad, una ejecución más rápida conforme a las más elevadas normas de gestión, visibilidad y sobre todo el impacto de nuestros programas sobre el terreno. 
La opinión del Parlamento será inestimable al desarrollar las disposiciones que mejor respondan a las necesidades de la región y la ambición estratégica de una integración más cercana a la Unión Europea. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El siguiente artículo es el informe (A5-0241/2002) del Sr. Coelho, en representación de la Comisión de Libertades y Derechos de los ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores (COM (2001) 506- C5-0656/2001- 2001/2279 (COS) ). 
Señor Presidente, Comisario, Sr. Coelho, señoras y señores, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades lamenta el hecho de que la Comisión no incluyera la dimensión de igualdad de oportunidades en este tercer informe de la Ciudadanía de la Unión y que, más en concreto, no lograra desarrollar directivas e indicadores específicos y sensibles a la dimensión de género ni empleara datos desglosados por sexos en todos los ámbitos. 
Por otra parte, la Comisión da la bienvenida a las medidas adoptadas pero que todavía deben aplicarse. 
En primer lugar, la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Basada en los principios de la dignidad humana y la igualdad entre hombres y mujeres, la Carta servirá como marco para defender los derechos fundamentales de los hombres y mujeres de la Unión. 
También el programa Daphne, creado para proteger los derechos de los niños, los adolescentes y las mujeres se debería seguir desarrollando como instrumento para reforzar la ciudadanía de la Unión. 
El plan de acción para la movilidad y la propuesta de la Comisión de adoptar una directiva en la que se combinen los diversos instrumentos legislativos sobre la libertad de movimiento y desplazamiento y residencia de los ciudadanos de la Unión en un único texto es particularmente importante para las mujeres y los problemas a los que se enfrentan en el marco de la integración europea. 
Por tanto, pedimos a la Comisión que en el siguiente informe ofrezca una análisis adecuado basado en estadísticas comparativas que permita realizar una evaluación del impacto de la dimensión de género en áreas vinculadas al proceso electoral tales como el porcentaje de mujeres votantes, de mujeres que se presentan como candidatas o de mujeres que resultan electas. 
Finalmente, permitan que les recordemos que sólo podrá conseguirse un refuerzo de la ciudadanía de la Unión a través de una igualdad total entre hombres y mujeres en todos los sectores de la vida política y económica. 
Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, nunca está de más mencionar la ciudadanía europea, sobre todo, porque con frecuencia esperamos que los ciudadanos sean europeos y después no sabemos tratarlos como tales. 
De hecho, los ciudadanos están empezando a sentirse europeos, un hecho que se produce porque comienzan a dialogar con las instituciones europeas. 
Sin embargo, la ciudadanía es más que eso: por un lado, confirma el lugar que ocupan los ciudadanos en esta dimensión europea, de la que deben sentirse colaboradores y responsables en estos momentos de gran ímpetu y dinamismo. 
Pensamos que el nivel de participación en las elecciones europeas es bajo y se encuentra en constante declive pero nos preguntamos qué ofrecemos a los ciudadanos de los Estados miembros como parte de este paquete europeo. 
No les estamos ofreciendo el derecho recíproco a estudiar en los Estados miembros, no estamos ofreciendo los medios para solucionar las barreras lingüísticas, no estamos ofreciendo un código laboral, no estamos ofreciendo libertad de circulación (como ha señalado el Sr. Coelho que ha elaborado un excelente informe) , no estamos ofreciendo el reconocimiento de títulos y, en consecuencia, no estamos reconociendo el derecho al trabajo ni el derecho a la salud. 
Hablo en nombre de los ciudadanos puesto que he recibido peticiones enviadas a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en las que describen estas áreas principales de intolerancia dentro de los Estados miembros de la Unión. 
A continuación, me gustaría poner de relieve una gran contradicción: hemos conseguido Schengen, que es un hito del que podría beneficiarse todo el mundo, en especial los países que aún tienen problemas como consecuencia de las guerras por el territorio y conflictos fronterizos pero estamos preservando el derecho de los Estados miembros de expulsar a los ciudadanos de la Unión Europea de un Estado miembro a otro. 
¿Cómo es posible que todavía exista el derecho de expulsión cuando dicho derecho es contrario a lo establecido en Schengen? 
Podemos expulsar a ciudadanos fuera del espacio Schengen, no dentro del mismo territorio. 
Por tanto, considero que deberíamos realizar todo lo posible para comenzar a construir Europa a la altura de los ciudadanos, comenzando precisamente con el reconocimiento del estatus por el que la Carta de los Derechos Fundamentales se coloca en el centro del proyecto europeo y que debe reproducirse en los Tratados. 
Si no logramos conseguirlo, por muchas convenciones que elaboremos nunca lograremos construir Europa, sobre todo, cuando un país y me refiero a Irlanda (aunque es posible que haya muchos otros, incluso es posible que el mío propio) se ha negado a reconocer, firmar y ratificar el Tratado de Niza y cuando tres Estados miembros no han querido compartir nuestra experiencia de la moneda única. 
Es un largo camino: todos debemos luchar por colocar a los ciudadanos en el centro de la Europa que estamos construyendo. 
Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, para mí la ciudadanía de la UE es como un ladrillo para conseguir una integración mejorada pero, por supuesto, también dirigida a los ciudadanos que cuentan con un sentido más amplio de su identidad europea. 
Sin embargo, si miramos sus fundamentos, descubrimos que únicamente seis párrafos hacen referencia a la ciudadanía de la UE y cuando los leemos encontramos relativamente pocos derechos relacionados y que van desde la participación en las elecciones locales o al Parlamento a la representación diplomática o el derecho de petición. 
Sin embargo, esto solo puede ser el comienzo si realmente deseamos crear una ciudadanía de la UE. 
La tarea que tenemos que imponernos en el futuro es de tipo político y consiste en crear una ciudadanía de la UE como la que ahora existe pero consiguiendo que cobre vida y tenga sentido. 
También se nos ha pedido que propongamos el modo de ampliar los derechos de los que gozan los ciudadanos de la UE. 
Este informe se centra en nuestro déficit actual y también hace propuestas claras sobre los aspectos que necesitan modificarse. 
Doy mi más sincera enhorabuena al ponente por su actitud de volver a definir el análisis y sobre las propuestas constructivas que ha realizado. 
Se necesitan medidas que eliminen con rapidez las fronteras que todavía existen y que obstaculizan la libertad de movimiento y de residencia de las personas denominadas ciudadanos de la UE, que no garantizan que todos los ciudadanos de la UE tengan acceso a la ley y a la justicia en la medida que desean y que, sobe todo, obstaculizan la movilidad de estudiantes en colegios y en educación superior, de aprendices así como de los profesores y de la población activa. 
¿Qué sentido tiene contar con Leonardo, el mejor programa destinado a la formación de profesionales si estas ventajas sociales no se reconocen o si todavía existen otras barreras que dificultan la movilidad real o si los títulos universitarios o de formación profesional de otros estados no obtienen el reconocimiento de algo que hace mucho que fue conseguido? 
Tenemos que pensar en informar a la gente sobre cuáles son sus derechos como ciudadanos de la UE actualmente y sobre cuál es el mejor modo de utilizarlos. 
Tenemos que pedir que se realicen las tareas necesarias en los colegios y en las oficinas de información, entre las que se incluyen las que se encuentran a cargo del Parlamento y de la Comisión. 
Por tanto, todavía nos queda mucho por hacer. 
Todavía tenemos que realizar un trabajo intensivo con el fin de que aquellos dotados con la ciudadanía de la UE puedan sentir que realmente son sus ciudadanos. 
Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, me gustaría comenzar dando la enhorabuena al ponente por su trabajo. 
Se trata de un informe claro y equilibrado en el que se explican las deficiencias existentes, se reconoce el avance realizado y se señala la dirección que debe seguirse para acabar con las mencionadas deficiencias con el objetivo de construir una ciudadanía europea efectiva y real. 
El concepto de ciudadanía europea es unos de los principales legados del Tratado de Maastricht y ha contribuido a conseguir que los ciudadanos de los Estados miembros se comprometan cada vez más con el proyecto común de la integración europea. 
Ahora que ha pasado más de una década podemos decir que la hoja de balance es claramente positiva. 
La libertad de movimiento, el derecho a votar y a participar en elecciones locales y europeas, el derecho de petición y el derecho a la protección consular y diplomática son en la actualidad pasos hacia delante con consecuencias prácticas de las que se benefician los ciudadanos de Europa. 
No obstante, el desarrollo de una ciudadanía europea auténtica exige más, tanto con respecto a los derechos consagrados en los Tratados, pero para cuya aplicación hoy día todavía se plantean dificultades, como con respecto a la integración del futuro modelo institucional de la Unión lo cual, sin duda, es el gran reto al que actualmente se enfrentan nuestras comunidades de personas y países. 
Además, la ciudadanía europea total no puede ignorar los derechos económicos y sociales de nuestros ciudadanos, a riesgo de que los conciudadanos vean el proyecto europeo como un paso hacia atrás con respecto al contrato social expresado en las constituciones nacionales. 
Por lo que respecta a la libertad de movimiento y residencia de los ciudadanos de la Comunidad, me gustaría, Señor Presidente, dar la enhorabuena a la Comisión por la reforma introducida en este aspecto, formalizada en la Directiva de 23 de mayo de 2001. 
Con el fin de garantizar que las condiciones de movimiento y residencia de los ciudadanos de la Unión Europea sean similares a los de los ciudadanos del Estado miembro en su propio país, la iniciativa de la Comisión ha conseguido que las condiciones de movimiento y residencia sean más flexibles, ha simplificado la legislación en vigor en este campo y ha creado una norma nueva según la que tras cuatro años de residencia continuada en un territorio de la Unión Europea, el permiso puede ampliarse sin necesidad de formalidades. 
La Unión Europea no puede alejarse de la situación de aquellos que, aunque no sean nacionales de un Estado miembro, hayan establecido su vida en un territorio europeo con lo que contribuyen al bienestar cultural, económico y social de la Unión. 
Por tanto, damos una cálida acogida a la propuesta de la Comisión de una directiva con fecha 5 de julio de 2001, sobre el estatus de los nacionales de terceros países con residencia de larga duración. 
Invitamos al Consejo a que apruebe con celeridad esta propuesta y que con la misma se acabe con la discriminación existente y a que garantice que dichas personas puedan, en el ámbito del empleo, la educación y la seguridad social, gozar de derechos semejantes a los de los ciudadanos de la Unión. 
En el ámbito del derecho del voto y a presentarse a las elecciones, en el informe se describe con exactitud el marco actual que se caracteriza fundamentalmente por la pobre participación de los ciudadanos de la Comunidad en las elecciones locales y europeas en sus respectivos estados de residencia. 
La falta de información y los cortos períodos que los Estados miembros dejan para que los ciudadanos puedan inscribirse en los censos electorales, sin duda, contribuyen a explicar la relativa falta de éxito. 
Sin embargo, este fenómeno debería verse en el contexto de una tendencia más global de un declive constante de la participación del votante que, por lo que a nosotros respecta, se podría contrarrestar aclarando el marco institucional de la Unión Europea mediante la redacción de un verdadero texto constitucional que permita que los ciudadanos se identifiquen lo más posible con el proceso de toma de decisiones en el ámbito europeo. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Coelho por su sólido informe, tan concreto y conciso. 
El Sr. Coelho ha aclarado que la ciudadanía europea no sólo completa y complementa a la ciudadanía nacional, sino también que el concepto debería evolucionar e incluir los derechos de los nacionales extranjeros residentes de larga duración. 
Sólo me opongo a él en una cuestión. 
En 2004 se celebrarán elecciones a la Autoridad de Gran Londres, justo un mes antes de las elecciones europeas. 
Espero que se llegue a un acuerdo para retrasarlas un mes y que ambos comicios se celebren el mismo día, lo cual ayudará a aumentar el número de votantes y establecer una conexión legítima, en el sentido de una Europa de las regiones. 
El Sr. Coelho ha mostrado un justificado tono de impaciencia. 
Los derechos de las personas no deben quedarse por detrás de los derechos de los bienes. 
En varias cuestiones, apoyo enteramente al Sr. Coelho: apertura, transparencia y libertad de información. 
En la UE seguimos siendo opacos e inaccesibles de manera deprimente. 
Los documentos informativos deben estar más accesibles. 
En segundo lugar, nuestros ciudadanos quieren protección contra el crimen y el terrorismo, y con razón, pero el nivel de escrutinio democrático en el ámbito de la cooperación judicial y de la policía es muy bajo. 
En el mismo plano, deben establecerse medidas para combatir el crimen y el terrorismo con respecto a los derechos humanos, incluido el derecho a un juicio justo. 
El ponente ha hecho hincapié en la supresión de la discriminación, punto en el que lo apoyo, pero también añadiría que el respeto de las tradiciones culturales no debe ir en detrimento de los derechos humanos fundamentales. 
Por último, la vida se convierte en un problema cuando la gente intenta ejercer sus derechos de ciudadanía europea, ya sea con permisos de residencia, unificación familiar, seguridad social o acceso a la justicia. 
Tengo una electora- el Comisario está al tanto- a la cual procesaron en los tribunales civiles del Reino Unido y cuyo caso fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia inglés. 
Entonces fue procesada sobre la base de los mismos hechos en los tribunales penales españoles y pasó años de molestias y gastos, hasta que por fin el caso se desestimó hace tan sólo un mes o así. 
¿Por qué no existe el mutuo reconocimiento de los mismos hechos entre un caso civil y penal? 
Mi conclusión es que necesitamos supervisar más de cerca la implementación de las normas de ciudadanía y derechos humanos. 
Tenemos que aprovechar la oportunidad de transformar un proceso que se está aplicando actualmente en los países candidatos en un proceso genuino de revisión en la Unión Europea para que las normas de ciudadanía y derechos humanos aplicados en cada Estado miembro interese a todos nosotros a escala internacional. 
Comisario, señoras y señores, es para mí un placer poder hablar esta tarde sobre un asunto que para mí resulta muy cercano: la ciudadanía europea. 
Según lo establecido en el Tratado, la ciudadanía europea complementa la ciudadanía nacional, pero no la sustituye. 
La ciudadanía europea también debería ser un aliciente adicional para todos los que habitan en la Unión Europea. 
En diciembre de 2000, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE finalmente colocó al ciudadano en el corazón de la integración europea, ocho años después del Tratado de Maastricht. 
Efectivamente, era hora, ya que tanto a escala europea como nacional y local, era impensable dirigir las políticas de otra forma que no fuera la de colocar a los ciudadanos en el centro de todas las consideraciones, todas las medidas sociales y todos los proyectos sociales. 
A pesar de encontrarse en una buena posición para saber que en la práctica las cosas funcionan de forma ligeramente distinta, esto no debe impedirnos que luchemos para que las cosas cambien, sino todo lo contrario. 
El ponente ha enumerado las áreas que caracterizan a la ciudadanía europea. 
Por tanto, no hay necesidad de repetirlas. 
Sin embargo, me encuentro especialmente sensibilizado con una serie de aspectos sociales citados por otros oradores. 
El informe ofrece una evaluación de cómo se están aplicando estos derechos. 
Esta evaluación no es totalmente entusiasta puesto que, aunque recoge los progresos realizados, también destaca el hecho de que todavía queda mucho por hacer en determinadas áreas. 
Hemos mencionado la votación en las elecciones europeas, en las que participaron menos del 50% de votantes. 
Por tanto, debemos poner en práctica medidas que animen a los ciudadanos a participar en las elecciones y, sobre todo, debemos conceder una nueva consideración a la relación existente entre los representantes elegidos y el electorado. 
Una vez más, debemos inspirar a los ciudadanos el deseo de votar y el deseo de implicarse en la vida de la comunidad. 
El ciudadano debe ser un actor y no un mero observador. 
Las últimas elecciones en diversos Estados miembros de la UE también corroboran esta creencia. 
¿Qué podemos decir también sobre la movilidad con fines educativos? 
Durante años he puesto en conocimiento de las autoridades la falta de un reconocimiento de títulos. 
Los ciudadanos europeos desean que se adopten medidas rápidas en esta área. 
¿Qué podemos decir sobre la movilidad de los investigadores? 
He sido nombrado ponente del Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo y sé que es una auténtica carrera de obstáculos. 
Para finalizar me gustaría, Señor Presidente, agradecer al ponente sus ideas con la esperanza de que con el esfuerzo de todos podamos reforzar nuestro enfoque y avanzar en la idea de colocar al ciudadano en el centro de nuestro proyecto europeo. 
Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, no podría comenzar sin antes pagar tributo al magnífico trabajo realizado por Carlos Coelho y agradecerle una vez más la buena disposición con la que aceptó las dos propuestas de nuestro grupo en la Comisión especialista, lo que les permitió aprobar en compromiso versiones con las que estamos de acuerdo. 
El informe del Sr. Coelho es el complemento necesario y adecuado para el Tercer informe de la Comisión puesto que le aporta un significado político fundamental que queda perfectamente manifestado en la moción para una resolución que votaremos mañana. 
El informe y la moción para una resolución tratan el asunto de una forma adecuada y lo dividen en distintas líneas que se refieren a la dimensión política, administrativa, judicial y, finalmente, en la dimensión de la promoción de la ciudadanía europea que contiene propuestas para diversas acciones prácticas. 
No deseo añadir nada más a esto, ni por lo que respecta al análisis del informe ni de la moción. 
Sin embargo, tenemos algo que añadir al debate, sobre todo cuando la Convención se encuentra funcionando y el futuro de Europa y la reforma institucional están siendo ampliamente debatidos. 
Es cierto que debemos trabajar para promover la ciudadanía europea y para que nuestros compatriotas y conciudadanos entiendan esto por completo. 
Sin embargo, el hecho de que diez años después de Maastricht, después de que se hayan celebrado tantas elecciones al Parlamento Europeo y se hayan adoptado medidas para promover y diseminar el marco europeo con el gasto cada año de enormes cantidades de dinero, hace que el estado de la ciudadanía europea responda al retrato del informe de la Comisión y justifica algunas de las quejas del ponente y nos obliga a mantener los pies en el suelo y a edificar el futuro con la vista en el horizonte, no en un horizonte tan lejano como desearían los visionarios, sino tan lejano como la situación lo exija. 
El estado real de ciudadanía europea según se ha demostrado, por ejemplo con el sintomático bajo nivel participativo electoral, demuestra, cómo la moción para una resolución apunta y enfatiza en línea con el Tratado, que la ciudadanía europea no sustituirá a la ciudadanía nacional sino que la complementará y ampliará. 
Dicho de otro modo, y debemos siempre tenerlo en cuenta, la ciudadanía europea es, para la gran mayoría de nuestros conciudadanos, una ciudadanía complementaria porque es el lugar central que ocupan de forma espontánea el sentido más intenso de pertenencia e identidad con la ciudadanía nacional. 
Los motivos de este hecho son muchos y profundos por lo que el futuro de Europa únicamente se conseguirá de forma adecuada si siempre se tiene este factor en cuenta. 
Si lo hacemos, construiremos algo con la solidaridad de las naciones y la democracia auténtica de los ciudadanos. 
Sin embargo, si nosotros mismos nos distanciamos de este objetivo, porque deseemos continuar durmiendo bien, estaremos abriendo el camino a las pesadillas y creando puntos de conflictos, tensión y desilusión que irán en detrimento del proyecto europeo. 
Porque estaremos cediendo, en último caso, a las presiones de un nuevo tipo de colectividad, una colectividad multinacional y, por tanto, alejándonos nosotros mismos de la democracia y ofendiendo la ciudadanía auténtica, sustituyendo la Europa de todos los ciudadanos, con la que todos soñamos, con un chanchullo burocrático. 
La integración europea puede conseguirse mediante el respeto a los sentimientos de los ciudadanos y, como resultado, estaremos más seguros. 
Nunca debe hacerse ignorando dichos sentimientos y debe hacerse, preferentemente, junto con los ciudadanos. 
La Convención tampoco debe olvidar esto. 
Señor Presidente, Comisario, a pesar de los grandes pasos dados para obtener una verdadera ciudadanía europea, todavía queda mucho por hacer para garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. 
Es la esencia del informe que tenemos ante nosotros, un informe excelente de gran calidad y por el que me gustaría dar la enhorabuena al Sr. Coelho ya que es, a la vez, una especie de inventario y de revitalización del proyecto principal con el que se pretendía garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, la libertad de movimiento y de residencia por todo el territorio de la Comunidad y el libre acceso al empleo, la justicia y todos los derechos, consiguiendo que los desarrollos innovadores también beneficien a los ciudadanos de terceros países. 
Estos principios básicos se complementan con el compromiso de ofrecer a todos los ciudadanos un trabajo de verdad, una casa de verdad, una asistencia sanitaria adecuada y perspetivas de crecimiento social además de crecimiento económico, entre otros. 
Además, el reconocimiento de los derechos fundamentales tiene que ir junto a la consolidación de las medidas destinadas a combatir la xenofobia, la discriminación por motivos religiosos y la discriminación por razones de sexo, raza o condición social. 
Una sección de particular importancia es la destinada a explorar la metodología transnacional para conseguir una cooperación policial y judicial práctica. 
Por lo que se refiere a estas áreas de cooperación, también se incluyen propuestas innovadoras en relación con los diferentes grupos de inmigrantes legales de larga duración. 
Resulta particularmente tópica, como ya han apuntado muchos de los Miembros, la preocupación manifestada en un apartado del informe relativa al poco interés manifestado en las elecciones al Parlamento europeo por parte de los ciudadanos europeos. 
Si fomentamos el desarrollo de una ciudadanía verdadera, sería un factor decisivo que conduciría a una mayor concienciación política entre la gente en el momento de las elecciones europeas y a otras muchas formas de participación directa que empiezan a estar cada vez más accesibles para todos los ciudadanos europeos. 
Es importante concienciar a los ciudadanos sobre la ciudadanía europea, un término que con frecuencia se utiliza en esta Cámara, que no sustituye a la ciudadanía nacional que permanece inalterada conservando todas sus asociaciones culturales e históricas y sus raíces sociales de conexión entre distintas razas de gentes unidas por un destino común: el destino de la Unión Europea. 
Sin embargo, no podemos aceptar las enmiendas presentadas por el grupo GUE/NGL, que imponen una aceleración del proceso de integración, sin distinción de los ciudadanos de terceros países que residen en territorio de la Comunidad y que es, sin duda, exagerada y peligrosa. 
Se trata ciertamente de un desarrollo deseable que debería lograrse en el futuro (conseguir que el derecho de voto activo y pasivo y los permisos de residencia de larga duración se concedan a ciudadanos de terceros países) pero, todavía no es el momento de aplicarlo completamente, al menos, de forma general, incluyendo a todas las nacionalidades. 
Todavía existen una serie de disparidades y no se puede olvidar que en algunos terceros países implicados no existe reciprocidad al respecto. 
De cualquier modo, es importante que logremos establecer un concepto fundamental: estos aspectos quedan dentro de la esfera de competencias de la Comunidad. 
Recientemente, leímos en la prensa que, al parecer, algunos Estados miembros reclaman la regulación de este ámbito dentro de la competencia nacional propia. 
Esto sería un grave error: no puede existir disparidad en la forma en la que en el seno de la Unión se tratan aspectos tales como el asilo, la integración, el reconocimiento de los derechos civiles (incluido el derecho de voto fundamentalmente) y el derecho a la ciudadanía. 
Señor Presidente, creo que el último orador, el Sr. Santini, ha cometido un error que cometen muchas personas al confundir nacionalidad y ciudadanía. 
Incluso la noción de ciudadanía difiere de la de ser ciudadano. 
En mi opinión, la ciudadanía deriva en primer lugar de un sentido de responsabilidad que procede de un contexto moral, y no me estoy refiriendo específicamente a un marco religioso, sino a un contexto moral acerca de cómo vemos el mundo y nuestro lugar en él. 
No tengo ningún trozo de papel donde lo ponga, pero existen varias convenciones, leyes y derechos internacionales que me protegen como tal. 
Me parece que hay mucho trabajo que hacer en cuanto al desarrollo de la noción de ciudadanía europea, y es un error reducirla a la noción de ciudadanía política, aunque éste sea uno de sus aspectos importantes. 
La afluencia de votantes en las elecciones es importante, pero la identidad de las personas como ciudadanos no se reduce a su identidad política. 
De hecho mucha gente, como muestra la escasa afluencia de votantes, ya no se define en términos políticos y por lo tanto se desvincula del proceso político. 
Muchos están más interesados en definir su identidad como aficionados de un equipo de fútbol o admiradores de una estrella del pop, por ejemplo. 
Una de las más interesantes es la simple idea de declarar festivo el Día de Europa. 
Esto crearía un vínculo entre Europa y sus ciudadanos. 
Reforzaría intensamente la idea de que ser europeo y ser parte del proceso europeo tiene sus ventajas. 
Como ejercicio, unos minutos antes de venir me conecté a Internet, entré en una de las páginas más visitadas y encontré 1,8 millones de referencias a la ciudadanía. 
A la cabeza de la lista estaban los Estados Unidos, Canadá y después el Reino Unido. 
En las primeras 30 páginas, me fue imposible encontrar una página de la Unión Europea. 
Y eso me parece un error. 
Una de las cosas que las páginas subrayan constantemente es la educación, concretamente la de los jóvenes. 
Le pediría a la gente que tenga en cuenta que la ciudadanía no la define el pasaporte que llevas. 
Desde la cumbre de Edimburgo de 1992, los arquitectos de la UE han cultivado la visión de que la ciudadanía europea no es un sustituto de la ciudadanía nacional, pero, por otra parte, de que complementa y amplía la ciudadanía nacional al crear los derechos de la UE. 
Se distorsiona la verdad. 
De igual modo que los derechos de los ciudadanos se definen como los «derechos europeos» que toman como precedente derechos basados en la legislación nacional, es precisamente en esa línea en la que la ciudadanía nacional se ve perjudicada. 
La ciudadanía europea es únicamente una integración realizada por la puerta de atrás. 
Este hurto político es a la vez antidemocrático y represivo. 
Se propone la absorción de partes vitales de los sistemas jurídicos de los países, tales como el derecho penal y la policía en la ciudadanía europea. 
Al parecer se considera que estos valores (el estado de derecho y la democracia) pueden conseguirse con el presupuesto de 2.000 millones DKK que la Comisión ha destinado a fortalecer la legitimidad de las instituciones europeas. 
Hay algo que huele mal, no en Dinamarca, sino en la Unión Europea. 
Es evidente que los nacionales de los terceros países deberían contar con los mismos derechos que los nacionales de los Estados miembros, pero no se necesita esta medida para hacer el hecho tan evidente. 
Señor Presidente, señoras y señores, me complace poder debatir la ciudadanía de la Unión con ustedes, precisamente en un momento en el que nos encontramos celebrando el décimo aniversario de su creación. 
Considero que los objetivos que en 1992 garantizaban que la ciudadanía europea se incluía en el Tratado de la Unión no han perdido su importancia. 
La ciudadanía de la Unión es, por supuesto, una fuente de legitimidad para el proceso de la integración europea y la lucha para aumentar el índice de participación de los ciudadanos en la construcción de una Europa centrada en la Comunidad. 
Además, la ciudadanía es un factor fundamental en la creación entre los ciudadanos del concepto de pertenencia a la Unión Europea y de contar con una verdadera identidad europea común. 
Sin embargo, dicha identidad se construye sobre el respeto a la diversidad porque la diversidad nacional es una parte integral de la identidad europea específica. 
Por tanto, ni sustituye ni entra en conflicto con la identidad nacional sino que la complementa. 
Aprovecharé la oportunidad para manifestar mi agradecimiento por el informe presentado hoy sobre el Tercer Informe de la Comisión sobre la Ciudadanía de la Unión y me gustaría felicitar en particular al ponente Carlos Coelho, no sólo por la calidad del informe sino también por el modo en el que ha estructurado el tema y la claridad de los objetivos políticos que ha incluido en el mismo. 
Estoy totalmente de acuerdo con la idea de que la ciudadanía europea se aplique en todas sus dimensiones, ya sean políticas, administrativas, judiciales, sociales o económicas. 
Hemos alcanzado una posición en la que los derechos de los ciudadanos se respetan ampliamente en los Estados miembros de la Unión pero en la que existen todavía algunas discrepancias jurídicas y obstáculos prácticos a la manifestación completa de la ciudadanía europea. 
Debemos seguir luchando para resolver estas discrepancias y salvar estos obstáculos que evitan que los ciudadanos gocen de sus derechos como ciudadanos europeos. 
Uno de los aspectos destacados en el informe es la falta de información y una de sus consecuencias es el bajo nivel de concienciación de la ciudadanía europea. 
Lo que se requiere para la política de la Unión Europea en el campo de la información y la comunicación puede reforzarse por todos los medios disponibles. 
La Comisión, cuyo informe destaca repetidamente la necesidad de informar mejor a los ciudadanos sobre los derechos con los que cuentan, comparte esta observación realizada por el ponente. 
Considero que es de dominio público que la Comisión aprobó el pasado julio un nuevo enfoque para la política de información y comunicación y considero que este enfoque es necesario para frenar la falta de conocimiento y la apatía de los ciudadanos europeos sobre el debate en el futuro de Europa. 
No obstante, las instituciones europeas no pueden evidentemente comunicarse por sí solas con los 370 millones de personas que configuran la Unión o con los 500 millones que la configurarán tras la ampliación. 
Los Estados miembros deben compartir la responsabilidad del abastecimiento de información, del diálogo con los ciudadanos y del reconocimiento, porque la integración europea les afecta a ellos, por encima de todo. 
Y, según lo entiendo, ahora hay indicios de que los Estados miembros tienen la voluntad política de trabajar juntos, con lo que se demuestra que no existe incompatibilidad entre el sentimiento de pertenencia nacional y el sentimiento de participación del proyecto europeo. 
Por tanto, debería considerarse que el servicio «Europe Direct» creado por la Comisión ha sido un éxito. 
Desde 1998 este servicio ha ofrecido información sobre una amplia gama de asuntos relativos a la Unión Europea con los que se contribuye a que las personas conozcan sus derechos y oportunidades como ciudadanos de la Unión y que sepan cómo beneficiarse de los mismos. 
Con frecuencia los pequeños pasos dados son, en la práctica, los más importantes. 
Algunos de ellos son, por ejemplo, la creación de un número verde universal para «Europe Direct» , que permite a los ciudadanos acceder, desde cualquiera de los quince Estados miembros, a un operador que habla su idioma y que puede responder cualquier pregunta que deseen plantear sobre la Unión Europea. 
Con respecto a la información, me gustaría añadir que la Comisión estudiará en breve cómo concienciar a los ciudadanos de la ciudadanía de la Unión y de los derechos conectados por medio de una campaña específica con un Eurobarómetro. 
La campaña se lanzará bajo el título «Ten Years of European Citizenship» (Diez años de ciudadanía europea) y los resultados se utilizarán como base para la información futura y las medidas de comunicación en el ámbito de la ciudadanía. 
La Comisión quiso incluir un programa marco para la estructura de los derechos fundamentales en este tercer informe, concretamente sobre la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales en diciembre de 2000 lo que provocó, tengo que admitir, un retraso en el cumplimiento del plazo inicial para presentar el tercer informe pero creo que queda justificado, dada la importancia de la Carta. 
El informe de Carlos Coelho afirma que la Carta coloca la ciudadanía europea en el corazón de las actividades de la Unión. 
Estoy totalmente de acuerdo. 
También estoy de acuerdo con la solicitud a la Convención sobre el futuro de Europa para definir el estatus legal vinculante que debería concederse a la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Considero que el debate más importante que tendrá lugar en la Convención capaz de producir resultados reales para conseguir que los ciudadanos y las instituciones europeas trabajen más estrechamente no es tanto un debate sobre las instituciones sino quizás sobre la Carta de los Derechos Fundamentales, sobre su inclusión en los Tratados y su naturaleza vinculante desde el punto de vista jurídico. 
Los ciudadanos podrían permanecer distantes cuando se debatan las cuestiones institucionales tales como el reparto de poderes entre los organismos de la Unión y los procedimientos legislativos, pero están particularmente interesados cuando se trata de saber cuáles son sus derechos y cómo la Unión puede cumplir sus expectativas. 
También espero que el Consejo pueda aprobar la propuesta de la Comisión de reorganizar el derecho a la libertad de movimiento. 
Es la prueba adecuada para demostrar que una libertad que se encuentra en el corazón de la ciudadanía europea tiene el mismo estatus de eficiencia y de dignidad política que la libre circulación de mercancías, servicios y capitales. 
Anoto, señoras y señores, la sugerencia de que los Miembros de la futura Convención deberían decidir sobre el estatuto de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Teniendo en cuenta que soy uno de los representantes de la Comisión en la Convención, junto con mi colega Michel Barnier, no dejaré de manifestar mi apoyo a que la Carta cuente con el estatuto sólido que desean ver. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0255/2002) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (5475/1/2002- C5-0227/2002- 2000/0331 (COD) ) (Ponente: Sra. Korhola) 
Señor Presidente, la presente directiva constituye el segundo pilar del proceso legislativo destinado a modificar la legislación de la UE, teniendo en cuenta el Convenio de Aarhus. 
El primer pilar se refería a la transparencia de la información medioambiental y en la actualidad se encuentra en el proceso de conciliación. 
Todavía nos encontramos a la espera de una propuesta de la Comisión con respecto al tercer pilar. 
Por lo que respecta al primer y segundo pilar, hay que decir que el Consejo ha mostrado una actitud muy positiva y que, personalmente, me parece que por su parte existe un compromiso genuino y buena voluntad. 
También con respecto a esta Directiva, el Consejo ya ha aprobado muchos elementos de la primera lectura del Parlamento y ahora el Parlamento adoptará muchos elementos de la posición común. 
Sin embargo, todavía existen problemas y parece que la presente directiva solo adoptará su forma final en la conciliación. 
Ya se detectan diferencias en el enfoque general. 
La propuesta de la Comisión y la posición común del Consejo se basan en el principio de una solución rápida, mientras que el Parlamento ha deseado un enfoque horizontal más amplio. 
No obstante, es evidente que el objetivo del Parlamento no es defender sus enmiendas a la carta sino más bien garantizar que no quedan áreas borrosas en la legislación de la UE donde la participación del público estaría justificada pero no sería posible. 
No puede exagerarse la importancia del informe que tenemos ante nosotros. 
Excepcionalmente, afecta directamente a todos los ciudadanos de los Estados miembros de la UE y los países candidatos. 
Ahora, el público tendrá el inestimable derecho a participar en la toma de decisiones relativas al medio ambiente. 
Constituye también una herramienta importante para el medio ambiente y puede mejorar considerablemente la calidad de la toma de decisiones medioambientales. 
Nadie se beneficiaría, ni mucho menos lo haría el medio ambiente, si dicha herramienta se empleara para defender los intereses propios o si los grupos de oposición la utilizaran con fines políticos o para causar daños deliberadamente. 
Como ponente, soy consciente de que es posible que la herramienta creada pueda ser objeto de abusos. 
Además, las autoridades de los Estados miembros deben ser conscientes de los riesgos que implica su aplicación a escala nacional. 
Pero con esto no basta. 
Las organizaciones medioambientales también deben saber que tienen la gran responsabilidad de evitar que las nimiedades exageren la importancia de los derechos concedidos a nuestros ciudadanos y el estatus especial de las propias organizaciones. 
También existe el problema del Sr. y la Sra Nimby o el síndrome 'en mi casa no'. 
Yo mismo he intentado evitarlo al enfatizar la importancia, en la medida en la que su condición de ponente lo permitía, de discutir el caso y la alta calidad de participación. 
No basta con la oposición y la autodefensa del territorio particular. 
El instrumento que ahora se ha creado para ello es demasiado importante y los recursos empleados para su creación son demasiado valiosos. 
Por todos estos motivos, deseo defender el derecho de nuestros ciudadanos a participar en la toma de decisiones medioambientales y, además, me encuentro dispuesto a rechazar cualquier intento de abuso de este instrumento. 
También quiero recordar a todos mi solución, que aunque fue rechazada por el Parlamento en primera lectura, sin embargo los Estados miembros podrían tener en cuenta cuando apliquen la directiva a escala nacional. 
En dicha solución, sostengo que el público en conjunto tiene derecho a manifestar una opinión pero el derecho a acceder a la justicia solo afecta al sector del público a quien afecta la decisión adoptada. 
Mi solución es poco común puesto que podría beneficiar al mismo tiempo tanto a los ciudadanos que estuvieran dispuestos a participar como a las autoridades y las partes responsables de los proyectos pertinentes. 
En primer lugar, se facilitaría el trabajo de las autoridades puesto que no tendrían que especificar previamente las partes afectadas y, al mismo tiempo, se suprimiría la posibilidad de omisión cuando las partes fueran escuchadas. 
En segundo lugar, la lectura es motivo de queja por parte de los que desean aplicar restricciones: la parte no fue escuchada. 
Sin embargo, por encima de todo, implicaría que se daría más importancia a la calidad de participación y se reduciría la importancia concedida a la audiencia del Sr. y la Sra. Nimby. 
Una condición previa para la ratificación del Convenio de Aarhus es que las prácticas y los procedimientos laborales de las instituciones de la UE deberían revisarse según conviniera. 
Además, es de especial importancia que la Comisión presente una propuesta relativa al tercer pilar sobre la revisión y el acceso a la justicia lo antes posible y éste es probablemente el aspecto más problemático. 
Desgraciadamente, la Comisión no ha sido capaz, a pesar de sus promesas, de exponer claramente un calendario y un plan de acción con respecto a las medidas que necesitan adoptarse para obtener la ratificación. 
Señor Presidente, Comisario, este informe ha vuelto al Parlamento para su segunda lectura. Este asunto ya ha sido objeto de un debate abierto y, en ocasiones, animado entre los que desean que los ciudadanos estén autorizados a implicarse en el proceso de decisión de determinadas políticas estructurales y aquellos que consideran que las instituciones administrativas, técnicas y políticas establecidas para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones deberían contar con un mayor grado de competencia y autonomía. 
En respuesta a la primera lectura, el Consejo redujo las propuestas del ponente de algún modo, puesto que le parecieron demasiado avanzadas y abiertas para una forma de participación democrática que podría reducir el proceso de redacción de textos o que, como el propio ponente acaba de exponer, podrían abrir la puerta a interpretaciones distorsionadas, autoritarias o exageradas. 
En resumen, el Consejo pretende conceder a las organizaciones de ciudadanos un papel consultivo, un papel importante pero no de toma de decisiones y conceder a los legisladores electos la facultad de adoptar decisiones basándose en el principio de la mera responsabilidad de la sociedad civil a hacerlo pero permitiendo que se hagan excepciones. 
El ponente propone diversas formas de revisión jurídica en los casos en que las posiciones de los ciudadanos y las decisiones de las autoridades pertinentes no coincidan, en concreto cuando el asunto implique asuntos fundamentales como la seguridad, el medio ambiente y la salud pública. 
Por lo que respecta a la necesidad de garantizar que los Estados miembros tengan la posibilidad de realizar excepciones a la directiva en caso de urgencia, existe una enmienda específica que resuelve esta laguna jurídica en la que se tienen en cuenta la subsidiariedad y las condiciones medioambientales específicas o las crisis. 
Por lo que se refiere a la participación pública, el ponente ha recuperado una serie de enmiendas que el Consejo ya había rechazado, obviamente, con la esperanza de que vuelva a tenerse en cuenta el papel de los ciudadanos y de sus organizaciones creadas en el marco de la legalidad a la hora de adoptar decisiones medioambientales. 
El Consejo aprobó muchas de las enmiendas y algunas de ellas vuelven a proponer principios de especial importancia y, por supuesto, fundamentales. 
Éstos son algunos: Principalmente existe el principio según el cual el público debe contar con la información necesaria a través de material electrónico que ofrezca acceso a los documentos de las instituciones. En segundo lugar, el público debe recibir, inter alia, información relativa al derecho a la participación en la toma de decisiones en las formas y cantidades permitidas como acabamos de abordar. 
En tercer lugar, el público debe tener derecho a manifestar comentarios de corto y largo alcance y adoptar posiciones sin prejuicio de ninguna de las opciones. Otra de las obligaciones se refiere a las autoridades competentes y consiste en hacer grandes esfuerzos, según se establece en el documento, para responder al público de forma individual o colectiva; también corresponde a los Estados miembros adoptar medidas prácticas y tangibles sobre los procedimientos de revisión y conseguir que toda la información necesaria sobre cómo acceder a los procedimientos de revisión, tanto administrativa como judicial, se encuentre disponible para el público. 
De este modo, los ciudadanos podrán defenderse contra los argumentos que no compartan a lo largo del proceso de evaluación y mantener una opinión distinta de la de la autoridad competente. 
Por supuesto, esta línea de razonamiento puede interpretarse de diferentes formas en diferentes países en función del nivel de democracia que permita la participación pública y, sobre todo, de la protección de las organizaciones a través de las cuales el público ejerce este derecho de participación. 
Hay dos aspectos de fundamental importancia: en primer lugar, la disposición del acceso a la cooperación y a la elaboración de documentos legislativos, y en segundo, la disposición del acceso a la revisión jurídica mediante el proceso de evaluación en caso de que existan diferencias. 
De esta forma, estamos cumpliendo fielmente el principio filosófico de Voltaire, quien dijo, 'Es posible que esté en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho a que lo digas'. 
Incluso si Europa no mejora nuestro conocimiento jurídico, por lo menos, nos enseñará algo de Filosofía. 
Señor Presidente, este lunes se recogió en el Acta de la primera hora de la sesión una serie de peticiones- hasta 200- de los meses de julio y agosto. 
La estadística del Defensor del Pueblo y de la Comisión de Peticiones dice que el 40% de estas peticiones tiene que ver con el incumplimiento del Derecho comunitario en el ámbito medioambiental. 
Señor Presidente, si realmente estas medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente estuvieran en práctica, si realmente se cumpliera con la Directiva de derecho a la información de ese público, yo estoy convencida de que una parte muy importante de estas peticiones, que cada mes se recogen en el Acta de la sesión, probablemente no llegarían aquí, porque lo que sí vemos en la Comisión de Peticiones, a la que llegan todas estas peticiones, es que no sólo no se permite al público participar en estos programas medioambientales, sino que a veces se le niega la información que la Directiva de derecho a la información debiera garantizarles. 
Creo, señor Presidente, que, si logramos que se aprueben las enmiendas de esta segunda lectura, y que ese tercer pilar de los aspectos jurídicos del que habló la ponente venga a este Parlamento y se discuta y tenga un buen final, conseguiremos que esta lista de peticiones relacionadas con el medio ambiente se rebaje en cada una de las sesiones. 
Señor Presidente, acabo de escuchar el debate sobre la Ciudadanía de la Unión Europea y, al menos según la última parte del debate que he tenido la oportunidad de seguir, me ha demostrado que con frecuencia entendemos el concepto de ciudadanía como algo bastante abstracto, algo que viene desde arriba, de lo que quizás sólo deberíamos informar a la gente. 
Al menos, no recuerdo haber escuchado a nadie mencionar el hecho de que el derecho a la participación en la toma de decisiones es un aspecto absolutamente esencial de la ciudadanía. 
En este sentido, el informe que se debate, que Eija-Riitta Korhola ha llevado hábilmente desde el estado en la Comisión hasta la sesión plenaria, es absolutamente indispensable al igual que el hecho de que la Unión Europea haya comenzado a aplicar el Convenio de Aarhus demuestra que la Unión entiende que, al menos por lo que se refiere a asuntos medioambientales, podemos comenzar y conceder a nuestros ciudadanos el derecho a la participación. 
La Sra. González Álvarez también ha planteado un asunto de gran importancia. 
Ha dicho que el público se quejaría menos sobre el incumplimiento de la legislación comunitaria si tuviera el derecho a participar en la toma de decisiones relacionadas con su derecho desde el principio, y es precisamente de este aspecto de lo que se ocupa el informe. 
Es absolutamente esencial que este derecho a la participación se aplique ampliamente a las partes afectadas. 
En este sentido, es importante que se apruebe la enmienda N 10. 
No me cabe duda de que se hará, pero las organizaciones no gubernamentales también tendrán que ser tomadas en cuenta a la hora de definir en qué consiste una parte afectada. 
Tomo nota del hecho de que, desgraciadamente, el documento final elaborado por los Estados Unidos de América y el grupo de países en vías de desarrollo en la cumbre de Johanesburgo sobre el desarrollo sostenible que acaba de concluir no menciona el Principio 10 de la Conferencia de Río que afecta específicamente al derecho del público a participar en la toma de decisiones relativas al medio ambiente. 
Es, si cabe, aún más importante el hecho de que la Unión Europea deba aplicar con celeridad el Convenio de Aarhus. 
A continuación, discutiremos la segunda parte del convenio, que se ocupa del derecho de participación en la toma de decisiones. 
El ponente ha dicho que es posible que se abuse del derecho de participación. 
Sin embargo, desgraciadamente, el aspecto del abuso se está exagerando. 
De hecho, cuando el público empieza realmente a ejercer los derechos con los que cuentan, aquellos que no se preocupan de sus opiniones se quejan inmediatamente de que se está abusando de este derecho. 
Considero que cuando se concede el derecho a la participación a las personas, éstas también lo ejercen de manera responsable y a la larga disfrutarán de derechos más amplios como ciudadanos y su intención no será alterar ni atemorizar el proceso de toma de decisiones. 
Se trata quizás más bien de una preocupación infundada por parte de quien toma las decisiones. 
. 
Señor Presidente, mi colega, la Sra. Wallström, está participando en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, por lo que es un honor para mí participar en este debate en su nombre. 
La primera reunión de las partes de la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en cuestiones medioambientales se celebrará a finales de octubre. 
La Comunidad no estará en condiciones de participar como una de las partes de esa convención. 
No obstante, podemos demostrar que nos tomamos nuestro compromiso seriamente y progresamos como es debido adoptando la normativa de aplicación. 
Esta posición común trata del segundo pilar de la Convención, la participación del público en la toma de decisiones medioambientales. 
Además, la legislación comunitaria reciente ya incorpora los principios de la Convención de Aarhus, que tienen que ver con la participación del público, y la posición común acerca del acceso a la información medioambiental está en estudio. 
La Comisión presentará las demás propuestas, que son el acceso a la justicia y la aplicación de la Convención a las instituciones comunitarias, a finales de año. 
La actual posición común es una buena base, con una excepción, para permitir que esta Directiva sobre la participación del público se adopte muy pronto. 
La Comisión se alegra de que el ponente y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor compartan esta opinión tan positiva y también apoyen la posición de la Comisión acerca del asunto en cuestión. 
En cuanto a las principales enmiendas que se presentarán mañana, la posición de la Comisión es la siguiente: 
En primer lugar, la participación del público en la actualización de los permisos conforme a la Directiva IPPC. 
Empezaré con el punto en el que la Comisión no comparte la posición común. 
De acuerdo con la Convención de Aarhus, la participación del público es una regla exigida no sólo para la emisión, sino también para la actualización de permisos para las actividades estipuladas. 
Esto se contemplaba en la propuesta de la Comisión que trataba de los permisos conforme a la Directiva IPPC, cuando dicha actualización implique una revisión clave. 
La posición común limitó en gran parte este requisito y su texto deja un amplio margen discrecional a los Estados miembros y las autoridades competentes que se encargan de la actualización de los permisos. 
Esto llevará a una práctica en gran parte divergente y a la inseguridad jurídica, y significará que la participación pública sólo será posible en algunos casos cuando los permisos se estén actualizando, en lugar de ser ésta la regla. 
La enmienda 15 exige la participación pública para los casos más relevantes de actualización de permisos, que son los contemplados en el artículo 13 de la Directiva IPPC. 
Mientras que la propuesta de la Comisión incluía las actualizaciones de permisos como tales, la enmienda está en línea con el apartado 10 del artículo 6 de la Convención de Aarhus, que permite que las reglas sobre la participación pública apliquen actualizaciones cuando convenga. 
La Comisión considera que la participación del público en la actualización de permisos contemplada en el artículo 13 es pertinente. 
El texto de la posición común no señala los casos en los que la participación del público se considera pertinente, dejando esta cuestión totalmente a discreción de los Estados miembros. 
Por ello, la Comisión apoya enteramente la enmienda 15. 
En cuanto a la extensión de las disposiciones relativas a la participación del público para tratar otras leyes, planes y programas comunitarios que puedan tener un efecto significativo en el medio ambiente, la enmienda 18 propone extender considerablemente el ámbito del artículo 2 para tratar otra legislación, planes y programas comunitarios que puedan tener un efecto significativo en el medio ambiente o la salud. 
La Comisión no puede aceptar esta enmienda ni las enmiendas afines 1, 2 y 6 a los considerandos por las siguientes razones: En la medida en que el texto se refiere a la participación del público en la preparación de la legislación comunitaria, la presente Directiva no es el instrumento legal apropiado. 
Es más, la Convención de Aarhus califica la participación del público en la preparación de leyes de derecho indicativo. 
En lo referente a planes y programas, la enmienda se desvía considerablemente del enfoque original, para incluir planes y programas claramente identificados en el ámbito medioambiental. 
Por ello, no proporcionaría suficiente seguridad jurídica en cuanto a los planes y programas incluidos y duplicaría las medidas en distintos actos legislativos. 
Con respecto a los planes y programas en otros sectores que probablemente tengan efectos medioambientales significativos, la Directiva 2001/42/CE acerca de la evaluación medioambiental estratégica ya incorpora medidas relevantes. 
Esta Directiva contempla una evaluación medioambiental de planes y programas relevantes en los sectores de integración. 
En el marco de la evaluación, la participación del público se producirá de acuerdo con la Convención de Aarhus. 
Veamos ahora la cuestión del acceso a la justicia. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 10 que estipula el acceso a la justicia con respecto a los planes y programas incluidos en la Directiva, ni la enmienda 5 al considerando respectivo. 
El apartado 2 del artículo 9 de la Convención de Aarhus exige explícitamente el acceso a la justicia en relación con proyectos que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. 
Esto se trata de acuerdo con la posición común. 
En cuanto a los planes y programas, el acceso a la justicia no se exige explícitamente. 
También sería inconsecuente aplicarlo a ciertos planes y programas cuando no se estipula en el caso de los que estén incluidos en la Directiva sobre la evaluación medioambiental estratégica. 
No obstante, la Comisión está elaborando una propuesta legislativa acerca del acceso a la justicia para poner en funcionamiento el tercer pilar de la Convención de Aarhus. 
En el marco de esa propuesta, el contenido de la enmienda 10 podría tratarse más apropiadamente de manera horizontal. 
En las enmiendas relativas a la información acerca del resultado de la participación del público y de la información práctica acerca de los procedimientos de recurso administrativo y judicial, la Comisión quiere señalar que las disposiciones relativas a la participación del público tienen que ser factibles para permitir la ejecución sin problemas en los diferentes sistemas administrativos de los Estados miembros. 
Las enmiendas 7, 13, 14 y 16 exigen que la autoridad competente realice esfuerzos razonables por responder al público y asegurar que la información proporcionada acerca de las decisiones adoptadas incluya direcciones prácticas acerca del proceso de recurso de revisión. 
La posición común ya incorpora la obligación de informar al público sobre la decisión final y las razones de fondo y consideraciones al respecto, y proporciona información apropiada para que se facilite en los procedimientos de revisión. 
Exigir más supondría una carga administrativa desproporcionada e impediría la participación efectiva del público Por lo cual la Comisión no puede aceptar esas enmiendas. 
Para resumir nuestra posición con respecto a las enmiendas, la Comisión puede aceptar las enmiendas 15 y 19. 
Las enmiendas 3, 4, 11 y 12 pueden aceptarse en principio. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 2, 5 a 10, 13, 14 ni las enmiendas 16 a 18. 
Para concluir, me gustaría subrayar que es nuestro interés común, que es el de los ciudadanos europeos, que esta Directiva entre en vigor lo antes posible para que la participación del público pueda integrarse plenamente en la práctica administrativa. 
Muchas gracias, señor Vitorino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 22.55 horas) 
Problemas recientes graves en materia de seguridad alimentaria en la Unión 
El siguiente punto es la declaración de la Comisión sobre problemas recientes graves en materia de seguridad alimentaria en la Unión Europea. 
. 
Señor Presidente, aprovecho esta oportunidad para informar de la reciente contaminación de la cadena alimentaria humana y animal con acetato de medroxiprogesterona, comúnmente llamado MPA. 
Tengo que decir que la Comisión se toma muy en serio este incidente. 
Es lisa y llanamente inaceptable que las hormonas lleguen a las cadenas alimentarias humana y animal. 
Pero una vez en esta lamentable situación, ¿qué medidas hemos tomado? 
En primer lugar, mis servicios convocaron una reunión de urgencia del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y la Sanidad Animal para el 10 de julio, a la que siguieron posteriormente las reuniones del 16 y el 24 de julio. 
Aparte de estas reuniones hubo continuos contactos entre los servicios de la Comisión y sus interlocutores de los Estados miembros. 
Estas medidas permitieron reducir al mínimo el riesgo para la salud pública. 
Sin embargo, este éxito se logró a un precio muy alto. Hubo que localizar y destruir cantidades muy importantes de alimentos para humanos y animales. 
El efecto ha sido especialmente grave en los Países Bajos. 
Por supuesto, existen varias investigaciones en curso sobre los factores que permitieron que se produjese la contaminación. 
Sin embargo, dos factores concretos destacan sobre el resto: en primer lugar, la aplicación de la legislación comunitaria sobre el transporte y el vertido de residuos farmacéuticos, y en segundo lugar, la incuria de algunos productores de piensos a la hora de seleccionar a sus proveedores de materias primas. 
Las investigaciones realizadas sobre la distribución del jarabe de glucosa contaminado revelaron que había sido suministrado a comerciantes y fábricas de piensos y, de forma limitada, a la industria alimentaria. 
La producción de los alimentos contaminados se destinó principalmente a los cerdos y también, aunque en menor grado, al ganado vacuno, las aves de corral, los animales de zoo y domésticos. 
Estos alimentos contaminados podría dividirse en dos grupos: una cantidad menor de alimentos extremadamente contaminados se distribuyó a 57 granjas de los Países Bajos, junto con cantidades mayores con un bajo grado de contaminación. 
Se decidió establecer un estricto control oficial de todos los animales alimentados con piensos altamente contaminados. Los Estados miembros debían tomar pruebas a animales individuales alimentados con piensos altamente contaminados y solamente dejarían que se destinasen al consumo en caso de no detectar la presencia de MPA. 
Las autoridades de los Países Bajos optaron por destruir los cerdos alimentados con piensos altamente contaminados, eliminándolos así por completo del ciclo alimentario. 
Todas las muestras tomadas de animales alimentados con los productos con baja contaminación resultaron negativas en las pruebas de presencia de MPA y por lo tanto se levantó la restricción sobre los mismos. 
Se han analizado varios cientos de muestras de jarabe de glucosa, melazas y piensos, y a raíz de ellos se han retirado del mercado, confiscado y destruido miles de toneladas de piensos y materias primas contaminadas. 
La próxima reunión del Comité Permanente está prevista para el 11 de septiembre. 
En esta reunión se revisarán las medidas adoptadas por los Estados miembros en relación con la contaminación con MPA. 
Sin embargo, ya podemos concluir que las medidas fueron un acierto al limitar el riesgo potencial para el público. 
Asimismo fueron un gran acierto al evitar toda restricción unilateral del comercio por parte de los Estados miembros o de otros países, especialmente con respecto a los Países Bajos. 
Está claro que debemos aprender de este caso de contaminación y evitar que se repita. 
En el Consejo de Agricultura del 15 de julio de 2002, repetí mi llamamiento a las autoridades competentes de los Estados miembros en materia de alimentación humana y animal para que ejerciesen controles más estrictos con el fin de garantizar un alto nivel de protección de la salud del consumidor. 
Las empresas dedicadas a los alimentos para humanos y animales deben ser más conscientes de sus responsabilidades en este ámbito. 
Todos nosotros consideramos la legislación alimentaria un paso adelante fundamental para la protección de la salud humana. 
En este contexto se establecen claramente las responsabilidades de las empresas dedicadas a la producción de alimentos para humanos y animales. Éstas deben garantizar que las materias primas que adquieren son seguras. 
Próximamente, la Comisión propondrá una importante reforma del sistema de inspecciones oficiales de la Comunidad con el fin de crear un mecanismo de control de los alimentos para humanos y animales armonizado, coordinado y más efectivo. 
Por otra parte, la Oficina Alimentaria y Veterinaria está investigando urgentemente el funcionamiento y el control del sector de los piensos. 
Su objetivo es precisar cómo ha sido posible que se produzcan casos de contaminación, además de determinar qué medidas hay que tomar para impedir que se produzcan incidentes similares en el futuro. 
Asimismo, con el fin de completar el marco legal para todo el sector alimentario animal, la Comisión presentará una nueva propuesta sobre higiene alimentaria tan pronto sea posible. 
Pretendemos emitir normas generales de higiene para la producción, distribución y alimentación de animales, además de aumentar el alcance del sistema de registro de empresas alimentarias. 
De acuerdo con la normativa vigente, solamente se registran los establecimientos relacionados con determinados aditivos alimentarios. Esto sin duda es insuficiente para garantizar el seguimiento de todos los materiales alimentarios. 
En este contexto se contempla una lista positiva de materiales alimentarios con la idea de aumentar la protección del consumidor, tal y como ha solicitado el propio Parlamento. 
Me complace decir que el estudio de viabilidad solicitado por ustedes está prácticamente terminado. 
Recibirán el informe con nuestro análisis antes de final de este año. 
Al mismo tiempo, se plantea la cuestión de si la legislación de la Comunidad con respecto al sector de los residuos es suficientemente restrictiva y si se aplica como es debido. 
Permítanme recordarles que en el caso del MPA, si se hubiese aplicado correctamente la legislación sobre residuos se habría evitado este incidente. 
Yo puse sobre aviso a mi colega, Sra. Wallström, tan pronto como se hizo patente que el problema tenía que ver con residuos farmacéuticos. 
Ha habido y sigue habiendo conversaciones con expertos en residuos de los Estados miembros. 
Una de las lecciones que podemos aprender de este incidente es la necesidad de una coordinación y una cooperación más estrecha entre las autoridades responsables del sector de los residuos y de las responsables de la seguridad alimentaria. 
Se ha solicitado a las autoridades de los Estados miembros implicados en este caso que faciliten toda la información pertinente con el fin de poder evaluar este caso desde el punto de vista ambiental. 
Sobre la base de dicha evaluación, la Comisión tomará cualquier otra medida que se considere necesaria. 
Por último, ni que decir tiene que casos como éste socavan nuestros esfuerzos por restablecer la confianza de los consumidores en nuestra oferta de alimentos. 
Necesitamos intensificar nuestros esfuerzos, no solamente en términos legislativos, sino también con respecto a la mejora del cumplimiento y del control, con el fin de garantizar que estos incidentes sean cosa del pasado. 
Señor Presidente, la seguridad alimentaria ha sido un plato fuerte de nuestro menú parlamentario durante los últimos tres años. 
Hemos tenido en Europa alarmas y escándalos relacionados con el aceite de oliva, el vino contaminado, el agua mineral, la listeria, la salmonela, el E. Coli, la EEB, las dioxinas, los lodos y las lechadas. 
Todos ellos han preocupado a nuestros electores y han inquietado nuestro espíritu legislativo. 
Ahora hay, una vez más, problemas con hormonas. 
Hemos discutido y debatido el Libro blanco sobre seguridad alimentaria y avanzado para aprobar la legislación sobre productos alimenticios humanos y animales, así como sobre el establecimiento de la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea. 
Recientemente, nuestros medios de comunicación han estado repletos de nuevos escándalos alimentarios. 50.000 cerdos neerlandeses han tenido que ser sacrificados debido a su contaminación con piensos ilegales; ilegales debido a la contaminación con hormonas de MPA en los aditivos alimentarios. 
El coste para los Países Bajos solamente ya es inmenso, de decenas de millones de euros. 
El problema se originó probablemente, como hemos oído, en las aguas residuales de una empresa farmacéutica de propiedad norteamericana asentada en Irlanda, trasladadas por una empresa irlandesa dedicada a la eliminación de residuos a una planta de reprocesado belga que ahora está en quiebra. 
Dicha empresa suministraba jarabe de glucosa o melaza a fabricantes neerlandeses de piensos. 
Los 4.000 cerdos fueron exportados entonces de los Países Bajos a Bélgica. 
La hormona prohibida se detectó en piensos para cerdos en Alemania. 
Se prohibió a 300 granjas alemanas vender leche o animales. 
Pero la carne de cerdo se vendió, se procesó y ha sido consumida por humanos, y como es sabido el MPA puede causar esterilidad en las personas. 
Asimismo, parte del jarabe acabó en fábricas de refrescos. 
Una parte de los piensos acabó en Dinamarca, España, Francia y posiblemente Luxemburgo y Gran Bretaña. 
Uno de los mensajes que ha destacado el Comisario es que necesitamos coordinación, no sólo entre los gobiernos, sino también entre las direcciones generales de la Comisión. 
Aplaudo lo que ha dicho sobre las conversaciones con la Sra. Wallström. 
Comisario, ¿qué sentido tiene promulgar leyes si no se aplican? 
¿Dónde están las comprobaciones y el seguimiento? 
¿Cuáles son, por cierto, las nuevas propuestas de la Comisión sobre los controles? 
¿Se trata de una negligencia o de un intento criminal de aumentar el peso de los cerdos con medios ilegales? 
¿Cuántas veces se hace la vista gorda ante las fechorías? 
En junio se encontró un herbicida carcinógeno prohibido en los granos con que se alimentaba a pollos orgánicos en Alemania. 
Sin embargo, no se han prohibido las exportaciones de huevos ni pollos orgánicos desde Alemania. 
Confío en nuestras nuevas medidas de seguridad alimentaria. 
Confío en nuestra nueva autoridad y desearía que pudiera establecerse con mayor rapidez. 
Pero esto solamente dará resultado si se asegura el debido cumplimiento en toda la Unión Europea. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, durante los últimos cinco años, desde 1996 aproximadamente, he repetido al menos en cinco ocasiones que los alimentos para animales no deben servir de cubo de basura para eliminar de forma económica todo tipo de desechos. 
Es sorprendente averiguar que una afirmación tan simple no deja de estar de actualidad y nunca aburre, dado que sigue siendo tan actual. 
¿A qué se debe esto? 
Por supuesto se debe a nuestra política agrícola. 
Dado que tratamos de producir todo de la forma más barata posible, también es lógico producir piensos para el ganado del modo más económico posible. 
En una ocasión dije que los fabricantes y nosotros mismos deberíamos tratar de imaginarnos sentados ante un plato de comida para animales con un tenedor y un cuchillo a cada lado, ¡imagínenselo! 
El Sr. Bowis ha comentado que no se trata solamente de una cuestión de falta de cuidado, sino de intención delictiva. 
Tiene mucha razón. 
Calificar el almacenaje de alimentos para animales en una antigua fábrica de productos químicos de falta de cuidado es demasiado suave. 
No sé qué hace que las personas hagan este tipo de cosas o permitan que sucedan. 
¿Qué debemos pensar cuando una empresa dedicada a la eliminación de residuos produce jarabe de glucosa como actividad paralela? 
¿No deberíamos quizás ser un tanto escépticos al ver que una empresa irlandesa que desea deshacerse de sus residuos, a los que no puede objetarse nada como tales, quiere hacerlo en Bélgica y que la empresa dedicada a reprocesar los desechos también produce jarabe de glucosa? 
Los desechos que procesa provienen del lavado del recubrimiento de las píldoras anticonceptivas, que contiene azúcar. 
Nadie se dio cuenta realmente de esto y todos lo consideramos bastante normal, pero cuando salió a la luz en el curso del proceso de seguimiento causó un gran alboroto. 
Si no empezamos a cambiar el sistema de algún modo seguiremos teniendo este debate aquí por lo menos tres veces al año. 
Así que ¿qué podemos cambiar en el sistema? 
Doy las gracias al Comisario Byrne por haber apuntado algunas ideas. 
Sí, necesitamos una legislación dura en materia de higiene de los alimentos para animales. 
Sí, debemos separar la producción de piensos de base animal y vegetal. 
Sí, necesitamos procedimientos de aprobación más estrictos para los productores de alimentos para animales, con un sistema de registro para las fábricas que producen piensos. 
Y sí, todo fabricante de piensos deberá contratar a un bioquímico para su planta a jornada completa y no recurrir simplemente a uno de otro lugar. 
Por supuesto, todas estas son ideas comunes que cualquiera de nosotros podría sugerir. 
¿Cuál es la situación de la legislación sobre residuos? 
Sí, realmente existe una legislación adecuada en materia de residuos. 
¿Existen controles adecuados en los Estados miembros? 
Aparentemente ni el país de origen ni el país receptor realizan controles. 
¿Recurrirá la Comisión al Tribunal de Justicia con más rapidez? 
¿Serán perseguidos con más celeridad aquellos países que ignoran a todas luces sus obligaciones de control conforme a la legislación vigente y sufrirán penas adecuadas? 
¿Cuál es la postura en lo que respecta a controles en los Estados miembros? 
Desde la crisis de la EEB, hemos determinado que el verdadero triángulo de las Bermudas dentro de la Unión Europea es el sistema de controles de los Estados miembros. 
Deberíamos obligar a todos los Estados miembros a hacer que por fin el proceso sea más transparente y a que nos digan cuántas personas están realizando controles sobre qué, cuándo, dónde y con qué resultados. 
Podría tratarse de una única página, sencilla y transparente, a disposición de cualquier persona, incluso en Internet si se desea. 
¿Es pedir demasiado? 
No, no es pedir demasiado. 
Hemos dicho durante años, desde 1996, que queremos una lista positiva de sustancias y aditivos en la comida para animales. 
El Comisario Byrne nos ha dicho que el estudio de viabilidad está prácticamente completo, por lo que deberíamos poder comenzar pronto. 
Estoy agradecida por ello. 
Sin embargo, si no aceptamos que hasta el momento hemos estado haciendo continuamente la vista gorda de forma que la comida para animales y la carne puedan producirse económicamente, entonces seguiremos alentando a las empresas para que dediquen a la comida para animales todo tipo de residuos, cualquier cosa que no pueda reciclarse de otro modo. 
Por ello debemos contar con requisitos de calidad para la comida para animales. 
Debemos tener otros controles sobre la proteína animal. 
Y en nuestro papel de consumidores, debemos considerar qué consumimos y cómo, y qué estamos dispuestos a pagar por los productos. 
Señor Presidente, sin lugar a dudas la seguridad alimentaria será un punto importante en la agenda durante los próximos años. 
Si consideramos los escándalos recientes, la principal pregunta es si la Comisión habría podido evitarlos. 
La Oficina Alimentaria y Veterinaria de Dublín existe desde hace varios años. 
¿Qué tipo de inspecciones realiza exactamente? 
¿Existe posibilidad de mejora? 
¿Podría la Comisión comentar este tema? 
Ya se han mencionado las importaciones de alimentos, de carne, desde otros países. 
¿Cuenta la Oficina Alimentaria y Veterinaria de Dublín con personal suficiente para inspeccionarlas? 
También me gustaría tratar el tema de la Autoridad de Seguridad Alimentaria. 
Una vez que ésta esté totalmente constituida y en funcionamiento, necesitará analizar todos los procesos de producción y ver si pueden mejorarse. 
Esta Autoridad deberá también emitir recomendaciones a la Oficina Alimentaria y Veterinaria de Dublín sobre cómo deben mejorarse todavía más los procedimientos de inspección. 
De hecho también será necesaria la cooperación con los Estados miembros. 
Sin embargo, lo más importante para la Oficina es realizar su tarea de aplicar bien la legislación existente. 
Dado el aumento de la liberalización, está claro que nos enfrentaremos a importaciones cada vez mayores y, desde mi punto de vista, a riesgos incluso mayores como consecuencia. 
Otra cuestión es la producción en Europa. 
La idea de que debe realizarse un seguimiento de la cadena de producción completa está adquiriendo mayor arraigo en varios países. 
Esto se denomina «producción integrada». 
¿Por qué la Comisión no recomienda normas al respecto? 
¿Qué es exactamente la producción integrada en un contexto europeo? 
¿Cómo podemos controlar cada eslabón de la cadena de producción? 
Existe una legislación en Europa que regula la producción orgánica en la que se basa esto. 
En un área ligeramente distinta, existe legislación en Europa que define de forma precisa qué son los productos regionales. 
Por ello, ¿por qué no contamos con legislación que identifique qué es la producción integrada mediante una marca de calidad? 
Así podríamos realizar un seguimiento completo de forma inmediata. 
Por otra parte, el consumidor europeo podría expresar su preferencia por los productos europeos de granjeros europeos. 
Señor Presidente, no cabe duda de que existen muchos puntos débiles en nuestros controles alimentarios y que la seguridad alimentaria es una prioridad inaceptablemente baja. 
La revisión de la directiva sobre alimentación puede ayudar a cambiar notablemente esta situación. 
Esto es especialmente necesario dada la tendencia mundial en aumento hacia la producción de alimentos mediante métodos artificiales. 
En la actualidad no existen controles universales sobre la cadena de valor añadido y conciencia de que deben aumentarse los controles alimentarios estatales. 
Es casi seguro que se producirá una mejora en el estado de las cosas si tenemos éxito en la implicación de la industria agrícola, la industria fabricante de piensos y de las personas implicados en el control de los alimentos. 
No será una tarea sencilla dado que las personas en posiciones de responsabilidad en la cadena tienen una actitud muy negativa. 
Los controles estatales son necesarios, pero necesitamos crear mejores incentivos para promover la autorregulación voluntaria y la autorregulación conforme al derecho civil. 
Entonces los controles estatales podrán centrarse en las empresas y granjas de alto riesgo que siempre existirán. 
No es aceptable, cuando los productos han sido colocados en el mercado en contra de las normativas sanitarias, que se declare que es consecuencia de un accidente de producción y que los productos se retiren mediante mecanismos de recompra encubiertos o abiertos de forma que simplemente se olviden. 
Como sabemos de la experiencia del pasado, suele ser muy difícil aclarar los hechos en tales casos de forma rápida y rigurosa. 
La elaboración obligatoria de informes sobre lo que se consideran riesgos graves para la salud obviamente no es suficiente. 
En Mecklemburgo-Pomerania occidental se cerraron temporalmente 320 granjas debido a una presunta contaminación con nitrofeno, pero el descubrimiento de este escándalo y la publicidad fueron notables no tanto por el número de casos como por la naturaleza de la crisis. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, ya hemos visto que los momentos de crisis son, en la mayoría de los casos, momentos en los que los políticos deberían aprender lecciones. 
También son momentos en los que aprendemos mucho sobre la sociedad. 
La Sra. Roth-Behrendt y el Sr. Bowis han señalado que, aparentemente, hay personas en la industria alimentaria que actúan de forma irresponsable y despreocupada, y para las que solamente cuentan los beneficios, la ganancia y la avaricia. 
¿Cuáles son las lecciones que mi grupo y yo hemos aprendido del caso del nitrofeno en Alemania y el caso Whyeth Pharmaceutical/Bioland en Irlanda y Bélgica? 
En primer lugar, debemos impedir que los productos que provengan de residuos reciclados entren en la cadena alimentaria humana y animal, y deben asimismo aumentarse las inspecciones, incluso con respecto al flujo de residuos de las industrias químicas y farmacéuticas. 
En mi país, y creo que es el caso de la mayoría, necesitamos trabajar por una mayor cooperación entre los servicios que controlan la cadena alimentaria y los servicios que gestionan los flujos de residuos. 
Comisario, me complace que haya llegado a la misma conclusión. 
En segundo lugar, existe un sistema europeo de alerta rápida que también se aplica a los alimentos para animales y que considero que por el momento está funcionando bien. 
¿No deberíamos insistir en que nuestros homólogos nacionales y regionales adopten una especie de sistema de alerta rápida de forma interna también dentro de los Estados miembros, y por supuesto en los Estados miembros federales como Alemania y Bélgica en que los poderes se reparten entre distintas autoridades? 
En tercer lugar, debemos introducir un sistema de seguimiento perfecto de las materias primas que acaban en la cadena alimentaria. 
En cuarto lugar, y esto es algo por lo que ha abogado mi grupo, debemos prohibir por ley todas las prácticas que no produzcan ningún valor nutricional extra o ninguna ventaja añadida para el consumidor, o que sean superfluos desde un punto de vista técnico. 
En quinto lugar, es obvio de hay que aumentar el número de inspecciones. 
También deben diversificarse, dado que sólo podemos encontrar algo si lo buscamos. 
Esto se hizo de forma generosa en el caso del nitrofeno en Alemania cuando el sector orgánico decidió realizar comprobaciones voluntarias. 
En sexto lugar, presionaría para que la responsabilidad del productor se ocupase de su parte. 
El debate sobre la responsabilidad medioambiental debe acelerarse y debemos conducirlo hacia una conclusión más rápida. 
Por último, Comisario, me gustaría instar una vez más a la Comisión para que elabore una lista positiva de los productos permitidos en la alimentación del ganado. 
Ha anunciado usted que esto será objeto de un estudio de viabilidad. 
Me gustaría preguntarle de forma expresa qué avances se están haciendo al respecto. 
Por último, existen unos cuantos personajes cómicos en la industria alimentaria y solamente una autoridad bien organizada con inspecciones estrictas puede eliminar de la industria a dichos personajes de una vez por todas. 
Señor Presidente, hay numerosos ejemplos en los que este Parlamento y las instituciones han respondido con rapidez ante situaciones de alarma social, sobre todo en el ámbito de la seguridad alimentaria y la protección del consumidor. 
Felicito en este sentido al Comisario por su respuesta al caso más reciente y comparto totalmente sus puntos de vista sobre lo sucedido. 
Pese a que el número de incidentes comparado con el volumen de alimentos de buena calidad que se producen es mínimo, el efecto negativo en los consumidores es considerable. 
Recuperar la confianza en la cadena alimentaria ha sido un proceso lento, tedioso y realmente costoso. 
Afortunadamente las medidas adoptadas resultan efectivas y en la actualidad existe una gran sensibilidad por parte de todos los implicados, desde los productores hasta los procesadores, desde los minoristas hasta el sector de la restauración, y cualquier incumplimiento de la normativa es inaceptable y será castigado. 
Es importante tener en cuenta que, mientras los consumidores de la UE siempre han tenido acceso a alimentos de calidad, la efectividad de los nuevos controles y la mayor transparencia de la cadena alimentaria proporcionará las garantías adicionales necesarias para disipar los temores derivados de los incidentes aislados y del asunto imperdonable que estamos tratando esta mañana. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, creo que no se puede controlar la seguridad, hay que crearla. 
Al escuchar el debate de hoy sobre seguridad alimentaria, me temo que no hemos avanzado demasiado durante los últimos años. 
Los productores y los consumidores tenemos el mismo objetivo, todos estamos en el mismo barco, así que no sólo los consumidores se ven afectados, sino también los productores. 
Tal y como lo veo, los consumidores están en lo cierto al alarmarse por los graves problemas que hemos tenido últimamente, la serie de escándalos que ya se ha mencionado- la EEB, las dioxinas, el nitrofeno- es una lista muy larga. 
Sin embargo, en última instancia, el eslabón más débil de la cadena es siempre el granjero, el productor que se ve golpeado por la situación de los precios. 
Por ello el sector agrario tiene un interés especial en obtener una alta calidad en el mercado de los insumos. 
En la actualidad soy ponente sobre el tema de los aditivos en los alimentos para animales. 
Comisario, realmente estoy de acuerdo con usted en reclamar que se apliquen medidas muy estrictas a una amplia variedad de aditivos. 
Nos referimos a los antibióticos y los fármacos coccidiostáticos. 
Acabo de debatir sobre este tema con algunos de sus colegas. 
Como persona práctica, creo firmemente que tenemos las cosas bien planteadas sobre el papel desde hace tiempo, pero de hechos, cuando se trata de aplicación y control, lamento decir que todavía quedan muchas ovejas negras con las que tratar en el futuro. 
Solamente avanzaremos en este tema si el sistema de control implica sanciones más duras. 
Tal y como yo lo veo, a aquellos que son negligentes hay que ponerlos en la picota, además de retirarles su cuota y cerrar sus unidades de producción. 
Solamente si se indica el camino que debe seguirse con nuestro apoyo puede ejercerse presión para restaurar una situación razonable en la Unión Europea, en la que los productores y consumidores puedan procesar o consumir alimentos con el conocimiento de que son seguros y de que también podemos mantener la alta calidad de los alimentos en el futuro. 
Me gustaría manifestar mi pleno apoyo a las propuestas de la Sra. Roth-Behrendt, pero hemos dedicado más de 20 años a hablar de la disposición de las personas a gastar más dinero en alimentos; lo que sucede es que el proceso de distribución ha cambiado por completo. 
Debemos ser honestos sobre el hecho de que mucha gente no puede permitírselo. 
No sólo quieren comer y beber, también quieren irse de vacaciones, viajar, etcétera, etcétera. 
Por eso tenemos alimentos que son prácticamente gratuitos. 
Señor Presidente, estoy seguro de que el Comisario asiste a estos acontecimientos con aflicción, dado que es responsable no solamente de la cadena alimentaria humana y animal, sino también de la peor de las cadenas, la de la contaminación. 
Uno de los problemas a los que nos enfrentamos en esta Cámara estriba en que a menudo peroramos sobre cómo todo tendría que ser perfecto sin ser capaces siempre de buscar los medios para llegar hasta el fin: medios que nos permitan contar con una OAV eficaz, que actualmente se halla al máximo de su capacidad y carece de personal suficiente; medios para contar con un proceso de escrutinio adecuado mediante el cual cada uno de los Estados miembros, ya sea grande o pequeño, ya tenga una población de cientos de miles de habitantes o de varios millones, tome las mismas precauciones y facilite la misma información. 
Esto no ha sido así en algunos de estos casos y entiendo las dificultades a las que se enfrenta el Comisario debido a ello. 
Con respecto al escándalo de la presencia de nitrofeno en los granos con que se alimentaban los pollos orgánicos, sabemos por la información facilitada entre mayo y julio que no se informó a todos los Estados miembros con la misma urgencia de lo sucedido. 
La información de que disponemos con respecto a la carne de cerdo contaminada, la de los cerdos alimentados con estos terribles materiales, indica que cuatro Estados miembros compraron parte de la carne contaminada y sin duda sus ciudadanos la consumieron antes de que el proceso de control empezara a funcionar efectivamente. 
Los controles son ahora mejores y a raíz del establecimiento del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y la Sanidad Animal, en febrero, y de las pruebas que éste recoge, ahora podemos decir que contamos con un sistema de alerta rápida que debería funcionar. 
Esta es la responsabilidad del Comisario, de modo que le felicitamos por ello. 
La cuestión es si los Estados miembros facilitan suficiente información. 
¿Podemos confiar en que mantengan bajo control a sus empresarios deshonestos? 
Lo ignoro. 
Me gustaría oír decir al Comisario si cree que los recursos están disponibles. 
El Sr. Bowis ha dicho anteriormente que todas las instituciones han sido dilatorias y lentas en el establecimiento de la AESA. Ésta va a entrar en funcionamiento más tarde de lo que esperábamos. 
¿Es éste uno de los motivos por el que debemos esperar más para obtener estas listas positivas de materiales alimentarios y las normas de higiene generales que se derivan de las reformas que acogimos con tanto entusiasmo el pasado año? 
Espero que el Comisario pueda decirnos que están llevándose a cabo las debidas investigaciones en todos los Estados miembros para determinar por qué organizaciones como Bioland han podido perpetrar los escándalos que han protagonizado. 
Señor Presidente, Comisario Byrne, los alimentos para animales son, después de todo, alimentos y por ello necesitamos la lista positiva. 
Se ha hecho referencia a sus palabras en la prensa alemana diciendo que existen miles de sustancias que deben ensayarse. 
Espero que se trate de una referencia errónea, porque si realmente existen miles de sustancias que se añaden a los alimentos para animales de por sí sería un escándalo. 
El número de aditivos debe limitarse y esto debe aplicarse de forma restrictiva. 
Después de todo, si la industria viene y dice que ha olvidado una sustancia y hace que la prueba esté disponible al instante, dicha sustancia puede añadirse. 
Por supuesto, la lista positiva no significa que no tengamos nada de que preocuparnos. 
El hecho de que existan personas dispuestas a deshacerse de materiales tóxicos dedicándolos a los alimentos para animales porque es más barato demuestra una intención delictiva que debería ser castigada. 
Esto también me convence- y creo que todos los diputados de esta Cámara estarán de acuerdo- de que una simple prohibición no es suficiente. 
Debemos considerar qué sustancias prohibimos y qué sucede con ellas a continuación. 
La Sra. Roth-Behrendt ya ha mencionado que la legislación sobre residuos debería estar estrechamente vinculada con los controles, al igual que debería estar vinculada con lo que estamos debatiendo aquí, de forma que no se solapen. 
En numerosas ocasiones hemos visto casos de sustancias que realmente deberían ser destruidas y que acaban en alimentos para animales. 
Ya hemos visto lo que puede suceder en el caso de los desechos alimentarios. 
También necesitamos establecer disposiciones de reciclado razonables en aquellos casos en que sea adecuado. 
Ayer visité una fábrica de alimentos para perros y gatos. 
Cuando uno ve los meticulosos controles que se aplican se da cuenta de que no se trata de una cuestión de control, sino de las sanciones que pueden aplicar los consumidores al hacer uso de su poder adquisitivo contra la industria. 
Señor Presidente, me gustaría manifestar mi acuerdo con lo que han dicho los oradores anteriores. 
También me gustaría dar las gracias al Comisario por lo que ha dicho. 
Sin embargo, me doy cuenta de que, aunque presenta un gran número de medidas, no menciona la mejor noticia, la que hace referencia a que fueron los granjeros los que descubrieron que les sucedía algo a sus cerdos porque las hembras no estaban criando adecuadamente. 
Es responsabilidad de los granjeros. 
Esto significa entonces que hay una lección muy importante que deberíamos aprender de todo esto y deberíamos ser conscientes de que el sistema de inspección, independientemente de la eficacia con que se haya establecido, ha fallado hasta el momento. 
Con todas estas estupendas medidas que se están proponiendo, tengo una pregunta importante que hacer, creo que la Sra. Roth-Behrendt ya la ha mencionado. 
¿Cómo se relaciona la legislación sobre residuos con lo que hacemos con la alimentación de nuestro ganado? 
¿Quién controla esto? 
Comisario, si dice que, de acuerdo con la Comisaria Wallström, si se hubiese hecho cumplir la legislación sobre residuos ahora mismo no nos estaríamos enfrentando a ningún problema, creo que deberíamos preguntar a las autoridades irlandesas por qué no verificaron que estas hormonas acabaron en un procesador de residuos de forma indebida. 
¿Por qué no comprobaron posteriormente en la frontera que estas hormonas se estaban exportando a una empresa que plantearía interrogantes, en Bélgica en todo caso? 
Esto significa por lo tanto, que los irlandeses y belgas han metido la pata al respecto de forma importante. 
Señor Presidente, ¿por qué- y hablo también en nombre de mi país- fracasamos en la comprobación de estas empresas cuando sabemos que además de estiércol producen sus propios alimentos para animales y que ya levantan sospechas? 
¿Qué sucede con la legislación sobre la responsabilidad del fabricante? 
Espero que aquellos que salieron perdiendo reciban compensaciones de los gobiernos responsables. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, en la actualidad se producen alimentos de gran calidad y deben cumplir toda una serie de requisitos. 
La oferta de alimentos es muy variada, incluidos los alimentos de diversos países de fuera de la Unión Europea. 
Nuestro principio debería seguir siendo que nuestros alimentos sean seguros y de gran calidad, con el fin de garantizar la protección de los consumidores. 
Los alimentos son el requisito previo más básico para la salud y la calidad de vida de las personas. 
Sin embargo, los escándalos del pasado han alterado y asustado a los consumidores en gran medida. 
Por ejemplo, considero una irresponsabilidad que las empresas farmacéuticas deshonestas se deshagan de los productos de hormonas a través de los alimentos para humanos y animales, convirtiendo a los consumidores en cubos de basura andantes. 
Considero terrorífico que el acetato de medroxiprogesterona esté presente en el jarabe de azúcar y en los refrescos. 
Me gustaría preguntar, Comisario, qué medidas legales se han tomado ahora para impedir que esto se repita en el futuro. 
Acojo de buen grado la nueva Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria como sistema de alerta temprana para Europa y como sistema de gestión de crisis eficaz y coordinado entre la Comisión y los Estados miembros. 
Sin embargo, me preocupa que los controles de la UE funcionen como es debido. 
La red debería ampliarse para proporcionar mejor información y debería establecerse lo antes posible la obligación de las empresas de presentar informes de forma que las mercancías y productos se retiren del mercado si son nocivos. 
¿Qué ha hecho la Comisión entretanto para aplicar esto y para garantizar una mayor transparencia y trazabilidad? 
Necesitamos proteger a los consumidores y esto se aplica también a las importaciones. 
Por ello considero una cuestión de necesidad urgente introducir sistemas de control para los alimentos a la mayor brevedad posible también en los países de Europa Central y del Este, incluidos aquellos casos en los que los alimentos se producen de acuerdo con las normas europeas. 
Sin embargo, para permitir que los consumidores decidan por si mismos lo que quieren, debemos garantizar que contamos con un etiquetado práctico y claro tanto para los alimentos producidos de forma convencional como para los alimentos modificados genéticamente. 
Creo firmemente que necesitamos fijar el rumbo de todo esto tan pronto como sea posible. 
Señor Presidente, para el público, la salud y la comida sana son la principal prioridad. 
¿Pero cómo voy a saber como consumidor si un alimento concreto es sano? 
No basta con mirar. 
Una manzana con agujeros puede ser mucho más sana que una bonita manzana brillante y redonda. 
El sector agrario- y esto no sólo se aplica a Austria- presume de observar los principios de seguridad alimentaria, trazabilidad e higiene. 
Para mi este debate constituye una oportunidad para abogar por la causa de las pequeñas explotaciones, porque los escándalos siempre se producen en las grandes empresas industrializadas, que realmente tienen poco en común con las explotaciones agrarias. 
Sin embargo, las pequeñas explotaciones están a la merced de los productores de alimentos para animales y de los veterinarios que pueden recetar todo tipo de hormonas y otros fármacos. 
Una cosa es cierta: los controles no han funcionado. 
Podría dársele la vuelta a las cosas del modo que se quiera y decir, sí, necesitamos normas todavía más estrictas. 
Pero si ni siquiera estamos aplicando las normas vigentes, ¿cómo vamos a poder aplicar unas todavía más estrictas? 
No serviría de nada. 
Sea cual sea la legislación que promulguemos, seguirá siendo papel mojado si no la hacemos cumplir. 
Desde mi punto de vista, la Comisión debería encargarse de controlar a las personas encargadas de hacerla cumplir. 
No se puede dar simplemente la espalda a este problema. 
La comida barata puede ser buena para ganar las próximas elecciones, pero no es buena para la salud pública y creo que el público también lo sabe. 
Me gustaría recalcar una vez más que las normas y reglas estrictas, así como la documentación general de los controles, son realmente importantes para las grandes empresas. 
Pero no tendría sentido acosar a las pequeñas granjas familiares con esto. 
Para ser concretos, las empresas de pequeño tamaño dedicadas al procesado de alimentos necesitan más información y motivación y menos burocracia y documentación. 
No se puede negar que no sólo es muy importante prevenir las crisis alimentarias para el futuro de los granjeros, también es muy importante para el futuro de la salud pública en la Unión Europea. 
Creo, Comisario, que todavía no hemos encontrado el método adecuado para conseguir esto. 
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Señor Presidente, varios oradores han mencionado el problema de los residuos y la política de residuos. 
Tendremos oportunidad de debatir esta cuestión en el Parlamento durante este mes, cuando aprobemos el reglamento de subproductos animales. 
Esta importantísima parte de la legislación garantizará que un sector concreto, el de los subproductos animales, esté mejor regulado. 
Algunos diputados se han referido a la lista positiva. 
Voy a decir algo al respecto. 
La Comisión presentará pronto el estudio realizado sobre la lista positiva. 
Ésta se presentará al Parlamento y entonces expondremos nuestros puntos de vista sobre la viabilidad de dicha lista para someterlos a debate en el mismo. 
Pero debemos tener en cuenta que una lista positiva no incluiría el MPA. Por lo tanto, no habría evitado la reciente contaminación. 
El MPA no debe estar en la lista, nunca se aprobará, y por consiguiente la lista positiva no es la respuesta completa. 
Sin embargo, reconozco que varias personas de esta Cámara están ansiosas por realizar avances en esta cuestión, y esto se debatirá en el Parlamento antes de final de año. 
Algunos también han hecho mención de la Autoridad de Seguridad Alimentaria. 
En este terreno el trabajo está en marcha y, como todos sabemos, ya se ha creado el consejo. También se ha avanzado en cuanto al nombramiento del director general. 
El consejo celebrará su primera reunión muy pronto, el 18 de septiembre. 
En cuanto a la realización de nuevos avances con respecto a la Autoridad de Seguridad Alimentaria, si el Parlamento pusiese a nuestra disposición las partidas solicitadas por la Comisión, esto facilitaría nuestro trabajo. 
Sé que existen motivos por los que el Parlamento prefiere retener este dinero para otras cosas, pero esto puede ser o no ser legítimo. 
Esto no facilita en modo alguno la creación de la Autoridad de Seguridad Alimentaria ni asegura su puesta en marcha y funcionamiento, amén del desempeño de su labor. 
Quisiera hacer un llamamiento al Parlamento a que reconsidere su posición con respecto a dichas partidas. 
Otros diputados han planteado diversas cuestiones y espero retomarlas todas, pero de no ser así les ruego me disculpen. 
El Sr. Bowis ha mencionado los potenciadores del crecimiento. 
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la contaminación de que estamos hablando esta mañana no se ha debido a un uso ilegal destinado a incrementar el peso de los cerdos. 
Dicho uso, es decir, el uso de hormonas como potenciadores del crecimiento, es ilegal. 
Como ya he dicho, la Comisión presentará próximamente una propuesta importante sobre los controles. 
Esta tiene principalmente por objeto mejorar la aplicación de la legislación vigente. 
Concretamente me propongo aumentar las multas y el coste del incumplimiento. 
Creo que todos estamos de acuerdo en que debemos hacer que los Estados miembros y los productores paguen caro el incumplimiento de la legislación comunitaria. 
La Sra. Roth-Behrendt ha tratado diversas cuestiones de interés. 
Está totalmente en lo cierto: los piensos no deben servir de cubo de basura para los productores de residuos. 
Varias de las principales crisis de seguridad alimentaria se han debido a la gestión de residuos: las dioxinas, la reciente crisis del nitrofeno en Alemania, los lodos de depuradoras y ahora el MPA y la EEB. 
Todas están relacionadas con el problema de los piensos. 
Como ya he dicho, debemos mejorar los contactos entre los Estados miembros en materia de tratamiento y eliminación de residuos, un problema controvertido en varios Estados miembros, pero que sin embargo debe tratarse con valentía y eficacia. 
La Sra. Mulder ha hecho referencia a la Oficina Alimentaria y Veterinaria. 
Ésta está haciendo un excelente trabajo garantizando el cumplimiento de la legislación comunitaria. 
Sus informes siguen revelando las importantes deficiencias que se producen en la aplicación de la legislación. 
Podría hacer más con más recursos, pero esta es una cuestión que compete a la autoridad presupuestaria. 
No estoy satisfecho con la aplicación de las recomendaciones de la FAO en diversas áreas. 
Por este motivo la Comisión va a presentar una nueva propuesta para mejorar los controles. 
Como he dicho repetidamente, debemos hacer que haya que pagar caro el incumplimiento de la ley comunitaria. 
El Sr. Mulder ha hablado de una marca de calidad. 
Esto podría ser útil, aunque tiene sus limitaciones. 
Al igual que sucede con la legislación, las marcas de calidad sólo son eficaces si se respetan sus requisitos. 
En los Países Bajos, por ejemplo, los productores de alimentos para animales se comprometieron a utilizar solamente ingredientes seguros en el marco de su programa de aseguramiento de la calidad. 
Es obvio que no han respetado este requisito. 
Por ello las marcas de calidad pueden ser útiles, pero tienen sus limitaciones. 
El Sr. Whitehead ha hecho referencia al sistema de alerta rápida a escala comunitaria, que ha funcionado muy efectivamente en las recientes crisis de seguridad alimentaria. 
En una serie de casos, no solamente en éste, sino también en el caso del nitrofeno, el sistema ha funcionado muy bien. 
Los problemas se han producido en el ámbito nacional. 
Tal y como propone el Sr. Whitehead, en la reciente crisis del nitrofeno en Alemania hubo fallos evidentes en la notificación por parte de las autoridades nacionales. 
Esto sucede muy a menudo debido a la estructura federal de varios Estados miembros. 
El Sr. Staes también ha comentado que aquellos Estados miembros que tienen una estructura federal deben analizar sus sistemas de alerta rápida a fin de garantizar que sean equivalentes a los que tenemos en el ámbito comunitario. 
Por ejemplo, la Comisión remitió inmediatamente una notificación a los Estados miembros tan pronto tuvo conocimiento de esta contaminación concreta. 
La Sra. Oomen-Ruijten ha mencionado varias cuestiones que me gustaría comentar. 
La Comisaria Wallström y yo hemos escrito a las autoridades irlandesas para solicitarles una respuesta completa y cabal a los interrogantes planteados con respecto al cumplimiento de la legislación comunitaria aplicable. 
Esta legislación exige una notificación formal del movimiento de residuos farmacéuticos, que parece no haberse producido en este caso. 
En vista de la respuesta que espero obtener de las autoridades irlandesas este mismo mes, estaremos entonces en condiciones de volver sobre esta cuestión. 
En cuanto llegue esta respuesta, será examinada detenidamente y cualquier medida adicional que haya que tomar se abordará en ese momento. 
Gracias, Comisario Byrne. 
El debate queda cerrado. 
El siguiente punto es el informe (A5-0224/2002) de la Sra. Van Brempt, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte sobre la comunicación de la Comisión relativa a Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje permanente [COM (2001) 678- C5-0165/2002- 2002/2073 (COS) ]. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, hoy estamos debatiendo un informe sobre el espacio del aprendizaje permanente. 
Este informe forma parte de un proceso que se inició hace unos años y que ya ha sido objeto de cierta atención en los Consejos de Europa de Estocolmo y Lisboa, por ejemplo. 
Sin embargo, fue principalmente el Consejo Europeo de Feira el que llegó a la conclusión de que el aprendizaje permanente sería esencial para el desarrollo de nuestra sociedad europea en lo que respecta a cohesión social, oportunidades de empleo y similares. 
También hizo un llamamiento a los Estados miembros, la Comisión y el Parlamento para que desarrollasen estrategias y una política. 
Este es el marco en el que observamos ahora la comunicación de la Comisión, y especialmente el memorándum que se publicó con anterioridad a ésta. 
Me gustaría dedicar unos instantes a considerar los principales aspectos que destaca el Parlamento en su informe. 
Permítanme comenzar por los principios en los que debería basarse el concepto del aprendizaje permanente.