Además, si por ejemplo solo las asociaciones para discapacitados, y no los individuos discapacitados, pueden acogerse a la exención de los derechos de autor, existe el riesgo de que estos estén sujetos a los intereses corporativos y que el usuario final no se beneficie de situaciones de este tipo. 
Desde luego, felicito a la ponente por la labor realizada. 
– Señor Presidente, la protección y la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual son factores importantes para la promoción de la creatividad cultural y el objetivo de hacer posible que los artistas trabajen. 
Hay que tomar en consideración los derechos tanto financieros como morales, entendiendo por estos los derechos de los autores a controlar las modificaciones de sus obras. 
La Comunidad tiene que ser capaz de reforzar la confianza de los artistas en que sus obras están debidamente protegidas. 
Por otra parte, es importante garantizar la mayor difusión posible de las obras, ya que no existe arte sin público. 
La Comunidad ha venido actuando en este ámbito y, al margen de las leyes nacionales e internacionales, ya existen varias directivas comunitarias. 
Sin embargo, uno de los inconvenientes sigue siendo el hecho de que los reglamentos aplicables a las sociedades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual varían de un Estado miembro a otro. 
A menudo, estas sociedades de gestión colectiva gozan de una situación virtual de monopolio, que bien pudiera justificarse por razones funcionales pero que al mismo tiempo comporta el riesgo de abusos o contradice su propia finalidad debido a una disminución de la eficacia de la sociedad o unos costes mayores. 
No es necesario combatir mediante la legislación a toda costa una estructura de monopolio justificada, pero la gente deberías ser consciente de los riesgos asociados. 
Estos riesgos tienen que ser combatidos por medio de unas leyes claras válidas en toda la Comunidad. 
Tales leyes tienen que basarse sobre todo en la insistencia a favor de la plena transparencia. 
Las necesarias modificaciones estatutarias a la legislación comunitaria planteadas en este informe, provocarán además el efecto de aumentar enormemente el crecimiento económico. 
El informe estima que entre el 5% y el 7% del Producto Interior Bruto de la UE se debe a bienes y servicios protegidos por derechos de autor y similares. 
No supone desde luego un porcentaje despreciable de la economía europea y con toda seguridad puede seguir creciendo. 
Los avances técnicos, en concreto, ofrecen enormes oportunidades al desarrollo de nuevas formas de trabajo. 
Al mismo tiempo, la gestión de los derechos de autor en relación con estas nuevas modalidades de trabajo supondrán un reto mayor que hasta ahora. 
– Señor Presidente, Señorías, pero sobre todo Sra. Echerer, felicidades por este trabajo de Sísifo que estoy seguro que ha supuesto este informe. 
Era inevitable tratándose de un asunto con tantas facetas, pero su éxito constituye un homenaje para usted. 
No siempre contamos con un consenso tan amplio en este Parlamento, y eso demuestra que la gente tiene ahora mayor conciencia de los problemas. 
Lo ilustraré con algunas cifras. 
Cuando se trata de la pornografía infantil en Internet, los medios de comunicación se llenan de titulares y editoriales. 
Pero se presta mucha menos atención a los delitos económicos. 
Cuando se ignoran los derechos de los artistas y se les niegan los ingresos equitativos que les corresponden, también es una forma de delito económico. 
Se ha mencionado aquí una pérdida económica del 5% del Producto Nacional Bruto; si se distribuye en entornos individuales se obtiene el siguiente cuadro: el 25% de la producción de la industria audiovisual son falsificaciones, ascendiendo las grabaciones de sonido hasta el 40%. 
Se ha convertido en un mercado lucrativo para la delincuencia organizada. 
No solo se trata de que se estén expandiendo los delitos perpetrados por individuos. 
Como muy bien se describe aquí, también se debe a las leyes excesivamente permisivas y, desde luego, totalmente diferentes en los distintos Estados miembros, que favorecen dicha piratería de productos y el uso de falsificaciones. 
El resultado es una pérdida económica a una escala tremenda –pérdida de ingresos fiscales, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de confianza de los inversores, que puede detectarse particularmente en la industria musical, pero también significa una pérdida de derechos para gente como ustedes y yo, a saber, pérdida de protección del consumidor, pérdida del bienestar de los jóvenes y similares, y al final también constituye una amenaza para la diversidad cultural. 
En resumen, hace tiempo que se echa en falta una base legal uniforme para la protección de la propiedad intelectual. 
Las sociedades de gestión colectiva, a las que ya se ha hecho referencia reiteradamente, deben desempeñar una función concreta al respecto, especialmente a la luz de las diferentes condiciones de mercado con que nos encontramos en la sociedad de la información. 
La forma en que esto se puede y se debe hacer está descrita en detalle en el informe, que además contiene las opiniones de otras comisiones. 
Como miembro de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, pienso que es especialmente importante señalar que las sociedades de gestión colectiva no son simplemente una especie de asociaciones protectoras, sino que siempre cumplen además una función cultural, independientemente de cómo estén organizadas. 
La protección y explotación de los derechos de propiedad intelectual ayudan a promocionar la cultura y la diversidad cultural, por lo que la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte tiene razón, a mi juicio, al pedir a la Comisión que dedique especial atención a este aspecto. 
. Señor Presidente, después de un debate tan interesante queda muy poco que pueda añadir a lo que ya se ha dicho. 
No se han formulado preguntas a la Comisión y esta no ha tenido noticia de ninguna enmienda, aun cuando el Sr. Manders ha mencionado una. 
Por tanto, no tengo nada que comentar. 
Terminaré diciendo que para la próxima comunicación de la Comisión sobre la gestión de los derechos de autor y los derechos afines en el mercado interior, la Comisión ya habrá tenido el debido conocimiento de las observaciones que han hecho esta tarde el Sr. Karas, el Sr. Harbour y otros. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a continuación de los debates. 
-B5-0016/2004 de los diputados Glenys Kinnock y Margrietus J. van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Zimbabwe; 
-B5-0020/2004 de los diputados Nelly Maes, Didier Rod y Marie Anne Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Zimbabwe; 
-B5-0022/2004 de los diputados Niall Andrews, José Ribeiro e Castro y Cristiana Muscardini, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación en Zimbabwe; 
-B5-0023/2004 del Sr. Jan Mulder, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación política en Zimbabwe; 
-B5-0026/2004 del Sr. Pedro Marset Campos, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Zimbabwe; 
-B5-0030/2004 de los diputados Geoffrey Van Orden, John Alexander Corrie, Nirj Deva, Jacqueline Foster, Neil Parish, Charles Tannock, Mary Elizabeth Banotti, Michael Gahler, Eija-Riitta Anneli Korhola, Klaus-Heiner Lehne, Bernd Posselt y Lennart Sacrédeus, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre Zimbabwe; 
-B5-0033/2004 del Sr. Bastiaan Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre Zimbabwe. 
– Señor Presidente, en nombre del Grupo del PSE, quiero decir que vamos a apoyar la resolución conjunta sobre Zimbabwe. 
El régimen del Zanu-PF es un ejemplo atroz de la represión que sufre un pueblo empobrecido y hambriento. 
Morgan Tsvangirai, el líder del partido de la oposición, el Movimiento para el Cambio Democrático, ha sido llevado a juicio bajo acusaciones falsas de traición. 
La situación económica de ese país ha empeorado drásticamente: el PIB ha descendido un 40% en los últimos cuatro años y la inflación ya alcanza el 600%, y se prevé que llegue hasta el 1 000% antes de finales de 2004. 
Hay una tasa de desempleo del 70% y más de 6 millones de personas necesitan ayuda alimentaria. 
Ya se han registrado casos de niños que mueren por desnutrición, especialmente en la zona de Bulawayo. 
Ha habido un desastroso programa de reforma agraria –que ninguna referencia a los males del colonialismo puede justificar–, que ha desmantelado la agricultura comercial sin sustituirla por ninguna otra forma eficiente y efectiva de producir alimentos. 
El, el único periódico diario independiente de Zimbabwe, sigue cerrado, a pesar de que los tribunales hayan ordenado su reapertura, y ahora el redactor de noticias y el reportero jefe del han sido detenidos en virtud de la Ley de acceso a la información y protección de la privacidad. 
Queremos que se renueven las sanciones contra Zimbabwe, que la Unión Europea debe renovar el 20 de febrero de 2004. 
De la misma forma, queremos que se amplíen y se consoliden más las sanciones contra el régimen, con la introducción de medidas adicionales para que la acción internacional contra el régimen sea más eficaz, en particular el estricto cumplimiento de la prohibición del visado. 
El 1 de abril se celebrará una reunión entre la Unión Europea y la troika ministerial de exteriores de la Unión Africana, y esperamos que la Unión Europea reserve para ello un lugar prioritario en la agenda. 
Celebramos la intervención del arzobispo Desmond Tutu tras la reunión de los jefes de Gobierno en Nigeria, pero queremos invitar a otros líderes africanos a intervenir igualmente y a presionar a Mugabe para que tome medidas. 
Necesitamos a la comunidad de donantes para que reúnan ayuda alimentaria que pueda distribuirse a través de canales no gubernamentales; y queremos que los Estados miembros de la Unión Europea que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exhorten a la comunidad internacional a que adopte medidas coordinadas y eficaces contra este régimen intolerable. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, solo unas breves palabras para significar lo mucho que deploramos y condenamos la situación que el régimen de Mugabe está imponiendo a su pueblo y a su país, Zimbabwe, convirtiendo a uno de los países más ricos de África austral en uno de los más pobres y más subdesarrollados, con continuos e incesantes ataques a los derechos humanos. También quiero apuntar las razones por las que apoyamos esta propuesta de resolución de compromiso, que una vez más, al igual que las otras que hemos presentado en el transcurso de esta legislatura, condena el régimen y solicita que se vuelvan a imponer sanciones y se ejerza presión diplomática sobre Mugabe para impulsar la transformación democrática del país. 
Quiero aprovechar también esta ocasión para pedir a la Comisión que proporcione mayor apoyo a los representantes de la sociedad civil. 
Recientemente formulé una pregunta a la Comisión sobre este asunto y quedé satisfecho con la respuesta ofrecida por el Comisario Nielson. Dijo que la Comisión se propone continuar prestando ayuda a los representantes de la sociedad civil a fin de apoyar proyectos o actividades en el ámbito de los derechos humanos y la democratización y ayudarles a promover el diálogo interno, un planteamiento que respaldamos y que, por lo demás, está recogido tanto en nuestra propuesta de resolución como en el texto de compromiso. 
Sin embargo, nos gustaría que este apoyo fuera más específico: ¿qué acciones concretas se van a emprender, con quién, con qué medios y con qué intensidad? 
Creo que una cooperación más estrecha entre la Comisión y el Parlamento para ejercer presión política podría alcanzar unos resultados más eficaces. 
Necesitamos lograr unos resultados más eficaces, no solo debido a la creciente tragedia en Zimbabwe, sino porque podría constituir un foco de inestabilidad y sentar un mal ejemplo. 
Nos han preocupado noticias recientes sobre acciones similares, o más bien de que se estaban programando acciones similares también en Namibia, aun cuando esta no se a la postura oficial mantenida por el Gobierno de ese país. Llegan también noticias –que indujeron a algunos diputados a presentar una propuesta escrita de resolución– acerca de una tasa anormalmente elevada de asesinatos de agricultores en las zonas boer de Sudáfrica. 
Es uno de los aspectos de la persecución de agricultores en Zimbabwe que debiera preocuparnos, ya que podría extenderse por África austral. 
Señor Presidente, Comisario Vitorino, hemos debatido sobre Zimbabwe en multitud de ocasiones en esta Cámara, y resulta enormemente trágico contemplar cómo este rico país con un potencial tan ingente se ha abalanzado hacia el abismo. 
Zimbabwe ha sido durante mucho tiempo un país sin ley, arruinada económicamente y afectada gravemente por el sida. 
Tiene un anciano dirigente dictatorial y demente, que ha perdido todo contacto con la realidad y con su propio pueblo. 
Justamente cuando una piensa que las cosas no pueden ir a peor, llegan nuevos informes de que la situación en el país se ha deteriorado aún más. 
El sufrimiento humano y el hambre se están agravando cada vez más, y existe una necesidad angustiosa de ayuda humanitaria. 
Mugabe tiene que marcharse. 
Es la única salida para el pueblo de Zimbabwe. 
Ahora bien, el mundo a su alrededor tiene que responder con enérgicas contramedidas. 
Hasta ahora todo ha fracasado, pero hay que intensificar las sanciones. 
Toda la comunidad internacional tiene que ser diáfana en su condena del régimen de Mugabe y decirle que se ha agotado nuestra paciencia. 
Basta de contactos, de intercambios y de celebraciones deportivas, junto con sanciones renovadas y más restrictivas, eso es lo que exigimos. 
Tenemos que establecer una coalición amplia, que incluya a los países de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC) , a fin de adoptar medidas y ejercer presión sobre el régimen. 
La diplomacia silenciosa de Sudáfrica, como se la conoce, ha demostrado ser completamente ineficaz, pero de todas formas hay que convencer a Sudáfrica de que utilice sus contactos para presionar a Mugabe. 
Al mismo tiempo, en la UE tenemos que apoyar a la oposición. 
Hay un número reducido de personas increíblemente valientes que –con riesgo para sus propias vidas y, en algunos casos, con pérdida de sus vidas– están intentando combatir en favor de la democracia y la dignidad humana en ese país. 
Espero que la Comisión sea capaz de garantizar que la UE continúe apoyando a estos individuos valientes. 
– Señor Presidente, los países africanos han asumido en numerosas ocasiones solemnes compromisos de democracia y protección de los derechos humanos: en el acuerdo de la NEPAD y en el Acuerdo de Cotonú entre la UE y los Estados ACP, por nombrar solo dos. 
Sin embargo, el caos y la opresión del régimen de Mugabe en Zimbabwe no ha provocado ninguna respuesta satisfactoria de los vecinos de Zimbabwe, que parecen estar sordos a los gritos de angustia del pueblo oprimido de ese país. 
No solo los países sudafricanos no han estado dispuestos a ejercer presión sobre el Sr. Mugabe, sino que además le han dejado dictar las condiciones de la relación de África con Europa, y esto es peor. 
La relación de la Unión Europea con la Unión Africana y la Comunidad para el Desarrollo de África Austral se ha visto perjudicada por la insistencia de los Estados africanos en que se incluya a los zimbabwenses vetados en las reuniones celebradas en Europa. 
La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE también se ha visto gravemente afectada. 
Esto no solo socava los principios fundacionales de la NEPAD y de la relación ACP-UE, sino que también significa que no pueden abordarse debidamente los mayores problemas que preocupan a África: la deuda externa, el sida, la seguridad alimentaria, la prevención de conflictos, la gobernanza y los derechos humanos. 
En estos momentos, las condiciones en Zimbabwe están fuera de control. 
Hay una terrible escasez y la opresión está cada vez más extendida y es más brutal. 
Se ha arruinado y destruido un país que antes era próspero. 
La negativa de los Estados africanos a tomar la iniciativa en relación con Zimbabwe significa que es incluso más crucial reforzar las sanciones de la Unión Europea contra el régimen del ZANU-PF. 
Esta Asamblea ya ha pedido su ampliación en seis ocasiones distintas. 
Hasta la fecha, el Consejo no ha prestado atención a estas peticiones. 
La prohibición de viajar a la Unión Europea impuesta al régimen de Mugabe ha sido periódicamente violada en su primer año y, posteriormente, mitigada para facilitar la entrada de zimbabwenses vetados a Europa. 
La resolución que tenemos hoy ante nosotros reclama la renovación de las medidas de la Unión Europea cuando expiren el 20 de febrero y la introducción de nuevas sanciones duras. 
Reclama que se rescinda el derecho de residencia en Europa para quienes están sujetos a la prohibición de viajar, que se prohíba el acceso de los miembros de sus familias al empleo y a los centros de enseñanza de la Unión Europea, que se restrinjan los vínculos económicos privilegiados con Zimbabwe que han dado prestigio internacional al régimen, que se identifique a quienes prestan ayuda económica al régimen del ZANU-PF y que se impongan medidas contra ellos. 
De nuevo, esta Asamblea exhorta al Consejo a que responda a su deseo claramente expresado: medidas reales y efectivas contra el régimen del ZANU-PF en Zimbabwe de inmediato. 
– Señor Presidente, el lunes 5 de enero de 2004, el publicó un incisivo artículo titulado «Gases lacrimógenos para Haití» del autor alemán Hans Christoph Buch. 
¿Qué tiene que ver esto con la trágica situación en Zimbabwe bajo su Presidente, Robert Mugabe, nuestro tema de debate? 
Bueno, el artículo de Buch es una carta abierta al actual Presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, un viejo conocido del autor. 
Buch ridiculiza la postura de Mbeki respecto del régimen del Presidente Aristide in Haití y del Presidente Mugabe en Zimbabwe. 
Permítanme citarle: «¿Por qué no reclama usted el respeto de los derechos humanos en Haití, y por qué suenan tan apagadas sus protestas contra las continuas violaciones de los derechos humanos en Zimbabwe? ». 
Al igual que Buch, esta resolución incide de forma explícita en la actitud de Sudáfrica respecto de la situación cada vez peor en Zimbabwe. 
Consejo y Comisión, ¡que se oigan sus voces! 
Buch pregunta rotundamente a Mbeki: «¿O quiere dejar a Sudáfrica la opción del camino ya emprendido por Mugabe: la minoría blanca como chivo expiatorio de los fracasos propios?» 
Esta postura clara es la que exijo a la Unión Europea en las futuras consultas con la Unión Africana. 
– Señor Presidente, efectivamente no hemos añadido nuestra firma a esta resolución y quiero decirle por qué. 
En ningún caso ponemos en tela de juicio la descripción de la miseria en Zimbabwe, y podemos respaldar la condena enérgica del régimen de Mugabe, pero no estamos de acuerdo en señalar con el dedo a los países vecinos y decirles que son ellos los que tienen que apartar a Mugabe del poder. 
Desde luego queremos que Mugabe deje el cargo. 
Sabemos que existe una oposición organizada y valiente, pero estamos exigiendo cosas a los países de África austral que nosotros mismos somos incapaces de hacer. 
¿Qué están consiguiendo realmente nuestras sanciones? 
Nada hasta ahora, y debo decirle que los países colindantes son especialmente sensibles a la presión. 
Es verdad que la violencia amenaza con propagarse a Sudáfrica, es cierto que se habla de la reforma agraria y que la gente que no tiene nada excepto armas está invadiendo las explotaciones de los blancos para tomarse la justicia por su mano, no solo en Zimbabwe, sino también en Sudáfrica. 
La reforma agraria en Zimbabwe es un desastre. 
No ha hecho nada por poner fin a la miseria de la gente, más bien al contrario, ha enriquecido aún más a unos cuantos ricos. 
Somos perfectamente conscientes de todo ello, pero en lugar de señalar con el dedo a una de las partes solamente, tenemos que buscar medidas eficaces. 
Incluso los elefantes están huyendo de Zimbabwe a sabiendas de que los parques nacionales están siendo saqueados, que los animales salvajes que los habitan carecen de toda protección y están siendo sacrificados, no solo por los cazadores furtivos, sino por individuos que cazan estos animales por mera desesperación. 
Al huir la gente de Zimbabwe, llega a los países vecinos. 
Por eso insto a que reanudemos el diálogo con energía y estudiemos vías de posible ayuda para los regímenes bien intencionados de África austral. 
– Señor Presidente, durante la década de 1990 trabajé de formadora y asesora para una gran organización finlandesa de cooperación para el desarrollo. 
Zimbabwe era nuestro principal motivo de orgullo, nuestro ejemplo preferido de lo que logra la cooperación para el desarrollo y la auténtica asociación. 
Constituía la prueba de la prosperidad de África. 
¿Qué destruyó a Zimbabwe? 
No voy a repetir ahora la lista lastimera y aparentemente interminable de factores que menciona la resolución. 
Sería demasiado. 
La destrucción ha calado en toda la estructura social de Zimbabwe, desde la atención sanitaria y la educación hasta el movimiento sindical y la agricultura. 
El antiguo país modelo de África en cuanto a productividad se halla en estado de caos y sus estructuras económicas están hechas trizas. 
Al incitar al pueblo a ocupar las tierras de forma ilegal, en vez de llevar a cabo una reforma agraria controlada en un plazo de tiempo razonable, Mugabe incumplió la ley de la tierra y devastó con ello el núcleo operativo de la sociedad. 
Ese es el tema de la cuestión. 
Cuando se destruye el fundamento del sistema jurídico, las estructuras saltan por los aires una tras otra. 
El hecho de que el Presidente Mugabe, en tiempos un luchador a favor de la independencia y un héroe nacional, degenerase en dictador para vigilar a su propio país, constituye una tragedia de nuestros días. 
Yo fui miembro de una delegación parlamentaria de observadores electorales en Zimbabwe hace algunos años y nos quedamos simplemente atónitos cuando, durante las elecciones, alguien tuvo el valor de declarar que el Gobierno permanecería en el poder, independientemente del resultado. 
A pesar de la intimidación, la gente votaba. 
En Zimbabwe eso podía significar no solo correr riesgos, sino caminar unas cuantas millas hasta el colegio electoral y hacer colas durante horas. 
Fue una escena memorable para alguien acostumbrada a un sistema en el que resulta fácil votar. 
Me gustaría que quienes desdeñan las votaciones y la democracia representativa pudieran ver, al menos una vez, colas como aquellas. 
Como ciudadanos de la UE, demos nuestro apoyo inequívoco a quienes, a pesar de la opresión, tienen el valor de luchar a favor de la legalidad y los derechos. 
– Señor Presidente, es lamentable que el sufrimiento del pueblo de Zimbabwe se esté convirtiendo en una historia interminable. 
No existe ninguna evolución positiva en el país que comentar y pocas en el exterior que reportar. 
El único aspecto positivo que me viene a la mente es que la Commonwealth, al menos, no ha variado su postura respecto de Zimbabwe. 
Pero también el Consejo adoptó un planteamiento muy ambivalente durante largo tiempo, cuando la situación empeoró la primera vez hace tres o cuatro años. 
Dado que las críticas durante los debates sobre asuntos de rutinarios y de carácter urgente a menudo se dirigen contra el Consejo, me gustaría que tales ocasiones no solo estuvieran presentes representantes del mismo, sino que hicieran declaraciones sobre las acusaciones lanzadas contra él. 
En lo concerniente a la prohibición de viajar, el Consejo siempre se escuda tras lo que proclama son obligaciones derivadas de acuerdos diplomáticos internacionales, cuando se vuelve a permitir –como suele ocurrir– entrar a los Ministros de Zimbabwe. 
En ningún sitio dice que se deba conceder a un régimen criminal todo tipo de honores diplomáticos. 
Por supuesto, se puede tomar represalias diplomáticas contra quienes no son capaces de respetar ningún convenio de derechos humanos. 
También se pueden embargar las cuentas bancarias de estas personas y congelar el saldo hasta que varíen las circunstancias. 
A mi juicio, el Consejo tampoco ha expuesto a Sudáfrica la seriedad de nuestra insistencia en cuanto a que también ejerza la presión necesaria. 
No creo que podamos quedarnos sentados y esperar a que el problema se resuelva por sí solo. 
Desde luego, podemos intentar mirar hacia otra parte, pero la situación se hará cada vez más opresiva. 
Otros diputados ya se han referido a la situación a que se enfrentan las personas, a los muchos millones de ellas que ya se encuentran ilegalmente en Sudáfrica, y para mí esta situación exige hacer presión, que hay que ejercer desde todas partes. 
No hay razón alguna para que nuestros Gobiernos tengan que mirar a otro lado mientras ocurren estas cosas. 
Señor Presidente, la Comisión está siguiendo de cerca todo lo que acontece en Zimbabwe y está profundamente preocupada por la situación humanitaria y de los derechos humanos en este país. 
A la luz de la nefasta situación política de este país, y como no cabe esperar ninguna señal de compromiso por parte del Gobierno de Zimbabwe de adoptar medidas tangibles para solucionar la situación, no puede justificarse el levantamiento o el relajamiento de las medidas de la Unión Europea contra Zimbabwe. 
Por lo tanto, la Comisión estudiará la posibilidad de renovar estas medidas otro año más. 
La Comisión sigue estando muy comprometida, e incluso ha intensificado este compromiso, con respecto a la prestación de asistencia directa a la población de Zimbabwe en forma de ayuda alimentaria para cubrir sus necesidades esenciales. 
Este mes se han prometido 20 millones adicionales de euros para operaciones de ayuda alimentaria debido a las grandes necesidades continuas y a falta de otros donantes en el período crucial que dista hasta la cosecha de mayo. 
Esto incrementa nuestra financiación total de ayuda alimentaria y humanitaria para la temporada actual a 85 millones de euros. 
Seguimos prestando un apoyo muy activo a proyectos dirigidos a sectores sociales y relacionados con la democratización, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. 
Este tipo de ayuda se excluyó específicamente de las medidas adoptadas contra Zimbabwe para proteger a la población y promover el progreso. 
Para concretar más, y en respuesta al Sr. Ribeiro e Castro, quiero recordar a la Asamblea que Zimbabwe es un país destacado en el contexto de la financiación de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos 2002-2004. 
Esta iniciativa debe verse como un instrumento catalítico para lograr resultados significativos en la protección de la sociedad civil y a la hora de garantizar que las voces críticas puedan seguir oyéndose en la sociedad. 
La Comisión sigue prestando asistencia en materia de capacitación para ONG de derechos humanos y democracia que realizan una labor fundamental en el terreno de los derechos humanos, así como para agentes de la sociedad civil, reforzando sus capacidades para promover el diálogo interno. 
En los dos últimos años, 2002-2003, se asignaron casi 2,5 millones de euros a proyectos específicos al amparo de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (EIDHR). 
Por último, la Comisión sigue explorando todas las formas posibles de influir en el Gobierno de Zimbabwe e intenta establecer un diálogo mejorado con sus países vecinos, y especialmente con la Comunidad para el Desarrollo de África Austral y el Gobierno de Sudáfrica. 
Apoyará toda presión que pueda ejercer la comunidad internacional, y en particular los jefes de Estado africanos, sobre el Gobierno de Zimbabwe para mejorar la situación política, económica y humana de este país. 
– Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar inmediatamente después de los debates. 
– B5-0014/2004 del Sr. van den Berg y la Sra. Sauquillo Pérez del Arco, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre Burundi; 
– B5-0017/2004 del Sr. Corrie y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre Burundi; 
– B5-0021/2004 de las Sras. Maes y McKenna y el Sr. Rod, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre Burundi; 
– B5-0024/2004 del Sr. Van Hecke y las Sras. Malmström y Flesch, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Burundi; 
– B5-0027/2004 del Sr. Marset Campos, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el asesinato del nuncio apostólico en Burundi; 
– B5-0029/2004 del Sr. Collins y otros, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, sobre Burundi. 
– Señor Presidente, en nombre del Grupo del PSE declaro que apoyaremos este texto de compromiso sobre la situación de Burundi. 
A todos nos ha conmocionado el brutal asesinato de monseñor Michael Courtney, el Nuncio Apostólico, un hombre que venía desempeñando un papel esencial en el proceso de paz de Burundi, en una emboscada que le tendieron en la carretera el 29 de diciembre de 2003. 
Todos los indicios señalan que fue asesinado por el FLN rebelde de Agathon Rwasa. 
A pesar del asesinato, aplaudimos el hecho de que el FLN haya expresado ahora por primera vez su voluntad de comprometerse y reunirse con el Presidente de la República con vistas a iniciar negociaciones de paz. 
El pasado noviembre, el proceso de paz cobró impulso con la firma, el 16 de ese mes, de un acuerdo de paz entre el Gobierno de transición de Burundi y el movimiento de las Fuerzas para la Defensa de la Democracia. 
Sin embargo, la lucha continua en varias provincias, especialmente en la rural Bujumbura. 
El Secretario General de las Naciones Unidas ha dicho con razón que el nivel de vida de los burundianos debe experimentar una mejora si no se quiere poner en peligro este proceso de paz. 
La situación de los derechos humanos sigue empeorando, y por tanto instamos a la Unión Africana y a sus Estados miembros a ejercer toda la presión posible sobre el FLN para llevarles a la mesa de negociación en un intento de buscar una solución política pacífica. 
Pedimos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que estudie la constitución rápida y el despliegue de una operación de paz de la ONU para apoyar el proceso de paz en este crucial momento, y para fortalecer y complementar la misión de paz de la Unión Africana, que ya se ha desplegado. 
Asimismo, pedimos a los países que participan en la Conferencia de donantes para Burundi que garanticen la existencia de fondos suficientes para la promoción y la protección de los derechos humanos. 
– Señor Presidente, Burundi ha estado plagada durante muchos años de violencia y tensión entre la minoría tutsi y la mayoría hutu. 
En 1993 se celebraron elecciones democráticas, lo que generó cierta esperanza de que se resolvería este sangriento conflicto. 
No obstante, este progreso duró poco, ya que el recién elegido jefe de Estado fue asesinado, lo que desencadenó otra masacre. 
Desde este período, Burundi ha ido dando tumbos de crisis en crisis, dejando por el camino a miles de personas muertas. 
En 2002, Nelson Mandela medió para lograr un alto el fuego, pero después este fracasó. 
En 2003 se firmó un segundo acuerdo de reparto del poder, que finalmente llevó a tres de los principales grupos rebeldes al Gobierno, aunque, lamentablemente, en varias zonas se sigue luchando y abusando de los derechos humanos. 
Solo las Fuerzas de Liberación Nacional rechazaron este acuerdo, y este grupo ha sido vicnulado con la muerte del arzobispo irlandés, Michael Courtney, que era el enviado del Vaticano a Burundi. 
El arzobismo Courtney estaba muy implicado en el proceso de paz y desempeñaba un papel importante en la consecución de este reciente progreso. 
Por desgracia, pagó un alto precio por su noble y desinteresada participación en el conflicto de Burundi, cuando un grupo de rebeldes lo asesinó el 29 de diciembre de 2003. 
Es una tragedia sin sentido y terrible para su familia, amigos y compañeros de la Iglesia. 
Tal y como también ha señalado el Sr. Ford, Michael Courtney hizo una valiosa contribución al proceso de paz actual de Burundi y espero que se investigue a fondo su muerte para llevar a los responsables ante la justicia. 
Quizá la tragedia de su muerte intensifique la presión regional e internacional sobre el FLN para que firme el acuerdo de paz tras sus conversaciones, que deberían haberse iniciado hace tiempo, con el Gobierno, para que no se pierdan más vidas innecesariamente y para que la paz quede definitivamente restablecida en Burundi. 
– Señor Presidente, nadie conoce el número exacto de muertes en el genocidio progresivo en Burundi. 
Se ha citado la cifra de 300 000, una cantidad enorme para una país pequeño, pero lo cierto es que no lo sabemos. 
El asesinato del Nuncio Apostólico es uno de los últimos actos de estúpida violencia. 
La ratificación de los acuerdos de paz ha reducido la violencia, pero la situación es altamente inestable. 
El FNL, que sigue negándose a participar en ningún acuerdo, se está viendo reforzado por elementos desleales de los antiguos movimientos rebeldes que, a pesar de un acuerdo anterior, continúan resistiendo. 
Hay milicias armadas que regresan del Congo, otras muchas bandas armadas deambulando y una cantidad ingente de pistolas circulando entre la población, facilitadas por el propio Gobierno, supuestamente para defensa propia de los ciudadanos. 
Existen, por supuesto, obstáculos para la aceptación del último grupo de rebeldes, a los que preguntamos: ¿qué motivo real existe para que se les acepte? 
Quienes aceptan los acuerdos de paz tienen que abandonar su puesto en el Gobierno, y los hutus serán cada vez más minoría en relación a los tutsis. 
Soy consciente de que son temas muy delicados en Burundi, pero es sabido que los grupos que están de acuerdo con la paz tienen que arrastrar a nuevos signatarios para los acuerdos de paz al precio de sus propios puestos. 
Ustedes comprenderán que, en África, es algo que resulta muy difícil de hacer. 
Hay que fijar un auténtico calendario para los derechos humanos en Burundi, ya que la violación continua de los derechos humanos constituye un escándalo. 
Por último, las fuerzas pacificadoras de las Naciones Unidas que apoyamos resultan más necesarias que nunca, ya que los pacificadores africanos disponen de recursos insuficientes y no pueden actuar con la debida eficacia. 
Tal vez podamos mejorar las cosas mientras tanto, ya que este es un asunto de extrema urgencia. 
Quizá entonces exista menor necesidad de fuerzas pacificadoras procedentes del exterior. 
Señor Presidente, señor Comisario, por supuesto que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas condena enérgicamente el asesinato del arzobispo irlandés Courtney, y exige que las autoridades efectúen inmediatamente una investigación exhaustiva para averiguar quien le mató. 
La persona responsable tienen que ser declarada culpable y castigada. 
La importante labor a favor de la paz realizada por el arzobispo Courtney no debe, en ningún caso, morir con él, sino que ha de pervivir. 
Además, hacemos extensible nuestra condolencia a su familia y parientes y al pueblo irlandés. 
Quizás lo sucedido pueda traducirse en que la Presidencia irlandesa intensifique su labor en apoyo del proceso de paz en Burundi. 
No está claro quien asesinó al arzobispo Courtney. 
El movimiento rebelde, el FNL, ha negado toda implicación, pero tampoco apoya el proceso de paz. 
No obstante, nos gustaría hacer un llamamiento para que depongan las armas y respalden el proceso de paz, y nos complacería poder expresar nuestra alegría por haber accedido realmente a reunirse con el Presidente de Burundi y entablar negociaciones con él. 
Tal vez, con el tiempo, desemboque en su apoyo al proceso de paz y las negociaciones. 
Burundi es un país trágico en todos los sentidos, con una enorme miseria en términos sociales y humanitarias, una buena dosis de violencia, sobre todo contra las mujeres, y actos de notable crueldad que implican un desprecio por los derechos humanos. 
El proceso de paz es muy frágil. 
Muchas personas son culpables de crímenes de guerra de enorme gravedad. 
Nos oponemos rotundamente a cualquier intento por conceder a dichas personas cualquier tipo de indulto general de las penas. 
Por el contrario, Burundi debería llevar a la práctica lo que se decidió en el Acuerdo de Arusha y ratificar la carta de la Corte Penal Internacional (CPI). 
Las heridas en Burundi a consecuencia de las 300 000 o más muertes nunca curarán si no se hace justicia y nos se inculpa a los asesinos. 
Hay que dar la oportunidad a las personas para que salgan adelante y el proceso nacional de reconciliación debe continuar. 
Respaldamos la creación de una operación pacificadora de las Naciones Unidas y esperamos que la UE haga todo lo que esté en sus manos para apoyar el proceso de paz. 
Tenemos grandes esperanzas en la Conferencia de Donantes prevista para este mismo año. 
– Señor Presidente, en nombre de mi Grupo político acojo con gran satisfacción la propuesta de resolución conjunta sobre la situación de Burundi y, en particular, agradezco el apoyo de todos los partidos en la condena del brutal asesinato del arzobispo Courtney el 29 de diciembre de 2003. 
Estoy bastante seguro de que la familia y muchos amigos del arzobispo Courtney agradecerán el apoyo del Parlamento Europeo en estos momentos. 
Muchos de los que estamos aquí en Estrasburgo conocíamos a Michael Courtney de cuando trabajaba como observador ante este Parlamento. 
Llegamos a conocerle y a admirarle como un hombre dedicado a su vocación, su trabajo y a la paz. 
Fue a Burundi como Nuncio Apostólico y allí fue, cuando volvía de una visita pastoral a una de sus diócesis, donde le asesinaron. 
Hemos perdido a un verdadero amigo. 
Quiero decir a la Asamblea que cuando conoció su nombramiento nos contó a algunos colegas parlamentarios y a mí que tenía una premonición con respecto a su marcha, pero no le dio importancia y se dispuso a cumplir su misión allí. 
Hemos perdido a un amigo valiente y destacado y quiero expresar mi agradecimiento a la Presidencia irlandesa por el reconocimiento de la vida y el trabajo del Arzobispo Courtney que hizo An Taoiseach Bertie Ahern durante su respuesta al debate de ayer. 
Es típico de este hombre que muriera intentando cumplir su misión de paz. 
Me complace en especial que la resolución del Parlamento reconozca y agradezca el método silencioso y eficaz del arzobispo Courtney para contribuir al proceso de paz y aliviar el sufrimiento del pueblo de Burundi. 
Había desempeñado un papel decisivo a la hora de persuadir a algunos de los grupos rebeldes para que dejaran la lucha armada y había contribuido a garantizar la liberación de rehenes el pasado mes de junio. 
Deseo sinceramente que ahora se reconozca su legado como hombre de paz que trabajó incansablemente por todos los necesitados. 
La opción militar en Burundi debe abandonarse de una vez por todas. 
Es preciso aplicar pronto los recientes acuerdos de paz. 
Han de parar las continuas hostilidades y los abusos de los derechos humanos. 
Las iniciativas de la comunidad internacional, centradas en la consecución de un acuerdo político, deben garantizar que las cuestiones de los derechos humanos se aborden en todas las fases del proceso de paz y democratización. 
– Señor Presidente, estamos conmocionados por el asesinato del arzobispo Courtney, a quien, durante los cinco años que estuvo aquí en Estrasburgo, conocimos como diplomático, como pastor y también como amigo personal. 
Simplemente tengo que decir que fue una de las figuras eclesiásticas realmente grandes en la tradición de los grandes clérigos irlandeses de la Edad Media, que siempre estuvo comprometido activamente con la causa de la paz y la humanidad; fue él quien hizo posible que nos reuniéramos, aquí en Estrasburgo, en un servicio litúrgico una vez al mes, algo que inició con unos pocos de nosotros en esta Cámara. 
Recuerdo todavía cómo se despidió el arzobispo Courtney de nosotros cuando partió hacia Burundi para dedicarse activamente al proceso de paz allí. 
Tan pronto como su avión aterrizó en aquellas tierras fue tiroteado; hubo cohetes para darle la bienvenida. 
Luego, con riesgo de su propia vida, vivió cinco años participando en el proceso de paz, recurriendo a la amplia experiencia que había acumulado de sus misiones en lugares problemáticos en cuatro continentes. 
Tenía que haber viajado a Cuba esta semana para tomar posesión como Nuncio Apostólico allí y ayudar a implantar los derechos humanos y la libertad de religión. 
Su asesinato misterioso, brutal y deliberado puso fin a tal propósito. 
Honraremos su memoria. 
Pero a él seguro que no le gustaría que su muerte constituyera la única razón de nuestro interés por Burundi y olvidar, por tanto, que el asesinato es un acontecimiento diario en ese país. 
En los últimos años, más de 200 000 personas han sido asesinadas allí, no por lo que denominamos conflictos étnicos, sino debido a una política deliberada de genocidio, y el hecho de que la situación en la cercana Rwanda sea aún peor, y que en los países vecinos, Uganda y el Congo, no sea mejor, no debería ocultarnos el hecho de que tenemos una obligación especial con esa región, atormentada como está por las matanzas étnicas que no conocen fronteras. 
Europa tiene obligaciones aquí y nuestro respeto por el arzobispo Courtney y por su legado exige que actuemos de forma apropiada. 
Señor Presidente, la Comisión se une a la enérgica condena del brutal asesinato el pasado mes del arzobispo Michael Courtney, y expresa su más profunda solidaridad con su familia y la Santa Sede. 
La Comisión exhorta al Gobierno de Burundi a encontrar y llevar a la justicia a los responsables de este atroz crimen. 
La Comisión recibe con cierto optimismo la noticia de que el movimiento armado, el FNL, está dispuesto a negociar con el Gobierno transitorio de Burundi. 
Tenemos grandes esperanzas de que finalmente estas negociaciones desemboquen en un acuerdo de alto el fuego y en la integración de este grupo en el Gobierno provisional. 
Los acontecimientos del año pasado han demostrado que la consolidación del proceso de paz es posible. 
La Comisión ha seguido de cerca y ha apoyado firmemente el proceso de paz en Burundi, mediante los instrumentos a su alcance para relajar el conflicto y promover la reconciliación. 
Por ejemplo, facilitamos ayuda alimentaria a los combatientes para apoyar el alto el fuego de diciembre de 2002 y utilizamos el mecanismo de reacción rápida para respaldar el despliegue de observadores de la Unión Africana en abril de 2003. 
La Comisión no esperó al establecimiento del servicio de apoyo a la paz para preparar un programa de emergencia encaminado a contribuir al mantenimiento de la paz de la Unión Africana en Burundi y para poner a disposición de la Misión Africana en Burundi 25 millones de euros, manteniendo la paz sobre el terreno. 
El acuerdo de financiación de este programa, que intenta contribuir de forma oportuna a la paz, se ha firmado en Bruselas esta mañana durante la visita del Presidente de Burundi. 
La Comisión también contribuye a la reconstrucción económica y social. 
Nuestro programa de rehabilitación asciende a 48 millones de euros y se centra en infraestructura económica y social destruida por la guerra civil. 
El pasado agosto la Comisión firmó con Burundi el programa indicativo nacional para el Noveno Fondo Europeo de Desarrollo. 
Este programa, de 172 millones de euros, facilitará una ayuda presupuestaria muy necesaria y promoverá el desarrollo rural y la gobernanza, incluido el apoyo a las instituciones transitorias. 
Tal y como ha confirmado la Comisión en la Conferencia de Donantes de Burundi, este nuevo programa viene a sumarse a los programas en curso, que ascienden a unos 200 millones de euros. 
La asistencia humanitaria, a través de ECHO, se mantendrá en 2004, y se han asignado 15 millones de euros para esta ayuda. 
Por lo tanto, es preciso dejar claro que la Comisión tiene los medios y el deseo de hacer una contribución sustancial al proceso de paz y a la reconstrucción de Burundi. 
– Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término de los debates. 
– B5-0015/2004 del Sr. van den Berg y las Sras. Junker y Carlotti, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación en Haití; 
– B5-0018/2004 de Mel Sr. Khanbhai, Gawronski y Posselt, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre la situación en Haití; 
– B5-0019/2004 de la Sra. Schörling y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre Haití; 
– B5-0025/2004 de la Sra. Flesch, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Haití; 
– B5-0028/2004 del Sr. Marset Campos, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en Haití; 
– B5-0031/2004 del Sr. Andrews, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, sobre la situación en Haití; 
– B5-0032/2004 de la Sra. Sandbæk, en nombre del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, sobre Haití. 
– Señor Presidente, Señorías, llegamos ahora a otro tema de debate extraordinariamente triste. 
Haití era considerado en tiempos pasados una chispa de esperanza para los esclavos deportados de África a América, que pudieron unirse para fundar allí una república libre. 
Hoy, 200 años después de que Haití lograra la independencia, no podemos afirmar sino que es pobre, está arruinada y está siendo arrasada por la violencia como jamás lo había sido, y quienes han visto de cerca el lugar son presa de gran pesimismo. 
He estado en dos ocasiones con el Presidente Jean-Bertrand Aristide. 
La primera fue hace una serie de años, cuando todavía era considerado el astro emergente de la posible democratización en Haití. 
Los que habían salido en gran número a elegirle por amplia mayoría tenían la esperanza de que, al haberse librado de la dictadura de Papá y Baby Doc Duvalier, poder llevar una vida nueva con un futuro brillante. 
Desgraciadamente, esto resultó ser un grave error y él también fue depuesto del cargo. 
Durante su exilio, le introdujimos secretamente en la Asamblea Conjunta ACP-UE en Santo Domingo, ya que nosotros también pensábamos que Haití podría disfrutar de un futuro brillante bajo Aristide. 
Mi segundo encuentro con él fue después de la Asamblea Conjunta ACP-UE en Nassau, cuando tuve el honor de encabezar una delegación enviada por la Comisión de Desarrollo y Cooperación a Haití. 
En este encuentro quedó claro que estamos frente a un hombre que ya no se acuerda de dónde procede, pero a mi juicio eso no es lo peor. 
Estamos hablando con alguien cuyas opiniones son afines al fascismo –no cabe expresarlo de otra forma– y que trata todas las instituciones democráticas con el mayor desprecio. 
Y así ocurre que Haití lleva tres días sin Parlamento, ya que el mandato de los diputados expiró el 12 de enero y no hay ninguna perspectiva de nuevas elecciones. 
Es cierto que quedan unos cuantos senadores en la Cámara Alta, pero eso no legitima nada. 
Lo que estamos presenciando es la incapacidad de celebrar elecciones, la falsificación de votos, la intimidación del electorado, del cual –como ya quedó patente la última vez– solo un 5% ejerce el voto, ya que la mayoría prefiere quedarse en casa donde se siente más segura. 
Esa es la vida política cotidiana en Haití. 
No siempre resulta posible separar las fuerzas políticas de las criminales. 
Los escuadrones de la muerte eliminan a aquellos elementos de la oposición que caen en desgracia del régimen, y los periodistas que tratan de preservar algo así como unas normas de información independiente son perseguidos e incluso asesinados. 
Podría prolongar este relato durante horas. 
Tenemos que apoyar a esas fuerzas que luchan contra tales abusos; se están formando caravanas de la esperanza. 
Deberíamos apoyar a estas fuerzas con la esperanza de que los acontecimientos en Haití evolucionen para mejor. 
– Señor Presidente, como acaba de decir la Sra. Junker, Haití ha sido independiente durante 200 años, y cuando la terrible dinastía Duvalier de Papá y Baby Doc llegó a un tardío final hace más de diez años, pensamos que las cosas solo podían ir a mejor y, efectivamente, al principio así fue hasta cierto punto. 
El Sr. Aristide constituía la esperanza de muchas personas, pero todos podemos constatar lo que ha ocurrido desde entonces. 
No solo somos los europeos quienes tenemos que preguntarnos en qué nos equivocamos con nuestra política durante muchas décadas, lo que hicimos o dejamos de hacer: los norteamericanos también lo tienen que hacer, ya que están más próximos, hablando en términos geográficos. 
¿Por qué ha evolucionado así la parte occidental de la gran isla de La Española? 
Desde luego, no todo es ideal en la República Dominicana, al otro lado de la frontera, pero el hecho de que millones de europeos y norteamericanos la visiten como turistas y, al menos, aporten algo de dinero al país, constituye un indicador de que las cosas no tienen por qué ser tan terribles. 
La situación dista de ser ideal, pero esto demuestra que se puede residir en ese lugar con un cierto grado de seguridad. 
Es innegable que tenemos que preguntarnos qué hicimos mal. 
Esta Cámara ha venido formulando peticiones muy concretas a Haití; hay que detener los asesinatos políticos; los miembros del partido gobernante tienen que ser obligados a defender la justicia y mantener la ley; las milicias, las brigadas armadas y las denominadas brigadas especiales de la policía tienen que ser disueltas y desarmadas, y debe entablarse un diálogo nacional entre el Gobierno y la oposición, de forma que la caravana de la esperanza pueda llegar a su destino. 
Lo que sería mejor –y lo que nosotros exigimos– es que todo ello se realizara con la mediación de las Naciones Unidas, y que hay que volver a crear la Misión de las Naciones Unidas para que trabaje junto con la policía de Haití. 
Han de crearse las condiciones en las que se pueda volver a levantar la suspensión del Acuerdo de Cotonú de conformidad con el artículo 96, ya que nuestro apoyo es una necesidad urgente, sobre todo en los ámbitos de la educación y la sanidad. 
– Señor Presidente, habría estado bien que, por una vez, pudiéramos inscribir en el orden del día de nuestros debates un acontecimiento feliz relativo a un Estado ACP: el bicentenario de la independencia de Haití, independencia que puso fin a decenios de servidumbre y explotación de todo un pueblo. 
Pero ¿qué celebraciones podríamos organizar y qué felicitaciones podríamos dirigir hoy al Gobierno haitiano, tal ha sido el hundimiento de este país, en que todo optimismo ha quedado reducido a la nada? 
Un círculo vicioso ha pervertido las esperanzas y extinguido el símbolo que era Haití. 
El Presidente Aristide, en otra época el abanderado de la democracia, y restablecido en el poder por una intervención norteamericana, ha sumergido a Haití en las angustias del tercer mundo. 
Este Estado se ha hundido en la caricatura del pobre entre los más pobres del continente americano y de los países ACP. 
Una economía social hundida estrangula a la población y espanta las ayudas regionales e internacionales, mientras el mercado negro prospera en manos de los más altos dignatarios del régimen. 
Además, las catástrofes medioambientales de la deforestación y las inundaciones han martirizado todavía más a este pueblo desesperado. 
Sin embargo, sería poner el último clavo en el ataúd de los haitianos bajar los brazos ante semejante caos. 
Esta independencia de dos siglos ha demostrado los recursos, la voluntad y los ideales de este pueblo, que pueden ser los fermentos de un renacimiento de la democracia y la prosperidad. 
Pero la condena del régimen y de la situación actual no puede ocultar las dificultades existentes ni los abusos cometidos por los Estados de la región o de Occidente en el marco de su régimen de ayuda. 
Recordemos que ni siquiera el llamamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) encontró el eco necesario para la concesión de ayuda humanitaria. 
El desconcierto de la comunidad internacional no puede traducirse en una desinversión de medios y de atención. 
El acuerdo de cooperación de la UE debe adaptarse a la situación actual, de común acuerdo con organizaciones regionales e internacionales. 
No debemos dejar intimidarnos por Haití, sino verlo como un desafío y un laboratorio de transición para la UE en su cooperación con los ACP. 
Manteniéndonos firmes, debemos favorecer el diálogo con la sociedad civil, y pedir un mediador a la ONU para llegar a un acuerdo político duradero, a fin de ayudar al pueblo haitiano a volver al camino de la democracia y el desarrollo sostenible. 
– Señor Presidente, la situación en Haití es catastrófica debido a la violencia de las bandas armadas en las que se apoya el régimen, pero más aún debido a la abyecta miseria de la mayoría de su población. 
Su Jefe de Estado, el Presidente Aristide, no merece sin duda la menor simpatía, aunque solo sea porque ha traicionado las esperanzas que su pueblo había depositado en él. 
Pero no se puede sino experimentar una inmensa repugnancia cuando los representantes políticos de las grandes potencias, en particular de Francia y los Estados Unidos, que tienen una responsabilidad aplastante en la suerte de Haití, se ponen a dar lecciones o a moralizar. 
En efecto, si este país, que hace dos siglos era uno de los más ricos del Caribe, se ha convertido en uno de los más pobres del mundo, es porque nunca dejó de ser saqueado y porque Francia, antigua potencia colonial, no le perdonó nunca que hubiera conquistado su independencia por las armas y gracias a la revuelta de los esclavos. 
Durante decenios, el Haití independiente sufrió, por parte de Francia, pero con la complicidad de los Estados Unidos y del Reino Unido, un bloqueo para imponer a este país el pago de una indemnización a los antiguos propietarios de esclavos. 
Sin duda es un afán de popularidad lo que mueve a Aristide a reclamar hoy el reembolso de esta suma colosal que tuvo que pagar Haití hasta el siglo XX. Pero su reivindicación se basa en una exigencia histórica legítima: devolver esta suma robada, que permitiría al país dotarse de infraestructuras, de una red viaria, de un sistema de traída de aguas y de un sistema sanitario, del cual prácticamente carece, y esto sería solo el comienzo. 
Más en general, sacar de la miseria a este pequeño país situado a corta distancia por mar de los ricos Estados Unidos y permitir a su población ganarse la vida solo representaría para las grandes potencias una suma irrisoria. 
Pero en lugar de ayudar a Haití, las grandes potencias siguen hundiéndolo con su pillaje, aunque solo sea pagando, en las pocas empresas francesas o norteamericanas instaladas en este país, salarios escandalosamente bajos, y llevándose a los Estados Unidos todos los beneficios obtenidos a costa de los trabajadores haitianos en lugar de hacer inversiones productivas. 
Precisamente mostrando nuestra solidaridad con el pueblo haitiano podremos distanciarnos de las declaraciones cínicas e hipócritas de quienes pretenden defender sus libertades. 
Señor Presidente, es tremendamente triste que la forma en que nosotros, aquí en el Parlamento Europeo, estemos celebrando el 200 aniversario de la ruptura de Haití con la opresión y la esclavitud sea mediante una declaración sobre la dramática situación del país. 
No quiero agotar mi turno de intervención repitiendo todo lo que mis colegas han dicho sobre el Presidente Aristide. 
Las injusticias históricas son muy difíciles de corregir, y la reconstrucción de un país no solo exige el dirigente adecuado, sino también las instituciones correctas para controlarle. 
Hay una serie de cosas que han ocurrido de forma totalmente equivocada en Haití. 
No funciona el Parlamento, los tribunales ni la policía, y llegan informes diarios de graves violaciones de los derechos humanos. 
El derecho más básico, el de la alimentación, está siendo violado hasta grados increíbles. 
La mitad de la población pasa hambre, y el 23% de todos los niños haitianos menores de cinco años padecen desnutrición crónica, factores que representan una amenaza directa para las perspectivas de futuro de Haití. 
La UE y la comunidad internacional no pueden, y no deben, contemplarlo de forma silenciosa. 
La ayuda humanitaria debe estar a la altura de las necesidades reales de la población haitiana, y se ha de ejercer la máxima presión política posible para conseguir que los partidos establezcan un diálogo y trabajen en busca de una solución política. 
La solución política constituye la única forma de reinstaurar un sistema que proporcione la certeza legal y el respeto de los derechos humanos, y la única opción para resolver los problemas estructurales que han arrastrado a Haití hasta el borde de la hambruna. 
– Señor Presidente, hablo en apoyo de mi colega, la Sra. Junker, que ha hablado en nombre del Grupo. 
Haití es el país más pobre de las Américas; el 80% de su población vive por debajo del umbral de pobreza. 
Tiene una de las esperanzas de vida, uno de los índices de analfabetismo y uno de los indicadores de salud más bajos de una región que, como ha señalado alguien, ya es de por sí bastante pobre. 
La crisis política, social y económica ha empeorado mucho en los últimos cuatro años. 
La mitad de la población sufre desnutrición; es difícil acceder a agua limpia y allí donde se han eliminado las exportaciones tradicionales florecen el tráfico de drogas y la corrupción. 
Peor aún, la recién creada Policía Nacional Haitiana ha sido capaz de establecer el Estado de derecho y ha sido objeto de graves críticas de grupos de derechos humanos por abusos contra los manifestantes que protestaban contra el Gobierno del Presidente Aristide y por no protegerlos de las milicias progubernamentales que empuñan machetes y armas. 
Condenamos toda la violencia y los asesinatos políticos. 
Instamos al Gobierno haitiano, a la oposición y a la sociedad civil a emprender un diálogo constructivo, quizá en el marco de una conferencia nacional para allanar el camino que lleve a unas elecciones legislativas libres y justas. 
Exhortamos al Consejo y a la Comisión a utilizar todos los medios políticos y diplomáticos para animar a las autoridades haitianas, a los partidos de la oposición y a la sociedad civil a facilitar este diálogo. 
Mientras tanto, pedimos que se restablezca la misión de las Naciones Unidas para trabajar con la policía haitiana, para disolver las llamadas brigadas especiales, tal y como ha propuesto el enviado especial de la ONU, y para desarmar a las milicias. 
Este sería el primer paso en el que tal vez sea el camino hacia la solución. 
– Señor Presidente, me complace poder expresar a esta Cámara las felicitaciones de la Plataforma Neerlandesa sobre Haití por esta propuesta de resolución conjunta. 
Al mismo tiempo, como cristiano y firmante de la petición, pongo en práctica la sabia frase bíblica: «dejad que sean otros labios los que os alaben». 
En los contactos con los trabajadores sobre el terreno, yo siempre pregunto qué ayuda práctica puede proporcionar la Unión Europea. 
Respaldo gustosamente las propuestas que los expertos sobre Haití han formulado al Consejo y la Comisión: en primer lugar, que habría que apoyar los programas de producción local de alimentos y de mejora de la asistencia sanitaria; en segundo lugar, vigilancia minuciosa de la situación de los derechos humanos sobre el terreno por parte de la delegación europea en Puerto Príncipe, remitiendo informes detallados al Parlamento; y por último, el respaldo de un diálogo constructivo entre Gobierno, oposición y sociedad civil de acuerdo con el apartado 3 del proyecto de resolución. 
Los ataques durante esta semana a varias emisoras de radio en Haití, que son la fuente de información para la población del país, subrayan una vez más la urgente necesidad de la intervención europea en Haití. 
Señor Presidente, la Comisión Europea comparte la preocupación por la situación política, económica y social en Haití y en especial por la falta de un acuerdo que aporte una solución a la crisis política del país. 
Animamos a todas las partes de Haití a respetar la Resolución 822 de la Organización de Estados Americanos y a trabajar por el establecimiento de un acuerdo político rápido. 
Este es necesario para permitir la próxima celebración de elecciones libres y justas en un clima de seguridad y respeto mutuo. 
Un elemento básico de la resolución de la crisis es la formación de un consejo electoral digno de crédito. 
A pesar del anuncio de las elecciones, este elemento básico sigue sin cumplirse. 
La Comisión recuerda que durante los tres últimos años Haití ha estado sometido a medidas apropiadas adoptadas al amparo del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú. 
El pasado diciembre, el Consejo decidió prorrogar las medidas un año más. 
En virtud de estas medidas se ha suspendido una parte de la ayuda comunitaria a Haití. 
Sin embargo, la Comunidad sigue prestando suficiente apoyo en beneficio directo de la población haitiana. 
Se llevan a cabo acciones encaminadas a fortalecer la sociedad civil y el sector privado, apoyar la democratización y reforzar el Estado de derecho, luchar contra la pobreza y prestar asistencia humanitaria y de emergencia. 
La Unión Europea quiere seguir estando presente en Haití y promover una solución a la crisis política. 
El respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho son elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú. Estos elementos no se aplican en Haití. 
La normalización de las relaciones de la Unión Europea con Haití depende del cumplimiento por parte del Gobierno de las condiciones de la resolución de la OEA. 
En una carta enviada a principios de enero de 2004 por la Comisión y el Consejo al Gobierno de Haití informándole de la prórroga de las medidas apropiadas, la Unión insta al Gobierno a que traduzca rápidamente su compromiso de cumplir los requisitos de la Resolución 822 de la OEA en acciones concretas, lo que propiciaría unas elecciones nacionales y locales libres y justas. 
La Comisión está lista para prestar ayuda en las elecciones de Haití si se celebran de acuerdo con la resolución. 
En los últimos años, ECHO ha respondido a desastres naturales, principalmente inundaciones, financiando operaciones de ayuda. 
Además, Haití ha sido una prioridad en los programas de ECHO, que respaldan las actividades dirigidas a mejorar la preparación de la población más vulnerable ante posibles catástrofes. 
La financiación actual de estos proyectos en Haití asciende a más de 1 millón de euros. 
La creciente preocupación de la Comisión por el deterioro de la situación del país se refleja en el hecho de que Haití ha sido incluido en una lista de crisis olvidadas en la estrategia 2004 de ECHO. 
El Parlamento puede estar seguro de que la Comisión promueve activamente una solución a la crisis política en Haití y que utiliza los medios a su alcance para responder a las necesidades urgentes de la población haitiana. 
– Muchas gracias, señor Vitorino. 
El debate conjunto queda cerrado y vamos a pasar a la votación. 
(1) 
–La Conferencia de Presidentes ha aprobado, en la reunión de esta mañana, una modificación del título de este informe, que ahora dice «un marco comunitario para las sociedades de gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines». 
Los servicios se ocuparán de que se entregue el título modificado en todas las versiones lingüísticas. 
– Señor Presidente, quiero presentar otra enmienda oral. 
No teman: no plantea ningún aspecto nuevo. 
He observado que una de las enmiendas ha sido traducida de forma incorrecta, y considero que no refleja adecuadamente la opinión de la Comisión. 
El texto del punto 8, que también les he hecho llegar, debería decir lo siguiente: «Observa que, debido a la ampliación de la Unión Europea, es necesario adoptar medidas adecuadas y puede ser necesario emprender acciones en el ámbito de la gestión colectiva de derechos». 
Creo que sus Señorías no deberían tener ningún reparo en votar a favor de esto. 
– Señor Presidente, soy parte interesada en este asunto y por ello no he participado en el debate ni voy a votar. 
– El Parlamento ha agotado su orden del día. (1) 
Deseándoles a todas y a todos un excelente regreso a sus tierras, declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Podrían aceptarse 15 enmiendas en su totalidad: 
29, 34, 52, 66, 67, 70, 94, 143, 146, 150, 152, 165, 192, 195 y 196. 
Podrían aceptarse 67 enmiendas al menos parcialmente, o en espíritu, o con adaptaciones: 
5, 8, 9, 12, 24, 26, 31, 32, 39, 40, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 68, 71, 73, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 106, 110, 114, 116, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 151, 154, 159, 160, 161, 162, 164, 181, 184, 185, 189, 190, 193, 194, 198, 199, 200 y 207. 
Hay que rechazar 110 enmiendas: 
2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 69, 72, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 92, 98, 100, 104, 107, 108, 109, 112, 113, 115, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 140, 145, 147, 148, 149, 153, 155, 156, 157, 158, 163, 166, 167, 168, 178, 179, 180, 182, 183, 186, 187, 188, 191, 197, 201, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 y 215. 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 15 de enero de 2004. (1) 
– Señor Presidente, quiero hacerle algunas preguntas sobre la información que facilitó al Parlamento el pasado 12 de enero. 
De conformidad con el apartado 4 del artículo 7 de nuestro Reglamento, usted remitió a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior la carta que había recibido sobre el mandato del Sr. Michel Raymond. 
En las circunstancias actuales, cuando la cuestión del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo está llamando la atención sobre esta Cámara y sus privilegios y la Comisión de Control Presupuestario persigue todo indicio de fraude, malversación de fondos o falta de honradez relacionados con el presupuesto de la Unión Europea, considero que su decisión es extremadamente controvertida. 
La realidad es que el Sr. Michel Raymond ha sido condenado, ahora que el Tribunal Supremo de Apelación de Francia ha emitido su sentencia definitiva, por fraude relacionado con el presupuesto de la Unión Europea. 
Este asunto le fue remitido a usted, de forma perfectamente legítima, por las autoridades nacionales, y tengo entendido que usted ni siquiera quiso «levantar acta» , como así le invita a hacerlo el Acta de 1976, de la inhabilitación del Sr. Michel Raymond, temiendo que eso motivara una interminable apelación ante el Tribunal de Primera Instancia Europeo, que, de hecho, ha sido presentada por el Sr. Le Pen. 
Sencillamente, en el caso de Jean-Marie Le Pen, que presenta algunos aspectos en común con el caso que ahora nos ocupa, el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea dictó una sentencia muy clara el 10 de abril de 2003, que incluía una interpretación del Acta de 1976, y del apartado 4 del artículo 7 de nuestro Reglamento, en el que usted basa su decisión. 
En su sentencia del 10 de abril de 2003, el Tribunal estipula que los poderes de verificación que posee el Parlamento cuando tiene que «levantar acta» se aplican «más allá de la inhabilitación» y, por tanto, de la vacante del escaño. 
El artículo 7 de nuestro Reglamento permite al Presidente del Parlamento remitir el asunto a la comisión competente, «en el caso de que las autoridades competentes de los Estados miembros iniciaren un procedimiento que pudiere conducir a la anulación del mandato de un diputado». 
Considero por tanto, señor Presidente, que su responsabilidad, de acuerdo con el Acta de 1976, nuestro Reglamento y la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, era levantar acta de la inhabilitación del Sr. Michel Raymond y no remitirla a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Señora Berès, por fortuna no soy un experto ni en esta cuestión ni en todas las dimensiones jurídicas que me plantea, y por eso he pedido consejo a los expertos. 
En este caso, me han dicho que mi modo de proceder ha sido acertado. 
Voy a citar íntegramente la parte correspondiente del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento: «En el caso de que las autoridades competentes de los Estados miembros iniciaren un procedimiento que pudiere conducir a la anulación del mandato de un diputado, el Presidente pedirá que se le informe periódicamente sobre el estado del procedimiento. 
El Presidente encargará del seguimiento del asunto a la comisión competente, a propuesta de la cual podrá pronunciarse el Parlamento.» 
Eso es lo que he hecho. 
No tiene sentido debatir esta cuestión, aunque no me importa mantener un diálogo bilateral con usted. 
Creo que he actuado de conformidad con el Reglamento. 
He actuado siguiendo los consejos que me dieron en este asunto, entiendo que sin malicia ni prejuicio alguno. 
Cuando tenga el dictamen de la comisión, seguiré actuando como mi deber exige. 
Quiero dar la bienvenida a la tribuna oficial a una delegación libia que está visitando el Parlamento Europeo. 
Me complace poder informales de que hoy nuestras relaciones interparlamentarias con Libia han dado un buen paso adelante. 
La delegación del Congreso Popular General de Libia, está encabezada por el Sr. Ahmed Mohamed Ibrahim, vicepresidente de dicho Congreso. 
Señor Ibrahim, le doy la bienvenida a usted y a sus colegas, y quiero recalcar la importancia que tiene para nosotros su visita en las circunstancias actuales. 
Las recientes medidas adoptadas por Libia son motivo de cierta esperanza. 
Ahora tenemos que edificar juntos sobre esa esperanza. 
Les agradecemos su presencia aquí. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre el programa de la Presidencia irlandesa y la Constitución europea. 
Señor Presidente, celebro mucho esta oportunidad de hacer una declaración sobre la situación actual de la Conferencia Intergubernamental y tengo interés en conocer sus opiniones. 
Como saben ustedes, y de acuerdo con el mandato que nos otorgó el Consejo Europeo de Bruselas, hemos realizado extensas consultas con nuestros socios. 
El Taoiseach ha hablado o se ha reunido ya con la mayoría de sus colegas del Consejo Europeo y en breve se habrá puesto en contacto con todos ellos. 
En las próximas semanas está previsto celebrar otras reuniones. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Cowen, y yo hemos hablado y nos hemos reunido también con tantos de nuestros homólogos como nos ha sido posible. 
En el almuerzo al que asistimos el lunes pasado con ocasión de la reunión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, hablamos también de la CIG. 
Además de la importancia de las consultas bilaterales, pensamos que también era importante reconocer la naturaleza colectiva de la CIG y celebrar un debate informal sobre nuestra posición. 
Agradezco mucho el pleno apoyo que ha recibido nuestra posición en el Consejo de Asuntos Generales. 
El debate fue positivo; se comprobó que existen muchos puntos en común. 
Nos hemos comprometido todos a proseguir el trabajo de la CIG y a terminarlo lo antes posible. 
Pero también reconocemos todos que quedan por resolver algunas cuestiones delicadas y complejas. 
En estas consultas con nuestros socios y con todos los que participan en la CIG, incluido, por supuesto, el Parlamento Europeo, estamos tratando de formarnos una imagen completa de la situación de la CIG. 
Queremos asegurarnos de que entendemos perfectamente las opiniones e inquietudes de todos, escuchar lo que cada cual tenga que decir y, por medio de un diálogo activo, percibir los matices de sus posiciones. 
Esto nos ayudará a avanzar hasta la segunda y más compleja fase de nuestro mandato de extraer conclusiones de nuestros contactos y presentar un informe al Consejo Europeo de marzo. 
No quiero especular todavía sobre el contenido de esa declaración. 
No subestimamos la complejidad de nuestra tarea. 
Posiblemente queden pocas cuestiones por resolver, pero son muy delicadas y difíciles. 
Trataremos de promover el progreso, favorecer el entendimiento mutuo y encontrar puntos en común. 
Pero tampoco podemos forzar un acuerdo si no existe una voluntad política colectiva de conseguirlo. 
Todos estamos obligados a pensar no solo en nuestros propios intereses, sino en los del conjunto de la Unión. 
En este sentido, quiero reiterar el comentario hecho por el Taoiseach en Estrasburgo, y también por el Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Cowen, ante la Comisión de Asuntos Constitucionales la semana pasada: «Si al final existe una perspectiva real de alcanzar un acuerdo durante nuestra Presidencia, no dudaremos en aprovechar la oportunidad.» 
Tenemos intención de presentar el informe más completo posible al Consejo Europeo. 
La Convención inició el proceso de reforma del Tratado y aportó perspectivas nuevas. 
Todos nosotros –Parlamentos y Gobiernos– somos responsables ante nuestros ciudadanos, y la autoridad democrática de la Convención quedó patente por su amplia composición. 
Celebro que la mayor parte de lo que propuso la Convención se haya mantenido durante la CIG y se siga manteniendo. 
Por ejemplo, el texto establece claramente las competencias que corresponden a la Unión y las que corresponden a los Estados miembros, así como los principios que rigen su ejercicio. 
Se simplifican los procedimientos e instrumentos legales. 
Se crea una personalidad jurídica única para la Unión. 
Se potencia la función de este Parlamento y se otorga también a los Parlamentos nacionales un papel importante en el conjunto del sistema. 
Con la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales, el proyecto aumenta la importancia concedida a los derechos humanos en el trabajo de la Unión. 
Los valores y objetivos de la Unión quedan expresados más claramente. 
Sus propuestas sobre la creación de un Ministerio de Asuntos Exteriores único de la Unión Europea y un Servicio de Acción Exterior deberían servir para hacer más efectiva y coherente la política exterior de la Unión. 
El informe de la Convención sigue y seguirá constituyendo la base del trabajo de la CIG. 
Ahora bien, la realidad jurídica y política obliga a los Gobiernos a examinar dicho informe muy de cerca, sobre todo en los aspectos que les afectan más directamente. 
A su debido tiempo, será nuestro deber solicitar la ratificación nacional, en algunos casos por medio de referendos. 
Gracias a los esfuerzos de la Presidencia italiana, se ha podido avanzar considerablemente en la resolución de la mayoría de las cuestiones planteadas por los Gobiernos. 
El trabajo realizado durante los prolegómenos del Cónclave de Nápoles celebrado a finales de noviembre de 2003, y en el propio Nápoles, fue muy productivo. 
El documento elaborado justo antes del Consejo Europeo fue especialmente útil y estableció un equilibrio muy válido. 
Aunque, por supuesto, nada está acordado hasta que todo esté acordado, y aunque existen algunos aspectos del buen trabajo de la Presidencia italiana respecto a los cuales no se alcanzó un consenso final, creemos que hay que intentar, en la medida de lo posible, mantener los excelentes avances realizados. 
Cuando el Ministro Sr. Cowen compareció ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, prometió que la Presidencia irlandesa sería transparente, equitativa y equilibrada, y que escucharíamos todas las opiniones y trataríamos de conciliarlas. 
Quiero reiterar hoy aquí ese mensaje. 
No tenemos estrategias ocultas, ni proyectos favoritos. 
Estamos decididos a que nadie pueda cuestionar nuestra imparcialidad. 
Quizá lo consigamos, o no. 
Pero esta Cámara puede tener la certeza absoluta de que nos esforzaremos al máximo. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, recuerdo un refrán muy conocido que dice algo así como «no dejarás para mañana lo que puedas hacer hoy». 
Usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, estaba presente cuando hace unas semanas el Consejo Europeo en Bruselas decidió «dejar para mañana» la Constitución europea. 
Por ahora y siguiendo la misma línea que en Bruselas, muchos de nosotros hemos llegado a la conclusión de que más vale dejarlo para mañana que hacerlo mal y pronto, ya que un mal acuerdo inmediato menoscabaría el trabajo de la Convención. 
Ahora bien, quiero decir a favor de la Comisión Europea y, en particular, a favor de mi colega y Comisario Sr. Vitorino, que no vamos a renunciar a eso de «no dejarás para mañana lo que puedas hacer hoy». 
El debate de hoy, a petición de esta Cámara, es una oportunidad para que todos juntos relancemos el proceso constitucional y conservemos el espíritu europeo que hemos creado en los dieciocho meses de la Convención. 
Para ello, tenemos que unir todos nuestros buenos deseos, así como los de los presidentes de los Estados miembros del Consejo, el Parlamento, la Comisión y los parlamentarios nacionales, con el apoyo de las regiones y la sociedad civil organizada. 
Para movilizar a la opinión pública tenemos que trabajar todos juntos y dar a este proceso esperanzas renovadas. 
La contribución de la Comisión a esta tarea urgente se basa en tres convicciones. 
La primera de ellas es que queremos un acuerdo general. 
Un acuerdo general no consiste en un acuerdo hecho a poquitos, sino un consenso global en el que todas las partes consideran que representa un equilibrio basado en un texto conocido por todos. 
Por esta razón, la Comisión estima que no se ha conseguido nada de las discusiones en Bruselas, como así ha dicho antes el Sr. Roche, sobre todo porque el resultado no habría sido más que un retroceso. 
Por otra parte, aunque existen tendencias que conviene tener en cuenta a la hora de continuar con una tarea que se ha interrumpido, estas deben confrontarse en un debate abierto y transparente y siendo conscientes de la realidad del momento. 
Naturalmente, reconocemos el trabajo tan útil que se ha realizado bajo el mandato de la Presidencia Italiana y que fue objeto del documento preparatorio de la reunión ministerial de Nápoles. 
La segunda convicción es que queremos un acuerdo basado exclusivamente en el proyecto de Constitución elaborado por la Convención. 
Esto es lo único que debemos dar por sentado porque, en el mejor de los casos, creemos que no se podría haber hecho nada mejor que este trabajo colectivo y democrático que se ha prolongado durante dieciocho meses. 
Naturalmente, ustedes conocen la posición de nuestra institución respecto a este resultado. 
Pensamos que se podrían aclarar, ajustar o mejorar algunos puntos relativos a la composición y el funcionamiento de la Comisión, para ampliar el campo de aplicación de la mayoría cualificada y, por supuesto, para hacer más flexibles los procedimientos de revisión de los Tratados. 
Sin embargo, al igual que ustedes, deseamos conservar su equilibrio general, sobre todo en materia financiera y presupuestaria. 
La tercera convicción es que queremos un acuerdo tan rápido como sea posible. 
En cierto modo, la Presidencia irlandesa ya ha empezado a trabajar en ello. 
Ha reanudado la labor de escuchar y trabajar con los participantes de la Conferencia Intergubernamental. 
La Comisión apoya y seguirá apoyando de pleno los esfuerzos y el método que usted, señor Presidente en ejercicio, ha elegido; unos esfuerzos que son esenciales. 
No será más fácil alcanzar un acuerdo en noviembre que en abril o mayo de 2004. De hecho, pienso que será más difícil. 
El proyecto de Constitución no estará muy lejos de lo que al principio de mi intervención llamaba «dejarlo para mañana» si dejamos pasar la simbólica fecha límite del 1 ó 9 de mayo de 2004, o la fecha de mayor relevancia política para ustedes del 13 de junio. 
Es decir, la Comisión apoya todos los esfuerzos que se hagan, vengan de donde vengan, para preservar el proceso constitucional. 
Como usted ha dicho, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la próxima reunión será la del Consejo Europeo en marzo, en la que la Presidencia evaluará los resultados de sus consultas bilaterales y en la que podremos comprobar el estado de ánimo de los Jefes de Gobierno. 
Veremos si en marzo los ánimos son, como así esperamos, diferentes a los de diciembre en Bruselas. 
Por esta razón, señor Presidente, la propuesta de resolución preparada por esta Cámara cuenta con la total aprobación y el pleno apoyo de la Comisión Europea. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, yo también deseo expresar mi gratitud a la Presidencia irlandesa del Consejo, la cual, creo, ha dado la respuesta necesaria a la resolución de diciembre de esta Cámara y ha conseguido dar un impulso al debate. 
Ha encontrado nuevas maneras de estructurar la forma en que hablamos los unos con los otros y está demostrando la sensibilidad necesaria para convencernos de que lo hagamos. 
Considerando todas estas cosas, creo que existe una verdadera oportunidad de aproximarnos al objetivo de esta Cámara incluso antes del 1 de mayo o antes de las elecciones europeas, y de conseguir un resultado. 
Considero eso importante; todos podemos ver que no se quiere mantener el impulso del debate hasta el próximo mes de diciembre, ni mantener una conciencia colectiva de lo que más o menos se ha acordado durante la Presidencia italiana; es decir, que tenemos que trabajar con unos calendarios más ajustados para que las dos cosas coincidan. 
El hecho de que casi todo el mundo sepa esto es motivo de continuas discusiones en los distintos Estados miembros y por eso soy consciente del deseo generalizado de producir un resultado lo antes posible. 
Pero tampoco olvidemos lo que esta Cámara persigue: una mayor democratización de la Unión Europea, por supuesto, y la cuestión presupuestaria, que nos parece decisiva y a la que quiero volver más adelante. 
Por un lado está la cuestión de la transparencia, de manera que los ciudadanos puedan saber quién es el responsable de qué en Europa y, por otro, claro está, la cuestión de la eficiencia. 
Esto es lo que debemos abordar ahora y que será decisivo en el futuro. 
Creo que es importante que no especifiquemos explícitamente algunos modelos hasta su más mínimo detalle. 
Lo que tiene que ser decisivo es que el proceso de toma de decisiones sea más eficaz que el propuesto en Niza y permita actuar a una Comunidad ampliada. Este debe ser el criterio principal y creo que, si lo tomamos como base y le añadimos dosis suficientes de imaginación, podemos conseguir compromisos que permitan a los países que normalmente tienen dificultades con este punto aceptarlo, al relacionarlo o poder relacionarlo con otras cuestiones como medio para alcanzar un compromiso que, además de ser justo, haga justicia a los tres objetivos de democratización, transparencia y eficacia. 
Déjenme mencionar una última cuestión. 
Tras lo acontecido en Bruselas, se ha hablado mucho de la Europa que marcha a distintas velocidades, algo que desde siempre se refleja en el Tratado, ya se trate del euro, de Schengen o cualquier otra cosa. 
Pero siempre habíamos podido hablar todo con todos, en el mismo foro, y todos los Estados miembros tenían la oportunidad de participar. 
De lo que hoy estamos hablando es de la necesidad de la unión para la defensa. 
Sin la Constitución, surgirá una presión irresistible para que se establezca una unión defensiva fuera del marco de la Unión Europea. 
Entonces dejaremos de vernos obligados a hablar unos con los otros todos los días en el mismo foro, las cosas se derrumbarán y entonces, más que ser una Europa que marcha a distintas velocidades dentro del marco de la Unión Europea, tendremos una Europa navegando a la deriva. 
El resultado final será, no porque nadie lo quiera, sino porque estas cosas ocurren con el transcurso del tiempo, que en algún momento dentro de cinco o diez años estaremos igual que antes de 1914, en una Europa de alianzas. 
Creo que todos debemos saber lo negativo que eso sería, y considerar por tanto como responsabilidad nuestra la consecución de un resultado ya. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, necesitamos una Constitución, y la necesitamos para veinticinco Estados miembros. 
Todo esto que se habla sobre una «Europa nuclear» , centros de gravedad y velocidades diferentes no puede sustituir a la Constitución; por el contrario, nos lleva por mal camino a una Europa fragmentada de conjuras y contratretas que tenemos que evitar a toda costa. 
En segundo lugar, necesitamos la Constitución antes de las elecciones, ya que debemos enviar una señal a los votantes europeos, los cuales están cada vez más impacientes y desean que se apruebe esta Constitución. Sabemos que nada será fácil en otoño o el próximo año, en realidad, todo lo relacionado con la Constitución será más difícil. 
En tercer lugar, sabemos perfectamente que no debemos volver a fracasar en otra Conferencia Intergubernamental. 
Es fundamental que esta vez tenga éxito y yo comparto el deseo de la Presidencia irlandesa de aclarar de antemano si podemos conseguir un resultado positivo. 
En cuarto lugar, vamos a dejar de cuestionar lo surgido de Nápoles. 
Hemos intercambiado argumentos, estamos donde no siempre quisimos estar, pero es desde aquí desde donde debemos empezar si queremos seguir progresando. 
Sé que la mayoría de los Estados miembros está deseando aceptar Nápoles en lo que respecta al consenso propuesto por la Presidencia italiana. 
Aparte de eso, hay una cuestión en la que discrepo ligeramente de lo dicho por el Sr. Brok. 
Aunque sea cierto que la eficacia es el punto de referencia, el criterio de legitimidad democrática tiene también que aplicarse a los procesos de toma de decisiones en la Unión Europea. 
No obstante, estoy convencido de que lograremos un acercamiento respecto a este punto en las próximas semanas. 
Apoyaremos la Presidencia irlandesa con todas nuestras fuerzas, no solo en lo que respecta a los métodos mediante los cuales intenta por todos los medios conseguir un consenso, sino también en lo que respecta a su objetivo de presentar, en marzo, un bosquejo de posibles resultados, en lugar de un simple calendario. 
Después de la reunión informal de este lunes, se ha encendido una pequeña luz en el horizonte ¡Ojalá se convierta bajo esta Presidencia en un amanecer europeo! 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, si el Sr. Hänsch está escuchando, permítanme decir que, aunque Bruselas es ahora un lugar frío, a los que nos mueve la fe cristiana nunca nos falta la esperanza y el optimismo, y por eso nadie puede obstaculizar nuestro trabajo en torno a una Constitución europea; nosotros también queremos que brille el sol. 
Para usted bien que puede estarlo; el rojo es un buen color, pero no solo por su asociación con los Socialistas Europeos... 
... ese es un uso indebido del color. 
Seamos serios; volvamos a 2004, que es, como todos sabemos, un año crucial. 
El 1 de mayo, diez países entrarán en la Unión Europea, que desde ese momento contará con 450 millones de personas, mucho más que en los Estados Unidos y Rusia juntos, cifra que por su magnitud demuestra la necesidad de una base que mantenga unidos a esos 25 Estados –y en el futuro más– con sus 450 millones de habitantes. 
Es importante que seamos capaces, los días 10 y 13 de junio, de presentar a los votantes una Constitución que nos enseñe a vivir este siglo XXI en pacífica cooperación, ya que nuestro continente se ha integrado pacíficamente. 
Permítanme decir, en nombre del elemento del Partido Popular Europeo en nuestro grupo compartido, que damos a la Constitución la máxima prioridad. 
La experiencia de Niza fue lo que nos empujó a crear la Convención. 
Fue el Parlamento –no quiero que se reconozca solo el mérito de nuestro propio grupo– el que propuso la Convención. 
Les puedo decir que si la Convención hubiera podido tomar decisiones por sí misma, hoy tendríamos una Constitución. 
Lo que se propuso en un principio era un proyecto conveniente y apropiado, motivo por el cual nosotros declaramos que el fracaso de la Cumbre de Bruselas no tiene que suponer el fracaso de la Constitución europea y que ahora todos los implicados deberían aprender de la experiencia de Bruselas. 
La atribución de culpas no nos llevará a ninguna parte. 
No solo la política, sino también la experiencia humana, nos enseña que la culpa nunca, o casi nunca, recae en una sola persona, sino en muchas. 
Por ello, instamos a todos a que busquen oportunidades de compromiso y aúnen su capacidad para ello, ya que por encima de todo existe una base psicológica para el éxito, que es el respeto mutuo y el tratamiento igual de respetuoso de los países pequeños y grandes. 
Un país puede ser grande, pero eso no significa que vaya por buen camino. 
Por tanto, no hay miembros de la Unión Europea de primera y segunda clase. 
Cierto es que se escuchan argumentos ridículos en contra de la Constitución; están aquellos que dicen que una Constitución contribuye al centralismo y a un superestado europeo, y esos mismos que rechazan la Constitución desprecian a Europa, considerándola nada más que una burocracia. 
Ante eso nosotros decimos que la Constitución es el medio que hemos elegido para hacer realidad la democracia y el sistema parlamentario en la Unión Europea. 
Desde luego, señor Schulz, tengo muchos en mente, pero no le quiero hacer más famoso de lo que ya es. 
La Constitución no solo reforzará a esta Cámara, sino también a los parlamentos nacionales, que podrán recurrir, por motivos de subsidiariedad, incluso en contra de la legislación propuesta por la Unión Europea. 
Además, hay que dejar claro a los detractores de la Constitución que, por primera vez, los gobiernos nacionales se les dota a los gobiernos nacionales de una base jurídica. 
En caso de disputas respecto a si, de acuerdo con la atribución de competencias europeas, la competencia recae en Europa o en los Estados nacionales, o si el autogobierno regional o local se ve debilitado, el hecho de que el Tribunal de Justicia Europeo pueda hacer referencia al artículo que establece la manera en que las comunidades locales se gobiernan a sí mismas, no tiene solo una enorme importancia política, sino también jurídica. 
Se ha hablado de «Europa nuclear» y de diferentes velocidades, y quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho el Sr. Brok y el Sr. Hänsch. 
Los dos son miembros veteranos de esta Cámara, por lo que las pequeñas diferencias de opinión que siguen existiendo entre ellos a pesar de su intensa cooperación en la Convención se pueden superar y, en caso de que necesiten conciliación, encontrarán a muchos miembros de nuestro Grupo dispuestos a ello. 
En Europa hay un objetivo por el que debemos luchar. 
Tenemos un objetivo en común y queremos conseguirlo juntos. 
Los que hablan de una «Europa nuclear» quieren, en el fondo, restablecer la cooperación intergubernamental y les puedo asegurar que nuestro grupo no les va a apoyar; nos opondremos con una resistencia absoluta. 
Querer es poder... 
... y necesitamos respetarnos mutuamente; más que cualquier otra cosa, necesitamos confiar los unos en los otros. 
Tenemos confianza en usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en su gobierno, en su Taoiseach, en el Presidente del Consejo Europeo, en su Ministro de Asuntos Exteriores, en usted personalmente y también en el Comisario Barnier. Esto es todo lo que quiero decir hoy sobre la Comisión y si emprendemos este camino juntos... 
... y con determinación, defendiendo a la Comunidad de Europa, estoy convencido de que al fin tendremos éxito. 
¡Una nueva forma encomiable de diálogo entre creencias! 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores Comisarios, Señorías, permítanme, para comenzar, y sabiendo que la Presidencia irlandesa es muy sensible a la poesía, decir en términos positivos lo que ha dicho el Comisario Barnier de manera negativa. 
Un poeta español universal, Antonio Machado, decía en un poema muy famoso: y ustedes han empezado a caminar, con prudencia, pero con firmeza, y yo creo que el Parlamento debe apreciarlo. 
Están ustedes abriendo camino y superando una situación de bloqueo, de estancamiento, muy dramática en Europa. 
Hemos oído el informe de nuestros representantes en la CIG, los Sres. Hänsch y Brok, y lo que ambos nos dicen es que parece que el ambiente ha cambiado. 
Creo que en ello la hospitalidad irlandesa juega un papel positivo y es muy importante que haya cambiado la atmósfera para mejor; incluso yo saludo la intervención tan positiva que ha realizado mi colega el Sr. Poettering, que estoy seguro de que ha hablado, por lo menos, en nombre de las tres cuartas partes de su Grupo. 
Me imagino que los conservadores británicos no estarán felices, pero creo que hay una clara convergencia entre nosotros... 
Bueno, en nombre de un 80%, lo admito. 
Hay una primera cuestión importante que no está resuelta todavía, -y creo que la Presidencia italiana no les ha transmitido ni un papel al respecto -, que es el estatus de las modificaciones al texto de la Convención en el Consejo de Bruselas. 
Entiendo, habiendo oído a la Presidencia irlandesa y habiendo estudiado en el Parlamento dichas modificaciones, que se ha vuelto a trabajar sobre el texto de la Convención, es decir, no ha habido una consolidación de estos textos, y eso tiene su importancia a la hora de valorar los retrocesos que se han producido. 
Y hay que empezar a trabajar en ese sentido. 
También creo que hay que subrayar que una serie de países que fueron muy críticos en la Cumbre de Bruselas- e incluyo al mío, España, a Polonia, Alemania, o Francia, entre otros -, han expresado públicamente a través de sus ministros su voluntad de llegar a un acuerdo. 
Y en relación con la Europa de dos velocidades, yo voy a decir una cosa muy elemental: el problema no es tanto que haya dos velocidades, como conseguir que aquéllos que están poniendo todo el día el freno de mano dejen de ponerlo. 
Creo que ese es el quid de la cuestión en este momento, es decir, no se puede avanzar si hay una serie de países que lo que hacen es frenar absolutamente. 
Creo que ese sería un buen principio. 
Y está absolutamente claro que hay que tratar de evitar un segundo fracaso en la Conferencia Intergubernamental, pero también, y por decirlo de manera positiva, es muy importante que sepamos hacer frente a nuestras responsabilidades. 
¿Por qué? 
Pues porque la Convención, con la participación de los nuevos Estados miembros y con algunos que todavía están negociado, hizo un texto, y al electorado- y nos vamos a dirigir dentro de muy poco a él- tenemos que plantearle un resultado de nuestros trabajos que permita a la Unión trabajar y funcionar de manera más democrática y más eficaz. 
Esa es una responsabilidad que compartimos y, por lo tanto, de cara a las elecciones, tenemos que ser capaces de hacer este planteamiento. 
Pero añado otros elementos más en el calendario de este año. 
En primer lugar, habrá un nuevo Parlamento y una nueva Comisión, y nosotros no podemos ahora mismo negarles el derecho a que ellos también puedan plantear las modificaciones que les parezcan convenientes. 
La cuestión no es ver si la próxima Presidencia lo hace mejor, la cuestión es que podemos vernos en la situación de tener que empezar a partir de cero, con el nuevo Parlamento y la nueva Comisión. 
Ese es un punto importante. 
Estamos también ante importantes decisiones internacionales que afectarán a la Unión Europea en los próximos meses: la reforma de las Naciones Unidas, en la que estamos directamente comprometidos los europeos- mañana recibimos a su Secretario General -, la situación en el Iraq, la situación en Oriente Medio, la política internacional y las responsabilidades mundiales de la Unión Europea. 
Además también tenemos que afrontar claramente, y no se trata de hacer ningún tipo de amenazas ni de emplazamientos, pero es evidente que tenemos que debatir ahora mismo y conjuntamente porque están en el calendario, la actualización de la estrategia de Lisboa y de las perspectivas financieras, es decir, la dimensión económica y la dimensión de solidaridad de nuestra Unión, y tenemos que tratar de hacerlo de manera constructiva. 
Es impensable que podamos progresar en la dimensión económica y no lo hagamos en la política. 
Por lo tanto, es absolutamente urgente- y yo saludo la voluntad de la Presidencia irlandesa- actuar positiva y proactivamente. 
– Señor Presidente, yo también acojo con satisfacción el informe de progreso del Ministro Roche, mi colega miembro de la Convención.Está claro que hemos dejado atrás –rápidamente– el fiasco que fue la cumbre de Bruselas. 
Confío en que podamos llegar a un acuerdo antes del 1 de mayo. 
Quedan, no obstante, tres cuestiones problemáticas pendientes: la fórmula para la votación por mayoría cualificada, el tamaño y la composición de la Comisión y el ámbito de aplicación de la votación por mayoría cualificada. 
Sería lamentable que nuestra obsesión por esas primeras dos grandes cuestiones patrióticas oscureciera la tercera –el ámbito de aplicación de la votación por mayoría cualificada–, que en algunos aspectos es más importante. 
Lamentablemente, la Presidencia italiana, sobre todo bajo la presión del Primer Ministro Blair, se ha retractado de algunos aspectos de las propuestas modestas y equilibradas de la Convención de ampliar el ámbito de aplicación de la votación por mayoría cualificada y la codecisión con el Parlamento. 
Al Grupo Liberal no le parece aceptable el llamado «paquete de compromiso final» italiano, y sospecho que tampoco se lo parece a la mayoría de este Parlamento. 
Las objeciones se centran especialmente en la supresión de la votación por mayoría cualificada en temas como las disposiciones sobre seguridad social para los trabajadores migrantes; la supresión de la codecisión en las cláusulas sobre el programa marco de investigación y desarrollo; la reintroducción del veto nacional y la suspensión de los derechos legislativos de este Parlamento en relación con la cooperación judicial en materia penal; y el inoportuno complemento de las cláusulas de progresivas con el derecho de veto de cualquier Parlamento nacional, un receta segura para frustrar las decisiones del Consejo Europeo y para causar la esclerosis definitiva del sistema político europeo. 
La Presidencia irlandesa tiene mucha razón al decir que todos los Estados miembros deben implicarse para que la CIG tenga éxito, empezando por el Primer Ministro británico, sea cual sea la personalidad de quien ocupe ese cargo. 
– Señor Presidente, se dice que la Constitución refleja la voluntad tanto de los pueblos como de los Estados. 
Sabemos cómo se mide la voluntad de los Estados: se decide a través de los parlamentos. 
Sin embargo, no tiene que coincidir necesariamente con la voluntad del pueblo. 
Si la Constitución va a decidirse en el plano nacional, la gran mayoría de nuestro grupo piensa que la voluntad del pueblo debería medirse a través de un referendo en todos los Estados miembros. 
Los países que adopten la Constitución establecerán una nueva Unión. 
La intención es la de continuar el trabajo de la vieja Unión. 
De acuerdo con la Constitución, la actual Unión se suspenderá. 
Esta debe ser una decisión unánime, en virtud del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, entre los Estados miembros. 
Si un país está en desacuerdo, será su derecho legal. 
Si la Unión a la que muchos países se unieron tras un referendo se suspende, también deberá celebrarse un referendo sobre la adhesión a la nueva Unión, en tantos Estados miembros como sea posible. 
La Constitución ha quedado prácticamente finalizada en una conferencia intergubernamental. 
Los artículos sobre cuestiones militares, entre los que se encuentra un nuevo modelo de cooperación estructural, se acordaron en Nápoles. 
Estos artículos no tratan solo de defensa: un protocolo adicional especial de los mismos prevé cualquier operación militar difícil que pueda calificarse de «operación de mantenimiento de la paz» y, por lo tanto, también incluye la invasión. 
De hecho, la Unión Europea no se está preparando ya para la defensa, sino para el ataque. 
Nuestro grupo no cree que este tipo de militarización de la Unión Europea sea necesaria. 
Tampoco debería ser necesario que la implicación de la OTAN se incluya por escrito en la Constitución, como ya se ha hecho. 
Lo que todavía es necesario poner por escrito en la Constitución es la norma de que la gestión de crisis de la Unión Europea deberá basarse en un mandato de la ONU. 
Nuestro grupo está dispuesto a participar en labores estructurales en una Europa social. 
Sin embargo, el proyecto de Constitución no es satisfactorio en este ámbito. 
Queremos introducir cambios en ese proyecto, para salvaguardar la provisión de servicios a todos los ciudadanos de la Unión. 
Necesitamos seguridad social y no militarismo europeo. 
Así pues, nuestro grupo quiere una Europa social, pero ni en la Convención ni en la CIG se ha tomado ninguna decisión satisfactoria en este ámbito, por lo que a nosotros se refiere. 
No creemos apropiado que el proyecto de Constitución se haya elaborado conjuntamente con charlas acerca de las nuevas perspectivas financieras de la Unión. 
No se puede forzar a los Estados miembros a aceptar una Constitución que sus ciudadanos no pueden aceptar. 
Necesitamos referendos. 
Noventa y seis miembros de la Convención pidieron un referendo. 
Entre ellos estaban representados tanto el voto a favor como en contra en futuros referendos. 
Los referendos son la democracia del pueblo. 
– Señor Presidente, quiero hacer tres breves comentarios: el objetivo de la reforma constitucional es que la Unión Europea sea más democrática y efectiva, no calcular el equilibrio de poder entre Estados miembros. 
Sin embargo, la Conferencia Intergubernamental se ha estancado con respecto a esta cuestión y está claro que el método de toma de decisiones que permite el veto es el verdadero cáncer de la Unión Europea, es lo que está matando todo tipo de solidaridad comunitaria. 
Para la mayoría de mi grupo, el texto adoptado por la Convención ha representado –o representa– un paso adelante, aunque ni mucho menos una revolución. 
Estoy segura de que una mayoría importante de este Parlamento está de acuerdo en este punto, pero me parece, por las palabras de la Presidencia y por nuestro debate, que existe una ambigüedad fundamental. 
Somos todos optimistas y estamos esperanzados, estamos animando a la Presidencia irlandesa a que haga todo lo que pueda, pero ¿qué es lo que le estamos pidiendo que haga? 
Vamos a rechazar incluso cualquier iniciativa parlamentaria que pueda trastornar a la Presidencia, vamos a decidir no celebrar el 20 aniversario de Spinelli, de la adopción formal de la Convención. 
Insisto, ¿qué es lo que le estamos pidiendo que haga? 
Señor Hänsch, si la democratización es un criterio de su valoración, entonces no podemos aceptar los resultados de Nápoles, por el simple hecho de que los resultados de Nápoles representan, en la mayoría de sus propuestas, un paso atrás con respecto a la Convención y, en ciertos casos, particularmente con respecto al presupuesto e incluso a la situación actual. 
¿Cómo puede usted, como representante nuestro, aceptar tal cosa? 
¡Es imposible! 
¡Huele a ambigüedad, es una contradicción en sí misma! 
Por lo tanto, en mi opinión, no podemos contentarnos con hablar sobre si el vaso está medio lleno o medio vacío. 
Por lo que respecta a los cinco o seis puntos sobre los que más o menos se alcanzó un acuerdo en Nápoles, me gustaría escuchar lo que tiene que decir la Presidencia irlandesa. 
Me gustaría saber qué va a hacer y con respecto a qué pretende intentar alcanzar un acuerdo: ¿es el texto de la Convención o qué es, señor Presidente, lo que ha definido usted hoy como una buena base? 
Por lo que dijo al comienzo de su Presidencia, tengo la impresión de que los 82 puntos no existían. 
Así pues: ¿existen o no? 
¿Constituyen una base o no? 
Francamente, no lo he entendido y me parece peligroso que nuestros dos representantes sean de la opinión de que se trata de una buena base para la negociación, porque realmente no lo es y esa no es la postura del Parlamento. 
En segundo lugar, un comentario breve: francamente, me parece, una vez más, que la forma ideal en la que podemos ayudar a la Presidencia irlandesa es movilizar a los Diputados y a la opinión pública en torno a un proyecto de democracia. 
Si decidimos una vez más dejar todo a la Conferencia Intergubernamental, de marzo y mayo, acabaremos con un proyecto peor que el presentado en Nápoles. 
Por lo tanto, pido a los Diputados de los diversos grupos parlamentarios, que están en mayoría con respecto a mi grupo, que insistan en la idea de reuniones, que insistan en la idea de una importante iniciativa parlamentaria en el mes de mayo, para que podamos apoyar y ayudar a la Presidencia irlandesa, sin dejarla sola con sus colegas que, por ellos mismos, no harán una Europa mejor. 
– Señor Presidente, agradezco calurosamente las palabras que ha pronunciado aquí esta tarde el Ministro Roche en nombre de la Presidencia irlandesa. 
Celebro saber que en una reunión de los Ministros de Exteriores celebrada esta semana se produjo un constructivo intercambio de puntos de vista sobre la necesidad del nuevo Tratado. 
Está claro que ya hemos dejado bien atrás los acontecimientos de la cumbre de los dirigentes de la UE celebrada el pasado mes de diciembre en Bruselas. 
Existe un convencimiento cada vez mayor de la necesidad de revitalizar el proceso de adopción de un nuevo Tratado de la Unión Europea y de que el retraso y las tergiversaciones, recriminaciones y confrontaciones no ayudan nada a que este proceso político avance. 
Por eso me alegro de que el Presidente en ejercicio del Consejo, nuestro Taoiseach, Bertie Ahern, esté llevando a cabo ahora una amplia ronda de negociaciones bilaterales con los dirigentes de la Unión Europea. 
Esta semana ha estado en Madrid y se ha reunido con el Primer Ministro español. 
A finales de semana se reunirá con el Primer Ministro polaco. 
Todos estaremos en mejores condiciones para juzgar el estado de las negociaciones relativas a la adopción de nuevo Tratado de la Unión Europea cuando el Taoiseach presente un informe de sus reuniones bilaterales a la reunión del Consejo de dirigentes de la Unión Europea en marzo. 
Todos sabemos cuáles son las principales cuestiones pendientes. 
No son ningún secreto. 
Una de las claras ventajas del proceso de la Convención de la UE es que nos ha proporcionado un proyecto de Tratado que sirve de base para los debates actuales. 
Sin embargo, necesitamos que algunos Gobiernos de la Unión Europea abandonen las posiciones políticas en las que parecen haberse atrincherado. 
Eso es fundamental. 
No podremos llegar a un acuerdo sobre un nuevo Tratado si no introducimos cierta flexibilidad política en el proceso político. 
Todos debemos recordar que ya tenemos muchas cosas de las que estar orgullosos en Europa y que el punto muerto en el proceso de ultimación del nuevo Tratado de la Unión Europea no debe impedírnoslo. 
Esperamos con impaciencia la adhesión de diez nuevos países a la Unión el 1 de mayo de 2004. 
Este acontecimiento histórico terminará con la división artificial que existía en Europa desde el final de la segunda guerra mundial. 
La ampliación de la Unión hará que se oiga con más fuerza la voz de Europa en la escena internacional. 
En conclusión, creo que todos somos partidarios de que se intensifiquen las conversaciones entre los Gobiernos de la Unión Europea, para que podamos llegar a un acuerdo sobre las disposiciones del Tratado. 
Tenemos que simplificar urgentemente el proceso político en Europa y cuanto antes lleguemos a un acuerdo, mejor. 
– Señor Presidente, hace unos días, el Primer Ministro polaco alegó lo que yo considero una sorprendente razón para alcanzar un acuerdo rápidamente con respecto a la Constitución, diciendo que en el plazo de seis meses, básicamente no tendría ningún uso. 
O bien el Sr. Miller es seguidor del Padre Ubu, lo que no resultaría raro en absoluto para un polaco, o bien, lo que es más probable, esta afirmación indica que el Sr. Miller había llegado a la conclusión de que, como este texto no nos llevaría de hecho a ningún sitio, no había ninguna razón para retrasar mucho más su adopción. 
Porque, mi querido Comisario Barnier, el debate no está entre «dilación» y «nunca jamás» , sino entre «alguna parte» y «ninguna parte» , y es precisamente a ninguna parte donde va a llevarnos este proyecto de Constitución. 
En realidad, las instituciones europeas, la Comisión y el Parlamento juntos, están agarrándose a esta supuesta Constitución como si fuese su última esperanza, mientras que sus políticas, particularmente este año, han fracasado claramente y mientras la opinión pública está, en general, desencantada, si aceptamos los resultados del último eurobarómetro, que creo que es revelador con respecto a esta cuestión. 
En realidad, las únicas políticas que están funcionando en el plano europeo son las que se elaboran al margen de cualquier marco institucional, tal y como comprobamos con el planteamiento conjunto de los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Gran Bretaña en el Irán, o como estamos viendo con lo que al menos esperamos que sean los primeros pasos en materia de defensa europea, por parte de los tres mismos países, que han sido capaces de liberarse de todas las sugerencias institucionales, de todos los ministros y todos los comisarios que ostentan dos o tres representaciones. 
Habrá una Constitución, porque no se puede permitir que la máquina europea fracase, como todos ustedes han dicho. 
Por lo tanto, habrá una Constitución o algo a lo que llamaremos así. 
Sin embargo, si hablamos de democracia, y en mi opinión una Constitución es el privilegio de una democracia, como dice a menudo el Sr. Poettering, una democracia europea solo puede establecerse de una manera, quizás con los riesgos que eso conlleva: a través de un referendo. 
Si no se convoca un referendo, y me temo que el texto del Parlamento, como es habitual, evita esta cuestión, el Sr. Poettering y demás pueden estar seguros de que el electorado, en junio, les demostrará lo que piensa acerca de su supuesta democracia. 
– Señor Presidente, a pesar de que todavía no sabemos donde nos encontramos con los acuerdos aislados que se alcanzaron o no se alcanzaron en la CIG antes de llegar a un punto muerto en diciembre, algunas personas, y en particular el Parlamento Europeo, están pidiendo que las negociaciones se aceleren y se cierren rápidamente. 
Rechazamos esta idea por dos motivos. 
En primer lugar, el tiempo ganado, gracias al punto muerto en las negociaciones, se habría empleado mejor hablando nuevamente sobre esta Constitución. 
El punto muerto, que es la fórmula de la votación por mayoría doble, no es una cuestión insignificante. 
De hecho, era crucial para la soberanía nacional, al igual que otras muchas disposiciones de este proyecto. 
La presidencia de la delegación de la Asamblea Nacional francesa, que apoya este texto, ha reconocido que, con respecto a la mayoría doble, y cito textualmente: «sin embargo, desde un punto de vista nacional, nuestro país tenía tanto interés en el, como España y Polonia». 
Creo que los negociadores deberían considerar esta admisión como una advertencia. 
En segundo lugar, estamos escuchando afirmaciones aquí y allá de que las negociaciones finalizarán posiblemente justo antes de las elecciones europeas. 
A este respecto, me gustaría advertir a quienes, una vez más, desean coger a los ciudadanos desprevenidos. 
Parece que a algunas personas les gustaría que se alcanzase un acuerdo justo antes de las elecciones, con el fin de acortar el debate y poder mencionar el resultado de las elecciones, si es lo suficientemente favorable para los partidos federalistas, para evitar un referendo sobre la Constitución. 
Esto sería una maniobra ilegal, dado que las elecciones europeas están pensadas para elegir a los representantes del Parlamento Europeo, con el fin de que traten una serie de cuestiones muy amplia, pero no la posible Constitución, para la que se aplicarían diferentes métodos de toma de decisiones. 
Lucharemos contra cualquier intento de violar la ley. 
También espero, señor Presidente, que este debate mantenga un nivel mínimo de honestidad y dignidad. 
– Señor Presidente, no es difícil levantarse de nuevo cuando uno se ha caído, así que, como estaba diciendo el Comisario Barnier, necesitamos removilizar a la opinión pública y a nuestros políticos nacionales. 
Este es el objetivo de la resolución que vamos a plantear, que debería considerarse una señal política extremadamente fuerte. 
Imaginemos que en nuestros respectivos parlamentos nacionales, los cuatro principales partidos de nuestro país presentasen una resolución conjunta. 
¿Por qué existe este nivel de consenso? 
Porque todos estamos de acuerdo en que necesitamos armonizar el ritmo de la ampliación y la profundización de la Unión. 
El número de jugadores va a cambiar y el campo de juego está cambiando, por lo que las reglas tienen que cambiar. 
Así pues, señor Presidente en ejercicio del Consejo, esta resolución debería considerarse como algo útil, como un incentivo, un estímulo. 
Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que es extremadamente moderada. 
Por una parte, propone que utilice el proyecto de la Convención como base –a este respecto, esperamos que no se aparte demasiado del mismo–, y por otra parte, propone, lo que resulta muy significativo, la fecha del 1 de mayo y no la del 9 de mayo. 
Después de eso celebraremos una última sesión en el Parlamento, durante los días 3 a 6 de mayo. 
No deberíamos vernos políticamente forzados a ser una asamblea constituyente para compensar la irresponsabilidad de los gobiernos. 
Señor Presidente, la resolución propuesta por la Comisión de Asuntos Constitucionales establece el 1 de mayo como la fecha para una conclusión positiva del trabajo de la CIG. 
Quiero explicar las razones de esto: inmediatamente después comenzará la campaña electoral y, antes de que comience, la Constitución deberá haberse concluido, en primer y principal lugar para conseguir que los electores acudan a votar –de lo contrario, se sentirán engañados y no votarán– y, en segundo lugar, para someterla a su juicio, que es nuestra obligación democrática, nuestra ley básica. 
Para ser más claros, puedo añadir, recogiendo las observaciones realizadas por el Sr. Duff y la Sra. Frassoni, que para nosotros el proyecto de Constitución es lo único que hay sobre la mesa. 
Los 82 puntos mencionados por el antiguo Presidente en ejercicio del Consejo italiano, o las 45 enmiendas a las que nos estamos refiriendo ahora, han sido examinados detenidamente por nosotros: contienen muchos puntos confusos y ambiguos, y suponen un gran paso atrás. 
No existe consenso con respecto a esos puntos –al menos no en el Parlamento Europeo– y quiero pedirle, señor Presidente, que tenga eso especialmente en cuenta. 
Señor Presidente, en esta Cámara intervengo como portavoz de los pensionistas y de las personas mayores de toda Europa, quienes, una vez más, me han dicho: «No tenemos tiempo para esperar la Constitución europea. 
Tenemos ochenta, noventa, cien años: ¡no queda tiempo!» 
Así pues, quiero pedir a la Presidencia irlandesa que tenga esto en cuenta o, lo que es mejor, que se lo recuerde a todos los demás presidentes. 
En particular, si esto no se puede hacer, sugeriría como alternativa, que se conceda más tiempo a las personas mayores y pensionistas. 
Dado que el Presidente del Consejo, el Sr. Berlusconi, parece haber rejuvenecido diez años –como resultado de la cirugía plástica, según dicen–, quiero pedir que se permita seguir el mismo camino a todos los pensionistas y personas mayores de Europa, a costa del Estado, para que también puedan rejuvenecer diez años y tengan tiempo para esperar a que el Consejo Europeo finalmente nos entregue la Constitución. 
– Señor Presidente, en nombre de mi Grupo quiero felicitar también a la Presidencia irlandesa por su enfoque y por el método que ha adoptado, que me parece el adecuado. 
Ahora bien, mi Grupo cree firmemente que si la Presidencia irlandesa, aunque no sea por su culpa, no empieza a conseguir resultados en un plazo de tiempo razonable, nuestro Parlamento no podrá seguir «actuando como si nada». 
Cada vez nos resultará más difícil a nosotros y a muchos Estados miembros representados en el Consejo actuar como si esta cuestión pudiera dejarse de lado durante muchos meses y años. 
Hay que encontrar una solución deprisa por las razones que mis colegas ya han expuesto. 
¿Puedo preguntarle también a la Presidencia cómo pretende alcanzar un compromiso sobre la difícil cuestión del sistema de votación en el Consejo? 
Casi todos los países quieren el sistema de mayoría doble, aunque uno o dos siguen oponiéndose al mismo. 
¿Cómo pretende la Presidencia convencer a esos dos países? 
¿Qué tipo de mecanismo de ajuste o declaración se utilizará con toda probabilidad para conseguir que esos países acepten el sistema de votación propuesto? 
Señor Presidente, el pasado año probablemente no pasará a la historia como el de mayor éxito de la Unión Europea. 
Eso es preocupante, no solo en previsión del número de votantes de las próximas elecciones parlamentarias, sino también porque existe el riesgo de que la confianza en el conjunto del proyecto europeo se vea afectada. 
Así pues, es necesario que 2004 sea un año muy próspero, como posiblemente será, dada la inminente ampliación y unificación histórica de Europa. 
Resulta interesante comprobar que el político socialdemócrata noruego, Thorbjørn Jagland, haya propuesto a la Unión Europea para el Premio Nobel de la Paz. 
Si queremos que esta Europa ampliada funcione, independientemente de que reciba o no el Premio Nobel, deberán existir unas reglas claras y una forma ordenada de hacer las cosas. 
Por eso es necesario aprobar una Constitución y lo justo es que el pueblo también pueda opinar acerca de esa Constitución, conjuntamente con la elección parlamentaria. 
Es inaceptable que ciertos países no quieran aceptar esas reglas, sino que, en su lugar, pretendan proceder por iniciativa propia. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, sin duda debe notar que esta Cámara se dirige a usted con muy buena voluntad. 
Si dependiera solo de usted y de nosotros, tendríamos esta Constitución lista lo antes posible. 
Espero que pueda utilizar toda su destreza diplomática también para convencer a sus amigos del Consejo de la urgencia del asunto. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, dado que está familiarizado con el texto de la Convención, me gustaría que me dijera, con toda honestidad, si conoce un texto más completo y apropiado que sirva como base para una conclusión con éxito que el texto del proyecto de la Convención. 
Le hago esta pregunta porque usted, al igual que yo, conoce bien el proyecto de la Convención. 
También me gustaría que me informase con respecto a una cuestión que nos estamos planteando hoy, y no solo aquí, sino también en otras partes: el famoso texto de Nápoles, sobre el que tanto se está hablando y escribiendo. 
¿A qué nos referimos exactamente con «el texto de Nápoles»? 
¿Es el texto del Consejo de Nápoles que estuvo sobre la mesa en Nápoles o es lo que se recuerda del mismo tras haber pasado por la criba de la Cumbre de Bruselas? 
Me gustaría que nos aclarase estos dos puntos con franqueza y honestidad. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisarios, la mayoría de mis colegas han hablado acerca de la maravillosa Europa o acerca de la Europa que debería ser un poco más maravillosa. 
Yo voy a hablar acerca de la despreciable, vil y repugnante Europa, la Europa sobre la que habló el Sr. de Villepin en Moscú hace dos días, la Europa que no dice nada acerca de una guerra abierta en Chechenia. 
Hace diez días, harto ya de este silencio, comencé una huelga de hambre, no para pedir la luna ni porque desee morir o tenga un problema de anorexia, como afirmó la Baronesa Nicholson de Winterbourne. 
Creo que es nuestra Europa la que desea morir, la Europa que no está haciendo nada con respecto a Chechenia. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, quiero pedirle a usted y a la Comisión un pequeño favor. 
Tenemos el apartado 3 del artículo 4 del Tratado CE, que permite a la Unión Europea crear listas negras de personas que tienen prohibida la entrada al territorio de la Unión Europea. 
Sin embargo, también permite la creación de listas blancas, es decir listas que permiten a las personas, en este caso chechenos, circular y residir en el territorio de la Unión Europea, con el fin de promover la causa de su pueblo, la causa de un pueblo que ha sido víctima de un genocidio. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, si durante su mandato pudiese conseguir, con la ayuda del Sr. Vitorino, la aprobación de esta reforma, le estaría sumamente agradecido. 
Señor Dupuis, su comentario político es importante, pero estamos debatiendo el proyecto de Tratado Constitucional. 
– Señor Presidente, la Presidencia irlandesa tiene la oportunidad de cumplir la gran promesa –hecha pública hace diez años– de profundizar la Unión Europea antes de ampliarla. 
En esta Cámara defendemos que la Constitución esté completada antes del 1 de mayo si cabe alguna posibilidad, y en cualquier caso en torno a la fecha de la ampliación y antes de las elecciones Europeas. 
También me gustaría saber qué les queda todavía por negociar y les recomiendo que se adhieran tanto como sea posible al texto de la Convención. 
El Sr. Berlusconi nunca nos dijo que los 82 puntos eran aquellos con respecto a los que se había alcanzado un acuerdo en Nápoles; quizás podrían haberse hecho públicos en algún momento. 
Creo que la votación en el Consejo –esta mayoría doble– debe seguir siendo fundamental, dado que está destinada a facilitar las decisiones evitando nuevos bloqueos. 
Ese debe ser su objetivo y, si la constitución no se aprueba, corremos el riesgo de encontrarnos con una Europa de dos velocidades, que es lo que no queremos. 
– Señor Presidente, teniendo como tengo al menos una cuarta parte de mi sangre irlandesa, acojo con satisfacción la Presidencia irlandesa. 
El Sr. Barón Crespo está en lo cierto: los Conservadores Británicos no lamentan el fracaso del proyecto constitucional de la Unión Europea, y agradecemos la intransigencia española y polaca. 
Como documento, su contenido era demasiado centralizador y federalista para nuestro gusto, y demasiado largo, además de prescriptivo e inflexible. 
Con todo, espero que las relaciones históricas de Irlanda con los Estados Unidos sirvan para promover, si no un acuerdo completo de libre comercio entre la UE y Estados Unidos –ahora que la OMC, después de Cancún, está mortalmente herida–, por lo menos un espacio económico común para el comercio de bienes y servicios, en particular servicios financieros. 
Queda mucho por hacer todavía para poner en práctica la estrategia de Lisboa, ahora que vemos a Alemania afectada por una profunda recesión. 
La sobrevaloración del euro y la inflexibilidad de la política monetaria no ayudan mucho. 
Ahora que la Comisión la ha demandado ante los tribunales por incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Alemania ha caído en su propia trampa. 
Con la ampliación, los próximos seis meses serán importantes. 
Deseo a la Presidencia irlandesa toda la suerte que ha hecho famosos a sus ciudadanos. 
Señor Presidente, se suele decir en español: "entre todos la mataron y ella sola se murió". 
En este caso no se puede aplicar el dicho porque "entre muchos lo intentaron y ella sobrevivió". 
A pesar de la Conferencia Intergubernamental, el proyecto de Constitución elaborado por la Convención sigue encima de la mesa, entre otras cosas gracias al empuje de esta casa y a palabras como las pronunciadas por su Presidente, el Sr. Cox, el pasado lunes en Madrid, exigiendo que la CIG termine sus trabajos y los termine bien, a tiempo, es decir, antes de las elecciones europeas y, ¿por qué no? , antes de que termine esta legislatura. 
Ahora bien, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. 
Yo le pido a la Presidencia irlandesa apoyo y confianza, pero también exigencia, exigencia de que se trabaje sobre el proyecto de la Convención y no sobre compromisos y tejemanejes desconocidos, incomprensibles o que van hacia atrás, y además que se haga de manera pública y transparente. 
Los contactos bilaterales pueden ser útiles, pero la CIG es una instancia que debe actuar en común, debatir y conseguir acuerdos para un consenso final. 
Señor Presidente, quiero repetir aquí el viejo refrán citado por el Sr. Poettering en su intervención en este debate: «Querer es poder.» 
En este caso en particular y habiendo voluntad política, seguro que se encontrará el camino. 
Esa es la realidad en lo que se refiere a este Tratado Constitucional. 
Sus Señorías saben, como yo también sé, que el premio que podemos ganar en este debate, un Tratado Constitucional lúcido y claro, incluso visionario, que implique a todos los ciudadanos de Europa, es un premio formidable. 
Los ciudadanos europeos y los Gobiernos de los Estados miembros han trabajado juntos y han demostrado que Europa es capaz de hacer cosas formidables. 
Se ha hecho ya un trabajo enorme y la Presidencia irlandesa es plenamente consciente de ello. 
Muchos diputados han planteado preguntas sobre el texto en particular y su punto de partida. 
La realidad de todas las negociaciones es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. 
Estamos trabajando día y noche para conseguir que haya voluntad política. 
En un tono jocoso, el Sr. Fatuzzo ha dicho que todos envejecemos. 
En efecto, tiene toda la razón: ninguno de nosotros volveremos a ser jóvenes. 
Ha sugerido también que ofrezcamos cirugía plástica a los ancianos pensionistas. 
Como sabe usted, señor Presidente, Irlanda es famosa por las prestaciones en especie que reciben nuestros pensionistas: viajes gratuitos, televisión gratuita, teléfono gratuito, electricidad gratuita, etc. Todavía no hemos considerado la posibilidad de ofrecer cirugía plástica gratuita, pero hemos tomado buena nota del comentario del Sr. Fatuzzo. 
Le agradezco mucho a esta Cámara sus buenos deseos. 
Serán de gran ayuda a la Presidencia para animar a los dirigentes de los Gobiernos que tienen dificultades con esta cuestión a dar esos pocos pasos más. 
El premio es formidable, y sería maravilloso que pudiéramos conseguirlo pronto mejor que tarde. 
Como los mejores cirujanos plásticos, señor Ministro, ¡gracias por esos comentarios rejuvenecedores! 
. Señor Presidente, Señorías, me temo que voy a decepcionar al Sr. Poettering, al hablar en nombre de la Comisión en lugar del Sr. Barnier. 
Sin embargo, ese es el precio de la colegialidad. 
Apruebo todo lo que el Sr. Barnier ha dicho en su discurso. 
Solo quiero aclarar la postura de la Comisión. 
Consideramos que la base sobre la que debemos trabajar es el texto de la Convención y creemos que, con respecto a algunos puntos, el texto de Nápoles aclara el texto de la Convención. 
Aunque seguimos teniendo fe en las propuestas de la Convención, podemos sacar tendencias positivas sobre las que tenemos que trabajar. 
Sin embargo, ciertos aspectos del texto de Nápoles y, sobre todo, algunas de las negociaciones bilaterales que tuvieron lugar entre Nápoles y el Consejo Europeo de Bruselas, revelan pasos atrás en ámbitos muy importante, como los poderes presupuestarios o el ámbito de aplicación de la mayoría cualificada. 
Estos pasos atrás no merecen ningún apoyo de la Comisión y no los consideramos un resultado negociable en absoluto. 
De hecho, como ha dicho el Sr. Roche, nada está acordado hasta que todo el conjunto se ha acordado. 
Sin embargo, también hay iniciativas paralelas que se han emprendido después de Nápoles, que merecen nuestro acuerdo. 
Tomaré el ejemplo del acuerdo sobre defensa. 
La defensa es un punto fundamental y uno de los principales ámbitos de desarrollo para el futuro de la Unión Europea. 
La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado sobre defensa en la Conferencia Intergubernamental, incluyendo el contenido del protocolo que se debatió tras el cónclave de Nápoles. 
El ejemplo de la defensa es muy bueno. 
No se trata de crear una Europa de dos velocidades, en virtud del acuerdo sobre defensa. 
El acuerdo alcanzado en un ámbito tan importante como es la defensa demuestra que necesitamos incorporar este acuerdo al conjunto de la Constitución y garantizar un acuerdo general con respecto a la misma, incluyendo la cuestión de la defensa. 
Por ello, continuaremos apoyando los esfuerzos de la Presidencia irlandesa para conseguir un acuerdo sobre la Constitución Europea lo antes posible y con la mínima demora posible. 
El debate queda cerrado. 
He recibido dos propuestas de resolución para concluir el debate. (1) 
La votación tendrá lugar mañana. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo sobre el Estatuto de los diputados. 
Señor Presidente, en su reunión del 26 de enero de 2004, el Consejo examinó el proyecto de decisión sobre el Estatuto de los diputados del Parlamento Europeo. 
El debate se basó en el texto votado por el Parlamento los días 3 y 4 de junio de 2003 y en su posterior resolución votada el 17 de diciembre de 2003. 
Ante la petición del Parlamento de que el Consejo responda con carácter de urgencia a su resolución de 17 de diciembre, la Presidencia se aseguró de que el asunto pudiera ser tratado por los Ministros en la primera oportunidad que se presentara: la reunión del Consejo celebrada la semana pasada. 
Como sus Señorías saben, se necesita el apoyo de una mayoría cualificada para aprobar todos los artículos del proyecto de Estatuto, salvo el artículo 12 que, en el texto consolidado, trata de la fiscalidad, razón por la cual requiere unanimidad. 
La estrategia de la Presidencia consistió, por tanto, en comprobar si todos los aspectos de la propuesta salvo el de la fiscalidad contaban con el apoyo de una mayoría cualificada y, en ese caso, volver a confirmar que el Consejo aprobaba por unanimidad los aspectos fiscales, que es parte integrante de la propuesta global. 
Para asegurar la plena transparencia en este asunto, quiero aclarar que la base sobre la cual la Presidencia invitó al Consejo a tomar una decisión fue que el nivel salarial propuesto para los diputados al Parlamento Europeo equivaldría al 50% del sueldo de un juez del Tribunal de Justicia en el momento de la resolución correspondiente del Parlamento, 8 670 euros al mes. 
La Presidencia quería alcanzar un acuerdo político sobre el proyecto de Estatuto. 
Nuestro planteamiento ha sido siempre muy claro. 
En su comparecencia ante el Parlamento el 14 de enero de 2004, el Taoiseach recalcó la importancia que la Presidencia otorga al Estatuto de los diputados, acogió con satisfacción la votación del Parlamento de diciembre de 2003 y dijo que haríamos todo lo posible como Presidencia en ejercicio por conseguir un resultado positivo. 
Cuando se trató la cuestión en el Consejo esta semana, la Presidencia volvió a exponer con cierto detalle su enfoque y su evaluación de la situación. 
Aunque quedó patente que la mayoría de los miembros del Consejo aprobarían el paquete, entendiendo que el Parlamento había respondido a las inquietudes del Consejo, cuatro miembros del Consejo manifestaron que seguían teniendo dificultades con las propuestas y que no podían apoyarlas. 
Tras esta declaración de posiciones, la Presidencia se vio obligada a concluir que no existía el apoyo necesario para aprobar el proyecto de Estatuto, de conformidad con el apartado 5 del artículo 190 del Tratado. 
Por lo tanto, no era necesario comprobar si había unanimidad en los aspectos fiscales. 
La Presidencia se comprometió a informar del resultado al Parlamento. 
Aprovecho hoy esta oportunidad para hacerlo. 
Es importante que seamos claros sobre todo en un punto: la Presidencia no malgastó ningún esfuerzo por asegurar que el Consejo tomara una decisión informada. 
Realizó una intensa labor preparatoria antes de los debates de los Ministros. 
Se pidieron aclaraciones al Parlamento sobre algunas cuestiones que preocupaban especialmente a los Estados miembros que, en mi opinión, fueron recibidas. 
A este respecto, quiero agradecer la ayuda y el apoyo que la Presidencia ha recibido de este Parlamento y, sobre todo, de usted personalmente, Presidente Cox. 
Está claro que hubiera preferido transmitir un mensaje diferente y más positivo a esta Cámara. 
Lamentablemente no puedo hacerlo. 
Me parece importante que, como Presidencia, les explique con claridad y sin ambigüedades cómo están las cosas. 
Quiero agradecerle una vez más, señor Cox, todo el apoyo y el esfuerzo que ha dedicado a esta importante empresa. 
Aunque no pretendemos celebrar un debate sobre este tema, espero que la Cámara me permita dar una breve respuesta en su nombre. 
En primer lugar, quiero agradecer a través de usted a la Presidencia irlandesa el decidido esfuerzo que ha realizado en este sentido y la integridad de los fines con los que ha acometido esta tarea. 
Como bien ha dicho, la Presidencia no fue capaz de conseguir una mayoría. 
Eso no supone un fracaso de la Presidencia, sino del Consejo, y hay que distinguir entre ambas cosas. 
Lamento la oportunidad perdida que refleja su intervención. 
Quiero señalar –en relación con el trabajo realizado por mis predecesores y por mí mismo, y sobre todo la incansable labor llevada a cabo por nuestro ponente, el Sr. Rothley, y los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior– que es un resultado muy decepcionante desde el punto de vista de la mayoría de esta Cámara después de un largo proceso de discusión entre el Consejo y el Parlamento, iniciado en su versión más reciente en la cumbre de Cardiff durante la Presidencia británica en 1998. 
Expreso mi decepción personal a este respecto y creo que en esta Cámara hemos actuado absolutamente de buena fe durante todas nuestras negociaciones y discusiones con el Consejo en este asunto. 
He de decir que resulta difícil llegar a un acuerdo con otra autoridad de la Unión cuando nos quitan el suelo bajo los pies y cambian de sitio las porterías. 
Pensábamos que en el pasado mes de diciembre la mayoría de esta Cámara trató de conciliar los diferentes puntos de vista expresados de buena fe por todos los implicados en aquel momento. 
Creo que este fracaso, siento decirlo, es sintomático de una Europa que muestra una mayor capacidad para desvirtuar esta función en torno a un número crucial de cuestiones constitucionales. 
Espero que logremos redescubrir el espíritu de Europa y no lo que ha bloqueado esta iniciativa importante, y, a su modesta manera, constitucional. 
De nuevo le doy las gracias, señor Ministro, por la labor que ha llevado a cabo la Presidencia y permítame subrayar de nuevo mi punto de vista personal de que la incapacidad para presentar hoy aquí un resultado positivo no refleja el esfuerzo decidido ni el propósito honesto que han animado a la Presidencia y a otras Presidencias en el pasado en esta importante tarea. 
– Señor Presidente, no quiero polemizar sobre esta cuestión, pero como bien ha dicho usted, es un tema de interés constitucional. 
Además, forma parte del proceso legislativo. 
Sería muy conveniente que esta Cámara fuera informada por la Presidencia del Consejo de las razones y las justificaciones de la oposición al Estatuto de los cuatro Gobiernos que ha mencionado antes. 
A lo mejor así podríamos hacer algún progreso. 
Hasta ahora no sabemos cuáles son las objeciones de esos Gobiernos. 
Si el Consejo puede informarnos formalmente en su momento de este tema, estoy seguro de que agradeceremos esa información. 
Es mi obligación decirles que, para los que han seguido este expediente tan de cerca como yo, el hecho de no haber conseguido una mayoría en esta ocasión se ha debido a motivos diversos. 
Quizá podamos, en una fecha posterior, recibir una explicación más detallada. 
El debate sobre este punto queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre la política de competencia. 
Señor Presidente, Señorías, la resolución presentada hoy se basa en el debate de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebrado durante el informe anual sobre política de competencia para 2002. 
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Sra. Della Vedova, por el importante trabajo que ha realizado. 
Asimismo, señor Presidente, quiero decir cuánto aprecio y lo vital que ha sido para mí la excelente cooperación con las comisiones parlamentarias, principalmente con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
En mi opinión, la resolución propuesta refleja con precisión ese apoyo de la comisión a la política de competencia de la Comisión. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para explicar brevemente la fase en la que se encuentra actualmente la política de competencia, para darles una idea de la dirección que queremos tomar en un futuro inmediato. 
Como saben, durante el actual mandato de la Comisión se ha iniciado y, en gran medida, completado la reforma de todas las reglas de competencia. 
El objetivo común que se esconde tras los diversos aspectos de esa reforma ha sido el de aumentar la efectividad y reducir la burocracia superflua de nuestros procedimientos de control, sin perjudicar a la esencia de las reglas de competencia. 
Considero que esto puede ayudar a aumentar la competitividad, el crecimiento y el empleo en Europa. 
Me gustaría decir unas palabras acerca de cada una de las tres principales áreas relacionadas con la política de competencia: defensa de la competencia, concentraciones, ayudas estatales. 
En el ámbito de la defensa de la competencia, a finales de 2002 el Consejo aprobó el Reglamento 1/2003, por el que se establece un nuevo marco para la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE. 
Este reglamento abre un nuevo capítulo en la aplicación de las reglas de competencia comunitarias; de hecho, es la mayor reforma de la protección de la competencia desde 1962 y entrará en vigor el 1 de mayo de 2004. 
Los dos principales aspectos del nuevo sistema son: la abolición del sistema de notificación con respecto a los acuerdos entre empresas y el establecimiento de condiciones uniformes, conforme a las que deberán operar las empresas en el contexto del mercado común. 
La aplicación de las reglas de competencia comunitarias se convertirá en la norma que permita a las empresas desarrollar proyectos de una manera mucho más sencilla que con el sistema actual, con el que los acuerdos entre empresas se rigen no solo por las disposiciones comunitarias, sino también por 25 sistemas jurídicos nacionales. 
Al mismo tiempo, de acuerdo con el nuevo sistema las empresas se verán liberadas de las pesadas cargas de la notificación y la Comisión podrá concentrar todos sus recursos en perseguir las violaciones más graves de las reglas de competencia. 
La reforma moviliza todo el potencial de las autoridades nacionales en materia de competencia y de los tribunales nacionales, para que contribuyan a la aplicación de los reglamentos de protección de la competencia europeos. 
Actualmente se está creando una red de las 25 autoridades nacionales, con el fin de garantizar que las tareas sean asignadas de forma más efectiva y eficiente entre la Comisión y las autoridades naciones; la Comisión tendrá la misión –verdaderamente difícil– de garantizar que los reglamentos se apliquen de manera coherente. 
Podría dar muchos más detalles, aunque no pretendo hacerlo ahora. 
Sin embargo, me gustaría subrayar un aspecto de esta política de competencia que será proactivo, basándose menos en la espera de las notificaciones y más en las iniciativas emprendidas por la Comisión y las autoridades nacionales en materia de competencia: queríamos dar una función especial a los consumidores, que son los beneficiarios últimos hacia los que se dirige realmente nuestra política de competencia, mediante, por ejemplo, una serie de disposiciones pensadas para implicar más a las asociaciones de consumidores en las investigaciones de cuestiones relativas a la competencia, animándolos también a que presenten reclamaciones. 
Ahora paso a la segunda parte de nuestra reforma, que se refiere al control de las concentraciones. 
Me gustaría señalar para empezar, que este control no es tan intervencionista como podría parecer a primera vista. 
De hecho, la Comisión no tiene la intención de impedir la reestructuración de los mercados. Las concentraciones son necesarias para responder a los desafíos de una economía en desarrollo. 
De hecho, si atendemos a las estadísticas, comprobamos que desde 1990, de las más de 2.200 concentraciones que se han notificado, la Comisión ha bloqueado solo 18: por lo tanto, se trata de una proporción extremadamente pequeña, aunque indudablemente el bloqueo de una concentración tiene más interés periodístico que su autorización. 
La reforma recientemente adoptada del reglamento por el que se rigen las concentraciones introduce un cierto grado de flexibilidad en los plazos para examinar la operación, refuerza el principio de la ventanilla única, que es extremadamente beneficioso para las empresas y estipula que el criterio esencial que se utilizará para evaluar las operaciones es el relacionado con todos los tipos de situaciones perjudiciales, ya sea porque implique la posición dominante de una sola empresa o por los efectos de una situación en la que existe un oligopolio que puede afectar a los intereses del consumidor. 
Con respecto a la organización interna de la Comisión, en el área relacionada con la competencia, hemos introducido una serie de innovaciones bastante radicales –que varios Diputados han fomentado y seguido extremadamente de cerca, entre las que se incluyen la de dar un mayor peso al análisis económico en la valoración de los casos de competencia. 
Desde septiembre de 2003, existe una nueva figura, el economista jefe de competencia, que opera dentro de la Dirección General de Competencia y que supone una nueva aportación a nuestro procedimiento de toma de decisiones, en términos del análisis económico. 
Ahora pasaré a explicar brevemente, señor Presidente, la tercera área en la que se basa la política de competencia, es decir, el control de las ayudas estatales. 
El Parlamento y el Consejo han insistido repetida y acertadamente en que el importe total de las ayudas estatales debe reducirse y en que, al mismo tiempo, las ayudas estatales deben estar más dirigidas a apoyar los objetivos horizontales que a apoyar, a menudo artificialmente, a sectores específicos o empresas individuales. 
Como saben, el Parlamento ha apoyado esta tendencia: en julio de 2001, establecimos un marco de valoración –un marcador de tanteo para las ayudas estatales– y las cifras más recientes, de la primavera pasada, han confirmado que existe una tendencia a reducir el nivel de las ayudas. Cuando se publiquen las nuevas cifras el próximo mes de abril, sabremos si esta tendencia ha continuado. 
Con respecto a la ayuda estatal, como ya he dicho hace unos momentos con respecto a la protección de la competencia y a las concentraciones, hemos intentado redirigir el trabajo de la Comisión hacia las actividades que pueden causar más daño a la competencia en Europa. 
Todavía nos queda un programa de trabajo intensivo, desde ahora hasta que finalice el presente mandato de la Comisión, por lo que respecta al sector de la ayuda estatal, un programa que se concentra en tres aspectos principales: modificaciones más efectivas de los procedimientos y métodos de trabajo; desarrollo de métodos más sencillos para hacer frente a los casos de ayuda menos importantes; revisión del actual reglamento sustantivo que rige las ayudas estatales. 
El trabajo de la reforma de procedimiento también va bastante avanzado: estamos preparando un reglamento que establece las disposiciones de aplicación de las reglas de procedimiento del Consejo y queremos desarrollar nuevos instrumentos para simplificar el tratamiento de las ayudas que no suponen ningún problema de competencia importante. 
Como continuación del Libro Verde de la Comisión sobre servicios de interés económico general, con respecto al que este Parlamento ha demostrado tanto interés, se concede máxima prioridad a aclarar el mecanismo de control que rige el pago de compensaciones de costes asociados con el suministro de servicios de interés económico general. 
Ahora terminaré para no superar el tiempo que me corresponde, pero no sin decir antes algo muy breve, señor Presidente, acerca de lo que hemos hecho durante este tiempo, una vez más con la ayuda del Parlamento, por lo que respecta a la dimensión internacional de la política de competencia, no solo impulsando el desarrollo de ciertas relaciones de cooperación bilaterales entre las autoridades en materia de competencia, principalmente con las de los Estados Unidos, sino también estableciendo con otros socios el primer organismo multilateral de competencia, la Red Internacional de Competencia. 
Esperamos que, en este sector, florezca la gobernanza de la mundialización y que no se marchite, como desafortunadamente está ocurriendo en otros sectores. 
Por supuesto, estoy dispuesto a escuchar y, cuando sea necesario, a realizar comentarios sobre los próximos discursos. 
– Señor Presidente, Comisario, Señorías, quiero dar las gracias al Comisario Monti por su informe que, como él mismo señaló, es continuación del trabajo realizado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Señor Comisario, ha dedicado la mayor parte de su discurso a la tarea técnica de revisar la competitividad y a su mejora. 
Sin embargo, creo que donde tenemos que influir más es en la cuestión de qué se debe hacer para que Europa sea más competitiva. 
Al leer el informe de la Comisión sobre competitividad en 2003, para mí resulta claro que las empresas que han conseguido elevados niveles de crecimiento de la producción han sido aquellas en las que las mejoras organizativas están relacionadas con la inversión en nuevas tecnologías, especialmente en las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
Esto significa que tenemos que adelantarnos a los demás, ser más flexibles, más móviles, más diligentes, tener más voluntad de realizar la reforma, comenzando por tener una mentalidad más Europea y por abrirnos más al mundo. 
A continuación, debemos ofrecer a todos los participantes del mercado interior un campo de juego justo y eliminar todo lo que perjudique al mercado interior y afecte a su competitividad. 
Tenemos que hacer del mercado interior un mercado interior. Nuestros problemas con las competencias en los ámbitos de la política fiscal, el derecho laboral y la jornada laboral indican que todavía no lo es. 
Dado que los sistemas sociales son competencia únicamente de los Estados miembros, la Unión Europea, en esos ámbitos políticos, no puede hacer más que rogarles e implorarles que hagan los deberes necesarios. 
Esto significa que es importante que reconozcamos ya las conexiones existentes entre la calidad del mercado interior, la capacidad de la Unión Europea para competir, el cumplimiento de los objetivos de Lisboa y el logro del crecimiento y de la creación de empleo. 
La base de todo ello son la estabilidad y la economía de nuestro mercado social. 
Les ruego que presenten a los Estados miembros, sin perder tiempo, su lista de requisitos, con cifras y plazos claros, indicando cómo podemos hacer que Europa sea más competitiva y los deberes que tienen que hacer los Estados miembros. 
– Señor Presidente, Señorías, me gustaría estar de acuerdo con los comentarios que acaba de hacer el Sr. Karas, dado que hay poco que objetar a lo que ha dicho, pero si continuamos debatiendo unos con otros mucho más tiempo –como ya han hecho los diputados de la comisión– continuarán aflorando diferencias muy profundas aquí y allá, y creo que tenemos que decir algo al respecto, para que podamos entendernos los unos a los otros un poco mejor. 
Lo que está claro es que la política de competencia es un instrumento importante e indispensable, que permite que el mercado interior europeo funcione y que facilita una mayor integración, por lo que puede sacarse partido de los beneficios en términos de prosperidad y eficiencia resultantes de un mercado grande e integrado. 
He dicho que la política de competencia es un instrumento y eso es lo que es: no un fin en sí misma. Si fuese un fin en sí misma, degeneraría muy rápidamente en algo puramente ideológico. 
La política de competencia es un instrumento que tiene que estar sujeto a objetivos sociales y de política civil y debe ayudar a conseguirlos. 
Así pues, el hecho es que no vivimos ni nos movemos en una economía de mercado libre, como afirma el proyecto de resolución de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sino en una economía de mercado social y responsable en términos medioambientales. 
Señor Karas, usted acaba de utilizar el término «economía de mercado social» , aunque ha votado en contra de ello en la comisión. 
Resulta sorprendente cómo los conservadores y los demócrata-cristianos de esta Cámara se han negado a hablar en términos de economía de mercado social y puedo decir a los diputados del otro lado de la Cámara que pueden corregir el vergonzoso error de su grupo en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, en el pleno de mañana, votando a favor de nuestras enmiendas. 
A pesar de que estamos a favor de un estricto control de las fusiones, su fuerza debe residir en tener en cuenta sus efectos sobre la sociedad y sobre el empleo y en permitir que los trabajadores y a quienes representan sus intereses participen en los procesos de toma de decisiones. 
Eso es una sugerencia para el Comisario. 
Los diputados del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos también estamos a favor de unos estrictos controles sobre las subvenciones, pero las subvenciones pueden ser muy justificables si permiten la modernización, la mejora de la competitividad, la innovación, el crecimiento sostenible y la creación de empleo a largo plazo. 
Me gustaría que se prestase incluso más atención, a la hora de evaluar las subvenciones, a los efectos –incluyendo los positivos– sobre toda la cadena de explotación a la que se concede. 
Ya hemos celebrado toda una serie de debates sobre esto. 
Se me está agotando el tiempo, así que terminaré con una pregunta al Comisario. 
Comisario Monti, ahora ya conoce nuestra resolución –desde el último período parcial de sesiones de Estrasburgo– sobre los servicios de interés general, en la que hablamos firmemente a favor de la codecisión de esta Cámara sobre un marco legal, lo que significa que no se puede considerar solo como un consentimiento al reglamento de exenciones por categoría, que es la impresión que tengo, por la reacción de la Comisión. 
También hemos preguntado si se va a realizar un seguimiento durante el mandato de este Parlamento, que no se puede retrasar mucho más. 
No podemos celebrar ningún otro debate interminable y, por ello, me gustaría saber cómo está avanzando el trabajo de la Comisión a este respecto. 
Señor Presidente, Comisario, quiero hacer lo mismo que el Comisario al señalar que su área es una de las más importantes para los consumidores europeos. 
De hecho, actualmente hay varias cuestiones que perjudican a los consumidores: la competencia en el sector del automóvil, la decisión relativa a Microsoft y los derechos de propiedad intelectual. 
Sabemos que, en octubre de 2002 entró en vigor el nuevo reglamento, con excepciones para la venta y las reparaciones, en el sector de los vehículos de motor. 
Nuestra intención era que aumentase la competencia y ofreciese más ventajas a los consumidores. 
Lamentablemente, ha tenido el efecto contrario en el país que mejor conozco, Finlandia. 
Los criterios de selección cualitativa han pasado a ser cuantitativos y el número de talleres de reparaciones de todas las grandes marcas de automóviles ha disminuido en varias docenas. 
En Laponia, en el extremo norte de Europa, las reparaciones de determinadas marcas de vehículos solo se pueden realizar en el establecimiento estatal del condado de Rovaniemi. 
En la estación de servicio de una ciudad media como Muonio, el 1 de octubre de 2002 se podían reparar cinco marcas. 
Ahora no se puede ofrecer ninguno de esos servicios. 
¿Qué piensa hacer la Comisión con esta cuestión? 
Por lo que respecta a Microsoft, hemos escuchado ayer que la Comisión está a punto de tomar una decisión sobre Microsoft, Media Player y el abuso de una posición dominante. 
Pedimos una vez más a la Comisión que finalice su investigación lo antes posible y que tome decisiones que garanticen un mercado legítimo y la libertad de elección para los consumidores. 
Como se planteaba en la pregunta parlamentaria al Comisario Monti en diciembre de 2002, esperamos que analicen detenidamente esta cuestión, para que todas las nuevas empresas tengan una verdadera oportunidad de operar y para que ciertos estándares no se conviertan en estándares, que reducen la competencia y la libre circulación de información. 
Los derechos de propiedad intelectual, junto con el monopolio y los estándares que surgen en ocasiones hacen que gran parte del derecho a la competencia no resulte efectivo. 
Eso es algo que también esperamos que analicen, para que no se repita la situación que se produjo en mi propio país cuando el Tribunal de Competencia tuvo que declarar a Gramex (la Sociedad de Derechos de Autor de los Artistas y Productores de Fonogramas) culpable de abuso de su posición dominante. 
¿Cuándo tomarán una decisión con respecto a Microsoft? 
– Señor Presidente, me gustaría hablar acerca de un solo punto: la ayuda estatal destinada a los servicios de interés general. 
Me dirijo a usted en particular, señor Comisario. 
A través de la resolución del 14 de enero, el Parlamento acaba de confirmar su deseo de legislar en este ámbito. 
Así pues, nuestra opinión, la Comisión debe decir urgentemente «sí, vamos a preparar una ley de conformidad con el procedimiento de codecisión». 
El objetivo es el de aumentar la competencia de las autoridades públicas de elegir y actuar, en particular de las autoridades locales y regionales, así como de garantizar que las reglas del mercado interior y de la competencia sean compatibles con los derechos inalienables en materia de servicios de interés general. 
Teniendo esto en cuenta, queremos establecer principios comunes, criterios para especificar exenciones y derogaciones con respecto a las reglas de competencia y a la financiación. 
Ya tenemos poder de codecisión, con el artículo 95, interpretado de acuerdo con el artículo 16 de la Carta. 
El proyecto del tratado constitucional también pretende reforzar ese poder. 
Me gustaría señalar que la Comisión debería aplicar las reglas, aunque en realidad sin decidir sobre las mismas. 
Esa es la función del Tratado, del Tribunal de Justicia y del legislador. 
Estamos preocupados por el abuso de poder por parte de la Comisión, en nombre de su poder sobre la competencia, y creemos que envuelve cierto grado de confusión legal, particularmente por lo que respecta a la financiación. 
En primer lugar, no les corresponde decir si la financiación es legítima o no y, en particular, qué es ayuda y qué no lo es. 
Solamente cuando se haya elaborado la regla podrán garantizar la compatibilidad con la competencia. 
Por lo tanto, se trata necesariamente de una área de posible conflicto entre el legislador y ustedes. 
Por eso, tras el juicio de Altmark, nosotros mismos intentamos aclarar en qué condiciones la compensación financiera en virtud de las obligaciones de servicio público no está cubierta por las normas sobre ayuda estatal. 
Quieren interpretar el caso de Altmark ustedes mismos, a través de una comunicación, y nosotros queremos hacerlo a través de un acto legislativo. 
En segundo lugar, la Comisión, habiendo recibido la autorización del Consejo, puede decidir aplicar una regla de exención de la notificación con respecto a la ayuda estatal. 
De hecho, los servicios de interés general tienen una dimensión cada vez más económica. 
Sin embargo, nuestra resolución rechaza su uso del apartado 3 del artículo 86 para decidir todo ustedes mismos, reclamando una urgencia que ha sido denegada durante muchos años. 
Así pues, le pedimos que establezcan una derogación provisional, para que el procedimiento de codecisión pueda aclarar finalmente las condiciones generales para la validación. 
En tercer lugar, teniendo en cuenta los conflictos que ya existen contra sus servicios y los organismos responsables de los servicios de interés general, tenemos motivos para pedirles que respeten nuestra resolución de que servicios como la sanidad, la vivienda social e incluso los servicios sociales deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de las reglas de competencia y estar bajo el control de la Comisión solo en el caso de que exista un abuso de poderes discrecionales. 
También me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que queremos que la futura ley de codecisión establezca un derecho a la propia producción, de forma que la amenaza de intrusión de la Comisión no se justifique siempre con el argumento de la distorsión de la competencia. 
– Señor Presidente, me centraré en el mercado de la electricidad y en las políticas de competencia en ese mercado. 
En teoría, el 3 de julio de 2004 crearemos 25 mercados nacionales de la electricidad. 
En realidad, el mercado se está convirtiendo en un oligopolio. 
Alemania y Francia y sus empresas EdF, Eon y RWE controlan actualmente el 40% de la producción de electricidad en Europa y el 50% de toda la red y las capacidades de compensación. 
Así pues, señor Comisario, está pidiendo usted a las autoridades nacionales en materia de competencia que intervengan y generen competencia en el mercado nacional. 
La fusión Eon-Ruhrgas y la decisión del Gobierno alemán nos demuestran que este ha optado por un monopolio nacional y que no está tratando de crear un mercado competitivo en su país. 
Su idea, que también es la idea del Gobierno francés, es que sus tres empresas dominen el mercado europeo. 
Estos dos países han conseguido también bloquear la separación de la propiedad y, por tanto, la separación total de intereses entre la producción y la red, cosa que es necesaria para evitar que esas empresas controlen el acceso al mercado de nuevos competidores y para que haya más competencia. 
Estos dos países han conseguido también bloquear el acceso a los fondos de desmantelamiento y, por tanto, esas tres empresas absorben a las otras empresas. 
Mi análisis, como ponente del Parlamento sobre el mercado de la electricidad, es que hoy por hoy no disponemos de los instrumentos necesarios en la Unión Europea. 
El único país que realmente ha conseguido crear un mercado competitivo es el Reino Unido, porque cuando los británicos liberalizaron el mercado seguían una dura política de desinversión. 
Francia y Alemania no aplicarán una política de desinversión. 
Por eso, nosotros necesitamos un instrumento capaz de imponerles, a escala europea, la desinversión de sus dos grandes empresas. 
De lo contrario, no habrá ninguna esperanza de competencia en el mercado, de precios más bajos ni de innovación. 
– Señor Presidente, Comisario, en primer lugar quiero hacer un comentario general. 
Me dirijo a usted, Presidente Cox: esta es la primera vez en 25 años que el Parlamento Europeo no ha podido debatir el informe anual sobre política de competencia que, dado que incluye un área cada vez más central para la política europea –basta con echar un vistazo a los diarios, es uno de los documentos más importantes publicados por la Comisión. 
En los últimos años, el debate en el Parlamento Europeo sobre el informe anual ha sido siempre la ocasión más importante –sino la única– para la supervisión democrática de la política de competencia que, a pesar de tener un creciente efecto sobre las vidas de las empresas y de los ciudadanos europeos, es una de las áreas en las que la función del Parlamento es meramente consultiva. 
Señor Presidente, hemos pedido repetidamente –como hicimos durante el trabajo de la Convención, en nombre del Parlamento Europeo– el proceso de codecisión en relación con la política de competencia. 
No hemos conseguido, por primera vez en 25 años, celebrar un debate sobre el informe anual de la Comisión Europea. 
Esta artimaña –porque eso es lo que es– que ha hecho que no hayamos celebrado un debate abierto y oportuno en el Parlamento Europeo sobre las líneas generales de la política de competencia de la Comisión nos ha llevado a celebrar hoy un debate –gracias a la disponibilidad del Comisario Monti– en un intento vano de reemplazar al que deberíamos haber celebrado. 
Creo que la Conferencia de Presidentes tiene una gran responsabilidad; se ha producido un malentendido con respecto al hecho de que este informe –quién sabe cómo– ya no debería considerarse, a partir de este año, un informe obligatorio, sino un informe de propia iniciativa. 
La Conferencia de Presidentes no quiso remediar la situación que se había producido y, por lo tanto, hoy nos encontramos con medio debate, con un Parlamento dividido por la mitad por lo que se refiere a la política de competencia. 
En mi opinión, se trata de una situación muy grave que debe ser tenida en cuenta y criticada como una vergüenza en esta Cámara. 
Pasando ya a la cuestión, señor Presidente, Comisario, de este informe que en realidad presenta al Pleno, en cierto modo, el informe del que fui nombrado ponente, aprobado en la Comisión, quiero realizar tres comentarios: en primer lugar, este informe acoge con satisfacción el compromiso con el que el Comisario Monti y la Comisión han aplicado un importante programa de reformas legislativas y organizativas en la Dirección General de Competencia. 
La semana pasada, el Consejo dio el visto bueno final al nuevo reglamento sobre el control de las fusiones: como ponente de opinión sobre ese tema, debo expresar que lamento el hecho de que las enmiendas –que considero importantes– sugeridas por el Parlamento no hayan sido aprobadas, en particular por lo que respecta a la transferencia automática a Bruselas de algunos de los poderes y operaciones de fusión y concentración más importantes. 
Quiero hacer otros dos comentarios: el primero tiene que ver con los campeones nacionales. 
Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir hace un momento un diputado de Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea: en Europa, el proceso de liberalización de sectores cruciales como el de la energía se ve afectado por las políticas de campeones nacionales. 
Tenemos campeones nacionales en ciertos sectores –no solo en el de la energía, sino también en el de las telecomunicaciones– que son también con frecuencia campeones nacionales de propiedad pública, en los que el Estado se encuentra desempeñando la doble función de controlador y director en funciones directo de las empresas. 
En mi opinión, en tales situaciones, independientemente de las dificultades implícitas –nos enfrentamos a los principales países de la Unión Europea, a empresas extremadamente grandes y poderosas de Alemania, Francia y también de Italia–, la Comisión debe mantener su control y, si es posible, intentar obtener resultados más positivos que los conseguidos hasta ahora. 
El otro comentario es acerca de las profesiones liberales: un componente clave para el futuro de la economía europea, que es cada vez más una economía de servicios. 
En muchos países, el crecimiento de ese sector se ve afectado por la supervivencia de limitaciones empresariales que operan en contra de los consumidores y a favor de las profesiones. 
Finalmente, quiero hacer un comentario más general acerca de la política de competencia, también en relación con las enmiendas presentadas a la resolución que votaremos mañana. 
Creo que la política del Comisario Monti tiene un objetivo único, crucial y extremadamente importante: garantizar una competencia justa, garantizar la competencia en mercados abiertos para todas las empresas europeas. 
Sería un error tremendamente grave y una ilusión pensar que las decisiones tomadas por el Comisario Monti deben tener un efecto directo sobre objetivos de empleo o sociales específicos. 
La mejor manera de garantizar el empleo, el crecimiento y los recursos destinados a medidas sociales es garantizando el crecimiento económico y la competitividad en Europa. 
– Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al Sr. Della Vedova por su informe: es muy bueno. 
Comparto sus objeciones con respecto al procedimiento tan poco habitual que se ha seguido aquí para celebrar en esta Cámara un debate sobre política de competencia. 
En mi opinión, un debate sobre una parte tan importante de la legislación comunitaria debería haberse celebrado por la puerta principal, en lugar de por la puerta de atrás. 
La Comisión ha llevado a cabo una revisión importante de la política de competencia, aunque lamentablemente no todos sus cambios son a mejor. 
Como ponente sobre el control de las fusiones, ya he expresado mi opinión de que es un error armonizar los poderes de investigación de la Comisión, en virtud del reglamento sobre el control de las fusiones, con los que le corresponden en virtud del reglamento sobre cárteles. 
Las fusiones no son penables en sí mismas, pero la formación de cárteles sí lo es. 
Espero que la Comisión todavía considere la posibilidad de invertir esta decisión. 
La insistencia de la Comisión en pasar del test de dominancia del mercado al «test de disminución apreciable de la competencia» (SLCT) , también en contra de lo que le había recomendado el Parlamento, es sumamente lamentable. 
El mercado también necesita una legislación sobre competencia clara y una reducción de las cargas administrativas. 
Una valoración del impacto previa de la nueva legislación es un medio muy importante para este fin. 
Atendiendo al impacto que el reglamento sobre distribución está teniendo actualmente sobre el sector de vehículos a motor en los Países Bajos, considero que existen avances hacia la dominancia de ciertas partes, particularmente de los importadores. 
Por supuesto, no cabe duda de que eso no era lo que se pretendía y, por eso, las valoraciones del impacto previas son potencialmente muy importantes. 
Actualmente estoy trabajando en un informe sobre valoraciones del impacto institucionalizadas para la legislación europea y asumo que la Comisión también someterá la legislación sobre competencia a una valoración del impacto en el futuro. 
En vista de la inminente ampliación, es muy importante que la Comisión examine la ayuda estatal en los países candidatos y que esta sea transparente. 
He escuchado informes de que, en ciertos sectores de los países candidatos –el sector de la banca checo, por ejemplo– los niveles de ayuda estatal registrados en el marcador de ayudas estatales son incorrectos y deberían ajustarse al alza. 
Espero que la Comisión pueda arrojar algo de luz sobre el tipo de acciones que pretende emprender en caso de que los países candidatos le hayan suministrado información incorrecta con respecto a la ayuda estatal que han concedido. 
Finalmente, señor Presidente, puedo decirle que no apoyo las enmiendas presentadas por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Las modificaciones que proponen hacen referencia a ámbitos políticos que no están cubiertos por la política de competencia de la Comisión. 
Estas propuestas provocarían confusión e incertidumbre jurídica. 
Señor Presidente, según el famoso economista francés Jean-Paul Fitoussi, cuya inteligencia y sentido común todos admiramos, el gobierno económico de la Unión Europea está dirigido por solo tres personas: el Secretario de Estado responsable de la vigilancia fiscal, el ministro responsable de la política monetaria y el ministro responsable de coordinar y dinamizar la política de competencia. 
Lo que pretende Fitoussi con esto es subrayar la actual fragilidad de la estructura de la gobernanza económica en la Unión Europea, reconociendo, al mismo tiempo, el papel fundamental que desempeña la política de competencia en la gobernanza económica. 
Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial también son responsabilidad del ministro de competencia. 
Competencia en la cultura europea es un medio de progreso y desarrollo y nunca un fin ideológico en sí mismo. Por lo tanto, debe reforzar y consolidar una economía de mercado que no abandone su dimensión social y que responda siempre a las necesidades del consumidor. 
Así pues, esta política debe implicar a todas las instituciones de la Unión Europea, especialmente al Parlamento, dado que es el organismo que representa a todos los ciudadanos europeos. 
En un momento histórico en el que la Unión Europea se enfrenta a desafíos en términos de progreso económico y social, y cuando también siente la necesidad de remodelar el marco institucional que gobierna sus labores, esperamos que el Parlamento pueda adquirir nuevas competencias en el ámbito de esta política, además de las meramente consultivas. 
Sin embargo, la política de competencia solo triunfará si la Comisión es capaz de crear condiciones equitativas, en las que se puedan aplicar las reglas a todos los Estados miembros. 
Se ha progresado a este respecto durante el pasado año, pero se trata de un área de competencia que exige trabajo constante, especialmente dada la difícil situación económica, lo que hace que resulte oportuno que los Estados miembros utilicen ayuda y mecanismos estatales, para poder proteger los puestos de trabajo de sus propios ciudadanos y las empresas. 
El informe presentado por el Comisario Monti debe ser acogido con satisfacción y supone una esperanza de mejora en la política de competencia de la Unión Europea. 
La propuesta de resolución del Parlamento, sujeta a la aprobación de algunas enmiendas que se han presentado, también constituirá un documento político orientativo extremadamente importante y ofrecerá una sólida base de apoyo para la propia Comisión. 
Señor Presidente, es el final del mandato de la Comisión y del Parlamento y por esto, en esta ocasión, querría felicitar al Comisario Monti por la excelente labor que ha realizado a lo largo de todo este mandato de la Comisión. 
La política de competencia, como se ha dicho, es una de las políticas fundamentales que tiene a cargo la Comisión, su realización y aplicación es ciertamente difícil, está sometida a muchas presiones, y por ello quiero reiterar mi felicitación por el acierto del Comisario Monti en el ejercicio de esta política. 
Sin embargo, hay algunos aspectos que nos preocupan y que han señalado aquí otros colegas. 
El primero, evidentemente, es que no se puede bajar la guardia. 
La presión de los intereses económicos y políticos para escapar a las reglas del mercado es lógica, y siempre se ha de contraponer, en beneficio de los ciudadanos y de los consumidores, el libre ejercicio de los mecanismos de mercado para asegurar un mercado eficiente con una atribución correcta de recursos. 
Por lo tanto, es obvio que hay que poner un contrapunto a estas presiones, ya que como es lógico y sabemos los economistas, la tendencia de cualquier empresa es controlar el mercado, si puede ser de una manera oligopolística, bien, si puede ser monopolística, mejor, y en algunos sectores aún hay distorsiones muy importantes, como se ha citado aquí. 
El segundo punto que deseo obviamente recordar es la posición tradicional del Grupo Liberal para que haya una sección en el Tribunal de Justicia que se ocupe de estas cuestiones. 
El tercer y último punto sería asegurar, tanto desde la Comisión como desde las otras instituciones de la Unión Europea, que el funcionamiento de los tribunales encargados de la competencia, a todos los niveles dentro de la Unión, sea el correcto. 
Si en unas determinadas áreas se es riguroso, pero en otras no, es obvio que estamos dando unas facilidades comparativas que distorsionan la situación de los mercados, y más, como se ha citado, en la perspectiva de la ampliación que tendrá lugar de aquí a pocos meses. 
Hechas estas observaciones, que desearía dejar como líneas de aplicación en el futuro, quisiera reiterar por nuestra parte el acuerdo del Grupo Liberal a la posición expuesta por el ponente Della Vedova y la felicitación por la magnífica acción realizada por el Comisario Monti. 
– Señor Presidente, mientras se están felicitando a ustedes mismos por su política de competencia, los trabajadores de Aventis y Sanofi están muy asustados, esperando despidos y cierres. 
Saben que estas fusiones de existencias siempre provocan despidos, es decir catástrofes humanas para quienes hacen funcionar estas empresas, y con frecuencia la ruina de ciudades enteras. 
Yo condeno un sistema despreciable en el que, durante reuniones secretas del consejo, unas cuantas personas pueden decidir el destino de miles y, en ocasiones, de decenas de miles de seres humanos. 
El Parlamento Europeo nunca condena este tipo de dictadura, porque eso es lo que es, y se trata de uno de los peores tipos de dictadura. 
Por otra parte, en el sector farmacéutico, estamos hablando acerca de la salud de las personas y esas empresas, que son algunas de las más rentables, consiguen sus beneficios expoliando la seguridad social. 
Así que, ¿por qué los trabajadores de esas empresas, el pueblo, no deberían tener derecho a controlar las decisiones? ¿Por qué no deberían tener derecho a obligar que los miles de millones de beneficios conseguidos gracias al trabajo realizado por todos ellos se utilicen para algo más que para permitir que los gigantes de la industria se compren unos a otros? 
Señor Presidente, quiero agradecer a todos los diputados su apoyo a la política de competencia de la Comisión e incluso, en algunos casos, los generosos comentarios que han dirigido a este Comisario. 
Tengo que decir –y lo digo con absoluta convicción– que el diálogo con este Parlamento y el apoyo que recibimos de él, al margen de pequeñas discrepancias que surgen en algunas ocasiones, ha sido, y estoy seguro de que seguirá siendo, una importante fuerza motriz para la Comisión Europa en el ámbito de la competencia. 
Se han tocado varios temas. 
No puedo extenderme sobre todos ellos. 
Pero tengo la impresión de que existe un amplio consenso respecto al hecho de que la política de competencia es, en efecto, un componente fundamental de la economía social de mercado. 
Por su misma naturaleza, se ocupa del componente del mercado de la economía social de mercado. 
Pero está también vinculada al aspecto social, aunque a veces no lo parezca. 
Cultiva la dimensión del mercado de la economía social de mercado y beneficia particularmente a los consumidores. 
Los comentarios de todo el espectro político, desde el Sr. Karas hasta el Sr. Rapkay, el Sr. Della Vedova, el Sr. Doorn y otros, aunque con tonos diferentes, encajan dentro de este marco general. 
Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Karas. 
La política de competencia tiene que tratar de crear un mercado único que sea verdaderamente único y abierto, razón por la cual es una de las fuerzas motrices de la competitividad y el desarrollo económico de Europa. 
Como ha dicho el Sr. Rapkay, la política de competencia es un instrumento, no un fin en sí mismo. Estoy totalmente de acuerdo. 
Es un instrumento bastante delicado y a veces poderoso, pero no es un objetivo en sí mismo. 
Si lo fuera, no sería un instrumento tan interesante de utilizar. 
El Sr. Rapkay ha mencionado la necesidad de controlar estrictamente la ayuda estatal, pero ha dicho también que esa ayuda no debe ir en contra del desarrollo sostenible. 
También estoy de acuerdo con eso, pero quiero recordar, en particular, que algunas directrices y marcos específicos en el ámbito de la ayuda estatal pretenden de manera bastante explícita promover el desarrollo sostenible; por ejemplo, las que apoyan las energías renovables, la creación de empleo y la investigación y desarrollo. 
Se han pronunciado muchos discursos sobre servicios de interés general, particularmente por parte del Sr. Herzog, quien, como todos sabemos, es el ponente de esta cuestión fundamental, del Sr. Rapkay y el Sr. Doorn, que han subrayado particularmente la ayuda estatal en los nuevos Estados miembros, así como de algunos otros diputados. 
Con respecto a los servicios de interés económico general, obviamente hemos seguido muy de cerca el informe Herzog y la resolución del Parlamento Europeo del 14 de enero relativa al Libro Verde de la Comisión sobre servicios de interés general. 
Con respecto a la continuación del Libro Verde, todavía tiene que celebrarse un debate dentro de la Comisión sobre la naturaleza de la propuesta que se va a presentar. 
Con respecto a la financiación de los servicios de interés económico general, me gustaría responder rápidamente a la petición del Parlamento de que se aumente la seguridad jurídica de las empresas. 
Pronto, tras el juicio de Altmark, propondré un paquete a la Comisión basado principalmente en tres textos: en primer lugar, una comunicación de la Comisión especificando bajo qué condiciones la compensación del servicio público podría constituir ayuda estatal; en segundo lugar, una decisión de la Comisión aplicable a los pequeños servicios públicos y hospitales, para obviar la obligación de notificación en ciertas circunstancias; y, en tercer lugar, un marco comunitario para la ayuda estatal en forma de compensación del servicio público, más para los grandes servicios públicos. 
No entraré en más detalle, porque todavía tengo que presentar estos tres textos a mis colegas Comisarios. 
La Sra. Thors ha hecho referencia al Reglamento de exención por categoría relativo a los vehículos automóviles, un tema que también ha mencionado el Sr. Doorn. 
Por supuesto, supervisamos de forma permanente los efectos del nuevo Reglamento de exención por categoría. 
Se han planteado muchas preguntas respecto del impacto de las nuevas normas; sin embargo, es demasiado pronto para sacar una conclusión definitiva, en especial porque, como recordará el Parlamento, el eje principal de este cambio estructural entrará en vigor el 1 de octubre de 2005, cuando se elimine la cláusula de ubicación de los distribuidores. 
Mientras tanto, controlamos de cerca que todos los agentes de este complejo mercado cumplan el nuevo Reglamento de exención por categoría. 
Las tendencias iniciales indican una mayor convergencia de precios y creemos que el proceso está totalmente bajo control. 
La Sra. Thors se ha referido a la situación en Laponia; siempre nos interesa conocer cualquier situación que pueda presentar problemas particulares. 
Asimismo, la Sra. Thors ha mencionado un caso específico totalmente diferente, pero interesante: el de Microsoft. 
Nos ha rogado que lleguemos a una conclusión rápida al respecto. 
Puedo afirmar en este contexto que en efecto nos estamos acercando al final de este asunto. 
Es justo decir que lo hemos investigado a fondo y muy detenidamente. 
Como recordarán, enviamos tres declaraciones de objeción a Microsoft. 
En noviembre de 2003, la Comisión escuchó a Microsoft y a las terceras partes interesadas durante una audiencia en Bruselas. 
Este fue el paso final de nuestro procedimiento y, por lo tanto, no debería sorprendernos que la Comisión haya alcanzado un proyecto de decisión. 
Por supuesto, no puedo entrar en detalles en este momento, porque la Comisión tiene el deber de mantener sus investigaciones confidenciales. 
Sin embargo, espero que por el momento esto responda a la cuestión planteada por la Sra. Thors respecto de Microsoft. 
A menudo hablo con el Sr. Turmes, que ha tenido que irse, sobre cuestiones de competencia en los mercados de la energía, de la importancia de lo que todos ya sabemos. 
Me gustaría responder a sus comentarios relativos al caso E.ON-Ruhrgas. 
Él afirmó que queremos dar más poder a las autoridades nacionales en materia de competencia. 
Ese es el caso del Reglamento 1/2003, cuando trata los artículos 81 y 82 del Tratado. 
Sin embargo, ese no es el caso con respecto al control de las fusiones. El caso en cuestión trataba sobre el control de las fusiones. 
Señor Della Vedova, gracias por su constante y, si me permite decirlo, particularmente competente apoyo; gracias por su opinión. 
Usted sabe que, sobre la cuestión de los campeones nacionales, debemos intentar cumplir –o, cuando sea posible, adelantarnos– su sugerencia de mantener nuestra protección. 
De hecho, a veces se critica que la política de competencia de la Unión Europea no alienta lo suficiente a los campeones nacionales. 
Por lo que respecta a las profesiones liberales, un tema que ya hemos debatido en este Parlamento, en febrero presentaré a la Comisión un informe –que se publicará posteriormente– sobre las profesiones liberales en Europa. 
El informe indicará los pasos posteriores que creo que se deberían dar. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Doorn en que los cárteles y las fusiones son fenómenos muy diferentes que requieren la atención de una autoridad en materia de competencia. 
Hemos trabajado arduamente en los casos de ayuda estatal en los países de la ampliación, y lo haremos de forma aún más intensa y directa tras el 1 de mayo de 2004. 
Quiero dar las gracias al Sr. Santos por su apoyo a nuestras reformas, incluidas las relativas a la ayuda estatal. 
Señora Bordes, en ocasiones las catástrofes humanas pueden ocurrir. 
Esa es su expresión. 
En términos generales, sí, a veces hay sacrificios, al menos provisionales, asociados con las fusiones –no siempre, pero sí con frecuencia. 
Sin embargo, también tenemos en cuenta cómo la economía europea podría obtener el impulso que le permita, en una economía mundial cada vez más abierta, conseguir –y si es posible aumentar– un grado de competitividad, con el fin de proteger y aumentar el empleo, en caso de que no existiese la posibilidad de que se regenerase y reestructurase, incluso a través de fusiones. 
Es cierto que muchos estudios indican que las fusiones no han cumplido posteriormente las promesas que sus responsables habían hecho. 
Nuestro control de las fusiones es –como ya sabe– más limitado; el objetivo de este control es comprobar la posibilidad de consecuencias que podrían perjudicar a la estructura competitiva del mercado y a los consumidores. 
Nuestra función no es sustituir a los accionistas ni a otras personas implicadas en la gobernanza económica de la empresa, a la hora de tomar la decisión básica. 
Finalmente, quiero dar las gracias al Sr. Gasòliba i Böhm por sus amables palabras. 
Vamos a publicar una comunicación sobre las relaciones en materia de modernización entre los tribunales nacionales y la Comisión Europea, y también apoyamos un esfuerzo –promovido en particular por el Sr. Bellamy– en torno a las iniciativas para la creación de jueces nacionales en el ámbito de la política de competencia. 
El debate queda cerrado. 
He recibido una propuesta de resolución para cerrar el debate. (1) 
La votación tendrá lugar mañana. 
Cataluña y el Reino de España han sufrido una verdadera tormenta política en los últimos días. 
La razón por la que voy a hablar de ello es que ha afectado a nuestra institución. 
De hecho, nuestro Presidente, el Sr. Cox, aplazó la reunión que debería haber mantenido ayer con el nuevo Presidente del Parlamento de Cataluña, el Sr. Ernest Benach. 
La razón de todo esto es que el lunes, el diario de Madrid revelaba que mi Secretario General, Josep Lluís Carod Rovira, que acaba de ocupar el puesto de Primer Ministro catalán, se había reunido en secreto –aunque no tan en secreto, dado que el lo reveló– con líderes de la organización terrorista ETA. 
Con su característica valentía y sentido del honor, el Sr. Carod reconoció el encuentro, afirmando que tuvo lugar a petición de ETA, del que esperaba conseguir un anuncio de tregua. 
Desde el lunes vienen profiriéndose maldiciones desde Madrid, en una batalla de indignación avivada por la proximidad de las elecciones. 
El Sr. Carod ha renunciado a su cargo de Primer Ministro, liderando la lista de candidatos en Barcelona para las elecciones a las Cortes que se celebrarán el 14 de marzo. 
Como buen demócrata, está dejando que los ciudadanos juzguen sus acciones. 
En mi opinión, no cabe duda acerca del veredicto, que es lo único que cuenta, y condeno el hecho de que el Presidente de nuestra institución se haya negado a reunirse o haya aplazado su reunión con el Presidente del Parlamento de Cataluña. 
– Señor Presidente, quiero plantear la cuestión de diversas medidas tomadas en algunos Estados miembros, en particular en Francia, para prohibir el uso público de los llamados símbolos religiosos. 
La atención se ha centrado en particular en el, el pañuelo musulmán. 
Para ser coherentes y no discriminatorias, cualquiera de estas prohibiciones afectarían al turbante, a la kippa judía y a los crucifijos cristianos. 
Aparte del argumento puramente pragmático de que cuando se prohíbe algo es cuando la gente quiere hacerlo, esta prohibición es inaceptable por razones de peso que tienen que ver con los derechos humanos. 
En particular, me remito al artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a manifestar en público la confesión religiosa de cada uno. 
Por supuesto, estas garantías están recogidas en nuestra Carta de los Derechos Fundamentales. 
Una prohibición violaría la directiva de la UE sobre igualdad de trato independientemente de la raza o la religión. 
Antes de que Francia u otros Estados miembros se vean condenados ante los tribunales de Estrasburgo o Luxemburgo, tienen que recordar que un modelo europeo de integración se basa en el respeto de las diferencias y en la libertad de elección, no en una imposición antiliberal de uniformidad. 
– Quiero plantear un asunto que, lamentablemente, está pendiente desde agosto de 2003. 
Las autoridades paquistaníes mantienen retenidos a cinco ciudadanos comunitarios, ciudadanos de la Unión Europea. 
El buque, de propiedad griega, se hundió en el puerto de Karachi y el cocinero, por desgracia, aún permanece retenido, al igual que algunas personas de la empresa de salvamento que se trasladaron allí después del accidente. 
Todo ello con la finalidad de que las autoridades portuarias de Karachi puedan regatear con la compañía aseguradora las primas de seguros que deben percibir por los daños que, en efecto, se causaron. 
Antes de Navidad le planteé el asunto al Presidente del Parlamento Europeo, que simpatizó con la causa, pero el caso sigue sin resolverse. 
Solicito que el Presidente del Parlamento Europeo vuelva a intervenir, quizá por intermedio del embajador en Pakistán o incluso pidiendo al Comisario Patten que nos informe sobre las acciones emprendidas por la Unión Europea. 
La Presidencia italiana y la Comisión se movilizaron y no debemos permitir que nadie regatee el pago de una prima de seguros reteniendo como rehenes a ciudadanos de la Unión Europea. 
Me aseguraré de que sus observaciones sean transmitidas al Presidente del Parlamento. 
-Informe (A5-0010/2004) del Sr. Fava, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, relativo al texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se fija el marco para la creación del cielo único europeo (PE-CONS 3690/03- C5-0603/2003- 2001/0060 (COD)) 
y 
-Informe (A5-0009/2004) de la Sra. Sanders-ten Holte, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobados por el Comité de Conciliación, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a: 
1. la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo («Reglamento de prestación de servicios» ) (PE-CONS 3691/2003- C5-0604/2003- 2001/0235 (COD)) 
2. la organización y utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo («Reglamento del espacio aéreo» ) (PE-CONS 3692/2003- C5-0605/2003- 2001/0236 (COD)) 
3. la interoperabilidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo («Reglamento de interoperabilidad» ) (PE-CONS 3693/2003- C5-0606/2003- 2001/0237 (COD) ). 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, no dudo en definir como un paso histórico la aprobación del presente Reglamento sobre el cielo único, que es fruto del trabajo de la Sra. Sanders-ten Holte y mío, así como de muchos otros diputados que han contribuido en los últimos dos años a que esta cuestión se convirtiera en un compromiso fundamental para nuestro Parlamento. 
Lo considero importante porque nos permite ampliar nuestra filosofía, el reto de trasladar la integración europea también al espacio aéreo, y conseguir dos objetivos fundamentales. El primero de ellos, inmediato, es constituir un espacio aéreo integrado, regido por las mismas normas y las mismas garantías; el segundo es que nos permita revisar el concepto de soberanía para adecuarlo mejor al proceso de integración europea en el que estamos invirtiendo actualmente nuestra energía y nuestros recursos. 
El primer objetivo que sin duda ha conseguido el Reglamento es el de la seguridad. 
Un informe hecho público hace unos días recoge los últimos 18 incidentes aéreos, las últimas 18 grandes catástrofes aéreas ocurridas desde el 11 de septiembre de 2001: en conjunto se han contabilizado un total de 2.300 muertos. 
Ninguna de estas catástrofes se atribuye a un atentado terrorista, sino a problemas relacionados con la seguridad de los vuelos. 
Por consiguiente, nuestro Reglamento realiza una aportación fundamental en este sentido. 
Si el tráfico aéreo sigue aumentando al mismo ritmo que en los últimos años y no se adoptan medidas en materia de seguridad, como intentamos hacer con el presente Reglamento, en el año 2015 –según las previsiones– sufriremos cada semana una catástrofe de esas proporciones. 
El cielo único constituye una aportación fundamental, una contribución que también se propone tener efectos indirectos desde el punto de vista de la organización, la eficiencia y el sentido común. 
Actualmente existen en Europa 41 centros distintos de control del tráfico aéreo, muchos de ellos con sus propias normas, sus propias trayectorias de vuelo, sus propios corredores, sus propias cuotas de vuelos. 
Desde Roma hasta Bruselas uno pasa por las manos de siete centros de control aéreo distintos y los traspasos no siempre son fluidos: recuérdese lo que sucedió sobre el lago de Constanza hace algunos años, cuando un avión se estrelló contra el suelo debido a un malentendido entre dos centros de control aéreo durante un traspaso del uno al otro. 
Con el presente Reglamento, la seguridad volverá a ser la prioridad de las políticas europeas. 
Otra prioridad que parece haber establecido el Reglamento es la relativa a los costes y los horarios. 
El incremento del tráfico aéreo nos hará pasar de siete millones de vuelos en 1997 a doce millones en 2010 y actualmente uno de cada cinco vuelos registra retrasos superiores a los 20 minutos. 
Es evidente que la eficiencia en materia de horarios y de costes aumenta la competitividad de nuestras empresas en el mercado: los Estados Unidos tienen una superficie geográfica más o menos igual a la de Europa, pero el doble de aviones en vuelo y los retrasos son mucho menores. 
¿Cómo hemos intentado abordar estas cuestiones y estos temas? 
Lo hemos hecho con el apoyo comprometido y experimentado de la Comisión, representada por la Comisaria, Sra. De Palacio, y con el sentido común que ha demostrado el Consejo en esta fase difícil de la conciliación. 
Quiero detenerme brevemente en tres aspectos: el primero se refiere, naturalmente, a la cooperación entre civiles y militares. 
En el compromiso alcanzado finalmente, se decidió hacer una referencia explícita a la declaración de los Estados miembros sobre los aspectos militares. 
En dicha declaración, los Estados miembros reconocen que el espacio aéreo solo se podrá utilizar de manera segura y eficiente mediante una estrecha cooperación entre las autoridades civiles y militares. 
Consideramos que esto constituye un hito en el proceso de integración europea: por primera vez, los altos mandos militares de los quince países europeos comprenden que los cielos europeos no son propiedad de nadie y que es preciso lograr un equilibrio –al más alto nivel cualitativo como sea posible– entre las exigencias de la defensa de todos los Estados miembros y las exigencias de seguridad que constituyen la principal preocupación de los clientes, o sea, de los ciudadanos europeos. 
La segunda cuestión importante es la función desempeñada por Eurocontrol. 
Hemos procurado tener en cuenta y sacar partido de lo que representa Eurocontrol desde el punto de vista de la experiencia y la eficiencia y de la función que podría desempeñar en la creación de este espacio único europeo integrado. 
Para alcanzar dicho objetivo, se necesita cooperación, pero evitando a la vez la duplicación de papeles y funciones; la cooperación con las instituciones europeas y con la Comisión es un aspecto imprescindible del presente Reglamento. 
Se ha decidido que Eurocontrol participe en las reuniones del Comité del cielo único en calidad de observador; con ello hemos dado un paso importante en la contribución que podrá hacer Eurocontrol. 
Por último, a petición del Parlamento se han previsto sanciones, sobre la base de un principio elemental que nos enseñó el Sr. Beccaria: sin sanciones, sin la amenaza de sanciones, es difícil que ningún principio jurídico se respete. 
Señor Presidente, a mi parecer, el mérito del presente Reglamento –y de las instituciones europeas que han contribuido a hacerlo realidad– reside en haber superado una vez más algunos intereses y consideraciones egoístas de carácter nacional. 
Un cielo único europeo a partir del 1 de enero de 2005 constituirá una clara confirmación de que Europa está creciendo, de que el proceso de integración está avanzando y de que dicho proceso es también sinónimo de calidad y seguridad en nuestras vidas. 
. – Señor Presidente, a medida que se aproximan las elecciones, cada vez me preguntan con mayor frecuencia si el Parlamento tiene verdaderamente algún peso y si en realidad tiene algo que decir. 
Creo que el presente expediente constituye un caso significativo y enseguida voy a exponerlo con mayor detalle. 
El Consejo y la Comisión abrigaban grandes ambiciones al principio, sobre todo después del 11 de septiembre, pero estas se fueron desvaneciendo gradualmente. 
Surgieron todo tipo de reticencias relacionadas con la soberanía y los obstáculos jurídicos; en resumen, el Consejo no se atrevió a dar un paso audaz, mientras que el Parlamento adoptó claramente una perspectiva distinta. 
Nuestro objetivo está claro: aumentar la integración del espacio aéreo europeo en interés del ciudadano. 
La integración es necesaria y, en la consulta con el Consejo, obtuvimos finalmente un compromiso claro por su parte de alcanzar también ese objetivo. 
Se trata de un primer paso en la dirección adecuada. 
Los puntos principales en los que llegamos a un acuerdo con el Consejo en el procedimiento de conciliación fueron, obviamente, los relativos al tema de la aplicación. 
Los proveedores de servicios tienen que cumplir unas exigencias más rigurosas, y ese cumplimiento tiene que vigilarse. 
Los conflictos de intereses tienen que suprimirse y todos los usuarios del espacio aéreo tienen que tener garantizado el acceso a los servicios; incluidos los militares, quisiera añadir. 
Pienso que es importante que el Parlamento Europeo persiga dicho objetivo. 
También llegamos a un acuerdo sobre los regímenes de tarifación. 
Se pueden utilizar incentivos para promover un mejor uso del espacio aéreo. 
Tienen que reducirse las subvenciones y hacer, además, que todo el procedimiento sea más transparente. 
Hemos presionado para aumentar la claridad de cara al futuro. 
¿Cuándo se legislará sobre el procedimiento de autorización de los controladores? 
¿Cuándo se podrán empezar a aplicar también al espacio aéreo inferior los conceptos del cielo único aplicables al espacio aéreo superior? 
Nos gustaría tener alguna seguridad con respecto a estos puntos. 
Además, nos parece una buena cosa que Eurocontrol participe en esto; ha dedicado mucho esfuerzo a este asunto y creo que el debate ha atraído, de hecho, la atención de todo el mundo, algo muy positivo. 
El segundo aspecto respecto al cual hubo discrepancia fue, evidentemente, el de la cooperación civil-militar. 
Creo que el mayor logro del Sr. Fava fue conseguir que en el texto se incluyera una referencia clara a la necesidad de una cooperación de ese tipo. 
El Parlamento está comprometido con este objetivo e insistió continuamente en ello durante las negociaciones. 
De hecho, esta podría ser la base para ampliar y mejorar la cooperación militar en el futuro. 
En esta Cámara pudimos dejar también clara la importancia del intercambio de datos, algo que también se aplica a todos los proveedores de servicios, tanto civiles como militares. 
Celebramos asimismo que los Estados miembros se hayan comprometido a cooperar en lo que respecta al concepto del uso flexible del espacio aéreo transfronterizo, algo que evitará muchos retrasos. 
El Sr. Fava ya lo ha comentado con detalle. 
Por último, hay un aspecto en el que la conciliación estuvo a punto de fracasar: el de los bloques de espacio aéreo transfronterizos. 
Creo que hemos alcanzado un compromiso razonable en forma del apartado 6 del artículo 5. 
Personalmente, pienso que este fue uno de los aspectos más importantes ya que, para conseguir algún progreso, es necesario que el texto incluya disposiciones sobre la mediación en los conflictos; de lo contrario, resultará demasiado fácil achacar las culpas a los demás. 
Después del considerable esfuerzo invertido en este tema en nombre de mis colegas, me siento bastante satisfecha con el resultado. 
Los Estados miembros están obligados a tener en cuenta la opinión de la Comisión y tomarla como base para resolver los conflictos en torno a la creación de bloques de espacio aéreo transfronterizos. 
Lo que ayudó a convencernos fue el compromiso de la Comisión, en forma de una declaración por escrito, de que procederá a revisar el procedimiento al cabo de cinco años si no se han realizado progresos significativos en la reorganización del espacio aéreo. 
Con esto se dará el impulso necesario para mejorar la seguridad y la eficiencia del espacio aéreo europeo, algo importante para los proveedores de servicios, para los usuarios del espacio aéreo y, evidentemente, para los pasajeros. 
Es también esencial en vista del actual incremento del tráfico aéreo, que supera el 2% anual. 
Señora Comisaria, puede tener la seguridad de que el Parlamento Europeo ha actuado en interés de los ciudadanos y de que vamos a seguir atentamente los progresos que se realicen y tomaremos medidas si los Estados miembros no responden debidamente. 
Solo me resta dar las gracias a mis colegas por su excelente cooperación y a los servicios por su apoyo. 
Es cierto que las negociaciones con el Consejo han sido duras, pero también agradables y constructivas en todo momento, esforzándose cada parte por entender los puntos de vista de la otra, como debe ser. 
Ha sido un honor para mí contribuir a mejorar la seguridad y la eficiencia del transporte aéreo en interés de los ciudadanos. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para destacar el importante papel que ha representado el Parlamento Europeo, pues creo que, juntamente con el Consejo, hemos conseguido una propuesta muy buena. 
. 
Señor Presidente, Señorías, se pueden imaginar que para mí hoy es un día importante. 
Es una satisfacción el poder asistir a este debate que va a suponer la conclusión positiva y por lo tanto la aprobación de lo que ha sido una de las prioridades de esta Comisión y, desde luego, mías, como responsable de transportes, que es la puesta en marcha del cielo único europeo. 
Ha sido un trabajo duro y complicado el que hemos desarrollado a lo largo de estos años, pues han sido años. 
Al hilo de esta iniciativa se reunieron en los locales de las instituciones europeas- y concretamente en los locales de la Comisión- por primera vez, vestidos de uniforme, militares responsables de aviación de todos los Estados de la Unión, junto con los responsables civiles, para discutir algunos de los aspectos que han sido señalados por los ponentes como es el uso flexible, civil y militar, del espacio aéreo europeo. 
Es una iniciativa donde el apoyo del Parlamento, y muy especialmente del Sr. Fava y de la Sra. Sanders-ten Holte, han sido la clave para poder impulsarlo y sacarlo adelante. 
Quiero agradecer también a los ponentes en la sombra de los distintos grupos políticos y a toda la Comisión RETT por su apoyo y respaldo a lo largo de las múltiples discusiones que hemos mantenido. 
Quiero señalar que una iniciativa que, en el momento en que la lanzamos provocaba un enorme escepticismo en gran parte de los Estados de la Unión, que provocaba una gran oposición en algunos sectores, al final va a gozar de un respaldo generalizado. 
Hay que recordar que todos los Estados miembros respaldan esta iniciativa y así lo demostraron en la adopción de las últimas decisiones en el seno del Consejo, y espero que en la votación de hoy también sea así. 
Señalo también que los distintos sectores de la industria afectados (proveedores de servicios de navegación aérea, compañías aéreas, fabricantes de equipo, aeropuertos... ) son conscientes de la oportunidad que se ofrece con esta iniciativa, una oportunidad para impulsar un mercado de mayores dimensiones, mayores capacidades y, sobre todo, que nos va a permitir ser líderes y trabajar en la definición de los nuevos conceptos de navegación aérea y de control de tráfico aéreo de cara a la iniciativa STAR 21 para el año 2020 e incluso participar, colaborar y combinar nuestras propuestas con las propuestas de Estados Unidos para impulsar un sistema más seguro. 
El Sr. Fava insistía en el aspecto de la seguridad que es algo clave en esta iniciativa, sistemas más seguros de cara al futuro pero con una tecnología más adecuada que permita un mejor uso más seguro y más eficiente del espacio aéreo y todo ello, insisto, va a redundar en una mayor seguridad. 
Quiero decir algo también importantísimo, y es que los sindicatos, sobre todo los de algunos de los actores clave en este ámbito como los controladores aéreos, al final también han ido viendo las ventajas de una iniciativa de estas características y en ese sentido me congratulo por la declaración conjunta que sindicatos y patronal formularon sobre el texto final acordado, texto final en el que Eurocontrol- uno de los elementos clave que estaba en la discusión- también encuentra su papel y responsabilidad como organismo con una experiencia y un conocimiento absolutamente imprescindible para el desarrollo del cielo único europeo. 
Soy consciente de que había quien dudaba de la disposición de los Estados en aspectos concretos y, hoy mismo, la ponente, la Sra. Sanders-ten Holte, ha indicado que vamos a seguir muy de cerca cómo evolucionan los Estados de la Unión en la puesta en práctica de este cielo único europeo. 
Creo que el texto que hemos acordado al final es un texto equilibrado, un texto equilibrado que seguramente va a evolucionar en el futuro, pero tenemos que ser conscientes de que estamos llevando a cabo una auténtica revolución y un paso adelante importantísimo en la construcción de Europa a través de las realidades. 
El concepto de que existe una soberanía sobre el espacio aéreo donde se va a regular y se va a actuar con reglas comunes en un sistema integrado, es un paso adelante tremendo que no podemos minimizar, y por lo tanto, el que los Estados miembros sigan manteniendo- como mantienen en el texto que hemos al final acordado- las garantías para aceptar ese cambio, me parece que es la contrapartida adecuada si queremos seguir dando pasos adelante sabiendo que la construcción europea no es cosa de un día, sino que es un proceso en el cual tenemos que seguir avanzando de manera consensuada con el apoyo de todos los Estados, porque no se trata de dejar a nadie atrás. 
Señorías, sé que quedan cosas por hacer- e insisto: en los próximos años habrá nuevas propuestas- pero creo que hoy abrimos nuevas posibilidades que suponen aprovechar al máximo las perspectivas que nos ofrece precisamente nuestra pertenencia a un conjunto llamado Unión Europea, es decir, sacar fruto del valor añadido europeo. 
Y eso es lo que hacemos hoy para tener un espacio aéreo que se podrá gestionar de una manera más eficaz pero, sobre todo, de manera más segura, más respetuosa con el medio ambiente, al servicio de los ciudadanos y que supone, insisto, un paso adelante que, en ciertos aspectos, es casi revolucionario. 
Quiero agradecer la posición del Consejo que ha permitido esa evolución a lo largo de estas discusiones durante todos estos años- la primera reunión tuvo lugar en enero del año 2000, fue una de las primeras cosas que hice- han sido cuatro años en los que todos hemos sido capaces de ir evolucionando y convergiendo en unas reglas que nos permitan sacar adelante esta iniciativa que, como les recuerdo a sus Señorías, afectará también al espacio aéreo suizo y al espacio aéreo noruego. 
Suiza y Noruega, además, han participado plenamente en las discusiones que hemos mantenido a lo largo de este tiempo y, una vez más, agradezco a los ponentes, a los ponentes en la sombra, a todos los miembros de la Comisión RETT, al Parlamento y al Consejo sus aportaciones que, indudablemente, han mejorado el resultado final. 
– Señor Presidente, Señorías, es muy importante para mí empezar por manifestar mi agradecimiento a ambos ponentes, el Sr. Fava y también la Sra. Sanders-ten Holte. 
Creo que han luchado espléndida y comprometidamente, sobre todo en la fase final, cuando a veces uno tenía la impresión de que solo el Parlamento seguía dispuesto a continuar la batalla por este asunto, cuando hacía tiempo que la Comisión se había dado por vencida. 
Según el magnífico folleto publicado en 2002, con un prólogo de la Comisaria, “había llegado la hora”. 
Luego siguieron las múltiples propuestas que, lamentablemente, nunca parecen haber adquirido auténtica vigencia legal. 
Por eso, hoy siento una cierta reticencia a hablar como si se tratase de un momento histórico o de una culminación. 
En el mejor de los casos, se trata de un comienzo. 
No nos hagamos ilusiones; es la tercera vez que esta Asamblea debate el tema y si los ciudadanos pudiesen escucharnos, les parecería absolutamente increíble, ya que piensan que esto tendría que haberse resulto hace años. 
En el suelo ya no existen fronteras; puedo subirme al coche y viajar desde Berlín hasta París o desde París a Roma sin pasar por ningún control. 
A pesar de los convincentes argumentos a favor de que así sea, no ocurre lo mismo en el cielo que nos cubre, donde los aviones sobrevuelan a diario las fronteras. 
Lo más cómico del asunto es la lamentable constatación de que en marzo de 2000, cuando se reunió en Barcelona, el Consejo realizó una declaración explícita, señaló una necesidad y hizo una petición en el sentido de que «necesitamos un cielo único europeo». Pero luego resulta que es ese mismo Consejo el que mantiene hasta el último momento una posición de bloqueo en todos los aspectos que puede. 
Lo digo con toda franqueza por la sencilla razón de que he estado reflexionando mucho sobre si, de hecho, puedo votar a favor del procedimiento de conciliación. 
A nuestro parecer, había dos cuestiones centrales, dos grandes temas. 
Deseábamos una mayor seguridad y también una mayor eficiencia en el aire. 
Sabíamos que ambas cuestiones estaban estrechamente interrelacionadas y que, por un lado, era necesario organizar la cooperación entre la aviación civil y militar, a la vez que, por el otro, había que acabar de una vez para siempre con la fragmentación. 
Como lo expresaba magníficamente el folleto, la fragmentación tenía que dar paso a una red. 
Como ha expuesto el Sr. Fava, el mero hecho de que en los Estados miembros existan 41 centros de control del tráfico aéreo, teniendo que pasar un corto vuelo de Bruselas a Roma por siete de ellos, no solo genera riesgos potenciales, sino que constituye un motivo de retrasos innecesarios. 
El Consejo ha mantenido bloqueadas estas dos cuestiones fundamentales durante mucho tiempo. 
Señora Comisaria, lamento tener que decirle que cuando la posición común volvió a examinarse en comisión, fueron sus representantes quienes manifestaron que era muy posible que el Consejo mantuviese una posición conservadora, pero que ese era el único gran triunfo que íbamos a conseguir. 
Si el Parlamento no se hubiese mantenido tan firme y si ambos ponentes no hubiesen puesto todo su empeño, no se habría podido conseguir lo que al menos es un comienzo, con un cierto grado de cooperación, un acuerdo, un entendimiento, un diálogo común entre todos los usuarios. 
Tampoco se habrían dirigido unas instrucciones claras a los Estados miembros –los cuales hay que recordar que han dispuesto de varios decenios para crear bloques de espacio aéreo funcionales–, junto con la declaración, que considero fundamental, de que si en los próximos años no se produce ningún cambio, tendremos que introducir mejoras y así lo haremos, en cuyo caso no podremos permitir que los Estados miembros conserven las competencias en esta materia. 
Con esto en mente –que a mi parecer es esencial–, yo dije que más valía pájaro en mano y que debíamos dar un primer paso, puesto que tampoco nos ofrecían nada más. 
No obstante, permítanme que deje claro que no he perdido de vista a los cien pájaros que están volando e insto a todos los diputados del Parlamento Europeo a que sigan trabajando con denuedo para que el espacio aéreo único europeo no sea solo una visión, sino que llegue a hacerse realidad algún día. 
Lo necesitamos, tanto si lo conseguimos con los Estados miembros o a pesar de ellos. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, permítanme que empiece por expresar mi sincero agradecimiento al ponente por el buen trabajo que ha realizado y por su excelente cooperación. 
Señora Comisaria, hubo un momento en que compartíamos la visión de cómo en el futuro podríamos volar directamente de A a B en Europa, permitiendo con ello un aprovechamiento mucho mejor de la capacidad, reduciendo significativamente los retrasos y minimizando radicalmente los riesgos para la seguridad mediante la creación a corto plazo de unos cuantos bloques de espacio aéreo funcionales en Europa que acabasen con la fragmentación de nuestros cielos. 
El resultado ha sido una especie de “cielo único” en versión descafeinada. 
Desde el punto de vista político, es evidente que no se podía conseguir más y el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento no se alcanzó, literalmente, hasta el último minuto, a las doce menos cinco. 
Puesto que lo que nos interesa es el resultado global, el Parlamento ha modificado mucho su posición y se ha plegado a muchos de los deseos e inquietudes del Consejo. 
Hay que decir que el Consejo de Ministros nos dio claramente la impresión de que sigue prevaleciendo el punto de vista nacional, y esa impresión no ha cambiado. 
El resultado es que hemos volado en la dirección correcta, pero nos ha faltado bastante para aterrizar en el lugar previsto. 
El Parlamento tuvo que tener muy en cuenta las sensibilidades nacionales, sobre todo en lo que respecta a la cooperación militar-civil, y de hecho se vio obligado a renunciar al concepto de un uso flexible del espacio aéreo. 
El acceso a partes considerables del espacio aéreo sigue vedado a todo tipo de tráfico, salvo el militar. 
Aunque hace ya algún tiempo que los vuelos directos de Roma a Bruselas no plantean ningún problema en lo que respecta a la navegación, en el futuro esto dejará de ser posible, lo cual es un absurdo desde el punto de vista económico y medioambiental. 
En cualquier caso, hemos progresado, ya que los Estados miembros han reconocido, por primera vez, que la única manera de garantizar un uso seguro y eficiente del espacio aéreo es la cooperación entre los usuarios militares y civiles, independientemente de cómo esta se organice en un futuro. 
Ahora bien, no puedo más que estar de acuerdo con el Sr. Fava en que, respecto a los bloques de espacio aéreo funcionales, que constituyen el núcleo central del cielo único, el resultado no ha estado a la altura de la situación, puesto que se hubiese requerido una solución verdaderamente comunitaria, asignando a la Comisión competencias claras en la toma de decisiones. 
Lamentablemente, no pudimos conseguir que esto se aceptase y los Estados miembros siguen teniendo la última palabra también en este aspecto, pero se han logrado avances decisivos, ya que por primera vez se verán obligados a negociar la definición de bloques de espacio aéreo transfronterizos. 
Además, la Comisión seguirá atentamente la evolución de los hechos, revisará la situación al cabo de cinco años y propondrá cualquier cambio que pueda requerir el sistema; al igual que el Sr. Schmitt, espero que así se haga. 
Hablando claro, los Estados miembros se verán sometidos a un estrecho escrutinio y no podrán seguir eludiendo sus responsabilidades, como han hecho en las últimas décadas, y tanto el Parlamento como la Comisión esperan mucho de ellos. 
En resumen, aunque el resultado seguramente no supone el salto cuántico en el transporte aéreo que habíamos esperado y que se había anunciado, hemos empezado a delimitar el terreno y podemos esperar en el futuro una Europa más en las nubes. 
Pasando ahora al tema de la integración del espacio aéreo inferior que se esta considerando y –si me permiten que dé un paso más– de la creación de un espacio aéreo único transeuropeo, espero que el tema del uso flexible del espacio aéreo y, evidentemente, de unos bloques de espacio aéreo funcionales, puedan volverse a… 
– Señor Presidente, señora Comisaria, los Reglamentos propuestos que hoy se someten a votación son el resultado de un acuerdo alcanzado en el procedimiento de conciliación tras varios meses de debate y de trabajo. 
En nombre de mi grupo, me abstuve en relación con dicho acuerdo, pero apoyo los avances que se han hecho respecto al proyecto inicial. 
En primer lugar, después de varias catástrofes aéreas, el tema de la seguridad sigue siendo prioritario para cualquier enfoque que se adopte en este ámbito. 
Por consiguiente, desde el primer momento examiné estos informes principalmente desde el punto de vista de la seguridad. 
Ya he lamentado en esta Cámara el sesgo ideológico que estaba situando la liberalización en el centro de las medidas propuestas. 
Un sesgo que trataba de que las consideraciones económicas rigieran la actividad aérea y se convirtieran en el principal método para mejorar las cosas. 
A mi modo de ver, el acuerdo alcanzado ahora tiene un enfoque mucho más realista. 
Se promoverá la cooperación entre el tráfico aéreo civil y militar siempre que sea compatible con la soberanía de los Estados miembros, aunque yo habría deseado un enfoque más dinámico en este ámbito. 
Los bloques de espacio aéreo se basarán en exigencias operativas o funcionales, independientemente de las fronteras nacionales, en consulta con Eurocontrol. 
En caso de diferencias, los Estados miembros podrán solicitar conjuntamente, si así lo desean, el dictamen de un Comité del Cielo Único, el organismo responsable de la ejecución del plan. 
Dicho comité, presidido por el representante de la Comisión, estará integrado por dos representantes de cada Estado miembro y un representante de Eurocontrol. 
El acuerdo concede a los Estados miembros la libertad de confiar el control aéreo a un servicio público o a una empresa privada. 
Las propuestas me parecen un avance positivo. 
Aunque ya no existe el plan inicial de desmantelar la cadena de los llamados servicios auxiliares, lamento que no se reconozca con mayor claridad que la gestión de la seguridad aérea constituye una cadena de acciones y servicios que requiere un enfoque global y no fragmentario. 
Sigo lamentando que el Parlamento no aprobara la enmienda que presenté en nombre de mi Grupo para duplicar los mecanismos de control con el fin de garantizar que las operaciones se sigan desarrollando con plena seguridad en caso de producirse un fallo. 
Continúo pensando que la norma absoluta que impone la separación obligatoria de funciones entre los proveedores de servicios y las autoridades nacionales de control no siempre tiene en cuenta la compleja realidad de las decisiones en sectores tan interrelacionados. 
También pienso que el control del tráfico aéreo y de todos los aspectos que intervienen en la reglamentación y seguridad del mismo son competencia de las autoridades públicas y se deben considerar como servicios públicos. 
He trabajado mucho en este tema con los sindicatos. 
Quiero expresarles mi agradecimiento y manifestar que sus aportaciones contribuyeron al progreso positivo que hemos conseguido. 
También creo que en el futuro se deberían tener más en cuenta las opiniones de las principales personas implicadas, los trabajadores. 
Es una de las condiciones necesarias para llevar a cabo otras mejoras y también para que las medidas que se adopten en Europa sean eficaces. 
Pueden tener la seguridad de que mi Grupo está decidido a contribuir para que así sea. 
Esta es la explicación de mi voto, que trata de tener en cuenta los progresos realizados y lo mucho que todavía queda por hacer. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar, quiero felicitar y expresar mi agradecimiento a ambos ponentes, el Sr. Fava y la Sra. Sanders-ten Holte. 
También quiero agradecerles su dedicación al empeño de situar los intereses comunes en un primer plano. 
Al final, ha quedado claro que todo el espectro político de esta Cámara es partidario de ampliar las competencias europeas para garantizar mejor la seguridad. 
Creo que habrá que exigir responsabilidades a nuestros gobiernos nacionales. 
Si hubiera un accidente, este se debería a nuestra permanente y firme adhesión a las líneas nacionales, de manera que los países tendrían que responder ante sus respectivos ciudadanos por la ausencia de un verdadero cielo único. 
Con frecuencia apelamos al principio de subsidiariedad, que yo siempre defiendo, pero la subsidiariedad también se debe aplicar de abajo arriba. 
Las autoridades nacionales tienen que estar dispuestas a ceder poderes a la Unión Europea si eso es necesario para la seguridad del transporte aéreo. 
Cualquier otra actitud sería irresponsable. 
Hace poco tuve una conversación con las autoridades federales de los Estados Unidos, donde al menos 48.000 personas participan en la vigilancia de la seguridad del transporte aéreo bajo un único órgano federal. 
En mi opinión, el nivel de seguridad no se debe subordinar a nuestra mayor predilección por la diversidad. 
Si existe un ámbito en el que no debe tener cabida la diversidad, ese es el del control de la seguridad. 
Por eso, coincidimos con usted en que hoy vamos a dar un gran paso adelante con la creación del cielo único, un paso que en realidad podríamos haber dado hace ya veinte años, en cuyo caso hoy podríamos haber llegado mucho más lejos. 
Evidentemente, no se nos escapan las mejoras introducidas en las disposiciones que se han discutido durante las negociaciones. 
Pero con todo, queremos insistir en que accidentes como el ocurrido cerca del lago de Constanza, nos dan un nuevo impulso para realizar la transición a los bloques de espacio aéreo transfronterizos y evitar con ello la posibilidad de que ocurran más accidentes de ese tipo debido a unas comunicaciones deficientes. 
En conjunto, la mejora que tenemos hoy sobre la mesa es todavía insuficiente. 
Después de todo, si consideramos la forma en que los estamentos civil y militar ya están cooperando algo en el terreno de la interoperabilidad para mejorar la seguridad, vemos que el concepto de soberanía nacional se invoca aquí con demasiada frecuencia, y eso puede ir en detrimento de la seguridad. Esta es una prioridad para todo el Parlamento. 
Señor Presidente, hoy vuelvo a tener la impresión de que muchos diputados no están particularmente satisfechos en su fuero interno con el acuerdo que tenemos sobre la mesa. 
Comprendo los motivos de sus reacciones, pero si se remontan un poco en el tiempo, hace seis o siete años atrás, y consideran la situación en la que estábamos entonces, verán que nos disponemos a dar un paso muy importante, un paso muy importante para Europa y para los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, puesto que también usted participó personalmente en el procedimiento de conciliación, creo que comprenderá mejor que nadie que se va a dar un paso muy importante en lo que respecta a la reducción de los retrasos y con ello mejoraremos el transporte aéreo, protegeremos el medio ambiente y apoyaremos de manera eficiente el turismo europeo. 
Hasta el último momento, nos topamos con los prejuicios de algunos Estados miembros o de ciertas autoridades militares. 
Como ustedes saben, hasta el último momento hubo, por un lado, un problema relacionado con la cooperación entre las autoridades militares y civiles, y otro problema relacionado con la definición de las secciones o bloques operativos concretos a escala internacional. 
Bajo la presión del Parlamento Europeo se han dado algunos pasos. 
Posiblemente no se hayan dado algunos que deberían haberse dado. 
Aun así, es preferible que el Parlamento Europeo acepte lo que hoy se presenta y lo considere como un primer paso. 
Nuestros esfuerzos no deben detenerse aquí. 
Merece la pena que presionemos todavía más a los Estados miembros para que adopten un enfoque más ambicioso y, para concluir mi breve exposición, creo que sería una omisión no mencionar en este contexto el papel excepcionalmente positivo de la Comisión Europea y, en particular, de la señora Comisaria, para quien supongo que este es uno de los grandes logros alcanzados hasta la fecha durante su mandato como Comisaria responsable del transporte. 
Debemos agradecérselo y felicitarla por ello. 
Señor Presidente, ante todo quiero agradecer a la Comisaria y a nuestros ponentes su tenacidad en un asunto sumamente importante. 
Solo quiero decir que, como constatamos en el caso de la catástrofe del lago de Constanza, la catástrofe de Sharm el-Sheikh y las del y el, siempre que ocurre un accidente, los ciudadanos miran hacia Europa. 
Y, en general, las mismas personas que son contrarias a la integración europea se olvidan de su oposición cuando ocurre una tragedia. 
Por lo tanto, pienso que la creación del cielo único constituye un buen augurio para el futuro. 
En cualquier caso, en este espacio integrado europeo tenemos que hacer con el cielo lo que ya hemos hecho con las carreteras y estamos intentando hacer con la navegación y los ferrocarriles. 
Creo que el papel del Parlamento en este asunto ha sido muy decisivo para conseguir que se reconociera el carácter de interés general y servicio público que tiene el control del tráfico aéreo. 
Por otra parte, también pienso que el personal encargado del control del tráfico aéreo ha adquirido una dimensión europea que les inducirá a pensar de un modo distinto en el futuro y probablemente a participar de manera más activa en las siguientes fases del cielo único europeo. 
Me congratulo por todo ello y creo que por fin contamos con un texto integrado y esta tarde tenemos buenos motivos para sentirnos satisfechos con el resultado conseguido. 
Señor Presidente, dicen que han conseguido lo que describen como el cielo único europeo, pero incluso los pequeños avances logrados para superar las divisiones y rivalidades entre Estados, que resultan particularmente absurdas en el campo de la aviación, se ven contrarrestados por la creciente competencia entre las compañías aéreas privadas y hasta el control del tráfico aéreo se va a lanzar a la carrera de los beneficios privados. 
Detrás del término «cielo único» se oculta la carrera por la privatización de las antiguas compañías aéreas nacionales. 
Esta política ya ha dado lugar a millares de despidos en el sector aeronáutico. 
En ese mismo momento se acaban de anunciar o se están llevando a cabo despidos masivos en Alitalia, KLM, controlada por Air France, y otras grandes compañías aéreas. 
Es evidente que los accionistas de las compañías aéreas privatizadas saldrán ganando con la reducción de personal, no solo del personal de vuelo, sino también del que interviene en el mantenimiento y los controles de seguridad. 
Pero este enfoque orientado a los beneficios se traduce en unos riesgos crecientes para los pasajeros. 
Es criminal continuar con esta política después de la catástrofe del lago de Constanza ocurrida hace dieciocho meses, que fue consecuencia directa de la privatización del control del tráfico aéreo en Suiza. 
En cuanto a la catástrofe de Sharm el-Sheikh, aunque todavía se desconoce la causa técnica exacta, todo el mundo sabe que las compañías aéreas, incluida la propietaria del avión en cuestión, obtienen beneficios con una rotación más rápida de sus aviones, ampliando sus horas de vuelo, contratando personal peor pagado y a menudo insuficientemente formado o reduciendo el mantenimiento y las inspecciones técnicas al mínimo obligatorio. 
Hasta las grandes compañías lo están haciendo, acosadas por la competencia. 
El afán de beneficio no es compatible con el afán de seguridad. 
Vamos a votar a favor de las enmiendas encaminadas a mejorar la seguridad, pero estamos en contra de todos los aspectos de una política basada en la competencia, tanto si está reglamentada a escala europea como si no, porque generará un caos enorme y solo puede acabar resultando desastrosa. 
– Señor Presidente, quiero sumarme también a las expresiones de gratitud dirigidas a usted, señora Vicepresidenta, ya que la idea del cielo único fue suya. 
Consiguió sacarla adelante en el grupo de alto nivel y acallar muchos de los recelos nacionales y, aunque el Sr. Schmitt tiene razón cuando critica el resultado del procedimiento de conciliación, todos estamos de acuerdo en que se ha introducido un cambio fundamental en el sistema. 
Antes se contemplaba la cooperación bajo el mando de Eurocontrol y nadie más. 
Los Estados miembros eran soberanos, no existía una normativa comunitaria, y todos y cada uno de los Estados podían rehuir el escrutinio reivindicando su propia soberanía. 
Con la presente legislación, tenemos ahora una norma comunitaria que nadie puede eludir, que se puede adoptar y modificar por mayoría, y el papel de la Comisión como guardiana y administradora del Derecho comunitario significa que ningún Estado miembro podrá admitir que está haciendo algo no del todo correcto en el control de su propio espacio aéreo y las medidas de seguridad, y afirmar que eso no es de la incumbencia de la Comisión. 
Al contrario, existe una responsabilidad compartida manifiesta y la Comisión ocupa un lugar central en la aplicación de la nueva norma. 
Lo considero un gran progreso, que debemos acoger con mucha satisfacción. 
Como resultado, creo que podremos reducir los tiempos de espera en vuelo y en los aeropuertos, lo cual redundará en beneficio de los pasajeros y de las compañías aéreas. 
Obtendremos mejores resultados en el frente medioambiental, pues cada avión que pasa demasiado tiempo en órbita de espera tiene un efecto desastroso sobre nuestro medio ambiente, y conseguiremos mejores resultados desde el punto de vista de la seguridad, pues la fragmentación de la tecnología y la cooperación pasarán a ser cosas del pasado. 
Evidentemente, debo decirles a mis amigos socialistas y postcomunistas que no puedo compartir su convicción de que los servicios de navegación aérea deben estar a cargo del sector público. 
Pero si consideramos lo ocurrido en los últimos años, podemos preguntarnos dónde se prestaron siempre los servicios a rajatabla. 
¿Dónde se dejó esperando a los aviones en el aire? 
El país que siempre me viene a la memoria es uno cuyos servicios de navegación están a cargo de funcionarios estatales, que no hacen necesariamente un uso más adecuado y eficiente del espacio aéreo. 
Este es un tema que tendremos que discutir, señora Comisaria, cuando se presente la oportunidad. 
Creo que después del presente acto legislativo va a ser necesaria – tal vez dentro de dos o tres años – una nueva iniciativa para crear competencia entre los servicios de navegación aérea, puesto que, como en todas partes, esa competencia es necesaria para mejorar el rendimiento. 
– Señor Presidente, yo también quiero comenzar dando las gracias a nuestros ponentes titulares y alternativos por su trabajo en este detallado y complejo informe que, por supuesto, se refiere al espacio aéreo. 
Tras la última posición común del Consejo –que mi Delegación respaldó ampliamente– y el posterior procedimiento de conciliación, ahora podemos apoyar plenamente este Reglamento. 
Durante el proceso, una de nuestras objeciones principales se refería a la inclusión de operaciones y ejercicios militares. 
Estoy muy satisfecho de que se haya excluido esta competencia soberana. 
Si no hubiera sido así, podría haber tenido un efecto adverso en las operaciones de la OTAN, así que estoy muy satisfecho de que se excluya. 
Sin embargo, hay que vigilar que durante la aplicación los órganos recién creados –es decir, el Comité del Cielo Único y el órgano consultivo del sector– no dupliquen sus esfuerzos, causando una confusión innecesaria. 
Es evidente que la industria aeronáutica no puede continuar perdiendo 4 000 millones de dólares anuales debido a la congestión del espacio aéreo en Europa, y creo que este Reglamento contribuirá a abordar dicho problema. 
Asimismo tenemos que felicitar a Eurocontrol por su iniciativa, puesta en marcha en enero de 2002, de reducir la separación vertical mínima. 
Soy consciente de que hemos aumentado la capacidad un 30% y reducido los retrasos a los niveles de 1998-1999. 
Sin embargo, incumbe a ciertos países y zonas, como Francia, Italia, España, el sur de Alemania y Suiza, responsables del 44% de los retrasos, introducir mejoras radicales a escala nacional si queremos que este Reglamento surta efecto. 
Otro ámbito que tenemos que abordar de forma urgente es la falta de controladores aéreos en toda Europa. 
En conclusión, este Reglamento mejorará la seguridad, la eficacia y el rendimiento de la gestión del tráfico aéreo, lo cual es una buena noticia para el sector, para las empresas y para el consumidor, puesto que el tráfico aéreo sigue creciendo en toda Europa. 
Señor Presidente, señora Comisaria de Palacio, quiero dedicar estos dos minutos a elogiar la labor de los ponentes, que han actuado con tanta persistencia y claridad en una cuestión compleja y cargada de matices, pero sin perder jamás de vista ni abandonar el objetivo principal, y a elogiar también a todos los miembros de nuestra comisión, que han creído en su trabajo y lo han apoyado, así como a la Comisión, que ha trabajado codo con codo con nosotros y también nos ha permitido alcanzar un resultado con el que puedo decir que estoy satisfecho. 
Mi satisfacción, Señorías, no es únicamente técnica. 
Algunos ya han dicho que sin duda podríamos haber hecho más en relación con este asunto, que podríamos haber conseguido más, que podríamos haber ido más lejos en el nivel de armonización, pero yo quiero invitarles a pensar en la satisfacción que debemos sentir desde un punto de vista político. Hemos conseguido en cualquier caso romper un tabú, pues a partir de ahora podremos hablar de un cielo único europeo – provistos de un Reglamento para hacerlo realidad –; evidentemente, todavía no al nivel que queremos y esperamos, pero aun así basado en una situación real de la que se ha hecho un buen uso. 
Todavía tenemos mayores motivos para estar satisfechos, puesto que la presente disposición se inscribe dentro de un marco en el que ya se han aplicado otras. Me refiero a la aprobada por el Consejo sobre la denegación de embarque, y a la que está preparando la Sra. Maes sobre la seguridad de los aviones, que espero sinceramente que se apruebe. 
Creo, por tanto, que también debemos estar satisfechos porque esta es la Europa que mejor comprenden los ciudadanos, la Europa a la cual se sienten próximos, porque es la Europa que mejora su seguridad, consolida sus derechos y aumenta su satisfacción con la respuesta a sus necesidades expresadas. 
Creo que los ciudadanos serán nuestros principales aliados cuando intentemos avanzar también en relación con este tema y conseguir unos resultados que todavía no están a nuestro alcance, pero que sin duda podremos conseguir en los próximos años. 
Señor Presidente, señora Comisaria de Palacio, Señorías, también yo quiero expresar mi plena y total satisfacción con el resultado alcanzado en el Comité de Conciliación. 
Creo que las perspectivas alentadoras que han quedado patentes hoy aquí son ciertamente más significativas que las dudas planteadas en años anteriores en el debate mantenido en comisión y entre el Consejo y la Comisión, y que también se han expresado hoy aquí. 
Por mi parte, quiero destacar el aspecto político – y con ello apoyo lo que han manifestado en sus intervenciones los oradores que me han precedido – y también la insistencia en definir como histórico este acuerdo. No debemos olvidar que es la misma importancia que concedimos hace diez años a la supresión de las fronteras territoriales, que en aquel momento nos pareció un milagro y preparó el camino para la verdadera integración europea. 
El acuerdo alcanzado representa, sin duda, un compromiso equilibrado entre las numerosas dificultades y el egoísmo de los distintos sectores que, con toda la razón, defienden sus intereses y competencias. 
Así pues, el mérito del resultado corresponde a todos, pero también quiero expresarle mi satisfacción, señora Comisaria de Palacio, por la gran tenacidad con que ha trabajado para conseguir este objetivo, junto con el ponente, el ponente alternativo y también los miembros de la comisión. 
El resultado es satisfactorio. 
Se ha hecho hincapié en el nuevo papel de Eurocontrol y la cooperación militar y civil, pero quiero también destacar la interoperabilidad de la red de control del tráfico aéreo europeo y el tema – no menos importante y que usted ha subrayado, señora Comisaria de Palacio – de la certificación de los proveedores de servicios. 
También es positivo el tema – al que ya se ha referido el ponente, Sr. Fava, con quien quiero decir que estoy totalmente de acuerdo – de las sanciones previstas para los proveedores de servicios y compañías aéreas que incumplan las disposiciones relativas al cielo único, acompañadas de unos objetivos en materia de seguridad que se proponen beneficiar no solo a los ciudadanos europeos, sino también a cuantos utilicen los cielos de Europa y los surquen volando. 
. 
Señor Presidente, creo que todos somos conscientes de que la discusión de hoy concluye con un paso adelante histórico, en la construcción europea. 
Hemos roto un tabú, decía el Sr. Lisi, y es posible que quizá nos hubiera gustado ir todavía más lejos y haber puesto más en común, y seguro que en los próximos años vendrán modificaciones a estos dos reglamentos, a este paquete legislativo, para perfeccionarlo. 
Una vez que aumente el nivel de confianza, que se normalice la aplicación y la realidad del cielo único, y que todos veamos cómo se pueden combinar los elementos relacionados con los conceptos de soberanía y de defensa, que están presentes en el espacio aéreo, con la gestión más adecuada, más eficiente y más segura del espacio aéreo en la aviación civil europea. 
En ese sentido, quiero dar las gracias muy especialmente, señor Presidente, a su Señoría, porque es cierto- Sr. Dimitrakopoulos- que su trabajo, en el proceso de conciliación fue clave. 
Lo mismo que fue clave, como he dicho hace un momento, el trabajo de los dos ponentes, del Sr. Fava y de la Sra. Sanders-ten Holte y de todos los responsables de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Quiero decir que para la Comisión, y desde luego para mí personalmente, esta es una de las tres grandes iniciativas que yo recordaré siempre de mi paso por la Comisión Europea. 
Luego vamos a hablar de otra, que es el Programa GALILEO, en cuanto terminemos este debate. 
En esta iniciativa, junto con GALILEO y con alguna más- quizá la seguridad marítima, a pesar de que hay algunos que no terminan de verlo así- hemos llevado a cabo una auténtica revolución y hemos cambiado los límites, las fronteras de lo que es Europa. 
Con esta iniciativa europeizamos el espacio aéreo, que no era europeo. 
Con esta iniciativa, de verdad creamos un espacio aéreo europeo, creamos un cielo europeo, combinando además las garantías a los Estados. 
Señorías, solo les voy a hacer una pequeña reflexión: hay algunas de sus Señorías que dicen que en toda la cuestión de los bloques funcionales habría que tener una competencia comunitaria; , aunque no es exactamente lo mismo, es como si, a la hora de definir los trazados de unas carreteras, de unas redes ferroviarias, y a la hora de construirlas la Comisión tuviera plenas competencias. 
Hay que tener en cuenta también, la voluntad de los Estados. 
Ahora bien no se puede hacer de manera contradictoria, la Comisión tiene que aportar esa racionalidad europea y ese componente europeo que, quizás, en una visión nacional no está siempre presente, pero es obvio que sin los Estados miembros no se pueden desarrollar este tipo de actuaciones. 
Quiero decir que Eurocontrol, a lo largo de estos años, también ha avanzado muchísimo. 
Y pienso que nosotros algo hemos contribuido a estas mejoras porque Eurocontrol es consciente del proceso y del impulso que hay y, en ese sentido, me alegro enormemente que hayamos sido capaces de conseguir por fin la plena participación comunitaria en Eurocontrol, que ha sido importantísima, así como la articulación de su colaboración en todo el proceso del cielo único. 
Concluyo con una única cosa: lo que nunca hemos hecho desde la Comisión en esta iniciativa ha sido tirar la toalla. 
Algunos, a lo mejor la tiraron en algún momento, desde luego la Comisión, y personalmente yo, no lo he hecho. 
Como decía, empecé en enero del 2000, con una serie de reuniones donde participaban responsables civiles y militares, cuando todavía no se había avanzado, como se ha hecho a lo largo de estos años, en aspectos de defensa. 
No había COPS ni nada por el estilo y, sin embargo, allí vinieron e, insisto, en aquel momento, se pensaba que nuestra iniciativa era imposible. 
Hemos sabido separar las cuestiones y resolver lo que se podía resolver y no pretender, para resolverlo todo, paralizarlo todo. 
Porque todos sabemos muy bien que una manera de evitar que nada se mueva es pretender conseguir la perfección de la noche a la mañana. 
Creo que lo que hoy hemos conseguido es muy importante, y que precisamente esa mezcla de visión de la construcción de un cielo único europeo y de realismo, que ha sido la que ha guiado la acción, tanto del Parlamento como de la Comisión, como también- lo quiero decir- del Consejo, es lo que nos permite hoy podernos felicitar con un resultado positivo, que es un paso importantísimo, que todos sabemos que seguirán otros pasos, pero que es el primer paso en esta nueva frontera del cielo único europeo. 
Muchas gracias, señora Vicepresidenta de la Comisión, tanto por su declaración como por sus amables palabras. 
Queda cerrado el debate sobre este asunto, en el que hemos trabajado mucho, pero con una intuición muy positiva. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.30 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (Α5-0003/2004) del Sr. Piétrasanta, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la situación del programa Galileo (COM (2002) 518 – 2003/2041 (INI) ). 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en el transcurso de la presente legislatura se han presentado al Parlamento Europeo varios informes sobre el programa Galileo, elaborados sucesivamente por la Sra. Langenhagen, que hoy está presente, los Sres. Glante y Dhaene, y yo mismo. 
Siempre se presentaron con actitud positiva, pero aun así tuvieron que superar muchos obstáculos hasta conseguir la aprobación de nuestro proyecto europeo. 
Se criticó porque duplicaba el sistema GPS estadounidense, pero eso me recuerda la fábula del ciego y el paralítico. 
¿Acaso se esperaba que pidiésemos a los Estados Unidos que fuesen nuestros ojos y nos mostrasen el camino? 
Se dijo que el coste era ruinoso, aunque es aproximadamente igual al de la construcción de algo más de 100 km de línea férrea de alta velocidad. 
Por fin acabó imponiéndose nuestra sabiduría y, preocupados por la aplicación de la estrategia a favor del empleo, la reforma económica, la investigación y la cohesión social, decidida en marzo de 2002 en el Consejo Europeo de Lisboa, aprobamos el programa Galileo. 
Llevo casi un año trabajando en el presente informe, que presenta la situación actual de dicho proyecto y la integración de EGNOS en Galileo. 
No obstante, el temor a un retraso en su implantación llegó a ser tan grande que, felizmente, adelantamos su puesta en marcha y ahora puedo presentar los excelentes resultados conseguidos en 2003 y realizar una serie de recomendaciones para su desarrollo operativo, con objeto de asegurar que Galileo entre efectivamente en servicio en 2008, a más tardar. 
Por consiguiente, tengo en cuenta dos comunicaciones de la Comisión. 
La primera se refiere a los progresos realizados a partir de la decisión del Consejo de 26 de marzo de 2002 en virtud de la cual se aprobó de manera informal el Reglamento por el que se creó la empresa conjunta el 21 de mayo de 2002, y la segunda, a la integración de EGNOS en Galileo. 
La comunicación contempla los siguientes aspectos: la creación de empresas conjuntas, ya realizada; la seguridad del sistema –siguiendo nuestra recomendación se creó, al mismo tiempo que el centro de seguridad, una autoridad de supervisión cuyo cometido es fundamental, ya que garantiza que Galileo siga siendo un proyecto que responda a los deseos de los usuarios–; la definición de los servicios; la planificación de frecuencias y la reserva de frecuencias. 
También se ha resuelto el problema de la superposición de señales en el quinto servicio (o PRS) con la señal M del Ejército estadounidense. 
La Comisión y los Estados Unidos han alcanzado un compromiso. 
La señal de Galileo circunvalará la señal estadounidense y ya no se superpondrá a ella. 
Se han normalizado las relaciones con terceros países. 
No existen problemas con el sistema ruso Glonass. 
En cuanto al GPS estadounidense, existe una cierta cohabitación o, cuanto menos, un procedimiento de consulta. 
Y se nos están sumando otros países, como China, con la cual se celebró el 18 de septiembre de 2003, en Pekín, un acuerdo prometedor, sobre todo en el campo de la investigación. 
Recuérdese que Galileo es solo un reloj gigantesco formado por unos treinta satélites capaces de determinar con gran precisión una posición en el tiempo y en el espacio. 
A diferencia de los sistemas GPS y Glonass, debe seguir siendo un proyecto exclusivamente civil. 
Los servicios que prestará son muy importantes, sobre todo en el ámbito del medio ambiente. 
Como instrumento para la protección de la naturaleza, ayudará a la localización de contaminación por sustancias peligrosas, al seguimiento de icebergs y a la confección de mapas de los océanos y los niveles del mar. 
Ayudará a la vigilancia de la atmósfera y la ionosfera, a las comunicaciones de radio, a la ciencia espacial, e incluso a la predicción de terremotos o al control de las especies amenazadas. 
Será posible tener localizadas en todo momento las sustancias peligrosas contenidas en los residuos nucleares. 
Tampoco hemos olvidado la contaminación del espacio, puesto que tendremos que garantizar que cualquier nuevo objeto lanzado al espacio se pueda neutralizar. 
Habrá muchas otras transformaciones en los ámbitos del transporte y las comunicaciones. 
Quiero destacar la contribución fundamental de Galileo, que constituye una punta de lanza de nuestra política espacial europea, merced a una mayor integración de las funciones de la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea. 
Y en el ámbito del Espacio Europeo de la Investigación, se prevé una importante financiación, procedente del programa ARTES de la Agencia Espacial Europea y de socios privados, en el contexto del Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
Puesto que gran parte de la financiación procede del erario público, los resultados de la investigación y los derechos de propiedad intelectual pertenecerán a todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
En cuanto a EGNOS, propongo su integración en Galileo por medio de los buenos oficios de la empresa conjunta, puesto que este sistema de radionavegación por satélite solo puede estar basado en nuestro sistema global. 
Galileo es un logro muy importante de nuestra legislatura. 
El Consejo y la Comisión lo propusieron y apoyaron, y yo quiero rendir tributo desde aquí a la Sra. de Palacio, responsable de transportes y energía, al Director General Lamoureux y también al Sr. Busquin, por su esfuerzo y su determinación para sacar adelante este proyecto. 
También quiero expresar mi agradecimiento a mis colegas diputados por el continuo interés que han mostrado por el programa Galileo, en particular los que integran la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Galileo es un magnífico proyecto de la Unión Europea. 
En primer y principal lugar, ayudará a poner en práctica nuestra política de desarrollo sostenible con la ética indispensable en una iniciativa de tanta envergadura. 
El Parlamento puede estar orgulloso de haber sido una fuerza impulsora del dinamismo que ha demostrado esta Cámara y que contribuirá a que la Unión Europea sea más independiente; se trata de un paso más hacia la adopción de una decisión de gran importancia política y que nuestro proyecto de Constitución demanda claramente. 
. Señor Presidente, quiero, una vez más, agradecer al Parlamento Europeo su respaldo a la Comisión, para llevar adelante el proyecto GALILEO. 
El informe Piétrasanta es una nueva prueba de ello al aprobar decididamente la actuación que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo y al animarnos a seguir adelante. 
Quiero agradecerles, insisto una vez más, su respaldo y quiero además agradecer especialmente al Sr. Piétrasanta el trabajo realizado. 
Quiero señalar que en este momento, como bien saben, la empresa común GALILEO está plenamente operativa y ello desde el verano 2003. 
Sus dos tareas principales son, por un lado, proceder a la selección del futuro concesionario GALILEO- tenemos sobre la mesa cuatro ofertas que se recibieron en diciembre de 2003 tras la publicación de un anuncio de concesión el año pasado- y esas cuatro ofertas prueban el interés cierto por parte de cuatro consorcios de hacerse cargo de este proyecto y, por lo tanto, el interés cierto del sector privado en el proyecto GALILEO. 
El segundo elemento en el cual estamos trabajando es en la supervisión del trabajo emprendido por la Agencia Espacial Europea de validación en órbita. 
Se lanzará un primer satélite experimental antes de que finalice el año 2005 y un segundo satélite estará listo para su lanzamiento en el primer semestre del año 2006 porque tenemos que empezar a emitir las señales de prueba, para garantizar el mantenimiento de las señales que nos fueron acordadas en su día por el organismo internacional correspondiente. 
En lo que respecta a las relaciones con estados terceros, a los que se ha referido hace un momento el Sr. Piétrasanta, lo que vemos es un interés espectacular y que viene a confirmar una vez más que tanto la Comisión como el Parlamento, que jamás hemos dudado del proyecto GALILEO, teníamos razón y que aquellos países que tenían preocupaciones o dudas y que han tenido durante bastante tiempo dificultades para impulsar el proyecto GALILEO, no tenían motivos justificados para ello. 
Hemos firmado, efectivamente, un acuerdo con China, tenemos muy avanzada la negociación con la India, Brasil quiere también participar en el proyecto GALILEO, por no hablar de la cooperación con Rusia y, desde luego, con Estados Unidos. 
Con Estados Unidos tenemos prácticamente resueltos todos los problemas de compatibilidad con el sistema GPS precisamente a través de una cooperación entre sistemas que permita reforzar y mejorar la señal y las prestaciones correspondientes. 
En ese sentido, las últimas reuniones que tuvimos a finales del año pasado, ya prácticamente zanjaron todas las cuestiones, solo queda un punto por resolver sobre las señales abiertas y estamos muy próximos a resolverlo y esperamos que mañana y pasado, en la reunión que tenemos en Washington, podamos, definitivamente, zanjar el asunto. 
Quiero agradecer, por lo tanto, a su señoría el informe que ha realizado, agradecer al Parlamento por el respaldo clarísimo que ha prestado a lo largo de todo este tiempo a esta iniciativa de la Comisión, donde hemos tenido que batallar duro a veces y a veces superando dificultades complicadas, pero quiero decir que va por buen camino. 
Como decía hace un momento, respecto de esos tres proyectos: "cielo único", está en marcha, GALILEO está perfectamente lanzado, y "seguridad marítima" donde de nada, hemos pasado a tener todo un paquete que nos protege y nos apoya, no solo en la Unión Europea sino a nivel internacional. 
Señor Presidente, si solo puedo decir tres, esas serían las tres tareas, los tres trabajos que habremos logrado- y digo habremos porque lo hemos conseguido entre todos -, un equipo, el equipo de la Comisión, y una vez más quiero dar las gracias a los servicios a los que hacía referencia, desde el Director general a todos los responsables que han actuado y han trabajado a lo largo de este tiempo- pero desde luego con la cooperación inestimable de este Parlamento que nos aportado su respaldo sistemáticamente y, desde luego al final también, la cooperación del Consejo, si no está el Consejo, pues la cosa no funciona; el triángulo comunitario, una vez más. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, acabamos de escuchar el anuncio de los Estados Unidos de que quieren asumir un gran compromiso con el espacio y que se proponen invertir de nuevo mucho dinero en él: asentamientos en la luna, una misión a Marte, cuyas fotografías vemos casi a diario. Aquí es donde me parece que Galileo es una señal muy importante y positiva para el futuro económico y tecnológico de Europa. 
Tampoco pierdo de vista las elecciones europeas de este año. 
Los ciudadanos siempre nos preguntan en qué les beneficia Europa, y Galileo nos permite ofrecerles un ejemplo de cómo se pueden sumar las fuerzas europeas en las esferas de la empresa y la tecnología – pues solo juntos podemos alcanzar tales objetivos – de un modo que resulte beneficioso para el futuro de la Europa que compartimos. 
Se han descrito los problemas y ahora es urgente que avancemos en la resolución de los problemas que plantea la ejecución de este proyecto, incluidos los que afectan a los norteamericanos. 
Se han superado numerosos obstáculos. 
El Parlamento ha brindado un apoyo constante a la Comisión, el Consejo ha cumplido con su parte y ahora ha llegado el momento de decidir sobre las ofertas. 
Tenemos que instalar el sistema sin pérdida de tiempo para poder empezar a trabajar con él, y tenemos que crear las condiciones marco adecuadas, especialmente en lo que respecta a las estructuras. 
En este contexto, quiero referirme a un aspecto que considero importante. 
Cuando se decidan las futuras estructuras de Galileo, que vamos a debatir en esta Asamblea, es preciso que sean eficaces, pero también lo es igualmente que el Parlamento conserve su parte de responsabilidad y no permita que le arrebaten de las manos esta cuestión. 
Aunque pido que cuando debatamos este tema, recibamos tal vez un mayor apoyo de la Comisión, pienso que hemos demostrado conjuntamente que Europa, que el Parlamento Europeo, está unido en su afán por lograr este objetivo. 
Señora Comisaria, esta Cámara la ha apoyado siempre y, por consiguiente, debemos hacer también causa común en este tema y procurar que el Parlamento conserve la responsabilidad. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, también yo quiero felicitar muy especialmente al Sr. Piétrasanta, pues ambos hemos trabajado bien juntos en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía; ha resultado ser un colega comprensivo y agradable, dispuesto a acoger todas las sugerencias, reticencias y dudas de sus colegas diputados. 
En el curso de nuestras deliberaciones sobre el presente informe, celebramos interesantes audiencias con expertos, a quienes tuvimos la oportunidad de preguntar sobre sus informes y que nos dieron interesantes explicaciones sobre los usos futuros de Galileo. 
Aunque algunos no pudimos evitar alguna ligera sonrisa ante algunas de sus afirmaciones y pronósticos, pienso que Galileo constituye un modelo para el futuro y creo que la inversión realizada resultará rentable, como permite apreciar el hecho de que ya se hayan recibido cuatro respuestas a la convocatoria de ofertas. 
Recuerdo que hace un par de años todo se veía muy distinto y se planteaban muchas dudas sobre si el sector participaría en el aspecto financiero. 
Ahora nos disponemos a abrir los documentos y anunciar el resultado, un hecho que no podemos dejar de celebrar. 
El informe del Sr. Piétrasanta contiene, en efecto, todos los aspectos importantes. 
Hay otra cosa que quiero mencionar, respecto a la cual presenté varias enmiendas en comisión y presentaré otra en el Pleno; les ruego que lo comprendan, pues se trata de un asunto especialmente importante para mí. 
Me refiero a los servicios de rescate y de ayuda que se van a crear. 
Aunque el sistema COSPAS-SARSAT es bien conocido, también existe el sistema IMMARSAT-E, que es preferible al anterior en muchos aspectos, como su rapidez de respuesta, su posicionamiento más preciso, su disponibilidad permanente, su plena compatibilidad con Galileo y la cobertura de toda la superficie de la Tierra. 
Este sistema es importante para las personas que se encuentren en dificultades en el mar, pues la información es muy detallada y puede ayudar a llegar hasta ellas en un plazo de tiempo muy corto. 
Creo que debemos reflexionar sobre esto; varias organizaciones – algunas de carácter militar, como la OTAN – y Estados miembros están ya incorporando el sistema a sus aviones de transporte Transall, helicópteros y buques. 
Creo que también sería útil para los particulares y, desde luego, ambos sistemas pueden coexistir. 
Espero que mañana se apruebe y que los colegas apoyen mi única enmienda todavía pendiente. 
Gracias a todos y mis mejores deseos para el futuro, Sr. Piétrasanta; le echaremos de menos. 
Señor Presidente, el año 2002 en Lisboa el Consejo Europeo se planteó como objetivo que en diez años la Unión Europea debería ser la economía más dinámica y avanzada a nivel global, generadora de empleo, protección social y bienestar para todos los ciudadanos. 
Para ello se determinó que eran precisas diversas reformas económicas, además del fortalecimiento de la investigación y de la cohesión social, sin embargo, en casi todos los Estados miembros estamos padeciendo continuos ejemplos de deslocalización de empresas cuyos patronos, generalmente multinacionales, buscan mejores márgenes de beneficio en base al abaratamiento de los costos de manufacturación de los productos, implantando sus industrias en países con mano de obra más barata y, a veces, con menores controles medioambientales. 
Esto genera desempleo en la Unión, rebaja nuestra riqueza y merma posibilidades de cara a la consecución de los objetivos de Lisboa. 
Frente a esta dinámica imparable por causa de la globalización, nuestra reacción no puede ser tratar de competir para igualar nuestros costos a los que ofrecen países menos desarrollados, a base de renuncias por parte de nuestra fuerza laboral o de nuestra exigencia medioambiental. 
Nuestra apuesta tiene que ser el fortalecimiento de nuestros recursos humanos, la educación, la formación, el desarrollo tecnológico, la investigación, el conocimiento. 
Solo así seguiremos manteniendo nuestra ventaja competitiva, podremos impulsar y retener empresas punteras y sostener el elevado nivel de bienestar, protección y cohesión social de que disponemos. 
El proyecto GALILEO, que hoy debatimos, es un buen ejemplo de que hemos tomado el camino acertado. 
Junto con la Agencia Espacial Europea, el programa EGNOS, y ojalá que también el ITER, constituyen la punta de lanza para que Europa pueda estar presente en el grupo de cabeza, de cara a los retos más importantes que la humanidad va a enfrentar en este siglo XXI, es decir, el aprovechamiento de nuestra atmósfera y el espacio exterior de forma sostenible y respetuosa con la naturaleza. 
Y como la Tierra y el universo nos pertenecen a todos, apoyamos plenamente que GALILEO esté abierto a la cooperación con terceros países participantes tales como China, India, Brasil y otros, además de las negociaciones con Rusia y Estados Unidos sobre la navegación por satélite. 
Y también que se aprovechen nuestros transpondedores de GALILEO para dar cobijo a los sistemas actualmente existentes de salvamento marítimo y a otras necesidades de los sectores del transporte, de las telecomunicaciones, del medio ambiente, de la agricultura, de la pesca y, sobre todo, de las personas. 
Felicito al Sr. Piétrasanta por su informe así como también a la Comisión, al Parlamento y finalmente también al Consejo, por su impulso al proyecto GALILEO. 
– Señor Presidente, felicito al ponente, el Sr. Piétrasanta, por su concienzudo trabajo sobre el sistema de posicionamiento Galileo. 
Galileo ha demostrado ser un gran éxito y opino que es esencial que Europa continúe invirtiendo en esta tecnología clave en el futuro. 
Cabe destacar que, a diferencia de los sistemas de posicionamiento global competidores –en particular los norteamericanos–, nuestro proyecto Galileo se ha utilizado exclusivamente con fines civiles. 
No deseo que Galileo se aplique con fines militares. 
Galileo puede desempeñar un papel crucial para que la Unión Europea alcance las metas de competitividad establecidas en Lisboa, metas que constituyen un puntal clave del programa de la Presidencia irlandesa. 
Acogemos con gran satisfacción la futura participación de China en Galileo a través de una inversión financiera sustancial en el programa. 
Estoy convencido de que tenemos que continuar buscando socios internacionales que deseen encontrar opciones alternativas a los monopolios anteriores. 
En conclusión, quiero hacer constar que se ha establecido el consejo supervisor solicitado por el Parlamento. 
Se trata de una contribución importante a la transparencia y la responsabilidad. 
– Señor Presidente, desde luego que compartimos las palabras del ponente sobre el sistema de satélites y un sistema de satélites civil, pero creo que no debemos hacernos demasiadas ilusiones en cuanto a la posibilidad de establecer una clara separación entre los fines civiles y militares, sobre todo dadas las repercusiones militares de la tecnología civil, y todavía menos en cuanto a la separación entre ambos fines en dictaduras como China, que utiliza precisamente estos instrumentos civiles, diseñados para localizar a las personas, como instrumentos para una represión generalizada que hace posible la nueva tecnología, en particular la nueva tecnología de los satélites. 
Por esto pienso que el informe debería haber manifestado una mayor preocupación por este tema. 
Acogemos con satisfacción la conclusión de las negociaciones mantenidas con China sobre su participación en el sistema Galileo. 
En realidad, los riesgos en el ámbito militar no son riesgos teóricos, sino los que ha indicado la Comisión Europea como factores útiles, desde un punto de vista europeo, para su defensa. 
Permítanme que cite un documento – un documento sobre la posición de la Comisión –, hecho público el 31 de diciembre de 2001, en el que se decía que si se abandonase el Programa Galileo, perderíamos nuestra autonomía en materia de defensa en el plazo de veinte o treinta años; de nuevo, el 12 de marzo de 2002, se dijo que aun cuando se ha diseñado para aplicaciones civiles, Galileo también proporcionará una capacidad militar a la Unión Europa, y la Dirección General hizo referencia a la utilidad de una señal de Galileo separada para apoyar el aspecto militar. 
En vista de esta aclaración de la Dirección General de la Comisión Europea sobre nuestra tecnología, no estaría de más saber si eso es también aplicable en el caso de China. 
No se trata de sabotear el sistema Galileo, sino explícitamente de que se tengan en cuenta dichos riesgos y se adopten medidas adecuadas – con reglamentos, procedimientos y, en caso necesario, sanciones – para evitar que esas repercusiones tecnológicas, que son en parte inevitables y naturales, rebasen los límites de lo aceptable. 
De lo contrario, no nos quedará más remedio que suponer que la rapidez y facilidad con que se alcanzó el acuerdo con China forman parte de la estrategia política más general de la Unión Europea. 
Perdonen la digresión y la alusión al gobierno del país del ponente, pero la actitud que hemos observado recientemente por parte del Presidente Chirac y el Primer Ministro Villepin en relación con el régimen comunista chino constituye un indicio preocupante de una orientación estratégica y política muy concreta. 
Si no se adoptan medidas adecuadas para contrarrestarlo, existe un verdadero riesgo de repercusiones tecnológicas muy reales en los próximos años para el ejército de un país que es antidemocrático, antiliberal y dictatorial, y que sabe hacer un uso militar de los servicios secretos y más concretamente del espionaje civil, algo que, por lo demás, también hacen nuestros propios servicios de información. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, cuando tenemos algo que decir, preferimos hacerlo sin dilación. 
Por ese motivo yo habría preferido que hubiésemos debatido la situación de Galileo hace algún tiempo y también habría deseado un seguimiento más regular del tema. 
La evolución del programa ha dejado ya obsoleta en 2004 la comunicación de la Comisión de 2002. 
No podemos tardar tanto en procesar la información actual, pues me temo que cualquier retraso en el desarrollo de Galileo ocasionará graves problemas si se quiere que entre en funcionamiento en 2008, tal como está previsto. 
Tienen que concluirse sin demora las negociaciones sobre la adjudicación de concesiones. 
Galileo sigue avanzando conforme al calendario, pero tenemos que asegurarnos de que continúe haciéndolo, sin dejar de prestar por ello la atención necesaria al examen de las ofertas presentadas. 
Tenemos que seguir adelante con el procedimiento y sacar, evidentemente, el máximo partido de Galileo. 
Solo así podremos resultar convincentes en el escenario internacional. 
La firma del acuerdo de la UE con China sobre la participación de esta última en Galileo fue un paso muy importante en este sentido y tienen que seguirle otros. 
El hecho de que el Consejo haya otorgado ahora un mandato a la Comisión para que comience a negociar con Israel y la India en febrero indica que estamos avanzando a buen ritmo en lo que respecta a los acuerdos bilaterales, pero también es muy importante, como se ha señalado a propósito de los Estados Unidos, encontrar una base común para la cooperación. 
En este contexto, la interoperabilidad de Galileo con el sistema GPS es un reto que tenemos que abordar y ambas partes deben hacer un mayor esfuerzo. 
Últimamente se han realizado progresos importantes en todos los ámbitos y me alegraría que la evolución futura justifique la gran confianza que se ha depositado en Galileo en el mundo entero. 
Para acabar, permítanme que añada lo siguiente: señora Comisaria de Palacio, tiene usted razón. Galileo es el tercer pilar de su receta personal para el éxito. 
Le deseamos que tenga mucho más éxito en Washington y también en otros lugares. Al Sr. Piétrasanta queremos decirle que nuestros mejores deseos le acompañarán en la nueva etapa de su carrera política. 
Quiero empezar expresando mi satisfacción por la madurez de este expediente del programa Galileo, que seguirá siendo uno de los grandes logros de la presente legislatura y un ejemplo de lo que pueden hacer juntos la Comisión y el Parlamento, ante la incredulidad general y pese a la resistencia de muchos Estados miembros. 
Creo que el trabajo dice mucho a favor de todos y deseo expresarle mi reconocimiento a la Sra. Loyola de Palacio. 
Creo que el programa Galileo es un proyecto con un futuro real para Europa; en primer lugar, por sus numerosas aplicaciones potenciales en un gran número de servicios que beneficiarán a nuestros conciudadanos; en segundo lugar porque mantiene nuestras competencias y, en particular, nuestra independencia en el ámbito del espacio; y, finalmente, porque dará trabajo a nuestros lanzadores que, como es sabido, son un sector débil en un mundo donde están muy expuestos a la competencia. 
No obstante, creo que subsisten dos problemas. 
En primer lugar, existe el problema de la financiación de la fase operativa. 
Todavía no he entendido cómo y de qué manera va a poder participar el sector privado en la infraestructura de un modo competitivo, con un GPS que prestará gratuitamente sus servicios. 
Desde este punto de vista, pedirá, por tanto, que se le garanticen unos recursos o intentará obtener alguna contrapartida. 
Creo que debemos ser muy prudentes en esto. 
Yo siempre he pensado que las infraestructuras deben ser públicas y que quienes utilicen los servicios deben pagarlos. 
Pero esperaré a ver cuál es el plan de financiación, que creo que debería completarse lo antes posible. 
En lo que respecta a la cooperación internacional – y en este aspecto coincido hasta cierto punto con el Sr. Cappato –, pienso que es bueno que China esté interesada, pero no a cualquier precio. 
Para empezar, asegurémonos de que China no pida que sus propios lanzadores se encarguen de lanzar los satélites, a expensas de Ariane, que necesita un mercado institucional, y en segundo lugar, asegurémonos de que China, que no es un Estado democrático, no los utilice para fines militares, lo cual iría en contra de nuestros valores fundamentales y, en particular, del respeto de los derechos humanos, que sabemos que no es la principal virtud del Gobierno chino. 
– Señor Presidente, quiero darle las gracias a mi colega, Sr. Piétrasanta, por el trabajo que ha realizado justo cuando se dispone a abandonarnos. 
Galileo reportará muchos beneficios directos, como el sistema de navegación EGNOS, que supuestamente verá la luz esta primavera. 
Proporcionará ventajas económicas a la industria y aportará al sector de la navegación la competencia que le está haciendo falta desde hace tiempo. 
Además, podremos combinar el uso del sistema GPS, el sistema Galileo y el sistema Glonass. 
Quiero resaltar, no obstante, la importancia de las futuras aplicaciones potenciales de Galileo, especialmente en el ámbito de los sistemas transeuropeos de comunicación por satélite de banda ancha. 
Si se utiliza en combinación con una función de posicionamiento a escala planetaria, pondrá a nuestro alcance muchas posibilidades nuevas, hasta ahora solo soñadas, en el campo de la economía. 
Desde el punto de vista económico, es la manera más eficaz de poner la banda ancha al alcance de todos los europeos, independientemente del lugar donde vivan y sin discriminaciones. 
La banda ancha puede dar al sector de las telecomunicaciones el impulso adicional que necesita para competir a escala mundial. 
Finalmente, aunque me he referido sobre todo al potencial económico del apoyo a la estrategia de Lisboa, quiero también destacar los enormes beneficios que reportará Galileo a los servicios de búsqueda y rescate y al sector del transporte. 
. Señor Presidente, Señorías, quisiera una vez más darles las gracias. 
Como decían hace un momento, ha habido momentos difíciles y duros, yo me acuerdo, por ejemplo, de que en un momento dado hubo una recogida de firmas de distintos diputados de este Parlamento, precisamente apoyando que se siguiera adelante con el Programa GALILEO y reclamando al Consejo que, de una vez por todas, tomara decisiones positivas. 
Quiero, por lo tanto, insistir que si este que es uno de los grandes logros de esta legislatura, lo es por lo que supone de afianzamiento del papel de la Unión Europea a nivel internacional, de nuestra autonomía y nuestra propia soberanía, de nuestras capacidades de futuro, sin dejar ningún terreno de desarrollo tecnológico fuera de nuestras ambiciones. 
Creo que lo hemos conseguido entre todos, y desde luego ha habido momentos francamente difíciles. 
Quiero responder muy brevemente a algunas cuestiones que se han planteado. 
La cuestión de China y los derechos humanos. 
Señorías, me preocupa enormemente la cuestión de los derechos humanos en China, y no solo en China, en algunos otros países más cercanos que China también hay problemas, lamentablemente. 
La Unión Europea no puede cejar y tiene que hacer valer sistemáticamente la importancia de los derechos humanos. 
Lo que hay es un acuerdo para la participación en el proyecto, con unos límites, con unos elementos, pero creo que, efectivamente, los aspectos que han señalado sus Señorías, desde luego, habrá que considerarlos de cara al futuro y me parecen muy importantes. 
Siguiente cuestión: ¿GALILEO como un sistema privado? 
No, Señorías, es un sistema público, de propiedad de la Unión Europea. 
Lo único que hay es una concesión en cuanto a su gestión a un particular. 
Pero que quede muy claro, es público, con regulación pública y además, como decía muy bien el Sr. Piétrasanta en su informe, los derechos de propiedad intelectual y demás beneficiarán a todos los ciudadanos de los distintos países de la Unión Europea. 
¿Por qué la gestión por parte de un consorcio privado y por qué unos servicios de pago? 
¿Cómo se explica que vaya a haber unos servicios de pago cuando hay unos servicios gratuitos? 
Señorías, porque como saben muy bien, hay tres niveles, uno que es abierto, libre y gratuito para cualquier ciudadano, como GPS, pero a diferencia del GPS no está sometido a vaivenes ya que no es un proyecto militar, sino un proyecto civil. 
Segundo, hay un nivel de entrada libre pero mediante pago, y en esa entrada libre mediante pago no solo se tendrá una mejor definición y una mayor precisión en cuanto a la señal recibida, sino también un certificado de calidad, es decir, se sabrá en cada momento, de verdad, si se está disponiendo de la máxima precisión, o por el contrario, hay alguna dificultad que la disminuya. 
Eso es básico para cierto tipo de servicios, como por ejemplo, la navegación aérea. 
Con esa certificación de calidad de señal se podrá aterrizar, se pueden cambiar, por ejemplo, los sistemas en navegación aérea e incluso el aterrizaje se puede concebir apoyándose sencillamente en un sistema como el GALILEO. 
En el tercer nivel, la última señal ya saben que es una señal de seguridad, cerrada al uso público, destinada al uso exclusivo de los Gobiernos. 
Por último quisiera reiterar mi agradecimiento al Parlamento- también al Consejo, por la evolución que al final tomó- y a todos los servicios de la Comisión, y al Sr. Piétrasanta por su trabajo, por su colaboración, desearle suerte en sus nuevas responsabilidades y felicitarle por tener la suerte de despedirse en su último Pleno con un informe tan importante y tan simbólico de cara al futuro de Europa, como es el Programa GALILEO. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.30 horas. 
-Informe (A5-0007/2004) del Sr. Zappalà, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, relativo al texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y de obras (PE-CONS 3696/03- C5-0607/2003 2000/0115 (COD)) 
y 
-Informe (A5-0008/2004) del Sr. Zappalà, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, relativo al texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (PE-CONS 3695/03- C5-0608/2003 2000/0117 (COD)) 
, Señor Presidente, la Unión Europea responde. 
La eficacia del procedimiento de codecisión ha realizado una importante contribución en este caso. 
Los ciudadanos demandan desarrollo, mayor crecimiento y más empleos y ahora se les da una respuesta. 
La conciliación sobre la adjudicación de contratos públicos, que ahora se va a debatir, es una prueba de ello. 
Hay que modernizar el mercado europeo y abrirlo a la contratación pública para aumentar la competitividad europea. 
La Directiva relativa a la adjudicación de contratos públicos establece plena competencia entre los concursantes. 
Se garantiza una total transparencia e igualdad de trato. Esto beneficia tanto a los contribuyentes europeos, que podrán obtener más a cambio de su dinero, como a las innumerables empresas que ahora tendrán la oportunidad de competir por la adjudicación de los contratos públicos en toda la UE. 
Desde el punto de vista del Parlamento, la conciliación ha sido un éxito. 
Al principio éramos pocos los que creíamos que el resultado final pudiera llegar a aproximarse tanto a nuestra posición inicial. 
La gestión de la adjudicación de contratos públicos se simplificará considerablemente. 
La Directiva será más sencilla y más clara que su antecesora, y más fácil de utilizar, sobre todo gracias a los centros electrónicos de negocios que se van a establecer, un avance que simplificará las gestiones para las pequeñas y medianas empresas con recursos administrativos limitados. 
La Directiva contempla un mejor diálogo entre los proveedores y los adjudicadores de los contratos. 
Nuestro objetivo es aumentar la competitividad, fomentar la igualdad de trato y mejorar nuestros instrumentos para luchar contra la delincuencia organizada y la corrupción. 
Era necesario mejorar la transparencia y, en particular, la información sobre a quiénes se les adjudican los contratos y por qué. 
Fueron sobre todo estos aspectos y la oportunidad de introducir consideraciones sociales y medioambientales los que forzaron la conciliación. 
La Directiva impide que los aspectos sociales o medioambientales se tengan en cuenta de manera arbitraria o desequilibrada. 
Aun así, todavía se puede seguir reflexionando sobre estas cuestiones. 
Conseguimos un equilibrio con la ayuda de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuya jurisprudencia se aplicó, un factor que proporciona seguridad jurídica en este ámbito. 
Deseo expresar mi especial agradecimiento por este resultado alentador al ponente, Sr. Zappalà, y a la ponente alternativa, Sra. Berger, cuyas aportaciones han sido considerables. 
Quiero también manifestar un agradecimiento especial a toda la delegación parlamentaria y a los dos Comisarios que se encuentran aquí hoy y que, utilizando una frase coloquial, no se han dormido en los laureles, sino que por el contrario han realizado importantes aportaciones prácticas. 
Quiero incluso dar las gracias, cosa poco habitual en un parlamentario, a la Presidencia que se ocupó de este tema y con la que negociamos. 
Sin la combinación de todos estos esfuerzos, habría sido imposible dar este paso. 
No habríamos podido llegar tan lejos si todos los partidos no hubiesen demostrado en la práctica su voluntad política de ofrecer a Europa resultados en este ámbito. 
El resultado fue, por tanto, un acuerdo, a pesar de algunos antagonismos políticos iniciales bastante difíciles. 
Esperamos que este paso contribuya a intensificar los intercambios comerciales en Europa, con los consiguientes beneficios en forma de prosperidad para la Unión Europea, para nuestros ciudadanos y para nuestros pueblos europeos. 
Muchas gracias a todos los que han contribuido a ello. 
. Señor Presidente, estamos a punto de aprobar la reforma más amplia de la ley de contratación pública de la UE desde el establecimiento del mercado interior. 
Simplifica y moderniza nuestra legislación y proporciona al sector público y a la industria los medios para recortar costes y fomentar la competitividad. 
Este instrumento legislativo reviste una importancia extraordinaria para alcanzar los objetivos de la estrategia de Lisboa. 
En efecto, la contratación pública es una parte importante del mercado interior, no solo por su volumen –en el año 2002, la contratación pública supuso aproximadamente 1,5 billones de euros, más del 16% del PIB o, dicho de otro modo, más de la mitad del PIB alemán–, sino también por su enorme potencial de ahorro adicional para los ciudadanos y contribuyentes europeos. 
Un reciente proyecto de informe sobre el funcionamiento de los mercados de contratación pública en la UE demuestra que las directivas de contratación han contribuido a aumentar la transparencia de dichos mercados. 
Las nuevas pruebas, basadas en una muestra de empresas y autoridades públicas, indican que el aumento de la transparencia ha generado una mayor competencia transfronteriza, la convergencia de precios y el descenso de los precios de productos y servicios adquiridos por las autoridades públicas. 
Y sobre todo, estas pruebas demuestran que las reformas económicas funcionan y dan sus frutos. 
El informe sugiere con insistencia que son posibles mayores ahorros en este ámbito. 
Los estudios demuestran que se podrían haber conseguido ahorros del orden del 12% durante el período 1998-2002. 
La importancia potencial de esto es notable: si se pudiera ahorrar el 10%, cinco países podrían transformar su déficit presupuestario en superávit y ningún Estado miembro de la eurozona tendría un déficit del sector público que excediese el límite del 3% impuesto por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Esto es notable. 
Por supuesto, el informe reconoce que persisten problemas, como los costes de las transacciones. 
Para abordar dichos problemas, el paquete legislativo que tienen ante ustedes ayudará con la contratación electrónica, ofreciendo nuevas posibilidades de reducción de costes. 
Si estas medidas se aprueban rápidamente y se aplican de forma eficaz en los Estados miembros, contribuirán a mejorar el resultado de nuestros mercados de contratación pública. 
A pesar de la importancia de los aspectos económicos de la contratación pública, no deben acaparar toda nuestra atención, puesto que hay que considerar otras políticas importantes en el terreno social y medioambiental. 
En este sentido, quiero felicitar al Comité de Conciliación –y a la Sra. Cederschöld– por su excelente trabajo para alcanzar un compromiso equilibrado que consolide y salvaguarde plenamente los avances realizados por la jurisprudencia actual respecto de las posibilidades de utilizar criterios de adjudicación medioambientales y sociales. 
Además, como ha dicho la Sra. Cederschöld, quiero subrayar la convergencia entre esta solución y la última resolución del Tribunal de Justicia de 4 de diciembre 2003 –dos días después de la reunión del Comité de Conciliación–, que confirma las cuatro condiciones acordadas en la conciliación y que tienen que cumplir los criterios de adjudicación para ser válidos. 
Si se cumplen estas condiciones, los métodos de producción podrían servir de criterios de adjudicación sin necesidad de mencionarlos explícitamente. 
Los criterios de adjudicación, como los tratados en la reciente sentencia de 4 de diciembre, continuarán siendo posibles y, además, estarán basados en textos jurídicos más claros. 
Esto confirma uno de los méritos de este paquete legislativo, a saber, que la clarificación y simplificación general de la legislación implicará una mayor seguridad jurídica. 
Finalmente, quiero abordar la situación de ciertas profesiones que desempeñan un papel importante a la hora de garantizar una alta calidad en la contratación. 
A este respecto, el paquete legislativo reconocerá –gracias al exhaustivo trabajo del ponente– este papel y tendrá más en cuenta los aspectos particulares y cualitativos de dichos servicios. 
Por todas estas razones, hago un llamamiento a los diputados a esta Cámara para que apoyen los resultados de este proceso de conciliación y aprueben finalmente este importante instrumento legislativo. 
Una vez más, doy las gracias a todos los diputados que han contribuido al excelente resultado de los diferentes debates celebrados sobre este importante asunto. 
– Señor Presidente, los oradores que me han precedido han destacado ya la importancia de la presente Directiva, que por otra parte se ha subrayado a menudo en los últimos años y ha sido objeto de reflexiones encaminadas específicamente a conseguir un resultado como este. 
Por lo tanto, no me voy a explayar sobre la importancia o el contenido de la Directiva, que ya ha sido objeto de muchas reuniones y muchos debates. 
Tan solo quiero aprovechar rápidamente la ocasión para hacer dos observaciones: la primera es recordar que la Directiva entrará en vigor coincidiendo con la ampliación, de manera que facilitará las cosas no solo en los 15 Estados miembros actuales, sino en los 25 que dentro de pocos meses integrarán la Unión. 
Acojo con gran satisfacción cuanto acaba de decir el Comisario Bolkestein con respecto a la calidad. 
Como ponente, he intentado destacar este aspecto sobre todos los demás en muchas ocasiones. 
Sé que la Comisión está avanzando en esa dirección con otras iniciativas y, por consiguiente, espero que cuando se adjudique un contrato aplicando el principio de la relación calidad-precio, acabe siempre prevaleciendo la calidad, sobre todo en los servicios profesionales. 
Después de pasar cuatro años dedicado a este tema como ponente, junto con muchos otros colegas, quiero acabar expresando mi agradecimiento incondicional a todas las personas que han hecho posible este resultado tan importante para la Unión Europea: al presidente del Comité de Conciliación, con el que pasé una cantidad de tiempo considerable, por la extraordinaria pericia con que condujo la fase final, y a la Comisión, representada por el Comisario Bolkestein. 
Pero también quiero mencionar al Sr. Vattela y a todo su equipo, con quienes trabajé un largo tiempo, a menudo discrepando pero siempre, desde luego, con el espíritu constructivo propio de la Unión Europea. 
Quiero mencionar asimismo y expresar mi agradecimiento a la presidenta de la comisión y actual Ministra de Asuntos Exteriores española, la Sra. Ana de Palacio, que trabajó mucho en este tema; al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos) y Demócratas Europeos que me confió esta tarea, lo cual agradezco al presidente Sr. Poettering; al actual presidente, Sr. Gargani, y también a todos los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, en particular a la Sra. Berger que, en su calidad de ponente alternativa del Grupo del Partido Socialista Europeo, demostró una gran paciencia y con quien concluimos un proceso significativo; a mi colega, el Sr. Lehne, coordinador del Partido Popular Europeo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior; al abogado Sr. Preto, cuya aportación fue sin duda sumamente valiosa para plasmar todo lo que hemos conseguido; y, finalmente, a la Presidencia italiana. 
En los últimos seis meses, la Presidencia ha concluido una tarea iniciada mucho antes de la Presidencia española y que, junto con el Sr. Buttiglione y toda la delegación italiana, nos ha permitido cerrar este asunto en beneficio de todos. 
Después de haber dedicado a esta actividad la mayor parte de la presente legislatura, me siento satisfecho. 
Ahora voy a comenzar otra, pero esta constituye sin duda un hito para la consolidación del mercado interior europeo. 
Doy las gracias, por tanto, a todos; a usted, señor Presidente, y una vez más, a todos los diputados, por haberme concedido esta oportunidad. 
– Señor Presidente, también yo quiero empezar expresando mi más sincero agradecimiento a cuantos han participado en la tarea que ahora vamos a concluir; como ha dicho el ponente, hemos pasado cuatro años trabajando conjuntamente en ella y para mí ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en el Parlamento Europeo, dada la necesidad de manejar una gran cantidad de material sumamente complejo. 
Permítanme que exprese mi agradecimiento a la Comisión y también al Comisario, que ha vuelto a recordarnos hoy la importancia de este proyecto legislativo desde un punto de vista económico. 
Cuando se está intentando valorar una formulación u otra, es muy fácil perder la visión global y dejar de percibir exactamente la importancia del proyecto, y creo que es esencial que la recordemos cuando se aproxima el momento de su conclusión. 
También quiero dar las gracias al Sr. Zappalà, el ponente, que tuvo que ser muy paciente conmigo cuando le explicaba lo que quería conseguir. 
Puede haber discrepancia de opiniones sobre la actuación de la Presidencia italiana y en esta Cámara habrá personas que la valoren de manera distinta, pero desde luego puede apuntarse entre sus méritos la conclusión con éxito de este procedimiento de conciliación, cuyo resultado pediré mañana a mi Grupo, evidentemente, que vote a favor. 
No lo haré con reservas, simplemente por tratarse de un compromiso, sino porque estoy convencida de que el 90% del resultado conseguido es muy bueno. 
Permítanme que destaque algunos aspectos que nos preocupaban especialmente en el Parlamento y que se pueden considerar recogidos en el resultado. 
Por supuesto, compartimos el objetivo de la Comisión en lo que se refiere a la simplificación y la modernización, que considero que se ha conseguido en gran parte. 
Concedimos mucha importancia a la simplificación de los procedimientos electrónicos y a la introducción de las subastas electrónicas. 
Tuvimos diferencias de opinión en cuanto a los umbrales. 
El ligero incremento de los umbrales respecto a los anteriores me parece una buena solución, sobre todo porque significa que las autoridades adjudicadoras más pequeñas, como los ayuntamientos, no tendrán que sacar a concurso en toda Europa los proyectos de su territorio, mientras que el mercado interior seguirá aplicándose a los proyectos de mayor envergadura. 
Asimismo, me parece importante que se haya revisado la Directiva relativa a los servicios públicos y, en particular, que hayamos conseguido transferir los servicios postales de su Directiva tradicional a esta, que era una de las preocupaciones de esta Cámara, y que las disposiciones específicas para muchos sectores sean ahora un poco menos restrictivas. 
Creo que los talleres protegidos gozarán ahora de una buena protección; estos constituyen un ámbito importante, al igual que las organizaciones de compras conjuntas que se están creando en cada vez más Estados miembros y, evidentemente, también –sobre todo con vistas a la ampliación, como ha mencionado el ponente– todas aquellas disposiciones que supuestamente clarifican la aplicación de las disposiciones de aplicación local sobre legislación laboral, seguridad social, fiscalidad y medio ambiente. 
El procedimiento de conciliación abordó –y logró resolver fácilmente– la cuestión de la legislación nacional sobre la adjudicación de contratos, que en el futuro se dará a conocer a través de una página. 
Internet es una fuente de información importante sobre todo para las pequeñas y medianas empresa y el objetivo es que facilite un aumento de las transacciones transfronterizas. 
Ya se han mencionado los criterios de adjudicación, que fueron sin duda un obstáculo hasta la conclusión del procedimiento de conciliación, y el resultado conseguido me parece perfectamente aceptable. 
Hemos afianzado la posición de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, que cubre un largo período de tiempo. 
Hemos incorporado a la legislación lo aprendido en Helsinki y afortunadamente también en ocasiones posteriores. 
Esto me parece muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad jurídica, y este paquete legislativo seguramente expresa en cierta medida el valor que otorgamos a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en este ámbito. 
Para terminar, solo me queda dirigir un llamamiento a los Estados miembros para que transpongan sin demora esta Directiva y que lo hagan conforme a la nueva concepción de la misma, con el fin de crear un verdadero mercado interior de los contratos públicos y favorecer una mayor competencia y transparencia, pero también de avanzar en los ámbitos de la política medioambiental y social. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas está muy satisfecho con el resultado de la conciliación. 
Si consideramos el resultado y lo que nos proponíamos alcanzar, nuestra valoración es que dicho resultado es recomendable en todos los aspectos. 
En primer lugar, en las lecturas anteriores logramos evitar una elevación de los umbrales que habría limitado significativamente el campo de aplicación de la Directiva. 
Esto nos complace muchísimo. 
En segundo lugar, consideramos que hemos conseguido establecer unos métodos de adjudicación seguros y modernos. 
Creo que, como han manifestado los oradores que me han precedido, ahora podemos aprovecharlos para ofrecer más información a las empresas a través de Internet y para permitir que las pequeñas empresas puedan informarse con mayor facilidad de la normativa aplicable. Así contribuiremos a la modernización de las administraciones. 
Creo que esto es muy importante ahora que se habla de una Europa competitiva. 
Nuestro objetivo es aumentar el número de adjudicaciones de contratos transfronterizas. 
Cuando iniciamos el debate, a veces nos preocupaban los informes que entonces recibíamos sobre el número extremadamente reducido de adjudicaciones transfronterizas de contratos públicos. 
Nuestra ponente en el Comité de Conciliación, la Sra. Cederschiöld, a quien quiero agradecer su labor constructiva, ha dicho que la transparencia ha mejorado considerablemente. 
Creo que el resultado alcanzado por el Comité de Conciliación –y que en realidad se aproxima más a la idea liberal– es el que la mayoría suscribió en la segunda lectura. 
Es importante que los competidores puedan conocer también el resultado final de un procedimiento de adjudicación y juzgar si se ha cometido algún error. 
Esto es lo más importante para combatir la corrupción y sacar el máximo partido del dinero. 
Como todos sabemos, el tema de los criterios sociales y medioambientales ha ocupado un lugar muy destacado en el debate. 
Ahora también podemos observar que la Comisión ha elaborado un plan para la ingeniería medioambiental moderna. 
Estoy sinceramente convencida de que el resultado final alcanzado es un instrumento también en ese contexto. 
La tecnología medioambiental moderna no tiene que asustarnos. 
Por último quiero añadir que, después de la última reunión del Comité de Conciliación, la prensa finlandesa dijo que el caso de Concordia Bus Finland llevado al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y relacionado con la circulación de autobuses en Helsinki, ha dado lugar a una directiva razonable sobre la adjudicación de contratos públicos. 
Esto me molestó un poco porque no hay ningún autobús que funcione sin conductor. 
Quiero dar las gracias a los conductores que contribuyeron a este resultado final y señalar que hemos llevado este tema a buen puerto. 
Tengo que expresar mi especial agradecimiento al Comisario y a sus colegas, que dijeron las palabras adecuadas en el momento adecuado, y a la secretaría del Comité de Conciliación por su excelente trabajo. 
Hemos estado trabajando muchos años en este tema y por fin creo que hemos conseguido cerrarlo. Espero que ayude a nuestras administraciones a hacer un mejor uso de los fondos. 
Señor Presidente, hemos trabajado durante mucho tiempo en estas importantes directivas sobre la contratación, y ya va siendo hora de que se celebre un debate final y una votación sobre el resultado de la conciliación. 
Me tomaré la libertad de presentar un resumen. 
Desde una perspectiva verde, la propuesta original de la Comisión era totalmente inaceptable en lo que respecta a los criterios medioambientales y sociales en el caso de la contratación pública. 
Sin embargo, yo me mostré muy optimista respecto a las directivas sobre la contratación una vez que, tanto en primera como en segunda lectura, una mayoría del Parlamento Europeo apoyó rotundamente que la propuesta otorgara a las partes contratantes mayor libertad y derechos para tomar en cuenta e incluir criterios medioambientales y sociales en el sector de la contratación pública. 
Lamentablemente, desde el principio me di cuenta de que la Comisión no quería realmente reconocer el hecho de que los artículos 2 y 6 del Tratado, junto con el Sexto programa de acción en materia de medio ambiente y otros documentos políticos, afirman claramente que las consideraciones medioambientales y sociales deben incluirse en todas las políticas de la UE y que la contratación pública debe emplearse con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible. 
El resultado de la conciliación es claramente bastante mejor que la propuesta original de la Comisión y que las normas anteriores, pero creo que lamentablemente hemos perdido una oportunidad única para llegar a ser tan progresistas como parece que exigen las promesas y las discusiones sobre el desarrollo sostenible. 
Creo que el Consejo ha demostrado una voluntad firme y una gran flexibilidad, por ejemplo a través del aumento del valor umbral. 
No obstante creo que, durante la conciliación, se fracasó en la resolución de la cuestión importante surgida del hecho de que, con un valor del 14% del PIB, la contratación pública podría realmente marcar una diferencia en la política medioambiental de la UE y promover la contratación «verde». 
Quiero dar las gracias a mis compañeros diputados, quines lucharon duramente por ello en las negociaciones de conciliación. 
Los criterios considerados de carácter medioambiental se encuentran entre aquellos que, según la redacción acordada, deben ser establecidos por la entidad contratante. 
Sin embargo, dichos términos no incluyen los métodos por medio de los que se producen los bienes. Tampoco incluye la perspectiva del ciclo vital, es decir, el periodo comprendido desde la producción de los bienes hasta que estos se convierten en desechos. 
Y lo mismo ocurre con los efectos a largo plazo y la internacionalización de los costes externos. 
Así que ¿qué es lo que se quiere decir con criterios de carácter ecológico? 
¿No surgirá una discusión relativa a la interpretación y a las implicaciones del término y, concomitante a ello, también una incertidumbre legal? 
Pienso que hemos perdido una oportunidad magnífica para promover el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para las generaciones presentes y futuras. 
Es también la razón por la que los representantes del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea votaron «no» en la votación final del Comité de Conciliación. 
Creo que muchos miembros del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea votarán en cualquier caso a favor de la propuesta. 
Eso es lo que yo voy a hacer. 
A pesar de estas críticas que he formulado, espero naturalmente que el paquete de proyectos legislativos promueva una contratación abierta y libre y que también, una vez esté todo dicho y hecho, siga promoviendo consideraciones medioambientales y sociales en relación con ello. 
– Señor Presidente, me pregunto qué quería decir exactamente la Sra. Thors cuando ha dicho que la propuesta estaba siendo «conducida a buen puerto» , en especial porque estaba mirándome a mí en ese momento. 
El Sr. Zappalà ha sido el conductor principal en este asunto, pero ha sido un placer trabajar con muchos colegas. 
Asimismo, quiero rendir tributo a la Sra. Cederschiöld por su sabio liderazgo, que nos ha permitido alcanzar un resultado muy satisfactorio en esta conciliación. 
Ahora quiero entrar en materia. 
El Comisario ha hecho una presentación impresionante sobre la importancia de reformar estas directivas para la consecución del mercado interior. 
Ahora tienen que funcionar en la práctica. 
Uno de los ámbitos en los que hemos trabajado en esta conciliación han sido las medidas que alentarán a los Estados miembros a hacer que estas directivas funcionen correctamente. 
No me voy a disculpar por repetir lo que he dicho en mi intervención en primera lectura: sabemos que hay demasiados contratos en todos los ámbitos de la contratación pública que no se anuncian de forma adecuada en el sistema del Diario Oficial. 
Esencialmente, los Gobiernos permiten a sus autoridades públicas evadir las disposiciones del sistema de contratación pública. 
Sabemos por las buenas prácticas en una serie de Estados miembros, de los cuales Suecia es probablemente el mejor ejemplo, que cuando los Gobiernos se toman esto en serio, las disposiciones comienzan a funcionar efectivamente. 
Entre los ejemplos se incluye la creación de órganos independientes que asesoran a todas las agencias públicas del país implicado sobre la manera de trabajar con las directivas de contratación pública. 
Tenemos que asegurarnos de que esto ocurra. 
Quiero subrayar el punto mencionado por la Sra. Schörling en nombre de sus colegas del Grupo Verts/ALE, y por otros, de que las cláusulas contractuales tienen que incluir por fuerza factores distintos a los económicos, como hemos visto en el famoso caso del autobús de Helsinki. 
En términos de criterios sociales y económicos, esto tiene que hacerse de forma abierta y no discriminatoria en el marco de la licitación publicada. 
Este es el punto que hemos asegurado en la conciliación y creo que hemos llegado a un acuerdo sensato. 
Formará parte de los nuevos procedimientos de reforma que tienen que funcionar para crear y, finalmente, completar el mercado interior. 
– Señor Presidente, estoy de acuerdo con el Sr. Harbour; el capitán Zappalà y la capitana Berger nos han «llevado a puerto seguro» tras haber sido forzados a navegar por lo que a veces han sido mares picados durante el proceso de conciliación. 
Permítanme también decir que estoy muy satisfecha por el resultado al que hemos llegado, aunque –como es normal– es obvio que nos hubiera gustado conseguir algo más. 
No obstante, hemos alcanzado mucho, y en mi calidad de socialdemócrata, también debo destacar que hemos obtenido tanto el apoyo de la Comisión como del Consejo. 
Desde mi punto de vista, es muy positivo que hayamos conseguido establecer estos criterios –por lo que respecta a la sostenibilidad, los criterios de adjudicación medioambientales y sociales y, por ejemplo, las disposiciones especiales para personas con discapacidades– y en último término hayamos conseguido asegurar la aprobación de la Comisión y del Consejo. 
Pienso que podemos continuar de forma muy satisfactoria a partir de esta base. 
Sí, nos habría gustado llegar más lejos en este campo, pero al menos hemos establecido estos criterios como un medio de ejercer el control en los procedimientos de adjudicación de contratos. 
Por tanto, hemos garantizado que no siempre se concederá el contrato a la oferta más barata, sino a la más conveniente. 
Como el Sr. Zappalà ha manifestado muy claramente, la más conveniente no es necesariamente la más barata, ya que la calidad también es importante. 
Hemos obtenido algo más en este contexto, algo que yo sentía que era importante y que he venido mencionado repetidamente. 
Por medio de la garantía de que el sector público tenga la opción de decidir por sí mismo qué criterios, si es que los hay, desea aplicar al procedimiento de adjudicación de contratos, hemos reforzado la influencia de las autoridades locales. 
De esta forma, se ha mantenido una cierta medida de libertad para el sector público en las regiones y a escala local, cuyas autoridades necesitan ser capaces de implementar sus propias políticas económicas, y pienso que este es un logro muy positivo. 
Quiero dar las gracias de nuevo a la Sra. Berger por su muy buen trabajo. 
Hemos asegurado un resultado positivo y podemos votar a su favor con la conciencia tranquila, aunque, como ya he dicho, habría sido bueno conseguir algo más. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los que han participado en la conciliación. 
Como ha señalado el Sr. Zappalà, no siempre hemos estado de acuerdo, pero al final hemos alcanzado una decisión. 
Estas dos Directivas constituyen un avance; no muy grande, como ha dicho la Sra. Schörling, pero al menos hemos progresado un poco. 
Si comparamos lo que teníamos antes con lo que tenemos ahora, hemos progresado bastante. 
¿Por qué? 
Esta noche hemos hablado del enorme mercado existente en el ámbito de la contratación pública. 
El propio Comisario ha mencionado las fuertes cifras en juego. 
Sin embargo, cuando hablamos de este mercado y de la contratación pública, demasiado a menudo estamos hablando solamente de un mercado económico. 
Estas dos Directivas cambian todo esto: ahora hemos introducido criterios sociales y medioambientales. 
Esto significa que la autoridad licitadora no tiene que aceptar necesariamente la licitación más baja. 
Las autoridades licitadoras también pueden tener en cuenta la jurisprudencia reciente, y me satisface que el Comisario haya hecho hincapié en la sentencia del 4 de diciembre. 
Asimismo, disponemos de la resolución judicial de julio sobre el caso del autobús de Altmark y, como ha señalado la Sra. Thors, el caso del autobús de Helsinki. 
Este Parlamento ha añadido una dimensión social a la legislación económica. 
No podemos olvidar que mientras luchamos por una economía competitiva para el año 2010, esta tiene que ir acompañada del progreso social. 
Por esta razón apoyaré el voto de mañana: a pesar de que he votado en contra de esta conciliación, de hecho ahora votaré a favor. 
– Señor Presidente, Comisario, señor Zappalà, Señorías, me es grato unirme a las expresiones de agradecimiento. 
Si, por el contrario, comparo los discursos que se han pronunciado aquí, tengo la impresión de que el barco ha llegado a distintos puertos. 
Me gustaría compartir mi propia imagen de este puerto con ustedes. 
Inicialmente, es cierto, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos rechazó la posición común. 
Sin embargo, opinamos que se han alcanzado algunas mejoras sustanciales en el proceso de conciliación, y han acercado un poco más el compromiso a nuestras ideas, de forma que ahora podemos votar a favor del resultado en tercera lectura. Desde mi punto de vista, estas mejoras subyacen principalmente en el hecho de que esta propuesta de compromiso se enfoca de una forma más orientada al mercado que cuando lo hacía incluso en el caso de la posición común. 
El progreso hecho en la liberalización de la contratación pública a través del mercado interior se mantiene y, además, sigue adelante. 
Estábamos preocupados de que a causa de un énfasis desmesurado de los criterios medioambientales y sociales, el mercado interno retrocediera en comparación con la posición alcanzada en 1993. 
Gracias al acertado liderazgo de la Sra. Cederschiöld, y también al apoyo fundamental de la Comisión, esta amenaza se ha disipado, de modo que ahora podemos votar a favor de este resultado de compromiso. 
No hemos logrado todo lo que nos habíamos propuesto. 
La propuesta todavía contiene ciertas normas muy burocráticas, algunas regulaciones sumamente complejas y una redacción obscura. 
Por lo tanto, no se adapta exactamente a lo que queríamos por lo que se refiere a una mejor legislación. 
No obstante, creo que es también un paso adelante en la consecución de los objetivos de la estrategia de Lisboa, y me siento satisfecho de que la Comisión en particular haya realizado una contribución tan esencial, que echamos de menos en el contexto de otras propuestas legislativas. 
Quiero dar las gracias a todo el mundo por su cooperación tan positiva. 
Es grato ser capaces de terminar algo que empezamos en esta legislatura, podemos respirar ya tranquilos cuando abandonemos hoy la sala. 
Señor Presidente, me es sumamente grato poder manifestar que finalmente vamos a obtener directrices globales de la UE que regularán la contratación pública. 
Estoy por supuesto satisfecho en particular de que estas directrices posibiliten que aquellos que adjudican contratos también usen criterios que no sean el del precio. 
Pienso que es importante para nosotros emplear la contratación pública con el fin de influir también en el desarrollo de la sociedad. 
Debemos favorecer los productos y los fabricantes que, desde un punto de vista social, operan siguiendo lo que nosotros defendemos. 
Las cuestiones medioambientales son cruciales. 
Si queremos reducir la contaminación alimentaria y del medio ambiente, debemos favorecer a los fabricantes que tienen este enfoque. 
Si queremos observar una igualdad entre sexos en la vida laboral, debemos favorecer los puestos de trabajo donde esto se promueve. 
Si queremos que todo el mundo goce de oportunidades de trabajo y sea capaz de mantenerse a sí mismo, por supuesto debemos favorecer a las empresas que creen trabajos para personas con discapacidades. 
Si deseamos una sociedad más justa que proporcione mayores oportunidades para la participación, debemos garantizar que la sociedad se diseña de acuerdo con estos criterios. 
Podríamos preguntarnos si habríamos podido conseguir algo más durante las negociaciones de conciliación. 
Es una pregunta que los negociadores siempre se hacen. 
Habiendo dedicado la mayoría de mi vida adulta a negociar, sé que, en las negociaciones, debe llegarse a un punto en el que las partes se ponen de acuerdo. 
Cuando se ha alcanzado ese punto, tal y como pienso que ha ocurrido en nuestras propias negociaciones, tiene que reconocerse que ha llegado el momento de presentar el resultado. 
Pienso que el resultado que hemos presentado en nuestra decisión es algo que podemos defender y, de hecho, de lo que podemos estar orgullosos. 
La posición del Parlamento sobre la contratación pública muestra que las decisiones a escala comunitaria pueden ser importantes para lograr una sociedad más humana. 
Se trata de una decisión alentadora, fruto de un trabajo que necesita mucho tiempo y que a veces es arduo. 
Quisiera dar las gracias a todos los que han intervenido en este resultado. 
. Señor Presidente, no se han dirigido preguntas a la Comisión y, por lo tanto, puedo ser breve. 
Sé que el tiempo parlamentario es caro, así que seré parco en palabras. 
Quiero decir algunas cosas en respuesta a la Sra. Schörling sobre la cuestión de los métodos de producción. 
Deseo tranquilizarla sobre las conclusiones del Tribunal de Justicia Europeo. 
En su sentencia de 4 de diciembre de 2002, el Tribunal confirmó y repitió su conclusión sobre el famoso caso del autobús de Helsinki, es decir, que un requisito según el cual la energía que se suministre tiene que producirse con fuentes de energía renovable es de por sí admisible. 
El Tribunal añadió que se puede conceder mucha importancia a dicho criterio de adjudicación, y en este caso el peso relativo era del 45%. 
Para concluir, y para tranquilizar a la Sra. Schörling, la sentencia confirma que, tanto al amparo de la legislación vigente como del texto conjunto, los métodos de producción son criterios de adjudicación legítimos y se les puede otorgar un gran peso siempre y cuando el criterio se formule y aplique de tal manera que cumpla los requisitos establecidos explícitamente tanto en el caso de Helsinki como en el considerando 1 del texto conjunto. 
Quiero dar las gracias de nuevo, en nombre de la Comisión, por el hecho de que, como ha dicho un diputado, el trabajo sobre este importante expediente haya concluido dentro de esta legislatura. 
Quiero dar las gracias al ponente, el Sr. Zappalà, a la ponente alternativa, la Sra. Cerderschiöld, y a todos los que han participado. 
Concluiré dando las gracias al Sr. Miller por haber apoyado la propuesta al final, a pesar de haber votado en contra en el Comité de Conciliación. 
También hemos concluido el debate dentro del tiempo asignado, así que todo son buenas noticias. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe A5-0006/2004 de la Sra. Corbey, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases (PE-CONS 3697/03- C5-0629/2003- 2001/0291 (COD) ). 
. – Señor Presidente, Comisario, Señorías, estamos a punto de dar nuestra aprobación a la revisión de la Directiva sobre envases y residuos de envases. 
El 4 de diciembre, la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación aprobó el acuerdo alcanzado con el Consejo por una amplia mayoría. 
Como el ponente, estoy muy satisfecha y explicaré brevemente por qué. 
Había en juego dos grandes cuestiones y cinco de carácter menor. 
Empezaré por las cuestiones menores: en primer lugar, la definición de envase. 
Estoy segura de que se acuerdan vívidamente de la presión y del debate sobre las macetas, los estuches de discos compactos, los envases de máscara y maquillaje. 
El Parlamento quería evitar una continuación del debate sobre las macetas. 
La solución encontrada es pragmática: no se introducen nuevos productos en los anexos, sino que se pide a la Comisión que dé prioridad al examen, allí donde sea necesario, de aquellos productos que estén sujetos a una controversia legal: estuches de discos compactos, macetas, rollos de papel higiénico y cosas por el estilo. 
El Consejo ha aceptado la esencia de la enmienda del Parlamento sobre la definición básica de envase. 
El segundo aspecto está relacionado con la prevención, considerado como importante por este Parlamento. 
Debe minimizarse el impacto medioambiental de los envases. 
La introducción de un indicador medioambiental para los envases fue su principal aportación. 
El Parlamento desea fomentar proyectos piloto, y su enmienda en segunda lectura ha sido aceptada prácticamente en su totalidad. 
Indudablemente esto seguirá elaborándose en el debate de la estrategia temática sobre prevención y reciclaje de residuos, que ya está en marcha. 
El tercer aspecto está relacionado con el informe. 
El Consejo ha aceptado la enmienda del Parlamento relacionada con el contenido del informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva prácticamente en su totalidad. 
El cuarto punto hace referencia a los acuerdos voluntarios. 
La posibilidad de reducir la transposición de determinadas disposiciones por medio de acuerdos entre las autoridades competentes y los sectores económicos afectados ha sido totalmente aceptada por el Consejo. 
Este aspecto es muy importante por lo que respecta a los Países Bajos, entre otros. 
La última de las cuestiones menores afecta a los plazos. 
La Directiva existente sobre envases y residuos de envases concede una prórroga limitada a Grecia, Irlanda y Portugal. 
El Parlamento estaba dispuesto a conceder una prórroga de 2008 a 2010, el Consejo prefería que fuera hasta el 2012, y convinimos el año 2011. 
Las dos cuestiones más complicadas afectan a la enmienda relativa a los nuevos Estados miembros y a las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
En primer lugar, por lo que respecta a los nuevos Estados miembros, la cuestión era quién debería establecer los plazos para estos países. 
El Parlamento quería que la Comisión presentara una propuesta sobre la que entonces el Parlamento y el Consejo tomaran una decisión. 
El Consejo prefería abordar la cuestión mediante una declaración con vistas a concluir acuerdos bilaterales con cada país adherente sobre la base del artículo 57 del Tratado de Adhesión. 
El Parlamento defendió firmemente su posición expresada en la segunda lectura. 
El resultado fue la inclusión de un considerando en la Directiva redactado con claridad: contiene las excepciones solicitadas por los países en cuestión, y la decisión final se adoptará con arreglo al procedimiento jurídico pertinente. 
Desde el punto de vista del Parlamento, esto significa una mejora considerable respecto a la posición original del Consejo. 
Un problema especialmente difícil afectaba a las implicaciones de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia respecto a los objetivos de recuperación de la Directiva. 
La interpretación del Tribunal del concepto de «recuperación» en sus sentencias recientes dio lugar a largos debates. 
La tesis general de las sentencias es que la incineración de residuos con energía de recuperación no constituye recuperación como tal salvo que ese sea efectivamente el propósito de la operación, con el resultado de que, de forma imprevista, algunos Estados miembros podrían verse infringiendo la Directiva, ahora o en el futuro. 
Las opiniones divergían en cuanto al mejor modo de abordar el tema desde el punto de vista del procedimiento. 
Además, las implicaciones de las sentencias no se habían tratado en la posición común ni en las enmiendas del Parlamento en segunda lectura. 
La solución de compromiso finalmente adoptada consistió en modificar algunas partes del texto de la Directiva original. 
Esto dejaba claro que los residuos incinerados en plantas de incineración con energía de recuperación sí cuentan a efectos de los objetivos previstos en la Directiva. 
Considerando todos los aspectos, opino que nuestro Parlamento puede mostrarse muy satisfecho por este resultado y, además, recomiendo que todo el mundo vote a favor del acuerdo. 
La votación de mañana dará por finalizada la revisión de la Directiva sobre envases y residuos de envases, pero no así el debate sobre el contexto más amplio del reciclaje, de la prevención de residuos y del uso de los recursos naturales. 
El debate ya ha empezado en el hemiciclo, con la discusión sobre las estrategias temáticas presentada por la Comisión. 
Este acuerdo relativo a la Directiva sobre envases y residuos de envases marca el camino hacia una nueva organización en la legislación. 
El Parlamento quería ser testigo de un mayor énfasis en el impacto medioambiental de la legislación y de una forma flexible de trabajar. 
En una Unión ampliada y más diversa, ya no será posible que todos los 25 Estados miembros establezcan los mismos objetivos para el reciclaje y la recuperación. 
Nuestros debates sobre la ecoeficiencia en primera lectura y sobre el coste económico en segunda lectura nos dirigen casi sin posibilidad de escape a la conclusión de que los porcentajes de reciclaje óptimos de los países pueden diferir de forma sustancial y, en última instancia, nosotros deberemos pasar también por ello. 
Sin embargo, para hacerlo, debemos establecer en primer lugar objetivos claros de reciclaje; además, ese es al fin y al cabo el objetivo de esta legislación. 
Otro de los objetivos de esta legislación es un desarrollo sostenible, un concepto que debemos convertir en realidad. 
Hoy, con la Directiva revisada, estamos dando un paso adelante hacia la modernización de la política de envases. 
Un indicador medioambiental para envases tendría el potencial de estimular el uso de un empaquetado más sostenible. 
A largo plazo, los envases no tienen por qué ser un problema medioambiental, y podrían contribuir a un desarrollo sostenible. 
La innovación constante es la mejor garantía para mantener los puestos de trabajo en el sector de los envases, y espero que la revisión de la Directiva sobre envases y residuos de envases represente una pequeña contribución a todo ello. 
A modo de conclusión, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los grupos por su cooperación, y dar las gracias al excelente equipo de conciliación, bajo el liderazgo extremadamente capaz del Vicepresidente Imbeni. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, después de una bastante larga y difícil tramitación, al final vamos a tener una Directiva que, a la par que ambiciosa, es realista y, sobre todo, va a ser aplicable, porque las fechas y los objetivos cuantitativos fijados en ella son bastante equilibrados. 
Por ello quiero felicitar muy sinceramente a la ponente, Sra. Corbey, y agradecerle su trabajo y la flexibilidad que ha mostrado para llegar a este acuerdo. 
Un acuerdo que no ha sido nada fácil porque, además de los largos y polémicos debates que hemos tenido en la Comisión de Medio Ambiente, nos hemos encontrado con problemas jurídicos añadidos, emanados de la sentencia del Tribunal de Justicia respecto a lo que se entiende por revalorización energética. 
Me gustaría también agradecer a todos los colegas que han hecho valiosas aportaciones para mejorar esta Directiva y, muy especialmente, a la Presidenta de la comisión, Sra. Jackson. 
Realmente el trabajo ha merecido la pena, porque la Directiva de envases va a tener enormes consecuencias para los diferentes agentes económicos implicados: los ayuntamientos, los sistemas de recogida, las empresas de producción de materiales de envases, la industria, etc. 
Y desde aquí quiero hacer un llamamiento muy especial a los consumidores, que son un sector imprescindible en este sistema para que colaboren llevando todos los envases a los puntos verdes. 
La reutilización, el reciclaje y la valorización energética son tres opciones para la gestión de los residuos. 
Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero creo que debemos apoyar las tres por lo que tienen en común: siempre es mejor cualquiera de ellas que el depósito de los residuos en los vertederos. 
En cuanto al concepto de prevención, creo que, sin dejarlo aparte, hay que ser flexibles, especialmente en el caso de la industria agroalimentaria que- no lo olvidemos- es la mayor usuaria de los envases, pues en ella hay que conjugar los fines medioambientales con los más estrictos criterios de seguridad alimentaria. 
Por otra parte, la industria productora de envases está haciendo ya enormes esfuerzos para mejorar el diseño de sus productos por la sencilla razón de que le supone una disminución de costes y, al final, es una ventaja competitiva. 
Como la propia Comisión Europea ha reconocido, algunos Estados miembros tendrán más dificultades para el cumplimiento de la Directiva por razones históricas de carencia de infraestructuras, baja densidad de población o, simplemente, pautas de consumo. 
En este sentido, me alegra haber participado en buscar una solución asequible para todos. 
Portugal, Grecia, Irlanda y los nuevos Estados miembros van a disponer de unos plazos más dilatados para cumplir esta Directiva. 
Me consta que algunos de estos países ya está haciendo enormes esfuerzos y estoy segura de que alcanzarán los objetivos marcados. 
Por último, confío en que los problemas derivados de la imprecisa definición de lo que se considera valorización energética después de la sentencia sean resueltos con urgencia para el bien de todos. 
– Señor Presidente, hemos recorrido un largo y penoso camino hasta llegar a esta Directiva. 
Tenemos que dar las gracias a la ponente por su ardua labor, tenemos que felicitar al Parlamento por la forma en que hemos conducido este proceso hasta la conciliación y hemos obtenido un buen resultado, y ahora disponemos de un paquete muy ambicioso, un paquete sobre los envases que, mucho me temo, algunos Estados miembros tardarán en digerir. 
Nos hemos fijado unos objetivos muy serios. 
Hemos reconocido que esta Directiva entrará en vigor en un momento en que se amplía la Unión y en que una serie de normas y objetivos que teníamos antes en el grupo de los 15 ahora tendrán que extenderse a los 25 Estados miembros. 
Reconociendo que incluso entre los 15 Estados miembros actuales hay algunos débiles, hemos tenido la sensatez de conceder excepciones. 
No puedo presentarme ante ustedes esta noche y decirles que mi país es un ejemplo modélico de progreso en materia de reciclado de envases. 
Me temo que siempre hemos sido lentos, siempre hemos ido por detrás del pelotón y vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en términos de infraestructura y de puesta en marcha de toda una serie de medidas para alcanzar los objetivos que hemos establecido en esta legislación. 
Junto con todos los demás, tenemos que hacerlo: si hemos suscrito esta legislación, tenemos que aceptar las responsabilidades de cumplir las obligaciones que entraña, y creo que esto es algo que el Reino Unido hará y que todos los Estados miembros tienen que hacer. 
Tenemos que reconocer que unas normas medioambientales estrictas tienen su coste, pero las normas medioambientales estrictas también nos darán beneficios. 
A largo plazo crearemos un medio ambiente más limpio y más verde para nosotros y para nuestros hijos. 
Ruego encarecidamente a la Cámara que apoye este paquete. 
– Señor Presidente, los residuos de envases constituyen un problema medioambiental considerable. 
Es bueno que se establezcan objetivos para el reciclaje de residuos, pero me gustaría haber visto algunos objetivos más exigentes. 
En Dinamarca, ya nos encontramos muy cerca de alcanzar el objetivo de reciclaje propuesto. 
Sin embargo, no es suficiente con objetivos incluso más exigentes para el reciclaje de envases peligrosos para el medio ambiente. 
Todos los materiales peligrosos para el medio ambiente y para la salud de la población deben retirarse del ciclo residual y ser reemplazados por alternativas ecológicamente sólidas. 
Dichas alternativas ya existen. 
El problema de los residuos no tiene por qué convertirse en mayor de lo que ya es. 
Lo que echo de menos en la Directiva es una referencia a la rápida retirada del cloruro de polivinilo y de los ftalatos. 
Mientras se empleen cloruro de polivinilo y ftalatos, debe imponerse una tasa sobre ellos que sirva para pagar tanto el daño surgido por el uso de los cloruros de polivinilo, como el traspaso a alternativas ecológicamente sólidas. 
El principio de «el que contamina paga» , confirmado por el Tratado, debe comenzar a aplicarse. 
A pesar de estas insuficiencias, yo votaré a favor de la moción de resolución del informe de la Sra. Corbey. 
– Señor Presidente, verdaderamente ha sido un camino largo y tortuoso. 
Acojo con satisfacción el resultado de las negociaciones de conciliación y quiero dar las gracias en particular a nuestra ponente, la Sra. Corbey, por su excelente trabajo y su comprensión de las cuestiones. 
Como diputado irlandés, creo que nos hemos beneficiado de la llamada «enmienda irlandesa». 
Parece que ha pasado mucho tiempo desde que presenté una enmienda pidiendo una prórroga –no de los objetivos, sino del calendario– para Irlanda, Grecia y Portugal, y doy las gracias a los colegas por su comprensión. 
Tenemos que conseguir el equilibrio adecuado entre ambición y realismo en las cuestiones que nos ocupan. 
No puedo hablar en nombre de Grecia y Portugal –sus diputados ya lo harán–, pero mi país no dispone de una infraestructura capaz de cumplir los objetivos dentro del calendario previsto para otros países, si bien nuestros colegas daneses han sugerido que no es suficientemente ambicioso. 
Realmente acojo con satisfacción este equilibrio. 
No hay nada que impida a los otros ser más ambiciosos y cumplir el calendario. 
Les agradezco sinceramente su comprensión de la posición irlandesa en esta cuestión. 
Como país insular, Irlanda importa el 80% de su material de envase y su posibilidad de reciclaje en el ámbito local es muy reducida; tenemos una población muy dispersa. 
La demografía, la infraestructura, el tamaño y el aislamiento hacen muy difícil que Irlanda cumpla los mismos objetivos y plazos que otros países. 
Estábamos muy atrasados cuando esto comenzó y en los últimos cinco años casi nos hemos puesto al día. 
El tiempo adicional que se nos ha concedido nos permitirá no reclamar un trato especial después del año 2011, y esta tiene que ser nuestra ambición como país. 
En la actualidad dependemos demasiado de la exportación de nuestros residuos, porque no disponemos de la infraestructura para hacerlo localmente, a pesar de haber avanzado mucho en este ámbito durante los últimos años. 
La cuestión de la recuperación y el fallo del Tribunal de Justicia Europeo no afectan a Irlanda, porque en la actualidad no disponemos de instalaciones de recuperación o incineración ni dispondremos de ellas durante algún tiempo. 
No cabe duda de que habrá un recurso, pero lo apoyo para aquellos países en los que tiene relevancia. 
Quiero dar de nuevo las gracias a la ponente y a todos los colegas por su particular comprensión. Acojo con satisfacción la cuestión que nos ocupa esta noche. 
– Señor Presidente, celebro que en esta Directiva se haya hecho hincapié en la necesidad de reducir el vertido de envases y aumentar los objetivos de reciclado de residuos de envases. 
Al igual que mi colega, la Sra. Doyle, me satisface que se hayan acordado prórrogas para Irlanda, Portugal y Grecia. 
Creo que es justo y apropiado que los países candidatos puedan decidir cuándo aplicar esta Directiva de forma razonable, recordando que tienen que enfrentarse a la aplicación de muchas directivas y reglamentos en el acervo comunitario. 
En Irlanda hemos introducido recientemente el reciclaje y el público ha respondido de forma muy positiva. 
Creo que necesitamos consolidar una mentalidad de reciclaje antes de proseguir en cualquier dirección. 
Irlanda es un país importador neto, ya que importa del 75% al 80% de los envases. 
Asimismo, nuestra capacidad de reciclado de envases es limitada. 
No podemos acceder a los mercados de reciclado fácilmente y los gastos son considerables. 
Necesitamos objetivos realistas respecto de las nuevas Directivas, pero el Gobierno cree que podrá aplicar esta Directiva plenamente para el año 2011. 
La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que califica la incineración de vertido, significa que tenemos que encontrar otras maneras de cumplir los objetivos de recuperación, y quiero decir que los ciudadanos irlandeses están muy preocupados respecto del uso de la incineración. 
Puesto que otros países están eliminando la incineración, creo que en la Unión Europea tenemos que examinar muy detalladamente nuestra actuación en este terreno. 
. Señor Presidente, la Comisión acoge con satisfacción el resultado del proceso de conciliación y se congratula de que los colegisladores hayan decidido duplicar el objetivo de reciclaje para el año 2008. 
Asimismo, la Comisión acoge con satisfacción el hecho de que se hayan resuelto dos importantes y difíciles cuestiones. 
La primera es el procedimiento de adopción de un plazo de tiempo para los países candidatos, y la segunda es la cuestión de las consecuencias del reciente fallo judicial sobre la recuperación de energía. 
Respecto del plazo de tiempo para los países candidatos, la Comisión está elaborando una propuesta. 
La Comisión cree que el Parlamento necesita implicarse plenamente en esta importante cuestión, y por tanto esta propuesta estará basada en la codecisión. 
A partir de las consecuencias de la sentencia del Tribunal, la Comisión ha comprendido que no todos están satisfechos con la solución de transformar el objetivo de recuperación en un objetivo de recuperación e incineración en plantas de incineración de residuos con recuperación de energía. 
Sin embargo, hubiera sido difícil llevar a algunos Estados miembros ante el tribunal por haber interpretado la palabra «recuperación» de la misma manera que la mayoría de Estados miembros y la Comisión lo habrían hecho hasta la sentencia. 
La opinión de los colegisladores puede evitar un período de incertidumbre jurídica del que nadie hubiera salido beneficiado. 
Sin embargo, esto no puede ocultar el hecho de que necesitamos resolver la cuestión de la recuperación. 
Tiene que hacerse, no solo para los envases, sino para todos los residuos. 
Por lo tanto, la Comisión cree que necesitamos revisar la cuestión de la recuperación en la Directiva marco sobre residuos. 
El debate en curso sobre la estrategia temática en materia de prevención de residuos y reciclaje constituirá una aportación importante a dicho punto de vista. 
La Comisión desea felicitar a la ponente, la Sra. Corbey, así como a todos los diputados que han contribuido a garantizar el resultado satisfactorio de este importante proceso legislativo. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.30 horas. 
. Señor Presidente, examinamos hoy un informe que es la consecuencia del aplazamiento de la decisión sobre la aprobación de la gestión de las cuentas del Comité de las Regiones el 8 de abril del año pasado. 
Esto fue el resultado de noticias de última hora sobre algunas irregularidades en la gestión. 
Cuando el informe estaba ya prácticamente terminado, se nos comunicó la posible existencia de irregularidades en la gestión y la preocupación manifestada por el interventor en cuanto a los reembolsos de gastos de viajes y dietas, y alguna posibilidad de fraude. 
Ante esta sospecha, nosotros, desde la Comisión de Control Presupuestario, solicitamos el aplazamiento de la decisión de aprobación de la gestión para proceder a una auditoría detallada y poder aclarar todos estos indicios de irregularidades, auditoría que finalmente realizó el Tribunal de Cuentas sobre el presupuesto general del Comité de las Regiones y sobre su gestión financiera y administrativa. 
El resultado de esta auditoría no indicó que hubiera irregularidades graves. 
Al mismo tiempo, la OLAF hizo un informe sobre este posible fraude en el Comité de las Regiones y no detectó que hubiera ni lucro personal ni propósito de realizar fraude por parte del personal del Comité de las Regiones, es decir, aparecieron algunas deficiencias internas administrativas que no tenían mayor importancia, sobre todo teniendo en cuenta que durante el período que iba del 2001, año en que se produjeron estos hechos, hasta el momento en que nos encontrábamos, el propio Comité de las Regiones había modificado su reglamento interno y había introducido una serie de modificaciones tendentes, precisamente, a evitar estar irregularidades que pudieron haber sucedido en el pasado, a la vez que se comprometió a realizar modificaciones y a impartir formación al personal para evitar cualquier posible irregularidad administrativa interna. 
Tenemos que reconocer, y yo personalmente tengo que decir, que el Comité de las Regiones ha realizado un esfuerzo de clarificación de su situación interna para mejorar la gestión y que se ha dotado de normas para evitar problemas o duplicidades en el pago del reembolso de viajes o de dietas a los miembros del Comité. 
El fraude que finalmente se detectó era de muy poca importancia: una cantidad pequeña que se ha solucionado en su mayor parte, y la pequeña parte que queda por resolver está en vías de solucionarse con un antiguo miembro. 
Por tanto, en todo momento hemos visto una rápida reacción por parte del Comité de las Regiones y una buena disposición para colaborar con nosotros, con el Parlamento, para conseguir el mejor cumplimiento de las normas y la mayor transparencia, y para permitirnos pensar que estábamos ante un problema en vías de solución. 
Con este ánimo, yo recomiendo hoy el apoyo al informe que presento en nombre de la Comisión de Control Presupuestario y la aprobación de la gestión del Comité de las Regiones con las recomendaciones que dentro de este informe hemos incluido. 
Las referencias expresas que en el informe venían al informe de la OLAF se han suprimido por recomendación del Servicio Jurídico del Parlamento. 
No parecía adecuado que nosotros hiciéramos referencia a un informe que, por su propia naturaleza, es un informe confidencial; por tanto, directamente se eliminan y ni siquiera se somete a votación su eliminación, sino que se van a considerar no admisibles, lo que no modifica sustancialmente el informe. 
En cuanto a las enmiendas que se han presentado, puedo anunciar que estoy a favor de las enmiendas 3, 4, 5 y 6, y en contra de las demás. 
Ha sido el fruto del trabajo y de la colaboración de la mayoría de los miembros de la Comisión de Control Presupuestario, que hemos buscado en todo momento una mejor gestión para el Comité de las Regiones, que es algo que nos interesa a todos, como Parlamento, y a ellos mismos por lo que representan en las instituciones europeas. 
– Señor Presidente, Señorías, me gustaría empezar dando las gracias sinceramente a la Sra. Avilés Perea, quien ha llevado a cabo su difícil tarea de ponente con gran diligencia y esmero. 
El Comité de las Regiones es la institución más reciente de la UE, y también es una de las más pequeñas. 
Por lo que respecta a su composición, es extremadamente heterogénea, por lo menos en cuanto a su posición política y al rango de sus miembros en sus países de origen. 
¿Podría ser esta la razón por la que tuvimos tantas dificultades con la aprobación de la gestión de 2001? 
Se llamó la atención de la Comisión de Control Presupuestario sobre las deficiencias e incluso las irregularidades cuando se estaba a punto de votar la primavera pasada sobre la resolución que aprobaría la gestión del Comité de las Regiones para el año 2001. 
La ponente, la Sra. Avilés Perea, puso el freno y recomendó que se pospusiera la aprobación de la gestión y que se llevara a cabo una auditoría de las prácticas llevadas a cabo en el Comité de las Regiones, preferiblemente por el Tribunal de Cuentas Europeo, una recomendación que el Pleno aceptó. 
Mientras tanto, la ponente y la comisión han realizado un trabajo detallado y ahora proponen que se conceda la aprobación de la gestión al Comité de las Regiones para el año 2001. 
Sin embargo, esto no significa que los turbios incidentes del CdR se hayan olvidado o perdonado. 
Es probable que vuelvan a salir a la luz en el contexto de la aprobación de la gestión para el año 2002, especialmente en la medida en que el Tribunal de Cuentas proponga llevar a cabo una auditoría más detallada, algo que se sintió incapaz de realizar en 2001. 
El informe de la Sra. Avilés Perea tiene en cuenta determinadas recomendaciones de la OLAF y presenta claras exigencias al CdR. 
No hay señales de enriquecimiento personal ni de pérdida de recursos financieros. 
El cálculo incorrecto de las asignaciones por desplazamientos se ha regulado ahora mediante recuperaciones aunque, en el futuro, el mantenimiento de listas de presencia y de cálculos de las asignaciones de los miembros deberá llevarse a cabo de forma escrupulosa y deberá poder ser verificable. 
Los procedimientos de pago deben corresponderse con los reglamentos financieros. 
Deberá haber respeto por la función institucional del Auditor Interno. 
El Presidente del Comité de las Regiones ha anunciado la aplicación de un plan de acción para mejorar la administración y la gestión, y ello incluye las normas respecto a las personas que denuncian la existencia de prácticas corruptas. 
El Comité de las Regiones decidirá si deberá haber o no procedimientos disciplinarios. 
En general, la Comisión de Control Presupuestario está muy preocupada por la medida en que hasta la fecha ha prevalecido en la administración un enfoque improvisado y amateur. 
Haremos un seguimiento de las mejoras que se han presentado y que se han prometido, de forma benevolente pero prestando una gran atención, de modo que la aprobación de la gestión de 2001 sea correcta y adecuada, alentando de esta manera al Comité de las Regiones a cumplir las reglas en el futuro. 
– Señor Presidente, en marzo de 2003, cuando la Comisión de Control Presupuestario estaba a punto de votar una resolución por la que se aprobaba la gestión del Comité de las Regiones para el ejercicio 2001, recibí una llamada telefónica de un auditor interno del Comité de las Regiones, el Sr. Robert McCoy, al igual que varios colegas míos. 
El Sr. McCoy nos dio unas noticias alarmantes: la información que el Comité de las Regiones había proporcionado al Parlamento en el curso del procedimiento de aprobación de la gestión era incorrecta. 
Al día siguiente, la Comisión de Control Presupuestario decidió posponer la votación para que el Sr. McCoy tuviera la oportunidad de presentarnos su punto de vista. 
Así lo hizo, y emitió lo que él calificó de llamada de socorro. 
Dijo que el Secretario General y el Director Financiero del Comité de las Regiones habían desvirtuado su opinión y que, a pesar de una serie de reformas, el Comité de las Regiones aún incumplía normas financieras básicas, en particular en relación con los procedimientos de licitación y las dietas de los miembros. 
A raíz de la intervención del Sr. McCoy, la Comisión de Control Presupuestario, y posteriormente el pleno, decidieron posponer la aprobación de la gestión del Comité de las Regiones y pidieron a esta institución que encargara –y cito– «una auditoria detallada, completa e independiente a una institución externa y reconocida –preferiblemente el Tribunal de Cuentas Europeo– respecto de la ejecución del presupuesto del Comité, así como respecto de la gestión financiera y administrativa; considera que la auditoria tiene que examinar, entre otros, los ámbitos enumerados anteriormente y dar fe de la sólida gestión financiera de la institución». 
Al mismo tiempo, yo decidí remitir el asunto a la OLAF. 
Los resultados de estas investigaciones fueron alarmantes. 
En el caso del Tribunal de Cuentas fue alarmante porque recibimos un documento de una página que consistía en 300 palabras que básicamente otorgaban al Comité de las Regiones un certificado de buena salud. 
Esto no era lo que pedíamos. 
El informe de la OLAF mostraba una imagen muy diferente. 
Encontró una cultura endémica de falta de profesionalidad e improvisación. 
Descubrió indicios de obstruccionismo en los procedimientos de licitación por parte de algunos funcionarios del Comité de las Regiones, así como la presentación de documentos falsos para el pago de dietas por parte de algunos miembros –ex presidentes incluidos– del Comité de las Regiones. 
Continuaba diciendo que los esfuerzos de la administración se habían centrado en desalentar o desestabilizar al mensajero de las malas noticias, en este caso el interventor, en lugar de cambiar las cosas en beneficio del Comité de las Regiones. 
Por lo tanto, el Sr. McCoy estaba en lo cierto cuando vino a vernos y se merece una disculpa por el trato al que ha estado sometido, así como un aplauso por su valentía al denunciar estas irregularidades. 
Ahora el Comité de las Regiones ha comenzado a mejorar las cosas: el Secretario General ha sido destituido por diferentes razones, si bien su nombramiento también fue probablemente el resultado de un caos administrativo en el seno del Comité de las Regiones; el Presidente del Comité de las Regiones ha anunciado una investigación preliminar sobre la apertura de procedimientos disciplinarios; se ha iniciado un proceso de reforma que incluye a todos los funcionarios del Comité de las Regiones que así lo deseen y un antiguo miembro del Tribunal de Cuentas asesorará al Comité de las Regiones sobre la idoneidad de las reformas. 
Por estas razones el Comité de las Regiones y su presidente se merecen el beneficio de la duda. 
Mañana mi Grupo votará a favor de otorgarle la aprobación de la gestión, pero lo hará con muy poco entusiasmo. 
– Señor Presidente, en su intervención anterior, el Sr. van Hulten nos ha dado una explicación excelente de los motivos del rechazo de la aprobación de la gestión del Comité de las Regiones el pasado mes de abril, y pienso que la Sra. Avilés Perea también lo ha hecho en su resolución; ella ha realizado un muy buen trabajo. 
Como resultado del rechazo de la aprobación de la gestión, dos organismos llevaron a cabo investigaciones: el Tribunal de Cuentas Europeo y la OLAF. 
Debo decir que me sentí un poco decepcionado por la investigación del Tribunal de Cuentas. 
Una investigación que puede expresarse en un par de frases no es lo que yo llamaría «meticulosa» ; era una investigación demasiado superficial para mi gusto. 
Guardo mayor respeto por el informe de la OLAF, que ha examinado la cuestión más a fondo. 
Ha habido muchos abusos; la gran esperanza es que estos ahora desaparezcan. 
En este sentido, estoy de acuerdo con las intervenciones anteriores, en las que se ha dicho que el papel del Interventor es esencial. 
Fue un mal augurio que, cuando el Interventor sacó a la luz los abusos, una de las primeras cosas que la administración del Comité de las Regiones hizo fue destituir a uno de sus trabajadores. 
Por lo tanto, me siento muy satisfecho de que este Parlamento haya aprobado una enmienda al presupuesto de 2004 presentada por el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas para que el Interventor cuente, a partir de ahora, con dos colaboradores más para el próximo ejercicio. 
Consideramos que el papel del Interventor es esencial en todas las instituciones europeas. 
No podrá enfatizarse lo suficiente que esta persona debe actuar de forma completamente independiente, independientemente de la jerarquía, para poder expresar su opinión. 
Apoyaremos el tono crítico de la resolución de la Sra. Avilés Perea, porque pensamos que ha llevado a cabo un buen trabajo. 
Sin embargo, mi grupo no votará a favor de la aprobación de la gestión del Comité de las Regiones. 
Pensamos que es justificable en el transcurso de un año en el que tantas cosas han salido mal. 
Señor Presidente, al igual que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, nosotros consideramos que la ponente ha hecho un trabajo excelente en su informe. 
Se trata de un informe muy crítico que apunta a las áreas sensibles cuando se trata de los procedimientos de adquisición y de los engaños en relación con el reembolso de los gastos de viaje. 
Nosotros hemos sacado la misma conclusión que el Grupo ELDR: no debería aprobarse la gestión. 
Las críticas son demasiado graves. 
Al igual que con el caso de Eurostat, hemos tenido conocimiento de estos problemas gracias a las personas que dan la voz de alarma, personas que denuncian la existencia de prácticas corruptas. 
Si el interventor del Comité de las Regiones no se hubiera puesto en contacto con nosotros, no habríamos descubierto nunca cuán mal estaban ahí las cosas. 
Deberíamos sentirnos agradecidos de que existan trabajadores de la UE dispuestos a correr el riesgo que significa denunciar lo que está mal. 
Estas afirmaciones quedan corroboradas plenamente en el informe de la OLAF. 
Si vamos a aprobar la gestión, también deberíamos aprobar la gestión del Secretario General del Comité de las Regiones. Pensamos que eso es algo que no podemos hacer. 
Es el Secretario General contra quien la OLAF piensa que tendría que abrirse un procedimiento disciplinario, así que estaría fuera de lugar. 
Votaremos en contra de la aprobación de la gestión del Comité de las Regiones. 
Pensamos que hay demasiados aspectos que no se han aclarado y que debería mostrarse una mayor voluntad para encontrar mejores procedimientos para el futuro. 
– Señor Presidente, quiero felicitar a la Comisión de Control Presupuestario por su determinación para arrojar todo aquel rayo de luz posible a la gestión del Comité de las Regiones. 
Hemos recorrido un largo camino desde febrero de 2003. 
El primer plan era el de acordar la aprobación de la gestión, pero los informes del Tribunal de Cuentas y de la OLAF han confirmado la necesidad del informe. 
Nada de esto habría sido posible sin las grandes cualidades profesionales y morales –sí, ¡uno tiene que ser capaz de aguantar la presión! – del Sr. McCoy, el interventor, quien hoy se merece toda la gratitud del Parlamento Europeo. 
Las enmiendas que yo he presentado concuerdan con el informe y se basan en hechos demostrados. 
En ese sentido, su aprobación es esencialmente un tecnicismo, y espero que un gran número de diputados les dará su apoyo. 
Por otro lado, me parece prematuro aprobar la gestión. 
El informe Casaca es un recordatorio cruel, para aquellos que creyeron adecuado aprobar la gestión de la Comisión en abril pasado, de que esta aprobación no puede concederse de acuerdo con el beneficio de la duda. 
Si no hay un entusiasmo por ello, no votaremos a favor de la aprobación y no haremos que solo salten los fusibles. 
El Parlamento, que debe controlar que el presupuesto se ha ejecutado como es debido, debe estar seguro del progreso realizado, de las medidas tomadas, de cualquier sanción impuesta, y no contentarse con promesas o declaraciones de intenciones. 
Y como la Comisión sigue atentamente nuestros debates, me aprovecharé de ello para destacar que este comentario afecta a todo el mundo. 
No se dirige solamente al Comité de las Regiones. 
– Señor Presidente, Señorías, pienso que es permisible, en el contexto del informe de la Sra. Avilés Perea, rendir homenaje por una vez a la propia comisión. 
Creo que fuimos muy rápidos en nuestra respuesta tan pronto como empezaron a surgir dudas justificadas –a las que ya se ha hecho referencia en intervenciones anteriores– sobre la forma en que el Comité de las Regiones gestionó fondos públicos. 
Pienso que es importante destacar este aspecto por una vez en este Parlamento. 
Tenemos una Comisión de Control Presupuestario, y es lo bastante sensata y flexible como para ejercer sus responsabilidades en cuestión de horas. 
No creo que se causaran problemas por la decisión de aplazar la aprobación de la gestión del Comité de las Regiones como resultado de las preocupaciones que se nos han transmitido. 
Además, creo que quedó claro que, ocasionalmente, existen pequeñas instituciones en el seno de la Unión Europea –las llamadas instituciones menores, aunque nuestros contribuyentes lo verían probablemente de otra manera– que puede que cuenten con un presupuesto de 30 millones de euros, donde sus miembros se dan cita una vez cada pocos meses y quizás pronuncian un discurso importante en el Pleno y donde, por lo demás, existe una gran tentación de permitirse una insignificante extensión de su esfera de influencia en el seno de la Comunidad Europea. 
Estoy plenamente agradecido al Presidente a y su personal en el Comité de las Regiones por haber sacado las conclusiones correctas de nuestros comentarios, y pienso que también nos servirá a nosotros de lección en otros casos. 
Apoyo los comentarios hechos por los oradores anteriores, y votaré de buen grado a favor del informe de la Sra. Avilés Perea. 
Muchas gracias, señor Bösch. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe A5-0004/2004 del Sr. Casaca, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre las medidas adoptadas por la Comisión para dar curso a las observaciones que figuran en la Resolución que acompaña a la decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2001 (COM (2003) 651- C5-0536/2003- 2003/2200 (DEC) ). 
. – Señor Presidente, Comisaria, gracias al duro y entregado trabajo de la Comisión de Control Presupuestario y de varias personas de las instituciones europeas, finalmente ha sido posible poner freno a las graves irregularidades cometidas en el organismo de estadística europeo, Eurostat. 
La auditoría llevada a cabo por el servicio de auditoría interna de la Comisión y por el departamento de auditoría de Eurostat merece nuestros elogios y fue crucial para obtener este resultado. 
El plan de acción presentado por la comisión parlamentaria, que tenía como objetivo concentrarse en las estadísticas más importantes, reducir la cantidad de trabajo externalizado por el instituto y poner a disposición de la opinión pública los datos estadísticos, aborda nuestras principales preocupaciones. También garantiza que la motivación por dicho trabajo no es puramente comercial y aumenta la transparencia y la responsabilidad. 
Sin embargo, haremos un cuidadoso seguimiento de cómo este plan se ejecuta y cómo todo el trabajo realizado se revisa y se somete a una auditoría. 
Las instituciones comunitarias estarán cada vez más interesadas en analizar y auditar la eficacia y la simplificación de los procedimientos, la calidad del trabajo y la relevancia y el valor de los aspectos en cuestión. 
En cualquier caso, ahora es obvio que el proceso actual de reforma de la Comisión no ha clarificado lo suficiente las responsabilidades relativas del Director General y de los Comisarios, y no ha dado garantías de respeto a la regla de oro de la democracia: que la contabilidad y la responsabilidad final recaen sobre los titulares de cargos políticos. 
Han salido a la superficie preocupaciones relativas a la manera en que hemos procedido sin controlar la externalización de una gran variedad de funciones administrativas de la UE y en las que se ha introducido una mayor complejidad, debido a la aplicación de normas más burocráticas que quedan muy lejos de satisfacer los objetivos de la eficacia del gasto público. Sin embargo, estas preocupaciones no se limitan a Eurostat. 
Está claro que en la mayoría de los contratos concedidos por Eurostat a terceras partes, también estuvieron involucrados otros departamentos de la Comisión o incluso órganos interinstitucionales. 
Existe una consternación particular por el hecho de que, a diferencia de Eurostat, parece que nada haya cambiado en los departamentos que controlan la ayuda externa y que son responsables de la autorización del gasto en algunas de las áreas más polémicas. 
El sistema contable debe modernizarse y deben darse garantías de que el sistema es realmente capaz de abordar los problemas más flagrantes en la gestión y el control de contratos externos y el dinero comunitario administrado por terceras partes. 
Otro campo en el que parece que el progreso ha sido muy lento o inexistente es el de la política agrícola común. 
El marco elaborado por los excelentes informes especiales del Tribunal de Cuentas relativo a las restituciones a la exportación es un motivo de preocupación. 
Es inaceptable que, en los puntos clave, el informe de 2003 no haga más que repetir lo que ya se dijo en 1990 porque no ha cambiado absolutamente nada en 13 años. 
Es inaceptable que la Comisión todavía no haya aplicado una política de traslados de los trabajadores irresponsables en el sector de las restituciones a la exportación, cuando se trata de un sector que exige una acción urgente. 
Es inaceptable que las restituciones a la exportación de azúcar continúen concediéndose a países desde los que las importaciones de azúcar están libres de impuestos. 
El presupuesto comunitario exige transparencia, pero la Comisión todavía se niega a hacer pública una lista de los pagos realizados a empresas comerciales, en particular en este sector de las restituciones a la exportación y de mecanismos de gestión de excedentes. 
En una encuesta de opinión reciente, la adulteración de productos alimenticios fue la primera preocupación de la lista de los ciudadanos europeos, tanto en la Europa de los 15 como en la de los 25. 
Sin embargo, la Comisión continúa ignorando sus obligaciones en esta cuestión. 
El dinero comunitario financia grandes operaciones para contar los olivos y evaluar su capacidad de producción, una actividad que no merece la pena ni es eficaz, mientras que desatiende la lucha contra la adulteración del aceite de oliva. 
El presupuesto impone altas multas a los ganaderos que produzcan más leche de la que su cuota prevé, pero la Comisión se niega a intervenir cuando grandes empresas comerciales europeas venden, y por ello reciben subvenciones de la UE, excedentes de mantequilla adulterada con lubricantes y sebo de bovino. 
Para concluir, me gustaría decir unas palabras sobre los desafíos a los que nos enfrentamos. 
La Comisión está preparando la propuesta de un incremento en las cantidades asignadas a investigación y desarrollo, un área que, como ya he dicho, ha sido sinónimo de burocracia e ineficacia. 
Si el modo de pensar en esta área no cambia radicalmente, si no racionaliza su filosofía subyacente, si persiste en los rígidos mecanismos que ha usado hasta la fecha, la Comisión transformará una buena idea en una mala política. 
. Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al Sr. Casaca por su exhaustivo informe. 
He de decir que solo puedo retomar su comentario final para la próxima perspectiva financiera en esos ámbitos en los que se están realmente revisando los reglamentos. 
Se ha elaborado este informe con el mayor esmero y se ha presentado a esta Cámara en nombre de la comisión. 
En el informe, el ponente examina todas las cuestiones clave que se abordan en el informe de seguimiento de la Comisión –en particular, Eurostat– y las conclusiones necesarias que hay que extraer de este. 
También quiero agradecer en particular a la Presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, la Sra. Theato, por su gran compromiso, así como a la ponente, la Sra. Avilés Perea, y al Sr. Bösch y al Sr. Sörensen por sus contribuciones constructivas. 
Fue en 2001 cuando la Comisión se embarcó en la aplicación de las medidas de reformas administrativas. 
Ahora hemos avanzado satisfactoriamente una distancia considerable en el camino de las reformas. 
Sin embargo, por este camino, a menudo nos topamos con obstáculos que requieren ajustes y mejoras. 
Dentro de dos semanas, la Comisión presentará el próximo informe de progreso sobre las reformas. 
En él, también proporcionamos explicaciones detalladas sobre las medidas anunciadas por el Presidente Prodi el pasado mes de noviembre. 
Al mismo tiempo –es decir, dentro de dos semanas– también vamos a presentar propuestas para la revisión del Reglamento OLAF, sobre el que hemos estado deliberando aquí en el contexto del informe Bösch. 
La semana que viene, la Comisión también adoptará el informe de progreso sobre la modernización del sistema contable y mejoras en el sistema de alerta temprana. 
La semana pasada, la Comisión adoptó un plan de acción Eurostat como seguimiento de la reestructuración acordada el año pasado; el ponente ha mencionado las diversas medidas derivadas de este contexto. 
La Comisión ha aprendido las lecciones de la experiencia, en especial del asunto Eurostat. 
Las graves irregularidades sucedieron antes del mandato de esta Comisión. 
Se ha criticado a la Comisión Prodi por no haber respondido a esta situación con mayor celeridad, pero, en cuanto estuvo plenamente informada –en julio de 2003– sobre la gravedad de la situación, la Comisión actuó, y tenemos la intención de poner en marcha el plan de acción Eurostat del Presidente Prodi Esto se aplica especialmente a medidas que aseguren que en el futuro se informe a la Comisión más rápidamente sobre los problemas que requieren acción política. 
Los informes de actividades anuales y las declaraciones de los Directores Generales constituyen las piedras angulares de un sistema nuevo y transparente de control interno. 
Para el tercer año de los informes de actividades, ya hemos acordado varias mejoras más, relativas, por ejemplo, al calendario, así como a una presentación más precisa de las razones y hechos que causan preocupación. 
Hemos acordado normas uniformes para el control interno y en el futuro, el Servicio Financiero Central de la Dirección General de Presupuestos proporcionará información dos veces al año sobre el trabajo realizado por parte de su personal auditor interno sobre la aplicación de estas normas. 
El informe de progreso que he mencionado, y sobre el cual mi colega el Comisario Sr. Kinnock ya ha informado a la Comisión de Control Presupuestario, reafirma que todos los Comisarios tienen que asegurarse que los sistemas de control interno adoptados y administrados por el Director General funcionan satisfactoriamente. 
También expone que los Comisarios tienen que asegurarse que las auditorías van acompañadas de medidas de seguimiento adecuadas. 
De no ser así, el Comisario tiene que dar instrucciones para que se puedan efectuar mejoras. 
Durante los últimos trece meses, han estado vigentes nuevos reglamentos financieros, lo que reduce substancialmente el riesgo de fraude, en especial las nuevas normas sobre la asignación de subsidios y dietas y las normas estrictas que excluyen conflictos de intereses. 
En cuanto a la contabilidad, los nuevos reglamentos financieros han reestructurado el sistema. 
Encargan al contable de la Comisión la tarea de validar los sistemas utilizados para producir datos contables. 
Sin embargo, no entra dentro de sus funciones llevar a cabo controles aleatorios y fundamentales ni tampoco dispone de personal al efecto. 
Los responsables de las autorizaciones asumen esta responsabilidad y los Directores Generales son responsables de asegurar que se han establecido los sistemas de control, ajustándose a los reglamentos financieros y normas sectoriales. 
Conforme al Artículo 60 de los nuevos reglamentos financieros, los responsables de las autorizaciones asumen la plena responsabilidad de los procedimientos financieros. 
Por lo tanto, la Comisión Prodi ha aplicado la recomendación expuesta en el segundo informe por expertos independientes, que ha sido aprobada por esta Cámara. 
Lecciones importantes que la Comisión ha aprendido del asunto Eurostat se refieren al intercambio de información y cooperación entre servicios, por ejemplo, entre el servicio de auditoría interna, las capacidades de auditoría interna y las direcciones generales horizontales, puesto que hay que asegurarse que la información sobre las irregularidades penetra, en la medida de lo posible, a nivel político y da lugar a la adopción de medidas inmediatas. 
Esta Comisión de Control Presupuestario del Parlamento ha puesto, con acierto, el mayor énfasis en este aspecto a lo largo de todo el debate. 
El asunto Eurostat hizo que el año pasado fuera realmente difícil, y creo que esto se aplica tanto a la Comisión como al trabajo de la Comisión de Control Presupuestario. 
El Presidente de la Comisión hizo una declaración muy detallada sobre todos los aspectos en esta Cámara en dos ocasiones diferentes y, seguidamente, se trabajó conjuntamente para desarrollar las conclusiones y los cambios necesarios. 
Déjenme asegurarles que la Comisión, que lanzó y ejecutó la reforma administrativa con gran compromiso, será coherente en la aplicación de las adiciones necesarias a esta reforma. 
Señor Presidente, mis primeras palabras deben ser lógicamente para felicitar al Sr. Casaca por el informe presentado. 
Y no solamente por el texto, sino también por el trabajo que hay detrás, realizado previamente, de consenso, de armonización, de prudencia, en un informe que, sobre todo, debe calificarse de complejo, porque, por un lado, realiza la labor de seguimiento, en el sentido estricto, y por otro, aborda un tratamiento originario de una cuestión que nos ha conmovido y que está conmoviendo a la opinión pública. 
En cuando a lo que tiene de seguimiento, yo destacaría algunos aspectos como son el afán por la completa implantación de las normas de control interno, la finalización de una auditoría sobre el sistema de tesorería de la Comisión, la puesta en práctica de intereses a devengar en caso de anticipos, abordar la materia de recuperaciones, junto con lo que ya van siendo temas tradicionales en la Comisión de Control Presupuestario, como es la reforma del sistema contable o la Política Agraria Común- a la que se ha referido el ponente -, sobre todo en las cuestiones relativas a las restituciones a la exportación o a la prevención del fraude en el sector. 
Sin embargo, como decía, se hace un tratamiento originario, es la primera vez que se plantea en un informe, del tema de Eurostat. 
Y en relación con este tema hemos visto con asombro algunas cuestiones que conviene citar aquí. 
En primer lugar, que existían normas sobre información, desde el principio de la legislatura, que no habían sido puestas en práctica. 
En segundo lugar, es sorprendente que no exista un registro de propietarios de empresas contratantes y que, al parecer, sea prácticamente imposible saber qué personas están detrás de las empresas que concurren a las licitaciones de la Comisión. 
En definitiva, estamos ahora, a estas alturas, todavía con dudas, respecto a la envergadura de los hechos y a la determinación de las responsabilidades. 
Y cuando hemos querido acudir a determinadas fuentes nos hemos encontrado, por un lado, la valiosísima aportación de las auditorías y de los denunciantes, en cuanto al esclarecimiento de los hechos parciales que conocemos; y, al mismo tiempo, nos hemos encontrado con una ausencia clamorosa de informaciones por parte de la OLAF, lo que hace reclamar- como ya dijimos en este Parlamento, hace escasamente un mes- la reforma de su reglamento, sobre todo, para evitar que la OLAF se constituya en una excusa para cerrar cualquier tema a la transparencia. 
En cuanto a las medidas que se han ido adoptando, creo que son positivas y valiosas, por ejemplo, las que se refieren a establecer un mecanismo de comunicación fluida entre las capacidades de auditoría de cada Dirección General y el Servicio de Auditoría interna, la búsqueda y configuración de una responsabilidad individual de los Comisarios, la protección de los denunciantes frente a eventuales represalias o la revisión del sistema de detección temprana, o lista negra, para evitar que empresas que han actuado dolosamente o ineficazmente con la Comisión sigan percibiendo contratos y subvenciones. 
En definitiva, Señor Presidente, se trata de un informe abierto que tiende un puente también al informe sobre la aprobación de la gestión del año 2002, en cuyo momento será cuestión de juzgar algunas de las medidas que se proponen en este informe. 
Será también el momento de rellenar algunas lagunas en el conocimiento de los hechos, que esperamos que provengan de la OLAF. 
– Señor Presidente, puesto que ya son las diez de la noche, voy a ir directamente al grano sin preámbulos. 
Los socialdemócratas hemos dicho repetidamente, durante los últimos meses, que nuestra prioridad –por encima de todas las preguntas de un día de los medios de comunicación como las peticiones de dimisiones– es la cuestión de cómo lograr cambios estructurales en la Comisión y en las relaciones entre la Comisión y OLAF. 
En mi opinión, esta posición sigue siendo fundamental para nuestras políticas. 
Naturalmente, podemos discutir la responsabilidad política individual del Comisario –no tengo ninguna objeción al respecto– pero a la vista de todo lo que hemos aprendido del asunto Eurostat, tenemos que reconocer ante todo que tenemos que poner a los Comisarios en una posición para ejercer esta responsabilidad política en primer lugar. 
Después de todo, lo que hemos encontrado en este caso en particular han sido condiciones espeluznantes con respecto a las responsabilidades, las estructuras y los procesos de información. 
Una de las cosas de las que me alegro, aunque no la respaldo políticamente: me alegra ver que establece claridad. 
Hay que reconocer que existe la enmienda propuesta por los liberales –puedo asegurar al Sr. Mulder que estaré encantado de hablar sobre ello– que, por así decirlo, enarbola la bandera de la responsabilidad política. 
Sin embargo, al mismo tiempo, acojo con satisfacción la claridad con la que los liberales proponen una supresión, a saber del párrafo del informe Casaca que exige que las direcciones generales respondan a los Comisarios por fin. 
Se trata de una alternativa clara. 
Se necesitan cambios estructurales para que no tengamos que enfrentarnos al problema, cada cinco años, sobre a qué Comisario pedimos que dimita, mientras se permite al aparato continuar alegremente como antes. 
Esta no es la alternativa que los socialdemócratas queremos ver, para decirlo sin rodeos. 
Sin embargo, esto no quiere decir que todo lo que reluce en la Comisión sea oro. 
Francamente, lo contrario ha sido por lo general la verdad. 
Las cosas que hemos presenciado aquí: se nos ha presentado, a bombo y platillo, una propuesta que, en estos momentos, finalmente dispone por escrito que los funcionarios tienen que informar a los Comisarios sobre toda mina que pueda estar tirada por allí. 
Bueno, esto es maravilloso, tengo que decirlo. 
Me daba la impresión de que esto ya era una práctica administrativa normal. 
Si lo hubiéramos puesto en forma escrita desde un principio, ¿qué dice esto sobre las condiciones establecidas? 
Es una de las cosas que me ha dejado totalmente atónito, aunque quizás no me hubiera tenido que sorprender tanto. 
Creo que tenemos realmente que decir que se tiene que poner fin a que la Comisión siempre plantee demasiado poco y demasiado tarde. 
Estamos hartos de ello; el Sr. Bayona de Perogordo ya ha mencionado la aprobación de la gestión de 2002. 
Para entonces, si no le importa, tendrá que haber cumplido con lo prometido. 
Tal como he dicho antes, si no lo hace, podemos esperar con alegría pasar juntos algunos días entretenidos entre este momento y el final de su mandato. 
– Señor Presidente, estoy de acuerdo con el Sr. Kuhne, y en vista de la hora tardía, yo también voy a ir al grano. 
A diferencia de la Comisión de las Regiones –el punto anterior del orden del día– aprobamos la gestión de la Comisión en abril del año pasado. 
En ese momento también, yo era el orador de mi Grupo y pude exponer nuestros argumentos. 
Uno de ellos era que la Comisión estaba en el buen camino hacia la reforma. 
Creo que esto todavía es así. 
Apenas la tinta de esta resolución se había secado cuando surgió el asunto Eurostat. 
No fue cosa de poca importancia. 
Eurostat no es solo una vieja sucursal de la Comisión. 
Elabora estadísticas sumamente importantes sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sobre las aportaciones de los Estados miembros y, si las cosas no marchan bien allí, ¿cuán fiables son las propias estadísticas? 
Por lo tanto, no fue en balde que mucha gente se sintiera extremadamente disgustada por estas revelaciones. 
Creemos que, en su conjunto, la Comisión ha demostrado tenacidad al enderezar los agravios en Eurostat. 
Sin embargo, sigue existiendo una serie de ámbitos problemáticos y, de hecho, varias personas ya han aludido a ello. 
Ante todo, ¿cómo vamos a abordar el papel de OLAF? 
Siempre he pensado que era extraño que el Secretario General dijera que OLAF había pedido que mantuviéramos las cosas en secreto y no informáramos sobre ellas. 
No conozco a muchos funcionarios a quienes sus superiores políticos les pidan que mantengan las cosas de esta naturaleza en secreto; en ninguna administración, este tipo de cosas ocurren. 
Los funcionarios deben mantener informados a sus superiores políticos en todo momento y creo que esto es claramente la lección que hay que aprender de este asunto. 
Lo que es esencial en lo que se refiere al Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas es la responsabilidad política. 
Que un Comisario o Comisaria no conozca algo no puede querer decir que no sea responsable políticamente. 
Hemos intentado plantear este punto en una enmienda a la resolución, sobre la que vamos a votar mañana, y creemos que, cuando las audiencias de los nuevos Comisarios se celebren dentro de poco –si bien dependerá del nuevo Parlamento– tendremos que interrogarles sobre este punto. Después de todo, en lo que a mi me concierne, este asunto ha demostrado que las palabras del Presidente Prodi al inicio de su mandato sobre la responsabilidad individual de los Comisarios no son del todo satisfactorias. 
Esperamos que se planteará en las nuevas audiencias, tal como he dicho, ya que tenemos que poder declarar a la elite política europea, en particular, que alguien en Europa es responsable de algo. 
Señor Presidente, hoy sabemos mucho más sobre lo que ocurrió en Eurostat de lo que sabíamos cuando se tomó la decisión de aprobar la gestión de 2001. 
Es muy posible que la decisión hubiera sido otra si hubiéramos conocido lo que sabemos hoy. 
No cabe duda de que lo que ocurrió ese año fueron graves delitos contra el Reglamento Financiero: cuentas secretas, malversación de fondos y conflictos de interés manifiestos. 
El informe del Sr. Casaca no es malo. 
Es crítico, pero falta una conclusión. 
Creemos que es justo que el Comisario responsable de Eurostat hubiera asumido las consecuencias políticas y dimitido. 
En muchos aspectos, este escándalo se parece al que causó que la Comisión Santer presentara su dimisión. 
Ha tenido lugar un uso indebido sistemático y organizado de los fondos de la Unión Europea, y no se ha intervenido a tiempo. 
El Sr. Solbes Mira dice que no se le informó hasta abril de 2003, pero todos conocemos que se produjeron numerosas señales de alarma antes de esa fecha en los informes de los auditores y en la prensa, así como advertencias por parte del Parlamento. 
Cuando el Sr. Prodi empezó su mandato, hablaba muy claro sobre la responsabilidad política. Los Comisarios eran responsables de lo que ocurrió en sus Direcciones Generales. 
Este lema orgulloso, emitido al comienzo del mandato, demostraba que tenía poca consistencia en lo que se refiere al asunto Eurostat. 
– Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, expreso mi satisfacción por el trabajo que ha llevado cabo la Comisión de Control Presupuestario y el ponente, a quien felicito. 
Sin embargo, tengo que destacar que la imagen que surge al leer el informe es absolutamente preocupante. 
Lo que se desprende es la imagen de una Comisión Europea rodeada de secreto y falta de transparencia, que no se comunica con las otras instituciones; una Comisión estratificada con una complejidad burocrática de funciones, delegaciones, oficinas, que en realidad se manifiesta por una falta de asumir la responsabilidad administrativa y política, tanto por parte de los Directores Generales como de los Comisarios. 
A modo de ejemplo, tal como otros diputados han mencionado, el asunto Eurostat por el que nadie hasta la fecha ha asumido completamente la responsabilidad. 
Al contrario, en numerosas ocasiones durante los últimos meses, hemos visto intentos por parte de la Comisión de cerrar rápidamente el caso, darlo por zanjado como si nada hubiera ocurrido, como si las peticiones de claridad del Parlamento fueran una verdadera molestia y como si la Comisión fuera una especie de intocable por encima de todos, eurodiputados y ciudadanos incluidos. 
También sorprende que el Presidente Prodi, tan diligente en asegurar que se cumplen estrictamente las normas –pienso, por ejemplo, sobre el recurso al Tribunal de Justicia sobre las decisiones del Ecofin sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento– trate tan ligeramente un escándalo abominable como el que se refiere a Eurostat. 
Terminaré, Señor Presidente, diciendo que, por encima de todas las declaraciones de principio simplistas y vagas de la Comisión –declaraciones que hemos vuelto a escuchar esta noche– estamos a la espera de una señal firme, una reforma rigurosa que cambie realmente el sistema. 
– Señor Presidente, el año pasado, el Grupo por la Europa de la Democracias y las Diferencias se opuso a aprobar la gestión de la Comisión con respecto a su gestión presupuestaria de 2001. 
Ahora, los hechos han confirmado sin lugar a dudas que estaba justificado. 
Justo unas semanas después de la votación a favor de la aprobación de la gestión, salió a la luz información que la Comisión había retenido sobre el asunto Eurostat. 
La combinación de un sistema contable gravemente viciado, un proceso de reforma administrativa excesivamente lento y auditorías internas independientes insuficientes han sido la gota que colma el vaso. 
Al igual que el Presidente Prodi, los Comisarios Solbes Mira y Schreyer han demostrado tanto en hechos como en palabras que no han aprendido suficientes lecciones de la dimisión forzada de sus predecesores hace cinco años. 
Una y otra vez, la Comisión intenta convencer al Parlamento con bonitas palabras y promesas y con informes pesados, sin resultados visibles en lo que respecta a su propia reforma interna. 
No fue hasta el segundo semestre de 2003, cuando no pudo dejar las cosas para más tarde, cuando la Comisión finalmente empezó a actuar. 
Solo podemos concluir que esta Comisión no puede mantenerse al día sobre los hechos en su gestión presupuestaria y no está asumiendo su responsabilidad política. 
Por último, quiero mencionar que en esta Cámara, debemos muchísimo a los denunciantes de la Comisión Paul van Buitenen y Marta Andreasen. 
Tienen derecho a ver que sus nombres quedan limpios. 
No hemos olvidado que hay muchos funcionarios de gran dedicación y rectos que trabajan para la Comisión. 
Sin embargo, es lamentable que se les frustre por una jerarquía interna que intenta servir a sus propios intereses en lugar de los de los ciudadanos europeos. 
Una manzana podrida hecha un ciento a perder. 
– Señor Presidente, señor Comisario, nunca antes, en mis diecisiete años como miembro de la Comisión de Control Presupuestario, un informe de seguimiento sobre una aprobación de la gestión había quedado con tantas preguntas fundamentales sin respuesta. 
Se refieren a la apertura, al suministro e información oportuna y exhaustiva por parte de la Comisión al Parlamento y dentro de la propia Comisión, y a la asunción de responsabilidad por parte de los Comisarios por usos indebidos que han aparecido. 
Parece ser que la sombra del pasado nos está atrapando. 
El ponente, el Sr. Casaca, ha trabajado duro para elaborar este informe laborioso. 
Quiero darle las gracias a él en particular, así como a la comisión en su conjunto por su trabajo excelente. 
La cuestión principal de este informe es investigar y tratar las prácticas indebidas en la Oficina de Estadísticas de las Comunidades Europeas (Eurostat) y en su entorno, como los fondos secretos, el amiguismo, las violaciones de los reglamentos financieros, el trato poco estricto de las normas de movilidad y otras varias cosas. 
Si la Comisión hubiera tomado en serio las advertencias del Parlamento sobre Eurostat en sus informes de febrero y marzo e investigado qué es lo que ocurría y hubiese informado al Parlamento en consecuencia, la aprobación de la gestión presupuestaria se habría pospuesto de abril al mes de octubre. 
Esto no hubiera sido serio, pero habría dado a la Comisión tiempo suficiente para adoptar las medidas que ahora intenta adoptar a todo correr con sorprendente rapidez. 
Sin embargo, de nuevo, esto implica que lo que tenemos es una falta de información. 
¿Y además, qué pasa con la responsabilidad política? 
Hasta la fecha, ningún Comisario ha admitido ningún tipo de responsabilidad. 
Es cierto que se han reconocido algunos errores, pero aún ha de llegar una admisión clara. 
En mi opinión, esto es lamentable. Alegar ignorancia no es ninguna defensa contra la responsabilidad. 
Por lo tanto, estamos presionando para que se elimine esta supuesta ignorancia asegurando que, por fin, los Comisarios llenan el enorme vacío de información entre las funciones, incluso de los rangos más altos, y los propios Comisarios. 
Ya en 1999, la Comisión se dotó de normas sobre esta cuestión. 
Es evidente que solo continúan existiendo sobre el papel, a menos que lo que acaba de decirnos el Comisario Schreyer se haga realidad. 
Me encantaría que esto ocurriera. 
Tampoco OLAF puede servir de excusa para la falta de acción de la Comisión. 
La obligación de ejercer una supervisión adecuada y exhaustiva reside, después de todo, en la Comisión. 
¿Acaso no se presta atención a los informes de auditorías internas elaborados por las direcciones generales y las auditorías valiosas que lleva a cabo el servicio de auditoría interna están siendo ignoradas por los Comisarios? 
Lo que también nos preocupa profundamente es la forma en que se ha tratado a los denunciantes. 
Han llamado la atención hacia numerosos usos indebidos. Las normas actuales no les garantizan protección. 
Enfrentados a toda esta dura crítica, ¿por qué la comisión no ha propuesto el despido de toda la Comisión o de Comisarios a nivel individual? 
Esta es mi respuesta: si las irregularidades continúan en Eurostat, esto no beneficia a Europa. 
Tienen que aclararse, y esto quiere decir ahora, por esta Comisión. 
Queremos apoyar el plan de acción y cooperar para que no se vuelvan a repetir estos incidentes en el futuro. 
– Señor Presidente, Señorías, cuando vemos lo que la Comisión ofrece mediante lecciones aprendidas sobre el asunto Eurostat, el cinismo parece ser la única respuesta adecuada. 
Sobre esta cuestión, Comisario, está usted desmintiendo a su propio Presidente. 
A principios de septiembre del año pasado, y nuevamente el 18 de noviembre, el Presidente Prodi anunció en esta Cámara que presentaría un plan de acción antes de finales de año. 
En diciembre, se nos engatusó hasta enero, y ahora nos encontramos a finales de enero y seguimos esperando las propuestas que habían sido anunciadas y que pretenden principalmente lograr una rápida mejora del Reglamento OLAF. 
No obstante, la Comisión sabe perfectamente bien que se trata de una carrera a contrarreloj, y puedo decir al Comisario que es precisamente este tiempo lo que no tenemos. 
No es posible tener dos lecturas el 10 de febrero. 
¿Cómo puede esto funcionar? 
Esta Cámara ha presentado propuestas adecuadas a su atención. 
Me da la impresión de que se trata de la misma vieja historia de la Comisión: ¿Quién es el Comisario, bajo qué Dirección General? 
Lo digo con toda claridad. 
Sin embargo, las diferencias de opinión se pueden abordar con relativa rapidez. 
Necesitamos prioridades claras para OLAF. 
Fue su institución la que dijo que OLAF había fracasado en el asunto Eurostat. 
Digo esto con toda claridad también. 
Necesitamos prioridades. 
Necesitamos una prioridad con respecto a la protección de los temas de investigación, y creo que también necesitamos algunas enmiendas para los reglamentos financieros. 
La responsabilidad de los Directores Generales autorizadores es un buen ejemplo. 
Está bien que los Directores Generales asuman la plena responsabilidad de lo ocurre en su Dirección General, pero también es verdad, en particular en vista de la experiencia Eurostat, que el control es mejor que la confianza. 
Hasta ahora no ha respetado usted este principio y creo que ya va siendo hora de que lo haga. 
Se lo voy a recordar, Comisario. 
En definitiva, será el principal criterio de referencia contra el que se evaluará su trabajo al final del mandato de esta Comisión Prodi. 
Señor Presidente, estamos ante el informe de seguimiento aprobación de la gestión del 2001 que tiene bastantes asuntos de interés y que ha sido un trabajo muy bien realizado por parte del ponente, el Sr. Casaca, pero a la mayoría de los presentes parece ser que le preocupa un asunto en particular: el fraude que se detectó en Eurostat precisamente cuando estábamos finalizando la aprobación de la gestión del 2001, es decir, cuando este informe, del Sr. Casaca, estaba en elaboración. 
Lamentablemente no se nos hizo mucho caso y no fue hasta el verano, hasta el mes de julio, cuando la Comisión tomó consciencia clara del problema tan grave que tenía entre manos y empezó a reaccionar. 
Afortunadamente empezó a reaccionar y a poner en marcha una serie de reformas internas que eran absolutamente necesarias y que tienen que terminar con una cultura y una forma de actuar antigua, equivocada y que ha generado muchísimos problemas. 
Una de ellas, por ejemplo, es reducir la externalidad ya que esta hace que haya menores controles y, por tanto, una menor fiabilidad sobre cómo se están haciendo los contratos, a quién se le están concediendo esos contratos y sobre el resultado final de lo que nosotros habíamos previsto cuando se sacaron a concurso. 
Otro de los problemas que se ha puesto de manifiesto con este asunto de Eurostat es la muy mala información interna que existe dentro de la Comisión, la falta de información, en unos casos casi absoluta, entre los distintos estamentos, es decir, entre los Directores generales y los Comisarios, a pesar de que esta Comisión se dotó de unas normas en 1999 que no ha puesto en funcionamiento. 
Yo presenté un trabajo, que el ponente ha asumido casi en su totalidad, para procurar que la información interna de la Comisión mejore porque, en mi opinión, si la información interna hubiera funcionado correctamente, se habrían evitado muchísimos problemas y no habríamos llegado a la situación en la que nos encontramos ahora. 
Creo que también hay que revisar la reforma interna de la Comisión que empezó con un enorme entusiasmo, con el apoyo de todo el Parlamento, y que se ha demostrado que ha sido lenta, difícil y en algunos casos ineficaz. 
Por tanto, creo, señor Presidente, que esto tiene que llevarnos a todos a la conclusión de que la puesta sobre el tapete del problema de Eurostat tiene que servir para que se resuelva ese problema, pero también otros problemas internos de la Comisión, lo que redundará en un mejor funcionamiento y, por tanto, en un beneficio para todos nosotros. 
– Señor Presidente, uno de mis colegas me ha pedido antes que rebatiese las alegaciones de fraude en la Unión Europea, así que he comenzado con mucha energía, mencionando que el 80% del presupuesto de la UE se gasta en los Estados miembros, y que la mayor parte del fraude ocurre en los Fondos Estructurales y en la agricultura. 
Así que he comenzado bien, pero de repente he tenido que ir más despacio porque me he puesto a pensar en los casos que han aparecido en la prensa recientemente; por supuesto, me viene a la cabeza el caso Eurostat. 
El problema es que un escándalo y resulta difícil rebatirlo. 
La Comisión no dio curso al informe, el Servicio de Auditoria General no abrió la caja ni miró el informe, y tenemos que preguntar por qué el Sr. Solbes no vigiló más de cerca su departamento. 
Puedo rebatirlo diciendo que los procedimientos para poner coto a este tipo de cosas ya estaban en marcha, pero que los departamentos estaban saturados de trabajo y no había tiempo para que el sistema los tramitara. 
Ocurrió al principio del proceso de reforma. 
Sin embargo, es importante que no continuemos permitiendo que los Directores Generales asuman toda la responsabilidad. 
Las comisiones individuales tienen que asumir la responsabilidad política. 
Tienen que apoyar esto. 
Vale la pena que tomemos nota del resultado del informe Hutton hoy: la BBC ha sido declarada culpable de incompetencia. 
Es interesante que no es el Director General de la BBC el que ha cesado, sino a su Presidente. 
Se trata del jefe político, no del jefe administrativo. 
Hay que tener esto en cuenta y pensar sobre lo que significa en este contexto. 
Por supuesto, también se ha criticado el sistema de contabilidad y podría explicar que solo dos países en toda la Unión Europea han aplicado el tipo de sistema de contabilidad basado en el devengo que deseamos. 
Sin embargo, este Parlamento y el Tribunal de Cuentas han pedido a la Comisión que se ponga manos a la obra. 
Por supuesto, también tenemos que examinar internamente los tipos de problemas que tenemos aquí en el Parlamento. 
Estamos a punto de entrar en la campaña electoral y muchos de nosotros apoyamos con entusiasmo el ideal de la Unión Europea, pero tenemos que venderlo a una prensa realmente difícil, de modo que tienen que ayudarnos a contrarrestar estas alegaciones de fraude. 
– Señor Presidente, después de que el Parlamento hubiera aprobado la gestión del presupuesto comunitario 2001 en abril del año pasado, ahora tenemos que evaluar las medidas adoptadas por la Comisión, como seguimiento de las recomendaciones contenidas en la resolución marco con la que se aprobó esta gestión. 
Es importante que en primer lugar se destaque el trabajo excelente realizado por el Sr. Casaca en calidad de ponente, que es digno de elogio, ya que con seguridad dejará una marca positiva en el período legislativo actual. También subraya que el Parlamento está lejos de haber entrado en decadencia política. 
Entre el gran número de ámbitos que hubiera podido examinar, el ponente eligió, muy sabiamente, concentrarse en el sistema contable, las operaciones y el control del Eurostat y la aplicación de la política agrícola común. 
Respecto al sistema contable y a la aplicación de la PAC, la situación ha evolucionado de una forma que está lejos de ser satisfactoria. Por lo tanto, la Comisión tiene que acelerar la introducción de medidas para homogeneizar e integrar el sistema contable y tiene que prestar una atención especial al control de los flujos financieros relacionados con los reembolsos, las exportaciones y la gestión de existencias. 
En cuanto a Eurostat, dado que la mayor parte de las faltas graves se cometieron antes de 1999, preocupa que, con toda probabilidad, los incumplimientos de los reglamentos financieros hayan continuado más allá de 1999. 
Compete a la Comisión aprender las lecciones pertinentes de todo esto, lo que no pone fin a las irregularidades financieras, sino que adquieren dimensiones políticas que socavan el funcionamiento de las instituciones. 
Mientras que el informe no exige ningún tipo de caza de brujas, lo que sería muy mal acogido en la etapa actual del proceso europeo, no deja del todo claro que Eurostat sea el único caso y, lo que es peor, sea el caso más grave detectado en las actividades de la Comisión. 
Concluiré, Señor Presidente, diciendo que no tenemos que perder de vista la esencia del mensaje político enviado por las irregularidades irrefutables y que las recomendaciones prudentes, sensibles y viables del ponente se tienen que adoptar debidamente, cumplir y ejecutar. 
La Comisaria Schreyer ha tomado buena nota de todas las intervenciones, contribuciones y sugerencias, y por supuesto informará de lo que se ha dicho en nuestro debate al Colegio de Comisarios. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0003/2004) a la Comisión, sobre el Libro Blanco sobre la política espacial europea. 
– Señor Presidente, he acogido con satisfacción la oportunidad y la calidad del plan de acción que se nos ha presentado para aplicar la política espacial europea. 
Esta política se relanzó cuando los Estados Unidos modificaron su estrategia y cuando la AEE y la NASA informaron de éxitos excepcionales que conmovieron al mundo. 
La política espacial es crucial para la cooperación internacional en materia de investigación, para la estrategia de Lisboa y para garantizar el acceso independiente de Europa al espacio. 
El plan que estamos debatiendo es de naturaleza horizontal porque tiene que ver con muchas políticas comunitarias, desde la agricultura hasta las comunicaciones. 
Tras el proyecto GALILEO estamos esperando el proyecto del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente. 
Comparto el deseo de aunar los recursos de inversión para alcanzar objetivos que ningún país puede alcanzar por sí solo, y estoy de acuerdo con la intención de adoptar un enfoque más decidido para coordinar la investigación, la innovación tecnológica y la política industrial. 
La primera tiene que ver con las repercusiones que tiene para el programa europeo la nueva estrategia establecida por la principal potencia espacial del mundo, con la que mantenemos estrechos lazos de colaboración. La segunda tiene que ver con las discrepancias existentes entre las ambiciones europeas y los recursos necesarios para poner en práctica la parte más importante del programa espacial, una cuestión que el Libro Blanco parece dejar abierta. 
Las complejas cuestiones que influyen en este programa tienen que ver de hecho con el proceso de constitución respecto a las competencias en el ámbito del espacio y la defensa común, pero también con las decisiones políticas, nacionales y comunitarias que se proponen para hacer más competitiva la economía europea. 
– Señor Presidente, quiero empezar felicitando al Sr. Bodrato por la calidad de su informe, y quiero incluir al Comisario Busquin en mis felicitaciones porque durante esta legislatura que toca a su fin, ha sido absolutamente crucial para que la Unión Europea se convirtiera en una potencia espacial. 
No creo que el nivel intergubernamental sea suficiente hoy y en un mundo con una competencia cada vez mayor en asuntos espaciales, tenemos que respaldar el desarrollo espacial y la autonomía espacial de la Unión Europea con el gran poder político que representa la Unión Europea. 
Creo que eso es básicamente lo que ha pasado en esta legislatura. 
Personalmente, estoy contento con ello. 
Otra cosa que ha pasado es que hemos lanzado un programa ambicioso, el programa Galileo, que interesa a varios países del mundo, especialmente a China. 
Quiero plantear una serie de cuestiones sobre el Libro Blanco y la resolución del Sr. Bodrato. 
La primera es sobre el presupuesto. 
Me parece absolutamente fundamental que seamos muy ambiciosos en materia espacial, y sobre todo que nuestras ambiciones sobre el espacio formen parte de una política industrial. 
Un programa espacial independiente no consiste simplemente en enviar artefactos al espacio de Europa, sino en dominar también las tecnologías básicas y sus aplicaciones civiles, que son muchas. 
La segunda cuestión trata del vínculo entre lo militar y lo civil. 
Creo que debemos vincular nuestra forma de pensar, la del Comisario Busquin y la de la Dirección General de Investigación, con lo que está ocurriendo en la política exterior y de seguridad común, porque es bien sabido que los americanos y todas las potencias espaciales actuales, entre ellas la rusa y la china, han dedicado gran parte de sus actividades espaciales a aplicaciones militares. 
La tercera cuestión tiene que ver con la ampliación. 
Creo que algunos de los países que van a unirse a Europa no están demasiado interesados en Ariane ni en actividades espaciales que hoy en día benefician principalmente a Francia, Italia, Reino Unido y Alemania, pero no necesariamente a Lituania, Chipre o Malta. 
Por lo tanto, es muy importante que enviemos un mensaje a esos países. 
Y por ese motivo he presentado una enmienda que propone la incorporación de astronautas de los países de Europa Central y Oriental al cuerpo de astronautas europeos y la planificación de un vuelo tripulado con uno de esos astronautas dentro de muy poco tiempo para implicarlos en la conquista del espacio y su magia y ganar así su apoyo. 
Mi último comentario versa sobre la estrategia de los Estados Unidos. 
No sé si se trata de una estrategia oportunista por parte del Sr. Bush en el período previo a la campaña electoral. 
En cualquier caso, me complace que Europa participe, pero sin que eso le suponga tener que renunciar al establecimiento de Soyuz en Kourou o a su independencia en cuestiones espaciales. 
Esto es lo que quería decirles, Señorías. 
– Señor Presidente, tenemos ante nosotros una nueva definición de prioridades y objetivos. 
El Libro Blanco habla claramente sobre una política espacial más orientada a la demanda, mientras que tanto este como otros textos anteriores y declaraciones oficiales indican con claridad que el objetivo es utilizar el espacio con fines militares. 
Hay quien dice que de cualquier manera los sistemas espaciales tienen un doble propósito: civil y militar. 
Simplemente quiero comentar que la decisión a favor de uno u otro uso es una decisión política. 
Por ejemplo, el hecho de que existan armas capaces de destruir el mundo entero no significa que vayamos a permitir su uso. 
Otros dicen que el espacio no puede desarrollarse sin financiación estatal, y tienen razón, pero añaden que el único modo de obtener dicha financiación dentro de un marco de competencia es desarrollar el lado militar. 
A estos les pido que moderen su culto al mercado libre y a la política de competencia y propongo en su lugar que se destinen fondos públicos a la investigación y la exploración del espacio. 
Quiero también advertirles del rechazo popular a cualquier intento de utilizar el espacio para fines de política de defensa y seguridad, una política claramente agresiva que tiene como objetivo convertir a la Unión Europea en la segunda policía mundial al lado de los Estados Unidos de América. 
Puede que el nuevo enfoque sirva a intereses empresariales, que se beneficiarán de las aplicaciones militares tanto a través de los mecanismos del mercado como de la financiación estatal. 
Pero no beneficia a nadie más. 
Por el contrario, la participación de la Unión Europea en la utilización militar del espacio es una escalada seria en la carrera armamentística, que es extremadamente peligrosa para la paz mundial. 
En realidad, es una pena que los mayores logros del hombre vayan a utilizarse en su contra. 
Pero esa es una de las características inevitables del sistema capitalista. 
No tenemos más remedio que oponernos categóricamente a la política de comercialización y militarización del espacio. 
– Señor Presidente, Comisario, Señorías, todos somos conscientes de que los pueblos de la Europa unida esperan convertirse en un buen modelo. 
Nuestros conciudadanos experimentan con frecuencia lo que es Europa únicamente a través del espejo distorsionador de sus normas, reglas y restricciones, y nosotros tenemos que hacer de la exploración espacial una de las ambiciones principales de la integración europea, una ambición que enorgullezca a nuestros conciudadanos y les reporte claros beneficios en sus vidas cotidianas, como el proyecto Galileo. 
Ahora bien, para un buen modelo se necesitan recursos. 
Y hoy no existe voluntad política suficiente para destinar a la política espacial europea los fondos que necesita. 
La Comisión lo ha intentado, como demuestra el Libro Blanco. 
El incremento anual de un 4,6 % del gasto espacial es una medida acertada, pero mínima. 
Los Jefes de Estado de la Unión tienen que comprender que cuando el Presidente Bush ordena vuelos a Marte y China lanza con éxito su primera nave espacial, Europa no puede quedarse rezagada. 
Es hora de cambiar de marcha y dar un gran impulso al gasto espacial. 
Para ello, tenemos que recurrir a los estados, a través de la AEE y las grandes agencias nacionales, que, como DLR en Alemania o CNES en Francia, poseen una experiencia irreemplazable. 
Pero debemos ir más allá del ámbito intergubernamental. 
El proyecto de constitución para Europa sienta las bases de una política espacial comunitaria. 
Eso me complace, siempre que a cambio de sus nuevas prerrogativas, la Unión se convierta en una nueva fuente de financiación para el espacio. 
No podemos exigir nuevas competencias sin asumir el coste. 
Y al mismo tiempo tenemos que seguir buscando financiación exterior. 
La cooperación con la India y China a través del proyecto Galileo es un ejemplo que debemos seguir y ampliar, cuando surjan oportunidades, con la Federación rusa por ejemplo, como Francia ha hecho con su plan para instalar la plataforma de lanzamiento Soyuz en Kourou. 
Terminaré diciendo que si de verdad no queremos que Europa quede excluida de la conquista del espacio, la financiación no puede seguir siendo pública. 
Tenemos que levantar los tabúes y decir claramente, como la resolución nos invita a hacer, que la financiación de la política espacial debe abrirse a la industria privada. 
. Señor Presidente, Señorías, las distintas cuestiones que se plantean en esta pregunta oral son testimonio del creciente interés que el Parlamento está demostrando por la formulación de política espacial europea adecuada a las ambiciones de la Unión. 
Quiero rendir homenaje al Parlamento por su firme apoyo en estas cuestiones, y quiero decir que gracias a este apoyo la Comisión pudo celebrar en Europa un debate en profundidad sobre el futuro del sector espacial, un debate en el que algunas de sus Señorías participaron directamente. 
Tras ese debate, la Comisión aprobó un Libro Blanco en el que se abordaban algunas de las importantes acciones a las que se refiere en su pregunta. 
Para desarrollar la tecnología espacial, la Comisión propone un incremento del gasto público en el sector, una vez que se haya elaborado un plan maestro en el que se especifiquen todas las tecnologías que faltan, las partes implicadas y un calendario de medidas. 
El sexto programa marco puede contribuir ya a este sector, especialmente a través de la prioridad otorgada a «la aeronáutica y el espacio» y a las tecnologías para la sociedad de la información. 
La Comisión estudiará la manera de continuar con esta forma de desarrollo en el próximo programa marco. 
En cuanto al acceso al espacio, la Comisión, en estrecha cooperación con la Agencia Espacial Europea, apoya la adopción de una serie de medidas, entre las que destacan la mejora del servicio de lanzamiento ofrecido por el centro espacial de Guayana. 
Esta medida ya se ha adoptado como un proyecto que forma parte de la iniciativa de crecimiento Quickstart y que se presentó y fue aprobado en el último Consejo europeo. 
Ya ha comenzado el trabajo de definición relacionado con los acuerdos financieros, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones. 
Se han iniciado conversaciones multilaterales con las otras potencias espaciales, que deberían tener como resultado la propuesta de un marco reglamentario internacionalmente aceptado. 
Por último, la Comisión está investigando la participación directa en el mantenimiento de las infraestructuras terrestres básicas para el futuro programa espacial europeo. 
Por lo que respecta a Galileo, la posible función del sector privado debe ser la de operador final, después de un proceso de selección dirigido por el proyecto común Galileo. 
La Comisión va a iniciar también negociaciones bilaterales con la India. 
Y se acaba de firmar un acuerdo marco entre la Comunidad Europea y China. 
En los próximos días, es decir, el 3 de febrero, la Comisión debería aprobar una comunicación basada en un informe detallado que ha elaborado con la Agencia Espacial Europea y los Estados miembros deberían sacar conclusiones de la fase inicial y elaborar un plan de acción para la iniciativa del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente. 
Para la siguiente fase de despliegue, la Comisión propone la introducción gradual de una estructura de coordinación formal, posiblemente utilizando la experiencia de Galileo. 
El satélite Envisat es admirado en todo el mundo por su capacidad para vigilar el medio ambiente y es un ejemplo maravilloso de observación de la tierra, un campo en el que estamos a la vanguardia del desarrollo. 
Hasta que se cree esta estructura para el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente, habrá que recurrir a una solución temporal más ligera, como se propone en el acuerdo marco entre la Comunidad Europea y la Agencia Espacial Europea. 
En este sentido, quiero recalcar la importancia de la opinión del Parlamento para la firma de este acuerdo entre la Comunidad Europea y la AEE. 
La Comisión está también formulando una política sobre el acceso al espacio y a los lanzadores, siendo la instalación del lanzador Soyuz en el centro espacial de la Guayana un ejemplo específico de la cooperación estratégica que puede establecerse entre Rusia y Europa. 
Está previsto que en la reunión del Consejo de la Agencia Espacial Europea el 4 de febrero se tome una decisión final sobre este programa. 
En el Libro Blanco, la Comisión sugiere que la Unión debe poder implicarse en mantener operativas las instalaciones de lanzamiento y en financiar el trabajo y la investigación con vistas a definir un futuro sistema de transporte espacial. 
Por último, en el Libro Blanco, la Comisión sugiere que continúen las actividades relacionadas con la estación espacial internacional, porque así los europeos adquirirán más experiencia con las misiones espaciales prolongadas. 
A este respecto, me ha complacido escuchar la sugerencia del Sr. Savary, que sin duda se refería al conjunto de Europa, de incluir a astronautas de los países candidatos. 
La estación internacional puede considerarse también una etapa intermedia esencial antes de empezar a explorar el sistema solar. 
Se ha hecho referencia a la declaración del Presidente Bush, que requiere un análisis en profundidad. 
Por supuesto, tiene consecuencias que nos afectan, dada la inversión acordada por parte europea, especialmente para mantener el acceso de los astronautas europeos a la estación internacional. 
Por lo tanto, no debemos vender todo el proceso sin recibir garantías de que dicho proceso, con el que estamos muy comprometidos, continuará. 
Como también sabe ustedes –y esto nos da que pensar–, el satélite europeo que está observando Marte ha obtenido resultados excelentes, como demuestran las fotografías que han visto ustedes y que sugieren que podría haber hielo en la luna. 
Esto se ha conseguido utilizando tecnología europea, aunque, tristemente, Beagle no ha logrado el mismo éxito. 
Pero el análisis espectral de Marte es una tecnología puntera europea de la que podemos estar orgullosos. 
Por último y partiendo de lo anterior, está también la idea de ver cómo concebimos vuelos tripulados, para que tampoco nos quedemos fuera de la carrera hacia estos objetivos. 
En cooperación con la AEE, la Comisión formará en 2004 un grupo de expertos para que la Unión Europea pueda definir su posición respecto a los vuelos espaciales tripulados. 
En pocas palabras, estos son los aspectos más importantes. 
Me complace realmente concluir diciendo que la Comisión incluirá el espacio y la investigación espacial en las futuras perspectivas financieras que ocupan el centro de los debates de la Comisión y que el Parlamento será el primero en conocer, creo que el 10 de febrero. 
Ese día les explicaremos las primeras líneas generales de las perspectivas financieras. 
Y en lo que respecta a las perspectivas financieras, está claro que la financiación de los programas de investigación e innovación tiene que aumentar, entre otras cosas, para sostener una política espacial que será crucial para el progreso tecnológico de Europa y para el lugar que ocupe en el mundo. 
Gracias, Comisario Busquin. 
Para concluir este debate, he recibido una propuesta de resolución, presentada de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento. (1) 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0004/2004) a la Comisión, sobre la Comunicación sobre «El futuro del sector textil y de la confección en la Unión Europea ampliada». 
Señor Presidente, Señor Comisario, ante todo quiero agradecer a la Comisión su comunicación sobre el futuro del sector textil y de la confección, que aparece en unos momentos en que el sector está muy preocupado por la definitiva eliminación del sistema de cuotas a la importación el 1 de enero de 2005, dada la presión competitiva de países en vías de desarrollo que tienen, además, gran capacidad exportadora, lo que puede provocar el cierre de muchas empresas con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. 
Especialmente preocupante es China, que añade a su capacidad competitiva, fruto de los bajos costes empresariales, una política comercial muy agresiva y poco respetuosa de las normas que rigen el comercio internacional. 
Estudios recientes hablan de que para el 2010 puede producirse en la Unión Europea una pérdida de puestos de trabajo del 40% al 60%, según el sector de que se trate. 
Si a esto añadimos que la industria textil y de la confección europea se caracteriza por una fuerte concentración regional que ocupa fundamentalmente mano de obra femenina, nos daremos cuenta de la gravedad de la situación y de la urgencia de una actuación decidida de las administraciones públicas a todos los niveles, que permita al sector superar con éxito los retos a los que se enfrenta. 
Es cierto que la responsabilidad primera corresponde a los empresarios y que ellos son los responsables de definir las estrategias y proceder a las inversiones que las nuevas circunstancias requieren, pero no es menos cierto que los poderes públicos tienen la obligación de garantizarles unas condiciones que les permitan desarrollarse. 
Es evidente que el futuro del sector pasa por revalorizar sus ventajas comparativas, es decir, la calidad de sus productos, el diseño, el factor moda y, sobre todo, por la capacidad de innovación y desarrollo de nuevos productos de alto valor tecnológico, especialmente los tejidos inteligentes y los tejidos industriales. 
Y pasa también por la posibilidad de acceder al mercado internacional. 
De ahí la valoración positiva de las medidas que propone la Comisión en su comunicación, porque van justo en este sentido, y de ahí que aprecie especialmente la presencia del Comisario Busquin, dada la importancia que la investigación y el desarrollo revisten para que el sector pueda ganar la batalla del futuro. 
El problema está en cuándo y cómo materializar las medidas de la comunicación. 
Porque está muy bien analizar los problemas específicos del sector y señalar los medios para resolverlos con éxito, pero ello debe corresponderse con un presupuesto también específico y acorde con los medios que se requieren, incluida la puesta en marcha de una iniciativa regional específica para ayudar al sector sin que se considere ayuda de Estado y para la readaptación de los trabajadores al mercado de trabajo. 
Y debe corresponderse con la elaboración de un plan de acción y con la adopción de un calendario preciso para que las acciones puedan ser operativas antes de que acabe 2004 y, en todo caso y sobre todo, antes de que sea demasiado tarde. 
Y debe corresponderse con el compromiso firme de la Comisión de no rebajar las medidas de política comercial que propone para acabar con la competencia desleal y con los elevados aranceles, los picos arancelarios y las barreras no arancelarias que dificultan el acceso a los mercados. 
La pervivencia del sector y el mantenimiento de los miles de puestos de trabajo que están en juego dependen, señor Comisario, de ello. 
Señor Presidente, señor Comisario, muchas gracias por acompañarnos en este debate sobre los problemas del sector textil y de la confección. 
No cabe ninguna duda de que este debate tiene lugar, entre otras cosas, por la Comunicación de la Comisión sobre la industria textil en el marco de la Europa ampliada, por la que quiero concretamente felicitar a la Comisión. 
En esa Comunicación se proponen toda una serie de medidas de ayuda a los esfuerzos realizados por el sector para definir una estrategia frente a los nuevos retos del mercado y, más concretamente, frente a la eliminación de las cuotas a la importación a partir del 1 de enero del año 2005. 
Algunos hechos recientes o inminentes, como la entrada de China en la OMC o la desaparición de cupos o aranceles para algunos productos, obligan a afrontar de forma rápida los problemas. 
Esta Comunicación propone algunas medidas que son, desde mi punto de vista, urgentes. 
En primer lugar la importancia de las políticas, tanto comunitarias como nacionales, de incentivos a las PYME para invertir en actividades directas de Y + D y de innovación, como medio necesario para incorporar nuevos procesos de producción, para incentivar la creatividad y la moda y, en consecuencia, aumentar la competitividad del sector en el mercado global. 
En ese orden de cosas quiero señalar que son dignas de tener en cuenta, y hace poco me hablaba de estas iniciativas el Comisario Sr. Busquin, algunas iniciativas tales como la creación de oficinas de apoyo a las PYME para que puedan acceder a la protección de los derechos de propiedad intelectual, tales como marcas, diseños o patentes. 
En segundo lugar me gustaría referirme a la necesidad de alcanzar compromisos en el seno de la OMC para que, como elemento necesario de la liberalización del comercio, algunos países que son nuestros competidores o que pueden acceder a nuestros mercados con arancel cero o, en todo caso, muy bajo, rebajen sus altos aranceles existentes en la actualidad. 
Finalmente, considero de gran importancia que la Comisión ponga en práctica las medidas propuestas en relación con la protección de la propiedad intelectual. 
Su respeto a terceros países, así como la supervisión del cumplimiento de los acuerdos APIC, son imprescindibles para hacer efectiva la lucha contra la piratería y la falsificación. 
Y espero que la pronta aprobación de la Directiva sobre los procedimientos encaminados a la protección de los derechos de propiedad intelectual, así como la reforma al Reglamento de aduana, se conviertan en instrumentos esenciales para la protección de esa propiedad industrial que tan necesaria resulta en muchos ramos y, entre ellos, el textil. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, empezaré agradeciéndole al Comisario Busquin su presencia hoy aquí. Quiero expresar también mi agradecimiento por la gran calidad de la Comunicación de la Comisión sobre el futuro de la industria textil en una Europa ampliada. 
Pero seguimos muy preocupados, y muchas preguntas siguen sin respuesta. 
Ahora voy a recalcar algunas, que también ha planteado la Sra. Ferrer. 
¿Cómo va a traducir la Comisión sus propuestas en acciones específicas? 
¿Qué plazos prevé y qué presupuesto tiene intención de utilizar para aplicar estas medidas? 
Las optimistas palabras del Comisario Lamy sobre la industria textil y de la confección me vienen a la mente en este momento. Ha dicho que es un sector con futuro en la Unión Europea y muy importante para la agenda europea de comercio. 
El Comisario Lamy ha dicho recientemente que «en 2005 se habrán suprimido los contingentes de importación, pero no flaquearemos en nuestro compromiso con la industria». 
Tenemos que abordar los retos actuales y futuros, garantizando decididamente los puestos de trabajo en el sector. 
Es esencial promover la competitividad de las empresas a través de la innovación, unas prácticas de producción flexibles y el acceso de la mano de obra actual en la industria a formación profesional y educación complementaria. 
Quisiera insistir en algunos de los aspectos contenidos en la propuesta de resolución presentada por la Sra. Ferrer: 
-en primer lugar, el papel fundamental de los fondos estructurales. 
Apoyo la propuesta de emprender, en el marco financiero de los fondos estructurales, una iniciativa específica regional para el sector dirigida a resolver las dificultades que surgirán en 2005 y ayudar a que los trabajadores se adapten a las nuevas demandas del mercado laboral; 
-en segundo lugar: la creación de un observatorio europeo del sector textil y de la confección. 
Así podría analizarse la situación del comercio entre China y la Unión Europea y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en ambas regiones. 
Suponiendo que la Comisión esté de acuerdo, ¿cuándo se podría crear ese observatorio europeo? 
-en tercer lugar: acuerdos comerciales bilaterales. 
Todos los acuerdos comerciales bilaterales de la Unión Europea tienen que incorporar el principio de responsabilidad social empresarial, el cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo y el desarrollo sostenible. 
– Señor Presidente, la industria textil y de la confección de la Unión Europea atraviesa tiempos difíciles. 
En este contexto, acojo con satisfacción la comunicación de la Comisión sobre este asunto. 
La región que represento, East Midlands, tiene el mayor grupo de empresas de confección del Reino Unido y la segunda industria textil y de la confección más grande de Europa. 
Muchos de mis electores que trabajan en esta industria han sido despedidos una y otra vez y ven cómo la fabricación se desplaza hacia las economías de bajos salarios de los países en desarrollo. 
Es comprensible que para estos trabajadores, que aún se encuentran en situaciones vulnerables, las medidas proteccionistas constituyan una propuesta atractiva. 
Sin embargo, a largo plazo no es el modo de abordar los problemas a los que se enfrenta la industria actualmente. 
En la economía mundial actual la UE nunca podrá competir exclusivamente en precios, ni debería hacerlo. 
La UE tiene que maximizar las ventajas de los trabajadores cualificados que están motivados, especializados y tienen experiencia. 
Esta industria ha tenido éxito en el pasado y puede continuar teniéndolo en el futuro. 
Hay maneras diferentes e innovadoras de hacer frente a los desafíos de una competencia mundial creciente. 
Para algunas empresas, las subvenciones de la UE han constituido una ayuda importante para impulsar su competitividad. 
La Asociación Textil de East Midlands desarrolla numerosos proyectos –subvencionados a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional– que ayuda a las empresas en: proyectos como MAS, que ayuda a las pequeñas empresas de la región a buscar nuevos mercados, o el Business ICT Bureau, que proporciona una fuente experta de ayuda en tecnologías de la información adecuada a las necesidades del sector textil. 
Estos son buenos ejemplos de las maneras en que las subvenciones se utilizan para ayudar a establecer redes entre las organizaciones locales que trabajan en la misma zona. 
Si bien los programas de financiación resultan beneficiosos, por naturaleza son a corto plazo. 
Para otras empresas la respuesta podría hallarse en los textiles técnicos: desde los materiales especializados resistentes al calor y los productos químicos hasta los calcetines de vuelo diseñados para reducir el riesgo de trombosis venosa profunda. 
Quiero transmitir un poco de cautela al respecto. 
Para algunas empresas la respuesta correcta a los desafíos es el ámbito de la alta tecnología, pero no es una opción para todas. 
Sería simplista decir que las empresas se resisten al cambio. 
Para las organizaciones pequeñas de pocos empleados y márgenes de beneficio estrechos es mucho más difícil hacer una inversión significativa en investigación que para las empresas más grandes. 
Termino diciendo que la sede del sindicato KFAT se encuentra en Leicester, mi ciudad natal. 
Este sindicato ha participado en el debate sobre el futuro de la industria textil. 
Al igual que la industria, los sindicatos y todos los que trabajan en el sector, espero la aplicación de las propuestas de la Comisión. 
– Señor Presidente, es bien sabido que la industria textil y de la confección tiene todavía una presencia considerable en la Unión Europea ampliada, y emplea a unos 2,7 millones de personas, principalmente mujeres, incluso con la desaparición de unos 850.000 trabajos y muchos miles de negocios entre 1990 y 2001. 
Por consiguiente, la amenaza de la eliminación total de los contingentes de importación el próximo 1 de enero puede perjudicar seriamente al desarrollo y aumentar el desempleo, especialmente en zonas con la mayor concentración de empresas textiles y de confección, como las regiones del norte y de Beiras en Portugal. 
Actualmente existe un grave problema de traslado de multinacionales; en mi ciudad natal de Vila Nova de Gaia, por ejemplo, hay una empresa alemana, Brax Portugal, que amenaza con cerrar sus instalaciones dentro de unos días y despedir a 450 trabajadores, casi todos ellos mujeres. 
Este es un grave problema que se repite más o menos por todo Portugal. 
Hay que tener en cuenta que la industria textil y de la confección reviste una gran importancia estratégica para la UE y ofrece grandes perspectivas de futuro, de manera que puede realizar una contribución importante a la promoción de la cohesión económica, social y territorial. 
Ahora bien, puede que también ocasione un desempleo grave y frene el desarrollo, a menos que adoptemos las medidas adecuadas para garantizar que esos problemas no surjan en el futuro. 
De ahí las propuestas que hemos presentado para promover los intereses del sector de la producción, puesto que un todo cohesivo depende de todos los eslabones de la cadena. El objetivo es asegurar la supervivencia de los productos de rango medio y los productos con un gran valor añadido, y garantizar las perspectivas de empleo. 
Por lo tanto, es fundamental que la Comisión presente un plan de acción concreto, cohesivo y claramente definido en términos de instrumentos, recursos financieros y plazos. Este plan de acción debe prestar una especial atención al fomento de la innovación y el uso de nueva tecnología en el sector, a una mayor interacción entre los distintos sectores de la industria, a la puesta en marcha de un extenso programa de formación profesional, a la modernización y aumento del apoyo que reciben las pequeñas y medianas empresas y a la protección del medio ambiente. 
Debe establecerse también un programa comunitario con mecanismos de apoyo adecuados, sobre todo para las regiones menos favorecidas que dependen del sector. 
Asimismo, debe adoptarse un enfoque sectorial para el sector textil y de la confección, especialmente en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. 
– Señor Presidente, el año que viene se producirá un cambio radical en el sector textil, cuando se eliminen los contingentes después de más de 30 años. 
Los aranceles de importación en la Unión Europea son actualmente unos de los más bajos del mundo. 
Para ello se precisa una liberalización similar de los mercados en otros países con grandes sectores y mercados textiles. 
El ponente y el Comisario Lamy han hecho bien en comprometerse a esto. 
En segundo lugar, cuando se eliminen las restricciones cuantitativas, existirá la tentación de recurrir a otras formas de restringir las importaciones por motivos proteccionistas; por ejemplo, medidas para evitar el dumping y cláusulas de salvaguardia. 
¿Cómo pretende evitar esto la Comisión? 
Las barreras no arancelarias, como los procedimientos burocráticos innecesarios para la importación, tienen también que reducirse. 
Mi tercer comentario se refiere al etiquetado y la certificación. 
Como reconoce el ponente, ambos son esenciales para asegurar el cumplimiento de la normativa esencial en materia laboral y medioambiental. 
¿Qué medidas específicas prevé el Comisario para dotarlas de más contenido, especialmente en cuanto a medios de producción? 
Para terminar, quiero hacer una observación acerca de la posición comercial de los países en desarrollo, que no solo necesitan acceder al mercado europeo; la Unión Europea tiene que poner también freno a las prácticas de dumping con el algodón, que distorsionan el mercado de materias primas. 
El hecho de conceder a los cultivadores europeos de algodón subvenciones a la exportación por un valor de 900 millones de euros al año no mejora los precios en el mercado mundial. 
El resultado es que el precio mundial de una bala de algodón se ha reducido a la mitad desde 1990. 
– Señor Presidente, acojo con satisfacción estas iniciativas, tanto en la pregunta oral como en la resolución legislativa que votaremos mañana, y quiero decir que las apoyaremos, junto con otras iniciativas presentadas por sus Señorías sobre esta cuestión. 
El nuestro es un voto a favor de hacer más hincapié en el comercio libre, equitativo y justo, y en el respeto al principio de reciprocidad en las relaciones comerciales internacionales que, como se ha documentado, no se respeta, especialmente en el sector textil y de la confección. También creemos que es fundamental prestar una mayor atención al caso de China y tratarlo con objetividad y realismo. 
Un simple observatorio europeo no será suficiente. Deben aplicarse medidas claras para combatir la hegemonía de China en el comercio internacional de textiles y confección. 
China representa ya el 25% de la producción textil mundial, una cifra alarmante, especialmente para países verdaderamente en vías de desarrollo, como Bangladesh o Vietnam, que pueden acabar también aplastados por la apisonadora china en este sector. 
Pensamos que, a la vista de su enorme potencia en este sector, China ya no puede considerarse un país en desarrollo. De lo contrario, corremos el riesgo de acabar con el sector textil y de la confección en el resto del mundo. 
Por último, siguiendo con la cuestión del acceso a los mercados, pensamos que habría sido útil que la resolución hubiera mencionado – ahora ya es demasiado tarde – la necesidad de introducir una serie de medidas prácticas en el ámbito comercial que tendrían que adoptar las empresas para penetrar en nuevos mercados. 
Sería esencial establecer mecanismos de ayudas para participar en ferias comerciales, para abrir puntos de venta y plataformas de distribución, para realizar misiones de prospección de mercados objetivo, etc. Estas son medidas que hemos propuesto a la Comisión para que las considere. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la revolución industrial en Inglaterra a finales del siglo XVIII empezó en la industria textil. 
Este sector tiene una historia pionera, un presente activo y un futuro plagado de retos e inseguridades. 
La industria textil europea está amenazada hoy día por la competencia de países con unos precios sumamente bajos y sin ninguna preocupación o restricción medioambiental. 
La explotación de los trabajadores, especialmente de los trabajadores infantiles, nos recuerda las maltrechas condiciones que marcaron nuestra propia revolución industrial. 
Aun así, la industria textil sigue sobreviviendo, modernizándose y renovándose. Es el punto donde convergen la industria, la artesanía y el arte, y tiene una influencia importancia en la forma de vida de las personas. 
Los dogmas neoliberales que en un tiempo disuadieron a la Unión Europea de formular una política industrial por miedo a una Europa desindustrializada, han quedado obsoletos. Los responsables europeos de la toma de decisiones pueden ver ahora lo que está sucediendo y tomar una postura en defensa de la industria textil y de la confección. 
Por lo tanto, acogemos con gran satisfacción la comunicación de la Comisión, aunque sea demasiado larga. También apoyamos la propuesta de resolución presentada por la Sra. Ferrer, que contiene los elementos fundamentales de una política europea para el sector. 
Puesto que la política comercial es competencia exclusiva de la Unión Europea, es de vital importancia que la Comisión no convierta el sector textil y de la confección en una moneda de cambio para obtener concesiones en otros ámbitos más llamativos. 
Si lo hiciera, sería una prueba lamentable de falta de visión y ética dudosa. 
Por otra parte, los negociadores de la Agenda de Doha para el desarrollo deben luchar por unas condiciones de acceso a mercados de terceros países que sean equitativas, exigiendo en particular que se cumpla el principio de reciprocidad y se abran nuevos mercados. 
Como todos sabemos, Portugal es un país donde el empleo y la cohesión económica y social dependen en gran medida del sector textil y de la confección. Por lo tanto, es muy sensible a las recesiones y crisis de esta industria. 
Algunas regiones muy industrializadas de Portugal están experimentando crisis económicas mientras hablamos. 
Por lo tanto, la Comisión debe acompañar sus palabras de obras. 
– Señor Presidente, es muy oportuno que yo sea el último orador, porque quiero añadir una nota optimista al debate, que hasta el momento ha sido bastante pesimista. 
Soy consciente de que la industria textil está atravesando momentos difíciles. 
Asimismo, comprendo que estamos entrando en una época en la que los controles de importación serán diferentes y que un nuevo sector se unirá a nuestra industria textil. 
Sin embargo, a fin de inyectar un poco de optimismo, como dije en el debate de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, solo tenemos que mirar los trajes y las chaquetas que llevamos puestos y preguntarnos de dónde proceden. 
Les diré dónde se confeccionaron: en Europa. 
La chaqueta que llevo puesta es de Crombie, una empresa textil local de mi ciudad en Inglaterra; es un buen traje inglés. 
No sé de dónde procede la tela, pero la habilidad de los trabajadores británicos y de los de la industria textil en Europa ha permitido transformar un producto de serie de baja calidad en un producto de alta calidad: este es el futuro de la industria textil. 
Las diferentes partes de la industria textil encontrarán caminos diferentes, algunos más técnicos, otros más artesanos; y otros tomarán un camino distinto. 
Este es el futuro de nuestra industria. Este es el mensaje que debería transmitir el Libro Blanco de la Comisión. 
Tenemos que estar seguros de que cuando la Comisión actúe, nuestro sector textil y de la confección –que en su mayoría está compuesto por empresas pequeñas– sea capaz de invertir en nueva tecnología y en técnicas de producción. 
Tiene que ser capaz de encontrar maneras de añadir valor a los productos básicos que importemos de otros lugares. 
Asimismo, y este es un punto que no se ha mencionado anteriormente, tenemos que proteger a nuestra industria de la falsificación. 
Esto es cada vez más necesario. 
La falsificación de los productos de alta calidad es una cuestión muy grave que tenemos que abordar. 
El Libro Blanco no hace ninguna referencia a ello. 
Finalmente, si acertamos con la industria textil, podremos aprender algunas lecciones importantes para otros sectores industriales. 
Asimismo, deberíamos prestar atención a los productos de piel y el calzado, y al uso del textil como sector industrial emblemático que puede encabezar este nuevo siglo, con trabajadores europeos capaces de ganarse la vida produciendo productos de calidad de alto valor. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión comparte su preocupación por esta cuestión y está tomando las medidas necesarias. 
A la vista de los importantes retos a los que nos enfrentamos en el sector textil y de la confección y que se mantendrán en los próximos años, sobre todo, como usted ha subrayado, el efecto de la eliminación de los contingentes de importación el 1 de enero de 2005, la Comisión ha examinado de nuevo sus políticas e instrumentos para identificar medidas o líneas de actuación que puedan hacer más competitivo el sector textil y de la confección. 
Estas medidas se reflejan en la comunicación a la que ustedes han hecho referencia sobre el futuro del sector textil y de la confección, hecha pública por la Comisión el 29 de octubre de 2003 y acogida con satisfacción en una reunión del Consejo sobre competitividad celebrada el 27 de noviembre de 2003. 
Como saben ustedes, la estrategia de la Unión para el comercio internacional y para Doha es buscar reciprocidad para los textiles y la confección. 
En conjunto, estas políticas y medidas tratan de proporcionar a la industria y a los trabajadores del sector un marco claro, predecible y coherente que facilite la planificación de estrategias e inversiones a medio y largo plazo. 
La Comisión celebra el apoyo que han recibido estas iniciativas e ideas contenidas en la resolución sobre el futuro del sector textil que el Parlamento aprobará en breve. 
La Comisión considerará en profundidad las nuevas ideas mencionadas en el texto de la resolución. 
Algunas de las recomendaciones contenidas en la comunicación podrían ir seguidas de propuestas concretas en un plazo de tiempo relativamente corto. 
En cuanto al resto, algunas de las ideas y sugerencias de la comunicación tienen que investigarse más a fondo antes de ponerse en práctica. 
Para ayudar a la Comisión en estas investigaciones y en el seguimiento de estas cuestiones, se creará un grupo de alto nivel cuya tarea consistirá en formular recomendaciones para mejorar las condiciones de competitividad. 
El propósito de este grupo de alto nivel será contribuir al proceso de aplicación de las políticas industriales y comerciales en el sector textil y de la confección de la Unión ampliada. 
El grupo participará en la vigilancia constante de la situación económica del sector por parte de los servicios de la Comisión. 
Proporcionará informes y recomendaciones a la Comisión y a otros responsables de tomar decisiones sobre la iniciativa propuesta para ayudar al sector a reajustarse en respuesta a los distintos retos que se le presentan. 
Esos informes tendrán que incluir recomendaciones sobre las cuestiones clave que afectan a la competencia en el sector. 
El grupo de alto nivel estará compuesto por comisarios, ministros, jefes de proyectos y directores generales o presidentes de federaciones implicadas en el sector textil y de la confección. 
Fomentará la innovación, la investigación y el desarrollo. 
Celebró que se haya hecho hincapié en el papel de la investigación y el desarrollo a este respecto. 
De hecho, hace poco tuve la oportunidad de visitar una empresa textil que ha realizado una inversión considerable en investigación e innovación gracias a la cual se ha hecho competitiva en el mercado chino, a pesar de que hace algunos años estaba en una posición difícil. 
Con una patente mucho más efectiva que protege su técnica de teñido y más mecanismos para gestionar la productividad, se ha hecho competitiva en un nicho muy preciso. 
Los servicios nos dicen también que las exportaciones a China aumentan cuando existen estas nuevas capacidades industriales. 
Por lo tanto, está claro que tenemos futuro cuando invertimos en investigación e innovación en un campo que conocemos. 
Otro tema es la cuestión de la propiedad intelectual. 
El Sr. Berenguer Fuster tiene mucha razón cuando dice que esta cuestión debe constituir claramente la base de nuestro sistema internacional, porque los nuevos procesos pueden ser frágiles si no los protegemos con patentes sólidas. 
La investigación y el desarrollo son, desde luego, un factor importante. 
También estamos considerando la creación de una plataforma tecnológica en el sector textil, con las principales partes interesadas. 
Los otros temas son la educación y la formación y la política regional. 
Usted ha insistido en el problema de los Fondos Estructurales a este respecto, señora Bastos. 
Al proponer los nuevos mecanismos para los Fondos Estructurales, mi colega el Sr. Barnier ha dicho claramente que tendrán que contribuir en mayor medida que antes al proceso de crecimiento, al proceso «Lisboa». 
En sectores como el textil, los próximos Fondos Estructurales concederán una prioridad y una importancia mayores a la investigación, la innovación y la formación, si eso es lo que las regiones quieren, por supuesto. 
La cooperación internacional, el etiquetado y otros temas relacionados con el comercio pueden tener todos ellos un efecto en el impacto. 
Este grupo de alto nivel comenzará su trabajo en febrero de 2004, que es virtualmente mañana, considerando en particular los objetivos y los resultados esperados, y le seguirán como mínimo dos sesiones plenarias antes de julio de 2004. 
La Comisión presentará su primer informe al Consejo sobre el trabajo del grupo en julio de 2004. 
Creo que el problema se está teniendo debidamente en cuenta. 
Se mantendrá informadas a las instituciones europeas y a los Estados miembros sobre los trabajos del grupo y sobre la aplicación de sus conclusiones. 
La Comisión es consciente de la necesidad de actuar con rapidez, puesto que quiere aplicarlo todo antes de finales de 2004. 
A finales de febrero, la Comisión redactará una lista de las distintas propuestas, medidas y acciones comerciales que resulten de la comunicación, dando un plazo para su aplicación. 
El Parlamento y los Estados miembros serán informados al respecto. 
También ha mencionado usted, señora Bastos, la cuestión del presupuesto que se va a utilizar para la adopción de las medidas propuestas en la comunicación de la Comisión. 
Nuestra intención es utilizar los programas e inversiones comunitarias ya existentes para poner en práctica las medidas específicas aprobadas, puesto que tenemos que actuar con rapidez. 
Cada medida específica será aplicada por los servicios de la Comisión responsables del ámbito en cuestión, utilizando su propio presupuesto. 
Puedo decirle que el ámbito de la investigación y las convocatorias de propuestas dentro del programa marco ofrecen potencial para proyectos interesantes, y pienso que lo mismo puede decirse de otros sectores. 
Creo que he demostrado lo interesados que están la Comisión y el Parlamento en este sector estratégico para nuestra economía. 
Muchas gracias, Comisario Busquin. 
Para concluir este debate, he recibido una propuesta de resolución, presentada de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento. (1) 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.30 horas. (2) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0480/2003) del Sr. Laschet, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre las relaciones entre la Unión Europea y las Naciones Unidas (2003/2049 (INI) ). 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ¿qué tienen en común la Unión Europea y las Naciones Unidas? 
¿Por qué ha elaborado el Parlamento un informe sobre este tema? 
¿No hay ninguna otra cuestión más apremiante? 
¿Tiene en realidad un parlamento que examinar todos y cada uno de los temas, incluso aquellos que no tienen excesiva prioridad? 
Eso fue lo que se dijeron los ciudadanos en 2002, cuando se sugirió por primera vez que el Parlamento debía elaborar un informe sobre las relaciones entre la Unión Europea y las Naciones Unidas. 
Rara vez hemos celebrado un debate político sobre la relación entre estas dos instituciones. Se le dedican siete líneas en informes de las reuniones del Consejo Europeo, en algún punto de cuyo texto se hace referencia de pasada a las Naciones Unidas; y la única institución activa ha sido la Comisión, que, con el estilo discreto, tranquilo y eficaz que todos conocemos, destinaba el 60% del presupuesto de los programas de desarrollo a ayuda humanitaria. 
Por supuesto, eso no tuvo consecuencias ni exigencias políticas importantes: fue muy eficaz, pero sin transmitir ningún mensaje político. 
Luego se produjo la crisis del Iraq, durante la cual el Presidente de los Estados Unidos tachó de irrelevantes a las Naciones Unidas. 
Ahí fue cuando el Parlamento empezó a decir que este podría ser un tema interesante después de todo, que queríamos hacer de naturaleza más política las relaciones entre la Unión Europea y las Naciones Unidas y que queríamos elaborar un informe para pedir a las demás instituciones que consideraran la introducción de más política en nuestras relaciones con las Naciones Unidas. 
Hoy, casi un año después de que el Parlamento tomara esa decisión, podemos afirmar que las Naciones Unidas no son irrelevantes. 
Hasta el país más poderoso del mundo se ha convencido de que la legitimidad de las Naciones Unidas es necesaria para reconstruir un Estado, para establecer la democracia y para crear una nación. 
Aquí en Europa, la Comisión hizo pública una Comunicación muy importante en septiembre –una comunicación fundamentalmente política–, que definía las relaciones entre las instituciones europeas, y también su futuro, en términos de una Constitución Europea. 
También el Consejo se muestra ahora mucho más activo en la búsqueda de consenso con las Naciones Unidas, y yo creo que la visita hoy a esta Cámara del Secretario General de las Naciones Unidas marca el inicio de una mayor cooperación política. 
¿Cuáles son, por tanto, los principales temas que tenemos que debatir? 
Uno debe ser el mensaje de hoy: una declaración del Parlamento Europeo a favor del multilateralismo. 
No se trata, como una vez dijo Robert Kagan, de que la Unión Europea favorezca el multilateralismo solo porque sea incapaz de actuar unilateralmente. 
No, ese no es el motivo. 
El motivo es que la Unión Europea es multilateral por su estructura y su naturaleza. 
Las terribles guerras del siglo XX nos enseñaron que la cooperación multilateral es la forma adecuada de construir un futuro en paz y justicia, y la lección que hemos aprendido en la Unión Europea se puede aplicar también a las Naciones Unidas; por eso estamos a favor de un enfoque multilateral. 
Este es el mensaje que el Parlamento debe transmitir hoy, y si así lo hacemos, si queremos representar el papel que nos corresponde en el mundo, tenemos que empezar primero por hacer nuestros deberes. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno no los hicieron en diciembre, porque entre sus tareas estaba dotar a la Unión Europea de personalidad jurídica para poner fin a una situación que permite a la Comisión imponer su voluntad a la Comunidad por ser miembro de la FAO con derecho de voto, mientras que, en asuntos políticos, esa carencia de personalidad jurídica nos impide actuar en Nairobi, Ginebra o Viena. 
La Unión Europea necesita dotarse de personalidad jurídica. 
Necesitamos también un Ministro de Asuntos Exteriores europeo, cuyo cometido consistirá en unificar nuestras políticas con las del Consejo y la Comisión y representarnos a todos en la escena internacional. 
Eso significa que necesitamos a un representante de la Unión Europea en las oficinas de las Naciones Unidas, en lugar de una oficina de la Comisión, una oficina del Consejo y una oficina de la Presidencia. 
Lo que necesitamos es un representante de asuntos exteriores, y eso es lo que propone el Parlamento. 
Debemos continuar también el debate después de la visita de Kofi Annan. 
Necesitamos que la Comisión elabore un informe anual que lleve al Parlamento a debatir las prioridades políticas para que sepamos la manera de proceder, lo que hemos conseguido y lo que no hemos conseguido. 
Necesitamos claridad en el presupuesto, para que sepamos qué instituciones, agencias y fondos reciben dinero de nosotros, y cuáles no. 
Creo, también, que el comentario de Jean Monnet –que Europa debe contribuir a conseguir un mundo mejor– enlaza perfectamente con el mensaje de Kofi Annan en la última Asamblea General, cuando dijo que las Naciones Unidas hacen del mundo un lugar mejor. 
Es magnífico que combinemos hoy aquí ambos mensajes y hace que hoy sea un día muy importante tanto para Europa como para las Naciones Unidas. 
. Señor Presidente, acojo con particular agrado esta oportunidad para debatir las relaciones entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, y quiero comenzar felicitando al ponente por la calidad de su informe. 
Nadie que conozca a su Señoría se sorprenderá de lo excelente y sensato de su trabajo. 
Quisiera subrayar ante todo que la Comisión está, obviamente, dispuesta a entrar en un diálogo más frecuente con el Parlamento acerca de las relaciones entre nosotros y las Naciones Unidas. 
Tanto para la Comisión como para el Parlamento, es importante que exista este intercambio de opiniones acerca de un asunto tan importante. 
Únicamente cuando el Parlamento, el Consejo y la Comisión –y de hecho los Estados miembros– trabajan bien juntos, la Unión Europea puede proporcionar colectivamente el apoyo necesario para el sistema de las Naciones Unidas. 
Como ha dicho su Señoría, la presentación del informe es muy oportuna. 
La crisis del Iraq ha servido, en muchos aspectos, de llamada para que todos nosotros despertemos y reflexionemos acerca del papel esencial de las Naciones Unidas en cuestiones de paz y seguridad. 
La Unión es un socio importante de las Naciones Unidas, y deberíamos reafirmarnos en nuestro compromiso para con el multilateralismo efectivo. 
El apoyo total de la Cámara a este efecto es importante, y lo acojo con satisfacción, especialmente el día en que el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, se dirija al Parlamento. 
La Comisión en su totalidad tuvo ayer el gran privilegio y el placer de pasar dos horas y media hablando con él. 
La Comisión expuso su opinión sobre el tema en una comunicación del 10 de septiembre de 2003 que llevaba por título «La elección del multilateralismo». 
El propósito de la comunicación era triple. 
En primer lugar, se trataba de reafirmar nuestro compromiso con el multilateralismo y las Naciones Unidas. 
En segundo lugar, se trataba de demostrar la manera en que aplicamos este compromiso en nuestro trabajo diario. 
El documento proporciona un inventario impresionante de la amplia cooperación que ya existe entre la UE y las Naciones Unidas, y de nuestro apoyo a las actividades de las Naciones Unidas en un gran número de cuestiones, desde la prevención de conflictos a la ayuda al desarrollo, y desde la gestión de crisis hasta la reducción de la pobreza. 
Aunque las cuestiones de paz y seguridad que trata el Consejo de Seguridad son las que atraen la mayor parte de atención por parte de los medios de comunicación, sería un error centrar nuestra atención y apoyar únicamente estas cuestiones. 
En tercer lugar, identificamos un gran número de acciones prácticas para mejorar nuestra coordinación interna acerca de cuestiones de la ONU en los propios organismos de la ONU, en Bruselas y también en los Estados miembros, con el objetivo general de reforzar nuestra influencia en las Naciones Unidas, y como un intento de ayudar a ello de modo más efectivo. 
En respuesta a esta comunicación, el Consejo aprobó recientemente una serie de conclusiones exhaustivas sobre las relaciones UE-ONU que proporciona una buena base para nuestro trabajo futuro. 
Este debate tiene lugar en un momento en el que la Unión busca reforzar su papel en la escena internacional. 
Lo demuestran no solo las propuestas de la Convención para racionalizar la PESC y la acción exterior de la UE de modo más general –y aquí observo especialmente la propuesta de permitir que el Ministro de Exteriores propuesto hable en nombre de la Unión en el Consejo de Seguridad cuando exista una postura común de la UE–, sino también la estrategia de seguridad europea con su tema principal del multilateralismo efectivo. 
La Unión Europea debería estar dispuesta a defender su fe en la importancia de las Naciones Unidas. 
Creo que el informe del Parlamento representa una fuerte señal adicional de apoyo de la Unión Europea en este momento difícil para las Naciones Unidas. 
Tras la crisis del Iraq, muchos en la comunidad internacional se han esforzado enormemente por encontrar el camino de vuelta hacia la acción colectiva, incluido el compromiso renovado de las Naciones Unidas en el Iraq. 
Sin duda, no basta con referirse una y otra vez al multilateralismo como si fuera una especie de mantra. 
Tenemos que pensar de manera seria y creativa sobre el tipo de resultados que queremos obtener de organizaciones e instrumentos multilaterales. 
¿Cómo podemos mejorar su efectividad al abordar las amenazas y retos a los que se enfrenta el mundo? 
Entre ellos se encuentran la reducción de la pobreza, las armas de destrucción masiva, los Estados fracasados, el crimen internacional, el terrorismo y los cambios climáticos. 
¿Y cómo podemos contribuir de la mejor manera a este propósito? 
El informe del Parlamento aborda todos estos objetivos, y existe un amplio consenso de ideas con la propia comunicación de la Comisión sobre el tema. 
Está claro que nuestro punto de partida común es la creencia de que el sistema de las Naciones Unidas es la clave para garantizar la seguridad internacional en el sentido más amplio de ese término. 
Tanto al examinar el papel del Organismo Internacional de Energía Atómica en el control de la proliferación de armas de destrucción masiva como al considerar los objetivos mundiales de reducción de pobreza y desarrollo sostenible, apenas tengo que subrayar la importancia de las llamadas cuestiones ligeras para la seguridad en sentido más amplio. 
El desarrollo y la seguridad están vinculados inextricablemente y son interdependientes. 
Desde esta perspectiva, deberíamos apoyar el trabajo del grupo de alto nivel sobre la reforma de las Naciones Unidas establecido por el Secretario General el año pasado. 
La Unión Europea debería intervenir en este proceso, y acojo con satisfacción la intención de la Presidencia del Consejo de elaborar una propuesta de contribución de la UE. 
La Comisión participará activamente en este ejercicio. 
Por último, en cuanto a la propia coordinación interna de la Unión Europea y las operaciones de las Naciones Unidas, me complace ver que el análisis y las recomendaciones de la Comisión están de acuerdo con las que contiene el admirable informe de su Señoría. 
En cuanto a la creación y posterior aplicación de instrumentos multilaterales, la Comisión comparte la opinión del informe de que la Unión Europea debería desempeñar un papel central y ayudar a terceros países a cumplir con sus obligaciones, como hemos hecho, por ejemplo, en relación con el contraterrorismo. 
En este contexto, el Parlamento podría utilizar su cooperación con terceros países para abordar este tipo de asuntos, y de esa manera ayudar a construir puentes entre el norte y el sur. 
Permítanme concluir recomendando el informe a la Cámara y subrayando también la determinación de la Comisión de trabajar estrechamente con el Parlamento, con el Consejo y con las Naciones Unidas para llevar a cabo las recomendaciones contenidas en el mismo. 
– Señor Presidente, al rendir tributo a Kofi Annan y recibir este informe sobre la cooperación entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo ha manifestado hoy claramente su apoyo al multilateralismo en las relaciones internacionales y ha dejado claro que consideramos la cooperación entre la Unión Europea y las Naciones Unidas como un requisito esencial para la resolución de los conflictos. 
Queremos fortalecer a la Unión Europea y también a las Naciones Unidas, instituciones ambas que se han visto debilitadas por el debate sobre cuándo y cómo intervenir en el Iraq. 
Puesto que la Unión Europea está preparándose para crear su propio Ministro de Asuntos Exteriores, debe asegurarse de que ese cargo esté lleno de contenido. 
El camino hacia una política exterior y de seguridad común llevará, sin duda alguna, a una mayor cooperación entre la Unión Europea y las Naciones Unidas. 
Nosotros somos uno de los actuales protagonistas de la escena mundial, proporcionando más de la mitad de todas las contribuciones a las Naciones Unidas y más del 60% de todas las ayudas internacionales al desarrollo, pero debemos seguir avanzando para convertirnos en un protagonista mundial capaz de asumir el liderazgo en esta etapa crítica de la historia de las Naciones Unidas y ayudando a conformar las Naciones Unidas del futuro. 
La mayor cooperación entre la Unión Europea y las Naciones Unidas debe y puede tener un efecto positivo en el desarrollo del multilateralismo. 
Puede y debe afectar también a todas las actividades emprendidas por estas dos organizaciones: la lucha contra el terrorismo, la prevención de conflictos, los derechos humanos, la gestión de crisis, la protección del medio ambiente y las armas de destrucción masiva. 
Así se demostraría claramente la realidad de la cooperación, y en términos prácticos, permitiría el logro de los Objetivos del Milenio de la Unión Europea que se establecieron en 2000. 
Si queremos que así sea, la Unión Europea tiene que tener una mayor influencia en el seno de las Naciones Unidas. 
Se pueden incluir elementos específicos de las Naciones Unidas a todos los niveles de la Unión Europea, y parece oportuno que el Parlamento Europeo participe en el proceso. 
Precisamente porque la idea de que la Unión Europea hable con una sola voz en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sigue pareciendo algo idealista, deben utilizarse instrumentos y compromisos multilaterales para promover el papel y el perfil de la Unión Europea en el seno de las Naciones Unidas. 
Posiblemente una forma de avanzar sea presentar una propuesta concreta con relación al cumplimiento del tratado sobre las armas de destrucción masiva y el papel que debe desempeñar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como garante del mismo. 
Señor Presidente, dirigiéndose a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año pasado, su Secretario General, Kofi Annan, dijo literalmente: "los últimos doce meses han sido muy penosos para todos aquellos que creemos en respuestas colectivas para nuestros problemas y desafíos comunes". 
Era un momento en el cual muchas voces en el mundo político, mediático y una amplia parte de la opinión pública creía en una especie de fracaso de las Naciones Unidas. 
La evolución posterior, en particular en el Iraq, ha mostrado que las cosas nunca son sencillas, y la situación actual se caracteriza por lo que dice el texto de una canción española que dice "ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio". 
Ni con Naciones Unidas- que mostró, ya no en el Iraq, sino en crisis terribles anteriores, por ejemplo en Rwanda, su impotencia para impedir desenlaces trágicos -, ni tampoco sin Naciones Unidas, como se demuestra ahora en este estúpido de una intervención que no tiene una salida política en un país como es el Iraq. 
La posición de nuestro Grupo en el informe Laschet ha sido de amplia coincidencia, con énfasis en algunos aspectos esenciales. 
El primero de ellos es un fuerte compromiso con los principios y los valores. 
Frente a la crítica estúpida de quienes afirman que esto es idealismo, se podría responder que los valores son intereses. 
En nuestras sociedades y en el mundo entero, la aplicación de principios y valores es nuestro principal interés. 
Y si hablamos de intereses más bajos, podemos afirmar que la contribución material de la Unión Europea o de sus países a las Naciones Unidas es tan importante y tan desequilibrada con su peso político en el seno de su sistema que implica forzosamente un compromiso de la Unión Europea para avanzar hacia una modificación del presente estado de cosas. 
Esto tiene dos rutas: una es el establecimiento de una política exterior y de defensa común y fuerte de la Unión Europea; la otra es avanzar hacia una presencia de la Unión Europea en el Consejo de Seguridad en una vía posibilista y sobre la base de acelerar el proceso constituyente actual, que permita que la voz de los pueblos, a través de sus representantes, sea respetada por los Gobiernos y se llegue cuanto antes al establecimiento de una Constitución Europea que permita el desarrollo de una política exterior y de seguridad común digna de este nombre. 
– Señor Presidente, el nuevo orden mundial exige el fortalecimiento de las Naciones Unidas y, al mismo tiempo, lo hace más difícil. 
Ahora más que nunca, los graves problemas mundiales requieren un enfoque global, que implica eficacia en la toma de decisiones y la puesta en práctica de estas. 
Las Naciones Unidas deben someterse a una profunda revisión para reflejar las nuevas relaciones y desempeñar correctamente sus numerosos cometidos. 
Todos estamos de acuerdo en eso, pero no hacemos nada porque tenemos opiniones diferentes sobre lo que debe hacerse. 
Es una hipocresía adherirse a la declaración del milenio de las Naciones Unidas si luego no estamos dispuestos a actuar ni a dar la cara por ella. 
Las reformas que necesitan las Naciones Unidas no son solo técnicas; muchas de ellas requieren también una redistribución del poder, y ahí es donde surgen problemas continuamente. 
Por ejemplo, la reforma del Consejo de Seguridad ha sido motivo de disputas desde hace más de diez años, sin que se haya conseguido por ahora ningún resultado. 
Estados Unidos es, con diferencia, la potencia más poderosa del mundo y tiene poca necesidad de multilateralismo, al que considera como una restricción de su poder. 
Otros países, como Francia y el Reino Unido, se niegan a renunciar a los privilegios que han heredado del antiguo orden mundial. 
Los posibles miembros permanentes no están dispuestos a concederse mutuamente posiciones privilegiadas. 
Los asientos permanentes para los continentes solo funcionan cuando los poderes regionales consiguen ponerse de acuerdo sobre un mecanismo de rotación. 
El sistema propuesto de doble veto es mejor que el que tenemos ahora, pero no ofrece una verdadera solución, sobre todo si el número de miembros permanentes aumenta todavía más. 
En lugar de eso, sería preferible utilizar un modelo europeo de ponderación diferencial del voto, eliminando con ello el sistema de veto. 
No creo que la coordinación política de la Unión Europea en las Naciones Unidas sea tan mala como sugiere el Sr. Laschet en su excelente informe. 
En general, existe casi siempre consenso de la Unión Europea en la Asamblea General. 
Pese a ello, Europa se muestra profundamente dividida en las crisis graves, como la del Iraq. 
En mi opinión, esto puede atribuirse sobre todo a la creciente rivalidad entre Francia, el Reino Unido y Alemania. 
Ni con personalidad jurídica, ni siquiera con un ministro de la Unión Europea, podrá establecerse una política exterior común mientras que los grandes Estados europeos sigan luchando por el liderazgo de la Unión Europea. 
El informe Laschet contiene muchas recomendaciones interesantes para mejorar las relaciones entre la Unión Europea y las Naciones Unidas. 
Algunas de ellas son muy valiosas, pero quizá sean demasiadas a corto plazo. 
Tenemos que tratar de evitar otra burocracia NU-UE. 
En mi opinión, la principal función de nuestro Parlamento está en el terreno de la vigilancia y no tanto en el terreno diplomático. 
La Unión Europea ampliada puede y tiene que hacer una contribución importante a las reformas que tanto necesitan las Naciones Unidas. 
La necesidad política está fuera de toda duda; lo que sigue faltando es el coraje político para dar forma al nuevo orden mundial en el seno de las Naciones Unidas de una manera decisiva. 
Señor Presidente, para una Asamblea plural legislativa como la nuestra hoy es un gran día, tanto por este informe del Sr. Laschet muy bien elaborado y para el que se ha admitido todo tipo de sugerencias, como por la presencia del Secretario General de la ONU, Kofi Annan, para recibir el premio Sajarov, lo cual supone un reforzamiento del Derecho Internacional como única vía para la solución de conflictos en el panorama internacional. 
Nuestro grupo no tiene una opinión homogénea sobre el informe del Sr. Laschet- aunque reconozco que se han aceptado las aportaciones hechas -, puesto que hay desde escepticismo hasta posturas favorables como corresponde a un grupo plural. 
Sin embargo, quisiera señalar que le damos mucha importancia a este informe, así como también a la contribución de la Comisión para mejorar el panorama internacional, y que apostamos de forma clara por el multilateralismo- como os he dicho anteriormente- aunque pensamos que la coyuntura le da un excesivo peso a lo que serían aspectos antiterroristas y no le da el suficiente a lo que sería una mejor cooperación en el panorama internacional para poder eliminar las causas de las desigualdades e injusticias, como pueda ser el control democrático por parte de la ONU de agencias como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que, en última instancia, son los agentes que permiten una mayor justicia en el mundo. 
Por ello es por lo que, siendo conscientes de la necesidad de mejorar la relación entre la Unión Europea y la ONU, que es la clave para un panorama de respeto de los derechos humanos y de legislación internacional, pensamos que habría que haber avanzado un poco más en la mejora de las condiciones de mayor justicia en el mundo. 
Es por eso por lo que en este informe, en el informe del Sr. Laschet, nuestra postura se va a dividir en varias posturas distintas. 
– Señor Presidente, la paradoja de las Naciones Unidas es que, siendo su principal misión la defensa de los derechos humanos universales, su Carta se asienta firmemente en la soberanía de los Estados. 
La debilidad de la Unión Europea está en su incapacidad para integrar las soberanías de sus Estados miembros de una manera que condujera al respeto incondicional de los derechos humanos y a una política exterior y de seguridad verdaderamente basada en el multilateralismo mundial. 
El artículo 19 del Tratado de la Unión Europea ha demostrado ser con frecuencia muy insatisfactorio en este sentido. 
Por supuesto, hay excepciones, como demuestra el apoyo a la Corte Penal Internacional de las Naciones Unidas. 
Por su parte, el programa de acción de 2001 contra la tortura ha sido un claro ejemplo de retórica vacía de contenido. 
La Unión Europea sigue siendo una creación de la Guerra Fría, que se limita a buscar su identidad y su función en el mundo. 
Cuando se carece de estrategia, las tácticas se convierten en la estrategia y las medidas se adoptan sobre la marcha. 
En parte por ese motivo, la Unión Europea tiene menos peso en las Naciones Unidas de lo que su importancia y su contribución merecerían. 
La Comunicación sobre las Naciones Unidas de la Comisión publicada este otoño, el documento recientemente publicado con el título «La Unión Europea ampliada en las Naciones Unidas» y el informe que hoy nos ocupa, contienen mucha información útil y muchas propuestas interesantes. 
Pero eso no es suficiente. 
Nuestra obligación histórica es asumir ahora la responsabilidad de crear un orden mundial más sostenible que lo abarque todo, desde un modelo de seguridad basado en la cooperación hasta la prevención del cambio climático. 
La cooperación en el marco de las Naciones Unidas y sus muchas instituciones especiales es de vital importancia. 
Puedo mencionar, por ejemplo, la normativa social sobre derechos humanos y medio ambiente para las multinacionales y otras empresas aprobada por la Subcomisión de Operaciones Internacionales y Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras garantías mínimas similares para los créditos concedidos por la Cooperación Financiera Internacional del Banco Mundial para financiar proyectos de desarrollo. 
Salvo que podamos corregir las distorsiones mundiales de la mundialización, nuestra Comunidad de valores terminará siendo nada más que una fachada. 
Si así sucede, todos saldremos perdiendo. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, ¡eso es el colmo! 
Justo el día que debatimos este informe y recibimos a Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas y ganador del Premio Sajarov en 2003, el Parlamento ha recibido noticias deprimentes del Parque Jurásico de las dictaduras: no se nos permite recibir a Oswaldo Payá, al que concedimos el Premio Sajarov en 2002. 
Esta prohibición autoritaria del régimen comunista de Fidel Castro en Cuba, que me trae a la memoria los peores excesos de los nazis y los estalinistas en el siglo XX, llama la atención sobre una parte importante de este informe, que dice, refiriéndose a las Naciones Unidas y a su reforma, que la Unión Europea y otros tienen que conseguir que los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales reciban prioridad en la escena mundial, con todas las consecuencias que se sugieren en el apartado 19. 
La situación de Oswaldo Payá es un escándalo, como también lo es el gesto hostil que el régimen cubano ha dirigido a este Parlamento. 
Pero sería un escándalo todavía mayor si no se hiciera ninguna declaración pública al respecto. 
Estamos seguros de que, a través de Kofi Annan, el Parlamento enviará un claro mensaje a Cuba y que, por medio de una invitación abierta permanente a Oswaldo Payá, seguiremos expresando nuestra solidaridad activa con el ganador del Premio Sajarov de 2002 y con todos los demócratas cubanos. 
Por último, quiero expresar mi apoyo a varias enmiendas del ponente y en especial a la enmienda 8, que llama la atención sobre la importancia del Convenio sobre la clonación humana y la iniciativa de Costa Rica, que nosotros tenemos que apoyar. 
– Señor Presidente, este informe del Sr. Laschet trata de empujar a la humanidad hacia algún tipo de gobierno mundial. 
Solo de esta forma parece posible que exista paz, bienestar y justicia, con las Naciones Unidas ocupando un lugar central, vital y decisivo. 
El multilateralismo se está convirtiendo en un nuevo evangelio político. 
¿No se basa este sueño imposible en una excesiva sobreestimación de la raza humana? 
Al fin y al cabo, personas como ustedes y como yo mostramos inclinación al mal en todas sus formas. 
La paz y la justicia verdaderas no emanan de las personas. 
Solo pueden conseguirse con una fe verdadera en Dios, con una aceptación incondicional a Su voluntad y, con Su gracia, obedeciendo Sus santos Mandamientos que se recogen en la Biblia, la Palabra de Dios. 
Jesucristo sufrió el castigo que nos trajo la verdadera paz. 
Este punto se olvida con demasiada facilidad y por eso quiero empezar llamando su atención sobre él. 
Siguiendo con su excelente introducción, el ponente considera que la cooperación entre la Unión Europea y las Naciones Unidas constituye el pilar de la política exterior de la Unión Europea. 
En las Naciones Unidas del futuro, con sus instituciones reformadas, el ponente da por sentado que la Unión Europea estará dotada de personalidad jurídica. 
El futuro Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea tendrá que desempeñar su mandato como representante de la Unión Europea en virtud de la futura Constitución europea. 
Además, el Consejo de Seguridad tendrá que ampliarse para incluir a los miembros permanentes, uno por cada continente, salvo Australia, que es una excepción. 
¿Por qué se excluye a este enorme continente? 
¿Por temor a los dobles vetos, sin duda? 
En lugar de Gran Bretaña y Francia, es la Unión Europea la que tiene que representar a Europa. 
Describir así la situación es, cuanto menos, extremadamente prematuro. 
La Unión Europea no tiene constitución, ni tiene personalidad jurídica en las Naciones Unidas, como tampoco existe el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores europeo. 
Además, el pasado reciente ha demostrado claramente, tanto en la CIG como en el Consejo de Seguridad, que la unidad de Europa parece estar más lejos que nunca. 
Por eso no funcionará, y por eso les pido a sus Señorías que apoyen las enmiendas 1 y 10 y vuelvan a poner los pies en la tierra. 
Quiero terminar con dos comentarios. 
El primero de ellos es que solo se hace referencia una vez a la OTAN –en el apartado 17, segundo punto y entre paréntesis–, cuando se ha demostrado que es la organización transatlántica más eficaz en materia de seguridad. 
Ustedes saben tan bien como yo que, a la hora de la verdad, preferimos dejar nuestra seguridad en manos de una OTAN fiable y decidida, y que nunca la dejaremos en manos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con sus eternas dudas, su habitual indecisión y sus divisiones internas. 
La OTAN es un mejor pilar que las Naciones Unidas para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. 
Por último, el multilateralismo es bueno, pero nunca incondicional. 
Con demasiada frecuencia hemos visto como era utilizado como pretexto por los Estados nación para defender sus propios intereses. 
– Señor Presidente, es de suponer que el informe Laschet estaba animado por buenas intenciones: reforzar el papel de las Naciones Unidas y aumentar el peso de Europa en su seno. 
Pero hemos de reconocer que el método propuesto es contrario a estos dos objetivos. 
Los artículos 10 y 12, el corazón de la Resolución, proponen inflar el Consejo de Seguridad y debilitar el actual sistema de veto, sustituyéndolo por una exigencia de doble veto cuando se trate de la cuestión esencial de las amenazas contra la paz, el Capítulo 7. 
Esto es atacar las dos normas básicas que garantizan la eficacia del mecanismo, el número restringido de miembros y el aguijón del veto de que dispone cada miembro permanente. 
En cuanto al peso de Europa, no se entiende cómo puede salir reforzado reduciendo a la mitad su número de miembros permanentes en el Consejo de Seguridad. 
Y esto es, sin embargo, lo que implica la propuesta de hacer de la Unión Europea un miembro permanente, «tan pronto como se reconozca su personalidad jurídica». 
Este escaño, necesariamente único, estaría ocupado por el famoso Ministro de Asuntos Exteriores europeo que, por lo demás, ya no dispondría, por sí solo, de derecho de veto. 
Complicar y debilitar lo existente parecen ser las dos características de la propuesta que se nos presenta. 
Es el método comunitario aplicado a las Naciones Unidas. 
No podemos apoyarla. 
Votaremos, en cambio, a favor de la enmienda 1, una enmienda de sentido común propuesta por nuestros amigos británicos. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente, Sr. Laschet, por su informe. 
Yo creo que no incurro en exageración alguna al afirmar que hoy la historia se conjuga en presente, y que en ese presente histórico que nos ha tocado vivir, la Unión Europea y las Naciones Unidas se configuran como dos actores principales. 
El Comisario, Sr. Patten, nos ha dicho claramente que la Unión Europea está buscando afirmar su presencia en la escena internacional y convertirse en un factor de estabilidad, de moderación y de normatividad en un orden mundial, bajo un liderazgo compartido. 
Y las Naciones Unidas tienen que ganar en operatividad y en eficacia para adaptarse a las nuevas circunstancias. 
Del espíritu fundacional de la Carta de San Francisco al siglo XXI, de 60 naciones a 190, de los regímenes coloniales a la independencia y de la caída del sistema de bloques al mundo globalizado de hoy. 
Hoy, tras las lecciones del 11 de septiembre, es evidente que las nociones de seguridad, de política de defensa, de comercio, de prevención de conflictos, de gestión de crisis, de ayuda humanitaria, de cultura e incluso de civilización, son nociones que se mezclan entre sí y que tienen que plasmarse en la conciencia común de que, frente a los peligros y amenazas que nos afectan a todos por igual, la respuesta debe ser también de todos por igual. 
Pero esa respuesta, la respuesta de la Unión Europea, no puede ser una respuesta fragmentada, contradictoria e inoperante: tiene que ser una respuesta unitaria. 
Por eso, señor Presidente, más allá de la dimensión parlamentaria de las relaciones de la Unión Europea con las Naciones Unidas- que es necesaria y conveniente -, es importante que actuemos de una forma concertada, de una forma complementaria, y que la Unión Europea manifieste claramente que su fuerza es su unidad y que su debilidad es su fragmentación. 
Por eso, o vamos hacia parcelas de soberanía compartida entre los Estados miembros, o nos veremos obligados por la fuerza a cederlas a otras potencias que son plenamente conscientes de las ventajas que comportan la unión y la dimensión. 
Y, o bien dejamos de votar en Naciones Unidas de forma diferente 60 veces de cada 100, o tendremos que renunciar definitivamente a las aspiraciones de la Unión Europea de estar en esa carrera de un liderazgo mundial compartido. 
Y termino, señor Presidente, diciendo que me asocio a la indignación- manifestada por el Sr. Ribeiro Castro- por la ausencia forzada del Premio Sajarov de este Parlamento, Oswaldo Payá. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, para ser sinceros, es muy extraño que justo cuando estamos siendo testigos de una mundialización cada vez mayor y una interdependencia creciente de la política y la economía mundial –pensemos en todas las multinacionales que existen– y justo también cuando, por desgracia, las organizaciones criminales han empezado a operar y cooperar a escala internacional, las Naciones Unidas se estén mostrando débiles en algunos ámbitos y se vean aisladas con frecuencia. 
Creo que muchos de los diputados de esta Cámara comparten la idea de mi grupo y mía también de que las Naciones Unidas constituyen una institución política mundial que tiene que fortalecerse, que representa el Estado de derecho internacional y a la que no debemos dejar de lado, como ha ocurrido con el Iraq. 
Todo esto se refleja tanto en el espíritu como en la letra del informe del Sr. Laschet. 
No obstante, un observador honesto y objetivo tiene que reconocer que las Naciones Unidas se han mostrado débiles en algunas ocasiones. 
Se han cometido toda una serie de delitos, genocidios y crímenes contra la humanidad frente a los cuales las Naciones Unidas han sido ineficaces. 
Algunos ven esto como una justificación para dejar de lado a las Naciones Unidas, y a menudo son esos mismos los que utilizan su poder de veto para impedir que las Naciones Unidas puedan actuar con rapidez, como ha sucedido con la situación de Oriente Próximo. 
Creo, no obstante, que las Naciones Unidas tienen que fortalecerse, hacerse más eficientes y recibir la oportunidad de intervenir con rapidez. 
Permítanme que deje claro que creo que esto significa también la posibilidad de adoptar medidas preventivas cuando sea necesario, porque si hay alguna organización capacitada y apta para actuar como policía del mundo, esa es indudablemente la de las Naciones Unidas. 
Celebro en gran medida que el Sr. Laschet haya aceptado una de mis ideas, que preparé conjuntamente con mi grupo, sobre la necesidad de crear un marco reglamentario que permita a las Naciones Unidas intervenir rápidamente en casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 
No debe dejarse a discreción de cada país, Estado o gobierno la identificación de este tipo de casos, para luego intervenir. 
Deben ser las instituciones internacionales las que identifiquen el peligro inminente. 
De esta forma, las Naciones Unidas podrán intervenir con rapidez y, cuando sea necesario, adoptar medidas preventivas. 
Las Naciones Unidas no necesitarían su propio ejército para hacer esto. 
Se ha hecho referencia a la OTAN y, aunque no quiero sobreestimar sus capacidades, la OTAN podría actuar siempre que las Naciones Unidas diera luz verde, interviniendo para mantener la ley y el orden y tratando de impedir crímenes contra la humanidad. 
La reforma del Consejo de Seguridad en esta línea es, desde luego, esencial. 
Habría que dar un asiento a la Unión Europea, pero asegurándonos también de no terminar multiplicando los vetos y las tácticas de bloqueo. 
Permítanme que lo diga una vez más: hemos tenido ya suficiente de este mundo en el que algunas personas, gobiernos y Estados se creen los policías del mundo. 
Si hay una función para la que crearon las Naciones Unidas, esa es el mantenimiento de la ley y el orden en todo el mundo, una función para la que contará con todo el apoyo de la Unión Europea. 
Señor Presidente, la UE tiene que tener una política exterior común y un Ministro de Exteriores común, y estar dotada de personalidad jurídica. 
Lo que se cuestiona es la necesidad de todo esto. 
Las estadísticas nos dicen que existe consenso entre los Estados miembros. 
En las Naciones Unidas existe consenso en más del 90% de las cuestiones, por lo que me pregunto si la cuestión que ahora se plantea no es tanto la falta de nuevas instituciones como, más bien, nuestra sensación de incapacidad para utilizar el poder que en realidad tenemos. 
Posiblemente sea también necesario que consideremos el uso que hacemos de las Naciones Unidas. 
Por una parte, esperamos cosas de las Naciones Unidas y las creemos capacitadas para desempeñar con éxito sus cometidos. 
Pero también nosotros tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, sobre todo la de apoyar el sistema de las Naciones Unidas cuando sea necesario: como cuando, por ejemplo, los inspectores de armas nos dijeron que probablemente el Iraq no suponía ninguna amenaza inminente en forma de armas de destrucción masiva; o cuando Hans Blix nos dijo que probablemente no existía ninguna amenaza y que, si esas armas de destrucción masiva estuvieran realmente allí, estaba seguro de que él y sus colegas las podrían encontrar. 
Si en aquella ocasión hubiéramos prestado atención al sistema de las Naciones Unidas, posiblemente habríamos evitado una situación que ha llevado a Gareth Evans, experto en terrorismo internacional, a decir que la amenaza terrorista es mayor ahora de lo que era antes de la guerra contra el Iraq. 
Así pues, es posible que las debilidades y los problemas de las Naciones Unidas tengan también algo que ver con nuestra incapacidad para confiar en que el sistema pueda actuar como pensamos que debe. 
Quiero recomendar que seamos muy sinceros en nuestro apoyo a las Naciones Unidas y que seamos también más activos en la batalla para su reforma. 
Tenemos que reformar el Consejo de Seguridad. 
Tenemos que establecer un sistema que opere como una alternativa a la anarquía y que sea capaz de salvaguardar el derecho internacional a través, por ejemplo, de las Naciones Unidas. 
– Señor Presidente, hoy concedemos el premio Sajarov al Sr. Kofi Annan, en señal de nuestro pleno apoyo a las Naciones Unidas. 
Y este momento infrecuente me brinda la oportunidad de recordar asuntos olvidados o causas perdidas. 
Una de esas causas es el respeto del Derecho internacional, que el Sr. Annan ha defendido con toda la integridad de su función y de su espíritu, a pesar de la apisonadora norteamericana. 
La guerra tuvo lugar, ciertamente, pero estuvo contaminada de ilegitimidad desde el principio y desacreditada por sus motivos. 
Las subsiguientes revelaciones a posteriori sobre el carácter dudoso y falso de las acusaciones contra el Iraq deben consolar a quienes están más dispuestos a denunciar los peligros ecológicos para nuestro planeta que los arsenales de armas que brillan por su evidente ausencia. 
Otra voz que ha sido constantemente acallada y marginada es la de los pueblos indígenas, últimos supervivientes de civilizaciones antiguas, cierto, pero esencialmente defensores de los valores de la ecología y que comprenden mucho mejor que nosotros sus interdependencias. 
En este nuestro mundo que se ha vuelto materialista y superficial, personas que ya no tienen nada que defender más que sus derechos fundamentales son incomparablemente más virtuosas y auténticas. 
Rechacemos esta marginación del derecho de los pueblos indígenas y hagamos prometer a la Unión y a las Naciones Unidas que mantendrán del Grupo de trabajo sobre los pueblos indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
– Señor Presidente, nos alegra que este informe llegue justo en un momento en que, dentro de unas horas, el Sr. Kofi Annan va hacer uso de la palabra ante nosotros. 
Pienso que es importante afirmar, en el informe que tenemos ante nosotros, la importancia y el papel que queremos que se conceda a las Naciones Unidas, a las que ahora todo el mundo pide una intervención, una iniciativa, un papel activo en el Iraq –cuando, durante meses, ese papel estuvo bloqueado por dos países que, de algún modo, tenían mucho que temer del papel de la ONU y que pensaban que este podría no ser tan eficaz como debía– para que la salida del Iraq no se convierta en una pesadilla, como ha sucedido a veces en el pasado. 
Estamos especialmente satisfechos de que el informe mencione una iniciativa importante, que podría ser encabezada por la Unión. 
Me refiero a la idea de que países democráticos de las Naciones Unidas puedan agruparse y reunirse en el seno de la organización para lanzar medidas conjuntas en el ámbito de la promoción de la democracia. Es una iniciativa en relación con la cual la Unión Europea podría desempeñar un papel importante en las Naciones Unidas, cuyas dificultades e inercias pudimos comprobar cuando, el año pasado, fue nombrada para dirigir la Comisión de Derechos Humanos una persona procedente de un país como Libia, que sin duda no es una abanderada de los derechos humanos. 
En todo caso, es una iniciativa que preconizan los disputados radicales italianos. 
Piden encarecidamente al Comisario Patten y a los Estados miembros que hagan lo posible por que antes de la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra tenga lugar una primera reunión específica y simbólica de la Comunidad de Democracias. 
– Señor Presidente, en primer lugar permítame felicitar a mi buen amigo el Sr. Laschet por su valiente intento de reformar las estructuras de la ONU, que lamentablemente demostraron ser deficientes durante la reciente Guerra del Golfo. 
El informe también considera el papel que la UE debería desempeñar dentro de la ONU. 
Sin duda la ONU se concibió para el período de la Guerra Fría en el que la condición de miembro permanente y los derechos de veto eran necesarios para que las potencias nucleares garantizaran la seguridad mundial. 
El mundo no ha cambiado lo suficiente como para justificar el cambio de este estado de cosas. 
La responsabilidad de la seguridad a menudo entra en conflicto con el mandato adicional de la ONU de proteger los derechos humanos, puesto que muchos de los Estados miembros de la ONU son dictaduras no democráticas, con el resultado de la perversa decisión del nombramiento de Libia para presidir su Comité de Derechos Humanos. 
Además, en el pasado la ONU ha sido impotente para impedir las invasiones brutales de Hungría, Checoslovaquia y Afganistán a raíz del veto soviético. 
China todavía no es una democracia, ni tampoco respeta los derechos humanos, haciendo de la seguridad la responsabilidad principal de la ONU, y tiene un papel vital que desempeñar en el mundo. 
Creo que hay que defender que India y Japón adquieran la condición de miembros permanentes en virtud de su tamaño y su condición democrática. 
Del mismo modo, Nigeria o Brasil podrían ser candidatos. 
Lamentablemente, este informe entra en conflicto con una serie de posturas declaradas por mi partido, los conservadores británicos, puesto que intenta diluir los poderes de veto del Reino Unido en un doble veto, y sugiere un asiento UE en el Consejo de Seguridad, que minaría la pertenencia británica y francesa. 
También nos oponemos a un Ministro de Exteriores de la UE y a una personalidad jurídica para la UE, y por tanto, al margen de lo buenas que sean las intenciones del informe, no puedo apoyarlo en su forma actual. 
Sin embargo, junto con mi partido seguiré de cerca, sin duda, todo intento de reformar la ONU. 
Hoy acogemos con gran satisfacción la presencia en la Cámara del Secretario General Kofi Annan. 
– Señor Presidente, este debate sobre el excelente informe del Sr. Laschet y la entrega del premio Sajarov al Secretario General de las Naciones Unidas demuestran la voluntad cada vez más clara del Parlamento Europeo de reafirmar el papel único e insustituible de la ONU en las relaciones internacionales, en línea con la Declaración del Milenio y de la Comunicación de la Comisión. 
Además, la resolución que vamos a votar dentro de un momento expone también de forma detallada y precisa las modalidades que deben adoptar las relaciones entre la Unión y las Naciones Unidas. 
Se presentan muchas propuestas que comparto, tanto en lo que se refiere al papel que debe desempeñar la Unión Europea en el seno de una Organización de las Naciones Unidas más fuerte, como por ejemplo con un escaño en el Consejo de Seguridad, como en lo concerniente a la intensificación de la cooperación entre las instituciones de la Unión y el sistema de las Naciones Unidas. 
Estas propuestas de reforma son ambiciosas, porque en definitiva la Unión Europea se vería bien en el papel de brazo secular de la ONU o de hija mayor de la ONU, como se hablaba en otro tiempo de la hija mayor de la Iglesia a propósito de un país que conozco bien. 
Se prevé incluso, en el apartado 17, que la Unión Europea desempeñe un papel pionero en la definición de la política de la ONU. 
¡Estupendo! 
Sin embargo, detrás de estos proyectos alentadores y dinámicos, planean algunas cuestiones que son preocupantes mientras no estén resueltas. 
En particular, la del lugar y el papel del miembro más importante de la ONU, los Estados Unidos. 
¿Qué puede hacer el tándem ONU/Unión Europea frente al unilateralismo norteamericano, frente a su oposición a la Corte Penal Internacional y al Protocolo de Kioto, frente a su voluntad de utilizar por sí solos y a su libre albedrío la fuerza militar, desde el momento en que consideren amenazada su seguridad? 
La ONU y la Unión Europea juntas deben seguir desplegando grandes esfuerzos para que la ONU pueda ejercer esa autoridad internacional multilateral creíble que realmente necesita el mundo entero. 
– Señor Presidente, este informe pertenece claramente a la lista de temas parlamentarios de máxima actualidad. 
Si no existiera una brecha tan insalvable entre la teoría y la práctica, entre las palabras y la realidad, podríamos votar a su favor. 
El informe hace referencia a una Constitución europea que todavía no existe y, lamentablemente, el texto propuesto para la Constitución se orienta más hacia un aumento de las actividades de defensa y a una mayor capacidad de intervención en situaciones en todo el mundo que hacia el desarme y la resolución de los conflictos civiles. 
El informe defiende la causa del multilateralismo y el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas, lo cual es correcto y bueno. 
Sin embargo, no contiene ninguna crítica contra el agresivo unilateralismo de los Estados Unidos, que da pie a acciones violentas y arbitrarias. 
Como ha demostrado la guerra del Iraq, ninguna mentira es demasiado arriesgada de utilizar para justificar una guerra preventiva. 
A los partidarios de la guerra se les considera hombres de verdad; a sus detractores, obstruccionistas. 
Así es como algunos tratan de dividir lo que pronto será una Unión de 25 Estados miembros. 
La decisión despótica de los Estados Unidos de ignorar a las Naciones Unidas ha resultado ser un cálculo erróneo que tendrá que pagar la economía, como ya estamos viendo. 
Con su petición de reforma, la Unión Europea es la única constante en un mundo siempre cambiante. 
La Unión Europea haría mejor en mejorar sus relaciones con las Naciones Unidas en lugar de estrechar sus lazos con la OTAN. 
El informe subraya la importancia del desarrollo y la cooperación, pero debería ser más específico. 
En lugar de gastar enormes sumas de dinero en la carrera armamentística y en operaciones militares, deberían destinarse fondos a la educación, la asistencia sanitaria, el desarrollo económico y la lucha para erradicar la pobreza. 
Si queremos terminar con la violencia y el terrorismo, necesitamos tanto dinero como sea posible y un mayor esfuerzo. 
– Señor Presidente, en 1945 la Carta de las Naciones Unidas defendía la igualdad de derechos para todas las naciones, grandes y pequeñas, como la mejor garantía para mantener la paz y la seguridad internacionales. 
Su primer artículo proclamaba el principio de autodeterminación de los pueblos. 
Veinte años después, en 1966, el primer artículo del Convenio Internacional de la ONU sobre Derechos Civiles y Políticos volvía a afirmar que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. 
Lamentablemente, el anteproyecto de Tratado Constitucional de la Unión Europea no incluye reconocimiento alguno del derecho de autodeterminación de los pueblos de las naciones sin Estado de Europa. 
Quisiera recordarle que, de acuerdo con el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, en caso de conflicto entre las obligaciones de los países como miembros de las Naciones Unidas y sus obligaciones derivadas de cualquier otro acuerdo internacional, prevalecerá la Carta. 
Permítanme terminar citando una declaración ilustrativa del Sr. Annan mientras presentaba su informe del Milenio en abril de 2000: «la mejor manera de prevenir el conflicto es promover mecanismos políticos en los que estén representados todos los grupos de manera equilibrada». 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, permítanme que le agradezca al Sr. Laschet, el ponente, su excelente informe, que merece el apoyo de la gran mayoría de los diputados presentes hoy aquí. 
Muchos oradores han insistido en la importancia de que la comunidad internacional emprenda una acción conjunta, sin la cual muchos problemas seguirán siendo irresolubles. 
Quiero recordarles en particular la importancia de la contaminación del medio ambiente y la lucha para erradicar la pobreza. 
Estas cuestiones solo pueden acometerse conjuntamente y la enmienda 7, presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos y el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, insiste en la importancia del suministro de agua. 
Pero quiero mencionar un tema que, por ahora, no se ha debatido en profundidad y para el que le pido al Comisario Patten una atención especial. 
Se trata de adoptar un enfoque común de los derechos humanos en el campo de la medicina moderna y la biotecnología. 
Hace unos meses, el Parlamento aprobó un excelente informe elaborado por Robert Evans, del Grupo Socialista, sobre la lucha contra el comercio ilegal de órganos humanos. 
Pero en los países en desarrollo y en los países recién industrializados queda mucho por hacer en este ámbito, una tarea en la que creo que también tienen que cooperar la Unión Europea y las Naciones Unidas. 
Además, el Parlamento ha reiterado a menudo su oposición a la clonación humana y su deseo de que las Naciones Unidas intervengan también en este terreno. 
Estamos siguiendo el debate de las Comisiones de las Naciones Unidas con gran interés y, permítame que insista una vez más, Comisario Patten, que el Parlamento Europeo apoya la iniciativa de Costa Rica, una iniciativa que cuenta también con el respaldo de más de otros 60 miembros de las Naciones Unidas. 
Esto vuelve a decirse expresamente en la enmienda 8. 
Mientras Kofi Annan esté con nosotros, creo que debemos reiterar la importancia de esta nueva tarea para las Naciones Unidas, porque los nuevos acontecimientos exigen respuestas nuevas. 
– Señor Presidente, el último sondeo del Eurobarómetro confirma un apoyo masivo de los ciudadanos europeos a una política exterior y de defensa integrada. 
El 73% de los encuestados de los quince países de la Unión se pronuncian a favor de una política exterior de la Unión Europea independiente de la de los Estados Unidos. 
El 64% de los encuestados estiman que la Unión Europea debería tener su propio escaño en el Consejo de Seguridad de la ONU. 
A la luz de este alentador resultado, uno de los temas principales de los partidos políticos europeos en la próxima campaña electoral debe ser la defensa del multilateralismo, de la reforma de las Naciones Unidas y de una presencia europea visible en el Consejo de Seguridad. 
El informe del Sr. Laschet tiene razón al recordarnos que el respeto del sistema de las Naciones Unidas es el mejor modo de realizar la seguridad y la paz en el mundo. 
En la primavera de 2003, la autoridad de las Naciones Unidas fue seriamente burlada por la decisión unilateral norteamericana y británica de desencadenar una guerra preventiva sobre la base de pretextos falsos, como ahora sabemos. 
La Unión Europea se dividió y el Gobierno norteamericano tuvo el placer de vernos actuar unos contra otros. 
Ninguna regla del Tratado obliga actualmente a los países miembros de la Unión Europea a adoptar una posición común antes de las deliberaciones y votaciones decisivas del Consejo de Seguridad. 
Esto es un fallo, y diría incluso una vergüenza, del sistema institucional en vigor, sistema que apenas remedia el proyecto de Constitución de la Convención. 
En cambio, la propuesta del proyecto de resolución de confiar a la UE un escaño permanente en el Consejo de Seguridad podría enderezar la situación. 
Este escaño no haría sombra a los que ocupan los dos miembros permanentes europeos y su sacrosanto derecho de veto, pero obligaría a los Gobiernos de los países miembros a abordar las cuestiones principales y buscar un compromiso. 
Significaría un pequeño paso hacia una política exterior y de seguridad coherente. 
Destaco que se trataría de un pequeño paso mientras perdure el sistema absurdo de la unanimidad, que hace posible que un solo país pueda bloquear la expresión de la voluntad política europea. 
Tenemos que dotar de fortaleza y valor a las Naciones Unidas y tenemos que dotar de fortaleza y valor a la Unión Europea, fortaleza que debe derivarse de la capacidad de servir como punto de referencia en los planos político, moral, ético, económico y social. 
Las Naciones Unidas y la Unión Europea surgieron de las cenizas de la devastación de la segunda Guerra Mundial. 
En aquel momento se dijo «nunca más» , de manera que el rechazo a la guerra y la erradicación de la pobreza deben ser los pilares de la Unión Europea y las Naciones Unidas. 
El Comisario Patten tiene razón cuando dice que lo que necesitamos no es solo paz, sino paz combinada con justicia. 
Pero lamento decir que paz y justicia no son las cuestiones clave. 
La Constitución europea habla de promover la paz, pero no acepta como fundamentales el rechazo a la guerra y la resolución de los conflictos por vía de la negociación. 
En años recientes, las Naciones Unidas se han visto devaluadas, en parte al menos por la política militar del presidente fundamentalista de un país que sigue aplicando la pena de muerte en muchos de sus estados y que rechaza a las organizaciones internacionales, entre ellas, por descontado, a la Corte Penal Internacional. 
La guerra se ha legitimado una vez más; el militarismo está calando en los corazones y las mentes. 
No subestimo el importante compromiso del Sr. Laschet y de todos los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Además del mensaje enviado al conceder el premio Sajarov a Kofi Annan, se envía un claro mensaje dirigido a restablecer el valor de la Unión Europea y de las Naciones Unidas y darles de nuevo una función. 
No obstante, es fundamental que la seguridad de todos, la reducción de la pobreza y la promoción de la justicia y la paz sean prácticas reales y no solo meras promesas vacías de contenido. 
Las Naciones Unidas y la Unión Europea, junto con otros países, tienen que recuperar la confianza y, por encima de todo, el respeto al derecho internacional. 
Señor Presidente, tengo que agradecer a mi colega el Sr. Laschet su informe, que tiene un gran alcance y augura grandes oportunidades, pero también tenemos que idear la forma de salir de la situación actual para aprovechar esas oportunidades. 
En primer lugar, tengo que referirme a la gran experiencia que fue para mí colaborar con las Naciones Unidas cuando trabajé con su Vicesecretario General en un informe que estaba preparando, en el marco de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, sobre la protección de los derechos del menor. 
Creo que la propuesta del Sr. Laschet constituye la primera etapa de una reforma que las Naciones Unidas tienen que emprender en cualquier caso. 
Una vez dejados atrás los argumentos de Yalta y los bloques de poder, tenemos que defender un mayor multilateralismo. 
Tenemos que hacer a las nuevas naciones responsables en la esfera mundial, sin eliminar instrumentos que han demostrado ya su eficacia para promover la paz mundial; y el derecho de veto es uno de esos instrumentos. 
El Consejo de Seguridad tiene, en cualquier caso, que ampliarse, hecho lo cual tendremos que considerar la incorporación de nuevos miembros permanentes sin derecho de veto. Entre esos nuevos miembros podrían estar la Unión Europea, Australia, Argentina, Brasil, Egipto, Alemania, Japón, India, Italia y Sudáfrica. 
Además, tenemos que aumentar también el número de miembros elegidos para el Consejo de Seguridad y luego reformar las Agencias para hacerlas más operativas sobre el terreno. 
Tenemos que acelerar la promoción de los derechos humanos y la afirmación de los principios democráticos. 
Tenemos que dar por supuesto que las Naciones Unidas tratan de proteger a la población, puesto que defienden el concepto de nación y no el de Estado, y el concepto de nación presupone la protección de la persona. 
Este proceso de protección de la población tiene que iniciarse urgentemente, porque el terrorismo nos viene pisando los talones: hoy se disfraza de Al-Qaeda y Bin Laden; mañana puede tener un nombre diferente. 
Por supuesto, una OTAN reformada podría ser la fuerza policial internacional que necesitan las Naciones Unidas. 
La división y la exclusión son, sin lugar a dudas, un germen para la guerra; la unión y el concepto filosófico de unión promueven, por el contrario, los importantes objetivos de la paz. 
Tuve el honor de dirigirme al grupo de trabajo de las Naciones Unidas en Ginebra sobre los pueblos indígenas, y fui testigo de cómo constituye un parlamento mundial de algunas de las minorías más oprimidas de todo nuestro mundo. 
También tuve el honor de representar al Parlamento en Timor Oriental, donde fui testigo presencial de los esfuerzos enormemente positivos de Sergio Vieira de Mello para reconstruir todo un país, un talento que hemos perdido de manera tan trágica. 
Este es el motivo por el que asisto a las reuniones de las asociaciones de Naciones Unidas en mi circunscripción del Este de Inglaterra, donde el papel y los ideales de las Naciones Unidas se valoran en un nivel muy local. 
Las Naciones Unidas me inspiran a mí y a todos los que estamos en Europa. 
Por eso Europa abandera con razón las políticas de las Naciones Unidas: la meta del 0,7 % de los Objetivos del Milenio dentro de la política de desarrollo de la UE, y la prestación por parte de Europa de más de la mitad de todo el apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que defiende los derechos fundamentales como baluarte contra el racismo y la xenofobia que hoy en día arrasan nuestro continente. 
Este es el motivo por el que apoyamos la reforma de las Naciones Unidas, que garantizará una mayor eficiencia y también inyectará una nueva visión. 
Otras políticas que abandera la UE son la Convención de las Naciones Unidas sobre la discapacidad, el paso más allá del Global Compact hacia un tratado vinculante sobre la contabilidad empresarial y la idea de un consejo de seguridad económica para supervisar las instituciones de Bretton Woods. 
Por último, me preocupa que algunas de las propuestas de cambio en el sistema de veto, la composición del Consejo de Seguridad o las sugerencias de un mandato de la UE prejuzguen el resultado de la Conferencia Intergubernamental y no puedan recibir apoyo en todos nuestros países. 
A pesar de estas preocupaciones, en las que diferimos en Europa, y recientemente de manera notable acerca del Iraq, estas se refieren al modo de respetar del mejor modo posible la autoridad de las Naciones Unidas. 
Esa autoridad se reafirma de nuevo en el informe del Sr. Laschet y en nuestro voto aquí esta mañana. 
Señor Presidente, después de la segunda Guerra Mundial se albergaron grandes esperanzas respecto a una organización mundial que pudiera darle al mundo una paz duradera y a los ciudadanos libertad y democracia. 
Pero esas esperanzas se vieron defraudadas por el uso que han hecho a menudo las grandes potencias de sus vetos para bloquear el trabajo de las Naciones Unidas. 
Demasiados países miembros han ignorado por completo los principios del Estado gobernado por la ley. 
Tras el derrumbe de la Unión Soviética y la desintegración de la mayoría de las dictaduras comunistas de Europa Central y Oriental, las perspectivas que tienen las Naciones Unidas de conseguir sus fines han mejorado claramente. 
Pese a ello, las Naciones Unidas no han tenido demasiado éxito en conseguir que sus países miembros respeten las libertades y los derechos humanos consagrados en su Carta. 
En este terreno, las Naciones Unidas han sido demasiado pasivas. 
Creo que la incapacidad de las Naciones Unidas para conseguir que sus países miembros respeten los principios que rigen las libertades y los derechos y el Estado gobernado por la ley, ha debilitado el compromiso cívico con los asuntos de las Naciones Unidas. 
A demasiados de nosotros nos ha sorprendido el hecho de que el representante de una dictadura pueda ser Jefe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
En tales circunstancias, es lógico que el compromiso cívico se haya canalizado hacia, por ejemplo, organizaciones como Amnistía Internacional. 
Pero ahora las Naciones Unidas necesitan un mayor compromiso cívico, que la fortalecerían como organización mundial. 
La Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa aprobó mi propuesta de que los países que violen grave y sistemáticamente las libertades y los derechos humanos se vean privados de su derecho de voto en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Esta propuesta tiene que interpretarse como un paso más en esta dirección, es decir, como un intento de aumentar la confianza de los ciudadanos en las Naciones Unidas en este ámbito. 
Señor Presidente, hoy es un momento muy oportuno para debatir el excelente informe del Sr. Laschet sobre las relaciones entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, justo cuando vamos a recibir a Kofi Annan, no solo como persona, sino como institución, como símbolo de la necesidad irreemplazable de las Naciones Unidas. 
El informe que estamos debatiendo es, básicamente, una única propuesta sobre las relaciones entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, pero es una propuesta estratégica para las propias Naciones Unidas al inicio de este siglo XXI. 
Las Naciones Unidas, aunque han expresado en general la necesidad de un mundo pacífico desde su creación, reflejando los equilibrios que existían a finales de la segunda Guerra Mundial, necesitan ahora ciertos ajustes. 
Las circunstancias actuales han cambiado y tienen que quedar debidamente reflejadas. 
Pero hasta entonces, las Naciones Unidas son irremplazables. 
Muchos consideran que las Naciones Unidas son un refugio para los pequeños países que no tienen otra forma de expresar sus opiniones. 
Sin embargo, la crisis del Iraq y sus consecuencias han demostrado que las superpotencias también las necesitan. 
Las tentativas de conseguir nuevos equilibrios internacionales, como la ampliación del G8 o la percepción de cruzada mesiánica que tienen algunas superpotencias de su papel en el mundo, no nos llevan a ninguna parte. 
Pero cuando proponemos una estrategia para las Naciones Unidas y la Unión Europea, nos damos cuenta de que hasta nosotros mismos tenemos graves lagunas que tenemos que llenar. 
Recientemente hemos podido constatar la falta de acuerdo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
La Unión Europea ampliada, con sus 25 miembros, tendrá la posibilidad de expresarse a través de un número mucho mayor de miembros del Consejo de Seguridad, ya que podrá expresarse a través de tres áreas geográficas diferentes de las Naciones Unidas. 
Esta posibilidad, conjuntamente con la presencia, que espero que termine habiendo, de un ministro de Asuntos Exteriores en las Naciones Unidas, ofrecerá muchas más oportunidades. 
Si la nueva distribución tiene como resultado que la Unión Europea consiga un asiento en el Consejo de Seguridad sin que otros países tengan que perder el suyo, podremos desde allí apoyar políticas para la paz, la cooperación, la seguridad, la democracia y todas las aspiraciones de la humanidad que son objetivos que tenemos que lograr. 
– Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe del Sr. Laschet, por muy exhaustivo y ambicioso que sea. 
Se presenta en un momento sensible para la Unión Europea y las Naciones Unidas. 
Quiero referirme en particular al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
El informe elaborado en 2002 sobre el tema del desarrollo humano árabe fue calificado por la revista de publicación más importante del año, y más de un millón de personas lo descargaron de la página web del PNUD. 
Revestía una importancia particular para la UE, puesto que era el impulso para la reciente comunicación de la Comisión –de la que soy ponente– sobre un nuevo impulso de los derechos humanos y la democratización con los socios mediterráneos. 
El año pasado el informe de desarrollo humano árabe del PNUD afirmaba que –según encuestas sobre el terreno– las ganas de democracia en el mundo árabe eran, con un 60%, las mayores de cualquier región del mundo. 
Comparen eso, por ejemplo, con Europa del Este, donde la cifra era de un 30%. 
El mundo árabe también registró el rechazo más alto de las reglas autoritarias –la cifra a este respecto era de un 80%– y fue, de hecho, el tercero más alto a favor de la igualdad entre hombres y mujeres en la educación superior. 
Por tanto, la percepción que muchos tienen de que el mundo árabe no está preparado para la democracia es cuestionada por los propios informes de las Naciones Unidas. 
Por lo tanto, espero que el Consejo y la Comisión puedan, por así decirlo, ponernos nuestro dinero en la boca y reorientar parte de los amplios fondos disponibles a favor de la gobernanza, el desarrollo de la sociedad civil, la democracia y el Estado de derecho, que, en el ámbito exterior –la responsabilidad de los Comisarios Patten y Nielson– asciende a 1 900 millones de euros al año. 
En cambio, la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos –un fondo más bien pequeño destinado al antiguo bloque soviético– que tuve el honor de establecer hace algunos años, asciende a tan solo 106 millones de euros. 
Eso es una indicación de la distorsión en el gasto que tenemos que abordar, y en particular las prioridades en las que espero que el Parlamento Europeo desempeñe algún papel ayudando a la Comisión en los próximos años. 
Señor Presidente, quiero agradecer sinceramente al Sr. Laschet su excelente e importante informe, que ha conseguido un buen equilibrio político y demuestra amplitud de miras. 
Me centraré en cuatro puntos. 
El primero de ellos se refiere a la enmienda 6 presentada por el grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos y yo mismo. 
Esta enmienda ha recibido también el apoyo del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
El Parlamento Europeo «considera que la formulación de una política exterior y de seguridad común respecto a las Naciones Unidas debe caracterizarse por la participación y la influencia conjunta de todos los Estados miembros de la Unión Europea.» 
Si tenemos una política exterior y de seguridad común, no podemos dejar que la formulen exclusivamente las grandes potencias: Alemania, Francia y posiblemente también Gran Bretaña. 
Todos los Estados miembros tienen que sentirse partícipes en este ámbito. 
Los Estados miembros más pequeños no tienen que verse en una situación, con una política exterior y de seguridad común decidida de antemano porque los países más grandes hayan adoptado ya posiciones. 
De lo contrario, no habrá política exterior y de seguridad común. 
En segundo lugar y con respecto al apartado 19, insisto en la importancia de privar de su derecho a voto en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los regímenes políticos que durante un largo período de tiempo hayan violado de manera flagrante y sistemática esos derechos y libertades hasta que pongan fin a dichas violaciones. 
Esto tiene que realizarse en el marco de las Naciones Unidas. 
El tercer punto en el que quiero insistir se refiere al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
La Unión Europea debe hacer un mejor uso de los dos votos que ya tienen los Estados miembros de la UE, es decir, Gran Bretaña y Francia, en el Consejo de Seguridad. 
Así pues, no debilitemos la representación actual del 40% que ya tiene la Unión Europea en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Quiero dirigirme ahora al Sr. Patten con respecto a la enmienda 8, también apoyada por el Grupo PPE-DE y el Grupo PSE. 
Nosotros apoyamos la iniciativa de Costa Rica y la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de trabajar en un convenio similar en 2004 sobre la prohibición de la clonación humana. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este informe es espléndido, y es todavía más espléndido que dentro de unos minutos podamos darle la bienvenida a Kofi Annan, el actual Secretario General de las Naciones Unidas. 
Quiero aprovechar este momento, cómo no, para recordar que ya ha habido tres Secretarios Generales de las Naciones Unidas que han sido aclamados en Europa: Trygve Lie, Dag Hammarskjöldy Kurt Waldheim, y que Europa alberga dos oficinas permanentes de las Naciones Unidas, en Ginebra y Viena. 
Esto significa que compartimos la responsabilidad en gran medida. 
Y es que no solo nos imponemos exigencias recíprocas, sino que tenemos que adoptar acciones conjuntas y apoyarnos mutuamente. 
El último Secretario General de las Naciones Unidas que visitó Europa, Kurt Waldheim, escribió lo siguiente en su libro: «Tengo que admitir que las Naciones Unidas, pese a todos nuestros esfuerzos y a nuestra indudable sinceridad, no han conseguido todavía erradicar los hábitos y actitudes políticas de siglos pasados y aceptar las nuevas realidades con las que tenemos que vivir. 
Sus propios defectos limitan ahora su capacidad para actuar eficazmente. 
Se nos acusa de que produce más retórica que acción, que es ineficaz y a menudo ignorada, y que el sistema según el cual cada Estado tiene un voto permite al mundo en desarrollo dominar el proceso de toma de decisiones, puesto que el número de votos no guarda relación con la capacidad de actuación». 
Lo mismo podría decirse también de la Unión Europea; las dos instituciones necesitan una reforma. 
Las dos tienen mucho en común. 
El éxito depende de la voluntad política y la determinación de los Estados miembros. 
Depende de la aceptación y aplicación del Derecho comunitario en un caso, y de la Carta de las Naciones Unidas en otro. 
Depende de la cooperación multilateral, de la responsabilidad mundial y de nuestra mentalidad, que tiene que hacerse más comunitaria que nacionalista. 
Nosotros podríamos hacer nuestra contribución si Francia e Inglaterra abandonaran el Consejo de Seguridad y la Unión Europa entrara a formar parte de él, para lo cual sería preciso reformar la Unión Europea y su propia política exterior y de seguridad común, además de forzar una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el informe es una respuesta positiva del Parlamento a la propuesta de la Comisión sobre las relaciones entre la Unión Europea y las Naciones Unidas. 
Nosotros apoyamos el informe, aunque nos gustaría recalcar algunos aspectos específicos. 
En primer lugar, y desde luego sin contravención del informe, queremos insistir en las reformas institucionales que son necesarias. 
Tenemos que poder reformar el Consejo de Seguridad. 
África, Asia y Latinoamérica tienen que convertirse en miembros permanentes. 
Después de todo, no es aceptable que solo los ricos y los países ricos del mundo tengan la última palabra, mientras que dos tercios de la población mundial viven en la pobreza. 
En segundo lugar, el sistema de veto tiene que revisarse, posiblemente para utilizarlo solo cuando la paz se vea amenazada –una amenaza real– y en caso de agresión. 
En tercer lugar, la Unión Europea tiene que convertirse en miembro de pleno derecho del Consejo de Seguridad y la Asamblea General. 
Porque queremos que exista un multilateralismo eficaz, creemos que es necesario que las Naciones Unidas se organicen eficazmente y puedan tomar decisiones eficaces. 
Eso no ha sido siempre así en el pasado, y ha tenido repercusiones trágicas en todo el mundo. 
Les recuerdo los ineficaces mandatos que a veces reciben los soldados que tienen que actuar en nombre de las Naciones Unidas en operaciones de paz. 
Son mandatos tan inflexibles que les resta toda operatividad. 
Les recuerdo la tragedia de Ruanda, que Kofi Annan nos ha recordado recientemente. 
Por fortuna, las cosas han mejorado en el Congo, pero esperamos que las Naciones Unidas trabajen en el futuro de una forma más transparente y, sobre todo, más democrática. 
. Señor Presidente, el debate de esta mañana ha dejado claro el gran interés por parte del Parlamento por reforzar el compromiso de la Unión Europea con las Naciones Unidas. 
La Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, y especialmente el ponente, el Sr. Laschet, merecen ser elogiados por la elaboración de este informe. 
Suscribo plenamente la afirmación del informe de que «la consecución de éxitos en la gobernanza mundial, ante los retos de la globalización y la interdependencia crecientes, solo puede basarse en un sistema multilateral justo y eficaz, inequívocamente anclado en las Naciones Unidas». 
El Consejo está firme y formalmente comprometido con el multilateralismo efectivo en sus acciones exteriores. 
Un orden internacional basado en reglas, con las Naciones Unidas en el centro, es un elemento básico de la Estrategia de Seguridad Europea, aprobada por el Consejo Europeo en diciembre de 2003. 
Le puedo asegurar que el Consejo, bajo la Presidencia irlandesa, está dispuesto a trabajar hacia una respuesta colectiva más efectiva a las amenazas actuales. 
Somos profundamente conscientes de que el terrorismo y las armas de destrucción masiva son amenazas que presentan serios retos, pero la estabilidad mundial también se ve amenazada por la pobreza endémica y la falta de desarrollo, al igual que el azote del VIH/sida y otras enfermedades infecciosas. 
Estos son factores enormemente desestabilizadores que destruirán prácticamente las perspectivas de muchos países si no se remedian de modo efectivo. 
Ayer le dije al Secretario General Annan que, al aplicar la Estrategia de Seguridad Europea, la Unión Europea trabajará muy estrechamente con las Naciones Unidas para reforzar la cooperación mutua sobre la prevención de conflictos y la gestión de crisis. 
Acordamos que trabajaríamos estrechamente en el diseño de una mejor planificación y modelos de mejores prácticas para la prevención de conflictos y la construcción de la paz tras los conflictos. 
Basaremos esto en las experiencias de nuestras organizaciones en estos ámbitos políticos. 
Esto implicará trabajar juntos en la aplicación práctica de la Declaración Conjunta sobre la Cooperación UE-ONU en la Gestión de Crisis firmada a finales de 2003. 
También discutimos la mejor manera de organizar el despliegue con éxito en 2003 de la Operación Artemis en la República Democrática del Congo. 
Antes del fin de esta Presidencia, tenemos previsto disponer de hasta 1 500 militares disponibles para desplegarse como fuerza de reacción rápida de la UE a disposición del Secretario General para operaciones de gestión de crisis. 
El Sr. Annan apoya firmemente que este valioso recurso esté disponible lo antes posible. 
Le he asegurado al Secretario General que la Unión Europea está esforzándose al máximo por encontrar –utilizo sus palabras– una respuesta colectiva fiable y convincente a los retos de nuestro tiempo. 
Por lo tanto, la Unión apoyará el trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre Amenazas, Retos y Cambio. 
Creo que la Unión Europea puede realizar una contribución importante a este debate tan relevante. 
La Presidencia aprecia el apoyo entusiasta de la Comisión a este respecto y el trabajo que está actualmente en curso. 
El Secretario General ha dejado clara su opinión de que cualquier cambio debe ser un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí mismo. 
Las Naciones Unidas deben demostrar de modo práctico y concreto que son capaces de cumplir el primer propósito establecido en la Carta, que es poner en práctica medidas colectivas efectivas para la prevención y la eliminación de las amenazas para la paz. 
El desarrollo de nuestra capacidad de reacción rápida en los próximos meses será una demostración de la voluntad de esta Unión de contribuir y ayudar a las Naciones Unidas en este importante ámbito de actividad. 
El debate de hoy es oportuno. 
Dados los cambios en el sistema multilateral que el Secretario General Annan ha desvelado de modo tan decidido –incluido el pasado viernes en el Foro Económico Mundial de Davos–, se acoge con satisfacción el ímpetu general de su informe, que reafirma el apoyo a unas Naciones Unidas fuertes y reformadas en el centro del sistema multilateral. 
Esto confirma que el Secretario General, el Consejo y la Comisión cuentan con el apoyo de los representantes del pueblo en el Parlamento a este propósito. 
El informe articula claramente la necesidad de que la Unión Europea «demuestre su peso» en las Naciones Unidas. 
Los Estados miembros de la Unión Europea son, colectivamente, importantes contribuyentes financieros de las Naciones Unidas, con una contribución de casi un 40% de su presupuesto. 
Como se afirma en el informe, la Unión Europea representará a unos 450 millones de personas a partir del 1 de mayo de 2004. 
El Consejo está totalmente de acuerdo en que la UE tiene que desarrollar un perfil político acorde con esto. 
La dinámica general del informe refuerza el compromiso por parte del Consejo con las Naciones Unidas. 
Quiero asegurarles que uno de los objetivos de la Presidencia irlandesa es que la UE esté más atenta y sea más flexible y más receptiva hacia las Naciones Unidas. 
Estoy decidido a que dediquemos más esfuerzo a comprometernos con nuestros socios internacionales respecto a estas importantes cuestiones, en interés tanto de las Naciones Unidas como de la UE. 
El multilateralismo efectivo será objeto de debate en todas nuestras cumbres con socios estratégicos durante esta Presidencia. 
El debate de hoy ha señalado una serie de puntos distintos e interesantes que reflejan la esfera de acción, el detalle y la ambición del informe. 
Hemos leído y escuchado muchas propuestas, algunas de las cuales pueden respaldarse de modo inmediato. 
Es justo decir que otras tendrán que debatirse con el tiempo. 
La propuesta de que la Presidencia informe al Parlamento del contenido de las prioridades de la UE para cada sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas parece una idea excelente, y el Consejo actuará al respecto. 
La propuesta de intercambio de ideas entre los funcionarios de alto nivel de las Naciones Unidas y las comisiones del Parlamento también es digna de elogio. 
La cuestión de la representación de la UE en las Naciones Unidas sin duda tendrá que abordarse a la luz del resultado final de las negociaciones sobre la Constitución, que conferirá una personalidad jurídica a la Unión Europea. 
Algunas de las cuestiones planteadas son mucho más complejas, y merecen ser consideradas cuidadosamente. 
Quiero elogiar la ambición del informe por la cantidad de propuestas que contiene relativas a la actividad del Parlamento en relación con los distintos fondos, programas y agencias de las Naciones Unidas. 
Sin duda, este trabajo lo desarrollarán con el tiempo la comisión implicada y el Parlamento. 
También he observado cuidadosamente lo que se ha dicho respecto a la representación de la UE en el Consejo de Seguridad. 
Sin duda, esta no es una cuestión que puede resolverse con facilidad en este momento. 
Debe seguir revisándose mientras nuestras políticas comunes se desarrollan con el tiempo. 
Del mismo modo, la cuestión de la reforma del Consejo de Seguridad no puede resolverse con facilidad. 
El Grupo de Alto Nivel nombrado por el Secretario General abordará esta cuestión, entre otras. 
Todos somos conscientes de las dificultades y problemas con que se encuentran los defensores de la reforma institucional en las Naciones Unidas. 
El consenso necesario sigue siendo difícil de desarrollar. 
Sin embargo, esto no debe desviarnos de la tarea esencial de hacer más efectivo el Consejo de Seguridad y el sistema multilateral en su conjunto a la hora de hacer frente a los retos del mundo actual. 
Permítame reiterar de nuevo mi apreciación de esta iniciativa. 
Ha proporcionado un estímulo al debate en curso sobre el apoyo de la UE a las Naciones Unidas y el papel del Parlamento a este efecto. 
Puedo asegurarles que el Consejo es plenamente consciente de las cuestiones que se abordan en él y de las cuestiones que hoy se han planteado aquí. 
– Muchas gracias, Señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
El debate queda cerrado.La votación tendrá lugar a las 10.30 horas. (1) 
– El informe Laschet sobre las relaciones entre la Unión Europea y la ONU se ha presentado con solemnidad, y acompañado de la entrega del premio Sajarov al Sr. Kofi Annan, para destacar su importancia. 
En efecto, participa de la institución de una «diplomacia sin Estado» , apoyada por una red de organizaciones escasamente controladas por las democracias nacionales. 
Las intenciones declaradas (multilateralismo en cuanto al método y respeto de los derechos humanos, preservación de la paz y conservación de la naturaleza en cuanto al fondo) parecen excelentes. 
Pero ¿cómo se ejerce el control democrático? 
En efecto, el informe Laschet no para de limitar el margen de acción de los Estados miembros en la ONU, para sustituirlos por la Unión Europea, controlada por el Parlamento Europeo, que aprovecha este estado de cosas para realzar su condición. 
Pero ello equivale a decir que se prefieren las «democracias de poca sustancia» , como la democracia europea, a las democracias nacionales de contenido real. 
En particular, el informe Laschet se congratula de las reformas que introduciría la Constitución europea, de ser aprobada, en particular la personalidad jurídica de la Unión y el Ministro europeo de Asuntos Exteriores, que permitirían realizar este programa. 
Es un motivo más para rechazar tanto la Constitución como el informe Laschet. 
– Sí a un papel más activo de la UE en la ONU como preconiza el informe. 
El «multilateralismo (que) sigue siendo el mejor modo de lograr la paz y la seguridad mundiales» y es, en efecto, una de las garantías para evitar la supremacía de una superpotencia. 
Pero los objetivos declarados hacen caso omiso de la realidad y los peligros actuales. 
Las declaraciones de intenciones ya no bastan: la erradicación de la pobreza, el desarrollo humano, la prevención de conflictos y la instauración de la paz pasan por una inversión financiera y política a la altura de los desafíos. 
Tras la intervención bélica y la ocupación del Iraq por los Estados Unidos, y la supresión – ¿hasta la extinción? – del pueblo palestino, el espíritu que prevaleció cuando se crearon las Naciones Unidas y los principios de la Carta son más maltratados que nunca, incluso pisoteados por determinados países. 
Nunca ha sido tan necesario revigorizar la defensa del Derecho internacional y del derecho de los pueblos a la autodeterminación, y esto implica entrar en acción. 
Pienso especialmente en la aplicación efectiva del plan de paz de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental hasta la organización de un referendo de autodeterminación, y ello cualesquiera que sean las ulteriores vacilaciones del Gobierno marroquí. 
Asimismo es preciso imponer auténticas sanciones en caso de violación de los derechos humanos y de atentados contra el medio ambiente. 
Las misiones de paz de las Naciones Unidas en Timor Oriental, Sierra Leona y Liberia, la reconstrucción del Afganistán, las labores humanitarias en pro de la infancia y la lucha contra el hambre y las enfermedades indican que las Naciones Unidas siguen desempeñando una labor esencial en el establecimiento de la paz y la seguridad. 
Me uno por tanto a Kofi Annan en su propuesta de reforma radical de las Naciones Unidas. 
En el momento actual, dicha organización resulta excesivamente burocrática y ha perdido la sintonía con las realidades geopolíticas del siglo XXI. 
La UE, que junto con los Estados miembros aporta casi un 50% del presupuesto de las Naciones Unidas, debería liderar esta reforma. 
Es esencial en este sentido que la UE pueda expresarse con una sola voz en el Consejo de Seguridad. 
La UE tiene toda mi admiración por seguir animando a las Naciones Unidas a asumir sus responsabilidades en lo que respecta a la prevención de conflictos y el mantenimiento de la paz. 
No obstante, espero que esto no quede en papel mojado. 
Nos vemos obligados a reclutar tropas mal equipadas y desmotivadas procedentes de Bangladesh, Pakistán o India para operaciones de riesgo en África. 
En ocasiones, esto crea más problemas de los que resuelve. 
¿Por qué no puede la UE como tal desplegar más tropas bajo el estandarte de las Naciones Unidas y bajo el mandato de ésta? 
Solicito por tanto una Unión Europea que lidere de forma decidida la reforma de Naciones Unidas, no solo mediante declaraciones bienintencionadas y contribuciones simbólicas sino, sobre todo, con compromisos concretos y solidaridad real en los frentes abiertos. 
A continuación se celebrará la votación. 
– Señor Presidente, he sido informado por aquellos de mis colegas que entienden el italiano que, en el apartado 35 del informe de las Naciones Unidas, usted decía ‘, lo que aparentemente significa ‘rechazado’, pese a lo cual ese apartado ha sido aprobado por una abrumadora mayoría de esta Cámara, incluidos los Socialistas, y le pedimos que modifique sus listas en consecuencia. 
. Señor Presidente, ya quedó claro ayer en el debate que hay algunas partes de este informe, en las que se hace referencia expresa a la OLAF, que se eliminan del mismo por recomendación de los Servicios Jurídicos ya que no son admisibles, de modo que esas partes, no se votan. 
(1) 
– Señor Presidente, habida cuenta de lo avanzado de la hora, del retraso acumulado y de las dificultades de circulación que van a tener nuestros colegas para llegar al aeropuerto, puede suceder que no seamos suficientes para votar los últimos informes previstos en el orden del día. 
De acuerdo con el ponente, el Sr. Zappalà, nuestro Grupo les propone que la votación de este informe se aplace y se inscriba como primer punto de la votación del miércoles del próximo periodo parcial de sesiones de Estrasburgo. 
Señor Presidente, solicito en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo y del Grupo Socialista, que debido a la hora, se aplace la votación hasta el próximo período parcial de sesiones en Estrasburgo. 
– Señor Presidente, sé que muchas de sus Señorías tienen compromisos muy importantes en sus circunscripciones y regiones, y quizás citas más importantes en el aeropuerto. 
Sin embargo, hemos estado esperando una serie de informes, especialmente el informe Zappalà, para debatirlos en esta Cámara durante un período de tiempo razonable. 
Todos tenemos nuestras listas de voto delante, nos enviaron aquí para votar estas cuestiones, así que ¿podemos ponernos a ello? 
Parece que estamos posponiendo las cosas sin motivo alguno. 
– Señor Presidente, como ponente alternativo de mi grupo, quiero insistir en que se trata solo de aplazar la votación, y que los acuerdos alcanzados entre los grupos no se verán afectados ni se volverán a rescindir. 
– Señor Presidente, esta parte se contradice con una resolución ya aprobada por esta Cámara sobre las profesiones liberales. 
Pido, por tanto, que se modifique para adaptarla a la ya aprobada, de manera que la enmienda oral quede así: «Considera que la Comisión debe tener en cuenta no solo la situación del mercado cuando se apliquen las disposiciones contenidas en la ley de competencia a las profesiones liberales, sino también los aspectos sociales y las funciones de interés público. 
Pide, por tanto, a la Comisión, que permita a las asociaciones de profesiones liberales discreción para adoptar medidas que les permita desempeñar correctamente sus funciones.» 
– Señor Presidente, cuando era estudiante de Derecho, mis profesores, entre ellos mi padre, me enseñaron la diferencia fundamental que establece la filosofía alemana al discernir entre el –el mundo tal como debería ser– y el –el mundo tal como es–. 
Esta mañana, al aprobar la resolución sobre las relaciones entre la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, es muy posible que nuestro Parlamento haya discernido bien el mundo tal como debería ser. 
Por desgracia, es seguro que la misma resolución no tiene suficientemente en cuenta el mundo tal como es, para bien o para mal. 
En particular, sería una pérdida para el mundo, y para Europa, si renunciamos sin garantías al estatuto de miembro permanente del Reino Unido y más aún al de Francia. 
Por esta razón he votado en contra. 
Nos oponemos a los llamados tratados internacionales vinculantes que gobiernan las actividades de las empresas. 
En este punto, no podemos apoyar el presente informe. 
En su lugar, recomendamos que las empresas operen aplicando códigos de conducta voluntarios diseñados de forma responsable. 
. – He votado en contra del informe Laschet, que se basa en el proyecto de Constitución europea a pesar de no haberse aprobado aún, para sacar a la luz viejas ambiciones de las instituciones de Bruselas en materia de política exterior: hacer de la Unión Europea un agente internacional de pleno derecho «tan pronto como se reconozca su personalidad jurídica» (apartado 10) , es decir, hacer de ella un interlocutor internacional igual a un Estado, con todos los atributos de un Estado, incluso con un escaño de miembro permanente de la ONU. 
Además, la ceremonia de hoy se asemejó visiblemente a un pacto de apoyo mutuo de instituciones cómplices para legitimarse mutuamente. 
Por supuesto, el informe Laschet se guarda mucho de precisar qué sucedería con los escaños de Francia y el Reino Unido en el Consejo de Seguridad. 
Evidentemente, la lógica del sistema, tal como se propone en el informe, acabaría por eliminarlos antes o después. 
Por su parte, el proyecto de Constitución europea no proclama que Europa deba tener una única representación en la escena internacional, pero sienta todas las condiciones jurídicas para ello. 
Hay, pues, una gran hipocresía en apoyar esta Constitución y pretender al mismo tiempo conservar el escaño francés de miembro permanente de la ONU. 
El informe va más lejos todavía al extender la naturaleza supranacional de la Constitución en aspectos importantes. 
Esta propuesta representa un claro ataque contra la soberanía de los países en sus relaciones internacionales. 
La resolución llega incluso a decir que «siempre que se presente una declaración de la UE en nombre de la Unión Europea o de la Comunidad Europea, los Estados miembros de la UE deberán abstenerse de hacer declaraciones nacionales, que solamente deberán realizarse con carácter excepcional y haber sido justificadas previamente ante la Presidencia de la UE». 
Aunque esta resolución aborda cuestiones graves a las que se enfrenta la humanidad, no lo hace con seriedad, y aunque se centra en aspectos relacionados con el poder, propone la creación de bloques políticos y militares en el marco de un sistema multilateral mejorado, fortaleciendo la función del Consejo de Seguridad y restando importancia a la función de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
. El Partido Laborista del Parlamento Europeo apoya plenamente la reforma de las Naciones Unidas, incluidos los puestos permanentes añadidos en el Consejo de Seguridad para los grupos africano, asiático y latinoamericano. 
Pero diferimos respecto a esta resolución en cuanto a un escaño de la UE y a los cambios del sistema de veto. 
Creemos que prejuzgan el resultado de la Conferencia Intergubernamental, y podría comportar menos y no más referencias a las propias Naciones Unidas. 
Todos nosotros queremos unas Naciones Unidas fuertes. 
. – El informe Laschet quiere ser un alegato a favor del multilateralismo en las relaciones internacionales. 
Considera que la ONU debe ocupar un lugar central en este objetivo, incorporando un papel reforzado para la Unión Europea. 
Pero detrás de estas buenas intenciones, el método empleado está viciado. 
Para el informe, una ONU más eficaz es un Consejo de Seguridad ampliado, cierta restricción del derecho de veto sobre las decisiones y más medios de intervención, incluidos los militares. 
Como sucede con Europa, se intenta arrastrarnos a un debate institucional para hacernos olvidar el problema de fondo: el hecho de que la libre competencia determina en exceso las orientaciones de la Unión Europea; el hecho de que las grandes potencias se arrogan el derecho de decidir lo que merece o no una intervención económica o militar para la ONU. 
Así, la lucha contra el terrorismo se considera una prioridad absoluta, pero la lucha contra el efecto invernadero, el sida o la miseria es más bien formal. 
La ONU impuso sanciones al Iraq, pero abandona a los palestinos, los chechenos y otros tantos. 
Por último, este informe hace como si la Constitución europea estuviera ratificada, y pretende que un Ministro de Asuntos Exteriores pueda representar un consenso europeo sobre las cuestiones internacionales. 
Esto no es responsable. 
. – Cada vez que el Parlamento presenta un informe sobre la política exterior de la Unión, la mayoría federalista de nuestra Asamblea no puede resistir la tentación de introducir consideraciones que están totalmente fuera de lugar y que finalmente perjudican el conjunto del trabajo realizado. 
Si podemos sumarnos perfectamente al ponente en algunos puntos, en particular en lo que se refiere a la consolidación de las relaciones entre los órganos internos de la ONU, es inconcebible que se pueda admitir «la participación de la Unión Europa como miembro de pleno derecho en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de las Naciones Unidas» o, en el mismo orden de ideas, que «el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, cuyas funciones se definen en el proyecto de Constitución europea, debería ocupar el puesto cuya creación se propone... para la UE». 
Si es interesante comprobar que estas propuestas revelan la verdadera naturaleza del proyecto federalista porque suponen, por definición, la transformación de la Unión en un Estado, es evidente que son también el producto de la pura fantasía. 
Una sola observación basta para demostrar la incongruencia del proyecto: ¿cuál habría sido la propuesta del representante de la Unión durante la crisis iraquí, cuestión en torno a la cual la Unión estuvo dividida como nunca antes? 
. 
El principal objetivo de este informe es reforzar las posiciones de la Unión Europea en las Naciones Unidas. 
Presenta una serie de propuestas para la reforma institucional de las Naciones Unidas y reitera el deseo de desarrollar y promover los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. 
No obstante, tengo que discrepar con algunos de sus puntos. 
En primer lugar, en algunos párrafos el ponente parece olvidarse de que todavía no se ha aprobado ninguna Constitución europea, y de que ¡ni siquiera tenemos un proyecto de Tratado Constitucional! 
Además, la Unión Europea tampoco tiene todavía personalidad jurídica ni Ministro de Asuntos Exteriores. 
A continuación se nos presenta la idea imposible de ampliar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dándole a la Unión Europea un asiento, sin considerar la oposición más que probable de otros países que ya son miembros del Consejo de Seguridad, ni la más que probable dificultad de convencer a Francia y al Reino Unido para que renuncien a sus asientos. 
La sugerencia de eliminar el derecho simple de veto es también muy poco oportuna. 
En resumen, he votado a favor del informe por las ideas fundamentales que lo sustentan, pero rechazo parte del considerando G y los puntos 5, 6, 11, 18, 33 y 35. 
En cuanto a las enmiendas que se han presentado, me parece fundamental apoyar la número 8, que reitera la idea de la prohibición universal de la clonación humana. 
Hemos votado a favor de la propuesta para modificar el Reglamento (CE) nº 1734/94 del Consejo, relativo a la cooperación financiera y técnica con los territorios ocupados (Cisjordania y Gaza) porque creemos que debe hacerse un seguimiento cuidadoso de la situación para dejar claro que los fondos apropiados de la UE no se utilicen para fines distintos a los pretendidos, como por ejemplo para actividades propagandísticas no encaminadas a promover la paz 
. 
Este informe tiene como finalidad apoyar la primera propuesta de Reglamento que se ha presentado relativa a la ayuda financiera y técnica para los territorios ocupados. 
Lo cual significa que las pocas enmiendas que se han presentado se limitan a aclarar el contenido de las disposiciones. 
La finalidad del informe es simplemente mejorar y clarificar jurídicamente el texto de la Comisión, desde un punto de vista técnico. 
Se trata de un tema en el que creo que existe un amplio consenso. 
El objetivo es ofrecer ayuda en casos de ocupación, no solo a Estados y regiones, sino también a administraciones locales, organizaciones regionales, organismos públicos, comunidades locales o tradicionales, organizaciones empresariales, operadores privados, cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. 
Esta propuesta cuenta con todo mi apoyo. 
Por cierto, en su reunión de 12 de enero de 2004, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía aprobó por unanimidad este proyecto de resolución legislativa. 
Por tanto, he votado a favor del informe. 
. El «Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura» es un importante acuerdo jurídicamente vinculante que establece un marco mundial para la conservación sostenible de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 
Creo que se trata de un nuevo elemento importante en el sistema multilateral. 
A través de estos Tratados podemos garantizar que todos los países y las personas tengan un acceso justo a los recursos del mundo que pertenecen por derecho a toda la humanidad. 
Apoyo la enmienda adoptada por la Comisión de Medio Ambiente, que apoyamos en la Comisión de Agricultura. 
Sin embargo, por lo que a mí respecta, el principio básico es que los derechos de los granjeros y los cultivadores deben preservarse. 
Deben ser libres para cultivar productos que se han cultivado tradicionalmente sin tener que pagar derechos. 
. 
Aunque el análisis de la propuesta de la Comisión realizado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha motivado la presentación de una sola enmienda, la propuesta tiene una enorme importancia en el campo de la fitogenética. 
Este tema, que lleva mucho tiempo debatiéndose, se abordó en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de 2001. 
La finalidad de esta propuesta de decisión del Consejo es, por tanto, ratificar, en nombre de la Comunidad, dicho Tratado Internacional. 
La importancia de aprobar el informe se refleja en el hecho de que 33 de los 40 países firmantes han ratificado ya el Tratado Internacional, que abarca 35 cultivos destinados al consumo humano y 29 cultivos para forraje, y establece un marco legalmente vinculante para la conservación sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 
Otra clara indicación de la importancia del informe es que ha sido aprobado por unanimidad en la comisión parlamentaria competente. 
Su finalidad es permitir el acceso a esos recursos a todas las partes contratantes, compartiendo los beneficios comerciales y de otro tipo que puedan derivarse de dicho acceso. 
He votado a favor. 
Señor Presidente, la principal cuestión que está en juego en la votación de los informes Fava y Sander-ten Holte sobre el cielo único europeo es la reglamentación de la organización y el uso del espacio aéreo europeo con el fin de mejorar la capacidad operativa, la seguridad y la puntualidad de los servicios de navegación aérea que se prestan todos los días a miles de consumidores, entre ellos los diputados de este Parlamento. 
El acuerdo interinstitucional que se ha alcanzado demuestra que se podía no solo mejorar el marco jurídico sin dejar de respetar los Tratados, sino también aceptar los derechos de los Estados miembros a ejercer su soberanía sobre el espacio aéreo situado por encima de sus territorios, salvaguardar los acuerdos internacionales existentes –como, por ejemplo, el acuerdo que otorga a Portugal la gestión del tránsito aéreo en el Atlántico Norte–, definir, previo acuerdo con los Estados miembros afectados, las regiones de información de vuelo, conocidas como «bloques funcionales» , y designar a los proveedores de servicios de navegación aérea. 
Así pues, se tuvieron en cuenta los aspectos de seguridad de las operaciones aéreas, siendo los más importantes de todos ellos: mayor cooperación e interoperabilidad técnica; coordinación con las autoridades aéreas militares y derechos de soberanía de los Estados miembros en el campo de la navegación aérea. 
No puedo más que votar a favor de esta convergencia de opiniones, que ha permitido alcanzar esos acuerdos generales entre los sindicatos y los operadores, las autoridades nacionales y la Comisión y entre el Consejo y el Parlamento Europeo. 
. – Apoyo el propósito del cielo único europeo, que es la búsqueda de una mayor fluidez y una mejor gestión del tráfico aéreo, acompañadas de una mejora de la seguridad aérea. 
No obstante, el acuerdo logrado en la conciliación sobre el cielo único no nos satisface en algunos puntos. 
Así, el compromiso alcanzado en cuanto a la cooperación entre civiles y militares plantea problemas. 
¿Es necesario recordar que es contrario al principio de subsidiariedad? 
Las cuestiones militares no son competencia de la UE, sino de los Estados miembros, en nombre de su política de defensa y de sus obligaciones internacionales. 
Los Estados miembros deberían ser libres de organizar como deseen sus derechos sobre su espacio aéreo. 
En cuanto a la creación y la modificación de los bloques de espacio aéreo funcionales, me alegro de que correspondan a los Estados miembros de que se trate con el apoyo técnico de Eurocontrol. 
Es importante que los Estados miembros conserven su poder de decisión final. 
Tengamos presente que el cielo único europeo no debe ir en contra del servicio público de la navegación civil y de la seguridad del espacio aéreo europeo. 
La seguridad no debe sacrificarse en aras a la búsqueda de beneficios cada vez mayores. 
. – El resultado del procedimiento de conciliación entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros sobre el cielo único europeo no nos satisface del todo. 
Los textos sacados a votación no son más que compromisos entre la lógica liberal y las exigencias de seguridad, y ni siquiera mencionan la perspectiva de un cielo único europeo organizado y controlado por servicios públicos europeos. 
Desde el comienzo, hemos apoyado e informado sobre la acción de los sindicalistas europeos, que han defendido sin descanso el interés general contra estas iniciativas que pretenden convertir el cielo en una mercancía. 
Con sus movilizaciones y su labor de convicción, consiguieron el principio de no separación de los servicios técnicos y el mantenimiento del control de los Estados sobre los bloques de espacios funcionales. 
Por último, consiguieron el compromiso de la Comisión de hacer pública una evaluación de la Directiva a los cinco años. 
Se trata de concesiones por parte del Consejo que evitan hoy lo peor. 
No obstante, a la vista de las liberalizaciones en los demás sectores del transporte, seguimos muy preocupados por el futuro del control de los poderes públicos sobre este sector, sometido a una competencia feroz. 
El acuerdo, además, deja a los Estados miembros libertad para confiar el control aéreo a un servicio público o a una empresa privada. 
Estas preocupaciones nos llevan a no votar favorablemente los resultados del procedimiento de conciliación. 
Aunque estoy plenamente de acuerdo con los fines de las propuestas que hoy nos ocupan, que son reducir los retrasos en el transporte aéreo europeo con un uso más eficiente del espacio aéreo de los Estados miembros y mantener unos altos niveles de seguridad, me preocupa lo que siempre he dicho que me preocupaba sobre el contenido de estas propuestas. 
En este contexto, quiero referirme a tres puntos cruciales en el acuerdo que acaba de alcanzarse: la decisión de que los bloques funcionales serán competencia exclusiva de los Estados miembros y, por tanto, no podrán ser modificados por la Unión Europea, el reconocimiento de que el uso más eficiente del espacio aéreo depende de una cooperación más estrecha entre organizaciones civiles y militares, y el derecho de cada Estado miembro a tener libertad total para designar al proveedor de los servicios, bajo los auspicios de la autoridades supervisoras nacionales y sin tener que supeditarse a ningún otro órgano. 
. 
He votado a favor porque creo que la aplicación de una política común eficaz en materia de transporte aéreo tiene que reforzarse con las normas de seguridad actuales y la eficiencia global del tránsito aéreo en Europa en general. 
De hecho, si no existen garantías reales de regularidad y seguridad de los servicios de transporte aéreo a escala europea, no habrá la circulación verdaderamente libre de mercancías, ciudadanos y servicios que se contempla en los Tratados. 
La capacidad tiene que aumentar para que puedan atenderse las necesidades de todos los usuarios del espacio aéreo y reducirse al mínimo los retrasos de los vuelos. Estos puntos justifican también mi posición. 
Celebro el realismo que caracteriza al texto conjunto, porque finalmente consigue un cierto progreso real respecto a las propuestas iniciales de la Comisión, que imponían unos límites excesivos al poder soberano de los Estados sobre sus espacios aéreos y generaban cierta confusión entre las cuestiones relacionadas con la política común de transporte y las de naturaleza militar. 
En este asunto, la prudencia dicta que las competencias nacionales se respeten sin reservas, como también deben respetarse los acuerdos internacionales que las rigen, dejando la posibilidad de una cooperación más estrecha a discreción y bajo la supervisión de los Estados miembros. 
Creo, por tanto, justificada la adopción de salvaguardas que permitan a cada Estado miembro adoptar las medidas necesarias para proteger sus intereses fundamentales en el campo de la política de seguridad y defensa. 
. 
La propuesta fruto de la conciliación responde a algunas de las preocupaciones que planteamos al comienzo del proceso, como por ejemplo la de la soberanía del espacio aéreo, ya que se ha establecido que los bloques funcionales se definicirán mediante acuerdo entre los Estados miembros En caso de disputa, los Estados podrán recurrir al Comité de Cielo Único y someterse a su dictamen, si bien el informe podría haber ido más lejos en la clarificación de las reglas y principios que hay que tener en cuenta. 
En el plano militar se ha tenido en cuenta la necesidad de una mayor cooperación entre las autoridades civiles y militares, respetando al mismo tiempo las competencias nacionales. 
El control de Portugal sobre la Región de Información de Vuelo de Santa Maria (otorgado por la Organización Internacional de la Aviación Civil) también se ha mantenido. 
Asimismo se ha establecido que la prestación de servisios de transporte aéreo está asociada al ejercicio de prerrogativas de la autoridad pública de naturaleza no económica, justificando la aplicación de las reglas de competencia de conformidad con el Tratado y que cada Estados miembros puede designar, en su propio espacio aéreo, al proveedor de servicios, tanto si es público como privado. 
Sin embargo, hay varios aspectos que nosotros propusimos pero que no han sido aceptados. 
De ahí nuestra abstención en la votación. 
.Señor Presidente, la principal cuestión que está en juego en la votación de los informes Fava y Sander-ten Holte sobre el cielo único europeo es la reglamentación de la organización y el uso del espacio aéreo europeo con el fin de mejorar la capacidad operativa, la seguridad y la puntualidad de los servicios de navegación aérea que se prestan todos los días a miles de consumidores. 
El acuerdo interinstitucional que se ha alcanzado demuestra que se podía no solo mejorar el marco jurídico sin dejar de respetar los Tratados, sino también aceptar los derechos de los Estados miembros a ejercer su soberanía sobre el espacio aéreo situado por encima de sus territorios; salvaguardar los acuerdos internacionales existentes –como, por ejemplo, el acuerdo en vigor que otorga a Portugal la gestión del tránsito aéreo en el Atlántico Norte (a través de su centro de control de Santa María, en las Azores) –, definir, previo acuerdo con los Estados miembros afectados, las regiones de información de vuelo, conocidas como «bloques funcionales» , y designar a los proveedores de servicios de navegación aérea. 
Pero lo más importante es que se hace también hincapié en consideraciones de seguridad, como el aumento de la cooperación técnica y de la interoperabilidad, la coordinación con las autoridades de aviación militar y los derechos de soberanía de los Estados miembros en la esfera de la navegación aérea. 
He votado a favor y, naturalmente, celebro los acuerdos alcanzados que han hecho posible.... 
. – El texto conjunto del Reglamento que tenemos ante nosotros, como parte de todo el paquete legislativo del cielo único europeo, ha generado más dudas en primera lectura que ningún otro. 
Este Reglamento establece la separación de funciones entre las autoridades nacionales supervisoras y los proveedores de servicios, que permitirá a las distintas autoridades designar a un proveedor de servicios de su elección, con un sistema no discriminatorio de tarificación. 
Aunque se reconoce que los servicios en cuestión son claramente de interés público, esta opción se extiende también a los operadores del sector privado. 
En sus propuestas, la Comisión consideró y planteó la gestión del espacio aéreo como si fuera cualquier otro servicio económico, comparable a los mercados liberalizados de los servicios de telecomunicaciones o transporte, bajo la supervisión de un órgano regulador europeo. 
El texto acordado se corresponde claramente con este planteamiento, porque no solo indica de forma expresa que cada Estado miembro puede, dentro de su propio espacio aéreo, designar al proveedor de servicios de su elección –bajo los auspicios de la autoridades supervisoras nacionales y sin supeditarse a otros órganos– como un medio de proteger la libertad total en las formas y los medios de conseguir esto. 
Por eso he votado a favor. 
Quiero destacar también la introducción del concepto de «experiencia sobre el terreno» como criterio para la selección de las organizaciones reconocidas por las autoridades nacionales, con el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y el desarrollo de programas de formación para los controladores. 
– Aunque no se cuestiona la necesidad de delimitar, regular y gestionar estratégicamente el espacio aéreo a escala europea, tenemos cuanto menos que ser prudentes en este contexto respecto a la adopción de bloques de espacio aéreo funcionales (en sustitución de las actuales regiones de información de vuelo, cuando esté justificado) que no se correspondan con las fronteras nacionales. 
Debemos recordar que las propuestas originales de la Comisión ignoraron por completo la naturaleza diferente y vital de los servicios en cuestión y su relación con el ejercicio de poderes públicos por parte de los Estados miembros. 
No obstante, el texto que tenemos ahora ante nosotros remedia estas deficiencias al otorgar a los Estados miembros competencia exclusiva para delimitar los bloques funcionales en cuestión –que no podrán ser modificados por la Unión Europea– y reconoce la necesidad de garantizar el cumplimiento de unos requisitos mínimos de interés público. 
Esto nos permitirá hacer un mejor uso del espacio aéreo, teniendo en cuenta los flujos de tránsito aéreo y dando a las distintas autoridades la posibilidad de designar al proveedor de servicios de su elección. 
Por eso he votado a favor. 
Comparto la posición de la ponente sobre la necesidad, de cara a una política común de transporte, de adoptar medidas relativas a sistemas, componentes y procedimientos que faciliten una verdadera interoperabilidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo. 
En efecto, salvo que existe cierta armonización y estandarización de las reglas operativas, los procedimientos y los equipos, garantizando con ello la complementariedad y la uniformidad de las reglas y las normas, será difícil crear una red que beneficie realmente a todos los Estados miembros. 
El bajo nivel de integración de los sistemas nacionales de gestión del tránsito aéreo y la escasa velocidad a la que se están introduciendo los estándares operativos y tecnológicos necesarios para obtener la capacidad adicional buscada pueden ser el resultado de la fragmentación del mercado de sistemas y la consiguiente ausencia de cooperación industrial. 
Todo ello ha producido retrasos innecesarios en el desarrollo y la introducción de nuevas tecnologías y un ritmo lento de introducción de los medios y conceptos necesarios para el aumento tan requerido de la capacidad operativa. 
Insisto en que esta interpretación no significa que se tengan que adoptar planteamientos uniformes; por el contrario, expresa la idea de que las medidas deben limitarse a lo estrictamente necesario para asegurar la deseada interoperabilidad. 
Tengo también que advertir del riesgo de una concentración de empresas que puede producirse si se adoptan estas medidas y creo, desde luego... 
. 
La finalidad de esta propuesta de Directiva de 12 de julio de 2002 relativa a los contratos públicos es la apertura de los mercados públicos y la creación de un mercado interior europeo en el sector, en línea con los objetivos de la «Estrategia de Lisboa». 
La adjudicación de contratos públicos genera un mercado importante que es muy tentador para el sector privado. Constituye también un instrumento importante de la política económica por sus posibles efectos socioeconómicos. 
Una vez más, en nombre de la transparencia, la no discriminación y la igualdad de oportunidades, y con las empresas públicas en situación de desventaja, el factor decisivo en la adjudicación de contratos es el precio. Esto deja a los mercados totalmente abiertos a la entrada de empresas extranjeras, lo cual puede destruir puestos de trabajo, debilitar el desarrollo regional y afectar negativamente a las economías nacionales. 
En Portugal, por ejemplo, existe el peligro de que otras empresas sigan los pasos de Sorefame y los astilleros de Viana do Castelo. Este instrumento podría haber introducido otros criterios para la adjudicación de contratos, prestando con ello un apoyo específico a ciertos países o regiones de cara a conseguir los objetivos económicos, sociales y medioambientales establecidos por cada país. 
La finalidad de estas dos propuestas de Directiva, una general y la otra sectorial, es reemplazar los cuatro textos ya existentes para simplificar y modernizar las disposiciones comunitarias relativas a la adjudicación de contratos públicos. 
Esto es algo que, lógicamente, acojo con satisfacción. Las nuevas disposiciones tienen que asegurar un mejor funcionamiento del mercado interior y una mayor transparencia en la adjudicación de los contratos. 
Por eso celebro en particular el resultado finalmente conseguido en el Comité de Conciliación, en particular respecto al punto final sobre el que seguía existiendo diferencia de opiniones: la definición de los criterios para la adjudicación de contratos. 
El sistema ha mejorado considerablemente y se ha hecho más fácil de entender, facilitando con ello la libre circulación de bienes relacionados con contratos de suministros públicos, la libertad de establecimiento y la libertad para prestar servicios relacionados con la adjudicación de contratos de servicios públicos y de contratos de obras públicas en los Estados miembros por parte de las autoridades nacionales, regionales y locales y otros organismos públicos. 
Apoyo también la propuesta de fomentar el uso de firmas electrónicas como una forma de garantizar y reforzar la confidencialidad de las ofertas. 
Por último, celebro el llamamiento que se ha acordado hacer también en el Comité de Conciliación a los Estados miembros para que garanticen la transposición de estas Directivas utilizando mecanismos eficaces, accesibles y transparentes. 
. 
El objetivo de la reforma legislativa que tenemos ante nosotros sobre los contratos públicos en el sector del agua, la energía, el transporte y los servicios postales es la apertura de los mercados y la creación de un verdadero mercado interior europeo en esos sectores. 
La propuesta de Directiva de la Comisión de 12 de julio de 2002 complementa el proceso ya iniciado para la liberalización de los sectores de la energía, los servicios postales y el transporte, en línea con los fines y objetivos establecidos en la «Estrategia de Lisboa». Propone también la apertura de la gestión del agua al sector privado. 
En este sentido, los contratos privados contrastan marcadamente con la prestación de servicios públicos y, en el caso del agua, su finalidad es garantizar un marco jurídico para la adjudicación de contratos a empresas privadas, que es una práctica habitual de algunas administraciones locales en Portugal. 
Es cuanto menos extraño que en el informe sobre los servicios de interés general debatido en la última sesión plenaria, el Parlamento manifestara su oposición a la apertura del mercado del suministro de agua, cuando aquí acepta tácitamente esa propuesta. 
Por tanto, hemos votado en contra de la posición común del Consejo y el Parlamento, aunque reconocemos ciertas mejoras respecto a la propuesta original. 
. – Hoy se han modificado dos instrumentos legislativos comunitarios: uno sobre los procedimientos de celebración de los contratos públicos de obras, suministros y servicios, y otro sobre los procedimientos de celebración de los contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 
Estas modificaciones, basadas en los principios de la libre competencia en un mercado abierto, nos preocupan en un momento en que en Francia se registra un movimiento de descentralización y se emprende una revisión nacional de los contratos públicos. 
Queremos asegurar que los servicios públicos afectados sigan abarcando la misma zona geográfica y presten los mismos servicios. 
Votamos, pues, en contra de estas dos Directivas. 
– Señor Presidente, mi Grupo ha votado en contra de este acuerdo. 
Estamos de acuerdo en que se han acordado algunas cosas buenas en la revisión de la Directiva de envases. 
Sin embargo, existe un gran problema en que el propio acuerdo viola el espíritu de la sentencia histórica del Tribunal de Justicia Europeo, en términos del procedimiento, tanto en la sustancia como en la letra de los Tratados Europeos. 
En febrero, el Tribunal de Justicia Europeo emitió una sentencia por la que la incineración de residuos en incineradoras municipales no podía contar como forma de recuperación, incluso si se genera energía como resultado. 
Sin embargo, el Consejo, en lugar de aumentar el reciclado o la recuperación ecológicamente correcta para cumplir el objetivo de la recuperación, insistió en poner la incineración en pie de igualdad con la recuperación, contrariamente a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. 
Aunque esta cuestión no fue objeto de conciliación, puesto que no se había aprobado ninguna enmienda parlamentaria a la postura común del Consejo, al introducirla en el procedimiento de conciliación, el Consejo violó el apartado 4 del artículo 251 del Tratado de las Comunidades Europeas. 
Mi Grupo está en gran desacuerdo con el procedimiento y el resultado de la conciliación. 
También encontramos bastante alarmante que la incineración, que consideramos perjudicial para el medio ambiente, se haya incluido como objetivo. 
. Felicito a la ponente por el excelente trabajo realizado con este informe crucial. 
Apoyo plenamente los objetivos de la propuesta de la Comisión en este ámbito. 
Todos estamos de acuerdo en que nuestra sociedad de consumo está produciendo demasiados residuos de material de envase y que se necesitan distintas medidas para reducir el volumen. 
Sin duda, el reciclaje tiene un papel importante en este proceso. 
De hecho, esta estrategia está muy relacionada con las prioridades de la Presidencia irlandesa en el ámbito medioambiental, señaladas recientemente en el Parlamento por el Ministro Cullen. 
Me complace que el acuerdo final otorgue a Irlanda tiempo suficiente para poner en práctica la infraestructura necesaria para abordar esta importante legislación. 
Como nación insular con una población relativamente pequeña, estamos en una clara situación de desventaja en comparación con nuestros vecinos continentales. 
Nuestra situación nos pone a una distancia considerable de los principales mercados de reciclaje, y hay costes de transporte añadidos implicados en el proceso. 
Me agrada que la excepción establecida por Irlanda hasta finales de 2011 nos dé la oportunidad de aplicar esta Directiva de modo significativo. 
A modo de conclusión, también apoyo otras medidas que tienen por objeto reducir los residuos de envases, como la fiscalidad selectiva sugerida por la Presidencia irlandesa, por ejemplo para los envases de comida rápida. 
. 
Apoyo este informe, que plantea una cuestión crucial por su repercusión en las vidas de los ciudadanos de la UE. 
El objetivo de aprobar un nuevo instrumento jurídico, una Directiva, es reducir la cantidad de envases y otros productos de desecho contaminantes, estableciendo una serie de objetivos más ambiciosos que los contenidos en la anterior Directiva, vigente todavía. 
Los cambios más llamativos son el aumento del nivel mínimo obligatorio de reciclado de envases del 25% al 55% antes de 2008 y la adopción de una serie de medidas específicas dirigidas a la recuperación y el reciclaje de los distintos materiales utilizados habitualmente en la fabricación de envases. 
Comparto la idea de que los sistemas de retorno, recogida y recuperación en los Estados miembros tienen que estar abiertos a todas las partes interesadas y evitar toda discriminación contra productos importados y materiales más pesados. 
Aunque entiendo que, al no existir una infraestructura adecuada, los objetivos establecidos son claramente irrealistas, me siento amargamente decepcionado porque mi país, junto con Grecia e Irlanda, han aplazado la transposición de esta nueva Directiva hasta finales de 2011. 
He votado a favor. 
– Señor Presidente, en el marco de sus actividades legislativas, el Parlamento Europeo debe ejercer, en la Comunidad, la difícil y delicada función de controlador del poder ejecutivo en todas sus formas. 
En el ejercicio de sus funciones, deberá apreciar la gravedad de las inevitables faltas que provoca en cualquier momento y lugar la naturaleza humana, ejercer un control serio, pero sin estrangular las iniciativas y, por encima de todo, actuar en el interés general, excluyendo cualquier prejuicio partidista. 
Por desgracia, el Parlamento Europeo no ha conseguido responder a estas reglas ni en el asunto Eurostat ni en lo concerniente al Comité de las Regiones. 
Por esta razón he emitido un voto negativo. 
Señor Presidente, intervengo para explicar la posición de abstención de nuestro Grupo, el Partido Popular Europeo, en la enmienda nº 1 del informe del Sr. Casaca. 
La palabra "abstención" evoca alguna expresión corriente en las encuestas como es la del "no sabe, no contesta" y, en este caso, consideramos que los miembros de este Parlamento no sabemos todavía a estas alturas ni la envergadura de los hechos, refiriéndose a Eurostat, ni las eventuales responsabilidades que se desprenden de los mismos. 
Y "no contesta", en el sentido de que un organismo como la OLAF, encargado de la lucha contra el fraude, no ha suministrado todavía a este Parlamento ni a ninguna de sus comisiones, información adecuada al respecto, que pudiera ilustrar y dar un conocimiento acabado. 
En esas condiciones, un voto a favor de la enmienda supondría tanto como tener un conocimiento acabado de los hechos y juzgar en consecuencia, determinando responsabilidades. 
Un voto en contra significaría tener también un conocimiento de los hechos y dar carpetazo al asunto como si ya se hubiera terminado, sin depurar responsabilidades. 
Por eso, era mejor esperar a las noticias que puedan venir de la OLAF. 
No puedo dejar de considerar la incoherencia que, a nuestro juicio, se ha producido esta mañana en el Parlamento, donde la mayoría ha rechazado la responsabilidad individual de los comisarios, inmediatamente después de hacer una mención individualizada, lo que, en nuestra opinión, constituye una mención injusta por extemporánea, por parcial y por precipitada. 
Confiemos en el pronto suministro de datos por parte de la OLAF para emitir un juicio razonado. 
. Creo que lo que se conoce como el asunto Eurostat ha puesto de manifiesto la necesidad de ciertas reformas en el seno de la Comisión con respecto al control y la vigilancia de las actividades de las autoridades de la UE. 
Creemos, no obstante, que la petición de dimisión del Comisario Solbes es exagerada y no muy constructiva. 
La Comisión ha reconocido que ha cometido errores y, en nuestra opinión, ahora le corresponde a la Comisión, junto con otras instituciones, encontrar modelos para un sistema más eficaz y transparente de control interno. 
Si la Comisión no presenta un sistema mejor, podrá celebrarse un debate sobre la no aprobación de su gestión en 2002. 
. – Apoyo íntegramente el informe Casaca, que constata que no se puso en conocimiento del Parlamento Europeo información importante, en particular sobre el asunto Eurostat, cuando había concedido su aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio 2001. 
Denuncio con él la retención de información por parte de la Comisión, su «cultura del secretismo, complejidad y falta de claridad» , así como la dejación de los Comisarios ante sus responsabilidades políticas (apartado 24). 
No obstante, habría que llegar hasta el fondo del razonamiento, y decir también de dónde viene esta cultura de falta de claridad, incluso de arrogancia: viene de la posición privilegiada que se otorga a la Comisión en las instituciones, del sentimiento de superioridad resultante de ello, que precisamente se quiere reforzar aún más en la Constitución europea. 
El informe Casaca hace hincapié también en otras dos situaciones intolerables. 
La primera es la ausencia de un poder dirigente claro y fuerte de los Comisarios sobre sus Directores Generales (apartado 29) , que transforma los servicios de la Comisión en verdaderos feudos. 
También está la negativa persistente de la Comisión a investigar sobre el accionariado real de las empresas que solicitan sus contratos o subvenciones, en particular cuando se sospecha que sus verdaderos propietarios sean funcionarios de la Comisión (apartado 47). 
Este informe se centra principalmente en el caso Eurostat case y las irregularidades que se han detectado desde 1999. 
No olvidemos que Eurostat ha aprovechado las consecuencias de la política de subcontratación de servicios de la Comisión, que ha dado lugar a irregularidades, fraudes, nepotismo y amiguismo. También es cierto que los servicios prestados por empresas privadas han sido de menor calidad que los servicios internos de la Comisión. 
Acogemos con agrado las propuestas de no subcontratar en el exterior los servicios de Eurostat y de revisar los contratos vigentes. 
En cuanto a las relaciones entre Eurostat y los Servicios de Estadísticas Nacionales, no debemos pasar por alto cuestiones de protección de datos con respecto a la información que circula entre administraciones. 
El caso reciente mina la credibilidad de la reforma administrativa de la Comisión y muestra la vía en que las estructuras de información internas se corrompen, en que la cultura imperante del secretismo ha dado pie a «sistemas de sobre financiero» en Eurostat y en que los sistemas de información y comunicación dentro de la Comisión han conseguido permanecer oblicuos. 
Por consiguiente, lamentamos el hecho de que el Presidente de la Comisión no haya propuesto cambios estructurales en las relaciones entre Comisarios y Direcciones Generales, que no haya sacado conclusiones con respecto a las responsabilidades políticas de los Comisarios y que no haya condenado al Sr. Solbes Mira, el Comisario responsable de Eurostat, por no haber actuado antes, cuando aparecieron las pruebas de gestión financiera irregular. 
He decidido votar a favor de las enmiendas 13 a 17 y, de esta forma, distanciarme de la postura adoptada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. 
La razón de ello es que esas enmiendas son muy críticas con las graves irregularidades detectadas en Eurostat. 
He votado también a favor de la enmienda 21, que lamenta el hecho de que el Comisario Solbes Mira, el Comisario directamente responsable de la administración de Eurostat, no actuara más rápido ante una situación tan poco satisfactoria ni asumiera ninguna responsabilidad política. 
He votado a favor también de la enmienda 1, que expresa la opinión de que la responsabilidad de la Comisión se vería fortalecida en el futuro si los Comisarios aceptaran la responsabilidad política de sus respectivos departamentos. 
Pero el informe como tal es constructivo y, por tanto, he votado a su favor en la votación final. 
El informe se aprueba con 467 votos a favor, 11 votos en contra y 9 abstenciones. 
.La navegación por satélite es una aplicación espacial de especial importante y con multitud de usos: en navegación marítima, en navegación espacial, incluso en operaciones de búsqueda y rescate. 
El desarrollo del sistema de navegación por satélite Galileo por la UE sería una contribución a la humanidad si, pese a asegurarse que es un sistema puramente no militar, no existieran todos los indicios para pensar que los imperialistas europeos pretenden también utilizarlo con fines militares en su ambición por compartir la función de policía mundial con los Estados Unidos. 
Entre otras cosas, en el debate de ayer la Comisaria De Palacio mencionó que el sistema tendrá, además de las señales a las que todo el mundo tendrá acceso, algunas señales a las que solo tendrán acceso los Estados. 
Aunque el informe del Sr. Pietrasanta contiene algunos puntos positivos en comparación con informes anteriores sobre este asunto, deja sin responder algunas cuestiones sobre el uso militar. 
Por eso los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia se han abstenido en la votación. 
.He votado en contra de la resolución sobre la Política Espacial Europea porque no ha sido aprobada ninguna de las enmiendas referentes a la necesidad de garantizar un uso pacífico del espacio exterior. 
Esto muestra las intenciones reales ocultas tras el deseo de alcanzar una política espacial en la UE, motivada por el deseo de que la UE se establezca como superpotencia militar. 
La inclusión de China en la política espacial de la UE, y en concreto en el proyecto Galileo, no es aceptable hasta que China se convierta en un Estado plenamente democrático y reconozca los derechos humanos básicos. 
Galileo se vendió en el Parlamento Europeo como un proyecto civil, y así debería permanecer. 
Este es uno de los múltiples argumentos a favor de un sistema de satélites europeo, teniendo en cuenta que el sistema GPS norteamericano es un proyecto militar que el Gobierno de los Estados Unidos puede bloquear en cualquier momento. 
Con la inclusión de la quinta aplicación (el Servicio Público Regulado o PRS) es imposible garantizar que la señal codificada reservada al Estado no se utilice con fines militares. 
A la vista de su futura aplicación militar y la inclusión de China en el proyecto, he optado por votar en contra de este informe. 
Como se decía en la propuesta original de la Comisión, esta tecnología tiene una clara importancia estratégica y puede también generar importantes beneficios económicos. 
Los sistemas actuales de los Estados Unidos (GPS) y Rusia (GLONASS) están ambos financiados y dirigidos por los militares, lo que significa que las señales pueden ser interrumpidas o interferidas en cualquier momento para proteger los intereses nacionales. 
Galileo se ha distinguido desde el principio por ser un proyecto estrictamente civil, y así tiene que seguir siendo. 
Por otra parte, cada vez se le ve más como un medio importante de proteger la naturaleza y de gestionar y conservar los recursos naturales. 
Estamos viendo ya sus aplicaciones en la agricultura y la defensa civil (ayudando a seleccionar cultivos o a predecir catástrofes naturales). 
Otros sectores, como el transporte aéreo, marítimo y fluvial, se beneficiarán enormemente del desarrollo de esta tecnología europea. 
Celebro el hecho de que el proyecto esté cumpliendo el calendario previsto, y que EGNOS, el Servicio Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario –un sistema que sirve para potenciar la señal GPS, especialmente en la aviación civil–, estará plenamente operativo en abril de 2004 si se cumplen las previsiones. 
Por último, quiero destacar la necesidad de asegurar que siga siendo gratuito o casi gratuito para los usuarios de servicios básicos... 
– Señor Presidente, con la adopción hoy de la nueva resolución sobre el proyecto de Constitución europea, el Parlamento Europeo reconoce sin decirlo que se equivocó al pedir lo imposible a la Presidencia italiana, que es lo que hizo con la propuesta que aprobamos en diciembre. 
El Parlamento Europeo se crecería reconociéndolo explícitamente, pero nadie es perfecto. 
Cae también de su propio peso que el Parlamento Europeo debería examinar al menos los resultados escritos del cónclave de Nápoles antes de emitir juicios de valor sobre los mismos, lo cual acaba de hacer, puesto que esos resultados escritos han sido presentados a los Jefes de Estado y de Gobierno por la Presidencia italiana. 
Lamento que en casi dos meses el Parlamento no haya pensado aún en hacerlo. 
Dicho esto, el proyecto de Constitución sigue siendo malo y peligroso y, por tanto, no veo ninguna razón para desear su aprobación ni ahora ni nunca. 
Por ello he votado en contra. 
– Señor Presidente, yo también he votado en contra de esta resolución. Va en contra de los ciudadanos europeos y en contra de la Unión Europea en su conjunto. 
Es lamentable que haya tanta prisa por concluir esta cuestión para mayo. 
Es totalmente inaceptable. 
La Convención no se estableció específicamente para elaborar un proyecto de Constitución para Europa. 
Algo así necesita mucho más tiempo. 
Tiene que consultarse más con el público en general: por eso he votado en contra de la resolución. 
También es lamentable si se obliga y presiona a la Presidencia irlandesa para que alcance algún tipo de acuerdo sobre este tema durante su mandato. 
No es correcto dar a entender que la Presidencia irlandesa puede fracasar si esta cuestión no se aprueba. 
Hay tiempo de sobra: tenemos años por delante en relación con esta cuestión. 
Dejemos que entren los diez nuevos países y dejemos que encuentren su sitio antes de empezar a precipitarnos hacia una mayor integración europea. 
.– En su resolución sobre el programa de la Presidencia irlandesa, el Parlamento Europeo intenta precipitar la negociación en la CIG pidiendo una conclusión sobre el texto de la Constitución antes del 1 de mayo de 2004, fecha de la ampliación. 
No he aprobado esta petición, ya que hay que dejar a los Estados miembros tiempo para ver exactamente a dónde les llevaría este mal documento. 
Por otra parte, las declaraciones del Consejo nos han mostrado que de repente le han entrado escrúpulos con respecto al proyecto de Estatuto único de los diputados al Parlamento Europeo. 
No puedo sino celebrarlo, porque desde hace años me opongo incansablemente a este proyecto por todas las razones expuestas en mis intervenciones anteriores, en especial las del 17 de diciembre del año pasado. 
El Consejo, que durante años había permanecido sordo a estos argumentos, los ha atendido de repente al aproximarse las elecciones. 
Cuando hasta ahora parecía admitir la idea de que los diputados al Parlamento Europeo se independizaran financieramente de sus países, la perspectiva de un descontento de los electores ante este aliciente indebido le ha hecho recapacitar. 
Por último, es un poco lo mismo que pasa con el proyecto de Constitución europea. 
Las elecciones son el comienzo de la cordura. 
. 
La presión para acelerar la llamada «Constitución europea» viene de todas partes; de los representantes de los gobiernos –aquí hay que hacer mención especial a Francia y Alemania –, de la Comisión, del Parlamento, y de la Unión de Confederaciones de la Industria de la Comunidad Europea (UNICE) , quien ha reiterado su deseo de llegar a un «acuerdo urgente sobre el proyecto de Constitución de la UE». 
A la luz de la primera reunión ministerial de la Presidencia irlandesa, que se centró en lo que debe hacerse en un futuro próximo –y en la que se confirmó, según el acta... , que el texto presentado por la «Convención» servirá de base para negociar el proyecto de «Constitución europea» , con la idea de alcanzar un acuerdo antes de las elecciones parlamentarias de junio–, el Parlamento acoge una vez más con satisfacción este planteamiento e insta a que se alcance un acuerdo antes del 1 de mayo. 
Las fuerzas y los intereses que existen detrás de la llamada «Constitución europea» –es decir, los grandes capitales y los países más poderosos de la UE– han empezado de nuevo a movilizarse. 
Todo ello viene a justificar a los que hemos sido los primeros en denunciar los motivos reales y los peligros reales de la «Constitución europea» y los primeros en pedir que se rechace de plano. 
. 
La propuesta de resolución presentada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios apoya claramente los fines de la política de competencia, que son la creación de mercados libres, competitivos y abiertos, y la consolidación del mercado interior. 
La primacía que recibe la competencia por encima de otras consideraciones, ya sean económicas, sociales o medioambientales, produce unas políticas encaminadas a liberalizar y desregular los mercados, además de causar un sesgo fundamental en contra de la intervención estatal en la economía, especialmente por medio de ayudas estatales. 
Esta propuesta acoge con satisfacción el Informe nº 32 sobre la política de competencia; trata de simplificar los procedimientos para vigilar las fusiones de empresas; trata de imponer controles más estrictos a las ayudas estatales y, de hecho, trata de reducir este tipo de ayudas; acoge con satisfacción la apertura de los mercados del gas y la electricidad; fomenta la desconfianza hacia las empresas de propiedad pública; propone la creación de un sector de medios de comunicación abierto y competitivo y propone que se vigilen las compensaciones excesivas en las empresas públicas de radiodifusión; trata de crear una nueva cámara institucional para acelerar los procesos relacionados con la política de competencia y contempla la convocatoria de licitaciones para adjudicar contratos de servicios de interés general. 
Por eso hemos votado en contra de la resolución. 
. – Esta resolución es auténtica apología de la política mundialista del libre comercio que diezma nuestras industrias y nuestros puestos de trabajo, es un insulto a las mujeres y los hombres que cada día pagan un alto precio por las consecuencias de esta política económica europea ultraliberal de la que solo se benefician un puñado de accionistas apátridas y anónimos. 
La política europea en materia de competencia, situada bajo la responsabilidad de funcionarios europeos que obedecen a los potentes grupos de presión que se mueven en Bruselas, es el principal vector de la globalización ultraliberal en nuestros Estados. 
Control burocrático de los acuerdos, de los abusos de posición dominante y de las concentraciones, estricto encuadramiento de las ayudas públicas pagadas a las empresas en dificultades, sumisión de los servicios públicos a la ley del mercado, desmantelamiento de las protecciones aduaneras que antaño salvaguardaban nuestros intereses económicos: el balance de la Comisión Europea y sus cómplices es absolutamente desastroso. 
Como procedo de una región francesa víctima de esta política absurda, sé lo que todos estos abandonos han costado a los franceses en términos de deslocalización, desindustrialización (textil, siderurgia, agroalimentario) , destrucción de PYME y, naturalmente, desempleo, precariedad y miseria. 
Por ello, contrariamente a los representantes del sindicato de la quiebra que se sientan a derecha y a izquierda en esta Asamblea, rechazo categóricamente este texto. 
– Señor Presidente, el vínculo entre la política exterior y de seguridad común y la política espacial está muy claro, tanto en el Libro Blanco de la Comisión como en la resolución. 
Mucha gente piensa que esto es bastante aceptable, pero no creo que sea aceptable que la Unión Europea quiera ser una superpotencia militar. 
Para ser una superpotencia militar creíble, sin duda necesita una política espacial. 
La tecnología Galileo es un tipo muy preciso de tecnología que se utilizará con fines militares. 
Hay ámbitos mucho más importantes en los que podrían utilizarse los recursos de la UE, antes que esto: claramente le conviene a los militares. 
Es totalmente inaceptable que la política espacial y los recursos de la UE deban financiar y favorecer la expansión militar o el desarrollo de nuevas armas militares. 
Pero ¿es correcto que el dinero de los contribuyentes europeos deba utilizarse en algo así cuando gente de toda Europa reclama a gritos las necesidades sociales esenciales? 
Se destinan tantos recursos a esto y no es aceptable. 
Esta es la razón por la que no apoyo el documento. 
.Los diputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra de la resolución sobre la política espacial por todos los motivos que expuse en mi intervención de ayer y, además, porque las enmiendas que habíamos propuesto contra el uso del espacio para fines militares y a favor de la política de defensa y seguridad no se han aceptado. 
Rechazamos la posición del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Populares (incluida Nueva Democracia) que han votado casi en su totalidad en contra de las enmiendas, así como la posición adoptada por el grupo socialista (incluido el PASOK) que, si bien han votado a favor de la enmienda que acepta el principio de utilizar el espacio exclusivamente para fines pacíficos, ¡al mismo tiempo ha votado en contra de una enmienda idéntica que se opone al uso del espacio para actividades militares! 
Creemos que esta conducta incoherente no es el resultado de una personalidad dividida. 
Es simplemente un artificio, un intento de enfangar las aguas, una coartada para dar todo su apoyo a la militarización de la Unión Europea y la militarización del espacio. 
Hoy hemos votado a favor de esta resolución sobre la política espacial de la Unión Europea, como anteriormente apoyamos el informe de propia iniciativa sobre el Libro verde de la Comisión sobre la política espacial europea de 9 de octubre de 2003 y el informe sobre Europa y el espacio de 17 de enero de 2002. 
No obstante, insistimos en que el compromiso de la Unión Europea en materia de política espacial debe basarse en el acuerdo alcanzado por la Comunidad Europea y la Agencia Espacial Europea (AEE) en 2003 y limitarse a las competencias que ahora tiene la Unión Europea en el ámbito de la investigación espacial. 
Rechazamos el aumento de competencias de la Unión Europea que se pretende reflejar en el tratado para el establecimiento de una Constitución europea. 
La cooperación industrial europea en el ámbito espacial debe tener lugar principalmente a escala intergubernamental, de acuerdo con el Convenio relativo a la creación de una Agencia Espacial Europea. 
. 
Me parece muy importante que se estreche la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados europeos con una larga tradición investigadora en este campo, como Rusia y otros países más alejados, para aprovechar las posibilidades de exploración del espacio con fines pacíficos. Dicha exploración hará una contribución importante para resolver los graves problemas y atender las necesidades urgentes de la raza humana. 
Por tanto, deploro el hecho de que la mayoría de los diputados de esta Cámara hayan votado en contra de las propuestas de enmienda presentadas por mi grupo, que trataban de asegurar que «el espacio se utilice exclusivamente para fines pacíficos, en beneficio de toda la raza humana» y se oponen rotundamente a «cualquier uso del espacio para desarrollar o apoyar actividades militares». 
Deploramos también el hecho de que esta Cámara haya pedido a la Unión Europea que realice «un esfuerzo financiero máximo que cubra en particular el desarrollo de las aplicaciones espaciales en materia de seguridad mundial» , reconociendo la contribución que «la política espacial puede realizar a la Política Exterior y de Seguridad Común y a la Política Europea Común de Seguridad y Defensa» y pidiendo la coordinación de los programas industriales relacionados con la defensa para conseguir este objetivo. La política espacial se convertirá así en parte del marco de militarización del espacio, algo que me parece profundamente preocupante. 
Por eso he votado en su contra. 
. – Como de costumbre, el Parlamento Europeo ha debatido sobre el futuro de un sector industrial sin ocuparse de los trabajadores que hacen funcionar ese sector, excepto de forma accesoria. 
Por lo que a nosotros se refiere, el problema no es saber si tal sector es competitivo o no con respecto a productos procedentes de otros lugares, ni mucho menos dar consejos a los patrones de las empresas afectadas para que se hagan más competitivas. 
Al margen de que la industria textil sea competitiva o no, ¡es indignante que se hayan suprimido 850 000 puestos de trabajo! 
Nuestra oposición a este texto significa que no es la industria textil la que hay que proteger, sino a sus trabajadores. 
Del mismo modo que hay que proteger a los trabajadores de los sectores que, no por modernos, como la aeronáutica o la informática, despiden menos. 
Estamos en contra de la economía de mercado estúpida y en contra de la competencia, cuyo coste repercuten los propietarios y accionistas únicamente sobre los trabajadores. 
Porque, en esa competencia, salen perdiendo tanto los trabajadores de los países pobres, a los que se imponen los bajos salarios de la sobreexplotación, como los trabajadores de los denominados países ricos, echados a la calle por sus empresas. 
Con más razón estamos en contra de que se introduzca esa competencia entre los trabajadores de distintos países. 
La primera de ellas es la creación de un programa comunitario específico para el sector –con mecanismos de ayuda apropiados– especialmente para las regiones menos favorecidas que dependen del sector, dirigido a promover la investigación, la innovación, la formación profesional y las PYME. La segunda es poner en marcha un programa comunitario para estimular la creación de marcas y fomentar la promoción de productos en otros países a través de las ferias comerciales internacionales. 
Lamento, no obstante, que se hayan rechazado otras propuestas, como la necesidad de un plan de acción específico, cohesivo y claro que especifique instrumentos, medios financieros y fechas; la necesidad de una mentalidad de cadena de producción; y la necesidad de un enfoque sectorial en las negociaciones con la OMC, de manera que el sector no sirva simplemente de baza en la negociación. 
Deploro también que no se haya cuestionado el objetivo de la liberalización y me preocupan seriamente los riesgos de traslados en el sector. 
Tiene que realizarse una evaluación en profundidad del efecto de la liberalización desenfrenada del sector, especialmente ahora que el Acuerdo sobre Textiles y Confección ha llegado a su fin y China ha ingresado en la OMC. 
. – Tomo nota de la Comunicación de la Comisión sobre el futuro del sector textil y de la confección en la Unión Europea. 
No puedo sino apoyar la resolución parlamentaria sobre este tema. 
Frente a los desafíos y peligros que presenta el final de las cuotas a las importaciones, la reciente entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, la «inminente» conclusión del ciclo de Doha y la ampliación de la Unión Europea, debemos reaccionar para preservar este sector. 
No podemos sino alentar las medidas encaminadas a favorecer las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así como la formación. 
La capacidad de reacción es indispensable en este sector en que la moda es tan cambiante. 
Es una ventaja competitiva indispensable frente a las importaciones procedente de Asia. 
Evidentemente, la investigación también es indispensable. 
Pero todo esto no bastará para mantener una industria textil viable en Europa, porque China ha apostado también por la investigación, por los productos de alto valor añadido, y no tiene ninguna dificultad para copiar rápidamente nuestras innovaciones. 
Por ello, apoyo especialmente las enmiendas que reclaman un apoyo real al sector textil y de la confección europeo y a las regiones que lo acogen con un programa comunitario específico. 
. 
Celebro y apoyo la propuesta de resolución sobre el futuro del sector textil y de la confección en Europa. 
Después de su inminente ampliación y liberalización, espero sinceramente que las recomendaciones contenidas en esta propuesta no terminen siendo una mera declaración de buenas intenciones y se traduzcan en acciones visibles y concretas. 
Esta es la única forma de poder garantizar los puestos de trabajo en el sector y salvaguardar lo que queda de la industria textil y de la confección en Europa. 
La eliminación unilateral de los contingentes de importación, prevista el 1 de enero de 2005, coloca a las industrias textiles de los Estados miembros de la UE en situación de desventaja frente a los fabricantes del resto del mundo. 
El comercio internacional solo será libre, justo y equitativo si puede garantizarse alguna forma de reciprocidad. 
La UE y sus Estados miembros tienen que establecer programas de ayudas e incentivos para las PYME que fomenten la inversión en investigación y desarrollo. 
Celebro también el mayor hincapié que se hará en los problemas relacionados con la protección de la propiedad intelectual e industrial, y sobre todo la lucha contra la falsificación. 
Creo que debe prestarse una mayor atención al caso de China. Han de tomarse medidas específicas para combatir la hegemonía de China en el sector textil y de la confección. 
Solo una producción de alta calidad dará a la industria europea alguna ventaja competitiva en el contexto actual, considerando que... 
Con esto concluye la votación. (2) 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Señor Secretario General, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Alto Representante, Comisarios, Señorías y distinguidos invitados, es un gran placer para mí, en nombre del Parlamento Europeo, dar la bienvenida hoy al Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Kofi Annan. 
Esta es una ocasión importante para el Parlamento Europeo, tan simbólica como solemne. 
Simbólica porque hoy nos ofrece, al Parlamento Europeo y a las Naciones Unidas, la oportunidad de señalar y celebrar los valores y el propósito público que compartimos y tenemos en común. 
La nuestra es una Unión basada en los valores de la democracia pluralista, el respeto del Estado de derecho, la promoción de los derechos individuales y de las minorías, la solidaridad, la sostenibilidad, la economía abierta y el respeto de la diversidad cultural. 
Se puede decir que nuestra Unión Europea es el proceso de resolución de conflictos de mayor éxito que el mundo ha conocido y estamos orgullosos de ello. 
Esta Asamblea cree firmemente en el valor y el mérito de las Naciones Unidas y de su Carta, así como en el multilateralismo. 
Estamos dispuestos a realizar nuestra contribución positiva para garantizar que, a la hora de hacer frente a los desafíos y a las obligaciones del siglo XXI, el multilateralismo pueda ser y sea efectivo. 
Apoyamos la lucha contra el terrorismo mundial, pero también insistimos en el reconocimiento de la obligación de luchar contra la pobreza en el mundo. 
Con respecto a las armas de destrucción masiva, defendemos firmemente la no proliferación, pero nuestra respuesta instintiva europea es a favor del compromiso y no del aislamiento. 
Tenemos la responsabilidad, para seguridad de nuestros ciudadanos de la Unión, de garantizar que nuestras fronteras no sean porosas ni estén abiertas al tráfico y al crimen internacional, y también tenemos la obligación ante la humanidad de no convertir Europa en una fortaleza. 
Permítame decirle, señor Secretario General, que como europeos, nuestra Unión y sus Estados miembros se enorgullecen de ser la comunidad que más contribuye a la ayuda desvinculada al desarrollo, a la ayuda humanitaria y la ayuda alimentaria en el mundo. 
Estamos orgullosos de lo que hacemos, aunque reconocemos que podríamos y deberíamos hacer más. 
En el Parlamento estamos orgullosos de nuestro compromiso en esta Unión con respecto a la política de sostenibilidad –a escala local y mundial–, así como de nuestra constante promoción del Protocolo de Kioto. 
Nuestra confianza en el Estado de derecho ha convertido a esta Cámara en una de las primeras, más coherentes e importantes defensoras de la Corte Penal Internacional. 
Puedo decirle, señor Secretario General, que preferiríamos el debido proceso de la Corte Penal Internacional, cualquier día, a la ausencia del debido proceso en la bahía de Guantánamo. 
Lo que queremos prometerle hoy, señor Secretario General, es que Europa, en todas sus manifestaciones, será un socio regional fiable para las Naciones Unidas y para lo que representa. 
Sin duda, hoy estamos aquí reunidos, no solo por su valor simbólico, sino también con un propósito solemne. 
El 19 de agosto de 2003, en Bagdag, el terrorismo alcanzó nuevas cotas, cuando 22 de sus colegas perdieron la vida al servicio de la paz y de la humanidad internacional. 
Hoy nos acompañan los familiares –y ruego a los que puedan que se levanten para que sean reconocidos– de algunos que han pagado ese precio y algunos de los supervivientes. 
Quiero dar la bienvenida en nuestra Cámara a la Sra. Annie de Mello, viuda de Sergio Vieira de Mello, y a su hijo, el Sr. Laurent de Mello; a la Sra. Rula al Farra, hermana de la Sra. Reham al Farra; así como al Sr. Luís Martín-Oar y a su esposa. 
Como ya he señalado, hoy también están con nosotros algunos de los supervivientes de ese cruel asalto: señora Nada al Nashif, señora Mona Rishmawi y señor profesor Gil Loescher, también les damos nuestra más cálida bienvenida. 
Hoy nos honran con su presencia. 
Permítanme decirles a todos ustedes que sabemos que no podemos compensar su pérdida, aunque espero que ahora entiendan que lo sentimos. 
Para terminar, señor Secretario General –y este es el motivo por el que hoy estamos aquí reunidos solemnemente–, quiero decirle en nombre de este Parlamento que por defender la libertad y promover los valores que tenemos en común, es un honor para mí concederle a las Naciones Unidas el Premio Sajarov del Parlamento Europeo. 
. Señor Presidente, gracias por su amable presentación. 
Señoras y señores diputados al Parlamento Europeo, Excelencias, damas y caballeros y estimados amigos, estoy profundamente emocionado por el hecho de que hayan honrado a mi amigo y colega, Sergio Vieira de Mello, así como a los muchos otros trabajadores de la ONU que perdieron la vida mientras luchaban por la paz en el mundo. 
Estoy orgulloso de aceptar el Premio Sajarov en su memoria. 
Este premio a la libertad de pensamiento no es tan solo un reconocimiento valioso del último sacrificio que hicieron en nombre de la paz. 
Es también un grato reconocimiento del tipo de personas que eran. 
Los valientes hombres y mujeres que perdimos en Bagdag el 19 de agosto –personal de la ONU y otros– eran espíritus libres y librepensadores, además de soldados de la humanidad y de la paz. 
Antes, el Presidente Cox y yo nos hemos reunido con algunos de los supervivientes del atentado y con familiares de los fallecidos o heridos. 
Hoy nos acompañan en esta Cámara. 
Quiero agradecerles su presencia y acepto este premio también en su nombre. 
También quiero darle las gracias, Presidente Cox, y a todos ustedes, como diputados al Parlamento Europeo, por invitar a estas personas especiales a compartir esta ocasión. 
Es un gesto que dice mucho acerca de la solidaridad de la Unión Europea con las Naciones Unidas. 
Como muchos de los que han sobrevivido a la explosión, las Naciones Unidas también tienen profundas heridas. 
Sin embargo, nuestra determinación es más fuerte que nunca y valoramos la solidaridad de amigos como ustedes. 
Han demostrado su compromiso esta mañana, al adoptar una resolución para reforzar el apoyo político y financiero de la Unión Europea a las Naciones Unidas. 
En su larga historia, Europa ha visto más que lo que en justicia le corresponde de guerra, tiranía y terrible sufrimiento. 
Pero los europeos han cambiado esto por un futuro de esperanza. 
Ustedes han seguido el camino de la paz a través del multilateralismo. Y hoy, la Unión Europea irradia una luz de tolerancia, derechos humanos y cooperación internacional. 
Después del 1 de mayo de este año, esa luz brillará incluso más. 
Cuando pasen a ser 25 Estados miembros, romperán un muro entre oriente y occidente que antaño parecía infranqueable. 
La ampliación es la mayor fuerza de paz en el continente europeo. 
La esperanza de una nueva ampliación en los próximos años promete construir otros puentes de cooperación y entendimiento, incluso entre Occidente y el islam, y entre pueblos que han luchado unos contra otros en sangrientas guerras. 
A medida que pasa el tiempo, el continente está experimentando también una ampliación de lo que significa ser europeo. 
Espero ver el día en que Europa disfrute tanto en la diversidad dentro de los Estados miembros como lo hace en la diversidad que existe entre ellos. 
Muchas de sus sociedades ya son muy diversas. 
Sin embargo, todas sus sociedades –como muchas otras de todo el mundo también– se diversificarán más en las próximas décadas. 
Esto es un resultado inevitable del desplazamiento de personas a través de las fronteras internacionales. 
Este desplazamiento no se va a detener. 
Como comunidad internacional, tenemos que gestionar el desplazamiento de personas a través de las fronteras mucho mejor de lo que lo estamos haciendo... 
... no solo en beneficio de quienes se desplazan, sino también en beneficio de los países que dejan atrás, de los países por los que cruzan y de los países a los que emigran. 
La gente sigue migrando actualmente por las mismas razones que decenas de millones de europeos abandonaron en un tiempo sus tierras: huyen de la guerra o de la opresión, o bien se marchan en busca de una vida mejor en un nuevo lugar. 
Quienes son expulsados de sus hogares –los refugiados que huyen temiendo por su propia seguridad– son nuestra responsabilidad moral y legal colectiva. 
Contamos con un marco legal aprobado para su protección, el Convenio sobre Refugiados de 1951. 
Sin embargo, cuando los refugiados no pueden pedir asilo debido a barreras marítimas o son retenidos durante períodos excesivos en condiciones poco satisfactorias, o se les niega la entrada debido a interpretaciones restrictivas del Convenio, el sistema de asilo se rompe y la promesa del Convenio se rompe también. 
Su sistema de asilo necesita recursos para tramitar las solicitudes de forma justa, rápida y abierta, para que los refugiados estén protegidos y se encuentren soluciones para ellos. 
Los Estados europeos necesitan pasar a un sistema de tramitación conjunto y compartir responsabilidades. 
Junto con otros, la Unión Europea también debe ayudar a reforzar la capacidad de los países pobres para ofrecer protección y soluciones a los refugiados. 
Después de todo, siete de cada diez refugiados buscan refugio en los países en desarrollo, donde los recursos son mucho más limitados y los grados de respeto de los derechos humanos más desiguales. 
Si omitimos este hecho, faltará un enlace en nuestro planteamiento con respecto a los refugiados, tal y como ha señalado, con acierto, el Profesor Gil Loescher, superviviente de la explosión de Bagdag que hoy nos acompaña. 
La mayoría de los inmigrantes no son refugiados. 
Nosotros los llamamos migrantes voluntarios, y algunos de ellos lo son realmente. 
Sin embargo, muchos dejan sus países de origen no porque lo desean, sino porque no ven ningún futuro en su país. 
Es nuestra obligación común hacer lo que podamos para garantizar que existan más oportunidades en los países en desarrollo. 
Si realmente creamos una asociación mundial para el desarrollo, con el fin de cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, conseguiremos reducir en gran medida los incentivos a la emigración. 
Sus sistemas de asilo están sobrecargados precisamente porque muchas personas que sienten que deben marcharse no encuentran otro canal a través del que migrar. 
Muchos otros intentan medidas más desesperadas y clandestinas, resultando a veces heridos o incluso falleciendo, asfixiados en camiones, ahogados en el mar o pereciendo en el tren de aterrizaje de un avión. 
Los afortunados que lo consiguen, se encuentran a menudo a merced de empresarios sin escrúpulos y marginados de la sociedad. 
Otros caen víctimas de traficantes, especialmente mujeres que se ven forzadas a ejercer la prostitución en una forma moderna de esclavitud sexual, siendo especialmente vulnerables al VIH/sida. 
Esta silenciosa crisis de los derechos humanos es una vergüenza para nuestro mundo. 
También genera miles de millones de dólares para redes clandestinas de criminales organizados, que trastornan el Estado de derecho en todas las sociedades donde operan. 
Un derecho soberano de todos los Estados es el de decidir qué migrantes voluntarios aceptarán y en qué condiciones. 
Sin embargo, no podemos simplemente cerrar las puertas ni cerrar los ojos ante esta tragedia humana. 
La situación es extremadamente trágica, dado que muchos Estados que cierran sus puertas realmente inmigrantes. 
Aquí en Europa, sus tasas de natalidad y de mortalidad han caído vertiginosamente. 
Sus poblaciones son cada vez más pequeñas y de más edad. 
Sin la inmigración, la población de los futuros 25 Estados miembros de la Unión- 452 millones en 2000– caerá por debajo de los 400 millones para 2050. 
En algunos Estados como Italia, Austria, Alemania y Grecia, la población se reducirá en torno a un cuarto. 
Esto significaría que uno de cada tres italianos, por ejemplo, tendría más de 65 años, casi el doble de la proporción actual. 
Si esto sucediera, no habría personas para cubrir los puestos de trabajo ni para prestar servicios. 
Sus economías retrocederían y sus sociedades se estancarían. 
Muchos otros países –desde Japón hasta la Federación Rusa, pasando por Corea del Sur– se enfrentan al mismo problema. 
No existe ninguna solución sencilla a este problema. Pero la inmigración es inevitablemente una parte importante de la solución. 
Así pues, animaría a los Estados europeos a que abrieran mayores avenidas a la migración legal... 
... de trabajadores cualificados y no cualificados, para la reunificación familiar y la mejora económica, a los migrantes provisionales y permanentes. 
Los países pobres también obtienen beneficios de la migración, a través de las remesas de dinero. 
Las cantidades que los trabajadores migrantes envían a sus países de origen aumentan rápidamente. 
En 2002, solo en remesas formales, los migrantes de países en desarrollo enviaron al menos 88 000 millones de dólares estadounidenses a sus países de origen, es decir, un 54% más que los 57 000 millones de dólares que esos países recibían en concepto de ayudas al desarrollo del extranjero. 
No me malinterpreten, no insinúo que la migración no implica problemas. 
Los inmigrantes traen a sus comunidades anfitrionas diferentes culturas y costumbres, diferentes lenguas y religiones. 
Esta es una fuente de riqueza, pero también puede ser una fuente de conflicto, e incluso de división y alienación. 
El desafío de la integración es real. 
Casi todos los grandes nuevos grupos de inmigrantes han sido injuriados de algún modo en sus primeros días de estancia. 
La experiencia actual de algunos inmigrantes nos recuerda a la hostilidad a la que los hugonotes se enfrentaron en Inglaterra, como sucedió con los alemanes, los italianos y los irlandeses en los Estados Unidos y los chinos en Australia. 
Sin embargo, la perspectiva a más largo plazo es casi siempre mucho más positiva. 
La integración es una vía de doble sentido. 
Los inmigrantes deben adaptarse a sus nuevas sociedades, y las sociedades también deben adaptarse a ellos. 
La palabra «integrar» significa literalmente «formar un todo». 
Ese es el imperativo de Europa actualmente. 
La integración de los inmigrantes que se han convertido en miembros permanentes de la sociedad europea es esencial para su productividad y dignidad humana. 
También es esencial para el funcionamiento de democracias saludables, humanas. 
No pueden aprovechar el trabajo de los inmigrantes e ignorar otros aspectos de su humanidad. 
El gran escritor suizo, Max Frisch, afirmó de los «programas de trabajadores inmigrantes» de los sesenta: «Buscábamos trabajadores, pero vinieron personas». 
Reconocer y responder a esa realidad es uno de los desafíos centrales a que ustedes se enfrentan, una realidad que se refleja en el Convenio sobre Trabajadores Migrantes de las Naciones Unidas, cuya firma y ratificación solicito a los Estados europeos y, de hecho, a todos los Estados. 
La migración también puede plantear desafíos para los países que los migrantes dejan atrás. 
Sí, pueden ganar remesas de dinero. 
Sin embargo, si pierden el contacto con sus diásporas, pueden perder a algunos de sus mejores y más brillantes talentos. 
Esto abre nuevas puertas a la cooperación internacional. 
Después de todo, al igual que los países en desarrollo, a menudo quieren atraer a los emigrantes para que vuelvan a casa, y los países desarrollados están a menudo interesados en que los inmigrantes regresen a casa al cabo de cierto tiempo. 
La cooperación internacional en esta y otras cuestiones es clave para gestionar mejor la migración. 
En el esfuerzo por crear una mejor cooperación internacional, la Unión Europea debería estar donde le corresponde: a la cabeza. 
Ustedes ya han dedicado más esfuerzo a esta cuestión que la mayoría de las regiones, y el marco de Tampere constituye una base sobre la que asentar una política común europea. 
La lucha contra la inmigración ilegal debería formar parte de una agenda mucho más amplia, una agenda para aprovechar los beneficios de la inmigración, en lugar de intentar detenerla en vano. 
Sin embargo, en ocasiones la amplitud de la agenda se pierde entre agitados debates acerca de la restricción de la inmigración ilegal, como si ese fuese el principal propósito de la política de migración. 
El público recibe constantemente imágenes de una corriente de entradas indeseadas y de amenazas para sus sociedades e identidades. 
Al mismo tiempo, los inmigrantes han sido a veces estigmatizados, vilipendiados e incluso deshumanizados. 
Al mismo tiempo, se ha perdido también una verdad esencial. 
La gran mayoría de los inmigrantes son trabajadores, valerosos y resueltos. 
No quieren un viaje gratis. Quieren una oportunidad justa. 
No son criminales ni terroristas. Son respetuosos con la ley. 
No quieren vivir apartados. Quieren integrarse, aunque manteniendo su identidad. 
Solo a través de la cooperación –bilateral, regional y mundial– podremos crear las asociaciones entre los países de origen y de destino que benefician a ambas partes; explorar innovaciones para hacer de la migración un motor del desarrollo; luchar contra los contrabandistas y traficantes efectivamente, y acordar normas comunes para el tratamiento de los inmigrantes y la gestión de la migración. 
Por eso estoy especialmente contento de que, el pasado mes, se haya fundado la Comisión Mundial de Migración Internacional. 
La Comisión es en sí un ejemplo grato de cooperación norte-sur, copresidida por distinguidas figuras públicas de Suecia y Sudáfrica. 
Doy las gracias a todos los Estados que están apoyando esta tarea vital y espero que ayude a promover un mejor entendimiento público. 
Sobre todo, espero que consiga una amplia aceptación para un mejor marco institucional y normativo para la gestión de la migración a escala mundial, un marco en cuyo centro se sitúan los derechos humanos. 
Sin embargo, el ingrediente más esencial de todos es el liderazgo. 
Ustedes, como diputados al Parlamento Europeo, tienen una función vital que desempeñar aportando ese liderazgo. 
El mensaje es claro. 
Los migrantes necesitan a Europa, pero Europa también necesita migrantes. 
Una Europa cerrada sería una Europa más mediocre, más pobre, más débil, más vieja. 
Una Europa abierta sería una Europa más justa, más rica, más fuerte, más joven, siempre que gestionen ustedes bien la migración. 
No debemos minimizar las dificultades que la migración puede conllevar. 
Sin embargo, podemos disfrutar de la enorme contribución que los migrantes han hecho a la ciencia, a la academia, los deportes, las artes y el gobierno, incluidos algunos de ustedes como diputados a este Parlamento. 
Y recordemos que, sin migrantes, muchos sistemas sanitarios estarían faltos de personal; muchos padres no tendrían la ayuda doméstica que necesitan para seguir trabajando; muchos puestos de trabajo que ofrecen servicios y generan beneficios estarían vacantes y muchas sociedades envejecerían y se reducirían. 
Los migrantes son parte de la solución, no parte del problema. 
No deberían utilizarse como chivos expiatorios de un amplio grupo de enfermedades sociales. 
El himno de la Unión Europea, el Himno a la Alegría de Beethoven, habla del día en que todos los hombres serán hermanos. 
Si Sergio Vieira de Mello estuviese aquí con nosotros hoy –y también Andrei Sajarov– les dirían lo que yo les digo a ustedes: la gente que se migra a través de las fronteras actualmente, en busca de una mejor vida para ellos y sus familias, también son nuestros hermanos y hermanas. 
Tratémoslos como tales. 
Con ese espíritu en todos nuestros esfuerzos comunes, hagamos que la Unión Europea y las Naciones Unidas sean luces de esperanza de un futuro mejor para toda la humanidad. 
. Señor Presidente, es un honor participar en esta sesión del Parlamento Europeo para conceder el Premio Sajarov 2003 al Secretario General, el Sr. Annan, y a todo el personal de las Naciones Unidas, así como para conmemorar, en particular, al Sr. Sergio Vieira de Mello y a los otros muchos funcionarios de la ONU que perdieron la vida mientras cumplían con su deber. 
No se me ocurre una designación más apropiada para un premio por la libertad de pensamiento que el nombre de Andrei Sajarov. 
Y tampoco se me ocurre nadie más merecedor de este premio que el Secretario General, Kofi Annan, y sus colegas. 
El valor permanente del Premio Sajarov es que evoca constantemente la memoria y el ejemplo de un defensor de los principales derechos humanos, que vivió y trabajó en unas circunstancias en las que esa defensa se consideraba un acto de disidencia. 
Este premio en su nombre envía cada año un claro mensaje de apoyo desde Europa a quienes están luchando por la paz y los derechos humanos, a menudo en un entorno de gran hostilidad y arriesgando sus vidas. 
Por lo tanto, creo que el Parlamento ha hecho una elección inteligente y acertada al reflejar y conmemorar los enormes sacrificios realizados por el personal de la ONU en su lucha por la paz y la justicia. 
El 19 de agosto de 2003, todos quedamos horrorizados por el espantoso atentado que tuvo lugar contra el personal de la ONU en sus oficinas de Bagdad. 
Quienes perpetraron este atentado asestaron un violento y cobarde golpe a las personas más comprometidas y dispuestas a ayudar al pueblo iraquí. 
La pérdida de Sergio Vieira de Mello fue motivo de una especial tristeza. 
En mi país, como en muchos otros, se conocía y apreciaba enormemente el excelente trabajo realizado por el Sr. Vieira de Mello, en nombre de las Naciones Unidas, especialmente en Timor Oriental. 
Sé que habría aportado muchísimo como Alto Comisario para los Derechos Humanos. 
El personal de la ONU de todo el mundo realiza una tarea heroica y con frecuencia poco reconocida. 
Es una lástima, en muchos sentidos, que la imagen que prevalece de la ONU se derive, en gran medida, de los momentos de vertiginosa conmoción política en la cámara del Consejo de Seguridad. 
Esta imagen no refleja el profundo compromiso de muchos funcionarios de la ONU anónimos de todo el mundo, que actúan como defensores de la paz, ofreciendo ayuda a los refugiados, desarrollando la capacidad de defensa de los derechos humanos, coordinando la ayuda humanitaria de emergencia y protegiendo los derechos de las mujeres y de los marginados. 
La Declaración de la Cumbre del Milenio se refería a las Naciones Unidas como «la casa común de toda la familia humana». 
El personal de la ONU, con su trabajo cotidiano, demuestra que esta descripción es cierta. 
Estamos en deuda con el Secretario General, Annan, en muchos aspectos y por muchas cosas. 
Esta mañana, por supuesto, quiero destacar la valentía y la claridad con la que ha tratado los desafíos a los que se enfrenta el sistema multilateral y el papel que la política de migración puede desempeñar al respecto. 
En la Asamblea General del pasado mes de septiembre, el Secretario General calificó la posición en que se hallaba la ONU de «encrucijada». 
Sin ir más lejos, la semana pasada, en el Foro Económico Mundial, el Secretario General advirtió que la tendencia de la política internacional es ahora menos favorable para el mantenimiento de un orden internacional estable, equitativo y basado en el derecho, y que el propio papel de la ONU y el sistema de seguridad colectiva estaban sometidos a una fuerte presión. 
Debido a la urgencia de esta amenaza, el Consejo ha reafirmado su compromiso con respecto a un multilateralismo efectivo. 
Una sociedad internacional más fuerte, un orden internacional basado en el derecho y unas instituciones internacionales más sólidas son objetivos fundamentales de la Unión Europea. 
Para ello es esencial el apoyo de la Unión a una ONU reforzada. 
La cooperación intensificada y efectiva entre la Unión Europea y las Naciones Unidas es una prioridad central para esta Presidencia. 
Es imperativo que la ONU cuente con los medios para hacer frente con éxito a los múltiples y variados desafíos actuales. 
Como afirmó el pasado año el Secretario General en su informe sobre la aplicación de la Declaración del Milenio, los derechos humanos son principios universales, pero por muy inspiradores que resulten esos principios, no se aplican por sí mismos. 
El sistema multilateral materializado en la Carta de las Naciones Unidas es la única manera de la que se pueden defender de manera efectiva los derechos humanos y el derecho humanitario. 
Ofrece el único medio real para hacer frente a las diversas amenazas actuales: el terrorismo, las armas de destrucción masiva, la pobreza, el hambre y las enfermedades; así como a los nuevos, o más bien crecientes desafíos, tales como la migración, al que el Secretario General ha hecho especial referencia hoy. 
Solo siendo multilateralista se puede emprender esa acción efectiva para cumplir los objetivos de desarrollo del milenio, por ejemplo para poder hacer frente de forma útil a las notables desigualdades y al interminable sufrimiento humano que, a su vez, crea y fomenta tantas amenazas para la paz y la seguridad. 
Es muy característico que el Secretario General no haya utilizado esta ocasión para abandonarse a los aplausos que de manera inevitable y justa acompañan a premios prestigiosos como este. 
En su lugar, ha decidido dirigir nuestra atención hacia los desafíos de una importante cuestión urgente, la de la migración. 
Se trata de una cuestión de la que mi país tiene una experiencia histórica, acumulada a través de generaciones que emigraron desde Irlanda para hacer su vida en el extranjero. 
Ahora es una cuestión de gran importancia mundial, que necesita estar entre las prioridades de la agenda internacional. 
La mundialización ha provocado una circulación de personas sin precedentes, que a su vez ha dado lugar a desafíos sin igual. 
Al igual que el Secretario General, acojo con satisfacción el establecimiento, el pasado mes, de la Comisión Global de Migración Internacional. 
El alto comisario para los refugiados de la ONU, el Sr. Lubbers, asistió a la reunión informal de los Ministros de Asuntos Exteriores y Justicia de la Unión Europea celebrada en Dublín el pasado jueves, en la que hubo un constructivo debate acerca de la legislación europea propuesta sobre migración y asilo. 
Fue un debate muy útil y esperamos ampliar este valioso diálogo con un interlocutor tan importante como son las Naciones Unidas. 
En octubre de 1999, el Consejo Europeo de Tampere acordó la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea, firmemente arraigado en nuestro compromiso compartido con respecto a los derechos humanos, las instituciones democráticas y el Estado de derecho. 
Esta libertad no es dominio exclusivo de los ciudadanos de la Unión. 
También deberá estar a disposición de aquellos cuyas circunstancias les llevan, de forma justificada, a intentar entrar en nuestro territorio. 
En sus propuestas y acciones sobre inmigración y asilo, la Unión asume el compromiso de tener en cuenta tanto los aspectos humanitarios como económicos y garantizar el pleno respeto de los principios basados en los derechos humanos consagrados en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y en otras normas internacionales. 
Debemos afrontar este desafío con una acción efectiva, basada en nuestra ambición de 1999 de completar esta agenda para mediados de este año. 
Para la Unión Europea, las Naciones Unidas son más que una afiliación política. 
Como afirmó el Comité Nobel al conceder el Premio Nobel de la Paz a Kofi Annan y al personal de las Naciones Unidas en 2001, el premio se concede «para proclamar que la única vía negociable para la cooperación y la paz mundial pasa por las Naciones Unidas». 
Así pues, estamos enormemente agradecidos al Secretario General por su incansable trabajo en la defensa del sistema multilateral. 
Queremos hacer constar nuestro más profundo reconocimiento del personal de la ONU de todo el mundo que lucha por la paz y la justicia, los derechos humanos y el desarrollo. 
También recordamos al personal de la ONU que perdió la vida defendiendo esa causa. 
Por lo tanto, señor Presidente, permítame que me una a ustedes en la concesión del Premio Sajarov al Secretario General de las Naciones Unidas y su personal. 
. Señor Presidente, en nombre de la Comisión, es un gran placer poder decir algunas palabras hoy que el Secretario General recibe el Premio Sajarov en nombre de las Naciones Unidas. 
Es un gran placer porque resulta extremadamente difícil recordar otra ocasión en la que los fines de un premio y su destinatario hayan encajado de forma tan perfecta. 
Al examinar las bases del premio, he visto que se puede conceder por un logro determinado en cualquiera de los siguientes cuatro ámbitos: defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, salvaguarda de los derechos de las minorías, respeto del derecho internacional y desarrollo de la democracia y aplicación del Estado de derecho. 
Según mis cálculos, eso significa que hoy deberíamos conceder el premio cuatro veces. 
Sin duda, se concede en memoria de Sergio Vieira de Mello y su vida era ejemplo de todos esos valores. 
Cuando fue cruelmente truncada, el mundo sufrió una enorme pérdida. 
Sergio Vieira de Mello era un hombre extraordinario. 
Yo tuve el privilegio de presenciar su trabajo directamente, en Hong Kong, en Kosovo y en Timor Oriental. 
Era valiente, inteligente, resuelto, tenía principios y era enormemente efectivo. 
Tenemos mucha suerte de que la ONU cuente con otras personas también de gran talento y de que esté dirigida por una de ellas. 
Kofi Annan ha realizado una enorme contribución al aumento de la efectividad de la ONU –y de las partes que la componen– allí donde es importante: sobre el terreno, en todo el mundo. 
Bajo su autoridad, no solo supervisando sus operaciones de mantenimiento de la paz, sino también, posteriormente, como Secretario General, la ONU ha ofrecido protección, comodidad y esperanza a millones de personas. 
Y lo ha hecho ante desafíos sin precedentes para la autoridad y para la filosofía de la propia organización. 
Ha hecho frente y superado constantemente esos desafíos, de forma resuelta y con su dignidad totalmente intacta. 
Desde el principio, con la renovación del plan de reforma de las Naciones Unidas, y durante la supervisión de las operaciones de mantenimiento de la paz, el Informe del Milenio, la llamada a la acción con respecto al VIH/sida y el establecimiento del grupo actual sobre Amenazas, Desafíos y Cambio, el Secretario General ha garantizado que sigamos centrándonos colectivamente en el lugar adecuado y en el momento adecuado. 
Hoy lo ha hecho una vez más con sus palabras acerca de nuestra obligación de desarrollar un planteamiento humano viable en el ámbito de la inmigración y el asilo. 
Realizo este comentario como descendiente, al igual que otros muchos de esta Cámara, de emigrantes; en mi caso, de quienes huyeron de la escasez y del hambre en Irlanda durante el siglo XIX, a quienes se ha referido el Ministro. 
El Secretario General ha reimpulsado el trabajo habitual de las instituciones de la ONU, el trabajo que realizan héroes con demasiada frecuencia anónimos: promoviendo el desarrollo económico, alimentando a los hambrientos y educando al mundo. 
Asimismo, ha garantizado que este trabajo responda de forma flexible a desafíos nunca imaginados por los fundadores de la ONU: desafíos políticos, militares e incluso médicos. 
No creo que sea exagerado decir que la personalidad y prudencia del Secretario General son ejemplo de nuestras más sinceras y ambiciosas aspiraciones para la institución que dirige, la institución a la que ha servido con tanta distinción durante tantos años. 
Al igual que todos los Diputados que están hoy aquí, felicito a la ONU y felicito al Secretario General con admiración y humildad. 
También creo que su discurso y los sentimientos en los que se basa merecen la atención de los miembros electos de este Parlamento y de quienes los eligen. 
Espero que, en los meses venideros, estos argumentos que escuchamos infundan compasión y compromiso a quienes, espero, cumplan sus obligaciones democráticas. 
– Señor Presidente, señor Secretario General Annan, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Alto Representante, Comisarios, Señorías, este es un día importante en la historia del Parlamento Europeo, y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas-Cristianos) y Demócratas Europeos le dan una muy calurosa bienvenida, señor Annan. 
Cuando, en la Conferencia de Presidentes y en esta Cámara, votamos a favor de que usted recibiera el Premio Sajarov 2003, lo hicimos con alegría y no por una mera cuestión de juicio político. 
Ahora, cuando le expresamos nuestra gratitud de todo corazón, queremos recordar a Sérgio Vieira de Mello y a los muchos que murieron en el criminal atentado terrorista de Bagdad, queremos recordar a todos los que han dejado sus vidas en su servicio a las Naciones Unidas, y a sus familiares que están hoy aquí, queremos transmitirles nuestras condolencias y expresarles nuestra solidaridad. 
Los que trabajan para las Naciones Unidas dedican su vida a defender los derechos humanos y la democracia, por lo que era lógico que el Premio Sajarov se concediera a las Naciones Unidas. 
Hoy queremos recordar a Andrei Sajarov, cuya enorme fuerza intelectual y moral pueden sentir todavía los que visitan su sencilla tumba en el cementerio de Novodevichy a las afueras de Moscú, y nuestro deseo es que los ciudadanos rusos puedan seguir su ejemplo; que, en Rusia y en todo el mundo, las personas puedan hacer realidad los ideales de Andrei Sajarov, ese gran físico, filósofo y defensor de los derechos humanos. 
Hoy queremos recordar también a su viuda, Yelena Bonner, que compartió con él décadas de exilio y a la que nuestro grupo concedió la Medalla Schuman, y hoy queremos saludarla en la sencilla y modesta casa donde vive en Ulitsa Skalova, Moscú. 
Nos habría alegrado la presencia de los anteriores laureados con el Premio Sajarov, como Leyla Zana y Oswaldo José Paya Sardiñas, que, junto con otros, no han podido acompañarnos hoy aquí. 
Andrei Sajarov dijo en cierta ocasión que la voz más importante es la que no puede escucharse, y mi esperanza para la población cubana es que puedan hablar claramente. 
Aunque, señor Secretario General, podría decirse mucho sobre la inmigración y su relación con la integración, compartimos los mismos valores de dignidad humana, democracia y Estado de derecho, así que, considerándolo en conjunto, estamos recorriendo el mismo camino y espero que usted, como Secretario General, pueda ver el día en que la Unión Europea, con un asiento propio, defienda estos valores en el Consejo de Seguridad y en las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Alto Representante, señor Comisario, Señorías, es para mí, en nombre del Grupo Socialista, un gran honor recibir hoy al Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan. 
Mi grupo tuvo el honor de proponer al Secretario General para el premio Sajarov, y quiero agradecer a los demás grupos políticos que consiguiéramos una mayoría tan aplastante en el Parlamento para expresar una voluntad común de reconocer el difícil y heroico trabajo de las Naciones Unidas y animarlas a que perseveren en la noble causa de la paz y la estabilidad mundial. 
Mi grupo quiere rendir homenaje no solo a Sergio Vieira de Mello y a los demás caídos en una heroica lucha, sino también reconocer el esfuerzo de muchos funcionarios y responsables de las Naciones Unidas que continúan con su trabajo, y querría mencionar aquí dos nombres simbólicos, los de los Sres. Blix y El Baradei que han hecho un trabajo importante por la paz y por la reducción de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
En estos últimos dos años hemos vivido no solamente los embates del terrorismo que ha causado la muerte de mucha gente inocente, sino también un asalto sin precedentes a las instituciones internacionales, y en especial a la ONU. 
Por eso, señor Secretario General, querría reafirmar la importancia de la solidaridad y la estrecha colaboración entre pueblos y naciones. 
En ese sentido usted nos ha dado hoy una lección sobre la importancia de las migraciones, y yo le digo, en nombre de mi grupo, que le agradecemos ese discurso valiente y comprometido, porque estamos en un mundo en el que la globalización se aplica a los capitales, a los servicios y a los productos; y... 
... y no se aplica a las personas. 
Yo, tomando de su discurso lo que nos corresponde hacer en la Unión Europea, también le brindo nuestra colaboración en el trabajo que ha emprendido de la reforma de las Naciones Unidas, para hacer que la ONU, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Internacional del Trabajo, puedan trabajar conjuntamente. 
Creo que esa es una causa común en la que tenemos que trabajar tanto la Unión Europea como las Naciones Unidas. 
Y querría, señor Presidente, en conclusión también decir, que nosotros estamos claramente comprometidos con el multilateralismo frente al unilateralismo, con la acción preventiva frente a los ataques preventivos, y que no se diga que las Naciones Unidas son incapaces, Namibia, Sudáfrica, Mozambique, El Salvador, Haití, Nicaragua, Camboya, Guatemala, Kosovo, Timor, Sierra Leona, Liberia, El Congo demuestran que las Naciones Unidas son necesarias, son importantes, y que es una causa legítima y noble que nosotros apoyemos su esfuerzo. 
– Señor Secretario General, los liberales, demócratas y reformistas de esta Cámara coincidimos con sus palabras acerca de la inmigración. 
Reconocemos el valor que los inmigrantes aportan a Europa y entendemos que si cerramos la puerta principal de Europa solo conseguiremos que quienes están desesperados intenten acceder por la puerta de atrás. 
Muchos de nosotros hemos sido emigrantes una vez y sabemos que no corresponde a nuestra generación cerrar las puertas de la compasión a la humanidad. 
Una Europa de seguridad y justicia para todos es una Europa que amplía esos derechos a quienes, con razón, buscan una nueva vida aquí Al igual que usted, reconocemos los desafíos políticos que eso implica. 
Sus palabras de hoy nos recuerdan el poder de las Naciones Unidas para abrir las mentes de todos nosotros. 
Las Naciones Unidas tienen un gran poder para hablar en nombre de todos nosotros. 
Ese es el motivo por el que mi Grupo desea ser testigo del retorno de las Naciones Unidas al Iraq, tan pronto como la situación en materia de seguridad lo permita. 
Un Gobierno democrático, legítimo y creíble en el Iraq no será posible sin la presencia de las Naciones Unidas. 
Queremos un acuerdo político en el Iraq que garantice el más alto grado de derechos civiles y políticos para todos los iraquíes. 
Las Naciones Unidas fueron fundadas por la misma generación que fundó esta Unión Europea, para «preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles» Al igual que esta Unión, creen que cuanto más cerca nos sentemos a la mesa de la paz y la prosperidad, más tardaremos en coger las armas de la guerra. 
Es un triste testamento para un mundo tenaz que la ONU siga pareciendo un experimento inverosímil de gobernanza internacional. 
Winston Churchill dijo en una ocasión que la ONU no está pensada para llevarnos al cielo, sino para salvarnos del infierno. 
Para poder hacerlo más eficazmente, la ONU debe reformarse. 
Al ser los principales contribuyentes, la Unión Europea y sus Estados miembros no solo tienen el peso necesario para insistir en esa reforma, sino también la responsabilidad de hacerlo. 
Una Europa madura encontraría la voluntad política para que se alcance un acuerdo institucional en la ONU, por el que el poder recaiga donde lo hacía en 1945. 
Una Europa madura insistiría en la existencia de miembros permanentes que refleje las realidades del siglo XXI. 
Aceptaría que el veto actual es una herramienta de obstrucción, un privilegio que ya no tiene justificación. 
Finalmente, señor Secretario General, en nombre del Grupo de los liberales, quiero rendir tributo a los miembros de su organización que hoy no le verán recibir este premio en su nombre. 
Las personas que perdieron la vida con Sergio Vieira de Mello –incluida Fiona Watson, a quien yo conocía–, que murieron defendiendo un sueño de renovación nacional en el Iraq, que es ahora responsabilidad nuestra. 
– Señor Presidente, señor Secretario General, gracias por su magnífico discurso que ha dado en el clavo y sitúa a cada país frente a sus responsabilidades. 
Nos sentimos honrados con su presencia, altamente simbólica en nuestra Asamblea, y saludamos, con respeto y emoción, a la familia y los amigos del Sr. Vieira de Mello y de las demás víctimas del odioso atentado terrorista de Bagdad. 
Hace un año, señor Secretario General, día más día menos, el Parlamento Europeo aprobó una resolución de apoyo a la misión de los inspectores de las Naciones Unidas en el Iraq. 
Muchos de nosotros queríamos creer aún que era posible evitar la guerra, que presentíamos devastadora. 
En el período que siguió, se observó una articulación sin precedentes entre la opinión pública mundial y las Naciones Unidas. 
En la calle, nuestros conciudadanos se movilizaban por millones, mientras que en el Consejo de Seguridad la mayoría de los países miembros resistían y luchaban. 
Aquí y allá, el objetivo era el mismo: intentar impedir una aventura sangrienta, desestabilizadora e irresponsable. 
Raras veces se habrá sabido mostrar la ONU tan fiel a las primeras palabras de la Carta como en esos días: «Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas». 
No lo conseguimos, pero la lección surtió efecto. 
Es verdad que una coalición de Estados despreciaron gravemente una determinada idea de la organización del mundo, pero, desde entonces, fue espectacularmente validada por la experiencia colectiva, hasta el punto de que los belicistas de ayer recurren hoy a la ONU. 
Esta idea es, primero, que la guerra no es en absoluto un medio de resolver los problemas del mundo. 
Después, que ninguna nación, aunque sea una hiperpotencia, puede ignorar los desafíos globales a que se enfrenta la comunidad internacional. 
Por último, que la construcción de un mundo de paz no puede limitarse a la movilización contra las redes terroristas. 
Si, por desgracia, perdurase el trágico punto muerto en Oriente Próximo –trece palestinos fueron asesinados ayer en Gaza por el Ejército de ocupación y diez israelíes acaban de perder la vida esta mañana en un atentado suicida en Jerusalén, esto es lo que debe cesar a cualquier precio–, si perdurasen la ocupación del Iraq, la guerra en Chechenia, los conflictos asesinos en África, la suspensión de los planes de paz, como en el Sahara occidental, y todas las humillaciones y la desesperanza alimentados por las rupturas sociales y culturales, así como las violaciones de los derechos humanos que siguen desfigurando el planeta, es probable que, en el futuro, el mundo no sea seguro y la vida no sea tranquila para nadie. 
Va en nuestro interés común tomar conciencia de ello y es nuestra responsabilidad colectiva cambiar la situación. 
Este es el sentido que damos, señor Secretario General, por nuestra parte, al homenaje exigente que le rendimos y, a través de usted, a los incontables actores que dan vida a los valores universales que simboliza su organización. 
– Señor Secretario General de las Naciones Unidas, Señorías, reconozco con franqueza que, mientras le escuchaba, señor Secretario General, resonaba en mis oídos otro gran discurso, el discurso de Martin Luther King, que una vez exclamó en Nueva York: «I have a dream». 
Y, mientras le escuchaba, yo también tenía un sueño, el sueño de que lo que ha dicho usted aquí sobre la inmigración se convirtiese en el discurso de todos los diputados a esta Cámara, y no solo el discurso de usted. 
Soñaba que todos los Jefes de Gobierno que dicen admirarle, admirasen lo que usted dice, la lucidez de su discurso sobre la inmigración. 
Soñaba, por último, que los pueblos que le escuchan admirasen el discurso, la lucidez y el humanismo sobre la inmigración. 
Porque, Señorías, de nada sirve aplaudir, puestos en pie, al Sr. Kofi Annan si, en la vida diaria, en nuestras resoluciones, en las leyes, en nuestros países, hacemos exactamente lo contrario de lo que nos pide. 
Y, por ello, con admiración, con placer –aunque, lo reconozco, nuestro Grupo era escéptico sobre este premio Sajarov, porque lo queríamos para un hombre o una mujer de Irán o de Chechenia que luchase por su libertad–, y en nombre de esa lucidez que ha demostrado aquí, le pido, como premio Sajarov, que haga lo necesario para que el Gobierno turco libere a la Sra. Leila Zana, para que el Gobierno cubano deje salir a ese premio Sajarov y, sobre todo, como se le pide a usted, para que la ONU tome una iniciativa para que el pueblo judío, que tuvo que emigrar de Europa porque se le quiso liquidar, pueda vivir en paz, y para que el pueblo palestino, que tiene derecho a un Estado, pueda vivir en paz. 
En nombre de esta idea, de la fuerza y de su lucidez, le felicito como premio Sajarov. 
– Señor Secretario General, señores Presidentes, al prestar nuestro apoyo a la elección hecha por las Naciones Unidas de su persona y sus colaboradores, en primera línea de los cuales se encontraba el Sr. Sergio Vieira de Mello, manifestamos nuestra confianza y nuestra estima hacia usted. 
También quisimos expresar nuestro agradecimiento por la acción que usted dirige a la cabeza de esta organización y el prestigio que ha contribuido a devolverle o a aumentar. 
Por todo ello, le damos las gracias. 
Naturalmente, al elegirle a usted también elegimos a sus colaboradores, todos los que pagaron con su vida el papel que habían elegido desempeñar al servicio de las causas más justas y más nobles. 
Transmitimos a las familias de las personas desaparecidas el testimonio de nuestra solidaridad y nuestro aprecio, y a todos aquellos que han sido heridos y siguen sufriendo, también nuestra amistad y nuestra consideración. 
Ha hablado usted justamente de los problemas de la inmigración, señor Secretario General. 
Ha hecho bien. 
Naturalmente, es la utopía la que hace progresar el mundo, y eso lo sabemos unos y otros. 
Pero creer que se resolverán los problemas de la inmigración únicamente con la apertura de las fronteras de los países desarrollados, no resolverá nada. 
Hay que hacerlo, naturalmente, pero no resolverá nada. 
Me hubiera gustado oírle, señor Secretario General –pero probablemente ello estaba implícito en sus palabras–, condenar las consecuencias económicas de la mundialización y del desequilibrio que acarrea entre los países desarrollados y los países en desarrollo. 
También me hubiera gustado oírle, señor Secretario General, desear que los países desarrollados aumenten su ayuda, pues el único modo de solucionar el problema es ante todo –en cualquier caso el principal y más urgente– abrir las vías de una vida normal a todos los que sufren en los países en desarrollo. 
Por esta razón, lamento que todos los países desarrollados se muestren tan reservados, tan timoratos, en este asunto. 
En cierta época, el General De Gaulle consideraba que si hubiéramos dedicado, unos y otros, el 1% de nuestro PIB a este problema, se habría resuelto en gran parte. 
Pues bien, no es demasiado tarde para hacerlo. 
Y aparte de los aplausos que legítimamente le dedican, quizás todos los que están aquí, y en particular los que tienen responsabilidades a través de sus partidos en los Gobiernos de los países de Europa Occidental, harían bien en poner en práctica estas resoluciones. 
Secretario-General, todos los años se destruyen 17 millones de hectáreas de bosque tropical. 
Estamos destruyendo la biodiversidad del planeta a la misma velocidad a la que los dinosaurios fueron barridos de su faz. 
Hay más de 110 millones de minas activas en 70 países. 
En diez años, dos millones de niños han muerto en guerras o por minas terrestres. 
Todos los días, 8.000 jóvenes son infectados por el VIH. 
Más de cuatro millones de jóvenes han muerto de sida. 
Trece millones han perdido a sus madres o a sus dos progenitores, pero el 95% de ellos viven en África, así que en el fondo no es problema nuestro. 
¿O sí lo es? 
Cuando yo era joven, soñaba con trabajar para las Naciones Unidas y poder contribuir a la unión de las naciones del mundo en paz y cooperación. 
Por eso estoy muy satisfecho de que, en la Conferencia de Presidentes, pudiera declarar el apoyo unánime de mi grupo a las Naciones Unidas, porque nunca antes había habido tantos niños inocentes y sumidos en la pobreza que necesitan que nosotros les tendamos una mano amiga desde nuestro pequeño y cómodo rincón de la parte rica del mundo. 
Los miembros de este Parlamento podemos estar en desacuerdo sobre muchos temas, pero todos estamos de acuerdo en rendirle tributo a usted como Secretario General de nuestra organización mundial común: las Naciones Unidas. 
Nadie puede sospechar de los cascos azules de las Naciones Unidas que tengan algún otro cometido que no sea el de la paz. 
Por tanto, espero que las Naciones Unidas puedan contar con una fuerza militar común y permanente capaz de desplegarse cuando se hayan agotado todas las vías pacíficas. 
Usted no tiene que ser solo el secretario de un Consejo de Seguridad cuyos miembros no se ponen de acuerdo. 
Usted tiene que ser también el general de unas Naciones Unidas reformadas y dinámicas. 
En la guerra tiene que ser el comandante en jefe de todos los generales, para que, sin la autorización de las Naciones Unidas, vuelvan a prohibirse las guerras. 
Puede que parezca ingenuo, pero sigo teniendo el sueño de que algún día haya tantas personas ingenuas en el mundo que no permitamos la destrucción de nuestro planeta y la muerte de niños inocentes causadas por las minas terrestres, el hambre o el VIH. 
Haríamos bien en transferir unos doscientos euros en ayuda por cada habitante de la UE a los que más los necesitan; es decir, a los ciudadanos que hoy día no pueden acostar a sus hijos en una cama ni darles la cena, unos hijos que posiblemente sufran alguna enfermedad que hará su vida demasiado corta antes de morir. 
Gracias, señor Kofi Annan, por hacer más que nosotros en los asuntos más importantes del mundo, y gracias por su conmovedor discurso. 
– Señor Secretario General, en nombre de los diputados radicales italianos, quisiera, ante todo, unirme a los homenajes rendidos a la memoria del Sr. Sergio Vieira de Mello y de todos los que perecieron con él. 
Señor Secretario General, saludamos su llamamiento por una Europa más abierta a la inmigración de hombres y mujeres que abandonan su país tratando de escapar de la miseria y muy a menudo de la dictadura. 
Al acogerles, debemos atacar las razones profundas que les empujan a dejar sus países. 
Desde este punto de vista, apreciamos enormemente que hace algunos meses enunciara usted una verdad a la vez simple y revolucionaria. 
«Democracia y derechos humanos, aunque son conceptos distintos, están estrechamente imbricados. 
La democracia, como derecho humano en sí mismo, está incluida en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y solo funciona plenamente si se respetan los demás derechos». 
Estamos de todo corazón con usted, señor Secretario General, la democracia, como valor universal perteneciente a cada ser humano, es el reto que hay que superar en Oriente Medio, en África y otros lugares. 
Señor Secretario General, a este respecto, antes de terminar, permítame mencionar la cuestión del nombramiento del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Como sabe, por iniciativa de la Presidencia italiana, figura entre los candidatos una candidatura europea, una diputada de nuestro Parlamento. 
Esta candidata cuenta con el apoyo del Presidente de la Comisión Europea, de personalidades pertenecientes a todas las instituciones de la Unión, y de personalidades de otros países y agrupaciones regionales. 
Esta candidatura quiere ser la expresión de un compromiso europeo con la promoción y el fortalecimiento de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la democracia allí donde sean burlados. 
Señor Secretario General, formulo el deseo de que su elección se incline por esta candidatura. 
. – Señor Presidente, hablando en nombre de nuestra comisión, quiero también felicitar al Sr. Annan y a todos los que, en las Naciones Unidas, trabajan por la democracia, la paz y la libertad, y expresar nuestro agradecimiento a todos los que han hecho tan grandes sacrificios por ellas. 
Lamento asimismo que las circunstancias políticas nacionales impidan a los laureados de Cuba, Myanmar y Turquía estar presentes hoy aquí. 
Lo que creo que tenemos que hacer es afianzar la democracia y la libertad en todo el mundo, porque los derechos humanos por una parte, y la paz por otra, dependen de ello. 
La democracia y la libertad son los pilares sin los cuales ninguna mejora es sostenible. 
En la breve conversación que la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores ha podido mantener con usted antes, nos ha quedado todavía más claro que el Parlamento Europeo y la Unión Europea pueden de verdad trabajar juntos en proyectos comunes, y que podemos cooperar muy estrechamente en lo que respecta a los asuntos políticos y los recursos presupuestarios, así como en muchos otros ámbitos, ya sea el suministro de agua, la educación en el mundo en desarrollo, la creación de infraestructuras o la lucha contra epidemias. 
Creo que si conseguimos de esta forma mejorar las condiciones de vida en las regiones menos favorecidas del mundo, estaremos creando también las condiciones idóneas para que germine la paz, la libertad y los derechos humanos, y esa es razón suficiente para cooperar en ese ámbito. 
Lo mismo sucede con los objetivos políticos y la resolución de problemas, ya sea en Oriente Próximo o en Chipre. 
Aunque tengo que decir que he escuchado sus declaraciones sobre la migración con gran admiración, me gustaría señalar al mismo tiempo que la migración es la admisión de un fracaso, porque lo que debemos hacer es resolver los problemas allí donde las personas viven realmente; es ahí por donde tenemos que empezar. 
En nombre del Parlamento, quiero dar las gracias al Consejo por haber estado hoy aquí y también a la Comisión, al Alto Representante y a los galardonados con el Premio Sajarov. 
También quiero agradecer especialmente su presencia a los familiares de las víctimas y a los supervivientes del atentado. 
Y, sobre todo, señor Secretario General, gracias por haber estado aquí y por el llamamiento a la conciencia que ha lanzado hoy en nuestra Cámara. 
– Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 29 de enero de 2004. (1) 
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 5 de febrero de 2004, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento del Parlamento. No he recibido ninguna solicitud de modificación del orden del día del lunes. 
Señor Presidente, como ponente del informe de iniciativa referente a la Directiva 93/104/CE del Consejo relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, solicito que la votación, en lugar de ser mañana, se realice el miércoles, puesto que hay negociaciones entre diversos grupos parlamentarios y así me lo han solicitado hace un momento. 
Por tanto, si fuera posible, nos gustaría poder continuar trabajando mañana y que el informe se votara el miércoles. 
– Señor Presidente, apoyo esta propuesta porque nos ofrece una oportunidad de encontrar una solución para este engorroso expediente. 
En lo que respecta a las preguntas orales sobre el desarme nuclear, he recibido una petición del Grupo Verts/ALE para cerrar el debate con una propuesta de resolución que podría someterse a votación en la próxima sesión en Bruselas. 
– Señor Presidente, el propósito de la resolución es preparar las directrices antes de la conferencia para revisar el Tratado de no proliferación. 
Tradicionalmente, concluimos tales debates con una resolución, por lo que parecía oportuno hacer lo mismo en este caso, aunque la resolución será sometida a votación en la próxima sesión. 
– Señor Presidente, creo que este es uno de los asuntos políticos más importantes que en la actualidad se están considerando y debatiendo en el marco de la política internacional. 
Con frecuencia adoptamos resoluciones con menos relevancia que esta, por lo que estamos totalmente a favor de que se adopte una que concluya este debate. 
¿Quiere alguien hablar en contra de la petición? 
– Señor Presidente, mi Grupo está en contra de que haya una resolución. 
(1) 
– Señor Presidente, me ha llamado la atención que el Partido Laborista maltés haya presentado hasta 1 600 peticiones al Tribunal Constitucional de Malta, en virtud de las cuales se incapacita a los ciudadanos malteses que se encuentran temporalmente en el extranjero por motivos laborales o de estudio para votar en las próximas elecciones europeas. 
Si fuese así, esto parecería estar en contra de la letra y el espíritu de la legislación y la convención de la Unión Europea, en el sentido de que muchos de estos nacionales se encuentran fuera de su territorio por razones perfectamente legítimas. 
Si esto es verdad, parece tratarse de un comportamiento que no es coherente con el proceso democrático que esta Cámara aceptaría por norma para un país que en breve se va a convertir en Estado miembro de la Unión Europea. 
Por lo tanto, le pido que investigue si se está intentando manipular el proceso electoral en Malta y que dé a conocer sus resultados a esta Cámara. 
Investigaré el asunto y le informaré del resultado, señor Bradbourn. 
– Señor Presidente, a todos en esta Asamblea nos preocupa la situación de los derechos humanos en Colombia, y la visita del Presidente de Colombia, el Sr. Uribe, brinda a esta Asamblea la oportunidad de transmitir nuestras preocupaciones acerca de esa situación. 
Señor Presidente, intervengo específicamente para pedirle que le plantee al Sr. Uribe, al Presidente en ejercicio y a la Comisión la cuestión del apoyo a una conferencia propuesta sobre derechos humanitarios este mismo año. 
Ha sido propuesta por la plataforma –una alianza de 115 ONG y organizaciones civiles de Colombia–, que pretende que la población civil intervenga en la búsqueda de soluciones a los 40 años de conflicto. 
Señor Presidente, le enviaré los detalles de esta propuesta y le pido que los considere y le plantee este asunto al Presidente Uribe cuando se reúna con él. 
Haciendo una excepción, el Presidente Uribe comparecerá ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa durante la jornada laborable de mañana. Los miembros de esa comisión dispondrán de una oportunidad directa para llamar su atención sobre los asuntos que deseen. 
– Señor Presidente, quiero protestar en contra de la indulgencia demostrada por el Presidente Musharraf de Pakistán respecto a la confesión por televisión del Dr. Abdul Qadeer Khan. 
Esta Cámara ha criticado las exportaciones de tecnología nuclear por parte de Pakistán en el pasado y ha sido condenada por su Gobierno por hacerlo. 
Es insólito que la venta de tales conocimientos sobre armas de destrucción masiva a regímenes tan brutales como Corea del Norte sea objeto de un perdón presidencial y del derecho a conservar los pagos adquiridos de modo ilegal. Huele a algo así como un ejercicio público de chivo expiatorio en vista de las vergonzosas pruebas del apoyo oficial secreto por parte del Gobierno. 
En segundo lugar, quiero transmitir mis condolencias a la gente de Moscú por el reciente y atroz atentado suicida en su metro, que ocasionó al menos 39 muertes y 150 víctimas, y todo apunta a los terroristas chechenos organizados por un seguidor saudí de Al Qaeda. 
Pregunto a aquellos en esta Cámara que proclaman la gloria de los luchadores por la libertad chechena cómo explican el asesinato de moscovitas inocentes. 
Señor Presidente, dentro de unos días se cumple el XX aniversario de la aprobación por el Parlamento Europeo del proyecto de Tratado por el que se instituyó la Unión Europea, creado y propuesto por Altiero Spinelli. 
La Conferencia de Presidentes instó a los grupos políticos a considerar la posibilidad de celebrar este aniversario y el XXV aniversario de la muerte de Jean Monnet, uno de los más grandes artífices de la integración europea. 
No obstante, deseo llamar su atención, señor Presidente, sobre la distinta naturaleza de estos dos aniversarios. 
La celebración del aniversario del proyecto de Spinelli no implica tanto homenajear la figura de Altiero Spinelli como apreciar la visión de futuro del Parlamento Europeo que, hace 20 años, redactó y propuso el primer tratado de naturaleza constitucional, cosa que se debe recalcar hoy en día, a la luz de nuestro renovado compromiso de dotar finalmente a Europa de una Constitución. 
Tal y como ha observado correctamente, señor Napolitano, su sugerencia ha sido discutida en la Conferencia de Presidentes. Se decidió que en la última sesión parlamentaria de mayo deberíamos celebrar algunos de estos aniversarios. 
No obstante, respecto a la observación específica que ha realizado sobre el informe Spinelli y el liderazgo del Parlamento Europeo, me complacerá celebrar ese día con una declaración en nombre de esta Cámara, de acuerdo con su preferencia y su sugerencia a la Conferencia de Presidentes. 
Señor Presidente, volviendo a lo que ha dicho el Sr. Napolitano, sinceramente me parece que su respuesta ha tenido muy poco sustancial, cuando necesitamos mucho más. 
No se trata de conmemorar a Altiero Spinelli, sino de aprovechar la oportunidad de esta importante e histórica fecha, lo cual exige una sesión especial y no una celebración más, entre tantas. 
Supondría también la oportunidad de dar un paso mucho mayor y más importante: dejar que el Parlamento Europeo haga tanto como hizo entonces con Spinelli. Lo cual quiere decir que, para promover la Constitución Europea, hay que aprobar de inmediato el texto propuesto por la Convención, firmando así un acto que, aunque carezca de valor legal, tendría una enorme importancia política. 
Esto le pido, señor Presidente: que el Parlamento Europeo tenga el valor, veinte años después, de adoptar las mismas iniciativas. 
Les insto a usted y a los presidentes de los Grupos políticos, por encima de todos los que hablan de la idea europea, a que lo hagan. 
Espero que sigan fieles a su tradición. 
– Señor Presidente, solo quiero plantear brevemente una cuestión. 
En el orden del día de esta semana se ha incluido un informe mío sobre asociaciones sectoriales sin mi conocimiento y, sobre todo, en contra de todo lo acordado por el Parlamento con las autoridades presentes. 
He tenido noticia de este hecho porque alguien del periódico londinense me ha llamado para contármelo. 
Cuando se le ha preguntado a la oficina responsable del Parlamento cómo había ocurrido, esta ha respondido que se había hecho con el consenso de los Grupos. 
Cuando les he preguntado, han respondido que lo habían hecho los servicios parlamentarios. 
Todo esto no le hace ningún favor a la Cámara. 
Ahora me entero –con evidente gratitud– de que la presentación del informe será sometida a la aceptación del ponente, puesto que algunos Grupos son conscientes de que se trata de un asunto que está siendo objeto de importantes negociaciones en la actualidad. 
Ahora bien, en la práctica hubiera preferido que las cosas se hicieran con más transparencia y eficacia. 
Le haré llegar los detalles cuando haya tenido la oportunidad de estudiar el asunto. 
Señor Presidente, los periódicos portugueses han informado recientemente de atroces casos de malos tratos, abusos e incluso esclavitud a los que se han visto sometidos trabajadores portugueses en distintos países de la UE, como Francia, Países Bajos y el Reino Unido. 
La edición de esta mañana del periódico portugués publica un artículo titulado «Más ciudadanos portugueses maltratados en los Países Bajos» según el cual las autoridades neerlandesas estaban informadas de la situación. 
El artículo dice que los informes de dicho país están marcados por abusos sin precedentes perpetrados contra trabajadores portugueses. 
Existen casos de malos tratos a trabajadores en algunas empresas de los Países Bajos o en manos de mafias; se niega a los trabajadores los derechos más básicos, como una alimentación suficiente y un alojamiento adecuado para seres humanos; se comenta que existen verdaderas redes organizadas que operan en varios países para contratar a trabajadores, lo que es un absoluto escándalo. 
Hay que tomar medidas inmediatamente, señor Presidente, para poner fin a esta situación. 
Solicito, señor Presidente, que la Comisión y el Consejo sean informados y que se adopten medidas inmediatas para erradicar el problema de estos espantosos ataques contra los derechos de los trabajadores en particular y los derechos humanos en general. 
Quisiera que enviara a mi oficina copias del material al que se ha referido. 
Me encargaré del asunto, tal y como usted sugiere. 
Señor Martin, el informe del que es usted ponente se incluyó en el orden del día siguiendo los procedimientos habituales. 
Sin embargo, al haber tenido noticias de sus dificultades de calendario, y en deferencia a usted como ponente, ha sido retirado del orden del día. 
– Señor Presidente, lamento plantear este tema de nuevo, hasta ahora solo he escuchado hablar de ello en la lengua original. 
Quiero reiterar que existió un acuerdo claro con los servicios parlamentarios para que este informe no se incluyera en el orden del día hasta marzo o abril. 
Posteriormente me entero por el periódico de Londres de que se le ha dado cabida en febrero. 
Solo entonces he dicho «¡todavía no, por favor! ». 
¡Es aquí donde no se debe confundir causa y efecto! 
La Conferencia de Presidentes decidirá cuándo se incluye de nuevo en el orden del día, pero de momento no está incluido en él. 
Esa es la respuesta a su pregunta. 
– Señor Presidente, la semana pasada la Comisión resolvió en contra del nivel de asistencia prestado por las autoridades del aeropuerto de Charleroi a cierta compañía aérea. 
No solo simpatizo con las autoridades públicas responsables de Charleroi, sino que las admiro por intentar tomar medidas para estimular el crecimiento económico y los puestos de trabajo tan necesarios, a la luz del declive de las industrias tradicionales. 
Los beneficios del transporte aéreo de bajo coste se han sentido en una zona más amplia que la de los alrededores inmediatos de Charleroi. 
Por ejemplo, la ruta de Glasgow-Prestwick a Charleroi es el único enlace aéreo entre el oeste de Escocia, una zona muy poblada, y la zona de la capital de Europa. 
Aunque reconozco que la Comisión estima oportuno aplicar normativas en materia de ayuda estatal de determinadas formas, ¿qué ocurre con los consumidores? 
Espero que la Comisión no se entusiasme demasiado y termine por perjudicar a los consumidores, incluidos muchos grupos que desean –y necesitan– visitar nuestro cuartel general y las demás instituciones europeas para conocer mejor cómo funciona realmente Europa. 
Señor Presidente, hace 25 años se fundó la República Islámica de Irán, que ha llevado al incumplimiento violento de los derechos humanos y, en concreto, a la violación de los derechos de la mujer. 
La pregunta es si estamos presenciando el comienzo de un proceso similar en el Iraq ocupado. 
El 29 de diciembre, la ley sharia reemplazó a una serie de sentencias sobre divorcios, matrimonios, hijos, etc. en el Iraq, estado por lo demás secular. 
Ahora oigo que la líder de la Organización para la Libertad de las Mujeres en Iraq está sufriendo ataques violentos de grupos islámicos. 
Su nombre es Yamha Mohammed. 
Pido que se proteste, en nombre del Parlamento, por los ataques cada vez más numerosos a los derechos de la mujer en el Iraq, además de protestar ante las fuerzas de ocupación, es decir, la alianza de los llamados voluntarios, por este asunto. 
– Señor Presidente, yo también quiero tratar el tema de la visita del Presidente colombiano, el Sr. Uribe, a este Parlamento. 
Mi Grupo no estaba a favor de esta invitación, y, según tengo entendido, tampoco lo estaban el Grupo ELDR ni el Grupo GUE/NGL. 
Es una pena que el Grupo del PSE no nos apoyara en esta cuestión. 
Existe un gran peligro de que el Presidente Uribe utilice esto como maniobra de propaganda para dar la impresión a escala internacional de que todo marcha bien. 
Solo hay que mirar los informes de las Naciones Unidas sobre Bogotá, cuando se publiquen, para encontrar informaciones de graves violaciones de los derechos humanos. 
La legislación promulgada recientemente, especialmente la ley antiterrorista, que se adoptó en diciembre, concede poderes judiciales a las fuerzas armadas. Este es otro ámbito de gran preocupación. 
Este Parlamento ha de tener mucho cuidado de no permitir que el Presidente Uribe utilice esta oportunidad con fines de propaganda, para dar la impresión de que, de alguna manera, la situación de los derechos humanos en Colombia está mejorando. 
Sabemos por las organizaciones de base sobre el terreno que esto está lejos de ser verdad. 
No debe permitirse que de este Parlamento salga ese falso mensaje. 
Señor Presidente, es una vergüenza que el Parlamento Europeo reciba mañana al presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con honores. 
Es una vergüenza para los socialistas que lo propusieron y para todos los que aceptaron. 
El Sr. Uribe y su Gobierno, con el apoyo de los Estados Unidos, son responsables de la muerte de miles de agricultores sindicalistas y otros defensores de los intereses del pueblo. 
Rechazan la reconciliación étnica, desprecian las numerosas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y pretenden sofocar el descontento popular con medios militares. 
La presencia del Sr. Uribe aquí demuestra que la Unión Europea tiene la intención de implicarse en el plan «Colombia» , a través del cual los Estados Unidos intervienen con crueldad en este país con el objetivo de hacerse con el control general de la región. 
Condenamos cualquier intervención exterior y exigimos que todos los Gobiernos apoyen a las fuerzas populares en Colombia, para que cesen el derramamiento de sangre y las actividades de las fuerzas paramilitares, se proteja la paz y se respeten los derechos humanos. 
Expresamos la solidaridad sin divisiones del Partido Comunista de Grecia con los ciudadanos de Colombia que, no nos cabe duda, al final ganarán. 
– Señor Presidente, lo que quiero decir está relacionado con la seguridad de los diputados al Parlamento Europeo y las medidas que a tal respecto ha adoptado el Parlamento. 
El 19 de enero abandoné el edificio del Parlamento en Bruselas hacia las 18.00 horas por la salida de Wiertzstraat y en dirección a la Rue de Wavre. 
A apenas 100 metros de distancia del edificio parlamentario, me detuve con mi coche en un semáforo en rojo, cuando oí un golpe enorme y la ventana del asiento del copiloto se rompió. 
Me robaron el bolso, que estaba en el suelo. 
Puedo asegurarles que el bolso contenía todo lo imaginable: tarjetas, pasaporte, etc. Evidentemente, este hecho puede suceder en cualquier parte, pero me parece de una extraordinaria gravedad que venga a pasar tan cerca del edificio del Parlamento. 
Lo que encuentro incomprensible es que suceda una y otra vez; puedo nombrar a más de una diputada neerlandesa que le ha sucedido lo mismo. 
Regresé al edificio del Parlamento, donde me trataron con mucha amabilidad; no tengo ninguna queja al respecto. 
Los guardias de seguridad vinieron cuando llamé aunque –quizás no tienen constancia de este dato–no pude realizar una llamada fuera de Bélgica. 
No pude, por tanto, realizar una llamada para bloquear mis tarjetas de crédito y supongo que comprenderán que se trataba de mi principal preocupación. 
Llamamos entonces a la policía y fuimos a la comisaría, si bien es cierto que tuve que seguir a los guardias de seguridad en mi coche dañado. 
Cuando llegué a la comisaría, había un oficial que hablaba flamenco, aunque no de la variante que guarda similitud con el neerlandés. 
Me trató con mucha amabilidad, no tengo ninguna queja en ese sentido, pero fue muy complicado. 
Como no tenía nada (ni dinero, ni permiso de conducir, etc.) , me comunicaron que alguien me llevaría al taller de reparaciones de ventanas de coches, pero no fue así. 
Llegué a mi hotel a eso de la medianoche, en donde me trataron con mayor eficiencia. 
Mis pérdidas han sido enormes, por lo que les solicito que se aseguren de que, en primer lugar, en tales situaciones se pueda realizar una llamada internacional desde las salidas del edificio parlamentario si un diputado así lo desea y, en segundo lugar, que se proporcione ayuda para llegar a la comisaría, ya que podría haberse tratado de un danés sin conocimientos de neerlandés o de un ciudadano de cualquier otro país. 
Asimismo, sería muy útil si se pudiera dar algo de dinero para tomar un taxi. 
Además, creo que es de extrema importancia que se proteja mejor la seguridad de los eurodiputados. 
Como acabo de decir, la pérdida es enorme. 
No diré cuánto ha sido, pero espero que el Parlamento procure reembolsarme la cantidad íntegra. 
No he querido interrumpirle, señora Sanders-ten Holte, debido a la naturaleza personal del ataque que ha mencionado, y respecto al cual estoy seguro de que contará con la plena simpatía de los diputados a esta Asamblea. 
Pediré a los servicios de seguridad del Parlamento que redacten un informe sobre esto y que la Mesa considere las lecciones generales que podemos aprender con respecto a algunas de sus sugerencias. 
También hay una discusión en curso con las autoridades belgas sobre la seguridad en Bruselas. 
Quisiera añadir que hasta la fecha no ha comportado una respuesta satisfactoria o suficiente en cuanto a las necesidades de esta Cámara. 
– Señor Presidente, quisiera volver muy brevemente sobre la dimisión del Sr. David Kay, responsable norteamericano encargado de encontrar en el Iraq las armas de destrucción masiva que, al parecer, poseía el Gobierno de ese país. 
Quisiera volver asimismo sobre las declaraciones del especialista británico, Sr. Kelly, que fueron seguidas de su sospechosa muerte. 
Por último, quisiera volver sobre la reciente confesión del Presidente Bush, este domingo, en una entrevista emitida por la cadena NBC, en la que dice que Sadam Husein y el régimen iraquí probablemente no disponían de armas de destrucción masiva, pero que la guerra estaba justificada de todos modos, porque si no tenían armas de destrucción masiva, quizás habrían podido obtenerlas algún día. 
Creo que esto es preocupante, porque significa claramente dos cosas. 
En primer lugar, los Sres. Bush y Blair mintieron de un modo cínico y grave. 
Después, durante diez años hicimos pasar hambre a un pueblo con un falso pretexto, desencadenamos una guerra con un falso pretexto y se destruyó un Estado también con un falso pretexto, con el aval de una serie de Gobiernos de la Unión Europea, lo cual es un hecho de una gravedad extrema. 
Señor Presidente, deseo expresar mi repulsa y enfado ante la resolución anticomunista tan despreciable que se ha aprobado en el reciente XVI Congreso del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que relaciona el brutal y monstruoso fascismo nazi con el comunismo y pide una nueva caza de brujas contra los miembros y dirigentes de los partidos comunistas que siguen fieles a sus elevados ideales. 
El Grupo del Partido Popular Europeo maltrata e insulta el recuerdo de millones de comunistas que dieron sus vidas para liberar a la raza humana del monstruo nazi. 
A la vez, demuestra que apoya o que incluso dicta el primitivo anticomunismo y las flagrantes violaciones de derechos humanos que siguen produciéndose en los antiguos países socialistas candidatos. 
Revive un espíritu de venganza que solo presagia penurias para nuestra gente. 
No olvidemos que la persecución de comunistas siempre ha venido seguida de la persecución de cualquier idea progresista. 
Los ciudadanos no olvidan que Hitler también persiguió a los comunistas. 
Con esta resolución tan desafortunada y extremadamente peligrosa, el Grupo del Partido Popular Europeo trata en realidad de detener la lucha de los trabajadores contra las políticas reaccionarias y contrarias a los intereses del pueblo. 
Desean golpear a los pioneros de esta lucha, los comunistas que permanecen fieles a sus ideales, puesto que los seguidores son sus amigos y protegidos. 
– Señor Presidente, hace unos días 19 chinos perdieron sus vidas en la Bahía de Morecambe, en el noroeste de Inglaterra. 
Estaban cogiendo berberechos en la arena, la marea subió y todos se ahogaron. 
¿Está de acuerdo conmigo en que esta tragedia, aunque haya ocurrido en suelo británico –o en aguas británicas– es igualmente una cuestión europea o internacional, y que debemos trabajar juntos para detener a las bandas internacionales de contrabando de personas que estaban explotando a estas pobres gentes a las que se les pagaba tan solo una libra esterlina por día de trabajo? 
Es más, este caso subraya de nuevo la clara necesidad de establecer un sistema de asilo común europeo efectivo y eficiente, y del mismo modo para la inmigración, incluida la migración legal, de forma urgente. 
Está claro que lo que es una tragedia en el Reino Unido un día podría ocurrir con facilidad en el territorio de cualquier otro país otro día. 
– Señor Presidente, intervengo en respuesta a los vergonzosos comentarios que acaba de realizar el Sr. Gollnisch, que ha implicado que David Kelly, y cito: «murió en circunstancias sospechosas» , y que Tony Blair mintió. 
La reciente investigación judicial ha considerado todos los hechos que rodean estas trágicas circunstancias y ha concluido de forma muy clara que no hubo circunstancias sospechosas en torno a la muerte del Sr. Kelly, como él ha implicado, y que el Sr. Blair no mintió a la Cámara de los Comunes sobre este asunto. 
Cualquiera que sea la postura de cada uno acerca del conflicto iraquí –y hay diferencia de opiniones en esta Cámara, en mi país y en mi partido, y yo mismo tengo mi opinión al respecto–, es esencial que discutamos este asunto basándonos en los hechos, no en la ficción. 
¡La cuestión es que ahora soy yo quien tiene el micrófono que funciona! 
– Señor Presidente, quisiera llamar la atención sobre la confusión total que reina sobre la libre circulación de ciudadanos de los nuevos Estados miembros. 
Ahora parece –pero no es de ninguna manera cierto– que, a tan solo 11 semanas del 1 de mayo, 13 Estados miembros van a aprovechar el mecanismo para obstaculizar la libre circulación. 
Esto ha hecho que los otros dos Estados restantes –Irlanda y el Reino Unido– hayan atraído la atención, y también ha ocasionado reacciones histéricas de la prensa sobre la inundación de turistas necesitados. 
No apruebo el modo en que la prensa británica está reaccionando, ni la reacción bastante ambigua del Gobierno del Reino Unido, pero creo que la decisión original de permitir la libre circulación plena fue y es económica, política y moralmente correcta. 
Las previsiones de la Comisión demuestran que quizás habría existido un trabajador móvil del Este al año por cada 1 000 habitantes del Oeste, si se hubiera compartido entre todos los Estados. 
Puede que exista algún tipo de justificación para las medidas especiales en zonas fronterizas, pero el modo en que este pánico se ha extendido y ha infectado a la mayoría de Estados miembros es vergonzoso. 
Trata a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros como de segunda clase, contrariamente a todas las promesas que se les hicieron, y demuestra –como en tantas otras cuestiones como el Iraq, la Constitución y el presupuesto– una falta deprimente de solidaridad por parte de la UE. 
¿Podría al menos plantear esta cuestión en la Comisión y ante los Estados miembros en el Consejo para intentar acortar tanto como sea posible los períodos de transición? 
– Señor Presidente, la decisión de la Comisión relativa a los acuerdos comerciales que Ryanair tiene con el aeropuerto de Charleroi está muy equivocada. 
Hace caso omiso de las razones económicas y es un duro golpe para el desarrollo de las líneas aéreas de bajo coste en Europa. 
El aeropuerto de Charleroi ha pasado de ser un campo desierto a acoger a más de dos millones de pasajeros al año gracias a Ryanair. 
El transporte aéreo de bajo coste tiene el apoyo de los ciudadanos de Europa. 
La Comisión Europea todavía tiene que explicar con claridad lo que pretende hacer para apoyar el transporte aéreo de bajo coste en Europa en el futuro. 
El problema actual es la falta de claridad respecto a la ayuda estatal para los aeropuertos regionales de Europa. 
Ahora existe una gran incertidumbre desde la perspectiva de los aeropuertos regionales a lo largo y ancho de la Unión Europea respecto al modo en que vamos a desarrollar la industria de líneas aéreas de bajo coste en el futuro. 
La decisión de la Comisión simplemente estaba equivocada, y la Comisión todavía tiene que explicar la futura orientación de la política para el sector de las líneas aéreas de bajo coste en Europa. 
– Señor Presidente, tanto mi colega el Sr. Claeys como yo esta mañana nos hemos incluido electrónicamente en la lista de intervenciones de un minuto cada uno y ahora parece que no estamos en ella. 
Pediré que los servicios lo comprueben, pero yo me he guiado por el sistema de solicitud incidental de intervención. No tengo ninguna lista delante de mí. 
– Señor Presidente, tengo una prueba electrónica en mi ordenador que confirma que estoy registrado. 
Quisiera recordar a sus Señorías que siempre comenzamos con un sistema de solicitud incidental de intervención. 
Desconozco el significado de una «comunicación electrónica» , pero en el futuro levanten la mano e intentaré incluirles. 
– Señor Presidente, para preparar la visita del presidente chino a Francia, el Ministro de Asuntos Exteriores francés, Dominique de Villepin, ha venido a Bruselas para pedir el levantamiento del embargo de armas en China. 
El hecho es que Francia quiere firmar contratos lucrativos con Beijing para aumentar el volumen de ventas de su industria armamentística, lo que explica que el presidente chino haya recibido una bienvenida imperial en Francia. 
No se ha dicho nada sobre los derechos humanos, ni sobre la opresión del Tibet, un país que el presidente francés no parece siquiera localizarlo en el mapa. 
Cuando se tiene la oportunidad de vender algunos cazas Mirage del amigo Dassault, es mejor no pensar en unos cuantos viejos y aburridos monjes. 
Jacques Chirac, que puede deshacerse en elogios sobre la tolerancia en su propio país, por lo que se ve no ha tenido tiempo de leer los informes de las distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos que, año tras año, detallan las violaciones cometidas en China: censura, detenciones arbitrarias, hacinamiento en las prisiones, campos de rehabilitación y ausencia de libertad de expresión. 
Jacques Chirac ha llegado incluso a calificar el próximo referéndum en Taiwán como un acto de agresión contra China. 
Una cosa es que a la Unión Europea no le quede más remedio que hacer negocios con China, y otra totalmente distinta es suministrar armas a ese país. 
Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con la afirmación del Sr. Watson de que este embargo de armas representa uno de los últimos medios de que dispone la Unión Europea para obligar a la dictadura comunista en China a respetar los derechos humanos. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0040/2004) del Sr. Katiforis, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la función y los métodos de las agencias de calificación crediticia (2003/2081 (INI) ). 
. – Señor Presidente, el informe que tengo el honor de presentar es un informe de iniciativa propia sobre las agencias de calificación crediticia, que son organizaciones empresariales que gozan de buena reputación en los mercados. 
Sin embargo, su reputación se ha visto sacudida en cierto modo por la reciente racha de escándalos financieros, empezando por Enron y terminando por Parmalat. 
El fraude de Parmalat es especialmente relevante, puesto que tiene que ver con los titulares de bonos: precisamente la parte del mercado que se supone que las agencias de calificación protegen. 
Hasta pocos días antes del descalabro de estas compañías, fueron incapaces de hacer algo para proteger al público. 
Estos fracasos han ocasionado debates en los Estados Unidos, investigaciones en el Congreso de los Estados Unidos, en la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de este país, en la Organización Internacional de Comisiones de Valores y otros foros internacionales. 
Existe un aspecto específico europeo en este asunto. 
Las agencias de calificación que tienen cien años en los Estados Unidos son relativamente nuevas en Europa. 
En algunos casos han indicado que no entienden la mentalidad empresarial europea. Han creado fricciones, especialmente en Alemania. 
El otro punto de interés especial europeo es la observación inevitable de que cualquiera que sea la naturaleza de la regulación de las agencias –por suave e indirecta que sea–, tiene su sede exclusivamente en los Estados Unidos, en la forma de la SEC. 
El hecho de que no exista nada similar en Europa comporta una relación transatlántica desequilibrada, que podría resultar problemática si no se compensa a tiempo. 
Estas consideraciones dieron pie a la propuesta original del informe a favor de la formación de una autoridad de registro Europea para ser considerada por la Comisión, una autoridad que recibiría informes de las actividades de las agencias y con la que estas podrían establecer un diálogo reglamentario, un diálogo entre iguales basado en el Comité Europeo de Calificación de Valores, sobre temas de interés mutuo, con exclusión, sin duda, cualquier intervención en la sustancia de las opiniones emitidas por las agencias. 
Es interesante que la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos haya expresado recientemente su interés en contactar con el CEV sobre este asunto. 
La mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios piensa que esta propuesta es demasiado vanguardista y ha recomendado examinar de nuevo todo el terreno de operaciones de las agencias de calificación sin incluir en su recomendación nada tan específico como la creación de una autoridad de registro europea. 
Con el debido respeto por la opinión mayoritaria de mis colegas, me permito discrepar por dos razones. 
En primer lugar, porque existe una autoridad reglamentaria que opera en los Estados Unidos, y en segundo lugar porque –como ya he dicho– la falta de una autoridad correspondiente en Europa crea un desequilibrio potencialmente perjudicial. 
Por lo tanto, he pedido a mi Grupo político que me ayude a presentar de nuevo la propuesta de una agencia de registro europea en forma de enmienda, e insto a todos mis colegas que originalmente discrepaban en este punto a que reconsideren su postura. 
No se trata de una cuestión política partidista, pero sin duda es una cuestión política porque tiene que ver con los intereses de Europa en su conjunto. 
La alternativa es que las agencias, con el tiempo –tal es la fuerza de sentirse al amparo de alguna regulación de sus actividades– se verán obligadas a informar a 15 ó 25 autoridades financieras nacionales de Europa, cosa que las propias agencias deben observar con terror. 
Las agencias de calificación deben seguir realizando un buen trabajo. 
No hemos propuesto una regulación severa, pero sin una agencia de registro europea no conseguiremos lo que es, sin duda, nuestro objetivo principal. 
A la vez que agradezco a mis colegas el apoyo a otras propuestas útiles, les insto a que reconsideren su postura acerca de este asunto. 
,. Señor Presidente, la Comisión Europea acoge con satisfacción la decisión del Parlamento Europeo de redactar un informe sobre la función y los métodos de las agencias de calificación. 
Quiero felicitar al ponente por su iniciativa, que es oportuna. 
Como todos ustedes saben, la función de las agencias de calificación está aumentando hoy en día. 
En el pasado, las calificaciones crediticias se centraban principalmente en la deuda soberana. 
Sin embargo, en la última década, la función de las calificaciones crediticias se ha hecho más crucial, con el crecimiento de las emisiones de bonos de empresas y la inclusión de referencias a las calificaciones crediticias en varios actos de legislación financiera, incluida la legislación bancaria. 
Además, como todos ustedes saben, los importantes escándalos recientes han planteado cuestiones acerca de la función de las agencias de calificación en general: no podemos olvidar el caso Enron en 2001 o el reciente caso Parmalat, entre otros. 
Por lo tanto, está claro que ha llegado la hora de tomar medidas, como ha señalado con razón el Sr. Katiforis. 
Como mínimo existen cuatro cuestiones por resolver en relación con las agencias de calificación crediticia. 
En primer lugar, el tratamiento jurídico de la cuestión del acceso por parte de las agencias de calificación a la información privilegiada de los emisores no está claro actualmente en Europa. 
No existe una legislación europea armonizada, ni siquiera una regulación a escala nacional. 
Si las agencias de calificación van a tener acceso a la información privilegiada de los emisores, deberíamos garantizar que todas las agencias de calificación dispongan de la misma información. 
Creo que el informe del Sr. Katiforis refleja esto. 
Otra solución sería prohibir el acceso de las agencias de calificación a la información privilegiada de los emisores, como se hace en el caso de los analistas financieros. 
La segunda cuestión relativa a las agencias de calificación crediticia en el contexto de Enron y Parmalat tiene que ver con el nivel de cualificación del personal de la agencia, al igual que con la transparencia de su metodología. 
Sería razonable pensar en medidas para abordar esta cuestión, y sin duda estamos de acuerdo con el Sr. Katiforis en este punto. 
Teniendo esto en mente, una directiva que la Comisión adoptó el pasado mes de diciembre, por la que se aplica la Directiva sobre abusos de mercado con respecto a la presentación imparcial de recomendaciones de inversión, podría ser un buen punto de partida. 
La tercera cuestión planteada comúnmente es la falta de competencia entre las agencias de calificación crediticia. 
En la práctica, el sector a escala mundial es casi un oligopolio. 
Por lo tanto, acogemos con satisfacción el llamamiento del Sr. Katiforis a promover una mayor competencia en Europa. 
El establecimiento de criterios objetivos para la entrada o el desarrollo de otros actores en el sector podría ser útil. 
La cuarta y última cuestión, probablemente la más debatida, tiene que ver con los conflictos de intereses de las agencias de calificación crediticia, y estos adquieren dos formas distintas. 
Por una parte, se sospecha que la prestación de servicios de asesoría por parte de las agencias de calificación a las empresas que ellas mismas califican podría influir en el resultado del proceso de calificación. 
Por lo tanto, tales servicios de asesoría deberían revelarse junto con la calificación. 
De nuevo, la directiva adoptada por la Comisión el pasado diciembre, por la que se aplica la Directiva de abusos de mercado en relación con la revelación de conflictos de intereses, podría ser un buen punto de partida para abordar esta cuestión. 
El segundo conflicto de intereses, y el más controvertido, tiene que ver con la remuneración de las agencias de calificación por parte de las empresas a las que califican. 
Si es el emisor, y no los suscriptores, los que pagan a la agencia de calificación, surgen dudas en cuanto a la posibilidad de «reducir la rigidez» cuando se actualizan las calificaciones. 
Esta cuestión no es nueva, pero ahora tiene que resolverse. 
Tenemos que tomar medidas rápidas en relación con estas cuatro cuestiones. 
La Comisión Europea se comprometió a este efecto en el Consejo Europeo de Oviedo en abril de 2002. 
Tenemos que respetar nuestro compromiso antes de que se produzcan nuevos escándalos. 
Por lo tanto, la Comisión Europea podrá tomar partido en la cuestión en verano u otoño de 2004 a más tardar. 
Entre otras contribuciones, el informe del Sr. Katiforis será un elemento importante para guiarnos. 
En conclusión, queda la cuestión de qué van a hacer los Estados Unidos respecto a este asunto. 
Tenemos que ser realistas. 
Las dos principales agencias mundiales de calificación son norteamericanas. 
Sería razonable tener esto en cuenta, como ha señalado con razón el Sr. Katiforis. 
Sin embargo, de momento, la Comisión del Mercado de Valores norteamericana no se ha pronunciado sobre el tema, a pesar de las peticiones de cambio formuladas en el Congreso. 
Si los Estados Unidos quieren conseguir la convergencia con nosotros antes de que adoptemos una posición, agradeceríamos que nos proporcionaran rápidamente una visión clara acerca de este tema crucial. 
Les mantendremos debidamente informados. 
– Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías y señor Katiforis, a quien, antes que nada, quiero agradecerle su informe sobre la futura evaluación de las agencias de calificación. 
¿De qué estamos hablando en realidad? 
Constituye un hecho que las agencias de calificación crediticia tienen, en el mercado de capitales, un gran poder e influencia sobre las empresas. 
El hecho de que mejore o, sobre todo, empeore su calificación tiene gran importancia para una empresa, ya que contribuye a la aparición de graves problemas de recaudación de capital, problemas financieros y, sin duda también efectos indirectos en el empleo. 
Las agencias de calificación, sin embargo, evalúan también a los países; en Alemania, por ejemplo, evalúan a los Estados federados. 
De ahí que la mejor o peor calificación de los Estados federados alemanes tenga efectos en el contribuyente. 
No comento esto como una crítica, sino simplemente como una observación. 
Existen tres agencias de calificación en el mercado; aunque soy un defensor de la competitividad y me parecería estupendo que hubiera más, creo que una solución pública y administrativa no sería la correcta. 
En cualquier caso, la creación de más agencias de calificación o de una agencia europea debe producirse en respuesta al mercado, aunque todos los intentos hasta la fecha en esta dirección han sido insatisfactorios. 
Si consideramos el poder que tienen las agencias de calificación y nuestra tendencia, en la legislación sobre mercados financieros, a una mayor regulación y supervisión, tenemos que pensar en cómo vamos a hacerlo en el futuro. 
Por este motivo considero que el informe del Sr. Katiforis es muy importante, ya que es la primera vez en Europa que se presta atención a este tema. 
Es también importante que Europa lo haga así. 
Las tres agencias de calificación existentes pueden calificarse de predominantemente anglosajonas. 
No hay nada intrínsecamente malo en ello, pero debemos reconocer que existen diferentes estructuras financieras en la Unión Europea y en todo el mundo, con distintas reglas, y no todas las reglas que funcionan en una orilla del Atlántico tienen por qué aplicarse de la misma forma en la otra. 
Por todo ello, me parece muy importante que hagamos un intento a escala europea. 
De ese modo, no prestaríamos tanta atención a lo que hacen los norteamericanos a este respecto, ya que las agencias de calificación también desean hacer negocios en esta parte del mundo. 
Debemos considerar todo esto en el contexto de Basilea II, puesto que la calificación, ya sea interna o externa, se utilizará cada vez más para la financiación de las pequeñas y medianas empresas. 
Dentro de un tiempo será algo normal y la diferencia por antonomasia entre la calificación interna y externa será que la primera, en los Estados miembros, estará sujeta a supervisión financiera, mientras que la segunda no lo estará. 
De todas formas, lo importante es saber si en el futuro podremos seguir solo con una calificación interna supervisada, mientras que la externa no lo estará. 
El principal motivo por el que planteo esta cuestión es que algunas personas del sector y del mundo financiero me han comentado que tienen muchas dificultades para obtener información sobre su propia calificación, por lo que es prácticamente imposible decir que existe una relación de cliente normal entre las empresas y la agencias de calificación. 
Por ello, es importante que ahora exijamos a la Comisión que analice esta cuestión, trabaje algo en ella, informe con exactitud sobre el estado de cosas y haga propuestas. 
Por este motivo, comparto en gran medida la preocupación del Sr. Katiforis. 
El resultado, sin embargo, debe quedar abierto; aún no debemos exigir el registro y la supervisión; eso puede dejarse para el final del proceso. 
No obstante, podemos aspirar a que las agencias de calificación adquieran un compromiso que incluya la promesa de transparencia, y que la Comisión debe tomar como base para su trabajo. 
Este proceso podría, por supuesto, darle la oportunidad a las agencias de calificación para que hagan propuestas. 
Creo –como también cree el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos– que este proceso debe comenzar con carácter urgente, que debemos supervisarlo con ojo crítico y que la Comisión debe presentar sus propuestas a mitad del año que viene. 
– Señor Presidente, señora Comisaria Diamantopoulou, señor Katiforis, mis felicitaciones por esta iniciativa y por el contenido de este informe. 
Cuando se intenta asumir esa mentalidad «macro» que tenemos y que defendemos punto por punto, en particular en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, hay a veces algo que choca: entre el modelo de sociedad que pretendemos encarnar y las normas, los trabajos concretos que emprendemos, existe a veces una distancia que en cierto modo usted ha destacado, señora Comisaria, lo cual le agradezco. 
Si tenemos que hablar de las agencias de calificación y tenemos que alegrarnos de la iniciativa del ponente, es porque el mercado es ciego y, en su ceguera, las agencias de calificación han conseguido o consiguen un poder de decisión totalmente esencial que prevalece sobre el futuro de las empresas y, por tanto, de los empleos. 
Teniendo en cuenta esto, quisiera hacer tres observaciones. 
La primera es que lo que decimos aquí no puede disociarse del debate global sobre la gobernanza empresarial. 
¿Qué gobernanza queremos para nuestro modelo de sociedad en Europa? 
¿Qué reparto de papeles entre capital y trabajo? 
¿Qué función de redistribución? 
Estas son las preguntas a que debemos responder con las soluciones que contemplamos para el funcionamiento de dichas agencias, en particular pero no sólo. 
Les recuerdo los debates que mantuvimos sobre la cuestión de las normas contables y las derivas a que nos ha conducido la denominada autonomía del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 
No quisiera que nos sucediera lo mismo con las agencias de calificación. 
Mi segunda observación es que, si queremos, en Europa, que la mejora del funcionamiento de las agencias de calificación contribuya a la defensa de nuestro modelo de sociedad, no podemos dejar de lado la cuestión de la responsabilidad social de las empresas. 
También en este ámbito se crean hoy agencias. 
Pienso en particular en la agencia de la Sra. Nicole Notat en Francia, Vigeo. 
Son desarrollos complementarios sobre los cuales debemos reflexionar. 
Por último, mi tercera observación es, señora Comisaria, para lamentar no haber oído su punto de vista sobre la enmienda que propone nuestro ponente y que apoyaré plenamente, junto con mi Grupo, a favor de la creación de autoridades europeas de registro y de regulación. 
– Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente por su excelente trabajo sobre esta cuestión. 
Es una cuestión de actualidad, y el Sr. Katiforis ha aportado un gran conocimiento de la cuestión. 
Me complace especialmente que haya tenido en cuenta una serie de preocupaciones que expresé en mis enmiendas. 
Espero que pueda alcanzarse un acuerdo entre el Grupo del PPE-DE y el ponente. 
Esto no ha sido posible –hasta la fecha–, pero estoy seguro de que apoyamos una gran parte de su informe. 
En una ligera inversión de las funciones normales dentro del Grupo del PPE-DE, descubrí que el resto de mi Grupo era más cauto que yo respecto a la idea de una mayor regulación: normalmente en mi Grupo soy yo el que defiende un enfoque más desregulador. 
Lo que es muy importante –como afirmó claramente el Sr. Radwan, el ponente alternativo– es que sí, se trata de una cuestión importante; sí, hay preguntas que necesitan respuesta sobre el modo en que funcionan las agencias de calificación, y sí, hay que plantearse si deberíamos disponer de un sistema de registro para las agencias de calificación. 
La conclusión a la que ha llegado el Grupo es que no deberíamos prejuzgar el resultado de este proceso. 
Es importante que los diputados al Parlamento y las comisiones parlamentarias consideren cuidadosamente las cuestiones planteadas por el Sr. Katiforis en su informe, pero no queremos prejuzgar el resultado y decir en este momento que sí, deberíamos tener una autoridad de registro europea. 
En nuestro Grupo somos cautos respecto al coste de la regulación. 
Nos preocupa la importancia de incluir las agencias de calificación en un marco reglamentario o un sistema de registro, y debemos tener cuidado al responder a los recientes escándalos financieros. 
Hay una tendencia entre algunos de los comentaristas financieros a asumir que debemos reforzar la regulación después del escándalo Parmalat, y las organizaciones que están más a favor de una mayor regulación y del registro son las agencias de calificación. 
Deberíamos considerar de modo objetivo y con calma lo que ocurrió en Parmalat, y ver la respuesta necesaria para evitar reacciones precipitadas o viscerales, porque es difícil ver de qué modo el cambio de sistema o de regulación de las agencias de calificación podría haber evitado el escándalo Parmalat. 
Siempre habrá personas dispuestas a violar la ley, como las hubo en Parmalat, y por muy amplio y efectivo que sea el sistema de regulación, tanto para los fondos de cobertura como para las agencias de calificación o cualquier otra cosa, no vamos a impedir ese tipo de conducta criminal. 
Podemos intentar que ocurra con menos frecuencia, pero es imposible prevenirla. 
Hemos de preguntarnos qué son y cómo funcionan las agencias de calificación, pero es prematuro llegar a la conclusión de que hoy por hoy precisamos una mayor regulación o un sistema de registro. 
– Señor Presidente, quiero decir a la Sra. Villiers que bajo ningún concepto debemos decir que no sabemos lo que pedimos o lo que queremos. 
Es lamentable que la labor realizada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios nos ha dejado con poca sustancia del proyecto de informe original, poca cosa para forzar una mayor transparencia por parte de las agencias de calificación y una vigilancia más estrecha de las mismas. 
Tras los escándalos financieros mundiales, desde WorldCom hasta Parmalat, ha llegado la hora de que las agencias de calificación se registren y de que se supervisen sus prácticas. 
En vista del reconocimiento de la calificación externa en Basilea II y de las consecuencias resultantes, el mensaje que lanzamos a la Comisión no se merece su indiferencia. 
Este informe adopta una actitud tolerante hacia un oligopolio que es prácticamente imposible de supervisar y contrario a todas las prácticas del mercado interior. 
De las cien empresas más grandes de la Unión Europea, 80 son supervisadas por tan solo tres agencias, que tendrían que ser capaces de hacer un mejor trabajo al calificarlas. 
La información utilizada para la evaluación es también importante a la hora de decidir en dónde invertir. 
En esto no podemos quedarnos a la zaga de los acontecimientos actuales en los Estados Unidos, con los graves problemas que se han producido recientemente y que han llevado a reforzar considerablemente el sistema existente de supervisión de las agencias de calificación, actualmente en manos de la Comisión del Mercado de Valores norteamericana. 
Lamento informar al Sr. Katiforis de que la señal que envía este informe realizado por iniciativa propia a la Comisión es demasiado moderada y nos da pocos motivos para esperar que terminaremos con un instrumento fiable. 
No obstante, concluyo uniéndome a su petición de que, en vistas de las numerosas incertidumbres que existen, debemos explorar todas las alternativas para crear una autoridad europea de registro. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, señor Katiforis, Señorías, este informe y este tema revisten una importancia especial en vista de las numerosas cuestiones que se plantean. 
Los anteriores ponentes ya han explicado cómo las agencias de calificación han adquirido una doble relevancia: por un lado, a raíz de sonados escándalos, y por otro, en virtud de la Directiva relativa a créditos al consumo o el desarrollo de Basilea II. 
Seamos honestos y admitamos que todo cliente de un banco y cualquiera que pida un préstamo se encuentra sometido a alguna forma de proceso de calificación. 
Pero sobre todo, las agencias de calificación evalúan a las empresas y los países. 
Estas evaluaciones desencadenan debates sobre los tipos de interés, la cantidad de recursos propios y las cotizaciones bursátiles; también tienen un efecto en la confianza de los clientes en la empresa y el país en cuestión. 
Debemos recordar también, por supuesto, que toda la filosofía de las agencias de calificación es principalmente de origen anglosajón y que existen tres grandes firmas en este campo que realizan también calificaciones amplias e importantes en Europa. 
Ante esto, debemos considerar el hecho de que todas estas agencias de calificación poseen una marca de calidad, que es norteamericana y otorgada por la Comisión del Mercado de Valores norteamericana. 
Si queremos que haya más competitividad, necesitamos no solo agencias europeas, sino también una marca de calidad europea, ya que esta tendría el efecto natural de generar confianza y mejorar el valor de la agencia en el mercado. 
Por tanto, deseamos que se promueva la creación de agencias de calificación europeas y que estas respondan específicamente a las características y necesidades de las pequeñas y medianas empresas. 
Abogamos por la introducción de una marca de calidad europea o, incluso mejor, una marca mundial que acompañe a Basilea II, y deseamos un debate sobre la calificación interna y externa. 
Favorecemos la libertad de opinión y la independencia de las agencias, y deseamos mayor transparencia. 
Por todo ello, considero intolerable que no exista ningún procedimiento de licencias para las agencias de calificación. 
Puede que una forma correcta de hacer las cosas sería empezando con la supervisión del mercado financiero y dando igual tratamiento a las calificaciones internas y externas, de manera que las agencias se puedan registrar, es decir, autorizar, en lugar de crear nuevas autoridades. 
Señor Presidente, yo también elogio este informe. 
Es una iniciativa excelente y yo, al igual que la mayoría de los diputados a esta Cámara que han intervenido, espero que durante los debates, concretamente en sesión plenaria, podamos hacer realidad la filosofía original del Sr. Katiforis. Como ha dicho el Sr. Katiforis, el quid de la cuestión que debatimos hoy, en relación con este informe de propia iniciativa, es si se deben regular las actividades de las agencias de calificación y, en caso afirmativo, si tal regulación se debe realizar a escala nacional o europea. 
Como el ponente sugiere en su exposición de motivos, se trata claramente de una decisión política y este debate así lo corrobora. 
Sin embargo, el ponente estaba en un principio totalmente a favor de la regulación, y regulación a escala europea, aunque se han alzado voces muy próximas al sector en contra de ella. 
Los representantes del sector entienden que su actividad forma parte del ámbito de la información económica y que lo que se debate, por tanto, es garantizar la total libertad para dicha información económica. 
Sin lugar a dudas, la necesidad de información no es incompatible con las necesidades e intereses de la regulación y, aunque hay que admitir que las agencias de calificación han funcionado bien en general con el sistema actual, también está claro que hoy en día nos enfrentamos a nuevos problemas que exigen soluciones novedosas y probablemente un nuevo sistema. De dichos problemas hay ejemplos espectaculares que ya han mencionado los diputados que me han precedido. 
Además, no cabe duda de que las opciones del ponente van en la misma línea que el enfoque legislativo adoptado por la UE en el marco de los servicios financieros. 
En mi opinión, es por tanto de interés general establecer organismos que regulen la calificación crediticia, sobre todo porque, como todos sabemos, el resultado de esta actividad ya ha repercutido decisivamente en la legitimidad y la elegibilidad de algunos activos financieros para distintos tipos de aplicaciones que utiliza el público en general. 
En consecuencia, creo que la primera iniciativa del ponente, que no fue aceptada en su totalidad por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, tiene que aprobarse en sesión plenaria. Es una medida de extrema audacia, pero totalmente justificada. 
,. Señor Presidente, ha sido un debate muy interesante, y está claro que esta es una cuestión política y económica candente. 
Sus Señorías han debatido muchas cuestiones. 
Quiero subrayar en particular el debate sobre la regulación: si tal regulación tiene que ver únicamente con la transparencia y los criterios de transparencia o si debería ser más vinculante. 
Después tenemos la interesante cuestión de una autoridad independiente, qué tipo de entidad sería y si deberíamos acordar establecerla a escala europea. 
Otra cuestión importante es el registro de estas empresas y si tienen que estar registradas a escala europea o nacional. 
La Comisión está de acuerdo con muchos de los puntos que señala el informe Katiforis, pero presentará su postura final a finales de la primavera o a más tardar en otoño. 
Me gustaría agradecer al Sr. Katiforis de nuevo su interesante contribución. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a partir de las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0026/2004) del Sr. Cercas, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la ordenación del tiempo de trabajo (Revisión de la Directiva 93/104/CE) [2003/2165 (INI) ]. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, mi informe tiene como objetivo principal examinar dos artículos de la Directiva 93/104/CE del Consejo relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. 
Hace diez años se aprobó esta importante Directiva que regula determinados elementos fundamentales para la salud y la seguridad de los trabajadores por cuenta ajena, como son los tiempos de descanso diario y de vacaciones. 
También señala la Directiva la jornada máxima semanal en 48 horas, aunque permite que su cómputo medio se realice en un período de referencia de cuatro meses. 
La aprobación de esta importante Directiva- que es una de las más relevantes en el ordenamiento social comunitario- no fue pacífica. 
La resistencia del Reino Unido solo fue vencida ante el Tribunal de Justicia y, durante diez años, hubo que hacer dos excepciones con carácter temporal respecto al período de referencia en el que se computaban las 48 horas semanales, y respecto a la propia aplicación de la jornada de 48 horas semanales en aquellos países que quisieran regular esta excepción a voluntad de los trabajadores, siempre que esta se expresara de forma fehaciente y libre: es lo que se conoce como el individual. 
La Comisión y el Consejo deberían haber reexaminado estas excepciones temporales antes del pasado 26 de noviembre. 
Sin embargo, lamentablemente, la Comisión no comunicó en dicha fecha ni sus análisis ni sus propuestas. 
Hasta el 30 de diciembre de 2003 no nos presentó una Comunicación ni abrió un período de consultas, y aún así su texto carece de propuestas concretas sobre los asuntos más peliagudos. 
Lo que sí ha hecho la Comisión- y es de agradecer- ha sido encargar un estudio a la Universidad de Cambridge- que han realizado Barnard, Deakin y Hobbs- sobre el uso que ha hecho del el país que lo aprobó- el Reino Unido- y que nos permite conocer en profundidad las negativas consecuencias originadas por su uso y su abuso masivos en un mercado laboral donde se ha aplicado con carácter general. 
Mi informe se refería exclusivamente al reexamen de estas dos excepciones para responder no con lengua de madera, sino con claridad, a la pregunta obligada de la Directiva: diez años después de la aprobación, ¿tiene sentido mantener la ampliación de los períodos de referencia? 
¿Tiene sentido mantener el principio de que no se aplique el máximo de 48 horas a través del individual? 
Ambas preguntas, estimo en mi informe, deben responderse a la luz de los principios que definieron la aprobación de la Directiva: la salud y la seguridad de los trabajadores. 
Estos deben ir acompañados de un tercero: la flexibilidad, que la propia Comisión señala en su Comunicación. 
Hemos de velar por que se concilien la vida laboral y familiar de los europeos y las europeas. 
Mis propuestas también son claras. 
Según nuestra información objetiva, no hay por qué derogar la ampliación de períodos de referencia que han demostrado ser útiles y que no han ocasionado, al menos de momento, graves consecuencias a la salud y seguridad de los trabajadores, pero, por el contrario, son abrumadoras las evidencias de que el lesiona gravemente los derechos mínimos a la salud y la seguridad, y es un grave riesgo para la conciliación de la vida familiar y profesional. 
El debate y la votación han sido muy duros en la Comisión de Empleo. 
Espero que mañana podamos seguir trabajando y acercando posiciones. 
Personalmente, he mantenido una actitud abierta respecto al elemento de la flexibilidad, incluso respecto al problema de la guardia de los médicos que se ha introducido en este debate. 
He sido flexible, como lo es la Directiva. 
Ahora bien, no he cesado de proclamar, y lo haré hasta el final, que el individual introduce gravísimos precedentes: los derechos mínimos, señor Presidente, son irrenunciables. 
Si hoy se obliga o se permite a los trabajadores renunciar a derechos básicos, como son los horarios máximos, mañana, con la misma argumentación, podría permitírseles renunciar a otros elementos fundamentales de su salud y su seguridad, trabajar en ambientes de ruido, de polvo, eliminar barreras protectoras en las obras, renunciar a derechos de maternidad y a otras muchas cosas. 
Y todo ello en nombre de la libertad individual, que desaparece cuando se aplica. 
Es un pésimo precedente. 
Termino, señor Presidente, diciendo que nuestra Carta de Derechos Fundamentales y el artículo 137 del Tratado nos obligan a frenar los deseos de quienes no quieren que haya normas europeas. 
El no es una norma flexible: es la ausencia de normas. 
Al permitir que a alguien no se le aplique una legislación básica de derechos mínimos fundamentales, se está defendiendo la ausencia de normas. 
Y espero que todos los colegas reflexionen a fondo sobre esto. 
No puede ofrecerse el triunfo a los que no quieren que se construya la Europa social, a los alérgicos a las normas mínimas, de las que los trabajadores de nuestro continente gozan desde hace más de un siglo. 
,. 
Señor Presidente, agradezco al Sr. Cercas su magnífico informe sobre la revisión de una Directiva que constituye una de las piedras angulares de la legislación laboral en la Comunidad. 
Como hemos oído, el objetivo primordial de esta Directiva, que constituye también su marco político y su fundamento jurídico, consiste en proteger a los trabajadores contra los efectos nocivos para la salud y seguridad que tiene trabajar demasiadas horas, no descansar lo suficiente o tener unos horarios de trabajo irregulares. 
La Directiva establece de hecho un marco de requisitos mínimos para la salud y seguridad en términos de descanso diario y semanal, duración máxima del trabajo semanal, período de vacaciones anuales retribuidas y duración de los turnos de noche. 
Obviamente no podemos ignorar el hecho de que, aunque el marco jurídico es la salud y seguridad de los trabajadores, también tiene una relación directa con la productividad de las empresas. 
Está claro que las empresas con trabajadores que no cumplen estos requisitos mínimos aceptables no pueden conseguir la productividad necesaria. 
La Comisión, como exigía el vencimiento del período de diez años desde la publicación de la Directiva, ha presentado su informe el 30 de diciembre y ha anunciado la revisión de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. 
La Comisión, teniendo en cuenta la forma en que esta Directiva se ha aplicado en los 15 estados miembros, está obligada a evaluar dos disposiciones contenidas en ella. 
Primero, las derogaciones en cuanto a los períodos de referencia y la forma de calcular el número máximo de horas de trabajo a la semana. 
El Sr. Cercas ha preguntado si necesitamos debatir este asunto, que no ha generado ningún problema en particular. 
Ahora bien, existen muchos sectores que tienen problemas y que estarían interesadas en un período de referencia distinto, lo que se ha traducido en propuestas y discusiones tanto de los trabajadores como de los empresarios. 
Segundo, la posibilidad de excepciones individuales respecto a la duración máxima de la semana laboral, el famoso o exclusión voluntaria. 
Obviamente, estos dos temas no se pueden abordar sin tener en cuenta el reciente desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, que califica el tiempo que los médicos están de guardia en su casa en régimen de llamadas como tiempo de trabajo solo cuando durante ese tiempo se requiera su presencia física en el centro sanitario. 
En consecuencia, la Comunicación de la Comisión manifiesta preocupación por los resultados de estos casos judiciales. 
No podemos plantearnos las dos disposiciones que necesitan revisión sin tener en cuenta la decisión de los tribunales. 
Se trata de un tema de extrema complejidad que, como se recalca en el informe, necesita una evaluación pormenorizada de cualquier repercusión que pueda tener ese cambio en la legislación. 
Por ello, la Comisión ha iniciado un amplio procedimiento de consulta. 
A la vez, pedimos la opinión de los interlocutores sociales en un marco especial de procedimientos, según se establece en el Tratado, y ya nos encontramos en la primera fase de consultas de acuerdo con el artículo 138 del Tratado. 
Debo insistir en que, en virtud del Tratado, la función de los interlocutores sociales es muy distinta, es independiente, y el ámbito en el que la Comisión está iniciando el debate solo puede ser amplio; el primer acercamiento no puede tener como resultado unas directrices establecidas por la Comisión, puesto que los propios interlocutores sociales tienen que consultar en las fases primera y segunda, para saber sus posturas. 
Por todo ello, como habrán observado, la primera Comunicación tiene un marco bastante general. 
No obstante, existen varios puntos en los que somos muy claros y que yo apoyo. 
El primero de ellos es que debemos realizar un análisis y una evaluación detallados de las repercusiones y consecuencias de cualquier cambio, primero en los trabajadores, porque en cuestiones de salud y seguridad no hay medias tintas, y segundo en el funcionamiento de las empresas. 
En segundo lugar, debemos abordar todos los aspectos de este asunto. 
Se trata, como ya hemos apuntado, de una Directiva fundamental para la legislación laboral y tenemos que evitar por todos los medios cualquier enfoque exclusivamente sectorial. 
Obviamente, esto no quiere decir que no debemos tener en cuenta problemas importantes, como en el ámbito de la salud que, tras las sentencias del Tribunal, podrían extenderse a otros sectores con problemas similares. 
El tercer punto es la correlación entre el tiempo de trabajo y la igualdad de oportunidades. 
Este es un vínculo innato que existe en la Directiva y que, básicamente, insta a los Estados miembros a que tomen medidas para que pueda conciliarse mejor el trabajo y la vida familiar. 
El cuarto punto hace referencia al. 
Yo diría que existen dos extremos. El primero es que no tengamos la posibilidad de excluirnos de la duración máxima de la semana laboral, es decir, que eliminemos por completo el; y el segundo, que generalizamos este concepto. 
Esta segunda opción daría a las empresas y a los trabajadores la posibilidad de decidir los horarios laborales y todo el marco de empleo. 
Ambos extremos plantean problemas importantes: el primero no tiene en cuenta las características especiales de los distintos y numerosos sectores que existen y, aún más importante, las características especiales que pueden surgir a raíz de sentencias como las del Tribunal, con consecuencias muy graves en el caso específico de los sistemas sanitarios. 
Si en el futuro se dictan sentencias de este tipo en otros sectores, estos tendrán también problemas similares. 
La segunda posición extrema, que supone la generalización del como parte del funcionamiento del mercado laboral, anula en esencia todos los marcos fundamentales de la Unión Europea basados en los derechos de los trabajadores, que tratan de proteger su salud y seguridad, además de vincular la productividad al trabajador como persona. 
Puedo afirmar desde el principio que me opongo a ambos enfoques extremos. 
Naturalmente, debemos aceptar que el marco institucional que establecía la Directiva en cuestión para el permitía que se abusara del mismo. 
Por eso en algunos países se abusa sistemáticamente del en todos los sectores, en todas las categorías de empresas, con graves problemas para los trabajadores. 
Por tanto, creo que debemos ver y resolver estos asuntos básicos pendientes, teniendo en cuenta, por un lado, la necesidad de utilizar el y, por otro, la existencia de nuevos criterios y posturas vinculantes de los Estados miembros, de modo que haya control de su uso y no abuso. 
Puesto que esta Directiva reviste claramente una gran importancia, afecta al mercado laboral y a la economía y tiene una repercusión directa en las vidas de millones de trabajadores europeos y, a la vez, en las empresas y la economía de Europa, necesitamos realizar consultas reales y amplias con todos los organismos implicados y, por supuesto, con los interlocutores sociales, como ya hemos dicho. 
Nuestro objetivo es que este procedimiento nos conduzca a un mejor marco legislativo que tenga en cuenta las consecuencias reales para el mercado de trabajo y que sirva para lograr el objetivo básico de la Directiva, que es proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. 
Creo que el Parlamento tiene la primera palabra en este proceso de consulta. 
El informe es de plena actualidad y muy importante. 
Deseo asegurarles que representa la base de las preparaciones y, por supuesto, es solo el primer debate y acercamiento de la Comisión con el Parlamento. 
En los próximos meses tendremos la oportunidad de realizar debates e intercambios de opinión constantes, de modo que podamos tener en cuenta todas las posturas particulares. 
– Señor Presidente, quiero empezar felicitando a la Comisaria y agradeciéndole sus sabios, prácticos y útiles comentarios de hoy y también el informe de la Comisión, que hace gala de un equilibrio excelente. 
No pretendo faltar al respeto al ponente, y espero que me perdone por decir que no puedo realizar los mismos comentarios sobre su informe. 
Como sabe, junto con el Grupo ELDR casi conseguimos derrotarlo en comisión, pero prácticamente ninguna de nuestras enmiendas fueron aceptadas. 
Pero ganaron muy a duras penas, y si hubiéramos tenido éxito nosotros, no tendríamos que molestar ahora a la Cámara. 
Ni que decir tiene que vamos a presentar de nuevo estas enmiendas, y esperamos que toda la Cámara las apruebe en la votación del miércoles. 
Lo triste del informe es que esencialmente expresaba con claridad que no debería haber ninguna posibilidad de y que el Reino Unido debería ser llevado ante los tribunales por supuestos abusos, como diciendo: ya he tomado una decisión, no me confundan con los hechos. 
Quisiera compartir algunos hechos con la Cámara esta tarde. 
El de la Directiva del tiempo de trabajo es voluntario: nadie puede estar obligado jurídicamente a firmar un, y es importante conceder a las personas la flexibilidad de trabajar más horas y ganar una paga extra si así lo desean. 
Las investigaciones en el Reino Unido indican que 2,5 millones de personas sobrepasan el número máximo de horas de trabajo estipulado en la Directiva, pero a dos tercios les pagan las horas extras, con lo cual saldrían perdiendo si se eliminara el. Es verdad que algunos trabajadores querrían trabajar menos horas, pero no si el recorte de horas significa una merma del salario. 
Más de siete de cada diez de aquellos que trabajan más horas han dicho que no querrían trabajar menos horas si ello conllevara un salario menor. No hay pruebas de que la salud y la seguridad se vean comprometidas en cualquiera de estas circunstancias. 
Ahora quisiera hablar brevemente del informe de Barnard, Deakin y Hobbs, al que el ponente se ha referido. 
Ha afirmado que, según las conclusiones del informe, se han cometido abusos a escala masiva. 
Tengo que decir que las conclusiones no dicen nada de eso. 
Fue interesante que cuando salió a la luz el informe de la Comisión, había un artículo en el del martes, 6 de enero, cuyos autores eran Catherine Barnard y Simon Deakin, que mostraban sorpresa por el modo en que se había malinterpretado su informe. 
Quisiera citar tres breves párrafos. 
«Es cierto que desvelamos pruebas de algunos abusos del sistema de. 
A veces el se presentaba como una condición estándar del contrato para el personal nuevo, que tendrían que tomar medidas positivas para evitar. 
Pero esto no era lo usual. 
Lo que era sorprendente era el hecho de que por cada empleado que se sentía presionado a realizar un, encontramos otros que querían el derecho a elegir las horas que trabajaban y qué salario, condición y satisfacción laboral obtenían a cambio (... ). 
Descubrimos rápidamente un hueco entre la retórica en torno a la reducción de las horas de trabajo y la realidad de la vida laboral para muchas personas. 
En un ejemplo que nos describieron, los trabajadores de la industria tabacalera podrían perder cientos de libras esterlinas a la semana de paga extra si se limitaran a trabajar 48 horas.» 
Afirman en el párrafo final que «una prohibición total de las horas largas sería poco factible en muchas empresas y sectores o simplemente se ignoraría.» 
Estos son los hechos, no como los ha presentado el ponente. 
Por lo tanto, la conclusión tiene que ser que el debe permanecer, y los abusos, si existen, deben desaparecer. 
Espero que los diputados de todas las partes de la Cámara puedan apoyar esto. 
Por último, mencionaré las sentencias SIMAP y Jaeger. 
Son cuestiones importantes que deberíamos abordar, y nuestras enmiendas deberían intentar centrarse en estas cuestiones, porque tenemos que tratar de resolver los clarísimos problemas planteados por el Tribunal de Justicia. 
En conclusión, sé que en el acta de septiembre los diputados laboristas del Reino Unido dijeron que votaron unánimemente en contra del mantenimiento del, pero nunca es tarde para arrepentirse. 
Todavía albergo la esperanza de que el miércoles voten con nosotros en interés tanto del empleo como de los empleados. 
– Señor Presidente, felicito al ponente por su excelente trabajo sobre la ordenación del tiempo de trabajo. 
Tal y como ha dicho la Comisaria, se trata de una cuestión que afecta a todos los trabajadores y a todas las familias de la Unión Europea. 
Sin embargo, aunque entiendo que los Comisarios a título individual no siempre consiguen lo que quieren y cuando lo quieren, me desilusiona la manera en que la cuestión del tiempo de trabajo ha sido abordada por la Comisión en su conjunto. 
Ha tenido diez años para preparar y elaborar propuestas sobre el funcionamiento de las derogaciones sobre el y la anualización; la revisión y la comunicación se solicitaron claramente para noviembre de 2003 e increíblemente, la Comisión todavía consiguió incumplir el plazo. 
Cuando llegó la comunicación, francamente, apenas valía el papel en el que estaba impresa. 
Es un documento flojo y no señala con claridad la mejor orientación de la acción. 
En mi opinión no debería permitirse que fuera un instrumento adecuado para la apertura de la primera fase de consultas entre los interlocutores sociales conforme al procedimiento previsto en el artículo 138. 
Espero que los interlocutores sociales aclaren esto. 
También, cuando la Comisión consiguió elaborar la comunicación, estaba siendo bombardeada por notificaciones de los Estados miembros de que empezarían a utilizar el en sus sectores sanitarios en respuesta a las sentencias SIMAP y Jaeger. 
Sin duda, algunos Estados miembros estaban siendo oportunistas a este respecto, pero la Comisión había tenido tres años para responder a SIMAP; por tanto, su inactividad podría llevar a la neutralización de un acto central de la legislación de la Unión Europea relativo a la salud y seguridad. 
En nuestra opinión, la extensión universal del uso del no es la respuesta a SIMAP y Jaeger. 
Queremos acciones rápidas y específicas por parte de la Comisión en respuesta a estas sentencias, y después tiempo para revisar otras disposiciones de la Directiva original. 
En cuanto al modo de resolver estas dificultades, podríamos considerar los acuerdos entre interlocutores sociales o especificar de nuevo mecanismos que se han establecido en ciertas partes de la Unión Europea para tratar las implicaciones de estos casos. 
O podríamos considerar el tipo de definición que adoptamos para abordar el caso de conductores de relevo y trayectos nocturnos de transbordadores de pasajeros al tratar el tiempo de trabajo para los conductores. 
Al igual que el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, se incluyó la noción de períodos de disponibilidad. 
De modo más general, personas como el Sr. Bushill-Matthews me dicen constantemente que el es esencial para conceder a las empresas la flexibilidad necesaria para funcionar. 
Entonces es extraño, en mi opinión, que hasta hace poco solo un Estado miembro usara el los otros se las arreglaban bien y todavía se las arreglarían en sus sectores sanitarios si no fuera por las sentencias SIMAP y Jaeger. 
Lo cierto es que la Directiva es flexible. 
Unos mecanismos más flexibles se aplican a toda una gama de ocupaciones y actividades, y los períodos de referencia son generosos. 
Personalmente también estaría encantado de plantearme si la anualización del tiempo de trabajo podría convertirse en una opción más realista en todos los Estados miembros. 
En general, el Grupo Socialista es de la opinión de que un en una directiva de salud y seguridad es un sinsentido peligroso. 
Esta posibilidad se previó por razones puramente políticas hace diez años, y desde el principio fue una mala idea. 
Un generalizado es malo para el bienestar de los trabajadores, malo para un equilibrio adecuado de la vida laboral, perjudicial para los esfuerzos por animar a las mujeres a volver al mercado laboral y, tal y como demuestran las estadísticas, de ningún modo útil para mejorar la productividad. 
No es la orientación que debe siquiera plantearse seguir una Unión decidida a convertirse en la economía más dinámica del mundo basada en el conocimiento. 
Así que de ningún modo me arrepentiré y con seguridad no me uniré al Sr. Bushill-Matthews el miércoles. 
– Señor Presidente, me complace que la Comisión presentara el documento de consulta. 
Sin embargo, habría sido útil presentarlo antes de que el Sr. Cercas redactara el informe, aunque me complace que hayamos podido presentar enmiendas orales. 
No obstante, esta no es la manera ideal de trabajar, y me gustaría dejar constancia de ello. 
He presentado una serie de enmiendas, muchas de ellas junto con el Grupo del PPE-DE y algunas de cosecha propia. 
El punto principal –y me complace que la Comisaria lo haya mencionado– es que el individual debería mantenerse, pero debería ser verdaderamente voluntario, y deberían tomarse medidas para tratar cualquier abuso. 
Pero tal y como ha dicho el Sr. Bushill-Matthews, ese abuso no está tan extendido en el Reino Unido como el ponente nos lleva a pensar. 
De hecho, como el Sr. Bushill-Matthews y el ponente han repetido, los autores de la investigación –Barnard, Deakin y Hobbs– afirmaron que el abuso estaba extendido. 
Estas personas se han distanciado de lo que usted ha escrito en su informe, y de hecho se distanciarían de su declaración de hoy. 
En respuesta al comentario del Sr. Hughes, una de las razones del mantenimiento del es que en el Reino Unido no tenemos convenios colectivos. 
Ese es uno de los motivos principales de que utilicemos el. 
Otros Estados miembros utilizan las derogaciones porque tienen convenios colectivos. 
Las decisiones pueden tomarse entre las dos partes del sector: los sindicatos y los empresarios se reúnen y deciden lo que quieren hacer respecto a la Directiva sobre el tiempo de trabajo. 
Pero ya que no tenemos eso –al menos no en gran medida–, necesitamos flexibilidad para que nuestras empresas puedan hacer frente a los problemas. 
Los salarios no son competencia de la Unión Europea ni deberían serlo. 
No deberíamos estar discutiendo sobre las pagas. 
Pero los trabajadores del Reino Unido tienen salarios bajos, a pesar de que tenemos un salario mínimo nacional. Con bastante frecuencia añaden a la paga normal que llevan a casa las horas extras. 
Si nos deshacemos del, habrá muchos casos de trabajadores que no puedan realizar horas extraordinarias y por tanto no obtendrán unos ingresos razonables. 
Tampoco somos el único país que lo utiliza: Alemania, Francia, los Países Bajos, España y Luxemburgo lo están utilizando o lo van a utilizar en el sector sanitario o la restauración. 
Otro problema es la duración del período de referencia. 
El turismo y la agricultura tienen un problema particular debido a sus distintas pautas de trabajo y debido al tiempo trabajado al año. 
La Comisión también debe considerar las sentencias SIMAP y Jaeger. 
Es muy importante que lo hagamos respecto a la sanidad y presentemos propuestas. 
Espero que mañana se nos una un número suficiente de diputados en la votación, especialmente aquellos diputados laboristas que votaron en contra de nosotros en comisión y en contra del Gobierno laborista del Reino Unido. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, como todos sabemos, esta Directiva de 1993, que establece las condiciones mínimas que rigen la organización del tiempo de trabajo, con el objetivo de garantizar un alto nivel de salud y seguridad a los trabajadores, tendría que haberse incorporado a las legislaciones nacionales antes de 1996, estableciendo la posibilidad de derogación limitada. 
Pero lo cierto es que varios Estados miembros han empleado y abusado de estas derogaciones y no han cumplido las disposiciones contenidas en ella, especialmente el límite superior de tiempo de trabajo en sectores como la salud, la hostelería y la restauración. 
Una vez más, ahora que el plazo de siete años ha vencido, lamentamos que la Comisión no haya dado ninguna indicación clara de cómo se resolverán los problemas que han surgido. 
Asimismo, acojo con satisfacción el estudio comparativo sobre las repercusiones que tienen las largas jornadas de trabajo en la familia y en la salud, así como el efecto en ambos géneros. Una propuesta que también valoro es la disposición relativa a la protección de los trabajadores autónomos y otros cuya seguridad se ve en peligro por el agotamiento que les producen sus largas jornadas laborales. 
El Tribunal de Justicia ha dictado sentencia en varios casos y ha concluido que el tiempo de guardia en régimen de llamadas es tiempo de trabajo, confirmando así el principio fundamental de que el tiempo que no está totalmente a disposición del trabajador por compromisos laborales debe considerarse tiempo trabajado. 
Felicito al Sr. Cercas por el trabajo que ha realizado y, como dice en su informe, se deben desechar las derogaciones en forma de cláusulas de individual y tratar de reducir las presiones y eliminar los abusos que deterioran la vida familiar. 
Mi grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, ha presentado propuestas que nos permitiría ampliar estos derechos un poco más. 
Hemos pedido una revisión de la Directiva, inicialmente reduciendo el máximo de la semana laboral de 48 a 42 horas; y su reducción gradual a 36 horas en los próximos siete años. Esperamos que con esto se consigan mayores reducciones en el tiempo laboral y una redistribución del trabajo en los Estados miembros, que son formas eficaces de conciliar la vida familiar y profesional, de favorecer la igualdad de derechos para la mujer y de combatir el desempleo. 
Por último, me parece deplorable que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos insista en menospreciar el informe aprobado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, algo que solo sirve para demostrar que ellos están totalmente satisfechos de perpetuar una situación que perjudica la protección eficaz de la salud y seguridad de los trabajadores. 
Por tanto, tengan por seguro que votaremos en contra de dichas propuestas, tal como hicimos en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, aunque nos hemos mantenido a flote en aguas algo agitadas, creo que hay que decir que el debate está siendo dominado por algunos oradores del Reino Unido. Eso es algo a lo que no estamos del todo desacostumbrados y a lo que me referiré en breve. 
Comenzaré dando las gracias a nuestro ponente por su excelente informe. 
Todo el mundo sabe que las votaciones en nuestra comisión fueron muy estrechas y que se podría haber obtenido un resultado distinto, por lo que la Comisión es consciente de los diferentes puntos de vista que existen en esta Cámara. 
Por eso hemos examinado cada uno de ellos con detenimiento. 
De hecho, deseábamos hablar sobre enmiendas a la Directiva que, en mi opinión, son sin duda alguna muy necesarias. 
Les explicaré más adelante las razones de ello. 
Para estar segura, la Comisión se ha tomado su tiempo y en este aspecto apruebo los comentarios del Sr. Hughes acerca de la Comunicación que nos han presentado. 
El material que nos han entregado y el estudio publicado son esclarecedores, pero no normativos. 
Quienes, entre los presentes, hayan seguido este asunto durante cierto tiempo, saben en realidad de qué va todo. 
No obstante, me parece que debemos culpar a los Estados miembros en lugar de la Comisión. 
Algunos Estados miembros se han ocupado de poner en práctica tácticas de demora para obtener el apoyo temporal de los otros dentro de un tiempo, como el apoyo de los países candidatos, que también pueden ser partidarios de debilitar la necesaria regulación. 
Por otra parte están, naturalmente, las empresas y, sobre todo, todos los grandes grupos de presión que existen en la actualidad. 
Tan solo el pasado jueves durante el almuerzo, el Ministro de Seguridad Social británico me llamó por teléfono para preguntarme qué demonios estaba haciendo al apoyar unas cuantas enmiendas pertinentes. 
Realmente me parece que eso es ir demasiado lejos. 
Me complace que quisiera contactar conmigo, pero no hago tratos mientras como, especialmente porque en este caso significaría ignorar los problemas que ya existen. 
Comenzaré con la opción de exclusión individual general u. 
Debemos preguntarnos si deseamos en Europa unos derechos sociales mínimos, sobre todo en cuestiones de gran actualidad, cuando hasta la propia OIT dijo –creo que en 1919– que con 48 horas es suficiente. 
¿Queremos unas normas mínimas? 
¿Queremos que estas normas supongan los medios para proteger la seguridad y la salud, o queremos acercarnos a una situación que poco a poco está tomando forma y que describiría como competencia en materia de política social entre los Estados miembros? 
Por el momento, de todo eso se trata. 
Permítanme que les ponga un ejemplo. 
Por el momento –y el Consejo de Ministros neerlandés está también representado aquí– se están manteniendo conversaciones en los Países Bajos sobre el ajuste de la legislación neerlandesa en cuanto a la jornada laboral siguiendo las líneas del régimen mínimo europeo. 
Esto quiere decir que también en los Países Bajos se ha propuesto que las 60 horas no sean ya un tema para consulta, sino una norma. 
Eso es, desde luego, ir muy lejos. 
Sé que se está debatiendo este asunto en otros países también y no creo que lo podamos dejar en manos de los interlocutores sociales. 
En esta cuestión, debemos pedirles consejo, pero sin que sea determinante como proponen algunas de las enmiendas referidas a este punto. 
Me referiré brevemente a los trabajadores de guardia en régimen de llamadas, un problema que debemos tratar de resolver. 
Aunque me agradan las propuestas de la Comisión, aún queda mucho por hacer; no solo respecto a los médicos, sino también a los bomberos, entre otros servicios. 
Se trata de un tema que está generando mucha polémica en algunos Estados miembros. 
En lo que a mí respecta, tenemos que tratar con rapidez y sin ambigüedades todos y cada uno de ellos. 
Ruego encarecidamente a los irlandeses y neerlandeses que presten toda su atención a este problema tan peliagudo que, en lo que le queda de mandato a este Parlamento, probablemente no volveremos a debatir como una Directiva modificada. 
– Señor Presidente, siempre he considerado que esta Directiva representaba una violación de los derechos de los trabajadores a trabajar las horas que deseen, pensando que es un derecho inalienable de la persona elegir el equilibrio propio entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. 
La legislación estaba mal concebida y no tomaba en consideración las dificultades experimentadas por los pequeños empresarios y por muchas profesiones. 
Es esencial que se mantenga el, especialmente para ciertas ocupaciones. 
En el Reino Unido, el Servicio Nacional de la Salud no podría funcionar sin la disposición del dedicado personal médico y de enfermería a trabajar muchas horas. 
A este respecto es imperativo eliminar las reglas amañadas que dicen que un médico está trabajando cuando duerme simplemente porque, técnicamente, está de guardia; pero en fin, el sentido común no es una capacidad que este Parlamento utilice con frecuencia. 
El actual está abierto a todos los Estados miembros. 
El hecho de que Francia, Alemania y los Países Bajos estén siguiendo ahora el ejemplo del Reino Unido y lo apliquen a las profesiones médicas sirve para demostrar que la posición que el Reino Unido siempre ha tomado es la posición práctica. 
Con la ampliación a la vuelta de la esquina, hay que considerar el modo en que esta Directiva afectará a los mercados de trabajo individuales de los nuevos países. 
Según mi experiencia, cuando visité Malta el año pasado, el tema principal para todos los partidos políticos era la Directiva sobre el tiempo de trabajo. 
La mayoría de las personas en Malta trabajan más de 48 horas a la semana y tienen que hacerlo en su propio beneficio y en el de la economía de la isla. 
Todos los Estados miembros necesitan flexibilidad para organizar su propio tiempo de trabajo. 
La Unión Europea debería reconocer esto y devolver esta responsabilidad a los Gobiernos nacionales. 
– Para tranquilizar al Sr. Titford, diré que el Gobierno neerlandés no está siguiendo el ejemplo del Reino Unido, sino que está tratando de resolver otro problema, que también nos preocupa hoy aquí. 
Por un lado, es muy irritante que esta Cámara se esté convirtiendo virtualmente en una especie de Cámara de los Comunes, ya que estamos prestando atención únicamente a problemas que no son ni siquiera propios del Reino Unido, sino específicamente ingleses. 
Evidentemente, esto se hace muy aburrido, sobre todo para los participantes de este debate que no proceden de dicho país. 
Existe además un segundo aspecto problemático, los casos judiciales referidos anteriormente: el caso Jäger y otros. 
En este aspecto, estoy convencido de que la Comisión no ha mostrado suficiente capacidad de liderazgo. 
Tendría que haber sido evidente que la combinación de la interpretación de estos actos jurídicos y la existencia del crearía dificultades y perjudicaría a los objetivos de la Directiva. 
Se esperó mucho tiempo y se dieron respuestas totalmente inapropiadas sobre la posible solución. 
Esto sin mencionar otros aspectos como, por ejemplo, las personas que piensan que también pueden utilizarlo para sus propios fines al crear más dificultades, algo contrario a lo que pretendía la Directiva. 
Eso puede suceder en cualquier momento y ese es el punto en el que todo empieza a desmoronarse. 
Aquí es donde mi opinión difiere de la de otros muchos, ya que creo que debemos actuar con rapidez. 
La realidad es que debemos darle prioridad a las cuestiones que son relevantes para los hospitales, los bomberos y otros servicios importantes no solo para el Reino Unido; entonces podremos hablar sobre el. 
Por el momento, todavía este punto no queda lo bastante patente en nuestro informe ni en las declaraciones de la Comisión. 
Lo único que se está haciendo es plantear distintas opciones, lo que parece indicar que aún nos queda un proceso muy largo por delante, aunque también podría ocurrir que todos los Estados miembros a la vez decidieran aprovecharse del, así que nunca se sabe lo que va a suceder. 
En conclusión, opino que el es siempre una muestra de fracaso, de la incapacidad de resolver del todo las cosas, que es también el problema de fondo que se nos plantea hoy. 
Sigo creyendo que debemos buscar alternativas al, pero no podemos decir que no podemos librarnos de él si no se ofrecen otras alternativas. 
Si no existen otras alternativas, no se puede decir que el es perjudicial. 
Por el contrario, se tiene que decir: «el es perjudicial, pero aquí están las alternativas». 
Esa es la dirección en la que tenemos que trabajar con el informe. En las futuras consultas tendremos que aspirar a eso, claramente. 
Pero primero tenemos que llenar la laguna que existe en la Directiva lo antes posible, o donde los Estados miembros piensan que se encuentra. 
De esta forma tendremos el apoyo de todos los Estados miembros, con la excepción del Reino Unido, aunque estoy seguro de que también estarán los Estados miembros de la Europa Oriental. 
Y entonces podremos pasar a la última parte del segundo. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero referirme a algunos de los comentarios realizados por los oradores que me han precedido acerca de la necesidad que tienen las empresas de libertad, margen de maniobra y productividad. 
Lo que estamos debatiendo aquí no es la regulación de semanas de 35 ó 38 horas, sino la posibilidad que existe en algunos Estados miembros de trabajar 55 o más horas a la semana. 
Tengo que decir que esta técnica del me parece totalmente absurda. 
Ese número de horas recuerdan al siglo XIX; estoy convencida de que la productividad de nuestras empresas no depende de ello y que no nos convertirá en la región económica más eficiente y moderna de Europa. 
Lo que más importa a casi todas las empresas son las opciones disponibles para los tiempos de actividad y funcionamiento de la maquinaria, en lugar de prolongar innecesariamente el tiempo de trabajo. 
Las empresas están interesadas en adoptar formas modernas de organización del trabajo. 
De hecho, Alemania constituye un buen ejemplo de cómo se puede involucrar a los interlocutores sociales en la creación conjunta de tipos modernos de empleo, organización del trabajo y tiempos de trabajo. 
Puedo añadir que esto es lo que nos ha permitido ser líderes en el campo de la exportación. 
Asimismo, debo decir que las cifras, datos y tiempos que estamos discutiendo hoy no parecen tener en cuenta la posibilidad de que los trabajadores tengan algo como familia e hijos. 
Después de todo ¿quién puede estar fuera de casa 48, 55 o más horas a la semana? 
Debo recordarles que la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo tenía entre sus objetivos servir de instrumento para conciliar la vida laboral y familiar. 
El Sr. Pronk ha hecho una afirmación muy acertada sobre el: que ha fracasado. 
Si hubiera sido una derogación con un plazo limitado, no se podría haber dicho nada en contra de este concepto. 
Pero ya hay varios países que desean adoptar el modelo británico y es lamentable que entre ellos se encuentren Alemania, los Países Bajos, España y la mayoría de los países candidatos que se nos unirán el 1 de mayo. 
Dudo que la señora Comisaria haya constatado a menudo tanta aprobación pública como han recibido las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia en relación con los médicos de los hospitales. 
Por este motivo es fundamental que contrarrestemos cualquier tendencia que surja para devolver estas cuestiones de nuevo al ámbito nacional. 
Se trata de un ámbito en el que la política social europea está sometida a escrutinio, como lo están las normas europeas garantizadas, ya que si permitimos que estos asuntos vuelvan a transferirse al ámbito nacional, pueden estar seguros de que lo mismo sucederá en muchos otros casos durante el mandato del próximo Parlamento. 
Para cortar de raíz este tipo de situaciones, queremos el marco jurídico preciso que nos han prometido. 
Estamos contentos de seguir adelante con esto, ¡pero no dejemos que haya una marcha atrás! 
Señor Presidente, hace aproximadamente cien años que el movimiento obrero en Europa exigió un tiempo de trabajo obligatorio establecido por ley. 
Entonces se pidieron ocho horas de trabajo, ocho horas de tiempo libre y ocho horas de sueño. 
Poco a poco se fue aplicando ese programa. 
Fue importante en muchos aspectos, ya que significó que las empresas dejaron de competir en horas trabajadas. 
En su lugar, tuvieron que competir en otros aspectos. 
También significó que los trabajadores recibieron protección y la sociedad, un marco fijo para el trabajo, los estudios, el ocio y otras actividades. 
Me ha escandalizado realmente que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, junto con otros grupos políticos, parece que quiere romper con esta tradición y volver a la situación que existía hace cien años, cuando un sistema de valores voluntario prevalecía en el mercado de trabajo. 
He observado que no se habla de acuerdos voluntarios entre los sindicatos y las organizaciones de empleadores, pero sí de acuerdos voluntarios entre trabajadores individuales y empleadores individuales. 
Se trata de un paso atrás totalmente incomprensible. 
No comprendo cómo alguien puede argumentar de esa forma o presentar una propuesta en esa dirección. 
Me parece una irresponsabilidad temeraria que generará luchas y conflictos en los mercados laborales. 
En un mercado laboral tan expuesto a la competencia, se llegará a una situación en que las personas se verán obligadas a aceptar trabajos en las condiciones que les impongan. 
Llámenlo voluntario o involuntario, pero el hecho es que, en un mercado laboral expuesto a la competencia, las personas tendrán un valor de mercado predeterminado. 
Tendrán que aceptar lo que se les ofrezca. 
Las cosas así no son voluntarias. 
Como muchos han apuntado, la vida familiar también se verá afectada. 
Los padres se verán obligados a trabajar con un horario difícil de compatibilizar con la vida familiar y el cuidado de los hijos. 
Quiero añadir también que todos nosotros, como consumidores, nos veremos afectados. 
No se ha hecho demasiado hincapié en este punto: corremos el peligro, por ejemplo, de sufrir daños cuando un cirujano agotado nos opere o que nos atropelle un camionero que se ha quedado dormido al volante. 
Todos somos víctimas del estrés y de la presión en el trabajo. 
Sería mucho mejor para todos que decidiéramos poner fin a estas exclusiones obtenidas por el Reino Unido cuando se aprobó la Directiva. 
De hecho, eran contrarias a la regla de la competencia en igualdad de condiciones. 
Actualmente las empresas de otros países opinan que, si el Reino Unido puede recurrir al, ellos quieren hacer lo mismo. 
El resultado de todo ello será la excepción convertida en regla. 
No podemos aceptar algo así. 
Debemos, por tanto, poner freno a esta situación y dar un giro en la dirección opuesta. 
Tenemos que eliminar la opción del «» del Reino Unido y encontrar otras formas de resolver estos problemas de flexibilidad, ya que no podremos resolverlos con éxito sin una legislación laboral que pueda aplicarse por igual a todos. 
– Señor Presidente, acojo con satisfacción este informe y la consulta pública de la Comisión sobre el mismo. 
Para quienes estén interesados, los detalles están en la página web. 
Si somos sinceros, todos conocemos los problemas que ocasionan las largas horas de trabajo para la salud y seguridad, la productividad y las relaciones sociales, tanto para el individuo como en el seno de su familia. 
Por ejemplo, una serie de Estados miembros están muy preocupados porque se deja a los niños sin el cuidado adecuado de un adulto mientras sus padres y cuidadores están trabajando. 
Sabemos que la cultura de las «horas largas» , por la razón que sea, trae consigo presión, estrés y crisis nerviosas potenciales. 
Me encuentro en la interesante situación de estar de acuerdo con el Sr. Hughes esta tarde, y sin duda con la mayor parte de lo que ha dicho el Sr. Pronk sobre la posibilidad de resolver la cuestión de las guardias, entre los interlocutores sociales, en varios sectores y por otras vías. 
La cuestión de quién posee tu tiempo, quién lo controla, quién dice dónde tienes que estar en qué momento, es una cuestión clave en cuanto a la decisión de si estás o no estás realmente en el trabajo. 
En cuanto a la dedicación de los médicos, sí, hay una dedicación enorme, pero no me siento segura en manos de un médico que ha estado de guardia durante 72 horas y se tambalea de cansancio mientras intenta decidir cómo tratarme. 
Hablo por experiencia propia. 
Se nos dice que muchas personas quieren trabajar más horas porque les encanta su trabajo, como a todos nosotros. 
Pero también reconocemos que hay más cosas en la vida aparte del trabajo remunerado. 
De nuevo vemos en ciertos países un descenso del trabajo voluntario, por ejemplo, con todas las repercusiones que tiene para la sociedad en general. 
También se nos dice que necesitamos mayor flexibilidad para que las personas puedan realizar horas extras y ganarse un sueldo para vivir. 
Si esto ha de hacerse de forma regular, sostengo que hay un problema con el salario básico pagado, más que con el derecho a continuar las horas extras obligatorias. 
Todos conocemos las presiones que ejercen los equipos para asegurar que realizas esas horas extras, quieras o no. 
Mucho de lo que se ha debatido me suena a veces a discriminación de género: la gente sostiene que no existe porque nunca la han experimentado. 
Parte de esto es la cuestión de si la gente tiene o no la oportunidad real de elegir, digamos en el Reino Unido con su, si trabajan más horas o no. 
Conocemos la enorme presión que los empresarios ejercen sobre las personas, con métodos de trabajo, producción «justo a tiempo» , mediante todo un conjunto de cosas como la cultura machista del trabajo que dice que no tienes dedicación en tu trabajo si no estás en él a las 8 de la mañana y no te quedas hasta las 10 de la noche. 
Estoy segura de que parte del personal de este Parlamento reconocerá esa sensación. 
La cuestión de la flexibilidad tiene que ver con quién toma esa decisión. 
Estaría más contenta con muchos de los argumentos del Reino Unido si pensara que realmente había un esfuerzo concertado por parte del Gobierno del Reino Unido por aplicar las reglas. 
Pero no veo prueba alguna de esto y tampoco es lo que oigo reunión tras reunión. 
Señor Presidente, la Comisión ha elaborado un proyecto de modificación de una Directiva relacionada con el mercado laboral de la UE. 
El propósito de la Directiva original era, aparte de las consideraciones sobre salud y seguridad, proteger a los trabajadores contra jornadas laborales excesivamente largas, estableciendo la duración máxima del trabajo en 48 horas semanales. 
La Directiva, sin embargo, posibilita que el trabajador, con su firma, permita que ese máximo de 48 horas semanales sean solo el cómputo medio de todo el año. 
Las empresas disfrutan así de mayor flexibilidad a costa del bienestar de los trabajadores. 
Desde que se aprobó la Directiva, este punto ha hecho que, por ejemplo, millones de británicos hayan aumentado su tiempo de trabajo a más de 48 horas a la semana. 
Se trata de una manera equivocada de organizar la legislación sobre el mercado laboral. 
La Directiva apoya el principio de los contratos individuales, que es contrario al modelo de convenio colectivo que existe en Dinamarca. 
Los daneses apoyan considerablemente el modelo nacional según el cual, por ejemplo, el tiempo de trabajo y las condiciones salariales se establecen a través de negociaciones libres entre sindicatos independientes y asociaciones de empleadores. 
Los trabajadores votan para aceptar o rechazar las condiciones de trabajo. 
La Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo es un ejemplo de la necesidad que tiene la UE de dejar la política del mercado laboral en manos de los Estados miembros. 
El principio de proximidad se tiene que tomar en serio. 
Por desgracia, nos encontramos en una situación en que la UE ya ha legislado en este ámbito. 
El informe sobre la revisión de la Directiva propone llenar las lagunas que existen en ella y que las empresas han aprovechado para explotar los injustos contratos individuales. 
En la práctica, las empresas han presionado en muchos casos a los trabajadores para que aceptaran jornadas de trabajo más largas. 
Esta individualización es inaceptable como base para acuerdos en el mercado de trabajo. 
Para concluir, por tanto, vamos a votar a favor del informe del ponente y en contra de la mayoría de las numerosas enmiendas presentadas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor ponente, estamos ante un informe que me parece de profundo calado social, jurídico y político. 
Y ello porque la realización del mercado interior debe llevar a una mejora de las condiciones de trabajo, porque la Comunidad apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los ámbitos de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, como reza el artículo 137 del Tratado CE, y porque todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo, a períodos de descanso diarios y semanales, y a un período de vacaciones anuales retribuidas, así como a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad, como proclama la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
La cuestión es muy simple, por lo tanto, en un planteamiento teórico. 
El primer aspecto es el de los períodos de referencia para la aplicación del artículo 6 (duración máxima del tiempo de trabajo semanal) : cuatro meses, como fija el artículo 16 de la Directiva, o, en su caso, posibilidades de alargamiento en los supuestos previstos en el artículo 17: hasta seis y doce meses si se hace mediante convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales. 
El segundo aspecto es la facultad de no aplicar el artículo 6 si el trabajador da el visto bueno, es el sistema del, como aquí ya se ha dicho. 
Evidentemente, la ampliación de los períodos de referencia tiene la consecuencia de ampliar la flexibilidad otorgada a las empresas. 
El único límite serían así las once horas de descanso diario o las veinticuatro de descanso semanal, pero la Directiva estaría perdiendo su fin para pasar a regular solo la duración máxima del trabajo cuatrimestral, semestral o anualmente, según los casos. 
En cuanto al, la posibilidad de abuso es evidente, sobre todo ante la situación de igualdad jurídica pero no de igualdad económica entre las partes protagonistas de la vida laboral. 
La Directiva 93/104/CE está destinada a garantizar un mejor nivel de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, tal como se ha reiterado en la propia Directiva 2000/34/CE. 
Será preciso, por lo tanto, buscar soluciones eficaces para los supuestos y actividades que así lo exijan, como los que se contemplan en las sentencias aquí citadas, Simap o Jäger, pero con criterios o condicionamientos objetivos, con usos con carácter general y no abusivos; en todo caso, no convirtiendo la excepción en la regla general. 
Por eso, en mi opinión, creo que deberíamos buscar antes de la votación acuerdos que encajaran las garantías jurídicas de los trabajadores con la flexibilizacion, dentro del espíritu de la Directiva 93/104/CE. 
– Señor Presidente, ha habido una serie de referencias a nosotros, los diputados laboristas británicos. 
Reconocemos claramente la importancia de esta cuestión para nuestro Grupo político y para los trabajadores, en particular la cuestión del equilibrio entre trabajo y vida, la salud y la seguridad. 
Esto lo han afirmado y comentado elocuentemente una serie de oradores. 
No queremos ver una cultura de horas largas; queremos ver una mayor productividad. 
Queremos que los trabajadores tengan el tipo de trabajo que les permita el ocio que se merecen. 
Apoyamos plenamente las repetidas declaraciones por parte de nuestro Gobierno en las que se afirma que no se debería abusar del y que el ejercicio del mismo debe ser auténticamente voluntario para ser legal de acuerdo con la ley del Reino Unido. 
Necesitamos una aclaración sobre las sentencias SIMAP y Jaeger. 
Como diputados laboristas británicos, también creemos que no es de recibo que se abra un expediente de infracción al Gobierno del Reino Unido. 
Hemos presentado la enmienda 1, que suprime la recomendación de abrir un expediente de infracción contra el Gobierno del Reino Unido. 
Sin embargo, creemos en el principio del tiempo de trabajo y queremos ver avances, especialmente en el sector sanitario. 
Señor Presidente, las propuestas de la Comisión Europea sobre la duración del trabajo obedecen a las demandas de las empresas para que el tiempo de trabajo sea flexible. 
De este modo, podrán aumentar el nivel de explotación de la clase trabajadora y generar más beneficios para las grandes empresas. 
Según estas propuestas, los trabajadores estarán a la disposición inmediata de las empresas siempre, cuando y durante el tiempo que estos deseen, sin cobrar horas extraordinarias, un hecho que el propio Tribunal de Justicia Europeo ha condenado. 
De este modo se anulan los derechos básicos de los trabajadores: una jornada laboral fija, ocho o siete horas, cinco días a la semana. 
Los convenios colectivos se están dejando a un lado y se están ampliando los contratos a plazo fijo. 
Se están violando los derechos a estar asegurado y a las bajas normales, mientras se promueven unas relaciones laborales más flexibles. 
Cualquier disposición positiva se contradice con las derogaciones planificadas y la aplicación de la cláusula del impuesta por el Reino Unido y que otros países también han utilizado. 
Con esta cláusula, los trabajadores se ven arrastrados bajo la presión de asegurarse un puesto de trabajo. 
Es una forma de esclavitud moderna remunerada, que obliga a un alto porcentaje de la clase trabajadora a trabajar una media de entre 48 a 70 horas semanales, con el deterioro de las condiciones de salud y seguridad y graves repercusiones para la salud mental y física de los trabajadores. 
Somos partidarios de reducir el tiempo de trabajo, de introducir una auténtica semana de 35 horas con siete horas trabajadas al día, cinco días a la semana, de aumentar los salarios y de garantizar a todos los trabajadores en todas las empresas el respeto de sus derechos y su cobertura total en materia de seguros. 
Luchamos del lado de los trabajadores para acabar con el actual marco contrario a sus intereses y con las formas flexibles de empleo. 
Señor Presidente, quisiera destacar la importancia del texto que vamos a votar sobre la revisión de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo, que habría debido tener lugar antes del 23 de noviembre de 2003, como ha señalado el Sr. Pronk, señora Comisaria. Por esperar demasiado nos encontramos ahora en esta situación. 
Recientemente, señora Comisaria, el Presidente Prodi nos presentó un documento titulado «Realicemos Lisboa». 
No podemos negar que hacer de Europa la potencia económica más dinámica del mundo requiere unas políticas eficaces que ayuden a las empresas a adaptarse a las nuevas condiciones de producción y a una competencia económica creciente, teniendo en cuenta la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Por esta razón, para adaptarse a las realidades del mercado, necesitamos evolucionar en un marco relativamente flexible. 
Dicho esto, la organización del tiempo de trabajo depende de una serie de factores, de las características propias de cada sector de actividad y de la profesión ejercida. 
Así, por ejemplo, para los trabajadores móviles del sector del transporte, hemos legislado ya en la materia, pero hemos reconocido y aceptado el concepto de flexibilidad para el personal conductor de vehículos de transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas. 
Tenemos también cierto número de problemas en lo que se refiere a los trabajadores a domicilio o a las situaciones de trabajo que implican el acompañamiento de personas, pues aquí se mezclan con frecuencia vida privada y vida profesional. 
Este es el primer punto. 
En segundo lugar, además de estas diferencias en función de los sectores, hay que recordar las características específicas de los sistemas nacionales de relaciones laborales. 
Algunos Estados miembros recurren a los convenios colectivos y a los contratos de trabajo para establecer la media del tiempo de trabajo, mientras que otros utilizan excepciones individuales para no someter a las limitaciones de tiempo de trabajo a los trabajadores que desempeñan, por ejemplo, funciones de supervisión. 
Evidentemente, estoy de acuerdo en que la Unión Europea debe adoptar unas prescripciones mínimas sobre la ordenación del tiempo de trabajo para garantizar un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Pero ¿no es necesario al mismo tiempo dejar a las empresas la posibilidad de reaccionar de forma excepcional ante distintas exigencias? 
Por esta razón, me parece, convendría matizar la opinión del ponente, aceptando, por ejemplo, como usted había propuesto inicialmente, señora Comisaria, la supresión gradual del, prevista en el artículo 18 de la Directiva, como contrapartida a la introducción en el proyecto de futura revisión de la Directiva de una excepción al artículo 6 destinada a permitir la consideración parcial de períodos de inacción. 
Esta sería, señora Comisaria, probablemente una solución transitoria que permitiría disponer de normas sociales mínimas y, a la vez, tener en cuenta los imperativos de cada rama. 
– Señor Presidente, el fundamento de la Directiva relativa al tiempo de trabajo se está viendo erosionado. 
Se está ejerciendo presión desde dos frentes. 
Me refiero en primer lugar al individual. 
El señor Bushill-Matthews y la Sra. Lyme son grandes partidarios de ellas. 
Creo, sin embargo, que estamos obligados a preguntarles por qué, si el es tan fantástico, esta disposición no debe extenderse y aplicarse a toda la legislación sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo. 
¿Por qué parar ahí? 
¿Por qué no ir más lejos e incluir el ruido, el amianto u otros ámbitos si es un principio tan espléndido? 
Sigue existiendo el malentendido de que el individual hace posible trabajar durante muchas horas. 
Quiero invitar al Sr. Bushill-Matthews y a la Sra. Lyme a que viajen por Europa y visiten algunos lugares de trabajo. Que vengan a Dinamarca, donde verán que de hecho se puede trabajar muchas horas en varias industrias danesas y, al mismo tiempo, cumplir la Directiva, por su gran flexibilidad. 
Al mismo tiempo, tampoco podemos olvidar que de lo que estamos hablando es de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. 
No es simplemente algo que los socialdemócratas hayamos recalcado para ser oficiosos y excesivamente celosos, o para restringir la flexibilidad individual. 
Sabemos también que las estadísticas son claras respecto a sus consecuencias. 
Sabemos que hay una clara conexión entre las largas jornadas de trabajo y los accidentes laborales. 
Es más, en general se sabe que el número de días de ausencia por enfermedad está aumentando y que las largas jornadas laborales no equivalen realmente a una mayor productividad. 
Tampoco podemos ignorar el hecho de que son las mujeres quienes se encontrarán en una situación difícil si simplemente ampliamos la jornada laboral, pues la consecuencia natural será que un gran número de mujeres quizá se retiren por completo del mercado laboral. 
Estoy segura de que el ala derecha de esta Cámara también piensa que eso sería muy desafortunado para la economía europea. 
La segunda presión que sufre la Directiva relativa al tiempo de trabajo se deriva directamente del hecho de que la Comisión haya olvidado explicar lo que piensa hacer a tenor de las sentencias Jäger y SIMAP. 
Estas rígidas sentencias han provocado un clima de alarma entre las autoridades sanitarias nacionales y regionales que simplemente no pueden imaginarse cómo cuadrar las cuentas si tienen que pagar por igual las horas de disponibilidad. 
Yo llegaría incluso a decir a la Comisión que, si no hace algo pronto y presenta alguna propuesta, ella misma contribuirá a dar la imagen de que la UE está alejada de la realidad y es incapaz de encontrar soluciones flexibles. 
Necesitamos una revisión urgente de la Directiva para eliminar la cláusula del individual pero sin dejar de proporcionar flexibilidad allí donde se necesita; por ejemplo, en el sector de la sanidad. 
Le pido también al ala derecha que tome nota de que nadie está pidiendo una Directiva muy rígida. 
Todos queremos flexibilidad, pero, por supuesto, sin destruir los principios que sustentan la legislación en este ámbito. 
Por último, quiero pedir que en la Directiva revisada se indique claramente que se puede aplicar a través de acuerdos colectivos. 
Digo esto no solo para hablar constantemente de las prácticas danesas, a las que el tiempo ha hecho honor, sino también porque este método de aplicación pone fin a las actuaciones individuales y, al mismo tiempo, permite una transposición de muy alto nivel de la Directiva. 
Por eso me parece una manera razonable de proceder, y por eso quiero pedir a la Comisión que declare expresamente en la Directiva que se puede aplicar a través de acuerdos colectivos. 
– Señor Presidente, el ejercicio a que nos entregamos con la revisión de la Directiva de 1993 sobre la ordenación del tiempo de trabajo es interesante. 
Pero habría estado bien que no nos apartáramos demasiado, ni inútilmente, del objetivo contemplado, que es la posible modificación de la Directiva para garantizar un mayor nivel de protección de la salud y seguridad de los trabajadores. 
Por desgracia, la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer es un ejemplo típico de ello, pues deja magistralmente de lado el objeto del informe. 
Yo presenté una serie de enmiendas con vistas a suprimir del texto de esta opinión falsedades evidentes, según las cuales en la Unión Europea se estaría alargando en todas partes el tiempo de trabajo y en los Estados miembros se estarían imponiendo largas jornadas de trabajo, que tendrían efectos negativos sobre la salud, el bienestar y la alegría de vivir. 
Sin olvidarse de condenar al oprobio la pretendida cultura de largas jornadas de trabajo entre los profesionales de alto nivel y otros, en particular directivos. 
Estas generalizaciones y falsedades no sirven a nuestro objetivo, que es mejorar el nivel de protección de la salud y la seguridad en el trabajo. 
Para algunos aquí, una reducción masiva del tiempo de trabajo es la panacea que puede resolver todos los problemas. 
Dicho esto, estoy de acuerdo en que la Agenda de Lisboa, que se fija como objetivo una tasa de empleo de las mujeres del 60% de aquí a 2010, no puede realizarse sin lograr progresos previos en el ámbito de la conciliación entre vida profesional y cargas familiares; convengo asimismo en que es necesario un mejor reparto de las tareas domésticas y educativas entre las parejas y, en esta materia, los hombres deberían reaccionar, pues las mujeres siguen estando demasiado unilateralmente obligadas a asumir la doble carga del trabajo profesional, por una parte, y las responsabilidades familiares, por otra. 
Lamento que mis esfuerzos por matizar las afirmaciones de algunos y restablecer la verdad no hayan complacido a la Comisión de Derechos de la Mujer, y lamento sobre todo que el ponente haya retomado algunas de estas falsedades, en particular la que hace creer que continúa alargándose la jornada laboral en la Unión Europea, cuando en la mayoría de los Estados miembros lo cierto es lo contrario. 
Mi Grupo ha presentado infinidad de enmiendas para restablecer la verdad y la razón en este delicado asunto, en especial en contra de esos populistas que quieren hacer creer a los ciudadanos que, en Europa, pueden trabajar mucho menos para ganar mucho más que todos sus colegas de otras partes del mundo. 
Señor Presidente, deseo dar las gracias al ponente por haber elaborado un informe tan constructivo. 
A veces, cuando escucho las intervenciones, tengo la impresión de que los aspectos relativos a la salud y la seguridad referidos al individuo –que, en términos estrictos, es de lo que realmente trata la legislación–, no son los más importantes. 
Si he de serle sincero, me asusta escuchar a los representantes británicos del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, y del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
Dicen que, en vista de que algunos trabajos están tan poco retribuidos, debemos permitir que los trabajadores trabajen más horas para compensar esos bajos salarios. 
¿Qué es esto si no el modelo que existe en Estados Unidos, donde los ciudadanos necesitan a veces dos o tres trabajos para poder si quiera mantener a su familia? 
¿Es eso lo que acordamos en el Proceso de Lisboa? 
Desde luego, tenemos que mantener la competitividad y el crecimiento, pero también unos objetivos sociales ambiciosos y la oportunidad de conciliar la vida familiar y la vida laboral. 
Estos principios, sobre los que hemos expresado nuestra opinión, son directamente contrarios a ese tipo de flexibilidad. 
El problema es que la excepción se ha convertido en la norma en el Reino Unido. 
Nunca pretendemos que la excepción se convierta en norma, pero eso ya ha sucedido en dicho país. 
Si se extiende el, corremos el peligro de que los Estados miembros compitan para atraer la producción recurriendo a una jornada de trabajo más larga. 
¿Es esta la Europa que queremos? ¿Una Europa que compita en su legislación social? 
No, yo no quiero una Europa así. 
Creo también que necesitamos flexibilidad, como ha dicho la Sra. Thorning-Schmidt, aunque no considero el individual como una posibilidad. 
Piensen en la dependencia que tienen los trabajadores de sus empresas cuando tienen que negociar salarios y horarios de trabajo. 
La palabra «voluntario» no procede, digan lo que digan. 
Es mucho mejor implicar a las dos partes de la industria. 
Existen diferencias entre las distintas industrias y, en ocasiones, puede que algunas de ellas requieran algún tipo especial de acuerdo para conseguir flexibilidad y, al mismo tiempo, mantener los principios de salud y seguridad. 
Por lo tanto, recomiendo los acuerdos colectivos mediante los cuales se puede lograr esta flexibilidad. 
No estoy a favor de la renacionalización, ya que tendría el mismo efecto. 
Significaría que los países tendrían que competir entre sí para atraer el capital disponible por no haber dado prioridad a la salud y la seguridad. 
Queremos utilizar nuestro modelo europeo para estimular la competitividad pero, al mismo tiempo, queremos objetivos sociales ambiciosos y la oportunidad de conciliar la vida laboral y la vida familiar. 
Adoptemos este modelo, para lo cual tendremos que eliminar el individual al tiempo que mantenemos la flexibilidad y un alto nivel de seguridad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0013/2004) de la Sra. Flesch, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2003 (2003/2007 (INI) ). 
. – Señor Presidente, los debates sobre este informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación se desarrollaron en un clima constructivo; a este respecto, quisiera agradecer a mis colegas las enmiendas que presentaron y que se incorporaron al informe, mejorando así la propuesta de resolución que se les presenta. 
El hecho sorprendente del año 2003 fue sin duda que la Asamblea Paritaria pudiera recuperar un ritmo de trabajo normal tras la anulación de la sesión de noviembre de 2002 en las circunstancias que todos conocen. 
A este respecto, hay que celebrar especialmente el resultado de la misión del Copresidente ACP y de cuatro diputados ACP en Harare, que lograron convencer al Gobierno de Zimbabwe de que el jefe de su delegación en la Asamblea no fuera una persona objeto de las medidas restrictivas del Consejo. 
Hay que celebrar asimismo el compromiso personal del Copresidente ACP para que solo el jefe de la delegación de Zimbabwe hiciera uso de la palabra en la reunión de Roma. 
La entrada en vigor del nuevo Reglamento permitió estructurar mejor los debates. 
Durante la sexta reunión de Roma, la organización más informal del turno de preguntas a la Comisión dio buenos resultados e hizo posible un debate más animado. 
En 2003 pudieron organizarse y llevarse a cabo cuatro misiones conjuntas. 
El Foro de las Mujeres fue un éxito tanto en la 5ª reunión de Brazzaville como en la 6ª reunión de Roma. 
La cooperación entre la Asamblea Parlamentaria Paritaria y las Naciones Unidas se intensificó y mejoró mucho. 
Por último, se adoptaron dos informes importantes, uno sobre los derechos de los niños, y en particular de los niños soldados, y otro sobre la utilización del Fondo Europeo de Desarrollo y el inicio de una reflexión sobre su inclusión en el presupuesto. 
Para el futuro, señor Presidente, la Comisión de Desarrollo propone, en esencia, pedir a la Asamblea y a su Mesa que sigan organizando el turno de preguntas de forma que sea más informal y animado; que equilibren el orden del día de las sesiones y concedan más tiempo de palabra a los miembros de la Asamblea; que velen por una mayor continuidad entre las sesiones y que refuercen a tal fin la infraestructura de las comisiones permanentes; que mejoren la disponibilidad de los documentos, en particular mediante un mayor recurso a Internet; que desarrollen el papel de la Asamblea en la aplicación del diálogo político previsto en el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú; que prosigan sus trabajos sobre los derechos humanos con una participación mayor de la sociedad civil; que materialicen el envío a Zimbabwe de una delegación paritaria libremente compuesta, que pueda desplazarse sin obstáculos y entrevistarse con quien desee; que desarrollen el papel de la Asamblea como foro de diálogo ante la Organización Mundial del Comercio; por último, que tengan en cuenta el deseo de los miembros de la Asamblea de que las reuniones que tengan lugar en Europa puedan celebrarse en buenas condiciones, fuera de los lugares de trabajo del Parlamento Europeo. 
En resumen, señor Presidente, la Comisión de Desarrollo y Cooperación hace un balance positivo del año 2003. 
Las dificultades del año anterior, que culminaron con la anulación de la reunión de noviembre de 2002, pudieron superarse gracias a los esfuerzos realizados por ambos lados, en particular por los Copresidentes y la Mesa de la Asamblea. 
Esta última pudo recuperar así un ritmo de trabajo normal. 
Se han introducido mejoras en la organización de sus trabajos que le permiten dejar oír su voz más claramente y participar de forma activa en el diálogo político previsto por el Acuerdo de Cotonú. 
Espero, señor Presidente, que nuestra Asamblea apruebe el informe de la Comisión de Desarrollo. 
,. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi satisfacción con este informe tan explicativo sobre el trabajo de la Asamblea Parlamentaria Paritaria, que es muy útil no solo para nosotros, sino para los organismos interesados que de alguna manera establecen relaciones entre Europa y otros países. 
Como saben los miembros de la Asamblea y como apunta el informe de la Sra. Flesch, mi colega Poul Nielson está participando de forma activa en el trabajo de dicha Asamblea. Los servicios de la Comisión están intentando, con todos los medios a su alcance, apoyar este trabajo con documentos e información, mientras que los expertos de las comisiones permanentes están también preparando ya los informes de la Asamblea. 
Por tanto, creo que el interés de la Comisión es auténtico y claro, como lo es su estrecha y eficiente cooperación con la Asamblea Parlamentaria Paritaria. 
El primero es que acogemos con total satisfacción la creación de estas tres comisiones permanentes tras la aprobación del nuevo Reglamento interno en 2003. 
Gracias a la cooperación preparatoria entre estas comisiones, los informes presentan un alto grado de precisión y los debates en sesión plenaria son mucho más claros, específicos y detallados. 
En segundo lugar, creo que la creación del Foro de Mujeres es muy importante. 
Este foro ha dado la oportunidad de escuchar la opinión de las mujeres y la posibilidad de un apoyo mutuo. 
Así pues, existe la posibilidad de que las propuestas de la Asamblea se enriquezcan con consideraciones referidas a la igualdad entre los dos géneros y la participación de las mujeres. 
Por último, la Asamblea Parlamentaria Paritaria constituye un foro muy importante para el diálogo político entre los diputados del Parlamento Europeo y los diputados de los países ACP y, por consiguiente, la Comisión tiene el deber de apoyar todo este esfuerzo. 
Quiero aprovechar la ocasión para informarles, aunque ya lo saben, de que dos de nuestros colegas, el Sr. Pοul Nielson y el Sr. Pascal Lamy, intervendrán en la séptima Asamblea Plenaria en Addis Abeba. Desde aquí les transmito mis mejores deseos de que la Asamblea sea todo un éxito. 
– Señor Presidente, el informe sobre el trabajo de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE contiene algunas consideraciones importantes. 
Es bueno comprobar que el grado y la calidad de la cooperación entre la Asamblea Parlamentaria Paritaria y las Naciones Unidas han alcanzado unos niveles sin precedentes. 
Considero especialmente importante que se haga visible una mayor cooperación con la ONU en la cuestión de los niños soldados, como evidencia este informe. 
Se trata de un ámbito en el que no podemos dejar de luchar hasta que hayamos ganado del todo. 
La existencia de un único niño soldado representa ya una gran injusticia para la humanidad y su futuro. 
Se estima que existen unos 300 000 niños soldados menores de 18 años participando en cerca de 40 conflictos en todo el mundo. 
La utilización de niños como soldados constituye una violación de sus derechos humanos, pues significa privarles de la infancia, de la oportunidad de recibir una educación y, por consiguiente, de construir un futuro mejor. 
Ser soldado provoca graves daños psicológicos y a menudo físicos en esos niños. 
La utilización de niños soldados ha aumentado con el desarrollo de la tecnología armamentística, ya que los niños pueden usar armas cada vez más ligeras y pequeñas. 
La razón de la creciente utilización de niños soldados se debe también a la naturaleza de las guerras modernas: la mayoría de los conflictos armados actuales son guerras civiles. 
En los tiempos de la primera Guerra Mundial, solo un 10% de las bajas de guerra eran civiles. 
Actualmente, esa cifra es del 90%. 
Las guerras civiles estallan entre grupos étnicos diferentes, lo que en la práctica significa población civil. 
De este modo, los niños se convierten en objetivos y tropas adicionales fáciles de reclutar. 
Los niños obedecen órdenes de mejor grado que los adultos. 
Los niños han tenido que presenciar atrocidades y ellos mismos las perpetran bajo coacción. 
Muchos movimientos de guerrilla prefieren a niños soldados antes que a combatientes adultos. 
Además, los niños están dispuestos a correr riesgos que los adultos rechazarían. 
Un ejemplo de ello es Irán, país en el que se utiliza a los niños como mensajeros en los campos de minas. 
La Alianza Internacional Save the Children intervino ante el Consejo de Seguridad de la ONU cuando este se reunió a mediados de enero de 2003 para debatir la difícil situación de los niños en los conflictos armados. 
El debate se vio precedido por el tercer informe del Secretario General de la ONU sobre los niños y los conflictos armados. 
Por primera vez se nombró en un informe oficial a los responsables de utilizar a niños soldados. Se trata de un paso importante, porque permite ejercer presión internacional sobre los que violan de forma tan denigrante los derechos de los niños. 
El turno de preguntas en Roma fue muy animado, como recogen los puntos 6 y 26, algo por lo demás muy loable, pero tal como se dice en dos ocasiones, da la impresión de que se trata de una excepción a la norma poco habitual y que la naturaleza básica de nuestro trabajo carece de vida y energía. 
– Señor Presidente, puedo asegurar a la última oradora que ni nos falta vida ni estamos anémicos en el trabajo que llevamos a cabo en la Asamblea Parlamentaria Paritaria. 
Las referencias que hace la excelente ponente tienen que ver con el hecho de que ahora tenemos un estatuto parlamentario y un modo muy distinto de trabajar, pero, sobre todo, la representación de los países ACP está formada por diputados al Parlamento elegidos y no embajadores, como era el caso en el pasado. 
Estoy segura de que si la oradora anterior examinara las pruebas, comprobaría que ese es el caso. 
Tenemos una madurez nueva y dinámica porque tenemos ese estatuto parlamentario conforme al Acuerdo de Asociación de Cotonú. 
La asamblea parlamentaria es una institución muy especial: es el brazo democrático de la cooperación ACP-UE y es la voz de las personas de los 93 países que están representados allí. 
Es nuestra tarea construir asociaciones creíbles y que funcionen a través del diálogo y la consulta entre nuestros parlamentos respectivos. 
En nuestra última Asamblea Paritaria trabajamos sobre las negociaciones comerciales de los acuerdos de asociación económica, los derechos humanos, la gobernanza, el Fondo Europeo de Desarrollo y las preocupaciones medioambientales. 
Todo nuestro esfuerzo es garantizar que cumplimos la promesa y la visión de Cotonú. Nuestro trabajo debería reflejar esa adhesión de la Unión Europea y 78 países ACP a esos valores consagrados en el acuerdo. 
Esos valores son centrales para nuestro trabajo aquí en el Parlamento y para nuestro trabajo con los países en desarrollo, y eso es democracia, Estado de derecho y, sobre todo, erradicación de la pobreza. 
Somos conscientes de la diferencia de oportunidad que existe entre nuestros colegas ACP y nosotros mismos. 
Nosotros tenemos acceso al personal y a la tecnología para ayudarnos en nuestro trabajo, y muchas más oportunidades de cooperar y trabajar juntos, puesto que ahora estamos preparándonos para Addis Abeba a finales de esta semana. 
Además, tenemos más tradición de control parlamentario. 
Estoy encantada de que el Comisario Nielson haya expresado en varias ocasiones su apoyo a la Asamblea Paritaria, para que dispongamos de recursos financieros y podamos ser más efectivos en nuestro trabajo, y para que la participación de los parlamentos ACP sea mayor, porque, después de todo, es su legitimidad y responsabilidad como parlamentarios lo que está en el centro de nuestro trabajo. 
Me anima la confianza creciente de los parlamentarios ACP, y eso lo ha demostrado, como dice la Sra. Flesch, la amplia participación por ambas partes en los debates que estamos celebrando. 
Comentamos esto porque está creciendo y desarrollándose al mismo tiempo que aumenta la confianza. 
En el pasado eran los parlamentarios europeos los que dominaban todos los debates y me complace decir que ya no es el caso. 
Tienen muchísima hambre de información para poder ser más efectivos en sus Parlamentos. 
Sé que algunos países –como Senegal– están dando prioridad a la formación parlamentaria y la capacitación en sus programas indicativos nacionales. 
Pero tenemos que hacer más para animar a más Parlamentos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria a dotarse de esa posibilidad. 
Ahora nos estamos preparando para la séptima sesión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria en Addis Abeba este fin de semana y estoy segura de que seguiremos trabajando de modo cada vez más impresionante y centrado en 2003. 
– Señora Flesch, quiero darle las gracias principalmente por las apreciaciones positivas, y a la vez críticas, que contiene su explicación. 
Tengo cierta dificultad para entender algunos elementos de euforia que señalaré en el propio texto. 
Como ha explicado largamente la Sra. Kinnock, el nuevo Reglamento interno de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE ha creado estructuras que permiten un diálogo real y fructífero. 
Me parece un poco prematuro convertirlo ya en un modelo para todo el mundo. 
No hay duda de que en el futuro puede convertirse en un modelo mundial en el ámbito de la cooperación al desarrollo y en un foro en el que ciudadanos con iguales derechos puedan mantener un diálogo abierto y transparente sobre, entre otros temas, la democracia y la protección de los derechos humanos, permitiéndonos firmar acuerdos vinculantes entre nosotros. 
Pero todavía no hemos llegado tan lejos. 
Existen ya las estructuras y ahora las dos partes tienen que hacer un uso eficaz de las mismas. 
Eso exigirá un aumento de los recursos proporcionados por la ACP y muy posiblemente, un cambio de mentalidad por ambas partes, ya que el socio europeo también cambiará tras la adhesión de diez nuevos países. 
Me pregunto si los buenos resultados que ya hemos conseguido en el grupo de trabajo conjunto y que se reflejan, entre otras cosas, en el informe sobre los niños soldados, podrán volver a repetirse en breve en nuestra asamblea general, donde el tono del debate se ha elevado mucho, a pesar de que a veces echo de menos la igual participación de la ACP. 
Nuestro foro debe convertirse en un Parlamento Norte-Sur que tenga verdadera repercusión en la orientación de nuestras actitudes frente a, por ejemplo, el comercio mundial. 
No solo queremos un comercio, sino también un comercio. 
Creo que tendremos que decidir de antemano nuestra política conjuntamente con la ACP, y que no siempre estaremos de acuerdo los ricos antes de ir a una conferencia en Cancún o en cualquier otro lugar. 
La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas contiene una lista de los temas principales en los que queremos realizar un avance notorio, como, por ejemplo, reducir a la mitad la pobreza. 
Debemos convertirnos en socios reales en el desarrollo del Norte y el Sur, y quiero insistir en que las consultas son siempre necesarias para ahorrarnos los efectos desastrosos de incidentes como los de Zimbabwe. 
– Señor Presidente, el sistema de cooperación que une a la Unión Europea y los países ACP está marcado por una doble evolución en sentidos opuestos. 
Por una parte, las instituciones originales instituidas por los Convenios de Lomé y confirmadas por el de Cotonú, en particular la Asamblea Parlamentaria Paritaria, se han mantenido a todas luces y están más vivas que nunca, y el informe de la Sra. Flesch expone claramente los innovadores desarrollos registrados en 2003 en la Asamblea Paritaria. 
Al mismo tiempo, sin embargo, los objetivos y el contenido de la cooperación que estas instituciones pretenden entablar tienden a debilitarse, a degenerar, a trivializarse, a fragmentarse y a disolverse, hasta tal punto que, pronto, si se dejan correr las cosas, podrían consistir tan solo en una ayuda financiera con un límite máximo y unos acuerdos estándar de libre comercio, que podrían ser más una fuente de dificultades para los países ACP que auténticos instrumentos de ayuda para su desarrollo. 
Como destaca la ponente, la creación en 2003 de tres comisiones permanentes, y en particular de una Comisión de Desarrollo Económico encargada de seguir la delicadísima cuestión de la negociación de los futuros acuerdos de cooperación, refuerza el carácter permanente de la Asamblea Parlamentaria y mejora la calidad de sus trabajos. 
El sistema de coponentes es original y el trabajo en comisión permite llegar a resoluciones más sólidas, más trabajadas, mejor preparadas, menos rutinarias, que den lugar a debates mucho más profundos que en el pleno. 
Pero si el marco institucional se refuerza y afina, por fuerza hemos de preguntarnos por el futuro de los instrumentos de cooperación en sí mismos. 
Si los futuros acuerdos de cooperación económica se limitan a aplicar el dogma de la igualdad de los competidores, ¿no podrían deparar a los países ACP insuperables problemas de tesorería al hacerles perder gran parte de sus ingresos aduaneros, es decir, una parte importante y a veces esencial de su presupuesto? 
Por otra parte, ¿no puede la competencia directa, sin protección suficiente, entre las mercancías comunitarias y la producción local fragilizar, incluso asfixiar, una serie de sectores de actividad de los países ACP? 
Si queremos evitar estas derivas, es necesario que ese foro parlamentario único Norte-Sur que es la Asamblea Paritaria vele por que la gran negociación de los acuerdos de cooperación se lleve a cabo con la ambición y la energía necesarias, en particular en el ámbito de la agricultura, que es la plataforma del desarrollo. 
Ahora bien, los países ACP solo podrán dotarse de una agricultura suficientemente fuerte si esta se protege de forma adecuada, como una industria naciente en su fase de despegue. 
El marco de Cotonú, el de las zonas económicas regionales, puede considerarse el más adecuado para promover la constitución de mercados comunes regionales homogéneos dotados de un arancel exterior común. 
Trabajando juntos en esta dirección, señor Presidente, los países ACP y los países europeos no se encontrarán ya en campos diferentes en las futuras negociaciones sobre la agricultura y el comercio mundial. 
Señor Presidente, permítame en primer lugar decir que el informe es constructivo y que hace una descripción correcta del trabajo en la Asamblea Parlamentaria Paritaria de la ACP-UE. 
El trabajo ha adquirido una mejor estructura con las tres comisiones, y eso es algo que ha mejorado el trabajo preparatorio para la sesión plenaria. 
El turno de preguntas también ha mejorado. 
Por supuesto puede mejorarse todavía más si las respuestas a las preguntas llegan a los diputados del Parlamento Europeo con tiempo suficiente, de forma que la Comisión no lea simplemente las preguntas, sino que deje espacio para un debate. 
Personalmente, quiero resaltar la constructiva cooperación entre la Asamblea ACP-UE y las Naciones Unidas en el tema de los niños soldados y la vulnerabilidad de los menores en las guerras, así como en el debate sobre la Corte Penal Internacional. 
Son dos temas políticos de gran trascendencia, precisamente el tipo de asuntos a los que debe dedicarse nuestra Asamblea, pues se trata de encontrar formas razonables de cooperación que permitan a las dos partes aprender la una de la otra y apoyen la política que consideremos importante en el ámbito internacional. 
Estados Unidos ha retirado su apoyo económico a los países que no apoyan su exigencia de que todos los estadounidenses en general queden exentos de responder ante la Corte Penal Internacional por graves crímenes de guerra. 
Esta medida puede y debe ser apoyada política y económicamente por la ACP-UE, sobre todo por la UE. 
Resulta gratificante advertir que, de los países latinoamericanos y de las Indias Occidentales, solo Belice se ha rendido a la acción de Estados Unidos y, de los países africanos, solo Nigeria, cuyo Presidente ratificó un acuerdo con Estados Unidos que era contrario a la constitución nigeriana y que desafiaba al Parlamento nigeriano. 
Es gratificante que la mayoría de los demás países hayan resistido a la presión de los Estados Unidos. 
La Asamblea ACP-UE desempeña un papel político y económico importante en las grandes cuestiones fundamentales de la esfera internacional. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0015/2004) del Sr. Modrow, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «La reforma de las empresas públicas en los países en desarrollo, con especial atención a los servicios públicos: La necesidad de evaluar todas las opciones (COM (2003) 326 – 2003/2158 (INI)) 
y 
la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Cooperación de la Comunidad Europea con terceros países: Planteamiento de la Comisión sobre el futuro apoyo al desarrollo del sector empresarial (COM (2003) 267- 2003/2158 (INI). 
. – Señor Presidente, este informe se basa en dos comunicaciones de la Comisión que demuestran los esfuerzos que está realizando para actuar en los ámbitos a los que se refieren estas, sin ocultar la forma tan contradictoria en que está avanzando el proceso. 
De ahí se deduce que el principio subyacente –emprender acciones cautas y equilibradas– es el adecuado. 
La Comisión está barajando distintas posibilidades para el proceso de reforma, y el informe hace referencia a ellas. 
Para el ponente, lo más importante sigue siendo que todas las orientaciones y todas las reformas se dirijan a luchar contra la pobreza, de forma coherente y sin tapujos ideológicos. 
Frenar el aumento de la pobreza y conseguir al final reducirla será el mayor reto al que se enfrente la raza humana en el siglo XXI. 
Pero los avances realizados hasta la fecha son modestos y los nuevos contratiempos los están obstaculizando constantemente, e incluso anulándolos. 
Por esa razón, el presente informe, como la comunicación de la Comisión, considera una gran diversidad de opciones, aunque no se confunden los distintos énfasis y prioridades adoptados por la Comisión y por el ponente. 
Los servicios de interés general son objeto de polémica en los Estados miembros de la Unión Europea, si bien en esos países se consideran relativamente estables pese a los problemas que siguen existiendo. 
Peor es la situación en los países en vías de desarrollo y así seguirá siendo en el futuro, un situación que con frecuencia raya en los límites de la catástrofe. 
Los esfuerzos de la Unión Europea deben centrarse, sobre todo, en apoyarlos y motivarlos. 
Mientras la Comisión, y también algunos de mis colegas diputados de esta Cámara, están claramente a favor de la privatización, toda la experiencia que hemos tenido, incluida la de los Estados miembros de la UE, me lleva a abogar por un enfoque basado en soluciones cooperativas y en la participación del sector privado en estos Estados, junto con un papel responsable del sector público y del Estado. 
En el sector de la empresa privada, debe darse prioridad a la promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen los cimientos de la creación de empleo y del desarrollo económico autónomo en los países en vías de desarrollo. 
En principio, no puedo apoyar las enmiendas del Sr. Deva. 
Si se aprobaran, el informe perdería su visión crítica y no se correspondería ya con el enfoque matizado que necesitamos dar al proceso de reforma. 
Tampoco se correspondería con la principal tendencia del informe, tal como fue aprobado por la Comisión. 
Por último, no van tan lejos como la Comisión en su disposición a entablar un diálogo, y son incompatibles con el carácter del proceso de reforma. 
Como ponente, me he comprometido a proponer y lograr soluciones viables. 
Lejos de aferrarnos rígidamente a principios y a opiniones de carácter ideológico, nuestra labor debe supeditarse al gran objetivo de la lucha contra la pobreza. 
,. 
Señor Presidente, la Comisión acoge con satisfacción el informe del Sr. Modrow y el apoyo que da a la aplicación de las dos comunicaciones. 
Está claro que la Comisión, con estas dos comunicaciones, está intentando resaltar la importancia del sector empresarial para el desarrollo. 
La creación de empresas y la existencia de un sector privado dinámico son factores básicos para el desarrollo económico y constituyen la fuente principal de empleo en los países en desarrollo, sobre todo si se tiene en cuenta el sector no oficial de la economía. 
Resaltamos la experiencia que tiene la Comisión de apoyo al sector privado, los beneficios que se derivan de la acción comunitaria y la necesidad de armonizar los distintos medios. 
Por lo tanto, podemos distinguir entre los sectores donde se reflejan las acciones emprendidas por la Comisión, y los sectores que se han dejado en manos de otros. 
En cuanto a las empresas públicas, nuestra intención es contribuir a su reforma en los países en vías de desarrollo. 
Es evidente que en las empresas públicas se producen grandes pérdidas e ineficiencias, pero por supuesto las reformas tienen que integrarse en el marco de planes de restablecimiento del equilibrio macroeconómico y de promoción del desarrollo. 
Por nuestra parte, hemos evitado adoptar enfoques ideológicos simples o simplificados. 
Por último, no hemos puesto punto final al debate sobre la propiedad, y con esto me refiero a si se trata de empresas públicas, empresas privadas o colaboraciones entre los sectores público y privado. 
Nuestro objetivo es exponer todos los argumentos y analizarlos para que, una vez que hagamos objetivamente todas las interpretaciones, podamos tomar una decisión final que refleje las necesidades de cada país y de cada sector. 
Quiero recordarles que la Comisión ha mantenido siempre la misma posición respecto a estos programas, y que siempre ha tenido en cuenta las repercusiones sociales de los programas para liberalizar la economía. Es curioso que, a lo largo de los años, incluso las instituciones de Bretton Woods hayan adoptado el mismo enfoque. 
Reconocemos la enorme importancia de los inversores nacionales, así como las inversiones que las pequeñas y medianas empresas europeas puedan realizar, sobre todo aquellas que cuentan con experiencia y conocimientos. 
Insistimos en la necesidad de crear marcos reguladores y mecanismos de supervisión adecuados. Son cuestiones de vital importancia respecto a las cuales la Comisión desea poner su experiencia y su alto nivel de conocimientos técnicos al servicio de los países en vías de desarrollo. 
Como ya he dicho, hacemos gran hincapié en la necesidad de atraer inversores y crear un clima favorable. 
Esta estrategia tiene como objetivo el desarrollo del sector crediticio en los países en vías de desarrollo y la promoción, como un medio eficiente de financiación, de las pequeñas empresas y las instituciones de microcrédito, que desempeñan un papel vital en la concesión de pequeños préstamos al sector no oficial de la economía, compuesto principalmente por empresas dirigidas por mujeres. 
Las dos comunicaciones son complementarias y han sido redactadas aplicando el criterio y con el objetivo último de seguir reduciendo la pobreza. 
Espero que, con el debate en el Parlamento y su correspondiente resolución, contribuyamos a que se reconozca la necesidad de vigorizar la creación de empresas en esos países y ayudemos a reformar las empresas estatales que lo necesiten. 
. – Señor Presidente, felicito al ponente, el Sr. Modrow, por tomar la iniciativa de elaborar un informe sobre este importante tema. 
Me complace estar asociado al informe como ponente de opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Me complace especialmente que la Comisión de Desarrollo y Cooperación decidiera integrar plenamente las recomendaciones que hice en nombre de la Comisión de Industria. 
Quisiera subrayar lo que creo que son algunos de los elementos clave de la reforma de las empresas públicas y privadas en los países en desarrollo. 
Esta semana la gestión empresarial está en el orden del día de esta Cámara, tras el reciente caso Parmalat en Italia. 
Todos estamos al corriente también del escándalo Enron en los Estados Unidos. 
En otras palabras, las cuestiones del funcionamiento eficiente de las empresas son tan pertinentes en las economías de mercado desarrolladas occidentales como lo son en los países en desarrollo. 
No obstante, hay que reconocer que un sector privado floreciente y eficiente puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de la economía de terceros países y en la lucha contra la pobreza. 
Apoyo plenamente la idea de la ayuda de la UE al sector empresarial en países en desarrollo a través de intermediarios. 
Comparto la opinión de la Comisión de que las reformas de empresas públicas deben tener en cuenta la capacidad y recursos de los países en cuestión. 
Muchas de las empresas en cuestión son esenciales para el desarrollo en los sectores de la energía, el agua, el transporte y la infraestructura. 
La reforma de las empresas públicas en los países en desarrollo no debería limitarse a las medidas de privatización. 
Un objetivo primordial debería ser garantizar el acceso asequible a los servicios de interés general, como el suministro de agua, el saneamiento, el abastecimiento energético y los servicios de educación y salud. 
La UE debería fomentar las estrategias de reforma en que participan inversores del país, y prestar especial atención a las soluciones descentralizadas cuyos beneficiarios son las pequeñas y medianas empresas (PYME). 
En conclusión, creo que habría que apoyar al sector empresarial de los países en desarrollo, en particular en los ámbitos de la gobernanza, la creación de instituciones y el asesoramiento. 
Nuestro propio sector PYME debería participar activamente en este proceso. 
– Señor Presidente, aplaudo el desarrollo de las ideas del ponente sobre este tema en los últimos años. 
He disfrutado trabajando con él en este informe en la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
No existe un enfoque global único para la gestión de los servicios públicos que sirva para todos los países en desarrollo. 
La experiencia de los países en desarrollo tras la independencia en los últimos 50 años enseña que las empresas públicas, en la mayoría de los casos, han sido incapaces de suministrar de forma eficiente y rentable agua, gestión de residuos, servicios municipales, transporte por carretera, servicios de aviación, minería, reforestación y abastecimiento de energía, convirtiéndolos por tanto en una carga considerable para el presupuesto estatal, obstaculizando el crecimiento económico y empobreciendo a los más pobres. 
La pobreza, las enfermedades y las oportunidades económicas perdidas han aumentado debido a la gestión estatal de los servicios públicos por parte de burócratas cuya principal prioridad es la seguridad en el trabajo y no la eficacia económica. Simplemente hay que ver el fracaso del sistema soviético. 
Es imperativo implicar al sector privado en la prestación de servicios públicos en los países en desarrollo a fin de aumentar la rentabilidad, al igual que el crecimiento económico. 
El sector privado por sí solo puede generar empleo sostenible y es la fuerza motriz de toda economía moderna. 
Los servicios públicos en los países en desarrollo deberían privatizarse mediante procedimientos internacionales abiertos que sean transparentes, rápidos y no onerosos, capaces de hacer frente al desarrollo sostenible y los criterios de interés público. 
Lo ideal sería que la adjudicación de una licitación fuera tarea exclusiva de una institución financiera extranjera independiente, que actuara sola, de acuerdo con normas internacionales y requisitos de información, y que no tuviera conflictos de intereses en ese país o en ese proyecto. 
He estudiado este proceso durante muchos años, y he llegado a una conclusión amarga y muy triste: muchos inversores directos extranjeros se desaniman ante los procedimientos tediosos y laboriosos de licitación, informes de consultores, comités de evaluación y comités para evaluar otras evaluaciones, dispositivos creados por funcionarios de países en desarrollo y consultores de organismos internacionales para ganar dinero a través de tasas o la corrupción. 
Estos procedimientos representan una puerta abierta al empobrecimiento de los países mediante el retraso, la vacilación y la corrupción. 
Cuantos más responsables de adoptar decisiones hay en el circuito, más corrupción. 
La primera forma es la de acelerar una decisión y pasar por alto una oferta mejor pagando a altos funcionarios del Gobierno, como sucede en países del este de Asia. 
La otra forma de corrupción menos detectable se encuentra en países del sur de Asia y África y es realizar pagos para bloquear el éxito de otra oferta más favorable de un competidor. 
En el primer caso, a pesar de la corrupción y los servicios de menor calidad prestados ahora, el trabajo se hace y se proporciona alguna forma de servicio, mientras que en el último no se hace nada y la economía sufre. 
El primero es endémico en países del norte y este de Asia, el último es epidémico en el sur de Asia y África. 
Cuando se fomenta la inversión de grandes compañías transnacionales a través de una inversión directa extranjera en países en desarrollo, también deberían estar autorizadas a realizar inversiones compensatorias. 
Por inversiones compensatorias me refiero a que deberían poder dedicar parte de esa inversión a la creación de capacidades sociales, a escuelas, hospitales, centros de formación y centros juveniles, para que exista un elemento público en la privatización de un servicio público del que se beneficie todo el mundo que rodea a la empresa de servicios. 
Este es el camino a seguir, con transparencia y apertura. 
– Señor Presidente, quiero referirme a la parte del informe que tiene que ver con la reforma de las empresas públicas. 
Acojo con satisfacción la Comunicación de la Comisión y estoy de acuerdo con la Comisaria en que necesitamos una reforma de las empresas públicas. 
Cuando los recursos escasean, tenemos que garantizar el uso efectivo de los mismos. 
También estoy de acuerdo en que tenemos que entender las necesidades de los países implicados y no adoptar soluciones dogmáticas. 
Si miran a nuestra propia historia, los servicios públicos han desempeñado un papel vital en nuestro desarrollo económico. ayudaron a terminar con la pobreza y la enfermedad, y adoptando el principio del acceso universal a los servicios públicos, conseguimos erradicar la pobreza, reforzar el nivel de vida y crear sociedades más iguales. 
Cuando consideramos los servicios públicos en el mundo en desarrollo, también tenemos que centrarnos en la erradicación de la pobreza como prioridad principal de nuestra reforma de los servicios públicos y empresas estatales. 
Existe otro ingrediente clave que no deberíamos pasar por alto, y es el principio de la responsabilidad pública. 
Esa responsabilidad debería incluir el control por parte de representantes elegidos, reglamentos independientes y la participación de la sociedad civil y las ONG. 
Tenemos algunos modelos de buenas prácticas en nuestros propios países que muestran cómo pueden responsabilizarse los servicios públicos. 
Si disponemos de una mayor responsabilidad en el modo en que consideramos la reforma en estos países, estoy segura de que tendremos el tipo de servicios públicos que favorecen a las personas, que garantizan el uso efectivo de los recursos y nos ayudan a perseguir nuestros propios objetivos de desarrollo, la erradicación de la pobreza y el aumento del nivel de vida. 
– Señor Presidente, en primer lugar, quiero apoyar aquí con entusiasmo el informe de mi colega, el Sr. Modrow, en el que las dos comunicaciones de la Comisión tienen el mérito de abrir el debate sobre el lugar, el papel y las responsabilidades de las empresas públicas y privadas en los países en desarrollo. 
Por su parte, el informe tiene el mérito de señalar las contradicciones, incluso a veces las incoherencias, de la política europea. 
En efecto, la Unión no es neutral en lo que se refiere a reforzar o no el sector público de los países con los que mantiene unas relaciones estrechas. 
Por desgracia, con demasiada frecuencia preconiza una política de reducción de costes y déficit públicos que obedece a las medidas de ajuste estructural queridas a las instituciones financieras internacionales, política que sin duda tiene de palabra la ambición de reducir la pobreza, pero que, en la práctica, puede resultar totalmente nefasta para las poblaciones afectadas. 
Así, los incentivos y las presiones ejercidos sobre estos países para que privaticen sus economías tienen un coste, y ese coste lo pagan caro los hombres y las mujeres de esos países, lo pagan caro los trabajadores afectados, tanto allí como aquí. 
La ausencia de relación entre los objetivos económicos y financieros y la necesidad de satisfacer en primer lugar las necesidades y los derechos fundamentales de las poblaciones es crónica. 
En este marco, el llamamiento a menudo demasiado exclusivo al sector privado es en el mejor de los casos un engaño y, en el peor, una toma del poder económico, social y político que escapa al control de las poblaciones de esos países. 
Las consecuencias sociales de ello son conocidas y dramáticas. 
Y si no es así, ¿por qué entonces se sigue negando la Comisión a realizar una evaluación transparente, pública y comparativa de los efectos de las liberalizaciones sobre el empleo, la calidad y la cobertura de los servicios prestados y las condiciones de trabajo en la propia Europa? 
Sin duda, una evaluación de este tipo haría más creíble su llamamiento a que se tenga en cuenta la experiencia de la Unión Europea en la materia. 
Si bien la combinación de un sector público moderno y fuerte con empresas privadas puede ser deseable para satisfacer las necesidades, en particular en el ámbito de los servicios, por el momento el llamamiento a la cooperación entre el sector público y el sector privado tiene por efecto en la práctica debilitar a las empresas públicas más que crear una dinámica de conjunto. 
Ante la jungla de la competencia, las salvaguardias –cuando las hay– que se supone contribuyen al mantenimiento, el fortalecimiento y la modernización de los servicios de las empresas públicas no bastan. 
Sin una participación de los trabajadores en las decisiones y en el destino de la empresa, sin la consulta a la población y sin un auténtico código de conducta vinculante para las multinacionales establecidas en los países en desarrollo, el recurso a las inversiones privadas se limita a tomas de control financiero por parte de grandes grupos, sin que se observe ninguna mejora del servicio y a menudo en detrimento de los intereses nacionales de esos países. 
El papel cada vez más dominante de las empresas transnacionales en el mundo beneficia evidentemente más al sistema bursátil, financiero y especulativo que a los pueblos del Sur. 
Por otra parte, me extraña que la Comisión avance la privatización como un medio de luchar contra la corrupción. 
Buen número de experiencias en Europa y en el mundo distan mucho de respaldar tales afirmaciones. 
La Unión Europea debería reforzar más su ayuda a los países en desarrollo sobre la base de criterios de modernización de las empresas asentados en una democratización de los procesos de toma de decisiones y en una mayor transparencia del funcionamiento de las empresas con carácter de servicio público. 
Por último, y terminaré aquí, los derechos fundamentales de toda persona a la salud y a la educación deben permanecer en el ámbito de lo público, al igual que el agua, los transportes, la salud y la energía deben quedar fuera del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el informe Modrow tiene razón al resaltar una serie de aspectos negativos de la manía privatizadora que ha barrido muchos países en desarrollo. 
El episodio de la nacionalización en la época de la descolonización se vio seguido de un episodio de salvajes privatizaciones de empresas, que a menudo quedaron empobrecidas. 
Invariablemente, en ambos casos fue la elite política la que se embolsó los beneficios y los colocó en cuentas bancarias del extranjero. 
Invariablemente también, las multinacionales occidentales actuaron como empresas corruptas para acaparar sectores nacionales vitales como la minería y las materias primas. 
Cuando visito África, me siento a menudo avergonzada por su comportamiento poco ético, por la forma en que el sector del cobre en Zambia, por ejemplo, con el cierre de minas, ha arrastrado consigo un tejido social entero, un tejido económico que ha destruido el país por completo. 
Me doy cuenta de que el desarrollo de un país requiere inversiones. 
Sin embargo, ¿no puede la Unión Europea desempeñar un papel más positivo y ayudar a crear las condiciones que garanticen que las reformas de las empresas estatales avancen en un sentido más favorable para el bien del desarrollo? 
No estoy haciendo un llamamiento al dogmatismo, sino a una verdadera colaboración. 
Un país pobre no siempre tiene el mismo poder económico de una multinacional cuyo presupuesto supera con creces al del propio país. 
Si ni siquiera nosotros somos capaces de imponer códigos éticos de conducta a las empresas, ¿cómo podemos esperar que esos países pobres lo hagan? 
Me uno al ponente en su llamamiento a que se preste mayor atención y se dediquen mayores recursos a posibilitar la transición de las pequeñas empresas del sector informal al sector formal de la economía, y también a que se concedan mayores recursos a las mujeres, muchas de las cuales trabajan en este sector informal. 
Son ellas las que deben contar con las primeras ayudas, porque sus empresas son probablemente la forma más directa de librar la batalla contra la pobreza en sus países. 
– Señor Presidente, las ayudas al desarrollo de la industria en los países en vías de desarrollo pretenden mejorar la posición comercial de esos países. 
Por consiguiente, los esfuerzos de la Comisión para crear un marco jurídico predecible y combatir la corrupción merecen mi apoyo incondicional. 
Con respecto a la reforma de las empresas estatales, la Comisión y el informe Modrow son menos convincentes. 
En primer lugar, el ámbito de aplicación del marco político de la Comisión y del conjunto de obligaciones se está haciendo muy difícil de manejar. 
La Comisión afirma que un país en desarrollo tiene que considerar todas las demás opciones antes de decidirse a reformar una empresa estatal. 
Sin embargo, la propia Comisión admite que las consideraciones que inclinan la decisión a favor de la reforma son de naturaleza política. 
Por lo tanto, no es realista poner como requisito la consideración objetiva de las diferentes opciones. 
En segundo lugar, tenemos la política social. 
Según la comunicación de la Comisión y el ponente, el requisito de medidas sociales debe ir en paralelo a las reformas. 
Eso parece caritativo, pero es inapropiado. 
Después de todo, la Comunidad Europea no tiene competencias en el ámbito de la política social y la política de empleo en los países en desarrollo. 
Estas políticas quedan fuera del ámbito de la asistencia técnica y de la cooperación europea al desarrollo. 
En tercer lugar, respecto a las políticas de los Estados miembros no se hace prácticamente ninguna referencia ni en la comunicación de la Comisión ni en el informe Modrow a la cooperación al desarrollo de los Estados miembros en esta cuestión. 
La relación de desarrollo sostenible entre un país en vías de desarrollo y un Estado miembro podría ser el marco perfecto para, por ejemplo, ofrecer apoyo en el caso de que se produzcan despidos. 
Por último, está la relación entre las empresas estatales y la reducción de la pobreza. La Comisión desea utilizar la reducción de la pobreza como un criterio de valoración en la concesión de ayudas a las empresas estatales. 
Esto se contradice con su posición neutral sobre la propiedad privada frente a la propiedad pública. 
El criterio debe aplicarse por igual a las empresas privadas o no aplicarse a nadie. 
En conclusión, la ayuda a las empresas de los países en desarrollo cuenta con mi beneplácito, pero el enfoque adoptado en el caso de las empresas estatales plantea cuestiones esenciales. 
– Señor Presidente, este informe es, desde mi punto de vista, un modesto signo de desarrollo favorable. 
Uno de los mayores problemas en los países en vías de desarrollo era –y lo sigue siendo en gran medida– la ausencia de una auténtica economía de libre mercado. 
En la práctica, los experimentos socialistas y colectivistas han agravado los problemas en lugar de ofrecer una solución a la pobreza. 
Parece que existe un consenso cada vez mayor en cuanto a que los Gobiernos por sí solos no conseguirán la felicidad universal, por lo que hemos permitido que intervenga la iniciativa privada. 
Este es un desarrollo positivo que solo merece alabanzas. 
Como dice el informe, hay distintas formas de reformar las empresas estatales. 
Nadie puede oponerse a un cambio gradual. 
Solo debemos añadir una palabra de cautela con respecto a los obstáculos resultantes de todo tipo de niveles intermedios de intervención gubernamental que quizá se intenten incorporar. 
En cualquier caso, es bueno que exista voluntad de dejar que intervengan las pequeñas y medianas empresas, tanto como en la Unión Europea. 
En mi opinión, es de la máxima importancia que se haga una evaluación completa y puntual de la situación, sin tabúes, como la corrupción, la excesiva burocracia, la ineficacia administrativa o incluso la mera incompetencia. 
Además, esto debe aplicarse no solo a los gobiernos locales, sino también a las ONG y organizaciones similares, ya que cuando existen disfunciones, rara vez se reprende a esas organizaciones. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la comunicación de la Comisión sobre la reforma de las empresas estatales en los países en desarrollo. 
Sin embargo, al mismo tiempo lamento la actitud generalmente negativa hacia la libre empresa y la propiedad privada que se desprende del borrador del informe. 
El alto nivel de vida y de prosperidad logrado por el mundo occidental, Japón y Australia no son resultado del monopolio y el proteccionismo, sino de la economía de libre mercado y de las muchas fuerzas dinámicas de las empresas privadas que favorecen el desarrollo y la prosperidad. 
En Europa, esto es particularmente evidente. 
La mitad de nuestro continente ha intentado otro método que consistía en el control centralizado y los grandes monopolios estatales. 
La ineficacia y el hundimiento del socialismo de monopolio en Europa ha sido la experiencia de muchos pueblos europeos y les ha dado una amarga lección. 
Es una lección que debemos, o incluso tenemos la obligación de, transmitir a los países que desean construir sociedades de bienestar democráticas. 
Los países en desarrollo deben tener la misma oportunidad de desarrollar y crear un modelo económico basado en la libre competencia y en una economía de libre mercado. 
No compete a la UE tratar de impedir una tendencia a la competencia que traerá consigo prosperidad. 
La economía de mercado no ha sido el gran problema en los países en desarrollo. 
Por el contrario, el problema no ha radicado tanto en las libres economías como en los monopolios, algo que ha llevado a una mala gestión, a la corrupción y al estancamiento. 
Comparto plenamente la opinión de los ciudadanos sobre la necesidad de tener agua limpia, alcantarillados eficaces, asistencia sanitaria básica y tratamiento médico, educación básica y acceso a la energía. 
Sin embargo, lo más importante no es la forma de la propiedad en sí misma, sino un alto grado de flexibilidad y eficacia en la prestación de esos servicios. 
La competencia es muy importante en este ámbito. 
Los países en desarrollo necesitan lógicamente disposiciones que establezcan un marco jurídico y posiblemente sea este un ámbito en el que la UE puede ayudar mucho a esos países. 
Las soluciones políticas actuales en muchos países en desarrollo son, con frecuencia y por desgracia, ineficaces y caras, y solo alcanzan a una proporción limitada de la población. 
Todos los países en desarrollo que han logrado pasar de la pobreza a la riqueza y la prosperidad han dado prioridad a la competencia y la eficacia, no al control centralizado por parte del Estado y a la creación de monopolios. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera dar las gracias a nuestro colega el Sr. Modrow por la pertinencia de su informe, puesto que la idea es subordinarlo todo a la lucha contra la pobreza. 
Pero hay que decir que una de las dos comunicaciones de la Comisión –la titulada «La reforma de las empresas públicas en los países en desarrollo, con especial atención a los servicios públicos: La necesidad de evaluar todas las opciones» – ha sido para mí una lectura más que estimulante, al mismo tiempo que bienvenida. 
En efecto, se lee que muchas liberalizaciones y privatizaciones realizadas deprisa y corriendo en los países en desarrollo, bajo la presión de planes de ajuste estructural a menudo impuestos, han tenido consecuencias desastrosas en términos de puestos de trabajo perdidos y de degradación y encarecimiento de los servicios afectados. 
Sería de desear que la Comisión diera muestras de la misma lucidez y objetividad al hablar de los servicios de interés general en la propia Unión Europea. 
Un primer paso en este sentido sería, como se pide en el proyecto de informe, que la Comisión aceptase al fin emprender una evaluación transparente, pública y contradictoria de los efectos de las liberalizaciones sobre el empleo, la calidad y la cobertura de los servicios prestados y sobre las condiciones de trabajo en Europa. 
Este ejercicio sería tan beneficioso internamente como para comprender mejor las situaciones en los países del Sur. 
Nuestro objetivo es, lo recuerdo, combatir la pobreza y asegurar que esto no quede solo en palabras. 
Al examinar más de cerca los distintos ejemplos citados en la Comunicación, se constata que, entre las experiencias positivas, figuran casos en que las empresas públicas siguieron siendo públicas, pero en las que se combatieron los derroches y la corrupción, en las que la dirección de la empresa recuperó el dinamismo y la eficacia y en las que, ante todo, se creó un marco reglamentario y político con unos objetivos claros, ambiciosos, en términos de desarrollo, de accesibilidad y de calidad del servicio, y financiados, en particular, mediante una perecuación tarifaria. 
Todos estos elementos no equivalen a una comercialización de la empresa pública, según la definición de la Comisión; al contrario, constituyen, a mi entender, los factores de una buena gestión de los servicios públicos que deberíamos consagrar también a escala europea, quizás mediante una directiva marco. 
Un último punto: los partidarios de la liberalización general de los servicios a través del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) afirman que la apertura de los servicios públicos de los países en desarrollo no puede sino beneficiarles. 
Un análisis más pragmático debería favorecer una estrategia de desarrollo económico diferente, centrada en los agentes económicos y sociales locales y en las pequeñas empresas y microempresas –teniendo en cuenta, principalmente, a las mujeres y los servicios públicos básicos– y, sobre todo, sin entregarlos a los apetitos desconsiderados de las multinacionales. 
Pero llegados a este punto les pido que me disculpen, porque creo que estamos hablando de ética. 
Señor Presidente, señora Comisaria Diamantopoulou, señor Modrow, al hablar sobre las ayudas al desarrollo del sector empresarial dentro de las políticas de cooperación con terceros países y, en particular, con los países en desarrollo, quizás convenga recordar lo que el economista peruano Hernando de Soto afirmaba en su libro Decía que uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico, el ingrediente que faltaba, en los países que de hecho deberían disfrutar de una riqueza considerable, es la ausencia de leyes de propiedad claramente definidas y, por lo tanto, protegidas por la seguridad necesaria para darles un valor económico auténtico. 
Así pues, está claro que la contribución más valiosa que las instituciones europeas pueden hacer –y yo diría, en general, la contribución más importante que los países desarrollados pueden hacer– es garantizar la infraestructura jurídica que proteja la seguridad jurídica, además de respaldar y guiar el proceso hacia la democratización y el reconocimiento de los principios del Estado de derecho. 
El documento de la Comisión hace referencia a esto solo de pasada, cuando yo lo considero fundamental. Por su parte, el informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, omite –siento decirlo– esta referencia y se centra en las trágicas consecuencias de las políticas promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
Como ven, no creo que sea acertado, ni siquiera en esas situaciones, atribuir la responsabilidad de ciertas bancarrotas al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Pienso en el caso de Argentina, donde está clarísimo que el fracaso, el declive del propio Estado, no puede atribuirse al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial, sino al nivel de corrupción y al carácter estático de esa economía. 
Se dice que no queremos ser ideológicos, pero me temo que eso es precisamente lo que estamos siendo. 
Es bueno considerar todas las opciones; sin embargo, creo que la opción política que debemos proponer es la privatización de las empresas con vistas a buscar la eficacia y la inversión. 
Queremos que haya servicios a disposición de los ciudadanos, y a su disposición en la medida y con la calidad necesarias para atender necesidades que hoy no están atendidas. 
Creo que no debemos pedir a las empresas públicas corruptas e ineficaces que presten este servicio. 
La opción de la privatización, tanto en Europa como en los países en vías de desarrollo, es la alternativa políticamente deseable. 
Señor Presidente, además de analizar la política de la UE hasta la fecha, estas comunicaciones pretenden sentar las bases de las estrategias de la Comisión para promover la creación de empresas en los países en desarrollo y para preparar la posición de la Comisión sobre la reforma de las empresas estatales. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que la atención debe centrarse en combatir la pobreza y proteger la disponibilidad de servicios básicos, y en que la prioridad es la de apoyar a las pequeñas y medianas empresas. 
En las últimas décadas, los Programas de Ajustes Estructurales se han utilizado para tratar de responder a la demanda de desarrollo económico. 
Estos programas se han orientado a la apertura de mercados y a distintos tipos de medidas, incluida la privatización. 
Pero no siempre han mejorado la situación; al contrario, han contribuido de manera importante a propagar la pobreza en los países en desarrollo. 
La Comisión afirma con razón que existen varias opciones para reformar las empresas estatales, como la reforma de una empresa pública sin alterar la estructura de la propiedad, o la privatización parcial. 
Es absolutamente fundamental tener en cuenta los parámetros a la hora de seleccionar los distintos tipos de reforma. 
Con la privatización se debe prestar una particular atención a las leyes sobre la competencia y a su aplicación. 
Tienen que sopesarse las distintas opciones de reforma y, en este sentido, es fundamental conseguir la participación de la sociedad civil, sobre todo de organizaciones de usuarios y consumidores, cooperativas y sindicatos, en la toma de decisiones y en el seguimiento de las medidas adoptadas. 
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta el objetivo primordial de la cooperación al desarrollo de la UE: la lucha contra la pobreza. 
La comunicación de la Comisión recoge también algunas ideas básicas positivas sobre cómo enfocar el futuro apoyo al desarrollo del sector empresarial en terceros países. 
Me parece excelente que la Comisión proponga una estrategia general para el sector empresarial. 
El objetivo último de esa estrategia debe ser simplemente que se hagan inversiones en los países en desarrollo. 
Los ciudadanos tienen que poder esperar eso. 
No puede basarse en el principio del pozo sin fondo. 
Es importante dar apoyo tangible a las PYME y a las cooperativas por medio de asesoramiento en materia de servicios, formación, modernización empresarial y promoción de microempresas, sobre todo garantizando la disponibilidad de financiación. 
No obstante, es fundamental recordar que las empresas y las cooperativas de los países en desarrollo también necesitan clientes dispuestos a gastar su dinero, y el mercado con el mayor poder adquisitivo somos nosotros, la UE. 
Por esa razón, debe lograrse que los canales de un comercio justo y sostenible funcionen de tal manera que los consumidores europeos puedan apoyar a las empresas y a los productores de los países en desarrollo con sus propias decisiones de compra. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
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De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la gripe aviar. 
. Señor Presidente, hasta la fecha la peste aviar ha afectado a las poblaciones avícolas de nueve países de Asia, a saber, Camboya, la República Popular China, incluida la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Indonesia, el Japón, la República Democrática Popular Lao, el Pakistán, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam. 
Según un grupo de expertos de la FAO-OMS-OIE que se reunieron los días 3 y 4 de febrero en Roma, la epidemia actual continúa desarrollándose y todavía no está controlada. 
Hasta la fecha, la enfermedad ha causado la muerte de 18 personas en Vietnam y Tailandia, pero aún no ha aparecido un nuevo virus que sea totalmente transmisible a los humanos y capaz de propagarse de un ser humano a otro. 
En total, Asia tiene aproximadamente el 40% de la población avícola mundial y representa el 25% del comercio mundial de carne de ave. 
Existen 6 664 millones de aves en las zonas afectadas. 
La situación ya está repercutiendo en los mercados mundiales de grano y de carne. 
Se trata de una enfermedad devastadora de las aves de corral que causa una mortalidad muy elevada: hasta un 95% en 24 horas. 
Ya han muerto millones de aves a causa de esta enfermedad, o se han destruido en la lucha por detener su propagación. 
En su dimensión sanitaria y económica, sin olvidar los aspectos del bienestar de los animales, este brote de peste aviar no tiene precedentes y, si bien actualmente no hay indicios de que se desarrolle una pandemia humana, según la OMS no se puede excluir este riesgo. 
Los efectos de la enfermedad van a repercutir sobre todo en los propietarios de pequeñas granjas y gallineros particulares, que constituyen su principal fuente de suministro de alimentación. 
Será mucho más difícil prevenir la enfermedad en estas aves que en las unidades comerciales más grandes. 
Esto tiene el potencial de acelerar las tendencias hacia la industrialización de las operaciones de aves de corral en los países afectados y, por lo tanto, podría tener algunas consecuencias sociales y medioambientales negativas. 
Está claro que la situación afecta a la Comunidad Europea en muchos niveles y la Comisión, así como los Estados miembros, han actuado con firmeza. 
La Comisión ha tomado inmediatamente medidas de salvaguarda para asegurar una protección adecuada contra la posible introducción de la enfermedad en el territorio comunitario a través de las importaciones de aves vivas y productos de carne de ave procedentes de los países correspondientes para proteger tanto la salud pública como la de los animales. 
La Comisión ha tomado medidas adecuadas para enviar a un experto en salud animal y a dos expertos sanitarios públicos a Vietnam para ayudar en la lucha contra la enfermedad en colaboración con la OMS. 
Además, los Estados miembros también han enviado a expertos a otros países. 
Hemos estado supervisando detenidamente, y continuaremos haciéndolo, la situación a través de nuestras delegaciones, la OMS, la FAO, la OIE, así como de fuentes de información gubernamentales y otras no gubernamentales. 
Los Estados miembros disponen de planes de emergencia con arreglo a la legislación comunitaria, aprobada por la Comisión para su ejecución en caso de que se produzcan brotes de peste aviar en las aves de corral. 
Actualmente, los servicios de la Comisión analizan rigurosamente los planes que los países de adhesión han presentado para que puedan ser operativos en la fecha de adhesión. 
En el ámbito de la salud pública, se lleva a cabo la evaluación de riesgos para los humanos de forma continuada en cooperación con la OMS y expertos de los Estados miembros. 
El intercambio rápido de información y la consulta recíproca sobre directrices y medidas que se hayan tomado o que se hayan previsto por parte de los Estados miembros están asegurados a través del sistema de respuesta y alerta temprana de la Comunidad Europea. 
La Comisión podrá tomar más medidas y procedimientos de consulta y directrices en caso de necesidad. 
Asimismo, la Comisión tiene la intención de publicar un documento de trabajo sobre la preparación y planificación de la respuesta a la pandemia de gripe, que establece una serie de medidas que los Estados miembros y la Comunidad Europea deben tomar para abordar una pandemia de peste aviar. 
La Comisión colabora estrechamente con los países afectados para identificar zonas en las que la ayuda es necesaria y donde se pueda sacar el máximo provecho. 
No solo la Dirección General de Salud y Protección del Consumidor, sino también la de Desarrollo, EuropeAid y nuestra Oficina de Ayuda Humanitaria están colaborando activamente con los Gobiernos locales y las organizaciones no gubernamentales. 
Las delegaciones de la CE en la región participan activamente en este proceso y se coordinan con las embajadas de los Estados miembros. 
Justo en estos momentos, la Comisión está preparando una aportación comunitaria muy importante para apoyar los esfuerzos de Vietnam contra la peste aviar, mediante la financiación de equipos de protección y de laboratorio por un valor de hasta un millón de euros, al amparo de dos programas de asistencia de la CE que se encuentran en curso bajo los auspicios de la Dirección General de EuropeAid. 
Se tratará de la mayor aportación realizada hasta la fecha por parte de un donante a Vietnam. 
Se firmará un acuerdo con la OMS, que se prevé se concluya a mediados de esta semana. 
Dado que el factor tiempo es importante, los servicios de la Comisión en todos los niveles mantienen un diálogo permanente con la Organización Mundial de la Salud, la FAO y la Organización Mundial para la Salud Animal, así como con las autoridades locales para compartir nuestra experiencia en el control de enfermedades lo antes y con la menor burocracia posible. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a nuestro personal por este esfuerzo adicional. 
La Comisión espera que todas estas medidas y actividades tendrán éxito en la contención y erradicación final de la enfermedad y de que podremos restituir prácticas normales en nuestros tratos comerciales y de otro tipo con los países afectados más pronto que tarde. 
La Comisión continuará efectuando el seguimiento minucioso de la cuestión y apoyará a los países afectados en colaboración y coordinación con las organizaciones internacionales y los Estados miembros pertinentes, y ajustará las medidas comunitarias proporcionalmente a los riesgos planteados por la situación de la enfermedad. 
– Señor Presidente, quiero agradecer al Comisario sus observaciones y creo que todos podemos unirnos a él en la esperanza de que lo que ha esbozado se hará realidad. 
En primer lugar, en relación con los propios servicios de la Unión Europea, uno se imagina que los que operan en nuestro nombre en el sudeste de Asia proceden principalmente de la Oficina Alimentaria y Veterinaria de Dublín: nuestro equipo de inspectores sanitarios y alimentarios de la Unión Europea. 
¿Podría el Comisario informar a la Cámara cuántas personas participan en este trabajo? 
Lo ha mencionado brevemente. Una de las cosas que preocupan a los diputados al Parlamento Europeo que han visitado la Oficina Alimentaria y Veterinaria es su escasez de personal. 
En efecto, creo que solo hay 90 inspectores para el mundo entero. 
Lo que me preocupa es que si esta pandemia en Asia está acaparando muchos de los esfuerzos de estos inspectores, ¿qué ocurre con el trabajo que no se hace? 
Una de las cosas de las que estuvimos hablando en la Comisión últimamente es sobre la importación de carne de pollo procedente de Brasil debido al peligro de que esté impregnada de nitrofuranos. 
Si observamos el sudeste de Asia, ¿puede el Comisario asegurarme que alguien sigue vigilando lo que ocurre en Brasil? 
Mi segunda observación tiene que ver con la dimensión sanitaria humana, dado que aunque se trata, naturalmente, de una cuestión incipiente, la dimensión sanitaria humana es muy importante. 
¿Está satisfecho el Sr. Byrne de que la Unión Europea ya tenga capacidad para supervisar eficazmente cualquier indicio de que surja aquí una epidemia animal, o una pandemia humana de gran importancia, dado que existe la posibilidad de ocultación? 
Ya nos hemos tenido que enfrentarnos con el factor de ocultación en los países donde se ha producido. 
Existe la tentación, no me cabe duda, de que la ocultación se produzca también en cualquier lugar del mundo. 
¿Considerará la creación de un equipo de respuesta rápida dedicado a la planificación del peor de los casos en la Unión Europea? 
Ha señalado algo sobre esto, pero quizá no ha hablado sobre este equipo en concreto. 
El próximo informe sobre el que estamos deliberando es de la máxima importancia: el informe del Sr. Bowis sobre el Centro europeo para la prevención y el control de enfermedades. 
Por desgracia, todavía no se ha constituido este centro. 
¿Sería posible crear, como avanzadilla del nuevo Centro para la prevención y el control de enfermedades, crear un equipo de planificación con el que el Parlamento Europeo pueda dialogar? 
En tercer lugar, el Sr. Byrne también es responsable de la seguridad alimentaria en la UE y de la legislación relativa al etiquetado de alimentos. 
Dado que no conocemos exactamente cuál es la vía de transmisión –si es que hay una vía de transmisión a los humanos– y que los consumidores no se fían de los alimentos de origen desconocido en estos momentos, ¿considerará la Comisión la posibilidad de facilitar a los consumidores información adicional mediante el etiquetado del país de origen del componente de carne de ave de alimentos compuestos que representa una parte muy importante del mercado de la Unión Europea? 
He observado que el Sr. Byrne ha dicho que la Comisión ha prohibido la importación de carne de ave y los productos derivados. 
Muchos consumidores le dirán que es imposible decir de dónde procede la carne de ave de los alimentos compuestos que compramos en toda la Unión Europea. 
Esta es parte de la información que creo que debe proporcionarse al consumidor en este contexto. 
– Señor Presidente, Señorías, señor Comisario Byrne, estoy segura de que la Comisión ha hecho todo lo que ha podido. 
Decida usted ahora si eso es lo que deseamos leer siempre en un informe. 
También me pregunto si lo que hacemos es siempre suficiente, y si realmente estamos pensando en términos de lo que se denomina protección preventiva del consumidor. 
Al decir esto, Comisario Byrne, no solo pienso en usted, sino en todos nosotros, así como en los gobiernos y en los demás Comisarios. 
Volveré sobre ello más adelante. 
Tan pronto como recibimos los primeros informes sobre la gripe aviar, interrumpimos de inmediato las importaciones a la Unión Europea. 
No hubiera hecho falta mucha imaginación para anunciar ese mismo día que se iba a cerrar toda Asia, una medida que habría tenido sentido. 
Quizás no sea muy inteligente utilizar el efecto dominó empezando por Tailandia y siguiendo con Vietnam y con China. 
Pero habría tenido sentido, sabiendo lo que sabemos sobre la forma de hacer negocios en esos países y sobre cómo se comercia y se venden aves y otros animales en ellos. 
Lo que me preocupa es el permanente estado de acción. 
Siempre estamos accionando. 
Llega la gripe aviar, reaccionamos ante ella, y luego, por alguna razón, no se hace nada durante un tiempo. 
Descubrimos que la carne de pollo contiene dioxinas, y volvemos a reaccionar. 
Descubrimos la presencia de fármacos prohibidos, tóxicos y cancerígenos en camarones y otros productos, y reaccionamos. 
Pero siempre reaccionamos en la euforia del momento y rápidamente nos olvidamos de todo. 
Esa es una actitud extremadamente ingenua, puesto que sabemos que las condiciones en que se mantienen los animales en los países en cuestión, así como los niveles de higiene en los países asiáticos y en otros países como Brasil, son horribles en comparación con los nuestros. 
Puesto que esta cuestión es objeto de preguntas continuas en esta Cámara, me gustaría verdaderamente saber qué sucede cuando los Comisarios se sientan a debatirla. 
Cuando le pedimos al Comisario Lamy que dé prioridad, en los debates de la Organización Mundial del Comercio, a la protección de los consumidores y a la política de higiene como asuntos que tienen que negociarse con terceros países, sé que lo máximo que podemos esperar como respuesta es una amable sonrisa. 
Podemos contentarnos con eso, pero si no modificamos también nuestro sistema, seguiremos encontrándonos con este tipo de situaciones, de tener que reaccionar ante una pandemia que asusta a nuestros ciudadanos y, lo digo muy en serio, con evidentes consecuencias para la economía. 
Como dice la Sra. Jackson, la mayoría de la carne de pollo acaba en hamburguesas o en comidas preparadas chinas de uno u otro tipo. 
Los ciudadanos están preocupados; dejarán de comprar esos productos durante un tiempo y eso tendrá importantes consecuencias para nuestra economía. 
Las razones son muy sencillas y las debemos buscar no solo en las condiciones de higiene, sino también, y permítanme que lo diga claramente, en una actitud demasiado blanda de nuestra parte. 
Como recordará usted, Comisario Byrne, hace algún tiempo le pedí, cuando debatimos la cuestión de las dioxinas y de otros productos, que anunciara una prohibición sobre las importaciones de China y otros países, simplemente a efectos disciplinarios o educativos. 
Pero al final siempre somos amables y decimos que tenemos que apoyar a esos países. 
Eso es un error. 
Más adelante tendremos algo que decir sobre el Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas. 
Usted ha aludido a pasos serios, es decir, a medidas y líneas de acción serias. Estoy segura de que serán todas estupendas, pero solo después de que hayan transcurrido algunos años. 
En este preciso momento, no nos sirven de nada. Ahora mismo, lo único útil que se puede hacer es anunciar que protegeremos a los ciudadanos de la Unión Europea, porque es para ellos para quienes trabajamos en esta Cámara. 
¡Protejámoslos! 
¿Estamos seguros de que los virus que transmiten la gripe aviar entre las aves y los pollos no pueden transmitirse a los seres humanos? 
¿Hemos investigado lo suficiente? 
Esto me lleva a mi siguiente punto, que será el último, señor Presidente. 
Cuando debatimos el presupuesto de la Unión Europea y la perspectiva económica, siempre oigo hablar mucho de política regional, y mucho también de política de ayudas y otras cuestiones. 
Sin embargo, ¿he oído alguna vez hablar sobre cómo exigimos de forma estricta a los Estados miembros que garanticen las suficientes investigaciones para proteger a los seres humanos contra las enfermedades? 
En ese contexto, nunca; ni tampoco es una de las prioridades de la Unión Europea. 
Le agradecería, Comisario Byrne, que garantizara la inclusión en la perspectiva económica, como una de sus prioridades, la obligación de que los Estados miembros destinen más fondos a la investigación de vacunas capaces de proteger a los ciudadanos contra las enfermedades que puedan surgir en el futuro. 
– Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Comisario por su declaración. 
Aunque en los últimos años haya llegado a conocer muy bien las epidemias y enfermedades animales, la gran pregunta es: ¿Qué hemos aprendido? 
Una de las conclusiones más importantes de la Comisión con respecto a la lucha contra la fiebre aftosa fue la necesidad de proteger las fronteras exteriores. 
¿Qué se ha hecho en relación con esa conclusión? 
Cuando viajo, pongamos, a Dublín o Ámsterdam, sigo viendo una gran diferencia en comparación con, por ejemplo, los Estados Unidos. 
En mi opinión, los procedimientos de control han cambiado muy poco en los últimos años. 
Puede que me equivoque, pero me gustaría oír del Comisario las medidas que se han adoptado. 
¿Por qué leo en el periódico que en el aeropuerto de Ámsterdam se han puesto alfombras desinfectantes, y que esto no se ha hecho en ningún otro lugar de Europa? 
¿Por qué se toman medidas completamente distintas en Bélgica? 
¿Qué recomendaciones oficiales da la Comisión a los Estados miembros y cómo se actúa en relación con las mismas? 
Las importaciones de Tailandia y otros países se han interrumpido. 
Este fin de semana corrían rumores en la prensa neerlandesa de que la carne de pollo de esos países seguiría entrando en la Unión Europea a través de los nuevos países de adhesión. 
¿Es eso cierto o no? 
La Sra. Roth-Behrendt ya ha hablado de la necesidad de realizar más investigaciones, sobre vacunas y métodos de ensayo, entre otras cosas. 
La cuestión es que este Parlamento le ha dado a la Comisión la oportunidad de utilizar esos fondos extraordinarios en dos ocasiones en los dos últimos años. 
No hablo de los recursos de la categoría 3 para investigación, sino de los recursos extraordinarios de la categoría 1a del presupuesto para la agricultura. 
La Comisión ha decidido no gastarlos. 
¿Por qué no, cuando el mismo Comisario ha declarado en esta sesión plenaria que así lo haría? 
La Comisión no ha satisfecho una petición realizada por la autoridad presupuestaria, y quisiera saber por qué. 
Gestión de crisis: la Comisión ya ha declarado que existe un plan de emergencia. 
Tengo entendido que se están tramando en efecto algunos planes, pero ¿cuál es la situación con respecto a la salud humana? 
La medicina contra la gripe que podría ayudar a los ciudadanos está ya disponible, pero en cantidades limitadas. 
¿Ha consultado la Comisión a los Estados miembros sobre cómo se utilizará en los distintos países si el suministro de este medicamento es insuficiente en otros países? 
Por último, quiero decir algo sobre la OIE. 
El comercio depende de la confianza y muchos aspectos no pueden ser supervisados tan solo por la Oficina Alimentaria y Veterinaria en Dublín, que depende de la información que proporcionan los países a la OIE. 
Se ha sabido ahora que Indonesia, Vietnam y posiblemente China han tardado demasiados meses en informar a la OIE. 
¿Qué piensa hacer la Comisión en este contexto para mejorar el flujo de información y para garantizar que se puedan realizar transacciones comerciales en unas condiciones justas, sin riesgo de encontrarnos de repente con importaciones ilegales de este tipo de productos? 
– Señor Presidente, estoy de acuerdo con el Comisario en que debemos dar las gracias a su equipo. 
Ha dicho usted, señor Comisario, que se está trabajando actualmente sobre el terreno para combatir la epidemia. 
Aunque eso sea una buena noticia, ¿estaban ustedes allí cuando comenzó esta epidemia? 
¿Se les informó en aquel momento, o más adelante cuando la prensa se hizo eco de la noticia y estalló el escándalo entre nosotros? 
Ha dicho usted, señor Comisario, que las pequeñas empresas se han visto afectadas y que eso podría dar impulso a la industrialización. 
Soy de la opinión de que precisamente el avance hacia la industrialización que se ha producido en esos países es lo que ha creado las condiciones para esta pandemia, ya que se han puesto en contacto razas autóctonas y adaptadas con razas desarrolladas genéticamente que pueden haberse adaptado a la industrialización, pero que presentan defectos genéticos y falta de resistencia a esta enfermedad. 
Por lo tanto, si ustedes son partidarios de los controles sobre el terreno en este caso, como de hecho se están haciendo, tienen que formar parte de un proceso analítico constante para poder resolver estos problemas. 
No son las pequeñas explotaciones avícolas las que exportan a la Unión Europea, sino las grandes plantas industriales, cuyas normas de higiene tienen que ser iguales a las nuestras. 
Ahora bien, esto no se conseguirá realizando controles en las fronteras o endureciendo los que ya existen, y siempre de forma visible, como el tipo reacción que describía la Sra. Roth-Behrendt. En lugar de eso, lo que necesitamos es una protección externa especial. 
Y eso significa que la prevención no empieza en la frontera, sino que tenemos que imponer nuestras normas y vigilar su cumplimiento en los países que nos abastecen, permitiéndonos garantizar la observación preventiva y la adopción de medidas para reorientar la producción en esos países. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, Señorías, la actual epizootia de la gripe aviar en Tailandia y el sudeste de Asia vuelve a plantear de forma acuciante, nos parece, la cuestión de las nuevas pandemias, con los riesgos de nuevas crisis sanitarias como las registradas en un pasado reciente, que desestabilizaron a los ganaderos y amenazaron también a los consumidores. 
Hoy se nos dice que está afectado todo el sudeste asiático, con 19 víctimas humanas –14 en Vietnam y 5 en Tailandia– y 50 millones de aves sacrificadas en el continente asiático. 
Se ha comunicado un caso en los Estados Unidos. 
Nos gustaría saber, señor Comisario, cuáles son las hipótesis de contaminación y en qué medida puede decirse que el virus que se ha notificado en los Estados Unidos es o no el mismo que ha aparecido en Asia. 
A pesar de todo, me gustaría recordar algunos precedentes: la encefalopatía espongiforme bovina, sobre la cual mi colega el Sr. Martinez intentó llamar la atención de la Comisión, de forma reiterada, más de cinco años antes de que la enfermedad saliera a la luz con el asunto de las famosas vacas locas; la fiebre aftosa en el Reino Unido y los pollos con dioxinas en Bélgica. 
El año pasado se produjeron casos de gripe aviar en los Países Bajos, por no hablar de la peste porcina, recurrente en nuestros países. 
Me alegro de que, esta vez, se comprendiera en seguida el alcance del problema. 
Pero como han dicho mis colegas, hay que atajar también las causas. 
Ahora bien, aunque las causas de estas enfermedades se ocultan a veces para no perjudicar al sector o no disuadir al consumidor, las conocemos bastante bien, al menos en los casos anteriores. 
Sabemos que fueron principalmente el productivismo y la ganadería de alta densidad, por una parte, como ha dicho el orador anterior, y por otra, el libre comercio generalizado y la apertura sistemática de las fronteras. 
Esta teoría, que otrora fue estigmatizada con el nombre del «zorro libre en el gallinero libre» se adecua perfectamente a la situación, simbolizando aquí el zorro más bien el libre comercio. 
No solo se ha comido el pollo, sino que también la ha contaminado, lo cual es mucho más grave. 
Sin duda, la Comisión Europea ha propuesto un embargo hasta agosto de 2004 sobre las importaciones de aves tailandesas, pero nos parece bastante insuficiente, dada la magnitud que está alcanzando el fenómeno. 
Recuerde, señor Comisario, que Francia fue llevada por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por negarse a levantar el embargo sobre el buey británico cuando no había garantías de inocuidad de la carne británica y la EEB todavía hacía estragos en el Reino Unido e Irlanda. 
Francia, que produce 2 millones de toneladas de aves de corral al año, de las que del 35% al 45% se destinan a la exportación, podría volver provisionalmente –y no solo ella, sino también otros– a mercados tradicionales de los que fue despojada por la competencia del Brasil, que practica precios de dumping y donde, al parecer, las condiciones de producción son atroces. 
Es tan cierto que el número uno de las aves de corral en Europa, Doux, se ha trasladado al Brasil, donde se beneficia de una mano de obra barata y una materia prima abundante y poco cara. 
No solo el libre comercio sistemático desestabiliza a nuestros productores y nuestras granjas avícolas, sino que nos obliga, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) , a aceptar cláusulas absurdas que hacen que uno se pregunte qué tienen que ver con la libertad de la economía y del mercado. 
Pienso en la que se firmó en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1994 y que estipula que Europa se compromete a importar el 5% de su consumo de carne de aves de corral, es decir, un millón de toneladas en 2002. 
Por el momento, no hay transmisión de la gripe aviar entre humanos, pero si existe el riesgo de una pandemia mundial y si el virus H5N1 se combina con un virus humano como el de la gripe, dando lugar una nueva cepa mortal muy contagiosa, permítame pensar, señor Comisario, que, entonces, el crédito de un millón de euros que acaba de anunciarnos podría resultar trágicamente insuficiente. 
Comisario Byrne, gracias por la explicación, que puede considerarse casi como una descripción extremadamente precisa de la situación. 
Mi discurso se basa, siento decirlo, en la información aparecida en la prensa, información que –al menos en el caso de Italia– está despertando mucha preocupación desde que se han descubierto, por ejemplo, halcones peregrinos y patos migratorios muertos, dos especies de naturaleza muy resistente. 
Quiero hacer ahora dos comentarios sencillos y precisos. 
El primero tiene que ver con la salud. 
La cepa H5N1 no nos ha pillado totalmente desprevenidos, ya que se identificó por primera vez en 1997 y volvió a aparecer como H7N1 entre 1999 y 2001. 
Ahora bien, como la cepa muta continuamente, queremos preguntar a la Comisión qué tiene pensado hacer en materia de prevención, ya que –como ya han dicho con razón algunos diputados–, nunca actuamos hasta que no se produce una emergencia. 
Algunos Estados miembros están equipados con sus propios laboratorios nacionales, pero el Centro Europeo de Control de Enfermedades Infecciosas debe crear un grupo que controle los mecanismos de vigilancia de la situación sanitaria en los Estados miembros. 
Mi segundo comentario tiene que ver con el trabajo de la Comisión. 
Como anunció el Comisario Lamy, existe una posibilidad muy importante, durante las conversaciones para reavivar la OMS, de aumentar el número de países que participan en la iniciativa «todo menos armas». 
Así pues, ¿qué garantías se ofrecen a nuestros consumidores en cuanto a la globalización de los mercados? 
¿No cree la Comisión que, en este asunto, debe crearse un grupo de expertos, dentro del actual contexto de la OMS, para estudiar la relación entre la globalización y los problemas sanitarios? 
– Señor Presidente, señor Comisario, de nuevo nos enfrentamos a una amenaza contra la salud pública. 
Este caso demuestra que las enfermedades infecciosas traspasan el marco de la Unión Europea e imponen la necesidad de adoptar medidas inmediatas para garantizar la prevención y proteger la salud de los ciudadanos europeos. 
El 1 de febrero de 2004, la Organización Mundial de la Salud advirtió del peligro de que el virus de la gripe se propagara entre los seres humanos. 
Hasta ahora, 19 personas han muerto, 23 se han contaminado y el virus ha surgido en diez países asiáticos. 
Este virus es altamente contagioso, pero además el retraso a la hora de dar a conocer la información pertinente ha contribuido a su propagación. 
Tal vez la Comisión Europea subestimó el peligro al considerar que el virus no podía propagarse entre los seres humanos. 
Pero sabemos que los virus de la gripe son genéticamente inestables y su comportamiento no puede predecirse. 
Por ello es posible que esta epidemia concreta cambie rápidamente y de forma continua. 
Sin duda alguna, acojo con satisfacción las medidas adoptadas para prohibir las importaciones de carne y aves de corral durante seis meses y las importaciones de aves vivas como animales domésticos procedentes de países asiáticos. 
Pero tampoco podemos quedarnos en eso, Comisario. 
Como muy bien sabe, el virus también se transmite a través de las aves salvajes que vuelan de un sitio a otro. 
Necesitamos contar con la experiencia de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, para elaborar directrices adecuadas e insistir en la importancia de la vacunación preventiva cuando sea posible. 
La historia nos enseña que, cuando las enfermedades tienen repercusiones económicas para el sector agrícola y también dañan la salud humana, el riesgo para el hombre no puede subestimarse. Estos casos deben recibir prioridad si queremos mantener la confianza de los consumidores. 
No creo que esto sea lo que ha sucedido hasta la fecha con las medidas anunciadas. 
Por último, señor Comisario, tenemos que estar seguros de que las explotaciones de las zonas afectadas dispongan de medios adecuados para incinerar a los animales afectados por la enfermedad sin riesgo de que ésta se propague. 
– Comisario Byrne, muchas gracias por su clara explicación, pero aún me sigo preguntando qué estamos haciendo exactamente. 
De hecho, como los Liberales, no puedo dejar de recordar que no tenemos una única frontera exterior, sino quince fronteras exteriores en las que se está intentando por diversos medios controlar las posibles importaciones de gripe aviar. 
Asistimos a una situación similar con la fiebre aftosa, y debemos tomar medidas para evitar que vuelva a producirse una situación como aquella. 
Hay algo más que tengo que decir para desahogarme. 
Si nuestros mayores corren el peligro de contraer la gripe, hay vacunas disponibles a gran escala. 
También en este caso, sabemos que las vacunas son necesarias, pero no se está haciendo nada, o muy poco, al respecto. 
El único país que está trabajando en esa dirección es Italia. 
Creo que la Unión Europea debe hacer un esfuerzo concertado para desarrollar vacunas y poder así combatir esta enfermedad de una manera humana. 
– Gracias, señor Presidente. Señor Comisario, Señorías, hace casi un año exactamente que en esta Cámara se debatió el SARS. 
Ahora, como entonces, muchos diputados dicen que la globalización y el mercado interior europeo, cosas ambos fundamentalmente positivas, solo pueden funcionar bien si adoptamos medidas para proteger la salud de los ciudadanos. 
Aquí es donde Europa tiene que emprender una acción conjunta, puesto que los virus y las bacterias no se paran en las fronteras. 
Permítanme mencionar el ejemplo del Sr. Mulder. 
El aeropuerto de Düsseldorf está muy cerca de la frontera neerlandesa, por lo que muchos ciudadanos neerlandeses viajan desde Düsseldorf cuando van de vacaciones, y muchos habitantes de la zona de Renania del Norte-Westfalia alrededor de Düsseldorf vuelan desde el aeropuerto de Ámsterdam. 
Los ciudadanos no entenderán por qué las medidas de seguridad en el aeropuerto de Ámsterdam han de ser distintas de las de Düsseldorf. 
En cualquier caso, los virus no se paran en las fronteras, establecidas arbitrariamente por los Estados nacionales. 
Por ello creo que en este sentido necesitamos que se tomen más medidas a escala europea. 
Hace un año, apoyé al Comisario Byrne cuando trataba de conseguir la inclusión de más competencias para luchar contra este tipo de amenazase en la Constitución europea. 
Hay que admitir que en ocasiones va demasiado lejos, y cuando lo ha hecho, siempre se lo he dicho, pero en este caso creo que tiene toda la razón y que debemos apoyarle. 
Aunque la Convención no consiguió lo que realmente queríamos, se han hecho algunos avances, y esa es otra razón para presionar a favor de una Constitución europea que nos permita luchar mejor contra estos peligros. 
Quiero terminar haciendo alusión a lo dicho por la Sra. Roth-Behrendt sobre la investigación. 
Es cierto que debemos favorecer más la investigación médica, y cuando lo hagamos, no debemos pensar solo en productos que tengan utilidad a corto plazo. La protección de la salud de los ciudadanos es también un objetivo de investigación, objetivo que merece la pena potenciar y al que debemos destinar fondos si no hay compañías dispuestas a hacerlo a corto plazo. 
Los peligros se pueden presentar sin previo aviso y por eso debemos estar preparados, aunque la industria no haga ningún esfuerzo hasta que se presenta el peligro. 
– Señor Presidente, señor Comisario Byrne, agradezco la declaración que ha hecho usted esta mañana, pero tengo entendido que fue usted a Tailandia y le dijeron que no se trataba de la peste aviar, sino de cólera del pollo. 
Solo fue a su regreso cuando supo más tarde que de lo que se trataba realmente era de gripe aviar. 
Acojo con satisfacción la prohibición que impuso a la carne de pollo tailandesa, pero no ha prohibido la carne cocinada ni enlatada, que representa cerca del 75% de nuestras importaciones de Tailandia. 
Se ha observado que las autoridades tailandesas tienen carencias en cuanto a la observancia internacional. 
Han ocultado la gripe tailandesa durante quizá dos meses. 
Si protegen a su mercado de una enfermedad mortal, con toda seguridad lo van a proteger contra pequeñas infracciones de las normas de la UE. 
¿Van a correr el mismo riesgo con las carnes cocinadas? 
¿Vamos a ver la entrada en la UE de residuos de nitrofuranos y hormonas en esta carne cocinada? 
¿Acaso los intereses comerciales de los exportadores de la UE pasan por encima de la salud pública de la Unión Europea? 
Creo que se debería excluir a Tailandia de todas las exportaciones de carne de ave hasta que el país demuestre que dispone de la infraestructura y la integridad para aplicar las normas de la Unión Europea en todo momento. 
¿Podemos también tener un etiquetado del país de origen de los ingredientes principales de alimentos procesados, ya que es aquí donde se encuentra esta carne cocinada tailandesa? 
¿Cómo podemos estar seguros de que la carne cocinada de Tailandia ha alcanzado la temperatura correcta? 
Puede que haya un pequeño riesgo, ¿cómo saberlo? 
El pollo cocinado puede entrar congelado en el Reino Unido, seguidamente descongelarse e ingerirse sin ningún tratamiento adicional desde el momento en que los tailandeses lo cocieron. 
¿Representa esto un riesgo para nuestros consumidores? 
Los aranceles para la carne de pollo cocinada tailandesa son una séptima parte de los de pollo fresco congelado. 
¿A qué se debe esto, Comisario? 
Parece ser que hay una laguna. 
Por último, ¿se ha transmitido la enfermedad a los Estados Unidos de América? 
– Señor Presidente, quiero darle las gracias al Comisario por su introducción. 
Solo hay algunas preguntas importantes no solo para el consumidor, sino también para el sector en cuestión. 
La primera pregunta que tenemos que hacer es si Europa ha decidido por fin qué es lo que no quiere dejar entrar en ella. 
A veces lo siento por el Comisario, porque él solo puede poner en práctica lo que han acordado los Estados miembros. 
La orden no entró en vigor hasta el 6 de febrero. 
Eso significa que el sistema que gobierna las relaciones de la Comisión con los Estados miembros probablemente sigue dejando algo que desear (tampoco se puede conseguir siempre todo). 
Además, me pregunto en qué situación nos encontramos respecto a la carne, porque la orden establece el 1 de enero como fecha a partir de la cual quedan prohibidas las importaciones. 
¿Qué sucede con la carne importada con anterioridad a esa fecha? 
Mi siguiente pregunta es: Tengo entendido que este asunto es también un problema en Estados Unidos. 
Es cierto que no se trata de la verdadera gripe aviar como la conocemos en Asia, pero parece estar relacionada con ella. 
¿Qué hacemos con esos países? 
¿Qué quieren los consumidores? 
Quieren la garantía de que reciben productos seguros. 
También quieren información adecuada, lo que significa que, ya que normalmente la carne no se come cruda, la carne de pollo con distinta composición o con otro método de preparación no puede hacer ningún daño. 
Asegurémonos de poder dar esta información colectiva. 
Algunos diputados han hecho ya referencia a las vacunas. 
Considero que se trata de un ámbito donde Europa debe desarrollar muchos más recursos y alcance para actuar en bloque. 
– Señor Presidente, Irlanda del Norte posee una industria avícola muy dinámica, que se siente profundamente preocupada. 
Mientras que lo que ha ocurrido en Asia es lamentable, tenemos que proteger el mercado europeo, ya que es un mercado extremadamente amplio para la industria de las aves de corral. 
Me preocupa el tiempo que tardaron las autoridades de Asia en notificarnos el brote. 
Se trata de un aspecto muy preocupante. 
Tengo que pedir al Comisario que considere detenidamente nuestro examen riguroso del pollo que Asia está produciendo y exportando a Europa. 
Hay motivo de grave preocupación. 
Nuestros productores producen pollos y carne de pollo de engorde acelerado de muy alta calidad para los consumidores de Europa. 
Pero la calidad del pollo, no solo procedente del Extremo Oriente, sino también de otras partes del mundo, es muy discutible. 
Podemos dormirnos en nuestros laureles y esperar a ver qué ocurre. 
Antes de que se vuelva a levantar esta prohibición, Comisario, quiero que me asegure que hará cuanto esté en sus manos por asegurar que nuestra inspección veterinaria en el Extremo Oriente, donde se originaron los brotes, es de la más alta calidad, y no aceptamos ningún tipo de excusas. 
También quiero plantear el aspecto de la importación de plumas de pollo. 
Puede que no parezca ser un problema, pero se me ha dicho que es la forma más segura de exportar la gripe aviar a Europa. 
También tiene que tomarlo en consideración cuando aborde el tema de la carne de pollo. 
– Señor Presidente, yo también quiero agradecerle al señor Comisario su explicación, pero hay un proverbio neerlandés que dice que un burro nunca tropieza dos veces sobre la misma piedra. 
Desde luego, no es mi intención establecer una comparación entre nuestro Comisario y esos animales, pero es muy cierto que con frecuencia la Comisión tarda demasiado en responder ante ciertas epidemias de enfermedades animales. 
Lo vimos en el caso de la fiebre aftosa y lo estamos presenciando ahora de nuevo. 
El Comisario visitó Tailandia a comienzos de enero y estando allí declaró que estaba satisfecho con la forma en que se estaba abordando el problema y que no había ningún riesgo de gripe aviar. 
Mientras tanto, un mes después, nos encontramos en mitad de una crisis mundial. 
Desde la delegación del CDA en esta Cámara exigimos del Comisario que adopte en toda Europa un enfoque similar al que hemos adoptado en los Países Bajos, también conocido como enfoque Veerman: prohibición de las importaciones de todas las aves de corral, incluyendo por tanto la carne cocinada, del sudeste asiático; prohibición de las importaciones de aves ornamentales; control más estricto de los vuelos procedentes de Asia y colocación de alfombrillas desinfectantes en los aeropuertos internacionales con conexiones directas o indirectas con Asia. 
Esta es, por el momento, la única forma de repeler esta crisis. 
Además, quiero que el Comisario aclare el rumor de que la fiebre aftosa ha aparecido en 26 pueblos de Vietnam. 
Ahora es todavía un buen momento para afrontar el problema y tener la seguridad de que esta vez se tomarán medidas adecuadas. No debemos esperar hasta que la epidemia se propague por el sudeste asiático para actuar. 
Nosotros somos partidarios de ayudar a los países asiáticos a combatir la gripe aviar, pero en Europa no deberíamos destinar fondos a esta cuestión mientras una serie de países sigan incumpliendo las medidas de cuarentena. 
Por último, la Comisión debe iniciar un debate mundial sobre la lucha contra las enfermedades de los animales. 
Asimismo, la vacunación preventiva debe convertirse gradualmente en un tema de debate a escala mundial, desde el punto de vista tanto de la salud humana como de la salud animal. 
– Señor Presidente, doy la bienvenida a nuestro Comisario, el Sr. Byrne. 
Me preocupan profundamente algunas de las cuestiones que se han planteado hoy en esta reunión. 
¿Se trata de un asunto de salud o seguridad pública, o solo se trata de una cuestión comercial? 
Creo firmemente que se trata de un asunto de salud pública. 
Quiero preguntar al Comisario: ¿cuánto tiempo le llevó decidir la prohibición de la entrada de pollos en la Unión Europea? 
¿Continúan llegando a la Unión Europea los pollos que todavía están en tránsito o también se ha parado esto? 
Hemos oído decir al Sr. Parish que existe un problema de entrada de carnes cocinadas y congeladas. 
¿Por qué no se ha decidido prohibir la entrada de todas las carnes? 
Se dice que el virus de la gripe se destruye a 70 grados –dada una situación de absoluta perfección–, pero no conocemos cómo se cocieron estos productos. 
¿Puede usted, Comisario, garantizar la seguridad de los niños en mi circunscripción? 
Por ejemplo, hay escuelas en Bedford que utilizan pollo tailandés para elaborar platos para los alumnos. 
¿Podemos garantizar su seguridad completamente? 
¿Qué hace usted para garantizar la seguridad de la carne que entra en este país? 
¿De cuántos inspectores cualificados disponemos hoy en día en nuestras fronteras, controlando la seguridad y la calidad de productos que entran en la Unión Europea? 
Le han preguntado qué iba a hacer sobre el etiquetado. 
¿Puede garantizar al consumidor que el etiquetado mostrará el país de origen de la producción? 
Es especialmente importante que considere este punto, Comisario. 
No se trata solo de una cuestión de comercio, sino de salud. 
El Sr. Nicholson ha mencionado las plumas. 
¿Ha parado usted la importación de plumas a fecha de hoy? 
Señor Presidente, todos somos conscientes de los estragos que causó en la población mundial la neumonía atípica el año pasado. 
La impotencia permanente de los especialistas ante esta epidemia ocasionó un mayor sentimiento de inseguridad y produjo un gran número de víctimas, así como un clima de inestabilidad en la sociedad porque ponía de manifiesto el riesgo mortal que corría cualquier persona que contrajera la enfermedad. 
Como creo que la vida y la salud son lo más preciado que tenemos, debo expresar mi preocupación por esta nueva epidemia: una variante de la gripe cuyos virus proceden de los pollos y para la que no se ha encontrado ninguna cura. 
Según estudios publicados recientemente por la comunidad científica, solo hay algo seguro: la enfermedad es altamente contagiosa. 
¿Qué se puede hacer para combatirla? 
¿Utilizar vacunas? 
¿Cuál es su grado efectividad? 
¿Levantar muros alrededor de barrios, ciudades y países para aislarlos del mundo exterior? 
Esto fue lo que sucedió hace 80 años y todos sabemos cuál fue el resultado. 
¿Qué grado de seguridad ofrecen las importaciones de esta carne en todo el mundo? 
Todos necesitamos información más completa al menos para que no cunda el pánico entre toda la población. 
Tenemos el deber de asegurar que nuestras acciones contribuyan a crear políticas responsables, también en relación con esta enfermedad, frente a la cual nos sentimos impotentes. 
Tenemos que averiguar si otros animales de nuestra cadena alimentaria se encuentran también en peligro, ya que hace unos días se decía que el cerdo era uno de los animales más vulnerables a este tipo de virus. 
Con el fin de aliviar esta preocupación legítima, se tienen que poner todos los medios necesarios para prevenir y tratar esta epidemia. 
– Señor Presidente, la Unión Europea tiene que expresar su preocupación ante prácticas no saludables que se han desarrollado en la industrialización y transporte masivo de animales de cría en partes de Asia. 
Ahora la enfermedad animal viaja lejos y rápido en diversos tipos de cría y distribución de alimentos. 
Esto dificulta mucho el control. 
En la era del comercio mundial, los minoristas y fabricantes se abastecen de materias primas allí donde son más baratas, y la industria avícola ha luchado para competir con los precios del sudeste de Asia y Brasil, donde los costes laborales son mucho más bajos. 
Solo el Reino Unido ha importado 36 649 toneladas de carne de ave de Tailandia en los diez primeros meses del año pasado, lo que representa un incremento del 50% frente al año anterior. 
Pero a la vista de este virus de la gripe tenemos que mantener los más estrictos niveles de seguridad alimentaria en la Unión Europea, asegurándonos de que todas las importaciones cumplen estos mismos elevados niveles. 
Los sistemas alimentarios modernos implican que las enfermedades animales viajan a grandes distancias y rápidamente. 
El brote de la peste aviar del año pasado en los Países Bajos ilustró cuán duro puede ser contener la enfermedad. 
¿Cree la Comisión que todas las autoridades sanitarias de la Unión Europea van a descubrir la peste aviar y van a poder reaccionar con la suficiente contundencia si llega a este continente? 
. Señor Presidente, se me han formulado una serie de preguntas y voy a esforzarme por responder a tantas como sea posible. 
En primer lugar, la Sra. Jackson pregunta si estoy satisfecho con los servicios de inspección de que disponemos, en particular en lo que se refiere a nuestra labor en Asia. 
En relación con la OAV, he de decir que no he enviado inspectores de este organismo a Tailandia con respecto a este determinado brote. 
Los expertos que se encuentran allí, que he ofrecido, han estado prestando sus servicios a través de la Organización Mundial de la Salud y se encuentran sobre el terreno trabajando con la OIE, en particular en Vietnam. 
La OAV solo participará en esto cuando se crea que hay algo provechoso que se pueda obtener del mismo, o sea en circunstancias donde exista la posibilidad de levantar la prohibición. 
He dejado claro públicamente en numerosas ocasiones que no tengo la intención de levantar esta prohibición de la importación de pollos tailandeses hasta que se obtenga una evaluación independiente de la situación que existe allí, teniendo en cuenta la historia que algunos de ustedes han relatado. 
La evaluación se realizará a resultas de una visita de los inspectores de la OAV y tras un informe suyo sobre la situación actual. 
La Sra. Jackson también me ha preguntado si, considerando la posibilidad de ocultación, obtenemos buena información y si disponemos de un equipo de respuesta rápida adecuado. 
Tal como he indicado en mis anteriores observaciones, existe un sistema de respuesta y alerta rápida. 
Este sistema existe, funciona desde Luxemburgo y lleva funcionando durante algún tiempo. 
Recordarán que cuando informé al Parlamento el año pasado sobre la cuestión del SRAS, también señalé la labor de este comité. 
Existe una Red Europea de Enfermedades Transmisibles que también trabaja junto con las autoridades competentes de los Estados miembros. 
Estoy totalmente satisfecho de que el sistema de respuesta rápida que tenemos en relación a las enfermedades animales y humanas sea muy efectivo. 
Recordarán la respuesta tan rápida de la Comisión y de mis servicios al brote de fiebre aftosa hace algunos años, cuando la Comisión respondió en cuestión de horas y todas las autoridades pertinentes y los Estados miembros conocieron en cuestión de horas que se había producido este brote en el Reino Unido. 
Lo mismo se puede decir sobre la salud pública, ya que disponemos de este sistema. 
También se ha mencionado el punto siguiente del orden del día del Parlamento: la legislación que establece el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. 
Puedo asegurar al Parlamento que la prueba está allí que la Comisión y otras instituciones de la Unión Europea están trabajando bien para responder rápidamente a este tipo de cuestiones y proporcionar información adecuada a los ciudadanos, y responder bien y adecuadamente a los brotes de este tipo. 
Sobre la cuestión del etiquetado de los alimentos, existe una legislación comunitaria relacionada con el etiquetado. 
Puede que necesite perfeccionarse y lo estoy estudiando. 
La legislación vigente exige que en el etiquetado conste el país de origen y certificación y sellos de países como Tailandia. 
Así pues, si llega pollo cocinado procedente de Tailandia preenvasado, este incorpora un sello que así lo indica y la etiqueta también menciona el país de origen que, tal como he señalado en este caso, es Tailandia. 
La Sra. Roth-Behrendt me ha preguntado si lo que hacemos es suficiente con respecto a la peste aviar y, en particular, con respecto al bloqueo de productos alimentarios asiáticos. 
Es importante destacar que no comerciamos con ningún producto de aves de corral de ningún otro país que no sea Tailandia, por lo que las respuestas que se han dado se refieren a este país. 
Naturalmente, nos preocupa el brote de enfermedades animales y de aves en otras partes del mundo y nos aseguramos de que respondemos adecuadamente a estas cuestiones. 
Tal como ha mencionado una serie de personas durante este debate, no tenemos que perder de vista que estos brotes de peste aviar también se han producido en la Unión Europea. 
Se produjo un brote en Italia hace cosa de dos o tres años; otro brote en los Países Bajos el año pasado; y otros brotes en Bélgica y Alemania también. 
La Sra. Roth-Behrendt también me ha preguntado qué hago con respecto a las importaciones procedentes de China. 
Es de dominio público que hemos prohibido las importaciones de China hace unos años; se hizo mucha publicidad sobre este tema en ese momento. 
Existe una serie de productos alimenticios que no importamos de China, entre ellos las aves de corral. 
Acerca de la cuestión sobre la investigación en torno a las vacunas, se está haciendo: la Dirección General de Investigación dispone de un programa de investigación sobre seguridad alimentaria. 
Sobre este mismo tema, al que se han referido la Sra. Roth-Behrendt y otras personas, se va a celebrar una reunión informal de los Ministros de Sanidad de la UE y de los países en vías de adhesión el jueves por la tarde en Bruselas. 
Uno de los puntos del orden del día es la cuestión del almacenamiento de vacunas para enfermedades de este tipo, que por supuesto incluyen la gripe. 
El año pasado se deliberó en el Parlamento sobre respuestas adecuadas a la cuestión del bioterrorismo, como el almacenamiento de vacunas contra la viruela. 
También se está trabajando en ello. 
Sin embargo, tenemos que destacar, tal como ha dicho el Sr. Liese, que las competencias de las que disponemos a escala de la Unión Europea con respecto a las cuestiones de la salud pública son bastante limitadas. 
Se ha intentado extender estas competencias en la Convención Europea y se han realizado algunos avances. 
Todavía tengo la esperanza de que podremos finalmente avanzar más en este tema antes de la ultimación de la Constitución. 
El Sr. Mulder me ha preguntado sobre los sistemas de inspección. 
En su opinión, las inspecciones no se llevan a cabo al mismo nivel para los productos que proceden de fuera de la Unión Europea. 
Con arreglo a la Decisión 2002/995/CE de la Comisión, se han prohibido todas las importaciones personales de carne en el equipaje de pasajeros que proceden de Asia a excepción de pequeñas cantidades de productos alimenticios especiales, como la comida infantil. 
De acuerdo con estas normas, la carne de ave y los productos cárnicos que transportan los pasajeros no se pueden introducir en la UE si no cumplen los mismos requisitos sanitarios que las importaciones comerciales. 
Tal como he dicho antes, no se permite ninguna importación comercial de carne procedente de ningún país de Asia donde está presente la enfermedad. 
El Sr. Graefe zu Baringdorf me ha preguntado si he reaccionado rápidamente o solo cuando la prensa lo ha publicado. 
Tal como han indicado numerosos otros oradores, yo estaba en Asia cuando este brote se hizo público. 
He estado en Vietnam, de donde no importamos ninguna carne de ave, por lo que la cuestión no se plantea allí. 
Pero también he estado en Tailandia. 
Es de conocimiento público que a principios de la semana, cuando me encontraba allí, había falta de transparencia, si se puede expresar de esta manera. 
Me he preocupado durante el par de días que he estado allí por las pruebas circunstanciales crecientes que iban en el otro sentido. 
A raíz de mis preguntas insistentes, dos o tres días más tarde se me dejó claro que la peste aviar existía realmente, tanto en la población humana como en la avícola. 
Estoy satisfecho de que mi presencia en Tailandia haya contribuido a mejorar la transparencia respecto a esta cuestión. 
Tan pronto como se me confirmó la presencia de peste aviar el 23 de enero, impuse una prohibición en cuestión de horas. 
La prohibición se aplicó el viernes a las doce horas del mediodía, hora de Bruselas. 
Toda sugerencia de que la Comisión ha reaccionado con lentitud es incorrecta. 
No puedo imaginar ningún mayor grado de vigilancia o supervisión que la de la presencia del propio Comisario en el lugar, formulando preguntas, no mostrándose satisfecho con las respuestas, presionando, obteniendo la verdad y actuando en cuestión de horas. 
El Sr. Gollnisch me ha preguntado sobre el riesgo de contaminación del virus de los Estados Unidos. 
Se cree, pero todavía no se ha confirmado, que este virus es un virus de baja patogenicidad y, por lo tanto, no exigirá el mismo grado de respuesta que el de la gripe asiática procedente de Tailandia. 
Sin embargo, esto no está confirmado, todavía lo estamos estudiando y nuestra respuesta dependerá de nuestra información. 
Le puedo asegurar que solo se levantará la prohibición tras una evaluación independiente de las circunstancias. 
El Sr. Fiori me ha preguntado sobre los pájaros domésticos y otros pájaros. 
Se ha prohibido la importación de pájaros domésticos. 
Me ha preguntado acerca de los grupos de coordinación. 
Existe un comité de reglamentación de la UE, que incluye a expertos de los Estados miembros, que se ocupan de ello. 
Me ha preguntado sobre conexiones entre mundialización y enfermedades. 
La Comisión es miembro de esta institución y también engloba a los Estados miembros. 
Se van a reunir a finales de este mes en relación con esta cuestión. 
El Acuerdo Sanitario y Fitosanitario también contribuye en gran medida a la protección de la salud pública y de los animales en relación con las cuestiones de la OMC. 
El Sr. de Roo me ha preguntado sobre las fronteras. 
Una vez más, me refiero a la falta de competencias que tenemos con respecto a las fronteras y las enfermedades transmisibles, pero espero que se realicen más progresos en este sentido. 
Le remito también a mi respuesta anterior de que los Ministros de Sanidad se reúnen a finales de esta semana para tratar las numerosas cuestiones que ha planteado sobre el aspecto de la salud pública y, en particular, las vacunas. 
El Sr. Parish ha dicho que solo fue a mi regreso cuando descubrí que existía un problema y que reaccioné bien. 
Tal como he indicado anteriormente, esto no fue así; reaccioné mientras estaba allí y la Comisión respondió bien a esta cuestión. 
No hemos prohibido las carnes cocinadas por los motivos que hemos expuesto. 
Se me ha informado de que las carnes cocinadas a una temperatura de más de 60 grados –e introducimos un margen de seguridad de 10 grados más– son seguras para el consumo humano. 
Los inspectores de la Unión Europea, y de los propios Estados miembros, conocen qué es necesario y llevan a cabo inspecciones adecuadas para asegurar que no existen incumplimientos del Derecho comunitario con respecto a esta cuestión. 
También se ha referido al etiquetado y le remito a mi anterior respuesta. 
La Sra. Oomen.Ruijten me ha preguntado si seguimos la iniciativa de los Estamos miembros en este asunto. 
La cronología real de los acontecimientos es que el 23 de enero la Comisión impuso la prohibición en las circunstancias que ya he descrito; los Estados miembros respondieron con el comité regulador confirmando esta prohibición el 6 de febrero, y se impuso otra prohibición con respecto a las plumas –el Sr. Nicholson me ha preguntado sobre ello– el 28 de enero. 
El Sr. Sturdy me ha preguntado cuánto tiempo se tardó en imponer esta prohibición. 
Ya he contestado a esta pregunta. 
Se han formulado una serie de preguntas en relación con el número de inspectores en los puestos fronterizos. 
Se trata de una competencia de los Estados miembros. 
Los propios Estados miembros se han asegurado de que disponen de suficientes funcionarios para asegurar que la importación se inspecciona adecuadamente. 
Los inspectores de la Oficina Alimentaria y Veterinaria supervisan esto cuando llevan a cabo sus inspecciones. 
Informan y los informes son públicos. 
No existen informes sobre ningún problema respecto a esto. 
Sobre el etiquetado, le remito a mi respuesta anterior. 
En cuanto a las plumas, le remito nuevamente a mi respuesta anterior: esta prohibición se está aplicando desde el 28 de enero. 
La Sra. Cardoso se ha referido a la vulnerabilidad de los cerdos y quiero confirmar que se trata de una preocupación y que se está vigilando muy de cerca. 
Se ha informado sobre la aparición de alguna infección en los hocicos de algunos cerdos en Vietnam, pero no se ha extendido y no hay pruebas de que se haya producido una mutación del virus de la gripe. 
Sin embargo, se esta vigilando muy de cerca debido a la similitud entre el sistema inmunológico de los cerdos y los humanos. 
Por lo tanto, tal como señala acertadamente, es un tema de gran preocupación. 
El Sr. Wyn me ha preguntado si las autoridades sanitarias están haciendo todo lo que pueden para parar la propagación de esta enfermedad. 
Estoy impresionado por el trabajo que ha llevado a cabo mi propio personal. 
He mantenido consultas exhaustivas y reuniones informativas y estoy satisfecho con su trabajo, su interacción con la OMS, la FAO y la OIE, y también su interacción con los expertos de los Estados miembros, que me indican que esta cuestión se ha tomado muy en serio, que los funcionarios, tanto a escala nacional como internacional, entienden la gravedad del asunto y que están haciendo cuanto está en sus manos para asegurar que la enfermedad no se propague. 
Una de las dificultades a que se enfrentan algunas zonas más pobres es que la erradicación de la enfermedad se consigue mejor sacrificando a las aves en cuestión. 
Naturalmente, se trata de un motivo de preocupación en los países pobres, ya que a menos que las autoridades involucradas se enfrenten a la cuestión de la indemnización, se corre el riesgo de que se pueda ocultar una enfermedad de este tipo. 
Esto puede representar un factor que ha contribuido a la ausencia inicial de plena transparencia sobre esta cuestión en esta parte del mundo. 
Hay que enfrentarse a ello y tenemos que hacer hincapié en nuestras relaciones con las autoridades de los Estados miembros. 
Este tipo de enfermedades no se pueden ocultar, su presencia va a salir a la luz, se conocerá, y las consecuencias finalmente serán peores para los países que actúen de esta forma, ya que socavan la confianza de las autoridades encargadas de la seguridad alimentaria, como las nuestras en la Unión Europea. 
Las medidas estrictas necesarias antes de que se levante la prohibición en Tailandia, con el requisito de que se llevará a cabo una evaluación independiente, serán especialmente necesarias en este caso debido a la falta de transparencia en una etapa temprana. 
Tenemos que estar seguros de que nuestras propias autoridades están satisfechas, y por este motivo no se va a levantar la prohibición en Tailandia hasta que la OAV haya llevado a cabo una inspección sobre el terreno y haya informado de que las cosas están encarriladas. 
– Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, he preguntado al Comisario acerca del rumor relativo a la aparición de la fiebre aftosa en 26 pueblos vietnamitas que también están infectados por la gripe aviar. 
Aún no he obtenido respuesta a esa pregunta por parte del Comisario. Me gustaría saber si el Comisario tiene alguna información al respecto. 
. Señor Presidente, estamos vigilando muy de cerca la situación en Vietnam y, en particular, la propagación de esta enfermedad en ese país. 
Podría haber el riesgo de que el brote de la enfermedad allí sea más grave y esté más diseminada que en Tailandia. 
Creo que esto es así. 
Tengo que recalcar que no importamos carne de ave de Vietnam, por lo que no hay riesgo para la salud pública. 
La importación directa de Vietnam no comporta ningún riesgo para la salud animal y, por lo tanto, nuestra preocupación en este aspecto se refiere a asegurar la contención de la propagación de la enfermedad en la misma Asia como un asunto de interés general, pero no guarda relación con ningún otro riesgo debido a la importación de aves, ya que no mantenemos relaciones comerciales de este tipo con Vietnam. 
– Señor Presidente, el Comisario ha dado una respuesta muy elaborada, pero ha evitado responder a la cuestión fundamental. 
En la rúbrica 1a de los presupuestos 2003 y 2004, este Parlamento y el Consejo han destinado en dos ocasiones fondos adicionales para que se reserven para la investigación en mejores vacunas y métodos de ensayo. 
La Comisión era libre de rechazar este deseo del Parlamento. 
A la vista de los hechos, ¿está la Comisión dispuesta a investigar la posibilidad de utilizar fondos de la rúbrica 1a para la investigación de vacunas y métodos de ensayo e informar a la Cámara lo más pronto posible sobre el resultado de estas deliberaciones? 
Es urgente que hagamos algo, y la Comisión no debe ignorar las resoluciones de este Parlamento a este respecto, ni el propio presupuesto. 
. Sé que el Sr. Mulder está interesado en este asunto y que ha estado directamente en contacto con mi gabinete sobre este tema hace tan solo unos pocos días. 
Los puntos que menciona que necesitan financiación se están financiando. 
La pregunta es: ¿bajo qué rúbrica se van a abordar? 
Si se cree que es necesario hacer una transferencia de una rúbrica presupuestaria a otra y que esta es la mejor forma de tratarlos, se puede hacer. 
Este asunto se está revisando. 
Sin embargo, es importante destacar que los puntos que menciona que necesitan financiación no se están infrafinanciando. 
Se están financiando. 
Toda mejora que sea necesaria en el futuro se puede tratar en ese momento. 
– Señor Presidente, no deseo responder a las palabras que ha dicho el Comisario aquí, sino simplemente saber cuándo se aprobará el acta de la sesión de ayer, teniendo en cuenta que aún no está disponible. 
¿Será al comienzo de la sesión de esta tarde, o en otro momento? 
– Será al comienzo de la sesión de esta tarde, a las 15.00 horas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0038/2004) del Sr. Bowis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. 
. Me complace estar aquí para hablar sobre la propuesta de la Comisión de un reglamento para el establecimiento de un Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, que se presentó al Consejo y al Parlamento Europeo en agosto de 2003. 
Antes de nada, quiero expresar mi agradecimiento al ponente, el Sr. Bowis, y a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, por lo mucho que han trabajado y su apoyo en esta importante y urgente propuesta. 
La aparición del SRAS a principios de la primavera de 2003 fue un recordatorio contundente de la necesidad de acelerar el desarrollo de nuestra capacidad para hacer frente a las amenazas para la salud. 
La peste aviar actual en Asia –de la que acabamos de hablar–, con su riesgo potencial para la salud pública, refuerza la necesidad de acciones inmediatas y efectivas. 
La red comunitaria actual para la vigilancia y el control de las enfermedades transmisibles es una base sólida en la que podemos apoyarnos para mejorar la cooperación entre los Estados miembros, la Comisión y las organizaciones internacionales, en particular la Organización Mundial de la Salud. 
Necesitamos disponer de medios para responder a nuevas amenazas para la salud sobre la base del mejor asesoramiento científico en el más breve tiempo posible. 
La creación del centro marca el cambio de la cooperación a la coordinación estructurada a través de un punto focal, estableciendo un liderazgo científico claro. 
En algunos casos recientes, en respuesta a las peticiones de ayuda de la OMS hemos visto a equipos de diferentes Estados miembros investigar el mismo fenómeno con metodologías ligeramente diferentes, enviando ejemplos a diferentes laboratorios, y cada uno de estos informado por separado. 
Esta divergencia dejará de existir con la creación de un centro de renombre científico competente para actuar a escala comunitaria en aspectos como la vigilancia, la creación de redes de laboratorios expertos o la movilización de equipos para la investigación de brotes de enfermedades. 
El texto de la Comisión tiene en cuenta el rigor presupuestario y respeta las responsabilidades de los Estados miembros en materia de salud pública. 
Al principio, la tarea principal del centro se centrará en enfermedades transmisibles independientemente de su origen, deliberado o adventicio. 
La cuestión de extender posteriormente su mandato deberá abordarse a partir de la experiencia. 
Espero con interés que podamos alcanzar un acuerdo rápido –en primera lectura– entre las instituciones para que el centro pueda entrar en funcionamiento lo más pronto posible. 
. – Señor Presidente, cuando presento informes a este Parlamento me gusta añadir a modo de firma una cita y en este caso he utilizado un proverbio árabe: «Quien tiene salud tiene esperanza, y quien tiene esperanza lo tiene todo». 
La declaración y el debate que acabamos de oír reflejan las esperanzas y los temores de nuestros electores y su preocupación por que mejoremos en este ámbito en el futuro. 
En el caso de la peste aviar, con la transmisión de las gallinas a los patos y de estos a los cerdos para luego pasar a los humanos –que ha causado la muerte de 19 humanos –, la mutación es una posibilidad. 
Cuando miramos atrás a la experiencia del SRAS y vemos la amenaza constante del bioterrorismo que nos rodea, sentimos la necesidad de que este centro coordine mejor, tal como ha dicho el Comisario, y la urgencia de impulsar esta medida. 
Se trata de situaciones de emergencia médica que entran dentro de las competencias de la Unión Europea. 
También abordamos otros ámbitos sanitarios, empezando, tal como ha dicho el Comisario, con enfermedades transmisibles, en particular las que están formadas por cepas resistentes a los medicamentos que amenazan a nuestras comunidades. 
Este informe prevé una revisión posterior al cabo de tres años, que examinará el alcance de la medida y la experiencia adquirida y estudiará la forma en que mejor podemos avanzar con otros seguimientos sanitarios. 
El centro no se parece al centro norteamericano de dirección centralizada, sino que más bien se trata de una red de redes. 
No es burocrático ni costoso. 
A su debido tiempo, puede que necesitemos examinar sus costes para ver si lo estamos financiando suficientemente, pero por el momento no cabe duda de que no es costoso. 
Trabajará en estrecha colaboración con redes nacionales y estas no deben sentirse amenazadas, puesto que formarán parte de ella íntegramente. 
También trabajará con organismos internacionales, en particular con la OMS, tan fundamental en estos ámbitos. 
En nuestras deliberaciones se nos planteaban dos cuestiones clave. 
Una era el ámbito de aplicación, para la que encontramos una solución afortunada y aceptable, y la otra era el Consejo de Administración, tema en el que hubo alguna que otra controversia. 
Soy uno de los que siempre ha argumentado a favor de pequeños consejos de administración para estas autoridades y agencias, tal como hice para la Autoridad de Seguridad Alimentaria, pero en este caso existe una razón fundamental por la que necesitamos que todos los Estados miembros estén representados en el Consejo de Administración, y es que se podría dar el caso de que se pidiera a todos ellos que participen en la labor del centro. 
Esto es razonable. 
También agradezco que hayamos podido garantizar que tengamos representación parlamentaria en el Consejo de Administración. 
Es urgente que esta organización esté establecida en 2005 y por este motivo deberíamos aprobarla en una sola lectura, dada la complejidad que presenta el año parlamentario que tenemos ante nosotros. 
Ha sido un proceso de consulta complejo, tanto con colegas como con el Consejo, que ha dado lugar a un conjunto complejo de enmiendas, principalmente de tipo técnico y lingüístico. 
Ahora tenemos dos bloques de enmiendas; el primero incluye las enmiendas que recomiendo a esta Cámara, y el segundo las que quedan desbancadas por las primeras. 
Después hay dos enmiendas más del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, y he de decir a esta Cámara que, independientemente de lo que uno piense de esas enmiendas, si se aceptaran pondrían en peligro la posibilidad de adoptar esta medida en 2005. 
Por ello he de solicitar a esta Cámara que rechace estas dos enmiendas. 
Este informe solo ha sido posible gracias a la colaboración con mis colegas de mi Grupo y con todos los Grupos, y les estoy profundamente agradecido, a los ponentes alternativos, a mi Grupo, a la comisión y a las secretarías parlamentarias. 
Nuestras deliberaciones y discusiones también desempeñaron un papel, incluidas las que mantuvimos con la Comisión y el Consejo, que a menudo han sido fuertes, pero siempre positivas. 
Estoy agradecido tanto a la antigua Presidencia italiana como a la actual Presidencia irlandesa por la labor que hemos podido llevar a cabo juntos. 
Esta propuesta mejorará nuestra Comunidad y nuestra capacidad nacional de ocuparnos de la salud pública en toda la Unión Europea. 
Nos permitirá colaborar con otros países fuera de la Unión Europea para prevenir, controlar y vencer las amenazas para la salud a las que nos enfrentamos hoy. 
Ruego a la Cámara que vote a favor de esta medida. 
– Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar permítame transmitir mis felicitaciones al ponente. 
Recordaré, evidentemente, lo urgente que es la creación de este Centro Europeo para la Prevención y el Control de enfermedades. 
Bien lo vemos por los debates que hemos tenido esta misma mañana o por los que mantuvimos el año pasado en una época de graves amenazas sanitarias. 
Es necesario establecer un sistema que permita reaccionar a la vez con eficacia y rapidez, ya que, como todo el mundo sabe, las enfermedades no tienen fronteras; sin contar con que, al ser cada vez más frecuentes los intercambios entre las personas y los desplazamientos por todo el mundo, los riesgos de propagación son también mayores. 
Por último, la posible amenaza del bioterrorismo nos invita a ejercer una vigilancia muy especial. 
Dicho esto, no se trata de preocupar al público, sino, al contrario, de prevenir los riesgos e implantar todos los medios posibles de detección y reacción rápidas. 
Un ejercicio como este requiere una coordinación muy estrecha entre los Estados miembros y una acción concertada, a fin de poner en común los recursos, las competencias y los conocimientos. 
Con este Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades estamos creando la Europa de la defensa inmunitaria. 
Deseo, por tanto, que este centro pueda difundir entre el gran público una información objetiva y comprensible sobre los riesgos sanitarios y, sobre todo, que entre en funcionamiento en el plazo más breve posible. 
No hay que aplazar, hay que trabajar por su creación. 
A este respecto, todos debemos demostrar sentido de la responsabilidad y evitar –y este quizás sea el matiz que quiero manifestar con respecto al discurso del ponente– a cualquier precio posibles conflictos por razones, en particular, de intereses relacionados con la representatividad nacional. 
En efecto, este Centro no tiene vocación de suplantar a las instancias nacionales, sino que su objetivo es permitir un trabajo en red, con las agencias comunitarias competentes evidentemente, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos y, por supuesto, todas las autoridades nacionales. 
Por lo que respecta a la elección de la sede, espero que sea la más operativa posible y que evitemos querellas estériles. 
Pero todo esto no servirá de nada si no orientamos nuestros esfuerzos en materia de investigación en Europa hacia todas estas cuestiones sanitarias. 
Como decimos periódicamente en este hemiciclo –mi colega, la Sra. Roth-Behrend, lo ha dicho hace un momento–, nos gustaría que nos oyeran al fin los Estados miembros. 
Señor Presidente, señor Comisario, los recientes acontecimientos en el sector sanitario han demostrado que un Estado miembro no puede por sí solo, ni aunque cuente con todos los medios necesarios, abordar con eficiencia todas las amenazas. 
La propagación de la epidemia se ve facilitada por los movimientos de la población, los cambios medioambientales y sociales, la globalización y la guerra. 
La Comunidad, además de asumir las obligaciones que se derivan de los Tratados, tiene que responder también a las preocupaciones de los ciudadanos. 
Por ello, hace mucho tiempo que era necesaria la creación de un centro dedicado al diagnóstico precoz y a la evaluación y comunicación de los riesgos existentes y resurgentes para la salud pública de forma rápida, flexible y eficiente. 
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades coordinará y reforzará el trabajo de la Comisión Europea, de los Estados miembros y de la Red de Vigilancia y Control Epidemiológicos de las Enfermedades Transmisibles. 
Funcionará en cooperación con todos los servicios existentes de salud pública, como la Organización Mundial de la Salud y la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria. 
En nombre de mi grupo, señor Presidente, y tras los últimos acontecimientos –me remito al debate anterior sobre la gripe aviar–, quisiera reiterar nuestro apoyo a la propuesta del ponente de cerrar la cuestión en primera lectura y que el centro empiece a funcionar en 2005, aunque no estemos del todo satisfechos con las posiciones del Consejo. 
Ahora bien, quiero dar las gracias al ponente por aceptar mis propuestas de extender el ámbito de aplicación del reglamento a otras graves amenazas para la salud y no solo a las enfermedades infecciosas. 
Le agradezco también que haya aceptado reflejar y considerar debidamente la necesidad de registrar los efectos que han tenido las recientes epidemias en la salud tanto física como mental. 
En cuanto a la financiación, es fundamental que el Centro tenga su propia partida en el presupuesto y créditos que le permitan responder a su difícil misión. 
Por último, quiero felicitar y dar las gracias al ponente una vez más. 
– Señor Presidente, señor Comisario, aquí mismo, hace algo menos de un año –otros lo han recordado antes que yo–, en plena epidemia del SRAS, pedíamos la creación de este Centro europeo, inspirado –en todo caso en lo se refiere a las misiones– en el CDC de Atlanta, para hacer frente a las epidemias de los tiempos modernos. 
Una acción que hay que realizar evidentemente a escala europea, primero y ante todo, porque desde 1976 hicieron su aparición no menos de 19 nuevos virus emergentes y mortales, virus que no conocen fronteras y que circulan a la velocidad del avión: el sida, el Ébola, el virus del Nilo occidental, el SRAS, por citar solo algunos. 
Una acción que hay que llevar a cabo a escala europea también porque hay que defender la Europa de la salud siempre que esto pueda y deba hacerse mejor en este nivel que en los demás niveles: los municipios, las regiones o los Estados. 
Y así sucede, evidentemente, en el caso que nos ocupa, cuando se trata de luchar contra esos virus transmisibles al hombre. 
La epidemia de neumonía atípica confirmó la valentía de los investigadores y los médicos que, poniendo en peligro sus vidas, alertaron a la comunidad internacional, y aunque en este caso Europa quedara relativamente a salvo, hay que permanecer atentos: el SRAS no está erradicado, y otros virus, se ha dicho sobradamente esta mañana, están al acecho de una posible nueva mutación para dar el salto al hombre, como la gripe aviar. 
Por esta razón, el sentido común, la pertinencia de las propuestas formuladas por nuestro ponente, el Sr. Bowis –al que deseo dar calurosamente las gracias–, así como la calidad del compromiso alcanzado con la Presidencia irlandesa, deben llevarnos a aplaudir desde mañana el rápido establecimiento de este centro europeo para la prevención y el control de enfermedades. 
Esta organización, decía, tendrá misiones concretas, vitales y numerosas: capacidad de reacción rápida en caso de epidemia vírica o provocada deliberadamente por un ataque bioterrorista, información al público sobre los riesgos de contaminación e intensificación de la cooperación internacional, ante todo evidentemente con la Organización Mundial de la Salud. 
Este Centro también deberá proceder –y no soy la primera en decirlo y repetirlo hoy–, por qué no, a la creación de una red europea de laboratorios y contribuir a la investigación de vacunas para esas enfermedades que todavía son impermeables a los antibióticos. 
En efecto, les recuerdo que la comercialización de una vacuna o de medicamentos antivirales sigue siendo una carrera contra reloj y, en algunos casos, es un proceso que lleva decenios. 
Por ello, es esencial seguir invirtiendo tanto en pruebas de detección, diría, como en tecnologías de inactivación. 
Tomo buena nota a este respecto del compromiso del Comisario Byrne de llevar –como ha dicho hace un momento– los límites del Tratado lo más lejos posible en la materia. 
Entre tanto, y a corto plazo, en 2005, la Europa de los 25 se dotará de su centro para la prevención y el control de enfermedades y, más allá de este importante símbolo, hay que ver el signo de una Europa de la salud que avanza. 
Señor Presidente, quiero empezar dando la enhorabuena al Sr. Bowis por la profesionalidad, determinación y puntualidad con que ha concluido la elaboración de este importante informe. 
Quiero también dar la enhorabuena al ponente por el inmenso esfuerzo que ha realizado en las negociaciones con el Consejo para llegar a un acuerdo en primera lectura. 
De hecho, creo que es de vital importancia que el Centro empiece a funcionar lo antes posible, para garantizar la vigilancia de la salud y el sistema de alerta rápida que la Unión necesita para afrontar debidamente los retos de la próxima ampliación y de nuestro mundo globalizado, cada vez más desprotegido contra la propagación de enfermedades que todavía desconocemos. El SARS en el año 2003 y la muy reciente gripe aviar son ejemplos concretos. 
Por lo tanto, considero que la fecha tope para la apertura de este centro tiene que ser el 1 de enero de 2005. 
Otro aspecto que quiero recalcar es la formación inicial y continua para todo el personal sanitario de los Estados miembros de la Unión, una responsabilidad que debe asumir el Centro. 
Preparada para la entrada de diez nuevos países, la Unión debe marcarse como objetivo proporcionar a todos los sistemas sanitarios los instrumentos, medios y conocimientos necesarios para crear una sinergia eficaz entre todos los Estados miembros y, de ese modo, garantizar la coherencia de la acciones comunitarias propuestas por el Centro. 
Terminaré mencionando que la capacidad de responder adecuadamente ante una amenaza internacional contra la salud depende en gran medida de que se adopten planes preventivos para una acción rápida, coordinada a escala europea. 
El Centro debe prestar este servicio esencial. 
Señor Presidente, hoy nos encontramos ante un hito decisivo porque, tras muchos años de debate y de evidencias sobre la necesidad de reforzar la capacidad de la Unión para emprender acciones coordinadas contra las amenazas para la salud pública, por fin estamos debatiendo la creación de un Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. 
En los últimos veinte años se han elaborado informes sobre treinta nuevas enfermedades infecciosas, o variaciones de enfermedades ya conocidas causadas por virus mutantes, o incluso han resurgido viejas enfermedades como la tuberculosis, por poner un solo ejemplo. 
Todas estas crisis en el sector de la salud pública, como el SARS y recientemente la gripe aviar, han puesto de manifiesto la debilidad y las lagunas existentes en las actuales estructuras. 
Espero que el Centro –que es una estructura operativa científica pequeña, pero adecuada–, sea capaz de llenar esas lagunas de forma eficiente. 
Sin embargo, para que su labor sea satisfactoria y eficaz, debe constituir un punto central de referencia y coordinación para los centros de vigilancia nacionales y los centros y laboratorios de referencia de los Estados miembros. 
Quisiera dar las gracias al ponente no solo por aceptar las enmiendas que propuse, sino también por haber aprobado y aceptado dos puntos muy importantes que no se habían incluido en la propuesta inicial. 
El primero tiene que ver con la formulación de la estrategia de vacunación, que es un arma de extrema importancia para luchar contra las enfermedades infecciosas. 
El segundo se refiere a la identificación de cuestiones de actualidad relacionadas con la salud pública y la promoción de la investigación aplicada pertinente, para reforzar nuestras capacidades preventivas y promover la eficacia de las acciones coordinadas que se emprendan. 
Señor Presidente, espero que terminemos superando estas dudas y que el Centro abra pronto sus puertas y empiece a funcionar, aunque sea en su limitada forma actual. 
Señorías, intentaré evitar repetir lo que ya se ha dicho, y también procuraré no entrar en las discusiones sobre enfermedades transmisibles como la gripe, los virus, etc. El Sr. Bowis ha empezado su intervención diciendo que «quien goza de salud tiene esperanza y quien tiene esperanza lo tiene todo». 
En tal caso, esta mañana me siento muy rica, puesto que lo tengo todo. 
Tengo esperanza, y eso lo es todo. 
Tengo poco más que eso. 
Espero que el centro sobre el que estamos debatiendo hoy empiece a funcionar muy pronto. 
La Sra. Grossetête ha dado una descripción muy clara de lo que este centro tendrá que ser capaz de hacer para ser eficaz. 
Básicamente, tendrá que cuadrar el círculo. 
Con un número relativamente pequeño de personas, situadas muy lejos en el norte de la Unión Europea, en Suecia, tendrá que mantener un contacto intensivo con todos los Estados miembros; tendrá que motivar a sus ministerios de sanidad, tendrá que gastar dinero y formar redes de información, y al mismo tiempo mantener contactos con la Comisión y con el Parlamento. 
Aunque ello implica cuadrar el círculo, tengo esperanza, y por lo tanto, al igual que el Sr. Bowis, lo tengo todo. 
No puedo más que estar de acuerdo de todo corazón con la Sra. Grossetête cuando dice que es importante que hagamos nuestro trabajo rápidamente, que es importante que pongamos las cosas en marcha. 
Sin embargo, la consecuencia es que las personas que trabajen allí deberán ser muy independientes, deberán trabajar de formas poco convencionales y poseer imaginación y la capacidad de trabajar por propia iniciativa. 
Es imposible que todo el mundo pueda hacer estas cosas. 
Si examinamos algunas de las otras autoridades que hemos establecido en los últimos años, he de decir que su éxito no es precisamente evidente. 
Ahora tenemos la posibilidad de llegar a una conclusión diferente. 
Dado que mis colegas han hablado con mucho detalle sobre este Centro, tendré que decir lo que me hubiese gustado ver. 
La esperanza, en mi mente, está asociada con un deseo. 
Por supuesto las enfermedades transmisibles son importantes, y por supuesto la lucha contra ellas es importante en lo que respecta a proteger a los ciudadanos de esta Unión Europea nuestra, pero hemos de tener muy claro que la mayoría de las personas en la Unión Europea no mueren a causa de enfermedades transmisibles; mueren de cáncer, de fallos cardíacos, y de derrames cerebrales. 
¿Cómo es posible que se deje al azar el que alguien sobreviva a un fallo cardíaco, dependiendo de si se vive en Berlín o en Madrid, o en otro lugar? 
¿Cómo es posible que las mejores prácticas en el tratamiento de los casos de cáncer aún no se hayan establecido y comunicado en la Unión Europea? 
Considero que se trata de una situación intolerable. 
Quisiera que hubiésemos sido más ambiciosos y que hubiésemos dicho que lo mínimo que necesitamos es vincular las mejores prácticas dentro de la Unión Europea a fin de luchar contra las enfermedades reales a las que nos enfrentamos en estos momentos El establecimiento de redes habría sido competencia de la Unión Europea, y nos lo habríamos podido permitir. 
No lo conseguimos en el primer asalto, pero espero que, en el segundo intento, aseguremos que la recuperación de las personas con enfermedades graves no se deje al azar de si se vive en el Norte, en el Sur, en el corazón de Alemania o en sus llanuras, o en otra parte de la Unión Europea. 
Gracias. 
– Señor Presidente, mi colega, el Sr. John Bowis, nunca nos defrauda. 
No solo nutre nuestras almas con el aforismo que elige en cada uno de sus informes, sino que además se asegura de que el informe sea claro, detallado y equilibrado. 
Esto es lo que ha sucedido también en este caso. 
La agencia para las enfermedades transmisibles será un organismo enormemente importante en la Unión dado que las enfermedades infecciosas han demostrado ser un riesgo importante para la seguridad. 
Con la enorme publicidad que atraen, han de ser un factor significativo en la inseguridad que siente el público. 
La gripe aviar ha sido recientemente un tema de debate destacado, y el sida sigue sin haberse erradicado, por no hablar de otras enfermedades transmisibles como la tuberculosis. 
Además, la amenaza del terrorismo biológico es por desgracia real, como demostraron en 2001 las cartas con carbunco. 
En virtud de los tratados, la UE tiene una clara obligación en este sentido, y hay razones funcionales que la refuerzan: la acción conjunta para la preservación de la salud pública y la prevención de la enfermedad es más eficaz. 
Por esta razón, el objetivo de empezar rápidamente el trabajo de la agencia el año que viene es sin lugar a dudas el correcto, y el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor es firmemente favorable a este objetivo. 
El reglamento que se está debatiendo tiene por objetivo establecer la agencia prometida para Suecia en el paquete acordado en el Consejo Europeo en diciembre. 
Espero que la farsa acerca del aspecto plurianual de la decisión sobre el paquete signifique más adelante que habrá una enmienda al proceso de toma de decisiones; aunque la decisión de establecer la nueva agencia se rija evidentemente por el requisito del consenso en el Consejo, un detalle como el de su ubicación geográfica debería decidirse por mayoría. 
En lo que concierne al equilibrio de competencias de la Unión y los Estados miembros, solo es importante el anterior sistema. 
El último solo da pie al chovinismo nacional, y ello debería limitarse en la medida de lo posible revisando las estructuras de toma de decisiones. 
– Señor Presidente, la creación de un Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades no ha sido nunca tan importante. 
El último brote del SRAS, la actual amenaza de un ataque terrorista biológico e incluso la actual crisis de peste aviar asiática ilustran la amenaza de enfermedades en la aldea mundial en la que vivimos hoy. 
La amenaza para la salud de Europa de una rápida propagación de enfermedades es real y está presente. 
Todos los años, 1 400 millones de pasajeros se desplazan en un vuelo internacional. 
Cada uno de ellos podría ser una amenaza para la seguridad de la salud mundial. 
Si se encontrara que son portadores de una nueva cepa de gripe o SRAS, en cuestión de horas podrían, involuntariamente, poner en peligro la vida de millones de personas. 
El calentamiento mundial incluso amenaza a Gran Bretaña con enfermedades como la malaria, mientras que enfermedades como la tuberculosis ya están regresando. 
La respuesta correcta no es dar la espalda a las ventajas de la mundialización –no tenemos que renunciar a las oportunidades que nos brinda el crecimiento del comercio y el turismo a causa de amenazas biológicas, como tampoco lo hemos de hacer por culpa del terrorismo–, sino que necesitamos acciones coordinadas. 
En el mundo de hoy en día ningún país se puede permitir ir a su aire. 
Por este motivo, los diputados laboristas al Parlamento Europeo apoyan firmemente estas propuestas de un Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. 
Cuando se trata de abordar las enfermedades, Europa funciona. 
La Comisión Europea ha sido capaz de prohibir las importaciones de pollos procedentes de países afectados por la nueva cepa de gripe aviar con efecto inmediato. 
Sin la UE, hubiera sido necesario un esfuerzo enorme para coordinar las de todos los 15 –y pronto 25– Estados miembros. 
Es necesario que reforcemos esta coordinación y no que la debilitemos con el aislamiento. 
Por lo tanto, me complace que los diputados conservadores británicos al Parlamento Europeo también apoyen hoy este plan. 
Sin embargo, me pregunto cómo pueden conciliar esto con su propia hostilidad hacia Europa y su política de atacar a la Unión Europea a cada paso. 
El centro contribuirá a la mejora y fortalecimiento de la prevención y control de enfermedades humanas en la UE. 
Su labor técnica y su capacidad de investigación serán un activo, como también lo será la cooperación con la OMS. 
Estoy de acuerdo en que el acceso a la información por parte del público es vital, y por ello el centro ha de disponer de su propio sitio web para comunicar su trabajo y publicar sus opiniones. 
Se trata de una de las experiencias positivas de la Unión Europea, y tenemos que aplaudir su creación. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar deseo sumarme a los agradecimientos dirigidos al ponente, el Sr. Bowis. 
Tenía un expediente realmente difícil, pues inicialmente no era en absoluto evidente que nuestra propuesta obtuviera la aprobación general; el Gobierno de Alemania Federal, por ejemplo, era muy escéptico en un principio. 
Quizás la Sra. Stihler quiera observar que en este sentido era más euroescéptico que los Conservadores británicos. 
El Sr. Bowis ha conseguido manejar un tema tan controvertido de tal forma que estamos a punto de alcanzar un acuerdo, y que es posible resolver esta cuestión en la primera lectura y antes de la ampliación. 
Creo que era y es incoherente que la Unión Europea tenga competencias muy fuertes cuando se trata de hacer frente a las enfermedades de los animales, y sea capaz de dirigir la acción, pero que no suceda lo mismo cuando se trata de combatir las enfermedades que afectan a los seres humanos, y que, cuando la salud humana está amenazada, lo primero que se diga es la palabra mágica «subsidiariedad». 
Estoy totalmente a favor de la subsidiariedad; no estoy a favor de una superautoridad europea, ni de una armonización total de la prestación de la atención sanitaria, pero aquí sí es buena la acción europea, como hemos visto de los numerosos ejemplos dados en el debate de esta mañana sobre la gripe aviar. 
Aunque hemos de utilizar las competencias de los Estados miembros, es algo que hemos que agrupar a escala europea. 
Creo que es correcto que apliquemos un enfoque pragmático empezando por las enfermedades transmisibles –que son el problema más urgente en estos momentos– y luego veamos adónde vamos a partir de ahí. 
Asimismo creo que lo que ha dicho el Sr. Trakatellis es muy importante, a saber, que el debate conjunto y el desarrollo de políticas de vacunación han de ser prioritarios. 
Mi último comentario va dirigido al Consejo, representado aquí no por Ministros sino por funcionarios. 
Muchos diputados de esta Cámara se han referido al terrorismo biológico. 
Hace más de tres meses, formulé una pregunta sobre esta cuestión al Consejo, que normalmente debería haberse contestado después de seis semanas. 
Aún estoy esperando una respuesta. 
El terrorismo biológico es una cuestión demasiado importante para que nos permitamos estos retrasos. 
. Señor Presidente, este interesante debate ha puesto de manifiesto la importancia y urgencia de esta propuesta. 
La presión política a favor de la creación del centro y de que este funcione lo más pronto posible refleja las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos europeos. 
Para la Europa de hoy, donde millones de personas cruzan fronteras nacionales cada día, necesitamos estar en condiciones de emprender acciones rápidas y coordinadas a escala de la Unión Europea para proteger mejor la salud de nuestros ciudadanos. 
Este es precisamente el objetivo que el centro quiere conseguir. 
Haciendo fondo común de nuestra pericia científica y reforzando nuestros sistemas de alerta temprana, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades permitirá una mejor preparación y respuestas más rápidas y efectivas a los brotes de enfermedades. 
Para resumir el debate de esta mañana, quiero centrarme en tres cuestiones principales de la propuesta que han despertado mayor interés: la misión y las tareas del centro; la posible extensión de su ámbito operativo; y la composición del Consejo de Administración. 
Existe un amplio acuerdo entre las instituciones sobre el ámbito de actuación inicial del centro. 
Todos estamos de acuerdo en que tiene que empezar con enfermedades transmisibles y ser capaz de responder a casos de brotes súbitos de origen desconocido. 
El Consejo y el Parlamento comparten la opinión de que es necesario que se realice una evaluación externa para valorar la posibilidad de ampliar el ámbito de actuación a la luz del rendimiento y de la eficacia del centro, según permitan los recursos. 
Está claro que el presupuesto para el centro dictará su expansión y, después de 2006, esto se tendrá que decidir dentro de las nuevas perspectivas financieras. 
Para que el centro pueda empezar, y para que haga mella, la Comisión está dispuesta a aceptar este enfoque, pero significa que cuando se plantee la necesidad de extender sus atribuciones será de esperar y esperaremos que el Parlamento y el Consejo aborden este tipo de propuesta rápidamente, dentro del procedimiento de codecisión. 
En cuanto a los aspectos de tipo organizativo del centro, la propuesta contempla que sea el director o directora quien asuma la responsabilidad del funcionamiento diario del centro. 
El foro asesor es el lugar donde el director o directora deberá solicitar el asesoramiento de sus homólogos; además, este foro asegurará la propiedad compartida de esta empresa con los Estados miembros. 
La Comisión puede aceptar la ampliación de la composición del foro asesor a partes interesadas como organizaciones no gubernamentales y académicos. 
Será una ventaja para el director o directora disponer de opiniones más amplias al impulsar el funcionamiento del centro. 
El Consejo de Administración ha de dirigir la política y tomar decisiones. 
La propuesta de la Comisión equilibra esta doble responsabilidad de una manera que consideramos que es la más eficiente y transparente. 
Este enfoque se basa en los principios definidos en la Comunicación de la Comisión sobre la gobernanza de las agencias europeas. 
En una resolución aprobada el mes pasado, el Parlamento acogió con satisfacción esta comunicación, reconociendo la necesidad de limitar el tamaño de los Consejos de Administración de las agencias. 
La Comisión quiere mantener un enfoque coherente de este asunto, ya que actualmente todas las agencias parecen seguir un camino diferente. 
Ahora observo que el Consejo y el Parlamento han llegado a un acuerdo sobre un Consejo de Administración para el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades que consiste en un representante por Estado miembro, tres de la Comisión y dos del Parlamento. 
La Comisión considera que un Consejo de Administración de 30 miembros es poco flexible y podría obstaculizar el proceso de toma de decisiones. 
Asimismo, dadas las competencias que comporta y que se ejercen aquí, estoy de acuerdo con el ponente en que sería bueno que hubiera un miembro en el Consejo de Administración por Estado miembro. 
Sin embargo, la Comisión toma nota de los términos del compromiso que el Consejo y el Parlamento apoyan y, por lo tanto, a pesar de nuestra preocupación, está dispuesta a secundar este compromiso, dada la importancia que da a la creación rápida del centro. 
La Comisión observa que la evaluación que contempla el artículo 31 del Reglamento también abarcará las prácticas de trabajo del centro, incluida la composición y el funcionamiento del Consejo de Administración. 
Se facilita por escrito al Parlamento una lista completa de la posición de la Comisión respecto a cada una de las enmiendas (1). 
En resumen, se declara que la Comisión acepta todas las enmiendas que forman parte del paquete de compromiso expuesto por el ponente. 
También me uno al ponente al indicar que la Comisión que no debe ni puede aceptar las enmiendas al paquete. 
Termino dando las gracias al ponente y al Parlamento. 
Cuando concebí esta idea hace algunos años, no solo obtuve el apoyo que podía esperar de mis propios servicios, sino también un gran apoyo del Parlamento. 
Hoy tenemos que estar orgullosos de nosotros. 
Al votar mañana sobre esta cuestión, respondemos oportunamente en circunstancias en que aparecen enfermedades transmisibles a escala mundial. 
Lo hemos discutido en el último debate de este Parlamento. 
Podemos decir con orgullo a nuestros ciudadanos que respondemos bien y rápidamente a sus necesidades en cuestiones relacionadas con las enfermedades transmisibles. 
A veces podemos ser excesivamente pesimistas y críticos con nosotros mismos. 
Esta es una ocasión en que podemos levantarnos y decir que hemos realizado nuestro trabajo bien y rápidamente, hemos dado respuesta a las necesidades y podemos mirar a los ojos a nuestros ciudadanos y decirles que hemos trabajado bien. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (Α5-0022/2004) del Sr. Garot, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la evolución de la renta agraria en la Unión Europea. 
. – Señor Presidente, Señorías, con este informe de iniciativa sobre las rentas agrarias se pretende ver en perspectiva la aplicación del modelo agrario europeo, que descansa en la multifuncionalidad y en la competitividad de las explotaciones. 
En efecto, las rentas son un barómetro pertinente de la viabilidad de las explotaciones. 
Sin unas rentas suficientes, los agricultores desaparecen y la producción se aleja de las zonas más frágiles. 
Ahora bien, si los agricultores desaparecen y las concentraciones se aceleran, corremos el riesgo de evolucionar en sentido contrario al modelo europeo que defendemos y que requiere la presencia de los agricultores en todos los territorios. 
El análisis de las rentas presenta, pues, un interés manifiesto. 
Las observaciones que conviene hacer para el período 1995-2002 son las siguientes. 
En primer lugar, la renta agraria media en la Europa de los Quince aumentó un 7%, con fuertes variaciones nacionales, por ejemplo, de +32% en Portugal y de –30% en el Reino Unido. 
En segundo lugar, las ayudas públicas suponen más del 50% de este resultado, pero su reparto sigue siendo discutible. 
El 20% de las explotaciones perciben el 73% de las ayudas para un 59% de la superficie y un 25% del empleo. 
En tercer lugar, los precios a la producción bajaron un 1,1 %, pero los precios al consumo aumentaron un 11%. 
En cuarto lugar, la ligera mejora de la renta media se debe al hecho de que el pastel se reparte entre cada vez menos agricultores, dado que, en el período considerado, la población activa en el sector descendió un 15,7 %. 
De ahí la pregunta: ¿podemos dejar que el fenómeno prosiga sin riesgo para el modelo europeo de agricultura? 
Este interrogante es tanto más serio cuanto que la aplicación de la multifuncionalidad va a provocar una elevación de los costes de producción en un momento en que las ayudas públicas se orientan a la baja de aquí a 2013 para los agricultores de los quince Estados miembros, debido en particular al aumento de volumen de la ayuda comunitaria a la agricultura de los diez nuevos países. 
Esta situación no puede dejar indiferente a la Unión Europea. 
Hay que pensar qué orientación debe darse a las próximas inflexiones de la PAC para hacerla coherente con respecto a los dos objetivos de multifuncionalidad y competitividad asignados a las explotaciones agrarias. 
Desde esta perspectiva, el mercado debe tender a retribuir el acto de producción agrícola. 
En cuanto a las ayudas públicas, deben destinarse cada vez más a remunerar los servicios no comerciales que presta la agricultura a la sociedad. 
La última reforma de la PAC comprende avances positivos en este sentido, en particular a través de la condicionalidad y la modulación de las ayudas. 
Pero con la desvinculación, la PAC establece unos derechos históricos adquiridos que impedirán de hecho la remuneración de la multifuncionalidad para la totalidad de las explotaciones de todos los territorios. 
Abandonar esos derechos históricos es pues una necesidad imperiosa, y podrá realizarse progresivamente gracias a un incremento sustancial de la modulación. 
Por lo que se refiere a las rentas generadas por el mercado, recomiendo que se devuelva la prioridad a la política de precios y mercados, pues considero que las mejoras de la calidad de los productos, por muy necesarias que sean, solo son un pasaporte para acceder a esos mercados. 
En consecuencia, deben abrirse o reafirmarse varias direcciones para que el mercado desempeñe su función evitando el hundimiento de las cotizaciones y por tanto de las rentas. 
Las cito: «la regulación de la oferta flexible y adaptada por producción; la instauración de filtros de seguridad, con límites máximos por producción; el fomento comunitario de la política de establecimiento de contratos sectoriales, para un mejor reparto del valor añadido; la sumisión de nuestras importaciones a las mismas normas que las de la Unión». 
Señorías, todos comprenderán, sobre la base de este informe, que hay que realizar enormes progresos para que la PAC alcance sus objetivos. 
El modelo agrario europeo es legítimo en su concepción. 
Debe serlo en la práctica. 
Esto me hace lamentar más aún la ausencia del Comisario en este debate. 
– Señor Presidente, Señorías, me gustaría empezar expresando mi más sincero agradeciendo al Sr. Garot por su informe de propia iniciativa sobre la evolución de la renta agraria en la Unión Europea. 
Personalmente, quiero darle las gracias en especial por su cooperación franca y constructiva en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Actualmente, los Estados miembros están ocupados en aplicar como parte de sus políticas nacionales las Conclusiones de Luxemburgo sobre la reforma de la política agrícola común. 
A partir de ahora, los fondos disponibles deberán repartirse entre los agricultores en la UE de 25 en lugar de tan solo en la UE de 15, y además, en el futuro han de aplicarse de forma más discriminada que antes, de forma que los fondos del primer pilar –es decir, pagos directos– pasarán al segundo pilar, al desarrollo rural. 
Es algo que todos nosotros en esta Asamblea hemos pedido siempre. 
El informe del Sr. Garot representa una evaluación excelente de la situación en el sentido de que analiza, a la luz de la ampliación, los factores de los que depende actualmente la renta agraria. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos considera que es necesario alcanzar objetivos fundamentales por medio de la política agrícola común. 
Son los siguientes: en primer lugar, garantizar un nivel justo de ingresos para quienes trabajan en la agricultura. 
En segundo lugar, estabilizando los ingresos, se ha de mantener una actividad agrícola en toda la zona de la Unión Europea. 
Por esta razón creemos, en primer lugar, que mantener el nivel de subvenciones públicas para la agricultura está justificado, en especial en lo que respecta a los servicios multifuncionales que presta a la sociedad y para garantizar que los agricultores sigan estado presentes en todas las regiones, como estipula el primer pilar. 
En segundo lugar, creemos que está justificado que el presupuesto de la Comunidad garantice el empleo, especialmente en las zonas rurales menos favorecidas, y que se recompense a las granjas por su adaptación a las nuevas exigencias de la sociedad, que es lo que entendemos por segundo pilar. 
En la esperanza de convertir estos principios en realidad, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos ha presentado, en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, diversas enmiendas, para las cuales –tal y como he mencionado al principio de mi intervención– hemos podido conseguir el acuerdo del ponente. 
Por ejemplo, nuestras propuestas específicas incluyen la introducción de un sistema para el pago en caso de desastre, que ya se ha puesto en práctica en otras grandes naciones agrícolas. 
Exigimos expresamente que una gran proporción de los fondos disponibles permanezca, en la medida de lo posible, en manos de los agricultores. 
Por consiguiente, somos partidarios de la norma establecida en las Conclusiones de Luxemburgo –es decir, el pago único– que se aplican cuando se ejecutan a escala nacional. 
Nuestra petición final es que no debería permitirse que se produzcan mayores distorsiones de la competencia en la agricultura europea en caso de que se opte por la exención en virtud del artículo 8. 
Permítanme acabar diciendo que hemos de recordar que la competitividad y la multifuncionalidad han de ser sometidas, una y otra vez, al escrutinio y la evaluación, y que ha de prestarse la debida atención al desarrollo. 
Sin unos ingresos adecuados, ningún agricultor podrá realizar sus tareas produciendo alimentos y cuidando del jardín del Edén que – ¡gracias a Dios! – aún tenemos en Europa, de una forma profesional y en línea con las buenas prácticas. 
Por ello hemos de tomar los fondos disponibles en el presupuesto agrícola y aplicarlos, en una Europa de 25 Estados miembros, de tal forma que se apoye la competitividad de los agricultores en el mercado. 
No hemos de perder de vista la necesidad de garantizar que los agricultores jóvenes puedan ponerse manos a la obra y ofrecerles buenas perspectivas. 
Más que nunca, estos son los retos que hemos de asumir. 
La política agrícola común adoptada en junio de 2003 abre vías interesantes de hacerlo. 
– Señor Presidente, Señorías, felicito al Sr. Garot por su excelente informe; no hace falta que repita mucho de lo que ya se ha dicho. 
El debate sobre las rentas de los agricultores debió celebrarse hace tiempo; el hecho es que son demasiado bajas. 
Ello tiene diversas causas subyacentes que ilustraré utilizando el ejemplo de Alemania. 
Una de las más importantes es que los agricultores siguen sin poder obtener en el mercado los precios que necesitan para sus productos y que serían bastante justificados. 
Las causas de esta situación pueden atribuirse a la feroz competencia entre las seis o siete empresas alimentarias que dominan el mercado, una guerra de posiciones que se libra en detrimento de los agricultores. 
Estas empresas consideran a los agricultores como simples proveedores de materias primas baratas. 
Podría añadir que lo mismo sucede con muchos productos lácteos. 
A ello puede añadirse el hecho de que los consumidores, es decir, la mayoría de la gente, no saben nada acerca de esto y, en cierta medida, tampoco quieren saberlo. 
El hecho es que los alimentos de alta calidad, por ejemplo los que se producen de acuerdo con altos niveles de protección para el medio ambiente y para los animales, tiene su precio, y no puede conseguirse gratuitamente. 
Incluso la, el sindicato de agricultores alemanes, que representa los intereses de la mayor parte de los agricultores alemanes, ha tenido algo que ver con ello, pues –en mi opinión– durante demasiado tiempo no solo ha bloqueado o retrasado importantes reformas, sino que ha conseguido impedir algunas de ellas. 
Sus interminables lamentaciones, que durante décadas han sido su repertorio, acerca de lo mal que lo pasaban los agricultores, han conseguido que ahora el público haga prácticamente caso omiso a las exigencias y necesidades legítimas de los agricultores. 
Permítanme añadir que muchos agricultores me dicen estas cosas una vez que se han ido los funcionarios de. 
Por ello, las reformas adoptadas en el último año son tan importantes para los agricultores; deberían haberse adoptado hace años. 
La desvinculación de los pagos de la producción llevaba mucho tiempo atrasada. 
Aquí, en esta Cámara, hemos hecho lo que hemos podido; ahora les toca a los Estados miembros aplicar de forma adecuada estas conclusiones y acabar de una vez por todas el trato injusto de diferentes tipos de prácticas agrarias, como, por ejemplo, la ganadería y la agricultura. 
Permítanme darles algunas cifras. 
Hasta ahora, el 20% de las granjas con el 59% de la tierra y el 25% de los puestos de trabajo han conseguido el 73% de subvenciones directas, y permítanme observar que se veía u oía muy poco de quienes ahora están tan indignados por la injusticia que supuestamente va a ser el resultado de la reforma agraria. 
Los socialdemócratas apoyamos los pagos compensatorios para los agricultores porque han de ser recompensados adecuadamente por los servicios que realizan en el interés general dentro de un sistema multifuncional, unos servicios que los precios pagados no cubren. 
Sin embargo, esto ha de hacerse de acuerdo con unas reglas transparentes, abiertas y comprensibles. 
Ninguno de nosotros puede eludir la pregunta de cuánto valen para nosotros los alimentos de alta calidad. 
Para el motor de nuestro coche solo compramos la gasolina mejor y más cara, pero cuando se trata del cuerpo, que es nuestro motor, y sin el cual no podemos existir, y que se supone ha de trabajar por lo menos 100 años sin balbucear, la mayoría de nosotros somos completamente indiferentes a lo que le damos. 
Lo único que importa que es haya mucho y que sea barato. 
No es así cómo funciona. 
Aunque actualmente pueda ser únicamente una ilusión, creemos que sería mejor que los agricultores pudieran ganarse bien la vida con los precios pagados por sus productos. 
Para esto estamos trabajando los socialdemócratas. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Garot por la valiosa contribución al debate sobre la renta de los agricultores. 
El Sr. Garot es un político comprometido con las cuestiones agrícolas. 
Está bien informado y adopta un punto de vista positivo de la agricultura. 
He de decir que, como sueco, siento envidia. 
Hubiésemos agradecido algunos socialdemócratas de este tipo en el Gobierno sueco. 
El Sr. Garot afirma que la agricultura debería realizarse en toda la zona de la UE. 
Es muy importante recordarlo, sobre todo cuando las partes de la UE implicadas son aquellas como la zona de la cual provengo, es decir Suecia o Finlandia. 
Asimismo trata otra cuestión muy importante, en concreto la diferencia entre el desarrollo de los costes y el desarrollo de los precios. 
Surge una discrepancia que puede resolverse con la ayuda de la racionalización, pero no de forma ilimitada. 
Ha de garantizarse que esta discrepancia no sea excesiva. 
Hemos visto cómo esta ha aumentando en mi propio país después de la última adhesión a la UE. 
Es demasiado grande, y la producción está en descenso. 
Hemos defendido la reforma agraria. 
Esto se ha decidido. 
Sin embargo, no es bueno que se aplique a diferentes velocidades en diferentes países. 
Esto es importante, y es algo que también se ha señalado en el informe. 
Si la reforma agrícola se aplica a diferentes velocidades, existe el peligro de hacer más cambios a la competitividad o de crear un escenario desigual en los diferentes países en lo que respecta a la competitividad. 
Ahora es sumamente urgente hacer lo humanamente posible en cuando a ayuda medioambiental y ayuda al desarrollo rural. 
Como dice el Sr. Garot en su informe, existe el peligro de que ello se vea socavado si los Estados miembros han de cofinanciarlo. 
Es un ámbito que me preocupa. 
Sin embargo, hemos de abordar diversos aspectos de este informe que no creo sean tan buenos. 
Es más bien antirreforma, si me permiten decirlo. 
El deseo es mantener al mayor número de personas en la agricultura. 
No creo que esta opción sea realista a largo plazo. 
No creo que sea realista mantener una normativa de mercado de gran alcance o precios fijados por políticos, ni tener un suministro regulado del tipo que tenemos y que implica cuotas. 
Hemos de intentar reducir la protección de las fronteras a fin de hacer frente al comercio mundial. 
Ahora que estamos realizando esta desvinculación, hubiese sido preferible que lo hubiésemos hecho desde el principio y, de hecho, en toda la UE de una vez. 
Como resultado de estas consideraciones, por desgracia, yo y muchos otros en el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas nos abstendremos de votar. 
No podemos votar a favor de este informe, pero, en vista de todos los puntos a favor que he mencionado al principio, tampoco podemos votar en contra. 
Sin duda nos abstendremos de votar en la votación final porque tan solo es una votación única. 
– Señor Presidente, subyacente a todo el informe se halla la idea fundamental de que las personas en la Comunidad Europea –y en todas sus regiones, por muy divergentes que sean en su estructura– tienen un trabajo y por consiguiente tienen derecho a unos ingresos proporcionados con lo que producen. 
Si comprendo lo que ha dicho el ponente, solo entonces se puede hablar de una Unión Europea social. 
El informe señala con razón que los beneficios varían mucho en la Unión Europea, aunque el clima de Europa y otras condiciones naturales sean favorables a casi todas las cosechas. 
Las principales causas de los cambios en costes a lo largo de los últimos años son conocidas. 
Mi previsión con respecto a futuras reformas es que la Comisión tendrá más en cuenta su capacidad para influir en la estructura de costes Asimismo espero que se creen aperturas para más inversiones, y espero que una mayor diversidad de programas conlleve una simplificación y claridad de visión. 
Al igual que en otros informes, se hace referencia al hecho de que no se puede eliminar así como así los pagos directos a los agricultores, que se incluyen como fuentes de ingresos, sin perder cientos de miles de puestos de trabajo, y creo, con pesar, que hay quienes desean que esto suceda. 
Más y más personas en las zonas rurales europeas son pluriempleadas y de este modo cada euro que no se gasta en planificación y desarrollo estructural en las zonas rurales –me refiero a miles de millones– está siempre asociado a la pérdida de ingresos y puestos de trabajo. 
Por ello es importante evaluar si el trabajo y la manera en que se aplica el modelo agrícola va hacia unas remuneraciones adecuadas para los agricultores europeos, y qué significa esto. 
En este sentido, el ponente es más bien reticente, y ello se debe a la falta de datos. 
Sin embargo, espero que, a medida que la organización del mercado se desarrolle más, podremos responder a la pregunta de qué es realmente una renta adecuada para los agricultores. 
En Alemania, los ingresos de los agricultores han descendido enormemente, en un 6,1 % y 19,8 % en los dos últimos ejercicios. 
Esto equivale a un crash económico global. 
Esta situación desoladora se ha producido por dos razones; una son las inundaciones y la sequía, pero –como ya se ha dicho anteriormente en este debate– tiene que ver mucho más con la guerra de precios en el comercio de alimentos al por menor, en la que los agricultores son la parte perdedora. 
¿Cómo se ven afectadas la sede de producción, y por consiguiente el empleo y la renta, por la desvinculación de los pagos y el hecho de que se vinculen a requisitos medioambientales, un intento de jugar con dos barajas, dando un mayor papel al mercado a la hora de determinar la renta de los agricultores, al tiempo que se recompensan con fondos públicos los servicios de los que ya no hay demanda? 
¿Garantizará esto el uso extensivo de las tierras agrícolas? 
Ni mucho menos; más bien es de temer que conlleve el inicio de una competencia depredadora y que nos enfrentemos a cambios estructurales que dejarán peor paradas las zonas locales. 
Es algo que no deseo. 
– Señor Presidente, el Sr. Garot ha presentado un buen informe, y habla en su favor el que haya situado de nuevo el precio de los productos agrícolas en el centro del debate. 
La desvinculación ha favorecido la eliminación de las dobles distorsiones de precios causadas por los pagos que tendían a mantener bajos los precios y por consiguiente daban la oportunidad a los consumidores de conseguir materias primas baratas, y al vincular subvenciones a la producción –que en sí se distribuía de forma desigual– significaba que entre el 20 y el 25% de las granjas reclamaban entre el 75 y el 80% de esta ayuda estatal. 
Ahora, aunque se proceda a la desvinculación –y era el paso correcto que había que dar– ello no significa automáticamente que surjan diferentes relaciones de poder; más bien lo que importa es que los precios se negocien de forma activa. 
No solo se trata de las cadenas de distribución, sino también de las cooperativas, algunas de ellas gestionadas por agricultores, que siguen sus políticas de precios y de mercado en gremios, y se trata de que las materias primas –las materias primas agrícolas– se paguen mejor. 
Asimismo ha dejado usted claro que ahora hemos de hablar de modulación y de diferentes modos de distribuir estos fondos. 
La modulación ha de vincular la práctica de algunas empresas agrícolas grandes y racionalizadas que reciben una prima del Estado que asciende a 100 000 euros por trabajador, al número de empleados y también al tipo de producción. 
A partir de ahí, hay que desarrollar criterios de calidad a fin de que los fondos del Estado no contribuyan a la acumulación de activos y estimulen la producción en sentido erróneo, sino que permitan seguir con los métodos de producción rural en Europa. 
– Señor Presidente, me uno a la felicitación al Sr. Garot por su informe. 
Sin duda, la última audiencia sobre la renta agraria ha tenido que alertarnos a todos sobre los desafíos a que se enfrentan los agricultores de la Unión Europea. 
Es fácil entender su frustración al ver cómo se erosiona su poder adquisitivo y su calidad de vida general es atacada desde varios frentes. 
En su informe, el Sr. Garot nos lleva a centrarnos en los fundamentos de la política agrícola común y en lo que significa. 
Disponemos de un fundamento jurídico para asegurar que se garantiza a los agricultores y a sus familiares un nivel de vida decente. 
También tenemos la obligación de mantener el modelo de agricultura europeo, que se basa en explotaciones agrícolas familiares y el mantenimiento de una comunidad rural viva. 
Los que pretenden socavar la política agrícola común a menudo olvidan tres elementos básicos: Olvidan que existe una dimensión socioeconómica para la agricultura y de que no se trata solo de un negocio, como en otros sectores. 
El Sr. Garot presenta estos hechos de forma muy clara. 
El hecho de que las rentas agrarias registraran en la Unión Europea un aumento medio entre 1995 y 2002 del 7% pone de relieve las grandes disparidades existentes entre países, entre cultivos y entre productores. 
También oculta que durante el mismo periodo el nivel de ingresos se ha visto compensado con creces por una caída del 15,7 % del número de explotaciones agrícolas en la Unión Europea. 
En este punto radica sin duda uno de los retos más grandes a que se enfrenta la continuidad de la agricultura europea. 
A menudo, las explotaciones agrícolas han podido recurrir a medidas a corto plazo, como la renuncia a la necesaria inversión en bienes de equipo de las explotaciones agrarias. 
También se ha producido un enorme crecimiento en la agricultura a tiempo parcial y en el empleo fuera de las explotaciones agrícolas. 
Si comparamos los salarios del sector agrario con los de la industria o de los servicios, podemos observar que existe una diferencia cada vez mayor. 
En resumen, este informe destaca retos importantes a los que tenemos que enfrentarnos los legisladores y políticos. 
En estos momentos, es esencial que la política agrícola siga sirviendo para proteger y mejorar las rentas de tantas familias como sea posible en la Unión Europea y garantizar un futuro seguro para nuestros agricultores y sus familias. 
– Señor Presidente, este informe es una feliz iniciativa y felicito a su autor. 
De hecho, analiza la situación de la renta agrícola justo antes de la aplicación de la reforma de la PAC y de la ampliación de la Unión Europea. 
Por tanto, podrá servirnos de referencia dentro de algunos años, cuando nos volvamos a encontrar, eso espero, en esta Asamblea para juzgar las consecuencias de la reforma sobre las rentas de nuestros agricultores. 
La adhesión de diez nuevos países, que son muy agrarios, y la alineación de los precios agrícolas europeos con los precios mundiales, ¿nos traerán un futuro mejor? 
No quisiera ser agorera, pero por desgracia lo dudo. 
Este informe destaca algunos hechos importantes, en especial el aumento del 7% en siete años de la renta agraria europea, que oculta grandes disparidades en función de las regiones y de los sectores de actividad, y se basa en una degradación del modelo agrario europeo, como recordó el ponente en su intervención. 
En diez años ha desaparecido la cuarta parte de los agricultores europeos, las explotaciones han aumentado de tamaño y la producción se ha intensificado. 
Pequeños agricultores franceses tienen rentas tan bajas que, en Francia, el Gobierno les da acceso a la renta mínima de inserción, un sistema de ayuda social reservada a los más desfavorecidos. 
Por mi parte, procedo de los Vosgos, un departamento rural no lejos de aquí. 
Entre 1988 y 2000, el número de explotaciones ha descendido un 40% y el número de explotaciones lecheras se ha reducido a la mitad. 
Al mismo tiempo, la superficie de las explotaciones ha aumentado un 65% y el número de vacas por explotación un 30%. Esta concentración de la agricultura pone en peligro el modelo agrario europeo familiar, como demuestra muy claramente el informe parlamentario. 
Las ayudas desvinculadas no son una solución viable para el agricultor. 
Según un estudio del INRA de Nantes, la desvinculación parcial provocaría en 2008 un descenso de hasta el 32% de la renta simulada de un ganadero lechero intensivo, ya que las ayudas desvinculadas no compensarán el descenso del 20% del precio de la leche previsto para 2006-2008. 
La redacción de este informe nos brindó la ocasión de oír a distintos expertos en el tema. 
Todos destacaron la paradoja intrínseca de la última reforma de la política agrícola común. 
En efecto, ¿cómo pensar en un aumento de los costes resultante de la multifuncionalidad y, al mismo tiempo, pedir un descenso de los precios agrícolas al alinear los precios europeos con los precios mundiales? 
¿Qué solución existe para los agricultores atenazados entre unos costes de producción que van en aumento y unos precios que bajan? 
Por último, el informe explica un riesgo que me preocupa especialmente. 
Se trata de la condicionalidad ecológica de las ayudas para las pequeñas explotaciones, ya que la renta de estas últimas va a depender cada vez más de las ayudas, sobre todo con la desvinculación. 
Por tanto, un pequeño agricultor que no respete una de las muchas directivas –entre otras, la Directiva Aves– vería amputadas sus ayudas, y por tanto su renta. 
Se reducirían así las rentas de agricultores que ya son frágiles y cuya capacidad de inversión es baja. 
Este informe desvela los puntos dolorosos de la política agrícola común y de su última reforma, y no puedo sino aprobar que estos hechos salgan a la luz. 
No obstante, algunas partes de este informe son ambiguas y no puedo respaldarlas. 
No puedo pedir a los Estados miembros, y cito: «que procedan efectivamente a la desvinculación parcial» , porque siempre me he opuesto a cualquier desvinculación, ya sea parcial o total. 
En esta misma lógica, no soy partidario, y cito: de «un reequilibrio a favor del segundo pilar». 
El primer pilar, que permite el mantenimiento de un precio lucrativo de los productos agrícolas para el agricultor, no puede debilitarse para subvencionar el segundo pilar. 
Este informe parlamentario tiene el mérito de exponer claramente hechos reales importantes y por desgracia dolorosos para la política agrícola común. 
No obstante, presta un apoyo ambiguo a elementos clave de la reforma de la PAC contra los cuales se ha pronunciado mi Grupo; por esta razón, me sería muy difícil apoyarlo. 
– Señor Presidente, –siento no poder añadir «señor Comisario Fischler» , puesto que su asiento está vacío–, Señorías, el interés de este informe de iniciativa sobre la evolución de las rentas agrarias en la Unión Europea reside más en las preguntas que plantea que en las respuestas que quiere aportar. 
Su constatación de partida es indiscutible. 
Se pueden hacer todas las variaciones que se quiera sobre el modelo agrario europeo –multifuncional, respetuoso con el medio ambiente y del bienestar de los animales, garante de la seguridad alimentaria, que cubre el conjunto de nuestros territorios–, si los actores no están ahí para aplicarlo, es decir, si no hay agricultores con rentas suficientes para garantizar sus funciones, vivir de sus actividades y atraer su relevo, este modelo seguirá siendo una utopía, un espejismo, una semántica, una mentira. 
La problemática que describe este informe es, desde luego, la que vamos a tener que afrontar en los próximos años. 
Si hasta ahora la renta media del agricultor comunitario –un concepto estadístico abstracto y, por tanto, artificial– no se ha hundido más, a pesar de la política de descenso sistemático de los precios, ha sido al precio de reestructuraciones muy importantes, caracterizadas por una disminución drástica del número de activos y una aceleración muy fuerte de la concentración de las explotaciones, a las que se ha añadido la intensificación de la producción. 
Ahora bien, en el futuro, si queremos mantener el mayor número de agricultores en el conjunto del territorio de los Estados miembros, hemos de deshacernos de esta trilogía de desaparición, concentración y producción intensiva. 
Europa no puede contar ya con este tipo de ajustes para mantener su agricultura y desarrollar su modelo agrario. 
No puede contar tampoco con un aumento del presupuesto agrícola que financie los costes adicionales que acarrearán las nuevas normas asociadas a la multifuncionalidad y exigidas por la sociedad. 
Al contrario, este presupuesto está abocado a disminuir durante los próximos diez años, sin perspectivas de inversión de la tendencia a la vista. 
A diferencia del ponente, creo que la reforma de junio de 2003, que estuvo inspirada por consideraciones principalmente no agrarias –la voluntad de llegar a un acuerdo general en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y preocupaciones de ahorro presupuestario–, ofrece pocas perspectivas de resolver esta problemática. 
Al contrario, con la desvinculación actuará más bien como un acicate de las concentraciones, la intensificación y la especulación de tierras, tendencias todas ellas que tendrán por efecto obstaculizar la instalación de los jóvenes y acelerar la monetarización de este sector de actividad. 
Si queremos evitar estas derivas, no podremos aplazar indefinidamente la fecha de una necesaria redefinición del concepto de preferencias comunitarias. 
Ante países emergentes cuyas condiciones estructurales de producción pulverizan la competitividad de la agricultura europea, no es responsable creer que solo una política de calidad de los productos o de nicho permitirá obtener rentas suficientes para que nuestros agricultores puedan seguir ocupando el conjunto de nuestros territorios, al mismo tiempo que suministran a la sociedad los productos y las condiciones de producción que esta reclama. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Garot por su informe. 
Es uno de los miembros de este Parlamento a quien tengo en alta estima. 
Sin embargo, cuando leo su informe, mi crítica es que la dimensión socialista prevalece demasiado. 
Se ha prestado demasiada atención a las primas y no he ha tenido suficientemente en cuenta la competitividad de la agricultura y la horticultura. 
Por lo general, el debate europeo sobre rentas agrarias está dominado en exceso por la pregunta de cuántas primas se reciben y demasiado poco por cuáles son los problemas del mercado. 
Empezando por las primas, los Países Bajos reciben una parte demasiado pequeña del presupuesto europeo. 
Los Países Bajos representan el 7% de la producción agrícola de la Unión Europea, pero solo reciben el 2,1 % del presupuesto agrícola y el 1% del presupuesto para el desarrollo rural. 
Esto es desproporcionado. 
Por supuesto, existe un motivo. 
Las negociaciones celebradas en 1999 en Berlín fueron mantenidas por el Sr. Kok y el Sr. Zalm, ninguno de los cuales tenía afinidad con la agricultura o la horticultura. 
Esta no es tan solo la razón por la que el campo neerlandés no reciba lo que tiene derecho a recibir; es también la razón real del porqué la contribución neerlandesa neta a la Unión Europea es tan elevada. 
Esta contribución excesiva puede remediarse dando a los Países Bajos un importe considerablemente más alto para la agricultura y el desarrollo rural. 
Hay otro punto al que no se presta suficiente atención en el desarrollo de las rentas agrarias, a saber, la posición de los llamados productos libres. 
Las elevadas exigencias europeas en relación con el medio ambiente, la seguridad alimentaria y el bienestar de los animales han repercutido en el precio de coste –por ejemplo– de la carne, las hortalizas y las patatas, y han colocado a la agricultura europea en una posición de desventaja mundial en cuanto al precio de coste Esta es la razón real subyacente a diversas crisis, incluyendo la actual en las granjas porcinas. 
Mi propuesta es que en el caso de nuevas propuestas legislativas europeas que afecten a la agricultura y a la horticultura, se realiza una evaluación de ingresos a fin de comprobar las repercusiones reales de esta legislación sobre los trabajadores en la agricultura. 
Señor Presidente, me sumo al elogio general al magnífico informe del Sr. Garot, que es tan oportuno como necesario. 
Señor Presidente, el riguroso análisis del Sr. Garot confirma con datos nuestra inquietud ante el peligro de la reforma de la PAC si no se neutraliza su impacto negativo sobre las rentas agrícolas. 
Lamento mucho la grave equivocación e incoherencia de algunos colegas, que, por un lado, se deshacen en elogios al informe porque es bueno, pero, por otro, anuncian que no van a apoyarlo. 
Señor Presidente, el objetivo fundamental de la PAC es garantizar un nivel de vida justo a la población agrícola. 
Europa necesita una agricultura multifuncional y viable, pero eso nos lleva a proteger el modelo europeo, a crear un sistema de gestión de crisis, a garantizar el empleo y a reforzar los medios dedicados al segundo pilar. 
Todo eso es lo que propone el Sr. Garot en este magnífico trabajo. 
Son especialmente destacables el apartado 7- para que lo aplique la Comisión -, que recuerda que los costes de producción tienden a aumentar, mientras que las ayudas tienden a disminuir; el apartado 17, que se refiere a la garantía del empleo; y los apartados 24 y 25 relativos al segundo pilar. 
Finalmente, señor Presidente, la Comisión debe tener en cuenta la consideración que formula el Sr. Garot en el apartado 25 sobre la cofinanciación, como una exigencia que puede frenar el desarrollo rural, para flexibilizar este requisito de cofinanciación en la etapa de reforma de la PAC. 
Señor Presidente, el ponente ha realizado un intento realmente honorable de embellecer la política agrícola común y sus trágicas consecuencias para los agricultores, pero sin conseguir hacer nada más que repetir la serie de argumentos que la Comisión viene citando de vez en cuando a fin de justificar su injustificable PAC y sus reformas. 
Unos argumentos que en el pasado demostraron ser realmente desorientadores e hipócritas están siendo utilizados desvergonzadamente una vez más hoy, precisamente para seguir con la misma política antiagraria. 
¿De qué agricultura social y multifuncional está hablando el ponente cuando, durante el periodo de referencia 1995-2002, la mano de obra cayó en un 15,7 % con una reducción equivalente en los hogares agrícolas? 
Detrás de ello, este número oculta el abandono de zonas enteras, especialmente en los países mediterráneos, oculta el aumento del desempleo y la migración a las ciudades, con todos los problemas que ello conlleva y con unas consecuencias incalculables para la protección medioambiental para la cual se supone que la Comisión Europea haría cualquier cosa. 
El ponente observa que, entre 1995 y 2002, las rentas agrarias aumentaron un promedio del 7% en la Unión Europea en su conjunto. 
Sin embargo, este aumento es menos del 1% anual, lo cual significa que es mucho menor que el incremento medio en el PIB de la Unión Europea a lo largo del mismo periodo y tiene que ver con un sector económico de cuyos productos la Unión Europea tiene un déficit. 
Además, no se ha realizado ningún análisis que nos permita ver qué explotaciones indicaron un aumento de ingresos, cuántas pequeñas y medianas empresas agrarias han tenido una reducción y cuántas han quebrado. 
Ello se debe a que la técnica de promedios en un estrato social diferenciado como la agricultura es la mejor forma de enturbiar las aguas, de ocultar las divisiones agudas de clases y de esconder importantes problemas sociales. 
Así pues, ¿de qué agricultura social y multifuncional estamos hablando cuando el diferencial entre las rentas agrarias por trabajador se encuentra entre 1 y 50 y cuando el 20% de las grandes explotaciones recogen hasta el 73% de la ayuda comunitaria directa? 
La injusta distribución de las subvenciones comunitarias a costa de los pequeños y medianos agricultores ha demostrado en el transcurso del tiempo la naturaleza capitalista de la PAC, cuyo objetivo es concentrar las tierras y la producción en unas cuantas explotaciones agrícolas capitalistas. 
Por supuesto, la eliminación de las pequeñas y medianas empresas agrarias y la concentración de las tierras se completará con la nueva reforma de la PAC, que es incluso peor que todas las anteriores reformas. 
Permítanme citar el típico ejemplo de la desvinculación de las subvenciones de la producción, que el ponente aplaude, junto con la conversión de programas de intervención a simples redes de seguros y la salida de los agricultores del mercado para convertirse en empresarios, por citar al Sr. Fischler. 
La realidad no es coherente con las conclusiones contradictorias y prefabricadas del informe. 
Es tan pesimista que ni siquiera deja espacio para la prestidigitación o para engañar más a los agricultores. 
Los pequeños y medianos agricultores de mi país y de la Unión Europea lucharán contra la política agrícola común de exterminio, pues se dan cuenta cada vez más que revocarla es la única forma para poder sobrevivir y... 
– Señor Presidente, acojo con satisfacción la labor del ponente en torno a este informe de propia iniciativa. 
Da justo en el meollo de la cuestión principal a que se enfrenta la agricultura europea en este momento crucial, a saber, si la comunidad agraria puede esperar ganarse la vida con sus actividades. 
Uno de los puntos más ilustrativos del informe es que, mientras que las rentas agrarias aumentaron en un 7% en la Unión Europea entre 1995 y 2002, esto fue a expensas de una disminución del 15% en el número de explotaciones. 
Esto quiere decir que las pequeñas explotaciones agrícolas han sido absorbidas por un número de explotaciones agrícolas cada vez más grandes y que la producción se ha vuelto más intensiva. 
Con consumidores que cada vez exigen más información sobre los medios con los que se producen sus alimentos, esta tendencia es un tema que hay que abordar. 
Las explotaciones agrarias grandes, la venta de productos en masa, con riesgos de contaminación y problemas de salud de los rebaños, auguran un futuro que tenemos que tratar de evitar. 
Mientras que las cifras pueden seguir indicando que las rentas crecen, ocultan el impacto de los métodos del cultivo cada vez más intensivos. 
El Parlamento Europeo –y sobre todo la Comisión Europea– ha de tener esto en cuenta siempre que se plantee una ayuda directa a través de la PAC. 
Algo grave ocurre cuando un sistema sigue metiendo dinero en los bolsillos de algunos de los más grandes y ricos terratenientes europeos mediante subvenciones espléndidas. 
El duque de Westminster –el hombre más rico de Gran Bretaña– recibe subvenciones agrarias por importe de 1 300 euros al día, mientras que pequeños agricultores galeses luchan por recibir tan solo 7 000 euros al año. 
– Señor Presidente, la conservación de la naturaleza, las explotaciones agrarias familiares, el empleo, los alimentos seguros, todos ellos son objetivos a los que intentamos aspirar con la política agrícola común. 
En su informe, el Sr. Garot tiene razón al señalar que, en el análisis final, todas estas bonitas palabras no valen para nada si no garantizamos una renta razonable para los agricultores. 
No es sencillo interpretar los datos estadísticos relacionados con los ingresos. 
El Sr. Garot llega a la conclusión de que en los últimos años, las rentas agrarias en la Unión han aumentado en un 7%. 
He comprobado con los investigadores que suministraron estas cifras si es correcto. 
Ellos afirman que estas cifras no tienen en cuenta los impuestos sobre la producción, los intereses pagadores, el arrendamiento y los costes de mano de obra. 
Si miramos la diferencia real en el bolsillo de los agricultores, veremos que, entre 1995 y 2001, los ingresos en la UE no aumentaron, sino que disminuyeron en un 6%. 
Esta resolución defiende con razón el mantenimiento de la política de precios y de mercado y el control de la producción asociado a ella. 
En este sentido, ampliar la oferta no beneficia necesariamente a las rentas agrarias. 
Si se amplía la cuota láctea, el precio de la leche seguirá bajando y se ejercerá una presión innecesaria en los ingresos de los productores lácteos. 
La Cumbre de la OMC en Cancún ha sido un fracaso. 
Por ello, por lo pronto ya no se puede hablar de una liberalización trascendental del comercio en los productos agrícolas. 
La agricultura no es una fábrica de bicicletas que pueda adaptarse simplemente a la demanda. 
Sigue siendo necesario protegerla. 
En este sentido, los países en vías de desarrollo están mejor servidos con un acceso preferencial al mercado de la UE que un comercio libre y desenfrenado. 
Es lamentable que sea precisamente un socialista quien, por naturaleza, cree en una sociedad que puede amoldarse a la voluntad de uno, acepte la liberalización de la agricultura como un fenómeno natural. 
El ponente teme que el apoyo agrícola procedente de la UE pierda su legitimidad a los ojos de la OMC. 
No comparto este temor, porque al igual que en el fútbol no se trata tan solo de la técnica, sino también de la estrategia. 
¡De lo contrario, los franceses nunca hubiesen sido capaces de ganar al equipo neerlandés! 
Lamento que en esta resolución, el Sr. Garot esté trabajando hacia otra reforma: la transformación del apoyo desvinculado en una forma de política rural. 
Por mucho que aplauda la política rural, esta no puede sustituir una política agraria europea. 
El Sr. Garot se equivoca al utilizar la multifuncionalidad de la agricultura europea como una excusa para encontrar una nueva forma de política estructural, una que ha de bombear dinero en una zona sobre la base de la superficie cultivada en lugar del valor de producción. 
Si queremos mantener a la empresa familiar y rechazar las economías de escala ilimitadas, nuestra política ha de ser acorde con ello. 
Ello implica la limitación de las elevadas subvenciones a las empresas y una protección sistemática de las pequeñas y medianas empresas. 
Esto, al menos, es algo que sería útil para el agricultor europeo. 
Señor Presidente, el sector agrario de la Unión Europea se enfrenta a numerosos problemas. 
Los agricultores griegos en particular temen por su futuro. 
Se preguntan si han de seguir cultivando sus tierras o unirse a las colas de parados en las ciudades. 
Sin embargo, no podemos esperar una Grecia fuerte si no salvaguardamos unas regiones fuertes. 
Y unas regiones fuertes significan unos agricultores fuertes. 
Hemos de aplicar una política que asegure a los agricultores unos ingresos decentes para que puedan ser los amos en sus propias tierras; para que tengan empleo, perspectivas, un futuro, un horizonte productivo para sus hijos. 
Unas regiones sin agricultores significan un país sin futuro. 
Garantizar las rentas agrarias a unos niveles decentes no es únicamente una cuestión económica. 
Al mismo tiempo es una enorme cuestión social y moral. 
Por ello hemos de seguir una política agraria organizada que conlleve de forma consistente y constante el refuerzo del sector agrario. 
Es preciso, ahora, sin retraso, que luchemos contra la burocracia, que simplifiquemos los procedimientos para integrar nuevos agricultores en iniciativas comunitarias y alentemos el desarrollo de productos orgánicos con menos papeleo y más apoyo, con apoyo de asesoramiento unánime para los agricultores ofrecido por los agrónomos y veterinarios del Ministerio de Agricultura. 
Hemos de dar a los agricultores griegos el optimismo que no tienen hoy, la fe en que su trabajo tiene futuro y que su futuro está cerca de sus tierras, con perspectivas, con una renta seria y con dignidad. 
–Señor Graefe zu Baringdorf, ¿seguro que pide la palabra para una cuestión de procedimiento? 
– Señor Presidente, hemos celebrado un importante debate sobre la política agraria, pero sin el Comisario Fischler. 
Su ausencia ha suscitado críticas, y es lamentable. 
La Comisión está celebrando una reunión sobre la planificación financiera a medio plazo y para ser justo es preciso que yo, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, deje claro a este Parlamento que creemos que es importante que el Comisario Fischler esté presente en dicha reunión. 
No obstante, lamentamos que se hayan solapado los dos compromisos, cosa que hemos intentado evitar enérgicamente, pero sin éxito. 
Por consiguiente, nos hallamos en la lamentable tesitura de tener que celebrar este debate sin el Comisario Fischler. 
– Gracias, su observación será transmitida. 
El debate sobre el informe Garot se reanudará a las 15.00 horas. 
Vamos a comenzar el turno de votaciones, que, como saben, será interrumpido por una sesión solemne. 
. – Señorías, aunque estoy segura de que no creen ustedes que este reglamento sea importante, me propongo explicarles por qué lo es; tiene por objeto garantizar que los Estados miembros envíen datos fiables sobre sus transacciones financieras a Eurostat cada trimestre. 
Estos datos deben incluir todas las formas de deuda, es decir, no solo todos los préstamos, sino también la deuda estatal general. 
Unas estadísticas fiables como estas tienen por objeto, entre otras cosas, ayudar al Banco Central Europeo a elaborar sus cuentas financieras trimestrales para la eurozona. 
Como dejé claro en la primera lectura de octubre, este reglamento debería haberse elaborado hace tiempo, porque estos datos esenciales, que ahora han de enviarse cada trimestre, tienen una importancia decisiva para el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sobre el cual se basa la estabilidad del euro, algo sobre lo cual han podido ustedes oír diversas cosas. 
Había esperado poder evitarnos una segunda lectura, dado que habíamos obtenido el acuerdo de la Presidencia italiana acerca de algunas enmiendas delicadas, que contaron con la aprobación abrumadora de esta Cámara en la primera lectura. 
Entonces, el reglamento podría haber entrado en vigor antes de finales de 2003, pero no ha sido posible, principalmente porque diversos Estados miembros descubrieron que, a pesar de todo, no habían hecho suficientes preparativos para que los datos necesarios se transfirieran con tanta rapidez. 
En realidad es algo difícil de comprender, pues cabría pensar que los Estados miembros deberían estar interesados en saber cuál es el estado de sus finanzas cada trimestre. 
No obstante, estamos dispuestos a aceptar este enfoque más flexible del envío a fin de evitar más retrasos que podrían producirse si insistiéramos en seguir el procedimiento de conciliación. 
Esto puede haber convenido a aquellos Estados miembros que tienen dificultades en mantener el Pacto de Estabilidad y por ello tienen interés en correr un tupido velo sobre el nivel real de su deuda pública. 
Dado que no queremos hacerles un favor a estos Estados miembros, propongo que aprobemos la posición común. 
– Gracias, señora Lulling. 
Gracias a usted, el Parlamento Europeo está ahora bien informado. 
Le recuerdo que, en virtud del apartado 4 del artículo 110 bis del Reglamento, que se conoce de memoria, tenía usted derecho a dos minutos. 
–Creo que, dado el número de votaciones que todavía tenemos por delante, es razonable concluir aquí esta primera parte. 
Les convoco para la continuación de las votaciones al término de la sesión solemne. 
(1) 
. – Señor Presidente, he presentado la enmienda 8, que incorpora un nuevo apartado 4c, con el fin de obtener el más amplio consenso posible para un informe que merece nuestro apoyo, ya que representa una nueva apertura en nuestra política para con los mercados financieros. 
Quiero cambiar una palabra que dará mayor flexibilidad al informe y hará que sea aceptable para un mayor número de colegas. 
Voy a leer la enmienda: «Pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias, en particular, que efectúe un análisis de coste-beneficio de los efectos en los mercados financieros europeos del establecimiento de un Europeo de Registro competente.» 
Esta palabra sustituye a la de «autoridad». 
El resto se mantiene sin cambios. 
Este cambio comportas la flexibilidad deseada por algunos colegas y espero su respaldo. 
– Muy bien, señor Katiforis. 
Su propuesta se refería pues a la enmienda 8. 
Antes, tenemos que sacar a votación otras dos. 
Cuando lleguemos a la enmienda 8, preguntaré, conforme al procedimiento, si algún diputado se opone a la consideración de su enmienda oral. 
Veo que el Sr. Gollnisch insiste en intervenir. 
Si no se trata realmente de una cuestión de procedimiento, le desconectaré el micrófono inmediatamente. 
– Señor Presidente, si evocar la naturaleza de la disposición del Reglamento por la que esta Asamblea se dispone a escuchar a Jefes de Estado no es una cuestión de procedimiento, entonces no sé qué es una cuestión de procedimiento. 
En todo caso, esta será breve. 
Pienso que entre los Jefes de Estado extranjeros recibidos por nuestro Parlamento, muchos de ellos –empezando por el Sr. Bouteflika– no eran, por decirlo suavemente, representantes de regímenes totalmente democráticos... 
– Señor Gollnisch, se lo advertí. 
No sé a qué artículo del Reglamento se refiere. 
Esto no es una cuestión de procedimiento, es un comentario político y no tiene usted la palabra. 
La actualización y armonización de los regímenes de seguridad social es una cuestión crucial para los Estados miembros y de ahí que sea preciso apoyar las iniciativas que les ayuden a alcanzar estos objetivos. 
El Comité de Protección Social, cuyo objetivo es promover la cooperación sobre políticas de seguridad social entre los Estados miembros, los países candidatos y la Comisión es una de estas iniciativas y por ello le he dado mi voto. 
El Comité ha de supervisar la situación de la seguridad social en los Estados miembros y los cambios en esta situación. Ha de presentar informes, concretamente sobre situaciones de pobreza y de inserción social, ofrecer opiniones, establecer contactos y cooperar con los organismos relevantes en este ámbito. 
Quisiera recalcar que hay que dar una mayor prioridad al papel de Parlamento. 
El comité debería informar al Parlamento de una forma eficaz para que este pudiera seguir esta cuestión y en todas las actividades del Comité de Protección Social ha de tenerse en cuenta la posición del Parlamento. 
Por último, quiero recalcar que hay que respetar el equilibrio de género en la composición de las Delegaciones del Comité. 
Esta enmienda sobre el Comité de Protección Social, creado por Consejo el 29 de junio de 2000, se refiere básicamente al procedimiento. 
Fue el resultado de la entrada en vigor del Tratado de Niza, el 1 de febrero de 2003, en particular por la nueva base jurídica prevista en el artículo 144 del mismo, en que la Comisión y el Parlamento aprovecharon la oportunidad de efectuar algunos cambios al enfoque que habían adoptado previamente. 
Una de las propuestas aprobadas por el PE y que presenté en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales quiere garantizar que el informe conjunto sobre protección social prestará «una especial atención a las situaciones de pobreza y a la evolución de la inserción social en los Estados miembros de la Unión Europea y en los Estados adherentes». 
Asimismo se han aprobado propuestas cuyo objetivo es integrar la dimensión de género de manera transversal en los cometidos del comité, e informar de problemas específicos a los que se enfrentan las mujeres, en particular por lo que respecta a la feminización de la pobreza y a la evolución de los modelos familiares. 
Por ello creo que es importante establecer indicadores desglosados por sexo y centrarse en el individuo más que en la unidad familiar. 
El Tratado de Niza prevé la creación de un Comité de Protección Social, con un estatuto consultivo, para promover la cooperación en el ámbito de las políticas de protección social entre los Estados miembros y entre estos y la Comisión. 
Un Comité de Protección Social, con un estatuto y unos objetivos similares fue creado por una decisión del Consejo del 29 de junio de 2002, y ha funcionado desde dicha fecha. 
Por ello, el objetivo del presente informe tiene que ver esencialmente con el procedimiento: crear el comité de acuerdo con la nueva base jurídica. 
No obstante, hemos de aplaudir el hecho de que este comité también asuma las tareas de supervisar la situación social, promover el intercambio de buenas prácticas y establecer contactos adecuados con los gestores y los trabajadores. 
Igualmente positivo es que se pida la elaboración de un informe anual sobre protección social y que este se presente al Consejo y al Parlamento. 
En este sentido, creemos que es preciso establecer un proceso de información eficaz al Parlamento a fin de permitirle supervisar regularmente las cuestiones de protección social, en particular las que están relacionadas con la pobreza. 
Por estas razones, este informe ha merecido mi voto. 
Como saben ustedes, el Tratado de Niza prevé la creación de un Comité de Protección Social, con un estatuto consultivo, para promover la cooperación en el ámbito de las políticas de protección social entre los Estados miembros y entre estos y la Comisión. 
Un Comité de Protección Social, con un estatuto y unos objetivos similares fue creado por una decisión del Consejo del 29 de junio de 2002, y ha funcionado desde dicha fecha. 
Por ello, el objetivo del presente informe tiene que ver esencialmente con el procedimiento: crear el Comité de acuerdo con la nueva base jurídica. 
No obstante, hemos de aplaudir el hecho de que este Comité también asume las tareas de supervisar la situación social. 
Mejorará el intercambio de buenas prácticas y establecerá unos contactos adecuados con los gestores y los trabajadores. 
Asimismo aspirará a un compromiso más estructurado con ONG y prestará una especial atención a cuestiones relacionadas con la pobreza. 
Saludo la propuesta del ponente de solicitar la elaboración de un informe anual conjunto y presentarlo al Consejo y al Parlamento Europeo. 
Dicho informe habrá de incluir un capítulo específico que contenga los puntos de vista del Parlamento sobre cuestiones de protección social. 
Deberá establecerse un proceso de información eficaz para permitir que el Parlamento Europeo siga las cuestiones de forma regular y asimismo es preciso informar y consultar a los países candidatos. 
Por supuesto, he votado a favor. 
En las últimas décadas han tenido lugar diversos desastres medioambientales, incluyendo el hundimiento del, frente a las costa de Galicia, que ha tenido consecuencias terribles en términos de contaminación marítima. 
Hay una clara necesidad de cooperación internacional, porque ningún Estado puede combatir por sí solo las consecuencias de un gran accidente de contaminación marítima, y el objetivo de esta cooperación ha de ser evitar y combatir eficazmente esta contaminación. 
Por ello apoyo la conclusión por parte de la Comunidad de este Protocolo sobre cooperación para combatir la contaminación del mar Mediterráneo, uno de los protocolos del Convenio de Barcelona (una iniciativa regional firmada por 14 países mediterráneos). 
Dado su largo litoral, Portugal no podrá nunca dejar de apoyar cualquier iniciativa que promueva la cooperación internacional con el objetivo de evitar y combatir la contaminación marítima. 
No hay problema alguno en lo que respecta a la compatibilidad de la iniciativa con la legislación comunitaria, porque es incluso más rigurosa que el Protocolo, dado que la Comunidad ha intensificado y reforzado su acción para prevenir y combatir la contaminación marítima. Un ejemplo es la serie de iniciativas que hemos aprobado aquí durante el último periodo parcial de sesiones. 
. – He votado a favor del informe porque es imperativo luchar de forma implacable y coordinada contra todas las formas de contaminación en el mar Mediterráneo. 
El mar Mediterráneo es blanco a diario de los canallas del mar, que lo tratan como si fuera el cubo de la basura. 
No olvidemos que, cada año, se vierten deliberadamente al mar más de 6 millones de toneladas de residuos contaminantes. 
Por otra parte, apoyo las medidas europeas avanzadas en el ámbito de la seguridad marítima a raíz del naufragio del. 
No obstante, hay que proseguir el esfuerzo sin tregua, a fin de evitar que se produzcan nuevas catástrofes y que los hombres, la fauna y la flora paguen su tributo. 
Esta lucha contra la contaminación debe ir acompañada de una auténtica política preventiva que parta desde el principio. 
Debe reforzarse la cooperación entre las policías marítimas de los distintos Estados costeros y el control por el Estado del puerto. 
La lucha contra los contaminadores del mar debe ser más eficaz e ir acompañada de severas sanciones, debiendo asumir cada parte implicada en la cadena del transporte de mercancías la responsabilidad que le corresponde. 
Para concluir, pido a los Estados miembros que aún no hayan ratificado este Protocolo que lo hagan lo antes posible. 
Considero positivas las medidas que aspiran a lograr una cooperación internacional más estrecha para combatir la contaminación marítima. 
Los terribles accidentes que han tenido lugar en las últimas décadas demuestran que ningún Estado es capaz de combatir por sí solo las consecuencias de un gran accidente de contaminación marítima. 
Portugal, al igual que los demás Estados miembros de la Unión Europea que no forman parte de la región mediterránea, no es parte en este convenio regional ni en cualquiera de los ocho protocolos adicionales. 
De conformidad con el artículo 29 del Convenio de Barcelona, un país ha de ser parte del Convenio para firmar cualquiera de los Protocolos. 
Estas iniciativas regionales incluyen la estrategia de las Naciones Unidas para aplicar la Convención de Montego Bay (la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar) y encuentran un contrapunto en el Acuerdo de Lisboa para la protección del Atlántico del noreste. 
No obstante, como todo el mundo sabe, el Acuerdo de Lisboa no ha entrado en vigor porque no ha sido ratificado por España ni por Marruecos, debido a la disputa sobre la delimitación de fronteras entre estos dos países. 
. 
El Parlamento fue llamado a pronunciarse sobre las medidas de control aplicables en virtud del Convenio sobre la futura cooperación multilateral en las pesquerías del Atlántico Noreste, asegurando un amplio programa de supervisión e inspección que permita la explotación sostenible de los recursos en la zona cubierta por este convenio internacional. 
Con el informe Stevenson ante nosotros, el Parlamento pide a la Comisión que sea más coherente a la hora de gestionar la pesca sostenible, exigiendo una aclaración de las competencias comunitarias en el ámbito de la supervisión y la inspección. 
El informe pide asimismo que se ofrezca más información sobre los costes de los servicios de supervisión e inspección que operan en los Estados miembros. 
El Convenio sobre la futura cooperación multilateral en las pesquerías del Atlántico Noreste (NEAFC) prevé un mecanismo para garantizar la supervisión y la inspección de los caladeros. 
La Unión Europea optó por repartir esta tarea entre la Comisión y los Estados miembros. 
Sin embargo, en la práctica, esta situación ha provocado problemas en la aplicación, y algunas limitaciones, que cabe esperar cuando se reparten las responsabilidades. 
Sin rechazar por completo el sistema elegido por la UE, el Parlamento ha de ejercer presión para garantizar una mayor aclaración de las competencias de cada parte, por un lado la Comisión y por otro los Estados miembros. 
Tal aclaración puede implicar la creación de una Agencia de Inspección Comunitaria. 
– Señora Stihler, como este informe se rige por el artículo 110 bis del Reglamento, en principio, las explicaciones de voto solo pueden efectuarse por escrito. 
Pero si realmente insiste, como he comedido el error de conceder la palabra al Sr. Fatuzzo, que se encontraba en el mismo caso que usted, le daré la palabra con mucho gusto. 
– Señor Presidente, respecto al informe Kindermann, muchos de mis electores están preocupados por la matanza innecesaria de delfines y marsopas en los mares europeos. 
Es hora de que actuemos con celeridad. 
Por eso el informe Kindermann es tan importante. 
Estoy seguro de que estas medidas marcarán la diferencia: una restricción general sobre la longitud de las redes fijas en el Mar Báltico a partir del 1 de julio de 2004, una mayor reducción de la pesca con redes fijas a partir del 1 de enero de 2007; el uso obligatorio de dispositivos disuasorios acústicos y la introducción de un sistema integral para el control de los niveles de delfines y marsopas. 
Estas políticas muestran por qué es tan importante tener una política de pesca común y si estas medidas pasan a formar parte de esta política, vamos a disponer de toda la fuerza de la ley en todos los 25 Estados miembros. 
Esto demuestra cuán importante es la Unión Europea y la ampliación hacia el este de Europa para todos a quienes nos preocupa el medio ambiente. 
El objetivo del reglamento es reducir la captura accidental de cetáceos como los delfines y las marsopas en las redes de pesca, que constituye una amenaza para la conservación de esta especie. 
Bien es cierto que no existen suficientes datos para poder hacer un cálculo exacto del número de capturas accidentales de cetáceos en las redes de pesca y del impacto de estas capturas sobre las poblaciones. 
Sin embargo, hay documentos científicos que demuestran que la mayoría de las redes de pesca que suelen utilizarse en Europa son responsables de algunas de las capturas accidentales de cetáceos. 
Estableciendo nuevas medidas diseñadas para combatir las capturas accidentales de cetáceos, esta propuesta de reglamento no solo ofrece una respuesta a los documentos científicos, sino que también aporta una importante contribución a la hora de erradicar las capturas de cetáceos cuya conservación se vería de lo contrario amenazada. 
Por ello he votado a favor. 
Apoyo esta propuesta de reglamento que intenta establecer medidas para combatir la captura accidental de cetáceos como los delfines y las marsopas, durante las actividades de pesca, con la correspondiente enmienda al Reglamento (CE) 88/98. 
De hecho, aunque la conservación de los cetáceos sea objeto de protección de la Directiva «Hábitats» , las medidas que contiene no han demostrado ser suficientes para garantizar un nivel de protección adecuado. 
Dado que los problemas más graves parecen ser causa de las redes de enmalle y de las redes de deriva, creo que sería adecuado establecer reglas y límites en relación con el uso de estas artes de pesca, y por ello apoyo las propuestas presentadas para tal fin. 
No obstante, y a pesar de los resultados de algunos documentos científicos, lamento el hecho de que no haya datos más detallados que permitan realizar un cálculo exacto del número de capturas accidentales de cetáceos, y la Unión Europea ha de esforzarse por remediar urgentemente esta falta de información. 
De hecho hemos de lograr datos fiables sobre las unidades de poblaciones y sobre las capturas accidentales de cetáceos en diferentes caladeros y en una fase posterior, preparar medidas de conservación de mayor alcance. 
He votado a favor de esta propuesta de la Comisión, cuyo objetivo es la protección de los arrecifes de coral de aguas profundas contra los efectos de la pesca de arrastre en una zona al noroeste de Escocia. 
La integración de los requisitos medioambientales en la política pesquera común también implica adoptar medidas diseñadas para minimizar el impacto de la pesca sobre los ecosistemas marinos. 
Recientes informes científicos han demostrado que algunos hábitats de aguas profundas necesitan protección contra la erosión mecánica provocada por las artes de pesca. 
Por ello apoyo la prohibición de la Comisión sobre el uso de estas redes de deriva en los. 
La adopción de esta medida conllevará importantes ventajas medioambientales, sin tener un impacto importante sobre el sector pesquero, porque los pescadores podrán seguir utilizando redes de deriva fuera de la zona de pesca que contiene los, o dentro de la zona protegida, utilizando redes de arrastre que no entran en contacto con el lecho marino. 
. –El informe Attwooll sobre la protección de los arrecifes de coral de los Darwins Mounds contra los efectos de la pesca de arrastre ha perdido su carácter discriminatorio y desproporcionado en tres aspectos decisivos, gracias a las enmiendas que presenté en la Comisión de Pesca y que han sido aprobadas. 
La Comisión quería prohibir la utilización de redes de arrastre de fondo mucho más allá del área de distribución de los Darwins Mounds. 
El texto se refiere ahora al informe del ACE de 2002 para definir dicha área, que abarca de hecho dos zonas distintas, diez veces menos amplias que la delimitada por la Comisión. 
Se acusaba a las redes de arrastre de fondo de destruir sistemáticamente los corales. 
Ahora se establece que las medidas previstas deberán aplicarse exclusivamente a las «redes de pesca susceptibles de provocar verdaderos daños» , evitando amalgamas. 
Por último, se exige la participación en el proceso de toma de decisiones de las partes interesadas y de los consejos consultivos regionales dirigidos por profesionales de la pesca. 
Pero la cuestión de la incertidumbre jurídica y económica que acarrea la aplicación de la Directiva Hábitats en las aguas europeas se plantea de nuevo en relación con las nuevas prohibiciones de la Comisión con respecto a la pesca de arrastre en varios sectores en torno a las Azores, Madeira y las islas Canarias. 
En la visión que tuve, señor Presidente, el Sr. Pannella era condenado a hacer una huelga sobre una huelga de hambre, es decir que le habían condenado a comer, a comer y engordar cada vez más. 
Entonces el Sr. Pannella me dijo: «¡Por favor, despiértese señor Fatuzzo, para usted es un sueño, estaba soñando, pero para mí es una pesadilla!» 
Por ello tuve que votar a favor del informe para proteger al pobre Sr. Pannella. 
Las regiones ultraperiféricas (RUP) tienen unas condiciones estructurales y socioeconómicas específicas, que se traducen en desventajas económicas permanentes, incluida la dependencia económica de algunos productos y un limitado acceso a los mercados. 
Sus actividades económicas se basan principalmente en el turismo, la agricultura y la pesca, como es el caso de la Región Autónoma de las Azores y de Madeira. Por ello, este informe de propia iniciativa, que creo es muy positivo, es importante. 
Estoy de acuerdo con la necesidad de garantizar que el apartado 2 del artículo 299 del Tratado de la CE constituya la base jurídica para todas las medidas relacionadas con las RUP, incluyendo el sector pesquero. Asimismo estoy de acuerdo con la importancia del régimen de compensación para los costes adicionales incurridos en la comercialización de ciertos productos pesqueros y con el aumento del presupuesto de los programas POSEI. 
Asimismo es preciso mantener la ayuda para la renovación y modernización de la flota local, para incrementar la elegibilidad de nuevas especies y para la participación activa de los pescadores en la política pesquera común. 
Sin embargo, el requisito más apremiante para mantener el sector pesquero en las RUP tiene que ver con la gestión de los recursos pesqueros, garantizando que tan solo las flotas locales puedan pescar en su zona económica exclusiva, como aboga la ponente, hasta cierto punto, en el apartado 12. 
Hemos de obtener una información detallada sobre el estado de los recursos pesqueros en las RUP, en especial del pez espada negro. 
Este informe se basa en la premisa de que la política pesquera común (PPC) no presta la debida atención a los intereses específicos de las regiones ultraperiféricas. 
La ponente cree con razón que, en muchos sentidos, existe un conflicto entre la PPC por un lado, que se planificó teniendo en cuenta los intereses de la Europa continental y aplicada a las regiones ultraperiféricas debido a su estatuto como una parte integral de la Comunidad y, por otro, las necesidades específicas de las regiones ultraperiféricas originadas por las circunstancias geográficas, económicas y sociales que las caracterizan. 
Cabría añadir que la reforma de la PPC tampoco ha logrado tomar debida cuenta de las necesidades de las regiones en cuestión. 
En este contexto hemos de establecer diversas prioridades reflejadas en diversas medidas de apoyo, que merecen nuestra atención. 
En primer lugar, aumentar la elegibilidad de nuevas especies de peces de las regiones ultraperiféricas y mantener la ayuda para la construcción de nuevos barcos después de 2006. 
A continuación, aumentar, con carácter de urgencia, la investigación científica sobre los recursos pesqueros y por último crear zonas de pesca reservadas exclusivamente a los pescadores locales. 
He votado a favor para apoyar esta política coherente, que intenta satisfacer las necesidades de las regiones ultraperiféricas. 
Estoy de acuerdo con este informe de propia iniciativa que plantea la cuestión del impacto de la política pesquera común (PPC) sobre las regiones ultraperiféricas de la UE. 
Como señala con razón la ponente, apoyada por el apartado 2 del artículo 299 del TCE, debido a factores como el clima, la topografía, la ubicación geográfica, la pequeña superficie, el aislamiento y la dependencia económica de un pequeño número de productos, las regiones ultraperiféricas tienen unas condiciones estructurales, sociales y económicas muy específicas. 
Por ello comparto la opinión de la ponente, que recalca que la adaptación de la PPC a las necesidades de estas regiones ultraperiféricas ha de hacerse de forma sistemática y que es muy necesario definir una política coherente y estructurada en este ámbito, 
Es preciso otorgar ayuda financiera a aquellas regiones como un medio de compensar los costes adicionales incurridos en la comercialización de sus productos pesqueros y es preciso utilizar mejor los fondos previstos. 
Asimismo aplaudo la idea de establecer un observatorio de pesca en cada región ultraperiférica, tanto para supervisar las actividades pesqueras como para garantizar una mejor protección de los recursos pesqueros y del medio ambiente. 
Señor Presidente, estamos hablando de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, entre cuyos miembros se encuentran, como sabe usted, las Bahamas. 
En 1965 me encontraba en Nassau, la capital de las Bahamas; 
Paradise Island, un lugar de ensueño para los turistas de las Bahamas. 
Era algo más joven de lo que soy ahora; en el mar me encontré con un joven bahamiano que me dijo: «Me he enterado de que serás diputado al Parlamento Europeo y yo seré Presidente de la Asamblea Parlamentaria Paritaria». 
«Entonces» , le dije, «asegúrate de pensar en los jubilados, también los jubilados de los Estados miembros que representarás, y recuerda crear un Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente». 
Es algo que hizo, y así pues he votado a favor. 
. – Por supuesto, hemos votado en contra de este informe sobre la llamada Asamblea Parlamentaria «Paritaria» ACP (África, Caribe y Pacífico) – Unión Europea, que no es más que la fachada seudoparlamentaria de unas relaciones desiguales y, de hecho, del pillaje de estas regiones del Tercer Mundo por parte de las potencias imperialistas europeas. 
Al igual que la ponente, aplaudo la aprobación y la aplicación por parte de la Asamblea Parlamentaria Paritaria (APP) de su Reglamento modificado, que aspira a racionalizar sus actividades. 
Particularmente importante es la creación de tres comisiones permanentes que podrían ayudar a la Asamblea a convertirse en una verdadera asamblea parlamentaria. 
Creo que la atención que ha dedicado la APP a los derechos de los niños y en especial los niños soldado, es loable, así como la influencia positiva que ha tenido su informe sobre esta cuestión en el Consejo, que ha hecho posible la adopción de directrices estratégicas sobre el uso inaceptable de los niños en los conflictos armados. 
Sin embargo, he de expresar mi frustración por la incapacidad de la APP de ejercer una influencia positiva sobre la situación en Zimbabwe. 
La APP tiene que aspirar a ser más eficaz y eficiente a la hora de prevenir los conflictos, estar más activamente implicada en el control de los procesos electorales y de democratización, y promover la implicación de la sociedad civil en el trabajo de la Asamblea Paritaria y sus comisiones permanentes cuando la APP se reúne en los países ACP. 
A pesar de mis reservas que proceden de la convicción de que la APP podría ser más ambiciosa en estos ámbitos, comparto el punto de vista de la ponente de que estos desarrollos son muy positivos. 
Por tanto, he votado a favor. 
Ayer, señor Presidente, cerré los ojos durante unos instantes para pensar cómo explicaría mi voto a favor del informe Bowis sobre la prevención y el control de enfermedades. 
Con los ojos cerrados, vi que el Sr. Bowis, en la próxima legislatura, se había convertido en Comisario de Sanidad de la UE y, con su habitual dedicación y capacidad profesional, había logrado conseguir una enorme iniciativa financiera y organizativa para prevenir muchísimas enfermedades a los ciudadanos de la UE, reduciendo así el gasto en sanidad en toda Europa, así como las pensiones de invalidez, sin necesidad de reducir el presupuesto para las pensiones y de este modo perjudicar a los jubilados. 
Es por ello –en la esperanza de que esto suceda realmente– que he votado a favor de este informe. 
Los Moderados creemos que una de las tareas de la Unión Europea consiste en prevenir las epidemias de enfermedades infecciosas graves y, cuando se producen, coordinar la respuesta. 
Dada la libertad de movimiento dentro de la UE y las maneras rápidas de transmitir infecciones a través de sus fronteras, un Centro Europeo podría emprender rápidamente acciones para reducir y limitar los efectos y la propagación de brotes de enfermedad. 
Creemos que no es adecuado ampliar la competencia del Centro para incluir cuestiones de salud pública generales. 
Creemos que las propuestas de la Comisión sobre puntos importantes son mejores que las propuestas del Parlamento, y es por ello por lo que hemos optado por apoyar las propuestas de la Comisión. 
. Apoyo plenamente el informe del ponente, que expone la necesidad de crear un Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades en el territorio de la Unión Europea. 
Este centro se fundará con el presupuesto de la Unión Europea y se creará el año que viene. 
Como sabemos, existe una Red de Enfermedades Transmisibles de la Unión Europea que funciona desde 1999. 
Ha canalizado una cooperación esporádica entre Estados miembros cuando toman medidas contra las epidemias y otros riesgos para la salud. 
Un ejemplo de ello sería la cooperación que se puso en práctica en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea relativa a la lucha contra el SRAS al año pasado. 
Sin embargo, varios estudios han revelado las limitaciones a largo plazo de este acuerdo. 
Sabemos que las enfermedades como el sida, la malaria y la meningitis no tienen fronteras. 
Se propagan con creciente facilidad en todo el mundo debido a la movilidad de la población y a la expansión del comercio. 
Solo una acción concertada entre los países tanto de fuera como de dentro de la Unión Europea puede esperar comprobar estos peligros con eficacia. 
El objetivo del nuevo centro es superar los problemas de los acuerdos actuales y desarrollar y ejecutar proyectos con mayor coherencia en todos los territorios de los que van a ser los 25 Estados miembros de la UE. 
. 
Felicito al Sr. Bowis por su excelente informe sobre la propuesta de un reglamento del Parlamento y del Consejo por el que se crea un Centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades, que cuenta con mi apoyo, especialmente porque ha sido ideado para mejorar la comunicación, la coordinación y la cooperación con la Redes de Vigilancia Específica. 
Crear un Centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades permitirá a la UE elaborar un plan a largo plazo para la salud pública, responder rápidamente a las epidemias y reaccionar con eficacia a cualquier posible brote u otro incidente, sin equipos en diferentes Estados miembros que dupliquen el trabajo. 
Creo que las enfermedades transmisibles constituyen una amenaza sumamente grave para la salud de los ciudadanos y por ello apoyo la propuesta de la Comisión de aumentar los recursos para controlar eficazmente estas enfermedades, concretamente creando un Centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades, que deberá reunir a epidemiólogos, expertos en salud pública, microbiólogos, especialistas en logística y médicos. 
La Unión Europea ha de procurar mejorar la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros a la hora de controlar las enfermedades. 
El caso del virus de la neumonía atípica (Síndrome Respiratorio Agudo) ha evidenciado esta necesidad. 
Por consiguiente es crucial crear sinergias entre los centros nacionales de control de enfermedades, asegurar la vigilancia epidemiológica, crear redes de laboratorios, elaborar dictámenes científicos y disponer de una entidad que, a escala europea, pueda proporcionar asistencia técnica necesaria y la información sobre amenazas contra la salud, y preparación para las emergencias sanitarias. 
Estoy de acuerdo con la sugerencia de que este centro tenga un presupuesto de reserva que le permita afrontar situaciones imprevistas. 
Este centro habrá de crearse en torno a la Red Comunitaria de Enfermedades Transmisibles que comprende los organismos nacionales designados como responsables de las enfermedades transmisibles en los Estados miembros. 
He votado a favor. 
Señor Presidente, una de las razones por las que nos hemos abstenido en la votación sobre esta propuesta de resolución fue porque en ella no encontramos la más mínima mención de la grave discriminación contenida en la legislación eslovena sobre indemnizaciones, legislación que penaliza a los refugiados y a sus hijos por los terribles sucesos que tuvieron lugar en el periodo de posguerra en estos países. 
Hoy, 10 de febrero, se ha celebrado por segunda vez un día de recuerdo en nuestro país. 
También en nombre de un diputado al Parlamento Europeo, el Sr. Gobbo, presente aquí, quiero recordar la huída de 350.000 de nuestros compatriotas que fueron expulsados de sus países y, sobre todo, el sacrificio y la tragedia de las más de 10.000 personas lanzadas –en muchos casos cuando aún estaban vivas– a cuevas y cunetas en estos países: una tragedia que afecta a los istrianos, giuliano-dálmatas y fiumanos, y que sigue presente en la experiencia vivida y el sufrimiento de estos países; una tragedia que Europa debería recordar y conmemorar. 
Es otro holocausto que recuerda las tragedias del totalitarismo del pasado siglo. 
Nosotros los diputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado contra la propuesta de resolución sobre la 60ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU porque, en términos generales, la resolución proclama que la UE es el juez «honesto» del respeto de los derechos humanos, pero no dice nada sobre las flagrantes violaciones de los derechos humanos dentro de la UE: persecución de sindicalistas, archivos electrónicos, control de la vida personal so pretexto de combatir el terrorismo, infracción de los derechos de vivienda y trabajo e igualdad de acceso a la atención sanitaria, la educación y el bienestar social, anulación de la integridad física y la vida en el lugar de trabajo para conseguir mayores beneficios, etc. 
Y: 
-la resolución critica a la Comisión de Derechos Humanos por haberse politizado, implicando evidentemente que el rechazo por parte de la mayoría de sus miembros de satisfacer las exigencias de la UE y de los EE UU de condenar a Estados y servir precisamente sus conveniencias políticas (Cuba, China, Corea del Norte, Vietnam, Belarús, etc.); 
-evita disparar contra los EE UU, cuando las ejecuciones y las flagrantes violaciones de los derechos humanos son el pan nuestro de cada día; 
-propone un juicio «justo» para Sadam Husein, mientras que no solo no propone un juicio contra Bush, Blair y sus cómplices, sino que además los proclama garantes de la justicia; 
-los derechos humanos son «explotados» una vez más para preparar el terreno para la PESC, es decir, la intervención militar. 
. 
La cuestión de los derechos humanos es una que nunca nos deja indiferentes, aunque ello no nos otorga el derecho de dar lecciones de derechos humanos. 
Sin embargo, nos da suficiente autoridad moral para negarnos a aceptar los criterios de otras personas de determinar si la conducta en el ámbito de los derechos humanos es buena o mala. 
Nuestra abstención, lejos de ser una muestra de indiferencia, quiere mostrar lo importante que es para nosotros la cuestión de los derechos humanos y cómo no aceptamos que se aprueben resoluciones basadas en ideología de mercado y conceptos afines, en que algunos países se mencionan y otros no, en que parece haber hijos predilectos y ovejas negras... mientras que no hay hijos pródigos – ¡ni pensarlo! – en el ámbito de la competitividad y la productividad. 
Asimismo nos negamos a aceptar la cortina de humo de las indemnizaciones, en que la inclusión de algunos compensa la mera referencia a otros. 
Esto explica nuestro voto. 
La delegación de los conservadores británicos apoya firmemente los derechos humanos legítimos y la necesidad de que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adopte una posición sólida para superar los abusos en muchas partes del mundo. 
Por consiguiente, acogemos con satisfacción numerosos aspectos de la resolución, en particular la preocupación expresada sobre la falta de acciones con respecto a Zimbabwe. 
Sin embargo, no apoyamos la declaración unilateral respecto a la situación en Oriente Próximo, que no menciona el terrorismo atroz contra los israelíes; la actitud carente de realismo y ampliamente adversa a las medidas enérgicas contra el terrorismo; o la aprobación incuestionable del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
Por lo tanto, nos hemos abstenido en la votación de esta resolución. 
Señor Presidente, el Sr. Katiforis presenta un informe sobre la función y los métodos de las agencias de calificación crediticia. 
También en este caso, cuando cerré los ojos, vi que el Sr. Katiforis corría y corría y se quedaba sin aliento. 
«¿Por qué corres de este modo? », le pregunté. 
Y el me respondió: «Corro para llegar a presentar mi informe antes del colapso de Parmalat en Italia. 
Fatuzzo, tú conoces al Sr. Mennea. Dile que coja el informe sobre la calificación crediticia porque sin duda correrá más rápido que yo, siendo como es un corredor olímpico de Moscú, y por tanto llegará para presentar y conseguir que se aprueba antes de que Parmalat se hunda». 
Lamento decir que era un sueño que no se realizó: el Sr. Katiforis no consiguió presentar su informe y que se aprobara antes del crac del. 
. 
Recientes escándalos financieros, como Enron y Parmalat, son una nueva prueba de las consecuencias de la liberalización de los mercados de capital y del papel de las agencias de evaluación que otorgaban un certificado de buena salud a la solvencia de estos gigantes transnacionales, a pesar de que no revelaban información alguna sobre sus actividades. 
Ello solo pudo ocurrir porque las agencias de calificación crediticia son un producto del sector privado, un producto autorregulador del mercado que crea mecanismos para evaluar la solvencia de entidades que se financian a sí mismas recogiendo dinero de terceras partes, como las empresas que cotizan en bolsa e incluso Estados, en cuando a la emisión de la deuda pública. 
Las agencias de calificación crediticia tienen un gran poder en el mercado financiero, puesto que la calificación crediticia es una condición legal de elegibilidad para las carteras de inversión. 
Además, su «mercado» está altamente concentrado y las agencias más grandes, dos de las cuales tienen su sede en EE UU –una de ellas dio una calificación positiva a Parmalat– funcionan como una oligarquía. 
Como un instrumento de autorregulación, las agencias de calificación crediticia sirven para ampliar la liberalización de los mercados de capital. 
Para convertirlas en una entidad reguladora esencial, deberían ser reguladas por organismos públicos dentro del marco de la legislación y la jurisprudencia nacional. 
El informe consigue formular preguntas y hacer diagnósticos, pero no prescribe ningún remedio, lo cual solo sirve para alentar estos instrumentos autorreguladores. 
La cuestión es más política que técnica, y, políticamente hablando, el producto final justifica nuestro voto en contra. 
Sabiendo que iba a votar sobre las actividades de los servicios públicos en los países en vías de desarrollo –y dije que votaría a favor– muchos pensionistas que me escucharon en Milán, el pasado sábado, me pidieron que debatiera la posibilidad de asegurar que, en las intervenciones de la Unión Europea en países en vías de desarrollo sobre cuestiones relacionadas con los servicios públicos, se mejoren los regímenes de pensiones en dichos países, dado que no conseguimos dar más a los pensionistas en Italia y en Europa, ni, sobre todo, hacer lo posible por asegurar que las viudas reciban el 100% de las pensiones de sus difuntos maridos y que todos los que trabajan tengan el 120% de sus salarios finales. 
. – El ponente reconoce que la privatización de las empresas del Estado y los servicios públicos en los países pobres, privatización querida e impuesta por el gran capital occidental y por los Estados que defienden sus intereses, ha contribuido a aumentar la pobreza en el Tercer Mundo. 
Ahora que la Comisión Europea, que figura entre los garantes de los intereses de los grandes inversores europeos, parece preconizar formas más diversificadas de privatización dentro y en contra de esos países pobres, el ponente se alía abiertamente con ella. 
Pues bien, nosotros por nuestra parte no lo haremos. 
Estamos, por principio, en contra de la privatización abierta o solapada de los servicios públicos, porque siempre y en todas partes se traduce en una degradación de las condiciones de vida de la población. 
Y en los países pobres, esta degradación drástica de las condiciones de vida, e incluso de supervivencia, de la población es tanto más indignante cuanto que se dirige, y el ponente lo reconoce, a privar a pueblos que se cuentan ya entre los más pobres del planeta de lo poquísimo que tienen, y ello en exclusivo beneficio de las multinacionales occidentales que se ahogan en beneficios. 
– Para los economistas, las importantes empresas internacionales generadoras de beneficios, con base en Europa, América o Japón, con frecuencia constituyen la referencia para los países en desarrollo, que prosperarían automáticamente si estas empresas tuviesen la libertad de asumir las actividades generadoras de pérdidas y exportar materias primas. 
Este supuesto es estrecho de miras. 
Durante siglos, la economía en estos países estaba controlada por el norte, como consecuencia de lo que se vieron obligados a producir productos baratos para el mercado de países ricos, en detrimento de su economía interior y del suministro de servicios a su propio pueblo. 
En gran medida, tras la eliminación del gobierno colonial, han tenido que desarrollar y ampliar por sí mismos la dotación en los campos de la educación, la atención sanitaria, el transporte público, la construcción de viviendas, los servicios postales, la electricidad, el agua potable, la telefonía y el saneamiento. 
En general, los elevados costes de desarrollo y las bajas expectativas de beneficios han implicado que estos sectores no atrajesen inicialmente a las empresas privadas extranjeras. 
Además, hemos observado que, en los siglos XIX y XX, el desarrollo temprano de la industria en Japón solamente fue posible gracias a las empresas estatales que se privatizaron una vez que pasaron a ser rentables. 
Por este motivo fue útil que la Comisión de Desarrollo y Cooperación no solo considerase la privatización y la total liberalización, sino también el suministro de servicios, la reducción de la pobreza, las pequeñas empresas, las cooperativas y un papel sostenible para las iniciativas del gobierno. 
Es lamentable que el pleno de hoy haya visto a los Demócrata-Cristianos defendiendo en forma de mayoría estos instrumentos contra la pobreza y el subdesarrollo. 
. 
Los esfuerzos del ponente en esta aparente «misión imposible» por dar a las palabras su verdadero significado son dignos de alabanza. 
El término «cooperación» significa respaldar el desarrollo de las empresas en terceros países, tal como se sugiere en el título de la primera comunicación que estableció la base para el informe; también significa reformar las empresas propiedad del Estado, que constituyen la base de los servicios públicos en estos países, y la necesidad de evaluar todas las soluciones posibles, tal como se sugiere en el título de la segunda. 
Sin embargo, este apoyo es presa del predominante concepto de empresas que solamente puede regular el mercado, que ha adoptado la estrategia predominante de ajustes estructurales, cuya única solución posible es el desmantelamiento y la privatización de los servicios públicos. 
El ponente cuestionó los conceptos ideológicos y planteó preguntas desde una perspectiva no estrictamente comercial. 
Es significativo que hiciese referencia al suministro y el tratamiento del agua, la educación y los servicios sanitarios que, en su opinión, deberían ser responsabilidad del Estado y de las autoridades locales. 
Para los inversores locales y las PYME, en el caso de la privatización, proceder con prioridad con la propuesta de que las empresas transnacionales inviertan anualmente el 0,7 % de su volumen de negocios o el 5% de sus beneficios netos en nuevas inversiones, como proyectos de compensación en estos países cada año, en el contexto en el que vivimos, roza la provocación. 
Así trataron este informe las fuerzas políticas que se sintieron provocadas por la presencia de un ponente que presentaba alternativas para mejorar lo que parecía irreparable. 
Tras haberse aprobado en el pleno, en un principio, las propuestas de los Demócrata-Cristianos presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos, mejorando así considerablemente el contenido del informe, he votado a favor de este en la votación final. 
La lucha contra la pobreza es el principal objetivo de la política de desarrollo de la UE. 
La historia demuestra que los monopolios del Estado han conducido con frecuencia a la ineficacia económica, la mala gestión, la corrupción y la injusticia en los países en desarrollo. 
Especialmente en el caso de los servicios para beneficio de todos, como son el suministro de agua y energía, además de la educación y la salud, el sector estatal ha fracasado en la mayoría de estos países. 
Por lo tanto, las reformas en este sector pueden contribuir a la mejora y el crecimiento. 
Esto se muestra claramente en el informe a través de varias enmiendas emitidas por nosotros en el Grupo PPE-DE. 
Por lo tanto el informe está en línea con la evaluación de la Comisión de que la lucha contra la pobreza solamente puede asumirse de forma seria a través de la consideración objetiva de todas las alternativas de reforma con vistas a aumentar el crecimiento económico y la lucha contra la corrupción. 
Las situaciones monopolísticas, ya sean públicas o privadas, deben ser reemplazadas por la competencia y la diversidad con vistas a aumentar la justicia y a una mejor gestión económica. 
Debe haber claras normativas de marco legal como garantía del derecho a los servicios en beneficio de todos. 
Las pequeñas empresas pueden funcionar como importantes motores del crecimiento en los países en desarrollo y por lo tanto deben recibir respaldo financiero y a través de la ayuda técnica. 
Se han producido demoras en la transposición de esta directiva en la legislación nacional de algunos Estados miembros, lo que demuestra los problemas que ha generado su aplicación, especialmente en la industria. 
Esto ha llevado a la Comisión a embarcarse en un amplio proceso de consulta con todas las partes implicadas. Por lo tanto, no sabremos nada sobre la transposición real de la Directiva hasta que los Estados miembros hayan presentado sus informes nacionales. 
Aunque la directiva ha estado en vigor desde octubre de 1999, en las instalaciones nuevas y en las existentes en las que el operador pretende realizar cambios significativos, se ha concedido un período de transición hasta octubre de 2007, lo que requiere que se preste un apoyo especial a las PYME industriales y a los agricultores. 
La prevención integrada y el control de la contaminación, que es el objetivo de esta directiva, pueden conseguirse con un sistema de permiso para las instalaciones, el cual celebramos. 
Sin embargo, deben tenerse en cuenta circunstancias distintas y deben aclararse las áreas más polémicas de la directiva, para que podamos encontrar soluciones aceptables. 
He votado a favor de esta resolución. 
Desde la Cumbre de Gotemburgo la UE ha propuesto continuamente el «desarrollo sostenible» , que es la única garantía del desarrollo humano que considera el respeto por el medio ambiente un requisito previo esencial para el rápido avance. 
Por lo tanto considero muy importante que procedamos de forma responsable –como en la cuestión que se nos plantea hoy– hacia la aplicación y la transposición de directivas que conviertan esta intención en ley. 
Conceptos como la «ecocondicionalidad» en las condiciones técnicas de las licencias operativas, el compartir las mejores prácticas y definir las mejores técnicas disponibles son solo algunos de los modos en que podemos garantizar la prevención integrada y la reducción de la contaminación resultante de gran variedad de actividades industriales y agrícolas, y en las que podemos alcanzar un nivel más alto de protección medioambiental. 
Dentro del marco de la Directiva de 1996 considerada, se establece un sistema de permisos para las nuevas instalaciones, que obliga a los operadores a adoptar medidas para la prevención de la contaminación. 
También insta a todas las instalaciones a que cumplan las mismas normas a partir de 2007. 
Estoy de acuerdo con la ponente en destacar la importancia de obligar a los Estados miembros a que presenten sus planes para evaluar la transposición (también para 2007) lo antes posible. Para este fin sería muy útil un «Documento Orientativo» que aclare la definición de «instalación» y otros términos clave... 
El CIEM (Consejo Internacional para la Explotación del Mar) funciona hoy como una importante organización independiente, basada en instituciones de investigación nacionales. 
Por lo tanto, no existen motivos para que la UE trate de entrar en el CIEM y designe personas para que trabajen en este. 
En primer lugar, plantearía un interrogante sobre la independencia del CIEM y de la Comisión, ya que esta es la principal usuaria de los resultados del primero. 
En segundo lugar, existe un número limitado de investigadores cualificados. 
Si la Comisión designa investigadores para esta labor, esto provocaría una fuga en las instituciones nacionales, por el simple motivo de que la Comisión paga mejor. 
Los tres diputados del Parlamento Europeo pertenecientes al Movimiento de Junio, Ulla bæk, Jens-Peter Bonde y Bent Hindrup Andersen, optaron por votar en contra del informe, decisión por la cual se dio la siguiente explicación de voto. 
En un principio, el Movimiento de Junio cree que deberían rechazarse todos los intentos de la UE por dominar el CIEM. 
Este debería ser un asunto nacional. 
El Movimiento de Junio considera que sería mejor que la UE solicitase a los Estados nacionales que aumentasen su capacidad científica con relación al CIEM y, si fuese necesario, que coordinasen los esfuerzos de investigación en el área. 
Para garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros, es importante que obtengamos información detallada y opiniones científicas verosímiles relativas al estado actual y el desarrollo continuo de estos recursos. 
La preocupación primordial es la fiabilidad de la información, que en ocasiones se ha cuestionado, creando una tensión no deseada entre investigadores, científicos y pescadores. 
Por lo tanto, existen dos aspectos cruciales: 
-El primero implica que los pescadores tengan un papel activo en la gestión del esfuerzo pesquero y participen en la evaluación de los estudios sobre los recursos en conjunto con los investigadores y los científicos. 
Los pecadores son los que tienen más que ganar de la sostenibilidad de los recursos y de las medidas de recuperación de las reservas. 
Por lo tanto es importante que creemos órganos adecuados que permitan una comunicación eficaz entre todos los implicados; 
-El segundo implica una evaluación a fondo del efecto socioeconómico de las medidas para la recuperación de las reservas o las medidas con el objetivo de reducir el esfuerzo pesquero. 
La aplicación de estas medidas, que en ocasiones es voluntaria por parte de los pescadores, como sucede en Portugal en el caso de la sardina, requiere la compensación al nivel público, nacional y comunitario. 
También es necesario aumentar la financiación de la UE en la investigación en el sector pesquero y crear las condiciones materiales y humanas necesarias para mejorar el asesoramiento científico. 
. 
La investigación científica se ha convertido en un instrumento esencial en la aplicación de la política pesquera común y es esencial para la gestión sostenible de los recursos. 
Los límites impuestos a la pesca en la UE han tenido devastadoras consecuencias socioeconómicas. 
Portugal se ha visto especialmente afectado por estas medidas, sobre todo en la conversión de actividades y la destrucción de grandes partes de la flota pesquera nacional. 
Cada día veo las consecuencias de las medidas de gestión pesquera en los puertos y los mercados de mi región y me enfurece que la Comisión siga con la misma política, sin que se realice ninguna evaluación del impacto socioeconómico de la aplicación de estas medidas. 
Por lo tanto es importante que estos acuerdos especiales, dado su carácter irreversible, se justifiquen debidamente en informes científicos en profundidad que contengan información muy creíble sobre el desarrollo de los recursos. 
Dada la falta de información objetiva, los informes científicos actuales dan lugar a interpretaciones encontradas por parte de los Estados miembros, contrarrestando los efectos de las medidas para proteger los recursos pesqueros. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para celebrar el trabajo del ponente. Comparto sus preocupaciones sobre la falta de asesoramiento científico relativo a la pesca, así como sobre la falta de recursos financieros y humanos. 
También refrendo la necesidad de reforzar los vínculos entre la ciencia y la industria, dando así una mayor capacidad de aplicación a los resultados finales. 
El informe elaborado por el Sr. Lage trata la importante cuestión de la credibilidad de las opiniones científicas empleadas en la gestión de la pesca, dadas las frecuentes diferencias de opinión entre los científicos y los pescadores con respecto al estado actual de los recursos pesqueros. 
Las medidas comunitarias basadas en el asesoramiento científico pueden tener un efecto devastador sobre las comunidades pesqueras. Es desde este punto de vista desde el que consideramos la importancia de este aspecto y necesitamos mejorar la calidad de este asesoramiento. 
Por lo tanto, la advertencia del Sr. Lage da a la Comunidad la oportunidad de basar la política pesquera común en un asesoramiento más exacto y oportuno, conduciendo a una base científica más sólida que la que se ha detectado hasta el momento. 
Es inaceptable que sigamos observando la aparente falta de disponibilidad de la Comisión, como dice el Sr. Lage, al referirse a todo el asesoramiento científico disponible. Esto solamente sirve para aumentar la sospecha sobre los sesgos en sus decisiones, que suelen pasar por alto a las comunidades pesqueras que ya están totalmente desprotegidas. 
Por lo tanto, mi voto a favor de este informe es también una expresión de solidaridad con los pescadores portugueses, que se han visto tan gravemente afectados por la Política Pesquera de la Comisión, especialmente la del Comisario Fischler. 
. – El informe Lage subraya con acierto que las medidas de gestión adoptadas por la Unión Europea descansan demasiado a menudo en diagnósticos científicos incompletos y poco fiables. 
Ahora bien, las consecuencias socioeconómicas de unas medidas de gestión adoptadas sobre una base tan frágil son considerables: lo que está en juego es la propia supervivencia de las pesquerías, de sectores enteros. 
Es necesario, pues, reforzar el esfuerzo científico y referirlo tanto a la biología de los medios marinos como a la selectividad de las artes de pesca y a las consecuencias socioeconómicas de las medidas de gestión de los recursos. 
Es absolutamente preciso corregir el desequilibrio actual de la política pesquera común, que no tiene en cuenta de forma global el doble objetivo de preservación de los recursos y de mantenimiento de las pesquerías. 
A tal fin, los futuros comités consultivos regionales deberán desempeñar un papel de primerísimo plano en la formulación de las solicitudes de dictámenes científicos. 
Deberán solicitar un abanico de opciones de gestión acompañado de una estimación de sus consecuencias biológicas y socioeconómicas. 
Una evolución de este tipo debería permitir no ya un enfoque brusco e irreversible, sino un enfoque gradual, progresivo, flexible y adaptable de forma permanente. 
Me alegro de que hayan podido aprobarse las enmiendas que presenté en este sentido. 
– Con esto concluyen las votaciones. 
(1) 
De conformidad con el orden del día, continuamos con el punto que había quedado interrumpido, que es el debate del informe (A5-0022/2004) del Sr. Garot, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la evolución de la renta agraria en la Unión Europea (2002/2258 (INI) ). 
Señor Presidente, quisiera comenzar diciendo cuánto me sorprende que el Comisario Fischler no esté presente. 
Esto es simplemente increíble, dada la importancia del debate. 
Los agricultores tienen derecho a ingresos dignos. Por lo tanto, la garantía de precios rentables para el productor debe ser la premisa orientativa de la política agrícola común, para garantizar a los agricultores un nivel de vida decente a la par de otros sectores de actividades. 
Esto a su vez garantizará que la actividad agrícola se mantenga en todo el territorio de la UE. Mientras estos objetivos son consagrados por la PAC, los mecanismos de la política –poner énfasis en la reducción de los precios a los productores y en la liberalización de los mercados agrícolas tanto en el interior como en el exterior– están totalmente en desacuerdo con ellos. 
Sabemos que esta política ha sido responsable de la desaparición de miles de explotaciones y empleos agrícolas, promoviendo la concentración, la intensificación y la verticalización de la producción, la centralización de la propiedad de la tierra y el aumento del éxodo rural. 
Por otra parte, ha exacerbado la injusticia de la asignación desigual de la ayuda a la producción agrícola entre los productores, la producción y los países. 
Es este modelo el que, doce años después de la reforma de la PAC de 1992, perpetúa la profunda injusticia de que el 20% de las mayores explotaciones reciben el 80% de las ayudas. 
En Portugal, el 1% de las principales explotaciones reciben casi la mitad de esta ayuda, una situación que siempre hemos refutado. 
La actual reforma de la PAC, con el desacoplamiento de la ayuda a la producción basada en referencias históricas, perpetúa este desequilibrio. 
La decisión de no proceder con la genuina modulación y el establecimiento de límites de ayuda fue una especie de oportunidad perdida. La ayuda no debería ser solamente una cuestión de transferir dinero al desarrollo rural, sino de actuar para compensar las profundas desigualdades en la distribución de la ayuda entre los agricultores y los países. 
También es importante señalar que los precios reducidos de los productos y el aumento de los costes de producción, incluso teniendo en cuenta la compensación parcial de la ayuda a la producción, condujeron a que desapareciesen aproximadamente el 16% de las explotaciones agrícolas entre 1995 y 2002, no a que los consumidores percibiesen los beneficios de las reducciones de estos precios. 
De hecho, el índice de precios al consumo subió durante el período en cuestión aproximadamente un 11%, mientas que el índice de precios para el productor descendió más del 1%. 
Un factor determinante –y preocupante– en esta situación es la gradual desregulación de los mecanismos de mercado de la PAC, además del hecho de que estos mecanismos discriminan entre la producción continental y la mediterránea. 
Dada la volatilidad y el carácter único del sector agrícola, deben introducirse mecanismos eficaces para regular el mercado y estabilizar la oferta, de forma que se garanticen los ingresos de las explotaciones. 
También es importante, como defiende el ponente, que proporcionemos una adecuada protección externa a la agricultura y que creemos mecanismos comunitarios que nos permitan intervenir en cualquier desastre que pueda afectar al sector. 
También creemos que el desarrollo rural debería reforzarse, aunque esto implicaría aumentar el presupuesto para la agricultura, no congelarlo hasta 2013, como se decidió en el Consejo de Copenhague. 
Aumentar el presupuesto de la agricultura haría posible ofrecer compensaciones a los agricultores de las regiones menos favorecidas o a aquellos con menores ingresos. 
Esto es esencial si queremos mantener una agricultura multifuncional y productos agrícolas de gran calidad. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Garot es verosímil y realista y, por lo tanto, positivo, incluso aunque no todas las cifras que menciona hagan referencia los distintos tipos de agricultura con los que contamos en la Unión; por ejemplo, el aumento del 7% en los ingresos y el descenso del 15,7 % en el número de explotaciones no corresponde al pastoreo y la agricultura de montaña, en donde lamentablemente las cifras son muy distintas: solamente un aumento de los ingresos del 1%, pero un abandono de las granjas de más del 25%. 
Por lo tanto, quisiera mencionar que el pastoreo y la agricultura de montaña no representan un aspecto secundario de la agricultura europea en conjunto: comprenden el 20% de la superficie agrícola útil y el 30% de la tierra; además, el 5% de los ciudadanos europeos viven en zonas de montaña. 
Como sabemos, abandonar las montañas no solo tiene efectos económicos sino también sociales y medioambientales. 
Dejar las montañas significa poner en peligro a todo el sistema, el equilibrio hidrogeológico y el control de la expansión de los bosques. 
Significa poner fin a todo tipo de agroturismo, que tendría también repercusiones en los valles. 
¿Cuáles son las posibles soluciones? 
Permitir una compensación fija y sostenible para los agricultores del pastoreo y la agricultura de montaña que tenga en cuenta el compromiso con la agricultura multifuncional; y lanzar una política específica pero exhaustiva para las zonas de montaña que, también para las zonas menos favorecidas, garantice servicios y ayuda para mejorar la calidad de vida general y por lo tanto no solo el nivel económico de los que optan por vivir en ellas. 
El fuerte empuje hacia el desarrollo rural –demostrado por la reciente reforma de la PAC– otorga ciertas garantías, pero no es suficiente. 
La naturaleza específica de las zonas de montaña debe reconocerse de forma explícita en los tratados y en las medidas estructurales y debemos tener el valor para actuar con determinación para superar, en la medida de lo posible, las restricciones de la ayuda estatal. 
– Señor Presidente, este ámbito es extremadamente complejo, pero es muy importante que lo abordemos para garantizar la viabilidad continuada de nuestras explotaciones agrarias y zonas rurales. 
Las comparaciones de los ingresos de las explotaciones agrarias puede resultar muy difícil: dependerán del año que se considere –1995 en este caso– y las cifras varían según si se considera un total, una familia, un hogar o una medida individual. 
Tenemos que comparar datos de la misma naturaleza. 
La renta agraria total irlandesa se incrementó un 2,2 % en 2003 a 2 524 millones de euros y los pagos directos estimados de 1 600 millones de euros representaron un 64% de esta cifra. 
Nuestro estudio sobre explotaciones agrarias muestra que la renta agraria media de las familias cayó un 5,8 % en 2002 a 14 900 de euros. 
Hay grandes variaciones, según el tamaño de la explotación agraria y el sistema de explotación. 
Por ejemplo, en 2002 la renta agraria media familiar en el 40% de las explotaciones agrarias clasificadas como explotaciones a tiempo completo fue de 27 760 de euros. 
El 60% de las explotaciones agrarias clasificadas como explotaciones a tiempo parcial fue solo de 6 590 euros. 
Sin embargo, las rentas agrarias de las familias se diversifican cada vez más. 
El estudio sobre el presupuesto de las familias de 1999-2000 demuestra que casi el 60% de la renta agraria familiar procede de fuentes no agrícolas, lo que contribuye a la viabilidad futura de muchas explotaciones agrarias. 
En 2003, la renta agraria media familiar ocupó el octavo lugar. 
Según la última estimación de Eurostat, la renta media para un puesto de trabajo a tiempo completo equivalente, ajustada a la inflación, cayó un 0,6 % en Irlanda en 2003, frente a un aumento medio del 0,9 % en la Unión Europea en su conjunto. 
La distribución de pagos directos en Irlanda puede ser más equitativa que en otros países de la Unión Europea, ya que, relativamente, existen muy pocas explotaciones agrarias de gran tamaño, en particular explotaciones arables. 
Mientras que el 20% más alto de la Unión Europea recibe el 73% de la ayuda directa, nuestro estudio sobre explotaciones agrarias muestra que aproximadamente el 40% de los pagos se destinaron al 20% de los agricultores con la renta agraria familiar más alta. 
El concepto de sistemas de gestión de crisis necesita un tratamiento esmerado. 
La intervención pública en los sistemas de seguro agrario dará lugar a una actitud selectiva del sector privado y la Unión Europea podría verse abocada a cubrir los riesgos más importantes o no asegurables, lo que resultaría extremadamente costoso y comportaría problemas presupuestarios sustanciales. 
Acojo con satisfacción el tipo reducido de modulación acordado por el Consejo. 
Un tipo más alto significaría un mayor recorte de los pagos directos y, por lo tanto, de las rentas agrarias. 
Antes de que se decida un tipo, el primer paso debería ser la evaluación de las necesidades comunitarias de desarrollo rural, calcular su coste y, seguidamente, fijar el tipo adecuado para satisfacer el coste. 
Me opongo a una redistribución importante de los pagos directos, tal como se ha sugerido. 
El propósito de la reforma de revisión a corto plazo es promocionar la competitividad al tiempo que se garantiza la renta de los agricultores en una situación en que los pagos ya no estarán asociados a la producción. 
Siempre he apoyado el concepto de desvinculación. 
El objetivo es impedir una mayor alteración de las pautas de producción y de los valores de la tierra. 
Los agricultores han creado derechos de subsidio y toda redistribución daría lugar a pérdidas y beneficios. 
La redistribución también afectaría a las decisiones sobre la producción por parte de los agricultores, mientras que lo que se pretendía era dar respuesta a señales de mercado en lugar de forzarles a cambiar debido a un cambio fundamental del grado de apoyo. 
La reforma de la PAC ha cambiado el marco político para garantizar una agricultura e industria alimentaria más sostenible y mejor orientada hacia el mercado. 
Las opciones de desvincular los pagos directos posibilitarán que se aseguren estos pagos frente a los desafíos de la OMC y proteger así su contribución a las rentas agrarias y a la economía rural. 
Señor Presidente, en lo que respecta al aspecto económico, solamente puedo felicitar al Sr. Garot por su informe exacto y bien articulado. 
Se trata de un informe que reaviva algunas de las cuestiones y preguntas que hemos planteado a la Comisión durante el actual mandato: por ejemplo, el establecimiento de contratos por sectores para aumentar el nivel de calidad, si fuese necesario, pero en cualquier caso para garantizar la calidad en la agricultura; el acceso al mercado europeo para productos de terceros países que están sujetos a las mismas normas que los productos europeos; y un sistema de gestión de crisis. 
Por otra parte, el informe solicita que se considere el hecho de que la reducción y el descenso de los precios de la agricultura de hecho no ha tenido efecto sobre el consumo. 
Sin embargo, dicho esto, y a un nivel puramente teórico –y todos los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural conocen mi posición en lo que respecta a la propuesta para la revisión a medio plazo– creo que hemos asumido una enorme responsabilidad, cuyos efectos podremos analizar solamente dentro de unos años, ya que la fórmula elegida para regular los mercados y estabilizar los precios –ayuda a la producción que es directa, fija y está desacoplada– nos conducirá a desmantelar gradualmente el sector agrícola. 
Hicimos elecciones basándonos en una visión y no en una política de exteriores en lo que respecta a Cancún. 
Hemos observado los resultados de Cancún y hemos visto cómo se han reanudado las conversaciones en Ginebra. 
Entre otras cosas, creo que algunas cifras del informe Garot –el aumento del 7% en los precios de la agricultura de 1995 a 2002– hacen referencia a precios históricos y, por ejemplo, no tienen en cuenta la tasa de inflación que tiene un notable efecto sobre los precios de la agricultura. 
La situación completa de la agricultura proyectada hasta 2011 en la Unión Europea es, en mi opinión, mucho más sensible y con normas mucho más complicadas, que la situación presentada por el Sr. Garot. 
– Señor Presidente, Señorías, permítanme comenzar también dando las gracias al Sr. Garot por su informe de propia iniciativa. 
La política de ingresos en el sector agrícola tiene una influencia directa sobre el atractivo de la vida agrícola y por lo tanto en la continuación de la producción agrícola; relacionada con el efecto que tiene sobre el desarrollo rural. 
Los agricultores europeos disfrutan niveles de ingresos muy diversos. 
En los últimos años, la agricultura ha tenido que enfrentarse a un profundo cambio estructural, el cual no ha terminado todavía. 
Solamente entre 1995 y 2002, el número de explotaciones en la UE se ha reducido un 15,7 % de media. 
Los ingresos de los agricultores europeos consisten en parte en pagos directos y no simplemente rentabilidad de la producción; además, la caída de los precios de productos agrícolas básicos no tiene relación con el modo en que han cambiado los precios pagados por los consumidores a cambio de los alimentos. 
También en el futuro, los costes de producción aumentarán como consecuencia de las mayores demandas realizadas por la agricultura, mientras que los pagos de compensaciones a los agricultores no se aumentarán del mismo modo. 
Lo que deben hacer los pagos compensatorios es garantizar que se cubren las necesidades de la sociedad: el deseo de contar con alimentos saludables y seguros y con un medio ambiente adecuado en el que vivir. 
Los pagos compensatorios para la agricultura están justificados en la medida en que recompensan sus servicios multifuncionales a la sociedad, sobre todo –como ha dicho el Sr. Santini– en las regiones periféricas, de montaña y menos favorecidas. 
La agricultura de la Unión Europea también necesitará una fuerte dosis de espíritu empresarial y un papel de producción subyacente. 
La comprensión por parte de los agricultores de su propio papel ocupacional y su estatus social cada vez depende más de la medida en que la política agrícola promueve la empresa agrícola. 
Es en este aspecto en el que deben seleccionarse los instrumentos individuales, pero la política agrícola común no debe permitir que el primer pilar esté en contra del segundo. 
Tampoco debemos dejar de considerar el requisito de que estos instrumentos de política agrícola se suministren durante un período de tiempo específico, haciendo así posible planificar y actuar dentro de un plazo más amplio. 
No se puede obviar la perspectiva financiera como medio para dar a nuestros agricultores, en cierta medida, la certeza que necesitan para planificar por adelantado, qué necesitan la agricultura y las zonas rurales. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Sr. Garot por un constructivo informe que ha esbozado de forma excelente la actual economía agrícola. 
La economía agrícola es un tema muy importante para el desarrollo de las zonas rurales florecientes. 
Las zonas rurales florecientes son totalmente dependientes de la existencia de explotaciones rentables. 
En una Europa en la que el 50% de los agricultores superan los 55 años y solamente el ocho por ciento son menores de 35, se necesita una nueva actitud hacia los emprendedores agrícolas. 
Si se me pidiese hoy día que asesorase a personas que acaban de poner en marcha una explotación, les diría que deben hacer sus cálculos sin tener en cuenta a la financiación por parte de la sociedad y que no confíen en la buena voluntad de los políticos. 
El informe contiene un gran número de puntos que no puedo respaldar. 
Por ejemplo, habla sobre garantizar un nivel de vida justo para la comunidad agrícola y establecer ingresos con vistas a mantener la actividad agrícola en toda la Unión Europea. 
Un segundo punto destaca la importancia de mantener el nivel de apoyo público para la agricultura y la importancia de crear «condiciones que garantizarán el empleo» , etcétera. 
Si estas oraciones, redactadas como están, se leyesen a los agricultores de hoy en día, se quedarían fríos. 
En un país como Suecia, estas palabras no se corresponden con la realidad. 
Solamente el 0,5 por ciento de la población se dedica a la agricultura en la actualidad. 
La reestructuración se está produciendo increíblemente rápido. 
La revisión a medio plazo ha significado que se detuviese todo, excepto el recorte de la agricultura Por supuesto, de esto no se puede culpar solamente a la Comunidad Europea. 
Gran parte de la culpa recae por ejemplo en el Gobierno sueco. 
Muchas gracias, señor Wachtmeister. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
. Una agricultura de éxito –o sea, rentable– es una parte fundamental de la economía rural y ejerce una influencia importante en la viabilidad de los servicios rurales básicos, desde las escuelas hasta las oficinas de correos. 
Muchas empresas agrícolas de Escocia se enfrentan a una presión importante sobre sus ingresos netos. 
Además de las presiones sobre los precios al productor a que se enfrentan todos los agricultores, los productos escoceses, en particular los de las zonas de las tierras altas y de las islas, han de asumir los altos costes del transporte y otros retos como las condiciones climáticas. 
Hay que estimular a los productores de alimentos escoceses a través de la nueva PAC para capitalizar su ya buena reputación para los métodos de producción naturales y la producción resultante de productos alimentarios de buena calidad y saludables, que los consumidores querrán elegir. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0018/2004) del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la agricultura y la investigación agrícola en el contexto de la reforma de la PAC (2003/2052 (INI) ). 
. – Señor Presidente, creo que este informe, con el breve debate sobre el mismo que pronto se producirá, se adapta bien a lo que hemos estado debatiendo: no solo la gripe aviar, sino también el informe del Sr. Garot, que ha arrojado luz sobre las dificultades a las que se enfrenta la agricultura europea, al tiempo que destaca su importancia debida al papel multifuncional que se le otorga y dado el estatus de la agricultura como factor dominante en el equilibrio social y ecológico general de los paisajes agrícolas. 
Debe considerarse por qué la agricultura se encuentra en una situación tan difícil respecto a esto, aunque la Unión Europea es una de las áreas que importa la mayor cantidad de productos y alimentos. 
¿Por qué –ya que este es el tema del informe– el Sexto Programa Marco de Investigación asigna solamente el 5% de sus fondos a la agricultura? Esto no hace justicia a la importancia de la agricultura, y también debe observarse que la investigación en la agricultura anunciada en este Programa Marco tiene en gran medida el objetivo de racionalizar la producción y no el aspecto de sostenibilidad. 
Tomemos como ejemplo el problema de los organismos modificados genéticamente: aunque debe admitirse que gran parte se gasta en la ingeniería genética, se está haciendo poco respecto a la coexistencia y el cultivo sostenible y a largo plazo de los cultivos que se han modificado genéticamente junto con los que no se han modificado. 
Sin embargo, permítanme retomar la consideración de esta mañana sobre la gripe aviar. 
No podemos dejar de observar que, en los países en los que se produce, determinadas razas adaptadas a la producción industrial están en conflicto con las tradicionales e indígenas. 
Las primeras han desarrollado un sistema inmunitario que puede enfrentarse a ciertas enfermedades, pero ahora tienen que hacer frente a defectos genéticos capaces de afectar al sistema inmunitario de las razas indígenas. 
Como consecuencia, aquí es donde se producen entonces las pandemias, y las razas indígenas se sacrifican de forma selectiva –es decir, se destruyen– de forma que los recursos genéticos de estos países, vitales sobre todo para sus fuentes de alimentos y agricultura de subsistencia, también sufren. 
Debe plantearse la pregunta –y este debería ser un tema de investigación– de por qué estas industrias van a estos países en primer lugar. 
¿Lo hacen para solucionar el problema de hambre que existe en ellos o lo hacen debido a unas mejores condiciones de producción y oportunidades para obtener un mejor rendimiento sobre el capital que invierten? 
Analicen la situación y descubrirán que ni estas industrias ni su capital pertenecen por lo general a estos países; en su lugar, el capital tiene su origen aquí, en las naciones industriales, que quieren hacer negocios en ellos y posteriormente en esta Asamblea nos lamentamos –como hace el Sr. Garot en su informe– de que nuestra agricultura produzca menos. 
Ya no es competitiva, porque estos países trabajan conforme a distintos estándares sociales, medioambientales e higiénicos. 
He mencionado la agricultura de subsistencia, que es una importante fuente de alimentos no solo en estos países, sino también en los nuevos Estados miembros de la UE de Europa oriental y central. 
Esto es algo sobre lo que también debe investigarse. 
En este informe, hemos otorgado la máxima importancia a la cuestión del papel desempeñado por las mujeres en el trabajo realizado. 
La mayoría de las mujeres que trabajan en la agricultura industrializada ocupan puestos menos valorados, mientras que, en otros campos de la actividad agrícola, suelen desempeñar papeles principales de los que depende el mantenimiento de estos paisajes. 
Lo que tratamos de expresar es que esperamos que se preste más atención a la agricultura a la hora de preparar el próximo Programa Marco de Investigación –es decir, el séptimo– y que los resultados previstos de las reformas agrícolas en la Unión Europea y de los cambios en cualquier otro lugar del mundo deberían ir acompañados de una investigación que nos proporcione información sobre qué dirección debe adoptar nuestra política en los próximos años y décadas. 
Señor Presidente, Señorías, me gustaría comenzar felicitando sinceramente al Sr. Graefe zu Baringdorf por su informe y dando también las gracias a los diputados a esta Asamblea por la iniciativa que han tomado. 
La Comisión celebra este informe, que consideramos una buena base sobre la que preparar el Séptimo Programa Marco para la investigación y el desarrollo tecnológico, y como algo de lo que podemos hacer uso. 
Como sabrán, los pagos desacoplados dentro de la nueva política agrícola común permitirán a los agricultores no solo ser más competitivos, sino también responder mejor a los requisitos del mercado. 
Aquí es donde la investigación también puede hacer una importante contribución a la mejora, ayudando a desarrollar procesos de producción más eficaces, mediante la diversificación y la introducción de cultivos nuevos y competitivos. 
También puede ayudar a permitir a los agricultores cubrir las demandas de lo que denominamos ecocondicionalidad y, sobre todo, proporcionar una sólida base científica para nuestra comprensión de las buenas prácticas agrícolas y medioambientales, es decir, de qué se quiere decir con una condición saludable. 
Lo que las regiones quieren y necesitan se establece en los programas de desarrollo rural, en los que las partes interesadas locales, la sociedad civil y la comunidad científica también deben estar implicadas. 
Esta fue una de las conclusiones a la que se llegó en la conferencia celebrada el pasado año en Salzburgo. 
Permítanme recordar brevemente ahora algunas de las declaraciones y recomendaciones realizadas en el informe. 
Aunque está bastante claro que la sostenibilidad de la agricultura debe ser una de las prioridades de la política de investigación, el contenido del Sexto Programa Marco ya se ha establecido en gran medida, y solamente pueden hacerse algunos pequeños cambios a los programas de trabajo anuales, así que debemos dedicar gran atención a los preparativos para el Séptimo Programa Marco. 
La Comisión da prioridad a la investigación sobre métodos de producción y fuentes de ingresos alternativos en las zonas rurales, además del esfuerzo por alejarse del planteamiento poco sistemático a favor de la investigación en la cadena completa, en cierto sentido, de la explotación a la mesa. 
Las cuestiones relativas a la seguridad y la calidad de los alimentos siguen desempeñando un papel muy importante en esto. 
También es importante que el público participe en debates sobre la investigación y que se evalúen los resultados. 
Estas consideraciones alentaron la organización de la conferencia «Science at the service of society» (La ciencia al servicio de la sociedad) el 14 y 15 de octubre de 2002 y se celebrará una segunda conferencia sobre este tema en febrero de 2005. 
La investigación sobre las vacunas marcadoras mejoradas debe ampliarse para incluir otras enfermedades de la lista A, aunque por supuesto deben cumplirse los límites presupuestarios. 
Lo mismo se aplica a la investigación sobre fármacos para especies menores y sobre productos fitosanitarios para plantas cuyo cultivo no está muy extendido. 
En ambas áreas existe el problema del continuo empeoramiento del interés en gradual descenso por parte de los investigadores del sector privado, siendo aparente que los beneficios no serán tan elevados como lo serían si implicasen grandes cantidades de medicamentos o productos fitosanitarios. 
Creo que es aquí en donde el sector público puede hacer una contribución. 
También comparto el punto de vista de que debe reforzarse la investigación social y medioambiental sobre el desarrollo sostenible en las zonas rurales y que existe una necesidad concreta de investigación que sea capaz de prestar apoyo a las mujeres en sus papeles en el desarrollo rural, algo que el Sr. Graefe zu Baringdorf ha mencionado previamente. 
Aunque el principio de subsidiariedad no debe perderse de vista, no comparto la opinión de que sea necesario fomentar la investigación «sobre las explotaciones» , poniendo énfasis en los métodos agrarios adecuados y la diversificación. 
Establecida su prioridad dentro del apartado «Respaldo científico a las políticas» , ya se está investigando sobre el uso de las materias primas de la agricultura. 
Al igual que sus predecesores, el actual Programa Marco financia proyectos en el campo de los cultivos respetuosos con el medio ambiente y relacionados con los métodos agrícolas de bajo coste, aunque debe recordarse en este contexto que, especialmente cuando nos encontramos en medio de una ronda de negociaciones de la OMC, también existe la necesidad de producir material de investigación relevante para los problemas internacionales, en concreto, también los relativos a los países en desarrollo. 
No quisiera finalizar esta intervención sin mencionar el hecho de que no debemos limitarnos a ignorar la investigación sobre biotecnología, dado que se trata de otra área en la que podemos prever resultados de uso potencial para nosotros en la esfera agrícola, siempre y cuando se realicen investigaciones lo suficientemente intensas. 
En general, la Comisión reconoce la importancia del informe del Parlamento y también la necesidad de una comunicación sobre la futura dirección, estructura y promoción de la investigación agrícola en Europa, que también elaborará. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento al Sr. Graefe zu Baringdorf por elaborar este informe de propia iniciativa. 
Los comentarios del señor Comisario confirman la importancia de esta iniciativa. 
El Sexto Programa Marco para la investigación tiene actualmente un presupuesto de aproximadamente 16.000 millones de euros, de los cuales puede asignarse un máximo del 2% a la agricultura y el desarrollo rural. 
Este informe de propia iniciativa muy celebrado solicita un aumento de los fondos asignados a la investigación en agricultura por parte del presupuesto de la UE para investigación. 
Hemos tomado una decisión clara a favor del modelo de agricultura europea, lo que significa que estamos comprometidos a mantener la agricultura multifuncional y sostenible en todas las regiones de Europa. 
A esto está inextricablemente ligado un mayor desarrollo e investigación. 
Para conservar los recursos en respuesta a las condiciones socioeconómicas y medioambientales, es esencial una mayor investigación en las áreas de la agricultura orgánica, la gestión de la agricultura extensiva y, sobre todo, la producción no alimentaria. 
Como estrategia de supervivencia debe perseguirse el desarrollo del conocimiento en el uso de renovables para energía y materiales. 
Tal y como señala el informe, debe darse prioridad a las mejoras en la seguridad de producción, calidad de vida y compatibilidad medioambiental. 
La investigación en las granjas es una herramienta indispensable en la integración de la conservación de la naturaleza y la agricultura y, sobre todo, en el mantenimiento sostenible y el uso de los hábitats orgánicos en el paisaje agrícola. 
Este informe tiene el objetivo de llamar la atención sobre el hecho de que la investigación en agricultura es también importante para la sociedad y que debería dársele prioridad. 
Una vez más, celebraré este informe en nombre de mi grupo. 
En la votación en mi comisión, se otorgó una mayor prioridad a la investigación en biotecnología que la que se otorgó originalmente en el informe, dado que adoptamos como punto de partida la opinión de que la investigación en biotecnología ya cuenta con buenos programas. 
Un medio ambiente rural que funcione bien está vinculado de forma inseparable a un sistema de agricultura que funciona bien. 
Como representante de los agricultores y las regiones rurales, celebro este informe y esperamos que estas demandas finalmente se escuchen en el Séptimo Programa Marco para la investigación. 
Señor Presidente, la política agrícola común está empezando a experimentar la mayor transformación de toda su historia; consecuentemente, sería un grave error que mantuviéramos la investigación en parámetros que han quedado obsoletos. 
Por eso, debemos cambiar el enfoque que hasta ahora ha recibido la investigación agrícola. 
Este es justamente el reto que afronta el Sr. Graefe zu Baringdorf en este informe de iniciativa del Parlamento Europeo. 
Lo hace muy atinadamente con un informe que a mí me parece excelente. 
Propone fundamentalmente que el Sexto y Séptimo Programa Marco de Investigación cambien según esta nueva óptica. 
El Comisario nos ha dicho que el Sexto Programa estaba en aplicación- y así lo dice el informe -, pero no obstante creo que sí llegamos a tiempo para que el señor Comisario introduzca algunas modificaciones que se refieran al papel de la mujer en el desarrollo rural, como parece que lo va a hacer. 
También es muy importante que en la elaboración de ese Séptimo Programa Marco de Investigación se formule ya esta óptica que considere la investigación de una agricultura sostenible y del desarrollo rural. 
Es fundamental el apartado 2, que propone que se destine al menos la mitad del presupuesto en tecnología alimentaria y en investigación agrícola a una investigación sostenible y práctica de los diferentes sistemas de explotación agrícola, y agradecería, por tanto, que el Comisario concretara también esa asignación de al menos la mitad del presupuesto para este destino. 
El informe apoya una investigación destinada a mejorar la calidad y la seguridad de los alimentos desde la granja hasta la mesa y destaca la importancia de la agricultura familiar, de los pequeños y medianos comerciantes. 
Con ello establece un potencial totalmente innovador, porque debemos recordar que, hasta ahora, esta agricultura familiar había caído en el olvido. 
Los pequeños y medianos comerciantes habían sido también olvidados en la pasada e inmediata agricultura intensiva. 
Todo esto había quedado relegado en la investigación y, justamente, esto es lo que el ponente defiende ahora como un cambio profundo, un planteamiento que reconsidere la investigación agrícola de abajo a arriba, como es necesario, es decir, una reorientación de la investigación al servicio de una agricultura en armonía con la naturaleza. 
Por todo ello, quisiera felicitar de nuevo al señor ponente y pedirle al señor Comisario que cambie cuanto antes esta óptica y destine los fondos que hoy le demanda el Parlamento Europeo. 
– Señor Presidente, este informe de propia iniciativa sobre la agricultura y la investigación agrícola cuenta con todo mi apoyo. 
También comparto el punto de vista de que se ha adoptado el planteamiento adecuado tratando los problemas orientados al futuro sobre la base de un análisis que precedió a este informe de propia iniciativa. 
Por supuesto, espero, como han dicho oradores anteriores, que la comisión saque las conclusiones adecuadas, ya que la reforma de la PAC en concreto ha planteado un cambio paradigmático en la agricultura europea y espero que el seguimiento científico también sea eficaz en este caso en el futuro. 
Creo que es adecuado, y quisiera reiterarlo aquí, que el presupuesto para el próximo programa marco se haya establecido sobre la base de los proyectos propuestos. 
No estoy segura de cómo se ha llegado al 2%, pero creo que probablemente también oculta proyectos. 
En el establecimiento del programa actual, será muy interesante ver qué ha sucedido exactamente. 
La investigación agrícola es por lo general multianual, y me han hablado sobre los proyectos emprendidos dentro de este marco de investigación multianual que nunca han llegado a su fase final debido a recortes presupuestarios. 
Los Estados miembros también son muy entusiastas a la hora de recortar la financiación a la investigación. 
Sin embargo cualquier investigación que no produzca resultados es un desperdicio de recursos. 
En el debate anterior se trataron más detalladamente cuestiones complejas relativas a una investigación más intensa sobre los ingresos y las opciones de generación de ingresos. 
Será muy interesante ver qué aspecto tendrá esto en el futuro, quién tratará esta cuestión y en qué áreas, con qué condiciones y con qué razonamientos. 
También estoy de acuerdo con que deben tratarse concretamente las complejas áreas de investigación sobre alimentación y seguridad alimentaria. 
Sin embargo, todo lo demás se ha recogido de forma tan exhaustiva en el informe que no es necesario que realice ningún otro comentario. 
– Señor Presidente, la última reforma de la PAC derivará en algunos cambios fundamentales, en particular a nivel de las explotaciones agrarias. 
La desvinculación de los pagos de la producción proporciona una nueva libertad a las explotaciones con, eso espero, nuevas oportunidades. 
Si creemos, como es mi caso, que el modelo agrícola europeo tiene que ser multifuncional y sostenible, igualmente tiene que ser viable desde el punto de vista comercial y competitivo. 
Sobre la base de que el sector posiblemente va a gozar de estabilidad presupuestaria hasta 2013, tenemos que emplear este tiempo para iniciar una investigación práctica sobre cómo lograr mejor este objetivo. 
Sería insensato e imprudente creer que el nivel actual de ayuda presupuestaria a la agricultura continuará por tiempo ilimitado. 
El único seguro es la planificación positiva basada en una investigación bien orientada. 
Un 2% del presupuesto actual de investigación de la UE para todo el sector agrícola no facilita la consecución de este objetivo. 
En resumen, felicito al ponente por su iniciativa de abordar esta cuestión tan oportuna e importante. 
Muchas gracias, señor Hyland. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0024/2004) del Sr. Souchet, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas para la recuperación de la población de merluza del norte (COM (2003) 374- C5-0314/2003- 2003/0137 (CNS) ). 
Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar dando las gracias al Sr. Souchet por elaborar este exhaustivo informe sobre la recuperación de la población de merluza del norte. 
El Consejo debatió el plan de recuperación para la merluza en diciembre de 2003 y acepta algunas de las enmiendas propuestas en el informe: en primer lugar, ahora hemos borrado el esfuerzo pesquero de la propuesta. 
En segundo lugar, hemos reducido el nivel mínimo de seguridad de acuerdo con el planteamiento de cautela de 143 000 toneladas a 140 000, y el límite crítico de 103 000 toneladas a 100 000, como recomendaron los científicos. 
Pese a estas enmiendas, el objetivo sigue siendo el mismo. 
Este es recuperar las poblaciones de merluza del norte hasta límites biológicos seguros, lo que implica varias medidas. 
En primer lugar, debemos establecer un límite crítico por debajo del cual, conforme al asesoramiento científico, las poblaciones de peces estarían en riesgo de colapso. 
También debemos establecer directrices sobre el establecimiento del total admisible de capturas (TAC) basado en la evaluación científica. 
El TAC se establecerá conforme al planteamiento de cautela a no ser que provoque una reducción de la biomasa en cualquier año concreto. 
Si el tamaño de la población cae por debajo del nivel mínimo, el Consejo debe reducir el TAC. 
Sin embargo, este no variará más de un 15% de un año en año. 
Por último, la propuesta también contiene medidas para un control más eficaz de los barcos que pescan merluza en el Mar del Norte, además de disposiciones para la notificación previa de los desembarques. 
Los desembarques de merluza de más de dos toneladas solamente se realizarán en puertos autorizados y también se aplicarán disposiciones más estrictas sobre el almacenaje y el transporte. 
Esto respecto a la propuesta. Comentaré las enmiendas propuestas en mi última intervención. 
Gracias. 
Señor Presidente, señor Comisario- cuya presencia agradecemos -, queridos colegas, quiero empezar felicitando a nuestro ponente, Sr. Souchet, por el magnífico informe que nos ha presentado, en un asunto- el de la merluza del norte- que no era fácil. 
En primer lugar, la Comisión nos presentó una propuesta que, en un principio, iba conjunta con el bacalao- y que nuestro Parlamento rechazó, como aquí se ha dicho. 
En segundo lugar, nos hizo una propuesta separada, pero muy rígida y severa, que asimilaba la merluza del norte al bacalao, con un auténtico plan de recuperación y con esfuerzo pesquero. 
Nuestro Parlamento había sido consultado al mismo tiempo que el Consejo, y las negociaciones se hicieron en paralelo, lo que obligó a nuestro ponente a ser flexible a la hora de adoptar nuestro proyecto de informe. 
El Sr. Souchet ha estudiado seriamente los asuntos de la merluza- como él ha dicho aquí, hemos convocado al sector a nuestra Comisión de Pesca- y ha presentado un informe que cambia fundamentalmente las concepciones que tenía la Comisión, lo cual agradecemos y apoyamos plenamente. 
Quiero agradecer también que el Sr. Souchet haya aceptado las numerosas enmiendas que habíamos presentado en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo- este gesto se lo agradezco sinceramente- ya que hemos conseguido que el plan de recuperación no sea tal, sino que sea un auténtico plan de gestión. 
Quiero llamar la atención del señor Comisario sobre este asunto: es un auténtico plan de gestión sin esfuerzo pesquero, como nos pedía el sector. 
El informe Souchet es coherente, sólido, razonable y combina la defensa de la pesca sostenible y responsable de la merluza del norte con los aspectos sociales y económicos del sector pesquero. 
La combinación de ambos aspectos es algo fundamental que esperamos se tenga en cuenta en el futuro. 
Creemos que los futuros comités consultivos regionales tendrán que ayudarnos a no dar pasos en falso y a presentar propuestas de gestión de recursos pesqueros consensuadas entre los científicos y el propio sector. 
Para el futuro plan de gestión de la merluza del sur también hemos designado ponente al Sr. Souchet. 
Aunque posiblemente sea el próximo Parlamento que se constituya tras las elecciones de junio quien tenga que velar por este asunto, la Comisión de Pesca deberá celebrar las sesiones necesarias para que, escuchados los comités consultivos que se creen al respecto, puedan tomar parte tanto los científicos como el sector en los debates acerca de la merluza del sur, y ello deberá desarrollarse paralelamente con las medidas socioeconómicas que hemos pedido y adoptado ya en la modificación del IFOP. 
Y lo que es más importante: en el futuro, el IFOP deberá contemplar ya medidas socioeconómicas para que, al adoptarse todo plan de recuperación o de gestión, vaya automáticamente acompañado de las correspondientes medidas socioeconómicas. 
Felicitamos una vez más al Sr. Souchet y esperamos que con este informe, que mañana votaremos, hayamos dado un paso muy importante de apoyo a una pesca sostenible y al sector pesquero. 
Señor Presidente, el 27 de junio de 2003 la Comisión publicó una nueva propuesta con el objetivo de garantizar la recuperación sostenible de la población de merluza del norte y su reducción dentro de lo que se considera límite biológico de seguridad, un nivel de biomasa precautorio que se cifra en 165.000 toneladas. 
Primera novedad- que es de agradecer -: la Comisión ha decidido, por fin, separar las poblaciones de bacalao y de merluza en dos planes diferentes. 
No podía ser de otra manera después de la mejora evidente de los de merluza, consecuencia directa de las medidas de gestión aplicadas desde hace dos años por el sector. 
Pero, cuando pasamos al análisis de las medidas propuestas, nos encontramos además con que la Comisión no tiene en cuenta las mejores informaciones científicas disponibles, ni disipa las dudas de la industria pesquera, puesto que, una vez más, no ha existido diálogo con los científicos y la propuesta se ha elaborado sin contar con una participación seria de los profesionales. 
La Comisión se basa en dictámenes científicos cuyo contenido no especifica y que, como muy bien dice el ponente Sr. Souchet en su exposición de motivos, tampoco ha revelado a la Comisión de Pesca, pese a que así se lo hemos solicitado. 
La biomasa de precaución debería haberse establecido a la vista de estos informes científicos que no han existido. 
Tampoco parece que esta biomasa sea proporcionada respecto al estado de la población afectada, puesto que los últimos informes científicos independientes y las observaciones de los profesionales muestran que no se encuentra por debajo de los límites biológicos de seguridad. 
Tampoco disponemos de evaluaciones científicas del CIEM que nos garanticen que la reducción del esfuerzo pesquero que se propone implicará una reducción efectiva de las capturas, ni de la evaluación de los efectos de las medidas técnicas de recuperación- a las que antes me he referido -, que se vienen aplicando desde hace dos años y que tan buenos resultados han dado. 
La propuesta de la Comisión tampoco busca el equilibrio entre la recuperación biológica y las repercusiones socioeconómicas. 
Una vez más- tengo que decirlo -, el enfoque se basa en consideraciones de carácter exclusivamente biológico y no tiene en cuenta el contexto socioeconómico al preconizar el restablecimiento de las poblaciones en el plazo de un año, en lugar de adoptar un enfoque progresivo, basado en TAC plurianuales, lo que se revela incompatible con la capacidad de supervivencia de las empresas de este sector. 
Se desprecian olímpicamente las medidas técnicas, que, como hemos dicho, han dado buenos resultados. 
Lo que propone el Sr. Souchet en su informe, a saber, la sustitución de este plan de recuperación por un plan de gestión plurianual, es consecuencia no solo del análisis- yo creo que correcto- de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y de nuestro propio debate, sino también de las orientaciones ya definidas por el propio Parlamento Europeo y por el propio Sr. Souchet en relación con la gestión de las poblaciones frágiles: aplicación de normas simples y flexibles, como los TAC plurianuales, en lugar de sistemas rígidos de efectos inciertos, como los dispositivos basados en el esfuerzo pesquero. 
– Señor Presidente, la población de merluza del norte ha rebasado los límites biológicos seguros. 
Esta es básicamente la forma que tiene el CIEM de decir que se halla en grandes dificultades. 
Por ello, la Comisión ha intentando durante años convencer al Consejo de la necesidad de un plan de recuperación. 
El plan de recuperación propuesto contenía una serie de elementos positivos, incluida una fórmula para fijar los TAC y una reducción del esfuerzo pesquero. 
Sin embargo, en su evaluación de 2003, el CIEM observó que las reducciones indicadas en el plan de recuperación están muy lejos de lograr recortes de la mortalidad de los peces para poder restablecer la población a corto plazo: en otras palabras, el CIEM está diciendo básicamente que incluso la propuesta de la Comisión no era suficiente para asegurar la rápida recuperación de la población. 
¿Qué han hecho el Consejo y la Comisión de Pesca? 
Han debilitado gravemente lo que ya de por sí era una propuesta muy débil, principalmente eliminando todo vestigio de una reducción del esfuerzo pesquero: que es precisamente lo más necesario. 
El Consejo incluso dio un paso más al incrementar los TAC para la merluza en casi un tercio cuando la Comisión había recomendado una reducción. 
En diciembre de 2002 se anunció a bombo y platillo que la reforma de la Política Común de Pesca había sido un gran éxito y, entre otras cosas, se dijo que había que aplicar planes de recuperación con una reducción del esfuerzo. 
Pero en su reunión de diciembre, el Consejo fijó 199 TAC en total. 
Reflejando la gravedad de la situación, la Comisión recomendó que se aplicaran recortes superiores al 10% para una cuarta parte de los mismos, o sea, 49 poblaciones. 
Para 42 poblaciones fijó unos TAC que eran un 10% más altos que los de la propuesta de la Comisión. 
En algunos casos fijó unos TAC del doble e incluso el triple de los recomendados. 
Para 10 poblaciones aprobó un incremento cuando la Comisión había recomendado una disminución. 
Si esta es la forma en que el Consejo y la Comisión de Pesca van a continuar, demuestran básicamente que están en lo cierto los cínicos y todos los que dicen que la reforma de la Política Común de Pesca no iba a dar ningún resultado viable con respecto a la pesca sostenible. 
Hay que hacer algo al respecto. 
La Comisión es demasiado transigente en esta cuestión y es necesario que sea más radical. 
El Consejo necesita adoptar un enfoque realista de la situación a que se enfrenta el sector pesquero y escuchar el consejo de los científicos. 
Tiene que escuchar el consejo del CIEM para asegurar la supervivencia del sector pesquero en Europa, ya que en caso contrario favorecemos su desaparición. 
Es lamentable que la Comisión de Pesca pueda aguar efectivamente lo que ya de por sí era una propuesta insuficiente de la Comisión. 
– Señor Presidente, es mejor una mentira completa que una verdad a medias, así me gustaría parafrasear un proverbio muy conocido, cuya verdad estoy experimentando de primera mano estos días. 
Este es el caso de uno de mis colegas diputados que sugirió a la prensa que los miembros neerlandeses del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, y también de mi propio Grupo, nunca reembolsan ninguno de sus gastos de viaje. 
La radio, la televisión y los periódicos aceptaron esta información sin comprobarla adecuadamente. 
Desde entonces, mis colegas diputados y yo hemos recibido innumerables llamadas telefónicas y correos electrónicos en los que me preguntaban por qué nos quedamos con el dinero. 
Esto es extraño; el motivo por el que no devuelvo ningún dinero es que no declaro ningún viaje que no he realizado. 
Soy consciente de que muchos pescadores están en una situación similar. 
No tienen que luchar contra una mentira, sino contra una verdad a medias. 
La situación de la merluza del norte puede que no esté llena de esperanza, pero no está tan mal como para que sea necesario un plan de recuperación. 
Basándose en datos mal definidos, la Comisión propone una reducción drástica en la cantidad de peces que pueden capturarse. 
La información reciente aportada por los biólogos sugiere que la situación de la merluza no es tan mala como para solicitar medidas drásticas, por ello apoyo con entusiasmo el informe de la Sra. Souchet y solicito a la Comisión que ajuste sus planes. 
Un plan de control para la merluza del norte con un seguimiento y una aplicación adecuados es suficiente para ofrecer a esta especie un futuro. 
La investigación científica insuficiente ya está poniendo a los pescadores en una situación de importante desventaja. 
Es hora de que la investigación científica sólida beneficie tanto a la pesca como a los pescadores. 
– Señor Presidente, durante un minuto me he preguntado si el Sr. Van Dam había venido al debate equivocado, pero me alegra que se haya centrado en la merluza del norte. 
Quisiera felicitar al ponente por su informe. 
El Sr. Souchet es uno de los miembros más trabajadores de la Comisión de Pesca y sus conocimientos en este ámbito le han merecido el honor de ser el ponente designado sobre la recuperación de la merluza del sur, un informe que en estos momentos se encuentra en trámite. 
Durante nuestras deliberaciones en comisión, se expuso repetidamente que el asesoramiento recibido del CIEM –el Consejo Internacional para la Exploración del Mar– con respecto a las poblaciones de merluza del norte estaba en contradicción con la opinión de los pescadores. 
De hecho, los pescadores afirmaban que las poblaciones de merluza no se encontraban en un estado de irreversible decadencia, tal como han afirmado los científicos. 
De nuevo, esta divergencia de opiniones ha demostrado la necesidad de que los pescadores y los científicos trabajen juntos en la elaboración de estrategias de gestión. 
También está claro que la Comisión tiene que estar dispuesta a escuchar el consejo de los pescadores, así como las graves advertencias de los científicos. 
En este sentido, me alegra mucho que los planes de creación de Consejos Consultivos Regionales, que el Sr. Varela Suanzes-Carpegna ha mencionado, permitan reunir a pescadores y científicos. 
Estos planes se hallan en curso y constituyen una parte esencial del paquete de reformas de la PPC. 
Si se hubiera establecido un Consejo Consultivo Regional en este caso, no creo que hubiéramos recibido las recomendaciones originales a favor de recortes drásticos de los TAC de merluza junto con objetivos rigurosos de limitación de los esfuerzos que la Comisión ha propuesto y que han indignado a los miembros de la Comisión de Pesca. 
Los recortes tal como se han propuesto hubieran devastado el sector y causado grandes dificultades socioeconómicas generalizadas. 
Me alegra que la Comisión haya revisado estas propuestas tras las enérgicas protestas del sector. 
Todos apoyamos la pesca sostenible. 
Todos estamos interesados en ver la recuperación duradera de la merluza del norte. 
Sin embargo, también tenemos la obligación de sostener los medios de vida de los pescadores y proteger a las comunidades pesqueras. 
Por lo tanto, hay que lograr un equilibrio que vincula las mejores prácticas con metas socioeconómicas alcanzables. 
Así pues, a pesar de lo que ha dicho la Sra. McKenna, creo que el Sr. Souchet ha pretendido lograr este equilibrio y pido a la Cámara que apoye este informe. 
Señor Presidente, aunque no soy miembro de la Comisión de Pesca, una y otra vez me he aventurado a intervenir en este debate relativo a la pesca. 
También lo hago hoy. 
Lo hago porque me desespera el hecho de que no podamos lograr un plan de recuperación estricto, no solo para la merluza, sino también para otras especies como el bacalao y otro pescado blanco amenazado. 
Este plan para la merluza del norte se adoptó en diciembre y el objetivo era claro: proteger las poblaciones de peces y obtener un nivel de seguridad aceptable. 
La verdad es que el Consejo y la Comisión conjuntamente han debilitado la propuesta original de forma que ya no cumple este objetivo. 
Creo que la propuesta que ha negociado ahora la Comisión de Pesca es muy pobre. 
No puedo votar a favor de ella porque debilitaría aún más una propuesta ya debilitada. 
Un mínimo absoluto sería adherirse a la propuesta original de la Comisión, porque se necesitan controles más estrictos. 
La economía y los problemas sociales, a los que siempre se hace referencia, también son cuestiones importantes, pero si no aplicamos el principio de cautela en lo que se refiere a la biomasa y a las poblaciones de peces, simplemente no hacemos posible que la pesca continúe. 
Esto es algo que deberíamos valorar. 
Ya hemos rechazado cuatro o cinco planes de recuperación de la Comisión. 
Simplemente hay que darse cuenta de que ni en esta Asamblea ni en el Consejo existe ninguna voluntad política de adoptar medidas que tengan verdaderamente en cuenta el principio de cautela y garanticen que también tengamos pesquerías en el futuro. 
Me preocupa mucho a qué conducirá esto. 
Quisiera que más personas aceptasen mi política cuando votemos sobre este tema, ya que ahora estoy comenzando a estar muy impaciente y ansiosa. 
Señor Presidente, señor Comisario, señores colegas, me sumo a las felicitaciones al Sr. ponente y agradezco su actitud hacia las enmiendas que he presentado. 
La propuesta inicial de la Comisión Europea de introducir un plan de recuperación de la merluza del norte no era- o al menos no parecía- más que una transposición injustificada a esta pesquería de las medidas aplicadas a la recuperación del bacalao. 
Evidentemente, el Comité ejecutivo no tenía en cuenta los últimos dictámenes del CIEM, según los cuales la población de merluza alcanzará un grado de total seguridad si en los próximos cinco a ocho años se mantiene el nivel de mortalidad por pesca. 
Alcanzará por lo tanto un nivel biológico seguro, retomando las palabras que recientemente empleaba el Sr. Comisario. 
De acuerdo con estos datos, no es necesario poner en marcha un plan drástico de recuperación de la merluza del norte. 
En lugar de un plan de recuperación sería más apropiado un plan de gestión de los previstos en el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 2371/2002, en compatibilidad y también en coherencia con el componente biológico y el medioambiental, de una parte, y el socioeconómico, por la otra, dentro de la nueva política pesquera común. 
Y esta es la voluntad que expresó la Comisión de Pesca del Parlamento en su dictamen: sustituir el plan de recuperación propuesto por la Comisión, con severas restricciones del esfuerzo pesquero y gravísimas consecuencias sociales, por un plan de gestión en el que se prevea el establecimiento de un total admisible de capturas compatible con el mantenimiento de la biomasa reproductora. 
Recientemente la Comisión Europea ha presentado otra propuesta para la recuperación de las poblaciones de merluza del sur y de la cigala, y tampoco ha calculado las consecuencias socioeconómicas que podrían entrañar para el sector las medidas propuestas. 
Se echa en falta, por lo tanto, un estudio científico, así como la opinión de los nuevos consejos consultivos regionales previstos en la reforma de la política común de pesca. 
Destaquemos, por otra parte- y termino señor Presidente -, que el Consejo de Ministros de pesca de diciembre pasado se comprometió a tener en cuenta a los profesionales del sector, antes de proceder a la elaboración de un plan de acción de estas especies. 
La implicación y la participación del sector en la toma de decisiones no debería ser olvidada cuando estas decisiones ponen en juego la viabilidad de la actividad pesquera, los puestos de trabajo, las condiciones de vida y la propia subsistencia de las familias que viven en regiones europeas fuertemente dependientes de la política pesquera. 
Y creo que esta implicación y esta participación debemos reivindicarlas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tras el primer plan para recuperar las poblaciones de bacalao, la Comisión decidió proponer una nueva iniciativa, en esta ocasión relativa a la merluza del norte. 
Existe una nueva iniciativa en curso sobre la merluza del sur. 
Pese a que la gestión sostenible de las poblaciones de peces justifica claramente la conservación de las especies consideradas amenazadas, las medidas que tienen como objetivo limitar la pesca deben basarse adecuadamente en opiniones científicas exactas y actualizadas, y deben incorporar las observaciones de primera mano de los pescadores. 
Las deficiencias de la investigación científica son muy conocidas. 
El Parlamento ha tenido la oportunidad esta semana de expresar esta opinión sobre la cuestión a través del informe Lage. 
En este contexto, el informe Souchet es excelente, al llamar la atención sobre la necesidad de mantener los datos actualizados, basados en la información suministrada por los órganos internacionales en el sector pesquero. 
Estas limitaciones han tenido un devastador efecto socioeconómico sobre los profesionales del mar, restringiendo todavía más la ya limitada actividad pesquera. 
Las cifras presentadas por la Comisión para limitar la captura de la merluza son tales que si se aplicasen serían socialmente devastadoras, económicamente insostenibles y comercialmente inmanejables. 
Parece obvio afirmar que el impacto socioeconómico debería evaluarse antes de presentar ningún plan de recuperación. 
Sin embargo, esto no sucedió en este caso. 
Estas medidas son por lo tanto solamente aceptables si se corresponden estrictamente con los objetivos de explotación sostenible de las poblaciones y si su impacto económico se tiene en cuenta. 
Las grandes variaciones en el total admisible de capturas (TAC) en algunos casos pueden hacer que las empresas conviertan la actividad pesquera de una especie a otra, causando desequilibrios indirectos. 
En varias ocasiones, el Parlamento ha llamado la atención de la Comisión sobre la excesiva falta de flexibilidad de los planes de recuperación. 
Por lo tanto, un planteamiento multianual, flexible y gradual ciertamente sería más adecuado, ya que conduciría a un esfuerzo pesquero perfectamente adaptado al estado de las poblaciones de peces, lo cual no se conseguirá con la aplicación de planes poco flexibles con consecuencias irreversibles y socialmente devastadoras. 
Señor Presidente, Señorías, he escuchado muy atentamente los argumentos y problemas destacados por cada diputado en esta fase y quisiera comentar a continuación las enmiendas en función de los mismos. 
En primer lugar, quisiera decir que rechazo todas las enmiendas propuestas que tienen como objetivo renombrar este proyecto completo como «plan de gestión» en lugar de plan de recuperación, ya que sigue siendo un plan de recuperación. 
Creo que sería erróneo que pasásemos la situación por alto, aunque me complace admitir que la situación de la merluza del norte es menos crítica que la del bacalao del norte. 
Sobre la Enmienda 2: Debo rechazar esta enmienda dado que su considerando ya se incluye en la normativa marco sobre la política pesquera común. 
No se trata de que la rechace por principio; simplemente es redundante. 
Respecto a la enmienda 5 y las consultas con los consejos consultivos regionales, o RAC, como también se los denomina, me complace asegurarles que tan pronto como se hayan establecido, naturalmente los consultaremos regularmente sobre esta cuestión. 
Sin embargo, no necesitamos un considerando para este fin, dado que este es el sentido de los RAC, ser consultados sobre estas cuestiones. 
Rechazo la enmienda 6 porque la población de merluza está por debajo del nivel de cautela y por lo tanto todavía no está dentro de límites biológicos seguros. 
El objetivo de la enmienda 7 es demostrar que necesitamos criterios para determinar cuándo se ha alcanzado la recuperación. 
Sería muy inadecuado determinar políticamente cuándo se alcanza la recuperación. Esta es una cuestión científica. 
Rechazo las enmiendas 12 y 27 debido a que las medidas de control adicionales son totalmente fundamentales. 
Son los propios pescadores los que con frecuencia se quejan de que el control es desigual. 
Realmente necesitamos estas medidas. 
Puedo aceptar la enmienda 15 en parte y apruebo enmendar el valor de cautela para la biomasa. 
Sin embargo, no puedo aceptar la enmienda 16. No deberíamos establecer aquí prioridades para las evaluaciones científicas. 
Sería simplificar demasiado decir que las observaciones prácticas realizadas por los pescadores deberían tener una mayor prioridad que el control sistemático por parte de las instituciones científicas. 
Por supuesto, los pescadores podrían aportar sus datos. 
Algunas de las incertidumbres que rodean a las evaluaciones científicas se deben precisamente a la carencia de este tipo de datos, ya que los pescadores solamente suelen pasar datos que consideran que influenciarán las evaluaciones de acuerdo con sus propios intereses. 
Puedo aceptar las enmiendas 19 y 20 en parte. 
Los TAC se basan en una tasa de mortalidad por pesca del 0,25 e incorporamos este valor en la propuesta en la reunión del Consejo de diciembre. 
Sin embargo, no puedo aceptar la enmienda 21. 
Tras la reunión del Consejo de diciembre, la propuesta se enmendó de forma que el Consejo tiene un mayor ámbito a la hora de establecer los TAC. 
Ya no debe alcanzarse el nivel mínimo en un plazo de un año; en su lugar, los TAC pueden establecerse de forma que se alcance durante un período de tiempo más prolongado. 
Por lo tanto, debo rechazar también la enmienda 25, ya que el Consejo debe tener la oportunidad de reducir los TAC en casos excepcionales si fuese necesario por motivos biológicos. 
Lamentablemente, también debo rechazar las enmiendas 22 y 23, ya que lógicamente, implicarían que los TAC podrían modificarse en más del 15% cada año, y esto no es aceptable. 
Debemos tener el mismo grado de fluctuación en ambas direcciones; de no ser así las normas serán desiguales. 
Puedo aceptar las enmiendas 8, 11, 18, 24 y 26 en su totalidad. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Señorías, el siguiente punto del orden del día era la Declaración de la Comisión sobre el salmón, pero a las 16.30 horas tenemos, de manera imprescriptible, la Declaración de la Comisión sobre las perspectivas financieras, que presidirá el Presidente del Parlamento y para el que está anunciada la presencia del Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi. 
Por tanto, Señorías, para no deslucir la Declaración sobre el salmón, que quedaría interrumpida a los cinco minutos de empezar, vamos a suspender la sesión hasta las 16.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede a la declaración de la Comisión sobre el gran marco político para las próximas perspectivas financieras: Una Europa próspera: calendario político y recursos presupuestarios para una Unión ampliada 2007-2013. 
Quiero dejar constancia de mi agradecimiento –y del de la Cámara– de que la Comisión, en respuesta a la petición del Parlamento, haya adoptado esta comunicación esta tarde y haya venido directamente a informar a la Cámara. 
. Señor Presidente, Señorías, en 1989 cuado cayó el muro de Berlín, Europa Occidental se encontraba en el proceso de creación del gran mercado único, un objetivo que establecimos para 1992. 
La historia decidió que las grandes expectativas asociadas a la integración a su vez estuviesen asociadas con la esperanza inesperada de unificar toda Europa en paz y democracia. 
Desde aquel extraordinario momento, hemos avanzado considerablemente, y gran parte de las democracias surgidas de la caída del bloque soviético pronto serán parte de la Unión. 
Nuestra economía, pese a los problemas e incertidumbres, está disfrutando un nivel de prosperidad sin precedentes; en Europa tenemos una calidad de vida envidiada en todo el mundo; y, sobre todo, las diferencias en la riqueza y las oportunidades entre los Estados miembros se han visto reducidas con los años: esto es un éxito del que ninguna otra organización política puede preciarse. 
No obstante, no podemos decir que estemos satisfechos. 
No podemos porque, durante un tiempo, las dudas han arraigado en los corazones y las mentes de los europeos. 
Esta es una reacción al proceso de la mundialización del planeta con los cambios de gran alcance y cada vez más rápidos que implica. 
En la actualidad, Europa se pregunta si estará en posición de mantener los niveles de cambio para seguir controlando la globalización, o si se limitará a aceptar la situación y protegerse de los peligros. 
Solamente tenemos que escuchar las preguntas de los ciudadanos, preguntas muy simples. 
Preguntan lo siguiente: ¿se erradicarán los puntos de referencia culturales con los que nos identificamos? 
¿Por qué en ocasiones –de hecho, con frecuencia– hacerse viejo implica el riesgo de pasar a ser más pobre? 
¿Por qué los jóvenes se enfrentan a tanto desempleo y a una precariedad tan grande? 
Preguntas como esta dan lugar a dos actitudes opuestas: una parte de nuestra sociedad se retrae, buscando una seguridad ilusoria tras eslóganes antiguados y en ocasiones tribales que fomentan la xenofobia y la intolerancia; sin embargo, la gran mayoría de los europeos nos pide respuestas positivas y siempre nos pregunta qué está haciendo Europa. 
Esta es una postura saludable y madura, ya que assume un hecho simple: ningún país europeo puede actuar en solitario en el mundo globalizado y ninguno puede, por sí solo, responder a los desafíos de la subida de los grandes países de Asia, el desafío tecnológico de Norteamérica o los flujos migratorios desde el sur. 
La fuerza para responder a estos desafíos –nuestra fuerza– reside solamente en nuestra Unión. 
El tiempo ha demostrado que Monnet, De Gasperi, Adenauer y Schuman estaban en lo cierto; debemos combinar lo que tenemos en común; debemos luchar por el interés común, porque este es el único modo en que podemos proteger los intereses individuales. 
Señorías, el lanzamiento de la Estrategia de Lisboa en 2000 fue la culminación de nuestro reconocimiento colectivo de esta situación; en Gotemburgo, el proyecto se completó, incorporando totalmente la sostenibilidad como un componente clave, y esta estrategia generó energía y entusiasmo; hizo del Consejo Europeo de primavera el punto culminante desde el punto de vista del control, el estímulo y la determinación. 
Sin embargo, pese a los esfuerzos de todos, este proceso se tambalea. 
Las decisiones operativas cada vez son más escasas y, con frecuencia, nos limitamos a llamadas a la acción voluntaria. 
¿Por qué? 
Porque, para que tenga un verdadero impacto, la estrategia necesita un proyecto coherente y verificable; necesita organizar los instrumentos necesarios, los de los Estados miembros y de la Unión, lo cual incluye el presupuesto de esta. 
De hecho, debemos emplear nuestros recursos para aumentar la prosperidad de Europa en línea con sus valores; necesitamos transformar la Unión en una economía dinámica basada en el conocimiento; necesitamos garantizar el empleo para nuestros ciudadanos y hacer que el crecimiento económico sea económica y medioambientalmente sostenible. 
Antes de entrar en detalle sobre algunas de las decisiones de hoy, quisiera explicar el espíritu que nos impulsa y los procedimientos seguidos. 
La planificación presupuestaria trata de asociar los recursos a las necesidades. 
Dado que los recursos son limitados, las decisiones financieras deben seguir prioridades y opciones políticas; es decir, seguir y no preceder: este es un concepto fundamental. 
En numerosas ocasiones he declarado que es inaceptable planear el futuro de nuestras finanzas en función de un simple punto porcentual. 
Algunos han dicho –también con toda seriedad– que el presupuesto de la Unión no debe superar el 1% del PIB europeo. 
El problema con esta postura es que antepone las cifras al proyecto político: es como comenzar a construir una casa por el tejado. 
Entiendo que los países que introducen difíciles reformas también quieren que la Unión aplique políticas restrictivas; sin embargo, este planteamiento no es coherente, ya que el gasto nacional –en el ámbito de cada Estado individual– y el gasto de la Unión –producido de forma conjunta– no pueden intercambiarse, ya que son distintos en términos cuantitativos. 
El presupuesto de la Unión no es un gasto innecesario que debe reducirse al mínimo; el gasto comunitario financia las políticas comunes, es decir, aquellas actividades que los Estados miembros han decidido gestionar de forma conjunta; estas son más eficaces que las iniciativas nacionales y, en muchos casos, son inevitables, ya que tratan problemas que por su naturaleza son supranacionales. 
Existen muchos casos, en la vida de la UE, en los que 25 euros gastados conjuntamente valen más que un euro gastado en cada uno de los 25 países. 
Se trata de un concepto totalmente esencial que deberíamos fijar en nuestras mentes. 
El ahorrar en el presupuesto de la Unión no aumenta los recursos públicos nacionales, sino que se limita a socavar los cimientos de la casa en la que todos vivimos. 
Sin embargo, debemos canalizar los recursos disponibles hacia las prioridades de forma que maximicemos los beneficios. 
Por todos estos motivos, la Comisión debatió la nueva perspectiva financiera examinando en primer lugar qué debe hacerse –es decir, comenzando con el proyecto para Europa que queremos ver– y posteriormente, solamente después, abordando las cifras y los porcentajes. 
Sin embargo, los resultados no dependen exclusivamente de la suma disponible. 
Por ejemplo, hemos establecido que la actual estructura presupuestaria y determinadas normas de gestión son demasiado rígidas y que esta rigidez en ocasiones ha frenado el trabajo de la Unión en detrimento del interés común. 
No se trata simplemente de una cuestión de cantidad de recursos, sino también del modo en que pueden gestionarse. 
Por lo tanto, también proponemos una estructura presupuestaria que pueda responder de forma más flexible a las circunstancias nuevas e imprevistas. 
Quisiera hacer una última observación fundamental antes de pasar a los aspectos específicos de la propuesta. 
El plan financiero de toda organización es, como hemos dicho, una expresión de sus principios subyacentes. 
De los principios de la Unión, el que me gustaría destacar es el de la solidaridad entre los ciudadanos y los Estados miembros, solidaridad que hace que los recursos se transfieran de los países más ricos a los países y regiones más pobres. 
Nuestro plan está de acuerdo con esta decisión política subyacente y la desarrolla de un nuevo modo, situando la política de cohesión al servicio de la competitividad y el empleo de forma más clara que antes. 
Existen tres razones esenciales tras esta decisión: es una opción a favor de la coherencia, la justicia y la oportunidad. 
Digo coherencia porque el objetivo clave de nuestras políticas en el futuro será fomentar el desarrollo sostenible. 
El desarrollo desigual generará rechazo y temor a Europa en las regiones más desfavorecidas y alejadas, en lugar de confianza e implicación. 
Por otra parte, se trata de una cuestión de justicia, ya que no puede pedirse a nadie que participe en un proyecto conjunto sin que se le dé la oportunidad de mantener el crecimiento. 
Por último, se trata de una cuestión de oportunidad, porque la experiencia nos enseña que el desarrollo sostenible y equilibrado, especialmente en las regiones más pobres, es de por sí una fuente de mayor prosperidad para las regiones más ricas. 
Este es el pensamiento subyacente al plan financiero que les planteo hoy. 
A continuación pasaré a explicarles brevemente los principales aspectos. 
Como he dicho, existen tres prioridades principales: fomentar el desarrollo sostenible, poner en práctica la idea de la ciudadanía europea y reforzar el papel de la Unión como actor principal en la escena mundial. 
Por lo tanto, el desarrollo sostenible, la ciudadanía europea y el papel de la Unión en el mundo. 
Me gustaría destacar un aspecto del primer punto. 
Dado que el mercado interior ya se encuentra en funcionamiento en su mayor parte, necesitamos incorporar políticas en el contexto más amplio de una estrategia de crecimiento. 
Esta es una propuesta muy importante, que modifica la jerarquía del presupuesto de la Unión: ahora nos encontramos en posición de promover la competitividad de las empresas europeas mediante la explotación del hecho de que ya están funcionando en un mercado sin fronteras internas. 
Debo repetir que solamente existe un modo de aumentar la competitividad: a través de la calidad, el desarrollo tecnológico, la investigación y la innovación; en un sentido más amplio, la prioridad absoluta es la inversión en recursos humanos. 
Este es el punto unificador, el importante cambio en esta propuesta financiera. 
Es totalmente esencial que ideemos una estrategia común en el ámbito europeo para vincular nuestros centros de investigación y produzcamos los mejores científicos y académicos del mundo. 
Europa y el mundo de la educación necesitan abrirse a la formación a lo largo de toda la vida. 
Contamos con la tradición, la capacidad y las infraestructuras. Ahora depende de Europa invertir todos los recursos políticos y económicos necesarios. 
Volviendo al Segundo punto, con frecuencia he dicho que, incluso ahora, nuestros ciudadanos en ocasiones sienten que tienen lealtades divididas: a su ciudad, a su nación, a Europa. 
Uno de nuestros objetivos será poner en práctica el principio de la ciudadanía europea. 
La Unión debe trabajar conjuntamente con los gobiernos nacionales para garantizar el mismo nivel de derechos humanos, seguridad, protección y calidad de vida en todo su territorio. 
Esto implica la lucha contra el delito y el terrorismo; implica la gestión conjunta de las fronteras exteriores y de los flujos migratorios que tiene en cuenta la dignidad humana de los inmigrantes y los considera un recurso valioso para nuestra economía y nuestra sociedad. Por ultimo, implica desarrollar servicios de interés general que constituyen la columna vertebral de nuestro modelo social, como son la salud, la seguridad alimentaria, la educación, la energía y el transporte. 
Sobre todo, ahora que se están trazando las fronteras definitivas de la Unión, ha llegado la hora de dar forma a una verdadera identidad europea. 
Esta será la nueva frontera en las próximas décadas. 
Probablemente no se produzca ningún avance geográfico, pero es seguro que lo habrá en el frente espiritual. 
Por lo tanto, también debemos trabajar para fomentar la creatividad y los intercambios en los campos de la cultura, el arte, la literatura y los métodos de comunicación de masas. 
Por ultimo, en lo que respecta al papel de la Unión Europea en el mundo, la ampliación y la posibilidad de la unificación completa de nuestro continente, Europa será capaz de convertirse en una fuerza para la estabilidad y un punto de referencia en todo el mundo. 
Sin embargo, ha llegado la hora de asumir las responsabilidades que esto implica de forma madura. 
En primer lugar, debemos asumir una responsabilidad clara en el ámbito regional mediante la aplicación de la estrategia de la Comisión para desarrollar un círculo de países amigos. 
Durante los últimos años, debemos desarrollar esta política de vecindad para compartir proyectos y políticas con nuestros vecinos y garantizar la paz y la estabilidad extendiendo mayor prosperidad y nuestros principios fundamentales. 
Sin embargo, nuestra responsabilidad va más allá de nuestro papel en el ámbito regional. 
Europa debe mantener y aumentar su contribución al crecimiento, ya que el abismo de oportunidades y condiciones de vida entre el norte y el sur en el mundo es incompatible con nuestras tradiciones políticas, civiles y humanas. 
Esta situación no solo no nos interesa, también aumenta los flujos migratorios irregulares que tanto alarman a nuestros ciudadanos. 
Por lo tanto, la Unión debe seguir fomentando el diálogo, las soluciones pacíficas y los planteamientos multilaterales. 
Debemos encontrar una única voz en la escena mundial, con el objetivo final de contar con una representación conjunta en asambleas como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
En todo el mundo hay personas que nos consideran una fuerza equilibrada y sabia además de una esperanza para la paz. 
No podemos defraudar estas expectativas; debemos superar nuestras diferencias y, juntos, proponer el modelo que hemos mejorado en los 50 años de existencia de la Unión. 
Estos, Señorías, son solo algunos de los numerosos objetivos que incluye nuestra comunicación. Para conseguirlos todos, como constantemente se nos solicita que hagamos, necesitamos un presupuesto mucho mayor que el que se nos ha dado hasta el momento. 
Sin embargo, la Comisión es realista, muy realista. 
Hemos trabajado de forma meticulosa durante un año –implicando a seis grupos de Comisarios y a todo el Colegio en varias ocasiones en diversos seminarios, así como a todas las Direcciones Generales y a cada uno de los gobiernos– y los materiales para esta gran cantidad de trabajo preparatorio se publicarán en Internet por si quieren y pueden utilizarlos para hacer posible un debate más detallado. 
Hemos analizado, evaluado, tomado decisiones y dispuesto reformas. 
Hemos decidido, no sin dificultad, mantenernos dentro del techo actual de los recursos propios de la Unión, en otras palabras, el 1,24 % del PIB europeo, más los fondos de cooperación ACP (EDF) que deben introducirse en el presupuesto. 
Sobre esta base hemos actuado con rigor, determinación e intención clara para revisar el gasto que, limitando los pagos un promedio del 1,15 % del PIB, nos deja margen suficiente para poder trabajar de forma tranquila. 
Estamos convencidos de que, aunque esto realmente no es suficiente para alcanzar los objetivos que persiguen los Estados miembros –y que estos nos han planteado de forma unánime– será posible, con una suma de este tamaño, conseguir resultados específicos. 
De hecho, nos preocupan no solo los números, sino también la eficacia del gasto. 
No nos limitamos a justificar la necesidad de recursos, sino que también estamos estableciendo una nueva estructura para utilizarlos de forma mejor y más racional. 
Esto implica seguir mejorando la cultura administrativa y la gobernanza de la Unión Europea. 
Si de hecho mantenemos, por una parte, que es necesaria y más eficaz una acción en el ámbito europeo en un gran número de casos, la Comisión programa, por otra, implicar a otros órganos para que racionalicen la aplicación de nuestras medidas sobre el terreno. 
En concreto, la asociación con los Estados miembros es una relación que implica la movilización cada vez más activa de las regiones y las autoridades locales. 
Por último, estamos trabajando para simplificar en gran medida los instrumentos que se utilizan en la actualidad. 
Para ponerles un ejemplo, proponemos reducir las medidas utilizadas en la actualidad en el campo de las relaciones exteriores de más de 100 a seis, cada una dedicada a un área operativa y política específica. 
Señorías, la comunicación que les presento hoy no es un documento técnico contable; se trata de una declaración política y les pido que la consideren así. 
Pretende proporcionar el marco operativo para gestionar los principales cambios en la Unión para los próximos años. 
Los Comisarios, los departamentos de la Comisión y yo mismo nos hemos volcado en la labor con energía y entusiasmo, y estoy seguro de que podrán ver esta energía y entusiasmo reflejados en los resultados de nuestro trabajo. 
Para la Comisión, estas páginas constituyen una importante expresión de confianza renovada en Europa y sus instituciones. 
Ahora se las entregamos al Parlamento y al Consejo para que las analicen, y me complacería que también para ustedes fuesen un mensaje lleno de esperanza y realismo para nuestro futuro. 
El primero se refiere a los importes necesarios para cumplir las aspiraciones de todos los que quieren ver una Europa próspera en el futuro –al margen de que este umbral sea del 1% o del 1,24 % de la Renta Nacional Bruta o se sitúe entre estos dos porcentajes– y recordar a todo el mundo que hoy comienza lo que probablemente va a ser un proceso de 12 meses. 
Aunque el Sr. Prodi ha hecho una declaración, si nos guiamos por prácticas pasadas no creo que se llegue a una conclusión sobre este tema al menos en un año. 
En diciembre, el Sr. Colom i Naval, ponente sobre las perspectivas financieras, presentó un documento de trabajo a la Comisión de Presupuestos sobre la evaluación de las perspectivas financieras desde su inicio en 1988 hasta 2002. 
Durante estos 15 años, la ejecución media del presupuesto es, curiosamente, del 1% del PIB. 
El Consejo podrá decir que esto es suficiente, pero obtener una media de un 1% durante estos años significa que tenemos que gastar por encima de un 1% en determinados años. 
De hecho, gastamos hasta la cifra mencionada por el Sr. Prodi –un 1,15 %– en 1993. 
Lo que quiero decir es que este tipo de flexibilidad es necesaria si tenemos que seguir obteniendo una media decente. 
Si esta media ha de ser de un 1%, habrá años en que tendremos que sobrepasar el 1% de forma bastante significativa. 
Todavía no estoy seguro de si la cifra del 1% del Consejo incluye el FED. 
No creo que sea así, pero entonces el porcentaje sería de un 1,03 % en el mejor de los casos. 
Quiero comentar una cosa a aquellos Estados miembros que han criticado el Pacto de Estabilidad su excesiva rigidez. 
También tienen que darse cuenta de que si conviene que haya flexibilidad en el Pacto de Estabilidad, no necesitamos rigidez en el presupuesto de la Unión Europea, aferrándonos al 1%, tal como proponen algunos Estados miembros. 
Esto se ha visto en la Categoría 4, donde sin el instrumento de flexibilidad no habríamos podido financiar las acciones en Kosovo, Serbia, Afganistán, el Iraq ni en otras zonas. 
Necesitamos que haya flexibilidad en el presupuesto. 
Hablando a título personal, quizás nos arreglaríamos con un 1% si estos mismos Estados miembros ya no hubieran acordado que el gasto agrícola tiene que fijarse en concreto hasta 2013. 
Cito del documento de la Comisión: «Un límite máximo de alrededor del 1% de la RNB sería insuficiente para cumplir los compromisos asumidos por el Consejo Europeo en relación con los pagos agrícolas, minaría la progresiva integración de la política de cohesión en los diez nuevos Estados miembros y pondría en peligro los niveles existentes en otras políticas». 
Continúa diciendo: «Otra alternativa sería proceder a recortes generales y a la renegociación de los acuerdos existentes, incluidas las sumas decididas en el Consejo Europeo de Bruselas de octubre de 2002.» 
Espero que el Consejo esté al corriente de esto. 
Mi segundo comentario es, en concreto, para el Consejo. 
Para alcanzar un acuerdo sobre las nuevas perspectivas financieras es necesario un acuerdo interinstitucional. 
Solo quiero recordar al Consejo que somos una de estas instituciones, y que será necesario el acuerdo del Parlamento para llegar a un acuerdo interinstitucional. 
Nos trae sin cuidado si no lo alcanzamos: nos bastará con remitirnos al artículo 272 del Tratado y seguiremos gestionando el presupuesto sin el visto bueno del Consejo. 
No se trata de una amenaza, es solo un comentario al Consejo, que debe tenerlo en cuenta mientras seguimos este procedimiento. 
Mi último punto es que durante los casi 15 últimos años –todo el tiempo que he estado en este Parlamento y en la Comisión de Presupuestos– el ponente encargado de las perspectivas financieras ha sido el Sr. Colom i Naval. 
Posiblemente esta va a ser su última sesión plenaria: con esto estoy adelantando noticias. 
Le van a ofrecer el puesto de responsable de la Sindicatura de Cuentas del Gobierno catalán, y no cabe duda de que va asumir este cargo dentro de muy poco tiempo. 
Quisiera elogiar su labor incesante; conoce este tema mejor que nadie, y me atrevo a decir que hasta la desesperación. 
Puede citar el acuerdo interinstitucional con pelos y señales, pero me ha venido bien que fuera así en numerosas ocasiones. 
Quiero agradecerle todo su trabajo durante estos 15 años, y también le deseo lo mejor en su nuevo cargo. 
Espero que expreso el deseo de todo el Parlamento en este sentir. 
Sr. Wynn, gracias por su intervención y su anuncio con respecto al futuro de su Señoría, el Sr. Colom i Naval. 
En nombre de la Cámara, quiero felicitar al Sr. Colom i Naval por el nombramiento. 
Le deseamos lo mejor, pero lamentamos que debido a este su nuevo cargo tenga que abandonarnos antes de que termine esta legislatura. 
– Señor Presidente, acogemos con agrado el debate de esta tarde. 
Tal como ha anunciado el Presidente de la Comisión, se trata ya de una decisión de la Comisión, y el hecho de que se haya dirigido primero a nosotros en el Parlamento siempre es algo agradable en lo que se refiere a asuntos presupuestarios. 
En primer lugar, desde la perspectiva de mi Grupo, vamos a considerar el punto de vista que el Sr. Wynn acaba de expresar: vamos a ser más bien prudentes sobre si necesitamos para algo las perspectivas financieras. 
Disponemos de acuerdos multianuales que mantienen la disciplina, que no teníamos antes de que se introdujeran las perspectivas financieras. 
No queremos directrices –que es lo que son las perspectivas financieras– para que sean un fin en sí mismas. 
Hemos de recordar muy claramente, mientras avanzamos en este debate, que tenemos el derecho, con arreglo al artículo 272 del Tratado vigente –no necesariamente con arreglo al Tratado Constitucional, sino al Tratado en vigor– de continuar el proceso presupuestario y, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de vigilar que los derechos parlamentarios se preserven como es debido durante todo el proceso. 
En segundo lugar, si tiene que existir una perspectiva financiera, acogemos con satisfacción las ideas que el Presidente ha formulado hoy sobre una mayor flexibilidad, categorización y, en perspectiva, mirar de qué forma se gastará adecuadamente el dinero. 
Que quede claro que no se tomará ninguna decisión en este Parlamento sobre la naturaleza final de esta perspectiva financiera. 
También hemos de inspirarnos en el asesoramiento y conocimiento sobre este tema del Sr. Colom i Naval. 
Usted y yo, Joan, tenemos un punto de vista común sobre la última perspectiva financiera, y creo que está muy claro que compartimos el punto de vista sobre ella, en particular sobre su duración. 
Hemos dejado muy claro, en la resolución del Sr. Wynn y en los documentos de nuestro Grupo, que no queremos una perspectiva financiera que vaya más allá del mandato de la próxima Comisión, ya que ¿cómo uno puede justificar en términos democráticos que estamos tomando decisiones en nombre de Parlamentos y Comisiones futuras? 
Hemos de atenernos al mandato de la próxima Comisión, que es de cinco años. 
Sugerir una fecha para después de 2013 es sugerir que un antiguo Parlamento va a comprometer a un nuevo Parlamento después de 2014; esto no funciona. 
Hemos de aceptar este hecho. 
El último pensamiento es que ahora vamos a tener una ampliación –25 países– y todos conocemos las grandes dificultades que entrañará gestionar la Unión Europea. 
¿Incluye esta perspectiva financiera a Turquía de alguna forma? 
¿O va a representar un gasto adicional? 
¿Decidirá iniciar negociaciones en diciembre de 2004? 
Para muchos miembros de mi Grupo político, y puede que en todo el Parlamento, empezar las negociaciones de lleno con un país cuando uno ni siquiera conoce cuál es su capacidad financiera real –gobernar una Unión de 25 países de esta forma– sería extraordinariamente torpe e irresponsable, debido a que necesitamos conocer cuál será la base al negociar con un país de ese tamaño. 
Por lo tanto, para concluir, evitemos, cuando alcancemos decisiones de este tipo, un enfoque de estilo soviético para planificar lo que va a llevarnos demasiado lejos en el futuro de nuestros compromisos. 
En segundo lugar, asegurémonos de que sea debidamente democrático y no tomemos decisiones que lamentaremos más tarde por haber incluido a países para los que no disponemos de capacidad financiera. 
Señor Colom i Naval, a la vista del anuncio efectuado por el Sr. Wynn, no sé si esta va a ser su última intervención o no en esta Cámara, pero en cualquier caso dispone usted de cuatro minutos. 
– Señor Presidente, suplico indulgencia. 
En realidad, muy posiblemente esta sea mi última intervención en esta Cámara, al menos desde este escaño, ya que mañana y el jueves ocuparé la Presidencia. 
Señor Presidente, permítame al menos unos segundos para agradecer las palabras del presidente de la Comisión de Presupuestos y las suyas, los aplausos y las felicitaciones de varios colegas, que han venido ahora al saberse que probablemente esta sea mi última intervención desde el escaño ante esta Asamblea. 
Quiero decirles que, efectivamente, para alguien que inició su carrera política en la clandestinidad antifascista, a los 18 años, el haber tenido la oportunidad de estar aquí, en el Parlamento Europeo, es una experiencia inolvidable. 
Considero mis 18 años en el Parlamento Europeo un privilegio y quisiera agradecer esto a todos los colegas, a la Mesa, especialmente a los colegas de la Comisión de Presupuestos y a los funcionarios y colaboradores que hemos tenido en este período. 
Si me añoran, en todo caso, sepan que mis nuevas funciones son incompatibles con la remuneración, por lo tanto, les podré aconsejar "gratis". 
Dicho esto, me permito entrar ya en materia. 
Quisiera ejercer, por última vez, de ponente en las perspectivas financieras diciendo que, por fin, tenemos la anunciada Comunicación de la Comisión respecto a uno de los temas esenciales de la Unión Europea para los próximos años y que hasta ahora solo conocíamos a través de filtraciones de prensa o borradores, pero de la que nunca, prácticamente hasta el viernes pasado, en el diálogo tripartito que tuvimos en Dublín, habíamos tenido comunicación oficial. 
La intervención de la Comisión, especialmente la del Sr. Prodi, nos ha dado una imagen de tintes más positivos que el texto que conocíamos hasta ahora, del que yo discrepaba por algunos tonos apocalípticos que tenía. 
Creo que hay que tener una visión positiva y me parece que es este el enfoque que hay que adoptar para afrontar los problemas y las propuestas de actuación para conseguir el crecimiento económico de la Unión en los próximos años. 
Pero me temo que, una vez más, se empieza la casa por el tejado o, para ser precisos, por el techo. 
Se parte, de hecho, a priori, , de un techo máximo para el presupuesto por debajo del cual se intenta hacer encajar las políticas, en vez de mirar cuáles son las políticas y cuáles son las necesidades financieras y ver hasta qué punto tenemos medios para financiarlas. 
Diría que la Comisión ha caído un poco en la trampa de "la banda de los seis": los ministros de Hacienda de los autodenominados "contribuyentes netos", que han propuesto que no se supere el 1 % del techo de las perspectivas financieras. 
Creo que la más elemental táctica negociadora exigía ir más allá y ser más ambiciosos, y no quedarnos en lo que la Comisión se fijó- ella misma y las autoridades presupuestarias- en 1992 para afrontar las necesidades de una Comunidad Europea que entonces era a doce. 
Ese es el porcentaje que nos están proponiendo mantener. 
Se pretende aumentar la competitividad de la economía, cumplir los objetivos de Lisboa, mantener la política de cohesión, financiar la ampliación, resolver el efecto estadístico en los flujos hacia las regiones más pobres de la actual Unión a quince. 
Se quiere tener una política exterior, de seguridad, quizás también de defensa, I+D, etc., y todo ello ¿con qué dinero? 
Tomo nota- porque me parece importante- de que por fin se ha tomado la propuesta de incluir un impuesto europeo, pero, aún así... 
Cabría preguntarse si en estas cifras no se esconden recortes a las llamadas políticas prioritarias y- apunto más- a la agricultura y a los Fondos Estructurales. 
Señorías, deberíamos recordar todos a la Comisión y al Consejo que, por la sistemática negativa del Consejo, las perspectivas no figuran en los Tratados hasta ahora y, por lo tanto, hasta que no entre en vigor la Constitución en los términos aprobados por la Convención, no tenemos ninguna obligación de firmar ese acuerdo ni de aprobar paquete alguno de perspectivas financieras. 
Espero que la Presidencia irlandesa tome buena nota de ello a efectos de acelerar la Constitución. 
No entraré más en el tema de la duración, pero si haré un par de preguntas técnicas. 
Se simplifica el número de rúbricas a cinco, pero se multiplican las subrúbricas: ¿que consecuencias tiene ello? 
¿Qué reglas hay para mover dinero o créditos de una subrúbrica a otra? 
Si tenemos perspectivas financieras, ¿cuál va a ser exactamente el mecanismo de flexibilidad? 
Y, por favor, tenemos una cifra del 1,24 %, pero clarifiquen el baile de conceptos entre créditos de pago, créditos de compromiso, la referencia indistinta al producto interior bruto, al producto nacional bruto o a la renta nacional bruta. 
Son cuestiones que, como quien no quiere la cosa, pueden suponer 7 000 millones de euros de diferencia. 
Señorías- y con esto acabo -, el avance de la construcción europea en una Europa solidaria y ampliada exige generosidad y amplitud de miras, y parece que tengamos bastantes más ambiciones que presupuesto. 
Pido a quienes no van a dejar esta Cámara para incorporarse a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña que se ciñan a su tiempo de intervención. 
– Señor Presidente, Presidente de la Comisión, parece que a algunos de nuestros Estados miembros les ha entrado el picor de los siete años: una necesidad irresistible de rascar el mejor acuerdo financiero para ellos mismos. 
Pero en sus ansias de satisfacer sus propios intereses, los Estados miembros se olvidan de preguntar cuál podría ser el mejor acuerdo para Europa. 
Los Liberales, Demócratas y Reformistas creen que los Gobiernos, en primer lugar, tal y como ha propuesto el admirable Sr. Colom i Naval, deben analizar seriamente lo que han pedido a la Unión Europea que haga y, después, han de facilitar a las instituciones los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea. 
Además, los Gobiernos tienen que abordar con determinación el derroche y el fraude, que en su mayor parte se dan en el ámbito nacional, y el gasto destinado a nuestras prioridades a fin de garantizar la máxima rentabilidad para los contribuyentes. 
Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros tres Estados han formado una alianza que no es santa, unida únicamente por su celo por mantener bajas sus contribuciones presupuestarias. 
Dejando de lado incluso los mayores beneficios que compra la Unión Europea, esta necesita un presupuesto que sea coherente con sus responsabilidades. 
Este año vamos a incorporar a diez nuevos Estados miembros. 
Europa tiene importantes nuevas responsabilidades en el exterior, y la función de protegernos frente al crimen y al terrorismo en casa. 
Para reactivar el crecimiento es preciso avanzar en la ambiciosa agenda de reformas de Lisboa. 
¿Esperan realmente los seis países que la Unión Europea haga todo esto con el 1% de la renta nacional bruta? 
Con un gasto fijado en el 1,11 % de la RNB para 2006, un umbral del 1% en 2007 no es una remodelación, sino un recorte. 
Ninguno de estos Estados miembros puede decirnos dónde se harán las reducciones. 
De hecho apostaría a que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo entre ellos mismos. 
A los ciudadanos europeos les diría: ¡ojo, comprador! 
Son los mismos Gobiernos que en 2002 acordaron un aumento anual del 1% del gasto en la Política Agrícola Común. 
Si los Estados miembros mostraran una verdadera voluntad de reformar más la PAC, sería más fácil tomar en serio sus reivindicaciones de parsimonia. 
Por tanto, actualmente esta Unión funciona con un poco más del 1% de la renta nacional bruta de los Estados miembros, mientras que el presupuesto del Gobierno Federal de los Estados Unidos es del 20% de la RNB. 
Hemos de seguir esforzándonos por ahorrar lo posible, pero también por capacitar a la Unión para cumplir los objetivos que nos hemos fijado nosotros mismos. 
Mi Grupo cree que la clave de una buena rentabilidad reside en un aumento presupuestario modesto, dejando un margen seguro para gastos imprevisibles, asociados a la reforma, menos gastos e inversiones más inteligentes. 
Y no las promesas de un gasto más inteligente por parte de los Estados miembros sin voluntad de cumplirlo. 
– Señor Presidente, en muchas ocasiones he censurado, en nombre de mi Grupo, la propensión del Consejo Europeo a fijar a la Unión nuevas prioridades al mismo tiempo que le niega los medios financieros necesarios. 
Esta política miope nos ha llevado demasiado a menudo a abandonar un ámbito que considerábamos crucial la víspera por otro que juzgábamos decisivo al día siguiente. 
Así, desvistiendo a un santo para vestir a otro, hemos ido sobreviviendo medianamente con un presupuesto irrisorio, un presupuesto que en 2004 alcanzó un mínimo histórico, por debajo del 1% del PIB, es decir un 20% menos que el límite máximo que los propios Quince acordaron para el período 2000-2006. 
Esta estrecha visión de las responsabilidades de la Unión genera hoy, con la ampliación, una situación explosiva. 
Si los seis Estados contribuyentes netos al presupuesto europeo ponen realmente en práctica su proyecto de imponer, a partir de 2007, una congelación del gasto en su nivel actual, ¡cuántas bellas promesas van a hacerse añicos! 
Los proyectos de grandes obras, bautizados con demasiada rapidez como «iniciativa de crecimiento» , pueden verse enterrados una vez más. 
En cuanto a las ayudas regionales y sociales, a los créditos del Fondo de Cohesión, se fundirán como nieve al sol para la mayoría de sus beneficiarios actuales y muchos de sus destinatarios futuros. 
¡Adiós a la cohesión! 
¡Adiós a la solidaridad! 
En el plano social, esto se llama cinismo, en el plano político, irresponsabilidad. 
Puede que sean severas palabras para los Estados afectados, pero esto no me lleva a dar mi aprobación a la Comisión. 
Su Comunicación, señor Presidente de la Comisión, es más bien lacónica en cuanto a las opciones que hay que tomar para responder a las necesidades que se perfilan. 
¿Dónde está la ambición anunciada, aun cuando el desafío de un desarrollo equilibrado de la Unión Europea ampliada no pueda superarse evidentemente solo con un aumento de las perspectivas financieras de una o dos décimas de porcentaje del PIB? 
Recuerdo que la población de la Unión aumentará un tercio de aquí a 2007. 
Los nuevos conciudadanos tienen una renta inferior en más de la mitad a la de los Quince y, en muchos aspectos, pienso que el famoso acervo comunitario les sienta mal. 
Añadiré que la posición de la Comisión no está exenta de contradicciones. 
Por un lado, espera legítimamente de cierto número de Estados miembros un aumento de su contribución neta al presupuesto comunitario, pero, por otro, lleva el culto de la limitación del gasto público hasta llevar a los tribunales al Consejo de Ministros por inobservancia del Pacto de Estabilidad. 
Pedir o castigar, hay que elegir. 
Solo mencionaré uno, el de las regiones que se verán privadas en el futuro, en lo esencial, del beneficio de los Fondos Estructurales aunque su situación apenas ha cambiado. 
Simplemente, la llegada de regiones más pobres a la Unión va a bajar mecánicamente, yo diría burocráticamente, el umbral de admisibilidad a esos Fondos. 
Es comprensible que las negociaciones que se anuncian susciten un poco en todas partes las más vivas preocupaciones. 
Otros tantos síntomas de lo que me parece cada vez más una crisis de la construcción europea. 
Tras la fractura debida a la guerra del Iraq, el «estúpido» asunto del Pacto de Estabilidad o incluso las condiciones del fracaso de la Cumbre de Bruselas sobre la Constitución, tenemos ahora el debate presupuestario para exponer de un modo nuevo y edificante lo mal que van las cosas. 
Parece absolutamente necesaria una refundación de Europa. 
Ante el riesgo de una peligrosa ola de desencanto entre los ciudadanos, la esperanza reside, a mi entender, en la fuerza creciente de la exigencia de otra Europa. 
Los próximos meses van a ser decisivos para el declive o el crecimiento de una hermosa utopía. 
– Señor Presidente, quiero hacer extensiva mi más sincera gratitud al Presidente Prodi por su temprana presentación de la propuesta sobre las perspectivas financieras. 
Esto nos da, como Parlamento, además de a los gobiernos nacionales, una gran oportunidad de enumerar nuestras prioridades para los próximos años. 
Después de todo el presupuesto es, lógicamente, la traducción financiera de la política que queremos, nada más, ni nada menos. 
Respecto a esto, quisiera felicitar a la Comisión. 
Está tratando de señalar, de forma honrada y valiente, el coste del contenido de los planes realizados por los Jefes de Gobierno europeos y también de la Comisión durante los últimos años. 
En mi opinión, la Comisión es, en este sentido, mucho más honrada que los seis contribuyentes netos que, el pasado diciembre, afirmaron que no pagarían ni un céntimo más que lo que pagan ahora. 
En este sentido, comparto la actitud crítica de mis colegas diputados. 
El uno por ciento y ni un céntimo más, independientemente de la ampliación, de la necesidad de Europa de desempeñar un papel más prominente en el mundo, de los planes de control de la frontera europea y de la promesa de convertir a Europa en la economía de conocimiento más dinámica del mundo: los planes de este tipo siempre se anuncian con mucha pompa y circunstancia, pero en última instancia, los Estados miembros se niegan a aceptar las implicaciones. 
El aumento de tareas para la Unión Europea, una Unión Europea mayor, también requerirá más dinero. 
Quisiera instarles a que aporten su dinero a sus planes. 
Por supuesto, también el gasto actual podría salir a la luz. 
Definitivamente aquí podrían hacerse recortes y mi grupo estaría dispuesto a hablar sobre ello. 
Sin embargo, el problema es que estos seis países que se limitan a este uno por ciento también se niegan a debatir reformas adicionales con respecto al mayor elemento deudor del presupuesto, la política agrícola. 
Se trata de una política que todavía recompensa de forma masiva a los agricultores y es negativa para los animales y el medio ambiente. Los contribuyentes netos se niegan a hablar de esto por motivos que no entiendo. 
Es hora de que comencemos a hablar no solo sobre la cantidad en cuestión o sobre lo que el Sr. Prodi ha dicho respecto a empezar la casa por el tejado, sino también sobre una forma realmente útil de gastar el dinero de los contribuyentes. 
Respecto a esto, tengo muchas dudas relativas a la propuesta de la Comisión. 
Quiere establecer una gran cantidad de dinero dentro del apartado del desarrollo sostenible, lo cual está bien, llega a mi verde corazón. 
Sin embargo, ¿exactamente qué es tan sostenible respecto a las propuestas que ha formulado? 
La Comisión ha desarrollado toda una estrategia para estimular la investigación, ¿pero por qué no se ha hecho esto para el medio ambiente? 
¿Por qué se han abandonado todos los planes para hacer que la agricultura sea más verde mediante el estímulo del desarrollo rural a expensas de la producción agrícola intensiva? 
¿Porqué no hay más financiación para el desarrollo rural? 
La Unión Europea también es muy ambiciosa cuando se trata de la política exterior. 
Los vínculos con los nuevos países vecinos deben reforzarse y Europa debe desempeñar un papel globalmente importante. Mi grupo aplaude esto. 
Este papel también requiere una idea sobre cómo, por ejemplo, se pagarán las futuras crisis internacionales, que es lo que falta en la actualidad. 
El Sr. Wynn también señaló que, si no hay flexibilidad en el presupuesto europeo, entonces se corre el riesgo de que la factura corra siempre a cargo de otras medidas políticas. 
Por lo tanto, la factura finalmente deberán pagarla, por ejemplo, nuestros nuevos vecinos, al tiempo que, de hecho, tratamos de reforzar estos vínculos. 
Una mayor flexibilidad también con respecto a la política exterior es algo que todavía debe incorporarse a los planes de la Comisión. 
Espero ansiosa saber más al respecto. 
Agradezco al Sr. Prodi la presentación de este programa, cuya relevancia cabe ser considerada, y cuyo contenido difiere claramente del sugerido por los rumores que circulaban de antemano. 
No obstante, es cierto que no podemos anunciar como un gran éxito el haber establecido la misma cifra de referencia – 1,24 – que en ocasiones anteriores. 
Sin embargo, quiero dar las gracias al Presidente de la Comisión por haber alcanzado un acuerdo, aunque sea uno incompleto. 
Una vez dicho esto, es mi deber, como joven Vicepresidente de la Comisión de Presupuestos, manifestar mi inquietud y expresar mi preocupación por la agricultura, la cultura, los proyectos RTE, la tecnología, la investigación, las universidades y todos los programas que se han anunciado y puesto en marcha con tanto entusiasmo. 
Opino que, en vista de la inminente ampliación hacia el este, no podemos afirmar de forma categórica –sobre todo, el Consejo– que se trata de un acuerdo de fundamental importancia. 
Tan solo es posible admitir que estamos ante un acuerdo debilitado. 
Creo que el Sr. Colom i Naval, a quien agradezco su aportación, el Sr. Wynn y también el Presidente de la Comisión serán capaces de apoyar a un joven como yo cuando digo que quisiera recordar las palabras de una gran figura, Ignacio de Loyola, fundador de los Jesuitas, quien decía que temía el día en que ya nadie luchara contra él. 
Bien, considero que es preciso que todos luchemos con este mismo espíritu por conseguir una Europa más fuerte, pero una Europa que tenga al mismo tiempo mayor capacidad de desarrollo y más recursos disponibles para nuestros proyectos. 
– Señor Presidente, hay un refrán neerlandés que dice lo siguiente: «», es decir, «quien mucho abarca, poco aprieta». 
Este comentario va dirigido a la Comisaria Schreyer, quien pretende que el gasto comunitario alcance el porcentaje máximo de un 1,24 % del producto nacional bruto. 
De entrada, una propuesta de este tipo resulta poco realista, ya que seis contribuyentes netos desean limitar el presupuesto comunitario a un 1%. 
Durante las últimas décadas se ha demostrado que los efectos de las subvenciones destinadas a la política regional son mínimos, excepto en Irlanda. 
Por lo tanto, resulta sorprendente que la Comisión proponga aumentar esta partida en un 23%. 
¿Acaso la Comisaria no ha oído hablar nunca de la adicción a las subvenciones? 
Proponemos que se restrinjan de forma automática los ingresos netos de aquellos Estados miembros que disfruten de un nivel de prosperidad situado por encima del 90% de la media europea. 
Es preciso que no reciban cada año más de un 1% neto del producto interior bruto. 
De este modo, se conseguiría dar un respiro a las regiones más pobres de los países candidatos. 
Es probable incluso que la política estructural de estos países resulte más efectiva. 
La distribución equitativa entre los viejos y los nuevos Estados miembros, tal y como sugiere el Comisario Barnier, constituye una puñalada. 
Si se tienen en cuenta los limitados márgenes de los presupuestos nacionales, la decisión de gastar dinero en la remodelación de una institución europea que, como mucho, se convertirá en una réplica de la OTAN, demuestra un escaso realismo político. 
Existe una propuesta que cuenta con nuestra aprobación, la cual está relacionada con la introducción de un mecanismo de corrección general para aquellos Estados miembros que aporten cantidades excesivas a los fondos de la Unión Europea. 
En cuanto al resto, convendría que el Comisario propusiera la realización de presupuestos plurianuales que, en lugar de repetir más de lo mismo, reflejen prioridades reales y ofrezcan soluciones viables y realistas. 
Señor Presidente, estoy a favor de que el porcentaje indicado en la propuesta de la Comisión –aunque esta no sea de gran importancia, y apoyo a aquellos que han destacado este aspecto– no se establezca por debajo del valor acordado. Este constituye en la actualidad un mínimo absoluto para una Europa que ha crecido, que seguirá creciendo y que pretende acertadamente extender el alcance de sus acciones políticas más allá de sus límites institucionales con el fin de abarcar un horizonte más amplio. 
Desde este punto de vista, resulta sin duda esencial respaldar un enfoque de este tipo. 
No obstante, tal y como ya han resaltado anteriores oradores, la Comisión debería haber ido más lejos en esta fase del debate europeo que se ve amenazada por tendencias que defienden tanto el aumento del gasto como la economía y el ahorro. 
Gracias a la Comisión y a su informe Sapir, somos conscientes de lo imprescindible que resulta cambiar las prioridades de nuestras inversiones y nuestro presupuesto para poder ser competitivos y ofrecer a Europa la esperanza y los objetivos a los que ha hecho referencia el Sr. Prodi. 
Sin embargo, el informe Sapir se ha paralizado porque provoca inquietud en mucha gente y muchos gobiernos que no desean oír hablar de determinados temas. 
Así, en un momento en el que la Comisión acostumbra a abordar asuntos conflictivos, como ya hizo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, surge, por ejemplo, este acuerdo, el cual parece haber sido grabado en piedra y que, mientras nos encontramos debatiendo la PAC, nos hemos comprometido a no abordarlo hasta el año 2013. 
Convendría haber incluido esta cuestión en la comunicación de hoy. 
Señor Presidente, coincido con el diagnóstico inicial que ha hecho el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, cuando se ha referido a que la historia reciente de los últimos años viene constituida por un muestrario impresionante de dogmas que se han relativizado, de imposibles que se han hecho realidad y de realidades perennes, como el muro de Berlín, que han caído como los cedros del Líbano, de los que nos hablaba el escritor clásico. 
Creo que ese es el contexto donde hay que situar esta Comunicación de la Comisión, en el que las próximas perspectivas tienen que hacer frente a las nuevas circunstancias. 
Esta Comunicación de la Comisión tendrá que completarse con el informe de propia iniciativa, que va a preparar la Comisión de Presupuestos de este Parlamento, y adaptarse a las nuevas circunstancias de la ampliación: de las elecciones europeas saldrá un nuevo Parlamento y una nueva Comisión. 
En cualquier caso, creo que hay que dar la bienvenida al trabajo de la Comisión y a las nuevas rúbricas presupuestarias: la del desarrollo sostenible, la de poner a la persona en el centro de nuestro proyecto y la de potenciar una acción exterior de la Unión Europea más visible y más eficaz. 
Quisiera además poner el acento de forma muy clara en la alternativa que nos ha presentado el Presidente Prodi de elegir entre los dos modelos de Europa. 
Y él nos ha dicho que, entre la Europa de lo tangible, de lo contante y lo sonante, del saldo neto y del beneficiario neto, él ha elegido un modelo compatible con el anterior, que es un modelo más elevado y es el de la Europa de los valores, la Europa de la paz, de la comprensión, de la concordia y de la solidaridad. 
Solidaridad que tiene que ir de la mano con el espíritu y la estrategia de Lisboa. 
Por eso, señor Presidente, me felicito de esta elección estratégica que ha hecho hoy la Comisión de presentar una Comunicación que no se basa en un modelo de Europa egoísta, sino en un modelo que ha sido capaz de poner las cifras al servicio de los ideales. 
– Señor Presidente, Presidente Prodi, colegas, Señorías, el día de hoy nos embarcamos en un debate cuya preparación durante las últimas semanas se ha visto acompañada por una enorme cantidad de imaginación. Me complace que finalmente se hayan presentado las propuestas para poder discutir sobre ellas. 
No soy tan inseguro como para sentir la necesidad de seguir a rajatabla las sugerencias de los demás. 
Tampoco siento la necesidad de cumplir exclusivamente las propuestas de la Comisión, del mismo modo que no veo justificación suficiente para adoptar las declaraciones individuales del Consejo o de miembros de este como un punto de referencia que deba seguir. 
Como diputados de este Parlamento, una de las instituciones que votará sobre estas perspectivas financieras, tendremos que abordar estos asuntos en las semanas, los meses y, sin duda, en los años venideros, tal es la cantidad de tiempo que pueden llevar estos complicados debates. 
Durante este proceso, no se puede admitir una afirmación como la siguiente por parte de uno de los implicados: «Tenemos una idea y queremos una enorme cantidad de dinero para llevarla a cabo». 
Ese no puede ser el enfoque acertado. 
Por otro lado, el otro bando tampoco puede decir: «Mirad, disponéis de un poco de dinero en Europa, comprobad lo que podéis hacer con él». 
Ambos enfoques están equivocados. 
Lo que hemos de hacer es lo siguiente: tenemos que afrontar los retos que ahora debatimos de forma conjunta y, a continuación, desarrollarlos punto por punto. 
Permítanme decir que todos nosotros –incluidos aquellos que nos han agasajado hoy con grandiosas palabras– tendremos que mostrarnos flexibles en una serie de cuestiones. 
Será preciso debatir acerca de las medidas que deseamos aplicar en el ámbito de la investigación y el desarrollo. 
En nuestra última sesión, acordamos destinar un 3% del producto interior bruto a este sector político en Europa. 
Sin embargo, este 3% no tiene cabida en el presupuesto, ya que entonces el 1,24 % o el 1,0 %, o el porcentaje que sea, carecería de valor alguno. 
Hemos de discutir sobre las acciones que se deberían seguir en el ámbito nacional en los Estados miembros en el futuro y sobre la solución conjunta más apropiada en el ámbito europeo. 
Y es preciso actuar de este modo en todos los terrenos en los que nos movemos, por ejemplo, en política exterior, donde el Fondo de Desarrollo Europeo se encuentra actualmente excluido del presupuesto; nosotros lo incorporaremos. 
Asimismo, tendremos que determinar el porcentaje de prevención de conflictos internacionales que se financiará con el presupuesto comunitario y el que cubrirán los Estados miembros en el futuro. 
Hemos aprobado una cifra del 0,7 % del PIB a modo de referencia. 
En lo que respecta a la justicia y los asuntos interiores, habrá que decidir si se mantendrán Europol y Eurojust como pequeñas unidades, como ahora, o si se perseguirá un mayor desarrollo a este respecto. 
Otra cuestión que deberemos abordar está relacionada con la financiación en el ámbito local y europeo de la lucha contra el crimen organizado. 
Todas estas cuestiones tendrán que ser sometidas a debate. 
También será necesario hablar acerca de lo que se incluirá en cada partida presupuestaria y determinar qué porcentaje se sufragará a partir de qué presupuesto. 
Soy muy flexible a este respecto y afronto este debate con una mentalidad abierta. 
Considero que este aspecto resulta esencial, ya que de lo contrario –especialmente debido a los gritos de guerra que resuenan en los pasillos– será imposible crear la atmósfera apropiada para sostener un debate conjunto de carácter fundamental. 
Creo que en las propuestas presentadas se pueden identificar algunos puntos positivos, los cuales analizaremos con más detenimiento. 
Desde luego, debatiremos con ustedes acerca de las razones por las que se ha establecido en siete años la duración de las perspectivas financieras. 
Es importante resaltar el hecho de que esto puede provocar que un Parlamento como este –tal y como ha señalado el Sr. Elles– acabe siendo excluido por completo del debate sobre la financiación del futuro de la Unión Europea. 
Un período de siete años puede conducir a tal situación. 
Será necesario aclarar cuestiones acerca de las tasas de crecimiento tomadas como base para los cálculos financieros. 
Creo que en algún punto se asume un crecimiento económico del 4,5 % cada año. 
Si logramos alcanzar esta tasa de crecimiento durante los próximos siete años en Europa, se acabarán todos los problemas relativos a la financiación. 
Por lo tanto, tendremos que discutir acerca de las estadísticas utilizadas como base para la obtención de las cifras globales. 
Habrá que analizar la estructura propuesta, así como su transparencia, eficiencia y flexibilidad. 
Nuestro interés por la reforma de la política agrícola se debe a que deseamos invertir en el desarrollo de las regiones rurales dentro del marco de la política agrícola general. 
¿Creen que esto será posible de acuerdo con las propuestas presentadas? 
¿O, una vez más, deberemos hacer frente a nuevos obstáculos en una perspectiva financiera diferente, a obstáculos que no puedan ser superados? 
Necesitamos introducir cierta flexibilidad ya que, como han afirmado otros oradores, durante un período de siete años surgirán retos imposibles de predecir en este momento. 
Estoy totalmente convencido de que los miembros de esta Cámara tenemos que participar en este debate con absoluta confianza en nosotros mismos. 
Contamos con nuestras propias ideas y plantearemos nuestra visión de la Europa que deseamos alcanzar. 
Señalaremos los recursos que habrá que utilizar para este propósito. 
Espero con impaciencia entrar en debate con ustedes, así como con el Consejo. 
Ambos tendrán que tratar con un Parlamento firme, serio y seguro de sí mismo. 
– Señor Presidente, la propuesta de la Comisión de marco financiero para el período 2007-2013 resulta acertada en lo que respecta a las prioridades planteadas, por lo cual doy las gracias al Presidente Romano Prodi. 
La Unión Europea va a la zaga de todos nuestros principales competidores en materia de crecimiento económico y competitividad, motivo por el cual la inversión financiera en los requisitos para el crecimiento representa una cuestión esencial e imprescindible en la que hemos de centrar nuestra atención. 
La investigación, el fomento de la innovación y la adopción de altas tecnologías constituyen promotores del crecimiento. 
En estos factores se basa una infraestructura de alto nivel. 
La inversión en las redes de energía y transporte conllevará la creación inmediata de nuevos puestos de trabajo y reforzará las condiciones empresariales, incluso en aquellas regiones remotas y en las que el nivel de desarrollo es inferior. 
En este trabajo es preciso tener en cuenta toda la Unión Europea, incluidas las zonas más periféricas. 
Del mismo modo, la inversión en la juventud es crucial. 
Es necesario ampliar y diversificar la oferta de programas de educación y formación para que los jóvenes se puedan aclimatar con mayor facilidad al entorno laboral internacional. 
Otro de los problemas y prioridades es la política estructural y de cohesión. 
Los nuevos Estados miembros requieren apoyo para la reconstrucción y el fortalecimiento de su entorno económico. 
No obstante, hay que evitar que esto ocurra a expensas de las regiones de los Estados miembros más débiles desde el punto de vista económico. 
Por esta razón, conviene aumentar la provisión de fondos en una escala equivalente. 
Si pretendemos lograr el desarrollo prometido en virtud del marco financiero, deberemos modernizar completamente la administración actual. 
La reforma de la Comisión llevada a cabo durante esta legislatura constituye solo una base para reformas adicionales. 
El poder y la responsabilidad han de pasar de la maquinaria burocrática y de la Comisión a los Estados miembros. 
Señor Presidente, la Europa Comunitaria nació para lograr la paz y la prosperidad, un objetivo sabio y doble, porque no es posible alcanzar el uno sin el otro. 
Y uno de sus pilares fundamentales lo constituye la cohesión social y territorial, es decir, la equiparación real de todos los ciudadanos mediante la lucha contra los desequilibrios y desigualdades de riqueza y oportunidades existentes. 
Dentro de dos meses la Unión va a ser ampliada con la incorporación de diez nuevos Estados miembros y unos 75 millones de ciudadanos. 
Su riqueza está muy por debajo de la media actual de la Europa de los 15 y, si queremos seguir manteniendo nuestro doble objetivo comunitario, si queremos superar la desigualdad con respecto a estos nuevos europeos, no podemos plantearnos dedicar menos recursos públicos a tal finalidad sino, muy al contrario, aumentar nuestros esfuerzos de solidaridad. 
En este sentido, yo quiero denunciar cómo, en los últimos años, está descendiendo el gasto real comunitario, los créditos de pago con respecto a la renta nacional bruta, al tiempo que la misma está decreciendo en términos constantes por efecto de la inflación. 
Es decir, ya venimos dedicando menos recursos al desarrollo comunitario y todavía hay algunos, como los firmantes de la conocida "Carta de los seis", que quieren reducirlos a un nivel aún inferior. 
Yo apoyo la propuesta de la Comisión para que no haya reducciones en el futuro. 
Señor Presidente, la presentación del Sr. Prodi sobre las perspectivas financieras de la Unión Europea nos brinda la oportunidad de realizar unos breves comentarios sobre la política de cohesión económica y social. 
No pretendo cuestionar en este momento si las perspectivas financieras que ha propuesto hoy la Comisión representan ventajas porcentuales para un país u otro. 
Este no es el motivo de mi intervención. 
Además, en este contexto, no debemos olvidar que los países que persiguen beneficiarse de los fondos comunitarios a partir de 2007 aún tienen que hacer frente a los retos más importantes: deberán superar su retraso estructural y garantizar al mismo tiempo la cohesión económica y social de su población. 
Por lo tanto, prefiero centrar mi atención en la relevancia política de la propuesta de la Comisión. 
Si esta institución mantiene, o quizás debiera decir si asume el riesgo de mantener, el nivel de recursos financieros de la Unión Europea en un 1,24 % del producto nacional bruto comunitario hasta el año 2013, estará realizando una inversión decisiva en la política europea de solidaridad como único medio para alcanzar el crecimiento homogéneo de toda la Unión tras la estrategia de Lisboa. 
En un momento en el que se van a incorporar diez nuevos países, este ha ser un objetivo primordial, al que deberán responder los países beneficiarios, ya sean antiguos o nuevos, con la capacidad para implementar las reformas esenciales sugeridas y presupuestas por la solidaridad europea. 
De este modo, la única opción para el Parlamento es la de ofrecer apoyo político a la propuesta de la Comisión. 
Asimismo, hemos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar que triunfe la propuesta de los seis Estados miembros más ricos, en la que se sugiere reducir el presupuesto comunitario de un 1,24 % a un 1% del PNB europeo. 
En consecuencia, debemos realizar la más dura crítica a aquellos políticos que pronuncian espléndidas palabras sobre Europa y la solidaridad, cuando su verdadera prioridad radica en la conservación de los intereses nacionales. 
Señor Presidente, en este momento se inicia la campaña de la Comisión a favor de la transferencia de impuestos comunitarios y una mayor cantidad de fondos de los contribuyentes a la Unión Europea. 
En su lugar, el Movimiento de Junio propone contener el gasto y los impuestos europeos. 
No se debería asignar un solo céntimo a Bruselas hasta que se establezca un sistema contable que permita comprobar el fin al que se destina el dinero. 
Durante 25 años he tratado de obtener información detallada acerca del uso que se hace en la Unión Europea del dinero abonado en las cuotas. 
Sin embargo, aún no he logrado, por ejemplo, averiguar nada sobre el «gran jefe de la leche desnatada» , quien ha sido durante varios años el principal receptor de las subvenciones comunitarias en Dinamarca. 
Seguimos sin disponer de un balance general sobre el estado de las cuentas secretas del escándalo de Eurostat. 
Sabemos, sin embargo, que la contable jefe, Marta Andreasen, quien defendía con insistencia la corrección de las cuentas, ha sido ahora suspendida del cargo por un período de 17 meses y que se le ha prohibido el acceso a los edificios de la Comisión, por los que pueden pasearse libremente los responsables manifiestos del fraude. 
Esta situación evita otorgar el permiso necesario para que se envíen los fondos a través de Bruselas. 
En su lugar, el Movimiento de Junio propone que la Unión Europea se centre en los asuntos transfronterizos que no podemos resolver por nuestra cuenta y dejar a un lado las demás cuestiones. 
Las subvenciones a los sistemas agrícolas europeos actuales se pueden retirar de forma paulatina con una reducción de un 20% cada año durante un período de cinco años. 
La Unión Europea debería dejar totalmente de proporcionar ayuda estructural a los Estados miembros ricos. 
Los países pobres y los nuevos Estados miembros tienen que estar exentos del pago de cuotas para que se produzca una solidaridad auténtica y no solo una redistribución de la gente pobre en países ricos a la gente rica en países pobres. 
Con una reforma de este tipo, los contribuyentes netos conseguirán pagar menos impuestos, al tiempo que los beneficiarios netos se encontrarán en una posición considerablemente mejor que la actual. 
Además, se deberá poder obtener acceso a través de Internet a la información detallada sobre cada asignación y cada gasto. 
De este modo, será posible poner fin al derroche, el exceso y el fraude, ya que los periodistas y los empleados de las empresas y de otras instituciones que reciban las subvenciones podrán informar rápidamente acerca del uso indebido, el despilfarro o la malversación del dinero. 
Por último, quisiera aportar unas cuantas cifras redondas. 
El año pasado, Dinamarca pagó 15 000 millones de coronas danesas en concepto de cuotas europeas. 
El sector agrícola danés recibió la cantidad de 10 000 millones de coronas danesas en subvenciones. 
El beneficio neto total recibido por este sector equivalía solo a una fracción de la subvención directa de la CE. 
El dinero sale a raudales de las arcas comunitarias sin ir a parar a manos de los pobres agricultores, lo cual demuestra, de forma más clara que cualquier discurso, la necesidad de poner freno al gasto y los impuestos, también en la Unión Europea. 
– Señor Presidente, Señorías, el debate sobre el presupuesto de la Unión Europea será complicado. 
En un momento en el que los contribuyentes netos no disponen de recursos ilimitados y los beneficiarios netos se muestran dispuestos a proteger sus legítimos intereses, resultará difícil alcanzar una solución constructiva. 
En lo que respecta a esta solución, la Comisión propone aumentar sus propios recursos. 
La idea de conceder a la Unión Europea su propia competencia fiscal –la palabra clave es el «impuesto por Europa» – está siendo debatida. 
Dada la compleja situación económica y las masivas medidas de austeridad aplicadas en varios Estados miembros de la Unión, la carta de los seis gobiernos resulta bastante comprensible, desde mi punto de vista. 
Si se practica un ahorro generalizado, la Unión Europea no puede, no, estimados colegas, no debe abandonar este deseo de economizar e introducir reformas. 
Actuar de forma contraria perjudicaría al futuro de la Unión y, en última instancia, sería imposible de justificar ante el público. 
En el conflicto sobre las perspectivas financieras europeas nos encontramos con dos opciones: continuar apañándonos como sea, repitiendo los errores del pasado y tratando de financiar todos los ámbitos a la vez, o –la segunda opción– considerar el marco futuro correspondiente al presupuesto comunitario como una oportunidad. 
Desde que se tomó la decisión de admitir a diez nuevos Estados miembros, ha quedado claro que resulta esencial llevar a cabo una serie de reformas. 
Sin embargo, hasta ahora nadie ha querido coger el toro por los cuernos. 
¿Acaso no hay ningún problema con la política de subvenciones de la Unión Europea, por ejemplo? 
¿Está claro el motivo por el la Unión subvenciona el cultivo de tabaco al tiempo que prohíbe la publicidad de este producto? 
¿La financiación del transporte de animales a través de nuestro continente y fuera de sus fronteras resulta realmente la opción más inteligente? 
Se trata simplemente de un par de ejemplos. 
No obtante, hay un aspecto que está claro: es preciso introducir reformas, y ahora tenemos una oportunidad. 
Será necesario hacer un alarde de fuerza política y probablemente de una visión política de las perspectivas, las tareas y la configuración del futuro de la Unión Europea. 
Después de todo, un presupuesto no es ni más ni menos que un conjunto de políticas presentadas numéricamente. 
– Señor Presidente, Señorías, estas perspectivas financieras deben permitirnos responder a las ambiciones que nos hemos fijado para Europa, ambiciones que nos invitan a buscar un crecimiento y una competitividad mayores. 
A tal fin, hay que gastar menos pero gastar mejor. 
Por consiguiente, hay que reformar, no queriéndolo hacer todo ni limitándonos a un enfoque «dispersivo» , como hemos hasta ahora, sino respondiendo también a las expectativas de nuestros conciudadanos. 
Y responder a las expectativas de nuestros conciudadanos significa simplemente, por ejemplo en relación con la política de empleo, dejar de aplicar esas políticas de asistencia secundaria, de parches o de muletas. 
Ya que, si se quieren crear 15 millones de puestos de trabajo, será necesario, en el marco de la Agenda de Lisboa, innovar con nuevas políticas originales, dinámicas y que favorezcan la iniciativa privada. 
Habrá que educar, informar al ciudadano, proseguir las políticas que hemos empezado a establecer, políticas generadoras de empleo y, por otra parte, acelerar las reformas estructurales. 
Habrá que promover las inversiones en infraestructuras, en transportes, en comunicaciones, en capital humano y en investigación, todavía hoy dejada de lado y cuyo presupuesto me parece muy insuficiente. 
Tengamos presente, sin embargo, que todo esto deberá responder a un objetivo de desarrollo sostenible, factor de estabilidad. 
Y abstengámonos de tomar como cabezas de turco a determinadas categorías sociales, como los agricultores pobres, pues tenemos absoluta necesidad de ellos y ellos nos necesitan a nosotros. 
Las propuestas que nos hace la Comisión nos tranquilizan, evidentemente, y quisiera saludar muy especialmente las propuestas relativas a la nueva política regional avanzada por el Comisario Barnier. 
La elección me parece excelente, pues aportará el apoyo necesario a los países de la ampliación sin aislar por ello las regiones de los Estados miembros actuales que necesitan estos fondos. 
En efecto, hay que seguir respondiendo a las necesidades de las zonas geográficas de los quince Estados miembros que necesitan favorecer su competitividad y su crecimiento para luchar contra el desempleo. 
Nuestros conciudadanos no comprenderían que no lo hiciéramos. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión Europea se esfuerza claramente con su propuesta por lograr un equilibrio entre el aumento de los requisitos financieros de la ampliación y las dificultades derivadas de la economía a corto plazo, y las opciones de los Estados miembros poderosos. 
No obstante, es preciso apoyar el desarrollo sostenible en los Estados miembros y reforzar el papel de la Unión Europea como socio global. 
Además, las nuevas perspectivas financieras han de lanzar un claro mensaje político acerca del tratamiento igualitario y la solidaridad entre los diferentes Estados miembros y, si me permiten hacer hincapié en este punto, acerca de las necesidades de las regiones que sufren las consecuencias de la denominada «convergencia estadística». 
Los ciudadanos de estas regiones en vías de desarrollo consideran que la cohesión política constituye el elemento principal a la hora de hacer de la idea de la Unión Europea una idea encomiable. Discrepo completamente de los comentarios manifestados en esta Cámara acerca de la ausencia de resultados favorables de esta política. 
Al mismo tiempo, los ciudadanos de estas regiones deseaban y aceptaron en su momento la importante ampliación que se producirá en unas semanas. 
Por lo tanto, desde el punto de vista moral y político, lo justo sería evitar que estos ciudadanos acusen pérdidas tales que les lleven a abandonar ese sentimiento de solidaridad mantenido hasta la fecha, y asegurar que obtienen sus frutos. 
Sin duda, es preciso retirar una pequeña cantidad de las ayudas comunitarias de estas regiones, con el establecimiento de un período de transición en el que se reduzca paulatinamente el apoyo. 
Durante este período será crucial garantizar un nivel de financiación apropiado. 
Aquellos planteamientos que sugieran aplicar reducciones, especialmente reducciones elevadas, en las partidas que, seguramente, se habrían asignado a estas regiones si no se produjese la ampliación, ponen en peligro la eficacia de la cohesión política que ya está en marcha y, por tanto, se deben considerar como perjudiciales para la credibilidad de la Unión Europea. 
– Señor Prodi, resulta difícil no estar de acuerdo con la situación tal y como la ha descrito hoy aquí. 
Primero, se ha aprobado un programa de inicio rápido de las obras públicas diseñado para el relanzamiento de la idea de Europa y el mercado único, proceso en el cual es necesaria la participación de los Estados miembros y la aportación de sus recursos. Por este motivo, opino que resulta realmente difícil entender la postura de los seis Estados miembros que han solicitado una reducción de la cantidad asignada. 
Segundo, en cualquier negociación, considero que el hecho de aferrarse a una posición determinada, a sabiendas de que algunos Estados miembros no están de acuerdo con la referencia a un 1%, resulta bastante complejo desde un punto de vista táctico. 
La segunda duda está relacionada con el calendario. 
La situación financiera actual se ha programado hasta finales de 2006; la Comisión debe presentar una propuesta antes de julio de 2005 y es preciso alcanzar un acuerdo antes de mayo de 2006. 
Por lo tanto, ¿para qué tanta urgencia? 
¿Para acelerar los diferentes procesos en un Parlamento cuyo mandato está a punto de finalizar? 
Tal y como ha señalado acertadamente el Sr. Wynn, nuestro Parlamento tiene un importante papel que jugar, aunque tendrá que ser jugado por el Parlamento que resulte elegido el 13 de junio. 
– Señor Presidente, Señorías, ni la restricción a un 1%, ni la propuesta de la Comisión de aumentar este porcentaje a un 1,24 % (que equivale a un 1,15 % en realidad) , se pueden convertir en la señal que hemos de enviar hoy a los ciudadanos y contribuyentes europeos. 
Por supuesto, la carta presentada por los seis Gobiernos inmediatamente después del fracaso de la Cumbre ha sido un error en términos de calendario, tono y contenido, y resulta, por tanto, bastante inaceptable. 
No obstante, del mismo modo, en respuesta a las ideas de la Comisión –y usted, Presidente Prodi, ha introducido algunas palabras clave interesantes, aunque habrá que analizarlas con mayor detenimiento– debo afirmar que lo que resulta necesario y urgente en los próximos meses es una revisión crítica de la agenda de la Unión Europea, prestando especial atención a los aspectos negativos y positivos generales en todos los ámbitos políticos, si lo que pretendemos es identificar respuestas honestas y prácticas para los ciudadanos europeos. 
Naturalmente, el resultado del debate de hoy no puede ser vinculante para la nueva Comisión, ya que deberá ser aprobado por el nuevo Parlamento; tampoco puede ser vinculante en modo alguno para el nuevo Parlamento en cuanto a su capacidad como parte de la autoridad presupuestaria. 
Sin embargo, dentro de este enfoque de carácter más crítico, resulta esencial, ante todo, completar el tratado constitucional y definir el sistema de poderes, también en consonancia con el principio de subsidiariedad. 
Esto significa que si los poderes se vuelven a transferir a los Estados miembros en la Unión Europea ampliada, necesitaremos menos recursos para estas zonas en el ámbito europeo. 
No obstante, significa al mismo tiempo que si se transfieren determinadas tareas al nivel europeo –como la política exterior, de seguridad y desarrollo– los Estados miembros tendrán que contemplar de nuevo la posibilidad de aumentar el presupuesto comunitario y reducir el gasto nacional. 
Para finalizar, quisiera realizar un par de comentarios. 
Después de todo, no basta con liberar los fondos presupuestarios para cumplir los nuevos objetivos y mejorar la competitividad y el potencial de crecimiento. 
El fallo que veo aquí, especialmente en vista de la revisión intermedia de la estrategia de Lisboa que se someterá a debate el mes que viene, es que la propia Comisión no ha mantenido la coherencia en varias de las propuestas legislativas, coherencia que resulta necesaria para lograr la consolidación vinculante que permitiría generar el potencial de crecimiento y las libertades empresariales en toda la Unión Europea. 
Si sus propuestas sobre el presupuesto se acompañasen de este tipo de iniciativas, mejoraría enormemente nuestra credibilidad. 
Asimismo, consideramos que la opción de volver al artículo 272 del Tratado sin vincular a los nuevos Parlamentos e instituciones resulta verdaderamente interesante. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, representantes del Consejo, Comisario, Señorías, saludamos la Comunicación de la Comisión sobre las nuevas perspectivas financieras como un interesante ejercicio de debate para el futuro. 
No serán ni esta Comisión ni este Parlamento quienes tomen las decisiones finales, pero aquí está su resultado y es de agradecer el esfuerzo de todo el colegio de Comisarios para recoger las sensibilidades diversas. 
Lo tomamos como una buena base de negociación. 
Unas perspectivas financieras bien negociadas entre las tres Instituciones son el elemento fundamental para la evolución ordenada del gasto de la Unión y para asegurar el crecimiento, la competitividad, el empleo y la cohesión económica y social en un marco de estabilidad presupuestaria. 
Esas son las perspectivas financieras que este Parlamento quisiera votar. 
Nunca votaríamos a favor de unas perspectivas financieras basadas simplemente en un cálculo contable o impuestas unilateralmente por una institución sin negociar con las otras. 
Este Parlamento ya se ha pronunciado sobre 3 elementos de las perspectivas financieras: el primero de ellos, la duración, que como principio general debe corresponder en lo posible a la duración de los mandatos del Parlamento Europeo y de la Comisión. 
En segundo lugar, nos hemos pronunciado también por el mayor impulso a los objetivos políticos de Lisboa y de Gotemburgo. 
Su desarrollo se visualiza a través de los presupuestos anuales de la Unión y está claro que sin suficiente dotación financiera no hay objetivos creíbles, y si no, mírense el proyecto de presupuesto del año 2005 y verán lo que son restricciones presupuestarias. 
Nos hemos pronunciado en tercer lugar repetidas veces por unas perspectivas financieras suficientes para cumplir con el objetivo de cohesión. 
La cohesión es y será la gran inspiradora de las políticas de la Unión junto con el crecimiento y la estabilidad. 
El porcentaje del 0,45 % de la renta nacional bruta para el esfuerzo de cohesión ha sido incorporado por este Parlamento y es parte de nuestro pensamiento. 
Hacer ahorros con la política de cohesión es una vía segura al fracaso. 
Señor Presidente, en nombre de la Presidencia del Consejo agradezco al Presidente Prodi la presentación de la orientación política de la Comisión Europea para el próximo marco financiero plurianual de la Unión: se trata de una comunicación importante. 
Las futuras negociaciones serán fundamentales para el desarrollo de la Unión ampliada hasta bien entrada la próxima década. 
Por tanto, la cuestión va más allá del marco financiero de la Unión. 
También se trata de las políticas y prioridades que pueden responder óptimamente a las aspiraciones de sus ciudadanos. 
Tal y como ha mencionado el Presidente de la Comisión de Presupuestos, el Sr. Wynn, las negociaciones se desarrollarán hasta bien entrado el año 2005. 
Sin embargo, la Presidencia irlandesa iniciará las conversaciones y dará prioridad a avanzar en el expediente lo más efectivamente posible. 
El Presidente de la Comisión informará al Coreper mañana, y el 23 de febrero los Ministros del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores celebrarán un primer debate. 
Nuestro objetivo como Presidencia consistirá en iniciar e impulsar el debate en cooperación con las sucesivas Presidencias, para planificar la mejor forma de tramitar el expediente y sentar unas bases sólidas para nuestros sucesores. 
A este respecto esperamos que el Consejo Europeo de primavera pueda acordar el calendario y el proceso de negociaciones. 
El Consejo desea trabajar constructivamente con el Parlamento y la Comisión para avanzar en relación con este importante expediente. 
Con su permiso, señor Presidente, por último quiero sumarme a usted, al Sr. Wynn y a otros en la cálida enhorabuena y buenos deseos para el Sr. Colom i Naval y desearle todo lo mejor en el futuro. 
– Señor Presidente, haré unos breves comentarios y, a continuación, la Comisaria Schreyer responderá a algunas de las preguntas de carácter más técnico. 
Se ha producido una crítica general a lo largo de este debate –un debate por el que me siento sinceramente agradecido, ya que el Parlamento ha ejercido de forma auténtica su orgullo institucional en la cuestión del presupuesto y nos ha dado un valioso asesoramiento–, crítica realizada por algunos de los diputados más destacados, empezando por el Sr. Wynn: hemos demostrado falta de ambición, tal y como también ha señalado el Sr. Fiori, y se ha afirmado que nuestro exceso de realismo puede conducir a una situación de debilidad. 
A este respecto, quiero decir que la estructura del presupuesto que presentamos supone un cambio radical con el pasado, no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo; constituye un proyecto ambicioso que provocará graves enfrentamientos y un acalorado debate cuando llegue la hora de su aprobación. 
Les pediré que tengan en cuenta unas cuantas cifras: he hablado acerca del desarrollo sostenible; no he querido ofrecer datos analíticos porque opino que debemos considerar en conjunto y con minuciosidad este tipo de información. No obstante, en relación con el proceso de Lisboa, los fondos aumentarán en un 62,8 % –pasando de 47 000 millones de euros en 2006 a 76 000 millones en 2013, lo que permitirá un incremento del 32% en los fondos de cohesión, un 300% en los fondos destinados a educación y formación, un 200% en los fondos de investigación y un 400% en los fondos asignados a la competitividad y las redes. 
Hemos realizado elecciones coherentes, precisas y completamente diferentes de las decisiones de Lisboa: hemos asignado, en el contexto de un proyecto de presupuesto realmente ambicioso, una serie de partidas para el ámbito de justicia, uno de los principales sectores de la Unión; no ha sido una casualidad que haya hecho referencia a esta como una de las tres líneas de actuación de la Unión, lo que significa que los fondos experimentarán un aumento del 200%, pasando de mil millones de euros en 2006 a 3 600 millones en 2013. 
Por último, con respecto a la situación internacional, los fondos se incrementarán en casi un 40%, de modo que de los 11 000 millones de euros en 2006 se pasará a 15 700 millones en 2013. 
Por lo tanto, puedo afirmar que hemos realizado algunas elecciones difíciles –las cuales espero sean aprobadas– con la intención de ajustarnos a los objetivos. 
Señorías, no hemos comenzado la casa por el tejado, sino desde los cimientos: hemos estudiado los nuevos objetivos y hemos analizado las decisiones adoptadas en años anteriores junto con aquellas aprobadas en Lisboa y todas las decisiones posteriores. 
Partiendo de esta base hemos elaborado un presupuesto coherente para que Europa pueda experimentar un nuevo lanzamiento, pueda restablecer una política unida en materia de justicia y asuntos interiores, y restaurar su voz en el escenario mundial. 
Tres son los ámbitos en los que hemos consolidado y centrado nuestra atención y, por tanto, considero que se trata de una respuesta ambiciosa; realista y ambiciosa. 
Digo realista porque es evidente que no se pueden ignorar las situaciones auténticas, los temperamentos e incluso las tendencias políticas. 
Les aseguro que el desfile de los seis embajadores que me presentaron la carta referente al 1% parecía más bien un cortejo fúnebre. Está claro que este comportamiento no tiene sentido alguno en una Europa que debe reaccionar, que ha de seguir avanzando, que hace frente a enormes responsabilidades para con todos. 
En consecuencia, hemos asumido un riesgo importante: decisiones difíciles, elecciones extremadamente radicales, tal y como demuestra el análisis detallado del presupuesto. 
A modo de conclusión, quisiera realizar un último comentario: ¿quiere saber por qué hemos comenzado tan pronto, Sr. Fiori? 
Por consideración con aquellos que nos sucedan. 
Los calendarios son muy extensos. 
Cuando, al finalizar nuestro mandato, entreguemos el proyecto completo con su plan de trabajo, cuando nuestra labor se haya completado, necesitarán –según se ha afirmado– un plazo aproximado de doce meses, quizás más: basándonos en las experiencias anteriores, tendrán que transcurrir dieciocho meses para poner a punto el producto acabado; esto nos lleva a principios de 2006, enero o febrero de 2006. 
Por lo tanto, hay que tener cuidado de proporcionar tiempo suficiente para asimilar los procedimientos, preparar los procesos financieros y organizar la estructura financiera, tal y como debe ser, de modo que se puedan cumplir los objetivos que nosotros mismos hemos planteado. 
Aunque la labor desarrollada es de carácter general, resulta completamente crucial. 
Por supuesto, ninguna de las decisiones adoptadas hoy se pondrá en marcha durante esta legislatura, somos concientes de esto. 
Corresponderá al nuevo Parlamento llevar a cabo la decisión final pero, si no ponemos a dicho Parlamento en una situación en la que deba decidir, será imposible realizar los pagos a comienzos de 2007. 
Hemos trabajado en este terreno, Sr. Fiori, porque puedo asegurarle una cosa: nunca llevamos a cabo tareas que no resultan útiles o necesarias. 
Este proceso nos ha exigido un gran esfuerzo y de buena gana lo habríamos evitado si no fuese en beneficio de la Unión. 
. Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea se enfrenta a una serie de importantes retos y hemos de decidir si, como Comunidad, reaccionaremos ante ellos y, de ser así, de qué modo. 
Los objetivos establecidos de forma conjunta por los Estados miembros resultan sin duda muy ambiciosos. 
Para el año 2010, la Unión Europea debe convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo; ha de llegar a ser un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Europa está decidida a asumir una mayor responsabilidad en el escenario mundial, y estamos a punto de iniciar la reunificación histórica del continente y la integración de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea. 
La perspectiva financiera establece un marco fundamental para las decisiones sobre las políticas y los medios que se pondrán en marcha para construir juntos el futuro. 
Con el fin de alcanzar los ambiciosos objetivos marcados y asegurarnos de que la Unión pueda cumplir con las crecientes expectativas de sus Estados miembros y sus ciudadanos, es preciso aportar los recursos adecuados para respaldar las políticas. 
Hay que evitar suscitar esperanzas y luego no cumplir las políticas, ya que esto puede originar el desencanto entre los ciudadanos. 
No obstante, solo deberíamos proporcionar financiación europea de las políticas a partir del erario público si se puede afirmar con total seguridad –como acaba de comentar el Presidente de la Comisión– que estamos creando valor añadido. Es decir, si podemos lograr un beneficio mayor realizando el gasto en el ámbito europeo en lugar de en el nivel nacional. 
Al mismo tiempo, Europa debe seguir manteniendo la disciplina presupuestaria. 
La disciplina presupuestaria hace referencia al límite máximo de los recursos propios, valor que se establece en un 1,24 %. 
La Comisión ha decidido presentar una propuesta que respeta este límite máximo, al tiempo que ofrece un margen suficiente por debajo de esta cifra en función de la media a lo largo del período. 
Sin embargo, la Comisión ha declarado de forma contundente que la propuesta planteada por los seis Estados miembros de imponer el límite presupuestario en un 1% no solo entra en conflicto con los objetivos, sino que simplemente no es realista. 
La Comisión propone un nivel medio de las partidas para los compromisos de un 1,22 % para el período 2007–2013. 
Si se incluye además el gasto correspondiente al Fondo Europeo de Desarrollo y al nuevo instrumento del Fondo de Solidaridad, las asignaciones para los compromisos se sitúan en un 1,26 %. 
De este modo, el porcentaje medio de los compromisos de pago equivale a un 1,14 % del rendimiento económico combinado, o RNB, obtenido a lo largo del período. 
Esto significa que el volumen presupuestario que proponemos se puede establecer en un valor medio del 1,14 % de la RNB. 
Permítanme realizar algunos comentarios acerca de la duración de las perspectivas financieras, ya que se trata sin duda de un asunto de gran importancia para esta Cámara. 
La Comisión apoya completamente la idea de que, por razones de índole democrática e institucional, el período de tiempo más acertado es de cinco años. 
La pregunta es sencillamente la siguiente: ¿cuál es el momento más apropiado para comenzar este ciclo? 
Por un lado, puesto que hemos definido el gasto agrícola hasta el año 2013, y dado que la integración de los nuevos Estados miembros en los nuevos programas no es un asunto insignificante, y especialmente considerando la aplicación de los Fondos Estructurales, teniendo en cuenta la cuestión acerca de cuándo resulta más acertado iniciar el ciclo desde una perspectiva institucional, volvemos a proponer un período de siete años en esta ocasión a modo de etapa de transición, por así decirlo, antes de dar comienzo al ciclo normal de cinco años. 
Quiero destacar, una vez más, los siguientes puntos relativos a la comparación de cifras: la Comisión propone con total seriedad la idea de incorporar el Fondo Europeo de Desarrollo al presupuesto. 
En anteriores ocasiones se ha repetido con frecuencia que este paso resultaría bastante conveniente. 
Por lo tanto, la medida esbozada en nuestra propuesta satisface una demanda que este Parlamento ha venido exigiendo durante años, ya que necesitamos una política integrada y efectiva para los Estados ACP, especialmente para los países más pobres del mundo. 
Por este motivo, hemos presentado esta propuesta. 
En lo que respecta a la flexibilidad, mencionada en diversas ocasiones hoy en esta Cámara: sí, deberemos ser flexibles si pretendemos planificar con tanta antelación. 
Es por ello por lo que la Comisión ha señalado que siempre se debe considerar como opción posible el recurrir a una revisión. 
Sin embargo, estamos planificando nuevos instrumentos de flexibilidad entre las distintas categorías con el fin de poder ajustarnos a las prioridades a corto plazo. 
Asimismo, proponemos la creación de un Fondo de Ajuste del Crecimiento, en otras palabras, una reserva que se pueda activar cuando resulte necesario mejorar una política debido a una serie de razones específicas. 
Permítanme además resaltar nuevamente que la Comisión propone la integración plena de los nuevos Estados miembros en las políticas estructurales y de cohesión. 
Como sabrán, hemos basado nuestros cálculos en una Unión Europea formada por 27 Estados miembros. 
En el curso de esta legislatura, la cual se aproxima a su fin, esta Cámara, el Parlamento Europeo, ha defendido de forma sólida y satisfactoria el proceso de ampliación. 
Al mismo tiempo, ha abogado en todo momento por intensificar la integración europea. 
Es decir, siempre ha estado a favor de un espacio europeo mayor y más eficiente. 
Con este propósito, esta Cámara ha tratado de mantener la disciplina presupuestaria, y en este terreno los resultados también han sido positivos. 
Llegados al final de esta legislatura, pueden presentarse ante los ciudadanos europeos y afirmar, con absoluta sinceridad, que han gestionado de la mejor forma posible el presupuesto comunitario y que han generado una gran cantidad de valor añadido en Europa con solo un 2,3 % del gasto público total. 
Estos comentarios van dirigidos concretamente a la Presidencia del Consejo. 
En la actualidad están trabajando –y espero que esta labor se desarrolle con éxito– para garantizar la aprobación de la nueva constitución. 
Un asunto clave a este respecto consiste en dotar al Parlamento Europeo de un mayor número de derechos presupuestarios, especialmente derechos de codecisión en conexión con las perspectivas financieras. 
En mi opinión, las perspectivas financieras deben contar con la aprobación del Parlamento Europeo. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme al Sr. Colom i Naval. 
No sé cómo se desarrollarán las deliberaciones sobre las perspectivas financieras sin su fuerte compromiso y su convincente participación. 
Le deseo lo mejor en su nuevo cargo. 
Su región tiene suerte de haber asegurado sus servicios en este puesto clave. 
Finalizaré mi intervención citando a un escritor irlandés, como tributo a la actual Presidencia irlandesa y también, cómo no, al Presidente de este Parlamento. 
Oscar Wilde dijo en cierta ocasión que conocemos el precio de todo y el valor de nada. 
Creo que en los próximos meses seremos testigos de una fuerte polémica en torno al gasto. 
Sin embargo, la cuestión principal no se centra solo en el gasto, sino también en la política comunitaria y en los valores de la Unión Europea, y estoy segura de que esta Cámara desempeñará un papel muy activo y comprometido en este debate. 
El debate queda cerrado. 
– Antes de negociar las perspectivas financieras 2007-2013, es importante fijar bien el marco de las orientaciones políticas. 
A este respecto, el debate de hoy permite a la Comisión, como sucede a menudo, solicitar el apoyo del Parlamento Europeo para obtener una línea de recursos anuales bastante alta, el 1,24 % de las rentas nacionales brutas (y ello sin incluir el Fondo Europeo de Desarrollo) , en contra de la posición de los Estados contribuyentes, entre ellos Francia, que desearían un 1% (como en 2004). 
Esta conjunción Parlamento-Comisión hace referencia implícita a la idea de un aumento progresivo de las misiones de la Unión que debería conducir un día a un presupuesto federal. 
Por otra parte, la Comisión ha lanzado paralelamente una campaña a favor del impuesto europeo. 
Hay que evitar cualquier deriva en este sentido para no alimentar una nueva burocracia y no poner en peligro los objetivos de competitividad fijados en Lisboa. 
La Unión Europea, que está al servicio de los Estados, no debe acaparar sus tareas, en particular las de redistribución. 
Solamente debe aportar una plusvalía de coordinación, que requiere una administración ligera y recursos limitados. 
Debe vivir de las contribuciones que las naciones votan y controlan anualmente. 
En estas condiciones, la posición actual de los Estados pagadores nos parece totalmente justificada. 
Este debate sobre las nuevas perspectivas financieras pone de manifiesto que existe una brecha enorme entre las promesas y la realidad. 
Lamentablemente, nos encontramos ante una repetición de la Agenda 2000, cuando lo que realmente precisamos es aumentar los fondos, teniendo en cuenta las necesidades crecientes en términos de cohesión social y económica derivadas de la ampliación, y fomentar el desarrollo sostenible, la creación de empleos de más calidad, la existencia de condiciones sociales mejoradas y el establecimiento de políticas de cooperación y desarrollo con los países menos desarrollados. 
Lo que está ocurriendo demuestra la naturaleza vergonzosa del chantaje del «Grupo de los Seis» , que pretenden situar el límite máximo para el presupuesto comunitario en un 1% del PNB, solución que considero inaceptable. 
Esto también se ha puesto de manifiesto en la inadmisible propuesta de la Comisión, la cual no satisface las necesidades de los países candidatos, ni soluciona la desigualdad social creciente, las terribles cifras de desempleo o la pobreza y la exclusión existente en los actuales países de la Unión Europea, como Portugal. 
No obstante, la cuestión no gira de forma exclusiva en torno a las finanzas. 
Se debe conceder la misma importancia a las prioridades y la revisión de los objetivos y de los instrumentos de cohesión, así como a la estructura presupuestaria a la que corresponden. 
El principio rector de la competitividad, la reestructuración estratégica basada en la Agenda de Lisboa, el reajuste de la política exterior hacia acciones dentro del ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común y de la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio, y de la política interior en función de cuestiones de control fronterizo y de la inmigración, engloba sectores que conducen a la integración europea a través de una ruta peligrosa. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas, pero comenzamos con una cuestión de orden del Sr. Dupuis, quien tiene la palabra brevemente. 
– Señor Presidente, extrañas fuerzas inciden en la gestión de nuestras preguntas. 
En el mes de diciembre formulé una pregunta sobre Croacia y fue aplazada de la sesión de enero a esta sesión. 
Pensé de buena fe que había sido aplazada porque el Sr. Verheugen debía estar con nosotros en esta sesión y porque otros colegas habían formulado también preguntas sobre la adhesión de Croacia. 
¡Nada de eso! 
Además, no solo encuentro mi pregunta al final de la lista y no entre las primeras, lo cual habría sido lógico, puesto que fue retirada en enero, sino que además sé que no será posible obtener una respuesta durante la sesión. 
Y, evidentemente, no he podido formular otra pregunta para febrero. 
Quisiera que los servicios tomasen buena nota de este hecho y que figurase en el acta de esta sesión, porque realmente no me parece nada correcto. 
Pasan muchas cosas equívocas en torno al proceso de adhesión de Croacia. 
Hay países que bloquean este proceso, y los citaré por su nombre: se trata del Reino Unido y de los Países Bajos. 
Sería urgente celebrar un debate para aclarar todo esto. 
Señor Dupuis, los Comisarios que vienen al turno de preguntas los decide la Comisión, así como la distribución de las preguntas; de todas formas tomamos nota de lo que usted nos dice y se lo haremos saber a la Comisión. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0007/2004). 
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas a la Comisión. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta n° 34 decae. 
¿Puede la Comisión informar al Parlamento sobre las medidas que está aplicando para apoyar el transporte aéreo de bajo costo en Europa, teniendo en cuenta que la mayoría de los ciudadanos de la Unión es ampliamente favorable a este tipo de transporte y reconoce la importancia del mismo en la Unión Europea? 
Como consecuencia de la liberalización del transporte aéreo en la Unión Europea a principios de los noventa- que se hizo, además, sobre propuestas legislativas de la Comisión -, podemos comprobar cómo se ha incrementado la competencia entre las distintas compañías aéreas en la Unión Europea y cómo los usuarios se benefician de tarifas más bajas y de una mejor oferta. 
En este mismo contexto, ha aparecido un nuevo fenómeno: el de las compañías llamadas de bajo coste. 
Para la Comisión, este desarrollo es positivo: incrementa la oferta de cara a los pasajeros, implica una mayor actividad económica, mayores posibilidades para los consumidores y, además, está planteando posibilidades de tarifas más baratas. 
La acción de la Comisión consiste en garantizar este desarrollo mediante la aplicación estricta de las reglas de la competencia y de las reglas en materia de ayudas de Estado. 
En ese sentido, tengo que decir que no nos corresponde apoyar a tal o cual sector, sino ofrecer unas normas equilibradas que permitan el desarrollo de los distintos tipos de actividad de aviación: las compañías tradicionales con su tipo de negocio y las nuevas compañías, llamadas de bajo coste, que tienen un mercado algo diferente y que, indudablemente, han incrementado sensiblemente la competencia, la oferta y las posibilidades para el usuario. 
– Quiero dar las gracias a la Sra. Comisaria por su respuesta y formular una pregunta derivada de ella. 
A la luz de la reciente investigación de la Comisión en torno a los acuerdos de Ryanair en el aeropuerto de Charleroi, ¿no es cierto ahora que los aeropuertos regionales de Europa no saben a ciencia cierta cómo van a aplicarse en el futuro las normas sobre ayuda estatal y si esto, por sí mismo, va a afectar a las decisiones comerciales legítimas que quieren adoptar, así como a su futuro desarrollo? 
Yo creo que, al contrario, la solución y la respuesta que la Comisión ha dado en el caso de Ryanair en Charleroi- que, más que relacionarse con Ryanair, se refiere a las ayudas de Estado que da el aeropuerto de Charleroi, y ese es el problema -, abre unas nuevas posibilidades para un impulso y un desarrollo de los aeropuertos regionales, que son motor de desarrollo regional, y para la operación desde esos aeropuertos de las llamadas "compañías de bajo coste". 
Creo que la decisión adoptada por la Comisión es equilibrada. 
Ha concedido luz verde a la mayor parte de las ayudas que ha recibido Ryanair a lo largo de este tiempo. 
Eso sí, les ha puesto unos límites, en cuanto al tiempo y sobre todo en cuanto a la disponibilidad de esas ayudas para cualquier otra compañía que esté dispuesta a llevar a cabo el mismo tipo de actividad, en aras de la igualdad de trato para todas las compañías que operan en Europa y de la transparencia en este tipo de operaciones. 
Pero, insisto, creo que la decisión sobre Charleroi es una apuesta por los aeropuertos regionales y por las compañías de bajo coste. 
Hay que recordar que en el caso de Charleroi no hemos actuado por iniciativa propia, sino porque se habían presentado unas denuncias a la Comisión y porque esta, como sabe su Señoría, está obligada a resolver. 
De hecho, se han producido denuncias respecto a otros aeropuertos de distintos países de Europa. 
Nos ocuparemos de ellas en los próximos meses, cuando se aclaren todos los extremos que corresponden en cada caso. 
Creo que así contribuimos a clarificar la situación, porque hay otra serie de aeropuertos regionales que, gracias a la respuesta dada a Charleroi, van a poder poner a disposición de compañías aéreas condiciones semejantes, que permitirán su expansión y el desarrollo de su actividad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ha salido a la luz el hecho de que las compañías ferroviarias tratan de competir actualmente emitiendo billetes con las tarifas de bajo coste ofrecidas por las líneas aéreas. 
¿Qué medidas se tomarán con respecto a la ayuda estatal que recibe este sector? 
¿Se aplicarán restricciones sobre las opciones también en este ámbito? 
En Austria, por ejemplo, se destina un 7% del presupuesto al sector ferroviario. 
Este porcentaje equivale aproximadamente a dirigir la cantidad de 500 euros por ciudadano a las subvenciones para estas compañías, las cuales compiten en este momento de forma directa con las líneas aéreas privadas de bajo coste. 
En consecuencia, se produce una competencia injusta entre las tarifas reducidas ofrecidas por el transporte aéreo y las ofrecidas por las compañías ferroviarias. 
Me complacería que se adoptaran medidas similares en contra del sector ferroviario. 
. 
Quiero recordarle a su Señoría que en el sector ferroviario, en cuanto a los transportes de personas, todavía no hemos llevado a cabo la liberalización. 
Por lo tanto, en cada país, los ferrocarriles funcionan como les parece bien y disponen de las ayudas que cada país está dispuesto a otorgarles, en función de criterios de servicio público y de mantenimiento de las compañías, entre otros. 
Por lo tanto, en este momento, es posible que compitan las compañías de bajo coste con la actividad de los ferrocarriles, pero estos se están beneficiando de apoyos estatales en prácticamente todos los países. 
Más adelante, después de una discusión acerca del tercer paquete ferroviario, que espero recibirán en breve sus señorías para su discusión, y que espero que el próximo Parlamento y la próxima Comisión puedan culminar, prevemos la introducción de la competencia en el transporte de pasajeros en ferrocarril en tramos internacionales, no así en los tramos nacionales. 
Llegado ese momento, habrá que ver los efectos que se producen desde el punto de vista de la competencia, pero- insisto- las ayudas que hemos autorizado están limitadas en el tiempo y en su cuantía. 
En ningún caso pueden exceder el 50 %, como máximo, de los gastos operativos y, además, tienen que ser decrecientes por un máximo de cinco años. 
Creo que es una decisión equilibrada, que permite combinar el apoyo a un aeropuerto regional, que- insisto- es dinamismo y actividad económica para una región. 
En el caso de Valonia- una región del objetivo 1 que tiene un retraso respecto a la media comunitaria -, eso es lo que justifica el apoyo a las ayudas, no que haya o no billetes baratos. 
Que una compañía aérea dé billetes baratos a la gente no justifica que reciba ayudas públicas. 
Lo que justifica que se puedan autorizar ayudas públicas en un momento dado, y que Charleroi las dé a la compañía Ryanair, es la condición de Charleroi como aeropuerto regional de una región deprimida, como elemento de dinamización y de actividad de esa región, lo que es completamente distinto, y como ayuda de lanzamiento de nuevas líneas y de nuevas conexiones. 
También hemos acordado la posibilidad de dar ayudas en el sector aéreo cuando se cumpla la condición de servicio público. 
Por ejemplo, en el caso de las islas ultraperiféricas y en el caso de los archipiélagos, por razones de servicio público interior. 
Y también, en ese caso, deben satisfacerse con condiciones de transparencia, de competencia y de igualdad de trato. 
¿Puede indicar la Comisión si tiene previsto distribuir información y/o recomendaciones a los Estados miembros sobre la libre circulación desde los países en vías de adhesión a partir del 1 de mayo? En caso afirmativo, ¿de qué modo piensa hacerlo? 
,. 
Señor Presidente, la Comisión ya ha adoptado medidas para informar a los ciudadanos acerca de los acuerdos de transición relativos a la libre circulación de trabajadores. 
Actualmente se encuentra en funcionamiento una guía electrónica sobre el asunto de la libre circulación de trabajadores para los nuevos Estados miembros, la cual se puede consultar en veinte idiomas diferentes en el sitio web de la Comisión. 
Asimismo, pronto se encontrará disponible un folleto impreso en todos los idiomas. 
En lo que respecta a los Estados miembros, debemos aclarar que el Tratado establece que, durante los dos primeros años tras la adhesión, el acceso a los mercados laborales se regulará en virtud de acuerdos bilaterales o de decisiones nacionales de los Estados miembros. 
Asimismo, según el Tratado, los Estados miembros no están obligados a informar a la Comisión acerca de las actuaciones que pretenden llevar a cabo durante esta etapa. 
Por supuesto, por razones de transparencia, la Comisión ha solicitado a los Estados miembros que comuniquen su postura y les diré que, hasta ahora, el Reino Unido e Irlanda han declarado que abrirán plenamente sus mercados laborales, mientras que Austria, Alemania, Bélgica, Finlandia y Dinamarca sostienen que aplicarán una serie de medidas nacionales durante los dos primeros años. 
Además, Austria y Alemania han afirmado que pretenden acogerse a la cláusula de excepción para limitar el acceso a determinados sectores de servicios enumerados en el Tratado. 
En cualquier caso, cuando tengamos toda la información facilitada por los Estados miembros, haremos las notificaciones oportunas al Parlamento. 
Por otro lado, la Comisión mantiene un contacto y una cooperación regular con los servicios de los Estados miembros, con el fin de garantizar la aplicación uniforme de estos acuerdos de transición y poder elaborar determinadas orientaciones interpretativas, las cuales, hasta la fecha, han sido el objeto de la colaboración y la consulta con los Estados miembros. 
Gracias, señora Comisaria, por su respuesta. 
En el pasado, su colega el Comisario Vitorino también respondió de forma completa y competente a esta pregunta argumentando que los exagerados números previstos por Portugal cuando se unió a la Unión Europea estaban muy lejos de la verdad. 
Ahora estamos siendo testigos del mismo fenómeno con predicciones de desplazamiento de la mano de obra de los países en vías de adhesión. 
Lo que quiero plantear es que yo no pediría a la Comisión que divulgara información que la ley no le obliga a facilitar. 
Me complace la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros. 
Pero hay una confusión total. 
El noble objetivo de la ampliación ha confundido a las personas de a pie, los ciudadanos europeos, que ahora están nerviosos por las predicciones catastrofistas sobre el número de personas que van a venir. 
No estoy de acuerdo con estas predicciones catastrofistas, pero la Comisión tiene el deber de facilitar información razonable sobre lo que podemos prever y cómo afectará a la libre circulación y, de hecho, a los regímenes de prestaciones, aunque este es un asunto que compete a los Estados miembros. 
Esto no va a suceder de forma colectiva. 
En un tono más positivo, quiero preguntar por el movimiento contrario: las personas de los Estados miembros que, por ejemplo, deseen jubilarse en Chipre o trabajar en Polonia. 
Estamos recibiendo consultas sobre este aspecto positivo de la circulación. 
¿Facilitará la Comisión esta información? 
,. Es comprensible que en muchos Estados miembros, en particular los que tienen fronteras comunes con los nuevos, la opinión pública esté preocupada por el impacto en el mercado laboral. 
He dicho en numerosas ocasiones que hay varios estudios independientes relativos al flujo de inmigrantes que habrá el día posterior a la ampliación, y que se basan en el supuesto de que los diez nuevos miembros se unirán a Europa a la vez. 
La conclusión general de estos análisis es que probablemente la movilidad desde los nuevos Estados miembros a los 15 Estados miembros actuales seguirá siendo bastante limitada. 
En cuanto a los derechos sociales, permítanme repetir un par de cosas. 
En primer lugar, desde el momento en que un trabajador es un trabajador legal en un Estado miembro, este trabajador o trabajadora tiene todos los derechos sociales y puede acceder a todo tipo de prestaciones y sistemas de seguridad social. 
En cuanto a los derechos a percibir una pensión, durante la Presidencia italiana pactamos un reglamento que abarcaba los derechos sociales y los derechos de pensiones de los trabajadores, no solo de los nuevos países, sino también de terceros países. 
Este reglamento aporta una respuesta concreta a la cuestión de los derechos de pensión. 
– Siguiendo con esta cuestión, señora Comisaria, quiero plantear la tema de la derogación y la cuestión de las normativas que aplican unilateralmente algunos países que no han solicitado la derogación. 
En el caso del Reino Unido, este país ha señalado que no va a denegar la entrada a quienes deseen ir y trabajar al Reino Unido. 
Sin embargo, ahora habla de una serie de normas de carácter nacional, relacionadas con nuestro sistema de seguridad social y otros sistemas que en este ámbito tendrán un efecto discriminatorio. 
¿Tiene la Comisión una opinión sobre este enfoque o le parece bien dejar a los Gobiernos nacionales que decidan cómo abordar este asunto en los dos primeros años? 
,. 
Señor Presidente, los dos primeros años, según la decisión del Consejo sobre la gestión de los períodos de transición, constituyen una cuestión de naturaleza estrictamente nacional. 
La Unión Europea no puede intervenir, independientemente de si esta gestión se lleva a cabo con normativas y acuerdos nacionales, o se basa en acuerdos bilaterales entre los nuevos países y los antiguos Estados miembros. 
No obstante, hemos de tener presente que cualquier acuerdo deberá cumplir con el marco institucional europeo existente. 
Por lo tanto, no cabe pensar en cuestiones de discriminación simplemente porque cada país decida establecer acuerdos diferentes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, durante las últimas semanas, Eslovaquia ha establecido el impuesto sobre la renta y el de sociedades en un porcentaje fijo del 19%. 
A raíz de ello, varias empresas de Austria pretenden abrir plantas en este país, lo cual supone que, obviamente, también contratarán la mano de obra necesaria entre los ciudadanos eslovacos. 
¿Dispone la Comisión de estudios en los que se indique la cantidad potencial de trabajadores de la actual Unión Europea que emigrarán a estas atractivas regiones fiscales conforme se produzca la deslocalización de la industria? 
¿Logrará mantenerse el equilibrio o se producirá una clara fuga de trabajadores de los Estados miembros durante los dos primeros años, especialmente teniendo en cuenta que solo será posible desplazarse desde los nuevos Estados miembros a los actuales países de la Unión una vez finalizado ese período? 
Gracias. 
,. 
Por supuesto que existen estudios acerca del desplazamiento de empresas desde los Estados miembros a los nuevos países. Sin embargo, diré que ya ha finalizado la gran oleada de deslocalizaciones y en la actualidad, con la obligación de los nuevos países de aplicar plenamente el derecho comunitario en lo que respecta al mercado interior y el mercado laboral, las empresas ya no disfrutan de los mismos incentivos que en el pasado. 
Es cierto que persiste el problema del bajo coste de la mano de obra, pero es algo de lo que todos somos conscientes, motivo por el cual la estrategia sobre el empleo se centra en la inversión en recursos humanos y en el cambio fundamental en la orientación de los puestos de trabajo en Europa. 
¿Qué éxito considera la Comisión que ha tenido la estrategia quinquenal de la Unión- concluye a lo largo de 2004 -, a la vista de la riada de heroína y otras drogas en nuestras calles? 
La estrategia antidroga de la Unión Europea establece un marco para un enfoque equilibrado e integrado de todas las actividades asociadas a las drogas en la Unión Europea. 
También ha sido aprobada por los nuevos Estados miembros y los países candidatos que, mientras tanto, han establecido estrategias nacionales contra las drogas y han mejorado sus capacidades para adoptar medidas contra las drogas con la ayuda del Programa Phare. 
La Unión también tiene una serie de planes de acción contra las drogas que abarcan ciertas regiones que producen drogas o que sirven de lugar de tránsito para el tráfico de drogas, como Latinoamérica, Asia Central y los Balcanes. 
La investigación demuestra que es difícil establecer una relación entre una línea política concreta en materia de drogas y la situación en torno a las drogas. 
La disponibilidad y la evaluación detenida de la información relevante y fiable son indudablemente elementos clave en el desarrollo de una política sobre drogas basada en pruebas. 
El trabajo del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías y el trabajo de Europol en este ámbito forman parte de la base para la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la evaluación intermedia del Plan de Acción sobre drogas de la Unión Europea. 
Esta evaluación intermedia fue un primer paso en un proceso más amplio. 
Para finales del presente año tendremos la evaluación definitiva. 
Aunque no quiero adelantarme a los resultados de la evaluación final, ya pueden observarse los siguientes desarrollos en el mercado de drogas de la Unión Europea. 
Desde 2001 han aumentado las incautaciones de heroína. 
De acuerdo con nuestra evaluación, los precios en la calle son en general estables o incluso descienden. 
Al parecer, el número de heroinómanos es relativamente estable en la Unión Europea, aunque existen notables diferencias entre los Estados miembros. 
El cannabis sigue siendo la droga ilegal más consumida y su consumo sigue aumentando en muchos Estados miembros. 
Parece que el consumo de drogas sintéticas, como el éxtasis, y el de cocaína están aumentado en ciertos grupos de población, aunque el consumo de estas drogas entre la población en general sigue siendo baja. 
– Gracias, señor Comisario, por esta respuesta útil y realmente informativa. 
No creo que tenga usted ninguna culpa del problema, porque no dispone usted de muchos batallones. 
Usted solo puede marcar el rumbo. 
El descenso del precio de la heroína significa que la oferta de la heroína va en aumento. 
Sabemos que el cultivo en Afganistán es cada vez mayor, y con un consumo de cannabis y de drogas sintéticas que aumenta más que nunca, es evidente que no estamos ganando la batalla. 
Así que mi pregunta es: ¿cómo podemos fortalecer la vigilancia en Europa en relación con la lucha contra el consumo y la distribución de drogas? 
Gracias por reconocer que hasta cierto punto soy como el Papa: ¡No tengo ni una legión! 
En realidad tiene usted razón, señor Newton Dunn, la responsabilidad principal en esta área sigue en manos de los Estados miembros. 
Pero podemos hacer mucho, tanto en política interior como en política exterior. 
En cuanto a la política interior, es preciso reconocer que durante años Europol ha desempeñado un papel muy importante de coordinación para detectar las principales rutas de tránsito. 
Una vez detectadas las rutas de tránsito, intentamos cooperar con estos países para impedir la entrada de estas drogas en la Unión Europea. 
Hemos conseguido ciertos progresos en la región de los Balcanes gracias a la cooperación con los países de la zona. 
Gracias a la ayuda del Programa Cards hemos desarrollado en esos países capacidades policiales y judiciales específicas para luchar contra el tráfico de drogas. 
Soy menos optimista en cuanto a la evaluación del Afganistán. 
Las cifras que tengo demuestran que aumenta el cultivo de amapolas, y es bastante evidente que en el Afganistán la situación política no es suficientemente estable como para garantizar una estrecha colaboración en materia policial y judicial para abordar la cuestión del tráfico de drogas. 
Cero que esta cuestión, y sé que mi colega el Comisario Patten comparte esta opinión, ocupará un lugar prioritario en la agenda de nuestras próximas negociaciones con las autoridades afganas. 
Señor Presidente, quiero abordar una serie de asuntos que considero que guardan relación con el problema de las drogas. 
El primero de ellos tiene que ver con la Estrategia de Lisboa. 
¿Qué piensa el Comisario acerca del aumento en el uso y el abuso de las drogas en la Unión Europea ante el hecho de que, para el año 2010, se supone que la Unión se convertirá en la economía más potente del mundo, con las tasas de crecimiento más elevadas y una economía sostenible desde el punto de vista ecológico? 
¿Resulta favorable, por así decirlo, para el mercado laboral que haya cada vez más personas que abusen de las drogas? 
Asimismo, quisiera plantear un segundo punto relativo a la creación proyectada de un cuerpo europeo de policía de fronteras. 
¿Cuál será la función de este cuerpo en lo que respecta a la incautación de drogas? 
Mi respuesta es muy clara: no, no es en absoluto una buena idea. 
En primer lugar, no es bueno para la gente convertirse en drogadictos. 
El Observatorio Europeo en Lisboa está desarrollando cinco indicadores clave que nos permitirán tener datos más fiables, para que podamos comparar esos datos entre los Estados miembros y establecer un vínculo más claro entre la línea política de los Estados miembros y el impacto de esa línea política en la pauta de consumo. 
Estos cinco indicadores se refieren a cifras sobre drogas consumidas entre la población en general, al problema del consumo de drogas asociado a enfermedades infecciosas, a los fallecimientos vinculados a las drogas y al tratamiento aplicado por los Estados miembros a quienes solicitan ser tratados de su drogadicción. 
Espero que el trabajo en curso en torno a estos cinco indicadores nos ofrezca una imagen más clara de la situación en Europa. 
Solo quiero añadir que lo que más me preocupa es la proliferación del consumo de drogas sintéticas y la aparición de un nuevo perfil de drogadicto: el policonsumo. 
El policonsumo es una nueva pauta; consiste en combinar drogas ilegales y drogas legales. 
Necesitamos más investigación e información más fiable para poder luchar contra este nuevo perfil que ha surgido en los últimos años. 
Vamos a iniciar la segunda parte de este turno de preguntas, a las que responderá el Comisario Sr. Barnier. 
En numerosas ciudades de Grecia, se ha financiado, con cargo a los Fondos estructurales, la construcción de depuradoras biológicas de aguas residuales. 
Según informaciones divulgadas por los medios de comunicación, de las 290 plantas de depuración biológica construidas, 260 sólo funcionan parcialmente o han sido totalmente abandonadas. 
¿Puede indicar la Comisión cuántas de estas depuradoras financiadas con cargo a los Fondos estructurales funcionan a pleno rendimiento hasta la fecha y cuántas registran problemas de funcionamiento y por qué motivos? 
¿Cómo piensa actuar la Comisión para garantizar un funcionamiento total y continuo de estas plantas de depuración biológica, que han recibido importantes fondos del presupuesto comunitario? 
. Señor Presidente, el Sr. Alavanos me formula una pregunta importante sobre un tema que siempre me ha interesado, puesto que, como él sabe, fui ministro de Medio Ambiente en mi país y, como verán en la futura política de cohesión que presentaremos la semana próxima, presto gran atención a las cuestiones relativas al medio ambiente. 
La pregunta formulada se refiere al funcionamiento de las plantas depuradoras en Grecia. 
La información de que dispongo indica que, a día de hoy, se ha concluido en Grecia la construcción de 233 depuradoras. 
Ahora bien, para cubrir las necesidades de todos los municipios griegos habría que construir 600. 
La mayoría de las depuradoras ya construidas lo fueron gracias a una cofinanciación comunitaria, sobre todo con cargo al Fondo de Cohesión o el FEDER, en el marco de los programas integrados mediterráneos, de los sucesivos marcos comunitarios de apoyo o de las iniciativas comunitarias. 
De acuerdo con la reglamentación vigente para el FEDER y el Fondo de Cohesión, las autoridades helénicas deben declarar que dichas depuradoras son operativas al presentar cada informe final para el cierre de las intervenciones. 
Sin embargo, esa misma reglamentación no otorga a la Comisión el mandato de verificar por sí misma, tras el cierre de los programas o los proyectos, el buen uso y el mantenimiento de las infraestructuras financiadas. 
Esta tarea, que es muy importante y que, yo diría, cae por su propio peso, es responsabilidad de los Estados miembros. 
No obstante, la disposición que mencionamos hoy, el artículo 10 de la Directiva del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, dispone que los Estados miembros velarán por que, y cito: «las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas sean utilizadas y mantenidas de manera que en todas las condiciones climáticas normales de la zona tengan un rendimiento suficiente». 
En el apartado 4 del artículo 15 de la misma Directiva se autoriza a la Comisión a solicitar información sobre el funcionamiento de todas las plantas de depuración cuya construcción se haya financiado con Fondos Estructurales. 
Puedo indicar al Sr. Alavanos qué es lo que vamos a hacer. 
Si ha habido irregularidades, la Comisión tomará las medidas necesarias, incluida, en su caso, la apertura de un procedimiento de infracción para garantizar la correcta aplicación de la legislación comunitaria. 
De forma excepcional, y en particular si se hubieran abandonado depuradoras, la Comisión valorará la posibilidad de proceder a una recuperación de los fondos en el marco de la reglamentación vigente. 
Estas son las indicaciones útiles, y creo que precisas, que quería dar al Sr. Alavanos. 
Comisario, le doy las gracias en nombre de mi estimado colega, el Sr. Alavanos. 
Yo también siento un profundo interés por esta cuestión. 
Si no he entendido mal, y quisiera que me confirmara lo siguiente, hasta ahora la Comisión no ha llevado a cabo inspección alguna de acuerdo con este artículo, el cual permite comprobar si se encuentran en funcionamiento estas plantas de depuración biológicas. 
Quisiera repetir el planteamiento mencionado en la pregunta, el cual se basa en mi propia experiencia durante mis viajes por Grecia, de que la mayoría de las depuradoras biológicas han sido abandonadas, presentan un rendimiento defectuoso o funcionan parcialmente. 
Se trata de una cuestión de gran relevancia. 
También se han hecho llegar protestas a la Comisión y se han enviado los informes oportunos al Parlamento Europeo. 
¿Cuándo pretende poner en marcha estas inspecciones? 
Ya ha afirmado que tiene intención de llevar a cabo las investigaciones apropiadas, ¿pero cuándo? 
. Corresponde a la Comisión velar por que los Estados miembros –en este caso Grecia– respeten sus obligaciones. 
Quisiera indicarle, por otra parte, como complemento a mi primera respuesta, que hemos sido informados de la creación bastante reciente, en Grecia, de un cuerpo de controladores medioambientales. 
La misión de dicho cuerpo debería ser, en particular, controlar todas las infraestructuras, como las que usted ha mencionado, junto con el Sr. Alavanos. 
En cualquier caso, la Comisión carece de mandato para efectuar por sí misma controles en lugar del Estado miembro de que se trate; es, creo, una cuestión de subsidiariedad. 
No obstante, como yo mismo he indicado en mi primera respuesta, con arreglo a la Directiva del Consejo relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas, estamos en condiciones, tenemos la autorización si puedo decirlo así, de pedir información sobre el funcionamiento de todas las depuradoras. 
Alentado por la pregunta del Sr. Alavanos, le confirmo que lo haré en las próximas semanas. 
A finales de diciembre de 2003, el Gobierno español presentó su solicitud de financiación para el proyecto de trasvase de agua del río Ebro al levante español. 
¿Conoce la Comisión que el pasado 14 de enero Elvira Rodríguez, Ministra española de Medio Ambiente anunció que las obras de dicho proyecto comenzarán en febrero de 2004? 
¿Qué opinión le merece esta decisión y qué postura piensa tomar la Comisión respecto a este punto, teniendo en cuenta que la Comisión no tiene tomada una decisión sobre la viabilidad del proyecto? 
. Señor Presidente, el Sr. Ferrández Lezaun me plantea una pregunta que me recuerda el debate que mantuvimos recientemente con la Sra. Wallström en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre este importante expediente del Ebro. 
En lo referente a las obras relativas al proyecto de trasvase de las aguas del Ebro, las autoridades españolas han solicitado una financiación comunitaria con cargo al Fondo de Cohesión y de los Fondos Estructurales. 
Las fechas de admisibilidad de los gastos para los distintos subproyectos son respectivamente el 29 de diciembre de 2003 y el 1 de enero de 2002. 
Por tanto, las autoridades españolas no tienen que esperar una decisión de la Comisión para lanzar estos proyectos, quedando entendido que el comienzo de las obras no prejuzga en absoluto la decisión de la Comisión sobre su posible financiación comunitaria. 
En otras palabras, una cosa es lanzar el proyecto y otra obtener la confirmación de una financiación comunitaria. 
Por tanto, si a raíz de la investigación sobre este proyecto en el marco de una reflexión global sobre el Ebro –como indiqué el otro día ante la Comisión de Medio Ambiente– la Comisión tomase una decisión negativa sobre tal o cual parte del proyecto global, el Estado miembro tendría que soportar él solo los gastos incurridos. 
Esto es lo que puedo responder a la pregunta que se me ha formulado. 
Señor Comisario, siento volver sobre este tema que es reiterativo, pero en España estamos sufriendo una ceremonia de la confusión. 
El Gobierno español, sin ir más lejos, con el famoso y recientemente aprobado proyecto Júcar-Vinalopó, también generó un problema de identidad de qué era y de adónde no podía ir el agua del Ebro, dentro del proyecto Júcar-Vinalopó, y tuve que hacer una pregunta a la Comisaria- a la que le agradezco en el alma que ya me haya contestado-. 
Pero, en este caso, volvemos al mismo problema. 
Usted sabe los graves problemas que hay en España de carácter social y, posiblemente, medioambiental. 
¿Qué ocurrirá si después de encontrarnos con obras ya terminadas, ustedes, sin considerar los puntos de vista económico o de fondos, sencillamente no cumplen la legislación europea? 
¿Qué vamos a hacer en ese caso? 
¿Volver otra vez a restituir toda la obra a su estado inicial, con todos los costes que eso conlleva? 
Por eso, nosotros le preguntamos: ¿no cree usted que es más lógico que la Comisión pida al Gobierno español que, de forma cautelar, suspenda cualquier tipo de actuaciones en el Plan Hidrológico Nacional español mientras la Comisión no tome una decisión? 
. Comprendo bien, señor Ferrández Lezaun, su impaciencia, su deseo de que esto se aclare. 
Hemos mantenido a este respecto un debate bastante franco, bastante constructivo, el otro día en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y, de acuerdo con la Sra. Wallström, di una respuesta bastante decidida. 
En efecto, considero que, aunque desde el punto de vista administrativo estén implicadas varias fuentes de financiación, en particular varios programas –programas regionales de Andalucía, Valencia, Murcia, Fondo de Cohesión, que son instrumentos bastante diferentes que contribuyen todos, de un modo u otro, a la posible financiación del trasvase de las aguas del Ebro–, este proyecto forma un todo y es suficientemente estratégico para ser examinado en cu conjunto por la Comisión. 
Es, creo, una respuesta clara y que va en el sentido que usted desea. 
Una vez más, vamos a inscribir y examinar toda solicitud en el marco de un análisis global del proyecto. 
Lo acabo de decir, para tal o cual parte del proyecto, nada impide a las autoridades españolas comenzar las obras si lo desean. 
Es preciso que la realización de esas partes del proyecto respete las normativas medioambientales. 
Lo comprobaremos. 
Es un punto importante. 
También es necesario que la apreciación de la Comisión sobre el proyecto del Ebro sea positiva para autorizar las financiaciones comunitarias. 
Empezando los trabajos muy pronto, las autoridades españolas asumen la responsabilidad de posibles recursos ante el Tribunal de Justicia, por ejemplo por inobservancia de la normativa vigente en materia de medio ambiente. 
También corren el riesgo de que, al tener lugar la apreciación global de la Comisión sobre el proyecto del Ebro después de comenzadas las obras, no lleguen las financiaciones esperadas. 
No puedo decir nada más desde el punto de vista jurídico. 
Simplemente, me parece que la respuesta que le he dado sobre la apreciación global que queremos hacer de este proyecto, que es global aunque esté compuesto de varias partes, es, pienso, lo que usted deseaba escuchar. 
Querría agradecerle muy especialmente al Comisario la claridad con la que ha contestado, igual que lo hizo en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente ante una pregunta similar del Sr. Ferrández. 
Espero que, después de esta segunda vez, el Sr. Ferrández sepa claramente cómo suceden las cosas aquí, qué es lo que realmente están haciendo la Comisión y el Gobierno español, es decir, que quede muy claro que el Gobierno español no está realizando ninguna actuación ilegal iniciando las obras en algunos puntos de lo que será el trasvase del Ebro. 
Le agradezco al Comisario particularmente su claridad porque, a veces, se transmiten ideas que llevan a la confusión a los ciudadanos españoles y espero que por fin al Sr. Ferrández se le hayan aclarado todas las dudas que plantea continuamente. 
Les recuerdo a los Sres. diputados que toman la palabra especialmente para hacer preguntas. 
Como todavía le quedan 15 segundos, si quiere, puede hacer alguna pregunta, señora Avilés. 
Nos gustaría que el Sr. Barnier nos dijera cuáles son los plazos en los que finalmente la Comisión podría darnos alguna respuesta a esta demanda que preocupa realmente a los españoles y particularmente en Aragón 
. No quisiera comprometerme al responderle y arriesgarme a ser desmentido después. 
En efecto, hay que tener en cuenta que este proyecto es complejo y que debemos examinarlo como es debido con respecto a la legislación comunitaria en materia de medio ambiente, teniendo en cuenta también las normas y, por último, teniendo en cuenta ese análisis bastante original que queremos efectuar de forma global, lo cual creo han comprendido bien finalmente las autoridades españolas, cuando, en un comienzo, se trataba más bien de llegar a una aprobación proyecto por proyecto. 
Queremos hacer un juicio global de todos los elementos de que disponemos, en particular sobre la eficacia del proyecto y el coste que representa para los consumidores. 
Idealmente, querríamos estar dispuestos a emitir ese juicio en el curso del próximo verano, al final del semestre actual. 
Hemos realizado estudios previos, consultas internas, análisis económicos. 
El juicio de la Comisión se referirá de forma global a los proyectos técnicos pero abarcará también el análisis económico que se haga de ellos. 
Se trata por supuesto de un gran espacio ecológico y, en consecuencia, vamos a proceder seriamente, lo que debería permitirnos aportar nuestra apreciación global sobre este proyecto relativo a las aguas del Ebro en el curso del verano. 
Me quedó muy clara en la reunión del día 16, con la Comisaria Wallström y con usted mismo, la parrilla propuesta por este Parlamento. 
Antes de pasar al tema concreto de la pregunta del Sr. Ferrández y de su contestación, diré que soy del País Valenciano, de la ribera del río Júcar, que hoy se está muriendo por no haberse realizado un estudio de impacto ambiental riguroso. 
Todos sabemos que una obra de semejante magnitud es irreversible después de haberse construido. 
Por lo tanto, el efecto socioeconómico y la destrucción y el deterioro del medio ambiente serían menos perjudiciales si hoy este Parlamento hiciera una nota al Gobierno español diciendo que paralizara cautelarmente el proyecto hasta que se estudiara por parte de este Parlamento. 
. Habría que poder dedicar mucho tiempo a este tema que apasiona al Parlamento Europeo y a diputados de todas las sensibilidades. 
Señora Bergaz Conesa, la Comisión no dispone, en ninguno de los dos casos que acabo de mencionar y que eran objeto de la pregunta que se me ha formulado, de capacidad de suspensión preventiva. 
Me veo obligado a decírselo. 
Hemos ido bastante lejos al indicar que, habida cuenta de la magnitud del proyecto, de todas sus dimensiones ecológicas, socioeconómicas, técnicas, habíamos decidido efectuar una apreciación global. 
Entre tanto, algunas obras pueden comenzar. 
No estarán terminadas en el mes de junio, o de julio. 
Sea como fuere, en el próximo verano, la Comisión dirá: este proyecto nos parece realista, factible, o bien presenta riesgos o problemas. 
Sobre esta base, se tomarán decisiones, en concreto sobre el compromiso de las financiaciones europeas que se esperan. 
No puedo ir más allá en mi respuesta de hoy; les doy las gracias por sus observaciones y apreciaciones. 
Uno de los elementos fundamentales de la construcción de un espacio europeo lo constituye la cooperación transfronteriza. 
En repetidas ocasiones se ha manifestado la dificultad de establecer una adecuada cooperación por las dificultades inherentes a las distintas legislaciones entre los Estados vecinos y también a la falta de un instrumento comunitario de Derecho público que haga posible este tipo de cooperación. 
¿Piensa la Comisión presentar en breve una propuesta de marco legal que permita establecer cooperación transfronteriza entre las administraciones estatales, regionales y locales en el marco de la UE? 
. Señor Presidente, le agradezco que me permita responder al Sr. Vallvé, porque esta pregunta es importante. 
Al igual que el Sr. Vallvé, la Comisión estima que la cooperación transfronteriza es un elemento clave de la integración europea. 
Por lo demás, en otro marco, el de la Convención sobre el futuro de Europa –en la que participé–, propuse en varias ocasiones que el proyecto de Constitución aportase una plataforma constitucional sólida a esta cooperación. 
En todo caso, la integración armónica y equilibrada del conjunto de la Unión exige apoyar la cooperación, en particular la transfronteriza. 
Es lo que hacemos con la iniciativa comunitaria Interreg III, que contiene un capítulo A específicamente dedicado a la intensificación de la cooperación transfronteriza. 
No obstante, soy plenamente consciente de las dificultades encontradas por los Estados miembros, las regiones y las entidades locales para ejecutar los proyectos de cooperación transfronteriza en virtud de Interreg. 
Estas dificultades se deben principalmente a la necesidad de que los socios que están situados a un lado y otro de la frontera respeten el Derecho nacional y las normas y procedimientos administrativos de su Estado. 
Y lo digo, señor Presidente, con cierta experiencia, puesto que durante 17 años fui presidente de una región fronteriza francesa y llevé a cabo muchos proyectos que tropezaron con las dificultades que acabo de citar con la otra vertiente, en el valle de Aosta, en Italia. 
Debemos, pues, dar una solución estable y común a este problema. 
La Comisión ha lanzado un estudio para censar las dificultades a que se enfrentan las autoridades de gestión de estos programas, con pistas para resolverlas. 
Los resultados de este estudio estarán disponibles en la primavera de este año, con tiempo para que la Comisión proponga las medidas legislativas adecuadas en el marco de la futura reglamentación aplicable al próximo período de programación de los Fondos Estructurales. 
Pienso que esta propuesta legislativa se presentará en el mes de junio. 
Como saben, Señorías, la Comisión debe adoptar la semana próxima, el 18 de febrero, el tercer informe sobre la cohesión económica y social, que presentaré a su Asamblea. 
Este informe contendrá propuestas para una política de cohesión reformada y reforzada a partir de 2006. 
La creación de un instrumento jurídico para la cooperación transfronteriza, que el Sr. Vallvé desea, debería formar parte de las propuestas que la Comisión defenderá en su tercer informe sobre la cohesión. 
– Señor Presidente, señor Comisario, le responderé en su lengua. 
Quisiera darle las gracias por su intervención y decirle que espero que tengamos ocasión en oírle con motivo de la presentación del informe sobre la cohesión, que por vez primera será también un informe sobre la cohesión territorial y no solo sobre la cohesión económica y social. 
Creo también que la cohesión territorial no será posible sin un verdadero instrumento para reforzar la cooperación transfronteriza. 
Es evidente que las ciudades y las regiones, los departamentos en el caso francés, tienen dificultades para establecer los programas de cooperación transfronteriza debido a las distintas legislaciones que existen entre los Estados. 
Por tanto, pienso que deberíamos imaginar un instrumento a escala europea que haga posible, y digamos, sencilla, esta cooperación. 
Esperamos una propuesta legislativa en este sentido, una propuesta que contribuya a reforzar los vínculos entre los distintos Estados europeos para hacer desaparecer lo que queda de esas fronteras que Robert Schuman definió como cicatrices de la historia de Europa. 
. Señor Vallvé, usted no me ha formulado una pregunta, sino que me ha dado ánimos. 
No tendrá que esperar mucho, porque, como le he dicho, presentaré el informe sobre la cohesión el próximo miércoles, con la Sra. Diamantopoulou y el Sr. Fischler. 
Espero por lo demás que podamos hacerlo aquí mismo, o en Bruselas, en el curso de una Conferencia de Presidentes ampliada, pero todavía no estoy seguro. 
En todo caso, en este informe, señor Vallvé, avanzamos en el sentido que usted desea. 
Voy a precisar los detalles, como he hecho en el informe sobre la cohesión; habiendo trabajado mucho con mis servicios y los servicios jurídicos de la Comisión y gozando además de su apoyo, espero que podré, en el programa legislativo que fija las reglas para la futura política de cohesión, satisfacerle muy claramente con la propuesta de lo que podría ser una especie de autoridad territorial transfronteriza. 
Estas son las orientaciones con las que trabajamos. 
Ciertamente, tenía razón el Sr. Barnier al decir que no había una pregunta explícita; yo he considerado que podía entenderse como una pregunta, pero en todo caso las ayudas nunca vienen mal. 
Por eso, este diálogo siempre es positivo. 
Pregunta complementaria del Sr. Ortuondo Larrea. 
Señor Comisario, como usted sabrá, existe un proyecto prioritario, de los aprobados en el Consejo de Essen, sobre las redes transeuropeas, referido a la conexión ferroviaria de alta velocidad Sur-Europa, y un tramo de este proyecto es el que está previsto que una la ciudad francesa de Dax con Vitoria: Dax en la región de Aquitania y Vitoria en la comunidad autónoma del País Vasco. 
Tanto la región de Aquitania como la comunidad autónoma del País Vasco quieren impulsar este proyecto y se encuentran con las dificultades de entendimiento o de aplicación de los respectivos Gobiernos centrales de los Estados francés y español. 
Estas dos regiones quieren llevarlo adelante y yo estoy tratando de conseguir que dentro de la Unión Europea se pueda aceptar esta cooperación transfronteriza. 
Por eso, le hago la pregunta concreta siguiente: ese instrumento, que usted nos ha anunciado que posiblemente podamos tener después del verano, ¿va a referirse solo a los fondos de la política regional europea o puede ser también extensible a los fondos europeos para las redes transeuropeas del transporte y a cualquier otro tipo de actuaciones con los recursos comunitarios? 
. En primer lugar, Señoría, los fondos regionales y los Fondos Estructurales se han utilizado para financiar redes de transporte. 
El Fondo de Cohesión, e incluso créditos del objetivo 1, han intervenido, intervienen e intervendrán en determinados enlaces estratégicos para financiar redes de transporte de distinta naturaleza, en particular fronterizas. 
Mi respuesta es más bien positiva y va en el sentido que usted desea. 
Tengo la idea de que el nuevo instrumento en el que trabajamos podría servir para movilizar y utilizar fondos europeos, y aunque faltaran los créditos europeos, reconozco que mi sueño sería que pudiéramos proponer el estatuto de entidad territorial transfronteriza, que sería creada y podría recurrir a créditos locales, nacionales o regionales. 
Ni que decir tiene que un estatuto como este, aunque sería posible sin créditos europeos, lo sería con mayor motivo con créditos europeos. 
Necesito aún algo de tiempo, pero lo anunciaré la semana próxima, probablemente en el informe sobre la cohesión. 
Después, trabajaré algún tiempo más sobre el instrumento legislativo, pero tendré presente su sugerencia. 
Muchas gracias, señor Barnier, por su cooperación. 
De acuerdo con el Reglamento, las preguntas 41 a 44 recibirán respuesta por escrito (1). 
Comenzamos con los 20 minutos del Sr. Liikanen. 
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) se anunció como un paso importante hacia la participación efectiva de los ciudadanos. 
En uno de los documentos del Comité Preparatorio de la Unión Europea (PrepCom1 de la CMSI de 19 de junio de 2002) , se considera la cumbre en sí misma como un modelo del papel que corresponderá a la sociedad civil en el futuro. 
No obstante, después de la cumbre de Ginebra, difícilmente puede infravalorarse la decepción de los agentes de la sociedad civil. 
En su "Declaración a la CMSI" titulada "Construir sociedades de la información que atiendan a las necesidades humanas", los representantes de la sociedad civil aprobaron por unanimidad la siguiente declaración: "En esta fase del proceso, la primera de la Cumbre, Ginebra, diciembre de 2003, consideramos que nuestras opiniones y el interés general que expresamos colectivamente no quedan adecuadamente reflejados en los documentos de la Cumbre." 
¿Considera la Comisión que la participación de la sociedad civil en la CMSI fue un fracaso? 
¿Reconoce la Comisión la necesidad de fomentar e incrementar la participación de la sociedad civil en las fases siguientes de la CMSI? En caso afirmativo, ¿qué iniciativas emprenderá la Comisión para fomentar e incrementar la participación de la sociedad civil en la próxima fase de la CMSI? 
,. La sociedad civil participó en el proceso de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y en la propia cumbre, de acuerdo con el reglamento. 
En gran medida este es el resultado de los esfuerzos realizados por la Unión Europea en los comités preparatorios. 
Además, el secretariado ejecutivo de la cumbre estableció una oficina de la sociedad civil que organiza a 23 familias para facilitar la participación de diferentes circunscripciones de la sociedad civil. 
Incluso en varias ocasiones celebró en Ginebra reuniones formales con representantes de la sociedad civil. 
Ha posibilitado un amplia convergencia en temas básicos como los derechos humanos, la libertad de acceso a la información y la divulgación de la información, medios de comunicación o cuestiones de género. 
Yo personalmente he participado en una serie de estos debates. 
La sociedad civil aprobó una declaración sobre la Sociedad de la Información, que está disponible en la página web oficial de la cumbre. 
Aunque la Comisión ha recibido comentarios bastante positivos, algunos representantes de la sociedad civil podrían considerar que sus opiniones no se han tenido totalmente en cuenta en los documentos finales aprobados por la cumbre. 
Aún cuando las propuestas de la sociedad civil no se tuvieran del todo en cuenta en los documentos definitivos, la Comisión está convencida de que han sabido influir. 
Tal y como también se señaló en la Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales que mantienen relaciones consultivas con las Naciones Unidas, está surgiendo un lenguaje común entre los Gobiernos y representantes de la sociedad civil, que allana el camino a una mejor comprensión y cooperación en el futuro. 
Sin embargo, hemos de recordar que la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información sigue siendo un proceso intergubernamental que se rige por las normas de las Naciones Unidas, y que se beneficia de la legitimidad de las Naciones Unidas y de los principios de representación de las Naciones Unidas. 
En esta próxima comunicación al Consejo y al Parlamento, la Comisión pretende proponer que se transmita un mensaje claro al secretariado ejecutivo de la cumbre a favor de un papel más destacado para la sociedad civil, y que se base esa posición en su participación en la oficina de conferencias y en sus aportaciones. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario por su detallada respuesta. 
Aunque parece que aprecia bastante la información facilitada por las organizaciones no gubernamentales, al tratar con estas he podido observar que aún existen dudas acerca de su verdadera influencia. 
Tomo nota de las declaraciones que acaba de hacer el Comisario a este respecto. 
Los preparativos para la Cumbre de Túnez de 2005 ya se encuentran en marcha. 
Quisiera invitar al Comisario a continuar su diálogo con las organizaciones no gubernamentales. 
Como bien sabrá, en el Parlamento Europeo tenemos proyectada una reunión con varias de estas organizaciones a principios de marzo. 
Lamentablemente, a pesar de la invitación, no podrá asistir en persona. 
Por lo tanto, invito a todo su Gabinete, a algunos de sus miembros o a su personal, a que asistan a esta reunión que se celebrará en esta Cámara el 1 de marzo. 
Recuerdo a los señores diputados que el uso de la palabra es para hacer preguntas, no para hacer declaraciones. 
Pregunta complementaria del Sr. Harbour. 
– Quiero plantear al Sr. Comisario una pregunta suplementaria en calidad de diputado al Parlamento Europeo que asistió efectivamente a la cumbre de Ginebra y, por tanto, pudo ser testigo del amplio compromiso que contrajeron en la sala de conferencias los miembros de la sociedad civil, y que me pareció muy útil. 
También acogería con satisfacción una invitación a la reunión del Sr. Staes. 
Aunque fui a la cumbre, no tenía ni idea de su interés, así que quizá podamos reunirnos después. 
Una de las cuestiones que planteé en el debate que celebramos sobre este asunto, señor Comisario, fue que, en mi opinión, los parlamentarios tienen que estar mucho más implicados en el proceso. 
Solo tuvimos una pequeña reunión con la unión interparlamentaria. 
¿Está dispuesto a colaborar con el Parlamento Europeo para poder implicarnos más, tanto los parlamentarios europeos como los nacionales, en el marco de la agenda de Túnez y de los preparativos? 
,. En primer lugar, doy las gracias al Sr. Harbour por su participación activa en la Cumbre Mundial y también por la participación de los demás diputados al Parlamento Europeo. 
Ha sido de gran ayuda. 
Estoy dispuesto a buscar todas las formas posibles de mejorar nuestra cooperación en un contexto informal y también en la preparación de la Cumbre de Túnez de 2005. 
Quiero decir al Sr. Staes que cada vez que recibo una invitación al Parlamento Europeo siempre vengo, si puedo. 
En estos momentos, por ejemplo en Finlandia solamente una parte de las páginas de Internet del sector público carece de barreras de accesibilidad para las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada. 
Puede aventurarse que la situación no es manifiestamente mejor en los demás países miembros. 
La situación es especialmente preocupante desde el punto de vista de una segregación digital, que la Unión siempre se esfuerza por evitar, al menos, en sus documentos. 
¿Puede la Comisión elaborar un programa para toda la Unión que obligue a los prestadores de servicios públicos a utilizar técnicas ya hoy disponibles, gracias a las cuales, por ejemplo, las personas con discapacidades visuales puedan acceder a los mismos servicios que el resto de la población? 
,. Señor Presidente, la Comisión comparte la preocupación del Sr. Paasilinna en lo que respecta al limitado número de sitios web del sector público a los que se puede obtener acceso sin problemas en Europa. 
Tras el plan de acción e-Europa aprobado en el año 2000, la Comisión recomendó en su comunicación que todas las páginas públicas de Internet debían seguir las pautas de accesibilidad del contenido establecidas en la iniciativa sobre accesibilidad a la red del World Wide Web Consortium. 
La respuesta del Parlamento fue positiva, como demuestra el informe de Bastiaan Belder y la resolución adoptada al respecto. 
En las resoluciones del Consejo y el Parlamento se ha instado a la Comisión a que controle el progreso para obtener datos comparables. 
La Comisión ha seguido estas recomendaciones y en las próximas semanas publicará un informe en el que se indicarán los resultados alcanzados. 
Los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea están revisando los sistemas con el fin de armonizarlos con las pautas marcadas. 
Esto se ha acordado principalmente dentro del contexto de la cooperación voluntaria de e-Europa. 
No obstante, se debe tener en cuenta que la ausencia de barreras de accesibilidad a los sitios web del sector público requerirá un largo proceso, ya que el número de páginas es muy elevado. 
Asimismo, se espera que las organizaciones de personas con discapacidades participen de forma activa en este proceso. 
Cuando llegó el momento de dar las instrucciones oportunas, recibí 26 mensajes de correo electrónico en el mismo día informando de que el sitio web del Comisario Liikanen no cumplía con las condiciones acordadas. 
Son este tipo de presiones las que facilitan la introducción de cambios. 
Al mismo tiempo, la Comisión estudiará si es preciso ampliar el alcance de la política comunitaria contra la discriminación. 
En consecuencia, esta primavera va a iniciar una audiencia pública para la elaboración de un Libro Verde sobre la estrategia que se seguirá en el futuro para acabar con la discriminación. 
En este Libro Verde se planificará el progreso de la Comunidad en lo que respecta a la aplicación de una política de no discriminación y se plantearán cuestiones relativas al desarrollo de políticas. 
Entre estas cuestiones se abordarán los nuevos retos que acompañarán a la ampliación de la Unión y el establecimiento de una política de acción para fomentar la igualdad en el espacio europeo durante los próximos cinco años. 
– Señor Presidente, Comisario, gracias por su respuesta. 
Me complace saber que la actuación en este ámbito es tan amplia. 
¿El citado Libro Verde dará cobertura a los grupos socialmente marginados, incluyendo programas o planes que pongan fin a la brecha digital? 
,. – Señor Presidente, haré todo lo posible por lograr que se le conceda mayor importancia a este punto cuando se aborde el asunto. 
Gracias. 
Según determinadas informaciones, la Agencia europea para la seguridad de las redes y la información tendrá su sede en Creta, a dos horas largas del aeropuerto más próximo y en un pueblo que carece de banda ancha. 
La Comisión había dado anteriormente la impresión de opinar que la mejor localización para la Agencia y para la labor que ésta tiene asignada sería la proximidad a modernos centros de TI, investigación, infraestructuras y comunicaciones, entre otros. 
En consecuencia, ¿considera la Comisión óptima una situación en que el Consejo Europeo toma decisiones a puerta cerrada sobre las sedes de las agencias y las autoridades? 
¿No deberían tomarse estas decisiones con mayor trasparencia para que se concediera más importancia a los argumentos objetivos por lo que se refiere a las sedes? 
¿Considera la Comisión que la sede de la Agencia podría llegar a perjudicar los cometidos de ésta? 
¿Podrá la Agencia llevar a cabo sus cometidos de conformidad con su Reglamento? 
¿Considera, además, la Comisión que, si las agencias y autoridades de la UE dependieran administrativamente de la Comisión, el sistema sería más rentable y eficaz? 
La demanda de los Estados miembros, de que cada país cuente con un representante, puede originar ineficacia en la toma de decisiones. 
En este contexto, ¿no debería primar la competencia por encima de los intereses nacionales, de forma que, por ejemplo, la industria y las organizaciones de consumidores estén mejor representados? 
¿Está la Comisión a favor de la situación actual, en que países sin ferrocarriles forman parte de la Agencia ferroviaria europea y países sin mar están representados en la Agencia europea de seguridad marítima? 
,. El 13 de diciembre, los representantes de los Estados miembros, reunidos a nivel de jefes de Estado o de Gobierno, decidieron de mutuo acuerdo la sede de ciertas oficinas y agencias de la Unión Europea y, en este contexto, se decidió que la «la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y la Información (ENISA) tendrá su sede en Grecia, en un lugar que determinará el Gobierno griego». 
Dada su naturaleza específica, la Comisión estima que las necesidades básicas de la agencia incluyen equipos, apoyo y operaciones de tecnología de la información avanzada y altamente segura, suficientemente protegida frente a ataques informáticos y contra la seguridad, a los cuales sin duda se verá expuesta. 
Incluyen equipos que sustentan las tareas de oficina normales, así como la intranet y las bases de datos de la agencia utilizadas para almacenar datos necesarios para el trabajo de la agencia o aplicaciones de bases de datos y redes necesarias para interconectarse con administraciones nacionales. 
Además, para que el público en general y los sectores especializados puedan acceder a la información se precisará una página web debidamente diseñada, ubicada, operada y protegida. 
Los recientes ataques de códigos maliciosos han vuelto a demostrar la necesidad de aumentar la coordinación entre Estados miembros para lograr niveles más altos de seguridad. 
La Comisión está convencida de que la instalación de la ENISA, con su propia personalidad jurídica, es la forma más eficaz de lograr este objetivo. 
Favorece la confianza y, en consecuencia, la participación directa de la industria en su labor. 
Esta participación se considera crucial para resolver los problemas de seguridad de la información en Europa. 
Me complace asegurarle que la Comisión se ha comprometido a lanzar las actividades operativas de la ENISA lo antes posible. 
En cuanto a las preguntas de su Señoría sobre la composición y la participación del consejo de administración, la Comisión, de acuerdo con su comunicación de diciembre de 2002 sobre el marco operativo de las agencias reguladoras europeas, en general favorece un consejo de administración reducido. 
Esto lo dejé claro en una declaración durante el Consejo del 20 de noviembre de 2003. 
Sin embargo, debido a las tareas específicas asignadas a la ENISA y a la acuciante necesidad de su creación, la Comisión no ha impedido un acuerdo en primera lectura entre los legisladores. 
No obstante, la Comisión ha señalado el carácter excepcional del rumbo emprendido y reafirma su deseo de que se aplique el marco general. 
Muchas gracias, Comisario Liikanen, por una respuesta realmente extraordinaria. 
Quizás a aquellos que hayan seguido este asunto y estén al tanto de las demandas que hemos planteado acerca de la Agencia europea para la seguridad de las redes y la información no consigan darse cuenta de que dichas demandas se relacionan directamente con Creta. 
Nos preocupa que la Agencia pueda resultar ineficaz. 
Por lo tanto, el Parlamento ejercerá presión en este ámbito. 
Estamos totalmente convencidos de que la Comisión también puede ayudarnos a minimizar las consecuencias negativas derivadas de la ubicación de la Agencia en Creta, localización que no considero la sede ideal. 
Lamentablemente, el Consejo defiende una serie de posturas incomprensibles, tales como que este tipo de decisiones se deben adoptar sin el escrutinio público. 
Para ser sincera, opino que esto resulta inadmisible, teniendo en cuenta la legislación sobre transparencia que rige todos los sectores. 
Para finalizar, he de plantear una pregunta, no porque no pueda imaginar lo que piensa el Comisario, sino porque quiero obtener una respuesta clara, con la intención de utilizarla en la campaña electoral en conexión con los gobiernos. 
¿Considera la Comisión que la Agencia resultaría más eficaz con un consejo de administración menor o quizás con un sistema de rotación? 
¿Qué importancia tiene el uso eficiente y ahorrativo de las recaudaciones tributarias por parte de las instituciones, y cómo es posible conseguir esto? 
,. Señor Presidente, estoy de acuerdo con el hecho de que es preciso realizar un uso eficiente de la recaudación tributaria. 
Esta es la primera respuesta. 
La segunda consiste en que los Estados miembros generalmente quieren influir en la actividad diaria de cada institución fuerte que crean. 
Todos desean poder enviar un representante al consejo de administración. 
Ya he expresado mi opinión en esta Cámara. 
Hay que elegir entre adoptar una solución rápida durante el mandato de este Parlamento y esta Comisión, o bien, esperar a que llegue un futuro más incierto. 
Abogo por elegir una solución más rápida, ya que las crisis actuales relacionadas con la seguridad de las redes ponen de manifiesto que se deben tomar medidas urgentes. 
Vamos a realizar ahora la última pregunta al Comisario Sr. Liikanen. 
Cada año se registran más de 50 000 muertes y 1,7 millones de heridos como consecuencia de accidentes de tráfico en los Estados que en la actualidad son miembros de la UE. 
Se trata de una situación inaceptable. La seguridad vial puede aumentarse, entre otras medidas mediante una fabricación y un funcionamiento más seguros de los vehículos. 
La tecnología de la información puede utilizarse en este sentido. ¿De qué modo está avanzando el Programa e-Seguridad? 
¿Qué progresos se han realizado en el marco del Programa e-Seguridad con vistas a la mejora de la seguridad vial en Europa? 
,. Permítame antes que nada ensalzar la actividad sistemática de la Sra. Hedkvist Petersen en torno a la cuestión de la seguridad vial, que incluye la seguridad electrónica. 
Tiene entre manos un asunto importante, porque el número de víctimas mortales de accidentes en la actual Unión Europea de 15 Estados miembros es de unas 40 000 al año en 2001. 
Esta cifra es inaceptablemente alta y, por tanto, nos hemos fijado el ambicioso objetivo de reducir a la mitad esta cifra para 2010. 
La Unión Europea y los Estados miembros están adoptando una amplia gama de medidas para que este objetivo sea realidad, y el resultado es que, de acuerdo con los datos preliminares, el número de personas que fallecieron en las carreteras europeas el año pasado fue de unas 35 000 personas. 
La Comisión ha reconocido el gran potencial que tienen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para salvar vidas mitigando las consecuencias de los accidentes o incluso evitándolos del todo. 
En septiembre del año pasado, la Comisión aprobó una comunicación titulada «Las tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio de vehículos seguros e inteligentes». 
Propone 11 medidas que promueven el desarrollo y el despliegue rápido de nuevos sistemas de seguridad activos en Europa. 
Ya se ha iniciado el trabajo para aplicar las medidas propuestas por la Comunicación. 
Hemos establecido, junto con la industria, los Estados miembros, las partes interesadas y los diputados al Parlamento Europeo, el «eSafety Forum» (Foro de Seguridad Electrónica). 
En este foro hay siete grupos de trabajo dedicados a cuestiones prioritarias de seguridad electrónica. 
Los primeros resultados están disponibles en el Informe resumido de 2003, al que se puede acceder a través de nuestra página web sobre seguridad electrónica. 
Nos gustaría oír la opinión del Parlamento Europeo, así como un compromiso por parte de los Estados miembros. 
La Comisión también está estudiando la posibilidad de ordenar que se instalen en vehículos comerciales sistemas electrónicos cuya eficacia haya sido comprobada en la práctica, como sistemas de estabilidad electrónicos para autobuses y vehículos de productos pesados. 
Además, la Comisión utiliza el 6º Programa Marco para desarrollar más las tecnologías de sistemas de seguridad activos dentro de los vehículos. 
El proyecto integrado «Prevent» , que tiene más de 50 socios y un presupuesto general de 60 millones de euros, de los cuales cerca de 30 millones de euros son de los fondos comunitarios, es el proyecto más importante en este ámbito. 
Muchas gracias, señor Liikanen, por una respuesta tan excelente e interesante. 
Realmente se están tomando numerosas medidas en este terreno. 
En la futura Unión Europea, es decir, en una Unión formada por 25 Estados Miembros, se estima que cada año se registrarán más 50 000 víctimas mortales en nuestras carreteras. 
Esto equivale a acabar con toda la población de una ciudad mediana de Suecia cada año. 
No podemos seguir con esta situación. 
Hemos depositado grandes esperanzas en la tecnología de la información y en el programa e-Seguridad, el cual constituye un trabajo muy importante que parece encontrarse en una etapa de desarrollo avanzada. 
Asimismo, espero que el Parlamento exprese su opinión en el informe mencionado por el Sr. Liikanen. 
Aunque se ha registrado un considerable avance en la industria, aún existen marcadas diferencias entre los países de la Unión Europea en términos de sofisticación de la tecnología de la información. 
Este tipo de aplicaciones requieren determinadas instalaciones tanto en los vehículos como en el entorno. 
Quisiera que el Comisario Liikanen nos facilitara una evaluación del progreso en los diferentes Estados miembros y en los países candidatos. 
,. Señor Presidente, el asunto abordado por la Sra. Hedkvist Petersen pone de manifiesto la existencia de un problema muy importante, la necesidad real de colaboración entre los diferentes sectores. 
No basta con disponer de vehículos más seguros, sino que necesitamos contar con el funcionamiento simultáneo de distintos tipos de infraestructura. 
Ya se han producido algunos avances en materia de colaboración, como el número de teléfono común 112, el cual facilita las gestiones en caso de accidentes de tráfico. 
Resulta bastante evidente que, en este ámbito, es preciso ejercer más presión desde arriba con el fin de organizar la colaboración de la industria, las autoridades responsables de las infraestructuras y las compañías aseguradoras. 
Confiamos en que la labor desarrollada en el programa e-Seguridad contribuya a mejorar la situación. Quizás podamos conseguir además que los Estados miembros presten más atención a este sector. 
En nuestro primer programa de acción, e-Europa 2002, se planteó un enfoque especial sobre el e-transporte que, por desgracia, no logró despertar el suficiente interés entre los Estados miembros. 
Afortunadamente, los Estados miembros se mostraron más interesados en esta ocasión. 
El Gobierno húngaro ha invitado a asistir a una Conferencia sobre e-Seguridad que tendrá lugar en Budapest en mayo de 2004, en la que esperamos que participen no solo los ministros de las tecnologías de información, sino también los ministros de transportes y las autoridades responsables de las infraestructuras. 
Si no se coordinan la tecnología y la infraestructura, será imposible obtener resultados prácticos. 
– Yo también doy las gracias al Comisario y a sus servicios por un programa extraordinario: el programa de seguridad electrónica. 
He tenido el privilegio de participar en una serie de reuniones de trabajo de alto nivel. 
Quiero hacer dos preguntas concretas, para completar lo que ya nos ha dicho. 
La primera se refiere a sus opiniones sobre el probable desarrollo de la tecnología eCall, que localizará automáticamente un vehículo después de un accidente. 
Esta me parece una de las propuestas más importantes que se han puesto sobre la mesa y la más viable. 
Además, se basa en nuestra labor en torno a la telefonía móvil. 
En segundo lugar, quiero pedir al Comisario que nos asegure que sus servicios estudiarán con comprensión, al examinar las normas de la Fase 2 para la protección de peatones, lo mucho que pueden contribuir las tecnologías de prevención de accidentes para que se reduzca aún más el número de peatones que fallecen en accidentes de tráfico. 
Acabo de ver los resultados de las pruebas alemanas que indican que las normas estructurales de la fase 2 pueden no producir el tipo de mejoras que hemos estado esperando. 
,. Para responder a su Señoría, permítame decir que, en cuanto a la primera cuestión de las tecnologías eCall, hace poco hemos visto las primeras verdaderas aplicaciones en el mercado, y funcionan. 
En la conferencia de Madrid examinamos las aplicaciones desarrolladas por las autoridades sanitarias y la industria del automóvil, y demostraron que, cuando se producía un accidente, podía establecerse contacto directo con el hospital y los servicios de ambulancia podían localizar el lugar del accidente y establecer contacto directo por teléfono. 
Desde el punto de vista tecnológico, el producto ya está listo. 
El desafío ahora consiste en aplicarlo debidamente. 
Pero la primera cuestión se ha resuelto. 
Con respecto a la segunda cuestión, en lo que a las medidas de prevención de accidentes con herramientas de TI se refiere, se han hecho progresos en el ámbito de la investigación, básicamente sobre el uso de radares o sensores, que ayudan al conductor a identificar los posibles riesgos de tráfico, especialmente en las últimas horas de la tarde, que suele ser la franja horaria más peligrosa. 
Examinaremos esta cuestión detenidamente en el contexto de los estudios de viabilidad que van a realizarse. 
Como todos sabemos, la prevención de accidentes es con diferencia la mejor solución. 
En cualquier caso, la seguridad de los peatones es una prioridad para todos nosotros y nos ceñiremos a los compromisos que hemos contraído. 
Muchas gracias, señor Liikanen, por sus contestaciones. 
De acuerdo con el Reglamento, las preguntas 49 y 50 recibirán respuesta por escrito (2). 
Entramos en el último tramo de hoy: los 20 minutos de preguntas al Comisario Sr. Verheugen. 
El 15 de diciembre, el Parlamento húngaro aprobó un proyecto de ley del Gobierno que prevé restricciones a la autonomía del Tribunal de Cuentas en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas por Ley. 
Con ello se interviene en un procedimiento en curso que podría poner al descubierto hechos comprometedores desde el punto de vista político. 
Previamente, el Comisario Bolkestein había destacado en una carta los criterios que han de aplicarse al funcionamiento de un órgano independiente de control financiero. 
También el Banco Central Europeo ha puesto reparos a los cambios legislativos previstos, al igual que algunos diputados al PE. 
¿Entiende la Comisión, con miras también a la correcta utilización de los fondos comunitarios, que sigue estando garantizado un control financiero independiente? 
En caso afirmativo ¿por qué motivo? 
Si considera que no está garantizado, ¿cómo piensa proceder para defender los intereses financieros de la Unión? 
. Señor Gahler, el asunto planteado ha sido bastante conocido durante un tiempo. 
Para empezar, le recordaré que el proyecto de ley aprobado por el Parlamento húngaro el 15 de diciembre de 2003 regula las relaciones entre el Tribunal de Cuentas de Hungría (PSZÁF) , el Parlamento de este país y el Ministerio de Hacienda. 
El texto de este proyecto de ley se encuentra a disposición de la Comisión. 
En él se establece que el Tribunal de Cuentas no aceptará instrucciones relativas al desempeño de sus funciones, descritas en el documento. 
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda tiene derecho a ser informado con regularidad acerca de las actividades del Tribunal de Cuentas y a instar a este al cese de cualquier práctica inapropiada en caso de que se identifiquen deficiencias. 
En lo que se refiere a la evaluación de estos dos aspectos del proyecto de ley, señalaré que la disposición en la que se determina explícitamente que el Tribunal no aceptará restricciones en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas por ley, pero que el Ministro de Hacienda tiene derecho a ser informado sobre sus actividades, está en consonancia con las normas habituales, incluidas aquellas que se aplican actualmente en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Aparte de esto, se ha informado a la Comisión de que el proyecto de ley aún no ha entrado en vigor. 
El Presidente húngaro se ha negado a firmarlo, remitiéndolo en su lugar al Tribunal Constitucional del país para que revise el texto, revisión que todavía no se ha completado. 
No se puede ignorar la necesidad de llevar a cabo enmiendas adicionales. 
Puesto que el proyecto aún no está en vigor, el Tribunal de Cuentas húngaro sigue desarrollando su actividad de acuerdo con la normativa existente y con el mismo consejo administrativo. 
Dada la importancia de un control financiero correcto y eficaz, esta institución ha solicitado al Gobierno húngaro que le informe con urgencia de todos los avances que se produzcan en este ámbito. 
Una pregunta más: ¿no cree que resulta poco habitual el hecho de que a través de esta enmienda al proyecto de ley se haya intervenido en el procedimiento en curso? 
Además, aunque el resultado constituya supuestamente una norma europea, ¿cuál era la posición legal anterior? 
¿Se ha logrado reforzar la independencia del Tribunal de Cuentas, desde el punto de vista de la Comisión, o más bien se ha limitado? 
. Señor Gahler, no creo que corresponda a la Comisión opinar acerca de las razones que tiene un futuro Estado miembro para llevar a cabo enmiendas legislativas. 
Nuestra misión consiste en asegurar que las disposiciones legales de los diferentes Estados miembros estén en consonancia con el acervo comunitario. 
Y eso es precisamente lo que hemos hecho en este caso. 
¿Cómo valora la Comisión la legislación en materia de restitución en Rumania, en particular, en lo que se refiere a la minoría alemana, y podría extenderse este modelo también a otros países candidatos? 
. Señor Posselt, el informe periódico de evaluación sobre el progreso registrado en Rumania, el cual se publicó a finales de 2003, incluye una evaluación exhaustiva de los avances de este país en materia de restitución de bienes confiscados. 
En las conclusiones generales se afirma que el marco jurídico necesario para la restitución ya se encuentra completamente en funcionamiento. 
No obstante, hay una excepción destacada: la restitución de las iglesias. 
Se trata de un asunto que suscita gran sensibilidad en Rumania. 
La considerable delicadeza del problema, junto con las complicaciones derivadas de determinadas denominaciones, ha bloqueado la legislación planeada. 
El derecho rumano se aplica de forma igualitaria a todos los ciudadanos del país. 
La Comisión no tiene conocimiento acerca de ningún tipo de disposición especial para la minoría alemana. 
Según su pregunta, señor Posselt, parece que quizás usted está mejor informado que la Comisión. 
Si hay algún dato que la Comisión desconozca, le agradecería que me lo comunicara. 
Por lo tanto, no puedo responder a su pregunta sobre si se podría extender este modelo a otros países candidatos. 
Me resulta imposible evaluar una legislación que no conozco. 
La selección del modelo general para la restitución de bienes en Rumania es un asunto soberano que corresponde a este país, el cual posee responsabilidad exclusiva al respecto. 
Como sabe, la Unión Europea carece de autoridad jurídica en este ámbito. 
No obstante, en el informe periódico de la Comisión se destaca el hecho de que el progreso realizado en el proceso de restitución varía enormemente en función del valor de los bienes que se van a devolver. 
Aunque se ha avanzado mucho en la restitución de las tierras arboladas y agrícolas, la transferencia de los diferentes edificios no ha hecho más que empezar. 
A finales de 2003 solo se había devuelto un 3% de este tipo de propiedades. 
Podría clasificar este progreso como una aplicación bastante lenta de la legislación pertinente. 
– Señor Comisario, en primer lugar, considero que una de las funciones de la Comisión –una a la que usted concede verdadera importancia– es la de garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable. Una función que, en esencia, consiste en asegurar que la justicia y la administración de los países en vías de adhesión desarrollan su actividad dentro de plazos razonables. 
Por este motivo, ha estado muy acertado al abordar la cuestión del 3%. 
En segundo lugar, opino –durante el turno de preguntas anterior reconoció que aún sigue siendo responsable de los problemas de las minorías, incluso en los países en vías de adhesión– que el objetivo de la legislación rumana y húngara es conceder un trato igualitario a todos los ciudadanos. 
Como sabe, la legislación checa se ha visto envuelta en un gran número de problemas, para los que existe una explicación oficial. 
El Sr. Mareš y otros han realizado diversos comunicados relativos a las iniciativas destinadas a mejorar la situación. 
¿Sabe si se está haciendo algo al respecto? 
¿Existen quizás planes para la aplicación de estos modelos o, al menos, para dar otro paso hacia la reconciliación? 
Hace nueve meses se debatía en profundidad este tema pero, desde entonces, no se ha comentado nada más. 
. 
No estoy en condiciones de contestar a cuestiones técnicas increíblemente complicadas sobre la República Checa. 
Pediré a mis servicios que investiguen el asunto con detenimiento y que se pongan en contacto con las autoridades checas pertinentes para poder ofrecerle una respuesta por escrito. 
El 21 de marzo de 2003, el Tribunal Constitucional de Malta, a instancias de un partido perjudicado, formuló una definición de "residencia" (Asunto Cassola, Juez Tonio Mallia, Asunto: Harry Vassallo contra la Comisión Electoral y John Mary Magro, nº 6/2003/1). 
La definición del Tribunal Constitucional dice lo siguiente: "la palabra" residencia "no significa presencia física en el país". 
Por otra parte, la nueva ley para las elecciones europeas en Malta (Ley nº XVI de 2003, publicada en la "Malta Government Gazette" de 26 de noviembre de 2003) prevé explícitamente que todos los ciudadanos malteses que viven en los 25 Estados miembros de la UE tienen derecho a votar y a presentarse como candidatos en las elecciones de Malta. 
¿Está informada la Comisión de que, a pesar de la definición constitucional y la legislación en vigor para las elecciones europeas, el Partido Laborista de Malta ha solicitado de nuevo que se eliminen 1 684 ciudadanos malteses del censo electoral? 
Las vistas se iniciarán ante los tribunales malteses en la última semana de enero y los empleados malteses en las instituciones europeas se encuentran entre las personas afectadas. 
¿Qué se propone hacer la Comisión contra el intento ilegal del Partido Laborista de Malta de evitar que ciudadanos malteses participen en las próximas elecciones europeas en Malta? 
. Señora Schroedter, en la Constitución maltesa aparecen reconocidos todos los derechos fundamentales y los derechos de los ciudadanos. 
El derecho de los ciudadanos malteses a votar en las elecciones generales depende de su nacionalidad, edad y lugar de residencia. 
Hace poco, un ciudadano maltés presentó una reclamación porque un partido cuestionaba su derecho al voto, y el Tribunal Constitucional declaró que estos requisitos no violan los derechos fundamentales de los ciudadanos de este país. 
La Comisión Europea no tiene nada que añadir a la decisión del Tribunal Constitucional maltés. 
No obstante, quisiera señalar que, de acuerdo con la definición de este tribunal, el concepto de residencia no exige la presencia física en el país y, de hecho, se contempla y permite la ausencia temporal del mismo. 
Si un partido político en Malta cuestiona el derecho al voto de un ciudadano, el tribunal maltés competente deberá estudiar el caso teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de este país. 
El derecho a poner en duda el censo electoral y los resultados de las elecciones constituye un elemento esencial de todos los sistemas democráticos transparentes. 
Desde luego, no corresponde a la Comisión intervenir en el funcionamiento del sistema jurídico maltés. 
Asimismo, la Comisión le recuerda que la ley aprobada recientemente relativa a las elecciones europeas en Malta establece que todos los ciudadanos malteses que residan en cualquiera de los 25 Estados miembros disfrutan de un derecho pasivo y activo a votar en las elecciones al Parlamento Europeo en este país. 
Esto ha sido posible porque en la Constitución maltesa solo se contemplan las elecciones generales, no las europeas. 
Representa un interesante avance del que ya ha tomado debida nota la Comisión. 
Demuestra que la mayor participación de Malta en las organizaciones internacionales está influyendo de forma muy constructiva en la obtención de progresos internos. 
– Señor Presidente, Comisario, ha pasado por alto la verdadera cuestión, a saber, la solicitud del Partido Laborista maltés de que se eliminen 1 684 ciudadanos del censo electoral para las elecciones europeas porque viven actualmente en la Unión Europea y no trabajan en Malta. 
Este es el origen del problema planteado, el cual no ha abordado en modo alguno. 
Estamos hablando de las elecciones europeas. 
Es la participación en estas elecciones lo que está en juego y, sin embargo, nos encontramos con el mismo problema de siempre. 
Una vez más, en este caso, se pretende eliminar a 1 684 ciudadanos del censo electoral. 
Mi pregunta tiene que ver con este caso en particular. 
¿Le importaría ofrecer una respuesta más específica? 
. Le responderé, señora Schroedter, pero muy a mi pesar porque, en realidad, la Comisión Europea no tiene nada que ver con lo que hace o deja de hacer un partido político en Malta. 
Se equivoca al afirmar que se va a eliminar a cualquier ciudadano del censo electoral. 
Y, por tanto, la decisión tomada se basa en un procedimiento jurídico objetivo. 
En mi opinión, no es nuestra misión decidir el grado de conveniencia del ordenamiento maltés. 
Lo que importa es determinar si en Malta se garantizan los derechos generales de votación libre e igualitaria. 
Y la respuesta es afirmativa. 
Es evidente que no corresponde a la Comisión juzgar las acciones de cada partido y, en consecuencia, no voy a hacerlo. 
¿Puede la Comisión formular comentarios sobre la falta de acción en relación con los acuerdos jurídicos firmados por Turquía para la construcción del oleoducto Baku-Ceyhan, y sobre los acuerdos de adhesión de Turquía, en el contexto de la revisión más reciente y a pesar de las garantías que se prestaron? 
¿Puede confirmar la Comisión que una serie de organizaciones no gubernamentales han presentado una demanda contra la Comisión ante el Tribunal de Justicia por su falta de actuación? ¿Cuáles son los comentarios preliminares de la Comisión ante esta demanda? 
. Señor Howitt, para aclarar la situación en la que nos encontramos, permítame comentar en primer lugar que Turquía no pertenece a la Unión Europea y que ni siquiera se han puesto en marcha las negociaciones para su adhesión. 
Esto significa que las oportunidades de influir en este país, sobre todo a través de instrumentos jurídicos, son muy escasas. 
Por este motivo, haré referencia a la respuesta facilitada anteriormente a la pregunta planteada por la baronesa Ludford, la Sra. Lambert y usted sobre el mismo asunto y repetiré que las consecuencias negativas derivadas del acuerdo sobre el oleoducto Baku-Ceyhan firmado por Turquía o de la aplicación del mismo se abordarán de conformidad con los criterios políticos de Copenhague. 
Esto es todo lo que puede hacer las Comisión en este caso. 
Nuestro cometido consiste en valorar si Turquía cumple los requisitos políticos necesarios para iniciar las negociaciones de adhesión. 
Desde luego, esta función engloba el comprobar si en Turquía se respetan plenamente los derechos humanos. 
En el informe que presentará la Comisión el otoño que viene se examinará esta cuestión, sin lugar a dudas. 
La Comisión es consciente de que diversas organizaciones no gubernamentales interpusieron una serie de demandas en el Tribunal de Primera Instancia en enero de 2004. 
Sin embargo, aún no ha recibido ninguna notificación oficial con los detalles de dichas reclamaciones. 
En caso de que el Tribunal así lo solicite, la Comisión presentará sus comentarios de acuerdo con los procedimientos pertinentes. 
– Agradezco al Comisario su declaración. 
Aunque solo hay un acuerdo de preadhesión con Turquía, puede estar seguro de que el Parlamento Europeo conoce muy bien la condición de país candidato o no candidato de Turquía, y que esto tiene cierto efecto jurídico. 
Yo fui uno de los varios diputados que pidieron, el pasado noviembre, al Comisario que incluyera una evaluación en su último informe sobre esta cuestión concreta. 
Esto no ocurrió, así que tengo la gran esperanza de que en la evaluación de este año se incorpore un análisis a fondo de los derechos humanos, de los impactos ambientales y de otro tipo de este oleoducto. 
¿Podría el Comisario ayudarnos a todos diciendo qué mecanismos, qué enfoque y qué análisis va a aplicar para investigar esto? 
¿Qué hará entre ahora y noviembre para contestar a las preguntas, para que podamos tranquilizarnos sabiendo que su informe es completo y justo? 
. Señor Howitt, puedo prometerle que en el informe definitivo y concluyente sobre el cumplimiento por parte de Turquía de los requisitos políticos previos a la adhesión llevaremos a cabo un análisis minucioso de este asunto. 
La Comisión investigará este tema, como ya ha hecho en relación con los demás derechos humanos en Turquía. 
Asimismo, reunirá toda la información procedente de sus fuentes, los Estados miembros, las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales de control, así como aquellos datos obtenidos de todas las fuentes públicas de información. 
Por supuesto, la Comisión solicitará a todos los implicados que faciliten cualquier información relevante, para después realizar una evaluación de los datos recopilados. 
Si es necesario, se enviarán las misiones oportunas para obtener una impresión de primera mano de la situación sobre el terreno. 
Para nosotros resulta muy importante que nuestras evaluaciones se basen en información sólida y fiable, y le garantizamos que en este caso procederemos del mismo modo. 
– ¿Opina la Comisión que el oleoducto de Baku-Ceyhan es un proyecto de gran importancia tanto para los futuros suministros energéticos europeos como para el desarrollo económico de Turquía y otros países de la región? 
. Para ser sincero, señor Van Orden, desconozco por completo si la Comisión Europea como institución tiene alguna opinión al respecto. 
Sin embargo, puedo decirle que nadie que lea con detenimiento los artículos de prensa puede ignorar lo que está en juego. 
Me complace, por tanto, dar mi opinión personal: creo que se trata de un proyecto de una considerable importancia estratégica, con una fuerte influencia en la política del Mediterráneo oriental y con repercusión en muchos otros países, y que, en consecuencia, este proyecto merece acaparar gran parte de la atención internacional. 
Muchas gracias, señor Verheugen, por su colaboración esta tarde con el Parlamento. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 55 a 85 recibirán respuesta por escrito (3). 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre los problemas del salmón. 
. Señor Presidente, el estudio «Evaluación global de los contaminantes orgánicos en el salmón de piscifactoría» , publicado el 9 de enero de 2004 en la revista, compara los niveles de 14 contaminantes organoclorados en muestras de salmón de piscifactoría y salvaje. 
Además de las dioxinas y los PCB, el estudio señala la presencia de residuos de pesticidas organoclorados, cuyo uso está prohibido desde hace mucho tiempo en la Unión Europea. 
Este estudio no plantea nuevas cuestiones de seguridad alimentaria, ya que los niveles hallados son coherentes con los resultados de otras inspecciones y de los controles oficiales. 
Sin embargo, esto no significa que la presencia de estos contaminantes no sea motivo de preocupación. 
Con respecto a las dioxinas, en 2001 se aprobaron niveles máximos estrictos en la Unión Europea para las dioxinas en piensos y alimentos, incluido el pescado. 
No obstante, al fijar estos niveles, la Comisión hubo de tener en cuenta la realidad de la actual contaminación de fondo del medio ambiente para no poner en peligro el suministro de alimentos. 
Quiero recordarle que en todo el mundo solo la Unión Europea y Corea han aprobado niveles máximos de dioxinas en piensos y alimentos. 
Estos niveles máximos forman parte de una estrategia integral aprobada por la Comisión Europea en 2001, encaminada a reducir la presencia de dioxinas y PCB en el medio ambiente, en los piensos y los alimentos. 
La aplicación de esta estrategia daría un nuevo impulso a la reducción de la contaminación de fondo. 
La legislación dispone que, como muy pronto este año, es necesario revisar los niveles máximos para integrar algunos PCB con efectos toxicológicos similares a las dioxinas. 
Además, está previsto que para finales de 2006 se revisarán los niveles máximos, con objeto de impulsar una reducción significativa. 
En cuanto a los otros PCB, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea está llevando a cabo una evaluación de riesgos. 
El resultado de esta evaluación de riesgos se espera para finales de 2004. 
A partir de entonces, la Comisión estudiará el establecimiento de niveles máximos también para estos PCB en piensos y alimentos. 
Los pesticidas organoclorados detectados en el estudio publicado en llevan mucho tiempo prohibidos en la Unión Europea. 
Sin embargo, su presencia continua en el pescado se debe a que son compuestos muy persistentes, que todavía pueden encontrarse en el medio ambiente. 
La Unión Europea ha establecido niveles máximos para estos pesticidas en los piensos de animales, incluso los piensos para peces. 
Sobre la base de las evaluaciones de riesgos actualizadas que ha realizado la Autoridad, la Comisión estudiará si es necesario hacer una revisión de los niveles actuales para proteger la salud de los animales y de las personas. 
Los niveles más altos de dos pesticidas, toxafeno y dieldrin, encontrados por el estudio sobre el salmón, rebasan los niveles máximos fijados por la Unión Europea. 
Por consiguiente, hemos llamado la atención de los Estados miembros sobre estas conclusiones y les hemos pedido que presenten datos de los controles oficiales y, si es necesario, que refuercen esos controles. 
Por último, quiero hacer hincapié en que los niveles de dioxinas señalados en el estudio están todos por debajo de los niveles máximos permitidos por la Unión Europea. 
El pescado, ya sea de piscifactoría o salvaje, ocupa un lugar en una dieta equilibrada para garantizar que los consumidores sigan beneficiándose de sus efectos positivos para la salud. 
– Señor Presidente, señor Comisario, soy una de las diputadas que deseaban que tuviera lugar un debate sobre este tema debido a la alerta lanzada a nuestros conciudadanos. 
Así, justo después de las fiestas de Navidad y fin de año, aparecieron en la prensa francesa una serie de artículos que hablaban de un peligro probable. 
En realidad, se hizo un anuncio que no fue seguido de ningún efecto, lo que dejó a los consumidores solos con sus interrogantes. 
Por otra parte, recuerdo –y por ello he querido que se organizara un debate sobre esta cuestión– que hace algunos años, sin duda cinco o quizás seis años, mantuve una conversación con un funcionario de la Comisión Europea que trabajaba con el Sr. Fischler y que me dijo, a pesar de que estábamos en pleno debate sobre la crisis de la EEB (encefalopatía espongiforme bovina) , que el segundo escándalo alimentario que conoceríamos en Europa sería el del salmón de piscifactoría. 
Estas palabras me afectaron especialmente. 
Sin duda exageraba algo –espero–, y lo que acaba de decir el Comisario parece demostrarlo. 
Sin embargo, me parece que era importante que pudiésemos dar respuestas a nuestros conciudadanos para que sepan qué deben hacer. 
Cuando creamos la autoridad alimentaria europea, subrayamos la importancia de una comunicación proporcional a los riesgos corridos. 
A este respecto, yo habría deseado que, cuando se publicaron estos artículos de prensa a finales del año 2003, la Comisión nos diera de inmediato una respuesta y no esperase a la petición del Parlamento a mediados de febrero para darnos estas indicaciones, lo cual es un tanto lamentable. 
En este tipo de problemas, es malo centrarse en las dificultades que atraviesa tal o cual sector económico y me pongo en el lugar de los criadores de salmón y de las regiones afectadas –o que hubieran podido serlo– precisamente por una información de este tipo. 
En efecto, una situación como esta tiene consecuencias económicas y también debemos tenerlas en cuenta. 
Dicho esto, estamos preocupados ante todo por la seguridad alimentaria y la seguridad sanitaria de nuestros conciudadanos. 
Creo que nos corresponde, y es especialmente importante, velar por ser siempre muy transparentes y dar respuestas en el momento adecuado, para evitar que una falta se información suscite preocupaciones. 
A pesar de todo, señor Comisario, nos dice que la calidad de algunos salmones deja realmente que desear, aunque por otra parte afirma que las dosis de dioxinas detectadas son inferiores a los máximos fijados por la Unión Europea, y mejor así. 
Por mi parte, lo que le pediría es que no solo se efectúen controles, sino que después se tomen decisiones para que la alimentación de los peces de piscifactoría esté más controlada y, sobre todo, sea más satisfactoria desde el punto de vista sanitario. 
Esto es lo que quería decir, señor Comisario, que se proceda a controles seguidos de efectos, y ello para tranquilizar por completo a los consumidores europeos. 
– Señor Presidente, cuando comenzó este desastre, muchos de nosotros observamos con incredulidad cómo un informe de naturaleza científica dudosa podía poner en peligro una de las industrias rurales más importantes de Escocia. 
La cría de salmón escocés da trabajo a 6 500 personas, el 70% de ellas en las tierras altas y en las islas, e inyecta 2 millones de libras esterlinas en la economía escocesa todas las semanas. 
El salmón escocés representa casi el 40% de todas las exportaciones alimentarias de Escocia. 
La tendenciosidad de la cobertura que hizo la prensa y la falta de información de calidad hicieron saltar las alarmas sobre la base de pruebas infundadas y falsedades. 
Me alegro de que la Comisión actuara rápidamente para poner las pruebas en su sitio y defender la seguridad del salmón escocés. 
Y también lo hizo la Food Standards Agency del Reino Unido. 
El fondo de esa alarma alimentaria se basa en una investigación engañosa publicada en la revista norteamericana. Los niveles de PCB y dioxinas en el salmón escocés son bastante más bajos que el umbral establecido por la Unión Europea, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. 
El Profesor Hugh Pennington, uno de los mayores expertos en alimentación, dijo lo siguiente: «Las pruebas demuestran claramente que los niveles oficialmente recomendados, superiores a los niveles de que hablan los científicos, son realmente seguros.» 
Se ha puesto en duda la metodología de esta investigación. 
Las conclusiones se basan en un modelo de evaluación de riesgos controvertido que introdujo la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos. 
El modelo de evaluación de riesgos no ha sido reconocido por las organizaciones internacionales responsables de la seguridad alimentaria y de la salud pública como la OMS, que lo considera un fiasco desde el punto de vista científico. 
Además, el salmón utilizado en el estudio se compró antes de que se aplicaran los reglamentos sobre etiquetado del país de origen, y, por lo tanto, el estudio ni siquiera se ha preocupado de asegurarse de que el salmón analizado se cultivara en Escocia o en la Unión Europea. 
Además de todo esto, la investigación no contiene ningún dato nuevo. 
Incluso las cifras utilizadas en la investigación son cuestionables, ya que difieren de las cifras oficiales del Gobierno del Reino Unido. 
Teniendo esto en cuenta, la Food Standards Agency no acepta las conclusiones de la investigación y aconseja a la gente que coma dos porciones de pescado a la semana, y una de ellas de pescado azul, como el salmón. 
Por desgracia, la investigación norteamericana ha ignorado los beneficios que tiene para la salud comer salmón, que contiene altos niveles de ácidos grasos Omega-3 y cuya capacidad para reducir el riesgo de sufrir un ataque de corazón está demostrada. 
Sir John Krebs, presidente de la FSA, lo ha confirmado. 
Dijo que aunque los niveles de dioxinas se han reducido drásticamente en las dos últimas décadas, siguen preocupando a los consumidores. 
Los conocidos beneficios que comporta comer una ración de pescado azul superan a todos los riesgos posibles. 
En cuanto a los piensos para pescados, que también se han puesto en tela de juicio, los piensos de los productores estadounidenses, canadienses y chilenos proceden de las mismas fuentes que los piensos de los acuicultores escoceses. 
Resulta extraño que las muestras de los Estados Unidos, Canadá y Chile no presenten niveles de las sustancias analizadas similares a los de Escocia. 
En mi opinión, pasa algo raro cuando la base de un informe puede darse por válida solo con leerla y sin investigar a fondo. 
De hecho, uno de los científicos que participaron en la investigación, el Dr. David Carpenter, ha confesado que «quizá sea un tanto legítimo decir que el motivo para financiar este estudio es que tenían otros objetivos más allá de los efectos sobre la salud». 
Los miembros del Scottish Quality Salmon ya han adoptado medidas para garantizar la calidad de sus suministros de piensos y han puesto en marcha un régimen de pruebas para asegurar que se cumplen sus normas, así como el estricto reglamento ambiental que observan las piscifactorías, que ha ido mejorando año tras año desde que se inició la acuicultura. 
La Scottish Environmental Protection Agency tiene la competencia y la responsabilidad específicas de regular el cultivo del salmón: 63 instrumentos legislativos, 43 directivas europeas, 3 reglamentos europeos, 12 decisiones de la Comisión, que ayudan a tranquilizar a los consumidores en el sentido de que el producto que consumen es de la mejor calidad. 
No sé si la Comisión está en condiciones de comentar las medidas propuestas. 
Tengo entendido que este fin de semana se celebraron negociaciones continuas entre la Presidencia irlandesa y el Gobierno británico. 
Si tiene usted oportunidad de hacer algún comentario, señor Comisario, sería de gran ayuda. 
Es preciso zanjar este episodio. 
Se ha perjudicado al sector de la acuicultura del salmón, de esto no hay duda. 
No obstante, hemos de seguir adelante, llamando la atención sobre la falsedad de las acusaciones y de la importancia de comer salmón en el marco de una dieta sana y equilibrada. 
Gracias a nuestra pertenencia a la Unión Europea podemos trabajar juntos para poder buscar soluciones. 
La respuesta inmediata de la Comisión Europea tranquilizó a los consumidores en el sentido de que comer salmón es seguro. 
Solo actuando a escala de la Unión Europea podremos adoptar medidas en contra de las alarmas infundadas en materia de alimentación y para que la realidad se imponga. 
– Señor Presidente, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas se da por satisfecho con la declaración de la Comisión. 
Sin lugar a dudas, se han exagerado los riesgos para la salud derivados del salmón. 
Por otro lado, resulta evidente que es menos sano consumir salmón de piscicultivo que salmón salvaje. 
Esa es una de las razones por las que la Unión Europea debería propugnar una política para el salmón lo más pegada posible a la naturaleza, aunque la piscicultura de salmón continúe siendo necesaria para la producción tanto de la trucha arco iris como del salmón. 
El Mar Báltico cuenta con sus propias reservas de salmón migratorio. 
Los ríos que desembocan en el Báltico han producido crías jóvenes que han emigrado para alimentarse de lo que las regiones marítimas les pueden ofrecer: camarón y peces pequeños. 
La contaminación y la utilización de los sistemas hidráulicos para el transporte de troncos y la producción de energía hidroeléctrica han supuesto una influencia adversa para la cría. 
Este descenso ha quedado paliado parcialmente por la introducción de reservas de salmón en los ríos, algo a lo que se han visto obligadas, en concreto, las empresas productoras de energía hidroeléctrica. 
De todas formas, no ha producido efectos notables. 
Se estima que perece hasta un 95% de las crías de salmón introducidas por este método. 
Por otro lado, ha existido un exceso de captura de salmón tanto en mar abierto como en aguas ribereñas próximas a los ríos en que desovan. 
Son continuas las disputas acerca de los derechos de pesca del salmón. 
Ahora que, merced a la ampliación, el Mar Báltico se va a convertir más que nunca en un mar interior de la Unión, debería elaborarse un plan exhaustivo para proteger las reservas de salmón y organizar la actividad pesquera. 
La cría del salmón debe regenerarse con un enfoque lo más próximo posible a su estado natural original. 
Los ríos y las corrientes que constituyen buenos entornos para el desove tienen que adaptarse para permitir un aumento de las reservas de salmón. 
Deberán construirse canales ictiológicos en las vías acuáticas artificiales y deberán mantenerse adecuadamente las zonas de puesta de huevos en los ríos. 
Mediante la promoción de la regeneración natural de las reservas de salmón podemos crear nuevas oportunidades para la pesca deportiva y el turismo que se deriva de esta en todos los países ribereños del Mar Báltico. 
Una vez que haya mejorado el proceso de la reproducción natural del salmón, el nivel de implantación de reservas de salmón puede reducirse y, con el paso del tiempo, incluso abandonarse totalmente. 
El dinero que se ahorre se puede invertir en la construcción de canales ictiológicos, la conservación de los lugares de puesta y la promoción de otras reservas de peces. 
La pesca del salmón báltico debería comenzar a ser objeto de la puesta en práctica del «principio del estado de desove» , que se ha aplicado a satisfacción en el Atlántico Norte dentro del contexto de la Organización para la Conservación del Salmón del Atlántico Norte (NASCO). 
Hay que restringir la pesca a fin de garantizar la renovación sostenible y natural de las reservas de salmón. 
Tras la ampliación de la Unión, la protección del Mar Báltico, el mantenimiento de sus reservas ictiológicas y la organización de la actividad pesquera en la región dejarán de ser asuntos propios de cooperación multilateral, para convertirse en un tema bilateral entre la UE y Rusia. 
Creo que Rusia, por su parte, está en condiciones de asumir el reto de la cooperación; la responsabilidad principal, sin embargo, recae en nosotros, la UE y los Estados miembros de la Unión. 
– Señor Presidente, me ha parecido interesante oír al Comisario Byrne decir que algunas de las conclusiones superan los límites. 
Y me ha parecido interesante porque, de acuerdo con los informes de prensa que se escribieron cuando se publicó por primera vez este estudio, se emitió una declaración que afirmaba que un portavoz de la oficina del Comisario Byrne compartía con la evaluación realizada por la Food Standards Agency del Reino Unido la opinión de que los niveles de productos químicos en nuestro salmón europeo no superaban los límites de la Unión Europea. 
Celebro el hecho de que ahora se haya revisado esta posición, porque de lo que hablamos aquí es de consumidores. 
Es preciso tener en cuenta los niveles de fondo. 
Este asunto debe abordarse en primer lugar para determinar por qué existen estos niveles de fondo. 
Esto también tiene que analizarse. 
De estos estudios se desprende con bastante claridad que el salmón de piscifactoría tiene una carga contaminante significativamente superior al salmón salvaje –es lo que dice el informe–, y que el salmón de piscifactoría de Europa está bastante más contaminado que el salmón de piscifactoría de Sudamérica y Norteamérica. 
Muchas personas hace ya tiempo que se han percatado de que sin duda los peces de acuicultura comportan ciertos riesgos para la salud. 
Ahora decimos que el consumo de salmón de piscifactoría debería limitarse a cierta cantidad a la semana, o al mes, lo que plantea una cuestión que supone una amenaza para los consumidores. 
Es preciso etiquetarlo con claridad para que los consumidores sepan lo que comen y tengan esa posibilidad de elegir. 
He planteado la cuestión al Presidente de Parlamento, Pat Cox, y le he pedido que solicite a la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea que emita una opinión científica sobre el problema. 
Pero todavía no hemos recibido la carta que iba a enviar. 
Es crucial no demorarse más, porque no solo hablamos de salmón. 
Una cuestión que no ha salido a colación es que otras especies de peces carnívoros, como por ejemplo el bonito, el bacalao, la lubina, el pargo y la trucha, se cultivan en condiciones similares y probablemente estén expuestas a una contaminación similar. 
Es preciso abordar este asunto, no solo en relación con el salmón de piscifactoría, sino en relación con otros pescados de piscifactoría. 
Por último, veo que el Gobierno del Reino Unido ha adoptado mecanismos de protección para salvaguardar el salmón escocés. 
Deberían adoptar métodos de protección para salvaguardar al consumidor. 
– Señor Presidente, permítame decir sin lugar a dudas que si existen graves problemas demostrados para la salud y el medio ambiente en relación con el salmón producido en la Unión Europea, entonces es preciso abordar este asunto con seriedad y rapidez. 
Sin embargo, antes de emprender cualquier acción se precisa un asesoramiento científico preciso, fiable y totalmente independiente. 
No sorprenderá a la Comisión que me muestre algo escéptico, por decirlo suavemente, en relación con algunos estudios científicos que circulan actualmente y que, me parece, han desencadenado la crisis actual. 
No me interesa saber quién hizo el estudio. 
Sin embargo, sí me interesa saber quién pagó el estudio. 
También me gustaría saber si existen intereses creados en este trabajo, si alguien espera beneficiarse de este tipo de investigación supuestamente científica. 
En mi opinión, la crisis del sector del salmón no es solo ambiental; la verdadera crisis es que la industria del salmón de la Unión Europea, en particular de mi circunscripción de Connaught-Ulster, al oeste de Irlanda, está gravemente amenazada de extinción. 
Toda la industria comunitaria está amenazada por las importaciones baratas, o, en otras palabras, por el del salmón de piscifactoría de Noruega, Chile y las Islas Faroe. 
Para mí es totalmente inaceptable que un número creciente de productores irlandeses y escoceses independientes vayan a estar en suspensión de pagos. 
Si esto sigue sin comprobarse no habrá que resolver problemas ambientales o de salud porque ya no habrá salmón de la Unión Europea. 
En los últimos días, tanto el Gobierno irlandés como el del Reino Unido han solicitado conjuntamente a la Comisión Europea nuevas medidas para salvaguardar nuestra industria de acuicultura de salmón. 
La solicitud no se refiere a los productores canadienses o norteamericanos; se refiere a los productores de la Unión Europea, empezando por los productores irlandeses que luchan por su supervivencia. 
Para concluir, pido a la Comisión que nos diga, a mí y a los productores de salmón irlandeses, a quienes represento, ¿qué seguimiento o iniciativa ha emprendido hasta la fecha, o pretende emprender, en cuanto a la solicitud irlandesa-británica? 
– Señor Presidente, señor Comisario, nos encontramos hoy con la cuestión del salmón de piscifactoría, con un verdadero ejemplo tipo que ciertamente se repetirá en múltiples ocasiones en los próximos años. 
Cuando, como responsables políticos, no estamos armados científicamente para hacerlo, ¿cómo podemos gestionar una crisis que puede tener consecuencias socioeconómicas extremadamente graves para sectores enteros? 
¿Cómo hacerlo cuando esta crisis se deriva de la publicación de un informe científico que pone en duda la calidad sanitaria de un alimento, y ese informe es publicado por una revista de reputación seria, es ampliamente difundido por los medios de comunicación y suscita la preocupación de los consumidores? 
¿Cómo discernir qué obedece a preocupaciones fundadas, lo cual exige unas normas más severas y protocolos más rigurosos, y qué corresponde a efectos resultantes simplemente de rupturas en los modelos matemáticos utilizados o de la ponderación de los parámetros? 
Duramente escarmentados por precedentes de consecuencias temibles –las crisis de las vacas locas y de los pollos con dioxinas, y la puesta en evidencia hoy, por la mortalidad masiva de las abejas, del riesgo de transmisión a las grasas y al agua de las nuevas moléculas neurotóxicas extremadamente potentes utilizadas en el revestimiento de semillas –, somos y debemos ser proclives a la vigilancia. 
Sin duda, solo la multiplicación de los controles, de los estudios, de las investigaciones y de los análisis puede dar lugar progresivamente a resultados indiscutibles capaces de tranquilizar a los consumidores. 
Para ayudarnos, están evidentemente las agencias de seguridad alimentaria, pero también el Parlamento debe de tomar postura. 
Y quisiera recordar con ocasión de este debate, como miembro del STOA (evaluación de las opciones científicas y tecnológicas) , que en el Parlamento Europeo disponemos de un órgano original, el panel STOA, cuya vocación es precisamente aportar a los diputados los elementos de valoración científica que puedan necesitar para ilustrar las posiciones que nuestras distintas comisiones deban tomar. 
No es, ciertamente, una institución perfecta, pero creo que el STOA puede prestarnos una ayuda preciosa, en particular aportándonos, a propósito de una cuestión como la que abordamos esta noche, una visión global y un análisis crítico de conjunto de los estudios científicos existentes o en curso. 
No debemos ignorar, pues, este instrumento precioso. 
. – Señor Presidente, quiero empezar por responder a algunas de las preguntas planteadas por el Sr. Ó Neachtain, porque ha preguntado quién financió el informe que apareció en la revista y que ha causado todo este revuelo. 
Pocos saben que la investigación que sirve de base al artículo la encargó la Pew Charitable Trusts, con sede en Filadelfia, cuyo valor asciende a unos 3 800 millones de dólares estadounidenses. 
Son muy conocidos por sus campañas internacionales contra la contaminación mundial y hace poco han desenterrado el hacha de guerra contra la acuicultura. 
El artículo de la revista, basado en un proyecto de investigación de 2,9 millones de dólares llevado a cabo por el Instituto de Salud y Medio Ambiente de la Universidad Pública de Nueva York en Albany, tal y como han dicho anteriores oradores, ha resultado ser deliberadamente engañoso a la hora de aconsejar sobre el consumo de salmón. 
Y, sin embargo, creo que a todos nosotros en esta Cámara nos asombraría la forma en que este artículo apreció de repente en los periódicos de todo el mundo El motivo es que el día que se publicó en la revista fue difundido mediante un comunicado de prensa por una empresa internacional de relaciones públicas de Nueva York y apareció simultáneamente en la página web de la Fundación Suzuki de Canadá, que hace campaña a favor del salmón salvaje de Alaska y que, por supuesto, está interesada en perjudicar a la industria europea del salmón de piscifactoría. 
En sus conclusiones sobre la limitación del consumo de salmón, parece que los autores del estudio, tal y como ha dicho la Sra. Stihler, han aplicado mal un modelo de riesgos ya sospechoso, creado por la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos mediante la omisión de todo análisis de los beneficios que tiene para la salud la ingesta de salmón, a pesar de que existen más de 5 000 documentos científicos que certifican la necesidad de comer pescado azul como componente regular de una dieta equilibrada. 
En realidad, la investigación no contiene información nueva: los datos que facilita la investigación no difieren de las conclusiones de estudios anteriores que también hallaron que los niveles de dioxina en el salmón cultivado se encuentran dentro de los límites de seguridad oficiales. 
No obstante, la interpretación utilizada en el documento de la investigación exagera deliberadamente los riesgos para la salud. 
Además, los niveles de PCB en todo el salmón de piscifactoría de la Unión Europea están significativamente por debajo del nivel considerado seguro para su venta en supermercados, incluso de acuerdo con la Food and Drug Administration de los Estados Unidos y de todos los demás organismos de control internacionales, incluida nuestra propia agencia de normas alimentarias de la Unión Europea y la Food Standards Agency del Reino Unido. 
Por lo tanto, la investigación norteamericana está gravemente viciada. 
Las piscifactorías de la Unión Europea aplican estrictos regímenes de control de calidad e inspección para garantizar que se cumplan los más altos niveles de protección del medio ambiente y bienestar y que el público recibe un producto totalmente seguro, no tóxico y fiable. 
– Señor Presidente, los consumidores tienen derecho a saber lo que comen, cosa que defiendo plenamente como un imperativo de salud pública. 
Sin embargo, para poder elegir con criterio, es esencial que la información científica sea precisa, actual y verificable. 
Últimamente, viéndolo desde Escocia, es perfectamente posible creer que ciertos propagandistas se dedican a hablar mal concretamente de la acuicultura escocesa del salmón y hablar bien concretamente, tal y como se ha señalado, del salmón salvaje de otras zonas determinadas. 
La publicación de un artículo en una revista llamada no verifica automáticamente la precisión de su contenido. 
Es evidente, tal y como ha reconocido el Comisario, que no existen pruebas nuevas en el estudio publicado en. 
También es evidente que los niveles de varios contaminantes se encontraban dentro de los niveles fijados por la Comisión Europea y las agencias de normas alimentarias del Reino Unido y de Escocia, que no son organismos fáciles de satisfacer a este respecto. 
La investigación no menciona en absoluto los beneficios positivos para la salud que se derivan de la ingesta de pescado azul como el salmón. 
Conviene impulsar organizaciones como la Scottish Quality Salmon, que tiene normas muy estrictas. 
Exigen a sus miembros una mejora continua en cuestiones como la calidad de los piensos. 
Me resulta inexplicable que se afirme en ese estudio que el salmón escocés e irlandés, pero no así otros salmones de piscifactoría alimentados con los mismos piensos, de alguna manera no cumplen los mismos niveles. 
El enfoque moderado que ha adoptado el Comisario es correcto, y espero que, tal y como han dicho otros, se apoyarán las medidas para proteger este sector, que en Escocia es esencial para el empleo y la cohesión social en áreas muy frágiles. 
– Señor Presidente, evidentemente este es un asunto muy importante. 
El salmón de piscifactoría ha sido a menudo objeto de crítica en el pasado por su impacto ambiental, pero hace poco que se han sacado a colación sus posibles efectos sobre la salud. 
Es crucial que se entiendan mejor. 
Los consejos sobre salud emitidos por los Gobiernos de toda la Unión Europea han destacado tradicionalmente la importancia de comer más pescado. 
Sin embargo, si los análisis de riesgos indican que el consumo del salmón atlántico de piscifactoría comporta riesgos para la salud que desmerecen el efecto beneficioso del consumo de pescado, entonces debemos tener más información al respecto. 
Necesitamos saber más sobre este asunto y actuar a partir de este conocimiento. 
Tenemos que saber con seguridad que el salmón de piscifactoría tiene más contaminantes que el salmón salvaje y que las dioxinas son los productos químicos más tóxicos jamás creados. 
Hasta ahora el debate ha estado dominado por argumentos sobre si la contaminación encontrada en el salmón es legal. 
Y en lo que deberíamos centrarnos es en si el salmón es realmente seguro. 
Y para ello quizá sea necesario volver a fijarnos en los límites que se establecieron para la contaminación en 2001. 
Quiero mantenerme al margen de los argumentos a favor o en contra del salmón escocés o de otro tipo de salmón. 
No sirven de mucho. 
Deberíamos hablar de si la acuicultura en sí misma proporciona alimentos viables y sostenibles desde el punto de vista ambiental para los humanos, y yo diría que la respuesta se acerca cada vez más al «no». 
Asociados a la acuicultura hay otros problemas, entre ellos la propagación de enfermedades y parásitos a los pescados salvajes, el consumo de pescado, harina de pescado y aceite de pescado como alimentos que afectan a las poblaciones de peces salvajes, la contaminación del lecho marino por los alimentos no consumidos, el impacto sobre los predadores cuando se les mata y los antibióticos utilizados para controlar la enfermedad. 
Hay cuestiones realmente importantes que es preciso examinar y, sin embargo, contra toda lógica, los Gobiernos siguen apoyando la acuicultura cuando, en varios sentidos, harían mucho mejor en dedicar su tiempo y sus recursos a rehabilitar los hábitats naturales del salmón para poder recuperar las poblaciones de salmón salvaje. 
Este último informe sanitario sobre el salmón debería tomarse como una llamada para modificar la forma de criar pescado. 
Espero que la Comisión revise los niveles basándose en auténticas medidas de seguridad, no en excepciones con niveles ambientales de fondo, porque con la salud no se puede y no se debe jugar. 
. Señor Presidente, quiero responder muy brevemente a las cuestiones planteadas. 
Me complace que el Parlamento haya reconocido que la Comisión respondió con rapidez a este asunto y que se dio una explicación clara cuando pasó a ser de dominio público por primera vez. 
Quiero hacer una aclaración y repetir lo que he dicho antes. 
Sería un error confundir la presencia de dioxinas y PCB en el pescado con la presencia de pesticidas en los piensos. 
Uno de los oradores ha indicado que la Comisión hizo al principio unas declaraciones distintas de las que hace ahora. 
Esta interpretación se debe a una confusión de lo que se ha dicho: los niveles de dioxina se encuentran dentro de los niveles máximos de la Unión Europea, pero no así los pesticidas en los alimentos, y he dado dos ejemplos en los que se superaban estos niveles. 
Se trata de que los niveles están por encima de los niveles apropiados en los piensos más que en el propio pescado. 
Para responder a la pregunta del Sr. Ó Neachtain relativa al informe conjunto que aportaron las autoridades de Irlanda y el Reino Unido, he de decir que el informe no ha llegado a mi mesa, ni a mi Dirección General. 
Por supuesto, estoy haciendo indagaciones a este respecto, pero quizá se trate de un informe sobre un asunto relacionado y se haya enviado a una Dirección General diferente. 
Si me lo han enviado y compete a mi cartera, lo examinaré. 
Por último, con respecto a ulteriores evaluaciones de riesgos, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea está llevando a cabo en estos momentos una evaluación de riesgos sobre la presencia de PCB distintos de las dioxinas. 
Es bastante evidente que mis servicios y la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea están vigilantes a este respecto. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día se procede a la declaración de la Comisión sobre la crisis de la industria del acero. 
,. Señor Presidente, el Parlamento Europeo programó esta declaración de la Comisión hace solo unos días, cuando estaba en juego el futuro de la planta AST Terni de Thyssen Krupp. 
La decisión de cerrar la producción de acero magnético haría peligrar 450 empleos directamente y muchos más indirectamente. 
Más pérdidas de empleo en la región ya afectada en el pasado serían un duro golpe. 
Sería muy desafortunado en vista de la larga tradición en la producción de acero en esta región, la calidad del producto producida en Terni y los niveles de cualificación de la mano de obra. 
Por tanto, he escuchado con cierto alivio los informes de hoy relativos a un anuncio por parte del Ministro italiano de Actividades Productivas, el Sr. Marzano, de que el plazo para tomar una decisión sobre el futuro de la planta AST se ha postergado a una fecha aún por definir. 
Es precisamente por asuntos como estos, relativos a las consecuencias sociales de la reestructuración empresarial, que la Comisión ha intentado promover una respuesta de ámbito comunitario a la cuestión de cómo se gestiona la reestructuración de empresas. 
Hemos querido, con la participación activa de los interlocutores sociales, desarrollar y promover cuestiones que parecen relevantes en este caso, invirtiendo en personas sobre una base permanente, desarrollando la empleabilidad mediante la formación y el reciclaje, buscando alternativas a cierres y despidos, redistribuyendo, cuando sea posible, a los trabajadores afectados por operaciones de reestructuración y anticipando desarrollos de mercado y tecnológicos. 
Quiero recordarle que hace dos años la Comisión realizó una consulta con los interlocutores sociales, en particular sobre esta cuestión de la reestructuración, porque, desafortunadamente, había varios problemas en varios Estados miembros. 
La Comisión presentó un informe con algunas propuestas. 
Recibimos la respuesta de los interlocutores sociales en octubre y creemos que mediante el diálogo y las medidas acordadas, en especial relativas a las cuestiones que he mencionado antes, todo lo que apoye la empleabilidad, los interlocutores sociales pueden desempeñar un papel importante. 
Espero sinceramente que se estudien con detenimiento todas estas posibilidades en la ventana de oportunidad que ahora parece haberse abierto para ver cómo pueden contribuir para aliviar la crisis que afronta la planta de Terni. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Europa no puede permanecer callada a la vista de lo que está ocurriendo en una de las instalaciones siderúrgicas más importantes de la Unión: sin previo aviso alguno, el Grupo Thyssen Krupp ha decidido discontinuar la producción de acero magnético en la acería de Terni. 
Se trata de una acción injustificada y supone la violación de un acuerdo alcanzado en 1994 durante la privatización. 
Como usted ha manifestado, señora Comisaria, la empresa alemana se dispone a despedir a cientos de trabajadores, ya que prefiere amparar otras instalaciones europeas e invertir fuera de la Unión, en Corea del Sur. 
Gracias a la intervención del gobierno italiano –usted ha citado, señora Comisaria, la intervención del Sr. Marzano, Ministro de Actividades Productivas– y el grado extraordinario en que se han movilizado todas las instituciones locales, los ciudadanos, los partidos y los trabajadores, Thyssen Krupp ha decidido aplazar su decisión de cerrar la planta. 
El Parlamento Europeo y la Comisión, sin embargo, no pueden dejar de pronunciarse para contribuir a resolver una crisis que, Sr. Presidente, Sra. Comisaria, no es un asunto italiano, sino que afecta a toda Europa. 
Por eso solicitamos que la Comisión, a la hora de presentar el tercer informe sobre cohesión económica y social el 18 de febrero, plantee claramente sus propuestas encaminadas a proteger el sector industrial y, concretamente, la industria siderúrgica, dentro del contexto de su nueva política de cohesión que ha de ponerse en marcha el 1 de enero de 2007. 
Estoy igualmente convencido de que es necesario apoyar la batalla de la Comisión con los Estados Unidos en cuanto a las cuotas de mercado de producción de acero. 
Repito que el problema no solo afecta a Italia, y que no se trata de un asunto puramente circunstancial, sino que más bien es un problema general al que se enfrenta la industria siderúrgica en Europa. 
La crisis no afecta a una sola empresa, sino a muchas y me parece que la Comisión, comparada con los Estados Unidos, le está prestando toda su atención. 
De hecho, no podemos adoptar un planteamiento despreocupado y superficial en un asunto tan sensible, del que depende el futuro de miles y miles de puestos de trabajo, y por consiguiente, de miles y miles de familias. 
En lo que respecta al caso italiano de Terni, estoy convencido de que la Comisión tiene que intervenir para subsanar ciertas irregularidades. 
Las acerías en Terni, a diferencia de lo dispuesto en diciembre de 1994 por parte de la Comisión para el Control de las Concentraciones, son actualmente propiedad exclusiva de Thyssen Krupp, lo que constituye un ejemplo manifiesto de concentración: el grupo es ahora el único fabricante de acero magnético de grano orientado en Europa. 
¿No considera la Comisión que esto constituye en potencia una distorsión de la competencia? 
Además, debido a sus actividades en Italia, Thyssen Krupp ha recibido ayuda comunitaria sobre la base de que Terni, donde está ubicada la acería, es una región en declive industrial que entra dentro del objetivo 2. 
¿No cree, por tanto, la Comisión que debería comprobar si la ayuda comunitaria ha sido utilizada correctamente por parte de Thyssen Krupp? 
Además, ¿no considera la Comisión que debería verificar si Thyssen Krupp ha recibido otras ayudas estatales infringiendo las reglas de la competencia? 
La inversión en Corea del Sur, anunciada ayer, constituye un motivo de preocupación: no me gustaría que las subvenciones europeas, y las posibles ayudas proporcionadas por el gobierno alemán, no se utilizaran para promover el crecimiento económico europeo, el empleo y el desarrollo en Europa, sino que se usaran en Corea del Sur, en beneficio exclusivo de una sola empresa que –repito– no ha respetado los acuerdos firmados con Italia cuando se produjo la privatización. 
Miles de trabajadores están ahora a la espera de que la Comisión actúe para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Unión. 
Hace unos días escuché lo dicho por el Presidente Prodi y el Comisario Monti e incluso en lo manifestado por usted, señora Comisaria, detecto un deseo por avanzar, por proteger los interés de los trabajadores, por resolver un problema que –insisto– no se circunscribe geográficamente a Italia. 
Estoy convencido de que el Presidente de la Comisión, tras escuchar al equipo directivo de Thyssen Krupp, adoptará medidas tajantes para intervenir en el sentido en que cabe esperar, de manera que la Comisión pueda actuar de forma colectiva. 
El Presidente de la Comisión y todos los Comisarios deben perseverar en la dirección actual: pueden contar con el apoyo del Parlamento, tal como revela el deseo por alcanzar una resolución unificada en este tema tan sensible e importante, que espero sea aprobada de manera unánime. 
– Señor Presidente, para quienes tuvieron la suerte, como yo mismo y otros diputados, de participar en la huelga y la manifestación en Terni el viernes 6 de febrero, resulta evidente el significado profundo de este conflicto: toda una ciudad y toda una región se mostraron unidas y decididas a rechazar, no solo un golpe severo contra su planta de fabricación y sus puestos de trabajo, sino sobre todo un ataque contra su dignidad. 
Con muchos años de experiencia sindical a mis espaldas, pocas veces he sido testigo de tanta tensión y tanto orgullo. 
El anuncio de cerrar el departamento magnético de AST por parte de Thyssen Krupp supone la pérdida de 900 puestos de trabajo altamente cualificados y el subsiguiente desmoronamiento interno en la planta siderúrgica de Terni, planteando una amenaza inmediata para sus planes, su capacidad productiva y sus perspectivas globales de empleo: estamos hablando de 4 500 empleos, incluyendo a las empresas afectadas por los efectos inducidos. 
Pero por encima de todo, se trata, repito, de una bofetada al gobierno local regional que se ha esforzado y continúa esforzándose de manera eficaz, haciendo uso de los fondos estructurales, por crear un clima de producción más favorable para la empresa y sus inversiones: proyectos de infraestructura, formación y perfeccionamiento profesional, medidas relativas al suministro energético. 
Hasta ayer mismo, todo estaba en orden; pero en septiembre de 2003 cesó la producción destinada a los motores eléctricos, es decir, la del acero de grano no orientado. 
En tales fechas, y de nuevo en noviembre, se proclamó un compromiso solemne referente a todos los programas destinados a convertir a Terni en un centro de excelencia para el acero magnético. 
Sin embargo, a finales de enero, al cabo de solo dos meses, se produjo un cambio de rumbo total: se paralizó incluso la producción del acero de grano orientado utilizado para transformadores y se anunció el cierre de la planta, con dramáticas consecuencias internas: existía la amenaza de que la planta quedara desmembrada, destruyendo su estructura integrada que, dada la naturaleza variada de su producción, le permitía compensar las fluctuaciones del mercado y repartir las funciones estratégicas, como el marketing. 
Además, acarreó consecuencias externas notables, que afectaban a Italia y a Europa en general. 
El acero magnético, que se produce exclusivamente en Terni, es el único acero estratégico especial para el sector energético; convertirnos en dependientes de Rusia y de los Estados Unidos generará un efecto inducido negativo para aquellos usuarios que sean grandes exportadores. 
Las noticias llegadas al final de la reunión celebrada hoy en el Palazzo Chigi explican consecuentemente por qué los trabajadores y los habitantes de la ciudad se han lanzado a la calle y han logrado ampliar su red de alianzas y apoyos. 
El 18 de febrero se van a celebrar por fin auténticas negociaciones sin ponerle a los sindicatos una pistola en la sien. 
La fecha límite del 27 de febrero ha quedado cancelada, 80 contratos que habían expirado y que Thyssen Krupp quería rescindir han sido renovados; toda una señal de que la multinacional se siente aislada. 
En respuesta a este resultado preliminar hay que mantener la presión y hay que seguir manteniendo la atención de todas las instituciones. 
El jueves, este Parlamento hará sentir su voz con una resolución sobre este tema, que ejemplifica verdaderamente la necesidad de nuevos sistemas de relaciones industriales y de métodos más avanzados para vincular la inversión pública y la estrategia industrial. 
Estamos peleando por asegurar la emisión de un mensaje claro en el sentido de que el conflicto debe finalizar de manera positiva: un conflicto decisivo para poner fin a la degradación de la producción en Italia y el debilitamiento de las plantas industriales en toda Europa. 
– Señor Presidente, en 1950 Robert Schuman lanzó la idea de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero abierta a todos los Estados, sentando así las bases para el complejo y difícil periplo hacia la unificación europea, cuyos progresos más recientes estamos viviendo ahora. 
Ya entonces resultaba patente la importancia del acero en el contexto europeo. 
Por eso no me sorprende que el debate en este Parlamento acerca del «caso Terni» haya suscitado tanto interés y que las opiniones expresadas no estén condicionadas, en gran medida, por las orientaciones políticas. 
El sector europeo del hierro y del acero está padeciendo ahora a consecuencia de la decisión adoptada por los Estados Unidos de aplicar cuotas de importación al acero, principalmente al procedente de la Unión Europea. 
La crisis en Italia es importante por cuanto afecta a otros centros siderúrgicos, como la acería en Génova–Cornigliano. 
Dentro de tal contexto, el anuncio por parte de Thyssen Krupp, propietaria de la planta siderúrgica de Terni, en el sentido de que piensa invertir en Corea del Sur para producir acero en Asia tiene una importancia capital y está causando honda preocupación. 
Como saben, la planta de Terni se vendió en 1994 como parte del proceso de privatización promovido por el Instituto para la Reconstrucción Industrial (IRI) , supeditada a la garantía de que sus actividades continuarían en Italia y que se preservarían los puestos de trabajo. 
No se trata de una empresa en crisis, sino de una compañía que produce un producto de vanguardia, utilizado para fabricar finas láminas metálicas para transformadores electrónicos. 
Además, no existe ninguna otra fábrica de este tipo en Italia. 
La tecnología utilizada en Terni y los estudios e investigaciones realizados durante los últimos años son de un nivel enormemente elevado. 
La pérdida de capacidades y conocimientos constituye justamente lo contrario de la economía del conocimiento a la que recientemente ha hecho referencia el Presidente Prodi en este Parlamento. 
No es ninguna casualidad que los directivos, gerentes, investigadores y políticos locales se alinearan con la clase trabajadora para combatir en favor del producto y la investigación asociada con el mismo. 
Unos 900 trabajadores están a punto de perder su empleo, sin contar los efectos inducidos. 
Así pues, no podemos ignorar el hecho de que la multinacional alemana recibió fondos y exenciones fiscales por parte de la Unión Europea cuando decidió hacerse con la planta de Terni. 
Me pregunto también cuál es la trascendencia, en términos globales, de transferir la producción a la República de Corea, qué capacidades tecnológicas poseen los trabajadores contratados en el Sudeste asiático, qué derechos sindicales tienen y si tales derechos serán respetados. 
Durante una reunión en diciembre pasado, algunos fabricantes industriales de la Unión Europea pertenecientes al sector del calzado y textil plantearon una serie de cuestiones relativas a dichos asuntos a la delegación de China, que se está preparando a su vez para convertirse en la fábrica del mundo. 
Las respuestas fueron tremendamente evasivas y no tenemos ningún fundamento para pensar que en otras partes del continente –con la excepción de Japón– la situación es mejor. 
Sobre todo, en una economía de mercado basada en la competencia, las reglas tienen… 
– Señor Presidente, la pérdida de novecientos puestos de trabajo tal vez no pase de ser un dato estadístico, pero tiene mayor trascendencia por tratarse de las vidas de las personas afectadas. 
La planta en Terni se encuentra en el mismo corazón del entramado de la ciudad; 900 empleos: las vidas de trabajadores jóvenes y mayores. 
Las acerías en Terni constituyen la historia y el orgullo de la ciudad; representan el recuerdo de los ataques aéreos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. 
Cuando la dirección de Thyssen Krupp anunció el cierre de la sección de acero magnético, toda la ciudad –como ha dicho el Sr. Sacconi– se lanzó a la calle al lado de los trabajadores. 
Terni no constituye una operación aislada: en Europa, Arcelor, Lucchini y la propia Thyssen están reorganizando actualmente su producción; las plantas en Bélgica y los altos hornos de Servola en Trieste ya han sido amenazados de cierre, a pesar de las movilizaciones sindicales. 
Las desinversiones masivas y el traslado de productos valiosos hacia países no europeos están destruyendo de hecho la capacidad productiva europea. 
Se han utilizado los fondos comunitarios, que han sido notables a lo largo de las últimas décadas, para desmantelar las plantas siderúrgicas bajo control estatal. 
Las subvenciones abonadas a empresas privadas como Riva, Lucchini, Falk y otros grupos extranjeros se han aprovechado para remodernizar la capacidad productiva y la especialización de la industria siderúrgica italiana siguiendo la lógica de la búsqueda del beneficio. 
El Fondo Social Europeo y los fondos estructurales se han utilizado para financiar programas de reestructuración y de recalificación de personal y han permitido el empleo de mano de obra más joven en el sector –actualmente, la edad media de los trabajadores siderúrgicos en Italia es de 30 años–, pero es precisamente la existencia de esta nueva generación de jóvenes trabajadores altamente cualificados la que se halla amenazada. 
A mi juicio, la falta de un plan coordinado en la Unión Europea para relanzar la industria siderúrgica ha contribuido a que diversas plantas en diferentes países –aun estando en vanguardia– se hayan trasladado a otros lugares para que encajaran en los planes industriales de los diferentes empresarios. 
La planta Thyssen en Terni, que en la actualidad está incurriendo en graves pérdidas en el sector del acero magnético por culpa de la empresa rusa Duferco, está recortando su producción y se dispone a trasladar sus operaciones a México, la República de Corea, China y la India. 
No hay rastro de innovación, nuevas investigaciones o desafío competitivo: el único indicio visible es una peligrosa tendencia a la reducción que, si no se detiene a tiempo, repercutirá sobre el empleo y la cohesión social, no solo en Italia sino en toda Europa. 
A pesar de la drástica reducción del empleo dentro del sector en Italia, que ha decrecido desde 100 000 puestos de trabajo en la década de 1980 hasta 40 000 en la actualidad, el sector del acero sigue gozando de una posición excelente en el mercado, dado que es el segundo productor europeo. 
Sin embargo, mantener esa posición exige la adopción de decisiones industriales por parte del Gobierno italiano –que no parecen llegar– y un compromiso de intenciones claro a nivel europeo. 
El acero y la electricidad son indicadores económicos de la excelencia absoluta en un país, una medida del desarrollo económico. 
Por consiguiente, resulta vital que la Unión Europea introduzca sistemas para combatir la contaminación y controlar el impacto medioambiental, que son prioritarios si se pretende cumplir con los objetivos del protocolo de Kioto. 
Sobre esta base se puede lanzar una nueva industria siderúrgica. 
Tenemos que encontrar soluciones en forma de políticas industriales encaminadas a proteger los productos de calidad, las condiciones medioambientales y el empleo en el sector siderúrgico. 
En este sentido, y como respuesta a las amenazas al empleo y el empobrecimiento social gradual, la Comisión debería adquirir el compromiso de revisar los reglamentos que rigen los Fondos estructurales. 
La concesión de tales Fondos en el futuro debería condicionarse al compromiso obligatorio de invertir en una determinada localidad durante al menos diez años, sujeto a un acuerdo explícito de que las subvenciones serán reembolsadas en el caso de que la producción se traslade a otro lugar. 
A mi juicio, la Directiva 98/59 sobre protección en relación con los despidos colectivos debería revisarse asimismo a fin de consolidar las medidas diseñadas para proteger el empleo, previendo no solo los procedimientos de información para los representantes de los trabajadores, sino exigiendo también un compromiso por parte de los interlocutores sociales de cara a entablar negociaciones útiles y obligatorias con vistas a evitar los despidos o la reorganización de la producción a costa del empleo. 
Hay que salvar los puestos de trabajo en las acerías de Terni, lo mismo que los puestos en otras plantas italianas y europeas, y por esta razón creo que se impone una reunión entre los gobiernos de los Estados miembros afectados, los interlocutores sociales y, en este caso específico, Thyssen Krupp, para diseñar un nuevo plan industrial con vistas a relanzar los sectores magnéticos y del acero inoxidable a nivel europeo. 
– Señor Presidente, una vez más Italia corre el peligro de ser utilizada como vertedero. 
Thyssen Krupp es el único caso de empresa multinacional que ha crecido gracias al trabajo de cientos de obreros italianos y de inmensos fondos puestos a su disposición, bien por parte del Estado italiano o de la Unión Europea, y que a continuación ha decidido cerrar, en esta ocasión en Terni, en Umbría, con la amenaza de dejar en la calle a 900 trabajadores y a sus familias y de desperdiciar un caudal inmenso de habilidades profesionales. 
Como ya han expresado otros Diputados, el anuncio del cierre ha cogido a todo el mundo por sorpresa: no se facilitó ningún aviso previo a los trabajadores ni a las autoridades nacionales y locales y, sobre todo, no se adujo ninguna justificación, ya que ahora parece que el cierre obedece más a cuestionables opciones corporativas estratégicas que a razones técnicas concretas, dado que en Italia los costes de producción son más bajos, la calidad es más alta, y la profesionalidad de la mano de obra se halla fuera de toda duda: en Terni existen fábricas siderúrgicas desde hace 120 años. 
Me pregunto si resulta aceptable que Thyssen Krupp lleve adelante la decisión de cerrar después de haber arrebatado cuanto era posible a este territorio, a esas gentes: el profesionalismo, los recursos y hasta sus esperanzas de futuro. 
Aunque estoy convencida de que las grandes empresas –las multinacionales– son sin lugar a dudas una fuente de empleo y de desarrollo para toda Europa, cabe formular algunas observaciones: no constituye ningún secreto ni sorpresa afirmar que no estamos de acuerdo con algunas de las conductas puestas en práctica por el capitalismo europeo: un capitalismo que, en teoría, está totalmente comprometido con el libre mercado, con la competencia pura y con la flexibilidad del mercado global pero que, en realidad, espera verse subvencionado generosamente una y otra vez, exigiendo incentivos fiscales por parte de los gobiernos locales y todo tipo de estructuras, infraestructuras y facilidades por parte de las administraciones locales, por no hablar de la concesión de fondos comunitarios. 
Mientras tanto, la producción se ha trasladado a la India, con la vista puesta en China, donde el coste de la mano de obra es ridículo y las leyes de protección de los trabajadores y el medio ambiente, inexistentes. 
Además, como ya han expuesto otros Diputados, estas multinacionales a menudo se aprovechan de la oportunidad que brinda la privatización –que, desgraciadamente, la mayoría de las veces no es sino una enajenación de activos– para hacerse con nuestras joyas de la familia a precios de saldo, como ocurrió exactamente en el caso de Thyssen Krupp en Terni. 
Así pues, dejando de lado esta polémica, ¿qué estamos pidiendo a la Comisión Europea? 
En primer lugar, estamos demandando medidas inmediatas, dentro del ámbito de sus posibilidades, para salvaguardar el centro siderúrgico en Terni y para conjurar la amenaza de cierre de la planta de Thyssen Krupp; en segundo lugar: un compromiso para comprobar que la normativa europea se están aplicando de manera eficaz a fin de proteger los derechos de los trabajadores; en tercer lugar: un compromiso ulterior para supeditar la concesión de fondos comunitarios a los acuerdos que garanticen el empleo y someterla a condiciones y limitaciones precisas en cuanto al traslado de la planta. 
Esperamos igualmente que se elabore una estrategia de desarrollo comprometida para el sector siderúrgico en Europa. 
Por último, en el caso de que Thyssen Krupp decida ir adelante con el cierre de la planta, solicitamos a la Comisión que verifique el cumplimiento de todas las normas sobre competencia, en concreto en lo relativo a cualquier posible abuso de posición dominante. 
En conclusión, Sr. Presidente, si bien estamos satisfechos con los positivos pasos iniciales dados hoy por el Gobierno italiano, fruto de la decidida movilización general, consideramos que por eso mismo no debemos bajar la guardia. 
Creemos incondicionalmente en el libre mercado, pero también creemos que no existe libre mercado sin democracia y, sobre todo, sin respeto por los trabajadores y las naciones. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, creo que es importante comprobar, en el asunto Thyssen Krupp en Terni, si se ha producido alguna infracción de la legislación comunitaria; si existe ayuda estatal que condicione la elección de las ubicaciones por parte del grupo alemán; si –como ha afirmado la Sra. Angelilli– existe abuso de posición dominante; si se han incumplido los contratos con el Gobierno italiano o las instituciones europeas; si, dicho con otras palabras, se han respetado los compromisos adquiridos en cuanto a la concesión de facilidades o de subvenciones. 
A mi juicio, constituye una responsabilidad de las instituciones europeas, pero también creo que el cometido debe pararse ahí. 
No considero que sea tarea de la Comisión Europea, de las instituciones europeas o del gobierno italiano criticar las decisiones de traslado de las empresas que operan en Europa. 
Se ha producido un clamor contra la escandalosa posibilidad de que determinados productos sean transferidos a la India, China o Sudamérica. 
Personalmente, considero que eso forma parte de las reglas del juego del que durante muchos años se han beneficiado algunos países en la Unión Europea, en primer lugar Italia: poner a disposición de la economía internacional los activos propios, por ejemplo, la disponibilidad de mano de obra. 
Lo dicho no pretende resultar irrespetuoso con los 450 empleados de Thyssen Krupp en Terni que corren peligro de perder su puesto de trabajo; supone recordar también los cientos, tal vez miles, de personas que pueden encontrar un empleo en China y en la India; significa también efectuar previsiones –me refiero a Terni, que ya ha amortizado un excedente de 10 000 puestos de trabajo en el sector siderúrgico durante los últimos años– de forma que en Italia y en Europa, en ámbitos de excelencia, resulte posible y necesario producir algo diferente para exportar a los mercados europeos e internacionales. 
En conclusión, Sr. Presidente, quiero señalar que Italia y Europa necesitan la confianza de los inversores para invertir en Terni, lo mismo que en cualquier otro lugar. 
Pensar que los políticos pueden criticar de esta forma las opciones tomadas por los inversores no supondría prestar un buen servicio, ni serviría a ningún propósito útil para el empleo. 
– Señor Presidente, Señorías, como representante electo del norte de Francia, viví dolorosamente las reestructuraciones de la siderurgia en mi región. 
En los decenios de 1970 y 1980, se cerraban ya fábricas totalmente nuevas. 
Y debo decirlo una vez más esta noche: veinte años después, la herida sigue abierta y viva. 
Por tanto, siento hoy con una intensidad especial las crisis actuales, y en particular la de Terni, donde están amenazados 900 puestos de trabajo. 
Al preparar mi intervención, y tras haber leído el proyecto de resolución, releí mi informe sobre la siderurgia que el Parlamento adoptó en 1996. 
En aquel momento, tras constatar que las sucesivas reestructuraciones habían costado más de 500 000 puestos de trabajo desde hacía veinte años, podía decir y escribir, y cito el considerando F: «en la actualidad se puede afirmar que la industria siderúrgica comunitaria es globalmente competitiva en términos de costes y eficaz desde el punto de vista tecnológico». 
Pero añadía ya en ese mismo considerando: «aunque podría volver a darse una situación de sobrecapacidad en caso de nuevas crisis». 
Dos años más tarde, a finales de 1998, una violenta crisis sacudía nuestra industria siderúrgica como consecuencia de la crisis asiática. 
Y después las crisis se sucedieron, pequeñas o grandes, con reestructuraciones localizadas o mundiales. 
No dejaron de engranarse con su secuela de despidos. 
Muy recientemente –a principios de 2003– fue Arcelor, y miles de empleos anunciados fueron sacrificados. 
Hoy es Terni y su millar de empleos decretados inútiles. 
Sin dar más importancia de la que merece a mi informe de 1996, su lectura recuerda los riesgos que se insinuaban ya: una globalización desregulada, presiones norteamericanas, producciones que sacrifican lo social y el medio ambiente. 
Pero su lectura recuerda también imperativos que permiten evitar una nueva crisis, imperativos en términos de conquistas sociales y de derechos sociales, de condicionalidad de las ayudas públicas, de formación del personal, de respeto del medio ambiente, de diversificación, de investigación y de conquista de nuevos mercados y nuevos productos. 
La resolución que se nos propone recuerda a otras, lo que demuestra lamentablemente que nuestras advertencias no se han tenido en cuenta. 
La situación de Terni es simbólica. 
Por ello, hay que detener esta máquina infernal, no solo porque los trabajadores nos lo exigen, sino porque, si dejamos hacer, la siderurgia europea desaparecerá por lienzos enteros. 
Y así, a pesar de los esfuerzos y los sacrificios realizados por los trabajadores en el pasado, podemos ver desaparecer la industria siderúrgica europea, seguida muy pronto por las industrias usuarias de los productos siderúrgicos; a plazo, pues, es la propia dimensión industrial de Europa la que estará en peligro. 
Queda demostrado una vez más que no hay buena economía sin lo social, ni formación ni respeto de los trabajadores. 
A corto plazo, algunos obtienen beneficios, pero no es nuestro problema. 
Nuestro problema es defender la economía, la industria y el empleo. 
,. 
Señor Presidente, como han manifestado sus Señorías, el traslado de las empresas a países con una mano de obra más barata es un fenómeno permanente en la historia económica. 
Quiero hacer algunos comentarios concretos sobre la base de las afirmaciones expresadas por sus Señorías en cuanto a la función y la posibilidad de intervención de la Unión Europea. 
En primer lugar, en lo concerniente a la dimensión internacional, está claro que se están celebrando negociaciones globales relativas a la cuestión del acero y la Unión Europea desea alcanzar un acuerdo en cuanto a las subvenciones ya que, como es sabido, hay países que conceden subvenciones, especialmente fuera del marco de actuación de la Organización Mundial de Comercio. 
El segundo punto es la legislación social europea. 
Y considero que a este respecto resulta muy importante saber que, por supuesto, la decisión final acerca de una empresa la toma la dirección de la compañía, pero que está obligada a cumplir las directivas concretas sobre consultas con los trabajadores y sobre información, información inmediata para ellos, así como la jurisdicción comunitaria sobre despidos colectivos. 
La ejecución de estas directivas en primer lugar, porque son leyes nacionales, afecta a cada uno de los países y, por supuesto, también afecta a la Unión Europea, ya que son legislación europea. 
El tercer punto se refiere a los Fondos estructurales, en otras palabras, el dinero europeo destinado a las empresas. 
En primer lugar, lo que se refiere a las subvenciones directas a las empresas. 
Deseo recordarles que, desde hace ya algunos años, no están autorizadas las subvenciones en el sector del acero. 
Están prohibidas sobre la base del Tratado de la CECA y continúan estándolo pero, cuando son corporaciones estatales las que están subvencionadas, existen compromisos, existen acuerdos. 
Una empresa no puede aceptar dinero europeo e incumplir los términos según los cuales fue otorgado y evidentemente, en tales casos, los acuerdos están firmados a nivel nacional y los tribunales nacionales tienen plena jurisdicción para imponer sanciones. 
La cuestión de las subvenciones es un aspecto de los Fondos estructurales. 
Pero el segundo, que también es importante, es la intervención para hacer frente a las repercusiones sociales. 
Y a este respecto resulta importante que tengamos presente que existen experiencias en muchos países en cuanto a reestructurar los Fondos Estructurales, especialmente el Fondo Social, a fin de apoyar a los trabajadores y, lo que es más importante, de volver a formarlos. 
La herramienta más poderosa a la hora de reestructurar las empresas es la formación continua de los trabajadores, de modo que puedan afrontar los problemas de su sector y puedan volver a integrarse en el mercado laboral en cualquier momento. 
Así pues, considero que en las negociaciones trilaterales que se están celebrando actualmente entre las empresas, los trabajadores y el Gobierno italiano, es importante que se tenga en cuenta esta posibilidad de apoyar y ayudar a los trabajadores mediante el Fondo Social. 
He recibido seis propuestas de resolución para concluir este debate (1) , presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
De conformidad con el orden del día se procede a la pregunta oral a la Comisión (O-0003/2004) , de Philip Bushill-Matthews y Bartho Pronk, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre la evolución demográfica en la Unión Europea. 
También espero que en torno a esta cuestión toda la Asamblea pueda unirse por encima de los partidos. 
El tema no es únicamente el de las tendencias demográficas en general. 
Mi pregunta oral concretamente pide que se preste más atención a las cuestiones asociadas al envejecimiento. 
Demasiado a menudo, el envejecimiento se considera un problema; también debería verse como una oportunidad. 
Demasiado a menudo a los mayores se les ve como personas discapacitadas y necesitadas; también deberían verse como personas con capacidades y con derechos. 
Hay que revisar muchos aspectos, pero en el tiempo de que dispongo me centraré solo en uno: la oportunidad que tienen los mayores de seguir trabajado si ese es su deseo. 
Por tanto, celebro el enfoque adoptado por el grupo operativo de empleo presidido por Wim Kok. 
Este informe se refiere a una de las conclusiones del Consejo de Lisboa que suele pasarse por alto, que para 2010 el objetivo será que el 50% de las personas de 55 a 64 años trabajen. 
Actualmente, solo Suecia, Dinamarca, Portugal y el Reino Unido han alcanzado este objetivo. 
Bélgica, Italia, Francia, Luxemburgo y Austria registran tasas de empleo inferiores al 33% entre los trabajadores de más edad. 
Es crucial retrasar el promedio de edad a la que se jubila la gente. 
Luxemburgo, Bélgica y Francia, entre los Estados miembros actuales, más Polonia, Lituania, Hungría y Eslovaquia, entre los nuevos, tienen todos promedios de edades de abandono de la vida laboral muy por debajo de la media de la Unión Europea. 
Tendrán que esforzarse especialmente para cumplir el objetivo acordado y sus políticas tendrán que cambiar radicalmente para lograrlo. 
Pero ni siquiera la Unión Europea actual cumplirá el objetivo del 50% a menos que en los próximos siete años aumente el número de trabajadores mayores con empleo en siete millones. 
Para ello es preciso que dos tercios del grupo de edad de 46 a 55 años sigan activos en el mercado laboral en 2010. 
Esto implica, a su vez, un cambio significativo, porque solo la mitad de los de ese grupo y que trabajaban en 1991 seguían trabajando diez años después. 
Por este motivo he planteado esta cuestión. 
Es un asunto que compete a los Estados miembros, pero la cuestión es esta: ¿actuarán los Estados miembros de acuerdo con las conclusiones de este grupo operativo siguiendo un calendario definido y temprano? 
¿Preparará la Comisión un informe de situación temprano para presentarlo al Parlamento, mejor para finales de este año? 
Por último, ¿aplicarán los Estados miembros todas las disposiciones sobre discriminación de edad de la Directiva de empleo sin más demoras? 
Espero que la respuesta a todas estas preguntas pueda ser que «sí». 
,. 
Señor Presidente, el Sr. Bushill-Matthews y el Sr. Pronk, en nombre del Grupo del PPE-DE, han planteado varias preguntas a las que voy a responder. 
Por supuesto, yo también espero que la respuesta a las tres últimas preguntas sea afirmativa, lo que supone una cooperación muy estrecha y una firmeza por parte de la Comisión y, lo que es más importante, de los Estados miembros. 
Su primera pregunta se refiere a lo que la Comisión piensa hacer a fin de cumplir los objetivos de la Cumbre de Lisboa en cuanto a la evolución demográfica. 
El problema demográfico se encuentra, en estos momentos, en el epicentro de nuestras tres políticas fundamentales, la política económica, concretamente las finanzas públicas, la política sobre empleo y la política sobre cohesión social. 
La cuestión del envejecimiento constituye ahora, como podrán comprobar, el elemento básico en los planteamientos generales de la política económica y las directrices de la estrategia en cuanto a empleo, con unos objetivos específicos. 
Quiero decirles concretamente que este año, en el informe de primavera 2004, hemos fijado tres prioridades, siendo una de ellas la promoción de el envejecimiento activo, que en esencia significa la ampliación de la vida profesional. 
Una se refiere a eliminar las desventajas económicas, que sobre todo desaconsejan a los trabajadores retrasar su jubilación. 
En muchos países, el régimen que existe actualmente significa que resulta más rentable jubilarse que permanecer en activo, ya que se gana menos. 
Existe, por tanto, la grave cuestión de la falta de incentivos. 
La segunda es el fomento del acceso a la formación para todos los trabajadores, pero especialmente los de más edad, y a este respecto hemos fijado objetivos cuantitativos concretos. 
La tercera es la mejora de la calidad del trabajo. 
La Comisión, dentro de este enfoque de esfuerzos por situar el envejecimiento demográfico en el centro de sus políticas, va a proponer ampliar el método abierto de coordinación a la modernización del sistema de atención y el sistema de protección social. 
Aquí topamos con un problema concreto, que atañe a la mayor carga tanto desde el punto de vista económico como del de la cantidad de trabajo, y por consiguiente desde el punto de vista de atender a personas muy ancianas ya que, debido a los cambios en nuestra sociedad, no parece que los sistemas sanitarios puedan desempeñar el papel que realizaron en el pasado. 
Su segunda pregunta se refiere a la flexibilidad en las leyes sobre jubilaciones y resulta de especial actualidad. 
Como ustedes mismos han manifestado, hemos fijado objetivos específicos. 
Hemos fijado los objetivos de Lisboa para aumentar la tasa de empleo de las personas mayores hasta el 50%, y los objetivos de Barcelona para incrementar, de aquí a 2010, en cinco años la edad media en que los trabajadores abandonan el mercado laboral. 
Estos objetivos están siendo supervisados por la Comisión. 
Como es sabido, todos los años publicamos indicadores y tablas y resulta evidente que los Estados miembros no están haciendo esfuerzos similares para proporcionarnos resultados. 
En la actualidad estamos examinando, junto con las comisiones de protección social y de empleo, la forma en que los sistemas sociales dificultan o favorecen la jubilación anticipada. 
Tienen a su disposición el informe final, volverá a ser presentado en 2004, y estamos en condiciones de detectar cuáles son los problemas en cada sistema en lo referente a incentivos para la jubilación, beneficios por incapacidad, beneficios por desempleo, pensiones para los trabajadores mayores y familiares dependientes, y la forma en que la dinámica de los incentivos, en lugar de la dinámica por integrar a estas personas en el mercado laboral, ha distorsionado también el mercado laboral, así como los esfuerzos por parte de las personas por incorporarse al mercado laboral. 
Creemos que este informe, que será presentado al Consejo Europeo, constituye además una herramienta importante en manos de los Estados miembros. 
Desde luego tengo que comunicarles que la Comisión Europea ha venido recomendando de manera constante desde 1980 la implantación de sistemas de jubilación flexibles y que la respuesta no ha sido la que esperábamos. 
Por lo que respecta a su tercer pregunta sobre los resultados de la comisión Wim Kok, consideramos que tienen una importancia enorme, sobre todo porque plantean recomendaciones detalladas para cada Estado miembro. 
Ya hemos incorporado el informe Kok a la estrategia sobre empleo y nuestras recomendaciones para todos los países tendrán en consideración dicho informe. 
Creo que es interesante que, en colaboración con el Sr. Kok y los ministerios de empleo y los interlocutores sociales, vamos a presentar las conclusiones de la comisión a los Estados miembros en un esfuerzo por conseguir una mayor publicidad e impulsar, no solo a los gobiernos sino también a los interlocutores sociales, para que las pongan en práctica. 
Señor Presidente, señora Comisaria Diamantopoulou, Señorías, quiero comenzar dando las gracias a la Comisaria por su contestación minuciosa y alentadora. Existe un aumento notable de toma de conciencia en cuanto al envejecimiento demográfico y a su impacto sobre el mercado laboral y la política social en la UE. 
Europa se enfrenta a un enorme desafío en este ámbito. 
Por una parte, ha de hacer frente a la posibilidad de no alcanzar los objetivos fijados en el Consejo de Lisboa en los campos del empleo, la competitividad y el crecimiento económico hasta 2010. 
Al mismo tiempo, los sistemas de asistencia sanitaria tienen que alcanzar el objetivo triple del acceso a la asistencia sanitaria para todo el mundo, unos niveles más elevados de calidad proporcionados por estos servicios y la viabilidad financiera de dichos sistemas. 
Además, existe una enorme presión sobre los sistemas de seguridad social de los Estados miembros para que cumplan y garanticen, en el futuro, la provisión de pensiones para una población cada vez de mayor edad. 
Por tanto, ha llegado el momento de actuar. 
Somos conscientes de que las complejas implicaciones del envejecimiento de la población, junto a unas bajas tasas de natalidad, no se pueden resolver exclusivamente a nivel nacional. 
Estos problemas afectan a distintas políticas comunitarias, por lo que se impone desarrollar una cooperación de ámbito europeo. 
Por tanto, el primer tema que se plantea es conocer la forma en que la Comisión va a ser capaz de apoyar a los Estados miembros para proporcionar respuestas adecuadas al envejecimiento de la población, bien a nivel de los sistemas sanitarios o a nivel de política de empleo. 
Las conclusiones del presidido por el Sr. Kok sugieren varias medidas, susceptibles de ser adoptadas para mantener el crecimiento económico y promover el envejecimiento activo. 
Hay que definir un marco legislativo y financiero que incluya medidas clave como incentivar a los empresarios a la hora de contratar y retener trabajadores mayores, desalentar a la gente de que abandone anticipadamente el mercado laboral y aumentar la participación en la formación a lo largo de toda la vida. 
Además de los interrogantes planteados por el Sr. Bushill-Matthews, a quien felicito por su pregunta a la Comisión, quiero abordar la cuestión de las mujeres trabajadoras. 
El aumento en la contribución de las mujeres al mercado laboral constituye también una respuesta, pero una respuesta que exige la adopción de medidas que hagan más sencillo conciliar la vida laboral con la familiar. 
Quiero preguntar a la Comisión, y especialmente a la Comisaria Diamantopoulou, si se encuentra en condiciones de desarrollar los mecanismos necesarios para elaborar una directiva marco que establezca un mínimo común denominador para conciliar la vida laboral y la vida familiar. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en nombre de mi Grupo, tengo que decir que no acabo de comprender por qué ha formulado esta pregunta el Sr. Bushill-Matthews. 
Todos somos conscientes del problema y la respuesta de la señora Comisaria ha venido a ratificar que hay que hacer algo y que, naturalmente, hay que presionar a los Estados miembros en la medida y donde podamos. 
Creo que sus tres consideraciones, sobre todos las tres peticiones, están expresadas de forma excesivamente resumida como para abordar de manera seria el asunto en su conjunto y todos los aspectos de la evolución demográfica. 
Tanto los Estados miembros como los países candidatos son conscientes de los desafíos. 
Permítanme referirme a los dos informes que nuestra comisión y el Parlamento aprobaron en 2001 y 2003, elaborados por el Sr. Cercas y el Sr. Andersson. 
Pienso que el tema fue objeto de un tratamiento mucho más profundo en dichos informes. 
No estamos hablando solo de elevar la edad de jubilación, como nos ha recordado el Sr. Bushill-Matthews. 
Está claro que uno de los temas es la necesidad de eliminar los incentivos para acogerse a la jubilación anticipada. 
Desde luego tenemos que hacer desaparecer la discriminación con que se enfrentan los trabajadores mayores en nuestro mercado laboral, como el hecho de que rara vez se les permita participar en actividades de perfeccionamiento, la forma en que se infrautiliza su experiencia, la manera en que carecen de oportunidades para cualquier tipo de promoción. 
Todo esto forma parte de hacer el mercado laboral atractivo y pleno de sentido para los trabajadores mayores. 
Es cierto que es mucho el terreno que hay que recuperar, tanto por parte de los Estados miembros como por la nuestra, algo que va mucho más allá de simplemente elevar la edad de jubilación. 
Desde luego, otro de los elementos, como ha dicho la Sra. Bastos, consiste en estudiar cómo podemos promover en la Unión Europea unas condiciones de empleo que favorezcan la infancia; cómo podemos ayudar a las mujeres a la hora de compaginar el trabajo y la familia. 
Creo que existe una fuerte contradicción cuando el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos propugna sin mayor problema una semana laboral de 55 o 60 horas, como hizo ayer, sin prever ni pararse a considerar que eso excluye totalmente una sociedad favorable a la infancia. 
Considero que se trata de un punto importante. 
El tercer y último punto es que, desde luego, necesitamos celebrar un debate sin prejuicios, abierto y serio acerca de una política de inmigración activa. 
También deberíamos debatir en serio la estrategia sobre inmigración mencionada recientemente en esta Cámara por el Sr. Kofi Annan. 
Creo que todo ello pertenece a una política que establece un equilibrio entre las generaciones y el bienestar, y que revela una solidaridad entre generaciones, como a menudo se denomina aquí. 
Eso es más importante que hablar simplemente de elevar la edad de jubilación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, agradezco esta pregunta, porque a nuestro grupo le preocupa mucho, permanentemente, no solo el problema del envejecimiento, sino la conjunción entre el envejecimiento y la despoblación. 
Europa cada vez tiene menos habitantes y cada vez somos más viejos. 
Mal podemos competir si no tenemos gente apta para trabajar. 
Creo que está llegando el momento de plantearnos la introducción de un nuevo criterio si queremos tener posibilidades de futuro, un nuevo criterio basado en la densidad de población productiva. 
Señora Comisaria, usted es griega. 
He estado viendo el mapa de densidad de población que hay en Europa, lo tengo aquí delante, y en él se indica que más de la mitad de su país, más de la mitad de Grecia, se encuentra por debajo de 50 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Son zonas de baja densidad de población. 
Pero, ¿qué opinaría usted si le dijera que, además de eso, la mitad de su población se encuentra por encima de los 50 años? 
Pues que nos encontramos ante una situación prácticamente sin futuro. 
Tenemos que empezar a estudiar este problema, que está produciéndose en muchas regiones de Europa, en España, en Portugal, en Escocia, en Francia, en algunas zonas de Italia y también en Grecia. 
Va siendo el momento de que empecemos a plantearnos ese concepto de densidad de población productiva necesario para que exista competitividad, porque, además, nos estamos encontrando con un problema reiterativo que en España llamamos "la pescadilla que se muerde la cola". 
No podemos llevar empresas a zonas donde no hay gente, donde no hay mano de obra productiva, y tampoco viene mano de obra productiva porque no hay empresas. 
De alguna manera hay que romper este círculo vicioso. 
Yo le voy a decir más: en nuestra región, en Aragón, hemos intentado llevar inmigrantes a las zonas rurales: latinoamericanos, rumanos, de la Europa del Este. 
¿Sabe lo que está pasando? 
Que se quedan tres, cinco, seis meses o un año y se van, a la gran ciudad o a la costa. 
De alguna manera tenemos que romper este círculo vicioso. 
El debate queda cerrado. 
(1) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate anual 2003 sobre los progresos en la puesta en marcha del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, sobre la base de las preguntas orales al Consejo (B5-0005/2004) y la Comisión (B5-0006/2004) , en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Quiero recordarles que la votación sobre las propuestas de resolución que cerrará el debate se celebrará durante el segundo período parcial de sesiones en marzo. 
Señor Presidente, señor Comisario, estamos acercándonos al final del plazo de cinco años fijado en Ámsterdam. 
Van a entrar en vigor nuevas disposiciones del Tratado de Niza, y la ampliación vendrá a ampliar el territorio contemplado en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Por tanto, es hora de hacer balance, de evaluar la legislatura, este primer período de cinco años. 
El debate anual se centra en este espacio y este será también el planteamiento de la resolución que estamos elaborando para finales de marzo. 
He aquí el primer mensaje del Parlamento Europeo: queremos que esta evaluación sea realizada no solo por nosotros, sino también por la Comisión y el Consejo. 
Aquí haremos el saque inicial y publicaremos nuestra propia evaluación a su debido tiempo. 
Sabemos que la Comisión también está elaborando su valoración, que aguardamos con impaciencia. 
Recomendamos encarecidamente que el Consejo haga lo propio. 
Pido disculpas al Presidente de nuestra comisión parlamentaria, Sr. Hernández Mollar, que probablemente volverá a referirse a esto y que tuvo la idea y la propuso durante nuestro debate anteayer. Sostenemos que el Consejo debería comenzar ahora a preparar seriamente una Tampere II, una nueva Cumbre europea dedicada específicamente al ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior, en la que se plantee esta valoración política de manera seria y transparente, sin ninguna reserva por parte de nadie. 
Solicitamos asimismo que se defina un programa nuevo y realista a medio plazo. Debe efectuarse bajo la Presidencia neerlandesa, durante la segunda mitad del año en curso o, a más tardar, bajo la Presidencia luxemburguesa en la primera mitad de 2005. 
Y necesitamos este balance, configurado por los tres elementos de nuestro triángulo institucional, en primer lugar para poder avanzar con conocimiento político y con una nueva orientación estratégica. 
Necesitamos un balance dinámico; uno que evalúe la situación actual y que apunte hacia el futuro. 
Me atrevo a decir que el primer requisito es una valoración positiva de muchos de los desarrollos ya completados durante este quinquenio. 
Somos conscientes de que el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia constituye un concepto totalmente nuevo y una dirección nueva para el desarrollo de la Unión. 
Por consiguiente, es importante elaborar una valoración clara y positiva del progreso realizado. 
A veces, la comprensible insatisfacción de muchos es mal interpretada por el público en general. 
Con frecuencia se expresa el deseo de haber llegado más lejos; se interpreta como una indicación de fracaso y se suscita el sentimiento de que la situación se halla en crisis, lo cual no refleja la realidad. 
Hemos de recordar que el público en general es uno de nuestros mayores aliados, y para poder implicarlo con mayor intensidad en este proceso también hemos de transmitir a este público conocimientos y confianza, en vez de únicamente frustración e ideales utópicos. 
De aquí, ante todo, la importancia estratégica futura que atribuyo a una política más activa de facilitar información en este ámbito. 
Sin embargo, si pedimos al Consejo que organice una Tampere II, es porque pensamos que Tampere I, en 1999, resultó muy valiosa y por eso deseo felicitar al Comisario Vitorino, ya que sé lo mucho que Tampere le debe a sus desvelos. 
Es cierto que queda mucho por hacer, pero la metodología Tampere, si se nos permite llamarla así, fue en sí misma positiva, un marco para esta legislatura parlamentaria, ya que sin Tampere ahora estaríamos mucho peor y más retrasados. 
Por dar una visión general, y sin entrar en los detalles de la propuesta de resolución sobre la que estamos trabajando ni volver sobre los términos de la pregunta oral –algo que sin duda harán mis compañeros Diputados de otras tendencias políticas–, se podría hacer una valoración general, oscilando desde «muy positiva» en lo referente al progreso realizado en cuanto a cooperación en asuntos judiciales y civiles, hasta «casi totalmente estancada» en el campo de la cooperación policial, pasando por «buena» y «mala» o simplemente «tolerable» , aplicados al progreso y los retrasos en los ámbitos del asilo y la inmigración y la cooperación judicial en asuntos criminales. 
Existe una preocupación muy marcada y creciente en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales, junto al incremento de la cooperación policial y judicial, y cada vez son más numerosas las peticiones a favor de políticas de integración en el ámbito de la inmigración. 
Sin embargo, hay sobre todo un mensaje de carácter general que se podría enviar al Consejo y a todos los gobiernos. Es un mensaje que se puede extraer claramente de estos últimos cinco años y de los debates que se han celebrado: si, en los campos restantes contemplados por el método intergubernamental, la cooperación abierta y eficaz entre los gobiernos y todas las autoridades nacionales implicadas no avanza al ritmo que exigen las circunstancias, la opinión pública va a presionar para que estas competencias y ámbitos queden incluidos gradualmente dentro de la esfera de competencia de la Comunidad, en algunos casos por razones de seguridad, en otros por motivos relacionados con libertades concretas. 
En otras palabras, si los gobiernos no solo utilizan sus poderes para afinar, ajustar, calibrar e incorporar el principio de subsidiariedad, sino para bloquear e impedir el desarrollo de este Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, estarán aplicando un enfoque poco acertado. 
Al esperar tanto tiempo, al final acabarán perdiéndolo todo, ya que existen pocos campos en los que los ciudadanos ejerzan mayor presión como en este y en el que esta presión se haga sentir de un modo tan marcado e intenso. 
Tampoco podemos contemporizar negándonos a aprobar los presupuestos porque, como ya ha señalado nuestro Presidente, Romano Prodi, todas las políticas de la Unión sufrirían en consecuencia, comenzando por el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Quiero decir una última palabra, Sr. Presidente, acerca del diálogo con los Parlamentos nacionales, un aspecto ya reseñado en el informe anual del año pasado por la ponente de entonces, Sarah Ludford. 
Nuestra experiencia de este quinquenio parece sugerir que en el Parlamento también tenemos que acelerar los procesos de trabajo y por eso he propuesto que en la próxima legislatura, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos apruebe un director de trabajos, cuyos efectos benéficos he podido constatar en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tenemos que invitar asimismo a representantes de los Parlamentos nacionales, de comisiones homólogas, para que acudan y participen en nuestros trabajos y debates. 
En mi opinión, deberíamos hacerlo en tres circunstancias: en primer lugar, regularmente una vez al semestre, en segundo, cuando estemos preparando nuestro debate anual y, en tercero, siempre que se celebre un debate sobre una cuestión legislativa que sea de especial importancia estratégica para impulsar todo el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, o que esté enraizado en su proceso de toma de decisiones y en el que resulte provechoso ampliar el debate transeuropeo para desarraigarlo. 
Por último, una poderosa recomendación genérica voluntarista: todo lo que se ha planeado se ha de ejecutar. 
Deseamos que todo lo que ha quedado atrasado en los calendarios definidos esté concluido a finales de 2004. 
Creemos que, cuando se celebre Tampere II, debiera haberse cumplido Tampere I totalmente. 
Tal vez eso no sea posible de momento, pero es la dirección que proponemos a fin de erradicar cualquier duda de las mentes de la gente. 
. Señor Presidente, quisiera darle las gracias por esta oportunidad de debatir el trabajo del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 
En concreto quiero dar las gracias al Sr. Ribeiro e Castro por formular la pregunta sobre la cual basaré mis comentarios. 
En primer lugar quiero rendir tributo al trabajo de la Presidencia griega e italiana a la hora de avanzar la agenda de Justicia y Asuntos de Interior durante 2003. 
Se han realizado importantes progresos en toda una serie de cuestiones relacionadas con Justicia y Asuntos de Interior, incluidas las medidas legislativas y la cooperación operativa de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere y el mandato de subsiguientes Consejos Europeos. 
La medida de dichos progresos puede apreciarse en el hecho de que durante ese periodo, el Consejo adoptó nueve reglamentos, cinco directivas, tres decisiones marco, dos convenios, varios acuerdos con terceros países, más de veinte decisiones y más de treinta resoluciones y conclusiones. 
Aunque el debate se centre en los progresos realizados durante 2003, usted ha enmarcado sus preguntas en el contexto de los significativos acontecimientos de este año y lo tendré presente en mi respuesta. 
La Presidencia irlandesa es muy consciente de la importancia de este año para la Unión y también para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Los objetivos clave de nuestra Presidencia son lograr progresos en torno a los requisitos de Ámsterdam y seguir avanzando en el trabajo sobre el programa ampliado de Tampere. 
Asimismo seguiremos promoviendo la cooperación operativa, en especial en relación con la policía y las aduanas. 
Pasando ahora a la política de asilo e inmigración, quiero mencionar algunos de los logros del último año. 
En el contexto del asilo, la adopción del Reglamento Dublín II, que establece los criterios y mecanismos para determinar la responsabilidad de los Estados miembros para examinar una solicitud de asilo, y la Directiva sobre las normas mínimas para la recepción de solicitantes de asilo, fueron importantes logros. 
Asimismo se han realizado progresos en otras dos propuestas clave de asilo: la Directiva sobre procedimientos y la Directiva sobre títulos. 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la Presidencia italiana y griega, no fue posible alcanzar un acuerdo sobre estas propuestas. 
Estas propuestas han pasado de una Presidencia a otra, y ahora será la Presidencia irlandesa la que tenga que intentar resolver las cuestiones pendientes, en consonancia con los requisitos de Tampere y el Tratado de Ámsterdam. 
Ahora haremos todo lo que esté en nuestras manos para alcanzar un acuerdo sobre estos textos dentro del plazo especificado por el Tratado de Ámsterdam. 
Durante 2003 también se adoptaron los primeros instrumentos legales en el ámbito de la inmigración legal: la Directiva sobre el derecho a la reunificación familiar y la Directiva sobre el estatuto de los nacionales de terceros países que sean residentes de larga duración. 
El Consejo también tiene intención de seguir con el trabajo sobre las directivas relativas a los requisitos de entrada y estancia de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, de formación profesional o de voluntariado y a efectos de investigación. 
En el ámbito de la inmigración ilegal, el Consejo alcanzó un acuerdo sobre la Directiva relativa a la asistencia durante el tránsito a efectos de expulsión por vía aérea y la decisión sobre la organización de vuelos conjuntos. 
A nivel operativo se han llevado a cabo diversos proyectos conjuntos en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, incluido el establecimiento de un centro especial para la formación de guardias de frontera. 
El Consejo ha adoptado asimismo un programa de medidas para combatir la inmigración ilegal en las fronteras marítimas. 
El refuerzo de los controles fronterizos contra la inmigración ilegal seguirá siendo una prioridad del Consejo en 2004. 
El Consejo tiene intención de continuar el trabajo sobre el proyecto de reglamento que establece la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa de las Fronteras Exteriores, de acuerdo con las conclusiones sobre esta propuesta aprobada por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en noviembre. 
Asimismo quiero mencionar que la Comisión cerró los acuerdos de readmisión con Hong Kong y que se firmó el acuerdo entre la UE y Macao. 
Se están manteniendo negociaciones en relación con los acuerdos de readmisión con Marruecos, Rusia y Ucrania. 
El Consejo Europeo de Tampere convirtió el reconocimiento mutuo en la piedra angular de la cooperación judicial en materia civil y comercial y especificó un programa de medidas para tal fin. 
Desde entonces se ha logrado un progreso constante en el ámbito de la cooperación judicial en el derecho civil y 2003 no ha sido una excepción. 
Entre las medidas clave adoptadas durante el pasado año se encuentran la directiva sobre ayuda jurídica y el reglamento sobre la responsabilidad parental. 
El Consejo estableció asimismo un enfoque general sobre el reglamento propuesto para la creación de un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados. 
Espero que el Consejo y el Parlamento Europeo puedan cooperar de forma eficaz para permitir que esta propuesta se apruebe en los próximos meses. 
En el seno del Consejo seguirá debatiéndose durante 2004 sobre los reglamentos Roma II propuestos en materia de legislación aplicable a obligaciones no contractuales, que también entra en el ámbito del procedimiento de codecisión. 
Asimismo tengo entendido que en las próximas semanas la Comisión quiere presentar una propuesta de reglamento para establecer un procedimiento de orden de pago europea. 
Su pregunta también hacía referencia al trabajo de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. 
En los últimos años, sobre la base de mandatos de negociación aprobados por el Consejo, la Comunidad ha podido participar activamente en el trabajo de la conferencia donde se están debatiendo asuntos que son de su competencia. 
En abril de 2003, a partir de una decisión del Consejo, los Estados miembros firmaron el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños, tanto en su propio nombre como en interés de la Comunidad. 
El mayor compromiso de la Comunidad con la Conferencia de La Haya se refleja en el hecho de que el Consejo ha autorizado a la Comisión a iniciar negociaciones con la Conferencia sobre el posible acceso de la Comunidad a este organismo. 
En el ámbito de la cooperación jurídica, el Consejo realizó progresos durante el año pasado, tanto en materia de medidas que aspiran a promover la cooperación como de medidas en el ámbito del reconocimiento mutuo. 
Entre las medidas adoptadas se encuentran la decisión marco relativa a la lucha contra la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, la decisión marco relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado y la decisión marco sobre la protección del medio ambiente a través del derecho penal. 
El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior aceptó asimismo la Decisión Marco sobre Drogas. 
El año pasado también se aceptó una decisión para firmar los acuerdos entre la UE y los Estados Unidos sobre extradición y asistencia mutua en materia penal. 
En lo que respecta al tráfico de seres humanos y terceros países, la Declaración de Bruselas sobre la prevención y la lucha contra el tráfico de seres humanos, apoyada por el Consejo el pasado mes de mayo ofrece la base para un extenso programa de trabajo quinquenal. 
La Presidencia irlandesa quiere seguir apoyando las iniciativas para luchar contra el tráfico de seres humanos, teniendo en cuenta el contenido de esa declaración y el trabajo del grupo de expertos sobre tráfico de seres humanos, que se creó en 2003. 
Tengo entendido que la Orden de Detención Europa ha sido puesta en práctica por ocho Estados miembros. Los demás Estados miembros están preparando la legislación necesaria. 
Los países candidatos tendrán que aplicar la decisión marco sobre la orden de detención europea a partir de la fecha de su adhesión. 
En lo que concierne a las garantías procesales, tengo entendido que la Comisión publicará sus propuestas legislativas en el transcurso de este periodo parcial de sesiones. 
Sobre la protección de datos en el tercer pilar, quiero señalar que diversos instrumentos ya incorporan disposiciones para garantizar la protección de los datos personales, por ejemplo, el Convenio de Schengen, el Convenio Europol y el Convenio Eurojust. 
Asimismo se han realizado progresos en el ámbito de la cooperación policial. 
Todos los Estados miembros comparten la criterio de que Europol ha de desempeñar un papel destacado en el apoyo de las fuerzas policiales de la Unión Europea en la lucha contra el crimen internacional organizado y el terrorismo. 
Se trata de una agencia clave a la hora de promover la eficacia de las fuerzas policiales europeas, y la cooperación entre ellas. 
Los ámbitos prioritarios de Europol acordados por el Consejo son los estupefacientes, la falsificación de euros, el terrorismo, el tráfico de seres humanos –incluida la inmigración ilegal– y el crimen financiero. 
Además, la policía de los Estados miembros coopera estrechamente para luchar cada día contra el grave crimen transnacional. 
En los últimos años se han cosechado muchos éxitos operativos, por ejemplo en relación con las drogas, el terrorismo, el tráfico de seres humanos y la pornografía infantil. 
Europol se ha visto implicada con regularidad a la hora de proporcionar apoyo para operaciones de acuerdo con el Convenio Europol. 
El pasado mes de noviembre, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior firmó un protocolo por el cual se modifica el Convenio Europol que incluía varias disposiciones encaminadas a mejorar el funcionamiento de Europol. 
Además, el Consejo adoptó varios instrumentos relacionados con el funcionamiento operativo de Europol, incluida la aprobación de varios acuerdos de cooperación entre Europol y otros Estados. 
Otras medidas adoptadas en el transcurso de los años incluyen una decisión sobre el uso común de funcionarios de enlace en el extranjero por las fuerzas policiales de los Estados miembros y una decisión por la que se modifica el Convenio de Schengen para permitir la vigilancia transfronteriza de personas sospechosas de estar implicadas en un delito penal 
El jefe del equipo de policía europeo y Cepol –la Academia de Policía Europea– también siguen desempeñando un papel importante en el desarrollo de la cooperación policial a escala comunitaria. 
Quiero decir algunas palabras sobre los últimos pasos a emprender antes de que la ampliación sea una realidad. 
El Tratado de Adhesión, que ha sido ratificado por todas las partes implicadas, estipula que, en general, los actos relacionados con el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia se aplicarán a los nuevos Estados miembros a partir del 1 de mayo de 2004. 
Sin embargo, para el acervo de Schengen hay un proceso de dos fases. 
Los países candidatos participarán en las medidas relacionadas con Schengen sobre el levantamiento de los controles fronterizos internos, incluida la participación en el Sistema de Información de Schengen, a más tardar, después del 1 de mayo de 2004. 
El Tratado de Adhesión también incluye una cláusula de salvaguardia. 
Esta estipula que se podrán tomar medidas adecuadas, hasta 2007, si se detectan graves deficiencias o si existe un riesgo inminente de tales deficiencias en la transposición, el estado de aplicación o la aplicación de medidas legislativas en determinados ámbitos de justicia y asuntos de interior. 
Quiero terminar mis comentarios refiriéndome brevemente a su pregunta sobre las aspiración de que la Unión Europea sea accesible a sus ciudadanos. 
El Consejo reconoce la importancia de la transparencia en las actividades de la UE. 
Vale la pena observar que el reglamento sobre acceso público a los documentos de la UE, aprobado en 2001, promueve la transparencia y contempla una mayor participación de los ciudadanos europeos en el proceso de toma de decisiones. 
Hay un alto nivel de pleno acceso a los documentos legislativos y acceso parcial a otros documentos que cubren las actuales negociaciones. 
Actualmente, el 55% de aproximadamente 450 000 documentos del registro del Consejo son directamente accesibles al público en Internet, en todos los idiomas de la UE. 
Las conclusiones de cada reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior están a disposición del público, así como los textos de todas las medidas adoptadas. 
Espero que mis comentarios les hayan dado una visión de los logros en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior durante 2003. 
Les doy nuevamente las gracias por concederme esta oportunidad y espero que siga la cooperación entre el Parlamento Europeo y el Consejo en este año histórico. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, este debate anual no es totalmente idéntico a todos los otros, ya que se está celebrando en una coyuntura de significación histórica. 
Dentro de poco, diez nuevos Estados miembros van a ser admitidos en la Unión, estamos en proceso de negociar un nuevo Tratado constitucional, y nos estamos aproximando al final de la legislatura del Parlamento Europeo, así como al término del período fijado por el Tratado de Ámsterdam para sentar las bases del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Por tanto, quiero felicitar al Sr. Ribeiro e Castro, no solo por el rigor y la calidad de la preparación de este debate, sino también por la forma en que lo ha planteado. 
Lo que ha presentado no solo es un balance de los trabajos de todo un año, sino que proporciona una visión amplia de lo conseguido en esta legislatura. 
La Comisión, por su parte, con independencia de lo que yo diga ahora, va a contribuir a este balance mediante una comunicación que va a presentar al Consejo y al Parlamento en junio de este año, cuando presentemos una evaluación exhaustiva de lo logrado y de lo no conseguido de acuerdo con el programa de Tampere y el Tratado de Ámsterdam. En dicha evaluación, también esbozaremos algunas ideas sobre los posibles fundamentos para un programa Tampere II en el campo de la Justicia y los Asuntos Interiores 
Trataré de respetar la secuencia en que su Señoría ha planteado sus preguntas: en el campo de la inmigración y el asilo, la Comisión siempre ha procurado compaginar las cuatro líneas principales de esta política, tal como quedó definido en el Tratado de Ámsterdam: regular los flujos de inmigración legal, promover la integración de nacionales de terceros países en las sociedades europeas, combatir eficazmente la inmigración ilegal y definir una política común de asilo y ampliar la asociación con terceros países a fin de regular los flujos migratorios. 
Por lo que respecta a la inmigración legal, la Comisión ha presentado varias propuestas para crear el marco legal necesario. 
El Consejo ya ha aprobado la propuesta de directiva sobre reunificación familiar y sobre la situación legal de ciudadanos de terceros países que sean residentes de larga duración. 
Espero que para el final de esta legislatura parlamentaria también estemos en condiciones de aprobar la propuesta sobre víctimas del tráfico de seres humanos que cooperan con las autoridades y que, por tanto, tienen derecho a un permiso de residencia, así como las propuestas sobre admisión de estudiantes e investigadores de terceros países a la Unión Europea. 
Un motivo de decepción que quiero manifestar es el relativo a los problemas para alcanzar, junto con los Estados miembros, una plataforma común destinada a controlar los flujos migratorios que implican inmigración legal, o lo que se conoce como «admisión para fines de trabajo». 
En este campo, el Consejo se halla en un punto muerto, la propuesta de la Comisión carece claramente del apoyo de los Estados miembros y la Comisión retomará este tema cuando presentemos, en algún momento a lo largo de este semestre, el estudio que se nos solicitó elaboráramos acerca de la vinculación entre inmigración legal e ilegal. 
En el ámbito de la integración, los pasos que se han dado a partir de Salónica son de agradecer y ahora estamos elaborando proyectos preliminares cara a una estrategia más amplia para un programa europeo específico encaminado a integrar a los inmigrantes en las sociedades europeas. 
Por lo que se refiere a la inmigración ilegal, la Comisión ha presentado tres planes de acción que han sido aceptados por el Consejo y que ahora se están aplicando: el primero se refiere a la lucha contra la inmigración ilegal; el segundo, a la gestión común de las fronteras exteriores y el tercero, a una política comunitaria para la devolución o repatriación de inmigrantes ilegales. 
También tengo la esperanza de que pronto quede aprobada la Agencia para el control y coordinación operativa en las fronteras exteriores, y la Comisión tiene la intención de presentar un nuevo instrumento jurídico, la revisión de un manual de Schengen común sobre buenas prácticas para el control de fronteras exteriores. 
Simultáneamente, los temas de seguridad han adquirido una importancia considerable como consecuencia de los sucesos del 11 de septiembre de 2001. 
La Comisión ya ha presentado propuestas para reforzar la seguridad de algunos documentos fundamentales, tales como visados y permisos de residencia, introduciendo datos biométricos y, en el plazo de un mes, presentará su propuesta para incluir datos biométricos en el pasaporte de los ciudadanos de la UE. 
También progresa adecuadamente el desarrollo del Sistema de Información de Visados (VIS). 
En cuanto a la política de repatriación, básicamente la Comisión va a proponer, a corto plazo, acciones en dos frentes: una de apoyo financiero, que todavía ha de someterse a debate, y otra sobre una iniciativa de normas mínimas para los procesos de repatriación. 
Como ya ha manifestado el Presidente en ejercicio del Consejo, en el ámbito del asilo se han aprobado importantes instrumentos jurídicos: protección temporal, normas mínimas de acogida, el reglamento Dublín II y la implantación del sistema Eurodac, y el Fondo Europeo para los Refugiados, que llegó al final de la primera fase teniendo movilizados cerca de 146 millones de euros durante los últimos cuatro años. 
La Comisión está trabajando activamente con el Alto Comisario de las Naciones Unidas sobre nuevas ideas para la política de asilo, concretamente con vistas a garantizar la entrada más ordenada y organizada de refugiados en la Unión Europea, y la posibilidad de solicitar asilo fuera del territorio de la UE y para incrementar asimismo la protección en regiones donde se originen conflictos. 
No obstante, se echan en falta dos aspectos fundamentales relativos a la política de asilo. 
Me refiero a la directiva sobre procedimientos de asilo y a la directiva sobre requisitos del estatuto de refugiado y la armonización de las normas sobre protección subsidiaria. 
Me complace saber lo comprometido que está el Sr. McDowell con la aprobación de estos dos instrumentos durante la Presidencia irlandesa, y en consecuencia, dentro del plazo fijado por el Tratado de Ámsterdam, por lo que podemos finalizar esta legislatura teniendo aprobados todos los instrumentos necesarios para la primera fase de una política de asilo común de alcance europeo. 
La Comisión también va a presentar un informe durante la primavera de 2004 sobre las negociaciones entabladas sobre acuerdos de readmisión y acogemos con particular agrado el hecho de que hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo con el Consejo y el Parlamento acerca de un programa financiero para el período 2004-2008, por valor de 250 millones de euros, con vistas a desarrollar una asociación con terceros países para la gestión conjunta de los flujos de migración. 
En cuanto a la cooperación judicial, suscribo íntegramente lo que acaba de decir el ministro, Sr. McDowell. 
La evaluación de la Comisión es satisfactoria en conjunto y, curiosamente, es probable que sea en el ámbito de la cooperación judicial civil, de las reglas sobre litigios contractuales, sobre obligaciones fuera de contrato, sobre relaciones familiares y sobre la regulación de la autoridad de los padres donde algunas de las decisiones adoptadas por este Parlamento y este Consejo tengan la mayor influencia sobre la vida cotidiana de todos los ciudadanos europeos, aunque los medios de comunicación normalmente les dediquen escasa atención. 
Tiene mucho mayor interés periodístico hablar de delitos que de la vida cotidiana de la gente normal. 
Sin embargo, precisamente es en la vida cotidiana de la gente normal donde se han logrado los mayores progresos en el contexto del Tratado de Ámsterdam y del programa de Tampere, y espero sinceramente que, a finales de esta legislatura, estemos en condiciones de superar todas las dificultades para aprobar la directiva sobre compensación a las víctimas de actos criminales. 
Por lo que concierne a la dimensión exterior, quiero resaltar el hecho de que la Comisión solicitó al Consejo un mandato que permitiera a la Comunidad adherirse formalmente a la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, a fin de garantizar mejor que el proceso de incluir la cooperación judicial en los asuntos civiles dentro del contexto comunitario fuera coherente con lo que se está haciendo en línea con las convenciones de la Conferencia de La Haya. 
Creo que el balance de esta legislatura es positivo. 
Positivo en el sentido de que, prácticamente, las decisiones marco sobre todos los tipos de delitos europeos previstos en el Tratado han quedado aprobadas, con una sola excepción: el racismo y la xenofobia, que continúan resultando problemáticos para el Consejo. 
Sin embargo, una vez más quiero resaltar que la Comisión ha permanecido fiel al principio de que la piedra angular de la cooperación judicial en asuntos criminales es el principio de mutuo reconocimiento de decisiones judiciales, cuyo mejor ejemplo lo brinda la orden europea de arresto y entrega que, al igual que el Sr. McDowell, espero esté totalmente implantada en los quince Estados miembros a finales del primer trimestre de este año y que en los países candidatos entre en vigor el 1 de mayo de este año. 
La Comisión va a presentar en breve una decisión marco sobre garantías procesales y estamos convencidos de que va a ser igualmente importante la iniciativa que vamos a adoptar en junio del año actual en cuanto a presentar una decisión marco sobre normas mínimas para protección de datos, de acuerdo con el tercer pilar. 
La cooperación judicial en asuntos criminales y el fortalecimiento de los mecanismos para la cooperación policial y judicial en la lucha contra el crimen tienen que ir acompañados, simultáneamente, de unas reglas de garantías mínimas procesales en los procedimientos penales en todos los Estados miembros y de protección de la privacidad y los datos personales en este campo. 
Es cierto, Sr. Ribeiro e Castro, que la cooperación policial implica una cooperación a nivel más operativo que legislativo, en el que creo que la Convención sobre el futuro de Europa ha demostrado estar en lo cierto al subrayar que los instrumentos de «convención» no funcionan en este entorno: las enmiendas a la Convención Europol aún aguardan ser ratificadas por la mayoría de los Estados miembros; la Convención sobre asistencia judicial mutua, firmada en mayo de 2000, todavía no ha sido ratificada por todos los Estados miembros de la UE y, en consecuencia, no ha entrado en vigor. 
Sin embargo, la cooperación operativa ha aumentado y, para que Europol pueda desempeñar su cometido, resulta vital que las fuerzas policiales de los Estados miembros tengan confianza en Europol y, sobre todo, que se produzca un intercambio continuo de información sobre las modalidades de delitos transnacionales. 
Por último, Sr. Ribeiro e Castro, comparto plenamente su preocupación en cuanto a que es vital informar a los ciudadanos de lo que se ha hecho. 
La Comisión ha lanzado campañas de información sobre la Carta de los Derechos Fundamentales, sobre algunos de los instrumentos legislativos que hemos aprobado y que pudieran tener un impacto más directo sobre la vida de los ciudadanos. Sin embargo, para ser muy sincero, creo que la instantánea más fiable será la que proporcionen las elecciones al Parlamento Europeo, personificada por los Diputados de este Parlamento –y ustedes pueden sentirse orgullosos de lo logrado durante esta legislatura en el campo de la Justicia y los Asuntos Interiores– ya que ellos son los mejores intérpretes de la información que los ciudadanos tienen el derecho a conocer, porque ellos son la prueba de que la democracia europea funciona y de que los asuntos importantes para la vida cotidiana de los ciudadanos son tomados en serio por los órganos de la Unión Europea, comenzando por sus representantes legítimos, los Diputados del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Comisario, quienquiera que simplemente lea el informe de situación del año pasado se sorprenderá por el gran progreso que hemos realizado en el ámbito de la seguridad, y ustedes, señor Presidente en ejercicio y señor Vitorino, junto con el Parlamento Europeo, pueden sentirse orgullosos por lo mucho que se ha avanzado en lo relativo a la seguridad. 
Solo quiero reseñar algunos puntos que me parecen especialmente importantes. 
De una parte, en enero del año pasado entró en funcionamiento el sistema Eurodac. 
Eso no significa sino que la Convención de Dublín se está aplicando ahora de forma eficaz, que podemos determinar qué país es realmente responsable de tramitar una solicitud de asilo, y que disponemos de un instrumento para frenar satisfactoriamente los abusos contra el sistema de asilo. 
Para evitar los flujos de inmigración ilegal, hemos establecido asociaciones con países de origen y de tránsito. 
Hemos creado un paquete global de medidas para combatir la inmigración ilegal que prevé, concretamente, la elaboración de un nuevo sistema integrado para asegurar las fronteras exteriores, con unas normas muy exigentes que se aplicarán en todas las fronteras exteriores presentes y futuras de la Unión Europea. 
También hemos hecho preparativos para campañas de repatriación conjuntas. 
Algo que considero especialmente satisfactorio es el compromiso político de incorporar datos biométricos en los visados y los permisos de residencia, ya que de esa forma estaremos en condiciones de garantizar que a la gente que atraviesa las fronteras le expedimos documentos que no pueden ser falsificados. 
Otro avance notable es el cierre del acuerdo de cooperación entre Europol y los nuevos Estados miembros u otros Estados como Rumania o Rusia, a fin de poder actuar eficazmente sobre el terreno contra los delitos internacionales y, en concreto, contra la corrupción. 
Por último, otro de los capítulos de excepcional éxito es el acuerdo alcanzado por vez primera sobre una norma de sentencia mínima para combatir el tráfico ilegal de drogas, y luego están las medidas que hemos adoptado en la lucha contra las drogas sintéticas, o el avance realizado en derecho civil y penal, en los que no entraré en detalles. 
En conjunto, el Parlamento, el Consejo y la Comisión han elaborado satisfactoriamente un excelente paquete de medidas. 
No obstante, quiero formular algunas observaciones críticas y plantear ciertas peticiones. 
Lo primero que quiero decir es lo siguiente: creo que resulta vital que la pretensión de la Presidencia actual de llevar a la práctica la directiva sobre condición y procedimientos durante la primera parte de este año, es decir antes de abril, se haga realidad en bien de la política de asilo común. 
Me temo que si no lo conseguimos, tendremos enormes problemas a la hora de ponernos realmente de acuerdo sobre una política de asilo común, ya que entonces careceríamos de cualquier ayuda de emergencia para los refugiados. 
En consecuencia nos encontraríamos sin los instrumentos necesarios para avanzar en la lucha contra los abusos. 
Como Presidente en ejercicio, cuenta con nuestro pleno apoyo en este ámbito. 
Mi segunda observación se refiere a la lucha contra la corrupción. 
En bien de la estabilidad en los nuevos Estados miembros, resulta esencial que intensifiquemos la lucha contra la corrupción en estos Estados, y les tenemos que ayudar a alcanzar el nivel de Schengen en las nuevas fronteras exteriores tan rápido como sea posible. 
Redunda en beneficio tanto de los nuevos Estados miembros como de la Unión Europea en su conjunto. 
Va a exigir una cierta inversión. 
Tiene nuestro apoyo en este asunto. 
Quiero decir también algo sobre las agencias. 
No creo que debamos estar inventando continuamente nuevas agencias. 
No, tenemos que hacer que las muchas de que ya disponemos continúen funcionando adecuadamente. 
No podemos permitir que se amplíen indefinidamente los consejos de administración –de 15 a 25– agregando nuevos expertos y luego, si eso no funciona, creando un consejo ejecutivo. 
Y luego sometemos a deliberación nombrar además una junta coordinadora, para asegurar que los otros dos consejos funcionan adecuadamente. 
Ese no debe ser el camino a seguir. 
Una última observación: me gustaría presenciar una mejora general de los procedimientos. 
De lo contrario, existe el peligro de que se derrochen los recursos. 
En el futuro no debe darse una situación en la que lleguen a esta Cámara documentos de la Comisión, y luego, al tiempo que el Parlamento está realizando su trabajo, se elaboren nuevos documentos, nuevos acuerdos, acerca de los cuales el Parlamento no está informado, de manera que se continúe trabajando sobre la base antigua y haya que volver a comenzar otra vez desde el principio. 
Le pido que mejore la coordinación en el interés global de la eficacia de los procedimientos. 
Este debate, que se celebra al término de un año satisfactorio y una legislatura llena de éxitos, debería constituir una valoración crítica y debería espolearnos para edificar sobre esos éxitos en bien de la seguridad de los ciudadanos de la UE. 
Tengan la certeza de que en el Parlamento Europeo haremos todo lo posible para apoyarle, incluso en lo concerniente al incremento del presupuesto que sin lugar a dudas será necesario si realmente queremos lograr los éxitos que deseamos obtener en beneficio de la seguridad. 
Señor Presidente, es cierto que los avances expuestos por el ponente y los representantes del Consejo y de la Comisión –a quienes felicito– son una realidad, pero hemos de admitir que ese progreso no es suficiente. 
De hecho, el obstáculo más grave para el desarrollo del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia es la incapacidad para aprobar el proyecto de Tratado constitucional que, al convertir la Carta de los Derechos Fundamentales en vinculante en todos los sectores de actividad de la Unión y ampliar el método comunitario para incorporar la cooperación judicial, criminal y policial, habría resuelto muchos de los problemas que continúan planteados. 
Esperemos que no se trate más que de un simple retraso. 
Entre tanto, deberían darse pasos para superar ciertas contradicciones paradójicas que siguen frenando la aplicación del programa de Tampere, sobre todo en el ámbito de la inmigración y de la cooperación penal y policial. 
De hecho, los mismos gobiernos que en Tampere aprobaron un conjunto razonable de medidas, a menudo después no las adoptan cuando tales medidas han sido propuestas por la Comisión y solicitadas por el Parlamento. 
Cuando más adelante, a resultas de una u otra emergencia, esas medidas acaban siendo aprobadas, con frecuencia no se llevan a la práctica en los países en cuestión: tal es el caso, como ejemplo de esto último, de la orden de arresto y la decisión sobre el racismo y la xenofobia. 
Por tanto, hemos de tener continuamente presente que la eliminación de las fronteras interiores incrementa la libertad de movimiento en el mercado interior, pero también actúa a favor de los delincuentes, siempre que el poder para prevenir y controlar los delitos continúe estando limitado por las fronteras nacionales. 
Así pues, es el momento de relanzar y actualizar el programa político para la construcción armónica de un espacio jurídico europeo, que no se limite a respuestas parciales para contingencias específicas, y esperamos ilusionados el comunicado que nos prometió la Comisión. 
En lo relativo al caso concreto de la inmigración, por el que se ha preguntado en repetidas ocasiones en este Parlamento, resulta vital diseñar una política común para gobernar la entrada, residencia e integración de los ciudadanos de terceros países que no se limite a reprimir la inmigración clandestina. 
No obstante, los retrasos e incoherencias que han sido más flagrantes por parte del Consejo y los Estados miembros son los referentes a la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas. 
Se han aprobado medidas que, de hecho, no respetan los derechos fundamentales provocando que el Parlamento se haya visto obligado a denunciar tales medidas ante el Tribunal de Justicia, siendo el ejemplo más reciente la reunificación familiar. 
No se están aprobando normas comunes en cuanto a garantías procesales y, a resultas de ello, se han rechazado formas de cooperación más estrechas debido a que los Estados desconfían unos de otros en cuanto al respeto de tales garantías. 
Por último, el tema de la protección de los datos personales es particularmente sensible y quedan por dilucidar serios interrogantes acerca de la conducta de un gran número de Estados miembros que han permitido la entrega de datos personales de ciudadanos europeos a las agencias de seguridad estadounidenses, que no ofrecen ninguna garantía de que se respete el derecho fundamental de nuestros ciudadanos a la privacidad. 
A ese respecto, hay que decir que la conducta de la Comisión, marcada por la pasividad y la complicidad, ha sido deplorable. 
Verdaderamente ha llegado el momento de tomar medidas más efectivas para proteger los derechos de nuestros ciudadanos. 
– Señor Presidente, aunque se trate de un documento anual, nos acercamos a la evaluación quinquenal de los logros del programa de Tampere y ahora es preciso pensar en Tampere II. Hemos de decir que la Comisión ha realizado su trabajo, pero el expediente del Consejo no es excelente. 
Es preciso mejorar tanto el rendimiento como el método. 
Si consideramos primero la política de asilo e inmigración, seguimos sin tener todas las piezas del rompecabezas para las políticas comunes. 
Los europeos necesitan tener la sensación de que estamos actuando realmente juntos para tener unos sistemas bien regulados pero justos en los que se comparte la responsabilidad. 
Pero, ¿dónde está la solidaridad en el vergonzoso modo en que, uno tras otro, 13 Estados miembros han señalado que impondrán restricciones a la libre circulación desde los nuevos Estados miembros orientales? 
Los Estados han sido más estrictos a la hora de fortalecer las fronteras y deportar a los inmigrantes ilegales y asegurarse de que los inmigrantes son legales y están integrados. 
El Consejo aprobó una Directiva poco generosa sobre los inmigrantes de larga duración y una sobre la reunificación familiar. 
Sin embargo, no se ha dado prisa en aplicar la Decisión marco de 2002 contra el tráfico para atrapar a las bandas criminales, y recientemente en el Reino Unido han muerto trágicamente 19 inmigrantes chinos. 
Parece que se traficó con ellos, pero aún no hay legislación en vigor a este respecto. 
Tenemos grandes desafíos en Europa en lo que respecta a abordar el prejuicio y la discriminación y promover la igualdad. 
El reto de integrar a la etnia gitana ocupa un lugar destacado en nuestra agenda. 
Me complace que el Presidente Prodi celebre un seminario sobre antisemitismo la semana que viene, pero ¿por qué el Consejo no ha adoptado la decisión marco por la cual el acoso racista y los ataques racistas se considerarán delitos penales? 
Hemos de mejorar nuestra comprensión de lo que significa la integración frente a la asimilación. 
Ayer, la Asamblea Nacional Francesa aprobó por abrumadora mayoría la prohibición del y otros símbolos religiosos manifiestos. 
En Gran Bretaña, donde las mujeres policías pueden llevar el, lo miramos perplejos desde el otro lado del Canal de la Mancha. 
En el ámbito del antiterrorismo y la fuerza policial ha habido mucha actividad útil, pero una falta de equilibrio en la preocupación por las libertades civiles, la responsabilidad democrática y la transparencia. 
Me complace que la Academia Europea de Policía se ubique en Inglaterra, pero me agrada menos que el Gobierno británico, con 12 ciudadanos y residentes en la Bahía de Guantánamo –la mitad del total de europeos que hay allí– no haya sido capaz de conseguir una posición común y una acción conjunta por parte de la Unión Europea para persuadir a los Estados Unidos de que apliquen la ley internacional y respeten los derechos de los presos allí. 
El Acuerdo sobre Asistencia Jurídica Mutua que se firmó con los Estados Unidos, pasando por alto nuestras objeciones, recalca el Estado de derecho, pero no parece haber dado frutos. 
Ahora estamos tomando demasiados pasos que invaden la intimidad personal –aceptando que los Estados Unidos tengan acceso a datos delicados sobre los pasajeros aéreos y pongan datos biométricos en los visados y pasaportes– mientras que no se hace ningún esfuerzo por obtener un instrumento para la protección de datos en el tercer pilar. 
Ello evidencia una actitud extraordinariamente arrogante hacia los derechos individuales. 
En el futuro tendremos que hacer un mayor esfuerzo para aumentar la calidad de nuestra observancia de los sistemas jurídicos a través de un proceso de vigilancia mutua y revisión mutua. 
Ello implicará algunas cuestiones interesantes acerca de dónde se encuentra el equilibrio entre la acción común europea y la intervención en sistemas nacionales. 
Pero hemos de incrementar nuestros esfuerzos, porque la calidad de lo que hacemos sobre la libertad, la seguridad y la justicia aún no es suficiente. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Comisario, Señorías, si examinamos el supuesto progreso hecho en la aplicación del espacio de libertad, seguridad y justicia, el cuadro es desolador. 
Digo «supuesto» progreso porque primordialmente se trata de aislar todavía más a Europa del resto del mundo. 
Hace poco el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, fue muy franco y claro sobre esta política, o mejor dicho, esta farsa de política europea, durante su discurso ante esta Cámara cuando se le concedió el Premio Sajarov. 
El Secretario General de las Naciones Unidas no nos saludó con corteses y manidas palabras de agradecimiento, no, leyó la cartilla a Europa por su política de inmigración. 
Permítanme recordarles lo que dijo. 
Dijo, y cito, «los inmigrantes necesitan a Europa. 
Pero Europa también necesita a los inmigrantes». 
Y Annan añadió que acoger e integrar a los emigrantes no solo es una obligación moral y jurídica, sino parte de la solución de los problemas económicos de Europa. 
Criticó duramente la política de la «Fortaleza Europa» de la UE. 
Dijo que pensaba que una política de asilo e inmigración restrictiva empujaba a muchas personas a ponerse en manos de bandas criminales de traficantes de seres humanos o incluso a la muerte, asfixiándose en camiones, o pereciendo en el tren de aterrizaje de un avión, y Annan dijo que «esta silenciosa crisis de los derechos humanos avergüenza a nuestro mundo». 
La muerte de cientos de personas cada año en las fronteras de la Unión Europea no se debe a una restricción anónima. 
Pero, ¿qué nos dicen el Consejo y la Comisión? 
Informes sobre listas comunes de países de origen seguros, cooperación en materia de deportación, agencias de protección de fronteras para un control más estricto de las fronteras terrestres y marítimas, firma de acuerdos de readmisión, etc. Si todas estas propuestas adquieren fuerza de ley, la única forma de tener la posibilidad de solicitar asilo en la Unión Europea será saltar en paracaídas desde un avión sobre la UE. 
Al mismo tiempo, la UE y sus Estados miembros son activamente responsables de que haya refugiados procedentes de países del llamado Tercer Mundo por su fracaso a la hora de combatir adecuadamente la pobreza o por exportar armas a las regiones en crisis. 
En lugar de adoptar medidas de subsanación en este ámbito, sin embargo, vamos a gastar ahora millones de euros en proyectos piloto de deportación en Europa. 
En mi calidad de diputada alemana al Parlamento Europeo, también sé que hasta ahora toda propuesta medianamente progresista en política de inmigración y asilo en la UE será bloqueada por el Gobierno de mi país en el Consejo de Ministros. 
Se trata de preservar todos los mecanismos especiales alemanes concebidos para atemorizar y acosar a los solicitantes de asilo. 
Por citar un ejemplo, tenemos la residencia obligatoria para los refugiados, un caso único en Europa. 
Alemania es el único país en que se penaliza a los refugiados si abandonan su o distrito rural. 
Mientras no haya un cambio de dirección radical de esta política, un gran número de inmigrantes y refugiados seguirá muriendo en nuestras fronteras. 
Ocasionalmente se derramarán algunas lágrimas de cocodrilo sobre el trágico destino de unos pocos individuos, pero nada cambiará. 
Debemos tener finalmente la valentía de decir a la gente la verdad sin ambages y afirmar que Europa necesita la inmigración. 
Sin inmigración, en 2050 la población de la Unión ampliada habrá descendido de 450 millones a solo 400 millones. 
A menos que haya un cambio de rumbo, solo la población de Alemania habrá descendido un 25%. 
Las numerosas organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil tienen derecho a rechazar la política de «Fortaleza Europa» de la UE. 
Ya hay sobre la mesa propuestas para una política de inmigración y asilo de la UE fundadas en un alto grado de respeto de los derechos humanos, pero estas deben aceptarse antes de que podamos tener aquí un verdadero debate sobre el progreso. 
Lo que necesitamos en Europa es un derecho de asilo de conformidad con la Convención de Ginebra, que incluya el reconocimiento de la persecución específica de género y no estatal entre los motivos para otorgar la condición de refugiado, junto con el reconocimiento de la deserción y la objeción de conciencia al servicio militar. 
Necesitamos acceso libre a los derechos y procedimientos de asilo europeos. 
Necesitamos un marco judicial que permita la inmigración legal hacia la UE. 
Necesitamos un espacio jurídico europeo para realizar campañas de legalización de la situación de las personas sin papeles, y por último necesitamos también un derecho a la libertad de circulación para todas las personas que viven en la Unión Europea. 
– Señor Presidente, Señorías, a pesar de todos nuestros esfuerzos, como han dicho ustedes, la Agenda de Tampere no se cumplirá, en especial por lo que respecta a la inmigración y el asilo. 
Sin embargo, se trata de cuestiones, desde Sangatte hasta Algeciras, que solo encontrarán una respuesta eficaz en una verdadera política comunitaria respetuosa de los derechos fundamentales, y no siendo siempre represiva. 
Muchas propuestas de la Comisión están actualmente pendientes en el Consejo. 
Las pocas medidas que se han adoptado son sistemáticamente criticadas y la Directiva sobre el reagrupamiento familiar es objeto de un recurso del Parlamento ante el Tribunal de Justicia. 
Por lo que se refiere a la cuestión de la emigración, únicamente le pido que siga el sentido de las ideas desarrolladas por el Sr. Kofi Annan ante este Parlamento. 
No solo nuestro viejo continente necesita a estos trabajadores, sino que, para ser creíbles en el mundo, tenemos que afirmar una Europa abierta, plural y solidaria. 
La inmigración es una oportunidad para el futuro de Europa y recordarlo con fuerza y energía es una necesidad en un momento en que el racismo y la xenofobia se abaten sobre nosotros. 
Estamos convencidos de que una libertad de circulación que vaya acompañada de un política positiva de inmigración legal permitirá poner freno a los distintos tráficos, en particular a la trata de seres humanos. 
Así podremos consagrarnos mejor a la construcción de una ciudadanía en la que puedan participar plenamente todos los que residen en nuestro continente, dentro del respeto de la igualdad de derechos. Sin contar con que esta política voluntaria permitirá asimismo aligerar nuestras cargas, tanto por lo que se refiere a los sistemas de asilo como en materia de lucha contra la inmigración clandestina. 
En cuanto a las dos directivas sobre el asilo, relativas al estatuto de los refugiados y a los procedimientos de asilo, no podrán adoptarse todavía, a pesar del plazo impartido –y ya superado– de diciembre. 
Sin embargo, sabemos que deben serlo imperativamente para poder cerrar la primera fase del programa de Tampere. 
Dicho esto, lo que estas dos directivas deben aportar también y sobre todo es una plusvalía que garantice un mayor nivel de protección del solicitante de asilo. 
Por lo que respecta a la cooperación policial y judicial, quiero detenerme en un único punto, el de los datos de carácter personal, en particular los datos biométricos. 
En una comunicación sobre la transferencia de datos, publicada el 16 de diciembre por la Comisión y transmitida al Consejo y al Parlamento, relativa al acuerdo celebrado entre los Estados Unidos y nosotros mismos, se observa una deriva que privilegia la seguridad al amparo de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia. 
En efecto, el acuerdo dispone que entre los campos de datos transferidos se incluya la fecha de nacimiento, el número de personas que viajan juntas, los detalles de la tarjeta de crédito, el origen racial o étnico, así como las creencias políticas, religiosas o filosóficas. 
Ahora bien, esta disposición atenta gravemente contra la protección de la vida privada. 
¿Cómo remediarlo? 
Por otra parte, sabiendo que esta información puede servir de medio de discriminación, esta disposición atenta también contra nuestras libertades fundamentales, y más cuando no se sabe con exactitud quién podrá acceder a esos datos. 
Por tanto, no podemos sino preocuparnos por la utilización que se haga de ellos. 
A este respecto, ¿sabían que, debido a las presiones de los Estados Unidos y en particular a las amenazas de prohibiciones de vuelo, algunas compañías aéreas transfieren ya datos de carácter personal a las autoridades norteamericanas, sin el consentimiento de las personas afectadas? 
Se trata de medidas que violan la legislación europea, a pesar de que se supone que la Comisión es la guardiana de los Tratados. 
Este tipo de medidas afectan tanto a los europeos como a los nacionales de terceros países, como ha dicho usted, señor Vitorino. 
Y, sin embargo, este acuerdo se celebró sin mantener previamente ningún debate democrático. 
Por tanto, con la celebración de estos acuerdos se amenaza la democracia y el Estado de Derecho. 
¿No es urgente crear un verdadero órgano europeo de control independiente, a fin de evitar una utilización abusiva de los datos? 
Por otra parte, ¿no creen que es igualmente necesario pedir al Tribunal de Justicia que decida sobre la legalidad de este acuerdo? 
Debemos permanecer atentos, porque la seguridad se está poniendo por delante del respeto de nuestros derechos y nuestras libertades. 
Por último, y para concluir, ¿cómo vamos a garantizar el respeto de nuestros derechos fundamentales si firmamos un acuerdo con un país como los Estados Unidos, que no cesa de reafirmar su voluntad de hegemonía, que aplica una política unilateral y que se coloca por encima de las leyes, incluso por encima del Derecho internacional, como en la situación de los presos de Guantánamo? 
Le agradecería, señor Comisario, que diera muestras de la mayor vigilancia con respecto a todos estos tratados. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero dar la bienvenida a esta Asamblea al Ministro irlandés de Justicia y Asuntos Interiores. 
En segundo lugar, quisiera dar mi sincera enhorabuena a mi colega y amigo, el Sr. Ribeiro e Castro, por la presentación que ha hecho aquí esta mañana. 
La Unión Europea se convertirá pronto en un cuerpo político con 25 Estados miembros y una población de casi 500 millones de personas. 
Por ello es sumamente importante que todos los Estados miembros de la Unión Europea cooperen más estrechamente para luchar contra la amenaza del terrorismo internacional y el crimen organizado. 
Con la existencia de fronteras europeas comunes y con la libre circulación de personas dentro de la Unión, también hemos de cooperar más estrechamente en un esfuerzo por detener las importaciones de drogas en Europa y luchar contra el tráfico de seres humanos. 
No podemos vencer al tráfico de drogas y a quienes se involucran en el odioso crimen del tráfico de seres humanos, si las fuerzas policiales europeas no cooperan estrechamente. 
Este reto será aún mayor cuando tenga lugar la ampliación, y Europol tendrá que desempeñar un papel más central a la hora de coordinar la respuesta de la Unión Europea a estos crímenes crecientes. 
Ningún país puede derrotar por sí solo el terrorismo internacional. 
Si Europa exige más recursos para hacer frente a este reto, habrá que poner a disposición más recursos. 
Últimamente hemos sido testigos de las trágicas muertes de muchas personas que se han malogrado por culpa de la plaga del tráfico internacional de seres humanos. 
Se calcula que 600 000 inmigrantes ilegales entran cada año en la Unión Europea. 
Por ello, un extenso plan para luchar contra la inmigración ilegal ha de seguir siendo la prioridad clave de nuestra Unión. 
La asistencia financiera de la UE al programa de acción para el regreso ha de mantenerse y todos hemos de apoyar el trabajo de la Unión. 
La agencia para la gestión de las fronteras está poniendo en práctica un enfoque coordinado por los Estados miembros de la UE para luchar contra la inmigración ilegal. 
Yo también apoyo la aplicación de una política de asilo comunitaria y hemos de resolver las cuestiones pendientes en relación con las directivas relativas a las cualificaciones y procedimientos. 
Hemos de apoyar la mejor gestión de la entrada de personas en la Unión Europea que necesitan protección internacional de acuerdo con la Convención de Ginebra. 
En lo que respecta a la cuestión de la migración legal, es preciso promover la nueva legislación de la UE que rige los requisitos de entrada y estancia de los nacionales de terceros países a efectos de estudios y de formación profesional dentro de la Unión 
Por último, las cuestiones relativas a la políticas de lucha contra la inmigración ilegal se abordan mejor a escala de la Unión Europea. 
Ahora vivimos en un mercado interior donde hay libre circulación de personas en los territorios de la UE, y hemos de emprender juntos una acción colectiva en un esfuerzo por abordar estas cuestiones de forma eficaz. 
– Señor Presidente, en el marcador correspondiente a la primera y segunda mitad de 2003, la Comisión demuestra que ha avanzado y el Consejo Europeo también, en Salónica, ha dado nuevos impulsos para estimular el avance en este ámbito político. 
Se ha acusado al Consejo de Ministros de ser el principal culpable de que una serie de expedientes de asilo e inmigración estén aparcados en un cajón. 
Según la Comisión, los Estados miembros deben levantar sus reservas antes de que haya transcurrido el período de cinco años especificado en el Tratado de Ámsterdam, plazo en el que según la Comisión deberían adoptarse estas medidas. 
Aunque esto es correcto, un período de cinco años para las medidas en este ámbito era, de hecho, muy corto. 
Una legislación largamente madurada y que cuenta con un amplio apoyo es más útil que medidas rápidas que posteriormente no se aplican por falta de voluntad política. 
La orden de detención europea es un buen ejemplo de ello. 
Me sorprendieron las propuestas de la Comisión relativas a la admisión de inmigrantes a la Unión Europea. 
¿Seguro que no era una de las obligaciones consagradas en el Tratado de Ámsterdam? 
Es un tema que exige otro extenso debate. 
En parte a raíz de incidentes de esta naturaleza no estoy a favor de la aplicación plena del voto por mayoría cualificada en el Consejo sobre acciones europeas en los ámbitos de justicia y asuntos de interior. 
Estos temas deben considerarse de forma individual. 
Finalmente, he observado que la Comisión desea aumentar considerablemente el presupuesto de justicia y asuntos interiores para poder adoptar medidas en el ámbito de la inmigración ilegal y el crimen organizado. 
¿Podría explicarnos esto con mayor detalle el Comisario Vitorino? 
– Señor Presidente, acepto la solicitud del Comisario Vitorino de que se informe a los ciudadanos. 
El problema es ¿qué información vamos a darles? 
Hemos oído que el Presidente en ejercicio del Consejo nos ofrece algunas estadísticas asombrosas en relación con la transparencia del trabajo del Consejo, decenas de miles de documentos. 
Es una pena que falte una estadística en esos documentos, y es la posición de los Estados miembros individuales, que no es una estadística de gran interés pero es esencial en términos del proceso democrático. 
No es casualidad que después se afirme, de forma un tanto alegre, en mi opinión, que la orden de detención europea ya ha sido aprobada por ocho Estados miembros. 
Pero, ¿cómo? 
Un documento aprobado por unanimidad durante el almuerzo, sin debate, todavía no aplicado, se considera después prácticamente aprobado, como si esto ya formase parte de los procedimientos de facto de esta institución. 
No hay absolutamente ninguna referencia de ningún tipo al, a pesar de que la Presidencia italiana nos ha recordado que en el campo de la cooperación judicial el concepto de es un pilar en el que los ciudadanos pueden confiar. 
¡Ni una palabra! 
En segundo lugar, con relación a Europol, la Presidencia afirma que el protocolo está un paso adelante: pero ese protocolo niega lo que el Parlamento ha estado solicitando durante años, es decir, el control democrático. 
Además, los diputados franceses y británicos se oponen actualmente a esta posición de la Comunidad sobre Europol. 
Confrontados con todo esto deberíamos informar a los ciudadanos. 
Sí, pero ¿de qué? 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los factores históricos que nos han llevado a esta coyuntura, y que tan bien ha explicado el Comisario Vitorino, justifican claramente este debate. 
Realmente sería difícil de entender que en el último debate de evaluación del espacio de libertad, seguridad y justicia de esta legislatura nos limitáramos a mantener lo que es un mero debate anual. 
Por ello tiene mucho sentido hacer balance de la legislatura y felicito al Sr. Ribeiro e Castro por el magnífico informe que nos ha presentado, con el que estamos en gran medida de acuerdo. 
Realmente debemos reconocer que aunque se ha avanzado sustancialmente en las medidas legislativas, en las medidas para la cooperación operativa y en las medidas para las estructuras institucionales, algunos de los progresos realizados no han podido cumplir los plazos límite fijados en Tampere y, lo que es peor, no se han logrado otros objetivos que se habían definido. 
Quisiera destacar diez ámbitos en los que deben adoptarse medidas concretas: en primer lugar es preciso legislar sobre la protección de datos en el marco del tercer pilar, estableciendo garantías equivalentes a las descritas en la Directiva 95/46/CE en el marco del primer pilar; en segundo lugar hay que crear una política de gestión integrada común de las fronteras exteriores de los Estados miembros, con financiación comunitaria; en tercer lugar, el Consejo debe adoptar las dos propuestas de directivas pendientes, necesarias para completar la primera fase del sistema de asilo común europeo; en cuarto lugar, el Consejo debe aprobar las propuestas actualmente bloqueadas con vistas al establecimiento de una política común en el campo de la inmigración; mi quinta propuesta es que debe presentarse una propuesta tangible sobre el desarrollo del sistema de información de visados (VIS) ; en sexto lugar, se nos debe presentar una propuesta para una decisión marco sobre garantías procesales para sospechosos y acusados en procedimientos penales en la UE; siete: visto que la introducción del acervo de Schengen en la esfera de las competencias comunitarias ha permitido una mayor coordinación entre la policía y los servicios judiciales de los Estados miembros en su lucha contra el crimen organizado, es esencial que ahora demos un paso adelante, lo más rápidamente posible, para la creación del nuevo SIS II; mi octava propuesta es que debe promoverse el progreso de la cooperación policial, tal como ha señalado el Comisario Vitorino, mediante un proceso jurídico que sea menos complejo y engorroso que el Convenio Europol, y que incluya un control democrático y judicial a nivel de toda la Unión; mi novena propuesta es que debemos seguir concluyendo acuerdos de estabilización y asociación con los Estados de la región de los Balcanes Occidentales en el terreno del combate contra el crimen organizado, el poder del sistema judicial, la guerra contra las drogas, la gestión de las fronteras y la inmigración; mi décima y última propuesta es que debe supervisarse la aplicación del acervo comunitario en los países de la ampliación, especialmente en lo relativo al campo de la justicia y los asuntos interiores y la aplicación del mecanismo de Schengen y el acervo relativo al control de las fronteras exteriores. 
Acojo favorablemente el hecho de que, en su programa de trabajo, la Presidencia irlandesa considere que el desarrollo de este ámbito es su mayor prioridad y espero que podamos desarrollar una cooperación interinstitucional fructífera. 
Reconozco que la tarea que nos hemos propuesto es enorme y extremadamente ambiciosa, pero si no aumenta el ritmo ni mejora la capacidad de toma de decisiones del Consejo, llegaremos al final de este período quinquenal sin haber logrado alcanzar los objetivos fijados en Tampere. 
Por ello espero que a finales de 2004 habremos aprobado todas las medidas en las que estamos retrasados y que están incluidas entre los objetivos y calendarios que se han fijado. 
Finalmente, señor Presidente, deploramos la iniciativa adoptada por algunos Estados miembros de enviar una carta a la Comisión para persuadirla de que imponga una reducción sustancial del presupuesto de la Comunidad en las perspectivas financieras para el período 2007-2013. 
Tal como el Presidente Prodi ya ha declarado, en otros ámbitos esenciales, particularmente en la esfera de la cohesión económica y social, esto impediría a la Comisión realizar su trabajo en el campo de la Justicia y los Asuntos Interiores. 
Señor Presidente, en primer lugar, permítame felicitar al Sr. Ribeiro, porque, en este momento- como decía el Comisario Vitorino- crucial, creo que su propuesta de resolución es ambiciosa y exhaustiva. 
Me voy a centrar en dos puntos de la misma y me sumo a lo que ha dicho anteriormente, en relación al tema de los derechos humanos, la Sra. Paciotti. 
El primero es el de la cooperación en el ámbito penal, y me dirijo sobre todo al Consejo. 
No hay forma de convencer a nuestros ciudadanos de que esto no puede hacerse para mejorar la seguridad tal y como la queremos los europeos, es decir, con más cooperación, no con más represión. 
A la vez, creo que es importante que, en este momento en que estamos discutiendo la ampliación, seamos capaces de adoptar la decisión marco sobre derechos procesales. 
A mí me parece que es la otra cara de la moneda de la cooperación judicial, policial y del reconocimiento mutuo en el ámbito de la cooperación penal, y que no podemos entretenernos en este sentido. 
En relación a la política de inmigración y asilo, el Comisario hablaba de los cuatro ejes de Tampere. 
Yo estoy convencida de que son válidos y estoy convencida de que las propuestas de la Comisión los hacen avanzar en la dirección correcta, pero, cinco años después, casi al límite del mandato de Tampere, me parece que estamos en una situación de cierta confusión. 
En el vocabulario del Consejo "gestión de flujos", es decir, entrada, residencia de manera legal para trabajar en la Unión Europea, se ha convertido en sinónimo de lucha contra la inmigración ilegal. 
Ha desaparecido el concepto "gestión de flujos legales". 
En este momento el Consejo no está ni siquiera en condiciones de asumir la discusión sobre la entrada y residencia por motivos de empleo, que es el nudo gordiano de la cuestión. 
Si seguimos levantando el tono en los Consejos, si seguimos poniendo solamente las palabras "lucha contra" al lado de "inmigración" y de "ilegal" y, en cambio, no somos capaces de establecer líneas coherentes de trabajo para gestionar el conjunto de la inmigración en el siglo XXI- que es el siglo de la comunicación y de la globalización -, y dar respuestas ciertas, lo único que vamos a aumentar entre nuestros ciudadanos es la frustración. 
Entrada legal, canales de entrada, política de integración de quienes ya están aquí- a veces desde hace muchos años y seguimos llamando inmigrantes -, y relaciones con los terceros países que no se basen solo en la readmisión sino en un conjunto global de medidas que haga de la inmigración algo positivo para los países de origen y para los de destino. 
– Señor Presidente, yo también estoy satisfecha por el progreso realizado en 2003 en ámbitos esenciales como el control de las fronteras exteriores, el asilo, la inmigración y la prevención y lucha contra el crimen. 
En mi calidad de política liberal, con una profunda convicción por las libertades fundamentales en que se basan nuestras democracias, pienso también que 2003 es el momento para algunas reflexiones básicas sobre las iniciativas que ya se han aplicado y, especialmente, de aquellas que se están planificando bajo la rúbrica general de la seguridad. 
Reconozco plenamente que los ataques terroristas de 2001 son motivo para revisar y actualizar nuestra seguridad. 
Tal como yo lo veo, los ataques de 2001 fueron sobre todo ataques a los valores democráticos y las libertades fundamentales que tanto apreciamos. 
Por ello es esencial que el terrorismo no nos obligue a hacer concesiones en relación con estos valores fundamentales. 
Más específicamente, estoy pensando, por ejemplo, en el acceso directo a los datos personales de los sistemas de reserva centrales de pasajeros aéreos por parte de terceros países, la introducción de agentes de seguridad armados en los aviones y la inclusión de datos biométricos en los documentos de viaje de los ciudadanos de terceros países y en los pasaportes de todos los ciudadanos de la UE. 
Bastantes de estas iniciativas implican una amplia intrusión en el santuario de la vida privada, y plantean problemas todavía no resueltos en relación con la legislación actual sobre la seguridad de los datos y los riesgos de abuso de los mismos. 
Creo, de hecho, que es el momento de reflexionar si estas disposiciones de seguridad son o no desproporcionadas. En otras palabras, ¿cumplen las iniciativas los criterios básicos que regulan las libertades fundamentales que nosotros, por supuesto, apreciamos específicamente en la Unión Europea? 
¿Son proporcionados los beneficios de las iniciativas a su coste? 
En este ámbito me preocupa que la Comisión incluso no fue capaz de informarme, en mi calidad de ponente, sobre los datos biométricos exigidos a los ciudadanos de terceros países y sobre el número preciso de solicitantes de visado, documentos de viaje falsificados, etc. 
La cuestión que por tanto quisiera plantear al Sr. Comisario se refiere a si las iniciativas que se toman ahora con vistas a mejorar la seguridad son o no proporcionales al interés por evitar la intrusión en el santuario de la vida privada y la dignidad personal de los ciudadanos de la UE. 
– Señor Presidente, para todo aquel que ha trabajado en asuntos jurídicos en su vida profesional, el tema de este debate es muy interesante. 
La ambición ideológica del Tratado, a saber, la de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia es, por supuesto, todo menos divina. 
«Y Dios dijo “hágase la luz” , y se hizo la luz.» 
Los ideólogos de la UE han intentado durante muchos años imitar al divino creador. 
«Hágase la ley» , reza el programa. 
Los resultados, sin embargo, revelan una lamentable diferencia entre el poder divino y el tecnocrático. 
El trabajo realizado por los tecnócratas comunitarios durante un período de años con miras a hacer realidad la ideología de la libertad, la seguridad y la justicia, ha demostrado tener una sorprendente semejanza con la Torre de Babel. 
Los resultados observables y demostrables son de dos categorías: en primer lugar, el debilitamiento de los eficaces sistemas legales nacionales, y en segundo lugar la creación de un sistema legal supranacional opaco con su séquito de organismos supranacionales que escapan a toda supervisión. 
Juntas, estas dos categorías de resultados implican una gran reducción de la seguridad jurídica y, si este desarrollo continúa, el criterio de éxito que dentro de unos años podremos usar para caracterizar el proyecto comunitario será, dicho con humor negro, el de la frase: «la operación fue un éxito, pero el paciente murió». 
Para promover la justicia se han creado sistemas de control que dejan a las partes implicadas al margen de toda supervisión. 
Esto lo percibe todo aquel que ha tratado de trabajar con los sistemas de información de Schengen, los registros de Europol, etc. El grado de seguridad jurídica queda reflejado con precisión en el ámbito de los poderes de la policía y las oportunidades para el ejercicio del control democrático sobre tales poderes. 
Estas oportunidades se están reduciendo día tras día. 
La Fortaleza Europa no implica ni libertad, ni seguridad, ni justicia. 
Los ideólogos de la UE pasaron por alto dos hechos básicos de la sociología legal: en primer lugar, que los sistemas legales viables y democráticos necesitan algo más, algo que no sean frases ideológicas, acuerdos legislativos y aplicación tecnológica; y, en segundo lugar, que los objetivos perseguidos deben lograrse con los medios estrictamente necesarios. 
El exhaustivo informe de seguimiento de la Comisión publicado en noviembre de 2003 contiene una advertencia irónica, al observar que el nivel de corrupción es todavía alto, de hecho muy alto, y que esto puede tener repercusiones en la confianza de los ciudadanos en la administración pública y en el sistema judicial. 
Por supuesto. 
Entonces ¿cuál es el remedio? 
El remedio es que la Comisión ejerza una especial vigilancia. 
Con el tema de Eurostat todavía fresco en la memoria no hay duda de que es como poner al zorro a cuidar del gallinero. 
– Señor Presidente, esperaba que el discurso del Sr. Kofi Annan, que oímos la semana pasada, provocara una especie de sobresalto democrático en la Comisión, y sobre todo en el Consejo, y al final me doy cuenta de que no ha sido así en absoluto. 
Unos y otros han hecho referencia a Tampere. 
Me parece que Tampere estaba muy equilibrado desde el punto de vista del derecho y los deberes, desde el punto de vista de los estatutos y del control. 
Lo que aparece hoy bastante claro en la enumeración de las medidas, operaciones y acuerdos varios y variados que usted ha llevado a cabo, señor Presidente del Consejo, es que esas medidas se refieren única y exclusivamente a la seguridad; ahora bien, estoy extremadamente preocupada porque veo que algunos miembros del Consejo dan muestras de una imaginación auténticamente diabólica. 
Cuando oímos hablar de externalización del examen de las solicitudes de asilo, se dice realmente que no va más. 
Lo que me preocupa de verdad, es tener la sensación de que hoy, a través de las decisiones que se toman en el Consejo o en formatos más adecuados –decisiones a 5, a 5+5, depende, en todo caso en fórmulas que rara vez son claramente democráticas–, se ataca la democracia y el proyecto europeo. 
Creo que la sanción que podemos esperar de una deriva como esta es bastante clara, y por lo demás ya fue enunciada por el Sr. Annan: mañana tendremos una Europa más mezquina, más pobre, más débil y más vieja. 
Creo que es una perspectiva nada envidiable para ninguno de nosotros, para ninguno de los ciudadanos de la Unión Europea o de terceros países. 
Al pedir al Tribunal de Justicia que anule la decisión sobre el reagrupamiento familiar, el Parlamento Europeo le está indicando claramente que el Consejo ha rebasado los bornes democráticos, y creo que hay que saber entender esta advertencia muy fuerte del Parlamento Europeo hacia usted. 
Pienso asimismo que, en vez de interpretar como puede decisiones adoptadas por el Consejo que en el fondo no aprueba verdaderamente, la Comisión haría mejor en interpretarlas consultando a las ONG interlocutoras. 
Haría muy bien, con el conjunto de las asociaciones, la sociedad civil europea y todos los diputados que defienden los derechos, los convenios internacionales y la democracia, en suscitar realmente ese sobresalto que permita que todas las decisiones se tomen a partir de ahora con el espíritu de codecisión parlamentaria que se desea en el proyecto de Constitución. 
– Señor Presidente, es lamentable que actualmente el espacio de libertad, seguridad y justicia esté planteando más dudas que certezas. 
Con la adhesión de diez nuevos Estados miembros dentro de unas semanas, esto es preocupante. 
La Fortaleza Europa, desafortunadamente, es solamente una fantasía política de la izquierda. 
En los últimos años se ha hablado mucho de política común de asilo e inmigración y de cooperación en materia de justicia penal y policial, pero hasta ahora los resultados han sido poco concretos. 
De hecho, se ha mencionado en algunos ámbitos la palabra «retroceso». 
Me viene a la cabeza, por ejemplo, la garantía de los derechos fundamentales. 
En este momento se presta mucha atención a la forma en que los futuros Estados miembros tratan este tema, y con razón, mientras por otra parte en Bélgica se está cercenando la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación. 
Se está abusando de la lucha contra el llamado racismo para amordazar al partido opositor más importante de Flandes y cortar de raíz toda crítica de la fallida política de integración. 
En unas semanas, cuando los demás partidos inicien sus campañas electorales, el deberá enfrentarse ante los tribunales a un organismo gubernamental que está directamente bajo la competencia del Primer Ministro, para defender su derecho a la existencia. 
Tenemos derecho a preocuparnos cuando en Rusia desaparece un candidato a la presidencia. 
Pronto, en Bélgica, el llamado corazón de la Unión Europea, todo un partido corre el riesgo de desaparecer, un partido que cuenta con cincuenta diputados y que, según las últimas encuestas, está respaldado por el 20% del electorado. 
Todo ello bajo los auspicios de un Primer Ministro que aspira a convertirse en Presidente de la Comisión. 
Pueden darse cuenta de que este tipo de Europa no gozará de la aprobación de la mayoría de sus ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, al final de la legislatura de cinco años, como se prevé en el Tratado de Ámsterdam y en la importante Cumbre de Tampere para la adopción de medidas que llevan a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, y sobre la base de lo realizado hasta ahora, quisiera, en calidad de presidente de la Comisión de Libertades, hacer un ejercicio de evaluación y de reflexión hacia el futuro de este permanente desafío. 
Yo diría, como evaluación general, que no habría que transmitir una sensación negativa de lo realizado hasta ahora, a pesar de que, por ejemplo, muchos de los avances se deben únicamente a crisis como la del 11 de septiembre y a pesar, también, de que en el particular campo del asilo y la inmigración todavía no hayamos sido capaces de encontrar soluciones satisfactorias. 
Todas las medidas de desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia afectan muy directamente a la soberanía de los Estados miembros, por lo que las reticencias y las dificultades son, en cierta medida, lógicas. 
A la vista del camino recorrido y, sobre todo, para seguir avanzando, ¿por qué no plantearse ya un segundo programa de Tampere? 
Parece que esto puede ser así- por lo que he oído decir al Sr. Comisario- y es el sentimiento también de esta Cámara. 
Es más, le sugiero que este nuevo programa se enmarque en tres ideas claves: legitimidad, eficacia y solidaridad. 
En primer lugar, la legitimidad de las acciones emprendidas, cuyo único fundamento, desde mi punto de vista, debiera ser la protección y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, para lo cual la intervención del Parlamento Europeo es de vital importancia. 
Me pregunto: ¿ha sido este el motor de todas las medidas adoptadas o, por el contrario, se ha tratado más bien de un ejercicio de defensa de los intereses nacionales de los Estados miembros dejando, en numerosas ocasiones, de lado al Parlamento o transmitiéndole tarde todos los textos sobre los que se debe pronunciar? 
Lamentablemente, señor Presidente, la realidad demuestra que la segunda hipótesis es la correcta. 
Muestra de ello es el débil papel que el Parlamento Europeo desarrolla en materias clave como son, por ejemplo, el acuerdo de cooperación judicial con los Estados Unidos o el programa de lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada, donde la falta de consulta al Parlamento demuestra una ausencia de transparencia en la toma de decisiones y la relegación a un segundo plano del auténtico representante de los ciudadanos europeos. 
No obstante, es de justicia reconocer que hay algo en lo que tanto el Parlamento como la Comisión y el Consejo han demostrado una gran determinación y consenso: la lucha contra el terrorismo. 
En segundo lugar, un elemento importante de reflexión giraría en torno a la eficacia de las medidas adoptadas. 
Es indudable que el método de toma de decisiones utilizado hasta ahora nos ha llevado a una situación un tanto esquizofrénica. 
Por ello son tan importantes todas las modificaciones que se han incorporado al proyecto de Constitución europea para evitar esta situación. 
Un último punto es la solidaridad, que quizás es la carencia más grave que se está dando en estos momentos entre la mayoría de los Estados miembros. 
Señor Presidente, lo peor de esta estrategia es que ignora la realidad objetiva. 
En un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, de nada sirve empecinarse en defender estrictas posiciones nacionales contra otros Estados miembros si los efectos de la política que los unos adoptan repercuten directamente en los otros. 
Europa es un proyecto común. 
El espacio que debatimos es un proyecto común. 
Avancemos juntos y, sin lugar a dudas, los resultados nos beneficiarán a todos. 
– Señor Presidente, limitaré mis observaciones al ámbito de la migración legal, un tema que han tratado el Sr. McDowell y el Comisario Vitorino, y que han retomado también varios colegas. 
Estoy de acuerdo con gran parte de lo que ha dicho antes la Sra. Kaufmann al hacer referencia al discurso de Kofi Annan ante el Parlamento Europeo hace algunos días. 
El Sr. McDowell ha hablado antes acerca de la reunificación familiar y de permitir la entrada de migrantes a efectos de estudios y formación. 
Pero esta es solo una parte de la cuestión de la migración legal. 
Por otra parte, en los últimos años el Comisario Vitorino ha intentado impulsar una agenda más imaginativa con un marco más amplio. 
Creo firmemente que sin un sistema de migración legal dentro de la Unión Europea –algo como el sistema de carta verde que han puesto en marcha los Estados Unidos– seguiremos enfrentándonos al desafío de la inmigración ilegal con todos sus problemas. 
Seguiremos enfrentándonos a los difíciles problemas de las bandas de traficantes y todos los crímenes asociados, por no hablar de la continua escasez de mano de obra en industrias clave, tanto cualificada como no cualificada. 
Salvo que haya pasado por alto un punto clave, no creo que exista una alternativa a una migración legal planificada. 
Pero asimismo estoy absolutamente convencido de que hay que hacerlo de una manera que sea positiva tanto para los países de la UE como para los países de origen. 
No es aceptable admitir únicamente a los trabajadores cualificados procedentes de países menos desarrollados, ni tampoco es aceptable que los países ricos de la UE digan que aceptarán migrantes para que hagan los trabajos desagradables y sucios que ellos no están dispuestos a hacer. 
Por ello pido al Comisario y al Consejo que sigan esforzándose en este trabajo muy difícil en un ámbito muy importante, un programa estructurado para la migración planificada para una Unión Europea de 25 países y más. 
– Señor Presidente, en un futuro cercano los ámbitos de libertad, seguridad y justicia serán particularmente cruciales a la vista de los diferentes enfoques que tienen los Estados miembros actuales y futuros sobre estos problemas. 
Se colocarán trabas en la vía de la cooperación operativa real entre los organismos encargados de la aplicación de la ley a nivel europeo. 
Se necesita un sistema genuino y adecuado para derrotar a las bandas y las organizaciones criminales. 
Parece que la ley italiana, que abole de hecho las garantías internacionales, se ha hecho con la intención de impedir que los que están en el poder tengan que responder a preguntas que les parezcan embarazosas, como el cuestionable uso de paraísos fiscales, la exportación ilícita de capitales y la participación en empresas de conveniencia extraterritoriales. 
Tal como están las cosas, mi país todavía no ha ratificado la orden de detención europea. 
Tras un período de casi cinco años, el intento de racionalizar los procedimientos de extradición está muy lejos de obtener resultados tangibles. 
Una comprensión más clara del problema de la justicia exige una observación preliminar sobre la independencia de los tribunales. 
En Italia, actualmente, hay deseos de volver a la cultura jurídica y política de la Edad Media, superada definitivamente en el mundo occidental con la abolición de las inmunidades y privilegios, sancionada en 1789 por los Estados Generales franceses. 
Actualmente se ha cuestionado la separación de poderes del Estado moderno, primero con la aprobación de leyes de derecho consuetudinario, y después con leyes constitucionales que las personas intentan hacer pasar por leyes de derecho consuetudinario, lo que significa que no están sujetas a mayorías cualificadas ni a segundas lecturas. 
En el fondo de ello está el intento desestabilizador de subordinar los tribunales al ejecutivo, cosa que vemos hacer al Gobierno italiano diariamente con medios indignos de un Estado civil. 
¿Por qué hago acusaciones tan graves en el Parlamento Europeo? 
Creo que la democracia no puede exportarse, pero es algo que puede vivirse y cuanto más la vivimos juntos, más fuerte la hacemos. 
Para que mi país pueda superar este tiempo difícil, todas las instituciones europeas deben seguir muy de cerca lo que está pasando en Italia. 
Lo que está pasando puede dar un mal ejemplo que podría exportarse muy fácilmente a otras partes. 
– Señor Presidente, el debate de hoy sobre las cuestiones de libre circulación de las personas, la seguridad y la justicia adquiere, como todos los años, un cariz marcadamente jurídico. 
Se hace la lista de los textos en preparación, y se lamenta, como de costumbre, que las ideas de la Comisión no avancen lo bastante rápido. 
Quisiera plantear la cuestión de otra forma, y volver a la realidad. 
¿Cuál es el resultado constatado sobre el terreno de las medidas ya adoptadas? 
Pienso evidentemente en la armonización en el sentido más laxo y en la abolición de los controles en las fronteras interiores. 
Pues bien, Señorías, los resultados de esta abolición son catastróficos, tanto por el aumento de la inmigración ilegal como por el de todo tipo de tráficos, desde la droga hasta el proxenetismo. 
La combinación de la falta de control con la inmigración ilegal está convirtiendo a Europa en un vivero privilegiado para el terrorismo. 
El Comisario Vitorino me responderá sin duda que esta es la prueba de que hay que ir más lejos en la comunitarización. 
Pues bien, no, señor Comisario, porque la comunitarización desconectaría aún más el sistema de los pueblos y debilitaría aún más los imperativos de seguridad. 
En este contexto, vemos llegar con preocupación la fecha del 1 de mayo de 2004, que va a dar nuevos poderes a la Comisión, relanzar el proceso de nuevas armonizaciones a la baja y continuar el establecimiento de un sistema alejado de las personas. 
No obstante, algunos Estados parecen dar muestras, en los últimos tiempos, de una nueva lucidez: ponen freno a los textos laxos, por ejemplo el estatuto de los refugiados y la protección subsidiaria. 
Los felicito por proteger así a sus ciudadanos y les aliento a continuar de ese modo, porque las decisiones de Ámsterdam y Niza han sido, en este ámbito, irresponsables. 
Hay que cambiar por completo de prioridad, detener las armonizaciones que reducen nuestra protección y poner la seguridad en primer término. 
– Señor Presidente, he seguido con gran interés este debate, que intenta hacer una evaluación no solo de este año, sino de la legislatura en su conjunto en relación con el ámbito de libertad, seguridad y justicia. 
Es una evaluación difícil de hacer porque encierra muchos aspectos: por un lado están los aspectos jurídicos y políticos, y por otro el aspecto social, en el que es preciso progresar. 
El aspecto político implica la voluntad de los Estados miembros; el aspecto jurídico se basa en los instrumentos consagrados en el Tratado; en cuanto al aspecto social, no tiene absolutamente ninguna base lógica por cuanto viene dictada por el desarrollo continuo del marco en el que se va a aplicar el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. 
En vista del tiempo que tengo disponible, trataré sobre todo del aspecto político. 
La mayoría de los Estados miembros, desafortunadamente no todos, tienen la intención declarada de ampliar y consolidar el espacio de libertad, seguridad y justicia en respuesta a un deseo explícito cada vez mayor por parte de los ciudadanos europeos de allanar el camino a la solidaridad y ampliar los ámbitos de cooperación en relación con la recepción de nuevas oleadas de inmigrantes, resolviendo las incoherencias todavía existentes con respecto al reconocimiento del derecho de asilo, la ciudadanía y el establecimiento en cualquier país de la UE. 
Me complace que esta actitud pueda rastrearse hasta el tremendo incentivo proporcionado por las demandas contenidas en la Carta de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos europeos, que se lanzó en Niza en 2000 y espera ser incluida en la Constitución. 
Es un documento que puede compararse con el buen vino: al principio no produce una gran impresión, pues parece bastante débil e imperfecto, pero, con el paso del tiempo, emerge la calidad intrínseca del texto en el que encontramos puntos de referencia precisos para todas las elecciones y medidas que se nos exigen en esta difícil fase de nuestra historia. 
Con la aprobación en segunda lectura de la Directiva sobre la libre circulación de los ciudadanos comunitarios, sus derechos y responsabilidades, de la que soy ponente, se dará un nuevo paso adelante. 
Comprende un gran número de medidas que deben consolidarse para que podamos superar efectivamente las nuevas tareas que nos ha impuesto la llegada cada vez más numerosa y caótica de ciudadanos de terceros países. 
Con respecto al informe en cuestión, señor Presidente, señor comisario, la comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha fijado el 18 de marzo como la fecha para su aprobación. 
Casi todos los grupos políticos han aceptado la solicitud del ponente de no presentar enmiendas al texto planteado por el Consejo, en el que solo se incluye el 50% de las peticiones del Parlamento. 
También se ha logrado un acuerdo con la Comisión en ese aspecto. 
Estamos convencidos de que la Directiva, aunque no sea perfecta, debe aplicarse durante el mandato actual, prefiriendo ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío: en otras palabras, mejor lograr la mitad de lo reclamado que diferirlo indefinidamente. 
Esperemos que el Consejo sepa apreciar esta posición responsable de modo que los ciudadanos reciban al menos la parte de las reformas contenida en el texto y que constituye, en cualquier caso, un importante paso adelante para otorgar sustancia legal y dignidad política a la condición de ciudadano europeo. 
– Señor Presidente, señor Comisario, sin duda Tampere fue un hito importante y un punto de partida para la creación de un espacio europeo común de libertad, seguridad y justicia. 
Nos parece que, a medida que el plazo fijado se acerca, el vaso está a la vez medio lleno y medio vacío. 
Sin duda se ha avanzado a pesar de las difíciles condiciones que las distintas culturas y enfoques de los Estados miembros crearon en el Consejo. 
En lo relativo a la política de inmigración se han hecho progresos significativos en el Consejo Europeo de Salónica, tal como usted ha mencionado, señor Comisario; sin embargo, parece que la cuestión del reconocimiento de los derechos y la integración social de los inmigrantes no ocupa un lugar destacado en nuestra agenda política. 
Y sin duda esto no está en consonancia con todo lo que decimos sobre una Europa de valores humanitarios y respeto de los derechos humanos. 
La directiva sobre reagrupación familiar, tal como la ha redactado el Consejo, es esencialmente prohibitiva y creo que es importante que el Parlamento Europeo acuda al Tribunal de Justicia con respecto a la cuestión del contenido de la Directiva. 
En lo que se refiere al asilo, señor McDowell, señor Comisario, deseo enviar mis condolencias al Consejo por no haber sido capaz de aprobar las dos directivas sobre la definición de refugiados y los procedimientos para otorgar y revocar la condición de refugiado, que fueron también asuntos que la Presidencia griega hizo avanzar. 
Entretanto es un hecho bien conocido que de un extremo al otro de la Unión Europea se ha hecho trizas la Convención de Ginebra sobre los refugiados. 
En lo relativo a la lucha contra el crimen organizado internacional, pienso que no se ha avanzado en este sector si tenemos en cuenta que cada día se envían miles de mujeres y niños a la Unión Europea con el fin de explotarlos sexualmente. 
Creo que este error se debe a la ausencia de cooperación operativa esencial entre las autoridades policiales de los Estados miembros para combatir este fenómeno, que es un insulto a nuestra civilización. 
De modo similar, los esfuerzos de la Presidencia irlandesa por cerrar el asunto de la creación de una base de datos personales de los inmigrantes con elementos biométricos, como huellas dactilares y fotografías digitales, creará, pienso, serias discrepancias en lo relativo al respeto y el control de la gestión de los datos personales. 
Espero, señor Comisario, que se presenten nuevas ideas y una nueva estrategia para Tampere II. 
– Señor Presidente, a pesar de las muchas medidas que la Unión Europea ha adoptado, desde las competencias de Europol hasta la creación de una orden de detención europea, me doy cuenta de que, básicamente, se han obtenido pocos resultados, si es que se ha obtenido alguno, en el espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Las estadísticas muestran que la criminalidad ha aumentado en varios Estados miembros. 
Además, el crimen se está caracterizando cada vez más por agresiones cada vez mayores, lo que aumenta la percepción pública de falta de seguridad. 
Desafortunadamente ya no es excepcional que se asesine o se hiera gravemente a ciudadanos inocentes durante un asalto. 
Sin duda, ahora, con la ampliación a la vuelta de la esquina, los angustiados ciudadanos tienen derecho a preguntar si la Unión Europea puede ofrecer garantías suficientes para salvaguardar su seguridad. 
Son los mismos ciudadanos que tienen que contentarse con contemplar cómo la acción policial es insuficiente para frenar este comportamiento delictivo cada vez más descarado. 
Es sumamente importante que la Comisión proponga medidas para aliviar este inconveniente particularmente doloroso. 
Después de todo, la principal tarea de un Gobierno es la de garantizar la seguridad de sus ciudadanos en cualquier circunstancia. 
Puesto que se piensa ampliar considerablemente las fronteras exteriores de la UE, se trata sobre todo de si los nuevos Estados miembros tienen capacidad suficiente para servir de barrera contra la inmigración no deseada y contra la inmigración ilegal. 
Es un asunto cada más candente dentro de la UE, a resultas del cual la política de integración, que debe aprobarse, está siendo socavada. 
De hecho, ¿a qué estamos esperando para aplicar un plan de acción global con la intención de expulsar a todos los inmigrantes ilegales del territorio de la UE? 
Porque mientras no tengamos un control firme de la inmigración ilegal, no habrá un espacio real de libertad, seguridad y justicia. 
– Señor Presidente, los objetivos fundamentales de la Unión incluyen la garantía de un espacio de libertad, seguridad y justicia para sus ciudadanos. 
Desafortunadamente todavía estamos muy lejos de la aplicación de este objetivo. 
Los ciudadanos de la Unión deben poder circular libremente dentro de la UE y al mismo tiempo tenemos que redoblar la lucha contra el crimen. 
Los mayores desafíos son la prevención del crimen, la garantía de la seguridad de las fronteras exteriores y la plena aplicación de Schengen. 
El Convenio de Schengen es un importante paso adelante en el ámbito de la libre circulación. 
Debe prestarse especial atención a la seguridad de las fronteras exteriores cuando estamos a un paso de la ampliación. 
Tan pronto como la adhesión se produzca, los nuevos Estados miembros podrán participar en la primera fase del proceso de Schengen que los preparará para convertirse en miembros plenos de Schengen. 
Durante la primera fase todavía habrá controles fronterizos internos en las fronteras entre los nuevos y los antiguos Estados miembros. No podrán eliminarse hasta que los controles de las nuevas fronteras exteriores de la Unión alcancen el nivel necesario. 
La actualización del sistema de información de Schengen debe acelerarse de modo que ningún posible defecto técnico de los sistemas de información de la Unión impida a los nuevos Estados miembros pasar a la segunda fase. 
Deben aumentarse los niveles de cooperación entre las autoridades de los Estados miembros de la UE en la prevención y la lucha contra el crimen. 
La cooperación basada en convenios ha quedado anticuada y constituye un proceso lento en la UE actual. 
Los Estados miembros firman y ratifican convenios según su propio ritmo, si es que lo hacen. 
La aplicación de un convenio desde el momento de su negociación puede tardar varios años. 
Entretanto los inconvenientes en los niveles de cooperación y el flujo de información entre las autoridades son un obstáculo para resolver y prevenir el crimen de forma eficaz. 
La Unión debe desarrollar nuevos instrumentos legales para hacer frente a las actuales demandas sobre cooperación entre Estados miembros de forma más eficaz. 
La cooperación entre las autoridades policiales, aduaneras y de control de fronteras no han avanzado de la forma esperada. 
Necesitamos ahora iniciativas y acciones por parte de los Estados miembros y la Comisión para lograr mejores niveles de coordinación. 
La UE en su forma actual ofrece el potencial para una cooperación más plena. 
Juntos podemos hacer más si en los Estados miembros existe la voluntad de luchar contra el crimen. 
– Señor Presidente, en realidad, el Consejo es el único culpable del retraso en la adopción de medidas fundamentales en el campo del asilo y la inmigración. 
Recordamos la propuesta de una directiva sobre la concesión de la condición de refugiado, que debía haberse aprobado mucho antes de finales de 2003, pero no se trata, desafortunadamente, de un caso aislado. 
Debemos hablar también del objetivo general de crear las condiciones para una entrada ordenada en la Unión Europea de aquellos que no disponen de protección internacional, pero el hecho es que otra directiva importante sobre los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para otorgar la condición de refugiado finalmente cayó en el olvido. 
El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 27 y 28 de noviembre abandonó la búsqueda de un acuerdo político sobre estos dos instrumentos legislativos que son cruciales para la primera fase de armonización del sistema de asilo común, y decidieron posponer su adopción hasta finales de 2004. 
Afortunadamente no todo ha terminado en inercia o en un punto muerto. 
Debemos ensalzar la actitud de la Comisión y el compromiso del Comisario Vitorino, plasmados en la propuesta de un reglamento por el que se establece un programa de asistencia técnica y financiera a terceros países en los ámbitos de la migración y el asilo, un instrumento que nos permitirá abordar las necesidades apreciadas por estos países en su esfuerzo por asegurar una mejor gestión de los flujos migratorios. 
Tampoco debemos pasar por alto el hecho de que el proyecto de Constitución de la Convención Europea prevé un auténtico sistema de asilo común europeo y una política de inmigración que nos permitirá abandonar el sistema actual de normas mínimas en el que los Estados miembros mantienen gran parte de sus sistemas nacionales. 
Desafortunadamente, incluso este ámbito histórico esencial está comprometido y por ello solo podemos concluir que 2003 fue un año en el que se tomó conciencia vivamente de las necesidades y se previeron los medios adecuados, y en estos ámbitos la Comisión y el Parlamento hicieron lo que se les pidió. Sin embargo, también fue un tiempo que adoleció de hipocresía, dudas y bloqueos que las estrategias nacionales y los prejuicios ideológicos impusieron sobre la capacidad de decisión del Consejo. 
Señor Presidente, como se ha dicho aquí, a lo largo de esta mañana, este es el último debate de esta legislatura sobre el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y coincide, además, con la cercanía a la fecha del 1 de mayo, en la que se modifican algunos aspectos del Tratado, como consecuencia de lo adoptado en el Tratado de Niza, y se incorporan diez nuevos países a la Unión Europea. 
El artículo 6 del Tratado de la Unión establece que esta se basa en principios de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, así como al Estado de Derecho, común a todos los Estados miembros. 
Creo que no debemos garantizar simplemente que sean los Estados quienes cumplan estos principios, sino que, como Unión Europea, debemos convertirnos en garantes del respeto de esta libertad y del cumplimiento del Estado de Derecho. 
Además, contamos hoy con el apoyo de los ciudadanos europeos, que cada vez nos piden más Europa, que nos piden que Europa sea no solamente un gran mercado, sino, además, un lugar más seguro, más libre y más justo. 
Provengo de un país donde el terrorismo es una de las grandes lacras y donde algunos de los principios que se establecen en el artículo 6 no son cumplidos. 
La banda terrorista ETA nos impide a algunos hablar con libertad, actuar con libertad y hacer política con libertad. 
ETA y su entorno limitan nuestra libertad y atentan gravemente contra el Estado de Derecho. 
Y desde el Estado de Derecho, junto con la justicia y la policía, podremos luchar contra la lacra del terrorismo. 
Hoy ya no podemos decir que el terrorismo sea un problema local, sino que es un problema global, que nos afecta a todos, que afecta también a la Unión Europea. 
Sin duda, la aplicación de la "euroorden", la inclusión de las organizaciones terroristas en listas europeas reconocidas por todos, la definición del delito del terrorismo son algunos de los grandes logros de Europa en la creación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y en la lucha contra el terrorismo. 
Y es que nuestra victoria en esta lucha dependerá de nuestra firmeza, del respeto y la aplicación del Estado de Derecho y de la aplicación de todos los mecanismos que nos permite la ley. 
No será por vía de la negociación o de la ambigüedad como venceremos al terrorismo. 
El terrorismo es un ataque a la democracia y tendremos que vencerlo con más democracia. 
En relación con las víctimas también se ha avanzado mucho en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, y este propio Parlamento, en estos últimos años, ha concedido un premio a organizaciones de defensa de las víctimas del terrorismo. 
Refiriéndome concretamente al informe del Sr. Ribeiro e Castro, querría, en primer lugar, felicitarle por su informe y felicitar también al Sr. Comisario, por el esfuerzo que ha hecho en estos años en la creación de este Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Creo- y destaco algunos de los aspectos que aparecen en el citado informe- que todos debemos luchar para que las decisiones marco sean incorporadas lo antes posible al ordenamiento jurídico de los Estados miembros y no debemos permitir que la distinta aplicación- como dice su informe- del Derecho en los Estados miembros se convierta en un tratamiento desigual a los ciudadanos europeos. 
Por lo que se refiere a Europol y a la cooperación policial europea, ese es también un aspecto importante de la lucha contra el terrorismo y aquí también debemos avanzar en la cooperación. 
Por último, quiero añadir que, en el próximo Tratado constitucional, que estoy seguro de que no tardará mucho tiempo en ver la luz, debemos avanzar en la creación de este Espacio y- como dice el informe citado- eliminar la estructura de los pilares, aumentar el número de decisiones que se tomen por mayoría cualificada y, contando con la participación de este Parlamento, reforzar el derecho de iniciativa de la propia Comisión y reforzar el papel de los Parlamentos nacionales. 
Sin duda la Unión debe garantizar la libertad a todos sus ciudadanos y la lucha contra el terrorismo es la garantía de que esta Unión Europea sea más justa y más libre. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, al hacer balance de nuestros logros en 2003, creo que es necesario decir, señor Vitorino, que tenemos una deuda de gratitud con usted no solo por 2003, sino por los últimos cinco años. 
Dado que estamos debatiendo hoy esta cuestión, y que pronto llegaremos al final de esta legislatura, es justo decir que hemos logrado mucho trabajando con usted. 
No solo le hemos exigido cosas a usted en su calidad de Comisario, sino que usted también nos ha exigido a veces cosas a nosotros en nuestra calidad de Parlamento. 
Por esta razón podemos decir que todos juntos hemos logrado mucho con las disposiciones actuales, teniendo en cuenta lo difícil que es lograr algo con esas disposiciones cuando tienes 15 Estados miembros con 15 puntos de vista diferentes. 
Existen por supuesto muchos problemas. 
Todavía no hemos podido realmente combatir el contrabando de personas. 
No hemos logrado detener a las bandas de tipo mafioso que operan en este ámbito y esta es la razón por la que muchas víctimas mueren todavía. 
Sin duda tenemos que mejorar todavía más la cooperación policial. 
Debemos mejorar las medidas internacionales para poder resolver este problema de forma más eficaz en los países de origen. 
Pero por supuesto necesitamos también, en última instancia, una política de inmigración común de modo que no haya lagunas que las bandas de contrabandistas de personas puedan aprovechar. 
No podemos ignorar el 11 de septiembre de 2001. 
El terrorismo es realmente un enorme dolor de cabeza para nosotros. 
En este ámbito particular necesitamos pensar en cómo emprender acciones más eficaces en el futuro utilizando Europol y Eurojust y pensar qué medidas organizativas urge adoptar en este terreno. 
No debemos olvidar, sin embargo, que en todos estos ámbitos no deben pasarse por alto la protección de los datos y los logros de los derechos civiles. 
En este sentido, señor Comisario, deseo expresar mi sincera gratitud por todo lo que ha hecho hasta ahora. 
– Señor Presidente, yo también quiero dar la bienvenida al Ministro McDowell en la Asamblea. 
Quiero retomar algunos pequeños puntos, dado que estamos llegando al final del debate, y muchos de los puntos que quería plantear ya han sido tratados. 
En lo que respecta a la referencia del Sr. Evans sobre la migración legal, con la que estoy plenamente de acuerdo, me enorgullece y me complace que Irlanda sea uno de los únicos dos países de Europa que no haya levantado barreras a la circulación de trabajadores de algunos de los nuevos países candidatos que vienen a trabajar a nuestro país, como muchos de ellos están haciendo ya. 
Mientras escuchaba cómo el Comisario y el Ministro enumeraban la legislación que ya se ha establecido, en especial en el ámbito de la inmigración y el asilo, sé que ambos son hombres de buen corazón, pero en la descripción de toda la legislación parecía faltar en cierta forma la cualidad de la compasión. 
Es preciso reconocer y celebrar la contribución que han hecho a la vida en muchos de nuestros países quienes han venido a vivir entre nosotros. 
De hecho, señor Ministro, cuando pienso en ello pienso en mi peluquería, en la misma circunscripción que la de usted. 
La calidad del servicio y la alegría y todo lo demás en nuestra pequeña peluquería, donde vamos las señoras de mediana edad para que nos peinen, ha mejorado mucho gracias a jóvenes estudiantes de China que trabajan allí; todas hacemos cola para que nos laven el pelo. 
Aunque esto pueda parecer trivial en el contexto de las cuestiones serias que tratamos hoy, es algo que hemos de celebrar. 
No todo son cuestiones criminales negativas; también hay una considerable contribución a la calidad de vida. 
Se han mencionado, en especial el Comisario lo ha hecho, algunos de los ámbitos jurídicos civiles que se han resuelto en el último año, muchos de los cuales contribuyen considerablemente a la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 
El ámbito que merece en especial mi atención es la protección de los niños, así como la cuestión según el Convenio de Bruselas II del acceso a los niños y la custodia de los niños en las disputas entre los padres. 
Sé que no se hace a menudo en esta Asamblea, pero no puede dejar de referirme a las dificultades que estoy teniendo con la República Federal de Alemania en muchos casos, especialmente en lo referente a que los padres tengan acceso a sus hijos, que han vuelto a vivir legal o ilegalmente a Alemania. 
Tenemos situaciones en que, por ejemplo, resulta perfectamente fácil y legal que un padre que tenga la custodia en Alemania cambie el apellido de sus hijos –los niños suelen llevar el apellidos del padre– sin hacer referencia alguna al padre. 
Los apellidos se cambian legalmente, lo cual causa mucha angustia a los padres, a quienes en muchos casos se deniega asimismo el acceso a sus hijos, tanto legalmente como a través de los servicios sociales. 
Por desgracia, a pesar de los grandes esfuerzos que he realizado yo y muchos otros, estos padres tienen muchas dificultades para acceder a sus hijos. 
Aunque el Comisario piensa que este tipo de legislación no se comenta a menudo en la prensa, he de decir que esta cuestión particular sí ha encontrado eco en la prensa; es una cuestión que preocupa de verdad a la gente y comprende un elemento de justicia que hay que reconocer. 
Señor Comisario, por último, ¿podría usted escuchar la voz de su conciencia y ver si no puede hacer algo por mejorar nuestras relaciones con los países no adheridos al Convenio de La Haya, hacia los cuales aún se siguen secuestrando a muchos niños? 
Señor Presidente, este es uno de los debates que más interesa hoy a los ciudadanos europeos. 
Desde entonces, la Comisión y el Parlamento han realizado un esfuerzo para ordenar y dar forma a lo que debería llegar a ser una política común en materia de inmigración y asilo. 
Desde la Comisión de Desarrollo hemos venido reclamando la necesidad de lograr una mayor integración de nuestras políticas de cooperación, dentro de la acción exterior de la Unión, con los países de origen de los flujos migratorios, para así avanzar en una gestión más eficaz de esos flujos. 
Sin duda, es necesario el reforzamiento de políticas de fronteras más eficaces, pero solo con ello no conseguiremos nuestros objetivos. 
Es necesario lograr una recíproca confianza y la colaboración con los países de origen para resolver las causas de los movimientos migratorios, así como una mejora e incrementación de los instrumentos de lucha contra la pobreza, verdadera causa de la inmigración desde los países en desarrollo. 
Para ello, los acuerdos de cooperación deberán reflejar el compromiso de las partes de asumir sus responsabilidades en materia de lucha contra las mafias, que, a ambos lados de esas fronteras, obtienen los mayores beneficios en la explotación de seres humanos, la más reciente y sofisticada forma de esclavitud. 
Esas acciones deben servir, al mismo tiempo, para movilizar la creación de riqueza como elemento clave al servicio del codesarrollo. 
Esa nueva versión de la esclavitud que es el tráfico ilegal de inmigrantes fomenta la explotación laboral, la corrupción y la infiltración de personas que pueden poner en riesgo la seguridad. 
Para terminar, quiero señalar que, durante el último año, ha cobrado especial notoriedad el volumen de los enormes flujos económicos que representan las remesas de dinero de los inmigrantes hacia sus países de origen. 
Sin duda, en este último año hemos comenzado a dar algunos pasos y agradezco al Comisario, Sr. Vitorino, sus valiosas aportaciones, pero, por desgracia, queda todavía un largo camino por recorrer. 
. Señor Presidente, quiero dar mis más sinceras gracias a los diputados a este Parlamento por el honor que me han hecho al escucharme hoy y también por la muy extensa y amplia gama de opiniones que han expresado aquí. 
No estoy de acuerdo con todas las opiniones, pero he escuchado con atención el debate y soy consciente del hecho de que si tuviera que mencionar a todas las personas que han intervenido, agotaría por completo el poco tiempo del que dispongo, por ello abordaré las cuestiones muy importantes que muchos de ellos han planteado y los temas muy importantes que se han repetido en las intervenciones. 
En primer lugar, en relación con la cuestión central en diversas contribuciones –si miramos hacia atrás o hacia delante–, la humilde tarea de la Presidencia irlandesa es completar en la medida de lo posible los temas pendientes de la agenda. 
Será el Comisario Vitorino quien en el Consejo de junio ofrezca su mirada retrospectiva sobre lo que se ha logrado en el periodo de tiempo contemplado en el Tratado de Ámsterdam y crear el escenario, si lo desea, para la agenda de Tampere II, cuyo proceso inicial se desarrollará bajo la Presidencia neerlandesa. 
Por el contrario, para Irlanda y su Presidencia se trata de abordar las cuestiones aún pendientes de la agenda y concentrar sus esfuerzos en ellas. 
Se ha mencionado el lento progreso en relación con los dos principales imperativos de Ámsterdam: las Directivas relacionadas con el asilo. 
Será una tarea considerable asegurar el acuerdo necesario para completar estas dos medidas. 
En relación con una de ellas –la Directiva sobre los procedimientos de asilo–, tengo que decir que aunque obtenga un acuerdo político sobre esta cuestión antes del 1 de mayo, mi sucesor tendrá que volver al Parlamento Europeo entrante para conseguir la codecisión necesaria. 
Por ello, no quiero crear expectativas poco realistas sobre lo que se puede conseguir. 
Sin embargo, en relación con todas estas medidas, ha transcurrido mucho tiempo, y estoy de acuerdo con diversos diputados que expresan su frustración por el hecho de que, a nivel político, no se hayan cumplido los plazos establecidos en Ámsterdam y Tampere. 
En inglés hay un refrán que dice: «puedes llevar a un caballo hasta el agua, pero no puedes obligarle a beber». 
Este es uno de los problemas. 
Has de decidir si existe la voluntad política. 
¿Están dispuestas las personas a cumplir los mandatos que, en un arranque de entusiasmo, pueden adoptar en una reunión del Consejo? 
¿Están dispuestas a hacer el trabajo político básico para lograr la aplicación de las agendas que han creado ellas mismas? 
Un segundo punto acerca del espacio de libertad, seguridad y justicia es este: no se trata de una agenda represiva, sino alentadora. 
Quiero hacerme eco de las contribuciones que nos han recordado que la lucha contra el crimen, por ejemplo, es una lucha positiva para reforzar y reivindicar los derechos de las personas que de otro modo serían víctimas del crimen. 
Por consiguiente, no se trata de que los Ministros de Interior o los Ministros de Justicia se reúnan en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior para idear nuevas medidas represivas, sino de la otra cara de la moneda, que se refiere a los derechos de los individuos y el derecho a gozar plenamente de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Me hago eco de lo que han dicho el Sr. Collins, el Sr. Beysen y otros sobre la importancia de la cooperación práctica. 
Los terroristas no temen una decisión marco. 
Los terroristas no temen algunos de los resultados de decisiones sobre el terrorismo, como penas reforzadas para los que han sido condenados. 
Lo principal que puede hacer la Unión Europea en relación con el terrorismo no tiene que ver con el papeleo, sino con el ámbito de la cooperación pragmática, concreta y diaria entre las diversas agencias en los Estados miembros y las agencias europeas, para asegurarse de que la plaga del terrorismo no destruya el espacio de libertad, seguridad y justicia que estamos construyendo. 
Así pues, nunca podemos limitarnos a considerar estas cuestiones sobre una base legislativa o de política de papel. 
También hemos de mirarlas desde un punto de vista pragmático, concreto y cooperativo. 
Lo mismo se ha dicho en relación con Europol. 
Es preciso hacer que esta agencia funcione, y no plantearnos una y otra vez ante quién ha de rendir cuentas, para que sea el motor de la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo. 
A veces existe el peligro de que sigamos las políticas del Libro del Génesis: que se haga la luz, y la luz se hizo. 
Desde mi punto de vista, el enfoque es adecuado en algunos ámbitos donde es importante elaborar un plan político y crear un marco legal para determinados ámbitos de progreso; pero asimismo deberíamos ser conscientes de que no podemos simplemente legislar para la seguridad, la libertad y la justicia. 
Hemos de actuar para lograr estos resultados. 
La Sra. Karamanou y la Sra. Banotti han mencionado cuestiones prácticas relacionadas con el derecho civil y su aplicación a las víctimas del tráfico ilegal con fines sexuales, y asimismo en los ámbitos legislativos de la familia. 
Creo que, hasta el momento, se han logrado progresos muy importantes en estos ámbitos, pero hay mucho más que hacer, en especial en relación con la protección de los derechos de la gente corriente: el derecho a no ser explotado sexualmente o, por ejemplo, el derecho a tener acceso a sus hijos. 
En todos estos ámbitos hemos de garantizar que la nueva Unión Europea sea un espacio en el que se respeten estos derechos, y no un espacio que cree nuevas oportunidades para que las personas eviten estos derechos. 
El Sr. Hernández Mollar se ha referido a la cuestión del terrorismo y la conmemoración de las víctimas del terrorismo. 
Es una opinión que personalmente comparto. 
A veces vemos el terrorismo puramente como una historia de prensa, pero hemos de concentrarnos en preservar los derechos de las víctimas y reconocer el terrible daño que causa el terrorismo. 
Asimismo quisiera tratar la cuestión de la migración. 
Está de moda decir que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior se centra en combatir la inmigración ilegal y que no se recalca suficientemente la migración legal y sus implicaciones, como la integración y cosas por el estilo. 
Quiero hacerme eco de los sentimientos expresados por la Sra. Banotti, que creo son compartidos por muchas personas aquí, que la migración –la inmigración dentro de la Unión Europea– no es solamente inevitable, sino también deseable. 
Europa necesita enriquecerse cultural, económica y socialmente por medio de las posibilidades que ofrece la migración. 
La migración no ha de considerarse algo negativo, algo que ha de controlarse o desalentarse. 
La migración es sin duda un fenómeno del mundo globalizado en el que vivimos. 
Las sociedades capaces de abordar la migración positivamente y sin miedo son sociedades que, por eso mismo, son mucho más ricas y más justas internamente. 
Quedan pendientes dos dictámenes que, para poder completar la agenda de nuestra Presidencia, esperamos recibir del Parlamento. 
Lo mencioné en comisión el mes pasado. 
Me gustaría volver a recalcar que pediré la cooperación del Parlamento a este respecto. 
En lo que respecta a toda la cuestión de la CIG, el papel de la Presidencia irlandesa consiste en intentar consultar, reflejar e informar a la reunión del Consejo de marzo sobre los posibles progresos en la CIG. 
Creo que tanto si estos progresos se hacen rápida como lentamente, es una tarea muy importante de la Presidencia irlandesa realizar todos los progresos posibles, para que los Estados miembros se unan tras la iniciativa de implementar un nuevo tratado constitucional para la Unión Europea. 
En relación con un aspecto de ese tratado, muchos diputados han hablado acerca de la necesidad de transparencia. 
Ha habido un trasfondo de preocupación en el debate de esta mañana acerca de la falta de transparencia y la falta de consulta, con la exclusión del Parlamento en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior. 
Ya he mencionado el nivel de consulta que existe en estos momentos. 
Una de las dificultades de conseguir que 15 –y dentro de poco 25– Estados miembros se pongan de acuerdo en torno a las propuestas reside en la necesidad de tener cierto margen para negociar con ellos y para que ellos expresen su posición sobre el papel. 
Pido al Parlamento que por lo menos comprenda que todos los documentos de trabajo –algunos de los cuales reflejan las posiciones cambiantes de los Estados miembros– podrían, por un lado, someterse al escrutinio público; pero por otro, el carácter de estos documentos probablemente se vería alterado si se vieran sometidos a un constante escrutinio. 
La flexibilidad y la disposición de los Estados miembros para hacer concesiones, una vez que han establecido una posición por escrito, podría verse afectada de forma significativa si cada acción en el proceso de deliberación se expusiera al escrutinio más amplio posible. 
Por ello pido a los diputados a esta Asamblea que comprendan que es preciso mantener un equilibrio entre la rendición de cuentas y la eficacia en el proceso de deliberación que implica a 25 Estados miembros. 
Quiero dar las gracias a cada uno de los diputados por el debate muy constructivo y estimulante. 
Sé que tanto la Presidencia como la Comisión tienen previsto tener en cuenta todas las intervenciones hechas aquí. 
Doy las gracias al Parlamento por su cortesía al haberme escuchado hoy. 
– Señor Presidente, he solicitado intervenir antes de que el Sr. McDowell hablase en nombre del Consejo porque deseo pedirle que clarifique su posición en relación con un tema muy importante en el debate de hoy, en concreto la idea de que la próxima legislatura debería abrirse con un Tampere II, y, por consiguiente, con una respuesta, un contrapeso de parte del Consejo. 
Deduzco por su respuesta que él también está a favor de esta sugerencia, que el Comisario aceptó inmediatamente. 
Estoy de acuerdo con la Presidencia en que la prioridad de la Presidencia irlandesa hasta el final de esta legislatura es la resolución de tantos asuntos pendientes como sea posible. 
Apruebo y apoyo esta clara prioridad, pero también sería bueno que la Presidencia y el Consejo diesen una señal clara a la próxima Presidencia, concretamente la Presidencia luxemburguesa, de que Tampere II está en condiciones de seguir adelante. 
Me interesaría por tanto saber tanto como sea posible cuáles son las ideas exactas del Sr. MacDowell sobre este asunto. 
. Señor Presidente, esto refleja por completo mi punto de vista. 
La agenda de Tampere II ha de progresar. Me encantaría poder dedicar toda mi atención a este proceso, pero por desgracia el volumen de trabajo que tengo que hacer para cerrar otras cuestiones es enorme. 
Deseo mucha suerte y fortuna a la Presidencia neerlandesa y a la luxemburguesa a la hora de establecer una nueva perspectiva orientada al futuro, para crear una agenda nueva y ambiciosa bajo la amplia rúbrica de Tampere II. 
Señor Presidente, doy las gracias al ponente, una vez más, y a todos los que han participado en este debate. 
Cuando debatimos sobre la política de asilo y migración en nombre de la Comisión, me gustaría recalcar que nuestras propuestas coincidían plenamente con los objetivos que acordaron los Jefes de Estado y de Gobierno en Tampere. 
Es sumamente injusto y es pura demagogia decir que el enfoque de la Comisión en este ámbito político es laxo. 
No lo es en absoluto. 
Todos los instrumentos que hay sobre la mesa intentan alcanzar un equilibrio justo entre acciones efectivas y positivas hacia los migrantes y los solicitantes de asilo por un lado, y por otro garantizar la seguridad de las fronteras y una gestión adecuada de los flujos migratorios. 
La Comisión ha intentado alcanzar este equilibrio a través de una serie muy amplia de propuestas. 
Reconozco ante el Parlamento que en algunos casos el grado de ambición de la Comisión no ha sido igualado por el del Consejo. 
Esta es, como saben ustedes mucho mejor que yo, la manera normal de construir Europa: un enfoque gradual y progresivo. 
Si se compara el acervo jurídicamente vinculante –y se trata de una palabra muy adecuada– en este ámbito hoy con el acervo de hace cinco años, tendrán que reconocer que se han realizado enormes progresos y no deberíamos ser autodestructivos. 
Deberíamos ser activos y voluntaristas e intentar movilizar a los ciudadanos a hacer aún más y mejorar en el futuro próximo. 
En el ámbito de las libertades civiles, existe una tensión permanente entre la garantía de los derechos fundamentales y la garantía de seguridad. 
No es algo que nos viene dado; es algo que hemos de encontrar en cada decisión tomada cada día. 
Creo, para ser sincero, que cuando integramos la Carta de los Derechos Fundamentales en el nuevo tratado constitucional, cuando debatimos las garantías procesales, cuando incluimos algunas garantías procesales en las decisiones marco sobre aproximación de las sanciones penales, intentamos encontrar el equilibrio justo entre libertad y seguridad. 
El Sr. Santini nos ha recordado que uno de los mayores logros de esta legislatura –espero que sea posible concluir el proceso antes de que acabe el mandato de este Parlamento– es la nueva legislación sobre la libertad de circulación de nuestros ciudadanos. 
Les recuerdo que cuando hablamos del refuerzo de la seguridad de nuestras fronteras exteriores y de garantizar nuestra seguridad interior, no lo hacemos de forma represiva, sino en nombre de la libertad. 
Es precisamente para preservar la libertad de circulación y la abolición de nuestras fronteras interiores por lo que hemos de reforzar la seguridad de nuestras fronteras exteriores. 
Es en nombre de la libertad que decimos que deberíamos ser más eficaces a la hora de integrar a los migrantes legales. 
A tal fin, necesitamos garantizar a nuestra opinión pública que tenemos la situación bajo control. 
No puedo decirles algo diferente, porque esto es lo que he dicho desde el principio. 
Les ruego relean la comunicación de la Comisión de noviembre de 2000 sobre la política de inmigración y la comparen con el discurso que hizo hace dos semanas ante el Parlamento el Secretario General de la ONU, Kofi Annan. 
Lamento que parezca algo presuntuoso por mi parte, pero por favor hagan la comparación y luego volveremos a hablar al respecto. 
Mi tercera observación tiene que ver con la protección de datos. 
Para serles franco, cuando hablamos acerca de introducir la biometría en algunos documentos de viaje, hemos de tener mucho cuidado de garantizar que somos comedidos en el tipo de datos que elegimos, en los tipos de sistemas de almacenamiento de datos y en los tipos de control y supervisión realizados por las autoridades competentes. 
Lo que quiero es llamar su atención sobre el hecho de que hoy la protección de datos en el tercer pilar está bajo la plena autoridad y responsabilidad de los Estados miembros. 
Estamos intentando crear unas reglas de juego uniformes a nivel europeo para garantizar que en los 25 Estados miembros tengamos el mismo patrón de protección de datos personales en lo que respecta a la actividad policial. 
A este fin, las directivas vigentes basadas en el primer pilar no son suficientes. 
Espero que tendré la posibilidad de introducir estas propuestas en junio de este año y presentárselas a ustedes. 
Mi última observación se refiere al presupuesto. 
Doy las gracias al Sr. Ribeiro e Castro y al Sr. Coelho por llamar la atención sobre el hecho de que para alcanzar nuestros ambiciosos objetivos, hemos de tener las herramientas financieras necesarias. 
Como verán ustedes en las propuestas que la Comisión presentó ayer sobre las nuevas perspectivas financieras para 2007-2013, el espacio de libertad, seguridad y justicia ha recibido herramientas financieras suficientes para abordar nuestros ambiciosos objetivos. 
En lo que respecta a Tampere II, me sumo a lo que acaba de decir el Sr. McDowell. 
Espero que durante la Presidencia de los Países Bajos sea posible tener un Consejo Europeo de Tampere II. 
¿Cuáles serán las sugerencias para Tampere II? 
Recalcaré tres cuestiones principales: en primer lugar, ser justos a la hora de evaluar las deficiencias y las cuestiones pendientes de Tampere I: tendremos la herencia de Tampere I, que habrá que retomar en Tampere II; en segundo lugar, en el tratado constitucional se establecen unos objetivos claros: Tampere II deberá seguir de cerca la agenda que se definió en ese tratado; y por último, Tampere II deberá concentrarse de forma más adecuada en la calidad de la transposición de la legislación europea en este ámbito en el plano nacional, y en el control de la aplicación concreta del acervo en los 25 Estados miembros. 
Espero con interés el debate sobre este tema que ha sugerido el Sr. Hernández Mollar y la Comisión presentará sus propias ideas en una nueva comunicación en junio de 2004. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar en el período parcial de sesiones de marzo II. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las preguntas orales de los Grupos políticos del PSE, Verts/ALE, ELDR y GUE/NGL, al Consejo (B5-0008/2004) y a la Comisión (B5-0013/2004) , sobre el desarme nuclear: Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación en 2005- Trabajos de la UE para el tercer Comité preparatorio TNP (Nueva York, 26 de abril- 7 de mayo de 2004). 
. – Señor Presidente, hemos solicitado este debate porque en breve comenzará la preparación de una nueva ronda de debates en el marco de las Naciones Unidas sobre el futuro del Tratado de No Proliferación, el acuerdo que se opone a la proliferación nuclear. 
Nos complace que durante los últimos meses se haya decidido presentar otra resolución separada sobre este tema, que se someterá a votación en la próxima sesión plenaria. 
Pensamos que es importante que la Unión Europea desempeñe un papel importante, como ya lo ha hecho anteriormente, y que asuma el liderazgo en el debate sobre las armas de destrucción masiva y particularmente sobre la proliferación de armas nucleares y los riesgos a los que nos hemos enfrentado últimamente. 
El tema es muy actual a la luz de todo lo que está sucediendo con respecto al Iraq, Irán, Corea del Norte y, en las últimas semanas, al Pakistán con el llamado caso Khan. 
Tal como ya he indicado, a finales de abril se celebrará una consulta sobre los trabajos del Tratado de No Proliferación. 
Para nosotros los socialdemócratas hay principios orientativos que deben aplicarse a ese debate: estamos a favor de un enfoque multilateral porque no hay soluciones unilaterales a los problemas que debemos afrontar. 
Todos los objetivos del Tratado de No Proliferación siguen siendo válidos, incluso los del desarme general. 
Las potencias con armas nucleares reconocidas, como las llamamos, deben dar el ejemplo correcto y seguimos concediendo gran importancia a una prohibición total de las pruebas nucleares. 
Además instamos a aquellos que consideran la posibilidad de desarrollar nuevas armas nucleares, las llamadas armas nucleares inteligentes, que suspendan este desarrollo. 
Es correcto que se preste atención a lo que llamamos Estados del bienestar, y debo recalcar en este sentido que estamos totalmente a favor del enfoque que la UE adoptó recientemente en relación con el Irán, es decir, el de persuadir al país a que se adhiera a los acuerdos e inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica mediante presiones económicas, políticas y diplomáticas. 
Al mismo tiempo, y apreciaríamos una respuesta del Consejo y la Comisión al respecto, mientras se está revisando y evaluando el Tratado de No Proliferación, debería prestarse atención a la forma de mejorar el mecanismo de inspección y sanciones. 
Después de todo, esta es la vía mediante la cual podemos mejorar la situación mundial. 
También debe prestarse atención al posible papel nocivo de los Estados con armas nucleares que no están reconocidos pero que se sienten libres en lo relativo a la proliferación de conocimientos técnicos y equipos. 
Ya he mencionado muy brevemente el caso Khan. 
Quisiera que también me respondieran a esto. 
¿Qué han hecho los países del la UE hasta ahora para evitar prácticas de este tipo? 
Parece que los riesgos aumentan, incluso en la antigua Unión Soviética. 
Las iniciativas adoptadas han despegado solo en parte y apreciaría las respuestas del Consejo y la Comisión en este sentido. 
¿Estamos esperando simplemente a que algo salga mal, o intentamos de verdad impedirlo? 
Una pregunta final: está claro que ha habido un desarrollo interesante en el Oriente Próximo, también recientemente con la apertura con respecto a Libia. 
De hecho podemos concluir que Irán se está adhiere ahora más o menos a los acuerdos del TNP. 
Libia abandona su programa de armas nucleares. 
Parece que el Iraq no las tenía. 
¿No es hora de ver si podemos iniciar un debate sobre una zona desnuclearizada en el Oriente Próximo? 
– Señor Presidente, el Tratado de No Proliferación Nuclear es un acuerdo entre 189 naciones para eliminar las armas nucleares. 
Sin embargo, 34 años después de su entrada en vigor, nos hallamos en una situación en que los Estados Unidos están dispuestos a lanzar ataques nucleares preventivos, en que el Reino Unido se ha negado a descartar el uso de armas nucleares en el Iraq, en que continúa la investigación y desarrollo y el ensayo de armas nucleares, en que las armas nucleares siguen considerándose como una parte vital del plan de defensa de la OTAN, en que se están desarrollando nuevas generaciones de armas nucleares tácticas y en que se abre camino la nuclearización del espacio. 
En la última conferencia de revisión en 2000, se acordó el plan de 13 pasos como una forma de aplicar el TNP y se renovó el compromiso inequívoco de los Estados nucleares de eliminar sus armas. 
La Comisión Preparatoria en Nueva York es la última oportunidad para aplicar este programa antes de la próxima conferencia de revisión en 2005. 
Salvo que adoptemos una postura firme ahora, el TNP corre peligro de convertirse en algo carente de sentido, lleno de buenas intenciones, pero con escasa acción política. 
La Unión Europea tiene el deber de asumir un papel destacado en este contexto y garantizar que se emprenda una acción real. 
Las armas nucleares hacen que el mundo sea más inseguro y más peligroso. 
En 1996, la Corte Internacional de Justicia sentenció que su uso, o incluso la amenaza de usarlas, era ilegal, lo cual hace que sea aún más urgente reforzar el TNP. 
Estamos hablando aquí de armas de destrucción masiva reales, que existen, y de destruirlas de la forma más eficaz aplicando los acuerdos internacionales. 
Preguntamos a la Presidencia, al Consejo y a la Comisión qué se está haciendo exactamente para preparar la Comisión Preparatoria en Nueva York. 
¿Qué progresos se han realizado, por ejemplo, en relación con los 13 pasos prácticos y con las zonas libres de armas nucleares? 
Mi país, Gales, se declaró zona libre de energía nuclear en 1982. ¿Qué se está haciendo para apoyar el trabajo pionero de los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki para movilizar a ciudades de todo el mundo para trabajar en favor de la abolición total de las armas nucleares? 
Este ha de ser el objetivo para todos nosotros. 
. Señor Presidente, me complace mucho responder, en nombre de la Presidencia, a la pregunta que se ha formulado. 
La Unión Europa está comprometida con el sistema del tratado multilateral, que ofrece la base jurídica y normativa para todos los esfuerzos de no proliferación. 
El 12 de diciembre de 2003, el Consejo Europeo adoptó una estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva. 
La estrategia incorpora y se basa en los textos aprobados por el Consejo Europeo de Salónica en junio de 2003. 
La estrategia contra la proliferación de armas de destrucción masiva recalca el especial compromiso de la UE con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el TNP. 
La UE cree que todos nuestros esfuerzos deberían ir encaminados a preservar y reforzar este instrumento fundamental de la paz y seguridad internacional. 
La UE apoya de todo corazón los objetivos establecidos en el Tratado y se compromete a lograr la aplicación efectiva del documento definitivo de la conferencia de revisión del TNP de 2000 y las decisiones y la resolución adoptadas en la Conferencia de Revisión y Extensión de 1995. 
La UE ha declarado en numerosas ocasiones que el TNP es la piedra angular del régimen mundial de no proliferación y el fundamento esencial para que continúe el desarme nuclear de acuerdo con el artículo VI del Tratado. 
La declaración de la UE en el segundo comité preparatorio del año pasado para la Conferencia de Revisión de 2005 del TNP, recordó que los Estados miembros siguen otorgando mucha importancia a lograr la universalidad y el cumplimiento universal del TNP. 
En este sentido aplaudimos la adhesión al Tratado por parte de Cuba, en 2002, y Timor Leste en 2003, que lo acerca más a la universalidad. 
Sin embargo, hay tres países –la India, Israel y Paquistán– que permanecen fuera del régimen y seguimos pidiéndoles que se adhieran incondicionalmente al TNP como Estados libres de armas nucleares. 
En 17 de noviembre de 2003, el Consejo adoptó una posición común sobre la universalización y el refuerzo de los acuerdos multilaterales en el ámbito de la no proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de suministro. 
El artículo 4 de la posición común confirma que es de crucial importancia lograr la adhesión universal al TNP. 
Para ello, en primer lugar, la Unión Europea tendrá que pedir a los Estados que aún no son parte en el TNP que accedan incondicionalmente al TNP como Estados libres de armas nucleares y pongan todas sus instalaciones y actividades nucleares bajo las disposiciones del Sistema de Salvaguardias del OIEA. 
En segundo lugar, instará a los Estados que aún no hayan firmado acuerdos de seguridad con el OIEA a cumplir sus obligaciones de acuerdo con el Artículo III del TNP y firmar estos acuerdos con carácter de urgencia. 
En tercer lugar, promoverá todos los objetivos establecidos en el TNP. 
En cuarto lugar, apoyará el documento final de la conferencia de revisión del TNP de 2000 y las decisiones y la resolución adoptadas en la Conferencia de Revisión y Extensión del TNP de 1995. 
En quinto lugar, promoverá una mayor consideración de las garantías de seguridad. 
Por último, fomentará medidas para garantizar que se excluya eficazmente cualquier posible abuso de los programas nucleares civiles para fines militares. 
No existe ningún análisis común del Consejo sobre los progresos en la aplicación de los 13 pasos. 
Sin embargo, la Unión Europea se compromete a alentar los progresos realizados hacia unos esfuerzos sistemáticos y progresivos hacia el desarme. 
La Unión Europea seguirá alentando todos los esfuerzos para aplicar el artículo VI del TNP, así como los apartados 3 y 4c de la Declaración de 1995 sobre «los Principios y Objetivos de la no Proliferación y el Desarme Nuclear» y los pasos prácticos acordados en el documento definitivo de 2000. 
El compromiso de la UE con el tratado de prohibición total de pruebas nucleares también es claro y se reiteró recientemente en la posición común sobre la universalización de los instrumentos multilaterales aprobada en noviembre de 2003. 
La UE seguirá fomentando la temprana entrada en vigor del TPTPN. 
Pendiente de su entrada en vigor, instamos a todos los Estados con capacidad nuclear que acaten la moratoria sobre las explosiones de ensayos nucleares o cualquier otro tipo de explosiones nucleares y se abstengan de realizar acciones contrarias al TPTPN. 
La UE ha reconocido la importancia de las zonas libres de armas nucleares, establecidas sobre la base de acuerdos alcanzados libremente entre los Estados miembros de las regiones implicadas. 
Estas aumentan la paz y seguridad mundial y regional. 
Aplaudimos y apoyamos tanto la firma como la ratificación por los Estados con armas nucleares de los protocolos relevantes de las zonas libres de armas nucleares. 
Sobre la cuestión de la verificación y las salvaguardias, la UE cree que las salvaguardias sirven de herramienta técnica para apoyar el objetivo político de mantener un entorno en el que la energía nuclear pueda utilizarse pacíficamente sin amenaza de proliferación. 
En este sentido, apoyamos firmemente el papel de verificación del Organismo Internacional de la Energía Atómica. 
La Unión también considera que la adopción y aplicación de extensos acuerdos de seguridad, y los protocolos adicionales a los mismos, son un requisito previo en el sistema de salvaguardias eficaz y creíble. 
La UE también sigue dando mucha importancia a la lucha contra el terrorismo y apoya firmemente todas las medidas que aspiran a evitar que los terroristas adquieran armas nucleares, biológicas y químicas. 
La estrategia contra la proliferación de armas de destrucción masiva recalca el compromiso de la UE para reforzar las políticas y prácticas de control de las exportaciones dentro de sus fronteras y más allá, en coordinación con sus socios. 
La UE trabajará para mejorar los mecanismos existentes de control de las exportaciones. 
Abogará a favor de la adhesión a los criterios eficaces de control de las exportaciones por países fuera del régimen existente y acuerdos que incluyen el ámbito nuclear. 
En lo que respecta a la «» (PSI) , el Consejo no ha adoptado una posición sobre esta cuestión. 
No todos los Estados miembros participa en la PSI. 
La cuestión de la Campaña Internacional de los Alcaldes no ha sido considerada por el Consejo. 
El tercer comité preparatorio para la Conferencia de Revisión de 2005 del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que se celebrará del 26 de abril al 7 de mayo de 2004, será un acontecimiento central en cuanto a desarme y no proliferación en 2004. 
La Presidencia trabajará dentro de la Unión y con socios clave, para intentar lograr un acuerdo sobre una base sólida para un resultado logrado del ciclo de revisión. 
Este trabajo tendrá lugar en primera instancia dentro de la Grupo de Trabajo sobre No Proliferación y en las reuniones de la troika con terceros países. 
El trabajo incluirá la preparación de declaraciones comunes de la UE sobre diversos aspectos del Tratado para que sean entregados por la Presidencia en el comité preparatorio. 
La Presidencia informará al Parlamento Europeo sobre los progresos realizados en este ámbito de conformidad con el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea. 
. Agradezco la oportunidad de contribuir a este debate hoy, aunque, inevitablemente, atravesaré parte del terreno que tan hábilmente ha abordado la Presidencia. 
Recientes revelaciones sobre la proliferación de la tecnología de armas nucleares en Irán, Libia y Corea del Norte han recalcado la importancia de mantener y reforzar controles efectivos. 
Es un hecho histórico que la adquisición clandestina de armas nucleares por parte de la India y Pakistán en la década de los noventa y el subsiguiente impacto en la estabilidad regional provocaron graves preocupaciones. 
La retirada de Corea del Norte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares el año pasado fue otro paso peligroso y desestabilizador, tanto para la región adyacente como para la comunidad internacional en su conjunto. 
El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares –el TNP–, que entró en vigor en 1970, estableció el régimen internacional de no proliferación nuclear tal como lo conocemos. 
Este régimen fijaba las normas de conducta básicas. 
Establece –como sabe esta Cámara– una prohibición jurídica total de la proliferación nuclear aparte de los cinco Estados con armas nucleares reconocidos por el Tratado y convierte la proliferación nuclear en una actividad ilegal en la comunidad internacional. 
Con él llegó el principio de comercio nuclear regulado, el concepto de salvaguardias nucleares y, por supuesto, el Organismo Internacional de Energía Atómica, cuyo excelente trabajo sustenta al régimen. 
Es comprensible que gran parte del interés se haya centrado en los fallos del régimen, pero a menudo se subestima el éxito que ha tenido. 
En un debate presidencial de 1960, John F. Kennedy preveía un mundo con quizás 20 naciones con capacidad nuclear. 
El hecho de que esta visión nunca llegara a realizarse se debe, en gran medida, a la creación del TNP. 
Sudáfrica, Argentina, Brasil, Taiwán y Corea del Sur, por ejemplo, han dado la espalda a la proliferación de armas nucleares, en parte debido a la presión internacional, pero también a raíz de unas decisiones sensatas y sabias tomadas en respuesta al debate y la opinión nacional. 
Asimismo hemos visto recientemente desarrollos positivos con Irán, que ahora ha aceptado el Protocolo Adicional, y Libia. 
En este contexto, aunque reconocemos las dificultades a las que se enfrenta el TNP, especialmente en la proliferación y el desarme nuclear, creemos que la llegada del próximo tercer comité preparatorio puede esperarse con confianza. 
Es posible que haya deficiencias en el régimen de no proliferación, pero sin duda no son insalvables y, a nuestro entender, pueden solucionarse. 
Hemos de seguir aspirando a la adopción universal del TNP por países que hasta ahora se han negado a hacerlo, y es especial la India, Pakistán e Israel. 
Corea del Norte ha de volver a formar parte del Tratado. 
Asimismo hemos de ampliar la ratificación del importante Protocolo Adicional al Tratado. 
Este Protocolo ofrece al OIEA poderes más amplios y más firmes para realizar inspecciones. 
En este contexto, el papel de la Comisión consiste en primer lugar en asistir a la Presidencia, que considera prioritario realizar progresos en este ámbito, y en segundo lugar alentar un grado máximo de coordinación dentro de la UE. 
Durante los últimos 12 meses, la UE ha luchado mucho por reforzar su enfoque de no proliferación La estrategia de seguridad europea que se adoptó en el Consejo Europeo de diciembre de 2003 identifica las armas de destrucción masiva como una de las amenazas más peligrosas para la Europa de hoy en día. 
En el mismo Consejo Europeo se aprobó la estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Esta estrategia viene seguida ahora de una acción concreta. 
Se está trabajando en la implementación de la estrategia en muchos ámbitos que son demasiado numerosos como para tratarlos hoy, pero destacaré algunos ejemplos importantes. 
El primero fue la aprobación el pasado mes de noviembre por parte del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de un texto que aspira a integrar las políticas de no proliferación en las relaciones más amplias de la Unión Europea con terceros países, entre otras cosas, introduciendo una cláusula de no proliferación en los acuerdos con dichos países. 
Este nuevo compromiso de no proliferación es importante porque la nueva estrategia de la UE aspira a incluir disposiciones sobre la no proliferación en todos los acuerdos con terceros países. 
Esto forma ahora parte de las negociaciones en curso, por ejemplo, con Siria, que sitúan la no proliferación a un nivel similar que los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo. 
En 1999, el Consejo estableció la Acción Conjunta de la UE para el Desarme y la No Proliferación en Rusia, a fin de mejorar la cooperación con la Federación Rusa en su intento por desmantelar, destruir o convertir de forma segura y ambientalmente sólida las infraestructuras, equipo y materiales de armas de destrucción masiva. 
Los proyectos apoyan la destrucción química y el almacenamiento de plutonio de calidad armamentística. 
Estos proyectos, que la Comisión pone en práctica en estrecha cooperación con diversos Estados miembros, son una parte pequeña, pero importante de la contribución de 1 000 millones de euros de la Comunidad a la Asociación Global del G8, lanzada en la reunión de 2002 en Canadá. 
La Conferencia Interparlamentaria organizada por la Comisión bajo la Iniciativa de No Proliferación y Cooperación para el Desarme el 20 y 21 de noviembre de 2003, que tuvo lugar aquí en Estrasburgo, subrayó los considerables retos futuros que nos esperan si queremos almacenar de forma segura los peligrosos restos de los programas de armas de destrucción masiva de la Guerra Fría. 
La importancia de la conferencia se vio confirmada por su condición de reunión interparlamentaria de figuras procedentes de parlamentos nacionales clave, incluidos el Congreso de los Estados Unidos y la Duma rusa. 
Para eliminar la amenaza de las armas de destrucción masiva es preciso que sea y siga siendo una cuestión de máxima prioridad para los Gobiernos nacionales, las organizaciones regionales y la comunidad internacional en su conjunto. 
Desde la perspectiva de la Comunidad, nos complace la mayor atención prestada por el Parlamento Europeo a la necesidad de financiar adecuadamente las actividades de reducción de la amenaza en el próximo ciclo presupuestario. 
La Comisión, en cooperación con el Parlamento Europeo, está intentando definir las futuras prioridades de no proliferación y, gracias a una reciente decisión del Parlamento, dentro de poco podrá lanzar un proyecto piloto para avanzar este trabajo. 
Agradezco la oportunidad que se me ha brindado para participar en este breve, pero importante debate sobre una cuestión de tal importancia internacional. 
Señor Presidente, el TNP no es solamente un tratado de no proliferación. 
Es también el único acuerdo vinculante para el desarme nuclear. 
Las potencias no nucleares se comprometen a no adquirir armas nucleares y las potencias nucleares prometen deshacerse de las que existen. 
Podemos encontrar estos compromisos en el artículo 6 del Tratado, según el cual las partes se comprometen a llevar a cabo negociaciones serias con vistas a deshacerse de todas las armas nucleares. 
Todas las potencias nucleares han firmado este compromiso. 
En la reunión quinquenal anterior, los Estados nucleares se comprometieron a suprimir la totalidad de su arsenal nuclear. 
Sobre todo, se adoptó una decisión unánime sobre un programa de acción de 13 puntos para la aplicación del desarme nuclear completo. 
Lo que la UE debe hacer en la próxima reunión es, por supuesto, exigir que estos compromisos se cumplan. 
Irlanda ha desempeñado durante mucho tiempo un papel activo en el trabajo a favor del desarme nuclear, por ejemplo en colaboración con mi país, Suecia. 
¿Exigirá el Consejo, por tanto, que se cumplan estos compromisos? 
Las potencias nucleares han reducido sin duda sus arsenales nucleares estratégicos. 
Los Estados Unidos, a cambio, han desarrollado lo que se llaman minibombas nucleares, destinadas a un uso directo en la guerra, junto con armas nucleares llamadas «antibúnker» , que penetran en la roca viva. 
Estos desarrollos infringen sin duda el artículo 6 del Tratado TNP. 
Además, los Estados Unidos han modificado su política nuclear con el fin de poder utilizar las armas nucleares, y no solo en la guerra, sino también para los llamados fines preventivos. 
Esto supone una violación grave del derecho internacional. 
Entrar en guerra por razones preventivas es una violación de la Carta de las Naciones Unidas y una vuelta a la ley de la selva, es decir, al derecho del más fuerte a intervenir según sus propios fines, aplicable antes de la llegada de las Naciones Unidas. 
Por supuesto que es importante que el Parlamento Europeo exija en su resolución que las partes que han firmado el TNP cumplan sus compromisos. 
Deben emprender un desarme nuclear serio e interrumpir todo desarrollo de nuevas armas nucleares. 
¿De qué forma impulsarán la Comisión y el Consejo estas exigencias en la próxima reunión del TNP? 
– Señor Presidente, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el Sr. El Baradei, declaró recientemente que el riesgo de un conflicto nuclear es hoy mayor que nunca. 
Mientras se sometió a control al Iraq, el resto del mundo se convertía en una especie de supermercado de la proliferación privada, un supermercado en el que los países y, posiblemente, incluso los terroristas con ambiciones nucleares pueden aprovechar su oportunidad. 
A pesar de los recientes éxitos en relación con Libia e Irán, no hay muchos motivos para ser optimistas. 
Los Estados Unidos, Rusia y Francia han iniciado la fabricación de una nueva generación de armas nucleares. 
Mientras crece la tensión entre Arabia Saudí y los Estados Unidos, los saudíes también se inclinan ahora por la opción nuclear. 
Durante años, el padre de la bomba atómica del Pakistán, Abdul Qadeer Khan, formado en Europa, pasó información nuclear a dictadores y posiblemente incluso a terroristas. 
Teniendo en cuenta esta combinación de expertos nucleares con intereses comerciales y empresas e instituciones estatales inmorales, se ha rebajado el umbral de una guerra de destrucción nuclear. 
Hoy todos están de acuerdo en que el sistema de control debe actualizarse y hacerse más estricto. 
Debe reforzarse con urgencia la capacidad del Organismo Internacional de la Energía Atómica si queremos que exista un control eficaz, pero la Unión Europea debe tener el coraje de emprender acciones políticas, diplomáticas y económicas contra los países que ignoran o eluden el control en el campo de la proliferación nuclear. 
No solo debemos ser más estrictos en lo referente al control, también debemos prepararnos para hacer cumplir la ley de forma colectiva. 
Por ello acojo favorablemente la promesa del Consejo y de la Comisión de comprometerse en favor de una mayor y más plena aplicación del TNP y a trabajar en favor de resultados ambiciosos durante la próxima Prepcom y la Conferencia de Revisión de 2005. 
– Señor Presidente, en primer lugar, hemos escuchado un debate en esta Cámara sobre un espacio de libertad, seguridad y justicia y después hemos escuchado dos discursos esenciales del Sr. Patten y de la Presidencia irlandesa. 
Deberíamos estar contentos y animados, pero la verdad es que, de hecho, las cosas se están encaminando prácticamente en la dirección equivocada en lo relativo a desarme nuclear y la posibilidad de obtener dicho espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Una de las razones por las que las cosas se están encaminando en la dirección equivocada es que existe una falta de voluntad para cumplir no solo la letra, sino también el espíritu del Tratado de No Proliferación. 
Pienso, particularmente en el artículo 6, relativo a la supresión de las armas nucleares. 
En la última reunión, en el año 2000, se decidió crear una comisión especial para ocuparse del desarme nuclear. 
Si no hay avances es porque los países que deberían poner su energía y recursos en este asunto, o bien no lo desean o son incapaces de hacerlo. 
Por el momento está claro que no podemos esperar apoyo de los norteamericanos en este asunto. 
Están en trance de hacer prácticamente lo contrario de aquello a lo que se han comprometido. 
También han resaltado que no desean cumplir ni la letra ni el espíritu del Tratado de No Proliferación. 
En lugar de ello, con la introducción de las llamadas minibombas nucleares, han rebajado el umbral nuclear en lugar de hacer aquello a lo que, en un principio, se habían comprometido. 
Los países de la UE no son mucho mejores. 
En lugar de convertir este tema en una parte firmemente consolidada del diálogo transatlántico, somos demasiado cautos y serviciales. 
Nos involucramos un poco en una guerra en el Iraq y hacemos nuestra pequeña aportación en otra serie de acciones de los Estados Unidos, en el Afganistán, etc., sin señalar que, si no se toma en serio y se resuelve este problema, nuestro discurso sobre los espacios de libertad, seguridad y justicia podrá servir a lo sumo de arrullo para que la gente duerma tranquila. 
En ningún caso puede usarse para crear un mundo como el que queremos ver. 
Rodeados de llamas, no podemos hablar de una vida de libertad, seguridad y justicia, y por ello quisiera ver un poco más de energía detrás de las buenas palabras. 
Siempre es entretenido escuchar las buenas palabras del Sr. Patten, pero yo quiero un poco más de energía. 
– Señor Presidente, la tercera Comisión Preparatoria del Tratado de No Proliferación, que se celebrará dentro de unos meses en Nueva York, tiene que ser un éxito. 
Para ello es esencial que Irlanda, como titular de la Presidencia, garantice que los Estados miembros adopten una posición común que se convierta en parte de su compromiso con la estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva aprobada en Salónica, porque estas son las armas de destrucción masiva. 
Irlanda, al ser uno de los instigadores del Tratado de No Proliferación, tiene un papel importante que desempeñar aquí. 
Nos gustaría saber, en relación con el Grupo de Trabajo del Consejo sobre Armas Nucleares, cuáles son las prioridades para la reunión de la Comisión Preparatoria del TNP. 
El Parlamento tiene que saber qué Estados miembros están cooperando y cuáles no. 
El Consejo debería preparar informes de situación regulares sobre esta cuestión para el Parlamento, en especial sobre las cuestiones del desmantelamiento de los arsenales de armas nucleares, las zonas libres de armas nucleares y la opción de renuncia al primer golpe. 
Esto es de interés público. 
Hemos de saber hasta qué punto los Estados miembros de la Unión han aplicado el programa de acción de los 13 pasos prácticos acordados en 2002 en la Conferencia de Revisión del TNP. 
Asimismo es muy importante que la Presidencia irlandesa asuma un papel activo para asegurarse de que Europa se convierta en una zona libre de armas nucleares, que el Reino Unido y Francia se deshagan de sus arsenales nucleares y que se ponga fin a la política del primer golpe de la OTAN. 
El Consejo ha de preparar una declaración sobre los progresos realizados por la UE desde el informe de 1995 por este Parlamento sobre el TNP y, de hecho, las numerosas resoluciones desde entonces. 
Quisiera que la Presidencia irlandesa adoptara una postura activa, informando a este Parlamento acerca de lo que sucede en el seno del Consejo. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, cuando les escucho hablar en nombre del Consejo y de la Comisión, debería tranquilizarme, pero no lo hago, porque desde Hiroshima estamos viviendo bajo la amenaza de una guerra atómica y esta amenaza aumenta en lugar de disminuir. 
Debemos dejar de apoyar solo de boquilla la no proliferación y el control. 
De hecho, la hipocresía está ampliamente extendida en este caso; después de todo, desde el Tratado de No Proliferación el número de países con material nuclear ha aumentado continuamente. 
Parece que esto se ha producido con ayuda de países de nuestra propia Unión a los que nunca se ha castigado ni se ha pedido cuentas. 
¿Cómo consiguió Israel desarrollar una bomba atómica? 
Primero con ayuda de Francia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania; todos han ayudado a crear esa bomba, y ahora nos lamentamos de que Israel siga fuera de la zona porque, por supuesto, los Estados Unidos no quieren obligar a este país a aceptar la no proliferación. 
A resultas de ello, los árabes también desean ardientemente disponer de armas nucleares. 
Vemos que, a pesar de todos los controles en vigor, no fue posible impedir que el Sr. Khan, el padre de la bomba nuclear del Pakistán, construyese su propio artefacto e hiciese lo que le viniera en gana durante treinta años. 
Entretanto el material es cada vez más fácilmente asequible o está disponible en el mercado negro. 
En un período de cinco años, un kilo y medio de material de fisión ha desaparecido de Georgia. 
La implosión de la Unión Soviética ha hecho surgir un nuevo mercado, el mercado negro de material nuclear. 
Espero que voten a favor de medidas aplicables y que adopten una postura clara contra las declaraciones bienpensantes que sirven para que nuestros pueblos duerman, porque están con los ojos bien abiertos. 
– Señor Presidente, no comparto el optimismo ni del Consejo ni de la Comisión a este respecto. 
El hecho de que dos Estados miembros de la Unión Europea posean armas nucleares socava la autoridad moral de toda la UE en el debate sobre las armas de destrucción masiva. 
La apabullante hipocresía del Gobierno británico y norteamericano al exigir el desarme de otros, mientras que al mismo tiempo aumentan su propia capacidad nuclear, es evidente para todos. 
Es una postura insostenible, hipócrita y muy desestabilizadora. 
Recientemente, se ha hablado mucho del derecho internacional, así que permítame recordar a Gran Bretaña y Francia que, de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia en La Haya, las armas nucleares son inmorales e ilegales. 
De acuerdo con los compromisos contraídos en la sexta Conferencia de Revisión del TNP, todos los Estados nucleares se comprometieron inequívocamente a completar la eliminación total de sus arsenales nucleares hasta llegar al desarme nuclear. 
De esto hace cuatro años, y desde entonces se han realizado muy pocos progresos. 
Gran Bretaña y Francia deberían dar ejemplo y desmantelar unilateralmente sus cabezas nucleares. 
Deberían retirarse de inmediato las armas nucleares estadounidenses del suelo europeo. 
Estos son sin duda objetivos ambiciosos, pero si nos tomamos en serio las amenazas que suponen las armas de destrucción masiva, esta la ruta que hemos de seguir. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el 26 de febrero de 2004 en Bruselas. 
Quisiera dar la bienvenida a una delegación de 15 diputados y senadores que representan a los países miembros de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y que se encuentra en la tribuna oficial. 
La delegación está presidida por el diputado argentino Alfredo Atanasof, Presidente de la Comisión Parlamentaria Conjunta de Mercosur. 
El objeto de esta visita es participar en la VI Reunión Interparlamentaria entre el Parlamento Europeo y la Comisión Parlamentaria Conjunta de Mercosur que tiene lugar hoy y mañana en Estrasburgo. 
Como saben, la Unión Europea y Mercosur están negociando un acuerdo de colaboración económica, coordinación política y cooperación. 
Me complace, pues, saludar a esta delegación y expresar los mejores deseos para que la Reunión Interparlamentaria se desarrolle con gran éxito. 
Les comunico asimismo, señorías, que el debate relativo a la Declaración del Consejo sobre la posición de la Unión Europea en la audiencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el muro israelí se aplaza a las 15.00 horas para que podamos proceder dentro de unos minutos a las votaciones. 
. De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
– Señor Presidente, la enmienda prevé que se inserten las palabras «suficientemente cualificados» detrás de la palabra «profesionales». 
. Señor Presidente, el Grupo del Partido Socialista propone una enmienda oral al apartado 12, que dice así: 
«Demanda la revisión, con vistas a su desaparición lo antes posible, del individual previsto en el inciso i) de la letra b) del apartado 1 del artículo 18 de la Directiva 93/104/CE; entretanto pide a la Comisión que examine las posibilidades prácticas de hacer frente a los abusos, potenciales o reales, de la disposición relativa al, incluida la búsqueda de vías para reforzar lo mejor posible la naturaleza voluntaria del» 
La primera parte llegaría hasta «Directive 93/104/EC» y la segunda parte sería desde «in the meantime» hasta el final. 
– Señor Presidente, yo, en nombre del Grupo ELDR, y el Grupo del PPE-DE hemos presentado conjuntamente una enmienda. 
¿Es correcto que el Grupo del PPE-DE pueda hacer un giro radical y presente una enmienda oral que es contraria a la enmienda original? 
Al mismo tiempo, el Grupo parece estar en total desacuerdo con sus colegas conservadores, y el ponente alternativo era un conservador. 
¿Qué ocurre con mi enmienda... ? 
Discúlpeme, lamento interrumpirle. 
No volveremos a celebrar el debate, pero tiene usted una buena cuestión relativa al procedimiento. 
Me ocuparé de ella. 
Si 32 diputados se oponen a la enmienda oral, esta decaerá. 
– ¿Acaso no habría que votar sobre la enmienda oral después de la votación sobre la enmienda, dado que modifican el apartado más que la enmienda que he presentado? 
Si votamos sobre la enmienda oral, la enmienda 15 revisada decaerá, porque está incorporada en la enmienda oral. 
Ahora pasamos a la cuestión de procedimiento. 
¿Hay alguna objeción a la enmienda oral? 
– Señor Presidente, sin duda, dado que pretende suprimir el texto, la enmienda 26S debería asumirse antes de que se asuma la enmienda oral. 
La respuesta a su pregunta es que salvo que 32 diputados tengan objeciones, proseguiremos con la enmienda oral, que representa un compromiso entre los Grupos políticos. 
Con esto concluye la votación. 
– Señor Presidente, me complace anunciar la presencia en la tribuna de una delegación de representantes regionales de la Lombardía, entre ellos mi hija Elisabetta Fatuzzo que, sabiendo que tenía que hablar sobre el informe sobre rentas agrícolas en la Unión Europea me señaló que hace tiempo había frutales que producían manzanas, peras, cerezas, hermosas cerezas dulces y que había campos de trigo y hortalizas. 
¿Cuándo volveremos a tener el placer de cosechar estos productos cerca de nuestras casas como solíamos hacer? 
¿Cuándo podremos otra vez, como Adán, recibir manzanas arrancadas por Eva directamente del árbol? 
Gracias, señor Fatuzzo. 
Damos la bienvenida a su grupo de visitantes procedentes de Lombadía y a su hija Elisabetta. 
. – En el informe Garot sobre la evolución de las rentas agrarias en la Unión Europea, el Parlamento Europeo empieza a quejarse con medias palabras de las consecuencias futuras de la reforma Fischler, que sin embargo él mismo aceptó. 
En efecto, fue él quien, para complacer a la Comisión, ratificó la inmersión de la agricultura en el mercado mundial, la desvinculación de las ayudas y de la producción, y la alineación a la baja del precio de los productos. 
Resulta difícil de creer leyendo el informe Garot. 
El Parlamento se da cuenta hoy de que la preservación de la renta de los agricultores y la presencia de una agricultura sana en todos los países de Europa requieren unos precios remuneradores en relación con los costes de producción, y la existencia de una protección exterior adaptada (apartado 12). 
Nosotros fuimos más coherentes cuando rechazamos la reforma Fischler, y propusimos en el coloquio «Reconstruir una política agrícola en Europa» , un modelo de agricultura menos sometido, en el interior, a los regímenes de intervención pública, y no subvencionado a la exportación, pero protegido del exterior, a fin de determinar espontáneamente unos precios internos remuneradores y compatibles con una gestión sostenible de la naturaleza. 
Estas son las únicas vías que preservarán verdaderamente el futuro agrario de Europa. 
. – Este informe denuncia, con razón, algunos aspectos de esta PAC, que ha servido sobre todo para engordar los beneficios de los grandes agricultores de tipo capitalista y de la gran distribución. 
El ponente declara la ambición de distanciarse de esta política y proteger a los agricultores, en particular a los pequeños, y ello en todas las regiones de la Unión Europea, incluso en las más apartadas. 
No nos oponemos a que se proteja a los más pequeños, y es la única razón por la cual no hemos votado en contra de este informe. 
En cambio, nos oponemos por completo a que se subvencione o ayude a los capitalistas de la agricultura. 
Por otra parte, estamos en contra de los aspectos proteccionistas de la política defendida en este informe, porque el proteccionismo representa un ataque directo a las rentas de muchos agricultores de terceros países, incluidos de países pobres, y es perjudicial para los consumidores. 
Por tanto, nos hemos abstenido. 
. – He votado a favor del excelente informe del Sr. Garot y quiero aprovechar la ocasión para felicitarle por su trabajo sobre la agricultura europea. 
El Sr. Garot ha sabido encontrar el equilibrio justo entre quienes desearían que Europa se desentendiese de la agricultura en beneficio del mercado mundial y los que consideran el presupuesto europeo «una vaca lechera» destinada a enriquecer todavía más a los agricultores más ricos. 
– Un sólido argumento a favor del mantenimiento de las subvenciones agrícolas europeas es que permiten a los pequeños agricultores sobrevivir a las caídas de los precios de sus productos y contribuir a preservar una campiña viable. 
Este argumento queda anulado si el dinero de los impuestos se malversan llenando los bolsillos de los agricultores ricos y las multinacionales de la agricultura. 
Un estudio reciente de la organización de desarrollo Oxfam muestra que las subvenciones agrícolas comunitarias en Gran Bretaña benefician principalmente a los grandes propietarios. 
Se calcula por ejemplo que el más rico de ellos, el Duque de Westminster, recibe unas 38 libras esterlinas por hora en concepto de subvenciones agrícolas. 
Incluso el ponente, el Sr. Garot, que, en su condición de socialdemócrata considera lamentablemente que la liberalización de la agricultura es un fenómeno natural, observa ahora que hay algo anormal en lo relativo a las subvenciones agrícolas. 
Entre 1995 y 2002 las rentas agrarias aumentaron un 7%, pero al mismo tiempo el número de explotaciones se redujo un 15,7 %. 
Las explotaciones restantes aumentaron su tamaño y se hicieron más intensivas. 
El apoyo a la agricultura se distribuye de forma desigual: el 20% de las explotaciones recibe el 73% del apoyo directo, por el 59% de la superficie y tan solo el 25% de los empleos. 
El ponente está preocupado sobre todo por las explotaciones que producen poco pero reciben apoyo. 
Yo estaría más a favor de un tope, un límite máximo de ayuda para cada explotación. 
Sin esta medida, los fondos agrícolas se convertirían en una fuente de burocracia innecesaria y una forma de redistribución injusta. 
. – Me he abstenido en la votación sobre el informe del Sr. Garot, a pesar de que respalda el desarrollo y la reforma a favor de una política agrícola con desvinculación de primas y fortalecimiento de la política rural. 
Sin embargo, el informe no tiene en cuenta suficientemente las restricciones que regulan la financiación de la Política Agrícola Común. 
Incluso el margen financiero disponible tiene su impacto en la política que debe adoptarse. 
Quisiera llamar en particular su atención sobre el apartado 25, en el que se rechaza la cofinanciación para la política agrícola y rural. 
En mi opinión, la cofinanciación obligatoria es precisamente uno de los instrumentos clave que puede ayudar a adoptar en el futuro una política agrícola común. 
En el marco de la PAC, el número de explotaciones ha descendido vertiginosamente, un 15,7 %, entre 1995 y 2002, generando una elevación de las rentas agrarias en toda la UE. 
Esta elevación, de hecho, se debió a la reducción del número de explotaciones y al aumento del tamaño de las mismas. 
La pluriactividad y la diversificación también han ayudado al mantenimiento de las rentas agrarias. 
El examen de la realidad de la vida rural en los Estados miembros, sin embargo, revela en muchos casos que los agricultores dependen o bien de la ayuda pública, o bien de las fluctuaciones de los precios y los mercados, lo que genera un sentimiento de inseguridad que, a su vez, reduce los niveles de inversión en la modernización y en la diversificación de cultivos. 
Las explotaciones se concentran cada vez más y, a menos que se luche contra esta tendencia, la consecuencia será la despoblación del campo, haciendo peligrar así todos los factores externos apoyados por el campo, siendo algunos de ellos no cuantificables. 
Deben compatibilizarse los objetivos de «competitividad» y «multifuncionalidad» , asegurando de este modo un nivel de seguridad mínimo para las personas relacionadas con la agricultura, así como confianza en un nivel de vida justo y estabilidad de rentas. Los resultados de ello serían una agricultura comunitaria viable, capaz de apoyar el mayor número posible de explotaciones y empleos en toda la UE. 
He votado a favor. 
. – He votado a favor del informe Garot en reconocimiento del mérito de una iniciativa que, por una vez, ha permitido emprender un debate sobre una de las cuestiones de fondo que condiciona el mantenimiento de nuestro modelo agrario: la renta de los agricultores. 
Este debate nos ha permitido romper con los enfoques fragmentarios y técnicos a que nos obliga habitualmente el examen de la oleada de propuestas legislativas procedentes de la Comisión. 
He querido señalar asimismo mi pleno acuerdo con el recordatorio de los objetivos fundamentales de la PAC, cuya pertinencia reafirma el informe: «fomentar una agricultura territorial que sea capaz de mantener, en todo el territorio, el mayor número posible de explotaciones y puestos de trabajo» , «garantizar un nivel de vida equitativo para la población agraria y conseguir la estabilización de las rentas con el fin de mantener la actividad agrícola en todo el territorio de la Unión Europea». 
Pero no puedo sino expresar mi extrañeza ante el razonamiento contradictorio que consiste, por una parte, en aprobar sistemáticamente las propuestas de la Comisión, ya se trate de la desvinculación o del descenso de las protecciones exteriores y, por otra, en denunciar el riesgo que presentan esas mismas propuestas de una desnaturalización completa del modelo agrario europeo. 
Mi aprobación no se refiere evidentemente a las referencias a la desvinculación y al desarrollo rural contenidas en el informe Garot. 
–Con este informe todavía seguimos en el campo de la agricultura. 
Quisiera que la investigación agrícola progresase de tal modo que consiguiese un vino producido a base de uvas que no dañe el hígado de la persona que lo bebe. 
También quisiera que esta agricultura produjese peras que sepan a peras, manzanas que sepan a manzanas, cerezas que sepan a cerezas y melocotones que sepan a melocotones; pero sobre todo, señor Presidente, quisiera que la menta, que es mi sabor favorito, tenga, y siga y siga teniendo el sabor y el perfume de la menta, que me produce tanto placer y que adoro. 
. – Que gran parte de la investigación agronómica se ha orientado hasta ahora, de un modo u otro, hacia ámbitos en que los capitalistas del sector agroalimentario esperaban un máximo de repercusiones para sus beneficios es una evidencia. 
Este informe preconiza una reorientación de la investigación, aunque solo sea parcial, hacia sectores actualmente abandonados. 
Sería en efecto una buena cosa. 
Y ello, a pesar de que no creemos, a diferencia del ponente, que el desarrollo de la agricultura denominada sostenible y de las producciones agrícolas denominadas biológicas, que él apoya, sean sinónimo por fuerza de una ventaja real tanto para los consumidores, al menos en su gran mayoría, como para las pequeñas explotaciones familiares. 
No nos oponemos, por supuesto, a una reorientación de la investigación agronómica en este sentido, ni a que se financie con fondos públicos, como pide el ponente. 
Esta última demanda subraya hasta qué punto es incapaz la economía de mercado de garantizar la financiación de la investigación cuando sus resultados no conducen a un beneficio inmediato. 
La agricultura tiene un gran impacto en el clima, en los suelos, en la biodiversidad, en el equilibrio de los ecosistemas y en la gestión del paisaje; en otras palabras: existe una gran interacción medioambiental. 
Es una actividad socieconómica y cultural vital que debe asegurar una producción agrícola de alta calidad. 
Las crisis alimenticias y zoosanitarias ocurridas en la UE han mostrado la insostenibilidad del actual modelo agrícola establecido en el marco de la PAC. 
Este modelo fomenta la intensificación de la producción y está completamente en desacuerdo con el aspecto multifuncional de la agricultura. 
Para desarrollar una cultura agrícola sostenible, por tanto, es importante desarrollar, aplicar y financiar una investigación agrícola que tenga en cuenta la importancia de la agricultura para el desarrollo de las zonas rurales y la producción de alimentos de alta calidad. 
El mísero 2% del Sexto Programa Marco de Investigación es un nivel de financiación demasiado bajo para la investigación en ámbitos como los métodos de explotación más sostenibles, seguridad y calidad de los alimentos, fuentes de ingresos alternativas en la agricultura (usos no alimenticios de materias primas agrícolas) , la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres, nuevos modos de regulación del mercado y la mejora de los métodos de producción agrícola ecológica. 
Otros ámbitos en los que la investigación es esencial son los cultivos genéticamente modificados y la biotecnología. Para ser más específicos debemos examinar las cuestiones relativas a la coexistencia entre los cultivos genéticamente modificados y los cultivos convencionales/ecológicos, y los riesgos potenciales derivados de la liberación de estos cultivos en el medio ambiente y su introducción en la cadena alimentaria. 
El informe que tenemos ante nosotros señala la necesidad de aumentar la financiación de la investigación en el ámbito de la agricultura a la luz de desarrollos tales como la transición hacia la multifuncionalidad, la mayor importancia otorgada al desarrollo rural y la necesidad de comercializar mejor algunas prácticas agrícolas especializadas como la producción agrícola ecológica. 
Por ello el ponente solicita el uso de fondos del Sexto Programa Marco de Investigación para apoyar proyectos e iniciativas en el marco general de la agricultura y el desarrollo rural, teniendo presente el considerable potencial que existe en el ámbito de la ciencia de los alimentos y el desarrollo de productos, para incentivar la producción y la economía locales. 
Estamos completamente de acuerdo en que si queremos satisfacer las expectativas cada vez mayores de los consumidores en lo relativo a trazabilidad, el control higiénico, la calidad de los ingredientes, etc., se necesita una inversión considerable para elevar los niveles de calidad y mantener la competitividad. 
Dado que no es fácil que tal inversión se produzca en el nivel de las PYME, debemos crear las condiciones para lograr una inversión a nivel industrial, o a nivel regional o nacional, mediante la financiación pública. 
Por tanto, he votado a favor de este informe. 
Comparto la opinión del ponente de que se necesita financiación para la investigación en el campo de la agricultura. 
Hay un potencial considerable en los ámbitos de la ciencia de los alimentos y en el desarrollo de productos para incentivar la producción y economía locales, que, desafortunadamente, no se ha explotado adecuadamente. 
A la vista de los últimos desarrollos en el sector, como la transición a la multifuncionalidad, creo que debe concederse al desarrollo rural la prioridad que merece, y la utilización de fondos del Sexto Programa Marco de Investigación puede ayudar en este aspecto. 
Creo que las crecientes demandas de los consumidores, que acojo favorablemente y aliento, merecen con seguridad el apoyo total de las instituciones europeas. 
Las instituciones deben contribuir no solo a posibilitar cada vez más el seguimiento del progreso de un producto «del huerto al plato» , sino también a hacer más comercial ciertas actividades agrícolas especializadas, como la producción agrícola ecológica. 
Todavía se necesita una inversión considerable en lo relativo a trazabilidad, control higiénico y calidad de los ingredientes para elevar los niveles de calidad y mantener la competitividad. 
Por lo tanto, he votado a favor. 
– Es más, yo he votado a favor de este informe relativo al reconocimiento de cualificaciones profesionales porque su objetivo es contar con médicos que sean médicos europeos, reconocidos como tales en toda Europa, abogados europeos, contables europeos, arquitectos europeos. 
Nosotros los diputados, señor Presidente, ¿no somos ya parlamentarios europeos? 
¿No demostramos que podemos tener éxito siendo parlamentarios sin tener que pasar exámenes adicionales para ser reconocidos en toda Europa? 
Por lo tanto, somos un ejemplo de cómo es posible en la práctica contar con una profesión europea única. 
De la misma forma que hemos tenido éxito como parlamentarios a la hora de realizar nuestro trabajo de forma eficaz, muchas otras profesiones también pueden ser capaces de hacerlo. 
¡Esperemos que ocurra pronto! 
.– Los diputados del Partido Comunista de Grecia al Parlamento Europeo hemos votado en contra del informe porque, so pretexto de «transparencia» y «reconocimiento de cualificaciones profesionales» , intenta hacer mermar disminuir los fundamentos científicos de las cualificaciones, cuando los desarrollos en ciencia y tecnología presuponen la mejora de la educación. 
Tal y como destacamos durante el debate sobre el informe, su objetivo es seguir liberalizando el mercado laboral en beneficio de los grandes negocios, interviene en el sistema educativo de los Estados miembros imponiendo un modelo educativo que empeora la educación superior, y armoniza a la baja las cualificaciones necesarias para acceder a las profesiones protegidas por ley. 
Por lo que respecta por ejemplo a los ingenieros, aparte de la cuestión del trato desigual a expensas de los ingenieros cualificados que han cursado una carrera de cinco años en una institución de educación superior, a los que equipara con graduados que solo han estudiado durante tres años, la disminución de la categoría de la profesión implicada por la Directiva plantea la grave cuestión del interés público y de las urgentes exigencias sociales y fundamentales en sectores sensibles, como por ejemplo la protección frente a terremotos, o la construcción y mejora del entorno natural y humano. 
Además, el Pleno ha votado a favor de las enmiendas que preparan el terreno para el reconocimiento de diplomas de imitación emitidos por institutos universitarios, los famosos Centros de Estudios Liberales vinculados a universidades extranjeras que equiparan a sus graduados con los graduados de las escuelas superiores griegas, a pesar del hecho de que las carreras en estos centros no están reconocidas en Grecia como estudios superiores. 
Acojo con agrado las críticas realizadas en el informe al proyecto de la Comisión, sobre todo respecto a las medidas temporales para definir la prestación de servicios y a la posibilidad de evitar el pago de cotizaciones a la seguridad social. 
En Portugal, el elemento clave de la regulación y de la limitación del acceso a determinadas profesiones se encuentra en el artículo 47 de la Constitución. 
Solo se admitirán restricciones mediante disposiciones legislativas de la Asamblea Nacional. 
El acceso solo podrá restringirse cuando estén en juego otros derechos fundamentales –la vida, la salud y la seguridad de las personas y sus repercusiones– y mientras se respeten en todo momento los criterios de proporcionalidad, de necesidad y de garantía de que la medida es apropiada. 
La idea de consolidar todos los reglamentos profesionales en una sola directiva, tomando en cuenta las características particulares de cada una de ellas –médicos, veterinarios, enfermeras, tocólogos, arquitectos y dentistas– es aceptable, ya que están en juego la vida, la salud y la seguridad de las personas y sus repercusiones. 
Sin embargo, es inaceptable, y además incomprensible, que la Directiva no incluya a otros profesionales del sector sanitario, quienes ejercen un papel vital en la salud y la seguridad de los trabajadores, tales como los trabajadores sanitarios y de seguridad, biólogos, técnicos jefe sanitarios y técnicos de diagnóstico y terapeutas. 
El proyecto de Directiva, al no establecer explícitamente que con el fin de reconocer las cualificaciones profesionales la formación debe basarse… 
. – El informe sobre el reconocimiento de las cualificaciones europeas amplía las posibilidades de prestación de servicios y armoniza las cualificaciones para aumentar la movilidad y la libre circulación de la mano de obra en Europa. 
Se propone garantizar la calidad del trabajo a los clientes de los prestadores de servicios y permitirles encontrar al responsable si el servicio no le conviene, así como tener un seguro contra los riesgos. 
Pero no hay nada en este texto sobre los derechos que otorgan las cualificaciones reconocidas, nada sobre las garantías ofrecidas, nada sobre la armonización de los estatutos y las condiciones de trabajo, nada sobre la mejora de las condiciones de formación. 
Rechazamos una política que se dirige a dar todas las garantías a las empresas o a los clientes en caso de movilidad profesional, y ninguna a los que trabajan; rechazamos una política que favorece el dumping social poniendo a los asalariados en una situación de competencia brutal sin ninguna garantía, minando así los estatutos y las conquistas sociales. 
Defendemos una armonización de las cualificaciones que vaya indisolublemente unida a una definición de los estatutos, de las condiciones de trabajo y de los compromisos sociales en términos de salarios y de protección social, pues permitiría una movilidad que favorecería una mejora de las condiciones de vida y de trabajo en todos los países europeos. 
Por tanto, hemos votado en contra del informe Zappalà. 
. – El informe que se nos presenta contiene un número enorme de enmiendas, entre las que me he centrado solo en una de ellas, a saber, la enmienda 20 relativa al considerando 21. 
En efecto, me lo pidió el Consejo de Arquitectos de Europa a través del Colegio de arquitectos e ingenieros consultores del Gran Ducado de Luxemburgo. 
Esta enmienda introduciría el concepto según el cual «surveyors» podrían ofrecer servicios de diseño de edificios. 
La introducción de la referencia a los «surveyors» en esta directiva confiaría el reconocimiento a una profesión que solo existe en el Reino Unido e Irlanda y que no intervienen en el diseño de edificios. 
En estos países son los «building surveyors» los que se contratan de forma ocasional en el diseño de edificios. 
Dado que la profesión de «surveyor» no es común en Europa, las versiones lingüísticas de la enmienda van a crear confusión a la hora de saber quién está habilitado para diseñar edificios. 
En la traducción francesa se emplea el término «géomètres». Pero no se trata del mismo grupo profesional. 
. 
El Partido Popular para la Libertad y la Democracia está particularmente satisfecho por el hecho de que las enmiendas de transacción que se han acordado concuerden por entero con la iniciativa de la Comisión Europea de poner en marcha un Europasaporte, un sistema de Internet que tendría como objetivo la promoción de la comparabilidad de los estudios y de las cualificaciones en la UE. 
El compromiso consiste en un sistema de puntos basado en el tiempo, en el que se otorgan puntos por cada curso de formación. 
Este sistema garantiza que al evaluar un curso de formación cobre importancia la calidad y no la duración del curso. 
Además, en este compromiso se han reforzado los derechos y deberes para aquellas profesiones que implican el deber de tener en cuenta especialmente al consumidor, por medio del registro y del seguro obligatorio en el caso de una prestación temporal de servicios en otro Estado miembro. 
También en el caso de las mujeres siguen siendo válidos los mismos derechos para acceder al mercado laboral. 
Se ha suprimido una disposición discriminatoria que estipulaba la posibilidad de retención de una cualificación solo en el caso de que no se hubiera interrumpido el trabajo durante dos de los últimos cinco años. 
La Directiva reviste una importancia vital para mejorar la movilidad en el mercado laboral y es una precondición esencial para alcanzar el objetivo de Lisboa. 
Un sistema transparente de cualificaciones será cada vez más importante, sobre todo con vistas a la ampliación, que derivará en un incremento todavía mayor de la migración intracomunitaria. 
A la gente joven se le dice que cada vez es más fácil conseguir un puesto de trabajo en el extranjero. 
Para algunos, trabajar en el extranjero por una temporada para ganar experiencia es divertido, pero no así cuando se convierte en una necesidad porque los puestos de trabajo de su profesión están desapareciendo en su propio país, de forma que solo pueden encontrarlos en lugares remotos. 
Las personas se desilusionan por completo cuando tienen que trabajar en el extranjero con salarios más bajos y sin reconocimiento por las cualificaciones obtenidas. 
De acuerdo con la propaganda de la UE, toda persona de todo Estado miembro tiene derecho a trabajar recibiendo un salario normal adecuado a ese país, y las cualificaciones están reconocidas mutuamente. 
Sin embargo, en la práctica hay una gran diferencia respecto a ese escenario ideal. 
Los profesores extranjeros no pueden realizar un trabajo equivalente en Francia y en Italia. 
Según peticiones recibidas recientemente, Grecia no reconoce los estudios universitarios que los griegos han cursado en el extranjero, y también hay problemas en Baden-Württemberg y en Escocia. 
No tengo la impresión de que la modificación propuesta de quince directivas vaya a resolver el problema realmente. 
Como mucho, habrá más libertad para establecerse por parte de quienes desempeñan profesiones liberales, y los extranjeros ya no tendrán que satisfacer los requisitos de permiso y registro; en cambio, dichos requisitos seguirán siendo obligatorios para sus homólogos nacionales. 
De acuerdo con especialistas médicos, la Comisión Europea no ha regulado muy bien la equiparación de sus cualificaciones. 
Parece que las quejas persistirán. 
. – Celebro la aprobación hoy del informe del Sr. Zappalà relativo al reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la Unión Europea. 
En el momento de la ampliación, la libre circulación de los trabajadores, en este caso de los médicos, dentistas, enfermeros, veterinarios, comadronas, farmacéuticos y arquitectos, en la Unión exige un régimen de cualificaciones profesionales simplificado y armonizado. 
Me parecía importante preservar los logros y, por tanto, mantener unas normas elevadas de cualificación, en especial para los médicos, con un espíritu «europeo» que respete los valores personalizados. 
Por esta razón he votado en contra de la enmienda 155. 
En efecto, es preferible un mecanismo flexible que tenga en cuenta la evolución de los cursos de licenciatura universitarios para fijar el número de años de formación de los especialistas. 
Por último, he votado en contra de la enmienda 156, que no aclara el ámbito del reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales y no deja a los Estados miembros libre elección para reconocer especialidades en la profesión médica. 
Con respecto a estos puntos, espero del Consejo un gesto fuerte y una mayor escucha de las asociaciones profesionales, en particular de los médicos, a mayor beneficio, en última instancia, no lo olvidemos, de los pacientes. 
– Estaba de viaje en coche de Milán a Roma. 
Tenía que ir a ver a mi madre, a quien no he visto desde hace un tiempo a causa de mis obligaciones como diputado al Parlamento Europeo. 
Entre Bolonia y Florencia había una gran congestión de tráfico, lo que los franceses llaman un; no podíamos seguir adelante por culpa de una cola de camiones, de camiones articulados y de coches parados. 
Divisé al Sr. Gargani, el ponente de este informe, que me estaba esperando allí. 
«¿Qué hace usted aquí, señor Gargani? », le pregunté. 
Y él me contestó: «Estoy aquí para mostrarle lo que podría pasar si no se aprueba mi informe sobre la armonización de los vehículos de motor. 
Mire, un coche ha dado la vuelta. 
Así que, cuando mañana llegue al Parlamento, acuérdese de votar a favor.» 
Fue un sueño, porque nunca no me encontrado con el señor Gargani, pero desde mi punto de vista votar a favor es lo correcto, y es lo que he hecho. 
Manifiesto mi satisfacción por el presente informe sobre la propuesta de la Comisión encaminada a completar el mercado interno único en el sector automovilístico por medio de la extensión a todos los vehículos de motor de los principios y procedimientos de homologación de la UE, que en la actualidad solo se aplican a los turismos. 
Ante los progresos realizados en el sector automovilístico y dada la ampliación inminente, es necesario implantar un sistema único obligatorio para la homologación de vehículos de motor que reemplace los procedimientos nacionales. 
Puede que esto beneficie a la industria automovilística europea, como por ejemplo con una reducción en los costes de producción, mayores facilidades de acceso y expansión en el mercado europeo. Además, habrá ganancias en términos de seguridad en las carreteras y protección medioambiental. 
Yo estoy de acuerdo en particular con el punto de vista del ponente de que todos aquellos beneficios que puedan otorgarse a las pequeñas y medianas empresas quedarán anulados por las condiciones que la propuesta les impone al aplicarla. 
El límite anual de producción exigido se sitúa en un nivel demasiado bajo, lo que podría desincentivar a las PYME europeas, obstaculizando de esta forma su potencial para el desarrollo y la innovación tecnológica. 
Los periodos de transición, que deben preceder a la entrada en vigor del sistema, también deben ampliarse para tener en cuenta los ajustes que deberán realizar los fabricantes y todos aquellos que se ven obligados a trabajar con los nuevos procedimientos. 
He votado a favor. 
. Hoy he votado en contra de este informe, como hice en comisión. 
La propuesta original de la Comisión era un plan de recuperación de la merluza y el bacalao basado en consejos científicos que eran muy similares en su evaluación de la situación de ambas pesquerías. 
La intensa presión por parte de aquellos cuyos intereses nacionales se centran en la pesquería de la merluza influyeron en la decisión de la Comisión y el Consejo de separarlas, procediendo primero con las medidas de recuperación del bacalao, que han sido discriminatorias con respecto al sector escocés del pescado blanco. 
En comisión, este informe Souchet fue prácticamente redactado de nuevo mediante enmiendas que favorecen a los intereses nacionales centrados en la pesquería de la merluza. 
Esta medida aviva la opinión de muchos escoceses de que determinadas flotas pesqueras nacionales están siendo favorecidas, mientras que Escocia sale perdiendo con la gestión de la UE. 
El principal factor que influye en este proceso es el hecho de que algunos Estados miembros tienen Gobiernos que están dispuestos a hacer que la supervivencia de sus comunidades pesqueras sea una prioridad, mientras que Escocia tiene la desgracia de estar representada por el Gobierno del Reino Unido, que regularmente nos traiciona en las negociaciones del Consejo de Pesca de la UE. 
. – Los recursos pesqueros no son inagotables. El bacalao es un ejemplo de ello. 
Por eso, para su conservación, la Comisión Europea no cesa de encuadrar nuestro esfuerzo pesquero con variados instrumentos de gestión tanto de las poblaciones como de los buques. 
Las capturas se limitan con totales autorizados de captura desglosados en cuotas nacionales. 
En cuanto a los buques, no se deja de amputar su número a través del instrumento financiero de orientación de la pesca. 
El Reglamento de 20 de diciembre de 2002 sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros recoge estos instrumentos, pero sirve sobre todo de base a un tercer instrumento de gestión propuesto el 27 de junio de 2003, la limitación del esfuerzo pesquero en kilovatios-día. 
Para que las poblaciones no desciendan por debajo de la biomasa límite, 100 000 toneladas para la merluza del norte por ejemplo, el número de días de salida de los buques se limitaría en función de su potencia. 
Aparte de la complejidad de esta herramienta, ¿para qué poner a los pescadores europeos en barbecho si las reservas así liberadas son sobreexplotadas por los japoneses, los rusos y otros industriales de la pesca? 
La propuesta de la Comisión demuestra la necesidad de un conjunto de medidas para facilitar la recuperación de los bancos de merluza. 
La propuesta se basa en el informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM). 
Sin embargo, el Parlamento no desea ir tan lejos y juzga que los problemas no revisten tanta seriedad. 
Las enmiendas del Parlamento se basan esencialmente en el punto de vista de que la Comisión ha exagerado los problemas de la sobrepesca y que un plan de recuperación es innecesario. 
He decidido votar en contra de las enmiendas del Parlamento porque la propuesta original de la Comisión hace más hincapié en tomarse los problemas en serio. 
Además, se da prioridad a la supervivencia continuada de los bancos de peces por encima de los efectos socioeconómicos que pueden derivarse, en el peor de los casos, de cualquier restricción. 
– Señor Presidente, no estoy seguro de poder emular la elocuencia del Sr. Fatuzzo en mi explicación de voto. 
Sin embargo, en primer lugar, pese a que nadie en esta Asamblea se opone al control adecuado del tiempo de trabajo de todas las personas empleadas en la Unión Europea, es igualmente importante que se permita cierta flexibilidad. 
El objetivo de las enmiendas que he presentado, y algunas de las propuestas que he apoyado, era el de garantizar que se aseguraría esa flexibilidad, que no necesariamente se produciría una renacionalización de las normas relativas al tiempo de trabajo, sino que habría flexibilidad en el sistema para garantizar que los trabajadores temporales y otras personas que optan por trabajar más horas tengan derecho a hacerlo, y no que se regule en sentido contrario. 
Aunque algunas de estas enmiendas no se aprobaron, sigo apoyando el informe y felicito al ponente. 
En otra cuestión de procedimiento, creo que se cometió un error al admitir la enmienda oral a la enmienda 26. 
Mi enmienda 26 pretendía la eliminación de determinado párrafo, mientras que la enmienda oral añadía alguna cosa a dicho párrafo con respecto al texto original. 
Quisiera pedirle que usted o sus servicios examinen esto y que se deje constancia. 
Aunque sé que no podemos cambiar el voto al aspecto, debería quedar constancia de que se ha producido un error. 
Tomo nota de su comentario y se hará constar en acta. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con lo que dice. 
Pediré a los servicios que se pongan en contacto con su Señoría respecto a este tema. 
La enmienda oral no habría prosperado en caso de haber 32 objeciones. 
Esto no ha sucedido, por lo que se ha convertido en el precedente conforme al que hemos votado. 
Pediré a los servicios que le den una explicación, pese a que su contenido no le plazca. 
– Señor Presidente, celebro el informe Cercas y felicito al ponente por su equilibrado planteamiento. 
En el Reino Unido, 4 millones de personas –o el 16% de la población activa– trabajan en la actualidad más de 40 horas por semana. 
A principios de los noventa, la cifra era de 3,3 millones de personas, o el 15% de la población activa. 
Es increíble que haya más personas que voluntariamente quieran trabajar más de 40 horas semanales ahora que en el momento en el que se introdujo esta Directiva. 
Esto también cuestiona el uso de la exclusión voluntaria individual y si se está respetando la verdadera libertad de elección de los trabajadores, tal y como se establece en la Directiva. 
Un exceso de horas afecta a la salud de los trabajadores a causa del estrés y el agotamiento; afecta a la productividad de la industria y menoscaba la vida familiar. 
No debería obligarse a nadie a trabajar más de 40 horas. 
Apoyo la flexibilidad, pero debe haber una verdadera libertad de elección, no estoy convencido de que esta exista en la actualidad. 
He soñado que el Sr. Berlusconi, el Presidente del Gobierno italiano, tenía una aureola, así que puedo llamarlo San Berlusconi. 
San Berlusconi me dijo: «Sé que mañana tienes que votar sobre el informe Cercas relativo a la ordenación del tiempo de trabajo, que pretende impedir que aquellos que están exentos, con arreglo a la Directiva del tiempo de trabajo mínimo, trabajen demasiado. 
Mírame a mí: Trabajo todo el día, desde las seis de la mañana hasta las dos de la madrugada. 
Fíjate qué joven estoy, qué activo soy, qué despierto y satisfecho me encuentro en el trabajo. 
Así que el consejo que te voy a dar es que votes en contra del informe Cercas, para que todo el mundo pueda trabajar tanto como yo y esté tan satisfecho y se mantenga tan joven como yo.» 
En ese momento me desperté y me di cuenta de que había sido un sueño. 
Así que me he sentido libre para votar de acuerdo con mi conciencia y, de hecho, he votado a favor del informe Cercas, a pesar de que San Berlusconi me aconsejó que votara en contra. 
Señor Fatuzzo, le agradezco que aporte cierto color mediterráneo a estos debates, por lo demás modestos, después de nuestra votación. 
Usted ha hablado de parecer joven: como sabemos por las referencias que ha mencionado, hay muchas formas de parecer joven, y puede que trabajar duro solo sea una de ellas. 
. – El informe Cercas pone de manifiesto lo que todo trabajador ya sabe: la patronal y los políticos a su servicio, que quieren una mano de obra que se deje explotar, desean que la duración del trabajo pueda ser fijada por el patrón como él quiera, sin ningún freno legal. 
El Reino Unido es líder en este ámbito. 
El ponente indica que «más de 4 millones de trabajadores hacen jornadas superiores a 48 horas, lo que supone casi un millón más que los que hacían estas largas jornadas antes de la Directiva. 
Igualmente se ha incrementado el número de los que trabajan más de 55 horas, elevándose su número a 1,55 millones. 
Hay un 1% de trabajadores en el Reino Unido que hacen jornadas semanales de más de 70 horas» 
En cuanto al acuerdo individual del trabajador para cumplir estos horarios, el cinismo de esta disposición queda subrayado por esta observación del ponente: «de forma generalizada, se hacen firmar estos acuerdos al mismo tiempo que el contrato de trabajo individual.» 
La elección es, pues, o matarse a trabajar o no tener trabajo. 
Esta ofensiva generalizada contra toda reglamentación del trabajo que proteja aunque solo sea un poco a los trabajadores de la omnipotencia de la patronal constituye una regresión social profunda. 
A resultas de las propuestas y los votos de estos grupos, se han quedado en el tintero algunos elementos sumamente importantes: 
– la solicitud de medidas temporales para impedir que un número importante de Estados miembros, como el Reino Unido, y de nuevos Estados miembros sean capaces de aplicar la cláusula de autoexclusión, lo que frustraría la finalidad de la Directiva; 
– la solicitud de que la Comisión emprenda inmediatamente acciones contra el Reino Unido por incumplimiento, debido al amplio abuso sistemático de la Directiva a que se hace referencia en la comunicación de la Comisión; 
– el punto que afirma que la Agenda de Lisboa establece un objetivo del 60% de la cuota de empleo entre las mujeres para el año 2010, que no se alcanzará si continúan permitiéndose las horas trabajo extraordinarias. 
Por otra parte, no se han aprobado nuestras propuestas, en particular las que abogan por una reducción gradual de la jornada laboral y que presentan modelos alternativos de organización del tiempo de trabajo en el sector de la sanidad y en sectores similares, que implican estar «disponible» para proteger los derechos de los trabajadores con respecto al máximo de horas de trabajo. 
. – El informe Cercas tenía por objeto una revisión seria de la Directiva que fija la duración máxima del tiempo de trabajo semanal en los países de la Unión Europea. 
Esta es de 48 horas, medidas en un período de cuatro meses. 
No obstante, la Directiva reconoce la posibilidad de autorizar excepciones que amplíen el período de medición anualizándolo, y concede incluso la posibilidad de no aplicar esta regla si los trabajadores «renuncian a ella voluntariamente». 
Ahora bien, en la exposición de motivos del informe se reconoce que estas excepciones se están convirtiendo en la norma en Europa. 
En particular en el Reino Unido, la «cláusula de renuncia individual» habría sido firmada por una tercera parte de los trabajadores, 4 millones de los cuales trabajan ya más de 48 horas semanales. 
La resolución preguntaba, pues, a la Comisión por qué no realizó la evaluación de la Directiva prevista para 2003. 
Pronunciándose a favor de la mejora de las condiciones de trabajo, de la salud de los trabajadores y, en particular, de las mujeres, pretendía limitar al máximo los rebasamientos de la semana de 48 horas y, sobre todo, a suprimir una «renuncia individual» manifiestamente descarriada. 
Una vez más, la gran mayoría de los diputados han demostrado su desprecio por las cuestiones sociales y su exclusiva preocupación por el beneficio votando enmiendas que hacen tabla rasa de la voluntad de limitar el tiempo de trabajo. 
Por ello, hemos votado en contra de la resolución enmendada. 
La Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo de 1993 protege a los empleados de las semanas laborales de más de 48 horas, descansos diarios de menos de 11 horas y vacaciones de menos de 4 semanas. 
En todos estos casos se trata de disposiciones mínimas que podrían hacerse fácilmente más estrictas. 
Por encima de todo, esto es necesario para impedir que los Gobiernos de los Estados miembros de la UE consideren que estas disposiciones mínimas europeas son lo normal y en consecuencia adapten sus legislaciones nacionales, tal y como parece que quiere hacer el Ministro neerlandés De Geus. 
En la práctica, la Directiva está siendo socavada por una concesión que se hizo al Gobierno británico, por aquel entonces de signo conservador. 
La cláusula de exclusión voluntaria significa que, cuando los trabajadores británicos firman su contrato de trabajo, se les pide que renuncien a sus derechos. 
Las personas que no están dispuestas a hacerlo a menudo tienen que ceder su puesto a personas que sí lo están. 
Un problema adicional es que las horas de disponibilidad de los bomberos y del personal sanitario no están a menudo incluidas en su horario laboral. 
Como esta situación ha cambiado gracias a una sentencia del Tribunal de Justicia, ahora se incluye a estas personas en el ámbito de la cláusula de exclusión voluntaria. 
Esto posibilita que la gente trabaje durante periodos de tiempo excesivamente largos. 
Gracias a una mayoría reducida, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales se ha decantado a favor de un procedimiento de infracción contra el Gobierno británico y de la abolición de la exclusión voluntaria individual. 
Hoy la propuesta ha sido desbaratada por la mayoría conservadora. 
El informe que ahora tenemos ante nosotros atañe a la revisión de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo: los periodos de referencia y las cláusulas de autoexclusión, comúnmente llamadas cláusulas de «opt-out». 
En 1993, el Reino Unido negoció una cláusula de exclusión voluntaria que autorizaba a Estados miembros específicos a no aplicar la semana de 48 horas laborables como máximo en determinadas circunstancias. 
Aunque estas cláusulas no son exclusivas del Reino Unido, es allí donde se usan con más frecuencia. 
Sin embargo, la Directiva de 1993 establece una semana de 48 horas de trabajo como máximo, acordando de ese modo una protección básica para la mayoría de los trabajadores, siendo los directivos la principal excepción. 
Aunque con reservas, la aprobación de varias enmiendas ha limitado los aspectos más excesivos de las propuestas del ponente. Por lo tanto, he votado a favor. 
La UE cuenta con una larga historia de fijación de reglas mínimas para la organización del tiempo de trabajo. 
Lamentablemente, la exclusión voluntaria británica en este terreno se ha convertido cada vez más casi en una norma principal, porque el 33% de los trabajadores en Gran Bretaña han firmado contratos en los que manifiestan estar dispuestos a trabajar más de 48 horas semanales. 
Esto tiende a extenderse ahora a más países, lo que comportaría un riesgo para la salud de los trabajadores y socavaría la seguridad en el lugar de trabajo. 
Nosotros, los Demócratas Cristianos, no deseamos apoyar semejante desarrollo. 
Así que era crucial que yo votara a favor de la nueva redacción del apartado 12, cuyas dos partes fueron aprobadas respectivamente por 275 votos a favor y 229 en contra (con 9 abstenciones) y 335 votos a favor y 155 en contra (con 21 abstenciones). 
Esto significa que el plazo de la exclusión voluntaria británica va a irse cerrando ahora de forma paulatina. 
La enmienda 28 implica una solución a largo plazo del problema de las horas de disponibilidad de los médicos, que se discutirá en la próxima fase de la consulta, cosa que he apoyado porque de lo contrario el resultado sería una demanda de unos 3 000 nuevos médicos en Suecia y una situación financiera insostenible para los consejos comarcales. 
–Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
– Señora Presidenta, la semana pasada, la delegación israelí organizó una reunión sobre el llamado muro de seguridad con el Sr. Peled, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, entre otros. 
Contó una breve anécdota de un americano que, en un zoológico de Moscú, había visto para su gran sorpresa en una jaula a un lobo junto a un cordero. 
Resultó que cada día le llevaban al lobo un cordero distinto a la jaula. 
El Sr. Peled comparó a Israel con el cordero y a los palestinos con el lobo, lo que, desde mi punto de vista, es en realidad darle la vuelta a la cuestión, porque según lo que yo sé, es Israel quien ha ocupado Gaza y Cisjordania, quien tiene armas nucleares y uno de los ejércitos más poderosos del mundo y que recibe el apoyo de los Estados Unidos. 
Sin embargo, esto es típico del comportamiento y de la imagen que Israel tiene de sí mismo. 
Si el mundo no hace toda la presión imaginable para tirar abajo este muro completamente desastroso, sea la conclusión que sea a la que llegue la Corte Internacional, no habrá nunca paz en Oriente Próximo. 
Al mismo tiempo, Sharon debe saber que no puede reemplazar la hoja de ruta para la paz con su propia delineación unilateral de las fronteras. 
De hecho, me complació escuchar que Sharon quería desmantelar los asentamientos en Gaza, hasta el momento en que quedó claro que lo único que quería era trasladarlos a Cisjordania y que se trataba de una fase en su proyecto actual de abandonar la hoja de ruta para la paz y, en realidad, empezar a actuar de forma unilateral. 
Esto es desde luego completamente inadmisible. 
¿Cuándo se ha planteado la comunidad internacional forzar a Sharon a hacer lo mismo, fijándole un plazo límite para el desmantelamiento obligatorio de todos los asentamientos ilegales de Israel en los territorios ocupados? 
Una vez se haya hecho esto, Israel podrá, si se considera apropiado, construir un muro protector a lo largo de la Línea Verde pero, para entonces, eso será innecesario porque la Autoridad Palestina contará entonces con la base para poner fin efectivamente por sí misma a todos los ataques suicidas. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, escuchando los discursos de muchos diputados, está claro que la reacción es casi unánime y que todos nosotros creemos que la carta del Consejo, en la que el Consejo sugiere al Tribunal de Justicia que una decisión sobre el caso del muro en territorio palestino se considera inapropiada, es especialmente grave e inoportuna. 
Aunque el concepto de dimisión no está previsto en las instituciones europeas, pediría al Consejo que tomara en consideración la opinión expresada en esta Cámara, que no es la de denunciar el muro porque representa un peligro y frena el proceso de paz, sino denunciar el muro como tal. 
Este muro, señor Presidente –como usted bien sabe y como muchos diputados han destacado– es principalmente un muro divisorio porque no sigue la línea verde de 1967, sino que se adentra en territorio palestino, dividiendo a la comunidad palestina, a los alumnos de sus escuelas, a los niños de sus padres, a los agricultores de los campos, a los enfermos de los médicos. 
Es un muro que se apropia territorio que pertenece a la comunidad palestina: se adentra hasta 25 km en Cisjordania; la primera sección, de 150 km, ya se ha construido y ha dejado a 50 000 palestinos fuera de su territorio. Cuando se haya completado, esa cifra será de 130 000. 
Estas cifras, señor Presidente, no se las ha inventado este Parlamento, sino que nos las han facilitado la sociedad civil israelí y organizaciones no gubernamentales israelíes, que nos recuerda que 670 000 palestinos corren el riesgo de verse seriamente afectados por la construcción de este muro y que la Autoridad Palestina perderá el 14% del territorio palestino. 
Tiene la palabra el Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión. 
– Señor Presidente, el escándalo financiero de Parmalat es el resultado directo de la monetarización de la economía. 
Esta monetarización es claramente excesiva, porque la producción y el comercio que satisfacen las necesidades materiales de la gente se ahogan en las aguas especuladoras de las altas finanzas internacionales. 
Este escándalo es un ejemplo más de los efectos perjudiciales de la liberalización del mercado y de los desenfrenados movimientos de capitales. 
Solo en los últimos años se han sucedido un número de escándalos financieros –Enron, WorldCom y Merck, en los Estados Unidos; 
Crédit Lyonnais, Vivendi, Ahold, Kirch, Marconi y Equitable Life en Estados miembros de la UE– que han tenido un impacto social y económico devastador. 
Hay que redoblar los esfuerzos internacionales para poner fin a los paraísos fiscales y para limitar las sucursales extraterritoriales. 
Se necesitan instrumentos financieros para hacer un seguimiento de los movimientos de capitales, como la aplicación de impuestos efectivos sobre los beneficios bursátiles. 
Sin embargo, lo que se requiere de forma más urgente es la vuelta a los valores centrales de la producción y el trabajo. 
Por muy grandes que sean los problemas de los accionistas, y sin duda son muy graves, debe concederse prioridad a la protección de los puestos de trabajo y a la salvaguardia de los derechos de los trabajadores, así como asegurar su derecho a la información, la consulta y la participación. 
Me gustaría destacar la contribución negativa de la UE en términos de monetarización y, específicamente, del Plan de Acción de Servicios Financieros, que alienta a la desregulación, liberalización e integración de los mercados de capitales junto al desmantelamiento de normas prudenciales y de mecanismos de control. 
Me preocupa, señor Comisario, que usted diga que un mal pensamiento precipitado a través de la legislación pueda exacerbar, más que resolver, los problemas de regulación ilustrados por casos de gran calado, como los de Enron y Parmalat. 
A pesar de sus preocupaciones ideológicas y de su reticencia a correr riesgos, no podemos ignorar las pruebas que tenemos ante nosotros, ni la necesidad urgente de abordar estos problemas de forma eficaz. 
– Señor Presidente, como hemos sabido, el caso Parmalat fue una catástrofe para sus trabajadores, los inversores, los ahorradores, sus acreedores, sus clientes y de hecho para los mercados financieros. Es nuestro deber como legisladores y responsables políticos ver cómo debemos responder a esto y ver qué podemos hacer para tratar de impedir que una catástrofe así se vuelva a producir. 
¿Cómo podemos garantizar que se detecte este tipo de conducta delictiva antes de que alcance las proporciones catastróficas y desastrosas que alcanzó en el caso Parmalat, antes de que se prolongue durante años, como ha sucedido? 
Solicito a la Asamblea que garantice que nuestra respuesta sea proporcionada, moderada y analice lo sucedido de forma imparcial, que hagamos un análisis concienzudo de lo sucedido, de qué funcionó mal –si es que algo funcionó mal– en el sistema regulador, y de cómo podemos mejorar el marco legal y regulador para tratar de impedir que se vuelva a producir un caso Parmalat. 
Pocos fueron lo bastante ingenuos para decir «bueno, el caso Enron se produjo en los Estados Unidos y nosotros no tenemos ningún problema en la Unión Europea». Los que lo hayan dicho está claro que ahora se sentirán en ridículo, pero esta no fue la respuesta general aquí y en los Estados miembros a la crisis de Enron. 
Como ya se ha dicho, necesitamos analizar el papel que desempeñan los profesionales –los banqueros, los auditores, las agencias de calificación– implicados en el caso Parmalat, para ver si existe un modo de que en el futuro no se vean arrastrados, de que sean capaces de ayudar a los ahorradores y a los inversores en la detección de este tipo de fraudes, y que su actividad esté debidamente regulada; y examinar si una regulación adicional garantizaría que cuentan con una mayor capacidad para detectar este tipo de fraudes. 
Pero no debemos cometer el error de tratar de convertir a los auditores, abogados y agencias de calificación en policías, porque no funcionará. 
También debemos aceptar que el tipo de conducta claramente delictiva y fraudulenta observada en el caso Parmalat es algo que nunca podrá eliminarse por completo. 
No importa lo eficaz y amplio que sea nuestro sistema regulador, siempre habrá defraudadores y delincuentes que incumplan las normas. Debemos concentrarnos en una mejor aplicación de las normas y reglas vigentes. 
Necesitamos una mayor cooperación entre nuestros reguladores nacionales, no un único regulador de la Unión Europea. Los Estados miembros deberían dedicar más recursos a combatir los delitos financieros y contar con una gran fuerza policial eficaz que desempeñe esta tarea en el futuro. 
Pues bien, los trabajadores de esta empresa pudieron comprobar cuán burdas eran estas mentiras. Pudieron comprobar que les habían timado. 
¿Cuántos salarios podrían haberse aumentado con los 14 000 millones malversados por el patrón de Parmalat? ¿Cuántos despidos supuestamente necesarios habrían podido evitarse? 
Pero entre las empresas que usted pretende que son la mayoría y que tienen un comportamiento ético y honesto, ¿cuántas Parmalat más hay que aún no han sido descubiertas? 
Y al lado del gangsterismo declarado de los patronos de Parmalat y muchos otros, ¿cuántas grandes empresas, todas en realidad, practican esa forma de gansterismo –legal en este caso– que consiste en cerrar una fábrica echando a los trabajadores a la calle simplemente para obtener una plusvalía bursátil suplementaria? Sus leyes otorgan a los patronos y a los consejos de administración un poder dictatorial sobre sus empresas. 
Estamos a favor de que los trabajadores, los consumidores y la población puedan controlar las empresas, sus cuentas, la forma en que realizan sus beneficios y la forma en que los utilizan. Es preciso que la colectividad pueda vigilarlas permanentemente y prohibir decisiones que vayan manifiestamente en contra de sus intereses. 
Los paraísos fiscales no están solo en las Bahamas. Para suprimirlos aquí, en Europa, hay que suprimir el secreto bancario y el secreto comercial. 
Quisiera preguntar al Consejo si estaría dispuesto a considerar como provisionales estas medidas- que está previsto aprobar en las OCM- mientras no tengamos los datos correspondientes a su impacto sobre el empleo agrario. 
Deduzco de su respuesta que efectivamente hay un riesgo de que se produzca un impacto negativo sobre el empleo agrario, que el Consejo no desea, y mi pregunta es si no cabría que, hasta que no se conozca este impacto, el Consejo considere con la calificación de "provisionales" dichas medidas. 
La Presidencia es consciente de que estas propuestas podrían tener un efecto en el tejido social, especialmente en regiones como Andalucía. Esto nos preocupa mucho. 
La Presidencia es consciente de las preocupaciones de los Estados miembros productores por el hecho de que en ausencia de iniciativas alternativas disponibles para los agricultores receptores de pagos desvinculados o parcialmente desvinculados, estos podrían optar por abandonar la producción, con el daño consiguiente para el tejido rural. Creo que este es el quid de la pregunta del diputado. 
La Comisión ha tenido esto en cuenta al formular sus propuestas. Propone que un porcentaje del gasto en apoyo de los productores se mantenga como reservas nacionales para tratar estos problemas. 
Así que existe un elemento de contingencia incorporado en las propuestas. El Consejo estudiará detenidamente los elementos de las propuestas de la Comisión y tratará de encontrar una solución de compromiso que sea aceptable para los Estados miembros productores. 
Como he dicho, la Presidencia irlandesa es especialmente consciente de este tipo de impacto regional potencialmente negativo. Nos interesa mucho que se logre minimizar. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la Presidencia irlandesa por su respuesta y también doy sinceramente la bienvenida a Irlanda como el nuevo país que ocupa la Presidencia de la Unión Europea. 
Concretamente en el ámbito de los derechos humanos, la Unión Europea puede hacer muchas más cosas que lo que pueden hacer los Gobiernos de cada uno de los Estados miembros, como por ejemplo Irlanda o Suecia. 
Por lo tanto, me alegra su defensa de los derechos humanos en Eritrea. 
Voy a rogarle, antes de que finalice su Presidencia a principios de verano, que no escatime esfuerzos para obtener más detalles sobre el periodista eritreo-sueco, Dawit Isaacs. Nuestra preocupación está justificada y cada vez es más profunda en lo que atañe a su suerte y nos tememos que ya no esté vivo. 
Puedo comprender bien las preocupaciones en este caso. 
De hecho, como ha comentado su Señoría, los derechos humanos no se determinan geográficamente; son un hecho universal y cada Estado con los que esta Unión tiene algún contacto de cualquier tipo debe ser consciente de nuestras preocupaciones al respecto, especialmente en aquellos casos en que una persona posee una doble nacionalidad que implica ser ciudadano de un Estado miembro de la UE. 
– Un problema que afecta, naturalmente, a los jóvenes en particular es el desempleo. 
El Presidente de Eurochambers, el Dr. Leitl, ha dicho hace poco que el desempleo por principio no se puede aceptar entre los jóvenes adultos del grupo de 15 a 25 años, y que han de tener una alternativa –trabajo o estudio– para que puedan integrarse en la sociedad. 
El Consejo es consciente de las preocupaciones expresadas por el Sr. Hyland. Sin embargo, todavía estamos aguardando una propuesta de la Comisión que proporcionaría al Consejo la base para llevar a cabo un examen detallado. 
Quisiera hacer un comentario más sobre la cuestión, a la atención de mi buen amigo Liam Hyland. Durante muchos años, el Sr. Hyland ha desempeñado un papel muy activo en todo el asunto del etiquetado y de la manera en que se interrelacionan el etiquetado y la protección de los consumidores. 
Me consta, y estoy seguro de que al Ministro también le consta, que los productores y los consumidores de mi país, Irlanda, están preocupados porque muchos restaurantes no están en condiciones de proporcionar esta información. Dejando de lado las cuestiones de calidad y seguridad, este hecho niega a los consumidores su derecho a apoyar la producción nacional o europea, frente a la producción de terceros países. 
¿Qué otras acciones puede emprender la Presidencia para asegurar que esta cuestión se abordará en propuestas futuras sobre el etiquetado? Estoy convencido de que la aportación del Consejo al resultado final de este aspecto crucial de interés de los consumidores será muy positiva. 
El Consejo comparte el punto de vista de su Señoría de que a los pescadores y a sus organizaciones representativas no solo se les debería permitir, sino que se les tiene que permitir una mayor participación e implicación en los procesos de toma de decisiones de la política pesquera común. 
Este es uno de los principios acordados en la reforma de la PPC aprobados por el Consejo en diciembre de 2002. 
Una vinculación más estrecha entre pescadores y científicos mejoraría la transparencia del asesoramiento científico, de forma que ese tipo de vínculo también debería alentarse. 
Tal y como el Presidente del Consejo dijo a la Comisión de Pesca en enero, estos consejos consultivos regionales proporcionarían un foro en que todos los afectados podrían reunirse y discutir cuestiones de interés. 
Este proceso de diálogo debería derivar de forma gradual en un mayor entendimiento y confianza mutuos. Hace unos años, como diputado al Parlamento irlandés, presidí una comisión parlamentaria que se encargaba de observar las dificultades que tenía la industria pesquera al comunicarse con los funcionarios de los diversos organismos reguladores en Irlanda. 
Una de las sugerencias que hicimos en aquella época fue que justamente el tipo de diálogo que el Sr. Ó Neachtain ha estado promoviendo en el sector pesquero es una cuestión central e importante, si los dos agentes han de entender sus funciones respectivas. 
El Consejo se propone adoptar la decisión de establecer los consejos consultivos regionales tan pronto como sea posible, una vez haya escuchado los puntos de vista de este Parlamento sobre la cuestión. El Consejo espera poder recibirlos; de nuevo, cuanto antes mejor. 
El Parlamento Europeo ha expresado con anterioridad la opinión de que considera la presencia turca en la parte norte de Chipre como una ocupación. La Comunidad Europea se creó como un proyecto de paz, y nuestro deseo es salvaguardar el legado recibido de De Gasperi, Schuman, Monet y Adenauer. 
A mí me gustaría que estos debates los estuvieran escuchando los ciudadanos irlandeses que conocieron los tiempos en los que ustedes- los irlandeses- dependían del Gobierno de Londres, y que aún viven. 
La paz es objetivo fundacional de la Unión Europea y, cuando más de cien profesores y catedráticos de Derecho penal de todo el Estado español se han visto obligados a manifestar públicamente el desmoronamiento del Estado de Derecho que está provocando el actual Gobierno español, creo que no podemos mirar para otro lado si queremos mantener la paz y la integración. 
Quisiera felicitar a la Presidencia irlandesa y al Consejo por todos los esfuerzos que están realizando para solucionar el conflicto de Kosovo y otros conflictos en el mundo. 
El Consejo y las Instituciones se preocupan mucho por las cosas que pasan en el mundo, tratan de aportar soluciones y contribuciones para que haya paz en el mundo y se solucionen los conflictos. 
La Unión Europea también interviene para resolver el conflicto de Irlanda del Norte, contribuyendo incluso con recursos económicos al proceso de paz. 
¿Le parece, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que es mucho pedir que se dedique también un poquito de esfuerzo al conflicto político del País Vasco, que también forma parte de la Unión Europea? 
El Consejo no tiene nada que añadir a las respuestas dadas en el periodo parcial de sesiones de septiembre de 2003, ni a las respuestas dadas a preguntas similares –números H-0629/03 y H-0743/03– en los periodos parciales de sesiones de noviembre y diciembre. 
Existe el derecho de plantear allí ese problema. Tanto si sus Señorías están satisfechos como si no con la respuesta, resulta que esta es la posición del Derecho internacional. 
Es lo que establece el Convenio y yo no puedo ir más lejos. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas n° 18 a 33 recibirán respuesta por escrito (1). 
Señor Presidente, señora Comisaria, debido a la amarga experiencia del naufragio del buque, la Comisión Ejecutiva nos presenta una propuesta de modificación del Reglamento de la Agencia Europea de Seguridad Marítima. 
También somos partidarios de la participación de la Agencia en los procedimientos de reconocimiento de certificados de competencia de las profesiones marítimas expedidos por terceros países, a lo que yo añadiría la facultad de homologación de dispositivos que controlen el cumplimiento de la normativa Marpol y otras, para evitar que los restos de los tanques de petróleo o de aceite de las sentinas sean vertidos al mar. 
En concreto, consideramos que la Agencia Europea debe estar dotada de todos los medios económicos, personales y materiales necesarios para poder abordar con dignidad estas funciones señaladas. 
En primer lugar, debe contar con un plan de emergencia para supuestos de catástrofe marina que abarque todas las costas, desde Gibraltar hasta Rusia, y que pueda desagregarse como convenga entre el océano Atlántico, los mares Mediterráneo, Báltico, del Norte, etc., incluyendo planes de tratamiento de los desechos resultantes de operaciones de recogida y limpieza de fuel-óleos. 
Además debería contar con una flota suficiente de buques de intervención rápida y algunos de rescate especializado, con capacidad incluso de bombeado y trasvase de fuel de cualquier buque que se hallara en dificultades. 
Y, por supuesto, debería contar con personal cualificado para verificar y comprobar la eficacia de los procedimientos de control y la aplicación de las normas de seguridad y prevención de la contaminación en los puertos europeos y de los buques que naveguen en aguas comunitarias, no solo de los que recalen en nuestras costas. 
– Señor Presidente, este Parlamento siempre ha creído en el fomento de un sistema sostenible para el transporte de mercancías en el que intervengan todas las modalidades. 
En teoría se pueden determinar perfectamente sus respectivas funciones, pero en la práctica se ha demostrado que esto es diferente, por lo que hemos observado que existe una serie de modalidades que se han visto desfavorecidas. 
Un problema que se presenta en este sentido es el amplio abanico de unidades de carga, que en muchos casos son fruto de la práctica diaria. 
Algunos se utilizan a gran escala, otros en menor medida. Todo ello depende de la situación del mercado. 
Este último es un factor dominante en el transporte de mercancías. Los cambios solo son significativos cuando están respaldados y estimulados por el mercado. 
Esto solo ocurrirá si se obtienen ventajas reales. 
En este sentido, la propuesta de la Comisión todavía contiene una serie de deficiencias. 
La introducción de una nueva unidad de carga es una idea excelente, siempre que se pueda utilizar realmente en todas las modalidades sin tener que realizar ningún tipo de ajustes. 
Toda la conmoción y los comentarios con respecto a esta propuesta parecen sugerir otra cosa. 
Por consiguiente, estamos encantados de que la propuesta esté más orientada hacia el mercado en este informe. La unidad de carga intermodal europea ya no es la panacea para todos los problemas existentes, sino una opción a utilizar en el futuro, integrada en las actividades operativas actuales. 
Existe otro ámbito que requerirá atención durante la votación de mañana, a saber, la enmienda 16. 
Para retener los aspectos positivos de la unidad de carga intermodal europea –un mayor número de palets en una unidad– parece ser útil dejar también la especificación de las dimensiones en manos del mercado, lo que permitirá que las empresas que quieran utilizar la unidad la realicen técnicamente. 
. Señor Presidente, Señorías, quiero señalar que desde la Comisión hemos instado a los Estados de la Unión a que ratificaran cuanto antes el Protocolo, pero, lamentablemente, no lo han hecho todavía. 
Coincido plenamente con el Sr. Medina en que la Comisión debe ser la titular en la Organización Marítima Internacional, al menos para los ámbitos en los que hemos ejercido las competencias comunitarias. El problema es que, como bien sabe su Señoría, no hemos podido ingresar en ese organismo, porque, entre otras cosas, el mandato lo tiene encima de su mesa desde hace ya un cierto tiempo el Consejo. 
En resumen, el entusiasmo del Consejo para avanzar respecto a la presencia comunitaria en el ámbito de la Organización Marítima Internacional no es generalizado. 
Pasa lo mismo, por cierto, con otro organismo como es la Organización Civil Internacional, pero coincido plenamente en que esa es la orientación adecuada, sobre todo cuando- como en este caso- las competencias en este ámbito se han ejercido durante los últimos cuatro años, cosa que antes no se había hecho. 
Las competencias que ahora ha asumido la Comunidad son notablemente más importantes y, por lo tanto, esta debe poder defenderlas también en el ámbito internacional. 
A la señora Miguélez le diría que, como muy bien sabe, hice una propuesta en el sentido de la responsabilidad penal, entre otras cosas, porque a menudo hay un problema de negligencia dolosa, y no solo en los casos como el del o el donde, si lo hay o no, corresponde a los jueces decirlo, sino en casos en los que se están limpiando las sentinas sin ningún escrúpulo, limpiando los tanques sin ningún escrúpulo en alta mar, lo que supone, normalmente, el 90% de los vertidos que se producen en nuestras costas; es verdad que se producen más diluidos, más extendidos en el tiempo y en el espacio y por eso, se concentran menos, pero el impacto es absolutamente desastroso y devastador y, como saben sus Señorías, he propuesto que se combata este problema. 
Antes se hablaba- creo que era el Sr. Ortuondo Larrea- de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, de la certificación de unos sistemas para controlar precisamente la cuestión de las sentinas y de los vaciados de tanques y demás, para poder luchar contra este tipo de actuaciones. 
El mar no es solo de todos los europeos, sino de toda la humanidad, y tenemos la responsabilidad de conservarlo para las futuras generaciones. 
Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, Señorías, y gracias especialmente al Sr. Gil Robles por la celeridad con que ha preparado este informe. 
(1) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0035/2004) del Sr. Brie en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el Afganistán: desafíos y perspectivas de cara al futuro [2003/2121 (INI) ]. 
. – Señora Presidenta, Señorías, si alguna vez han visitado el Afganistán o han intentado informarse más a fondo sobre este país, sabrán cuán terribles y amplios son los daños que allí se han causado, tanto materiales, como culturales, sociales y humanos. 
Las guerras civiles, las luchas por el poder de los señores de la guerra locales, la guerra de ocupación soviética, la dictadura de los talibanes, y también los bombardeos de la Alianza del Norte han matado y mutilado a millones de personas, han destruido la economía de lo que ya de por sí era un país extremadamente pobre, y han dejado la mayor parte de su sociedad en ruinas. 
Durante siglos, el Afganistán ha sido juguete de los intereses estratégicos de las potencias extranjeras. 
En mi opinión, la situación actual es sobre todo consecuencia de las guerras desencadenadas por la invasión soviética y de las políticas cortas de miras de los Estados Unidos, las cuales otorgaron a los talibanes un poder político y militar real en el Afganistán. 
Las víctimas han sido siempre millones de mujeres, niños y hombres afganos. 
No obstante, con este informe no pretendo resaltar nuestras diferencias en el pasado –aunque es cierto que las hemos tenido– sino hablar de nuestra posición común respecto a la responsabilidad que la comunidad internacional debe asumir para proporcionar, a gran escala, ayuda política, financiera y económica al pueblo del Afganistán para configurar un futuro social, democrático y pacífico para sí mismo. 
Esta ayuda, y el apoyo financiero ofrecido por la Comisión en concreto, no debe recortarse: debe intensificarse, tomando en cuenta las condiciones imperantes. 
Sería una irresponsabilidad por parte de la comunidad internacional, a la sombra de la guerra del Iraq y de las trágicas dificultades que allí se viven, que retrocediera en su compromiso respecto al Afganistán y debilitara su solidaridad con ese pueblo. 
Creo que es precisamente por la situación en el Iraq y el enfoque unilateral al respecto por lo que el Afganistán debe ser uno de los éxitos de la comunidad internacional, tomando como base la Carta de las Naciones Unidas y con un papel fundamental para las Naciones Unidas. 
Desde que se derrocó a los talibanes, ha habido cambios importantes y positivos. 
Y ha sido principalmente gracias a las propias fuerzas políticas del Afganistán. 
La constitución que acaba de adoptarse es un indicador especialmente importante de progreso, dado que garantiza los derechos humanos y democráticos fundamentales, hace justicia a todos los grupos étnicos y resalta la igualdad de trato para mujeres y hombres (este último punto es extremadamente importante no solo debido a la brutal opresión de mujeres y niñas por parte del régimen derrocado, sino también por el hecho de que la situación sigue siendo en la actualidad totalmente insatisfactoria, dado que las mujeres y las niñas siguen experimentando una gran discriminación, quedan excluidas de la participación en muchos aspectos de la vida social y cada día son víctimas de una terrible violencia, lamentándose miles de incidentes). 
Como hacemos en nuestro informe, la comunidad internacional debe exigir que se respeten los derechos humanos universales, incluyendo en ellos los derechos de las mujeres. 
Aunque no queremos adoptar un enfoque imperialista, debemos ser coherentes. 
A pesar de estos y otros avances, la situación en el Afganistán es extremadamente frágil. 
Los problemas más apremiantes son los niveles de seguridad mínimos o nulos en muchas regiones, el potencial de conflictividad inherente al poder militar indemne de los señores de la guerra, los gobernadores y los traficantes de drogas; el proceso de desarme se ha interrumpido, está siendo difícil desmovilizar a los soldados de los ejércitos privados y reintegrarlos en la sociedad; los talibanes se están reagrupando en algunas zonas del sur y el sudeste del país, y se producido un drástico aumento del cultivo de adormidera y del tráfico de drogas. 
Dado que no debemos permitir que estos problemas impidan que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen exitosamente, insto a Sus Señorías, y sobre todo a los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, a que no apoyen las enmiendas que pretenden suprimir la descripción de los mismos. 
Creo que si lo hiciéramos no estaríamos ayudando al pueblo del Afganistán, ni a nosotros mismos, si queremos mantener a dicho país como una prioridad política internacional. 
Permítanme que les recuerde también en este sentido que, cuando hace poco rendíamos homenaje al Secretario General de las Naciones Unidas otorgándole, a él y a su organización, el Premio Sajarov, lo hacíamos en memoria del personal de las Naciones Unidas que había perdido la vida en el Iraq; debemos tomarnos en serio la advertencia respecto a un empeoramiento de la situación de la seguridad que hace tan solo unos días, el 15 de enero, nos hizo Lakhdar Brahimi, que era entonces enviado especial de las Naciones Unidas en el Afganistán y es ahora enviado especial en el Iraq. 
Quiero dar las gracias a todos mis compañeros de la comisión, y a todos los grupos. 
Creo que teníamos una voluntad común de dejar claro hasta qué punto el Afganistán es una prioridad. 
Muchas gracias también a la Comisión de la UE, a su personal en Kabul y a Francesc Vendrell, su representante especial allí. 
. Señora Presidenta, en primer lugar quisiera disculparme ante su Señoría por no haber podido escuchar el primer minuto de su discurso. 
Pero quisiera decir que estoy muy de acuerdo con el resto del mismo, particularmente con lo que ha dicho sobre la prioridad que debemos seguir otorgando al Afganistán. 
También estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho sobre el compromiso, la dedicación y la valentía de algunos de los que están aplicando nuestros programas en Afganistán. 
Me complace enormemente disponer de esta oportunidad para debatir sobre el Afganistán una semana antes de volver allí y en el período previo al objetivo más desafiante de los que se fijaron en el Acuerdo de Bonn de 2001: la elección libre y justa de un Gobierno democrático en el Afganistán. 
Había en Bonn un enorme optimismo sobre la construcción de un Afganistán fuerte y democrático y el reparto de un dividendo de paz a toda la población. 
Desde entonces se ha avanzado mucho, pero todavía quedan formidables desafíos ante nosotros. 
El año pasado sugerí que el Afganistán estaba en una encrucijada decisiva y que la comunidad internacional debía redoblar sus esfuerzos para ayudar al Presidente Karzai a extender su autoridad a todo el país. 
Cada vez es más claro que esto significa además erradicar la producción de adormidera. 
La lectura del estudio de las Naciones Unidas de 2003 sobre la adormidera arroja datos muy preocupantes: no solo ha aumentado la producción un 6% con relación a los niveles récord del año 2002, sino que además su cultivo se ha extendido a nuevas zonas, afectando ahora a casi el 90% de las provincias. 
Este comercio pernicioso, valorado en unos 2 500 millones de euros, socava los esfuerzos por construir un Estado democrático plural que funcione y sigue alimentando la inestabilidad y el conflicto. 
Pero antes de analizar cómo está trabajando la comunidad internacional con el Gobierno afgano para tratar de solucionarlo, quisiera resaltar lo que el Afganistán ha logrado en los últimos doce meses. 
En primer lugar, la Loya Jirga Constituyente ha aprobado una nueva constitución, que reconoce la igualdad entre mujeres y hombres. 
En segundo lugar, ha comenzado el proceso de desarme, desmovilización y reintegración y ha empezado a haber algunos resultados esperanzadores sobre la reducción de armas pesadas en Kabul y en el valle de Panshir. 
También se ha iniciado el proceso de elaboración del censo electoral, aunque es preciso acelerar el ritmo. 
En el frente económico, el crecimiento del PIB se aceleró hasta un 30% en 2002, y se espera que en 2003 la cifra sea del 20%. 
La nueva moneda introducida a finales de 2002 ha permanecido estable y el Gobierno afgano ha logrado aumentar el flujo de ingresos fiscales hacia Kabul. 
La comunidad internacional también ha seguido «haciendo más» de lo prometido en Tokio. 
Los compromisos totales de la Unión Europea en 2003 superaron los 835 millones de euros, de los cuales algo más de 300 millones de euros provenían de la Comisión. 
En 2002 se ha contratado en el mismo año más del 70% de la ayuda de la Comisión, lo que representa a todas luces un logro admirable. 
El programa de desarrollo de la Comisión ha asegurado el suministro de servicios sanitarios en seis provincias, correspondientes al 20% de la población; la duración de los viajes en la carretera Kabul-Jalalabad ya se ha reducido a la mitad y actualmente se están iniciando los trabajos para reconstruir la carretera completamente. 
Los trabajadores clave del sector público, incluidos los médicos, profesores y policías, han vuelto al trabajo. 
La economía rural sigue creciendo y refleja el suministro de mejores semillas, la vacunación del ganado y la rehabilitación amplia de las estructuras de regadío. 
El desminado prosigue para que la gente pueda volver a sus hogares. 
Además, la financiación de 127 millones de euros con cargo a ECHO ha ayudado a apoyar el retorno al Afganistán de 2,5 millones de refugiados desde 2002. 
Sin embargo, el futuro del Afganistán depende sobre todo de la seguridad. 
La escalada de la violencia en 2003 se ha cobrado las vidas de trabajadores humanitarios, tropas de la ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad) y de muchos ciudadanos afganos. 
Grandes partes del sur y sureste son zona prohibida para el personal internacional. 
Antes de que concluyera 2003, la Comisión había suspendido temporalmente en las áreas de alto riesgo proyectos por un valor de 13 millones de euros. 
Tenemos que reconocer que la inseguridad y la creciente producción de adormidera son dos caras de la misma moneda. 
Sin mejorar las cuotas de seguridad, la reconstrucción se paralizará, y nos veremos luchando para lograr unas elecciones abiertas y creíbles. 
Acojo muy favorablemente la participación de los Estados miembros en los equipos provinciales de reconstrucción, así como su continuo apoyo a la ISAF. 
Espero firmemente que la OTAN pueda proporcionar más tropas. 
También me complace el papel que Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido desempeñan para ayudar al Gobierno afgano a constituir un ejército, una fuerza policial y un sistema judicial eficaces y aplicar una política antindroga eficaz. 
Sin instituciones más sólidas y una mejor aplicación de las leyes no llegaremos a ninguna parte en la lucha contra las drogas. 
Esta es exactamente la razón por la que la Comisión comprometió 50 millones de euros adicionales para el apoyo de la policía a finales de 2003 y por la que seguiremos desempeñando nuestro papel para garantizar un buen nivel de seguridad, incluido el tratamiento del problema de la producción de opio. 
Estoy seguro de que esta Cámara conoce ya que en mayo de 2003 el Gobierno afgano ha adoptado una sólida política antidroga que incluye medios de vida alternativos, institucionalización, cumplimiento efectivo de las leyes y reducción de la demanda. 
La Comisión ha trabajado estrechamente con el Gobierno afgano, el Reino Unido, que es el principal donante en la lucha antidroga, y las Naciones Unidas para ayudar a desarrollar y aplicar esta estrategia. 
En concreto, en 2003 la Comisión comprometió 9 millones de euros para la promoción de medios de vida alternativos en la región oriental; 3 millones de euros para el refuerzo del control fronterizo a lo largo de la frontera afgano-iraní; y 65,5 millones de euros para apoyar a la policía con el fin de asegurar la aplicación efectiva de las leyes en todo el Afganistán. 
Además, los más de 100 millones de euros comprometidos para el desarrollo rural en 2003-2004 ayudarán a proporcionar a largo plazo empleo legal a quienes están implicados actualmente en la producción de adormidera. 
Esto subraya la gran importancia que otorgamos a poner coto a la economía de la droga. 
He pedido a los servicios de la Comisión que presenten un informe sobre la forma en que esto se llevará adelante después de la Conferencia sobre Drogas celebrada los días 8 y 9 de febrero. 
Espero mantener importantes discusiones sobre esto cuando vuelva a Kabul con la troika ministerial la próxima semana. 
La construcción de un Afganistán seguro no se logrará de la noche a la mañana. 
Todos sabemos que el camino que nos espera dista mucho de ser fácil. 
Pero no podemos permitir que la reconstrucción del Afganistán fracase y es esencial que la comunidad internacional subraye su apoyo sólido y continuado al Presidente Karzai en la próxima Conferencia Internacional. 
Quiero terminar agradeciendo a esta Cámara su compromiso firme con el Afganistán, especialmente en lo relativo al presupuesto. 
Espero seguir avanzando sobre esta base durante el año en curso e informar a esta Cámara oportunamente de las conclusiones a las que llegue tras mi próxima visita al Afganistán. 
– Señora Presidenta, como todos sabemos, el Afganistán es un país con más problemas que montañas y valles. 
Alberga a más de 30 grupos étnicos distintos, como los pashtus, los hazara y los tajik, que coexisten en un equilibrio que han ido creando a lo largo de la historia, pero que es muy inestable. 
Por lo tanto, todos tenemos claro que los problemas del Afganistán solo se pueden resolver si los programas de ayuda y las soluciones que se proponen están en armonía con la cultura y la historia afganas. 
Como ha dicho el ponente, la situación de las mujeres en el Afganistán es especialmente trágica. 
El índice de mortalidad maternal es uno de los más elevados del mundo; y también lo es el de mortalidad infantil. 
Según las estimaciones oficiales, la incidencia del analfabetismo entre las mujeres afganas es del 90%. 
Creo que la situación de las mujeres solo podrá mejorar si implicamos a los hombres. 
No podremos ayudar a las mujeres si no persuadimos también a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos, y a los jefes de su clan. 
Si queremos ayudar a las mujeres afganas, debemos respetar su cultura y, en un país en el que las mujeres han sufrido la opresión durante años, es a los hombres a quienes hay que explicar que, si las cosas van bien para sus mujeres y sus hijos, ellos también estarán bien y de este modo mejorará la sociedad en su conjunto. 
Como se ha dicho, las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos. 
También es importante que construyamos escuelas para niñas, y también para niños, de modo que pueda haber cambios en su forma de pensar. 
Se ha hecho referencia a la constitución afgana, que concede igualdad de derechos a las mujeres y a los hombres y prohíbe todo tipo de discriminación. 
A medida que se va implicando, la Unión Europea debería seguir respetando todo esto y permitir que sus ayudas beneficien a la población en general. 
Quiero dar las gracias al ponente por su buena disposición en este tema y estoy de acuerdo tanto con él como con la Comisión en su convicción de que el Afganistán debe seguir siendo una prioridad en nuestra agenda política si queremos ayudar a las personas que viven allí. 
– Señora Presidenta, en primer lugar quisiera dar las gracias a nuestro colega el Sr. Brie por su informe, que nos ofrece una visión justa de la situación en el Afganistán, una visión próxima también a la que recogimos juntos sobre el terreno con ocasión de nuestra visita a ese país el pasado mes de junio bajo la sabia dirección del Sr. Morillon. 
Desde 2001 y tras la caída de los talibanes, el Afganistán ha tenido que superar muchos desafíos, con la ayuda de la Unión Europea y el apoyo internacional, para garantizar, por una parte, su construcción material y, por otra, su reconstrucción política. 
Me congratulo evidentemente de la adopción de una nueva Constitución para el Afganistán el 4 de enero por la Loya Jirga. 
Esta nueva Constitución marca un paso adelante en la senda de la democracia, al mismo tiempo que es una condición fundamental para la organización de las próximas elecciones presidenciales y legislativas. 
Pero para que la reconstrucción pueda hacerse realidad y el proceso político sea un éxito, es preciso un entorno seguro, de modo que los organismos gubernamentales, los actores de la ayuda internacional y la sociedad civil puedan unir sus fuerzas para reconstruir las infraestructuras y las instituciones civiles del país. 
No habrá reconstrucción sin seguridad. 
Por ello, debemos apoyar la creación de los futuros equipos provinciales de reconstrucción, los PRT, que deberían desplegarse próximamente fuera de Kabul. 
Estos equipos tendrían por misión garantizar la seguridad, pero también ayudar a la reconstrucción del país. 
Nuestro apoyo debe hacerse extensivo al proceso de desarme, de desmovilización y de reintegración de los antiguos combatientes en la vida civil. 
Por último, debemos apoyar al Gobierno afgano en su lucha contra la cultura del opio, para ayudarle a encontrar soluciones alternativas eficaces. 
Hay que tener en cuenta que la producción de opio ha aumentado un 6% desde 2002, lo que convierte al país en el primer proveedor mundial con el 77% de la producción. 
Por otra parte, la Unión Europea y la comunidad internacional deben seguir apoyando activamente a las numerosas ONG que, a pesar del clima de inseguridad, aportan una ayuda considerable a la población afgana. 
Debemos alentar, en este marco humanitario, la creación de centros de prevención y de centros de salud para las mujeres, las mujeres embarazadas y los niños. 
En efecto, incluso si debemos felicitarnos por la referencia a la igualdad de trato en la nueva Constitución, todos sabemos que la situación de las mujeres es delicada y que el respeto de sus derechos fundamentales solo se conseguirá con la ayuda de la comunidad internacional y con campañas intensivas de información y de educación. 
Más que nunca, el Afganistán necesita ayuda financiera y apoyo logístico de la Unión Europea. 
El proceso democrático ha comenzado, pero sigue siendo frágil. 
Es importante que la Comisión disponga rápidamente los medios necesarios para aportar una ayuda financiera eficaz. 
Por ello, pienso que la creación de una agencia europea de reconstrucción en el Afganistán, como la creada en Kosovo, debería tener todo nuestro apoyo. 
En resumen, quiero recordar que tenemos una deuda con el Afganistán. 
Durante demasiados años no estuvimos presentes cuando nos necesitaba. 
Ahora es responsabilidad nuestra hacer todo lo necesario para que al fin pueda vivir en paz. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, a diferencia del Iraq, la ocupación del Afganistán contó con un fundamento jurídico sólido. 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respaldó la intervención militar encaminada a eliminar las bases terroristas donde se habían promovido las agresiones contra los Estados Unidos en Kenya, Yemen, Nueva York y Washington. 
También a diferencia del Iraq laico, el Afganistán de los talibanes había adoptado la forma de un Estado clerical y retrógrado, una de cuyas peores formas de represión consistía en rebajar a las mujeres a un estado de inexistencia. 
A pesar de estas diferencias evidentes, la reconstrucción económica y política de estos dos países presenta ciertas similitudes. 
Igual que en el Iraq, en el Afganistán también reina una inseguridad creciente, que obliga al personal civil y militar, tanto indígena como extranjero, a consagrar gran parte de sus esfuerzos a su propia protección. 
El Afganistán y el Iraq son países de estructura tribal donde los señores locales y los jefes étnicos y religiosos no piensan más que en hacerse con el trozo más grande del pastel nacional. 
En el pasado, la unidad nacional se garantizó a través de la dictadura, y los extranjeros o las fuerzas de ocupación solo se consideran aliados cuando sirven a los intereses de tal o cual jefe de clan. 
Pero a medida que pasa el tiempo, su presencia se hace cada vez más molesta, y el malestar puede tornarse en odio en cualquier momento, con una guerra de liberación a la vuelta de la esquina. 
El informe Brie sobre el Afganistán nos coloca frente a esta realidad, recordándonos algunas verdades esenciales, entre ellas la necesidad de acelerar el ritmo de las reformas y de la reconstrucción. 
Critica, con razón, las ambigüedades de la nueva Constitución adoptada por el Gran Consejo Tribal, en particular sobre la limitación de la libertad de expresión y la situación de la mujer. 
Cuando en 2004 vemos deambular aún, sobre un fondo de ruinas y miseria, sombras de mujeres encerradas tras sus burkas, las mejoras con respecto al régimen anterior no saltan a la vista. 
La apuesta de «construcción nacional» dista mucho de haberse ganado. 
No obstante, creo con nuestro ponente que, por el momento, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OTAN no tienen otra elección que proseguir sus esfuerzos por construir con gran valentía un Afganistán democrático y respetuoso de los derechos del hombre y de la mujer. 
Es absolutamente preciso acelerar la creación de instituciones descentralizadas y la retirada de las tropas extranjeras. 
Después, corresponderá al Afganistán hacerse cargo de su propio destino. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señor ponente, querría en primer lugar felicitar al ponente por su magnífico informe sobre el Afganistán, país que estuvo en las portadas de los medios de comunicación en otoño del año 2001. 
El régimen de los talibanes fue derrotado en aquel momento, pero ello comportó una auténtica guerra civil y, como consecuencia, exiliados, desplazados y una serie de destrucciones de las estructuras del país. 
¿Qué situación encontramos hoy? 
Un país que necesita una reconstrucción no únicamente política y social, sino también económica. 
Querría recordar el informe que el Representante Especial de la Unión Europea en el Afganistán, Francesc Vendrell, pronunció en la Comisión de Asuntos Exteriores hace aproximadamente un año. Él contaba con la experiencia de haber sido delegado de las Naciones Unidas en el Afganistán y nos explicaba la falta de seguridad que existía en la mayor parte del territorio. 
Hoy, el Afganistán tiene un problema enormemente grave como es el del negocio de la droga. 
Se cifra el comercio- lo ha dicho el Comisario Patten- en dos millones y medio de dólares anuales, que corresponden aproximadamente a la mitad del producto interior bruto del Afganistán. 
Se habla de 70 000 a 80 000 hectáreas de cultivo por parte de los señores que controlan el territorio, cultivo que no se limita a la producción en bruto, ya que existen también plantas de "refino" con el fin de poder exportar la droga directamente. 
Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) , se producen en el Afganistán dos tercios de la producción de heroína que existe en todo el mundo. 
Esto, naturalmente, conlleva problemas graves en el país y, en este sentido, creo que debe continuar el soporte de la Unión Europea y de la comunidad internacional para poder erradicar también este consumo que, como ha dicho el Comisario, es la otra cara de la inseguridad existente. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quisiera agradecer a nuestro ponente el carácter muy completo de su informe. 
Encontramos en él absolutamente todo lo que buscamos: es, pues, un placer leerlo y apoyarlo. 
En mi intervención quisiera recordar, subrayándolo, que hemos hecho de las mujeres el emblema de la opresión del pueblo afgano. 
Hemos hecho de las mujeres el emblema de la lucha contra los talibanes. 
¿Haremos de las mujeres el emblema de la reconstrucción del Afganistán? 
No es seguro y, sin embargo –como ya se ha dicho al comparar la situación del Afganistán con la del Iraq hace un momento–, en tiempos de guerra o de liberación, en algunos países, la cuestión de las mujeres se plantea de forma especialmente aguda. 
Así, la situación de las mujeres iraquíes es alarmante. 
Por consiguiente, ¿por qué no ocuparnos de la cuestión de las mujeres, hoy, en el Afganistán? 
Ahora bien, señor Comisario, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades mantuvo un intercambio de correspondencia con usted en relación con la atención prestada a la cuestión de las mujeres en el marco de la reconstrucción y la parte de los créditos concedidos por la Unión Europea que se dedica a esta cuestión. 
Queríamos el 20%. 
Reconozco que es mucho, y que la cifra quizás sea arbitraria. 
De hecho, resulta que se asigna un 2% a este capítulo. 
Por supuesto, la integración en otras políticas, sobre todo en materia de sanidad, desempeña plenamente su papel. Por tanto, no vamos a hablar de cifras. 
Dicho esto, lo que me extraña de todos modos, aparte de la escasa importancia concedida a la cuestión de las mujeres, es sobre todo la ausencia de un expediente de educación en el trabajo de la Comisión y en las líneas presupuestarias propuestas. 
Todo el mundo sabe que la cuestión de la educación, y en especial de la educación de las niñas, es primordial en el contexto de la mujer como emblema de la reconstrucción. 
Era la primera observación que quería hacer. 
La segunda es que estamos, por supuesto, muy contentos con la referencia al principio de la igualdad de trato para hombres y mujeres en la Constitución. 
Nosotros mismos peleamos aquí por que ese principio estuviera presente en la Constitución europea. 
Por tanto, esta cuestión no se plantea solo allí, sino aquí también. 
Pero sabemos muy bien, nosotros, aquí, que un principio no basta, que hay que aplicarlo. 
Nos congratulamos de lo que acaba de pasar en Marruecos con los derechos de las mujeres, pero esperamos su aplicación. 
Lo mismo vale, evidentemente, para el Afganistán, y para nosotros mismos. 
Señora Presidenta, el excelente informe del Sr. Brie requiere pocos comentarios. 
En mi opinión, hace un buen resumen de los problemas que plantea la nueva constitución. 
Deja claro que hay motivos de peso para retrasar las elecciones por unos meses, y resalta una vez más la necesidad de mejorar la situación de la mujer. 
Pero la tragedia es que, con este informe en nuestras manos y las buenas intenciones de la Comisión, lamentablemente nos encontramos en una situación en la que por muy llenos de buenas intenciones y por muy excelentes que sean nuestros planes, ni el Parlamento Europeo ni la Comisión Europea tienen influencia alguna sobre las circunstancias en las que deben aplicarse, concretamente la falta de seguridad. 
Hay cada vez más informes de organizaciones no gubernamentales donde se informa, por ejemplo, de que el año pasado fueron asesinados doce cooperantes humanitarios. 
Cada vez más informes de organizaciones no gubernamentales revelan la existencia de una gran cantidad de buenos proyectos que no pueden poner en práctica. 
También el Comisario se ha referido a 30 millones de euros asignados a proyectos que, lamentablemente, no se pueden ejecutar por falta de seguridad. 
Esta semana, hemos leído una vez más en los periódicos unos planes espléndidos para las fuerzas de reacción rápida. 
Es perfecto cuando se trata de evitar derramamientos de sangre en África, pero no debe ser a expensas de proyectos menos atractivos, por así decirlo, como el difícil trabajo de desarrollo del Afganistán. 
Al fin y al cabo, los Estados miembros de la Unión Europea ahora tienen mucho que explicar en forma de promesas, cosas magníficas que deberían hacerse, pero los soldados no van, van muy pocos, y este es el problema principal. 
Me parece que en estos momentos hay aquí muy pocos miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, pero me gustaría que se responsabilizaran de un error que, en mi opinión, cometieron en diciembre. 
Convencieron al Parlamento de que debíamos recortar la ayuda al Afganistán –sí, han oído bien– porque no se está combatiendo el tráfico de drogas. 
El hecho de que no se resuelva el problema del tráfico de drogas es consecuencia directa de la omisión de los Estados miembros de la UE a la hora de enviar tropas al Afganistán, lo que contribuye a que las tropas que están allí dependan de los señores de la guerra para el mantenimiento del orden, y por ello se muestren reacias a combatir el tráfico de opio. 
Debemos evitar una situación en la que nuevamente no podamos cumplir nuestras promesas, en la que el Afganistán sucumba ante la economía del opio, dirigida por los señores de la guerra y, lo que más me preocupa, en la que que las esperanzas de muchos afganos, en especial de las mujeres afganas, se vean defraudadas una vez más. 
No debemos permitir que esto ocurra. 
Señora Presidenta, señor Comisario, hace poco apareció en el un análisis de la situación política en el Afganistán que incitaba a la reflexión. El título era: «Afghanistan: The Gulf between Report and Reality» [El Afganistán: el abismo entre la teoría y la realidad]. 
Su autor, un periodista veterano que ha viajado por todo el Afganistán, invierte la imagen que en occidente todos tenemos de Kabul y sus alrededores. 
Señorías, señor Comisario, pueden estar seguros de que dicho informe me ha hecho reflexionar mucho sobre el tema. 
Por ello quiero ofrecerles un resumen del artículo y añadir una pregunta sobre nuestra estrategia en el Afganistán. 
También espero poder entregarle después el artículo al Comisario, y que tenga tiempo de leerlo detenidamente. 
El periodista, John Jennings, basándose en sus propias observaciones, desaprueba la imagen que tenemos de la zona rural afgana como un salvaje oeste oriental. 
Con algunas excepciones localizadas, él ve una sociedad segura y pacífica; en resumen, sin señores de la guerra haciéndose constantemente la vida imposible entre ellos y a la población. 
En cambio, él ha visto indicios alentadores de reconstrucción, y también el retorno de cientos de miles de refugiados afganos procedentes de países vecinos como el Pakistán o el Irán. 
En opinión de Jennings, esta inmensa mayoría de afganos normales que viven en zonas que no están siendo disputadas activamente por los talibanes que todavía quedan, están mejor hoy que en cualquier otro momento desde 1978. 
Y esto es lo que debería interesar al presidente provisional Karzai. 
Pero si estudiamos el escenario que Jennings describe, parece que ocurre precisamente lo contrario: con la ayuda de la ISAF y la OTAN, los tecnócratas de Kabul quieren acabar con los militares y los políticos de los grupos antitalibanes de las provincias. 
Y es precisamente este programa de los pashtus el que representa un verdadero peligro de revuelta general contra un régimen impuesto desde el exterior: una tradición afgana. 
En opinión de Jennings, sería mucho más beneficioso para el futuro del Afganistán como nación crecer con prudencia y poco a poco, de abajo hacia arriba, y conseguir el consenso político entre las autoridades regionales, que, al fin y al cabo, toleran una autoridad central débil. 
Interferir en este frágil proceso sería dar una segunda oportunidad a los talibanes y a sus patrones paquistaníes antioccidentales. 
Esto significaría una derrota absoluta para Occidente en la lucha contra el terrorismo islámico. 
Los apartados 12 y 13 del informe demuestran que mi colega el Sr. Brie reconoce la gravedad del problema, esta zona de tensión. 
Por desgracia, no entra en una exploración más profunda de este problema fundamental en relación con el futuro del Afganistán como nación: este tema queda subordinado. 
Tendremos que resignarnos a ello. 
¿Qué opinan el Consejo y la Comisión al respecto? 
Quisiera llamar la atención del Comisario Patten sobre este artículo, teniendo en cuenta sobre todo que va a viajar a Kabul en un futuro próximo. 
Después se lo entregaré. 
Al fin y al cabo, no es poco lo que está en juego: una estrategia internacional justa y prudente para una zona que es terreno abonado para el desarrollo de redes terroristas internacionales. 
– Señora Presidenta, uno de los motivos por los que el Afganistán es un tema de importancia crucial es la necesidad de demostrar no solo que se puede derrotar el terrorismo con vínculos estatales, sino también que después se puede alcanzar la paz. 
En estos momentos, la situación no tiene muy buen aspecto en el Afganistán. 
Se rumorea que los grupos talibanes del sur están avanzando a grandes pasos; uno oye, como dijo el ministro ruso de defensa, el Sr. Ivanov, la semana pasada en Múnich, que el cultivo de drogas se ha multiplicado por nueve desde que empezó la guerra, y comprobamos que los soldados de Europa, que se supone que están trabajando para la seguridad futura del país, son incapaces de tomar medidas al respecto. 
Parece que estaban protegiendo las rutas por las que la droga llega a Europa y a nuestros hijos. 
En mi opinión, se trata de una situación muy problemática y por ese motivo es necesario que urgentemente hagamos todo lo que podamos para facilitar el establecimiento del Estado de derecho y la democracia bajo un poder central fuerte y garantizado que tenga en cuenta también las diferencias étnicas y la diversidad. 
No habrá paz en el Afganistán mientras la prestación de ayuda y la división del poder sean unilaterales, como ha sido el caso, y los pashtus salgan perdiendo. 
Esto es, en mi opinión, otra cosa en la que debemos insistir. 
Las elecciones deben prepararse de forma adecuada, para que quede claro quién tiene derecho a votar, y así se gane en legitimidad, y hay que utilizar la nueva constitución para conseguir este equilibrio de poder. 
La nueva constitución trae consigo oportunidades y problemas, porque permite la instauración de la Sharia. 
Mientras los tribunales sigan teniendo jueces tan conservadores como los actuales, nada de lo que salga de ellos podrá ser aceptable para nosotros en términos de lo que significa un Estado de derecho. 
Creo que este es el motivo por el que en las próximas semanas y meses debemos dedicar mucha atención y muchos esfuerzos a este país. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en nombre de mi Grupo, quisiera dar las gracias al Sr. Brie por el notable trabajo que ha realizado y que nos presenta un panorama claro y preciso de las obras que el Afganistán debe emprender y de los desafíos que debe superar en los próximos años. 
Pero, ante todo, quisiera darle las gracias por la especial atención que ha concedido al respeto de los derechos de la mujer, por la vigilancia que nos pide que mantengamos ante la fragilidad de las conquistas. 
Los avances son considerables –es cierto, al menos en el texto constitucional: un poder político ejercido por representantes constitucionales, una representación de las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres inscrita en los textos, el respeto de la diversidad lingüística considerado una baza y no una amenaza y, por último, una Constitución que descansará también en el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Incluso si se declara un Estado islámico creo que para esta parte del mundo sería algo notable. 
Pero este desafío es un desafío compartido tanto por la comunidad internacional como por la Unión Europea. 
Debemos respetar nuestros propios compromisos para garantizar esta transición democrática, y es fundamental que estemos claramente presentes para apoyar todos los procesos de implantación de las estructuras de rehabilitación civil y económica del Afganistán. 
En efecto, hay que evitar que el clima de inseguridad desestabilice los esfuerzos realizados, de ahí la necesidad, sin duda, de un programa marco plurianual que permita, a la vez, estructurar el sistema judicial y establecer normativas específicas de reconciliación, así como un sistema educativo. 
Me parece fundamental también que todo este proceso de pacificación vaya parejo con el proceso de reconstrucción económica y social. 
Dicho esto, desconfiemos de la lentitud de esta reconstrucción, pues podría suponer un peligro para la estabilidad necesaria en la evolución del país. 
Hemos contraído muchos compromisos, debemos cumplirlos rápido y, sobre todo, entender bien que el más mínimo retroceso por nuestra parte puede ser aprovechado por otros para influir sobre unas estructuras frágiles, utilizando fondos procedentes del tráfico de drogas. 
Hay que trabajar también por la visibilidad de los avances realizados a favor de la población, para que esta no se hunda en la desesperanza tras 25 años de guerra. 
Si perdemos esta apuesta, podríamos perder toda nuestra credibilidad, pero también un espacio de paz del que depende la estabilidad de la región. 
– Señora Presidenta, felicito al ponente por su excelente informe que sé que todos apoyaremos. 
También quisiera dar las gracias al señor Comisario y su equipo por su excelente trabajo en este campo. 
Recuerdo a sus Señorías que en octubre de 2001 salió a relucir a nivel mundial la opresión de las mujeres afganas. 
Se suponía que la sustitución del régimen talibán mejoraría la difícil situación de las mujeres. 
Hoy, dos años y medio después, Amnistía reclama que la comunidad internacional y la administración afgana no han sido capaces de proteger los derechos de las mujeres. 
Todavía están extendidas las violaciones y la violencia sexual por miembros de las fuerzas armadas de ocupación. 
En la provincia occidental de Herat todavía están muy extendidos los decretos al estilo de los talibanes y debido a esta opresión en el Afganistán se suicidan más mujeres actualmente que bajo el régimen talibán. 
Human Rights Watch informa de la existencia de muchas agresiones sexuales contra niños. 
A pesar de la retórica, con la creación del Ministerio de la Mujer, el Gobierno Karzai sigue adelante con sus políticas contrarias a las mujeres, y no existe protección legal, mientras sistemas legales más antiguos todavía vigentes les prohíben obtener ayuda. 
La resistencia de las mujeres al régimen todavía tiene que trabajar en la clandestinidad. 
Se ha prohibido a la Asociación Revolucionaria de Mujeres del Afganistán abrir una oficina y distribuir su revista. 
Las personas a las que se sorprenda leyendo sus publicaciones todavía corren un peligro físico. 
El Comisario Patten ha dicho que el Afganistán ha llegado a una encrucijada. 
Creo, al igual que Amnistía, Human Rights Watch y la Asociación Revolucionaria de Mujeres del Afganistán, que el Gobierno ha dado un giro equivocado y que la situación de las mujeres es peor que antes. 
Señora Presidenta, la situación actual es el resultado de la continua intervención de una forma u otra por parte de los americanos y sus aliados en los últimos años tanto para derrocar al régimen democrático popular en el Afganistán e imponer a sus talibanes mercenarios, como para invadir directamente y ocupar el Afganistán militarmente con el pretexto de luchar contra el terrorismo. 
Por desgracia, en la moción que se propone no se dice nada sobre esto. 
Ni una palabra sobre la responsabilidad penal de los norteamericanos y, en esencia, se da apoyo al Gobierno de origen extranjero de Karzai que, como todos sabemos, no tiene credenciales. 
En el informe se aceptan estas intervenciones y se intenta proponer soluciones sin discutir la situación actual. 
Se considera que la transferencia de la responsabilidad de las fuerzas ocupantes a la OTAN es positiva y se proponen nuevos recursos financieros que consolidarán su posición en las zonas controladas, mientras que no existe ninguna garantía de que estos fondos se vayan a gestionar en beneficio del pueblo afgano, especialmente de las mujeres. 
Se acoge con satisfacción la nueva constitución aprobada por la Loya Jirga, aunque al mismo tiempo se resaltan sus aspectos negativos, que la convierten en inaceptable. 
Se alimentan esperanzas inútiles respecto a unas elecciones democráticas, y a la vez se reconoce que no se dan las condiciones necesarias. 
Mientras se considera que hoy la principal fuente de ingresos procede del cultivo del opio, cuyos principales beneficios van a parar a los señores de la guerra, no se preocupa en absoluto de sus movimientos posteriores en todo el mundo y la implicación de la CIA en ello. 
Por este motivo, aunque felicitamos y damos las gracias al ponente, André Brie, por el gran esfuerzo que ha realizado, por desgracia no podemos apoyar el informe, porque queda claro que no se enfrenta a la realidad. 
El pueblo afgano, víctima del nuevo orden, podrá encontrar su propio camino si resiste a las fuerzas que lo impulsan, ya sea en forma de fanatismo religioso o bajo capa de una mala copia de democracia burguesa al estilo occidental, las intervenciones militares o la ocupación. 
Debemos ayudarles en esta lucha. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, y lo más importante, quiero dar las gracias al ponente por su excelente informe, que ofrece una buena visión general de los muchos problemas que todavía deben superarse en el Afganistán. 
Pero, permítanme que examine más a fondo la comunicación del Comisario. 
Señor Comisario, nos ha abrumado un poco con cifras, y admito que son impresionantes. 
Pero yo me planteo lo siguiente: Estamos hablando de un país que necesita reconstrucción, que primero y ante todo debe reconstruirse a sí mismo, y para ello debe disponer antes de una base económica. 
Como ha resaltado, la lucha contra el cultivo del opio es un aspecto muy importante, pero, entre todas las diversas medidas que forman parte de la estrategia para combatir el cultivo del opio, no he oído qué alternativas se van a ofrecer a los productores. 
He visto documentales donde se ve cómo los militares caen sobre las comunidades agrícolas y lo destruyen todo en nombre de la lucha contra el cultivo del opio. 
Entiendo la necesidad, pero ¿cómo podemos pretender que lo dejen si la gente no tiene unos ingresos alternativos? 
Y lo mismo vale para los señores de la guerra. 
¿Cómo podrán dejar nunca de ser señores de la guerra si constantemente reciben dinero de la economía del opio? 
Para terminar, en realidad quería hablar sobre las mujeres, pero no puedo porque mi tiempo se agota. 
Sin embargo, me gustaría poner un ejemplo: la construcción de un centro para mujeres en Kabul cuyo trabajo ha durado solo unos meses. 
Se construyó, se inundó de mujeres que buscaban educación y asistencia sanitaria, era un lugar donde podían sacarse los burkas sin que nadie las molestara. 
Es posible. ¿Por qué entonces somos tan lentos a la hora de conseguir resultados con los recursos internacionales? 
– Señora Presidenta, deseo comenzar felicitando al Sr. Brie por su excelente informe. 
Ahora quisiera dirigirme al Comisario Patten. Hay dos cuestiones que quisiera que aborde. 
En noviembre de 2003, el Gobierno del Sr. Karzai permitió la aplicación de una ley de 1970 que prohibía la presencia de mujeres casadas en las aulas, lo cual, según el Viceministro de Educación, derivó en la expulsión de dos a tres mil mujeres. 
¿Puede abordar la cuestión de la aplicación de esta ley? 
El artículo 3 de la Constitución afgana afirma que: «Ninguna ley puede estar en contradicción con las creencias y preceptos de la sagrada religión del Islam» Este lenguaje, destinado a facilitar relativamente la aprobación de la nueva Constitución afgana, podría acarrear elevados costes para las mujeres en el futuro. 
No hay duda de que el control de la educación por parte de las autoridades religiosas es una señal muy alarmante y una cuestión que debe abordarse. 
Muchos informes confirman que en varias regiones del Afganistán no hay seguridad para las mujeres y que la educación de las niñas se ve amenazada. 
Desde septiembre de 2002 se han documentado 16 ataques a escuelas de niñas, que van desde ataques con cohetes hasta la quema de escuelas o su cierre forzado por parte de pistoleros. 
Su efecto es devastador. 
Según los cálculos más recientes del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, la tasa bruta de inscripciones de alumnos de primaria es de 39% para los niños y de apenas un 3% para las niñas. 
El programa del UNICEF «Vuelta al colegio» , iniciado en marzo de 2002, hizo nacer grandes esperanzas. 
Más de tres millones de niños, un tercio de ellos niñas, inundaron las aulas del Afganistán. 
Sin embargo, en Kandahar se distribuyeron panfletos con el mensaje «Dejad de mandar a vuestras mujeres a las oficinas y vuestras hijas a la escuela. 
Esto propaga la indecencia y la vulgaridad. 
Ateneos a las consecuencias si no hacéis caso de este consejo.» 
Conocemos los enormes desafíos a que se enfrenta hoy la Autoridad de Transición del Afganistán. 
La Unión Europea y la comunidad internacional deben apoyar decididamente la reconstrucción económica, social y política. 
Sin embargo, es imperativo que la seguridad de las mujeres en todo el país sea una prioridad para los donantes y el Gobierno afgano. 
Si fracasamos en esto, el futuro será muy sombrío. 
– Señora Presidenta, tristemente el Afganistán ha caído un poco en el olvido durante el período que siguió a la guerra del Iraq. 
Se necesitarán muchos recursos para reconstruir el país, y la Unión Europea es uno de los principales donantes; en mi opinión esto nos da derecho a establecer condiciones políticas importantes, incluida la exigencia de progreso de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres a la educación y su acceso al mundo laboral. 
También lamento que la nueva Constitución dé primacía a la ley sobre las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, convenciones de las Naciones Unidas, acuerdos civiles y políticos: esto puede causar conflictos en cuestiones como la lapidación de mujeres. 
Me preocupa la falta de seguridad y la concentración de la ISAF en Kabul para proteger al Gobierno. 
Ha habido un importante reagrupamiento de fuerzas talibanes y de Al Qaeda dedicadas al asesinato de trabajadores de ayuda humanitaria internacional en las provincias, que retrasará el progreso. 
No creo que el Presidente Musharraf esté haciendo lo suficiente para frenar a los grupos terroristas en las zonas tribales de Pakistán y en las provincias de la frontera noroccidental; esto se debe sin duda a que el control de Islamabad no se extiende a estos dominios. 
Debe hacer más si quiere tener credibilidad en la lucha contra el terrorismo internacional. 
Me complace que se hayan recuperado los tesoros de oro bactriano y quisiera que se dedicaran fondos a la reconstitución del Museo Nacional de Kabul como símbolo de orgullo nacional bajo el patronato de la familia real, que es una fuerza de unificación benigna en el país. 
Por último, en el tema del cultivo de opio, mi enmienda propone que se plantee la posibilidad de comprar la cosecha y quemarla o utilizarla para fines médicos como analgésico, lo que constituye una alternativa más barata que las medidas de aplicación de la legislación antidroga por parte de las organizaciones internacionales dedicadas a la lucha contra el tráfico y el negocio de las drogas. 
Quemarla y pagar a los campesinos ahorraría mucho dinero a la comunidad internacional, en lugar de gastar muchos miles de millones de dólares en la lucha contra el tráfico de drogas. 
– Señora Presidenta, la situación en el Afganistán reviste un gran interés para esta Cámara. 
Este importante informe, en el contexto del desarrollo de la democracia en el Afganistán, es muy actual. 
Como el informe destaca, la situación desde el final del régimen talibán ha mejorado, pero hay que hacer esfuerzos adicionales. 
Por ejemplo, como muchos han dicho esta mañana, hay que sacar a colación la situación de las mujeres. 
El índice de alfabetización es todavía increíblemente bajo, con una tasa de tan solo del 10% al 15% de mujeres que saben leer y escribir. 
Solo un tercio de los niños escolarizados son niñas. 
A menudo se les impide volver al colegio. 
E incluso si algunas de estas mujeres van al colegio, deben enfrentarse a actos de violencia tan solo por asistir. 
Esta tendencia está más acentuada fuera de Kabul, en el sur y el este del país, donde la situación de las mujeres, aunque no es bien conocida, se tiene la certeza de que es mucho peor que en el centro político. 
La Constitución establecida en enero reconoce específicamente la igualdad entre hombres y mujeres. 
El 25% de los escaños de la Cámara popular se reservan a mujeres, pero no hay certeza de que esta disposición, junto con otras que establecen los derechos de las mujeres, ayude a aplicar debidamente los derechos de las mujeres o ayude a que salgan elegidas mujeres en las próximas elecciones. 
Vivimos en un mundo en el que el opio cultivado en el Afganistán puede acabar siendo vendido ilegalmente en forma de heroína en Escocia. 
El sufrimiento humano causado por el problema de las drogas y sus vínculos con el crimen en nuestras comunidades nos afecta a todos. 
Por eso debemos apoyar la Estrategia nacional afgana de control de las drogas, que fija el objetivo de la eliminación total de las plantaciones de opio hasta 2013. 
Me complace que el Gobierno del Reino Unido piense desplegar un equipo antidroga reforzado a Kabul y Kandahar a finales de este año y haya puesto a disposición 70 millones de libras durante tres años para apoyar la aplicación de la ley, la creación de capacidades, los medios de vida alternativos para aquellos que están implicados en el cultivo de la adormidera y las iniciativas de reducción de la demanda. 
Debemos asegurar que la capacidad de administración pública eficaz continúe mejorando en los niveles central y provinciales. 
Señora Presidenta, las tropas de la ISAF y muchas otras organizaciones humanitarias están haciendo mucho bien al Afganistán. 
Pero su trabajo está siendo saboteado por la presencia de las fuerzas estadounidenses. 
El año pasado, tuve la oportunidad de visitar las oficinas de los Estados Unidos en Baghram, junto con una delegación de la UE. 
Era evidente que los americanos no tenían ninguna intención de actuar a favor de los derechos de las mujeres, la democracia o la lucha contra las drogas. 
Ellos mismos admitieron que lo que les interesaba era que todos los Gobiernos del Afganistán reconocieran el derecho de las tropas estadounidenses a regresar, si alguna vez abandonaban el país. 
Y esto es bastante revelador en términos de lo que está en juego allí. 
Cuando estuvimos en Baghram hubo algo que no conseguimos ver y sobre lo que nos habló una periodista americana: la prisión de Baghram, en comparación con la cual los informes que recibimos de la Bahía de Guantánamo son el relato de un merienda escolar de domingo. 
Había descubierto que, al menos entonces, había varios centenares de prisioneros en la cárcel de Baghram sometidos a tortura. 
No se les golpeaba, pero se les obligaba a permanecer de pie y desnudos durante horas, todos los días, bajo un constante interrogatorio. 
Finalmente, dos prisioneros murieron y la periodista consiguió que un doctor estadounidense honesto escribiera claramente en el certificado de defunción que la causa de la muerte había sido asesinato. 
Pero esto tuvo lugar varios meses antes de que el New York Times se atreviera a publicar el artículo en cuestión. 
Así de conflictivo es el reconocimiento de que en el Afganistán, como en muchos otros lugares, los soldados estadounidenses son gángsters que utilizan todos los medios a su alcance para defender los intereses estadounidenses, y la población local les es totalmente indiferente. 
Saquemos a los estadounidenses y sustituyámoslos por personas razonables de la ISAF y las organizaciones humanitarias. 
Hay muchas otras personas que pueden realizar esfuerzos constructivos. 
Lo único que hacen los estadounidenses es empeorar la situación. 
– Señora Presidenta, debemos agradecer este informe sobre el Afganistán en la medida en que demuestra que la tierra del Hindu-Kush, que se convirtió en centro de atención internacional después del 11 de septiembre de 2001, no va a ser olvidada de nuevo, y que la Unión Europea mantiene su compromiso financiero y político para ayudar a conseguir la estabilidad. 
La imagen que refleja el informe es muy pesimista y, en mi opinión, no tiene suficientemente en cuenta los elementos positivos, uno de los cuales es, sin lugar a dudas, la adopción de la constitución por parte de la Loya Jirga el mes de diciembre pasado. 
La constitución pretende principalmente consolidar el Gobierno central, sin el cual este país, dividido en grupos étnicos y destrozado por décadas de guerra y ocupación soviética, apenas tiene ninguna oportunidad de convertirse en una nación o de desarrollarse con normalidad. 
El siguiente paso es la celebración de elecciones democráticas, lo que en este país será un proceso difícil. 
Aunque los preparativos se han realizado demasiado tarde, las elecciones deberían celebrarse lo antes posible, porque suponemos que reforzarán el proceso de estabilización. 
Soy consciente de que los estadounidenses insisten en que las elecciones se celebren en junio pero, si queremos que la situación se mantenga en calma y que se creen las condiciones para que sean unas elecciones más o menos democráticas, no es absolutamente necesario mantener esa fecha. 
En agosto decíamos que no sería ningún desastre si se celebraban más tarde. 
El resto de las medidas que pretenden ayudar a pacificar el país se pueden comparar con el proverbial vaso de agua, que puede estar medio lleno o medio vacío. 
La situación respecto a la seguridad es tan desesperada como antes. 
Parece ser que los militantes talibanes han vuelto a ocupar el sudeste, y que los estadounidenses no excluyen la posibilidad de usar tropas terrestres en una ofensiva en primavera. 
Aunque es de agradecer que las operaciones de la ISAF se extiendan a zonas fuera de Kabul, su mandato es tan limitado que las tropas alemanas estacionadas en Kundus, que por cierto es la zona más segura, no son más que simples espectadores, mientras el contrabando de opio sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos, lo que a su vez hace que el Afganistán sea el mayor productor de opio del mundo. 
El comercio del opio está en pleno apogeo, y todavía sirve para mantener a los señores de la guerra y a sus ejércitos, y este es uno de los problemas principales. 
– Señor Presidente, en primer lugar pido disculpas a esta Cámara por no haber estado presente durante una buena parte del debate, pero desafortunadamente tenía que estar en el STOA para votar e intentar impedir la supresión de un informe científico sobre sustancias no comestibles en la comida a instancias de las multinacionales del chocolate europeas. 
Doblemente desafortunado, la votación se ha perdido por 11 votos contra 8. 
Con relación al Afganistán, en primer lugar felicito al Sr. Brie por su informe sobre un tema difícil en un país difícil. 
Tuve el privilegio de formar parte de la delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa al Afganistán en junio de 2003. 
Estaba claro que la seguridad es la cuestión esencial. 
Desafortunadamente parece que el vaso está cada vez más medio vacío, en lugar de medio lleno. 
Las tropas de la coalición ocupantes y los Estados Unidos pasan el tiempo en sus fortalezas fijas y móviles, mientras que en las calles exhiben el mismo estilo torpe que muestran actualmente en el Iraq. 
La ISAF tiene su base en Kabul, y sus operaciones se limitan al 2% de la superficie total del Afganistán. 
El resto del país se ha abandonado de hecho a los señores de la guerra, que monopolizan las rentas y administran justicia de modo arbitrario en sus cárceles privadas, convirtiendo al Presidente Karzai en algunos momentos en poco más que un alcalde de Kabul con respaldo de los Estados Unidos. 
Después de que los marines mataran a tres soldados del ejército nacional afgano en un intercambio de fuego amigo, la ISAF intervino para establecer la paz entre los dos grupos, que aparentemente estaban del mismo lado. 
Pero para muchos soldados del ejército nacional afgano, la ISAF y las tropas de los Estados Unidos son flores del mismo jardín. 
Las campañas sin recursos para ampliar la presencia de la ISAF más allá de Kabul son castillos en el aire. 
Parece que nadie puede ni quiere encontrar el dinero para aumentar el número de tropas; se necesitarían al menos 40 000 para abarcar todo el territorio. 
En el sur, los principales objetivos de los talibanes que han quedado son extranjeros, pero sin un trabajo de reconstrucción la población local estará tentada de pensar que la situación no ha mejorado o incluso que es peor que bajo los talibanes. 
Mucha gente argumenta que podrían reinsertarse en la sociedad civil amplios sectores de los talibanes, pero hacerlo equivaldría a desplazar el centro de gravedad social hacia un conservadurismo islámico que no augura nada bueno para la emancipación de las mujeres. 
Los derechos humanos son importantes, particularmente la situación de las mujeres. 
Es posible que se estén otorgando derechos formales, pero no es probable que estos lleguen hasta las aldeas. 
La mejor esperanza para el futuro es la educación universal, que no cambiará las actitudes actuales, sino las de la siguiente generación. 
Los Estados Unidos y la Unión Europea tratan de fijar criterios que en la práctica probablemente son irrealizables. 
Como ha dicho el Representante Especial de las Naciones Unidas, si tratas de introducir en el Afganistán una democracia al estilo occidental estás perdiendo el tiempo. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente, el Sr. Brie, por esta descripción tan importante y bien redactada respecto a la situación en el Afganistán y de lo que deberíamos hacer para mejorarla. 
Quiero llamar la atención del Parlamento y del Comisario Patten respecto a cuatro temas. 
El primero se refiere a las drogas. 
Aunque la comunidad internacional trabaja para evitar la drogodependencia, la producción ilegal del opio en el Afganistán hace que los Gobiernos de los países vecinos se desanimen y dejen de contribuir financieramente a la reconstrucción del país. 
Según una investigación del organismo de las Naciones Unidas para el control de las drogas y la prevención de la delincuencia, en 2003 el Afganistán fue responsable de tres cuartas partes, es decir un 75%, de la producción total de opio ilegal en el mundo. 
Y esto es, como mínimo, profundamente preocupante. 
El segundo punto se refiere a la situación de las mujeres. 
Mientras ocupó el poder, el antidemocrático e islamista régimen talibán fue culpable de la violación más flagrante de los derechos de las mujeres en los tiempos actuales. El régimen introdujo un apartheid de los sexos que negaba totalmente la identidad de las mujeres. 
Ahora el régimen talibán ya no está en el poder pero, en muchos aspectos, su punto de vista respecto a las mujeres sigue prevaleciendo en el país. 
Así pues, las autoridades del Afganistán, la comunidad internacional y la UE deben hacer todo lo posible para cambiar este punto de vista. 
El tercer tema es el de la libertad de religión. 
La primera constitución del Afganistán después de la caída de la dictadura talibán es motivo de preocupación debido a algunas expresiones respecto al papel dominante de la ley islámica, a algunas restricciones en cuanto a determinados derechos humanos y libertades individuales, y a algunas restricciones de los derechos de las mujeres. 
El último tema se refiere al sistema educativo. 
Los miembros de este Parlamento Europeo queremos ver un sistema educativo abierto como alternativa a las «madrasas» o escuelas del Corán que funcionan como bastiones del extremismo musulmán y de una cultura del odio donde se recluta a los militantes talibanes. 
– Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Brie por su excelente informe. 
Yo también tuve el honor de estar en la delegación que fue al Afganistán. 
Sé que algunas personas me han felicitado por ser el primero en algunas cosas. 
Otro logro que tengo ahora en mi palmarés es el hecho de haber tomado té con algunos de los principales traficantes y productores de droga del mundo. 
Me dirijo particularmente al diputado que, ya lo sé, no va a tardar mucho en desaparecer de aquí, pero quizás pueda hacer una gran contribución a la seguridad europea si en los pocos meses que le quedan asume algunas de las cuestiones de las que estoy hablando. 
Se calcula que el valor total de la cosecha de adormidera en puerta de explotación en Afganistán es de 700 millones de euros. 
Se calcula que su valor en las calles en forma de heroína es de 12 500 millones de euros. 
El importe gastado por las fuerzas de policía de los Estados miembros, los servicios de aduana y las brigadas antidroga para controlar la importación y el uso de heroína suman 4 000 millones de euros anuales. 
El número de detenciones por delitos asociados a las drogas en toda la Unión Europea es de unas 700 000 personas anuales. 
Cada año se encarcela a 60 000 personas por delitos relacionados con las drogas, lo cual genera unos costes penitenciarios anuales de 1 500 millones de euros. 
Necesitamos un enfoque de desarrollo alternativo para el Afganistán que integre la política antidroga de la Unión Europea en su política de desarrollo. 
Debemos ofrecer a la población rural medios para que obtengan ingresos estables y viables económicamente. 
Por lo tanto, ¿no es mucho mejor detener este comercio en la fase de producción que en la de consumo o distribución? 
Si hacemos esto, ahorraremos 4 000 millones de euros solamente en costes policiales y 1 500 millones de euros en costes penitenciarios. 
Propongo a Su Señoría que gestionemos esta transición del cultivo de adormidera al cultivo de fruta, tal como hacemos actualmente con el tabaco griego, que compramos y quemamos. 
Podría hacerse un ejercicio semejante con la cosecha de adormidera en el Afganistán, y me gustaría que su Señoría contemple seriamente esta posibilidad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la Declaración de la Comisión sobre el nuevo impulso a las acciones llevadas a cabo por la Unión Europea en el ámbito de los derechos humanos y de la democratización en cooperación con los socios mediterráneos. 
. Me complace enormemente tener esta oportunidad para explicar al Parlamento por qué esta comunicación es tan importante. 
Hemos diseñado una estrategia coherente que maximiza el uso de todos nuestros instrumentos para fomentar el respeto de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en una región que plantea formidables desafíos en este terreno. 
La comunicación propone utilizar nuestra cláusula de derechos humanos mucho mejor mediante nuestro diálogo político con los países socios. 
Explica hasta dónde debe implicarse a la sociedad civil. 
Invita a nuestros socios mediterráneos a desarrollar estrategias de derechos humanos asumidas por los propios países, y esto es crucial. 
Esto es una innovación. Y no es la única. 
Se recompensará a los países que hagan progresos satisfactorios con fondos MEDA adicionales. 
Esto se añade a los proyectos MEDA ya en marcha para contribuir a la reforma del sistema judicial y el fomento de la gobernanza, actualmente con una financiación de unos 100 millones de euros. 
Es bastante simple considerar nulas las posibilidades de éxito de estos proyectos. 
Pero, como todos sabemos, la responsabilidad principal sobre el fomento y protección de los derechos humanos y del Estado de derecho reside en los Gobiernos. 
Toda estrategia que ignore este hecho está condenada al fracaso. 
Esta es también la razón por la que la conferencia de Sana, a la que sé que asistió su Señoría, fue un avance tan importante, sobre el que debemos seguir construyendo. 
Me complace que el Director General de mi propio departamento, el Sr. Landaburu, también pudiera asistir a esa conferencia tan importante y significativa. 
No se logrará un progreso real sin una sociedad civil vibrante que funcione con plena libertad. 
Aquí es donde entra en juego la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. Se han asignado 25 millones de euros a esta región para el período 2002-2004. 
Además, un porcentaje sustancial de los 17,5 millones de euros adicionales que esta Cámara aprobó para la Iniciativa Europea a finales del año pasado se utilizarán para reforzar el apoyo a las organizaciones de base que trabajan para defender los derechos humanos y la democratización en esta región. 
La comunicación ha producido ya resultados alentadores, en particular en Marruecos y Jordania. 
Algunos interlocutores clave de la sociedad civil también han reconocido su valor. 
El apoyo pleno del Parlamento Europeo será esencial para el éxito de la misma, que es, repito, un enfoque pionero, en una de las regiones más difíciles del mundo en lo relativo a los derechos humanos y la democracia. 
La resolución del Parlamento también asume aspectos de la gestión de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos y del papel del Parlamento en la formulación de la iniciativa. 
En este contexto quisiera recordar que hemos recorrido un largo camino desde 1994. 
Ese fue el ejercicio en el que por primera vez se vincularon nueve líneas presupuestarias separadas bajo una rúbrica. 
Cinco años después, en 1999, la aplicación de estas líneas presupuestarias se colocó sobre un sólido fundamento jurídico con dos reglamentos, uno para los países en desarrollo y uno para «otros países» (la Gran Europa, MEDA, los Balcanes y otros). 
Estos hechos básicos definen los objetivos de la Iniciativa Europea, dan forma a sus instrumentos y establecen los procedimientos administrativos. 
El Parlamento Europeo se involucró plenamente en la elaboración de estos reglamentos. 
Confío en que el Parlamento apoyará la prórroga de la Iniciativa para después de 2004, en consonancia con su actual marco legislativo. 
La Comisión siempre ha mantenido informado al Parlamento de lo que pensamos. 
El Parlamento Europeo acogió favorablemente y apoyó sin reservas nuestra comunicación de mayo de 2001 sobre el papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países, que proponía un enfoque más estratégico de la Iniciativa. 
En la misma línea, desde 2002 la Comisión ha mantenido informado al Parlamento sobre la programación plurianual de la Iniciativa y su actualización anual y ha buscado el adecuado debate con el Parlamento sobre nuestras prioridades. 
Los diputados de esta Cámara son plenamente conscientes de las limitaciones de procedimiento en las que la Comisión actúa, contenidas en los reglamentos de derechos humanos, el reglamento financiero, la comitología, etc. No está en manos de la Comisión cambiar estas normas. 
Pero estoy plenamente comprometido a continuar el diálogo fructífero que hemos mantenido hasta ahora sobre todas las cuestiones relativas a los derechos humanos y la democratización, incluida la estrategia y los objetivos de nuestra ayuda a terceros países, y mis servicios están dispuestos a ello. 
Sobre esta base, insto al Parlamento a que apoye plenamente una rápida prórroga de los reglamentos antes de que se disuelva, con el fin de crear un marco estable sobre el que el próximo Parlamento y la próxima Comisión puedan seguir construyendo. 
Quisiera hacer solamente dos comentarios adicionales. 
El trabajo que estamos haciendo en el campo de la democratización y los derechos humanos en toda la zona del Oriente Próximo es esencial no solo para el desarrollo político y económico sostenible de los países de esa región, sino también para la relación entre Europa y el mundo islámico, concretamente para aquellas zonas del mundo islámico que están más cercanas a nuestras propias fronteras geográficas. 
Hace poco leí los comentarios de un funcionario público norteamericano muy distinguido sobre lo que se necesitaba para desarrollar una región estable, segura y plural en el Oriente Próximo. 
Leí aquellos comentarios con interés y me hubiese gustado poder decirle en ese momento que son ideas excelentes, y que nosotros las llamamos Proceso de Barcelona y llevamos trabajando en ellas desde mediados de la década de los noventa. 
Debemos reconocer que esto no es simplemente una idea brillante para el lunes por la mañana que después olvidaremos durante la semana. 
Es un proceso a largo plazo y tenemos que comprometernos con él, espero que con más vigor y en ocasiones con testarudez. 
Tenemos que reconocer que debe haber vínculos entre el apoyo financiero y el comportamiento sobre el terreno. 
Tenemos que reconocer también que estamos trabajando con el meollo de las sociedades y el meollo de las aspiraciones de la gente. 
El otro asunto es simplemente que deseo señalar que algunos diputados a esta Cámara hablan con una autoridad muy notable sobre este tema. 
Estoy pensando en el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, del diputado que habló una vez desde este banco y también de mi amigo que espero haga una solicitud incidental de intervención durante el debate, señor Presidente. 
Han desempeñado un papel clave en el desarrollo de las políticas de la Unión Europea sobre democracia y derechos humanos. 
Es lógico que escuchemos atentamente sus opiniones sobre los mecanismos institucionales que tenemos que crear y sobre el modo en que podemos avivar nuestra actividad y asegurar un enfoque mejor y más eficacia para toda nuestra actuación en la región. 
Solo quiero subrayar, en lo que a mi respecta, hablando en nombre de la Comisión, que estamos abiertos a las ideas que los diputados nos presenten y simplemente queremos asegurar la mayor eficacia posible de lo que hacemos. 
Dos informes admirables del PNUD han subrayado la importancia de este trabajo y yo, por lo pronto, quiero asegurar que en Europa aceptamos el desafío de esos informes y no simplemente pensamos que tienen algunas buenas ideas que pueden publicarse y que se desempolvan de vez en cuando. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, mi grupo acoge con satisfacción la declaración de la Comisión. 
Creo que es un paso importante, y puede proporcionar también un enfoque integrado para varias políticas. 
Como ha dicho el Comisario, se trata de la integración del proceso de Barcelona con la estrategia de la «Gran Europa» y los temas relacionados con la financiación del programa MEDA y de otros programas. 
Y estos, en mi opinión, deben incluir los derechos humanos y la democracia, porque solo puede haber una paz duradera si el Estado, la sociedad civil, las fuerzas políticas y los partidos garantizan, a largo plazo, unas raíces profundas para la democracia y el Estado de derecho, que siempre constituye la máxima garantía de un desarrollo pacífico. 
Todo ello es de gran importancia para nosotros, no solo por los derechos humanos, que deberían garantizarse con otros medios, sino también porque estabilizar zonas como esta basándose en la democracia y el Estado de derecho es la mejor política de seguridad que podemos seguir en nuestro propio interés; de hecho, deberíamos asegurarnos de que esta estabilidad prevalece de tal forma que las personas tengan un futuro y no caigan presas del fundamentalismo, como podría ocurrir, y justificadamente, en otras circunstancias. 
Este es el origen de muchos problemas políticos en países de Oriente Próximo, lo que hace más difícil dirigirlos hacia un futuro mejor. 
Es sobre todo en temas como esos, Comisario, donde veo la importancia de aceptar a las organizaciones no gubernamentales pero, por favor, permítame que haga un comentario sobre lo que ha dicho en su conclusión. 
Considero que es importante que, al igual que se hizo antes con Europa Central y Oriental, estos programas democráticos se basen cada vez más en la experiencia del Parlamento Europeo y de sus diputados, no solo consultándoles, sino también implicándoles en el proceso de toma de decisiones. 
Aunque no defiendo que se abandone la separación de poderes, el hecho es que nosotros, con la experiencia que hemos adquirido a partir del esfuerzo diario de construir la democracia, los partidos y la democracia de base tenemos más conocimientos que los que pueda tener el cuerpo administrativo, donde la formación de las personas está orientada a ver las cosas desde un ángulo completamente distinto, y no creo que aquí se trate solo de conceptos teóricos que cuestan mucho dinero pero no producen resultados. 
Se trata sobre todo de establecer unas estructuras eficaces sobre el terreno. 
Quizás deberíamos volver a esta antigua práctica; sería un ámbito interesante en el que experimentar y ver cuánto podemos progresar de esta forma. 
Creo que hasta ahora ni la Comisión ni el Parlamento han prestado suficiente atención a si nuestras resoluciones sobre derechos humanos y democracia se ponían en práctica o no. 
En este sentido, la supervisión y la ejecución han sido nuestros puntos débiles. 
Hemos tomado resoluciones tremendas y, después, ahí ha quedado todo. 
Me parece que cada vez adquiere mayor importancia la posibilidad de comprobar si se hace algo al respecto o no; y también tiene que ver con el proceso integrador del que hablaba al principio. 
Creo que muchos acuerdos deberían quedar vinculados a la instauración de los derechos humanos, y que una gran parte de la financiación debería vincularse al desarrollo de la democracia, para establecer así controles y balances que hagan posible la aplicación práctica de la democracia y los derechos humanos, de los que depende la estabilidad, y les salva de ser simples palabras bonitas. 
Señor Presidente, Comisario Patten, es importante que el tema de los derechos humanos y la democracia sea una vez más el centro del debate sobre las relaciones entre la Unión Europea y los países del Mediterráneo. 
Casi diez años después del proceso de Barcelona comprobamos que todavía existe una grave falta de democracia en estos países, que se menciona también en numerosos informes del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). 
De hecho, debemos preguntarnos si la política que hemos llevado a cabo hasta la fecha y, sobre todo, los instrumentos implantados en esta zona, eran los adecuados dados los ambiciosos objetivos de la estrategia de Barcelona. 
El artículo 2 de la cláusula de los acuerdos de asociación bilaterales resulta ahora ampliamente insuficiente. 
Sin embargo, yo me planteo una cuestión más compleja: ¿los acuerdos bilaterales son instrumentos adecuados para promover el desarrollo de los derechos humanos? 
Creo que esos acuerdos han ayudado a que se reconozcan internacionalmente unos regímenes que de otra forma no habrían tenido legitimidad. 
Debemos ir con mucho cuidado al respecto, y creo que la comunicación de la Comisión plantea esta cuestión. 
Apoyo los diez puntos; la Iniciativa para la Democracia que quiere el Parlamento Europeo es un instrumento interesante porque es uno de los pocos instrumentos que permite tomar medidas independientemente de los Gobiernos. 
De hecho, todos los demás caen dentro del ámbito intergubernamental, aunque usted tenga razón, Comisario, cuando dice que necesitamos recordar que una parte de este diálogo debe implicar también a las clases dirigentes. 
No obstante, me gustaría que este instrumento fuera más coherente con el resto de nuestras políticas, ya que de lo contrario corremos el riesgo de que sea una forma de legitimizar las demás políticas, que son esencialmente. 
Por lo tanto, este incentivo es excelente, es bueno para los países que están preparados para seguir esa vía y es igual de excelente para la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, que podría tener un potencial interesante. 
Es extremadamente importante para la Conferencia de Sana’a, que ha dirigido la atención de los Gobiernos y la sociedad civil hacia ese tema. 
Pero me pregunto si desde las instituciones europeas no debería haber un impulso permanente e inequívoco para la democracia, basado también en instrumentos nuevos. 
Por ejemplo, señor Comisario, ¿por qué no intentar, con esos países, celebrar un convenio multilateral sobre derechos humanos, que se base también en instituciones que sean capaces de garantizar esos derechos? 
En comparación con la situación actual, eso daría lugar a una dinámica diferente. 
Para terminar, he presentado una enmienda al artículo 11, porque creo que encargar esta política a una agencia exterior en cierto modo contradice el discurso que hemos expresado hasta ahora, dado que deberían ser las instituciones europeas las que tengan el poder de aplicar esta política. 
Por lo tanto, en relación con los procedimientos financieros, ¿no debería la Comisión tener instrumentos adaptados a la ejecución de estos objetivos? 
Señor Presidente, la democracia y los derechos humanos en los países del Mediterráneo siguen yendo a la deriva, y la causa principal es que las autoridades nunca renuncian al poder y ni siquiera quieren compartirlo. 
Los regímenes autocráticos solo pueden conservar el poder mediante la represión y con restricciones de la libertad. 
Y lo peor es que se gobierna mal a las personas y se quedan atrás tanto económica como socialmente. 
Y todo ello constituye una tierra de cultivo para el radicalismo por parte de personas sin rumbo que influye no solo en la región sino también en el resto del mundo. 
De modo que la Unión Europea debe hacer todo lo que esté en sus manos para ejercer la máxima influencia sobre la situación. 
Las cooperaciones constituyen un buen marco para ello; pero un marco que hasta ahora hemos usado poco y que es insuficientemente vinculante. 
La ayuda financiera por sí sola, sin condiciones políticas, solo llevará al deterioro de la situación y por este motivo agradezco sinceramente este impulso para la revitalización de la política. 
La comunicación de la Comisión, con sus diez prioridades, es realmente excelente. 
Muchas de las acciones propuestas están en línea con las sugerencias específicas que presenté en mi informe sobre derechos humanos del año pasado. 
Las intenciones y el enfoque son buenos, pero, por supuesto, los resultados no se garantizan en absoluto. 
En definitiva, pretendemos inducir a los regímenes a realizar cambios fundamentales en su conducta, cambios que no harían por iniciativa propia. 
Las nuevas acciones no deben llevarnos a la burocratización, sino más bien a unos objetivos específicos que deben probarse sistemáticamente. 
Es muy importante dar un impulso positivo a la situación. 
¿Podría el Comisario decirnos cómo han reaccionado nuestros socios hasta ahora, aparte de Marruecos y Jordania, que ya ha mencionado? 
¿Podría explicar también cómo se relaciona el enfoque de la UE con la política de los Estados Unidos para la región? 
¿Hasta qué punto existe una coordinación transatlántica? 
El aliciente para la acción propuesto llega más bien tarde. 
Un mayor deterioro de la región podría tener consecuencias de gran alcance. 
Muchos regímenes dicen que la seguridad es más importante que la democracia. Esta contradicción no podría ser más equivocada. 
Es precisamente la falta de democracia lo que hace que la situación sea desesperada y peligrosa. 
Quien quiera luchar por la seguridad y la prosperidad debe primero salvaguardar la democracia y los derechos humanos. 
Me gustaría oír las respuestas del Comisario a mis preguntas. 
– Señor Presidente, señor Comisario, creo que lo que hace las cosas extremadamente complicadas es que nunca podamos estar seguros de nada. 
Le oía celebrar los esfuerzos realizados por las autoridades de Marruecos. 
Por mi parte, acabo de leer el muy reciente informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) , que fue presentado ayer y que muestra hasta qué punto el 11 de septiembre tiene efectos temibles en estos países, que se traducen en cierto número de prácticas arbitrarias de encarcelamientos en todas direcciones, que evidentemente constituyen un verdadero desafío para el respeto de los derechos de las personas. 
Así, aunque celebramos los avances muy interesantes y patentes registrados en relación con el código de familia, sigue habiendo elementos preocupantes. 
Todo esto para decir que los considerables esfuerzos realizados por la Comisión y por este Parlamento –lo cual ha destacado usted mismo– para reforzar todos los mecanismos de compromiso y de evaluación relativos al respeto de los derechos de la persona están determinados en exceso no solo por el contexto internacional, sino también por las relaciones que los Estados de la Unión mantienen individualmente con estos países. 
¿Cuántos programas serán necesarios para anular el desastroso efecto de la visita a Túnez del Presidente Chirac, que ha declarado que no hay problemas de derechos humanos y que, en plena huelga de hambre de una conocida abogada, afirmó que el primer derecho es el de comer? 
¿Cuántos programas hacen falta para remediar eso? 
Sabemos bien que, al evaluar los acuerdos de asociación, las exigencias de la aplicada por los Estados son terroríficas. 
Por tanto, tenemos una auténtica necesidad de consolidar los esfuerzos de la Comunidad derivado del apoyo prestado por las asociaciones, las ONG, la sociedad civil y, como sabemos, los diputados a este Parlamento y la Comisión. 
He aquí otros tantos actores que quizás permitan superar esta desventaja. 
Pero quiero preguntarle directamente, señor Comisario, por su posible responsabilidad al respecto. 
¿Cómo se puede explicar que, en Túnez, cuando el Gobierno de Ben Ali está reteniendo los fondos asignados a la Liga tunecina de derechos humanos, la Comisión emprenda un programa forzosamente ficticio para apoyar a unos medios de comunicación que no existen, que están totalmente aterrajados en las manos de Ben Ali? 
Todo el mundo entiende que con esta suma nada despreciable Ben Ali va a alimentar su propaganda presidencial. 
¿Lo sabe usted o no lo sabe? 
¿Cómo es posible una cosa así? 
Realmente me lo pregunto, porque una decisión como esta depende de usted, precisamente. 
Señor Presidente, la Unión Europea en realidad tiene mucho interés en la creación de un espacio de estabilidad, seguridad y democracia al otro lado del Mediterráneo, y por lo tanto todos los esfuerzos que dedica a ello no son en vano. 
Pero queda todavía mucho por hacer. 
La situación en esa región sigue siendo volátil. 
De hecho, la ayuda no debe desperdiciarse para seguir tolerando unas condiciones o para mantener en el poder unos regímenes que han violado los derechos humanos durante años. 
Nosotros, la Unión Europea, no debemos perpetuar ningún tabú. 
Los principales obstáculos para conseguir nuestros objetivos son el crecimiento del Islam por una parte y el continuado problema de la inmigración por otra. 
Debemos dejar claro que las nuevas olas de inmigración no interesan ni a los países del Magreb ni a Europa. 
Ciertamente, esos países no ganan nada con la fuga de cerebros y otros fenómenos de ese tipo. 
Además, la inmigración es perjudicial para la integración de los inmigrantes que ya están en Europa. 
Debemos seguir ocupándonos de este tema. 
Es cuestión de continuar con nuestros esfuerzos para conseguir una mayor democracia y estabilidad en dichos países, tanto en su beneficio como en el nuestro, incluso en el contexto de la política de buena vecindad que estamos preparando. 
– Señor Presidente, he ocupado el escaño de nuestro vicepresidente, el Sr. Dimitrakopoulos, simplemente para recordarnos que la democracia en el Mediterráneo no empezó con este debate. 
Doy las gracias al señor Comisario, cuyo trabajo como gobernador de Hong Kong aseguró la continuación de la vida democrática de ese territorio, que espero desencadene cambios en el resto de China. 
Para mi es un placer ser el ponente sobre la comunicación «Un nuevo impulso a las iniciativas de la UE en el ámbito de los derechos humanos y la democratización, en colaboración con los socios mediterráneos». 
Acogemos favorablemente la comunicación y sus diez puntos de acción. 
Observamos que se publicó en 2003. 
Desde entonces, el proceso MEDA se ha renovado completamente con los acuerdos de diciembre para la creación del Foro Parlamentario Euromediterráneo. 
También en diciembre, el Consejo, aunque no logró un acuerdo sobre la Constitución Europea, acordó al menos que el documento presentado por el Comisario y el Alto Representante, titulado «Fortalecimiento de las relaciones de la Unión Europea con el mundo árabe» , sería aprobado en marzo. 
Acogemos esto favorablemente. 
También soy ponente de los dos reglamentos sobre la continuación de la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos de 2005 y 2006. 
Mientras apoyamos la comunicación sobre «Un nuevo impulso a las iniciativas de la UE en el ámbito de los derechos humanos y la democratización, en colaboración con los socios mediterráneos» , también estamos examinando estos dos reglamentos. 
El Parlamento decidirá hoy si quiere que se escuche su opinión sobre las prioridades y gestión de este programa, la iniciativa europea para la democracia, porque la resolución presentada hoy por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa señala que esta financiación, que excepcionalmente no precisa del consentimiento del país anfitrión, debería centrarse especialmente en lo que describo como el «arco de la inestabilidad» , que va desde Rusia hasta Marruecos, donde la democracia es frágil, o en el mundo árabe, donde es inexistente. 
Las alusiones del Comisario al informe del PNUD subrayan la importancia que la Comisión le otorga, pero desafortunadamente la Comisión debe poner su dinero donde está su boca. 
Debemos examinar muy detenidamente la forma en la que la Unión Europea está financiando programas en esta región. 
Por ejemplo, ha citado la cifra de 100 millones de euros para la gobernanza en la región MEDA. 
De hecho, tengo entendido que, en la región mediterránea, hay disponibles 500 millones de euros anuales para la gobernanza. 
Pero de estos, actualmente solo 7 millones de euros están presupuestados a través de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. 
Esta mañana se ha hecho referencia en esta Cámara a las próximas elecciones en Argelia y Túnez, donde se está destinando muy poco dinero para las ONG y los activistas que quieren unos medios de comunicación libres y el desarrollo de los derechos humanos. 
Desafortunadamente, he tenido algunas experiencias en mi calidad de autor de este programa para la democracia, ahora es bastante burocrático y peca de demasiado seguro. 
La única forma de tratar con esto es tratar de adaptarlo a las realidades de la situación presente. 
Un mundo inestable al este y al sur exige acciones especiales. 
Con la experiencia de haber trabajado en este campo en la década de los noventa con la antigua Unión Soviética, mediante una agencia exterior que tenía una agilidad y libertad de maniobra de la que la Comisión no gozaba, y un Consejo sin posibilidad de usar su facultad de rechazo, puedo afirmar que, con la ventaja de la participación del Parlamento, tenemos un programa mucho más eficaz. 
Acojo favorablemente la afirmación del señor Comisario de que estará abierto a las futuras sugerencias que el Parlamento pueda hacerle. 
Quiero adelantar este tema, especialmente porque entiendo que esta mañana el Consejo ha decidido retirar los reglamentos en la forma presentada y presentarlos con un formato nuevo, retrasando con ello todavía más la aprobación de los mismos. 
Este debate continuará. 
Señor Presidente, nosotros hemos valorado positivamente y damos nuestro apoyo a la Comunicación de la Comisión para un nuevo impulso en los procesos de democratización y respeto de los derechos humanos en el sur y el este del Mediterráneo. 
Porque estamos convencidos de que el reto considerable, enorme, de la evolución de estas regiones vecinas solo será posible, desde el punto de vista de las responsabilidades europeas, si combinamos responsabilidad y gestión, es decir, un buen desarrollo de los acuerdos de asociación con un impulso político y cultural fuerte, en un contexto en el cual tienden a imponerse, cada vez más, las voces e imágenes de la miseria, el fanatismo y los terrorismos frente a los objetivos de un desarrollo sensato hacia la libertad y hacia la cohesión social y la paz. 
Por eso apoyamos esta iniciativa y hacemos votos para que la política general de la Unión Europea, en lo relativo a los derechos humanos, no caiga en los extremos de cerrar los ojos, por un lado, en aras de una falsa, ni de contentarse, por el otro lado, con la mera denuncia o la protesta. 
Hay que ser consecuencialistas en nuestras políticas con los países del sur y del este del Mediterráneo, es decir, tener siempre como prioridad la consideración de las consecuencias de nuestras políticas en este sentido. 
Como bien ha dicho el Comisario, hay una estrategia que va a cumplir pronto diez años- la del Proceso de Barcelona- y lo único que hay que hacer es recordar que, al ser Barcelona una ciudad olímpica, lo que debería existir en el pórtico de los despachos de la Comisión es el lema olímpico "Citius, altius, fortius" para el desarrollo de nuestra política euromediterránea. 
– Señor Presidente, el denominado proceso de Barcelona cuenta, por supuesto, con toda la simpatía de los hombres y mujeres de buena voluntad. 
La capital de la nación catalana era muy digna de ser el lugar en que levantó el vuelo una política encaminada a tender puentes sobre el Mediterráneo. 
Solo puedo evocar aquí de pasada la memoria de dos catalanes ilustres que anticiparon esta política, cada uno a su modo, en la Edad Media: Ramon Llull y Anselme Turmeda. 
Celebro el esfuerzo de inteligencia y de comprensión realizado con esta política, y en particular en los documentos objeto de nuestro debate. 
No obstante, me pregunto por las posibilidades de esta política, dada la situación general. 
Para predicar la democracia y los derechos humanos, habría que dar ejemplo. 
Estamos lejos de ello. 
Ayer mismo, los abogados de esta buena ciudad de Estrasburgo depositaban públicamente delante de la Prefectura una corona fúnebre para lamentar la muerte de la presunción de inocencia por una ley que acaba de ser votada en Francia. 
Hace un año, un juez español ordenaba el cierre de, único diario en lengua vasca, y llevaba a prisión a varios periodistas, y algunos siguen en la cárcel. 
A día de hoy, un año después, no se ha organizado ningún debate contradictorio para justificar esta violación manifiesta de la libertad de prensa. 
La guerra criminal de los Estados Unidos contra el Iraq obtuvo la complicidad, activa o pasiva, de una mayoría de Estados miembros de la Unión ampliada. 
Esta horrorosa herida sangra aún, y sangrará mucho tiempo. 
Es para muchos musulmanes del mundo una humillación más. 
Si no tenemos cuidado, la obsesión por la seguridad y el desviación de la lucha contra el terrorismo con fines partidistas minarán esta política, como muchas otras, a pesar de toda la inteligencia y la buena voluntad de los que intenten aplicarla. 
Señor Presidente, Comisario Patten, Señorías, creo que si queremos poner en práctica una política en esa zona es importante saber lo que ocurre en el Mediterráneo y en el mundo árabe. 
Las señales que recibimos son débiles, quizás superficiales, quizás pensadas con el motivo oculto de no hacer nada en absoluto, pero no hay duda de que, en los últimos dos años, se han enviado señales, que haríamos bien en recoger y estudiar.Digo esto porque tengo la impresión de que nuestros Estados miembros son muy poco conscientes de ello. 
La Sra. Flantre, que ha hablado antes que yo, por ejemplo, ya ha subrayado el problema de Túnez, con una serie de posturas extremadamente conflictivas, y quizás no sea una coincidencia que fueran dos representantes de la sociedad civil tunecina los que no pudieron participar en la Conferencia de Sana’a antes mencionada: es la única cosa que pude observar en la organización de dicha conferencia. 
Desde este punto de vista, Comisario Patten, Señorías, creo que debemos dejar de ser excesivamente prudentes porque nuestras acciones deben tener credibilidad. 
Perdemos credibilidad, por ejemplo, cuando no aplicamos las cláusulas del artículo 2: no somos creíbles a los ojos de los Gobiernos que, en realidad, nos consideran unos socios relativamente maleables, y no somos creíbles para los actores no gubernamentales, cuya confianza estamos perdiendo. 
Y digo esto, por ejemplo, porque se acerca la fecha de la reunión para la ratificación del Acuerdo del Líbano y creo, señor Comisario, que es importante observar en esta Cámara, la falta de progreso respecto a la independencia del poder judicial en el Líbano y el hecho de que las relaciones con la Unión Europea deberían estar sujetas al cumplimiento de este requisito. 
Dejando de lado las referencias individuales a posiciones concretas, creo que la acción de la Comisión Europea o de Europa en general es importante: se le pide mucho a Europa, quizás en comparación con la alternativa, y se esperan grandes cosas de ella. 
Se ha resaltado aquí la importancia de Sana’a. 
Bien, es importante por el formato de la Conferencia: por primera vez gobiernos y actores no gubernamentales se reunieron en igualdad de condiciones para hablar y discutir, pero también para elaborar una declaración final que, en mi opinión, establece los requisitos para un proceso de consulta al que quizás nuestros amigos estadounidenses no deseen otorgar tanto énfasis ni se sientan especialmente inclinados. 
Creo que sería una señal importante, Comisario, en el contexto de nuestro debate, asegurar que Sana’a tenga una continuación, de tal forma que no se convierta en uno de tantos acontecimientos sino un proceso que se va a supervisar. 
El compromiso de de las mujeres también fue extraordinario y las organizaciones de las mujeres aportaron una una vitalidad excepcional, que realmente debe apoyarse. 
Por lo tanto, tenemos algo por lo que seguir trabajando, señor Comisario, que ha surgido de las consultas que hemos mantenido con nuestros socios, y de los textos que han elaborado, un curso de acción que no se puede decir que venga de arriba, porque ha sido solicitado por los propios socios. 
Creo que eso merece un sólido seguimiento. 
Señor Presidente, me pongo un poco en el lugar del Comisario Patten, que tiene que escuchar una intervención tras otra sin poder hacer comentarios después de cada orador. 
Quizás este tipo de debate o, más bien, esta serie de monólogos que tenemos en el Parlamento Europeo podrían ser un poco más vivos. 
De todas formas, como soy uno de los últimos, espero que el Comisario sea capaz de escuchar a un orador más. 
De hecho, quiero referirme a dos temas mencionados por el Comisario de Relaciones Exteriores en su intervención. 
Lo primero que ha resaltado ha sido que debemos mejorar las relaciones entre Europa y el mundo islámico. 
Debemos desarrollar unos países más estables, más seguros y más plurales en Oriente Próximo y entorno al Mediterráneo. 
El segundo tema mencionado por el Comisario se refería a los vínculos entre nuestro apoyo financiero y la conducta en lo que ha denominado nivel base, es decir lo que parece que ocurre en las ciudades y los pueblos cuando se trata de respetar los derechos humanos. 
Quiero hablar sobre un tema que es casi tabú desde el punto de vista político. 
Se refiere a la interacción entre religión y política. 
Como ha dicho el Comisario, nuestras relaciones con el mundo islámico son un tema extremadamente delicado, tanto internamente en la Unión Europea como en varios de nuestros Estados miembros. 
Creo que la religión y la libertad religiosa son de especial importancia para el desarrollo de los derechos humanos y, en definitiva, para la democracia. 
Por supuesto, la religión no debe influir en el sistema político, pero la vida religiosa tampoco debe separarse del todo del resto de la sociedad. 
Creo que el tipo de soluciones que existen en ciertos países, por ejemplo en el Irán, donde el Consejo de Guardianes islámico decide quién debe presentarse a las elecciones y quién no, es completamente ilógico. 
Pero tampoco me convence la solución francesa o turca, donde se prohíben los símbolos religiosos en las escuelas. 
Por lo tanto, quiero referirme a lo que ha dicho el Comisario Patten sobre nuestras relaciones con el mundo islámico y sobre el informe del Sr. van den Bos respecto a los derechos humanos, adoptado por el Parlamento en julio de 2003. 
Se aprobaron varias enmiendas que resaltaban el derecho de todas las personas a seguir su propia fe, el derecho a cambiar de religión y el derecho a pertenecer a cualquier religión. 
También se resaltaba el valor de ser libres para llevar a cabo una misión humanitaria, independientemente de si el país en cuestión es predominantemente cristiano, musulmán o judío. 
Los principios fundamentales son la igualdad entre los seres humanos, independientemente de su religión, sexo o raza, el principio de la no discriminación y el principio por el que la religión defiende la no violencia, el amor y la reconciliación. 
Se resalta la igualdad entre seres humanos sea cual sea su afiliación religiosa. 
Creo que el diálogo sobre la importancia de la religión para una buena sociedad y sobre la lucha contra el abuso de la religión para emitir amenazas, perpetrar actos violentos y opresión y justificar el terrorismo y la discriminación contra las personas es una parte importante y fundamental de nuestras relaciones con los países islámicos del Mediterráneo. 
Dejemos que el diálogo sobre la religión y el buen uso de la misma en el sentido adecuado de la palabra sean una parte importante de nuestras relaciones con los países del Mediterráneo. 
Señor Presidente, la importancia que el Parlamento Europeo otorga al respeto y la salvaguarda de la democracia y los derechos humanos siempre y en todo lugar es un hecho conocido y no es negociable. 
Como principio general, nuestra principal preocupación ha sido exigir el mismo respeto y la misma aplicación a todos nuestros socios, sin malentendidos, diferenciaciones o enfoques selectivos. 
Además, nuestra insistencia en el control de la aplicación y el funcionamiento de los principios de la democracia, los derechos humanos, los derechos de las minorías nacionales y la igualdad de los sexos es uniforme e indivisible para todos en todas partes. 
La vinculación de la ayuda financiera europea a la conformidad con el respeto absoluto de los derechos mencionados más arriba es también uniforme para todos, en todo lugar. 
El Parlamento Europeo repite y resalta esta verdad en la propuesta pertinente a nuestros socios mediterráneos para evitar malentendidos o interpretaciones diferentes. 
A cuentas claras, mejores amigos. 
Con toda seguridad, el profundizamiento del diálogo sobre temas de democracia y respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos ayuda a consolidar nuestras transacciones y relaciones bilaterales, y a profundizar más en ellas. 
El intercambio de información, conocimientos y experiencia por parte de todos los socios, como se comenta en la propuesta, ayuda a llegar más lejos en el enfoque deseado tomando como base unos principios y unas normas que son comunes y respetadas por todos. 
Los contactos de la Comisión con la sociedad civil y los informes sobre sus conclusiones para todos los socios son un instrumento simple y directo para evaluar la situación actual, ya sea para elogiarla o para corregir una intervención. 
Con la reciente transformación, excelente, del Foro Mediterráneo en Asamblea Parlamentaria, se ha dado un gran paso hacia el diálogo democrático y la consulta creativa y el entendimiento entre los socios de ambos lados del Mediterráneo. 
Este diálogo político ayudará en gran manera a resolver posibles problemas o malentendidos y a apoyar este procedimiento de acercamiento y cooperación, que mejorará la estabilidad y el desarrollo pacífico, así como la coexistencia de toda la zona mediterránea. 
Esperemos que la evolución del conflicto entre Israel y Palestina, que sigue siendo una dificultad para un enfoque libre de trabas, llegue a su fin lo antes posible, sin muros ni divisiones, por el bien de toda la zona y de sus habitantes. 
Señor Presidente, la realidad es que los países del sudeste mediterráneo y de Oriente Próximo en general son un campo de acción importante para las relaciones exteriores de la Unión Europea, y esta comunicación de la Comisión así lo confirma. 
Resulta especialmente positivo que la Comisión reconozca que la marginación de las mujeres deteriora la representación política y obstruye el desarrollo económico y social de la zona. 
Es cierto que las mujeres del Mediterráneo y de los países árabes siguen siendo víctimas de discriminación sexual y desigualdad, a pesar de que en los últimos años ha habido una cierta mejora de sus condiciones. 
El analfabetismo, la pobreza, la violencia doméstica, una atención médica y farmacéutica inadecuada, la poca participación en la vida política y profesional, son las principales características de la vida de las mujeres en las costas del sur de la cuenca del Mediterráneo y en los países de Oriente Próximo. 
Pero lo peor es que las mujeres son las principales víctimas del fundamentalismo religioso y político, de los regímenes conservadores y autocráticos que en gran medida basan su poder en el control de la conducta sexual de las mujeres, de su forma de vida, de sus funciones reproductivas e incluso de su forma de vestir. 
Ciertamente, la mejor defensa contra el poder de la retrogresión y la intolerancia es consolidar el aspecto laico del estado y el orden democrático legal. 
Nuestro mensaje debe ser claro. 
Ningún sistema político, movimiento religioso, tradición o costumbre puede tener prioridad sobre el respeto de las libertades fundamentales de las mujeres, los derechos humanos y el Estado de derecho. 
Mientras falten estos elementos básicos de un estado democrático en muchos países del Mediterráneo, pocas esperanzas tendremos de que tenga lugar un desarrollo económico y social y la mejora de la situación de las mujeres, y las resoluciones aprobadas por las conferencias celebradas en el marco del proceso de Barcelona serán papel mojado. 
Por ese motivo pedimos a la Comisión Europea y a la representación de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea que utilicen todos los mecanismos que tengan en sus manos para incluir unas cláusulas y unos compromisos claros respecto al reconocimiento y la protección de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, así como de los principios del Estado de derecho, como condición sine qua non para el desarrollo de los países del Mediterráneo y la transformación de la cuenca del Mediterráneo en una zona de paz y cooperación. 
. No quiero retrasar indebidamente a esta Cámara mientras se prepara discretamente a cumplir con sus deberes democráticos. 
Sin embargo, quisiera responder a una o dos preguntas de lo que ha sido un debate importante y útil. 
Me han preguntado cómo han recibido nuestros socios nuestras propuestas. 
La respuesta diplomática más justa es que algunos países han recibido las ideas con bastante cautela y otros de forma mucho más positiva; me vienen a la cabeza Jordania y Marruecos. 
Sea cual fuere la respuesta, las ideas que hemos presentado son ahora una parte central del debate, una parte central del diálogo con estos países. 
Es importante que recordemos que no estamos hablando de condicionalidad negativa, sino de estímulo positivo. 
Estamos hablando de reservar parte de los recursos MEDA cada año para destinarlos a aquellos países que inicien asociaciones específicas con nosotros para desarrollar la democracia y los derechos humanos. 
Este es un cambio de énfasis importante y una forma importante de tratar de utilizar nuestra ayuda a la cooperación y al desarrollo para el fomento de objetivos políticos que todos sabemos que son esenciales, no solamente para la estabilidad y el bienestar de las sociedades, sino también para su desarrollo económico a largo plazo. 
Al insistir en nuestras opiniones sobre cuestiones como los derechos humanos en Túnez, que su Señoría acaba de citar, debemos ser enérgicos y evitar ser contraproducentes. 
Hace unas semanas, en otra parte del mundo, al insistir con vehemencia en los temas del Estado de derecho y las libertades civiles, se me acusó de ser neocolonial. 
Tuve que señalar que en lo que a mi se refiere eso era un terrible insulto: yo lo había sido realmente; yo había sido un auténtico opresor colonial y no simplemente un neocolonial retrógrado. 
Debemos ser cuidadosos en nuestra forma de llevar adelante el debate. 
Es importante también reconocer que es un largo proceso y que, como la Sra. Bonino ha dicho, debemos ser coherentes. 
Debemos mostrar que lo que decimos va en serio. 
Hemos de ser conscientes de nuestra credibilidad y debemos asegurar que mantenemos este debate sobre una base de estima mutua, en pie de igualdad. 
También me han preguntado hasta qué punto nuestras ideas y argumentos concuerdan con los de los Estados Unidos en lo relativo a la democracia y la región del Oriente Próximo. 
Es justo decir que es un tema sobre el que tenemos una experiencia de diez años. 
Acogemos favorablemente el interés de los Estados Unidos. 
Estoy seguro de que habrá muchos debates, como los habidos la semana pasada en la conferencia sobre seguridad en Múnich. 
Espero que no perdamos la peculiaridad de nuestro enfoque propio. 
Espero que no perdamos de vista el hecho de que se trata de un proceso a largo plazo y espero que, como su Señoría ha dicho al final del debate, no perdamos de vista la importancia del conflicto de Oriente Próximo, de la relación entre Israel y Palestina con el debate sobre la democracia en toda la región, porque en este momento no hay duda de que algunos en el mundo árabe dudan de nuestras credenciales y nuestra buena voluntad porque piensan que no estamos haciendo lo suficiente para resolver los problemas de Palestina. 
Finalmente, quisiera repetir nuevamente al Sr. McMillan-Scott que vamos a estos debates con una mente abierta. 
Reconocemos la experiencia y sabiduría del Parlamento y estamos seguros de que juntos, el Parlamento, la Comisión y el Consejo serán capaces de formular una política que no solamente seguirá reclamando la atención de toda la Cámara, sino que también generará realmente el tipo de consecuencias beneficiosas que queremos ver. 
Muchas gracias, señor Patten, por su contribución y esfuerzo en un clima no siempre muy fácil. 
He recibido la propuesta de resolución B5-0049/2004, presentada sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy jueves. 
– Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, en virtud de la letra a) del artículo 9 y el anexo XI, quisiera solicitar al Presidente que comunique los hechos acaecidos en la comisión de gestión de STOA esta mañana a la Oficina de Lucha contra el Fraude para que investigue. 
La comisión aprobó por 11 votos contra 8 la supresión de un informe científico sobre sustancias no comestibles con respecto al cual el comité asesor de la Academia Europea de Ciencias había afirmado: «En conjunto, el informe es un trabajo razonable, imparcial y equilibrado sobre un tema muy difícil». 
La revisión por homólogos me llevaría a concluir que definitivamente debe publicarse. 
Es importante que los ciudadanos se den cuenta de que esta decisión se adoptó sobre la base de graves errores políticos, y no crean que la comisión se ha convertido en propiedad mayoritaria de los fabricantes de chocolate europeos. 
Transmitiremos su comentario al Presidente, señor Ford (1). 
. A continuación pasamos a las votaciones. 
(1) 
Dada la importancia de los objetivos del programa MEDIA, en general acogemos con satisfacción el informe y la prórroga hasta 2006 solicitada por la Comisión. 
Pero, igual que el ponente, lamentamos que a esas alturas todavía no exista un informe definitivo que evalúe la ejecución del programa. 
Confiamos en que el Parlamento lo recibirá en breve. 
Hay que celebrar un debate amplio y de máxima calidad respecto a la política audiovisual a escala europea antes de tomar decisiones sobre las bases de cualquier futuro programa. 
Por lo tanto, también es importante que todos los elementos del sector audiovisual, principalmente los operadores, las diversas redes y las asociaciones, así como los trabajadores y los representantes del público en general, sean invitados a participar en este debate. 
Como todos sabemos, los programas MEDIA PLUS y MEDIA-formación constituyen uno de lo pilares de la política audiovisual de Europa. 
Constituyen el mecanismo de apoyo de la Comunidad para el sector audiovisual y reemplazan los programas MEDIA I y MEDIA II, que se lanzaron en 1991 y 1996 respectivamente. 
La experiencia adquirida con los programas anteriores ha ayudado considerablemente a mejorar el funcionamiento de los actuales instrumentos MEDIA: 
MEDIA-formación pretende apoyar el estudio sobre la aplicación de las nuevas tecnologías; la gestión económica, comercial y financiera; las técnicas de financiación, producción y distribución de programas audiovisuales; las técnicas de desarrollo de nuestros tipos de programas audiovisuales y las técnicas de elaboración de guiones y de narración. 
Además de la creación de una comisión parlamentaria especial, acojo también con agrado la intención de la Comisión de asegurar, para 2006, la continuación a los operadores y profesionales implicados en el programa MEDIA-formación, que, por lo tanto, se ampliaría sin cambios estructurales hasta el 31 de diciembre, con un aumento de la financiación. 
Animado por la aprobación unánime de la comisión parlamentaria de las propuestas para crear un programa de formación para profesionales en los programas audiovisuales europeos, he votado a favor. 
He votado a favor de este informe acogiendo favorablemente la ampliación de las competencias de la Agencia Europea de Seguridad Marítima a las cuestiones relativas a la seguridad marítima y la cualificación de los marineros. 
El Parlamento tiene toda la razón al insistir en la necesidad de mejorar los niveles de seguridad del transporte marítimo, la protección del medio ambiente marino y la seguridad del transporte marítimo. 
Después del desastre del y de otras muchas catástrofes que hemos presenciado, todos estamos de acuerdo en que es preciso mejorar mucho más la seguridad del transporte marítimo y debe haber una coordinación de las acciones mucho mejor en todos los Estados miembros. 
Una Agencia Europea de Seguridad Marítima con los recursos adecuados haría posible tal coordinación con el debido respeto de la necesidad de salvaguardar el principio de subsidiariedad, reconociendo que la responsabilidad principal ha de residir en los Estados miembros costeros. 
También apoyo plenamente la propuesta de que la Agencia Europea de Seguridad Marítima debe involucrarse en el reconocimiento de certificados de competencia para marineros y espero que la Agencia dará prioridad a este ámbito con vistas a ofrecer una mayor seguridad a los trabajadores y los ciudadanos. 
Sin embargo, opino que no debe atribuirse a la EMSA la responsabilidad de combatir el terrorismo: esta debe seguir siendo responsabilidad de los Estados miembros, y acojo favorablemente las aclaraciones contenidas en el informe a este respecto. 
. 
Felicito al Sr. Mastorakis por su informe, que agradezco sinceramente. Quiero resaltar dos puntos que considero de especial importancia: 
apoyo total a la ampliación de competencias de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para incluir la lucha contra la contaminación. 
Una acción comunitaria coordinada en este ámbito presenta grandes ventajas, y la Agencia puede jugar un papel esencial integrando mecanismos que permitan que las operaciones de limpieza sean más efectivas después de los vertidos de petróleo; 
el acuerdo de que la Agencia podrá intervenir en temas de seguridad, como resultado de las nuevas tareas que le han asignado los Estados miembros a través de la directiva sobre «seguridad de los barcos y de las instalaciones portuarias». 
El Reglamento Nº 1406/2002, por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Marítima fue adoptado por el Parlamento y el Consejo el 27 de junio de 2002 y entró en vigor después de su publicación en el Diario Oficial en agosto de 2002. 
La principal misión de este nuevo organismo será ofrecer asistencia técnica y científica a los Estados miembros y a la Comisión para asegurar que la legislación comunitaria en el sector de la navegación marítima se aplique correctamente para evitar la contaminación procedente de los barcos y controlar la aplicación de esta legislación. 
Después de la reciente serie de desastres marítimos, la Comisión propone ampliar las competencias de la Agencia para dotarla de los medios necesarios para abordar determinados problemas relacionados con la seguridad marítima. 
Y lo que es más importante, asigna tareas complementarias a la Agencia para apoyar las actividades de la Comisión en la lucha contra los actos terroristas en barcos e instalaciones portuarias, en la formación de marinos y en la lucha contra la contaminación marina. Ya existe un marco legislativo que establece un sistema de cooperación en el ámbito de la contaminación marina, y un mecanismo de la Comunidad pensado para fomentar una colaboración más estrecha en las intervenciones de emergencia en el ámbito de la protección civil. 
Esta propuesta, que ha experimentado una mejora considerable en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, merece mi apoyo. 
. 
El informe del Sr. Mastorakis merece nuestro más sincero apoyo. 
La Agencia Europea de Seguridad Marítima debe tener las competencias y los medios para prevenir y combatir la contaminación ocasionada por los buques y otras embarcaciones. 
Debemos asegurarnos de que la sede de la Agencia se establezca en Portugal y, en interés de la descentralización y de la lucha contra el desequilibrio inherente en el desarrollo de Portugal, centralizado en Lisboa, debemos hacer posible que la Agencia, o una de sus sucursales, se sitúe en Sagres, en el Algarve, al sur de Europa. 
El desarrollo sostenible del transporte exige la adopción de un enfoque integrado para el transporte que explote al máximo el potencial de todas las modalidades de que disponemos en la actualidad. 
Teniendo en cuenta esto, la Comisión ha enumerado las dificultades con que se enfrentan los usuarios de las actuales unidades de carga intermodales (UCI) , en otras palabras, los contenedores o cajas que suelen usarse en el transporte, que incluyen desde la diversidad de dispositivos de manipulación y seguridad hasta las cuestiones de seguridad y métodos de supervisión. 
El objetivo de esta propuesta es recomendar el uso de una UCI europea opcional (UECI) que supere estas dificultades combinando las ventajas de los contenedores y las cajas móviles, y que se pueda usar en el transporte por ferrocarril, por carretera, marítimo y fluvial. 
Esta medida ofrecerá al sector del transporte la libertad de elegir la alternativa propuesta por la Comisión, que sin duda aportará grandes ventajas. 
Acojo con satisfacción el método elegido para promocionar el nuevo sistema, que sigue siendo no obligatorio para los Estados miembros, otorgando beneficios financieros y otros incentivos para fomentar los proyectos o programas de la Comunidad que demuestren claramente la intención de utilizar las UECI. 
Dadas las ventajas que podría tener para el transporte comercial, he votado a favor. 
.– No podemos sino alegrarnos del nuevo protocolo que eleva a 930 millones de euros la capacidad del Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos (FIPOL). 
He votado, por tanto, a favor del informe Gil-Robles Gil-Delgado. 
No obstante, no podemos dejar de constatar que los daños causados por el naufragio del se han cifrado como mínimo en 5 000 millones de euros. 
Habida cuenta de las dimensiones de los petroleros y, por tanto, de la magnitud de las catástrofes que pueden provocar, todavía estamos lejos de la cuenta. 
Por ello, me parece necesario continuar la elevación progresiva del límite máximo de indemnización del FIPOL, y crear entre los Estados europeos un fondo complementario, a condición de que no sirva de pretexto para diferir las necesarias adaptaciones del FIPOL. 
También hay que adoptar convenios internacionales que no se limiten a designar la responsabilidad del propietario del buque, como sucede hoy, sino que amplíen también las responsabilidades a todos los actores de la cadena de transporte, armadores, fletadores y, por supuesto, propietarios de la carga transportada, pues se debe incitar a estos últimos a elegir barcos seguros. 
Deseo confirmar mi apoyo a este informe, que autoriza a Austria y Luxemburgo a firmar el Protocolo 2003 hasta el 30 de junio de 2004. 
Creo que en respuesta al accidente del es necesario asegurar que se puedan hacer pagos completos y rápidos a las víctimas de futuros vertidos de petróleo, no obstante nuestra obligación de hacer todo lo posible para evitar que estos incidentes se produzcan en el futuro. 
Insto a todos los Estados miembros a que firmen, ratifiquen o se adhieran al protocolo lo antes posible. 
. – He votado a favor de este informe porque es importante que el sistema actual de indemnización a las víctimas sea más eficiente. 
El fondo complementario debería permitir una indemnización efectiva, rápida y equitativa de las víctimas de futuros vertidos de hidrocarburos. 
Por ello, los Estados miembros deben firmar o ratificar lo antes posible el protocolo relativo a este Fondo. 
En primer lugar, es inaceptable que la elevación de las indemnizaciones no permita tener en cuenta los daños desde el punto de vista humano, económico y medioambiental causados por el naufragio del. 
Después, es una pena verse privados del recurso al Fondo COPE, un fondo de indemnización europeo complementario con un límite máximo de 1 000 millones de euros, ya que habría podido acelerar la indemnización a las víctimas que no han podido obtener una indemnización completa en el marco del régimen internacional. 
Este expediente, que ha sido dejado de lado, parece confundirse con fondo adicional. 
Por último, los Estados miembros deben transponer en el plazo más breve posible las medidas adoptadas a escala europea e internacional a raíz de los accidentes del y del. 
Para concluir, recordaré la necesidad igualmente importante de actuar de antemano con una verdadera política preventiva. 
Los contaminadores deben ser severamente sancionados y todas las partes implicadas en el transporte de mercancías deben asumir sus responsabilidades. 
Hemos votado a favor de este informe pues nos parece que el nuevo fondo complementario contribuirá ampliamente a garantizar la indemnización completa y rápida a las víctimas de futuros vertidos de hidrocarburos. 
Esta propuesta surge a raíz de la decisión del Consejo de autorizar a los Estados miembros a firmar o ratificar, en interés de la Comunidad Europea, el Protocolo de 2003 del Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidracarburos, de 1992. 
El protocolo de la Organización Marítima Internacional (OMI) aumenta los fondos disponibles para compensar a las víctimas de los vertidos de hidrocarburos. 
Se ha exhortado a los Estados miembros a que firmen este protocolo lo antes posible y, si es posible, a más tardar el 30 de junio de 2004. 
El 16 de mayo de 2003 la OMI adoptó un nuevo protocolo a los convenios existentes sobre la responsabilidad y la indemnización en caso de contaminación por hidrocarburos. Este protocolo establece un fondo complementario que multiplica por cinco el límite máximo… 
. 
Felicito al Sr. Gil-Robles por su recomendación sobre la creación de un Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos. 
Comparto su opinión de que los niveles máximos de compensación en este fondo son insuficientes para garantizar una protección suficiente a las víctimas de futuros vertidos de hidrocarburos a gran escala. 
El Fondo Complementario compensará a las víctimas a condición de que las reclamaciones de compensación se consideren justificadas y si la persona no puede obtener una compensación íntegra y suficiente al amparo del Convenio sobre el Fondo de 1992. 
También quisiera indicar que elevar el nivel de compensación no puede servir en absoluto de excusa para actuar negligentemente con respecto a la prevención. 
La propuesta de una decisión presentada para que la apruebe el Parlamento permite y solicita a los Estados miembros acceder al Protocolo sobre el fondo complementario de la Organización Marítima Internacional (OMI) , que aumenta los medios financieros disponibles para compensar a las víctimas de los vertidos de hidrocarburos. 
Elevando significativamente los niveles máximos de la compensación fijados por el sistema internacional existente, el Protocolo sobre el fondo complementario elimina una de las lagunas más importantes de los reglamentos internacionales sobre responsabilidad por daños causados por la contaminación de hidrocarburos. 
El nuevo fondo complementario garantizará que las víctimas de vertidos de sustancias nocivas reciban indemnizaciones rápidamente y en su totalidad, tomando así precauciones contra situaciones como la del y la del. 
Dado que algunas partes del Protocolo sobre el fondo complementario son de competencia exclusiva de la Comunidad, los Estados miembros deben ratificarlo para cumplir el Protocolo, para llevarlo así a la práctica, lo que por supuesto gozará del apoyo de nuestro voto a favor. 
La propuesta de una decisión presentada para que la apruebe el Parlamento autoriza a los Estados miembros a acceder al Protocolo sobre el fondo complementario de la Organización Marítima Internacional (OMI) , que aumenta los medios financieros disponibles para compensar a las víctimas de los vertidos de hidrocarburos. 
Se ha pedido a los Estados miembros que firmen este protocolo lo antes posible. 
El protocolo establece un Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, de 1992, para garantizar indemnizaciones rápidas y completas a las víctimas de los daños causados por vertidos de hidrocarburos de petroleros. 
Elevando el nivel máximo de la indemnización fijada en el sistema internacional existente, el Protocolo elimina una de las lagunas más importantes de los reglamentos internacionales con respecto a la responsabilidad en caso de contaminación por hidrocarburos, ya que se fijará el nivel máximo de la indemnización establecido por el fondo complementario. 
Seguramente el nuevo fondo tendrá menos socios que el de 1992, pues muchos países que suscribieron el Fondo de 1992 creen que no es necesaria ninguna otra protección complementaria. 
En mi opinión, el nuevo fondo contribuirá sobradamente a garantizar la indemnización completa y rápida de las víctimas de vertidos de hidrocarburos. 
He votado a favor. 
Es de sobras conocido el estado extremadamente precario del sector metalúrgico, al igual que la falta de un plan global para reactivar el sector a escala europea. 
Portugal también ha sufrido por esto. Por tanto, votamos en solidaridad con los trabajadores, los sindicatos y la población de Terni, con la esperanza de mantener un centro de producción de alta tecnología. 
Deploramos el rechazo de la propuesta de nuestro grupo, cuya finalidad esencial era disminuir los efectos de la reubicación de empresas, que también sufre Portugal. 
Por tanto, es básico que la Comisión proponga una legislación adecuada para proteger a los trabajadores de las terribles consecuencias de la reubicación de empresas, que promueva una legislación que contenga cláusulas sociales diseñadas para proteger los puestos de trabajo y los niveles de vida de las familias afectadas, y que obtenga de las empresas el compromiso de brindar a los trabajadores la oportunidad de lograr nuevos títulos profesionales. 
Asimismo, se precisa una nueva política que obligue a las multinacionales, especialmente a las que niegan sus responsabilidades sociales, a devolver toda ayuda económica que se les haya concedido. 
Deseo apoyar este llamamiento a la Comisión y los Estados miembros para extraer lecciones del mayor escándalo empresarial europeo de los últimos años y reforzar las normas de auditoría de la Unión Europea, particularmente en interés de los trabajadores. 
Después del escándalo contable que rodeó al grupo alimentario italiano Parmalat, que estalló en diciembre de 2003, con la revelación de un agujero negro de 4 000 millones de euros en fondos perdidos y 14 000 millones de euros de deudas impagadas, creo que necesitamos sin duda que la Comisión ponga en marcha una revisión de la Directiva sobre gobernanza empresarial que refuerce las normas de auditoría. 
Una y otra vez los trabajadores y pensionistas han sido los grandes perdedores de los escándalos corporativos, por lo que no hay duda de que se necesita con urgencia una mejora de la gestión empresarial y un refuerzo de nuestras defensas contra las malas prácticas empresariales. 
Un buen derecho de sociedades y una buena gestión empresarial son esenciales para la seguridad laboral de todos los empleados y la protección del futuro de aquellos que participan en planes de pensiones de empresa. 
El sector de los servicios financieros debe poner su casa en orden y asegurar una conducta ética y diligencia para proteger los empleos y el ahorro de millones de personas. 
Es indignante que no se emitieran señales de alarma mientras se malversaban los fondos de Parmalat. 
. –La sociedad Parmalat se nos presentó como el ejemplo mismo del éxito de la globalización liberal. 
Parmalat era una pequeña empresa familiar de leche pasteurizada que se desarrolló en parte gracias a las subvenciones de la Unión Europea. 
Desde 1974, esta empresa multiplicó las filiales y creó sociedades pantalla en paraísos fiscales. 
El sistema se mantuvo hasta el 11 de noviembre de 2003, cuando los auditores expresaron sus dudas sobre una inversión de 500 millones de euros en las islas Caimán. 
De hecho, Parmalat –como Enron, Tyco, World Com o Ahold– no es más que el prototipo del capitalismo tramposo. 
Durante 30 años, los dirigentes de Parmalat recibieron subvenciones públicas, disimularon las cuentas y anunciaron beneficios ficticios. 
Esas prácticas condujeron a la supresión de varios miles de puestos de trabajo. 
Ahora bien, la resolución propuesta no ataca estas prácticas mafiosas y se limita en exceso a las observaciones. 
Por estas razones, nos hemos abstenido. 
En primer lugar, la Unión debería hacer lo necesario para que todos los responsables sean extraditados y juzgados rápidamente. 
Después, es preciso que la Unión deje de pagar subvenciones públicas a este tipo de empresas. 
También es preciso que los asalariados y sus organizaciones dispongan de los medios para ejercer un control efectivo sobre las cuentas. 
Por último, deben suprimirse todos los paraísos fiscales de la Unión (San Marino, Mónaco, Luxemburgo, etc.). 
– Al final del debate de ayer el Comisario Bolkestein negó los dos problemas básicos: los paraísos fiscales legales y el impacto del fraude en los empleados y los pequeños ahorradores. 
Es positiva la introducción, en septiembre, de requisitos de transparencia estrictos, que propiciarán el registro de operaciones y transacciones especiales en las cuentas y la explicación del uso de instrumentos especiales; esto debería haberse hecho mucho antes. 
Es necesario que tengamos un sistema de contabilidad que no oculte la situación actual y sus causas. 
Lo que ahora me parece más preocupante es que los países europeos están ofreciendo a las empresas la oportunidad de evitar las normas establecidas por otros países. 
Yo siempre había pensado que los problemas de la confidencialidad bancaria, de las empresas registradas en un paraíso fiscal y de los paraísos fiscales se circunscribían a Luxemburgo, Austria y los cantones suizos de Zug y Schwyz, pero ahora resulta Parmalat mantenía billones en los Países Bajos con la ayuda de 181 oficinas de administración de bienes, cinco empresas privadas y una fundación. 
El clima favorable a la inversión para las empresas extranjeras que creó el Gobierno neerlandés en la década de los noventa permitió a los estafadores y evasores de impuestos hacerse un hueco. 
No me ha llegado ninguna noticia del Comisario neerlandés sobre las medidas que está adoptando en contra de esta política, que su partido ayudó a promover. 
Lo pondré en pocas palabras en la agenda, por tanto, en las preguntas a la Comisión Europea. 
Celebro este informe sobre la aproximación del derecho procesal civil en la Unión Europea, dirigido a armonizar todo el derecho internacional privado relativo a obligaciones contractuales. 
Estoy de acuerdo con el ponente de que en este ámbito es preferible poder aplicar directamente las disposiciones correspondientes en todos los Estados miembros, en lugar de someterse a las incertidumbres que se derivan de la transposición de una directiva. Por lo tanto, el futuro instrumento debe adoptarse en forma de reglamento. 
También estoy de acuerdo con el ponente, en cuanto a la propuesta de una orden de procedimiento de pago, cuando subraya que la aproximación del derecho procesal civil en la Unión Europea no es posible a menos que se normalice el sistema de notificación y comunicación de actos judiciales y extrajudiciales. Asimismo, apruebo su opinión de que, en el procedimiento de pleitos de escasa cuantía, las formas alternativas de resolver los casos deberían posibilitar la simplificación de la obtención de pruebas y limitar el derecho al recurso. 
Acojo con satisfacción las sugerencias del ponente de garantizar que los poderes concedidos al Tribunal de Justicia en este ámbito no sean excesivos. 
He votado a favor. 
Estamos de acuerdo con la petición de que los prisioneros de la Bahía de Guantánamo reciban un juicio justo. 
Por esta razón hemos votado a favor de este informe. 
Sin embargo, creemos que no está claro que los prisioneros reúnen las condiciones para ser considerados prisioneros de guerra de acuerdo con la Convención de Ginebra. 
Por tanto, el informe no es correcto al invocar las normas de la Convención de Ginebra sobre el tratamiento de los soldados capturados como derechos que tienen los prisioneros de la Bahía de Guantánamo. 
Los acontecimientos de Afganistán han sido motivo de gran preocupación durante los últimos años. El mundo no debe olvidar al pueblo afgano, que sigue sufriendo las consecuencias de las guerras hechas por quienes valoran más sus intereses económicos y geoestratégicos que el bienestar de las personas. 
El régimen talibán era terrible. 
Sin embargo, igual de terrible fue la guerra iniciada por la Administración de los Estados Unidos, bajo el pretexto de combatir el terrorismo. 
Después de más de dos años, es evidente que la guerra no resolvió los problemas subyacentes del pueblo afgano, ni sirvió para ayudar al país a avanzar hacia la democracia. 
Tal y como dice el informe «la situación de la seguridad, que continúa deteriorándose, constituye la principal amenaza para la población afgana y para los esfuerzos de las ONG afganas e internacionales que apoyan iniciativas de reconstrucción, rehabilitación y desarrollo así como para el proceso de paz en general». 
Los actuales acontecimientos sucedidos en Afganistán y, de hecho, en el Iraq, demuestran claramente el completo error que fue ir a la guerra. 
La Administración Bush ha de ser condenada por las atroces situaciones en que viven estos países y por el terrible sufrimiento de la mayoría de la población. 
– Existe una gran diferencia entre la realidad dentro de Afganistán y la forma en que se ve desde fuera. 
Es un conjunto de valles aislados, con distintos idiomas y culturas, que apenas tienen algo más en común que su religión musulmana, la opresión de la mujer y el hecho de que en el siglo XIX se les apiñó en un único estado para formar una zona parachoques neutral entre las áreas de influencia británica y rusa. 
Aunque los tayikos, los uzbekos y los beluchis también viven en países vecinos, la cuestión de si sus idiomas deben prohibirse en Afganistán está siendo objeto de debate como parte del establecimiento de la constitución afgana. 
El mundo exterior impone un presidente supremo y un ejército central en el país con la misión de lograr la unidad, mientras que, en la práctica, el Presidente y el ejército no tienen ningún poder fuera de la capital. 
Esta especie de ilusión de unidad inducirá al mundo exterior a mantener una presencia militar permanente en la lucha en contra de los pueblos que no desean en absoluto una unidad así. 
La única posibilidad de paz duradera parece residir en el estilo suizo con cantones que disfrutan de un alto grado de autonomía y tienen diferentes idiomas. 
Celebro la indicación dada en el texto propuesto de que la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa empieza a entender algo de todo esto y a defender la descentralización, un Parlamento más fuerte y un sistema judicial independiente. 
I can only support the proposal in the absence of the amendments by the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats which seek to move away from these. 
Celebro este informe sobre la situación en Afganistán. 
La realidad es que la historia reciente del país se caracteriza por una falta de seguridad y por el ritmo lento de la reconstrucción, por lo que resulta esencial que la Unión Europea adopte posiciones. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que es necesario expresar preocupación por la difícil situación que atraviesa la mujer en Afganistán. 
La Unión Europea debe insistir en que mejorar la situación de la mujer representa una prioridad para el país. Es cierto que se han hecho algunos progresos, como la ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por parte de la Autoridad de Transición del Afganistán (ATA) y la referencia a un mismo trato para mujeres y hombres en la nueva constitución adoptada el 4 de enero. 
Si bien son pasos importantes, son insuficientes en sí mismos. Es esencial que la ATA condene insistente, pública e inequívocamente todos los actos de violencia perpetrados en contra de la mujer y los niños. 
Apruebo la opinión del ponente de que es necesario aumentar los fondos del presupuesto comunitario asignados a la ATA, en particular porque conceder menos dinero puede considerarse una falta de apoyo a los progresos conseguidos y una falta de incentivos a proseguir con la reconstrucción. 
Hay que estudiar la idea de crear una agencia europea para la reconstrucción siguiendo el modelo de Kosovo. 
-Con esto concluye la votación. 
– Señor Presidente, quiero decir que alguien ha estado haciendo fotografías por allí arriba, con la intención evidente de desacreditar a una diputada. 
Pido que se le quite su cámara y se confisquen las fotografías. 
-Pediré a los servicios que hagan lo que puedan, señora Gröner. (3) 
Se reanuda la sesión. 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
– Señor Presidente, solo quería decir que el Sr. Hans-Peter Martin ha anunciado la retirada del informe sobre grupos de presión en la industria por motivos de interés personal. 
Esto no es del agrado de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía; se ha hecho en contra de las intenciones de la comisión pertinente y del coordinador. 
Solo quería que conste en el acta de la Asamblea que ha retirado personalmente este informe oponiéndose a las intenciones de la comisión pertinente y a la declaración que él mismo ha hecho. 
– Señor Presidente, solo quería decir que espero, al igual que confío en que también lo haga el Sr. Rubig, que este informe pueda debatirse en sesión plenaria lo antes posible, tal y como debería hacerse. 
Tomamos buena nota para el Acta de estas observaciones que han realizado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0012/2004) del Sr. Herzog, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, a la Comisión, relativa a la estrategia de la Comisión Europea sobre los servicios de interés general (SIG). 
– Señor Presidente, señor Comisario, estamos alarmados ante la estrategia desplegada por la Comisión en materia de servicios de interés general. 
En primer lugar, denunciamos una falta de transparencia, e incluso de respeto, hacia la sociedad civil y el Parlamento. 
En efecto, en relación con los servicios de interés general, la Comisión realizó consultas a lo largo del año 2003, pero fueron consultas separadas. 
La Dirección General de la Competencia elaboró un paquete sobre las compensaciones financieras, del cual he tenido conocimiento a través de la prensa y, en esencia, esos textos ignoran por completo las opiniones y peticiones de nuestro Parlamento. 
Las compensaciones financieras son indispensables para la existencia misma de los servicios de interés general. 
Cualquier intrusión de la Comisión en el terreno de las definiciones y las normas que justifican las compensaciones sería inaceptable, porque no entran en el ámbito de sus competencias. 
El papel de la Comisión es aplicar la ley, no hacerla. 
Y precisamente para restar imprecisión a los Tratados y a la jurisprudencia, el Parlamento pide un acto jurídico en codecisión que contemple los principios de la financiación. 
A este respecto, solo la codecisión permitiría obtener un compromiso legítimo y viable. 
Por tanto, en el Libro Blanco que debe publicar antes del mes de abril, la Comisión ha de decir claramente, sí o no, a esta petición de un acto legislativo. 
Si dijera no, si no respondiera con claridad o si se arrogase el derecho a imponer definiciones y normas sustanciales, cometería un abuso de poder. 
Por el momento, sobre la base de la información de que dispongo, observo que, en el paquete en preparación, se arroga el poder de enunciar las normas, y que muchas de sus elecciones entran en contradicción formal con la resolución del Parlamento Europeo. 
Nuestra Resolución, aprobada el 14 de enero de este año, dice que «la tarea a nivel de la Comunidad en relación con los servicios de interés general es garantizar su ejercicio dentro del mercado interior y, en especial, garantizar que las normas sobre competencia sean compatibles con las obligaciones de servicio público». 
Ahora bien, observo que el paquete Monti, del cual he tenido conocimiento, endurece, por el contrario, las posibilidades de financiación, en nombre del respeto íntegro de las normas de la competencia. 
Insisto, en estas condiciones, y se lo hemos dicho ya aquí mismo –recuerdo en particular las intervenciones del Sr. Langen y de la Sra. Flautre, el año pasado– en que no queremos una nueva comunicación relativa a la interpretación del Tratado y de la jurisprudencia. 
Queremos que la Comisión prepare un acto legislativo que desemboque en el procedimiento de codecisión. 
En cambio, la Comisión es competente en materia de aplicación de las normas. 
Está facultada, por tanto, para preparar una decisión y un encuadramiento, pero estos actos ejecutivos dependen, todos lo sabemos, de la interpretación de las normas. 
Por tanto, le pedimos que diga explícitamente hoy que los textos en preparación, una vez corregidos tras la consulta, solo entrarán en vigor de forma provisional, en espera de la aprobación de un acto legislativo. 
Por otra parte, llamo su atención desde ahora sobre la esencia de las propuestas Monti, que es contraria a nuestra Resolución. 
Lejos de aumentar la seguridad jurídica, agravarían la inseguridad. 
Múltiples servicios de interés económico general, en particular sociales, que antes no notificaban, deberían notificar hoy. 
Para la aceptación de las compensaciones, se endurecería la exigencia de procedimientos de licitación. 
Nuestras peticiones de criterios para el cálculo de los costes se ignoran. 
El concepto de sobrecompensación se haría muy extensivo. 
En cuanto a los servicios prestados esencialmente a las empresas, no se consideraría que entran en el ámbito de los servicios de interés económico general, lo que constituye una intrusión típica en el campo de las definiciones. 
De ahí mis preguntas. 
¿Cuál es el calendario de acción de la Comisión? 
En el Libro Blanco que le hemos pedido que presente aquí en el mes de abril, ¿responderá usted de forma coherente a la consulta y a las propuestas sobre las compensaciones? 
¿Dirá claramente sí o no a un acto jurídico en codecisión? 
¿Dirá que sus textos ejecutivos tienen carácter provisional en espera de la adopción del acto jurídico correspondiente? 
. Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción por estar aquí esta tarde. 
Con varias horas de debates por delante tendré la dicha de pasar todo el día en el hemiciclo y ¿qué más puede querer un hombre, excepto, quizás, estar tumbado en una playa de Langkawi? 
Su Señoría ha abordado algunas cuestiones extremadamente importantes y en seguida pasaré a comentar algunas de ellas. 
Reconozco que su pregunta sugiere que todavía existe confusión sobre las intenciones de la Comisión. 
Quiero afirmar de entrada lo más claramente posible que la Comisión no intenta aprobar ningún paquete final antes de extraer conclusiones políticas de la amplia consulta pública sobre el Libro Verde sobre servicios de interés general. 
Los servicios de la Comisión han evaluado cuidadosamente las respuestas recibidas sobre la financiación de los servicios de interés general. 
Las respuestas son variadas e interesantes y, con el permiso del Parlamento, puedo referirme a algunas. 
La consulta pública ha confirmado claramente la necesidad de aumentar la certeza y claridad jurídica con respecto a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales en este ámbito. 
De hecho, tanto los comentarios recibidos de las partes interesadas como el debate sobre el Libro Verde en el Parlamento han mostrado que existe un amplio acuerdo sobre la necesidad y la urgencia de tal aclaración. 
Una decisión que excluya ciertos tipos de ayuda de la obligación de notificación sería, a nuestro juicio, un instrumento adecuado para lograr mayor certeza jurídica. 
Dada la urgente necesidad de aclaración, la Comisión está considerando la extensión de la consulta iniciada con el Libro Verde sobre el aspecto específico de las compensaciones financieras para las obligaciones de servicio público. 
Esto podría hacerse presentando propuestas adecuadas para la consulta. 
En conclusión, vuelvo a recalcar que la Comisión no elaborará ninguna conclusión definitiva en el ámbito de los servicios de interés económico general antes de presentar sus conclusiones de la consulta sobre el Libro Verde, que pretende presentar durante el mes de abril, que es exactamente lo que el Parlamento ha solicitado. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría empezar por el final. 
El Parlamento ha decidido solicitar la creación de un marco jurídico al amparo del procedimiento de codecisión y respetando el principio de subsidiariedad en relación con la ejecución de las disposiciones sobre el mercado interior y la competencia y en relación con la compatibilidad de la competición y el mercado interior con los servicios de interés general. 
Hemos invitado a la Comisión a que presente, para abril a más tardar, y ahora hemos sabido que tardará todo el tiempo que se le ha dado, un documento de seguimiento, donde reflejará lo que ha aprendido de las consultas sobre el Libro Verde y donde dejará clara su posición en torno a la posibilidad de un marco jurídico y qué propone hacer a continuación. 
Esta es nuestra posición en cuanto a la codecisión, la subsidariedad y la prestación suficiente de servicios de interés general se refiere, y no aceptaremos nada en sentido contrario. 
En segundo lugar, estamos totalmente a favor del procedimiento de codecisión, no solo porque aumenta nuestra influencia, sino también porque los servicios de interés general son una cuestión bastante crucial para el público desde el punto de vista de la política europea, y porque queremos hacer todo lo posible por impedir que el público piense que la liberalización, la competencia y el mercado interior están reñidos con los servicios de interés general y con la seguridad de la prestación y, en su lugar, que intenten conseguir que funcionen juntos. 
Afirmamos que la competencia, la liberalización y el mercado interior no excluyen la cohesión social, sino que, todo lo contrario, dependen de ellos y necesita medidas complementarias. 
Por este motivo, la forma en que tratamos los servicios de interés general está estrechamente ligada a la confianza que tiene el público en nuestras políticas de competencia y mercado interior y en las competencias de Europa, y es por esto que somos nosotros, los representantes del público en el Parlamento de los ciudadanos, los que debemos ocuparnos diariamente de esta antítesis permanente, queremos participar en la decisión y en la definición de lo que debe hacerse. 
La siguiente cuestión es la importancia de mantener el principio de subsidiariedad en vista de las diferencias implicadas, diferencias de definición de un Estado miembro a otro, diferencias de situaciones geográficas, diferencias en los problemas demográficos y los que afectan a la política social y de salud. 
También por este motivo apoyamos firmemente la constitución europea, porque el borrador contenía una fórmula que asegura el principio de subsidiariedad, que respaldamos. 
Quiero mencionar una cuestión más. 
De acuerdo con la constitución, el objetivo de la Unión Europea es la economía social de mercado y la cohesión social. 
No tratar los servicios de interés general como la antítesis de la competencia y el mercado interior es lo que define y da vida al principio rector de la economía de mercado social y lo que crea cohesión social sobre esta base. 
Quiero recalcar la necesidad de tratar imparcialmente a los posibles proveedores de servicios y de que haya seguridad en la prestación, que es preciso asegurar aunque sea necesario efectuar pagos adicionales para ello. 
El hecho es que necesitamos servicios de interés general solo cuando el mercado no puede garantizar estos servicios sobre una base universal, a precios asequibles y con un alto nivel de calidad. 
– Señor Presidente, señor Comisario, he de admitir que prefiero hablar de política exterior con usted, porque ahí es donde está su corazón. 
Sin embargo, el hecho es que también usted tiene que aprovechar esta oportunidad. 
Lo que no me gustó de la declaración que tuvo usted que hacer, creo, fue su falta de reconocimiento de que el modelo social europeo actual cuenta con un amplio apoyo de la mayoría de esta Cámara. 
Una mayoría justa, quizá, pero una mayoría. 
Creo que también lo apoya la mayoría de la población europea, que ve los servicios de interés general como algo diferente de los demás productos y servicios ofertados. 
Me parece que la base para toda consideración de los servicios de interés general es la identificación de los intereses específicos del público general, y en esto estoy ciertamente de acuerdo con el Sr. Karas. 
A diferencia de muchos otros servicios, la población también puede ayudar a determinar, votando en las elecciones, la gama de servicios de interés general puestos a su disposición, especialmente si estos servicios los prestan las autoridades regionales o locales, o si se prestan en su nombre. 
La gente quiere suficientes servicios públicos de calidad a un precio razonable. 
El mercado puede ser perfectamente un instrumento con el que lograr este objetivo, ciertamente no lo descarto, si su actividad se rige por directrices adecuadas. 
Por lo tanto, habría que establecer las directrices básicas mediante un acto legal adoptado conjuntamente por el Consejo y el Parlamento. 
En mi opinión esto es evidente, y la Comisión ha de estar totalmente de acuerdo. 
Todavía podemos hablar de los detalles precisos del marco jurídico, pero es preciso que haya un marco jurídico que tenga en cuenta la naturaleza específica de los servicios de interés general y las necesidades que deben satisfacer. 
Por supuesto, nuestra opción preferida es el marco contemplado en el proyecto de constitución. 
Aunque todavía no tenemos una constitución, esta es la dirección que hemos de tomar. 
Muchos de nuestros ciudadanos están descubriendo que la liberalización, que, admitámoslo, suele ir acompañada de privatización, se debe a la fragmentación de los servicios. 
He tenido noticias, por ejemplo, de que a raíz de la liberalización hay un mínimo de 28 empresas que explotan rutas de autobús en la ciudad de Manchester. 
Con demasiada frecuencia los recortes de precios propiciados por la liberalización duran poco, y suelen surgir nuevos monopolios, monopolios privados, que no son mejores que los monopolios públicos. 
En realidad son peores, porque no se puede influir sobre ellos mediante las urnas. 
También creo que, en total acuerdo con el principio de subsidiariedad, que, de hecho, aprobó usted sin reservas, lo único que debemos pedir a la Comisión es que cree un marco jurídico para los servicios jurídicos. 
En todos los demás aspectos, al igual que el clamor se alzó una vez por la libertad de pensamiento, ahora pediría libertad de estructura, por el derecho de las comunidades y autoridades locales y regionales, que saben muy bien como prestar servicios que realmente necesita la población, a estructurar los servicios públicos como mejor les convenga. 
Es preciso que la Comisión se comprometa a adoptar este enfoque. 
– Señor Presidente, en varias ocasiones hemos expresado nuestro desacuerdo con la estrategia de la Comisión en relación con los servicios de interés general. 
Es inaceptable que siga interviniendo en este ámbito, minando la verdadera existencia de servicios públicos de alta calidad que son esenciales para luchar contra la pobreza y garantizar la inclusión social, así como un elevado nivel de vida para el conjunto de la población. 
Tal y como hemos propuesto en varias ocasiones, se precisa urgentemente una moratoria sobre liberalización y una evaluación íntegra de las consecuencias derivadas de lo que ya se ha aplicado en los distintos sectores sociales y económicos, especialmente en materia de empleo, de la universalidad de los servicios prestados, de la satisfacción del cliente y de que el funcionamiento y la gestión de los servicios sean más democráticos. 
Sin embargo, en primer lugar la Comisión debe abstenerse de aplicar medidas que, en la práctica, pueden propiciar una mayor erosión de los servicios públicos de calidad en los distintos países de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, creo que en este debate nuestro problema no es tanto reabrir todas las discusiones que hemos mantenido ya en muchas ocasiones sobre el sentido y la esencia de los servicios de interés general, como abordar la cuestión de la seguridad y del marco, y más concretamente de la seguridad democrática y del marco democrático, en el contexto del debate sobre los servicios de interés general. 
El discurso que ha pronunciado hoy, señor Patten, es sin duda tranquilizador, pero, como usted sabe, el discurso del Sr. Lamy hace un mes también lo era. 
Hablábamos entonces de discusión, de consulta muy fructífera –trescientas contribuciones–, proyectábamos realizar un análisis, hablábamos de las opciones que se nos ofrecían, de directiva marco, de consenso dentro de la Convención a favor de una ley europea. 
Y la Comisión reflexionaba, reflexionaba… 
En cuanto a mí, tengo la sensación de que se despliega así una forma de debate que ha encontrado casi su ritmo hasta el Libro Blanco en abril, mientras que, durante ese tiempo, el Sr. Monti va colando sus «paquetes» , en los que resuelve las cuestiones brutalmente, sin debate ni discusión. 
Esta forma de actuar es, a mi modo de ver, insoportable, porque la campaña por una Europa democrática, por destacar el valor añadido de las políticas comunitarias, no la va a hacer el Sr. Monti, sino nosotros. 
Pero, si el Sr. Monti quiere, que haga en nuestro lugar la campaña electoral para defender la Europa social. 
– Señor Presidente, un mes después de la adopción del informe Herzog sobre los servicios de interés general, que llamaba al establecimiento de un marco jurídico europeo adoptado en codecisión, nos encontramos ya en plena confusión, como atestigua la pregunta oral de Philippe Herzog. 
En efecto, el ponente descubre que, paralelamente, la Comisión preparaba ella sola, en aplicación de sus competencias, un reglamento sobre las compensaciones financieras que pueden percibir los servicios de interés general. 
Hoy, la Comisión acaba de reconocerlo a medias, y promete que esperará a que finalicen las consultas sobre el Libro Verde para decidir lo que sea. 
¡Tanto mejor! 
Pero le digo al Sr. Herzog que, en los años que vienen, verá muchas más cosas como estas, y peores. 
Simplemente, no había que meter el dedo en el engranaje del marco jurídico europeo. 
Este concepto, como por lo demás el de directiva marco, es ambiguo, porque nadie sabe exactamente qué hay que meter en él, desde las subvenciones autorizadas hasta la definición del propio servicio, pasando por los principios de organización, las obligaciones y las relaciones con los usuarios. 
Y el concepto de marco jurídico que respeta la subsidiariedad, inventado por el Parlamento Europeo, es aún más ambiguo, incluso contradictorio, porque la verdadera subsidiariedad en esta materia consistiría en admitir que los servicios públicos, efectivamente esenciales para la vida de nuestras sociedades, deben ser definidos, organizados y gestionados lo más cerca posible de los ciudadanos en el marco nacional. 
Necesitamos una única norma: cada Estado es libre de decidir sobre sus servicios públicos. 
Con el corolario de la norma de que las obligaciones de servicio público priman sobre las normas comunitarias de la competencia. 
– Señor Presidente, cuando escucho los debates en esta Cámara empiezo a preguntarme de qué estamos hablando realmente. 
Durante dos años el Parlamento ha venido pidiendo más claridad jurídica, y el Comisario Monti quiere crear claridad jurídica en estas cuestiones básicas. 
Seguramente es una ilusión creer que ahora de repente podemos aprobar nosotros solos las enmiendas contempladas en la Constitución y equiparar el derecho de competencia al artículo propuesto sobre el mercado interior. 
El hecho es que, señor Herzog, hemos dedicado meses a hablar de ello y no ha obtenido usted mayoría para sus propuestas. 
No ha obtenido usted el apoyo de una mayoría para la idea de hacer retroceder la liberalización sectorial. 
No ha obtenido usted mayoría para sus renovadas peticiones de una directiva marco. 
No había mayoría detrás de su petición de servicios europeos de interés general normalizados. 
Ahora está usted promoviendo estas ideas otra vez. 
Todo lo que puedo decir es que o no tiene ni idea de lo que intenta hacer el señor Monti, o que pretende usted dar la vuelta a su derrota de hace cuatro semanas. 
No puedo imaginar otros motivos. 
El Sr. Swoboda, como ha dicho él mismo, es realmente un experto en asuntos exteriores. 
En materia de derecho de la competencia, sin embargo, sería mejor que mantuviera un perfil bajo, señor Swoboda, porque no ha captado usted las opiniones de la Asamblea que han reflejado las cifras de la votación. 
Si pedimos claridad jurídica, como hemos hecho, y el Sr. Monti presenta una propuesta, que tiene en cuenta la subsidiariedad, señora Flautre, sus objeciones me llevan a preguntarme qué quiere usted realmente. 
El Sr. Monti propone que en el futuro las subvenciones inferiores a 15 millones de euros al año pagadas a empresas que tienen una cifra de negocios anual de menos de 40 millones de euros han de ser responsabilidad única de los Estados miembros. 
Si ya no precisan aprobación, esto seguramente significa más libertad para los Estados miembros. 
Esta es la claridad jurídica que queremos. 
No llego a entender qué sentido tiene este debate. 
Ya no es necesario obtener la aprobación para conceder ayudas a la construcción de viviendas y para hospitales. 
No puedo entender este debate, porque eso forma parte seguramente de lo que venimos pidiendo. 
Por este motivo, todo lo que puedo decir es que, si la propuesta del Sr. Monti tal y como yo la entiendo entra en vigor, lo hará sobre la base del Tratado de la CE en su forma actual, que le capacita para aprobar ese instrumento legislativo sin someterlo al proceso de codecisión. 
Su objetivo es garantizar el fortalecimiento de la subsidiariedad y garantizar que para finales de la legislatura actual del Parlamento Europeo prevalecerá la claridad jurídica en ámbitos importantes. 
No queremos dar aquí nuestro consentimiento a la ayuda estatal a empresas como Electricité de France o Volkswagen, pero en el futuro las subvenciones a pequeñas y medianas empresas, incluso subvenciones regionales, deben ser competencia de los Estados miembros, y el Sr. Monti intenta crear esa posibilidad. 
Antes de que pasemos otros tres años debatiendo un Libro Blanco y legislación marco, él está actuando para que las cosas sucedan. 
Solo puedo celebrar sinceramente el hecho de que en este ámbito finalmente prevalecerá una mayor claridad jurídica antes de que termine esta legislatura parlamentaria. 
– Señor Presidente, señor Comisario, le doy las gracias por apartarse de sus temas habituales para interesarse por el problema de los servicios de interés general, tan importante para los ciudadanos europeos. 
Al término de la consulta sobre el Libro Verde, usted habló de consenso general en cuanto a la necesidad de clarificación y de claridad jurídica, como acaba de decir el Sr. Langen. 
Pero ¿se ha llegado a un consenso sobre la necesidad de claridad democrática mencionada por la Sra. Flautre? 
Lo que pedía efectivamente el Parlamento en su Resolución –que en realidad no obtuvo la unanimidad, creo que todos estaremos de acuerdo en ello– es que la interpretación del Tribunal de Justicia o de la Comisión no fuera la única que prevaleciera para esclarecer el concepto de ayudas estatales aceptables, o para definir la interpretación correcta del artículo 86. 
Lo que hace falta es un debate en el marco del procedimiento de codecisión que haga posible una evaluación caso por caso, pues es muy cierto que cada cual percibe la evidencia en función de su experiencia histórica o nacional. 
Así, por lo que se refiere a todos los servicios de interés general dependientes de las entidades regionales o locales, es evidente que no incumbe a la Comunidad intervenir. 
Sin embargo, ¿se dan cuenta de que en otros países, tanto países miembros como terceros países, la evidencia podría estar también del lado de los servicios públicos nacionales, que han funcionado muy bien hasta ahora? 
Y que, para muchos ciudadanos también, en lo que se refiere al efecto de la liberalización en ámbitos como el del transporte ferroviario –por ejemplo, en un país que ustedes conocen bien– o como los de la energía y de la electricidad, no parece tan evidente que haya que convertir las normas sobre competencia en el único principio y final del sistema. 
Ni tampoco está claro que el cálculo de las ayudas estatales y de las compensaciones, legítimas o no, deba ser objeto de un debate. 
El Sr. Langen y sus amigos citan muy a menudo el apartado 3 del artículo 86 para probar que se trata de una competencia de la Comisión, pero omiten citar el apartado 2 del artículo 86, que establece que las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general estarán sometidas a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. 
Este es el objeto de discusiones entre nosotros, pero también debe ser objeto de una discusión entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, sector por sector. 
– Señor Presidente, Señorías, permítanme empezar por felicitar al Comisario Monti, porque me parece que está cuidando los derechos de los consumidores y de los ciudadanos de Europa, quienes tienen derecho a una calidad decente de servicio y, lo que es más importante, a un precio razonable. 
Una de las características fundamentales que definen los servicios de interés general es que están sujetos a un procedimiento transparente de concurso público. 
Creo que todavía existe una gran confusión en este punto entre liberalización y privatización. 
Opino que la liberalización ofrece un marco justo para la competencia. 
En Suecia, por ejemplo, hemos podido comprobar que varias ciudades, a menudo administradas por el único y el mismo partido político, compiten entre sí en una oferta de prestación de los mejores servicios públicos, y que a una ciudad o administración municipal que ofrece el mejor trato al público, al consumidor, se le ofrece la oportunidad de establecer franquicias para prestar sus servicios también en otras ciudades. 
En los procedimientos de licitación pública es posible especificar con bastante precisión lo que se pretende. 
Si, por ejemplo, se saca a oferta pública un servicio ferroviario, una autoridad pública puede decir que a las seis de la mañana habrá tres personas, doce a las diez de la mañana y otra vez tres a media noche. 
Entonces, para el servicio de A a B pueden prepararse especificaciones de concurso de calidad y apropiadas. Yo también estoy a favor de que aquí se utilicen los recursos públicos, porque todos estamos a favor del componente social de la actividad gubernamental. 
Queremos garantizar que las personas sin carné de conducir o que tienen problemas económicos, problemas de movilidad o que sufren otras desventajas puedan acceder a los servicios de interés general. 
No obstante, he de decir que la liberalización y la competencia justa constituyen un camino, mientras que la privatización es un segundo camino. 
Quiero pedir que intentemos evitar confundirlos y que nos centremos aquí en la búsqueda sistemática de la estrategia de la libre competencia. 
En este contexto quiero felicitar al Comisario Monti una vez más por organizar en este sentido su propuesta. 
Es evidente que los consejos municipales y las administraciones públicas que prestan servicios de interés general tendrán que competir con nuestras pequeñas y medianas empresas. 
Es por este motivo que los organismos públicos ofrecen los servicios a concurso público. 
En estos momentos dos de cada tres empleados trabajan para una pequeña o mediana empresa. 
Existen 18 millones de empresas aquí que pueden pujar por una franquicia para prestar servicios públicos en beneficio de los consumidores. 
Las pequeñas y medianas empresas pagan el 80 % del total de los ingresos fiscales; en otras palabras, en última instancia facilitan el dinero que nos permite prestar estos servicios sociales en interés del público general. 
Por este motivo creo que el término «economía social» , de uso frecuente en una época, resulta poco apropiado, al igual que nuestro término alemán, literalmente «servicios de subsistencia» , que suele utilizarse para traducir «servicios de interés general». 
Lo que queremos es el mejor servicio para nuestros ciudadanos. 
Este servicio solo puede prestarse en el marco de la libre competencia. 
– Señor Presidente, señor Comisario, quiero aprovechar esta oportunidad para decir que comparto la opinión de que el mercado y la libre competencia son valores importantes. 
Sin embargo, en este ámbito, como en muchas otros, no hemos de ser fundamentalistas, fanáticos o, si lo prefiere, ayatolás, que, tal y como veremos en el próximo debate sobre el Irán, sería el peor de los casos. 
Sin embargo, me sorprende, señor Comisario, que sea esto precisamente en lo que se está convirtiendo la Comisión, y cada vez en un mayor número de ámbitos. 
Voy a ponerle un ejemplo: la Comisión acaba de emprenden acciones legales contra Grecia por insistir en que quienes trabajan en barcos de cabotaje en sus islas deben hablar griego. 
Esto es absolutamente ridículo, señor Comisario. 
Quiero recordarle que, hace muy poco, tan solo unos años, varias docenas de marinos portugueses perdieron sus empleos en rutas noruegas simplemente porque no hablaban noruego, a pesar de que Noruega también está obligada a acatar las leyes de la libre competencia. 
Aunque me dolió, me sentí obligado a aceptar los motivos dados, es decir, la seguridad. 
Es absolutamente esencial que la tripulación de los barcos, sobre todo los que siguen rutas isleñas, sepa hablar el idioma del país en cuestión. 
Al emprender acciones legales contra las islas griegas, similares a las acciones que ha incoado en otras partes de Europa, la Comisión ha mostrado una actitud totalmente fanática; ha demostrado que no tiene ni idea de hasta dónde debe llegar con la libre competencia, ni saber dónde debería empezar y acabar la seguridad, u otros valores que son de extrema importancia. 
La Comisión carece de sentido de la proporción y de sentido común y tendría que adoptar medidas firmes para solucionar esta situación. 
–Señor Presidente, primero responderé al Sr. Langen lo siguiente. Con su vehemencia habitual, oculta su propio fracaso, pues le recuerdo que ha renegado usted de su propia resolución de 2001, que estaba a favor de una directiva marco, y que en enero tuvo que aceptar que reiteráramos nuestra demanda de un acto legislativo en codecisión. 
No trate de ocultar, pues, su fracaso. 
Señor Patten, es usted diplomático y conoce el sentido de las palabras. 
Ahora bien, ¿dónde está la confusión cuando la Comisión, en su Libro Verde, es totalmente ambigua sobre la cuestión fundamental de la financiación y, a pocas semanas de la conclusión del debate, nos dice que va a organizar consultas sobre la financiación? 
¿Dónde está la confusión? 
¿Dónde está la transparencia? 
¿Dónde está la democracia? 
Lo único que le pedimos no es que organice consultas sobre las compensaciones financieras hoy, sino que elabore un texto que responda a las demandas de la sociedad civil y del Parlamento Europeo; ahora bien, el texto que presentará a la Comisión dentro de tres días no responde a esas demandas. 
Habla también de seguridad, de seguridad jurídica. 
Todo esto está muy bien, pero hay un malentendido. 
En efecto, el texto Monti va a mejorar la seguridad jurídica en el sentido de que las normas serán más claras, pero también han sido endurecidas en materia de compensaciones financieras. 
Será más seguro, pero en última instancia habrá menos posibilidades de financiación de los servicios públicos. 
Este es el contenido. 
No trate de engañarnos con respecto al contenido. 
Habla usted de exenciones. 
Todos los servicios de interés económico general son de naturaleza social. 
Los que no debían notificar se van a ver obligados a hacerlo. 
En este momento mismo, los organismos de vivienda social están comunicando a la Comisión que les va a obligar a notificar lo que no notificaban antes. 
Todo esto en aras a la certeza. 
Por último, le ruego que indique, especialmente en el Libro Blanco si acepta o no preparar ahora un acto jurídico por la vía de la codecisión. 
Es, desde luego, un principio elemental de buena democracia responder sí o no después de tantos años. 
Muchas gracias, señor Herzog. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0010/2004) del Sr. Perry, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, a la Comisión, sobre la aplicación de la Directiva 73/239/CEE por el Reino Unido entre 1978 y 2001. 
Señor Presidente, mientras debatimos una vez más la cuestión de la reglamentación de Lloyd's of London, 63 miembros suscriptores se enfrentan a procedimientos de quiebra en los tribunales ingleses. 
Para ellos no se trata de una cuestión abstracta, ni de un asunto que lleva mucho tiempo resuelto. 
Es un problema muy real que seguirá siendo de gran trascendencia en los próximos años. 
Estas 63 personas no se convirtieron en miembros suscriptores de acuerdo con el régimen reglamentario actual, sino en el período anterior a 2001. 
Las pérdidas a que ahora se enfrentan y que les están llevando a la quiebra se produjeron bajo el régimen reglamentario aplicado entre 1978 y 2001. 
Estos 63 miembros suscriptores, los peticionarios a este Parlamento, y otros miles de miembros suscriptores de muchos países europeos preguntan solamente una cosa, y esa pregunta es la que aparece en nuestra resolución del pasado mes de septiembre y que hoy reiteramos: ¿Aplicó el Reino Unido entre 1978 y 2001 de forma completa y correcta la Directiva 73/239/CEE relativa a Lloyd's? 
Los peticionarios han planteado esta pregunta al Parlamento. 
Es una pregunta legítima. 
Nosotros se la hemos hecho repetidamente a la Comisión. 
La Comisión, hasta ahora, parece extrañamente reacia a responderla. 
El informe presentado al Parlamento en diciembre, en respuesta a nuestra resolución de septiembre de 2003, es totalmente insuficiente y evidentemente no ofrece una respuesta a esta pregunta central. 
El Comisario Bolkestein, que inició dos grupos de procedimientos de infracción contra el Gobierno del Reino Unido sobre la reglamentación de Lloyd's, nos dice regularmente que su responsabilidad es únicamente hacer que un Estado miembro cumpla la normativa. 
Eso es verdad, pero solo en parte. 
Tiene además otras responsabilidades. 
La vida sería más sencilla para todos si solo hubiera una responsabilidad. 
Pero nunca es así. 
Permítanme recordar a la Comisión que tiene la obligación derivada del Tratado, en virtud del artículo 197, de responder a las preguntas planteadas por el Parlamento. 
Ese artículo no está ahí para dar pie a inteligentes sofismas como la pregunta planteada una vez en una entrevista de admisión a la Universidad de Oxford, que decía: «¿Es esta una pregunta adecuada? », a la que la respuesta del sabelotodo es: «Sí, si esta es una respuesta adecuada». 
Eso está bien en una entrevista universitaria, pero no en el Parlamento. 
Si con no responder fuera suficiente, no tendría sentido tener la obligación del Tratado en el artículo 197. 
Los ciudadanos tienen derecho de petición al Parlamento en virtud del Tratado, para saber si se respetan las normas. 
La Comisión tiene una responsabilidad derivada del Tratado, para garantizar que las normas y directivas de la UE se respeten debidamente. 
El Parlamento tiene el derecho derivado del Tratado a que se responda debidamente a sus preguntas. 
Solo me queda suponer que, por razones que desconozco, a la Comisión le resulta incómodo responder a esta pregunta. 
Sin duda el Gobierno británico está muy incómodo y me resulta vergonzoso, como inglés, que el Gobierno británico esté siendo tan reservado en este caso que haya ordenado la retirada de todas las respuestas británicas del archivo que la Comisión entregó al Parlamento. 
¿Qué tiene que ocultar? 
La Comisión no debe ayudarle en este secretismo o hacerse cómplice del mismo. 
Cuando se presentó esta petición a la Comisión, creo que la Comisión se comportaba correctamente. 
Investigó las quejas de los peticionarios. 
Claramente no quedó satisfecha con la situación y envió un cuestionario detallado al Gobierno británico. 
Aunque nunca se ha permitido a esta Cámara ver las respuestas, está claro que la Comisión no quedó aún satisfecha, puesto que inició un procedimiento de infracción. 
Posteriormente inició otro procedimiento de infracción separado que cubría el régimen regulador posterior a 2001. 
La Comisión considera ahora que el régimen actual es conforme. 
En fin, ella conoce los hechos y nosotros no, por lo tanto no podemos hacer comentarios al respecto. 
Pero la satisfacción de la Comisión con el régimen posterior a 2001 no nos priva del derecho a preguntar a la Comisión sobre el régimen regulador anterior a 2001, ni libera a la Comisión de la responsabilidad de contestarnos. 
La UE debe basarse en un sistema de normas y leyes. 
No puede haber un sistema en el que se escoge lo que a uno le gusta. 
Los titulares de pólizas de Lloyd's tienen derecho y deben conocer si se estaban respetando las normas sobre solvencia. 
Las personas que invirtieron en las empresas de Lloyd's también tienen ese derecho. 
Como uno de ellos me dijo, teníamos derecho a suponer que se respetaban las normas sobre solvencia y que no estábamos operando, como era el caso, en el lejano oeste, donde podían ignorarse las normas. 
Si la Comisión persiste en su negativa a dar una respuesta clara a esta Cámara, tenemos graves diferencias sobre la interpretación del artículo 197 del Tratado y un problema interinstitucional grave. 
En mi opinión, el Parlamento deberá notificarlo al Tribunal de Justicia Europeo para que sea resuelto en virtud del artículo 232 del Tratado. 
En virtud de ese artículo, si el Parlamento considera que la Comisión no ha actuado de conformidad con las obligaciones que le impone el Tratado, entonces se puede recurrir al TJCE para que tome una decisión. 
Espero que esta tarde el señor Comisario, a quien respeto en gran manera, al igual que al Comisario Bolkestein, nos dará finalmente una respuesta directa a una pregunta directa. 
¿Aplicó el Reino Unido entre 1978 y 2001 de forma completa y correcta la Directiva 73/239/CEE? 
¿Sí o no? 
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir que si bien reconozco que existe cierto desacuerdo entre la Comisión y su Señoría sobre este asunto enormemente importante, reconocemos la ejemplar diligencia con la que ha luchado por una cuestión de gran importancia para tantas personas. 
Ha luchado por el caso con gran aplicación y estoy seguro de que goza y gozará de la gratitud de un gran número de las miembros suscriptores de Lloyd's. 
Permítanme decir unas palabras sobre el contexto de este complejo asunto. 
Como la Cámara sabe, a raíz de varias peticiones al Parlamento Europeo con quejas sobre la reglamentación del Reino Unido y la supervisión del mercado de Lloyd's y una serie de quejas individuales, la Comisión decidió incoar un procedimiento de infracción contra el Reino Unido en diciembre de 2001. 
En virtud de este procedimiento, el Reino Unido cambió el marco jurídico de la supervisión y reglamentación de Lloyd's, que ahora se rige por la Ley 2000 de Mercados y Servicios Financieros. 
Después de emitir una carta complementaria de notificación formal en enero de 2003, cuyo propósito era la clarificación del funcionamiento concreto del nuevo régimen, la Comisión concluyó en octubre de 2003 que todos los aspectos del régimen de Lloyd's sometidos a examen cumplen los requisitos de las Directivas relevantes de la Unión Europea en materia de seguros. 
Más concretamente, en un comunicado de prensa publicado el 15 de octubre de 2003, la Comisión confirmó la compatibilidad del régimen de regulación y supervisión de Lloyd's tal como establece la Ley de Mercados y Servicios Financieros, con los requisitos de la letra e del apartado 1 del artículo 8, los apartados 2 y 3 del artículo 13, el apartado 1 del artículo 15, el apartado 1 del artículo 16 y los apartados 1 y 2 del artículo 19 de la Directiva 73/239/CEE modificada. 
Con respecto al régimen aplicable a Lloyd's antes de la entrada en vigor de la Ley de Mercados y Servicios Financieros, la Comisión ha mantenido sistemáticamente, en plena conformidad con la jurisprudencia del TJCE, que el objetivo del procedimiento de infracción conforme al Derecho de la Unión Europea es establecer o restaurar la compatibilidad de la legislación nacional vigente con la legislación de la Unión Europea y no juzgar sobre la posible incompatibilidad pasada de la ley nacional, que entretanto se ha adaptado para ajustarla a la legislación europea. 
Creo que mi honorable amigo aceptará que el Defensor del Pueblo está de acuerdo con la interpretación legal que he expuesto y que hemos expuesto en el pasado. 
Tomando prestada la anécdota de mi honorable amigo sobre la pregunta de examen en una universidad con la que estoy familiarizado, solamente preguntaría si esto es una respuesta adecuada y diría que esto es una respuesta adecuada si usted quiere una respuesta en consonancia con la jurisprudencia relevante. 
En su resolución de 25 de septiembre de 2003, el Parlamento solicitó acceder al expediente de la Comisión de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1049/2001, es decir, conforme a las disposiciones de acceso público general y una declaración de la Comisión sobre la compatibilidad de la reglamentación y supervisión de Lloyd's en el período de 1978 a 2001, es decir, antes de la aplicación de la Ley 2000. 
Como el procedimiento de infracción entretanto se había cerrado, el Colegio de Comisarios autorizó a mi colega y amigo, el Comisario Bolkestein, a remitir los documentos relevantes al Presidente Cox, cosa que se hizo mediante carta de fecha 15 de diciembre de 2003. 
Con respecto a la valoración del anterior régimen del Reino Unido, las opiniones de la Comisión aparecen detalladas en la primera carta de notificación formal enviada en diciembre de 2001, que forma parte del expediente enviado al Parlamento. 
A raíz de la respuesta del Gobierno del Reino Unido, que indicaba la entrada en vigor de la Ley 2000 en diciembre de 2001, la investigación de la Comisión trató exclusivamente del nuevo régimen del Reino Unido. 
Por tanto, puesto que el régimen que fue aplicable entre 1978 y 2001 ya no está en vigor, la Comisión no ve motivos para adoptar medidas adicionales. 
Quiero reiterar mi reconocimiento a la dedicación con la que mi honorable amigo ha luchado por este asunto y lamento que por las razones que he aducido, no puedo darle en esta ocasión una respuesta que, sospecho, le satisfaga en todo o en parte. 
Señor Presidente, conozco al Sr. Perry desde hace tiempo en este Parlamento- y creo que es uno de mis mejores amigos- y realmente he seguido con bastante interés el tema que planteó en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Pero después de examinar el expediente, no tengo más remedio que estar de acuerdo con lo que acaba de decir el Sr. Patten. Es decir, en el procedimiento de infracción, la Comisión no es el Tribunal de Justicia, sino un agente del Derecho comunitario que trata de conseguir la aplicación del mismo, exigiendo al Estado el cumplimiento de la normativa comunitaria. 
Y en este caso, yo creo que- aunque quizá tarde- la Comisión lo ha hecho. 
El resultado de un procedimiento de infracción, una vez que el Estado en cuestión ha cumplido el Derecho comunitario, es el cierre del expediente, porque- como ha dicho también el Sr. Patten- hay una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por la que el recurso de infracción queda sin objeto cuando el Estado en cuestión ha cumplido el Derecho comunitario. 
Yo creo que el Sr. Perry tiene un loable interés en que funcionen las instituciones comunitarias y, desde luego, sería deseable que todos hiciéramos lo mismo con el conjunto de directivas que no son objeto de transposición por parte de los Estados nacionales. 
Lo que no funciona aquí es un mecanismo de retribuciones y sanciones por parte de la Comisión. 
La Comisión no tiene esas facultades. 
Solamente los Tribunales de Justicia podrían tenerlas y, concretamente, yo remitiría al Sr. Perry al Derecho británico. 
El Derecho contencioso-administrativo continental permite exigir una responsabilidad a un Estado por incumplimiento de sus obligaciones, incluyendo, por ejemplo, el incumplimiento de la no transposición a tiempo de una Directiva comunitaria. 
Pero me da la impresión de que el procedimiento que se intenta aquí no va a llevar a ninguna parte, porque no veo cómo la Comisión, en ningún momento, va a poder invocar el incumplimiento en el pasado de una directiva comunitaria por parte de un Estado para exigirle responsabilidades. 
Desde el punto de vista jurídico, ese mecanismo no existe. 
Es decir, que teniendo probablemente toda la razón el Sr. Perry en su preocupación por el cumplimiento de la normativa comunitaria y reconociendo que probablemente se han producido daños a los particulares, el procedimiento jurídico no es el de una reiteración de la acción de la Comisión- que ya ha cumplido con sus obligaciones -, sino, si acaso, el recurso en vía interna administrativa británica por si, de acuerdo con el Derecho británico, los particulares han sido perjudicados por la no transposición a tiempo de una directiva en el Derecho comunitario. 
Por tanto, creo que la Comisión, en este momento, ha cumplido perfectamente con sus obligaciones y, desde el Parlamento Europeo, no podemos exigirle que actúe de otro modo. 
– Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Comisario por su esmerada respuesta, que relaciona mucho con esta cuestión particular, la cuestión de Lloyd's Quisiera pensar sobre esto en términos de dos principios muy generales: en primer lugar, la aplicación de la legislación por parte de los Estados miembros y de acciones por parte de la Comisión para garantizar que esto suceda; en segundo lugar, el derecho a la información entre el Parlamento y la Comisión durante estas medidas de aplicación. 
Quisiera aplicar algo de sentido común a estos dos principios. 
Mirando con sentido común cómo se produce este asunto particular, uno no puede por menos que sentir que no es normal que haya un período de 20 años en los que parece que no pasa nada y no se produce la aplicación. 
Lamento, señor Comisario, que su colega, el Comisario Bolkestein, no esté hoy aquí. 
Sé que comparte nuestra honda preocupación por que los Estados miembros apliquen la legislación y por que se asegure que esto se hace eficazmente de modo que el mercado interior, del que todos estamos tan orgullosos, funcione como es debido. 
Sin embargo, si un Estado miembro necesita 20 años para aplicar una Directiva y puede seguir sin hacerlo durante un período de tiempo tan largo, entonces el sentido común nos dice que algo no está bien. 
Estoy muy preocupado, como otros, estoy seguro, por el mensaje que esto envía a los Estados en vías de adhesión en vísperas de la ampliación sobre la forma en que dirigimos nuestros asuntos y la forma en que esperamos que los Estados miembros se adhieran a la legislación de la Comunidad. 
Es muy fácil decir que no existe incompatibilidad pasada. 
En mi calidad de abogado me suena a una típica respuesta elegante de abogado. 
Lo que buscamos aquí son respuestas de sentido común y una respuesta a la pregunta de por qué un Estado miembro puede estar tanto tiempo cometiendo una infracción y por qué nosotros, en nuestra calidad de Parlamento, no podemos recibir una respuesta simple a una pregunta simple sobre ello. 
– Señor Presidente, quiero comenzar tratando la acusación contenida en el informe del Sr. Perry de que no se habían aplicado las Directivas. 
Parece que la Cámara ha aceptado esto. 
Sin embargo esta afirmación y esta acusación no han sido probadas. 
El Sr. Bolkestein ha indicado en muchas ocasiones, a la comisión y a esta Cámara, que no podía investigar regímenes anteriores: solamente podía dictaminar si la legislación vigente era compatible. 
Algunos lo oímos, otros no lo oyeron. 
Si existe un presunto error pasado, entonces el lugar para exigir reparación son los tribunales nacionales. 
Esto se ha alegado ante los tribunales nacionales en muchas ocasiones y las sentencias siempre han ido en contra de los demandantes. 
De hecho, en este momento se ha presentado un caso ante el Tribunal Superior inglés por una presunta infracción de los deberes legales contra el Ministerio de Hacienda y el Ministro de Comercio e Industria. 
Además, el Sr. Perry solicita documentos que el Gobierno del Reino Unido ha enviado a la Comisión sin darse cuenta de que esos mismos documentos pueden formar parte de su defensa. 
Cualquier defensa tiene que presentar sus alegaciones ante el tribunal competente. 
Igualmente, he sabido, como miembro de la Comisión de Peticiones, que uno de los peticionarios va a incoar un proceso ante el Tribunal de Justicia. 
Permítanme ahora referirme al Reglamento (CE) nº 1049/2001. 
Existe tal grado de ignorancia o ingenuidad que me deja consternado. 
Los parlamentarios no tienen que remitirse al Reglamento (CE) nº 1049/2001 para obtener acceso a documentos. 
Existe un acuerdo marco interinstitucional para el acceso del Parlamento. 
Pero, quien lea ese Reglamento verá que el procedimiento de infracción es una excepción particular en virtud del artículo 4. 
Permítanme referirme a algo que ha dicho el Sr. Perry. 
Todos nosotros en la vida pública debemos ser coherentes en la aplicación de los principios. 
El Sr. Perry ha dicho que le parece vergonzoso que el Gobierno británico sea tan reservado que haya emprendido la retirada de documentos. 
¿Qué tiene que ocultar? 
Esta mañana he estado en el STOA para debatir y votar sobre un estudio sobre sustancias no comestibles en los envases de productos alimenticios. 
El Sr. Perry ha votado a favor de la supresión de un documento público. 
No lo entiendo. 
Debemos ser coherentes en la aplicación de los principios. 
La Comisión ha cumplido con su obligación. 
El Parlamento sería insensato si quiere meterse en un callejón sin salida en el Tribunal de Justicia. 
El debate queda cerrado. 
-B5-0080/2004 del diputado Bob van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre las elecciones en el Irán; 
-B5-0083/2004 del diputado Gerard Collins, en nombre del Grupo UEN, sobre las elecciones generales en el Irán; 
-B5-0084/2004 de los diputados Pedro Marset Campos y Esko Olavi Seppänen, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre las elecciones en el Irán; 
-B5-0088/2004 de los diputados Enrique Barón Crespo, Anna Karamanou, Jannis Sakellariou, Johannes (Hannes) Swoboda y Margrietus J. van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación política en el Irán antes de las elecciones parlamentarias del 20 de febrero de 2004; 
-B5-0094/2004 de los diputados Michael Gahler, Arie M. Oostlander, Bernd Posselt, Lennart Sacrédeus y Ilkka Suominen, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre las elecciones parlamentarias en el Irán; 
-B5-0098/2004 de los diputados Alima Boumediene-Thiery, Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin, Nelly Maes, Matti Wuori y Eurig Wyn, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre las elecciones en el Irán; 
-B5-0099/2004 del diputado Bastiaan Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre las elecciones parlamentarias en el Irán. 
– Señor Presidente, en calidad de ponente parlamentario sobre el Irán, quiero hacer hincapié en la inquietud existente entre los distintos partidos por los desarrollos políticos previos a las elecciones. 
Representantes de los dos grupos principales y uno de los otros grupos de esta Asamblea han visitado hace poco y por separado el Irán. 
Al parecer los grupos están prácticamente de acuerdo en sus valoraciones de la situación actual y en las conclusiones políticas que han sacado. 
Por desgracia, estamos obligados a advertir que el proceso de democratización ha recibido un fuerte revés, porque estas próximas elecciones serán menos democráticas que las anteriores. 
El Presidente y la mayoría de los diputados al Parlamento de Teherán están de acuerdo en que no pueden considerarse unas elecciones libres y justas. 
Estamos de acuerdo con ellos. 
Probablemente, el electorado, cuya frustración es tan profunda que ni siquiera apoya a los reformistas, votará con los pies y se quedará en casa el día de las elecciones. 
Realmente esto no beneficia a nadie, ni siquiera a los sospechosos habituales del Irán, aunque están encantados y ya están proponiendo a los Gobiernos europeos hacer negocios con ellos y olvidar a los reformistas. 
He de preguntar a la Comisión si, en vista de este revés, tiene previsto simplemente centrar su atención sobre otros asuntos. 
En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, permítame decir que ahora debemos intensificar nuestros contactos políticos con las instituciones iraníes pero también con todas las fuerzas políticas y la sociedad civil del Irán. 
No solo tenemos que hablar con el bando reformista; también es especialmente importante que intentemos dialogar, y será un diálogo difícil, con quienes ejercen el poder en la judicatura y en el Consejo de Guardianes y dejarles claro que, si siguen aplicando sus políticas actuales estarán desaprovechando el potencial de su país, obstruyendo el progreso hacia un Acuerdo de Comercio y Cooperación con la Unión Europea y, sobre todo, frustrando las esperanzas y expectativas del pueblo iraní. 
Además, un intento sostenido de gobernar en contra del pueblo está condenado al fracaso, tal y como han demostrado los sucesos de las últimas décadas en este mundo. 
Por este motivo hago esta petición a quienes ocupan el poder en el Irán: cambien; cambien de rumbo, antes de que sea demasiado tarde. 
Quizá puedan ustedes volver a encauzar el diálogo interior, para promover el crecimientode la democracia en el Irán. 
– Los ayatolás del Consejo de Guardianes están haciendo todo lo posible por mantenerse en su poder religioso, político y económico. 
Abusan constantemente de su capacidad exclusiva para interpretar el Corán con fines políticos. 
Bloquean todo lo que no les gusta o lo que pudiera afectar a su propia posición en el poder. 
Hace poco han vetado más de un tercio de las leyes aprobadas por el Parlamento. 
Más de 2 500 candidatos favorables a las reformas acaban de quedar excluidos de las elecciones, incluso alrededor de 80 diputados al Parlamento en activo. 
Mientras que amplios sectores de la sociedad, los jóvenes en particular, quieren modernización y libertad, el núcleo de poder se aferra a ideas medievales y prácticas represivas. 
La generación más joven constituye la amplia mayoría de la población en el Irán. 
Además, incluso muchos ex revolucionarios se han desilusionado ante el abuso clerical de poder. 
El propio Presidente Jatamí ha calificado la exclusión de los candidatos una amenaza para la nación y el sistema. 
El conflicto entre reformistas y clérigos conservadores está cada vez más cerca de convertirse en una crisis. 
Si no se hace nada a este respecto, parece solo cuestión de tiempo antes de que la situación se desborde, con todo lo que eso conlleva. 
Los derechos humanos y la situación democrática en el Irán siguen siendo motivo de gran preocupación. 
A menos que se hagan mejoras sustanciales la Unión Europea no podrá establecer una cooperación. 
Es muy cuestionable si en realidad todavía es aconsejable seguir negociando. 
¿Cuál es la opinión del Comisario Patten a este respecto? 
¿Todavía ve perspectivas de cooperación con el Irán ahora que la situación va deteriorándose tanto? 
El diálogo sobre los derechos humanos con el Irán tampoco es muy importante, según mi propia experiencia personal. 
Y no mejorará las cosas que las elecciones parlamentarias acaben por ser una farsa. 
La Unión Europea no debe prestarse a un diálogo que se utiliza como pretexto para no aplicar ninguna reforma. 
El Irán es un país potencialmente rico con una antigua civilización, y tiene la posibilidad de desempeñar un papel constructivo, extremadamente importante en la región. 
Sin embargo, no se convertirá en una nueva civilización mientras los ayatolás sigan abusando de su poder sin límites, y en lugar de ello quedará condenado a seguir siendo un paria internacional. 
– Señor Presidente, señor Comisario, hoy, en el Irán, el conflicto que enfrenta a conservadores y reformistas amenaza con volver a hundir a todo un pueblo del gran Oriente Próximo en el oscurantismo y el integrismo, en una arbitrariedad deletérea y desesperada. 
Más que nunca, pues, y sin duda más que en el pasado, las instituciones comunitarias deben hacer que se sienta su presencia y su influencia en las fuerzas en conflicto en el Parlamento iraní, en el Frente de Participación del Presidente Jatamí y en el Consejo de Guardianes del ayatolá Jamenei, para defender la universalidad de los valores del Estado de derecho, de la democracia y de los derechos humanos. 
Estos valores fundamentales deben servir de base a las negociaciones y a los intercambios entre estas dos corrientes, pues, sin ello, se puede llegar a un Estado en que no rige el derecho, en el que la cohesión de la sociedad iraní y la geopolítica de esta región tan atormentada caigan en escenarios todavía peores. 
Ha llegado el momento de desactivar los intentos del Consejo de Guardianes de excluir de las próximas elecciones generales a los candidatos parlamentarios reformistas. 
En efecto, la ausencia demostrada de normas democráticas y de transparencia en los procedimientos acabaría por desacreditar la dirección política y suscitar su rechazo. 
Ahora bien, esta dirección ha sucumbido ya a la censura de las libertades, entre ellas la libertad de expresión, y está en el origen de la quiebra del desarrollo económico y social. 
La supresión de toda aspiración democrática del pueblo del Irán, ya extenuado por años de guerra y de revolución, asfixiaría las últimas esperanzas e ideales liberando ideologías y extremismos desesperados. 
La movilización de la Unión Europea debe ser prioritaria, comprometida y voluntarista, y multiplicarse hacia los responsables de la toma de decisiones y hacia todas las categorías sociales o de actividad. 
La retirada, el ostracismo de las diplomacias extranjeras reforzaría las fuerzas retrógradas y desestabilizadoras de una región de Oriente Medio tan lejana de nosotros geográficamente como geopolíticamente sensible. 
También hay que rechazar cualquier argumento a favor de la ruptura de los vínculos culturales entre Europa y Oriente Medio. 
La creación de una delegación especial del Parlamento para el Irán lo demuestra; la firma del protocolo adicional relativo a los controles de seguridad de los materiales nucleares lo acredita; las conversaciones preliminares entre la Unión Europea y el Irán sobre los derechos humanos deberían convencernos de ello. 
Estos primeros signos deben apoyar y estimular las gestiones de la Unión Europea ante las autoridades iraníes para el envío, ahora mismo, de una misión de observadores del proceso electoral y para la cooperación, desde hoy, en las reformas judiciales y en la lucha contra el tráfico de drogas. 
La historia se hace actualmente en el Irán, y Bruselas ha aprendido lo suficiente de Múnich en el pasado para ser consciente de que no puede negarse a hacer oír su voz ahora en Teherán. 
– Señor Presidente, Europa y los Estados Unidos de América llevan tiempo intentando ejercer una influencia considerable sobre los desarrollos en el Irán, el Iraq y el Afganistán. 
Los fundamentalistas musulmanes en el Afganistán y el régimen de Sadam Husein en el Iraq debían su supervivencia no hace tanto tiempo al apoyo de Occidente en contra de otros. 
En el Irán también se intentó durante un tiempo mantener a los aliados en el poder cuando se protestó contra su posición. 
Hace cincuenta años el Gobierno de Mossadeq fue derrocado porque se consideraba demasiado izquierdista y que podría cooperar con los vecinos del Irán con respecto al norte, que seguía formando parte de la Unión Soviética. 
Un gobernante autoritario, el shah, regresó al poder, pero se creó incluso más enemigos en su propio país a causa de su sed de poder y la negación de su pueblo. 
Mientras que el nacionalismo de izquierdas y el socialismo no tenían ninguna oportunidad de constituir una alternativa, una variante medieval del Islam tuvo renovadas oportunidades de organizar una resistencia popular. 
Hace veinticinco años un levantamiento popular puso fin a un régimen que siempre había buscado la cooperación económica y militar con Occidente. 
El mundo exterior nunca ha confiado en las nuevas autoridades. 
Tras unos pocos años de gran entusiasmo, de política social y experimentos democráticos, este régimen también se granjeó el odio del país. 
La numerosa generación más joven quiere que terminen la exclusión de los políticos cuyas opiniones difieren de las de los clérigos conservadores, las normas restrictivas para las mujeres, la expulsión de estudiantes y las frecuentes ejecuciones en la horca, lapidaciones o amputaciones de partes del cuerpo de quienes no encajan en la visión del mundo que tienen las autoridades. 
Mucha gente ha huido de la tiranía, a menudo a Europa. 
No obstante, en los últimos años Europa, motivada por intereses económicos, ha hecho intentos de acercamiento a este régimen. 
Los Estados Unidos estaban indecisos, pero pareció actuar igual después de que el Irán sufriera el terremoto de Bam y de mostrar su disponibilidad a que se inspeccionen sus proyectos nucleares. 
En 2002 se inscribió a un sector de la oposición que defiende los derechos y las libertades que nos parecen obvios en Europa en una lista de organizaciones terroristas. 
Esto aumentó la confianza de las autoridades reales para impedir iniciativas anteriores de democratización y normalización. 
Con la exclusión de los candidatos más críticos, la composición política del Parlamento quedó completamente invertida, porque la gran mayoría se había convertido en una pequeña minoría. 
Mi grupo espera que Europa aprenda de todo esto y a partir de ahora se ponga del lado del pueblo iraní y de sus organizaciones de la resistencia. 
– Señor Presidente, siempre es bienvenida una señal clara de Teherán, y ayer el Presidente Jatamí hizo una personalmente. 
Con motivo del 25º aniversario de la revolución islámica del Irán, el jefe de Estado dirigió críticas muy duras contra la exclusión de todo un grupo de candidatos reformistas de las elecciones parlamentarias del 20 de febrero. 
El Presidente Jatamí dijo, y mi colega el Sr. van den Bos también lo ha dicho, que las elecciones simbolizan la democracia. 
Entonces el Presidente advirtió de que «limitarlo [este derecho] significa una amenaza contra la nación y el sistema». 
Su mensaje a las fuerzas conservadoras de la república islámica es inequívoco. 
Sus acciones represivas están desestabilizando tanto al estado como a la sociedad. 
El resentimiento público ya es grande y no hará más que aumentar. 
¿Qué lección debería sacar el Parlamento Europeo de estas elecciones injustas para el Parlamento iraní, el Mailis? 
Si resulta que la amplia mayoría del nuevo Mailis está formada por conservadores a ultranza, incluso islamistas radicales, no debemos dar mucho valor a unas relaciones estrechas. 
«Un enorme derroche de impuestos» , me ha comentado hace una hora un especialista alemán en el Irán, que también es elector. 
En mi opinión esto es dar en el clavo. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Sus Señorías, cuando una delegación de nuestro grupo parlamentario decidió visitar hace poco el Irán, realmente nos sorprendió el grado de debate existente allí, así como la voluntad por dialogar que mostraban las numerosas mujeres jóvenes que constituyen la mayoría de la población estudiantil del Irán. 
Sí, la mayoría de estudiantes de secundaria y universitarios son mujeres. 
Probablemente sea esta situación la que ha propiciado que el Consejo de Guardianes haya frenado y anulado los posibles efectos de lo que, desde nuestro punto de vista, consideramos un desarrollo alentador. 
Si hoy hablamos de las elecciones en el Irán, sería muy legítimo decir que el Irán debería tomar sus propias decisiones y preguntar porqué interferimos. Diría que sí, que el Irán, es decir, la población del Irán, debe decidir por sí misma. 
Sin embargo, esto es precisamente lo que el Consejo de Guardianes quiere impedir. 
No es una cuestión de reformistas o no reformistas. 
Si se elige a los no reformistas, tendremos que vivir con ello. 
La cuestión es que el Consejo de Guardianes activa desde el principio un proceso de selección para determinar quién puede presentarse como candidato y es este procedimiento de selección el que impide al pueblo iraní decidir libremente. 
De unas elecciones así no puede salir un Parlamento realmente legítimo y libremente elegido por la forma en que se ha preseleccionado a los candidatos. 
En la Unión Europea no tenemos más opción que presionar a favor de los cambios más importantes que se necesitan en el Irán, independientemente de lo que ocurra en las urnas. 
Estoy pensando en la pena de muerte. 
Es preciso observar escrupulosamente la moratoria actual sobre la lapidación, una forma especialmente brutal de ejecución, e incluso consagrarla en un instrumento jurídico. 
Estoy pensando en la ratificación del Protocolo adicional al Tratado de No Proliferación, que probablemente sea un asunto que debe abordar el nuevo Parlamento. 
Independientemente de quien salga elegido, hemos de presionar con argumentos claros a favor de la ratificación. 
También estoy pensando en la situación de Oriente Próximo, donde necesitamos el apoyo iraní. 
No escatimemos en críticas, críticas implacables, de las condiciones existentes en el Irán. 
Al mismo tiempo, sin duda alguna la Comisión también tendrá que trabajar para garantizar que todos los aspectos principales de la actitud iraní en Oriente Próximo conduzcan a la paz en la región. 
Sea como sea, el hecho es que no podemos sino condenar rotundamente el enfoque adoptado por el Consejo de Guardianes. 
– Señor Presidente, Sus Señorías, yo también participé en la visita al Irán. 
Doy gracias por que el Irán está buscando el diálogo y la cooperación. 
Nos hizo a nosotros los europeos una oferta, que vino del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, de crear una comisión conjunta para entablar un diálogo bilateral euroiraní centrado en la lucha contra las drogas. 
En estos momentos el Irán tiene cerca de dos millones de drogadictos, además de unos ocho millones de consumidores ocasionales de drogas. 
Son cifras muy altas en un país que tiene una población de 60 millones. 
El grueso de las drogas que sale de la región actualmente va a Norteamérica, pero podemos esperar que Europa se convierta pronto en objetivo de una oleada masiva de tráfico de drogas. 
Por este motivo estoy especialmente agradecido ante el hecho de que el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional haya hecho una oferta a la Unión Europea de trabajar con él y su organización con objeto de detener el flujo de drogas procedente de los señores de la guerra de Afganistán. 
La segunda oferta, otra comisión bilateral que se comprometería a hacer un esfuerzo conjunto por luchar contra el terrorismo, es una oferta que, en mi opinión, no deberíamos rechazar, así como la oferta lanzada por la judicatura para cooperar con el Tribunal de Derechos Humanos aquí en Estrasburgo a fin de acelerar la formación de jueces iraníes en este ámbito y simplemente para mostrarles las ventajas y desventajas de los distintos sistemas. 
Esto tendría que ser el núcleo de nuestras relaciones bilaterales. 
De forma similar, el Acuerdo de Comercio y Cooperación, la promoción de la cooperación entre pequeñas y medianas empresas del Irán y de la Unión Europea, es un medio para fortalecer la democracia. 
Creo que los contactos de negocios en este ámbito pueden indicar el camino conducente a una cooperación más fructífera en el ámbito del diálogo y la democracia. 
Otro punto de especial importancia para Europa, por supuesto, es la cooperación en materia energética. 
La seguridad del suministro de la energía es el asunto del futuro. 
– Señor Presidente, el Irán está celebrando el 25º aniversario de la revolución islámica en un estado de profunda crisis política, en el que miles de candidatos progresistas han sido excluidos de las inminentes elecciones y millones de iraníes que votaron a favor de las reformas se preguntan a dónde se dirige el país. 
El alcance de las exclusiones también afecta a un elevado número de mujeres importantes que desempeñaron una papel relevante en las reformas legislativas y, en consecuencia, la posición de la mujer se está deteriorando aún más en el Irán. 
Con estas mujeres hemos cooperado constructivamente en el marco de la Comisión de los Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo. 
Citando al Presidente Jatamí, las elecciones son un símbolo de democracia solo cuando se celebran adecuadamente. 
Sin embargo, parece como si por encima del Presidente Jatamí y los representantes del pueble elegidos democráticamente esté el todopoderoso Consejo Revolucionario, que se esfuerza por privar al Parlamento que saldrá de las elecciones el 20 de febrero de toda voz democrática o competencias reformistas. 
Se sabe que de todos los proyectos de ley votados por el Parlamento en el año 2000, cerca de un tercio no fueron ratificados por el Consejo. 
Es un hecho que el Irán, un país con una larga historia y una importante posición geopolítica, puede desempeñar un papel estratégico en la estabilidad del área, especialmente en relación con el Iraq y el Afganistán. 
Sin embargo, temo que los esfuerzos del sector duro por doblegar la voluntad del pueblo iraní propicien no solo un Parlamento sin legitimidad democrática, sino también el debilitamiento de la posición internacional del Irán. 
Sin duda alguna, el problema básico del Irán es su estructura de poder. 
No se pueden hacer esfuerzos reformistas, ni progresos con respecto a los derechos humanos mientras los Guardianes de la Revolución Islámica muestren desdén por las decisiones adoptadas en el marco de procedimientos democráticos. 
La reciente moratoria sobre la lapidación ha de convertirse en una ley que ponga fin a este horrible castigo. 
Y quiero aprovechar esta oportunidad para añadir algo más. 
Espero que el Irán incluya a mujeres en los equipos que envía a Atenas en su representación en los Juegos Olímpicos de 2004. 
– Señor Presidente, estoy muy decepcionada con la propuesta conjunta de resolución. 
Debería estar claro como el agua que la decisión del Presidente Jatamí de convocar elecciones generales en Febrero ha eliminado toda esperanza de que tenga intenciones de aplicar reformas en el Irán. 
En el Irán el diálogo esencial ha sido claramente interpretado de tal forma que se tiene la impresión que en la Unión Europea ahora estamos en mejor situación de entender y aceptar su régimen opresivo. 
¿Cuándo nos daremos cuenta en la Unión Europea que este diálogo es una farsa? 
¿No hay nada de lo que hace la teocracia en el Irán que nos lleve a tomarnos en serio nuestros tan cacareados valores democráticos y derechos humanos y, digamos, a actuar de acuerdo con ellos? 
Además, ¿qué haremos el día en que los mullah del Irán exporten su régimen al Iraq? 
Ahora la Unión Europea debería apoyar a las fuerzas que realmente quieren ver un Irán pluralista y democrático. 
De momento, para complacer al Gobierno iraní, los Estados Unidos y la Unión Europea han añadido a su lista de terroristas a los movimientos de la resistencia, por ejemplo los muyaidines, incluso aunque nunca han atacado a civiles. 
Como primer paso, la Unión Europea ha de garantizar que no se entregan a los muyaidines al Irán y a una muerte segura, y, tan pronto como sea posible, debe comprobar que han sido eliminados de la lista de terroristas de la Unión Europea y apoyar su demanda de un referendo en el Irán. 
– Señor Presidente, cualquiera con un mínimo interés por la democracia está muy preocupado por los recientes desarrollos políticos del Irán. 
Existe el riesgo de que la prohibición de que los diputados reformistas contiendan en las elecciones propicie un elevado índice de abstención, en particular entre los jóvenes. 
Esta es la única forma que tienen de expresar su desilusión. 
Temen más que nunca convertirse en víctimas de las fuerzas retrógradas. 
La socavación constante y flagrante de las fuerzas reformistas constituye una amenaza contra un nuevo movimiento revolucionario. 
Además, el Irán corre el riesgo de aislarse más en el ámbito internacional. 
Esto es especialmente preocupante con respecto a los conflictos en la región de Oriente Próximo. 
Dada su situación, el Irán contribuye a que Oriente Próximo sea más vulnerable que nunca. 
A corto plazo la Unión Europea debería hacer valer todos los canales diplomáticos en un intento por inducir al régimen iraní a reconsiderar la exclusión de los diputados reformistas de las elecciones. 
Esto tendría que convertirse en condición para dar a la cooperación existente entre la Unión Europea y el Irán un nuevo ímpetu en ámbitos de interés mutuo. 
Aparte de esto, la Unión Europea no debe perder el tiempo y debe empezar a desarrollar nuevas iniciativas dirigidas a cortar la ruta del tráfico de drogas entre el Irán y Europa. 
– Señor Presidente, el Irán es un gran país con un glorioso pasado. 
También creo que es una de las sociedades más sofisticadas del Oriente Próximo, con una tendencia inherente al progreso y la modernidad. 
Quizás su revolución islámica fundamentalista se verá, con el paso del tiempo, como una pequeña irregularidad en su tradicional línea histórica de progreso. 
Precisamente por esta razón, en esta coyuntura crítica de lucha por el poder, la Unión Europea debe mantener un diálogo abierto de apoyo con el Gobierno y los reformistas y particularmente con los modernizadores dentro del Gobierno. 
Ya hemos visto la suspensión del castigo medieval bárbaro de la lapidación de mujeres por adulterio, y el Irán ha decidido ahora firmar el Protocolo Adicional de NPT para detener su programa encubierto de armas nucleares, ahora ya hecho público después de las confesiones de Abdul Qadeer Khan en Pakistán. 
A la larga, la democracia también prevalecerá y los mulás del Consejo de los Guardianes volverán a su deseado papel espiritual y pastoral. 
– Señor Presidente, está claro que nadie puede dudar de que la ilusión de democracia en el Irán está muerta y de que solo una revisión completa del sistema político permitirá un día que la democracia florezca de nuevo otra vez. 
En esta situación quiero unirme a la Sra. Sandbæk en su llamada al diálogo con la oposición y no con la jerarquía religiosa, con quienes encabezan el régimen criminal que oprime al Irán. Es urgentemente necesario borrar a los muyaidines que actualmente se encuentran en el Iraq de la lista de terroristas, y no deben extraditarse al Irán. 
Mediante el diálogo con quienes quieren realmente la democracia, con las fuerzas laicas, podremos ver que la situación cambia y avanza hacia la democracia en este importante país, como todos aquí reconocemos. 
Señor Presidente, el Consejo Islámico de los Guardianes funciona como una organización no elegida formada por teólogos islámicos cuya tarea es, de acuerdo con los principios islámicos, conservar la herencia de la revolución de hace 25 años. 
La cuestión es si este Consejo de Guardianes no desacredita a la propia religión, al papel de los curas y los teólogos en la sociedad y a lo que, en este caso, es la religión totalmente dominante, es decir, el islam chiíta. 
Estas son las consecuencias que sufre la revolución islámica en el Irán de las actividades del Consejo de Guardianes, de la legislación que han promovido y de otras leyes que han obstruido. 
Nosotros los europeos y los miembros de la Unión Europea debemos declarar que si las personas tienen derecho a voto tienen que tener derecho a presentarse como candidatos. 
Es totalmente inaceptable que los teólogos puedan prohibir a las personas que voten y se presenten como candidatos. 
– Señor Presidente, el Irán nos coloca ante nuestras contradicciones. 
Es indiscutiblemente, y el Sr. Tannock lo ha dicho, un gran país con un pasado de prestigio. 
Es también un país potencialmente rico, que tiene petróleo y que ha expresado su deseo de volver al orden internacional abandonando su programa nuclear para fines militares y promulgando una moratoria sobre la pena de muerte. 
El Irán es estratégico porque posee una frontera con el Afganistán y otra con el Iraq. 
En resumen, el Irán nos es indispensable y, sin embargo, en un mes ha destruido nuestras esperanzas de verlo avanzar por la vía democrática. 
En vísperas de las elecciones legislativas, el golpe de Estado de los conservadores está teniendo éxito. Solo quince de los diputados reformistas que fueron excluidos han sido ratificados por el Consejo de la Revolución. 
Los gobernadores provinciales, que habían amenazado con dimitir, no lo harán. 
El Presidente Jatamí no dimitirá. 
Los estudiantes no se alzarán y los Estados miembros, al ver que cambia el viento, no se declararán francamente hostiles a los neoconservadores, que, piensan, sabrán distanciarse del integrismo religioso. 
El resultado es que reina la hipocresía absoluta. 
Yo le pregunto, señor Comisario, ¿vamos a cerrar también nosotros los ojos en nombre de intereses económicos y geopolíticos ante este grave atentado a los derechos humanos que arruina la esperanza de tantos hombres y mujeres iraníes, y cuál será nuestra actitud con respecto al acuerdo de cooperación? 
. Señor Presidente, estoy seguro de que la mayoría de los diputados están de acuerdo en que es esencial intentar desarrollar una relación constructiva y a largo plazo entre la Unión Europea y el Irán. 
¿Por qué? 
En primer lugar, como ha dicho el Sr. Tannock, el Irán es una gran civilización preislámica; una civilización en la que los occidentales nos hemos inmiscuido de una manera que no siempre, por decirlo suavemente, ha recibido un juicio positivo. 
En segundo lugar, el Irán es un agente regional de enorme importancia. 
Solo tenemos que mirar a sus vecinos para ver lo importante que es y darnos cuenta de que no podemos tener una política creíble para la región del Oriente Próximo que no abarque e incluya al Irán. 
En tercer lugar, y estoy plenamente convencido de ello, vemos en el Irán, a mi juicio, los primeros indicios de una auténtica democracia islámica. 
De hecho, para los conservadores de línea dura ese es el problema. 
Casualmente pienso que la demografía está claramente del lado de la democracia en el Irán. 
Sin embargo, los teólogos, que intentan obstaculizar el progreso, no son los primeros teólogos que conocemos, incluida nuestra propia experiencia europea, que no están totalmente a favor de la democracia y el avance de las libertades civiles. 
Volveré sobre esto más adelante. 
Dada la importancia del Irán, he favorecido, como también la Unión Europea, un compromiso estricto pero constructivo con ese país. 
Hemos intentado desarrollar un diálogo político que últimamente se ha centrado en nuestra comprensible preocupación sobre si las aspiraciones nucleares del Irán para la obtención de energía se habían convertido en aspiraciones nucleares con fines militares. 
Nos preocupan los informes del OIEA del verano y otoño pasados. 
Nos complace el progreso logrado tras la visita de los tres Ministros de Exteriores de la Unión Europea a Teherán, pero por el momento esperaremos el próximo informe del Dr. El Baradei para los debates en Viena y un claro compromiso por parte del Irán de cumplir aquello a lo que se comprometió en Teherán durante la visita de los Ministros de Exteriores europeos. 
Esperamos también desarrollar un diálogo sobre terrorismo, así como sobre armas de destrucción masiva y sobre el proceso de paz en Oriente Próximo. 
Hemos establecido un diálogo sobre derechos humanos que es un aspecto sumamente importante de nuestra relación con el Irán. 
Es justo decir que hemos visto progresos en varios ámbitos, permitiendo la entrada de ponentes temáticos al Irán. 
Parece que algunos de los castigos, francamente bárbaros, que se han estado practicando, se han detenido por el momento. 
Alguien ha dicho durante el debate que debemos hablar a los jueces y otros: yo lo he hecho. 
Al hablar con algunos de ellos, me sentía transportado varios siglos atrás en el tiempo para participar en los debates. 
Sin embargo, es importante que estos debates existan y los llevemos a cabo sobre una base sincera. 
Decimos a aquellos con los que hablamos en el Irán que un diálogo sobre derechos humanos no es simplemente una alternativa para hacer algo sobre los derechos humanos. 
Queremos que nuestro diálogo genere progreso en este ámbito. 
También hemos hablado con el Gobierno iraní sobre comercio e inversiones y asuntos económicos. 
Hemos tenido varias rondas de negociaciones para lograr un acuerdo de comercio y cooperación, un acuerdo de nación más favorecida bastante básico. 
No habíamos debatido durante bastante tiempo. 
Ese tipo de acuerdo es importante para el Irán, sobre todo por la gran cantidad de jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo cada año y la necesidad por parte de los iraníes de atraer más inversión extranjera para generar puestos de trabajo y el desarrollo económico que se precisan para hacer frente a tal presión demográfica. 
Los iraníes conocen perfectamente que todas estas cuestiones, políticas, nucleares, comercio y derechos humanos están vinculadas como por un cordón umbilical. 
No podemos simplemente ignorar los problemas en un ámbito y pensar que podemos avanzar rápidamente en los demás. 
Repito que estoy a favor del compromiso, pero el compromiso no debe verse como una especie de evasión del problema para actuar de forma responsable en estos ámbitos que son tan importantes para el Parlamento y para la Unión y más allá. 
En este contexto solo quiero decir esto sobre la democracia: por supuesto que nos complace que los demócratas y los moderados hayan obtenido tan buenos resultados en los últimos años. 
Estamos un poco decepcionados de que, a pesar de ello, no hayan podido avanzar más en el Gobierno, en parte porque mucho de lo que querían hacer ha sido bloqueado por los clérigos conservadores, el Consejo de los Guardianes. 
Esto ha generado desilusión en parte de la gente, lo que a su vez hizo que el índice de participación en las elecciones fuera bajo y los resultados fueran menos satisfactorios para los demócratas que los que podrían haber obtenido de otra forma. 
No me cabe la menor duda de que lo que estamos viendo en este momento es un intento de los clérigos conservadores de distorsionar el proceso electoral. 
¿Por qué intentan hacerlo? 
No intentan distorsionar el proceso electoral porque piensan que van a obtener buenos resultados, sino porque piensan que, si no lo hacen, los moderados, los reformistas y los demócratas verdaderos obtendrán buenos resultados. 
Es un intento de frustrar el impulso democrático en el Irán lo que vemos en este momento. 
Debo decir, y espero que esto no suene demasiado a jefe de una tropa de boy scouts, que no se puede detener indefinidamente el proceso democrático en el Irán. 
Es como intentar detener la marea que sube. 
Espero que los conservadores se den cuenta de esto y de que se hace un gran servicio al Irán permitiendo a la gente una mayor participación en el Gobierno de su propio país. 
Si vemos democracia auténtica en lugar de una variedad Potemkin de democracia, esto será una de las mejores formas de sustentar una relación entre Europa y el Irán que todos deseamos ver. 
Repito que si nos tomamos en serio una política constructiva y creativa para la región de Oriente Próximo, esta debe incluir al Irán. 
No es bueno condenar al Irán de antemano y contemplarlo como si estuviese dirigido por fuerzas maniqueas de perversidad y oscuridad. 
Debemos ser constructivos y alentar a los demócratas auténticos que muchos de nosotros hemos conocido y estamos impresionados por su valentía. 
Espero que en el curso de los próximos meses y años veremos cómo el Irán logra hacer la difícil transición a una democracia islámica que puede desempeñar un papel constructivo de liderazgo en los asuntos de su región. 
– Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término del debate. 
– (B5-0095/2004) de los Sres. Thomas Mann, Hartmut Nassauer y Bernd Posselt, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre los asesinatos políticos en Camboya; 
– (B5-0082/2004) del Sr. Margrietus J. van den Berg, en nombre del Grupo del PSE, sobre Camboya; 
– (B5-0079/2004) de los Sres. Graham R. Watson y Bob van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre los asesinatos políticos en Camboya; 
– (B5-0097/2004) de las Sras. Marie Anne Isler Béguin, Patricia McKenna y Matti Wuori, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Camboya; 
– (B5-0085/2004) de los Sres. Herman Schmid y Luigi Vinci, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Camboya. 
A Chea Vichea, un miembro fundador del partido y presidente de los sindicatos favorables al libre mercado, le dispararon el 22 de enero. 
Es la última víctima de una larga serie de asesinatos. 
La ausencia de castigo por el asesinato político equivale a una invitación a cometer más atrocidades. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos condena totalmente estos asesinatos, pero también condena la lentitud de las investigaciones penales. 
Camboya necesita un liderazgo político vigoroso. 
Sus líderes deben aprobar reformas que pongan fin a las continuas violaciones de los derechos humanos. 
En este contexto también me refiero a la prostitución y los trabajos forzados infantiles registrados en el país. 
Desde hace cierto tiempo existe un acuerdo entre el Gobierno de Camboya y las Naciones Unidas sobre la creación de un tribunal de crímenes de guerra. 
Todo lo que falta para su creación es la ratificación del acuerdo por parte del Parlamento de Camboya, lo que debe hacerse sin demora. 
Por tanto, pedimos que se envíe una delegación de la ONU a Camboya. 
Debemos ayudar, y queremos ayudar, a que se produzca un proceso de normalización sostenible. 
– Señor Presidente, Señorías, realmente Camboya, lamento decirlo, no está haciendo ningún progreso. 
En las elecciones la población de Camboya mostró más madurez política y democrática que la demostrada por las principales fuerzas políticas del país. 
Y a propósito, señor Mann, no solo han matado a tiros a políticos del partido Sam-Rainsy; mi investigación ha revelado que tres miembros del partido gobernante Funcinpec han corrido la misma suerte. 
En otras palabras, prevalecen costumbres bastante duras y no se observan las normas de protocolo para las relaciones entre el Gobierno y la oposición, lo que significa que todo aquel que goza de poca popularidad por el motivo que sea se encuentra en grave peligro. 
De hecho, la impunidad sigue incentivando la eliminación de políticos poco populares, independientemente de sus orígenes, porque los asesinos no han de enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. 
La confianza del público en la política se ha visto gravemente dañada. 
Incluso en la rara ocasión en que se acusa a alguien, normalmente nadie cree que sea el verdadero asesino. 
Además de tener un gran impacto en la moral del país, esta situación también restringe drásticamente el flujo de ayuda internacional. 
El Banco Asiático de Desarrollo no tiene intención de reanudar los pagos a menos que se convoque pronto el nuevo Parlamento, que, por supuesto, fue elegido hace cierto tiempo, y se forme un nuevo Gobierno. 
Este es realmente el verdadero problema y es preciso influir para cambiar la situación. 
Durante el proceso de paz la ONU especificó que se precisaba una mayoría de dos tercios para que un partido o una coalición de partidos formara un nuevo Gobierno. 
Ahora los partidos no están dispuestos a formar las amplias coaliciones que cumplirían este requisito. 
En la práctica se ha convertido en una barrera a la vida política normal en Camboya. 
Ahí es donde hay que ejercer influencia para crear las condiciones políticas que realmente conducen a la mejora. 
Es con este espíritu que la delegación prevista ha de celebrar sus conversaciones. 
– Señor Presidente, el asesinato político es un crimen atroz en la oscuridad: pero es todavía más escalofriante a la luz del día. 
Al Sr. Chea Vichea, sindicalista y miembro de la oposición camboyana, le dispararon y asesinaron el 22 de enero junto a la carretera en Phnom Penh, a plena luz del día. 
Su asesino fue tan descarado que las personas que pasaban confundieron las balas con petardos. 
El Sr. Vichea es el quinto miembro de la opositora Alianza de los Demócratas que es asesinado en 2004, y la última víctima de un año de violencia. 
Su funeral sacó a las calles a una multitud de más de 30 000 personas. 
Yo sé por qué, después de haber conocido al Sr. Vichea el pasado mes de abril y haber quedado profundamente impresionado por su compromiso con la democracia y el buen gobierno y la mejora de las vidas de sus conciudadanos. 
Era un comprometido defensor de los derechos de los 200 000 trabajadores textiles camboyanos. 
Su asesinato, junto con los de otros activistas del partido Funcinpec, se suma a un clima de intimidación política en Camboya agravado por la falta de respuesta del Gobierno provisional a estos asesinatos. 
Sea o no responsable de estos asesinatos, el hecho de que el Partido Popular Camboyano no haya detenido y castigado a los asesinos lo hace responsable de la creciente marea de miedo que está sufriendo la política camboyana. 
El Gobierno de Hun Sen sigue gobernando Camboya sin una autoridad constitucional y legal plena. 
Es imperativo que se logre una solución negociada para hacer posible un Gobierno legítimo, pero no es posible iniciar negociaciones a la sombra de un asesinato político que dificulta los intentos de construcción de una coalición viable y amenaza con provocar violentas represalias. 
El Parlamento Europeo debe condenar no solo este asesinato, sino también la persistencia del clima de intimidación e impunidad que las autoridades comboyanas toleran. 
Nuestra resolución solicita la suspensión de toda la ayuda no humanitaria a Camboya y que la Comisión Europea se niegue a tratar con el Gobierno de Hun Sen. La Unión Europea no debe tener relaciones con un Gobierno que no salvaguarda las vidas de los líderes democráticos. 
En conclusión, pedimos al Consejo que formule la más profunda condena. 
– Señor Presidente, señor Comisario, para su desgracia, Camboya grita socorro una vez más, pero el eco del desamparo de su población y de sus militantes asociativos y demócratas nos llega de ultratumba. 
Así sucede hoy con Chea Vichea, presidente del Sindicato Libre de Trabajadores de Camboya y miembro fundador del partido Sam Rainsy, para quien la principal contribución de la Unión Europea habrá consistido en saludar su memoria después de su muerte. 
Sin embargo, este líder sindicalista se esforzaba por defender los derechos de más de 38 000 nuevos esclavos de la globalización en las industrias textiles del sudeste asiático. 
Que las amenazas que se ejercían contra él no movilizaran a la policía o al Gobierno camboyano se comprende a la vista de la decadencia del Estado de derecho y de la democracia en Camboya. 
Que la integridad de estos líderes de la sociedad civil, sindical o política no esté mejor garantizada que a través del diálogo entre la Unión Europea y esta región de Asia, que atraviesa una situación política crítica, nos exige una respuesta. 
¿Tenemos que recordar aquí que el asesinato de Chea Vichea no es más que el último de una serie de crímenes de sangre contra personalidades de la oposición y que 2003 fue el año más violento desde 1998? 
¿Hay que añadir que ninguno de estos crímenes ha dado pie a juicio alguno y que, por consiguiente, sus autores no han sido condenados? 
¿Cómo celebrar, en semejante contexto, el 25 aniversario de la caída del despotismo de los jemeres rojos, cuando se sigue abatiendo tanta sangre y terror sobre este pueblo mártir de Camboya? 
La credibilidad de la Unión Europea en la escena internacional y la primacía que concede al Derecho internacional y a la democracia sobre la fuerza y la nos exigen convocar a los responsables políticos camboyanos para situarlos frente a los imperativos de las reformas políticas y económicas y frente a sus responsabilidades para con los derechos fundamentales y de sus ciudadanos. 
Es preciso que el Parlamento camboyano retome sus funciones y que se ratifique un acuerdo serio, y no un compromiso que más parece una mascarada entre las Naciones Unidas y el Gobierno, con vistas a la creación de un tribunal especial encargado de juzgar los crímenes contra la humanidad perpetrados por los jemeres rojos. 
Es, por lo demás, un proyecto que está en preparación desde hace ya cinco largos años. 
Quisiera recordar también, señor Presidente, que hay que poner fin a lo inaceptable, al insoportable trabajo forzado de los niños, ya sea en el vertedero de Phnom Penh que todos conocemos, o ya se trate de los niños vendidos a la prostitución o de los que son víctimas del tráfico de seres humanos, que alimentan una de las redes más viles. 
Si es urgente, señor Presidente, enviar una delegación europea a Camboya como medida inicial, conviene recordar que nuestro deber fundamental consiste en prestar una asistencia permanente y voluntaria de la Unión Europea a Phnom Penh al lado de todas las personas implicadas. 
– Señor Presidente, en los campos de muerte de Camboya los jemeres rojos asesinaron a millones de personas de su propio pueblo, y ahora el país lucha por encontrar estabilidad y equilibrio. 
Existe un equilibrio entre el Rey y los partidos políticos, también existe un grado de equilibrio entre los diversos partidos –a veces más, a veces menos– y el país también intenta mantener un equilibrio entre las distintas influencias exteriores. 
Sin embargo, una acción de equilibrismo constante no es la fórmula para una estabilidad a largo plazo, imposible de lograr a menos que se establezca firmemente el Estado de derecho. 
Por este motivo, los apartados 4 y 6 de la resolución son de vital importancia. 
El procesamiento claro, mediante el procedimiento adecuado, de los asesinos que amenazan la verdadera existencia de la democracia y sobre todo la creación pendiente, desde hace mucho tiempo, con las Naciones Unidas, de un tribunal penal especial para que Camboya y los abogados internacionalistas colaboren a fin de garantizar que se llevará ante la justicia y se castigará debidamente a quienes hayan cometido crímenes contra la humanidad: de esta forma, tras un pasado sangriento y turbulento, el país puede al fin encontrar estabilidad, sustentada por el Estado de derecho, que le permitirá convertirse en un socio importante de nuestra Unión Europea. 
– Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a la Comisión por haber resistido; creo que, desde las elecciones en Camboya, la Unión Europea, en particular a través de la Comisión, ha demostrado que es capaz de mantener una posición. 
No obstante, creo que la situación es hoy extremadamente delicada y comparto el análisis del Sr. Watson. 
Si bien se ignora si el Sr. Hun Sen y su partido ordenaron el enorme número de crímenes que se han cometido, sabemos que no han hecho nada –ni ellos ni el Gobierno del Sr. Hun Sen– por detener ni siquiera a uno de los culpables de esos crímenes. 
Sabemos también que la Camboya de hoy no es más rica que la Camboya de hace diez años y que, durante diez años, la Unión Europea y la comunidad internacional vertieron allí millones y millones de euros. 
Sabiendo todo esto, quizás debamos de sacar conclusiones. 
La persona que no supo actuar como Jefe del Gobierno para impedir los crímenes, para detener a los culpables y para aportar un mínimo de riqueza a Camboya se llama Sr. Hun Sen. 
Creo que si la Comisión pidiera al Consejo un mandato para conversar con los norteamericanos, los australianos y los japoneses a fin de hacer del alejamiento del Sr. Hun Sen la condición para una reanudación de los préstamos del Banco Asiático, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, sería posible demostrar y hacer comprender a los vietnamitas y a los chinos, que ya lo han comprendido en buena parte, creo, que el problema del cambio en Camboya pasa por apartar al Sr. Hun Sen y conceder un mandato a otro miembro de su partido, que ha ganado las elecciones incluso si no eran perfectamente democráticas, ni mucho menos. 
. Señor Presidente, seré muy breve porque todos los sentimientos que exprese se hacen eco en gran medida de los comentarios que los diputados que ya han tomado la palabra han hecho de forma apasionada y con gran conocimiento del país. 
Estaba muy interesado en volver a leer el informe de la misión de observación de la Unión Europea a las elecciones nacionales camboyanas en julio del año pasado. 
Solo de pasada, permítanme resaltar una vez más el papel tan excepcionalmente importante que estas misiones de observación de las elecciones desempeñan en el desarrollo de la democracia en el mundo. 
El informe indicaba que en comparación con elecciones anteriores, la atmósfera era menos tensa y hubo menos incidentes violentos, aunque sí hubo algunos. 
Se mantuvo la preocupación por el número de presuntos asesinatos políticos durante el período preelectoral. 
Como ha dicho el Sr. Watson, hemos conocido el asesinato de una serie de personas asociadas al partido del príncipe Norodom y más recientemente el terrible asesinato de Chea Vichea. 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho sobre la importancia de su papel político como uno de los miembros fundadores del partido Sam Rainsy y la importancia de su papel de célebre y valiente líder sindicalista. 
Apoyo plenamente la solicitud del Parlamento de que se realice una exhaustiva investigación y se procese a los autores en conformidad con el debido procedimiento legal. 
Quiero aprovechar una vez más esta oportunidad para solicitar a todos los partidos políticos de Camboya que prosigan con las negociaciones que permitan llevar a la rápida formación de un nuevo Gobierno. 
Todos queremos ver la formación de tal Gobierno lo más pronto posible. 
El Parlamento sigue teniendo un interés activo, con razón, en los asuntos de Camboya y me aseguraré de que este interés se refleje en mis conversaciones con el Consejo y en la labor de la Comisión. 
– Gracias, señor Patten. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término del debate. 
– (B5-0096/2004) de los Sres. Thomas Mann y Christos Zacharakis, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre los marineros griegos detenidos en Karachi; 
– (B5-0081/2004) de los Sres. Giorgos Katiforis y Margrietus J. van den Berg, en nombre del Grupo del PSE, sobre los marineros griegos detenidos en Karachi; 
– (B5-0078/2004) del Sr. Bob van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre el Tasman Spirit y su tripulación; 
– (B5-0086/2004) de los Sres. Alexandros Alavanos, Emmanouil Bakopoulos y Efstratios Korakas, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los marineros griegos detenidos en Karachi; 
– (B5-0087/2004) de la Sra. Cristiana Muscardini, en nombre del Grupo UEN, sobre los marineros griegos detenidos en Karachi. 
– Señor Presidente, quiero expresar mi perplejidad y, al mismo tiempo, mi enfado por la situación que tenemos ante nosotros en relación con cuatro marineros griegos y tres filipinos del petrolero. 
Este petrolero encalló el pasado verano fuera del puerto de Karachi en Pakistán a causa de un fallo del piloto pakistaní, que lo dirigía a puerto. 
El nivel del mar estaba muy bajo porque había bajamar, el fallo fue de las autoridades pakistaníes y se produjo un dramático incidente. 
Por supuesto, se vertieron al mar toneladas de hidrocarburos pero, a partir de entonces, las autoridades pakistaníes actuaron de forma incomprensible. 
Las únicas víctimas de este desgraciado incidente fueron los marineros griegos y filipinos. 
El asunto no se trató a escala mundial para establecer qué responsabilidades tenía la empresa, el piloto pakistaní, etcétera. 
Se echó toda la culpa a los marineros griegos y filipinos, que están recibiendo un tratamiento inaceptable en la cárcel y uno de ellos intentó suicidarse el otro día. 
Aparte de esto, hay algo más: el jefe del equipo de salvamento, un marinero griego, también fue a ayudar, y mientras hablamos, las autoridades pakistaníes siguen reteniéndolo. 
Sin duda alguna, esta situación es trágica. 
Personalmente me he reunido con las familias de los marineros, que sinceramente están desesperadas, y por este motivo el Parlamento ha de reaccionar y, creo, reaccionará, porque esta es en primer lugar una cuestión de índole humanitaria. 
– Señor Presidente, además de lo que ha dicho el Sr. Hatzidakis, existe un informe del ministerio pakistaní correspondiente que es relativamente reciente y versa sobre las circunstancias que rodearon al accidente del petrolero que no contiene ninguna prueba, ni siquiera rudimentaria, que pudiera utilizarse para justificar cargos contra los marineros. 
De forma similar, las aseguradoras del buque hace tiempo presentaron propuestas de compensación, pero no han recibido ninguna respuesta oficial de las autoridades pakistaníes, y sin embargo se han gastado alrededor de 20 millones de dólares USA en este accidente, para el transporte del buque naufragado, etcétera. 
Sabemos que la troika de la Unión Europea con el Comisario Patten va a Islamabad la semana que viene, después de 18 meses, y que han conseguido que esta cuestión ocupe un lugar prioritario en la agenda de las relaciones entre la Unión Europea y Pakistán. 
Esperamos frutos de estas conversaciones, que durante mucho tiempo han atormentado nuestros sentimientos y pensamientos, sobre todo de personas inocentes que se esfuerzan por vivir del mar. 
Tenemos conocimiento de que han intervenido el Ministerio de Asuntos Exteriores griego, Georgos Papandreu en calidad de ministro de exterior y el ministro en funciones, sin que se haya producido ninguna respuesta de sus homólogos en Pakistán. 
Es una situación terrible. 
Además de lo que ha dicho el Sr. Hatzidakis sobre los marineros griegos que intentaron suicidarse, hay un lado tragicómico o triste: allí el intento de suicidio es un delito penal. 
Por tanto, ahora lo que queda de este hombre ha sido llevado a juicio por intentar suicidarse. 
Esperemos que el suicido no sea también un delito penal una vez cometido. 
Con esta conducta, ¿cómo se puede esperar que un joven cualificado contemple la profesión de marinero? 
¿Quién, en última instancia, protegerá en el futuro las vidas de los marineros y el medio ambiente marítimo? 
Reclamamos que al final de este asunto prevalezca la humanidad, la lógica y la legalidad y dependemos de los esfuerzos que haga el Comisario Patten la próxima semana en Islamabad. 
– Señor Presidente, yo también quiero añadir un par de cosas en nombre de los Diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia y de todo el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea que, con otros grupos, ha firmado y apoya la propuesta conjunta que reclama la liberación inmediata de los miembros de la tripulación del, que retienen ilegalmente las autoridades pakistaníes en Karachi desde julio de 2003. 
Este es claramente un caso de toma de rehenes por motivos económicos. 
Se sabe que el ingeniero, el Sr. Pappas, que llegó a Karachi 20 días después de que el barco encallara en calidad de jefe de la operación de salvamento, que fue un éxito, está siendo retenido con la tripulación. 
Es inconcebible que se retenga a toda la población debido al desastre ecológico causado cuando el barco encalló a la entrada del puerto de Karachi, e incluso al cocinero del barco para que dé explicaciones. 
Además, el buque encalló cuando estaba bajo la responsabilidad de las autoridades portuarias del piloto local. 
La situación es espacialmente preocupante por la salud de los marineros detenidos, a quienes, sin tener ninguna responsabilidad, se ha prohibido volver a sus casas, una situación que incluso a propiciado un intento de suicidio. 
Hemos de hacer hincapié de nuevo en que no pueden mantenerse estas tácticas inaceptables, que utilizan numerosos Gobiernos y que benefician a los armadores y las compañías de seguros, es decir, utilizar a marineros como chivos expiatorios para resolver disputas económicas y echarles la culpa, que no tienen, de lo que ocurre en el mar. 
Exhortamos a la Comisión Europea y a la Presidencia y al Gobierno griego a que intervengan decisivamente y pidan la liberación inmediata de los marineros que retienen en Karachi. 
No deben seguir siendo rehenes ni un minuto más. 
– Señor Presidente, los marineros griegos y filipinos llevan ocho meses retenidos por las autoridades pakistaníes. 
Su petrolero encalló fuera del puerto de Karachi, causando el mayor desastre ambiental de la historia de Pakistán. 
Se vertieron treinta mil toneladas de crudo al mar, contaminando la costa y destruyendo el sustento de los pescadores. 
En opinión del Gobierno pakistaní el desastre se produjo a causa de la incompetencia y negligencia de la tripulación. 
No obstante, tal y como han indicado el Sr. Hatzidakis y los oradores anteriores, el petrolero estaba indiscutiblemente bajo el mando de un piloto local en el momento del accidente. 
Por lo tanto, no puede echarse la culpa de forma tan clara. 
El embajador pakistaní me ha informado de que pronto se incoarán procedimientos judiciales en contra de los marineros. 
De acuerdo con los informes de los medios de comunicación, llevan detenidos desde octubre de 2003 y no se les permite abandonar Pakistán. 
Fuentes gubernamentales me han asegurado que los marineros tienen libertad de movimiento ilimitada dentro del país. 
Esto habrá que verificarlo. 
El derecho internacional abarca de hecho cuestiones de compensación sin resolver. 
En el ámbito de la contaminación de hidrocarburos existe un Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, a la que se han adherido 124 países. 
Espero que Pakistán pronto haga lo mismo. 
Tanto por motivos humanitarios como jurídicos, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos solicita al Gobierno pakistaní que permita a los miembros de la tripulación volver a sus casas y con sus familias, bajo promesa de volver a Pakistán cuando se celebren los procedimientos judiciales. 
Serán promesas hechas bajo palabra de honor y serán compensadas. 
. Señor Presidente, seamos claros, este es un asunto muy lamentable. 
Sería muy lamentable que las autoridades pakistaníes creyeran que pueden resolver el caso del deteniendo a la tripulación. 
Tal como su Señoría ha dicho antes, la próxima semana la troika comunitaria visitará Islamabad y una vez más pediré a las autoridades pakistaníes que liberen a la tripulación por razones humanitarias, en consonancia con una garantía que entiendo ha sido presentada por parte del Gobierno griego para asegurar que la tripulación coopere en toda investigación que se efectúe posteriormente. 
Parece que esta es una forma sensata de proceder y no sé qué más pueden esperar las autoridades paquistaníes del Gobierno griego. 
La Comisión recomendaría el arbitraje de conformidad con normas establecidas internacionalmente en consonancia con la Convención sobre Responsabilidad Civil por daños de contaminación de petróleo. 
Alentamos a Pakistán a debatir las ventajas de la ratificación de la convención con los funcionarios de la Organización Marítima Internacional. 
Entretanto sería constructivo fijar reclamaciones de compensación en línea con los reglamentos de la convención, como si Pakistán fuese ya parte de la convención. 
Esto es lo que las compañías de seguros han propuesto. 
Yo ya he abordado la cuestión del con el Ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, el Sr. Kasuri, durante su visita a Bruselas el 5 de noviembre de 2003. 
Los presidentes de nuestras misiones de la Unión Europea en Islamabad han debatido la cuestión en varias ocasiones con las autoridades pakistaníes, incluso con el Sr. Kasuri. 
Como he señalado antes, los Ministros de Exteriores de Irlanda y los Países Bajos y yo mismo hemos acordado que durante nuestra visita a Pakistán el 18 de febrero volveríamos a plantear la cuestión si la situación sigue igual. 
Repito, esta deplorable situación ha continuado durante demasiado tiempo. 
Cuanto antes se resuelva, mejor, y nuestra simpatía va a las familias de la tripulación y a la tripulación misma que lleva detenida en esas circunstancias durante tanto tiempo. 
– Gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado y vamos a proceder a la votación de las propuestas de resolución (1). 
(1) 
– Señor Presidente, creo que es el apartado 5 de la resolución el que contiene la observación de que las elecciones no se celebraron porque las autoridades iraníes se negaron. 
Esto debe ser corregido en la medida en que esta petición también la formuló el Parlamento. 
Por tanto, es preciso redactarlo con términos ligeramente más neutrales, sustituyendo «las autoridades» por «la parte iraní». 
Permítame solicitar que se corrija. 
Es simplemente una cuestión de aclaración objetiva. 
(2) 
– Señor Presidente, solo deseo proponer enmiendas a los preámbulos D y F. En D y de nuevo en el apartado 7 deberían decir figuras políticas en lugar de miembros de la oposición, pues tres de las cinco víctimas asesinadas pertenecían a un partido del Gobierno. 
Y además la fecha del preámbulo F debería ser 7 de enero en lugar de 4 de febrero. 
Son enmiendas técnicas y no enmiendas de fondo. 
– Señor Presidente, mi Grupo no tiene problemas con la segunda de estas enmiendas, pero consideramos que la primera debilita el texto y por tanto nos oponemos a ella. 
(3) 
– Señor Presidente, también esta es solo una enmienda técnica, pero me parece importante, porque, después de todo, se refiere a personas detenidas. 
El texto se refiere a marineros griegos y filipinos, pero el título solo se refiere a marineros griegos. 
Creo que estamos de acuerdo en que los filipinos también han de ser liberados. 
Por este motivo propongo que el título se modifique en consecuencia. 
– Se ha agotado el orden del día del Parlamento. (1) 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 12 de febrero de 2004. (1) 
Mediante carta de 24 de febrero de 2004, el Presidente del Parlamento de Cataluña nos informa de que el señor Joan Colom i Naval ha sido nombrado miembro de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. 
Señor Colom i Naval, le felicito por su nombramiento, y de conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, informo a esta Cámara de que el mandato del señor Colom i Naval como diputado al Parlamento Europeo –el cual, debo añadir, ha desempeñado muy bien durante bastante tiempo– concluye oficialmente mañana, 26 de febrero de 2004. 
Por lo tanto, Joan cumple hoy su último día aquí, y se lleva el respeto y los mejores deseos de esta Cámara. 
Mediante carta de 19 de febrero de 2004, las autoridades belgas me han informado de que la Sra. Frédérique Ries ha sido nombrada miembro del Gobierno belga. 
Una vez mas, permítanme –en este caso en su ausencia– dar la enhorabuena a la Sra. Ries por su nombramiento y notificar, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, que su mandato como diputada al Parlamento Europeo ha concluido y que existe una vacante a partir del 12 de febrero de 2004. 
En la misma carta, las autoridades belgas me comunican que la Sra. Ries ha sido sustituida por la Sra. Jacqueline Rousseaux a partir del 19 de febrero de 2004. 
Doy la bienvenida a nuestra nueva colega y recuerdo a todos los diputados que las credenciales deben verificarse de acuerdo con los procedimientos previstos. (1) 
– Señor Presidente, quería simplemente llamar la atención de esta Cámara sobre un importante seminario que ha tenido lugar en Dublín durante los dos últimos días sobre el VIH/sida. 
Quisiera llamar también la atención de la Comisión sobre de las constataciones de esa conferencia, particularmente que el crecimiento de la incidencia del sida ha sido tan espantoso que se considera peor que la propagación de la peste negra en el siglo XIV. Espero de verdad que los diputados, no solo a este Parlamento, sino también al próximo, reconozcamos la gravedad del problema tan catastrófico y mortal al que nos enfrentamos. 
Asimismo deseo, señor Presidente, ya que usted también estuvo presente en Dublín, que veamos cierta continuidad a partir de esa conferencia. 
La conferencia a la que usted hace referencia, señora Banotti, aprobó una declaración. 
En la próxima Conferencia de Presidentes propongo dar una copia de esa declaración a los líderes de cada Grupo y también presentaré un breve resumen de mis impresiones acerca del encuentro sobre el VIH/sida, que nos impone, de hecho, la obligación de preocuparnos en esta institución y en la Comunidad Europea en general. 
– Señor Presidente, quiero destacar el hecho de que en una encuesta reciente del Eurobarómetro, los votantes europeos incluyen el tema de la inmigración entre los cuatro más importantes para la próxima campaña electoral. 
Nos encontramos en una situación en la que algunos Estados miembros no han cumplido las obligaciones del Tratado de establecer una política común de asilo e inmigración, ofreciendo garantías de controlar ordenadamente el asilo y la inmigración, con las mismas reglas de juego y compartiendo responsabilidades. 
Han dado completamente al traste con la libre circulación de personas de los nuevos Estados miembros y en algunos Estados miembros –como por ejemplo el mío– ha cundido la histeria atizada por la prensa popular; existe un aumento preocupante del antisemitismo y la islamofobia; se han inflamado las pasiones a causa de la prohibición del propuesta en Francia, etc. 
Por lo tanto, nos enfrentamos a una situación bastante peligrosa. 
Señor Presidente, cuando se reúna con los jefes de Gobierno en la próxima cumbre, ¿hará el favor de pedirles que hagan todo lo que está en sus manos para asegurar que las cuestiones de la inmigración, el asilo y la integración de las comunidades inmigrantes se traten con tacto y sumo cuidado para evitar el éxito de los extremistas en las próximas elecciones? 
– Señor Presidente, este fin de semana he regresado de una visita a Cisjordania. 
He estado allí en un viaje de inspección junto con otros diputados a esta Cámara, para obtener información sobre la denominada barrera de seguridad, y estoy consternado por lo que allí he visto. 
No se trata de una barrera construida en el límite entre Israel y Cisjordania, sino una valla que se ha construido alrededor de ciudades y pueblos de los palestinos. 
Están siendo literalmente cercados en tierras de nadie y solo se permite el acceso o salida bajo el control de las fuerzas armadas israelíes. 
Es la receta para la permanente desestabilización del Estado israelí, no es una solución de seguridad. 
Le ruego, señor Presidente, que transmita mi mensaje –y quizás también el de muchos otros diputados de esta Cámara– al Consejo y a la Comisión que en la Corte Internacional de La Haya debemos parar el cercado. 
No podemos ser neutrales con respecto a la legalidad de la ubicación de esta barrera. 
No niego al Estado israelí el derecho a construir una barrera donde quiera dentro de su territorio, pero la Corte debe declarar con firmeza la ilegalidad de esta barrera concreta, que está encarcelando, criminalizando y deshumanizando al pueblo palestino. 
– Señor Presidente, quisiera someter a su consideración y a la de esta Asamblea una situación, muy lamentable a mi parecer, que está ocurriendo en Eslovaquia, país vecino nuestro y que pronto será Estado miembro. 
Según ha informado la televisión, el Gobierno ha reducido las prestaciones sociales a los gitanos y esto ha inducido a muchas mujeres y madres –y, para mayor consternación, también a sus hijos– a saquear las tiendas para conseguir alimentos. 
No quisiera dar de ningún modo la impresión de que apruebo la violencia de ninguna forma, pero la situación de los gitanos debe de ser verdaderamente trágica y quisiera pedirle, señor Presidente, que recabe información y una explicación al respecto. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión autorizó el lunes a los productores de vino no europeos –de Sudáfrica, Australia y los Estados Unidos– el uso de tres denominaciones del vino de Oporto: , y. 
Dicha decisión de la Comisión ha provocado una fuerte reacción en la región definida como productora del vino de Oporto, la región vinícola más antigua de Europa, y va a afectar seriamente a los intereses legítimos de los productores de vino de Oporto. 
Es una decisión lamentable, que rechazamos con la máxima firmeza. 
No se trata solo de una cuestión económica, sino también de un tema sumamente delicado y de un problema cultural. La Unión Europea debe dar su apoyo al vino de Oporto, su autenticidad y las marcas comerciales que ha adquirido. 
Quisiera pedir a la Comisión que tomara nota del comentario del Sr. Lage. 
Señor Presidente, los comentarios de mi apreciada colega, la Sra. Ludford, me han impulsado a pedir la palabra. 
Coincido totalmente con ella en que nos encontramos ante una situación muy desagradable, en la que corremos el riesgo de que las próximas elecciones al Parlamento Europeo estén marcadas por la xenofobia y la hostilidad hacia los extranjeros. 
Por esto quiero proponer que se procuren adoptar medidas en esta fase incipiente. 
Habitualmente no suelo proponer nuevos gastos, ni que el Parlamento imprima llamativos folletos dedicados a ensalzar sus propias virtudes, pero en este caso quisiera hacer una excepción. 
Kofi Annan pronunció aquí hace poco un discurso extraordinario y quisiera pedir que el mismo se publique en todas las lenguas en una edición atractiva que podamos utilizar en la campaña electoral. 
Creo que fue una magnífica aportación al debate, que plantea un reto sumamente necesario para todos los países europeos. 
Casi todos aplaudieron; por lo menos el discurso. 
Esa sería, por consiguiente, mi propuesta. 
Es una excelente observación. 
Por supuesto, el discurso se está traduciendo a las lenguas de los 15 Estados miembros actuales, y me aseguraré de que también se traduzca a las lenguas de los países candidatos. 
También voy a ver si nuestros servicios de información pueden distribuir el discurso a través de los medios de comunicación para llegar a un público más amplio que el que de momento tiene acceso al mismo. 
– Señor Presidente, quisiera someter a su consideración una declaración escrita del Sr. Glyn Ford, diputado a esta Cámara, en la cual incita a boicotear los productos de una empresa de la Unión Europea. 
También quiero solicitar que dicha declaración se transmita al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros. 
Le ruego asimismo que solicite un dictamen de los servicios jurídicos sobre la admisibilidad de dicho proceder. 
En mi país, Alemania, estaría prohibido por ley. 
Señor Presidente, quisiera retomar el asunto que ha planteado uno de los oradores anteriores. 
La decisión que adoptó la Comisión el 20 de febrero, por la que se modifican la descripción, denominación, presentación y protección de algunos productos del sector del vino es importante, ya que el problema no afecta solo a Portugal, sino a todas las zonas vinícolas europeas. 
La decisión unifica las dos categorías que empleábamos para proteger nuestros productos de máxima calidad en una sola designación aplicable a los vinos de calidad e introduce la posibilidad de que terceros países produzcan vinos utilizando nuestras denominaciones, con la exigencia de unos requisitos equivalentes como única condición. 
Desde el punto de vista económico, dicha decisión acarrea una crisis para todo el sector vinícola europeo. 
A la vez, también significa la renuncia a una serie de garantías de calidad que hay que ofrecer a los consumidores con respecto a la producción europea. 
Entre otras cosas, resulta sumamente preocupante la justificación de la Comisión –que destaca que dicha decisión se adoptó para facilitar las conversaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio–, pues continuamos abriendo el acceso a Europa a productos que no podemos garantizar ante nuestros consumidores. 
– Señor Presidente, quisiera alertar al Parlamento y a la Comisión sobre el terremoto ocurrido la pasada madrugada en la cordillera del Atlas en Marruecos, y que ha provocado un gran número de muertes. 
También hablo en nombre de mi colega el Sr. Deprez cuando señalo que hay muchas personas en Bruselas y en este Parlamento cuyas familias están en Marruecos. 
La Comisión es muy buena prestando ayuda humanitaria a través de ECHO, la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, y este es un momento en el que deberíamos movernos lo más rápido posible. 
Debo añadir, en nombre del Parlamento, que estoy en contacto con las autoridades para hacerles llegar la expresión de nuestra simpatía. 
De hecho, necesitamos solidaridad efectiva y esto lo comunicaré también a la Comisión. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la comunicación de la Comisión sobre su estrategia política anual para 2005. 
Señor Presidente, Señorías, la Estrategia Política Anual que ha adoptado esta mañana la Comisión, y que tengo el honor de presentar, supone, en primer lugar, plantear las prioridades políticas para el año 2005 y las iniciativas que contribuirán a llevarlas a cabo y, en segundo lugar, presentar las orientaciones presupuestarias para que las iniciativas prioritarias reciban los recursos necesarios. 
Sobre este segundo punto intervendrá mi colega, la Sra. Schreyer, por lo tanto, yo me voy a concentrar en la primera parte. 
Como cada año desde hace dos años, mantenemos un diálogo estructurado con el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Habida cuenta de las especificidades del año 2004, el diálogo estructurado consistirá en un encuentro entre la Comisión y la Conferencia de Presidentes de Comisión que se celebrará a lo largo del mes de abril. 
Posteriormente, en un segundo encuentro en el mes de septiembre, se hará balance con la Conferencia de Presidentes. 
Somos conscientes de que estamos en un año de transición en el que nuestras instituciones van a pasar el testigo a sus sucesores; y es precisamente esto lo que hace que el diálogo cobre una importancia clave, puesto que tenemos la función fundamental de garantizar la continuidad del funcionamiento de nuestras instituciones lo mejor posible. 
El presente ejercicio reviste un carácter especial, puesto que se dirige, en realidad, no solo a la Autoridad Presupuestaria sino también a la próxima Comisión. 
Conviene garantizar la continuidad, la coherencia de las políticas de la Comisión, así como el cumplimiento de nuestras obligaciones institucionales, y eso es lo que pretendemos. 
Segundo, preparar el terreno a la Comisión entrante para preservar ese margen de maniobra política y presupuestaria. 
Señor Presidente, Señorías, el año 2005 será el primer año completo de una Comisión con 25 miembros, de una Unión con 25 miembros, de una nueva Comisión y de un nuevo Parlamento. 
Por lo tanto, esa nueva Comisión tendrá que iniciar la aplicación de una agenda política que corresponderá a su mandato. 
Por otra parte, 2005 será clave para llevar a término la negociación de la adopción del paquete de las futuras perspectivas financieras, cuestión que debe concluirse antes de que termine el año 2005. 
Entre las numerosas citas programadas deben tenerse presentes cuestiones importantísimas, como el balance intermedio de la estrategia de Lisboa, la reconsideración de la estrategia de desarrollo sostenible, (del desarrollo duradero y, por lo tanto, las nuevas medidas para ajustar y mejorar su cumplimiento) , la definición de una nueva agenda social, la consolidación del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia y la finalización de las negociaciones de adhesión de Rumanía y Bulgaria. 
Antes de concluir este año tendremos que presentar el informe sobre Turquía y, por lo tanto, en 2005 veremos eventualmente los pasos siguientes. 
A nivel internacional el año 2005 debería, además, mantenerse orientado, en gran medida, hacia las cuestiones relativas a la seguridad y la estabilidad internacionales, la lucha contra el terrorismo y la reconstrucción del Iraq. 
Prioridades que proponemos y que, insisto, tendrá que ratificar la nueva Comisión: el principal objetivo es llevar a cabo la ampliación de manera adecuada, garantizando su éxito; dar forma, por lo tanto, a la futura Europa, a lo que ya existe, garantizando el buen funcionamiento de la Europa ampliada y la plena aplicación de las políticas y normas en todos los Estados de la Unión, tanto en los nuevos como en los más veteranos. 
En ese sentido, planteamos tres prioridades: primero, competitividad y cohesión; segundo, seguridad y ciudadanía europea y tercero, responsabilidad exterior, asociación y vecindad. 
Hablando de la primera y habida cuenta de unos resultados económicos que no se pueden tildar sino de mediocres en el conjunto de la Unión Europea, en los últimos tiempos, y del estancamiento persistente de nuestras tasas de productividad y empleo y nuestro deseo de lograr una integración plenamente acertada a los nuevos Estados, la reactivación del crecimiento debería constituir el principal objetivo político, mediante la búsqueda permanente de una mejora de la competitividad del modelo europeo que preserve la prosperidad y la cohesión, sin renunciar a elementos clave como es el desarrollo duradero. 
La segunda prioridad es la seguridad y la ciudadanía europea. 
Hay que recordar que la ampliación del territorio de la Unión y el aumento de su población van a requerir mayores esfuerzos y más coordinación debido a la gestión de nuevas fronteras comunes, la mayor movilidad de las personas en este espacio y la necesidad de garantizar su seguridad. 
La Unión deberá administrar una frontera terrestre de más de 6.000 kilómetros y una frontera marítima de más de 85.000 kilómetros, sabiendo que el total de nacionales de terceros países residentes en la Unión superan ampliamente los 15 millones y las llegadas anuales rondan el millón y medio de personas. 
La ampliación acentúa la cuestión de la diversidad de las culturas, de los pueblos, y presenta un nuevo reto que es el de la ciudadanía europea como nueva dimensión de la Unión. 
La tercera prioridad, señor Presidente, es la Unión Europea en el mundo, la responsabilidad exterior y de ahí, muy especialmente, la asociación y la vecindad. 
La nueva dimensión de la Unión, las nuevas fronteras exteriores que resulten de la ampliación hacen necesaria la instauración de un marco político estable y completo con nuestros países vecinos al sur y al este. 
Para ello, la Comisión aplicará una nueva política de vecindad de la Unión destinada a los Estados que no tienen vocación de formar parte, es decir, a adherirse a ella. 
Por otra parte, la Comisión articulará su acción exterior en torno a los siguientes objetivos: contribuir a la culminación del proceso de ampliación en curso, y eso significa preparar la adhesión de Rumanía y Bulgaria para el 2007; además, y aludo a las decisiones tomadas en 2004, la Comisión seguirá la estrategia de pre-adhesión con Turquía y podría estar en fase activa de negociación con Croacia si las cosas avanzan de manera conveniente. 
Como he dicho al inicio de mi intervención, mi colega la Sra. Schreyer, dará los detalles sobre la cuestión de los recursos humanos y financieros, pero permítanme decirles que, en estos dos dominios, la situación es crítica y delicada como lo va a manifestar ella en un momento. 
La petición de la Comisión es el mínimo necesario para permitir que, en el futuro, esta institución pueda hacer frente a sus responsabilidades institucionales teniendo en cuenta la ampliación y, sobre todo, teniendo en cuenta las nuevas políticas que son objeto de atención comunitaria. 
Espero que, en el marco de la extraordinaria cooperación interinstitucional que caracteriza el proceso presupuestario y contando con la comprensión del Parlamento Europeo, se podrán dar las respuestas apropiadas a estos desafíos. 
Señor Presidente, Señorías, la Vicepresidenta de la Comisión acaba de exponer las prioridades de la misma para 2005 y, para que los objetivos y expectativas de la política europea se puedan cumplir, es preciso aportar los recursos necesarios. El ejercicio de 2005 será el segundo en el que nuestro presupuesto corresponderá a una Unión Europea de 25 Estados miembros y tengo grandes esperanzas de que en primera lectura se apruebe un presupuesto para una Unión Europea de la cual forme parte toda la población de Chipre. 
La perspectiva financiera, que el año pasado se adecuó para tener en cuenta la ampliación, define el marco financiero para el próximo ejercicio. 
Las adaptaciones se realizaron conforme a las decisiones adoptadas en Copenhague y a las enmiendas introducidas por esta Asamblea. 
Las decisiones de Copenhague, inscritas en los Tratados de Adhesión, establecen los compromisos financieros suscritos por los nuevos Estados miembros. 
Además, el Consejo adoptó decisiones relativas al incremento de la ayuda de preadhesión a Bulgaria, Rumania y Turquía, de manera que las variaciones del Presupuesto para 2005 con respecto al de este año vienen marcadas claramente por la ampliación. 
La ampliación de la Unión, a la vez que constituye un gran logro desde el punto de vista político, económico y ecológico, también plantea algunos retos para los nuevos Estados miembros, que deberán aplicar todas las normas de la Unión, y también para la Comisión que, en su calidad de guardiana de los Tratados, deberá garantizar que lo hagan y que su integración se lleve a cabo con éxito durante los próximos años. 
Esto requerirá una adecuación del personal de la Comisión. 
Esta ya presentó en 2002 el plan global de ampliación, conforme al cual se requerirán 3 900 nuevos puestos. 
En 2005 se prevé contar con 700 puestos adicionales, cuya aprobación vamos a solicitar a la autoridad presupuestaria. 
Permítanme que aproveche también la oportunidad para sumarme al cordial agradecimiento de mi colega, la Comisaria Loyola de Palacio, a la autoridad presupuestaria y muy especialmente al Parlamento. 
Durante los últimos años han brindado ustedes un gran apoyo a la Comisión, con el cual esperamos seguir contando y que gracias a él la nueva Comisión también podrá hacer frente a las demandas que se le plantean y a las tareas institucionales que debe cumplir. 
Las perspectivas financieras prevén un marco financiero de 114 000 millones de euros para 2005, con unos límites máximos inferiores a los previstos en los programas para los compromisos financieros que se podrán contraer en los ámbitos de las políticas internas y exteriores, así como en relación con los gastos administrativos; esto se explica porque las fluctuaciones de los tipos de cambio han reducido el ajuste de precios. 
Por consiguiente, el año próximo vamos a disponer de un margen de maniobra muy reducido. 
Los Secretarios Generales de las instituciones van a presentar próximamente un informe sobre cómo se va a afrontar esta restricción presupuestaria. 
Aun cuando los fondos disponibles para nuevas iniciativas, tanto en el ámbito de la política interior como en el de la política exterior, son muy limitados, la Comisión propone, no obstante, algunas nuevas iniciativas y un incremento de los recursos conforme a nuestras prioridades; por ejemplo, en los sectores del transporte y la energía, para la preparación de un sistema europeo de gestión del tráfico aéreo; en el ámbito de la política industrial, para la creación de una agencia para el análisis de sustancias químicas; en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, para el ulterior desarrollo del Sistema de Información de Schengen, mientras que, en el ámbito de la investigación, es necesario aumentar los fondos destinados a la descontaminación de las instalaciones de investigación nuclear, por citar solo algunos ejemplos. 
En el campo de la política exterior, tenemos que cumplir los compromisos asumidos en los diferentes ámbitos, empezando por la lucha contra el sida, la adopción de medidas activas en Kosovo y la cooperación con las organizaciones no gubernamentales con el fin de consolidar la democracia. 
Por el momento contamos con que todavía va a ser necesario mantener nuestro compromiso financiero en el Iraq en 2005, es decir, que tendremos que volver a recurrir al instrumento de flexibilidad para poder realizar las tareas que ha asumido la Unión Europea. 
Como ya ha expuesto la Vicepresidenta, todas las instituciones van a desarrollar los debates sobre el presupuesto de 2005 dentro del nuevo contexto o con modificaciones en su composición. 
Aprobar un presupuesto para veinticinco Estados miembros va a ser una nueva experiencia para el Consejo. 
Aunque en el momento de la primera lectura ya se habrá elegido un nuevo Parlamento, es muy conveniente que se haya designado a un ponente principal, el Sr. Garriga Polledo, con mucha experiencia y que garantizará la continuidad de los debates. 
Entre la primera y la segunda lectura del Presupuesto 2005 va a tener lugar el cambio de Comisión. 
En el procedimiento presupuestario 2005 se van a ver muchas caras nuevas en términos exclusivamente institucionales. 
El 16 de marzo vamos a celebrar un diálogo tripartito para discutir las prioridades para el Presupuesto 2005 y –puesto que así lo hicimos en ocasiones anteriores– confío en que conseguiremos alcanzar pronto un acuerdo al respecto, que nuevamente nos permita aprobar un buen presupuesto para 2005. 
Quisiera agradecer a ambas Comisarias sus comentarios introductorios. 
Por supuesto, este año vamos a tener un cambio, pero ambas Comisarias también han subrayado la necesidad de coherencia y continuidad. 
Señor Presidente, lamentamos que la Presidencia en ejercicio del Consejo y el propio Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, no puedan estar aquí acompañando la exposición que ha hecho la Vicepresidenta primera y la Comisaria de Presupuestos. 
Creo que es una ocasión importante y no podemos imaginar cuál es el compromiso político que les aleja de esta Asamblea hoy. 
En cualquier caso, quiero felicitar a las dos Comisarias por la exposición que han hecho. 
Comprendemos los motivos que han causado este retraso, pero quiero que la Comisión comprenda a su vez los problemas que causa al Parlamento este retraso que ya ha habido, dado que el Parlamento va a hacer por primera vez un ejercicio presupuestario que tiene como base el informe de evaluación que se elabora sobre su documento de estrategia política anual. 
Por eso les pido- y quiero que confirmen- si pueden mantener el calendario que la Comisaria de Presupuestos acaba de explicar. 
No podemos aceptar ningún retraso más. 
Por otra parte, como sabe la Comisaria, Sra. Schreyer, en la cuestión de las perspectivas financieras, este Parlamento tiene ya sus propias posiciones. 
Fundamentalmente, en lo que respecta al tema de la salvaguardia de nuestros derechos parlamentarios, la duración de las perspectivas financieras- sobre las que este Parlamento también se ha pronunciado ya- y las prioridades que vamos a tener. 
Queremos que antes de fijar los techos queden completamente claras las prioridades políticas de lo que vamos a financiar. 
En lo que se refiere a las nuevas ampliaciones, señora Comisaria, usted sabe que la posición de este Parlamento es que primero debemos asegurar la capacidad de la Unión para absorber nuevos miembros institucional y financieramente. 
Y en cuanto a las categorías, es usted plenamente consciente de que les vamos a apoyar, como hemos hecho otras veces, en la cuestión de los nuevos puestos, siempre que entremos en una dinámica racional, pero, en cualquier caso, vamos a necesitar una mayor definición. 
Y por último, en lo que hace referencia a la financiación de la categoría 4, señora Comisaria, debe usted dirigirse fundamentalmente al Consejo y, particularmente, a los signatarios de la "Carta del uno por ciento". 
Ante todo quiero agradecer las garantías que me ha dado el Sr. Garriga Polledo de que van a seguir apoyando a la Comisión. 
Me parece verdaderamente necesario destacar que la ampliación a diez nuevos Estados miembros no es un asunto trivial y la población espera que las instituciones europeas apliquen la legislación de manera imparcial desde el primer momento. 
Esto también requiere el complemento necesario de personal, no en último lugar en el aspecto lingüístico, como es obvio, y tenemos que asegurarnos de que se creen dichos puestos. 
Respondiendo a su última pregunta sobre la definición del presupuesto para 2005, debo decirle que aun cuando, naturalmente, todavía no disponemos del proyecto de presupuesto, es evidente que el Consejo ya ha decidido algunas prioridades. 
Esto significa que tendremos que contemplar algunos factores más o menos externos y que las consiguientes decisiones tendrán que responder a dicha realidad. 
Creo que comenzar a poner en entredicho las decisiones de Copenhague justo antes de la ampliación constituiría una señal muy negativa. 
Nadie desea hacerlo y evidentemente vamos a tenerlas en cuenta en el anteproyecto de presupuesto. 
Puedo asegurarle al ponente, Sr. Garriga Polledo, que el anteproyecto de presupuesto para 2005 se va a presentar puntualmente. 
– Señora Vicepresidenta de la Comisión, señora Comisaria, aunque puedo suscribir sus prioridades sin reservas, me pregunto, señora Vicepresidenta, si coincidirá usted conmigo en que para 2005 podríamos adoptar un lema particular, a saber, el de «Crecimiento y empleo». 
¿No cree usted que todos compartimos la responsabilidad por el hecho de que en nuestra Europa no se haya registrado un crecimiento y una creación de empleo suficientes en los últimos años, y no considera que esta va a ser una tarea muy importante que deberá asumir la nueva Comisión? 
Ahora que, en el marco de la cumbre tripartita, se ha hablado de un Supercomisario o de un Vicepresidente de la Comisión responsable de la reforma económica, no le parece también que, si debe existir ese puesto, la persona que lo ocupe deberá ser responsable ante todo del crecimiento y el empleo, puesto que nos será difícil impulsar el nuevo ideal europeo si no damos prioridad a esos dos aspectos. 
A continuación, quisiera referirme a un asunto que ha mencionado en primer lugar la Sra. Flemming, el de los romaníes y los sinti. 
Tras la adhesión de Bulgaria y Rumania, en la Europa ampliada habrá ocho millones de gitanos romaníes y sinti que viven en unas condiciones sociales sumamente difíciles, más difíciles que en muchos otros Estados miembros. 
¿Están dispuestos a elaborar ya el siguiente presupuesto de manera que se pueda prestar un mayor apoyo financiero a la integración de los gitanos en nuestra sociedad, aunque esto requiera algo más que dinero? 
Si no lo hacemos, vamos a enfrentarnos con conflictos que contradirán flagrantemente el ideal de la unificación europea. 
Señor Presidente, Señoría, quiero aprovechar la ocasión para decir que, como señaló el Presidente Prodi en su carta al Presidente del Parlamento de 20 de febrero, la razón por la cual no puede estar aquí es que tenía unas citas concertadas desde hace mucho tiempo con el Primer Ministro de Rumania y con el Presidente de Costa de Marfil, y como, lamentablemente, no tiene el don de la ubicuidad, si está atendiendo estos compromisos, no puede estar aquí. 
Otra cuestión es la presencia del Consejo, donde no entro, pero, evidentemente, a todos nos gusta ver a las tres instituciones aquí, en este Parlamento. 
Nos gusta que esté también el Consejo. 
En lo que sí coincido plenamente con sus Señorías es en la necesidad de reforzar de alguna manera las políticas industriales. 
Mi colega, el Sr. Liikanen, ha llevado a cabo a lo largo de todos estos años una labor importante, pero qué duda cabe de que ante el nuevo panorama de la globalización hay que seguir avanzando en este terreno, junto con las actividades de comercio exterior, porque ambos aspectos están muy ligados. 
En el terreno del empleo se habla también de todas las cuestiones relacionadas con el aspecto social… En fin, quiero decir que hay muchas medidas de políticas que se plantean precisamente con ese objetivo. 
Y lo he dicho, tiene toda la razón, Sr. Swoboda: necesitamos recuperar el crecimiento, un crecimiento fuerte que permita ir adelante y absorber a los nuevos Estados y hacer que la ampliación sea un éxito como todos esperamos y contamos con ello. 
También yo quiero manifestar mi agradecimiento tanto a la Vicepresidenta de la Comisión como a la Comisaria Schreyer por su exposición muy clara y completa de los planes financieros para 2005 y agradecer en particular la observación de la Sra. de Palacio en el sentido de que una Comisión con veinticinco miembros puede funcionar y funcionará tan bien como la que tenemos en la actualidad. 
Por mi parte, también estoy convencida de que será así y creo que es muy importante que la Comisión no se limite a estar abierta a la incorporación de veinticinco miembros, sino que también sea creíble, sólida y capaz de llevar a la práctica sus políticas. 
Los problemas relacionados con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento demuestran la importancia de que así sea, en un momento en que la Comisión ya ha superado una prueba y va a tener que superar otra apoyando la estabilidad y el empleo y salvaguardando las políticas y los principios en los que se basan. 
Esto redunda en interés de todos, pues «negocios y crecimiento» y «estabilidad y crecimiento» son las dos caras de una misma moneda. 
Existe, sin embargo, un ámbito que considero muy importante y con respecto al cual quisiera hacerles una pregunta, que es el de la política de seguridad, que incluye la cooperación judicial, la seguridad y la libertad en una Unión Europea ampliada. 
Hay recursos disponibles para ello y se trata de un ámbito muy importante. 
¿Cuáles desean que sean, en este contexto, las prioridades específicas en materia de política, en relación con la seguridad de las fronteras o la lucha contra las drogas? 
Los ciudadanos de la Unión Europea esperan que la ampliación les brinde mayor seguridad en vez de disminuirla y es necesario garantizar la financiación necesaria para ello, de manera que sea posible proteger debidamente las fronteras exteriores y desarrollar metodologías eficaces para luchar contra la delincuencia internacional y la inmigración ilegal. 
Señor Presidente, permítanme que empiece por responder a la pregunta del Sr. Swoboda sobre la situación de los gitanos en la Unión Europea y por reiterar que en todas las negociaciones relativas a la ampliación desarrolladas por el Consejo y la Comisión se ha prestado una atención muy especial al tema del trato de las minorías. 
Hemos examinado esta cuestión con particular cuidado y es del todo evidente que la ampliación va a consolidar mucho los derechos de dichas minorías y, sobre todo, las protegerá. 
Por consiguiente, creo que las propias minorías acogerán con satisfacción la ampliación de la Unión Europea. 
Por lo que respecta a la dimensión financiera y social, los nuevos Estados miembros tendrán acceso a los Fondos sociales, los cuales participan en la financiación de programas especiales que son esenciales para la integración de las minorías. 
En 2005, los nuevos Estados miembros podrán disponer de un total de 900 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo y me parece importante que nos aseguremos de que una parte de dicho dinero se dedique a ese fin. 
Por lo que respecta a los temas relativos a la seguridad, este es un ámbito en el que el Consejo ha ido adoptando un número creciente de decisiones; en ningún otro campo ha adoptado tantas resoluciones durante los últimos años como en el de la justicia y los asuntos de interior, y no hace falta decir que dichas resoluciones también deben contar con un respaldo financiero. 
Por ejemplo, en 2005 se prevé poner a disposición más fondos de los anteriormente previstos para el Sistema de Información de Schengen, con un incremento de cuatro millones de euros. 
Por citar solo un par de actuaciones, se ha propuesto la financiación de la transformación de la Escuela de Policía europea en una institución europea dedicada a la formación de oficiales superiores de policía, y se prevé ampliar la red de institutos de formación nacionales. 
También quisiera señalar que en los últimos años se ha incrementado asimismo muchísimo el personal empleado en dicho ámbito. 
Para cuantificar este aumento, en 1999, este tenía asignados 82 puestos, mientras que el año próximo pasarán a ser más de 300, con la finalidad de crear en Europa el espacio de libertad, seguridad y justicia que es necesario para todos. 
Señor Presidente, mi intervención está dirigida a la Vicepresidenta de la Comisión, Sra. de Palacio, y al Jefe del Gobierno italiano, Sr. Berlusconi. 
Está dirigida a la Sra. De Palacio porque lamento tener que decir que, desde que los jubilados italianos me eligieron en 1999 como su representante en esta Cámara, nunca he escuchado ninguna noticia que refrende la política dirigida a los ancianos y los jubilados que la Comisión Europea ha venido aplicando hasta la fecha de manera muy deficiente. 
Está dirigida al Presidente del Gobierno italiano, el Sr. Berlusconi, porque, a pesar de que conoce el secreto del elixir de una larga vida y de la eterna juventud, aún no lo ha comunicado y, en consecuencia, en Europa seguimos envejeciendo. 
Esto me preocupa muchísimo, pues un número creciente de jubilados necesitan que se les confirme que, llegado el momento, la Comisión Europea, y también el Parlamento Europeo, van a estar a su lado para luchar contra la rapacidad de los Ministros responsables de los presupuestos de los Estados miembros. 
. Señor Presidente, todos aspiraríamos a gozar de la eterna juventud, y desde luego, los honorables miembros de este Parlamento, claramente. 
Ahora, hablando en serio, quiero decir que la primera preocupación que hay en el ámbito de la Unión Europea respecto al problema de los pensionistas, es la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en los distintos países de la Unión. 
Ese es el primer esfuerzo que se está reclamando y, de hecho, en los informes sobre la realidad económica de los distintos países de la Unión, se está sistemáticamente tomando en cuenta este elemento a la hora de hacer el análisis de la situación. 
En esta situación, además de analizar la deuda o el déficit o el crecimiento, se contempla cuál es el nivel de cobertura, el nivel de equilibrio y de sostenibilidad en los sistemas de pensiones, y como sabe su Señoría, en varios países de la Unión se están llevando a cabo reformas para garantizar la durabilidad en el tiempo de estos sistemas de pensiones, que es lo primero. 
La segunda cuestión, el envejecimiento de la población europea, es algo que se tiene en cuenta en distintas políticas. 
No aparece como un capítulo específico ya que, si hacemos una presentación de prioridades, hay que, obligatoriamente, concentrar en unos cuantos puntos nuestras propuestas de actuación, pero es obvio que esta cuestión está presente cuando hablamos sobre calidad sanitaria, o sobre los medios de transporte, sobre facilidades para las personas de movilidad reducida, por señalar algunos de los ejemplos claros de que ese tipo de políticas están presentes. 
Porque, al margen de la cuestión de las pensiones, lo que hay que pensar es que las personas de edad, tienen que estar plenamente integradas en el conjunto de la sociedad, y lo que no se puede es ni marginar ni discriminar, sino al contrario, incluir, integrar y tenerlos siempre presentes. 
–Señor Presidente, quisiera dar las gracias a las Comisarias por su declaración. 
En cuanto a las acciones exteriores, he observado que la Comisaria ha mencionado el Iraq, pero no el Afganistán. 
La Unión Europea ha hecho mucho en el Afganistán, hemos asignado y gastado dinero más rápido que nunca antes y hemos mantenido nuestras promesas. 
Sin embargo, estoy preocupado por la seguridad en el Afganistán. 
El dinero podría haberse tirado a la basura si la situación vuelve a ser la de hace un par de años bajo el régimen talibán. 
Lo mismo puede decirse del Iraq. 
A menos que la situación se torne segura, estamos transfiriendo dinero de la gente más pobre del mundo a una región que es bastante rica. 
Pienso que debemos tomar algunas medidas de precaución en todo lo que hagamos en el Iraq, a menos que la situación en materia de seguridad nos confirme que los fondos que enviamos para la cooperación y el desarrollo están seguros y que no estamos malgastando el dinero porque la situación se vuelva inestable y peligrosa. 
En cuanto al punto de la Agenda de Lisboa, me gustaría pedir a la Sra. Comisaria que mirara atrás y se fijara en lo que ha hecho el Partido Conservador: en 1977 mi país era considerado el enfermo de Europa; mi partido asumió el poder con Margaret Thatcher al frente y hoy en día somos una de las regiones más prósperas y ricas de Europa. 
No hace falta que vaya e invente la rueda: basta con que lea los libros. 
¿A qué Comisaria le gustaría responder a ese reto británico? 
Señor Presidente, se ve que la cuestión del equilibrio de género, el, existe, aunque, en el conjunto, no tanto. 
Lo que tiene que suceder es que esto se mantenga y se incremente. 
Es lo que espero de la nueva Comisión; aunque, en fin, si consideramos las diez nuevas propuestas, quizá haya ahí un cierto desequilibrio, Pero, bueno, qué le vamos a hacer, no se trata de hablar de cuotas sino de realidades. 
Sobre lo que plantea su Señoría quiero decir que el hecho de que Afganistán no aparezca específicamente contemplado no quiere decir que no vayamos a mantener la acción en Afganistán. 
Aquí tenemos unos compromisos que se van a mantener, lógicamente. 
Evidentemente, lo que pasa es que planteamos la contribución de la Unión al proceso de reconstrucción del Iraq, aunque tiene razón su Señoría en que la situación no es la misma. 
Las posibilidades de un país como el Iraq no son exactamente las mismas que las de Afganistán. 
Afganistán es un país muchísimo más pobre, tiene muchas menos posibilidades y recursos naturales propios. 
El Iraq, cuando recupere sus infraestructuras y pueda poner en marcha sus potencialidades, indudablemente tendrá abierto un horizonte mucho más esperanzador; lo que todos esperamos es que pueda estar en esa situación cuanto antes. 
En cuanto a la Agenda de Lisboa, Señorías, efectivamente, no hay que empezar a inventar la rueda cada dos días. 
Yo coincido plenamente con su Señoría en que lo que hace falta es cumplir con lo que se acordó en Lisboa; cumplir, llevar a cabo y desarrollar en todos los países de la Unión las reformas que allí se plantearon. 
Por ese camino vamos a conseguir incrementar la competitividad de nuestra economía y, desde luego, el año que viene, cuando se elabore el informe a medio recorrido, se verá, entre otras cosas, si la actuación a nivel comunitario ha estado a la altura de los objetivos. 
Yo creo, desde luego, que en algunas áreas que conozco bien, como, por ejemplo, el transporte y la energía, está prácticamente todo culminado, con excepción de alguna cosa que se halla en los últimos trámites entre el Parlamento y el Consejo. 
Pero no solo en el ámbito del transporte y la energía está todo culminado, sino también en otros terrenos. 
Quedan algunos puntos pendientes, pero donde estamos fallando sobre todo es en la realización, por parte de los Estados de la Unión, de las medidas estructurales. 
Aquí se registra un avance muy desequilibrado. 
Hay países que han avanzado muy rápido, y otros que todavía tienen algunas dificultades, pero esperamos que en los próximos tiempos la situación mejore, ya que somos todos conscientes de la necesidad de actuar. 
Hemos oído, en este sentido, algunas declaraciones de primeros ministros, jefes de gobierno y presidentes… Espero que esas reformas se aceleren y se lleven a cabo cuanto antes, porque la Unión Europea las necesita. 
Quisiera dar las gracias a ambas Comisarias y a los diputados por sus intervenciones. 
El debate queda cerrado. 
. 
La Estrategia Política Anual para 2005 forma parte de la propuesta marco de las perspectivas financieras para el período 2007-2013 y es el resultado del proyecto denominado «Constitución Europea» , que constituye un nuevo paso adelante en la evolución neoliberal, federal y militar. 
Los ejes principales anteponen la competitividad a la cohesión, la seguridad a la ciudadanía y las «responsabilidades exteriores» –tanto civiles como militares– a la cooperación. Todo ello en un contexto financiero cada vez más restrictivo, en un momento en el que se prevén nuevas reducciones del presupuesto y se está desarrollando una política de recortes y redistribución del gasto con objeto de financiar las citadas prioridades. 
El primer eje –el económico– nos obliga a cumplir los objetivos de la «estrategia de Lisboa» , concretamente por medio de la Directiva (de liberalización) de los servicios, que propone que los mercados de servicios financieros sirvan como plantilla para el «mercado de la defensa» , junto con la creación de un espacio de «investigación» , que tiene como finalidad mercantilizar el progreso científico y técnico. 
El segundo eje –la seguridad– apunta hacia la necesidad de establecer una gestión de las fronteras y crear una fuerza policial, con el fin de controlar los flujos migratorios conforme a los intereses de los empleadores, a la vez que se consolida la tendencia a favor de la seguridad en nombre de la lucha contra el terrorismo. 
El tercer eje –los asuntos exteriores– se ocupa de la «defensa» y hace hincapié en la creación de una zona de libre comercio en Europa y el Mediterráneo, que convertiría a la UE en una potencia regional. 
Estamos en contra de este proyecto. 
Otra Europa es posible y necesaria. 
declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la cumbre de primavera: seguimiento de Lisboa, y dos informes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios: 
-Informe (A5-0045/2004) de la Sra. Randzio-Plath sobre la situación de la economía europea: informe sobre las orientaciones generales de las políticas económicas; 
e 
. 
Señor Presidente, un año más la Comisión acude a este Parlamento, en compañía de la Presidencia en ejercicio del Consejo, para discutir las prioridades de política económica, social y medioambiental que deben abordarse en nuestra Cumbre de Primavera. 
Desde el año 2002 el Consejo de Primavera se consolida como la cita anual en la que definimos nuestros objetivos futuros y, si aseguramos su éxito y eficacia, estamos consolidando la emergente gobernanza económica en la Unión, de la que la Comisión y especialmente este Comisario somos defensores fervientes. 
La Presidencia irlandesa acaba de exponer sus prioridades y ha confirmado su ambición y empeño para asegurar el éxito de la Cumbre, ambición y empeño que encuentran apoyo en el análisis y las conclusiones presentadas en el informe de primavera. 
Este análisis fue bien acogido en el debate que tuvimos en su día y, posteriormente, se ha visto confirmado en las numerosas contribuciones e iniciativas que buen número de Estados miembros han aportado. 
El balance del informe de primavera es muy claro, no voy a insistir en él, pero sí voy a hacer unas referencias sucintas. 
Lo que aprobamos el día 21 de enero incluía ya los principales mensajes políticos y las conclusiones fundamentales. 
En un reciente estudio de la Comisión se confirma que el proceso de reforma económica iniciado en los últimos años habría inducido un crecimiento superior del PIB europeo de medio punto porcentual entre el año 1996 y el año 2001. 
Estos son indicios positivos del proceso. 
Sin embargo, estos indicios positivos no deben hacernos olvidar las dificultades que el proceso está ya presentando, sobre todo comparado con la ambición y los objetivos que en Lisboa fijamos. 
El empleo y la productividad no contribuyen lo suficiente al crecimiento del PIB europeo. 
El mercado interior sigue demasiado fragmentado y la transposición de directivas sigue siendo mediocre. 
El balance, en definitiva, confirma la bondad de la estrategia de Lisboa, pero revela, al mismo tiempo, la urgente necesidad de renovar nuestro compromiso con ella y, sobre todo, de llevar a cabo los esfuerzos necesarios para ponerla en práctica. 
¿Cuáles son, desde el punto de vista de la Comisión, recogidos en nuestro informe, las prioridades para el momento actual? 
Más inversiones en redes y en investigación, desarrollo e innovación, mayor refuerzo de la competitividad de la industria de los servicios y fomento de la vida laboral para que tenga mayor duración. 
Permítanme hacer unos comentarios rápidos sobre estos distintos elementos. 
A la vista del débil crecimiento de los últimos años, es imprescindible intensificar la inversión en infraestructuras y en investigación, desarrollo e innovación, al tiempo que les damos un enfoque más integrador de la escala europea. 
Los inversores privados están directamente afectados. 
Pueden y deben aprovechar el potencial de crecimiento y beneficios a medio y largo plazo que se abren con el funcionamiento de una economía integrada y sin barreras. 
Los poderes públicos, por su parte, debemos completar con urgencia el marco regulatorio adecuado, a nivel nacional y a nivel comunitario, al tiempo que debemos abrir las posibilidades a un apoyo político y financiero más ambicioso. 
Este refuerzo a la inversión será más eficaz si responde a una visión de conjunto como la que inspiran los proyectos incluidos en la iniciativa de crecimiento. 
Con tal iniciativa la Comisión y el Consejo Europeo buscan aunar esfuerzos para superar las dificultades de tipo transfronterizo en el desarrollo de infraestructuras de transporte, de energía, telecomunicaciones pero también en investigación, desarrollo e innovación. 
En este contexto, el fomento del conocimiento y del capital humano son aspectos centrales y ofrecen un potencial amplio de mejora. 
Vivian Reding, mi colega que nos acompaña hoy, expondrá a continuación con detalle las líneas de acción adoptadas en el marco de la estrategia de Lisboa en este punto concreto. 
Nuestra segunda prioridad es el refuerzo de la competitividad en la industria y en los servicios. 
Consejo y Parlamento deben concentrarse en aprobar el paquete legislativo en pro de la competitividad; este incluye propuestas clave como el reconocimiento de cualificaciones profesionales, la patente comunitaria, las últimas directivas en materia de servicios financieros y la Directiva marco sobre servicios. 
Otras reformas estratégicas afectan a la revisión de las líneas directrices sobre las TEN y el Plan de acción sobre tecnologías medioambientales. 
Debemos también examinar cómo mejorar la estrategia de Lisboa en el sector industrial. 
Por último, la tercera prioridad es el fomento de un envejecimiento activo que permita a los trabajadores de edad más avanzada, seguir activos más años, por ejemplo mediante la supresión de incentivos financieros a la jubilación anticipada. 
Permítame, señor Presidente, hacer dos comentarios adicionales sobre el informe sobre las Orientaciones Generales de Política Económica y el informe sobre las finanzas públicas. 
La recomendación de la Comisión para la actualización del 2004 de las actuales orientaciones generales de política económica han permitido a este Parlamento llevar a cabo un interesante trabajo del que es fundamentalmente responsable la Sra. Randzio-Plath, quien, una vez más, ha cooperado en este análisis de la estrategia de Lisboa, y las políticas expuestas en estas grandes orientaciones. 
Lamenta su deficiente aplicación y considera, sin lugar a dudas, que la inversión es el aspecto crucial sobre el que debemos centrarnos en el futuro. 
En todo caso, como Comisión estamos satisfechos del renovado apoyo del Parlamento Europeo a los ejes principales de la estrategia de política económica recogida en las grandes orientaciones. 
Nuestra amplia agenda de reforma estructural es fundamental para incrementar nuestro crecimiento potencial. 
Tampoco debemos olvidar que una gestión sana y responsable en las políticas macroeconómicas es de esencial importancia para mejorar en la confianza y es una condición previa para aumentar demanda interna y empleo. 
A este respecto y, a diferencia del proyecto de resolución, no me inclino a suscribir el punto de vista según el cual existe una brecha creciente entre las metas y objetivos establecidos en Lisboa y las actuales grandes orientaciones de política económica. 
Tampoco observo falta alguna de coherencia entre los instrumentos como se señala. 
Las actuales orientaciones abarcan el período 2003 a 2005 y se centran específicamente en la contribución de las políticas económicas para los objetivos de Lisboa en los tres próximos años. 
Las GOPE son, por tanto, un objetivo fundamental en la aplicación de la estrategia de Lisboa cuyo valor añadido reside, precisamente, en ofrecer un planteamiento integrado para afrontar los diferentes desafíos que se plantean. 
Este planteamiento global viene apoyándose mediante la racionalización de las coordinaciones de las políticas y, en ese sentido, hemos avanzado en la alineación de las grandes orientaciones de política económica y las directrices de empleo, ganando coherencia entre ambos. 
También me gustaría referirme al informe del señor Bigliardo sobre las finanzas públicas en la Unión. 
Es una valiosa y útil contribución y agradezco el amplio apoyo mostrado al planteamiento de la Comisión para fortalecer el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, en particular, la gobernanza económica. 
El marco actual de la coordinación de las políticas económicas se basa en principios claros, precios y condiciones monetarias estables y finanzas públicas saneadas. 
Y este marco es el que consideramos más adecuado y coherente, dado nuestro objetivo fundamental de promover el crecimiento. 
Sin embargo y, a juzgar por la experiencia, no cabe duda de que la puesta en marcha o en práctica del pacto admite mejoras. 
Piedra angular de nuestra estrategia es la idea de que las dificultades a corto plazo no deben abordarse a costa de desequilibrios a largo plazo y es preciso abordar estas dificultades con la atención puesta a la vez en la situación económica actual pero también en los desafíos futuros que nos plantea, las normas vigentes de coordinación de políticas presupuestarias, ha ayudado a mejorar la situación presupuestaria y a reducir las expectativas de inflación. 
Nuestro gran reto en estos momentos es cómo prestar mayor atención al crecimiento y a la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
Un último comentario respecto a la gobernanza económica: los objetivos que nos fijamos en Lisboa eran ambiciosos pero realistas y el éxito necesitaba de la decisión y el compromiso de todos. 
Ahora el probable incumplimiento de los objetivos intermedios pone en peligro la consecución de lo acordado para 2010. 
Nuestro desafío fundamental es asegurar una gobernanza económica efectiva. 
A nivel europeo progresamos de modo sostenido, fijamos prioridades correctas e identificamos medidas y políticas adecuadas pero, a la hora de tomar las decisiones, las dificultades y el retraso se multiplican. 
Los Estados miembros tampoco consiguen integrar bien dichas prioridades en sus diferentes políticas nacionales. 
Como Comisión intentamos cumplir con nuestra responsabilidad de llamar la atención sobre este programa y creo que es útil abrir una reflexión sobre la mejor solución a este problema. 
Debemos aprovechar las oportunidades ofrecidas por la recuperación económica y la dinámica de la ampliación para dar el impulso necesario a la estrategia de Lisboa. 
La Presidencia irlandesa lo ha considerado como una de las prioridades de su mandato, de ahí la oportunidad de reforzar la coordinación de las políticas económicas y por eso la Comisión ha iniciado su reflexión el mes pasado y elaborará propuestas de las perspectivas de la revisión de medio plazo de la estrategia de Lisboa, prevista como tema central del informe de primavera del próximo año. 
. Señor Presidente, Señorías, es una satisfacción para mí poder participar en esta sesión plenaria junto con mi colega Pedro Solbes. 
Nuestra presencia conjunta aquí es muy simbólica, pues indica que la estrategia de Lisboa no se basa exclusivamente en la economía y las finanzas –aunque es evidente que estas siguen siendo componentes absolutamente esenciales–, sino que también se concede una importancia central a sus dimensiones social y humana. 
¿Quién puede pasar por alto, por ejemplo, el hecho de que casi un 20% de los jóvenes europeos dejen el sistema educativo y de formación sin ninguna cualificación? 
¿A quién no le preocupa la exclusión social a la que está condenada una parte de nuestra población? 
¿Cómo podemos dar respuesta a la creciente necesidad de un aprendizaje a lo largo de toda la vida, que permita seguir trabajando a las personas o participar de manera activa en la vida de nuestras sociedades? 
Como he manifestado a menudo, los recursos humanos son el mejor activo de la Unión, siempre y cuando seamos capaces de sacarles el máximo partido. 
Sin embargo, sin una educación y una formación de alta calidad es ilusorio esperar que podamos alcanzar nuestros objetivos de crecimiento, de empleo y de cohesión social. 
Nuestro potencial económico depende, en efecto, del capital humano. 
Los expertos han calculado, por ejemplo, que una ampliación de la duración media del período de estudios de una persona en un año se traduce en un incremento de productividad superior al 6%. 
También sabemos que la educación es un factor fundamental para la integración cívica y social. 
Señorías, la construcción del edificio cuyos planos se diseñaron en Lisboa debe empezar por unos cimientos sólidos basados en la educación y la formación. 
El informe de primavera que la Comisión adoptó hace un mes constata que, pese a algunos progresos alentadores en algunos ámbitos, la Unión todavía se encuentra muy lejos de las metas que se marcó. 
Esto se debe a varios motivos, entre los que destaca la excesiva fragmentación del mercado interior y la lenta transposición de las directrices adoptadas en el marco de la estrategia de Lisboa. 
Mi colega, el Sr. Solbes, ya se ha referido a estos aspectos. 
Otra razón igualmente importante de nuestras deficiencias es la falta de inversiones en conocimiento, tanto en educación y formación como en investigación e innovación. 
Los Estados miembros se comprometieron en Lisboa a aumentar la inversión en recursos humanos de un modo significativo. 
¿Qué está ocurriendo, sin embargo, en la práctica? 
La inversión pública en educación, medida como porcentaje del PIB, ha crecido muy poco o absolutamente nada e incluso se está reduciendo en algunos Estados miembros. 
Además, la inversión privada en educación, sobre todo en educación superior, dista mucho de ser suficiente en Europa, en comparación con los niveles alcanzados por nuestros competidores. 
El gasto del sector privado en educación es cuatro veces superior en los Estados Unidos que aquí en Europa y el doble en Japón. 
Otro tanto se puede decir de la investigación, ámbito en el que se registra una alarmante fuga de cerebros de la Unión Europea a los Estados Unidos. 
Ahora bien, si queremos llegar a convertirnos en una economía basada en el conocimiento, tenemos que generar un nuevo impulso, uno de cuyos componentes principales ha de ser la investigación. 
De hecho, sin inversión pública y privada en investigación, la economía de la Unión permanecerá estancada, privada de su fuerza motriz, que es el conocimiento. 
Justamente por esto se situó el fomento de la inversión en investigación en el centro de la estrategia de Lisboa. 
En abril de 2003 se adoptó, tras una amplia consulta, la comunicación titulada, que define diversas medidas encaminadas a aumentar el nivel de inversión del actual 1,9 % del PIB al 3% para 2010, con la financiación de dos tercios de dicha cifra por parte del sector privado. 
Dicho plan de acción con el objetivo del 3% comprende cuatro grupos principales de acciones: apoyar los esfuerzos realizados por los países europeos y las partes interesadas y asegurar la coherencia entre los mismos, mejorar considerablemente el apoyo público a la investigación y la innovación tecnológica, aumentar los niveles de financiación pública de la investigación y, finalmente, mejorar el entorno de la investigación y la innovación tecnológica en Europa. 
No son tareas sencillas ni mucho menos. 
El éxito del plan de acción dependerá de que los Estados miembros y el sector privado realicen esfuerzos decididos y coordinados. 
Sin embargo, es preciso reconocer que las inversiones de hoy son el crecimiento, la productividad y el empleo de mañana. 
También es imprescindible intensificar los esfuerzos para modernizar nuestros sistemas educativos y de formación y dotarlos de los medios necesarios para que puedan responder a las necesidades de una sociedad basada en el conocimiento. 
La Comisión y los Estados miembros se han tomado muy en serio estos temas. 
En febrero de 2002, se acordó un programa de trabajo encaminado a convertir nuestros sistemas educativos y de formación en un modelo de excelencia para 2010. 
Los Ministros de Educación también han adoptado modelos de referencia europeos en cinco aspectos centrales, como las habilidades básicas y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
La Declaración de Copenhague de 2002 inauguró, además, el proceso de cooperación europea en el campo de la formación profesional. 
Ya se han empezado a ver los primeros resultados concretos, como el marco común de referencias (Europass) y los trabajos en relación con el reconocimiento del aprendizaje informal. 
La Comisión presentó en noviembre de 2003 un informe intermedio sobre la ejecución del programa de trabajo, en el cual hice sonar la señal de alarma indicando que, si no se acelera el ritmo de las reformas, va a ser muy difícil, por no decir imposible, alcanzar los objetivos que nos propusimos para nuestros sistemas educativos y de formación y no solo estos, sino también todos los objetivos de la estrategia de Lisboa, lo cual constituye una perspectiva mucho más preocupante. 
Los déficit en materia de educación y de formación se traducen, en fin de cuentas, de manera casi automática en un retroceso económico y en problemas sociales. 
A partir de estas observaciones, se acaba de elaborar un informe conjuntamente con los Estados miembros, que se va a examinar mañana en el Consejo de Ministros de Educación, con el propósito de presentarlo al Consejo Europeo en su Cumbre de Primavera. 
El primero es la inversión en recursos humanos, ámbito en el que es necesario invertir más, pero también de manera más adecuada y mediante la movilización del sector privado, sobre todo en el caso de la inversión en educación superior y formación profesional. 
La siguiente prioridad es que los Estados miembros adopten verdaderas estrategias de fomento del aprendizaje a lo largo de toda la vida, dirigidas en particular a los sectores desfavorecidos de la sociedad. 
Actualmente, solo una de cada diez personas adultas tiene acceso a oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Por último, es necesario promover una verdadera cultura de la educación y la formación en Europa, en particular a través de la creación de un marco europeo para la homologación de las titulaciones. 
El informe también destaca el papel fundamental de las universidades en la sociedad basada en el conocimiento. 
Si bien nuestras universidades poseen muchos activos, es innegable que se enfrentan a algunos retos fundamentales en un contexto cada vez más mundializado y competitivo. 
Por ejemplo, por regla general, poseen menos recursos que las principales universidades estadounidenses. 
Desde la década de los ochenta, han perdido asimismo su condición de destino preferido de los estudiantes extranjeros. 
¿Qué podemos hacer para transformar nuestras universidades en centros de excelencia de categoría mundial? 
¿Qué podemos hacer para atraer a los mejores estudiantes, investigadores y profesores? 
Ya se han realizado algunos progresos a través del proceso de Bolonia, encaminado a promover la convergencia de nuestros sistemas de educación superior, a través de los programas Sócrates y Leonardo da Vinci, que apoyan la innovación en los campos de la educación y la formación, y más recientemente a través del programa Erasmus Mundus, que ha recibido un fuerte respaldo del Parlamento, que les vuelvo a agradecer. 
¿Podemos darnos por satisfechos, en este campo o en otros? 
No lo creo. 
Pienso que debemos continuar nuestros esfuerzos en todos los ámbitos y redoblarlos si es necesario. 
Este es, de hecho, el mensaje del informe de primavera de la Comisión y del informe intermedio. 
El corolario directo de dicho mensaje es la propuesta de la Comisión con respecto a las nuevas perspectivas financieras. 
El Presidente Prodi les informó el día 10 de este mes sobre el contexto de las perspectivas financieras y sus características principales. 
Las discusiones serán largas y difíciles y se van a barajar muchas cifras y porcentajes. 
Pero antes de entrar en dicho debate, concentrémonos primero en nuestro proyecto y en nuestras aspiraciones más allá de 2010. 
Como destacó el Presidente Prodi en su intervención ante esta Asamblea, ningún país europeo puede abordar solo los retos de la mundialización. 
Otro tanto puede decirse de la estrategia de Lisboa, incluidos los ámbitos de la educación y la formación. 
Sí, ya sé que estas están sujetas al principio de subsidiariedad. 
Y nadie lo discute. 
Pero hemos conseguido progresos magníficos gracias a la acción comunitaria. 
Un millón de estudiantes Erasmus puede parecer un gran número, pero solo representan el 2% del alumnado total. 
Esto no es suficiente. 
Es necesario avanzar más. 
Otro tanto puede decirse de las personas en formación. 
Y aunque el hecho de que en nuestros proyectos escolares hayan participado unos dos millones de alumnos pueda parecer impresionante, dicha cifra no representa ni siquiera el uno por ciento de la matriculación total en el conjunto de Europa. 
Por lo tanto, es verdaderamente necesario avanzar. 
Además, los programas comunitarios, que son auténticos laboratorios de innovación, contribuyen a la reforma y adaptación de los sistemas educativos y sirven para promover el intercambio de experiencias. 
Por ejemplo, el proceso de Bolonia jamás se habría materializado sin el programa Erasmus y sin la creciente demanda de mayor movilidad por parte de los estudiantes. 
La acción comunitaria a través de los programas y también de la cooperación política ayuda, por consiguiente, a alcanzar los tres objetivos fundamentales: hacer tangible y visible el proceso de construcción europea y la ciudadanía europea, desarrollar la dimensión europea de la educación y la formación, y apoyar los esfuerzos encaminados a mejorar la calidad de nuestros sistemas educativos y de formación. 
Si queremos alcanzar nuestros objetivos económicos y sociales, es esencial que actuemos a escala europea. 
En marzo voy a presentar al Colegio de Comisarios, en este contexto, una comunicación sobre la nueva generación de programas para el período 2007-2013. 
El objetivo de la misma es conseguir que la educación y la formación sean una realidad para todos. 
En ella se presentarán las grandes líneas de actuación y las medidas principales de la nueva generación de programas educativos. 
El propósito es presentar una propuesta formal antes del verano. 
Por lo tanto, Señorías, tendremos oportunidad de debatirla. 
Sin embargo, dado su historial en este ámbito, ya tengo la confianza de que podré contar con su apoyo. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señora Comisaria, señor Comisario, hoy hablamos de nuestra economía. 
Conseguir que nuestra economía sea la más dinámica del mundo significa conseguir que el triángulo formado por la Comisión, el Parlamento y el Consejo permita que el triángulo de la economía, el empleo y el medio ambiente se desarrolle de manera eficaz y equilibrada. 
Voy a empezar por los aspectos económicos, monetarios e industriales. 
Llegado el momento de la ampliación, si queremos ser más competitivos en el mercado mundial, es dispensable una coordinación firme de las políticas económicas de los Estados miembros dentro del espíritu del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
La competitividad no se consigue solo reduciendo costes, sino también y muy especialmente creando condiciones que favorezcan la iniciativa privada y flexibilizando la normativa laboral. 
Es fundamental que fomentemos todas las inversiones, privadas o públicas, con el fin de asegurarnos de que el gasto en investigación y desarrollo se eleve hasta el 3% del PIB en 2010. 
Tenemos que actuar con decisión en este ámbito para frenar la progresiva ampliación en los últimos años de la brecha que nos separa de los Estados Unidos y acabar con la fuga de algunos de nuestros mejores cerebros a otros continentes. 
Con este objeto, debemos concentrar nuestros esfuerzos en los sectores de alta tecnología, como la salud y la biotecnología, la defensa y el espacio –el programa Galileo constituye un buen ejemplo en este sentido–, las telecomunicaciones más avanzadas y las fuentes de energía renovables. 
Estos esfuerzos no deben hacernos perder de vista que el tejido económico de Europa es obra de nuestros empresarios y nuestras numerosas pequeñas y medianas empresas. 
Tenemos que tomar medidas para garantizar su sostenibilidad. 
La creación de un sistema fiscal que no dificulte la transferencia de la propiedad de las PYME es un requisito esencial desde este punto de vista. 
La vitalidad de un espacio económico también se mide por la calidad de su infraestructura, la modernización de sus vías de comunicación y el desarrollo de alternativas al transporte por carretera. 
El recurso a los Fondos estructurales para financiar las inversiones en infraestructuras, en investigación y desarrollo tecnológico y en innovación va a ser de utilidad y, de hecho, esencial para todos –y quiero decir todos– los Estados miembros de la Unión Europea. 
También es de gran importancia que se completen las redes transeuropeas en el sector de la energía. 
Por lo que respecta al empleo, el segundo vértice del triángulo, tenemos que estar a la altura de las expectativas de nuestros ciudadanos, para quienes sigue siendo el principal motivo de preocupación. 
Debemos acabar sencillamente con las políticas asistenciales y de remozado de las grietas, que vuelven a reaparecer ante el menor contratiempo, para concentrarnos en las auténticas reformas estructurales. 
La creación de quince millones de puestos de trabajo va a depender, de hecho, de la innovación, con el respaldo de nuevas políticas imaginativas y dinámicas basadas en la iniciativa privada en el contexto de la Agenda de Lisboa. 
He tomado nota de que el Presidente en ejercicio del Consejo desea que se creen más puestos de trabajo y la Sra. Reding ha hecho hincapié en la necesaria calidad y adaptación de nuestros sistemas de formación. 
En la misma línea, permítanme que señale que debemos empezar a reflexionar intensamente sobre el problema del déficit demográfico y la necesidad de empezar a aplicar sin demora unas políticas de inmigración razonables. 
Tenemos que reflexionar conjuntamente sobre las posibles soluciones. 
A muchas personas les preocupa también la ausencia de una Europa social, que sin embargo es una realidad. 
No es una política de la administración, sino voluntaria, que permite fomentar la igualdad entre los sexos y reducir las discriminaciones. 
No hace falta añadir nada a lo que ya ha expuesto la Sra. Reding al respecto. 
En cambio, es verdaderamente necesario realizar esfuerzos especiales en lo que respecta a unas normas mínimas europeas en materia de normativa laboral y de la seguridad social de los trabajadores con movilidad permanente, con el fin de evitar cualquier tipo de competencia desleal basada en unos salarios bajos y unas condiciones de trabajo inadecuadas. 
En lo que respecta al medio ambiente, es preciso tener presente que los esfuerzos para fomentar el crecimiento y el empleo deben estar guiados por el objetivo del desarrollo sostenible, uno de los garantes de la estabilidad. 
Sobre todo, debemos ser rigurosos con respecto a nuestra propia actuación y realistas en cuanto al impacto de la legislación que aprobemos. 
Por esto, pienso que sería útil que antes de aprobar una norma jurídica pudiésemos evaluar el impacto desde el punto de vista de la sostenibilidad de todo el gasto de la Unión en el contexto de la propuesta. 
Nuestro Grupo político presentó dicha iniciativa en comisión, dicho sea de paso. 
Para acabar, quisiera destacar la importancia del Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente, que deberá ayudarnos a aplicar el Protocolo de Kioto. 
Estos son los aspectos que deseaba destacar. 
Podría añadir muchos más. 
Simplemente deseo que la Estrategia de Lisboa nos ayude a avanzar, en interés de nuestros conciudadanos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario y señora Comisaria, Señorías, venimos hoy a la cita casi ritual para debatir el estado de la estrategia de Lisboa de cara a la Cumbre de Primavera. 
Conviene recordar nuestros principios, que son los de un modelo social europeo renovado, basado en valores compartidos y comunes, con una estrategia económica, de solidaridad y desarrollo sostenible, pero este catálogo de buenas intenciones tiene que concretarse, porque creo que en todos nuestros idiomas hay un aforismo común, y es que "el infierno está empedrado de buenas intenciones", y no basta con proclamarlas y repetirlas todos los años, sino que como hoy hemos visto, por parte especialmente de la Comisión, es necesario un análisis crítico de cómo se está desarrollando la estrategia de Lisboa. 
Yo querría referirme en un año electoral a algunas cuestiones que nos preocupan especialmente. 
Está bien hablar del mercado interior y de los servicios financieros, pero no hay que olvidar que tenemos que superar el bloqueo sobre la imposición de las rentas de capital y sobre situaciones de monopolio inaceptables. 
Está bien que hablemos del desarrollo de los servicios, pero también hay que responder a las preocupaciones sobre la deslocalización creciente y sobre la necesidad de una estrategia industrial en Europa y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de desarrollar conjuntamente nuestra línea de implementación de la Agenda de Lisboa. 
Y me permitirá, señor Presidente, que haga referencia a acontecimientos actuales: el primero es que hemos pensado en nuestro Grupo y en el Parlamento- yo creo que es una línea mayoritaria que se concretó en nuestra actitud ante la Convención- que la entrada en vigor de la Unión Económica y Monetaria necesitaba un refuerzo de la gobernanza económica. 
El Sr. Comisario ha hecho referencia a este punto. 
Se ha celebrado una de las muchas reuniones de nuestros líderes- ésta ha tenido más cobertura de medios- en Berlín y se ha propuesto que haya un "Superministro" de Economía en la Comisión. 
Bueno, esto es un tema importante. 
Supone que se acepta que sea el método comunitario el que se aplique, lo que es absolutamente fundamental. 
Se acepta también aquello a lo que se opusieron los Gobiernos en la Convención, ahora hay un cambio de opinión a la vista de que es necesario fortalecer la Unión económica. 
Bueno, eso se puede traducir en un planteamiento de rectificación; rectificar es de sabios y que se enmiende el proyecto de Constitución en este sentido. 
Yo creo que el Parlamento no tendría ninguna dificultad en apoyar esta línea claramente, porque no tiene sentido que estemos hablando de un Ministro de Asuntos Exteriores y no tengamos Ministro de Economía. 
Yo creo que el Comisario Solbes no tendrá dificultad en apoyar esta propuesta, incluso en defenderla ante la Comisión. 
Y luego hay otro aspecto importante: cuando se habla de las reformas no se debe hablar solo del desmantelamiento de los avances sociales y del Estado de bienestar. 
El modelo irlandés, el modelo holandés, el danés o el sueco demuestran fehacientemente que es posible tener un alto grado de competitividad, una economía eficaz y, al mismo tiempo, un nivel de protección elevado. 
Por lo tanto, el camino de la reforma tiene que ir siguiendo estos modelos, y no es incompatible el reformar con mantener los principios que han hecho a Europa fuerte. 
Y luego, señor Presidente, también hay otro punto importante, al que la Comisión ha hecho referencia un poco de paso, y es la concreción de las próximas perspectivas financieras, cuyo debate le corresponde también iniciar a la Presidencia irlandesa. 
Y este es un punto muy importante, porque también nos encontramos con que, en esa Cumbre de Berlín después de una carta que se escribió, se habla de que queremos hacer muchas más cosas- estrategia de Lisboa, ampliación y demás- con mucho menos, lo cual es verdaderamente una cuestión de fe. 
Sería un milagro y no respondería a los principios de la economía más sensata. 
Aquí, la Comisión, cumpliendo con su responsabilidad, ha hecho una propuesta que el Comisario Barnier presentó en el Parlamento- quizá demasiado ajustada, del 1,24 % del producto interior bruto- y nosotros pensamos que es lo mínimo de lo que se puede hablar. 
No se puede criticar la falta de inversión en investigación básica- y lo digo cuando en mi país, o en Francia o en otros países de la Unión Europea los investigadores se están manifestando, no solo los trabajadores, sino los investigadores -, no se puede decir que hay que investigar más y luego reducir absolutamente las posibilidades. 
Por eso, el plan propuesto por la Comisaria y elaborado por el Comisario Busquin tiene que tener todo nuestro apoyo. 
La primera es que seguimos confiando en la Presidencia irlandesa y esperando que sea capaz de hacer una propuesta seria en el mes de marzo para avanzar en la Constitución; que creemos que hay que apoyar el acuerdo a que se ha llegado en Chipre, creemos que es muy importante para el futuro de la Unión; y, por último, señor Presidente, también, hoy que tenemos la visita de la Premio Nobel iraní en el Parlamento Europeo, mantener nuestra postura de apoyo a la democracia en el Irán y de crítica al desarrollo de las elecciones en ese país. 
– Señor Presidente, en enero los Liberales de esta Cámara acogimos con satisfacción el firme propósito de la Presidencia de centrarse en la Agenda de Lisboa. 
Sus prioridades para la Cumbre de Primavera han reiterado ese compromiso. 
Europa sigue con la segunda marcha metida. 
Mientras América acelera y una Asia resurrecta avanza por el carril de la izquierda, Europa se está quedando rezagada. 
No tenemos que dejar que la recuperación nos engañe. 
Si Europa está adquiriendo velocidad, se debe más a la pendiente de la carretera que al estado de nuestro motor. 
Como dijo el Comisario Lamy hace una semana, hemos exagerado las expectativas de Lisboa y no hemos invertido lo suficiente en resultados. 
Cualquier recuperación económica sostenida en Europa tiene que basarse en la creación de empleo. 
La reanudación del crecimiento impulsada por las exportaciones encubriría una recuperación sin empleo al estilo norteamericano, que no nos dejaría en una mejor situación cuando la carretera se allanara o cuando hubiera que subir la siguiente cuesta. 
La clave del crecimiento sostenido y la prosperidad y la única vía sostenible para la cohesión social es más y mejor empleo. 
No podemos permitir que la recuperación sea una hoja de parra para los Gobiernos reacios a la reforma. 
La reanudación del crecimiento solo puede ocultar la debilidad de la economía europea; no puede acabar con ella. 
El principal fallo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es no haber sabido utilizar las buenas rachas para tomar impulso frente a las malas. 
Esta Cumbre tiene que revisar el pacto para basarlo en un nuevo orden de compromiso con la disciplina financiera y la gestión de la deuda. 
Los Gobiernos tienen que dar libertad a los ciudadanos para que trabajen las horas que quieran y mantengan la flexibilidad que necesitan. 
Tenemos que ofrecer trabajo remunerado y nuevas formas de acceso al trabajo para las mujeres y las personas de edad avanzada. 
Tenemos que poner fin a los fracasos en la educación y la rehabilitación que están limitando el potencial de tantos europeos. 
Tenemos que invertir más en investigación y desarrollo y promover una mayor competitividad e innovación. 
El único modelo social europeo que nos sirve es el que sea capaz de preservar nuestra prosperidad común en el futuro. 
Tenemos que fijarnos unos objetivos factibles y concentrarnos en los resultados. 
Sabemos lo que hay que hacer. 
Necesitamos resultados en el plano político, no listas de deseos ni apretones de manos. 
La creación de otro «grupo de alto nivel» no hará más que producir otra costosa serie de conclusiones obvias. 
Aunque mi Grupo apoya la creación de empleo y la reincorporación de los trabajadores de más edad al mercado de trabajo, tenemos en mente algo más que puestos de consultores para los Primeros Ministros jubilados. 
La Presidencia ha identificado correctamente la necesidad de que los Gobiernos europeos actúen con más decisión, no solo en el Consejo, sino también en sus respectivos países. 
En muchos casos, han permitido que los compromisos adquiridos en el Consejo se congelaran en la etapa de la transposición. 
Las últimas cifras de la Comisión indican que el mes pasado, 131 directivas sobre el mercado interior –lo que supone el 8,5 % del total– no habían terminado de incorporarse a la legislación de por lo menos un Estado miembro, ¡incumpliendo con ello sus propios plazos! 
Tenemos que ser más estrictos en la vigilancia del mercado interior. 
Esta Cumbre de Primavera tiene que centrarse en los resultados. 
Los Demócratas Liberales en esta Cámara esperan que antes de junio se adopten decisiones finales sobre medidas fundamentales para facilitar la movilidad de los trabajadores europeos, algunas de ellas relacionadas con el reconocimiento mutuo de las cualificaciones; queremos que se avance en la preparación de una directiva marco sobre los servicios y pensamos que ha llegado la hora de acordar un plan de acción para los servicios financieros que permita la liberalización de los mercados europeos de capitales. 
La Agenda de Lisboa nos dio un plazo de diez años para la reforma. 
Han pasado ya cinco años y se ha hecho demasiado poco. 
No podemos permitirnos que dentro de cinco años tengamos que preguntarnos por qué dejamos que Europa se quedara tan rezagada. 
Señor Presidente, cuatro años después de la aprobación, durante la Presidencia portuguesa, de la «estrategia de Lisboa» , que despertó tantas expectativas, la situación económica comunitaria se ha deteriorado de manera significativa, especialmente en Portugal, y no se ha concretado ninguno de sus objetivos. 
Las únicas decisiones que se han aprobado han sido las liberalizaciones y privatizaciones, medidas que han mermado la seguridad en el empleo y acentuado los ataques contra los servicios públicos. En otras palabras, la agenda neoliberal de la patronal europea, la agenda de la Unión de Confederaciones Industriales y Empresariales de Europa (UNICE) , la agenda de los grandes industriales, ha pasado a ser el principio y el fin de la política económica y social de la Unión Europea. 
Se continuará apoyando el proceso de liberalización y privatización en numerosos sectores, desde el transporte hasta la energía, desde los servicios postales hasta las telecomunicaciones. Se manifiesta un prejuicio flagrante contra el sector público, se menosprecia la lucha de los trabajadores y otros afectados por dichas políticas antisociales, las cuestiones sociales se consideran secundarias y la política de empleo se basa en la flexibilidad del trabajo, en el trabajo precario y en la moderación salarial. 
Ha aumentado el paro y se han creado pocos puestos de trabajo. Se ha incrementado en cuatro millones el número de trabajadores con contratos temporales y en dos millones el de los empleados a tiempo parcial. 
Las multinacionales continúan con el proceso de deslocalizaciones, que exacerban el desempleo y frenan el desarrollo de muchas regiones, como está ocurriendo actualmente en mi país. Los más afectados son las mujeres y los jóvenes. 
Por esto insistimos en que la estrategia de Lisboa se debe revisar y se debe declarar una moratoria de las liberalizaciones, con el fin de reactivar las economías y mantener la demanda. 
Por esto también hemos presionado a favor de la suspensión del Pacto de Estabilidad y su sustitución por un pacto de progreso y sostenibilidad, conforme a los objetivos de pleno empleo, desarrollo económico sostenible y cohesión económica y social. 
Es el único camino para las mejoras de la formación, la educación, la innovación y la investigación, que son los requisitos previos para conseguir un desarrollo sostenible en la Unión Europea. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, voy a dedicar los tres minutos de que dispongo a exponer algunos comentarios telegráficos. 
En primer lugar, en relación con el diagnóstico de la situación actual, no voy a insistir en el hecho de que los indicadores económicos, sociales y medioambientales no son demasiado favorables. 
Los informes de la Comisión ya lo dejan suficientemente claro. 
Quisiera destacar tres aspectos que no se suelen mencionar a menudo en el debate. 
Lo primero que me llama la atención es la diversidad de situaciones que existe entre los diferentes países de la Unión. 
Si consideramos países como Dinamarca, Suecia o Finlandia, nos encontramos con economías que mantienen unos niveles elevados de protección social y medioambiental y que también son competitivos a escala mundial. 
Estos ejemplos deberían darnos qué pensar. 
Por lo tanto, me parece necesario matizar cualquier afirmación de carácter general sobre la situación económica europea. 
El segundo aspecto que me llama la atención en el diagnóstico está relacionado con la creación de empleo. 
Nunca oigo que se mencione la necesidad de adoptar estrategias diferenciadas para las zonas de actividad económica que se encuentran inmersas de lleno en el torbellino de la competencia internacional, para las actividades comerciales que se encuentran relativamente a buen recaudo de la competencia internacional y para las actividades no comerciales. 
No obstante, muchos análisis nos indican que estos dos últimos sectores son los que ofrecen mayores posibilidades de creación de empleo. 
El tercer y último aspecto que raras veces se menciona en el diagnóstico es la evaluación de la liberalización: ¿en verdad tenemos la seguridad de que la liberalización mejora efectivamente la situación de la oferta, fomenta la innovación y hace bajar los precios, como es aficionado a repetir el Sr. Monti? 
Por mi parte, no estoy tan seguro. 
Creo que ha creado numerosos oligopolios. 
Señor Presidente en ejercicio, lo que nos preocupa con vistas a la próxima cumbre del Consejo Europeo es lo siguiente: cada vez que leemos los documentos de su Presidencia y la carta de los Primeros Ministros y Jefes de Estado conservadores y socialistas que se reunieron en Berlín, sentimos el temor que se esté dando marcha atrás con respecto a los progresos realizados en el Consejo Europeo de Gotemburgo, en otras palabras, que se esté volviendo a imponer la antigua disyuntiva, en el sentido de que una protección del medio ambiente y unas prestaciones sociales elevadas que garanticen un cierto nivel de vida son incompatibles con la competitividad y la creación de empleo. 
Es un viejo discurso que ha vuelto a reaparecer en el contexto del programa REACH, por ejemplo. 
Si el Consejo Europeo desea hacer propuestas constructivas, le recomendaría que adoptara una política industrial favorable para el medio ambiente. 
¿Cómo se explica que la Comisión presente un buen documento sobre la tecnología medioambiental, pero sin que vaya acompañado de una hoja de ruta relativa a la financiación y ejecución de sus propuestas? 
¿Por qué no se propone la idea de un gran empréstito público europeo destinado a financiar el desarrollo sostenible, que complemente los fondos que aporta el Banco Europeo de Inversiones, puesto que vivimos en un mundo en el que el ahorro es abundante y sirve para financiar los déficit de los Estados Unidos? 
Por último, señor Solbes, en relación con la política de precios o, más exactamente, con la reorientación de las subvenciones y ayudas estatales, el Ecofin debía presentar un plan quinquenal con vistas a la supresión paulatina de las subvenciones a las actividades ambientalmente nocivas. 
Otra tarea que podría asumir el Ecofin sería garantizar que los precios reflejen los verdaderos costes de producción, incluido el coste social. 
Finalmente, para seguir impulsando el proceso, sería deseable hacer uso de la normativa europea en materia de contratación pública, que permite recurrir a la tecnología medioambiental. 
Podría añadir mucho más, pero tres minutos son muy poco para un tema tan amplio. 
– Señor Presidente, celebro mucho que la próxima Cumbre de dirigentes de la Unión Europea se vaya a centrar principalmente en la mejor forma de mejorar la situación económica y competitiva de la Unión Europea. 
Todos apoyamos los objetivos establecidos por los dirigentes de la UE para la aplicación de la estrategia de Lisboa. 
Asimismo, todos queremos que la UE se convierta en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo de aquí a 2010. 
Hemos visto avances en los ámbitos políticos de la investigación y el desarrollo, los servicios financieros, la liberalización de los mercados de la energía y las telecomunicaciones, la protección del medio ambiente y las reformas legislativas; ahora los trabajadores y estudiantes tienen mucha más facilidad de movimiento dentro de la UE para acceder a puestos de trabajo y educación; ahora resulta más fácil crear y dirigir una pequeña empresa; los consumidores ya pueden disfrutar de unas tarifas telefónicas más baratas; se han logrado mejoras importantes en términos de igualdad y protección social; el propio mercado interior ha ayudado a crear dos millones y medio de puestos de trabajo en Europa en tan solo diez años y, aún así, pese a estos logros, cada vez está más claro que salvo que implantemos un programa más extenso de reforma política en Europa, no conseguiremos que la UE sea la economía más competitiva del mundo en 2010. 
Ahora se están negociando las perspectivas financieras de la UE para el período posterior a 2006 y tiene que prestarse una atención prioritaria a asegurar que las medidas presupuestarias de la UE presten apoyo a las iniciativas capaces de promover un crecimiento sostenible y un aumento del empleo, de acuerdo con la estrategia de Lisboa. 
Apoyo la puesta en marcha de la iniciativa «acción para el crecimiento» , que aumentará el nivel de inversiones en las redes europeas de la energía y el transporte. 
Además, se precisa un plan de acción para los servicios financieros que garantice la existencia de un mercado integrado de servicios financieros en la UE antes de 2005. 
Así se garantizará que los bancos, los gestores de fondos y las entidades de seguros puedan operar en toda la UE, lo cual repercutirá positivamente en el futuro desarrollo del sector de los servicios financieros y en los consumidores de esos servicios. 
Hay que apoyar un plan de acción en el ámbito de la gobernanza empresarial y las auditorías para asegurar que las prácticas empresariales de la UE cumplan las más estrictas normas internacionales. 
Asimismo, tiene que introducirse un nuevo sistema comunitario de patentes en la UE. 
Nuestro código aduanero comunitario debe modificarse para reforzar y modernizar las políticas aduaneras de la UE. 
Soy partidario de mejorar el marco reglamentario en Europa. 
Toda la nueva legislación de la UE tiene que someterse a pruebas estrictas para evaluar su repercusión en la actividad empresarial y la competitividad. 
Para que la Unión Europea siga siendo competitiva, tenemos que sacar el máximo provecho de las nuevas tecnologías de la información que se están desarrollando. 
El nuevo programa eEurope 2005 tiene que tratar de aumentar los niveles de banda ancha en las escuelas y bibliotecas para garantizar el acceso a los servicios de Internet de alta velocidad y promover el desarrollo de cualificaciones entre todos nuestros jóvenes. 
Tiene también que completarse la iniciativa paneuropea de los servicios de gobierno electrónico para garantizar el acceso a servicios públicos y gubernamentales a través de Internet. 
Por todo ello apoyo la aplicación de la estrategia de Lisboa. 
Señor Presidente, en este mundo mágico de la Unión Europea no permitimos que la realidad empañe nunca nuestros sueños y continuamos regalándonos los oídos de cumbre en cumbre con cuentos de hadas maravillosos, como los de la estrategia de Lisboa o la Constitución Europea. 
En realidad, la Unión Europea y la zona euro en particular son el enfermo de la economía mundializada. 
Ayer mismo tuve noticia de que la balanza de comercio exterior de la zona euro registró un descenso del 58% en 2003, un retroceso atribuible en su totalidad a la reducción de sus exportaciones industriales. 
Señor Comisario, todas las demás zonas económicas y monetarias, incluido actualmente Japón, están superando a la Unión Europea en todos los aspectos en juego, en lo que respecta al crecimiento, el empleo, la inversión y la competitividad. 
Sin embargo, el Sr. Solbes y el Sr. Trichet continúan vanagloriándose como si nada, en sus ámbitos respectivos, y dándonos largas con sus falsos diagnósticos, como el doctor Diafoirus y su hijo en de Molière. 
«Lo importante es el diagnóstico» , dice Diafoirus Solbes. 
«Sí, el diagnóstico» , responde Diafoirus Trichet. 
No les quepa la menor duda, caballeros, de que con esta medicina suya, Europa va a ser muy pronto un modelo de buena salud mientras yace amortajada en su ataúd. 
No obstante, me alegra poder decir que el Pacto de Estabilidad ya está muerto y enterrado, por obra de quienes primero lo quisieron y luego cambiaron de opinión, como están en su derecho; esto es, Francia y Alemania. 
Por lo tanto, señor Bigliardo –ahora veo que ni siquiera se encuentra aquí–, no tiene ningún sentido escribir una hagiografía tardía y, por algún motivo más bien incomprensible, descargar su bilis lanzando diatribas agresivas contra Francia. 
El fervor del converso, sin duda. 
En cuanto a usted, señor Solbes, me parece que le convendría dedicar los pocos meses que le quedan en el cargo a envainar la espada de madera que poco servicio le ha hecho y retirar la acción emprendida contra el Consejo Europeo ante el Tribunal de Justicia Europeo, que en el fondo es el tipo de actuación que podría desembocar en una verdadera guerra de secesión en Europa. 
Más le valdría hacerse un par de preguntas sobre el euro, como hizo el Presidente italiano del Consejo. 
Lo que impide la recuperación de la zona euro es el propio euro, porque se ha convertido en la variable de ajuste pasiva del reto monetario y comercial real al que se enfrentan los Estados Unidos y Asia. 
Para demostrarlo, basta comparar los resultados conseguidos por los países de la zona euro, aunque sea en relación con los objetivos de Lisboa, con los de los socios de la Unión que no forman parte de ella. 
Por consiguiente, se lo ruego, señores, ahora que estamos llegando al final de la legislatura, ¡abran los ojos, rasguen el velo y enfréntense a la realidad! 
Señor Presidente, señor Comisario Solbes Mira, señora Comisaria Reding, a mí también me cansa volver a escuchar cada vez el estribillo o el mantra de los objetivos de Lisboa. 
Uno de los motivos es que los repetimos para intentar convencernos de que conseguiremos hacer en Europa algunas cosas de las que no somos capaces. 
Estamos debatiendo los presupuestos públicos y cómo pueden contribuir la administración pública europea y las administraciones públicas de los distintos Estados a impulsar la economía de la investigación y la innovación. 
Y lo hacemos en un momento en que las perspectivas financieras de la Unión Europea prevén un presupuesto en el cual el gasto agrícola va absorber entre el 40% y el 50% de los recursos. 
¿Piensa acaso la Comisión que el gasto en la agricultura va a permitir alcanzar los objetivos de Lisboa? 
Si no tiene el valor de discutirlo, en el contexto del presupuesto de la Unión Europea, va a ser muy difícil que podamos hacer uso de una palanca tan importante como es el gasto europeo para impulsar la innovación tecnológica y la investigación científica. 
En el contexto de los debates sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, hemos visto discutir a Gobiernos importantes –de países fundamentales para la Unión Europea y más aún para la zona euro– con el fin de poder alcanzar un déficit del 4% o el 5% del presupuesto público. 
Me pregunto si países como Francia y Alemania –con un gasto público igual o superior al 50% del PIB– no podrían obtener de dichos recursos ingentes los fondos necesarios para invertir en infraestructuras e impulsar la investigación científica y la formación, sobre todo de nivel universitario. 
Otro gran país europeo nos ofrece un ejemplo. 
A diferencia del Sr. Abitbol, no creo que los resultados económicos más favorables del Reino Unido se deban a que los británicos hayan conservado la libra esterlina en lugar de adoptar el euro. 
El Reino Unido nos ofrece el ejemplo importante de una comisión –no el gobierno de Blair, sino una comisión gubernamental– que señala la posibilidad de suprimir 80 000 puestos de la administración pública y ahorrar 20 000 millones de euros –o sea, un 1,5 % del PIB del Reino Unido–, que se destinarán a las escuelas, la sanidad y la seguridad. 
Es necesario encontrar recursos procedentes de los presupuestos públicos y hemos de tener el valor de adoptar decisiones políticas impopulares como la citada. 
Otros dos temas son los de las perspectivas de la Unión Europea y del crecimiento económico. 
Hemos leído –de momento solo en la prensa– el documento elaborado por el comité de expertos del Comisario Lamy –que aún no refleja la opinión del Comisario– donde se pide la vinculación del comercio internacional a los valores nacionales europeos. Lo cual supondría encauzar a la Unión Europea por la vía del proteccionismo. 
¿Así nos proponemos lograr un crecimiento económico? 
Finalmente, señor Presidente, señor Comisario Solbes Mira, señora Comisaria Reding, quisiera centrarme en el tema de la inmigración. 
El Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, nos visitó hace solo un mes para instar a Europa a que adopte una política más abierta, sobre todo en el propio interés de Europa y de su economía. 
¿Cuál ha sido la respuesta de Europa? 
Su respuesta ha sido cerrar las fronteras de la Europa de los Quince a los trabajadores de la Europa ampliada. 
Los trabajadores de los diez países que se van a adherir a la Unión Europea serán trabajadores de segunda clase, vamos a tener trabajadores que, aun siendo comunitarios, serán ilegales. 
Esta es, por ejemplo, la respuesta en lo que se refiere a la inmigración. 
Incluso en este aspecto, Europa se cierra, en vez de aceptar el reto de la ampliación. 
La Europa que se cierra no avanza en el sentido de los objetivos de Lisboa, sino hacia un crecimiento económico cada vez más insignificante, comparado con el que están registrando los Estados Unidos y ahora también Japón. 
Europa es la que decide, no obstante, su suerte. 
– Señor Presidente, debemos asumir la tarea ingente de elaborar una nueva síntesis de los objetivos que se ha marcado nuestra sociedad sin dejar de mantener el compromiso con los ideales que caracterizan a Europa y por los que se la conoce. 
Tenemos que conseguir una nueva síntesis entre el trabajo como factor de integración social, la igualdad de oportunidades y las exigencias económicas de la competitividad y la creación de empleo. 
Mi cita del Libro Blanco de Jacques Delors de 1993 sigue siendo pertinente en la actualidad y creo que el hecho de que este no se transpusiera, a pesar de los elogios que le prodigaron todos los Jefes de Estado o de Gobierno y el Parlamento Europeo y del respaldo que le brindaron, demuestra hasta qué punto es importante no permitir que el proceso de Lisboa continúe estancado y hacer, por el contrario, todo lo posible –y afortunadamente la Presidencia irlandesa del Consejo está dispuesta a hacerlo– para transponerlo a escala nacional y local. 
Lamento que su transposición no haya avanzado y todos deberíamos lamentarlo, sobre todo porque todos los Estados miembros se están escudando tras el argumento de que les resulta inviable financiar nuevos progresos. 
Creo que esta excusa no se debe seguir considerando admisible, en primer lugar porque ahora contamos con la iniciativa de inversión –aunque sea bastante modesta y ciertamente no va a tener los efectos que logró el Plan Marshall, todavía con menos dinero, en el contexto de la reconstrucción de Europa– y, en segundo lugar, porque no se ha considerado para nada la posibilidad de que una mejor coordinación de los Estados miembros permita recuperar los ingresos perdidos, no solo gracias a la lucha contra la delincuencia organizada y la economía sumergida, sino también –y sobre todo– a través del control de la evasión de impuestos. 
Se podrían recaudar 100 000 millones de euros anuales adicionales solo en concepto del IVA, lo cual nos permitiría disponer de una financiación mucho más solvente. 
Creo que también va siendo hora de que, al considerar la financiación, no pensemos solo en el Banco Europeo de Inversiones y su contribución –ciertamente valiosa– a la organización del crecimiento, sino que también reconsideremos y contemplemos la posibilidad de que la Unión Europea aplique por fin un instrumento que ya discutimos en 1993 y proponga la subscripción de eurobonos. 
Si bien es cierto que la Cumbre de Primavera debe generar confianza –como ya le pedimos a la Cumbre de Primavera de Salónica–, también debe dejar claro que en Europa se puede generar un valor añadido visible si aunamos esfuerzos. 
Pese a la indudable importancia fundamental de las inversiones en el campo de la informática y de la tecnología de la información, también existen otros sectores en los que podemos invertir –como el medio ambiente, el ahorro de energía, las energías alternativas– con el fin de generar un crecimiento sostenible acompañado de la creación de empleo. 
Como se ha señalado con razón, también se puede invertir en las personas, la materia prima más valiosa de la Unión Europea, no solo en la infancia, sino también en el ámbito de la educación terciaria y del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
No quiero dejar de recordar, no obstante, otro aspecto, que es la necesidad de que la inversión en la educación y formación de la población vaya acompañada de una inversión en servicios sociales. 
Por citar un ejemplo, la conciliación de la vida laboral y familiar no será posible en Europa a menos que se mejore la oferta de servicios de atención infantil. 
Europa tiene que recuperar un gran retraso en este aspecto en la mayoría de Estados miembros, aunque no en todos. 
La Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Mundialización también respalda nuestra petición en su informe, publicado esta semana, y creo que esto nos demuestra que actualmente ya no se requieren meras recetas sobre lo que se debe hacer, sino la voluntad política de sumar esfuerzos. 
Europa no puede seguir esperando que se registre un crecimiento en los Estados Unidos, sino que debe salir mediante su propio esfuerzo de la ciénaga del desempleo masivo, una inversión inadecuada y la incapacidad de coordinación. 
Creo que este es un reto que debe asumir la Cumbre de Primavera y espero que esta logre convencer a los Gobiernos de que las acciones emprendidas hasta ahora no bastarán para prepararnos para el futuro, lo cual es vital para todos y también para las generaciones venideras. 
. – Señor Presidente, Señorías, en 2003 la Comisión Europea se vio obligada a revisar a la baja sus previsiones económicas por tercer año consecutivo. 
El índice de crecimiento del PIB en la zona euro volvió a descender en 2003, del 3,5 % en 2000 al 1,5 % en 2001, y del 0,9 % en 2002 al 0,5 % en 2003, lo que indica que la economía europea estaba al borde del estancamiento. 
Estos problemas abrieron el debate en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y han conducido al informe que hoy presento en esta Cámara. 
Se trata de un informe que tiene en cuenta algunas necesidades importantes, sobre todo la necesidad de entender correctamente lo que representa actualmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para Europa. 
La pregunta cada vez más apremiante es si puede haber estabilidad sin un crecimiento real. 
Hemos intentado responder a esta pregunta porque nos hemos dado cuenta de que lo que ocurrió cuando el Consejo Ecofin aprobó su conocida postura respecto de los problemas a los que se enfrentaban Francia y Alemania es que nuestra Europa tiene opiniones diferentes y que estaba dividida en esta importante cuestión. 
No cabe duda de que es esencial mantener el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por debajo del 3%, en especial porque hoy, ante la ampliación, tenemos que mantener unos presupuestos ordenados y regulares. 
Por esta razón, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios han insistido en que los países de Europa Oriental sigan el camino de Europa, y equilibren sus presupuestos y presenten una perspectiva más alentadora en el futuro. 
Sin embargo, también creo que no podemos tratar un problema tan importante como el del Pacto de Estabilidad y Crecimiento como si fuera una cuestión política. 
Algunos países grandes han invertido mucho y, en mi opinión, también tienen el derecho, incluso el deber, de llevar a cabo reformas estructurales que necesitan plazos adecuados para que los Estados individuales pongan en orden sus presupuestos. 
Me refiero en particular a Francia, que ha comenzado a tomar este camino, y a Alemania, que ha pagado un precio considerable en su intento de reunificarse con la antigua Alemania Oriental. 
En esta situación, creemos que hay que utilizar la inversión pública para impulsar la economía y examinar el valor del euro y el tipo de cambio entre el euro y el dólar. 
Como ya ha afirmado la Sra. Randzio-Plath, a quien doy las gracias por su cooperación en la elaboración de estos dos informes, Europa se enfrenta a una situación en la que tiene que encontrar su propio enfoque, independiente de cualquier vínculo económico con los Estados Unidos. 
A este respecto, tenemos que comenzar la estrategia de Lisboa, porque vamos muy retrasados. 
El plan es invertir más en investigación y, sobre todo, impulsar una política que resuelva los problemas globales del desempleo y que, con el desarrollo, permita a nuestras generaciones jóvenes esperar una relación laboral segura y fructífera en Europa. 
Estos son los objetivos del importante informe que hemos aprobado en la comisión y sobre el que votaremos mañana en esta Cámara, con una previsión política y económica que no es negativa pero que hace uso de todo el trabajo llevado a cabo por el Parlamento Europeo en esta legislatura. 
Creemos que el Parlamento es una institución que debería tener más peso en todos los análisis y previsiones económicas. 
Para mantener la coherencia, el Parlamento Europeo debería desempeñar en el futuro un papel destacado en las principales previsiones económicas e integrarse en el valioso trabajo que la Comisión está llevando a cabo. 
Quiero dar las gracias a todos los que han cooperado y espero que podamos abrir un debate fructífero. 
– Señor Presidente, Comisario, Señorías, al mirar a la Cámara tengo la impresión de que algunas personas aún no tienen claro –la mayoría de nosotros– que el cumplimiento de los objetivos de Lisboa, una política de crecimiento y empleo, y por lo tanto, la Cumbre de Primavera, son tan importantes como la constitución, la ampliación, las elecciones europeas y el nombramiento de la Comisión, y es el ámbito político más importante de la Unión Europea y la cuestión más importante que tiene que abordar este año. 
Creo que, de una vez por todas, tenemos que dejar de lamentarnos y de repartir culpas; en su lugar, recordemos que hemos aprobado suficientes resoluciones y nos hemos fijado suficientes objetivos, que por fin ha llegado el momento de acatar las resoluciones y dedicarnos con empeño a alcanzar los objetivos. 
Resulta positivamente paradójico que sean Alemania, Francia y el Reino Unido quienes hayan acordado que desean un Supercomisario en Bruselas que gestione la coordinación económica, porque uno de estos países no forma parte de la zona euro y está bloqueando la constitución que hará más fuerte a Europa en la escena mundial, y los otros dos han violado la legislación europea al romper el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluso obligando a la Comisión a acudir al Tribunal Europeo de Justicia. 
No creo que un Supercomisario pueda compensar la falta de voluntad política de los Estados miembros y, en lugar de permitir que nos distraiga, deberíamos de una vez por todas poner en práctica las resoluciones que hemos aprobado, lo que significa ponerlas en práctica en los Estados miembros. 
Quiero decir al Sr. Della Vedova que esto también se hace extensivo al presupuesto de agricultura. 
El hecho es que los Jefes de Estado o de Gobierno ya lo habían decidido, porque el presupuesto de agricultura tenía que ser estable de 2006 a 2013, sin que pueda haber ningún cambio, cosa que me complace. 
Poner en duda continuamente las decisiones que ya se han tomado, en lugar de aplicarlas, nos debilita a todos. 
Algunos diputados a esta Cámara –por ejemplo, los de la izquierda– afirman que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es la razón por la cual los Estados miembros no hacen sus deberes, pero tengo que decirles que Alemania y Francia –dos países destacados– están poniendo en peligro el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y no lo están cumpliendo. 
Estos dos países encabezan la lista de los que no introducen las directivas de mercado interior y son también los que más piden un Supercomisario. 
Necesitamos estabilidad y crecimiento, porque la competitividad depende de ambos, constituye la base del crecimiento y el empleo, sin los cuales no puede haber cohesión social. 
Dejemos de oponer el mercado al Estado e impulsemos nuestro sistema de economía social de mercado, que conduce a la cohesión social. 
Dejemos de contraponer la inversión a las deudas, y en su lugar atengámonos al compromiso que hemos contraído. 
– Señor Presidente, la estrategia de Lisboa sigue siendo el medio más coherente para convertir a Europa en un centro de excelencia económica, social y medioambiental. 
Sin embargo, no basta con que Europa proclame sus ambiciones; también tiene que dotarse de los medios para alcanzarlas. 
La austeridad presupuestaria no es un medio para ello, incluso si la estabilidad sigue siendo un objetivo al que tenemos que aspirar con firmeza. 
Por todo ello, el equilibrio del gasto público se conseguiría más fácilmente si la economía europea volviera a crecer. 
La derecha predica la austeridad, y pretende defender a las generaciones futuras de las cargas impuestas por nuestra generación. 
Pero, ¿qué dirán las futuras generaciones si les dejamos un mundo de grandes desigualdades, en el que la inseguridad y el desempleo marginan cada vez más a la población? 
Se alaban las virtudes de la flexibilidad norteamericana. 
Sin embargo, el índice de desempleo en los Estados Unidos es en la actualidad del 6% de la población activa que busca empleo. 
Este concepto de la búsqueda activa de empleo es importante, porque ha servido para eliminar a cinco millones de norteamericanos de las estadísticas de desempleo desde la llegada al poder del Presidente Bush. 
Además, el país de la Estatua de la Libertad mantiene en prisión a 2,2 millones de adultos en edad de trabajar. 
Está claro que el modelo social norteamericano no es recomendable. 
Por otra parte, en materia de investigación y de inversión pública y privada, Europa sí debería inspirarse en los Estados Unidos. 
Allí donde los europeos ven riesgos, como en el ámbito de la biotecnología, los norteamericanos ven oportunidades. 
Mientras nuestra Unión invierte unos 700 millones de euros al año en investigación biotecnológica, los Estados Unidos invierten 25 000 millones de dólares al año en sus Institutos de Salud Nacionales. 
Europa se ha fijado el objetivo de dedicar el 3% de su PIB a la investigación. 
Pero, ¿dónde está el dinero? 
Mientras tanto, 400 000 científicos europeos trabajan en América. 
Las grandes empresas europeas, como Nokia, invierten más en su investigación en los Estados Unidos que en Europa. 
Lo mismo ocurre con las inversiones en infraestructura. 
La Unión Europea acaba de aprobar un plan por importe de 62 000 millones de euros para revitalizar las redes transeuropeas de aquí a 2010. 
El Senado de los Estados Unidos está debatiendo un proyecto de mejora de la red de autopistas por importe de 318 000 millones de dólares durante un período de seis años, después de que la Cámara de Representantes hubiera pedido un crédito de 375 000 millones. 
Cuando se nos predica la competitividad norteamericana, tenemos que analizar los hechos reales que se esconden tras las estadísticas. 
Europa no se convertirá en la economía más competitiva del mundo echando por la borda su modelo social o eliminando servicios de interés general de alta calidad. 
Europa tiene que invertir más en su capital humano, en investigación y en su infraestructura física. 
Señor Presidente en ejercicio, la próxima cumbre tiene que convertirse en el inicio de una primavera europea. 
– Señor Presidente, por desgracia en las Cumbres de Primavera siempre ha habido menos hechos que palabras. 
En este sentido, los resultados no han sido satisfactorios. 
En consecuencia, la Presidencia irlandesa tiene que seguir su propia iniciativa, para que esta vez no nos quedemos solamente con las palabras. 
En la llamada Cumbre de Berlín entre el Canciller Schröder, el Primer Ministro Blair y el Presidente Chirac, estos tres caballeros propusieron la creación de un nuevo puesto de Vicepresidente de la Comisión, popularmente llamado Supercomisario, cuya responsabilidad sería la de coordinar todas las cuestiones relativas a las reformas económicas de la UE. 
Por supuesto, tenemos que atender a las reformas económicas, pero empiezo a estar preocupado cuando los «tres tenores» hablan del necesario desarrollo industrial de Europa. 
Afortunadamente, no estamos hablando de un cumplimiento más relajado tanto de las normas que gobiernan las subvenciones estatales como de la política de competencia en general. 
Esto es lo último que Europa necesita. 
Dejaríamos de centrarnos en lo que hay que hacer en términos de reforma estructural real en muchos Estados miembros y más inversión en investigación y educación, que podríamos financiar aplicando las reformas necesarias en la política agrícola. 
Las reformas estructurales intentan detener la tendencia a aumentar los impuestos, garantizando mercados laborales flexibles y manteniendo el crecimiento del gasto público en un nivel sostenible. 
No podemos ser como Mogens Lykketoft, el dirigente de la oposición en Dinamarca, y proponer la introducción de una sanción a las empresas cada vez que despiden a un empleado mayor de 50 años. 
Esto impediría la contratación de personas mayores, haría inflexible el mercado laboral y provocaría la pérdida de empleos. 
No es la solución. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoya los informes de la Sra. Randzio-Plath y el Sr. Bigliardo, tal como han sido aprobados en comisión, pero no apoya las enmiendas propuestas a los mismos. 
– Señor Presidente, el torrente de palabras, por no decir de palabras huecas, sobre las principales directrices no pueden seguir escondiendo el hecho de que el proceso de Lisboa se ha estancado y que la Unión Europea no tiene una política económica. 
De hecho, esto ha sido un problema recurrente desde el nacimiento de la Unión Económica y Monetaria, a pesar de todas las propuestas que se han hecho. 
El Sr. Blair, el Sr. Chirac y el Sr. Schroeder proponen un superministro. 
¿Y por qué no? 
Pero, ¿de qué sirve un ministro si nadie sabe cómo resolver el problema subyacente? 
Más interesante es la observación en el informe de la Sra. Randzio-Plath, según el cual la gobernanza sufre déficit democrático. 
Pide que se celebren debates en cada país, en cada Parlamento nacional, debates en los que pueda participar toda la sociedad, antes de la reunión de primavera del Consejo. 
Sin embargo, les puedo decir que este Parlamento ya aprobó una propuesta como esta en 1996, tras mi informe sobre la participación pública en el sistema institucional de la Unión, pero nunca se aplicó, y este Parlamento no ha hecho un seguimiento de la cuestión. 
Básicamente, la reforma estructural es como una fórmula mágica. 
Las reformas son imprescindibles, pero sin duda las cuestiones fundamentales son su sentido y su contenido, así como la necesidad de evitar contradicciones. 
Si tomamos el caso del mercado laboral, la movilidad positiva es esencial. Sin embargo, al mismo tiempo los Estados miembros están tomando decisiones para impedir que los trabajadores de los nuevos Estados miembros ejerzan su libertad de movimiento en el mercado laboral europeo. 
Por lo tanto, la Unión Europea tiene que crear un mayor número de incentivos, en particular para el famoso desarrollo de capital humano, un esfuerzo que sin duda requerirá muchos recursos que en este momento no estamos movilizando. 
Hablamos de política industrial, pero no funciona de manera adecuada desde el Tratado de Maastricht. 
En lo que respecta a la financiación, se ha establecido que las inversiones de interés general no se hagan sin un aumento de los recursos comunitarios. 
Y tengo que insistir en que los autores de los objetivos de Lisboa también han propuesto que los fondos públicos dedicados a proyectos prioritarios se excluyan de la disciplina del Pacto de Estabilidad. 
Pero esto no es todo. 
Todos sabemos que hay grandes sumas de dinero que van a parar a inversiones de cartera y a reestructuraciones, y no a inversión industrial. 
En consecuencia, un problema fundamental es que las líneas de crédito, el sistema de impuestos y el ahorro no incentivan suficientemente la inversión industrial. 
En un momento en que la caída del dólar está ahogando nuestra recuperación, no basta con que el Banco Central baje sus tipos de interés, porque corre el riesgo de aumentar la trampa de la liquidez; necesitamos una verdadera política de diferenciación de las condiciones de crédito basada en los objetivos de Lisboa. 
Señor Presidente, la Cumbre de Primavera tiene que ser una oportunidad para revisar la agenda de Lisboa haciendo mayor hincapié en los aspectos medioambientales y sociales del desarrollo sostenible. 
No podemos basarnos exclusivamente en la competencia y en una economía basada en el libre mercado para conseguir el modelo de Europa que queremos. 
Eso ya se acordó en Lisboa y en Gotemburgo, pero no se está poniendo en práctica. 
La llamada reunión de los tres grandes –Gran Bretaña, Francia y Alemania– celebrada la semana pasada demostró que, pese a la capacidad de liderazgo demostrada por la Presidencia irlandesa y la entrada de muchos pequeños Estados en la UE en mayo –la mitad de ellos más pequeños que Gales, la circunscripción que yo represento–, los grandes Estados miembros siguen queriendo imponer la agenda. 
Su atención se centra en la reforma económica y la flexibilidad, en detrimento de la calidad del empleo, la mejora de la retribución y las condiciones, una mayor atención a las necesidades asistenciales, la utilización sostenible de los recursos y la creación de una sociedad integradora. 
Estas cuestiones han de tener prioridad en la Cumbre de Primavera si aspiramos a la sostenibilidad y a la calidad en la Europa del futuro. 
– Señor Presidente, yo también quiero agradecer a los dos ponentes su trabajo sobre esta cuestión tan importante. 
Uno de los retos más difíciles para cualquier Gobierno o institución europea es el rápido cambio que está teniendo lugar en las circunstancias económicas mundiales. 
Tenemos que dotar a nuestras políticas de flexibilidad suficiente para que puedan responder con rapidez a esas dificultades y problemas. 
Nuestra experiencia en los últimos años, y sobre todo desde la introducción del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 1996, es que con una política fiscal rigurosa, con una respuesta a las fluctuaciones en los tipos de cambios y con una inversión –de términos humanos básicos– en educación, infraestructura, desarrollo, etc., podemos responder a esos cambios y a las dificultades que vayan surgiendo. 
Celebro que la Presidencia irlandesa haya subrayado la importancia de seguir aplicando la Agenda de Lisboa, y espero que en la siguiente reunión de la Cumbre social, así como en la Cumbre de marzo, todos los Estados miembros hagan suyos estos ideales, para que podamos avanzar y dejar atrás la vieja ideología del aumento de los impuestos. 
Esa política no solo ha fracasado, sino que ha demostrado que los países con unos niveles impositivos más altos en la Unión Europa son los que han conseguido resultados «menos buenos» en este clima cambiante. 
– Señor Presidente, dentro de cinco años, diez meses y cuatro días estaremos en 2010, el año en que, tal y como se acordó en Lisboa, la Unión Europea debería convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. 
Esto nos deja poco tiempo para alcanzar un objetivo ambicioso, que hasta el momento ha sido objeto de mucha discusión, pero de poco más. 
Cuando leo los informes de mis colegas diputados sobre el estado de la economía en la actualidad, existen motivos para abordar este corto período de tiempo con cierta inquietud. 
Este debate conjunto se refiere a dos informes sobre la política económica y las finanzas públicas en la UEM y a una resolución para la próxima Cumbre de Primavera. 
Ambos informes se centran en lo que ha ocurrido hasta el momento y en lo que todavía no funciona bien, mientras que la resolución para la próxima Cumbre de Primavera pone de relieve las expectativas y los deseos. 
En este momento, estas expectativas son, sobre todo, acuerdos sobre el papel. 
El crecimiento económico es moderado; los Estados miembros se enfrentan a problemas presupuestarios y la economía de los Estados Unidos está creciendo más rápidamente que la de la Unión Europea. 
Por lo tanto, nos encontramos muy lejos de ser la región más competitiva del mundo. 
Puedo apoyar en parte el proyecto de resolución presentado por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos y el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
El proceso de Lisboa ha establecido unos objetivos muy ambiciosos, y los ha definido de una manera poco clara. 
Por esta razón, es imprescindible que hagamos ajustes. 
En primer lugar, tenemos que reconocer y definir con mayor claridad los objetivos. 
Entonces quizás obtengamos objetivos factibles. 
Los objetivos factibles ayudarán a que esta Cámara se manifieste con más firmeza sobre el progreso de este proceso. 
Además, tenemos que realizar ajustes respecto de la aplicación de los acuerdos de Lisboa. 
Si lo hacemos, no nos enfrascaremos en discusiones sobre la forma de mejorar las cosas, sino que también pondremos en práctica lo que decimos hoy aquí. 
– Señor Presidente, los informes de la Cumbre de Primavera del Consejo Europeo nos obligan a sacar una conclusión, que paso a resumir. 
En la Cumbre de Lisboa de 2000, el Consejo formuló el objetivo de convertir Europa en la economía más competitiva del mundo para el año 2010. 
De hecho, hemos retrocedido en todos los ámbitos, de modo que ahora estamos más lejos del objetivo. 
Todos los indicadores están en rojo, en especial en la zona euro. 
Permítanme ilustrarlo con algunos ejemplos: disminución del crecimiento al 0,4 % en 2003, aumento del desempleo, retroceso de la productividad respecto de los Estados Unidos, disminución de la inversión pública y privada, deterioro de los equilibrios presupuestarios y falta de impulso claro en las reformas estructurales. 
Frente a esta situación –una situación desastrosa, para ser francos–, ¿qué se nos propone? 
Que prosigamos con determinación nuestras políticas actuales, encaminadas principalmente a desfragmentar el mercado interior, a apoyar la investigación y la innovación y a aumentar la inversión en capital humano con carácter prioritario. 
Son objetivos muy admirables, pero de hecho no resuelven nada, porque no atacan la raíz del problema. 
Los grandes países de la zona euro están enfermos, pero solo pueden curarse ellos mismos. 
La Unión puede ayudarles, pero solo ayudándoles a liberar y proteger a los creadores de riqueza. 
«Liberar» y «proteger» son las dos palabras clave. 
Sin embargo, de hecho estamos haciendo lo contrario. 
No estamos teniendo un efecto liberador en el ámbito europeo, porque cada día aprobamos nuevos reglamentos, enredando a los Gobiernos y a las empresas en sistemas de decisión cada vez más complejos y costosos. 
Cada día añadimos nueva rigidez. 
Ayer era la normalización de la política monetaria para doce países; mañana será una constitución europea que, por su propia naturaleza, se opone a la Europa flexible que necesitamos. 
Cada día añadimos nuevos impuestos, y el impuesto europeo propuesto por la Comisión durante la preparación de la próxima perspectiva financiera constituye la última manifestación de esta tendencia. 
Al mismo tiempo, la Unión no protege suficientemente su economía. 
Su política de competencia no tiene suficientemente en cuenta la necesidad apremiante de crear grandes conglomerados europeos. 
Está vendiendo la preferencia de la Comunidad a precios de saldo tanto en la industria como en la agricultura. 
Incluso ahora está aceptando que países terceros utilicen denominaciones de vinos europeos. 
Finalmente, ha contribuido a permitir la entrada de inmigrantes no cualificados que no satisfacen las necesidades de nuestra economía y que imponen una pesada carga a nuestros presupuestos de bienestar social. 
En resumen, estamos haciendo lo contrario de lo que necesitamos. 
Señor Presidente, no nos sorprendamos al recoger lo que sembramos. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero clarificar un poco el discurso del Sr. Abitbol: el Sr. Berlusconi nunca ha dicho que el euro esté bloqueando la economía, sino algo diferente: que la introducción del euro ha provocado brotes de especulación, que tenemos que eliminar. 
En consecuencia, puedo confirmar que Italia es un sólido defensor de la unidad europea, sin «peros» ni condiciones, y en mi opinión la moneda única beneficiará a la economía europea en el futuro. 
Tras esta introducción, quiero felicitar al Sr. Bigliardo por el informe que ha presentado, y que constituye un estudio detallado de la situación económica europea, así como un intento de hacer una nueva lectura del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, estudiando detalladamente las finanzas públicas de la Unión Europea. 
La recuperación económica que comenzó en 2002 demostró ser efímera y, sin duda, no fomentó una tendencia suficientemente fuerte para el crecimiento económico. 
Entre otras cosas, la Unión Europea ha sufrido un aumento del desempleo y un deterioro gradual de las finanzas públicas. 
Al mismo tiempo, la fortaleza del euro ha creado dificultades para las exportaciones y la tendencia de la inflación a descender lentamente ha provocado un punto muerto en el consumo. 
Partiendo del estudio de estos problemas, tenemos que preguntarnos si la rigidez del Pacto de Estabilidad y Crecimiento puede haber tenido un efecto negativo en el crecimiento de la productividad y en el aumento del empleo. 
Para mejorar la flexibilidad del mercado laboral, tendremos que eliminar los obstáculos que quedan, aprobar el reconocimiento de cualificaciones profesionales y establecer incentivos a las empresas vinculados a la productividad. 
Asimismo, tenemos que incrementar los programas encaminados a modernizar los procesos de producción, y es esencial que se invierta más en los sectores de investigación y desarrollo. 
Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con el objetivo de incrementar, antes del final de la década, el gasto en investigación y desarrollo en un 3% del PIB, del cual dos tercios irán al sector privado, tal y como se acordó en el Consejo de Barcelona, para recompensar a las pequeñas y medianas empresas por su participación en estos procesos. 
Nos daremos por satisfechos si, al menos, en el futuro no se incluyen en el gasto total que equilibra el déficit presupuestario, que tiene que permanecer por debajo del 3% del PIB. 
El crecimiento económico en una zona depende en gran parte de las inversiones programadas y realizadas y de las prioridades establecidas. 
Sin duda, los corredores de tránsito y las redes de transporte de mercancías y pasajeros tienen que ser objeto de mayor atención. 
Al aplicar y desarrollar las redes tenemos que prever la finalización de las rutas principales, la eliminación de los cuellos de botella existentes, en particular en las zonas transfronterizas, mediante el desarrollo de conexiones e interconexiones estratégicas. 
Además, cabe recordar que cuando se ponen en marcha infraestructuras para conexiones directas hay que tener en cuenta no solo las regiones centrales de Europa, sino también las regiones periféricas de la Comunidad. 
Esto garantizará la verdadera libertad de circulación de personas y mercancías en el territorio europeo y allanará el camino de la interconexión estratégica con los países mediterráneos y de Europa Oriental. 
Por supuesto, proyectos de este calibre requieren inversiones financieras muy considerables, que no pueden infringir las estrictas disposiciones del actual Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Por lo tanto, hemos de leer e interpretar el Pacto de una manera más flexible, pero también tiene que garantizar la estabilidad de Europa. 
Su existencia, salvada y salvaguardada por las prudentes y sabias elecciones realizadas durante la Presidencia italiana, tiene que protegerse y confirmarse, pero con una visión objetivamente más realista del marco económico europeo. 
– Señor Presidente, la Unión Europea está sumida en un torbellino de cambios: la ampliación dentro de unas semanas, la negociación de una nueva constitución y –ojalá– la posible reforma de las orientaciones económicas generales, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la aplicación de los Fondos Estructurales. 
Todo eso en un mundo ya de por sí revuelto en términos del comercio internacional y todo el problema de la seguridad, etc. La pregunta es: ¿estamos preparados para hacer frente a todos estos retos? 
No creo que los indicios sean buenos en este sentido. 
En cuanto a la ampliación, observamos ya que casi todos los Estados se están dejando llevar por el pánico para proteger sus mercados de trabajo. 
Observamos una situación en la que los Estados miembros más prósperos advierten que «no darán ni un céntimo más». 
Tenemos una situación en la que un autoelegido decide que lo mejor para la Unión Europea es un «Supercomisario» para Asuntos Económicos. 
¡Estupendo! 
No tengo ningún problema con eso, pero ¿dónde está la propuesta de un «Supercomisario» para una sociedad europea integradora, cohesiva y sostenible? 
Los asuntos económicos están muy bien, son muy importantes para la creación de un mercado único, pero constituyen un enfoque muy limitado para la creación de una sociedad europea integradora y sostenible. 
Lo que nos preocupa es que tenemos numerosas propuestas, muchas de ellas muy buenas, pero prácticamente no tenemos ningún Gobierno unificador en la Unión Europea. 
Y me temo que no lo vamos a tener en esta legislatura. 
Nos enfrentamos a un período en el que tendremos un nuevo Parlamento y una nueva Comisión dentro de unos meses: todas estas cosas serán retos para nuestras instituciones, pero parece que nosotros seguimos empeñados en centrarnos pura y simplemente en la competitividad, cuya importancia yo no niego, por supuesto, pero que solo es una mitad de la historia. 
Tenemos que incorporar los objetivos de la integración social y la cohesión social a nuestras políticas de protección social cuando hablamos de reformar este ámbito en el proceso de Lisboa. 
Pero tenemos que asegurarnos de que cuando se reforme el Pacto de Estabilidad y Crecimiento –una reforma necesaria– no se vean penalizadas las inversiones en educación y formación. 
Tenemos que hacer más dinámico el proceso de Lisboa asegurando que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento contribuya tanto al crecimiento como a la estabilidad, y la mejor forma de hacerlo es mediante la creación de incentivos para que se invierta en lo que impulsará la economía: trabajadores formados y satisfechos, con buenos puestos de trabajo y con la productividad que necesitamos. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, cuando el próximo mes se celebre la Cumbre de Primavera hará justamente cuatro años desde que se establecieron y acogieron con satisfacción nuestras ambiciones económicas en Lisboa. 
Por desgracia, durante estos últimos cuatro años no hemos progresado lo suficiente para realizar dichas ambiciones. 
La raíz del problema está bien clara: los Estados miembros no muestran suficiente iniciativa para que la economía europea sea competitiva y dinámica. 
Antes de la Cumbre de Primavera, el Presidente Chirac, el Canciller Schröder y el Sr. Blair se han reunido para insuflar nueva vida al Proyecto Europa, o eso nos han dicho. 
Semejante contubernio no beneficia a nuestra economía europea. 
Después de todo, no hacen más que elaborar un común denominador basado en sus propios intereses nacionales, que el resto de Europa tiene que aceptar. 
Actualmente, nuestra economía europea se encuentra estancada debido al mal funcionamiento de los mercados laborales alemán y francés. 
¿Acaso no fueron Francia y Alemania quienes nos impusieron acuerdos respecto del presupuesto agrícola, a resultas de lo cual ahora nos enfrentamos a un aumento enorme del presupuesto europeo tras la ampliación? 
¿Y quién pagará la factura? 
Seguro que Gran Bretaña no, porque este país se aferra con uñas y dientes a su reembolso. 
El Grupo del Partido de los Liberales, Demócratas y Reformistas Europeos cree que los hombros más fuertes deberían llevar las cargas más pesadas, pero esto implica a todos. 
Con esta resolución, instamos a los Estados miembros a que avancen hacia los objetivos de Lisboa y mantengan sanas sus economías. 
Sin embargo, en el Parlamento Europeo no podemos imponer a la industria cargas administrativas y financieras innecesarias y pesadas, como es el caso de la política «REACH» sobre productos químicos que se propone. 
Sin embargo, los Estados miembros son los únicos que pueden garantizar una Europa competitiva a escala mundial. 
En este sentido, es importante que se respete el Pacto de Estabilidad y que todos los países mantengan sus presupuestos en orden. 
Solo esto ya traerá prosperidad y un aumento del empleo, que es lo que el público necesita tan desesperadamente. 
Señor Presidente, resulta interesante escuchar esta discusión porque es inusual que esta Cámara esté de acuerdo en torno a la situación de la economía europea. 
En casi todas las intervenciones se ha hablado del bajo índice de crecimiento, del descenso de la inversión, del aumento del desempleo y de la desaparición de capital y de mano de obra cualificada. 
El tono es muy diferente del que escuchamos hace tres o cuatro años, cuando había mucho optimismo. 
Creo que hay que tomarse muy en serio estos problemas. 
Mi opinión es que necesitamos una política de crecimiento a largo plazo, que haga hincapié en la infraestructura, el medio ambiente, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de capital humano y en todas las cuestiones que han tratado varios oradores. 
La pregunta es: ¿qué condiciones previas son más importantes? 
Creo que la responsabilidad de esta nueva política tiene corresponder a los Estados miembros. 
Mi impresión es que la UE no tiene la fuerza política, la unidad y las perspectivas económicas necesarias para liderar dicha política y devolver a Europa al buen camino. 
Los Estados miembros tienen que elaborar un paquete de crecimiento en forma de políticas nacionales basadas en la cooperación a gran escala entre el sector público y el privado. 
En mi país, Suecia, los períodos de crecimiento más fuertes han emergido a partir de iniciativas nacionales en las que las políticas públicas se han combinado con el comercio y la industria para lograr efectos especialmente positivos. 
En particular, quiero señalar la importancia y trascendencia de que el sector público desempeñe un papel activo en dichos contextos, porque es importante para el empleo y porque consume grandes cantidades de recursos. 
– Señor Presidente, la Unión Europea se encuentra en una situación difícil; nuestra política monetaria, de la cual es responsable el Banco Central Europeo, está centralizada, mientras que la política financiera y económica está descentralizada. 
El vínculo que permite que funcione este sistema y que nos permite desarrollar el mercado interior es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y permítanme decir aquí y ahora que tenemos que adherirnos a él, incluidos los dos países más grandes de la zona euro, Alemania y Francia. 
Por lo tanto, apoyamos a la Comisión en su demanda ante el Tribunal de Justicia Europeo, con la que intenta impedir que las competencias derivadas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento queden eclipsadas. 
Sin embargo, esto no es suficiente por sí solo; la consecución del objetivo de Lisboa es una tarea tanto de los Estados miembros como de la Comisión y el Parlamento. 
Los Estados miembros tienen que presentar las reformas necesarias en el mercado laboral, en el ámbito social, en la política fiscal, en el atractivo de las ubicaciones y en la promoción de los sectores industriales orientados al futuro. 
Esto es responsabilidad de los Estados miembros, y no podemos eximirlos de esta responsabilidad. 
La Comisión tiene que establecer una política industrial sólida, cosa que hemos olvidado durante los últimos años, y emprenderla al mismo tiempo que la promoción del sector de servicios y la introducción gradual del mercado interior europeo. 
Una vez más, han prevalecido las consideraciones de protección medioambiental y del consumidor. 
Si queremos reclamar nuestro lugar en el mundo, tenemos que avanzar en esta dirección. 
Insto a la Comisión a que considere detenidamente la imposición de una moratoria de tres a cinco años en la legislación medioambiental y de protección del consumidor. 
Esta es la única manera de alcanzar los objetivos de Lisboa, porque hasta el momento solo hemos preparado el viaje; de hecho nos hemos quedado quietos. 
Solo una moratoria de este tipo por parte de la Unión Europea, que en cualquier caso está a la cabeza del mundo en protección medioambiental y de riesgos laborales, y en el ámbito social, nos permitirá convertirnos en lo que decidimos que queríamos ser en Lisboa: la región más competitiva del mundo. 
– Señor Presidente, estoy tentado de comenzar un debate con el Sr. Langen sobre moratorias; me he opuesto a las moratorias en biotecnología, y también me opongo en este caso. 
En cambio, preferiría concentrarme en la investigación, porque necesitamos una política en este ámbito si la Unión Europea quiere ser competitiva. 
Lo sorprendente es que se trata de un ámbito en el que todos estamos de acuerdo y, sin embargo, en especial en los Estados miembros, ha sufrido recortes durante los últimos años. 
Y aún es más sorprendente que en Francia –por primera vez en Europa– los investigadores estén manifestándose, y sus homólogos de otros países estén dispuestos a hacer lo mismo, así que no solo están manifestándose los agricultores; está claro que los investigadores también están haciéndolo. 
Creo que es interesante pero también lamentable, porque pone de relieve que las palabras altisonantes de los Jefes de Estado y de Gobierno contrastan con la austeridad de sus acciones. 
Y ahora los Ministros de Hacienda nos dicen que no hay dinero. 
Sin embargo, la cuestión es si no podemos investigar porque no hay dinero, o si no tenemos dinero porque no estamos investigando. 
Por poner el ejemplo de un Estado miembro, Finlandia nos demuestra claramente que es posible, incluso en tiempos difíciles, tener éxito invirtiendo en el futuro. 
En la actualidad, Finlandia es el país que más avanza de la Unión Europea, y no hace mucho tiempo que es un Estado miembro. 
Esto significa que Finlandia ha conseguido mucho, incluso sin la Unión Europea. 
Así pues, insto a esta Cámara a seguir por la vía del 3% de gasto en investigación y a impulsar una estrategia de innovación para las pequeñas y medianas empresas. 
Concluiré instando a los diputados a esta Cámara a que asistan a la Convención Científica que organizaremos en Bruselas a principios de abril, para dejar claro que, por lo menos, esta estrategia todavía disfruta del apoyo de esta Cámara. 
– Señor Presidente, lamento que el informe sobre finanzas públicas insista en apoyar la determinación de la Comisión de cumplir al pie de la letra las disposiciones contenidas en el Pacto de Estabilidad. Esto constituye una devoción sumisa a la ortodoxia actual en cuestiones económicas, que insiste en ignorar la realidad. 
Lamento que se ignoren las consecuencias del Pacto de Estabilidad, y que hoy no estemos discutiendo los problemas económicos y sociales que afectan a los ciudadanos. 
Lamento que el principal objetivo de la política económica sea la consolidación presupuestaria y la estabilidad de precios, en detrimento del crecimiento económico y del empleo, de la mejora de las condiciones de vida y de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. 
El país se encuentra en una profunda recesión, con una reducción del PIB que puede exceder el 1% y el mayor índice de desempleo de la UE, lo cual está poniendo en peligro no solo la convergencia económica con la UE, sino también, y por tercer año consecutivo, las condiciones necesarias para una recuperación rápida y sostenible. La consolidación presupuestaria no puede usarse como arma contra los servicios públicos, ni tampoco puede poner en peligro la inversión pública. 
Esta política, este Pacto de Estabilidad tiene que modificarse. En primer lugar tenemos que hablar de un pacto de crecimiento sostenible y de empleo para poder dar respuesta a los problemas económicos y sociales de la UE. 
Señor Presidente, yo también quiero referirme, en primer lugar, a los aspectos de investigación y desarrollo como motor para la creación de valor en las empresas. 
En este sentido me gustaría abrir, como el Sr. Linkohr, un debate sobre lo que ha dicho el Sr. Lange, pero no es posible. 
Creo que la investigación y desarrollo en tecnologías limpias, por ejemplo, va a ser una fuente clarísima de empleo e inversión en Europa si nos decidimos por ellas, de una vez por todas, con mayor decisión y convicción. 
En este momento, uno de los retos más importantes que tiene planteado la Comunidad internacional, y donde están teniendo lugar debates muy enconados entre la comunidad industrial y la administración, es en el tema del cumplimiento del Protocolo de Kyoto y de los objetivos de este Protocolo. 
Creo que, precisamente, una de las soluciones consiste en la implantación generalizada de tecnologías más limpias que permitan abordar la reducción de emisiones contaminantes. 
Si no invertimos en ello, difícilmente vamos a conseguir esta Europa competitiva y dinámica que todos deseamos. 
Por último, quiero referirme también, ligado con lo anterior, a la necesidad absoluta de promover de forma mucho más activa ese uso eficiente de los recursos naturales; sencillamente, porque la desvinculación del crecimiento económico y el aumento en la utilización de recursos es un requisito indispensable para lograr la continuidad de un crecimiento sostenible y, en definitiva, la realidad de esa Europa del conocimiento, líder mundial en competitividad y pleno empleo, que todos deseamos. 
– Señor Presidente, Señorías, a veces tengo la impresión de que, últimamente, algunos han quitado el polvo de la historia a la teoría decimonónica según la cual solo hay que desatar las fuerzas del mercado, 
para que, de repente, se cree mucho empleo. 
Esto es totalmente falso. 
Si examinamos los sectores en los que, durante las últimas décadas, se ha producido el mayor crecimiento y empleo, ha sido precisamente en aquellos sectores que el Sr. Langen ha enumerado antes, es decir, en el desarrollo sostenible y en la protección del medio ambiente. 
Creo que la inversión se ha promovido también en estos sectores de manera más enérgica, en particular respecto de la renovación urbana, tanto en relación con sus componentes sociales como medioambientales, y del transporte. 
El mayor potencial para el crecimiento se encuentra en los componentes sociales y medioambientales y, por tanto, los mayores efectos para el empleo están potencialmente aquí. 
Creo que un mercado no regulado solo puede tener consecuencias adversas para el medio ambiente; así pues, la inversión en estos ámbitos ayudaría a garantizar las bases ecológicas de nuestra existencia. 
Creo que tenemos que ser fieles a Lisboa y Gotemburgo en nuestro enfoque y en la búsqueda de métodos de producción sostenibles, que generarán crecimiento y empleo, basados en las bases ecológicas de nuestra existencia. 
En el pasado hemos encontrado enfoques sólidos, y tenemos que continuar por este camino de manera creíble. 
Internacionalmente, creo que perderemos nuestra credibilidad en muchos ámbitos si ahora abandonamos nuestros propios objetivos y lo que acordamos en Johanesburgo y Kioto. 
Tenemos que aferrarnos a nuestros propios objetivos y seguir por este camino. 
– Señor Presidente, quiero decir algo sobre la Cumbre de Primavera, que esperamos sea un ejercicio de sensatez, y sobre el ambicioso proceso que iniciamos en Lisboa hace cuatro años. 
La grave desaceleración económica en muchos Estados miembros exige más acción efectiva. 
Necesitamos una mayor aproximación entre las políticas económica, estructural y de empleo, aunque sin ir tan lejos de intentar armonizarlas. 
Los recortes de la burocracia del Estado, la mejora de las estructuras de los mercados financieros y una mayor inversión –que algunos diputados ya han mencionado– pueden fomentar la creación de más empleos sostenibles, pero sobre todo existe una falta de cooperación coordinada en el ámbito de la educación permanente y de la introducción de un márketing europeo de la educación. 
Los estudios en la UE revelan que un gran número de jóvenes han recibido una educación insuficiente. 
Sin embargo, un mayor apoyo al capital humano les hace más aptos para conseguir un empleo, y esto tiene que abordarse en las escuelas, en la formación en el puesto de trabajo y en las universidades. 
Asimismo, tenemos que incrementar el diálogo social. 
Creo que se trata de un elemento clave para gestionar los cambios en nuestra sociedad, y es lamentable que en muchos Estados miembros tienda a producirse al margen de ella. 
La ampliación de la UE en los próximos meses significa que tenemos que ser coherentes y seguir adelante con las medidas conjuntas en materia de empleo y política social, de la cual la estrategia europea de empleo era, y sigue siendo, uno de sus elementos más acertados. 
Quiero añadir que el gasto presupuestario para estos ámbitos es mínimo en comparación con los recursos estructurales para la ampliación. 
La insistencia de la Comisión en aumentar las contribuciones y, por tanto, la carga sobre los contribuyentes netos, solo puede rechazarse. 
Tanto en el ámbito europeo como nacional, necesitamos algo más, es decir, mano de hierro respecto del gasto. 
En consecuencia, no podemos apoyar la enmienda en que los socialistas se atreven a advertir contra los presupuestos austeros. 
El último punto que quiero plantear es que es perjudicial intentar suavizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento o desacreditarlo como inviable. 
En esto, señor Comisario Solbes Mira, la Comisión está totalmente en lo cierto; los infractores presupuestarios tienen que comparecer ante el Tribunal de Justicia Europeo. 
Esto merece pleno apoyo político, porque nuestras empresas, sus trabajadores y sus directivos necesitan una estabilidad garantizada y a largo plazo. 
– Señor Presidente, si observamos la situación económica en la que se encuentra la Unión Europea, llegamos a la conclusión de que la próxima cumbre tiene tres tareas principales. 
En primer lugar, la cumbre tiene que garantizar que haya un aumento de la inversión; en segundo lugar, tiene que garantizar que haya un aumento de la inversión, y tercero, tiene que garantizar una mejor inversión del dinero. 
Tanto en el sector público como en el privado vamos rezagados respecto de los Estados Unidos; en el sector público van un 1% por delante de nosotros. 
No consigo entender cómo, a la vista de la situación económica, los diputados a esta Cámara pueden presentar dos recomendaciones; una es la propuesta de abordar la crisis lanzando más suciedad a la atmósfera, que es lo que propone el Sr. Langen; la otra, que continuemos destrozando la economía con medidas austeras, en lugar de darle el impulso que necesita. 
Los malos libros de texto sobre política económica son legión, pero aún no he encontrado uno tan malo que recomiende estas medidas en una fase del ciclo económico como la que nos encontramos ahora. 
Ocurre totalmente lo contrario: la situación en la que nos encontramos exige que emprendamos la acción propuesta por el Sr. De Rossa, adoptando una actitud dinámica hacia el equilibrio necesario entre la estabilidad por una parte y la eficacia por otra. 
Estoy deseando ver qué hará la Comisión con el lema «Acción dinámica, equilibrio entre estabilidad y eficacia». 
Señor Comisario Solbes, esperamos sus propuestas, y esperamos un debate productivo. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Sr. Roche por su informe del Consejo, y en particular por lo que ha dicho sobre los trabajadores de más edad. 
Creo que podríamos alcanzar los objetivos de Lisboa en el ámbito del empleo si consiguiéramos crear un mercado laboral mejor para los trabajadores de más edad, así que me ha decepcionado que la Comisión solo hable de eliminar los instrumentos financieros destinados a ellos. 
Podríamos también negarles el derecho a voto. 
La afirmación de la Comisión es totalmente inaceptable. 
Necesitamos crear un mercado laboral capaz de ofrecer posibilidades, un mercado que también haga menos necesarios que ahora dichos mecanismos. 
En segundo lugar, quiero centrarme en la legislación propiamente dicha. 
La Comisión estaba en lo cierto al señalar que tenemos que introducir rápidamente la legislación del mercado interior. 
Por supuesto, también ha presentado sus propias propuestas, si bien no puedo evitar preguntarme si contribuirán mucho al empleo. 
Me temo que lo contrario a veces también es cierto. 
Asimismo, me preocupa que en el ámbito de los servicios financieros, como ocurrió con la directiva de adquisición de empresas, estemos tentados de imitar lo que creemos que está ocurriendo en los Estados Unidos. 
Creo que tenemos que estudiar con atención el efecto que tiene sobre el empleo. 
Luego está el medio ambiente, por supuesto. 
Al evaluar las leyes medioambientales vigentes y elaborar nuevas hay que tener mucho más en cuenta los efectos sobre el empleo que lo que hemos hecho hasta ahora. 
Resulta demasiado fácil trivializar esto, como ha hecho el Sr. Langen. 
Mi última observación se refiere a la productividad, una cuestión que aún se subestima mucho. 
La productividad vincula todo. 
Si mejoramos la productividad, podemos hacer más, podemos obtener mejores empleos. 
Sin embargo, a menudo la otra parte de esta Cámara pone trabas a la mejora de la productividad porque se da demasiada importancia a las viejas ideas, que casi nadie apoya hoy en día. 
– Señor Presidente, los informes que estamos discutiendo expresan preocupación por la distancia entre los objetivos de Lisboa y los resultados alcanzados. 
El Consejo y la Comisión comparten estas preocupaciones e insisten justamente en la importancia de confirmar una estrategia para una economía basada en el conocimiento. 
Sin embargo, creo que con vistas a la Cumbre de Primavera, necesitamos reflexionar sobre la Perspectiva Financiera de la Unión y hay que responder a algunas preguntas. 
La primera pregunta se refiere a los medios para conseguir un equilibrio entre la política de estabilidad, que se manifiesta a través de la moneda única, y una política de fomento de la investigación científica, la innovación para las pequeñas empresas y las inversiones en las RTE, que permitirán integrar a las regiones europeas. 
La segunda pregunta se refiere a la manera de abordar la mundialización de los mercados que está desafiando incluso a las empresas más modernas, que tienen que competir con Estados Unidos y Japón –es decir, los países más avanzados en materia de investigación científica– y con las empresas tradicionales que tienen que competir con China y con las economías con bajo coste de la mano de obra, de la política social y de la política medioambiental. 
La tercera pregunta se refiere al desarrollo de los factores de competitividad, que ayudan a reforzar la presencia comunitaria en la investigación fundamental, así como en la política industrial. 
Este compromiso comunitario es posible si la Perspectiva Financiera es coherente con los objetivos de la ampliación europea, así como con el crecimiento cada vez más vinculado al capital humano, a la calidad del producto y a la competitividad de las empresas que operan en un mercado cada día más abierto. 
Creo que el problema político se centra, de hecho, en la capacidad de llevar a cabo las reformas estructurales y tomar las decisiones presupuestarias necesarias para asegurar el futuro de Europa. 
– Señor Presidente, Señorías, estamos discutiendo sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y creo que tenemos muchos motivos para hacer hincapié en que necesitamos este Pacto por el bien de nuestro futuro. 
Los que quebrantan la ley en el ámbito europeo utilizando una decisión ministerial para interferir en los procedimientos de la Comisión tienen que saber que el incumplimiento de este Pacto de Estabilidad y Crecimiento acabará socavando la estabilidad del euro, y hará que se derrumben los cimientos del crecimiento en Europa. 
Este es el punto en que la carta de los seis países con presupuestos consolidados lo dice todo, y espero y deseo que recuperemos esa conciencia pensando en este Pacto. 
Lo que es cierto para este Pacto es cierto para muchas otras cosas: si quieren cambiar la legislación, tienen que conseguir la mayoría, pero no pueden cambiar la legislación incumpliéndola. 
En segundo lugar, el proceso de reforma estructural que exige el Banco Central Europeo tiene que producirse en el ámbito nacional. 
En Alemania faltan particularmente tales reformas. 
Esto queda patente cuando leemos que en Alemania el producto interior bruto per cápita ha descendido, y que Alemania es el cuarto país empezando por el final. 
Sin duda, esto no indica que los socialdemócratas estén haciendo un buen trabajo en la conducción de Alemania. 
Asimismo, el mero hecho de que el Comisario Verheugen pertenezca a dicho partido basta para descalificarlo como Supercomisario aquí en Bruselas. 
Permítanme acabar señalando que el Proceso de Lisboa no significa que un gran programa de gasto signifique que disponemos de dinero para despilfarrar. 
Muy al contrario, también tenemos que ahorrar en el ámbito europeo, por lo que no apoyo la petición de la Comisión de aumentar el presupuesto un 50%. 
Esto también impondría cargas excesivas sobre los contribuyentes netos en la Unión Europea. 
Varios diputados a esta Cámara deberían pensar y reflexionar y, en general, creo que una fase de consolidación beneficiaría a la Unión Europea. 
– Señor Presidente, puesto que estamos tratando el tema de la economía europea en el debate de estos informes, quiero insistir en la importancia fundamental de trasladar la agenda de Lisboa de la retórica a la realidad. 
Se han hecho algunos avances desde que los dirigentes europeos manifestaron su deseo de convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo en un plazo de diez años, pero también se han producido muchos retrocesos. 
A mí me parece que un objetivo fundamental de la agenda de Lisboa es la reforma económica y la flexibilización de los mercados de trabajo. 
Pero en muchos casos hemos visto a la Unión Europa moverse en dirección contraria a esta aspiración. 
Los mercados de trabajo no se hacen más flexibles con medidas como la Directiva sobre los trabajadores temporales, que podría privar de empleo a cientos o miles de trabajadores temporales. 
Me preocupan también los planes para la retirada gradual de algunas de las exclusiones temporales de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo, que proporciona una mayor flexibilidad. 
Por supuesto, es importante que nos aseguremos de que los ciudadanos no tengan que trabajar un tiempo excesivo, pero existen muchos aspectos de esta Directiva que no hacen más que añadir burocracia, sin garantizar la debida protección a los trabajadores: estas medidas solo hacen que les resulte más difícil organizar sus vidas como les gustaría. 
Existen otras propuestas que me parecen exageradas: el Reglamento sobre productos químicos, por ejemplo, pretende controlar y regular la utilización de productos químicos peligrosos, pero esto no debe dar lugar a la reacción desproporcionada que hemos visto en él. 
Muchos aspectos de la legislación europea son excesivamente intervencionistas y lo único que consiguen es aumentar los costes de las empresas. 
Al final eso cuesta puestos de trabajo a los ciudadanos europeos y con mucha frecuencia significa que los consumidores terminan comprando peor y pudiendo elegir menos. 
Para hacer realidad la agenda de Lisboa tenemos que reducir la burocracia que genera la Unión Europea. 
. Señor Presidente, gracias a todos los que han intervenido, por su participación en este debate y por las ideas que se han presentado. 
Desgraciadamente no tenemos tiempo suficiente para entrar en todas ellas en profundidad, pero sí me gustaría destacar lo que considero puntos esenciales del debate. 
Creo que todos estamos de acuerdo en no estar satisfechos con nuestro nivel de crecimiento, queremos más nivel de crecimiento. 
Sin embargo yo llamaría la atención para evitar comparaciones simplistas. 
No es fácil comparar a los Estados Unidos con la Unión Europea sin tomar en consideración los puntos de partida ni tener en cuenta las obligaciones futuras de una u otra zona. 
Tampoco es fácil comparar, ni siquiera, la unión monetaria con la "no-unión" monetaria. 
En todo caso el problema fundamental que se plantea hoy es ¿sigue siendo válido el diagnóstico de Lisboa, sí o no? 
Yo estoy convencido de que la mayor capacidad de crecimiento europea depende fundamentalmente de dos cosas: más empleo en Europa y más productivo. 
Y creo que ese diagnóstico sigue siendo válido. 
Si esto es así ¿qué es lo que está fallando en Europa? 
Creo que no es el diagnóstico, creo que lo que está fallando es la aplicación, la puesta en marcha de lo que hemos decidido en Lisboa. 
Así y todo, en el informe de la Comisión se pone de relieve que si estamos descontentos con ciertos aspectos también es cierto que hemos avanzado en otros. 
Sin duda alguna hemos avanzado en empleo; no hemos avanzado tanto en productividad. 
Hemos avanzado en mercado interior, pero no tanto como hubiéramos deseado. 
En el sistema financiero, sin duda alguna, hemos superado obstáculos para unificarlo pero no tanto como para que podamos hablar de unos costes financieros parecidos a los que existen en Estados Unidos. 
La iniciativa de crecimiento, en mi opinión, es un tema importante para relanzar algunos otros aspectos. 
En nuestras propuestas de este año insistimos en aquellos elementos que pueden facilitar y conseguir que la productividad aumente. 
Investigación y desarrollo, sin duda alguna, es un objetivo; pero también aquí hay que matizar mucho de qué estamos hablando cuando hablamos de investigación y desarrollo. 
Sin duda alguna 3% del PIB es una cifra parecida a la de Estados Unidos, pero la diferenciación entre inversión pública y privada en investigación y desarrollo, en Europa y Estados Unidos, da hoy ya una cifra superior en inversión pública en Europa que en Estados Unidos. 
¿Es, por tanto, el problema solo la cifra, o es también nuestra capacidad para funcionar mejor entre nosotros, evitar los solapamientos entre unas y otras actuaciones y, en muchos casos, conseguir generar un atractivo adicional, un efecto impulso para la actividad privada? 
Son elementos que en mi opinión me parecen fundamentales; en todo caso me parece que estas prioridades están bien elegidas y son correctas. 
No olvidemos nunca que nuestra estrategia de Lisboa tiene además unos límites claros: queremos tener una estrategia de Lisboa sostenible y eso implica un cierto grado, un cierto nivel de producción social adecuado y, significa, también, una cierta protección medioambiental. 
¿Se trata de un problema de definición de estrategia? yo decía que no; es un problema de voluntad política, básicamente nacional, de poner en marcha aquello que hemos pactado. 
¿Es el pacto de estabilidad y crecimiento un problema, o es un elemento positivo? 
Personalmente creo que es un elemento positivo. 
Creo que unas finanzas sanas son un elemento clave para el crecimiento a largo plazo. ¿Sirve una política fiscal como un elemento discrecional para mejorar el crecimiento a corto plazo?. 
En términos teóricos, en algunos casos, puede funcionar con esos criterios pero, sin embargo, no hay que olvidar algunos temas que me parecen fundamentales. 
Primero, el funcionamiento de los presupuestos y de los estabilizadores automáticos en Europa- mucho más dinámicos que en Estados Unidos- hace que cada caída de un punto de actividad esté compensada con medio punto en cuanto a la desviación del presupuesto. 
Por eso yo creo que es fundamental que planteemos los problemas de futuro del pacto. 
En mi opinión el Tratado sigue siendo válido, en mi opinión las ideas fundamentales siguen siendo válidas, sin embargo hay algunos puntos donde debemos mejorar. 
Sin duda alguna debemos mejorar en la interrelación entre las orientaciones de política económica y el pacto. 
No cabe duda que nuestra preocupación no puede ser únicamente el tema de consolidación fiscal, sino la consolidación fiscal para conseguir más crecimiento, y evidentemente, esto está íntimamente ligado con las Orientaciones Generales de Política Económica y nos plantea un segundo problema que hemos detectado en estos últimos años y es que parte de las dificultades, que hoy tenemos, son consecuencia de no haber tenido un comportamiento correcto en el buen momento del ciclo económico. 
Hemos introducido elementos de crecimiento en el pacto, la comunicación de noviembre del año 2002 iba en este sentido, al dar más valor a los déficit estructurales. 
Sin duda, todavía hay algunos problemas que se plantean en este elemento clave, elemento que, sin duda alguna, estamos dispuestos a discutir y a debatir. 
Creemos que es importantísimo el problema del futuro; en ese sentido la deuda tiene que tener mayor importancia en el juego del pacto, pero no solo la deuda, sino todas aquellas obligaciones futuras que, sin duda alguna, pueden tener un impacto negativo en nuestro crecimiento a largo plazo. 
Elementos como el envejecimiento de la población y las necesidades de financiación de obligaciones futuras son fundamentales. 
Último comentario. 
Creo, y algunos de ustedes lo han destacado, que la necesidad del compromiso nacional para la aplicación del pacto es fundamental. 
Eso supone que tal vez los procesos presupuestarios de que actualmente disponemos, podrían mejorar en el sentido de que los propios Parlamentos nacionales estuvieran más implicados en la definición de sus propias obligaciones futuras y en el cumplimiento de las obligaciones a las que finalmente nos hemos comprometido. 
Creo que tenemos un buen punto de partida. 
Es cierto que nos gustaría tener más crecimiento y es cierto que nuestro margen es limitado. 
Cuando la Comisión ha definido sus perspectivas financieras hemos intentado hacer un equilibrio entre, por una parte, no sobrepasar nuestro margen de maniobra actualmente existente- a pesar de las obligaciones adicionales- y, al mismo tiempo, no incrementar, nada más que lo estrictamente necesario, nuestro margen financiero actual. 
Pero somos conscientes que al final el presupuesto de la Unión es el 1, el 1,14, el 1,24 % y que el gran elemento de gasto público hoy se encuentra a nivel nacional. 
Por lo tanto, si no existe esa cooperación a nivel nacional, no podremos avanzar en ese mayor crecimiento que todos queremos para Europa. 
. Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a todos los diputados que han participado en el debate. 
Puede que no esté de acuerdo con todo el análisis, pero me ha parecido un debate extraordinariamente interesante y muy constructivo. 
No tengo tiempo para referirme a todas las cuestiones planteadas, pero en el debate se han planteado algunas cosas interesantes. 
El Sr. Blokland, por ejemplo, ha dicho que la agenda de Lisboa está llegando a su fin: podemos contar el tiempo que nos queda en días. 
Ese ha sido un comentario muy interesante. 
El Sr. Crowley ha insistido en la flexibilidad de nuestro enfoque y el Sr. De Rossa ha recordado lo dinámico que es el mundo en el que existe Europa y lo extraordinarios que son los retos que nos plantea. 
No es sorprendente que los oradores hayan sido muy claros respecto a la necesidad de hacer frente en todo momento a las barreras que impiden la plena aplicación de la estrategia de Lisboa. 
El Sr. Barón tiene toda la razón cuando dice que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones; la estrategia de Lisboa también está llena de buenas intenciones. 
Esta Presidencia es consciente de que además de expresar nuestras buenas intenciones, tenemos que enfocar todo el proceso de forma muy parecida a como sugiere el Sr. Watson. 
La estrategia no pertenece a las instituciones europeas, sino a los ciudadanos de Europa. 
Son muchos los interesados, como la Sra. Randzio-Plath ha tenido el acierto de recodar. 
De alguna forma tenemos que captar la atención de todos esos interesados –no solo los Gobiernos y las instituciones de los Estados miembros, sino los ciudadanos europeos– y asegurarnos de que se centren en la propia agenda y en lo que significa en realidad. 
Muchos diputados se han referido al tema de la regulación. 
No estoy seguro de que el Sr. Jonckheer y yo mismo estemos de acuerdo, pero él ha hecho un comentario sobre la preocupación que existe por la liberalización y la regulación, un tema que también han tocado otros muchos oradores. 
Creemos firmemente en la necesidad de dedicar mucho tiempo y atención para garantizar una regulación eficaz; es decir, una regulación que facilite el proceso, en lugar de dificultarlo. 
Otro de los temas principales del debate ha girado en torno a lo que tiene que hacerse para crear una economía realmente basada en el conocimiento. 
Estoy de acuerdo con la Comisaria Reding, que desde el principio ha insistido en la importancia de la educación. 
Estoy también de acuerdo con los comentarios de la Sra. Grossetête y la Sra. García-Orcoyen Tormo sobre la importancia de la investigación y el desarrollo. 
Se han hecho muchas contribuciones durante todo el debate sobre cómo abordar la cuestión de la creación de una economía basada en el conocimiento, y creo que sus Señorías tienen razón al señalar que la educación es fundamental, como también lo es la inversión en investigación y desarrollo. 
Un comentario que se ha repetido una y otra vez es la necesidad de crear un marco de investigación en Europa. 
Los investigadores son el capital simiente de una economía basada en el conocimiento y la Unión Europea y sus Estados miembros tienen que reconocer eso. 
La estrategia de Lisboa no es un concepto académico ya caduco; es esencial para las vidas de los ciudadanos de la Unión Europea de los 15 y, a partir de mayo de 2004, lo será también para las vidas y el bienestar de 450 millones de ciudadanos en una Unión de 25 Estados. 
Se trata de una empresa que merece toda nuestra atención, nuestra energía y nuestro ingenio. 
En lo que respecta a esta Presidencia, se trata de una prioridad fundamental a la que dedicaremos una gran atención. 
En la reunión del Consejo europeo de marzo pensamos adoptar un enfoque menos disperso. 
Creemos que tenemos que centrarnos seriamente en las cosas que podemos conseguir y ponernos manos a la obra. 
Para terminar, quiero agradecer a todos los diputados y diputadas su contribución a este interesante debate. 
– Damos las gracias al Consejo. 
Para concluir las declaraciones sobre el seguimiento de la Estrategia de Lisboa, he recibido tres propuestas de resolución. (1) 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
. – La Unión Europea tiene que modernizar el funcionamiento de nuestros mercados de trabajo. 
Tenemos que mejorar la coordinación de nuestras políticas económicas. 
Tenemos que poner en marcha menos reformas legislativas, pero que sean mejores. 
Tenemos que completar las redes transeuropeas en los sectores del transporte y la energía. 
Tenemos que asegurar que todas las regiones de la Unión Europea, ya sean urbanas o rurales, periféricas o centrales, aprovechen al máximo las nuevas tecnologías que se están desarrollando. 
La Unión Europea, si quiere seguir siendo competitiva y si quiere alcanzar los objetivos fijados por los dirigentes europeos para la aplicación de la estrategia de Lisboa, tendrá que adoptar una serie de medidas legislativas a escala comunitaria. 
Tenemos que consolidar plenamente el mercado interior. Tenemos también que invertir más en políticas de investigación y desarrollo, un ámbito en el que la Unión Europea se está quedando rezagada respecto a los Estados Unidos en los últimos tiempos. 
Apoyo el objetivo de convertir a la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo de aquí a 2010. 
Y todos tenemos que trabajar para conseguirlo. 
. – La Comisión Europea debería confeccionar un calendario para los Estados miembros, especificando quién va a alcanzar qué, cuándo y cómo. 
La minicumbre europea de Berlín ha vuelto a demostrar que todos están de acuerdo con los objetivos, pero no con las acciones que hay que emprender, así que no estamos avanzando. 
La sustitución de los inciertos acuerdos actuales por un calendario con objetivos claros ayudará a los Jefes de Gobierno a encontrar un camino para fortalecer la economía basada en el conocimiento y hacer más flexible el mercado laboral europeo. 
Además, durante la Cumbre de Primavera, la Comisión debería explicar qué ha hecho para eliminar la legislación superflua, porque según las promesas que la Comisión hizo a la industria europea hay que eliminar un 25%. 
Al reducir la carga administrativa, las empresas volverán a tener la oportunidad de ser emprendedoras y de generar crecimiento económico. 
La respuesta no es un «Supercomisario» para los asuntos económicos. 
El Canciller alemán Schröder debería saberlo, porque el «superministro» alemán de Asuntos Económicos y Empleo, Wolfgang Clement, no ha conseguido impedir que la economía alemana alcance uno de los niveles de crecimiento más bajos de Europa. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral (B5-0011/2004) del Sr. Costa, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, al Consejo, sobre la falta de consulta al Parlamento Europeo sobre los proyectos «Quick Start» en el marco de la red transeuropea de transportes (RTE). 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la pregunta que se ha presentado intenta evitar la confusión y prevenir cualquier posibilidad de que el procedimiento de codecisión actual relativo al desarrollo de la red transeuropea de transportes afecte a la lista de las secciones de los proyectos prioritarios indicados por la Comisión en su comunicación al Consejo del 11 de noviembre de 2003 sobre la iniciativa de crecimiento. 
Esta identifica las secciones y proyectos que se han tenido en cuenta como beneficiarios de subvenciones comunitarias actualmente disponibles, así como de créditos del Banco Europeo de Inversiones. 
La Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, en cuyo nombre intervengo, se dirige al Consejo para conocer la importancia que hay que atribuir a dicha comunicación. 
El 27 de enero de este año, la Vicepresidenta de la Comisión, Sra. De Palacio, clarificó por escrito a la comisión parlamentaria a la que pertenezco que la comunicación sobre la Iniciativa de Crecimiento que incluye la lista de proyectos prioritarios no es un documento jurídicamente vinculante, ni es una lista de secciones destinadas a recibir un trato preferente. 
Por lo tanto, según la Comisión, tenemos una lista incompleta de acciones dentro de los proyectos prioritarios que la Comisión Europea y los Estados miembros han considerado suficientemente maduros para iniciar los trabajos de inmediato, estimulando así la economía europea. 
Parece necesario que el Consejo confirme hoy la declaración de la Comisión, y que explique qué va a hacer para garantizar que la mención de las secciones de los proyectos propuestos por la Comisión Europea no hagan de ellas en modo alguno una prioridad antes de la conclusión del procedimiento de codecisión en curso sobre las directrices para el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte. 
La Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, a la que represento, es consciente de las ventajas que comporta un rápido comienzo de los programas que, además de construir las infraestructuras necesarias para la creación de un mercado único en el seno de la Europa ampliada, contribuirá de forma significativa a la renovación de la economía europea que todos esperamos y de la que hemos hablado hace un momento. 
Por esta razón, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo está trabajando y continuará trabajando en las próximas semanas para garantizar que las directrices puedan aprobarse dentro de la actual legislatura. 
Para ello, el Parlamento Europeo y el Consejo tienen que comprometerse a cumplir las directrices que nos hemos fijado, y a demostrar su voluntad de alcanzar un verdadero acuerdo, porque el procedimiento de codecisión tiene sentido, es importante y no da la impresión de que la Comisión y el Consejo ya hayan tomado las decisiones sin que el Parlamento pueda indicar sus obligaciones y prerrogativas. 
Sin duda, una conclusión rápida del procedimiento de codecisión sobre las directrices para el desarrollo de las redes transeuropeas permitiría dar luz verde a la lista de proyectos maduros. 
Esta lista no está preestablecida, sino que tiene que redefinirse –de nuevo, dentro del marco del procedimiento de codecisión– respetando las directrices mencionadas. 
Conseguiremos la reanimación de la economía europea y la construcción física de un mercado único sin incoherencias si concluimos con rapidez el trabajo de codecisión sobre la red transeuropea de transportes y, después, identificamos los proyectos maduros a los que la Unión destinará sus recursos, e instamos a los Estados miembros a que comiencen los programas. 
. Señor Presidente, en la reunión celebrada los días 12 y 13 de diciembre de 2003, el Consejo Europeo aprobó el Plan de acción europeo para el crecimiento sobre la base de los informes presentados por el Consejo Ecofin, la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones. 
Esta iniciativa es un paso importante en la aplicación de la agenda de Lisboa para mejorar la competitividad, el empleo y el potencial de crecimiento en la Unión ampliada. 
La reforma estructural se acompañará de una mayor inversión en capital físico y humano. 
El Consejo acogió también con satisfacción el trabajo realizado por la Comisión y el BEI –y por las formaciones relevantes del propio Consejo– sobre la creación del Programa Quick Start. 
La identificación se realizó también aplicando un conjunto estricto de criterios de una lista provisional de proyectos de acción inmediata. 
El Consejo recomendó a su vez que si otros proyectos cumplían los mismos criterios, la lista se ampliara de acuerdo con los procedimientos seguidos para su elaboración en el marco del ciclo anual de presentación de informes al Consejo europeo de primavera. 
Quiero confirmar a sus Señorías que la comunicación de la Comisión al Consejo sobre «La iniciativa europea para el crecimiento – Inversión en conocimiento y redes» , así como los informes del BEI y las diferentes formaciones del Consejo en este ámbito, no son más que directrices. 
Para que puedan llevarse más lejos, tienen que incorporarse a un instrumento jurídico formal; en este caso, una decisión del Consejo y del Parlamento Europeo. 
La comunicación de la Comisión es una lista no exhaustiva de acciones dentro de los proyectos prioritarios que la Comisión y los Estados miembros han identificado. 
Estos proyectos se consideran suficientemente maduros como para comenzar de inmediato y, por tanto, para estimular la economía europea ahora mismo. 
Es importante que el Consejo y el Parlamento mantengan su participación constructiva en el debate actual sobre la revisión de las directrices. 
En este sentido, el Consejo acoge con satisfacción del carta del Presidente Cox al Presidente Prodi fechada en noviembre de 2003. 
La Presidencia se ha comprometido firmemente a asegurar que el trabajo sobre este tema de importancia crítica concluya con éxito al final de esta legislatura. 
Es fundamental, por tanto, que las instituciones de la UE trabajen juntas para avanzar en este trabajo. 
Reconocemos que el Parlamento Europeo desempeña una función especialmente importante en este proceso. 
El acuerdo despejará el camino para inversiones cruciales en proyectos de redes fundamentales y facilitará con ello el logro de nuestro objetivo fundamental de promover el crecimiento económico en la Europa ampliada. 
La aprobación de la propuesta de decisión sobre las RTE en vísperas de la ampliación –antes del 1 de mayo– tendrá una gran importancia simbólica. 
Será también una buena prueba del compromiso de la Unión Europea con la rápida integración de las economías de los nuevos Estados miembros. 
Como último comentario, quiero decir que he escuchado con mucha atención la contribución del Sr. Costa a este debate. 
Parece existir cierta preocupación por la posible contribución del Parlamento en este ámbito, una preocupación que posiblemente no se haya reconocido del todo. 
Quiero asegurarle a él y a la Cámara que el tema es parte de una cuestión de mayor envergadura respecto a la cual la Presidencia irlandesa solicitará la plena participación del Parlamento y sus talentos. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, esto no es suficiente. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, lo repetiré para usted: lo que ha dicho no basta. 
El presidente de la comisión parlamentaria ha formulado una pregunta específica sobre si el Consejo está de acuerdo con la descripción de la lista «Quick Start» como una lista personal elaborada por el Consejo, pero no vinculante para el Parlamento. 
Usted no ha respondido a esta pregunta, y creo que es muy lamentable. 
Ha hecho una declaración sobre la razón por la cual la lista «Quick Start» es necesaria, pero no ha abordado la manera en que esta lista da la impresión –y su discurso la refuerza– de que usted desea que el Parlamento quede al margen de las decisiones sobre los proyectos que han de ser prioritarios. 
Hemos intentado ayudarle a salir de sus dificultades, dejándole claro que el Anexo III de los proyectos RTE, los proyectos prioritarios, es una cuestión de decisión conjunta, y que el Consejo no puede elaborar su propia lista especial de entre estos proyectos prioritarios, y hemos afirmado que de los 30 proyectos, el más atractivo es este o aquél y que ahora es cuestión de decidir su puesta en marcha. 
Usted ha intentado eludir la cuestión diciendo que la elección se había hecho sobre la base de la disposición a comenzar las obras o la disponibilidad de financiación. 
Es cierto: el Consejo no puede decidir qué proyectos se abordan primero y cuándo; hay que decidirlo conforme a los criterios del Anexo III, que establece qué proyectos están listos para ser construidos, cuáles han recibido permiso de planificación y cuáles pueden recibir financiación. 
Así pues, vuelvo a pedirle que diga claramente si la lista «Quick Start» es vinculante y, si es así, para quién lo es; o si usted ha intentado usarla para evitar el derecho del Parlamento y del Consejo a tomar una decisión conjunta sobre los proyectos prioritarios. 
Por mi parte, y en nombre de mi Grupo, le puedo decir que no permitiremos que esto ocurra. 
No permitiremos que el Consejo use la llamada lista «Quick Start» para ningunear unilateralmente los derechos del Parlamento. 
– Señor Presidente, esta pregunta oral tiene al menos un mérito: lo que era un expediente fantasma ahora es claramente visible, porque el Consejo acaba de confirmar que lo que hemos estado leyendo en la prensa, lo que se murmuraba en el Consejo y lo que, en algunos casos, algunos Comisarios decían en realidad existe. 
Existe un programa Quick Start, a pesar de que la Sra. De Palacio nos había dicho que no existía. 
Así pues, gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo, por confirmárnoslo tan claramente hoy, y quiero también dar las gracias a todos los diputados que han suscrito esta pregunta oral. 
Después de todo, es un buen método intentar comenzar con los proyectos más maduros, evitando así una situación en que, al querer abarcar más, acabamos no consiguiendo nada. 
Por lo tanto, acojo con satisfacción el hecho de que, después de todo, haya un método de aplicación de los proyectos RTE. 
Sin embargo, parece claro que la verdadera lista prioritaria es la lista Quick Start, porque allí es adonde irán a parar nuestros escasos fondos, y son muy escasos comparados con la magnitud de la tarea. 
Por lo tanto, comparto la opinión del Sr. Jarzembowski. 
Creo que no es correcto que el Parlamento Europeo no esté informado y participe en la aplicación de esta lista. 
No estoy seguro de que tengamos que llegar hasta la codecisión en cuanto al método de financiación y aplicación de los proyectos RTE. 
Sin embargo, de lo que estoy seguro, puesto que fui yo, junto con otros diputados, quien lo reclamó, es que tenemos que disponer de información regular sobre la aplicación de los treinta proyectos RTE por los que votaremos. 
Por lo tanto, espero que esta sesión al menos haya resultado útil de dos maneras. 
Por una parte, ha tratado de clarificar el procedimiento para ver si estamos o no dentro del marco de la codecisión –y queremos una respuesta muy clara al respecto–, y por otra, si no participamos en un procedimiento de codecisión, al menos ha establecido un informe anual sobre la aplicación de los proyectos RTE por los que hemos votado. 
– Señor Presidente, se ha hablado mucho de la implicación del Parlamento Europeo en la elaboración de la llamada lista Quick Start. 
No quiero abundar en esta discusión, sino centrarme en algo igualmente importante en este contexto, a saber, la financiación y la gestión de los proyectos. 
El Tribunal de Cuentas ha investigado el sistema de gestión de la red transeuropea de transporte y ha formulado una crítica muy dura. 
La conclusión es que hay que mejorar el control. 
Tiene que ser más eficaz, y necesitamos una aplicación coherente y uniforme de las normas RTE en todos los Estados miembros. 
Los nuevos Estados miembros ya participan en el programa RTE. 
Estoy totalmente a favor de la ampliación y de que los Estados miembros participen en todos los programas de la UE tan pronto como sea posible, pero los nuevos Estados miembros no siempre consiguen controlar los fondos de la UE y la Comisión no siempre consigue que cumplan sus obligaciones. 
Por desgracia, los proyectos Quick Start son un ejemplo de ello. 
Por ejemplo, en Eslovaquia se ha aprobado un proyecto de autopista, encaminado a unir Katowice con Zilina, que no cumple nuestras normas. 
El proyecto fue aprobado sin ningún tipo de justificación en términos económicos o de condiciones de tráfico. 
Por desgracia, hay demasiados ejemplos de proyectos que se aprueban sin una investigación adecuada, sin análisis de coste/beneficio y sin tener en cuenta las consecuencias medioambientales. 
El programa RTE es un éxito, pero no podemos construir autopistas y puentes si no los necesitamos. 
Tenemos que garantizar controles eficaces y uniformes en todos los Estados miembros. 
Si controlamos los fondos de la UE de forma adecuada, garantizaremos que los proyectos RTE sean más legítimos. 
Si las finanzas están en orden, atraeremos capital privado más fácilmente. 
Tenemos que recordarlo, porque la asociación de los sectores público y privado parece una opción en relación con la financiación de futuros proyectos de infraestructura. 
Una vez esto sea una realidad podremos dar un impulso a muchos proyectos de infraestructura necesarios, y esto nos acercará a nuestro objetivo común de creación de una UE coherente. 
Permítanme citar un ejemplo de un proyecto pensado tanto para ser cofinanciado por la UE como para asociar los sectores público y privado. 
Se trata del enlace fijo entre Dinamarca y Alemania a través del estrecho de Fehmarn. 
Existe una necesidad clara de construir un puente a través del estrecho con objeto de eliminar este cuello de botella del eje note-sur. 
Los daneses han hecho un gran esfuerzo por garantizar la puesta en marcha de este proyecto. 
Por desgracia, parece que en Alemania falta voluntad política. 
Una vez iniciado el proyecto, y esperemos que no tarde mucho, la UE se fortalecerá y, al mismo tiempo, se dará un impulso económico al empleo en las regiones a ambos lados del estrecho de Fehmarn. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, hay quien cuestiona la Constitución que amplía los poderes del Parlamento para aprobar procedimientos legislativos por codecisión. En consecuencia, no es buen momento para pasar por alto el poder del Parlamento para aprobar, junto con el Consejo, una cuestión tan vital como las redes transeuropeas de transporte. 
Por lo tanto, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, pido que esta cuestión crucial se someta al Parlamento. 
En todo caso, como diputado a esta Cámara, quiero llamar su atención sobre los proyectos de tren de alta velocidad en Galicia, en Portugal, en el noreste de la Península y en Aquitania; es decir, en una franja importante de la costa atlántica de la UE. 
Todos ellos están incluidos en los planes elaborados por los Gobiernos portugués y español, en este caso el plan Galicia. 
Queremos que este proyecto se cumpla y que sea aprobado por codecisión, como debe ser. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, hace unos días se llevó a cabo una nueva encuesta del Eurobarómetro. Llama la atención el bajísimo nivel de participación en las elecciones al Parlamento Europeo en junio. 
En algunos países, apenas más del 20% de los ciudadanos afirman estar interesados en estas elecciones, y este índice no sobrepasa el 50% en prácticamente ningún país. 
No hay ningún motivo para sorprenderse por estas cifras. El hecho es que los ciudadanos europeos escuchan lo mismo año tras año, que todo lo malo proviene de Bruselas, y que lo bueno se hace en casa. 
El juego es «pasarse la pelota» , y el Consejo juega particularmente bien. 
Se calla sobre el hecho de que forma parte de Bruselas y, cuando tiene la oportunidad de jugar a ser Papá Noel, como por ejemplo ahora con las RTE, le gusta que le vean repartiendo bendiciones en lo que constituye una actuación en solitario. 
¿A quién le importa que el Tratado hable en términos de codecisión en estas cuestiones, con el Consejo y el Parlamento tomando decisiones conjuntas sobre la red de transeuropea de transporte? 
Sus Eminencias del Consejo quieren ser los únicos en repartir generosidad y en hacer promesas; que nadie más se lleve la gloria, y menos aún el Parlamento. 
No estamos dispuestos a seguir con esta farsa de desinformación; no estamos dispuestos a hacerlo por una cuestión de principio, y por supuesto no estamos dispuestos a hacerlo con el 13 de junio a la vuelta de la esquina. 
La resolución que hemos presentado está encaminada a transmitir este mensaje. 
Sobre todo, exigimos que se transmita un mensaje claro a la opinión pública europea de que no solo llegan cosas malas de Europa, y que el Parlamento Europeo y sus diputados comparten la responsabilidad sobre lo que los ciudadanos consideran importante, y que esperamos les beneficie en la práctica. 
– Señor Presidente, tengo mucha confianza en el Consejo, en especial en el Sr. Roche, y entiendo que en su intervención ha dicho que está a favor de que el Parlamento tenga derecho a tomar decisiones en todos los ámbitos a los que hemos hecho referencia. 
A juzgar por lo que mis colegas diputados están diciendo, ellos no confian tanto en el Sr. Roche. 
Quiero pedirle al Presidente en ejercicio del Consejo –y esta es mi primera cuestión– que diga, aquí y ahora, alto y claro, si reconoce que el Parlamento tiene plenos derechos de decisión respecto de todas estas cuestiones, ya se trate de la lista «Quick Start» o de cualquier otra lista. 
Mi segunda cuestión es que la comisión, bajo la presidencia del Sr. Costa, acordó que esta Cámara no es tan irresponsable como para que cualquiera pueda, por las buenas o por las malas, añadir sus proyectos predilectos; por el contrario, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo ha añadido un número limitado de proyectos que estaban justificados. 
Mencionaré dos de los seis proyectos, que aumentan la cohesión y la unidad de Europa, no solo en los nuevos Estados miembros, sino también en los futuros países en vías de adhesión en los Balcanes y en su entorno: las líneas que atraviesan Austria desde Praga a través de Linz, y otra que va desde el Norte a través de Viena hasta Graz y después hasta Croacia. 
Dicho de otro modo, líneas que tienen mucho sentido. Realmente creo que, durante los últimos meses, esta Cámara ha demostrado ser responsable al no añadir un proyecto tras otro de forma indiscriminada ni siquiera en pleno periodo preelectoral. 
Sin embargo, hay que garantizar plenamente el derecho del Parlamento a compartir las decisiones. 
Sería positivo que la respuesta ambigua del Presidente en ejercicio se convirtiera en una declaración clara e inequívoca de que el Consejo reconoce el poder de codecisión del Parlamento, porque esta Cámara demuestra un alto grado de responsabilidad y presenta algunas ideas adicionales para estos importantes proyectos de inversión. 
Después de todo, el Consejo y su Presidencia tienen que estar interesados en obtener algunas buenas ideas más, y las obtendrán de la Comisión de Transporte de esta Cámara. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con que se impulse una iniciativa europea de crecimiento. 
Sin embargo, no puedo aceptar el sentido restrictivo que se ha dado a la conocida como. 
Existe ya una lista de proyectos prioritarios, avalados por los Consejos Europeos de Essen y Dublín, y la Comisión ha propuesto una segunda ampliación. 
Yo creo que todos estos proyectos prioritarios deben tener las mismas posibilidades de acceso a las ayudas comunitarias. 
El reto no debe ser reducir el número de proyectos, sino ponerlos en marcha cuanto antes. 
Considero, sin ninguna duda, que sería más eficaz habilitar una prima, un plus de financiación a los proyectos o tramos de los mismos, cuyas certificaciones de obra ejecutada se presenten en los próximos tres años, por ejemplo, y no reducir la lista de proyectos basándose en sus expectativas de inicio o realización. 
Tramos de ferrocarril de alta velocidad, como el Vitoria-Dax, podrían ejecutarse en buena medida de aquí al 2006 y, sin embargo, no está incluido en la. 
También considero que las denominadas "autopistas del mar" tienen que ser consideradas como proyectos transfronterizos siempre que unan puertos de dos Estados miembros. 
– Señor Presidente, me sorprende que en un debate tan importante como este la Comisión brille por su ausencia. 
Además de lo que han dicho otros diputados, quiero reiterar que la Comisaria De Palacio no ha tratado este expediente de manera particularmente democrática. 
Ha intentado interferir en los asuntos internos de esta Cámara en dos ocasiones; ha escrito una carta al presidente de la comisión parlamentaria para decirle quién tenía que ser el ponente de este expediente, y en segundo lugar, ha insistido a los Grupos en que el procedimiento debería ser simple y no incluir la codecisión. 
Creo que tenemos que apoyar un procedimiento de codecisión y luchar en esta Cámara por lo que deseamos, porque somos responsables ante la opinión pública, cuyos impuestos sufragan los proyectos de inversión. 
– Señor Presidente, hablando personalmente rechazo los ataques contra la Sra. De Palacio. 
No ha intentado ejercer una influencia negativa en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo; por el contrario, ha ofrecido su ayuda para concluir el expediente de las redes transeuropeas y ha sido de gran ayuda. 
Sin embargo, quiero preguntarle al Presidente en ejercicio del Consejo si no tiene nada que decirnos. 
¿Nuestras preguntas son tan poco importantes que no está dispuesto a contestar? 
. Señor Presidente, no tenía intención de responder al debate. 
Mis comentarios iniciales han sido, creo, exhaustivos, en particular los que he añadido al final. 
– Se ha tomado nota de la declaración del Consejo. 
Para concluir este debate, he recibido una propuesta de resolución. (1) 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Señor Presidente, quiero hacer hincapié en la necesidad de dar un impulso decidido a los proyectos de redes transeuropeas prioritarios, fundamentales para el desarrollo económico de la UE. 
Lamentablemente, proyectos vitales para la UE como la construcción de un tren de mercancías de alta capacidad por el Pirineo central- que ha recibido el apoyo de la comisión RETT de este Parlamento- se encuentran con la falta de un respaldo decidido de los Estados miembros, en este caso concreto, del Estado francés. 
Los Estados miembros deben ser conscientes de la necesidad de llevar a cabo cuanto antes estos proyectos para evitar los previstos colapsos en el transporte de mercancías en el seno de la UE. 
La llamada de atención del Parlamento debe ser oída y la UE debe facilitar la labor de los Estados miembros y seguir impulsando su ejecución. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral (B5-0063/2004) del Sr. Rocard, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, al Consejo, sobre la tregua olímpica. 
– Señor Presidente, Señorías, actualmente hay muchos conflictos y situaciones difíciles en el mundo: apelemos al sentido común y actuemos para preservar la vida. 
Este es el objetivo de la tregua olímpica, una noble y antigua tradición que se remonta a 3 000 años atrás y que el Comité Olímpico Internacional ha estado intentando recuperar durante la pasada década. 
En un momento de conflicto en el Iraq, Afganistán, África, el Pacífico y las regiones colindantes, debemos enviar un sólido mensaje de apoyo a la tregua y apelar al diálogo y a la reconciliación, no solo durante los Juegos Olímpicos, sino también posteriormente. 
En noviembre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidad adoptó por unanimidad una resolución para crear un mundo mejor y pacífico, a través del deporte y del ideal olímpico. 
Miles de personalidades públicas de todo el mundo y procedentes de ámbitos muy diferentes –del mundo político y del artístico, por nombrar solo algunos– firmaron la tregua olímpica. 
Este es el Año europeo de la educación a través del deporte y, en este contexto, podemos y debemos transmitir que el deporte tiene un papel fundamental que desempeñar en el proceso. 
Deberíamos utilizar la amplia publicidad que se está dando a los Juegos Olímpicos y al Año europeo de la educación a través del deporte para transmitir un mensaje de paz, para discutir la resolución de los conflictos y para hacer hincapié en el valioso papel que desempeña el deporte en la sociedad. 
Finalmente, también deberíamos preguntarnos por qué las medidas de seguridad para los Juegos Olímpicos y para muchos otros acontecimientos deportivos internacionales se están endureciendo cada vez más. 
En Atenas se desplegaron 50 000 personas para proteger a los visitantes de los Juegos y a los 10 500 atletas participantes procedentes de 201 naciones, una operación que costó 650 millones de euros. 
¿Cómo se puede llamar a esto acontecimiento cultural y pacífico, cuando tiene que estar vigilado permanentemente? 
¿Qué mensaje estamos enviando así? 
Este es el motivo por el que apelamos a los Estados miembros de la Unión Europea y a las instituciones internacionales, por el que pedimos sentido común y comprensión y también por el que la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte plantea esta pregunta oral al Consejo. 
Queremos que la Unión Europea y sus Estados miembros asuman esta responsabilidad y aprovechen el sentido común que prevalece durante los Juegos Olímpicos, y esperamos que también posteriormente. 
Espero que el Año europeo de la educación a través del deporte preceda a un debate más amplio en el que pensemos cómo resolver los conflictos de manera más pacífica, dejando las armas a un lado y haciendo que prevalezcan las armas de la paz, representadas por el ideal político. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Prets en particular por la pregunta. 
El Consejo Europeo de diciembre 2003 expresó su apoyo a la idea de una tregua olímpica y acogió con satisfacción la resolución correspondiente aprobada unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
De hecho, no es una coincidencia que 2004 sea tanto el año de los Juegos Olímpicos como el Año Europeo de la Educación a través del Deporte. 
El Consejo recuerda al Parlamento que los valores educativos del deporte ya fueron reconocidos por el Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000, confirmando así las declaraciones previas, en particular la Declaración 29 anexa al Tratado de Ámsterdam. Esta define el deporte como una actividad que forja la identidad de las personas. 
La resolución del Consejo del 17 de diciembre de 1999 también presentó las actividades deportivas como un valor pedagógico que contribuye al fortalecimiento de la sociedad civil. 
Uno de los objetivos del Año Europeo de la Educación a través del Deporte, establecido en la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de febrero 2003, es aprovechar los valores transmitidos a través del deporte para desarrollar conocimientos y habilidades, en particular entre los jóvenes. 
El deporte contribuye a que los jóvenes no solo desarrollen habilidades físicas y disponibilidad para el esfuerzo físico, sino que también estimula habilidades sociales como el espíritu de equipo, la solidaridad, la tolerancia y, por supuesto, el juego limpio. 
El Consejo reafirma, al igual que el Parlamento, su compromiso con estos objetivos y valores. 
Quiero señalar que no compete al Consejo emprender las acciones específicas propuestas por el diputado. 
Sin embargo, en su reunión del 29 de enero 2004, que marcó el comienzo del Año Europeo de la Educación a través del Deporte, la troika de Ministros de Educación y Deporte subrayó la importancia de la tregua olímpica. 
Los Ministros han apoyado la tregua porque contiene un mensaje de paz, tolerancia y amistad; ocupa un lugar único en las vidas de los ciudadanos; desempeña un papel positivo en la promoción de la amistad y rompe las barreras sociales y culturales. 
La troika de Ministros también ha recomendado encarecidamente que se emprendan acciones conjuntas para aunar las metas del Año Europeo de la Educación a través del Deporte con las de la tregua olímpica durante 2004. 
Personalmente, en nombre de la Presidencia, quiero desear a la nación griega y a todos los atletas que compitan en Grecia unos Juegos Olímpicos pacíficos y llenos de éxito. 
Como ha dicho la Sra. Prets, espero que estos Juegos se desarrollen en una atmósfera de tolerancia y paz. 
Señor Presidente, el deporte no solo tiene que ver con el rendimiento, con las competiciones y con los deportistas de élite; también tiene que ver con desarrollar un sentido de la comunidad y un propósito común; tiene que ver con la Humanidad. 
Señorías, estas no son palabras mías. Estas son palabras de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. 
Eso sí, yo las respaldo plenamente, y también respaldo plenamente que en este Parlamento nos sumemos al apoyo a la tregua olímpica. 
Lo que sí me parece muy importante es que no se politice el deporte. 
El deporte se tiene que mantener, en la medida de lo posible, al margen de la política, y debe servir como una herramienta para construir y nunca para destruir. 
Que el deporte sea una herramienta para promover la paz y el entendimiento. 
En cuanto a la tregua olímpica, no estamos hablando de nada nuevo. 
Existen treguas olímpicas cada dos años, para los Juegos Olímpicos de verano y para los de invierno, desde hace ya muchos años, y, a finales del año pasado, la Organización de las Naciones Unidas aprobó ya una resolución instando a sus Estados miembros a observar la tregua olímpica. 
Yo estoy a favor de ella. Y el Grupo del Partido Popular Europeo también lo está. 
Pero queremos que sea una aportación del mundo del deporte al resto del mundo. 
No queremos que ningún partido político intente sacar beneficios electorales o intente politizar esta cuestión. 
Señorías, en el mundo real hay conflictos y hay guerras. 
En el mundo del deporte hay juegos y hay competiciones. 
En el mundo real hay partes neutrales. En el mundo del deporte tenemos árbitros. 
Y en el mundo real, desgraciadamente, existen muchas muertes, y queremos ayudar a conservar la vida a través del mundo del deporte, y esta tiene que ser la aportación que el mundo del deporte hace a la sociedad. 
Señor Presidente, en un esfuerzo por poner fin a los conflictos que plagaban el Peloponeso, el Oráculo de Delfos aconsejó a las partes enfrentadas, en el año 776 a.C., que organizasen unos juegos, dejando sus diferencias a un lado, de forma que los atletas y ciudadanos de toda Grecia pudiesen participar en los juegos de forma segura. 
Así nació la antigua tradición griega de la tregua olímpica, que se ha mantenido durante más de 1 000 años. 
Grecia promovió la recuperación de esta tradición con el apoyo de la ONU, el Consejo Europeo, la UNESCO y el Comité Olímpico Internacional. 
Durante los preparativos de los Juegos Olímpicos de Grecia de 2004 se creó el Centro Internacional de la Tregua Olímpica, que se comprometió a organizar una importante campaña. 
Más de 400 personajes famosos de todo el mundo han firmado el texto de la tregua olímpica. 
Los Juegos Olímpicos, que regresan este año al país en el que se originaron y a Europa, son un punto de referencia mundial y, junto con el mensaje que emerge de las competiciones deportivas, pueden enviar el mensaje de la cultura de la paz. 
La paz y el diálogo son dos objetivos que el Parlamento Europeo siempre ha apoyado. 
Son valores en los que continuamos concentrando nuestros esfuerzos, durante el tiempo y con la fuerza que sean necesarios para conseguirlos. 
Cada uno de nosotros, como diputados del Parlamento Europeo, somos llamados a actuar como embajadores de la buena voluntad de la tregua olímpica, promoviendo el mensaje y la cultura de la paz en todas las reuniones, misiones, comisiones parlamentarias y foros internacionales de todos los rincones del planeta que visitamos con frecuencia. 
Esperamos el apoyo y el ánimo del Consejo y de la Presidencia irlandesa en este esfuerzo. 
El principal mensaje de la tregua olímpica es: si conseguimos mantener la paz durante 16 días, quizás podamos mantenerla para siempre. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0062/2004) del Sr. Kuckelkorn, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el presupuesto 2005: Orientaciones presupuestarias para las Secciones II, IV, V, VI, VII, VIII (A) y VIII (B) y sobre el anteproyecto de estado de previsiones (Sección I). 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero presentar las orientaciones para otras secciones y el anteproyecto de estado de previsiones del Parlamento Europeo para 2005. 
Mi intención es tratar los puntos fundamentales de las orientaciones y ser muy conciso. 
Los detalles y la consideración de medidas específicas quedarán para la propuesta sobre las previsiones. 
Permítanme ahora comentar brevemente algunos aspectos de las orientaciones de este año. 
La característica excepcional del ejercicio presupuestario 2005 es que será el primer ejercicio presupuestario completo para la Unión Europea de 25 Estados miembros, el primer año completo de actividad para el Parlamento recién elegido, para la Comisión recién nombrada, y el primer año completo de aplicación del nuevo Estatuto de los funcionarios. 
Un ajuste técnico reducirá el límite máximo de las perspectivas financieras de la rúbrica 5 para 2005 en 94 millones de euros a precios actuales. 
Debido a estas limitaciones presupuestarias para 2005, nuevas entidades como la Escuela Europea de Administración tendrán que posponerse, a menos que se reduzcan los costes de la creación de estos organismos. 
El número de funcionarios de la mayor parte de las instituciones ha aumentado rápidamente, para hacer frente a las necesidades de la ampliación. 
El grupo principal de estas necesidades adicionales relacionadas con la ampliación está incluido en los presupuestos de 2002-2004, aunque todavía no se hayan tomado algunas medidas. 
Dados los retrasos en los procedimientos de contratación, se realizará una evaluación rigurosa de la situación con vistas al presupuesto de 2005. 
Asumimos que la incidencia financiera de la ampliación de los edificios de las instituciones se dejará sentir principalmente después de 2005. 
Una cuestión clave del procedimiento presupuestario de 2005 seguirá siendo la reforma administrativa de las instituciones. 
Eso me lleva al Parlamento (Sección 1) , donde es necesario analizar varias incertidumbres relativas a la elaboración del presupuesto del Parlamento para 2005, como la actual falta de acuerdo sobre el Estatuto de los Diputados, el verdadero resultado de las contrataciones relacionadas con la ampliación en 2004 y la evolución de varios proyectos de construcción. 
Así pues, nos reservamos en la fase actual nuestra posición en lo que se refiere al límite máximo del 20% del gasto por debajo de la rúbrica 5. 
Es lamentable que los Estados miembros todavía no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo con respecto al Estatuto de los Diputados y se espera que se consigan progresos en este sentido durante 2004. Lo mismo resulta aplicable al Estatuto de los Asistentes de los Diputados. 
Por lo que respecta a la financiación de los partidos políticos europeos, creo que estamos de acuerdo en que este gasto debería en principio mantenerse fuera del límite máximo del 20% de la rúbrica 5 que el Parlamento se ha impuesto a sí mismo, ya que no se trata de un gasto administrativo de la institución, sino de un gasto operativo. 
Sin embargo, estoy dispuesto a alcanzar un compromiso con respecto a este punto en particular y acepto el texto de la enmienda 8 de la Sra. Buitenweg, que deja abierta la opción de incluir este gasto en el límite máximo del 20%. 
En vista de los retrasos en los procedimientos de contratación de personal por parte de los Estados miembros y de las dificultades encontradas en la contratación, especialmente de personal lingüístico de ciertos nuevos Estados miembros, consideramos que solo podrá tomarse una decisión sobre la puesta a disposición de los créditos para el personal adicional relacionado con la ampliación en la primera lectura del presupuesto de 2005. 
Se necesita un plan a medio plazo sobre los proyectos de construcción que permita definir el nivel del presupuesto del Parlamento en 2005, con vistas a las posibles inyecciones de capital necesarias para proseguir con la política inmobiliaria. 
Con respecto al funcionamiento del servicio de automóviles, debemos evaluarlo nuevamente para comprobar si proporciona un servicio satisfactorio a los diputados, al tiempo que garantiza su rentabilidad. 
Pasando al Consejo (Sección II) , se pide al Consejo que examine la posibilidad de presentar su estado de previsiones junto con el anteproyecto del presupuesto en lugar de su primera lectura, para aumentar la transparencia. 
El Parlamento también continuará controlando el presupuesto operativo del Consejo, aunque respetará el acuerdo entre caballeros en lo que se refiere a los gastos administrativos. 
Con respecto al Tribunal de Justicia (Sección IV) , advertimos que esta institución ha registrado en los dos últimos años unas tasas de crecimiento de personal superiores a las de la mayoría de las demás instituciones. 
Con respecto al Tribunal de Cuentas (Sección V) , mencionamos que este Tribunal ha distribuido su incremento de personal relacionado con la ampliación entre los presupuestos de 2004 y 2005. 
Finalmente, por lo que respecta al Comité Económico y Social (Sección VI) y al Comité de las Regiones (Sección VII) , pedimos a ambos comités que sigan aplicando el rigor presupuestario en sus estados de previsiones, especialmente en las solicitudes de personal y proyectos inmobiliarios, y que mejoren la cooperación en el ámbito de los servicios comunes, para poder beneficiarse plenamente de los nuevos edificios que comparten. 
Esperamos que el traslado al edificio Belliard y el desalojo de los edificios actuales se produzcan como se había previsto. 
Algunos puntos desaparecieron tras la votación en la Comisión de Presupuestos. 
Presentamos de nuevo a la Cámara únicamente los más importantes, para los que les pido su apoyo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero felicitar al ponente, Sr. Kuckelkorn, conocido por su rigor como bien sabemos los que hemos trabajado con él en la Comisión de Asuntos Económicos y en la propia Comisión de Presupuestos, particularmente negociando desde hace tiempo atrás la cuestión de las Agencias Europeas. 
Precisamente estamos en un momento en el cual las llamadas habituales al rigor presupuestario y al ahorro son más necesarias y más realistas que nunca, porque ahora existe una reducción del techo de la rúbrica 5 y, en este momento, me resultaría difícil encontrar a algún ponente que tuviera más fama de riguroso para llevar a cabo estos recortes que el Sr. Kuckelkorn. 
Tengo auténtica curiosidad por conocer, por otra parte, cuál va a ser el informe de los Secretarios Generales de las instituciones sobre las estimaciones de las necesidades administrativas para el año 2005. 
Creo que va a ser para todos un ejercicio muy afortunado y muy beneficioso dado que los Secretarios de las diversas instituciones van a tener que conciliar el hecho de la ampliación y sus necesidades administrativas con la restricción que este próximo año nos va a plantear la reducción de 140 millones de euros que vamos a tener en la rúbrica 5. 
Por cierto, ese rigor que se pide a las demás instituciones debe aplicarse igualmente a la Comisión y al propio Parlamento Europeo. 
Nuestro Grupo, señor ponente, cree perfectamente posible mantenerse el próximo año en el límite del 20% para el presupuesto del Parlamento Europeo, especialmente después de que el Consejo, por la oposición, sobre todo, del Gobierno alemán, haya bloqueado la reforma del Estatuto de los diputados. 
Nuestro Grupo ha presentado y defendido enmiendas en la Comisión de Presupuestos en particular sobre el tema del multilingüismo y su visualización. 
Ya lo intentamos en el presupuesto del año 2004 y nos alegraría mucho encontrarnos ahora con un interlocutor abierto a dialogar sobre las posibles iniciativas que nuestro Grupo presente. 
De momento el informe, votado en la Comisión de Presupuestos, ya lo sostiene. 
Compartimos al cien por cien el resto de las medidas que figuran en el informe del Sr. Kuckelkorn y nos queda finalmente la cuestión de la financiación de los partidos políticos. 
Mi Grupo hubiese deseado- y estuvimos a un voto de conseguirlo en la Comisión de Presupuestos- que dicha comisión se pronunciase a favor de incluir esta financiación de los partidos políticos europeos dentro del límite del 20% del Parlamento. 
Lo que no queríamos con esta enmienda que nosotros presentamos era tener que negociar año tras año la financiación de los partidos políticos, como sucedería si los estuviésemos financiando fuera del límite del 20%. 
Financiarlos dentro del límite del 20% nos evitaría esta situación y aseguraría una tramitación rápida mediante una transferencia. 
Recordemos que la terminación del código de conducta necesario para esta transferencia a los partidos políticos está prevista en un breve plazo. 
Sin embargo, ante la oposición de otros grupos políticos, y particularmente del suyo, Sr. Kuckelkorn, esto no ha sido posible y, por eso, la solución de compromiso que se plantea con la enmienda del Grupo Verts/ALE nos parece aceptable como la única manera de evitar que se ponga en peligro esta transferencia que debe realizarse en el año 2004, en este ejercicio presupuestario. 
Además, con este compromiso, con esta enmienda de los Verdes, evitaríamos que la restricción presupuestaria de la rúbrica 5 pusiera en peligro el funcionamiento de los partidos políticos a lo largo del próximo mes de septiembre, como ellos mismos avisan, que pueden encontrarse con problemas serios de funcionamiento desde un punto de vista administrativo si esta transferencia no se lleva adelante. 
Me alegro de que el Sr. Kuckelkorn esté dispuesto a tener en consideración este compromiso- votar esta enmienda- y, si esto es así, señor Presidente, yo creo que el resto de la votación del informe del Sr. Kuckelkorn será prácticamente unánime porque, en el resto de las grandes cuestiones, compartimos plenamente su filosofía. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente, el Sr. Kuckelkorn, por su excelente informe. 
El presupuesto del próximo año es muy riguroso en términos del presupuesto administrativo, como ha señalado el ponente. 
El hecho es que este año tendremos diez nuevos Estados miembros y el mismo número de nuevas lenguas oficiales hacen que sea rigurosísimo. 
La cuestión del multilingüismo del Parlamento supone un enorme desafío. 
Exige un nuevo tipo de flexibilidad en las áreas de la traducción e interpretación. 
En ninguna otra parte del mundo existe un organismo que funcione en tantas lenguas como las instituciones de la Unión Europea. Sin embargo, esto exige una acción y una prudencia especiales; de lo contrario, el principio multicultural podría convertirse en un caos. 
Por este motivo, la administración debería hacer un esfuerzo especial para garantizar que se cubran los puestos de trabajo y que el trabajo de traducción funcione perfectamente desde el mismo momento de la adhesión. 
En el nuevo entorno se producirá un aumento de la interpretación inversa. Esto podría desembocar en una situación en la que todo el Parlamento dependa de un intérprete que esté traduciendo de una lengua oficial menos común a otra más común. 
Para garantizar la calidad del trabajo de traducción, será necesario traducir desde más de una cabina de interpretación. 
En la práctica esto significa realizar peticiones especiales a los grupos de lenguas «mayores» , como el inglés, el francés y el alemán, haciendo que sea necesario que estos puedan traducir desde más lenguas de origen que los demás grupos de intérpretes. 
Una importante cuestión política de los últimos años ha sido la adopción del Estatuto de los Diputados. 
Ha sido muy decepcionante que haya tenido que ser objeto de desacuerdos internos en el Consejo. 
El Parlamento Europeo y su actual Presidente, Patrick Cox, en particular, han trabajado mucho en este tema y por eso fue tan negativo que haya sido torpedeado. 
Es importante que el Estatuto de los Diputados sea adoptado rápidamente, para que pueda entrar en vigor preferiblemente antes del comienzo del próximo mandato parlamentario. 
El presupuesto de este año finalmente adoptó la aplicación del presupuesto basado en actividades, por lo que a la Comisión se refiere. Esto nos permite comprobar directamente cuánto cuesta cada actividad. 
El mismo planteamiento de presupuesto basado en actividades debería aplicarse también gradualmente al presupuesto administrativo, para el Parlamento Europeo, por ejemplo. 
De este modo, también estaríamos en mejores condiciones de controlar los progresos de los costes y gastos administrativos en las diferentes ramas administrativas. 
Quiero desear al ponente todo el éxito en su trabajo. 
– Señor Presidente, el informe del Sr. Kuckelkorn es una expresión de opinión preliminar, principalmente acerca del procedimiento presupuestario del Parlamento para 2005. 
Es una lástima que el Consejo no haya podido aprobar el nuevo Estatuto de los Diputados. 
Cuando el propio Parlamento Europeo votó a favor de la revisión de su propio salario y del sistema de los gastos de viaje, supuso un gran paso en la dirección correcta. 
No es moralmente correcto intentar hacer trampas con los gastos de viaje, aun cuando realmente no vaya en contra de las normas del Parlamento viajar en clase turista por el precio de un billete de clase preferente. 
Dado que los propios diputados estaban dispuestos a abandonar totalmente esta fuente de ingresos injustificable en atención a las líneas aéreas, es una lástima que el Consejo no haya aceptado la oferta. 
Alemania, Francia, Austria y Suecia son ahora los culpables por la justificada crítica que hace el público de los defectos del sistema de pagos y gastos utilizado con respecto a los diputados del Parlamento Europeo. 
En el Consejo también se ha planteado un problema relacionado con otra cuestión. 
El Consejo quiere apoyo a los partidos políticos paneuropeos en el presupuesto del Parlamento Europeo, mientras que el Parlamento lo quiere en el presupuesto de la Comisión. 
Si existe un apoyo a los partidos europeos en el presupuesto, no se puede permitir que afecte al límite máximo del Parlamento para gasto administrativo, lo que provocaría recortes forzosos en otras áreas. 
Por otra parte, otros de nosotros no queremos apoyo a los partidos europeos y votaremos en contra de su introducción en el proyecto del presupuesto suplementario de este año. 
También hay un buen número de diputados del Parlamento Europeo que ha consultado la cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que tome una decisión. 
Estamos comenzando a pagar un apoyo a los partidos por razones equivocadas. 
El apoyo a los partidos europeos empaña la democracia. 
Los partidos nacionales de los países «grandes» pueden utilizarlo para dominar la toma de decisiones de los partidos europeos mucho más fácilmente. 
Los representantes de los países «más pequeños» se enfrentarían a un doble problema, dado que tendrían que hacerse escuchar en un partido europeo dominado por las naciones «grandes» , antes de conseguir ser escuchados en un Parlamento Europeo elegido basándose en las poblaciones de los Estados miembros. 
Debemos garantizar que el Parlamento conserve el multilingüismo y que para la selección de personal se tenga en cuenta a los ciudadanos de todos los países. 
También se debe contratar personal de países que no sean los nuevos Estados miembros. 
Algunos Estados miembros cuentan con escasa representación entre el personal parlamentario, porque el Parlamento no ha organizado convenientemente los concursos para la contratación de personal. 
El Parlamento debe intentar mantener los incrementos del gasto bajo un estricto control. 
– Señor Presidente, este presupuesto para el primer año natural con 25 Estados miembros en la Unión Europea será realmente una prueba de fuerza. 
Después de todo, la reforma administrativa de la Comisión acaba de acelerarse. 
La Comisión tendrá que hacer todo lo posible para conseguir una gestión financiera sólida, un sistema de información que funcione adecuadamente y una contabilidad totalmente fiable. 
El ponente, el Sr. Kuckelkorn, tiene razón al mencionar la posibilidad de ahorrar costes a través de la cooperación interinstitucional. 
Podría ahorrarse una suma considerable si este Parlamento dejase de verse obligado a reunirse en Estrasburgo, aunque esto parece legalmente imposible sin la cooperación de Francia. 
Por esta razón, quiero sugerir a la Mesa que debería presentarse al Consejo o a la República de Francia la factura de la doble ubicación, que supera los 200 millones de euros anuales. 
Nuestro grupo insiste en la enorme importancia del multilingüismo en esta Cámara. 
El Parlamento no debería favorecer, sino más bien eliminar, su imagen pública de club de élite. 
Cada ciudadano debe poder seguir todas las reuniones públicas en su propia lengua. 
La democracia en la diversidad es la principal tarea de este Parlamento. 
Señor Presidente, el procedimiento de votación sin debate, aplicado al informe Haug sobre los recursos propios de las Comunidades, nos priva de un debate conjunto, utilizando este informe, sobre las orientaciones presupuestarias para 2005. 
El hecho es que el informe Haug y el informe Kuckelkorn tienen una cosa en común que merece nuestra atención y también merece un debate mucho más amplio del que podemos celebrar aquí. 
Ambos comienzan pidiendo una sólida gestión y rigor. 
Sin embargo, más tarde, en el informe del que estamos hablando aquí, podemos leer que, para su propio presupuesto, el Parlamento se reserva su posición sobre el límite de incremento del 20% que se impone a sí mismo para el gasto administrativo. 
También podemos leer, en la exposición de motivos del informe Haug –y cito textualmente– que «deben introducirse nuevos recursos que no adopten la forma de contribuciones de los Estados miembros y, en su conjunto, no aumenten la carga fiscal de los ciudadanos». 
Entonces, la situación está clara: la mayoría del Parlamento quiere aumentar el presupuesto de la Unión, en particular el destinado a financiar la ampliación. 
El impuesto europeo es algo que está en mente de todos, en mayor o menor medida. 
No es nada que sorprenda; las promesas necesitan ser financiadas y los recursos no son inagotables. 
Espero que los ponentes y la Comisión expliquen cómo es posible aumentar el presupuesto europeo sin aumentar la carga fiscal de los contribuyentes, si no es reduciendo los presupuestos nacionales. 
Si la mayoría acepta este principio de los «vasos comunicantes» , los Gobiernos y los ministros de Finanzas tendrán que aclarar al público qué políticas y medidas financiadas con el presupuesto nacional soportarán el coste, en un contexto que ya es riguroso y del que la Comisión afirma ser guardiana, dado que emprende acciones contra los Estados que no cumplen el pacto de estabilidad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0081/2004) del Sr. Gröner, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo- Seguimiento del Libro Blanco «Un nuevo impulso para la juventud europea» -Objetivos comunes propuestos en materia de participación e información de los jóvenes a raíz de la Resolución del Consejo de 27 de junio de 2002 relativa al marco de cooperación europea en el ámbito de la juventud. 
Señor Presidente, de hecho hemos pasado por el orden del día bastante más rápido de lo habitual, pero, en mi opinión, la juventud nos ha alcanzado. 
Nuestro futuro está en la gente joven y se puede ver cómo una sociedad la valora por el número de posibilidades que le ofrezca y por lo que la implique en sus planes para el futuro. 
Una sociedad dinámica debe ofrecer a sus nuevas generaciones perspectivas y seguridad, tanto en términos de bienes materiales como de aceptación social, y en términos de una sensación de cohesión. 
Me satisface comprobar que la Comisaria también ha hecho un cálculo diferente del tiempo. 
El Libro Blanco sobre un Nuevo impulso para la juventud europea vio la luz en noviembre de 2001, tras numerosas consultas a todos los implicados y dos largos años para madurarlo; ahora debemos pensar cómo mantenerlo vivo. 
Creo que la Comisión, el Consejo y el Parlamento están en el camino adecuado en este sentido. 
Necesitamos integrar a los 75 millones de jóvenes de entre 15 y 25 años en una Unión Europea que pronto contará con 25 Estados miembros, acercando a los jóvenes y a las organizaciones juveniles al ámbito político. 
Como ponente de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, y a través de mi trabajo relativo a este Libro Blanco, he seguido los debates que han tenido lugar en los dos últimos años y he escuchado atentamente lo que los jóvenes europeos han tenido que decirnos. 
Mi conclusión es que los jóvenes quieren que se les tome en serio y no debemos decepcionarlos por no hacerlo. 
Hemos conseguido impulsar la política de juventud entre los jóvenes, las organizaciones juveniles, las organizaciones no gubernamentales, los representantes políticos de la Unión y de los Estados miembros. 
Si consideramos que el Libro Blanco trata sobre coordinación abierta e integración, entonces la comunicación de la Comisión sobre el seguimiento trata más sobre participación e información. 
Es necesario integrar más a los jóvenes, y en una etapa anterior, para que puedan participar en la democracia representativa a nivel regional, nacional y europeo. 
Particularmente debemos demostrar nuestro interés en integrar a los jóvenes ahora que nos acercamos a las elecciones europeas, pero desafortunadamente estamos debatiendo esta importante cuestión muy tarde y en una Cámara que está casi vacía. 
Los jóvenes se comunican por Internet y la Comisión ha creado un portal de la juventud, pero eso es mucho menos de lo que se necesita, que es información local y que haya sido específicamente desarrollada para ellos. 
Necesitan experimentar una igualdad de oportunidades y no discriminación, por ejemplo en consejos de jóvenes, compuestos por el mismo número de hombres que de mujeres. 
Donde este tipo de consejo no exista, tendremos que crearlo. 
La educación formal e informal tiene que estar conectada con el trabajo de los jóvenes en mayor grado. 
Los programas para los jóvenes ya están permitiendo que cientos de miles de jóvenes se reúnan y estos, junto con los miles de proyectos de trabajo voluntario, desembocan en unas habilidades sociales y una perspectiva europea. 
Si queremos que Europa sea la más competitiva área económica basada en el conocimiento del mundo, debemos hacer todo lo posible para garantizar que ningún joven quede excluido. 
Los que se consideran desfavorecidos –mujeres, inmigrantes, niñas y jóvenes– y al margen de la Unión Europea y de la sociedad, son aquellos a los que más tenemos que integrar. 
La cooperación regional, la cultura y el deporte sirven de puente para ayudar a superar prejuicios y a solucionar los problemas del mañana. 
En noviembre de 2003, el Consejo estableció algunos objetivos comunes. 
La primera evaluación de la aplicación de las nuevas líneas de acción se producirá a finales de 2005 y la Comisión redactará entonces un informe de progreso, basándose en los informes presentados por Estados miembros. 
La primera Semana europea de la juventud se celebró el año pasado y recibió un gran apoyo. 
Bajo el lema «superando la exclusión» estamos comenzando a trabajar en el programa de acción «Juventud» y en otras nuevas áreas, y estamos intentando garantizar que cuenten con los recursos financieros suficientes, no solo para hacer frente a las crecientes demandas de la mundialización, sino también para crear espacios en los que la gente joven pueda interesarse por el futuro de la política europea. 
Con la amplia sinergia que hemos alcanzado entre la Comisión, el Parlamento, los grupos políticos e incluso los Estados miembros, deberíamos conseguir no solo hablar con la gente joven, sino también integrarlos. 
Nuestro objetivo es mantener el actual impulso, para apoyar a los jóvenes y reforzar la política de juventud en Europa. 
. Señor Presidente, Señorías, el 27 de febrero la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte del Parlamento Europeo aprobó por unanimidad el informe de propia iniciativa presentado por la Sra. Gröner. 
La comisión tenía razón al adoptar el informe por unanimidad, porque se trata de un excelente trabajo. 
Es el trabajo de alguien que conoce a los jóvenes, a quien le gustan los jóvenes y a quien le gustaría que los jóvenes estuvieran mucho más implicados de lo que lo están actualmente en esta Europa que estamos construyendo. 
Nosotros sentamos las bases para esta Europa, que estamos construyendo para y con los jóvenes, con el famoso Libro Blanco, que proponía objetivos comunes para dos áreas prioritarias, concretamente la participación e información los jóvenes. 
Por otra parte, fueron los propios jóvenes quienes identificaron estas dos áreas prioritarias como los elementos clave a perseguir en cualquier política futura, tanto en el plano de la Unión Europea, como en el de los Estados miembros y a nivel regional. 
Acojo con satisfacción el apoyo del Parlamento a las propuestas destinadas a garantizar que la participación de los jóvenes en todos los niveles de la vida democrática y en el desarrollo de una información accesible y de calidad se hagan realidad. 
Estas propuestas, como ha dicho la Sra. Gröner, forman parte de un planteamiento más amplio destinado a desarrollar proyectos que sean específicos para las políticas de juventud y, al mismo tiempo, a conseguir que los intereses de los jóvenes se tengan más en cuenta en el contexto de otras políticas. 
Con esto en mente, estamos preparando propuestas de líneas de acción relativas a actividades voluntarias que, como ustedes han dicho con acierto, son una de las maneras preferibles para que los jóvenes puedan implicarse y asumir sus responsabilidades como ciudadanos. 
Personalmente creo que la creación de un verdadero servicio voluntario europeo, con un peso crítico y, por lo tanto, con visibilidad, ofrecerá un nuevo impulso a nuestras políticas de juventud. 
Sin embargo, para llegar ahí también necesitaremos nuevos fondos, porque los jóvenes no son ricos. 
Tenemos que ayudarlos a poner su idealismo en práctica. 
En este sentido, las nuevas perspectivas financieras son el marco ideal en el que encontrar una respuesta a nuestras preguntas. 
Por otra parte, yo también he sugerido pautas para un futuro programa «Juventud» financiado de forma que se garantice que pueda alcanzar el tamaño crítico. 
La comunicación política que estoy preparando en estos momentos deberá ser presentada al Parlamento Europeo antes de las elecciones, si todo va según lo previsto. 
Creo, señor Presidente, que las iniciativas parlamentarias que se han lanzado para y con los jóvenes ofrecen una excelente respuesta a lo que frecuentemente escuchamos a nivel popular, donde se repite constantemente el estribillo de que Europa no presta suficiente atención a la política de juventud. 
Pues bien, me gustaría que multitud de jóvenes y que muchas de las personas responsables de las políticas con los jóvenes como tema principal leyeran el informe de propia iniciativa de la Sra. Gröner y del Parlamento Europeo, para que pudieran comprobar por ellos mismos que eso no es cierto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señora ponente, en primer lugar quisiera decir, en nombre de la ponente alternativa- nuestra compañera la Sra. Zissener- que nuestro grupo, el Grupo del Partido Popular Europeo, está a favor de este informe siempre y cuando se respete el principio de subsidariedad. 
A mí me parece que la participación y la información de los jóvenes es un tema de máxima importancia y yo siempre he dicho, desde que empecé en este Parlamento, que lo importante son los jóvenes, no los que ya no somos tan jóvenes, porque ellos son el futuro de Europa y es en ellos donde tenemos que invertir y poner en ello todo nuestro empeño. 
Yo suelo tener mucha relación con la gente joven y pienso que, verdaderamente, son mucho más receptivos que los adultos o personas mayores. 
Tenemos que aprovechar esta coyuntura. 
Según la nueva encuesta del Eurobarómetro para las próximas elecciones al Parlamento Europeo está previsto que vote tan solo una media del 30% de la población. 
A mí esa es un cifra que me parece ridículamente baja y tenemos que hacer un gran esfuerzo para aumentarla. 
No vale con que aquí digamos todos que nos preocupa mucho, tenemos, verdaderamente, que demostrarlo con hechos. 
Y es evidente que algo estamos haciendo mal. 
Les voy a contar una anécdota, Señorías, una anecdota de una situación que he vivido, sin ir más lejos, esta misma tarde. 
Ustedes saben todos perfectamente que 2004 es el Año Europeo de la Educación a través del Deporte y esto, aunque va dirigido a todos los ciudadanos europeos, va dirigido muy en particular a la gente joven. 
Sin embargo, esta tarde he ido a ver a un grupo de visita, de jóvenes estudiantes españoles que venían del sur de España, de Andalucía, de mi tierra, y en la breve charla que he tenido con ellos les he acabado preguntando si alguno de ellos me sabía decir qué año europeo era el año 2004. 
Y ninguno de ellos- de unos 30 jóvenes que habían en la sala- me ha sabido contestar. 
Cuando se lo he dicho se han quedado bastante perplejos porque todos pensaban que era una cosa que iba bastante dirigida hacia ellos. 
Y esto es una demostración de que quizás haya algo que estamos haciendo mal y lo tenemos que corregir cuanto antes. 
Para esto es necesaria una mayor cooperación entre organizaciones juveniles y autoridades públicas. 
Tenemos que trabajar duramente para conseguirlo y pienso que este informe de la Sra. Gröner es el primer paso para conseguir que haya más información para los jóvenes europeos. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la importancia de la implicación de los jóvenes en la sociedad es inmensa. 
En el futuro los jóvenes tendrán una mayor responsabilidad, cuando la estructura por edades de la población europea se modifique y la proporción de jóvenes disminuya. 
La comunicación de la Comisión sobre los objetivos relativos a la participación de los jóvenes y al suministro de información a los mismos es un paso importante para reforzar la cooperación en el plano europeo en materia de política de juventud. 
Es gratificante que el proyecto de Constitución también reconozca la importancia de implicar a la gente joven. 
Nuestra ponente, la Sra. Gröner, quien con mucho fundamento personifica la política de juventud del Parlamento, ha hecho un excelente trabajo una vez más. 
Yo, por mi parte, también quiero dar las gracias a la Comisión por el trabajo que ha hecho para los jóvenes. 
El proceso de consulta a gran escala que precedió al Libro Blanco relativo a la política de juventud supuso un considerable esfuerzo que finalmente movió a las organizaciones de jóvenes a trabajar a nivel europeo. 
Ahora tenemos que garantizar que el apoyo a la implicación de estas organizaciones continúe y que los resultados de su trabajo también resulten visibles en la política de juventud de la Comunidad. 
Me satisface que se haya alcanzado un acuerdo general con mi propuesta de incrementar los créditos para las organizaciones de jóvenes en el presupuesto de este año y también es positivo el programa de acción plurianual destinado a financiar las organizaciones de jóvenes que ahora se está completando, dado que finalmente garantiza una base jurídica para las mismas. 
El llamamiento de la ponente para que se fomente que los jóvenes participen en las primeras elecciones europeas de la Unión Europea ampliada es sumamente importante. 
Para conseguir que los jóvenes sean más activos con respecto a la votación, deberían explotarse formas alternativas de emitir el voto que todavía se están desarrollando. 
Los jóvenes son ávidos usuarios de Internet y votar de esta forma podría acercar a más jóvenes a las urnas. 
Aunque el procedimiento tiene muchas deficiencias en términos de secreto electoral y libertad, no debería ser totalmente descartado. 
Al menos los jóvenes serían más proactivos en sus hábitos de voto si las urnas electrónicas introducidas en algunos Estados miembros estuvieran ubicadas en lugares populares entre los jóvenes. 
La ampliación subrayará la importancia del pluralismo en la Unión Europea y, del mismo modo, el del aprendizaje intercultural. 
El futuro programa para los jóvenes facilitará que estos entren en contacto entre ellos y, de este modo, ayudará a superar prejuicios. 
A este respecto quiero señalar que el aprendizaje intercultural no debería significar solo inversión en cooperación transfronteriza entre Estados miembros. 
Los Estados miembros de la Unión, tanto los actuales como los futuros, deben ofrecer oportunidades para establecer contactos entre jóvenes de la población predominante y jóvenes de minorías nacionales. 
Europa no puede permitir que el nacionalismo y la xenofobia crezcan. 
Señor Presidente, quiero señalar la importancia de la renovada atención que se está prestando en este mandato parlamentario a los 75 millones de personas de entre 15 y 25 años que, a partir del 1 de mayo, formarán parte de la Europa ampliada. 
Si ampliamos los parámetros para incluir a los jóvenes hasta los 30 años, esta cifra será claramente superior. 
De hecho, en Italia y en otros países de la Unión Europea este es el único grupo de edades que realmente accede al mercado laboral de forma permanente. 
Una perspectiva básica es que los adultos jóvenes no son diferentes a los adultos, sino que son adultos de forma diferente. 
Por lo tanto, tienen derechos y obligaciones, algunos de ellos son diferentes de los que les corresponden a otros ciudadanos y otros son similares. 
Basándose en la investigación exhaustiva y extensiva, el informe Gröner propone un compromiso que supone también un desafío: aumentar la participación e información de los jóvenes en la política. 
La información que debemos gestionar y suministrarles tiene que ser clara y específica. 
Conseguir la participación que deseamos no será fácil, pero aprender a participar y aprender a ofrecer información es el mejor planteamiento para desarrollar la conciencia de la ciudadanía activa que no todos los adultos están poniendo en práctica. 
Si estamos de acuerdo en que quienes no tienen un pasado no tienen un futuro, entonces la única opción que tenemos es transmitir los valores básicos de nuestro pasado a los jóvenes, que son nuestro futuro. 
De esta forma, estos valores actualizados y revisados serán las semillas del crecimiento futuro. 
Estamos totalmente a favor de la Semana europea de la juventud, porque también simboliza el compromiso prioritario que se ha alcanzado para dar un nuevo impulso a la juventud europea que puede contar con varios activos, como el aprendizaje intercultural, la protección medioambiental, el deporte y el arte, por poner solo algunos ejemplos. 
Estamos multiplicando nuestros esfuerzos como adultos en los ámbitos de la exclusión social y la xenofobia, porque no son las palabras sino las acciones y los actos prácticos los que tienen un mayor impacto educativo. 
Así, el trabajo sobre los jóvenes y para los jóvenes también se convierte en una forma de trabajar en nosotros mismos y deberíamos agradecer a los jóvenes esta oportunidad. 
– Señor Presidente, quiero unirme a los demás oradores y felicitar a la ponente por su trabajo. 
En lo que respecta al título del Libro Blanco de la Comisión sobre el tema, se puede dar un nuevo impulso a la política de juventud. 
Me satisface que la Presidencia irlandesa también haya aceptado el desafío contenido en el Libro Blanco y que las cuestiones relativas a la juventud ocupen un lugar destacado en sus prioridades. 
Irlanda celebrará en breve una gran conferencia en la que participarán los Ministros de la Juventud y los propios jóvenes, y cuyo tema principal será «los jóvenes en la política». 
Todos los colegas son conscientes de que dentro de pocos meses los ciudadanos de Europa tendrán la oportunidad de emitir sus votos en las elecciones al Parlamento Europeo. 
Cabe decir que las recientes encuestas de opinión pública e interés por las elecciones son preocupantes, en particular la baja cifra de jóvenes que tienen intención de votar. 
Después de la adhesión de los diez nuevos países, el número de jóvenes entre 15 y 25 años aumentará a 75 millones. 
Muchos de estos jóvenes podrán expresar su voluntad política por primera vez en las elecciones europeas. 
La ponente identifica la participación y la información como aspectos clave de desarrollo en el contexto de la política europea de la juventud. 
Ambos constituyen elementos clave en las elecciones europeas, y como representantes públicos tenemos que desempeñar un papel esencial de información a los jóvenes respecto de Europa y de lo que Europa hace por ellos, y alentarles a que hagan oír su voz. 
En cada uno de nuestros Estados miembros necesitamos examinar con rigor las maneras de mejorar la participación activa de los jóvenes en la vida política. 
Esto va más allá de la votación en las elecciones, e incluye la afiliación a los partidos políticos, a los movimientos políticos y a las diferentes organizaciones no gubernamentales. 
Tenemos que esforzarnos por convencer a los jóvenes de que pueden cambiar las cosas en nuestra sociedad. 
Si fracasamos en el empeño, el nivel de apatía erosionará de forma gradual todas nuestras democracias. 
Señor Presidente, este es el discurso más largo que he pronunciado como diputado al Parlamento Europeo. 
Nunca se me había concedido un tiempo de uso de la palabra de tres minutos y ahora a mí –el representante del Partido de los Pensionistas italianos– se me concede ese tiempo para hablar sobre un informe relacionado con los jóvenes. 
Apoyo el informe sobre la participación y la información de los jóvenes y estoy de acuerdo con sus términos. 
Sin embargo, hace un rato, cuando estaba escuchando a mis colegas hablar sobre los informes relativos al presupuesto y a otras cuestiones, me quedé dormido, lo siento. 
En mi estado de somnolencia, me vinieron dos preguntas a la cabeza: ¿Realmente los jóvenes son diferentes de las personas mayores? 
¿Realmente las personas mayores son diferentes de los jóvenes? 
Se dice que los jóvenes quieren amor, pero las personas mayores también quieren y necesitan amor. 
Los jóvenes quieren tener dinero, pero las personas mayores también quieren y necesitan tener dinero. 
Los jóvenes quieren viajar y bailar, pero las personas mayores también quieren viajar y bailar. 
¡No, debe de haber alguna diferencia! 
En los 45 años que llevo trabajando para las personas mayores, les he escuchado decir muchas veces –cosa que lamento– que hacerse viejo es terrible. 
Por ello, estoy seguro de que el Parlamento Europeo no solo ha pensado en los jóvenes, sino también en las personas mayores, y que ha preparado varios informes y comunicaciones diferentes para ellas. 
Tendré que escucharlos todos en los últimos meses de este mandado parlamentario, porque lamento decir que hasta la fecha se han presentado muy pocos. 
También he estado pensando en otras cuestiones. 
¿Es oportuno implicar más a los jóvenes en la vida política y en las decisiones que les afectan? 
¿Es cierto que los jóvenes sean los mejor situados para elaborar reglamentos y legislaciones que les interesan? 
¿Son las mujeres las más adecuadas para tomar decisiones relativas a sus problemas? 
¿Son las personas mayores las más adecuadas para tomar decisiones relativas a sus problemas? 
No lo creo, señor Presidente. 
Mi respuesta les sorprenderá. 
Estoy de acuerdo en que los jóvenes deben tomar decisiones y tener control sobre sus propias vidas. 
¿De qué otro modo podría justificar el hecho de que mi hija, Elisabetta Fatuzzo, de 32 años, esté en estos mismos instantes preparándose para pronunciar un discurso en la televisión de Lombardía, sobre los pensionistas y las personas mayores? 
Esto no sería posible si pensásemos que las personas mayores están mejor preparadas para hablar acerca de las personas mayores que los jóvenes y viceversa. 
Así pues, solicito a la Comisión que haga todo lo posible para garantizar que Europa continúe ayudando a los jóvenes y acercándolos a Europa, de forma que ellos también se encuentren en una situación en la que tengan más que decir con respecto a los temas que afectan a hombres y mujeres de todas las edades. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0080/2004) del Sr. Graça Moura, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre el papel de las escuelas y de la educación escolar en el fomento del acceso público a la cultura. 
. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el acceso a la cultura es una condición para la plena realización de cualquier ser humano. 
Es también un requisito esencial de cualquier democracia representativa del modelo europeo occidental, un factor de eliminación de desigualdades y un factor de progreso y desarrollo cada vez más importante. 
Así pues, la cultura debe constituir una de las plataformas más sólidas de apoyo a la Europa de los ciudadanos. 
Ya no es posible, como Jean Monnet habría deseado, hacer de la cultura el punto de partida, fórmula que podría ser una noción problemática en un tiempo en el que estamos principalmente centrados en las prioridades de la intervención económica. 
Sin embargo, debemos tomar el testigo de la cultura y hacer frente a los desafíos que plantea la integración europea, celebrando la variedad de culturas y la dimensión cultural de Europa. 
Vivimos en una sociedad mundializada, en una Europa ampliada, en un momento de varias crisis, ante una nueva, racionalizada y estimulante presencia de las identidades nacionales y las culturas tradicionales de casi 400 millones de ciudadanos. En este contexto, los políticos deben prestar gran atención a las cuestiones de acceso a la cultura y de construcción de una cosmovisión europea, una imagen capaz de incorporar diferencias a sus procedimientos, garantizando al mismo tiempo que estas diferencias sean respetadas y valoradas, de forma pluralista, tolerante y dinámica. 
Así pues, pedimos a los diputados a esta Cámara que se replanteen y revivan el papel de la escuela en el acceso a la cultura, no solo en términos de los conocimientos básicos que las escuelas pueden enseñar y de los componentes clave de cada identidad nacional que cada Estado miembro considere que debe formar parte de sus programas, sino también en términos del enorme patrimonio cultural de Europa, en su casi infinita variedad de lenguas, literatura, artes plásticas, música, teatro, tradición; en otras palabras, todo lo que nos facilita a cada uno de nosotros nuestros mecanismos esenciales para la relación con el mundo y la identificación en el mismo. 
Por supuesto, las escuelas no pueden ser enciclopedias ni deberían cumplir normas internacionales estereotipadas ni simplemente reproducir en serie tópicos trillados. 
Deben ofrecer a los ciudadanos una importante oportunidad de acceso a la cultura e inculcar, en todos los que asisten a la escuela, desde las edades más tempranas, un respeto, entusiasmo y gusto por la expresión cultural que puede ayudar a los ciudadanos a reflejar lo que significa formar parte de la rica panoplia de civilización y cultura de Europa. 
Los pasos que se pueden dar para este fin son muchos y variados y, por lo que a nosotros respecta, debemos comenzar con elementos específicos de la vida escolar. 
Este informe, en el que se han adoptado muchas sugerencias de los diputados de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte de todos los matices políticos, tiene este importante objetivo: expresar el deseo, en nombre del Parlamento, de que debemos hacer frente a este desafío, porque si no lo hacemos, la integración europea tendrá poco sentido y no será merecedora de ese nombre. 
Si los ciudadanos cuentan con un conocimiento de la cultura europea, sin duda no podrán mostrar indiferencia por los valores que la caracterizan. 
Sería una contradicción en sus propios términos cumplir la Estragia de Lisboa y, al mismo tiempo, perseguir los objetivos de una economía basada en el conocimiento, si la cultura se viese limitada a ser el pariente pobre en este ámbito. 
. Señor Presidente, señor Graça Moura, Señorías, me gustaría en primer lugar dar las gracias a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, y especialmente a su ponente, el Sr. Graça Moura, por un revelador informe que subraya la conexión entre las escuelas y la cultura. 
Me gustaría ampliar el alcance del debate, para incluir, además de las escuelas en el sentido estricto de la palabra, la escuela de la vida, que es la familia. 
Ahí es donde arranca todo y posteriormente continúa en la escuela. 
Me satisface mucho comprobar, señor Presidente, que como siempre el Parlamento no solo apoya lo que la Comisión está haciendo, sino que también añade razón de ser a las nuevas ideas que la Comisión desarrolla, ayudando así a que salgan adelante. 
Tiene razón al decir que no podemos construir Europa basándonos únicamente en la economía y las finanzas. 
Europa se construye sobre la base de hombres y mujeres, y por lo tanto de las culturas. 
Estoy de acuerdo con usted al reconocer que los sistemas educativos deberían garantizar que, en el momento en que completen su educación secundaria, los estudiantes cuenten con los conocimientos y aptitudes necesarios para estar preparados para asumir sus papeles como ciudadanos de Europa. 
Digo «deberían» porque la realidad es algo diferente, como todos sabemos. 
A pesar de que los estudiantes en ocasiones aprenden acerca de sus propias raíces regionales o nacionales, todavía están muy lejos de aprender acerca de las raíces de los demás, de las raíces de sus vecinos. 
Durante un debate anterior sobre la juventud, le proporcioné una cifra. 
Hacía referencia al programa Comenius, que une a las escuelas de la Unión Europea, para permitir a los jóvenes participar en proyectos conjuntos, aprendiendo así acerca de las culturas de los países vecinos. 
Pues bien, a pesar de que dos millones de estudiantes participaron en este programa, eso representa solo el uno por ciento de los estudiantes de nuestras escuelas. 
Así pues, todavía estamos muy lejos de conseguir nuestros objetivos. 
Estamos haciendo lo correcto, pero no lo suficiente y debemos ser conscientes de ello. 
Por lo tanto, nuestros programas educativos intentan responder al deseo tanto del ponente como de la comisión de cultura y a la necesidad que se esconde tras ese deseo, es decir que nuestros jóvenes aprendan acerca del mundo real en el que viven. 
En este contexto, nuestros programas culturales demuestran ser valiosos instrumentos para que los europeos conozcan la diversidad cultural. 
Sin embargo, una vez más, eso no es suficiente para llegar a todos nuestros ciudadanos, ni siquiera a la gran mayoría de ellos. 
En el mundo del cine, existe el programa MEDIA, que también ayuda a concienciar a la gente de la diversidad cultural a través de películas y que está obteniendo buenos resultados. 
También me gustaría que recordasen el primer gran acontecimiento cultural paneuropeo, Cinedays, cuyo objetivo era sobre todo informar a los jóvenes acerca de la diversidad cultural, a través del cine. 
De nuevo, fue algo positivo, pero no suficiente. 
Por lo tanto, me gustaría decirles que necesitaré todo su apoyo para reforzar este aspecto en la perspectiva financiera y en los nuevos programas que pretendo presentarles en breve. 
Ya lo estamos haciendo, aunque nuestros esfuerzos son una simple gota de agua en el océano. 
Al decir esto, estoy pensando en el Programa Cultura 2000 y en el proyecto RESEO, que une los servicios educativos de las principales compañías de ópera europeas, con un objetivo en mente: permitir que los niños y jóvenes descubran la ópera a través de sus raíces culturales. 
También estoy pensando en el Taller CLIOH, que está estableciendo una cooperación entre diversas universidades europeas, con el fin de producir material docente sobre la historia europea. 
Sí, esas cosas existen, pero debe existir una voluntad a nivel nacional para convertirlas en un componente obligatorio de los temarios de historia y de la educación cultural. 
También me gustaría aprovechar esta oportunidad para anunciar que se ha lanzado una iniciativa, con el fin de realizar un importante estudio para crear un inventario de las mejores prácticas para unir cultura y educación en los Estados miembros, los países candidatos y los terceros países del Espacio Económico Europeo. 
El próximo Parlamento tendrá los resultados de ese estudio a comienzos de 2005. 
Por lo tanto, no nos contentamos con sentarnos y lamentarnos. Estamos haciendo progresos, aunque sabemos que son muy limitados. 
Señor Graça Moura, entenderá, en estas circunstancias, que su informe llega justo en el momento adecuado y saca agua de las piedras, dado que nos da ideas, apoya nuestras acciones y nos dirige en la dirección correcta, lo que será muy útil en un momento en el que, como usted sabe, la educación y la cultura se consideran cada vez más como instrumentos principales de la construcción de la ciudadanía europea. 
Finalmente, señor Presidente, quiero dar las gracias especialmente al Parlamento y a su ponente, por esta importante contribución al futuro de nuestros ciudadanos jóvenes. 
– Señor Presidente, dispongo de tres minutos para hablar sobre la importancia de la cultura para nuestros hijos y sobre el futuro de los sistemas educativos en la Unión Europea. 
Como habría dicho un célebre historiador francés, : no es un tema que debamos tratar a la ligera. 
La Comisaria Reding está en lo cierto al afirmar que hay que alentar a nuestros Gobiernos nacionales a que apoyen la iniciativa del ponente, respaldada por la Comisión; que cuando se trata de programas y proyectos que afectan a la educación, hay que mostrar cierta generosidad de espíritu y, por supuesto, generosidad económica con los programas que apoyamos en común. 
La base de este malentendido es la noción de que la cultura es únicamente nacional. 
Por supuesto, una parte de la cultura es nacional, pero como señala el ponente, tenemos varias identidades; tenemos una identidad local y regional y, por supuesto, tenemos una identidad europea. 
No se trata de un accidente histórico que el país del ponente y el mío, Inglaterra, compartan el mismo patrón: San Jorge. 
Por desgracia, quizás, esto tenga algo que ver con el hecho de que Inglaterra y Portugal, antiguos aliados, fundaron esta unión en tiempos de guerra –una cruzada– en la Península Ibérica. 
Nuestros hijos tienen que aprender sobre el conflicto y sus desastrosas consecuencias, pero también deberían aprender acerca de lo que une a las personas: el comercio y el intercambio, por ejemplo. 
Entre Inglaterra y Portugal tenemos el comercio de corcho y, por supuesto, el comercio de oporto. 
¿Qué papel desempeñan nuestras escuelas en la educación de los jóvenes? 
Como el Comisario Reding ha señalado, las escuelas no son las únicas responsables de la educación, y lo digo en calidad de antiguo profesor de enseñanza primaria. 
Sin embargo, siempre he sido consciente de que las impresiones duraderas se producen mucho antes del colegio: en la familia, con los padres y los abuelos. 
Un Ministro de propaganda en una dictadura europea dijo: «Cuando oigo la palabra cultura, saco la pistola». 
Es un comentario muy poco serio, pero sabemos que la dictadura provocó consecuencias trágicas en las vidas de muchos países europeos. 
Espero que cuando el Consejo de Ministros vuelva a discutir estas cuestiones, demuestre suficiente generosidad de espíritu y aumente el presupuesto de educación y cultura –no solo en términos económicos, sino también en términos de experiencia, interés y apoyo político– para que podamos aprender sobre nuestros vecinos y sobre nuestra cultura y legado común. 
Egipto, Creta, Grecia y Roma forman parte de la experiencia de Inglaterra, como de la de Portugal, Alemania y todos los demás lugares. 
Pero a menos que demos a nuestros hijos una sólida base de conocimientos y comprensión, quizás en el futuro les resulte más difícil conseguir una carrera de éxito y recursos económicos suficientes. 
Sin embargo, el conocimiento sólido les proporcionará algo de sabiduría en tiempos de crisis. 
Espero que el Consejo de Ministros pueda compartir esta sabiduría. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el Sr. Graça Moura ha presentado un informe que muestra cómo la escuela puede ofrecer un acceso público a la cultura. 
Sin embargo, como usted ha señalado con acierto, señora Comisaria, existe un gran salto entre la teoría que tenemos ante nosotros y la práctica en las escuelas europeas. 
Para eliminar este salto, debemos ser más conscientes de que en nuestros cambiantes y difíciles tiempos, las escuelas desempeñan un papel fundamental en la creación de una apertura cultural. 
Eso no significa que descuidemos el patrimonio cultural nacional, sino que significa la creación de una mayor apertura cultural, en la que vivamos juntos más allá de los límites de las fronteras y sin que la hostilidad tenga siquiera la oportunidad de producirse. 
Pensando en mis propios días de escuela, tengo un recuerdo muy claro de un intercambio escolar que tuvo lugar con Suecia. 
En ese momento, la guerra acababa de terminar y Alemania no era un país popular. 
Sin embargo, los suecos estaban dispuestos a mantener un diálogo cultural con escolares de mi país. 
Esto me marcó mucho y creo que esta es la manera correcta de afrontarlo, por ello, en las enmiendas que he presentado –y que afortunadamente han sido aprobadas– hago hincapié en que, hoy más que nunca, la escuela es un lugar de diálogo intercultural. 
En mis tiempos, no había turcos ni italianos en la escuela. 
Sin embargo, actualmente es bastante habitual que haya una mezcla de nacionalidades diferentes y esto representa una gran oportunidad para el diálogo intercultural y para transmitir valores como el respeto por los demás y la igualdad, en lugar de las diferencias. 
Esta idea se refleja en el informe y debemos esforzarnos para que se aplique. 
Estas bonitas palabras no deben quedar solas; los responsables de la política de educación de cada país deben ahora hacerlas suyas. 
Comisaria, usted ha señalado que las familias tienen un papel que desempeñar en este sentido y eso es algo que he recogido. 
Es fundamental que los padres trabajen con la escuela y tengan cierta implicación personal, para que el concepto general encuentre el apoyo de todos. 
Finalmente, espero que este informe sea aprobado por la mayoría y que posteriormente se produzca su trasposición a la política. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me gustaría en primer lugar dar las gracias al Sr. Graça Moura por su iniciativa de debatir el papel de la educación en relación con la cultura y su difusión, y la escuela, dado que es obligatoria en toda Europa, es un buen instrumento para acercar la cultura, incluyendo la cultura europea común, a los ciudadanos del futuro. 
La educación tiene una importante función que desempeñar para ello y conciencia a los padres, y junto con ellos a los niños, de lo que la cultura tiene que ofrecer. 
Europa no es solo un proyecto económico, sino también, sobre todo, un proyecto cultural; lo que nos une es la cultura y la diversidad cultural. 
Por otra parte, creo que es beneficioso para la ampliación que se debatan las diferentes perspectivas de la cultura; los países candidatos tienen una opinión diferente de nuestra historia y nos queda mucho camino por recorrer, antes de que todos podamos reconocer e identificar lo que tenemos en común. 
Sin embargo, me gustaría señalar que la educación es, por supuesto, una cuestión de interés nacional. 
En Europa podemos hacer recomendaciones y ofrecer información sobre la cultura europea, pero sencillamente no corresponde a la Unión Europea hacer lo que algunos de nosotros proponemos y obligar a los Estados miembros a incluir esta información en sus currículos. 
Indudablemente mi grupo no apoyará eso. 
Comparto la opinión del Sr. Graça Moura de que el énfasis en la educación no debe únicamente recaer sobre las materias académicas, sino que también deberán tenerse debidamente en cuenta las materias creativas. 
A este respecto, me gustaría romper una lanza a favor de la educación musical, incluyendo la música clásica y la ópera. 
Ambas cuentan con una gran tradición en Europa, pero son más o menos obviadas en las escuelas. 
Por otra parte, el acceso a la cultura es importante. 
Los niños que crecen en familias en las que se hace poco relacionado con la cultura tienen dificultades. 
Idealmente los padres deberían adoptar el papel de orientadores, pero las escuelas también pueden desempeñar una importante función en este sentido. 
Por lo tanto, quiero señalar que las escuelas deberían implicar a los padres. 
De esta manera, la educación relativa a materias creativas puede recibir apoyo adicional y se puede generar mucho más interés en la cultura. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero dar las gracias al ponente, Sr. Graça Moura, por todo el trabajo que ha desplegado en este informe. 
A mí me parece que es un tema de vital importancia el que se facilite el acceso a la cultura a un mayor número de ciudadanos. 
Y las escuelas, no en vano, tienen que jugar un papel muy importante en este sentido, aunque también tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Comisaria en que esto no es solo responsabilidad de las escuelas. 
También es responsabilidad de las familias. 
Y es fundamental que los niños tengan la oportunidad de conocer lo que les rodea, tanto a nivel local como a nivel regional, a nivel nacional y a nivel europeo. 
Y aquí es donde nosotros tenemos que intervenir mucho más y tenemos que jugar un papel más importante. 
En España muchas veces tenemos la impresión de que los niños no conocen la cultura a nivel nacional, con lo cual, a nivel europeo, ya es mejor que ni hablemos. 
Y todos sabemos que es importante que los niños se sientan identificados con su ciudad, con su pueblo, su región y su país, pero que también- y sin menospreciar para nada lo mencionado anteriormente- se sientan identificados como europeos, y este es uno de los objetivos por el que nosotros, desde aquí, tenemos que luchar, y es difícil que nos sintamos europeos si no conocemos Europa, y conocer Europa es conocerla desde el punto de vista de su historia, su geografía, su economía, su literatura, su filosofía, incluso de sus deportes. 
Sería muy positivo que todo esto pudiera ser una asignatura común en todos los colegios de todos los Estados miembros, y que también se pudiera promover más el intercambio de estudiantes para que lo que aprendan lo puedan aprender. 
En mi país se suele decir que una imagen vale más que mil palabras. 
Por último, quisiera decir que es fundamental que los servicios pedagógicos de los museos, de los teatros, de las bibliotecas, etc. que estén a disposición del público, lo estén en más de una lengua oficial de la Unión Europea. 
Y a ser posible en varias, para que todos nos podamos sentir identificados con lo que vamos a leer. 
Por supuesto, todo esto que estamos hablando aquí esta noche no se podrá llevar a cabo si no hay un presupuesto comunitario para hacerlo, y esta va a ser nuestra primera gran batalla y tenemos que luchar por ello. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ¿cuál es exactamente el papel de las escuelas públicas? 
¿Hasta dónde llega y en qué consiste? 
En su informe, el Sr. Graça Moura trata muy bien estas cuestiones. 
Analiza en qué grado debería enseñarse cultura en las escuelas y también hasta qué punto esto se debería financiar y apoyar. 
Sin duda, estas cuestiones son mutuamente dependientes. 
Creo que es muy importante enseñar cultura en las escuelas, si queremos que los jóvenes conozcan y confíen en su identidad, y sean capaces de convertirse en ciudadanos europeos activos. 
Tenemos que trabajar en esto e introducir a los jóvenes en un intercambio cultural lo antes posible. 
También tenemos que aprender cómo enseñar a los jóvenes acerca de la resolución de conflictos, dado que eso es algo que podríamos esperar que las escuelas incluyan en sus enseñanzas sobre cultura y es un requisito previo para conseguir los objetivos establecidos en Lisboa, que ya se han mencionado tantas veces hoy. 
No podemos ignorar el hecho de que la cultura europea y la historia cultural constituyen la base del espacio económico común y, por lo tanto, debemos invertir en educación mucho más de lo que lo estamos haciendo actualmente. 
La media de la Unión de gasto público en escuelas es del 4,94 % del PIB. 
A pesar de que en Suecia el gasto es del 7% y en Austria del 5,75 %, estas dos cifras están descendiendo. 
Simplemente no puede ser positivo que en muchos países se esté gastando menos en educación, en lugar de invertir más. 
Me pregunto en qué están pensando los ministros de Cultura y funcionarios del Gobierno cuando prestan su apoyo a los objetivos establecidos en Lisboa, mientras que reducen, al mismo tiempo, los medios para ponerlos en práctica. 
Esto es un error y debe ser corregido. 
Así pues, debemos continuar señalando que los recortes en materia de educación –incluso en las artes– se traducen en deficiencias muy graves. 
Después de todo, si la creatividad no se enseña y no se deja ningún espacio para su desarrollo, ¿cómo pueden los jóvenes aprender a enfrentarse a los constantes cambios que se les exigirán en sus vidas profesionales y personales? 
El primer paso debería ser aumentar la inversión en arte, cultura y conocimiento, no reducirla. 
En lugar de simplemente preservar nuestra alabada diversidad cultural, debemos promoverla y permitir que disfrute de un próspero futuro. 
Señor Presidente, he de felicitar al Sr. Graça Moura porque este documento es el resultado de una convicción común, de una ruta profesional dedicada a la cultura. 
Apostar por un aprendizaje común en la escuela en tiempos de fortalecimiento de los discursos nacionalistas me parece valiente y es de agradecer. 
Digo que es digno de alabanza porque, en el fondo, en este documento, en apariencia ligero, asistimos a la defensa absoluta de la universalidad del conocimiento y del saber. 
Se observa incluso una cierta rebeldía ante la exagerada interpretación de la subsidiariedad. 
Desde aquí se defiende que la educación para una Europa integral no se resuelve meramente en el euro o en otros aspectos comunes económicos, sino que ha de ser resultado de un sentimiento de pertenencia, de un proyecto común que ha de apoyarse en la historia, en el saber quién somos, cuáles son nuestras bases comunes y, sobre todo, dónde se encuentran los principios y los valores de nuestro tiempo y cuál es la lógica de la Europa unida hacia la que vamos. 
Es más, creo que se ha producido un desarrollo desequilibrado del sistema europeo. 
Se han reforzado día a día las políticas comunes, pero se ha tenido miedo a avanzar en la creación de un fondo de saberes. 
Nacionalismos- repito- de una interpretación endogámica, aldeana y egoísta sobre la administración del conocimiento y la educación ha acrecentado los recelos hacia la formulación de una información común, que podría ser compartida por todos los centros docentes europeos. 
Yo he propuesto una enmienda donde se pide una política activa en favor de la revalorización del patrimonio cultural común. 
Una política activa y viva, que ayude a los más débiles, que cree criterios comunes. 
Y en la misma medida, he pedido que haya en los museos carteles divulgativos en más de un idioma de la Unión, en varios idiomas de la Unión. 
Contemplar los carteles de nuestra propia ciudad y en nuestro propio idioma me parece un concepto que debe ser superado. 
Y he propuesto una enmienda donde se pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten los proyectos de investigación sobre los grandes ejes de la civilización europea, tales como el derecho común, la historia de las instituciones, la educación, formas de convivencia y reglas comunes, prácticas sociales y antropológicas, así como las manifestaciones artísticas. 
Pienso, digo y defiendo que si estudiamos la historia de nuestra civilización y cultura o de nuestras instituciones podremos reconstruir sustratos que existieron, existen y nos unen. 
Dicho de otro modo: somos el resultado de un intercambio constante de ideas, de modelos de vida, de soluciones y de conceptos que nos permiten decir que Europa se estuvo preparando durante siglos para ser Europa. 
Europa ha trabajado mucho para tener un patrimonio común. 
Por eso ha sido tan fácil construir Europa. 
La vida municipal, el concepto de la dignidad del hombre, de los derechos individuales, de la libertad de las personas, de la familia como núcleo social de primer orden y de los municipios como marco más amplio de derechos y convivencia, la solidaridad, el concepto de Estado, todos ellos son conceptos europeos, lo mismo que el concepto de laicidad. 
Es más, las propias diferencias, que constituyen la tan llamada diversidad cultural, revelan la riqueza de la interpretación y formas de vivir un mismo fondo común. 
Brindemos a los jóvenes la oportunidad de conocerlo todo. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, a pesar de que la educación en la Unión es responsabilidad de los Estados miembros, hay muchas vías en la Unión Europea para apoyar la educación cultural en las escuelas. 
Los principales son los programas plurianuales, como el Sócrates, Leonardo da Vinci y Cultura 2000. 
Todos ellos fomentan la movilidad y creatividad cultural, el diálogo intercultural y el conocimiento de la historia de los pueblos europeos. 
El aprendizaje de lenguas, algo que está estrechamente ligado a los conocimientos culturales, tiene una importante función que desempeñar en la política de la Unión. 
En 2001 celebramos el Año europeo de las lenguas. 
Me satisface que el ponente subraye la importancia del conocimiento de la historia europea y el patrimonio cultural en su informe. 
La historia de nuestro continente no son solo guerras y derramamientos de sangre, sino también una próspera interacción que ha enriquecido nuestras culturas nacionales. 
Podemos ver que muchos artistas que han sido esenciales para la identidad de Estados independientes, han sido al mismo tiempo importantes a nivel europeo. 
Con la ampliación de la Unión, existirá la necesidad de informar acerca de la cultura e historia de los nuevos y los viejos Estados miembros, como bien dice el informe. 
Creo que esto reforzará nuestra sensación de alianza, dado que los países del Báltico y Europa central que se van a unir ahora a la Unión están firmemente arraigados en un patrimonio cultural europeo común. 
La cultura, la educación y la investigación ocupan una posición central en la propuesta de la Comisión sobre los marcos financieros para el período 2007-2013. La inversión en estos ámbitos es fundamental para el éxito en el contexto de la Estrategia de Lisboa, pero la cultura y la educación tienen una función más amplia que el mero éxito económico. 
Crean un marco para el crecimiento intelectual de las personas y el entendimiento mutuo. 
Así pues, acojo con satisfacción la recomendación del informe de que la Comisión y los Estados miembros deberían garantizar que en los programas de investigación europeos se fomenten los proyectos relativos a los fundamentos de la civilización europea, como el derecho consuetudinario, la historia de las instituciones y la educación, las normas de coexistencia, prácticas sociales y antropológicas, y formas de expresión artística. 
Espero que los objetivos establecidos en el informe sean debidamente tenidos en cuenta cuando la Comisión elabore nuevos programas plurianuales relativos a la cultura, la educación y programas de intercambio para los jóvenes. 
De igual forma, el informe contiene los ingredientes para las negociaciones entre los ministros de Educación y Cultura de la Unión sobre los objetivos educativos, culturales y políticos comunes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0017/2004) de la Sra. Frahm, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los contaminantes orgánicos persistentes y que modifica las Directivas 79/117/CE y 96/59/CE. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias al Parlamento Europeo y en particular a la ponente, la Sra. Frahm, por el intenso trabajo realizado en torno al informe sobre la propuesta de la Comisión para un reglamento en materia de contaminantes orgánicos persistentes. 
Agradezco que el Parlamento y la ponente hayan apoyado la rápida tramitación de esta propuesta legislativa. 
Asimismo, estoy muy satisfecho con la cooperación eficaz entre el Parlamento y el Consejo, que ha posibilitado un acuerdo en primera lectura. 
La rápida aprobación de este reglamento permitirá que la Comunidad ratifique el Convenio de Estocolmo en el momento de su entrada en vigor en mayo de 2004. 
Además, el reglamento permitirá que los Estados miembros que aún no han ratificado el Convenio lo hagan en breve. 
Y lo que es aún más importante, el reglamento garantizará que la Unión Europea en su totalidad pueda cumplir con sus obligaciones internacionales relativas a los contaminantes orgánicos persistentes. 
Estas sustancias permanecen en el medio ambiente durante décadas, se acumulan en organismos vivos y viajan a través de las fronteras lejos de sus lugares de origen. 
La mayoría de estas sustancias son carcinógenas o tóxicas. 
Es evidente que la acción global es esencial para abordar los riesgos de estas sustancias. 
Sin embargo, quiero llamar la atención del Parlamento sobre una cuestión importante planteada en el proyecto de informe, es decir, el fundamento jurídico del reglamento. 
La Comisión propone que el reglamento se base en el apartado 1 del artículo 175, sobre el medio ambiente, y en el apartado 1 del artículo 95, sobre el mercado interior. 
El proyecto de informe propone que el reglamento se base en un fundamento jurídico único, es decir, en el apartado 1 del artículo 175. 
Si bien la Comisión puede apoyar plenamente el compromiso alcanzado entre la ponente y el Consejo, no puede aceptar el cambio del fundamento jurídico. 
El fundamento jurídico propuesto por la Comisión está justificado por el hecho de que las disposiciones de los artículos 3 y 4 del reglamento propuesto –relativas a la producción, la comercialización y el uso de COP producidos intencionadamente– son relevantes para el funcionamiento del mercado interior. 
Además, estas normas particulares se transferirán al futuro reglamento REACH sobre productos químicos, basado exclusivamente en el apartado 1 del artículo 95. 
Señor Presidente, para comenzar quiero dar las gracias a mis colegas diputados al Parlamento, particularmente a los ponentes alternativos de los otros Grupos, por su sólida y constructiva cooperación sobre la propuesta relativa a los COP. También quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Presidencia irlandesa, que desafortunadamente no está aquí esta tarde, por haber trabajado tanto para conseguir la aplicación de esta propuesta. 
Finalmente, también quiero dar las gracias a la Comisión que, a pesar del desacuerdo relativo a la base jurídica, ha hecho un trabajo muy constructivo y valioso, para poner las cosas en orden. 
Como verán hay un total de 121 enmiendas al informe, pero esa no es la base sobre la que votaremos mañana. 
Votaremos en tres bloques y espero que el Parlamento apruebe el primer bloque directamente, haciendo de este modo que el segundo bloque resulte innecesario, y que finalmente vote a favor del tercer bloque. 
Si lo hacemos, tendremos un acuerdo con el Consejo en primera lectura. 
Uno de los aspectos más importantes del informe y del acuerdo es que hemos conseguido modificar la base jurídica, de forma que ahora hablamos de la protección del medio ambiente y de la salud humana, en lugar de la protección del mercado interior, que eran los términos en los que se hablaba en la propuesta original de la Comisión. 
Se trata de una importante victoria para el Parlamento con respecto a esta cuestión en particular, pero también en términos más generales, dado que existe una tendencia cada vez mayor a que la Comisión trate las propuestas en materia medioambiental en términos del mercado interior. 
Espero que el futuro Parlamento también defienda el principio de que las cuestiones medioambientales deben tratarse así. 
Hemos conseguido la introducción de una prohibición sobre la producción, la utilización y la entrada en el mercado de los COP. 
También hemos conseguido incluir algunos objetivos muy ambiciosos del reglamento presentado, para que las emisiones no intencionadas también tengan que cesar, al menos a más largo plazo. 
Se trata de una cuestión complicada. 
Sin embargo, hemos hecho referencias claras, por ejemplo, a la declaración de Río y al principio de cautela, como el Parlamento quería. 
Hemos conseguido una prohibición sobre el lindano con efecto inmediato, por lo que se ha pasado de una lista de sustancias restringidas a una lista de sustancias prohibidas. 
Se trata de una victoria importante. 
Las excepciones que están de otro modo incluidas en el reglamento son excepciones bastante claras que solo deberán aplicarse en casos bastante extraordinarios, y se exigirán abundantes pruebas científicas antes de que puedan ser aplicadas. 
Hemos conseguido la introducción de disposiciones de control restrictivas, para los productos químicos nuevos y existentes que contienen COP. 
Creo que eso también es importante, especialmente dado que actualmente se está progresando lentamente en el trabajo sobre el REACH. 
Hemos elaborado disposiciones por las que se establece que todas las existencias que contengan COP deberán ser destruidas y tratadas como residuos. 
También hemos introducido algunas disposiciones de control muy restrictivas sobre las existencias de COP, para que el valor límite en el que la obligación de notificación entre en vigor se divida por la mitad, pasando de 100 a 50 Kg. 
Hemos incluido varios compromisos internacionales, con vistas a que los Estados miembros cooperen ofreciendo apoyo técnico y financiero a los países en desarrollo, con el fin de que estos últimos estén en condiciones de cumplir la Convención de Estocolmo. 
Hemos introducido una serie de disposiciones generales, afirmando que quienes producen o almacenan residuos deben evitar que estos residuos se contaminen con COP. 
Hemos introducido disposiciones al efecto de que, como exigía firmemente el Consejo de Ministros, el almacenamiento permanente solo se pueda considerar una excepción. 
Nosotros hacemos hincapié en que se trata de una excepción que solo se puede aplicar si se demuestra que es la mejor solución posible para el medio ambiente. 
No es una excepción permanente. 
Era nuestra voluntad que no fuera posible ampliarla automáticamente y creo que el Parlamento debe enviar una clara señal al Consejo de Ministros y a la industria, dado que el Parlamento ha escuchado los argumentos del Consejo. 
Hemos escuchado los argumentos de la industria en este ámbito y ahora también pensamos que la industria y el Consejo de Ministros –es decir, los ministros de los Estados miembros– deben demostrar que son responsables. 
Deben asignarse fondos a la investigación y al desarrollo, con el fin de que los métodos mejoren constantemente. 
Después de todo, el objetivo es que las excepciones no se amplíen cuando sean revisadas en 2009. 
Sin embargo, no cabe duda de que el tiempo dirá. 
Ahora corresponde al Consejo, a la industria y al Parlamento realizar un seguimiento de esta cuestión. 
Rechazamos los valores límite inicialmente planteados por el Consejo de Ministros. 
Creemos que eran demasiado elevados. 
No obstante, ahora hemos acordado que se fijarán en 2005 y nos aseguraremos de que, también en esa área, se aplique un elevado nivel de protección. 
Hemos insistido en que se debe hacer algo para implicar a la población en la aplicación de las normas relativas a los COP. 
Debe elaborarse información que esté particularmente dirigida a grupos vulnerables y existe el requisito de que las violaciones de las normas deberán ser publicadas. 
Por supuesto, a la hora de preparar un acuerdo también hay cosas que no se consiguen y verdaderamente no tengo tiempo para decir nada acerca de las mismas. 
Quizás es una suerte que solo haya tenido tiempo de decir algo acerca de los logros, pero espero y creo que el Parlamento adoptará esta propuesta por una mayoría importante. 
Así pues, muchas gracias por su constructiva cooperación con respecto a esta cuestión. 
Señor Presidente, quisiera hacer una primera referencia al tema de la base jurídica de este informe y al debate que ello ha podido suscitar. 
Yo creo que, sinceramente, no sería ir por el mejor de los caminos el enfrentar los intereses del mercado interior y los de la protección del medio ambiente o la salud de los ciudadanos. 
Es más, me parece un grave error y creo, precisamente y personalmente, en todo lo contrario. 
Creo que hay que practicar el enfoque integrado y complementario, creo que hay que tener en cuenta realmente cuando hablamos de medio ambiente también los intereses del mercado interior y las posibles dificultades que ello pueda conllevar y creo que, cuando hablamos de mercado interior, tenemos que tener en cuenta los intereses medioambientales. 
Eso es el desarrollo sostenible, eso es la integración de medio ambiente, economía y empleo y eso es, precisamente, lo que se ha estado defendiendo en la propuesta para los temas a tratar en el próximo Consejo de primavera de este año. 
En mi opinión, si realmente no creemos en estos tres pilares del desarrollo sostenible de forma integrada, conjunta, y al mismo nivel y con el mismo peso en las consideraciones que hagamos, estamos haciendo unas declaraciones políticas de cara a nuestras cumbres y a nuestra comunicación como instituciones comunitarias, totalmente erróneas y falsas para los ciudadanos. 
Y sinceramente, yo no creo en ello. 
Creo en ese enfoque integrado y, por lo tanto, me importa mucho menos la base jurídica de los informes que realmente cómo se enfoca el contenido de los mismos y cómo se lleva a cabo la cooperación entre las diferentes comisiones e instituciones comunitarias. 
En este sentido, y con respecto a este informe, quiero decir que durante la Presidencia italiana se avanzó de manera muy considerable en este Reglamento y se previó, incluso, la elaboración de una orientación general sobre el mismo. 
No se aprobó porque había un problema importante en relación a los residuos de COP y especialmente a los métodos alternativos para su destrucción. 
Creo que este tema ha quedado resuelto en el nuevo Anexo IV bis y que ha sido fruto de la negociación durante la Presidencia irlandesa. 
En este sentido creo que hay que felicitar a la Sra. Frahm porque ha hecho un excelente trabajo en ese sentido de alcanzar un consenso, primero entre los grupos políticos parlamentarios, y en segundo lugar también con el Consejo para que podamos aprobar este informe en primera lectura. 
Así es que aunque no esté plenamente de acuerdo con ella en hacer prevalecer los aspectos ambientales sobre todos los demás, sino en lograr ese equilibrio, que realmente es lo que estamos defendiendo desde la Unión Europea y desde los Estados miembros, sí creo que este es un buen trabajo, sí creo que ha tenido dificultades en llegar a acuerdos sobre temas como los residuos o la exención específica para la fabricación del dicofol, una sustancia aceptada bajo restricciones muy concretas, en un proceso industrial también muy concreto y que se lleva a cabo de manera absolutamente aislada del medio ambiente y confinada. 
También me parece acertada la cláusula de revisión para que la Comisión revise, a finales de 2008, esta situación concreta del dicofol y creo que lo que se hace con ello es aplicar, una vez más, de forma razonable el principio de precaución compatibilizando realmente la actividad industrial con la máxima protección del medio ambiente y seguridad de los ciudadanos. 
Respecto al Anexo II, que enumera sustancias que pueden utilizarse sujetas a restricciones, creo que ha sido un acierto mantener la estructura de este Anexo- ya sé que la ponente no era partidaria- pero creo que, aunque en este momento no enumera ninguna sustancia concreta, sí deja la puerta abierta a futuras sustancias que puedan ir surgiendo y que, tanto la Comisión como el Parlamento con su aprobación, consideren que sea necesario su uso, producción o comercialización con determinadas restricciones. 
Con respecto al tema del lindano, me parece muy bien que se haya pasado al Anexo I como sustancia prohibida y que se pueda permitir su uso bajo determinadas condiciones, también muy estrictas, que propone el acuerdo. 
En definitiva creo que hay que resaltar esto que comentaba antes: es importante la compatibilidad y es importante que no perdamos nunca el referente del desarrollo sostenible como ese taburete de las tres patas: economía, medio ambiente y empleo. 
Y con ese referente yo creo que Europa y los Estados miembros podrán llegar lejos. 
Señor Presidente, cuando he llegado a Bruselas esta mañana, descubrí que había recibido una carta del Fondo Mundial para la Naturaleza, diciendo que pronto debería recibir los resultados de los análisis de sangre que me hice hace unos meses, con el fin de descubrir qué productos químicos tenemos en nuestra sangre. 
Asumo que muchos de nosotros nos hicimos estos análisis de sangre. Este análisis probablemente demostrará que, al igual que todos los demás, tengo una buena parte de productos químicos bastante extraños en mi sangre, y algunos de ellos serán probablemente los contaminantes orgánicos persistentes de los que estamos hablando hoy. 
El hecho es que sabemos relativamente poco acerca de lo que esto significa para nuestra salud y bienestar, pero sabemos bastante como para estar preocupados. 
Se nos han presentado una serie de informes alarmantes, afirmando que diferentes productos químicos producen enfermedades y que pueden, por ejemplo, afectar a nuestra fertilidad. 
Teniendo esto en cuenta, acogemos esta propuesta con gran satisfacción y no solo la propuesta, sino también sobre todo el compromiso. 
El hecho es que este compromiso que se ha negociado supone una importante mejora con respecto a la propuesta presentada por la Comisión. 
Me gustaría dar las gracias sobre todo a la ponente, la Sra. Frahm., por su informe. 
También me gustaría llamar la atención sobre una serie de puntos que considero mejoras cruciales. 
El primero es la base jurídica. 
Creo que la tendencia de la Comisión a tratar las cuestiones medioambientales cada vez más como si se tratase de cuestiones que afectan al mercado interior es muy desafortunada. 
Desde un punto de vista ecológico, es bastante irresponsable proceder de este modo. 
También reduce las oportunidades de los Estados miembros de introducir una legislación más progresiva. 
La Unión Europea está de este modo evitando que países que desean y pueden tomar la iniciativa lo hagan, y eso resulta inaceptable. 
Esperamos que, cuando presente propuestas como esta, relativas al medio ambiente, la Comisión recuerde estas consideraciones y se adhiera a la base jurídica para alcanzar objetivos medioambientales. 
También creo que la idea principal de la propuesta –la clara prohibición sobre la producción, utilización y comercialización– es muy importante. 
Es particularmente positivo que la prohibición impuesta sobre el hexaclorociclohexano (HCH) , incluyendo el lindano, esté incluida en la propuesta. 
Esto nos recuerda que la política de productos químicos de la Unión Europea no funciona en la práctica. 
Sabemos que solo una parte muy pequeña de los productos químicos que están en el mercado, y cuyos efectos son en realidad conocidos por nosotros, ha sido verdaderamente sometida a prueba. 
Una pequeña parte de la política de productos químicos está cubierta por esta propuesta y ahora necesitamos una legislación de productos químicos eficiente y uniforme, dentro del marco del sistema REACH, para el registro, la evaluación y autorización de los productos químicos. 
Se trata de una propuesta que está siendo atacada con bastante energía, pero necesitamos descubrir qué contienen esos productos químicos, aun cuando, como sucede con la mayoría de los productos químicos, existan en cantidades relativamente pequeñas. 
Si se incluyen en la excepción un número demasiado elevado de estos productos químicos, nos quedaremos sin una política de productos químicos efectiva. 
Creo que este trabajo demuestra que solo sirve tomar las decisiones adecuadas cuando se trata de cuestiones relativas a los productos químicos e indica el camino que nos espera antes del debate sobre el REACH. 
Permítanme dar las gracias de nuevo a la ponente. 
Señor Presidente, quiero comenzar felicitando a la Sra. Frahm y quizás felicitando también a aquellos de nosotros que hemos participado en estas negociaciones con el Consejo. 
Hemos conseguido llegar a un acuerdo con la Presidencia irlandesa con respecto a este reglamento y con respecto a la aplicación de la Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. 
Quizás no eran muchos los que creían que llegaríamos a un acuerdo, pero la Sra. Frahm manejó la situación extraordinariamente bien. 
A pesar de que todo lo que se ha conseguido no es ideal ni es exactamente lo que nos habría gustado, sigue siendo lo mejor que hemos podido conseguir, teniendo en cuenta lo que es políticamente posible. 
Estoy muy satisfecha. 
Como otros ya han dicho, es importante que el reglamento se aplique ahora lo antes posible, porque los contaminantes orgánicos persistentes están en la lista negra de las sustancias químicas peligrosas. 
No se descomponen, sino que se acumulan en nuestros organismos y en toda la cadena alimentaria. 
Los niveles son ya tan elevados que suponen un peligro, tanto para la salud pública como para los ecosistemas y su funcionamiento. 
El objetivo debe ser poner fin definitivamente a las descargas de contaminantes orgánicos persistentes, prohibiendo su producción, utilización e importación. 
Por lo tanto, debemos ir más allá y, en algunos casos, mucho más allá de lo que se indica tanto en la Convención de Estocolmo como en el Protocolo del Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia de 1979. 
Esto también deberá aplicarse a los nuevos Estados miembros que se unirán a la Unión Europea en mayo de este año. 
En algunos casos, se han pedido excepciones para el HCH y el lindano, por ejemplo, pero no se pueden aceptar bajo ninguna circunstancia. 
A menudo me quedo muy sorprendida por lo difícil que resulta a la Comisión, al Consejo y quizás en ocasiones también al sector más conservador del Parlamento, aprobar las medidas para proteger la salud de las personas y el medio ambiente, y por el hecho de que se produzcan constantes retrasos, aplazamientos e interrupciones. 
En esta área, el principio de cautela debe aplicarse plenamente, lo que significa también que las nuevas sustancias deben ser incluidas en la lista para la prohibición y el control de las mismas. 
Por lo que respecta a la base jurídica, no entiendo a la Comisión. 
Tampoco entiendo por qué tiene que haber este tipo de debate. 
La base jurídica debe ser el artículo 175 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, porque estas decisiones se están tomando para proteger la salud de las personas y el medio ambiente. 
De hecho, toda la legislación de los productos químicos está pensada para eso. 
Desde Chester en adelante también se ha debatido el hecho de que debido a que no podemos proteger de otro modo la salud pública y el medio ambiente, tenemos que tomar decisiones firmes en términos de una legislación de los productos químicos exhaustiva y con una perspectiva general. 
En conclusión, creo que este acuerdo con el Consejo es extremadamente loable, al igual que el hecho de que lo hayamos alcanzado en primera lectura, porque es muy importante que ejecutemos el acuerdo lo antes posible. 
– Señor Presidente, acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión. 
Los COP son sustancias que ponen en peligro la salud pública y el medio ambiente, por lo que deberíamos tratarlos con prudencia. 
Con respecto a la base jurídica, comparto la opinión de la ponente de que deberíamos optar por el propio artículo 175. 
Eso es lo que hicimos en el pasado, con respecto a tratados similares, como los de Rotterdam y Basilea, por lo que deberíamos ser coherentes con ello. 
La recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior también apoya la opción del artículo 175. 
De hecho, tengo curiosidad por ver si la Comisión recurre una vez más al Tribunal de Justicia, como sucedió, para sorpresa de todos, con el Tratado de Rotterdam. 
¿Puede el Comisario Monti arrojar luz sobre esta cuestión? 
Por otra parte, las normas de concentración del Anexo IV deberían establecerse lo antes posible. 
Un anexo vacío no nos interesa. 
Por lo tanto, pediría a la Comisión que se ponga a trabajar en esta cuestión. 
Dicho todo esto, volveré al paquete de enmiendas de transacción. 
Este trata con éxito mis restantes objeciones a la propuesta de la Comisión. 
Finalmente, quiero dar las gracias a la ponente, la Sra. Frahm, por su trabajo. 
Ha sido una cuestión difícil, que ha conseguido llevar a buen puerto, en estrecha cooperación con los ponentes alternativos. 
– Señor Presidente, los contaminantes orgánicos persistentes (COP) son sustancias químicas que permanecen en el medio ambiente, se acumulan a través de la cadena alimentaria y presentan un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 
Puesto que estas sustancias se acumulan en el tejido graso de los animales –incluidos los humanos– ¡por definición algunos de nosotros corremos más riesgo que otros! 
Estos contaminantes viajan por el aire pasando por encima de las fronteras internacionales, muy lejos de sus lugares de origen, y llegan incluso a regiones en las que nunca se utilizan o producen. 
Los ecosistemas y pueblos indígenas del Ártico están particularmente en peligro debido al transporte medioambiental a gran distancia y a la biomagnificación de estas sustancias. 
Se trata de contaminantes tóxicos fabricados por el hombre, producidos y usados en una gran variedad de industrias, por ejemplo como pesticidas agrícolas, en la preservación de la madera y en los productos químicos industriales. 
Los COP incluyen pesticidas como aldrina, clordano, DDT, dieldrina, endrina, heptacloro, mirex y toxafeno; productos químicos industriales como PCB y hexaclorofina; y subproductos no deseados de combustión y procesos industriales, como dioxinas y furanos. 
Ya existen controles considerables en la política de la UE y directivas relevantes como la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, la Directiva Marco del agua, la Directiva Seveso y varias Directivas sobre residuos peligrosos. 
El reglamento propuesto está encaminado a retocar la legislación vigente sobre la comercialización y las restricciones del uso de ocho pesticidas COP, y a introducir una pequeña enmienda en la Directiva de vertido de PCB. Estas medidas facilitarán a los Estados, como partes del Protocolo del Convenio de Aarhus, y en particular del Convenio de Estocolmo, la ratificación de estos dos acuerdos internacionales. 
Un total de 48 países ya han ratificado el Convenio de Estocolmo, incluidos 8 Estados miembros y 2 países candidatos. Irlanda aún tiene que ratificarlo. 
El paquete de compromiso para este acuerdo en primera lectura con el Parlamento Europeo se aprobó en el Coreper el 13 de febrero, y después lo aprobaron todos los Grupos políticos. 
Creo que no se han presentado más enmiendas. 
Felicito a la Sra. Frahm por el trabajo que ha realizado junto con la Presidencia irlandesa y la anterior Presidencia italiana. 
El reglamento propuesto es una medida temporal porque a medio plazo la Propuesta REACH cubrirá estas sustancias. 
En mi país, Irlanda, los residuos de COP, al igual que todos los residuos peligrosos, se exportan principalmente a Alemania. 
Alemania está muy implicada en el almacenamiento de residuos de COP en minas de sal sin someterlos a ningún tipo de transformación. 
Importa residuos de COP de forma comercial para su eliminación. 
Para facilitar estas operaciones ha buscado disposiciones que le permitan continuar con esta práctica, que apoyo plenamente. 
La cuestión de la eliminación de residuos contaminados con COP ha sido una de las causas principales de las dificultades para alcanzar un compromiso. 
Ha habido muchas discusiones sobre los métodos de vertido: incineración, entierro a gran profundidad en minas de roca o de sal y en vertederos, por nombrar algunos. 
Según las exigencias del Convenio de Estocolmo, hay dos métodos principales para el tratamiento de residuos de COP, a saber, la destrucción o la transformación irreversible. 
Según esta normativa hay dos opciones para la gestión de residuos de COP de bajo contenido según las disposiciones de la Directiva Marco relativa a los Residuos. 
También se ha acordado una tercera opción, aplicada a los residuos de COP en general, en las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo. 
En los casos en que la destrucción o la transformación irreversible no sea la opción medioambiental preferida, los residuos de COP pueden almacenarse. 
Este almacenamiento puede tener lugar en minas de sal en desuso, en formaciones rocosas profundas y en vertederos de residuos peligrosos. 
Las tres formas de almacenamiento están definidas en detalle en la legislación vigente de la UE. 
– Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la Sra. Frahm por su excelente informe y a todos los que han participado en la consecución de un compromiso. 
Como ha señalado mi colega la Sra. Schörling, los contaminantes orgánicos persistentes –COP– son sustancias químicas que permanecen en el medio ambiente. 
Se acumulan a través de la cadena alimentaria y ponen en peligro no solo el medio ambiente, sino también la salud humana, provocando efectos adversos para la salud humana. 
Como se ha señalado, estos contaminantes pueden cruzar fronteras: pueden acabar lejos de su lugar de origen, y se han encontrado en zonas en las que nunca se habían utilizado, por lo que constituyen una grave amenaza para el medio ambiente. 
La Comunidad Europea y todos los Estados miembros firmaron en 1998 el Protocolo del Convenio regional de la CEPE sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por los COP, y el Convenio de Estocolmo sobre los COP en 2001. 
A pesar de que todos los Estados miembros han firmado ambos convenios, muchos Estados, incluido el mío, aún no los han ratificado. 
La Agencia de Protección Medioambiental de Irlanda está tramitando su ratificación, y me parece muy bien. 
Si bien la mayoría de los COP enumerados no se producen o usan en la Comunidad, aún existe el problema de que la legislación no impide su comercialización. 
Como ha señalado la Sra. Frahm, el cambio del fundamento jurídico es muy importante para garantizar que los COP se consideren una cuestión de salud pública y medio ambiente: no se trata solo de una cuestión de mercado interior. 
El lindano es una sustancia usada en el champú antipiojos para niños. 
Muchos padres no se dieron cuenta de que el uso continuo de este tipo de champú, que contiene una sustancia química, afectaba a sus hijos, y muchas personas, incluso de este Parlamento, han usado estos champús. 
No se previno sobre los efectos y, como se ha señalado, se sabe muy poco acerca de los verdaderos efectos a largo plazo, a pesar de que se han encontrado estos COP en nuestros organismos. 
Acogemos con satisfacción este informe; tenemos que felicitar a la Sra. Frahm por el trabajo que ha realizado. 
Asimismo, me complace escuchar que la Presidencia irlandesa ha sido muy constructiva sobre esta cuestión y que está intentando ayudar para que se apruebe este paquete. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión verdaderamente necesita ser más estricta y los COP tóxicos deberían haber desaparecido de nuestras vidas cotidianas hace mucho tiempo. 
Eso no sucederá como resultado de la propuesta de la Comisión. 
Por lo tanto, debemos acoger con satisfacción que, en su informe, la Sra. Frahm realice un enérgico intento de aportar más rigor, y apoyo todas sus propuestas. 
Sin embargo, necesitamos un plan mucho más radical, si queremos experimentar una notable desaparición de los productos químicos nocivos, incluyendo los altamente tóxicos COP. 
Este plan, que elimina todos los productos químicos superfluos de nuestras vidas cotidianas, no es apropiado en forma de modificación de este reglamento. 
Por lo tanto, quiero presentarlo en relación con el debate sobre la propuesta de la Comisión sobre productos químicos, conocida como el programa REACH. 
Como parte de la eliminación de productos químicos tóxicos, deberán emprenderse acciones en respuesta al principio de que quien contamina paga, establecido por el tratado. 
Deberá imponerse un impuesto sobre los productos químicos, con el fin de financiar el control, la valoración, el remedio de los daños causados por su utilización conforme a las normas, así como para financiar el desarrollo de alternativas. 
La primera sustancia a la que sería apropiado imponer este impuesto sería el PVC. 
También se podría invertir en alternativas verdaderamente ecológicas, que ya existen o están desarrollándose, para sustituir la mayor parte de los productos químicos. 
Entre ellas se incluyen los pesticidas mencionados en esta directiva. 
Al igual que en el Parlamento hemos debatido el etiquetado de los productos modificados genéticamente, también deberían introducirse normas de etiquetado, en interés de una libre elección del consumidor, para los muchos productos químicos tóxicos. 
Estoy seguro de que el día que etiquetemos la leche convencional como «leche con pesticidas» , se producirá un cambio decisivo en la demanda de los consumidores, a favor de las alternativas orgánicas. 
– Señor Presidente, en primer lugar, en nombre del Grupo del PSE, doy las gracias a la ponente por su trabajo y a la Presidencia por su cooperación. 
Ha sido un ejercicio muy útil para alcanzar un acuerdo en segunda lectura sobre una propuesta importante, que aborda un problema persistente, orgánico y arraigado. 
Creemos que este informe es muy satisfactorio y nos complace votar a favor. 
Me complace que se hayan resuelto una serie de cuestiones pendientes. 
Se ha resuelto la cuestión del fundamento jurídico, lo cual me alegra. 
Respecto de la cuestión de los residuos de COP, nos hemos dado cuenta de las dificultades de eliminar totalmente los residuos que contienen COP, y creemos que la propuesta adecuada abordará los inevitables problemas residuales que encontramos con la presencia de los COP en los residuos y en otros lugares. 
Respecto de algunas otras cuestiones, como el problema de las existencias, y de la asistencia técnica y económica, hemos llegado a acuerdos razonables, y la ponente puede sentirse orgullosa de haber dado un paso adelante, que no tardará en aplicarse. 
Lo mejor de un acuerdo en segunda lectura es la voluntad de convertirlo rápidamente en legislación, y todos lo estamos esperando. 
El escarnio público («naming and shaming» ) puede ser necesario o no en esta propuesta: ya se contempla en el Convenio de Aarhus. 
Es algo que debemos reconsiderar, y un aspecto que la ponente ha mencionado acertadamente. 
Todos tenemos presente la cuestión de la compatibilidad con la Directiva REACH. 
Esta nueva propuesta sobre REACH será muy importante, pero tiene que ser de amplio alcance. 
Tenemos que encontrar la manera de garantizar, por ejemplo, que mientras los COP queden excluidos de la Propuesta REACH, los productos químicos que contengan COP o puedan producir COP como residuos se incluyan en la propuesta. 
Sería un avance muy importante. Sin duda reducirá cualquier resquicio que pueda crearse durante el período en el que vamos a trabajar en esta importante propuesta en el otoño. 
El Grupo del PSE votará mañana a favor de esta propuesta. 
Damos las gracias a la ponente por su trabajo, a la Comisión por su propuesta y cooperación, y finalmente a la Presidencia por su buena voluntad para alcanzar un acuerdo en segunda lectura. 
. Señor Presidente, quiero volver a subrayar que la Comisión apoya plenamente un acuerdo rápido sobre este reglamento, a excepción del cambio de fundamento jurídico. 
La Comisión puede apoyar plenamente el amplio paquete negociado entre el Consejo y el Parlamento. 
La aprobación de este paquete de compromiso permitirá a la Comunidad y a los Estados miembros ratificar el Convenio de Estocolmo con suficiente antelación, y una amplia mayoría mañana transmitirá una señal muy clara. 
Respecto de la cuestión del fundamento jurídico, las disposiciones sobre las prohibiciones y restricciones de los productos químicos COP producidos intencionadamente afectarán al mercado interior y, por lo tanto, estas medidas deberían basarse en el apartado 1 del artículo 95 del Tratado. 
El hecho de que estas prohibiciones o restricciones se introduzcan con objeto de proteger la salud humana o el medio ambiente no significa que estas disposiciones no puedan aprobarse sobre la base del artículo 95. 
El apartado 3 del artículo 95 estipula claramente que la Comisión puede proponer medidas legislativas relativas a la protección de la salud o del medio ambiente en virtud del apartado 1 del artículo 95 si estas medidas afectan al funcionamiento del mercado interior. 
Así pues, lo correcto es que el reglamento se fundamente tanto en el apartado 1 del artículo 175 y como en el apartado 1 del artículo 95. 
Además, cabe señalar que la Comisión también propone transferir las prohibiciones de producción y uso del Reglamento de Aplicación de los COP al futuro Reglamento REACH sobre productos químicos, basado en el artículo 95. 
Si el fundamento jurídico fuera diferente, esta medida tendría un efecto sobre la posibilidad de los Estados miembros de aprobar medidas más estrictas. 
Por lo tanto, la Comisión ha considerado que era más correcto basar estas disposiciones en el artículo 95. 
El Sr. Blokland se preguntaba si la Comisión recurriría al Tribunal de Justicia Europeo. 
Quiero llamar la atención de la Cámara sobre el hecho de que la Comisión ha publicado una declaración en el acta del Consejo clarificando su posición a este respecto. 
En lo que concierne a la gestión de los residuos, que han mencionado la Sra. Frahm, la Sra. García-Orcoyen Tormo y la Sra. Doyle, es importante señalar que la propuesta modificada estipula claramente que la norma principal para los residuos es la destrucción o la transformación irreversible, mientras que solo pueden permitirse otras operaciones de gestión de los residuos en casos específicos y claramente definidos. 
Respecto de los residuos con alto contenido de COP, la Comisión señala que el almacenamiento permanente u otras operaciones solo pueden permitirse si la destrucción del contenido de COP no es la opción preferida desde un punto de vista medioambiental. 
Esto se ajusta a las disposiciones del Convenio de Estocolmo. 
Además, las disposiciones modificadas establecen condiciones adicionales y un procedimiento para garantizar que no se haga un mal uso de la derogación. 
Por este motivo, la Comisión puede aceptar el compromiso. 
Felicito a la ponente, la Sra. Frahm, y al Parlamento por esta importante labor legislativa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0056/2004) de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1177/2002 del Consejo relativo a un mecanismo defensivo temporal para la construcción naval. 
. Señor Presidente, lamento que la Sra. Randzio-Plath no pueda estar con nosotros esta noche. 
Quiero felicitarle y darle las gracias por el trabajo que ha llevado a cabo tan rápidamente y sin contratiempos. 
En vista de la competencia desleal de los astilleros coreanos y del fracaso de Corea en aplicar las disposiciones del Acta Acordada relativa a la industria naval mundial, firmada por la UE y Corea el 22 de junio de 2000, la Comisión ha aprobado una estrategia dual para abordar estas prácticas desleales en el sector de la construcción naval. 
Esta estrategia comprende dos instrumentos: la interposición de una demanda contra Corea ante la OMC y la autorización de ayuda temporal y limitada al amparo del Mecanismo Defensivo Temporal –MDT– para ayudar a los astilleros comunitarios en aquellos segmentos en los que se han sufrido consecuencias negativas debido a la competencia desleal de Corea. 
Desde el comienzo se ha establecido un vínculo estrecho entre el MDT y la demanda de la UE contra Corea ante la OMC. 
Puesto que los expedientes de la OMC están llevando más tiempo del originalmente previsto, y dado que Corea sigue sin aplicar el Acta Acordada, la Comisión propone ahora prorrogar la aplicación del Reglamento MDT hasta el 31 de marzo de 2005, cuando se produzca la decisión final del órgano de recurso de la OMC. 
El Reglamento MDT fue aprobado por el Consejo el 27 de junio de 2002. 
Proporciona ayuda estatal de hasta un 6% del valor del contrato, beneficiando a los astilleros afectados por la competencia desleal de Corea. 
Quiero subrayar que desde el comienzo el mecanismo estaba estrictamente limitado en su alcance y en el tiempo. 
Respecto del alcance, solo pueden acogerse a la ayuda aquellos segmentos de mercado en los que se ha demostrado que la industria naval de la UE ha sufrido efectos adversos a raíz de la competencia desleal de Corea: buques contenedores, buques cisterna para productos químicos y otros productos y buques de transporte de gas natural licuado. 
En cuanto al calendario, el mecanismo defensivo iba a aplicarse solo hasta la conclusión de los expedientes de la OMC contra Corea, o hasta la suspensión de estos expedientes si la UE considera que el Acta Acordada ha sido aplicada efectivamente. 
En cualquier caso, el mecanismo de apoyo expira el 31 de marzo de 2004, la fecha de conclusión de los expedientes de la OMC. 
La Comisión limita su propuesta estrictamente a esta ampliación y no propone ningún otro cambio, como la ampliación del alcance. 
Estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Randzio-Plath en que sería contraproducente debilitar la estrategia de la UE frente al comportamiento de Corea en la industria de construcción naval en el momento crucial en que se espera la conclusión satisfactoria de los expedientes de la OMC. 
Me complace que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios haya pedido la aprobación de la propuesta sin enmiendas. 
Asimismo, me complace que el Parlamento haya aceptado que esta cuestión urgente se aborde mediante un procedimiento acelerado. Esto permitirá aprobar la ampliación antes de la expiración del instrumento existente. 
Quiero concluir reiterando que el mecanismo defensivo es una medida excepcional, estrictamente selectiva – ¡y puntualizo estrictamente esta observación! – y el problema comercial con Corea. 
Por lo tanto, espero que puedan apoyar la prórroga del mecanismo durante un año con objeto de restablecer unas condiciones comerciales normales en el mercado internacional de la construcción naval. 
– Señor Presidente, disculpe que me haya reído, ¡pero ya no estamos solos, señor Monti! 
¡Veo entrar a otros dos diputados! 
Creía que podíamos estar solos, pero ¡otra vez será! 
– Señor Presidente, desafortunadamente tengo que decir que fui yo quién pidió que se debatiera este punto y por una sencilla razón. 
Me cuesta entender por qué un acuerdo de subsidios provisional –y repito, provisional– tiene que ampliarse ahora de repente. 
Como ponente de la declaración del Parlamento sobre el reglamento original, tengo bastante claro que pedí a la Comisión una garantía de que este acuerdo solo sería provisional. 
La Comisión me lo aseguró, al igual que usted, Sr. Monti. 
Por la misma razón, el reglamento también tenía un tiempo limitado. 
El reglamento contenía, sobre todo, una cláusula trampa, por la que el reglamento cesaría inmediatamente, en caso de que se resolviera el conflicto con Corea del Sur. 
Cuando se puso una fecha de vencimiento al reglamento, fue precisamente porque no se quería que este reglamento fuese permanente, independientemente de que se resolviese o no el conflicto con Corea del Sur. 
Para mí, esta era una circunstancia atenuante, dado que en ningún momento se me convenció de que Corea del Sur compitiera verdaderamente en igualdad de condiciones. 
Por el contrario, me temo que este reglamento solo ha ayudado a distorsionar la competencia internamente en la Unión Europea. 
Por lo tanto, me tomaré la libertad de preguntarle, Sr. Monti, si realmente el reglamento va camino de convertirse en permanente, y si usted no considera esto como un paso atrás en la lucha contra los subsidios directos a la producción. 
¿Se podría decir en este caso que se ha roto una promesa? 
Lo cierto es que estoy bastante cansada del tema esta tarde. 
– Comisario Monti, usted ya no es mi Comisario preferido, pero cambiaré de opinión si esta noche me da la respuesta correcta. 
. Señor Presidente, estamos hablando de acontecimientos temporales y sé que el hecho de ser el Comisario preferido de la Sra. Riis-Jørgensen es una situación temporal: me puede incluir y excluir de forma aleatoria dentro de esta afortunada categoría. 
Creo que continúo mereciendo esta categoría, no solo por la inherente generosidad de la Sra. Riis-Jørgensen, sino también porque creo – ¡y lo digo delante de testigos! – que cumplimos fielmente la promesa que le hicimos a su Señoría y a otros en el Parlamento. 
¿Por qué este mecanismo se aprobó con carácter temporal? 
En primer lugar, porque la Comisión, –y yo en particular– estábamos totalmente en contra de la reintroducción de un mecanismo ilimitado y permanente para la ayuda estatal a la construcción naval. 
Por lo tanto, tenía que ser temporal. 
Temporal significa dos cosas; no es permanente y debe tener un criterio lógico para definir su temporalidad. 
El criterio lógico era la previsión razonable sobre la duración del procedimiento ante la OMC. 
Se nos podría acusar de incoherencia lógica si, tras haber aprobado este criterio lógico –el Consejo y el Parlamento también lo decidieron– ahora nos olvidáramos de él. 
Lo diré de forma más directa: confirmo que no se reintroducirá como mecanismo permanente. 
Continúa estando estrictamente relacionado en el tiempo con la conclusión del procedimiento de la OMC. 
Quiero aclarar –y estoy seguro que la Sra. Riis-Jørgensen lo apreciará– que no se ha ampliado el ámbito de aplicación a otros segmentos de mercado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. (1) 
(1) 
Señor Presidente, veo que hay dos relojes en esta Cámara, pero parecen estar completamente desincronizados. 
Cuando miro al reloj de allá, tengo la impresión de que el Parlamento se ha detenido y no avanza. 
Esto sucede desde hace bastante tiempo y creo que deberíamos hacer algo al respecto. 
Señor Rovsing, me han informado de que el reloj al que usted se refiere está averiado y posiblemente lleve así desde hace algunos meses. 
Sin embargo, tenemos otro reloj que funciona y que está situado a sus espaldas. 
Por tanto, tendrá que girarse para comprobar la hora exacta. 
No obstante, los técnicos vendrán a repararlo y evitarán así que su Señoría tenga que volver a hablar de este asunto. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0053/2004) del Sr. Belder, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, con una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre las relaciones UE-Rusia. 
. – Señor Presidente, la intención de esta propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre las relaciones UE-Rusia es clara: un acuerdo de asociación que verdaderamente sea merecedor de ese nombre. 
Por consiguiente, lo que necesitamos es fortalecer mutuamente estas relaciones en vez de acrecentar una separación recíproca. 
Visto de manera práctica, esto es lo que también requieren nuestros numerosos intereses comunes. 
No obstante, y para ser franco, las relaciones entre la UE y la Federación Rusa son cualquier cosa menos ideales y ambas partes tenemos la culpa. 
Este es, por tanto, el punto de vista de esta propuesta de recomendación: autocrítica europea y crítica a Moscú. 
Ese es el camino que emprendió la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa de esta Cámara en otoño del año pasado. 
Podemos concluir que hoy, para nuestra satisfacción, la Comisión, de acuerdo con su comunicación del 10 de febrero, se sitúa más o menos en la misma onda, y aparentemente también el Consejo. 
Por cierto, el Consejo debería, en opinión de esta Cámara, aspirar a conseguir más transparencia en un ámbito político tan importante como las relaciones con Rusia. 
Este consenso europeo actual con respecto a Rusia es indiscutible, pero lo que importa es su puesta en práctica concreta, y ahí es donde entra la autocrítica de Europa. 
Se han adoptado posturas divergentes sobre Kaliningrado, Chechenia y el caso. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, por este motivo estoy impaciente por oír nuevos acuerdos para una nueva política coherente. 
Ayer, una vez más, leí en la prensa confusas declaraciones de un destacado estadista europeo. 
En el considerando S y el apartado 2 de la propuesta de recomendación se menciona un segundo punto importante de autocrítica. 
La asociación entre la Unión Europea y Rusia se basa en valores comunes de respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos. 
El Parlamento ha advertido expresamente al Consejo y a la Comisión de que apliquen este principio rector sistemáticamente a todas las áreas de cooperación con el Kremlin. 
En cualquier caso, la situación en Chechenia contradice completamente el principio de la asociación entre la Unión Europea y Rusia. Es una situación deprimente de violencia y desorden crecientes a expensas, principalmente, de la indefensión de la población civil. 
Al mismo tiempo, la tragedia chechena es un problema que se evita en la política internacional, como sugiere con acierto el título de un reciente estudio riguroso. 
En el apartado 13, esta Cámara recomienda al Consejo con toda seriedad que niegue categóricamente este vergonzoso análisis. 
En última instancia, los efectos internos y externos del punto muerto de Chechenia afectan también a los valores e intereses de la Unión Europea. 
Para empezar, el Consejo debería presentar una protesta rotunda al Presidente Putin contra las desapariciones, las torturas o, todavía peor, los asesinatos de ciudadanos chechenos que han tenido el coraje de presentar quejas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Hablando de desapariciones en Chechenia, quisiera mencionar la incertidumbre que no cesa acerca de la suerte que corre mi compatriota Arjan Erkel. 
Apoyo plenamente la enmienda presentada con el número 25, que paso a citar: «Expresa su profunda preocupación por el fracaso hasta ahora en conseguir una solución positiva del caso de Arjan Erkel; deplora profundamente la falta de avances en la solución de este dramático asunto; pide un firme compromiso político por parte de las autoridades federales y locales rusas, la Comisión y el Consejo para asegurar la liberación y la seguridad del Sr. Erkel». 
Además de Chechenia, hay otro obstáculo en la asociación entre la Unión Europea y Rusia que es objeto de especial atención política y pública: la extensión del Acuerdo de Colaboración y Cooperación para incluir a los nuevos Estados miembros de la UE a partir del 1 de mayo de 2004. 
El Parlamento apoya al Consejo de forma incondicional en su posición de no entrar en negociaciones con los rusos al respecto. 
¿Podría decirnos quizás el Consejo si hay en perspectiva alguna solución provisional de esta divergencia? 
Las buenas relaciones de vecindad y, sobre todo, la buena cooperación deberían venir acompañadas de una política exterior rusa que refuerce la estabilidad en el continente. 
Sin embargo, si hay un factor desestabilizador, ese es el hecho de no firmar o ratificar los acuerdos fronterizos entre Rusia y sus vecinos bálticos, Estonia y Letonia, al igual que, o incluso más, el hecho de no cumplir por fin su obligación de retirar sus tropas de Transnistria y Georgia. 
Esta propuesta de recomendación pide al Consejo que se mantenga firme en estos delicados temas de seguridad. 
Podría mencionar muchos otros temas preocupantes para al desarrollo de la asociación entre la Unión Europea y Rusia, como se desprende de una lectura minuciosa de la propuesta de recomendación, pero añadiría que sin ninguna duda nuestra intención no era redactar un catálogo de quejas. 
La intención es francamente definir las desavenencias mutuas, facilitar y mantener el debate sobre ellas e intentar buscar una solución entre todos. 
Es lógico que la Unión Europea establezca unas prioridades al respecto de forma reiterada e inequívoca y debería marcar sus denominadas «líneas rojas» durante las negociaciones. 
Este enfoque práctico se refleja en la comunicación de la Comisión. Esto me brinda una gran satisfacción como ponente. 
La atención relativamente importante que ha merecido la propuesta de recomendación hasta la fecha en los medios de comunicación rusos nos da bastantes motivos para alegrarnos. 
Parece que nuestro mensaje ha sido bien acogido por la Federación Rusa, a la que también iba dirigido. 
Estoy en deuda con todos los diputados al Parlamento Europeo implicados por esta respuesta. 
Considero que sus ideas y contribuciones han sido indispensables. 
Dedico el mismo elogio a la secretaría de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, en la persona del señor Dag Sourander, por su gran ayuda. 
Junto con él y mi ayudante personal, Henk-Jan van Schothorst, nos hemos volcado durante los últimos meses en estas complicadas relaciones UE-Rusia con mucha dedicación, ya que esta Cámara concede gran importancia a que este acuerdo funcione en todos los ámbitos. 
. Señor Presidente, los diputados y diputadas que lean el o incluso el reconocerán que la cooperación entre la Unión Europea y Rusia no siempre es tan franca como podría ser. 
Debo decir que lo lamento profundamente. 
¿Por qué? 
Porque una relación estable y constructiva con Rusia es esencial para la UE, y también porque una relación estable y constructiva con la UE es esencial para Rusia. 
Sin ninguna duda nos interesa tratar de promover lazos estrechos con una Rusia abierta, estable y democrática que actúe, esperemos, como un socio fiable que capaz de defender los valores europeos, proseguir con las reformas, cumplir sus compromisos y, en cooperación con la UE, desempeñar una función constructiva en los nuevos Estados independientes. 
La comunicación adoptada por la Comisión el 9 de febrero, que tuvo una gran influencia en el informe discutido por los Ministros de Asuntos Exteriores el lunes de esta semana, parte de la interdependencia entre la UE y Rusia y de nuestro deseo de construir una verdadera asociación estratégica, basada en valores compartidos y guiada por nuestros evidentes intereses comunes. 
La relación tiene elementos positivos, pero, en general, tenemos que aceptar que los resultados alcanzados tras cinco años de cooperación cada vez más intensa no son tan positivos como esperábamos. 
Tenemos que hacer algo al respecto. 
La revisión de las relaciones entre la UE y Rusia discutida el lunes ha producido tres resultados importantes. 
En primer lugar, se envió un mensaje firme, claro y público a Rusia comunicando que esperamos que el Acuerdo de Asociación y Cooperación se extienda a los diez nuevos Estados miembros sin condiciones previas ni distinciones el 1 de mayo. 
La Comisión ha mantenido conversaciones intensas con Rusia. 
Esperamos haber sido capaces de convencer a nuestros interlocutores de que la cuestión de la ampliación del Acuerdo de Asociación y Cooperación (AAC) debe solucionarse con rapidez. 
La UE, por su parte, está dispuesta, paralelamente a la ampliación del AAC, a debatir cualquier preocupación legítima de Rusia acerca de la repercusión de la ampliación. 
Espero que nuestro intento de resolver esta cuestión lo antes posible no se vea afectado por la formación del nuevo Gobierno de la Federación Rusa, con el que esperamos colaborar en su momento. 
En segundo lugar, los Ministros han confirmado la importancia de las relaciones de la UE con Rusia. 
Se acordó que la UE debería colaborar con Rusia, que deberíamos estar dispuestos a debatir todas las cuestiones complejas de interés mutuo, y que en el marco de este enfoque, la UE debería subrayar que su asociación con Rusia no estuviera guiada únicamente por intereses comunes, sino también fundada en valores compartidos. 
Esto implica discutir las prácticas rusas que van en contra de los valores europeos, como los derechos humanos en Chechenia, la libertad de los medios de comunicación y la cooperación en materia medioambiental. 
También implica la defensa firme de los intereses de la UE. 
En tercer lugar, los Ministros han reconocido la necesidad de que la UE cambie el modo de tratar con Rusia, para mostrarse más unida, por usar la terminología burocrática. 
Se acordó que la UE debería establecer y acordar objetivos y posturas claras antes de cada reunión con Rusia. 
Si queremos construir lo que puede calificarse de asociación estratégica, los mensajes de la UE deben ser equilibrados y coherentes, y nuestras ambiciosas declaraciones políticas deben ir acompañadas de avances sobre el terreno. 
Esto requiere una mejor coordinación entre políticas a escala comunitaria y del enfoque de cada uno de los Estados miembros respecto de las relaciones con Rusia. 
Por ejemplo, ¿por qué la UE suscribe declaraciones conjuntas con Rusia en las que acordamos potenciar la cooperación en materia de gestión de crisis, y luego es incapaz de convencer a Rusia de que colabore con ella para resolver los problemas muy reales que hay en Moldova y el Cáucaso meridional? 
Además, ¿por qué vemos cómo los Estados miembros individuales facilitan visados para Rusia, al mismo tiempo que Rusia tiene bloqueada la conclusión de un acuerdo de readmisión? 
Muchas de estas opiniones figuran también en el informe que su Señoría ha presentado de modo tan elocuente esta mañana; el informe es una contribución bienvenida, en mi opinión, al debate sobre nuestras relaciones con Rusia. 
Ahora nuestra tarea es convertir las palabras en actos y establecer un enfoque más coherente y estratégico para Rusia que refleje las opiniones de la Unión ampliada. 
Es importante que la UE pueda progresar de verdad en su trabajo con Rusia. 
Esto importa a los empresarios que quieren acceder al prometedor mercado ruso; deberíamos recordar que, al fin y al cabo, tras la ampliación, más del 50% del comercio de Rusia se producirá con la UE. 
También incumbe a los importadores de energía, dado que Rusia es un importante proveedor de petróleo y gas. 
Y por último, importa porque si queremos afrontar los problemas transfronterizos como la contaminación medioambiental, la migración ilegal y el crimen organizado, Rusia tendrá que soportar una carga mayor que la que ha soportado hasta ahora. 
Las discusiones en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores reafirmaron el interés de la UE por promover la integración a largo plazo, mediante la creación de una serie de espacios comunes en el marco del Acuerdo de Asociación y Cooperación. 
La Comisión defiende firmemente que, una vez que se haya alcanzado un acuerdo de ampliación del AAC, la UE debería estar lista para presentar un proyecto de plan de acción conjunta con Rusia que incluya estos cuatro espacios, coherente con nuestra política de vecindad y que incluya elementos relevantes de interés común para la UE y Rusia. 
Esto ayudaría a establecer una agenda basada en temas, centrada en lo sustancial, y sería un paso adelante hacia la asociación estratégica que sinceramente deseamos con la Federación Rusa. 
Quisiera agradecerle a su Señoría una vez más que haya presentado un informe tan reflexivo, y estoy seguro de que contribuirá al resultado que los dos deseamos ver. 
Señor Presidente, en Europa se está librando una guerra feroz. 
La segunda guerra chechena entra ahora en su quinto año. 
Dentro de poco habrá durado tanto como la Segunda Guerra Mundial. 
Cada día de guerra que pasa, los líderes del Estado ruso demuestran su incapacidad y falta de voluntad para llevar esta guerra a un final pacífico. 
La guerra se autoperpetúa. 
Los líderes europeos y la UE deben buscar más activamente la paz en Chechenia y hemos de pedir al ejército ruso que cumpla las reglas de la guerra en sus tratos con la población civil. 
Deben poner fin a las denominadas operaciones de limpieza, que no significan otra cosa que el robo y el secuestro, y hay que juzgar a los soldados rusos que ejercen la violencia contra la población civil. 
Tras el colapso del comunismo soviético totalitario había grandes esperanzas en torno al rumbo que tomaría Rusia y a su acercamiento al resto de Europa. 
Ahora que hemos visto que en determinadas partes del país el desarrollo ha tomado otra dirección, debemos plantear exigencias y no solo expresar esperanzas. 
Los medios de comunicación controlados por el Estado y la denominada democracia controlada no tienen cabida en un Estado moderno, democrático y constitucional. 
El Presidente Putin anunció hace unos días el cese del Gobierno ruso. 
Para justificar para la formación de un nuevo Gobierno dijo que este trabajaría de forma más intensa en pro de la democratización del país. 
Todo esto suena muy bien. 
Debemos esperar que eso también se haga realidad. 
Es inadmisible para la UE que, con anterioridad a la ampliación, Rusia no haya aprobado los acuerdos establecidos con Estonia y Letonia sobre el trazado de las fronteras. 
También es inadmisible para Rusia oponerse a una extensión de los acuerdos de asociación. 
Rusia tiene graves problemas medioambientales. 
La mayoría son heredados de la era comunista, en la que el medio ambiente estaba al final de la lista de prioridades. 
El mayor riesgo de desastre medioambiental que también podría afectar al territorio de la UE son las viejas y anticuadas centrales nucleares del tipo de Chernóbil. 
Las hay en Sosnovy Bor, no lejos de la frontera con Estonia, y en Kursk, cerca de Moscú. 
Debemos dejar bien claro a los rusos que es inaceptable continuar operando con esos reactores RBMK de primera generación. 
Deben eliminarse lo más rápidamente posible y además es preciso mejorar otras centrales nucleares en Rusia desde el punto de vista de la seguridad, de acuerdo con las normas de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica. 
La cooperación de la UE con Rusia debe ser más efectiva en la mejora de la seguridad de la energía nuclear. 
Sin duda, este informe es oportuno y merece toda nuestra atención. 
Quisiera, para concluir, dar las gracias al Sr. Belder por su cooperación constructiva. 
– Señor Presidente, Señorías, Rusia tiene que aceptar el Acuerdo de Asociación y Cooperación. 
La Comisión Europea ha decidido amenazar a Rusia con un boicot comercial si no acepta extender este acuerdo a los futuros Estados miembros. 
No quedará mucha cooperación si acabamos discutiendo de esta manera sobre la asociación. 
Nuestra política con respecto a Rusia ha fracasado estrepitosamente. 
Durante varios años no se ha conseguido nada concreto, excepto en la cuestión de Kaliningrado. 
La ampliación hacia el este de la UE y la OTAN reducirá la esfera de influencia de Rusia y su comercio en cientos de millones de dólares. 
En esta situación, Moscú ha mencionado 14 temas que le preocupan, como los periodos de transición de los aranceles aduaneros. 
Nosotros, los antiguos Estados miembros, imponemos ahora periodos de transición con respecto a la mano de obra de los nuevos Estados miembros. 
La Unión no ha aprobado ninguno de estos. 
En respuesta, Rusia no sancionará el acuerdo de Kioto y está presionando sobre las relaciones con la minoría en la región báltica. 
Un boicot comercial perjudicaría a algunos Estados miembros debido al aumento de los costes de las materias primas. 
Otros países sufrirían menos, algunos nada, pero mi país, por ejemplo, se vería perjudicado porque la proporción del comercio con Rusia es enorme y tenemos ya bastante experiencia en nuestra historia en esto de tratar relaciones difíciles. 
En realidad, ahora Rusia está entre la espada y la pared a causa de esta amenaza en materia de política comercial, mientras se están llevando a cabo dos tipos de expansión. 
Nosotros estamos intentando abrirnos camino en zonas comerciales rusas. 
El país acaba de elegir a un Parlamento más nacionalista que nunca y la actual campaña para las elecciones presidenciales huele a lo mismo. 
La troika ministerial de la UE tiene que tomar ahora la iniciativa y presentar una propuesta adecuada para resolver este asunto antes de la cumbre, ya que se trata de un área de cooperación en la que tenemos que encontrar nuevos enfoques. 
No podemos imponer la democracia en Rusia por la fuerza: Vendrá con la ampliación de los canales de cooperación. 
El enfoque mejor y más efectivo de todos es procurar influir directamente en el Presidente Putin, que desempeña un papel crucial en todo lo que ocurre, como se acaba de decir. 
Una vez más, esto exige cooperación, no un boicot. 
Entiendo la crítica referente a Chechenia y Sasnovibor, por ejemplo, pero forman parte de la estrecha cooperación que debemos construir y de la que obtendremos resultados posteriormente, de modo que se aprecien beneficios para ambas partes y acabar así con estas amenazas concretas, inapropiadas para el tipo de cooperación que necesitamos hoy en día. 
– Señor Presidente, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas está muy satisfecho con el informe sobre Rusia del señor Belder. 
Sin embargo, estamos dispuestos a aceptar algunas enmiendas. 
Por otra parte, esperamos el apoyo de los demás Grupos a nuestra enmienda, que concierne a la posición de las minorías nacionales en Rusia. 
Recientemente, en la Unión Europea hemos estado reflexionando sobre nuestras relaciones con Rusia. 
La conclusión a la que hemos llegado entre todos es que la estrategia adoptada formalmente no ha funcionado de modo satisfactorio. La razón principal es que la Unión ha sido incapaz de mostrar un frente unido en sus tratos con Rusia y, en su lugar, algunos Estados miembros, concretamente los más grandes, se han decantado por seguir su propio camino. 
No obstante, otro motivo importante de nuestros fracasos es algo a lo que no hemos prestado demasiada atención en nuestras deliberaciones. 
En la Unión existe un conocimiento o comprensión insuficientes acerca de la situación política de Rusia. 
Rusia, por lo menos hasta ahora, no ha cumplido los principios diplomáticos y políticos que nosotros y otros países occidentales damos por sentados. Esto se ha visto, por ejemplo, en el hecho de que Rusia se ha mantenido firme en no aceptar la extensión del Acuerdo de Asociación y Cooperación a los nuevos Estados miembros de la UE. 
Tal vez la amenaza de sanciones tampoco provoque el efecto deseado, sino que por el contrario desemboque en una guerra comercial en la que los Estados miembros de la UE podrían salir peor parados que Rusia. 
No he observado que se haya hecho aún ninguna amenaza de esta índole, aunque quizás se haya discutido en ocasiones. 
En las relaciones con Rusia se requiere calma y paciencia. 
Para poder hacer realidad nuestros objetivos de forma efectiva y velar por nuestros intereses, siempre tenemos que considerar las especiales circunstancias políticas que se dan en Rusia, aunque a veces esto resulte arduo y tedioso. 
– Señor Presidente, mi Grupo apoya firmemente las posturas críticas mencionadas en el informe Belder. 
En Chechenia se vive una situación inaceptable, donde el ejército ruso comete graves violaciones de los derechos humanos. 
Hay alarmantes cambios políticos internos en Rusia, junto con la denominada «democracia tutelada» que cada vez adquiere rasgos más autoritarios; asimismo, nuestra posición es muy crítica acerca del trato que da Rusia a los nuevos Estados miembros de la Unión Europea. 
La Unión Europea adoptó en su tiempo una estrategia de doble vía en sus negociaciones con Rusia, sobre la base de que Rusia es –y debe ser– uno de nuestros principales socios estratégicos. 
Una estrategia de doble vía no significa en absoluto que nos abstengamos a de criticar. Al contrario, precisamente cuando se desarrollan relaciones estratégicas es crucial el compromiso con nuestro canon de valores, con el mantenimiento de la democracia, de las normas asociadas al Estado de derecho y de los derechos humanos. 
Aunque al mismo tiempo también nos preocupemos por alcanzar una mutua interconexión sostenible entre Rusia y la Unión Europea, no solo por medio del acuerdo de colaboración y cooperación. 
En mi opinión, este no es el momento de cuestionar la estrategia; si lo hacemos, estaríamos dejando escapar las oportunidades que tenemos para abordar los desarrollos políticos internos o la situación de Chechenia. 
Además, creo que debemos ser mucho más serios a la hora de plantearnos las condiciones sociales de Rusia. 
Durante los últimos doce años, la esperanza de vida masculina en Rusia ha disminuido diez años, un trágico desarrollo que caracteriza la situación en muchas partes del país. 
Aunque apoyo las críticas del Sr. Belder acerca de la política rusa, me hubiera gustado que el informe hubiera hecho más explicito lo que acaba de decir en su intervención, con su incisiva crítica de las decisiones del Consejo y de los Gobiernos europeos cuyos tratos con Rusia se basan en consideraciones más económicas que estratégicas. 
Desde el 11 de septiembre, muchos Gobiernos –y no solo el de Berlusconi, sino también el Gobierno federal alemán– han permitido que se trivializara la guerra de Chechenia como parte integrante de la guerra contra el terrorismo, para que nosotros permanezcamos impasibles al respecto. 
Creo que no es suficiente considerar a Rusia un socio estratégico solamente en el aspecto económico o con vistas a asegurar nuestras fronteras y prevenir el tráfico de seres humanos. 
Nuestras relaciones con Rusia se tienen que caracterizar por la reciprocidad y la interpenetración. 
– Señor Presidente, continuaré con lo que en buena parte es un debate finlandés, aunque en gran medida comparto la opinión del Sr. Brie, que acaba de hablar, a pesar de no ser compatriota mío. 
El hecho de que las relaciones entre la UE y Rusia sean ahora más impredecibles que antes es culpa de ambas partes. 
Me preocuparía que Rusia se convirtiera en nuestro propio Oriente Próximo y, a causa de la dependencia europea en lo que respecta a la energía, nosotros estemos dispuestos a permitir violaciones de los derechos humanos como las que se han ido cometiendo en Chechenia año tras año. También me preocuparía que aceptáramos los crecientes riesgos que conlleva el transporte de petróleo, el colapso de la seguridad nuclear y las alarmantes restricciones de las libertades civiles. 
La cuestión principal es la libertad de expresión; basta con ver el historial de Rusia respecto de otros derechos políticos para sacar una conclusión fiable sobre este punto. 
La independencia de los medios de comunicación y del poder judicial es vital para el desarrollo de una sociedad civil sólida en Rusia, que nunca ha sido un verdadero Estado nacional. 
La UE no parece tener una política coherente o sólida con respecto a Rusia; ni se da a los problemas ningún tipo de prioridad. 
Esto se ve por el modo en que la dimensión septentrional de la Unión ha sido dejada de lado, a pesar de que abarca la cooperación regional, concretamente en las zonas de los mares Báltico y Ártico, de vital importancia para la estabilidad de las regiones vecinas a la UE y la estabilidad común que ello proporciona, y a pesar de que su importancia no hará más que aumentar al ampliarse la Unión a los países bálticos. 
La dimensión septentrional es sin duda distinta de Kaliningrado, como simboliza, por ejemplo, el pueblo sami, que habita en la región ártica que va de Noruega a Rusia y que constituye el único pueblo aborigen de la UE. 
Acabando con un apunte optimista, cabe decir que nuestra frontera terrestre con Rusia ha sido notablemente pacífica y tranquila y la UE no se merece realmente el reconocimiento por ello. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, creo que debemos hacer hincapié en lo que el Sr. Brie ya nos ha dicho. 
Estamos debatiendo una recomendación al Consejo en ausencia de este, lo que en sí no es una muestra de interés potencial por parte del Consejo en tan importante asunto. 
Sin embargo, pienso que estamos teniendo un debate rico, sin duda más rico que lo que hoy publica la prensa, teniendo en cuenta las observaciones del Sr. Chirac, quien parece pensar que Europa carece de respeto hacia Rusia. 
Pero ¿qué Rusia? 
¿La Rusia de las nuevas elecciones parlamentarias? 
Elecciones en las que, como algunas de sus Señorías han señalado, hemos visto un monopolio virtual –aún mayor que en Serbia– de «partidos nacionalistas» , como solemos decir cuando queremos ser delicados, aunque sabemos, en términos generales, que literalmente son partidos fascistas. 
Pero no podemos decir eso, ya que estamos hablando de Rusia. 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho algunos otros diputados: los Sres. Arvidsson, Brie, Wuori y otros, que han enumerado una serie de pequeñas cosas que no van bien. 
No creo que haya muchas cosas que vayan bien. 
Las elecciones a la Duma rusa lo han demostrado. 
Hasta la fecha, en lo que respecta a las elecciones presidenciales, no podemos hablar de campaña electoral, ya que no la ha habido. 
Todos hemos sido testigos del escándalo del caso Rybkin, un candidato al que secuestraron, llevaron a otro país, donde lo drogaron y luego lo trajeron de vuelta. 
También hubo el escándalo en torno a la candidatura de Mijaíl Jodorkovsky, sin duda uno de los empresarios más importantes de Rusia. 
Nosotros no hubiéramos tolerado ni una décima de una cuarta parte de lo que le han hecho. 
Creo que el Tribunal de Estrasburgo estará de acuerdo, aunque desgraciadamente con tres años de retraso, un espacio de tiempo en que el destino de la empresa del Sr. Jodorkovsky y el suyo personal habrá quedado definitivamente sellado. 
Tengo una pregunta para el Sr. Patten. Señor Patten, ¿en qué momento debemos hablar de una violación de los derechos humanos? 
Cuando se haya eliminado un 20% de una población de un millón de habitantes ¿es eso una violación de los derechos humanos, genocidio o una catástrofe de proporciones bíblicas? 
Creo que hablamos de violación de los derechos humanos cuando encontramos una serie de graves incumplimientos de leyes conocidas y generalmente respetadas. 
Sin embargo, como hemos visto en Chechenia, cuando nos encontramos que 200 000 personas han sido asesinadas en nueve años, con decenas de miles de casos de torturas y violaciones, ya no se trata de violación de los derechos humanos, sino de genocidio. 
Estoy convencido de que muchos diputados, incluido yo mismo, en cierto modo somos reticentes a utilizar la palabra genocidio. 
Lo que ocurrió en Europa hace 60 años fue un genocidio. 
Lo que ocurrió en Ruanda fue un genocidio. Lo que está ocurriendo hoy en Chechenia es un genocidio y, Comisario Patten, no tiene nada que ver con violaciones de los derechos humanos. 
Quiero dar las gracias al ponente, el Sr. Belder, y muchos otros colegas que, en mi opinión, al final han tenido que admitir que lo que está ocurriendo en Chechenia y Rusia ya no son violaciones de los derechos humanos ni una falta de democracia. 
Es algo mucho peor. 
– Señor Presidente, Rusia es un socio principal e importante para nosotros, al que nos unen –o, por así decirlo, del que nos separan– dos cosas: intereses compartidos y valores comunes. 
En lo que respecta a los valores, hoy criticamos la forma en que evolucionan la democracia y el Estado de derecho, así como la situación en Chechenia, pero al hacerlo no debemos perder de vista nuestros muchos intereses compartidos. 
Ahora que la Unión Europa va a ampliarse, es fundamental que las fronteras entre la Unión Europea y Rusia no se conviertan en nuevas barricadas; por el contrario, debemos utilizarlas también como puentes y como un medio para ampliar el acuerdo de asociación y cooperación. 
La ayuda que concedemos es importante, porque también contribuye a promover la liberalización en Rusia. 
Es importante que Rusia pueda incorporarse a la OMC –en las mismas condiciones que todos los demás, sin someterse a condiciones especiales– y, en el caso de que se apliquen las condiciones normales, debemos apoyarla también en eso. 
Tenemos intereses comunes en materia de energía, seguridad y lucha contra el terrorismo. 
Creo que esto es algo que debemos dejar claro y no permitir que la situación en Bielorrusia provoque la interrupción del suministro de energía a la Unión Europea que se ha acordado contractualmente. 
En muchas regiones, la ampliación de la UE no crea una situación nueva, y nosotros no debemos confundir las cosas. 
El mantenimiento del acuerdo de asociación y cooperación después de la ampliación de la Unión Europea no tiene que significar que aceptemos las reclamaciones de indemnización que se derivan de cuestiones comerciales, porque entonces todo el mundo podría hacer lo mismo y no creo que se sentara un buen precedente; se plantea también la cuestión de si las cifras que Rusia ha presentado son correctas. 
Pero tenemos que dejar también claro que la negociación de la adhesión a la Unión Europea de los Estados Bálticos ha contribuido a que las minorías de esos países consigan una posición que no tienen las minorías en muchas otras partes del mundo y posiblemente tampoco en algunas partes de Rusia. 
El problema de las minorías no puede servir de pretexto para retrasar la firma de los tratados fronterizos, ni tampoco para retrasar su ratificación. 
Esos tratados tienen que firmarse ya, para lo cual se necesita claridad. 
Tenemos que ayudar a Rusia, tanto a través de la tecnología como de la cooperación, a establecer exenciones de visado, pero de manera que se pueda mantener el sistema de Schengen para los países en vías de adhesión, con el fin de garantizar la seguridad interna. 
Al hacer esto, debemos trabajar para mejorar las relaciones con Rusia y reconocer que solo puede ser un factor de estabilidad si aceptamos que también posee estabilidad territorial. Eso es otro aspecto que debemos tener en cuenta. 
– Señor Presidente, señor Comisario, la propuesta de recomendación presentada por nuestro ponente después de haber sido modificada y ampliada por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, es un documento que apoyo y que puedo votar favorablemente sin ninguna dificultad. 
No reiteraré aquí todos los muchos puntos que se plantean en el texto. 
El trabajo del Sr. Belder ha sido muy meticuloso, en línea con las comunicaciones de la Comisión y las resoluciones previas del Parlamento sobre Rusia. 
Por lo tanto, me limitaré a comentar dos aspectos del informe. 
El primero es la falta de coherencia que existe entre los Gobiernos de los Estados miembros respecto a este tema; falta de coherencia y falta de coordinación. 
En nuestra relación con un socio tan grande y tan difícil como es la Federación Rusa, es intolerable que los Ministros de la UE, incluso Primeros Ministros o Presidentes del Consejo, manifiesten opiniones diferentes sobre, por ejemplo, la dolorosa guerra en Chechenia, el propio Presidente Putin o las elecciones. 
Esta diferencia de opiniones, a menudo expresadas con tan solo horas de diferencia, debilitan a la Unión y dañan la credibilidad de sus esfuerzos por dotarse de una política de exterior y seguridad común que sea digna de tal nombre. 
El segundo aspecto que quiero mencionar es también la falta de coherencia, pero esta vez entre las diferentes acciones de la Unión respecto a Rusia. 
Nuestra asociación y nuestra estrategia tienen muchas facetas distintas que se analizan en el informe, pero todo tiene que situarse en perspectiva con prioridades y mucha más coherencia. 
Es cierto que la UE y Rusia se han fijado a sí mismas el objetivo a largo plazo de crear un espacio económico común, un espacio común de libertad, seguridad y justicia, un espacio común de cooperación en materia de seguridad exterior y un espacio de investigación y educación que englobe los aspectos culturales. 
Todo eso está muy bien, pero una vez más eso tiene que hacerse con coherencia, para lo cual se necesitarán grandes dosis de determinación, organización y conocimientos: en otras palabras, todavía nos queda mucho camino por recorrer. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas está muy preocupado por el cariz cada vez más autoritario que está tomando la situación en Rusia, vinculado a la persona del Presidente Putin. 
La repentina disolución del Gobierno es un ejemplo de ello. 
La democracia parece estar en retroceso, en lugar de ocurrir lo contrario, y las elecciones presidenciales se parecen cada vez más a un absurdo espectáculo en solitario. 
Los terribles actos de crueldad en Chechenia tienen que cesar, y la UE tiene que actuar de tal manera que ayude a encontrar una solución lo antes posible. 
Existen enormes necesidades en el ámbito medioambiental, y lamentamos que Rusia no esté dispuesta a ratificar el Protocolo de Kioto. 
La UE necesita establecer una asociación estratégica con Rusia. 
Queremos, podemos y debemos asumir nuestra parte, pero esa alianza no está libre de condiciones ni puede imponerse desde Moscú. 
En este terreno, ahora le toca mover ficha a Putin. 
Quiero también agradecer al Sr. Belder su excelente informe, a favor del cual puedo votar sin dificultad alguna. 
Señor Presidente, algunas personas, entre ellas el Sr. Patten, han dicho que las relaciones entre la UE y Rusia no siempre han sido las ideales, y precisamente ahora se caracterizan por una cierta tensión. 
Como ya se ha dicho, existen buenas razones para ello. 
El pasado lunes pudimos «conmemorar» el 60º aniversario de la deportación de los chechenos por Stalin y, por tanto, también el 60º aniversario de un genocidio que nunca ha sido debidamente reconocido. 
En los últimos días hemos visto también cómo se negaba la concesión de un visado para viajar a Rusia a algunos periodistas de talante crítico. 
Se trataba de periodistas que querían cubrir las elecciones y que, por tanto, no van a tener la oportunidad de hacer un análisis crítico de lo que está sucediendo. 
Vemos también otras cosas. 
La Sra. Malmström ha recordado cómo, con un simple chasquido de dedos, Putin disolvió el Gobierno ruso. 
Todas estas cosas hacen que la situación sea extremadamente preocupante. 
Existen buenas razones para ser muy críticos con lo que está sucediendo en Rusia. 
Apoyo sinceramente el informe del Sr. Belder pero, por el contrario, en los últimos días me ha sorprendido que podamos hablar con tanta claridad sobre Rusia y con tan poca claridad sobre China. 
No entiendo cómo, por una parte, podemos adoptar una postura crítica –que me parece correcta– respecto a Rusia y, por otra, consideramos el levantamiento del embargo de armas contra China cuando, en mi opinión, exhibe una conducta casi igual de difícil, problemática y poco razonable que Rusia. 
Creo que en el Tíbet se ha producido y se sigue produciendo un genocidio. 
Creo que la opresión que sufre la población china no tiene precedentes. 
Creo que en ese país se están produciendo problemas de la misma o mayor gravedad que en Rusia. 
Y aun así, nos planteamos el levantamiento del embargo de armas. 
De una u otra forma, la UE tiene que asegurarse de que su política exterior se ajuste de manera que las líneas políticas seguidas se correspondan con la conducta de los países con los que trabajamos. 
Y no me parece que esa sea la situación actual. 
Señor Presidente, no quiero referirme a toda la cuestión de las relaciones entre la Unión Europea y la Federación Rusa, de manera que me limitaré al problema checheno, recordando que los derechos humanos, en el sentido de los derechos de los individuos, han sido ya objeto de más de un debate en esta Cámara. 
Esto es perfectamente razonable, pero ahora parece que nos hemos olvidado de otro derecho fundamental, y es el derecho que todos tenemos a la autodeterminación. 
Mientras que este tema siga considerándose una blasfemia o algo que nunca debe pronunciarse, no podrán resolverse problemas como los de Chechenia o el Tíbet que acabamos de plantear. 
– Señor Presidente, Rusia es un país enorme, y su contribución histórica a la cultura europea es inmensa. 
Sigue siendo una potencia militar importante, y merece ser reconocida en la escena mundial. 
Aunque se ha encogido económicamente, es una fuente vital de gas y petróleo para la UE y tiene un enemigo común en el terrorismo islamista internacional. 
Creo que el Sr. Putin ganará las elecciones presidenciales, y debemos reconocer su mandato democrático de reconstruir un Estado ruso fuerte. 
No acepto los llamamientos a expulsar a Rusia del G8 por su gestión del asunto Yukos. 
Hace tan solo dos semanas los tribunales rusos dictaron una sentencia condescendiente a uno de sus ejecutivos condenado por evasión de impuestos: esto difícilmente es un signo de parcialidad judicial. 
Entiendo perfectamente la pérdida a que se enfrenta Rusia con la conclusión de los acuerdos bilaterales de libre comercio con los países en vías de adhesión a la UE, pero en general, los aranceles descienden de un 9% a un 4% y Rusia no puede negarse a ampliar los Acuerdos de Asociación y Cooperación a las repúblicas bálticas debido a las disputas sobre los derechos de las minorías étnicas rusas en esa zona. 
La cuestión de Kaliningrado ya está resuelta, y el trabajo en torno a los viajes a la UE sin necesidad de visado o flexibles debería comenzar una vez esté listo el acuerdo de readmisión. 
Rusia cree que la Unión Europea se está inmiscuyendo en su esfera de influencia, desde Georgia hasta Ucrania, y de ahí su intento de reconstituir algunos de los elementos aglutinantes de la antigua Unión Soviética, con el acuerdo de Yalta con Ucrania, Belarús –un país donde Rusia podría aprovechar su gran influencia para alentar la democracia– y Kazajstán. 
También instaría a Rusia a que retirara sus tropas de Transnistria, a que permitiera una reunificación pacífica de Moldova y a que enviara al régimen criminal de Tiraspol al basurero de la historia. 
Por último, me preocupa que se haya producido una migración en masa hacia el oeste de etnias rusas procedente de los territorios orientales, donde Rusia está intentando forjar relaciones estrechas con Japón y Corea acerca de la explotación de los recursos. 
Estas etnias rusas están siendo sustituidas por inmigrantes ilegales chinos, una situación que podría causar tensiones en el futuro en ese amplio territorio, poco poblado pero rico en recursos. 
– Señor Presidente, es un hecho positivo que el Consejo de Asuntos Generales haya declarado públicamente que el Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y Rusia debe extenderse automáticamente a los nuevos Estados miembros. 
No existe razón alguna para que se lleven a cabo negociaciones por separado en este tema. 
Si existen problemas en las relaciones económicas y comerciales entre la Unión ampliada y Rusia, la Unión y Rusia podrán discutirlos por separado. 
Rusia es el vecino más importante de la UE. 
Tanto a la Unión como a Rusia les interesa mantener unas relaciones fluidas en todos los aspectos de la vida. 
Además, tenemos que ser capaces de dialogar sobre cuestiones delicadas como los derechos humanos. Tenemos que asegurarnos de que la Unión sea coherente en su política sobre Rusia y que en Rusia entiendan que la UE no puede dividirse políticamente. 
Desde principios de mayo, los países bálticos que van a ingresar en la UE formarán una parte tan sólida de la Unión como los viejos Estados miembros. 
La condición que les pusimos para ingresar en la Unión era el cumplimiento de los criterios de Copenhague relativos a cuestiones como derechos humanos y derechos de las minorías. Esas condiciones se han cumplido. 
Además, Rusia se ha comprometido a respetar los derechos humanos como miembro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y el Consejo de Europa. 
Es muy importante que haya garantías de que el trabajo de la OSCE en Chechenia pueda continuar. 
Se ha hablado de cooperación estratégica basada en unos valores compartidos en las relaciones entre la UE y Rusia. 
Quizá esos objetivos tan altisonantes deban hacerse algo más concretos. 
Existen también buenos motivos para ello, puesto que la UE absorberá el 55% del comercio exterior de Rusia. 
La UE necesita petróleo y gas natural, de manera que necesita desarrollar la cooperación en materia de energía. 
El medio ambiente también incide en esto, ya se trate de producción de energía o de su transporte. 
Uno de los ámbitos de cooperación que se mencionaron en la Cumbre de San Petersburgo fue la investigación, la educación y la cultura. 
Soy firme partidaria de que haya más programas de intercambio para investigadores, profesores y estudiantes, así como una mayor cooperación entre centros académicos. 
Si queremos que exista una cooperación sostenible, nuestros ciudadanos tendrán que formar redes entre sí. 
También en este caso tendremos que ofrecer a los jóvenes las debidas facilidades y oportunidades. 
Ellos no pueden soportar la carga de un mundo dividido. 
Señor Presidente, hay un tema que me preocupa cuando hablamos de Rusia. 
Se trata de la libertad de prensa, y celebro que el Comisario Patten lo haya mencionado. 
Sabemos que, de acuerdo con la ley rusa, existe libertad de prensa en Rusia, pero también sabemos que hay una gran brecha entre la ley y la práctica cotidiana. 
La organización Reporteros Sin Fronteras ha publicado una lista sobre la libertad de prensa según la cual, de 158 países, Rusia ocupa el lugar 148. 
Además, la situación está empeorando. 
En Rusia se está asesinando a periodistas. 
Según la Federación Internacional de Periodistas, cuatro periodistas fueron asesinados en Rusia el año pasado y desde el 1 de enero de 2002 han muerto trece. 
Los periodistas encuentran obstáculos para realizar su trabajo. 
Yo misma he podido comprobarlo en San Petersburgo antes de las elecciones al cargo de Gobernador cuando, por ejemplo, se prohibió mostrar imágenes o citar los nombres de los candidatos en las elecciones. 
Recientemente se ha negado la entrada a Rusia a una periodista danesa. 
Su delito era haber escrito artículos críticos sobre la conducta rusa en Chechenia. 
Pido a la Comisión y al Consejo que planteen en serio esa cuestión de la libertad de prensa cuando comiencen las negociaciones con Rusia. 
¡Los ataques contra la libertad de expresión que tienen lugar en Rusia son intolerables! 
– Señor Presidente, señor Comisario, Austria disfruta actualmente de unas relaciones perfectamente fluidas con Rusia, como demuestran las recientes visitas de Estado y la afición del Presidente Putin a esquiar en nuestro país. 
Por ese motivo, me parece muy lamentable la imagen que se está dando de las relaciones de la Unión Europea con Rusia. 
Las relaciones de la UE con Rusia no son una vía unidireccional. 
Tienen que optimizarse si se pretende que los intereses de la UE ampliada tengan el mismo peso que los de Rusia. 
Es también un requisito indispensable –y permítanme que lo repita, un requisito indispensable– que el acuerdo de asociación y cooperación, vigente desde 1998, se extienda ahora a los diez nuevos Estados miembros de la Unión Europea. 
El obstáculo que se interponía antes a esto era la objeción de que la ampliación de la UE pondría a Rusia en una situación de desventaja en el mercado, razón por la cual reclamaba el pago de una indemnización. 
Este argumento es realmente cuestionable, puesto que la ampliación de la Unión Europea creará de manera automática, también para Rusia, un mercado con una gran capacidad adquisitiva, algo que no hará más que beneficiar a su economía. 
La cooperación en el cierre de centrales nucleares que ya están preparadas para ser desmanteladas, o en la eliminación de residuos nucleares frente a las costas de la península de Kola y en el Mar del Norte, deja mucho que desear y no está nada claro por qué Rusia ha hecho oídos sordos a las demandas de aumentar la seguridad de los petroleros en el Báltico. 
Lo que hace sorprendente que se sigan esgrimiendo las supuestas dificultades de la minoría rusa en los Estados bálticos es el hecho de que tanto la OSCE como el Consejo de Europa creen que ya no existe allí ese problema. 
Por el contrario, a la OSCE se le ha prohibido la entrada en Chechenia. 
El hecho de que la mayor parte de los ciudadanos que solicitan asilo y los refugiados en Austria sean chechenos solo puede interpretarse como una indicación de lo horrible que es la situación allí, aunque no quiero en ningún caso restarle importancia a los crímenes cometidos por los terroristas contra el pueblo ruso. 
Y pese a que la UE ha adoptado una posición muy conciliadora en lo que respecta a Kaliningrado, hasta la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo sobre el retorno de los refugiados o los inmigrantes ilegales. 
Con las elecciones presidenciales a la vista, quiero evitar deliberadamente cualquier debate sobre la política interna de Rusia –ya se ha hecho referencia a una «democracia tutelada» –, aunque está claro que tendrán inevitablemente algún efecto en las relaciones entre Rusia y la UE. 
Aún así, no tiene ningún sentido que silenciemos los problemas cuando el hecho de afrontarlos no hará más que ayudar a promover unas buenas relaciones entre Rusia y la UE. 
Señor Presidente, quiero agradecer sinceramente al Sr. Belder su excelente informe y el buen equilibrio político que ha conseguido en él. 
La democracia controlada que existe en Rusia es motivo de gran preocupación. 
Todos somos conscientes de que la democracia no se ha consolidado en Rusia y que se ha creado un clima de temor en el que las personas que expresan opiniones políticas independientes respecto al Presidente Putin se exponen a sufrir amenazas. 
Sobre todo las personas con un poder económico considerable han terminado teniendo dificultades con el sistema judicial. 
Quiero insistir en que los recursos administrativos y el control de los medios de comunicación fueron tales que difícilmente puede decirse que las elecciones parlamentarias a la Duma celebradas el 17 de diciembre de 2003 cumplieran la normativa internacional. 
Para poder afirmar que en Rusia existe una democracia plena, se necesita un poder judicial independiente. 
En la actualidad, el poder judicial no es independiente del poder ejecutivo. 
Rusia tiene que actuar en el plano internacional cerrando de inmediato sus bases militares en Georgia y Moldavia. 
Rusia tiene que actuar constructivamente en el conflicto del Cáucaso Meridional, y quiero hacer desde aquí un llamamiento especial al Gobierno ruso para que resuelva el prolongado conflicto entre Turquía y Armenia y para que promueva la reconciliación entre los pueblos de estos países. 
Turquía debe reconocer, por su parte, el genocidio que cometió contra el pueblo armenio entre 1915 y 1918. 
Rusia tiene una responsabilidad especial en la situación de Bielorrusia, un nuevo vecino de la UE ampliada, que difícilmente puede considerarse una democracia, sino más bien un país sometido al control autoritario del Presidente Alexander Lukashenko. 
Por último, quiero que Rusia promueva la libertad de culto de una manera mucho más abierta y tolerante. 
– Señor Presidente, debido a los profundos cambios ocurridos en Europa, las relaciones con Rusia se han hecho muy complejas. 
El diálogo y la cooperación han quedado recogidos en una serie de tratados y acuerdos de muchas instituciones internacionales, y los acuerdos de asociación y cooperación han hecho que se intensifiquen más que nunca los contactos entre la UE y Rusia. 
Pero cada vez tengo más la impresión de que este diálogo general se está convirtiendo en un ritual fosilizado y previsible. 
Creo que fue el Comisario Patten quien, hace unos meses, dijo a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa que tenía la impresión de que las notas de intervención que le preparaban sobre Rusia no habían cambiado sustancialmente desde hacía bastante tiempo. 
La política es siempre, por supuesto, el arte de lo posible, lo cual significa que siempre habrá que adoptar con un gran país como Rusia una postura diferente a la que se adoptaría si fuera un país pequeño el que actuara indebidamente. 
En términos de proporción, desde luego que se pueden comparar las atrocidades cometidas contra la población civil en Kosovo y Chechenia, pero es evidente que nuestra respuesta a Rusia será diferente, como de hecho lo es. 
Quiero pedir al Consejo que trate con urgencia las cuestiones que todavía no se han resuelto satisfactoriamente y que siguen pendientes, en lugar de esquivarlas, como está haciendo, en cierto sentido, por el mero hecho de no estar presente en este debate. 
No puede haber compromisos en lo que respecta a los acuerdos de asociación y cooperación, como tampoco puede haberlos en relación con su adopción y extensión a los nuevos países en vías de adhesión; Rusia puede, por ejemplo, tomar buena nota de cómo han cambiado los aranceles en comparación con los que había cuando teníamos acuerdos bilaterales con algunos de los países candidatos. 
Cuando sean miembros de la UE, los aranceles se reducirán. 
De ahí se deduce que la adhesión de estos países a la Unión Europea no tiene solo efectos negativos. 
Se han hecho muchas referencias a Chechenia. 
Creo también que no debemos simplemente permitirnos el lujo de hacer algunos llamamientos o de ignorar el problema por completo. 
Siempre he creído que tenemos que encontrar formas diferentes de repartir los fondos que destinemos a la cooperación con Rusia. 
Hemos de tratar de reforzar las débiles estructuras de la sociedad civil en Rusia, para que esa sociedad pueda experimentar un cambio democrático de abajo arriba y no de la forma tan lamentable que hemos visto en los últimos meses. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Belder hace una serie de comentarios y propuestas en línea con las recomendaciones del Consejo relativas a las relaciones entre la Unión y Rusia. 
Apoyo las dos líneas principales que se desarrollan en el informe. 
En primer lugar, la reafirmación del deseo de desarrollar la crucial asociación entre la Unión Europea y Rusia. 
Rusia es un gran país y es fundamental que establezcamos relaciones económicas con ella en los sectores de la industria, la investigación, la salud y la energía. 
Tenemos que definir unas ambiciones y unos objetivos comunes, como propone el ponente. Eso tiene una importancia estratégica y política. 
Tenemos que fijarnos objetivos prioritarios, como la cooperación transfronteriza en la lucha contra el crimen, la defensa de los derechos humanos, la democratización, la independencia de los medios de comunicación y el Estado de derecho, la cooperación para resolver conflictos en la región y el desarme; tenemos que promover también mejoras en la salud pública y el desarrollo social. 
La segunda línea que se desarrolla en el informe trata de ser más crítica, sobre todo en lo referente a las libertades básicas y los derechos democráticos en Rusia. 
Estoy de acuerdo con el ponente cuando deplora la debilidad del papel de la Unión Europea en el conflicto checheno, que ha causado más de 200 000 muertes en diez años y constituye un verdadero genocidio. 
En el informe se hace un llamamiento a las autoridades rusas para que investiguen las desapariciones, las torturas y todas las violaciones de los derechos humanos. 
En noviembre de 2003, varios de nosotros intervinimos después de las declaraciones del Presidente Berlusconi justificando la política de intervención militar de Rusia. 
Europa tiene que desempeñar un papel mucho mayor y condenar con firmeza y claridad la manera en que Rusia está llevando la guerra en Chechenia. 
No hay ni puede haber una solución militar en Chechenia. 
El deseo de establecer una asociación entre la Unión Europea y Rusia tiene que seguir un plan que incluya la paz y la seguridad de todos los pueblos. 
Europa no puede contentarse ya con la mera retórica. 
Tiene que actuar y, desde ese punto de vista, el informe es un paso en la dirección correcta. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (Α5-0052/2004) del Sr. Gahrton, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, con una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la política de la UE respecto del Cáucaso Meridional. 
Señor Presidente, la oposición en Abjazia ha intensificado su campaña contra el Presidente de la república secesionista, Ardzinba. 
Trabajadores de la cultura armenios y turcos se han reunido en un monasterio armenio en el este de Turquía. 
El yerno de Eduard Shevardnadze ha sido arrestado en el aeropuerto de Tbilisi, acusado de corrupción. 
En Ajaria se han producido violentos conflictos entre los partidarios y los oponentes del líder de la provincia, Abashidze. 
El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliev, se ha reunido con su colega armenio, Robert Kocharian. 
El FBI norteamericano va a abrir una oficina en Tblisi. 
Estas y muchas otras cosas han sucedido en los últimos días en nuestros países hermanos europeos, Armenia, Azerbaiyán y Georgia. 
Ahora bien, esta información no ha aparecido en los medios de comunicación europeos, pese a que los tres países son miembros del Consejo de Europa y la OCDE y aspiran a convertirse en miembros plenos de la UE. 
No puede decirse que los ciudadanos europeos ni las instituciones de la UE muestren mucho interés por el Cáucaso Meridional si no es porque estalla una guerra y una revolución. 
El Consejo ni siquiera quiso implicar a los países del Cáucaso Meridional en su estrategia para una Europa más amplia, pero por fortuna parece que ha cambiado de opinión. 
A petición urgente del Parlamento Europeo, en 2003 se nombró por fin a un representante. 
La UE ha hecho otra serie de contribuciones, sobre todo en relación con el Centro de Medio Ambiente Regional en Tbilisi. 
En general, estos esfuerzos han sido demasiado pequeños y tardíos, como pudimos observar con la revolución de las rosas de Georgia, cuando a la UE se le adelantaron tanto Rusia como los Estados Unidos, adoptando ambos una clásica política de potencia en su propio beneficio. 
La UE afirma que tiene otras ambiciones que tienen que ver más con la solidaridad. 
En el Cáucaso Meridional hay tres países que creen en el ideal de la UE y que quieren que la UE desempeñe un papel protagonista como agente de la paz y fuente de ayuda. 
Mi informe contiene un gran número de propuestas sobre lo que la UE debe hacer en el plano político, económico y en términos de paz. 
Se trata de influir en Rusia para que adopte un enfoque más constructivo, de apoyar a las precarias instituciones democráticas de los tres países y de establecer asociaciones entre regiones de la UE que se autogobiernan como lo hacen Åland, Escocia y Cataluña, o como lo hacen Nagorno Karabaj, Osetia del Sur y Abjazia. 
De esta forma podría demostrarse que el autogobierno es una buena alternativa a la plena soberanía. 
Se trata también de ayudar al Cáucaso Meridional a escapar de la trampa de la energía nuclear, de desarrollar las energías renovables y de asegurar que los recursos petroleros se exploten respetando la normativa internacional sobre medio ambiente. 
Se trata de encontrar una solución práctica al conflicto, por ejemplo, con la apertura de la línea ferroviaria de Bakú a Yerevan a cambio de la retirada de las tropas armenias de las provincias azerbaiyanas. 
Para mi sorpresa, observo que los principales Grupos políticos proponen que se rechace esto, pero la aprobación de las enmiendas 5 y 18 alteraría seriamente el delicado equilibrio del informe. 
Si la aprobáramos y suprimiéramos la referencia a nuestra decisión de 1987 en relación con la muerte de incontables armenios en 1915, el equilibrio del informe se decantaría a favor de una de las partes. 
Esto significa que puedo apoyar todas las enmiendas excepto las enmiendas 2, 5, 6, 16, 17 y 18. 
He retirado la enmienda 9 y, en el considerando P, he propuesto una votación por separado para que pueda suprimirse la palabra «bloqueo» , puesto que no existe tal bloqueo. 
Existen, no obstante, considerables restricciones, lo cual ya es malo de por sí y criticable, pero la elección correcta de las palabras es muy importante en situaciones como estas. 
El 28 de marzo de 2004 se celebrarán elecciones parlamentarias en Georgia. 
Esta será la prueba crucial de lo que significa democracia en la revolución de las rosas. 
Con una barrera del 7%, existe el peligro de que toda la oposición se quede fuera del Parlamento. 
Sé, en parte por la reunión personal que mantuve con el Primer Ministro de Georgia, Zurab Zhvania, el otro día en Roma, que los dirigentes georgianos están preocupados. 
No se está haciendo lo suficiente, y se necesitan medidas, posiblemente reduciendo esa barrera, para evitar que Georgia se convierta en el extraño fenómeno del primer Estado democrático de partido único del mundo. 
Por último, todos hemos estado expuestos a grupos de presión. 
Son legítimos y pueden proporcionar información valiosa, pero no sería bueno que, esta tarde, una de las partes en todos los conflictos que existen en el Cáucaso Meridional pudiera declararse vencedora y luego decir que el Parlamento Europeo está de su lado. 
He tratado de escribir un informe equilibrado que no se pusiera del lado de ninguna de las partes, sino simplemente del lado de la paz y del desarrollo sostenible. 
. Señor Presidente, la Comisión acoge con gran satisfacción este oportuno y meditado informe, y quisiera felicitar a su Señoría por el trabajo realizado en su elaboración. 
La evolución del informe a lo largo de los años demuestra la determinación del Parlamento de asegurar que la región del Cáucaso meridional atraiga la atención que requiere. 
La atención y el tiempo dedicados al informe han permitido que esté acotado y centrado para proporcionar una herramienta política extremadamente útil. 
La Comisión comparte el análisis de los peligros y dificultades a las que se enfrenta la región, y estamos persiguiendo políticas que deberían fomentar la estabilización en esa zona. 
A este fin, las estrategias de nuestro país sitúan la lucha contra la corrupción, el apoyo a la institucionalización y la reducción de la pobreza en el centro de nuestra ayuda. 
Tenemos programas para esta región que tratan del tráfico de drogas, la gestión de fronteras y las cuestiones medioambientales. 
Si estas cuestiones clave no se abordan, las posibilidades de alcanzar la estabilidad en la región disminuirán en gran medida. 
Hemos buscado estos objetivos desde que las provincias del Cáucaso meridional alcanzaron la independencia en 1991 y hemos dedicado más de mil millones de euros de ayuda a la región. 
Seguiremos siendo ambiciosos en nuestros esfuerzos a la vez que obramos con recursos limitados proporcionados por la autoridad presupuestaria. 
El tiempo me impide tratar con detalle cada una de las muchas cuestiones subrayadas en el informe, así que espero que la Cámara me perdone por centrarme en lo que, en mi opinión, son dos puntos clave: la relación a la que se ha referido su Señoría entre el Cáucaso meridional y la política de vecindad europea, y el papel de la Comisión en la ayuda a la solución de conflictos. 
Sobre la relación entre el Cáucaso meridional y la Política europea de vecindad, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, en sus discusiones del 26 de enero de 2004 sobre el mejor modo de apoyar al nuevo líder en Georgia, concluyó lo siguiente: «El Consejo ha invitado a la Comisión a que, en consulta con el Alto Representante y teniendo en cuenta las propuestas del Representante Especial de la UE, presente una recomendación sobre la relación de Armenia, Azerbaiyán y Georgia con la Política europea de vecindad. 
El Consejo espera estudiar esta recomendación antes de que finalice la Presidencia irlandesa». 
Espero que podamos presentar esa idea, quizás en mayo, pero con seguridad a finales de la presidencia actual. 
De este modo, la UE está realizando un seguimiento de cerca de la evolución en estos tres países para ver si existe un progreso continuo hacia la democracia y en la esfera económica. 
Queremos ver un compromiso creíble y sostenido con la reforma, que se refleje claramente en acciones concretas, como por ejemplo en la lucha contra la corrupción. 
Sobre la cuestión de la resolución de conflictos y la reconciliación, la Comisión Europea sigue prestando un apoyo total a la OSCE y a las Naciones Unidas en sus esfuerzos por resolver los conflictos de la región, que se encuentran en un punto muerto. 
Me complace haber podido debatir algunas de estas cuestiones con la Presidencia en ejercicio de la OSCE a principios de esta semana. 
Estamos dispuestos a ayudar en la reconstrucción post-conflicto después de un acuerdo de paz, o a ayudar con las medidas acordadas entre las partes del conflicto a fin de reducir las tensiones y generar confianza entre las dos partes. 
Me complace enormemente informar de que la Comisión ha iniciado recientemente una tercera fase de las actividades de rehabilitación post-conflicto en la zona conflictiva de Georgia-Osetia del Sur para ayudar al retorno de las personas desplazadas internamente y refugiadas y a la restauración de la infraestructura que esperemos que ayude a generar confianza entre las dos comunidades. 
El nombramiento, acogido con gran satisfacción, del Representante Especial de la UE para el Cáucaso meridional en 2003 fue un paso importante para la UE. 
A la Comisión le satisface estar plenamente asociada con su trabajo, y valoramos su estrecha cooperación. 
El informe que ha presentado su Señoría identifica con razón la necesidad de desarrollar más la política de la UE para la región; esperamos participar en este importante proceso con el Representante Especial. 
La Comisión Europea toma nota de la solicitud de un pacto de estabilidad para la región. 
Cuando se planteó la cuestión hace dos años, no parecía que la idea tuviera tanto apoyo, y de hecho no estoy totalmente convencido de que sea hora de retomarla de nuevo. 
Sin duda tiene consecuencias presupuestarias que desearíamos considerar en detalle. 
Permítanme concluir mi rápida visión general del tema felicitando una vez más al ponente por su informe. 
Quisiera darle las gracias por lo que estoy seguro de que será una contribución muy importante al debate sobre la política de la UE para la región del Cáucaso Meridional. 
– Señor Presidente, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía no ha tenido ninguna dificultad en escribir un informe sobre este acuerdo, siendo nuestra opinión, básicamente, que tenemos que involucrar al máximo posible a todos los Estados de nuestra vecindad geográfica en nuestros programas de investigación y desarrollo. 
Tenemos que asegurarnos de estabilizar y apoyar el desarrollo de sus pequeñas empresas y mejorar sus infraestructuras. 
¿Por qué nos preocupa eso? 
Porque, sencillamente, dependemos de ellos y ellos de nosotros. 
Si algunos de esos Estados tienen centrales nucleares poco seguras, se pueden producir accidentes cuyas consecuencias nos afectarán directamente, por el mero hecho de su proximidad geográfica. 
Si, por el contrario, tratamos de exportar el máximo posible de nuestros conocimientos y experiencia, todos saldremos ganando. 
Por ese motivo nuestros programas de ayuda, como TACIS por ejemplo, deben, además de prestar apoyo, ayudar a los países a ayudarse a sí mismos, de manera que los Estados en vías desarrollo no tengan que cometer los mismos errores que nosotros hemos cometido a lo largo de nuestra historia industrial. 
Permítanme añadir que también dependemos de la región para nuestro suministro energético, siendo un ejemplo de ello el transporte de crudo. 
De ahí se deduce que a nosotros nos interesa que los oleoductos sean seguros, que los petroleros que llegan a nuestras costas sean seguros y que no contaminen nuestras aguas. 
Si el Cáucaso Meridional consigue disfrutar del progreso tecnológico, eso significará al mismo tiempo seguridad y progreso para nosotros. 
Agradecemos al ponente su buena disposición a considerar nuestras sugerencias, y también a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa la excelente cooperación que hemos mantenido con ella. 
– Señor Presidente, señor Comisario, el Cáucaso Meridional es una región en crisis a las puertas de Europa y, desde que la Unión Soviética se desintegró y estalló el conflicto de Nagorno Karabaj, la Unión Europea ha tenido un interés estratégico más que meramente humanitario por mantener la estabilidad económica y política de la región. 
Una de las consecuencias de la ampliación de la Unión Europea es que esas zonas de conflicto estarán más cerca de nosotros, y la perspectiva de una política de vecindad basada en el acuerdo de asociación y cooperación vigente debe ayudar a estabilizar esta región. 
El año pasado se celebraron elecciones en los tres Estados cáucasos y una delegación ad hoc del Parlamento Europeo, de la que este ponente fue miembro, pudo comprobar que en muchos casos esas elecciones no tenían mucho que ver con nuestra concepción democrática de lo que son unas elecciones y una democracia. 
Si se combinan los conflictos étnicos, la pobreza generalizada, la corrupción y la falta de democracia, se obtiene una mezcla explosiva, a la que hay que añadir el conflicto todavía sin resolver de Nagorno Karabaj, la consecuencia del cual fue que Azerbaiyán perdiera el 20% de su territorio, además de recibir grandes olas de refugiados, y que tan solo entre 1992 y 1999 le ha costado a la Unión Europea cerca de 180 millones de euros. 
El Grupo del Partido Popular (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos ha tratado de evitar que se eche leña al fuego, que se tengan en cuenta las sensibilidades de los partidos de la oposición y que también se considere debidamente la influencia rusa y turca en la región. 
Las soluciones políticas no pueden imponerse a hurtadillas. Las propias partes implicadas y sus partidarios estratégicos tienen que ayudar a relajar las tensiones. 
La no intervención es, por supuesto, una estrategia poco adecuada. 
El nombramiento de un representante especial para la región puede que haya servido de ayuda, sobre todo porque le ha dado a la UE una presencia más visible en el Cáucaso Meridional. 
Pero lo más útil sería una visible en las relaciones entre Turquía y Armenia, que implicara el levantamiento de bloqueo turco. 
El Pacto de Estabilidad que esta Cámara quiere, con razón, para el Cáucaso Meridional, no tiene ninguna perspectiva real de éxito si no se resuelven los conflictos entre Estados vecinos, sobre todo el conflicto de Turquía con los demás países. 
Nuestros intereses humanitarios y democráticos, pero también nuestras consideraciones estratégicas en materia de energía, no nos dejan más alternativa que una estrategia más detallada para el Cáucaso Meridional. 
A principios de este año, los Ministros de Asuntos Exteriores también tuvieron esto en cuenta cuando instaron a la Comisión y al Alto Representante a incluir Armenia, Azerbaiyán y Georgia en la nueva iniciativa «una Europa más amplia». 
Si se quieren reducir las tensiones, hay que admitir que, aunque el concepto de una Europa más amplia sea positivo, difícilmente podrá hacerse realidad salvo que los países implicados en el conflicto consigan la implicación de Turquía, Rusia, los Estados Unidos y la Unión Europea en sus esfuerzos por resolverlo. 
Además de ayudas importantes, necesitamos una estrategia europea muy ambiciosa y posiblemente un mandato más amplio para el Sr. Heikki Talvitie, el Representante Especial de la Unión Europea para el Cáucaso Meridional. 
El Comisario Patten ha hablado también de esto, pero no creo que la lucha contra la corrupción para reducir la pobreza y el tráfico de drogas, ni siquiera el análisis de las elecciones, pueda ser suficiente para establecer estas medidas como una estrategia para la zona. 
Está claro que resulta difícil actuar en una situación delicada en la que por lo menos se cuecen lentamente tres conflictos endémicos. 
No obstante, cada vez es más importante que se presente un plan. 
El procedimiento habitual exige a veces que se establezcan unos objetivos comunes con una única conferencia. 
Creo, no obstante, que en el caso del Cáucaso Meridional necesitamos actuar gradualmente, paso a paso, en los conflictos y en la cooperación; de lo contrario, corremos el riesgo de obtener un resultado muy malo. 
El informe del Sr. Gahrton hace una descripción muy detallada de la situación y de las necesidades, y coincido con el ponente en que la región del Cáucaso Meridional necesita un estatuto claramente definido en el contexto de la política que conocemos como «una Europa más amplia». 
Si queremos estabilidad, es fundamental que Rusia se implique. 
El Presidente Putin –después de disolver anteayer un Gobierno que ha mantenido siempre una ambigüedad considerable respecto a los países de la antigua Unión Soviética, y en particular respecto al Cáucaso Meridional– tendrá también que proponer alguna solución para el Cáucaso. 
La reunión entre la Unión Europea y Rusia que tendrá lugar el próximo mes de marzo podría ser una oportunidad para ello. 
Los intereses y los valores necesarios para la cooperación tienen que definirse claramente tanto en su forma como en su contenido. 
Además, tenemos que considerar que la inauguración dentro de dos años del oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan tendrá una enorme importancia estratégica. 
No sabemos si el multimillonario Sr. Jodorkovsky, por ejemplo, con su empresa, tiene intención de firmar contratos con la empresa norteamericana, ni tampoco sabemos si el nuevo Presidente Putin estaría a favor de esa iniciativa. 
Tampoco sabemos cuál sería la cadena de reacciones en ambos casos. 
Desacreditar los oleoductos por motivos medioambientales es un mero ejercicio de retórica. 
En cualquier caso, el petróleo tiene que ser transportado del Mar Caspio al Mar Negro. 
Durante la guerra fría, se trató de evitar que el trazado de los oleoductos pasara por territorio soviético, pero la situación está ahora cambiando. 
Creo, no obstante, que el informe del Sr. Gahrton expresa temores justificados sobre este y otros factores desconocidos en la región. 
Gracias a los recursos petrolíferos, Azerbaiyán será rica y Georgia tendrá derechos de tránsito, mientras que Armenia no tendrá nada. 
Así es como las nuevas fuentes de riqueza pueden crear desequilibrios nuevos, que solo podrán compensarse con ayuda de la mediación política. 
Hay que ser conscientes simplemente de que la futura situación no permitirá que continúe el punto muerto o el en zonas donde hierven los conflictos. 
Señor Presidente, el Sr. Gahrton ha elaborado un excelente informe sobre los países del Cáucaso Meridional. 
Comparto plenamente su opinión de que a Europa y a la UE les interesa estrechar relaciones con esa región. 
Existen algunos indicios positivos, pero como ha dicho el propio Sr. Gahrton, se vislumbran también algunas nubes negras en el horizonte. 
En Azerbaiyán, las cosas no marchan por buen camino. 
Hace un año me reuní con el nuevo Presidente recién elegido, Ilham Aliev. 
En respuesta a mis preguntas directas sobre el fraude electoral que ya para entonces se había producido, negó de plano que hubiera ocurrido y se refirió a su propio papel y al papel de Azerbaiyán en el Consejo de Europa. 
Después de las elecciones de otoño, conocemos el juego de Aliev. 
No existe ya libertad de expresión y se encarcela a miembros de la oposición. 
Si se pretende que Azerbaiyán sea un verdadero socio de la UE, el país tiene que democratizarse plenamente. 
En los campos de refugiados donde la población expulsada de Nagorno Karabaj vive en condiciones de extrema pobreza, se está produciendo una catástrofe humana. 
Yo mismo he visitado un campo de refugiados y quiero dirigirme en particular al Sr. Patten y decirle que la UE tiene una gran responsabilidad en lo que se refiere a conceder ayudas y presionar a las partes implicadas en el conflicto. 
Creo que el informe del Sr. Gahrton demuestra que necesitamos una UE más fuerte en la escena internacional, sobre todo si queremos que pueda intervenir con energía en una región vecina de la UE. 
Señor Presidente, yo también felicito al Sr. Gahrton por su informe, que nosotros, los miembros de la delegación ad hoc para las elecciones en Georgia, apoyamos. 
Quiero decir que, en lo que se refiere a la democratización de los países del Cáucaso Meridional, la revolución de las rosas en Georgia ofrece por fin, o al menos así lo esperamos, una perspectiva alentadora. 
Esperamos que esta nueva situación atraiga por fin la atención de la Unión Europa a esta región de extrema importancia geoestratégica y borre la ofensa que se cometió cuando se la omitió de la lista de nuestros nuevos vecinos. 
Estos países, que son miembros del Consejo de Europa –un Consejo que quisiéramos ver como antecámara de la Unión Europea–, reivindican su cultura europea y tienen que integrarse urgentemente en ella. 
No puede haber duda alguna de que nuestra Unión llegará al Mar Caspio en el futuro. 
Por tanto, tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a esta región tan proclive a los conflictos regionales latentes, encontrar soluciones y asegurarnos de que no se negocie nada permanente ni consensuado fuera de unos marcos democráticos que combinen transparencia y participación de todas las partes, ciudadanos y políticos. 
La Unión Europea tiene que movilizar todos sus recursos y hacer el máximo esfuerzo para dotar al Cáucaso Meridional de esa infraestructura democrática, como se ha hecho en otras regiones, puesto que esta región sigue siendo de gran importancia para la Unión Europea. 
El nombramiento del Representante Especial de la UE es, desde luego, un paso adelante, pero ni mucho menos suficiente. 
La Unión tiene que invertir, dotarse realmente de los medios necesarios y proporcionar recursos reales a estos frágiles Estados, de manera que se relajen las tensiones secesionistas que están causando dificultades en Osetia del Sur, Abjazia y Adzharia, por ejemplo, y pueda instaurarse una paz duradera, basada en unos estatutos adecuados. 
Solo así las poblaciones del Cáucaso Meridional tendrán alguna vez un futuro, y todos lo sabemos. 
El desarrollo y la transición de estos pequeños países postsoviéticos tienen que considerarse no bajo el prisma de su actual precariedad, sino bajo el prisma de los medios de la Unión Europea y los posibles recursos locales. 
Asimismo, deben destinarse fondos comunitarios para ayudar a cerrar la central nuclear armenia en Medzamor, que es una zona en la que se registran frecuentes seísmos. 
La conversión a una energía sostenible, segura y económica puede y debe basarse en las energías renovables. 
El Cáucaso Meridional está pasando una nueva página de su historia. 
Esta es una oportunidad muy poco frecuente, Señorías, y la Unión Europa lleva demasiado tiempo ausente como para faltar esta vez a su cita. 
– Señor Presidente, Señorías, quiero agradecer especialmente al Sr. Gahrton su informe y su estrecha cooperación con nuestra delegación al Cáucaso Meridional, que ha contado con su apoyo constante y con su presencia en las reuniones, dispuesto en todo momento a asesorarnos. 
Los Estados que antes pertenecían a la Unión Soviética están teniendo muchas dificultades para andar por su propio pie y todos ellos tienen problemas similares con el proceso de democratización. 
El objetivo político de la Unión Europea es alentar el deseo de mantener relaciones de buena vecindad con el Cáucaso Meridional y resolver los conflictos. 
Los objetivos de Moscú son justamente lo contrario. 
Como acabamos de escuchar el informe sobre Rusia, permítanme que manifieste mi opinión de que tenemos que afrontar con urgencia estas cuestiones. 
Han pasado ya catorce años desde el derrumbe de la Unión Soviética, y es muy raro que sigan considerándose válidos los pasaportes soviéticos y, sobre todo, que se les sigan ofreciendo a ciudadanos de regiones secesionistas, como Georgia, por ejemplo, aunque también en otros. 
Es una situación muy lamentable que se les expida estos pasaportes, se les conceda visados y se les haga prácticamente independientes de sus propios Estados. 
Muchas de sus Señorías han hecho ya referencia a la política energética. 
Lamento que todavía no se haya podido encontrar una fecha para celebrar aquí en Bruselas un congreso sobre la energía, que esta Cámara se ha ofrecido a organizar conjuntamente con la Comisión. 
Quiero pedir de nuevo al Comisario Patten que haga todo lo posible para que al menos este año pueda organizarse un congreso de este tipo, porque estos Estados necesitan la esperanza que les puede dar la UE para luchar contra la corrupción y crear unas democracias verdaderamente estables. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy estamos debatiendo el informe Gahrton sobre el Cáucaso Meridional. 
El informe es muy bueno; propone un marco político y contiene propuestas específicas muy interesantes para esta región tan importante y delicada. 
Permítanme que aproveche la oportunidad para hacer algunos comentarios de carácter general. 
En los últimos meses se han producido algunos acontecimientos catalíticos en la región, en Georgia, Armenia y Azerbaiyán. 
El nuevo Presidente de Georgia está actualmente en los Estados Unidos para reunirse con el Presidente Bush. 
Powell, Ivanof, los Estados Unidos y Rusia tienen una marcada presencia y movilidad en la región. 
¿Y que hacemos nosotros? 
Hemos enviado a la zona a nuestro representante, pero ¿es eso suficiente? 
En ocasiones, la Unión Europea, al margen de las iniciativas individuales de sus Estados miembros, está presente como simple observador, aunque sea un observador activo, pero eso no es suficiente. 
El Cáucaso Meridional es nuestro vecino y mantiene lazos históricos, culturales y políticos con Europa desde hace cientos o miles de años. 
El Comisario, que es tan intelectual como político, habrá oído hablar del encadenamiento de Prometeo, la expedición de los Argonautas y el Vellocino de Oro, y sobre Jasón, que tenía relación con la zona del Cáucaso. 
Se trata de una zona de especial interés para Europa y para sus nuevos suministros de hidrocarburos. 
No debemos ignorar que se puede llegar al corazón de Europa a través del Mar Negro y el Danubio. 
Las prioridades de la Unión se establecen a menudo en virtud de las relaciones históricas y económicas que existen entre sus Estados miembros y África, América Latina y el Sudeste Asiático, y nosotros pasamos por alto la nueva situación. 
Tenemos que apoyar los procesos de democratización, la paz y el desarrollo en la región. 
Necesitamos una mayor presencia en la región y tenemos que mejorar nuestras relaciones con todos los países del Mar Negro en lo que se refiere a la cooperación regional en los planos económico, político y cultural. 
Tenemos que entender que, en definitiva, se trata de una región que forma parte de Europa desde el punto de vista cultural, político e histórico, y que tenemos que tratarla como tal. 
– Señor Presidente, el oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan está siendo construido y financiado –inclusive con dinero de los contribuyentes– a través del Banco Mundial, el BERD y los créditos a la exportación europeos, a pesar de que no cumple las normas internacionales en materia medioambiental y de derechos humanos. 
Este informe exige con razón la aplicación de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental de la UE. 
Ahora parece que el recubrimiento de las juntas del oleoducto es de mala calidad y probablemente ocasionará fugas de petróleo y contaminación. 
Parece que BP sabía esto un año antes de asegurar el respaldo de las fuentes de financiación internacionales. 
Debería suspenderse el crédito a la vez que se realiza una investigación independiente acerca de la seguridad del oleoducto para los lugareños y para el medio ambiente, y también acerca de su viabilidad financiera, si hay que gastar por lo menos 800 millones en su recolocación. 
Las garantías de Turquía respecto al proyecto de BTC en relación con los derivados de nuevas leyes medioambientales y sociales quebranta sus obligaciones para con la Asociación para la Adhesión a la UE: serían ilegales si Turquía ya perteneciera a la UE. 
La Comisión no ha sabido actuar, así que las ONG van a llevar el asunto al Tribunal de Justicia Europeo. 
Debemos ayudar a Turquía a cumplir los compromisos de la UE, no a violarlos. 
– Señor Presidente, nuestro ponente, el Sr. Gahrton, es sin duda alguna una de las personas que mejor conocen en Europa la situación del Cáucaso Meridional. 
No tengo que recordarles que, gracias a su iniciativa, la Unión Europea tiene ahora un representante en la región. 
El minuto y medio que me han adjudicado me permite hacer solamente unos cuantos comentarios muy rápidos. 
Existe un aspecto de la región que no queda suficientemente explícito en el informe, sin duda por motivos diplomáticos, y es la fuerte presencia norteamericana. 
¿Tendrá esa presencia una influencia desestabilizante, como ha tenido en otras partes del mundo? 
Como saben ustedes, en noviembre de 2003 se produjo una especie de revolución o golpe de Estado en Georgia. 
Coincidió que yo estaba allí como miembro de la delegación de este Parlamento. 
Los hechos ocurridos se conocen como la «revolución de las rosas» porque no hubo derramamiento de sangre. 
Pero puedo decirles que la revolución de las rosas no olía a rosas. 
Olía a petróleo y, si no olía a dólares, era porque sabemos desde siempre que el dinero no huele. 
Sigue existiendo un silencio diplomático sobre las regiones independientes de Georgia, como Adjaria. 
Por último, como partidario de la independencia catalana, quiero distanciarme en un aspecto del informe. 
Se trata del separatismo. 
Creo que no habrá paz en el mundo hasta que no se respete la voluntad de los pueblos. 
El derecho de los pueblos a la autodeterminación es fundamental. 
La comunidad internacional tiene la obligación de permitir el ejercicio democrático de ese derecho en el Cáucaso Meridional y también en el Sáhara Occidental. 
Lo mismo puede decirse de los adzahrianos, los abjazianos, los osetianos y los azeríes de Nagorno Karabaj. 
Respecto al tema de Nagorno Karabaj, el Sr. Gahrton ha dicho que explicó a su Presidente que la solución podría basarse en un principio de amplia autonomía, como la que existe en las islas Åland bajo soberanía finlandesa. 
El Presidente le contestó que aceptaría la soberanía finlandesa. 
¿Por qué no se le toma la palabra? 
A Finlandia se le podría ofrecer una especie de mandato internacional cuyo cometido sería garantizar el respeto de los derechos fundamentales y organizar un referendo para que, en definitiva, los pueblos de la región puedan decidir su propio destino con plena libertad. 
– Señor Presidente, como el informe del Sr. Gahrton deja claro, esta región tiene una importancia estratégica clave para nosotros en la Unión Europea; su estabilidad y prosperidad repercute en todos nosotros. 
Comparto las preocupaciones expresadas por otros en el debate sobre el punto muerto en el que se encuentra Nagorno Karabaj. 
Las conversaciones de diciembre que tuvieron lugar en Escocia representaron un paso adelante; fueron las primeras conversaciones bilaterales entre los representantes de ambos países. 
Necesitamos salir de ese punto muerto y utilizar la red de la OSCE. 
Esta red está en condiciones de desarrollar un enfoque que abarque los aspectos de seguridad y economía y promueva la cooperación regional y el respeto de los derechos humanos. 
Las amplias violaciones de los derechos humanos preceden a menudo al conflicto. 
En Azerbaiyán sabemos que casi 1 000 personas han sido arrestadas desde las elecciones del año pasado. 
Cien permanecen bajo arresto policial, a pesar de que el Gobierno afirma que no hay ninguna. 
En Armenia cunde la alarma por la extensión del problema del tráfico de seres humanos. 
Existen informes que afirman que muchos miles de mujeres y niños han sido vendidos para ser explotados en los últimos años, y han terminado sobre todo en Turquía y en los Emiratos Árabes Unidos. 
La Unión Europea no debe ignorar estos problemas relativos a los derechos humanos. 
También esperamos que Turquía actúe de fuerza estabilizadora en la región, que estimule el comercio regional, refuerce la cooperación para la seguridad regional y ayude a revitalizar las conversaciones de paz. 
Respecto al oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan –que bombeará un millón de barriles de petróleo al día del Caspio al Mediterráneo– existen graves preocupaciones de que los acuerdos del Gobierno anfitrión no tengan en cuenta los derechos humanos, y de que las repercusiones medioambientales y sociales del oleoducto contravengan los principios equitativos de los proyectos sanos. 
Como el ponente ya ha dejado claro, urge investigar las afirmaciones de que 15 000 juntas ya construidas poseen un recubrimiento deficiente que ocasionaría filtraciones. 
Un informe filtrado recientemente contenía alegaciones de que uno de los consultores del consorcio demostró que este, incluida BP, tenía conocimiento de estos problemas antes de colocar las tuberías e incluso antes de firmar los acuerdos con Georgia. 
Las fuentes de financiación, incluido el BERD y el Banco Mundial, que iban a proporcionar 125 millones de dólares cada uno, no estaban al tanto de estas preocupaciones. 
Insto a la Comisión a que garantice una investigación en regla y exhaustiva de este problema. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
En el aspecto positivo, el informe Gahrton critica firmemente la peligrosa falta de atención de la Unión Europea a la región estratégica del Cáucaso Meridional, donde existen numerosas fuentes de conflictos potenciales. 
De ahí la necesidad de promover la creación de un marco de seguridad y cooperación en la región, que adopte por ejemplo la forma de un pacto de estabilidad. 
El ponente es suficientemente perspicaz para darse cuenta de que un pacto así necesita un clima de confianza previo y que, por tanto, tiene pocas posibilidades de ver la luz del día mientras Turquía mantenga su incomprensible bloqueo sobre Armenia y Ankara se obstine en seguir negando el genocidio armenio, por ejemplo. 
En este sentido, la Resolución de 1987 del Parlamento sigue manteniendo lamentablemente toda su relevancia y es oportuno que el informe haga referencia a ella. 
Pero en el aspecto negativo, el informe muestra parcialidad, o al menos contradicciones, respecto a Nagorno Karabaj: la referencia a la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa se contradice con la demanda de concesiones unilaterales. 
A mí también me parece que el deseo de recoger en la legislación internacional el principio del derecho de autonomía para las minorías sería una amenaza para la paz. 
La Carta de las Naciones Unidas hace referencia al derecho de los pueblos a la autodeterminación. 
– Señor Presidente, quisiera plantear la cuestión de la supresión del informe encargado por el panel STOA acerca de los peligros de los juguetes de plástico pequeños que vienen en los productos de confitería. 
Me informan de que las estadísticas oficiales utilizadas por los autores infravaloran de modo significativo el verdadero número de incidentes, lo que les llevó a la conclusión de que estos productos no suponen más que un riesgo bajo para los niños pequeños. 
¿Está de acuerdo conmigo, señor Presidente, en que el informe debería publicarse ahora sin retraso? 
Dadas las limitaciones del ámbito del informe, ¿podría también presionar a la Comisión para que realice una encuesta exhaustiva sobre este tema y evalúe el verdadero número de incidentes adicionales descritos por los médicos, padres y otras personas? 
El Presidente del Parlamento está investigando la cuestión. (1) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
(1) 
(2) 
Señorías, una noticia muy triste, hace algunos minutos he tenido conocimiento de que el Presidente Boris Trajkovski, de Macedonia –que fue invitado especial de esta Cámara hace algunos meses– ha fallecido con su personal en accidente mientras viajaba de Skopje a Mostar, donde iba a reunirse con nuestro distinguido visitante de hoy, el Presidente Stjepan Mesic, de Croacia. 
Por lo tanto, esta noticia tiene hoy un significado especial para nosotros. 
Yo conocía al Presidente Trajkovski, primero como amigo, personal y políticamente, desde hacía muchos años. 
Consiguió la reconciliación en su propio país, donde había tanto potencial de división; fue reconciliador en su región, un verdadero europeo, un hombre de gran corazón y un visitante distinguido de esta Cámara en el pasado. 
Quisiera expresar nuestra más profunda solidaridad al Gobierno, al Parlamento y al pueblo de Macedonia. 
Les ofrecemos nuestra solidaridad y nuestra determinación de mantener viva la visión de este hombre de la perspectiva europea de su país. 
Haciendo esto rendiremos el mejor homenaje posible a su memoria. 
Les pido que guardemos un momento de silencio. 
– Señor Presidente, a veces reina la confusión en esta Cámara, pero si no se hace algo con ese reloj de ahí, que lleva sin funcionar desde hace al menos dos meses, nos vamos a confundir todavía más. ¿podría alguien hacer que funcione o apagarlo? 
Le daremos una escalera a uno de los Cuestores y le pediremos que lo arregle. 
– Señor Presidente, recomiendo a la Sra. Banotti que siga el consejo que una vez me dio el Jefe de estación de Crianlarich, cuando le dije que los dos relojes, uno en cada andén, señalaban horas diferentes. 
Me respondió: «¿De qué serviría tener dos relojes si ambos señalaran la misma hora?» 
Proseguimos con la votación. 
. Señor Presidente, el término «regrets» en la versión inglesa, cuya traducción correcta al italiano sería «», se ha traducido por «». 
Quiero que los servicios hagan constar en acta que la traducción al italiano de la frase, tal como nosotros creemos que figurar en el informe, es «» y no «». 
Los servicios se asegurarán de que todas las versiones en los distintos idiomas se correspondan. 
Señor Presidente, lo cierto es que Rusia no ha firmado el acuerdo alcanzado sobre el trazado de la frontera con Estonia y Letonia, y por tanto, el acuerdo no puede ratificarse. 
Propongo, por tanto, que el texto del apartado 6 quede redactado del modo siguiente: 
«Recomienda al Consejo que pida que Rusia firme y ratifique con carácter inmediato los acuerdos fronterizos ya negociados con Estonia y Letonia, Estados adherentes.» 
. – Señor Presidente, se ha deslizado un lamentable error en el segundo punto de la enmienda 26. 
El texto original decía «características sociológicas de la sociedad chechena». Esto se ha sustituido erróneamente por el «pueblo». 
Pido que prevalezca el original, es decir, «características sociológicas de la sociedad chechena». 
El original dice, sin duda, «sociedad» , así que nos quedamos con eso. 
Señor Presidente, si la Duma tiene que ratificar el Protocolo de Kioto, el tema tiene que plantearse a la Duma y eso tiene que hacerlo el Presidente ruso. 
Propongo, por tanto, que el texto del considerando F quede redactado del modo siguiente: 
«Considerando que el retraso en la transmisión del Protocolo de Kyoto para su ratificación por la Duma impide la entrada en vigor de este tratado.» 
Con esto concluye la votación. 
En lo que respecta a la adhesión de los nuevos Estados miembros, este informe apoya la propuesta de la Comisión de ayudar a los agricultores de esos países a cumplir la legislación comunitaria durante el período de transición. 
El principal objetivo es ayudar a los agricultores afectados a adoptar las disposiciones de la legislación comunitaria, indemnizándoles por los costes de explotación que incurrirán por cumplir dicha legislación. 
Con este telón de fondo, debemos recordar que la aplicación de la legislación comunitaria, sobre todo en materia de medio ambiente, ha sido siempre una de las prioridades de la Unión Europea. 
Creo que esta medida ayudará a promover el desarrollo rural en los nuevos Estados miembros y el respeto de la legislación comunitaria sobre medio ambiente, salud pública y salud animal en los nuevos Estados miembros. 
En consecuencia, teniendo en cuenta la vital importancia de esto en términos jurídicos y el hecho de que la propuesta de la Comisión no requiere ningún gasto extraordinario del presupuesto comunitario, he votado a favor del informe. 
Lo mínimo que puede hacerse por el sector de la construcción naval de Europa es ampliar el período de aplicación del mecanismo defensivo temporal para los astilleros europeos afectados por la competencia desleal de las empresas coreanas más allá de su fecha de vencimiento del 31 de marzo de 2004. 
Como sabemos, el otro elemento de la estrategia de la Comisión es iniciar un proceso contra la República de Corea ante la Organización Mundial del Comercio. 
Estas dos medidas están, por tanto, relacionadas entre sí y deben adoptarse en tándem. 
Por ello, hemos votado a favor de este informe, que propone la ampliación del mecanismo defensivo temporal para la construcción naval durante un año más. 
Apoyo este informe y estoy totalmente de acuerdo con su condena de las limitaciones de la responsabilidad en caso de accidentes nucleares, que crean una posición privilegiada para la energía nuclear en relación con otras fuentes de energía. 
Irlanda no forma parte del Convenio de París al que se refiere el informe. 
Sin embargo, en Irlanda todos conocen perfectamente su vulnerabilidad en caso de que alguna vez se produzca un incidente grave en los alrededores de la planta de Sellafield o un incidente en el que esté implicado un barco que transporte materiales de desecho peligrosos, que se transportan a esa planta pasando por aguas territoriales irlandesas. 
De hecho, la única amenaza grave para el medio ambiente irlandés procede de Sellafield, por lo que resulta absolutamente indignante que la Unión Europea no haya aplicado hasta ahora el principio de «quien contamina paga» a los accidentes nucleares. 
Ya es hora de que la Unión Europea adopte una postura más global con respecto a los peligros que entraña la industria nuclear. 
Verdaderamente no nos podemos permitir tener ninguna laguna en la aplicación de los convenios internacionales y de la legislación comunitaria al ámbito de la responsabilidad por daños nucleares. 
Apoyo esta propuesta porque creo que los acuerdos de readmisión son instrumentos jurídicos de vital importancia para reforzar la cooperación en la lucha contra la inmigración ilegal, que fue una de las prioridades de la Cumbre de Laeken. 
Dichos acuerdos forman parte de una estrategia coordinada que combina la definición de los derechos de los ciudadanos de terceros países y una gestión adecuada de los flujos migratorios, cooperación con los países de origen y establecimiento de un sistema común europeo de asilo. 
No obstante, considerando que el Tratado de Amsterdam otorgaba a la Comunidad competencias en el ámbito de la readmisión, y que es al Consejo al que le corresponde negociar y firmar dichos acuerdos, lamento que, como ha ocurrido con el primer acuerdo de readmisión firmado con Hong Kong, el Parlamento Europeo no haya sido consultado ni informado una vez más durante las negociaciones. 
El informe que hoy nos ocupa hace referencia a un acuerdo que ya han firmado los plenipotenciarios, de manera que llega demasiado tarde, puesto que cuando ya se ha firmado un acuerdo, queda poco margen de maniobra para introducir cambios en el texto o en los protocolos anexos al mismo. 
Este tipo de situación es políticamente inaceptable, y espero que, en el futuro, el Parlamento Europeo sea informado del progreso de las negociaciones por la Comisión y el Consejo. 
Estamos de acuerdo con la posición expresada por los miembros de mi grupo en la Comisión Parlamentaria sobre Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, que, una vez más, han recalcado que la política sobre acuerdos de readmisión sigue la tradición represiva de los Consejos de Laeken, Sevilla y Salónica, que se centraron en lo que se ha llamado «la lucha contra la inmigración ilegal» , según la cual los refugiados e inmigrantes son un recurso económico que debe explotarse, o personas muy «simples» que deben deportarse a sus países de origen. 
Los acuerdos de readmisión son una extensión de la política comunitaria de asilo e inmigración, que se centra en intensificar los controles fronterizos, la represión y la deportación, pero que sigue ignorando las causas de la inmigración, entre otras muchas la pobreza, la explotación y la guerra. 
Esta actitud es totalmente contraria al papel tan cacareado de la solidaridad de la UE en el mundo, puesto que ignora las responsabilidades de la UE en relación con las terribles condiciones de vida que soporta una gran proporción de la población mundial. 
Nosotros no apoyamos este tipo de política de inmigración, puesto que concede prioridad a los intereses económicos por encima de las personas. 
Los que queremos defender los derechos de los inmigrantes no podemos votar a favor de un acuerdo cuyo principal objetivo es la expulsión más eficiente de los inmigrantes. 
Las ciudades de Macao y Hong Kong fueron los últimos asentamientos que quedaron en la costa china bajo control europeo. 
Su dilatada condición de colonia concluyó a finales del siglo pasado. 
Cuando llegó el momento de su devolución a China, se acordó que se mantendría la economía capitalista, pero no se adoptaron las mismas garantías claras respecto a la democracia y los derechos humanos. 
Este tipo de acuerdos son característicos de la situación en la China actual, donde los herederos del Partido Comunista siguen en el poder, no permiten ninguna oposición política y, desde su posición protegida de monopolio del poder, favorecen el restablecimiento del capitalismo. 
Cabe esperar que los acuerdos europeos para devolver regiones a China causen movimientos de una población que habrá albergado ya expectativas europeas de democracia. 
Esos ciudadanos no podrán ya regresar a Portugal o a Gran Bretaña legalmente, y si consiguen llegar a esos países, serán tratados como criminales. 
Los acuerdos con China y otros Estados con regímenes dictatoriales para el retorno de los refugiados no resuelven nada. 
Por desgracia, tampoco parece esta vez que la expulsión de los refugiados y la expectativa del beneficio que puede derivarse de las relaciones económicas con Estados dictatoriales sean más importantes para Europa que la tan cacareada protección de la democracia y los derechos humanos. 
Este acuerdo de readmisión entre la Comunidad Europea y la Región Administrativa Especial de Macao forma parte de una estrategia más general para combatir la inmigración ilegal que se decidió en las Cumbres de Tampere, Laeken, Sevilla y Salónica, y es el segundo acuerdo de este tipo que se negocia y firma con un tercer país. 
La firma de estos acuerdos a escala comunitaria forma parte expresa de los objetivos del plan general de lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos considerada como una prioridad desde la Cumbre de Laeken. 
Con referencia expresa al acuerdo de readmisión firmado con Macao en Bruselas el 18 de octubre de 2002, ese acuerdo forma parte de la decisión política tomada en diciembre de 2000 por los Ministros de Justicia y Asuntos Interiores de eximir a los titulares de pasaportes de Macao del requisito de visado. 
Además de esos acuerdos, se aprobaron cláusulas de readmisión estándar para su inclusión en los acuerdos de asociación o los acuerdos de cooperación firmados por la UE. 
Estas cláusulas están pensadas únicamente para imponer a las partes contratantes la obligación de readmitir a sus ciudadanos, a nacionales de terceros países y a ciudadanos apátridas. 
Al igual que el ponente, creo que el Consejo debe informar a esta Cámara de las decisiones que autoricen la firma de este tipo de acuerdos. 
He votado a favor del informe. 
Como ya se ha dicho –aunque la Comisión lo niega oficialmente, pero lo admite implícitamente–, el Memorándum de Acuerdo que se propone ahora forma parte del intento de alcanzar un acuerdo pleno sobre la expulsión de inmigrantes de China, que la UE sigue buscando. 
La Comisión reconoce incluso que para la UE es un problema presionar a terceros países para que firmen acuerdos de expulsión «que beneficiarán principalmente a la Unión Europa» si no obtienen nada a cambio. 
Como ya se ha dicho, China no solo ha protestado contra el trato intolerable que reciben sus ciudadanos por parte de los funcionarios de inmigración, sino que ha bloqueado efectivamente los esfuerzos de la UE por deportar a ciudadanos a China. 
Este es el motivo por el que la Comisión, aunque acepta algunas pequeñas mejoras en la política de inmigración, está tratando de conseguir sus objetivos mediante la firma de un acuerdo más general que incluya también una cláusula de readmisión. 
Es, por tanto, engañoso recomendar que el Parlamento Europeo adopte un dictamen favorable sobre el Memorándum de Acuerdo alegando la importancia de incentivar las visitas de ciudadanos chinos a Europa, puesto que probablemente China se convierta en una de las principales fuentes de turistas del mundo en los próximos diez años. 
. La Unión Europea quiere hacernos creer que China es una República Popular que respeta la democracia y los derechos humanos. 
Así pues, no siente escrúpulos por vender e instalar centrales nucleares y trenes de alta velocidad, para que la elite burocrática pueda sacar el máximo beneficio. 
Pero como no todo el mundo comparte la visión comunista de la utopía, miles de chinos tratan de emigrar año tras año por motivos económicos, religiosos o políticos. 
Abandonan China, a menudo arriesgando sus vidas, como prueban los centenares de víctimas encontradas muertas en las bodegas de los buques o en los remolques de los camiones. 
En lugar de aceptar a estos inmigrantes, la UE se dedica desesperadamente a fijar cuotas para atender sus propias necesidades de mano de obra y, al mismo tiempo, organiza expulsiones en masa. 
Este informe propone simplemente el retorno de los chinos a sus país natal, sin pensar en sus motivos ni en el destino que les espera allí. 
No puedo apoyar una medida así y por eso he rechazado este informe. 
He formulado también una pregunta a la Comisión y al Consejo sobre su plan de vuelos chárter europeos y los 30 millones de euros destinados a ese fin. 
Europa fracasará si trata de convertirse en una fortaleza. 
Necesitamos un tipo diferente de política de inmigración basada en fronteras abiertas, el respeto del derecho de asilo y la igualdad de derechos. 
La importancia de este Memorando de Acuerdo entre la UE y la Administración Nacional del Turismo de China, que permitirá a los ciudadanos chinos visitar la UE como turistas, se debe a que China es una de las principales fuentes mundiales de turistas y un mercado con un gran potencial de crecimiento. 
La situación actual, en la que solo existen acuerdos bilaterales sobre turismo entre China y unos pocos Estados miembros de la UE, significa que los turistas chinos pueden viajar solo a destinos concretos de la UE. 
Esta restricción desaparecerá cuando entre en vigor el nuevo acuerdo. 
Es muy importante que se incluya una cláusula de readmisión en el acuerdo que imponga a las agencias de viajes responsables de tramitar las solicitudes de visado la obligación de informar al Estado miembro que concede el visado y a las autoridades chinas en el caso de que algún turista se separe del grupo o no regrese a China. 
Estas agencias tendrán que trabajar con los departamentos competentes de ambos países para ayudar a repatriar a los turistas que permanezcan ilegalmente en la UE. 
Estoy de acuerdo con el ponente cuando dice que debemos celebrar el hecho de que, por primera vez, las autoridades chinas hayan aceptado una cláusula de readmisión, ya que este paso podría facilitar la firma de un verdadero acuerdo de readmisión con China. 
. Apoyo totalmente a la Comisión Europea en su idea de regular los contaminantes orgánicos persistentes. 
Estas sustancias, por definición, permanecen en el ambiente y, por lo tanto, se abren camino hacia la cadena de alimentación, creando riesgos para el medio ambiente, la salud animal y la salud humana. 
Hay que permitir que la Comunidad ratifique los acuerdos internacionales pertinentes lo antes posible. 
Esa es la finalidad del reglamento que hemos votado hoy. 
Felicito a la ponente y a los ponentes alternativos, así como a las Presidencias italiana e irlandesa, por el excelente trabajo que se ha realizado para garantizar este acuerdo en primera lectura. 
Tenemos la sensación, al zanjar esta cuestión, de haber conseguido que Europa pueda emprender importantes acciones que supongan beneficios reales y tangibles para nuestros consumidores y ciudadanos. 
Ahora corresponde a los signatarios del Protocolo y del Convenio COP dar los pasos necesarios para ponerlos en práctica y aplicarlos. 
Esto, unido a otras partes de la legislación medioambiental de los últimos dos años, como la Directiva marco del agua y la Directiva sobre residuos eléctricos y electrónicos, hace que los diputados a este Parlamento puedan ir a las elecciones europeas con una lista de verdaderos logros en materia medioambiental. 
He votado en contra del informe Frahm. 
No ignoro los problemas para la salud y el medio ambiente que causan los «contaminantes orgánicos persistentes». 
Pero al ocuparse de este tipo de problema, nuestro Parlamento está excediéndose de su función legisladora. 
Acabamos de aprobar el informe «Legislar mejor». 
Al mismo tiempo, seguimos expresando vanas esperanzas, ignorando el principio de subsidiariedad, prohibiendo a los Gobiernos que realicen «campañas de sensibilización» ilusorias y multiplicando los procedimientos burocráticos. 
Un Parlamento autoriza o prohíbe. 
No produce (mala) literatura. 
Como ya dije con respecto a los recientes informes de la Sra. Frahm sobre los firmantes del Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes y el Protocolo de 1998 del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, apoyo cualquier medida que ayude efectiva y activamente a mejorar los niveles de calidad medioambiental. 
El objetivo de esta propuesta de Reglamento es crear legislación adecuada para la aplicación de las principales disposiciones del Convenio y el Protocolo, que hasta ahora no se han incorporado debidamente a la legislación comunitaria. 
El objeto de la propuesta que hoy nos ocupa es, por tanto, proteger la salud humana y el medio ambiente contra los contaminantes orgánicos persistentes o COP, que son sustancias químicas que perduran en el medio ambiente, se acumulan en los organismos vivos a través de la red trófica –la compleja interacción, en una red, de cadenas alimentarias– y que, en consecuencia, amenazan con tener efectos dañinos y particularmente duraderos en la salud humana y el medio ambiente. 
Por todos estos motivos, comparto la preocupación expresada tanto por la Comisión como por el ponente, y sobre todo quiero destacar la importante propuesta de crear un sistema de denuncia pública, lo que significa que los Estados miembros y la Comisión publicarían los nombres de los infractores del Reglamento, ofreciendo con ello una mayor garantía de cumplimiento –por medio de la persuasión– y fomentando una protección más eficaz de la salud humana y del medio ambiente. 
.El objetivo de esta propuesta es actualizar el reglamento de ejecución de los recursos propios de la UE tras la Decisión del Consejo de 29 de febrero de 2000, que incrementó la contribución del «recurso PIB» a la financiación del presupuesto comunitario y codificó el llamado «cheque británico» mediante ajustes en su financiación para los principales contribuyentes netos –Alemania, Suecia, Austria y los Países Bajos– con el consiguiente aumento de las contribuciones de los Estados miembros restantes, incluido Portugal, lo cual es inaceptable. 
Siempre defendemos que los desequilibrios en términos de transferencias netas no pueden resolverse en la parte de los ingresos y que el principio de «justa compensación» no debería considerarse sacrosanto. 
Las contribuciones nacionales a la financiación comunitaria deberían, como mínimo, ser equivalentes a la parte de cada país del PNB comunitario, o de otra manera debería existir una armonización de esfuerzos por habitante en los Estados miembros para esta financiación. 
La cuestión central del informe es la inclusión de una cláusula de revisión para una revisión general del sistema, a fin de introducir impuestos europeos para sustituir el sistema actual de contribuciones nacionales, antes de la aprobación de las Perspectivas Financieras. 
De hecho, esta idea se apoya en la propuesta de la Comisión. 
Este objetivo de otorgar gradualmente soberanía fiscal a la UE no solo reforzaría de manera no explícita el enfoque federal de la integración europea, sino que también repercutiría en las políticas fiscales nacionales y en la carga fiscal de los contribuyentes, a la vez que no contribuiría a la equidad de la financiación de presupuestos. 
Apoyo el acuerdo por el cual cualquier sistema nuevo debería incluir la eliminación de los mecanismos actuales de compensación, la financiación del presupuesto por parte de los Estados miembros de acuerdo con criterios uniformes y darle forma a los propios recursos de manera transparente y democrática. 
El sistema de recursos propios ha sufrido muchos cambios de suerte –y a veces incluso ha estado bloqueado–, en gran parte debido a las tendencias en los propios recursos tradicionales, es decir, aranceles aduaneros e impuestos agrícolas, que han descendido. 
Sin embargo, se introdujo un cuarto recurso propio en 1988, además del IVA, es decir, el recurso basado en el PNB o producto nacional bruto. En vista de ello, creo que ahora es posible disponer de un sistema más transparente. 
Además, la propia Comisión ha propuesto simplificar la estructura de financiación para crear un sistema más basado en las contribuciones al PNB, y al mismo tiempo ha recomendado la eliminación gradual de los mecanismos de corrección. 
Considero importante la intención de llevar a cabo reformas y la declaración de principios de transparencia. 
Sin embargo, sigo esperando las propuestas que prometió la Comisión, y por esa razón, por las dudas que tengo acerca de las repercusiones de la adopción o no de un recurso propio único –especialmente la inevitabilidad implícita de que por fin habrá un impuesto europeo– me veo obligado a abstenerme. 
He votado en contra de este informe, que ha sido aprobado por 334 votos a favor, 72 en contra y 42 abstenciones. 
El informe solicita «una revisión general del sistema de recursos propios». 
Es difícil interpretar esa solicitud en términos distintos a la voluntad del Parlamento de abrir el camino a la fiscalidad de la UE en la forma expresada en el informe de la Sra. Haug (A5-0238/2001) sobre los propios recursos de la UE, aprobado por mayoría del Parlamento el 5 de julio de 2001. 
Ni en Suecia ni en otros países de la UE se añora otro nivel fiscal. 
La historia demuestra que un nuevo nivel fiscal ha llegado para quedarse y con el tiempo llevará a una carga fiscal más pesada. 
En definitiva, lo que estamos tratando aquí son cuestiones de principio que tienen que ver con quién tiene derecho a solicitar impuestos y si el antiguo derecho de los suecos de imponer impuestos a ellos mismos va a quedarse ahora vacío de contenido. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos no desea introducir un cuarto nivel fiscal en forma de impuesto de la UE más allá de los que se pagan a la autoridad local, el gobierno del condado y el Estado. 
Aparte de eso, no creo que nadie quiera ver una carga fiscal mayor en los Estados miembros. 
En el caso de Suecia, que ya tiene la mayor carga fiscal del mundo, sería adicionalmente oneroso. 
Los representantes del se van a abstener en la votación de este informe. 
Paralelamente al nuevo estatuto de los funcionarios de la UE, existen dos problemas que hay que abordar. 
En primer lugar, está el hecho de que los funcionarios europeos no pagan impuesto sobre la vivienda. 
En lugares con grandes concentraciones de funcionarios, como ciertos municipios de las afueras de Bruselas, la población local tiene derecho a cuestionar esto. 
Después de todo, los funcionarios europeos, al igual que la población local, hacen uso de la infraestructura municipal y de otras instalaciones. 
Puesto que estas personas tienen derecho a votar en las elecciones municipales, existe una situación inaceptable de representación sin impuestos. 
La Comisión y el Consejo deben encontrar una solución para esta situación. 
Un segundo problema tiene que ver con el hecho de que la Comisión se niega a ofrecer a sus funcionarios que viven en Flandes incentivos positivos para aprender neerlandés, para que puedan integrarse más en sus comunidades locales. 
Este problema también debería solucionarse en los próximos años, y más con la perspectiva inminente de la ampliación. 
Quiero hacer constar mi apoyo a esta propuesta de resolución común por la que se pide a la Presidencia irlandesa y a la Unión Europea que aclaren y refuercen su postura con respecto a la no proliferación de armas nucleares. 
Los datos recientes acerca del turbio mercado negro de conocimientos técnicos nucleares y armamento hacen hincapié en la urgencia de conseguir los objetivos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Comisión de Vigilancia, Control y Verificación del Desarme en el Iraq (UNMOVIC). 
La Presidencia irlandesa debería dar prioridad a esta petición, para fomentar que terceros Estados se adhieran a los protocolos del OIEA y se unan a los Estados miembros para aclarar cómo se pueden liberar recursos financieros suficientes para apoyar proyectos específicos del OIEA. 
Debemos insistir en nuestra demanda de desarme nuclear y convertirlo en un punto permanente de la agenda del Diálogo de la Asociación Transatlántica. 
Acojo con satisfacción el apoyo mostrado a la campaña internacional para el desarme nuclear iniciada por los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki. 
Las espantosas experiencias recientes de los injustos e ilegales actos cometidos contra el pueblo iraquí deben, al menos, indicarnos la urgencia de lograr un mundo pacífico, en el que verdaderamente no haya lugar para las armas nucleares. 
. El Partido Laborista del Parlamento Europeo considera que esta resolución es desproporcionada en comparación con la reciente posición común de la Unión Europea con respecto a las armas de destrucción masiva, que apoyamos plenamente. 
En particular, no podemos apoyar el apartado 2, que pretende asignar un papel a la Unión Europea que sería mejor tratar en el contexto del Tratado de No Proliferación. 
El propio Reino Unido ha reducido su fuerza nuclear disuasoria en más del 70% desde el fin de la Guerra Fría y continuará participando plenamente en los esfuerzos internacionales por reforzar el control de las armas y prevenir la proliferación de armas químicas, biológicas y nucleares. 
.– Nada es más importante que el Tratado de no proliferación nuclear, porque nada es más apocalíptico que la amenaza de estas armas, ni más suicida que su diseño original. 
Solicitamos un consenso de partidos y naciones que se reúnan tras el objetivo de la UE de eliminar todas esas armas, en particular, solicitamos que el Consejo Europeo refuerce la declaración que estipula que el Tratado de no proliferación se mantenga en su totalidad. 
Únicamente permaneciendo constantemente conscientes y vigilantes podremos restaurar la confianza en la seguridad internacional a través de una desescalada nuclear beneficiosa. Eso requerirá una cooperación sostenida entre la UE y sus socios internacionales para denegar totalmente a las organizaciones terroristas el acceso a las armas de destrucción masiva y a otros Estados el acceso a las armas nucleares. 
Todos los socios de la UE, incluso –y de forma especial– los Estados Unidos, deben firmar y ratificar el Tratado de Prohibición Total de las Pruebas Nucleares, el TPTP, que podría entrar en vigor entonces. 
Se necesita un diálogo constructivo con las poblaciones urbanas y sus representantes elegidos, que son objetivos potenciales de aniquilación. 
Prestemos atención aquí a la solicitud de los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki de un plazo para la eliminación de las armas nucleares, teniendo en cuenta las reuniones preparatorias de 2004 y la Conferencia de Revisión del Tratado de no proliferación nuclear en 2005. 
El rechazo de la enmienda de los Verdes, que instaba al desarme nuclear por parte de Francia y Gran Bretaña, es lamentable, pero sin duda perseveraremos en ese objetivo. 
.Puesto que no estoy a favor de ninguna forma particular de expresarse, acojo con satisfacción la aprobación de esta resolución, porque en términos generales su objetivo principal es el desarme nuclear internacional, y solicita que todos los países con armamento nuclear se comprometan a reducirlo y a eliminarlo. 
Esto tiene una relevancia especial, dada la situación internacional, marcada por un militarismo creciente y un intervencionismo militar guiado por los Estados Unidos, –solo hay que mirar los ataques sobre Yugoslavia, Afganistán y el Iraq, la decisión de la administración de los Estados Unidos de desarrollar nuevas generaciones de armas nucleares desplegables en operaciones militares y el aumento del presupuesto de «defensa» – acompañado por una serie de países de la UE que siguen desarrollando proyectos de cooperación en la industria defensiva: Alemania, Francia y el Reino Unido. 
Deberíamos ir más allá, sin limitarnos a la no proliferación, sino pasar al verdadero desarme, al que se oponen los intereses y fuerzas políticas, económicas y militares que no solo intentan ignorar los intereses y sentimientos generales del público sino que también, y no siempre de manera abierta, intentan resistirse a los efectos prácticos de las resoluciones de no proliferación. 
Por esta razón fue especialmente importante que la enmienda presentada por mi grupo sobre el establecimiento de una zona libre de armamento nuclear en Oriente Próximo se aprobara, por un solo voto. 
.– He votado en contra del informe Wallis sobre «Legislar mejor» en protesta en contra de una actitud lamentablemente extendida: la de emitir, como aquí, palabras bonitas sobre la necesidad de respetar la subsidiariedad, mientras por otra parte se aprueban textos que la violan descaradamente. 
Por ejemplo, durante esta sesión, el Parlamento Europeo acaba de adoptar una resolución sobre el Consejo de primavera que solicita una mejor «gobernanza económica» a escala europea, lo cual significa una mayor centralización de las políticas económicas a la vez que estas tienen que seguir siendo competencia nacional. 
De modo similar, en las dos sesiones anteriores esta Cámara solicitó un «marco jurídico europeo» de servicios de interés general, que legitimará las interferencias injustificadas por parte de la Comisión en el funcionamiento de los servicios públicos nacionales y locales. 
El informe Wallis también apoya la idea de un sistema de «alerta temprana» , tal y como se propone en el proyecto de Constitución, que permite a los parlamentos nacionales llamar la atención de las instituciones de Bruselas acerca de las violaciones de la subsidiariedad. 
Pero es pura fachada, porque no concede a los parlamentos nacionales un poder real de oposición. 
Además, el informe Wallis pretende extender esto a las asambleas regionales, lo cual sería perverso, ya que establecería un vínculo directo entre Bruselas y las regiones, pasando por alto a los Estados. 
.– Como la mayoría, el Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias condena el hecho de que, a pesar de repetidas peticiones, la Comisión no ha presentado una situación clara, relevante y significativa de la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
Sin embargo, aprobamos la solicitud a la Comisión de abstenerse de interferir en ámbitos que se tratan mejor mediante niveles de gobierno más cercanos a los ciudadanos. 
El Grupo EDD también apoya el seguimiento de la subsidiariedad de manera que implique a los parlamentos nacionales en una fase temprana del procedimiento legislativo. 
No obstante, en ese caso, los miembros del Grupo EDD de Caza, Pesca, Naturaleza y Tradiciones (CPNT) no pueden aceptar la idea de que el destino de una objeción presentada oficialmente por los parlamentos nacionales en contra de una propuesta de la Comisión deba ser objeto de la voluntad de la última de retener, modificar o rechazar el texto en cuestión. 
Y aun así, esa es la solución que recomienda este informe, que se basa en el protocolo anexo al proyecto de constitución. 
Ese proyecto fracasó en la delimitación de competencias y buscó únicamente incrementar la esfera de acción de las instituciones comunitarias para intervenir. 
Los diputados de esta Cámara del CPNT se opondrán a esto si ve la luz del día, al igual que se oponen hoy en el contexto de este informe. 
He votado a favor del informe porque creo que el equilibrio de las relaciones institucionales en la Unión Europea depende de la correcta interpretación y aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, a los que creo que se debería añadir el de la adecuación. 
La acción a escala comunitaria, cuyos efectos positivos incluyen soluciones como el método abierto de coordinación, compartir buenas prácticas y adoptar normas comunes de calidad debería, tal y como la ponente afirma, centrarse, si no restringirse únicamente a ello, en aquellas cuestiones para las que existe un mecanismo legal que atribuye competencias a Europa, o aquellas cuestiones en las que la acción comunitaria es genuinamente efectiva. 
Será muy importante aclarar estos principios si optamos por un enfoque, en términos del sistema jurídico, basado en la consolidación de la división de competencias, frente a una política de expansionismo legislativo. 
El principio de subsidiariedad significa actuar a un nivel más alto, si, y solo si, esto significa la obtención de mejores resultados de los que se obtendrían en general con una acción más efectiva a un nivel más cercano a los ciudadanos. 
En breve, apoyo la postura de la ponente acerca de la necesidad de que la Comisión se centre en cuestiones realmente europeas. 
El tema principal de la próxima Cumbre de primavera será el seguimiento de la estrategia de Lisboa, cuyo objetivo es hacer de la Unión Europea la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible, empleo pleno, reducción de la pobreza y una cohesión social mayor. 
Actualmente, factores como la recesión económica, en envejecimiento demográfico, una tasa de desempleo creciente y la falta de nuevos empleos están dificultando la realización de estos objetivos. 
También es preocupante que los Estados miembros hayan aplicado únicamente un 40% de las medidas comunitarias en el contexto de la estrategia de Lisboa. 
Esto hace esencial que en la próxima Cumbre de primavera se subraye la necesidad de reforzar la coordinación de las políticas económicas, de empleo y sociales de la Unión Europea y de los Estados miembros, y de llevar a cabo reformas estructurales siguiendo una hoja de ruta clara con plazos específicos. 
Debería prestarse especial atención a la competitividad, la investigación, la educación y el aprendizaje de por vida, por no mencionar las reformas jurídicas, financieras y fiscales necesarias para permitir a las PYME que ayuden a lograr los objetivos de Lisboa. 
Por último, hay que definir un papel claro del Parlamento en la fase previa a las cumbres anuales de primavera. 
.– Me he abstenido en la resolución propuesta conjuntamente por los grupos grandes sobre los preparativos para la cumbre de primavera de 2004 porque, aunque está llena de buenas intenciones, se olvida de los elementos claves de la cuestión. 
Incluso se podría decir que las personas que lo redactaron estaban intentando mostrar los fracasos que denuncié durante el debate de ayer: reglamentos en aumento (ver párrafo 18, por ejemplo) , coordinación (párrafo 2) e incluso una «sincronización reforzada de los procesos de coordinación» (párrafo 15) ; ni se mencionan los problemas de los recortes de los impuestos obligatorios, el apoyo a los creadores de la riqueza o la restauración de las preferencias comunitarias. 
No obstante, ¿podríamos esperar algo firme de una resolución que, como muchas otras en esta Asamblea, es el resultado de un compromiso entre la derecha y los socialistas? 
Los principales países de Europa se están hundiendo en el estancamiento, una mayor parálisis y una fuga de cerebros, porque parecen creer que los procedimientos administrativos crean riqueza, mientras que como mucho proporcionan a sus creadores unas condiciones favorables. 
A ellos se les debería dar prioridad. 
Pero eso implica una revolución de ideas que la derecha no logrará aliándose con los socialistas. 
– El próximo Consejo Europeo de primavera girará en torno a dos documentos clave publicados en meses recientes: el Informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y el informe del task force sobre el empleo que se menciona en el párrafo 19 de la resolución actual. La resolución fue presentada por nuestro grupo político y otros, y la apoyo plenamente. 
Estos dos documentos afirman que para reforzar una recuperación económica en Europa es esencial una aplicación más decidida y activa de la agenda de Lisboa y de la Estrategia europea de empleo. 
Los seis millones de empleos creados desde 1999 demuestran que debemos seguir este camino. 
Como ha señalado el Sr. Wim Kok, las asociaciones a todos los niveles, al igual que la gobernanza, deben mejorarse a fin de asegurar que las reformas se aplican de manera todavía más efectiva. 
La aceleración de las innovaciones técnicas y la mundialización del comercio hacen esencial que todos los europeos y las políticas se movilicen. 
Como ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre las Directrices de empleo 2004, espero ver surgir una tendencia de crecimiento en Europa, al igual que una cultura de desarrollo económico. 
La financiación comunitaria que tiene como objetivo la creación de empleo, en particular a través del Fondo Social Europeo, tiene que aparecer de modo más claro a los ojos de nuestros ciudadanos, para que la Unión Europea aparezca como el «portador de proyectos». 
– En cuanto a la Cumbre de primavera de 2004, la Comisión ha desperdiciado una buena oportunidad de dar su opinión subrayando prioridades reales que han sido dejadas de lado durante mucho tiempo, y cuya urgencia debería haber sido la base de esta resolución. 
La decadencia de características medioambientales básicas –causada por décadas de obsesión occidental insostenible por la productividad, ignorando una serie de indicadores, incluidos los medioambientales– es todavía más obvia en cuanto a la alteración del clima, un descenso de la biodiversidad y un aumento marcado de enfermedades relacionadas con la contaminación. 
Estos fenómenos son todavía más alarmantes porque ahora parecen ser irreversibles. 
Están tan extendidos en el mundo que es imperativo que, de ahora en adelante, se sitúen en el centro de una gestión de las políticas comunitarias, revisando radicalmente las dimensiones específicas económicas, financieras o sociales que ahora son obsoletas. 
La Cumbre de primavera debe poner el sello de cierre en el cambio de era y reconocer la necesidad de reestructurar la energía, donde «renovable» , «sostenible» y «económico» son palabras claves. 
Cambiar el enfoque tradicional, tóxico y utilizado en exceso daría paso a una nueva generación de empleos: empleos del servicio público y empleos de la economía terciaria y social, libre de las presiones de las horas de trabajo grabadas en piedra, una creciente inseguridad en el empleo en ciertos sectores y una discriminación desfasada. 
Como símbolo del fin de estos modelos de pensamiento y trabajo obsoletos, una reforma de la ecotasa sobre la base de un ajuste de las prácticas fiscales hace esencial una nueva política económica común, que rompa esta colusión entre el crecimiento económico y el uso de los recursos. 
.– Hace cuatro años, los Quince prometieron en Lisboa hacer la economía europea la más dinámica y la más competitiva del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible junto con una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor cohesión. 
La jerga europea puede utilizarse para pintar el brillante futuro, pero no puede esconder la dura realidad. 
La estrategia de Lisboa no fue sino un aluvión de ataques a los empleados. 
La Unión Europea ha demostrado ser incapaz de impedir los despidos en el mercado bursátil, los planes sociales y la clausura de los compromisos. 
Es todavía más escandaloso que se utilizaran fondos públicos para inflar los dividendos de los accionistas, por ejemplo, en STMicroelectronics. 
La Unión Europea nunca ha encontrado modos de luchar con los jefes decadentes, como los de Parmalat.Por el contrario, la UE sigue protegiendo los paraísos fiscales y el secretismo bancario. 
Sin embargo, Lisboa trata principalmente de reformas estructurales del mercado laboral basadas en la flexibilidad, la precariedad y la reducción de los salarios. 
Por último, trata de la comercialización de los servicios públicos en detrimento de los ciudadanos. 
Por esta razón la Cumbre europea de primavera de 2004 debe romper radicalmente con el proceso de Lisboa. 
Como la resolución conjunta se negaba a realizar esto, he votado en contra de ella. 
– El aspecto positivo del informe sobre las amplias directrices de las políticas económicas es el deseo de implicar a los parlamentos nacionales en el proceso de Lisboa, asegurándose de que organizan debates parlamentarios antes del Consejo de primavera. 
Por otra parte, no es realista afirmar que, implicando al Parlamento Europeo en la preparación para las cumbres de primavera, el déficit democrático ya no existirá en la gobernanza económica. 
También deberíamos negarnos a dar más influencia a la Comisión Europea en la coordinación de las políticas económicas. 
Al atacar la decisión de noviembre de 2003 de los ministros de Ecofin de poner fin a las sanciones en contra de Francia y Alemania por su déficit excesivo, la Comisión Europea demostró tener demasiado poder. 
Los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que no son justificables desde el punto de vista económico, deben eliminarse para permitir a los Estados miembros llevar a cabo políticas presupuestarias que impulsen el crecimiento. 
Por último, nos negamos a aceptar que la única prioridad de la economía europea deba ser el aspecto medioambiental del desarrollo sostenible, dejando así a un lado a los ciudadanos y las regiones de los Estados miembros, víctimas del desempleo y de la despoblación rural. 
Concedamos a las personas su lugar en la economía dando prioridad al empleo. 
Quiero hacer constar mi apoyo a este informe, que contiene una triste evaluación de la situación económica a que nos enfrentamos y pretende dar prioridad a las respuestas a esa situación. 
También lamento que hasta la fecha no se hayan conseguido los objetivos establecidos por el Consejo Europeo de Lisboa en materia de crecimiento sostenible, pleno empleo e inclusión social. 
Resulta absolutamente urgente que todos y cada uno de los Estados miembros emprendan acciones reales de inmediato para conseguir los objetivos de Lisboa. 
Su comportamiento hasta la fecha es totalmente inaceptable. 
Me refiero a las conclusiones de la Comisión sobre el cumplimiento de los objetivos de Lisboa publicados el mes pasado, que indican que la tasa de transposición media de los Estados miembros con respecto a las 40 directivas cuya transposición debería haberse completado para finales de 2003 era solo del 58,3 %. 
¡Solo se ha completado la transposición de 7 de las 40 por parte de todos los Estados miembros! 
Así pues, no cabe duda de que necesitamos urgentemente que los Estados miembros atiendan a las demandas de este informe, particularmente las relacionadas con la necesidad de más puestos de trabajo, sobre todo puestos de mejor calidad, cohesión social (como objetivo clave de las directrices de empleo europeas) y más inversión en investigación y desarrollo. 
Hay muchísimas lagunas en la descripción de la situación económica y social de la Unión Europea contenida en el informe, aunque no se niega el marcado receso de la actuación económica desde el año 2000, la subida del desempleo y los persistentes altos niveles de pobreza y de las tasas de abandono temprano de la escuela. 
No obstante, las tendencias identificadas no han alterado ni una coma de las directrices de política económica y monetaria que se siguen, que continúan favoreciendo las «reformas estructurales» de la «estrategia de Lisboa» como medio para alcanzar el sacrosanto objetivo del incremento de la competitividad. 
Por eso, voy a votar en contra del informe. 
Se ha pasado por alto que debido en gran parte a los obstáculos impuestos por el Pacto de Estabilidad y por una política monetaria excesivamente restrictiva, ha habido un descenso continuo en la tasa de crecimiento del PIB en la Unión Europea, ocasionando el estancamiento de la economía de Europa que lleva a un incremento del desempleo. 
Debería aplicarse una política para impulsar el crecimiento económico y para apoyar la demanda a corto y medio plazo, mediante un compromiso para promover la producción y el empleo a fin de impulsar el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social, y basada en un aumento sostenido de la inversión pública a escala nacional y comunitaria, especialmente en cuanto a infraestructura básica, en cualificaciones y formación profesional, en investigación e innovación, en el medio ambiente y en el apoyo a pequeñas y medianas empresas. 
.– El informe Randzio-Plath observa que las perspectivas de empleo se deterioraron en 2003, pero plantea explicaciones vagas y repetitivas. 
Según el informe, si se ha producido un descenso de la tasa de crecimiento, se debe a las reformas estructurales, y si nos alejamos del empleo pleno, se debe a los retrasos en la aplicación de la estrategia de Lisboa. 
En mi opinión, ha ocurrido lo contrario. 
La depresión actual es el resultado de reducciones salariales y recortes del gasto público. 
Sin embargo, también es resultado de un control asfixiante de los tipos de interés. 
El informe persigue una línea sin beneficio solicitando a los Estados miembros que favorezcan la competitividad industrial acerca de las necesidades, y que eliminen los obstáculos fiscales prescindiendo de los medios para equilibrar las finanzas públicas en forma de impuesto sobre los beneficios de inversión. 
Esa cabezonería equivocada vuelve la espalda a los objetivos perennes de la cualificación y el esfuerzo en materia de investigación y desarrollo, que por otra parte el informe promueve. 
Es desalentador ver hasta qué punto esta ideología neoliberal no cambia. 
Hace dos años podría haberse escrito el mismo informe, y el próximo será similar. 
Por ese motivo he votado de nuevo en contra de este recital de dogmas absurdos que llevan a toda Europea al desempleo y a las desigualdades 
– (FR) Al adoptar el informe Bigliardo sobre las finanzas públicas en la UME, el Parlamento Europeo ha eliminado por fin del texto original las solicitudes de sanción en contra de Francia y Alemania por no respetar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Es una sabia decisión. 
No obstante, he votado en contra de la totalidad del texto porque lo que queda apenas mejora lo que se eliminó. 
En efecto, el informe sugiere medidas para reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a fin de hacerlo inteligente, lo cual es imposible. 
El Pacto en sí es tonto, porque impone una regla presupuestaria uniforme que siempre será arbitraria, aunque se hiciera más sofisticada en el futuro. 
En cambio, cada gobierno, que debe responder ante su gente, debe disponer de una mayor libertad para evaluar la política que interesa más a la sociedad. 
Por supuesto, podría afirmarse que la existencia del euro quiere decir que es esencial cierto tipo de armonización del comportamiento presupuestario. 
Sin embargo, esta regla no es rígida, como vemos actualmente, puesto que el euro se encuentra en un alto nivel a pesar de la total divergencia de las políticas nacionales. 
En cualquier caso, si la unificación monetaria tuviera que conllevar una normalización presupuestaria o de otro tipo, esto produciría unos costes tan exorbitantes que sería aconsejable cuestionar si el proceso todavía era beneficioso en su conjunto. 
Lamento que mi propuesta de solicitud «inmediata a la Comisión y al Consejo para realizar los ajustes necesarios a las directrices de política económica y monetaria con vistas a sustituir el Pacto de Estabilidad con un Pacto de Progreso Social y Empleo en línea con los objetivos del empleo pleno, desarrollo económico sostenible y cohesión económica y social» no se hiciera constar. 
Digo esto porque es una cuestión de gran importancia, en el contexto actual, para establecer una política que impulse el crecimiento económico a fin de promover el desarrollo económico, el empleo y la cohesión social. 
Es esencial que tengamos una política presupuestaria expansionista que asegure y acelere la recuperación económica necesaria, y a fin de lograr esto necesitamos reforzar la inversión pública a escala nacional y comunitaria. 
También lamento que mi propuesta para «evaluar el impacto de aplicación del Pacto de Estabilidad sobre la aplicación de los Fondos Estructurales» no haya sido aprobada, puesto que este es el instrumento principal de la Comunidad para promover la cohesión económica y social. 
– La mayoría federalista del Parlamento quería hacer de este informe un acto político de apoyo a la Comisión en su disputa con el Consejo. 
Por esa razón he votado en contra de su aprobación. 
Al apelar al Tribunal de Justicia en cuanto a la acción del Consejo de 25 de noviembre de 2003 para suspender las acciones judiciales instituidas por la Comisión en contra de Francia y Alemania por déficit presupuestario «excesivo» , el colegio de Bruselas ha demostrado que verdaderamente se ha convertido en un electrón libre, un organismo totalmente irresponsable e incontrolable. 
De hecho, ¿que es más «tonto» –por citar al Sr. Prodi acerca del tema del Pacto de Estabilidad y Crecimiento– que este yugo presupuestario si no lo es la decisión de aplicarlo sin importar nada y, si es necesario, por la fuerza? 
Esta elección arbitraria es consecuencia directa de las lamentables tendencias federalistas de la Unión Europea. 
Los Estados miembros están pagando el precio de las muchas transferencias de competencias nacionales aplicadas desde Maastricht, que benefician a las instituciones tecnócratas, centralistas y burocráticas que están totalmente desconectadas de la realidad. 
No cabe ninguna duda de que todo este asalto sobre la política, realizado con la complicidad del Parlamento, será juzgado severamente por los ciudadanos. 
He votado a favor del excelente informe del Sr. Bigliardo, que proporcionaba un examen de las razones inmediatas por las que la economía de Europa está «al límite del estancamiento» sin perder de vista la importancia de la inversión en el futuro de unas finanzas públicas saneadas. 
De hecho, la economía de Europa se enfrenta a un descenso marcado de la inversión en el sector público y en el privado. Por otra parte, los eventos geopolíticos como la guerra en el Iraq o el brote de SRAS han tenido un efecto especialmente adverso en la confianza y el crecimiento económico en Europa. 
Además, la apreciación del euro contra el dólar también supone un freno a la competitividad de Europa. 
Los efectos del enfoque reciente y más flexible a la carta del Pacto de Estabilidad y Crecimiento han de verse comparados con este telón de fondo difícil. 
Como afirma el informe de manera acertada, Portugal fue el primer país de la eurozona contra el que se iniciaron procedimientos de déficit excesivo, debido a la violación cometida en 2001. 
Por consiguiente, el gobierno portugués elegido en 2002 se ha comprometido plenamente, pagando el precio de varios sacrificios y medidas impopulares, a cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
La semana pasada, el Primer Ministro de Portugal anunció que en el año 2003, como en el año 2002, el país había cumplido con el límite del déficit presupuestario del 2.8 %. 
No me asocié a las enmiendas presentadas por el Grupo Unión por la Europa de las Naciones porque únicamente reflejaban cuestiones de interés especial para Francia, bastante distintas desde el punto de vista de Portugal. 
En 2003, la Comisión se vio obligada, por tercer año consecutivo, a revisar sus previsiones económicas a la baja. 
La economía europea está en baja forma, y tres países, incluidos Francia y Alemania, que juntos suponen la mitad del PIB de la eurozona, sufrieron déficit presupuestario por encima del límite del 3% del PIB definido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
El ponente subraya la importancia de no cuestionar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en un momento en el que la economía europea apenas está despegando. 
El informe apoya el cumplimiento de la letra con las condiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Es totalmente crucial para la confianza de las personas en los reglamentos que los criterios estén claros, puedan medirse y sean objetivos. 
No obstante, no puedo apoyar el párrafo 19, que dice que «es preciso incrementar las asignaciones presupuestarias a escala europea y nacional» , es decir, otro incremento en los impuestos. 
Y esa no es la medicina adecuada en una situación de estancamiento económico. 
. Queremos subrayar nuestra creencia en que la Unión Europea no debería financiar partidos europeos. 
Aunque mi partido, el Partido socialista neerlandés, siempre ha apoyado la ambición de lograr un Estatuto de los diputados, pedimos al gobierno neerlandés ya a finales de 2002, como parte de este estatuto, que rechazara en el Consejo el salario mensual excesivo de 8 600 euros para los eurodiputados, como determina el Parlamento. 
Un salario así atrae a las personas equivocadas para la función de eurodiputado. 
Un aumento es totalmente injustificable en un momento en el que se está despidiendo a mucha gente y la seguridad social se está parando. 
Me sorprende el afán con el que los social-demócratas y los verdes están presentando enmiendas que pretenden que los Estados miembros acepten el Estatuto de los diputados en este momento, sin indicar que los salarios mencionados en el estatuto son excesivos. 
Del mismo modo, sin duda no apoyo el uso de los fondos parlamentarios para garantizar la financiación de los grupos políticos europeos, si el objeto es esquivar las objeciones de la Comisión. 
De momento, la UE todavía tiene un superávit de financiación disponible si ponemos fin a los incidentes importantes de gasto inferior, el prestigioso proyecto inútil Galileo que ahora gestiona la competencia, el desperdicio de las subvenciones agrícolas a grandes compañías, los planes militares y los costosos fraudes. 
Esto no justifica que los políticos busquen el derecho a gastar este superávit en ellos mismos. 
.Esta explicación de voto únicamente pretende subrayar lo que consideramos una inversión de prioridades en cuanto al presupuesto, algo que puede decirse que ilustra este informe de manera muy completa. 
En primer lugar y sobre todo, solo es posible discernir los límites de las restricciones presupuestarias una vez hayamos visto el modo en que funcionan y cómo pueden mejorarse, y casi más importante, cómo abordar los requisitos existentes y los nuevos. 
A modo ilustrativo, queremos subrayar el hecho de que para nosotros, las cuestiones multilingües no son técnicas, sino más bien de una importancia política vital. 
Del mismo modo, tenemos grandes reservas acerca de la creación de una asamblea parlamentaria para la OMC, y no solo por razones presupuestarias. 
Nos referiremos en otras ocasiones a las muchas otras cuestiones incluidas en este informe. 
Me complace apoyar este informe y también acojo con satisfacción la comunicación de la Comisión sobre «Un nuevo impulso para la juventud europea». 
Es sumamente importante que la gente joven participe al máximo posible en nuestro diálogo político. 
De hecho, sin su implicación, ese diálogo está condenado a ser muy efímero. 
Apoyo particularmente la llamada de atención sobre las redes de información de la Comisión y, en este sentido, felicito a la Comisión por la decisión que tomó el pasado mes de noviembre de dar marcha atrás a los recortes que había propuesto en la financiación de sus centros de información sobre Europa. 
Yo me puse en contacto con la Comisión el pasado mes de octubre, cuando anunció repentinamente que unos 270 de estos centros iban a dejar de recibir fondos, para pedirle que diese marcha atrás a esa decisión. 
Esos centros realizan una función muy útil en el plano local y regional, difundiendo información acerca de Europa. 
Esta función es todavía más importante en el contexto de la ampliación de la Unión Europea y las próximas elecciones al PE. 
Aunque de manera no muy crítica, este informe se dirige al documento de la Comisión en sus propuestas relativas a objetivos comunes divididos en dos áreas temáticas prioritarias: la participación y la información de la juventud. 
De hecho, hace poco por seguir el propio Libro Blanco y ni siquiera cuestiona el modo en el que se llevan a cabo ciertas iniciativas, especialmente la Semana de la Juventud Europea, que apenas se ha hecho sentir en Portugal. 
No obstante, subraya algunos aspectos y presenta propuestas que tienen que tenerse en cuenta, especialmente cuando pide a los Estados miembros que identifiquen oportunidades para que los jóvenes participen en la toma de decisiones a escala local, regional y nacional y que encuentren modos efectivos de que se escuchen las opiniones de los jóvenes. 
Sin embargo, en este ámbito de participación es importante que se tengan en cuenta ciertos factores que repercuten en la participación, como la igualdad de acceso a la educación; la participación en la vida escolar además de los requisitos curriculares, libertad y autonomía de asociación para los estudiantes; derecho al trabajo y al empleo con derechos plenos y libertad sindical; y un llamamiento a que los jóvenes se impliquen en distintos ámbitos sociales y políticos en relación con diversas circunstancias locales, regionales y nacionales. 
Estamos totalmente de acuerdo con las intenciones mencionadas en los primeros párrafos del informe sobre la juventud del Sr. Gröner, de intercambiar buenas prácticas y obtener un enriquecimiento a través del conocimiento. 
Por otro lado, no debemos dejar que las cosas se nos escapen de las manos y proporcionar a la Comisión una herramienta propagandística dirigida a la gente joven, descrita como «grupo destino». 
¿Tenemos que señalar que la característica distintiva de los regímenes totalitarios es reclutar a gente joven? 
A ese respecto, no podemos apoyar el informe Graça Moura. 
Los miembros elegidos de la delegación del CPNT (Caza, Pesca, Naturaleza y Tradición) en el Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias consideran que la educación es una cuestión demasiado importante como para permitir que la Comisión se inmiscuya sin ningún tipo de consideración por el principio de subsidiariedad. 
Por el contrario, pedimos a la Unión Europea que deje la mayor capacidad de maniobra posible a los Estados Miembros para mantener y desarrollar mecanismos que promuevan el acceso a la educación y la cultura al mayor número de personas posible a lo ancho y largo de los Estados Miembros. 
Esto implica abandonar la imposición de reformas estructurales, otra expresión que indica inflexibilidad presupuestaria o el mantenimiento de engorrosas estructuras obsoletas. 
El informe subraya ciertos aspectos que hay que considerar, especialmente la necesidad de aquellos Estados miembros cuyo PIB es inferior a la media de la UE de centrarse más en sus presupuestos de educación e insistir en la necesidad de que los alumnos aprendan dos idiomas. 
Sin embargo, el informe incluye una serie de contradicciones, y aboga por una postura federalista que no compartimos. 
De hecho tememos la existencia de una tendencia peligrosa hacia una financiación diferencial para las escuelas, según posean programas que fomenten una «identidad europea» , que es otra forma de introducir presiones arbitrarias en la financiación de la educación, y un medio encubierto finamente de interferir en los planes de estudio nacionales y en los sistemas educativos. 
Necesitamos prestar más atención al reconocimiento y la toma de conciencia de la historia de cada país, y no volver a escribir la historia y restringirnos a la «dimensión europea». 
Acojo con satisfacción la iniciativa del ponente de proponer un debate a escala europea acerca del papel de los colegios y de la educación en los colegios para maximizar el acceso público a la cultura. 
Lo que considero especialmente importante es la reposición de los parámetros de educación y cultura, no solo en el contexto de la ampliación, sino también en el de la identidad europea que, como he estado diciendo, toma su fuerza de la variedad de las distintas culturas que la componen. 
Agradezco la intención de proporcionar a la dimensión europea una presencia efectiva, en especial en la enseñanza de idiomas, y no solo en temas directamente relacionados, sino también en todas las otras áreas escolares. 
Sin embargo, quisiera poner una nota de atención en la educación desarraigada y el eurocentrismo, que ignoran las culturas nacionales y su presencia fuera del ámbito europeo. 
Por otro lado, considero el deseo expresado por los jóvenes en general de familiarizarse con el patrimonio cultural y los valores que subyacen las identidades nacionales como algo positivo, y lo mismo puede decirse de la opción de «regresar a nuestros orígenes» recomendada en la enseñanza de la historia. 
He votado a favor del informe, aunque en algunos aspectos del mismo creo que es importante permanecer alerta sobre el riesgo de mezclar la división de competencias sobre la cultura entre los Estados miembros y la Unión Europea que se establece en los tratados. 
Señor Presidente, el hecho de que hayamos votado a favor de este informe del Sr. Belder no implica interferencia alguna en la estructura interna de poder de Rusia; el Parlamento Europeo debe respetar la soberanía de Rusia. 
Sin embargo, significa que deberíamos aprovechar esta oportunidad para dar un nuevo impulso al debate sobre la política de la UE hacia Rusia justo en el momento en el que, por virtud de la ampliación, estamos ganando fronteras comunes debido a la adhesión a la Unión Europea de países que anteriormente estaban bajo la esfera de influencia de la antigua Unión Soviética, y que inevitablemente tendremos que subrayar algunos puntos importantes en este ámbito. 
La Unión Europea no puede elegir a sus vecinos, pero puede elegir a los países con los que quiere cooperar. 
Este informe debería ser una llamada de atención que nos recordara la falta de progreso en la cooperación con Rusia, la difícil situación que persiste en Chechenia, donde es casi imposible reconciliar el respeto por los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, y la fragilidad de ciertos aspectos clave de la construcción de la democracia en ese país. 
¿Son estas razones suficientes para que debilitemos nuestro compromiso para con nuestras relaciones estratégicas con Rusia? 
No, más bien al contrario. 
De lo que se trata aquí es de la necesidad de encontrar modos de hacer más efectiva la asociación entre la Unión Europea y Rusia, no solo en términos políticos sino también en términos económicos, de seguridad, europeos y de estabilidad mundial. 
.– El Parlamento Europeo tiene razón cuando expresa su preocupación acerca de la situación en Rusia y recomienda al Consejo que promueva los derechos humanos, la democracia, la independencia mediática, el desarrollo de la sociedad civil, la libertad religiosa, el Estado de derecho y la transparencia, con especial atención en cuanto a la búsqueda de una mejora urgente de la situación en Chechenia. 
Por último, indica claramente la responsabilidad de Rusia en los actos de violencia en esta sucia guerra. 
No obstante, hay una enorme brecha: la cuestión social. 
No podemos ignorarla o lamentar el lento progreso de las reformas cuando la UE apoyó totalmente el cambio hacia la liberalización en Rusia. 
Sin embargo, las privatizaciones fueron fraudulentas (con gigantes financieros convertidos en monopolios por casi nada y enormes evasiones de impuestos) , lo cual explica por qué la vergonzosa oligarquía rusa se encuentra con la indiferencia de los ciudadanos. 
Los ciudadanos rusos se encuentran actualmente en proceso de privatización del sistema de pensiones, de los servicios comunitarios y de la reforma del código laboral. 
Las reformas de educación y sanidad se encuentran también en proceso de disminución de carga de impuestos. 
Es significativo que la resolución no recomiende nada con respecto a los derechos sindicales o una distribución más justa de la riqueza. 
Ante una resolución tan lamentablemente parcial, me abstengo de votar. 
Cuando se trata de las relaciones con Rusia, existen dos extremos en la UE. 
Por una parte están los que quieren vengarse del viejo adversario, la Unión Soviética, y que consideran a la Rusia actual, sobre todo, una tierra conquistada que debe seguir produciendo petróleo y gas natural durante algún tiempo. 
Por otra parte están los que quieren a Rusia como amigo a largo plazo, porque es un vecino cercano, tiene muchos habitantes y merece apoyo como país en desarrollo. 
Estas dos opiniones bastante opuestas al final tienen la misma consecuencia negativa. 
Los intereses en la propia economía o los intereses ajenos de solidaridad les llevan a pasar por alto las deficiencias en los ámbitos de la protección medioambiental, los derechos humanos y la democracia. 
Si se salen con la suya, Rusia puede seguir convirtiéndose sin obstáculos en un Estado que intimide a sus oponentes a fin de retirarse de cualquier actividad política, privar al parlamento de su función, aplastar las minorías nacionales mediante medios militares y subordinar totalmente el medio ambiente al beneficio económico esperado a corto plazo. 
Si seguimos dejando a un lado los problemas actuales de Rusia, la UE será responsable de crear un monstruo como vecino. 
Los Estados miembros no deberían buscar conflictos con Rusia, pero tampoco ellos deberían, a ningún precio, evitar tensiones con su gobierno. 
Por esta razón es necesario que el Parlamento realice una declaración crítica. 
– A pocas semanas para la ampliación que hará de Rusia nuestro vecino más inmediato, parecería esencial fortalecer los lazos políticos con esta gran nación. 
Lógicamente, este informe debería haber permitido proporcionar a la Federación Rusa una fuerte señal. 
Sin embargo, el Parlamento no decidió tomar esta línea de acción. 
En lugar de adoptar un enfoque constructivo de asociación con Rusia, la mayoría del Parlamento decidió elegir deliberadamente el camino fácil, es decir, la ideología inútil y la repulsa. 
Además de las habituales suposiciones maniqueas extrapoladas del conflicto que enfrenta a los poderes legales contra el terrorismo islámico operativo en la provincia chechena, el informe contiene en esta ocasión unas asombrosas observaciones sobre la situación política interna en Rusia. 
¿Con qué derecho, por ejemplo, se permite al Parlamento Europeo cuestionar la honestidad de las votaciones legislativas de Diciembre de 2003, o lo que es aún más serio, criticar abiertamente sus resultados? 
¿Cómo se atreve el Parlamento a hablar sobre un proceso diseñado para debilitar el Estado de derecho y la democracia? 
Estos supuestos juicios morales sobre una situación, cuya complejidad no saben ver los fanáticos de los derechos humanos, desacreditan a una Unión Europea que sin duda es bastante inmadura. 
Los problemas que causan estragos hoy en día en Rusia están bastante claros, como lo está el hecho de que algunos de estos problemas son, por ejemplo, tener una repercusión negativa sobre las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. 
El más preocupante de ellos es la situación en Chechenia, el declive de la democracia y los obstáculos a la libertad de información, por no mencionar el clima social en declive. 
Las recientes noticias del despido del gobierno ruso diez días antes de las elecciones presidenciales justifican los miedos de que estos síntomas empeoren y de que las tensiones internas aumenten, lo cual probablemente no mejorará las relaciones entre la Unión y Rusia. 
De acuerdo con esta propuesta de recomendación, que, hablando objetivamente, tiene el mérito de enumerar los ámbitos problemáticos sin ninguna artimaña, considero que se aconsejaría al Consejo que hiciera uso de la moderación al abordar esta cuestión, porque no debe pasar por alto ni la importancia estratégica vital de Rusia como puente entre Europa y Asia ni el progreso realizado hasta la fecha. 
Sin reducir sus críticas ni su vigilancia, corresponde a la Unión Europea fomentar la creación de un marco basado en la confianza y reforzar los lazos con este importante socio. 
Por ello, he votado a favor. 
La prevalente falta de seguridad en los tres países del Cáucaso Meridional, que mina su desarrollo y despegue económico, combinada con la amenaza a Europa representada por la inestabilidad de estos países, y que se confirmó en las recientes elecciones generales en Armenia, Azerbaiján y Georgia, significa que necesitamos reforzar la cooperación entre la Unión Europea y esta región. 
La atmósfera de desconfianza política, déficit democrático, pobreza extendida y aumento de la corrupción hacen la situación en cada uno de estos países más peligrosa. 
Si a esta situación interna le añadimos la creciente competencia entre los vecinos de estos países y las grandes potencias por una mayor influencia en este cruce de caminos estratégicamente sensible entre Europa y Asia, entre civilizaciones, religiones y grupos étnicos, podemos ver la necesidad de apoyo internacional a fin de estimular el progreso hacia la democracia, los derechos humanos, la paz, el desarrollo económico y la justicia social. 
Por lo tanto, existe una justificación para que la Unión Europea actúe de manera más coherente, quizás mediante una estrategia común. Esto también lo justifica la fuerte interdependencia entre estos tres países, Rusia, y el resto de países que se encuentran alrededor del mar Caspio. 
La posibilidad de que estos países se unan a la Unión Europea en algún momento, en el futuro, lo cual menciona el ponente, me da motivos de preocupación. 
He votado a favor de la propuesta de recomendación porque pienso que la Unión Europea debería prestar especial atención a la región del Cáucaso, que desde la caída del Imperio soviético ha estado envuelta en una situación preocupante marcada por su incapacidad de abordar los numerosos problemas a los que se enfrenta. 
De hecho, a pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos de Georgia, Armenia y Azerbaiján, el progreso en el establecimiento del Estado de derecho ha sido lento, y existen motivos de grave preocupación acerca de la gestión de los fondos públicos. 
La amenaza que supone esta inestabilidad podría repercutir en la seguridad de Europa, justificando así la intervención comunitaria para regularizar cuestiones bilaterales y promover la paz interna, mediante acciones cuyo objetivo sea mejorar la cooperación regional y la reconstrucción post-conflicto. 
La importancia de esta región justifica la adopción de una estrategia común complementada por una política coherente para toda la región: un pacto de estabilidad para el Cáucaso. 
Con este telón de fondo, el ponente tiene mi apoyo para sus propuestas de establecer una comunidad del Cáucaso Meridional y una zona de cooperación ampliada que incluya el mar Negro, el Cáucaso y el mar Caspio. 
En cuanto a las perspectivas a largo plazo de estos países de unirse a la Unión Europea, esto es algo que hay que considerar con realismo y precaución. 
– He votado a favor del informe, especialmente puesto que varias de mis enmiendas han sido aprobadas por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y ahora han sido aprobadas en sesión plenaria. 
Por lo tanto, el Parlamento Europeo ha subrayado a Turquía, por ejemplo, en el considerando P, que el bloqueo al comercio constituye un obstáculo en la región. 
También ha subrayado, en el considerando U, que «ha habido críticas expresadas por la sociedad civil internacional en relación con el proyecto de oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan». 
«Salvaguardia de la libertad de religión» en el Cáucaso meridional se ha incorporado en el considerando D. 
Sin embargo, lamento que la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa no aprobara mi enmienda relativa a la solicitud de reconocimiento turco del genocidio armenio entre 1915 y 1918. 
En interés suyo y del desarrollo de toda la región, Turquía tiene mucho que aprender a este respecto del modo en que Alemania ha tratado su oscuro período histórico de la II Guerra Mundial, y especialmente, su aniquilación del pueblo judío. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto (1). 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente Mesic, es un gran placer para mí darle hoy la bienvenida, aunque esta alegría se ve sin duda empañada por la profunda tristeza compartida que nos produce la noticia de la muerte del Presidente Boris Trajkovski.Señor Presidente, usted llega al Parlamento Europeo en un momento crucial y determinante en la vida de la Unión Europea. 
Este será un año de renovación para nuestro Parlamento, nuestra Comisión y nuestra planificación estratégica para los próximos cinco años. 
También es un momento de renovación de la definición de las relaciones entre la Unión Europea y Croacia.Como sabe, señor Presidente, este Parlamento fue el primero de la Unión en apoyar por mayoría el Acuerdo de Estabilización y Asociación con Croacia, que fue el primer paso indispensable de su viaje –nuestro viaje común– hacia el cumplimiento de una visión europea croata.Nuestra relación se encuentra ahora en un momento no solo de definición, sino también de transformación, pasando de ambiciosas declaraciones a planes de acción y al cumplimiento de los criterios. 
Nuestro objetivo común es que Croacia se convierta finalmente en Estado miembro de la Unión Europea. 
No deberíamos subestimar la magnitud de ese desafío: las perspectivas de convertirse en Estado miembro de la Unión Europea representan un poderoso incentivo para quienes poseen un instinto reformista en su Parlamento y en la vida pública de su país.Las perspectivas de adhesión están relacionadas no solo con el progreso concreto y la obtención de resultados en muchos ámbitos diferentes de la política; también están relacionadas con el ejercicio de una solidaridad y adhesión fiable y responsable con sus vecinos regionales y entre la región y una Europa más amplia. 
Exigirá –y yo sé que usted lo tiene, señor Presidente– un profundo respeto del Estado de derecho y una plena e incondicional cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en La Haya. 
Sé que usted ha demostrado su apoyo personal a este Estado de derecho internacional, testificando ante ese tribunal en La Haya y dando ejemplo, como líder nacional, de la necesidad de comprometerse. 
En esta Cámara hemos nos hemos sentido animados, en varias ocasiones, por el reciente diálogo con líderes croatas. 
Sé que los que han recibido el mandato de dirigir entienden bien estas responsabilidades.Señor Presidente, haciéndome eco de los elogios que pronuncié acerca de usted en una visita a Croacia hace algunos meses, me gustaría, en nombre de esta Cámara, elogiar de nuevo su valiente acto de liderazgo y reconciliación, cuando, hace algún tiempo, junto con el Presidente Marovic de Serbia y Montenegro, se pidieron perdón mutuamente por lo que había sucedido durante la pasada década. 
Este acto no fue inmediatamente percibido por todos los comentaristas y fuerzas políticas de su país como un acto destinado a darle popularidad, pero dice mucho del tipo de hombre que es en términos del liderazgo que pretende ejercer y la suya es una región que necesita urgentemente el poder reparador de este tipo de liderazgo.Señor Presidente, es un placer para mí invitarle a que se dirija al Parlamento Europeo. – Pido a su Señoría que respete la dignidad de esta Cámara.Señor Presidente, usted y solo usted tiene derecho a dirigirse ahora a la Cámara. 
(1). Señor Presidente, distinguidos diputados al Parlamento Europeo, distinguidos observadores, quiero darles las gracias por su invitación y por la oportunidad de dirigirme al Parlamento Europeo en su sesión plenaria de hoy. 
Desafortunadamente, mi intervención tiene que comenzar con tristes noticias. 
Esta mañana, el Sr. Boris Trajkovski, Presidente de la República de Macedonia, resultó muerto en un accidente aéreo. 
Se trata de una pérdida humana que no solo afecta a su familia y a la República de Macedonia, sino que también tendrá consecuencias políticas para la situación en la región. 
Esta tarde yo tenía que reunirme con Boris Trajkovski en una conferencia sobre inversión en Bosnia y Herzegovina. 
Con él y los Presidentes de otros Estados, estábamos trabajando en el programa de estabilización y reconciliación en el sureste de Europa. 
Boris no estará hoy con nosotros en Mostar, pero continuaremos trabajando. 
Esta será la mejor forma de continuar nuestro camino conjunto. 
No creo que este accidente afecte a los procedimientos futuros ni a la integración de la República de Macedonia en la Unión Europea. 
Es un gran placer para mí hablar ante ustedes, en nombre de la República de Croacia, en un momento importante para mi país, así como para el futuro de la Unión: se aproxima el día en el que caerán todas las barreras reales e imaginarias de Europa; esta vez, esperamos, para siempre. 
Permítanme comenzar diciendo, de forma clara y resuelta: la adhesión a la Unión Europea es el principal objetivo de la política exterior de la República de Croacia. 
Me complace comprobar que todos los elementos de la autoridad del Estado han alcanzado un consenso político en esta cuestión: el Parlamento croata, el Gobierno y el Presidente de la República. 
Este objetivo se reafirmó en una resolución del Parlamento croata aprobada en diciembre de 2002 y, a continuación, en la solicitud de adhesión a la Unión Europea, presentada hace un año, en febrero de 2003. 
Este objetivo estratégico goza del apoyo de los partidos políticos y la opinión pública. 
Esto impone una obligación tanto mayor a los líderes políticos del país, así como a todos los estratos de la sociedad croata, cuya participación activa en este esfuerzo resulta vital. 
Nuestro objetivo es Europa, pero no solo la adhesión a la Unión Europea. 
Nuestro principal objetivo es alcanzar y mantener las normas que prevalecen en Europa. 
Somos plenamente conscientes de las dificultades que entraña este ajuste. 
Sin embargo, el ajuste es necesario, para que algún día Croacia pueda participar activamente en instituciones europeas como miembro de pleno derecho. 
La experiencia y la ayuda de otros Estados en este sentido será valiosísima. 
Al igual que algunos de los países que se convertirán pronto en Estados miembros de la Unión Europea de pleno derecho, Croacia ha conseguido su independencia y soberanía recientemente. 
Al igual que ellos, tuvo que enfrentarse al difícil y costoso proceso de la transición política, económica y social. 
Sin embargo, a diferencia de esos países, Croacia tuvo que enfrentarse, en su pasado reciente, a una guerra que le vino impuesta. 
Los estragos de la guerra han dejado profundas heridas, principalmente humanas, pero también en forma de enormes pérdidas materiales. 
Cientos de miles de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares y otras tantas se han quedado sin hogar. 
Así pues, Croacia tuvo que afrontar nuevos desafíos: la reconstrucción de edificios en cientos de ciudades, pueblos y aldeas, y la retirada de minas en miles de kilómetros cuadrados de tierra. 
Por otra parte, teníamos que conseguir algo que los miembros de la Unión afirmaron que resultaba especialmente importante: el establecimiento de la confianza, tolerancia y coexistencia que nos lleven a una reconciliación duradera. 
Esa era la tarea de lejos más difícil, dado que exigía que nosotros, los políticos, tomásemos decisiones y adoptásemos posturas claras y firmes. 
Quiero dejar muy claro que somos totalmente conscientes de nuestra responsabilidad de cumplir nuestras obligaciones. 
Estamos trabajando en la reforma de la administración pública, la armonización de la legislación y la implicación de todo nuestro potencial en el ajuste del sistema. 
Les aseguro que queremos cooperar con el Tribunal de La Haya y que queremos continuar impulsando el retorno de los refugiados, una reforma del poder judicial, la protección de las minorías y la cooperación regional. 
Muchos de ustedes conocen nuestras iniciativas bilaterales en relación con nuestros vecinos, así como nuestra participación activa en organizaciones regionales, como el Pacto de Estabilidad, la Iniciativa Adriático-Jónica, la Iniciativa Centroeuropea y la Cuatrilateral. 
Cada vez vemos esta tarea menos como una pesada carga y más como una labor en la que deberíamos trabajar con perseverancia, para ajustarnos a las normas europeas lo antes posible. 
Sé que están interesados en nuestra postura frente al Tribunal de La Haya. 
Quiero afirmar de forma resuelta e inequívoca que consideramos que la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia nos beneficia a todos los que vivimos en lo que una vez fue Yugoslavia. 
Esta cooperación permite individualizar la culpa y procesar a los individuos por los delitos cometidos durante la guerra. Es la única manera de poner fin a la práctica de la culpa colectiva, por la que los delitos cometidos por individuos se trasladan a toda la nación. 
Por lo tanto, es importante que se haga justicia con todas las personas que cometieron delitos o estuvieron implicadas en ellos de algún modo, poniendo fin así a las acusaciones a naciones enteras. 
Espero que una vez que se haya completado la reforma del poder judicial, los tribunales croatas estén preparados para emitir sentencias en casos de crímenes de guerra. 
Creo que pronto se juzgarán todos los casos pendientes ante los tribunales croatas. 
El destino de los refugiados y desplazados sigue siendo doloroso. 
Con respecto a su retorno, Croacia aprovecha cada oportunidad para conseguir que vuelvan a la República de Croacia, sea cual sea la etnia a la que pertenecen. 
Sin embargo, al tratarse de un país en transición, Croacia se enfrenta a numerosos problemas causados por este retorno. 
La reconstrucción de edificios, que es una condición necesaria para el retorno, no se está produciendo tan rápidamente como nos gustaría. 
El Estado ha aportado el dinero para la reconstrucción de las viviendas, pero eso no es todo. 
Los que regresan no solo necesitan vivienda, sino también empleo, para que puedan ganarse el sustento para ellos mismos y sus familias. 
El Gobierno croata, junto con los representantes de la comunidad internacional, ha participado en programas de retorno para ciudadanos de nacionalidad serbia. 
Croacia y Bosnia y Herzegovina han acordado medidas para acelerar el retorno de los refugiados y desplazados. 
Hay áreas en las que se han conseguido progresos y eso es algo de lo que, con razón, estamos orgullosos. 
Una de estas áreas es la cooperación regional. 
En el plano bilateral, en los últimos años hemos normalizado nuestras relaciones con Serbia y Montenegro. 
Tenemos planes de cooperación bilaterales con Bosnia y Herzegovina, y estamos participando en un diálogo político intenso con todos los demás países de la región. 
La cooperación económica también ha progresado en los últimos años. 
Para facilitar la circulación de personas, mercancías y servicios se ha liberalizado el régimen de visado con la mayoría de los países de la región. 
Aunque somos optimistas, conocemos los desafíos políticos y de seguridad de la región. 
La única manera de hacerles frente que se me ocurre es a través de Gobiernos elegidos democráticamente con una orientación proeuropea. 
Sin embargo, no basta con alabar el ideal de Europa pero no cumplirlo. 
Por encima de todo, es necesario demostrar esa orientación a través de la acción y el compromiso con respecto a las normas democráticas europeas. 
El ejemplo de Croacia, como un país estable de la región, demuestra este extremo. 
Una cooperación más estrecha de los países del sureste de Europa con la Unión Europea tendrá un efecto positivo sobre la estabilidad de toda la región. 
La República de Croacia está preparada para desempeñar un papel activo en la región y para transmitir su experiencia a otros países. 
La Cumbre de Zagreb, que se celebró hace casi cuatro años, representó un punto de inflexión para la región. 
El pasado año, la Cumbre de Salónica y los documentos allí aprobados reafirmaron el futuro europeo para los países del proceso de estabilización y asociación (PEA). 
Nosotros también apoyamos todos los pasos dados para alcanzar los objetivos señalados. 
Los nuevos instrumentos y mecanismos, como asociaciones europeas, hermanamientos y el Taiex, y la participación en programas comunitarios que ya están disponibles para países implicados en el proceso de estabilización y asociación, complementarán los esfuerzos actuales en el marco del programa CARDS. 
Estos instrumentos representan una ayuda esencial y esperada para quienes aspiran a convertirse en Estados miembros de la Unión Europea, y la República de Croacia está dispuesta a hacer el mejor uso posible de ellos, así como de otros instrumentos de preadhesión. 
Con respecto al Parlamento Europeo, me satisface observar que las relaciones entre este y los países de la región se intensificaron tras la visita del Presidente Cox a los países del PEA, en otoño de 2003. 
La República de Croacia está especialmente agradecida al Presidente Cox por su invitación a los países del PEA a participar en la Conferencia de Presidentes de los Parlamentos, celebrada en Budapest en el mes de febrero. 
Consideramos nuestra participación en esta conferencia como una señal de que el proceso de ampliación continuará después del 1 de mayo de este año. 
Desde el principio, Croacia ha defendido un planteamiento individual, es decir, la evaluación de los méritos propios del país. 
Creemos que el ejemplo de Croacia y su acelerado avance hacia la adhesión a la Unión animará a otros países del sureste del Europa a solucionar las cuestiones clave que son ahora un obstáculo para su adhesión a la Unión Europea. 
El Parlamento Europeo tomará pronto una decisión sobre el futuro de la delegación para las relaciones con los países del sureste de Europa. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro apoyo sin reservas a la creación de una delegación específica del Parlamento Europeo para la cooperación con la República de Croacia. 
Espero que esa delegación pueda establecerse una vez que se haya elegido al nuevo Parlamento Europeo. 
Esa decisión confirmaría una nueva y avanzada fase de las relaciones entre la República de Croacia y la Unión Europea. 
También ayudaría a intensificar el diálogo entre el Parlamento croata y el Parlamento Europeo. 
Esperamos sinceramente que la experiencia en las relaciones con los actuales países candidatos se utilice para decidir acerca del futuro de las delegaciones del Parlamento Europeo para los países del PEA. 
La nueva situación tras la ampliación abre una nueva era para los países del PEA. 
Nosotros pasaremos a ser los vecinos de al lado. 
El aumento de la asistencia técnica por parte del Parlamento Europeo a los Parlamentos de los países del PEA –como sucedió en el caso de los actuales países candidatos– supone una esperada contribución al potencial de desarrollo de esos países. 
Esta sería la respuesta apropiada a los desafíos del proceso de ampliación. 
La República de Croacia aprecia enormemente el apoyo del Parlamento Europeo y la comprensión que ha demostrado con respecto a sus esfuerzos por acercarse a la Unión Europea. 
Uno de los signos visibles de este apoyo fue la ratificación, por parte del Parlamento Europeo, del Acuerdo de Estabilización y Asociación, que se produjo solo un mes y medio después de su firma. 
Esto supuso un apoyo explícito a la República de Croacia, pero también un mensaje a los Estados miembros de la Unión Europea, para que inicien el proceso de ratificación en los Parlamentos nacionales. 
En sus resoluciones, el Parlamento Europeo ha acogido con satisfacción repetidamente la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Croacia, demostrando así también su apoyo a los objetivos e intenciones de Croacia. 
Después del 1 de mayo de 2004, la Unión Europea tendrá 25 Estados miembros y un potencial humano de 450 millones de habitantes. 
¡Las cifras son impresionantes! 
Sin embargo, no deberíamos olvidar que la unificación de Europa no se habrá completado hasta que todos los países del PEA se conviertan en Estados miembros de la Unión Europea y hasta que Europa esté unida dentro de sus límites geográficos. 
La única forma de acabar con la inestabilidad en el sureste de Europa es la adhesión a la Unión. 
Una vez que las fronteras que han provocado la reciente guerra sangrienta en el sureste de Europa hayan sido eliminadas, la cuestión de quién vive a cada lado de las fronteras será irrelevante. 
Solo una Europa unida es capaz de acabar con la guerra como una herramienta política para la resolución de conflictos y de llevar a los países de la región hacia un futuro más próspero. 
Por otra parte, la futura ampliación permitirá a la Unión Europea, basándose en la cooperación institucional de socios en igualdad de condiciones, desempeñar un papel importante y más activo en la escena internacional. 
Unida, Europa puede hacer frente a los desafíos económicos del Extremo Oriente o de los Estados Unidos. 
Una estructura sólida, integrada y unida puede hacer frente a los desafíos globales de los tiempos actuales, siendo el más importante de ellos la lucha contra el terrorismo, aunque también se incluyen la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el contrabando y el tráfico de drogas. 
Puede desempeñar un papel importante en el sistema de seguridad y paz mundiales, pero también ofrecer ayuda humanitaria, tecnológica y económica a los países y naciones que necesitan ayuda. 
Puede resultar apropiado, en este punto, decir algunas palabras acerca del contexto más general de la ampliación de la Unión. 
Me resulta difícil aceptar el concepto de una «nueva Europa» y una «vieja Europa» , que mantiene la naturaleza conflictiva del proceso de ampliación de la Unión a los países en transición. 
En mi opinión, lo que estamos presenciando es la aparición de una «futura Europa» –esta descripción es mejor–, un concepto que en lugar de conducir a diferencias internas europeas y transatlánticas, crea una Unión Europea del futuro, basada en las buenas tradiciones de la «Europa del pasado». 
Esta «futura Europa» puede ofrecer a las democracias jóvenes al menos dos razones para unirse a ella: estabilidad política y competitividad económica. 
Para Croacia, estas dos razones son suficientes para disipar todas las dudas acerca de los beneficios de la unificación europea. 
La República de Croacia espera unirse a la Unión Europea pronto. 
Croacia siempre ha formado parte de Europa, cultural, histórica y geográficamente. 
Sin embargo, por circunstancias políticas, se distanció de ella durante un tiempo. 
Desarrollando nuevas normas, ahora estamos intentando construir Croacia sobre los valores de las naciones en las que la democracia, el Estado de derecho, la libertad de expresión, el respeto de los derechos de la minorías y los derechos humanos se consideran la herencia de las décadas pasadas. 
No consideramos la democracia como un logro estático, sino como un proceso continuo, como un avance constante hacia nuevos horizontes de libertad. 
Vemos a la Unión Europea como una familia de miembros diversos que trabajan todos juntos, una comunidad en la que se respetan los intereses de cada nación, mientras que la cooperación se desarrolla sobre la base de la solidaridad. 
Croacia desea enriquecer esta comunidad de valores con su propia identidad cultural, lingüística y nacional. 
Queremos vivir con ustedes en la coexistencia de la diversidad, pero también nos gustaría recordarles, alardeando un poco, que Croacia es uno de los pocos oasis de naturaleza ecológicamente preservada en la Europa de nuestros días. 
Croacia sigue de cerca varias discusiones a escala europea que sentarán las bases para la futura configuración de la Unión Europea. 
A pesar de que Croacia no participó en la Convención Europea, seguimos sus deliberaciones con gran interés. Del mismo modo, seguimos el trabajo de la Conferencia Intergubernamental. 
Estamos convencidos de que, a pesar de las dificultades, los Estados miembros superarán sus diferencias y llegarán a un acuerdo con respecto al Tratado Constitucional, que permitirá que la Unión Europea ampliada sea eficiente y capaz de responder a los desafíos a los que se enfrenta, obteniendo así un papel más activo e importante en la escena internacional. 
También esperamos que los acuerdos constitucionales permitan la integración sin problemas de los Estados que participen en futuras ampliaciones. 
También estamos muy interesados en los debates acerca de las próximas perspectivas financieras, que deberían reflejar realmente los objetivos estratégicos proclamados de la Unión Europea y permitir su plena aplicación. 
En particular, nos gustaría señalar la necesidad de asignar suficientes recursos financieros que permitan un acercamiento y la integración de los países que serán candidatos o nuevos Estados miembros. 
Croacia espera que, en este sentido, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los actuales Estados miembros hagan gala de una visión a largo plazo. 
Creemos que el nuevo marco presupuestario y constitucional deberá reflejar la verdadera naturaleza del compromiso de incluir a todos los Estados europeos en la familia europea, garantizando así un nuevo avance del proyecto de integración europeo, que incluiría a Croacia, además de otros países del PEA. 
Como país que aspira a unirse a la Unión Europea en un futuro no lejano, la República de Croacia está interesada en unirse a una Unión sólida y efectiva, que satisfaga las demandas de todos sus ciudadanos. 
En esta Unión, el papel de los Parlamentos y la cooperación parlamentaria será de vital importancia. 
Como país candidato, Croacia confía en la capacidad institucional de la Unión para aceptar nuevos miembros en la próxima ronda de ampliación. 
Croacia también sigue con interés los debates entre la Unión Europea y la OTAN en materia de seguridad. 
Apreciamos enormemente la adopción de la estrategia de seguridad europea. 
Consideramos que esta estrategia permitirá a la Unión Europea hacer frente a las amenazas y a los desafíos globales, contribuyendo así al sistema de seguridad multilateral, así como a su implicación más activa en algunas partes del sureste de Europa. 
Apoyamos el multilateralismo efectivo, como un concepto que necesita ser reforzado en un mundo que se enfrenta a peligros y desafíos como los actuales. 
Me gustaría subrayar que la República de Croacia confía firmemente en el Parlamento Europeo, como una institución que apoyará su integración en la Unión Europea. 
Estoy convencido de que en su recomendación al Consejo relativa a la solicitud de adhesión a la Unión Europea por parte de Croacia, el Parlamento Europeo reconocerá el progreso conseguido por Croacia en el cumplimiento de los criterios de Copenhague y de otros criterios pertinentes, así como las reformas que se están llevando a cabo en el país. 
Estoy igualmente convencido de que la recomendación del Parlamento Europeo impulsará a las demás instituciones europeas y los Estados miembros a adoptar una postura positiva con respecto a la solicitud de Croacia. 
Me refiero en concreto al futuro dictamen de la Comisión Europea, que esperamos que se publique en primavera. 
Esto permitiría al Consejo Europeo tomar nuevas decisiones políticas estratégicas acerca de Croacia en el mes de junio. 
Naturalmente, las autoridades croatas y los ciudadanos de mi país esperan alcanzar la categoría de país candidato y que se abran las negociaciones para la adhesión. 
Señorías del Parlamento Europeo, inician ustedes la sesión final de su mandato. 
En junio habrá elecciones, en las que participarán la mayor parte de los ciudadanos de Europa. 
Su amplia participación contribuirá a reforzar la legitimidad democrática de la Unión Europea. 
Estoy convencido de que los ciudadanos de Croacia estarán pronto en condiciones de votar en las elecciones al Parlamento Europeo y de que los diputados croatas podrán ocupar sus escaños en el Parlamento Europeo. 
Aunque en términos numéricos no somos una nación grande, les traemos la alegría del Mediterráneo, los valores civilizados de Europa Central, la resistencia de las piedras y la serenidad de las llanuras eslavonas y, sobre todo, el corazón franco y noble y nuestra mano tendida ofreciendo amistad y cooperación. 
Deseamos, esperamos y sabemos que, en última instancia, prevalecerán las famosas palabras de Robert Schuman: «No unimos países, unimos pueblos». 
Señorías, una vez más quiero agradecer formalmente en su nombre al Presidente Mesic que se haya dirigido a la Cámara en un momento en el que, junto con la Comisión, entramos en un nuevo período de reflexión sobre nuestras relaciones con la República de Croacia. 
– Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 26 de febrero de 2004. 
–Lamento tener que expresar hoy, en nombre de este Parlamento, nuestra condena y nuestro dolor por los ataques terroristas perpetrados en Bagdad y Kerbala el pasado martes, 2 de marzo de 2004, contra la comunidad chiíta mientras celebraba la festividad de la Ashura. 
Al menos 170 personas inocentes murieron durante los ataques y casi 400 resultaron heridas. 
Este Parlamento Europeo expresa su solidaridad y sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas y a las autoridades iraquíes. 
Condenamos a quienes están detrás de los ataques terroristas criminales e indiscriminados, que se perpetraron en un momento de celebración religiosa, tradicional y pacífica. 
Les ruego, Señorías, que se unan a mí y guardemos un minuto de silencio. 
–Señorías, hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer se celebra desde hace casi 90 años. 
En Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza, la feminista alemana, Clara Zetkin, que deseaba conmemorar la huelga de trabajadoras de la industria textil de 1857 en los Estados Unidos, tomó la iniciativa en marzo de 1911, cuando más de un millón de hombres y mujeres se manifestaron para exigir el derecho al trabajo, a desempeñar un cargo público y a votar. 
Mucho ha cambiado desde entonces y aún queda mucho por lograr. 
Las mujeres siguen sufriendo discriminación y todos sabemos perfectamente que –también en la política y en esta institución– existe un techo de cristal que puede manifestarse de muchas maneras en cuanto a las posibilidades de acceso, promoción y pleno desempeño de las funciones. 
También sabemos en qué medida en esta Asamblea hemos debatido sobre la victimización de las mujeres a través de la violación, la violencia doméstica y el tráfico. 
Hoy, en este Parlamento reconocemos y celebramos el liderazgo de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades: ha desempeñado un importante papel estratégico y, a través de su presidenta, la Sra. Karamanou, quiero dar las gracias a todos los miembros de dicha comisión por su liderazgo. 
El informe de nuestra colega, la Sra. Gröner, sobre el programa comunitario Daphne II –para el periodo comprendido entre 2004 y 2008– para evitar y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres; el informe de la Sra. Bastos sobre la conciliación de la vida profesional, familiar y privada; y el informe de la Sra. Valenciano Martínez-Orozco sobre la situación de las mujeres de grupos minoritarios en la Unión Europea. 
Además, tenemos dos preguntas orales sobre la composición de la futura Comisión Europea, que están en el orden del día de la Comisión y del Consejo. 
Dado que hoy es el Día Internacional de la Mujer, recuerdo a la Cámara la Resolución, aprobada en 2003, en la cual el Parlamento se comprometía a adoptar y aplicar un plan político para la integración de la perspectiva de género con el objetivo global de promover la igualdad entre hombres y mujeres a través de una incorporación real y efectiva de la perspectiva de género en las políticas y actividades, incluidas las estructuras de toma de decisiones y los recursos humanos y financieros para que se evalúe plenamente y se tenga en cuenta el diferente impacto de las medidas sobre los hombres y las mujeres. 
De acuerdo con esta resolución, me complace anunciar hoy que la Mesa ha tomado la decisión de crear un grupo de alto nivel sobre igualdad entre hombres y mujeres dentro de esta Asamblea, compuesto por el Presidente de la Cámara, dos Vicepresidentes responsables de asuntos de personal, la Presidencia de la Conferencia de Presidentes de Comisiones y la Presidencia de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, asistidos por el Secretario General. 
La creación de este grupo, que empezará a trabajar antes del final del presente periodo legislativo, emite una señal muy clara de voluntad política y de compromiso político al más alto nivel de esta Cámara para conseguir resultados en este sentido. 
Asimismo me complace mucho que hoy podamos dar la bienvenida como invitada a la ex Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer, Marlene Lenz. 
Asimismo he recibido mensajes de buena voluntad y de apoyo procedentes de anteriores presidentas de dicha comisión. 
– Señor Presidente, la creación del grupo de trabajo de alto nivel constituye una buena señal de que, al aplicar la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas, refleja los deseos de esta Cámara. 
En lugar de dejar exclusivamente en manos de las mujeres la integración de la perspectiva de género y la dimensión de género en nuestras políticas, los caballeros de esta Cámara deben aceptar ser juzgados por el grado con el que deseen comprometerse en la toma de decisiones políticas que hagan realidad la igualdad y los derechos democráticos de la mujer. 
En la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, es motivo de grave preocupación que la proporción de mujeres en la siguiente legislatura sea menor, y por ello es necesario hacer todos los esfuerzos posibles por subrayar la voluntad política desde las esferas más altas hasta abajo. 
Solo puedo instar a todas las comisiones a que adopten proyectos en sus propias áreas de responsabilidad, de conformidad con la resolución de nuestro informe de hace un año, sobre la integración de la perspectiva de género en todas las políticas, y dejar patente que la igualdad entre hombres y mujeres no se debe dejar solamente a la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Señor Presidente, tengo una sugerencia muy simple que hacer a los demás Grupos y es la de seguir el ejemplo del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea nombrando dos vicepresidentes, un hombre y una mujer. 
Puedo decir por experiencia que esta solución no solamente presenta ventajas desde un punto de vista político, sino también en términos de calidad de vida. 
Señor Presidente, quería darle las gracias por sus palabras con ocasión del 8 de marzo y creo que, como ha mencionado la Sra. Gröner, estamos todos preocupados por la importancia de la presencia que tendrán las mujeres en la próxima legislatura y lo difícil que será mantener la presencia de la mujer a un nivel aceptable. 
Por eso quisiera sugerirle, señor Presidente, que a través de los servicios del Parlamento se llevara a cabo un estudio muy sencillo sobre lo que las mujeres han conseguido en el trabajo parlamentario de esta legislatura. 
Estoy segura de que, aunque las mujeres sigan siendo todavía una minoría en este Parlamento, han supuesto una contribución mucho mayor a la actividad parlamentaria de lo que sugiere su porcentaje. 
Por tanto, convencer a las mujeres de que voten a las mujeres a partir del trabajo que han realizado las mujeres podría ser un argumento muy convincente. 
Invito por consiguiente a que los servicios lleven a cabo un estudio que ponga en común la asistencia, el número de informes y lo que se ha hecho en el Parlamento: quedará claro que las mujeres están haciendo una labor mucho mayor de lo que sugiere su porcentaje de representación. 
Creo que este argumento es mucho más convincente que tantos otros para llamar a una mayor presencia de la mujer en el próximo Parlamento. 
Me complace pedir a los servicios que examinen esta cuestión e informen oportunamente al Parlamento. 
Señor Presidente, le agradezco en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, que tengo el honor de presidir, la declaración realizada con ocasión del Día Internacional de la Mujer y que usted y otros diputados y diputadas hayan hecho hincapié en que debe haber una representación equilibrada entre hombres y mujeres en el Parlamento Europeo surgido de las elecciones de junio. 
Sin embargo, ya he recibido una queja muy grave de las organizaciones de mujeres de Malta, que nos informan de que los líderes de los partidos políticos están ya confeccionando sus listas sin incluir una sola mujer. 
Me pregunto si la población de Malta solo está formada por hombres y no mujeres. 
Me gustaría pedirle, en honor hoy al Día Internacional de la Mujer, que intervenga personalmente en este asunto y que recuerde a los líderes políticos de Malta que deben respetar el principio de igualdad de entre hombres y mujeres y el acervo comunitario; de no ser así, su posición en la Unión Europea podría resultar muy problemática. 
Señor Presidente, quiero empezar agradeciéndole que haya incluido en el orden del día este minidebate con ocasión del Día de la Mujer Trabajadora. 
Es una tradición en todos los países que este día se dedique algún acto o alguna declaración a recordar el trabajo de la mujer, la igualdad entre hombres y mujeres y el hecho de que todavía hay muchas cosas por hacer para que esa igualdad sea real. 
Eso lo vamos a ver en los debates siguientes. 
Por tanto, simplemente quiero hacer una llamada para que se mantenga esta línea del Parlamento, como ejemplo de una institución que avanza en el camino de defender los derechos de la mujer. 
Vamos a ver en los debates de los informes siguientes cómo todavía quedan muchas cosas por hacer para conseguir esa igualdad entre el hombre y la mujer y para conseguir la igualdad en el reconocimiento del trabajo. 
Señora Napoletano, las mujeres no tenemos por qué estar siempre demostrando que trabajamos mejor que los hombres; se trata, simplemente, de que éstos reconozcan nuestro trabajo de la misma manera que el que realizan los colegas masculinos. 
– Señor Presidente, parecería que parte del trabajo llevado a cabo por este Parlamento y, por tanto, el trabajo realizado por las mujeres, está en peligro de perderse, ya que el tiempo del pleno que nos queda simplemente no es suficiente. 
Creo que sería una lástima y una pérdida desde el punto de vista de los ponentes y de aquellos que han presentado enmiendas, ya que todos han llevado a cabo un trabajo realmente exhaustivo. 
Me gustaría saber si sería posible celebrar un período parcial de sesiones adicional de dos días a finales de abril en los cuales se pudieran votar y adoptar todos estos informes que aún no se han tratado. 
Este pleno se podría incluso celebrar sin debate o restringiendo el mismo a intervenciones de dos minutos por parte de la Comisión y la persona que haya elaborado el informe. 
Creo que sería más importante abordar un informe, aunque no se debatiera, que dejar que se quede en nada. 
La otra alternativa sería limitar el tiempo asignado a los discursos en la sesión plenaria de abril como se acaba de describir y ampliar en consecuencia la hora de votación. 
Espero que pensará seriamente en esto, señor Presidente, y que buscará soluciones acordes con los mayores poderes del Parlamento como organismo legislativo. 
– Señor Presidente, las mujeres aquí presentes que están hablando en nombre de las mujeres ya se encuentran en una posición especial. 
A pesar de esto, nos quejamos con demasiada frecuencia de menosprecio. 
Tenemos la oportunidad de trabajar aquí, pero no siempre se aprecia nuestro trabajo. 
Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, quisiera llamar la atención sobre los millones de mujeres que apenas se notan. 
En este Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional pide que se dedique especial atención a la violencia contra las mujeres, a la violencia sexual contra las mujeres y a las humillaciones a las que se ven sometidas diariamente. 
Agradezco los esfuerzos que están dispuestos a hacer en nuestra Institución y me gustaría pedirles que nosotros, como Institución, enviemos el mensaje al Consejo y a la Comisión de que se deberían adoptar garantías reales para mejorar la situación de estas mujeres y detener las humillaciones y explotaciones. 
Nosotros, como asistentes al desarrollo, tenemos una enorme responsabilidad en el mundo, pero el dinero acaba invariablemente en los bolsillos de los consultores en lugar de ir a parar a las mujeres que se lo merecen. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar sinceramente a las mujeres en su día de acción internacional. 
No obstante, me gustaría agregar una nota de cautela a las mujeres que se encuentran aquí en el Parlamento: dejen de centrarse tanto en si debe haber más hombres o mujeres en el Parlamento y piensen en los millones de mujeres que están terriblemente peor retribuidas por hacer el mismo trabajo o un trabajo del mismo valor. 
Creo que esto debería ser una cuestión clave para nosotros. 
En 1976 aprobamos una directiva, pero la igualdad salarial, que debería ser una realidad, aún no se vislumbra. 
Esta es, quizás, una perspectiva más importante que la de si debería haber una o dos mujeres más. 
También creo que es un buen día el que se ha elegido para el día de acción internacional, concretamente mi cumpleaños. 
Gracias por esta intervención, Freddy, y ¡feliz cumpleaños! 
Señor Presidente, hoy, en el Día Internacional de la Mujer, deseo no solo llamar la atención sobre toda la cuestión de la discriminación contra la mujer, sino también plantear el problema de las mujeres que son víctimas de la guerra. 
Hoy debemos recordar el sufrimiento de las mujeres víctimas de la guerra, en el Iraq, en Palestina y tantos otros países. 
Espero que empleemos este día para recordar a la gente la necesidad de erradicar la guerra y contribuir a terminar con estos conflictos, como la ocupación ilegal del Iraq, la humillación del pueblo palestino y las mujeres que sufren a diario como resultado de esta guerra injusta. 
También quiero recordarles que el Foro Social Mundial nos ha pedido a todos que participemos, el 20 de marzo, en las manifestaciones contra la guerra, para salvaguardar la paz, en el primer aniversario de la guerra contra el Iraq por parte de Estados Unidos, el Reino Unido y todos sus aliados, a fin de reclamar el final de la ocupación del Iraq y exigir la paz. 
Señor Presidente, también hoy- Día Internacional de la Mujer- querría hacer un llamamiento a este Pleno. 
No voy a hablar de la discriminación- ya lo han hecho compañeras mías anteriormente -, pero sí diré que creo que la violencia de género es un problema en todo el mundo, y especialmente en mi Estado, y que tanto las instituciones como la sociedad tienen que tomar conciencia de que es necesario solucionarlo. 
Yo solicito a esta Asamblea un minuto de silencio, tanto por las 13 mujeres que ya han muerto este año en España como por las que han sido asesinadas en el resto del mundo. 
Señor Presidente, es bueno que se esté formando verdaderamente un nuevo grupo de alto nivel que aborde la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas en las instituciones de la UE. 
Desgraciadamente, no es la primera vez que se nos está ofreciendo este tipo de promesas y que estamos asumiendo esa responsabilidad. 
Es lo que todos los Estados miembros, sus gobiernos y sus políticos han hecho desde la Conferencia de Pekín de 1995. 
Por desgracia, parece que, en el mejor de los casos, hemos aprendido una nueva expresión. 
Sin embargo, a menudo todo sigue como antes. 
Voy a ser un poquito malvada en este caso. 
Vamos a debatir la privatización del agua. 
Me gustaría saber hasta qué punto se han tenido en cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres en el debate sobre la propuesta de privatización del agua en la Unión Europea. 
Por supuesto, esto también será una señal que va más allá de las fronteras de la UE. 
–Señor Presidente, hace exactamente 38 años presenté aquí, en este Parlamento, que entonces se llamaba Asamblea, mi primer informe de interés para las mujeres, y desde luego también para los hombres. 
Era el informe nº 69 y se refería a la protección de la maternidad. 
Hoy soy por desgracia la mujer de más edad de esta casa, pero ello me permite emitir un juicio justo sobre los progresos realizados desde entonces y la contribución de la política de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, en especial desde 1975. 
En vez de lamentarnos sin cesar como si estuviéramos ante el Muro de las Lamentaciones, haríamos mejor en entrar de lleno en el debate. 
Sin duda, la Comisión habría hecho mejor, en los últimos 15 años que he pasado aquí, en presentar propuestas legislativas que hemos pedido reiteradamente. 
Con respecto a la directiva de 1986 sobre la igualdad de trato de los autónomos, por ejemplo, incluidos los que trabajan en la agricultura, les recuerdo nuestra reclamación de una directiva sobre el estatuto del cónyuge, que es tan importante para esos millones de trabajadores invisibles, esencialmente mujeres autónomas, que trabajan en la agricultura. 
No se ha hecho nada. 
Les recuerdo también aquel informe de iniciativa en el que pedía una directiva marco sobre el reparto de los derechos a pensión en caso de divorcio, que es un gran problema para todas las mujeres. 
Por desgracia, no hemos visto nada de esto, cosa que lamento, porque es inútil celebrar bonitos debates y pronunciar grandes discursos con ocasión del 8 de marzo si no se nos presentan propuestas legislativas que hagan progresar realmente la política y la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
– Señor Presidente, aparte de usted, creo que soy el único liberal aquí presente, y por ello deseo intervenir. 
Como uno de los pocos hombres de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, creo que es justo agradecerle, Señor Presidente, esta iniciativa. 
A diferencia de mi colega, la Sra. Eriksson, tengo plena confianza en que con la labor que están ahora realizando se lograrán también resultados. 
No es necesariamente el caso de que todo el mundo en este Parlamento esté hablando por hablar. 
La ampliación es constructiva, necesaria e increíblemente importante en términos históricos. 
Naturalmente, no debemos, sin embargo, volver la espalda al problema planteado por la Sra. Gröner. 
Es una realidad que en esta Cámara hay más trajes grises. 
Esto es motivo de preocupación y es algo que debemos reconocer. 
Al Sr. Blak, me gustaría decirle: por supuesto es usted socialista y resulta razonable esperar que esté atento a las estructuras, lo que, como socialistas, os enseñáis unos a otros a ser. 
Yo soy un liberal, pero aun así soy capaz de ver estructuras y hay estructuras en esta Cámara. 
Sin lugar a dudas, es importante si entran más mujeres a esta Cámara para la toma de decisiones. 
Eso es algo que creo que el Sr. Blak también puede apreciar. 
Se ha distribuido el Acta de la sesión del jueves, 26 de febrero de 2004. 
¿Algún comentario? 
De hecho, asistí y voté, por lo que quizás podría ser tan amable de añadir mi nombre a la lista de asistencia. 
–El acta se modificará de acuerdo con ello. 
) (1) 
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 4 de marzo de 2004, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento. 
Se han propuesto los siguientes cambios: 
En lo tocante a los informes del Sr. Obiols i Germà y del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra sobre el Acuerdo de diálogo político y cooperación con América Central (A5-0120/2004) y la Comunidad Andina (A5-0119/2004) , respectivamente, he recibido una solicitud del Grupo PPE-DE de que dichos informes se trasladen a un posterior periodo parcial de sesiones. 
. Señor Presidente, quisiera decir que, efectivamente, sería deseable que estos debates sobre los acuerdos de diálogo político y de cooperación con los países de América Central y la Comunidad Andina tuviesen lugar en presencia del Comisario responsable, Sr. Patten, quien ha manifestado su interés por estar presente. 
Por lo tanto, señor Presidente, en nombre de mi Grupo, pido y espero que el Sr. Obiols i Germà esté también de acuerdo, que estos debates se remitan a una sesión ulterior del Parlamento en la que podamos contar con la presencia del Sr. Patten. 
Me gustaría recordar a esta Asamblea que se prevé que en el orden del día del periodo parcial de sesiones de marzo II haya 80 informes y en el periodo parcial de sesiones de abril haya 85. 
En lo que respecta al informe del Sr. Kronberger (A5-0047/2004) sobre la calidad del aire, he recibido una petición del Grupo del PSE de que la votación se celebre en un posterior periodo parcial de sesiones. 
. – Señor Presidente, nos gustaría, si fuese posible, que se tratara este informe antes de que finalice esta legislatura parlamentaria mediante un acuerdo en primera lectura, lo que supondría tener que celebrar el debate esta semana pero aplazar la votación hasta abril, a fin de negociar el acuerdo con el Consejo. 
Cuando llegue el momento de la votación, habrá, como mucho, una estrecha mayoría. 
Podría resultar que la decisión, sea favorable o no favorable, se adopte por un margen muy pequeño de votos, y entonces, en cualquier caso, al menos el 50% de los diputados, para ser bastante precisos, no estarán muy contentos. 
Rogaría que se celebrara el debate del informe mañana pero que se aplazara la votación hasta abril, momento en el que habremos podido debatir las cuestiones con el Consejo. 
Fundamentalmente, se han realizado ya los preparativos para esto, por lo que aún podemos concluir con un acuerdo en primera lectura. 
– Señor Presidente, no creo que haya ninguna necesidad de más deliberación. 
La hubo en la comisión, cuando solicitamos opinión de los expertos o, más bien, un análisis de la rentabilidad, con respecto a la confección de este informe, algo a lo que usted, señor Kronberger, se opuso. 
Ahora que se ha creado, y está perfectamente claro en qué dirección debe ir la política, no veo ninguna razón para postergar la votación en vez de hacerla hoy o esta semana, simplemente porque ya tenemos demasiados informes que tratar en las demás sesiones de Estrasburgo. 
Si el Sr. Kronberger se nos une, estará en el lado correcto. 
Pido, sin embargo, que tenga lugar la votación. 
No deseamos debatir la esencia del informe, ya hemos celebrado un debate sobre esto en comisión. 
Aunque escuchamos la opinión de los expertos a la que hacía referencia el Sr. Florenz, esta no apoyó sus argumentos sino los de mi Grupo y el punto de vista del Sr. Kronberger. 
Tiene sentido postergar la votación. 
Nos encontramos a finales de una legislatura parlamentaria y deseamos, si fuese posible, llegar a una acuerdo en primera lectura, para no tener que volver a empezar desde el principio cuando la Cámara vuelva a constituirse, pasar de nuevo por la primera lectura y debatir después la posición común. 
La votación en sí en la próxima sesión no llevará demasiado tiempo y por ello le pido, señor Presidente, que lo someta a votación. 
Esto es lo que pedirá mi Grupo y, por tanto, apoyará al Sr. Kronberger en que esta semana solamente se celebre el debate. 
He recibido una solicitud del Grupo Verts/ALE de que el Consejo y la Comisión emitan declaraciones sobre las lecciones que hay que aprender y las perspectivas de la Unión Europea un año desués del inicio de la guerra en el Iraq. 
– Señor Presidente, Señorías, creo que es evidente para todo el mundo: debemos debatir no solo lo que pasa en el Iraq, sino también qué lecciones debe sacar la Unión Europea. 
Creo que un año después de esta guerra, hemos elegido bien el momento para intentar averiguar, entre nosotros, por qué se han producido estas divergencias y por qué necesita hoy la Unión Europea una posición común. 
El propio Presidente acaba de recordar los muchos informes previstos para los próximos plenos. 
Por ello, nuestro Grupo pide un debate sobre el Iraq en este período de sesiones. 
En lo que concierne a la declaración de la Comisión relativa al efecto sobre el entorno marino del sónar activo de baja frecuencia, he recibido una solicitud del Grupo Verts/ALE de que se presenten propuestas de resolución para cerrar el debate. 
– Señor Presidente, la cuestión del sónar de baja frecuencia y la vida marina se ha debatido en el pasado en el Parlamento Europeo. 
Ha sido tratada en la Comisión de Peticiones, se han hecho todo tipo de promesas y esta semana tenemos previsto debatirla de nuevo, pero hasta ahora apenas se ha hecho nada. 
Por ello, nuestro Grupo ha considerado que sería útil que el Parlamento aprovechara esta oportunidad para aprobar una resolución sobre esta cuestión a fin de que el Consejo y la Comisión no olviden lo que el Parlamento pidió en el pasado. 
Por consiguiente, queremos pedir que el debate se concluya con una resolución. 
– Señor Presidente, quisiera llamar la atención del pleno sobre la negativa de la Comisión Europea a dar curso, en el marco de los acuerdos interinstitucionales, a una solicitud de información sobre la posible concesión de un crédito Euratom de 230 millones de euros al complejo nuclear de Cernavoda. 
Como ponente para la liberalización del mercado de la electricidad, me siento políticamente responsable de velar por que se respete la libre competencia en el mercado. 
Pedí a la Comisión Europea que nos facilitara, tal como prevé el Convenio Espoo, el estudio de impacto medioambiental, así como el informe sobre la participación pública. 
Pero la Comisión no aportó a nuestra comisión los documentos necesarios en los plazos preceptivos. 
Es una nueva confirmación, si falta hacía, de la flagrante ausencia de transparencia que la Comisión Europea suele practicar en lo tocante a la energía nuclear. 
Pediré, pues, su apoyo, señor Presidente, para forzar a la Comisión a que respete el derecho a la información, tal como prevén los acuerdos interinstitucionales. 
Retomaré este asunto y me pondré en contacto con la Comisión y con usted en su momento. 
Señor Presidente, quisiera llamar la atención de esta Cámara sobre un suceso que está removiendo los ánimos y las conciencias de los italianos. 
Hay un terrorista, Cesare Battisti, condenado en Italia con una sentencia con fuerza de «resjudicata» por cuatro asesinatos. 
El 7 de abril, la magistratura francesa deberá decidir si concede a Italia la extradición de este terrorista. 
Siento un enorme respeto por la magistratura, pero considero que sería un grave error no conceder la extradición. 
Supondría un ataque a Europa, mostraría que Europa no es una realidad. 
Se ha demostrado que el terrorismo tiene conexiones en Francia, Italia y España. 
Terroristas jóvenes de Italia han realizado más de un ataque en los últimos años y están entrenados por terroristas italianos que están en la cárcel. 
No conceder la extradición significaría dar una señal negativa a estas personas. 
Espero que todos los diputados se unan a este llamamiento, incluida la izquierda, puesto que un importante representante de la izquierda italiana ha intervenido hoy de forma contundente para pedir la extradición de este terrorista. 
– Señor Presidente, hace dos semanas el Sr. Tannock le pidió que resolviera sobre la situación del informe STOA sobre sustancias no comestibles en productos alimenticios después de que el Panel STOA votara por no publicarlo. 
Le recuerdo que el reglamento de STOA establece que dicho comité no debe efectuar votaciones sobre proyectos de investigación que han sido encargados por este Parlamento. 
«Los resultados... no estarán sujetos a aprobación o votación, ni se considerarán como un informe de STOA o del propio Parlamento.» 
¿Qué hemos de decir a nuestros electores que nos piden que se investigue antes de tranquilizarles, cualquiera que sea el resultado? 
¿Qué pasos emprenderá usted para asegurarse de que este informe, tanto si es preocupante como si es trivial, sea entregado a todos nosotros y no pueda ser suprimido por un poderoso grupo de presión? 
Señor Whitehead, como sabe usted, el informe fue solicitado, entre otros, por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
El informe ha sido remitido a dicha comisión. 
En lo que respecta a su publicación más amplia, tomo nota de lo que acaba usted de decir. 
No ha sido una decisión de la Presidencia del Parlamento. 
Tomo nota de su preocupación con respecto a los procedimientos; pediré asesoramiento sobre si han sido violados y volveré a tratar con usted esta cuestión, y solamente esta cuestión. 
Comprobaré si se ha seguido el trámite preceptivo. 
En caso afirmativo, no intentaré interponerme. 
– Señor Presidente, quizás esté usted al corriente de la grave acusación que se publica hoy en la portada del periódico de que el Gobierno británico intentó acallar a su propio asesor científico cuando este le advirtió que el calentamiento global era una amenaza más seria que el terrorismo internacional. 
Ello es consecuencia de la negativa del Gobierno de los Estados Unidos este año a seguir elaborando políticas sobre la base de la Evaluación del Impacto Climático en el Ártico del Conejo del Ártico. 
Se trata de un gran informe científico y la respuesta de los Estados Unidos es totalmente insostenible. 
El pasado viernes asistí, en nombre de este Parlamento, a una reunión de parlamentarios del Ártico. 
Escuchamos conmocionados las diversas presentaciones científicas y la reacción de los Estados Unidos. 
Le ruego que intentemos asegurar que tanto la Comisión como el Consejo se tomen en serio los diferentes compromisos a todos los niveles en el Consejo del Ártico y apoyen el diálogo abierto y la acción sobre esta importante cuestión global. 
No hay que ocultarla, soslayarla ni frenarla para complacer a los Estados Unidos o a cualquier otro. 
Si sirve el interés propio, quizás podríamos observar que las últimas conclusiones científicas prevén un mayor enfriamiento de Europa. 
Señor Presidente, deseo llamar su atención, así como la de esta Cámara, sobre un grave problema que ha surgido en Mozambique relacionado con el presunto tráfico de órganos humanos. 
Desgraciadamente, no hemos podido llegar a un consenso en la Conferencia de Presidentes sobre la inclusión en esta sesión de un debate urgente en relación con esta cuestión y por este motivo pido que se aseguren de que, en la próxima sesión, siempre que no se presenten debates más urgentes, se pueda tratar este asunto en una Comunicación de la Comisión y el Consejo, a los que llevo planteándoles preguntas desde enero. 
Se trata de un asunto de suma gravedad. 
En los últimos meses hemos recibido informes sobre la desaparición de entre cincuenta y cien niños, pero no se conoce el alcance total del fenómeno. 
Desde que en enero el caso llegara a ser de dominio público, ha aumentado el interés de la opinión pública portuguesa, así como el de España, ya que algunas religiosas españolas han sido amenazadas. 
En Brasil, fue asesinada recientemente una misionera luterana brasileña que denunció este tráfico en Mozambique. Tanto el periódico como la BBC han prestado cobertura al asunto y esta Cámara no puede continuar ignorando este problema. 
Esto es aún más cierto debido a que, desgraciadamente, el Consejo está dando largas a la propuesta de la Presidencia griega sobre una Decisión marco en relación al tráfico de órganos, que examinamos el pasado octubre en esta Cámara y, como consecuencia, debe proporcionarse información sobre este problema en general y más concretamente sobre la tragedia que tiene lugar en Mozambique. 
Tomo nota de ello y quisiera pedir a los dirigentes de los Grupos que hagan lo mismo para la próxima Conferencia de Presidentes. 
Señor Presidente, hablo en nombre de Maurizio Puddu, Presidente de la Asociación Italiana de Víctimas del Terrorismo y que firmó como «ciudadano europeo» una carta enviada ayer a algunos periódicos. 
La carta estaba dirigida al la Sra. Barbara Spinelli. 
«La puesta en libertad de Cesare Battisti por las autoridades legislativas francesas nos deja perplejos, y puedo asegurarle que también está dejando perplejos a la mayoría de los ciudadanos italianos, sea cual sea su orientación política. 
Para nosotros, nunca se pueden defender el asesinato y la violencia. 
Para nosotros, el hecho de que terroristas mutilen y asesinen por motivos ideológicos, como ellos afirman, no es un atenuante, sino un agravante. 
Ellos y sus aliados encontrarán siempre mil y una palabras para eludir y falsificar el pasado y seguir insultando la memoria de los muertos. 
Pedimos a los franceses, a los de la gran tradición histórica que tanto hemos amado, que respeten nuestra justicia, que en este caso tiene de su parte el derecho natural del respeto a la vida humana, que no se puede confundir con ninguna razón de Estado». 
También he realizado esta intervención en nombre del Sr. Napoletano. 
– Señor Presidente, en Dunfrennan, en mi circunscripción en el sudoeste de Escocia, hay un campo de tiro donde se utilizan granadas de uranio empobrecido para hacer prácticas. 
He recibido muchas cartas de reclamación y preocupación a este respecto. 
Una de ellas llamó recientemente mi atención sobre el hecho de que en el transcurso de los años se han depositado casi 20 toneladas de uranio empobrecido en las aguas de sudoeste de Escocia, que afecta también al Mar de Irlanda. 
Me han pedido que llame la atención de la Sra. Wallström sobre esta cuestión y sin duda le escribiré a este respecto. 
Me complace que esté hoy aquí y que la Presidencia irlandesa también esté presente. 
Es muy preocupante que esta peligrosa sustancia se lance en cantidades considerables en las aguas que llenan el Mar de Irlanda con las mareas, afectando por lo menos a dos Estados miembros de la UE, en una probable violación del Convenio sobre la prevención de la contaminación marina por el lanzamiento de desechos y otras sustancias, de 1972, prorrogado por recientes protocolos. 
– Señor Presidente, la dramática caída del poder del Presidente Aristide en Haití y las medidas antidemocráticas y cada vez más represoras del Presidente Chávez de Venezuela para poner trabas a la voluntad de su pueblo de celebrar un referendo representan una tendencia preocupante en América Latina, dado que Aristide se convierte en el sexto líder elegido democráticamente en esa región que es derrocado desde 1999. 
No podemos ser complacientes con respecto a América Latina y dar por sentado el enorme logro de la expansión de la democracia. 
La UE ha de cooperar más estrechamente con los Estados Unidos para estabilizar este proceso. 
El Sr. Aristide se ha refugiado en África, otro continente tristemente azotado por las guerras civiles, las dictaduras y los Estados fracasados. 
Esta Cámara aplaudirá el anuncio de que la Unión Africana, inspirada por la UE, que aún está dando sus primeros pasos dado que fue creada en 2002, celebrará dentro de poco su primera reunión del Parlamento Panafricano en Addis Abeba y tiene el plan sin duda ambicioso de crear un consejo de seguridad con un ejército permanente para evitar futuros conflictos en dicho continente. 
¿Querrá usted, señor Presidente, transmitir el saludo y los mejores deseos de este Parlamento? 
Te tomado buena nota de esta solicitud. 
Señor Presidente, mi deseo es informar a esta Cámara sobre la aparición en los medios de comunicación en el Estado español, esta última semana, de un documento de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea sobre el Plan Hidrológico Nacional que proyecta el Gobierno español y sobre su financiación por la Unión Europea. 
Concretamente, en este documento se dice que la petición presentada por el Gobierno sobrevalora la demanda de agua y subestima el coste de la obra, que no se han analizado debidamente las alternativas al transvase y que no se ha previsto proteger debidamente el Delta del Ebro. 
Deben analizarse las alternativas posibles, señor Presidente, el agua es un bien necesario, pero también escaso. 
La Unión Europea debe financiar únicamente aquellos proyectos que ofrezcan las garantías necesarias y que no perjudiquen a ninguno de sus habitantes. 
– Señor Presidente, lamento importunarle e importunar una vez más a sus Señorías con una cuestión que desgraciadamente conocen bien: la cuestión chechena. 
Parece como si la ignominia de la política rusa en Chechenia no tuviera límite: 17 miembros de la familia del Sr. Umar Khanbiev, ministro checheno de Sanidad, que había sido recibido por nuestra Presidenta, la Sra. Nicole Fontaine, y por numerosos presidentes de Grupo y muchos diputados, han sido detenidos después de las intervenciones del Sr. Khanbiev en este Parlamento y en otros muchos foros a favor de una solución política. 
Considero que la respuesta del Sr. Putin, la respuesta del presidente de una supuesta democracia, es verdaderamente innoble. 
Espero, señor Presidente, que pueda recibir mañana al Sr. Khanbiev, que estará aquí, en el Parlamento. 
Espero también que muchos diputados que ya se han reunido con él quieran expresarle directamente, mañana y el miércoles, su solidaridad. 
Pienso que es preciso que nuestro Parlamento, que ha adoptado posturas extremadamente valientes y dignas sobre Chechenia, persevere. 
No podemos dejar que Rusia haga lo que hace en Chechenia. 
Es absolutamente inaceptable. 
– Señor Presidente, la semana que viene el Sr. Theo van Boven, ponente especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura, que es conocido por su gran independencia e integridad, presentará su informe a las Naciones Unidas en Ginebra, en cumplimiento del mandato que se le confirió. 
En sus conclusiones, el informe indica que la acción contra la tortura en España es una necesidad no menos apremiante que en el pasado. 
Una ilustración de ello se produjo la semana pasada cuando tres jóvenes vascos procesados, acusados de transportar explosivos, se quejaron de haber sufrido torturas continuas y malos tratos durante los cinco días que fueron mantenidos incomunicados en el cuartel de la Guardia Civil. 
El Sr. van Boven dijo en la conferencia de prensa de la semana pasada que la detención incomunicada «no solo crea las condiciones para que tenga lugar la tortura» , sino que la medida en sí puede constituir un «trato cruel y despiadado». 
Señor Presidente, aunque la desvergüenza y la capacidad de provocar en algunos parece que no tiene límite, no deja de sorprender que el único miembro de esta Cámara que no ha sido capaz de condenar uno sólo de los atentados cometidos por sus amigos, los cobardes asesinos de la banda terrorista ETA haga referencia a una aparente defensa de los derechos humanos. 
Y si es grave y condenable, señor Presidente, el atentar contra el derecho a la vida, más grave es todavía el prevalerse de la libertad que confiere el ser miembro de esta Cámara para, mediante la palabra o mediante el silencio culpable, justificar lo injustificable o defender lo indefendible. 
Señor Presidente, el único consuelo que nos queda es saber que, por imperativo legal, en la próxima legislatura no tendremos que escuchar este tipo de manifestaciones insolidarias, contrarias a las posiciones del Parlamento y que menosprecian los derechos de las víctimas. 
Señor Presidente, Señorías, siguiendo con el discurso del Sr. Ribeiro e Castro, quisiera también alertar a la Cámara sobre el comercio cruel y brutal de órganos humanos que está teniendo lugar en el norte de Mozambique, cerca de la ciudad de Nampula. 
Este comercio cruel y brutal es inaceptable, debe ser condenado y debe provocar sobresalto en las conciencias de la gente. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo debe hacer algo; debe protestar, debe tomar medidas para garantizar que cese este comercio y se ponga fin a esta brutalidad. 
Quisiera pedirle que escriba al presidente de la República de Mozambique y al presidente de la Asamblea Nacional de dicho país para expresar la preocupación de los diputados del Parlamento Europeo ante una situación verdaderamente trágica. 
Mientras la comunidad internacional permanece totalmente impasible, ese país ha soportado durante años un conflicto que aún continúa. 
Me alegro de que aparentemente esté en marcha la paz y espero que las partes implicadas lo sientan de la misma forma, ya que, por ahora, continúa indudablemente el conflicto en Kivu a todos los efectos. 
En especial para las mujeres, la situación sigue siendo sombría. 
He escuchado historias terribles de niñas de sólo 10 años y abuelas de 70 y de mujeres cuyas edades se encuentran entre estas dos, madres y demás, que se han convertido en víctimas de violaciones sistemáticas como un tipo de arma de guerra. 
Creo que debemos hacer mucho más para evitar que se trivialice sobre este tipo de violencia, debemos condenarla y ayudar a las víctimas. 
Después de todo, nunca prevalecerá la justicia si se asesina la fuente de la vida. 
Quiero disculparme ante todos los que no han podido hablar en este punto, pero ahora hemos de iniciar el primer debate. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
-la pregunta oral (O-0011/2004/rev 1- B5-0065/2004) de Anna Karamanou, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, a la Comisión sobre la igualdad entre hombres y mujeres; 
-la recomendación para la segunda lectura (A5-0083/2004) de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo con vistas a la adopción de un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II) (Ponente: Lissy Gröner); 
-el informe (A5-0092/2004) de la Sra. Bastos, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la conciliación de la vida profesional, familiar y privada; 
y 
-el informe (A5-0102/2004) de la Sra. Valenciano Martínez-Orozco, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la situación de las mujeres de los grupos minoritarios en la Unión Europea. 
Señor Presidente, me complace especialmente en el Día Internacional de la Mujer intervenir en el pleno dentro del marco del procedimiento para las preguntas orales. 
Señor Presidente, hoy es el Día Internacional de la Mujer, que coincide con el 20º aniversario de la existencia y logros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de nuestro Parlamento, lo que constituye una excelente oportunidad de hacer balance y evaluar nuestra política en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 
Sin duda, se han realizado importantes progresos durante los últimos veinte años en todos los sectores, gracias a las iniciativas políticas adoptadas a nivel parlamentario y nacional, así como a las iniciativas tomadas por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Parlamento Europeo y me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al Presidente Cox su apoyo. 
La participación de las mujeres en el Parlamento Europeo aumentó de un 6% en el Parlamento designado a un 16% en 1979, cuando se celebraron las primeras elecciones, y a un 31% en 1999. 
Aspiramos y esperamos que este porcentaje aumente aún más en las próximas elecciones de la Europa ampliada de los 25. 
La igualdad entre hombres y mujeres y el pleno reconocimiento del potencial productivo de las mujeres se considera ahora condición indispensable para lograr la estrategia de Lisboa y fortalecer nuestra democracia participativa. 
No hay duda de que en los últimos 20 años, el mayor progreso se ha conseguido en la participación y actuación de las mujeres a todos los niveles educativos, puesto que hoy en día representan el 55% de los licenciados en la Unión Europea. 
Sin embargo, a pesar de los logros indiscutibles, siguen existiendo diferencias y discrepancias significativas entre los dos sexos en todos los ámbitos, según se indica en el primer informe anual de la Comisión, que se debatirá en el Consejo Europeo de primavera dentro de unos días. 
La violencia contra las mujeres, el tráfico de seres humanos, el desempleo, la incompatibilidad entre la vida profesional y la privada, instalaciones inadecuadas para el cuidado de niños y mayores, desigualdades salariales y a la hora de los ascensos son cuestiones candentes que precisan urgentemente una solución, ya que están relacionados directamente tanto con la violación de los derechos como con la sostenibilidad y competitividad de la economía. 
Desgraciadamente, advertimos con preocupación y tristeza que numerosos Estados miembros, a pesar de haber incorporado a su legislación nacional todas las directivas comunitarias, no muestran voluntad alguna de fomentar medidas complementarias que tengan como finalidad la supresión de las desigualdades. 
Resulta decepcionante que numerosos Estados miembros apenas sigan las recomendaciones del Consejo. 
Echando la vista atrás a los últimos cinco años, la revisión de la directiva sobre trato igualitario en el lugar de trabajo y el fomento de la integración de la perspectiva de género en todas las políticas constituían un hito importante en la promoción de la igualdad de oportunidades. 
No obstante, como no podemos hablar de igualdad de sexos únicamente en el terreno laboral, celebramos la iniciativa de la Sra. Diamantopoulou de una nueva directiva basada en el artículo 13 del Tratado, que prohibirá toda discriminación en el acceso a productos y servicios. 
Es un hecho que, con los esfuerzos conjuntos y dentro del marco de la futura constitución europea, podremos de forma lenta pero segura salvar la diferencia de género en la Unión y actuar como un claro ejemplo para el resto del mundo, para las zonas del planeta en las que las mujeres siguen luchando por los derechos humanos fundamentales. 
A medida que nos aproximamos al décimo aniversario de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Pekín en 1995, donde 180 gobiernos acordaron una plataforma de acción conjunta para fomentar los derechos de la mujer, nos encontramos con que no se han cumplido dichos compromisos. 
Las mujeres siguen representando el 70% de los pobres del mundo, las niñas del África subsahariana tienen un riesgo de infección por el virus VIH seis veces mayor al de los niños, cuatro millones de mujeres y niños son víctimas de la violencia y la explotación sexual; al mismo tiempo, las mujeres solo ocupan el 15,2 % de los escaños parlamentarios. 
Por este motivo, incluido dentro del marco de los nuevos retos surgidos a partir del desarrollo de la tecnología y la globalización de la economía, necesitamos renovar e intensificar las medidas en materia de derechos de la mujer a fin de lograr un intergubernamentalismo mundial participativo y democrático que salvaguarde la distribución justa de los recursos del planeta, la igualdad entre los sexos y el desarrollo sostenible para todos. 
Podemos debatir esto en una nueva conferencia, que llamaremos «Pekín +10» y para la que esperamos la iniciativa de la Comisión. 
Comisario, quisiera pedirle que respondiera a las preguntas de interés actual que voy a formularle. 
En primer lugar, ¿cuáles son los resultados concretos del trabajo realizado por el equipo de Comisarios en materia de fomento de la igualdad? 
Segundo, ¿está de acuerdo la Comisión con el nombramiento de un Comisario cuya cartera tenga como punto principal la igualdad de hombres y mujeres? 
Asimismo, aunque los representantes del Consejo no se encuentran presentes, hemos pedido al Consejo que solicite a los Estados miembros que presenten una lista de tres Comisarios candidatos que representen ambos sexos para lograr una composición equilibrada de la nueva Comisión desde el punto de vista de género. 
La Convención ya ha presentado esta propuesta. 
. – Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, es un buen augurio que estemos celebrando este debate en el Día Internacional de la Mujer, y con ello estemos mostrando a los países de los que venimos nuestro compromiso en aspectos como la lucha contra la violencia. 
La Sra. Karamanou ha aludido a las muchas cosas que hemos logrado desde que hace un siglo Finlandia se convirtiera en el primer país europeo en otorgar el voto a la mujer; los resultados han sido numerosos, hablan por sí mismos, y ni uno de ellos sucedieron porque sí; las mujeres siempre han tenido que luchar duro por ellos. 
Hablando en calidad de ponente en relación con el programa Daphne, describiría la situación a la que nos enfrentamos actualmente como la punta del iceberg; me refiero al juicio de Marc Dutroux, un caso que podemos esperar que desvele un auténtico cúmulo de violencia contra mujeres y niños. 
Uno diría que podemos ver que la iniciativa que llevó hace diez años a la creación del programa Daphne, en el momento en que salieron a la luz los crímenes de Dutroux, está estableciendo ahora una relación directa con la segunda fase del programa, destinada a prevenir y combatir la violencia contra niños, jóvenes y mujeres. 
Esta segunda fase, que va del 2004 al 2008, viene acompañada de un importante aumento de los recursos y tengo que recordarles que ahora contamos con 10 millones de euros al año frente a los 5 millones anuales de la primera fase. 
Aunque esto sigue siendo una simple gota de agua en el océano, duplicar el presupuesto anual de este modo es una necesidad urgente, ya que en Daphne solo me fue posible financiar el 13% de los buenos proyectos. 
La mayor parte de la información obtenida en la primera fase de Daphne se ha incorporado al nuevo programa. 
Tuvimos una ardua batalla con la Comisión y el Consejo para conseguir la creación de un centro de asistencia para las ONG que buscan ayuda del programa por primera vez, especialmente con los nuevos Estados miembros, en los que siguen siendo aún muy débiles las estructuras de las ONG para las mujeres. 
Lo que es ahora la enmienda 5 es una composición de palabras con las que puede estar de acuerdo el Consejo y espero que pronto lleguemos a un acuerdo en esta materia. 
El proyecto de informe incluye también una propuesta para declarar el 2006 Año europeo contra la violencia, para inaugurar un debate público de amplio alcance destinado a desarrollar futuras iniciativas que detengan el avance del mortal virus de la violencia. 
Solo puedo mencionar unos cuantos: ha habido un drástico aumento en el tráfico de mujeres y, según la Organización Internacional para las Migraciones, se han pasado clandestinamente 500 000 mujeres a la Unión Europea para ser explotadas sexualmente y obligadas a prostituirse. 
Esa cifra acaba de ascender a 800 000 y las redes criminales de comercio de esclavos bien organizadas, ya que así es como las llamo, no se detienen a la hora de traficar también con niños. 
Una de nuestras enmiendas paró una propuesta del Consejo de que el programa Daphne II se centrara más en los infractores. 
No vimos ningún motivo por el cual los recursos, a todas luces escasos, se tuviesen que quitar a las víctimas e identificar como grupo destinatario a los infractores. 
Y lo que es más, las medidas preventivas de Daphne I ya facilitaban el trabajo con los infractores y las víctimas y el acercamiento de los dos. 
El diálogo informal entre el Consejo, la Comisión y mi comisión ha hecho posible que nos pongamos de acuerdo en las propuestas, que presentamos como enmiendas ante la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
Si nos encontrásemos mañana con una amplia mayoría que apoyara estas enmiendas, se enviaría un claro mensaje a las mujeres, y no solo a las mujeres, sino también a las organizaciones de Europa, de que estamos unidos en la lucha contra la violencia y de que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras se enriquecen las bandas criminales. 
Quisiera dar las gracias a la Comisión, en especial al Comisario Vitorino, así como a las presidencias irlandesa e italiana del Consejo por su cooperación; espero que consigamos mañana un amplio apoyo para estas cinco enmiendas y que la Posición Común, con estas modificaciones, pueda después entrar en vigor sin retraso, ya que es de urgente necesidad el programa para la labor de combatir la violencia. 
. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, la reconciliación de las vidas privada, familiar y profesional representa un aspecto crítico para que la igualdad entre hombres y mujeres se convierta en realidad. 
Por tanto, es para mí un privilegio poder presentar y debatir hoy mi propio informe sobre este tema. 
El día de hoy, 8 de marzo, es el más apropiado puesto que marca el Día Internacional de la Mujer, además de que el año 2004 ha sido designado como el Año Internacional de la Familia. 
Somos plenamente conscientes de que los aspectos profesional, familiar y privado constituyen todos los ámbitos de nuestras vidas aunque, a la vez, forman tres vidas complementarias. 
Promover la igualdad entre hombres y mujeres es clave en la tarea comunitaria, lo que implica la necesidad de compensar por las desventajas a las que se enfrentan las mujeres en cuanto a condiciones de acceso y participación en el mercado laboral y las desventajas a las que se enfrentan los hombres en cuanto a condiciones para participar en la vida familiar. 
Hay que examinar dos asuntos sobre este telón de fondo: primero, el desafío demográfico. 
Por un lado, el envejecimiento de la población exige un mayor influjo de recursos humanos en el mercado laboral, por lo que el acceso al mismo debe ser igual tanto para hombres como mujeres. Por otro lado, existe la necesidad de políticas familiares que favorezcan el crecimiento demográfico. 
El segundo asunto es el reto de crecimiento económico, que exige medidas que proporcionen incentivos para la participación de la mujer en el mercado laboral. 
A fin de elaborar políticas coherentes, hay que conseguir un equilibrio entre estos dos asuntos. 
De no ser así, ambos se verán enfrentados, con lo que la reconciliación de las vidas profesional, familiar y privada correrá un serio peligro. 
Opino que el punto clave de este tema es que las mujeres deben gozar siempre de libertad para elegir entre trabajar cuando tienen hijos o quedarse en casa. 
Por tanto, se deben tomar medidas para permitir que las mujeres tengan esta elección sin que, como resultado, sufran sus carreras o su vida privada y familiar. 
Se debe hacer hincapié en la diversidad de situaciones que hay que tener en cuenta. 
Destaco el hecho de que en la UE, una de cada seis mujeres entre los 25 y 54 años de edad no tiene empleo remunerado, lo que quiere decir que ni está empleada ni desempleada, debido a responsabilidades familiares o porque no puede reconciliar la vida familiar con la profesional. 
La obstrucción u obstaculización de la entrada de la mujer en el mercado laboral supone un factor para la menor productividad en Europa. 
Las disparidades entre los Estados miembros, entre el norte y sur de Europa, hablan por sí mismas. 
Debemos concentrarnos en las buenas prácticas utilizadas por nuestros socios en Dinamarca, Suecia y Finlandia, que tienen las mayores tasas de empleo femenino. 
En Suecia, las mujeres tienen una elección más amplia de guarderías. 
Dinamarca emplea 3,8 % de su riqueza nacional a las políticas familiares, más que cualquier otro país europeo y su tasa de natalidad es del 1,73 %, también una de las más elevadas de la UE. 
Todas las partes afectadas en este asunto, las familias, las autoridades nacionales, locales y regionales, así como los interlocutores sociales, se deben implicar. 
Las conclusiones de Lisboa indican que la participación equilibrada de hombres y mujeres en las vidas familiar y profesional, de interés tanto para los hombres como las mujeres, representa un factor clave para el progreso de la sociedad, en la que la maternidad, paternidad y los derechos de los niños son valores sociales de importancia extrema que la sociedad, los Estados miembros y la Comunidad Europea deben proteger. 
La auténtica igualdad entre hombres y mujeres en los dominios público y privado debe ser aceptada por la sociedad como un requisito previo para la democracia, una necesidad para la ciudadanía y una garantía para la libertad y autonomía individual, que se debe reflejar en todas las políticas de la UE. 
Los objetivos de los Consejos Europeos de Lisboa y Barcelona constituyen grandes desafíos para la Unión Europea y exigen medidas innovadoras. 
Paso a destacar algunas: los Estados miembros actuales y los que están a punto de adherirse deben supervisar el impacto de sus políticas en la familia. 
Las empresas deben entender que la reconciliación de la actividad profesional y la vida familiar es un derecho de los trabajadores, una obligación social y una herramienta fundamental para elevar la productividad. 
Junto con los interlocutores sociales, es preciso delinear una guía de buenas prácticas para las empresas, que también divulgue ejemplos positivos. 
Una solución podría ser la organización del trabajo, en concreto el impulso del trabajo a media jornada, la reducción de la jornada de trabajo y el teletrabajo. 
Establecer sitios en Internet que contengan bases de datos de servicios útiles para los trabajadores y publicar estructuras de apoyo existentes, informar a los empresarios e incentivarlos para que establezcan o mantengan estructuras de apoyo social que faciliten la reconciliación de las vidas familiar y profesional, garantizar la desgravación o reducción fiscal a las empresas, proporcionar ayuda en metálico o con vales como, por ejemplo, vales para guardería, bonos para cuidadores, etc., apoyo especial para familias monoparentales y madres solteras, en concreto a nivel fiscal, apoyo familiar y créditos familiares. Se trata de medidas ambiciosas muy necesarias, puesto que debemos progresar en este aspecto. 
Como ponente, por tanto, le pido a la Comisión que ponga en marcha los mecanismos necesarios para redactar una directiva marco para la reconciliación de las vidas privada, familiar y profesional, de modo que se asegure que todos los Estados miembros, tanto presentes como futuros, cuenten con las herramientas y respuestas adecuadas con las que enfrentarse a los desafíos de igualdad de oportunidades, crecimiento económico y desafío demográfico. 
. Señor Presidente, Señora Comisaria, es un honor para mí presentar este informe tan importante sobre la situación de la mujer de los grupos minoritarios en la Unión Europea y en nombre de la ponente, la Sra. Valenciano, que no ha podido estar presente en la sesión de hoy. 
Este informe se refiere a tres grupos minoritarios: las mujeres discapacitadas, las mujeres inmigrantes y las mujeres gitanas y se centra en el problema del velo de silencio que esconde la situación que viven. 
Estas mujeres permanecen a la sombra, ya que están ocultas detrás de los hombres que pertenecen a sus grupos. 
A fin de llevar a cabo un análisis más preciso, la ponente propone distintas acciones para los grupos minoritarios a los que se hace referencia en el informe como, por ejemplo, el desarrollo de estadísticas y la elaboración de un estudio concreto, la implicación de estas mujeres en los procedimientos de toma de decisiones, el fomento de la tecnología de información, la formación, educación y protección de su salud sexual y reproductora. 
La ponente agradece a las organizaciones de las tres minorías por su apoyo a las mujeres y por la cooperación tan positiva que ha recibido durante la redacción de este informe. 
En primer lugar, en lo que respecta a las mujeres discapacitadas, hay 44 600 000 personas con discapacidades en la Unión Europea, que representan el 15,7 % de los ciudadanos europeos, porcentaje que se elevará al 25% cuando la Unión Europea se amplíe. 
Se calcula que las mujeres representan el 51% del total de la población discapacitada. 
No obstante, hay motivos para pensar que este porcentaje podría ser incluso más elevado: un 53%, que aumentará al 58% para el año 2015. 
Si comparamos ese porcentaje con el 55% de mujeres sin discapacidades que trabajan, vemos que solo trabaja el 25% de las mujeres discapacitadas. 
Suele ser un trabajo de grado inferior, de sueldo bajo y con menos ventajas que las que benefician a los hombres discapacitados. 
El problema radica en que no existe orientación profesional designada para satisfacer las necesidades específicas de las mujeres discapacitadas. 
La violencia no es solo un hecho frecuente en las vidas de estas mujeres, sino que en muchas ocasiones es la causa de su discapacidad. 
Se calcula que la violencia es la causa principal de la muerte y discapacidad en todo el mundo, por delante del cáncer, los accidentes de tráfico o incluso la guerra, de las mujeres entre los 16 y 45 años. 
En segundo lugar, en lo que respecta a las mujeres inmigrantes, según las cifras generales de la ONU en 1990 –por desgracia, no contamos con datos más recientes– hay 12 millones de mujeres inmigrantes en Europa. 
Por supuesto, esta cifra sigue aumentando, aunque no hay información exacta disponible. 
La pobreza y la inestabilidad social constituyen los factores centrales en las vidas de estas mujeres. 
Las dificultades que sufren para obtener acceso al mercado laboral como resultado de barreras culturales y lingüísticas, la falta de reconocimiento de sus cualificaciones profesionales, estereotipos y prejuicios, el racismo y el desprecio de sus derechos hacen que las mujeres inmigrantes queden relegadas a rangos inferiores en la escala del mercado laboral o a la economía sumergida, o bien dependan de los hombres para su supervivencia. 
Gran parte de estas mujeres permanecen en casa trabajando como cuidadoras y limpiadoras, presas del papel femenino tradicional, con el resultante aislamiento social y falta de acceso a los servicios sociales básicos, además de marginadas en el proceso del ascenso en la movilidad social, lo que crea una reacción en cadena de exclusión social. 
El cierre de las fronteras y las restricciones para la inmigración aumentan el papel de las redes oficiosas y los beneficios que obtienen las organizaciones de estilo mafioso que trafican con seres humanos. 
En el caso de las mujeres que son víctimas de tráfico para la explotación sexual, se debe impulsar la garantía de permisos de residencia temporal. 
En lo que respecta a las mujeres gitanas, en Europa hay de 8 a 10 millones de gitanos, aunque la tradición nómada que pervive entre estas gentes hace que estas cifras no sean fidedignas, por lo que estos datos se deben tratar con cautela. 
El censo sitúa la población de mujeres gitanas en un 51%, lo que resulta similar a las cifras de mujeres en general. 
Hay una tasa de natalidad elevada en la población gitana, así como altas cuotas de mortalidad infantil y adulta. 
Las mujeres se suelen casar muy jóvenes y tienen su primer hijo antes que otros grupos étnicos. 
La esperanza de vida es entre 13 y 17 años menor para los hombres y mujeres romaníes respectivamente que para el resto de la población. 
Una tasa de natalidad elevada combinada con una tasa de mortalidad elevada hace que la población romaní sea principalmente joven. 
El 80% son menores de 34 años, mientras que el 43% está por debajo de los 14 años. 
Aprovechemos el Día Internacional de la Mujer para volver nuestra atención y pensamientos y tomar medidas concretas en conexión con estas mujeres de grupos minoritarios en la Unión Europea. 
Señor Presidente, acojo con agrado este debate conjunto sobre el Día Internacional de la Mujer que trata cuestiones importantes para millones de mujeres. 
Este es un día no solo de celebración, sino también de reflexión. 
¿Qué celebramos? 
Sin duda alguna los progresos que hemos hecho en materia de igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea y también nuestra solidaridad con las mujeres alrededor del mundo en todos los países, recordando en particular a las que viven en medio del conflicto y la pobreza y cuyos derechos son violados a diario. 
Asimismo hemos de reflexionar sobre la medida en que hemos progresado realmente. Puede que ello nos haga preguntarnos si realmente tenemos tanto que celebrar. 
La Unión Europea está en vísperas de una ampliación histórica y estamos a punto de convertirnos en una Unión de 450 millones de personas, de las cuales más de la mitad son mujeres y niñas. 
Ahora bien, seguimos sin poder decir que las mujeres en general gocen de la misma condición que los hombres en las sociedades europeas. Ni tampoco están debidamente representadas en los niveles decisorios nacionales e internacionales. 
La violencia y el tráfico de mujeres, o, mejor dicho, la esclavitud sexual –que es la palabra que mejor lo define– siguen siendo plagas que no hemos sido capaces de combatir con suficiente eficacia. 
Por otro lado, es cierto que hemos hecho progresos considerables en los últimos 50 años, progresos en los que el Parlamento Europeo ha desempeñado un papel destacado. 
Hemos de apoyarnos en estos logros y garantizar que la legislación en materia de igualdad de trato recientemente propuesta fuera del mercado laboral se convierta en legislación europea. 
Hemos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar una representación equilibrada de las mujeres en el próximo Parlamento Europeo. 
La igualdad entre hombres y mujeres va de la mano de la democracia en todos los niveles. 
Los derechos de las mujeres son derechos humanos. 
La no discriminación consagrada en la Carta de los Derechos Fundamentales es la piedra angular de la democracia. 
Pero la democracia necesita algo más que la ausencia de discriminación: necesita gobernanza. 
Una buena gobernanza significa compartir el poder de tomar decisiones en la política, en la vida económica y social, en la administración pública y en el hogar. 
Aún nos queda un largo camino por recorrer. 
Empezaré contestando a la Sra. Karamanou. 
En la reunión del Grupo de Comisarios sobre Igualdad de Oportunidades, celebrada el pasado miércoles, la Comisión discutió sobre los resultados de sus actividades para promover la igualdad entre hombres y mujeres. 
Esta reunión se celebra todos los años. Está presidida por el Presidente Prodi y a ella asisten diputados a este Parlamento, así como la Presidencia del Consejo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo, los Comisarios responsables de las cuestiones incluidas en el orden del día, las presidentas del Lobby de Mujeres Europeas y el Comité Consultivo sobre Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres. 
Quisiera decir que el Grupo de Comisarios tiene un papel importante a la hora de aumentar la visibilidad de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres y ha promovido activamente la igualdad entre hombres y mujeres en diversos ámbitos. 
La Comisión puede reivindicar para sí misma diversos éxitos en este terreno. 
Un ejemplo reciente es la aprobación en noviembre de 2003 de la propuesta de una nueva directiva en materia de discriminación por motivos de sexo en el ámbito del acceso a los bienes y servicios y del suministro de los mismos. 
Otro ejemplo lo constituye el primer informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres, solicitado por los Jefes de Estado y de Gobierno para el Consejo de Primavera, que fue aprobado por la Comisión el 19 de febrero. 
Dicho informe fija retos, así como orientaciones políticas para el futuro, en especial en relación con una nueva Europa ampliada. 
Además, cabría señalar que en su último informe de primavera, la Comisión pide a los Jefes de Estado y de Gobierno que se comprometan a adoptar la nueva directiva contra la discriminación antes de marzo de 2005, y ello demuestra claramente que la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo una prioridad absoluta en las agendas del Consejo y de la Comisión. 
Aparte de la modernización y la ampliación de la legislación, la Comisión ha aspirado a promover la igualdad entre hombres y mujeres en el marco de la estrategia de empleo europea y de la agenda de política social. 
La integración de la perspectiva de género –que incorpora la igualdad en todos los ámbitos políticos y en todas las fases de elaboración política– ha empezado ha aplicarse, junto con otras medidas, tanto en los Estados miembros como a escala europea. Ello se refleja no solo en objetivos y directrices específicas en el método abierto de coordinación en materia de empleo, inclusión social y protección social, sino también en esfuerzos por colmar las lagunas de género en la educación, la formación y la investigación. 
Este enfoque se incluye en los documentos por los que se rigen los Fondos Estructurales. 
La Comisión también ha emprendido iniciativas concretas para mejorar la aplicación de la integración de la perspectiva de género en la política de desarrollo y de relaciones exteriores. 
Además, aplica una política de personal activa dentro de sus propios servicios. 
Aparte de ello, ha tenido lugar un intenso intercambio de puntos de vista entre el Parlamento Europeo y la Comisión sobre la aplicación de la presupuestación con criterios de género. 
En lo que respecta a la segunda pregunta de la Sra. Karamanou, la actual Comisión no puede hacer ninguna promesa sobre cómo la nueva Comisión organizará su trabajo y cuáles serán las principales cuestiones de las carteras. 
Sin embargo, el compromiso fundamental de promover la igualdad entre hombres y mujeres en las políticas y las medidas europeas no cambiará. 
No obstante, es fundamental que haya un mecanismo de alto nivel que trate la igualdad de forma horizontal, pues garantiza un liderazgo de alto nivel. 
Un enfoque de arriba abajo –que también es necesario– mejora la visibilidad de las cuestiones de igualdad y promueve la creación de redes. 
La Comisión entrante deberá adoptar acuerdos específicos sobre el funcionamiento de un grupo de este tipo 
Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a la Sra. Gröner, ponente para el programa Daphne II, por su cooperación y la calidad de su trabajo en relación con esta propuesta, que es tan importante para el Parlamento como para la Comisión. 
La Comisión concede mucha importancia a la renovación del programa Daphne, que sin duda satisface una necesidad muy sentida en el sector del voluntariado y entre el público en general. 
Nuestro objetivo es establecer una segunda fase del programa Daphne para el periodo 2004-2008, basándonos en la experiencia de cuatro años conseguida durante la aplicación del actual programa Daphne I. Todos los ámbitos de violencia, como la violencia doméstica, la violencia en las escuelas e instituciones, en el lugar de trabajo, la explotación sexual comercial, la mutilación genital, el impacto sobre la salud, la violencia de género, el tráfico –es triste que la lista de violencia contra las mujeres sea tan larga–, siguen siendo importantes y han ser objeto de acciones. 
Las organizaciones responsables de ayudar a las víctimas siguen siendo los mejores canales para llegar y ayudar a las personas beneficiarias de estas acciones. 
Además, los organismos de formación, las universidades, las asociaciones de voluntarios, los centros de investigación y las autoridades locales también pueden entrar en el programa. 
El programa contribuirá al objetivo general de ofrecer a los ciudadanos un alto nivel de protección contra la violencia, incluida la protección de su salud física y mental en el marco de un ámbito de libertad, seguridad y justicia. 
Tiene por objeto evitar y combatir todas las formas de violencia contra los niños, los jóvenes y las mujeres. 
Al hacerlo, el programa contribuirá a la salud y al bienestar social. 
El texto representa un compromiso bien equilibrado que permitirá a la Comunidad reanudar la lucha contra la violencia durante otros cinco años con unos recursos financieros razonables. 
Asimismo quiero dar las gracias al Parlamento por ello y por la rápida tramitación de esta decisión. 
Me complace confirmar que las cinco enmiendas que modifican la posición común del Consejo han sido aprobadas por la Comisión. 
Las primeras cuatro redefinen algunos conceptos y aclaran el alcance del programa, y la quinta enmienda pide que se cree una oficina de asistencia para ayudar a las organizaciones a la hora de presentar sus proyectos y, más adelante, ponerlos en práctica. 
La Comisión aplaude esta sugerencia y está encantada de aplicarla. Sin duda será una herramienta útil para ayudar a las organizaciones y, por consiguiente, puede incrementar la calidad de las propuestas que recibimos. 
Por último, vuelvo al informe Bastos sobre la conciliación de la vida profesional, familiar y privada. 
Quiero felicitar a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y en particular a la Sra. Bastos por este amplio informe de propia iniciativa. 
Asimismo tomo nota de la valiosa contribución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y su ponente, el Sr. Schmid. 
En el Día Internacional de la Mujer el Presidente no puede negar nada. 
Por lo tanto, siéntese usted, señora Wallström. 
Quiero seguir hablando, solo que no me encuentro bien. 
Intentaré seguir desde esta posición más cómoda. 
La conciliación es una preocupación clave a escala europea en las políticas de empleo y asuntos sociales y las cuestiones que están en juego son la promoción de más y mejores empleos y la garantía de la igualdad de derechos para hombres y mujeres. 
La Unión Europea aborda la conciliación desde muchos ángulos diferentes, utilizando diversos instrumentos, como la legislación, el método abierto de coordinación entre Estados miembros, y herramientas de financiación. 
Ya hay diversas directivas que facilitan la conciliación de la vida laboral y familiar: la directiva sobre permisos parentales, la directiva sobre trabajadoras embarazadas y la directiva sobre igualdad de trato, en lo que respecta al empleo, la formación profesional y las condiciones laborales. 
Considerando que nos hallamos en vísperas de la mayor ampliación que hemos tenido nunca, es esencial concentrarse en la aplicación eficaz de las directivas vigentes. 
En diciembre de 2003, la Comisión lanzó una revisión de la directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. 
La Comisión pidió que se hicieran comentarios sobre el texto actual de la directiva y la necesidad de introducir otras iniciativas en cinco ámbitos, inclusive medidas para lograr una mejor conciliación de la vida laboral y familiar. 
La Comisión cree que una mayor compatibilidad entre la esfera privada y profesional y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mejoraría la calidad global del empleo. 
Además, las medidas mejorarían asimismo la productividad aumentando la motivación y la disponibilidad, y ofreciendo mayores oportunidades de formación. 
El punto de vista de la Comisión es que una revisión de la directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo estimularía a los Estados miembros a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Además de la legislación, el método abierto de coordinación a escala europea presta especial atención a esta cuestión, en los ámbitos del empleo y la inclusión social. 
La estrategia europea de empleo alienta enérgicamente a los Estados miembros y a los interlocutores sociales a desarrollar mejores medios de conciliación. 
Coincido con la opinión expresada en el informe de la Sra. Bastos de que una mejor conciliación no sólo ayuda a las mujeres a tener acceso al empleo y a seguir trabajando, sino que además contribuye a reducir la diferencia de remuneración y la segregación de género en el mercado laboral. 
En los planes nacionales de 2003, los Estados miembros consideran la conciliación como el principal factor para reducir las diferencias de género. 
Seis Estados miembros establecen objetivos nacionales para aumentar los servicios de cuidado de los niños. 
Desde 2002, seis Estados miembros han cambiado sus disposiciones sobre permisos o se han comprometido a mejorarlos, en especial con miras a aumentar la dedicación de los padres. 
En abril, la Comisión organizará una revisión por homólogos en Suecia, un país donde las oportunidades para combinar la vida familiar y profesional apuntalan una fuerte participación de las mujeres en el mercado laboral y una tasa de natalidad relativamente alta. 
El subsidio parental es pagadero durante 480 días con 60 días reservados para el padre y la madre, respectivamente. 
Ocho países –cinco antiguos Estados miembros y dos recién llegados– aprenderán unos de otros acerca de las maneras de poner en práctica los programas de maternidad, paternidad y permiso parental, establecer subsidios parentales y mejorar el acceso al cuidado de los niños. 
El proceso de inclusión social también presta atención a la promoción de la conciliación de la vida profesional y familiar a la luz de problemas particulares a que se enfrentan las familias. 
Más recientemente, la Comisión publicó una comunicación sobre cómo conseguir que el trabajo sea provechoso, que recalca la importancia de una conciliación adecuada no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Analiza las limitaciones a que se enfrentan las mujeres a la hora de acceder al mercado laboral y seguir trabajando, y presenta buenas prácticas desarrolladas en los Estados miembros. 
Los Fondos Estructurales –en particular el Fondo Social, que apoya la aplicación de la estrategia de empleo en los Estados miembros y el Fondo Regional– financian medidas cuyo objetivo es conciliar la vida profesional y familiar. 
Por ejemplo en Irlanda se gastarán 436 millones de euros en el periodo 200-2006 para mejorar las guarderías infantiles. 
La conciliación también fue el tema prioritario del programa de igualdad entre hombres y mujeres en 2002. 
Se seleccionaron dieciocho proyectos transnacionales que se centraban en acciones de sensibilización e intercambios de buenas prácticas. 
Las soluciones para mejorar la conciliación de la vida profesional y familiar no radican en una única medida concreta. Exigen una combinación adecuada de varios instrumentos y aquí todos tenemos un papel que desempeñar: la Comisión, los Estados miembros, los interlocutores sociales, los servicios sociales y los hombres y mujeres que desean mejorar la calidad de sus vidas. 
Celebro mucho el apoyo del Parlamento a la hora de reforzar nuestras actividades en este ámbito y hacer un uso completo y mejor de los instrumentos existentes. 
Ahora quiero tratar el último informe de la Sra. Martínez-Orozco, sobre las mujeres de los grupos minoritarios, que reviste especial importancia, como ya ha mencionado la Sra. Karamanou. 
Quisiera dar las gracias a la ponente, a otros diputados que han participado en la elaboración del informe y a la Sra. Karamanou por su declaración. 
La Unión Europea ya ha hecho muchas cosas para abordar el problema de la discriminación múltiple a que se enfrentan las mujeres que viven en la Unión Europea, desarrollando un enfoque integrado. Este enfoque integrado se refleja en la legislación y en programas europeos contra la discriminación. 
En 2000 se aprobaron las directivas marco sobre igualdad racial y de empleo y ahora han entrado en vigor. 
Estas prohíben la discriminación por diversos motivos, entre ellos el origen racial o étnico y la discapacidad. 
Hacen referencia específica al problema de la discriminación múltiple y ofrecen protección a las mujeres que pertenecen a minorías, así como a las mujeres en general. 
La Comisión comparte las preocupaciones expresadas por su Señoría en su informe respecto de los retrasos en la aplicación de estas importantes directivas en varios Estados miembros. La Comisión ya he empezado a tomar medidas para asegurar que todas las mujeres y hombres que viven en la UE puedan beneficiarse de una protección eficaz contra la discriminación. 
La legislación europea exige a los Estados miembros que creen organismos para abordar la discriminación racial y sexual, y la Comisión espera que el trabajo de dichos organismos ayude a los esfuerzos de los ciudadanos por evitar la discriminación contra las mujeres de grupos minoritarios y a potenciar sus oportunidades. 
Como saben sus Señorías, las directivas contra la discriminación están complementadas por un programa de acción comunitario de 100 millones de euros para luchar contra la discriminación. 
Uno de los objetivos destacados de este programa es afrontar la discriminación multifactorial. 
Sobre la cuestión de los romaníes, comparto muchas de las opiniones expresadas por la ponente. 
La Comisión también ha recalcado en varias ocasiones que la eliminación de la discriminación contra las personas de etnia romaní ha de ir acompañada del respeto por de derechos fundamentales de las mujeres y niñas romaníes, incluido el respecto dentro de su propia comunidad. 
La igualdad entre hombres y mujeres es un principio del Derecho comunitario y un aspecto fundamental de modelo social europeo. 
La plena participación de las mujeres de todas las edades y de toda condición en la sociedad y la economía conlleva importantes ventajas económicas y sociales. 
La Comisión reafirma su compromiso de integrar la perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres y las cuestiones de discapacidad en sus programas y políticas. 
Señor Presidente, en opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, destaco dos factores que revisten especial importancia. 
En primer lugar, tenemos las diferencias salariales entre hombres y mujeres. 
Debido a ello, las familias a menudo deciden, por motivos puramente económicos, que el hombre trabaje durante el máximo de tiempo –es decir, ocho horas y quizás también haga horas extras–, mientras que la mujer trabaja media jornada. 
Estas diferencias salariales, que no son elegidas sino que más bien vienen dictadas por las condiciones salariales en el mercado, deben eliminarse para que las familias puedan decidir en libertad el modelo de vida familiar que más les conviene. 
El segundo factor es el de jornada laboral. 
Cada vez resulta más habitual tanto para hombres como mujeres trabajar ocho horas al día, además de tener que recorrer largas para ir y venir del trabajo. 
Por tanto, en la práctica ambas partes pueden llegar a trabajar de nueve a diez horas al día. 
Este modelo acarrea una carga insoportable, especialmente para las familias con hijos. 
En la actualidad soy casi la única persona que se atreve a decir que, en vista de todo lo anterior, debemos limitar el tiempo de trabajo hasta, por ejemplo, doce horas laborales por familia al día. 
Por tanto, resulta fundamental que distribuyamos el tiempo de trabajo equitativamente entre hombres y mujeres, es decir, seis horas para el hombre y seis horas para la mujer. 
Tanto para las familias como para los lugares de trabajo, esto es mucho mejor que media jornada para las mujeres y una jornada completa para los hombres. 
Entre las propuestas de la comisión se incluye la exigencia de igualdad salarial, aunque desafortunadamente no demanda la igualdad de distribución y reducción del tiempo de trabajo diario. 
Por este motivo, deseo repetir este punto fundamental: seis más seis horas es mejor que cuatro más ocho horas. 
Se trata de un asunto crítico al que debemos prestar atención, especialmente en el Día Internacional de la Mujer. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, tenemos que felicitarnos de tener aquí hoy el programa Daphne II, que continúa el anterior programa Daphne I y recoge las recomendaciones que se hicieron en el informe de evaluación sobre el Daphne I, del que fui ponente. 
El programa Daphne tiene como objetivo prevenir y combatir todas las formas de violencia contra niños, jóvenes y mujeres en el marco de un enfoque multidisciplinar y ha contribuido a que haya una mayor sensibilidad en la Unión Europea hacia este problema tan grave que afecta, por desgracia, a toda la sociedad. 
Se ha constatado el éxito del anterior programa, lo que nos ha facilitado la introducción de algunas novedades en el Daphne II, entre las que destacaría, en primer lugar, el considerable aumento presupuestario: hemos pasado de 20 a 50 millones de euros, lo que, aunque parezca una cifra todavía insuficiente, es un avance bastante importante; en segundo lugar, el intercambio de buenas prácticas y de experiencias, especialmente en medidas preventivas y de ayuda a las víctimas, así como estudios e investigación; en tercer lugar, la formación de instrumentos educativos en las escuelas, donde debemos empezar a prevenir la violencia y a fomentar la igualdad; por último, se introducen programas de formación de los profesionales afectados, como pueden ser abogados, policías, médicos, etc., y también se introduce el desarrollo y puesta en práctica de programas para rehabilitar a los agresores, ya que a veces el agresor sale de la cárcel y vuelve a agredir a la víctima, ocasionándole nuevos daños. 
Ésta es una novedad que, en mi opinión, parece bastante interesante de cara al futuro. 
También hemos de tener en cuenta de una manera especial la prevención para los grupos de mayor riesgo, como son las mujeres discapacitadas o mujeres que están en una situación especial porque ya han sido víctimas de violencia anteriormente. 
Es decir, es un programa que continúa insistiendo en la tolerancia cero hacia la violencia contra los niños, los adolescentes y las mujeres. 
También quiero referirme muy brevemente al informe que presenta la Sra. Bastos sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Tengo que felicitarla por su trabajo tan interesante y tan profundo, que debe ser la base de otros trabajos de la Comisión, para poder hacer algo que realmente repercuta en las legislaciones de los Estados miembros en cuanto a la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Es preciso crear las condiciones que faciliten que las mujeres puedan desarrollar su vida profesional sin que esto les cree problemas en la familia, mediante la realización de las modificaciones oportunas en cuanto a nuevos contratos de trabajo a tiempo parcial, teniendo en cuenta que esto no cree problemas en las cotizaciones sociales que puedan perjudicar las prestaciones en el futuro, con la creación de guarderías, centros de día para personas dependientes, generalmente también a cargo de las mujeres, así como ayudas fiscales y ayudas a la familias con mayor número de hijos. 
Han de lograrse mejores remuneraciones para el trabajo de la mujer, que, lamentablemente, seguimos constatando que percibe menor remuneración que el hombre por el mismo trabajo, y hemos de avanzar en los objetivos de Lisboa para que la mayor presencia de la mujer en el mercado laboral sea una realidad. 
La igualdad de condiciones no debe suponer la renuncia de la mujer a la vida familiar, como ocurre en muchas ocasiones, la renuncia a la maternidad y a muchas de sus responsabilidades. 
Debe operarse un cambio que conduzca a una mayor conciliación y a que las responsabilidades sean compartidas con el hombre en un plano de igualdad. 
– Señor Presidente, Señora Comisaria, como se apuntó con anterioridad, ya existen algunas Directivas, pero con la aplicación de las mismas quedan todavía muchos deseos sin cumplir, y opino que ahí es donde debemos hacer mayor hincapié. 
Verdaderamente no podemos tolerar una situación en que en esta Cámara trabajamos para lograr nuevas directivas para que después se ignoren cuando se transponen a los Estados miembros, con lo cual acabamos preguntándonos para qué estamos esforzándonos tanto. 
En lo que respecta a la igualdad, es vital que estas directivas se implementen. 
Nos alegramos de que podamos celebrar el Día Internacional de la Mujer hoy y este es, en efecto, un día de regocijo. 
En esta sesión plenaria hemos pasado ya dos horas tratando el tema de la política de igualdad y lo que se debe hacer, pero ¿qué pasará mañana? 
Mañana, el Día de la Mujer será cosa de ayer y volveremos a seguir teniendo las mismas experiencias del día a día. 
Aunque la Sra. Karamanou ha apuntado anteriormente que este año celebramos el 20º aniversario de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, no hay que olvidar el hecho de que, en esta Cámara, también las mujeres trabajamos soportando una doble carga. 
En la actualidad, estamos representadas en tres comisiones porque la Comisión de Derechos de la Mujer no se considera importante en esta Cámara y es allí donde debemos intentar por todos los medios reunir nuestras fuerzas, porque es allí donde debemos trabajar para el reconocimiento y luchar contra muchos asuntos complicados, que no siempre son bienvenidos al debate público. 
Es cierto que el informe Bastos sobre la igualdad y la reconciliación de las vidas familiar y profesional presupone, entre otras cosas, la igualdad salarial por el mismo trabajo, lo que facilitaría que se compartieran las bajas por maternidad y paternidad, ya que uno u otro tendría la libertad de optar por pasar parte de su tiempo con los hijos, mientras que la otra parte seguiría trabajando. 
La situación actual es que esta decisión siempre se toma en función de las circunstancias económicas, lo que suele funcionar mejor para los hombres. 
Esto quiere decir que uno de los importantes principios por los que hemos hecho campaña durante mucho tiempo, aunque tenga sus defectos, debe ponerse por fin en práctica. 
Si queremos alcanzar el objetivo de Lisboa, estamos tratando un aspecto para el que necesitamos concebir una política estricta destinada a las mujeres y familias, puesto que una economía en desarrollo necesita mujeres trabajadoras y mujeres que se puedan desplazar; sobre todo, necesita mujeres que puedan tener más hijos si las condiciones son favorables. 
Una vez más, haré hincapié en el concepto de familia. 
¿Qué es una familia? 
También este término debe definirse. 
No solo cuenta la imagen clásica de la familia, con el padre, la madre y el hijo; por el contrario, el término «familia» debe incluir distintos tipos de formas de vida, diferentes maneras de vivir juntos, distintos conceptos de vida, con lo que la integración de la perspectiva de género no se debe confundir con la integración de la perspectiva de familia. 
Hay justificación para ambas. 
Las dos funcionan en distintos niveles dirigidos al mismo fin, que es una sociedad atendida por hombres y mujeres, en la que todos nos beneficiemos de ello de la misma manera. 
Señor Presidente, la igualdad entre hombres y mujeres no nos debe preocupar solamente un día al año. 
Por el contrario, en el siglo XXI la igualdad debería formar parte natural de la vida diaria de todos en una democracia. 
En términos generales, existe la necesidad de que más mujeres ocupen puestos destacados, especialmente en política. 
Hablar de auténtica democracia carece de significado a menos que también haya auténtica igualdad. 
Nuestro objetivo en el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas consiste en obtener una representación equilibrada de hombres y mujeres. 
Por tanto, pedimos a todos nuestros miembros del partido que cumplan dicho objetivo en relación con las elecciones al Parlamento Europeo. 
La ampliación a los diez nuevos países de Europa Central y Oriental el 1 de mayo tiene una importancia histórica. 
No obstante, al mismo tiempo, es motivo de cierta preocupación. 
Aunque los observadores de estos países han realizado una labor encomiable en el Parlamento, espero que las nuevas elecciones en junio aseguren una distribución más equitativa de los sexos. 
En la actualidad, aproximadamente el 30% de los diputados son mujeres. 
Como mínimo, esa cifra se debe mantener en las próximas elecciones de junio. 
A ese respecto, hago un firme llamamiento para que todas las mujeres utilicen su derecho al voto el 13 de junio. 
El aumento de la influencia y la igualdad de las mujeres solo se producirá si ellas mismas están también preparadas para asumir la responsabilidad. 
Entre los diez denominados comisarios alternativos, que se han designado el 1 de mayo, hay tres mujeres. 
Se les debería dar la bienvenida. 
A la vez, espero que, en lo que se refiere al nombramiento de la próxima Comisión, los Estados miembros cumplan con la propuesta de la Convención a este efecto de que todos los Estados miembros deben nominar tres candidatos, con representantes de ambos sexos. 
Las mujeres desempeñan una función crucial en las democracias modernas y desarrolladas. 
La igualdad entre hombres y mujeres y el desarrollo económico van de la mano. 
Hay que destacar el hecho de que las sociedades con el nivel más elevado de igualdad auténtica son a menudo las más avanzadas en materia social y económica. 
Si deseamos crear una Europa fuerte y competitiva, necesitamos que las mujeres participen en igual medida que los hombres en el mercado laboral y, se debe añadir, con igualdad salarial y las mismas condiciones laborales. 
Por último, deseo expresar mi solidaridad con esas mujeres en todo el mundo que no pueden disfrutar de los derechos humanos mínimos y que son víctimas de la persecución, violencia, tráfico humano, entre otras formas de amenaza, discriminación y agresión. 
En el Grupo ELDR seguiremos trabajando para lograr mejorar las condiciones de estas mujeres. 
Señor Presidente, las buenas ideas nunca faltan, ya sean viejas o nuevas, llegado el momento de combatir la discriminación contra la mujer. 
Aunque existen leyes, se producen enormes deficiencias cuando hay que aplicarlas y establecer prioridades. 
Hoy hemos celebrado una rueda de prensa en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
Más tarde, he sabido que la cifra de personas introducidas en los Estados miembros de la UE para ser explotadas sexualmente ha aumentado de 500 000 a 800 000. 
Expreso mi satisfacción de estar debatiendo estos temas en la Cámara el 8 de marzo con una comisaria sueca. 
En 1996, mantuve la misma conversación con la Sra. Gradin, que entonces mencionó la cifra de 500 000 personas. 
Desde entonces, hemos adoptado legislación comunitaria, a la vez que los Estados miembros han afirmado que dan prioridad a este asunto. 
Mientras hemos estado legislando y dando prioridades, la cifra ha aumentado en 300 000. 
Sin lugar a dudas, esto demuestra que ahora debemos prestar atención al lado reivindicativo. 
De lo contrario, podemos aumentar las asignaciones al programa Daphne para siempre, sin un propósito perdurable. 
Apoyo plenamente la propuesta de la Sra. Gröner de declarar 2006 Año europeo contra la violencia hacia las mujeres, ya que creo que es necesario. 
Creo que la campaña conjunta de 1999 significó un buen punto de partida antes de llegar al milenio. 
El asunto realmente fue debatido en todos los Estados miembros. 
Asimismo, me parece digno de elogio lo que se ha venido en llamar centro de asistencia en la Comisión. 
Durante los últimos años, un gran número de organizaciones de mujeres se han puesto en contacto conmigo para comentarme que no tiene sentido solicitar fondos al programa Daphne. 
El procedimiento de solicitud exige tanto esfuerzo y causa tantos gastos que ni siquiera vale la pena intentarlo. 
Señora Bastos, tengo muy buena opinión de su informe. 
A la vez, me entristece el hecho de que la organización de la vida profesional se esté haciendo cada vez más hostil para los niños. 
Afirmamos que nacen demasiado pocos niños en la UE y que la UE tiene una población envejecida. 
Deberían nacer más niños, pero es totalmente comprensible que la gente joven no tenga hijos ahora, dadas las condiciones reinantes que limitan la capacidad para cuidar y criar a los hijos. 
También apreciamos cómo las diferencias salariales no disminuyen, sino que aumentan, en el mismo lugar de trabajo y entre los sexos. 
Sin lugar a dudas, las empresas actuales requieren lealtad incondicional de sus empleados. 
Obviamente, se debe organizar el cuidado de los niños y los mayores. 
Sería un verdadero desperdicio si todas las mujeres bien formadas jamás pudieran hacer uso de sus conocimientos. 
También quiero dar las gracias a la Sra. Valenciano Martínez-Orozco. 
Ha valido tremendamente la pena unir tres grupos minoritarios, como se les llama, en un único informe. 
– Señor Presidente, Señorías, esta mañana las noticias de Bélgica abrían con la historia de un hombre que había degollado a su mujer en presencia de sus tres hijos. 
Me pareció un doloroso comienzo para el Día Internacional de la Mujer, que representa también el efecto intencionado de este informe. 
Una de nuestras ministras, Laurette Onckelinckx, ha afirmado posteriormente que en Bélgica 70 mujeres mueren asesinadas en manos de sus parejas cada año. 
Desde luego, no representa un ejemplo de igualdad de oportunidades... 
Para empezar, bajo mi punto de vista, la integridad de la persona debe ocupar un primer puesto al hablar sobre igualdad de oportunidades. 
Aunque la igualdad de oportunidades quiere además decir que las mujeres deben tener acceso a la educación, también deberían ser capaces de aplicar su educación a la vida profesional. 
Supone un fracaso estructural de nuestra sociedad el hecho de que las mujeres deban sacrificar más que los hombres para tener hijos. 
Si un hombre quiere hijos, su carrera no sufre el mismo impacto. 
En la misma medida, a pesar de que más mujeres van a la universidad, siempre acaban sufriendo desventajas en sus trabajos. 
Podemos ver las barreras que encuentran en nuestras universidades, en la industria y en política. 
Las mujeres deben luchar para llegar a la cima, pero deben luchar incluso más para permanecer en ese puesto, ya que existe la mujer en guardia. 
Ya no es el caso de la mujer para salvar las apariencias de antaño, sino la joven que tiene éxito en los medios aunque desaparece muy rápidamente. 
Opino que debemos ofrecer a la mujer la solidaridad que se puede dar a través de un movimiento. 
En el pasado, el feminismo era un tema para las mujeres como un movimiento. 
Cada vez más mujeres que llegan a lo más alto deben abandonar tal movimiento, lo que no es positivo, ya que los medios las convierten en una baja muy pronto; las utilizan y las desechan. 
A fin de que las mujeres puedan alcanzar su plenitud, deben poder competir y tener éxito de la misma forma que los hombres. 
Debemos ajustar las diferencias culturales, a través de la labor en nuestras propias culturas para eliminar determinados obstáculos que esta cultura crea en contra de la emancipación de la mujer en la práctica. 
La igualdad existe en la ley pero aún tiene muchas carencias en la práctica. 
Señor Presidente, como el primer hombre que interviene en este debate, empiezo rindiendo tributo a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, y me refiero en concreto a esas mujeres a las que he estado más unido: mis abuelas, mi madre, mi esposa y mis hijas. 
Dado que ahora hablamos de la familia, también felicito a la Sra. Bastos por su espléndido informe, por la gran calidad y profundidad de su labor que, estoy seguro de ello, inspirará todas las medidas futuras que tome la Comisión, como ya se ha mencionado. 
Este informe ofrece además una respuesta a las distintas asociaciones de defensa de la familia que enviaron una petición al Parlamento el 15 de mayo del año pasado, en el Día Internacional de la Familia. 
En particular, hago hincapié en algunas ideas que revisten importancia extrema para el futuro: el concepto de «integración de la perspectiva de familia» , que significa incorporar el aspecto familiar en todas las políticas, una idea que se ha incluido acertadamente en este informe y que no debe llevar a ninguna confusión o choque con la otra idea que se ha defendido a gritos en el Parlamento, es decir, la «integración de la perspectiva de género». 
Otro concepto al que contribuye este informe, y que me alegro que se haya aceptado, es el de «políticas orientadas hacia la familia» , específicamente en los campos de urbanismo, vivienda y empleo. 
Como la Sra. Eriksson ha indicado, existe una necesidad cada vez mayor de aplicar este tipo de políticas. De lo contrario, estaremos limitando gravemente las opciones personales de todos nuestros ciudadanos, tanto hombres como mujeres. 
Desde mi punto de vista, estos son los puntos más destacados. 
Se trata de un informe espléndido y la propuesta de resolución me parece excelente. 
Mi único desacuerdo es con la aportación de la Sra. Prets que solo menciono, de hecho, puesto que hace unos momentos ella misma ha afirmado que quería que el informe definiera a «la familia». No creo que tal tarea entre en las competencias del Parlamento. 
Tengo mis dudas de que lograr tal definición tuviera un valor legal y no creo que debamos confundir nuevos tipos de uniones y relaciones personales y su estatus legal con el concepto de la familia, un concepto sociológico que se acepta en términos antropológicos y profundamente enraizado en nuestra cultura. Este debe ser el enfoque exclusivo de nuestra preocupación en lo que se refiere al informe. 
Una vez más, doy mi enhorabuena a la Sra. Bastos. 
– Señor Presidente, Señorías, el debate sobre la función de la mujer es ideológico. 
Hay gente que dice que a las mujeres les corresponde salir y trabajar para sentirse realizadas, mientras que otras personas creen que se les ha asignado el papel tradicional de esposa y madre. 
Esto me parece echar mano de los tópicos. 
La realidad es que la pobreza tiene cara de mujer. 
Aunque hay gran cantidad de mujeres modernas y profesionales para quienes la emancipación se ha convertido en la norma y que a menudo se describen como parásitos es también cierto que la mujer es quien soporta la doble carga de la familia y la profesión. 
Opino que este sesgo ideológico no nos ha hecho avanzar. 
La finalidad principal de la vida de cualquier individuo –el objetivo más alto que él o ella pueda tener– es determinar el curso de su vida con libertad y a su propia manera. 
Tal y como lo veo, la libre determinación implica poder decidir por uno mismo y elegir entre las opciones de trabajo, trabajo y familia o el hogar. 
Dichas opciones exigen condiciones marco y la tarea de la política consiste en proporcionar las mejores que pueda. 
Aunque se ha llevado a cabo cierta cantidad, aún quedan muchas hasta que resulte suficiente. 
Se deben establecer infraestructuras para el cuidado de los hijos con horarios flexibles; ha de ser posible compartir el tiempo de los padres. 
Por toda Europa hay interesantes modelos, como el uso de vales para pagar por servicios, de los que los franceses son pioneros y que además crea empleo, o bien, por tomar otro ejemplo, la introducción de prestaciones por hijo en mi propio país, Austria, siendo la idea subyacente el intentar hacer que la libertad de elección sea una realidad para las mujeres. 
– Señor Presidente, el informe Valenciano trata la situación de las mujeres desde grupos minoritarios en la Unión Europea, con atención especial a las mujeres discapacitadas, inmigrantes y romaníes. 
Es este también un tema candente en mi propio país, los Países Bajos en donde, en estos momentos, se está produciendo un debate continuado sobre la integración de los inmigrantes. 
Algunos se las apañan para integrarse a una velocidad asombrosa, mientras que otros, en concreto las mujeres, sufren a menudo dificultades, a pesar de que ellas representan un factor esencial en la integración. 
Me complace saber que este tema está en nuestra agenda, especialmente dado el hecho de que hoy es el Día Internacional de la Mujer. 
Nuestro Grupo comparte las preocupaciones del ponente. 
Los problemas son sustanciales y se debe hacer aún más por promover la integración y participación en la vida política y social. 
Sencillamente, todavía queda por hacer. 
El informe adopta una dirección adecuada, sin lugar a dudas en lo que respecta a las privaciones causadas por la discriminación, el efecto discriminatorio de medidas en las áreas de educación y formación, empleo, participación en la vida social y protección contra la violencia y el abuso sexual. 
Nuestro Grupo está también de acuerdo en que el dominio del idioma reviste una importancia extrema, y sería positivo si se pudiera hacer algo al respecto en el país de origen. 
No obstante, desde nuestro punto de vista, el informe llega demasiado lejos en algunos aspectos. 
En concreto, en el párrafo 16, en el que considera que todo individuo con un permiso de residencia debe tener los mismos derechos que los ciudadanos autóctonos en todos los campos, tanto política, como administrativa, judicial, económica y socialmente. 
Según nuestro punto de vista, esto supone llevar el asunto demasiado lejos, aunque estamos a favor de redactar unos derechos mínimos para luchar contra las distintas formas de discriminación e impulsar la integración social, ya que esto es lo que importa. 
A propósito, debo mencionar que la lista a menudo interminable de problemas en tantas áreas y en tantas enmiendas disminuye el poder del mensaje y, de hecho, sugiere que esta lista es limitativa. 
En realidad, nuevos problemas surgen todo el tiempo. 
El apartado 16 es crítico para nuestro Grupo. 
Si permanece, no podremos votar a favor del informe. 
– Señor Presidente, yo habría estado muy contenta y orgullosa este día del 8 de marzo, porque vamos a materializar al fin todas nuestras aspiraciones: somos oídas en este Parlamento y el Presidente nos ha hecho el honor de un discurso. 
Pero he aquí que, dentro de unos días y de unos minutos, vamos a votar otro informe que considera, una vez más, que hay que mantener las discriminaciones entre los sexos. 
Hay estudios que demuestran que el sexo no es el determinante principal de la esperanza de vida, sino que otros factores son más importantes, como la situación familiar, los factores socioeconómicos, el hecho de ejercer una actividad profesional o de estar sin empleo, la región geográfica, el tabaquismo o los hábitos alimentarios. 
El estilo de vida puede considerarse un factor multidimensional que tiene una incidencia claramente mayor que el sexo en la esperanza de vida de las personas. 
Según estudios realizados que excluyen aspectos como el estilo de vida, la clase social y los factores medioambientales de la ecuación, la diferencia de esperanza de vida media entre las mujeres y los hombres se sitúa entre cero y dos años, de modo que las diferencias crecientes observadas a este respecto en determinados Estados no pueden atribuirse a diferencias biológicas. 
Aparte de esta observación, hay que admitir también que la influencia de los grupos de presión, incluso sobre la cuestión de los derechos de la mujer, sigue siendo enorme y, por supuesto, en las próximas semanas, las compañías de seguros se esforzarán por convencernos de que el informe, que concluye que los hombres y las mujeres deben ser asegurados de una forma justa y equitativa, no es viable ni aceptable. 
Así, dado que la Comisión apoya resueltamente esta propuesta, nos encontraremos en la obligación de aceptar una nueva discriminación. 
Por lo que a mí respecta, no puedo sino lamentarlo y, por tanto, quisiera que dejáramos por fin de decir unas cosas y de hacer otras en la práctica. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero comenzar dando la bienvenida a la Comisaria en su nueva e importante tarea. 
Es difícil imaginar a nadie mejor cualificado en el seno de la actual Comisión. 
En Zambia, varias mujeres son asesinadas cada semana por sus parejas. 
En Estados Unidos, una mujer es agredida cada quince segundos por su marido. 
En Francia, aproximadamente 25 000 mujeres son violadas cada año. 
Estos son los hechos de que informaba la radio cuando me desperté esta mañana. 
Esos eran algunos extractos del informe de Amnistía Internacional sobre la alarmante situación de las mujeres en todo el mundo. 
No soy un moralista, pero a partir de un determinado punto solo se puede sentir repulsión al ver cómo la ola de pornografía se cuela en nuestros hogares, en Internet, en los periódicos y anuncios y en los hoteles. 
Siendo padre de dos hijos, no es fácil defenderse de esta ola. 
Ahora ha llegado el momento de decir basta. 
Existe un claro vínculo entre, por una parte, la prostitución y la cada vez más cruda pornografía y, por otra, la opresión de las mujeres y la violencia contra ellas. 
En la UE, medio millón de mujeres y niños son vendidos todos los años. 
Según la Sra. Gröner, la cifra se eleva a uno de cada 800 000 mujeres y niños. 
Estos datos son escandalosos y difíciles de creer. 
El proceso de Lisboa es ciertamente necesario para reforzar la situación de las mujeres en el mercado laboral. 
No cabe ninguna duda. 
Sin embargo, si Europa pretende convertirse en un continente decente, se debe poner fin a este comercio repugnante. 
Hoy deseo pedirles a usted, señora Comisaria, y al Presidente, el Sr. Cox, que aborden esta cuestión como primer punto de la Cumbre de Primavera en Bruselas. 
El 1 de mayo, en Europa deben oírse las campanas de la libertad, no de la esclavitud de las mujeres. 
– Señora Comisaria, Señorías, permítanme que en este día 8 de marzo hable de los informes y las preguntas orales formulados por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y también, de forma general, de esta legislatura que acabamos de completar. 
Lo que me sorprende es que no nos demos cuenta suficientemente, en nuestros países respectivos, de que Europa es pionera en materia de derechos de las mujeres e igualdad entre hombres y mujeres; quizás sea pionera sobre el papel, y volveremos sobre ello, pero es pionera al fin y al cabo. 
Quisiera hacerles una pregunta. 
La legislatura que acaba de concluir ha hecho posible la Decisión marco contra la trata, el avance del programa Daphné, la revisión de la Directiva de 1976, del artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales, etc., que son, para mí, signos positivos. 
Ahora bien, yo pregunto, ¿cómo es posible que no consigamos –al menos en Francia– hacer saber a nuestros compatriotas y a la gente de nuestro país hasta qué punto trabaja Europa por los derechos de las mujeres? 
No es solo para ensalzar a Europa, sino simplemente porque en mi país oigo a gente que dice lo contrario. 
Dicen que Europa desmantela el derecho de las mujeres, que no ayuda a las mujeres. 
No tengo ganas de perder el tiempo reabriendo viejas heridas; lo que me gustaría es que nos preguntáramos por qué no conseguimos hacer saber, hacer oír, hacer ver lo que pasa aquí, porque creo que de ese modo la relación entre nuestro trabajo y lo que pasa en la práctica sería diferente. 
Pienso en mi país. 
El Gobierno de mi país, con el cual no estoy de acuerdo, hace propuestas a favor de la igualdad profesional. 
Me alegra. 
Pero no hace la más mínima referencia a Europa ni a la renovación de la Directiva de 1976, que tuvo lugar hace dos años. 
¿Es esto normal cuando dichas propuestas responden a la transposición de la Directiva? 
Por esta razón, deseo y pido tanto a la Comisión como al Parlamento que estudien otro modo de hablar, otro modo de transmitir lo que pasa aquí. 
No tengo una visión idílica. 
Puedo recordarles –como saben muy bien– los temas que nos disgustan y que nos disgustan verdaderamente, a los cuales nos hemos opuesto por completo: el tiempo parcial, la prostitución o el aborto, por ejemplo. 
Son tres temas que nos disgustan realmente y que demuestran que no todo son rosas en el jardín de Europa. 
Estamos aquí para hacer progresar las cosas y creo que nos interesa mejorar las relaciones con los Estados miembros. 
Ello no me impedirá plantear a la Comisión Europea la cuestión del artículo 13, que se ha abordado ya hace un momento. 
¿Cómo es posible que exista una Directiva para luchar contra el racismo desde el año 2000 y no tengamos una directiva para luchar contra el sexismo? 
Lo que se nos propone hoy es una pálida sombra de las esperanzas de nuestra Comisaria cuando presentó las propuestas el año pasado. 
Hemos perdido la educación, la fiscalidad, por no hablar de los medios de comunicación y la publicidad. 
No tenemos más que los seguros y, como acaba de recordar mi colega socialista, incluso este tema está en manos de los grupos de presión, que están en contra. 
Se ha constituido un grupo transversal de Comisarios, pero ¿puede este grupo ser más ofensivo? 
También hemos redactado un informe –la Sra. Gröner ya no está aquí– para que la paridad y la igualdad entre hombres y mujeres funcionen mejor dentro de las instituciones parlamentarias. 
La propia Comisión realiza enormes esfuerzos en comparación con lo que pasa en nuestros países respectivos, en todo caso en Francia. 
Por mi parte, pienso que la aplicación del artículo 13 está extremadamente debilitada, y esto me preocupa mucho. 
– Señor Presidente, reforzar la legislación sobre la condición de la mujer en la Unión Europea es el objeto del informe que vamos a votar. 
Dicha legislación tiene importantes repercusiones para preservar la realidad de los principios fundamentales para la mujer y su pleno desarrollo, pero también para el bienestar de las familias, de los niños y, por tanto, para el futuro de las sociedades europeas. 
Aunque, como acaba de decir la Sra. Fraisse, desde hace algunos años se han realizado notables progresos en la reducción de las disparidades, queda mucho por hacer para alcanzar los objetivos que se ha fijado la Unión Europea en este ámbito. 
Quisiera citar dos cifras incluidas en los compromisos de Lisboa: conseguir una tasa de empleo femenino del 60 % en la Unión de aquí a 2010; y lograr que, de aquí a 2010, al menos el 90% de los niños de edad comprendida entre los 3 años y la edad de la escolaridad obligatoria puedan ser acogidos en estructuras decentes. 
A este respecto, deploro la ausencia de una política común en materia social, lo que retrasa a veces de forma considerable la adopción de algunas propuestas de directiva. 
Pienso, entre otras, en las basadas en el artículo 13 del Tratado de Ámsterdam, que podrían prohibir por primera vez las discriminaciones basadas en el sexo fuera del mercado de trabajo, en particular para el acceso a los bienes y servicios, así como para su suministro. 
Por ello, no podemos sino apoyar aquí el excelente informe de la Sra. Bastos, que permitirá tomar las medidas necesarias para garantizar la conciliación de la vida profesional y la vida familiar. 
Por esta razón, me parece que, como hicimos con el permiso parental, podría presentarse una directiva en las próximas semanas. 
En efecto, si el concepto de conciliación entre vida familiar y vida profesional ha entrado en las mentes hace bastante tiempo a escala europea, no siempre encuentra su reflejo en la realidad, en particular de las empresas, que muy a menudo olvidan esta dimensión. 
Por ello, señor Presidente, creo que no podemos sino apoyar el informe de la Sra. Bastos. 
Permítame añadir que hoy hacemos realidad un sueño, puesto que algunas diputadas que se sientan en este hemiciclo desde hace algún tiempo saben que las palabras «familia» y «niño» y la expresión de conciliación entre vida laboral y vida familiar estaban proscritas de este recinto hace una decena de años. 
No podemos sino congratularnos del debate que celebramos hoy con ocasión de este 8 de marzo. 
– Señor Presidente, estoy de acuerdo con la Sra. Karamanou en lo que ha dicho hace un momento sobre la coherencia en la política de la Comisión. 
Quiero darle mi más sincera enhorabuena a la Comisaria por el Informe sobre Igualdad entre hombres y mujeres publicado durante la Cumbre de Primavera. 
Debo decir que por fin es un informe no se muerde la lengua. 
Aunque se han realizado algunos avances en los últimos años, las desigualdades entre hombres y mujeres siguen siendo extremadamente persistentes. 
Es un hecho que las mujeres se encuentran desfavorecidas en cuanto a la participación laboral y los salarios, que su independencia económica es insuficiente, que existe una injusta distribución de las tareas del hogar y aquellas relacionadas con los cuidados, de los niños en particular; también sabemos que la pobreza sigue siendo predominantemente femenina. 
El tema de la Cumbre de Primavera será la tantas veces expresada aspiración de convertirnos en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo. 
El mensaje de la Comisión es claro: si no estamos preparados para lograr que las mujeres tomen conciencia de su derecho a la igualdad, no conseguiremos nada con esta noble ambición. 
El envejecimiento de la población significa que la base económica es vulnerable. 
La proporción entre la población activa y población inactiva debería aumentar. 
Europa ya no puede permitirse la infrautilización del potencial económico de las mujeres. Es así de simple. 
La igualdad socioeconómica, sin embargo, no puede llegar a ser una realidad si no se aborda el equilibrio de poder entre hombres y mujeres en otros ámbitos. 
Debemos combatir la violencia contra las mujeres y el tráfico de mujeres; debería haber más presencia femenina en la administración pública; las mujeres deben lograr un cupo igualitario en los campos de la investigación y la ciencia. 
La desigualdad social entre hombres y mujeres gira en torno al equilibrio de poder. Poder para repartir el pastel, poder en la asignación de tareas, poder para utilizar la escena pública, poder para determinar la agenda y las definiciones políticas, poder en la identificación de los problemas sociales y poder en la lucha por la autodeterminación en lo relativo a nuestros cuerpos y nuestras vidas. 
Igualdad en esas áreas en una condición, pero es también el precio que pedimos por utilizar nuestro potencial económico. 
Esto requiere duras negociaciones sentadas a la mesa de la cocina, pero también a las mesas del poder político. 
En cada cumbre, siempre vemos una multitud de hombres con trajes grises, hombres mayores con pelo cano, y algunas mujeres dispersas. 
Deberían tener cuidado, porque algún día tendremos la última palabra. 
– Señor Presidente, hoy, con ocasión del Día de la Mujer, debemos plantear y evaluar una serie de puntos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres. 
Lo que queremos es la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida, que, recordémoslo, deberían ser un derecho fundamental. 
Por lo que se refiere a la representación de las mujeres en la escena política, por ejemplo, su infrarrepresentación en el proceso de toma de decisiones políticas constituye un déficit fundamental, que por desgracia caracteriza las modernas democracias europeas. 
Por esta razón, hay que seguir construyendo la Europa democrática. 
Tanto para las mujeres como para los hombres, este proceso debería caracterizarse por una representación equilibrada en el Parlamento Europeo. 
Los Gobiernos de los Estados miembros y de los países en vías de adhesión deben evaluar en el plazo más breve posible el impacto diferencial de los sistemas electorales sobre la representación política de las mujeres en los órganos elegidos y la posibilidad de adaptar o reformar dichos sistemas. 
Hay que adoptar medidas que garanticen una participación equilibrada. 
No olvidemos que el objetivo es mantener al menos en las próximas elecciones una representación del 30% de mujeres entre los representantes europeos. 
De hecho, la infrarrepresentación de las mujeres en los países en vías de adhesión puede hacer que descienda este porcentaje que tanto costó alcanzar desde las elecciones de 1979. 
Debemos sensibilizar más a los países en vías de adhesión para que lleven a cabo acciones gubernamentales destinadas a combatir las desigualdades de que son víctimas las mujeres. 
Es cierto que se han realizado progresos, pero hay que desplegar más medios. 
Para concluir, desearía expresar asimismo, de un modo general, mi solidaridad con todas esas mujeres que luchan en el mundo y cuyos derechos son continuamente pisoteados. 
Pienso en todas esas mujeres sometidas a tradiciones y costumbres bárbaras, víctimas de la guerra, del sida, de los malos tratos, de la trata y, más globalmente, de la estupidez humana. 
Hoy, 8 de marzo, día en el que rendimos tributo a las mujeres y a su lucha por la igualdad de derechos y oportunidades, debemos destacar que, a pesar de los avances realizados en el establecimiento de principios, siguen existiendo profundas desigualdades y una gran discriminación en numerosos ámbitos. 
Aún estamos muy lejos de cumplir las decisiones de la Comunidad en cuanto al acceso al trabajo, en los salarios y las promociones, así como en la promoción de derechos en salud sexual y reproductiva, estableciendo mecanismos de apoyo social a la maternidad y la paternidad, de guarderías o de estructuras para apoyar a los mayores. 
Las mujeres siguen sufriendo la violencia en el seno de la familia, a pesar de los programas y de la legislación en vigor. 
De especial gravedad es la discriminación a la que se enfrentan las mujeres inmigrantes y las mujeres con discapacidades, pese a las propuestas que hemos adoptado en esta Cámara. 
El tráfico de seres humanos y la prostitución siguen alcanzando niveles alarmantes de la Unión Europea, y son necesarias más políticas socioeconómicas, servicios públicos de gran calidad y medidas eficaces para resolver los problemas de la pobreza y la exclusión social. 
Al poner a las personas en segundo lugar, el neoliberalismo impide que los derechos de las mujeres se hagan realidad, empeora el desempleo, hace que el trabajo sea más inestable, devalúa la maternidad y la paternidad y obstaculiza la participación de las mujeres en la vida social y política. 
Algunos países de la UE se están quedando atrás en términos políticos y prácticos. 
Debo destacar, en este momento, lo que está sucediendo en Portugal. 
A pesar de los llamamientos para derogar la legislación que castiga a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente un embarazo, se sigue atacando la dignidad y la privacidad de las mujeres. Los procedimientos penales no son en absoluto una excepción, como por ejemplo el reciente juicio de Aveiro, en el que siete mujeres fueron acusadas de someterse a abortos ilegales, así como sus familiares y amigos. 
Aunque todas han sido exculpadas, se siguen viendo amenazadas por la fiscalía general, ya que la ley que condena a las mujeres a hasta tres años de cárcel sigue estando en vigor, lo cual demuestra una actitud persecutoria contra ellas. 
La iniciativa el pasado 3 de marzo en la Asamblea de la República de modificar la ley fue rechazada por los diputados que forman la actual mayoría de derechas en el gobierno, manteniendo una situación que es una vergüenza para Portugal y que penaliza sobre todo a mujeres de menos recursos que no pueden utilizar los servicios sanitarios seguros de nuestro país vecino. 
Por consiguiente, a pesar del hecho de que este Parlamento ha votado a favor de importantes resoluciones destinadas a promover los derechos de las mujeres, las mayoría de las decisiones son obviadas por los Estados miembros debido a la falta de voluntad política de implementar las medidas adoptadas. 
El reto más importante es, por lo tanto, continuar luchando para garantizar que la igualdad se convierta en una realidad y que se respete la dignidad de las mujeres como es debido. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, estoy muy agradecido a la Sra. Bastos, cuyo informe por iniciativa propia ha centrado nuestra atención, en este debate, en la reconciliación de la vida laboral y familiar. 
La familia es la unidad más pequeña del Estado. 
En ella se crean los cimientos de una sociedad que funciona, por lo que debe ocupar un lugar prioritario en las preocupaciones de la sociedad. 
Sin embargo, por desgracia nuestras familias se encuentran en crisis. 
Nos hallamos muy lejos de lograr nuestro objetivo de conciliar vida laboral y familiar. 
Los medios para ganarse la vida deben organizarse en torno a la familia, y no al contrario. 
Las personas que cuidan de sus hijos o de sus mayores necesitan que se creen condiciones para poder interconectar ambas esferas. 
Una clave para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral reside en la colaboración de marido y mujer, tanto en el cuidado de los hijos como del trabajo del hogar en su totalidad. 
Aunque sepamos que no es algo que podamos aplicar como política, debemos volver sobre este tema como objeto de debate. 
Las mujeres aún soportan la mayor parte de la carga en el cuidado de la familia, al cual, junto con las tareas domésticas, se debe atribuir un mayor valor añadido. 
Este trabajo debe reconocerse como trabajo de valor para la sociedad y la discriminación contra el mismo debe desaparecer. 
Sigue siendo sumamente importante que los miembros de una familia dispongan de mayores opciones en cuanto a si desean asumir las tareas del hogar y cuidar de los hijos o delegar en otros. 
Las familias deberían poder contar con la opción de contratar a alguien para las tareas domésticas. 
Por ello tenemos que reconocer que los hogares también pueden crear empleo cualificado para el mercado de trabajo. 
Si las mujeres deciden ocuparse del hogar, no deben tener desventajas en relación con la seguridad social, es decir, en cuestión de pensiones tras la jubilación. 
Para facilitar la vuelta al mundo del trabajo tras haber pasado un tiempo asumiendo las responsabilidades familiares, se deben ofrecer oportunidades de formación profesional durante el permiso parental. 
Estos son solo algunos de los aspectos que requieren un reajuste, pero aún se deben mover muchos otros pequeños engranajes para lograr el equilibrio y la armonía entre la vida familiar y profesional tanto para mujeres como para hombres. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo soy feminista. 
Para mí, el feminismo es ver y reconocer el hecho de que las mujeres a menudo tienen un papel subordinado en la sociedad y estar dispuesto a hacer algo para cambiar dicha situación. 
En Europa, lo que hace la UE para lograr una sociedad más igualitaria es muy importante. 
Recuerdo muy bien lo que sucedió en 1994, cuando el Sr. Ingvar Carlsson, como nuevo Primer Ministro de Suecia, nombró a los miembros de su Gobierno, la mitad de los cuales eran mujeres. 
Tras haber formado su Gobierno de esa particular manera, los partidos políticos suecos no podían hacer otra cosa más que garantizar que se dieran sustanciales responsabilidades políticas a más mujeres. 
Para nosotros, los Socialdemócratas, se hizo evidente que la mitad de los miembros de nuestras asambleas políticas debían ser mujeres. 
Lo mismo debe suceder en la UE. 
Hombres y mujeres deben ser iguales. 
Cuando se nombre un nuevo Parlamento, debe caracterizarse por la igualdad entre hombres y mujeres. 
Cuando se nombre una nueva Comisión, también debe caracterizarse por la igualdad entre hombres y mujeres. 
La misma norma debería aplicarse en toda la Unión Europea. 
Hay dos razones principales para ello. 
En primer lugar, las mujeres y los hombres deben recibir evidentemente un trato igualitario. 
Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. 
En segundo lugar, las señales que envía Europa son extremadamente importantes. 
La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es una señal que debemos enviar a todos los agentes de la sociedad. 
– Señor Presidente, Señorías, la celebración en esta Cámara del Día Internacional de la Mujer no debería convertirse en una pesada carga. 
Hubiera preferido que aprobásemos informes (de manera mucho más frecuente a lo largo del año en lugar de solo hoy) sobre las iniciativas legislativas de la Comisión, en lugar de informes por iniciativa propia sobre temas como la situación de las mujeres pertenecientes a minorías o la conciliación de la vida profesional, familiar y privada, ya que, por muy interesantes que sean, lamentablemente no nos llevan muy lejos en términos prácticos. 
En estos ámbitos, uno puede seguir realizando nuevas exigencias (por desgracia, algunas de ellas exageradas) , pero las exigencias extremas y en ocasiones poco realistas no hacen nada en favor de las mujeres que deseamos ayudar. 
Al contrario, puede que funcionen en contra de las oportunidades de empleo de las mujeres. 
Mis colegas eurodiputadas y yo habíamos presentado enmiendas a estos informes de propia iniciativa, para luego ver cómo no prosperaban (algo a lo que ya estamos acostumbradas) en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, razón por la cual hemos vuelto a presentar algunas de ellas para que se sometan a votación. 
Lo que me gustaría decir en este debate es que no estoy demasiado satisfecha con las preguntas orales a la Comisión y al Consejo. 
No estoy convencida en absoluto de que necesitemos un miembro de la Comisión, y una Dirección General, cuya única responsabilidad sea el trato igualitario de hombres y mujeres. 
Creo que sería mucho mejor que estos problemas los gestionase un Comisario (hombre o mujer) cuya responsabilidad abarcara, por ejemplo, el mercado interior o la política de empleo, en vez de separarlas en un gueto en el que sufrirían la misma suerte que nuestra Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, es decir, que no se la tome en serio por parte muchos responsables de la toma de decisiones. 
En cuanto a la composición de la Comisión, no creo que las preguntas al Consejo (destinadas a garantizar que haya suficientes comisarias) sean de mucha ayuda en este momento. 
¿Cómo se puede pretender que el Consejo, que por cierto no creo que esté representado en este momento, establezca el 1 de marzo que al menos un tercio de los Comisarios sean mujeres a partir de noviembre de 2004? 
Espero que haya incluso más. 
Incluso aunque haya una propuesta de este tipo en el borrador de tratado constitucional, creo que es absurdo que todos los Estados miembros tengan que presentar una lista de tres candidatos, hombres o mujeres. 
Este procedimiento de selección no garantiza en absoluto que la próxima Comisión esté compuesta por los mejores comisarios varones y un número suficiente de comisarias excelentes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señora ponente, es obligado comenzar felicitando a la Sra. Bastos por la excelente calidad de su informe y, al mismo tiempo, celebrar la oportunidad de este debate. 
A pesar de la solemnidad de numerosos textos legales, como el artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y diversos textos de nuestras respectivas constituciones, lo cierto es que la discriminación de la mujer sigue siendo una realidad. 
Coincide este debate con la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero creo que el éxito de la conmemoración no debe agotarse con la realización de algunos actos de celebración o con la difusión de eslóganes adecuados o afortunados. 
El éxito tendría que ser operativo y duradero. 
A mí me parece que el empleo es la mejor vía de acceso a la integración, a la superación de las diferencias y a la realización de la igualdad. 
Aunque la presencia de la mujer en el mercado laboral ha evolucionado favorablemente en los últimos años, lo ha hecho de manera insuficiente: subsisten la discriminación salarial, los despidos por maternidad, la falta de prevención específica de riesgos para la mujer embarazada, el acoso sexual o acoso psicológico -, con finalidad de despido para burlar siempre los derechos que corresponden a la mujer tales como excedencias para el cuidado de hijos, etc. 
Por lo tanto, al lado de este escenario laboral se imponen la necesidad de apoyo a la familia- la baja tasa demográfica lo está pidiendo -, la necesidad de apoyo al trabajo a domicilio a través de las nuevas tecnologías y su difusión, la necesidad de flexibilizar la jornada de la mujer trabajadora, la integración de la mujer inmigrante, el aumento de las posibilidades de inserción laboral de la mujer víctima de violencia doméstica y, al mismo tiempo, cómo no, la agilización de los procesos de separación y divorcio, el incremento de guarderías laborales, de escuelas infantiles todo ello- como ya decía antes la Sra. Hermange- dentro de la realización de la estrategia de Lisboa. 
En conclusión, señor Presidente, se impone que en la sociedad la mujer no tenga más problemas que el hombre, sino los mismos. 
Que pueda tener y tenga, efectivamente, las mismas posibilidades y responsabilidades que el hombre y que se cumpla el principio "a igual trabajo igual salario". 
Esto exige, señor Presidente, y termino, un cambio de cultura, de mentalidades y de costumbres. 
También se impone este cambio y la extensión de este cambio cultural a todos los ámbitos sociales, para que la igualdad de oportunidades sea real y no sólo simbólica, sobre el papel. 
– Señor Presidente, Señorías, creo que este es un debate muy positivo, que pone de manifiesto tanto los éxitos como las deficiencias del trabajo de la UE en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres. 
Lo que debatimos en esta Cámara estaba relacionado con estructuras y estándares. 
Tenía que ver con problemas y retos muy prácticos, en la línea de conseguir el mismo salario por el mismo trabajo, del cuidado de los hijos y de los mayores y de una distribución de tareas domésticas más igualitaria entre hombres y mujeres para que la sociedad funcione, así como otra serie de problemas que, por supuesto, afectan tanto a hombres como a mujeres, pero sobre todo a las mujeres, en la sociedad de hoy en día. 
La lista de cosas a las que tantas mujeres, jóvenes y niñas tienen que enfrentarse era terrible, tanto como los detalles de dichas cosas. 
Se llama tráfico, pero creo que debo tener cuidado de utilizar la denominación correcta. 
En la actualidad existe un tipo de comercio y esclavitud sexual en Europa y en el resto del mundo. 
Si tengo la oportunidad en la Cumbre de Primavera, seré la primera en plantear el tema y colocarlo en lo más alto de la agenda. 
Cualquier otra cosa de la que hablemos se convierte de alguna manera en palabras huecas y pierde su poder y credibilidad si luego continuamos permitiendo esta explotación directa y este comercio directo con seres humanos, tanto en nuestras fronteras como internacionalmente. 
En ocasiones debemos priorizar y tener cuidado de ayudarnos unos a otros en esta lucha. 
Principalmente el debate ha demostrado que desde la Comisión debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para aplicar la legislación existente y, por qué no, introducir legislación nueva. 
Debemos emplear todas las armas en nuestro poder: legislación, método de coordinación abierta, y las opciones de financiación disponibles. 
Creo, efectivamente, que es justo proceder paso a paso en la legislación que combate el sexismo o la discriminación contra la mujer, también fuera del lugar de trabajo. 
Sin duda se habrán dado cuenta de lo difícil que ha resultado todo con el Artículo 13 de la directiva. 
Sin embargo, creemos que paso a paso también tendremos éxito de esta manera. 
Debemos tendernos una mano amiga los unos a los otros en cada frontera para conseguir una situación en la que los hombres puedan levantarse y declararse feministas en el conocimiento de que eso significa, de hecho, garantizar que tanto hombres como mujeres gocen de los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0055/2004) de la Sra. Junker, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la población y el desarrollo: 10 años después de la Conferencia Internacional sobre población y desarrollo (El Cairo-1994). 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, fue durante los años noventa cuando las conferencias de la ONU dieron un nuevo ímpetu a la cooperación internacional y en particular a las relaciones entre los países pobres y ricos. 
Entre ellas, la Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo, celebrada en septiembre de 1994. 
Cuando nos acercamos a su décimo aniversario, no podemos dejar de aprovechar la oportunidad para llevar a cabo una revisión de lo que se ha convertido en un ambicioso Programa de Acción, que obtuvo el voto a favor de nada menos que 179 Estados. 
Anticipando el resto de mi discurso, el resultado es algo decepcionante si se compara con las pretensiones iniciales. 
Fue en El Cairo donde el desarrollo de la población se clasificó por primera vez junto con el desarrollo global y con los objetivos de las políticas de desarrollo, mientras que anteriormente el crecimiento de la población se había abordado como un tema completamente independiente, y el control de la natalidad y la planificación familiar no se habían considerado en relación con la sociedad en su conjunto. 
Este fue el principal logro de la Conferencia de El Cairo. Eligió como sus objetivos principales la erradicación de la pobreza, el crecimiento económico sostenible, las oportunidades educativas para todos los grupos de población, especialmente para las niñas y mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de derechos para hombres y mujeres, la protección, el apoyo y la promoción de la familia, la facilitación del acceso general a la salud reproductiva, la planificación familiar y los servicios de salud sexual, así como la reducción de las tasas de mortalidad infantil y materna. 
El programa de Acción de El Cairo situó el derecho resalto, el derecho a la salud reproductiva y la planificación familiar en el centro de un nuevo entendimiento de la política de población, y es esto en lo que se centra mi informe. 
Las estadísticas del apéndice dejarán claro cuán terrible es la situación de las mujeres en los países en desarrollo en cuanto a salud reproductiva y las altas tasas de mortalidad entre lactantes, niños y madres. 
Permítanme darles algunos detalles de la miseria en que viven las mujeres en todo el mundo. 
Cada año muere un millón de mujeres como resultado de infecciones en sus órganos reproductivos, incluyendo enfermedades de transmisión sexual, sin contar el VIH/sida. 
Cada minuto, por otra parte, diez personas se infectan con el virus del sida, la mitad de las cuales son menores de 24 años. 
Cada minuto, una mujer muere como resultado de complicaciones asociadas con el embarazo. 
Cada año, 175 millones de mujeres se quedan embarazadas, 75 millones de ellas sin desearlo. 
Cada minuto se producen 100 interrupciones del embarazo, 40 de ellas realizadas de forma insegura por personas sin formación médica. 
Cada año mueren 70 000 mujeres debido a interrupciones del embarazo mal realizadas. 
Permítanme decirles, para evitar malentendidos, que la interrupción del embarazo no puede considerarse un método de planificación familiar, pero si las mujeres están desesperadas y no encuentran otra solución, se les debe permitir una interrupción segura. 
Según un eminente doctor africano, «si murieran tantos varones jóvenes, unos 1 450 al día o 529 000 al año, por causas que pudieran haberse evitado, sería una cuestión a tratar por el Consejo de Seguridad.» Los riesgos existentes, sin embargo, están muy lejos de ser iguales. 
En los países en desarrollo, las complicaciones derivadas del embarazo y el parto son la principal causa de mortandad y discapacidad de las mujeres en edad fértil. 
Dicho de otro modo, el riesgo de muerte durante el embarazo o como resultado del mismo es 150 veces más elevado en las mujeres subsaharianas que en las europeas. 
En Dinamarca, una mujer muere por esa razón cada cuatro meses; en Afganistán, cada 26 minutos. 
Podría dar muchos otros ejemplos comparativos. 
Estos datos deberían poner de relieve la urgente necesidad de acciones más allá de las fronteras, acciones que los Estados signatarios se comprometieron a apoyar con miles de millones. 
La mayoría de ellos no ha cumplido este compromiso. Ni siquiera se ha aportado una décima parte de la suma prometida, aunque los países en desarrollo han hecho más, en términos porcentuales, para cumplir los objetivos que los países del Norte. 
El Reino Unido acaba de dar un buen ejemplo incrementando de 4,5 millones a 6 millones de libras la cifra para la financiación anual del programa de planificación familiar de la ONU. 
Esto también es una respuesta a la política restrictiva del Presidente Bush, que ha suscitado protestas en todo el mundo. 
Recientemente también, la Comisión de Población y Desarrollo del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, ECOSOC, también ha llegado a la conclusión, volviendo la vista hacia El Cairo, de que la población y la salud reproductiva son temas extremadamente importantes que deben formar parte de programas de desarrollo y de estrategias para luchar contra la pobreza, y que esa sería la única forma de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Esto se encuentra en línea con las conclusiones de mi informe, que se dirigen a la Comisión, ya que también la cooperación al desarrollo debe ayudar de forma activa a todas las parejas y a todos los individuos a dotarse del derecho fundamental a una buena salud y al libre ejercicio de su responsabilidad a la hora de decidir el número de hijos que quieren tener y la edad a la que quieren tenerlos. 
Durante más de 90 años, el Día Internacional de la Mujer ha sido un día de campaña política en favor de los derechos de la mujer. 
También en Europa hay mucho por hacer, como hemos oído, aunque las hermanas europeas debemos admitir que nos lamentamos desde las alturas; nosotras hemos conseguido cosas con las que solo pueden soñar la mayoría de las mujeres de países en desarrollo. 
El Día Internacional de la Mujer nos debe hacer más conscientes de lo necesaria que es la solidaridad internacional. 
El mensaje de mi informe sobre El Cairo diez años más tarde sobre las mujeres del Sur es que sus hermanas europeas están a su lado. 
Incluso allí, los rayos de esperanza se están multiplicando. 
¿Qué parlamento del mundo creen que cuenta con la proporción más alta de mujeres? 
¿Finlandia? 
¿Suecia? 
Ninguno de los dos tiene nada de que avergonzarse, pero el Parlamento de Ruanda, con el 48% de diputadas, supera a ambos. 
Eso nos da razones para la esperanza. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Junker por el importante trabajo que ha realizado con este informe. 
La Conferencia Internacional de 1994 sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo fue un hito que presentó a las personas del mundo un enfoque amplio en materia de derechos y de salud sexual y reproductiva. 
La comunidad mundial coincidió en la importancia de los derechos reproductivos y de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, así como en la importancia de que todas las mujeres y todos los hombres pudieran tener acceso a servicios sanitarios completos. 
En aquel momento, la Unión Europea apoyó plenamente los compromisos contraídos en El Cairo, y sigue haciéndolo. 
En 2000, la adopción por parte de las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio renovó el interés por las cuestiones planteadas en El Cairo y brindó la oportunidad de incrementar los esfuerzos y compromisos. 
Sin embargo, diez años después de El Cairo, hay algunos factores que amenazan la consecución de los objetivos fijados en aquella conferencia. 
Señalo en particular que los fondos de ayuda al desarrollo para la mejora de los servicios de salud reproductiva no aumentan suficientemente, que la pandemia del VIH/sida está devastando estructuras sociales y económicas y que el clima político global está estorbando el progreso de la salud reproductiva. 
En este contexto, hago especial referencia a la «» o Política de la Ciudad de México, restablecida por el Presidente Bush. 
Esta iniciativa del Parlamento Europeo es muy loable y oportuna, llegando como hace a comienzos del año de El Cairo +10, cuando los progresos en materia de derechos y de salud sexual y reproductiva se ven amenazados. 
La resolución es muy sólida y cubre ampliamente las actividades en materia de salud sexual y reproductiva. 
Me complace particularmente que el Parlamento exija la necesidad de integrar programas para las infecciones de transmisión sexual, como el VIH, con los que tienen que ver con las necesidades de salud sexual y reproductiva en general. 
Asimismo me complace ver cuántas cuestiones de género se han destacado y se han vinculado estrechamente a la salud sexual y reproductiva. 
Los servicios de salud reproductiva, incluida la planificación familiar, están en primera fila de la prevención del VIH/sida y la salud materna. 
La necesidad de un acceso universal es aún más urgente ahora que en 1994, dado el dramático incremento del número de personas infectadas y afectadas por el VIH y el sida. 
La mortalidad materna también sigue siendo alarmantemente alta en demasiados países, con más de medio millón de mujeres en todo el mundo que mueren prematuramente cada año debido a causas relacionadas con el embarazo. 
En lo que respecta a nuestro respaldo a la aplicación del Programa de Acción de El Cairo, la Comunidad Europea aportó cerca de 655 millones de euros en apoyo directo a estas actividades entre 1994 y 2001. 
Aplicando las participaciones a prorrata a todo el apoyo relacionado con la salud, incluida la ayuda humanitaria, el apoyo total de la Comunidad Europea a estas actividades a lo largo de este periodo fue de cerca de 1.420 millones de euros o algo más del 12% del apoyo total de donantes internacionales a las actividades de El Cairo. 
Además, hemos apoyado la investigación sobre el VIH/sida a través del programa de asociación para ensayos clínicos de Europa y los países en vías de desarrollo, con una asignación inicial de 200 millones de euros. 
En resumidas cuentas, la Comisión apoya la resolución propuesta. 
Tomaremos buena nota de sus comentarios y consideraremos debidamente cada punto. 
En nuestra opinión, los principales objetivos en la actualidad son reafirmar nuestro apoyo a los compromisos de la CIPD y de El Cairo y contrarrestar la campaña mundial contra los mismos, a fin de consolidar los progresos realizados hasta ahora y también apoyar el trabajo continuado de alta calidad sobre salud sexual y reproductiva y derechos a todos los niveles. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias a la Sra. Junker por haber tomado la iniciativa de este informe. 
Es extremadamente importante y por tanto la Sra. Juncker merece nuestras felicitaciones. 
Tengo tres preocupaciones. 
La primera es que veo que los países que se comprometieron en El Cairo, como usted acaba de recordar, señora Comisaria, no han cumplido sus obligaciones: el 45% en el año 2000 es demasiado poco. 
Una segunda preocupación se debe a la política del Sr. Bush, que no quiere dar más dinero a quienes se ocupan de cuestiones de este tipo. 
Una tercera preocupación, por último, es la ampliación, porque algunos países de la Unión Europea no desean ayudar suficientemente a las mujeres a controlar su fecundidad, que es uno de los objetivos de El Cairo. 
Hay que recordarlo: antes teníamos una gestión y una economía de las poblaciones; ahora, desde El Cairo, desde 1994, tenemos la noción del control de la natalidad y del dominio del propio cuerpo, que no es en absoluto lo mismo. 
Teniendo en cuenta estas tres preocupaciones, lo que propongo, y lo que he propuesto a la Comisión, es un acuerdo marco. 
Creo que hay que coordinar los esfuerzos. 
Señora Comisaria, si la he entendido bien, usted solo tiene un deseo, que es apoyar este informe y estos proyectos. 
¿Pero no deberíamos ser un poquito más insistentes y activas? 
Dicho de otro modo, ¿no hay que tomar las medidas que necesarias para alcanzar los objetivos de El Cairo? 
He dicho que tengo tres preocupaciones, pero podría añadir una cuarta. 
Las ONG están muy preocupadas por ver cómo funcionará el acceso universal a la asistencia –la Sra. Junker lo ha recordado hace un momento– dentro del equilibrio entre la financiación pública y la privada. 
Si no se preserva este equilibrio, si no se garantiza el espacio público, es decir, el acceso universal a la asistencia y a los medios de control de la fecundidad, entonces tendremos problemas todavía más graves. 
Por tanto, pienso que la Unión Europea debe comprometerse claramente en este sentido. 
Señora Presidenta, el Sr. Mantovani se encuentra retenido por el tráfico y me ha pedido que presente su postura como ponente alternativo, lo que haré encantado. 
El Programa de Acción de El Cairo ha perseguido importantes objetivos en cuanto a política de desarrollo. 
Estos son objetivos que, en caso de lograrse, deberían mejorar las condiciones de vida de los países en vías de desarrollo. 
Aunque el Programa plantea una iniciativa sin duda admirable y en una cuestión muy compleja de abordar, este informe, en mi opinión, pasa por alto el principal objetivo fijado hace diez años en la Conferencia de El Cairo. 
Como ponente alternativo de nuestro Grupo, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de Demócratas Europeos, no creo que otras cuestiones urgentes que consideramos igualmente importantes hayan sido abordadas de forma adecuada. 
Dichas cuestiones tienen que ver con el cambio de la población en los países en desarrollo, es decir, en temas relacionados con la educación y el acceso a la formación, a los problemas nutricionales, problemas de higiene, crecimiento económico y emigración. 
En lugar de eso, como refleja claramente el documento presentado por la ponente, la Sra. Junker, el informe se centra casi exclusivamente en temas relacionados con la reproducción y la educación sexual, sin duda de extrema importancia, pero que no tienen por qué separarse necesariamente de un contexto más amplio y abordarse de manera estéril, especialmente si estas declaraciones no siguen por completo la línea de las conclusiones de El Cairo. 
Se han olvidado muchos temas que en su día fueron considerados aspectos clave del cambio estructural de la población en los países en desarrollo en los próximos años. 
En mi opinión, este informe (el cual les recuerdo fue adoptado por 11 votos a favor y 7 en contra en la comisión pertinente) debe ser reconsiderado y, sobre todo, debe reflejar la línea establecida en la mencionada conferencia. 
Para ser coherentes con los objetivos del Plan de Acción, creo que debe aceptarse en particular el Considerando R b, que subraya la importancia y la naturaleza central de la familia como elemento central de cohesión y unidad en la sociedad. 
Espero, además, como ha propuesto firmemente nuestro Grupo, que se reformulen los párrafos 6, 10, 11, 17, 23 y 26, de forma que sean más equilibrados. 
Es más, si no se reformulan, no podemos aceptar el párrafo 20, que promueve directamente el aborto sin considerar los marcos legales nacionales, y lo hace de forma específica a través de campañas de información en los países en desarrollo a favor de abortos seguros. 
No cabe ninguna duda de que debe respetarse la soberanía en este tema tan delicado, así como la ética de cada país, especialmente en cuestiones sensibles como la salud reproductiva y los derechos relacionados con la reproducción. 
Esta es la posición del Sr. Mantovani, ponente de opinión, y ponente alternativo del Grupo PPE-DE. 
Señora Presidenta, este es un informe muy importante para las mujeres en cuanto a su derecho a la salud reproductiva y el control de su propio cuerpo. 
En primer lugar, aportemos algunos datos. 
Sabemos que cada minuto, una mujer muere por razones relacionadas con el embarazo. 
Cada minuto se producen 100 abortos, de los cuales casi la mitad son realizados por personas sin formación médica. 
Cada año mueren 70 000 mujeres como resultado de abortos poco seguros. 
Cada minuto, diez personas se infectan del virus VIH. 
Cada año, dos millones de niñas de entre cinco y quince años son forzadas a entrar en el mercado del sexo y en una forma moderna de esclavitud sin ningún tipo de protección preventiva. 
La violación y la violencia sexual también están aumentando en Europa. 
Las niñas y las mujeres aún se encuentran expuestas a la mutilación genital en muchos países, algo completamente inaceptable. 
Esta barbarie puede producir heridas graves e incluso la muerte. 
Una de cada tres mujeres se ha visto expuesta a algún tipo de violencia, según un informe recientemente publicado por Amnistía Internacional. 
En los países en desarrollo, los problemas reproductivos son la principal causa de muerte y discapacidad de las mujeres en edad fértil. 
En Afganistán, la mitad de las muertes de mujeres entre 15 y 50 años de edad están relacionadas con el embarazo. 
En esta situación, no dar nuestro apoyo a organizaciones que proporcionan consejos reproductivos equivale a propiciar de manera consciente una situación en la que cientos de miles de mujeres se someten a abortos poco seguros y sufren muerte prematura, y en la que cientos de miles de mujeres se infectan del virus VIH cada año. 
Esta es una profunda violación de los derechos humanos y constituye un grave riesgo para la salud de reproductiva y mental de la mujer. 
La UE y los Estados miembros deben cumplir enteramente sus obligaciones y financiar y aplicar el programa de medidas de El Cairo. 
Al hacerlo, la UE debe integrar la salud sexual y reproductiva en su política de desarrollo y, por supuesto, exigir que los países receptores prohíban la mutilación genital. 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, señora ponente, he pedido el turno de palabra en nombre de mi Grupo con el fin de realizar tres breves observaciones. 
En primer lugar, desearía afirmar que verdaderamente queríamos que este informe tratara de la Conferencia Internacional de El Cairo sobre Población y Desarrollo, pero definitivamente no es el caso. 
Este es fundamentalmente un informe sobre salud sexual y reproductiva, que no aborda otros temas importantes planteados en la Conferencia Internacional de El Cairo. 
Por ejemplo, el silencio es total en temas relacionados con el crecimiento económico, la inmigración, la planificación urbana, el medio ambiente y la tercera edad. Sólo en una ocasión se menciona la responsabilidad de los hombres y, en cuanto a la educación, que se abordó de forma polifacética en la Conferencia de El Cairo, solo aparece en el contexto de la salud reproductiva. 
Este es, por lo tanto, simplemente un informe más sobre salud sexual y reproductiva. 
En cuanto a mi segunda observación, creo que debemos definir de forma precisa lo que entendemos por «salud sexual y reproductiva» , tema que, sin ánimo de contradecir a sus Señorías, afecta tanto a mujeres como a hombres. 
Debemos aclarar dicho concepto, que a menudo se utiliza demasiado alegremente en los debates internacionales. 
La definición que yo propongo es que el concepto de salud sexual y reproductiva debe entenderse como la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH-sida (lacra que nos afecta todos) y la garantía para las mujeres de unas condiciones seguras de embarazo, parto y posparto. 
Este es el concepto que propongo. 
Por último, deseo decir unas palabras finales sobre el aborto. 
Estoy acuerdo con la ponente en que el aborto no puede considerarse como un método anticonceptivo. 
Estoy de acuerdo en dicho punto y creo que realmente es algo que cae por su propio peso, pero esto nos debe llevar a concluir que no debería abordarse el tema como si el aborto fuera de hecho un método anticonceptivo. 
Es más, creo que esta cuestión debería dejarse en manos de cada país en concreto. 
Sería muy desafortunado que la Unión Europea se situara en una situación de poder y por tanto se la acusara de promover el aborto en la esfera internacional. Así pues, proponemos que se elimine el punto nueve del Considerando 20. 
– Señora Presidenta, la CIPD fue sin duda un hito en la historia de la población y el desarrollo, pues se centró en los derechos y la salud sexual y reproductiva de los individuos. 
Habríamos esperado que ahora, diez años más tarde, estos derechos hubiesen avanzado más, pero por desgracia se ven gravemente amenazados. 
Algunas personas ya han mencionado lo que ha dado en llamar la Política de la Ciudad de México, que sería inconstitucional en los Estados Unidos. 
La retención de la ayuda norteamericana a cualquier organización que tenga que ver de alguna forma con el aborto ha aumentado de forma significativa el riesgo de embarazos no deseados, de infecciones transmitidas sexualmente, incluidos el VIH/sida y la muerte y las heridas causadas por abortos no seguros. 
Además de las consecuencias catastróficas de la Política de la Ciudad de México, el compromiso mundial con la CIPD se ha desvanecido. 
No se han cumplido las promesas financieras. 
Se reconoce ampliamente que los objetivos del milenio no pueden alcanzarse sin una mejora de los derechos y la salud reproductiva de las mujeres. 
La efectividad de los programas reproductivos sigue siendo mermada por una política sanitaria que antepone la ideología a unas prácticas sanas de salud pública. 
Permítame recalcar que nadie desea usar el aborto como un medio de planificación familiar. Por ello les pido que voten en contra de la enmienda 12. 
Diversas enmiendas anulan los derechos de las mujeres, lo cual es por supuesto totalmente inaceptable. 
Insto a todo el mundo a que apruebe este informe de manera que la UE pueda enviar una clara señal de compromiso a la CIPD. 
Señora Presidenta, Señorías, solo dispongo de un minuto. 
Quiero emplearlo para dar mi apoyo a las enmiendas presentadas por la Sra. Frassoni relativas a la campaña contra la mutilación genital femenina. 
Es una campaña que ha recibido un gran apoyo de este Parlamento. De hecho, fue el Parlamento quien la inició con la ayuda de la Comisión, y debo decir que ya ha habido importantes éxitos en África y en el mundo árabe. 
Más aún, me gustaría que quedara constancia de nuestra admiración por las mujeres africanas y árabes al menos en parte del informe. Estas mujeres están luchando por sus derechos en sus países, en condiciones mucho más difíciles que las nuestras, como podrán imaginar. 
En la actualidad, diez millones de mujeres han tomado las calles de Mogadiscio para luchar contra la mutilación genital femenina. 
En el mundo árabe y en África, mujeres extremadamente valientes están luchando por sus derechos. 
Me gustaría que este Parlamento les enviara una señal de su apoyo y su gran admiración por ellas. 
– Señora Presidenta, en 1994, hace diez años, se celebró en El Cairo la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, donde se identificaron un amplio espectro de objetivos de población y de desarrollo. 
El programa de acción mantenía un buen equilibrio y demostró ser una sólida plataforma de acción, sobre todo teniendo en cuenta la amplia base que se creó en la conferencia. 
De este forma también se logró dar un tremendo empuje a los objetivos de desarrollo del milenio que se formularon posteriormente. 
La década pasada en modo alguno ha restado importancia ni actualidad a los objetivos de El Cairo. 
Lamentablemente, la situación sigue sin ser la deseable. 
Se han cumplido menos de la mitad de los objetivos económicos acordados para los países donantes. 
La posición de las mujeres no ha mejorado en la mayoría de los países. 
La participación en la educación primaria, en concreto de las niñas, se encuentra muy por debajo de los objetivos. 
Lejos de hacer retroceder el sida, no se ha logrado frenar el avance de la epidemia. 
La atención sanitaria y la salud reproductiva básicas aún requieren grandes inversiones. 
Me complace que se haya incluido en el orden del día la valoración de El Cairo. 
Sin embargo, creo que es desafortunado que no se haga con el mismo espíritu con el que alcanzó la conclusión hace diez años. 
Tal como se nos ha presentado, el informe es solo una valoración de una parte de El Cairo, mientras que aún queda mucho por hacer en otros ámbitos. 
En mi opinión, el informe no obra en razón del amplio y útil alcance del programa. 
El informe se centra demasiado en el- por otra parte muy importante y urgente- tema de la salud reproductiva, pero resulta desafortunado que no se preste atención a otros temas importantes que se abordaron de forma explícita en El Cairo, como el desarrollo sostenible, la investigación, la educación, sobre todo para mujeres y niñas, el papel de la familia extendida y la lucha contra la violencia contra las mujeres. 
El informe también olvida el acuerdo al que se llegó en El Cairo, según el cual todos los países, como poderes soberanos, eran responsables de la aplicación de las recomendaciones, en coherencia con la legislación nacional y las prioridades del desarrollo. 
Esto es de especial importancia en lo que se refiere a cuestiones éticas. 
Por ello creo que merece nuestro apoyo. 
– Señora Presidenta, quiero hacer tres observaciones sobre este excelente informe de mi colega. 
En primer lugar, espero que la Cámara rechace las enmiendas presentadas por algunos colegas del Grupo del PPE-DE con miras a eliminar todas las referencias a los derechos de salud reproductiva. 
Ningún orador del PPE-DE ha explicado qué tienen en contra de la idea de que las personas tengan derechos en materia de salud sexual y reproductiva. 
En esta Cámara oímos mucho acerca de derechos –derechos de los accionistas– y no consigo ver qué pueden tener en contra del concepto de que las personas tengan derechos en relación con su salud reproductiva. 
En segundo lugar, espero que la Cámara envíe un mensaje contundente a los Estados Unidos en el sentido de que la Política de la Ciudad de México es inaceptable y ha de abandonarse. Impide que la ayuda real llegue a las personas que realmente necesitan acceso a la contracepción, la planificación familiar y otros servicios sanitarios. 
Se trata de una política dañina y espero que el Parlamento Europeo transmita este mensaje. 
Por último, apoyo plenamente las enmiendas presentadas por la Sra. Junker y el Sr. Bowis sobre el problema de la fístula vaginal. 
Muchos de nosotros hemos visitado el Fistula Hospital de Addis Abeba en Etiopía y hemos visto a mujeres afectadas por este grave problema de salud, que no se ha tratado muy a menudo en el Parlamento. 
Se trata de un problema grave y espero que la Comisión Europea examine cómo puede ayudar a financiar hospitales y ofrecer programas para las mujeres afectadas. 
Es un problema que puede prevenirse por completo y ofreciendo algún dinero se podría evitar el sufrimiento innecesario de las mujeres. 
Dado que hoy es el Día Internacional de la Mujer, sería un buen mensaje para enviar, pues es un problema en torno al cual podemos hacer algo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0090/2004) , presentada por el Sr. Santini, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos, de Justicia y de Asuntos Exteriores, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los derechos de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros y por la que se modifican el Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE. 
– Señora Presidenta, esta propuesta, que fue presentada en julio de 2001, es una propuesta de directiva que pretende codificar y desarrollar en el contexto más amplio posible la ciudadanía europea y sobre todo el acervo comunitario en cuanto al derecho de los ciudadanos de la Unión y de sus familiares de circular y residir libremente dentro del territorio de los Estados miembros. 
Hay que decir que la posición común del Consejo fue elaborada y adoptada bajo la Presidencia italiana. 
Por razones burocráticas, hoy solo estamos aún en la fase de debate. 
En algunos puntos, la posición común del Consejo difiere de la propuesta inicial de la Comisión, pero es muy innovadora en cuanto a su acervo actual. 
Por ejemplo, en cuanto al derecho de residencia, el permiso de residencia se está sustituyendo por un simple trámite de inscripción. 
El permiso de residencia permanente se introducirá de forma automática dentro de cinco años, y la protección contra la expulsión también se verá mejorada en general, sobre todo en el caso de los residentes que llevan más tiempo residiendo en un determinado país. 
En primer lugar y sobre todo, esta directiva tiene el mérito de reforzar y simplificar la complicada legislación con la que se había intentado regular esta área tan delicada desde 1968. 
La directiva sustituirá a nueve otras directivas y modificará un reglamento. 
Esto significa que, a partir de ahora, será un texto único que identifique los derechos de los ciudadanos europeos, ahora y en el futuro, en cuanto su circulación y residencia dentro del territorio de la Unión Europea. 
Se dará un nuevo valor a la definición de ciudadano; este término ya no se identificará únicamente como trabajador, estudiante o pensionista, sino como ciudadano que, como persona, dispone de ciudadanía. 
Quisiera recordarles que estamos hablando de los ciudadanos de la Comunidad y de sus familiares, incluso si son ciudadanos de terceros países. 
Esta directiva no se refiere a los ciudadanos de fuera de la UE que residen regularmente en el territorio de la Unión. 
Por lo tanto, la Unión se ha dotado por fin de una nueva legislación. 
Podemos describirla como un paso histórico de indudable importancia. 
Necesitaría más tiempo, demasiado tiempo, para mencionar las muchas cosas que cambiarán en la vida diaria de los ciudadanos. 
Solo me referiré a las más importantes. 
En cuanto a las parejas no casadas, de ahora en adelante, en aquellos países cuya legislación nacional conceda a las parejas civilmente unidas derechos equivalentes a los del matrimonio, dichas parejas se considerarán casadas a todos los efectos y por lo tanto, podrán disfrutar de los mismos derechos. 
Les recuerdo que, en la actualidad, la posibilidad de registrar parejas entre personas del mismo sexo o de distinto sexo se da únicamente en los Países Bajos y en Bélgica, países en los que existe matrimonio civil para las parejas homosexuales. 
En países que no dispongan de legislación específica para las parejas registradas, se aplicará el Artículo 3 de la directiva. 
Se trata de un artículo difícil de interpretar y aplicar, por lo que corresponderá al Tribunal de Justicia interpretarlo y clarificarlo. 
El ponente cree que esto constituye un avance verdaderamente histórico. 
Por primera vez en un texto legislativo comunitario de naturaleza vinculante, se reconocen los derechos de las parejas no casadas, incluso aunque se haga en línea (se lo recuerdo) con la legislación nacional. 
En cuanto a los derechos de familia, hay algunos cambios muy interesantes. 
En lo que se refiere a los descendientes directos, los únicos descendientes directos considerados como familiares según el significado de la directiva son aquellos menores de 21 años o que son dependientes. 
En cuanto a los descendientes directos en línea ascendente que se considerarán como tales, y por lo tanto, como familiares según el sentido de la directiva, deben ser dependientes. 
Lamento el hecho de que, en este punto, no se hayan producido avances significativos en relación con la legislación actual. 
Quizás el Parlamento no quería imponer ningunas condiciones, al menos en lo tocante a descendientes directos. 
Otras innovaciones afectan al derecho de entrada, circulación y residencia. 
Baste con decir que esta directiva simplifica completamente todos los trámites actuales. 
Dije antes que un cambio importante se refiere al derecho de residencia, que se obtiene automáticamente después de cinco años de residencia regular. 
Esta es la intención real y el punto central de esta directiva. 
Hay muchos otros puntos, pero bastará con recordar que la expulsión está siendo abolida, aunque no en todos los casos. 
Pasaré rápidamente a las conclusiones. La expulsión puede ocurrir (esto es lo que el Consejo ha decidido) únicamente por razones graves de orden público o de seguridad ciudadana. 
Brevemente les diré que considero que ha sido mejor aceptar un compromiso, aunque ciertamente imperfecto, sobre la propuesta de la Comisión y las mejoras realizadas por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Exteriores, en lugar de rechazar la directiva, que sin duda alguna se convertirá en un hito en el ámbito de la ciudadanía europea. 
. 
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero expresar mi satisfacción por los resultados obtenidos por el Parlamento y el Consejo en un ámbito tan sensible como la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea. 
También deseo dar mi más sincera enhorabuena al ponente, el Sr. Giacomo Santini, por sus esfuerzos para hacer posible la adopción de este instrumento legislativo durante este periodo parlamentario. 
La Comisión considera que la posición común ha logrado los tres objetivos recogidos en la propuesta inicial, a saber: codificación, ciudadanía y condiciones de residencia más flexibles. 
El primer objetivo era el de codificar el complejo cuerpo legislativo existente en la actualidad. 
Hemos sustituido nueve directivas y dos reglamentos y hemos incluido una gran cantidad de jurisprudencia en el ámbito de la libre circulación y residencia en un único instrumento legislativo, lo cual tiene la ventaja de proporcionar derechos más claros y transparentes para nuestros ciudadanos y administraciones nacionales. 
En segundo lugar, el texto de la posición común debería considerarse como parte del marco jurídico y político creado por la ciudadanía de la Unión Europea, que nos permite adoptar un nuevo enfoque para ejercer los derechos de los ciudadanos y para crear un sistema único de libre circulación. 
Este objetivo se ha conseguido a pesar del hecho de que se hayan mantenido normas específicas para los trabajadores y estudiantes, con el fin de conservar el acervo. 
En tercer lugar, tenemos el objetivo de añadir flexibilidad a las condiciones y trámites ligados al ejercicio del derecho a la libre circulación. En opinión de la Comisión, esto también se ha logrado mediante la eliminación de la obligación, para los ciudadanos europeos, de obtener el permiso de residencia, que ha sido sustituido por una simple inscripción en la autoridad local de residencia; también mediante la introducción del derecho de residencia permanente que ya no estará sujeto a ninguna condición después de cinco años, o de continua residencia en el Estado miembro receptor; por último, mediante una definición más clara de la situación de los familiares y mediante el aumento de sus derechos, sobre todo de aquellos familiares que no son nacionales de ningún Estado miembro. 
La Comisión considera que este texto, que no contempla exactamente todos los objetivos recogidos en su propuesta original, supone en cualquier caso un paso crucial hacia un concepto sólido de ciudadanía. 
Estoy seguro de que las nuevas disposiciones de la directiva tendrán un impacto positivo y significativo en las vidas de millones de ciudadanos de la Unión que residen actualmente en otro país de la Unión Europea y de muchos otros ciudadanos que en el futuro ejercerán su derecho a la libre circulación. 
Por consiguiente, le doy las gracias al ponente y al Parlamento por el apoyo que estoy seguro darán a la adopción de la posición común sin enmiendas, y espero que este apoyo envíe un mensaje positivo a los ciudadanos, explicándoles claramente que, aunque la Unión haya realizado avances significativos en el campo de la seguridad y la justicia en los últimos cuatro años, esta directiva nos permitirá decir otro tanto sobre este valor añadido que es la libertad de los ciudadanos europeos. 
– Señora Presidenta, en primer lugar, me gustaría dar mi más sincera enhorabuena al Sr. Santini por el informe que nos ha presentado. Huelga decir que es motivo de satisfacción para el Comisario, que ha sido muy activo en este campo, y seguirá abordando este tema a nivel Comunitario. 
Es estupendo que dispongamos por fin de un instrumento jurídico para valorar qué derechos tienen los ciudadanos europeos al circular libremente dentro de la Unión Europea. 
Esta libre circulación se ha convertido claramente en un derecho básico, y creo que también es un punto importante para la opinión pública, ya que les permite identificarse con la UE. 
Asimismo he leído con interés las definiciones de familia extendida, familia y parejas, descripciones que, desde mi punto de vista, son muy formales. 
Por supuesto, los gobiernos siempre consideran necesario que todo esté escrito en papel. 
No es suficiente con que algo se diga o se determine de manera distinta. 
El término de «pareja civilmente unida» debería reconocerse oficialmente. 
Personalmente, lamento que el término no tenga un significado más amplio, porque en realidad no corresponde al gobierno comprobar si en una pareja se da una relación matrimonial o de otro tipo. 
Desde mi punto de vista, esto debería ser posible. 
De ese modo, el término estaría menos cargado y quizás podría extenderse su aplicación práctica. 
Es muy importante que el concepto de familia se defina eficazmente en este ámbito. 
De hecho, en este día de la mujer, tengo la sensación de que el texto hace referencia a su papel de proveedora de la familia. 
Aparece del siguiente modo: la expresión «a expensas de» (veo que la Sra. Swibel asiente en aprobación) parece referirse en cierta medida al papel de proveedora; a mí, como Demócrata Cristiano, esto me satisface, pero a otros no, por supuesto. 
En cuanto a la locución per se, creo que es algo desafortunado que se mencione precisamente en este momento, en el que los países adherentes y sus ciudadanos no pueden disfrutar de este derecho básico. 
En mi opinión, es de importancia capital subrayar de nuevo que lamentamos profundamente que el derecho básico de libre circulación de los empleados de Polonia, República Checa, Hungría y otros, se vea restringido en la actualidad de este modo por razones extremadamente difusas, insignificantes, y probablemente de índole populista. 
Por ello, para nosotros es fundamental volver establecer de forma clara este derecho mediante un debate en sesión plenaria. 
– Señora Presidenta, celebro este informe y quiero rendir tributo al ponente, el Sr. Santini, porque ha trabajado arduamente para su elaboración. 
Ha sido un proceso prolongado y el ponente ha realizado un gran número de progresos. 
El hecho de que hayamos llegado a este punto le honra mucho a él y a todos los que han trabajado en este expediente. 
El Sr. Santini ha dicho que es una cuestión de simplificar las formalidades. 
Esto, en sí, es una especie de simplificación, puesto que es mucho más complejo que eso y, como acaba de decir el Comisario, reúne una red muy compleja de medidas existentes. 
Es muy importante que se vea y que se publique lo que estamos haciendo. 
En el transcurso de los años, la UE ha sabido muy bien crear mercados libres para bienes y capitales. 
Ahora nos movemos hacia la creación de un mercado libre para las personas, para que puedan circular con sus familias y parejas. 
Las observaciones del Sr. Oostlander provocan cierta alarma, porque si empezamos a decir que es necesario tener un concepto claro de lo que es una familia, entonces socavaremos todo el proceso. 
El Sr. Oostlander ha hablado del registro oficial de parejas de hecho ante el Gobierno. 
Creo que el Sr. Santini estaría de acuerdo en que se trata de un ámbito difícil y polémico y que, si se reabre, menoscabará buena parte del valioso trabajo que se ha realizado. 
Esta posición común puede no ser ideal. 
Hay ámbitos en los que, en este lado de la Cámara, nos hubiese gustado ver más progresos, como el plazo de tres a seis meses, la prevención de expulsiones o la definición de razones humanitarias, etc. Estos son aspectos que no son perfectos. 
Sin embargo, si se trata de una mejora de lo que tenemos en estos momentos, y por eso hemos de apoyarlo. 
En efecto, es una mejora, votaremos a favor y así se lo recomiendo a esta Cámara. 
– Señora Presidenta, el informe Santini aborda uno de los pilares básicos de la cooperación europea: la libertad de circulación de los ciudadanos de la UE. 
La libre circulación no es solo un principio liberal razonable, sino que es la piedra angular del proceso de Lisboa y una condición previa para la consecución del mercado interior. 
El contar con mercado laboral flexible se identifica una y otra vez como uno de los requisitos previos para aumentar el crecimiento en la UE. 
En lo tocante a este punto, debemos reconocer igualmente que uno de los problemas relativos al aumento de la movilidad no afecta solo a los individuos. 
Una de las barreras más importantes a la movilidad son las limitadas oportunidades que tienen las personas para llevar consigo a sus familias a otros países de la UE. 
En su conjunto, el informe contiene una serie de mejoras en relación con la libertad de circulación. 
Simplifica las cosas de manera considerable. 
Si la propuesta de directiva es adoptada, sustituirá a nueve directivas actuales y dos reglamentos. 
Facilitará la movilidad eliminando el requisito del permiso de residencia antes de ir a vivir en otro país de la UE. 
También permitirá a los ciudadanos residir permanentemente en dichos países después de cinco años y reducirá las oportunidades de relegar a otras personas de otros países de la UE. 
Una de las grandes cuestiones del informe, la definición de familia, finalizaba con el compromiso de seguir la legislación actual de los Estados miembros. 
No ocultaré que me hubiera gustado tener una definición más extensiva de «familia» , pero no creo que el resultado actual merezca el rechazo de la propuesta. 
Además, contiene demasiadas mejoras de la situación actual. 
Creo que hemos hecho tal vez un poco más de lo que se creía posible. 
Sin duda alguna, hemos logrado más de lo que podíamos esperar conseguir con un nuevo Parlamento que representa a una UE con 25 Estados miembros, muchos de los cuales tienen una definición mucho más restrictiva de «familia». 
En nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, los Demócratas y los Reformistas, recomiendo que votemos a favor de la propuesta en su forma actual. 
– Señora Presidenta, yo también quiero expresar mi agradecimiento al ponente por lo que ha sido un trabajo sumamente difícil. 
Si dispusiéramos de más tiempo, podríamos haber estado dispuestos a luchar más con el Consejo sobre algunas enmiendas. 
Aunque es cierto que se trata de un paso adelante en términos de codificación y ofrece una mayor claridad a los ciudadanos, el enfoque parece ser de cierto regateo: por un lado, la posición común parece conceder un derecho, pero por otro añade una enorme serie de reservas a este derecho. 
En cierto sentido, muchos de estos derechos se nacionalizan en lugar de considerarse desde una perspectiva comunitaria. 
Anteriores oradores han tenido razón acerca del clima en el que ha tenido lugar este debate. 
Algunos lo consideran un modo de acabar con las posibilidades de libre circulación salvo si se considera que las personas no son «una carga para el Estado» , en el lenguaje de la década de los años treinta. 
Parte de la cuestión es que se considera a las personas, principalmente, como individuos económicos, más que como ciudadanos que tienen derecho a la libre circulación. 
Siguen existiendo problemas para las personas que están casadas o tienen parejas de hecho con nacionales de países no comunitarios. 
Soy consciente de que incluso las personas que trabajan en las instituciones seguirán teniendo ciertos problemas debido a estas relaciones. 
Se ha hablado de la cuestión de las parejas de hecho. 
Ha sido interesante escuchar el anterior debate de esta tarde, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, durante el cual los oradores se han referido, una y otra vez, al hecho de que no existe ninguna definición única de una familia, que las cosas están cambiando y avanzan. 
Los sistemas de seguridad social de los Estados miembros reconocen sin duda diferentes formas de relaciones estables, de unidades estables. 
Pero seguimos teniendo problemas. 
Preveo que algunas cuestiones sobre la igualdad de trato desembocarán ante el Tribunal de Justicia Europeo. 
El Sr. Evans ha planteado la cuestión de las expulsiones. 
Para nosotros es demasiado problemática. 
Pone en tela de juicio lo que significa «residencia permanente» , si se le puede denegar a alguien. 
Otros han mencionado que podría ser un paso adelante, pero sigue sin llevarnos a donde queremos estar. 
Mi Grupo puede aceptar la posición común. 
Aplaudo algunas enmiendas presentadas por otros Grupos. 
Pero no cabe duda de que no hemos llegado al final de la lucha en materia de libre circulación de los ciudadanos europeos y sus parejas. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, como sabemos, el Tratado de Ámsterdam da a todos los ciudadanos de la Unión el derecho individual de circular y residir libremente dentro del territorio de los Estados miembros, independientemente de si se ejerce una actividad económica o no. 
Este derecho también se encuentra recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Sin embargo, lo que esto significa es que los ciudadanos de la Unión deben poder ser libres de mudarse a distintos Estados miembros, al igual que los ciudadanos de un Estado miembro pueden mudarse o cambiar de residencia dentro de su propio territorio. 
No obstante, reconocemos que aún existen muchas barreras al ejercicio de este derecho fundamental (situación que nos confirman las numerosas decisiones del Tribunal de Justicia en este asunto). 
Por ello, es de importancia crucial que se adopte esta directiva con la mayor rapidez posible, con el fin de simplificar el ejercicio del derecho a la libre circulación. 
Así pues, apoyo la recomendación del ponente, Giacomo Santini, a quien deseo dar la enhorabuena por su excelente trabajo, de adoptar esta posición en su forma actual. 
Engloba muchas de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo en su primera lectura y en general está bien equilibrada. 
Es más, cualquier nueva enmienda significaría reabrir las negociaciones y debilitaría la necesidad fundamental de adoptar esta directiva, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de la ampliación. 
Quiero resaltar las principales propuestas, por considerarlas las más importantes. La primera es reducir los trámites administrativos al mínimo; en segundo lugar, el derecho a la libre circulación sin necesidad de trámite alguno durante un periodo de tres meses; en tercer lugar, introducir el derecho permanente de residencia tras cuatro años de residencia continua en el Estado miembro receptor; en cuarto lugar, imponer límites a la potestad de un país para rechazar o revocar el derecho de residencia de un ciudadano de la Unión recurriendo a razones de seguridad o de orden público; mi quinto y último punto se refiere a la definición del concepto de familia, y quisiera resaltar que la armonización de los requisitos de residencia para los ciudadanos de la Unión no debe conducir a la imposición de cambios en la legislación de los Estados miembros o en sus propias definiciones de situación familiar. 
El Tratado excluye del área de competencia de la Unión el derecho de vivir como una familia, por tratarse de una competencia nacional. 
– Señor Presidente, en diciembre del año pasado, el Consejo rechazó la propuesta del Parlamento de extender la definición de familia. 
Como uno de los iniciadores de la propuesta, naturalmente me siento herido. 
Sin embargo, el Consejo ha dejado la puerta abierta a la libre circulación de todos los ciudadanos de la UE, independientemente del tipo de unión que hayan decidido establecer con sus parejas. 
En países cuyo sistema jurídico nacional reconoce a las parejas civilmente unidas, también se debe reconocer a los ciudadanos de otros países que se encuentren en la misma situación. 
Los Estados miembros deberían facilitar la entrada y la residencia de las parejas que tengan una relación duradera y, si los Estados miembros rechazaran admitir a un familiar, deben justificar esa decisión. 
En mi opinión, el mayor avance que se ha producido es que las parejas civilmente unidas pasan a ser reconocidas en la legislación de la UE como una forma de unión por primera vez. 
Además, ha quedado claro que las parejas de hecho constituyen un problema en cuanto a la libre circulación dentro de la UE, y que los países ya no pueden seguir ignorando este hecho. 
Será interesante observar la jurisdicción basada en esta nueva directiva. 
Ciertamente, esto no pone fin a todos los problemas, tal como ha apuntado la Sra. Lambert. 
Al considerar esta cuestión, podemos ver el vaso medio vacío o medio lleno. 
En este caso, en vista de los debates en el Consejo y del contexto político actual, creo que hemos obtenido lo mejor que podíamos conseguir para los ciudadanos de la UE. 
No considero que sea rendirse al chantaje del Consejo, como expresan nuestros amigos el Sr. Turco y el Sr. Capato en su opinión minoritaria, sino como una muestra de agradecimiento. 
Por lo tanto, que así sea, y doy mis más sincera enhorabuena al ponente. 
. Señora Presidenta, intervendré brevemente para agradecer el apoyo de todos quienes han contribuido a la adopción de la posición común. 
Me parece especialmente importante que nos podamos presentar a las elecciones parlamentarias europeas con la prueba efectiva de que la cuarta libertad de los Tratados, la libertad de circulación, se ha relanzado gracias a esta iniciativa legislativa y gracias a la aprobación de esta directiva por el Parlamento y el Consejo. 
Por supuesto, como todos ustedes saben, la Comisión tenía ambiciones mayores que las que contiene el texto que tenemos hoy sobre la mesa, pero hay que reconocer que este compromiso es perfectamente aceptable. 
Por lo que se refiere al concepto de familia, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que la Directiva reconoce la libertad de circulación de las parejas registradas y que el artículo 3 incluye una cláusula que facilita la libertad de circulación de las parejas de hecho. 
Es cierto que hay margen para la interpretación, pero no podemos decir que se haya ignorado una realidad social. 
Teniendo en cuenta que la Unión no tiene competencias para legislar en materia de Derecho de la familia, nos encontramos con un marco jurídico europeo muy variable por lo que se refiere al propio concepto de familia. 
En materia de expulsiones, es cierto que querríamos conseguir una mayor protección frente a las mismas. 
Pero si no hemos obtenido el sólido marco que la Comisión deseaba en su propuesta, al menos hay que reconocer que las normas que se recogen en la posición común otorgan una mayor protección, porque la protección contra las expulsiones se amplía a medida que la estancia en el país de acogida se prolonga en el tiempo. 
Creo, por consiguiente, que también en este punto hemos obtenido una mejora de la situación actual. 
Por último, por lo que respecta a la cuestión de la ampliación, no entraré en el debate sobre las medidas restrictivas que se están adoptando. 
Habrá que comprobar su conformidad con el Tratado de Adhesión y con todo el acervo comunitario. 
Dicho esto, esas medidas restrictivas se han adoptado, si he entendido bien, sobre la base de los Tratados de Adhesión, que prevén un período inicial de dos años durante los cuales son posibles excepciones a las normas generales de acceso al mercado de trabajo. 
Esta Directiva tiene por objetivo, ante todo, garantizar la libertad de circulación para todos los ciudadanos de los 25 Estados miembros al término de este período de transición. 
Pienso, por tanto, que el mensaje que enviamos al adoptar esta Directiva, de la que podrá beneficiarse plenamente todo el mundo –incluidos los recién llegados– en un futuro no muy lejano, es positivo. 
Señora Presidenta, quisiera exponer una cuestión de observancia del Reglamento. 
De hecho, deseo quejarme sobre la forma en que hemos tratado el procedimiento legislativo en el Parlamento Europeo. 
Presenté cuatro enmiendas, que fueron rechazadas en la comisión pertinente. 
Eso es perfectamente aceptable, y tengo también una reserva, pero el plazo de presentación de enmiendas para esta sesión terminaba esta tarde a las 19.00 h. 
Bastantes compañeros eurodiputados que hayan contemplado dar su apoyo a estas enmiendas no han llegado a tiempo por los problemas que siempre encontramos cuando intentamos circular en Estrasburgo. 
Creo que el plazo podría haberse extendido hasta mañana por la tarde para dar una oportunidad de tratar esta cuestión. 
Considero que esto es inaceptable, y espero que tomen nota de ello para organizar mejor las cosas en el futuro. 
Comprendo su opinión acerca del escaso tiempo, pero, como sabe, todo se encuentra conforme al Reglamento. 
En parte tiene que ver con la administración y las traducciones, pero nos tomamos muy en serio sus opiniones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0095/2004) del Sr. Oostlander, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión marco del Consejo relativa al establecimiento de las disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico de drogas. 
. 
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Arie Oostlander, y darle la enhorabuena por su trabajo, que concluye hoy y que acogemos con satisfacción. 
La propuesta de decisión marco de la Comisión forma parte de una estrategia global para luchar contra la droga, basada en un enfoque equilibrado entre medidas de reducción de la oferta y la demanda, y de medidas de acción para combatir el tráfico ilícito. 
Las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere mostraron la necesidad de que se adoptara una legislación complementaria para luchar contra la droga a nivel europeo. 
En el plan de acción 200-2004 para combatir las drogas en la Unión Europea, se pedía expresamente a la Comisión que propusiera medidas para establecer unas disposiciones mínimas sobre los elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico de drogas. 
La adopción de esta propuesta de decisión marco del Consejo demostraría sin lugar a dudas la voluntad de la Unión Europea de combatir el tráfico ilícito de drogas, con toda su importancia. El tráfico de drogas es una amenaza para la salud, la seguridad y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 
Espero que la Presidencia irlandesa sea capaz de adoptar este texto que debatimos hoy, de forma que antes del fin de este periodo parlamentario podamos concluir el proceso legislativo ligado a esta decisión marco. 
. Señora Presidenta, el Sr. Comisario es muy amable al darme las gracias de forma tan explícita por este informe, dado que no era un proyecto que requiriese una gran cantidad de trabajo. 
Sin embargo, es positivo disponer de este texto, en eso estamos de acuerdo. 
Todos conocemos la historia de esta cuestión. Ya es la tercera vez que la debatimos. 
La primera vez, las cosas fueron bastante mal como resultado de algunos defectos de los Considerandos, que posteriormente corregimos. 
La segunda vez, esta asamblea se puso de acuerdo en el texto, y actualmente ha vuelto al Consejo. 
El consejo ha hecho un gran esfuerzo, después de nuestro trabajo, y se nota. 
Podríamos sentirnos muy descontentos, pero creo que el razonamiento del Sr. Comisario demuestra que, al igual que la nuestra, su actitud es pragmática en este asunto. 
Lo importante es que, pase lo que pase, ahora tenemos una decisión marco. 
Creo que, como Parlamento, debemos apoyar este enfoque pragmático. 
Además, los debates en esta Cámara a menudo se han centrado en cuestiones distintas del tema clave del informe. 
El tema clave era una ligera armonización de las penas aplicables, que yo, por tener una inclinación más matemática, al principio creí insignificante, pero que legalmente es bastante significativa. 
Este Parlamento ha preferido debatir la legislación sobre las drogas blandas; también el Consejo y el Coreper han participado muy activamente en este aspecto. 
Los Países Bajos, en particular, evidentemente han obstruido en gran medida esta decisión marco, por considerar que la protección de sus es una joya de la corona de su soberanía nacional. 
Esta es una concepción neerlandesa significativa, cuya importancia (importancia positiva, en particular) algunos sobrevaloran. 
Sin embargo, la política del gobierno neerlandés se dirige en la actualidad hacia una cierta reducción de este fenómeno y, en concreto, a luchar contra las autoridades locales que abren en la frontera, donde los controles aduaneros están vacíos, de forma que los alemanes, belgas y franceses de fuera puedan disfrutar de este servicio. 
Afortunadamente, esta práctica está cayendo en desuso y, de hecho, creo que es absolutamente vergonzoso en principio que algo así haya llegado a suceder y que una serie de autoridades locales así lo planificaran. 
Es positivo, por lo tanto, que permanezca algo de lo que dijo el Parlamento sobre el alcance y las sanciones, porque las sanciones en el Consejo han revelado de forma clara lo mismo que descubrimos aquí: debemos ocuparnos de un tráfico internacional a gran escala, y que esto se puede ver claramente en la decisión marco. 
En cuanto a las penas aplicables, también se mantiene parte de la proporcionalidad entre drogas blandas y drogas duras, por estar relacionada con la severidad de las penas. 
Yo esperaba que no hubiera ninguna enmienda, pero ha habido una, presentada por la Sra. Buitenweg. 
Me gustaría decirle que lo que persigue con su enmienda en relación con el alcance tráfico internacional de drogas a gran escala por una parte y el consumo personal por otra) ya se encuentra implícito en el texto. 
El apartado 2 del Artículo 2 se refiere a la definición de «delito». Nuestras consideraciones sobre el tema están muy claras, al igual que las del Consejo. 
El Artículo 2 se refiere al intento de ofrecer drogas a otros. Esto incluye la política de los, en concreto. 
El apartado 2 del Artículo 4 se refiere a las sanciones. En este caso, también, está muy claro que se incluye el tráfico internacional a gran escala. 
Por lo tanto, me gustaría aconsejar a la Sra. Buitenweg que retirara su enmienda, ya que es mucho más importante poder decir, incluso en esta sesión plenaria, que todo está dicho ya de forma explícita. 
Creo que es positivo, por tanto, que estemos continuando nuestro trabajando en este asunto. 
Faltan algunas cosas, por supuesto, por ejemplo, la alusión a las circunstancias agravantes, que ya habíamos incluido previamente. 
Aunque se incluya algo sobre este asunto en la decisión marco, solo tiene significado legal, no el significado moral que queríamos darle, sobre todo en cuanto a la penalización de la incitación a los jóvenes a consumir estas sustancias repugnantes. 
De cualquier modo, me uno al Comisario en que esta decisión marco se debe adoptar ahora como un paso pequeño, pero decidido, y está claro que Europa está dispuesta a abordar esta cuestión. 
– Señora Presidenta, como ha dicho el ponente, este informe ha tenido una vida agitada: ha sido más bien problemático y ha ido y venido del Consejo Es muy importante. 
Todo el mundo reconoce la importancia de que los Estados miembros cooperen para combatir el tráfico de drogas y los daños que han causado la actividad y el comercio de los traficantes a las vidas, las personas y a comunidades enteras. 
Sin embargo, se trata de un ámbito muy complejo. 
Es muy importante que reconozcamos las diferencias regionales. 
Lo que funciona en un país de la UE puede no funcionar en otro. 
Lo que sirve en una ciudad europea puede ser totalmente inadecuado en otra de otro país, porque hay tantas actitudes, reacciones y modos de vida diferentes Como ha dicho el ponente, no se obligará a los Estados miembros a cambiar sus leyes internas. 
Buscamos la armonización de las disposiciones penales. 
Será muy difícil definir qué cantidades están implicadas y cuál es la gravedad de estas cuestiones, y sin duda ello se debatirá en el futuro. 
Sin embargo, esta noche deberíamos reconocer que este informe –por difícil que haya sido– es precisamente una pieza de un rompecabezas muy complejo a la hora de combatir el tráfico y cómo podemos hacer frente a los responsables en el futuro. 
Me satisface este informe y espero que se utilice para seguir adelante. 
Por imperfecto que sea, deberíamos celebrar los progresos que estamos realizando y seguir trabajando en este ámbito. 
Señora Presidenta, el Sr. Oostlander y yo tenemos una opinión similar sobre el daño terrible y generalizado que causan las drogas en Europa. 
Muchos políticos parecen haberse dado por vencidos en el tema de las llamadas drogas blandas. 
Me pregunto lo que realmente quiere decir el Sr. Evans. 
Muchos de nuestros colegas eurodiputados mantienen una política engañosa en esta Cámara, política que, en mi opinión, solo conducirá a un mayor número de consumidores de drogas, mayores delitos y un mayor espacio para las grandes corporaciones de la droga. 
Lo único que ayudará en este sentido es una política clara y coherente. 
Los consumidores deben recibir tratamiento, pero el consumo debe castigarse. 
Es una quimera creer que un poco de liberalismo en el tema de las drogas alejará a los jóvenes de las drogas duras. 
Ciertamente, se puede decir que esta directiva es un paso en la dirección adecuada, pero, al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que los Catorce han acordado hacer concesiones significativas para los Países Bajos, donde, como dice el Sr. Oostlander, los pueden seguir proliferando. 
Se permite que continúe el turismo de la droga a Ámsterdam, y los Países Bajos pueden seguir exportando el consumo de drogas a otros países. 
Esto es inadmisible. 
Por supuesto, debemos tener libertad de movimientos, pero esta libertad no debe utilizarse a favor de las drogas y de los delitos. 
Señora Presidenta, muchos de nosotros en el Parlamento Europeo llevábamos largo tiempo esperando a que se adoptaran medidas prácticas para la prevención de los delitos relacionados con el tráfico de drogas. 
La decisión marco ha exigido largas negociaciones, y la acogemos con satisfacción por su importancia. 
Por otra parte, refleja claramente las diferencias políticas, culturales y legales que caracterizan a la UE. 
Sin duda alguna hay necesidades que pueden atenderse con medidas menos costosas, pero yo comparto el punto de vista del Sr. Schmidt sobre esta cuestión. 
La postura adoptada en algunos países respecto al consumo privado de drogas nos parece difícil de entender. 
El alcance de su compromiso es tal que no se llega a incluir el consumo privado. 
De conformidad con el principio de subsidiaridad, los Estados miembros siguen, gracias a Dios, pudiendo penalizar ese consumo. 
No existe ningún requisito al respecto, pero eso es bueno y así debe seguir siendo. 
Por tanto, no supone una amenaza para ninguna legislación nacional. 
La legislación sueca prohíbe el consumo de drogas. 
Eso es bueno y así debe seguir siendo. 
Ninguna propuesta de los Verdes ni de otros Grupos tiene que tratar de regular la política sueca en materia de drogas. 
Así es como ven la inmensa mayoría de los suecos la idea Verde de permitir drogas en ciertas cantidades. 
Equivaldría a una renuncia. 
Nosotros, los Moderados, defendemos por el contrario unos programas eficaces y personales que ayuden a los ciudadanos a liberarse de las drogas. 
La decisión marco tiene que combinarse con otras iniciativas, como el cese de la producción de drogas en Afganistán, donde debemos hacer grandes esfuerzos, y también con medidas que promuevan la cooperación fronteriza, policial y aduanera en el seno de la UE. 
– Señora Presidenta, hemos de declarar una guerra concertada a las drogas. 
El informe del Sr. Oostlander forma parte de este enfoque a escala comunitaria y hay que celebrarlo. 
El Sr. Oostlander ha aportado mucho a este Parlamento. 
Las drogas son una mercancía y se trafica con ellas en el mercado abierto en nuestros pueblos y ciudades. 
Los hechos son ineludibles. 
Desde la caída de los talibanes, la producción de drogas se ha multiplicado por diez, causando la miseria y la adicción de muchos y enormes beneficios para los instigadores. 
Los talibanes y Al Qaeda han recurrido a los ingresos de las drogas para financiar su sublevación y terror. 
Las drogas son la moneda de cambio para las armas y están financiando el terrorismo. 
En una reciente visita a Irán me enteré de que casi 5 000 soldados iraníes han sido asesinados por contrabandistas de drogas afganos. 
Honra a estos soldados y al Gobierno iraní que hayan intentado frenar el flujo de heroína destinada a las calles de Europa. 
Cada año, en Irlanda mueren más personas a causa de la adicción a la heroína que por accidentes de automóvil. 
Los extensos campos de opio de Afganistán están alimentando el negocio multimillonario de las drogas. 
El año pasado, tres cuartas partes del opio del mundo fueron producidas en Afganistán. 
Ahora se dice que el comercio del opio da trabajo al 7% de la población afgana. 
La ONU cree que el año pasado se generaron 2 300 millones de dólares gracias al tráfico de drogas en las principales zonas de cultivo de opio en Afganistán. 
Los agricultores que cultivan opio ganan diez veces más que los policías o soldados cuya tarea es aplicar la ley contra el cultivo del opio. 
Los funcionarios en materia de drogas de la ONU en Afganistán piden medidas equilibradas que alienten a los agricultores a obtener ingresos alternativos y aumentar el riesgo legal para los implicados en el tráfico. 
Los cárteles de drogas de Colombia y Afganistán mantienen contactos entre sí. 
Es preciso detener este nuevo desarrollo y perseguir y confiscar las recaudaciones de sus crímenes. 
Me complace el informe del Sr. Oostlander y espero que esta Cámara se tome en serio la necesidad de perseguir a los miembros de estos cárteles de drogas. 
Señora Presidenta, no es la primera vez que esta decisión marco figura en el orden del día, como ya ha recordado el ponente. 
Los Países Bajos se han mostrado poco cooperadores no sólo en el Parlamento, sino también en el Consejo. 
Han bloqueado la decisión durante dos años, temiendo que se pusiera en peligro su sistema de tolerancia. 
En lo que a mí respecta, sería bueno que la política neerlandesa, una anomalía internacional, se viera sometida a las presiones de los países europeos para imprimirle un giro radical. 
Hoy tenemos ante nosotros un texto de compromiso que, lamentablemente, ha diluido el texto original de la Comisión. 
Por ejemplo, no será obligatoria la cooperación judicial y la extradición a otros Estados miembros, y el texto está redactado de tal forma que el principio de subsidiariedad puede aplicarse a la política neerlandesa. 
Aunque se eleva considerablemente la pena mínima, de un mes a un año, los Países Bajos no están obligados a imponer esa pena. 
A pesar de estos comentarios marginales, celebro que se haya creado un marco común para combatir el tráfico de drogas que tantas vidas destruye. 
Espero que los Estados miembros, entre ellos los Países Bajos, adopten alguna medida seria al respecto. 
Sus ciudadanos se lo merecen. 
Señor Evans, lamentamos el apoyo del Grupo Socialista a la respuesta del Consejo. 
Lo lamentamos por una cuestión de método, porque no se han tenido en cuenta las peticiones fundamentales del Parlamento Europeo, y lo lamentamos también por una cuestión de contenido, porque esta decisión no garantiza que su aplicación se limitará al tráfico internacional. 
En ella se habla de producción y se habla de ventas. 
No hay ningún problema si se refiere al tráfico internacional, puesto que está prohibido en todos los países de la Unión Europea. 
La propuesta de la Comisión de utilizar instrumentos de cooperación judicial es una propuesta que introduce la armonización virtual, no sólo en lo que respecta al tráfico de drogas, sino también, por ejemplo, a la definición de las categorías de drogas ilegales, evitando con ello la posibilidad de reformar la legislación nacional en materia de drogas. 
¿Qué es, por ejemplo, el cultivo privado, es decir, el cultivo de plantas? 
Se trata de producción y, por tanto, está dentro del ámbito de aplicación de esta decisión, al no existir ningún tipo de garantía de que el objetivo sea combatir el tráfico, que ya se penaliza ampliamente en todas nuestras leyes. 
Otra cuestión son sus consecuencias desastrosas y catastróficas en Afganistán y en otros países, como la financiación del terrorismo que permiten estas leyes. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, las drogas son un problema común a todos los Estados miembros y, por tanto, está claro que la lucha contra las drogas debe adquirir una dimensión europea, como ya se hace en acciones que van desde la creación de instrumentos jurídicos para combatir la producción y el tráfico de drogas hasta la cooperación con los países productores y la promoción de medidas para prevenir las drogadicciones y combatir ese fenómeno. 
El Parlamento está siendo consultado por segunda vez, ahora que el Consejo ha alcanzado por fin un acuerdo después de dos años de negociaciones. 
El ponente, Sr. Oostlander, propone que no se presente ninguna enmienda porque, al haber tardado tanto tiempo el Consejo en llegar a un acuerdo, sería preferible que aprobáramos el texto en su versión actual. 
Comparto esta opinión; el hecho de que se haya alcanzado un acuerdo sobre esta cuestión es positivo en sí mismo. 
Al menos hemos dado un paso hacia delante, aunque sea pequeño, un paso que es crucial porque proporcionará a la Unión Europea un incentivo para intensificar la cooperación judicial en asuntos penales. 
Me consta que mi país, Portugal, acoge con satisfacción esta propuesta de decisión marco, que no plantea dificultades específicas a nuestro propio ordenamiento jurídico. 
Las definiciones utilizadas en la decisión marco se basan en Convenios de Naciones Unidas que ya existen sobre la lucha contra el tráfico de drogas, sin que puedan considerarse excesivamente estrictas, puesto que constituyen el mínimo común denominador posible. 
A partir de ahora todos los tipos de tráfico, producción y venta estarán penalizados. 
Además, las penas previstas por los Estados miembros tienen que ser eficaces, proporcionadas y disuasorias, y deben incluir penas privativas de la libertad. 
Para terminar, la gravedad de las penas aumentará en función de la cantidad y la naturaleza de las drogas con las que se trafique, y dependiendo de que los delitos sean o no cometidos por una organización criminal. 
Por otra parte, hay que tratar de disuadir el fenómeno del turismo de drogas, y celebramos el anuncio del Ministro de Justicia neerlandés de que su Gobierno está tratando de hacer precisamente eso reforzando la legislación para restringir las ventas a residentes en los. 
– Gracias, señor Coelho. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana al mediodía. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0093/2004) del Sr. Von Boetticher, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de un Reglamento del Consejo por el que se crea una Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores. 
. 
Señora Presidenta, Señorías, el 11 de noviembre del año pasado la Comisión aprobó una propuesta de Reglamento del Consejo por el que se creaba la Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores, respondiendo con ello a los llamamientos hechos en los Consejos europeos de Salónica y Bruselas. 
Históricamente, la naturaleza del acuerdo Schengen era puramente intergubernamental, pero con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la responsabilidad del control de las fronteras exteriores quedó transferida a la Comunidad. 
Por consiguiente, la creación de una agencia no significa que se estén transfiriendo competencias de la Comisión a una institución comunitaria independiente. 
Los Estados miembros están simplemente transfiriendo algunas de sus competencias a la Comunidad con la intermediación de la Agencia. 
Así pues, la Agencia será responsable de las actividades operativas que hoy corresponden a lo que se conoce como la «Unidad Común» , que opera exclusivamente en nombre del Consejo, o de los propios Estados miembros, a través de sus centros de control ad hoc para las fronteras terrestres, marítimas y aéreas. 
En consecuencia, la Comisión estima que esta propuesta es una medida importante para hacer más «comunitario» el control de las fronteras exteriores de los Estados miembros. 
La Agencia no aplicará directamente el modelo político de la Comunidad, ni tendrá competencias para hacer cumplir la ley. 
No se trata de crear una guardia europea de fronteras. 
La Agencia ayudará, bajo los auspicios de las autoridades competentes de los Estados miembros, a poner en práctica la normativa común relativa al control de las fronteras exteriores que constituye el acervo de Schengen. 
Las principales funciones de la Agencia consisten en coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros, ayudar a los Estados miembros en la formación de sus guardias de fronteras, realizar evaluaciones de riesgos, vigilar el progreso de las investigaciones en el campo del control y la vigilancia de las fronteras exteriores, prestar una mejor asistencia operativa y técnica a los Estados miembros que lo necesiten y coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros para la expulsión de los nacionales de terceros países. 
La Agencia podrá crear sus propias secciones especializadas, incorporando así el trabajo que ahora realizan los centros de vigilancia terrestre, aérea y marítima, cuando existen. 
En cuanto a la financiación de la actividad de la Agencia, sus ingresos procederán de una subvención con cargo al presupuesto comunitario, una contribución económica de terceros países implicados en la implantación, la aplicación y el desarrollo del acervo de Schengen, es decir, Noruega e Islandia, y las tarifas cobradas por los servicios que la Agencia preste a los Estados miembros. 
La Comisión cree que la Agencia tiene que asumir sus responsabilidades a principios de 2005. 
Dispondrá de una plantilla de treinta empleados y de un presupuesto inicial de seis millones de euros en 2005, que aumentará a diez millones de euros en 2006. 
La Agencia tendrá un Consejo de Administración formado, a propuesta de la Comisión, por doce representantes de los Estados miembros designados por el Consejo y dos representantes de la Comisión. 
El funcionamiento de la Agencia será responsabilidad de un Director Ejecutivo nombrado por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión. 
El artículo 66 del Tratado proporciona el fundamento jurídico de la Agencia. 
En vista de la geometría variable que puede aplicarse en virtud del Título IV del Tratado, Noruega e Islandia, como Estados Schengen, participarán en este Reglamento. 
Dinamarca puede participar también, según las condiciones establecidas en el protocolo anexo al Tratado. 
En cuanto a la posición del Reino Unido e Irlanda, la Comisión es partidaria de incluirlos de una manera que se haga posible la cooperación operativa entre el Reino Unido, Irlanda y los Estados Schengen, sin por ello dejar de cumplir todas las disposiciones del Tratado. 
El Consejo lleva desde noviembre debatiendo esta propuesta y, aunque ha alcanzado un acuerdo político, ha hecho algunos cambios que les resumo a continuación: el Consejo quiere que el Consejo de Administración de la Agencia esté formado por un representante de cada Estado miembro, incluidas Noruega e Islandia, y dos representantes de la Comisión. 
El Consejo quiere también restringir las competencias de la Agencia para expulsar a nacionales de terceros países que estén residiendo ilegalmente. 
El Consejo ha añadido también una nueva función, la de facilitar la cooperación operativa entre los Estados miembros y terceros países. 
La Presidencia irlandesa tiene la firme intención de conseguir que se apruebe la propuesta de la Comisión antes de que finalice su mandato. 
La Comisión apoya todos los esfuerzos que han realizado tanto el Parlamento como el Consejo para concluir el proceso legislativo lo antes posible, de manera que la Agencia pueda asumir sus responsabilidades en enero de 2005. 
. – Señora Presidenta, Señorías, la seguridad de las fronteras exteriores de la UE es una cuestión que interesa a todos los Estados miembros. 
Mientras que Austria, Alemania y los países del Benelux no tendrán dentro de poco ninguna frontera exterior propia de la UE que defender, Italia tendrá que vigilar por sí sola 7 600 km de frontera marítima, la mitad de ella en el Adriático y el Mediterráneo meridional. 
Europa no puede dejar que Italia y los nuevos Estados miembros de Europa central y oriental realicen por sí solos esta tarea, y además tiene que establecer una normativa común. 
Con esta propuesta de crear una Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores, la Comisión responde, por fin, a una exigencia que esta Cámara lleva planteando desde hace mucho tiempo. 
Ya en 1998, el informe del Sr. Posselt pedía que la protección de las fronteras exteriores de la UE se transfiriera al ámbito comunitario, una demanda que el Comisario Verheugen calificó de superflua a nuestra comisión en abril de 2002. 
Ahora, por fin, la Comisión ha actuado, aunque sea tarde, casi demasiado tarde, puesto que la ampliación está a dos meses vista. 
En esta Cámara nos vemos periódicamente abrumados por propuestas de crear agencias de la UE y no cesan de aparecer nuevas agencias por toda Europa que fragmentan las competencias de la Comisión y son difíciles de controlar. 
No obstante, celebramos la creación de esta agencia por ser un primer paso para dotar a la defensa de las fronteras exteriores de una dimensión comunitaria y, por consiguiente, para transferir competencias al ámbito europeo. 
Eso, por desgracia, es sólo una parte de la historia; como siempre, el problema está en los detalles. 
Permítanme que empiece refiriéndome al contenido de la propuesta presentada por la Comisión en noviembre de 2003. 
Se supone que la Agencia tiene que coordinar la colaboración operativa de los Estados miembros, ayudar a la formación de las guardias de frontera, realizar evaluaciones de riesgos y vigilar el progreso de las investigaciones. 
La comisión no entiende bien por qué la Agencia debe coordinar también el retorno de nacionales de terceros países que residan ilegalmente en los Estados miembros; esa función no tiene sentido salvo que exista una normativa uniforme, respecto a la cual el Consejo de Ministros no ha hecho más que celebrar debates infructuosos. 
La Agencia debía ocuparse también de la vigilancia de las fronteras, y no de otras tareas. 
Pero a la Agencia se le ha negado otra competencia fundamental. 
Sólo mucho después se está considerando la posibilidad de transferir a la Agencia el derecho a realizar inspecciones en las fronteras exteriores. 
¿Por qué? 
Incluso ahora, se supone que la Agencia debe evaluar los resultados de acciones conjuntas y realizar extensos análisis. 
¿Cómo se pretende que lo haga si no puede estar presente sobre el terreno para saber lo que sucede? 
En este ámbito se están transfiriendo competencias sin una maquinaria que permita su seguimiento, lo cual generará ineficiencia desde el principio. 
Nuestra comisión solicita que no perdamos del todo de vista la posibilidad de una guardia europea de fronteras. 
La Agencia debe recibir, cuanto menos, el cometido de examinar la necesidad de esa guardia. 
Pero lo peor de esta Agencia es su estructura. 
Comisario Vitorino, puedo asegurarle que ningún experto cree que una agencia de este tipo pueda siquiera empezar a funcionar con 27 empleados; necesitaría por lo menos el doble de personal, entre 45 y 50. 
Su propuesta es que el Consejo de Administración conste de doce miembros designados por el Consejo y dos representantes de la Comisión, quienes nombrarían al Director Ejecutivo. 
Con ello, evade usted su responsabilidad. 
¿Por qué no tiene el Consejo de Administración el mismo número de miembros designados por la Comisión y por el Consejo, respectivamente, y por qué no se saca a concurso público el cargo de Director Ejecutivo como se hace con otros altos cargos de importantes instituciones de la UE? 
Queremos que la Agencia mantenga estrechas relaciones con la Comisión, ya que ¿quien, después de todo, se supone que vigilará a la Agencia si la Comisión no tiene ninguna responsabilidad sobre ella? 
¿Quizá los parlamentarios de los 25 Estados miembros? 
Por el contrario, Señorías, si alguien debe vigilarla es el organismo que la financia, y eso significa nosotros. 
Esta estructura es una evasión de responsabilidades por su parte, y el debate que se está manteniendo en el Consejo demuestra hacia dónde nos lleva eso. 
Ahora tiene un nuevo documento como base para el debate, al que todavía no hemos tenido oficialmente acceso y sobre el que usted, señor Comisario, no ha dicho nada esta noche; tampoco el funcionario que le representa en la comisión nos dijo nada al respecto. 
El hecho de que el Consejo ignore nuestro derecho a ser consultados no es nada nuevo, pero nunca se había visto antes que la Comisión fuera cómplice de algo así. 
La nueva propuesta estipula que todos los Estados miembros estén representados en el Consejo de Administración; pero un consejo con 25 miembros para 27 empleados en plantilla ofrece una imagen ridícula de Europa. 
A modo de compromiso, se pretende crear otro Consejo Ejecutivo formado por sólo cinco miembros. 
Eso significa una burocracia enloquecida; pregunte, si no, a los agentes de las guardias de frontera, señor Comisario. 
Quieren más competencias europeas y más apoyo, y se sienten menos intimidados que ustedes por las instituciones europeas. 
Resumiendo, lo opuesto de «algo bien pensado» es «algo mal hecho». 
Aunque celebramos la creación de la Agencia, no puede funcionar tal como usted propone. 
A continuación tomará la palabra mi colega, el Sr. Coelho. 
Estoy seguro de que se extenderá sobre lo que les acabo de decir. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, llevamos tiempo expresando nuestro descontento por la falta de atención prestada a cuestiones relacionadas con nuestras fronteras exteriores. 
Este es uno de los eslabones más débiles de nuestro sistema y con consecuencias peligrosas, no sólo para una eficaz protección de la seguridad interna, sobre todo contra las amenazas del terrorismo, las redes de inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, sino también para la plena aplicación del principio de la libertad de circulación. 
Por consiguiente, es fundamental que se adopten medidas coherentes para garantizar la seguridad de las fronteras sin perjuicio de las respectivas competencias de los Estados miembros. 
Necesitamos una política común para controlar las fronteras exteriores actuales y futuras, que exigirá la aplicación de una normativa común y la creación de unas estructuras comunes para garantizar la gestión integrada de las fronteras. Entre dichas medidas está la creación de una Agencia independiente que garantice unos elevados niveles de control y supervisión en todo momento. 
Por consiguiente, acojo con satisfacción la iniciativa de la Comisión, que me parece positiva en términos generales. 
El Sr. von Boetticher tiene que estar esperando que mencione su excelente trabajo y, en efecto, tengo que felicitarle y decir que, como él, lamento que esta iniciativa no haya recibido un carácter más comunitario. A decir verdad, eso es precisamente lo que el Parlamento Europeo había pedido en anteriores ocasiones. 
Por otra parte, seguimos esperando que se presente una propuesta sobre unas normas mínimas para los procedimientos de repatriación y para el reconocimiento mutuo de las órdenes de repatriación. 
Pese a todo, estoy convencido de que estamos dando un paso positivo para aumentar la confianza mutua de los Estados miembros en la vigilancia de las fronteras exteriores comunes. Eso significa que, si los controles que implanta un Estado miembro son deficientes, se verán afectados todos los demás Estados miembros. 
Lo cual tiene mucha más importancia si tenemos en cuenta que, con la ampliación, la Unión tendrá otros diez nuevos Estados que a su vez se harán responsables de vigilar miles de kilómetros de las fronteras exteriores de la Unión. 
– Señor Comisario, señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quisiera expresar mi perplejidad ante el interés suscitado por el debate que mantenemos, en esta hora tardía, cuando el Consejo está a punto de llegar a un acuerdo en torno a la propuesta de la Comisión sobre el proyecto de Agencia Europea de gestión de las fronteras exteriores, y cuando prevé una serie de enmiendas que se sitúan exactamente en las antípodas de la posición propuesta por el Parlamento Europeo en el informe del Sr. Von Boetticher. 
Destacaré asimismo que este asunto ilustra, una vez más, lo difícil que resulta entablar una auténtica cooperación entre el Parlamento y el Consejo, puesto que, como sucede con demasiada frecuencia aún, el procedimiento de consulta se transforma en una batalla en la que los dos campos no compiten en igualdad de condiciones. 
En efecto, en estos documentos se enfrentan en última instancia dos enfoques, y el que está a favor de los derechos de los ciudadanos está abocado a salir derrotado. 
Por un lado, el Parlamento Europeo propone dotar a esta Agencia de una estructura menos intergubernamental en la composición de sus órganos, lo que implicaría más a la Comisión Europea y redundaría en una mayor eficacia. 
Por otra, el Consejo se dispone a ratificar el deseo de los Estados miembros de disponer de un representante cada uno en el Consejo de Administración, lo que perjudicará por fuerza la eficacia que queríamos que tuviera la Agencia. 
Lo lamento mucho. 
La intransigencia del Consejo es tanto más grave cuanto que en este caso afecta a la defensa de los derechos humanos. 
Para nosotros, la expulsión de nacionales de terceros países que residen ilegalmente en los Estados miembros no debe ser responsabilidad de esta nueva Agencia. 
Por desgracia, el Consejo no es de la misma opinión y, al parecer, no piensa modificar su posición. 
Ahora bien ¿en qué legitimidad puede apoyarse para adoptar una medida como esta? 
¿Puede decirse realmente que la Unión Europea dispone de una política común en materia de asilo y de inmigración que justifique esta propuesta? 
Creo que la respuesta a esta pregunta es sin duda «no» , que esa política común no existe, al menos en este momento. 
En mi opinión, tomando el camino de una política exclusivamente represiva, encaminada a acelerar la cooperación entre los Estados miembros para la expulsión de los inmigrantes ilegales, no haremos avanzar la Unión Europea. 
Me parece que el Consejo haría mejor en ocuparse por fin de una tarea compleja, pero totalmente indispensable, que consiste en analizar las causas de los flujos migratorios y las razones de la huida de tantas personas de sus países de origen. 
Mientras no procedamos colectivamente a ese análisis, creo que las medidas que tomemos seguirán siendo en parte vanas. 
Señora Presidenta, la propuesta de Reglamento contiene algunos puntos muy importantes para reforzar el control de las fronteras exteriores. 
La creación de una agencia fronteriza común, la coordinación de las autoridades fronterizas con iniciativas de formación conjunta y la realización de análisis de riesgos comunes y proyectos comunes para aplicar los nuevos avances tecnológicos son todos ellos elementos que reforzarán el control de las fronteras exteriores. 
Durante la lectura en comisión del brillante informe del Sr. von Boetticher, se aclararon dos posibles áreas conflictivas. 
En primar lugar, se dijo que la creación de una policía de fronteras europea común no podía ni debía precipitarse. 
La Agencia debe estudiar a fondo si existe tal necesidad de un cuerpo supranacional y sólo entonces realizar una investigación sobre la mejor estrategia para su creación. 
Al final, la creación de un cuerpo así exige tomar una decisión política que esté perfectamente justificada. 
En segundo lugar, se dijo durante la lectura en comisión que la agencia no debía asumir la responsabilidad de la expulsión de ciudadanos de terceros países que estén residiendo ilegalmente en la UE. 
De lo contrario, esta agencia de las fronteras se conocería en seguida como la agencia que envía a los inmigrantes de regreso a sus países. 
En otras palabras, estoy más que satisfecha con el informe en su redacción actual y quiero agradecer a mi estimado colega diputado, el Sr. von Boetticher, su constructiva cooperación. 
En nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, puedo anunciar nuestro apoyo a este informe en la votación. 
– Señora Presidenta, quiero agradecer sinceramente al ponente su intervención, que en esta Cámara consideramos muy buena, como también nos parecen justificadas sus críticas en el análisis final. 
Por eso quiero referirme a la declaración de un Estado miembro de que esta Agencia no suplantará a las autoridades nacionales, sino que trabajará en paralelo a ellas, apoyándolas y evaluando su desempeño de las tareas horizontales. 
Se dice de manera bastante explícita que la Agencia no tendrá competencias legislativas y que los Estados miembros conservarán la responsabilidad de vigilar las fronteras exteriores. 
Siendo así, me alegra mucho sinceramente que esta Agencia no pueda en la actualidad responsabilizarse de ninguna de las principales tareas operativas, puesto que no beneficiaría en nada la creación de una agencia de manera tan precipitada y sin una cooperación adecuada. 
Compartimos totalmente estos comentarios críticos del ponente. 
Señora Presidenta, señor Comisario, querría, en primer lugar, felicitar al ponente por su informe, porque creo que es una oportunidad importante el poder establecer precisamente un control común de lo que deben ser las fronteras exteriores de la Unión Europea. 
Unas fronteras que, no olvidemos, decía Robert Schuman, eran cicatrices de la historia de Europa. 
En este momento son fronteras exteriores y no sabemos si de aquí a unos años serán interiores, como ha acontecido con otras fronteras. 
Pero, en todo caso, existe la necesidad de establecer una protección y ésta debe establecerse de la forma más comunitarizada posible. 
Es verdad que los Estados miembros han estado ejerciendo estas funciones, pero creo que la Unión Europea, para dar también una imagen de unidad de cara al exterior, debe contar con una política común de protección de fronteras y por esto me parece altamente positiva la propuesta que se hace: que sea realmente una agencia comunitaria. 
En este sentido, respecto a los deberes de esta agencia- como la expulsión de nacionales de terceros países -, creo que éste es un tema que se deberá desarrollar más adelante y que, en todo caso, es prematuro tratarlo en este momento. 
. Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Sr. von Boetticher por su informe y sus observaciones. 
Me gustaría recordarle que, en su comunicación de mayo de 2002, la Comisión adoptó una postura muy clara a favor del concepto de una unidad común para coordinar la cooperación operativa entre Estados miembros en el control y la vigilancia de las fronteras exteriores. 
En julio de 2002, los Estados miembros empezaron a coordinar su cooperación en el ámbito del control y la vigilancia de las fronteras exteriores en el seno del Consejo a través de la llamada Unidad Común. 
La Agencia representa un paso hacia la comunitarización. 
El limitado campo de acción de la Unidad Común ha evidenciado la necesidad de crear una estructura institucional estabilizada e integrar plenamente esta estructura institucional en el marco jurídico de la Comunidad. 
Comparto el punto de vista del Sr. von Boetticher de que la solución con respecto al Consejo de Administración no es la mejor solución, y al decirlo soy muy diplomático. 
Sin embargo, para serles franco, está claro que los Estados miembros no están dispuestos a aceptar otra solución. 
El ámbito del control de fronteras es muy delicado para la soberanía nacional. 
Los Estados miembros aprenden poco a poco cómo cooperar entre sí, pero necesitamos ir paso a paso. 
Es evidente que el mensaje unánime del Consejo es que cada Estado miembro quiere tener un miembro en el Consejo de Administración. 
La Comisión no pretende presentar una propuesta modificada porque, pese a que comparte su preocupación –y su perplejidad–, está bastante claro que hay una voluntad unánime en el Consejo de que cada haya un miembro en el Consejo de Administración para cada Estado miembro. 
Por último, en lo que respecta a la política de regreso, el hecho de que la Agencia pueda estar implicada en acciones de regreso supondría un paso adelante en el desarrollo de normas comunes en lo que concierne a las acciones de regreso. 
Si no creamos los medios para tener la oportunidad de hacer frente a la política de regreso a escala comunitaria, en el futuro los criterios, procedimientos y normas de política de regreso estarán únicamente en manos de cada Estado miembro. 
Los criterios y las normas varían enormemente de un Estado miembro a otro. 
Este es un problema que dificulta el reconocimiento mutuo de las decisiones de expulsión. 
No obstante, por lo menos en este punto, el Parlamento está de acuerdo con el Consejo y la Comisión está claramente aislada. 
– Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0071/2004) del Sr. Dimitrakopoulos, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre las modificaciones del Reglamento del Parlamento Europeo tras la aprobación del Reglamento relativo al estatuto y a la financiación de los partidos políticos a escala europea. 
. 
Señora Presidenta, este informe representa la etapa final de un importante procedimiento, un procedimiento que se inició con el informe de mi querido y estimado amigo Jo Leinen, y que culminó durante la Presidencia griega cuando la Presidencia y el Consejo, tras un intercambio de opiniones con el Parlamento, aprobó por fin el Reglamento nº 2003/2004, que mejora considerablemente el estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea. 
No creo que haya nadie que discrepe con la opinión de que tenemos que hacer lo que sea para que los partidos políticos europeos, una institución que complementa y completa el marco democrático europeo, puedan operar de manera correcta y directa. 
Desde este punto de vista, el informe que presento hoy a la Cámara y para el que pido su apoyo es un sistema, un procedimiento que garantizará a los partidos europeos los recursos necesarios para que puedan conseguir sus objetivos. 
Se trata de un sistema que al menos yo, como ponente, y muchos otros miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales parlamentaria, consideramos equilibrada. 
Porque, por encima de todo, este sistema establece un vínculo directo entre los partidos políticos europeos y el Parlamento Europeo, que en general se reconoce como la principal institución política de la Unión Europea. 
Aparte de eso, tiene en cuenta la correlación de fuerzas y equilibrios que existen en el Parlamento. 
El primer elemento importante –los partidos políticos europeos y su financiación, entendiendo por tal la disponibilidad de los recursos necesarios– depende en primer y principal lugar de la Mesa del Parlamento Europeo, en otras palabras, del órgano del Parlamento Europeo responsable de todos los temas que tienen que ver con el buen funcionamiento de las fuerzas políticas que actúan y están conectadas con él. 
Pero al mismo tiempo, la Mesa tiene la gran suerte de contar con otros dos órganos del Parlamento Europeo que la ayudan en sus esfuerzos por desempeñar correctamente su función en relación con los partidos políticos europeos. 
Uno de ellos es la Conferencia de Presidentes de los Grupos políticos, que es el principal órgano político del Parlamento Europeo, y el otro es la Comisión de Asuntos Constitucionales, es decir, la comisión parlamentaria europea responsable de todos los temas que tienen que ver con cuestiones reglamentarias, constituciones y jurídicas. 
Por supuesto, algunos diputados presentes hoy aquí en esta Cámara discrepan conmigo. 
Termino, sin embargo, señora Presidenta y Señorías, pidiendo al pleno que vote a favor de mi informe mañana y asumiendo la plena responsabilidad política de esta recomendación. 
Hemos hecho un esfuerzo muy grande y quiero agradecer a todos los diputados de todos los partidos políticos sus consejos y su apoyo durante el debate de este informe en la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Gracias, por tanto, a todos y a usted, señora Presidenta, y pido a la Cámara que apruebe este informe. 
– Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Sr. Dimitrakopoulos por el trabajo que ha realizado en torno a este informe y por el plan que ha presentado. 
Sin embargo, mi Grupo y yo votaremos en contra del informe si no se aprueban las enmiendas 6 y 7. 
La calidad de una democracia se mide por su respeto hacia sus minorías. 
Es muy importante destacar que la ley d’Hondt, que es la que rige la composición de esta Mesa, no garantiza, ni puede garantizar, que todas las posiciones políticas representadas en Europa, y mucho menos las representadas en este Parlamento, participen en el proceso de toma de decisiones. 
Esto es tanto más inadmisible cuanto que la norma es que los partidos que buscan financiación sólo deben ser escuchados sobre algunas cuestiones y no sobre todas las cuestiones que se presentan ante la Mesa. 
Se trata de puntos que yo me tomo muy en serio. 
También es importante que en la discusión de la financiación de los partidos políticos sea necesario que se escuche a todas las voces, a pesar de que aceptemos que la ley d’Hondt signifique que sólo algunos de los partidos tengan voto en la Mesa. 
Espero que se aprueben estas enmiendas, porque de lo contrario votaremos con toda seguridad en contra del informe. 
Como ya he dicho, la política también tiene que ver con la representación de las minorías. 
Estoy ligeramente en desacuerdo con lo que el Sr. Dimitrakopoulos acaba de decir sobre que los partidos políticos son instituciones que se incorporan a parlamentos y comisiones, etc. Por encima de todo, en la tradición política a la que yo pertenezco los partidos políticos son asociaciones voluntarias de ciudadanos con ideas afines. 
Sería maravilloso que ahora se convirtieran en asociaciones voluntarias de ciudadanos con ideas afines que colaboran a lo largo y ancho de este gran continente. 
Sin embargo, una asociación voluntaria no es lo mismo que una institución, a pesar de que el mantenimiento de una política democrática satisfactoria requiere, en las circunstancias actuales, que haya cierto apoyo público a los partidos políticos. 
Intervengo en este Parlamento en nombre de la Alianza Libre Europea, de los partidos que representan a las naciones minoritarias dentro de los Estados miembros, o regiones, como a veces se las llama, aunque en mi opinión éste no es un término muy preciso. 
El aumento del tamaño de la Unión, con la feliz llegada de muchos Estados pequeños, hace que resulte todavía más difícil que un partido como la Alianza Libre Europea, que existe desde hace muchos años, pueda superar los umbrales de votos como los que se están estableciendo en estos momentos. 
Parece que cada vez que venimos a este Parlamento los obstáculos se colocan un poco más altos a favor de las grandes agrupaciones políticas, mientras que se ignoran los intereses justos y legítimos de las minorías. 
En consecuencia, insto al Parlamento a que solo apruebe el informe si por lo menos se aceptan las enmiendas 6 y 7. 
Señora Presidenta, el Reglamento que regula el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos contiene una serie de disposiciones que son inaceptables desde un punto de vista democrático. 
Por ejemplo, los partidos pequeños sin actividad en al menos la cuarta parte de los Estados miembros, pero con representación en el Parlamento Europeo, quedan excluidos de antemano. 
Lo peor es que se imponen condiciones sustantivas, políticas e ideológicas para obtener financiación como partido europeo. 
¿Cuál es el significado exacto de la obligación de cumplir los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho? 
¿Quién decide eso? 
En una democracia, ¿no tienen que decidir los electores? 
Se está dejando la puerta abierta a la arbitrariedad, como se advertía en algunos artículos aparecidos en la prensa cuando el Parlamento aprobó el informe Leinen. 
De hecho, se trata simplemente de un ataque contra los partidos que cuestionan ideas políticamente correctas sobre tabúes como el problema de la inmigración. 
Así pues, es lamentable que las disposiciones del Reglamento se estén incorporando al Reglamento del Parlamento sin la posibilidad de evitar abusos arbitrarios. 
Se han llevado ya varios casos al Tribunal de Justicia relacionados con el Reglamento. 
Son casos bien fundamentados. 
Es una vergüenza que ahora tengamos que pretender que no existen. 
Una de las justificaciones del informe dice así: «Es importante que la decisión del Parlamento en sesión plenaria se prepare con la mayor serenidad y objetividad, respetando los derechos de la defensa». 
Eso es un cinismo extremo, puesto que los Grupos están juzgando y siendo juzgados al mismo tiempo, lo cual es incompatible con el Estado de Derecho. 
Es también inconcebible en el contexto del Estado de Derecho que no haya posibilidad de apelación. 
Aceptar algo así es, en el fondo, negarse a uno mismo la posibilidad de recibir financiación como partido europeo. 
– Señora Presidenta, señor Dimitrakopoulos, Señorías, quiero empezar agradeciéndole muy sinceramente al ponente su informe, que todos llevábamos esperando tanto tiempo. 
La adopción de un enfoque más europeo, la consolidación de la democracia –por lo que damos gracias a Dios– y la voluntad de informar y comunicar dependen de que los partidos políticos desempeñen su función. 
Por eso es muy importante que, de una vez por todas, pongamos en práctica el Estatuto europeo de los partidos políticos, después de todo el tiempo que llevamos hablando y discutiendo sobre él. 
Considero que hoy es un día importante para la democracia, y un día importante para Europa. 
Lo digo como representante del Grupo político que tiene desde hace más tiempo que nadie un partido europeo a escala europea y que fue también el primero en poner verdaderamente en práctica la separación entre el trabajo de los Grupos políticos y el de los partidos políticos. 
Las críticas que he oído pronunciar no son nuevas, pero sigo sin entenderlas. 
Los partidos nacionales pueden, efectivamente, presentarse a las elecciones del Parlamento Europeo; se financian de conformidad con la legislación nacional sobre la financiación de partidos políticos y sería un error que los partidos nacionales, partidos limitados a una nación, tuvieran que formar también un partido de conformidad con el Estatuto europeo de los partidos políticos. 
La financiación de los partidos europeos no ha sido, hasta la fecha, transparente; tampoco se ha podido someter al escrutinio del Tribunal de Cuentas, ni sobre la base de sus relativos puntos fuertes. 
No quiero que los partidos obtengan el doble de ayudas para todo; lo que quiero es que la financiación de los partidos se regule de manera transparente y democrática. 
Un partido europeo tiene que ser activo en más de un Estado, o de lo contrario no será más que un partido nacional. 
El Estatuto europeo de los partidos políticos ayuda a hacer más europeo el debate político, y lo que nosotros tenemos que intentar es que las políticas internas se hagan más europeas, y no que las políticas europeas sigan las líneas nacionales. 
Puesto que las leyes electorales actuales hacen a los candidatos nacionales, y no europeos, el siguiente paso debe consistir en adoptar una única ley electoral para el conjunto de Europa. 
– Señora Presidenta, quisiera comenzar felicitando al ponente por su excelente informe. 
El fundamento jurídico del principio en cuestión figura en los Tratados desde el Tratado de Maastricht, suscritos por todos nuestros Estados miembros y ratificados por todos los parlamentos nacionales. 
Hemos tenido el detalle de permitir la adopción de un estatuto de los partidos políticos europeos desde el Tratado de Ámsterdam, suscrito por cada Estado miembro y ratificado por cada parlamento nacional. 
Con el Tratado de Niza, firmado por cada Estado Miembro, ratificado por cada parlamento nacional, dimos paso a las decisiones por mayoría cualificada. 
El año pasado finalmente se aprobaron disposiciones legislativas sobre esa base, de acuerdo con la voluntad de todos nuestros Estados miembros y de todos nuestros parlamentos nacionales. 
Así que esta es la coronación del edificio: medidas de ejecución internas a este Parlamento que nos permitan aplicar la legislación que se aprobó el año pasado, una legislación basada en un amplio consenso, como ya he indicado. 
Por esta razón me entristece ver que hay algunos diputados de la extrema derecha de este Parlamento, así como unos cuantos conservadores británicos –en contra del punto de vista del Grupo al que afirman pertenecer– que se oponen a dicha legislación ante el Tribunal de Justicia. 
Sus comentarios son a veces sorprendentes; se oponen por ejemplo al hecho de que se pueda cortar la financiación a los partidos que no respeten los principios fundadores de la Unión Europea, en concreto –y esto está establecido en la legislación– los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de derecho. 
Sería interesante oír sobre qué principios piensan ellos que debería fundarse la Unión Europea, si se oponen a este conjunto básico de principios. 
Afirman, incorrectamente, que ello proscribiría la financiación de los partidos políticos que se oponen a la Unión Europea. 
Esto no es verdad. 
Solo tendrían problemas los partidos que no respetaran nuestros valores fundamentales. 
A diferencia del Sr. MacCormick, pienso que es correcto delegar la tarea de la aplicación a la Mesa, porque la Mesa ha sido elegida por el conjunto de este Parlamento. 
No representa a los partidos, a diferencia de la Conferencia de Presidentes, cuyos miembros representan a los Grupos. 
No deben ser los líderes de los Grupos los que decidan esta cuestión. 
Lo correcto es que sea la Mesa: sus miembros han sido elegidos por el conjunto de este Parlamento, se ocupa de las decisiones administrativas y políticas detalladas y se dedica a escuchar a los miembros de los partidos afectados cuando hay que tomar una decisión polémica. 
Acojo con satisfacción esta propuesta. 
Pienso que se trata de un paso adelante, basado en un amplio consenso, que ahora debe ponerse en marcha. 
No derivará en un mayor gasto de la Unión, sino que proporcionará un procedimiento más transparente para el tipo de gasto que ya se está produciendo a través de los Grupos políticos. 
Debería ser acogida con agrado por todos. 
– Señora Presidenta, estoy seguro de que el Sr. Corbett no pretendía tergiversar mi posición, pero lo ha hecho de forma accidental. 
Estoy plenamente de acuerdo en que la Mesa debería decidirlo, pero cuando la Mesa se siente para decidir estas cuestiones, debería contar en su seno también con representantes de otros partidos. 
Esto es lo que he dicho y lo que pienso que es correcto. 
–Gracias por su comentario. 
– Señora Presidenta, me complace mucho decir que los tres diputados del Partido por la Independencia del Reino Unido se han unido a otros 20 diputados de este Parlamento. 
Provenimos de cinco Grupos políticos distintos y de los diputados no inscritos, y sí, hemos llevado este asunto al Tribunal de Justicia en Luxemburgo. 
Son varias las razones de ello, pero la razón principal es simplemente de principio: no creo que haya ninguna prueba de que los votantes de mi país o de cualquier otro país estén satisfechos de que su dinero financie directamente a los partidos políticos a escala europea. 
Lo cierto es que las reacciones que me llegan del Reino Unido indican que existe la percepción de que ya se gasta demasiado dinero en proyectos políticos, tanto a escala nacional como, sobre todo, entre todos los lugares, aquí en Estrasburgo. 
También tengo la sensación, desde Niza y el artículo 191, de que esta idea de que uno cumple los requisitos si se ajusta a los principios democráticos de la Unión es una idea potencialmente peligrosa. 
Puede que lo que el Sr. Corbett dice acerca de los principios de la Unión suene bien, pero estamos siendo testigos de giros y cambios de las leyes. 
Quizás de aquí a tres o cuatro años puede que las críticas a la Unión signifiquen que uno ya no se ajusta a los principios democráticos de la Unión y que, por lo tanto, no sólo le denieguen la financiación, sino que también prohíban sus actividades. 
La motivación es clara: crear un europeo que en este momento simplemente no existe. 
Tengo algunas reticencias respecto a la cuestión del Estado de derecho. 
Me parece que, tras la Constitución, algunos de los que aquí se encuentran –y yo soy uno de ellos– no reconocerán ese nuevo Estado de derecho porque sólo seremos capaces de abandonar la UE de acuerdo con las condiciones de la UE. 
No creo que suscribir una Constitución en nombre de nuestro pueblo de acuerdo con estas condiciones fuera un acto legítimo del Gobierno británico, y en esas circunstancias yo estaría plenamente satisfecho de no poder acogerme a la financiación. 
– Señora Presidenta, el informe Dimitrakopoulos hace una aplicación honesta de un reglamento viciado y, como comprenderá, el resultado no puede ser muy bueno. 
En efecto, el Reglamento de 4 de noviembre de 2003 relativo al estatuto y a la financiación de los partidos políticos a escala europea viola una serie de principios que todos nosotros profesamos. 
En primer lugar, viola el principio de subsidiariedad, pues normalmente corresponde a los ciudadanos y a los países miembros financiar a los partidos políticos, no al presupuesto comunitario. 
Viola asimismo la igualdad de trato, porque entre todos los partidos políticos que tienen una actividad a escala europea elige arbitrariamente a los que tengan representación en al menos una cuarta parte de los Estados miembros. 
Viola el Estado de Derecho, porque en la distribución de las subvenciones, los diputados serán juez y parte y, además, utilizarán para su apreciación criterios imprecisos y elásticos. 
Este Reglamento viola también la democracia, ya que favorece unas estructuras partidistas definidas desde arriba y no desde abajo, por los ciudadanos. 
Viola también, dicho sea de paso, señora Presidenta, varios procedimientos del Tratado, de los que hablaré en mi explicación de voto. 
Por esta razón, he adjuntado una opinión minoritaria sobre el informe Dimitrakopoulos que denuncia este nuevo sistema de financiación de los partidos políticos a escala europea y, junto con otros 22 diputados, entre ellos el Sr. Souchet, que está sentado a mi lado, he llevado este asunto al Tribunal de Justicia. 
El estatuto de los partidos políticos europeos, señora Presidenta, se inspira en el mismo espíritu que el estatuto de los diputados europeos, que aprobamos recientemente y que los Estados miembros decidieron finalmente desestimar. 
Pues bien, espero que el Tribunal de Justicia haga lo mismo con el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos. 
– Señora Presidenta, comprendo que el informe no podía sino tomar como referencia la definición de partido político a escala europea establecida, como se acaba de decir, en el Reglamento n° 2004/2003. 
Entre las consecuencias de ello se encuentra, en particular, la exigencia de tener una representación en la cuarta parte de los Estados miembros. 
Pero esta injusta situación se ve agravada por la delegación de poderes, tan general como exclusiva, a favor de la Mesa para la gestión de las subvenciones, que es totalmente contraria a la transparencia. 
Lamento vivamente dicha delegación de poderes, en primer lugar porque no es seguro ni mucho menos que sea conforme a la letra y el espíritu del Reglamento citado y, además, porque inevitablemente dará a la opinión pública la impresión no de un progreso democrático, sino del reparto de un botín. 
– Gracias, señor Dehousse. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. (1) 
– Declaro cerrado el período de sesiones anual 2003-2004 del Parlamento Europeo. 
Declaro abierto el período de sesiones anual 2004-2005 del Parlamento Europeo. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0449/2003) de la Sra. Paulsen, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre los controles oficiales de piensos y alimentos [COM (2003) 52 – C5-0032/2003 – 2003/0030 (COD) ]. 
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento por el duro trabajo que han realizado los miembros de las comisiones implicadas en la propuesta de reglamento sobre los controles oficiales relativos a alimentos y piensos. 
Reconozco en particular los admirables esfuerzos realizados por la Sra. Paulsen sobre esta importante iniciativa. 
La propuesta de la Comisión establece normas sobre la organización de controles oficiales a los alimentos, piensos y animales vivos que deben respetar los Estados miembros y define las funciones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión. 
Tiene en cuenta los principios de un planteamiento basado en el riesgo de una cadena alimentaria humana y animal integrada y completa, de la granja a la mesa, incluidos los controles dentro de la Comunidad y los controles de los alimentos y piensos importados de terceros países. 
Esto define mejor la responsabilidad primaria sobre la seguridad de los alimentos y piensos por parte de los operadores empresariales y refuerza el papel de las autoridades competentes a través de mecanismos de aplicación más estrictos dentro de los sistemas de control existentes. 
Sobre todo, la propuesta pretende mejorar la eficacia de los controles realizados tanto por los Estados miembros como por la Comisión. 
Define medidas de aplicación más estrictas. 
También crea un marco para apoyar a los países en desarrollo para que cumplan importantes requisitos y dispone un marco financiero para organizar actividades que mejoren la seguridad de los alimentos y los piensos. 
Destaco especialmente los denodados esfuerzos de la Sra. Paulsen por adoptar la propuesta en primera lectura. 
Comparto el mismo objetivo y esperanza para que se adopte. 
La cooperación entre las tres instituciones en torno a esta propuesta ha sido excelente y de nuevo en gran parte se debe a la Sra. Paulsen, la fuerza motriz encargada de hacer confluir a las tres instituciones. 
El Consejo y la mayoría del Parlamento Europeo adoptan ahora un punto de vista convergente sobre este texto, que me complace aceptar en su totalidad. 
– Señor Presidente, quiero mencionar que acabo de recibir las enmiendas en mi propia lengua, y son 229. 
Así pues, quiero pedir más tiempo para que tanto yo como todos los demás diputados podamos leerlas, y pedirle a usted que aplace la votación hasta mañana. 
Señora Klass, este no es el momento oportuno para hacer esa petición, sobre todo porque cualquier petición de ese tipo tiene que votarse y someterse a la decisión del pleno. 
No se pueden hacer esas peticiones en cada etapa de nuestro trabajo. 
Podrá hacerla antes de la votación. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, por supuesto que es difícil tratar de alcanzar un acuerdo en primera lectura. 
Se necesita voluntad, conocimiento y cooperación. 
Quiero dar las gracias a todos mis colegas diputados que han contribuido con su oposición o su apoyo a este proceso. 
Ha sido difícil, pero extremadamente constructivo. 
Mencionaré algunos de los aspectos que me parecen más importantes de la propuesta. 
Uno de ellos es su ámbito de aplicación. 
Tengo la gran fortuna de que las inspecciones se han ampliado ahora para incluir la salud y el bienestar de los animales. 
Ese es probablemente uno de los mayores éxitos del Parlamento en un área tan delicada como ésta y que preocupa tanto a los electores de todos nuestros países. 
Otro aspecto es el transporte de animales por Europa, y es importante que por lo menos esto se incluya en el programa de control. 
El Parlamento ha contribuido también al control del etiquetado mientras se realizan las inspecciones. 
Los propios programas de control de los Estados miembros tienen que establecer como una de las tareas de los inspectores la comprobación de que el etiquetado de los envases de los alimentos es correcto, que cumple la normativa y que los contenidos y la declaración de contenidos se corresponden realmente. 
Este punto tiene una enorme importancia para nosotros como consumidores normales cuando, en una tarde de un jueves normal, tenemos que hacer alguna compra rápida para la cena. 
La necesidad de incluir toda la cadena –desde el campo hasta la tienda, el comedor y el restaurante– es el principio en el que, por supuesto, se sustenta toda la legislación sobre seguridad alimentaria. 
Otro aspecto que me hace sentirme a la vez decepcionada y satisfecha es la transparencia. 
Una clara mayoría de la comisión quería un sistema basado en la publicación de una lista de infractores. 
Pero no pudo adoptar ese sistema porque los Estados miembros invocaron razones legales y constitucionales en su contra. 
Como Liberal, al final hasta yo misma me di cuenta de que probablemente no corresponde ni al Estado ni a las autoridades la tarea de decir qué productores son buenos y qué productores son malos. 
Con el sistema de transparencia que establece ahora el Reglamento, hemos renunciado a esa función de nombrar, avergonzar y divulgar a la sociedad civil. 
Cualquier asociación de consumidores, asociación para la protección de los animales u organización local de medios de comunicación podrá solicitar ahora los informes de las inspecciones y, por tanto, serán responsables de esta labor de información a los ciudadanos. 
La financiación de las tasas es una cuestión muy controvertida, no sólo entre la Comisión, el Consejo y yo misma, sino también en el Parlamento. 
Algunos quieren unas tasas permanentemente fijas, iguales para todo el mundo. 
Esa podría ser una muy buena idea, pero se ha intentado y ha fracasado. 
No todos los países de la UE son exactamente iguales. 
No pueden aplicarse las mismas condiciones básicas de Portugal a Finlandia, o de Irlanda a Hungría. 
Pese a todo, creo que la propuesta que hoy nos ocupa ha conseguido un buen equilibrio. 
Tienen que cobrarse tasas, pero se ha definido con claridad qué tasas deben cobrarse. 
Deben tenerse también en cuenta las pequeñas empresas tradicionales, algo que me parece muy importante. 
Es importante que nosotros en el Parlamento Europeo protejamos a los pequeños productores de alimentos inusuales que constituyen la esencia del patrimonio cultural europeo en el ámbito alimentario. 
Tenemos que defenderlos y darles una oportunidad. 
No se les puede eximir de cumplir la legislación en materia de seguridad, pero se les podría imponer unas tasas de control menos elevadas. 
Les pido a todos ustedes, primero, que voten hoy pese a todos los problemas que existen y, segundo, que acepten mi lista de enmiendas de transacción. 
Por último, quiero dar también las gracias a la Comisión y al Consejo, y, sobre todo, a las Presidencias italiana e irlandesa. 
Muchas gracias por su fantástica cooperación. 
Puesto que también usted, señora Paulson, se ha referido a que espera un resultado positivo de la votación, repito que, respecto a la decisión de aplazar o no la votación –refiriéndome a la intervención anterior de la Sra. Klass– se celebrará, si es necesario, una votación al respecto en sesión plenaria. 
. Señor Presidente, hablo en nombre de la Sra. Doyle, que no ha podido estar aquí esta mañana. 
Celebramos los controles oficiales de piensos y alimentos para garantizar la salud de los animales y la calidad de la carne para los ciudadanos de toda Europa. 
Sin embargo, debemos dar tiempo al sector para que desarrolle un planteamiento uniforme en toda Europa. 
Quisiera que el Comisario Byrne explicase con más detalle cómo vamos a aplicar el mismo tipo de controles sobre los piensos importados a la Unión Europea. 
Es muy importante que se apliquen los mismos controles estrictos no solo a nuestros piensos en Europa, sino también a los importados. 
El bienestar de los animales también es extremadamente importante. 
La Sra. Paulsen ha mencionado el etiquetado. 
Tenemos que asegurar que los consumidores puedan decir qué productos han cumplido estos severos requisitos de bienestar animal en Europa a partir del etiquetado. 
Los consumidores también deberían poder saber por el etiquetado qué productos no han cumplido estos severos requisitos. 
Hay que tener en cuenta el coste de la inspección en la UE y las tasas aplicadas a cada empresa fabricante de piensos, porque si un país aplica tasas mucho mayores a las inspecciones que otro, esto ocasiona distorsiones en el mercado único. 
En términos generales, hemos de acoger con agrado estos controles, pero debemos ser cuidadosos de no establecer una reglamentación excesiva. 
Señor Presidente, me dirijo a ustedes esta mañana en nombre de mi colega, Sr. Schnellhardt, que, lamentándolo mucho, no puede estar hoy aquí con nosotros. 
El Reglamento relativo a los controles de piensos y alimentos que hoy nos ocupa es una de las medidas adoptadas por la UE para mejorar la seguridad alimentaria. 
Todas las disposiciones adoptadas en este ámbito tienen un nexo en común, y es el principio de los controles universales, desde el productor hasta el mostrador de la tienda y la mesa del consumidor. 
Se aumenta la participación de las empresas del sector alimentario en la seguridad alimentaria, se definen claramente las responsabilidades y se establecen unos controles oficiales con una base más científica y una estructura clara. 
Este Reglamento sobre los controles de piensos y alimentos forma parte de la legislación marco en este contexto. 
Pero lamentablemente, tiene que decirse que el tratamiento que ha recibido el Reglamento en esta Cámara no se corresponde con los procedimientos parlamentarios habituales. 
El texto que votaremos hoy ha salido en su mayor parte del Consejo Europeo y difiere considerablemente de la propuesta de la Comisión. 
Es un texto que no se ha podido considerar ni debatir en profundidad. 
Esta Cámara lleva años tratando de ampliar sus competencias en relación con el proceso legislativo. 
El procedimiento adoptado va muy en contra de esos esfuerzos. 
Aunque celebramos la inclusión del bienestar animal en este Reglamento, somos críticos respecto a la naturaleza de las disposiciones relacionadas con él. 
El Reglamento permite claramente la transferencia a terceros de algunas actividades relacionadas con los controles oficiales. 
Creo, no obstante, que para garantizar la independencia de las actividades relacionadas con los controles oficiales, estas deben encomendarse a instituciones gubernamentales. 
Lo mismo puede decirse del procedimiento de financiación propuesto. 
La propuesta establece, por supuesto, una base uniforme para calcular las tasas de inspección en Europa, pero no hace nada para eliminar la distorsión de la competencia resultante de las enormes diferencias en la cuantía de la tasas, algo que se critica desde hace años. 
En realidad, hace justo lo contrario, al ser prácticamente imposible que empresas del mismo distrito administrativo paguen tasas diferentes por su diferente distancia geográfica respecto a las autoridades administrativas. 
Ahora bien, los controles oficiales pretenden promover la salud y, por tanto, deben cobrarse aplicando aproximadamente las mismas tasas a todas las empresas. 
La inoportuna referencia a planes nacionales de control y a la financiación de controles ad hoc significa que este procedimiento expone a las empresas a un riesgo financiero. 
Por último, quiero reiterar expresamente nuestro apoyo a muchas de las ideas contenidas en el informe. 
Pero la manera poco convencional de elaborar el texto legislativo que se nos ha impuesto, con la publicación de sucesivas versiones cada poco tiempo y el hecho de que hasta esta mañana no hayamos recibido el texto final de las enmiendas en nuestras respectivas lenguas, no nos ha permitido, lamentablemente, examinar el texto en profundidad. 
Con estas prisas podríamos pasar por alto algunas deficiencias y puntos críticos, y por eso no podemos prometer nuestro apoyo incondicional. 
Señor Presidente, les hablo hoy aquí en nombre de la Sra. Corbey, y quiero hacer cinco comentarios. 
En primer lugar, la transparencia en la seguridad alimentaria y su control tienen, como no, una extrema importancia. 
Pero más normas y mayores controles no son, por sí mismos, garantía de una mayor seguridad alimentaria: sólo pondremos fin a las infracciones alimentarias si además exigimos transparencia. 
Tiene que darse a conocer la información sobre las empresas que adoptan una actitud poco responsable frente a la seguridad alimentaria. 
Los que juegan con eso pierden clientes. 
La transparencia es un requisito importante para la seguridad alimentaria, y celebramos el compromiso alcanzado. 
En segundo lugar, la financiación de los controles tiene que ser equitativa. 
Tenemos que combatir las ayudas poco equitativas a las empresas y la competencia desleal. 
Mi tercer comentario se refiere a la aplicación correcta y justa de esta legislación. 
Nuestro grupo es partidario de establecer controles y métodos equivalentes en toda la UE. 
No puede ocurrir que un cargamento rechazado en Rotterdam por motivos de seguridad alimentaria consiga introducirse en la UE por una ruta diferente. 
La pregunta que le dirigimos a la Comisión es la siguiente: ¿puede garantizarnos que, en interés de los ciudadanos europeos y de una competencia leal, vigilará de cerca la correcta aplicación de esta legislación? 
En cuarto lugar, nuestro grupo celebra sinceramente la asistencia que la UE está pensando prestar a los países en desarrollo para ayudarles a aumentar su capacidad de cara al cumplimiento de la legislación europea en materia de seguridad alimentaria. Así se matan dos pájaros de un tiro: la UE aumenta la seguridad de los productos alimentarios importados y los países en desarrollo reciben una asistencia importante para adoptar medidas que contribuyan a mejorar su seguridad alimentaria y, por tanto, su posición comercial. 
La seguridad alimentaria no debe encubrir ninguna forma de proteccionismo. 
No debemos olvidar tampoco los acontecimientos recientes. 
Con la epidemia de gripe aviar en Asia, es importante que la seguridad alimentaria se controle desde los propios países de origen. 
¿Puede la Comisión confirmar que ésta y otras disposiciones comunitarias ofrecerán a la UE una protección eficaz contra la transmisión de enfermedades contagiosas como la gripe aviar? 
Para terminar, quiero hacer un comentario de naturaleza general. 
En nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, quiero agradecerle de nuevo a la Sra. Paulsen, y también al Consejo y a la Comisión, su excelente trabajo. 
Esperamos que este importante Reglamento ponga fin a cinco años de esfuerzos y estamos impacientes por escuchar las respuestas de la Comisión. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, el compromiso alcanzado entre cuatro grupos asegura que este Reglamento sobre los controles pueda publicarse dentro de poco en el Boletín Oficial y pueda entrar en vigor en su mayor parte el 1 de enero de 2006. 
Fue un gran placer para mi grupo participar en los debates del compromiso, sobre todo en lo que respecta a la referencia a delitos penales en la enmienda 206. 
Me entero ahora de que el Consejo se muestra muy reticente al respecto. 
Lamento que el Consejo no participe hoy en el debate ni manifieste su opinión sobre el compromiso que hemos alcanzado entre cuatro grupos. 
Por consiguiente, apoyo la petición de la Sra. Klass, aunque por motivos distintos a los lingüísticos, de aplazar la votación hasta mañana. 
Eso le dará al Consejo otra posibilidad de deliberar y expresar su opinión al Pleno sobre la referencia a delitos penales en la enmienda 206. 
Quiero insistir en algunos aspectos de este Reglamento que mi grupo considera importantes. 
El primero, por supuesto, como ha dicho la propia ponente, es la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento de los piensos al bienestar y la salud de los animales. 
El segundo es la declaración explícita de la necesidad de realizar controles sin previo aviso. 
El tercero es la necesidad de realizar controles oficiales sobre los propios controles y controles del etiquetado. 
El cuarto es, en términos muy prácticos, la necesidad de evitar conflictos de intereses entre controladores. 
En Bélgica sabemos que siguen existiendo esos conflictos. 
Sigue habiendo veterinarios autónomos que realizan controles por su cuenta. 
El quinto es la imposición de requisitos de calidad a los laboratorios. 
El sexto es la necesidad de cooperación entre la autoridades nacionales y regionales, como nos ha enseñado el caso del MPA. 
Por último, puesto que las redes internacionales están con mucha frecuencia presentes sobre el terreno, la cooperación internacional entre controladores y servicios aduaneros, y también entre autoridades, es tremendamente importante, como también lo es la creación de organismos de enlace. 
Creo que este Reglamento supone un paso importante y espero que podamos aprobar el compromiso de los cuatro grupos por una amplia mayoría. 
Señor Presidente, quisiera, al igual que los demás oradores, felicitar a la ponente por su trabajo en este importantísimo informe. 
No debemos permitir que las recientes alarmas alimentarias experimentadas en los últimos años vuelvan a alcanzar proporciones amenazadoras para los consumidores, a los agricultores y a la industria agroalimentaria de Europa. 
Creo que hay elogiar a la Comisión, especialmente al Comisario Byrne, por plantear sistemáticamente una serie de propuestas legislativas encaminadas a tratar cada uno de los problemas que hay que resolver para garantizar a nuestros consumidores un producto seguro y trazable de la granja a la mesa. 
Esta propuesta particular aborda algunas deficiencias claras que se han destacado en los servicios de control. 
Se han hecho enormes esfuerzos por facilitar una conclusión en primera lectura de este expediente antes de que termine la legislatura. 
La Comisión trató inicialmente de introducir sanciones penales, pero, enfrentada a la unánime oposición de los Estados miembros a este planteamiento, prudentemente decidió conformarse con una declaración sobre el tema. 
En lo que respecta a la cuestión del ámbito de aplicación y de si las disposiciones propuestas deberían abarcar todos los aspectos de la salud y el bienestar animal, o solamente aquellos aspectos que inciden en la seguridad alimentaria, me complace que en última instancia el Consejo aceptase el ámbito más amplio reclamado por el Parlamento. 
La cuestión de las tasas no fue objeto de una objeción tan vehemente. 
El último texto permite una situación por la cual la recaudación de tasas seguirá aplicándose a aquellas actividades que en la actualidad están sujetas a las mismas, es decir, la inspección de productos de carne y pescado, pruebas de residuos veterinarios y controles de animales vivos. 
– Señor Presidente, tras la sucesión de crisis alimentarias que hemos experimentado, como la fiebre aftosa y la EEB, es preciso actuar, pero no a cualquier precio. 
Imponer sanciones del tipo que propone la Comisión Europea me parece ilegal con arreglo al artículo 175 del Tratado. 
Por otra parte, antes de que la Presidencia irlandesa suprimiera la penalización por acto intencionado o negligencia grave, yo había presentado, junto con mi colega el Sr. Blokland, una enmienda para su supresión. 
Armonizar el coste de las inspecciones mediante una tasa europea es inaceptable por las razones siguientes. 
La medida, que ya es difícil de aplicar en los quince Estados miembros actuales, dada la diversidad de los modos y los costes de producción, ¿cómo podría funcionar con veinticinco, teniendo en cuenta que dicha tasa no debería sobrepasar el 10% del nivel medio de tasas en la Unión? 
En segundo lugar, desde el punto de vista jurídico, el Parlamento no tiene que pronunciarse sobre la instauración de un impuesto europeo, medida que, les recuerdo, depende de una decisión unánime del Consejo. 
Por otra parte, debemos mantenernos firmes con respecto al control de las importaciones. 
Nadie entendería que se impusieran unos controles estrictos a los operadores de la Unión y que los terceros países se libraran de ellos. 
Además, las instalaciones de producción primaria deben regirse por un régimen especial para no poner en peligro la supervivencia de empresas de estructura familiar que elaboran productos tradicionales muy apreciados y que dan notoriedad a las comarcas. 
Por último, la Comisión no tiene competencia para juzgar el grado de conformidad de las medidas nacionales con el reglamento que está en debate. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Sra. Paulsen por todo el trabajo que ha realizado para alcanzar este difícil compromiso. 
Pese a que celebro el aspecto del bienestar animal de esta propuesta, estoy de acuerdo con la Sra. Klaß en que quizás nos estamos apresurando un poco y necesitamos tiempo para analizar cada aspecto de este acuerdo bastante complejo. 
También me preocupa que una vez más podamos estar enfrentándonos a la ley de las consecuencias no deseadas. 
Recordarán que cuando se presentaron las normativas originales sobre mataderos, el Gobierno del Reino Unido los localizó y les dio un baño de oro. 
Esto generó costes muy elevados para algunos pequeños mataderos que, ante estos costes, tuvieron que cerrar. 
A raíz de ello, los animales tuvieron que viajar entonces largas distancias hasta los mataderos. 
En lo que respecta a las tasas, en el caso de esta propuesta en concreto, pese a que es cierto que el que se apliquen tasas distintas en distintos países es una distorsión del libre mercado, las tasas comunes no reflejarían las diferencias de costes de las inspecciones, por ejemplo, en Lituania en comparación con Alemania. 
Ahora parece que tenemos un equilibrio en que el coste reflejará el coste real de estas inspecciones, pero es posible que se produzcan lagunas, especialmente en el modo en que algunos países definen a los «pequeños operadores». 
Sí, apoyo las exenciones para los pequeños operadores, pero puedo imaginar cómo algunos países que quieren subvencionar la producción en algunas zonas remotas utilizarán esa definición. 
En segundo lugar, sobre la cuestión de «señalar con el dedo» , nadie podría estar en contra de la libertad de información –todos estamos a favor de la transparencia y la franqueza– y no estar a favor de ello sería apoyar el secreto. 
Debemos ser cautelosos, por ejemplo, para analizar la situación en el Reino Unido, donde si uno es procesado aparece en el periódico, pero si se descubren faltas menores, como un azulejo roto en un matadero o excrementos de ratón en un restaurante, esto no aparece en la portada del periódico local. 
En conclusión, pese a que valoro las buenas intenciones, debemos analizar esto más detenidamente para asegurar que no nos enfrentamos una vez más a la ley de las consecuencias no deseadas. 
Señor Presidente, estamos hoy en presencia de los viejos artesanos, ese grupo de diputados y diputadas que han intentado tratar las cuestiones de la seguridad e higiene alimentarias en cooperación con el Comisario a lo largo de esta legislatura. 
Quisiera rendir un homenaje personal a la Sra. Paulsen, que ha sacado adelante varias medidas complejas y difíciles de este tipo. 
El Sr. Goodwill ha dicho que estas medidas tienen consecuencias no deseadas. 
Quisiera recordarle el principio del «momento inoportuno» , conforme al que la gente siempre dice que no es el momento adecuado para hacer algo. 
Bien, es hora de hacer lo que estamos haciendo en este terreno. 
Las instituciones han llegado a un entendimiento. 
Se han producido cambios importantes en las propuestas de sanciones, financiación, transparencia y controles de las importaciones. 
Esto, con la aportación del Consejo, ha dado lugar a una buena propuesta, y una excelente coronación de la labor de la Sra. Paulsen, ya que sé que este puede ser su último informe al Parlamento. 
Se merece nuestro agradecimiento. 
Las principales cuestiones que se han planteado y que me gustaría tratar son, en primer lugar, cómo se alcanza el equilibrio de tasas de forma que sea justo para los pequeños operadores, como ha dicho el Sr. Goodwill, pero que no permita la explotación y la evasión de las normas por parte de algunos. 
En segundo lugar, en qué medida podemos prestar asistencia específica a los países en desarrollo para cumplir los estándares de la UE. 
¿Cómo se aplicarán estos estándares y qué asistencia podemos ofrecer? 
Sobre todo, ¿cómo podemos garantizar el sistema de notificación previa para los productos de alto riesgo en los puertos que tienen los servicios necesarios para tratarlos? 
Existe un gran interrogante respecto a estos puertos de entrada y la experiencia reciente demuestra que debemos tratar esta cuestión. 
Por último, me complace especialmente que hayamos alcanzado cierto acuerdo sobre el tema de las sanciones. 
Estas, tal y como se propusieron originalmente, eran desaconsejables y no habrían funcionado. 
Me complace decir que es probable que la ruta que emprendemos actualmente, que ha sido aprobada por la mayoría de los principales agentes, conduzca al éxito. 
Señor Presidente, aunque lo que interesa más a los ciudadanos cuando hablamos sobre Europa es la protección de los consumidores, hay que reconocer que se ha hecho poco en este ámbito y que este Reglamento tampoco garantiza que no vuelvan a producirse escándalos alimentarios como los de los últimos años. 
Por desgracia, los controles alimentarios siguen siendo una farsa. 
Esta directiva es, en efecto, positiva en muchos aspectos, y nosotros los Verdes celebramos en particular que el bienestar animal se haya incorporado por fin a los controles alimentarios. 
Se ha mejorado también la intensidad de los controles, de manera que ahora se exigen también informes de los controles nacionales. 
No obstante, una investigación realizada en Alemania acaba de poner de manifiesto el problema fundamental, y es que no se realizan controles suficientes en la práctica. 
Necesitamos destinar mucha más financiación a los controles alimentarios, de manera que puedan realizarse controles más frecuentes y que todo aquel que incumpla la legislación alimentaria corra un riesgo real de sufrir una sanción. 
Este sigue siendo el punto más débil en todos los Estados miembros. 
Nos hubiera gustado también que se armonizaran los métodos de laboratorio, para unificar los procedimientos de control en los Estados miembros. 
Por otra parte, necesitamos urgentemente –todavía no he renunciado a la esperanza, señor Comisario, y me gustaría que dijera algo al respecto– que por fin se apruebe una Directiva sobre la información del consumidor similar a la Directiva sobre la información medioambiental. 
Eso significaría que de la misma manera que los consumidores, los ciudadanos, tienen derecho a saber lo que sucede con el medio ambiente, tienen también derecho a saber lo que sucede en el sector alimentario. 
Mi último comentario es el siguiente: Espero que el Consejo deje de jugar al escondite y nos diga hoy en los términos más claros posibles cuál es su posición respecto a las tasas y las sanciones, para que eso quede claro antes de la votación, porque no podemos exigir más controles alimentarios y un mayor bienestar de los animales si el Consejo mantiene en secreto su posición y no se muestra transparente con esta Cámara. 
Eso es todo lo que queremos. 
Porque necesitamos controles alimentarios... 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a la Sra. Paulsen por su informe. 
Se han incluido algunos aspectos muy importantes, como han mencionado muchas otras personas. 
Me complace especialmente la inclusión del bienestar animal. 
Algunas personas lo descartan como problema, pero yo creo que es muy importante. 
Sobre la cuestión de los controles, esto no sólo tiene que ver con este problema, sino también con un vasto terreno legislativo de la Unión Europea, en el que existe una normativa pero esta no se aplica; no hay controles. 
Es importante que si hay legislación y hay normas, estas se apliquen. 
Esto no puede hacerse sin controles apropiados y adecuados. 
Me preocupa especialmente la cuestión de las sanciones; es lamentable que no se incluyan. 
No se obligará a los Estados miembros y a las empresas a cumplir la legislación si no existen sanciones adecuadas. 
En el pasado hemos visto que las empresas responsables de escándalos alimentarios nunca van a prisión; las personas responsables dentro de estas empresas nunca son debidamente penalizadas. 
Existen multas irrisorias que no son disuasorias para que no continúen este tipo de infracciones. 
No vamos a encontrar un camino adelante sin sanciones, porque necesitamos el palo y la zanahoria para garantizar que se cumpla la legislación. 
. Señor Presidente, agradezco que el Parlamento haya aceptado nuestra propuesta sobre controles oficiales de los piensos y alimentos de forma tan favorable y que haya refrendado la necesidad de garantizar un sistema de control mejorado de la cadena alimentaria humana y animal a escala nacional y comunitario. 
Permítanme destacar una vez más mi valoración de la intensa y productiva contribución de las diversas comisiones y subrayar la importancia y la sensibilidad de las cuestiones que hoy estamos debatiendo, que se han planteado y explorado gracias al excelente trabajo de la Sra. Paulsen. 
Entiendo que se haga hincapié en determinados aspectos, como en una mayor transparencia y el reconocimiento de los esfuerzos de las buenas empresas por producir piensos y alimentos seguros. 
La Comisión lamenta que su propuesta para introducir sanciones penales no sea apoyada por el Consejo y el Parlamento. 
La Comisión considera que la aplicación de sanciones penales fortalecería de forma importante los controles de los operadores de piensos y alimentos. 
La Comisión no está de acuerdo con el punto de vista del Parlamento y el Consejo de que los apartados 2 y 3 del artículo 55 tienen que ver con el tercer pilar. 
Por otra parte, observa que este problema ya se ha sometido al Tribunal de Justicia para que resuelva en otro caso. 
En estas circunstancias y teniendo en cuenta el contexto político general de este procedimiento, la Comisión está dispuesta a retirar los apartados 2 y 3 del artículo 55 de esta propuesta, a la espera de la sentencia del Tribunal sobre la cuestión, y se reserva el derecho de proponer de nuevo medidas que dispongan sanciones penales en este campo. 
La Sra. Paulsen planteó la cuestión del trato razonable de las pequeñas empresas y quisiera remitirme a la disposición legislativa que establece un caso especial con respecto a las pequeñas empresas. 
Sé, por su prolongada experiencia en cuestiones de seguridad alimentaria en esta Asamblea, que será consciente de que se han incluido disposiciones igualmente razonables en la normativa sobre higiene. 
También será consciente, por la reciente revisión de las propuestas de la PAC del Comisario Fischler, que se ha establecido asimismo una disposición especial para la financiación de las pequeñas y medianas empresas de alimentación, especialmente en las zonas rurales, en toda la UE. 
El Sr. Parish ha planteado la cuestión de los controles a la importación. 
Los terceros países deben dar garantías sobre la conformidad con la legislación comunitaria. 
Si no se dan estas garantías, las importaciones se someterán a controles especiales o no se permitirán. 
Los alimentos y piensos importados se someterán a controles a la importación a su llegada. 
Este sistema de control se basa en el riesgo: cuanto mayor sea el riesgo, más intensos serán los controles a la importación. 
Por ejemplo, los alimentos que pueden contener determinadas toxinas se comprobarán a fondo. 
El Sr. Whitehead ha planteado la cuestión de cómo podemos garantizar que el sistema de notificación previa funcione adecuadamente. 
Ya existe un sistema con respecto a los controles veterinarios, en los que hay un formulario que trata esta cuestión de la notificación previa. 
Se realizará un modesto ajuste de las disposiciones vigentes con respecto a los controles veterinarios para tener en cuenta este sistema particular. 
Esto se ha tenido en cuenta; mis funcionarios han tomado nota de que este aspecto requiere atención y se tratará en desde el punto de vista técnico. 
El Sr. Parish ha planteado también la cuestión del bienestar animal. 
Como probablemente sabe, los aspectos del bienestar animal no están incluidos en el código sanitario y fitosanitario de la OMC (Organización Mundial del Comercio) y por lo tanto no existe consenso internacional sobre la organización de controles con respecto a las normas de bienestar animal con nuestros socios comerciales. 
La propuesta de la Comisión es formalizar acuerdos con terceros países sobre bienestar animal. 
La Comisión también ha planteado la cuestión en la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) con el fin incluir el tema en la agencia internacional. 
Hace unas semanas se celebró un congreso en París al que asistí, en el que la OIE ha indicado claramente su intención de dar mayor peso a la cuestión del bienestar animal en el comercio internacional. 
Esta legislación también exige poner en vigor medidas de control nacionales de forma que la FAO pueda inspeccionarlas y verificar si funcionan como es debido. 
Se han expresado inquietudes sobre la desviación del comercio de un puerto a otro y si esto surgiría o no, debido a los distintos niveles de inspección y la aplicación de medidas de control menos caras, creando así una ventaja para los operadores comerciales de la alimentación. 
Por este motivo, la propuesta dispone un nivel normalizado en el sector veterinario. 
Con respecto a las medidas de control, la propuesta contribuirá a alcanzar un nivel armonizado en los controles a las importación. 
Creo que los elementos esenciales para evitar una desviación del comercio también se incluyen en la propuesta. 
La Sra. Klaß ha planteado la cuestión del sistema de las tasas de inspección del sistema y por qué no pueden regularse en un nivel más central. 
Existen varios motivos para ello, y algunos han sido mencionados anteriormente por varios oradores que han intervenido hoy. 
Los costes de inspección, por ejemplo, son distintos en toda Europa. 
Esto se debe a las diferencias de salarios, de costes de la energía, etc. Las tasas en varios Estados miembros se regulan en el ámbito local, lo que comporta tasas distintas dentro de un único Estado miembro individual. 
Es imposible que la Comisión ejerza sus poderes de control dados los complicados métodos de auditoría de los sistemas de financiación nacional o regional. 
Por lo tanto, se considera que la propuesta que tenemos sobre la mesa es la respuesta adecuada a esta cuestión bastante compleja. 
Para concluir, confirmo que la Comisión acepta un número sustancial de las enmiendas que se han presentado. 
Se va a facilitar al Parlamento una lista completa de la posición de la Comisión sobre cada una de las enmiendas, y confío en que esta se incluirá en el Acta de esta sesión (1). 
En caso de que existan enmiendas presentadas que no formen parte del paquete, la Comisión no podrá aceptarlas. 
Muchas gracias, señor Comisario Byrne. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0468/2003) de la Sra. Fourtou, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual [COM (2003) 46 – C5-0055/2003 – 2003/0024 (COD) ]. 
. Señor Presidente, esta propuesta de directiva sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual constituye uno de los principales elementos de un plan de acción de la Comisión de noviembre de 2000 para luchar contra la falsificación y la piratería, además de complementar la reciente normativa aduanera. 
La falsificación y la piratería están en alza. 
Dañan a las empresas, a la sociedad y a los gobiernos, ya que son perjudiciales para la innovación y la creatividad y pueden ser muy peligrosas para la salud pública y la seguridad. 
Los falsificadores y piratas socavan la cultura y el negocio legítimo, ya que copian productos finales que han implicado una importante inversión. 
Los consumidores y los titulares de los derechos no son los únicos perjudicados. 
Los Estados miembros se ven privados de importantes sumas de impuestos que pierden y el empleo sufre cuando el mundo empresarial no florece. 
También existe una verdadera amenaza para el orden público. 
Se considera que en la actualidad la falsificación y la piratería realizadas a escala comercial son incluso más atractivas que el tráfico de drogas, y sus perpetradores están asociados cada vez más con el crimen organizado. 
Esta directiva propuesta es la respuesta de la Comunidad a esta amenaza. 
No se trata de una propuesta fácil, dado que trata cuestiones que implican numerosos intereses, sectores y distintos Ministerios de los Estados miembros, por ejemplo la cultura, el comercio y la industria, la economía y la justicia. 
Se ha producido cierto cabildeo muy sensato, en ocasiones emocional, a favor y en contra de esta directiva, y valoro el sentido de responsabilidad que ha mostrado el Parlamento ante esta presión. 
Sin embargo, la necesidad de acción es clara y no está en discusión. 
La Comisión cree que, con el texto aceptado por el Coreper el 16 de febrero, hemos llegado al momento adecuado para tomar una decisión positiva. 
El texto de compromiso constituye un equilibrio adecuado entre todos los intereses implicados, incluidos los titulares de los derechos, los usuarios comerciales, los consumidores y los intermediarios. 
Este equilibrio se ha conseguido de forma distinta que en la propuesta de la Comisión, pero se ha conseguido. 
La propuesta constituye un importante grado de armonización y nos proporcionará unas reglas de juego equitativas y eficaces sobre las sanciones y las reparaciones. 
Esto será esencial para crear un entorno empresarial en el que los agentes legales no se vean perjudicados por los falsificadores y los piratas. 
Esto cumple los compromisos contraídos por la Comisión y el Parlamento Europeo en una comunicación de noviembre de 2000, resultado de consultas realizadas en el contexto de un Libro Verde en 1998. 
También contribuye a la consecución de la agenda de Lisboa. 
Dada la salvaguarda del equilibrio y la eficacia necesarios de esta propuesta, la Comisión apoya el texto que tenemos hoy sobre la mesa, tal y como se ha propuesto a través de las enmiendas de transacción conjuntamente presentadas por cuatro grupos políticos. 
El texto de compromiso es por lo tanto el resultado de esfuerzos conjuntos y muy intensos de las tres instituciones. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Parlamento Europeo en conjunto por el interés que ha demostrado en este importante texto legislativo y por sus constructivas contribuciones, muchas de las cuales pueden encontrarse en el texto que tenemos ante nosotros. 
En particular, quisiera dar las gracias a la ponente, la Sra. Fourtou, que ha demostrado su gran competencia, a la ponente alternativa, la Sra. McCarthy, y al presidente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, el Sr. Berenguer Fuster, por su muy profesional y eficaz labor de orientación dentro de su institución. 
Tanto la Comisión de Industria como la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior han prestado gran atención a las cuestiones que estamos tratando, de lo cual es fruto lo que tenemos ante nosotros en forma de enmiendas que deben votarse en este Pleno. 
Por lo tanto, la Comisión refrenda las enmiendas que encajan con el texto de compromiso acordado: las enmiendas 1 a 52 y 56 a 100. 
Las enmiendas 53 a 55 y 103 a 113 se desvían del texto y deben ser rechazadas. 
La Comisión considera que estas enmiendas no contribuirían al equilibrio y la eficacia que se han conseguido en el compromiso y, en concreto, no estarían de acuerdo con el enfoque horizontal. 
La directiva debería aplicarse a las infracciones de todos los derechos de propiedad intelectual. 
En reconocimiento de la naturaleza perjudicial de la falsificación y la piratería, no hay que perder el tiempo. 
La Comisión animaría al Parlamento Europeo a que votara a favor del texto de compromiso del Consejo para poder evitar cualquier demora que solamente serviría a los fines de aquellos que tratan de beneficiarse de las prácticas ilegales. 
El tiempo no mejorará este texto. 
. – En un momento en que, como ha dicho el Comisario Sr. Byrne, los actos de falsificación y piratería registran una progresión exponencial, es vital para nuestra economía dotarnos de los instrumentos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. 
Recordemos que la Comisión presentó su texto en enero de 2003 y que esta iniciativa se esperaba desde 1998, fecha de publicación del Libro Verde. 
El Parlamento había manifestado en varias ocasiones su voluntad de actuar contra la falsificación y la piratería votando por unanimidad una resolución sobre el Libro Verde y firmando una declaración escrita. 
Consciente de esta necesidad, el 27 de noviembre de 2003, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior adoptó, por 28 votos a favor y 3 abstenciones, el informe modificado sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual. 
Los imperativos del calendario y la urgencia, en vísperas de la ampliación, de disponer de una legislación armonizada para hacer respetar paralelamente los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la creatividad en los veinticinco países de la Comunidad, nos condujo a adoptar un procedimiento original. 
Bajo el impulso de la Presidencia del Consejo, se estableció un diálogo informal a tres bandas durante hace tres meses para encontrar un compromiso. 
Además del Consejo y la Comisión, participaron en este procedimiento esta ponente, el ponente para opinión, a saber, el presidente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, y los ponentes alternativos, a los que agradezco su ayuda y asiduidad. 
Esta conciliación antes de hora fue posible gracias a la extraordinaria buena disposición de la Presidencia irlandesa, a la que debo dar las gracias muy especialmente. 
También doy las gracias a la Comisión, que hizo todo lo que está en su mano para ayudarnos de modo continuado. 
Las enmiendas que hoy se presentan en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, del Grupo del Partido Socialista Europeo, del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y de la Unión por la Europa de las Naciones, recogen con todos los detalles el texto de compromiso del Consejo, que es muy equilibrado, equitativo y proporcionado, y confirma el mensaje que defendemos sobre la importancia del derecho de la propiedad intelectual. 
Se han tenido en cuenta las preocupaciones expresadas por el Parlamento en nombre de muchos sectores. 
Se han introducido numerosas salvaguardias para proteger los intereses tanto de los titulares de derechos como de los consumidores. 
El ámbito de aplicación de la directiva, conforme a los acuerdos internacionales de los que es parte la Comunidad, se amplía para incluir cualquier vulneración del derecho de propiedad intelectual. 
Pero a partir de ahora solo se considerarán punibles las infracciones cometidas con fines comerciales. 
Se excluyen de la definición de fines comerciales los actos cometidos por consumidores finales que actúen de buena fe y sin la intención de obtener una ventaja económica o comercial directa o indirecta. 
La ampliación del ámbito de aplicación no pone en entredicho ninguna de las directivas sectoriales ya adoptadas sobre los derechos de autor, el comercio electrónico y los programas informáticos. 
La excepción de la copia privada queda incluso reforzada. 
Otros puntos importantes del texto hacen referencia a la necesidad de tener en cuenta los derechos de defensa. 
En particular, el artículo 8 sobre las medidas provisionales garantiza el derecho a la defensa limitando la demanda de procedimiento judicial en el tiempo y previendo la indemnización del defensor. 
Se confirma la protección de los datos personales; la justificación y la proporcionalidad deberán caracterizar todas las medidas adoptadas, garantizando que no se cree ninguna barrera al comercio legítimo y a la competencia. 
La especificidad de cada caso y el carácter intencionado o no de cada infracción deberán ser evaluados por las autoridades judiciales. 
Todas las medidas adoptadas son sanciones civiles y administrativas. 
El compromiso alcanzado está abierto al futuro, ya que la directiva será revisable, en especial a la luz de los desarrollos legislativos comunitarios. 
Si sus Señorías apoyan las enmiendas de transacción que se les proponen, la directiva podrá adoptarse en primera lectura antes de que finalice la legislatura. Ello demostrará la eficacia de las tres instituciones, será una señal de integración para la Europa ampliada y reforzará la confianza en el mercado interior. 
Es lo que necesitamos para superar el desafío que representan los objetivos de Lisboa y para hacer de la economía europea, marcada por la innovación, la economía más competitiva del mundo. 
Gracias, señora Fourtou; si me lo permiten, quiero también felicitarla personalmente, puesto que ha hablado usted sobre una primera conciliación. 
Yo mismo y los otros dos vicepresidentes de los Comités de Conciliación tendremos, por tanto, menos que hacer. 
. Señor Presidente, permítanme que les recuerde que estamos en un procedimiento de codecisión y que este Parlamento es un órgano colegislador. 
Y eso, que es una obviedad, tal vez no lo sepan, porque me cabe la duda de que, en este caso, el Parlamento Europeo haya hecho sus deberes adecuadamente. 
Me explico: en el mes de diciembre, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior votó un texto, que hoy no va a ser aprobado, sino que van a ser aprobadas unas enmiendas que difieren radicalmente de lo que se votó en aquella reunión de la comisión. 
¿Por qué esa disparidad? 
Porque lo que se votó en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior responde a la voluntad de los diputados y diputadas, mientras que la paternidad última del texto que vamos a aprobar hoy corresponde al Consejo. 
No quieran ver ustedes en mis palabras ninguna crítica hacia la ponente; nada más lejos de mi intención. 
La Sra. Fourtou ha hecho un buen trabajo intentando conciliar posiciones, pero al final se ha encontrado con la postura inflexible del Consejo, que ha dicho "si queréis que se apruebe la Directiva, tenéis que aprobar lo que nosotros digamos". 
Y, como somos conscientes de la necesidad de la aprobación de la Directiva, hemos hecho- y la Sra. Fourtou la primera- un ejercicio de responsabilidad. 
Pero, a veces, habría que preguntarse si ese ejercicio de responsabilidad no tendríamos que imponérselo igualmente al Consejo. 
No cabe duda de que esta Directiva es necesaria, pero, sin embargo, se puede dudar de que el texto aprobado sirva para resolver los problemas que se han planteado. 
No creo equivocarme si digo que el texto aprobado va a ser el hazmerreír de los comentaristas y va a provocar muchas dificultades a los Estados miembros a la hora de incorporarlo a su Derecho interno. 
El ánimo del Consejo de evitar que una iniciativa de la Comisión Europea contenga, por ejemplo, disposiciones de Derecho penal, ha creado una confusión tal entre sanciones civiles, procedimientos administrativos y sanciones administrativas, que no sé lo que van a hacer los Estados miembros a la hora de aplicarlo. 
Evidentemente, vamos a aprobar ese texto, pero con gran escepticismo. 
Al mismo tiempo, al menos los socialistas españoles, vamos a apoyar algunas enmiendas para que quede, al menos, la constancia de que el Consejo, con la forzada colaboración del Parlamento Europeo, ha desvirtuado por completo lo que en su momento era una muy buena iniciativa de la Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, antes de nada quiero agradecer muy sinceramente a la ponente, Sra. Fourtou, su excelente trabajo. 
Estoy segura de que no ha sido nada fácil llegar a un acuerdo sobre este complejo expediente no sólo entre los grupos, sino también con el Consejo y la Comisión. 
El texto que hoy nos ocupa y que debemos votar mañana es un buen compromiso que todos debemos aceptar. 
Quién no conoce los falsos relojes Rolex, los polos Lacoste, los vaqueros Levi Strauss, los bolsos de Louis Vuitton y muchos otros productos de imitación que se venden a precios mucho más baratos. 
Se piratea con música y películas en CD y DVD. 
Cuando vemos todas esas cosas en el mercado, podemos llegar a pensar que la piratería de productos es un delito insignificante. 
Pero no lo es, Señorías, ni mucho menos: las falsificaciones y la piratería de productos no son, desde luego, delitos leves. 
Generan pérdidas millonarias en Europa año tras año y representan, por tanto, una amenaza para nuestra economía y, sobre todo, para los puestos de trabajo en Europa. 
El objetivo de la Directiva es crear una normativa básica común para combatir la piratería de productos. 
De cara a la inminente ampliación de la UE, envía la señal correcta en el momento oportuno. 
¿Qué pretende conseguir la Directiva? 
Pretende, por supuesto, tener un efecto disuasorio en los falsificadores y los piratas de productos. 
La Directiva proporciona aquí un marco basado en el proceso. 
En realidad no introduce nada nuevo, pero trata de crear un marco nuevo en términos del proceso, de manera que podamos actuar contra la piratería de productos en toda Europa aplicando una normativa común. 
¿Qué no debe permitir la Directiva? 
No debe permitir, por supuesto, la penalización y estigmatización de los jóvenes que de vez en cuando descargan música de Internet, pero también contempla esto. 
Las sanciones penales contempladas en la propuesta original se han vuelto a eliminar –también gracias a la presión ejercida por nuestra ponente– y ahora la Directiva establece que las sanciones deben aplicarse siempre de una manera equitativa y proporcionada. 
Algunas disposiciones van más allá de estos mecanismos para prevenir la penalización de los jóvenes. 
La Directiva deja claro que no llegará a eso. 
Un punto que también ha mencionado la Sra. Fourtou, y con el que estoy de acuerdo, es que la Directiva no debe crear en ningún caso barreras a la competencia. 
No es aceptable que los competidores se mantengan fuera del mercado aduciendo una supuesta infracción de los derechos de propiedad intelectual. 
En uno de los considerandos de la Directiva se dice expresamente que ese no debe ser el objetivo de la Directiva. 
La Directiva, junto con las enmiendas que vamos a votar mañana y que espero que se acepten, representa un compromiso razonable y equitativo entre los intereses de todas las partes implicadas, y les pido que apoyen la postura adoptada por la ponente. 
– Señor Presidente, todos sabemos que la falsificación y la piratería de productos ha alcanzado proporciones de epidemia. 
La falta de normas de aplicación armonizadas implica que la falsificación es un negocio de bajo riesgo en el que con una baja inversión los piratas falsificadores obtienen pingües beneficios. 
El Grupo de lucha contra la falsificación del Reino Unido ha calculado que unas 4 000 personas pierden sus empleos por culpa de este comercio y que con los 1 750 millones de libras esterlinas que se pierden tan solo en IVA podrían construirse cuatro hospitales cada año. 
Las empresas de ropa y calzado sufren las mayores pérdidas y los consumidores son las víctimas. 
Su salud y la seguridad están amenazadas por falsos medicamentos, alimentos, juguetes recubiertos de plomo tóxico, ropa de niños inflamables y falso alcohol que contiene elevados niveles de metanol, que no sólo ha provocado la hospitalización de personas, sino también, en un caso que tuvo lugar en Escocia, la muerte de una mujer. 
En mi región, en el noroeste de Inglaterra, aumentan las confiscaciones por parte de los grupos de propiedad intelectual conformes con la normativa comercial de artículos pirata falsificados. 
He aquí un ejemplo: esta es una camiseta de fútbol del Manchester United, codiciada por muchos jóvenes. 
Es falsa, pero se vendía a los consumidores en la calle al precio normal. 
Esta es una caja de Viagra, ahora disponible a través de Internet. 
En una casa de Oldham se confiscaron 50 000 cajas de estas. 
Se importan de Tailandia y se distribuyen a través de una amplia red de falsificadores en toda la región. 
También hay una parte más siniestra de esta falsificación y piratería. 
El grupo de trabajo sobre el crimen organizado en Irlanda del Norte ha informado de que prácticamente la mitad de los grupos criminales organizados están implicados en delitos relacionados con la propiedad intelectual. 
Dos tercios de estos grupos tienen vínculos con organizaciones paramilitares, así que el proyecto de ley sobre el que vamos a votar hoy debería considerarse en este contexto. 
No es tan ambicioso, radical o draconiano como quisieran pintarlo muchos detractores. 
Tampoco es una panacea para los titulares de los derechos. 
Es un primer y cauteloso paso hacia un compromiso de toda la UE para combatir la falsificación y la piratería. 
Quisiera felicitar a la Presidencia irlandesa por haber acordado un texto que es equilibrado y proporcionado y cuyas medidas se centran en tratar de resolver los verdaderos actos graves de ilegalidad. 
Los consumidores de buena fe implicados en actos a escala comercial no tienen nada que temer de esta nueva ley de la UE; como consumidores que actúan de buena fe están excluidos de su ámbito de aplicación. 
Una salvaguardia adicional consiste en que por escala comercial se entienden los actos que generan una ganancia comercial y económica. 
Por otra parte, las medidas solamente pueden basarse, en virtud de una demanda justificada y proporcionada por parte del demandante, en la autoridad de un juzgado o tribunal competente y solamente en el caso de infracciones intencionadas a escala comercial. 
Al contrario que la histeria y las falsas noticias difundidas por determinados sectores de la prensa de la UE, no se trata de hacer redadas de adolescentes en sus casas al despuntar el alba. 
La ley no incluye disposiciones penales, sino que se limita a medidas civiles y administrativas. 
No hay un doble perjuicio. 
La directiva refuerza la autoridad judicial y garantiza que las sanciones sean justas, equitativas, proporcionadas y justificadas. 
Esta es una directiva de aplicación que no crea ninguna normativa en materia de propiedad intelectual. 
Tampoco puede reescribir o modificar la ley de comercio electrónico, en concreto la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet tal como se define en los artículos 12 a 15 de la directiva sobre comercio electrónico. 
No puede socavar el derecho a hacer copias privadas, contemplado en la Directiva sobre derechos de autor y de hecho refuerza este derecho y protege el derecho a la privacidad. 
Las medidas adoptadas deben garantizar la conformidad con las leyes de protección de datos. 
El artículo 23 prevé una evaluación del impacto de la directiva y el Parlamento se la tomará en serio. 
La intención es demostrar que se aplica de forma equilibrada y proporcionada y debería destacarse que la directiva no debe utilizarse para abusar del derecho de los competidores legítimos a entrar en el mercado, especialmente en el de los medicamentos genéricos. 
Por último, quisiera felicitar a la ponente por su buena disposición hacia el compromiso, y a la Presidencia irlandesa por su determinación a la hora de obligar a todas las partes a llegar a un acuerdo. 
Hoy debemos dar el paso de votar esta ley para incluirla en la legislación. 
Debemos enviar a los falsificadores y piratas la señal de que en serio pretendemos cubrir los vacíos legales que explotan. 
Debemos dar a los jueces y tribunales de la UE ampliada la opción de una serie de herramientas para hacer cumplir la ley. 
Es hora de que la UE se enfrente con firmeza a la falsificación y la piratería. 
Es hora que dejemos de permitir a los falsificadores campear por sus respetos a expensas de los consumidores, las empresas legítimas, los empleos de la UE y la competitividad de esta. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Fourtou, a todos los ponentes alternativos y también a la Comisión y al Consejo, por la cooperación constructiva y estructurada que hemos disfrutado en los últimos tres meses, ya que considero excepcional la forma en que se ha llegado a un compromiso sobre esta Directiva. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior adoptó una postura bastante diferente pero, al final, pensamos que el compromiso alcanzado es un buen punto de partida y, de hecho, espero que se apruebe. 
Por fin hemos conseguido que se reconozcan los derechos de propiedad intelectual en toda Europa. 
Aunque ya existían varias directivas y leyes, por ejemplo con respecto al copyright, el comercio electrónico y el software, no se había debatido –o al menos no lo suficiente– su aplicación, y como resultado nos encontramos en Europa con situaciones muy diversas. 
En este sentido, es bueno que ahora tengamos una especie de legislación central para una aplicación armonizada, en toda la UE, de todas las directivas que ya existen sobre los derechos de propiedad intelectual. 
Como ya se ha dicho, las falsificaciones y la piratería están aumentando rápidamente en Europa. 
Estamos viendo cómo las organizaciones criminales se pasan del tráfico de drogas a la falsificación de productos porque la posibilidad de que sean atrapadas es mínima y porque pueden ganar tanto o más dinero con eso. 
Creo que tenemos que poner coto a esta situación. Creo que necesitamos un marco armonizado, no sólo porque las organizaciones criminales están ganando dinero ilegalmente con esos productos, sino también para proteger a nuestra economía, conseguir los objetivos de Lisboa y, sobre todo, proteger a los consumidores. 
¿Por qué? 
No estamos hablando sólo de CD piratas, como algunos piensan, sino de muchos otros productos que se están falsificando. 
Pongamos como ejemplo los juguetes. 
He visto juguetes que contienen cadmio. 
La Directiva sobre el cadmio prohíbe esta sustancia en los juguetes fabricados en Europa, pero los productos falsificados sí que pueden contener cadmio, puesto que se importan ilegalmente. 
Los medicamentos son otro ejemplo. 
Algunos analgésicos contienen polvo de talco, y eso me parece intolerable. 
Se puede ganar mucho dinero con esto, pero creo que hay que proteger a los consumidores. 
Hasta se están falsificando piezas de aviones, para sacar mayores beneficios con su venta. 
Debe hacerse algo para poner fin a esta situación. 
Yo fui quien, en la etapa del Libro Verde, sugerí la inclusión de una referencia al Derecho Penal. La razón de ello es que nosotros no compraríamos una bicicleta robada porque ha sido robada –nuestros principios no lo permitirían– pero sí compraríamos un reloj Breitling u otros productos falsificados porque son baratos. 
Si esto se contempla en el Derecho Penal y la posesión de un producto falsificado se considera un delito sancionable, dejará de haber un mercado para estos productos y las organizaciones no tendrán incentivos para falsificar productos.. 
Es una pena que no se hayan incluido algunas disposiciones estrictas, como ya ha comentado mi colega Sr. Berenguer Fuster, pero aun así celebro el compromiso alcanzado. 
Muchas de las ambigüedades que los grupos de presión han estado utilizando hasta ahora como argumentos para votar en contra de ella se han retirado de la propuesta. 
Considero que esta propuesta es el principio del fin de las falsificaciones, y espero que culmine en una buena directiva con todos los medios a su alcance para vigilar su aplicación. 
– Señor Presidente, Señorías, quisiera volver sobre los interesados en esta directiva, las partes afectadas, como ha dicho usted, señor Comisario, a saber, los consumidores, los industriales y los artistas. 
Me gustaría que no se les pusiera a todos en el mismo plano. 
En primer lugar, por lo que se refiere a los consumidores, lamento que la propuesta de la Comisión no se haya mantenido tal como estaba y que se haya ampliado demasiado en el sentido de que los consumidores, digamos que como ciudadanos, son igual de responsables ante la piratería que los industriales. 
Este es mi primer punto sobre los consumidores. 
Tratar de este modo a todos los ciudadanos europeos como consumidores me parece simplista. 
El segundo punto, muy importante, es el siguiente: si esta directiva pretende combatir una situación que existe actualmente, ¿qué sucederá mañana? 
En pocos años, en los debates sobre la propiedad intelectual y la propiedad industrial se han puesto de relieve las dificultades relacionadas con las fronteras. 
Según algunos, la propiedad intelectual es el petróleo del siglo XXI. 
Puede ser. 
Si la propiedad intelectual es realmente el petróleo del siglo XXI, entiendo que sea importante hablar de ello, pero la patentabilidad de los seres vivos o de los programas informáticos libres, entre otros ejemplos que hemos podido debatir aquí, demuestran hasta qué punto la cuestión de las fronteras será el problema que se planteará mañana. 
Si este problema no se plantea hoy, se planteará necesariamente en el futuro, y no se puede convertir todo en propiedad industrial y propiedad intelectual. 
Habrá que plantearse la cuestión, sin llegar por ello a la gratuidad absoluta de todo. 
Está claro que las fronteras serán un problema en el futuro próximo y más allá, aunque hoy todavía no lo sean. 
Esto que me lleva a hablar en nombre de aquellos –o al menos por aquellos– que utilizan acrónimos. Por supuesto, hablo de los artistas. 
¿Están de acuerdo los artistas en ser equiparados a los industriales? 
Como miembros de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte intento escuchar a todos los sectores. Por lo que he leído y lo que entiendo, haríamos bien en tener en cuenta las opiniones de los artistas sobre la propiedad intelectual. 
Si tenemos en cuenta la opinión de los industriales y de los consumidores, ¿no deberíamos también escuchar a los artistas, especialmente cuando siempre nos referimos a ellos en relación con la necesidad de luchar contra la piratería? 
Pues bien, para los artistas, no parece que el único problema sea el de los derechos de autor y la propiedad intelectual. 
Parece que a los jóvenes artistas y a los artistas creativos –puesto que se habla tan fácilmente de la cuestión de la música y de la piratería de la música– les gustaría que el enfoque fuera diferente. 
Puede que sea necesario defender a estos artistas como es debido a este respecto. 
Creo que esta Cámara no debería permitir que todas estas distintas partes interesadas sean tratadas de la misma manera. 
Señor Presidente, Señorías, antes de nada quiero dar las gracias a la Sra. Fourtou por su talante abierto, que ha sido ejemplar. 
Desde el principio, todos los ponentes alternativos participaron en los debates y también en el diálogo tripartito. 
Eso es algo que rara vez he visto en esta Cámara. 
Y así lo hizo mucho antes de que sus circunstancias familiares saltaran a la prensa. 
No quiero comentar nada a ese respecto; dejaré que lo haga mi colega. 
Es una cuestión de formas. 
Pero, como ya se ha mencionado, sobre todo por el orador que me ha precedido, hay problemas. 
Todos –incluidos los diputados de esta Cámara– estamos de acuerdo con la necesidad de esta Directiva. 
También lo están los participantes en el mercado, desde la industria de las telecomunicaciones hasta las organizaciones de consumidores, desde la industria farmacéutica hasta los fabricantes de medicamentos genéricos, desde los artistas hasta los productores de espectáculos. 
Necesitamos una buena Directiva. 
Pero creo que el compromiso que hemos negociado no consigue satisfacer del todo tantas y tan diversas necesidades y preocupaciones con una única Directiva. 
Existen dos ámbitos políticos específicos en que es importante que exista un acuerdo razonable. 
Uno es que queremos limitar el ámbito de aplicación de la Directiva, para utilizarla con fines comerciales; otro son las patentes. 
Desde luego que existe campo para debatir sobre patentes y también sobre un procedimiento común en Europa. 
Pero lo cierto es que seguimos sin tener todavía una patente europea y que no queremos utilizar esta Directiva para que otra pueda entrar más fácilmente por la puerta de atrás. 
Esto merece un debate en profundidad; no es una cuestión sencilla. 
Por lo tanto, les pido que apoyen plenamente estas dos enmiendas sobre patentes y sobre el ámbito de aplicación de la Directiva. 
Creo que con ello mejorará lo suficiente esta Directiva para que podamos aprobarla conjuntamente como un compromiso antes de que finalice la presente legislatura. 
Señor Presidente, a diferencia del Sr. Imbeni, no quiero alabar el procedimiento seguido porque una «conciliación anticipada» , como la ha llamado el Sr. Imbeni, no es un buen procedimiento. 
Hay una buena razón de por qué la conciliación tiene sus reglas y métodos de procedimiento: para que un gran número de diputados europeos, y el propio Parlamento, puedan verse implicados en el debate y para que se aclaren las incertidumbres en el texto que poco a poco va adquiriendo forma. 
Esto significa asimismo que no les corresponde a cuatro o cinco representantes de grupos políticos que se han apropiado del procedimiento el lograr un texto de compromiso a pocos días de la votación, con órdenes a los diputados europeos y a los diputados individuales en los grupos de seguir la línea del partido y no tocar lo que han decidido cuatro o cinco diputados europeos en esta conciliación anticipada. 
A diferencia del Sr. Imbeni, no me parece a mí que este sea un buen procedimiento. 
Luego observamos las implicaciones en relación con este informe. No es cierto que este compromiso limite claramente el alcance. 
Si este fuera el caso, si esta fuera también su intención, entonces podría usted, por ejemplo, aprobar la enmienda 101 –que presentamos con algunos otros diputados– que limita expresamente el alcance a las infracciones intencionadas para obtener un beneficio comercial. 
Lo cierto es que, a pesar de que se hayan retirado las sanciones penales del compromiso, siguen existiendo medidas preventivas que son muy peligrosas al margen del resultado de la investigación y del procedimiento. 
El riesgo es que se adopte un sistema por el que resulte sencillo, incluso en parte hasta para las propias empresas privadas, el buscar, confiscar bienes y tomar medidas preventivas que amenazan con poner el mercado en una situación de incertidumbre e inestabilidad, donde aquellos que tienen una mejor organización de abogados y consultas jurídicas –las grandes empresas– conseguirán asustar y chantajear a las empresas pequeñas y muy pequeñas y también al consumidor final. 
No es cierto que se haya excluido la reproducción privada del alcance de este compromiso, porque no se ha excluido de las medidas preventivas. 
¿Por qué todo esto? 
¿Por qué era necesario hacer todo esto e idear este tipo de legislación especial de emergencia? 
Quizás porque las leyes sobre la propiedad intelectual son leyes que han sido desbancadas en gran medida por la tecnología digital. 
El riesgo es que ustedes, las mismas personas que desean que se respete la propiedad intelectual, del mismo modo que la propiedad física –y esta es también nuestra preocupación– acaben aprobando leyes que no pueden respetarse. 
El objetivo deseado no se alcanzará con medidas de vigilancia y vigilancia privada. 
Tales medidas consiguen lo contrario, es decir: «deslegitimar» el poder y el valor de las leyes. 
Señor Presidente, la Sra. Fourtou ha abordado una cuestión muy compleja. 
A fin de conseguir una legislación marco, creo que será preciso que este Parlamento trabaje mucho en la próxima legislatura. 
He de felicitar a mi colega la Sra. Fourtou porque creo que ha logrado el mejor de los compromisos posibles. 
Sin embargo, como pasa con todos los compromisos, por desgracia he encontrado algunas deficiencias en este informe. 
Por ejemplo, aunque se prevean instrumentos potencialmente eficaces para combatir actividades como el o, no se ofrece una protección completa al proveedor de contenidos, una situación que amenaza con comprometer gravemente la integridad de cualquier biblioteca. 
El informe se refiere únicamente a delitos cometidos a escala comercial y no de forma más general a infracciones de los derechos de propiedad intelectual al margen de cómo y por quién sean cometidos. 
Es evidente que hay que prestar mucha atención a esta cuestión a fin de encontrar un punto de equilibrio. 
Esta ha sido una larga tarea que ha durado muchos meses. 
Sin embargo, recuerdo que, desde el principio, el objetivo en cuanto a la protección de los derechos de autor era combatir y detener el fenómeno que, junto con la falsificación y la piratería, permite que se utilice ilegalmente el material protegido por los derechos de autor en detrimento del trabajo de todos los proveedores de contenidos que están elaborando legítimamente la cadena de valor para el uso de productos audiovisuales. 
Sobre todo en el futuro tendremos que reflexionar más sobre la cuestión de la cantidad de uso privado que ha aumentado de forma exponencial gracias al ímpetu ofrecido por la tecnología digital a través de la banda ancha o cualquier otra plataforma tecnológica avanzada. 
Esto supondrá un perjuicio comercial importante y significativo para todos los proveedores de contenidos que basan su actual modelo de funcionamiento en la distribución legal de contenidos, sujeta a acuerdos contractuales con las partes autorizadas. 
También en este ámbito hemos de considerar las consecuencias de la nueva legislación sobre telecomunicaciones. 
De hecho, la redacción de la propuesta de Directiva no sólo pierde de vista algunos objetivos importantes, sino que ni siquiera constituye una medida disuasoria eficaz contra las infracciones porque, durante el largo proceso en el que se realizaron varias propuestas, desapareció la posibilidad de compensar el doble perjuicio en forma de pérdida de beneficios y las pérdidas sufridas. 
Confirmo que, a corto plazo, para obtener un instrumento eficaz, tendremos que dar un apoyo máximo a la ponente, la Sra. Fourtou, y que, en el futuro, tendremos que trabajar mucho en este ámbito. 
Quiero hacer dos observaciones finales, una en relación con el considerando 22. 
Este dice que se pueden tomar medidas prohibitorias contra intermediarios cuyos servicios sean utilizados por terceros solo para infringir los derechos de propiedad industrial y no, como disponen los artículos 10 y 14, los derechos de propiedad intelectual. 
Semejante discrepancia entre el texto del Reglamento y el del considerando no carece de importancia, pues implica una intención de apoyar una interpretación en que, en realidad, el término propiedad intelectual contenido en el texto de los artículos solo hace referencia a los casos de propiedad intelectual. 
Por ello pido a la Sra. Fourtou que presente una enmienda oral en que se sustituya el «derecho de propiedad industrial» por «derecho de propiedad intelectual». 
En este sentido, pienso en los productores italianos protegidos por indicaciones geográficas, que, en una situación de este tipo, no podrían obtener en otros países europeos medidas inhibitorias, por ejemplo, contra los comerciantes, transportistas o publicitarios que venden, transportan y anuncian productos italianos falsificados. 
Un comentario final sobre el artículo 16. 
Creo que es realmente importante que la frase final del considerando 23 a) se vuelva a introducir como un apartado final de este artículo. 
En ausencia de tal especificación reguladora, en muchos países se podría pensar que si –después de que la persona en posesión de mercancías falsificadas haya pagado una indemnización de buena fe– el juez retirara la prohibición de la venta y la exclusión de la cadena comercial de estos productos, estos estarían autorizados para cualquier uso comercial. 
Si pensamos, por ejemplo, acerca de todo el ámbito médico, esto resulta totalmente inaceptable. 
Señor Presidente, el debate de esta mañana produce una gran perplejidad, porque los puntos de vista que estamos escuchando son muy distintos. 
Hay quienes nos dicen que la Sra. Fourtou ha conseguido un magnífico compromiso y quienes nos dicen que los grandes grupos políticos se han comportado como una especie de apisonadora. 
Hemos oído intervenciones de parlamentarios de diferentes grupos políticos –incluso de los grandes– expresando opiniones muy distintas. 
La Sra. Fourtou ha tratado de acelerar el procedimiento legislativo con lo que podríamos llamar " ", pero creo que tenemos que tranquilizar al Sr. Imbeni en el sentido de que el procedimiento sigue estando ahí. 
Lo malo es que el procedimiento para la aprobación de normas jurídicas en la Unión Europea en este momento, antes de la adopción de la Constitución Europea, es un procedimiento realmente barroco, complicado y difícil. 
El Acuerdo Interinstitucional recientemente firmado pretende eliminar estas dificultades, pero sabemos que en la práctica va a ser muy difícil de conseguir. 
Y ello porque si no hay una identificación clara de un órgano legislativo –que, en mi opinión, debe ser lo más unificado posible–, estamos condenados a seguir adoptando este tipo de normas en el que hay grandes contradicciones. 
El Sr. Berenguer Fuster decía que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior reflejaba el punto de vista de los parlamentarios. 
Yo discrepo de esta afirmación, porque la mayor parte de los informes aprobados –incluso por gran mayoría en la Comisión de Asuntos Jurídicos– suelen ser luego rectificados en el Pleno. 
Es decir, en este momento, por su composición, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no refleja la voluntad del Pleno de la Cámara. 
La Sra. Fourtou ha tratado de conseguir un acuerdo que no refleja la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
No sé si ese acuerdo lo conseguirá, porque todavía no sabemos cuál va a ser el resultado de las votaciones. 
Estamos hablando de un informe con multitud de enmiendas, con unas enmiendas, enormes y que, en teoría, no debería incidir en el derecho sustantivo. 
Se trata de un derecho relativo a la aplicación o ejecución del contenido sustantivo. 
Posiblemente el Sr. Berenguer tenga razón con respecto a la confusión entre los procedimientos de ejecución civiles, administrativos y penales, pero parece que se ha pretendido eliminar la ejecución penal o, por lo menos, las posibilidades de recurrir a la vía penal, y ello se debe precisamente a la falta de competencias de la Unión Europea en materia penal. 
En cambio, por otro lado, se ha ampliado el ámbito de la directiva –o se pretende hacerlo– para que incluya también el ámbito de las patentes, que es un ámbito en cierta ebullición. 
La impresión que tengo, señor Presidente, es que esta primera lectura va a acabar con un texto típico de estas instituciones comunitarias: una especie de camello –es decir, un caballo dibujado por una comisión– y que probablemente será sólo el principio, pero creo que es preferible que adoptemos lo más rápidamente posible esta propuesta de directiva, al menos para tener un punto de partida para seguir adelante, primero en la segunda lectura y, luego, sin duda, en la necesidad de nuevas propuestas legislativas. 
Señor Presidente, felicito a la ponente por sus continuos esfuerzos por lograr enmiendas de compromiso y, a través de los contactos necesarios, elaborar un texto de compromiso. 
Por tanto nos libraremos de una segunda o tercera lectura. 
Ya se ha hecho referencia muchas veces a las consecuencias negativas de la falsificación en todo tipo de ámbitos, y a los riesgos para la salud pública y la innovación. 
En los últimos tres años, la situación ha empeorado, y ahora se encuentran todo tipo de productos, incluso artículos de consumo corrientes. 
El fenómeno está adquiriendo proporciones alarmantes, y cada vez está más implicado el crimen organizado. Por ello es urgente tomar una iniciativa a escala europea, sobre todo porque estos fenómenos se sitúan en gran medida en los nuevos Estados miembros. 
Entre los puntos positivos del informe cabe destacar el hecho de que la Directiva se aplicará a todas las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. 
Además, los Estados miembros deberán garantizar que todas las violaciones graves de los derechos de propiedad intelectual se clasifiquen como delitos penales que conlleven sanciones penales. 
Es sabido que la creatividad y la innovación son los principales triunfos de la economía europea, y por consiguiente han de gozar de una protección suficiente. 
Por ello quiero pedir que se apoye a la ponente en su lucha. 
– Señor Presidente, al representar una circunscripción que está asociada a productos como el whisky escocés, el y los géneros de punto de Borders, soy totalmente consciente y sensible ante los comentarios que muchos han hecho sobre los demonios de la falsificación y la piratería, que se extienden mucho más allá de los productos del tipo que he mencionado. 
Por lo tanto, apoyo firmemente la idea de introducir una directiva de este tipo. 
Sin embargo, no estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Byrne cuando afirma que se ha alcanzado un equilibrio. 
Esto no es lo que ha dicho la Asociación de Medicamentos Genéricos, que ve con gran temor que la extensión de esta serie de medidas a la ley de patentes pueda lesionar sus intereses y por lo tanto los intereses de los servicios sanitarios de Europa y más allá. 
No se ha alcanzado un equilibrio. 
Las patentes deben quedar excluidas, y la cuestión de la escala comercial debe ampliarse a la totalidad de la directiva, no solo a algunas partes de la misma. 
Por último, afirmo con gran simpatía personal hacia la Sra. Fourtou que este caso muestra un vacío en nuestras normas sobre la declaración de intereses. 
Debe incluirse la cuestión de los intereses familiares. 
Digo esto sin ninguna descortesía personal. 
– Señor Presidente, quisiera apoyar a mis colegas que han adoptado un punto de vista muy amplio con respecto a esta importante propuesta. 
No se trata específicamente del mundo digital. 
Se trata del futuro de la economía europea y de la capacidad de cualquier fabricante que cuenta con derechos de propiedad intelectual, ya estén protegidos mediante patente, derechos de autor o dibujos o modelos registrados, o mediante cualquier otra forma de propiedad, respecto a un trabajo creativo o dibujo o modelo que ha originado de forma genuina, para poder proteger y vender sus productos de forma legítima, recoger los beneficios y crear empleos en la Unión Europea. 
Estamos hablando del procedimiento y del calendario, porque todos sabemos que a partir de la ampliación de la Unión Europea el 1 de mayo se producirán importantes preocupaciones relativas a la incapacidad de los titulares de derechos de propiedad intelectual para aplicar sus derechos en toda la Unión Europea ampliada. 
Muchos de mis colegas han planteado ejemplos gráficos de los problemas asociados con la falsificación a gran escala de artículos materiales que se transportan a la Unión Europea y que esencialmente se venden de forma ilegal, privando a las persona de sus legítimos medios de vida. 
Pongamos las cosas en perspectiva, ya que este es el quid de la cuestión y el motivo por el que hemos apoyado a la Sra. Fourtou en su trabajo con el Consejo con el fin de alcanzar un compromiso verdaderamente equilibrado que esté en vigor el 1 de mayo, garantizando que no debemos esperar otros seis a nueve meses para tratar este problema. 
Ahora estamos en el mundo real y no se trata de algún tipo de legislación teórica, sino de algo que realmente protegerá los empleos en nuestras circunscripciones. 
A medida que avanzamos hacia un mundo en el que cada vez más artículos llegan a la Unión Europea desde países como China, que son nuevos miembros de la Organización Mundial del Comercio y en los que el respeto de los derechos de propiedad intelectual es, en el mejor de los casos, muy débil, tenemos que poder protegernos de forma legítima y equilibrada. 
De esto es de lo que se trata, y aquellos de ustedes que contemplan enmendar esta propuesta con la consecuencia de que no estará en vigor el 1 de mayo tendrán que responder a los fabricantes de sus circunscripciones cuando en junio llegue a su puerta un contenedor cargado de artículos falsificados procedentes de China a través de un país en vías de adhesión. 
Ustedes tendrán que responder por el efecto que esto tendrá en los empleos y los fabricantes locales. 
– Señor Presidente, es importante que la posición común se centre claramente en la actividad comercial y el trabajo de los criminales profesionales. 
Entonces, se dejará en paz a la reproducción a pequeña escala para uso personal. 
No tenemos necesidad ni medios para interferir cuando se trata de la reproducción por parte de ciudadanos privados. 
En la sociedad de la información, la invasión de la intimidad de las personas es un problema peligroso y en gran medida ignorado. 
La falsificación de productos alimenticios ha aumentado en un 75% y la de CD en un 15 000%, lo cual equivale casi a la mitad de todas las grabaciones musicales. 
Cada año se pierden cerca de 20 000 puestos de trabajo. 
Sin embargo, es importante establecer una distinción entre la violación consciente e inconsciente de los derechos de autor. 
También es importante porque salvaguarda el desarrollo de productos en las pequeñas empresas garantizando cierta protección en el océano de legislación sobre patentes. 
Por ello me complace que ya no habrá más interferencias en el Derecho penal, un ámbito que es competencia de los Estados miembros. 
Las diferentes prácticas y leyes que existen en los Estados miembros la convertirían en una tarea especialmente incómoda. 
A fin de cuentas, el mismo paquete trata de las patentes y de los derechos de autor. 
La piratería, el resultado del crimen comercial, arrebata puestos de trabajo. 
No obstante, no debemos interferir en las vidas privadas de los inocentes. 
Añadamos pues mejoras a la próxima Directiva. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Directiva sobre el cumplimiento que debatimos hoy es completamente superflua. 
A fin de cuentas, ya hay una Directiva en vigor con respecto a la armonización de los derechos de autor y, aparte de esto, hay una Directiva sobre el comercio electrónico, que regula, entre otras cosas, los derechos y las obligaciones de los proveedores de servicios. 
Esta nueva Directiva amenaza con provocar una distorsión debido a la obligación de controlar lo que están haciendo los usuarios. 
El actual compromiso estipula expresamente que las anteriores Directivas mantienen plenamente su vigencia, y así deber ser: ¿Por qué si no hacemos aquí legislación? 
No queremos una situación como la de los Estados Unidos en que la legislación se establece de acuerdo con las creencias erróneas del momento. 
Esta nueva Directiva sobre el cumplimiento declara oficialmente que las personas que hacen copias ilegales son ladrones, pero todo el mundo sabe desde hace tiempo que la piratería de software, de CD y DVD es un delito punible. 
Sin duda no necesitamos una nueva Directiva para esto, y especialmente una que no consiga definir el alcance de los derechos de propiedad intelectual. 
En Europa tenemos diferentes sistemas de justicia penal con diferentes sanciones, y no podemos armonizar los sistemas jurídicos con una única Directiva, sobre todo si no se celebra un debate adecuado en este Parlamento. 
Puedo decir que me satisface el hecho de que el compromiso limite ahora el alcance de la Directiva a la piratería con fines comerciales, puesto que ha de seguir permitiéndose la reproducción para uso personal. 
No obstante, votaré en contra de la Directiva. 
– Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo se encuentra hoy ante un problema de ética política. 
Vamos a votar sobre un informe muy importante, que tiene una gran repercusión sobre la vida económica y los ciudadanos de Europa. 
Ahora bien, ¿cómo vamos a explicar a los ciudadanos europeos que la ponente del Parlamento Europeo, es decir, la persona más directamente implicada en este expediente, está casada con el Sr. Fortou, presidente de Vivendi Universal? 
No quiero que me interpreten mal: entiendo que todo hombre y toda mujer tienen el derecho fundamental a ejercer un mandato político. 
La Sra. Kinnock es diputada al Parlamento Europeo, pero no se involucra temas relacionados con la cartera de su marido, el Comisario Kinnock. El Sr. Rovsing, del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que tiene intereses en los medios de comunicación, no toma parte en las votaciones sobre los medios. 
Esto afecta a la credibilidad del Parlamento Europeo. 
Hago un llamamiento al Presidente del Parlamento y a los presidentes de los Grupos políticos para que encuentren antes de mediodía una solución a este problema. Está en juego el honor del Parlamento. 
Hay que descartar cualquier sospecha de interés personal si queremos que los ciudadanos europeos sigan confiando en las instancias europeas. 
Señor Presidente, Señorías, yo también quisiera dar las gracias a mi colega, la Sra. Fortou por el trabajo que ha realizado, un trabajo que se ha llevado a cabo con gran tesón y gran determinación, precisamente porque la lucha contra la falsificación y la piratería ha de ser una de las prioridades de la Unión Europea. 
De hecho, la creatividad, que es uno de los principales factores de la competitividad en nuestro sistema económico, se ve impedida por los falsificadores porque están violando los derechos de propiedad industrial e intelectual. 
Estos derechos garantizan que la creatividad se recompense adecuadamente. 
A menudo, la falsificación y la piratería también acaban afectando a los consumidores, que se ven forzados a comprar mercancías de calidad inferior al original. 
El daño que causan no solo afecta al titular individual del derecho, sino a toda la sociedad. 
Por ello, la Directiva sobre la aplicación de derechos de propiedad industriales e intelectuales es un instrumento importante a la hora de combatir el fenómeno y ha de aprobarse rápidamente antes de la adhesión de los nuevos países, donde la falsificación y la piratería están especialmente extendidas. 
El texto negociado con el Consejo, con el que el Parlamento debería estar ampliamente de acuerdo, es un compromiso equilibrado que permitirá aprobar la Directiva con una sola lectura. 
Se está respetando el actual marco jurídico europeo y nacional sobre la propiedad industrial e intelectual. 
Se están creando las condiciones para protegerlo eficazmente y para combatir el comercio ilegal. 
El compromiso prevé con razón que las disposiciones más importantes de la Directiva se apliquen solo a las prácticas comerciales. 
De hecho, no podemos planear castigar a quienes descargan música de Internet para uso personal. 
La solicitud de información al supuesto falsificador por parte de la persona que declara que un producto está falsificado ha de ser justificada y proporcional, y solo debería realizarse por orden de las autoridades judiciales. 
Además, la Directiva no influye en las reglas de información confidencial y tratamiento de los datos personales ni en el derecho a no testificar contra uno mismo. 
Especifica las sanciones administrativas y civiles que, al afectar directamente a cualquier actividad económica ilegal, tienen consecuencias directas sobre la prohibición de las falsificaciones. 
Estas sanciones han de ser realmente disuasorias, pero también han de ser graduales y proporcionales al delito cometido. 
Señor Presidente, en primer lugar y al igual que otros compañeros, quiero felicitar a la Sra. Fourtou por su excelente trabajo, así como lamentar la intervención del Sr. Turmes, a quien no debe preocuparle realmente la propiedad intelectual, porque sólo ha venido a criticar a la Sra. Fourtou y sus relaciones y no ha sido capaz de permanecer en esta sala a lo largo del debate. 
Creo que el hecho de que algunos colegas de esta Cámara tengan relaciones familiares- le agradezco al Sr. Turmes que permanezca en la Cámara- no les impide actuar en ella, sabiendo además que lo que estamos discutiendo, esta Directiva en materia de defensa de los derechos de propiedad intelectual, no afecta exclusivamente a los titulares de derechos, sino a todos los consumidores. 
Somos los consumidores también los que tenemos que velar por que se garantice la protección de los derechos de propiedad intelectual, porque los consumidores compramos productos que queremos que sean originales y auténticos y no deseamos vernos engañados por aquellos que infringen los derechos de propiedad intelectual. 
Por tanto, considero que intentar utilizar las relaciones familiares de la Sra. Fourtou para desacreditar su trabajo no corresponde a un diputado de esta Cámara. 
Hay dos aspectos que han sido ampliamente debatidos esta mañana. 
Uno es el que se refiere a los fines comerciales, es cierto que hemos modificado la propuesta de la Comisión, que se limitaba a los actos realizados con fines comerciales. 
Hay que ir un poco más lejos; creo que la propuesta de la ponente y las enmiendas de compromiso son equilibradas, y que había que permitir también que se pudiera perseguir a todo el que realice cualquier acto contra la propiedad industrial o intelectual, se haya hecho con fines comerciales o no. 
Contestando al Sr. Fiori, que ha intervenido antes que yo, la inclusión de la propiedad industrial es importante, y en el caso español especialmente, puesto que en España la legislación en materia de marcas y de patentes se considera propiedad industrial, no intelectual. 
Por eso se ha ampliado la denominación a ambas. 
En cuanto al procedimiento, citado por el Sr. Cappato y el Sr. Berenguer, lo que hemos pretendido es algo muy importante: obtener una Directiva que pudiera entrar en vigor antes del 1 de mayo de 2004. 
Por eso, es cierto que la Sra. Fourtou ha tenido que hacer algunos esfuerzos para llegar a acuerdos y que la propuesta que votamos hoy en este Parlamento no es exactamente igual a la que votamos en la comisión. 
Sin embargo, muchos de los aspectos que se aprobaron en esa comisión están contemplados en lo que hoy votaremos, al margen de los dos puntos a los que me he referido: los fines comerciales y las patentes. 
Hay otros muchos aspectos que hemos reformado de la propuesta inicial de la Comisión, como por ejemplo, la reducción de los trámites y los costes del demandante, para agilizar y garantizar el respeto de su derecho de propiedad industrial; la simplificación de las garantías que debe aportar el demandante en el caso de una defensa de su derecho de propiedad industrial o intelectual; la fijación de una indemnización en el caso de una infracción de la propiedad industrial o intelectual y, por último, consideraciones relativas a la destrucción de los objetos que han sido utilizados para la falsificación o, incluso, los propios objetos falsificados. 
Éstos son otros aspectos que también hemos modificado en la propuesta de la Comisión y que hacen que esta Directiva- como ha dicho el Comisario- sea suficientemente equilibrada para el momento en que nos encontramos. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del tercer informe (A5-0118/2004) del Sr. Medina Ortega, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la simplificación y mejora del marco regulador [COM (2001) 726 – C5-0108/2002 – 2002/2052 (COS) ]. 
. Señor Presidente, la comunicación de la Comisión de junio de 2002 sobre la simplificación y la mejora del entorno regulador establece el plan de acción global sobre el que el trabajo de la Comisión en relación con la mejora de la legislación ha estado progresando durante los últimos 18 meses. 
La mejora del entorno regulador con el fin de obtener beneficios concretos para los operadores y los ciudadanos es responsabilidad conjunta de las Instituciones Europeas y de los Estados miembros. 
A la hora de lanzar su plan de acción «Simplificación y mejora del entorno regulador» , la Comisión solicitó por lo tanto también a las demás instituciones y a los Estados miembros que contribuyesen a la consecución de los objetivos comunes. 
Para gran satisfacción de la Comisión, los objetivos comunes y la responsabilidad conjunta para la mejora de la legislación fueron totalmente reconocidos por las restantes instituciones y en diciembre de 2003 el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión firmaron el acuerdo interinstitucional sobre «Legislar mejor». 
El acuerdo interinstitucional regula y aclara todos los aspectos interinstitucionales del trabajo de mejora de la legislación. 
Antes de tratar las cuestiones específicas planteadas por el presente proyecto de resolución, permítanme recordar solamente dos de las iniciativas principales del plan de acción de la Comisión, que también se han integrado en el acuerdo interinstitucional. 
En primer lugar, la Comisión está aplicando un marco para la evaluación de impacto integrada. 
2004 será el segundo año de transición durante el cual se consolidará y mejorará todavía más este marco, al tiempo que se mantiene una evaluación equilibrada de las consecuencias económicas, sociales y medioambientales. 
En segundo lugar, el plan de acción lanzó una medida ambiciosa para actualizar y simplificar el acervo comunitario, para el que la Comisión propuso un programa renovable en febrero de 2003. 
Este programa se aplicará con respecto a los procedimientos legislativos y el acuerdo interinstitucional. 
La Comisión celebra el interés sostenido del Parlamento Europeo por la mejora de la legislación. 
El informe elaborado por el ponente, el Sr. Medina Ortega, se centra en el acuerdo interinstitucional sobre «Legislar mejor» y, en concreto, sobre el uso de los instrumentos alternativos de corregulación y autorregulación. 
El acuerdo interinstitucional establece un marco para instrumentos de «ley blanda» que deberían facilitar su uso futuro, al tiempo que salvaguardan totalmente las competencias de todas las instituciones comunitarias. 
De hecho, las tres instituciones han establecido, por primera vez, una definición común de la corregulación y la autorregulación. 
Por otra parte, las instituciones han acordado límites y condiciones generales para el uso de dichos instrumentos, definiendo el papel de cada institución en el proceso y garantizando que se respeten las prerrogativas de la autoridad legislativa. 
La Comisión considera que la resolución es en parte incoherente con el acuerdo institucional y en parte va más allá del acuerdo. 
La Comisión podría aceptar algunas orientaciones, pero solamente dentro de los límites de las disposiciones ya establecidas en el acuerdo interinstitucional. 
Concretamente, la Comisión considera que los apartados 5, 7, 8 y 9 del proyecto de resolución se desvía de la palabra y el espíritu del acuerdo interinstitucional, así como de los límites y condiciones establecidos en el mismo sobre la corregulación y la autorregulación. 
La Comisión considera que en esta fase el verdadero reto es la plena y adecuada aplicación de la gran variedad de compromisos que se establecen en el Acuerdo Interinstitucional. 
Ahora no sería correcto ir más allá de lo que refrendaron las tres instituciones hace tan solo unos meses. 
En lugar de reabrir las cuestiones que ha establecido el acuerdo interinstitucional, la Comisión invita a las demás instituciones a aplicar los compromisos realizados. 
Por ejemplo, el acuerdo interinstitucional sobre «Legislar mejor» reconoce la importancia de simplificar la legislación comunitaria y compromete al Parlamento y el Consejo, en un plazo de seis meses tras su entrada en vigor, a modificar sus métodos de trabajo mediante la introducción, por ejemplo, de estructuras con la tarea específica de simplificar la legislación. 
Por supuesto, estas medidas deberían respetar en su totalidad las disposiciones del Tratado vigente. 
. Señor Presidente, a pesar de su brevedad- solamente tiene diez párrafos dispositivos con algunos considerandos y muchos vistos -, mi tercer informe sobre la simplificación y mejora del marco regulador es el resultado de la lectura de muchos textos cuya antigüedad supera los diez años. 
La Comisión considera que este tercer informe va más allá de lo que se consiguió en el Acuerdo interinstitucional. 
Mi informe no va dirigido contra el Acuerdo interinstitucional, sino que pretende reforzarlo. 
Pero, a través de la larga discusión mantenida entre Parlamento, Comisión y Consejo sobre el tema de la mejora de la tramitación de la legislación comunitaria, el ponente y con él la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que aprobó el informe por unanimidad, queremos manifestar la preocupación respecto a una tendencia que yo llamaría tecnocrática en materia legislativa. 
El proceso legislativo es un proceso político, es un proceso de toma de decisiones políticas. 
Es cierto que en la medida de lo posible debemos de evitar un tipo de legislación que sea irracional, complicada y mejorable. 
Pero el énfasis en las consideraciones de carácter exclusivamente técnico o incluso en el peso económico de una medida legislativa determinada puede no corresponderse con la necesidad de adoptar una norma jurídica. 
Es decir, esta Unión Europea tiene un defecto de "supertecnificación". 
Se ha criticado a las instituciones europeas por ser burocráticas. 
A mi la palabra "burocrática" no me gusta. 
Diría que más bien lo que tenemos en las instituciones europeas es una tendencia a tecnificarlo todo. 
Y a consecuencia de eso, esa tecnificación nos lleva a un alejamiento de los ciudadanos que origina un rechazo de la ciudadanía con respecto a nuestra forma de adoptar decisiones. 
Al aprobar el Acuerdo interinstitucional, este parlamentario y con él los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior subrayamos el peligro de que se llegue a un proceso de toma de decisiones que prescinda completamente de la voluntad de los ciudadanos. 
Y la única vía- más o menos perfecta- que tienen los ciudadanos en este momento de expresar su punto de vista sobre la contribución comunitaria la constituyen las elecciones al Parlamento Europeo. 
Si el Parlamento Europeo no puede oponerse, por ejemplo, a procedimientos tecnocráticos de adopción de decisiones por pequeños grupos en la forma de autorregulación o corregulación, yo no sé qué papel puede desempeñar. 
Señor Presidente, quisiera tranquilizar a la Comisión asegurándole que este ponente, y creo que también este Parlamento, que supongo que adoptará mi informe sin graves dificultades, no se proponen minar aquello en lo que hemos progresado en materia de simplificación de la legislación comunitaria, sino que se proponen reforzar los elementos políticos del proceso de adopción de normas legislativas, recordando que las delegaciones de carácter legislativo tienen que estar siempre sometidas a la voluntad popular, a través de una institución que tenga competencia legislativa plena. 
La gran dificultad, como sabemos, es que la actual legislación comunitaria es el resultado de la acumulación de una serie de tratados internacionales que han ido evolucionando y la solución no se logrará hasta que se apruebe una Constitución europea que delimite claramente las facultades legislativas. 
Una vez que existan unas facultades legislativas claramente delimitadas, el poder legislativo podrá delegar, podrá transferir a instancias técnicas; pero nunca esas instancias técnicas podrán sustituir la voluntad popular expresada a través de elecciones directas a una institución legislativa- el Parlamento Europeo, el Parlamento y el Consejo como quiera que se llame -, que quiere adoptar esas decisiones. 
Por tanto, termino mi intervención asegurando a la Comisión de que nuestra intención no es minar el Acuerdo interinstitucional sino, por el contrario, reforzarlo, introduciendo en él los elementos políticos necesarios para que nuestros ciudadanos crean en la construcción europea que estamos llevando a cabo. 
– Señor Presidente, intervengo hoy aquí en nombre de todos mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, en especial de mi colega el Sr. Doorn, que ha sido ponente alternativo para los tres informes sucesivos que ha elaborado nuestro infatigable ponente, el Sr. Medina Ortega. 
En cierto modo constituye el fin de la primera fase de nuestro ciclo de trabajo y, como ha dicho el señor Comisario, ahora nos disponemos a examinar con más detalle cómo hacer que el acuerdo interinstitucional funcione de forma eficaz. 
Quizás sea este el contexto en que tenemos la oportunidad de hacer una o varias observaciones, en lugar de los puntos específicos incluidos en este informe relativamente breve. 
Realmente no hemos debatido suficientemente en esta Cámara sobre toda la cuestión de nuestra función en la mejora de la legislación o en la mejora y la simplificación del clima regulador, tal y como nos ha recordado la Comisión. 
Me gustaría reflexionar sobre lo que dijo mi colega, el Sr. Medina Ortega, con respecto al modo en que tomamos decisiones y en que se desarrolla y promueve la regulación en las instituciones europeas. 
Estoy de acuerdo con él en que nuestros ciudadanos están realmente preocupados por el proceso. 
Por este motivo quieren que hagamos mejor el trabajo y por ello las personas que están directamente implicadas en el proceso –consumidores, ciudadanos o empresarios, ya sean pequeños o grandes– quieren sentir que se les ha consultado y que han podido expresar su opinión en la fase relevante del proceso. 
Uno de los elementos cruciales del perfeccionamiento de nuestra labor es la mejora del desarrollo de nuestras estrategias legislativas y la consulta temprana en el proceso. 
Uno de los principales aspectos del plan de acción de la Comisión es que en esencia se trata de un proceso en dos fases. 
Antes de entrar en los detalles de la evaluación de impacto ampliada también hay una fase en que se plantea toda la estrategia legislativa, sus objetivos, una definición clara de los mismos y las herramientas con las que se conseguirán estos objetivos. 
Puede que esto llegue a ser regulación, pero no hay motivos en esta fase por los que alguna forma de autorregulación o corregulación no pueda ser considerada una opción adecuada. 
Sé que a mi colega, el Sr. Medina Ortega, le preocupa el modo en que se desarrolla la autorregulación y la corregulación, pero yo diría que, si lo consideramos una alternativa genuina al principio del proceso y vemos cómo está integrada, que se incorporan salvaguardias y que se compara con la alternativa de una legislación pesada e intrusiva, esto solamente puede redundar en beneficio de la simplificación y mejora del clima regulador. 
Después de todo, lo que queremos una legislación efectiva y eficiente. 
Buscamos resultados. 
Eso es lo que acabamos de debatir en relación con el cumplimiento, ya que el problema es que, por mucho que legislemos a escala europea, si no podemos hacer cumplir la legislación de forma consecuente, el coste de la misma recae en quienes ya cuentan con los sistemas adecuados y cumplen con su deber. 
En cambio, no exprime a los que incumplen la ley. 
Esto perjudica a los consumidores, una cuestión que sé que es un elemento central de sus competencias, señor Byrne. 
Deberíamos apoyar este informe, pero esto es solo el principio del proceso de colaboración con todas las instituciones para crear lo que quieren nuestros ciudadanos, que es una regulación efectiva y eficiente o alternativas a la regulación. 
Señor Presidente, sabemos que nuestro honorable amigo, el Sr. Medina Ortega, tiene una enorme experiencia en esta materia y que, con las propuestas que ha hecho hasta la fecha, ha ayudado mucho a simplificar y modernizar el trabajo legislativo de la Comunidad. 
Tenemos un acuerdo interinstitucional sobre el cual ha hablado el Comisario. 
Sin embargo, quisiera formular una pregunta: a pesar de lo que tenemos hoy, ¿podemos decir que tenemos un plan de acción simple con una jerarquía específica de objetivos, con un calendario específico, con una propuesta de medidas específicas para cada objetivo y con un procedimiento claramente definido para medir los objetivos? 
Lo que nos interesa es ver resultados cuantificables después del acuerdo interinstitucional. 
En referencia a la cuestión, le pregunto: ¿estamos realmente satisfechos con la mejora realizada hasta ahora en la calidad del marco regulador? 
No creo que debamos responder afirmativamente, porque faltan medidas pioneras. 
En cualquier caso, y en este sentido estoy plenamente de acuerdo con el Sr. Medina, mejorar el marco regulador significa limitar el papel de la burocracia, que es responsabilidad de la Comisión. 
Asimismo significa rechazar la percepción de que la eficacia o la mejora van acompañadas de una reducción del control democrático. 
Por desgracia, hasta ahora la Comisión no ha adoptado una postura clara con respecto a estas dos cuestiones. 
Dicho esto, quisiera recalcar que nosotros, el Parlamento Europeo, tenemos un enorme problema. 
Hemos de combinar las culturas de 15 –y pronto 25– Estados y, por supuesto, la libertad de propuesta de todas las partes. 
Nos enfrentamos al fenómeno de un aumento exponencial en el número de enmiendas y nadie sabe cómo pueden coordinarse y cómo lograr que se traduzcan en un texto homogéneo y claro. 
Por ello también tenemos un problema endógeno que hemos de abordar, y aquí considero que, hasta la fecha, no hemos tenido unos servicios claros que se ocupen de los aspectos técnicos de la legislación y ayuden a los desarrollos. 
No obstante, el principal problema sigue siendo la cuarta fase del marco regulador global, que es la aplicación. 
Por desgracia, incluso hoy, después de tantos informes sobre la aplicación de la ley, puede observarse un enorme retraso en el control por parte de la Comisión del método de aplicación y las autoridades judiciales y administrativas no disponen de mecanismos de asimilación y no han asimilado la legislación comunitaria. 
Así pues debemos abordar este problema si queremos que la legislación comunitaria se aplique adecuadamente. 
Señor Presidente, quiero empezar con las últimas palabras del ponente, el Sr. Medina Ortega, quien con razón ha dicho que la propuesta que estamos debatiendo y el conjunto de este informe no van dirigidos en contra de la Comisión sino que, por el contrario, pretenden armonizar –y creo que en esta ocasión este término es más apropiado que nunca– y regular mejor la legislación. 
Como coordinador de la comisión parlamentaria que alcanzó un acuerdo sobre simplificación de la legislación (el acuerdo interinstitucional) , he de decir algo acerca de la importancia del debate que se celebró en mi comisión, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el informe del Sr. Ortega Medina. 
Dicho debate se inició antes de que trabajáramos sobre el acuerdo interinstitucional y ha continuado después. 
Por ello, el informe del que estamos hablando era un requisito previo, y una consecuencia de este acuerdo interinstitucional que, si se hubiese plasmado –le ruego me lo confirmen, señor Presidente, Señorías– en la Constitución Europea, creo que habríamos tenido una legislatura caracterizada por su fuerte conexión y su deseo de tener en cuenta a las tres instituciones (Comisión, Consejo y Parlamento) en torno a las cuales gira realmente Europa: la Comunidad Europea. 
Coincido en que, por supuesto, el acuerdo interinstitucional no lo es todo: un acuerdo que prepara un papel totalmente diferente para el Parlamento es un acuerdo que ha de dar un paso adelante. 
Por ello, el ponente afirma con razón que, a la hora de mejorar la legislación comunitaria, es preciso ir más allá del acuerdo interinstitucional. 
Por consiguiente, el acuerdo interinstitucional es una condición, sobre todo del derecho a ser consultado automáticamente –como dice con razón el Sr. Medina Ortega en su informe– en los ámbitos de la corregulación y la autorregulación, es decir, una condición del derecho del Parlamento a ser informado inmediatamente por la Comisión y de suspender de una vez por todas la aplicación de todo acuerdo voluntario que no haya sido aceptado. 
Creo que estos dos puntos son los que dan forma a este informe y sobre los cuales podría haber un mayor acuerdo en la próxima legislatura, a fin de sentar las bases para una relación equilibrada entre las tres instituciones que representan a Europa. 
– El debate queda cerrado.La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
-O-0021/2004 – B5-0068/2004 de la Sra. Morgantini en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea /Izquierda Verde Nórdica; 
-O-0024/2004 – B5-0069/2004 del Sr. Watson en nombre del Grupo del Partido Liberal, Demócrata y Reformista Europeo; 
Señor Presidente, quiero proponer que la sesión se suspenda hasta que la Comisión nos haga el honor de unirse a nosotros en la Cámara. 
Señor Sakellariou, preferiría que no hiciera una solicitud como esta. 
El Sr. Liikanen no tiene la culpa de que su avión haya aterrizado tarde. 
Llegó al aeropuerto a tiempo, pero el avión se retrasó debido a las condiciones meteorológicas, por consiguiente puede tardar otros diez minutos en llegar. 
Sin embargo, hemos de evitar una situación en que, en lugar de empezar a las 12.00 horas, tal como estaba previsto, la votación no empiece hasta las 15.15 horas o incluso las 12.20 horas. 
Comprenderá usted que es muy molesto para sus Señorías que la votación empiece tarde. 
Quisiera proponer que demos la palabra a los primeros autores de las preguntas, pues están familiarizados con el tema, antes de que el Comisario se una a nosotros; además, el Comisario también sabe lo que desean decir. 
Luego, una vez que el Comisario esté con nosotros, podremos proseguir y podrá responder de inmediato. 
Esta es mi sugerencia. 
Señor Presidente, Me gustaría apoyar la propuesta de no empezar el debate hasta que esté presente la Comisión. 
Bien es cierto que algunos de nosotros hemos escrito nuestras intervenciones, pero lo que debatamos dependerá también de la Comisión. 
De lo contrario, por supuesto no habríamos tenido necesidad de pedirle a la Comisión que viniera e informara de nada. 
Preferiría que los primeros oradores respondieran a la contribución de la Comisión, que también formará el trasfondo de mi respuesta. 
No creo que podamos seguir con el debate. 
Hemos de esperar diez minutos. 
Cualquier otra cosa sería absurda. 
Por lo tanto tenemos una petición, una petición oficial ¿Quiere mantener usted su petición, señor Sakellariou? 
Tenemos un orador a favor de esta petición. 
Por lo tanto lo que quiero preguntar ahora es si alguien se opone a que suspendamos la sesión, ¿alguien está a favor de que continuemos con este debate aunque el Comisario no llegue hasta dentro de cinco o diez minutos? 
¿Quiere alguien hablar en contra de la petición? 
Parece que no. 
En tal caso es necesario que sometamos esto a votación: ¿podrían alzar la mano quienes apoyan la petición del Sr. Sakellariou de que la sesión se suspenda durante diez minutos hasta que llegue el Comisario? 
¿Y los que están en contra? 
¿Hay abstenciones? 
Señor Presidente, Señorías, durante años, la Unión Europea y el Parlamento han discutido sobre los productos procedentes de los territorios ocupados por Israel, a los que se otorga equivocadamente el mismo trato preferente que a los productos del propio Israel. 
Israel no quiere establecer esta distinción, pero la Unión Europea sí. 
La política se encuentra en el centro del debate. 
La Unión Europea considera ilegal la ocupación de los territorios en cuestión, y por ello hemos convertido este asunto en problemático. 
Sin embargo, el debate que en esencia es político, corre el riesgo de ser invadido por innumerables aspectos prácticos y jurídicos. 
El problema, y la razón por la cual formulo estas cuestiones, es que la Comisión y el Consejo, cansados tras años de discusiones, amenazan ahora con seguir adelante con la práctica actual. Ello legitimaría una práctica ilegal, y los Estados miembros perderían la base jurídica para seguir estableciendo una distinción entre los productos de Israel y los productos de los territorios ocupados. 
Por ello, desearía formular dos preguntas a la Comisión. 
La primera es esta: ¿qué medidas pretende tomar la Comisión en noviembre de este año, cuando la nueva Comisión asuma sus funciones, para poner fin a la actual práctica, y cuándo, exactamente? 
La segunda es la siguiente: ¿puede garantizar el Comisario que cualquier decisión que tome que pudiera afectar al espíritu, la letra o la práctica del Acuerdo de Asociación, será sometida antes a la opinión de este Parlamento? 
– Señor Presidente, ayer, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, recibíamos aquí, por iniciativa de mi Grupo, a un grupo de mujeres palestinas, que nos hablaron de su cansancio, de su lucha diaria para sobrevivir en los campos de refugiados. 
En particular, nos hablaron de lo que esperan de la Unión Europea. 
Como saben, los últimos días han sido especialmente sangrientos en la franja de Gaza: catorce palestinos asesinados, entre ellos tres niños, y decenas de heridos, inclusive soldados israelíes, como si la evacuación anunciada de la zona tuviera que ir precedida de destrucciones de secuelas cada vez más irreparables. 
Mañana están ustedes invitados a reunirse con pacifistas israelíes. Estos llamados también se han negado valientemente a participar en la ocupación que está en la base de la sangrienta escalada que asola a los pueblos palestino e israelí. 
El tema que nos ocupa hoy es, en particular, la violación por Israel de las normas de origen en el marco del Acuerdo de Asociación. 
Pero cómo no pensar, al mismo tiempo, en las demás violaciones manifiestas que comete a diario en los territorios ocupados palestinos, violaciones que contradicen totalmente el espíritu inicial de cooperación que reflejaba la firma de este Acuerdo. 
Por ello, para todos los que creen en una paz justa, los debates sobre la aplicación, correcta o no, de este Acuerdo son reveladores de lo que se considera lamentablemente un exceso de cautela por parte de la Unión Europea. 
Porque es forzoso constatar que Israel se burla de las reprimendas europeas en lo que se refiere tanto a las violaciones del artículo 2 relativo al respeto de los derechos fundamentales como al respeto de las normas de origen. 
Hablemos de las normas de origen. 
Desde 1976, Israel ha determinado el origen de los productos que exporta sin hacer distinción alguna entre los productos procedentes del interior de su territorio y los procedentes de los territorios ocupados desde 1967. En otras palabras, no diferencia entre sus productos y los de los asentamientos. 
Así, Israel ha expedido, de forma permanente, certificados de origen para productos que, según el Derecho comunitario, no pueden acogerse a un trato preferencial. 
Una violación como esta habría acarreado sin duda enérgicas medidas de represalia contra cualquier otro país. 
Sin embargo, debido a las prácticas aduaneras israelíes, los Estados miembros no han sido capaces, hasta hoy, de impedir dichas importaciones preferenciales o de cargar impuestos. 
En un primer momento, la Comisión tampoco propuso medidas adecuadas para hacer frente a esas prácticas. 
Después, anunció que se consagraba a la tarea para coordinar las acciones ineficaces de los Estados miembros. 
Acto seguido, la Comisión expresó su postura, una postura clara y legítima. El 10 de mayo de 2001, el Comisario Patten declaró ante esta Asamblea que «el acceso preferente a los mercados comunitarios de las exportaciones procedentes de los asentamientos de Israel en Cisjordania y la franja Gaza constituye una violación de los acuerdos comerciales CE-Israel». 
Pero las medidas adoptadas no pusieron término a dicha ilegalidad. 
Cabría añadir, por otra parte, que la construcción en curso del muro de la vergüenza no puede sino reforzar este estado de hecho. 
Olivares y árboles frutales arrancados a la vista de los aldeanos, miles de tierras cultivadas que quedan inaccesibles a los campesinos, ¿se traducirá mañana esta nueva anexión ilegal en nuevas exportaciones de productos procedentes de estas tierras? 
El pasado mes de noviembre, la Unión insistió ante el Consejo de Asociación UE-Israel en la importancia de resolver el problema de las normas de origen antes de modificar el protocolo sobre esas mismas normas. 
Después, la Comisión indicó que había reanudado las conversaciones con Israel. 
Pero la pregunta sigue a día de hoy en el aire. 
Quisiera preguntarle de nuevo, señor Comisario: ¿va a aceptar la Comisión una solución que no exija a Israel que deje de expedir certificados de origen para los productos procedentes de los asentamientos en el marco del Acuerdo de Asociación? 
¿Va a recurrir a los instrumentos de derecho a su disposición? Ahora se habla de la posibilidad de modificar el Acuerdo, pero si aceptáramos este principio, cuando Israel persiste en su violación asumida del Acuerdo, la Unión podría perder todos sus derechos a suspender la aplicación de cualquier parte del Acuerdo para poner término a esta violación, lo cual sería inaceptable. 
El Derecho internacional sería así deliberadamente pisoteado, reconociendo a Israel como potencia ocupante de los territorios palestinos y sus prácticas de anexión y colonización de territorios. 
Sea como fuere, quiero reafirmar aquí que, antes de emprender cualquier modificación del Acuerdo, es absolutamente necesario consultar al Parlamento Europeo. 
¿Está la Comisión decidida a ello? 
Concluiré con una observación de carácter general. La Unión Europea puede seguir siendo cómplice de la persistencia del Gobierno de Sharon en ocupar las tierras palestinas, en robar los productos de esa tierra, en confiscar los beneficios de los mismos, en denegar a la población cualquier medio de existencia y de supervivencia. 
El Acuerdo de 1995 vino poco después del proceso iniciado en Oslo y pretendía ser una contribución al proceso de paz. 
La situación de hoy es radicalmente diferente. 
¿De qué tipo de cooperación podemos hablar? 
Señor Presidente, señor Comisario, lo que estamos debatiendo aquí es el Acuerdo de Asociación de 1995. 
No tenemos ninguna objeción contra este acuerdo en sí. Contiene unas normas y valores fundamentales que demuestran respeto y, de por sí, podemos apoyar a Israel como democracia. 
No es ahí donde reside el problema. 
Lo que me parece incomprensible, y la razón por la que hemos formulado estas preguntas, es que la Unión Europea haya permitido que, durante años, Israel viole las normas de origen estipuladas en el acuerdo. 
Estas normas de origen –por supuesto, esto es un juego de niños para usted– dicen que Israel no puede vender productos procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, aunque sean originarios del propio Israel; de lo contrario, los productos procedentes de los asentamientos ilegales se beneficiarían injustamente de unos aranceles favorables a la importación en Europa. 
Como ha dicho el Sr. Lagendijk, esta es una cuestión política. 
También sé que la Comisión Europea abordó a Israel en este sentido y que, a modo de respuesta, se le dijo que la posición inalterable de Israel es que considera que los asentamientos son territorio israelí. 
Los Gobiernos europeos no están respondiendo, y por consiguiente aceptan que se viole el acuerdo que ellos mismos aprobaron. 
Esto nos hace conjuntamente responsables de la continuación de la política de colonización, uno de los mayores obstáculos para la paz. 
En mi opinión, este es el quid de la cuestión. 
No hemos de compartir esta responsabilidad. 
Según el Tratado de la CE, el Código Aduanero Comunitario y el Acuerdo de Asociación, los Estados miembros están obligados a negarse a dar un trato preferente a la importación de productos procedentes de los asentamientos. 
Como Comisión y como guardiana de los tratados, han de controlar ustedes el cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus obligaciones. 
Estos problemas deben solucionarse sin demora, y por ello pregunto al Comisario si tiene realmente intención de poner fin a estas cuestiones y proponer una solución realmente legislativa, para que los Estados miembros puedan seguir un procedimiento de verificación uniforme. 
Las autoridades aduaneras de los Estados miembros podrán entonces recaudar aranceles ordinarios a la importación para los productos procedentes de los asentamientos sin que los importadores puedan negarse. 
Creo que esta sería una solución excelente: no a favor o en contra de Israel; no a favor o en contra de los palestinos. 
La cuestión es simplemente que no queremos ser conjuntamente responsables del problema de los asentamientos, y por ello le ruego que presente soluciones al Parlamento. 
Señor Presidente, señor Comisario, el problema de dar un trato preferente a las exportaciones procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza lleva con nosotros casi 30 años y con regularidad ha sido objeto de preguntas orales y escritas, y debates en el Parlamento Europeo. 
Recientemente, en un debate celebrado en noviembre de 2003, reafirmamos que era necesario encontrar finalmente una solución para acabar con las repetidas violaciones de la legislación internacional por parte de Israel. 
Debido a esta práctica de etiquetar los productos procedentes de los territorios ocupados como «», Israel no solo viola las disposiciones sobre el alcance territorial del acuerdo, concretamente el artículo 83, las normas de origen y las disposiciones sobre cooperación y asistencia mutua entre las autoridades administrativas en asuntos aduaneros, sino que al hacerlo sigue demostrando su total menosprecio por los acuerdos internacionales y por la legislación internacional. 
Sin embargo, el problema es ahora más apremiante que nunca. 
La Unión Europea tiene previsto incluir a Israel en el sistema de trato preferente de la acumulación paneuropea, que en este caso significa hacer los cambios correspondientes al Acuerdo de Asociación CE-Israel. 
Si ello sucediera sin que se corrigiera la aplicación ilegal de las reglas sobre el origen para los productos de los asentamientos, implicaría la aceptación de semejante aplicación ilegal. 
De este modo, la Unión Europea se privaría permanentemente del derecho a insistir finalmente sobre la aplicación de las reglas para el trato preferente de las exportaciones. 
Sin embargo, el trato preferente de los productos de exportación procedentes de los territorios ocupados no solo es ilegal y viola la legislación internacional, sino que además significa que los Estados miembros siguen enfrentándose al espinoso problema de los controles y de alcanzar cierto grado de trato uniforme. 
Aunque el Comisario haya intentado encontrar una solución, por ahora el problema no se ha solucionado en absoluto. 
La Comisión ha informado correctamente a las autoridades israelíes de que es preciso aplicar rápidamente medidas para detener esta práctica ilegal. 
Antes de que podamos seguir hablando acerca de modificar el Acuerdo de Asociación CE-Israel, quisiera pedir a la Comisión, con carácter urgente, que resuelva esta situación antes de que finalice su mandato. 
Se trata de una cuestión sumamente importante, señor Comisario, porque tiene que ir acompañada de la modificación del Acuerdo de Asociación. 
La Comisión debería consultar al Parlamento a este respecto y por tanto evitar que surja una situación, debido a la falta de acción y de voluntad política, en que se legalice la ilegalidad. 
. Señor Presidente, conforme al texto del Acuerdo de Asociación UE-Israel, este acuerdo se aplica únicamente al territorio del Estado de Israel. 
Por lo tanto, los productos procedentes de los asentamientos israelíes de la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este o los Altos del Golán no tienen derecho a un trato arancelario preferente al entrar en la UE, y las autoridades aduaneras comunitarias no pueden aceptar ninguna reclamación de origen preferencial planteada por Israel para estos productos. 
La Comisión ha explicado detalladamente, por ejemplo en las respuestas a varias preguntas orales en mayo y noviembre de 2003, su posición sobre este tema y las medidas que ha adoptado. 
La UE aprovecha todas las oportunidades para encontrar una solución al problema de las importaciones de productos de los asentamientos israelíes en cuestión. 
Recientemente se han celebrado conversaciones exploratorias con el fin de encontrar posibles soluciones entre la Comisión e Israel, pero estas discusiones todavía no han dado pie a ninguna propuesta formal por parte de Israel y, por lo tanto, la Comisión todavía no ha tomado postura. 
Sin embargo, la Comisión no aceptará ninguna solución que implique que se conceda un trato arancelario preferencial a los productos originarios de los asentamientos israelíes e importados al amparo a las normas israelíes de origen preferencial. 
En lo que respecta a la implicación del Parlamento Europeo, puedo confirmar que la Comisión actuará respetando plenamente el acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, la cuestión que estamos debatiendo en relación con este acuerdo entre la Comunidad Europea e Israel no es simplemente una cuestión técnica. 
No trata solamente de los argumentos jurídicos que se han intercambiado con los autores de las cuatro preguntas durante este debate; lo que es realmente importante es la cuestión política de si queremos promover o no la paz en este punto. 
Ni que decir tiene que la ocupación de los territorios ocupados desde 1967 es ilegal, esta es la postura de las Naciones Unidas. 
La Resolución 242 dice que Israel debería retirarse hasta sus fronteras de antes de 1967. 
Llevamos más de 30 años celebrando este debate. 
Durante este tiempo, se han construido asentamientos, y la firma del Acuerdo de Paz de Oslo ha acercado a ambas partes. 
Por lo tanto la cuestión es la siguiente: ¿qué ayudará más al proceso de paz? 
Por ejemplo, ¿una retirada inmediata de los territorios ocupados serviría a la causa de la paz? 
Todo el mundo –incluida la Unión Europea y los Estados Unidos– sabe ahora que hemos de incluir pasos hacia la paz en el itinerario. 
Una simple retirada mañana no serviría al proceso de paz y provocaría nuevos conflictos. 
Cualquier señal que demos como Unión Europea en este momento es crucial. 
Hemos de recordar lo siguiente: el acuerdo se firmó en 1975, el Acuerdo de Paz de Oslo se firmó en 1993, y a partir de ese momento, la Unión Europea ha apoyado la independencia de la Autoridad Nacional Palestina, le ha dado más de 2 000 millones de euros y ha realizado un trabajo muy bueno. 
En Oslo, los dos socios acordaron que ambas zonas, las diferentes zonas, incluida la Autoridad Nacional, eran parte en el comercio con la Unión Europea. 
Así pues, al margen de si la política de asentamientos es correcta o equivocada, la zona en la que están situados los asentamientos es un socio de la UE, ya sea a través del acuerdo con las Autoridad Nacional Palestina o a través del Acuerdo de Asociación CE-Israel. 
Por consiguiente, los comentarios hechos por sus Señorías de la izquierda que han hablado primero son falsos. 
A través del Acuerdo de Asociación no se está explotando a nadie del lado palestino. 
Más bien al contrario: si lo suspendiéramos de la noche a la mañana, los palestinos que trabajan allí serían los primeros en sufrir las consecuencias. 
No son solo los colonos los que fabrican productos allí; también muchos puestos de trabajo palestinos dependen de ellos. 
Creo que la posición de la Comisión está muy bien equilibrada, pues deja claro a Israel que esto no implica un reconocimiento de los territorios ocupados, pero que habrá que encontrar soluciones, para que un acuerdo de este tipo funcione y para que no volvamos a avivar el fuego. 
Aplaudo el hecho de que Israel devuelva de nuevo a los palestinos los impuestos y los aranceles que les debían, y creo que en la Unión Europea no deberíamos dar una señal equivocada y suspender el acuerdo como han sugerido algunas personas Ello sin duda no ayudaría al proceso de paz. 
Señor Presidente, los círculos del Gobierno israelí siguen alimentando una campaña política cuyo objetivo es representar la posición de la Unión Europea y sus instituciones como desequilibrada y, por consiguiente, destinada a simpatizar con y apoyar los derechos de los palestinos más que los de los israelíes. 
Todo ello es erróneo, y es un hecho que Israel ha ocupado el territorio palestino desde 1967 y que las instituciones europeas, incluido este Parlamento, han pedido repetidas veces al Estado de Israel que respete las reglas del Derecho internacional. 
La preferencia básica de las instituciones europeas era una asociación constructiva, con la esperanza de alcanzar los mejores resultados a través de esta vía. 
Mientras existan fuerzas como las que hicieron posibles los acuerdos de Ginebra, hemos de seguir alentando esta esperanza e invirtiendo políticamente en esta posibilidad futura. 
De hecho, desde 1995, la asociación EU-Israel se ha desarrollado en el marco de un acuerdo de asociación que prevé, entre otras cosas, un trato preferente de los productos israelíes en el mercado europeo. 
Sin embargo, desde 1967, Israel ha determinado el origen de sus productos sin establecer distinción alguna entre los que proceden de su territorio y los que proceden de los territorios ocupados en constante y repetida violación del Derecho comunitario, del Derecho internacional y de la Convención de Ginebra. 
Hoy en día nos encontramos en un punto crítico en este asunto. 
De hecho, el protocolo sobre las normas de origen también está siendo modificado para permitir, por un lado, la ampliación paneuropea y, por otro, el sistema comercial entre Israel y Jordania. 
Sin embargo, ¿es posible imaginar esta ampliación sin que se haya resuelto la grave disputa con Israel? 
En 2000, el Consejo reafirmó la necesidad de respetar el Derecho internacional conforme a la Cuarta Convención de Ginebra en las relaciones comerciales con Israel. 
En 2001, el Comisario Patten calificó de violaciones las continuas exportaciones de los asentamientos sobre una base preferente. 
En 2003, el Consejo decidió llegar a un acuerdo bilateral con Israel. 
Llegados a este punto, señor Comisario, deseaba formularle tres preguntas, pero dada su respuesta, formularé dos. 
La primera es que me parece que ha dicho usted que la Comisión no puede aceptar un acuerdo que no prevea la interrupción de esta práctica ilegal; ahora bien, ¿cómo pretende la Comisión abordar este debate con el Consejo, dado que parece que algunos Estados miembros no comparten esta opinión? 
Por ultimo, ¿está preparada la Comisión para consultar al Parlamento antes de tomar una decisión en este ámbito? 
– Señor Presidente, la parte de las exportaciones procedente de los asentamientos representa un porcentaje irrisorio de las exportaciones israelíes, sin duda inferior al 5%. 
Es decir, que la importancia que se da a esta cuestión traduce un fuerte sentimiento antiisraelí por parte de algunos oradores. Es importante situar el debate en su contexto y recordar que los acuerdos de Oslo prevén mecanismos aduaneros unificados. 
Por tanto, la cuestión real es saber si es preciso identificar determinados productos de modo especial. Al parecer, los israelíes estarían dispuestos a aceptarlo. 
No hay duda de que unas negociaciones en torno a una fórmula de este tipo solucionarían el problema, que en realidad es relativamente menor. 
Con respecto a la creación de una categoría especial, creo que 60 años después de la liberación de Europa todavía debemos cuidarnos mucho de imponer una nueva estrella de David amarilla, aunque solo se aplique a los productos. 
Señor Presidente, en mi opinión todo este debate va en contra de la historia, la cultura y la identidad de la izquierda europea. 
¿Por qué estamos hablando de una cuestión como esta, por qué razón? 
No hablamos de algo para contribuir a la paz o sentar a ambas partes en torno a la mesa, sino que hablamos de un pretexto legal sin repercusiones, ni siguiera económicas. 
¿A qué nos llevará esto? 
¿Qué deberíamos hacer mañana por la mañana con las nuevas etiquetas? 
¿Creen ustedes, entonces, que mañana por la mañana seguirá habiendo una importante violación del Derecho internacional sobre esta cuestión? 
¿O deberíamos hablar entonces acerca de la violación del Derecho internacional que suponen las afirmaciones hechas hace unos días en nuestra institución por Abú Alí, cuando definió a Hamás como una fuerza política normal y general, en lugar de como un factor que contribuye al terrorismo internacional? 
Esto sí que constituye una violación del Derecho internacional y no un debate sobre temas de esta índole. 
Además, los asentamientos por los que se ha luchado duro, que se han puesto tantas veces sobre el tapete en este debate acerca de los productos asociados, no están ayudando a poner fin a la paz, eso es seguro. 
Es sin duda el terrorismo el que evita que las partes se sienten a la mesa de negociaciones. 
Ahora hablamos de algo serio. 
Se lo digo a todo el mundo: contribuyamos a la paz. 
Se lo digo a la Comisión: no hagamos alegaciones absurdas cuando hablemos de esto, cuando aún hemos de aclarar la cuestión de los fondos destinados a ayuda humanitaria: ¿adónde fueron a parar realmente? 
Creo que cuando empezamos a debatir cuestiones jurídicas en esta Cámara, se acaba el diálogo; o nos escondemos detrás de pretextos jurídicos. 
Así que evitémoslo. 
Señor Presidente, es bastante increíble que la Comisión aún no haya encontrado una solución a la cuestión de la exportación procedente de Israel de mercancías con acceso preferente y que, sabiendo cómo ha insistido hasta ahora Israel en su propia interpretación de su propia zona, la Comisión quiera ahora, para colmo, dejar a Israel que proponga una solución que permita a los Estados miembros identificar las mercancías que se han producido en los asentamientos ilegales, para que se les pueda aplicar aranceles. 
Si seguimos sin aplicar aranceles a las mercancías procedentes de los territorios ocupados, estaremos reconociendo la ocupación israelí, y eso es algo que, como UE, no podemos hacer. 
Además, la UE tiene el deber de cumplir sus propios acuerdos comerciales y, salvo que Israel presente muy rápidamente una propuesta que lo haga posible, creo que la única solución a esta cuestión es que la Comisión informe a los Estados miembros que han de someter todos los certificados de origen israelíes a un procedimiento de verificación. 
Señor Presidente, Comisario Liikanen, Señorías, he de admitir que no sólo en la intervención del Sr. Turchi, con quien estoy ciertamente de acuerdo, sino también en las intervenciones de la Sra. Morgantini y del Sr. Laschet, he detectado una atmósfera diferente a la que hemos visto hasta la fecha. 
La intervención del Comisario es una intervención que, automáticamente en cierto sentido, confirma la posición de la Comisión. 
Me temo que la Comisión habría dicho lo mismo si hubiésemos debatido sobre la situación en Vietnam, y lo habría hecho sobre la base de su habitual proceder, es decir, uno en que, en lugar de controlar los derechos y la ley, habría controlado y protegido las relaciones con el poder vietnamita, un poder asesino. 
Sin embargo, hoy me parece que el tono de la Comisión está en cierta medida justificado por las mismas razones que han indicado la Sra. Mogantini y otros. 
El deseo de estrechar el foco en el marco de una situación compleja que se nos está escapando de las manos es, creo yo, un error de método. 
Lo que detecto no es el amor a la verdad, sino la pasión del tipo exhibida por la colega comunista francesa que habla acerca del muro de la vergüenza. 
Hay muchos escándalos que su partido, que ha guardado silencio hasta 2004, debería denunciar. 
Señorías, al final de esta legislatura, el verdadero problema –y estoy concluyendo– es el hecho de que sigamos olvidando que las razones históricas que nos permitieron realizar los progresos que hemos hecho en Europa hasta la fecha tuvieron su origen en la afirmación –muy bien resumida en el Manifiesto de Ventotene de Altiero Spinello– según la cual el Estado nación autónomo no puede producir democracia, libertad, progreso o verdad. 
Cuando imaginamos que sí puede seguimos, por ejemplo, postulando erróneamente el Estado nacional de Palestina como el problema que hemos de resolver en nombre de los palestinos y los israelíes. 
Creo que a Israel le falta demasiada imaginación, fuerza y rigor en este ámbito. 
Los partidos israelíes se parecen demasiado a los suyos; son europeos. 
Me gustaría acabar diciendo: esperemos, al final de esta legislatura, que los ideales federalistas y el método federalista prevalezcan rápidamente, con la adhesión a la Unión Europea de Israel y del Estado palestino del tipo que desean ustedes ver: uno basado en la libertad y no en el abuso del poder. 
Señor Presidente, como ha demostrado el debate, esta es una cuestión complicada y delicada. 
En este sentido estoy de acuerdo con los anteriores oradores, sobre todo con mi colega el Sr. Laschet. 
Claramente, surgen serias preguntas acerca del acceso preferente al mercado comunitario para los productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza. 
Por lo que comprendo, la importación preferente de estos territorios constituye una violación del Derecho comunitario. 
Ahora comprendo que la Unión Europea quiera modificar el Acuerdo de Asociación con Israel añadiendo una acumulación de origen paneuropea, y también la aplicación de la acumulación de origen jordano-israelí. 
Sin embargo, la cuestión es si un sistema de acumulación como este es posible sin que se solucione el problema de la importación preferente de productos de los Territorios Ocupados. 
En mi opinión, es de suma importancia que se consulte al Parlamento Europeo a tiempo antes de que se modifique cualquier parte del acuerdo existente. 
Estoy de acuerdo con los anteriores oradores: es importante que, a ser posible, ello tenga lugar antes de finales del actual mandato de la Comisión. 
Hemos de conceder mucha importancia a una explicación clara de estos problemas por parte de la Comisión. 
¿Cree la Comisión que hay posibilidades de resolver los problemas que han surgido con Israel en un plazo de tiempo razonable? 
Doy las gracias al Comisario por su primera respuesta y espero su segunda respuesta. 
Como ha observado el anterior orador, esta es en efecto una medida que no va a favor ni en contra de Israel. 
Estamos discutiendo aquí sobre la legalidad y la legitimidad de productos originados en unos entes, los asentamientos, que el Derecho internacional considera ilegales. 
Establecidos por la fuerza militar en territorios ocupados y cuya evacuación la Unión Europea, las Naciones Unidos, los Estados Unidos, incluso, y la práctica totalidad de la comunidad internacional consideran imprescindible para que sea posible construir un Estado palestino viable que conviva pacíficamente con el Estado de Israel. 
En cuanto al asunto sobre el que se basa este debate, alcanzar una aplicación correcta del Acuerdo de Asociación CE-Israel, no me importa qué se haga ni cómo se haga, no me importa qué derecho se aplique ni cómo. 
Pero debe quedar claro que Israel no puede continuar aplicando unilateralmente el Acuerdo de Asociación a unos asentamientos que deben desaparecer para que la paz sea posible. 
Esa continuidad jurídica de aplicación unilateral constituiría otro sarcasmo, un escarnio, una humillación que, al menos, este Parlamento debe combatir. 
No es este el momento, ni tengo tiempo para ello, para volver a denunciar la obvia ausencia de voluntad política del Gobierno Sharon para lograr la paz. 
Baste aquí y ahora insistir en el tema que esta mañana nos ocupa, y que no es otro que el Gobierno de Israel no puede otorgar pruebas de origen a productos que, en virtud del Derecho comunitario, son inelegibles como objeto de trato preferencial a causa de su procedencia de las colonias establecidas en los territorios palestinos ocupados. 
Hemos de recordar, una vez más, la clara manifestación de la Comisión el 10 de mayo de 2001, de que las exportaciones de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Gaza, en el marco del trato preferencial, son violaciones de los acuerdos comerciales entre la Comunidad e Israel. 
Aunque solamente sea a efectos tácticos, no está mal recordar que este Parlamento aprobó el 10 de abril de 2002 una resolución sobre Oriente Próximo en cuyo apartado 8 se pide a la Comisión y al Consejo la suspensión del Acuerdo de Asociación Euromediterráneo entre la Comunidad Europea e Israel. 
– Señor Presidente, es obvio que si la legislación de la UE pretende ser creíble, tiene que cumplirse debidamente. 
Conforme a las Convenciones de Ginebra, los Territorios Ocupados no forman parte de Israel y, por lo tanto, los productos de los asentamientos no pueden considerarse incluidos en este acuerdo. 
Si la Comisión va a plantear nuevos planes –como sería conveniente–, entonces no debería hacerlo antes de que el Parlamento se disuelva en junio, para darnos tiempo a examinarlos debidamente. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con los que dicen de que es hora de examinar medidas más amplias relacionadas con la suspensión del acuerdo de asociación UE-Israel, ya que contiene una importante cláusula sobre derechos humanos que establece que se suspenderá si cualquiera de las partes abusa de los mismos. 
La UE se enorgullece de insertar estas cláusulas sobre derechos humanos en los acuerdos comerciales. 
Sin embargo, si existen tenemos que actuar conforme a las mismas; de lo contrario, no serían creíbles. 
Por consiguiente, es hora de suspender este acuerdo, debido no sólo a los abusos de los derechos humanos asociados a los asentamientos, sino también a los relacionados con el nuevo muro de segregación, que no tiene nada que ver con la seguridad y sí mucho que ver con una apropiación ilegal de tierras. 
Está destruyendo vidas y modos de vida. 
Si la UE no suspende este acuerdo, no sólo será culpable de una injusticia para el pueblo palestino, sino también de socavar sus propias leyes y su propia legislación. 
Señor Presidente, es correcto, he hecho una observación totalmente ridícula que me gustaría corregir de inmediato. 
Pensaba e imaginaba que la Sra. Morgantini podía hablar como la Sra. Napoletano. 
Ruego me disculpe, señora Napoletano, y atribuyamos a la Sra. Morgantini lo que ha dicho. 
Sigue retratando la guerra, de la que queremos salir, desde un punto de vista que no comparto. 
Un ejemplo de, elegancia y cortesía italiana. 
Señor Presidente, espero dar un ejemplo de sentido común neerlandés. 
El 4 de septiembre de 2003, esta Cámara ya debatía sobre la aplicación correcta del Acuerdo de Asociación CE-Israel. 
En dicha ocasión, cité la conclusión del Ministro de Asuntos Exteriores neerlandés de que «en el caso de la mayoría de los productos que llevan un certificado de origen israelí, los Países Bajos pueden asumir que las conclusiones sacadas por los servicios aduaneros israelíes sobre el origen de los productos se han obtenido de forma legal. Esto significa que todos cumplen las condiciones del protocolo de normas de origen.» 
El año pasado, pregunté a la Comisión si podía suscribir esta conclusión de La Haya para los demás Estados miembros. 
En aquel momento no obtuve ninguna respuesta. 
Quizás hoy el representante de la Comisión sea más comunicativo. 
Sin embargo, no me desanimaré, y formularé una segunda pregunta ¿Acaso la imposición adicional de aranceles a importadores de productos supuestamente procedentes de los asentamientos israelíes es una política unilateral? 
¿Cuál es la opinión de la Comisión al respecto? 
Señor Presidente, me sorprende que, habiendo dicho el Comisario, Sr. Liikanen, que la Unión Europea va a aplicar con rigor las normas vigentes, dudemos acerca de la revisión del acuerdo con Israel que se está llevando a cabo en este momento. 
No tengo por qué dudar de que la norma se aplicará, pero sí tengo muchísimas dudas de que este Parlamento- o una minoría del mismo- quiera favorecer la paz entre la Autoridad Palestina e Israel. 
De siempre he tenido la convicción de que, si queremos la paz, no podemos jugar a ser "los malos" y penalizar constantemente a una de las partes. 
Si queremos tener credibilidad, deberíamos jugar a lo positivo, y si queremos suplir o, por lo menos, compensar el influjo de los Estados Unidos- del que muchos hablan aquí- sobre Israel, y que Israel confíe en Europa, lo que no podemos hacer es buscar siempre el castigo. 
Si los territorios ocupados van a pasar en breve- y esperemos que así sea- a manos de la Autoridad Palestina, ¿por qué dejarlos arruinados? ¿por qué arruinarlos? 
Porque aquí hay mucha falsedad. 
La zona palestina sí que tiene un sistema de favor, al igual que la zona israelí. 
El problema es que existe esa contradicción, esa aporía, de que ese territorio es al mismo tiempo palestino y de Israel, tal y como lo consideran los israelíes. 
Debemos buscar los puntos de encuentro, busquemos la paz. 
Necesitamos tener credibilidad ante el pueblo de Israel, y no creo que lo vayamos a conseguir con una "política de tierra quemada". 
Además, con una política de este tipo, la inversión posterior de los palestinos para incorporar esos territorios será mucho más elevada. 
Entonces, repito, ¿por qué no buscamos los puntos de encuentro? , ¿por qué no ofrecemos la mano tendida de Europa a Israel? 
He de repetir que no entiendo por qué no lo hacemos. 
– Señor Presidente, señor Comisario, según el Acuerdo de Asociación, los productos procedentes de los Territorios Ocupados no son productos israelíes. 
Así es cómo hemos de examinar este expediente. 
Es simbólico, y los símbolos son importantes en cuestiones de guerra y paz, especialmente ahora. 
El muro que Israel está levantando ahora es más que un símbolo. No tiene nada que ver con evitar el terrorismo, sino que su objetivo es impedir que los palestinos lleguen al agua y a los recursos hídricos de los que dependen para la agricultura y para sobrevivir en sus pueblos. 
El derecho al agua es un derecho humano, y dado que se violan este y otros derechos humanos, pido que se suspenda el Acuerdo de Asociación. 
. Señor Presidente, haré unas cuantas observaciones generales seguidas de respuestas a preguntas específicas. 
La Comisión aprovecha todas las oportunidades de encontrar una solución satisfactoria para garantizar una correcta aplicación de la legislación comunitaria y para proteger los recursos de la Comunidad. 
Por este motivo, trabaja en estrecha cooperación con las autoridades aduaneras de los Estados miembros y mantiene un diálogo constructivo con las autoridades israelíes. 
Este planteamiento está dando resultados; se recuperan los derechos de aduana sobre los artículos provenientes de los asentamientos. 
Alguien ha preguntado sobre el destino de los derechos de aduana. 
Se incluyen en la parte general de los ingresos del presupuesto comunitario. 
Israel está dispuesto a cooperar para alcanzar una solución satisfactoria. 
Por último, quiero recordarles que la política de la Unión Europea hacia Israel se basa en la asociación y la cooperación. 
Se ha formulado una pregunta específica sobre la modificación de la acumulación de origen. 
Quisiera reiterar la declaración del Consejo de Asociación del pasado mes de noviembre, que recuerda que en julio de 2003, en la tercera reunión ministerial euromediterránea, los Ministros refrendaron un nuevo protocolo sobre las normas de origen que permite la ampliación de la acumulación paneuropea de origen a los países mediterráneos. 
La siguiente fase será la modificación de los protocolos de origen en los actuales acuerdos de asociación bilaterales con el fin de introducir los cambios necesarios para la aplicación de la acumulación diagonal. 
Quisiera destacar especialmente que la UE toma nota del apoyo de Israel a este proyecto. 
La UE destaca la importancia de resolver el problema bilateral de las normas de origen antes de que se enmiende el protocolo original. 
La posición de la Unión Europea es clara. 
Muchas gracias, Comisario Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. (1) 
. – Señor Presidente, el primer presupuesto modificado para 2004, sobre el cual se votará en breve, tiene que ver con la adhesión de los nuevos Estados miembros el 1 de mayo de este año. 
La Comisión de Presupuestos ya ha aprobado este presupuesto por unanimidad y, en principio, el Parlamento en su conjunto ya lo aprobó todo en diciembre del año pasado. 
Por razones jurídicas, ahora hemos de hacerlo oficial, y ello podrá tener lugar dentro de poco. 
Me gustaría señalar que los observadores en la Comisión de Presupuestos han desempeñado un papel muy activo y constructivo a la hora de elaborar el presupuesto con respecto a los nuevos países, y nosotros, en la Comisión de Presupuestos, hemos aumentado determinados créditos de pago. 
Algunas personas en el Consejo piensan siempre que el Parlamento es demasiado generoso con el dinero y que, por así decirlo, tiene tendencia a despilfarrarlo. 
Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que con la ampliación a través de la adhesión de diez nuevos países, el porcentaje de renta nacional bruta que se gasta en el presupuesto europeo es de 0,98 %, el porcentaje más bajo desde 1990. Esto me induce a pensar que el Parlamento maneja bien el dinero. 
Si piensan ustedes votar a favor –y espero que muchos lo hagan– ya no habrá obstáculos financieros para la adhesión de todos los nuevos Estados miembros a la Unión Europea el 1 de mayo de este año 
Señor Mulder, nunca habríamos esperado que un ponente neerlandés tuviese un agujero en su bolsillo. 
Señor Presidente, con respecto al informe Matikainen-Kallström sobre la represión del tráfico ilícito de drogas, no aparece la opinión minoritaria presentada de conformidad con el Reglamento en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. Por tanto, solicito que dicha opinión minoritaria, que no aparece en el texto definitivo, se reintegre en el informe. 
Permítanme comprobar el registro de la comisión, pero si fue adoptado por la comisión, entonces se publicará. 
Señor Presidente, simplemente quería recordar que desde 1996, con el informe Nassuer, este Parlamento ha rechazado todas las propuestas del Consejo en relación con Europol, porque el Consejo no está de acuerdo en elevar Europol al plano comunitario y financiar esta organización con el presupuesto comunitario. 
Debido a ello, no se somete a Europol a control alguno, ni democrático ni jurisdiccional. 
Dado que el Consejo no está presente y que la Comisión de Libertades y Derechos de los ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores hace un llamamiento, como ya ha hecho anteriormente, para que se rechace la propuesta del Consejo de acuerdo con el apartado 3 del artículo 68 del Reglamento, pido que procedamos inmediatamente a votar la propuesta. 
Señor Turco, tomo nota de su sugerencia. 
. Señor Presidente, casi tan importante como aprobar leyes juiciosas es procurar que se apliquen realmente, y por ese motivo resulta alentador leer el informe de la Comisión, que abordo en mi informe. 
Sin embargo, tal como sugiere mi informe, existe un problema real debido al incumplimiento de la legislación comunitaria por parte de los Estados grandes. 
El ejemplo más grave –que se menciona en la exposición de motivos– atañe al trato otorgado por parte del Estado italiano a un grupo de profesores universitarios a los que, al cabo de 14 años, todavía no se les han reconocido sus derechos, a pesar de dos resoluciones de esta Cámara. 
Acabo de tener noticia de que, a pesar de la decisión por parte de la Comisión Europea de solicitar al Tribunal de Justicia Europeo la imposición de una multa diaria de 309 750 euros, el Parlamento italiano acaba de aprobar una disposición que refuerza la discriminación ilegal contra estos ciudadanos. 
Lo considero indignante. 
Espero que la Cámara respalde mi informe. 
. Señor Presidente, solo quería preguntarle a usted y a todos los demás de qué sirven las normas de intimidad, si incluso en la Unión Europea permitimos que no se respeten en absoluto. 
Mi informe no propone modificar la legislación sobre la intimidad, porque no hay ningún problema con la legislación, sino con su aplicación. 
Un ejemplo con el que muchos de ustedes estarán familiarizados: durante un año la Unión Europea y los Estados miembros han permitido que los servicios de seguridad de los Estados Unidos tengan acceso a las terminales de reserva para los vuelos transatlánticos, sin información, autorización ni control. 
Además, muchos de nosotros nos indignamos con los Estados Unidos cuando en realidad el problema reside en las normas que tenemos y que podríamos y deberíamos garantizar que se respetan, pero que no aplicamos, y el Comisario Vitorino ha revelado que dentro de poco pondremos en marcha un sistema europeo para hacer lo mismo. 
Por ello podemos ver por qué no aplicamos las reglas: porque ya nos estamos preparando para adoptar esos mecanismos que violan la intimidad. 
Por ello espero que votemos unánimemente a favor del informe que condena estas situaciones. 
El problema es que cuando se trata de recurrir al Tribunal de Justicia y aplicar las reglas, la Comisión Europea, los Estados miembros, las autoridades de protección de la intimidad, y me temo, también el Parlamento, demuestran ser sumamente débiles e inadecuados. 
Señor Cappato, el tema al que usted hacer referencia –el sistema de registros de nombres de los pasajeros y el intercambio de datos con los Estados Unidos– será tratado expresamente en el informe Boogerd-Quaak el miércoles del próximo período parcial de sesiones. 
Señor Presidente, simplemente quiero anunciar a la Cámara que, de acuerdo con el Sr. Turco, hay una rectificación en la exposición de motivos. 
Señor Presidente, solo quiero tranquilizar a la Cámara por cuanto se trata, en gran medida, de un ejercicio de aseo. 
Sin embargo, al mismo tiempo va reordenar nuestro Reglamento; va a cubrir una serie de carencias y solventar algunos aspectos técnicos que se han detectado, y va a permitir que el Parlamento, nuevamente ampliado, disponga de un nuevo conjunto de artículos, que se ha adaptado con vistas a la ampliación, de acuerdo desde luego con el apartado 8 del artículo 180 del Reglamento. 
Señor Presidente, el título del informe induce a error. 
Quiero decir a sus Señorías que una de las enmiendas que se van a someter a votación con respecto al informe Corbett propone un artículo que dificulta mucho la creación de comisiones temporales. 
Se refiere a la segunda votación, así que presten atención a lo que hacen, Señorías. 
Sé que es muy tarde, pero por favor tengan en cuenta que esto supone que algunos trabajos valiosos, como el realizado en este Parlamento en el asunto, no resultarían factibles, caso de que aprobáramos esta enmienda. 
Se va a realizar una votación separada sobre esa enmienda. 
Ahora estamos en el turno de votaciones, no en un debate. 
Señor Presidente, hoy vamos a votar sobre el informe Paulsen. 
Las enmiendas a este informe no han estado a disposición en todos los idiomas hasta esta mañana. 
Lo considero un informe muy importante y hay muchas enmiendas. 
No puedo adoptar una posición clara sobre este informe hoy, y por ello pido que la votación se aplace hasta mañana. 
Señor Presidente, hemos podido debatir el informe de la Sra. Paulsen desde la semana pasada. 
El Consejo no nos ha dado ninguna indicación de que siga pensando que hay margen de maniobra. 
Por ello no veo razón alguna para posponer la votación de hoy. 
Estamos bien preparados y también queremos votar hoy. 
. Señor Presidente, creo que vamos a votar ahora. 
Hemos tenido una oportunidad y hemos mantenido estrechos contactos con los ponentes alternativos y los grupos que se han interesado por el contacto. 
¿Cuál es la opinión de la Presidenta de la comisión, Sra. Jackson? 
Señor Presidente, la única puntualización es que si usted aplaza hoy esta votación, se encontrará con el problema de que mi Comisión va a producir una avalancha de informes en el futuro, por lo que casi es mejor que se aborde ahora. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento quiero referirme a una cuestión que se ha mencionado en el debate de esta mañana. 
Atañe a las declaraciones de intereses en esta Cámara, cuando estos son de carácter más familiar que directamente personal. 
Ha sido objeto de diferentes artículos de prensa, incluido un editorial del de Londres, que por lo menos ser un periódico serio. 
La Sra. Fourtou ha venido observando todo este tiempo un comportamiento de extrema honradez y buena voluntad, pero se ha visto abocada a la posición injusta de elaborar un informe y ser luego acusada de no haber declarado unos intereses. 
Tenemos que dejar bien claro si hay que declarar intereses familiares y cuándo hay que hacerlo. 
Señor Presidente, me gustaría comentar lo que ha dicho el Sr. MacCormick. 
El Defensor del Pueblo Europeo ha pedido a la Comisión que lleve a cabo una investigación con el propósito de aclarar estas declaraciones financieras. 
Quisiera pedirle a la Comisión que responda al Defensor del Pueblo Europeo, pues los asuntos son como ha descrito el Sr. MacCormick. 
Hay cosas muy poco claras, y es preciso aclararlas cuando se reúna el nuevo Parlamento. 
Quisiera pedirle a la Comisión que responda a la investigación del Defensor de Pueblo sobre la misma cuestión. 
Señor MacCormick, usted ha planteado una cuestión válida, que pondré en conocimiento de la Mesa del Parlamento, con independencia de lo que la Comisión u otras instituciones decidan hacer. 
Señor Presidente, quiero señalar un problema lingüístico con la enmienda 83 antes de la votación. 
La versión inglesa dice «». 
La versión italiana dice «incautación de las mercancías controvertidas». 
Por lo tanto la versión inglesa hace referencia a mercancías que son ilegales, mientras que la versión italiana se refiere a las que podrían ser ilegales. 
No creo que debamos añadir, de la forma precipitada con la que nos hemos visto obligados a actuar por el procedimiento seguido, otra limitación a las medidas que ya parecen bastante restrictivas. 
Lo mismo puede decirse de las «» que en inglés significa jueces que juzgan, mientras que en italiano, también hace referencia a jueces que investigan. 
Por consiguiente deberíamos aclarar si también vamos a conferir poderes de jueces investigadores, que espero no sea el caso, o solo poderes de jueces que juzguen. 
Todas estas cuestiones, sin las prisas, que nos habrían obligado a… 
Nos aseguraremos de que las versiones en todos los idiomas se ajusten al texto inglés, que es el original. 
Señor Presidente, yo también quisiera decir, en relación con la enmienda 53, que la versión inglesa es el texto válido. 
Es decir, que «» es el texto correcto. 
Tomo nota de ello. 
Una vez más, nos aseguraremos de que las versiones en todos los idiomas se ajusten al texto original. 
. Señor Presidente, Señorías, el Consejo pretende establecer una agencia para la protección de las fronteras. 
Esta Cámara ha desarrollado un modelo alternativo, pero todos sabemos que el Consejo no le hará caso. 
Sobre todo, me gustaría llamar la atención de los miembros de la Comisión de Presupuestos sobre el hecho de que esta agencia, además de los 27 empleados que trabajan en ella, también ha de estar controlada por 27 miembros del Consejo de Administración y por un Consejo Ejecutivo formado por cinco miembros. 
¡La Comisión y el Consejo realmente están creando un monstruo burocrático! 
Quiero pedir a la Comisión de Presupuestos que, antes de que apruebe la financiación de esta agencia, inicie un debate más profundo con el Consejo. 
No importa lo mucho que apoyemos el progreso en este ámbito, simplemente no podemos trabajar así en Europa. 
Espero que la Comisión de Presupuestos nos respalde en esta cuestión. 
. 
Señor Presidente, hay un acuerdo con el Partido Socialista de que el considerando G se borraría y pasaría a formar parte de un paquete que incluye la enmienda 7. 
Ahora que la enmienda 7 ha sido aprobada, debería aprobarse la supresión del considerando G. 
En efecto, la enmienda 2 propone eliminar el considerando G. 
Con esto concluye la votación. 
. 
He votado a favor de este informe, que propone, sin enmiendas, la aprobación de una propuesta de la Comisión con la intención de codificar la Decisión 78/774/CEE del Consejo, relativa a las actividades de determinados terceros países en el campo del transporte de mercancías. 
Esta decisión del Consejo pretende establecer una serie de sistemas de información que permitirá mantener informadas a las diversas instituciones europeas acerca de las actividades de las flotas de terceros países cuyas prácticas podrían ser perjudiciales para los intereses marítimos de los Estados miembros y, sobre todo, en qué medida estas flotas pueden afectar negativamente a la competitividad de los Estados miembros que participan en el comercio marítimo internacional. 
Estos sistemas también deben facilitar el suministro y la consulta de información dentro de la Comunidad. 
Así que con el fin de no destruir la esencia de los actos que se van a codificar, la propuesta de la Comisión se limita a recopilarlos y agruparlos en un documento, solamente sujeto a las enmiendas formales requeridas por el verdadero proceso de codificación. 
Este proceso también debería servir de aclaración, dado que la Decisión 78/774/CEE del Consejo ha sido objeto de enmiendas sustanciales en varias ocasiones. 
. 
Este informe aprueba la propuesta de reglamento de la Comisión encaminado a preparar a los países de los Balcanes Occidentales para la futura adhesión, familiarizándolos con las políticas y métodos de trabajo de la UE. 
Más concretamente, se permite a todas las personas físicas o jurídicas de los Estados miembros contempladas en el Reglamento (CE) 2666/2000 participar en licitaciones organizadas conforme a los programas comunitarios de asistencia previos a la adhesión. 
Por lo tanto, esta propuesta proporciona un impulso añadido al proceso de estabilización y asociación. 
Estas medidas abordan lo que se aprobó en el Consejo Europeo de Salónica. 
Por lo tanto, he votado a favor de este informe. 
. 
La introducción del nuevo reglamento financiero requirió que se adoptasen instrumentos básicos para varias subvenciones que se han financiado hasta la fecha sin necesitar un fundamento jurídico propio. 
El objetivo de esta propuesta de decisión del Consejo y el Parlamento es establecer un programa de acción comunitario para las subvenciones de la Comisión en el campo de la protección de los intereses financieros comunitarios, el programa HERCULE. 
Este programa financiará en última instancia medidas específicas e incluirá subvenciones a órganos que trabajan en este campo. 
Este informe mejora la propuesta de decisión y como tal merece nuestro apoyo. 
En primer lugar, el informe se ajusta a las decisiones de la autoridad presupuestaria acordadas a finales del pasado año, en otras palabras, un programa de acción para 2004-2006, que se financiará con unos 12 millones de euros. 
Dicho programa propone que las subvenciones se escalonen posteriormente de acuerdo con los objetivos (apoyo técnico, formación, intercambios de personal especializado y seminarios y conferencias) y que la OLAF presente informes sobre la ejecución y los objetivos del programa en curso. 
. 
Esta propuesta de decisión pretende establecer un programa de acción comunitario en el campo de la protección de los intereses financieros de la Comunidad (Programa HERCULE) , y por supuesto, estoy a favor de ello. 
Por una parte, este programa comprende subvenciones concedidas a actividades ocasionales, como programas de estudio, congresos o formación y, por otra, subvenciones de funcionamiento asignadas a entidades que trabajan en este campo, como asociaciones creadas para promover la protección de los intereses financieros de la Comunidad. 
En efecto, el actual proceso de reforma de la Comisión, y en concreto la adopción del nuevo Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, requieren que se adopten instrumentos básicos para una serie de subvenciones que se han financiado hasta la fecha sin que queden encuadradas dentro de un instrumento básico específico. Entre las subvenciones que en el futuro necesitarán estar cubiertas por un instrumento básico, figurarán algunas de las que ha concedido hasta el momento la Comisión para proteger los intereses financieros de la Comunidad. 
El objetivo de esta propuesta es establecer este instrumento básico mediante el establecimiento de un programa de acción comunitario para las subvenciones de la Comisión en este terreno. 
El objetivo de esta propuesta es constituir un instrumento básico de este tipo, estableciendo un programa de acción comunitario para la asignación de subvenciones por parte de la Comisión en este campo. 
Para concretar más, las medidas necesarias en los campos de la prevención y la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Comunidad, conforme a las disposiciones del artículo 280... 
. 
En diciembre, el Parlamento aprobó el presupuesto para 2004, tanto el presupuesto comunitario para la UE de los 15 como, en colaboración con el Consejo, los valores indicativos para la ampliación a 10 nuevos Estados miembros. 
Por lo tanto, la atención se centró en un presupuesto comunitario para 25, aunque la ampliación no se produzca hasta mayo. 
El objetivo de este proyecto de presupuesto rectificativo es establecer sumas fijas para la UE de los 25. 
La cuestión en este caso no es meramente técnica, ni principalmente de procedimiento. 
La cuestión clave es el contenido del primer presupuesto de una UE ampliada a países en los que los ingresos medios por habitante son muy inferiores a la actual media comunitaria; un presupuesto con el gasto en pagos incrementado al nivel de la inflación; el presupuesto más bajo desde 1987 en términos reales; un presupuesto que no solo es incapaz de contribuir a la cohesión económica y social, sino que también institucionaliza la discriminación de los nuevos Estados miembros; un presupuesto que sienta un mal ejemplo del papel del Parlamento como autoridad presupuestaria, ya que año tras año acepta recortes y reorientaciones, que, pese a protestas encomiables, convergen con los designios de los signatarios de la «carta de los seis». 
Este presupuesto no anuncia nada bueno para el marco financiero de 2007/2013. Se caracteriza por objetivos políticos dominados por la obsesión por la competitividad y en los que las cuestiones sociales son sustituidas por cuestiones militares y de seguridad. 
Sería difícil tener un presupuesto más explícito. 
. 
Los incendios forestales que se produjeron el pasado verano en Portugal dejaron un rastro de muerte y devastación, al arder el 11% de los bosques y el 5% del territorio portugués. Esto ilustra de forma clara la necesidad de financiar medidas de prevención de los incendios forestales que conserven el extenso y rico patrimonio forestal de la UE, especialmente en los Estados miembros del sur y la franja mediterránea, que se ven afectados por estos incendios cada año. 
Sin embargo, también son necesarias medidas adecuadas en el ámbito comunitario. 
El nuevo programa de protección de bosques, Eje Bosques, que se aprobó el pasado año y que estará en vigor hasta 2006, incluye medidas para luchar contra la contaminación de los bosques. Sin embargo, las medidas necesarias para impedir los incendios forestales se asignan al desarrollo rural, socavando así la continuidad de medidas financiadas hasta el momento. 
No debería olvidarse que, en varias resoluciones, el Parlamento ha solicitado más fondos para el programa de protección de bosques y para que se incluyan medidas de prevención de incendios. 
Por lo tanto, lamentamos que cuando se adaptaron las sumas de referencia para el programa, no se aprovechase la oportunidad para considerar las necesidades de la ampliación, con el fin de ajustar los objetivos y aumentar las asignaciones. 
Pese al gran incremento del área forestal de la UE, solamente se han añadido 4 millones de euros para los diez nuevos Estados miembros a la ya mísera suma de 61 millones de euros para este período... 
. 
Durante el procedimiento presupuestario para 2004 se acordó que revisaríamos los importes de referencia para los 29 programas comunitarios adoptados por codecisión, para tener en cuenta las necesidades de los diez nuevos países para 2004-2006, dado que estos importes solamente se habían establecido para los quince Estados miembros actuales. 
En la reunión de conciliación del 24 de noviembre, el Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo para aumentar los importes de referencia en 2,58 millones de euros, solamente unos 30 millones de euros menos que las propuestas originales del Parlamento. 
Sin embargo, esto no puede considerarse una victoria, ya que las propuestas originales del Parlamento se ajustaban a los límites establecidos por las perspectivas financieras. 
Muchos de estos programas adoptados mediante codecisión ya contaban con una financiación escasa para los quince, y deberíamos haber aprovechado la oportunidad de hacer algunas correcciones generales a los programas y, en algunos casos, a los propios objetivos reales. 
Nos referimos a los programas complementarios a las acciones de los Estados miembros en campos como el sexto programa de investigación y desarrollo, el programa marco para la cultura, el Eje Bosques para la protección de los bosques, Life III, salud pública, juventud, educación, incluido Sócrates, y muchos otros. 
Este informe, uno de cinco, valida un acuerdo que se queda corto con respecto a lo que se necesita, con la complicidad directa del Parlamento, y eso lo condenamos. 
. 
Aproximadamente el 15% de la población de la UE –más de 57 millones de personas– viven cerca del umbral de pobreza. 
Solamente en Portugal, más de dos millones de personas –más del 20% de la población– viven cerca de dicho umbral. 
Mientras no se haga nada por aliviar la grave desigualdad de rentas y el importante desempleo, que afecta a más de 14 millones de personas, los riesgos de pobreza y exclusión social aumentarán, y lo harán todavía más con la ampliación, que incorporará a diez países en los que la renta media es inferior al promedio comunitario. 
Por lo tanto, es lamentable que el programa comunitario de medidas para luchar contra las exclusión y su prevención reciba solamente 75 millones de euros de financiación para el período 2002-2006, en otras palabras, un promedio de 15 millones de euros por año para los 15 Estados miembros actuales. 
Lo que es aún peor, el ajuste realizado para tener en cuenta las necesidades de la ampliación es de solamente 10 millones de euros o 2 millones de euros al año. 
La complicidad del Parlamento en esta situación es lamentable, dado que la lucha contra la exclusión social y la pobreza debería ser una de nuestras prioridades clave, incluso teniendo en cuenta los objetivos limitados del programa actual. 
. 
He votado a favor del paquete de propuestas de la Comisión que tenemos ante nosotros (una propuesta para cada tipo de acto legislativo en cuestión: decisión, decisión, reglamento y otra sobre la propuesta de adaptar el importe de referencia del Sexto Programa Marco de Euratom) con el objetivo de enmendar los importes de referencia de los programas adoptados mediante codecisión, para tener en cuenta la ampliación. 
Mediante la revisión de las perspectivas financieras para 2000-2006 para tener en cuenta la ampliación, el Parlamento y el Consejo deben revisar –al final del proceso presupuestario para 2004 y en consonancia con el proceso de codecisión– los importes de referencia para los programas adoptados mediante codecisión, dentro de los límites máximos de la adaptación y la revisión mencionadas de las perspectivas financieras. 
Considero que el importe adicional propuesto –2,58 millones de euros, además del presupuesto original de 26,7 millones de euros– cubre las necesidades de financiación generadas por el actual proceso de ampliación, para este vital paquete de programas adoptado mediante codecisión y financiado con cargo a la Rúbrica 3 de las perspectivas financieras (políticas internas). Los resultados fueron excelentes en algunos casos y por tanto merecedores de grandes elogios y, por consiguiente, de nuestro apoyo inequívoco. 
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En la actualidad, conforme a la legislación vigente en esta materia, cuando un barco oficial de un Estado miembro localiza o persigue, en alta mar o viniendo de alta mar, un barco sospechoso de tráfico ilegal de drogas que navega con bandera de otro Estado miembro, no puede actuar contra dicho barco sin la autorización previa del Estado miembro del pabellón. 
Esta necesidad de autorización previa, así como el tiempo que se tarda en obtenerla, hacen que muchas operaciones contra el tráfico de drogas fracasen en alta mar. 
El objetivo básico de la iniciativa española debe considerarse en este contexto. Este no consiste en más que reforzar la cooperación entre las administraciones aduaneras de la UE en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, permitiendo que, en situaciones especialmente urgentes, un barco oficial de un Estado miembro pueda actuar en alta mar contra un barco con bandera de otro Estado miembro, en aquellos casos en que existan motivos fundados para creer que se está utilizando para el tráfico ilícito de estupefacientes, sin haber obtenido la autorización previa de dicho Estado miembro. 
A pesar de que esta iniciativa se limita a las infracciones resultantes del tráfico ilícito de drogas en alta mar y dadas las enmiendas añadidas por la ponente –aunque no todas nos agraden–, he votado a favor de este informe. 
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En las últimas décadas se ha producido un tremendo aumento de la inmigración ilegal y del tráfico de personas. 
Por lo tanto, necesitamos nuevas formas de lucha contra este tipo de delitos. 
Es importante prestar especial atención a la situación de las víctimas de este tipo de delito. Hay que proporcionarles protección y ayuda, especialmente si se trata de menores o de personas de un grupo igualmente vulnerable. 
Estos inmigrantes son explotados por redes de traficantes, y teniendo en cuenta su situación clandestina, para ellos es muy difícil escapar, ya que con frecuencia temen acudir a las autoridades competentes. 
Apoyo esta propuesta de Directiva, por considerar que realizará una importante contribución a la ayuda a las víctimas y a la captura de los delincuentes. 
Se concederán permisos de residencia de corta duración a las víctimas de una acción para facilitar la inmigración ilegal o el tráfico de personas que cooperen con las autoridades competentes. 
En general, las enmiendas propuestas tienen como objetivo mejorar la situación de las víctimas. Se ha sugerido la idea de un período de reflexión, para permitirles considerar si desean cooperar o no, lo cual puede ser difícil dadas las dificultades que pueden tener, no solo para hablar sobre su situación, sino... 
. Apoyo la idea de ayudar a las víctimas de la trata de seres humanos. 
Sin embargo, ese no es ni mucho menos el tema de esta directiva. 
Sencillamente obliga a las víctimas a cooperar con las autoridades policiales bajo amenaza de expulsión. 
En cambio, una protección integral de las víctimas debe garantizar un permiso de residencia permanente, confiriendo con ello pleno acceso a la asistencia médica y social sin condiciones previas. 
Hay que establecer una distinción muy clara entre la «trata de seres humanos» y el contrabando de inmigrantes. 
La trata significa simplemente ayudar a los inmigrantes a penetrar de forma ilegal en la Fortaleza Europa, con ánimo de lucro o como acto caritativo. 
La trata se sustenta sobre una decisión de emigrar, pero a menudo desemboca más adelante en unas condiciones de trabajo capitalistas enormemente explotadoras. 
La «inmigración ilegal» no es sino la reacción comprensible ante los esfuerzos de la UE por atrincherarse contra los flujos migratorios derivados de la pobreza mundial, la guerra y la explotación capitalista. 
La «inmigración ilegal» suele ser la única forma de entrar en el territorio de la UE. 
Si realmente se desea ayudar a las víctimas de la trata y de la explotación, no deberíamos escudarnos en los intereses de las autoridades policiales europeas y sacudirnos de encima a las víctimas con permisos de residencia de corta duración. 
Por el contrario, el libre acceso a la UE debe formar parte de un mundo libre, para que la gente pueda circular libremente. 
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La comunicación de la Comisión en que se basa este informe tiene por objeto mejorar el control de la aplicación de la legislación comunitaria, dada la necesidad de adelantarse al aumento natural de tareas derivado de la ampliación y para tener en cuenta la extensión del acervo comunitario. 
La Comisión propone varias acciones concebidas para mejorar el control de la aplicación de la legislación comunitaria. La comunicación detalla qué abarca la prevención realizada en estrecha y recíproca cooperación entre la Comisión y los Estados miembros; posteriormente describe las condiciones de la gestión eficaz del control y cómo se atienden las infracciones, que pasarán a ser aún más importantes tras la ampliación; por último, considera la posibilidad de modificar gradualmente la cultura del control, introduciendo la dimensión de la prevención de dicho comportamiento. 
Por supuesto, existen aspectos positivos y negativos en el proyecto de informe del Sr. MacCormick. 
Estos puntos bastan para que yo vote a favor. 
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Tal como indica el informe, la garantía más eficaz de la adecuada aplicación de la legislación comunitaria comienza con la calidad de su legislación. 
La ley solamente puede entenderse y aplicarse correctamente mediante una legislación de alta calidad. 
El control adecuado depende efectivamente de la información, que es cualitativa –con respecto a las prácticas adoptadas en la aplicación real de la ley– y cuantitativa, relativa al número de directivas cuya transposición o aplicación efectiva se retrasa con respecto a los plazos establecidos o cualquier otra deficiencia. 
Es importante destacar, en lo que respecta a esta medida, la importancia de la cooperación estrecha y recíproca entre la Comisión y los Estados miembros. 
Tal como señala acertadamente la comunicación de la Comisión, no bastará limitarse a castigar las infracciones; también es esencial que las impidamos antes de que se produzcan. 
Dicha acción preventiva debe implicar una colaboración más estrecha con los Parlamentos nacionales y un meticuloso cumplimiento de los principios de subsidiariedad, proporcionalidad e idoneidad. 
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La cuestión de los ataques con agentes químicos y biológicos contra los Estados miembros de la UE ha sido objeto de debate, especialmente desde los ataques terroristas del 11 de septiembre. 
Se ha adoptado un programa conjunto, que tiene por objeto mejorar la cooperación entre los Estados miembros en el terreno de la evaluación de los riesgos químicos, las alertas, la intervención, la existencia de medios de intervención y en el campo de la investigación. 
Sin embargo, debemos ser realistas y racionales con respecto a las medidas que decidamos adoptar en caso de que nos enfrentemos a la amenaza de este tipo de ataque. 
Considero que la adopción de iniciativas presupuestarias y legales debe basarse en un claro análisis del riesgo que demuestre una verdadera probabilidad de ataques terroristas en la UE. 
Por lo tanto, apoyo la recomendación de que debe realizarse un análisis realista de la amenaza planteada, que constituirá la base para una respuesta de la UE. 
Esta hará uso de la cooperación europea entre los cuerpos de policía europeos que implican a Europol y tendrá en cuenta los resultados de la cooperación entre los servicios de inteligencia en la lucha contra el terrorismo. 
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Esta cuestión obtuvo un consenso prácticamente total en comisión, con los votos en contra de tan solo dos diputados. 
El informe pretende mejorar la preparación y la respuesta ante ataques con agentes biológicos y químicos. 
Llega a la conclusión de que un sistema eficaz ante un ataque así estaría basado en cuatro pilares: un sistema eficaz de alerta temprana; un sistema eficaz de información; un sistema público de asistencia sanitaria bien desarrollado; y una planificación de emergencia en caso de catástrofe. 
Lo que se necesita de hecho es un marco de respuesta eficaz en caso de catástrofe, mucho más allá del mero almacenamiento de vacunas, que a primera vista puede parecer una solución simple, pero que no ofrece garantías de éxito. 
Por consiguiente, he votado a favor. 
Desde los sucesos del 11 de septiembre, el terrorismo se ha convertido en una amenaza real. Debido a su naturaleza impredecible, la lucha contra el terrorismo debe adoptar la forma de prevención. 
Felicito al Sr. Schmid por su informe, pero también me gustaría sugerir un planteamiento algo distinto; de hecho deberían adoptarse medidas para frustrar ataques químicos y biológicos. 
Los ciudadanos estarán seguros ante ataques terroristas de cualquier tipo si éstos pueden neutralizarse a tiempo. 
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El informe que tenemos ante nosotros plantea tal número de preguntas que sería imposible tratarlas todas en esta breve explicación de voto. 
Sin embargo, pese a que no estoy de acuerdo con la tendencia de algunas premisas y propuestas que incluye, el informe merece el reconocimiento de las críticas que hace sobre la actual represión de derechos y salvaguardas de la privacidad y la protección de datos personales –a raíz de las medidas adoptadas en determinados países con el pretexto de la «lucha contra el terrorismo» – que están socavando derechos y libertades fundamentales. 
Quisiera destacar la crítica del informe al acuerdo negociado entre la UE y los Estados Unidos sobre la transferencia de datos personales de pasajeros trasatlánticos, que considera ilegal. El informe también critica la actitud de la Comisión y de algunos Estados miembros, acusándolos de connivencia con esta violación de la ley y del principio de legalidad. 
Así, los datos personales se transfieren a un tercero, o este accede a ellos directa o sistemáticamente sin informar al titular de los datos ni obtener su consentimiento. 
También quisiera señalar la necesidad de un control eficaz de Europol y Eurojust, o la preocupación por el refuerzo del SIS y los proyectos de ampliación de capacidades y competencias con el SIS II, así como la inquietud relativa al desarrollo del uso de datos personales biométricos. 
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Pese a que no estoy de acuerdo con la redacción de determinadas partes de este informe, considero que este contiene una serie de propuestas encaminadas a conservar la dignidad de las personas detenidas en los distintos países de la UE, la mejora de sus condiciones de detención y la salvaguarda y la promoción de su reintegración social. 
El informe comienza con una alarmante imagen de la situación en distintos países de la UE en aspectos como la superpoblación de las prisiones, el aumento de la población penitenciaria, el aumento del número de detenidos a la espera de una sentencia definitiva, la drogadicción y el aumento del porcentaje de suicidios. 
El informe realiza varias recomendaciones generales que acojo con agrado. Entre estas se encuentran el derecho del preso a tener acceso a un abogado, su derecho a la salud y la seguridad, a condiciones de detención decentes, a la reintegración profesional y social; la recomendación de proteger a los jóvenes y en especial a las mujeres embarazadas y las madres de niños de temprana edad; así como la recomendación de que el personal de prisiones reciba formación y disfrute de condiciones de trabajo decentes. 
Si se aplican, estas recomendaciones ayudarán a resolver los graves problemas que existen. 
. – La situación en las prisiones de Europa es alarmante; el informe sobre el que nos pronunciamos hoy vuelve a plantear la inflación de la población penitenciaria, la superpoblación, el aumento del número de presos extranjeros y de los que esperan condena definitiva. 
Un informe del Consejo de Europa recuerda también la persistencia de malos tratos, la inadaptación o la insuficiencia de las estructuras penitenciarias, de las actividades previstas y de la asistencia prestada, y el aumento de las toxicomanías. 
Apoyo la redacción de una carta penitenciaria europea que recoja normas vinculantes para los Estados. 
Pedimos a los Estados que desbloqueen fondos para la modernización de las cárceles y para una formación más adecuada de la policía y del personal penitenciario. 
Proponemos una aplicación más extensiva de las penas de sustitución del encarcelamiento y la posibilidad de que los diputados europeos visiten las prisiones. 
Las enmiendas que he presentado en comisión han sido todas aceptadas y pretenden reforzar el informe en varios puntos: debemos garantizar el acceso a unas estructuras de preparación para la reinserción a fin de reducir la reincidencia. Es esencial mejorar la protección contra la violencia entre presos y la prevención del suicidio. 
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Por supuesto que estoy a favor de los derechos fundamentales de los presos y soy consciente de problemas como la sobrepoblación, el índice de mortalidad, suicidios y malos tratos, así como la naturaleza inadecuada de las instalaciones penitenciarias, que nos obligan a considerar la necesidad de adoptar determinadas medidas en este terreno. 
Sin embargo, esto es competencia estricta de los Estados miembros. 
Por lo tanto, debido al principio de subsidiariedad, he votado en contra. 
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La posición común adoptada por el Consejo coincide con las posturas previamente aprobadas por el Parlamento. 
Sin embargo, todavía contiene dos puntos que queremos que se modifiquen, de forma que permita iniciar la segunda fase del Programa DAPHNE (2004-2008) , que ya lleva varios meses de retraso. 
En primer lugar, la propuesta del Consejo hace demasiado hincapié en los autores de la violencia, creando un nuevo grupo objetivo en pie de igualdad con las víctimas de la misma. 
Apoyamos la necesidad de crear programas de tratamiento dirigidos también a los autores de la violencia y pedimos que solamente se haga referencia a estos en el párrafo sobre programas de tratamiento destinados tanto a las víctimas y las personas en riesgo como a los autores de la violencia. 
El segundo punto es la creación de un centro de apoyo para las ONG, de forma que puedan mejorar sus proyectos, establecer vínculos con otros socios y disfrutar los beneficios del acervo del programa DAPHNE. 
La prestación de asistencia técnica es esencial en esta segunda fase del programa, sobre todo para las ONG que participan por primera vez, es decir, las de los nuevos Estados miembros. 
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Aunque la mayoría de las propuestas del Parlamento sobre la ampliación del programa DAPHNE hasta 2008 ya habían sido aceptadas e incluso después de que se hubiese aumentado la financiación a 50 000 millones de euros, hemos votado a favor de la postura de la ponente. Debemos pedir a la Comisión que mantenga el equilibrio de su propuesta con respecto a las víctimas y a los agresores, y garantice que no se les sitúe en el mismo nivel. 
También estamos de acuerdo con las enmiendas presentadas por la ponente para garantizar que los nuevos Estados miembros puedan beneficiarse asimismo de este programa, a través de la creación de un centro de apoyo destinado a ayudar a las ONG a elaborar sus proyectos y a establecer vínculos, especialmente aquellas que participan por primera vez. 
Sin embargo, es fundamental que los Gobiernos de los Estados miembros presten especial atención a este problema y no dejen la campaña de prevención de la violencia exclusivamente en manos de las ONG. 
Por ejemplo, en un reciente programa de un canal de televisión francés se criticaba el hecho de que no se hubiese realizado una campaña de sensibilización contra la violencia en ese canal. 
Sí existe una campaña así en España, y sin embargo más de sesenta mujeres murieron el año pasado y este año la cifra va por el mismo camino. 
. Este Parlamento ha apoyado desde hace mucho el desarrollo de la segunda fase de este programa destinado a luchar contra la violencia hacia las mujeres y los niños y a combatir la trata de seres humanos, con especial atención a las mujeres y las niñas que puedan ser víctimas de abusos. 
Acogemos con satisfacción el hecho de que el Consejo haya ofrecido su apoyo a este programa y haya adoptado algunas de las enmiendas de refuerzo de este Parlamento (incluido el aumento del presupuesto). 
Apoyo el texto de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y confío en que el Pleno apruebe un informe bien equilibrado, que debería garantizar que los nuevos Estados miembros puedan beneficiarse plenamente y que sus necesidades específicas sean tenidas en cuenta. 
. – Al día siguiente de la jornada dedicada a los derechos de la mujer, me alegra comprobar que también el Parlamento Europeo se interesa por ellos. 
Este mediodía se votan no menos de tres informes en esta materia. 
Por desgracia, los informes solo contienen generalidades y lugares comunes. 
El informe dedicado a la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres, los niños y los jóvenes no es una excepción. 
En efecto, para atajar eficazmente dicha violencia, no hay que interesarse solo por las víctimas, sino también por los autores de esos actos. 
En primer lugar hay que de comprender las razones sociales, familiares, económicas o incluso religiosas por las cuales los individuos pierden el control y recurren a la violencia. 
En realidad, este informe se limita a constatar el aumento exponencial de este tipo de violencia y no se interesa por las causas reales de este comportamiento. De hecho, toda esta violencia suele derivarse de las mismas causas. 
La violencia hacia las mujeres no puede eliminarse sin abordar los factores que contribuyen directa o indirectamente a colocar a las mujeres en una posición de sumisión. 
Pienso muy especialmente en la condición de la mujer en el islam. En el islam, las mujeres se consideran inferiores y sumisas. 
Los derechos de la mujer no son en ningún caso secundarios. 
Señor Presidente, Señorías, en la votación de hoy sobre la directiva sobre derechos de autor he votado a favor de las enmiendas 101 ó 55 y 53. 
De lo que se trata, a todos los efectos, es de la introducción por la puerta de atrás de leyes sobre derechos de autor más estrictas, de fortalecer la posición de los grandes proveedores, mientras que, debido a ello, muchos pequeños proveedores serán incapaces de operar con éxito en el mercado. 
El motivo es que no pueden permitirse los trámites interminables y los derechos de patente. 
Asimismo, lo que está en juego aquí es el ámbito de aplicación de la directiva, que tiene la intención de abarcar el incumplimiento de los derechos de autor. 
Creo que esto se aplica cuando hablamos de objetivos comerciales con ventajas económicas directas e indirectas. 
Por ello, he apoyado la enmienda número 53. 
No es verdad que esta directiva crea una mayor seguridad jurídica, ya que no existe una definición clara y uniforme. 
Si se pretende llevar a cabo la Estrategia de Lisboa, la UE necesita una legislación sobre patentes que proteja a las empresas e inventores económicamente débiles y por lo general pequeños, y que por lo tanto fomente la innovación. 
Lo que no necesita la UE es una legislación sobre patentes que conduzca a una monopolización de los derechos de patente. 
. – El Reglamento relativo al estatuto y a la financiación de los partidos políticos a escala europea viola los principios fundamentales que enumeré ayer en el debate, y también una serie de disposiciones de procedimiento del Tratado. 
En lo que se refiere a este último, puede afirmarse que viola el artículo 202 del Tratado CE, que prevé que puedan atribuirse competencias ejecutivas a la Comisión, pero no al Parlamento Europeo. 
Viola también el artículo 198 del Tratado CE, que dispone que «salvo disposición en contrario del presente Tratado, el Parlamento Europeo decidirá por mayoría absoluta de los votos emitidos». 
Ahora bien, el Reglamento, en su artículo 5, determina que el Parlamento Europeo verificará la observancia de las condiciones de financiación «por mayoría de sus miembros» , cuando el artículo 191 del Tratado no le otorga ninguna autorización para ello. 
Todo esto demuestra que esto es ilegal. 
El informe Dimitrakopoulos intenta corregir esta irregularidad reintroduciendo, en el Reglamento del Parlamento Europeo, la exigencia de que el resultado de la votación sea la «mayoría de los votos emitidos». 
Pero no hace más que aumentar la confusión y las contradicciones. 
Todas estas anomalías, esperamos, proporcionarán al Tribunal de Justicia materia para declarar no conforme al Tratado este reglamento inoportuno y mal concebido. 
. – Los partidos políticos europeos, o más exactamente el maná que debería servir para su financiación, nos ofrecen un espectáculo desolador. 
Oigo así a la Sra. Voynet declarar su fe en Europa creando un Partido Verde Europeo y manifestar su preocupación por la falta de amor que los ciudadanos profesan por Europa. 
Dudo que el amor interesado de los Verdes y de todos los demás partidos políticos europeos que están desarrollando las estructuras necesarias para poder emerger refuerce la calidad democrática de la Unión Europea. 
Es un monstruo jurídico nacido del Reglamento (CE) n° 2004/2003, adoptado el 4 de noviembre de 2003 tras numerosos tropiezos y que actualmente es objeto de un recurso ante el Tribunal de Justicia que he presentado junto con otros varios diputados, mostrando de este modo que la delegación del Grupo por una Europa de las Democracias y las Diferencias está igualmente decidido a oponerse a esta nueva resolución. 
Además nos preocupan las nuevas responsabilidades político-financieras atribuidas a la Mesa del Parlamento Europeo, que será a la vez juez y parte. Es probable que genere además un trabajo adicional a muy corto plazo para el Tribunal de Cuentas y la OLAF. 
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Como podemos ver, se atribuye «una nueva misión, distinta de las “tradicionales” », en la que el «Parlamento ejerce poderes “externos” », en otras palabras, el control de los «partidos políticos europeos». Esto, por ejemplo, establecería el procedimiento de sanción para un «partido político europeo» que dejase de observar los «principios sobre los que se basa la UE». 
Pese a que el informe pretende hacernos creer que tiene naturaleza técnica, considero que este informe es muy significativo políticamente. 
Establece el «Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos» que implanta –y esto es esencial– determinado modelo de partido político europeo y establece procedimientos para el acceso a la financiación, para los que deben cumplirse condiciones discriminatorias. 
Son muchos los aspectos que hay que abarcar, pero es esencial mencionar lo extraño que resulta que el Parlamento esté a cargo de este proceso, ya que será juez y parte, y esto conforme a criterios y procedimientos que pueden provocar exclusiones por motivos totalmente políticos. 
También quisiera señalar que el objetivo original de todo este proceso era el de evitar la crítica del Tribunal de Cuentas a la financiación por parte de determinados grupos del Parlamento de sus respectivos «partidos europeos». 
. – El Parlamento parece ignorar que, en este procedimiento, han tenido lugar tres recursos presentados por distintas formaciones políticas para impugnar la legalidad del Reglamento relativo al estatuto y a la financiación de los partidos políticos europeos. 
Hay que recordarle, pues, brevemente que la existencia de dichos partidos dista mucho de estar reconocida y que este Reglamento vulnera muchos principios, como son los de igualdad, de libertad de pensamiento y conciencia, de democracia, de separación de poderes, de pluralismo político y de subsidiariedad. 
En primer lugar, el nuevo sistema permitirá atribuir una financiación a estos partidos no sobre la base de criterios objetivos, sino en función de criterios teleológicos, de finalidad política. 
Al imponer a los partidos que respeten «los principios en que se basa la Unión Europea» , a los que no compartan una determinada doctrina europea les estará vedada toda financiación. 
Además, este control es impulsado y ejecutado por el propio Parlamento. 
No puede ser juez y parte a la vez. 
Este nuevo sistema va a generar todo tipo de discriminaciones. 
En efecto, al imponer umbrales muy elevados para constituir un partido político europeo, se intenta excluir a las nuevas formaciones. 
En este reglamento, la arbitrariedad reina en detrimento de la legalidad. 
¿Quiere el Parlamento respetar la vida democrática? 
Si es así, entonces que rechace todos los atentados al pluralismo político. 
. – El informe que se nos presenta contiene las primeras medidas de aplicación del Reglamento relativo al estatuto y a la financiación de los partidos políticos a escala europea, adoptado en junio de 2003. 
Determina, en efecto, los órganos del Parlamento competentes para la asignación de la financiación pública a los partidos europeos. 
Aunque he aprobado dicho Reglamento, no puedo suscribir el contenido del informe, que confía a la Mesa del Parlamento la asignación y la gestión de los fondos comunitarios. 
El motivo alegado –la Mesa se encarga ya de las cuestiones financieras relativas a la organización interna del Parlamento– no es a todas luces convincente. 
La letra c) del artículo 3 del Reglamento hace de la financiación de los partidos una cuestión eminentemente política; el pago de las subvenciones comunitarias se somete a una obligación de lealtad política cuya interpretación no ofrece, ni mucho menos, todas las garantías de imparcialidad necesarias. 
Por consiguiente, es totalmente inaceptable hacer de la Mesa, órgano burocrático en el que sólo están representadas algunas tendencias políticas, la instancia encargada de decidir sobre la solicitud o la suspensión de la financiación pública. 
Dado que esta es de naturaleza política, las competencias en la materia deberían corresponder a un órgano abiertamente político, en este caso la Conferencia de Presidentes. 
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Hemos votado en contra del informe Dimitrakopoulos porque completa los procedimientos para la promoción de la idea central del Reglamento para los partidos europeos y su financiación, en otras palabras, la creación de agencias y mecanismos que crearán «una conciencia europea» y cultivarán la percepción de la política de sentido único, capitalista y contraria a los intereses de la gente común. 
Se están tomando medidas para amordazar a los opositores del sistema. 
Se están aboliendo derechos, como el derecho a la libertad de expresión y a fundar partidos políticos. 
Ateniéndose a las órdenes comunitarias y a las elecciones de las grandes empresas, el Parlamento Europeo se está convirtiendo en el juez de la «corrección política» de estos partidos. 
Las mayorías decidirán sobre la legalidad de la existencia de las minorías, o al menos sobre las condiciones en las que se proyectan sus ideas y sobre si deberían otorgarse recursos para dicha proyección. 
Las enmiendas propuestas por el Sr. Dimitrakopoulos apuntan en una dirección más conservadora. 
Mientras se conceden excesivos poderes a la más fácilmente controlable Mesa del Parlamento Europeo, el único derecho reservado para el Parlamento Europeo es decidir «por mayoría de votos emitidos» (ni siquiera por mayoría absoluta de sus miembros) si un partido observa o no los principios de la UE; es decir, si se adapta al molde de las grandes empresas de la UE y su sistema. 
Votaremos en contra de este informe porque hace que el Parlamento Europeo pase de ser un foro para la yuxtaposición de ideas a ser el juez que decida sobre la existencia de las ideas adecuadas. 
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Cuestionamos el controvertido punto de que las decisiones sobre la creación de alianzas políticas o partidos políticos a nivel europeo, que no constituyen órganos internos del Parlamento, y sobre la asignación de subvenciones a estas organizaciones, sean competencia exclusiva del Parlamento. Esto es especialmente controvertido, dado que se basa en criterios vagos y elásticos, permitiendo que la toma de decisiones se realice basándose en motivos exclusivamente políticos, en donde los diputados serán juez y parte. 
Es precisamente debido a que la Mesa es el órgano con competencias para tomar estas decisiones por lo que he votado en contra de este informe. 
No todos los grupos políticos representados en el Parlamento forman parte de la Mesa, y sin embargo todos los grupos políticos deben participar en estas decisiones tan políticamente sensibles como las de crear organizaciones políticas que puedan acceder a fondos comunitarios. 
De no ser así, la transparencia de estas decisiones se vería comprometida. 
El Grupo Unión por la Europa de las Naciones ha presentado por lo tanto una enmienda con el objetivo de sustituir a la Mesa por la Conferencia de Presidentes, el órgano que reconcilia dicha representación. 
Dado que se ha rechazado esta propuesta, he votado en contra. 
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El informe que tenemos ante nosotros responde a la necesidad de modificar el Reglamento del Parlamento, dadas las nuevas competencias en los campos de la gestión financiera y del control de la legitimidad de los partidos políticos en el ámbito europeo. En mi opinión, esto socava las disposiciones de los Tratados. 
La Mesa será responsable de la mayoría de las tareas relativas al funcionamiento del sistema de financiación, dado que es el órgano responsable de las cuestiones financieras y administrativas relativas a los miembros y a la organización interna del Parlamento. 
Debo reiterar la necesidad –conforme a los principios de la idoneidad y la proporcionalidad– de que las disposiciones, especialmente las financieras, relativas a partidos políticos en el ámbito europeo, se amplíen y se apliquen realmente a todos los partidos políticos en el ámbito europeo, sin discriminación e independientemente de si forman parte o no de los partidos políticos europeos o de las alianzas europeas de partidos políticos. 
Tal y como declaró el Sr. Berthu en su opinión minoritaria, temo que el nuevo sistema pueda introducir todo tipo de discriminaciones. 
También lamento que se haya rechazado una enmienda presentada por el Grupo Unión por la Europa de las Naciones, que atribuía la competencia a la Conferencia de Presidentes, y no a la Mesa, lo que sería una garantía más sólida del pluralismo y la participación. 
Creo que el estatuto de los partidos europeos, que prevé la financiación de los partidos políticos europeos, vulnera el principio de subsidiariedad. 
Corresponde a los ciudadanos de cada Estado miembro decidir si optan o no por subvencionar a los partidos políticos nacionales o a representantes independientes. 
Los criterios de subvención por parte de la UE de tan sólo los partidos políticos de ámbito europeo excluyen, y por tanto discriminan, a los partidos nacionales más pequeños y a los independientes. 
Resulta además extraordinariamente preocupante que la decisión de si un partido gozará o no de subvención por parte de la UE sea tomada por una institución de la Unión Europea. 
Todo ello apenas alcanza a respetar los principios fundamentales de la democracia y la subsidiariedad. 
Señor Presidente, antes dije que este era en gran medida un ejercicio de aseo, pero llamé la atención sobre el hecho de que el apartado 8 del artículo 180 se aplicaría ahora a todo el Reglamento del Parlamento. 
Esto significa que en el nuevo Reglamento que se ha de publicar a tiempo para el nuevo Parlamento –de hecho, probablemente a tiempo para el Parlamento ampliado en mayo–, las cifras en nuestro Reglamento quedarán ajustadas de forma automática para adaptarse al tamaño ampliado del Parlamento. 
Esas cifras hay que ajustarlas para que guarden la misma proporción en el caso del Parlamento ampliado que en el de este Parlamento. 
Por ejemplo, la cifra de 32 diputados necesarios para presentar una propuesta o una enmienda aumentará proporcionalmente. 
Merced a lo que hemos votado, esto también resultará aplicable al artículo 29 en su nueva versión, que fija el tamaño mínimo para formar un grupo político en el Parlamento. 
La cifra en la nueva versión es de «16 diputados de al menos 5 países». 
Habrá que corregirla al alza hasta 19 diputados –o el número que sea– de al menos 5 países. 
Sin embargo, dado que nos hemos percatado de que eso afectaría a los Grupos existentes en la Cámara justo para el período parcial de sesiones de mayo, existe una disposición que permite a los Grupos existentes continuar en las mismas condiciones hasta las elecciones, al margen de la modificación de este artículo. 
Esto significa que ninguno de los grupos existentes ha de temer quedar disuelto antes de la campaña electoral. 
Luego tendrán que estudiar su situación en el Parlamento de nueva composición tras las elecciones, lo mismo que los demás Grupos, sobre la base del veredicto del electorado. 
Señor Presidente, creo que la Sra. Frassoni ha hecho un comentario sobre la votación de la enmienda 4. 
Una serie de votos fueron emitidos en bloque. 
Si estoy en lo cierto, creo que lo que planteó fue que las comisiones temporales dejarían de tener la misma consideración que han tenido en el pasado: el Parlamento no tendría capacidad para crear comisiones temporales. 
Señor Corbett, ¿estoy en lo cierto? 
No quiero favorecer un debate ahora, pero señor Corbett, haga el favor de responder brevemente. 
Señor Presidente, puedo disipar los temores de sus Señorías: la Sra. Frassoni estaba confundiendo las comisiones de investigación con las comisiones temporales. 
Aclararé el asunto de forma bilateral con ella. 
Señor Presidente, Señorías, he votado en contra del informe Paulsen no tanto por su contenido –con el que no estaba totalmente familiarizado– sino por culpa del procedimiento. 
Tras la votación en comisión, nos enfrentamos a un resultado que hacía imposible la aplicación del reglamento. 
Esto reflejaba las muy diversas opiniones de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
A petición de la ponente, el Consejo ha presentado ahora, de forma bastante inusual, un nuevo texto con antelación a la votación en la Asamblea. 
La ponente acordó este texto con cuatro de los grupos del Parlamento y lo presentó a esta Asamblea en lo que considero una forma muy poco digna, presentándose nuevas versiones del texto en lengua inglesa día tras día durante la semana pasada. 
Hasta esta mañana no se presentaron todos los cambios al Parlamento, es decir, cambios en el texto del Consejo. 
Ahora estamos ante un texto legislativo totalmente nuevo que no se ha debatido previamente en comisión. 
Esta Asamblea no ha tenido oportunidad alguna de adoptar una postura sobre este texto en comisión; en su lugar, el texto se presentó inmediatamente a la Asamblea para ser aprobado hoy mediante votación por mayoría no cualificada. 
Si hiciésemos que este sistema fuese el habitual, realmente contaríamos con un procedimiento muy rápido y podríamos tratar todos los textos legislativos en un plazo de cuatro semanas. 
El Consejo solamente tendría que presentar un texto, cuatro diputados de esta Asamblea le darían su aprobación y toda la Asamblea tendría que votarlo, porque no sería posible tratar su contenido real. 
Considero que esta forma de proceder es muy peligrosa, ya que el distintivo de un parlamento es la forma en que debate un tema y su diversidad de opiniones. 
No puede ser una dictadura por parte de unas cuantas personas de los Grupos, que explican de la noche a la mañana en una reunión del Grupo qué contiene el texto, sin que nadie sepa exactamente sobre qué se está votando en realidad. 
Les insto a que reflexionen sobre esto y que en el futuro solamente se permita este procedimiento en casos excepcionales. 
Por supuesto, puedo entender que la Sra. Paulsen esté ansiosa por llevar a buen puerto su informe, ya que no volverá. 
Sin embargo, también podría haberlo logrado hablando conmigo. 
Pero esto no es lo que ha sucedido. 
Espero que tengan en cuenta esta cuestión y rechacen un procedimiento así en el futuro. 
La votación de hoy, que correspondía a una primera lectura, solo exigía mayoría simple. 
Hoy no importaba si contábamos o no con mayoría cualificada. 
Eso tendrá relevancia en una fase diferente del procedimiento. 
Como usted sabe –y he escuchado su comentario–, la Cámara es soberana. 
He aplicado el procedimiento correcto, he presentado la cuestión ante la Cámara, he seguido el consejo de la ponente, he invitado a hablar a la presidencia de la comisión parlamentaria, una mayoría se ha expresado a favor del procedimiento y luego he hecho lo propio, como es mi obligación. 
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Recientemente hemos padecido una serie de crisis alimentarias y ganaderas, como la enfermedad de las vacas locas y la fiebre aftosa, que ilustran la necesidad de elevar los niveles de seguridad alimentaria. Es preciso adoptar una legislación adecuada que abarque todas las fases de la producción y el procesado de alimentos, que garantice que los consumidores reciben la información que necesita y que establezca sistemas de control oficiales, garantizando así la conformidad con la ley y sanciones para los que la infringen. 
Los alimentos y piensos deben ser seguros para la salud humana y animal. La seguridad debe ser la consideración primordial, por delante de cualquier objetivo comercial, ya sea el afán de lucro o el impulso del comercio. 
Se ha creado un vertiginoso clima de permisividad tras la abolición de las fronteras interiores y la liberalización gradual del comercio que, a su vez, ha conducido a una falta de inversión en recursos técnicos esenciales (como los laboratorios de referencia y los centros de investigación) y los recursos humanos (como la formación profesional). Hay que poner fin a esta situación. 
Este reglamento forma parte del mismo planteamiento que otros en el ámbito del Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, que establece una serie de objetivos comunes en el campo de la seguridad alimentaria y sanciones comunes en el ámbito comunitario. 
En otras palabras, trata las consecuencias sin cuestionar ni el modelo de producción subyacente ni la liberalización. 
Las propuestas incluidas en el informe carecen de lo necesario, a pesar de varias propuestas stasifactorias, como la aplicación de los mismos... 
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Desde mediados de los noventa, la UE ha adoptado un número cada vez mayor de actos legislativos de salud y seguridad con respecto a los alimentos y piensos, con el objetivo de responder a las preocupaciones de los consumidores. 
El control y la inspección han desempeñado un papel crucial en esta respuesta. 
Pero esto no es suficiente. 
Como destaca la ponente, es necesaria una mayor exigencia y un sistema legislativo común aplicable a todo el control oficial. 
El objetivo es una mayor seguridad, tanto para los consumidores como para los productores, y este informe constituye un paso más en el campo de la seguridad alimentaria, especialmente en los sectores de los alimentos para consumo humano y para los animales. 
Soy consciente de que este es un tema que durante mucho tiempo ha sido prioritario para la Unión Europea y, como tal, apruebo las enmiendas presentadas por la ponente. Estas medidas aportarán grandes beneficios a los consumidores. 
Señor Presidente, quisiera decir en mi nombre y en nombre de la Sra. Boogerd-Quaak que hemos votado en contra del informe Fourtou en la votación final. 
Realmente es importante que se adopten medidas para luchar contra la piratería, pero los reglamentos modificados van mucho más lejos. 
Concretamente, ampliar los reglamentos para incluir las patentes sería un error. 
También estamos de acuerdo con la crítica del Sr. Schnellhardt al procedimiento, una crítica que también puede aplicarse en lo que respecta a este punto. 
Por ejemplo, el Grupo ha tenido muy pocas oportunidades de debatir esta cuestión antes de tener que tomar una decisión definitiva. 
También está justificado observar que más de 50 expertos destacados en legislación sobre propiedad intelectual en Europa apelaron al Parlamento para que analizase más detenidamente el tema, algo que sin embargo no hemos hecho. 
También puede cuestionarse el fundamento jurídico, ya que el procedimiento se aborda ahora. 
Conforme al artículo 95 del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea, la Comunidad no ha aprobado normalmente este tipo de procedimientos. 
Por lo tanto, quisiera señalar que hemos creado reglamentos que pueden dañar a las pequeñas empresas y que no se limitan a luchar contra la piratería, que es lo importante. 
Señor Presidente, Señorías, no he votado a favor de la modificación del Reglamento del Parlamento Europeo sobre la financiación de los partidos políticos; no porque no esté de acuerdo con todo esto, sino porque es la consecuencia lógica del hecho de que ya en junio del año pasado mis colegas y yo votamos en contra del informe Leinen. 
La aplicación del reglamento de este modo equivale a la discriminación contra las agrupaciones de partidos de menor tamaño en esta Asamblea, que aunque son activos en el ámbito europeo, no están representados en ningún Grupo. 
Se presta apoyo financiero a las grandes agrupaciones de partidos, pero no a las pequeñas, creando así un enorme vacío democrático entre estos dos tipos de agrupaciones. 
Todos sabemos que los partidos y sus organizaciones dependen de las contribuciones financieras. 
Esto da lugar a reglas de juego desiguales entre los partidos en el ámbito europeo y no puedo votar a favor de ello. 
– Señor Presidente, he votado en contra del informe Fourtou sobre la propiedad intelectual. 
En mi opinión, el Parlamento Europeo ha cometido un enorme error de juicio ético al votar hoy este informe. 
Aparte del hecho de que, con los votos de los diputados conservadores, socialistas y liberales, se ha reunido una mayoría favorable a una posición que, a mi entender, confiere demasiado peso a los intereses de las grandes multinacionales frente a los intereses de los ciudadanos en torno a la cuestión, a menudo no fácil de tratar, de la propiedad intelectual, en ello va la credibilidad del Parlamento Europeo. 
En efecto, ¿cómo explicar a los ciudadanos europeos que la ponente del Parlamento Europeo, que es la persona más destacada del Parlamento en relación con el tema tratado, está casada con el Sr. Fourtou, que no es otro que el presidente de Vivendi Universal? 
¿Cómo puede explicar el Parlamento su política a los miles de ciudadanos europeos, sobre todo a los jóvenes que han descubierto la política europea sobre este tema a través del correo electrónico, permitiendo que la cuestión de la existencia de un interés personal planee sobre este texto? 
Pienso que el Parlamento Europeo ha cometido hoy un error muy grave. 
– Gracias, señor Turmes. 
Como sabe, el Sr. MacCormick ya ha formulado esta cuestión de otro modo. 
Por nuestra parte, voy a plantear la cuestión de la declaración de intereses, incluidos los familiares, a nuestra Mesa. 
Después, confiaré en la sabiduría de ésta. 
Se trata, evidentemente, de un tema muy discutido en esta casa. 
No me refiero a nuestra ponente, ni al informe de hoy, sino al principio. 
Hemos votado a favor del informe de la Sra. Fourtou (A5-0468/2003) sobre las medidas y procedimientos para garantizar la aplicación de los derechos de propiedad intelectual y el paquete de compromiso negociado. 
Para nosotros ha sido importante garantizar la protección a los ciudadanos y sus derechos y, al mismo tiempo, luchar contra el aumento de la piratería de marcas, las copias piratas y el incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. 
Por otra parte, la directiva asegura una mayor armonización de las normativas legales nacionales sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual y ayuda a garantizar que se cumpla la legislación. 
El compromiso implica que la propuesta está limitada a circunstancias de un importante carácter comercial. 
Este excluye las infracciones por parte de los consumidores que han actuado de buena fe y refuerza el derecho de las personas a realizar copias privadas conforme a la Directiva sobre derechos de autor. 
Esto significa que los jueces deben tener en cuenta la intención que hay detrás de las infracciones y garantiza la confidencialidad de información importante. 
Por otra parte, la adopción está de acuerdo con las obligaciones globales de la UE con respecto a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
También significa que la propuesta es proporcionada y que no hay que crear obstáculos al comercio. 
Por último, consideramos importante que se apruebe la propuesta antes de la ampliación. 
La aaprobación con posterioridad a ésta podría implicar que la legislación futura solamente se adoptaría en el plazo de varios años, lo que provocaría el aumento de la actividad ilegal. 
Hemos optado por votar en contra del compromiso sobre la armonización de la legislación de los Estados miembros en materia de derechos de propiedad intelectual, principalmente debido a las enmiendas al artículo 9 que se han presentado. 
Si se aprueban las propuestas para modificar el artículo 9, esto provocará un conflicto con la tradición legal sueca, especialmente en el principio de la criba libre de pruebas. 
Creemos que si se introducen estos cambios tan importantes en la legislación y por lo tanto en la tradición legal sueca, los cambios deberían elaborarse y considerarse detenidamente, y no con prisas, como ha sido el caso. 
Por lo tanto, no nos oponemos a modificar la legislación, pero no creemos que los cambios sean satisfactorios en su forma actual. 
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La cuestión tratada en este informe es difícil debido a su historia y sus ramificaciones de gran alcance. 
Por nuestra parte, nos oponemos rotundamente a la piratería y las falsificaciones, y defendemos normas que promuevan el uso leal y libre de los descubrimientos e invenciones que pertenecen a toda la humanidad. 
Por lo tanto, la primera consideración es el objeto de la protección de la propiedad intelectual. 
¿Deberían tratarse del mismo modo los derechos de autor, las marcas comerciales y las patentes? 
Pese a que nos oponemos rotundamente a la malversación y la comercialización del conocimiento humano y de lo que forma parte del patrimonio humano, reconocemos la dificultad de alcanzar un equilibrio entre derechos de propiedad legítimos y los beneficios sociales y colectivos de los artículos en cuestión. 
Sin embargo, esta es la teoría. 
Si los mecanismos destinados a proteger estos derechos son incapaces de detener el comercio y el abuso, estos no deben ser tan laxos como para permitir o incluso fomentar la piratería y la falsificación. 
Un ejemplo de ello es el vino de Oporto, y otras denominaciones de origen similares que deben conservarse o crearse, dado que representa un patrimonio que es universal y, por lo tanto, local y nacional. 
La ponente ha demostrado cautela y, en este tema, la cautela es buena consejera. 
Sin embargo, el rechazo de determinadas enmiendas, especialmente las relacionadas con la tendencia «federalista» , carentes de cautela, ha hecho que votásemos en contra. 
. –Hay operadores económicos que cometen infracciones de los derechos de propiedad intelectual a gran escala comercial, engañando a los consumidores o usurpando la identidad, la reputación o los procedimientos técnicos de empresas que han invertido mucho para obtenerlos. 
Es legítimo, por tanto, que se tomen medidas legales especiales y suficientes para luchar contra esta plaga. 
Pero cediendo sin duda a la influencia de determinados grupos de presión, algunos han querido conceder demasiada flexibilidad al ámbito de aplicación de esta directiva. 
Esto es muy peligroso, pues abre la puerta al abuso de las medidas contra la falsificación. Estas podrán utilizarse contra simples particulares, culpables por ejemplo de grabar en CD la música que pueden encontrar en Internet. 
Estos procedimientos pueden ser utilizados asimismo por grandes empresas para hostigar a competidores más débiles (PYME, por ejemplo). 
Por último, es de temer que, con esta directiva, algunos intenten, por vías tortuosas, volver sobre temas con respecto a los cuales el Parlamento se ha expresado ya, como los medicamentos genéricos o la no patentabilidad de los programas informáticos. 
Por ello, he votado en contra de esta propuesta de directiva, que el Parlamento no ha conseguido enmendar de forma satisfactoria. 
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He votado a favor de esta resolución, ya que por supuesto refrendo la promoción de nuevos requisitos técnicos y nuevos procesos que contribuyen de forma activa a la adopción de medidas adoptadas en contra de la emisión de contaminantes gaseosos y de partículas. 
El objetivo de esta propuesta es reforzar los requisitos comunitarios relativos a la restricción de las nuevas emisiones contaminantes de vehículos pesados (motores de ignición positiva propulsados con gas natural o gas licuado de petróleo). Esta constituye por lo tanto una importante medida adicional para la promoción del desarrollo sostenible que defiende la UE. 
Dados los desencuentros y atrasos que han afectado a este proceso y la «velocidad» con la que estamos tratando de introducir enmiendas a las propuestas de la Comisión, no existe ninguna posibilidad de establecer un marco en el que los operadores y los profesionales del sector estén obligados a cumplir las normas y a estar sometidos a las oportunas inspecciones. Las normas no se han aclarado y no se han realizado las comprobaciones de viabilidad, especialmente las de determinados métodos de control. 
Debemos iniciar una campaña de sensibilización lo antes posible, en colaboración con estos profesionales. 
Hemos votado en contra de la enmienda 1, concebida para limitar la aplicabilidad de la Decisión Marco de forma que, en lo que respecta al comercio de drogas, se aplique solamente al crimen internacional o grave. 
Apoyamos la decisión del Consejo en conjunto y creemos que esta adición limitaría el ámbito de aplicación de la Decisión Marco y, por lo tanto, implica un claro deterioro en el documento del Consejo. 
También queremos destacar que la UE debería utilizar todos los medios posibles para luchar contra el uso y la venta de drogas. 
Interpretamos que la decisión del Consejo afirma que el tráfico de drogas está prohibido, y por lo tanto creemos que no deberían existir «» en la UE. 
. – Tres razones nos impulsan a rechazar la creación de una Agencia para la gestión de las fronteras exteriores, independiente y con personalidad jurídica propia. 
En primer lugar, la gestión de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas es una prerrogativa de los Estados miembros. Son los Estados miembros los que deben protegernos de los flujos migratorios y luchar contra el tráfico de seres humanos. 
El Consejo de Ministros, además, ha sido unánime al respecto. 
En segundo lugar, cada Estado miembro debería contar con un representante en el Consejo de Administración; las decisiones deberían tomarse por unanimidad y no por mayoría. 
Para sorpresa nuestra, Francia es el único país que propone un Consejo de Administración de 12 miembros, que despoja a los Estados miembros de la gestión de sus fronteras. 
Por último, para nosotros es impensable que la Agencia pueda tener poderes exclusivos sobre cuestiones como la expulsión de los nacionales de terceros países que residen ilegalmente en un Estado miembro y la creación de un Cuerpo Europeo de Guardia de Fronteras. 
El Reino Unido e Irlanda han hecho bien al negarse a participar en el acervo de Schengen sobre el control de las fronteras exteriores. 
El Gobierno francés habría debido tener la valentía de hacer lo mismo. 
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Sabemos que el tráfico de drogas constituye una amenaza para la salud, la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos. 
En 2001, la Comisión adoptó un planteamiento en el ámbito de la UE para luchar contra el tráfico, dada su naturaleza transnacional. 
El acuerdo final estableció notables modificaciones a la propuesta original de la Comisión, como una nueva definición de sanciones más acordes con lo que establecen las Convenciones de las Naciones Unidas en la materia, al contrario que la definición limitada que pretendía la Comisión. 
Celebramos el hecho de que no se penalice el consumo, aunque esta cuestión no se trata con tanta profundidad como hubiéramos querido. 
Nos oponemos a la orden de detención europea, de ahí nuestro voto final. 
En la actualidad, la política sobre drogas no está armonizada en la UE. 
En su lugar, cada país tiene su propia política. 
Sin embargo, esto no impide que el problema de las drogas tenga un puesto importante en la agenda política. 
Incluso los más jóvenes abusan de las drogas y cada vez más jóvenes no consideran peligroso probar el cannabis. 
Incluso las denominadas drogas de fiesta, es decir, las más peligrosas drogas sintéticas, cada vez están más extendidas. 
En una Europa sin fronteras, corremos el peligro de tener incluso mayores problemas de drogas a medida que la legalización de estas se extienda fuera de los Países Bajos. 
Muchos parecen haber abandonado ya la lucha por una Europa libre de drogas. 
Es preciso repetir que existe una relación entre el número de personas que prueban las drogas y el número de personas que están en peligro de engancharse a su abuso. 
Por lo tanto, la posesión y el consumo de drogas deben seguir siendo infracciones penadas. 
Se siguen emitiendo señales erróneas a los jóvenes de Europa, ya que cualquiera puede comprar cinco gramos de cannabis en un denominado. 
No debemos estar satisfechos con esta Decisión Marco, sino que debemos seguir luchando por una Europa libre de drogas. 
Decimos no. 
No queremos legalizar, no queremos liberalizar y no hemos abandonado el sueño de la tolerancia cero con las drogas. 
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Durante la Presidencia italiana, finalmente pudimos llegar a un acuerdo sobre las disposiciones mínimas aplicables en el campo de la lucha contra las drogas a nivel comunitario. 
Las principales objeciones, tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo, provinieron de los Países Bajos, en donde está permitido el consumo y la venta de pequeñas cantidades de drogas blandas. Por lo tanto, es comprensible que el informe Oostlander se haya limitado a proponer que la decisión marco del Consejo se acepte en la versión presentada, sin enmiendas, ya que este texto ha sido aprobado unánimemente tras un año de negociaciones. 
Esto no impidió que yo votase a favor de las medidas que se han propuesto. 
Quisiera señalar dos de estas: la penalización de todo tipo de tráfico, producción y venta de opio, cocaína y cannabis, así como la condena de la producción de los precursores de las drogas sintéticas si se producen con el objetivo del procesar drogas. 
La aplicación del principio de subsidiariedad permite a los Estados miembros utilizar la decisión marco para sancionar el consumo personal, pero no les obliga a hacerlo, respetando así los diversos sistemas legales y penales nacionales de los Estados miembros. 
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Tras años de debate en el Consejo, el pasado noviembre se llegó a un acuerdo sobre las disposiciones mínimas aplicables en la lucha contra la droga a nivel comunitario, y este acuerdo se ha sometido una vez más a la consideración del Parlamento Europeo. 
Se penalizará todo tipo de tráfico, cultivo y venta de opio, cocaína y cannabis, así como la condena de la producción de los precursores de las drogas sintéticas si se producen con el objetivo del procesado de drogas. 
Por otra parte, las actividades relativas a las drogas utilizadas exclusivamente para el consumo personal según lo definido por la legislación nacional, quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta decisión marco. Esto significa que, ateniéndose al principio de subsidiariedad, aunque los Estados miembros utilizar la decisión marco para sancionar el consumo personal, no están obligados a hacerlo. 
Las actividades ilegales relacionadas con las drogas se castigarán con condenas penales de al menos de uno a tres años de prisión y los incentivos, la ayuda o los intentos de cometer una de estas infracciones también estarán penados. 
Sin embargo, lamento que (todo indica que a causa de la presión de los Países Bajos) la cooperación judicial y la extradición no se reivindiquen de forma más vigorosa. 
He votado a favor. 
Somos partidarios de una agencia para la mejor coordinación y cooperación en el ámbito de los controles fronterizos. 
Sin embargo, nos gustaría destacar la importancia de la autodeterminación nacional en la aplicación de los mismos. 
No debe haber restricciones a la competencia de los Estados miembros y debe mantenerse completamente su influencia sobre el desarrollo de la cooperación fronteriza. 
. – Somos totalmente favorables a que se intensifique la cooperación entre los Estados para un mejor control de las fronteras exteriores, así como a la creación de una agencia técnica para favorecer dicha cooperación. 
Pero el informe Von Boetticher merece a este respecto un juicio con reservas. 
Por un lado, intenta limitar las misiones de la Agencia a la cooperación técnica, y recuerda que «el control de las fronteras nacionales seguirá siendo una competencia soberana de los Estados miembros» , lo cual es excelente. 
Pero, por otro, sitúa el nuevo sistema en un marco no intergubernamental, sino comunitario, bajo la dirección de la Comisión y el control político del Parlamento Europeo, abriendo así la puerta, más adelante, a ampliaciones de las competencias supranacionales. 
En efecto, hay que leer paralelamente el proyecto de Constitución Europea, que muestra el estado de ánimo dominante en Bruselas: su artículo III-161 otorga a la Unión la misión de «instituir progresivamente un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores» , es decir, un sistema supranacional con una policía de fronteras europea. 
Así, el informe Von Boetticher, que es de momento limita las tareas de la Agencia, no debe tranquilizarnos por ello. 
Parece apuntar a una ampliación de los poderes de la Comunidad, que en esta cuestión no conviene. 
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Este informe debe considerarse en el contexto del «desarrollo gradual de un sistema realmente integrado de gestión del control de las fronteras externas» , como se propuso, de hecho, en el proyecto de «Constitución Europea». 
Pese a que contiene varias contradicciones, debido a su perspectiva supranacional –el informe refrenda el papel de la Comisión en esta agencia–, al mismo tiempo declara de forma acertada que el control de las fronteras nacionales debe seguir siendo una responsabilidad soberana de los Estados miembros. 
Uno de los aspectos más positivos del informe es criticar la idea de otorgar a esta agencia la labor de expulsar a los inmigrantes. 
Básicamente lo que se propone es crear una agencia que tendrá responsabilidades que hasta la fecha poseían los Estados miembros, que sostendrá lo que se conoce como «Fortaleza Europa» y que prestará ayuda para acabar con la inmigración y expulsar a los inmigrantes. 
Acepto que debe existir cooperación entre los órganos nacionales, con el fin de luchar contra las redes que explotan a los inmigrantes y el tráfico de personas y para luchar contra el crimen organizado y el blanqueo de dinero. Sin embargo, ya existen mecanismos para estos fines, por lo que no es necesario crear nuevos instrumentos que eliminen tareas que son competencia de las autoridades nacionales y de la soberanía de los Estados. 
Por lo tanto, el quid de la cuestión no es la creación de nuevas agencias, sino cambiar las políticas actuales. 
De ahí nuestro voto en contra del informe. 
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Debido al aumento de las fronteras exteriores terrestres, marítimas y aéreas que habrá que controlar tras la ampliación de mayo de 2004, la Unión Europea necesitará un sistema de gestión eficaz de las fronteras exteriores, sobre todo para luchar contra el terrorismo internacional y el crimen organizado, la inmigración ilegal, el tráfico de armas, de estupefacientes y de personas, así como la lucha contra la delincuencia marítima. 
Por este motivo, estoy de acuerdo con la creación de una Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores. 
Fue, por cierto, en este contexto en el que sugerí –y el pleno aprobó esta sugerencia el pasado mes de noviembre– una propuesta al efecto de que, cuando se negocie la próxima perspectiva financiera, se establezcan programas comunitarios para apoyar el reequipamiento de la defensa, concretamente un programa dedicado exclusivamente al desarrollo de equipos para proteger las fronteras exteriores de la UE. 
Sin embargo, dado el carácter intergubernamental del control de las fronteras y dada la experiencia adquirida por cada uno de los Estados miembros en la realización de esta tarea, creo que cada Estado miembro debería estar representado en el Consejo de Administración de la Agencia para que esta se pueda beneficiar de las competencias adquiridas sobre el terreno por cada país en sus propias fronteras. 
Sin embargo, dado que el informe no recoge esta preocupación, me he visto obligado a votar en contra. 
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El establecimiento de la Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores, que se prevé que asuma sus responsabilidades el 1 de enero de 2005, surgió de la necesidad desbordante de mejorar la gestión de los controles en las fronteras exteriores que, no lo olvidemos, ahora tienen una longitud de 6 000 kilómetros. 
También hay que tener en cuenta la ampliación de la Unión Europea. 
No estoy de acuerdo con el punto de vista del ponente, en el sentido de que la Agencia debería tener un carácter «más comunitario» , pero sí lo estoy con la postura expresada por la ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, en el sentido de mantener la naturaleza intergubernamental del control de las fronteras. 
Esta es de hecho la línea adoptada en la comunicación de la Comisión –sin perjuicio de un sistema de voto por mayoría en la Agencia (por motivos operativos). Por una parte, esto es consecuencia del propio sistema legal comunitario –y la actual división de poderes–, pero, por otra, en la actualidad ofrece mayores garantías la experiencia adquirida por cada uno de los Estados miembros en el desempeño de esa misión (ya sea por tierra, mar o aire, o por los tres). 
Por lo tanto parece tener sentido que el Consejo de Administración esté formado por un miembro de cada Estado miembro, con la asistencia de dos representantes de la Comisión. 
Por consiguiente, he votado en contra del informe. 
Debe ser posible que tanto hombres como mujeres concilien la vida familiar y laboral. 
Por lo tanto, celebramos una directiva marco en este terreno que establece objetivos desde el punto de vista, por ejemplo, del tiempo de trabajo, el acceso al cuidado para los niños y períodos mínimos de baja por maternidad o paternidad. 
Sin embargo, no consideramos que las cuestiones relativas al modo en que se organiza el bienestar se decidan en el ámbito comunitario. 
Por lo tanto, hemos votado en contra de formulaciones que exigen formas especiales de desgravación fiscal o el uso de lo que se denominan justificantes o que regulan de otro modo la política de bienestar en detalle. 
También queremos destacar que las familias pueden tener formas distintas con respecto a los modos en que sus miembros viven juntos y por lo tanto apoyamos las formulaciones que así lo establezca. 
También hay que reconocer a las familias que no están formadas por una madre, un padre y un hijo, y es preciso darles la misma condición jurídica que a la familia tradicional. 
Consideramos que la política familiar debe caracterizarse por la libertad de elección. 
Es preciso que los dos progenitores puedan conciliar la vida profesional con las responsabilidades familiares. 
En la política familiar de los Moderados se contempla una gran flexibilidad en lo que respecta al cuidado de los niños. 
En principio, podemos respaldar gran parte de las propuestas presentadas en el informe. 
No obstante, hemos de señalar que en la exposición de motivos del mismo se resalta el hecho de que la Unión Europea no tiene competencia en el ámbito de la política familiar. 
Estamos de acuerdo con esta idea y, por tanto, hemos decidido votar en contra del informe en su conjunto. 
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Como todos sabemos, en el Consejo Europeo de Barcelona los Estados miembros se comprometieron a eliminar los obstáculos a la participación de las mujeres en el mercado laboral y a establecer, para el año 2010, estructuras de acogida para al menos el 90% de los niños en edades comprendidas entre los tres años y la edad de escolaridad obligatoria y para al menos el 33% de los niños menores de tres años. Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de realizar una aportación financiera para la creación o el funcionamiento de servicios de cuidado de niños de alta calidad a un precio asequible. 
Teniendo en cuenta estos objetivos, ¿cómo se podrán llevar a cabo si se introducen recortes en el gasto social o se desmantela gran parte de la infraestructura de guarderías en los países de la ampliación? 
La asignación de más ayudas, cupones o ventajas fiscales a las familias carece de sentido alguno si no existe la infraestructura necesaria. 
Lamentablemente, también se ha rechazado la propuesta que presentamos con miras a ampliar los servicios de guardería para que incluyeran en el año 2010 a todos los niños hasta su escolarización obligatoria. 
Por otra parte, hemos de destacar que resulta necesario establecer estructuras para el apoyo a las personas mayores y dependientes, mejorar los horarios de los servicios urbanos (horarios de apertura de tiendas, negocios, transportes, etc.) y aplicar políticas de vivienda y urbanismo integradas y humanizadas. Además, en el informe se insta a que se reduzcan los horarios de trabajo, se produzca un cambio de mentalidad, se repartan de forma más equitativa las responsabilidades familiares y... 
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Desde los años noventa, el Consejo ha puesto en marcha diversas medidas para la conciliación de la vida profesional y familiar, lo cual ha convertido este asunto en un tema de palpitante actualidad, hasta tal punto que 2004 ha sido declarado el Año Internacional de la Familia 
En el informe de la Sra. Bastos se defiende la idea de que cada uno debería poder elegir entre trabajar o quedarse en casa y, en caso de seguir trabajando, poder conciliar la vida profesional con las necesidades de la familia, ya sea el cuidado de los niños o de las personas mayores, cuya incorporación al grupo familiar es cada vez más frecuente. 
No podría estar más de acuerdo con este principio y, por tanto, celebro la petición de la Sra. Bastos en la que se insta a la Comisión Europea a que evalúe el estado de las políticas para la conciliación de la vida familiar, profesional y privada, tanto en los Estados miembros actuales como en los países candidatos, así como el énfasis que otorga la ponente a las medidas que se han de aplicar para apoyar a la familia. Entre estas se incluyen ayudas financieras para el cuidado de los niños y su educación, cupones para la contratación de una persona en el domicilio para familias con niños con discapacidades y cupones para aquellas familias con tres niños o más cuyos ingresos sean reducidos. 
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De acuerdo con la propuesta que presenté en la comisión competente, celebro, en particular, la inclusión del concepto marco de «políticas respetuosas con la familia» , así como de la directriz que establece la aplicación de políticas fiscales, parafiscales y arancelarias en los servicios públicos que tengan en cuenta a la familia y el aumento de tamaño de las unidades familiares, sin ejercer ningún tipo de discriminación negativa. 
De igual modo, cabe destacar la importancia de que se reconozca en el informe el valor social y económico de la familia y de las tareas domésticas, las cuales suelen ser ignoradas o menospreciadas, ya sea manifestando un profundo prejuicio o simplemente falta de interés, lo cual provoca en última instancia la aparición de prejuicios contra las personas y de desigualdades reales. 
También me complace la aprobación de la enmienda que presenté contra la revisión del concepto de familia, ya que esta resultaría equivocada y se encontraría fuera del ámbito de competencia del Parlamento. 
Hay que evitar confundir la familia, que constituye una realidad secular sociológica y antropológica profundamente arraigada, con una serie de opciones individuales que conllevan diferentes situaciones y que no se encuadran dentro del alcance de la familia. 
Asimismo, quiero destacar que resulta muy acertada la referencia a la necesidad de proporcionar subsidios específicos para aquellos casos de familias numerosas, niños con discapacidades o nacimientos múltiples, y la idea de que los Estados miembros tienen que desarrollar formas de cooperación y redes de intercambio de buenas prácticas. 
Una vez más, felicito a la Sra. Bastos por el excelente trabajo realizado y por el gran avance que representa este informe, que servirá de punto de referencia para las políticas familiares en el Parlamento Europeo. 
He apoyado con firmeza el hecho de que, en el apartado 3, el Parlamento Europeo se declara a favor de la idea demócrata-cristiana de «que la política familiar debe crear las condiciones para que los padres y las madres puedan pasar más tiempo con sus hijos». 
En el mismo apartado se resalta además la importancia de que esto podría «repercutir favorablemente sobre la profundización de los vínculos familiares y la estabilidad familiar». 
Partiendo de esta base, el punto que en el apartado 2 se denomina «hacer frente al problema demográfico que afronta la mayoría de los Estados miembros» constituye un asunto urgente. 
En consonancia con nuestra visión de la sociedad, en el considerando K del informe se especifica que «las políticas familiares deben centrarse en los derechos del niño». 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos ha logrado que se rechace el considerando G (por 321 votos, con 169 a favor y 21 abstenciones) y, por tanto, el intento de crear un nueva y difusa definición del concepto de familia, cosa que, sin duda alguna, queda fuera de la competencia de la Unión Europea. 
El Grupo del PPE-DE cree que el concepto de familia se basa en el derecho de los hijos a contar con sus madres y padres y de la responsabilidad de los progenitores hacia sus hijos. 
Hemos de construir nuestra sociedad centrándonos siempre en los niños y, al mismo tiempo, considerar a la familia como su pilar más importante y fundamental. 
En consecuencia, he votado a favor del informe en su conjunto (siendo el resultado de 424 votos a favor, 51 votos en contra y 37 abstenciones). 
. – La constatación es grave: las mujeres sólo representan el 46% de la población activa. 
Doce millones de mujeres están en activo y ganan en promedio un 20% menos que los hombres. 
En efecto, son víctimas de desigualdades, en primer lugar en el acceso al trabajo: su tasa de desempleo es dos puntos superior a la de los hombres y el 80% de los franceses que ganan menos que el salario mínimo garantizado e indexado (SMIC) son mujeres. 
Las soluciones son de distintos tipos. 
Se trata, evidentemente, de dar a las mujeres los medios para poder elegir entre trabajar o no, es decir, darles los medios para quedarse en casa a cuidar de los hijos si lo desean, a través de aumentos de los subsidios familiares, por ejemplo. 
Pero se trata también de poder conciliar por fin trabajo y familia. 
Hoy, las familias monoparentales representan en promedio el 14% de todas las familias con hijos y el 90% de los padres solos son mujeres. 
Hay que tener en cuenta esta evolución y ordenar en consecuencia el tiempo de trabajo, los sistemas de cuidado de los niños y de los subsidios correspondientes, las prestaciones familiares y la licencia parental, de maternidad o de paternidad. 
La igualdad entre hombres y mujeres pasa por esto, por supuesto, pero cuidémonos mucho de establecer, como se hace ya en el terreno político, sistemas de cuotas. 
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Se trata de un informe positivo, en el que la ponente divide el conjunto de las mujeres en una serie de grupos minoritarios: mujeres con discapacidades, mujeres migrantes y mujeres romaníes. 
En el caso de las mujeres con discapacidades, solicita que se transponga la Directiva relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y que se facilite el acceso a la educación, la formación, el empleo y la formación profesional en el entorno habitual. 
Asimismo, en el informe se insta a que se proporcione a estas mujeres la ayuda necesaria para aumentar su independencia y fomentar su participación en la vida política y la toma de decisiones. 
En lo que respecta a las mujeres migrantes, el informe llama la atención sobre la integración de la dimensión de la igualdad entre las mujeres y los hombres en las políticas, programas y acciones destinados a combatir el racismo, la discriminación y la exclusión social. 
Pide a los Estados miembros que garanticen la aplicación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, al tiempo que señala específicamente que las mujeres migrantes han de poder participar en la vida política y en el proceso de toma de decisiones. 
En cuanto a las mujeres romaníes, el informe recuerda a la Comisión y a los Gobiernos implicados la necesidad de garantizar la aplicación real de aquellas políticas introducidas en el nivel nacional y comunitario que puedan mejorar la situación económica, social y política de este grupo minoritario. 
Este último punto es el más importante si se tiene en cuenta la ampliación de la Unión. 
El resto del informe constituye básicamente una mezcla de anteriores propuestas y decisiones. 
Todavía resulta necesario… 
. 
La ponente ha presentado un informe sobre las mujeres de grupos minoritarios, concretamente las mujeres con discapacidades, las migrantes y las romaníes. 
Se trata de cuestiones interesantes, capaces de captar la atención general. 
Soy consciente de los problemas planteados, para los que quisiera de veras que se hallaran las soluciones apropiadas. 
A este respecto, he de expresar mi preocupación por todos los tipos de violencia (no solo la violencia doméstica) a los que se enfrentan las mujeres con discapacidades y por la falta de respeto por los derechos individuales de las mujeres migrantes. 
He votado a favor del informe de la Sra. Martínez-Orozco ya que, en líneas generales, estoy de acuerdo con su contenido. 
No obstante, he de decir que los problemas a los que he hecho referencia no se limitan a las mujeres, sino que son situaciones de carácter global que también afectan a los hombres. 
Antes de la celebración en 1994 del referendo sueco sobre la entrada en la Unión Europea, todos los partidos que trabajaban para conseguir la adhesión declararon que las cuestiones de cohabitación, la legislación matrimonial y los asuntos relativos al aborto no se encuadrarían dentro del ámbito de competencia de la Unión. 
Prometieron centrar sus esfuerzos en asegurar que en estos terrenos se aplicara estrictamente la legislación nacional, sin la participación de la Unión Europea. 
Nosotros mantenemos la promesa realizada al electorado sueco, ya que consideramos que la legislación nacional resulta mucho más eficaz en estas materias que la legislación comunitaria. 
Podemos observar cómo otros partidos suecos han renunciado a este compromiso y se disponen a transferir estos asuntos al nivel europeo. 
Si esto llegase a suceder, resultaría perjudicial para los ciudadanos suecos y se podría provocar una situación de conflicto con las costumbres y las tradiciones de este país. 
No existe una necesidad patente de coordinación. Para lograr la legislación más apropiada en este terreno, bastará con permitir a los diferentes Parlamentos nacionales de la Unión Europea que la conciban ellos mismos. 
Asimismo, es preciso que la política de ayudas comunitaria respete la legislación de cada país. 
Aunque compartimos la opinión sueca sobre el derecho al aborto, por consideración a terceros países, hemos votado en contra de los apartados del informe Junker en los que se solicita el aborto libre. 
Además, el informe realiza un enfoque práctico acerca de los graves problemas de salud que existen en los países en vías de desarrollo, en los que la política de ayudas de la Unión Europea desempeña un papel importante. 
. – La temática oficial del informe de la Sra. Junker habría debido ser los capítulos principales del programa de acción de las Naciones Unidas elaborado en la Conferencia de El Cairo hace diez años. 
Con razón se espera encontrar en el informe las oportunas consideraciones sobre el crecimiento económico, los fenómenos migratorios, la política de urbanización o incluso el medio ambiente, otras tantas problemáticas abordadas y balizadas por la Conferencia de El Cairo. 
Resulta, pues, muy sorprendente leer un texto en el que todas estas cuestiones se eluden por completo a favor de la obsesión recurrente por los temas de salud reproductiva y sexual, que no ocupan menos de veinte apartados de los veintisiete de que consta el informe. 
Incluso la cuestión, tan central, de la educación se menciona solo en función del papel que puede desempeñar en la materia. 
En pocas palabras, para la ponente, la cuestión demográfica en los países en desarrollo se resumiría al dominio de la mujer sobre su propio cuerpo: nos parece que una lectura más amplia, más conforme con la realidad del problema en todos sus aspectos, habría sido más útil, pero también más respetuosa de la diversidad de enfoque que existe dentro de la Unión sobre un tema tan delicado como es el aborto. 
. El informe de propia iniciativa de la Sra. Junker pretende abordar uno de los desafíos más arduos del mundo, el de lograr más que los resultados declarados de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en 1994. 
El informe subraya con rotundidad algunas de las estadísticas que demuestran a las claras que es necesario redoblar los esfuerzos. 
A escala mundial, cada minuto muere una mujer por causas relacionadas con el embarazo, se producen cerca de 200 000 defunciones maternales al año debido a la falta o las deficiencias de los servicios anticonceptivos, al menos 75 millones de los 175 millones de embarazos cada año son no deseados, y las violaciones y demás formas de violencia sexual van en aumento, incluso en Europa. 
Estos y todo un cúmulo de otros hechos recogidos en el informe apuntan claramente a la necesidad de redoblar los esfuerzos y la ayuda de los países desarrollados en la lucha contra la pobreza y fomentar el crecimiento económico, con el correspondiente aumento de las oportunidades de formación, particularmente deficitarias en algunos países, para las mujeres y las niñas. 
A la luz de las cifras más recientes, los indicadores de los objetivos de la Conferencia de El Cairo continúan mostrando unas desigualdades escandalosas entre las naciones y regiones ricas y pobres del mundo. 
Los Gobiernos de la UE pueden y deben tomar la iniciativa para mejorar la situación. 
. 
El informe Junker se debe analizar no solo en términos del contenido que se declara de forma explícita, sino también de lo que este da a entender. 
En otras palabras, además de prestar atención a la salud de las madres y los hijos durante y después del embarazo, o a las precauciones básicas para evitar la propagación del virus del sida, el texto –en especial con las enmiendas presentadas en comisión– muestra una imagen bastante clara de los derechos y libertades de las mujeres, en particular de aquellas que necesitan recibir todos los medios posibles para la autodeterminación en materia de planificación familiar. En el informe se recomienda adoptar una política que permita aumentar el acceso a los métodos anticonceptivos y facilitar los abortos mediante la mejora de las condiciones en las que se realizan. 
Existen dos aspectos del texto que merecen ser criticados; en primer lugar, con el fin de reducir el número de nacimientos o mejorar las condiciones sanitarias en que estos se producen, no presenta y mucho menos promueve una solución alternativa al uso masivo de la contraconcepción, que se considera un derecho fundamental. En segundo lugar, en el informe se incluye el aborto entre una serie de medidas que deberán contar con la financiación comunitaria, para las cuales se pide la contribución de la Unión Europea, sin preocuparse por determinar cuáles son las políticas a este respecto en algunos de los Estados miembros. 
Estos son los motivos por los que he votado en contra del informe. 
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Cuando han transcurrido casi diez años desde la Conferencia de El Cairo, este informe de propia iniciativa de carácter evaluativo aparece en el momento oportuno. La ponente subraya este aspecto al pedir que se celebre el debate el 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, en especial porque el informe está relacionado principalmente con la salud reproductiva de las mujeres. 
Además, consideramos que la conveniencia del informe resulta aún más obvia por dos razones adicionales. 
La primera de ellas es que, nada más finalizar la séptima Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, recapacitamos sobre la importancia de que en el informe aprobado en ese foro relativo a las enfermedades asociadas a la pobreza se hubiese incluido un considerando acerca de la interrupción de embarazos no deseados y la necesidad de que esta práctica se llevase a cabo en condiciones seguras. 
En segundo lugar, como ciudadano portugués, porque los informes sobre este problema coinciden con un debate bastante animado que se desarrolla actualmente en Portugal, en el que una mayoría de derechas obstaculiza el diálogo y la adopción de decisiones humanas relevantes con argumentos y medidas realmente vergonzosas, por no decir criminales. 
Aunque está claro que este no es el único tema abordado en el informe, hemos de aprovechar esta explicación de voto para destacar la declaración de la ponente en la que afirma que «las interrupciones del embarazo no deben considerarse un método de planificación de los nacimientos» , así como aquella en la que solicita que se pueda recurrir «a una intervención que no sea sancionable y sea médicamente segura». 
Cualquiera que defienda la postura contraria encontrará cada vez menos apoyos y acabará compartiendo la visión del Presidente Bush y su «política de la Ciudad de México». 
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Según la costumbre adoptada en este Parlamento, este informe, como cualquier otro informe sobre la salud reproductiva en los países en vías de desarrollo, se debe analizar tanto en términos de lo que expresa directamente como de lo que da a entender. 
Lamento que el Parlamento no haya aprobado nuestras propuestas (que perseguían aclarar el concepto de «salud sexual y reproductiva» ), nuestras directrices en este terreno o nuestro interés por evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual (incluido el VIH/sida) y por garantizar las condiciones seguras que requieren las mujeres durante el embarazo, el parto y los cuidados posteriores al mismo, es decir, nuestra preocupación por proteger la salud de madres e hijos durante y después del embarazo. 
En su lugar, la confusión que reina entre las medidas propuestas en este ámbito solo consigue despertar la desconfianza. 
Asimismo, me apena comprobar el afán que existe por comprometer a la Unión Europea en el fomento del aborto en el escenario internacional, tal y como demuestra el rechazo de otra de nuestras enmiendas. 
Por último, como ya he comentado en el debate, debo desvincularme de un informe partidista que hace caso omiso de los principales objetivos de la Conferencia Internacional de El Cairo: crecimiento económico, planificación urbanística, el medio ambiente, el empleo, la responsabilidad conjunta de los padres en lo que respecta a la educación y la salud sexual de las mujeres en su conjunto, así como la educación específica sobre la salud sexual y reproductiva. 
Junto con el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, he votado en contra del informe en su conjunto. 
A pesar de todo, el informe ha sido aprobado (con 287 votos a favor, 196 en contra y 13 abstenciones). 
Queremos que en la política de población, ayuda y desarrollo se combine la lucha por la democracia y los derechos humanos con el respeto por la legislación establecida de forma democrática en cada país, en este caso en lo que respecta al ámbito de la política familiar y sanitaria. 
En el informe no se reflejan este tipo de intenciones e ideas, como se demuestra en el apartado 22 al incluir la demanda de «posibilitar interrupciones voluntarias del embarazo con asistencia médica». 
A través de la enmienda 20, hemos exigido que se aclare este apartado añadiendo que esto solo se ha de aplicar en los países en que esta práctica sea legal. 
Las enmiendas 21 y 30, que han contado con mi apoyo, se redactaron para promover un mayor respeto hacia la legislación de los demás países. 
No obstante, estas enmiendas han sido rechazadas (en el caso de la número 20 por 281 votos, con 207 votos a favor y 18 abstenciones) de acuerdo con la opinión mayoritaria existente en el Parlamento según la cual, en sus esfuerzos de ayuda, la Unión Europea y las Naciones Unidas no deben respetar la legislación nacional sino, justo al contrario, contrarrestarla y debilitarla de forma enérgica en aquellos países en desarrollo en los que se pretenda proteger el derecho a la vida del feto, incluso en las primeras semanas de gestación. 
De este modo, la Unión Europea y las Naciones Unidas muestran una falta de respeto hacia la legislación de terceros países, lo cual siembra la desconfianza en las labores de ayuda, origina conflictos y choques culturales, religiosos y de principios, y genera una desagradable sensación de supuesta superioridad europea. 
– Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi acuerdo con el informe original de la Sra. Junker. 
Lamentablemente, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos ha presentado una lista de enmiendas que resultan inaceptables para mi Grupo. 
No hace falta decir que, en Europa, las mujeres tienen derecho a una salud sexual y reproductiva satisfactoria, motivo por el cual no logro comprender por qué el Grupo del Partido Popular Europeo no quiere que la gente de los países en desarrollo disfrute del mismo derecho. 
Además, el Gobierno conservador del Presidente Bush, mediante la reinstauración de la política de la Ciudad de México y las falsas acusaciones en las que se señala que el aborto sería el principal objetivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) , complica bastante el trabajo en el ámbito de la atención a la salud sexual y reproductiva, hecho que sin duda alguna tendría que ser denunciado. 
Por último, cuestiono en gran medida la opinión del Grupo del Partido Popular Europeo de que la familia merece toda la protección posible. 
¿Qué ocurre en el caso de las chicas y mujeres violadas en situaciones de guerra o en otras circunstancias? 
¿O en el caso de las mujeres y muchachas que se ven obligadas, por el entorno y, especialmente, por los miembros de su familia, a sufrir la mutilación genital? 
¿Debemos dejar que se las arreglen por su cuenta? 
Mi Grupo considera que esta no es la actitud correcta y, por tanto, ha votado en contra de todas estas enmiendas. 
Hoy he votado en contra del informe Junker, que llama a la Unión Europea y a sus Estados miembros a integrar los derechos sexuales y a la salud reproductiva en sus políticas de desarrollo. 
La expresión de la Conferencia de El Cairo «salud reproductiva» , según ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud, incluye el término «regulación de la fertilidad» , que a su vez incluye el término «interrupción del embarazo no deseado» , es decir, el aborto. 
Dado que la facilitación del aborto no es competencia de la UE, y toda vez que el principio de subsidiariedad se halla consagrado en los Tratados, no me queda más opción que rechazar el informe. 
Creo que el genuino desarrollo orientado a la mujer tendría que apoyar a las mujeres con una atención ginecológica y obstétrica segura, con atención maternal y con atención pediátrica. 
La alimentación, el agua sana y la atención sanitaria constituyen requisitos necesarios para la educación que, junto con un suministro suficiente de energía y un comercio justo, vendrá a promover el desarrollo sostenible a largo plazo del individuo y la sociedad. 
. – Dos extractos representativos de esta resolución bastan para demostrar que el objetivo de simplificación y mejora parece estar fuera de nuestro alcance. 
He aquí el resultado alcanzado por este tercer informe. 
El considerando A dice: «considerando que la calidad y la inteligibilidad de la legislación comunitaria tienen una incidencia directa en el bienestar y en la prosperidad de los ciudadanos y de las empresas de la Comunidad» , mientras que en el apartado 5 se lee: «insiste en el derecho del Parlamento de solicitar a la Comisión que presente una propuesta de acto legislativo en el marco de su examen de las prácticas de autorregulación». 
Por tanto, una vez más nos resulta imposible apoyar una resolución como esta. 
Las propuestas de la Comisión siguen siendo básicamente malas. 
El Parlamento no ha querido o no ha sabido resolverlo. 
Ha quedado preso del sistema y de la jerga comunitaria. 
. – Sí, la calidad y la inteligibilidad de la reglamentación tienen una incidencia directa sobre el bienestar y la prosperidad de las empresas comunitarias. 
Por supuesto, una simplificación del marco reglamentario exige comprobar escrupulosamente si la uniformización a escala europea es realmente necesaria. 
Ni que decir tiene que las instituciones deben velar por garantizar una mayor claridad de las definiciones y los conceptos jurídicos. 
Esto es cierto, pero si, como destaca el ponente, la comunicación de la Comisión es una demostración loable de buenas intenciones, lo mismo se puede decir del presente informe. 
En él, la simplificación del Derecho no es a más que un pretexto para el Parlamento, que en realidad solo trata de hacer valer sus reivindicaciones habituales. 
Así lo demuestra la oposición a cualquier intento de utilizar el objetivo de mejora de la calidad de la legislación para modificar los procedimientos legislativos y el equilibrio de poderes entre las instituciones. 
Lo mismo ocurre con la petición del Parlamento de controlar la elección y el uso adecuados del instrumento jurídico propuesto por la Comisión. 
Todo se hace como si la intervención de este Parlamento bulímico y ávido de poderes fuera una garantía de sabiduría o de moderación legislativa. 
. 
El principal objetivo de este informe es el de contribuir a mejorar la calidad de las normas, objetivo en el no cabe poner demasiado énfasis ni realizar grandes avances. 
El ponente cree que es necesario reforzar las propuestas del Acuerdo interinstitucional «La Gobernanza europea: legislar mejor» , ya que no se han llevado a cabo todas las aspiraciones del Parlamento Europeo. 
Hemos de establecer normas comunitarias claras, precisas, sencillas y eficaces, y esta es la razón de ser del acuerdo. 
No obstante, no debemos olvidar que el Parlamento Europeo disfruta de legitimidad democrática directa, puesto que sus diputados son elegidos directamente por los ciudadanos europeos, a quienes afectan en mayor medida las decisiones comunitarias. 
Este afán por legislar, observado sobre todo en la última década, acentúa el deseo de aumentar el papel del Parlamento en el marco regulador. 
Por este motivo, apoyo la idea del ponente de incrementar la participación del Parlamento Europeo en los ámbitos de corregulación y autorregulación. 
Además, hay que tener en cuenta que este tercer informe se ha aprobado de forma unánime en comisión. 
No obstante, en este texto se eliminan la flexibilidad y la proximidad que persigue el Acuerdo interinstitucional, al asumir los medios necesarios para poner en práctica estas medidas. 
Estoy en contra de los controles a priori y a posteriori que pretende añadir y, en consecuencia, he decidido abstenerme. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
Se han distribuido las actas de la sesión de ayer. 
¿Algún comentario? 
Señor Presidente, no consta mi presencia en las actas de ayer. 
Disculpe la molestia pero, ¿sería posible corregir este error? 
Por supuesto que será corregido. (1) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0107/2004) del Sr. Andreasen, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el derecho de los detenidos de Guantánamo a un juicio justo (2003/2229 (INI) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas siempre ha otorgado la máxima prioridad a la lucha por los derechos humanos. 
Para nosotros resulta esencial que se garanticen los derechos básicos y las libertades fundamentales de cada persona. 
Por lo tanto, supone para mí un honor especial ser el ponente de un informe en el que se incluye una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre el derecho de los detenidos en Guantánamo a un juicio justo. 
Todos los presentes en esta Cámara están de acuerdo en que es preciso acabar con el terrorismo internacional. 
Por consiguiente, tras este informe no se esconde el deseo de cuestionar la lucha contra el terrorismo. 
Se ha elaborado con el fin de resaltar que, aun cuando existan motivos justificados, es necesario obedecer una serie de normas fundamentales, tal como el respeto de los derechos de la persona, de acuerdo con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra. 
Como ya se ha señalado anteriormente, en este caso concreto se trata del derecho a un juicio justo y a recibir un trato acorde con el derecho internacional. 
Desde enero de 2002, aproximadamente 660 personas de 38 países diferentes permanecen retenidas en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba. 
Tenemos constancia de que 87 de ellas, quizás más, han sido puestas en libertad, pero la gran mayoría siguen detenidas. 
No saben de qué se les acusa, aún no se les ha sometido a juicio, y nadie puede afirmar si este se producirá finalmente ni, llegado el caso, en qué momento se hará. 
Los detenidos se encuentran en una situación de vacío legal. 
Se les puede considerar criminales ordinarios o de guerra. 
Como criminales ordinarios, deberían estar amparados por el derecho estadounidense. Sin embargo, según el tribunal de apelación de Washington, la base naval no se incluye dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos por no pertenecer realmente a este país. 
Un tribunal de apelación de San Francisco ha rechazado este argumento. No obstante, se trata del tribunal de Estados Unidos cuyas decisiones son anuladas con más frecuencia por el Tribunal Supremo, así que no es seguro que su pronunciamiento vaya a producir resultado alguno. 
Por iniciativa propia, el Tribunal Supremo estadounidense ha decidido estudiar si se debería aplicar la jurisdicción de este país en la base naval de Guantánamo, esperándose su respuesta para este mes de junio, a más tardar. 
Por otro lado, según las autoridades estadounidenses, los detenidos en la base naval no son prisioneros de guerra y, por tanto, tampoco se encuentran protegidos por los Convenios de Ginebra. 
Estos detenidos no formaban parte de un ejército regular cuando fueron hechos prisioneros. 
No tenían rango alguno, ni llevaban uniformes o armas visibles. 
Las autoridades estadounidenses opinan que los detenidos son combatientes ilegales que no se encuadran dentro de los sistemas jurídicos conocidos y que pueden permanecer presos durante un período de tiempo indeterminado sin ser sometidos a juicio ni tener contacto con un abogado. 
Esta es la situación a la que hacen frente los prisioneros. 
Desconocen cuáles son los cargos que se les imputan y no saben si tendrán la posibilidad de disfrutar de un juicio justo. 
Esto supone una clara violación de los derechos humanos y el incumplimiento de las convenciones internacionales. Por este motivo, el informe insta a las autoridades estadounidenses a que pongan fin sin demora al vacío legal en el que se encuentran los detenidos y a que les garanticen la obtención inmediata de asistencia jurídica, a través de la cual se determine el estatuto jurídico de cada detenido. 
Resulta importante destacar a este respecto que el informe no se aplica solo a los prisioneros europeos, sino al conjunto de los detenidos y a sus derechos individuales como seres humanos. 
En el texto se respalda la posición del Consejo según la cual el tercer Convenio de Ginebra de 1949, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, se ha de interpretar de forma que, en caso de duda, se trate a los detenidos de la base naval de Guantánamo como prisioneros de guerra hasta que se decida que no cumplen las condiciones para ello. 
Partiendo de esa base, podrán, llegado el caso, ser considerados de acuerdo con lo dispuesto en el tercer Convenio de Ginebra, que se aplica a los combatientes legales, y que les asignaría el estatuto y la protección correspondiente a los prisioneros de guerra, o según el cuarto Convenio de Ginebra, que se aplica a los civiles. 
Asimismo, en el informe pedimos al Gobierno estadounidense que confirme que los tribunales militares temporales, establecidos de conformidad con el decreto de noviembre de 2001, cumplirán con todas las normas del derecho internacional. Del mismo modo, solicitamos a las autoridades de este país que concedan a los representantes oficiales de los Estados nacionales, a las instituciones internacionales pertinentes, a los familiares y a los observadores independientes el acceso como visitantes a los lugares de detención. 
La Unión Europea y los Estados Unidos siempre han sido aliados. 
En todo momento hemos mantenido una relación cordial con este país, y así es en el presente y seguirá siendo en el futuro. 
El informe declara que la relación transatlántica es inestimable e insustituible y podría ser una fuerza formidable en pro del bien en el mundo, a condición de que los derechos humanos fundamentales –como el derecho a un juicio justo y la prohibición de la detención arbitraria– se respeten claramente como principios universales e innegociables y sigan siendo el núcleo de los valores y del interés común que mantienen la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Por consiguiente, instamos a los Estados Unidos a que cumplan totalmente las obligaciones contraídas en material de derecho internacional y derecho humanitario internacional. 
El informe recomienda al Consejo que plantee el problema de las condiciones en las que se encuentran los detenidos de Guantánamo en la cumbre que se celebrará entre la Unión Europea y los Estados Unidos en junio de 2004. 
Queremos que se lleve a cabo un plan de acción común para la lucha contra el terrorismo, un plan en el que se combine la adopción de medidas contra el terrorismo con el respeto pleno de las normas humanitarias internacionales. 
Doy las gracias a mis colegas diputados de esta Cámara por las numerosas aportaciones positivas recibidas en relación con este trabajo y por la aprobación casi unánime por parte de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa de la propuesta de recomendación. 
. Señor Presidente, quiero comenzar felicitando a su Señoría por el informe. 
Toca un tema que se halla en el corazón de nuestras preocupaciones en la Unión Europea, a saber, la protección de los derechos humanos fundamentales. 
Nadie en esta Cámara cuestiona la importancia vital de la lucha contra el terrorismo internacional, lo mismo que ninguno de nosotros podrá o deberá olvidar jamás la horrible tragedia que presenciamos en nuestras pantallas de televisión, cuando aquellos aviones se estrellaron contra las torres gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. 
Pero todos comprendemos la necesidad fundamental de luchar contra este mal de una manera que refuerce la causa de la libertad y los derechos humanos. 
Los terroristas ganan si nosotros perdemos de vista esta realidad. 
Los Estados Unidos, como su Señoría ha señalado, detuvieron a varios centenares de hombres durante y después de los combates en el Afganistán y algunos permanecen detenidos desde hace dos años o algo más. 
Algunos de ellos son nacionales de nuestros Estados miembros, pero vengan de donde vengan, han de ser tratados de forma justa y humana, tal como afirma el informe. 
Hemos acogido con agrado la liberación reciente de unos cuantos detenidos y esperamos la de otros más en el futuro. 
La Unión Europea ha sido un miembro firme y comprometido de la coalición internacional contra el terrorismo. 
Sin embargo, como la Unión Europea ha subrayado repetidamente tanto en las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es imprescindible que nosotros y nuestros aliados defendamos los valores de los derechos humanos y la legislación humanitaria internacionales a la hora de combatir el terrorismo. 
La próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos vendrá a brindar una nueva oportunidad para abordar el tema de los derechos humanos y el terrorismo, así como para confiar en la aprobación por parte de la Tercera Comisión de la propuesta de que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas vigile la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. 
Es menester dejar claro –y lo hago sin sugerir, en forma alguna, una falta de interés por este problema que, con toda justicia, es motivo de honda preocupación para muchas Señorías de la Cámara– que la Comisión Europea no tiene competencias en una serie de los ámbitos planteados en este informe. 
En ausencia de una posición común sobre esta cuestión, corresponde a los distintos Estados miembros ejercer la representación diplomática en nombre de sus ciudadanos. 
De igual modo, la cuestión del orden del día para la Cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos es competencia de la Presidencia y de los Estados Unidos. 
Sin embargo, estoy seguro de que el Consejo tomará nota de este informe y de los hondos sentimientos de muchas Señorías respecto de este asunto. 
La Cámara está muy interesada en obtener respuestas a una serie de interrogantes. 
¿Se va a enjuiciar a estas personas y, en tal caso, de qué delitos y con arreglo a qué legislación? 
¿Se va a poner a algunos de ellos a disposición de la jurisdicción de sus propios países y, si es así, se exigirán y obtendrán garantías en cuanto al trato humano que se les dispense? 
Son muchas las preguntas suscitadas por este caso y a las que hace referencia el informe. 
Quiero dejar claro lo siguiente: formular estas preguntas no implica en ningún momento nuestra sólida asociación con nuestros amigos y aliados en los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, un terrorismo que tiene un alcance mundial. 
Pero una de nuestras armas más potentes contra esta lacra es nuestro compromiso inquebrantable con el principio de la libertad dentro de la legalidad. 
En cuanto europeos, hemos de evitar la tentación de plantear estos temas con aires de confrontación, ignorando el trauma sufrido por el pueblo de los Estados Unidos. 
Por esa razón acojo con satisfacción el hecho de que su Señoría haya planteado este tema en su informe de manera tan cuidadosa y prudente y me complace haber podido tener la oportunidad de darle una respuesta en el día de hoy. 
Es crucial que siempre procuremos tener presente cómo entrechocan la lucha contra el terrorismo y la promoción y protección de los derechos humanos. 
Constantemente venimos subrayando que la lucha contra el terrorismo tiene que estar condicionada a preservar los derechos humanos, y no a la inversa. 
Me atrevería a ir un paso más allá. 
A mi entender, la promoción de los derechos humanos debería convertirse en parte integrante de la lucha contra el terrorismo. 
Solo entonces podemos esperar mitigar las tensiones sociales de las que se alimenta el terrorismo. 
De nuevo quiero felicitar a su Señoría por el informe. 
Suscita el tipo de cuestiones que he tenido que abordar en otras circunstancias, por ejemplo a la hora de reorganizar los servicios de policía y de seguridad en Irlanda del Norte, teniendo que cimentar dicha reorganización sobre la premisa fundamental de que las fuerzas del orden están para proteger y preservar los derechos humanos, y no deben tener nada que ver con socavar los derechos humanos. 
Todos apoyamos incondicionalmente la lucha contra la lacra del terrorismo y la combinación mortífera de terrorismo y tecnología. 
Pero creo que también nos mantenemos muy firmes en nuestra creencia de que la mejor forma de luchar contra el terrorismo consiste en conservar el debido respeto de los derechos humanos. 
. Señor Presidente, el Secretario General del Consejo Nacional de las Iglesias de los Estados Unidos ha calificado recientemente la denegación de los derechos humanos en la Bahía de Guantánamo de ofensa contra Dios. 
No voy a adoptar un enfoque religioso, pero está claro que no son solo los europeos los que creen firmemente que la situación en la Bahía de Guantánamo ofende nuestro sentido de la justicia. 
Uno de los magistrados del Tribunal Supremo del Reino Unido, Lord Steyn, ha calificado los tribunales militares propuestos en Guantánamo de mancha para la justicia norteamericana y ha dicho que vendría a la mente el término «tribunal desautorizado». 
El Tribunal de apelación británico ha tildado la detención de los prisioneros de agujero negro jurídico. 
El Gobierno de Bush ha argumentado que las Convenciones de Ginebra están obsoletas en lo que se refiere al trato de los terroristas y ha decidido no aplicar ni estas normas convencionales sobre la Guerra, ni el Derecho penal en el que deberían regir las normas relativas a los derechos humanos, a saber, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Constitución de los Estados Unidos. 
Ha tratado de eludir ambas posibilidades inventando una nueva categoría residual de «combatientes ilegales» en la potencialmente ilimitada guerra contra el terrorismo, que, de una metáfora ha pasado a ser un término literal. 
Pero dicha categoría no existe en el Derecho internacional. 
La denegación del derecho de los prisioneros a comparecer ante los tribunales civiles regulares y a la protección de la Constitución de los Estados Unidos ha sido tristemente respaldada por los tribunales estadounidenses, sobre la base de que la Bahía de Guantánamo, aún cuando los Estados Unidos controlan realmente la base, no es territorio de su soberanía. 
Nos congratulamos de que ahora el Tribunal Supremo haya manifestado que tomará una decisión sobre si los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción. 
Terminaré diciendo que lamento la ausencia del Consejo en este debate ya que, como ha señalado el Comisario Patten, la Comisión carece de jurisdicción, y la incapacidad del Consejo para aprobar una posición común y una estrategia para llevar a cabo la defensa del Estado de derecho en la Bahía de Guantánamo constituye un olvido penoso. 
Señor Presidente, señor Comisario, nos encontramos ante un informe importante sobre un asunto fundamental, acerca del cual me complace hablar en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos. 
Me parece encomiable el modo en que el ponente ha abordado el tema. 
Resulta acertado que, en línea con el enfoque de mi Grupo, haya reforzado la base de este informe. 
Quiero darle las gracias por la excelente relación de trabajo mantenida. 
Se trata de un tema que afecta a los principios fundamentales y básicos de nuestro Estado constitucional. 
Dos años después de que los Estados Unidos transportaran a unos 660 detenidos extranjeros a la base de Guantánamo en el marco de la lucha contra el régimen talibán y el grupo Al Qaeda, la situación sigue siendo, por desgracia, bastante incierta: incierta en relación con las acusaciones, la duración de la detención y la posibilidad de iniciar un proceso judicial, incierta con respecto a la asistencia jurídica e incierta en cuanto al contacto con el país de procedencia. 
En resumen, los presos se encuentran sumidos en un vacío legal. 
En la actualidad, el Tribunal Supremo estadounidense trata de determinar si los tribunales de este país tienen o no competencia para valorar el estatuto jurídico de los detenidos. 
Si bien es cierto que las trágicas consecuencias del terrorismo en nuestro aliado norteamericano a raíz de los terribles ataques del 11 de septiembre hablan por sí solas, ya han pasado algunos años desde entonces y los prisioneros de la base de Cuba aún no han sido llevados ante los tribunales. 
Esta situación no puede, y no debe, seguir así. 
Debido precisamente que el diálogo transatlántico es tan importante e irreemplazable, resulta esencial mantener abiertas las vías de comunicación con nuestros colegas estadounidenses. 
Los aliados pueden hablar de tú a tú y decir las cosas claras. 
Sé que el Convenio de Ginebra de 1949 ya no se considera el mecanismo más apropiado para cubrir las nuevas amenazas existentes, tales como el terrorismo. 
Es fundamental que el Derecho internacional se desarrolle de forma que se establezca un fundamento jurídico que permita hacer frente a los nuevos problemas de seguridad que puedan surgir. 
Hasta el terrorista más cruel tiene derecho a un juicio justo. 
Este es un principio básico respaldado por el Derecho internacional. 
A modo de ejemplo, recordaré el principio del y la necesidad de garantizar debidamente la administración de justicia; del mismo modo, cabe mencionar, entre otros, tratados de gran relevancia como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Convenio de Ginebra, al que ya ha hecho referencia el ponente. 
En todos los tratados mencionados aparece reflejada la idea de garantizar un trato humano a los prisioneros y el derecho de estos a un juicio justo. 
No en vano, lo que está en juego es la dignidad humana; cada persona es importante. 
Apoyo con mucho gusto la postura mostrada por el ponente a este respecto. 
Por último, insto al Consejo a que siga planteando el problema de los detenidos de Guantánamo a las autoridades estadounidenses. 
Este caso merece esto y mucho más. 
– Señor Presidente, Guantánamo debería interpelar a todo ciudadano preocupado por el respeto de los derechos humanos en el mundo. 
En este campo de concentración norteamericano en territorio cubano, el Derecho internacional y el Derecho norteamericano se han dejado fuera de la ley en medio de la indiferencia casi general. 
El mundo entero observa sin hacer nada esta zona en que no hay Derecho, este agujero negro jurídico del que habla Amnistía Internacional. 
Las libertades individuales penosamente conquistadas durante siglos han ido a morir a la playa de Guantánamo. 
Los Estados Unidos, víctima de los atentados del 11 de septiembre, estaban en su perfecto derecho a detener, acusar y juzgar a todos los presuntos cómplices de dichos atentados. 
Pero no tenían ninguna necesidad de actuar al margen del Derecho, ni a encerrar a 660 presos en jaulas de animales iluminadas día y noche. 
La época de los justicieros del Salvaje Oeste ha pasado. 
En nuestros días, nadie debería poderse erigir a la vez en acusador, defensor, juez y verdugo, o incluso se podría decir en torturador. 
Sin embargo, este escenario macabro es el elegido por el Presidente Bush para su justicia «extraterritorial» de Guantánamo. 
Como los Gobiernos aliados se complacen en un silencio cobarde, es hora de que el Parlamento Europeo actúe de forma creíble y audible. 
El informe del Sr. Andreasen sobre el derecho de los presos de Guantánamo a un juicio justo, es pues muy oportuno y felicito al ponente en nombre de mi Grupo. 
La resolución que votaremos mañana está dirigida al Consejo y le pide que adopte una posición común sobre esta grave violación de los principios elementales del Derecho. 
Como recordó muy justamente el Comisario Patten, la ausencia de una posición común se deja sentir cruelmente. 
Pero este llamamiento quedará sin duda en letra muerta mientras perdure el método absurdo de la votación por unanimidad, que permite a un único voto contrario ahogar la voz de Europa en materia de política exterior y derechos humanos. 
Señor Presidente, quiero felicitar a Gran Bretaña, ya que hoy regresarán cinco de los ciudadanos británicos retenidos en la base naval de Guantánamo. 
De acuerdo con los medios de comunicación suecos, serán arrestados e interrogados nada más aterrizar en Gran Bretaña esta tarde. 
Otros cuatro ciudadanos británicos que siguen presos en Guantánamo no serán puestos en libertad, al menos por ahora. 
El prisionero de origen sueco, Mehdi Ghezali, también continúa detenido, sin que se prevea una inmediata liberación. 
Y esta situación se ha mantenido igual desde hace más de dos años. 
En lo que respecta al ciudadano sueco, el Gobierno de Suecia señaló al principio que el problema habría de ser debatido con sus colegas en el Consejo de la Unión Europea. 
Aquí nos encontramos hoy, dos años más tarde, y esto es todo lo que hemos podido conseguir. 
Como la mayoría de los detenidos, Mehdi Ghezali es joven. 
Los prisioneros son jóvenes, y muchos de ellos podrían considerarse incluso niños. 
Los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia que han podido visitarle no están autorizados a comunicar a sus familiares el estado en que se encuentra. 
Su abogado tampoco ha podido entrar en contacto con él. 
El Comisario Patten ha afirmado que es preciso mantener una buena relación con los Estados Unidos. 
Sí, es cierto, debemos mantener una relación apropiada con este país, pero tenemos que garantizar al mismo tiempo un diálogo cordial con las demás naciones. 
Opino que el viejo refrán que dice «Hacen falta dos para bailar un tango» resulta realmente acertado en este caso. 
Lamentablemente, la actitud mostrada por los Estados Unidos ante este asunto no inspira demasiada confianza. 
Aunque, sin duda alguna, aún tenemos presentes los sucesos del 11 de septiembre, también recordamos las imágenes de la base de Guantánamo que, a pesar de todo, se lograron emitir, en las que aparecían jóvenes esposados sentados en jaulas. 
Tenemos que garantizar el respeto de los derechos humanos. 
No basta con celebrar debates al respecto cada cierto tiempo, sino que es necesario lograr avances reales. 
Por este motivo, agradezco sinceramente al Sr. Andreasen la presentación de este extraordinario informe. 
Señor Presidente, yo también deseo felicitar al ponente. 
Se trata de una iniciativa muy importante y este es un momento muy apropiado para presentarla. 
La existencia de campos de detención sin juicio en la Bahía de Guantánamo tiene que resultar inaceptable para cualquier persona en una sociedad civilizada. 
Los prisioneros detenidos durante la invasión del Afganistán deberían haber sido tratados de acuerdo con el Derecho internacional y, cuando menos, deberían haber quedado clasificados como prisioneros de guerra. 
Tienen derecho a un juicio justo. 
Además, deben tener derecho a ser considerados inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia, deben tener acceso a representación jurídica y deben tener derecho a ser inculpados o liberados. 
La Presidencia irlandesa debería hacer cuanto esté en sus manos para garantizar que a estas personas no se les denieguen ni un minuto más sus derechos humanos fundamentales. 
Estoy de acuerdo con lo manifestado por la Sra. Ludford en cuanto al fallo por parte de la Presidencia irlandesa de estar presente hoy aquí, lo cual constituye un pésimo mensaje para la Comunidad Europea y, de hecho, la comunidad internacional. 
Como ha expresado el Comisario Patten, corresponde al Consejo plantear esta cuestión a los Estados Unidos, y el Consejo de la UE ha sido totalmente incapaz de hacerlo en cuantas ocasiones se le han presentado. 
Me pregunto asimismo por qué la Presidencia irlandesa no está hoy aquí. 
¿Es porque la Presidencia teme ofender a los Estados Unidos diciendo algo que pudiera constituir una afrenta para dicho país? 
La Presidencia irlandesa está defraudando también a la población irlandesa, que considera este asunto un escándalo absoluto. 
Señor Presidente, me resulta extraño el hecho de que el Parlamento Europeo se preocupe tanto por unos enemigos de la democracia. 
Los detenidos no forman parte de un grupo de exploradores que se han perdido durante una excursión. 
Todas las pruebas apuntan a que los prisioneros han recibido un trato humano. 
En las imágenes de la base naval se puede apreciar que las celdas son bastante mejores que las de muchas cárceles de los países de la Unión Europea. 
Son pocos los Estados miembros de la Unión que toman parte activa con sus recursos militares en la lucha contra unas fuerzas reaccionarias capaces de hacer uso del terrorismo para cambiar el rumbo del escenario mundial. 
Dejamos esta lucha en manos de los Estados Unidos y de sus fieles aliados. 
Desde el punto de vista de aquellos que profesan un odio recalcitrante a los Estados Unidos, cabría la posibilidad de imaginar que el régimen talibán y el grupo Al Qaeda son una especie de luchadores por la libertad que desean ayudar a los pueblos pobres y oprimidos. 
Son justo lo contrario. 
Es preciso arremeter contra los terroristas de forma que desistan de sus actos criminales. 
Solo mediante la destrucción de sus redes lograremos instaurar la libertad y la democracia en todo el mundo. 
Los detenidos de la base naval de Guantánamo no son soldados pertenecientes a un ejército organizado. 
Tampoco son miembros de un movimiento clandestino surgido en un país ocupado. 
Son terroristas que se oponen fanáticamente a los mismos derechos humanos que algunos diputados a esta Cámara pretenden ahora que les amparen. 
Algunos prisioneros han adquirido la ciudadanía en Estados de la Unión Europea. 
Por lo tanto, si participan posteriormente, haciendo uso manifiesto o no de armas, en una lucha armada en la que resultan asesinados algunos de nuestros soldados, se les puede considerar traidores y recibir el trato correspondiente. 
Estoy seguro de que algunos países de la Unión no habrían hecho gala de la paciencia de los Estados Unidos y habrían acabado con la vida de muchos de ellos sin más dilaciones. 
Me parece impropio que nosotros, sin participar en la guerra en Afganistán y sin haber estado expuestos a auténticos ataques terroristas en nuestros países, creamos que tenemos derecho a decirle a los Estados Unidos lo que deben hacer. 
Doy las gracias al Comisario Patten por dejar claro que la Comisión no tiene competencia en este ámbito ni tampoco el Consejo. 
Recomiendo al Parlamento que vote en contra del informe. 
Señor Presidente, el 11 de septiembre, los ataques contra las torres gemelas en Nueva York abrieron un capítulo nuevo en el planteamiento de la guerra, a saber, un ataque asimétrico y a gran escala por parte de un grupo islámico, internacional, fanático, bien organizado y bien equipado, afiliado a Al Qaeda, sin respeto alguno por las reglas y comportamientos tradicionales de la guerra tal como los conocemos y muy difíciles de clasificar formalmente según la Tercera y Cuarta Convención de Ginebra de 1949. 
Por tanto, todas las exigencias planteadas por esta resolución en cuanto al trato que hay que dar a los detenidos, bien como espectadores inocentes detenidos en el fuego cruzado norteamericano en el Afganistán, bien como delincuentes comunes susceptibles del correspondiente enjuiciamiento, no son legalmente correctas, y tampoco necesariamente deseables, sobre todo si pretendemos proteger la seguridad y la población europeas de nuevos ataques. 
Además, la primera obligación del Estado es proteger a sus habitantes inocentes contra futuros ataques por parte de tales grupos terroristas. 
Los Estados Unidos no derrocharían valiosos recursos públicos deteniendo a quienes no suponen un riesgo para la seguridad. 
De hecho, después de exhaustivos interrogatorios, muchos han vuelto a casa, incluidos tres menores, uno de los cuales dejó constancia en una entrevista con la prensa británica de la humanidad de quienes le hicieron prisionero y se mostró agradecido por la enseñanza formal en lengua inglesa en la base. 
Los demás –incluidos los ciudadanos estadounidenses implicados– son, sin lugar a dudas, peligrosos o una fuente constante de información útil y deberían ser sometidos a juicio por crímenes de guerra, si procede, bajo unos patrones compatibles con las normas internacionales, o estar arrestados en condiciones humanas en calidad de combatientes ilegales mientras dure la guerra, facilitando el acceso a la Cruz Roja y a las autoridades consulares, hasta que sea capturado Osama bin Laden y entregue formalmente su red terrorista y deponga la guerra que tiene declarada a Occidente. 
No acepto que el «habeas corpus» resulte aplicable en situaciones de emergencia como las épocas de guerra o de emergencia nacional, por lo que su consideración es totalmente inaceptable. 
A ningún prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial se le permitió un juicio justo; todo el mundo sabe que permanecieron detenidos mientras duró la guerra. 
Además, desde un punto de vista histórico, los ciudadanos de cualquier país –y del Reino Unido en concreto– que en tiempo de guerra cruzaron las fronteras y lucharon contra sus propias fuerzas armadas o contra los aliados, podían ser acusados en potencia de traición, históricamente un delito capital e incluso hoy día un delito muy grave. 
Por consiguiente, la moción del Grupo Liberal que tenemos hoy ante nosotros no contará con mi apoyo, ya que su finalidad primordial consiste en asestar un varapalo a los Estados Unidos de América en su guerra mundial contra el terrorismo. 
Señor Presidente, no voy a responder inmediatamente al Sr. Tannock, sino que comenzaré por afirmar sin ningún acaloramiento que el concepto de los derechos humanos, incluido el derecho a un juicio justo, constituye la máxima prioridad para todos los Grupos parlamentarios. 
El terrorismo y los grupos terroristas habrán ganado cuando haya quedado arrinconado el Estado de derecho. 
Señor Camre, el Estado de derecho no es un enemigo, sino el fundamento de toda sociedad civilizada. 
Si renuncia a él, estará renunciando a sus derechos civilizados. 
Tenemos que atender a los cargos que se les imputan a estos individuos. 
Si se les hubiera imputado algún cargo, entonces tendrían el derecho y la oportunidad de defenderse, pero no se ha formulado ningún cargo. 
Entre los individuos que están a punto de ser liberados se encuentran tres votantes de mi jurisdicción electoral. 
¿Qué ocurre con sus familias? 
¿Cuáles son sus preocupaciones? 
¿Qué sucede con sus derechos humanos? 
Parto, como creo que hace todo el mundo en esta Cámara, de la idea de que la gente es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. 
Los dos oradores anteriores parecen defender lo contrario. 
Las peticiones formuladas en esta Cámara no son antinorteamericanas. 
De hecho, hemos solicitado a los Estados Unidos que defiendan los derechos del mundo libre que conforman la médula de su propia Constitución. 
Llegamos así al quid de la cuestión: el argumento de que, en cierto sentido, estas personas se encuentran fuera de la jurisdicción nacional de los Estados Unidos. 
No lo están, y sobre esta base los demandantes ante el Tribunal Supremo han exigido la liberación de los detenidos que hemos presenciado recientemente. 
Deberían estar sometidos a la jurisdicción de los Estados Unidos o a la del Derechos internacional: representación legal, un juicio justo y el derecho de recurso. 
En circunstancias excepcionales es cuando más se necesita el Estado de derecho sin excepciones, normal y racional. 
Señor Camre, no puedo estar de acuerdo con usted. 
Usted ha denunciado a estas personas y ni siquiera les concedería un juicio justo. 
No debemos olvidar nunca que el 11 de septiembre trastocó para siempre la mentalidad norteamericana. 
De ahí las acciones que han emprendido. 
Esta Cámara ha elegido por tanto un camino noble: no condenar, ni marginar a quienes han sido detenidos –quizá en circunstancias horrorosas–, sino pedir lisa y llanamente que se defienda y se respete en su totalidad el Estado de derecho nacional e internacional. 
Yo, el Grupo del PSE, el Grupo ELDR y otros Grupos defenderemos esos principios. 
Sería una jornada triste si todos los diputados a esta Cámara no pudieran hacer lo mismo. 
– Señor Presidente, Guantánamo no representa la guerra, sino el resurgimiento de la tiranía ejercida por un gobernante soberano, representado simbólicamente en estos momentos por la lógica de un estado de emergencia permanente defendido por la única superpotencia hegemónica mundial. 
Si se sigue sometiendo el principio del Estado de derecho a una presión de este tipo, puede que toda la tradición jurídica que tanto nos ha costado crear acabe por quebrarse. 
Nos encontramos ante un reto histórico. 
Por suerte, en lo que respecta a los casos de Munir el Motassadeq y Abdeljani Mzud, los tribunales de los Estados Unidos y, recientemente, de Alemania, se han manifestado a favor de los principios de derechos humanos más fundamentales, uno de los cuales es el derecho a un juicio justo. 
Este confinamiento ilegal no favorece a los intereses estadounidenses; lo único que consigue es complicar la lucha legítima contra el terrorismo, que solo podrá triunfar a través de la cooperación y de medidas acordes con la ley, es ignorarlo es ceder al terrorismo, es una señal peligrosa en todos los aspectos. 
Señor Presidente, es absolutamente inaceptable que más de 600 personas, incluso niños, permanezcan detenidas desde hace dos años en la Bahía de Guantánamo sin cargos ni juicio, en unas condiciones que ningún Estado democráticos podría consentir legítimamente. 
Constituye una receta para alimentar el odio, no para poner fin a la atrocidad del terrorismo. 
Este es un debate sobre la defensa de la democracia y el Estado de derecho, y un llamamiento al sentido común y los instintos democráticos del pueblo norteamericano en una situación en la que el sentido común y los instintos democráticos revisten la mayor importancia. 
Es válido y acertado condenar y seguir condenando la atrocidad del 11 de septiembre de 2001 y todas las demás atrocidades perpetradas por los terroristas, ya sea en los Estados Unidos o en Europa, en España, Irlanda o, para el caso, en Israel o en los territorios palestinos. 
El terrorismo se propone deliberadamente destruir la libertad: su objetivo es destruir la libertad. 
Si intentamos minar al terrorismo utilizando medios que de por sí destruyen la libertad, estamos socavando los verdaderos cimientos de nuestra propia sociedad. 
Si nos precipitamos por la pendiente de denegar los derechos humanos y los derechos democráticos básicos a quienes suponemos sospechosos de terrorismo, les estamos brindando una victoria y estamos construyendo una sociedad que, a la larga, perjudicará a los pueblos de este mundo que desean vivir en una paz sostenible. 
Quiero solicitar a la Presidencia irlandesa que incluya este asunto en el orden del día de la Cumbre entre la UE y los Estados Unidos de junio del presente año. 
Señor Presidente, uno de los aspectos interesantes del debate sobre la Bahía de Guantánamo es el del lenguaje, cuando menos las nuevas definiciones de la guerra que se comienzan a escuchar, carentes de fundamento legal en cualquier legislación internacional. 
Ya se ha mencionado hoy la liberación de los ciudadanos del Reino Unido, y por descontado que me alegra tal circunstancia, pero también me interesa quién está defendiendo los intereses de los demás detenidos, cuyos Gobiernos tal vez no mantengan una relación especial con los Estados Unidos. 
Acojo con satisfacción este informe porque pienso que es muy importante mantener todo este asunto dentro de la esfera internacional. 
Como ya han dicho otros oradores, hemos asistido a la creación deliberada de un limbo legal, que ha dado luz verde a otros regímenes para actuar ahora de manera similar, sin olvidar a China, el Yemen, Uzbekistán, la Arabia Saudita y otras democracias sobradamente conocidas, con sus políticas de internamiento de los denominados fundamentalistas. 
Hemos visto cómo el Reino Unido reniega de artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos a fin de legitimar el internamiento en Belmarsh de residentes del Reino Unido. 
Es importante respetar el imperio del derecho humanitario internacional, aun cuando resulte incómodo para los Gobiernos. 
– Señor Presidente, hace unos minutos escuché con sorpresa que Guantánamo era un centro de enseñanza de inglés. 
Es bastante extraordinario, ya que la detención de los presos de Guantánamo va en contra de los derechos humanos. 
Los presos no tienen acceso a un abogado independiente, y no sabemos exactamente quién está detenido y cuáles son los cargos concretos que se formulan en su contra. 
En tales condiciones, cabe preocuparse por la salud mental de los presos. 
Sin la ayuda previa de un abogado independiente, podemos destacar que existe el riesgo evidente de negociación para llegar a un acuerdo, a fin de revisar a la baja las bases de la inculpación. 
Así, los presos podrán optar por declararse culpables, aunque no lo sean, para evitar la pena de muerte. 
Es evidente que los dirigentes de los Estados Unidos y el Presidente Bush quieren procesos ejemplares con confesiones, porque están en un año de elecciones presidenciales. 
La posición del Parlamento Europeo debe ser intransigente contra el terrorismo, pero también intransigente en el respeto del Derecho internacional. 
Es inaceptable que se condene as nadie antes de un juicio. 
Y, en este caso, es lo que sucede, a veces incluso en esta Cámara. 
Por tanto, todos debemos denunciar el agujero negro jurídico en que se encuentran los detenidos. 
Todos recordamos el horror de lo que pasó, pero no queremos que el terrorismo gane, y debemos exigir un trato equitativo para todos y demostrar que defendemos los valores que respetan el Derecho. 
Señorías, es el mejor modo que tenemos de luchar contra la barbarie. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0112/2004) del Sr. Lagendijk, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo al establecimiento de Asociaciones Europeas en el marco del proceso de estabilización y asociación (COM (2003) 684 – C5-0574/2003 – 2003/0267 (CNS) ). 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quiero mostrar mi más sincero agradecimiento al Sr. Lagendijk por el proyecto de resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión de un Reglamento del Consejo relativo al establecimiento de Asociaciones Europeas en el marco del proceso de estabilización y asociación. 
En las enmiendas propuestas se abordan algunos de los puntos clave en lo que respecta a nuestras relaciones con los países de los Balcanes Occidentales. 
Hemos tomado nota de todas las propuestas y las hemos estudiado minuciosamente. 
La Comisión y el Consejo necesitan el apoyo y el compromiso plenos del Parlamento en su esfuerzo por ayudar a esos países en sus reformas y por acercarlos a la Unión Europea. 
Permítanme describir brevemente el origen de esta propuesta de Reglamento del Consejo relativo al establecimiento de Asociaciones Europeas, que se remonta al Consejo Europeo celebrado en Salónica en junio de 2003. Durante este evento, los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron su decisión de apoyar plena y efectivamente la perspectiva europea de los países de los Balcanes Occidentales. 
El proceso de estabilización y asociación se ha visto reforzado y completado por una serie de elementos aplicados en el transcurso del proceso de ampliación actual. 
En este sentido, la introducción de las Asociaciones Europeas constituye una de las propuestas más importantes. 
Se ha instado a la Comisión a que presente las primeras Asociaciones Europeas para su aprobación a finales de este mes, junto con los próximos informes anuales sobre el proceso de estabilización y asociación. 
Del mismo modo que las Asociaciones para la Adhesión de los países candidatos, las Asociaciones Europeas establecen las prioridades a corto y medio plazo que deberán cumplir los países correspondientes con el fin de acercarse a la Unión Europea. 
Se ajustarán a las necesidades específicas de dichos países y a sus respectivas fases de preparación, así como a las particularidades del proceso de estabilización y asociación, incluida la cooperación regional. 
En función de los avances obtenidos, las Asociaciones Europeas se dedicarán progresivamente a la adopción del acervo comunitario. 
La Comisión será responsable de controlar el progreso realizado, que habrá de reflejarse en una serie de informes anuales. 
El texto de cada Asociación Europea se transmitirá al Parlamento Europeo, que, como sucede en el caso de las Asociaciones para la Adhesión, deberá ser debidamente informado acerca de los avances registrados por los países en cuestión. 
La Comisión ha anotado los comentarios del ponente acerca de la asistencia financiera destinada a los países de esta región. 
Quiero señalar una vez más que la propuesta no conlleva ningún tipo de implicaciones financieras. 
Las prioridades de la Asociación Europea seguirán constituyendo la base del programa de ayuda, la cual se proporcionará en el marco del programa CARDS. 
No obstante, he de dejar claro que las asociaciones cuentan con sus propias prioridades, cuyo cumplimiento no tiene implicaciones financieras de ninguna clase, tal como la aceptación de disposiciones legislativas. 
Comprendo a la perfección la preocupación del Parlamento acerca de la condicionalidad de la asistencia comunitaria. 
El respeto de los principios de la democracia y la constitucionalidad, así como por los derechos humanos, los derechos de las minorías y las libertades fundamentales, constituye un requisito para la concesión de la asistencia comunitaria. 
Si no se cumplen estas condiciones generales, el Consejo podrá suspender las ayudas financieras. 
La Comisión ha aceptado incluir una referencia específica a este punto en los proyectos de decisión del Consejo sobre las prioridades particulares de cada asociación, que se pueden considerar prioridades de la Unión Europea del mismo modo que las correspondientes a las Asociaciones para la Adhesión lo fueron para los países candidatos. 
Por supuesto, se consultará de manera informal a los Gobiernos de los países implicados sobre la Asociación Europea. Su acuerdo no vendrá por sorpresa. 
La Comisión acepta la propuesta del Parlamento relativa a la inclusión en el Reglamento de un apartado sobre el procedimiento de consulta a los Gobiernos nacionales. 
En el contexto de los mecanismos establecidos en virtud del proceso de estabilización y asociación con este fin, mantenemos un contacto regular con estos países. 
Suponemos que actualmente estarán elaborando planes en los que se fije el plazo para el cumplimiento de los requisitos necesarios para alcanzar un grado superior de integración con la Unión Europea. 
Este trabajo les permitirá obtener un mayor sentido de la responsabilidad y una mayor comprensión del proceso. 
La puesta en práctica de las prioridades de las Asociaciones Europeas exige compromiso, voluntad política y la aportación de recursos financieros suficientes. 
Las asociaciones se convertirán en una sólida base para dirigir los esfuerzos de reforma de los países de los Balcanes Occidentales hacia un acercamiento a la Unión Europea. 
. – Señor Presidente, antes de pasar a analizar la propuesta de la Comisión, quisiera preguntar si hay que dar algún significado político al hecho de que el Sr. Patten haya abandonado la Cámara y haya sido sustituido por el Sr. Verheugen, ya que este último, según tengo entendido, sigue siendo responsable de los Estados miembros candidatos y de los países en vías de adhesión. 
¿Pretende acaso la Comisión indicar que los países de los Balcanes Occidentales, a pesar de no encontrarse aún de manera oficial entre los Estados miembros candidatos, de repente se han incluido entre estos? 
Para que no haya malentendidos, diré que acogería con agrado esta idea. 
Pero en cualquier caso, resulta sorprendente. 
En lo que respecta a las propuestas, el Comisario ya ha hecho referencia al origen de las mismas, la Cumbre de Salónica del año pasado. 
En dicha cumbre, el Consejo Europeo, sometido a una presión considerable por parte de la Presidencia griega, quiso tener un gesto para con los países de los Balcanes Occidentales. El mensaje político más destacado de la reunión consistía en que estos países ya habían emprendido el camino definitivo hacia Europa y que la Unión Europea estaba dispuesta a ayudarles en este proceso a través de un instrumento adicional, las Asociaciones Europeas. 
La razón de esta iniciativa era que no había duda, tampoco en esta Cámara, de que esos países serán Estados miembros alguna vez. 
La única pregunta que cabe hacerse es cuándo sucederá esto y en qué condiciones. 
No obstante, y para ser sincero, he de decir que, al leer la propuesta de la Comisión por la que se aplica la excelente decisión tomada en Salónica, empiezo a dudar de la idoneidad de la misma. 
Quisiera saber –y esta es la pregunta principal planteada en mi informe– cuál es el valor añadido derivado de la introducción de un nuevo instrumento como las Asociaciones Europeas en este momento. 
La Unión Europea –ustedes lo saben mejor que nosotros– se encuentra inmersa en el proceso sumamente complicado de conclusión de los Acuerdos de Estabilización y Asociación con todos los países de la región o, al menos, este es el objetivo que anima nuestros esfuerzos. 
Ya lo hemos conseguido en los casos de Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, y siguen en curso las negociaciones con los tres países restantes. 
Se trata de un proceso bastante intrincado. 
No es una tarea fácil. 
Todavía existen graves problemas en tres de los cinco países y aún queda mucho trabajo por hacer. 
Y ahora, de pronto, en mitad de este proceso, aparece un nuevo instrumento, las Asociaciones Europeas. 
Estas asociaciones no mantienen la línea marcada por los Acuerdos de Estabilización y Asociación, sino que trascienden el contenido de los mismos. 
He de decir a la Comisión que no logro entender el motivo de tal instrumento; opino que la Comisión, al igual que el Parlamento, está obligada a seguir las instrucciones del Consejo, aunque, igual que nosotros, no pueda reconocerlo en voz alta. 
Me temo que nadie necesita ni espera el nuevo instrumento creado, que solo origina incertidumbre en la región. 
Pienso que hemos de tener mucho cuidado de no hacer promesas vacías a estos países, cuando nosotros mismos no estamos seguros de lo que pretendemos conseguir con esta iniciativa. 
En este terreno, la política se hace con símbolos, e insisto en que debemos andar con pies de plomo. 
Si, después de todo, seguimos adelante con esta iniciativa, querría hacer dos comentarios. 
En primer lugar, haré referencia a los recursos financieros que forman parte generalmente de este tipo de asociaciones –basta echar un vistazo al extraordinario ejemplo de las Asociaciones Europeas–, a saber, las asociaciones que han precedido a la categoría de Estado miembro candidato. 
No en vano, si creamos un nuevo instrumento, ¿no sería conveniente reservar al mismo tiempo alguna cantidad de dinero? 
Su colega, el Comisario Patten, ha repetido en varias ocasiones a esta Cámara que, en lo que a él respecta, no hay problema en destinar a este fin los fondos de que dispone, y que le gustaría recibir más recursos del Parlamento para poder ayudar a estos países. 
Este hecho es el que me lleva a aceptar el concepto de Asociaciones Europeas, siempre y cuando quede clara la cantidad que vamos a aportar. 
Si no se reservan fondos adicionales a los ya disponibles, el conjunto de la iniciativa quedará en agua de borrajas. 
La cuestión más importante tiene que ver con las condiciones. 
Los nuevos instrumentos no deben imponer condiciones diferentes. 
Ya se ha establecido una serie de estrictas condiciones para la asistencia comunitaria a estos países, tales como el regreso de los refugiados, la lucha contra la corrupción y la cooperación con el Tribunal de La Haya. 
Les ruego que no se añada nada más. 
Aunque me complace la declaración realizada por la Comisión en este contexto de que no se modificarán las condiciones existentes, considero que habría que dejar este aspecto suficientemente claro. 
La aparición de nuevos instrumentos no debe implicar el establecimiento de nuevas condiciones. 
No obstante, apoyo plenamente el cumplimiento estricto de las condiciones existentes, ya que, una vez más, he podido apreciar en el Consejo cierta tendencia a tomarlas a la ligera y a incumplir los criterios establecidos en el pasado. 
Sin embargo, hay que cumplirlos. 
Hay que adoptar un enfoque radical: los problemas de la región son amplios y si damos la impresión de que los países implicados pasarán a ser miembros de forma automática en un momento dado, las cosas irán mal. 
Para dejarlo claro: estoy a favor de seguir avanzando, de apoyar sinceramente a los reformadores y las reformas. 
La única elección posible para la Unión Europea es la de respaldar a estos países y a los pioneros que llevan a cabo reformas. 
Si para lograr esto necesitamos nuevos instrumentos, no dudemos en crearlos. Pero si se pueden obtener avances positivos con los que ya tenemos, evitando así la inseguridad que aportan los nuevos, me opondré a la creación de estos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nuestra política exterior en relación con los Balcanes es una consecuencia inevitable de los enormes errores que cometimos a principios de los años noventa; en aquella época carecíamos de una política común para esta región, pero en el presente ya disponemos de una. 
El Pacto de Estabilidad es la respuesta acertada a los problemas de esa zona. 
La negociación del proceso de estabilización y asociación, junto con la asistencia financiera como el programa CARDS y la revisión anual del progreso realizado, contribuye a avanzar hacia el objetivo mencionado con frecuencia de la adhesión final de estos países a la Unión Europea. 
Así que este es el buen camino. 
¿Qué sentido tiene entonces este nuevo tópico de las «Asociaciones Europeas»? 
Los Acuerdos de Estabilización y Asociación constituyen la plataforma de lanzamiento para una asociación y, si se cumplen todos los criterios, la solicitud de adhesión es el siguiente paso. 
¿Acaso cabe contemplar la adopción de una nueva iniciativa sin un respaldo financiero adicional? 
Esta propuesta del Consejo carece de sentido, y la Comisión es consciente de ello, aunque no pueda expresarlo de forma tan explícita. 
Nosotros, sin embargo, podemos decir lo que pensamos. 
Señor Comisario, la Comisión y el Consejo podrían tomar a Croacia como ejemplo para demostrar su compromiso en lo que respecta a esta vanagloriada asociación. 
Croacia lleva años dando los pasos adecuados. 
La cooperación ha sido favorable en todos los ámbitos. 
Asimismo, el resultado de la colaboración con La Haya también ha sido positivo. 
Recientemente se han enviado dos generales más a este tribunal. 
No deberíamos situar el listón cada vez más arriba solo porque un general con pasaporte francés ande por ahí sin poder ser localizado. 
Debemos tener presentes los logros alcanzados. 
La perspectiva positiva ofrecida por Croacia podría indicar el camino que hay que seguir e impulsar el cumplimiento de los criterios de la Unión Europea en la totalidad de la región para la que se han concebido las Asociaciones Europeas, y sé muy bien de lo que estoy hablando. 
Nuestra política exterior común en el sudeste de Europa se encuentra actualmente sometida a prueba, una prueba bastante rigurosa. 
Lamento decir que la propuesta de establecer Asociaciones Europeas que no aportan ningún valor añadido destacado en comparación con el proceso de estabilización y asociación y que, por otro lado, no cuentan con asistencia financiera adicional, no mejorará nuestra credibilidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los comentarios realizados por el Sr. Lagendijk y la Sra. Pack van en contra de la aprobación del informe Lagendijk. 
Yo, por mi parte, no votaré a favor del mismo; sin embargo, aunque opino que se trata de un mal informe, quisiera saber qué clase de Parlamento es ese que crítica las propuestas del Consejo y la Comisión y luego dice, bien, pero como somos un Parlamento, las apoyaremos. 
Yo, por lo pronto, no votaré a favor, y digo esto porque considero que, aunque los argumentos presentados por la Sra. Pack y el Sr. Lagendijk son válidos, se ha ideado un instrumento sin ningún fundamento real. 
Imagino que se podrían sacar algo de la iniciativa de las Asociaciones Europeas, pero para ello sería preciso establecer criterios y objetivos precisos, pero la propuesta actual no dice nada al respecto. 
Confío en que el Comisario Verheugen batallará a favor de esto, ya que supongo que desempeñará un papel clave en la nueva Comisión –y sin duda lo merece– y que, además, tendrá una gran influencia a la hora de asegurar que las Asociaciones Europeas se conviertan en un instrumento basado en criterios claros. 
En mi recomendación, que no fue aceptada por la comisión, señalaba que los Acuerdos de Estabilidad y Asociación deberían aplicarse efectivamente en un período determinado de años. 
Que conste que digo efectivamente, y no de cualquier forma. 
Mi visita a Kosovo como miembro de la delegación encabezada por la Sra. Pack me ha dejado una profunda huella. 
Me dio la impresión de que ni el bando albanés ni el serbio se han visto sometidos a la presión suficiente para actuar según debieran, trabajando juntos por el futuro de Kosovo. 
Y esta impresión se aplica también a algunos otros países. 
Sin embargo, el caso de Croacia, tanto con la administración anterior como con el Gobierno actual, representa una excepción a esa tendencia, ya que este país ha captado la relevancia de la oportunidad brindada y pretende realizar los avances necesarios. 
La Comisión y nosotros en esta Cámara somos culpables en parte de esta situación. Opino que tendríamos que esforzarnos por garantizar que la voz de Europa se escuche con mayor claridad. 
Un ejemplo de esto que comento es nuestro encuentro con el Presidente Rugova, por quien siento un profundo respeto y a quien conozco desde hace mucho tiempo; quizás no tanto como la Sra. Pack, pero puedo afirmar que mantengo una excelente relación con él. 
No obstante, cuando visitamos su residencia oficial –y sé que solo estamos hablando de Kosovo, no de un Estado independiente– comprobé que ondeaban las banderas albanesa, kosovar y estadounidense, pero faltaba la europea. Y según parecía, nadie tenía nada que decir al respecto. 
Me pregunto qué refleja esto con respecto a la voz de Europa. 
Le llevaremos una bandera europea con la esperanza de que tenga cabida en su residencia. 
Quiero aclarar, no obstante, que esta cuestión no afecta solo a este presidente y que con mi comentario no pretendo ni mucho menos realizar una crítica personal. 
Pienso que del mismo modo que Europa no se encuentra representada entre las banderas izadas en su residencia, la representación de las ideas europeas en numerosas zonas de los Balcanes es nula o escasa. 
El Consejo, la Comisión y el Parlamento deben colaborar para lograr que nuestra voz se escuche más ampliamente. 
Comisario Verheugen, si este tema se somete a debate en el plazo de un año y consigue convencerme de que la Asociación Europea ha alcanzado este objetivo, o que al menos ha registrado algunos avances en esta línea, apoyaré el informe Lagendijk con efecto retroactivo. Pero mañana no votaré a favor del mismo. 
Ruego a sus Señorías que no extraigan ninguna conclusión particular del hecho de que yo represente hoy aquí al Comisario Patten, pero resulta bastante oportuno, ya que tal vez yo me encuentre en mejor situación que él para responder a los comentarios de sus Señorías. 
¿Cuál es la cuestión? 
La cuestión es que el Consejo de Salónica preguntó si no podríamos extraer algunas conclusiones de la evolución satisfactoria del proceso de ampliación con vistas a acercar, de manera más eficaz, a los países de los Balcanes Occidentales a la Unión Europea. 
La pregunta era muy simple: ¿hemos aprendido alguna lección, existen instrumentos que hayan resultado útiles para dicho proceso y que pudiéramos aplicar también en este caso, tras los oportunos ajustes? 
La respuesta a la pregunta es «sí». 
En el caso de los países candidatos a la adhesión, hemos contado con los «Acuerdos Europeos» como fundamento jurídico. 
Equivalen a los Acuerdos de Estabilización y Asociación con los países de los Balcanes Occidentales. 
Desarrollamos las «Asociaciones para la Adhesión» como instrumento para ejecutar dichos Acuerdos Europeos y dentro de un momento les explicaré por qué fue una buena idea. 
El instrumento equivalente en el proceso de estabilización y asociación serán las Asociaciones Europeas, ya que no sería muy correcto hablar de «Asociaciones para la Adhesión». 
La gran ventaja de este instrumento radica en que es muy flexible, muy exacto, fácil de controlar, y que los avances se pueden evaluar con enorme precisión. 
La Comisión tiene la intención de preparar estas asociaciones siguiendo exactamente el mismo patrón que en el caso de las Asociaciones para la Adhesión. 
Eso implica describir en términos precisos lo que debe suceder durante el primer año, o dicho de otra forma, la prioridad a corto plazo, en todos los ámbitos –gobernanza política, gobernanza económica, adopción del acervo– y luego las prioridades a medio plazo, para las que nos concederemos dos o tres años, y por último las prioridades a largo plazo. 
La gran ventaja de todo esto radica en que se puede verificar y ajustar en cualquier momento, y que los otros instrumentos de que disponemos pueden adaptarse para cumplir los objetivos de estas Asociaciones, por ejemplo, el instrumento de asistencia técnica que pretendemos utilizar en el futuro. 
Pero también estoy pensando en los instrumentos que ya están a nuestro alcance y todos los demás instrumentos disponibles. 
Puedo decirles, por experiencia propia en el proceso de ampliación, que este instrumento será de utilidad, que se trata de un instrumento muy manejable, con el que hemos tenido una experiencia muy favorable durante la ampliación. 
Por consiguiente, les solicito que le concedan al menos una oportunidad. 
Me gustaría pedirle a mi amigo, el Sr. Swoboda, que tal vez le diera al instrumento dos oportunidades, y en el plazo de un año estaremos encantados de evaluar conjuntamente si ha producido o no algún resultado. 
No obstante, estoy bastante convencido de que se trata de un instrumento que será de ayuda para los países de los Balcanes Occidentales, que resultará más manejable para ellos, y que definirá con mayor claridad y credibilidad la dirección en que debe evolucionar todo el proceso. 
Por esta razón doy a este instrumento todo mi apoyo. 
Muchas gracias, señor Comisario Verheugen. 
– Señor Presidente, el Comisario Verheugen me ha convencido. 
Votaré a favor. 
Confío en que haga lo correcto y espero que lo haga. 
Ya me sospechaba yo que no se trataba de una observancia del Reglamento. 
Como le conozco, no importa; hoy tengo un buen día. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, me alegra que nos encontremos al principio de la fase final de un proceso breve pero intenso. 
Estamos en condiciones de completar el programa y garantizar así que los jóvenes y las organizaciones de jóvenes puedan poner en práctica sus programas. 
Ha sido este un periodo muy intenso y de nuevo hemos padecido la presión del tiempo. 
Me gustaría que no ocurriera lo mismo con nuevos programas en el futuro, de manera que dispongamos de algo más de tiempo para esclarecer con mayor precisión las posiciones individuales y más oportunidades para el debate. 
De lo que se trata en esencia es de apoyar a los grupos de jóvenes, cosa que debe preocuparnos especialmente si deseamos acrecentar la confianza en Europa o en la Unión Europea, ya que son los jóvenes quienes mejor entienden a Europa y los menos propensos a tener problemas a la hora de deponer sus prejuicios. 
Porque esto hay que favorecerlo, también tienen que estar más implicados en el proceso europeo. 
Existen varias formas de hacerlo: un organismo central es el Foro Europeo de la Juventud, que mantiene contactos en los distintos países y que hace muchas cosas difíciles, necesarias y útiles con los jóvenes, permitiéndoles vivir en asociación democrática dentro de Europa y más allá de sus fronteras. 
Hoy debatimos sobre tres informes; aun cuando este sea un debate conjunto, no pueden examinarse a la luz de un mismo criterio, ya que su contenido se refiere a responsabilidades diferentes, que deben tomarse en consideración de manera apropiada. 
Se ha propuesto que se armonicen los programas de acción en lo referente a la cuota de cofinanciación largamente perseguida, al principio de degresión y a su duración. 
No cabe la menor duda de que va a resultar muy difícil, en términos prácticos, que empiecen a funcionar antes de 2008. 
Hemos mantenido conversaciones interminables acerca de la cuota homogénea de cofinanciación del 20%, que no será totalmente operativa, ya que algunas organizaciones, sobre todo en el ámbito educativo, reciben una subvención tan reducida que cualquier recorte adicional se traduciría en la desaparición total de la subvención. 
Para las organizaciones de jóvenes, por tanto, la cifra del 20% se halla en el límite de lo aceptable, ya que la búsqueda de patrocinadores constituye un problema constante. 
Dada la situación económica, las empresas se ven incapaces de atender a los jóvenes. 
A las organizaciones pertenecientes a otros muchos ámbitos de actividad les resulta bastante más sencillo encontrar patrocinadores que a las dedicadas a los jóvenes, razón por la cual estas últimas precisan de nuestro especial apoyo. 
Me gustaría que el principio de degresión, según el cual a partir del tercer año se retendrá un dos y medio por ciento de la subvención del año anterior, beneficie a los grupos y organizaciones de jóvenes que no hayan recibido ninguna subvención antes de esa fecha. 
Esto adquirirá especial importancia a partir de la ampliación. 
Después del 1 de mayo, habrá un mayor colectivo de jóvenes a que atender. 
Tenemos que invertir más y proporcionarles un apoyo sólido. 
Esas organizaciones de jóvenes, cuya finalidad consiste en promover el diálogo internacional entre los jóvenes y facilitar información acerca de aspectos importantes al mayor número posible de jóvenes, también constituyen un cauce de transmisión de los criterios de la Unión Europea. 
Lo importante no solo es fomentar los asuntos de los jóvenes, sino suministrar contenidos afines a los temas en que están interesados. 
Aun cuando debamos tener en cuenta sus preocupaciones, ellos deben efectuar su propia contribución y difundir así al máximo todo el amplio espectro de políticas europeas. 
El futuro de la Unión Europea se halla en manos de los jóvenes y esto no deberíamos olvidarlo. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, el debate de hoy sobre estos tres programas tan necesarios da fe de nuestra búsqueda de un fundamento jurídico común para los ámbitos de la cultura, la educación y la juventud. 
Hemos tenido un procedimiento de concentración –estoy sumamente agradecida por el enorme apoyo que nos ha prestado al respecto la Comisión de Presupuestos– y ahora disponemos de unos recursos financieros bastante estimables. 
Por supuesto, podrían ser más abundantes –al fin y al cabo, son campos en los que tenemos que vérnoslas con el público, y en concreto con los jóvenes–, pero podemos darnos por satisfechos con lo que tenemos. 
Por lo que respecta a mi ámbito, puedo decirles que 77 millones de euros para los programas de acción destinados a las instituciones educativas no constituye una cantidad nimia, que sin embargo, repito, podría ser mayor. 
Dentro de estos tres campos existen instituciones y asociaciones que son, por expresarlo en los términos más amplios posible, embajadores educativos y culturales de Europa y que promueven la notoriedad del patrimonio cultural común de Europa. 
Durante años, a menudo con ayuda de esta Cámara, todas estas entidades han venido desempeñando su labor. 
Sin ellas, la esencia de Europa se atrofiaría aún más de lo que aparentemente sucede ahora de forma paulatina. 
Me complace en especial que la Sra. Iivari haya logrado que se acepte la idea de que las instituciones culturales puedan conservar sus subvenciones, al menos durante un periodo transitorio de dos años. 
Entre otras cosas, constituye un reconocimiento a la labor de dichas entidades. 
Así pueden preparase para las solicitudes que tendrán que cursar en respuesta a las futuras convocatorias. 
Llegados a este punto, quiero subrayar que nosotros, los diputados y diputadas al Parlamento Europeo, nos encontramos más cerca del público que quienes están sentados en la Comisión en Bruselas, y por tanto es una realidad que somos más conscientes de lo que el público necesita. 
Hay tres consideraciones que deseo formular ahora. 
En cuanto a la primera, quiero aprovechar la ocasión para arrojar algo más de luz sobre el Reglamento financiero. 
En ningún caso debe permitirse que la manía jurista de regularlo todo obstruya nuestro afán por una mayor transparencia y eficacia en nuestro quehacer político sobre el terreno, y sé que la Comisión la sufre tanto como el Parlamento. 
El Consejo, que no tiene el más mínimo interés por estos temas, no la padece, pero el problema radica en que nos incumbe la obligación ímproba de defender estos temas sobre el terreno. 
Permítanme decir al respecto que este Reglamento financiero y la Comisión han aniquilado ahora –por citar solo un ejemplo– la red de Casas de Europa que ha existido durante 50 años. 
Ese tema debería formar parte de este debate. 
Quiero reseñar asimismo que, ni por lo que se refiere a 2003 ni a 2004, la Comisión ha sido capaz de abonar a esta red las cantidades de dinero que esta Cámara le había asignado. 
Se niega a hacerlo. 
No es a la Sra. Reding a quien hay que culpar de ello, sino a otros; sencillamente hay que apuntar que la culpa es de la Comisión. 
Tal vez fuera necesario un Reglamento financiero como el que tenemos ahora. 
Lo único es que no puede quedar en la forma en que está. 
Hemos de reconocer que una interpretación rigurosa, por no decir fundamentalista, de este Reglamento financiero origina una burocracia que aleja al público aún más de la UE. 
¿Cómo se supone que los ciudadanos van a presentar una solicitud, si necesitan recurrir a un consultor para que lo haga por ellos? 
Apenas resulta creíble que todas estas cuestiones se hayan complicado tanto. 
No podemos permitir caer rehenes de una especie de imperialismo presupuestario. 
Deberíamos hacer un esfuerzo real por cambiar algo y, en la próxima legislatura, unirnos a la Comisión de Presupuestos para encontrar un nuevo enfoque. 
No somos ni una junta de gestores ni un consejo de administración que buscan el máximo de eficacia burocrática. 
No somos ninguna de las dos cosas, sino una asamblea parlamentaria, y nuestra tarea principal consiste en dar respuesta a los deseos y necesidades de la ciudadanía europea. 
Por esta razón creo que debemos preocuparnos de que el dinero se gaste de forma apropiada, pero no debemos permitir que nos pongan un corsé del que nadie sepa cómo liberarse. 
Mi segunda consideración se refiere a que esperamos algo más del alma de Europa, por lo que los futuros presupuestos han de tener más en cuenta la educación y la cultura. 
La tercera, señora Comisaria, tiene que ver con la nueva generación de programas de educación y cultura, sobre los que usted desea pronunciarse hoy. 
Espero de esta nueva generación de programas que incluyan instrumentos manejables, y me refiero a la actividad a escala comunitaria capaz de ser aplicada en la práctica, dotada de recursos operativos y financieros en línea con lo que desean los ciudadanos. 
Todo lo que hagamos tiene que estar dirigido al público, y permítanme recalcar una vez más que no debe utilizarse como justificación para una maquinaria burocrática. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, es un alivio que el tema de nuestro debate sea la Posición Común respecto de la financiación de las organizaciones y redes culturales europeas. 
Ahora hay que adoptar una decisión sobre este asunto, de forma que las entidades que tengan derecho a financiación reciban sus subvenciones a partir de este año. 
Quiero dar las gracias más sinceras a todos aquellos cuya cooperación durante el procedimiento de conciliación condujo a nuestro éxito a finales del año pasado. 
Terence Wynn, el Presidente de la Comisión de Presupuestos, y otras muchas personas han ayudado mucho. 
La colaboración por mi parte con la Comisión y el Consejo ha sido satisfactoria en las distintas etapas del proceso. 
La propuesta de la Comisión, por la que se establece un programa de acción en el ámbito de la cultura, resultaba necesaria desde el momento en que cambiamos a un presupuesto basado en actividades. 
Las organizaciones culturales, que en el pasado se financiaban con cargo a la línea presupuestaria A, representando un gasto administrativo, precisan un fundamento jurídico para que se mantengan sus subvenciones. 
Gracias al compromiso alcanzado durante el procedimiento de conciliación, la financiación quedará referida ahora a un periodo de tres años. 
Durante los dos primeros años se respetará la decisión adoptada por la Comisión de Presupuestos el otoño pasado en relación con los beneficiarios, lo cual equivale a reservar unos fondos; el tercer año se producirá la transición hacia la solicitud abierta. 
El fundamento jurídico que ve ahora la luz permitirá también la financiación de la labor de la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias y de la red Mercator, así como de los emplazamientos de los campos de concentración como lugares de memoria histórica. 
El presupuesto total del programa asciende a 19 millones de euros. 
Durante el debate de la propuesta de la Comisión quedó claro, por ejemplo a los ojos de los servicios jurídicos de todas las instituciones, que el procedimiento anterior, en el que el Parlamento designaba explícitamente las organizaciones que han de recibir subvenciones, no se ajustaba al nuevo Reglamento financiero. 
Yo particularmente también estoy a favor del método de solicitud directa como cuestión de principios. 
El Parlamento es un órgano legislativo y no nos corresponde a nosotros nombrar a los diferentes beneficiarios. 
No reúne los requisitos de transparencia y buena práctica administrativa. 
El Parlamento marca unas directrices y evalúa las decisiones adoptadas por la Comisión sobre la base de los informes. 
Tras haber trabajado estrechamente con las redes culturales europeas durante casi cinco años, estoy convencida del valor añadido europeo que generan. 
Es enormemente importante que los expertos y los creativos que trabajan en o para los museos, la administración cultural, las escuelas de arte, los colegios, el teatro y la música dispongan de una oportunidad de cooperación. 
Creo que las redes culturales han de contribuir de forma importante al éxito de la ampliación europea. No solo son portavoces señalados de la diversidad de nuestro patrimonio cultural y nuestra civilización comunes de Europa, sino también creadores de nuevas ideas. 
Creo que ahora que estamos completando un fundamento jurídico para las subvenciones a tres años vista, podemos iniciar un buen arranque garantizando la supervivencia de las redes culturales de ámbito europeo. 
Me satisface mucho que la importancia de la cooperación europea en el terreno cultural y educativo quede resaltada en la propuesta de la Comisión como nuevo marco financiero para la construcción del futuro de Europa. 
Por eso quiero expresarle mi gratitud y felicitación más cálidas a la señora Comisaria Reding. 
. Señor Presidente, Señorías, en el origen del debate de hoy se encuentran las nuevas obligaciones impuestas por el Reglamento financiero adoptado en 2002. 
El nuevo Reglamento establece a partir de ahora un marco jurídico claro para las subvenciones que concedemos a gran número de organizaciones europeas de primera línea en los ámbitos de la cultura, la juventud y la educación. 
Ahora, toda decisión de financiación debe tener su justificación en un fundamento jurídico. 
Se trata, desde luego, de un progreso que celebro, al mismo tiempo que comprendo –como ha dicho la Sra. Pack– que tiene efectos perversos, pero espero que, conversando con los servicios presupuestarios de esta Cámara, encontremos soluciones. 
Los cambios introducidos condujeron a la Comisión, en la primavera de 2003, a presentar propuestas de nuevo fundamento jurídico. 
Dichas propuestas se referían, en particular, a los ámbitos de la cultura, la juventud y la educación. 
Pretendían garantizar una transición armoniosa entre el antiguo sistema y el nuevo, y nos esforzamos por garantizar la continuidad necesaria, al mismo tiempo que eran irreprochables en términos de buena gestión de los fondos públicos. 
Hoy, estoy agradecida al Parlamento Europeo –y muy especialmente al Sr. Rocard y su comisión– por haber comprendido la urgencia y haber hecho posible que las propuestas de la Comisión se examinaran con rapidez. 
A día de hoy, me parece que lo esencial está resuelto y me alegro de que nos encaminemos hacia un compromiso, lo que demuestra la determinación de las instituciones europeas de encontrar una solución lo antes posible cuando es necesario. 
En efecto, desde el 1 de enero de 2004, y a falta de fundamento jurídico, nos encontramos en una situación de vacío jurídico en relación con organizaciones cuyos conocimientos y creatividad son bien conocidos, organizaciones que la ciudadanía necesita para poder funcionar realmente en el sentido europeo. 
Estos organismos desempeñan una función insustituible: contribuyen a hacer amar a Europa y a dar un alma a Europa, como algunos diputados han dicho tan acertadamente. 
Por tanto, todos hemos demostrado sentido común para encontrar soluciones que nos permitan poner fin a la situación de incertidumbre. 
Creo que ahora todo está dispuesto para cerrar este expediente, y me permito recordarles que la Presidencia ha enviado tres cartas al presidente de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte informándole de la disposición del Consejo a llegar a un acuerdo en segunda lectura sobre la base de las posiciones comunes así enmendadas. 
La posición de la Comisión con respecto a las enmiendas contenidas en las distintas recomendaciones es la siguiente: por lo que se refiere a la propuesta en el ámbito de la educación y la formación, la Comisión puede aceptar las tres enmiendas votadas en segunda lectura por la Comisión de Cultura, pues aportan mejoras importantes a la aplicación del programa. 
Por lo que se refiere a la cultura, las cinco enmiendas tendentes a hacer el texto compatible con el Reglamento financiero y a tener en cuenta la conciliación presupuestaria cuentan también con la aprobación de la Comisión. 
En cuanto a la juventud, la enmienda que introduce en el fundamento jurídico una cláusula transitoria para ampliar el período de elegibilidad al 1 de enero de 2004, a fin de tener en cuenta los gastos realizados durante el período de vacío legal, cuenta también con la aprobación de la Comisión. 
Por tanto, señor Presidente, la Comisión aprueba por completo las enmiendas del Parlamento. 
Ya no hay ambigüedades, como puede comprobar, y terminaré dando las gracias a las ponentes, las Sras. Iivari, Pack y Prets, por la calidad de su trabajo y, sobre todo, por el espíritu con que lo han realizado. 
Gracias a ustedes, Señorías, vamos a poder proseguir nuestro importante trabajo con organizaciones europeas que dan vida a la Europa de la ciudadanía. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, tras haber escuchado brevemente a la Comisaria Reding, no tengo nada que decir, porque me parece que este tema es muy importante. 
Uno puede ser un profesor cualificado, pero qué hacer sin medios, sin dinero, sobre todo a escala europea. De vez en cuando, el Consejo de Ministros hace gala de una mayor generosidad con los proyectos europeos, pero le resulta difícil hacerlo porque, con la subsidiariedad, como sabemos, la educación sigue siendo normalmente un asunto nacional. 
Sea como fuere, si me expreso en nombre propio y no como diputado al Parlamento Europeo, si me expreso como antiguo profesor de Historia, reconozco que el dinero es sin duda importante para la educación, pero hay algo más importante aún. 
Como diría la Sra. Reding, la educación es también una cuestión de formación y de espíritu. 
Todos los aquí presentes, incluido el público, fueron una vez niños y escolares, y cada uno y cada una de nosotros recordamos a buenos profesores. 
Los malos profesores se olvidan, los buenos se recuerdan. 
¿Qué es un buen profesor? 
Es alguien que ama su asignatura, que ama a sus alumnos y también, por fuerza, a sus familias. 
Este informe de las ponentes Pack, Prets e Iivari es muy importante y rindo homenaje a su trabajo. 
Pero no es el final de la historia. 
El final de la historia sería que las generaciones que nos siguen tuviesen la posibilidad de realizar, quizás, algo que vaya más allá de lo que nuestros sistemas regionales y nacionales pueden dar. 
Desde nuestro punto de vista de diputados al Parlamento, de miembros de una institución de la UE, hay lugar para la cultura y la educación a escala europea. 
Espero que este informe reciba una acogida favorable por parte del Consejo de Ministros y que los profesores y los alumnos tengan así la posibilidad de ampliar un poco su espíritu. 
La cultura y la educación no son ni regionales, ni nacionales, ni europeas, son las tres cosas a la vez. 
Señor Presidente, ¿debo hablar ahora en inglés para seguir confundiendo a los intérpretes? 
Señorías, señora Comisaria, quiero agradecer de todo corazón a las tres ponentes haber llevado a cabo esta excelente labor de forma tan rápida. 
Lo interpreto como la transmisión a las entidades culturales, educativas y juveniles del importante mensaje de que esta Cámara cuenta con poderosos defensores para interceder por sus causas. 
Si se me permite hablar del entorno en el que he estado profundamente involucrada, con el Libro Blanco sobre la Juventud, el nuevo programa sobre juventud y el antiguo, debo decir que, a raíz de sus crecientes contactos a través del último proceso de consulta, las organizaciones de jóvenes y el Foro Europeo de la Juventud tienen puesto muy alto el listón de sus expectativas. 
Creo que los jóvenes están muy satisfechos con el buen fundamento jurídico para subvencionar financieramente más de 80 organizaciones de jóvenes. 
En comparación con otras políticas –por ejemplo, la cultural o la educativa–, el programa de juventud está dotado tan pobremente que acabaremos por asignar menos de un uno por ciento del presupuesto global de la UE a este entorno, y eso, Señorías, a la larga ya no resulta aceptable. 
Los ciudadanos quieren que la Unión Europea sea fiel reflejo de sus intereses. 
Este es un entorno al que debemos insuflar vida. 
Por tal razón, la dimensión geográfica, que siempre debemos conservar en el fondo de nuestras mentes a la hora de apoyar las organizaciones de jóvenes, implica algo más que la ampliación de la UE. 
Hemos de tener claro que el Foro Europeo de la Juventud, una federación de organizaciones de jóvenes, también opera con los países que pertenecen al Consejo de Europa, donde desempeña una papel importante como intermediario político. 
Las asociaciones de jóvenes, si me lo permiten, van siempre un poco por delante de las demás organizaciones. 
Los jóvenes piensan más hacia el futuro; tal vez tengan una visión más clara de su propio futuro que personas como nosotros, inmersas en la vida cotidiana y en la actividad política. 
Eso explica la cooperación con la CEI y tampoco debe menospreciarse la importancia del programa en términos de desarrollo político pacífico en el Mediterráneo. 
Y con respecto a las elecciones del 10 al 13 de junio, solo me queda decir que tenemos que convencer a los jóvenes de que Europa es el lugar apropiado para desarrollar sus ideas políticas. 
Así pues, hoy es un buen día para que aprobemos estos tres programas, a partir de los cuales tendremos algo más de influencia en las negociaciones del presupuesto y, por lo que respecta a los programas de los jóvenes, podremos mirar un poco más hacia el futuro. 
– Señor Presidente, el paquete legal con que tenemos que vérnoslas pretende crear un fundamento jurídico para determinados programas de acción en el entorno de la cultura, la educación y la juventud. 
La finalidad de estos consiste en proporcionar apoyo financiero a las entidades y organizaciones en este campo. 
El presupuesto del Parlamento Europeo se ha utilizado, de acuerdo con las líneas A-30, para apoyar a ciertas entidades, y concretamente a las ONG que funcionan sobre una base voluntaria, que han promovido la actividad europea y reforzado la identidad europea. 
A lo largo de los años se han ido consolidando las subvenciones para las organizaciones, hasta el punto de que su asignación ha sido algo que los antiguos beneficiarios de la ayuda han dado por supuesta. 
La selección de las organizaciones y entidades merecedoras de apoyo financiero parece haberse convertido en un proceso notablemente arbitrario. 
Los operadores nuevos han puesto de manifiesto la dificultad de ser incluidos, ya que los criterios de selección han sido poco precisos. 
La selección parece haber estado condicionada más por el hecho de que las organizaciones seleccionadas contaran con sólidos defensores en las pertinentes Comisiones parlamentarias, que por una calidad operativa mayor que la de otras. 
Este aspecto fue objeto de atención a la hora de revisar el Reglamento financiero, procediéndose finalmente a reducir o eliminar los fondos asignados en las partidas presupuestarias. 
El paquete legal sometido ahora a debate va a crear un fundamento jurídico para las subvenciones a las organizaciones que operan en los ámbitos de la educación, la cultura y la juventud. 
El objetivo debe consistir en que las formas de ayuda financiera por parte de la Unión Europea sean transparentes y estén debidamente justificadas. 
Esto significa que las ayudas reiteradas y garantizadas deben ser pocas o dejar de existir en su totalidad. 
Las organizaciones y entidades tienen que demostrar de manera clara que son centros de excelencia y mejores que otras en ese terreno. 
Las subvenciones tienen que fundamentarse en solicitudes evaluadas de modo imparcial y justo. 
La financiación debe ser canalizada de manera que defina con precisión los objetivos cuya consecución apoya la UE, y cualquier beneficiario de ayuda tiene que elaborar un informe fidedigno sobre el uso de las subvenciones. 
Quiero dar las gracias a las ponentes, las Sras. Iivari, Pack y Prets, por sus excelentes informes. 
Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a las tres ponentes por sus informes, que apoyo totalmente. 
En los diez años que he estado en el Parlamento, he desempeñado la función de ponente para el presupuesto o ponente alternativo para el presupuesto por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, y a menudo he trabajado estrechamente con la Sra. Iivari. 
Quiero centrarme sobre todo en el informe relativo a la cultura. 
Ella y yo estamos bastante de acuerdo en cuanto a los principios. 
Tal vez discrepemos en cierta medida en que yo siempre he considerado que el procedimiento parlamentario para subvencionar las actividades es muy abierto y transparente. 
También estuve presente en la reunión de concertación justo antes de Navidades, en la que elaboramos el nuevo fundamento jurídico. 
Quiero rendir homenaje tanto a la señora Comisaria como al equipo de la Comisión por su apoyo, así como al Presidente de la Comisión de Presupuestos, que se ha mostrado extremadamente colaborador. 
Permítanme sólo formular tres observaciones clave. 
La inversión en actividades culturales es importante. 
Estoy plenamente de acuerdo con la señora Comisaria: Europa tiene que significar, y significa, algo más que simplemente economía y comercio. 
Las actividades de organizaciones como la Joven Orquesta de la Unión Europa, «Swinging Europe» , el Foro Europeo para las Artes y el Patrimonio –podría seguir enumerando otras–, todas ellas ayudan a la gente a comprender no solo la cultura, sino también la dimensión cultural de Europa y, a través de ella, la propia Unión Europea. 
Todos sabemos que el programa Cultura 2000 está subvencionado muy deficientemente. 
Además está limitado por su propia definición, y muchas organizaciones que necesitan ayuda a escala europea y han recurrido al Parlamento, podrán utilizar ahora este nuevo fundamento jurídico. 
No podemos esperar que los Estados miembros subvencionen actividades culturales de alcance europeo, sino que se centrarán en el ámbito nacional. 
Las subvenciones para la cultura son demasiado exiguas; es algo que ya se ha dicho antes. 
Cerca del 50% de nuestro dinero va a parar a agricultura; cifro en menos del 0,5 % lo que se destina a cultura. 
Pero la cultura es un importante agente creador de riqueza: el 17% del PIB del Reino Unido procede de las industrias creativas. 
Por último, tenemos que garantizar que las organizaciones que reciben subvenciones obtengan la información con la debida antelación, de manera que el dinero se gaste de forma eficaz y efectiva. 
Señor Presidente, estoy especialmente contento de que estos programas garanticen la estabilidad financiera de organizaciones como el Foro Europeo de la Juventud, Jeunesse, la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias (EBLUL) y los centros de información y documentación Mercator, entre otras muchas. 
El Foro Europeo de la Juventud y Jeunesse cumplen un papel esencial a la hora de facultar e incorporar a los jóvenes a la sociedad civil, que entraña tanta importancia. 
Asimismo proporcionan a la gente joven un entorno para aprender a tomar decisiones democráticas, la comprensión intercultural y el aprendizaje automotivado. 
De igual forma, la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias y Mercator han desempeñado, y continuarán desempeñando, un papel importante para salvaguardar y fomentar las lenguas minoritarias en la Unión Europea. 
Su presencia y su labor resulta especialmente necesaria ahora que van a entrar a formar parte de la Unión 10 nuevos países, incrementando aún más el número de lenguas minoritarias existentes. 
Actualmente existen 40 millones de personas que hablan lenguas minoritarias. 
A estas se sumarán otros seis millones de usuarios de lenguas minoritarias. 
Es vital que los usuarios de estas lenguas gocen de los mismos derechos y posibilidades de que han disfrutado todos los demás ciudadanos. 
Saludo también con agrado las medidas para incrementar la transparencia en las decisiones para asignar subvenciones a organizaciones, así como las facilidad de uso del proceso de solicitud de fondos que, en la actualidad, es demasiado farragoso. 
Sin embargo, lamento que en el caso de las ONG juveniles, el principio de degresividad siga estando en la posición común, lo que significa que la reducción de sus fondos a partir del tercer año dificultará las cosas para ellas. 
Garantizar un presupuesto ordinario para estas ONG constituiría la mejor manera de apoyar sus actividades y aumentar su eficacia en el futuro. 
Espero sinceramente que estos excelentes informes sean ratificados por una mayoría notable en el Parlamento. 
Señor Presidente, querida Comisaria, Señorías, ponentes, al igual que las personas que me han precedido en el uso de la palabra, creo que es fundamental tener un fundamento jurídico que nos permita contar con un presupuesto estable para los programas de cultura, educación y juventud europea. 
Estos programas, en los que, evidentemente, tienen que estar implicados la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo, deben tener, en primer lugar, el fundamento jurídico que les corresponde, y eso va por buen camino y, en segundo lugar, el presupuesto adecuado. 
Y ésta es una cita pendiente que las instituciones europeas tenemos con la educación, la cultura y la juventud europea. 
He dicho muchas veces en este hemiciclo, no me voy a cansar de decirlo, y hoy lo voy a decir una vez más, que el futuro de Europa es la juventud. 
No puede ser de otra manera. 
Y el futuro de Europa va a depender muchísimo de la educación que reciban estos jóvenes. 
Aunque de acuerdo con el principio de subsidiariedad la educación no nos corresponde a nosotros, sí podemos aportar mucho y de una manera muy positiva para conseguir una Europa más unida, conocida, cohesionada, culta y educada; lo que todos deseamos. 
Al final eso redundará en beneficio de todos los europeos. 
Por eso, pido que, cuando hayamos concluido la batalla del fundamento jurídico, entre todos comencemos la batalla de aumentar los presupuestos de juventud, cultura y educación hasta llegar a la cantidad que verdaderamente se merecen, porque eso nos conviene a todos nosotros. 
Muchas gracias, señora Zabell. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la Comunicación de la comisión sobre la nueva generación de programas comunitarios de educación y formación 2007–2013 y sobre la «Ciudadanía en acción. 
. Señor Presidente, me había comprometido a trazar durante el primer semestre de 2004 las perspectivas de futuro de los programas europeos que están a mi cargo. 
Ya está hecho. 
La Comisión acaba de dar luz verde a la comunicación sobre los nuevos programas. 
Las dos comunicaciones adoptadas hoy conciernen a todos los europeos, desde su aprendizaje escolar hasta su vida de ciudadanos. 
Es importante porque Europa no es solo una cuestión de economía, finanzas y comercio. 
Europa tiene un alma. 
Europa son las mujeres y los hombres en su diversidad cultural, que representa la auténtica riqueza de nuestra Unión. 
Los nuevos programas quieren prestarles oído; quieren responder a sus aspiraciones y ayudarles a crear una auténtica ciudadanía europea. 
En efecto, las cuestiones asociadas a la educación y la ciudadanía figurarán entre los principales retos del decenio por venir. 
En una Unión que debería tener cerca de 500 millones de habitantes en 2007, reforzar el sentimiento de pertenencia cultural y ciudadana a un conjunto de una extraordinaria diversidad va a requerir necesariamente la movilización de todas las herramientas y programas a nuestra disposición. 
Así, los programas contemplados en las comunicaciones adoptadas hoy participarán en una nueva lógica de conjunto: construir puentes entre las culturas y los individuos. 
Señor Presidente, estos programas son nuestro futuro, porque están centrados en la ayuda a la juventud, para que pueda realizar sus aspiraciones europeas tanto en el ámbito de la educación como en el vasto terreno de la ciudadanía. 
Sé que estos programas responden a una gran expectativa. No caen del cielo. 
Se han llevado a cabo consultas públicas con miles de profesionales, con miles de personas comprometidas con la cultura, con la educación. 
Hemos contado con el acuerdo y la petición expresa del Parlamento Europeo para seguir adelante. 
Por lo demás, les digo muy sinceramente que el calendario es apretado, porque necesitaremos el año 2006 para implantar los programas a fin de garantizar una transición armoniosa entre los programas de hoy y los de mañana. 
Quisiera decirles también que la Comisión ha aprovechado la ocasión para proponer una gran simplificación, que tiene sus límites, por supuesto, porque los fundamentos jurídicos, las clientelas –si puedo decirlo así– y las intervenciones son diferentes. 
Pero hemos conseguido reducir el número de fundamentos jurídicos de 13 a 6 y el número de líneas presupuestarias de 26 a 7. 
Por otra parte, esta prevista una revisión del Reglamento financiero para 2005 y espero que, en aras de una mayor transparencia, de una mayor eficacia y de una menor burocracia, conseguiremos simplificar, en particular, la utilización de estos programas por parte de los ciudadanos. 
Todos estos programas son programas europeos que insisten en el valor añadido europeo y, por tanto, se crean y conciben a escala europea. 
Sin embargo, su aplicación se descentralizará a nivel de agencias nacionales, más cercanas a los ciudadanos. 
Las agencias gestionarán la ejecución de los programas, porque conocerán directamente a los ciudadanos interesados. 
Puedo decirles que existe una enorme capacidad de absorción en este sentido, porque, ya hoy, nuestra ejecución presupuestaria es casi del 100%. 
Las solicitudes recibidas para proyectos relacionados con la educación y la cultura en el sentido amplio del término exceden al menos en un 50% de lo que podemos ofrecer. 
Tenemos realmente una capacidad que llenar, porque hay una demanda del público muy importante que satisfacer. 
¿Por qué he esperado hasta hoy para presentarles los nuevos programas? 
Simplemente porque debía esperar las perspectivas financieras para poder avanzar. 
Creo que el Presidente Prodi lo ha dicho en esta Cámara: la Comisión piensa que la educación y la ciudadanía son elementos muy importantes de la futura política europea. 
Por esta razón se nos propone, en las perspectivas financieras, un presupuesto enormemente incrementado. 
Sin embargo, a pesar de que dicho presupuesto es casi cuatro veces superior al que tenemos hoy, estamos aún muy lejos de la cuenta, Señorías, puesto que hoy nuestros programas solo representan el 0,8 % del presupuesto comunitario. 
Por tanto, incluso si aumentan de forma significativa los gastos contemplados en interés de la ciudadanía, en interés de los hombres y mujeres que hacen Europa, solo seguirán representando un pequeñísimo porcentaje del presupuesto global de la Unión, sin contar con que, para conseguir ese pequeño porcentaje, se lo digo con toda claridad, todavía hará falta mucho trabajo político, mucho trabajo de persuasión. 
Les he dicho que había dos programas. 
El primero se refiere a la educación, se llama: «Nueva generación de programas de educación y formación» , y tiene como hilo conductor la formación a lo largo de toda la vida, que debe comenzar en la más tierna infancia, para enseñar a los niños a aprender, y continuar hasta que los ciudadanos abandonen la vida activa. 
Habrá, pues, un único programa integrado, un programa que tiene por objetivo hacer que las lenguas, las nuevas tecnologías y, muy importante, la divulgación de los resultados de nuestros trabajos, considerados elementos transversales, abarquen todos los aspectos de la educación. 
Habrá, por supuesto, distintos niveles, como hoy: la escuela, la formación profesional, la enseñanza superior, la formación de los adultos. 
En todos estos niveles se introducirá el valor añadido europeo: la movilidad, por supuesto, porque a nosotros corresponde hacer hincapié en la movilidad; las cooperaciones entre clases escolares, entre organizaciones que se ocupan de la educación; los proyectos transnacionales, en el marco de los cuales nuestros pedagogos desarrollarán nuevos programas a la vanguardia del progreso. 
Les daré algunas cifras que ilustran lo que proponemos. 
Queremos que al menos un 10% de los alumnos de las escuelas primarias se beneficien de proyectos de movilidad, virtual o real: hoy estamos solo en el 1,5 % anual. 
Queremos triplicar los estudiantes Erasmus: el número actual es de 120 000 estudiantes por año. 
En el marco del programa Leonardo dedicado a la formación profesional, queremos pasar de 45 000 personas al año a al menos 150 000. 
Queremos tener una verdadera movilidad en la formación de adultos: hoy estamos –casi me avergüenza decirlo– en 2 000 personas, y querríamos pasar a por lo menos 50 000 personas al año. 
Y me refiero aquí a la movilidad dentro de la Unión Europea, porque también está, por supuesto, el movilidad fuera de la Unión Europea. 
Están los nuevos vecinos, que tendremos que integrar en nuestra manera de hacer Europa. 
En este sentido, señor Presidente, queremos desarrollar Tempus, hacer un Tempus Plus, que no se centre únicamente en lo universitario, sino que contemple ayudas en función de las necesidades y las capacidades de cada país, ayudas en todos los ámbitos de la política de educación, integrando también la escuela y la formación profesional. 
Y después están las cátedras Jean Monnet, que hoy existen en cincuenta países. 
Pensamos que también en este nivel es muy importante avanzar. 
Otro aspecto que va a interesar a los diputados que han hablado de finanzas hace unos minutos, señor Presidente, es la integración de instituciones como Brujas, Florencia y Maastricht en nuestros programas, para que el fundamento jurídico quede regulado de una vez por todas. 
Esto por lo que se refiere al nuevo gran programa integrado de Educación. 
Después está el segundo gran programa integrado de «Ciudadanía en acción» , que agrupará varios programas actuales, que se continuarán tal cual bajo el gran paraguas de la ciudadanía. 
Habrá tres capítulos: juventud, cultura y medios de comunicación. 
Primer capítulo, el programa Juventud. 
Sé que, entre ustedes, hay diputados que se interesan muy especialmente por este programa, varios de cuyos aspectos van a ser desarrollados. 
Primer aspecto, primer tema, Juventud para Europa, que englobará la movilidad, la participación y el intercambio. 
Después, segundo gran tema: el servicio voluntario europeo. 
Con la ampliación de este servicio no solo a los individuos sino también a los grupos, quisiéramos hacer del voluntariado entre la juventud una verdadera política, fuerte y visible, que tenemos la intención de extender más allá de Europa. 
Queremos hacer una especie de programa Juventud para el mundo, para contribuir al desarrollo de la comprensión mutua en un espíritu de apertura al mundo y de compromiso activo de los jóvenes. 
Pienso en los países de la Europa ampliada, en la intensificación de la cooperación con los países candidatos, con los países de los Balcanes y con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) , pero también con otros terceros países. 
Otro aspecto que no debe descuidarse, la acción de los animadores socioeducativos y el sistema de apoyo, para formar a los animadores de juventud y apoyar la cooperación política. 
Segundo capítulo, la cultura. 
En este ámbito, habrá tres objetivos de valor añadido europeo: movilidad de los profesionales, circulación transnacional de las obras y diálogo intercultural. 
Serán los tres hilos conductores que atravesarán todas nuestras acciones culturales. 
Ya no habrá la sectorización rígida de hoy, sino más bien grandes acentos, como acabo de describir, con los tres tipos de acción que conocemos hoy: cooperaciones plurianuales con operadores privados y empresas, que implica una apertura hacia el ámbito de las empresas culturales; proyectos anuales innovadores, esto no cambia; y para retomar los problemas que acabamos de resolver, apoyo a los organismos culturales europeos. 
A este respecto también, Señorías, habrá una gran simplificación. 
No habrá más que una sola línea presupuestaria en lugar de las cinco que tenemos hoy. 
Último capítulo, el audiovisual. 
También aquí habrá tres grandes objetivos: preservación y promoción de la diversidad cultural y del patrimonio, circulación de las obras dentro y fuera de la Unión, y mejora de la competitividad del sector industrial. 
Para explicarlo bien, diré que nos mantenemos en la lógica actual. 
Ya hoy decimos que la inversión en la producción de películas es una inversión nacional, regional, privada, todo lo que se quiera, pero no europea. 
Nos mantenemos ahí, pero vamos a dar a los Estados miembros la posibilidad de proseguir esta inversión, de seguir concediendo ayudas públicas al cine. 
Para ello, intervendremos hacia arriba y hacia abajo. 
Hacia arriba, con la adquisición de competencias. 
Hay que poner en red nuestras escuelas de cine. 
Cabría imaginar, por qué no, un Erasmus para las escuelas de cine. 
Para tener acceso a los créditos, habrá que aprender el oficio concreto de la realización de una película, incluidos los planes empresariales. 
En efecto, no queremos educar a personas caprichosas, queremos educar a personas capaces de hacer buenas películas que, además, se vendan. 
Más adelante está el problema de la distribución. 
Como saben, las películas europeas viajan mal a pesar de todos nuestros esfuerzos. 
Sigue existiendo el problema de que una película nacional se ve en el país creador, pero las dificultades comienzan a la hora de pasar la frontera. 
Por consiguiente, debemos hacer todo lo posible para que esta situación cambie, por razones de ampliación del mercado de la película, pero también por motivos de diversidad cultural que no tengo que explicarles. 
Vamos a reforzar el sistema de apoyo y de distribución selectiva y automática y vamos a añadir una ayuda al doblaje y al subtitulado, una ayuda al multilingüismo, para que no sea demasiado caro hacer viajar las películas. 
A este respecto, pienso en las nuevas técnicas, porque, ya hoy, el 40% de los ingresos de una película son generados por los DVD. 
Y los DVD contienen automáticamente el potencial multilingüe. 
Por tanto, tendremos que trabajar sobre esto con un gran compromiso. 
Está después la mejora de la promoción, en Europa por supuesto, pero también fuera de Europa. 
Pienso, por ejemplo, en paquetes de películas europeas traducidas a las distintas lenguas, que podrían ofrecerse a festivales en Nueva York, en Nueva Delhi, acompañadas por las estrellas europeas para poner de verdad todos los medios y conseguir una gran visibilidad. 
Para preparar el futuro, Señorías, nos reservamos un espacio para «proyecto piloto» , un espacio de flexibilidad, porque las nuevas tecnologías van a experimentar una gran evolución. 
Por tanto, debemos estar preparados para acompañar esa evolución en función de las necesidades. 
Señorías, esto es un pocas palabras lo que se ha decidido hoy. 
Desde luego, es un bosquejo. 
Es una estructura, pero pienso que demuestra que la Comisión se toma muy en serio lo que Europa tiene de más valioso, lo que constituye la gran riqueza de Europa: los ciudadanos y su diversidad cultural. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, tengo tres preguntas que formularle. 
En primer lugar, quisiera saber si la ampliación del programa Tempus a Tempus Plus es una respuesta a la pregunta planteada en Salónica acerca de si se iban a ampliar los programas educativos a los países de los Balcanes. 
No me parecería suficiente; me gustaría ver ampliado todo el programa Sócrates, en vez de tener solo el Tempus como uno nuevo. 
En segundo lugar, ¿no acarrea la reducción de la línea presupuestaria que nosotros, en esta Cámara y en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, tengamos aún menos que decir acerca de quién obtiene las subvenciones? 
¿Cuál es la verdad de todo esto? 
En tercer lugar, ¿se han perdido los nombres de los programas? 
¿Desaparecen los nombres de «Erasmus» , «Sócrates» y «Comenius» , o se conservan en alguna parte? 
No me queda claro a partir del texto. 
Aunque espero recibir una respuesta al respecto, lamento no poder estar presente para escucharla, ya que tengo que recabar información antes de asistir a otra reunión. 
Ruego acepte mis disculpas. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, permítame comenzar dándole las gracias por respetar el calendario. 
Resulta edificante ver ya listo el nuevo programa, y quiero plantearle tres preguntas breves. 
Dado que desea aumentar y ampliar todo –Leonardo, por ejemplo, desde 45 000 hasta 150 000 participantes, un 10% de alumnos de escuela primaria en lugar del 1,5 %, un salto de 2 000 a 50 000 en la educación de adultos, y otras muchas cosas–, ¿qué podemos esperar en cuanto al presupuesto? 
Solíamos obtener el 0,8 %; si queremos un mejor rendimiento y una calidad más alta, tendremos que pagarlo de alguna forma. 
Además, ¿en qué fases se va a lograr este objetivo? 
¿Cómo se pretende lograrlo para 2012 ó 2010, y quién va a soportar entonces el gasto adicional si –como he escuchado– muchos países ya no están dispuestos a aportar más del 1% al presupuesto europeo? 
– Señora Comisaria, permítame en primer lugar felicitarla. 
En efecto, en este período de morosidad después de la conferencia intergubernamental, este hemiciclo no se estremece a menudo de entusiasmo. 
Usted nos ha brindado la ocasión, lo cual es muy grato. 
Mis preguntas son legión, pero le formularé cuatro. 
Tres se refieren a lo que acaba de decir y otra se aparta ligeramente del tema que ha abordado, pero tiene que ver con nuestros problemas. 
La primera es la siguiente: ¿puede ser un poco más explícita sobre lo que acaba de mencionar brevemente en relación con la cuadruplicación del presupuesto? 
¿Para qué período? 
¿Sobre qué base? 
¿Se trata de la totalidad de la dotación para la cultura, la juventud y los medios de comunicación? 
¡Menuda noticia! 
Partimos de una cantidad tan pequeña. 
De todos modos, nos gustaría saber algo más. 
La segunda pregunta se refiere a las lenguas. 
Conocemos bien, señora Comisaria, y lo admiro, el entusiasmo y ardor con que defiende usted los programas de iniciación lingüística y las lenguas minoritarias. 
En este contexto, es el Consejo el que va a la zaga. 
¿Estaría dispuesta la Comisión, en apoyo de los programas que acaba de describir, a retomar la idea de que el Consejo debe presionar a los Estados miembros para hacer obligatoria la enseñanza de al menos dos lenguas vivas? 
Además, según los lingüistas, sería preferible que una de ellas fuera ajena a la familia lingüística de la lengua materna. 
Así, Europa se hará multilingüe y no dependiente de nuestra jerigonza parecida al inglés. 
La tercera pregunta se refiere al cine. 
He tenido el placer de escucharla a este respecto, señora Comisaria, pero no ha mencionado, en relación con la promoción de la diversidad cultural y su defensa en el ámbito del cine, el desafortunado texto elaborado –me parece– por la Dirección General de Mercado Interior. 
En nombre de la protección de la competencia, pretendía armonizar todas nuestras estructuras de ayuda al cine, de hecho iba a suprimirlas o trastocarlas. 
Esto nos preocupa. 
En nuestra opinión, esta argumentación era estúpida, pero nos gustaría oírlo de su boca. 
Mi cuarta pregunta es una cuestión de aplicación. 
Se refiere a lo que ha dicho sobre la gran cultura europea. 
Ha hablado usted de Brujas y de Florencia. 
Acabo de saber que, en Florencia, tras un acuerdo internacional que establece el presupuesto de este instituto, se ha recibido una notificación en la que el importe acordado y votado por este Parlamento, que es soberano en Europa, aparece amputado por el Secretario General de la Comisión en un 20%. 
– Gracias, señor Presidente, y enhorabuena a la señora Comisaria, que ha concebido los programas de educación con planteamientos muy ambiciosos. 
Espero que, conjuntamente con la Comisión, podamos confeccionar el presupuesto para los mismos. 
Quiero recordarle que Erasmus pretendía incluir al 10% de los estudiantes en el programa. 
Esperemos que consigamos hacerlo. 
Permítame abordar ahora el programa nuevo. 
Nuestro orden del día simplemente describe esto como un debate sobre los programas de educación y cultura. 
Me temo que serán los jóvenes quienes terminarán pagando la factura, si sus asuntos se meten en el mismo saco junto con todo lo demás. 
Creo que tenemos que garantizar –y usted tiene que especificar en su propuesta– que los programas para jóvenes estén debidamente subvencionados, que el sistema educativo informal seguirá valorándose como es debido en el futuro, y que podrá ampliarse a fin de preparar a los ciudadanos para una ciudadanía en acción. 
Si todas estas cosas –juventud, cultura, medios audiovisuales, medios de comunicación y películas– acaban en un mismo saco, me temo que los jóvenes acabarán pagando el pato y salir perdiendo. 
No debe permitirse que eso suceda. 
. Señor Presidente, intento ser lo más breve posible, principalmente porque el lunes próximo estaré en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. 
Por consiguiente, todas las preguntas que puedo leer en este momento en los rostros que me rodean podrán plantearse en ese momento. 
Puedo asegurarle a la Sra. Pack que es justo al contrario: la realidad es que vamos a ampliar el programa Tempus Plus a todas las modalidades de escolaridad, es decir, escuelas, formación profesional, educación para adultos y universidades. 
Ha preguntado si se va a prescindir de los nombres, a lo que la respuesta es tanto afirmativa como negativa. 
Contamos ahora con una denominación global para los programas de educación, por lo que ya no existe Sócrates, pero Comenius, Erasmus, Leonardo y Grundtvig seguirán aplicándose a las escuelas, las universidades, la formación profesional y la educación para adultos, respectivamente. 
La Sra. Prets me ha preguntado acerca de la posición con respecto al presupuesto. 
Es muy sencillo: cuando no quede nada por repartir, no recibiremos nada. 
La Comisión adopta una postura diferente; lo que le gustaría es que quedara algo para repartir, y por eso no simpatiza con los países que solo quieren pagar el 1%. 
Necesitamos más si hemos de invertir en la ciudadanía, en los ciudadanos, en nuestros jóvenes, y el hecho de que el presupuesto de la Comisión para el futuro sea un presupuesto ampliado significa que ha habilitado más fondos para la formación y para la ciudadanía. 
He procurado deliberadamente no inmiscuirme en este debate, creyendo como creo que es muy importante –incluso en términos políticos– clarificar lo que queremos para Europa, hacia dónde queremos llevar a Europa, y lo que necesitamos para conseguir tal propósito. 
Solo después de haberlo hecho deberemos mirar cuánto dinero precisamos para convertir todo eso en realidad. 
Atacarlo desde el otro extremo constituye la forma errónea de proceder. 
Quería decir al Sr. Rocard que la cuadruplicación del presupuesto se recoge en las perspectivas financieras que la Comisión les ha presentado. 
Por tanto, señor Rocard, tendrá usted todavía mucho gusto en negociar y pelear con el Consejo de Ministros, que seguramente querrá conceder menos de lo que propone la Comisión. 
Habrá que precisar entonces en qué ámbito hacer los recortes. 
¿Queremos 120 000 o 360 000 estudiantes Erasmus por año? 
Seamos muy claros. 
Si no se nos da dinero para financiar los 360 000 estudiantes Erasmus o el 10% de escuelas que podrán beneficiarse de un programa educativo de movilidad, no podremos hacerlo. 
Es evidente. 
Las lenguas, señor Presidente, están incluidas, como hilo conductor, en todos nuestros programas educativos, así como en todos los programas a favor de la ciudadanía. 
No se puede construir Europa sin diversidad lingüística, está claro. 
Con todo, me alegra comprobar los modestos progresos realizados en los Estados miembros y no pierdo nunca la ocasión de dirigirme a estos últimos para incitarles a avanzar. 
En cuanto al cine y la ayuda al cine, creía haber dicho, señor Presidente, que debemos ser lógicos. 
Si, en nombre de la Unión Europea, no queremos invertir en la producción de películas, debemos dar a los Estados miembros la posibilidad de hacerlo. 
Tendrá que esperar a la semana próxima, señor Rocard, cuando en su calidad de presidente de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte obtenga una respuesta que le satisfaga, estoy segura, no solo a usted, sino a todos los cineastas europeos y a todos aquellos que aman el cine. 
La Sra. Gröner ha expresado el resquemor por cuanto sería perjudicial para la juventud que se metieran en el mismo saco a la juventud, la cultura y los medios de comunicación. 
Estoy en condiciones de decirle que puede confiar en que no permitiré que se haga. 
Cuando presentemos los programas reales en julio, verá que los jóvenes no han caído en el olvido. 
Siempre decimos que ellos son el futuro de esta Europa nuestra, y realmente lo son. 
Solo resta que nuestros actos respalden nuestras afirmaciones. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0066/2004). 
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas a la Comisión 
¿Está al tanto la Comisión de la honda preocupación que existe en Escocia porque se sospecha que el Estado de Noruega está abusando de una posición dominante en el sector de la piscicultura? 
¿Puede indicar la Comisión qué medidas está adoptando y va a adoptar, a este respecto, para evitar el abuso por parte de intereses controlados por el Estado noruego y otros así como por parte del grupo Nutreco de los Países Bajos (se cree que las políticas de gestión de sus intereses en acuicultura se deciden en Stavanger) , en particular en lo relativo a los alimentos para animales? 
Señor Presidente, Señorías, voy a dar una respuesta muy directa a esa pregunta. 
La Comisión está dispuesta a realizar una investigación en profundidad del supuesto abuso de posición dominante en el sector de la piscicultura de la Unión Europea, acerca de si se ha producido dicho abuso y cuándo ha sido. 
Ya en 1992 procedimos a la prohibición de un acuerdo de precios por cuenta de criadores de salmón noruegos, escoceses e irlandeses. 
Estamos en contacto regular con las autoridades noruegas en lo referente a la supervisión de los mercados a que hace alusión la pregunta. 
Como he dicho, estoy dispuesto a estudiar en profundidad la información disponible y, en caso necesario, poner en marcha investigaciones ulteriores sobre esta cuestión. 
– Agradezco calurosamente al Comisario Fischler esta respuesta tan directa. 
Es sumamente importante que se investigue esta acusación de abuso de posición dominante. 
Algo que es particularmente preocupante es que los reproductores de juveniles, o salmones jóvenes, se localicen principalmente en Escocia e Irlanda y dependan enteramente de las ventas a los criadores, quienes a su vez están afectados por los fabricantes de piensos. 
Los fabricantes de piensos y las preocupaciones de la cría están dominados por los intereses noruegos y es aquí donde surge el abuso de posición dominante en el mercado. 
Un riesgo particular que plantea es el de un determinado activo que actualmente se encuentra en manos de los reproductores de salmones de propiedad de la Unión Europea y que son los datos genéticos y peces reproductores maduros genotipados, que son de importancia fundamental, tal como estoy seguro que el Comisario comprende muy bien. 
Al llevar a cabo su ulterior investigación, con la que estaré encantado de cooperar tanto como pueda, ¿examinará más detenidamente y con más interés este aspecto de la situación? 
Señor Presidente, solo me cabe pedir a su Señoría que nos haga partícipe de cuanta información reciba, ya que estamos dispuestos a conceder a todos estos asuntos la atención que merecen. 
Aparte de eso, no puedo sino estar de acuerdo con lo que acaba de manifestar. 
– Señor Comisario, me uno al Sr. MacCormick agradeciéndole su respuesta directa. 
Tanto él como yo hemos estado pasando información semana tras semana tanto a usted como a sus colegas, pero hemos visto que existe una relación más bien tortuosa entre usted en el tema de la acuicultura, el Sr. Monti en el tema de la política sobre competitividad y el Sr. Lamy en el del comercio, lo que dificulta mucho las cosas. 
¿Puedo pedirles a los tres que unan fuerzas y trabajen al unísono, para actuar en este problema particular con la mayor urgencia posible? 
A nuestros electores de Escocia se les está exprimiendo la vida. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera poner algo en claro al respecto. 
Efectivamente existe una diferencia entre agricultura y pesca en este contexto. 
La realidad es que también soy responsable de la parte internacional de los asuntos agrícolas. 
Además, soy el encargado de las negociaciones relativas al sector agrícola, por ejemplo en la OMC. 
La situación es distinta en la pesca, donde el Comisario Lamy tiene la responsabilidad sobre la dimensión internacional. 
No obstante, me complace mucho asumir su sugerencia y la próxima vez que celebremos una de nuestras reuniones bilaterales o trilaterales –le puedo asegurar que lo hacemos–, nos preocuparemos de que la información llegue con suficiente antelación a todas las personas que puedan tener alguna responsabilidad en el tema. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 28 decae. 
Para que la orden de detención europea y la propuesta de orden de relativa a las pruebas en la UE sean eficaces, la situación por lo que se refiere a los derechos de los sospechosos debe ser la misma en toda la Unión. 
¿Cuándo presentará la Comisión una propuesta oficial de acuerdo a escala de la UE sobre garantías en procesos que impliquen a sospechosos? 
En otras palabras, ¿cuándo piensa proponer condiciones de acceso iguales para los abogados y los intérpretes a fin de combatir la inmunidad policial y garantizar interpretaciones parecidas de los derechos humanos, incluidos el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo y el derecho a guardar silencio? 
. En pocas palabras, la Comisión prevé presentar una propuesta para una decisión marco sobre determinados derechos procesales para las personas sospechosas en procesos penales en toda la Unión Europea. 
El proyecto de instrumento se encuentra en su etapa final de consulta interna dentro de la Comisión. 
Cuando concluya y se haya traducido, se enviará al Parlamento y al Consejo. 
El proyecto de decisión marco abarca cinco derechos fundamentales: el acceso al asesoramiento legal; el acceso a la interpretación y traducción libres, que aseguren que las personas que no pueden entender o seguir los procedimientos reciben atención específica; el derecho de las personas extranjeras detenidas a comunicarse con sus autoridades consulares, y la notificación por escrito de sus derechos. 
En cuanto al derecho al silencio, la Comisión ha pedido al Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales que lleve a cabo un estudio sobre la recopilación y gestión de pruebas, incluido el modo en que se interpreta el derecho al silencio en todos los Estados miembros y en los países en vías de adhesión. 
Una vez se reciba el informe de este estudio, la Comisión evaluará la necesidad de una propuesta en este ámbito. 
La inmunidad de la policía no es competencia de la Unión Europea, puesto que el mantenimiento de la ley y el orden y la salvaguarda de la seguridad interior están explícitamente excluidas del ámbito del Tratado de la Unión Europea. 
– Muchas gracias por la respuesta, señor Comisario, que suena alentadora. 
Me doy cuenta del terrible campo minado que va a ser esta propuesta. 
Tome como ejemplo la orden de detención europea, que todos los Estados miembros han ratificado pero únicamente ocho han transpuesto a su legislación nacional. 
Va a ser muy difícil aprobar esta propuesta, pero cuenta usted con el respaldo de nuestra comisión. 
Ante usted hay dos grandes obstáculos. 
Existe un problema de reconocimiento mutuo frente a la normalización. 
Sería mejor la normalización, pero el reconocimiento mutuo es el enfoque más fácil. 
¿Cómo va a lograrlo y asegurar que funcione cuando existe un Convenio Europeo de Derechos Humanos, y todos los abogados inteligentes dirán inmediatamente que no reconocen la capacidad de otra persona para juzgar y que van a recurrir a Estrasburgo? 
¿Cómo va a conseguir que esto funcione en la práctica? 
Será muy difícil y espero que me tranquilice usted. 
. Confirmo que es extremadamente difícil, ya que casi la mitad de los Estados miembros no están de acuerdo en que existe un fundamento jurídico para abordar estas cuestiones a escala de la Unión Europea. 
Esta no es la posición de la Comisión. 
Creemos que este reconocimiento mutuo, que es la piedra angular de la cooperación judicial en asuntos penales, necesita confianza mutua entre los Estados miembros. 
En cierta medida, para crear este clima de confianza mutua, necesitamos un grado mínimo de armonización o al menos de aproximación del Derecho penal, incluidas las garantías procesales. 
No estamos trabajando en un campo vacío; el Convenio Europeo de Derechos Humanos establece algunas normas. 
Creemos que es preciso llegar más lejos a escala europea y concretar más el modo de utilizar las garantías procesales que ya se han establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Vamos a presentar nuestra propuesta dentro de muy poco e intentaremos que el Consejo la apruebe. 
No será fácil, pero estoy decidido a seguir este camino. 
– Señor Comisario, ruego me perdone si encuentro que la situación no es satisfactoria, ya que estoy seguro de que usted también piensa lo mismo. 
Se nos aseguró, en el momento de establecer la orden de detención europea, que le seguirían a pocos pasos normas comunes mínimas y efectivas. 
Ahora descubrimos que no va a ser así. 
Quienes sugerimos la creación de un europeo en la orden de detención nos encontramos reforzados en nuestra creencia de que esto hubiera sido mucho más acertado. 
¿Puede usted conceder, señor Comisario, como persona que ha sido un valiente luchador en este sentido, que, si la nueva Constitución tuviera que entrar en vigor, los Estados miembros en el futuro se encontrarían sujetos a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al ejecutar mandamientos de detención europeos, y que esto será Derecho vinculante, ya que al aplicarlos estarán aplicando el Derecho europeo? 
. Señor MacCormick, comparto su punto de vista de que la situación no es satisfactoria pero, sin embargo, no hay un campo vacío, como he dicho. 
En primer lugar, existe el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que aborda normas de juicio justas, y que han suscrito todos los Estados miembros y todos los países en vías de adhesión. 
En segundo lugar, existen algunas normas procesales en la decisión marco sobre la orden de detención europea como tal y, en tercer lugar, apoyo plenamente la idea de una Carta de los Derechos Fundamentales que sea legalmente vinculante y tenga rango constitucional. 
Tan pronto como resolvamos cuestiones menores sobre la ponderación de votos, entrará en vigor, de ello estoy seguro. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 30 decae. 
¿Qué posición va a adoptar la Comisión ante las solicitudes presentadas por el sector pesquero gallego al Comisario Fischler, durante su visita de trabajo a Vigo, con respecto a la conveniencia de que esa agencia asuma también funciones relativas a la investigación y a la mejora de los dictámenes científicos sobre el estado de los recursos pesqueros y el análisis de una posible aplicación de sistemas de intercambio de cuotas entre las empresas pesqueras comunitarias, para que, de conformidad con las propuestas del sector gallego, se parezca en sus responsabilidades a otras agencias como las relativas al mercado interior o a la promoción del diálogo social? 
Señor Presidente, Señorías, el 13 de diciembre de 2003 el Consejo Europeo dio luz verde a la creación de la Agencia Europea de Gestión de la Pesca, sobre la cual la Comisión presentará a finales de este mes una propuesta en la que definiremos las responsabilidades de esta nueva agencia. 
La más importante de todas será la coordinación de la implantación conjunta de los servicios de control en los Estados miembros. 
Los controles deben ser realizados, entre otros, por equipos multinacionales, fijando la Comisión las estrategias de inspección a utilizar, como los puntos de referencia y las prioridades comunes. 
También implicaremos a expertos procedentes de los Estados miembros en la creación de la agencia y consultaremos con los diversos grupos de interés. 
Para septiembre esperamos disponer de un estudio acerca de los aspectos operativos de esta agencia, y sus resultados serán debatidos por el Consejo en el marco de la toma de decisiones. 
Con ocasión de mi última visita a Vigo, el sector pesquero gallego sugirió posibles emplazamientos para la agencia en cuestión; por supuesto, estudiaré con detenimiento estas sugerencias, que serán tenidas en cuenta en los estudios a que he hecho alusión. 
Tan pronto como el Consejo acepte nuestra propuesta, estaremos en condiciones de nombrar el Consejo de Administración y el Director Gerente, con lo que la entidad, en cierto modo, podrá empezar a funcionar. 
Señor Comisario, he tenido conocimiento, como puede suponer, de su visita a Vigo, mi ciudad natal, y sé que el sector pesquero de la ciudad, uno de los mayores de Galicia, del Estado español y de Europa, ha formulado una serie de sugerencias relativas a las obligaciones y competencias de esta agencia, que considero merecen una respuesta concreta por parte de usted. 
Además, creo que debería promover un diálogo abierto con el sector antes de definir el reglamento de la agencia y pienso que esta institución podría constituir el enlace tan necesario entre quienes trabajan en la industria y las instituciones científicas. 
En cualquier caso, quiero preguntarle expresamente si la Comisión ya ha recibido la propuesta del Estado español para que la sede de la agencia quede fijada en Vigo y cuándo piensa usted que quedará establecida definitivamente allí. 
Señor Presidente, todavía no hemos recibido la propuesta oficial para el emplazamiento concreto de esta agencia, pero como he señalado, aún hay tiempo para ello, ya que primero tenemos que crear su fundamento jurídico. 
Aunque vamos a formular sin demora la pertinente propuesta, tendrá que seguir los cauces del proceso legislativo. 
Señor Presidente, yo querría, al hilo de las preguntas, formular una concreta: como se ha dicho, es evidente que fue el Consejo quien decidió que esta agencia se creara en España, que esta decisión fue aprobada y que el Presidente del Gobierno de España –democráticamente elegido–, Sr. Aznar, asumió que tenía que ser ubicada en la ciudad de Vigo. 
Creo que la Comisión lo ha asumido también, puesto que el propio Comisario ha estado allí. 
Por lo tanto, creo que no hay ninguna duda al respecto. 
Lo que lógicamente preocupa ahora al sector es cuándo empezará a funcionar esta agencia. 
Creo que el Parlamento tendrá que pronunciarse sobre la propuesta que haga la Comisión y que, una vez constituido el nuevo Parlamento en julio –y esto es lo que quiero preguntar al señor Comisario–, creo que en septiembre podrá estar –como él ha dicho– en la fase operativa. 
Si en otoño –septiembre u octubre– el Parlamento se pronuncia y da su dictamen favorable, ¿quiere ello decir que en 2005 podría estar funcionando ya la agencia o que se habrían acabado todos los trámites para iniciar su funcionamiento, si todos los trámites se pueden realizar a partir de la nueva constitución del Parlamento? 
Señor Presidente, para evitar cualquier malentendido, quisiera dejar claro que la agencia no puede empezar a funcionar antes de que haya quedado fijado su fundamento jurídico. 
He señalado que la Comisión –que está actuando muy diligentemente en este caso– va a presentar este mes la propuesta sobre el fundamento jurídico, tras lo cual tanto el Consejo de Pesca como el Parlamento tendrán que pronunciarse y tomar una decisión. 
En el actual estado de cosas, solo cabe esperar un dictamen del Parlamento tras las elecciones parlamentarias, lo que significa que el Consejo tampoco podrá adoptar una decisión antes de finales de año. 
Solo tras la adopción de esta decisión será posible iniciar los procedimientos de contratación y seleccionar el equipo humano, cuyo proceso llevará un cierto tiempo a lo largo del año que viene. 
Lamento el hecho de que no sea posible, ni legal ni técnicamente, hacerlo con mayor celeridad. 
Tampoco podremos hacer uso de ningún fondo hasta que no esté en vigor el fundamento jurídico. 
Anticipándose a la liberalización del acceso a las aguas de las Azores, que deberá entrar en vigor el 1 de agosto de 2004, han entrado en las aguas de las Azores decenas de embarcaciones comunitarias no registradas en esas islas que alegan haber recibido la autorización de otros Estados miembros. 
Las autoridades portuguesas son incapaces de controlar el tipo de arte, las cantidades y las especies que son el objetivo de la pesca realizada por esas embarcaciones y las autoridades regionales de las Azores temen que se esté creando ya, de forma anticipada, el escenario de despilfarro de los recursos previsto para la fecha de entrada en vigor de los dispositivos establecidos en el Reglamento (CE) 1954/2003 (1). 
¿Cuándo piensa adoptar la Comisión Europea, en virtud de los poderes que le otorga el Tratado y de su obligación de defenderlo, las medidas urgentes necesarias para impedir de inmediato que continúe dicha actividad? 
¿Cuándo piensa revisar la Comisión Europea su aceptación de la posición del Consejo ante las pruebas que indican que dicho Reglamento va en contra de los principios básicos de los pueblos y del medio ambiente recogidos en el Tratado? 
Señor Presidente, Señorías, aunque la Comisión tiene por supuesto conocimiento de la presencia de embarcaciones pesqueras españolas en aguas de las Azores, parece existir un cierto malentendido por parte de las autoridades portuguesas acerca de la aplicabilidad del Reglamento (CE) 1954/2003. 
El artículo 5 de dicho Reglamento, que rige las condiciones en que pueden realizarse capturas de peces en aguas de las Azores, Madeira y las Islas Canarias, afirma que los Estados miembros pueden reservar para las embarcaciones locales la pesca dentro de una franja de 110 millas desde la costa. 
Eso es así desde el 14 de noviembre de 2003, fecha en que entró en vigor esta disposición legal. 
Corresponde a los Estados miembros garantizar el cumplimiento de tales disposiciones. 
De todo ello se desprende que la presencia de embarcaciones españolas en aguas de las Azores fuera del límite de las 100 millas marinas no justifica ninguna medida de emergencia del tipo planteado por el Sr. Casaca, ya que los barcos están respetando las disposiciones de acceso. 
Me gustaría recordarle, en este contexto, el dictamen de la Comisión con motivo de la aprobación del Reglamento (CE) 1954/2003 por parte del Consejo, cuando anunciamos además la prohibición de la pesca al arrastre en las Azores, a fin de prevenir cualquier daño a los ecosistemas vulnerables del fondo del mar. 
El 3 de febrero de este año hemos presentado al Consejo una propuesta de Reglamento relativo a este asunto. 
La Comisión también mantiene un diálogo continuo con los Estados miembros implicados, con el propósito de garantizar que las fricciones en la ejecución de las nuevas disposiciones se reduzcan al mínimo. 
Señor Presidente, estoy seguro de que se trata de un descuido, señor Comisario, pero no ha hecho alusión al artículo 15 de este Reglamento, que es muy concreto en cuanto a la derogación del sistema que protege actualmente las aguas de las Azores. 
La fecha a que hace referencia es el 1 de agosto o, alternativamente, la fecha de entrada en vigor del conjunto de disposiciones de aplicación del esfuerzo pesquero, que aún no ha entrado en vigor. 
Este artículo no puede revocarse a capricho de nadie. 
El Consejo, la única autoridad legal que hasta el momento ha presentado un dictamen sobre la materia, tal como figura en el Acta de la reunión del Consejo del 19 de febrero, ha afirmado de manera inequívoca que dicha fecha debe respetarse. 
Quiero preguntarle, señor Comisario, en base a qué derecho piensa usted que puede revocar un artículo que no admite ninguna otra interpretación y que protege las aguas territoriales de las Azores hasta el 31 de julio. 
Señor Presidente, de entrada puedo asegurarle al Sr. Casaca que hemos consultado con nuestros servicios jurídicos, cuya visión de estos temas es exactamente la que le he expuesto, ninguna otra. 
Lo que en principio hemos decidido es que, por una parte, se ha fijado un nuevo límite de 100 millas marinas, mientras que por otra, la zona de protección de pesca se ha ampliado para abarcar nuevas especies de peces, en lugar de proteger solo la pesca del atún, como de hecho venía siendo el caso hasta ahora. 
Así pues, aunque su Señoría invoque el artículo 15, no puedo darle la razón. 
La actuación española en el caso a que usted hace referencia ha sido totalmente correcta. 
La reforma de la OCM del olivar de 1998 estableció un período transitorio para disponer de datos fiables sobre el sector del aceite de oliva, saliendo al paso de las reclamaciones que se formulaban desde España ante el desajuste de su cuota nacional; dichos datos y la evolución de la OCM vigente han venido a confirmar su insuficiencia y discriminación, por comparación a la realidad productiva de otros Estados miembros. 
Los olivareros españoles y andaluces son, en efecto, los que menos ayuda media vienen percibiendo, sufriendo durante todo este tiempo una penalización media del 33%. 
Esta situación de desventaja debe de ser resuelta cara al futuro. 
La nueva OCM del aceite de oliva ofrece a la Comisión la ocasión de ajustar la cantidad nacional española a la realidad productiva de su olivar, evitando que se consolide una situación discriminatoria que originaría una fuerte pérdida presupuestaria para las regiones y comarcas oleícolas para las que esta producción es fundamental para su economía. 
¿Realizará la Comisión esa necesaria revisión, ajustando la ficha financiera española a su realidad productiva? 
Señor Presidente, permítame señalar, a modo de introducción, que los asuntos planteados en las últimas preguntas van a ser discutidos en el transcurso del debate de esta tarde acerca de la reforma de los sectores del aceite de oliva, el tabaco, el algodón y el lúpulo. 
Volviendo a la pregunta en sí, el principio general básico de la reforma de junio pasado de la Política Agrícola Común fue que los fondos de cada país debían guardar relación con la ayuda media concedida en el transcurso del periodo en cuestión. 
No existe ninguna razón por la que deba concederse un trato diferente al aceite de oliva. 
El Consejo de Ministros ya ha decidido ocuparse de él paralelamente a la reforma de junio. 
Someter a revisión ahora las cuotas nacionales sería contrario a la lógica que nos indujo a implantarlas en 1998 y por tanto se concluye que los Estados miembros son responsables de mantener bajo control los aumentos de la producción. 
En aquellas fechas, las cuotas nacionales se fijaron en unos niveles que los estudios posteriores han confirmado como los que correspondían a la dimensión estructural del sector en los diferentes Estados miembros productores por aquel entonces. 
Como usted sin duda sabe, España cuenta con una participación del 43% de la cantidad máxima total, sumando su participación del número de olivos cultivados –39%– y la participación en la superficie de plantación olivarera, que era del 44% en 1998. 
Visto desde esa perspectiva, lo que estamos discutiendo constituye una oferta realmente generosa. 
Señor Presidente, señor Comisario, usted sabe que la base que sirvió para esta reforma contiene cuotas desfasadas en lo que se refiere a España. 
Usted sabe que, en este sentido, España es un caso específico y que esos estudios realizados y todas las encuestas demuestran que la realidad productiva española es, en efecto, mayor que la que tradicionalmente se le viene reconociendo. 
España ha sufrido una penalización en sus cuotas de la producción, y esto es evidente. 
Por tanto, debería reconocerse esta circunstancia, porque no es el único Estado miembro que se encuentra en esta situación. 
Teniendo en cuenta que, en realidad, la nueva reforma de la PAC supone una liquidación de la etapa anterior- y cuando se liquida, se hace con arreglo al cómputo de las "realidades reales", no al de las realidades desfasadas- y teniendo en cuenta que durante toda esa etapa que ahora liquidamos, España estaba comparativamente penalizada- y esto, evidentemente, es demostrable- con un desajuste de su realidad productiva y, señor Comisario, recordando también que el olivar español le acogió a usted siempre muy esperanzado de que comprendería su realidad y sus potencialidades en cuanto a salud y defensa medioambiental, le pregunto: ¿no contempla usted la posibilidad de repercutir la realidad productiva, la que tenemos, en el presupuesto nacional? 
Pedimos transparencia y una cuota ajustada. 
Señor Presidente, debo decir abiertamente que no comparto la opinión de la Sra. Izquierdo Rojo de que España se haya visto penalizada, ya que en 1998 se produjo una reforma en la que se acordaron, inclusive por parte de España, los límites superiores absolutos. 
Por consiguiente, no cabe afirmar a toro pasado que España ha sido penalizada. 
Además, señora Izquierdo Rojo, debo decirle que lo que usted pretende, en última instancia implicará que se inviertan adicionalmente más de cien millones de euros, ni más ni menos, para apoyar al sector español en detrimento de todos los demás. 
El problema radica en que no puedo hacer a la vez lo que se supone que debo hacer y mantener la neutralidad presupuestaria de esta cuestión, y a la vez acceder a su petición y sacar otros cien millones de euros de algún sitio. 
La realidad es que sencillamente no existen. 
Señor Presidente, la revisión de 1998 creó graves problemas tanto para España como para Grecia, sobre todo debido a la cuota de 419 000 toneladas, cuando era algo sabido, sobre la base de los datos en poder de las direcciones generales de agricultura, que la producción en Grecia alcanzaba las 600 000 toneladas y más. 
La cuota de 419 000 toneladas creó graves problemas para los pequeños productores oleícolas. 
Cuando el Ministro de Agricultura redujo la producción, en un intento de controlar el asunto, ya se vieron los resultados; como sabe, se produjeron manifestaciones constantes en Grecia, ya que esta cuota ínfima suponía una injusticia para los productores oleícolas. 
Así que, por lo que concierne a la petición de mi estimada amiga española, considero que se produce la misma injusticia con Grecia. 
Por ello, señor Comisario, es necesario modificar esas cuotas. 
Lamento, señor Patakis, tener que llevarle la contraria en este tema. 
Esta situación dista mucho de ser igual a la de España, y tampoco parece muy inteligente por su parte, como diputado griego al Parlamento Europeo, hacer uso de ese razonamiento, ya que en 1998, cuando se fijaron estas condiciones, la cuota nacional garantizada de Grecia ascendía –como muy bien ha afirmado usted– a 419 500 toneladas, correspondientes al 23,6 % de la cifra total de la UE. 
Si lo compara con el número de árboles que tienen ustedes, que representan solamente el 20% del total general, y con la superficie en hectáreas, que solo asciende al 18,8 % de la de toda la UE, estaría realmente justificado que se produjera una transferencia de una parte de la cantidad garantizada de ustedes a España, y no en el sentido que usted propugna. 
Esta noche, como ha recordado el señor Comisario y ustedes saben, hay un debate importante sobre agricultura y tendrán ocasión de intercambiar puntos de vista. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 34 decae. 
El pasado 23 de febrero la Comisión adoptó un conjunto de modificaciones al Reglamento (CE) 753/2002 (2) que permiten la utilización de determinadas "denominaciones tradicionales" de vino por terceros países. 
Entre estas denominaciones se encuentran las de "tawny", "ruby", "vintage" y "late bottled", exclusivas del vino de Oporto, así como otras que se atribuyen típicamente al vino de Madeira y a diferentes variedades regionales producidas en Portugal. 
Las modificaciones adoptadas por la Comisión repercutirán sin duda negativamente en la producción y comercialización de todos los vinos indicados anteriormente, pero sus repercusiones serán especialmente importantes en el caso del vino de Oporto, tanto por lo que representa este vino para la economía de una amplia región del país- denominación de origen Douro, con casi unos 33 000 viticultores- como por la importancia de los ingresos que genera: más de 2/3 de las exportaciones de vinos y aproximadamente 1/5 de las de productos agroalimentarios. 
Por otra parte, la generalización de denominaciones que apenas tienen que ver con el vino de Oporto, así como con su importancia y calidad, podrá poner en entredicho la propia imagen de este vino a escala internacional. 
Habida cuenta del error cometido, ¿no piensa corregirlo la Comisión y dar marcha atrás en su decisión? 
¿Qué garantías puede ofrecer la Comisión de que no se verá afectada la imagen del vino de Oporto a escala mundial, especialmente su especificidad, su renombre y su fácil identificación por parte del consumidor? 
Señor Presidente, Señorías, seguramente ustedes conocen las denominaciones tradicionales inglesas de «ruby» , «vintage» , «tawny» y «late bottled» , que en la Comunidad son denominaciones protegidas cuando se aplican a vinos de calidad enriquecidos producidos en Portugal. 
Dicho en otras palabras, estas denominaciones tradicionales pueden utilizarse libremente en relación con otros vinos de calidad. 
Pero para permitir el uso de estas denominaciones, que son tradicionales en Portugal, los terceros países deben satisfacer ciertos requisitos y cumplir las siguientes condiciones: 
en primer lugar, la denominación tiene que ser específica, es decir, tiene que estar reconocida como marca de calidad. 
En segundo lugar, la denominación tiene que ser característica o gozar de un cierto renombre, esto es, el consumidor medio debe poder reconocerla como distintiva entre un vino y otro. 
En tercer lugar, la denominación tiene que ser utilizada tradicionalmente dentro del territorio del país tercero en cuestión. 
En cuarto lugar, las disposiciones fijadas por el país tercero no deben inducir a error al consumidor europeo en el caso de que el vino de dicho país se comercialice en un mercado dentro de la Comunidad Europea. 
El quinto requisito consiste en que la lengua oficial del país tercero tiene que ser el inglés, como es el caso de Sudáfrica, Australia y los Estados Unidos. 
Si el inglés no es la lengua oficial del país en cuestión, su utilización debe estar prevista en la legislación y se tiene que haber utilizado el inglés para esta denominación tradicional al menos durante los últimos 25 años ininterrumpidamente. 
Como el inglés no es la lengua oficial en terceros países como la Argentina, Chile o Brasil, y las leyes de estos países no contienen tales disposiciones, dichos países no pueden utilizar las denominaciones tradicionales en el mercado comunitario. 
Para que se permita utilizar una denominación tradicional en la CE, un país tercero tiene que presentar un estudio a la Comisión, que solo autorizará su utilización si se cumplen las distintas condiciones que he enumerado. 
Las consultas de los Estados miembros están garantizadas a través de la participación del Comité de Gestión en este procedimiento. 
Las modificaciones del Reglamento sobre etiquetado no tendrán ningún efecto negativo sobre el comercio, ya que las denominaciones tradicionales para los vinos enriquecidos son limitadas, mientras que los terceros países por lo general exportan vinos normales o no enriquecidos. 
Señor Comisario, gracias por sus explicaciones. 
Parece que usted, señor Comisario, cree que las denominaciones de prestigio no son solo etiquetas arbitrarias colocadas en las botellas, sino denominaciones de prestigio que han madurado gracias al arte, la ciencia y el clima. 
Sin embargo, acaba de manifestar que estas denominaciones pueden ser utilizadas ahora por terceros países, siempre que cumplan un sinfín de criterios, todo un conjunto de requisitos que nos acaba de enumerar. 
Parece incluso que usted cree que estos requisitos nos van a proteger contra la adulteración, las falsificaciones y el fraude. 
Sin embargo, yo no lo creo, señor Comisario. 
Esto abrirá las compuertas a graves daños en el futuro para una región delimitada muy vasta, la primera del mundo, la región de vinos de Oporto, que por si sola representa una quinta parte de las exportaciones agrícolas de Portugal. 
Lamento no poder estar de acuerdo con usted, señor Comisario, pero no tengo la certeza de que los requisitos y garantías que nos ha ofrecido mediante este Reglamento vayan a proteger realmente la calidad de estas denominaciones tradicionales. 
Señor Presidente, si se me permite volver a poner en claro este punto, estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Lage en que estas denominaciones son indicadores de prestigio y poseen el correspondiente valor económico a la hora de comercializar estos vinos. 
Todo eso ha quedado sobradamente claro. 
Pero por otro lado, tenemos que cumplir ciertas reglas; si no lo hacemos, corremos el riesgo de que se nos denuncie ante la OMC y, si perdemos el caso, entonces el sistema de protección quedará hecho trizas. 
Creo que las reglas que hemos establecido son suficientes en cualquier caso para garantizar una protección adecuada. 
Un tema muy distinto es el riesgo de los abusos o falsificaciones a que usted se ha referido. 
Las nuevas disposiciones no aminoran en nada el riesgo de las falsificaciones; ese siempre existe, ya que la utilización de estos prestigiosos nombres siempre constituye una opción atractiva. 
Para controlar ese riesgo, tenemos que garantizar la existencia de los oportunos controles, así como que las denominaciones como estas no sean utilizadas por quienes no tienen derecho a ello, como ha ocurrido frecuentemente en el pasado. 
Lo principal es que exista una cooperación fluida con las autoridades de importación, ya que este tipo de importaciones no pueden pasar sin más por la frontera, sino que tienen que estar declaradas. 
Teniendo en cuenta la reciente declaración realizada por la Comisión referente a la revisión intermedia del régimen del azúcar, ¿cuál es su respuesta a la propuesta de los países ACP menos desarrollados de mantener una cuota para las exportaciones de azúcar destinadas a Europa con los precios actuales o precios muy similares? 
Señor Presidente, señor Howitt, Señorías, en la Comunicación de la Comisión del 29 de septiembre del año pasado planteamos tres soluciones alternativas posibles, una de las cuales estaba basada en un sistema de cuotas. 
Dado que un análisis en profundidad de los efectos ha demostrado que poner en práctica el acuerdo de «Todo menos armas» con la ayuda de un sistema ordenado de derechos para surtir al mercado tendría unas consecuencias similares a lo que ya se está haciendo, hemos optado a cambio por considerar la opción de «cuotas fijas» como una variante del, por lo que todas las opciones siguen estando abiertas al debate. 
Pero me gustaría recordarle que la iniciativa de «Todo menos armas» constituye la parte del sistema de preferencias generales de la CE que prevé la liberación total de las importaciones de azúcar desde los países menos desarrollados hasta 2009. 
Hasta entonces, el comercio del azúcar continuará normalmente sobre la base de los mismos supuestos que el comercio de otros productos agrícolas. 
La referencia de los países menos desarrollados a la flexibilidad en términos de cantidad y restricciones cuantitativas negociadas podría plantear interrogantes acerca de la compatibilidad con las disposiciones de la OMC, en el caso de que se contemplaran como una especie de limitación voluntaria de las exportaciones. 
Como bien puede deducir de lo que he dicho, en nuestras deliberaciones no vamos a perder de vista la situación de los países menos desarrollados, sino que la tomaremos muy en serio. 
El 3 de marzo, los representantes y ministros de los países menos desarrollados presentaron una nueva iniciativa relacionada con nuestro Reglamento acerca del acceso preferencial libre de impuestos de su azúcar al mercado comunitario, y yo me encargué de debatirlo con ellos. 
Vamos a estudiar esta propuesta con gran detenimiento, como lo hacemos con todas las contribuciones a nuestros preparativos para la reforma de la organización del mercado común del azúcar. 
La iniciativa apunta, a lo largo de un periodo prolongado, a ampliar el acceso que de momento es limitado. 
A medida que trabajemos en estas propuestas para preparar su presentación este verano, iremos teniendo en cuenta todas las contribuciones recibidas. 
– Le agradezco esta respuesta, señor Comisario. 
En particular, me alegra que haya estado escuchando las protestas formales de los países menos desarrollados y que todas las opciones sigan sobre la mesa. 
Quisiera que comentara más específicamente su argumento de que la caída de los precios que forma parte de dos de las tres opciones de la Comisión «haga que la iniciativa TMA carezca de sentido para el azúcar. 
La Comisión parece preferir mantener el libre acceso a los países menos desarrollados en un mercado con un precio que es demasiado bajo para que puedan ser competitivos, que el de negociar con estos países un mercado ordenado que consiga un precio que les permita competir y crear desarrollo». 
Señor Comisario, ¿no ve usted el paralelismo que hay en esto con los argumentos de los cultivadores de remolacha azucarera de Europa, en especial en el Reino Unido, que también piden un mercado ordenado con, tal como dicen, niveles de precios europeos, lo que permitiría tanto a los sectores de los países en vías de desarrollo como a los nacionales invertir en un futuro sostenible? 
Dado que los argumentos proceden tanto de los países en vías de desarrollo como de los países desarrollados de Europa, no cabe duda de que un precio sostenible más alto con una reducción gestionada es la mejor medida. 
¿Podría usted comentar este punto específico, señor Comisario? 
Señor Howitt, tiene usted razón al afirmar que unos precios más altos en Europa hacen que las exportaciones hacia aquí resulten más atractivas para los Estados más pobres. 
Pero seguro que es consciente de que existen múltiples razones por las que el actual nivel de precios es sencillamente insostenible. 
No deberíamos engañarnos en absoluto acerca de nuestros productores de remolacha ni de los exportadores del mundo en desarrollo. 
El precio actual en nuestro mercado interior es algo así como tres veces más alto que el del mercado internacional y, en cualquier caso, en la presente ronda de la OMC nos veremos obligados a reducir nuestra protección externa para el azúcar. 
Eso por sí solo bastará para bajar el precio en el mercado interior; no existe ninguna otra forma de hacerlo. 
Ese es el problema a que nos enfrentamos. 
A lo anterior hemos de sumar otros asuntos, como la forma de compensar las importaciones adicionales procedentes de países menos desarrollados simplemente reduciendo nuestra propia producción, ya que el consumo de azúcar en Europa no va a crecer. 
Tampoco debemos olvidar que el azúcar se enfrenta a una competencia directa cada vez más dura por parte de otros edulcorantes. 
La Coca-Cola ha dejado ya de contener azúcar, ahora contiene isoglucosa y nada más. 
Estos edulcorantes constituyen una competencia directa para el azúcar. 
Si creamos para ellos un mercado libre, como hicieron los Estados Unidos hace ya mucho tiempo, las cantidades aumentarán en consonancia. 
El resultado de todo ello es que, en la Unión Europea, la producción no va a disminuir al mismo ritmo en todos los Estados miembros; al contrario, la cruda realidad será que, en algunos de ellos, la producción de azúcar dejará de ser rentable y cesará el cultivo de remolacha. 
Eso es con lo que hemos de contar. 
No creo que tenga sentido crear expectativas que jamás vamos a poder satisfacer. 
Luego está el problema de idear la forma de ayudar a aquellos países en desarrollo que son tradicionalmente nuestros proveedores de azúcar –Mauricio es un buen ejemplo– cuando comiencen a descubrir que exportar azúcar a Europa constituye una actividad menos atractiva de lo que era en el pasado. 
– Señor Presidente, señor Comisario, los países más pobres del mundo –o al menos así lo afirman los medios de comunicación– han solicitado que se les asignen sus propias cuotas de importación de azúcar. 
¿Está dispuesta la Comisión a incorporar aspectos como éste en las propuestas legislativas que debe presentar este verano? 
En segundo lugar, ¿en qué momento a lo largo de este verano pueden esperar los diputados y diputadas a esta Cámara conocer las propuestas reales de la Comisión? 
Señor Presidente, la Sra. Schierhuber me ha preguntado para cuándo podrían esperarse las propuestas. 
Hemos venido manifestando que pretendemos presentarlas antes del verano y esa continúa siendo nuestra intención. 
Lo único que podría plantear problemas es algo que no he mencionado con anterioridad, a saber, que la UE ha de responder ante un grupo de expertos en Ginebra acerca del llamado asunto de las cuotas C, y necesitaríamos saber qué podemos esperar de él. 
Además, otro factor que hemos de tener en cuenta es el calendario de las autoridades en Ginebra. 
Volviendo a la otra pregunta de la Sra. Schierhuber, Europa constituye desde luego un mercado atractivo, y por consiguiente muchos Estados se sentirían felices de poder exportar hacia él, pero opinamos que hemos de tener prioridades claras en este ámbito, que se resumen en que solo los países menos desarrollados deben gozar de acceso libre al mercado europeo. 
Como sabrán, hemos previsto un Reglamento especial para los Estados balcánicos. 
Los Estados ACP dispondrán de un acceso prioritario limitado con un claro arancel preferencial, lo mismo que el resto de los países con los que tengamos firmado algún tratado. 
Si permitiéramos a todo el mundo exportar azúcar a Europa, no necesitaríamos un mercado organizado del mismo, sino su liberalización global, lo cual supondría, no obstante, abandonar dos tercios de la producción europea de azúcar. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas dirigidas al Sr. Fischler, las preguntas nº 37 y 38 recibirán respuesta por escrito (3). 
Según un estudio de la OMS publicado en septiembre de 2000, la contaminación atmosférica es la causante, sólo en Francia, de 31 700 muertes al año, 500 000 ataques de asma, 25 000 bronquitis y supone una carga económica equivalente al 1,7 % del PIB. 
¿No cree la Comisión que la precarización, en la UE de 27 países, de las condiciones de vida como consecuencia de la contaminación, desde el punto de vista de la salud y de la esperanza de vida, requiere que se lleve a cabo un estudio epidemiológico para calcular con detalle el efecto mortal (relacionado con las patologías y la longevidad) de los diferentes tipos de contaminación y los costes económicos, combinados sobre todo desde ahora con los efectos del calentamiento global? 
¿No exigen atentados tan vitales contra las sociedades de la UE ampliada el deber máximo y prioritario de realizar una investigación epidemiológica, divulgar sus resultados a la altura de los desafíos que entrañan y tenerlos en cuenta e integrarlos como referencia de todas las políticas comunitarias? 
Quiero dar las gracias a la Sra. Isler Béguin por esta pregunta sobre un tema tan importante. 
El vínculo entre la salud humana y la calidad de nuestro medio ambiente es, por supuesto, una prioridad de la mayor importancia y necesitamos entender mejor este vínculo para evaluar la efectividad de las políticas vigentes y asegurar que abordamos el problema adecuadamente. 
En un sentido general, los vínculos entre medio ambiente y salud se abordan en la Comunicación sobre una Estrategia europea de medio ambiente y salud adoptada por la Comisión el año pasado. 
En esta Comunicación, anunciábamos el establecimiento de un sistema integrado europeo de vigilancia e intervención en materia de medio ambiente y salud para relacionar información sobre los efectos para la salud, la exposición a la contaminación ambiental y las emisiones responsables de la contaminación. 
Por consiguiente, se está desarrollando la estrategia de medio ambiente y salud para una Unión ampliada, implicando totalmente a los nuevos Estados miembros desde el principio. 
Ahora la Comisión preparará la presentación de un plan de acción que establece el programa para una primera fase, centrándose en enfermedades y contaminantes prioritarios seleccionados en la Conferencia Ministerial sobre medio ambiente y salud que se celebrará los días 23 a 25 de junio en Budapest. 
También estamos haciendo el seguimiento del trabajo epidemiológico que se está llevando a cabo en la comunidad científica y, en particular, estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud y otros expertos para entender los resultados de la investigación y fomentar más acciones. 
Por ejemplo, al amparo del programa «Calidad de vida y gestión de los recursos vivos» , que forma parte del Quinto Programa Marco de investigación, una acción clave específica sobre medio ambiente y salud ha dado apoyo a 16 proyectos de investigación multinacionales multidisciplinarios dedicados a la contaminación atmosférica. 
Este tipo de estudios fomentan el desarrollo de medidas protectoras y se alimentan del proceso de regular las emisiones contaminantes revelando los vínculos causales entre los contaminantes y los efectos para la salud y proporcionan herramientas para medir la exposición y los efectos. 
El Centro Común de Investigación de la Comisión también contribuye a incrementar nuestra comprensión de la relación existente entre medio ambiente y salud de varias maneras. 
En lo que se refiere a la contaminación atmosférica, el marco para que esto se lleve a cabo será la estrategia temática sobre la contaminación atmosférica, que tiene que adoptarse el año que viene, y que se está elaborando actualmente a través del programa «Aire limpio para Europa» (CAFE) de la Comisión. 
Este programa incluye un estudio muy amplio sobre los efectos de la contaminación atmosférica en la salud, la evolución prevista de la calidad del aire entre el momento actual y 2020, la efectividad de la política vigente y el potencial para tomar medidas eficientes para la reducción de las emisiones. 
– Quisiera dar las gracias a la Comisaria Wallström por su respuesta. 
No dudo que utiliza todos los medios a su disposición para combatir esta plaga. 
De todos modos, hay que recordar que la situación es muy grave tanto en la Unión Europea, en la futura Unión ampliada, como a escala planetaria. 
Recordemos asimismo que ha sido difícil hacer que se admita la relación entre salud y medio ambiente, lo que a menudo ha servido de pretexto para no hacer nada. 
Hoy, me parece –y esto me preocupa mucho– que colegas y responsables políticos siguen buscando excusas para no actuar y se escudan en el coste excesivo de la inversión en medio ambiente. 
Estoy preocupada, señora Comisaria, porque me parece que no tomamos verdaderamente el pulso de la situación sanitaria en la Europa ampliada. 
¿Ha conseguido integrar en las políticas de la Unión la situación sanitaria de los países del Este y nuestra situación sanitaria? 
Hoy no es necesario demostrar ya que existen vínculos entre salud y medio ambiente, al igual que entre mala salud y medio ambiente insalubre. 
Señor Presidente, me complace enormemente esta pregunta, que me brinda la oportunidad de hablar con un poco más de profundidad sobre nuestro comunicado acerca del medio ambiente y la salud. 
Este es uno de los temas a los que, como Comisaria, concedo máxima prioridad. 
Debo admitir que también es uno de los más difíciles, ya que rebasa las divisiones que normalmente percibimos, tanto en la Comisión como en los Estados miembros, entre los diferentes ámbitos temáticos y esferas de responsabilidad. 
Es necesario trabajar saltando cualquier frontera a fin de enlazar la causa con el efecto, y eso no siempre es sencillo. 
Como tampoco resulta fácil poner precio a los problemas de salud derivados de la contaminación medioambiental. 
Creo que, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud se ha embarcado en una labor muy importante con vistas a conseguir justo eso y demostrar que la sociedad paga un precio muy elevado tanto por la contaminación como por los problemas de salud. 
Evidentemente, tenemos que abordar este tema junto con los nuevos Estados miembros. 
Varias de las conferencias que hemos celebrado con objeto de preparar nuestro plan de acción han tenido lugar en los nuevos Estados miembros. 
Estamos movilizando a sus expertos para que no exista ninguna duda de que se trata de un planteamiento paneuropeo de trabajar en estos temas. 
Vamos a seguir defendiendo que los ahorros de costes sean tan notables que, verdaderamente, resulte rentable tanto para las compañías como para la sociedad invertir en medidas medioambientales que conlleven además que padezcamos menos problemas de salud. 
La contaminación atmosférica es en efecto un tema crucial con respecto a la salud de las personas, e indudablemente es necesaria una investigación epidemiológica como esta. 
Todo ello proporcionaría un gran respaldo a favor de la prioridad para el Sexto Programa Marco científico y la mejora de los niveles, la calidad y la amplitud de la investigación medioambiental. 
En su respuesta ha mencionado usted el programa Aire puro para Europa: CAFE. 
¿Se va centrar este programa solamente en la calidad del aire exterior y la contaminación, o podría incluir la investigación paralelamente un estudio de la calidad del aire en interiores y concretamente el tabaquismo pasivo? 
Me preocupa mucho que la investigación se reduzca a la calidad del aire en espacios abiertos y trate, muy de pasada, la contaminación de este tipo de aire. 
¿Podría considerarse que se refiere al aire puro en todas sus formas, incluida la que existe en espacios cerrados? 
¿Podría incluirse en concreto el tabaquismo pasivo dentro del alcance del estudio en este programa? 
Esta es definitivamente una parte de nuestro enfoque. 
Debe existir una base científica sólida para todas las acciones y medidas que proponemos. 
Estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud para asegurar que poseemos todos los conocimientos necesarios y que trabajamos sobre una base científica. 
También quiero explicar que nuestra estrategia sobre medio ambiente y salud se denomina «SCALE» , cuyas siglas en inglés corresponden a ciencia, niños, sensibilización, legislación y evaluación. 
Esto quiere decir que la acción propuesta se basará en resultados científicos. 
Se centrará en los niños. 
También utilizaremos instrumentos legales, etc. Incluimos, cuando sea necesario, nuevo trabajo epidemiológico, e intentamos esforzarnos en lo posible por asegurar que disponemos de una base sólida y todos los hechos necesarios para hacerlo adecuadamente. 
La Comisión considera que el proyecto de línea eléctrica Lada-Velilla, que atraviesa el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Redes, no se llevará a cabo en su situación actual. 
¿Obligará la Comisión a que se examine un trazado completo de dicha línea que rodee las zonas naturales protegidas que forman parte de la red Natura 2000 y respete las zonas oseras, y con ello la legislación comunitaria? 
¿Ha recibido ya la Comisión el estudio de evaluación de impacto que prometieron transmitir las autoridades españolas para finales de enero, en la reunión del 4 de diciembre de 2003? 
En caso negativo, ¿no considera la Comisión necesario acudir ya al Tribunal de la UE (el dictamen motivado fue notificado en abril del 2003) para que el Gobierno central y la Comunidad de Castilla y León, confrontados también por este proyecto ante los Tribunales españoles, se pongan finalmente de acuerdo para buscar un trazado respetuoso con el medio ambiente? 
El proyecto de la línea eléctrica de Lada-Velilla que ha citado su Señoría cruza zonas protegidas de las comunidades autónomas de Asturias y Castilla y León. 
En 2001, tras una denuncia presentada en agosto de 2000, la Comisión abrió un procedimiento de infracción conforme al artículo 226 del Tratado CE. 
Este procedimiento, que se basa en las obligaciones previstas en la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, alcanzó la fase del dictamen motivado –el último paso antes de someter el asunto ante el Tribunal de Justicia europeo– en abril de 2003. 
Actualmente, el procedimiento tiene por objeto modificar la parte no aplicada del proyecto en la comunidad autónoma de Castilla y León. 
En su respuesta al dictamen motivado anteriormente citado emitida por la Comisión, las autoridades españolas se comprometieron a examinar alternativas para la parte restante del proyecto –Puerto de Tarna a Velilla– y confirmaron en febrero de 2004 que comenzarían en breve los estudios necesarios para cumplir los requisitos del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE. 
Esto incluye una evaluación ambiental completa para identificar adecuadamente los efectos de los proyectos sobre los valores de conservación del emplazamiento afectado; si se consideran significativos, habrá que examinar posibles alternativas. 
Si no se puede identificar ninguna alternativa que no perjudique el lugar, el proyecto únicamente podrá avanzar si se puede justificar por motivos de interés público primordial y si se prevén medidas de compensación suficientes. 
En caso de que pueda afectar de manera importante a especies prioritarias identificadas al amparo de la Directiva, como el oso pardo, sería necesario un dictamen de la Comisión con arreglo al apartado 4 del Articulo 6 de la Directiva. 
Las autoridades españolas explican que las evaluaciones de la naturaleza necesarias no estarán listas hasta dentro de diez meses y que el proyecto modificado resultante sería objeto de un procedimiento íntegro de evaluación de impacto, en cumplimiento de las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE sobre la evaluación de los efectos de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
Las autoridades han presentado a la Comisión, a título de información complementaria, un juego completo de documentos y estudios relativos al proyecto original y sus posibles efectos en los valores naturales. 
En estos momentos se está llevando a cabo un examen de los detalles de las respuestas españolas arriba citadas, lo que va a permitir a la Comisión tomar una decisión sobre qué medidas debe tomar con respecto a este caso. 
En cuanto a la última parte de su pregunta, la Comisión acogerá con satisfacción y estimulará un diálogo fructífero entre las partes interesadas para llegar a una solución acordada, pero no puede interferir en las competencias constitucionales de las diferentes administraciones. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la población está preocupada por la falta de transparencia del Gobierno español y también por la falta de una información fidedigna de esta Comisión, que dice una cosa y luego reforma y hace otra. 
Yo solamente me voy a centrar en tres preguntas: ¿continuará la Comisión el procedimiento de infracción en lugar de archivar el caso, como pretenden las autoridades españolas con la promesa de modificar tan sólo 30 km del trazado de los 90 km proyectados, argumentando que se trata de un nuevo proyecto? 
¿Acudirá la Comisión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la próxima reunión de infracciones sin demorarse más, si no hay nuevos elementos después de un año de haberse notificado el dictamen motivado y cuatro años de instrucción de este expediente de infracción? 
¿Estaría dispuesta la Comisión, si las regiones de Asturias y Castilla y León le presentaran un nuevo proyecto respetuoso de todas las zonas naturales y conforme a la legislación comunitaria, a cofinanciar tal proyecto, para así evitar las pérdidas económicas que pudiera sufragar la región de Asturias desmantelando las torres existentes? 
El caso en cuestión se refiere a la parte del proyecto que no se va a aplicar ahora. 
Se va a sustituir la parte del proyecto por otro nuevo cuando el procedimiento íntegro de la identificación de impactos y el examen de alternativas haya concluido. 
Esto quiere decir que, en todo caso, será un nuevo proyecto y que el antiguo procedimiento deberá interrumpirse. 
En este caso, si la Comisión considera que el nuevo proyecto no cumple el Derecho comunitario europeo, se volverá a empezar un nuevo procedimiento. 
Las autoridades españolas proporcionaron información sobre estos desarrollos en febrero de 2004. 
El incumplimiento únicamente abarca la parte no aplicada del proyecto. 
Tal y como está, no podemos llevar el caso a juicio. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 41 decae. 
¿Sabe la Comisión si algún Estado miembro, aparte de Irlanda, ha decidido dejar de publicar los escritos de requerimiento o los dictámenes motivados de la Comisión? 
Si algunos Estados toman esta decisión, ¿publicará la propia Comisión estos documentos si se solicitan? 
En caso contrario, ¿por qué no? 
Si la publicación sólo se lleva a cabo en circunstancias determinadas, ¿cuáles serían dichas circunstancias? 
Algunos grupos irlandeses activos en materia de medio ambiente están preocupados por los numerosos casos en que la Comisión, pese a haber determinado la existencia de una infracción en sus dictámenes motivados, no inició posteriormente ninguna acción jurídica. 
En estos casos los detalles de las infracciones no son parte de un procedimiento judicial y, por lo tanto, no requieren un tratamiento confidencial. 
Al publicar los dictámenes motivados, en particular cuando no van seguidos de medidas judiciales, la Comisión garantiza que los ciudadanos sepan que se ha producido una infracción de la legislación europea, lo cual podría contribuir a limitar las infracciones en el futuro. 
Parece ser que una serie de Estados miembros se niegan a dar a los ciudadanos acceso a los escritos de requerimiento y dictámenes motivados de la Comisión. 
No hace mucho, las autoridades irlandesas estaban deseosas de facilitar a los ciudadanos copias de dictámenes motivados a petición, pero la Comisión entiende que ya no es así. 
Quiero mencionar que, en la medida de lo posible, la Comisión se esfuerza por todos los medios en ser transparente con respecto a sus procedimientos de infracción. 
Por este motivo, emite comunicados de prensa con regularidad sobre ellos para proporcionar a los ciudadanos información sobre las principales cuestiones implicadas. 
Cuando se trata del acceso público a los textos de los escritos de requerimiento y dictámenes motivados, hay que respetar determinadas normas acordadas por el Consejo y el Parlamento. 
Se establecen en el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 
Una de estas normas dispone que las instituciones rechazarán el acceso a documentos cuya revelación pudiera perjudicar la protección del propósito de las inspecciones, investigaciones y auditorías, a menos que exista un interés público primordial en su revelación. 
En realidad, el Tribunal ha sostenido en la sentencia Petrie que, en la investigación de infracciones, se requiere una cooperación sincera y un clima de confianza mutua entre la Comisión y el Estado miembro correspondiente, para permitir que las dos partes emprendan un proceso de negociación para buscar una solución amistosa de la controversia. 
La salvaguarda de este objetivo justifica la denegación de acceso a argumentos y declaraciones detalladas. 
Por esta razón, la propia Comisión no puede dar acceso del público a sus escritos de requerimiento y dictámenes motivados cuando el procedimiento de infracción está en curso. 
Sin embargo, cuando no es de aplicación ninguna de las excepciones del Reglamento, la Comisión podrá facilitar copias de los escritos de requerimiento y de los dictámenes motivados. 
Este puede ser el caso en particular cuando se ha resuelto la infracción, cuando se ha cerrado el procedimiento de infracción y ya no hay ninguna probabilidad de que se perjudique una investigación. 
– Deduzco de la respuesta de la Comisaria que, básicamente, si se han remitido los escritos de requerimiento y no se ha tramitado ninguna acción legal posterior, los ciudadanos de Irlanda que quieran copias de los escritos remitidos al Gobierno irlandés pueden efectivamente obtenerlos. 
Esto es lo que yo interpreto de lo que usted ha dicho, Comisaria. 
En cuanto a la acción legal en curso, no entiendo a quien trata la Comisión de proteger. 
Si la Comisión emprende acciones legales contra los Estados miembros parecerá que la Comisión da prioridad a los intereses o a la protección de los Estados miembros y que, básicamente, ponemos fin a una situación en que los ciudadanos de toda la Unión Europea van a acusar a la Comisión de ser extremadamente hermética y de proteger los intereses de los Estados miembros. 
Si ha emprendido acciones legales contra un Estado miembro, ¿acaso lo único que tendría que preocuparle no es todo tipo de información que podría perjudicar su causa contra el Estado miembro? 
En relación con el acceso a los documentos, hace usted una interpretación extremadamente restrictiva del Reglamento. 
Con respecto al interés público, seguramente en muchos de estos casos ¿no es el interés público el que debe tener prioridad? 
No entiendo por qué la Comisión les está haciendo el juego a los Estados miembros. 
Al hacerlo así, la Comisión fomenta una cultura de hermetismo en que los Estados miembros no facilitan información. 
Esto tendrá repercusiones, incluso en países como Suecia que tradicionalmente son mucho más abiertos. 
Quiero dejar perfectamente claro que la Comisión, junto con el Parlamento y el Consejo, tienen que enviar una señal a los ciudadanos de toda la Europa ampliada de que estamos luchando por conseguir apertura y transparencia y que queremos aplicarlas de modo que se facilite toda la información a los ciudadanos. 
También se han acordado las normas en cuestión para que dispongamos de procesos de toma de decisiones mediante los cuales podamos solucionar problemas y nos permitan resolver casos de forma digna para ambas partes. 
La Comisión podrá revelar copias de los escritos de requerimiento y dictámenes recientes cuando no sean de aplicación ninguna de las excepciones del Reglamento que he mencionado, es decir, cuando se haya cerrado el procedimiento de infracción y ya no exista ninguna posibilidad de que se pueda perjudicar la investigación. 
Muchos de los detalles se intercambian entre la Comisión y el Estado miembro, pero se teme que si fueran del dominio público se utilizarían o se haría un uso indebido de modo que perjudicarían todo el procedimiento. 
En general, estoy de acuerdo en que tenemos que esforzarnos por alcanzar la máxima transparencia en estos procesos. 
Ayuda cuando los Estados miembros y la Comisión están de acuerdo. 
La Comisión también intenta, al abrir un caso de infracción, revelar o dar los motivos por los que ha abierto esta causa contra un Estado miembro. 
No queremos revelar todos los detalles de un asunto, sino más bien dar al público una idea de lo que se trata. 
He de admitir que aún no veo claro de qué manera la revelación puede perjudicar las causas aquí, pero mi otra pregunta es sobre cuáles son los Estados miembros que continúan realmente facilitando información sobre estos escritos de requerimiento y cuáles no. 
La política de Irlanda solía ser más abierta de lo que es ahora. 
¿Podría usted clarificar, señora Comisaria, cuál es la situación en estos momentos por lo que se refiere a los otros Estados miembros? 
Quisiera poder facilitarle la lista completa inmediatamente, pero creemos que los países escandinavos y los Países Bajos lo van a hacer, y la mayoría de los demás, no. 
Esta es la situación en estos momentos, aunque haya podido pasar por alto uno o dos Estados miembros. 
Un informe sobre el cambio climático y la salud humana emitido por las Naciones Unidas el pasado 11 de diciembre, indica que el cambio climático está afectando a la salud humana, que fue responsable del 2,4 % de los casos de diarrea a escala mundial y del 2 % del total de los casos de malaria en el año 2000 y que causó 150 000 muertes por todo el mundo en ese mismo año. 
El estudio de las Naciones Unidas añade que el cambio climático está influyendo en los patrones meteorológicos y la polución del aire así como contaminando el agua y los alimentos. 
¿Cómo se propone la Comisión actuar ante las directrices publicadas por las Naciones Unidas en respuesta a estos serios problemas? 
Agradezco que la Organización Mundial de la Salud esté potenciando ahora la sensibilización con respecto a los impactos del cambio climático en la salud humana, en un esfuerzo de cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial. 
La Comisión puede dar apoyo a las recomendaciones y conclusiones generales de este estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre el cambio climático y la salud humana debido, por ejemplo, a que se centra sobre el principio de cautela y el principio de desarrollo sostenible. 
En la Comisión lo tomamos en consideración con detenimiento en la formulación de nuestras políticas. 
Cabe esperar las mayores ventajas de las políticas climáticas para la salud humana en la reducción de las concentraciones de ozono y de partículas. 
Dado que las políticas climáticas reducen, en general, el uso de combustible fósil, también reducen las emisiones de partículas asociadas. 
Se pueden obtener ventajas adicionales para la salud reduciendo las concentraciones de NO2 y SO2. 
Por lo tanto, las estrategias para el control de las emisiones que abordan simultáneamente los contaminantes atmosféricos y los gases de efecto invernadero dan lugar a un uso más eficiente de los recursos en todas las escalas, a la vez que abordan las preocupaciones sobre la salud humana. 
El informe de la Organización Mundial de la Salud confirma las afirmaciones anteriores de que todavía existen muchas lagunas en el conocimiento que implican posibles modelos futuros de exposición a cambios ambientales climáticos y la vulnerabilidad y adaptabilidad de sistemas físicos, ecológicos y sociales en lo que se refiere a este cambio climático. 
Por consiguiente, necesitamos obtener mejor información para establecer los vínculos entre los contaminantes y los efectos para la salud, con vistas a mejorar nuestro cambio climático y nuestras políticas sanitarias. 
El plan de acción con el que estamos trabajando actualmente, como un seguimiento de la estrategia de medio ambiente y salud, ha sido concebido para que integre esta información. 
Mientras que el plan de acción se centra en un conjunto de exposiciones y enfermedades definidas en su primera fase, cuestiones más amplias, incluidas las que están relacionadas con los efectos del cambio climático en la salud, se pueden retomar en fases posteriores. 
Asimismo, la próxima estrategia temática sobre el medio ambiente urbano, que está previsto adoptar en junio de 2005, y para la cual se está debatiendo en la Comisión una Comunicación interina, también ayudará a las autoridades locales y a los Estados miembros a mejorar las prestaciones ambientales de las ciudades. 
Esto a su vez también contribuirá a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hará que las ciudades sean lugares más saludables para vivir. 
También estamos considerando algunos proyectos al amparo del Sexto Programa Marco de investigación. 
Dentro de las actividades de apoyo científico a las políticas del Sexto Programa Marco, también se financia la investigación sobre los procesos físicos y químicos de contaminantes atmosféricos, en concreto sobre las partículas a escalas urbana y regional, con vistas a su impacto en la salud humana. 
Al amparo del último Programa Marco de investigación, se ha financiado el proyecto cCASHh –Estrategias de adaptación y cambio climático para la salud humana en Europa– para evaluar los impactos del cambio climático en la salud. 
– Quiero agradecer a la Comisaria Wallström su respuesta detallada e informativa y asegurarle que me doy cuenta de la profunda preocupación con la que siempre ha tratado este asunto. 
En efecto, en su respuesta se ha referido al plan de acción, la estrategia climática y el Sexto Programa Marco. 
Quiero felicitarla por su interés en perseverar en todo el asunto. 
Espero que la situación continuará siendo supervisada y mejorando. 
Esta cuestión es una de la principales preocupaciones internacionales, pero sé que no podría estar en mejores manos que las de la Comisaria. 
Recuerdo a los señores diputados que debemos preguntar como diputados. 
No hace falta respaldar tanto la labor de los señores comisarios. 
Esto es el turno de preguntas. 
Tengo entendido que cazadores europeos han disparado contra decenas de miles de animales en peligro de extinción y los han importado a la UE en los últimos cinco años. 
¿Piensa proponer la Comisión legislación destinada a prohibir la importación a la UE de las especies que figuran en la CITES? 
La Comunidad Europea regula las importaciones de trofeos de caza a través del Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio y el Reglamento (CE) nº 1808/2001 de la Comisión asociado que establece normas más detalladas. 
El objetivo de estos Reglamentos es la protección de especies de la fauna y flora silvestres y garantizar su conservación controlando su comercio. 
En consonancia con este objetivo, sus criterios son estrictos en cuanto a aceptar importaciones de trofeos de caza. 
Para empezar, se requieren licencias de importación para todas las especies enumeradas en el Anexo A del Reglamento del Consejo e incluyen todas las especies enumeradas en el Apéndice 1 de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) , como el leopardo, el guepardo y el elefante, y una serie de otras especies populares de trofeo como el oso pardo, el lince y el lobo. 
Antes de conceder licencias, las autoridades del Estado miembro pertinentes tienen que asesorarse científicamente de que la gestión de la caza de trofeos en el país correspondiente se basa en datos biológicos sólidos, que los niveles de cosecha son sostenibles y que las actividades ilegales están bajo control. 
Hay otro requisito sobre el que quiero llamar especialmente su atención. 
La caza de trofeos de estas especies tiene que generar ventajas de conservación importantes y tangibles para las especies y para los habitantes locales que comparten la zona o que sufren debido a las especies afectadas. 
Los programas de caza de trofeos que cumplen este criterio pueden desempeñar un papel importante en la conservación de especies raras, particularmente en los países en vías de desarrollo, y en el fomento de las comunidades locales para que las valoren como un recurso que necesita protegerse de otros usos mucho más perjudiciales. 
Me doy cuenta de que en una serie de países, incluidas Namibia, Sudáfrica, Botswana y Tanzania, la caza de trofeos cuidadosamente gestionada contribuye de modo importante a sus esfuerzos de conservación relativamente satisfactorios. 
Mientras mucha gente encuentra que el concepto de trofeos de caza es desagradable en cualquier circunstancia, la Comisión considera que una prohibición general sobre la importación de todas las especies enumeradas en CITES no redundaría en beneficio de la conservación de las especies y el uso sostenible de los recursos. 
Sin embargo, en casos en que no se cumplan los criterios para aceptar trofeos de caza, la Comisión siempre ha tomado, y seguirá tomando, las medidas adecuadas para suspender este comercio. 
– Me alarma escuchar las conclusiones de la Comisaria, ya que no cabe duda de que no parece que la caza de trofeos a los que me he referido se haga en modo alguno con el objetivo de conservación. 
He entrado en un sitio web esta tarde, lo que me habría dado la oportunidad de ir a Tanzania. 
Ofrece al «deportista exigente» lo último en una experiencia de caza: el búfalo, el león, el antílope de agua, el muy raro sitatunga de África Oriental, leopardos, antílopes, etc. 
La información que tengo es que en los últimos seis años ciudadanos británicos han salido al extranjero y han matado a tiros al menos a 40 elefantes africanos, 32 leopardos, 18 osos polares, seis hipopótamos, y podría continuar. 
En todo el mundo, existen unos 3 800 elefantes, cerca de 2 600 leopardos raros y 9 000 osos. 
Los están matando en interés de la conservación, o con cualquier referencia a la conservación de las zonas. 
Se trata de caza de trofeos: personas que salen y disparan a caza mayor y regresan a casa orgullosos pero repulsivamente con un trofeo de una cabeza de un animal raro. 
¿Podría la Comisaria reconsiderar, y aceptaría reunirse conmigo para revisar algunas de estas estadísticas, para estudiar algunas de las pruebas y establecer una prohibición para la importación de los animales enumerados en CITES en la Unión Europea? 
¿Cómo voy a rechazar una reunión con un diputado al Parlamento Europeo? 
Me alegrará reunirme con usted; podemos comentar mi respuesta, la posición de la Comisión sobre este asunto y los criterios que le he explicado. 
No aceptamos todo tipo de caza de trofeos. 
No cabe duda de que no aceptamos la venta posterior de este tipo de «trofeos». 
Tenemos motivos sobrados para cumplir y repasar la situación actual. 
También es verdad que, si se hace correctamente, puede ser un ámbito de conservación muy importante en algunos de los países afectados. 
Estos países pueden obtener algo de todo esto, lo que significa que podrán gestionar mejor estos recursos y animales salvajes; también tenemos algunos buenos ejemplos de ello. 
Tengo totalmente presentes los informes que hemos recibido y también algunas de las tendencias muy preocupantes, por lo que estaré más que contenta de reunirme. 
¡También agradeceré recibir comentarios agradables de los diputados al Parlamento! 
– Cuesta creer que, en una sociedad supuestamente civilizada del siglo XXI, todavía exista la caza de trofeos. 
¡Es horrible! 
Se remonta a los tiempos coloniales, cuando los británicos regresaban de los países colonizados y colgaban sus trofeos en la pared. 
Deberíamos haber superado esta etapa. 
Es ridículo. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Evans acerca de las especies enumeradas en CITES. 
Debería existir una prohibición. 
No se puede aceptar. 
Además de esto, está claro que existen importaciones ilegales de trofeos en la Unión Europea; sin lugar a dudas tiene que existir algún modo de asegurar que esto no ocurra. 
La Unión Europea emplea ingentes recursos y esfuerzos en dejar fuera a los denominados inmigrantes ilegales pero, sin embargo, no puede parar la importación ilegal de trofeos. 
Tenemos que saber qué es lo más importante. 
Dejemos entrar a las personas, no a estos trofeos. 
Soy la primera en estar de acuerdo en que de lo que se trata es de cómo se hace y que no tenemos que permitir algo que es ilegal. 
Tenemos que perseguir a los culpables en este ámbito. 
Tenemos que aplicar las normas vigentes. 
Tal como he dicho, se requieren licencias de importación para todas las especies enumeradas en los anexos del Reglamento del Consejo. 
Corresponden también al listado CITES. 
Es necesario que nos aseguremos de que dispongamos de un procedimiento judicial y de que contrarrestamos las importaciones ilegales. 
– La Comisaria Wallström sabe muy bien que la caza en Francia levanta pasiones, pero no quisiera cogerla desprevenida. 
Me gustaría formular una pregunta complementaria sobre la caza que se practica actualmente en los futuros Estados miembros, los países del Este. 
¿Está usted al corriente de que cazadores del Oeste, de los Quince, acuden masivamente a cazar a esos países porque la fauna es todavía muy interesante y quedan grandes trofeos –osos y lobos– que traerse de vuelta? 
Habida cuenta del acervo comunitario y de la implantación de Natura 2000, ¿no piensa que se está produciendo, antes de tiempo, una degradación de la fauna salvaje por parte de los cazadores del Oeste en busca de trofeos? 
The rules are such that the new Member States must already have implemented the nature protection directivesbeforethey join the EU. 
Por tanto, es extremadamente importante hacer un seguimiento y asegurarse de que esto ocurre, de modo que no se produzca ninguna cacería que infrinja las Directivas vigentes, concebidas para proteger a las aves y animales salvajes y otras criaturas diversas. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nºs 45 a 66 recibirán respuesta por escrito (4). 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0047/2004) del Sr. Kronberger, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente (COM (2003) 423 – C5-0331/2003 – 2003/0164 (COD) ). 
Señora Comisaria, Señor Presidente, Señorías, de lo que estamos tratando aquí es de la cuarta Directiva derivada de la Directiva marco sobre la calidad del aire, que ya tiene tres hijas adoptadas, la primera sobre el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, las partículas y el plomo, la segunda sobre el benceno y el monóxido de carbono y la tercera sobre el ozono. 
En los dos primeros casos se buscaron valores límite y se consagraron debidamente en las Directivas. 
La llamada Directiva madre, en otras palabras la legislación marco general, también aboga por unos valores límite con respecto al arsénico, el cadmio, el níquel, el mercurio y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. 
Esta es la exigencia fundamental. 
En el caso del ozono la Directiva marco prevé solamente un valor objetivo y la tercera Directiva derivada fijó el objetivo consecuentemente. 
En este debate sobre la cuarta Directiva derivada existen tres posiciones: la Comisión ha adoptado la posición de que el seguimiento es suficiente y ha propuesto un valor objetivo para los benzopirenos. 
En mi opinión, esto se opone a la Directiva marco, y conozco proyectos de la Comisión previos en los que se fijaban valores límite. 
Por tanto, la Comisión ya ha deliberado sobre este aspecto. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha votado por una exigua mayoría de 26 a 24 a favor de los valores límite. 
Estos límites no proceden de mí, pues en mis años escolares no se me daba muy bien la química, sino de expertos de la Comisión, expertos internacionales y de una comisión de personas con una sólida base científica. 
En resumen, estos valores límite son factibles desde el punto de vista de la Comisión, a la que, en este caso, hemos apoyado. 
Hay también muchos indicadores por parte de la industria de que se pueden obtener estos valores objetivo y valores límite. 
Nosotros también hemos votado en la Comisión de Medio Ambiente a favor de la omisión de la exigencia original de un plazo perentorio para sectores industriales en los que es difícil alcanzar estos valores. 
En otras palabras hemos sido muy sensibles a las necesidades de la industria, diciéndoles que, donde se había dañado al medio ambiente en el pasado, donde había una historia de contaminación, no se esperaba que realmente se logren los objetivos en un período de tiempo muy corto. 
Adicionalmente, la Comisión de Medio Ambiente encargó un estudio al Instituto de Política Medioambiental Europea. 
El estudio confirma asimismo la factibilidad de los valores límite. 
La tercera posición es la del Consejo, con el que ya hemos mantenido negociaciones preliminares y hemos mantenido contactos y diálogo. 
En opinión del Consejo o de una mayoría potencial del Consejo, los valores objetivo también son concebibles. 
Este aspecto sin duda será también el centro de los futuros debates. 
Ciertamente, debemos tener una noción muy clara de la importancia de estos metales pesados. 
Son carcinógenos humanos genotóxicos que, incluso en dosis mínimas, producen cambios en el ADN, en la estructura genética de las personas. 
Realmente es necesario apreciar en toda su amplitud lo que aquí está en juego. 
La línea argumentativa adoptada en el documento de la Comisión, es decir, que se trata simplemente de un análisis de costes y beneficios, de contraponer el coste de los filtros o de otras medidas técnicas al ahorro potencial derivado de una reducción del número de personas que mueren de cáncer, es, en mi opinión, extremadamente cínica. 
El segundo paso, es decir, un cálculo de los beneficios secundarios derivados de una menor incidencia de la enfermedad, no se ha tomado en cuenta porque es difícil cuantificar esos beneficios. 
La inmensa mayoría de la población europea no se va a tragar una línea argumentativa tan cínica. 
Hemos pospuesto la votación de mañana con la intención de tratar de lograr un acuerdo con el Consejo antes de que concluya la actual legislatura. 
Me complace que la señora Comisaria comparta mi opinión de que quizás podamos usar estas semanas que quedan para lograr un compromiso que en última instancia nos permita poder mirarnos a los ojos. 
– Señor Presidente, este informe ilustra la necesidad del Parlamento de adoptar un enfoque sistemático de la evaluación del impacto. 
En este caso, el ponente, el Sr. Kronberger, con el escaso apoyo, según admite, de dos votos de los miembros de la comisión, propone cambiar valores objetivos no obligatorios por valores límite obligatorios para el arsénico, el cadmio, el níquel y el benzopireno. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha buscado informalmente –y esta fue la primera vez que se llevó a cabo– un análisis de costes y beneficios. 
Todavía no existe ningún mecanismo en el Parlamento para ello. 
El problema es que está inevitablemente incompleto, dada la premura de tiempo con la que hemos tenido que actuar. 
Concluye, y el Sr. Kronberger se ha consolado con ello, que algunos de los valores límite propuestos son alcanzables, o «viables» según sus propias palabras. 
Se trata de una valoración técnica. 
Cuando el estudio examina los costes de alcanzar el objetivo, tal como ha dicho la Comisaria, las cosas no pintan tan bien. 
En el estudio elaborado por el Parlamento, los costes para alcanzar los valores límite que el Sr. Kronberger quiere no se analizan de ninguna forma sistemática. 
El propio estudio dice que, para el arsénico, algunas fábricas podrán cumplir, pero otras no podrán, y que «parece justificado un análisis más detallado de las razones por las que a las demás fábricas no les será posible cumplir». 
El ponente, enfrentado a lo imposible, prefiere ignorar este crudo veredicto. 
En el caso de la aplicación de valores límite para el cadmio, el estudio vuelve a llamar la atención sobre la falta de información detallada sobre el impacto de lo que propone el Sr. Kronberger. 
En el caso de valores límite para el níquel, el estudio observa que para su aplicación en la línea de Kronberger serán necesarias inversiones más allá de las mejores técnicas disponibles. 
Lo que el Sr. Kronberger tiene que demostrar ahora es hasta qué punto lo que la Comisión propone constituye un peligro probado para la salud humana, cómo este peligro se aborda de modo insuficiente mediante las disposiciones de la Directiva IPPC y, por lo tanto, por qué merece la pena perseverar en su idea de valores límite obligatorios independientemente del coste. 
En mi opinión, no ha logrado demostrar esto y todo lo que tenemos es la observación a secas en su exposición de motivos de que «no se puede establecer un valor umbral por debajo del cual tales sustancias no representen ningún riesgo para la salud humana». 
No hay forma de que sea capaz de ir en la dirección de lo que la Comisión está proponiendo. 
Si el Parlamento es lo suficientemente insensato para respaldar, en un compromiso en primera lectura o en segunda lectura –lo que puede quedar todavía bastante lejos–, lo que quiere el Sr. Kronberger, solo tendrá que culparse a sí mismo si el Consejo, o quizás la Comisión, lleva a cabo el amplio análisis efectivo de costes y beneficios que no ha hecho el Sr. Kronberger. 
Llegando a un punto en que los análisis de costes y beneficios están en nuestro orden del día, no es un indicio de obstruccionismo, es un signo de que el Parlamento, por fin, está cambiando su forma de verse a sí mismo como un grupo de presión a favor del medio ambiente y pasando a ser una parte responsable del proceso legislativo. 
Pero con el informe Kronberger tal como es, tenemos un largo camino por andar. 
El Sr. Kronberger y la Comisaria han mencionado la posibilidad de un acuerdo en primera lectura. 
No veo cómo puede llegarse a un acuerdo en primera lectura entre el enfoque del Sr. Kronberger y el que me imagino que ha respaldado el Consejo. 
Quiero creer que podremos llegar a un acuerdo en primera lectura, pero alguien tiene que actuar y espero que sea el Parlamento. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, todos sabemos, por supuesto, que no estamos flotando en el vacío y que uno de nuestros objetivos es ocupar la posición negociadora más fuerte. 
Y no hace falta decir que la posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor es también una posición negociadora, como mi colega, la Sra. Jackson, conoce por su propia experiencia política. 
Queremos una definición más clara del objetivo que intentamos alcanzar, y con razón. 
En este sentido, señora Comisaria, a pesar de que normalmente tengo en gran estima su trabajo, no estoy totalmente satisfecho con la propuesta porque esencialmente no ofrece nada más que un sistema que generará nuevos conjuntos de mediciones, y permítanme de paso decir a la Sra. Jackson, que normalmente otorga mucha importancia al factor costes, que estas mediciones serán caras, y originarán costes para las autoridades locales, las regiones o los Gobiernos nacionales que tienen que financiar estas estaciones de medición. 
De todos modos, somos conscientes de la peligrosa naturaleza de estos metales pesados. 
En este sentido, decir simplemente que pretendemos adoptar medidas no es el enfoque correcto ni es el más rentable económicamente. 
Debemos indicar claramente la dirección en la que queremos avanzar. 
Como ya he dicho, la posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor es también, bastante evidentemente, una posición negociadora. 
Cuando negociemos con el Consejo, las posiciones naturalmente van a cambiar. 
Esto salta perfectamente a la vista y por esta razón he abogado por un aplazamiento de la votación, precisamente para tener tiempo para la negociación. 
El objetivo, sin embargo, es aclarar qué dirección queremos tomar en este ámbito de nuestra política de calidad del aire. 
No soy tan dogmático como para insistir de forma absoluta en la consagración de valores objetivo particulares y verlos como no negociables, pero tenemos que pronunciarnos claramente sobre el objetivo último si queremos impedir la emisión de sustancias peligrosas al medio ambiente, al aire que respiramos. 
Si analizamos de qué formas la mayoría de estas sustancias peligrosas, como el cadmio, el cromo o el níquel penetran en la atmósfera, observamos que se emiten generalmente en zonas con densidades de población elevadas. 
Por ello he recibido cartas de muchas autoridades locales que nos piden que fijemos valores límite vinculantes para que puedan manejar mejor su situación sobre el terreno. 
Pero yo no veo esto como una solución. 
Debemos aprovechar al máximo todas las posibilidades que ofrece el progreso tecnológico para reducir las emisiones. 
Por esta razón necesitamos valores objetivo en conjunción con declaraciones claras sobre el cómo y el cuándo pueden lograrse. 
En este sentido, señora Jackson, confío en que podamos llegar a un acuerdo en nuestras negociaciones con el Consejo en la primera lectura, un acuerdo que transmita el mensaje de que queremos evitar las emisiones de estos metales pesados en lo posible de forma global. 
Señor Presidente, Señorías, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el anterior orador. 
Creo que no estamos siendo honestos si mantenemos un debate solamente por el mero hecho de debatir, si habrá que realizar más mediciones simplemente para retrasar el proyecto. 
Lo que necesitamos, y esto se ha revelado con toda claridad, son valores vinculantes. 
Todo lo demás está en contradicción con el principio de cautela que hemos difundido una y otra vez en todos los demás casos y está en contradicción con nuestro repetido compromiso de protección de la salud humana. 
El Sr. Kronberger ha reiterado enfáticamente que estas sustancias son carcinógenos genotóxicos, que tenemos evidencia irrefutable de sus efectos carcinógenos, que afectan al funcionamiento de los riñones, al sistema nervioso central, a los órganos respiratorios y al sistema inmunitario. 
Lo que realmente necesitamos aquí es tiempo para negociar, pero no para retrasar o dar carpetazo al asunto o como, lamentablemente, muchos en esta cámara quisieran hacer, dejarlo dormir en el cajón. 
Lo que se quiere, y, durante la campaña electoral también escucharemos este mensaje de labios de algunos políticos, es un conjunto de objetivos claros y vinculantes para las autoridades locales y regionales, objetivos diseñados únicamente para mejorar la calidad de vida de las personas. 
– Señor Presidente, señora Comisaria Wallström, señor ponente, Señorías, desde hace muchos años se sabe que los denominados metales pesados y hidrocarburos aromáticos policíclicos son, en mayor o menor medida, nocivos para el medio ambiente y para la salud pública. 
Estas sustancias no deben estar en el aire ambiente. 
En mi opinión, los estudios de impacto no aportan mucho en este sentido. 
Estos estudios cuestan mucho dinero y nos dejan a los políticos con la misma incertidumbre. 
Soy de la opinión de que debemos hacer los esfuerzos necesarios para eliminar en la medida de lo posible esas sustancias nocivas de nuestro aire ambiente. 
La Comisión ha optado solamente por hacer un seguimiento de la contaminación. 
Pienso que esto es demasiado limitado y básicamente me opongo a este enfoque. 
La calidad del aire ambiente no se mejora simplemente trazando el mapa de la contaminación. 
Mientras las otras Directivas derivadas incluyen valores límite vinculantes, no logro entender por qué no se ha hecho así en este caso. 
También reconozco, sin embargo, que debemos tener los pies en el suelo; puede que los valores límite de las Directivas derivadas previas fueran demasiado estrictos. 
Sin embargo, esto no quiere decir que debamos decidirnos ahora por valores objetivo no vinculantes. 
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor respaldé el enfoque adoptado por el ponente, el Sr. Kronberger. 
Actualmente está negociando con el Consejo un acuerdo en primera lectura. 
Es un noble esfuerzo, en mi opinión. 
Puesto que el resultado de estas negociaciones no se conoce todavía, no puedo adoptar una posición con respecto al mismo. 
De todos modos, quiero decir al Sr. Kronberger que, por supuesto, no deberíamos prescribir ningún valor límite vinculante que se sitúe por debajo de los niveles de concentración de fondo. 
Expresamente estoy abogando por valores límite realistas. 
Se conoce por ejemplo que las emisiones, en gran medida, vienen causadas por fuentes difusas, por ejemplo la calefacción de las casas y el transporte, que son muy difíciles de tratar. 
Sin embargo, pueden lograrse resultados en varios sectores industriales; pienso en la industria metalúrgica, las centrales eléctricas, las plantas de incineración de residuos y el sector de reciclado de residuos. 
En el caso de la incineración de residuos se libera una considerable cantidad de metales pesados. 
La cantidad exacta se desconoce porque la obligación de medición de las emisiones es muy básica. 
Por ello deberían introducirse también valores límite vinculantes en beneficio de varios sectores de la industria, así como la obligación de medición de los niveles de emisión. 
Espero que podamos lograr un acuerdo con el Consejo sobre este asunto. 
– Señor Presidente, la Directiva sobre la calidad del aire ambiente de 1996 constituye la base de la que estamos debatiendo ahora y de otras tres anteriores. 
La Directiva marco enumera los contaminantes atmosféricos para los que deben establecerse valores límite, valores objetivo y, en su caso, umbrales de alerta. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor aceptó 60 enmiendas a la propuesta de la Comisión y de esta forma, junto con otros temas, se puso en consonancia con las tres Directivas anteriores sobre la calidad del aire ambiente. 
Este paquete integrado sobre la calidad del aire ambiente que se está ultimando será un modo eficaz de prevenir la contaminación del aire en la UE, excepto en un ámbito importante: las partículas. 
Actualmente es difícil medir las partículas más diminutas y por esta razón es imposible en la práctica. 
El cuerpo humano, sin embargo, es el más indefenso contra estas partículas pequeñísimas. 
Mientras las partículas más grandes quedan atrapadas en diferentes lugares de nuestros órganos respiratorios, las más pequeñas pasan directamente a nuestros pulmones y permanecen allí. 
El riesgo para la salud es evidente. 
Los grupos de trabajo técnicos de la Comisión son en mi opinión el lugar adecuado para evaluar el riesgo de las partículas y la posibilidad de medirlas. 
Los expertos en distintos campos que forman parte de estos grupos de trabajo deben formular opiniones sobre cada contaminante, basados en el conocimiento actual y de este modo presentar datos en los que puedan basarse las propuestas de directivas. 
Como el paquete de cuatro Directivas sobre la calidad del aire ambiente se ultima ahora, debería encargarse a los grupos de trabajo la tarea de tratar sobre los problemas relativos a las partículas con el objetivo de establecer métodos comunes y criterios de evaluación en los Estados miembros. Esto sería una contribución esencial a la lista de objetivos de la Comunidad para mejorar la calidad del aire y promover la salud pública en los Estados miembros. 
– Señor Presidente, el Sr. Kronberger ya conoce mi opinión sobre este informe, ya que la he expresado con firmeza en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Sin embargo, quizá debería ser más moderado en mis opiniones esta noche. 
Puede que sea bastante apasionado en sus opiniones pero, francamente, están equivocadas. 
Puede que sea muy serio en las conclusiones a las que llega, pero son erróneas. 
Ahora tiene que enfrentarse a la realidad si lo que desea es regular las emisiones de este tipo de las instalaciones industriales de las que estamos hablando; fijar simplemente valores de emisiones no funciona. 
El impacto que supondrá en estas instalaciones el intento de imponer este tipo de normas sería insoportable. 
Sin embargo, he de decir una o dos cosas sobre este informe. 
Si uno considera el mercurio y el arsénico, por ejemplo, podría darse el caso de intentar fijar valores de emisiones en este sector, pero no cabe duda de que en otros no. 
Tomemos por ejemplo el níquel. 
El níquel es uno de los elementos más importantes utilizados en la producción de acero inoxidable. 
El tipo más común de acero inoxidable contiene un 18% de níquel, pero puede contener hasta un 30%. 
Lo absurdo de esta propuesta es que presupone que las medidas utilizadas para controlar las emisiones gaseosas de níquel se pueden aplicar a la situación en las acerías en que se emite níquel en forma de polvo fino durante el proceso de producción. 
En realidad, el enorme volumen de polvo en la zona de producción solo contiene una muy pequeña cantidad de níquel y las emisiones de las acerías son relativamente pequeñas. 
Asimismo, en el caso de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, el tipo de medida propuesta por el Sr. Kronberger daría lugar inevitablemente al cierre o al final del uso de centrales alimentadas con carbón, al final de la utilización de carbón para la combustión, a una pérdida de puestos de trabajo y, en toda Europa, a una mayor dependencia del gas importado y otros suministros. 
Aunque bien intencionadas, estas propuestas no son realistas, están poco meditadas y minarán la reputación que tiene Europa de adoptar un enfoque responsable. 
Le ruego encarecidamente que lo considere nuevamente. 
– Señor Presidente, el informe del Sr. Kronberger recibe el apoyo incondicional del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. 
Se necesitan valores límite, por ejemplo para el arsénico. 
Se trata de un problema real en mi país. 
La ciudad de Coevorden, cerca de la frontera alemana, ha tomado la decisión de incinerar prácticamente todos los coches cama de ferrocarril antiguos de Europa, liberando así su arsénico en el aire ambiente. 
Esto está muy mal y por eso necesitamos valores límite estrictos. 
Si estos no se pueden establecer directamente porque la mayoría política no está a favor, ello es muy de lamentar, pero estos metales pesados son carcinógenos y hay de reducir su uso. 
Si para ello hay que fijar valores objetivo como medida a corto plazo, entonces lo apoyo plenamente. 
Sin embargo, a largo plazo, deben introducirse definitivamente valores límite sobre la base de un caso de cáncer adicional por cada millón de casos. 
Adoptamos exactamente el mismo principio rector para la Directiva sobre agua potable que aceptó la Comisión, la institución que había propuesto el principio, así como el Consejo y el Parlamento. 
¿Por qué no hacemos lo mismo en el caso del arsénico, el cadmio, el mercurio y el níquel? 
Sería el modo de avanzar hacia un compromiso posible. 
– Señor Presidente, creo que esta Directiva es tan importante que está muy bien que podamos hablar de forma apasionada sobre este tema. 
Un tema, como ya se ha dicho aquí muchas veces, que se refiere a los metales pesados carcinógenos y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, muchos de los cuales pueden dañar el genotipo de las células en cantidades muy pequeñas. 
El objetivo es impedir y reducir los efectos nocivos de los contaminantes del aire en la salud humana y el medio ambiente. 
Se ha dicho también aquí que esta Directiva difiere de las Directivas derivadas anteriores en que esta no propone valores límite vinculantes. Esto se ha justificado por el hecho de que no es posible a corto plazo encontrar medidas de bajo coste. 
Se podría alegar también que si se fijasen valores límite, darían pie a que se encontraran medidas rentables económicamente. 
Tenemos muchos ejemplos de situaciones en las que se han encontrado soluciones técnicas una vez que se han fijado objetivos claros y hay suficientes incentivos para alcanzarlos. 
Juntos, el seguimiento y la medición son elementos importantes de esta Directiva, y habrá que prestar mayor atención a la comparabilidad de los resultados y las técnicas de medición tanto en el ámbito nacional como en el comunitario. 
Seguimiento eficaz significará que será posible establecer nuevos valores límite vinculantes cuando se creen nuevas aplicaciones técnicas. 
Las mediciones deben realizarse, sin embargo, a bajo coste, teniendo en cuenta distintas circunstancias. 
Señor Presidente, tal como ya he mencionado, comprendo perfectamente el deseo de asegurar la plena protección de la salud pública tal como se expresa en las enmiendas que intentan introducir valores límites vinculantes para el arsénico, el cadmio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. 
Por desgracia, no creo que las enmiendas propuestas tengan el efecto deseado. 
En realidad, los valores límite deberían venir acompañados de exenciones para determinadas zonas o de disposiciones que permitieran a los Estados miembros aplicar excepciones en aquellos casos en que no se pudieran cumplir los valores límite. 
Las enmiendas propuestas prevén la última solución, pero en cualquier caso podemos estar seguros de que se concederán excepciones justamente en las zonas donde se presentan los problemas. 
Resulta difícil ver cómo esto va a mejorar la protección de la salud pública. 
De modo similar, no hay razón para fijar objetivos a largo plazo sin tener una idea clara de cómo se van a cumplir estos objetivos. 
Por este motivo, la Comisión no puede, en esta fase, aceptar ninguna de las enmiendas que pretenden introducir valores límite vinculantes. 
Por otro lado, la Comisión puede aceptar la reintroducción del concepto de umbrales de valoración máximos y mínimos previstos en la Directiva marco, que es el objeto de seis de las enmiendas presentadas. 
Aunque este concepto está normalmente vinculado a los valores límite, el concepto presenta algunas ventajas, incluso a falta de valores límite, puesto que aporta un régimen flexible en que el grado de requisitos de supervisión depende del nivel de concentraciones observadas. 
Tal como he dicho anteriormente, me alegra que se haya tomado la decisión de aplazar la votación para dar tiempo a explorar un mayor número de posibles alternativas. 
Espero realmente que a fin de cuentas podamos avanzar más rápidamente hacia un acuerdo sobre este importante tema. 
Gracias, señora Wallström. 
Como saben, la votación se ha pospuesto a una sesión posterior. 
El debate queda cerrado. 
-Informe A5-0123/2004 del Sr. Daul sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1782/2003 por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores; 
-Informe A5-0106/2004 del Sr. Lavarra sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece la organización común del mercado del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa y se modifica el Reglamento (CEE) nº 827/68. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar deseo dar las gracias al Sr. Daul y al Sr. Lavarra y a los coponentes, la Sra. Rodríguez Ramos, el Sr. Berlato y el Sr. Mayer, por sus informes, y a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por sus aportaciones. 
En julio del año pasado, el Consejo de Ministros de Agricultura invitó a la Comisión a elaborar propuestas de reforma para categorías de productos adicionales de conformidad con los mismos principios en los que se habían basado las reformas anteriores. 
A raíz de ello, la Comisión elaboró propuestas para el algodón, el tabaco, el aceite de oliva y el lúpulo, y estas propuestas son el tema del debate de hoy. 
Los objetivos siguen siendo los mismos: queremos hacer más competitivos y sostenibles estos sectores, simplificar la administración, crear un sistema más compatible con la OMC y promover el desarrollo rural. 
Con respecto a los efectos presupuestarios, el Consejo decidió que la Comisión debía presentar una propuesta carente de todo efecto presupuestario neto. 
Nuestras propuestas cumplen todos estos objetivos y condiciones. 
Como en las reformas anteriores, el elemento clave de estas es la disociación, rompiendo el vínculo entre los volúmenes de producción y las ayudas directas a los productores, aunque la Comisión, para tener en cuenta al máximo posible las sensibilidades medioambientales y sociales, ha propuesto una disociación parcial en algunos casos. 
Como en las reformas anteriores, sin embargo, es condición imprescindible para el pago de las cantidades totales que los agricultores cumplan los requisitos de la ecocondicionalidad y las buenas prácticas agrícolas. 
En estas propuestas se prevé también una transferencia de recursos al desarrollo rural. 
La reestructuración radical de los sectores en debate nos permite también suprimir finalmente algunos elementos de los regímenes de organización del mercado anteriores que han quedado obsoletos, como los reembolsos a la exportación para el aceite de oliva. 
Soy plenamente consciente de la importancia socioeconómica y medioambiental de los cultivos que estamos debatiendo hoy. 
Con dos millones y medio de productores, el aceite de oliva goza de una posición destacada en la agricultura mediterránea. 
El algodón desempeña un papel esencial en algunas partes de Grecia y España. 
El lúpulo es un cultivo especial de extraordinaria importancia regional, mientras el tabaco, aunque es un elemento importante de las estructuras agrícolas y laborales de muchas regiones, está sumido en una crisis económica, por una parte y, por otra, está asociado a un estilo de vida insano. 
Creo que las propuestas presentadas, globalmente, responden a las necesidades de la Comunidad, y por esta razón me opongo a las divergencias con el texto original que propone el informe Daul. 
Para las cuatro categorías de cultivos, la propuesta es el resultado de una cuidadosa reflexión y está en sintonía con el paquete de reforma de la PAC que se adoptó el pasado mes de junio. 
Otorga a los agricultores libertad y flexibilidad para cultivar su terreno tal como ellos lo consideren adecuado y obtener ventajas de las oportunidades del mercado, y al mismo tiempo tiene en cuenta las preocupaciones medioambientales y sociales. 
Permítanme también señalar que es importante que adoptemos las decisiones requeridas, puesto que a menos que se tome una decisión sobre este paquete, incluido el tabaco, corremos el riesgo de no poder proporcionar ningún tipo de ayuda financiera a los productores de tabaco el año que viene, porque el acuerdo existente expira a finales de este año. 
No creo que tal enfoque interese a nadie. 
Por esta razón, solo me resta invitar a esta Cámara a tomar las decisiones necesarias. 
Gracias, señor Fischler. 
Sin duda me complace que sus observaciones sobre la asociación con un estilo de vida insano no se extiendan al lúpulo. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera decir, en primer lugar, que me limitaré a un tema general, porque tenemos ponentes por productos que desarrollarán cada uno su tema particular. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural llegó, el pasado 19 de febrero, a un acuerdo de compromiso sobre el proyecto de reforma de la política agrícola común para el tabaco, el aceite de oliva, el algodón y el lúpulo. 
No olvidamos que se trata de adoptar un único reglamento de la Comisión Europa que modifique el mecanismo del pago único. 
Hay que llegar a un acuerdo global, y no a acuerdos independientes por sectores. 
Todo el proceso de negociación es interdependiente. 
El ambicioso objetivo de la Comisión y del Consejo es llegar muy pronto a un acuerdo de conjunto. 
Como ha dicho el Comisario Fischler, no debemos tener un vacío jurídico, en particular en el sector del tabaco. 
La Comisión de Agricultura estima que el principio de disociación de las ayudas propuesto por la Comisión solo puede aplicarse teniendo en cuenta también otros elementos externos, en particular la fluctuación y la evolución de los precios agrícolas internacionales, así como el acusado contraste entre los precios aplicados en el interior y en el exterior. 
La política agrícola de los productos mediterráneos debe orientarse al mantenimiento de la actividad de los pequeños agricultores y de la agricultura familiar, y a la preservación del número de puestos de trabajo en las zonas rurales, que se cuentan por cientos de miles. 
Todo proyecto de reforma debe presentar todas las alternativas posibles para garantizar el futuro de los agricultores y de las regiones afectadas y tener en cuenta su importancia social, así como las distintas condiciones de producción en los Estados miembros. 
Los miembros de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo han manifestado su preferencia por una transferencia más importante de fondos agrícolas destinados al mercado para acciones de desarrollo rural, a fin de mejorar el medio ambiente y la producción de calidad. 
Suponiendo que un número importante de agricultores decidiesen cesar la producción y percibir las subvenciones, el hecho de conceder ayudas agrícolas al margen de la producción no debería acentuar en ningún caso los problemas territoriales ni crear desequilibrios entre los distintos sectores. 
Al contrario, el principio de disociación parcial debería permitir una remuneración más equitativa para todos los agricultores y para toda la producción, aplicando el principio de multifuncionalidad. 
La disociación parcial debería permitir una evolución, señor Comisario, y no una revolución en las regiones mediterráneas. 
El modelo agrícola europeo debe mantenerse. 
Europa necesita a sus agricultores y el mantenimiento de su población en las zonas rurales. 
Debemos defender los intereses de los agricultores en la Organización Mundial del Comercio. 
Como demuestran los últimos presupuestos de los Estados Unidos, la agricultura norteamericana recibirá una vez más un aumento sustancial. 
¡Siga el ejemplo, señor Comisario! 
Quiero añadir que ese aumento sustancial está previsto. 
Sabemos que su trabajo en la Comisión no es fácil. 
Pero conocemos su buen sentido y su pragmatismo, así que le pedimos que acepte la propuesta de compromiso, que es una buena propuesta que le hacemos en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Señor Presidente, Comisario Fischler, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, he sido coponente de la parte relativa al tabaco de este importante informe sobre la reforma de la organización común de los mercados de algunos productos mediterráneos. 
Como saben, el objetivo de la Comisión Europea, declarado expresamente, es acabar con la producción de tabaco en Europa. 
Se trata del primer caso de eliminación forzada de un producto con raíces históricas en nuestro continente y que además no experimenta ninguna deficiencia del mercado. 
Quiero señalar aquí las consecuencias principales y más obvias en caso de que se apruebe la propuesta de la Comisión. 
El consumo de los productos del tabaco no descendería y no habría ningún efecto beneficioso en la lucha contra el tabaquismo que todos apoyamos. 
No habría efectos beneficiosos en la recaudación de impuestos de los Estados miembros, que en la Unión Europea se elevan a una cifra de 15 a 65 millones de euros al año solamente en concepto de impuestos sobre el consumo final de productos del tabaco. 
Se produciría un importante deterioro de la balanza comercial de la Unión Europea debido al aumento de las importaciones y la reducción de las exportaciones, con un déficit de más de 800 millones de euros al año, equivalente a los gastos actuales de la Comunidad en ayudas a los productores de tabaco. 
Cuatrocientas noventa mil personas perderían sus puestos de trabajo, si nos limitamos solamente a los trabajadores de la industria y 10 000 propietarios de tierras que, sin tener en cuenta la recepción temporal de un pago disociado de la producción, en cualquier caso perderían sus puestos de trabajo, puesto que ya se ha demostrado ampliamente la ausencia de alternativas agrícolas económicamente viables en las zonas de producción del tabaco; por ello habría multitudes de nuevos desempleados en las regiones europeas que ya tienen las tasas de desempleo más elevadas de los actuales 15 Estados miembros de la Unión, y lo mismo pasaría en las regiones productoras de tabaco de los diez nuevos países candidatos, también a la vista del hecho de que más del 50% de los trabajadores de la industria europea procesadora de tabaco son mujeres. 
Otras consecuencias serían: el cierre de cientos de empresas europeas que participan en la industria transformadora primaria y en las actividades auxiliares cuya existencia depende de la disponibilidad local de materia prima agrícola con la consecuente reducción masiva de los impuestos que pagan las empresas y sus empleados y un déficit todavía más grave en lo relativo a las contribuciones a la seguridad social; amplias zonas rurales de las regiones más pobres de Europa se convertirían en desiertos, considerando que el 80% del tabaco europeo se cultiva en zonas de Objetivo 1; se produciría un empobrecimiento general de los sistemas locales en los que la producción y la transformación del tabaco están muy concentrados, que en muchos casos forma la columna vertebral en que se basa un complejo sistema económico y social y que actualmente proporciona a las poblaciones unas condiciones de vida dignas. 
Por las razones y argumentos presentados brevemente hasta ahora, la aprobación de la propuesta de la Comisión, aparte de todo, iría claramente en contra de los objetivos de la PAC establecidos en el artículo 33 del Tratado, que deliberadamente no se cita como el fundamento jurídico de la reforma propuesta. 
Quiero concluir haciendo un llamamiento a todos mis colegas diputados, particularmente a los diputados de las regiones del centro y norte de Europa, pues como sabemos, el tabaco se produce solamente en algunas zonas muy específicas del sur de Europa. 
. Señor Presidente, señor Comisario, señores del Consejo, empezaré por consumir una parte de mi tiempo representando a la Sra. Rodríguez Ramos, que, por causa de fuerza mayor, no puede defender, como estaba previsto, su informe sobre el algodón. 
La Sra. Rodríguez Ramos dice que todas las reformas de la PAC en Europa, desde la reforma Mc Sharry pasando por la Agenda 2000, siempre han previsto que para todas las producciones afectadas existiera un período superior a diez años para adaptarse progresivamente a los cambios que supone el pasar de una política de apoyo a los precios a regímenes de ayuda a los productores. 
Señor Comisario, la reforma actual del algodón se inició en el año 2001 y usted pretende hacer ahora otra reforma sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental, como luego veremos, y olvidando también que su propósito es totalmente ajeno a la política señalada en los protocolos anejos a las Actas de adhesión de Grecia, España y Portugal, que incluyen el objetivo de apoyar la producción de algodón en las zonas productoras. 
Lo que usted pretende es, ni más ni menos, llegar a un desacoplamiento total; creemos que su propuesta conduce al abandono de la producción de algodón, la Comisión lo sabe, y, además, se está actuando en ausencia de estudios válidos sobre el sector. 
La Comisión sabe también que la producción del algodón se concentra en regiones que sufren un retraso muy significativo, y que tendrá un impacto potencial tremendo en el sector desmotador y en los servicios conexos. 
Y no hay alternativa, señor Comisario. 
El Reglamento (CE) nº 1783/1999 les impide plantar frutas y hortalizas, ¿qué van a hacer, señor Comisario, plantar maíz y penalizar a los demás productores de maíz o remolacha, que está sometida a cupos? ¿y qué hacemos, señor Comisario, con el sector industrial? 
En cambio, el compromiso que propone la ponente es coherente con este conjunto de reflexiones y, además, se ajusta a las pautas marcadas por la reforma de la PAC y por nuestros acuerdos con la OMC y permitiría sacar de la caja ámbar toda la ayuda del algodón. 
Por tanto, señor Comisario, me permitirá que, con su ayuda, tratemos de evitar el desastre que se produciría en términos de empleo y el impacto negativo que la reforma propuesta tendría en zonas de mi país como, por ejemplo, Andalucía, que- como ha dicho también el Sr. Berlato- son Objetivo 1 con graves preocupaciones sociales. 
Y, pese a ello, señor Comisario, usted nos ha propuesto un desacoplamiento total, argumentando de forma falaz e inadecuada, y dando por buenos argumentos que todos sabemos que son hipócritas. 
¿No es verdad, señor Comisario, que en el estudio de impacto ambiental, ustedes sólo recogen los argumentos de los sectores de la salud, pero no de los expertos? 
Señor Comisario, la Comisión se justifica con la reforma de la PAC, cuando lo cierto es- a pesar de lo que usted acaba de decir- que en junio se habló de un desacoplamiento parcial, y precisamente en los casos del tabaco y el algodón usted pretende hacer un desacoplamiento total, sabiendo, como sabe, que son los cultivos que tienen más alto impacto en la producción y el trabajo de regiones que son Objetivo 1 en Europa. 
¿No le parece una contradicción insalvable preconizar precisamente en este cultivo tan intensivo en mano de obra, del que depende enteramente la viabilidad no sólo de los productores de tabaco, sino de miles de puestos de trabajo y de regiones y de pueblos enteros? 
Señor Comisario, ¿cómo puede proponer la barbaridad que supondría abandonar abruptamente y sin ningún período transitorio estas producciones en zonas tan sensibles en Europa? 
Señor Comisario, tengo muy poco tiempo y demasiados argumentos que exponer esta noche, pero quisiera expresar solamente uno: señor Comisario, todos los sectores en este Parlamento han hecho un esfuerzo para buscar una solución razonable, justa y equitativa. 
Todo el mundo ha sacrificado algo; todo el mundo ha comprendido que hay que hacer un esfuerzo por una respuesta flexible para los Estados miembros y que también permita al sector ir adaptándose. 
Señor Comisario, dado que usted no ha traído una propuesta de este calibre al Parlamento Europeo, le pido que, al menos, no impida que este gran acuerdo político que se ha alcanzado en el Parlamento Europeo dé salida a las decenas de miles de familias que- como ocurre en mi tierra extremeña- ven en usted a un enemigo del porvenir de sus familias y sus trabajos. 
. – Señor Presidente, señor Comisario Fischler, Señorías, la opinión que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento aprobó por amplia mayoría sobre la base de mi informe, considera que la propuesta de la Comisión sobre el aceite de oliva es un buen punto de partida. 
Por tanto, con nuestro declaración buscamos mejoras, pero también ajustes importantes. 
De hecho, queremos mantener los ingresos de los productores de aceitunas capaces hasta 2013 y salvaguardar el valor medioambiental y socioeconómico del cultivo del olivo, pero vamos más allá de la propuesta de la Comisión al fortalecer los aspectos de la calidad y seguridad alimentaria, lucha contra el fraude, transparencia del etiquetado y nuevas ayudas específicas para los jóvenes que necesitan incentivos para ingresar en el sector del cultivo olivarero. 
En relación con el sistema de ayuda, en nuestra opinión, la extrema variabilidad de las condiciones medioambientales y socioeconómicas sugiere que debemos hacer de forma flexible el porcentaje de disociación, comenzando con un mínimo del 60% en todo caso. 
Creemos que la opción de aumentar este mínimo podrá considerarse y aplicarse solamente cuando no haya riesgo de arranque o que la producción se abandone. 
Para simplificar las cosas y obtener recursos mucho más considerables de los previstos en la propuesta de la Comisión, con referencia a la mejora de la calidad, proponemos combinar la ayuda para los olivares y la ayuda para la calidad en una medida única y confiar su gestión a las organizaciones de productores, puesto que la fragmentación de nuestras explotaciones agrícolas olivareras no permitiría una relación adecuada con el mercado. 
También creemos que los Estados miembros deberían tener la capacidad, como con todos los demás productos, de posponer la entrada en vigor de la reforma hasta diciembre de 2005 ó 2006. 
Es particularmente importante disponer de normas adecuadas que garanticen unos ingresos adecuados en el mercado mundial para todo el sector olivarero mediterráneo, abandonando la conflictiva rivalidad entre los países mediterráneos, como se ha defendido en la última conferencia euromediterránea de Ministros de Agricultura celebrada en Venecia el 27 de noviembre de 2003. 
En otras palabras, necesitamos una legislación más clara, transparente, que nos exigen los productores pero también y, especialmente, los consumidores, que esperan y tienen derecho a tener etiquetas claras e información correcta para poder identificar los productos de alta calidad y saludables, como se ha demostrado científicamente que es el aceite de oliva virgen extra. 
El Parlamento solicita una vez más un sistema satisfactorio de clasificación del aceite, la prohibición de las mezclas de aceite de oliva y otros aceites o grasas, la indicación obligatoria en las etiquetas del origen de las aceitunas, determinándose el origen en función del árbol y el lugar de cosecha, y no el lugar de prensado y procesado, y mayor transparencia de los mecanismos de procesado de productos del exterior, para asegurar que este mecanismo no se utilice para poner una marca y vender aceites importados de países no comunitarios como si fuesen aceites comunitarios. 
Desde este punto de vista, por tanto, nuestra propuesta es globalmente coherente. 
He examinado las enmiendas de otros diputados. 
Brevemente, apoyo la enmienda 91 presentada por el Sr. Jové Peres, que quiere mantener la prohibición de cambiar a otros cultivos en caso de que los Estados miembros opten por la regionalización del mecanismo de ayuda. 
Sin embargo, no apoyo otras enmiendas que ya han sido rechazadas por nuestra comisión cuando se sometieron a votación. 
Por último quiero decir, Señorías, que he visto la enmienda 87, presentada en comisión por la Sra. Redondo, en el texto propuesto para ser sometido a votación. 
Sigue una lógica que es, no solo en mi opinión, incompatible con el voto de la comisión, y me sorprende verla en el texto que tenemos delante, simplemente porque existe una lógica conflictiva entre esta enmienda y los productos de la mayoría de los Estados miembros. 
Confío en que en la votación final podremos demostrar la coherencia global de esta opinión y con ello evidenciar la credibilidad del Parlamento en sus negociaciones con el Consejo y la Comisión. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, realmente es algo excepcional celebrar un debate sobre el lúpulo en medio de un grupo de productos mediterráneos y esta es probablemente la razón por la que su debate estaba previsto originalmente en otro momento. 
Es un pequeño sector, pero el lúpulo es sin duda un producto muy importante para todos aquellos que tienen algo que ver con él; su importancia es similar a la de las hormonas en los procesos humanos o animales o la de los catalizadores en las reacciones físicas o químicas. 
Quien no se haya percatado de la importancia del lúpulo, señor Presidente, no puede seguir así después de disfrutar, con moderación, el producto para el que se usa, la cerveza, a la que antes hizo referencia, el elixir de la vida. 
Creo que la cerveza, consumida con moderación, por supuesto, como ya he dicho, es también un alimento saludable; los bávaros lo sabemos mejor que la mayoría, y usted, que viene de Franconia, también conoce muy bien sus cualidades. 
Al igual que el vino, la cerveza es un producto especial y algunas personas, incluido el Sr. Daul, presidente de nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, también lo llaman o «infusión de lúpulo». 
Ahora me limitaré al lúpulo, señor Presidente, pero mis notas introductorias me exigen contar con un poco de tiempo adicional. 
La organización común del mercado del lúpulo existe desde 1971, y a lo largo de los años ha demostrado ser un mecanismo flexible y simple, pero muy eficaz. 
El informe de la Comisión del año pasado también hacía especial hincapié en este aspecto. 
Sin embargo, primordialmente algunos pujantes grupos de productores han sido los que en última instancia han hecho posibles los objetivos y medidas del régimen actual, es decir, una producción del lúpulo basada en la calidad y la respuesta a la demanda del mercado, junto con un amplio sistema de certificados de origen. 
Por esta razón trato de restringirme, en el breve tiempo del que dispongo, a dos aspectos, el primero el de las ayudas, incluidas las ayudas futuras a los grupos de productores; esta es la razón por la que en la enmienda he propuesto la incorporación de una opción por la cual el componente retenido de hasta el 25% del techo nacional puede pagarse a los grupos de productores o a los productores mismos. 
El segundo aspecto se refiere a la inclusión en el sistema de zonas de arranque que han ayudado a estabilizar el mercado y quiero destacar esto con gran firmeza. 
–Señor Presidente, señor Comisario Fischler, mis opiniones personales sobre los informes que se someterán a votación mañana difieren en ciertos casos, al igual que mi juicio personal sobre la reforma a medio plazo de la Política Agrícola Común. 
Sin embargo, he aceptado el compromiso presentado por el Sr. Daul basado en el sentido común, como un buen agricultor, porque considero que es un compromiso bien equilibrado. 
Lo que me ha costado entender, conociendo su capacidad técnica y política, ha sido, por ejemplo, la propuesta de la Comisión sobre el tabaco, porque el sistema de disociación completa propuesto generaría inevitablemente, no solo en mi opinión, sino de varias importantes universidades europeas, la desaparición completa de la producción, con el impacto sobre el empleo que el ponente, el Sr. Berlato, ha señalado antes. 
Además, no puedo entender por qué, al contrario que el resto de los sectores productivos para los que se han mantenido pagos específicos en función de la producción o en los que se ha dado la oportunidad a los Estados miembros de aplicar formas de disociación parciales, el sector del tabaco es el único en que la Comisión ha decidido aplicar una disociación total. 
Se han citado, entre otras, razones de salud, ignorando el hecho de que la disociación de la producción de tabaco en Europa no contribuirá lo más mínimo a combatir el tabaquismo. 
Por el contrario, la ausencia de producción europea sería reemplazada inmediatamente por más importaciones del resto del mundo. 
Por eso utilizamos mucho sentido común en la comisión al mantener una organización del mercado del tabaco común capaz de proporcionar perspectivas a largo plazo para el desarrollo del sector; hemos querido lograr estabilidad presupuestaria para los productores y obtener un trato igual de todas las categorías de productores en una nueva organización del mercado común coherente con la necesidad de estabilidad en el sector agrícola y con la continuidad de la producción de tabaco en Europa, inclusive por razones estratégicas. 
Respecto a la industria del aceite de oliva, por otra parte, puede respaldarse ampliamente la reforma propuesta por la Comisión. 
De hecho, aunque no estoy de acuerdo con el sistema de disociación, como saben bien, pienso que este principio es aceptable para cultivos arbóreos permanentes como el cultivo del olivo, siempre que ayude a eliminar una cantidad importante de trámites burocráticos con respecto al sistema de ayudas, y sobre todo que nos permita aplicar medidas relativas a la calidad, trazabilidad, conversión y promoción para fomentar un mayor desarrollo en términos de calidad. 
También usamos nuestro sentido común con respecto al sistema del aceite de oliva; hemos asegurado la ayuda financiera a largo plazo para los agricultores; hemos trabajado en torno al derecho a los pagos históricos con referencia al promedio de pagos efectuados a un productor individual en calidad de ayuda a la producción durante el período de referencia y sobre todo, hemos introducido e impulsado la intervención financiera en apoyo de los productos de calidad, la trazabilidad, el seguimiento del mercado, la promoción y el fortalecimiento de las organizaciones de productores y medidas medioambientales específicas. 
Creo que la propuesta que han presentado el Parlamento y la Comisión sobre el aceite de oliva será muy beneficiosa para este sector y espero, señor Comisario, que acepte las sugerencias que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento ha presentado sobre el sector del tabaco. 
– Señor Presidente, no me repetiré sobre el tabaco, pero se me hace difícil creer que el Comisario Fischler piense que la propuesta de la Comisión sobre el tabaco viene dictada por razones de salud. 
Es difícil pensar esto y no pensar en lugar de ello que en Europa se están poniendo en peligro 500 000 puestos de trabajo. 
Si hubiese realmente un vínculo entre la prevalencia del tabaquismo y la reducción o la eliminación de la producción del tabaco, yo sería el primero en esta Cámara en apoyar la propuesta de la Comisión. 
Pero ese vínculo no existe. 
Al adoptar la propuesta únicamente estaríamos empobreciendo a los ciudadanos de la Unión y a los productores de tabaco sin hacer una contribución real a la lucha contra el tabaquismo. 
Por ello pido a la Comisión que tenga en cuenta esta posición, defendida por muchos sectores de esta Cámara, tanto por parte de los partidos políticos como por diputados a título individual. 
Por supuesto que expreso mi opinión personal, pero creo que es ampliamente compartida en el Parlamento, lo cual podremos verificar mañana en la votación. 
Con respecto a la propuesta sobre el aceite de oliva, sin embargo, puede decir que el enfoque de la propuesta de la Comisión es bastante aceptable. 
La propuesta de la Comisión considera la necesidad de transparencia, atención a la calidad, el valor medioambiental y social de este producto y todo ello se ha reexaminado todavía más en la opinión presentada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento. 
La elección de flexibilizar el porcentaje de disociación, la posibilidad que los Estados nacionales tendrán, espero, de modificar estos porcentajes es un proceso positivo de ósmosis entre las normas rígidas de la Comisión y las elecciones de los Estados miembros, una decisión inteligente que permitirá a los Gobiernos nacionales la adopción de las opciones más adecuadas para las regiones. 
La cuestión de combatir la mezcla de aceites permanece igual y son suficiente financiación, para garantizar la transparencia y la protección del consumidor, la lucha contra el fraude, la reducción del procesado de productos del exterior y la consecución de un etiquetado que señale y realmente realce el lugar de producción y no el de procesado. 
En este camino las agencias de seguimiento pueden seguir desempeñando un importante papel. 
Quiero pedir al Comisario Fischler que vea que, después de la votación en el Consejo, con la opinión del Parlamento, los reglamentos que se adopten sean coherentes con las decisiones, cosa que desafortunadamente no hemos visto en el pasado. 
– Señor Presidente, el sábado, un día antes del fracaso de Cancún, la alianza de los países africanos y los países de renta más baja tiraron la toalla. 
Se sintieron completamente ignorados, particularmente por los Estados Unidos, que subvenciona a los cultivadores de algodón de Carolina del Sur con más de 3 500 millones de euros, mientras Europa apoya a su sector algodonero solamente con 800 millones de euros. 
Debido a ello, los Estados algodoneros africanos se sienten amenazados. 
De esta forma se está creando pobreza de forma activa. 
Los países de menor renta tienen derecho a protestar por ello. 
Esto se ha corroborado con la resolución aprobada en febrero durante la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. 
Del mismo modo que los medicamentos contra el sida simbolizan el avance decisivo en Doha, el algodón simboliza el fracaso en Cancún. 
Las ayudas al algodón en Europa forman parte de una política agrícola que incluye grandes subvenciones para el cereal, la carne y la leche. 
Anteriormente los socialdemócratas hemos intentado empezar disociando las ayudas a la producción en un 50% y adoptar una política rural, de conservación de la naturaleza y de bienestar animal, en otras palabras, pasar de la cantidad a la calidad. 
El grupo de presión conservador de esta Cámara, sin embargo, ha puesto obstáculos en el camino. 
La Comisión presenta ahora una modesta propuesta de disociación del 60% y la canalización de una buena parte de esas subvenciones al desarrollo rural de la zona en cuestión, pero la mayoría del Parlamento Europeo se escuda tras los Estados Unidos y tras la incertidumbre del resultado, y así aboga por un 20% de disociación. 
Puedo entender a mi colegas diputados españoles si no solo quieren tratar del algodón sino también del cereal, la carne y la leche, pero lamento que no actuemos más valientemente y demostremos que hemos aprendido la lección de Cancún. 
Debilitando las propuestas de la Comisión no estamos dando señales suficientes a las personas de todo el mundo que quieren un comercio justo. 
De acuerdo con esto, una serie de socialdemócratas de esta Cámara votará en contra de la atenuación de las propuestas. 
Espero que haciéndolo así enviemos un mensaje claro a la Comisión. 
Solicito a la Comisión que persevere. 
Señor Presidente, nos encontramos ante la continuación de una reforma intermedia de la PAC. 
No voy a reiterar los argumentos que expuse en su momento. 
Sin embargo, permítanme recordar mi oposición a unas medidas que alterarán sustancialmente la Política Agrícola Común. 
Es evidente que el desacoplamiento de las ayudas reducirá la producción y el conjunto de la actividad económica de las zonas desfavorecidas o con limitaciones naturales. 
Además, dificultará la instalación de jóvenes agricultores que deberán realizar inversiones para la compra de derechos de pago, además de las necesarias para adquirir tierras. 
Todos estos procesos se darán en un momento muy delicado, tanto en el relevo generacional de los titulares de explotaciones agrarias como en la actividad económica general y en las perspectivas de la generación de empleo, con serias consecuencias en la ocupación del territorio. 
Estas consecuencias serán más sensibles en los cultivos situados en zonas desfavorecidas o en aquellos que requieren más costes variables por su necesidad de mano de obra. Éste es precisamente el caso que nos ocupa, tanto en el caso del algodón, como en el del tabaco o del aceite de oliva, se dan estas circunstancias. 
Soy consciente del mandato del Consejo de Ministros, aunque no lo comparto. 
No lo comparto porque sus consecuencias serán demoledoras en amplias zonas muy sensibles. 
Y es que la política no es más que emplear unos recursos económicos escasos para alcanzar unos objetivos. 
Hasta ahora, los recursos empleados para estas producciones perseguían objetivos claros. 
Me pregunto qué objetivos puede perseguir esta propuesta. 
Sin embargo, los riesgos que representa, están claros, e incluso han sido reconocidos por la Comisión. 
Esta propuesta supone la ruptura con una política que había dado frutos. 
La actual OCM del aceite de oliva ha permitido mejoras sustanciales de la calidad y de la seguridad del consumidor. 
Ha dinamizado la actividad económica de zonas deprimidas. 
¿Por qué se renuncia a esto? 
En otras producciones de cultivos herbáceos, que carecen de las particularidades del aceite, se mantiene la posibilidad de mantener un porcentaje de las ayudas acoplado a la producción. 
¿Por qué no se contempla esta posibilidad en el aceite de oliva? 
Y me refiero también a la posición de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo. 
El mantenimiento de una parte de la ayuda acoplada a la producción es el único medio de garantizar que lo que llega al consumidor es aceite de oliva y es preocupante que coincida con la propuesta de desaparición de la financiación de las agencias de control. 
Aunque se mantuvieran las agencias de control, ¿con qué instrumentos pueden contar para garantizar la calidad del aceite? 
En todas las actividades hay empresas honestas y otras que se sienten tentadas a cometer fraude. 
Éstas, y sólo éstas, son las beneficiadas de esta propuesta de la Comisión. 
He depositado, pues, en consecuencia, una serie de enmiendas para mantener un 25 % de las ayudas acopladas a la producción y espero que cuenten con el apoyo de esta Cámara. 
– Señor Presidente, señor Comisario, el debate sobre la disociación se encarniza una vez más, esta vez en conexión con estos productos del sur de Europa, y transmite la impresión de que se está quitando dinero a los agricultores. 
En una ocasión en comisión me enfurecí y aclaré que la disociación es de hecho un medio de asegurar que el dinero se quede en manos de los agricultores, especialmente en el caso del tabaco. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que, como los precios del algodón solo cubren un tercio de los costes de producción y los precios del tabaco cubren solamente cerca de la mitad de los costes de producción, existe naturalmente un gran peligro de que la ausencia de obligación de cultivar estos productos para obtener las primas tenga como resultado el cultivo de otros productos. 
La característica principal que distingue estos productos de los productos agrícolas del norte de Europa es posiblemente que la producción y el procesamiento de estos cultivos mediterráneos requieren más trabajadores estacionales, que podrían perder sus trabajos en caso de cambiar a otros cultivos. 
La necesidad vital entonces es la promoción del desarrollo rural y el cultivo de otros productos con un efecto inducido positivo en materia de empleo. 
Es necesario persuadir a la industria de que empiece por fin a pagar precios decentes por los productos agrícolas, que son, en algunos casos, solamente un ingrediente menor de sus productos finales. 
La disociación es el inicio de un debate más amplio sobre los precios al productor. Se aplica tanto a la leche como al tabaco y al algodón. 
Está a punto de convertirse en un asunto candente. 
Por eso debo decir que apoyo las propuestas de la Comisión en principio y votaré en consecuencia. 
– Señor Presidente, en consonancia con los principios básicos para la reforma de la PAC que se aprobó en junio pasado se han establecido normas comunes para los sistemas de ayuda directa a los agricultores. 
Esta propuesta de reglamento consagra consecuentemente estos principios para los sectores del aceite de oliva, el tabaco y el algodón, y la propuesta se examina en el informe del Sr. Joseph Daul, a quien deseo felicitar por su trabajo. 
Sin embargo, me centraré en las consecuencias de esta propuesta para Portugal. 
Con respecto al aceite de oliva, parece que la Comisión no tiene presente la plantación de 30 000 hectáreas de olivares nuevos con derecho a la ayuda a la producción que el Consejo autorizó en 1998. 
De hecho, Portugal ha elaborado un programa para la plantación de estas 30 000 hectáreas que se ejecutará de 2000 a 2006 y su aplicación se llevará a cabo tal como se ha definido en el programa. 
Esta propuesta de revisión que ha presentado la Comisión, sin embargo, ha destruido este programa junto con las expectativas que se habían creado entre los productores. 
Con respecto al tabaco, la propuesta de la Comisión de disociar totalmente las ayudas provocará que los agricultores abandonen rápidamente este cultivo en Portugal. 
El abandono de la producción tendrá efectos extremadamente nocivos no solo en el empleo en la agricultura, sino también en la industria procesadora. 
Con respecto al algodón, un sector que ha experimentado una fuerte expansión en los últimos años, la propuesta de la Comisión penaliza la producción en aproximadamente el 30%, lo que, si lo unimos a lo inapropiado de la ayuda vinculada a la producción, hace que este cultivo sea muy poco atractivo y ofrece pocas oportunidades para su reconversión. 
Señor Presidente, una vez más nos enfrentamos a una propuesta de la Comisión que no tiene en cuenta ni las características específicas de la agricultura portuguesa, ni, de hecho, otras formas de agricultura regionales, ni los riesgos de que los agricultores abandonen la agricultura totalmente ni los problemas sociales relacionados con el desempleo que acompañarán a este proceso. 
Se trata una vez más de una injusta penalización de los ingresos de nuestros agricultores y no podemos... 
– Señor Presidente, se dice que la disociación de ayuda y producción otorga a la agricultura europea una cierta ventaja en las negociaciones de la OMC, o eso es lo que siempre ha mantenido el Comisario Fischler. 
La política agrícola europea se ha adaptado mientras tanto, pero los efectos dentro de la Organización Mundial del Comercio todavía no son visibles. 
Lo que es peor, parece que otros bloques comerciales no quieren acabar con las ayudas que distorsionan el comercio. 
Por ello me pongo en guardia cuando la Comisión justifica la disociación de las primas al algodón utilizando el argumento de que la Organización Mundial del Comercio insiste en ello. 
Por experiencia, sabemos que este argumento es erróneo. 
Después de todo, la Unión Europea representa menos del 3% de la producción mundial de algodón, mientras que importa el 48% de sus necesidades de algodón libres de impuestos. 
La queja de que la ayuda del Gobierno europeo está distorsionando el mercado mundial del algodón es de hecho una insolencia. 
A la luz de todo esto, la reforma del sector del algodón no es tan necesaria desde el punto de vista de la Organización Mundial del Comercio como con vistas a lograr un campo lleno de vida. 
Esta reforma debe centrarse en la mejora de la calidad y, en lo posible, el mantenimiento del empleo en este sector. 
Las subvenciones agrícolas, sin embargo, no deben utilizarse como una especie de fondo estructural. 
Es importante que se siga de cerca el impacto financiero de la reforma y que se intervenga a tiempo en caso necesario. 
La ayuda al sector del tabaco es de un orden totalmente diferente de la destinada a la producción de algodón. 
La decisión de la cumbre de Gotemburgo de reducir la ayuda a la producción del tabaco fue correcta. 
Al contrario que el algodón, el tabaco no es simplemente un producto agrícola. 
Su uso es carcinógeno y genera enfermedades del corazón y vasculares en muchas personas. 
Dado que por una parte, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor hablamos sobre los riesgos sanitarios de valores residuales mínimos de pesticidas en nuestra comida, es absurdo gastar por otra mil millones de euros anualmente en la producción de tabaco. 
En mi opinión la disociación, los cultivos alternativos y la modulación en beneficio del desarrollo rural deben introducirse lo más rápidamente posible en este sector. 
– Señor Presidente, señor Comisario, la propuesta de reforma de la OCM del tabaco que presenta la Comisión Europea se basa en un presupuesto erróneo. 
La Comisión quiere hacer de la abolición total de las ayudas públicas a los productores de tabaco europeo un elemento central de la lucha contra el tabaquismo. 
Quizás mereciera la pena examinar esta relación si Europa dominara el mercado y produjera el 95% del tabaco mundial. 
Pero no es así en absoluto: Europa solo produce el 5% del tabaco mundial y su producción satisface menos del 30% de sus necesidades. 
Por otra parte, como destaca la FAO, experta en la materia, una política pública tendente a reducir el consumo excesivo de tabaco debe centrarse en el comportamiento, más que en el producto, en la demanda más que en la oferta. 
Debe, con razón, informar y prohibir. 
Pero si –y cito a nuestro ponente- «es legal fumar, producir y vender los derivados del cultivo, es evidente que la única consecuencia de la propuesta de la Comisión será que las industrias productoras busquen proveedores fuera de la UE». 
Hacer desaparecer la producción europea, como pretende la Comisión, cuando el mercado de consumo europeo sigue siendo un mercado muy importante y un mercado en crecimiento, es ofrecer todo ese mercado en bandeja a nuestros competidores, a los productores de tabaco no europeos. 
Brasil, cuya producción crece exponencialmente, no espera otra cosa. 
Sin embargo, las industrias productoras destacan el papel esencial que desempeñan en sus mezclas los tipos de tabaco cultivados en Europa. 
Los productores europeos se han orientado prioritariamente hacia variedades bastante neutras en cuanto a aroma, pero con unos índices muy bajos de alcaloides. 
Pienso, por ejemplo, en el Virginie de Vendée, del Poitou-Charentes, del Loira atlántico. 
Los tabacos cultivados en Europa son pues los que permiten a los fabricantes de cigarrillos europeos respetar las normas sanitarias, cada vez más exigentes en materia de porcentajes de nicotina o de alquitrán, que les imponemos. 
Si les privamos de esta fuente perfectamente trazada, ¿dónde se abastecerán nuestros industriales? 
Pero, ¿qué beneficio aportará eso en materia de salud pública? 
Tengamos cuidado de que la desaparición de la producción no provoque, en este sector como en muchos otros, la deslocalización de la transformación. 
Ya Altadis cierra emplazamientos en Francia y se instala en Marruecos. 
¿Quiere la Comisión sistematizar una evolución de este tipo? 
La Comisión Europea no ha tomado en consideración el impacto socioeconómico, las consecuencias en materia de ordenación del territorio de las medidas que propone. 
Se trata sin embargo de un cultivo muy localizado en regiones a menudo sensibles, donde los cultivos de sustitución no siempre son posibles. 
Es una actividad que crea numerosos puestos de trabajo, permanentes y estacionales. 
Ahora bien, la reforma tal como se propone no puede sino conducir al completo abandono del cultivo del tabaco en todas las zonas de producción y, por tanto, generar desempleo en ellas. 
Por consiguiente, hay que rechazar esta reforma, rechazar su lógica, la de la erradicación pura y simple, discriminatoria, de una producción, el cultivo del tabaco comunitario, rechazar su inspiración ideológica, moralizadora, simplista. 
La contrapropuesta de la Comisión de Agricultura es indudablemente mejor. 
Se inscribe sin duda en la lógica de la disociación querida por la Comisión, pero tiende a limitar al máximo su magnitud y sus efectos negativos. 
La reasociación de la ayuda hasta el 70% de los apoyos actuales no evitará un descenso de la producción, pero puede limitar su amplitud. 
El agricultor es libre de continuar su actividad de producción –lo que no permitiría la propuesta de la Comisión–, o bien de acometer una reconversión que no ponga en peligro el equilibrio de su explotación. 
Se da una perspectiva a los propietarios de plantaciones, pues la propuesta de la Comisión de Agricultura se inscribe en el marco presupuestario de la PAC, tal como fue adoptado hasta 2013. 
El recurso ilusorio al segundo pilar propuesto por la Comisión es clara y felizmente rechazado. 
El sistema por tramos de producción, que generaba disparidades de trato entre productores y complicaba exageradamente el sistema, ha sido sabiamente abandonado. 
Máxima reasociación y ejercicio de una gran subsidiariedad por parte de los Estados miembros a la hora de aplicar el dispositivo en función de las realidades del terreno y apoyándose en las agrupaciones de productores: la Comisión de Agricultura propone una auténtica alternativa para mantener el cultivo en Europa mientras siga existiendo el mercado de consumo. 
Es la orientación correcta, y la apoyamos. 
Señor Presidente, el compromiso alcanzado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha costado un gran esfuerzo, señor Comisario, y ha supuesto la conciliación de posiciones contrarias. 
Creo que tiene un gran valor como punto de equilibrio eficaz, que permite aplicar plenamente los principios de la reforma de la PAC y que, a la vez, disminuye el riesgo de abandono de empleo agrario en zonas desfavorecidas. 
Votaré, por tanto, a favor de este compromiso y creo que la Comisión debería aceptarlo. 
En lo que se refiere a la Comisión, creo que habría que adoptar medidas para que la ficha financiera española no resulte penalizada por el desfase en su realidad productiva, como ha dicho exactamente la Sra. Redondo. 
En segundo lugar, habría que evitar, señor Comisario, el abandono del cultivo del tabaco en Granada, en tanto no se ofrezca a los afectados empleos agrícolas alternativos reales. 
Señor Comisario, el Partido Popular español cerró la empresa tabaquera, pública y rentable, CETARSA por razones de especulación financiera. 
Y, ahora, usted, con su propuesta, no debería terminar rematando esa fechoría, despidiendo del campo, a las 2 000 familias que allí, en Granada, viven del tabaco. 
Señor Presidente, señor Comisario, estamos analizando la reforma intermedia de la PAC en tres sectores importantes con presencia relevante en el Mediterráneo. 
Me referiré, concretamente, al aceite de oliva. 
Respecto al aceite de oliva en la propuesta se pone de manifiesto la necesidad de mantener la calidad y el nivel de vida de los agricultores, de luchar contra el fraude, de garantizar una calidad de la producción. 
Quisiera destacar que la producción de aceite de oliva es muy variable, según el lugar donde se produzca el cultivo. 
Y las producciones oscilan entre 200 y 400 kg. por hectárea en unas regiones y más de 800 kg. por hectárea en otras. 
Por lo tanto, estas ayudas no pueden limitarse únicamente a ayudas a la producción. 
Señor Comisario hemos hablado muchas veces de la multifuncionalidad que ejerce la agricultura. 
La producción de aceite de oliva no es una excepción. 
Las producciones de aceite de oliva en zonas desfavorecidas pueden garantizar un nivel de vida a los agricultores, pueden retener la población en estas áreas que, de otro modo, sufrirían un problema de despoblación. 
Más aún si se ofrece una posibilidad de desacoplamiento. 
En este sentido, creo, que los Estados miembros deben poder asegurar a todos los productores de aceite de oliva una garantía y una seguridad en función de las hectáreas que se cultiven, con independencia del volumen de las producciones. 
– Señor Presidente, la mayoría de los agricultores de Portugal están preocupados por estas propuestas de la Comisión sobre la reforma de la organización común de los mercados de los productos mediterráneos como el aceite, el tabaco y el algodón. 
Son malas propuestas, tanto porque mantienen la discriminación contra los productos específicamente mediterráneos, que siempre han sido maltratados por la PAC, como porque proporcionan a los agricultores un incentivo para abandonar la producción, disociando la ayuda y no logrando aumentar los créditos y los mecanismos de regulación del mercado, que nos permitiría remediar toda injusticia potencial en la distribución de ayuda entre los países, entre las formas de producción y entre los productores. 
De hecho, el objetivo declarado de la reforma de la PAC del pasado mes de julio es el ahorro presupuestario, más específicamente de 113 millones de euros de ahorro anual hasta 2013 y además asegurar la liberalización de la agricultura en las negociaciones de la OMC. 
Esta postura es inaceptable. 
La inmensa mayoría de la producción mediterránea está ubicada en los países de cohesión y en las regiones más desfavorecidas, y requiere una gran cantidad de mano de obra. Estoy hablando del cultivo del olivo y el tabaco, por ejemplo, y estos son a menudo la principal fuente de ingresos en estas regiones. 
Por ello merecen un trato justo de parte de la Comisión. 
Es inaceptable que no se tengan en cuenta las consecuencias sociales y medioambientales, particularmente en las regiones montañosas y otras zonas más desfavorecidas, como en el caso de Portugal, en las que existen muy pocas alternativas a estos cultivos del olivo, el tabaco y el algodón y en los que la producción de frutas, verduras y vino está experimentando serias dificultades. 
Es inaceptable que la Comisión no tenga en cuenta las características específicas de la situación de Portugal o incluso la decisión de 1998 aprobando la plantación de 30 000 nuevas hectáreas de olivares con derecho a ayuda para la modernización del sector. 
Es inaceptable que los reembolsos para el aceite de oliva utilizado en las conservas deban finalizar y que haya que clausurar las agencias nacionales de seguimiento, insistiendo en una política que socava la calidad del aceite, al no prohibir la mezcla de aceite de oliva con otros aceites vegetales y permitiendo un etiquetado engañoso para productos que no son aceite genuinamente. 
Igualmente grave es la propuesta de la Comisión para el sector del tabaco, que pierde parte de su ayuda actual en condiciones que ponen en peligro la continuidad de la producción y la industria generando desempleo y un aumento de las exportaciones procedentes de fuera de la Unión. 
La situación del algodón es igualmente inaceptable porque la extensión de tierra con derecho a solicitar ayuda se fija en una extensión irrisoria de 360 hectáreas. 
Señor Presidente, en nuestro país, y, sobre todo, desde el punto de vista de nuestro Grupo, tenemos un especial problema con el modo en que se trata el tema del aceite en la propuesta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, porque hay grandes diferencias entre lo que unas y otras zonas productoras de aceite reciben por hectárea. 
En España, por ejemplo, hay zonas que reciben 720 euros por hectárea, mientras que otras provincias reciben 156 euros –casi un 500 % de diferencia–. 
¿Cómo podemos pretender que compitan unas con otras? 
Además, se da otra paradoja: donde más se produce y más rentabilidad se obtiene es en las zonas cuyos propietarios son los propietarios industriales, las grandes multinacionales, los terratenientes, los grandes productores. 
¡Es increíble! 
Llevándolo a la comparación con el comercio, diríamos que estamos ayudando a o a en contra del pequeño comerciante. 
¿A que esto no tiene ningún sentido? 
Pues es lo que está ocurriendo realmente en la práctica, en la realidad cotidiana. 
Nosotros creemos que esta situación debe cambiar, porque hay que ayudar al pequeño productor, a la explotación familiar, para que se queden allá donde siempre han vivido, para que no se vayan, para no encontrarnos un día con problemas de despoblación. 
– Señor Presidente, la aprobación del informe mañana puede constituir una señal clara y positiva con respecto al método de disociación parcial, una solución que evitaría el desmantelamiento, en un espacio de tiempo extremadamente corto, de la producción de tabaco en Europa, salvaguardando con ello 500 000 puestos de trabajo, 135 000 de ellos solamente en Italia. 
La aprobación de este texto permitiría también el inicio de una nueva fase de negociaciones en el Consejo y en relación con la Comisión, de modo que pudieran satisfacerse plenamente las demandas de los productores en este sector. 
En primer lugar, sería deseable reconsiderar las condiciones que hay que reunir para recibir la ayuda disociada, calculándola tanto sobre la base del promedio histórico trienal como sobre la base de cuotas adicionales que el productor haya obtenido desde el 1 de enero de 2001. 
Las negociaciones futuras también permitirían identificar a los receptores concretos de los recursos de conversión y reestructuración. 
En primer lugar, la ayuda debería estar claramente destinada a las explotaciones que producen tabaco; en segundo lugar, las asociaciones de productores deberían encargarse de la distribución de la ayuda y solo entonces de su consignación para las regiones. 
Deseo concluir solicitando al Presidente Prodi, que habiendo tomado nota de la opinión del Parlamento, que esperamos sea favorable mañana, reoriente el nuevo mandato futuro de la Comisión Europea en esta dirección. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me voy a referir al algodón y al tabaco, y no tengo más remedio que empezar diciendo que, a la vista de estas propuestas de la Comisión, lo primero que puede pensarse es que su objetivo no es otro que el de acabar con ambos cultivos. 
Parece que este sector y los miles de agricultores implicados, que viven en zonas desfavorecidas del sur de Europa, no importan nada. 
Además, se olvida que en el Acta de adhesión de España y Grecia, los Estados miembros se comprometieron a proteger la producción algodonera de ambos países. 
La reforma del algodón de 2001 ya dio lugar en España a una reducción de cerca del 20% de la superficie dedicada a este cultivo, como consecuencia del régimen de penalizaciones que se estableció. 
Además, tampoco tiene sentido que el algodón se utilice en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio como una moneda de cambio con países terceros, como pretende hacer la Comisión, puesto que la Unión Europea solamente tiene el 2,5 % de la producción mundial y, además, las exportaciones mundiales se encuentran dominadas por los Estados Unidos (nosotros solamente tenemos el 1,5 %). 
Por lo tanto, no es un argumento que se pueda utilizar para que se reduzcan las ayudas al algodón. 
Ahora se pretende dar otra vuelta de tuerca con un nuevo proyecto de reforma, que pone en riesgo la supervivencia misma del cultivo. 
Estas propuestas, tanto la del tabaco como la del algodón, van a ocasionar, además, tremendos e importantes daños en el entramado socioeconómico que gira en torno a estos cultivos. 
En lo que a España se refiere, le puedo dar algunos ejemplos: le puedo hablar de la industria desmotadora del algodón, de la que dependen 2 000 empleos, o del millón de jornales directos ligados al sector, o de las 600 cosechadoras automotrices que sólo sirven para recolectar algodón y que tendrían que ir al desguace. 
Y aún es más grave, señor Comisario, el caso del tabaco, que requiere hasta 2 200 horas de trabajo por hectárea y donde, por poner un ejemplo, en Talayuela, en Extremadura, que es la mayor ciudad española productora de tabaco, de sus 10 000 habitantes, 5 000 se encuentran trabajando en la producción tabaquera. 
No obstante, el informe que ha aprobado la Comisión de Agricultura reduce sustancialmente el nivel de desacoplamiento de las ayudas que propugna la Comisión Europea, disminuyendo así, de alguna manera, la amenaza del abandono del cultivo. 
Es extremadamente importante que demos nuestro apoyo a este informe, para que el Consejo de Ministros tenga claro que este Parlamento está a favor del mantenimiento de estos sectores, de los que dependen tantos puestos de trabajo en regiones desfavorecidas. 
– Señor Presidente, el año pasado, a pesar de la oposición de los Gobiernos y de las organizaciones agrarias y una respuesta poco entusiasta de este Parlamento, se acordó una reforma fundamental de la política agrícola común. 
De este modo se desvincularían completamente los pagos a los agricultores de la producción. 
Ahora estamos abordando el algodón, el tabaco, el lúpulo y el aceite de oliva, que son todos productos con sensibilidades regionales. 
Las propuestas de la Comisión son en cierto modo un paso atrás con respecto a las reformas del año pasado, con la excepción del lúpulo. 
Sin embargo, los informes Daul y Lavarra tratan de resistirse a una reforma razonable en el algodón y el tabaco y, hasta cierto punto, en el aceite de oliva. 
Únicamente en las enmiendas que fijan una disociación mínima del 60 % para el aceite de oliva, la comisión parlamentaria se acerca más al paquete de reformas del año pasado. 
Entiendo perfectamente las dificultades de estos sectores y respeto el trabajo de los ponentes, pero a largo plazo se ayuda más a las economías rurales afectadas por la disociación mediante el desarrollo de medidas que pueden aplicarse más directa y efectivamente. 
Este es el enfoque para los diferentes productos que se está aplicando en partes de mi propia región. 
Me gustaría que la Comisión hubiera sido más audaz en sus propuestas originales, pero estoy dispuesto a apoyarlas. 
Sin embargo, por los motivos que he dado, no puedo apoyar estos dos informes tal como están formulados y mi voto final dependerá de las enmiendas que se aprueben. 
– Señor Presidente, señor Comisario Fischler, no repetiré lo que mi colega, el Sr. Lavarra, ya ha dicho, porque estoy completamente de acuerdo con su informe sobre el aceite de oliva, pero quiero decir algunas cosas sobre la cuestión del tabaco. 
También quiero señalar al Comisario que no solo hay un problema en relación con las zonas deprimidas del Mediterráneo, un problema en relación con los monocultivos, donde es difícil recuperar y convertir la tierra, sino también y sobre todo un problema de cohesión social, sumado al problema de las actividades auxiliares y por tanto de la pérdida de miles de puestos de trabajo, que precisamente pone en peligro la estabilidad social de esta realidad. 
Por ello, si bien la cuestión de la agricultura, en particular la cuestión de la PAC, debe considerarse también desde un punto de vista político, al igual que queremos que Europa haga en relación con todas las cuestiones decisivas para su desarrollo, hay que decir que debemos hacer un esfuerzo, señor Comisario, y más de un esfuerzo para salvar algo en relación con los cultivos mediterráneos, ya que se hace demasiado a favor de la agricultura continental, a favor de Francia y Alemania. 
Esto es un problema. 
Nadie lo dice, quizás nadie es suficientemente valiente, pero alguien tiene que decirlo y por ello defiendo los cultivos mediterráneos; el enfoque de preocupación por la salud que se está proponiendo es totalmente hipócrita: si dejamos de usar el tabaco de Kentucky, que es una hoja saludable, iremos a buscar nuestro tabaco en Turquía, donde las hojas no son saludables porque están contaminadas con pesticidas. 
De este modo se pondrá en peligro la salud de los ciudadanos y los Estados no prohibirán el tabaco porque seguirán cobrando impuestos especiales. 
– Señor Presidente, la orden dada por la Comisión Europea con la propuesta de reglamento sobre los productos mediterráneos, a pesar de los esfuerzos por adornar y mejorar la situación, es categórica y deprimente: la desaparición de los cultivos de tabaco, una reducción de los cultivos de algodón y la abolición de los cultivos de olivo. 
Desafortunadamente, el informe del Parlamento Europeo, aparte de unas pocas mejoras formales, también se ha elaborado enteramente con el espíritu de la propuesta de la Comisión, que apenas debería constituir la base del debate en el Parlamento Europeo. 
Debería haber sido rechazado y debe rechazarse completamente, porque es mucho peor que la situación actual. 
La disociación gradual de las subvenciones de la producción agrícola y su conversión en una obra benéfica de la Comunidad somete completamente a los pequeños y medianos agricultores a los intereses de las grandes empresas y las multinacionales de la industria alimentaria, que también harán uso plenamente de los acuerdos de la OMC para comprar productos agrícolas a precios de ganga. 
Está clarísimo que los pequeños y medianos agricultores recibirán mucho menos dinero en compensación por la eliminación de sus cultivos básicos como el tabaco, el algodón y el aceite. 
Un gran porcentaje de las subvenciones pasará al segundo pilar, siendo las grandes empresas los principales receptores, en las que los agricultores pequeños y medianos percibirán una especie de sueldo diario como personal de servicio. 
Todo esto se refiere a productos en los que, en su mayoría, la Unión Europea tiene un agudo déficit y que importa en cantidades masivas. 
Esto está sucediendo sin ningún criterio social, de desarrollo o medioambiental, con completa indiferencia ante las consecuencias dolorosas que tendrá no solo para el sector agrícola, sino también para la economía vinculada a este en zonas con agudos problemas sociales y económicos. 
Para nosotros estas propuestas no admiten ninguna enmienda ni adorno. 
Solicitamos que se vote en contra y se retiren. 
Para nosotros no tiene sentido una disociación ni parcial ni relativamente parcial ni completa, ni un grado de exterminio comparativo o superlativo de la agricultura pequeña y mediana en el sur. 
Por eso, si no se retiran, se enfrentarán a la lucha... 
– Señor Presidente, me uno a mis colegas diputados en su crítica de la propuesta de la Comisión para el tabaco, pero también intentaré explicar por qué lo estoy rechazando teniendo en cuenta precisamente las razones presentadas en su favor. 
Una diputada incluso se ha referido al ahorro para el presupuesto agrícola de la Comunidad, pero esta propuesta tendrá el efecto opuesto, ya que los fabricantes europeos tendrán que comprar el tabaco de terceros países generando un aumento de los costes, menos empleo y mayor déficit comercial de la Comunidad. 
La idea de la conversión, ya rechazada por muchos, que aquí se incluye, y que tampoco apoyo, podría ser una posible solución para otros cultivos, pero sin duda no lo es para el tabaco. 
No existen alternativas económicas adecuadas porque el tabaco se cultiva en parcelas pequeñas. 
Los cultivos posibles son los mediterráneos, que ya están acotados por cuotas de producción y prohibiciones de la Comunidad. 
En apoyo del tabaco, sin embargo, está su producción altamente rentable. 
Una hora de trabajo en el tabaco le cuesta al presupuesto de la Comunidad 5,7 euros. 
Para ofrecer una comparación con otros cultivos, el trigo duro cuesta 21,4 euros y el maíz cuesta 12,8 euros. 
La lucha contra el cáncer realmente es una razón insostenible. 
De hecho, la posible eliminación del tabaco europeo para contribuir a la lucha contra el cáncer es totalmente irrelevante. 
Además, ya hoy, como se ha señalado, el 80% del tabaco consumido en Europa es importado. 
Por otra parte, la Comisión ha sido más razonable en relación con el aceite de oliva. 
La propuesta que ha presentado en este aspecto es indudablemente aceptable, en particular si se perfecciona manteniendo el compromiso de otorgar a los Estados miembros un amplio margen de maniobra para decidir el porcentaje de disociación, que en cualquier caso ya es aceptable en la relación 60/40 determinada por la comisión. 
Y también debe otorgarse a los Estados la oportunidad de intervenir también en los aspectos de la calidad. 
– Señor Presidente, la Sra. Stihler está indispuesta y no le es posible asistir. 
Espero que me excuse por emplear 30 segundos de su tiempo. 
El Sr. Fischler ha dicho en su presentación que estas reformas se basaron en los mismos principios de la reforma anterior. 
Esto es así, pero son mucho menos ambiciosos en su alcance, incluso en las propuestas de la Comisión. 
También ha dicho que los objetivos eran idénticos, puesto que uno de los objetivos era la sostenibilidad. 
Supuestamente con ello quiere decir sostenibilidad económica, medioambiental y social, competitividad y compatibilidad con la OMC, ya que no tenemos que observar las cuestiones agrarias en un vacío. 
Únicamente se trata de una de las políticas de la Unión Europea y existen otras –las que se refieren al comercio mundial– que tienen que influir en nuestro pensamiento, tal como tiene que hacerlo la ampliación y sus implicaciones. 
Estamos hablando de las regiones más pobres, en algunos casos, de algunos de los países más pobres de la UE. 
Esto está bastante claro y cabe suponer que explica las propuestas menos ambiciosas. 
El presupuesto tiene que ser neutral, pero existen consecuencias diferenciales para los trabajadores de las explotaciones agrícolas y para sus propietarios, lo que constituye uno de los problemas que tiene el Grupo del PSE con estas sugerencias. 
En su conjunto, somos grandes partidarios de la reforma. 
Nos damos cuenta perfectamente de que el antiguo régimen ya no es sostenible por mucho más tiempo y de que se va a producir la desvinculación, y conocemos las obligaciones de la OMC. 
Sin embargo, también conocemos las consecuencias sociales y tenemos dudas de que la Comisión haya tenido en cuenta suficientemente estas consecuencias. 
Habría que tener más en cuenta la suerte de los trabajadores que trabajan para empresas en el sector agrario. 
No cabe duda de que las propuestas del Parlamento no van a ayudar en la ronda de desarrollo de Doha. 
Se considerará –quizás equivocadamente, pero con seguridad– que no son una reforma y sí un alejamiento de lo que esperan los países más pobres del mundo. 
Esto está absolutamente claro y como miembro de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, es algo en lo que he de hacer hincapié a la vez que apoyo la posición general del PSE. 
– Señor Presidente, los informes que estamos debatiendo se ocupan de la ampliación de la reforma agrícola a la producción de aceitunas, algodón y tabaco. 
La cuestión clave es la misma que en las demás reformas: la disociación de la ayuda y la producción. 
La disociación de la ayuda y la producción probablemente es atractiva en particular para aquellos que se oponen al cultivo de tabaco. 
Con el sistema de pago único, se pagarían más de 6 000 euros por hectárea; en otras palabras, se recibiría la ayuda incluso si no se produjese nada de tabaco. 
De esta forma, la UE estaría apoyando vigorosamente el abandono de su cultivo y un cambio a alguna otra forma de producción o de medida de retirada de la producción. 
Esto forma parte de la reforma agrícola. Es la mayor de su género en la historia de la UE. 
Como la reforma comenzará el año que viene, es importante que su aplicación no ponga en peligro los niveles de ingresos de los agricultores privados. 
Será muy difícil aplicar la reforma en la práctica, porque las explotaciones agrícolas varían en las distintas partes de la UE, así como las condiciones de su gestión. 
Si el período 2000-2002 debe considerarse el período de referencia, en cinco años veremos cambios de la propiedad así como de la superficie que abarcan las explotaciones agrarias, las líneas de producción y la inversión. 
Por eso existe el peligro de que haya cambios drásticos e injustos de la ayuda a las explotaciones agrícolas. 
Señor Comisario Fischler, era importante que usted lo señalase en sus cartas a los Ministros de Agricultura. 
El otro problema es la aprobación de la sociedad. 
Las subvenciones agrícolas se han visto durante mucho tiempo como compensación porque los agricultores producen a un precio menor que los costes de producción. 
¿Estará de acuerdo el contribuyente con que se pague una ayuda incluso si no se produce nada? 
Señor Presidente, Señorías, he escuchado atentamente las intervenciones en este debate y deseo expresar mi sincero agradecimiento por lo que ha sido sin duda un debate muy vivo, en algunos aspectos incluso muy crítico. 
Permítanme abordar, a la luz de este debate, las enmiendas presentadas, comenzando con las enmiendas multisectoriales y la disociación. 
La flexibilidad propuesta en las enmiendas 17 y 57 que permitirían a los Gobiernos de los Estados miembros fijar la tasa que deseen por encima del 60% para los pagos disociados relativos al aceite de oliva, la puedo apoyar en principio. 
Las enmiendas 1, 5, 10, 11, 45, 81 y 83 reclaman un aumento de la ayuda vinculada a la producción para los cultivadores de algodón de hasta el 80%, y la enmienda 44 vincula la ayuda a una obligación relativa a la cosecha de algodón. 
Lamento tener que rechazar todas estas enmiendas, porque no son coherentes con el objetivo de ir aflojando de forma significativa el vínculo entre los volúmenes de producción y la ayuda. 
Las enmiendas 26, 63, 67, 68 y 85, relativas al tabaco, solicitan que el 70% de la ayuda a los productores de tabaco siga vinculada a la producción. 
Esto contrasta fuertemente con el tono del debate mantenido por los Jefes de Gobierno en la Cumbre de Gotemburgo. 
Por esta razón debo mantener la propuesta original de la Comisión, que prevé la inclusión de toda la ayuda al tabaco en el sistema de pago único. 
Algunas enmiendas también reclaman una opción para posponer las reformas con relación al aceite de oliva, el algodón y el tabaco; son las enmiendas 7, 8, 24, 43, 74, 76, 77, 79 y 80. 
La Comisión, sin embargo, desea acelerar la reforma de estos sectores al máximo posible, y por tanto no puede estar de acuerdo con estas enmiendas. 
Permítanme ahora pasar a los distintos sectores, comenzando por el aceite de oliva. 
Sus Señorías han hecho una serie de sugerencias interesantes en este ámbito que creo que vale la pena examinar, pero tengo dificultades para estar de acuerdo con ellas en la forma propuesta. 
Un ejemplo de este tipo es la propuesta de la enmienda 58 de que se dé a los Estados miembros la opción de regionalizar sus topes nacionales, propuesta que sin duda cabe considerar. 
Sin embargo, hay que tener cuidado de asegurar que dicha opción no genere desvíos excesivos con respecto a los pagos de ayuda medios desembolsados a una región durante el período de referencia. 
También creo que las sugerencias que contiene la enmienda 84 son interesantes. 
Esta enmienda trata de ampliar el período de referencia para explotaciones individuales a fin de asegurar el importe del pago único y la posibilidad de acogerse a la ayuda en casos en que los olivares todavía no hayan empezado a producir durante el período de referencia. 
Sin embargo, esto no debe generar un aumento de la cantidad de ayuda total pagada por cada Estado miembro a los olivareros. 
Puedo aceptar la propuesta de esta enmienda de que se aumente a 0,5 hectáreas de olivar, medidos por el sistema de información geográfica, el valor límite para los pagos totalmente disociados. 
Pero en pro de una mayor flexibilidad también aumentaremos el número de árboles que deben preservarse en los cultivos para los que se paga ayuda adicional. 
Finalmente también estoy dispuesto a considerar un ajuste al anexo IV del Consejo con la intención de asegurar que los olivares se cultiven de acuerdo con buenas prácticas agrícolas y medioambientales. 
También estoy a favor de las mejoras en la calidad y el apoyo a los jóvenes olivareros, pero tengo serias dudas sobre las propuestas contenidas en las enmiendas 16, 21, 22, 52, 56, 60 y 61. 
Me parece que los asuntos tratados en estas enmiendas están suficientemente regulados en otras partes. 
Por último, también puedo aceptar la enmienda 20 y partes de las enmiendas 17, 54, 55, 58 y 84 del informe Daul. 
Lamento decir que tengo que rechazar todas las demás enmiendas del informe del Sr. Daul. 
Ahora algunas observaciones sobre el informe Lavarra. 
Uno de los aspectos que usted ha señalado, señor Lavarra, es que usted no cree que se deba permitir la producción de mezclas de aceite de oliva y otros aceites vegetales. 
Debo decirle, sin embargo, que esto generaría una reducción de la comercialización del aceite de oliva en Europa. 
Lo que en mi opinión es importante es que se identifiquen adecuadamente los aceites mixtos para no originar confusión en los consumidores. 
En relación con las propuestas contenidas en el informe Lavarra, quiero destacar que la Comisión tiene ciertos instrumentos que le permiten intervenir si la situación del mercado así lo exige, particularmente en relación con las importaciones. 
Algunas de las enmiendas propuestas en este informe se refieren a la activación automática del sistema de ayuda para el almacenamiento privado. 
Sin embargo, un mecanismo de ese tipo sería contrario a la lógica y el propósito de este sistema, que se supone que nos va a permitir hacer frente a las crisis, y por ello no puedo respaldar ese tipo de enmiendas. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con la idea de que debemos promover la calidad del aceite de oliva. 
Por otra parte, no veo la necesidad de modificar las disposiciones armonizadas que se han aprobado muy recientemente en el marco de la estrategia de calidad acordada. 
Además, las ayudas de la Comunidad para los programas de calidad pueden financiarse con cargo a los programas de ayuda para las zonas rurales. 
Sobre la cuestión de los controles, quisiera señalar que el control no es la tarea de las organizaciones de productores, sino del Estado miembro y sus autoridades públicas. 
Y ahora pasamos al algodón. 
Estoy de acuerdo en que el actual régimen de ayuda para el algodón es un sistema muy específico y que se basa en parte en las Actas de Adhesión. 
Por esta razón, puedo aceptar la enmienda 6, pero al mismo tiempo quisiera mencionar que la propuesta de la Comisión sirve adecuadamente al propósito de apoyar la producción de algodón en aquellas regiones de la Comunidad en las que el cultivo del algodón es una parte importante de la estructura agrícola. 
La mayoría de las enmiendas habrían generado un aumento de la producción de algodón, aumentando con ello el presupuesto general en unos 50 millones de euros; esto iría en contra de la Decisión de Luxemburgo de junio de 2003, que prescribe que las reformas no deben incluir un aumento del presupuesto actual. 
Por esta razón no puedo dar mi visto bueno a estas enmiendas. 
Las enmiendas 9, 37 y 70 se oponen a la transferencia de fondos al desarrollo rural. 
Esta transferencia, sin embargo, es esencial si queremos que se reestructuren las economías rurales de las regiones productoras de algodón y que se hagan los necesarios ajustes. 
En lo referente a las asociaciones de productores, creo que la exclusión de la industria procesadora, con sus propios intereses particulares, sin duda, no es la mejor forma de desarrollar una política de calidad para el algodón. 
De acuerdo con esto, aunque no puedo aceptar las enmiendas pertinentes, estoy dispuesto a otorgar a las organizaciones de productores un papel activo suficiente para organizar el futuro del sector del algodón. 
Lamento tener que rechazar todas las demás enmiendas del informe Daul relativas al algodón. 
El carácter general de las enmiendas propuestas para el sector del tabaco es el mantenimiento del mientras que el objetivo de la Comisión es un cambio profundo. 
Debo recordar a esta Cámara que incluso la ampliación del sistema de primas para los años 2002 a 2004 solamente fue posible porque la Comisión emprendió la reforma del sector. 
Si no reformamos el sector del tabaco ya no habrá, como he dicho, más primas después de 2004, y esto en una situación en la que el precio del mercado cubre un promedio de tan solo el 20% de los costes de producción del tabaco. 
Como ha señalado el Sr. Graefe zu Baringdorf, la propuesta ofrece una solución carente de impacto presupuestario neto. 
La diferencia ahora no es que los agricultores ya no reciban ayudas, sino que ya no están obligados a cultivar tabaco. 
Esta es la cuestión. 
Quiero recordarles que en la Cumbre de Gotemburgo se dijo, en el contexto de los debates sobre el desarrollo sostenible, que solo deben apoyarse productos saludables en el marco de las políticas comunitarias. 
La enmienda 66 propone un programa de compromiso de recompra. 
No puedo respaldar esta enmienda porque la Comisión está convencida de que no se necesita un programa de ese tipo. 
Los productores que decidan abandonar la agricultura pueden transferir sus derechos a ayuda de conformidad con el artículo 46 del reglamento a regímenes de ayuda directa. 
Otra enmienda con la que no puedo estar de acuerdo es la enmienda 69, cuyo efecto podría ser la prematura abolición de la contribución al Fondo Comunitario del Tabaco. 
Estas contribuciones sirven para financiar medidas encaminadas para fomentar la conciencia pública sobre los efectos nocivos del consumo del tabaco y deberían preservarse, en aras a la coherencia, mientras los cultivadores de tabaco sigan disponiendo de ayudas vinculadas a la producción. 
Para la financiación del proceso de reestructuración es absolutamente imperativo que se transfieran fondos presupuestarios de la subrúbrica 1a a la 1b. 
Esta transferencia permitirá a los Estados miembros la adopción de medidas adecuadas para facilitar la regeneración de las regiones productoras de tabaco en el marco de los programas para el desarrollo de las zonas rurales. 
Las enmiendas 27 y 38 proponen que el dinero generado por la modulación se utilice para financiar medidas específicas adoptadas por los Estados miembros en zonas en que la producción de tabaco representa más del 20% de la producción comercializable bruta de cultivos industriales. 
La Comisión está convencida de que no hay necesidad de medidas específicas de este tipo, porque los fondos generados por la modulación se pondrán a disposición de todos los sectores en forma de ayuda adicional para las medidas de desarrollo rural. 
La Comisión puede aprobar la enmienda 62, pero debe rechazar las demás enmiendas relativas al tabaco. 
Permítanme, finalmente, referirme al lúpulo. 
El informe Daul es coherente con los grandes principios de la propuesta relativa al lúpulo. 
De acuerdo con la primera parte de la enmienda 42 y las enmiendas 82 y 86, los agricultores que han suspendido la producción de lúpulo y han recibido ayuda por arranque durante el período de referencia todavía tendrían derecho al pago directo. 
Durante el mismo período, sin embargo, estos agricultores habrían podido cultivar productos distintos de aquellos por los que es pagadera la ayuda. 
En el cálculo del importe de referencia, en otras palabras, no se tendría en cuenta la ayuda al arranque. 
Por consiguiente, la Comisión no puede respaldar estas enmiendas. 
Las enmiendas 35 y 36 y la segunda parte de la enmienda 42 se refieren a la ayuda a las actividades de las organizaciones de productores. 
Naturalmente sería posible formar en el futuro organizaciones de productores y la Comisión cree que por ello debe haber medios apropiados para asegurar que estas organizaciones tengan acceso a los fondos. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. (1) 
La Comisión puede aceptar las enmiendas siguientes en su totalidad o en parte y sujetas a una nueva formulación: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 (1ª parte) , 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51 (1ª parte) , 52, 55, 56, 57, 58, 60, 62 (1ª y 3ª parte) , 63, 65, 66, 68 (2ª parte) , 70 (1ª parte) , 71, 75 y 79. 
Con respecto a la enmienda 76, la Comisión considera que el uso de sanciones penales reforzaría considerablemente los controles sobre los operadores de alimentos y piensos. 
La Comisión rechaza la opinión del Parlamento y del Consejo de que los apartados 2 y 3 del artículo 55 se refieren al tercer pilar. 
Por otra parte, observa que esta cuestión ya se ha presentado al Tribunal de Justicia para su resolución (en otro asunto). 
En estas circunstancias, y teniendo en cuenta el contexto político general de este procedimiento, la Comisión está dispuesta a retirar los apartados 2 y 3 del artículo 55 de la propuesta actual a la espera de la resolución del Tribunal sobre esta cuestión, y se reserva el derecho de volver a proponer medidas que contemplen sanciones penales en este ámbito. 
La Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: 4, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 21 (2ª parte) , 22, 30, 34, 37, 39, 41, 47, 51 (2ª parte) , 53, 54, 59, 61, 62 (2ª parte) , 64, 67, 68 (1ª parte) , 69, 70 (2ª parte) , 72, 73, 74, 77 ó 78. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión en relación con la preparación del Consejo Europeo de los días 25 y 26 de marzo de 2004 en Bruselas – seguimiento de la CIG. 
. – Señor Presidente, me complace dirigirme a ustedes hoy en relación con los preparativos del Consejo Europeo de primavera y del seguimiento de la CIG. 
Como ya sabrán por nuestras discusiones sobre la estrategia de Lisboa en el último período parcial de sesiones, la Presidencia irlandesa está convencida de que el principal objetivo del Consejo Europeo de Primavera tiene que ser, como se estableció en Lisboa y en Gotemburgo, el seguimiento de la estrategia de Lisboa con una fuerte insistencia en la aplicación y la necesidad de que la Unión aborde ámbitos específicos para la acción concertada. 
Asimismo, se abordarán las perspectivas financieras futuras y las cuestiones actuales de la agenda internacional. 
La Presidencia ha reiterado la necesidad de que el Consejo Europeo de Primavera insista firmemente en la importancia de la estrategia de Lisboa para establecer un marco para el progreso de la renovación económica, social y medioambiental en toda la Unión. 
Cuando me dirigí al Parlamento el mes pasado, mencioné las cuestiones en las que vamos a centrarnos en el Consejo Europeo de Primavera de los días 25 y 26 de marzo. 
Me complace que los Estados miembros compartan nuestra convicción de que la agenda del Consejo Europeo tiene que dedicarse a determinados asuntos, y han apoyado ampliamente nuestro enfoque de centrarnos en un número limitado de cuestiones clave. 
De forma similar, los Estados miembros también han acordado que las prioridades del Consejo tienen que ser el crecimiento sostenible y el empleo, tal y como identificamos en el primer proyecto de orden del día publicado el 17 de febrero. 
El Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, presentó aquí el 10 de febrero la Comunicación de la Comisión sobre las futuras perspectivas financieras, «Construir de nuestro futuro común». 
El enfoque de la Presidencia, que los Estados miembros han apoyado, es que si bien no se esperan discusiones, el Consejo Europeo de Primavera debería acordar conclusiones sobre el procedimiento que debe seguirse en la consideración del expediente durante los próximos meses. 
El Taoiseach presentará el informe de la Presidencia irlandesa sobre la situación actual en la Conferencia Intergubernamental. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno lo discutirán la primera noche durante la cena. 
La intención de la Presidencia es invitar a representantes de observadores de la CIG, incluido el Presidente del Parlamento Europeo. 
Sobre la base de nuestro informe y tras las discusiones durante la cena, el Consejo Europeo decidirá la mejor manera de proceder, y en particular si ha llegado el momento de volver a convocar la CIG. 
Espero que entenderán que en este momento no es apropiado entrar en detalles sobre el contenido del informe. 
Aún no hemos concluido nuestro análisis de la situación. Las consultas y contactos continúan. 
El Taoiseach tiene la obligación ante sus colegas de presentarles las cuestiones de forma muy directa. 
Sin embargo, quiero hacer algunas observaciones. 
Al respetar nuestro mandato de Bruselas en diciembre, la Presidencia irlandesa ha consultado a los participantes en la CIG, incluido el Parlamento Europeo. 
El Taoiseach ha hablado con todos los demás miembros del Consejo Europeo. Asimismo, se han celebrado discusiones intensas y detalladas en la esfera ministerial y oficial. 
Los interlocutores han coincidido con nosotros de buena fe y de una manera positiva y constructiva. 
De este modo, podemos apreciar mejor las preocupaciones de todos los implicados. 
Asimismo, podemos comprender mejor dónde radica el margen para el compromiso y los posibles acuerdos. 
Hemos mantenido discusiones muy útiles y detalladas con los representantes del Parlamento, los Sres. Hänsch y Brok. 
Nos han dejado claro el enfoque general del Parlamento respecto de la CIG, y sus prioridades en las negociaciones. 
Estamos muy agradecidos por su trato constructivo y honesto. 
En general, agradecemos enormemente el firme apoyo del Parlamento a nuestros esfuerzos. 
En particular, ha intentado que tanto nosotros como nuestros interlocutores nos centremos en la perspectiva general, en el inmenso avance que representaría la aprobación de la Constitución, y en los considerables y significativos peligros para nuestra Unión que se derivarían de la continuidad del estancamiento. 
En nuestras consultas hemos confirmado que existe un conjunto de cuestiones pendientes, tanto institucionales como no institucionales, de complejidad y sensibilidad variada. 
La mayoría fueron señaladas por la Presidencia italiana en el informe publicado antes de la reunión del Consejo Europeo de diciembre, si bien también se han presentado otras. 
Si bien la atención pública se ha centrado en el aspecto institucional de las cuestiones, puedo asegurar al Parlamento que las discusiones con nuestros interlocutores no se limitan a estos aspectos del proyecto de Tratado Constitucional. 
En general entendemos que si bien existen un número razonable de cuestiones pendientes, en la gran mayoría de los casos será relativamente fácil encontrar un consenso en el contexto de un proceso que conduzca a una conclusión global. 
Además, hemos determinado que hay muchas otras cuestiones, incluidas algunas de importancia considerable, en las que ya se ha llegado a un acuerdo, si bien formalmente no se llega a ningún acuerdo hasta que se acuerdan todas las cuestiones. 
Por supuesto, la mayor parte del texto de la Convención no se ha puesto en tela de juicio en ninguna fase de la CIG, y me complace decir que sigue siendo así. 
Hoy no puedo afirmar si la CIG podrá concluir su trabajo durante la Presidencia irlandesa. 
Sin embargo, puedo decir lo siguiente: si fuera por la Presidencia irlandesa, lo resolveríamos. 
Hemos dejado claro a este Parlamento, y lo hemos dejado claro en muchas declaraciones, que estamos ansiosos por alcanzar una resolución. 
Sin embargo, también es muy importante dejar constancia de que los 25 Estados miembros y los 25 Gobiernos tienen una responsabilidad en esta cuestión: no es responsabilidad de la Presidencia. 
El Consejo Europeo decidirá si es necesario convocar una reunión de la CIG en un futuro próximo. 
Sin embargo, puedo decir, y lo he dicho en varias ocasiones, que si existe voluntad política, será fácil encontrar una solución a las cuestiones pendientes. 
La clave de un acuerdo temprano radica en la voluntad política de llegar a un acuerdo. 
La Convención Europea comenzó su trabajo hace algo más de dos años. 
Se han debatido las cuestiones de forma intensa y extensiva. 
Llegados a este punto, no creo que las diferencias pendientes resulten más fáciles de resolver con el tiempo. 
Lo he dicho en varias ocasiones en las últimas dos semanas: las dificultades que existen hoy serán mayores en el futuro. 
No resultará más fácil resolver las cuestiones durante el segundo trimestre de este año. 
Hay toda una serie de cuestiones que lo dificultarán. 
El Parlamento cambiará, la Comisión cambiará, los agentes políticos cambiarán y sería imprudente pensar que el tiempo está de nuestra parte. 
Hay otras cuestiones importantes en el segundo trimestre de este año. 
Creo firmemente que es mejor estudiarlas de forma independiente, y esta es otra razón por la que deberíamos buscar la solución más rápida posible, porque si se juntan las cuestiones resultará más difícil resolverlas. 
Continúo creyendo que la nueva Constitución redunda en el interés profundo de la Unión y de sus ciudadanos. 
Constituye un gran salto adelante en términos de claridad y accesibilidad. 
Proporcionará a la Unión una base sólida para su crecimiento y su desarrollo futuro. 
Permitirá a la Unión responder de forma más eficaz a las preocupaciones de los ciudadanos y desempeñar un papel más dinámico en el mundo entero. 
Desde este punto de vista, es un premio por el que vale la pena luchar. 
Si existe la voluntad de compromiso –y no cabe duda de que si no hay compromiso por ambas partes no habrá acuerdo–, creo que será posible avanzar rápidamente. 
Como hemos dicho antes, si existe una posibilidad seria de progreso, la Presidencia irlandesa tomará inmediatamente la iniciativa para aprovechar esa oportunidad. 
. – Señor Presidente, lamento la inevitable ausencia del Presidente Prodi pero, como saben, tiene obligaciones oficiales en otra parte. 
La Comisión acoge con satisfacción que la discusión de esta mañana le haya dado la oportunidad de subrayar la importancia de alcanzar un acuerdo satisfactorio sobre la Constitución propuesta. 
Por supuesto, el análisis hecho en Laeken todavía es válido y la Unión ampliada aún necesita una reforma para garantizar que pueda trabajar por el interés público con un mayor grado de eficacia y con mayor democracia y transparencia. 
Es obvio que se trata de un asunto inacabado, y es igualmente obvio que tiene que abordarse con determinación. 
En la asociación única de democracias que conforman la Unión Europea siempre se necesita una deliberación cuidadosa, pero realmente no servimos a los intereses constructivos prolongando un estancamiento. 
Por esta razón, la Comisión apoya plenamente el enfoque de la Presidencia irlandesa. 
El informe del Ministro Roche es claro. 
La Comisión está convencida de que la Presidencia ha hecho, y aún esta haciendo, exactamente lo que es necesario. 
Tras el fracaso del Consejo Europeo de Bruselas, el único camino realista era proceder de la forma en que lo ha hecho la Presidencia irlandesa, y tantear la perspectiva de progreso mediante consultas bilaterales. 
Se trata de un camino arduo, y no en vano el Sr. Roche y sus colegas han recorrido sin duda muchos kilómetros en avión. 
Sin embargo, nuestros colegas irlandeses tienen un verdadero talento para fomentar la comprensión –excepto, por supuesto, en lo que concierne al rugby inglés–, y esperamos que sus diligentes esfuerzos den su fruto y que el informe de la Presidencia al Consejo Europeo concluya que todas las delegaciones están dispuestas a firmar el Tratado constitucional antes de las elecciones europeas. 
Dicho progreso requerirá voluntad para revisar las posiciones negociadoras originales, pero la Comisión sigue creyendo que esto es factible y que la conclusión del Tratado constitucional es posible bajo la actual Presidencia. 
Como ha afirmado el Sr. Roche sobre esta cuestión –no siempre es cierto en política, pero sí en este caso–, el tiempo no cambiará los fundamentos ni facilitará una resolución. 
Uno de los factores en los que se basa dicha opinión es el reconocimiento de que si la CIG no se concluyera de forma satisfactoria este año, las perspectivas para el establecimiento de una Constitución para la Unión comenzarían a parecer remotas. 
El impulso dado por la Convención continuaría disminuyendo de forma manifiesta, y de acuerdo con la propia naturaleza de la política, el debate sobre el Tratado se vería envuelto en otras controversias, como las que de forma natural e inevitable estarían asociadas, por ejemplo, a las perspectivas financieras. 
Ningún demócrata puede temer la perspectiva de múltiples debates, pero la mejor manera de mantener la claridad y el rigor en todas las discusiones es garantizando que cada asunto importante se aborde en sus propios términos y circunstancias. 
Mientras tanto, el deseo racional de concluir la CIG con éxito y razonablemente rápido no debe desviarnos del camino que el Parlamento y la Comisión han seguido sobre el contenido de la Constitución. 
Estoy seguro de que la Comisión refleja la opinión mayoritaria en esta Cámara al hacer hincapié en que el texto elaborado por la Convención no debe quedar diluido. 
Todos hemos escuchado la máxima «mejor ninguna constitución que una constitución mala» , y nadie con un mínimo de sentido común puede discrepar de ello. 
Pero estas difícilmente pueden considerarse las únicas alternativas reales. 
Sin duda, el riesgo no consiste en una mala constitución, porque es muy improbable que la CIG acordara algo pernicioso o ineficaz. 
El riesgo real es que el proyecto de Convención se modifique hasta el punto de que, de forma acumulativa, casi accidentalmente, la ambición y el atractivo de la constitución disminuya y se pierda la oportunidad singular de clarificar y desarrollar la Unión que nos brinda el proyecto de constitución. 
Los representantes y, más que nada, los ciudadanos de la Unión Europea heredarían problemas en lugar de respuestas. 
Por esta razón, la base de la constitución tiene que seguir siendo el texto presentado por la Convención. 
Por supuesto, en algunos puntos es posible mejorarlo. 
Por ejemplo, los debates durante los meses anteriores al Consejo Europeo de Bruselas han demostrado que el hecho de que un cambio propuesto obtenga el amplio apoyo de los Estados miembros no necesariamente lo convierte en un avance en la dirección equivocada, como algunos parecían afirmar en aquel momento. 
Mientras tanto, en la Comisión –y subrayo, explícitamente en interés de la Unión– observamos que la mayoría, sino todas, las delegaciones se dieron cuenta de que hacer una distinción entre Comisarios con y sin voto sencillamente no funcionaría. 
Por lo tanto, confiamos en que no reaparezcan variaciones en este impracticable y divisorio tema. 
Naturalmente, el Parlamento, el Consejo, la Comisión y todos los demás tenemos que continuar actuando con prudencia. 
Por ejemplo, la Presidencia italiana ha tenido el acierto de dejar claro que algunos textos que circulaban hacia el final del Consejo Europeo de diciembre –que algunos consideraban compromisos presidenciales– no tienen un estatuto formal. 
La mayoría de estas sugerencias hubieran sido inaceptables tanto para la Comisión como para el Parlamento. 
Estamos seguros de que la Presidencia irlandesa demostrará su propia sensibilidad constructiva, independientemente de la hora del día o de la noche. 
La Cámara es plenamente consciente de las cuestiones controvertidas pendientes. 
La Comisión ha dejado claro en muchas ocasiones que su opinión es que el compromiso alcanzado en la Convención sobre la condición de «doble cargo» de un representante de asuntos exteriores de la UE no debería cambiar, que los poderes presupuestarios del Parlamento Europeo no deberían alterarse y que el alcance del voto por mayoría cualificada no debería reducirse. 
Asimismo, la Comisión ha dejado clara su opinión, en particular porque solo quedan algunas semanas para una Unión Europea de 25 Estados miembros, de que el argumento a favor de una ampliación del voto por mayoría cualificada es más sólido que nunca. 
Respecto de este punto en particular, la Cámara sabe que, en opinión de la Comisión, la propuesta de la Convención de una doble mayoría es el mejor enfoque para la definición del voto por mayoría cualificada. 
Esto también refleja sentido práctico y proporcionalidad. 
Está claro que una articulación plena y necesaria de argumentos garantizará que el proceso de toma de decisiones en la Unión ampliada nunca resulte fácil. 
Dificultar aún más un acuerdo eficaz en decisiones necesarias mediante la fijación de un umbral del voto por mayoría cualificada tan elevado que el centro se sitúe en la formación de minorías de bloqueo y no en un consenso, constituiría una fórmula para la parálisis y la Unión en su conjunto se vería perjudicada. 
La opinión de la Comisión sigue siendo que la doble mayoría del 50% de los Estados miembros que representan a un 50% de la población sería clara y equilibrada. 
Sin embargo, la Comisión ha aceptado el compromiso de la Convención del 50% de los Estados miembros y el 60% de la población, si bien tengo que decir que la Comisión aún cree que un 50% y un 55% se ajustaría mejor al objetivo de un proceso de toma de decisiones eficaz. 
Sea cual sea el compromiso que se alcance, nadie debe olvidar que el proyecto de constitución necesitará ser aprobado y ratificado por medio de los procedimientos democráticos de 25 Estados miembros. 
Un acuerdo que aumente la complejidad e intensifique las dificultades de funcionamiento de la Unión Europea ampliada no atraerá la comprensión ni el apoyo de los Parlamentos ni de los plebiscitos. 
Estamos seguros de que la Presidencia, la mayoría de este Parlamento y un amplio espectro de la opinión gubernamental y pública lo comprende. 
Deseamos que la Presidencia irlandesa tenga éxito en su constante esfuerzo en interés de una Unión moderna y de sus ciudadanos. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, Comisario, Señorías, permítanme empezar dirigiendo unas palabras al Presidente en ejercicio en nombre de mi Grupo para expresar nuestro más sincero reconocimiento y admiración por la forma en que el Gobierno irlandés está llevando la Presidencia del Consejo. 
Pienso que este es un buen ejemplo de la forma en que incluso nuestros países menos poblados pueden alcanzar un gran progreso político. 
Señor Presidente en ejercicio, acojo con sumo agrado su declaración de que, si estuviera en manos de la Presidencia irlandesa, a ustedes les gustaría llevar la Conferencia Intergubernamental a feliz término durante su mandato. 
Ello confirma nuestra impresión de que su Presidencia está dando lo mejor de sí. 
Permítame decir, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas-Cristianos) y Demócratas Europeos, que estamos muy satisfechos con el hecho de que las cosas hayan empezado a moverse y de que dicho movimiento se haya extendido a cuestiones que todavía no se han resuelto, en especial la cuestión de la doble mayoría. 
Por mi parte, yo siempre he instado al Gobierno alemán a ser flexible y a mirar hacia delante. 
Ello está ocurriendo en estos momentos y debo reconocerlo de forma clara. 
Pero los esfuerzos del Gobierno alemán deben verse acompañados por esfuerzos similares por parte de otros de Gobiernos. 
Este no es el lugar ni el momento para culpabilizar a nadie de los errores cometidos o de una rigidez obstructiva; ha llegado la hora de que todos los Gobiernos contraigan compromisos, y les alentamos a que así lo hagan. 
Hay mucho en juego; el Presidente del Consejo ha hablado de peligros –así es como se han traducido sus palabras en mi lengua–, de modo que es importante que recordemos qué es lo que queremos lograr por medio de la Constitución. 
En el preámbulo, en la Carta de los Derechos Fundamentales, se describen nuestros valores europeos. 
Las funciones y responsabilidades del Parlamento Europeo se describen en el proyecto de Constitución. 
Sus disposiciones representan un gran salto adelante para el Parlamento Europeo, la democracia y el parlamentarismo en Europa. 
La actividad legislativa del Consejo de Ministros se hará más transparente, aunque no logremos el consejo legislativo que solicitamos. 
De acuerdo con las propuestas de la Convención, la Comisión se designará de tal forma, siendo su Presidente propuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno, que su composición refleje los resultados de las elecciones europeas. 
Se trata realmente de un gran progreso, porque permitiría a la ciudadanía de la Unión Europea influir en la naturaleza de la Comisión a través del voto. 
Aunque nos damos perfectamente cuenta de que todavía no se trata de un derecho aplicable, abogamos por la introducción de una medida de este tipo a tiempo para las elecciones europeas de este año. 
Ello significaría que, cuando los Jefes de Estado o de Gobierno tuvieran que proponer a un Presidente de la Comisión, tuvieran en cuenta el resultado de las elecciones europeas. 
Esto coincide con los principios democráticos, es una solución justa que no está motivada por consideraciones partidistas, sino que se trata de una cuestión de principio. 
Señor Presidente en ejercicio, cuando llegue el momento de discutir bajo su Presidencia la candidatura de Presidente de la Comisión, le rogamos que tomen en consideración en sus deliberaciones el resultado de las elecciones europeas. 
Debemos recordar los grandes esfuerzos realizados antes de que se materializara la propuesta de la Convención. 
Quiero reiterar mi agradecimiento a los dos representantes del Parlamento, Klaus Hänsch y Elmar Brok, por su gran labor y, por supuesto, a Valéry Giscard d’Estaing por su presidencia de la Convención, así como a todos los diputados de nuestro Parlamento y de los Parlamentos y Gobiernos nacionales que han contribuido al proyecto de Constitución. 
No podemos permitir que este enorme esfuerzo termine ahora en un fracaso. 
Recuerdo perfectamente cómo el Presidente de la República Francesa, en su calidad de Presidente del Consejo Europeo, nos expuso el Tratado de Niza en diciembre de 2000 y cómo, en su respuesta a nuestras críticas sobre el resultado de la Cumbre de Niza, hizo una declaración de intenciones. 
El primer paso hacia la creación de la Convención sobre el Futuro de Europa se tomó cuando el Presidente francés se mostró de acuerdo en que existía la necesidad de considerar la introducción de un nuevo método de reforma de la UE, y el siguiente paso fue la Declaración de Laeken y el trabajo con el que todos ya estamos familiarizados. 
Este trabajo no debe ser en vano. 
A partir del 1 de mayo seremos una Comunidad de 455 millones de personas. 
Necesitamos unos fundamentos jurídicos claros y firmes para el futuro de la Unión Europea, de forma que toda esta estructura pueda mantenerse unida. 
En el centro de la Constitución encontramos los medios por los que podemos ponernos de acuerdo sobre los métodos comunes y resolver pacíficamente conflictos de intereses y controversias. 
En resumen, todo lo que pretende la Constitución es un futuro en paz para nuestro continente, y es un proyecto que no podemos permitir que fracase. 
Señor Presidente en ejercicio, le deseo mucho éxito y espero que pueda recoger los frutos de todos estos esfuerzos antes del fin de su Presidencia. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, ha llegado la hora de aplicar realmente los parámetros de fraternidad, solidaridad e igualdad y sacar adelante la Constitución Europea. 
El ha cogido el bastón del peregrino y yo le sugeriría a la Presidencia irlandesa –un pueblo de poetas y literatos– que llevaran consigo una frase de un gran europeo, ciudadano francés, que propuso los Estados Unidos de Europa en el siglo XIX, Victor Hugo, que decía: el futuro tiene muchos nombres, para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. 
Creo que estamos en ese momento, porque hay que recordar que, según el Eurobarómetro, el entusiasmo europeísta está decayendo en casi todos nuestros países. 
Sin embargo, el 78 % de los ciudadanos europeos está a favor de tener una Constitución, incluidos los británicos –el 51 %–, algo interesante. 
Por eso, apelo al Consejo Europeo de Primavera para que reanude la Conferencia Intergubernamental o, mejor aún, para que agarre el toro por los cuernos y los Jefes de Estado y de Gobierno se sienten a resolver los temas pendientes. 
Eso es lo que tendrían que hacer si comprenden realmente el momento histórico en el que estamos. 
En relación con los temas que todavía son contenciosos, diré que hay que partir de una lógica y es que el poder de nuestra Unión no debe ser bloquear, sino decidir por mayoría. 
En este sentido, señor Presidente en ejercicio del Consejo, yo le manifiesto el apoyo de mi grupo –y concretamente de mi partido– para desbloquear la situación en mi país, para cambiar el método de la bronca por el del debate constructivo. 
Realmente es un paso importante; utilizar la doble mayoría y una ponderación que nos permita seguir adelante y nos permita funcionar. 
Otro tema importante –sobre todo esencial para el Parlamento– es el campo de aplicación de la mayoría cualificada y el reparto equilibrado del poder legislativo entre el Parlamento y el Consejo, incluido el poder presupuestario. 
Ahí ha habido retrocesos importantes en los últimos borradores de la Presidencia italiana. 
Y es un tema que nos preocupa seriamente. 
Creo que el Parlamento debe manifestar claramente su posición. 
No estamos dispuestos a que haya un retroceso claro porque se apruebe la Constitución. 
Otro punto importante que se trató en la reunión informal, como otras muchas, que se celebró en Berlín, entre tres países, es la creación de un responsable de economía en la Comisión, de un ministro de coordinación. 
El Parlamento ya había defendido reiteradamente que hacía falta una gobernanza económica responsable. 
Tenemos un proyecto de Constitución en el que hay un ministro de Asuntos Exteriores pero no lo hay de Economía. 
Si queremos seriamente que la estrategia de Lisboa vaya adelante, una estrategia que cree empleo, que cree también condiciones tecnológicas de futuro, tenemos que ponerle cara y ojos. 
Eso puede ser objeto, perfectamente, de consideración y de una enmienda a la Constitución por parte de la Conferencia Intergubernamental. 
En relación con las perspectivas financieras –que también sigue siendo un tema contencioso–, apoyamos que la Comisión, en función de sus responsabilidades, haya presentado la propuesta para las perspectivas financieras y no podemos aceptar un regateo a la baja, sobre todo en el momento de la ampliación. 
El Parlamento podría haber dicho que está a favor del 1,40 % del PIB. 
Nos hemos adherido a la posición de la Comisión, pero no creemos que un regateo sea un signo bueno para el futuro. 
Por último, señor Presidente, mi grupo está claramente de acuerdo en que se tenga en cuenta el resultado de las elecciones europeas, partiendo de la base de que todos queremos ganarlas. 
Pero, en cualquier caso, hay un punto fundamental: teniendo en cuenta el paisaje político europeo, no va a haber ninguna fuerza hegemónica y, si empleamos la lógica parlamentaria a la hora de proponer al Presidente de la Comisión, tenemos que ser coherentes. 
En un sistema parlamentario lo importante es la capacidad de crear mayorías, y eso se hace en torno a un programa. 
Por eso, no tiene sentido, señor Poettering, que se pronuncien vetos antes de la hora. 
Nosotros estamos dispuestos también a ganar las elecciones y estamos dispuestos luego a hacer una coalición progresista y europeísta. 
Ahora habrá que ver la disponibilidad que tienen ustedes. 
– Señor Presidente, este Consejo de Primavera se centrará en la agenda de la reforma económica, y con razón. 
Sin embargo, resulta un poco extraño hablar del futuro de Europa cuando el proyecto de constitución concebido para facilitar este futuro languidece en el Consejo. 
Los Liberales, Demócratas y Reformistas en esta Cámara acogen con satisfacción las intensas consultas llevadas a cabo por la Presidencia. 
Las señales de la mayoría de capitales nacionales sugieren que nuestros Estados miembros deberían llegar a un acuerdo. 
Señor Presidente en ejercicio, le instamos a que siga esforzándose por romper el estancamiento de la CIG y a que garantice una constitución para Europa antes de las elecciones a esta Cámara en junio. 
Señor Presidente en ejercicio, también quiero darle las gracias por haberse salido del guión en su intervención. 
Su argumento de que es «posible alcanzar un consenso en el contexto de un proceso que conduzca a una conclusión» es uno de los mejores de Sir Humphrey. 
Me complace ver que sigue vivo y sano en Justus Lipsius. 
Sin embargo, su idea de que la clave de todo radica en la voluntad política es exacta. 
Los problemas potenciales de una UE de 25 son dolorosamente obvios. 
Sin reforma institucional, esta Unión no puede funcionar de forma eficaz. 
Es hora de dejar de fingir que la vida continuará si la CIG fracasa. 
Olvidemos el infame lema polaco de «Niza o muerte». 
Para una Europa ampliada, Niza la muerte. 
Comparto la preocupación de la Comisión porque estamos jugando con el proyecto de constitución. 
Algunos dirigentes europeos están jugando al póquer con la última oportunidad para el futuro de la Unión. 
Ha llegado el momento de enseñar nuestras cartas: los Gobiernos, los ciudadanos y los parlamentarios. 
¿Queremos una Europa más sólida, más creíble, tanto dentro como fuera de sus fronteras? 
¿Insistimos en la integración allí donde sea necesaria? 
¿Queremos que el Presidente de la Comisión sea el mejor y el más inteligente de Europa, capaz de contar con el apoyo de todos los partidos? 
Los Liberales, Demócratas y Reformistas no tienen duda sobre la respuesta a estas preguntas: ¡sí, sí y sí! 
Lamento que la izquierda europea, que nos regaló el inspirado liderazgo de Jacques Delors, ahora parezca no estar convencida del futuro de nuestro continente. 
El Grupo del Sr. Poettering parece más preocupado por hacer del próximo Presidente de la Comisión su juguete político que del contenido de su programa. 
Señor Poettering, está bien que Wilfred Martens afirme que el PPE-DE es «incondicionalmente proeuropeo» : ¡a mí me parece más bien proeuropeo! 
¿Habla en nombre de todo su Grupo, o solo de una parte? 
El Consejo Europeo también tiene que debatir las relaciones exteriores de Europa. 
Hay que reconocer que, sin excepción, Europa habla con mayor fuerza en el mundo cuando habla con una sola voz. 
Por esta razón, señor Presidente en ejercicio, le formulo este llamamiento: anoche, cinco de los nueve británicos detenidos en Guantánamo fueron repatriados al Reino Unido. 
Incluso como ciudadano británico, creo que no se trata tanto de un beneficio para Gran Bretaña como de una pérdida para Europa. 
Porque si el Consejo hubiera dado prioridad a Europa sobre los regateos bilaterales, hubiéramos adoptado una posición más unida y de principio. 
Tendríamos que haber insistido en la liberación de todos los detenidos europeos en Guantánamo. 
Desafío a su Presidencia a que defienda los valores de la Unión y hable en nombre de toda Europa en la cumbre UE-Estados Unidos sobre la cuestión de los detenidos en Guantánamo. 
Tenemos que unirnos como continente o nos derrumbaremos. 
Las fuerzas proeuropeas en el Gobierno y en esta Cámara tienen que defender su causa con convicción, porque necesitamos una nueva constitución, una nueva credibilidad y una nueva confianza, y las necesitamos ahora. 
– Señor Presidente, una de las tareas el Consejo Europeo será la de llevar a cabo una evaluación del impacto de la estrategia de Lisboa, y en este marco haría muy bien en meditar la lección que se desprende, en mi opinión, del documento que le ha remitido la Comisión, que supone la confirmación de la incompatibilidad entre el enfoque de libre mercado que caracteriza la actual política de la Unión y un modelo social avanzado basado en la promoción no elitista e integradora de las capacidades humanas. 
Desde luego que voy a tranquilizar al Sr. Kinnock diciendo que el documento de la Comisión se guarda mucho de sacar tales conclusiones de los cuatro años de estrategia de Lisboa, pero sus circunloquios y otras perífrasis dicen mucho del embarazo de sus autores ante el balance que se ven obligados a hacer. 
Uno de los objetivos que se fijó la propia UE en Lisboa es el pleno empleo en 2010. 
¿Dónde nos encontramos? 
El empleo ha resistido bien, podemos leer en el documento, que inventa incluso el sabroso neologismo de «mejora diferida de los niveles de empleo» , antes de decidirse a reconocer la amarga verdad: «por vez primera en diez años, la zona euro ha registrado un retroceso, perdiendo unos 200 000 puestos de trabajo en términos netos en 2003, y la tasa de desempleo debería seguir aumentando ligeramente en 2004». 
En Lisboa la UE también se había fijado el objetivo de convertirse, en el mismo plazo, en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. 
¿Qué apreciación encontramos al respecto en el balance de etapa de la Comisión? 
Cito: «Apoyándose en la dinámica de la estrategia de Lisboa, se han realizado algunos progresos incontestables, que permiten iniciar la transición necesaria hacia una economía del conocimiento competitiva, etc.». 
Después vienen los hechos con toda su crudeza. 
Tras cuatro años de estrategia de Lisboa, y cito a la Comisión, «el número de jóvenes que abandonan el sistema escolar sin cualificaciones ascendió a más del 18% en 2003; el 17,2 % de los jóvenes europeos de 15 años no poseen las competencias mínimas necesarias –lectura, escritura, cálculo». 
Lo dice la Comisión. 
A esta dura constatación hay que añadir la mención «del declive de la inversión global, pública y privada, en detrimento de los ámbitos prioritarios identificados por la estrategia de Lisboa, como la investigación, la innovación, la educación, la formación». 
Por último, el documento de la Comisión propone una nueva y atrevida definición de otra de las nociones clave de la estrategia de Lisboa: «el enfoque del desarrollo sostenible empieza a ser tenido en cuenta en la definición de las políticas. [... ] así, varios Estados miembros han emprendido reformas de su régimen de sistema de pensiones para afrontar los problemas del envejecimiento». 
Si esto es el desarrollo sostenible, entonces el Consejo debe de estar sin duda lleno de ecologistas. 
Tras este laborioso diagnóstico, la Comisión avanza soluciones. El modelo de libre mercado no lleva a ninguna parte, ¡viva el modelo de libre mercado! 
Así, estima «indispensable mantener una política de competencia fuerte en el mercado interior». Es preciso, añade, que se respete el Pacto de Estabilidad, que prosigan las reformas de las pensiones y de los regímenes sanitarios, que la política medioambiental sea rentable e incluso que se identifiquen los ámbitos de la educación y la formación que resultan más rentables. 
Pero ¿qué grado de crisis sociales y políticas debe generar esta ideología de libre mercado para que se vislumbre un resplandor de espíritu crítico en las esferas de poder de la Unión? 
Evidentemente, solo salvaremos el ideal europeo rompiendo limpiamente con esta máquina de fabricar confusión y desesperanza humanas. 
Más allá de la cumbre de primavera, hay que trabajar por una nueva primavera para Europa. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, en algún lugar de París, al cuidado del Presidente de la Convención, Valéry Giscard d’Estaing, se encuentra una gran pizarra que en el día de la última reunión de la Convención estaba situada al frente de la sala de conferencias. 
Todos los miembros de la Convención estamparon en ella sus firmas, declarando de esta forma su consentimiento con el gran proyecto de Tratado Constitucional de la Convención. 
Ayer solicité al Presidente Giscard d’Estaing que entregara la pizarra. 
Mi propuesta es que dicha pizarra se exponga al frente de la próxima cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno, algunos de los cuales han olvidado por completo que enviaron a sus propios representantes personales para participar en el proceso constitutivo y que las firmas de dichos representantes son la prueba de que han apoyado el resultado de las deliberaciones de la Convención. 
Además, esto también podría ser un recordatorio para los Jefes de Estado o de Gobierno de lo que fue la Convención y de lo que esta significó. 
En estos momentos tenemos dos problemas principales. 
El primero de ellos es que la Convención no puede defender su propio proyecto y que, una vez que la Convención ha terminado su trabajo, los Parlamentos de Europa han perdido el único lugar donde podrían haber coordinado sus esfuerzos y unido sus fuerzas para defender las dimensiones parlamentarias y democráticas de las disposiciones constitucionales. 
Nuestro segundo principal problema, señor Presidente en ejercicio, es que la Convención era pública. 
La Conferencia Intergubernamental marca una vuelta a aquellas reuniones clandestinas, discretas y conspirativas de nuestros potentados imperiales, quienes presumen de desarrollar la Constitución Europea de esta forma feudal, una Constitución que, por su propia naturaleza, es materia parlamentaria. 
Por lo tanto, sería bueno y apropiado que los Gobiernos mostraran el debido respeto a los Parlamentos y a los autores del proyecto garantizando que sus deliberaciones no estén enteramente gobernadas por un simple motivo. 
La Convención tenía unos objetivos. 
Esos objetivos hacían referencia, de forma bastante simple, a la democracia, a la eficacia y al lugar que Europa ocupa en el mundo. 
¿Qué es lo que ha motivado a los Gobiernos a formular las 320 propuestas de las que hemos tenido aquí conocimiento? 
Solo existe un motivo: más poder para los Gobiernos nacionales. 
Ese es su único motivo. 
Todas las 320 propuestas tienen un solo denominador común: no más Europa social, no más democracia, no más derechos civiles fundamentales ni de otro tipo, no más parlamentarismo, no más esfuerzos para construir una UE eficaz, sino únicamente más poder para ellos mismos. 
Tanto si eso altera el equilibrio democrático, como si significa una ofensa a los principios republicanos o priva de derechos de representación a los Parlamentos, eso no tiene trascendencia para ellos. 
Todo aquel que esté seriamente preocupado por esta tendencia podría reconocer un segundo motivo, a saber, el nacionalismo. 
El conjunto de la Conferencia Intergubernamental está imbuido del espíritu del nacionalismo que ya no deseamos ver en Europa, y esta mezcla de más poder para los Gobiernos y el nacionalismo representa el mayor peligro para nuestro continente. 
Me maravillo ante la amable paciencia de sus Señorías. 
Cada cuatro semanas presentamos una petición en forma de resolución: «Estimada Conferencia Intergubernamental, rogamos humildemente que la democracia pueda existir junto al poder de los Gobiernos; suplicamos la existencia de derechos fundamentales, incluidos los derechos civiles; imploramos que permita que el parlamentarismo exista junto al poder de los Gobiernos.» 
Pero ni siquiera tenemos éxito como suplicantes, ya que no nos escuchan, y nada cambia. 
Llevó 16 meses a 105 personas desarrollar una Constitución para Europa, pero a 25 Gobiernos les ha llevado solo cinco meses hacerla pedazos. 
Le damos las gracias por su paciencia, señor Presidente. 
Quizás usted pueda ayudarnos de alguna forma a garantizar que la mencionada pizarra, que algún día tendrá importancia histórica, se exponga en una pared delante del Consejo. 
Que sirva para recordar que está en juego el futuro de Europa. 
– Señor Presidente, en primer lugar, mi sincero agradecimiento y aprecio al Presidente en ejercicio por su presentación abierta, sincera y directa de esta mañana; demuestra claramente su respeto hacia el Parlamento, lo cual le agradezco. 
Asimismo, quiero dar las gracias al Vicepresidente de la Comisión, el Sr. Kinnock, por sus felicitaciones y buenos deseos para que Irlanda gane la Triple Corona, en particular después de su tremenda victoria en Twickenham el pasado fin de semana. 
La cumbre de primavera se centrará en dos cuestiones principales: en primer lugar, avanzar en una serie de nuevas disposiciones legislativas de la UE para garantizar una mayor competitividad de la Unión Europea; en segundo lugar, evaluar el estado de las negociaciones respecto de la adopción de un nuevo Tratado de la Unión Europea. 
Una economía competitiva y estable es esencial para conseguir un crecimiento sostenible y una mejor calidad de vida para los ciudadanos europeos. 
Tenemos que avanzar en la estrategia de Lisboa para garantizar que la Unión se convierta en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo antes de finales de 2010. 
Al crear más y mejores empleos en Europa, tenemos que aplicar un amplio conjunto de políticas en el ámbito europeo. 
Sabemos que el mercado interior ha creado más de 2,5 millones de puestos de trabajo en los últimos diez años. 
Tenemos que aplicar plenamente la Iniciativa para el Crecimiento, que conducirá a un mayor nivel de inversión en las redes europeas de energía y transporte. 
Asimismo, la Iniciativa para el Crecimiento tiene que garantizar la consecución del objetivo del 3% del PIB de la Unión de inversión en investigación y el desarrollo antes de 2010. 
Toda la nueva legislación europea tiene que someterse a estrictos exámenes que evalúen su impacto en las empresas y su competitividad. 
El plan de acción de servicios financieros tiene que aplicarse de forma que haya un mercado integrado de servicios financieros en la Unión para el año 2005. 
Asimismo, tenemos que adoptar un sistema de patentes comunitarias en el seno de la Unión. 
La Unión no puede convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo a menos que aproveche plenamente las nuevas tecnologías de la información emergentes. 
El programa e-Europe 2005 está encaminado a introducir un mayor nivel de disponibilidad de la banda ancha en las escuelas para garantizar el acceso a los servicios de Internet de alta velocidad y para aumentar la competencia de nuestros jóvenes. 
Creo firmemente que los beneficios de la sociedad de la información tienen que extenderse tanto a las zonas urbanas como a las rurales y a todas las regiones de la Unión. 
El Presidente en ejercicio del Consejo, el Primer Ministro Bertrie Ahern, presentará una evaluación del estado de las negociaciones respecto del nuevo Tratado de la UE. 
El Sr. Ahern ha acelerado el proceso de negociación con otros Gobiernos de la UE, en un esfuerzo por avanzar rápidamente en las discusiones de las cuestiones básicas clave. 
Todos sabemos que tenemos que poner en marcha un nuevo Tratado de la Unión Europea, si queremos que la Unión Europea se modernice y aumente su eficacia en una Comunidad de 25 Estados miembros. 
El reconocimiento del papel de los Estados más pequeños tiene que estar reflejado en este proceso; tienen que estar protegidos dentro de cualquier marco institucional futuro. 
Nunca resulta fácil alcanzar un acuerdo, y por esta razón estamos tardando en adoptar un nuevo Tratado europeo. 
Estas negociaciones no deberían restar valor a un hecho particular, a saber, que la ampliación de la Unión tendrá lugar el 1 de mayo de 2004. 
– Señor Presidente, amigos irlandeses, felicidades por su victoria sobre Inglaterra en rugby, pero recuerden: los ciudadanos de la UE no deben ser derrotados; son ellos quienes deben decidir. 
En lugar de organizar partidos de vuelta en Irlanda y en Dinamarca cuando votemos en contra de un nuevo Tratado, sería mejor que la Presidencia aprovechara la Cumbre de Bruselas para decir: no firmaremos ninguna nueva Constitución de la UE si no se ha votado en referendo en todos los países. 
El Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias recomendará a los votantes que rechacen de forma educada una Constitución que daría a la UE poderes legislativos en 15 nuevos ámbitos, en lugar de limitar la UE a cuestiones transfronterizas; con ello se aboliría el derecho de veto en unos 40 ámbitos, en lugar de dar la última palabra a los votantes y a sus representantes electos; ello implicaría el reconocimiento de la prevalencia de la Constitución de la UE sobre las constituciones nacionales, en lugar de respetar las constituciones de los Estados miembros. 
Quisiéramos advertir especialmente ante la posibilidad de que los Primeros Ministros pudieran alterar la Constitución sin consultar con los votantes. 
Aprovechen la Cumbre de Bruselas para decidir que la Constitución deberá debatirse y votarse en referendos en todos los países de la UE antes de que entre en vigor. 
¿Por qué no someter el proyecto de Constitución a referendos consultivos al mismo tiempo que las elecciones al Parlamento Europeo en junio? 
Entonces podríamos debatir nuestro posible futuro común de forma conjunta y elegir a los representantes de acuerdo con nuestro punto de vista sobre la Constitución. 
Entonces podríamos decidir por nosotros mismos si queremos transferir más poder de los votantes y representantes electos de los Estados miembros a los funcionarios y ministros de la UE. 
Una pregunta: ¿nos informará la Presidencia de lo que está ocurriendo en relación con las negociaciones secretas en torno a la Constitución? 
¿Quién participa, quién está excluido y quién, por ejemplo, estuvo presente en Berlín? 
¿Está la Presidencia plenamente informada? 
¿Existe acuerdo en torno a un proyecto de compromiso que podrá presentarse cuando Chirac considere que ha llegado el momento? 
Finalmente, una breve pregunta al Sr. Watson: si el Tratado de Niza es la muerte para la ampliación, entonces ¿por qué lo recomendó el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas? 
– Señor Presidente, en vísperas del Consejo Europeo de primavera, según las encuestas de opinión, una mayoría de las personas encuestadas se mostraría en efecto favorable, como ha dicho el Sr. Barón Crespo, a una Constitución europea, pero hay que precisar que sin tener la menor idea de la definición jurídica de constitución, ni del contenido exacto de la que se prepara. 
Podemos concluir, por tanto, que esas personas son favorables a la idea de una aclaración en las relaciones entre la UE y sus Estados miembros, pero en absoluto podemos deducir nada más. 
Sobre esta base y según las declaraciones que acaban de realizar el Consejo y la Comisión, así como según las declaraciones del Sr. Giscard d ' Estaing ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales, se perfila la posibilidad de una estrategia federalista que, creo, sería detestable y que puede describirse en los términos siguientes. 
Se anuncia un compromiso de principio justo antes de las elecciones europeas; esto causa una impresión favorable sobre el elector, que va a votar sin que se haya debatido realmente un proyecto escrito; por último, si el resultado de las elecciones parece suficientemente favorable a los partidarios de la Constitución, se proclama que estas equivalen a una consulta y que por tanto ya no es necesario un referendo. 
Paradójicamente, esta estrategia equivaldría a eludir el debate democrático justo en el momento en que se afirma que el viejo método Monnet resulta caduco por falta de transparencia. 
Las elecciones europeas no pueden servir de sustituto al referendo, pues mezclan demasiadas cuestiones diferentes y producirían un resultado demasiado confuso para que pudiera interpretarse válidamente. 
Si los jefes de Estado se pusiesen realmente de acuerdo justo antes de las elecciones europeas sobre un texto inspirado en el de la Convención –lo cual no deseo, porque define un modelo demasiado rígido para la Europa ampliada– entonces la única solución, en todo caso en Francia, sería el referendo. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Comisario, creo que el Presidente en ejercicio ha identificado uno de los aspectos principales cuando ha destacado en su discurso que será muy difícil llevar a término la aprobación de la Constitución en una fecha posterior si se pospone ahora el proceso, porque nuestra conciencia colectiva disminuirá a medida que nuevos actores suban al escenario y porque la agenda política se desarrolla de tal forma que es prácticamente imposible resucitar un proyecto tras un año y medio. 
Por esta razón creo que la Presidencia irlandesa ha tomado el enfoque adecuado al tratar de establecer compromisos potenciales en gran número de conversaciones bilaterales. 
Junto con el Sr. Hänsch, el Sr. Duff y otros hemos visitado un gran número de capitales durante los pasados meses y tenemos la impresión de que todo el mundo desea que se concluya el Tratado. 
Solo en un punto en particular resultó imposible llegar a un acuerdo. 
Sin embargo, me parece que los puntos de vista han empezado a converger y que el número de los que se muestran contrarios a un acuerdo ha disminuido. 
Por esta razón, y porque a medida que pasa el tiempo cada vez resultará más difícil, debería animarse a la Presidencia irlandesa a proponer en la cumbre del 25 de marzo la convocatoria de una cumbre extraordinaria incluso antes del 1 de mayo, de forma que pueda llegarse a un acuerdo. 
Lo que perderemos si no podemos alcanzar un acuerdo sobre el Tratado Constitucional es la oportunidad de vincular la ampliación con una Unión Europea más eficaz y anclar la Unión Europea a una roca firme de valores comunes y transferir más poder a la ciudadanía, quien elegiría al Presidente de la Comisión a través de su voto en las elecciones europeas y, en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales, disfrutaría de un amplio abanico de derechos y garantías. 
Yo también creo que no debemos poner en peligro este logro por medio de la perpetuación del mito de que existe una diferencia crucial entre los Estados miembros grandes y los pequeños. 
En los 24 años que llevo como diputado a esta Cámara, no he sido nunca testigo de una votación en el Consejo o en el Parlamento Europeo en la que los representantes de los Estados miembros grandes se alinearan contra los de los Estados miembros pequeños. 
Las votaciones están basadas en los intereses, tanto si los países producen vino como si no, etc. Así es como son las cosas, y este mito no debe interponerse en la toma de decisiones. 
Los Jefes de Gobierno deben reconocer claramente sus responsabilidades para asegurar que este mito no constituye un obstáculo al progreso y no deben usarlo de pretexto para quedarse quietos. 
Esta es la razón por la que deseo exponer lo siguiente: con el presente proyecto de Constitución contamos con una oportunidad verdaderamente única para reunir al conjunto de nuestra Europa unida sobre el principio de la igualdad de las naciones y de los Gobiernos. 
Si esta empresa fracasara, Europa volvería a sumirse en una realidad de grupos que avanzan a velocidades diferentes con todo tipo de barreras entre ellos, sin prisa pero sin pausa. 
La responsabilidad de aprovechar esta oportunidad pesa sobre los 25 Jefes de Estado o de Gobierno, y ellos deben aceptarla. 
Permítanme concluir realizando una comparación con la situación actual. 
En mi país, la asamblea parlamentaria que se reunió en la Iglesia de San Pablo de Francfort en 1848 aprobó una constitución democrática que hubiera allanado el camino a una Alemania unida democrática, y que el Rey de Prusia se negó a aceptar. 
Todos somos plenamente conscientes de las consecuencias de su decisión para mi país y para Europa. 
Los monarcas de hoy son los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Espero que no cometan el mismo error fatídico que el Rey de Prusia cometió en 1848. 
– Señor Presidente, hay una necesidad que hemos de satisfacer con tesón: la necesidad de que las cuestiones relativas a la Conferencia Intergubernamental, o más bien al proyecto de Constitución, se aborden con transparencia, con un enfoque que pueda ser entendido por la opinión pública, la ciudadanía y el propio Parlamento. 
Como ve, señor Presidente en ejercicio del Consejo, todos apreciamos –y creo que hablo en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales que ha discutido este asunto en profundidad en las últimas semanas– la determinación y delicadeza con la que está actuando la Presidencia irlandesa. 
Sin embargo, es verdad que hemos permanecido durante tres meses en la oscuridad. 
Después de la gran transparencia aportada por la Convención durante 16 meses, ahora nos encontramos en las tinieblas. 
Usted ha hablado de un abanico de cuestiones importantes, tanto institucionales como no institucionales, que se han planteado a la Presidencia irlandesa. 
¿Planteadas por quién? 
¿Por cuántos y por qué Gobiernos? 
No lo sabemos. 
Usted ha utilizado, también debo reconocerlo, un tono de voz lleno de confianza y ha dicho que será relativamente fácil encontrar un consenso en la gran mayoría de cuestiones pendientes. 
Solo podemos intentar adivinar cuáles son. 
Con respecto a los asuntos más conocidos, los únicos que se han discutido abiertamente, apreciamos mucho lo que dijo ayer el Sr. Giscard d ' Estaing ante nuestra comisión: el criterio de la doble mayoría no puede ponerse de ninguna forma en duda para el cálculo de las mayorías cualificadas. 
Es más, el Sr. Giscard d ' Estaing nos pidió que no «torturáramos» por una parte las cifras de las dobles mayorías, ni por otra parte el abanico de cuestiones en las que pueden tomarse decisiones por mayoría cualificada. 
En este sentido, me gustaría reafirmar, ya que usted ha hablado de los documentos presentados por la Presidencia italiana antes del Consejo de diciembre, que dichos documentos, en nuestra opinión, contienen cambios importantes precisamente en este sentido y que, por lo tanto, no son aceptables para el Parlamento Europeo. 
Por último, usted tiene toda la razón al afirmar que la clave de un acuerdo temprano es la voluntad política. 
Esperamos que en la próxima cumbre prevalezca entre los Jefes de Estado o de Gobierno la conciencia de la importancia y de la seriedad del momento que estamos viviendo en la Unión: no adoptar la Constitución sería para la Unión Europea equiparable a un verdadero salto al vacío. 
No obstante, si el camino hacia la Constitución apareciera todavía bloqueado durante la próxima cumbre, con todas las consecuencias que fácilmente podemos imaginar, las posiciones y responsabilidades de los Gobiernos individuales deben estar claras en tal caso para el Parlamento y la ciudadanía. 
– Señor Presidente, quiero plantear cuatro propuestas para ayudar a que la CIG alcance una conclusión favorable. 
En primer lugar, respecto de la fórmula de la mayoría cualificada, tenemos que aumentar el número de Estados necesarios para formar una mayoría, y al mismo tiempo aumentar el umbral de población necesario para formar una minoría de bloqueo. 
Esto debería satisfacer a los Estados más pequeños y no asustar a los Estados más grandes, que se han comprometido a facilitar que el Consejo alcance una decisión. 
La ecuación razonable que parece disfrutar del mayor apoyo es 55-55. 
En segundo lugar, la CIG tiene que eliminar de la Constitución un número concreto de Comisarios, ya que la Comisión tiene que aumentar y disminuir según la oferta y la demanda, como cualquier administración nacional. 
Asimismo, deberíamos eliminar el principio de rotación igualitaria. 
Sinceramente, una Comisión sin un representante de Francia sería bastante inverosímil. 
El Sr. Giscard d ' Estaing admite que la fórmula de la Convención para la Comisión no ha sido el más glorioso de nuestros logros, y el Comisario Kinnock está de acuerdo. 
En tercer lugar, la CIG tendría que convocarse en el nivel de cumbre, preferiblemente antes del 1 de mayo, para permitir la celebración de un verdadero debate político de dimensión europea. 
Por desgracia, hasta ahora esto no ha ocurrido. 
En cuarto y último lugar, nuestros líderes tienen que encontrar el valor moral para configurar una Europa política. 
Si fracasan, pasarán a la historia como unos ridículos cobardes. 
– Señor Presidente, todos estamos familiarizados con los problemas socioeconómicos a los que se enfrenta la Unión Europea y que están creando recelos entre los ciudadanos de la mayoría de Estados miembros, lo que es especialmente cierto en el caso de mi país, Portugal, donde el desempleo continúa creciendo, donde nos encontramos en medio de una recesión económica y donde la distancia que nos separa de la media de la UE se hace cada vez mayor y la Comisión no invierte para resolver el problema del déficit. 
Esta es la razón por la que es crucial revisar las políticas responsables de esta situación y, en consecuencia, la Comisión y el Consejo tienen que aclarar tres cuestiones que pienso que son fundamentales y que exigen una resolución inmediata. 
En primer lugar, ¿están dichas instituciones dispuestas a realizar directamente los ajustes necesarios en las directrices económicas y de política monetaria con el fin de reemplazar el Pacto de Estabilidad por un Pacto de Progreso Social y de Empleo en la misma línea de los objetivos de pleno empleo, desarrollo económico y cohesión social y económica para poder garantizar más inversiones públicas, más y mejor empleo y mayor inclusión social? 
En segundo lugar, ¿van a solicitar al Banco Central Europeo que reduzca los tipos de interés con el fin de apoyar el crecimiento económico y las exportaciones como factores clave para países con economías más débiles, como Portugal? 
En tercer lugar, ¿aprobarán una moratoria de las liberalizaciones, revisarán la Estrategia de Lisboa y llevarán a cabo un estudio en profundidad de las consecuencias de lo que ya se ha implantado en los diversos sectores económicos y sociales, en particular en cuestión de empleo, de calidad y universalidad del servicio prestado, del grado de satisfacción del usuario y con respecto a la extensión de la democratización la prestación y la gestión de los servicios, sin dejar de lado los problemas y las deficiencias en la mayoría de países de la ampliación? 
A menos que se adopten dichas medidas, será imposible aplicar una política que sirva para estimular la economía y sostener la demanda a corto y medio plazo. 
Por lo tanto, lo que se necesita es una reevaluación de la producción y la mano de obra con vistas a promover el desarrollo económico, el empleo y la cohesión social, basada en un incremento firme de la inversión pública nacional y comunitaria, en particular en las infraestructuras básicas, en la educación, en las cualificaciones y la formación profesional, en la investigación y la innovación, en el medio ambiente y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. 
Estas son las prioridades reales que los hombres y mujeres de nuestros países esperan que se traten antes de las elecciones europeas del 13 de junio. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, aquellos que están a favor de la ampliación y la profundización de Europa tienen, o al menos deberían tener, una preocupación en común: ¿cómo puede impedirse que la Europa ampliada llegue a un punto muerto; cómo podemos impedir que se convierta en un atolladero de la indecisión? 
Europa siempre ha sido una fuente de esperanza para sus ciudadanos; incluso los Gobiernos, que de forma regular fracasan en la resolución de los problemas, señalan a Europa como el lugar donde pueden encontrarse las soluciones. 
Hoy, sin embargo, Europa infunde miedo en la gente. 
El desempleo está creciendo y se tiene miedo de que la situación empeore tras la ampliación. 
Los Estados miembros, tanto si son grandes como pequeños, no pueden solucionar este problema por sí solos. 
Deben tomarse decisiones a escala europea para promover una recuperación económica real y un incremento real en el nivel de desempleo. 
Al mismo tiempo, los Estados miembros deben dar de este modo una respuesta eficaz a la globalización. 
Esta es la razón por la que simplemente es su deber garantizar que se apruebe una constitución. 
No es difícil explicar a chicos de 14 años o a jubilados de 70 que necesitamos una constitución, así que ¿por qué les resulta tan difícil a nuestros Jefes de Gobierno poner en práctica esta Constitución? 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, puedo estar de acuerdo con las afirmaciones iniciales del Sr. Poettering en que alaba a la Presidencia irlandesa y elogia todo lo conseguido por uno de los países más pequeños de la UE. 
Esto nos muestra claramente que sería un error terminar con el sistema de rotación de la Presidencia. 
También aprecio la cita de Víctor Hugo hecha por el Sr. Barón Crespo que dice que «el futuro pertenece a los valientes». 
Yo comparo a menudo el proceso de integración europea con el poema épico sobre los descubrimientos en el que el gran poeta portugués del siglo XVI, Camões, manifestó que nos encontramos navegando «en aguas hasta ahora inexploradas». 
Y es que debemos mantener esta apertura de espíritu, este atrevimiento y esta capacidad de aventura. 
También necesitamos tener cuidado para garantizar que la nave no se embarranque; debemos garantizar que la tripulación esté informada y motivada y que no se inicie un motín. 
Por lo tanto, me preocupa ver que, tras un periodo de cierto secretismo, vaya a anunciarse que la CIG podría clausurarse deprisa y corriendo. 
Ello podría ser un salvavidas para aquellos que desean basar su campaña en las elecciones europeas en el euroescepticismo, porque la opinión pública no está demasiado interesada en estos momentos y porque todavía no conocemos precisamente lo que se propuso en la primera fase de la CIG bajo la Presidencia italiana. 
Muchas personas han hablado de la cuestión del voto por mayoría cualificada, pero les recordaré que esta no fue la única cuestión que se discutió. 
Encima de la mesa también estaban la composición de la Comisión, la cuestión de la Presidencia de la Unión, la definición de determinadas competencias en los campos de los recursos pesqueros y marinos, por ejemplo, el principio fundamental de la igualdad de los Estados, clarificar el ámbito de aplicación exacto del principio de la primacía del derecho comunitario, la transparencia y la apertura en los trabajos y las deliberaciones legislativas del Consejo, el preámbulo y la referencia expresa al legado cristiano y la limitación sobre las cláusulas de flexibilidad o cláusulas «pasarela». En otras palabras, la agenda es enorme y por lo tanto yo apoyo y comprendo las palabras del Presidente de la República portuguesa, cuyos sentimientos proeuropeos son bien conocidos, quien hace una semana pidió más tiempo para permitir que se desarrollen las negociaciones sobre la Constitución europea. 
Criticó el hecho de que las cosas se están haciendo bajo presión, pidió más tiempo y nos rogó que nos concentráramos en los problemas inmediatos como la Estrategia de Lisboa, la ampliación y las negociaciones sobre el nuevo marco de apoyo comunitario. 
– Señor Presidente, Señorías, soy plenamente consciente de la importancia de este debate sobre el futuro de Europa. 
Sin embargo, me gustaría aprovechar esta oportunidad para referirme a una emergencia que nos afecta muy de cerca como diputados radicales y por la que mi compañero, el Sr. Dupuis, está en huelga de hambre desde hace más de 30 días. 
Consideramos que se trata de una emergencia que afecta al presente de Europa y que, lamentablemente, no era una emergencia en su pasado reciente. 
Me gustaría volver a referirme una vez más, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores Comisarios, a la cuestión chechena. 
Este debate es sin duda importante para el futuro y para las instituciones, pero si permitimos que el presente transcurra, que pasen los horrores del presente, perderemos credibilidad cuando queramos construir un futuro distinto. 
Bien, señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, como todo el mundo sabe, aunque nadie ha reaccionado, en el transcurso de las últimas semanas las autoridades rusas han organizado, usando como tapadera a la marioneta que es el Gobierno de Chechenia, una serie de 30 detenciones de familiares de Umar Jambiev, Ministro de Sanidad checheno y emisario del Presidente electo Aslan Masjádov. 
Su hermano Magomed, Ministro de Defensa, se entregó para evitar más derramamiento de sangre. 
A partir del 29 de febrero, en incursiones dramáticas, docenas de hombres armados enmascarados de las fuerzas rusas y milicias chechenas rodearon aldeas, asaltaron casas, pegaron, insultaron y amenazaron con matar a miembros de la familia Jambiev hasta el final; raptaron y secuestraron a aquellos miembros de la familia Jambiev que lograron encontrar allí. 
No se han tenido más noticias de ellos. 
Llegaron setecientos hombres en vehículos blindados a Benoi, la aldea natal de los Jambiev y, una vez hubieron golpeado a los habitantes y destruido todo lo que pudieron destruir, secuestraron a siete personas y exigieron la rendición de Umar y Magomed. 
Señor Presidente del Consejo, comisario, Señorías, lo que está ocurriendo en Europa –y el Parlamento ha dejado su postura clara al respecto en repetidas ocasiones, desde un punto de vista humanitario y a veces incluso político– debe formar parte de nuestro presente político. 
Se han dado muestras de preocupación, incluso por parte de la administración de los Estados Unidos. 
De acuerdo con las Convenciones de Ginebra, pedimos que se autorice a la Cruz Roja a visitar a la familia Jambiev y al Ministro de Defensa, el Sr. Jambiev. 
Señor Presidente, hay que respetar las Convenciones de Ginebra. 
Tenemos la intención de interpelar directamente al Consejo, pero pienso que es nuestro deber responder al menos a estos métodos. 
No solo con la no violencia radical, sino también por medio de la presencia política europea y del cumplimiento de las Convenciones de Ginebra. 
Lo conseguimos incluso para Sadam Hussein, quien recibió una visita de la Cruz Roja; es inconcebible que no podamos lograrlo en este caso. 
– Señor Presidente, me alegra ver al Comisario Kinnock, pero ¿dónde está el Comisario Prodi? 
¿Qué asunto oficial podría ser más importante que el debate de esta mañana? 
Quizá se nos pueda dar una respuesta antes del final del debate. 
Permítanme comenzar acogiendo con satisfacción los pasos dados por la Presidencia irlandesa hacia un consenso en torno al proyecto de Tratado Constitucional. 
En las últimas semanas, algunos indicadores positivos han sugerido que los Estados miembros muestran una mayor voluntad de alcanzar un compromiso viable. 
Hay que limar las diferencias de opinión pendientes de forma comprometida y sistemática para romper el estancamiento. 
El Ministro Roche y, por supuesto, el Taoiseach, tienen todo mi apoyo para ponerse a la altura de la difícil tarea a la que se enfrentan en los próximos meses que preceden a la ampliación y a las elecciones europeas. 
Un Tratado único simplificado hará que la UE de 25 sea más inteligible para los ciudadanos de Europa al definir con claridad las competencias de la UE y de los Estados miembros. 
Introducirá reformas que racionalicen el trabajo de la UE y facilitarán el proceso de toma de decisiones en una Europa ampliada. 
Por último, y esto es muy importante, también ayudará a disipar todos los mitos que han surgido. 
Entre estos mitos hay uno en especial que dice que el proyecto de Tratado conduce a la creación de un superestado. 
Una entidad que no puede aumentar los impuestos de manera autónoma, que no está autorizada a gestionar déficit presupuestarios, que no tiene derecho a una fuerza militar propia y, sobre todo, que no puede actuar fuera de las competencias que los Estados miembros le han otorgado, no constituye una receta para un superestado ni aún haciendo un gran esfuerzo de imaginación. 
La UE solo puede gastar un máximo del 1,2 % del PIB agregado de todos sus Estados miembros. 
Comparemos esto con el único superestado que existe actualmente en el mundo –los Estados Unidos–, cuyo Gobierno federal gasta el 20% del PIB, y se darán cuenta de que esta acusación no tiene sentido. 
El Tratado Constitucional es un acuerdo voluntario entre Gobiernos cuyos Parlamentos nacionales tendrían de hecho, de conformidad con el mismo, un papel más importante en el escrutinio de las propuestas legislativas de la Comisión. 
El principal logro del proyecto europeo hasta la fecha ha sido acabar con la rivalidad y el antagonismo del siglo pasado, que empujó a este continente a dos guerras mundiales que costaron 56 millones de vidas. 
La reciente conflagración en los Balcanes pone de relieve el potencial de destrucción latente. 
Debemos tener la valentía de usar nuestra experiencia y nuestra posición en el mundo para fomentar la paz y la estabilidad a escala mundial y para tratar los problemas de desplazamiento y terrorismo en su origen, por ejemplo ayudando a garantizar un futuro económico para los millones de jóvenes que viven en Oriente Próximo. 
Quiero preguntar al Presidente en ejercicio sobre la situación actual de los compromisos de Lisboa. 
Esto también está presente en el orden del día de la CIG, pero hasta el momento todo lo que se nos ha dicho es que hay un plan de acción de la Comisión Europea para las empresas, que ha sido acogido con poco entusiasmo y que carece de recomendaciones concretas y tangibles. 
Concluiré diciéndole al Presidente en ejercicio que el jurado está fuera, que la pelota está en su campo y que tiene todo nuestro apoyo. 
– Señor Presidente, este mes, por segunda vez en un corto espacio de tiempo, tras el fracaso de la Presidencia italiana en diciembre, y bajo el liderazgo irlandés, los Jefes de Gobierno se enfrentan a una elección crucial para el futuro de la Unión Europea. 
El Consejo Europeo en Italia dio una imagen de insensatez cuando fracasó a la hora de echar por la borda los intereses nacionales de miras estrechas y optar en su lugar por una Europa más democrática, eficaz y transparente. 
Muchos se preguntan si el Consejo volverá a cometer de nuevo el mismo error. 
Afortunadamente, la Presidencia irlandesa ya ha realizado gran parte del trabajo durante estos últimos meses. 
Existe una voluntad por llegar a un acuerdo; aunque de forma tímida, las cosas se están moviendo en Europa. 
Recomiendo a la Presidencia irlandesa que se ande con cautela, ya que otro fracaso sería desastroso para la confianza del electorado europeo cuando acuda a votar en junio. 
Si los Jefes de Gobierno vuelven a meter la pata esta vez, será imposible convencer al electorado europeo del poder de Europa. 
A la luz de ello, es preferible esperar un poco más que no contar al final con ninguna Constitución. 
Quiero destacar una vez más que el texto debería beneficiar realmente a Europa. 
No produzcamos ningún otro documento insignificante, tal y como ocurrió en la reunión de Jefes de Gobierno de Niza en 2000. 
El proyecto de Constitución de la Convención Europea fue una buena noticia para Europa y sus ciudadanos. 
Garantiza una Europa más democrática, más comprensible y, sobre todo, más decisiva. 
Esta es la razón por la que deberíamos adherirnos al máximo posible a esas propuestas, sin desmerecer los derechos del Parlamento Europeo, sin recurrir a políticas secretas y sin pérdidas de transparencia. 
Deberá aceptarse la idea de un comisario por país, utilizarse el acuerdo sobre defensa de Nápoles y reforzarse la Europa social. 
Así pues, quiero instar a los Jefes de Gobierno a que elaboren un documento coherente y no uno que resulte insignificante. 
Opino que si no cabe esperar ninguna constitución, los Jefes de Gobierno abocarán a Europa a una crisis, se imposibilitará cualquier posibilidad de ampliación posterior y los problemas financieros devendrás insolubles. 
Este es un momento decisivo, para ellos y para Europa. 
La Presidencia irlandesa está trabajando de una forma que inspira mucha confianza en esta Cámara, y le deseo mucho éxito. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nuestro debate preparatorio de esta mañana me permite hacer una última intervención sobre la orientación política europea, actual y futura. 
Como europeo de siempre, me brinda la ocasión de decir con energía que los europeos están hartos, hoy, de una Europa esencialmente económica y financiera, que en nombre del gran mercado y de la competencia sacrifica demasiado a menudo el empleo e ignora los problemas cotidianos de los ciudadanos; así que me uno a ellos, los ciudadanos, para recordar esta mañana el sueño de los padres fundadores de Europa, el sueño de una Europa que se construye para la paz, la cultura, la diversidad, la seguridad social y una ciudadanía en libertad y democracia. 
Cincuenta años más tarde, vivimos en una Europa económicamente poderosa para algunos, es cierto, pero sin corazón, ni aliento, ni fe, y con demasiadas injusticias. 
En el momento de la llamada cumbre de primavera, en vísperas de la ampliación y de una nueva Conferencia Intergubernamental, y en un contexto presupuestario muy árido, quiero creer sin embargo que todavía estamos a tiempo de cambiar de rumbo. 
Tras quince años en el Parlamento Europeo, en los que he pasado de ser un europeo un tanto eufórico al principio, a ser un europeo más realista, más crítico e incluso preocupado después, quisiera emplear los dos minutos que me corresponden para lanzar este grito: «¡Cuidado, peligro! ». 
Si han sido necesarios cincuenta años para construir la Unión Europea que tenemos ahora, no es pequeño el riesgo de que el edificio de desplome un día por falta de apoyo ciudadano suficiente, de ambición social, de prioridad al empleo, de respeto de las diferencias nacionales y regionales y de una solidaridad real. 
Los más ricos, y no los más pobres, son los que deben pagar para los más desfavorecidos. 
Una Constitución europea no es un objetivo en sí mismo, solo tiene sentido si responde a las expectativas de los ciudadanos, cuyos elementos esenciales, desde mi punto de vista, he recordado esta mañana. 
– Sus palabras, señor Presidente en ejercicio del Consejo, y las del Vicepresidente de la Comisión me hacen creer que Irlanda se siente capaz de concluir un acuerdo sobre la Constitución presentada por la Convención. 
Estaremos encantados si Irlanda es capaz de lograrlo, no solo porque Irlanda es un país celta, como el mío, Galicia, sino porque también esto demostraría, una vez más, que se trata de uno de los países más proeuropeos de la Unión. 
Como diputado representante de una de las naciones sin Estado de Europa, que no está ni reconocida como tal, tengo mis reservas respecto al proyecto de Constitución surgido de las deficiencias en la política de cohesión y de las debilidades de la posición que hemos adoptado en torno a nuestro papel en la preservación de la paz en el mundo. 
Sin embargo, tengo confianza en la dirección que la Unión Europea ha tomado históricamente, que de forma inequívoca se ha mostrado a favor de la diversidad solidaria, y contraria al enfoque uniforme de los Estados jacobinos que hoy en día prevalece en el Estado del que soy ciudadano. 
Sería bueno, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que este Parlamento emitiera una declaración formal bajo la Presidencia irlandesa por la que se aprobara la Constitución. 
– Señor Presidente, la paz, la democracia, la libertad y la justicia social deberían ser, sin duda, las piedras angulares de la construcción europea, pero ¿cuál es el ideal del Consejo? 
¿Qué propone la Comisión? 
¿Qué hemos conseguido desde aquí, en el Parlamento? 
No gran cosa; todavía gozamos de paz, si dejamos de lado las guerras civiles que han estallado últimamente. 
En el ámbito de la democracia, hemos progresado poco. 
La Unión adolece, a mi juicio, de un problema de legitimidad enorme y los acontecimientos de los últimos meses parecen ser un síntoma de nuevos procesos de desintegración más que de integración. 
Esto es un peligro, pero también lo es, naturalmente, que nos refugiemos tras la ilusión de que el Parlamento es un espacio de libertad dentro de la estructura institucional. 
No deberíamos llamarnos a engaño, después de haber visto cómo lograron seducir los dirigentes de los partidos a los diputados supuestamente libres durante los debates sobre el Tratado de Niza. 
En esta Asamblea también sufrimos repetidamente los bloqueos provocados por los reflejos estalinistas del Grupo socialista, que a menudo se toma la libertad injustificada de presentarse como socialdemócrata. 
Todo esto tiene que cambiar, no solo aquí en el Parlamento, sino en todas partes y muy especialmente en el Consejo. 
Sin transparencia no puede haber democracia. 
– Señor Presidente, Señorías, la situación actual, tras el fracaso de la Cumbre de Bruselas, resulta más bien ridícula. 
En el debate constitucional, Francia y Alemania siguen insistiendo en la necesidad de que Europa dé un paso adelante, pero son justamente los países que han ignorado de manera persistente las reglas del juego comunes. 
Esta actitud tiene efectos nefastos, a mi juicio. 
En sí mismo, tampoco es tan grave que Jacques Chirac hable de un grupo de vanguardia y esboce la idea de una Europa de dos velocidades. 
El Acuerdo de Schengen y el euro ya establecieron el principio de las velocidades variables. 
Lo verdaderamente trágico es la fricción que se ha generado. Esto no contribuirá a hacer avanzar a Europa. 
Las perspectivas del proyecto de Tratado constitucional no han mejorado. 
Es muy posible que se corra el riesgo de que en las negociaciones sobre el presupuesto de la Unión se establezca algún tipo de vinculación entre la constitución y el marco financiero. 
Solo puedo advertir que conviene estar prevenidos. 
El contenido del proyecto de Tratado constitucional es una mezcla de buenas ideas que supondrían un progreso acompañadas, lamentablemente, de otros aspectos cuestionables, como los conflictos de autoridad que ya están servidos, por ejemplo en el ámbito de la política exterior, entre el futuro Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión y el Presidente del Consejo. 
Ya va siendo hora de que la Unión Europea se prepare para acoger a una Comunidad más amplia. 
Prohibir que los Jefes de Estado o de Gobierno debatan los asuntos constitucionales huele a absolutismo, a mi entender. 
Me niego a tratar a los Jefes de Gobierno como si fuesen los rebeldes insurgentes de Europa. 
Al mismo tiempo, no debemos permitir que olviden que ellos también enviaron a sus representantes a la Convención. 
Hago un llamamiento al pragmatismo político: hay que preservar lo conseguido. 
– Señor Presidente, Señorías, cuando nos reunimos con nuestros conciudadanos para hablar de Europa, ¿qué nos dicen? 
¿Sobre qué nos preguntan? 
Nos preguntan sobre todo por el papel de la Unión Europea. 
¿Qué hace? 
¿Quién la dirige y cómo? 
Nos piden claridad en la toma de decisiones, precisión y transparencia en el reparto de competencias. 
Quieren poder identificar mejor a la Unión Europea y a sus protagonistas. Desean también una Europa más cercana, más preocupada por el futuro de los ciudadanos. 
La Convención ha dibujado los contornos de este rostro de la nueva Europa; ha modelado el cuerpo de la Unión Europea precisando sus competencias, personalizando la toma de decisiones. 
Ha creado las articulaciones indispensables para que nuestro proyecto político pueda avanzar. 
El proyecto de Constitución de la Convención presidida por el Presidente Giscard d ' Estaing es bueno, y creo que hay que decirlo y repetirlo. 
Es el mejor compromiso, porque más que combinar las instituciones nacionales propone una estructura totalmente nueva, que incrementa la eficacia y la claridad y se inscribe en el pensamiento moderno. 
Lamento que el pasado mes de diciembre triunfaran la introversión, los intereses particulares, los egoísmos de los Estados nacionales. 
¿Qué lugar ocupa el ciudadano europeo en esta mascarada? 
Ante todo, y ya lo había dicho el Parlamento, la Conferencia Intergubernamental es un fenómeno del pasado. 
La Convención, órgano original, ha superado el desafío. Ha demostrado incluso que el método intergubernamental no se ajusta ya a las necesidades de la vida moderna de la UE. 
El funcionamiento de la CIG es el reflejo de una ambición pasada que ya no deja espacio a los verdaderos propósitos europeos, los que nos dan una visión del futuro. 
La UE cambia de naturaleza delante de nuestros ojos. 
Los debates entre quienes privilegian lo intergubernamental, por un lado, y los partidarios del federalismo, por otro, no obedecen ya a la realidad de la UE. 
Este proyecto de Constitución es portador de realismo y modernidad porque supera las discrepancias del pasado que no nos dejan impulsar en el presente el proyecto europeo. 
Otorga más poder a los ciudadanos europeos. 
Permítanme concluir diciendo que frente a este bloqueo, el Parlamento se mantendrá firme y vigilante para que nos dotemos de una Constitución moderna que capacite a Europa para actuar, que la haga visible y le dé credibilidad. 
Deseo buena suerte a la Presidencia irlandesa. 
– Señor Presidente, la Europa unificada, de 25, 27 ó 30 Estados, no va a poder funcionar con un sistema institucional creado para una Unión de seis o quince Estados miembros. 
Si no se adopta el Tratado constitucional, se corre el riesgo de dar paso, en el mejor de los casos, a una Europa débil y limitada, incapaz de actuar en el plano político y de desempeñar un papel protagonista en la escena internacional y, en el peor de los casos, a un colapso político de la Unión, es decir, a un peligroso retroceso con respecto a los progresos significativos realizados en los últimos años. 
Por esto, tengo el convencimiento de que es necesario apoyar la actuación, discreta pero eficaz, del Gobierno irlandés. 
Desde luego, es preciso actuar con rapidez y firmar el Tratado antes de las elecciones al Parlamento Europeo, pero es absolutamente imprescindible que las cosas también se hagan bien, como manifestó ayer el Sr. Giscard d ' Estaing a la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
En suma, no podemos aceptar compromisos a la baja que desvirtúen el precioso trabajo de la Convención. 
Es acertado reanudar el proceso sobre la base de los resultados conseguidos por la Presidencia italiana, que en cualquier caso logró obtener el consenso de todos los países implicados sobre el 90% del texto propuesto. 
Ahora falta hacer un esfuerzo adicional para superar obstáculos, relacionados sobre todo con el voto por mayoría cualificada. 
No se trata, sin embargo, de una cuestión puramente formal o técnica: el verdadero problema que hay que superar reside en el egoísmo de algunos, que es preciso resolver en cualquier caso. 
Es necesario discutir esta cuestión, pero si queremos una Europa políticamente fuerte y que ejerza un liderazgo en la iniciativa a favor de la paz, habrá que superar ese egoísmo. 
Una última observación, señor Presidente en ejercicio del Consejo: no deberíamos olvidarnos de incluir en el preámbulo una referencia clara a las raíces judeocristianas de Europa. 
No es posible plantearse la construcción de una gran casa para 500 millones de ciudadanos si se olvidan los cimientos sobre los que debe apoyarse nuestra casa común. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, permítanme que enlace con las observaciones finales del Sr. Tajani. 
Señor Presidente en ejercicio, ayer le hice entrega de más de diez mil firmas de personas de mi circunscripción que solicitan que en el preámbulo del Tratado se incluya una referencia al legado cristiano de Europa. 
Con toda sinceridad, un edificio que no se apoye sobre unos cimientos sólidos está condenado a derrumbarse. 
No debemos construir Europa sobre cimientos endebles, sino sobre el fundamento común incorporado en el legado de nuestro continente. 
Los habitantes de mi circunscripción confían mucho en la Presidencia irlandesa y en que todavía tenga usted la posibilidad de presentar propuestas para que se incluya dicha referencia en el preámbulo. 
También quisiera decir algunas palabras sobre la competitividad de la Unión Europea, puesto que es un tema que va a ser objeto de especial atención en la Cumbre de primavera, y en particular quisiera dirigir un llamamiento a la Comisión. 
No basta con organizar una Cumbre sobre la competitividad una vez al año y luego dar por cerrado el tema, cuando durante todo el año nos inundan con propuestas que pueden reducir la competitividad de Europa, entre las cuales cabe citar a título de mero ejemplo la propuesta legislativa y política sobre las sustancias químicas. 
Se trata de una propuesta encaminada a desindustrializar a Europa. 
La Comisión no puede dejar de comprenderlo. 
Retírenla y contribuirán a mejorar la competitividad de Europa. 
Otro tanto puede decirse de las restricciones a la publicidad. 
Podría citar también muchas otras directivas. 
Por mi parte, sugeriría que la Comisión declare su voluntad de retirar las diez peores propuestas de directiva. 
Esto mejoraría enormemente la competitividad de Europa. 
Quisiera plantear, además, una segunda cuestión, concretamente, que los Estados miembros deberían respetar los compromisos contraídos. 
En mi propio país, el Gobierno no ha dado durante años ningún paso para liberalizar el mercado de trabajo y crear una economía más competitiva, a pesar de que se le viene diciendo desde hace tiempo lo que debe hacer. 
También en este aspecto es necesario reflexionar sobre las posibles maneras de ejercer un control más riguroso, que garantice que los Estados miembros cumplan efectivamente sus obligaciones. 
Cuando así sea, conseguiremos el crecimiento y el empleo en toda Europa. 
– Señor Presidente, Señorías, por lo que respecta a la constitución, quiero manifestar que apoyo todas y cada una de las frases de las intervenciones de los Sres. Voggenhuber y Brok. 
Quienes intentan apartarse del proyecto elaborado por la Convención están desairando a sus propios representantes y menospreciando a los diputados de los Parlamentos nacionales y, por consiguiente, a la población de sus países. 
Ochenta y cuatro de los ciento cinco participantes en la Convención eran representantes de los Parlamentos nacionales y de los Jefes de Gobierno, lo cual demuestra la estrecha participación de los Estados miembros en los procesos de consulta y decisión de la Unión Europea. 
Queremos una constitución, la necesitamos, y exigimos que se alcance un acuerdo antes del 1 de mayo. 
El objetivo de la Cumbre de primavera no es solo ratificar rotundamente cada año que la Declaración de Lisboa mantiene su vigencia, a pesar de la falta de compromiso y de voluntad política para aplicar sus disposiciones. 
Dicho compromiso y dicha voluntad brillan por su ausencia en los Gobiernos nacionales, que cuentan con los instrumentos necesarios, pero también en la Comisión, cuya labor de preparación y seguimiento de la Cumbre de primavera resulta insuficiente o insatisfactoria. 
La Cumbre no se debe convertir en mera cháchara. 
Tiene que aportar respuestas claras a las preguntas de la población con respecto al crecimiento y el empleo, y a la cohesión social. 
Por esto, pido un pacto concreto de innovación e inversión destinado a impulsar la competitividad, el crecimiento y la cohesión social. 
Un pacto que debería establecer exactamente quién debe hacer cada cosa, qué metas debe conseguir y dentro de qué plazos. 
Espero que la Comisión adopte dicho pacto, junto con los proyectos aprobados, como fundamento de la política que constituye el trasfondo de su planificación financiera. 
Necesitamos una discusión pública, un debate público, sobre el nivel de cumplimiento del citado pacto de innovación e inversión, a semejanza del debate sobre el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
El incumplimiento de este último obstaculiza los esfuerzos para alcanzar los objetivos de Lisboa y los países informales –Francia y Alemania, junto con Bélgica– también son los que llevan mayor retraso en la transposición de las Directivas relativas al mercado único. 
Por lo tanto, no contrapongamos lo uno a lo otro y hagamos lo que tenemos que hacer. 
– Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, quisiera felicitar a la Presidencia irlandesa por la labor que ha realizado al retomar el hilo de una CIG interrumpida el pasado mes de diciembre por falta de verdadera voluntad política de concluir la reforma institucional de la UE, que sin embargo es crucial para el buen funcionamiento de Europa en los próximos años. 
Hablando en hombre de la delegación francesa del Grupo del Partido Popular Europeo (Dempócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, y uniéndome a la gran mayoría de mis colegas diputados al Parlamento Europeo, a quienes ustedes ya han oído, pido al próximo Consejo Europeo de Bruselas que demuestre la determinación política necesaria para superar unas dificultades que, si son importantes, siguen siendo accesorias frente al verdadero reto: hacer de la reunificación de nuestro continente un éxito político, económico y social. 
El proyecto de Constitución, tal como fue propuesto por la Convención europea, cuyo excepcional éxito comprendemos hoy a la luz de las dificultades de la CIG, debe ser adoptado lo antes posible. 
Es el mensaje que dirigimos a la Presidencia irlandesa. 
Además, el objetivo de Lisboa, ambicioso pero realista, pasa por la adopción de políticas voluntaristas que nos permitan competir con nuestros socios comerciales, los Estados Unidos y Japón en primer lugar, en los ámbitos estratégicos de la investigación y el desarrollo, de la educación y de la formación a lo largo de toda la vida. 
Emprendamos estas necesarias reformas y superemos nuestras estériles divisiones para hacer de Europa un éxito en todos los frentes. 
Los ciudadanos que están llamados a elegir a los diputados al Parlamento Europeo el próximo mes de junio esperan de la Unión Europea más de lo que se suele decir. 
Cuentan con nosotros para vivir en armonía más allá de las fronteras, para trabajar libremente y tanto como quieran, y para no ser acosados con formalidades e impuestos inútiles. 
El Consejo Europeo de primavera no es desde luego el final de la historia europea, pero podría ser una fecha clave para la adopción rápida de una Constitución y la institución de los dispositivos económicos y comerciales indispensables para que Europa se sitúe por fin en la senda del crecimiento. 
– Señor Presidente, al buscar soluciones para las reformas institucionales de la Unión y los problemas que ha provocado el fracaso de la Conferencia Intergubernamental, es preciso tener en mente el mercado interior y el mantenimiento y mejora de la competitividad de nuestra economía. 
La transposición a escala nacional de la legislación relativa al mercado interior es un requisito ineludible para alcanzar los objetivos de Lisboa. 
Una transposición más deficiente provocará la fragmentación de los mercados y corroerá las ventajas del mercado interior. 
No podemos limitarnos a denunciar la inercia de los Estados miembros en lo que respecta a la transposición de los objetivos de Lisboa. 
Es necesario mejorar la eficacia de la labor del Consejo de Competitividad y que este vuelva a plantearse una pregunta fundamental: ¿cómo repercutirá cada propuesta legislativa en la competitividad de la Unión? 
También ha llegado la hora de hacer limpieza en la Comisión. 
Los Comisarios están muy divididos actualmente en relación con sus directivas. 
La elaboración del paquete relativo a las sustancias químicas fue un buen ejemplo de ello. 
La competitividad de la Unión Europea no mejorará con normas como esa. 
Al contrario, se verá seriamente amenazada. 
En otoño se debe crear en la Comisión una cartera de comisario responsable del Consejo de Competitividad, con la tarea específica de completar los objetivos de Lisboa y coordinar y armonizar el trabajo de los Comisarios de Industria, de Medio Ambiente y de Empleo. 
La competitividad y una Europa saludable no son un anhelo utópico. 
No requieren nuevos remedios mágicos. La medicación ya existe. 
Se descubrió en Lisboa, en la primavera de 2000. 
Solo falta que los países cumplan lo que dijeron que harían. 
– Señor Presidente, quiero expresar mi admiración por la intervención elegante y algo burlona del Sr. Roche respecto de si realmente se han movido las cuestiones de la CIG. 
Nos hemos enterado del posible cambio de posición de los Gobiernos español y polaco, y hemos recibido informes similares sobre el Gobierno alemán. 
La prensa británica afirma ahora que el Sr. Blair y el Sr. Berlusconi escriben cartas conjuntas – ¡eso sí que es amistad! – y ahora nos enteramos de que el Sr. Blair viaja mañana a Dublín para mantener conversaciones con el Taoiseach. 
Como el Sr. Napolitano ha afirmado antes en el debate, resulta muy frustrante y poco claro para todos los que estamos fuera. 
Todo esto subraya la importancia de reafirmar la exigencia de legitimidad democrática, cosa que el Vicepresidente Kinnock ha reconocido en su intervención. 
Creo que puede producirse a través de un referendo. 
El Sr. Barón Crespo nos ha dicho que el 51% de los ciudadanos británicos desean esta Constitución. 
Lo dudo, pero a diferencia de sus aliados laboristas, me complace que esta cuestión se demuestre en un referendo. 
Señor Presidente, puedo decirle que más del 80% de los ciudadanos de mi país están de acuerdo. 
– Señor Presidente, entre los temas del orden del día del próximo Consejo figuran la Estrategia de Lisboa, las perspectivas financieras de la Unión y la reanudación del proceso constitucional. 
Voy a limitar mis observaciones a este último tema, que me parece fundamental. 
El Parlamento ha sido el puntal de la política federalista, como ha reconocido el Presidente en ejercicio, cuya prudencia y perseverancia hemos vuelto a agradecer hoy. 
También compartimos sus preocupaciones: el tiempo actúa en contra del Tratado constitucional. 
En realidad, nos encontramos en un momento histórico decisivo y no solo porque la reunificación de Europa hace a la vez más difícil y más necesaria una carta constitucional, sino también porque en el próximo Parlamento va a tener lugar un cambio generacional significativo en los Grupos parlamentarios que crearon la Comunidad Europea. 
El futuro de Europa se vería amenazado si la Conferencia Intergubernamental quedase paralizada en un punto muerto y otro fracaso, en vez de acabar con el déficit democrático, aumentaría el riesgo de convertirnos en una democracia sin votantes, amenazada por el populismo. 
También constituiría una señal negativa en lo que respecta al objetivo de mejorar la competitividad de la economía europea, puesto que este requiere una mayor integración económica, una mayor cohesión social y más transparencia democrática. 
Aun así, estamos de acuerdo con el Sr. Kinnock: más vale no tener Constitución, que tener un Tratado que no esté a la altura de la propuesta de la Convención. 
Por lo tanto, instamos al Consejo a que con sus decisiones reavive el entusiasmo a favor de una Europa más democrática, unida en su diversidad y capaz de tener una política exterior y de defensa común. 
. – Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los diputados que han participado en este debate. 
Comenzaré con la Estrategia de Lisboa: la mayor parte del debate se ha centrado en la CIG, y retomaré esta cuestión más tarde. 
El Sr. Watson ha establecido un vínculo muy interesante entre las perspectivas futuras de Europa y la nueva Constitución. 
Ha sugerido que deberíamos avanzar conjuntamente en ambos casos. 
Tiene razón. 
Asimismo, el Sr. Watson y el Sr. Collins han dejado muy clara la importancia de la Estrategia de Lisboa y la necesidad de mantener Lisboa en un primer plano. 
De nuevo, están en lo cierto. 
La Sra. Sudre ha hecho una observación muy interesante sobre la importancia de la estrategia de cara al futuro. 
El Consejo Europeo de Primavera y la Estrategia de Lisboa son prioridades clave de la Presidencia irlandesa, y esperamos el éxito de un debate centrado en las cuestiones esenciales del futuro desarrollo económico, social y medioambiental de la Unión. 
Resulta interesante que muchas de las cuestiones fundamentales planteadas durante el debate sean las mismas que hemos indicado en nuestra preparación y en las que hemos decidido centrarnos. 
Nuestra estrategia ha sido limitar el número de ámbitos, y centrarnos en ellos para avanzar. 
Me han intrigado todos los comentarios hechos sobre la Conferencia Intergubernamental y el Tratado Constitucional. 
Las opiniones de la gran mayoría de esta Cámara confirman la urgencia de la tarea que nos ocupa. 
El Sr. Duff me ha llamado amablemente la atención sobre una propuesta que se está elaborando para someterla a la Cámara. 
Como nos ha recordado el Sr. Barón Crespo, la reciente encuesta del Eurobarómetro demuestra que los ciudadanos de Europa desean un Tratado Constitucional. 
Es una encuesta muy significativa. 
Quiero señalar que hay distintos niveles de apoyo al Tratado Constitucional, pero el hecho de que los ciudadanos deseen un Tratado Constitucional debería prevalecer en todas nuestras consideraciones. 
Mi buen amigo y colega de la Convención, el Sr. Voggenhuber, puede estar seguro de que recuerdo bien el día en que brindamos en la Convención, escuchamos el Himno a la Alegría y firmamos una gran postal. 
Tengo que decir que no reconozco la descripción negativa que el Sr. Bonde, otro buen amigo, ha hecho de la Constitución. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Doyle en que esta Constitución no prepara el camino para un superestado. 
Como ya he mencionado, hoy no estoy en condiciones de abordar las cuestiones en mayor profundidad. 
Entiendo perfectamente la frustración de los diputados. Sin embargo, los diputados también entenderán que las negociaciones están en una fase en la que resulta imposible entrar en más detalle. 
Hemos iniciado conversaciones en confianza con Estados miembros. 
Entendemos que las personas pertenecen a diferentes Estados y tienen puntos de vista diferentes. 
El trabajo de la Presidencia es intentar crear un espacio en el que las personas puedan reunirse a negociar y conciliar puntos de vista. 
Por lo tanto, entiendo la frustración ante la falta de detalles, y confirmo que la Presidencia está ansiosa por aprovechar todas las oportunidades. 
Las actitudes han cambiado recientemente. 
El análisis del Sr. Poettering, por ejemplo, ha resultado muy interesante y está en lo cierto al afirmar que es sumamente importante mantener el impulso. 
Sería desastroso que se perdiera este impulso. 
El Sr. Brok también está en lo cierto. 
Todos dicen que desean una Constitución, pero una de las frustraciones de estar en la Presidencia es que todos dicen que desean el éxito, pero siempre añaden un «pero». 
El Sr. Van den Berg también ha hecho una observación muy interesante. 
Ha dicho que la Presidencia ha de tener en cuenta que el fracaso de una segunda cita sería un desastre. 
Está en lo cierto, y tenemos que sopesar todas estas cuestiones mientras avanzamos. 
Algunos diputados –en particular el Sr. Napoletano– han hecho una observación detallada. 
Ha hablado conmigo en más de una ocasión sobre las cuestiones pendientes. 
Desde un punto de vista institucional quedan cuestiones por resolver, incluidas las cuestiones sobre la representación en el Parlamento, la votación en el Consejo y la composición de la Comisión, mientras que se han hecho sugerencias detalladas en relación con el Ministro de Asuntos Exteriores de la UE y la Presidencia del Consejo de Ministros. 
Desde un punto de vista no institucional, existen enfoques diferentes respecto del alcance del voto por mayoría cualificada en el Consejo. 
No estoy diciendo nada nuevo, pero estas son las cuestiones. 
Tendremos que conseguir un equilibrio general para alcanzar un acuerdo. 
Ahora trataré algunas cuestiones específicas. 
En respuesta a una serie de consultas respecto de los derechos de voto, la opinión de la Presidencia al respecto ha quedado muy clara. 
El Taoiseach ha dicho que una solución basada en la doble mayoría tiene más posibilidades de conseguir un acuerdo general. 
De hecho, está claro que la decisión sobre los derechos de voto se hará de este modo. 
Sigue habiendo puntos de vista diferentes respecto de la forma en que se calculará la doble mayoría. 
Sin embargo, resulta interesante y curioso –y algunos diputados han hecho referencia a esto– que estemos hablando de un sistema de doble mayoría. 
Respecto de la Comisión, la opinión generalizada es que necesitamos una Comisión sólida y eficaz. 
Asimismo, necesitamos encontrar un equilibrio adecuado entre la igualdad, los requisitos igualmente válidos para que la Comisión sea eficaz y para que tenga algún tipo de visión figurativa. 
Cualquier acuerdo deberá tener en cuenta estas consideraciones, y no resultará difícil conjugar las diferentes necesidades. 
Asimismo, el Sr. Barón Crespo y otros oradores han mencionado la cuestión del presupuesto. 
Respecto del presupuesto, creo que el enfoque equilibrado es el que tiene más probabilidades de garantizar un acuerdo. 
La Presidencia italiana hizo una propuesta en diciembre, basada en la que presentó la Convención y en las discusiones que mantuvo con los socios en la CIG. 
Hemos seguido estudiando la cuestión en recientes consultas, incluidas las del Parlamento, y existe un consenso en que los procedimientos presupuestarios tienen que respetar el equilibrio institucional general. 
En conclusión, el debate de hoy ha sido muy satisfactorio. Tengo que decir que ha sido alentador y que estoy muy agradecido a los diputados por sus alentadoras palabras y su estímulo. 
Los diputados que han hablado conmigo de forma individual conocen mis preocupaciones a este respecto, y conocen la ambición de la Presidencia irlandesa por avanzar, si es que podemos avanzar. 
He tomado nota de las observaciones que se han hecho. 
Espero que el resultado del Consejo Europeo de los días 25 y 26 de marzo sea un éxito. 
El comisario Kinnock ha afirmado que la CIG constituye el primer paso. 
Otros oradores también lo han mencionado. 
Esto es verdad. 
El primer paso es un acuerdo entre los Gobiernos de los Estados miembros y el paso siguiente serán los diferentes y múltiples procesos de ratificación. 
Esto me lleva al inicio de mi intervención: un retraso no ayudará al proceso de ratificación. 
El tiempo no está de nuestra parte, tenemos que alcanzar un acuerdo lo antes posible, y la Presidencia irlandesa así lo ambiciona. 
. – Señor Presidente, quiero añadir algunos comentarios a las observaciones del Sr. Roche en este interesante debate. 
Quizás sea mejor que comience dando las gracias al Sr. Brok por recordar a la Cámara la realidad básica de que en la Europa moderna existen divisiones en torno a diversas cuestiones y no –contrariamente a lo que se afirma en algunos sectores de la política y de la prensa– entre los países grandes y los pequeños. 
Se trata de un punto fundamental, y entenderlo significa entender que la Unión es la inclusión equitativa y los derechos representativos de los países grandes, medianos y pequeños y que esto convierte a la Unión en un éxito con 50 años de vida, estable y en desarrollo, en lugar de siglos de diplomacia pomposa por parte de grandes Gobiernos que acabó repetidamente en guerras terribles y mucho dolor. 
En una ocasión como esta tenemos que recordar estas cuestiones básicas, tal y como ha hecho el Sr. Brok. 
En segundo lugar, se han hecho referencias interesantes a la estrategia de Lisboa, que fue acordada de forma unánime por los Estados miembros para asegurar la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo en el año 2010. 
Nunca ha habido una aspiración más sincera. 
Es interesante tener en cuenta lo que han dicho al respecto el Sr. Wurtz, el Sr. Collins, el Sr. Ferber, el Sr. Karas y la Sra. Doyle. 
Puesto que todos estamos comprometidos en el apoyo a la estrategia de Lisboa –quizá con diferentes grados de entusiasmo–, no conseguiremos dicha economía basada en el conocimiento, dinámica y competitiva si vacilamos respecto del desarrollo del mercado único, o mantenemos falsas economías con una escasa inversión de los sectores público y privado, o fijamos un tope en las perspectivas financieras que impide que la Unión Europea se involucre en la investigación y desarrollo, el desarrollo regional y los esfuerzos por combatir la pobreza y el subdesarrollo en todo el mundo. 
Quiero hacer un rápido comentario sobre las observaciones del Sr. Poettering y del Sr. Barón Crespo en torno al hecho de que en el futuro sería aconsejable tener en cuenta los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo a la hora de designar al Presidente de la Comisión. 
Nadie que se considere democrático puede volver la espalda a esta idea, pero es necesario ser precavidos porque, si diéramos la impresión de que la designación viene determinada por razones partidistas, esto resonaría durante cinco años en el Parlamento, en la Comisión, en el Consejo y más allá. 
Las consecuencias serían divisorias, desestabilizadoras y desfavorables para la Unión. 
Esta posibilidad haría un flaco favor a la responsabilidad democrática real y a la legitimidad, y estoy seguro de que los que están a favor de tener cuenta el resultado de las elecciones no están defendiendo una predeterminación partidista del alineamiento político del Presidente de la Comisión. 
Quiero mencionar lo que considero la curiosidad del debate. 
Ha sido una observación del Sr. Bonde, quien ha instado a la Presidencia a usar el Consejo Europeo de Bruselas para exigir un proceso de toma de decisiones nacional sobre la Constitución. 
Resulta un comentario un tanto paradójico por parte de un diputado a quien considero un apóstol de la fragmentación europea, especialmente porque, si se siguiera su consejo, constituiría el mayor acto de centralización en la historia de la Unión. 
Estoy seguro de que me perdonará si digo, en calidad de gran entusiasta de la subsidiariedad, que no estoy de acuerdo con su propuesta. 
No puedo evitar hacer una última observación, que no sorprenderá al Sr. Evans. 
En modo alguno he abandonado la defensa de la legitimidad democrática. 
Estoy seguro de que el Sr. Evans reconocerá que para mí es una creencia fundamental. 
Al tener una opinión totalmente desapasionada de los asuntos internos del Reino Unido, como corresponde a un Comisario, discrepo con él respecto de la convocatoria de un referendo sobre la Constitución por una sencilla razón. 
Según tengo entendido, en el Reino Unido se convocan referendos cuando se hace una propuesta de cambio del sistema de gobierno que implique una delegación de poderes o la decisión de tener alcaldes electos, o en relación con cuestiones de este tipo. 
La Constitución propuesta no cambia el sistema de gobierno del Reino Unido. 
Asimismo, les recuerdo que el único precedente de convocatoria de un referendo por parte del partido que representa el Sr. Evans es el de la espinosa cuestión de la apertura de los bares en Gales los domingos. 
Para el Sr. Evans y para mí se trata de una cuestión fundamental de derechos democráticos y de gobernanza, pero no puede compararse con la Constitución europea. 
– Doy las gracias al Comisario por esta visión tan desapasionada, y estoy seguro que también la mantuvo respecto de la apertura de los bares en Gales los domingos. 
– Señor Presidente, aunque el Comisario Kinnock sea bienvenido en esta Cámara, pido una explicación satisfactoria de la ausencia del Comisario Prodi esta mañana. 
. – Señor Presidente, he dicho antes que el Sr. Prodi no puede estar presente esta mañana por tener otros compromisos de trabajo. 
Como sin duda todos ustedes reconocerán, muestra siempre un ávido interés por los importantes asuntos que se tratan en esta Cámara, y creo que es suficiente que el Presidente de la Comisión pueda decir de forma legítima y honesta que tiene preocupaciones propias de su cargo que, por cuestiones de calendario, había que priorizar incluso por encima de los debates de esta Cámara en el día de hoy. 
Espero que la Cámara acepte esta explicación sin necesidad de que yo tenga que leer la agenda del Presidente. 
– He recibido cuatro propuestas de resolución (1) , presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, a estas alturas, a solo unas pocas semanas del 1 de mayo, la fecha fijada para la ampliación de la Unión Europea, parece de justicia recordar que los diez países en vías de adhesión han realizado esfuerzos ingentes durante el último decenio para prepararse para ese día. 
Se han esforzado mucho más –con profundas consecuencias para sus poblaciones– que nosotros, en la Unión Europea, para preparar la ampliación, como acaba de demostrar el debate anterior. 
Espero que la cuestión de Chipre también se resuelva a tiempo para poder acoger a un Chipre unificado el 1 de mayo. 
Al mismo tiempo, ya que se trata del último informe de estas características, tengo que manifestar que los autores de los informes por países de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa han cumplido su tarea con gran responsabilidad y compromiso durante los últimos años y, en mi calidad de presidente de dicha comisión, quiero aprovechar la oportunidad para dejar constancia de mi agradecimiento. 
El primero de mayo va a entrar en vigor en los nuevos Estados miembros el acervo comunitario, el cuerpo de normas y prácticas comunitarias establecidas, tal como queda definido en los Tratados de adhesión. 
Esto significa que en adelante tampoco deberá haber discriminación en uno u otro sentido y que continuaremos concediendo una gran importancia al cumplimiento de dicho acervo. 
Estamos seguros de que la Comisión va a adoptar una posición parecida, en su calidad de guardiana de los Tratados. 
No obstante, todavía subsisten insuficiencias en lo que respecta al cumplimiento. 
No lo decimos como una crítica sino, para contribuir a una mayor sensibilización al respecto y a abrir un campo para una acción política que permita acabar con dichas insuficiencias. 
Debemos tener presente que dichos países han tenido que llevar a cabo una transformación total de sus sistemas políticos, económicos y sociales, y realizar la transición del centralismo comunista a una forma de gobierno más regionalizada. 
Es evidente que todo esto no se puede conseguir de la noche a la mañana. 
Algo parecido sucede con el sistema judicial, pero estas deficiencias tienen consecuencias: el aparato administrativo no va ser capaz de formular las estrategias regionales necesarias para acceder a los Fondos estructurales de la Unión si no funciona de manera adecuada. 
Una situación parecida se da en el caso de los departamentos gubernamentales responsables de la agricultura y de otros ámbitos de actividad. 
Por consiguiente, a los países en vías de adhesión les interesa mejorar su actuación en esos aspectos. 
Es necesario, por lo tanto, que prosigan los esfuerzos con vistas al «último otoño» , como lo denomina la Comisión en su informe. 
También debemos tener presente que un sistema judicial que no funcione conlleva una inseguridad jurídica en algunos ámbitos de la actividad regional, por ejemplo. 
La inseguridad jurídica actúa invariablemente como una barrera para la inversión. 
Es esencial crear seguridad jurídica también en esos ámbitos. 
No se trata únicamente de hacer posible el ejercicio de los derechos individuales, sino que ello también afecta al desarrollo económico de determinadas regiones. 
También se valora este aspecto y ambos factores sumados son significativos para la lucha contra la corrupción. 
En mi país, Alemania, existe corrupción, como hemos oído hoy, y también la hay en el fútbol. 
No obstante, tenemos que asegurarnos de que este cáncer, que existe en todas partes con una intensidad variable, no arraigue en la Unión Europea y ponga en peligro nuestras perspectivas generales de desarrollo. 
Otro aspecto que es preciso discutir es el problema de los derechos de las minorías, que no están regulados del mismo modo en todas partes. 
Es necesario abordar, por ejemplo, el tema de la situación de los gitanos en algunos países y esperamos ver progresos prácticos en este ámbito. 
Al mismo tiempo, también deberíamos reconocer que los Estados bálticos han realizado arduos esfuerzos en relación con sus minorías en el presente contexto histórico y que la situación de dichas minorías no puede ser un motivo para no firmar o no ratificar los Tratados fronterizos con dichos países. 
Instamos, por lo tanto, a Rusia a que actúe con celeridad a fin de que también quede aclarada esta cuestión. 
Nos gustaría tener la seguridad de que los Acuerdos de colaboración y de cooperación se van a aplicar en toda la Unión Europea. 
El principio de no renegociación debe ser válido para todos. 
Tampoco se pueden reclamar compensaciones por la ampliación de la Unión Europea. 
Al contrario, tenemos que construir puentes sobre las nuevas fronteras de la Unión Europea y debemos allanar el camino para que las normas de Schengen puedan empezar a aplicarse allí lo más pronto posible, con el fin de garantizar la seguridad interior y posibilitar, así, la apertura de las fronteras interiores. 
Esta configuración constituye sin duda uno de los problemas más arduos que tenemos que resolver. 
Señor Presidente, a modo de conclusión, quiero manifestar –y creo poder hablar en nombre de toda la Asamblea– que esperamos con ilusión el primero de mayo y la adhesión de nuestros nuevos socios. 
– En nombre del Parlamento, señor Brok, quisiera agradecerle a usted y a los demás ponentes el trabajo realizado por su comisión al conducir esta cuestión de modo tan coherente durante todo el mandato y al llevarla ahora a una conclusión satisfactoria. 
. –Señor Presidente, en la última década hemos sido testigos de la enorme transformación de Bulgaria, que ha salido de un pasado comunista para encaminarse ahora a la adhesión a la Unión Europea en 2007. 
El cambio es verdaderamente notable. 
Por lo tanto, mi informe es muy optimista. 
No veo por qué razón las negociaciones de adhesión no deberían concluirse durante el verano, antes del final de la Presidencia irlandesa y antes del final del mandato de la actual Comisión. 
Esta sería una señal muy importante para los ciudadanos de Bulgaria, y un recordatorio de que no se les olvida en un momento en el que otros diez países acabarán de ingresar en la Unión Europea. 
Esto significa que la Comisión y el Consejo deben ultimar rápidamente la posición de la UE respecto a los cuatro capítulos restantes: competencia, política regional, agricultura y presupuesto. 
El proyecto de paquete financiero propuesto por la Comisión el 10 de febrero –unos 4 200 millones de euros durante un período de tres años– proporciona una base excelente para la fase final de las negociaciones. 
De hecho, si se mide en porcentaje del PIB per cápita, este paquete puede considerarse entre los más generosos que se han ofrecido a un país candidato, aunque esto debe verse en perspectiva, puesto que el PIB per cápita búlgaro es bajo. 
Puede que el paquete financiero necesite adaptarse a la luz de los cambios ocurridos en la perspectiva financiera general, y me tranquiliza que la Comisión haya reconocido que la cooperación con el Parlamento, uno de los brazos de la autoridad presupuestaria de la Unión, tendrá que intensificarse en los próximos tres años. 
El proceso de adhesión de Bulgaria ha estado caracterizado hasta la fecha por el compromiso y la buena fe entre todas las partes y una determinación compartida por cumplir los muchos plazos previstos. 
Los indicadores macroeconómicos han sido muy positivos en Bulgaria. 
Hemos sido testigos del crecimiento del PIB en casi un 5%, del descenso significativo de la tasa de inflación, de un fortalecimiento de la inversión extranjera y de un recorte importante de los niveles de desempleo. 
Llevará tiempo hasta que los efectos de estas mejoras se sientan en amplios sectores de la población, especialmente en las regiones de fuera de Sofía, pero podemos esperar que el empuje adquiera ritmo a medida que la adhesión se acerque y crezca la confianza en la transformación política y económica de Bulgaria. 
La confianza es un factor clave. 
Por lo tanto, es sumamente importante que el progreso y la adhesión de Bulgaria no se vean vinculadas o frenadas de ninguna manera por cualquier otro país candidato. 
Como mi informe indica claramente, Bulgaria forma parte del actual proceso de ampliación integrador e irreversible que se basa en el principio de los méritos propios. 
Me agradó oír al Sr. Verheugen decir en el Parlamento el pasado noviembre, y cito: «Un país, Bulgaria, no debe esperar a otro, Rumania. 
Y esto también lo hemos garantizado.» 
El proceso de adhesión de otros países candidatos, o, de hecho, la incorporación de nuevos países al proceso de adhesión, no debería repercutir en los plazos previstos para Bulgaria y en la evaluación de su progreso. 
Pero a pesar de este progreso, Bulgaria todavía tiene que superar muchos problemas específicos. 
Y estos están en gran medida en manos de las autoridades búlgaras, aunque nosotros también podemos ayudar. 
Para situar esto en su contexto, sabemos que muchos de los países que van a adherirse a la UE en mayo todavía tienen muchos problemas que resolver. 
Pero en el caso de Bulgaria, he subrayado en especial la cuestión de la comunidad gitana. 
No quiero sacar esto de contexto. 
Muchos otros sectores de la sociedad búlgara tienen dificultades, pero la cuestión gitana es importante, no solo para la estabilidad y prosperidad de Bulgaria, sino también por su repercusión potencial en otros países de la Unión Europea, entre ellos el mío, cuando Bulgaria sea miembro de pleno derecho. 
La integración plena y adecuada de la comunidad gitana en la sociedad búlgara requiere un cambio por ambas partes. 
La comunidad gitana necesita comprensión y el despliegue de recursos masivos a fin de proporcionarles las necesidades esenciales de la vida, educación y oportunidades de empleo, pero del mismo modo ellos tienen que cambiar su estilo de vida. 
Tiene que haber voluntad de integración y de adoptar prácticas familiares y otras actitudes sociales que den confianza al resto de la población búlgara. 
Es preocupante que un elevado porcentaje de los niños acogidos en centros de atención o en instituciones en Bulgaria provengan de la comunidad gitana. 
Hay algo que va básicamente mal a este respecto, y esta cuestión hay que abordarla con verdadera decisión. 
Muchos de los centros de acogida y muchas escuelas están en mal estado, y mis propios electores en Chelmsford prestan un apoyo admirable a una escuela en particular de Berkovitsa. 
Por lo que respecta a las enmiendas realizadas a mi informe, no apoyo ninguna de las dos enmiendas que se han presentado. 
La afirmación de que Bulgaria es el único país candidato que carece de mecanismos de aplicación en el ámbito de la igualdad de género, francamente, no es correcta. 
La segunda enmienda, que se refiere a la política energética, ya ha sido tratada como es debido en el compromiso del texto de mi informe. 
No creo que las enmiendas sean necesarias. 
En conclusión, felicito a Bulgaria y agradezco a la Comisión y al Consejo todo el apoyo que han prestado al proceso de adhesión de Bulgaria. 
Asegurémonos de que sigue en el camino a la adhesión en 2007. 
. – Señor Presidente, este informe representa un análisis especialmente amplio de los problemas a los que se enfrenta Rumania en su evolución para cumplir los estrictos criterios que exigimos para unirse a la Unión Europea. 
La resolución señala claramente que queda mucho por hacer en Rumania para cumplir plenamente los criterios políticos. 
El funcionamiento del Parlamento, la relación con el ejecutivo y el sistema judicial y el funcionamiento general del Estado de derecho: todo está en tela de juicio. 
Este punto incluye muchas cuestiones como la corrupción, que está bastante extendida en Rumania, y que implica a funcionarios administrativos, jueces, políticos y, en suma, mina la aplicación efectiva del Estado de derecho. 
Esta debe ser la razón por la que la corrupción en el ámbito de las adopciones internacionales se ha sorteado continuamente mediante comisiones especiales de adopción. 
La moratoria ha sido ignorada y aparcada, lo cual significa que muchos niños, incluso bebés, considerados aptos para la adopción por el Gobierno, ultimada por el Primer Ministro, en realidad han sido sacados de situaciones familiares adecuadas por las autoridades, en contra de su voluntad y sin tener en cuenta los deseos de sus familias adoptivas, cuyo interés por adoptar a esos mismos niños se negó. 
Tengo pruebas por escrito de muchos de estos casos y con gusto se las enseñaré a cualquiera que desee verlas. 
Por otro lado, mi resolución también aborda los logros de Rumania en el ámbito económico, donde se han realizado muchas reformas estructurales que elogiamos. 
Sin embargo, estas deben y tendrán que perseguirse enérgicamente en los próximos meses y años. 
Pero también esperamos que el Gobierno rumano otorgue mayor importancia a las necesidades de los estamentos más humildes de la sociedad en Rumania. 
Muchas zonas carecen de los bienes más elementales de la civilización, como agua corriente y sistemas de alcantarillado. 
Seguramente el proceso de preadhesión también beneficiará a los muchos millones de ciudadanos afectados por la pobreza. 
En el Parlamento Europeo queremos ayudarles no solo a sobrevivir, sino a prosperar. 
La pobreza solo podrá ser superada en Rumania si el Gobierno rumano y su administración quieren acabar con la corrupción en todas sus perniciosas formas. 
La honradez no solo tiene un valor comercial. 
La honradez crea el vínculo esencial de confianza entre el Estado y el ciudadano, sobre el que se basa la democracia. 
El informe también señala la evolución en el ámbito del desarrollo y la aplicación del, donde todavía queda mucho por hacer para construir la capacidad administrativa y judicial no solo para tener las leyes sobre el papel y en el Parlamento, sino para garantizar su aplicación de modo que puedan desempeñar una función real y positiva en las vidas de los ciudadanos. 
Este informe, en su estado actual, se aprobó por unanimidad sin abstenciones en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Este consenso excepcional entre todos los partidos respecto a las conclusiones centrales del informe ya ha tenido una repercusión positiva en Rumania. 
Sin embargo, la situación ha cambiado. 
Ya se ha producido una reforma radical del Gobierno, con muchos cargos y responsabilidades ministeriales nuevas. 
Entiendo que mañana habrá una nueva ley sobre la infancia. 
Entiendo que hay ciertas dudas y algo de confusión entre nuestros colegas socialistas –debido a la rapidez de los cambios en la situación de Rumania– sobre cómo votar. 
Puesto que la votación se celebrará probablemente mañana, invito al Grupo del PSE a un nuevo intercambio de puntos de vista al respecto para que yo pueda cumplir con mi misión de ponente y garantizar que tenga a su disposición toda la información más actualizada. 
Después de la votación, instaré a la Comisión a que informe al Parlamento sobre el modo en el que va a proceder ahora el equipo del Comisario. 
Creo que dicho informe debe volver a este Parlamento antes de que nos disolvamos para las elecciones europeas en mayo. 
También instaré al Consejo a que acepte la realidad de la posición clara e inequívoca del Parlamento. 
El Consejo simplemente no puede seguir la vieja línea de que todo marcha bien en Rumania y de que la entrada en 2007 es el trato que se nos ha comunicado desde Roma el año pasado. 
No es así. 
En el Reino Unido, de cuyo Parlamento tuve el honor de ser miembro, es omnipotente y omnicompetente. 
No me cabe duda de que otros Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la UE tienen las mismas responsabilidades. 
Los ciudadanos europeos tienen la última palabra. 
Todos queremos que Rumania se una a la Unión Europea, pero no a un precio demasiado alto para los ciudadanos europeos. 
En conclusión, el Parlamento Europeo es un verdadero amigo de Rumania. 
Este informe de palabras enérgicas ha sido elaborado por diputados del Parlamento Europeo de distintas opiniones políticas, de todos los Estados miembros y con los mejores intereses de Rumania en nuestros corazones. 
Bucarest debe actuar siguiendo las recomendaciones del informe si Rumania quiere conseguir la adhesión a la Unión Europea. 
Espero y creo que lo hará. 
– En cuanto a la pregunta de la ponente respecto a la votación, diez coponentes hablarán en el debate de hoy; los portavoces de los Grupos también intervendrán; habrá intervenciones por parte del Consejo y de la Comisión; asimismo intervendrán 37 diputados y diputadas. 
Esto no nos sorprende, dada la naturaleza de la cuestión. 
No obstante, cuando interrumpamos la sesión para la votación al mediodía, no habremos concluido la lista de intervenciones, así que las votaciones sobre estos informes se retrasarán hasta mañana. 
. – Señor Presidente, quisiera comenzar dándole las gracias al Sr. Brok por su interesante y franco informe sobre los países en vías de adhesión. 
También quisiera dar las gracias al Sr. Van Orden por su lúcido informe sobre Bulgaria, y a la baronesa Nicholson por su riguroso y honesto informe sobre Rumania. 
Es un gran honor para mí participar hoy, en nombre del Consejo, en su debate sobre la ampliación. 
Durante muchos años, di conferencias a estudiantes del University College, en Dublín, sobre la Unión Europea, e intenté inculcarles lo extraordinaria que es nuestra Unión. 
Ahora estamos en vísperas de otro paso extraordinario. 
La ampliación representa uno de los acontecimientos más emocionantes y positivos, no solo en la historia de la Unión Europea, sino en la historia europea en su conjunto. 
El ideal de una Europa unida y pacífica se encuentra detrás de todos los esfuerzos de integración europea durante los últimos cincuenta años, y esta ampliación tiene un papel esencial en la realización efectiva de esta paz. 
En menos de dos meses, la Unión dará la bienvenida a diez nuevos Estados miembros. 
Durante muchos años, la ampliación ha sido una mera aspiración; pronto se convertirá en realidad. 
La Unión Europea está rectificando un pasado equivocado: la división artificial de Europa, que duró demasiado después de dos guerras mundiales increíblemente desastrosas. 
Al ostentar la Presidencia, Irlanda tendrá el privilegio de dar la bienvenida a los nuevos Estados miembros en nombre de la Unión el 1 de mayo. 
Esperamos ansiosos este día, que se celebrará en Europa y que celebraremos en Irlanda por todo el país como «Día de Bienvenidas» especial para nuestros nuevos socios. 
Los nuevos Estados miembros han pasado por un proceso largo y difícil para llegar a donde están hoy. 
Es un momento emocionante para ellos y para nosotros. 
Han pasado muchos años y han realizado grandes esfuerzos en la preparación para la adhesión a la UE; la reforma de sus sistemas económicos y políticos ha sido bastante impresionante, por decirlo de forma suave. 
Los países de Europa central y oriental han establecido con bastante rapidez democracias estables y sistemas de mercado que funcionan. 
Las profundas reformas realizadas fueron objeto de seguimiento y revisión por parte de la Comisión en sus informes regulares durante el período de negociaciones, y más recientemente en sus informes de seguimiento. 
Los exhaustivos informes de seguimiento de la Comisión, publicados el pasado mes de noviembre, ilustran claramente la enorme labor realizada en los nuevos Estados miembros. 
Quiero felicitar a la Comisión. 
En particular quiero felicitar al Comisario Verheugen por su excelente trabajo, su extraordinaria dedicación y su excelente gestión de la totalidad del proceso. 
Y sobre todo quiero felicitar a los nuevos Estados miembros por sus esfuerzos. 
Sin embargo, a la vez que reconocemos que ha habido muchos logros hasta la fecha, es importante que no nos durmamos en los laureles. 
Animamos a los nuevos Estados a que sigan esforzándose durante los dos meses que quedan hasta la adhesión: ahora no es el momento de dormirse en los laureles. 
Les pedimos que se concentren especialmente en los ámbitos que, según la Comisión, necesitan atención urgente y en la aplicación efectiva y el cumplimiento de las medidas que ya se han adoptado. 
No hace falta decir que cuanto más trabajo se haga ahora, antes podrán beneficiarse plenamente los nuevos Estados miembros de su pertenencia a la UE. 
Estamos seguros de que cualquier dificultad puede superarse y se superará. 
El Tratado de Adhesión incluye una serie de cláusulas de salvaguardia concebidas para proteger a la Unión de imprevistos que surjan a raíz de la adhesión. 
Además, la Comisión también tiene a su disposición otras medidas para proteger el mercado interior, si fuera necesario. 
La integración sin problemas y efectiva de los nuevos Estados miembros es una de las mayores prioridades de la Presidencia irlandesa. 
El arduo trabajo de los nuevos Estados miembros ha sido reconocido, no solo por parte de la Comisión en sus informes regulares y de seguimiento, sino también en el excelente informe redactado por el Sr. Brok. 
Se ha dicho que esta ampliación es la que mejor se ha preparado nunca, y creo que esta calificación refleja fielmente lo que se ha hecho. 
Los nuevos Estados miembros ya se sientan a la mesa del Consejo y en el Parlamento. 
Han participado plena, activa y muy constructivamente en el trabajo de la Convención Europea y en la subsiguiente Conferencia Intergubernamental sobre el Tratado Constitucional. 
Los nuevos Estados miembros ya están realizando contribuciones valiosas a todos los aspectos de las actividades de la Unión, y a partir del 1 de mayo también tendrán plenos derechos de voto y contribuirán plenamente a la definición de las políticas de la Unión. 
Creo que su actuación repercutirá notablemente en el modo en que trabajamos. 
El apoyo de los nuevos Estados miembros a la adhesión quedó demostrado en los referendos celebrados en nueve de los diez países a lo largo de 2003. 
Además, el proceso de ratificación del Tratado de Adhesión ha sido testigo de la expresión de un gran apoyo a la ampliación por parte de los Parlamentos de muchos Estados miembros actuales. 
Es importante subrayar que la ampliación no solo es buena para los nuevos Estados miembros, sino –tal y como el Sr. Brok nos ha recordado– también es buena para los Estados miembros actuales. 
Toda la Unión se verá beneficiada. 
Sin duda, el proceso de ampliación no termina el 1 de mayo. 
Como se nos ha recordado, Bulgaria y Rumania se encuentran en una fase avanzada de negociaciones. 
He escuchado con atención el informe del Sr. Van Orden sobre Bulgaria, habiéndome reunido con Meglena Kuneva la semana pasada para discutir la situación. 
También me ha interesado oír el franco y honesto informe de la baronesa Nicholson. 
El pasado mes de diciembre, el Consejo Europeo estableció un plazo muy claro para la conclusión de las negociaciones en 2004 con ambos países, sujeto, sin duda, a su grado de preparación individual, con vistas a su adhesión en enero de 2007. 
Una de las cuestiones clave que falta por acordar entre los Estados miembros es el marco financiero de adhesión de los dos Estados. 
Puesto que la Comisión publicó su proyecto de paquete financiero en febrero, se han llevado a cabo negociaciones intensivas para asegurar el acuerdo entre los Estados miembros, que la Presidencia está esforzándose por conseguir para la sesión de marzo del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores. 
El logro de un acuerdo sobre el paquete financiero permitirá a la Unión realizar las negociaciones en los capítulos restantes, relacionados con las finanzas con ambos países. 
La Presidencia irlandesa se está esforzando por progresar en las negociaciones de adhesión al máximo posible. 
La Presidencia garantizará que las negociaciones con ambos países se rijan por los mismos principios que guiaron las negociaciones con los diez nuevos Estados miembros, especialmente el principio de sus propios méritos. 
Merece la pena recordar que Bulgaria y Rumania forman parte de un proceso de ampliación irreversible e integrador. 
El progreso sobre el terreno seguirá determinando el ritmo de las negociaciones, e instamos a Bulgaria y Rumania a que garanticen la plena ejecución de los compromisos realizados hasta la fecha. 
La Unión continuará realizando un seguimiento de cerca de la actuación de ambos países, y ha tomado nota de las opiniones del Parlamento, como se expresa especialmente en las resoluciones que se debaten hoy. 
En conclusión, esta ampliación es uno de los logros más notables de la Unión hasta la fecha. 
En nombre de la Presidencia del Consejo, quiero agradecer al Parlamento y a sus Señorías el enfoque tan positivo y constructivo adoptado desde el principio del proceso. 
Creemos que la Unión y sus ciudadanos se verán enormemente beneficiados por este apasionante esfuerzo. 
Este es un momento estelar, un momento definitorio en la historia de Europa, que nos deparará una gran satisfacción. 
. – Señor Presidente, Señorías, este es probablemente el último gran debate que celebra esta Cámara sobre lo que en verdad constituye un grandioso proyecto histórico y, por mi parte, quiero aprovechar la ocasión para agradecer muy sinceramente a la Asamblea su cooperación en este proyecto, y en particular a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, a su presidente, el Sr. Brok y a los ponentes. 
Hemos constatado lo que podemos conseguir –incluso ante una tarea tan difícil y de tanta envergadura– cuando las instituciones europeas tienen un objetivo común claro y están decididas a trabajar unidas para alcanzarlo. 
No pretendo disimular mi gran satisfacción ante la perspectiva de la adhesión de diez nuevos miembros el 1 de mayo y por haber completado este proceso difícil, pero tampoco puedo negar que mi satisfacción va acompañada de una cierta preocupación. 
No puedo pasar por alto que solo ahora –excesivamente tarde, a mi juicio– se está iniciando en los Estados miembros un debate de gran amplitud sobre esta ampliación. 
Durante muchos años he expresado reiteradamente ante esta Asamblea la necesidad de que dicho debate se desarrollara en los Estados miembros, con objeto de informar a la población e incorporarla al trayecto. 
Solo ahora, cuando la ampliación está a punto de tener lugar, ha empezado a ocupar los titulares de prensa y a convertirse en el tema de máximo interés para la población europea. 
En esta Asamblea nadie se sorprenderá –a mí no me asombra– de que vuelvan a aflorar todos los temores, preocupaciones y sentimientos de incertidumbre que hemos experimentado durante años y hemos intentado afrontar aportando información a la población. 
Permítanme que lo diga con toda claridad: las elites políticas de los Estados miembros deberían haber contribuido más a hacer comprender esta gran tarea histórica a la opinión pública de los Estados miembros. 
Lo digo de manera muy consciente y también con una cierta amargura, pues, de hecho, harto a menudo hemos señalado cuán necesario era hacerlo. 
Aun hay tiempo. 
El mensaje que tenemos que hacer llegar a la población es muy claro. 
Sí, la ampliación va a ocasionar problemas. 
Nos va a obligar a realizar ajustes. 
Muchas cosas van a cambiar por completo con respecto a lo que teníamos por costumbre. 
Pero no existía otra alternativa razonable. 
Teníamos que hacerlo. 
Teníamos que aceptar nuestra responsabilidad histórica de configurar políticamente la gran transformación de Europa de manera que conduzca a una mayor paz, seguridad y prosperidad para la población. 
El mensaje debe ser que esta ampliación no va a generar problemas, sino que, por el contrario, es la única manera de resolver los problemas ocasionados por los grandes cambios que tuvieron lugar en Europa hace 14 ó 15 años. 
Permítanme que lo repita al principio del debate, pues estoy francamente convencido de que la calidad democrática del proceso dependerá de que los ciudadanos de Europa comprendan y compartan el objetivo. 
En cuanto al estado de preparación de los diez países que se adherirán el 1 de mayo, ya les hemos mantenido informados de los resultados de nuestro seguimiento, Señorías. 
En noviembre pasado, informé a los Jefes de Gobierno de los diez países de los resultados de dicho seguimiento y desde entonces hemos estado colaborando estrechamente con ellos para resolver los problemas. 
Ahora acaban de celebrarse nuevas consultas con los diez países, en las que hemos hecho inventario. 
Comprobamos que se han realizado progresos, en algunos casos notables, en todos los ámbitos. 
En estos momentos estamos recibiendo a diario información sobre nuevos progresos y, por consiguiente, observo una tendencia general muy positiva desde el punto de vista de la finalización de las tareas más destacadas. 
No quiero ocultar, no obstante, que todavía subsisten problemas en unos pocos ámbitos. 
Así sucede, en particular, en lo que respecta a la creación de las condiciones necesarias para el pago de las subvenciones agrícolas. 
Nuestro sistema es, obviamente, muy complicado. 
Quizá deberíamos reflexionar un poco sobre si el problema en verdad estriba en que los diez nuevos Estados miembros carecen de la inteligencia o la energía necesarias para resolver el problema o si no podría deberse más bien a que el sistema se ha vuelto tan complicado que un país que no haya crecido con él es incapaz de cumplir nuestras exigencias. 
Por mi parte, he llegado a tener grandes dudas sobre dónde reside verdaderamente el problema, si este solo depende de los futuros Estados miembros o si no nos concierne también en gran parte a nosotros. 
Otro aspecto problemático que aún subsiste en la mayoría de países es el de la seguridad alimentaria, la modernización de las instalaciones de transformación de alimentos y su supervisión con el fin de proteger la salud pública. 
Mi colega, el Comisario Byrne, mantiene un constante y estrecho contacto con todos los Ministros competentes. 
También en este caso, quiero dejar absolutamente claro que la Comisión garantiza que no habrá componendas en materia de seguridad alimentaria. 
Solo accederán al mercado interior los productos que cumplan nuestras normas. 
La Comisión hará uso de los instrumentos de que dispone para resolver de manera realista y responsable los problemas pendientes. 
Nos estamos preparando para ello. 
No puedo decirles si habrá que aplicar salvaguardias o no. 
Aun no ha llegado el momento de adoptar esa decisión. 
Si resultase necesario, lo haremos de manera realista y responsable, como ya he dicho, y les mantendremos informados. 
Permítanme que añada unas palabras sobre un tema que todos tenemos particularmente en mente estos días, a saber, el de Chipre. 
Si esta cuestión llegara a resolverse antes del 1 de mayo, estaría plenamente justificado afirmar que la ampliación no solo evita las crisis, sino que también resuelve crisis y conflictos. 
Sería una señal increíblemente importante para toda la región. 
Podemos afirmar que fue la Unión Europea quien puso nuevamente en marcha el proceso y permitió que el Secretario General de las Naciones Unidas convocara nuevas conversaciones. 
Estuve en Chipre cuando estas se iniciaron, el 19 de febrero, y mantuve interesantes debates con las Naciones Unidas y con los dirigentes de ambas comunidades. 
Desde entonces, se han mantenido intensos contactos políticos y técnicos. 
La Comisión declaró desde el principio que ahora considera las conversaciones de Chipre como un tema de la máxima prioridad y, por consiguiente, hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano para apoyar el proceso de paz. 
Expertos de la Comisión están dando apoyo al equipo de las Naciones Unidas en Chipre. 
Por mi parte, he hecho cuanto me han pedido desde las Naciones Unidas. 
Siempre que nos han solicitado ayuda adicional, se la hemos prestado de inmediato. 
Como resultado de ellos, las conversaciones en el plano técnico se están desarrollando muy bien y también hemos empezado a organizar al fin con la comunidad turca los preparativos de fondo para una posible adhesión. 
Debo reconocer que es tarde, pero la responsabilidad es del Sr. Denktash. 
Ahora estamos preparando los instrumentos jurídicos necesarios para la adhesión de un Chipre unificado. 
Se requerirán normas para la introducción gradual del acervo comunitario en el norte de la isla. 
El uso del turco como nueva lengua oficial requerirá preparativos y no podremos tenerlo todo listo para el 1 de mayo. 
Por consiguiente, tendremos que prever períodos de transición en una serie de ámbitos. 
Permítanme que repita una vez más que estamos en condiciones de transponer los resultados de las conversaciones de Chipre al Derecho comunitario siempre que no contradigan los principios en los que está basada la Unión Europea, esto es, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. 
Evidentemente, también hemos puesto condiciones, que voy a repetir. Necesitamos un Chipre nuevo que hable con una sola voz. 
Necesitamos un Chipre con capacidad de actuar en los foros internacionales en todo momento y que no conlleve el riesgo de un bloqueo. 
También necesitamos un Chipre nuevo con unas estructuras centrales suficientemente sólidas para poder aplicar e imponer el cumplimiento de todas sus obligaciones internacionales, incluido el Derecho comunitario. 
Estas condiciones son absolutamente esenciales para nosotros. 
Estamos dispuestos a convocar una conferencia internacional de donantes que contribuya a sufragar los costes de la unificación e insto encarecidamente a ambas comunidades, la turcochipriota y la grecochipriota, a que aprovechen esta oportunidad única y emitan una señal de que existe voluntad de paz y reconciliación en esa parte del mundo. 
También quisiera añadir algo con respecto a Rumania y Bulgaria. 
Vamos a hacer cuanto podamos para ayudar a la Presidencia a mantener el ritmo y la calidad de las negociaciones y concluirlas dentro del calendario previsto. 
Hemos puesto sobre la mesa la propuesta del paquete financiero común para Bulgaria y Rumania. 
Hasta el momento, las conversaciones indican que, en general, la propuesta de la Comisión ha sido bien acogida. 
Considerado en el contexto del paquete financiero para los diez, es un paquete equitativo, equilibrado y realista. 
En abril presentaremos las propuestas concretas relativas a las posiciones negociadoras. 
En lo que se refiere a Bulgaria, comparto la evaluación del ponente, Sr. Van Orden, y por mi parte también quisiera añadir que se han realizado notables progresos. 
El país aún tendrá que incrementar sus esfuerzos, sobre todo para consolidar las capacidades administrativas y judiciales. 
Nuestra cooperación con Bulgaria se está concentrando en dichos ámbitos. 
Rumania puede contar asimismo con nuestro apoyo y solidaridad. 
He seguido con gran atención su debate y admiro la seriedad con que está tratando el Parlamento los problemas de Rumania. 
Creo que han conseguido un equilibrio, es decir, que el informe no pinta un cuadro en exceso optimista, ni tampoco pone en duda el compromiso político de la Unión Europea con respecto a la adhesión de Rumania. 
Esto es bueno, pues Rumania necesita estímulo, pero también necesita una respuesta muy clara en lo que respecta a lo que aún queda por hacer. 
La Comisión coincide con la ponente en cuanto a los ámbitos en los que se requieren esfuerzos adicionales. 
Se trata de la reforma administrativa, la reforma del sistema jurídico y la prevención de la corrupción, y quiero dejar muy claro que la lucha contra la corrupción debe incluir el sistema político. 
No basta con juzgar a los pequeños funcionarios; también sus superiores deben sentarse en el banquillo. 
Rumania necesita mostrarse asimismo más convincente en cuanto al manejo del dinero europeo y, como paso previo, debe preparar mejor sus posiciones negociadoras. 
La baronesa Nicholson ha planteado el tema de la adopción. 
Quiero volver a dejar clara la posición de la Comisión al respecto. 
Nuestra política está orientada de manera clara e inequívoca hacia el bienestar del niño. 
Se sitúa en las antípodas de una política al servicio de los intereses de las familias de todos los países posibles, que buscan niños para adoptar. 
Es una diferencia fundamental. 
Quienquiera que no se centre en el bienestar del niño sino en los intereses de las familias que desean adoptar y de las organizaciones no gubernamentales que representan sus intereses estará creando un mercado, y quienquiera que cree un mercado puede prever problemas en Rumania. 
Por esto la Comisión insiste en que se debe establecer una moratoria de las adopciones internacionales hasta que entre en vigor una normativa que se adecue plenamente a las normas internacionales en materia de protección de la infancia y hasta que se hayan creado estructuras administrativas que garanticen que dicha normativa se hará cumplir. 
La Comisión, el Parlamento y los Estados miembros siguen compartiendo el objetivo común de concluir las negociaciones en 2004, con la adhesión fijada para 2007. 
Tengo la seguridad de que vamos a hacer todo lo posible para ayudar a Rumania y Bulgaria en este empeño. 
La llave del éxito se encuentra, no obstante, en manos de Sofía y Bucarest. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, el Comisario Verheugen se ha referido a su preocupación por el hecho de que la población de los países de la Unión Europea actual no está suficientemente informada. 
Comparto dicha preocupación, pero quisiera preguntar cuál sería la alternativa. 
Esta sería –y así debemos decirlo a los ciudadanos– la continuidad de la falta de libertad, la continuidad de un régimen totalitario. 
Por esto debemos alegrarnos y agradecer que las naciones de Europa central –y evidentemente también de Chipre y Malta– se incorporen a nuestra unión de valores en circunstancias diferentes, sobre la base de los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la economía de mercado. 
Damos una calurosa bienvenida a las naciones de Europa central, Malta y Chipre. 
Es una ocasión de regocijo. 
Nuestro Grupo y todo el Parlamento la han apoyado siempre. 
Vamos a celebrar las primeras elecciones libres en Europa. 
Nuestros amigos políticos y la población de los países en vías de adhesión hablan de estas elecciones europeas como de las primeras elecciones libres de Europa. 
Por esto debemos rechazar la llamada del Primer Ministro de uno de los países en vías de adhesión a favor de una lista única. 
No, Señorías, las elecciones son una competición política y debemos congratularnos de que ahora esta también sea posible en los países de Europa central. 
La ampliación de la Unión Europea no es, sin embargo, un asunto exclusivamente material. 
En esencia, es una cuestión de valores, una cuestión espiritual. 
También deberíamos decir a nuestros nuevos socios de Europa central, Malta y Chipre: No os preguntéis qué podéis sacar de la Unión Europea; preguntémonos todos, los miembros de la Unión Europea actual y futura, qué podemos hacer juntos por Europa para hacer de ella una Europa fuerte, una Europa democrática y una Europa que tenga peso en el mundo. 
Admiro mucho lo que ya han conseguido los países en vías de adhesión. 
Dichas naciones han realizado un gran esfuerzo tras más de cincuenta años de comunismo. 
No obstante, todavía queda mucho por hacer. 
El Comisario Verheugen, el Sr. Brok y los demás ponentes ya lo han destacado. 
Creo que a pesar de todo lo haremos. 
Deberíamos comunicar a la población de la Unión Europea que nuestra experiencia con la ampliación en el momento de la adhesión de España y Portugal demuestra que al final todos saldremos ganando, incluso desde el punto de vista material y económico. 
Subsisten enormes retos en el ámbito de la seguridad interior. 
Acabo de hablar con un experto en seguridad internacional de Europol. 
Evidentemente, tenemos que asegurar nuestras fronteras exteriores. 
Pero dicho experto me explicó que la mafia de la droga, que ya está causando problemas en la Unión Europea, también va a extender sus actividades a los países en vías de adhesión. 
Esto significa que tenemos que fortalecer a Europol y la cooperación policial en su conjunto. 
Una última observación: señor Comisario, usted y la Comisión tienen que presentar aún una evaluación de Turquía. 
En nuestro Grupo existen diferentes opiniones sobre si Turquía debería llegar a ser Estado miembro o no. 
No voy a entrar ahora en ello. 
Sin embargo, esperamos que la Comisión y usted mismo realicen su evaluación sobre la base de los criterios de Copenhague y no hagan recomendaciones políticamente oportunistas, sino que se atengan a la norma. 
La Comisión está obligada a ello, en su calidad de guardiana de los Tratados, y vamos a juzgarles conforme a ese criterio. 
Volveremos a reunirnos para debatir esta cuestión. 
– Señor Presidente, quisiera empezar asociando plenamente al Grupo Socialista con las observaciones del Comisario Verheugen en relación con Chipre; sin duda mi colega el Sr. Poos se referirá más ampliamente a este punto más tarde. 
Siempre he argumentado que esta ampliación va a construir o a romper la Unión Europea. 
Si la dirigimos bien, reforzará la Unión enormemente. 
Un informe reciente de los economistas Ernst [amp] Young en el Reino Unido indicaba los beneficios que el Reino Unido obtendrá de la ampliación. 
No obstante, si se dirige mal, perjudicará gravemente a la Unión. 
Por lo tanto, todavía hay mucho en juego para asegurar que lo hagamos bien. 
Por esa razón es tan vital que los países candidatos cumplan plenamente las normas exigidas, porque si no lo hacen, corremos el riesgo de sufrir un retroceso en la opinión pública, no solo en los 15, sino también en los 10. 
Todavía necesitamos hacer más hincapié –como ha afirmado el Sr. Brok en su informe– en la ejecución y la aplicación. 
Debemos tener la debida transparencia en materia de ayuda estatal, política de competencia y contratos públicos, porque si queremos que la ampliación funcione, la comunidad empresarial y los sindicatos tienen que estar convencidos de que habrá juego limpio. 
No debemos relajarnos en nuestra lucha contra la corrupción. 
La corrupción mina el progreso económico. 
El país de la UE calificado por Transparency International de menos corrupto es Finlandia. 
El país de la UE con la economía más floreciente es Finlandia. 
Ambas cosas están estrechamente relacionadas. 
La cultura del sobre marrón que pasa entre Ministros y altos funcionarios no tiene nada que hacer en una economía moderna y dinámica. 
Sin embargo, los países candidatos también tienen que darse cuenta de que al unirse a la Unión Europea se están comprometiendo con las normas de la Unión Europea, como la democracia y los derechos humanos. 
Por eso me horrorizó tanto ver que en el diario de mayor tirada de Lituania, , se publicaron artículos antisemitas y homófobos, el primero de los cuales, el 20 de febrero, incluía un dibujo animado en la portada sacado directamente de la propaganda nazi de la década de 1930. 
Esos sentimientos no tienen cabida en la Unión Europea: el racismo y la xenofobia son cánceres que destruyen nuestra sociedad. 
Lo hicieron en el pasado y lo harán de nuevo si bajamos la guardia. 
Condenamos totalmente estos artículos. 
Lamento el tiempo que tardaron los medios de comunicación y las autoridades lituanas en tomar medidas y responder. 
Espero que el Consejo y la Comisión también condenen esos artículos. 
Debemos reconocer las dificultades a las que se han enfrentado algunos países candidatos y el hecho de que han progresado enormemente en un período de tiempo muy corto. 
Por eso siempre hemos adoptado un enfoque muy equilibrado y hemos reconocido los esfuerzos realizados por los países candidatos. 
Por esa razón lamento el tono del informe Nicholson original sobre Rumania. 
Siempre hemos dicho que debería juzgarse a cada país por sus propios méritos, y que todos tienen que cumplir las normas o no votaremos a favor de su admisión. 
Nunca hemos afirmado que las negociaciones debieran interrumpirse en medio de un proceso. 
Sabemos que Rumania tiene que abordar graves problemas. 
Sabemos que Gobiernos anteriores no trataron estas negociaciones seriamente, pero el actual Gobierno lo hace, y está realizando esfuerzos importantes para ponerse al día, como la propia baronesa Nicholson ha admitido. 
Por lo tanto, nuestro mensaje debería ser de ánimo para que Rumania intensifique sus esfuerzos, no de intento de tirar de la alfombra de debajo de sus pies en este momento crucial. 
Me temo que, dado que hay cierta información engañosa en el informe original, los partidos políticos tienen que desempeñar una función que va más allá de la objetividad. 
Los nuevos países tienen derecho a criticar a la Unión Europea. 
Hemos sido muy tacaños en relación con la libre circulación de la mano de obra. 
Me asombra la horrible campaña populista –que a menudo ha sido racista– lanzada por sectores de la prensa europea. 
Me asombran todavía más ciertos políticos que se han subido al carro, incluido, me avergüenza decirlo, el partido conservador británico, que dijo que apoyaba la ampliación, nunca ha planteado esta cuestión con anterioridad y ahora empieza a bailar al son de su prensa amarilla. 
Espero que cuando la realidad –más que la mitología– levante la cabeza después del 1 de mayo, los Estados miembros puedan empezar a levantar estas restricciones. 
Espero que el 1 de mayo entremos en un nuevo y valiente mundo de solidaridad y cooperación, no de recriminaciones y tensiones nacionales. 
Necesitamos que estos países trabajen juntos en torno a la reforma económica para impulsar el empleo. 
Necesitamos que estos países trabajen juntos con nosotros para poner fin al crimen multinacional. 
Necesitamos que estos países trabajen con nosotros para abordar el problema del tráfico de seres humanos, la forma de esclavitud del siglo XXI. 
Juntos podemos hacer a Europa más fuerte. 
Si lo logramos, habrá mucho que celebrar. 
Eso es a lo que deberíamos aspirar el 1 de mayo. 
– Señor Presidente, ya solo restan cincuenta días del largo viaje que comenzó con las escenas de regocijo del 9 de noviembre de 1989 bajo la Puerta de Brandeburgo, en Berlín. 
Dentro de cincuenta días, Europa pasará a ser un continente unido y casi quinientos millones de personas se van a unir para trabajar conjuntamente por un mundo mejor y más justo, y para defender los valores europeos y resolver conjuntamente los problemas comunes: la contaminación, la delincuencia transfronteriza y, en particular, el tráfico de seres humanos, que todos han citado. 
La ampliación de la Unión Europea constituye un ejemplo fantástico de lo que podemos conseguir en la Unión Europea cuando tenemos un objetivo y una estrategia claros. 
Con la adhesión a la Unión como una meta tentadora y un duro esfuerzo por su parte, las antiguas dictaduras comunistas se han convertido en democracias y economías de mercado plenamente operativas. 
La adhesión potencial también ha contribuido a la labor de reforma en Turquía y a la posibilidad de que quizá se resuelva por fin el problema de Chipre. 
Evidentemente, sigue habiendo muchísimos problemas, que Elmar Brok también señala en su excelente informe. 
La Unión Europea va a experimentar una transformación espectacular en los próximos años y la tarea principal del siguiente mandato va a ser conseguir que la Europa ampliada funcione. 
Por esto es sumamente importante que en efecto se lleve a la práctica la propuesta de la Convención, con objeto de que la Unión pueda adoptar decisiones y funcionar de un modo democrático. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas siempre se interesa especialmente por los derechos de las minorías y por esto estamos muy preocupados por la inquietud que existe entre el colectivo gitano de Eslovaquia. 
La reducción de las prestaciones sociales ha afectado de manera particular a este grupo y esperamos que la Comisión pueda continuar realizando un seguimiento de la situación de los gitanos, tanto en los antiguos como en los nuevos Estados miembros. 
Por último, también yo lamento que estemos erigiendo muros entre nosotros y los nuevos Estados miembros, en forma de diversos tipos de normas transitorias. 
Un país tras otro están introduciendo disposiciones más o menos discriminatorias, basadas en temores que parecen del todo infundados y que la prensa de algunos países fomenta con avidez. 
En vez de obstaculizar la libre circulación, deberíamos congratularnos de que incluya a un número creciente de personas. 
– Señor Presidente, el señor Verheugen y yo seguramente no coincidimos en muchas cosas desde un punto de vista político, pero debo decir que raras veces he escuchado una descripción tan acertada y precisa de los problemas a los que ahora nos enfrentamos. Tampoco había escuchado ninguna descripción tan acertada y precisa de la necesidad de encontrar una solución para nuestros problemas. 
Creo que la falta de participación popular y la falta de compromiso de la elite política son uno de los motivos por los que un número creciente de Estados miembros están optando por introducir restricciones con respecto a los trabajadores de los nuevos Estados miembros. 
Es un hecho que lamento profundamente. 
Creo que transmite una señal equivocada a nuestros nuevos amigos y colegas de Europa central y oriental. 
Estoy cansado de que la respuesta habitual esté basada en el populismo y en datos e información no fiables sobre lo que verdaderamente está ocurriendo. 
También me alegra que durante el proceso de ampliación se hayan dedicado muchas energías al seguimiento de la situación de los derechos humanos en los países candidatos y pienso que es uno de esos ámbitos en los que no podemos permitirnos bajar la guardia, ni ahora ni tampoco después del 1 de mayo. 
Tenemos que vigilar constantemente la situación. 
Sabemos que la minoría rusa de Letonia tiene problemas. 
Sabemos que los gitanos tienen problemas en muchos de los países candidatos y sabemos que también los tienen en los actuales Estados miembros. 
Mi recomendación es que procedamos como ya lo hicimos en el Consejo de Europa cuando dicha institución admitió a un grupo bastante numeroso de nuevos Estados miembros, concretamente, que introduzcamos una vigilancia permanente de la democracia, los derechos humanos y los derechos de las minorías, y no solo en los nuevos Estados miembros, sino en todos los de la Unión. 
Esto es lo que necesitamos hacer, señor Presidente. 
Va a ser una tarea importante mantener la vigilancia en esos terrenos. 
– Señor Presidente, en mi intervención quisiera centrarme en el tema de Rumania, y esto por tres motivos. 
El primero es que el debate actual sobre Rumania constituye, a mi juicio, el mejor barómetro posible de la presente ronda de ampliación. 
De hecho, el debate pone de manifiesto que los principales problemas de los nuevos Estados miembros no están relacionados con el sector de la pesca o de los transportes, por importantes e interesantes que estos puedan ser. 
Los problemas más persistentes de los nuevos Estados miembros están relacionados con el funcionamiento del Estado constitucional, la independencia del poder judicial y la libertad de expresión. 
Esto enlaza con mi segundo motivo, siempre que los demás diputados me permitan continuar, señor Presidente, pues el nivel de ruido es bastante alto en este momento. 
El debate sobre Rumania también reviste gran importancia para las futuras rondas de ampliación, que incluirán a Turquía y los Balcanes, pues lo cierto es que no podemos insistir en reclamar una mejora en materia de derechos humanos y de derechos de las minorías si al mismo tiempo permitimos que la situación en Bucarest permanezca estancada y, de hecho, vaya a peor en varios aspectos. 
Lo cual me conduce al tercer punto, que es que la situación en la propia Rumania sigue siendo problemática. 
A día de hoy, la reforma del Estado constitucional se encuentra en pañales. 
A día de hoy, a los periodistas críticos les resulta imposible realizar su trabajo. 
A día de hoy, la corrupción sigue siendo un problema que alcanza hasta las más altas esferas políticas. 
En su informe, la baronesa Nicholson of Winterbourne adopta con razón una posición crítica al respecto.. 
Yo diría al grupo del Partido de los Socialistas Europeos que los partidarios de la ampliación tienen el deber de ser aún más críticos que sus contrincantes y deben seguir siéndolo. 
Señor Presidente, resulta alentador observar que justamente esta postura crítica está dando frutos. 
El Gobierno rumano ha anunciado nuevas reformas y ha acelerado las antiguas durante estos últimos días. 
El Ministro de Justicia tuvo que dimitir porque se le considera responsable del estancamiento. 
Por mi parte, instaría al Gobierno rumano a que prosiga con las reformas, pues si no lo hace, ya se puede ir olvidando de la adhesión para 2007. 
Y animo a las ONG y a los periodistas a proseguir con su labor crítica y nos mantengan informados. 
Señor Presidente, la Unión Europea es diestra en influir en los países poniéndoles una zanahoria delante de las narices, pero a veces un rapapolvo educativo también obra maravillas. 
– Señor Presidente, ¿quién anhela una Europa dividida en dos campos opuestos? 
¿Quién regatea a los pueblos de Europa central y oriental su libertad personal y nacional? 
Su liberación tardó en llegar, tuvo que esperar hasta 1989, y nuestro continente la aclamará el 1 de mayo, el día de la ampliación al Este de la Unión Europea, que todos los implicados defienden firmemente, a la vez que asumen una grave responsabilidad. 
Ahora que la utilidad de una gran expansión de la Unión Europea es objeto de debate público, los políticos del Este y el Oeste necesitan trabajar, ante todo, en busca de la consolidación y la construcción de unos Estados constitucionales sólidos. 
Esto genera un sentido nacional de responsabilidad pública que constituye el fundamento mismo de una cooperación a escala europea. 
Hace solo unos decenios, una autoridad importante sobre el tema de Europa central y oriental, el Sr. Hugh Seton-Watson, se refirió a dicha región como el corazón enfermo de Europa, para el cual es de esperar que una Unión Europea ampliada demuestre ser muy pronto una medicina eficaz. 
Esto requiere un considerable esfuerzo mutuo, una sincera atención a las necesidades respectivas. 
Esta implicación es precisamente la que he observado en el apoyo de base. 
Mi Grupo y yo mismo deseamos seguir avanzando por ese camino absolutamente cristiano. 
– Señor Presidente, cuando se aproxima la fecha de su adhesión, nadie puede negar que los diez futuros Estados miembros han realizado un volumen de trabajo impresionante, pero cualquier euforia estaría fuera de lugar. 
Todavía quedan muchos problemas sin resolver. 
Por ejemplo, en su recomendación con respecto al informe, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural expresa su inquietud por la corrupción en gran escala en el sector agrario y por la forma en que se van a pagar las subvenciones. 
Otro problema es el de Chipre. 
Nos encontramos ante la situación única de que una parte de un futuro Estado miembro esté ocupada militarmente por otro Estado candidato, Turquía. 
Hasta la fecha, no sabemos con certeza si toda la isla se va a incorporar a la Unión. 
Otro gran interrogante se refiere a la inmigración que pueda originarse en los nuevos Estados miembros. 
Aunque la mayor parte de los actuales Estados miembros han anunciado una medida transitoria, subsisten las dudas sobre hasta qué punto esta se va a cumplir. 
Ojalá me equivoque, pero los datos que maneja la Comisión me hacen pensar que se está subestimando enormemente el problema, igual que los demás problemas que va a desencadenar la ampliación. 
La mayoría de los nuevos Estados miembros todavía no están preparados para la adhesión. 
Todo el mundo lo sabe, pero casi nadie se atreve a decirlo en voz alta. 
Jacques Delors es uno de los pocos que lo han dicho y merece un aplauso por ello. 
– El debate queda cerrado. Se reanudará a las 15.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, a continuación se procede a la firma de los presupuestos rectificativos para el ejercicio 2004, que votamos ayer. 
El primer presupuesto rectificativo, el nº 1, es un presupuesto suplementario y rectificativo relativo a la ampliación. 
Es el primer presupuesto para la ampliación de la Unión Europea. 
Compromete 11 700 millones de euros en créditos de compromiso y 5 100 millones de euros en 2004 en créditos de pago. 
El segundo presupuesto rectificativo votado ayer es un presupuesto suplementario y rectificativo para el Supervisor Europeo de Protección de Datos. 
Invito a los ponentes, el Sr. Mulder y la Sra. Gill, al Sr. Wynn, presidente de la Comisión de Presupuestos, al Comisario Verheugen y al Ministro Roche a que se unan a la ceremonia de la firma de estos dos presupuestos, especialmente para destacar –puesto que estamos debatiendo sobre la ampliación– el hecho de que por primera vez la dotamos financieramente en el proceso presupuestario europeo. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Señor Presidente, como quiera que se ha deslizado un error en el texto de la enmienda 1 presentada por mi Grupo, quiero dejar perfectamente claro que el objeto de esa enmienda es que se constituya una delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile independiente de la Delegación para las Relaciones con Mercosur. 
– Nos aseguraremos de que se corrija el texto. 
– Señor Presidente, quisiera proponer que se sustituyan las palabras «la invasión del Afganistán por los Estados Unidos» por «el conflicto en el Afganistán». 
– Con esto concluye la votación. 
.– Esta propuesta es sumamente importante en dos ámbitos fundamentales: mejora la seguridad en el ámbito de la gestión y utilización del mar y contribuye al mismo tiempo a reducir la contaminación. 
La propuesta de reglamento también es fundamental dado el tipo de buques que tiene por objeto, ya que su campo de aplicación se amplía para incluir los buques que operan tanto en aguas nacionales como internacionales en el seno de la Comunidad. 
La Comisión ha realizado un buen trabajo y la felicito por ello. 
Por cierto que, dicho sea de paso, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo se ha apoyado en el presente informe para proponer que también se apruebe su propuesta de reglamento. 
Las medidas que se plantean pueden parecer muy técnicas a primera vista, pero cuando se analizan atentamente, resultan ser esenciales para conseguir el objetivo declarado. 
Conviene recordar que la seguridad del transporte, no solo marítimo, sino también aéreo y por carretera, siempre ha sido una de las máximas prioridades de la Unión Europea, y esto se refleja en la normativa adoptada, sobre todo en la última década. 
Por esto y porque estoy muy satisfecho con el tenor de la propuesta, he votado a favor de la misma. 
.– El informe se refiere a un tema que me llega al alma. 
Vengo reclamando desde hace tiempo que se aborde con seriedad el desarrollo del transporte ferroviario, sobre todo porque creo que es una alternativa perfectamente viable al transporte por carretera, que ya ha alcanzado su punto de saturación. 
Esta es justamente la finalidad del acuerdo que el ponente nos invita a aprobar. 
La adhesión de la Comunidad al Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF) es fundamental, por lo tanto, para fomentar, mejorar y facilitar el transporte internacional por ferrocarril. 
El acuerdo también es importante por las ventajas que aporta desde el punto de vista técnico y jurídico. 
Otro aspecto positivo de la firma del COTIF es que la Comunidad Europea no tendrá que contribuir al presupuesto de dicha organización, aunque tampoco podrá participar en sus decisiones. 
Voy a votar a favor del informe porque pienso que la conclusión del acuerdo en cuestión va a tener por efecto un progreso considerable en el desarrollo del sector ferroviario y porque llevo muchos años luchando por ello. 
.–Estoy de acuerdo con la idea de la plena integración en la Unión Europea de los países de los Balcanes Occidentales, esto es, Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, incluido Kosovo, si bien a largo plazo y conforme a los criterios establecidos por el Consejo Europeo y los progresos realizados en el desarrollo del proceso de estabilización y asociación. El informe también tiene por objeto la creación de Asociaciones Europeas que permitan empezar a preparar a dichos países para esa plena integración en la Unión Europea y por esto lo he votado afirmativamente. 
Lo he hecho con especial convencimiento porque incluye dos observaciones fundamentales: una relativa al requisito de que se consulte a los países en cuestión; la otra –basada en las perspectivas financieras actualmente vigentes– sobre los recursos financieros disponibles para ayudar a dichos países a aplicar las prioridades y objetivos identificados. 
Hay que añadir que el informe pide que se adapte el fundamento jurídico con el fin de garantizar una financiación adecuada de las prioridades y condiciones de las Asociaciones Europeas y de que se mantenga debidamente informado al Parlamento Europeo de cualquier modificación de las mismas, de modo que pueda realizar un atento seguimiento de su aplicación y sus resultados. 
.– Los objetivos de la propuesta de la Comisión no pueden ser más claros: eliminar las barreras fiscales que no solo obstaculizan la movilidad transfronteriza de las empresas, sobre todo de las multinacionales, dentro de la Unión Europea, pero a la vez permitir también una política de reestructuración y relocalización que privilegia las reducciones fiscales o, visto desde otra perspectiva, que permite maximizar los beneficios fiscales. 
Esta finalidad inspira claramente la creación de un régimen fiscal común en aplicación del Estatuto de la Sociedad Anónima Europea, que garantice que sus actividades no se vean obstaculizadas por normas fiscales discriminatorias o por restricciones o distorsiones derivadas de las disposiciones fiscales de los Estados miembros. 
En otras palabras, en un momento en que se habla tanto de la reducción de las cargas fiscales sobre el trabajo, se permite que los Estados miembros ofrezcan al capital las reducciones fiscales que les parezcan convenientes. 
El tema central es la soberanía fiscal de los Estados miembros y los consiguientes riesgos de erosión de la carga fiscal. 
También hay que tener en cuenta, no obstante, el uso de la fiscalidad como instrumento de fiscalización y control de las actividades empresariales, en particular en el campo de las fusiones, en este caso las de carácter transfronterizo, y de la reestructuración empresarial de los grandes grupos financieros de la Unión Europea. 
El objetivo principal de la directiva es ampliar su ámbito, lo cual erosiona la protección de los intereses financieros de los Estados miembros, y esto es algo que evidentemente debemos rechazar. 
.–Conforme a los objetivos del proceso de Lisboa, que prevé una mayor movilidad transfronteriza de las empresas de la Unión Europea, la Comisión ha presentado una propuesta encaminada a eliminar los obstáculos relacionados con los métodos de tributación de las empresas en el marco del mercado interior (obstáculos fiscales transfronterizos). 
La Directiva 90/434/CEE (la llamada «Directiva sobre fusiones» ) ya aporta una solución en lo que respecta a un régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportación de activos y canje de acciones en los casos en que estas operaciones afectan a diferentes Estados miembros, pero la Directiva requiere mejoras y es necesario ampliar su ámbito. 
Esta nueva propuesta tiene por objeto modificar la directiva sobre fusiones a fin de reducir los casos de doble imposición internacional cuando los empresarios proceden a operaciones de reestructuración en las intervienen sociedades de diferentes Estados miembros. 
Estas medidas concretas están encaminadas a resolver los problemas prácticos de imposición más urgentes que afectan a las sociedades que operan a escala internacional hasta que se logre una base impositiva común. 
Por consiguiente, he votado a favor. 
.–Conforme a los objetivos del proceso de Lisboa, que prevé una mayor movilidad transfronteriza de las empresas de la Unión Europea, la Comisión ha presentado una propuesta encaminada a eliminar los obstáculos relacionados con los métodos de tributación de las empresas en el marco del mercado interior (obstáculos fiscales transfronterizos). 
La Directiva 90/434/CEE (la llamada «Directiva sobre fusiones» ) ya aporta una solución en lo que respecta a un régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportación de activos y canje de acciones en los casos en que estas operaciones afectan a diferentes Estados miembros, pero la Directiva requiere mejoras y es necesario ampliar su ámbito. 
Esta nueva propuesta tiene por objeto modificar la directiva sobre fusiones a fin de reducir los casos de doble imposición internacional cuando los empresarios proceden a operaciones de reestructuración en las intervienen sociedades de diferentes Estados miembros. 
Estas medidas concretas están encaminadas a resolver los problemas prácticos de imposición más urgentes que afectan a las sociedades que operan a escala internacional hasta que se logre una base impositiva común. 
Por consiguiente, he votado a favor. 
Tenemos un gran interés en que la Directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros entre en vigor lo más pronto posible. 
Por esto apoyamos la decisión alcanzada en el Consejo. 
.– La propuesta del Consejo rechaza algunos aspectos de la propuesta de la Comisión y del Parlamento Europeo. Concretamente: 
reduce de seis a tres meses el período durante el cual un ciudadano de un Estado miembro puede residir en otro Estado miembro sin ninguna condición, o sea que mantiene la situación actual; 
amplía a un mínimo de tres años la duración requerida de los matrimonios o parejas de hecho registradas para que las personas no pierdan su permiso de residencia en caso de separación o divorcio, con unas pocas excepciones; 
la definición de «familia» no contempla en absoluto a las parejas de hecho, salvo a las registradas cuando las disposiciones del Estado anfitrión traten indistintamente a las parejas casadas y de hecho. 
El tema de las parejas de hecho se deja a la discreción del Estado miembro anfitrión y, por consiguiente, los descendientes y ascendientes directos de los ciudadanos extracomunitarios quedan excluidos de la Directiva. 
se introduce un nuevo criterio para la repatriación, relativo a la carga excesiva sobre el sistema de seguridad social del país anfitrión. 
De ahí las cuatro propuestas que presentamos para intentar resolver esos problemas. 
Lamentablemente, todas fueron rechazadas. 
– Apoyamos plenamente el derecho a la libre circulación de las personas como una de las libertades fundamentales del mercado interior. 
Nos preocupa que un país tras otro estén introduciendo normas transitorias aplicables a los nuevos Estados miembros. 
Corremos el riesgo de tener que convivir durante los próximos diez o veinte años con esas normas transitorias que discriminan a los nuevos Estados miembros. 
Las normas transitorias se justifican aduciendo que existe un riesgo de que se abuse de los sistemas de seguridad social de los actuales Estados miembros cuando las fronteras se abran a los nuevos ciudadanos esta primavera. 
Actualmente basta tener un empleo de diez horas a la semana para obtener acceso al sistema de seguridad social del nuevo país. 
En lugar de ello, el requisito debería ser que una persona pueda mantenerse con su trabajo. 
Por esto intentamos introducir una serie de normas de carácter general aplicables a todos los ciudadanos de la Unión, de manera que la definición de «empleo» se modifique en el sentido de que este debe ser suficiente para el mantenimiento de la persona en cuestión. 
Esto ya se aplica a los pensionistas y a los estudiantes. 
De ese modo la Unión Europea estaría abierta a la libre circulación de los trabajadores, pero no a los abusos. 
También tenemos dudas sobre la definición de «miembro de la familia» , que debería hacerse extensiva al cónyuge o a la pareja de hecho, registrada o no, independientemente del sexo. 
Si no conseguimos que se apoye esto, vamos a votar en contra del informe. 
.– En la primera lectura de la propuesta de posición común, me sentí obligado a votar en contra porque no estaba satisfecho con las propuestas maximalistas, respaldadas sobre todo por los votos de los miembros de izquierdas de la comisión parlamentaria, que desvirtuaban el informe. Dichas propuestas menoscaban el enfoque mucho más equilibrado del ponente. 
El Parlamento Europeo optó entonces por un enfoque francamente exagerado, que rebasaba con creces las necesidades en ese ámbito. 
En esta segunda lectura, la Comisión ha considerado conveniente adoptar la mayor parte de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo, aunque no en el caso de las políticas relativas a la familia, que están excluidas claramente del ámbito de competencias comunitarias, lo cual es de agradecer. 
Sigo manteniendo las demás reservas y observaciones que expuse en la primera lectura. 
En cuanto a las enmiendas propuestas por la izquierda comunista, he votado en contra de las mismas. 
.– Aunque acojo con satisfacción la existencia de un programa en este ámbito, es lamentable que se rechacen sistemáticamente aumentos significativos de la ayuda a las organizaciones juveniles. 
Comprendo la posición de la ponente que, ante la intransigencia del Consejo, no quiso poner en peligro la entrada en vigor del programa en la fecha prevista. No obstante, rechazo la posición inaceptable del Consejo, que socava el papel de las organizaciones juveniles. 
No se debe permitir que disminuya el apoyo a las asociaciones de jóvenes; dichas organizaciones cumplen un papel fundamental en la educación de los jóvenes, en el fomento de la participación y en la extensión de la democracia. 
Si no aumentamos el apoyo, estaremos dando a entender que no tenemos intención de ampliar el ámbito de participación de los jóvenes y esto es lamentable. 
.– El informe reviste especial importancia en el ámbito de la juventud. 
Su objetivo es establecer un programa de acción comunitario para la promoción de organismos activos a escala europea en el ámbito de la juventud y, más concretamente, crear una base jurídica apropiada para las subvenciones comunitarias que ya se otorgan al sector, mediante la aprobación de un programa de acción. 
Quiero destacar que el incremento en un 13% del presupuesto del programa, acordado el 24 de noviembre por el Parlamento y el Consejo. 
Aun cuando el Consejo siempre se ha mostrado claramente reticente al respecto, es de señalar que aprobó en su totalidad, en parte o en cuanto al fondo trece de las dieciséis enmiendas presentadas por el Parlamento en la primera lectura y adoptadas posteriormente por la Comisión. 
Por mi parte, he votado a favor del paquete propuesto, a la vez que me congratulo por el voto unánime que obtuvo en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. 
.– El presente informe enlaza con el Informe Prets. 
Se trata de otro proyecto de resolución legislativa en el ámbito de la juventud, la educación y la formación que, como el anterior, obtuvo el apoyo de todos los miembros de la comisión. 
En este caso, la educación y la formación –dos temas que también merecen atención– pasan a ocupar el primer plano. 
El Consejo alcanzó un acuerdo unánime, después de considerar la opinión del Parlamento. 
Las enmiendas a la propuesta de la Comisión propuestas por el Consejo han mejorado la claridad y coherencia del texto. 
Se ha incrementado el presupuesto disponible para el programa. 
Por mi parte, acojo con satisfacción las observaciones de la ponente y, por lo tanto, he votado a favor. 
También he votado a favor del paquete de enmiendas, que dan cuerpo a la posición común. 
. – Además de que infringe la subsidiariedad y el respeto de la competencia de los Estados en el ámbito de la educación, esta propuesta nos parece condenable en varios aspectos. 
En primer lugar, no es deseable conceder excepciones a las normas presupuestarias retrasando la firma de los convenios; habría que pensar en cumplirlos de inmediato. 
En segundo lugar, no es sano financiar, ejercicio tras ejercicio, con cargo al presupuesto comunitario, un clon europeo de las facultades de ciencias políticas para contribuir a alimentar una burocracia que menoscaba el hecho democrático y el debate político que aspira a suscitar, quizás incluso de buena fe. 
Por último, las academias y centros beneficiarios mantienen desde su creación firmes vínculos con el pequeño mundo de las instituciones comunitarias, cuya causa sostienen con fervor y cuyas orientaciones en materia europea alimentan sistemáticamente, hasta tal punto de que no se pueden descartar los riesgos de clientelismo, de dependencia exclusiva y de confusión de los géneros. 
Los diputados al Parlamento Europeo pertenecientes a la delegación de CPNT del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias han votado por tanto en contra de esta resolución, que defiende un proyecto elitista para una Europa uniformizada, alejada de las aspiraciones de los ciudadanos, pero cuyas decisiones pesan sobre la vida diaria de estos. 
.– Felicito a las ponentes, la Sra. Pack y la Sra. Prets, por su riguroso trabajo sobre las importantes cuestiones de la política europea en los ámbitos de la juventud, la educación y la formación. 
Estos informes encajan muy bien con la comunicación de la Comisión de ayer sobre «La nueva generación de programas educativos y de formación» , que establece programas futuros con los que se pretende sustituir los programas actuales Sócrates, Leonardo da Vinci, Tempus, Youth, Culture 2000 y Media Plus a partir del año 2007. 
Estoy totalmente de acuerdo con la Comisaria Reding acerca de la necesidad de reforzar y reestructurar programas que estén más claros para los ciudadanos de una Unión Europea ampliada. 
Estos nuevos programas también permitirán mejorar la cooperación a las instituciones de los ámbitos de la educación, la formación y la cultura. 
Contribuirán a alcanzar el objetivo de Lisboa, es decir, hacer de Europa la economía basada en el conocimiento más competitiva para 2010. 
En una Unión que tendrá casi 500 millones de habitantes en el año 2007, los nuevos programas formarán parte de un nuevo enfoque que construirá puentes entre culturas e individuos. 
.– Acojo con satisfacción el informe, que tiene por objeto establecer un programa de acción comunitario para la promoción de organismos activos a escala europea en el ámbito de la juventud y, más concretamente, crear una base jurídica apropiada para las subvenciones comunitarias que ya se otorgan al sector, mediante la aprobación de un programa de acción. 
Las recomendaciones de la ponente –que el Parlamento acepte la posición común con algunas enmiendas– son meramente técnicas y están motivadas básicamente por el hecho de que las concesiones realizadas por los Ministros de Finanzas en el curso del procedimiento de conciliación, que finalizó después, superaron los términos del acuerdo político alcanzado en el Consejo de «Cultura». 
No obstante, dado que la posición oficial del Consejo es que la posición común debe basarse en el acuerdo alcanzado por los Ministros de Cultura, el Parlamento se ve obligado a enmendar dicha posición común del Consejo con objeto de que el acuerdo alcanzado por los Ministros de Cultura coincida con el alcanzado por el Parlamento y el Consejo en el procedimiento de conciliación presupuestario. 
Dado el consenso general con respecto a la posición común y el carácter técnico de las enmiendas propuestas por la ponente en segunda lectura, he votado a favor. 
Hemos decidido abstenernos en la votación de los informes Prets, Pack e Iivari. 
El motivo es que consideramos que las cuestiones en el ámbito de la cultura y la educación se deben abordar a escala nacional, donde las decisiones se adoptan en el ámbito más próximo posible a los ciudadanos. 
Nos oponemos por principio a la selección que hace el informe Pack de un pequeño número de escuelas que recibirán una gran proporción de las subvenciones totales de la Unión Europea a la educación. 
Pensamos que existen muchas otras escuelas de calidad que se deberían haber considerado. 
Para que la Unión pueda llegar a ser más eficaz y eficiente en relación con los grandes asuntos transfronterizos, las políticas sobre los asuntos cotidianos, como las escuelas, las artes y la juventud, deben quedar en manos de los Estados miembros. 
Dichos temas deben tratarse en el ámbito más próximo a los ciudadanos. 
– Señor Presidente, una mayoría de inspiración verde e higienista ha votado en contra del cultivo del tabaco y –no se sabe demasiado por qué– en contra también del cultivo de olivos. 
Y todo por un silogismo simple: el tabaco provoca cáncer de pulmón, luego bastaría con no cultivarlo para suprimir el cáncer de pulmón. 
Por desgracia, el 75% del tabaco que se fuma en Europa, es decir, 540 000 toneladas, viene importado, en particular de Brasil. 
Por tanto, incluso suprimiendo las 350 000 toneladas de tabaco europeo, de las que 25 000 toneladas son de origen francés, no cambiaría nada en lo que al cáncer se refiere. 
Al contrario, en el caso de Francia se desestabilizarían más de 50 000 puestos de trabajo, en Sarlat, en Tonneins, en Lille o en otros lugares. 
En Europa estarían amenazados casi 500 000 puestos de trabajo, entre los que figuran muchos puestos de mujeres, que en todo caso cuentan con menos recursos y por tanto menos medios para luchar contra el cáncer. 
¿Por qué entonces esta política absurda? 
Porque a la Comisión Europea no le gustan los cultivadores de tabaco, los viticultores, los olivareros y los campesinos. 
En Bruselas se está a favor de la preferencia agrícola extranjera y, por consiguiente, de la preferencia por el cáncer de pulmón importado. 
– Señor Presidente, estoy muy satisfecha de que hoy hayamos conseguido votar las nuevas normas de organización de mercados en el ºsector del tabaco. 
La propuesta del Parlamento de una desvinculación parcial es el camino adecuado, dado que las decisiones del Consejo de Luxemburgo de 2003 prevén desvinculaciones parciales para todas las organizaciones de mercados. 
Como ha señalado el Sr. Maaten, se trata de más de 400 000 puestos de trabajo. 
También quisiera dejar muy clara otra cuestión: quien piense que todo el mundo dejaría de fumar si se dejase de cultivar tabaco en Europa, es un iluso. 
Entonces se importaría el tabaco y solo habríamos perjudicado a la economía europea, o sea, a los agricultores y asalariados. 
– Señor Presidente, discrepo de los dos últimos oradores. 
Apoyar este informe es algo muy triste para esta Cámara. 
Me gustaría centrar mis observaciones en el tabaco. 
Creo que el paquete de reformas de la Comisión es justo. 
Los sistemas propuestos eliminan el apoyo directo a un producto que es la mayor causa de las enfermedades evitables en la UE. 
Medio millón de ciudadanos de la UE mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco, un millón en el conjunto de Europa. 
Los ciudadanos de la UE encuentran profundamente ofensivo que casi 1 000 millones de euros al año se destinen a financiar un cultivo que nadie compraría si no estuviera subvencionado; un cultivo que no hace sino perjudicar a sus consumidores. 
La aprobación de hoy del informe Daul no aporta nada a la salud de los ciudadanos europeos. 
Es un día decepcionante para este Parlamento, y me complace que 215 diputados hayan votado en contra de este informe y en contra de las subvenciones para el tabaco. 
Hemos decidido votar en contra de todas las enmiendas a la propuesta de la Comisión y en contra del informe en su conjunto. 
Queremos una agricultura europea moderna en consonancia con las reformas de la política agrícola común. 
Consideramos que la propuesta de la Comisión es un paso hacia adelante para alcanzar los objetivos de la política agrícola de la Unión. 
Apoyamos una reforma radical de la política agrícola con la disociación de las ayudas agrícolas como objetivo principal. 
Por lo tanto, apoyamos la propuesta de la Comisión. 
Apoyar la formulación del informe supondría un importante retroceso para la tarea de reforma de la agricultura europea, ya que el texto del Parlamento apoya el mantenimiento de la ayuda directa y la ayuda vinculada a la producción en un grado absolutamente excesivo. 
El objetivo de la política agrícola de la Unión Europea es dar a los agricultores una mayor libertad para producir lo que el mercado demanda, consiguiendo con ello que la producción se adapte al consumidor. 
Esto es especialmente importante desde una perspectiva internacional para que la competencia en el mercado europeo no sea todavía más difícil para los países en vías de desarrollo con sus productos agrícolas. 
Se trata de principios importantes, a nuestro juicio, que la política agraria de la Unión debería tomar en consideración, sobre todo en lo que respecta al algodón y el tabaco. 
Los moderados opinamos que deberían suprimirse gradualmente las ayudas directas a la producción de tabaco, aceitunas, algodón y lúpulo. 
El apoyo europeo a la producción de tabaco no se puede defender ni ética ni económicamente. 
También opinamos que deberían suprimirse los derechos de aduana proteccionistas para las aceitunas. 
.– En nombre de los siete diputados radicales, queremos manifestar que apoyamos las enmiendas propuestas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural relativas al sistema de apoyo al sector del cultivo del tabaco. 
Consideramos necesario y urgente reemplazar la política común actual, que es innecesariamente onerosa para los contribuyentes y consumidores europeos, nociva para el medio ambiente y para la competitividad e innovación del sector agrícola, y perjudicial para las economías de los países más pobres. 
En este contexto, la reforma de la PAC que propone la Comisión, basada en la disociación de las subvenciones de la producción, aunque del todo insuficiente, constituye un paso en la dirección correcta. 
No apoyamos, no obstante, el trato discriminatorio que penaliza expresamente el cultivo del tabaco, basado en un enfoque «prohibicionista» con respecto al hábito de fumar. 
Por otra parte, apoyamos la posición del ponente, en el sentido de que la supresión de las ayudas a los productores de tabaco no equivale en absoluto a combatir el tabaquismo. 
.– La ayuda a la producción en los sectores del aceite de oliva, el tabaco y el algodón se debe mantener si queremos evitar que muchos productores abandonen la actividad y que se pierdan las características específicas de los productos mediterráneos. 
La propuesta de la Comisión de una disociación de la ayuda con respecto a la producción, que acaba de aprobar también el Parlamento, es inaceptable y no constituye un buen augurio para los debates en el Consejo de Ministros de Agricultura. 
Es una propuesta que va a tener una repercusión económica muy negativa y que va a dar paso a la desertización, sobre todo de las regiones más pobres de los Estados miembros de la Unión Europea, como las de Portugal. 
En el caso del algodón, el umbral de las ayudas se ha fijado en la ridícula cifra de 360 hectáreas, a pesar de los beneficios potenciales del proyecto de Alqueva y de la conversión de zonas yermas en tierras de regadío. En el caso del aceite de oliva, el paquete financiero y la metodología decididos socavan tanto la modernización de los olivares portugueses como los nuevos derechos de plantación, fijados en 30 000 hectáreas, que se acordaron en 1998, a pesar del ahorro de 113 millones de euros previsto. 
La propuesta supondría incrementar en unos 20 millones de euros el paquete financiero para Portugal. 
La consecuencia más preocupante de la propuesta sería, no obstante, el gran número de productores que abandonarán el sector en Portugal, según indican diversos estudios. 
Por esto hemos votado en contra. 
.– El informe Daul ha obtenido el consenso de la Alleanza Nazionale, al llegarse a un compromiso aceptable entre los diversos grupos políticos de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, gracias a la labor realizada por el Sr. Berlato para modificar la propuesta original de la Comisión. 
Nuestro objetivo, con respecto a una propuesta que también hubiera puesto en peligro la posición italiana sobre el aceite en determinadas zonas desfavorecidas, era alcanzar un acuerdo para la desvinculación parcial y flexible del 60% de las ayudas de la producción, teniendo los Estados la posibilidad de aumentar ese porcentaje en caso necesario. 
Junto con otros grupos, la AN ha apoyado y conseguido que se introduzca, además de criterios sociales y paisajísticos, un criterio de calidad, junto con medidas como la Denominación de Origen Protegida (DOP) y la producción orgánica, la cosecha manual y otras medidas que no están relacionadas con la cantidad. 
La calidad del producto es una garantía para los consumidores y protege los tipos específicos de agricultura de algunos Estados europeos. 
Por lo tanto, estamos satisfechos de que se reconozcan concretamente las características específicas italianas con respecto a la producción de aceite de oliva de alta calidad, y acogemos con satisfacción los mecanismos de ayuda para los productores oleícolas, que salvaguardan los niveles de empleo en las zonas rurales que se están despoblando e introducen medidas importantes para garantizar un aceite europeo de calidad. 
Esa es la razón por la que he votado a favor del informe Daul. 
– He votado en contra de todas las enmiendas y, en la votación final, en contra del informe, ya que opinamos que la Unión Europea se equivoca al mantener o aumentar las ayudas a las plantaciones de tabaco, a los olivares y a la producción de algodón más allá de la propuesta original de la Comisión. 
Creemos que se deben ir retirando esas subvenciones y que el dinero de los contribuyentes debe utilizarse de una forma más adecuada. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos considera que el aumento de las subvenciones es un problema de principio y, en lo que se refiere al tabaco, existen fuertes argumentos éticos en contra de la ayuda. 
Puesto que muchos países en vías de desarrollo dependen enteramente de la producción de algodón, la ayuda de la UE distorsiona la competencia. 
Estos países están incluso en peor situación que algunas regiones de la UE para resolver los problemas de transición que surgen cuando se abandona parte de la producción. 
. – La reforma de las organizaciones comunes de mercado de los productos mediterráneos se inscribe en la consecuencia lógica de la reforma de la política agrícola común, adoptada en Luxemburgo en junio de 2003. Está basada también en la disociación de las ayudas y en la transferencia de los fondos al segundo pilar. 
La delegación de CPNT se ha opuesto siempre a esta reforma y sigue manifestando firmemente su oposición. 
En el sector del tabaco, en particular, la disociación de las ayudas provocará el cese de esta actividad, que hasta ahora generaba muchos puestos de trabajo. 
¿Qué será de esos trabajadores agrícolas cuando no se necesiten ya sus brazos? 
El desarrollo rural no es matar un sector, sino más bien mantener puestos para que el campo siga vivo. 
Dicho esto, entre la disociación total y la disociación parcial, preferimos la disociación parcial de las ayudas; entre la aplicación inmediata de esta reforma y la posibilidad de aplazarla, preferimos un poco de tregua. 
Por ello, frente a las propuestas de la Comisión, nos resignamos a votar el texto del ponente. 
Con este estado de ánimo, con temor, pero siempre con la misma combatividad, vemos asomar la próxima reforma de la organización común de mercado del azúcar. 
. – Pronunciándose a favor de la limitación máxima de la disociación de las ayudas públicas al cultivo de tabaco europeo, el Parlamento Europeo acaba de rendir un homenaje tardío a quienes combatieron desde un principio este mecanismo perverso, ideado por la Comisión, para obtener –con éxito, como sabemos– la bendición de la Organización Mundial del Comercio para los pagos de apoyo a la renta. 
De hecho, con la disociación, la Unión Europea ha elegido un sistema que va a representar un obstáculo para los jóvenes al comienzo de su vida laboral, a hundir los mercados en el caos y a deslegitimar la ayuda pública. 
En el sector del tabaco, la Comisión ha participado además en la desaparición de las ayudas inducida por el sistema de la disociación al proponer abiertamente la disociación total como preludio a la supresión de toda ayuda pública. 
Bruselas establecía así una auténtica «preferencia extranjera» en beneficio de los productores de tabaco no europeos. 
La contrapropuesta de la Comisión de Agricultura, que acaba de ser aprobada en el pleno, limita los daños al reasociar la mayor parte de la ayuda y reconocer a los Estados miembros una verdadera subsidiariedad. 
La pelota está ahora en el campo del Consejo, que puede apoyarse en el trabajo realizado en el Parlamento a favor del mantenimiento del cultivo de tabaco en Europa y, en particular, en Francia. 
– Hemos decidido votar en contra de las enmiendas 1 a 28, 30 a 39 y 40 a 43 a las propuestas de la Comisión y en contra del informe en su conjunto. 
Queremos una agricultura europea moderna en consonancia con las reformas de la política agrícola común. 
Consideramos que la propuesta de la Comisión es un paso hacia adelante para alcanzar los objetivos de la política agrícola de la Unión. 
Apoyamos una reforma radical de la política agrícola con la disociación de las ayudas agrícolas como objetivo principal. 
Por lo tanto, apoyamos la propuesta de la Comisión. 
Apoyar el texto del informe del Parlamento sería dar un gran paso hacia atrás en la reforma de la agricultura europea, puesto que este texto llega demasiado lejos en la promoción del mantenimiento de las ayudas directas y las ayudas vinculadas a la producción. 
El objetivo de la política agrícola de la Unión Europea es dar a los agricultores una mayor libertad para producir lo que el mercado demanda, consiguiendo con ello que la producción se adapte al consumidor. 
Esto es especialmente importante desde una perspectiva internacional para que la competencia en el mercado europeo no sea todavía más difícil para los países en vías de desarrollo con sus productos agrícolas. 
Para nosotros, se trata de principios importantes que deben reflejarse en la política agrícola de la Unión. 
.– El Parlamento ha aprobado una serie de enmiendas al Reglamento que hoy nos ocupa, mejorando considerablemente la propuesta original de la Comisión. 
Las más importantes son la prohibición a escala comunitaria de la producción y comercialización de mezclas de aceite de oliva con otras materias grasas, una medida esencial para garantizar la calidad del aceite de oliva; la prohibición de los términos «aceite de oliva» – o cualquier otra imagen o símbolo que evoquen dicho producto, en la etiqueta o en la información al consumidor – utilizados para describir cualquier mezcla de grasas o aceites, con el fin de combatir la competencia desleal; la indicación obligatoria del origen de las aceitunas, basada en el país de cultivo; y la retención de restituciones a la producción para el pescado y las verduras en conserva. 
Era fundamental que el Consejo actuara respetando el dictamen del Parlamento en este ámbito, pero el Parlamento no ha propuesto mecanismos eficaces para regular el mercado y ha aceptado el fin de las ayudas a la producción. 
Lamentamos que se haya rechazado la propuesta de nuestro Grupo, que al menos habría protegido algunas de las ayudas vinculadas a la producción; es decir, basadas en la cantidad de aceite de oliva realmente producido, y no por hectárea. 
Me alegra que se haya aprobado nuestra propuesta de conservar los organismos de control actuales, pero lamento que se hayan rechazado todas las demás. 
. – Las propuestas contenidas en el informe Lavarra no hacen ninguna referencia a los cambios negativos que se están fomentando con la revisión intermedia o con respecto al aceite de oliva ya que, tal como dice, considera que es un hecho consumado, en cuyo caso todo lo que queda por hacer es regular determinados aspectos del mercado del aceite de oliva. 
Por ello, todas sus enmiendas, positivas en su mayoría (como la abolición de la práctica de mezclar aceite de oliva con otras sustancias grasas) se limitan a eso. 
Discrepamos radicalmente con la lógica de considerar la revisión intermedia para el aceite de oliva como una conclusión inevitable, y con el contenido de la revisión; en otras palabras, con la desvinculación de una parte considerable de las subvenciones de la producción, congelando la producción de aceitunas a los niveles del 1 de mayo de 1998, reduciendo los créditos comunitarios para el aceite de oliva, etc. 
La propuesta de la Comisión tendría que servir únicamente como base para el debate en el Parlamento Europeo y se tendría que rechazar en su totalidad, ya que crea una situación mucho peor que la actual y en ningún caso satisface a los productores oleícolas. 
Hemos votado en contra del informe, a pesar de contener algunos aspectos positivos, ya que acepta la revisión intermedia para el aceite de oliva como una conclusión inevitable. 
El Partido Comunista de Grecia pide a los productores oleícolas que luchen para que la revisión no se aplique en la práctica, de modo que se supriman los límites máximos sobre la producción de aceitunas y que se paguen las subvenciones en función de la producción real y se ponga fin a la farsa y burla de los productores oleícolas. 
.– En el informe que hoy nos ocupa, acojo con satisfacción las enmiendas propuestas que exigen un sistema de clasificación del aceite más satisfactorio; la prohibición de las mezclas de aceites de oliva con otras materias grasas; la indicación obligatoria en las etiquetas del lugar de origen de las aceitunas, determinándose dicho origen en función del origen de la planta y el lugar de recolección de las aceitunas, y no del lugar de prensado y procesamiento (ya que esto provoca casos de usurpación de imagen y piratería de marcas) ; una mayor transparencia del TPA para evitar que con este mecanismo se consiga denominar y vender como comunitarios las aceitunas y los aceites obtenidos a partir de aceitunas importadas de países extracomunitarios; y el aumento del precio base que activa automáticamente el procedimiento del almacenaje privado. Por consiguiente, he votado a favor. 
.– He votado a favor de este informe. 
Tenemos aquí una propuesta de Reglamento que sustituirá al Reglamento (CEE) nº 827/68, que dejará de estar en vigor en noviembre de 2004. 
Con esta propuesta se pretende una mejor clasificación de los diferentes tipos de aceite de oliva, la prohibición de mezclas de aceite de oliva con otras materias grasas, la indicación obligatoria en las etiquetas del lugar de origen de las aceitunas y, por lo tanto, la determinación del lugar de origen del aceite sobre la base del lugar de origen de la planta y del lugar de recolección, y no del lugar de prensado y elaboración, y una mayor transparencia del TPA. 
También se propone que el término «operarios» se sustituya por la denominación más correcta de «productores oleícolas» , y que no se asigne a las organizaciones de productores competencias de control y supervisión del mercado, que deben permanecer en manos de las autoridades nacionales que controlan los sectores oleícola y agrícolas. 
Además, todos los productores del sector llevan tiempo pidiendo una legislación más clara y transparente. 
Esperamos que los resultados satisfagan sus expectativas. 
– He votado en contra de todas las enmiendas y, en la votación final, en contra del informe, ya que opinamos que la Unión Europea se equivoca al mantener y aumentar las ayudas a los olivares más allá de la propuesta original de la Comisión. 
Creemos que se deben ir retirando esas subvenciones y que el dinero de los contribuyentes debe utilizarse de una forma más adecuada. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos considera que el aumento de las subvenciones es un problema de principio. 
Puesto que muchos países en vías de desarrollo dependen enteramente de la producción de algodón, la ayuda de la UE distorsiona la competencia. 
Estos países están incluso en peor situación que algunas regiones de la UE para resolver los problemas de transición que surgen cuando se abandona parte de la producción. 
La propuesta del Parlamento significa no solo mayores subvenciones que las que la Comisión ha propuesto, sino demandas incluso más concretas sobre productos y necesita sistemas de clasificación. 
Esto puede ser loable, pero a menudo se trata de una forma de protección contra la competencia exterior, o dicho de otra manera, se trata de una barrera comercial oculta que dificulta el libre comercio. 
. – La única forma posible de calificar la resolución del Parlamento Europeo sobre el Día Internacional de la Mujer es de insulto y burla para las mujeres. 
Todo fomento de la igualdad de la mujer y búsqueda de responsables por los triviales resultados obtenidos quedan eliminados por las alabanzas hacia la política de la UE y las críticas positivas de las decisiones de las Cumbres de Lisboa y Barcelona. 
La dura realidad experimentada por las mujeres en la UE (elevado νndice de desempleo, puestos de trabajo escasos y mal retribuidos, terrorismo en el lugar de trabajo, ausencia de medidas de apoyo social a la familia, aumento de la edad de jubilación, discriminación salarial, etc.) es el resultado de las decisiones estratégicas de la UE, que recibieron un empuje importante en las Cumbres de Lisboa y Barcelona. 
Las propuestas para promover el nombramiento de mujeres para el cargo de Comisarias, crear una cartera especial de los derechos de la mujer en la Comisión, dar a las mujeres la misma representación en las elecciones al Parlamento Europeo, crear un instituto europeo para las cuestiones de género, etc. ilustran hasta qué punto los residentes temporales de Bruselas están alejados de los problemas y las preocupaciones reales de las mujeres trabajadoras. 
¿Cómo puede una mujer empleada a tiempo parcial, con un salario parcial, o con jubilación parcial, que es el modelo promovido o, al menos, aceptado por quienes inspiran este tipo de textos, participar plenamente en la vida social y política? 
Por este motivo los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia nos hemos abstenido de votar. 
– Señor Presidente, el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa sobre los prisioneros de Guantánamo reconoce con toda razón el incumplimiento del Derecho internacional y los derechos humanos. 
En efecto, a esas personas, víctimas del expansionismo imperialista que ha adoptado la forma de «guerra contra el terrorismo» , no se las trata como prisioneros de guerra y se ven sometidas a torturas y a todo tipo de humillaciones posibles. 
Y eso pese a la civilización de los que se proclaman a sí mismos los paladines de la civilización y quieren dar al resto del mundo lecciones de democracia. 
Sin embargo, el informe acepta el núcleo de la política imperialista y la percepción estadounidense del terrorismo, justifica el ataque a Afganistán, no condena los arrestos y detenciones ilegales y se limita a pedir un juicio justo para los prisioneros. 
Por esta razón, los diputados del PE del Partido Comunista de Grecia se han abstenido en la votación y piden que se liberen a todos los presos inmediatamente y se les indemnice por lo que han tenido que soportar. 
– Los moderados suecos estamos de acuerdo con la exigencia de que se someta a un juicio justo a los prisioneros de Guantánamo y, por lo tanto, hemos votado a favor del informe que se ha presentado. 
Sin embargo, no compartimos la opinión de que los prisioneros cumplen necesariamente las condiciones de la Convención de Ginebra, lo que permitiría considerarles como prisioneros de guerra. 
Por lo tanto, es incorrecto que el informe invoque las reglas de la Convención de Ginebra que rigen el tratamiento de los prisioneros de guerra como directamente aplicables a los prisioneros de Guantánamo. 
.– Esta recomendación, cuyo origen está en una iniciativa en la que participó mi Grupo parlamentario, era urgente y necesaria, aunque no estoy de acuerdo con la forma en que se han formulado todos sus puntos. 
Pero, por desgracia, llega demasiado tarde, puesto que cientos de personas, incluidos niños, de unos 40 países, entre ellos países de la Unión Europea, están retenidas en la base militar estadounidense de la Bahía de Guantánamo desde enero de 2002 en circunstancias y condiciones inaceptables y sin ningún derecho ni garantía. 
Es urgente y necesario que las autoridades de los Estados Unidos pongan fin sin demora a esta flagrante violación de los derechos humanos más básicos y de la dignidad humana, que viola toda la legislación y el Derecho internacional, sobre todo en cuanto al acceso a un juicio justo y la prohibición de las detenciones arbitrarias. 
Es urgente y necesario que los gobiernos de los países de la Unión Europea dejen de consentir esta situación y adopten una posición clara y firme que denuncie y condene esta situación inaceptable, exigiendo a las autoridades de los Estados Unidos que garanticen a esos prisioneros el acceso inmediato a la justicia de conformidad con la legislación y el Derecho internacional. 
. – Casi nadie se interesa tan apasionadamente por la situación de los presos de Guantánamo y manifiesta tanta compasión hacia ellos como este Parlamento. 
No comparto la opinión dominante en esta Asamblea. No solo no creo que se trate de una cuestión prioritaria, sino que, para decirlo todo, la condición de esas personas me inspira poca conmiseración. 
A la elite ilustrada de virtuosos defensores de los derechos fundamentales que no ve en Guantánamo más que desgraciados presos, víctimas de la arbitrariedad de los Estados Unidos, tengo que recordar que hablamos de individuos sospechosos de pertenecer a la más peligrosa organización criminal jamás conocida, activistas que han participado en distinta medida en uno de los atentados más sangrientos de la Historia, terroristas islámicos que han declarado una guerra total a Occidente y sus valores. 
Una situación de excepción, como es la lucha contra el terrorismo internacional, puede justificar medidas excepcionales. 
La situación de los presos de Guantánamo, una cuestión que por lo demás es de la estricta competencia de los Estados Unidos, me parece menos digna de interés que la de las familias de las víctimas, de las que nos preocupamos menos. 
.– La cuestión de la «detención, trato y juicio de determinados no ciudadanos en la guerra contra el terrorismo» que está ocurriendo en la Bahía de Guantánamo ha sido retomada por ciertos sectores europeos como una cuestión política, más para dificultar la fluidez de las relaciones transatlánticas que para respetar y defender los valores fundamentales del Estado de derecho y el pleno respeto a la legislación humanitaria internacional. 
El tono del informe pretende alimentar no solo la división que se produjo en Europa con motivo de la guerra del Iraq, sino también la animosidad contra los Estados Unidos. 
Por mi parte, creo también «que las relaciones transatlánticas son inestimables y pueden ser una fuerza formidable en el mundo tal como el Consejo Europeo ha expuesto, únicamente si los derechos humanos básicos – como el derecho a un juicio justo y la prohibición de la detención arbitraria – se respetan claramente como universales y no negociables y siguen siendo el núcleo de los valores e intereses comunes que mantienen tanto la Unión Europea como los Estados Unidos.» 
Ahora bien, la razón fundamental que subyace al informe es el hecho de que las exigencias dirigidas a los Estados Unidos se deben a que los supuestos terroristas están retenidos en Guantánamo, muy lejos de Europa. 
Por lo tanto, he votado en contra de este informe, más por el talante antiamericano que se puede vislumbrar en él que por los principios fundamentales que evoca y que yo siempre he defendido. 
– Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(1) 
– De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto sobre Ampliación / Países candidatos. 
Señorías, quiero ante todo dar las gracias al Comisario Verheugen por su constructiva y muy estrecha cooperación en el curso de los años. 
Los éxitos de la República Checa en los últimos años están fuera de toda duda. 
Aún así, siguen existiendo deficiencias en algunos ámbitos, como por ejemplo, en la normativa aplicable a las plantas de procesamiento de alimentos. 
Pero nuestros consumidores no deben tener miedo; en el mercado interior de la UE no se permitirá la entrada de nada que incumpla nuestras normas. 
Otro problema que me plantean cada vez con más frecuencia es el supuesto tráfico de seres humanos y, en particular, de niños en la frontera germano-checa. 
El Gobierno checo tiene que fomentar programas de ayuda a las víctimas en este ámbito. 
Se necesitan también programas de formación dirigidos a la policía y la guardia de fronteras para concienciarles del problema del tráfico de seres humanos, y tiene que existir una mayor cooperación transfronteriza sobre la base de INTERREG. 
En cuanto a los planes de construcción de presas en las cuencas altas del río Elba, he logrado convencer a la Comisión de la Unión Europea de que es absolutamente esencial que se lleve a cabo una evaluación del impacto medioambiental de este proyecto y que se estudien alternativas intermodales. 
Yo vivo en el valle del río Elba en Sajonia, que se inundó en el verano de 2002, y sé de lo que estoy hablando. 
Por último, quiero hablar sobre la intención del Parlamento checo de rendir tributo al ex presidente checoslovaco Edvard Beneš. 
Después de habernos pasado años debatiendo el asunto de los decretos Beneš aquí en el Parlamento y de encontrar una fórmula de compromiso que fue aprobada por la inmensa mayoría del Pleno en abril del año pasado, creo que es poco sensible y una provocación por parte de los checos que ahora, justo antes de que el país se incorpore a la Unión Europea, aprueben una ley que no solo resucita el pasado, sino que en realidad le rinde tributo. 
No quiero que nadie que respalde esta ley se una a mi Grupo en el futuro. 
– Señor Presidente, este periodo legislativo se acerca a su fin, al igual que el proceso de la adhesión de diez Estados a la Unión Europea. 
Incluso antes de ser ponente del Parlamento para la adhesión de Estonia, ya tenía un gran interés por este país, que he visitado con regularidad durante 11 años. 
Por lo tanto, estoy firmemente convencido de que no solo somos corteses cuando decimos en el informe que «el Parlamento Europeo subraya la determinación y la continuidad de los esfuerzos realizados por las autoridades estonias en los preparativos para la adhesión durante todo el periodo de transición». 
Puedo ver –acaba de salir–, he podido ver al ex Ministro de Asuntos Exteriores, Toomas Hendrik Ilves, presente en esta Cámara y quiero darle las gracias, en nombre de todos nuestros otros colegas estonios, por esa determinación mostrada por todos los partidos políticos de Estonia. 
Personalidades dignas de admiración, como –entre otros– el ex Presidente Lennart Meri, o Mart Laar, que ocupó por dos veces el cargo de Primer Ministro, han hecho mucho en el pasado para orientar el país hacia Europa. 
Estoy convencido de que, con el apoyo de la UE, el dinamismo del país, que se puede ver sobre todo en Tallinn, acelerará también el desarrollo social y económico en otras partes más remotas. 
Con respecto a Rusia, el Sr. Brok ya ha dicho algo sobre los tratados de fronteras, y quiero añadir que también tiene que estar claro que el Acuerdo de Asociación y Cooperación de la UE con Rusia se aplica por igual a todos los nuevos miembros. 
Espero respuestas claras del Consejo de Ministros a las declaraciones hechas el 5 de marzo por el ministro ruso Sergei Ivanov reiterando la falsa propaganda de la URSS –y, por desgracia, también de la Rusia actual– en es decir, que la URSS no invadió los países bálticos, sino que estos reclamaron su ayuda. 
Este tipo de propaganda y cuentos de hadas no deben difundirse aquí, y eso es algo que la Unión Europea tiene que dejar claro a Rusia. 
. – Señor Presidente, como ponente para Chipre, me complace comprobar que, en su informe de seguimiento, la Comisión certifica que este país ha alcanzado un alto nivel de alineación con el acervo comunitario en la mayoría de los ámbitos. 
No obstante, esta satisfacción se ve ensombrecida por el hecho de que, en el momento en que hablamos, la aplicación del acervo comunitario sigue estando en suspenso en la parte ocupada de la isla y las negociaciones entre las comunidades parecen hallarse actualmente en punto muerto. 
La causa fundamental de este bloqueo reside en que el negociador principal por parte turcochipriota, el Sr. Denktash, a pesar del Plan Annan, todavía no ha admitido o comprendido que Chipre es un país independiente e indivisible. 
Este país solo podrá adherirse a la Unión Europea a condición de que se dote de una constitución que le doten de una personalidad internacional única y unas instituciones federales que funcionen. 
La estrategia del Sr. Denktash, desgraciadamente confirmada por sus recientes declaraciones sobre el rechazo del Plan Annan, conduce en línea recta al fracaso de las negociaciones bilaterales. 
Por suerte, el dispositivo de la ONU contiene mecanismos de recuperación. 
El primero es la intervención de Grecia y Turquía, prevista para el 22 de marzo, en las negociaciones bilaterales. 
En ellas, Turquía tendrá la ocasión de levantar el serio obstáculo para su propia perspectiva europea que es, según la Comisión, la falta de solución del problema de Chipre. 
El segundo guardafuegos podría provenir del referendo popular del 22 de abril: si una mayoría de turcochipriotas votan a favor del Plan Annan y de la adhesión, entonces los fantasmas del pasado podrán volver a los anales de la historia. 
Los próximos días serán decisivos para el futuro de Chipre. 
De acuerdo con el Comisario Verheugen, el Parlamento Europeo no puede sino desear que los grecochipriotas, al igual que los turcochipriotas, aprovechen esta oportunidad histórica. 
. – Señor Presidente, en mi última visita al país objeto de mi informe –Letonia–, he tenido la impresión de que la adhesión a la Unión Europea no ha calado todavía en las mentes de la elite política. 
Esperaban que en el informe de seguimiento se elogiaran los éxitos del proceso de alineamiento. 
Pero ese no es su objetivo. 
Su objetivo es analizar los problemas de relevancia directa e indirecta para la coexistencia en la Unión Europea, de modo que la adhesión pueda beneficiar a todas las partes implicadas. 
Celebro que el representante del Gobierno letón en Bruselas y antiguo negociador jefe de ese país considere mi trabajo exhaustivo y sólido y me haya confirmado que el informe diagnostica correctamente los problemas del país. 
Quiero expresar mi agradecimiento por las largas conversaciones que pude mantener con la embajada y otros ministerios y organismos públicos. 
La información que me proporcionaron me ayudó a obtener una imagen realista de la situación del país. 
Quiero dar también las gracias a mis colegas por su estrecha cooperación. 
A diferencia de la Comisión, creo que el trabajo de la nueva Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción puede calificarse de eficaz y prometedor. 
Estoy convencida de que servirá para terminar con la imagen negativa de Letonia. 
Cuando visité el país, me reuní también con una Ministra de Justicia muy comprometida, y estoy convencida de que con ella las reformas se encuentran en buenas manos y que se conseguirán logros con mucha más rapidez de lo que se presupone en el informe de la Comisión. 
Lo mismo puedo decir de la política agrícola. 
Asimismo, me alegra saber que mi informe ha desencadenado un debate político sobre lo que probablemente es el principal problema social del país: la manera de integrar mejor a la población de habla rusa. 
En el debate en torno a mi informe se ha discutido la manera de lograr la ciudadanía para una quinta parte de la población y la forma de acelerar el proceso. 
He soportado con paciencia las acusaciones, condenas e insultos recibidos últimamente con la esperanza de que el debate de mis propuestas, que a fin de cuentas están todas ellas respaldadas por el Consejo de Europa, consiguiera algún resultado satisfactorio, es decir, un aumento del número de ciudadanos nacionalizados. 
En contra de lo que algunos políticos letones reivindican, el contenido de mi informe y las cosas que exige son idénticos a los de otras organizaciones europeas. 
No podemos acusar al Consejo de Europea ni al Alto Comisario de la OSCE de pertenecer a una determinada familia política. 
Naturalmente, es cierto que con mi informe no he satisfecho las aspiraciones nacionales heroicas de una parte de la elite política del país que se considera infalible. 
No era ese mi objetivo. 
He escrito este informe con sentido de responsabilidad hacia los valores comunes de nuestra Unión Europea, entre ellos la indivisibilidad de la dignidad humana, y me mantengo firme en eso. 
. – Señor Presidente, ante todo doy las gracias al Comisario y le felicito por su excelente trabajo. 
Cuando iniciamos nuestra legislatura en el verano de 1999, lo hicimos con la decisión de Helsinki que supuso la unificación del procedimiento para la integración de los nuevos países, el proceso único. 
Hoy, cuando nuestra legislatura se acerca a su fin, este círculo se está cerrando satisfactoriamente y esto es algo muy serio e importante para toda Europa. 
Los dos meses que quedan es muy poco tiempo. 
Hoy estamos ejerciendo nuestra crítica de los nuevos países como colegas, no como observadores ni como asesores. 
En este sentido, yo, como ponente oficial para Lituania, quiero confirmar la tarea positiva e importante que se ha llevado a cabo en este país y que ha contribuido a su progreso, de modo que en dos meses estará en situación de convertirse en miembro de pleno derecho de la Unión Europea. 
Existen problemas, como en todos los nuevos países. 
Pero se han resuelto los problemas más graves como, por ejemplo, la cuestión de Kaliningrado, las relaciones con la Federación de Rusia, el problema de la central nuclear de Ignalina y el problema de la cooperación regional. 
¿Qué tenemos que hacer nosotros? 
Tenemos que apoyarles en las cuestiones medioambientales, apoyar la mejora de las redes transeuropeas en el ámbito de la energía y el transporte, para que estos países puedan integrarse más en las estructuras europeas. 
Como tengo otra identidad (nací en una isla del Mediterráneo, Creta) , sería un descuido de mi parte que no mencionara la integración de la Unión Europea en el Mediterráneo con Chipre y Malta. 
Este círculo se está cerrando de forma excepcional. 
Espero, a la vista de lo que el Comisario nos ha dicho antes, que la posición relevante de la Unión Europea se mantenga constante, de modo que cuando Chipre se convierta en un miembro de la Unión Europea y se haya resuelto la cuestión chipriota, como esperamos, se pueda aplicar al 100% el acervo comunitario en todas las políticas de un Chipre reunificado. 
– Señor Presidente, señor Comisario, miramos a Hungría con el respeto y estima debidos a un pueblo que espera encontrar en nuestra Unión no solo respeto a su independencia e identidad nacional, sino también seguridad colectiva y la prosperidad económica que le negó la dictadura comunista, a la que se vio sometido junto con tantos otros durante casi 40 años. 
Ahora bien, hemos de reconocer que el paso histórico de la ampliación plantea cuestiones y temores legítimos por ambas partes, teniendo en cuenta el desafío que supone reunificar dos mundos que, lamentablemente, han alcanzado en las últimas décadas fases de desarrollo muy diferentes. 
Esto acentuará inevitablemente las diferencias entre las regiones más opulentas y las menos prósperas, y dará lugar a un aumento de la población que vive en las regiones menos desfavorecidas. 
Es verdad que tenemos que aceptar ese hecho. 
Pero también es verdad que el paso que hay que dar en mayo de 2004 tiene la máxima relevancia política, porque demuestra claramente la vitalidad con que todos los países de Europa que participan en la ampliación se enfrentan al reto que la historia les ha planteado. 
Mi esperanza es, señor Presidente, que de ahora en adelante tengamos todos –los antiguos y los nuevos Estados miembros– la oportunidad de trabajar juntos y ejercer nuestra responsabilidad común en el desarrollo de la Unión Europea. 
Esta responsabilidad común implica mantener e incluso reforzar el principio de la cohesión económica y social. 
Desde este punto de vista, vemos la ampliación como un contrato que aporta ventajas mutuas tanto a los nuevos países de la Unión como a los actuales cuyos niveles de renta siguen justificando la asignación de ayudas comunitarias al desarrollo. 
En este sentido, acogemos con plena satisfacción el proyecto de perspectiva financiera para 2007-2013 que la Comisión acaba de someter a este Parlamento. 
Implica también una mayor calidad democrática en las instituciones europeas, donde es fundamental mayor transparencia y supervisión democráticas, así como una participación mayor y más efectiva de los parlamentos nacionales en la construcción de Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, Hungría es uno de esos países que ha realizado una tarea excepcional de preparación para su ingreso en la Unión Europea. 
Mi tarea ha consistido en acompañar ese esfuerzo de cerca. 
Es cierto que todavía siguen existiendo algunos problemas que Hungría tendrá que resolver, pero sabemos que su Gobierno está decidido a cumplir los compromisos adquiridos a su debido tiempo. 
En lugar de recordarlos ahora, creo que sería más adecuado destacar el éxito y la determinación con que este país se ha enfrentado en los últimos años a esos retos. 
Hungría, al igual que todos los demás países candidatos, va a ocupar, por fin, el lugar que merece como Estado miembro de la Unión Europea. 
Como ponente para ese país, les pido, por lo tanto, a todos ustedes que apoyen el informe Brok, que representa años de esfuerzo y duro trabajo y marca el comienzo de una nueva era en la vida de la Unión Europea. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, al ser este el último informe del Parlamento antes de la fecha histórica de la ampliación de la UE, quiero hacer una declaración en mi calidad de copresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-República Checa y como ponente para Malta. 
A medida que se acerca esa fecha, las expectativas son cada vez más realistas; la ampliación no resolverá todos los problemas de un plumazo. 
Continuamente recibo cartas de los ciudadanos que se contradicen con la línea oficial sobre los decretos Beneš que todavía se siguen aplicando en casos en los que está pendiente la indemnización. 
Lo único que puedo comentar sobre esta cuestión es que me gustaría una mayor sensibilidad en la manera de tratar la historia y personajes históricos como Edvard Beneš. 
Sin embargo, Austria es uno de los países que más pueden ganar con la ampliación y se está beneficiando, sobre todo, de las mejores relaciones comerciales y las inversiones en la República Checa. 
Como sus vecinos, éramos firmemente partidarios de su adhesión, con la esperanza de que la ampliación aportaría a Europa Central desarrollo pacífico y crecimiento económico. 
Volviendo al tema de Malta, no puedo sino felicitar a este Estado mediterráneo, pequeño pero importante, situado allí donde se encuentran Europa y Africa del Norte, por su decisión de unirse a Europa, decisión que ahora está respaldada por todas sus fuerzas políticas, y también por los esfuerzos que ha hecho el país para preparar su adhesión a la UE. 
Si consideramos las deficiencias estructurales de sus astilleros y, en general, la necesidad de convertir una economía protegida e insular en una economía de libre mercado, la aplicación del acervo comunitario ha representado un gran reto y un gran logro para este pequeño Estado insular. 
Ahora bien, todo lo que puedo decir a los malteses es que no deben temer que, como país de pequeño tamaño, sean tragados por algo tan grande como la Unión Europea. 
El nombramiento del Sr. Borg, el Ministro de Asuntos Exteriores de Malta, como su Comisario, demuestra la importancia que Malta concede a su adhesión a la UE. 
– Señor Presidente, permítame por una vez hablar sobre los problemas grandes o pequeños que Polonia tiene todavía que resolver para ocupar de nuevo el lugar que le corresponde en Europa. 
Para alguien como yo que ha vivido –aunque en la posición privilegiada de corresponsal extranjero– los difíciles años de la dictadura comunista y que, posteriormente, regresó para ocuparse de Polonia como ponente, este es un momento importante, y me atrevo incluso a decir, emocionante. 
No hubiera nunca imaginado en esos años que en Polonia y los otros países ex comunistas se restableciera la democracia y el desarrollo económico libre y efectivo en tan corto espacio de tiempo. 
Creo que esta es la última vez que voy a hablar sobre Polonia en esta Cámara y quiero dar las gracias a todas aquellas personas que, tanto aquí como allí, en Bruselas y en Varsovia –puedo ver al Comisario Verheugen aquí– han contribuido a cerrar esta herida en nuestro continente. 
Además, espero que los poloneses apreciarán plenamente la grandeza del sueño europeo. 
No obstante, también quiero mencionar brevemente a otro país. 
Rumania. El Sr. Podestà hablará dentro de poco sobre este país, con gran profundidad. 
Rumania todavía tiene un largo camino que recorrer, pero está haciendo todo cuanto puede para alinearse con Europa y prepararse para su adhesión. 
Hemos criticado a Rumania por sus retrasos; esta ha reaccionado intentando poner orden a sus asuntos internos. 
Ahora, naturalmente, necesita que se la vigile, estimule y supervise, pero también que se la aliente, y por eso me parece que el tono de reproche utilizado por la baronesa Nicholson of Winterbourne en su informe es excesivo. 
Así pues, apoyamos las enmiendas que el Sr. Podestà ha presentado y que van precisamente en esta dirección; es decir, la crítica constructiva. 
– Señor Presidente, como bien sabemos, de los 10 países candidatos, Eslovenia es quien mejor cumple los criterios de adhesión: solo había un punto que no estaba a su favor. Era el reconocimiento de los certificados extranjeros de estudios, una situación que ha quedado resuelta con la ley reciente. 
Hoy, se reconocen oficialmente los certificados extranjeros de la misma forma que los certificados eslovenos. 
Naturalmente, habrá problemas, pero no hay otra alternativa, tal como bien ha dicho esta mañana el Comisario Verheugen, el hombre que merece un gran reconocimiento por su excelente labor política y diplomática. 
La situación positiva de Eslovenia se debe tanto al firme consenso que existe entre el partido gobernante y la oposición, como a la aplicación del acervo comunitario a gran escala y la prudencia y habilidad con que se ha acometido este reto. 
Ahora el próximo objetivo es entrar en la zona del euro, un objetivo que, hace algunos años, parecía difícil por el elevado índice de inflación, pero que ahora parece factible en un plazo de tiempo razonable, puesto que, a finales de 2003, la inflación se redujo, situándose entre un 4 % y un 5 %. 
Por lo tanto, Eslovenia ha sido capaz de reconvertir algunas plantas de gran tamaño –el legado del socialismo – en pequeñas empresas que han llegado a hacerse relativamente dinámicas. 
En política exterior, la cuestión de las relaciones con Croacia sigue pendiente: últimamente se han tenido noticias de la ratificación, por parte del Parlamento croata, del acuerdo sobre la distribución de los activos de los países pertenecientes a la antigua Yugoslavia, acuerdo firmado en Viena en 2001, pero que hasta ahora solo habían firmado los croatas. 
Con este marco legal, será más fácil resolver otros problemas, sobre todo el de la declaración unilateral croata sobre la zona ambiental marítima exclusiva del Adriático, también criticada por la Unión Europea por ser unilateral y no haberse logrado mediante un acuerdo entre todas las partes interesadas. 
Sin embargo, el clima general entre Zagreb y Liubliana ha mejorado últimamente y los valores de seguridad, estabilidad y prosperidad a los que aspira Eslovenia son los de la Unión Europea. 
La entrada en la UE es el reconocimiento del camino que se ha tomado hacia la modernización del país al tiempo que se respetan los valores y principios comunitarios. 
Por lo tanto, felicitaciones y bienvenida a Eslovenia. 
. – Señor Presidente, yo también tengo la tentación de decir muchas cosas sobre Rumania, pero hoy, voy a limitarme al país del que he sido responsable durante los últimos años, o sea Eslovaquia. 
Me doy cuenta de que este informe no es el más importante, y puede que sea el menos importante, de todos los informes que he elaborado sobre este país a lo largo de los últimos seis o siete años. 
Lo cierto es que Eslovaquia ingresará en la Unión Europea el 1 de mayo. 
He seguido a este país durante años y no cabe la menor duda de los progresos que ha realizado en muchos ámbitos. 
Que sea este un cumplido a un país pequeño, el último en adquirir su independencia y cuyos problemas políticos antes de las elecciones de 1998 hicieron también que se incluyera tarde en la lista de los países con los que se llevaban a cabo negociaciones. 
Hoy estamos hablando de las cuestiones que todavía quedan por resolver y sobre lo que todavía debe suceder en los países candidatos antes del 1 de mayo. 
En este sentido, comparto el punto de vista de la Comisión en lo que se refiere a Eslovaquia. 
Es el Gobierno de Bratislava quien tiene que hacer lo que hay que hacer; de lo contrario, este país tendrá un problema después del 1 de mayo, con todas las implicaciones que esto conlleva. 
No puedo estar más de acuerdo con lo que el Comisario Verheugen ha dicho esta mañana: si se produce un problema de este tipo, nosotros, en la Unión Europea, no podemos recurrir a ningún compromiso, sino que tenemos que actuar con firmeza. 
Ahora bien, como él, yo también espero que los problemas se resuelvan antes del 1 de mayo. 
No deben faltar algunos comentarios generales sobre este informe. 
Reitero mi preocupación por la corrupción e insto al Gobierno a que otorgue una elevada prioridad a seguir luchando contra ella. 
Eslovaquia sigue mejorando en lo que respecta a su situación económica. 
El crecimiento económico es considerable; el desempleo se está reduciendo, pero tengo dudas de si todos los eslovacos se están beneficiando de ello. 
Si bien las reformas de la seguridad social, en particular para conseguir la reinserción laboral de los ciudadanos que reciben el subsidio de desempleo, son recientes, en la práctica parecen repercutir negativamente en determinados grupos. 
Esto se aplica en particular a la población romaní en algunas partes del país, en especial en Eslovaquia oriental, donde prácticamente no hay puestos de trabajo para ellos. 
Ni que decir tiene que este tipo de Reglamento será, por tanto, ineficaz. 
Quizá sea esta una de las razones que estarían detrás de los incidentes desagradables que han tenido lugar últimamente, como el saqueo de tiendas. 
Ninguna excusa sirve para justificar tales acciones; son ilícitas, pero, sin embargo, tengo que recomendar a los eslovacos que vuelvan estudiar su legislación social minuciosamente. 
Puesto que Eslovaquia ha prometido hacer más, y no menos, por la población romaní, no me opongo a unas enmiendas que tienen como objetivo reiterar esta cuestión. 
No obstante, me opongo a las enmiendas que aceptan la relación entre el saqueo de tiendas y los problemas en torno a la seguridad social. 
En mi opinión, lo primero es inaceptable y tiene que hacerse algo respecto a lo segundo. 
. – Señor Presidente, la integración de diez nuevos países en la Unión Europea significa el reconocimiento mutuo, como ha dicho el ponente, Sr. Brok, del hecho de que, por encima de todos los intereses nacionales tradicionales, existen intereses europeos generales que todos los países deben considerar como parte de sus intereses nacionales. 
En consecuencia, los países nuevos y los antiguos deben dejar de pensar de forma puramente etnocéntrica. 
Además, todo el procedimiento de integración, tal como deja claro el informe, acelera el progreso de estos países con reformas de carácter político, administrativo y económico y ese es el mayor beneficio para sus ciudadanos. 
En particular, quiero expresar la satisfacción de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior por el alineamiento de estos países con el acervo comunitario en los ámbitos del derecho mercantil, las normas contables, la legislación en materia aduanera y los movimientos de capital y, de modo más general, por los notables resultados conseguidos en lo que se refiere a la transposición de legislación comunitaria a sus respectivas legislaciones nacionales. 
Pero al mismo tiempo quiero decir que la comisión lamenta el retraso de algunos países en los ámbitos del comercio, las transacciones transfronterizas y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. 
En este punto diría que hay que enviar un mensaje claro de que las enormes posibilidades que se abren a sus ciudadanos están ligadas a las obligaciones que tienen con respecto a la aplicación de la legislación comunitaria. 
. – Señor Presidente, como ponente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, quiero, ante todo, felicitar a Bulgaria por los progresos que ha realizado: se han completado 26 capítulos, otros seis siguen pendientes, pero queda mucho más por hacer respecto a las perspectivas de inversión, lo cual significará el establecimiento de un clima comercial transparente y sin ambigüedades que garantice a las empresas la seguridad de sus inversiones y elimine la amenaza que para ellas supone la corrupción. 
En cuanto a la central nuclear de Kozloduy, quiero decir lo siguiente. 
Si de la inspección llevada a cabo en noviembre de 2003 se desprende que se han seguido todas las recomendaciones del Grupo de Cuestiones Atómicas, la Comisión podrá considerar el aplazamiento del cierre de Kozloduy 3 y 4 por algún tiempo. 
Pero en caso contrario, será necesario que la Comisión respete el calendario acordado para el cierre de las unidades 3 y 4. 
A la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía le preocupan muchas más cosas respecto a Rumania. 
A pesar de todos los esfuerzos del Gobierno rumano, hemos de concluir que, hasta la fecha, este país no posee una economía de mercado que funcione. 
En la práctica, queda mucho por hacer para erradicar la corrupción y poner en marcha reformas estructurales de una manera concreta y coherente. 
El camino de Rumania hacia la Unión Europea se ve dificultado por la tardanza de las privatizaciones, el retraso de la reforma de las empresas públicas y a una condiciones de inversión que todavía dejan mucho que desear. 
El escaso atractivo de Rumania para los inversores extranjeros es otra razón para desarrollar plenamente y con carácter urgente el Estado de derecho en el ámbito de la economía rumana. 
Tiene que crearse una cultura que acepte responsabilidades y aplique las leyes. 
Por lo tanto, acogemos con gran satisfacción la propuesta del informe Brok para realizar un ejercicio de reorientación y, al mismo tiempo, prestar más atención a los problemas relacionados con el Estado de derecho. 
También es necesario que se reestructuren sectores fundamentales como los de la energía, la minería y el transporte. 
En resumen, Rumania tiene que hacer todavía un esfuerzo enorme. 
– Señor Presidente, es la última vez que, como ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, junto con el Sr. Ettl, puedo dar una opinión sobre los preparativos de los países candidatos en el ámbito social. 
Tienen una serie de bazas con las que pueden jugar y sobre las que se conoce demasiado poco, al menos en nuestros países, donde se piensa a menudo que los nuevos Estados miembros se encuentran todavía en una fase inicial de desarrollo. 
Huelga decir que eso no es así. 
Por ejemplo, la población está muy bien educada: el 88 % de las personas de 20 a 24 años han recibido enseñanza superior, como mínimo. 
Esa cifra es superior a la de los 15 Estados miembros actuales, que es del 74 %. 
Además, la población de los diez nuevos países es más joven que en los 15 Estados miembros actuales. 
Por lo tanto, el fenómeno del envejecimiento de la población va a tardar un poco más en dejarse sentir. 
En resumen, estos países poseen un gran potencial en cuanto a recursos humanos. 
La utilización de ese potencial al máximo tiene que ocupar un lugar destacado en nuestra agenda política. 
En la actualidad, esos recursos humanos no se aprovechan lo suficiente. 
El nivel de desempleo en los países candidatos es alto y las oportunidades de empleo son escasas. El 14,3 % de la población en edad de trabajar carece de empleo, frente al 8 % de la Unión Europea. 
El desempleo entre los jóvenes de menos de 25 años ha adquirido proporciones alarmantes: 32 %, el doble que en la Unión Europea. 
Un caso extremo es el de Polonia, donde el desempleo juvenil alcanza el 41 %. 
Además, en siete de los diez Estados miembros candidatos, el desempleo juvenil aumentó en 2003 comparado con el año anterior. 
Por consiguiente, es obvio que estos países, según establece la estrategia europea sobre el empleo, tienen que desarrollar una política de empleo sostenible y activa. 
El aprendizaje permanente ha de mantener a los trabajadores en activo dentro de un mercado laboral cambiante. 
El número de personas entre 25 y 65 años que recibieron cursos en 2002 es del 5 %, frente al 8 % de la Unión Europea, y también se corre el riesgo de una fuga de cerebros de profesionales altamente cualificados. 
Otra cuestión es la salud y la seguridad en el trabajo. 
Algunos países prefieren pagar a los trabajadores salarios más altos a costa de las garantías de salud y seguridad. 
El poder adquisitivo y los ingresos antes de impuestos están muy por debajo de la media europea, pero han aumentado – incluso de forma considerable – mientras en nuestros países se han reducido. 
Esto supone un logro importante. 
Sin embargo, un gran problema es que los salarios siguen siendo demasiado bajos como para salvar a la población de la pobreza. 
La pobreza en los diez países implicados afecta al 40 % de la población activa. 
La seguridad social tiene que desarrollarse de forma más eficaz. 
Los interlocutores sociales deben organizarse con mayor eficacia ya que, por el momento, carecen de suficiente poder de organización para poder mantener realmente negociaciones sociales en los países implicados. 
. – Señor Presidente, aunque no puedo sino hacer hincapié en lo que la Sra. Smet ha dicho, los grandes progresos realizados por los nuevos Estados miembros no deben impedirnos ver los problemas que siguen existiendo en el ámbito social, o sus crecientes dificultades con el empleo. 
Los ajustes económicos, sumados a los procesos de reestructuración industrial cuyas principales víctimas han sido los trabajadores, están causando problemas cada vez más grandes en los mercados laborales de los nuevos Estados miembros. 
Ahora, cuando están en el umbral de la adhesión, no se puede insistir demasiado en que las metas y ambiciones generales de la Europa social se mantendrán y no pueden rebajarse. 
La aplicación con éxito de la Estrategia de Lisboa en una Europa ampliada depende de los criterios sociales y de la legislación social, que son medios para conseguir ese fin. 
Yendo más lejos todavía, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo insta a los nuevos Estados miembros a que, en sus programas políticos, presten más atención al capital humano. 
En una Unión Europea de 25 Estados, no hay lugar para los desarrollos retrógrados ni para la inercia social, que allanarían el camino para nuevos conflictos. 
En general y a modo de conclusión, permítanme que diga que la tendencia a tratar tanto los asuntos sociales como los del empleo como «normativa blanda» es un problema para el futuro desarrollo general de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, quince años después de que los países de Europea Oriental se liberaran del comunismo, lo que vemos es una vida completamente nueva y, en realidad, nuevos países. 
Se trata de un logro fantástico de esos pueblos. 
Como miembros de la UE, van a ganar, al igual que el resto de nosotros, plena libertad de movimiento para fomentar una mayor solidaridad y solidez en toda la Unión. 
Durante todo el tiempo que he trabajado en la ampliación, he podido conocer a muchas personas ambiciosas y trabajadoras. 
Por lo tanto, lamento que, en los Estados miembros actuales, parezcamos tener tanto miedo de los trabajadores que llegan aquí. 
Me avergüenza que, en mi propio país, se hable de turismo social. 
Esta libertad de movimiento significaría una inyección necesaria en nuestros mercados laborales ligeramente estancados. 
La agricultura es más importante en estos países que en los Estados miembros actuales. 
Las zonas agrícolas son más amplias; la agricultura emplea al triple de población que en la UE actual; y el sector agrario representa una proporción más grande del producto interior bruto; es decir, la política agrícola es más importante para estos países de lo que realmente es para nosotros. 
Necesitamos una política para todos los países. 
Tenemos, por supuesto, que asegurarnos de que los nuevos Estados miembros dispongan de organizaciones que proporcionen apoyo y control y que puedan reforzar la legislación alimentaria y la vigilancia de la salud de los animales y las plantas. 
Han ocurrido muchas cosas y, si comparamos la situación actual con el informe de la Comisión, podemos alegrarnos de la información que estamos recibiendo, según la cual muchas cosas que no se habían alcanzado el 30 de septiembre de 2003, ahora se han conseguido. 
Esperemos que el resto se consiga antes del 1 de mayo de 2004 
En cuanto a los otros dos países que hoy nos ocupan, Bulgaria y Rumania, es importante decir que Bulgaria ha realizado progresos considerables en los últimos años y que hay que elogiar por ello a este país. 
Rumania ha pasado por una situación más difícil y le queda más camino por recorrer para ponerse al día pero, incluso esta mañana, hemos recibido informes de algunos progresos y, naturalmente, tenemos que reconocerlos y aprobarlos. 
Rumania es el país más típicamente agrícola de todos los países candidatos, y cuenta con un gran número de pequeñas explotaciones. 
El 40% de la población sigue trabajando en la agricultura, y muchas explotaciones dependen de la agricultura de subsistencia. 
Es necesario un cambio social y económico enorme para que el desarrollo se haga posible, pero hay que recordar que tenemos una responsabilidad compartida. 
Los países candidatos tienen su parte de responsabilidad, pero los Estados miembros actuales también tienen que asumir la que les corresponde. 
La Comisión tiene que participar, en vez de solo plantear exigencias. 
También tiene que alentar y proporcionar recursos. 
Hay que hacer un uso más eficaz de los recursos SAPARD. 
He intentado seguir los acontecimientos en Europa Central y Oriental durante casi 40 años, y me alegra sinceramente poder dar la bienvenida a estos países tanto el 1 de mayo de 2004 como en 2007. 
. – Señor Presidente, Señorías, lo que quiero decir, como ponente de opinión de mi Comisión, es que, en lo que se refiere a los Fondos Estructurales y a la política regional, la mayoría de los países candidatos, en el momento de su adhesión, estarán ya en posición de transponer ámbitos fundamentales del acervo. 
Sin embargo, es de lamentar que todos ellos tengan que hacer grandes esfuerzos en ámbitos tan importantes como la gestión y el control financieros. 
En el sector del transporte, lo más decepcionante de todo es el fracaso del progreso de la República Checa, Polonia y Hungría en lo que se refiere al transporte por carretera. 
Tienen que tomar medidas decisivas para mejorar su legislación en materia de seguridad y medio ambiente y para garantizar su conformidad con el acervo comunitario. 
Dada la gran importancia de las redes de transporte transeuropeas para toda Europea, no solo para los países candidatos, sino también los Quince de la UE, hay que instarles a que consideren las RTE no solo como un medio de hacer realidad prioridades nacionales, sino como una contribución eficaz a la cohesión europea y a la integración de una Europa reunificada. 
. – Señor Presidente, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo está satisfecha con el informe sobre Rumania. 
Ahora bien, existen algunos aspectos que, como ponente de opinión, quiero destacar. 
En el campo del transporte, Rumania está realizando grandes progresos. 
Sin embargo, la privatización y reestructuración de este sector merecen una atención especial. 
En términos de seguridad, sobre todo de seguridad marítima, se sabe que la situación de los buques que navegan con bandera rumana es a menudo deficiente. 
Esta Cámara se toma en serio ese problema. 
Rumania tiene que resolverlo antes de su adhesión. 
Debido a la ausencia general de capacidad administrativa para la política regional, los incentivos de los fondos europeos corren el riesgo de fracasar en su pretendido objetivo, cuando son tan necesarios en el marco socioeconómico. 
Queremos pedir a Rumania que realice un esfuerzo importante para mejorar su administración pública con el fin de garantizar el buen uso de los fondos y su control. 
El objetivo de mis enmiendas es introducir algunos cambios en ese sentido. 
Aunque no se puede negar que Rumania está realizando progresos, todavía le queda un largo camino que recorrer hasta la adhesión. 
Quiero animar a este país para que siga por ese camino con determinación. 
. – Señor Presidente, voy a referirme a los puntos principales de mi informe, tal como se han aprobado. 
Nuestra comisión expresa su satisfacción ante los progresos realizados por Bulgaria en la mayoría de los sectores del transporte y solicita la aplicación del acervo comunitario en los sectores del transporte por carretera, ferroviario y aéreo. 
Pide que la supresión de su bandera en la lista de París siga siendo una prioridad. 
Lamenta que siga pendiente el capítulo 21 sobre política regional y la coordinación de instrumentos estructurales. 
Pide a Bulgaria garantías de la existencias de estructuras eficaces para prevenir, detectar y castigar los casos de fraude y corrupción, en especial los relacionados con los programas PHARE e ISPA. 
Pide además que se intensifique la coordinación y cooperación entre ministerios, así como con los organismos competentes y otras partes interesadas. 
Considera la necesidad de esfuerzos directos para mejorar la cooperación y comunicación, sobre todo entre las administraciones centrales y regionales, donde consideramos que existen problemas, así como para consolidar y terminar de crear estructuras institucionales tanto a nivel central como regional. 
Por último, nuestra comisión está convencida de que Bulgaria podrá ingresar en nuestra Unión en la fecha acordada. 
. – Señor Presidente, está claro que el Día Internacional de la Mujer ya se ha olvidado, ya que la ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades es, naturalmente, la última en intervenir. 
Sin embargo, en calidad de tal, creo que no debemos ser menos estrictos con los países candidatos que con nosotros mismos en lo que se refiere a la transposición completa del acervo comunitario de la Unión Europea en el ámbito de la igualdad de género. 
En lugar de centrarnos en lo que les falta por hacer, tendríamos que manifestar nuestro agradecimiento por los progresos y las reformas que un país como Bulgaria ha conseguido realizar, en condiciones difíciles, desde que se liberó de la dictadura comunista. 
Después de todo, muchos países que han sido Estados miembros durante años siguen teniendo aún problemas con la transposición adecuada de las Directivas sobre igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, algo que, permítanme que añada, queda patente en el último informe de la Comisión sobre la Estrategia de Lisboa para la Cumbre de Primavera. 
Llegados a este punto, creo, en mi humilde opinión, que no debemos dar demasiados sermones a países como Bulgaria. 
En su lugar, deberíamos estar haciendo todo lo posible para ayudar y alentar a este y a otros países como él, para que sigan avanzando por la senda correcta pese a las dificultades encontradas, de manera que – como esperamos – este maravilloso país europeo pueda ingresar en nuestra Unión Europea en 2007. 
Lo mismo podemos decir de la protección de los menores, un ámbito en el que ciertamente todavía queda mucho por hacer. 
– Señor Presidente, la Unión está en estos momentos tomando la mayor decisión política de su historia, puesto que la diferencia entre los nuevos y los actuales Estados miembros es mayor que en las rondas anteriores de ampliación. 
Es de esperar que los nuevos países entiendan que su ingreso en la Unión no es una cuestión de objetivos nacionales, sino de basar el progreso en la cooperación. 
Es de esperar que nadie trate de utilizar la Unión como un foro para castigar las pasadas injusticias de Oriente ni para defender el unilateralismo de Occidente. 
La Unión Europea no va a resolver los conflictos mediante la guerra ni el uso de la fuerza, sino mediante la negociación. 
Esto lo hemos aprendido de nuestra historia. 
El modelo europeo difiere de las prácticas de Oriente y Occidente en que la democracia abarca los derechos civiles en el trabajo, la educación e incluso en la sociedad de la información. 
Abarca también los derechos de los trabajadores, razón por la cual el modelo tripartito en las relaciones laborales debe convertirse en la práctica habitual en los nuevos Estados miembros lo más rápidamente posible. 
Los principales socios de la Europa ampliada serán los Estados Unidos de América y Rusia. 
Existen problemas tanto políticos como comerciales en nuestras relaciones con ambos. 
Cuando tenga lugar la ampliación, la Constitución no habrá entrado aún en vigor, no se habrán tomado decisiones sobre los marcos financieros futuros y la Comisión saliente habrá demandado al Consejo. 
Dos terceras partes de los diputados del Parlamento se habrán ido incluso antes que los Comisarios. 
El nacionalismo parece estar en alza y los Estados miembros más grandes presionan para obtener privilegios. 
Si no llega este año a un acuerdo sobre la Constitución, será mucho más difícil que se consiga en años venideros. 
Esperemos que no haya sido un mero ejercicio interesado. 
La ampliación demostrará de todas maneras que la cooperación pacífica y equitativa es lo más duradero en todas las circunstancias. 
– Señor Presidente, el progreso en Europa durante una generación determina la respuesta al reto político desde la caída del Muro de Berlín en 1989. 
Ahora, la Europa que, desde la segunda Guerra Mundial, ha estado dividida por el telón de acero, tanto física como ideológicamente, va a reunificarse. 
El objetivo es tanto una unificación política como formal, así como la estabilización real de las principales diferencias económicas y políticas que han dividido a Europa. 
Por lo tanto, tenemos que estar encantados con la ampliación, incluso en los momentos en que se muestra problemática. 
Pero tenemos que acordarnos también de hablar a los ciudadanos europeos sobre nuestro éxito europeo común. 
A pesar del éxito de la ampliación y de la creciente importancia de la UE en la vida cotidiana de los ciudadanos, sigue siendo un hecho que nosotros los políticos no lo hacemos demasiado bien para hacer llegar este mensaje a los ciudadanos. 
Reitero, por tanto, que en nuestra labor política tenemos que seguir dando una mayor prioridad a la información y la comunicación con los ciudadanos. 
Puede que en las próximas elecciones se nos dé ya una lección en la forma de unos niveles de participación decepcionantes. 
Por lo tanto, no se puede sino repetir con la suficiente asiduidad: el éxito de una UE de 25 Estados miembros exige que los políticos y las instituciones dialoguen con los ciudadanos. 
– Señor Presidente, es cierto que se han realizado progresos, pero no deja de ser un secreto conocido que, en varios países candidatos ha decaído el entusiasmo de los ciudadanos por la UE y que las elecciones europeas van a demostrarlo. 
El desempleo en Europa Central y Oriental ha alcanzado unos niveles lamentables, nunca antes la brecha entre los pobres y los ricos había sido tan amplia, las tensiones sociales están aumentando y la corrupción está extendiéndose. 
La presión unilateral ejercida por la UE para iniciar las privatizaciones con el mínimo retraso posible ha supuesto el cierre definitivo de zonas industriales pujantes en otros tiempos de Polonia, la República Checa, Hungría y Eslovaquia. 
La inestabilidad social pone en peligro la democracia, de manera que los criterios de Copenhague no son ya el instrumento correcto para hacerla frente. 
Estas tendencias tienen que controlarse con firmeza y cortarse de raíz. 
Aunque algunos países han recibido advertencias por el trato que dan a la población romaní, está claro que la UE tiene que adoptar un enfoque comunitario, o de otro modo el problema no tendrá solución. 
La solución no se conseguirá con Estados que actúan por su propia cuenta. 
El problema de las minorías rusas en los Estados bálticos es de naturaleza política. Puede parecer que Moscú está ejerciendo influencia en esta cuestión, pero en realidad se trata de un conflicto que gira en torno a la educación y los derechos de los ciudadanos, y que exige una solución política. 
A mi entender, es mucho más que un escándalo político que se ponga en duda el nombramiento como Comisario de alguien como el Sr. Telička, que ha dirigido con gran competencia a la República Checa en su proceso de adhesión, por el hecho de haber pertenecido en su juventud durante dos años al Partido Comunista. 
Se trata de una maniobra de la malvada influencia del anticomunismo más caduco, capaz de envenenar la atmósfera no solo de esta Cámara, sino también de los países candidatos. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los comentarios de nuestros ponentes demuestran que los países candidatos han realizado importantes esfuerzos, pero que todavía les queda mucho por hacer en cuanto a la lucha contra la corrupción, el fraude y el tráfico de seres humanos y, en particular, con respecto a la aplicación de la legislación. 
Los apartados más difíciles en los diversos informes corresponden a la población romaní, que se ve discriminada, desfavorecida y tratada como ciudadanos de segunda clase en todas partes, incluidos los Estados miembros actuales. 
En Eslovaquia, esta situación ha dado ya lugar a disturbios e incluso ha causado una víctima mortal, principalmente por las reformas iniciadas en este país, que entre otras cosas, limitan las prestaciones de la seguridad social y hacen que dejen de depender del número de miembros de la familia. 
Esto afecta directamente a la población romaní, con sus familias tan numerosas, que piensa que la medida está dirigida contra ella. 
Por este motivo quiero pedir medidas más eficaces no solo en Eslovaquia, sino también en todas partes, para mejorar la difícil situación de la minoría romaní. 
Dichas medidas deben dirigirse a la población romaní, pero además es muy importante que sean ellos mismos quienes las apliquen, porque no participan lo suficiente en la mejora de su propio destino y su propia emancipación. 
– Señor Presidente, comparto con el ponente, el Sr. Brok, sus afirmaciones sobre la catastrófica falta de preparación de los diez países en vías de adhesión. 
Centraré mi intervención en los aspectos agrícolas de la ampliación. 
Del mismo modo que al ponente, me preocupa la posible generación de trastornos sociales, como el éxodo rural o el aumento del desempleo, y destaco la importancia de la agricultura de semisubsistencia en los países adherentes. 
Como él, observo que subsisten grandes problemas, como el hecho de que la administración de varios países no esté todavía en condiciones de garantizar una aplicación correcta del Derecho comunitario, incluido el pago de las subvenciones agrícolas. 
Esta situación es especialmente preocupante dado el nivel de corrupción existente en algunos países candidatos. 
Como mis colegas de la Comisión de Agricultura, estoy especialmente preocupada por una serie de problemas en el ámbito de la seguridad alimentaria y de la seguridad pública. 
A modo de ejemplo, Polonia acaba de pedir, el pasado 4 de marzo, es decir, apenas dos meses antes de la adhesión, un período de transición de 6 a 12 meses más para adecuar a las normas europeas unas 300 empresas agroalimentarias que deberían haber estado preparadas el 1 de mayo de 2004, reconociendo así su falta de preparación. 
Hay que añadir que, desde 2001, los diez países adherentes reciben unos 500 millones de euros al año a través de los fondos Sapard con el único objetivo de ajustar su agricultura a su zona rural. 
Están muy lejos de haberlo logrado. 
Lamento la precipitación con la que se ha llevado a cabo toda esta empresa. 
La ampliación me parece ahora un tren desbocado que ya nadie sabe o quiere parar. 
No veo, pues, cómo podría compartir las conclusiones del ponente, más bien me preocupan. 
Por ello, votaré en contra de este informe. 
– Señor Presidente, en el minuto que tengo, quiero hablar sobre Rumania y el informe Nicholson. 
Este informe empezó en comisión con un enfoque que era acertado para el fin que perseguía y con el que tanto yo como el resto de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa estábamos satisfechos. 
Tenemos que enviar un mensaje firme pero, al mismo tiempo, lleno de esperanza al pueblo y el gobierno de Rumania. 
Rumania tiene que proceder con mayor seriedad y con mayor rigor en el camino de las reformas, pero tiene que subirse al tren de la adhesión, el tren de la Unión Europea. 
No podemos enviar un mensaje de pesimismo que excluya a Rumania de esta posibilidad. 
Es importante que nuestra familia se amplíe a Rumania, un país que necesita a la Unión Europea y que necesita y quiere, en determinados sectores, una democracia a pesar de los problemas existentes. 
Por consiguiente, aprobemos esta nueva versión del informe Nicholson con convicción, esperando que estimule las reformas estructurales necesarias para la entrada de Rumania en la Unión Europea en 2007. 
Señor Presidente, yo también quiero centrar mis palabras en el progreso realizado por Rumanía en el cumplimiento de los criterios de Copenhague. 
Quisiera resaltar dos cuestiones. 
En primer lugar, creo que hay que reconocer que Rumanía está dando pasos y desarrollando esfuerzos para cumplir plenamente estos criterios. 
Eché de menos un reconocimiento por parte del Comisario, Sr. Verheugen, en ese sentido. 
Eso no significa, y todos somos conscientes de ello, que no queden obstáculos por salvar, pero es alentador que esos obstáculos han sido identificados y que las autoridades rumanas han tomado medidas para conducir a su eliminación. 
La lucha contra la corrupción, que ha mencionado el Comisario, garantizar la independencia de la justicia- y, en ese sentido, están en marcha reformas legislativas fundamentales, contenidas en la nueva Constitución -, la libertad de prensa, la reforma de la administración pública, etc. 
En este sentido, quisiera decir que algunas de las recomendaciones contenidas en el informe de la Sra. Nicholson, como la publicación de los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura han sido acogidas favorablemente por las autoridades rumanas y, por lo tanto, creo que los apartados 17 y 18 han quedado obsoletos. 
Y, desde luego, entre los obstáculos que subsisten no puedo dejar de mencionar la protección de los niños en las adopciones internacionales. 
En segundo y último lugar, quiero decir que, siendo importante la adopción de medidas concretas dentro de los plazos específicos, también lo es que el conjunto de esas medidas refleje una trayectoria inequívoca en la dirección del cumplimiento pleno de estos criterios. 
Éste ha sido el enfoque seguido para los diez Estados que se adherirán el próximo día 1 de mayo y ese mismo enfoque debe aplicarse, igualmente, en este caso. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, dado que la fecha de la ampliación está cada vez más cerca, con mucha frecuencia me preguntan –como probablemente le ocurrirá también a mis colegas diputados– si no nos hemos precipitado demasiado y si esta adhesión, esta ampliación, no es quizás prematura. 
Por supuesto, la fecha es prematura si uno cree que se deben resolver todos y cada uno de los problemas antes de la adhesión a la Unión Europea, pero entonces probablemente ninguno de nosotros podríamos pertenecer a ella. 
Sin embargo, yo creo que la fecha es la correcta, si uno piensa que ahora, y a partir de ahora, es el momento adecuado para formar con esos países una unión común y resolver estas dificultades. 
Sean cuales sean las críticas justificadas que se les puedan hacer, lo cierto es que estos países han trabajado muy duro en los últimos años para conseguir su propia modernización y la evolución de sus sociedades. 
Al mismo tiempo, creo que hay ciertos problemas a los que debemos prestar especial atención: la corrupción ya se ha mencionado, al igual que el crimen. 
Un problema que me gustaría señalar aquí es el problema social y las cuestiones sociales. 
Realmente creo que lo importante no es solo la estabilidad de precios, los déficit cero y los recortes de impuestos, sino que lo que nos importa a la mayoría de nosotros es que se consiga un crecimiento y que se creen nuevos puestos de trabajo –y más estables también–, así como la necesidad de apoyar y fomentar la estabilidad social en estos países. 
Las últimas semanas y meses nos han demostrado los problemas que existen en este ámbito, con la minoría gitana en Eslovaquia, por ejemplo. 
Se puede encontrar cierta progresión lógica que vincula estos disturbios con los recortes de los impuestos, del gasto y del gasto social. 
No quiero decir que este problema en concreto sea el único ejemplo, y lo mismo sucede, sin duda, en otros países. 
Teniendo en cuenta que el número total de gitanos en Europa asciende a unos 6 u 8 millones, creo que ese hecho justifica de sobra el extendido deseo –que yo comparto– de contar con un Comisario cuya área de competencia incluya la integración de las minorías europeas, especialmente de la gitana. 
En cualquier caso, quiero pedir a la Comisión que, tanto antes como después del 1 de mayo, preste gran atención a las cuestiones de integración social, especialmente a la de la minoría gitana. 
Sé que el Comisario Verheugen es perfectamente consciente de lo importante que es esta cuestión y creo que toda la Comisión debe abordarla conjuntamente en las próximas semanas, meses e incluso años. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Unión Europea está completando su proceso de ampliación y creo que no es casual que el debate de hoy haya sido paralelo al debate del seguimiento de la Conferencia Intergubernamental que debería llevar a una Constitución europea porque, a mí entender, ambos deberían ser inseparables. 
Me referiré, en el único minuto de que dispongo, al informe que ha presentado la baronesa Nicholson of Winterbourne sobre Rumania. 
Creo que es un informe muy bien hecho, exhaustivo, de los problemas que existen en aquel país. 
Pone de relieve la necesidad de que ese país avance en el cumplimiento de la ley y combata la corrupción, así como la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y el respeto de las minorías. 
Me refiero, especialmente, a la minoría húngara de más de un millón de habitantes en Rumania y también, naturalmente, a la minoría romaní. 
Respecto al problema de los niños abandonados y las adopciones, creo que la respuesta del Comisario ha sido clara: el bienestar de los niños debe presidir este proceso. 
Creo que el informe puede ser un estímulo positivo para que Rumania prosiga el camino que ha iniciado. 
Señor Presidente, con respecto a Eslovenia, quedan varias cuestiones serias por resolver. 
Se refieren, en primer lugar, a la indemnización material y no material de las víctimas del éxodo provocado por la terrible limpieza étnica, cuya fase final se remonta tan solo a 1975, con la emigración forzosa desde algunas zonas, como Piran, Koper y Pristina (la antigua zona B) y, en segundo lugar, al recuerdo histórico de las y a la cuestión sin resolver de la protección de las minorías culturales de Italia y Véneto. 
En Europa, la protección de las minorías no es opcional. 
Eslovenia está finalmente tomando buena nota de eso en la práctica y sabe que quienes defienden y proclaman su propia cultura en ese país como un derecho están motivados por intenciones y fines legítimos, y que cuentan, por así decirlo, con la protección moral y política de la Unión Europea. 
También quiero expresar mi solidaridad con las justas exigencias que a su vez han planteado a la República Checa los que protegen los derechos de los refugiados de los Sudetes, víctimas de otra horrible limpieza étnica que sigue siendo una mancha para el comunismo europeo. 
Señor Presidente, hoy estamos celebrando el último debate sobre la adhesión de diez candidatos a la Unión Europea. 
Para ninguno de esos diez candidatos se ha fijado una fecha, haciendo con ello que se consideren totalmente responsables del éxito del proceso de adhesión. 
Todavía hay dos candidatos, Rumania y Bulgaria, que tienen que seguir esforzándose por llegar a la línea de meta, y Rumania es el más rezagado. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos aprueba incondicionalmente el informe de la baronesa Nicholson of Winterbourne, que en nuestra opinión es una importante contribución para subrayar todos los problemas que le quedan a Rumania, particularmente en el intento de cumplir los criterios políticos de Copenhague. 
Eso es responsabilidad de la propia Rumania: la clave del éxito la tiene Bucarest, como ya ha afirmado el señor Comisario. 
La lista de problemas ha impulsado a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa a hacer una advertencia unánime a Bucarest. 
El tono ha sido lo suficientemente claro como para movilizar al Gobierno rumano. 
Lo que se pide ahora es una reorientación del proceso. 
En un principio, el Gobierno rumano lanzó una campaña de presión a gran escala, con el mensaje de que la reorientación era innecesaria. 
Mucho más constructiva fue la lista más reciente del Primer Ministro rumano en la que se especificaban las tareas que quedaban por hacer, así como las recientes reformas del Consejo de Ministros, para que las negociaciones con la Unión Europea tengan más oportunidades de éxito. 
De este modo, se ha sentado una base para cumplir las obligaciones de Copenhague. 
Estamos muy satisfechos de que el Consejo y la Comisión compartan la preocupación del Parlamento. 
Dado que las perspectivas de la ampliación del 1 de mayo inspiran temor a lo desconocido entre los ciudadanos europeos –como ha reconocido el Comisario–, deberíamos mostrar la máxima prudencia a la hora de negociar las adhesiones posteriores. 
Los ciudadanos tienen que estar realmente convencidos de que los Estados miembros candidatos les ofrecen la misma confianza que los 15 Estados miembros actuales. 
La corrupción, motivo de muchas de la quejas que reciben las organizaciones humanitarias de nuestros países, la libertad de prensa, también objeto de numerosas quejas, los problemas con el poder judicial y la atención a los menores, son los principales puntos que deben debatirse y resolverse de manera prioritaria. 
Las numerosas cartas que han enviado indican que este enfoque ha desatado un gran entusiasmo entre los ciudadanos de Rumania. 
Es importante demostrarles que nos preocupamos por su destino. 
En este sentido, la contribución de la baronesa Nicholson of Winterbourne es fundamental. 
– Señor Presidente, esta Cámara siempre ha acogido con satisfacción la adhesión de los pueblos de Europa Central y Oriental; siempre hemos defendido a los pueblos de esos Estados que querían entrar en la Unión Europea. 
Por ello sería ilógico solicitar la suspensión de las negociaciones sobre la adhesión de Rumania; enviaría un mensaje totalmente equivocado. 
Tenemos que hacer justo lo contrario: no que las negociaciones se interrumpan, sino que avancen. 
Tenemos que dejar claro que ahora trabajaremos todavía más con nuestros socios rumanos para concluir los capítulos pendientes y resolver los problemas del país. 
Ese es el mensaje que tenemos que enviar a Rumania hoy y cuando votemos el informe mañana: nosotros os ayudaremos, pero sois vosotros los que tenéis que trabajar en vuestro país; sois vosotros quienes debéis cumplir los criterios de Copenhague. 
De hecho, el caso es que Rumania tiene que recuperar mucho tiempo; durante casi diez años, en la década de los noventa, el proceso de reforma no avanzó en absoluto. 
Sin embargo, hay que reconocer que algunos capítulos han avanzado a un ritmo mucho mayor en los últimos años, y eso es algo que hay que apoyar. 
Nos parece un error que en el punto 1 del informe se diga con respecto a Rumania que «será imposible (... ) que el país se convierta en Estado miembro en 2007». 
Esto tiene que expresarse en términos más positivos: todavía es posible que Rumania se convierta en Estado miembro en 2007, siempre que se puedan resolver los problemas que todos conocemos, siempre que exista un sistema judicial independiente, se combata la corrupción, se haga eficiente la administración y se integren las minorías. 
Tenemos que evitar que este país se convierta en cabeza de turco. 
Observo que en los puntos 17, 18 y 19 pedimos que la enseñanza se imparta en lenguas minoritarias; yo sería feliz si los ciudadanos de otros países, incluidos los Estados miembros de la Unión Europea, pudieran utilizar sus propias lenguas en los colegios, las bibliotecas y los teatros, de la manera en que los alemanes y húngaros pueden hacerlo en Rumania. 
La referencia a los matrimonios de menores en el punto 19 tiene que modificarse. 
La costumbre de obligar a los menores a casarse no es universal en Rumania, pero se da en algunas familias romaníes. 
Mi grupo considera importante que se aprueben nuestras enmiendas mañana; si se aprueban, podremos votar a favor del informe. 
Si no se aprueban, tendremos problemas para hacerlo. 
– Señor Presidente, intervengo para apoyar el excelente informe del Sr. Van Orden sobre la situación en Bulgaria, país cuya desdicha europea quizás sea la de ser vecino geográfico de Rumania y verse así asociado a esta cuando su situación es totalmente diferente. 
Hoy, la situación de Bulgaria es en el fondo bastante parecida a la de Portugal en vísperas de la adhesión, con las mismas bazas y las mismas posibilidades de desarrollo, en particular desde el punto de vista turístico. 
Creo que, muy rápidamente, veremos a Bulgaria cambiar la exportación de prostitutas por la importación de turistas, que será sumamente beneficiosa para el desarrollo del país. 
Naturalmente, también es preciso que el Estado de Derecho, para ser efectivo, ha de establecerse con métodos legales. 
Sin un Estado de Derecho, que es vital para el desarrollo, Bulgaria será incapaz de constituir, en particular desde nuestra perspectiva europea, esa región fronteriza que ha quedado incluida dentro del frente en movimiento del progreso de la UE. 
¡Ahí tenemos nuestro Lejano Oeste, ahí está nuestra propia América! 
– Señor Presidente, nuestro amigo el Sr. Oostlander ha dicho que al votar hace quince días el informe de la baronesa Nicholson quisimos expresar la preocupación del Parlamento ante la actitud de las autoridades rumanas en etapas anteriores y en la fase actual de las negociaciones. 
Esta preocupación era tal que nos hacía dudar de que las negociaciones pudieran concluir a finales de año y, por tanto, que Rumania pudiera unirse a nosotros en 2007. 
Hoy, ese enérgico mensaje ha sido tenido en cuenta en el más alto nivel del Estado rumano y no podemos sino acoger con satisfacción los compromisos personales del Primer Ministro, Adrian Nastase, máxime cuando han venido acompañados de unas primeras medidas muy concretas, que deberían acelerar las reformas aún necesarias para que el país pueda cumplir los criterios de Copenhague. 
En efecto, no debemos olvidar que, a día de hoy, la Comisión ha podido cerrar 22 de los 31 capítulos que debía examinar y que la importante remodelación ministerial en curso debería ir seguida muy rápidamente de progresos significativos en los ámbitos esenciales de la reforma del sistema judicial y de la lucha contra la corrupción. 
La derogación anunciada de las disposiciones del Código Penal que pueden limitar la libertad de prensa y, sobre todo, la rápida adopción de disposiciones legislativas con vistas a proteger mejor a la infancia constituirán para nosotros otras tantas pruebas palpables de la voluntad de las autoridades rumanas. 
Para concluir, acogemos con agrado estas alentadoras perspectivas y esperamos que permitan a la Comisión garantizar oportunamente que la adhesión de Rumania se realice en la fecha prevista, en unas condiciones que aseguren el buen funcionamiento de la Unión nuevamente ampliada. 
– Señor Presidente, el Parlamento Europeo está totalmente de acuerdo con la valoración política de la Comisión y del Comisario responsable de la ampliación, Günter Verheugen, en que si no se alcanza un acuerdo con respecto a Chipre, podría existir un serio impedimento para las ambiciones de Turquía de convertirse en Estado miembro de la Unión Europea. 
Así pues, el Parlamento mantiene que la cuestión de Chipre representa un importante obstáculo en el camino de Turquía hacia la adhesión y una prueba política para su propósito europeo. 
El Parlamento espera que las autoridades políticas turcas sean plenamente conscientes de su importancia. 
Quiero citar una frase muy importante del párrafo 63: «[Es] difícil concebir que Turquía pueda integrarse en una Unión cuando no reconoce a uno de sus Estados miembros, ocupa militarmente una parte de su territorio, boicotea a sus buques y le niega el acceso a su espacio aéreo.» 
Ahora voy a hablar en inglés porque la Presidencia irlandesa no está prestando atención a lo que se ha dicho. Lo que estaba diciendo respecto al apartado 63 es que consideramos bastante peculiar que Turquía pudiera ser un miembro de la Unión Europea en una situación en la que está ocupando parcialmente un Estado miembro de la UE. 
Esta es una cuestión de credibilidad de la UE en la búsqueda de paz. 
No podemos tolerar que el Parlamento Europeo acepte a un país que está ocupando a un Estado miembro de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, me uno a otros al advertir que todavía tienen que producirse cambios sustanciales en Rumania, pero que rechazamos el idioma del rechazo. 
Deberíamos reconocer el progreso realizado por Rumania al reforzar el Tribunal de Cuentas, en materia de reforma judicial y con el establecimiento de la nueva Constitución, y no deberíamos descartar una conclusión satisfactoria de las negociaciones este año. 
Hay que realizar cualquier esfuerzo posible, especialmente por parte de los ciudadanos rumanos, para mantener este impulso. 
Sin embargo, deberíamos hacerles ver nuestra intención, y lo hacemos tratando de enmendar la resolución a fin de sustituir la palabra que califica la adhesión en 2007 de «imposible» en el apartado 1. 
Pero sigue habiendo problemas. 
A pesar de los esfuerzos por reducir el número de niños acogidos en instituciones, Save the Children Romania afirma que no se está prestando atención a la lucha contra el tráfico y la explotación sexual. 
Las recientes muertes de 17 pacientes psiquiátricos por desnutrición e hipotermia en un hospital del sur de Rumania muestran los graves problemas a que se enfrentan las personas discapacitadas. 
Nuestra enmienda 3 demuestra que la discriminación contra estos y otros grupos aumenta entre las comunidades gitanas. 
Apoyo plenamente la opinión de la ponente de que el reto no consiste simplemente de cerrar capítulos en las negociaciones, sino de tratar los problemas endémicos de la corrupción y de la reforma política a fin de cumplir los criterios de Copenhague respecto a la democracia y a los derechos humanos. 
Por último, me complace que ciudadanos de mi propia región en el este de Inglaterra estén vinculados mediante una red llamada Praxis con el consejo del condado de Arad en Rumania. 
No debemos perder de vista nuestra aspiración, que no es únicamente la de completar un proceso político de ampliación europea, sino de reunir a los ciudadanos de Rumania con todos a los que representamos. 
– Señor Presidente, Señorías, durante todos estos años en que los diputados de esta Cámara hemos estado ocupados con las resoluciones relativas al proceso de ampliación, me he sentido desconcertado a veces cuando planteábamos exigencias bastante detalladas y precisas a los países implicados, imponiéndoles requisitos que nosotros no cumplíamos y diciéndoles que tenían que cambiar radicalmente esto o aquello. 
Por eso, el comentario del Comisario Verheugen sobre política agrícola de esta mañana me ha parecido muy oportuno. 
Quizás deberíamos plantearnos realmente si, en caso de que las administraciones de los países candidatos no consigan todas esas cosas con tanta rapidez, el problema no lo tendríamos nosotros más que ellos. 
Una vez que se hayan unido a nosotros, me gustaría que se examinara gran parte de nuestro peso muerto, tal y como tuvimos que hacer en Alemania tras la reunificación, con el fin de analizar toda la burocracia que se ha acumulado con el paso de los años y de considerar si los nuevos Estados miembros podrían ofrecernos soluciones más flexibles y rápidas. 
Todo esto es a modo de comentario general. 
Yo soy el ponente alternativo para Hungría, que sin duda ha sido siempre el país modelo, el país que, ya en agosto de 1989, ayudó a atravesar el telón de acero, a derribar el muro. 
Con el picnic paneuropeo de agosto de 1989, cuando todo estaba pendiente de un hilo, Hungría envió a Europa una señal vital, y siempre ha cumplido los criterios muy bien, por lo que realmente puede ser un ejemplo para los demás. 
Así pues, estoy particularmente sorprendido de que el Primer Ministro húngaro haya planteado esta curiosa propuesta de que los candidatos aparezcan en una especie de «lista de la unidad» , con escaños compartidos entre el Gobierno y la oposición, y que esa sería la manera de entrar en la nueva Europa. 
Realmente esa es es una mentalidad muy antigua. 
No pocos Jefes de Estado y de Gobierno querrían tener las cosas repartidas a medias entre gobierno y oposición; quizás el Canciller alemán sí querría en su situación actual. 
Lo que pasa es que la democracia trata de competencia; trata de analizar los problemas para encontrar las soluciones adecuadas. Por eso espero que el Primer Ministro húngaro, Péter Medgyessy, deseche esta idea y acepte nuestra manera de dirigir el debate parlamentario y, en su política interior, la competencia entre partidos. 
– Señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, hoy es la última vez que esta Cámara podrá debatir el proceso por el que diez nuevos Estados miembros van a unirse a la Unión Europea. 
Quedan solo 51 días para la fecha histórica del 1 de mayo de 2004, cuando la Unión Europea se convertirá en una Unión de 25 Estados miembros. 
Esta particular ampliación de la Unión Europea tendrá lugar el día de la Fiesta del Trabajo, una fecha que simboliza nuestra necesidad de enfrentarnos al reto de conseguir una cohesión económica y social en la Unión de los 25 Estados. 
No es menos importante que, siendo la política interior de la Europa ampliada un trabajo para la paz, la desarrollemos en el marco de una verdadera política de paz europea común y con proyección exterior. 
La cuestión de Chipre me preocupa desde que entré en esta Cámara en 1984, cuando pocos creían que la perspectiva de su adhesión pudiera ser realista. 
Unos años después, el Parlamento se vio obligado a recomendar que la solución al problema de Chipre no fuera una condición previa para su adhesión. 
Recuerdo bien a los entonces diputados de esta Cámara, como la Sra. Pauline Green, el Sr. Jan Willem Bertens y el Sr. Yannos Kranindiotis; creíamos que el proceso de adhesión sería el catalizador que traería consigo la unificación. 
Ahora existe una oportunidad importante de poner fin a la división de Chipre que dura ya 30 años, incluso antes del 1 de mayo. 
No solo cabe esperar, sino que también es de prever que las partes negociadoras aprovechen esta oportunidad, que puede perfectamente ser la última en mucho tiempo, y espero y confío en que Turquía actúe de acuerdo con la voluntad que ha demostrado recientemente de encontrar una solución. 
Tenemos que conseguir un Chipre unido, en el que todos los chipriotas puedan convivir en paz y que pueda participar plenamente como Estado miembro de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, Señorías, hoy estamos analizando y describiendo los últimos pasos en el camino hacia una reordenación pacífica y completa de nuestro continente. 
Nunca antes en la historia se había conseguido un nuevo orden sin guerras y sin el uso de la fuerza. 
Este avance es particularmente destacable, si tenemos en cuenta la dirección tomada por los Estados que han conseguido superar el llamado «socialismo real existente» y han sabido encontrar su camino hacia la libertad y la democracia. 
Estonia, Letonia y Lituania merecen un particular reconocimiento, por haber sido capaces, en su camino hacia la libertad, de recuperar su independencia como Estados. 
Personalmente estoy agradecido al pueblo, al Parlamento y al Gobierno de Letonia, que, con el apoyo de la Unión Europea han creado las condiciones para solucionar un problema extremadamente complejo, como es el de la integración progresiva de una numerosa minoría de rusoparlantes. 
Si se tiene la composición étnica del país, que es el resultado, sobre todo, de décadas de ocupación, y los constantes malentendidos y suposiciones de la Duma, no parecía tan evidente que eso se fuera a conseguir. 
En este punto, quiero extender mi agradecimiento al Sr. Brok, quien esta mañana ha declarado que esperamos un cambio de postura de Rusia. 
Al igual que Estonia, Letonia se ha impuesto una tarea que tendrá, en el futuro, una dimensión europea. 
Estoy convencido de que la minoría rusoparlante se integrará con éxito en la sociedad letona, pero eso dependerá de que dichos ciudadanos den muestras inequívocas de su lealtad al Estado letonio. También dependerá de su aceptación sin condiciones de los valores y principios de la Unión Europea. 
Una cooperación más sólida y extensiva con Rusia en el futuro dependerá, sobre todo, de que Letonia, Estonia y Lituania establezcan unas sólidas raíces en la Unión Europea. 
Esa cooperación es un desafío estratégico para el conjunto de la Unión Europea y los nuevos Estados miembros tendrán que hacer una contribución indispensable para ello. 
– Señor Presidente, cuando hablé antes sobre Estonia, elogié, en su ausencia, a su antiguo Primer Ministro, Mart Laar, y a su Ministro de Asuntos Exteriores, Ilves, por su coherente política interior de reforma y, en el terreno de la política exterior, por el alineamiento de su país con Europa. 
Ahora los dos están sentados aquí a mi lado, así que quiero expresarles mi agradecimiento una vez más por lo que han hecho. 
Como ponente alternativo para Lituania, he acogido con especial satisfacción el apoyo masivo –más del 91%– conseguido en el referendo sobre la adhesión a la Unión Europea, pero también el elevado grado de crecimiento económico del país en los últimos años, que por sí solo ha permitido recaudar los fondos necesarios para solucionar los problemas sociales de la transformación. 
No obstante, Lituania es también un ejemplo muy pertinente de las constantes tensiones entre instituciones democráticas y elementos de la mafia que están tratando de influir a los más altos niveles del Estado. 
En este sentido, confío en la independencia del tribunal constitucional de Lituania; soy también optimista respecto a que las investigaciones del Parlamento lituano dirigidas a destituir al actual Presidente produzcan resultados acordes a las exigencias del Estado de Derecho. 
Quizás este sea uno de los principales puntos que echo de menos en Rumania, algo que también han mencionado muchos oradores, entre ellos los que han intervenido esta mañana. 
Puede que haya que perseguir no solo a los pequeños infractores, sino también a los más importantes. 
En Rumania la corrupción y el nepotismo alcanzan también niveles muy altos. Esa es una razón por la que el país se ha quedado tan rezagado; otra es que se han realizado muy pocos cambios de personal tras el cambio político. 
La revolución no fue un éxito completo, sencillamente porque muchas de las viejas estructuras siguen existiendo, y no solo al más alto nivel, sino también a otros. 
Si la crítica está justificada, entonces será igualmente oportuno que expresemos nuestro apoyo y nuestro deseo de ayudar, pero lo principal es que el trabajo se haga en el propio país y, en ocasiones, la limpieza tiene que comenzar por arriba. 
– Señor Presidente, el 1 de mayo de 2004 significará por fin el final de la guerra fría y sellará la reunificación de un continente que no pudimos proteger de la tiranía comunista. 
La UE, un organismo de 25 Estados, pronto contará con una población de 455 millones y será la zona económica más grande del mundo, más grande incluso que los Estados Unidos de América. 
Eslovaquia, sobre la cual soy ponente alternativo para mi Grupo, ha realizado enormes cambios en los últimos diez años, y el Gobierno actual está decidido a desregular. 
Por ejemplo, acaba de recortar el impuesto de sociedades, junto con el impuesto sobre la renta, hasta una tasa única del 19%; esto preocupa bastante a su vecino, Austria, que teme que las empresas se trasladen al otro lado de la frontera. 
Ha habido otros cambios enormes y visibles parecidos respecto a la prosperidad, la seguridad, la democracia, el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción en la vida pública. 
En particular, hemos observado grandes mejoras en materia de derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías, como las comunidades gitanas y la comunidad homosexual. 
Otras cuestiones tan diversas como la seguridad de las centrales nucleares y las leyes sobre higiene alimentaria también han sido aplicadas según los estrictos criterios de la UE. 
La seguridad también está mejorando en todo nuestro continente, puesto que todos los países candidatos, excepto Malta y Chipre, a los que acojo con especial satisfacción como países de la Commonwealth británica, se unirán en breve a la OTAN. 
Podemos decir con seguridad que las ampliaciones anteriores de la UE han sido históricamente una historia de éxito. 
Los conservadores, en general, acogen con satisfacción el proceso y esperan un resultado similar esta vez. 
No obstante, en el Reino Unido llevamos razón al introducir medidas para prevenir el turismo de prestaciones sociales, mientras al mismo tiempo damos la bienvenida a todos aquellos que quieren trabajar en nuestro país. 
Más allá del horizonte, esperamos la adhesión de Rumania y de Bulgaria en 2007. 
Confío en que el enérgico aviso incluido en el informe sobre Rumania proporcionará el incentivo necesario para que su Gobierno impulse las reformas necesarias para satisfacer todos los criterios de Copenhague a tiempo para que Rumania se una en su momento, tal y como está previsto. 
El cese del Ministro de Justicia rumano hoy es una demostración clara de la voluntad política necesaria para que ese proceso tenga lugar. 
. – Señor Presidente, quiero dar las gracias a sus Señorías que han participado en este debate. 
Yo mismo he sido testigo presencial en mis visitas a los países en vías de adhesión del extraordinario progreso que se ha realizado, y sus Señorías han hecho hincapié, con razón, en ese progreso. 
Todavía queda mucho por hacer, pero ya se ha realizado una enorme cantidad de trabajo. 
El Parlamento ha tratado esta cuestión de la manera más efectiva. 
Quiero expresar mi gratitud a sus Señorías por la función que han desempeñado en la importante tarea de comunicar a los ciudadanos de sus países el momento único y extraordinario que hemos alcanzado en materia de ampliación. 
También estoy de acuerdo con lo que el Comisario Verheugen ha dicho esta mañana sobre la necesidad de enviar un mensaje positivo, y este es un mensaje notablemente positivo. 
No entiendo cómo los demócratas no pueden ver lo excepcional que será el momento en el que el 1 de mayo Europa se reunifique, cuando se produzca el evento más extraordinario sin disparar un solo tiro, como una o dos de sus Señorías han señalado. 
La Presidencia tiene total confianza en la capacidad de la Comisión para gestionar una incorporación sin problemas de los países en vías de adhesión. 
En este sentido, ya he rendido un tributo personal al Comisario Verheugen. 
La Comisión tiene la competencia exclusiva entre las instituciones de garantizar el funcionamiento correcto en todas las políticas. 
Creo que eso está ocurriendo. 
Al mismo tiempo, la Presidencia insta a los países que se van a adherir a que concluyan sus preparativos, y en especial, que concluyan sus preparativos en los ámbitos en los que la Comisión ha identificado problemas. 
Merece la pena hacer esto por los nuevos países candidatos y por la Unión. 
Pido toda la atención posible a este respecto. 
En cuanto a Bulgaria y Rumania, hemos debatido hoy dos informes excelentes del Sr. Van Orden y de la baronesa Nicholson. 
La Presidencia pretende, en asociación con estos países y con la Comisión, garantizar la aplicación del principio fundamental de este proceso de ampliación, y especialmente el principio de que cada negociación se basará en los méritos propios de cada país. 
La Unión Europea continuará realizando un seguimiento de cerca de los compromisos realizados y de la aplicación efectiva del acervo a fin de guiar a estos dos países en su preparación para la adhesión a la UE. 
La Presidencia insta a los dos países a que continúen con estos preparativos de modo enérgico. 
Estamos decididos a hacer todo lo posible por llevar a cabo el mandato del Consejo Europeo de diciembre y concluir las negociaciones este año. 
Dar la bienvenida a los dos países a la Unión en enero de 2007 sigue siendo el objetivo de la Unión Europea. 
Varias de sus Señorías han mencionado de modo específico cuestiones relativas a Chipre y Turquía. 
En particular, el Sr. Poos ha tratado esta cuestión. 
En el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores del mes pasado, los Ministros expresaron de nuevo la preferencia clara del Consejo por la adhesión de un Chipre unido. 
Acogemos con satisfacción el acuerdo de las partes de reanudar el proceso de negociación para alcanzar una solución completa al problema de Chipre en el marco de la misión de mediación del Secretario General. 
El Consejo apoya plenamente los esfuerzos del Secretario General Annan por concluir un acuerdo, y seguimos estando dispuestos a aceptar las condiciones de una solución, de acuerdo con los principios en los que se fundamenta la Unión. 
Espero que las partes redoblen sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo en las conversaciones en curso, y esto redunda en interés de todos los ciudadanos de Chipre. 
A la vez que nos preparamos para la decisión de la Unión Europea en relación con Turquía en diciembre, también debemos acoger con satisfacción el progreso realizado por Turquía hasta la fecha en materia de legislación para la reforma. 
El Ministro Cowen subrayó la importancia vital de avanzar en la aplicación práctica de reformas a todos los niveles de la administración y en todo el país, cuando presidió la reunión de la troika de la UE con el Ministro de Asuntos Exteriores Gül en Ankara el pasado lunes. 
El Ministro Cowen volvió a asegurar al Ministro Gül que si el Consejo Europeo decide en diciembre que Turquía cumple los criterios políticos de Copenhague, la UE se compromete a abrir las negociaciones. 
Se trataron otras cuestiones, pero quiero volver a una en particular: la cuestión de la libre circulación y la migración. 
Varias de sus Señorías han señalado que no hay ninguna prueba que sustente algunas de las historias más alarmistas que se han extendido a este respecto. 
Acojo con satisfacción esas contribuciones particulares. 
Sin duda, en este momento no hay prueba alguna que sugiera que las compuertas se abrirán a partir del próximo 1 de mayo. 
En el mejor de los casos, esto es histeria de la prensa amarilla. 
El estudio realizado por la Comisión Europea y de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo demuestra que, incluso en condiciones de plena libertad de circulación, la migración procedente de todos los nuevos Estados miembros a los Estados miembros actuales probablemente será de un 1% de la población activa de los nuevos Estados miembros en los próximos cinco años. 
No creo que esto sea una marea. 
El estudio demuestra que los emigrantes típicos potenciales son jóvenes y muy bien formados, justo el tipo de personas que necesitamos en la Unión. 
También indica que son solteros, sin personas a su cargo, y que existe una gran propensión a que vuelvan a su país de origen. 
El estudio confirma que los temores de la Comisión Europea sobre una enorme oleada de migración procedente de los nuevos Estados miembros después del 1 de mayo están infundados. 
Menciono este punto en particular porque sé por los debates nacionales sobre los referendos en Irlanda lo fácil que es para las personas con malas intenciones dar una idea equivocada de lo que es la realidad. 
La realidad es que Europa debería ser una Europa que acoja a los diez países en vías de adhesión y que deberíamos cumplir plenamente todas nuestras obligaciones para con los diez Estados. 
En conclusión, quiero dar las gracias a sus Señorías. 
Ha sido un debate exhaustivo que invita a la reflexión. 
Sé que sus Señorías han dedicado muchísimo tiempo y esfuerzos a lo que eran necesariamente intervenciones truncadas. 
Pero la Presidencia ha tomado buena nota de los puntos señalados. 
. – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, quiero dar las gracias a todos los ponentes y oradores por un debate que ha demostrado, en primer lugar, que realmente estamos dando una nueva bienvenida a nuestros nuevos miembros y, en segundo lugar, que estamos de acuerdo respecto a lo que merece ser elogiado y lo que merece ser criticado. 
Creo que también estamos de acuerdo en que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros han demostrado su voluntad de cambio, su voluntad de continuar con las reformas de largo alcance que algunos de nosotros quisiéramos ver en nuestros propios países. 
Soy miembro de la Comisión Europea y no me he referido a ningún país en particular; muchos países europeos necesitan una reforma, independientemente de quién los gobierne. 
Quiero dar las gracias a la Presidencia que, en estrecha cooperación con la Comisión, está llevando adelante este proceso y está trabajando con nosotros en las cosas que todavía quedan por hacer. 
Permítanme hacer solo unos comentarios más sobre los debates de esta mañana. 
Quiero decir al Sr. Titley, con respecto al tema del antisemitismo en Lituania, que criticamos de inmediato los arranques antisemitas de la prensa lituana. 
De hecho, fue la Comisión la primera en plantear esta cuestión, a la que respondió el Gobierno lituano con la adopción de las medidas oportunas. 
A los diputados de esta Cámara que han hablado sobre el tema de los romaníes, me gustaría decirles que es, de hecho, una de las principales cuestiones sin resolver en Europa, pero que no podemos esperar que con las adhesiones se resuelva. 
Tardaremos al menos una generación, si no varias, en acabar con la discriminación social de los romaníes, aunque sí que insistimos como condición previa para la adhesión en que se formulara una estrategia detallada que ayudara a superar esta discriminación en todos los ámbitos. 
Quiero responder al interesante comentario del Sr. Sacrédeus acerca de Turquía y Chipre recordando que fue la Comisión la que estableció la relación política explícita entre la cuestión de Chipre y las aspiraciones políticas de Turquía con respecto a Europa, y la que declaró que era difícil imaginar el inicio de las negociaciones de adhesión con un país que no reconocía a un Estado miembro de la Unión Europea o que mantenía tropas numerosas en su territorio incumpliendo las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Así pues, el llamamiento del Sr. Sacrédeus no era necesario, dado que esa fue la línea que seguimos y lo que ha permitido las actuales conversaciones con Chipre. 
Permítanme que termine regresando a la cuestión de Rumania. 
Fue el propio Gobierno rumano el que consideró de máxima importancia que el Consejo recomendase una fecha para concluir las negociaciones de adhesión este año, algo con lo que la Comisión no estaba de acuerdo. 
Nuestra opinión era que necesitábamos más flexibilidad, que eso sería beneficioso para Rumania y que para nosotros sería suficiente concluir las negociaciones antes de finales de 2005, para que la adhesión se produjese en 2007. 
Sin embargo, el Gobierno rumano –por razones políticas que entiendo perfectamente– insistió en 2004, con lo cual cabe esperar que haga un esfuerzo especial para cumplir todas las condiciones para entonces. 
Me satisface confirmar lo que han dicho varios oradores acerca de que la advertencia lanzada por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa ha conseguido resultados muy rápidos y creíbles. Tengo la impresión de que Rumania ha recobrado la calma y de que el proceso sigue ahora la dirección correcta. 
No puedo hacer más que animar a los romaníes para que sigan actuando con la misma decisión, en cuyo caso creo que todavía podremos llegar a nuestro destino. 
– El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
. – Este informe sobre la preparación detallada para la adhesión a la UE de los 10 nuevos Estados miembros que se unirán el 1 de mayo ha merecido un amplio apoyo de principio en esta Cámara. 
Es interesante observar que los Partidos Unionistas del Reino Unido están tan emocionados con la ampliación de la UE y están deseando darles la bienvenida a bordo a estos nuevos Estados miembros, muchos de los cuales son pequeños, como Escocia, y en muchos casos han recuperado recientemente su independencia. 
Estos Partidos Unionistas adoptan un enfoque contradictorio en su país, donde, según ellos, Escocia es demasiado pequeña, demasiado pobre y demasiado débil para poder ejercer los derechos y poderes propios de la independencia. 
Está claro que Irlanda, por ejemplo, ha prosperado como Estado miembro independiente de la UE y está muy bien que en el ejercicio de la Presidencia de la UE, Irlanda vaya a presidir la mayor ampliación singular que ha conocido la UE. 
No me cabe duda de que Escocia también estaría mejor si fuera independiente en lugar de estar mal representada y de verse traicionada a menudo por los Ministros del Reino Unido en el Consejo. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0110/2004) del Sr. Bradbourn, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la propuesta modificada de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión nº 1692/96/CE sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (nueva remisión). 
. 
Señor Presidente, Señorías, recuerden que ya en octubre de 2001, a raíz del Libro Blanco, la Comisión presentó al Consejo y al Parlamento una primera propuesta de modificación de la Decisión sobre orientaciones y actualización de los 14 proyectos prioritarios aprobados en 1994 por el Consejo Europeo de Essen. 
El Parlamento aprobó en primera lectura las grandes líneas de esta propuesta de revisión de las orientaciones de las redes transeuropeas, conforme al compromiso que se había alcanzado. 
La propuesta de la Comisión del pasado primero de octubre –ahora sobre la mesa de este Pleno– para esta especie de "primera segunda lectura", completa aquélla. 
Entretanto, el Consejo ha alcanzado un acuerdo político sobre el texto que combina ambas propuestas, que, recordémoslo, suponen la concepción de las redes transeuropeas en una Europa ampliada, una Europa de 27 Estados miembros. 
He de decir que la propuesta de la Comisión de hoy incluye una actualización de los proyectos prioritarios, pero también –y quiero hacer hincapié sobre este punto– de los medios organizativos tendentes a mejorar a nivel europeo su planificación, su seguimiento, su coordinación, su financiación y, por lo tanto, su realización. 
Lo que pretendemos, en este caso, es que los mapas con líneas trazadas sobre ellos se conviertan en realidades en nuestra geografía europea. 
¿Cuáles son, por lo tanto, los principales objetivos de esta propuesta? 
En primer lugar, recordar que, a partir de un centenar de propuestas presentadas por los Estados, el Grupo de alto nivel recomendó hacer una revisión de los proyectos que se ajustan a los siguientes criterios: están situados en grandes ejes de tráfico europeo, son objeto de compromiso firme por parte de los Estados interesados, con un calendario cerrado de realización, presentan ventajas respecto a aspectos como la protección del medio ambiente, el equilibrio modal o la cohesión territorial. 
Hay que recordar que en ese Grupo de alto nivel, presidido por el antiguo comisario Karel van Miert, no solamente estaban representados todos los Estados de la Unión + 10 + 2, sino que, además, estaba representado el Banco Europeo de Inversiones, cuyas opiniones respecto a los aspectos económicos de estos proyectos han sido muy útiles. 
Hay que señalar que uno de estos proyectos prioritarios tiene por objeto las denominadas "autopistas del mar", que son alternativas a los saturados corredores terrestres y que deben mejorar la accesibilidad de las regiones que se ven perjudicadas por su geografía, es decir, las regiones periféricas. 
La principal novedad es que, en el marco de las redes transeuropeas, será posible conceder ayudas de puesta en marcha en condiciones concretas, lo cual representa una alternativa interesante para el sistema de transporte europeo, pero, además, hace hincapié en el equipamiento portuario de los puertos de interconexión y en las interconexiones de los puertos con sus áreas circundantes. 
He de decir que las ayudas para lanzar las nuevas líneas que constituirían las autopistas del mar se limitarían a lo estrictamente necesario para garantizar la viabilidad de las relaciones económicas entre dos Estados que decidan conjuntamente establecer una de estas interconexiones regulares alternativas a otros modos de transporte. 
La lista completa de los proyectos prioritarios –tres de los cuales ya se han completado– representa una inversión de 224 000 millones de euros de aquí al 2020. 
Pero eso no es nada más que la parte realmente esencial, la punta del iceberg, porque hay que recordar que el coste total de los proyectos de las redes transeuropeas de transporte de la Unión de 27 Estados supera los 600 000. 
Es decir, si de verdad realizáramos todos los proyectos que consideramos que tienen un interés transeuropeo para vertebrar el transporte de la Unión Europea, estaríamos hablando de una inversión de más de 600 000 millones de euros, y lo que señalamos es que de esos 600 000, lo más urgente supone al menos 225 000 millones de euros. 
Observo con satisfacción que el informe del ponente hace hincapié precisamente en la necesidad de concentrar los apoyos y la financiación en los proyectos prioritarios dentro de los proyectos de interés europeo. 
Este primer esfuerzo de selección es indispensable para clarificar lo que resulta de interés europeo en cuanto a las grandes redes y lo que forma parte, por ejemplo, del desarrollo regional. 
Para reforzar la coordinación entre los Estados de la Unión, la Comisión propone nombrar –y ya entramos en aportaciones nuevas más allá del diseño de unos grandes ejes y de unos trazados– un coordinador europeo para uno o varios proyectos concretos que tengan un componente transeuropeo. 
Este coordinador tendrá por cometido asesorar a los promotores del proyecto en cuanto a la financiación y a la evaluación y también impulsar el desarrollo sincrónico de un lado y otro de la frontera cuando se trate de proyectos transeuropeos, así como de efectuar los distintos trámites administrativos que acompañan este tipo de proyectos. 
Hay que decir que, desde el punto de vista de la evaluación, sabemos que esta reclamará consultas, trabajos, no solo con los Estados –en primer lugar–, sino también, en muchas ocasiones, con las regiones afectadas o incluso las poblaciones más cercanas. 
La Comisión propone, además, un procedimiento de declaración de interés europeo que supondrá incitar a los Estados a respetar el calendario de los trabajos anunciados en la propuesta, integrar los procedimientos de evaluación divididos entre Estados. 
En otras palabras, el objetivo final es establecer procedimientos de evaluación únicos o coordinados entre dos Estados, los que permitirá a las zonas fronterizas avanzar simultáneamente y, en su caso, que las regiones fronterizas puedan coordinarse mejor. 
Según la propuesta de la Comisión, esta declaración podría retirarse si se incumplieran los requisitos, en particular en lo que se refiere al calendario de trabajos y al avance del proceso. 
Todos estos objetivos que acabo de describir son claros y realizables y, para nosotros, imprescindibles. 
Para concluir, querría destacar que aún es posible adoptar la propuesta en esta legislatura –aunque es verdad que tenemos plazos muy cortos– y, para ello es necesario que el enfoque de las tres instituciones esté basado en la cooperación, la voluntad de avanzar y ponga de manifiesto una cierta flexibilidad. 
Hasta donde yo sé, las divergencias que existen en este momento realmente no son de gran calado y creo que es posible conseguir un acuerdo –insisto– antes de finalizar esta legislatura. 
La aprobación de esta propuesta antes del primero de mayo sería algo importantísimo, fundamentalmente de cara a los nuevos Estados, que podrían beneficiarse, por lo tanto, a partir de esa fecha, de verse realmente incluidos en ese gran proyecto que constituimos entre todos. 
. – Señor Presidente, un objetivo clave colectivo de la Unión Europea ha sido siempre, y seguirá siendo el del mercado único. 
Las redes transeuropeas son un símbolo potente del mercado único, puesto que crean infraestructuras de transporte que se extienden por igual a lo largo y ancho de la UE y proporcionan beneficios calculables tanto para las empresas como para las personas. 
Como ponente del Parlamento, esta es la idea central en que me he basado al desarrollar esta propuesta. 
La Comunidad está lista para la ampliación en mayo, y acogerá bajo su paraguas a otros 75 millones de ciudadanos, mientras al mismo tiempo se predice un crecimiento enorme en nuestras redes principales de transporte durante la próxima década. 
Ahora más que nunca es el momento de concentrar nuestros esfuerzos y concluir oportunamente este programa. 
Tenemos una gran oportunidad de solucionar rápidamente esta decisión, apenas tres meses después de que el Parlamento debatiera por primera vez este documento revisado. 
Mientras creo firmemente que el Parlamento puede alcanzar más de lo que quiere en el marco de esta propuesta, claramente sigue habiendo una serie de cuestiones en las que todos debemos ejercitar nuestro sentido común y flexibilidad. 
Insto a todas sus Señorías a que se unan para concluir de modo satisfactorio esta legislación avanzando lo más rápido posible. 
Europa necesita mejorar sus infraestructuras de transporte ahora. 
Tenemos que recordar que este texto legislativo viene impulsado por los Estados miembros, y el hecho de que los Estados miembros se hayan unido y hayan podido ponerse de acuerdo en una amplia lista de proyectos tiene que ser reconocido de forma positiva, sin denegar al Parlamento sus derechos de acuerdo con el procedimiento de codecisión. 
Existen ciertos ámbitos que todavía hay que tratar. 
En nuestra opinión, la postura del Consejo no va lo suficientemente lejos al restringir la ayuda estatal para algunos elementos clave. 
Tras la decisión de la Comisión sobre Charleroi, pensamos que este principio debería defenderse respecto a las redes RTE y especialmente las autopistas del elemento marítimo del programa. 
No se puede elegir cuándo se aplican las reglas de ayuda estatal y no se puede incluir la ayuda estatal a la carta. 
También hemos debatido el plazo para la financiación, y me complace que la Comisaria se haya referido a esto en su discurso. 
Espero que tanto el Consejo como la Comisión estén de acuerdo con el Parlamento en esto, porque a fin de garantizar la viabilidad a largo plazo de las redes transeuropeas, es imperativo que primero garanticemos un compromiso de actuación, al igual que la sólida gestión y rectitud financiera de proyectos adecuados. 
En conclusión, el programa de redes RTE merece ser aplicado. 
El meollo es la consecución de un mercado único. 
Espero sinceramente que podamos avanzar hasta alcanzar un enfoque sensato, y sobre todo, equilibrado para las necesidades de infraestructura de Europa, que después de todo ayudarán a determinar la forma futura del transporte a través de nuestro continente en las décadas futuras. 
Ruego a la Cámara que vote a favor de este informe. 
– Señor Presidente, señora Vicepresidenta en ejercicio de la Comisión, me habría gustado que el Presidente en ejercicio del Consejo se quedara a escuchar este debate, pero no importa, estamos acostumbrados a este tipo de cosas. 
Quiero empezar, señora Vicepresidenta, reiterando que usted se ha tomado grandes molestias para presentar una propuesta muy bien elaborada. 
La creación del grupo de van Miert fue muy buena idea y la propuesta de la Comisión está influenciada por lo que ese grupo ha producido y usted ha revisado. 
Por eso quiero darle las gracias y también, de manera especial, a mi colega, el Sr. Bradbourn, cuyo informe es el resultado de un trabajo muy minucioso. 
En su redacción actual, el informe no es totalmente lo que a él le habría gustado, puesto que una mayoría fortuita de la Comisión consiguió incluir enmiendas muy importantes al Anexo III, pero quizás podamos solucionarlo mañana. 
Solo hay tres puntos importantes que quiero comentar. 
Mi grupo está de acuerdo con que la lista de proyectos prioritarios se amplíe a 30. 
Escucho ahora que el Consejo ha decidido de repente que ya no quiere el trigésimo. 
Tendrá que decidir, entonces, qué es lo que quiere realmente. 
Aunque estamos dispuestos a ampliar la lista añadiendo, por ejemplo, el proyecto para un enlace fijo en Fehmarnbelt, queremos una definición más precisa de los proyectos en algunos ámbitos incluidos en el Anexo III. Este es el objeto de varias enmiendas y espero que el Consejo las acepte. 
Mi grupo está dispuesto a mantener la lista de 30 proyectos, puesto que sabemos que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 156, las decisiones relativas a las redes transeuropeas no se pueden tomar con la oposición de los Estados miembros, por lo que no tiene sentido realizar grandes adiciones a la lista en el breve tiempo del que disponemos. 
Eso significa que seguimos la misma línea que la Comisaria de Palacio y espero que los demás grupos hagan lo mismo. 
Señora Vicepresidenta, acogemos con gran satisfacción la idea de las autopistas del mar; en mi opinión, el progreso del transporte marítimo de corta distancia, especialmente de los transbordadores, es muy importante. 
Como medio de transporte, ahorra mucha energía, es muy ecológico y tenderá a aligerar la carga de las carreteras y los corredores ferroviarios. 
Sin embargo, señora Vicepresidenta, apoyamos al ponente. 
Las autopistas del mar no deben utilizarse como excusa para inyectar fondos estatales en forma de subsidios, con el Estado comprando también buques para competir con la empresa privada. 
Eso va en contra de la idea general de las redes transeuropeas, cuyo objetivo ha sido siempre mejorar la infraestructura para que las empresas puedan utilizarla. 
Utilizarlas para ampliarla no es aceptable. 
Creo que solucionaremos las cosas con el Consejo de forma prudente, aunque queda muy poco tiempo para llegar a un acuerdo. 
Si, para el lunes por la tarde, el Consejo sigue sin definir con precisión cuáles son sus intereses y nos impide llegar a un acuerdo sobre los detalles, no sucederá nada antes del 1 de mayo. Lo cierto es que el Parlamento no abandonará fácilmente las buenas posturas reflejadas en el informe Bradbourn por el simple hecho de que el Consejo se obstine en no ceder. 
Se trata de una cuestión de codecisión. 
Las dos partes tienen que ceder. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, el escaso tiempo que el Parlamento ha aceptado para debatir la votación de estas directrices, así como el sólido compromiso que se está adquiriendo para alcanzar un acuerdo que permita concluir el trabajo antes de que finalice esta legislatura, demuestran la importancia que el Parlamento concede también a la definición de las redes de transporte europeas. 
Se consideran herramientas tanto para la construcción del mercado interior, como para reforzar la cohesión de la Unión. 
Son herramientas que provocarán una profunda convulsión y un reajuste de prioridades en el territorio de la Unión, y que acabarán por obligar a que cada uno encuentre su sitio en la construcción del nuevo espacio europeo. 
Las redes transeuropeas se definieron por primera vez en 1996, después de lo cual tuvimos que revisar en varias ocasiones este proyecto, cambiando también el contenido, porque las autopistas del mar son fundamentalmente una novedad que debe considerarse, ante todo, como una herramienta para eliminar parte del tráfico de las congestionadas carreteras de la Unión. 
Ahora nos enfrentamos a una doble necesidad: definir estratégicamente los trabajos que tendrán un efecto a largo plazo y que reducirán notablemente el tiempo de construcción, y adaptarnos constantemente a esos cambios económicos y sociales que, a su vez, modificarán la demanda de transporte. 
Por lo tanto, se necesita flexibilidad a dos niveles: flexibilidad con respecto al tiempo, que debe estar parcialmente –y debo decir que también convenientemente– garantizada por el concepto de informes bienales que permitan la revisión de las formas acordadas; y flexibilidad en la definición real del grupo de proyectos correspondiente a cada una de esas propuestas. 
Digo esto porque estamos hablando sobre todo de las principales vías navegables, pero estas solo se pueden calificar como tales si tienen afluentes activos y si se establecen los enlaces adecuados con ellos. 
Así pues, me tomaré la libertad de insistir en que debemos considerar la posibilidad de garantizar que los principales afluentes y los enlaces esenciales para que las principales vías navegables funcionen se reconozcan en igualdad de condiciones, como se propone en las enmiendas presentadas. 
Señor Presidente, como resultado de una serie de cuellos de botella que existen en la red de transporte transeuropea, la circulación de personas y mercancías es un caos a la hora de cruzar los Alpes, los Pirineos y algunos estrechos marítimos. 
No solo los transportistas, sino también las personas que viven en montañas, valles y zonas costeras se quejan por la enorme congestión de tráfico. 
Nadie se ha encargado de construir túneles y puentes para eliminar esos cuellos de botella. 
Por otra parte, durante años el tráfico ferroviario no ha satisfecho la demanda de conexiones rápidas entre las grandes ciudades de diferentes países. 
Por este motivo necesitamos trabajar urgentemente en el mantenimiento, la mejora y ampliación de la red de transporte en Europa y, con respecto a la ampliación, la principal alternativa debe ser el transporte ferroviario y marítimo, que son los medios de transporte que menos dañan al medio ambiente. 
No sería inteligente medir nuestros niveles de prosperidad, bienestar y progreso por el aumento del transporte, ni por la superficie de asfalto y hormigón de las autopistas y aeropuertos. 
Por el contrario, evitar el transporte innecesario contribuye a un mejor medio ambiente y al bienestar de las personas y los animales. 
En opinión de mi grupo, es indispensable que exista un nivel suficiente de inversión estatal en los servicios públicos, la seguridad social y el medio ambiente. 
El despilfarro de fondos y la megalomanía, en cambio, no solucionan nada. 
Nos oponemos a la idea de que un número ilimitado de inversiones de fondos comunitarios en asfalto sea la mejor manera de crear y mantener puestos de trabajo o de ayudar a los nuevos Estados miembros. 
Tampoco estamos de acuerdo con la intención de conceder a las empresas un exceso de capacidad, permitiendo que decidan en cada ocasión qué infraestructura, financiada con fondos comunitarios, pueden utilizar de la manera más económica posible. 
Cuando se presentó el plan Van Miert a finales de junio del pasado año, fue inmediatamente calificado por el Ministro de Transporte italiano como la respuesta del transporte al euro. 
¿Considera el transporte como un fenómeno natural inmanejable que obliga a los ciudadanos a depender de él? 
Nosotros creemos que el transporte ocupa un segundo plano para los ciudadanos y el medio ambiente. 
Por eso consideramos el plan Van Miert demasiado extenso, poco respetuoso con el medio ambiente y excesivamente caro. 
Sería preferible un plan más selectivo, centrado en un transporte ferroviario más directo y rápido, y ese será el principio rector de nuestras enmiendas a esta propuesta. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la reforma de las redes transeuropeas que se ha mencionado en este debate no tiene futuro. 
No parece apoyarse en ningún concepto real y sostenible de movilidad para el conjunto de Europa; por el contrario, no es más que otro saco lleno de intereses nacionales heterogéneos. 
Se han presentado las propuestas que se pensó que serían aceptadas. 
No parece que estos proyectos se hayan analizado en términos de beneficios y costes óptimos y, en muchos aspectos, contravienen la legislación medioambiental europea. 
Una de las cosas que pone esto de manifiesto es que los proyectos que han recibido carácter prioritario incumplen la Directiva sobre aves, la Directiva sobre hábitats y la Directiva marco sobre las aguas. 
Entre ellos, permítanme mencionar solo el Kresna Gorge y el puente sobre los estrechos de Messina. 
Para que los proyectos reciban fondos europeos, el concepto de redes transeuropeas debe superar con éxito una evaluación medioambiental estratégica. 
Solo los proyectos que pasen esta prueba pueden recibir apoyo. 
Los fondos europeos deben invertirse de forma sostenible; también deben contribuir a abrir nuevos caminos para que nuestros hijos disfruten de movilidad en el futuro. 
Los proyectos que estamos planificando son a largo plazo. 
Rechazamos de pleno esos planes descabellados, especialmente los que he mencionado antes. 
Señor Presidente, se está trabajando mucho entre bastidores, bajo la dirección del ponente, para terminar este expediente antes de que finalice la presente legislatura. 
Dada la importancia de la cuestión y la cantidad de tiempo que ya ha pasado, el tiempo es vital. 
En solo unos meses, el número de partidos interesados ascenderá a 25, lo que seguro que retrasará aún más la toma de decisiones, si la lista de proyectos del anexo se amplía. 
Celebro que algunos diputados se muestren de acuerdo con la optimización de los proyectos ya incluidos. 
Siendo así, la única adición será la de Sena-Nord, que ya cuenta con un considerable apoyo. 
Lo que nos inquieta son las obligaciones adicionales que se van a imponer con respecto a los informes sobre el impacto medioambiental. 
Esta obligación ya existe en la mayoría de los Estados miembros y duplicarla retrasaría la aplicación de los proyectos todavía más. 
Ya es bastante malo que se haya retrasado algún tiempo la financiación de los proyectos. 
En definitiva, lleguemos pronto a un acuerdo con el Consejo, esencialmente basándonos en las propuestas de la Comisión. 
– Señor Presidente, lamento tener que comenzar mi intervención con una crítica. 
El hecho de que el Presidente y la Presidencia hayan abandonado la Cámara no presagia nada bueno para este proyecto. 
El Sr. Roche ha estado presente en el anterior debate, muy positivo y animado, sobre la cuestión de la ampliación, pero ahora que estamos tratando los aspectos técnicos que harán posible la ampliación, que la dotarán de contenido y de vida, la Presidencia no está presente. 
Tenemos que reprochar esa negligencia a la Presidencia irlandesa, que para otras cosas ha sido tan concienzuda. 
Volviendo a la cuestión que nos ocupa, permítanme decir –como ya han hecho varios oradores– que necesitamos una infraestructura que funcione para que pueda funcionar la Unión Europea y, sobre todo, el mercado interior. 
Nada funcionará sin los adecuados enlaces ferroviarios, marítimos y de carretera. 
La ampliación de la Unión Europea hace urgente la ampliación de la red; para ser más preciso, eso significa la creación de enlaces o la recuperación de los que Europa tenía, en algunos casos, hace 70 años, pero que en la mayoría de los casos se cerraron durante los 70 años de dominio comunista de algunas partes de Europa Oriental. 
Ahora tenemos que hacer un gran esfuerzo para solventar esas deficiencias. 
Me refiero, en particular, a una serie de enlaces que parten de Austria, mi país de origen, con respecto a los que he propuesto una serie de adiciones menores; y aprovecharé esta oportunidad para contradecir a mi colega, el Sr. Jarzembowski. 
La mayoría no ha sido fortuita, sino deliberada y con la clara intención de evitar las escapatorias en una cuestión tan importante. Nos preocupa sobre todo, entre otras cosas, la conexión ferroviaria entre Graz y Spielfeld, que proporciona además un enlace ferroviario operativo con el nuevo Estado miembro de Eslovenia, con la línea de Linz a Praga y con la conocida como la línea de Summerau. 
También nos preocupa que la República Checa esté conectada a través de un enlace ferroviario operativo. 
Me alegraría que, pese a la resistencia encontrada, entre otros de mi propio país, consiguiésemos incorporar también a esa red el llamado enlace ferroviario meridional y el enlace de Semmering. 
Lo que ha dicho antes la Vicepresidenta me parece extremadamente importante, en el contexto de nuestro actual debate y el futuro progreso que esperamos conseguir. 
No necesitamos líneas en un mapa, sino líneas que se hagan realidad. 
Por eso tenemos que preocuparnos de que realmente se inicien esos proyectos, que se acaben y que cuenten con la financiación necesaria. 
Si así lo hacemos, cabe esperar que eso tenga un efecto positivo sobre el empleo. 
De este modo conseguiríamos algo de lo que siempre estamos pidiendo en relación con Lisboa. 
– Señor Presidente, sin duda sería muy divertido que ahora hablase acerca de la discusión entre los conservadores, pero, dado que el Sr. Bradbourn ha presentado un buen informe, me abstendré de hacerlo. 
Creo que debemos comenzar reconociendo lo fascinante que es el proyecto de transporte europeo de las redes transeuropeas. 
Están en juego puestos de trabajo, como también lo está el transporte de mercancías y, por supuesto, se trata de ver cómo se puede hacer sin dañar el medio ambiente. 
La propuesta de la Comisión es muy coherente, en el sentido de que deja claro el deseo de Europa de pasarse a medios de transporte ecológicos y a los basados en las vías navegables. 
Con las autopistas del mar, entramos en un territorio desconocido y la política de transporte europea tiene que apoyar esta incursión. 
No obstante, cabe señalar que los proyectos ferroviarios y las vías navegables tienen efectos en términos de política medioambiental y, por lo tanto, como parte de las redes transeuropeas, hay que realizar valoraciones medioambientales estratégicas. 
Si la codecisión tiene algún sentido, significa que tiene que haber cambios en la manera de llevar adelante proyectos específicos. 
No tendría ningún sentido que existieran planes para crear autopistas del mar entre el Mar del Norte y el Báltico –y creo que esa sería una buena idea– olvidando al mismo tiempo el canal que une el Mar del Norte y el Báltico, que recorta el trayecto notablemente; sería absurdo. 
Por eso se necesitan mejoras en este ámbito. 
Creo que tenemos que decir al Consejo que, en este Parlamento, tenemos experiencia en el desarrollo de las redes transeuropeas; permítanme mencionar solo el grupo de Christophersen o los proyectos de Essen. 
Por eso no debe sorprender que esta Cámara conceda tanta importancia a la creación –y, por lo tanto, también a la financiación– de las redes transeuropeas y al estricto control y al riguroso seguimiento de los proyectos prioritarios. 
Considero que es una de nuestras tareas como Parlamento. 
Si el Consejo quiere soluciones –y le considero capaz de conseguirlas–, se necesitan compromisos justos y aceptados por todos; el Consejo no puede limitarse a anunciar un hecho consumado. 
Si aprovecha bien la oportunidad, podemos conseguir los resultados apropiados. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la propuesta de actualizar los proyectos prioritarios de la red de transporte transeuropea es importante para el desarrollo de Europa. 
Espero que se ponga en práctica rápidamente y, por esa razón, sería bueno que este Parlamento se mostrara moderado respecto al número de proyectos. 
Las autopistas del mar son un nuevo medio de transporte que también espero que se materialice con la pronta adopción de decisiones. 
Permitirán el desarrollo de un medio de transporte sostenible y más ecológico de manera que contribuya al pleno desarrollo logístico en términos de eficiencia. 
En mi opinión, el concepto de las autopistas del mar no debe limitarse demasiado. 
Estos proyectos deben incluir también las rutas marítimas actuales. 
Con respecto al triángulo nórdico, en la votación existe una propuesta para ampliarlo e incluir la parte norte del Golfo de Bothnia. 
Apoyo esta pequeña enmienda que, de aprobarse, mejoraría los servicios de transporte ferroviario transfronterizo entre Finlandia y Suecia. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la Comisión nos ha presentado una nueva modificación de las orientaciones para las redes transeuropeas de transporte, en la que propone ampliar el número de proyectos prioritarios que serán declarados de interés europeo. 
No estamos de acuerdo con alguno de los mismos, pero, sobre todo, lo que no podemos admitir es que paralelamente se proponga al Consejo una lista de inicio rápido, que sería restrictiva, justificándola como necesaria para la estrategia de crecimiento comunitario. 
Si se quiere que de ahora a finales de 2006 se ejecuten los proyectos prioritarios, proponemos que se establezca una prima o un plus de financiación para las certificaciones de obra realmente ejecutada en este período de tiempo. 
Esto sí que contribuiría al desarrollo, y no medidas restrictivas como la. 
Damos nuestra bienvenida a la inclusión de las autopistas del mar, pero es preciso que las consideremos como tramos transfronterizos para que puedan acceder a los mayores niveles de financiación comunitaria. 
Finalmente, reclamamos, para aquellos casos en que los Estados tuvieran dificultades para financiar a tiempo un determinado proyecto de interés europeo, que se permita presentar propuestas de ejecución de los mismos a las regiones y comunidades autónomas interesadas que dispongan de recursos propios, así como que estas comunidades puedan acceder a las ayudas susceptibles de financiar las redes transeuropeas de transporte contempladas en los presupuestos comunitarios en todas sus líneas. 
Señor Presidente, debo empezar felicitando al ponente, Philip Charles Bradbourn, por el esfuerzo que ha derrochado en la elaboración de este informe durante toda su tramitación. 
Los proyectos afectados, denominados prioritarios, que se declararán de interés comunitario, van a gozar de una particularidad del máximo interés por su mayor facilidad de acceso a los recursos comunitarios disponibles. 
En nuestro caso, nos congratula que se haya incluido la modificación del proyecto nº 16 del Anexo III, línea ferroviaria Sines-Badajoz, redimensionándola y añadiendo algunos enlaces por carretera y ferrocarril que van a permitir, asimismo, una mayor permeabilidad de los Pirineos y que van a solucionar los embotellamientos que se suelen producir en esta zona. 
Pero debe quedar claro que esta permeabilidad de los Pirineos- es nuestra opinión y nuestra exigencia- tiene que llegar hasta la mismísima Algeciras. 
Nos congratulamos, también, del apoyo que se presta a las denominadas "autopistas del mar", ya que dando la misma transcendencia a estas líneas marítimas transnacionales que a las autopistas o ferrocarriles se va a facilitar la conexión hacia los países aislados por barreras naturales. 
Indudablemente, el beneficio se extenderá también a los países con regímenes insulares o periféricos. 
En esta línea de razonamiento, sin embargo, no alcanzamos a comprender por qué, en determinado pasaje, se elimina la mención específica a la Península Ibérica (Portugal y España) en las conexiones con el Mar del Norte y el Mar de Irlanda. 
Nuestro voto se orientará según estos razonamientos. 
– Señor Presidente, señora Vicepresidenta, Señorías, el 1 de mayo un grupo de nuevos Estados se unirá a la Unión Europea, pero seguro que ese día no se produce la integración ni la unificación real de Europa; para ello se necesitarán muchas medidas, en particular por lo que respecta a la infraestructura y a la ampliación de las líneas de ferrocarril. 
Recuerdo, señor Jarzembowski, que en esta Cámara discutimos acerca del Reglamento sobre el tránsito y que algunos de ustedes –también usted, mi estimado señor Jarzembowski– dijeron: «¡Pues invirtamos más en líneas de ferrocarril!» 
Pues bien, ahora tenemos la oportunidad de apoyar no solo a Austria, sino también a los países que comparten fronteras con ella, votando mañana a favor de que estos proyectos ferroviarios que enlazan el este con el oeste y el norte con el sur se hagan realidad. 
Me refiero, por una parte, al proyecto que ya se ha mencionado –de Praga a Graz vía Linz y posteriormente más hacia el sur– y, por otra, a la línea meridional que atraviesa Viena. 
Estos proyectos no solo ayudarán a nuestros vecinos, la República Checa y Eslovenia en particular; si miramos un poco hacia el futuro, beneficiarán a toda la zona de los Balcanes y si queremos descongestionar las carreteras para los que tienen que utilizarlas o para quienes tiene más sentido utilizarlas, ya sea en vehículos privados o en camiones pesados, creo que esta ampliación de las líneas de ferrocarril es lo que necesitamos. 
Señora Vicepresidenta, estoy muy contenta de que un representante de la Comisión, dirigiéndose a la comisión durante sus deliberaciones, haya tomado una actitud tan positiva frente a lo que se conoce como proyecto de Summerau, es decir, la línea entre Praga y el sur, vía Linz. 
Espero que la Comisión apoye estos proyectos, porque lo importante es que dotemos a nuestra Europa de una infraestructura que sea respetuosa con el medio ambiente, que sea eficiente y que realmente conecte entre sí a los países de Europa Central. 
No voy a negar que eso beneficiaría mucho a Austria, un país que soporta un denso tráfico de camiones pesados, pero espero que recibamos el apoyo de todas los grupos de esta Cámara; pues no se trata de nuestros propios intereses, sino los intereses del conjunto de Europa y, cuando se trata de defender y proteger esos intereses, debemos estar de acuerdo en la medida de lo posible. 
Señor Presidente, señora Comisaria, me gustaría plantearle un caso para el que no encuentro solución: imaginemos una red, un enlace entre dos países, avalado por todos los estudios que dicen que en el año 2010 nos vamos a encontrar con un colapso del tráfico de mercancías y viajeros entre esos países. 
Nos encontramos con un problema que consiste en que uno de los dos países no apoya la realización de ese proyecto. 
Resulta que no encontramos solución. 
Algo falla, porque lo que va a ocurrir es que en el año 2010 el colapso se va a producir y esa red no estará creada. 
Yo, que soy diputado aragonés, y usted, que es española como yo, sabemos que estoy hablando de Vignemal. 
Nos encontramos con un proyecto absolutamente necesario para la interrelación entre el norte y el sur de Europa y con un país, en este caso Francia, que parece que aplaza su interés en desarrollar el proyecto. 
Sinceramente, señora Comisaria, en los documentos de la Comisión no encuentro solución a este problema. 
Espero que usted, que me consta que apoya enormemente el proyecto, pueda solucionar este dilema en el que me encuentro. 
Señor Presidente, como representantes de los ciudadanos y el electorado europeo, tenemos varias misiones generales como políticos. 
En primer lugar, debemos garantizar un buen medio ambiente en el que vivir y, en segundo lugar, debemos garantizar que haya empleo, particularmente para nuestros jóvenes en el futuro. 
Con el fin de lograr un buen medio ambiente, empleo y crecimiento, tenemos que hacer uso de los medios de transporte y las comunicaciones. 
Tenemos que hacer uso de las redes transeuropeas, en un contexto europeo. 
Solo así podremos promover tanto el crecimiento como un buen medio ambiente. 
Lo mismo tiene que ocurrir en las zonas periféricas del norte, donde mantenemos estrechas relaciones comerciales con Rusia, por ejemplo. 
Esto beneficiaría al conjunto de la Unión Europea desde un punto de vista industrial, y crearía oportunidades de empleo. 
Por lo tanto, proponemos en la enmienda 47 que la línea de Haparandabanan sea un proyecto prioritario dentro de las redes transeuropeas. 
La vía férrea se conecta a esas líneas principales que juntas componen una importante ruta para las mercancías en el norte de Suecia y que, a su vez, se conectan al triángulo nórdico, el proyecto 12 del Consejo. 
La línea de Haparandabanan es un enlace necesario.Es un proyecto maduro que implica la actualización y la nueva construcción de vías férreas en Suecia para mejorar la calidad de sus infraestructuras, así como un sistema racional de cambio del ancho de vía en la frontera nacional de Harapanda – Torneå. 
El proyecto facilitaría el comercio con Rusia y mejoraría la calidad del medio ambiente en la Unión Europea. 
La zona noroeste de Rusia tiene buen acceso a materias primas que son valiosas para la industria europea y que se transportan por esta ruta. 
Por lo tanto, cabe esperar que la mejora de la conexión por ferrocarril contribuya a un desarrollo positivo constante del comercio. 
La sección del proyecto relativa a los sistemas de cambio del ancho de vía permitirá adquirir una experiencia que luego se podrá aplicar también a otros lugares de la Unión Europea que tienen problemas para conectar redes ferroviarias con diferentes anchos de vía; por ejemplo entre los países Bálticos y Europa Central o entre Rusia y la Unión Europea. 
Para terminar, quiero decir que estoy de acuerdo con los comentarios que ha hecho el Sr. Savary al comienzo del debate. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estamos en primera lectura, no en "segunda primera lectura", y he de decirle, como ponente del informe sobre el Libro Blanco que fui, que el proyecto que usted nos presenta está ordenado y bien encaminado según aquellas recomendaciones. 
Y, por tanto, me felicito y también agradezco al Sr. van Miert su trabajo, porque, evidentemente, el ferrocarril, los puertos y el transporte marítimo, las vías navegables y las carreteras, fundamentalmente en los países de la ampliación, están correctamente contemplados, por tanto, vamos por buen camino. 
Ahora llega el momento de respetar el papel del Parlamento. 
No se nos puede convencer, como pretendía el ponente, de que el Parlamento no puede modificar esta propuesta. 
Las propuestas del Parlamento no son enmiendas de campanario. 
Creo que la Comisión debe seguir ejerciendo su papel para que muchas de las propuestas, enormemente razonables, a las que no me voy a referir, sean asumidas y sean aceptadas porque contienen ingredientes enormemente positivos. 
Señor Presidente, señora Comisaria de Palacio, emplearé este minuto para anunciar que nuestro grupo votará a favor de las enmiendas 39 y 45 para eliminar el puente sobre el Estrecho de Messina del proyecto del corredor Berlín-Palermo. 
Cuando se debate la financiación de nuevas obras públicas, es raro que se presenten enmiendas para eliminar cosas. 
En general, los parlamentos proponen elementos adicionales y complementarios. 
Eso aumenta aún más la importancia política de la posición de nuestro grupo y de otros grupos que votarán a favor de estas enmiendas, ya que el puente es insostenible en términos económicos y medioambientales. 
Para enlazar Palermo y Berlín se necesitaría más que un puente, señora Comisaria. 
Se necesitaría toda una línea de ferrocarril. 
En Sicilia, los trenes siguen circulando por vías únicas, como en los tiempos del Rey Víctor Manuel. 
Queremos insistir en que no tenemos ningún prejuicio ideológico por ello; sencillamente estamos convencidos de que se trata de un proyecto inútil, poco realista y caro. 
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero agradecer todas sus intervenciones y, desde luego, muy especialmente, el trabajo realizado por el ponente, Sr. Bradbourn, que me consta ha sido extraordinario, así como a toda la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, que ha reconducido las enmiendas y concentrado de gran valor añadido europeo y propuestas de gran interés. 
Quiero decir a sus Señorías que ayer, aprovechando la reunión del Consejo de Ministros de Transporte, les dije que si el Consejo había modificado las propuestas de proyectos iniciales de la Comisión- aunque se tratara de una única modificación, tratada y apoyada por el grupo Van Miert, pero que, en su momento, no había tenido luz verde por parte de los Estados -, teníamos que permitir al Parlamento una actuación semejante. 
Es decir, incorporar y retocar eventualmente los proyectos que había, siempre y cuando fueran proyectos que hubieran sido contemplados por el Grupo de alto nivel Van Miert, discutidos por los representantes de todos los Estados- también por el BEI y demás- y que tuvieran, además, la luz verde de los Estados implicados. 
También les dije que no se trataba de modificar sustancialmente el anexo III ni todos los proyectos, sino de darle al Parlamento sus prerrogativas, es decir, la capacidad de hacer aportaciones a las propuestas de las redes transeuropeas. 
En este sentido, vi una cierta flexibilidad por parte del Consejo, una flexibilidad constructiva, que podría interpretarse como "nosotros también hemos sido muy respetuosos; ha sido una cosa excepcional; no puede ser que ahora, de repente, se vuelva a abrir la cuestión". 
Y es ahí, en ese equilibrio, donde nos tenemos que mover. 
Señorías, quiero decir que, además de modificaciones concretas a proyectos concretos, a los cuales me referiré al final de mi intervención, en sus propuestas hay distintas enmiendas que hacen referencia a cuestiones generales y que muchas de ellas han sido aceptadas. 
En ese sentido, me complace señalar que la mayoría de aquellas que pretenden aclarar el texto de la propuesta de Decisión pueden ser aceptadas por la Comisión. 
Por ejemplo, las enmiendas n° 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11 (primera parte) , 12 (segunda parte) , 16 y 17; otras pueden ser aceptadas con alguna modificación redaccional como, por ejemplo, la 10 (primera y segunda parte) y la 40, en lo relativo a la referencia a los análisis medioambientales; es evidente que todo proyecto financiado por la Comisión deberá respetar la legislación medioambiental existente; eso es una obligación. 
La Comisión acepta, pues, añadir una referencia en el texto, con objeto de poner de relieve este aspecto, como ocurre en las enmiendas: 33, 34, 37, 42, 43 y 44. 
En cuanto a las demás enmiendas, algunas no se pueden aceptar porque ya se han incluido implícitamente en la propuesta y, por lo tanto, son redundantes; por ejemplo, las enmiendas: 11 (segunda parte) , 12 (primera parte) , 18 y 21. 
Otras enmiendas han sido rechazadas porque van más allá del objeto de la propuesta de Decisión; por ejemplo, la enmienda 2 y la 13 (segunda parte). 
Las enmiendas 7, 8 y 15 no corresponden exactamente a los objetivos de la propuesta y, por lo tanto, tampoco procede aceptarlas. 
Respecto a la enmienda 7, no podemos aceptarla en su integridad, porque entendemos que no se debe ampliar tanto el concepto de "autopistas del mar" que suponga al final perder la fuerza que se obtiene al concentrar y seleccionar proyectos concretos; sin embargo, hay una parte- a la cual me quiero referir- que sí puede ser aceptada y que tiene que ver con la enmienda 22 del Sr. Jarzembowski, y es que podríamos incluir una mención expresa a que dentro de las autopistas del mar se incluirán canales que unan dos mares. 
Creo que esto tiene sentido y sí podemos incluir esta modificación. 
No nos conviene suprimir el procedimiento abierto a la competencia, quiero decir las convocatorias de propuestas. 
Señorías, las autopistas del mar no podemos adjudicarlas "a dedo", porque sería ir completamente en contra de nuestros planteamientos. 
Lo que hay que hacer es abrir las concesiones a la competencia, porque es la única manera de mantener unos sistemas equilibrados, conseguir las mayores ventajas que ofrecen las distintas oportunidades y mantener los principios básicos de los Tratados. 
Tenemos que garantizar transparencia y competencia, y eso quiere decir que hay que hacer ofertas, convocatorias y propuestas abiertas. 
Las condiciones económicas se especifican en el Reglamento financiero y no en este documento. 
En cuanto al coordinador europeo, la Comisión acepta, como ya he indicado anteriormente, las enmiendas 9 y 10, con algunas aclaraciones, mientras que la enmienda 8 no puede ser aceptada tal cual por la Comisión, lo cual no quiere decir que no se va a informar del nombramiento de coordinadores a este Parlamento, sino que lo que hará la Comisión es informar al Parlamento de los nombramientos según se vayan acordando. 
En lo que respecta al anexo III, como les decía, la Comisión mantiene la posición de no reabrir el debate, pero sí de tener una cierta flexibilidad porque, insisto, esta Cámara colegisla en paridad y en igualdad total con el Consejo. 
El Consejo lo ha reabierto y, por tanto, entendemos que hay que dar un margen de flexibilidad. 
Además, el Consejo ha entendido el argumento de la Comisión. 
En este sentido quiero decir que cuatro enmiendas que contienen modificaciones o precisiones de trazados de proyectos ya inscritos en el anexo III, propuestas por la comisión, deben ser aceptadas, siempre y cuando los países afectados acepten esas modificaciones. 
Porque contra su voluntad no podemos hacer nada. 
Y contesto al Sr. Ferrández Lezaun; no sabe usted cómo le comprendo. 
Por desgracia, no es el único caso; cuando uno está sentado en mi silla se da cuenta de que ese no es el único país ni la pirenaica la única frontera donde se producen situaciones de, digamos, asincronía, o falta de acoplamiento de los tiempos, lo cual, efectivamente, es malo para todo el mundo. 
Por eso, no podemos hacer modificaciones que no acepten los países. 
En ese sentido, ayer intentábamos llegar a un acuerdo con los países sobre las modificaciones de estas características que estarían dispuestos a aceptar. 
Tengo algunas contestaciones, que paso a comentarles. 
Por ejemplo, se podría aceptar la primera parte de la enmienda 22, es decir, lo que se refiere a la unión de los dos canales, bien porque lo ponemos negro sobre blanco, bien porque lo ponemos de manera genérica, pero, en este caso, los países afectados están de acuerdo en incluirla. 
La primera parte de la enmienda 20, Algeciras-Bobadilla, que tenga un concepto mixto, no como ahora, que está concebido como transporte; ya está incluido en el proyecto 19 y lo que hay que hacer es incluirlo como parte del Sines-Madrid-París, del gran trazado de carga y ahí tenemos luz verde también. 
La segunda parte de la enmienda 22, Autopista del Mar Báltico, proyecto 21, sí que puede llegar hasta el Mar del Norte; se le cambiará el nombre por el de "Autopista del Mar Báltico-Mar del Norte" y también tenemos la luz verde por parte de los países afectados. 
En la primera parte de la enmienda 19, relativa al proyecto 6, es decir, Lyon-Turín-Trieste-Koper-Lubiana-Budapest, se trataría de precisar que la línea ferroviaria de Trieste a Lubiana pase por Divaca y que la línea entre Venecia y Trieste pase por Ronchi sur. 
Aquí la Comisión tiene dificultades, porque los países afectados no muestran su acuerdo. 
Estamos hablando de unas precisiones que consisten en fijar un trazado con unas diferencias de 20 km al norte o al sur, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Ronchi sur. 
En el trazo grueso que tenemos en nuestro mapa no queda claro si va un poco más al norte o un poco más al sur. 
Esto dependerá al final de la voluntad del país en concreto y de los trazados que, en función de criterios medioambientales y de todo tipo se puedan definir. 
Sin embargo, Señorías, es difícil que los Estados lo acepten tal cual. 
Lo mismo pasa con la propuesta de que el trazado Trieste-Lubiana pase por Divaca. 
Eslovenia dice que tienen dificultades para aceptarlo. 
Por parte de la Comisión no hay ningún problema, que quede muy claro, sino que el problema lo tienen los propios países afectados, y estamos hablando de unas precisiones de 20 km de distancia, de entrar en los detalles de unos grandes ejes. 
Insisto, a la Comisión no le plantea ningún problema, pero hay que contar con los Estados afectados. 
Algunas enmiendas consisten en añadir proyectos o secciones que ya han sido evaluados detenidamente por el grupo Van Miert. 
En lo que respecta a los mismos, si se cumplen los criterios del artículo 19, incluido el compromiso firme de realizarlos por parte de los Estados, la Comisión está plenamente dispuesta a facilitar este acuerdo. 
Pero hay solamente dos proyectos analizados bajo este criterio: uno es el proyecto fluvial Sena-Escalda, que no parece plantear ningún problema, porque ya el Consejo, en la reunión del 5 de diciembre pasado, lo aceptó y, desde luego, si el Parlamento lo plantea, la Comisión no tiene ningún problema. 
Y el segundo proyecto es la enmienda 26, relativa al enlace Praga-Linz. 
Sé que para algunos parlamentarios tiene mucha importancia. 
En este tramo podremos tener muy posiblemente la luz verde de los países afectados, pero no estoy tan segura de tener la luz verde de los mismos para el resto del proyecto. 
Por tanto, Señorías, les pido que no voten este proyecto o, como mucho, que consideren solamente la primera parte. 
Desde luego, la Comisión se atendrá a lo que digan en el Consejo los países afectados, porque no podemos ir en contra de su opinión. 
Otras enmiendas introducen modificaciones importantes, que no han sido evaluadas por el grupo Van Miert, como, por ejemplo, la línea ferroviaria Marsella-Turín, a la que se refiere la enmienda 19, y que ha sido rechazada; ocurre lo mismo con la línea Haparanda, a la que se refiere la enmienda 47. 
En su momento, estos proyectos no fueron presentados por los Estados miembros afectados y no cumplen con todos los criterios de selección del artículo 19, en particular, el compromiso de los Estados de la Unión con un calendario. 
Según el espíritu del artículo 156 del Tratado, las orientaciones de los proyectos requieren la aprobación del Estado afectado, por lo que la Comisión debe oponerse a estas enmiendas. 
Otras enmiendas proponen ejes en los terceros países. 
En este caso, la Comisión no puede incluir en las redes transeuropeas trazados que atraviesan países terceros, pero somos conscientes del problema planteado por la existencia, después de la ampliación, de un enclave rodeado por territorio de la Unión. 
En Compostela, en el mes de junio, nos reuniremos con los responsables de los distintos corredores paneuropeos para hacer una revisión de los mismos, teniendo en cuenta que dos tercios de dichos corredores, después de la ampliación a 27 Estados, estarán dentro de la Unión y serán redes transeuropeas, que son las que estamos aprobando hoy. 
En esa revisión de los corredores paneuropeos habrá que tratar de un modo específico y especialmente dinámico aquellas obras que supongan conexión de territorio europeo a través de territorio no europeo, como es el caso de algunos países de la antigua Yugoslavia, en la zona de los Balcanes. 
Señorías, ciertas enmiendas plantean retirar o suprimir partes ya integradas dentro de las propuestas del grupo Van Miert de la Comisión y aprobadas por el Consejo. 
Éstas, que no pueden ser aceptadas por la Comisión, son las enmiendas 1, 7, 20 y 25. 
Los proyectos incluidos en el Anexo III, insisto, se basan en unos estudios económicos y una aprobación política, tanto del grupo Van Miert como del Consejo. 
Señorías, se ha pedido que en unas autopistas del mar se haga mención explícita de España y Portugal en lugar de decir "la parte sur de Europa"; lo ha dicho el Sr. Camisón. 
Voy a comprobarlo pero, que yo sepa, sigue dentro de las propuestas. 
Respecto a la travesía central del Vignemal, la travesía central del Pirineo, insisto, hay que respetar la voluntad de los Estados. 
Hay que intentar animarlos, pero hemos de respetar lo que dicen los Tratados: que sin el acuerdo de un Estado no se puede hacer ninguna obra en su territorio. 
Quiero terminar, una vez más, expresando mi agradecimiento a sus Señorías y diciéndoles que, como ven, las posiciones de la Comisión y del Consejo ofrecen una cierta flexibilidad para acoger algunas de las propuestas y aportaciones de este Parlamento que suponen una mejora del texto inicial y que, además, suponen respetar el equilibrio entre ambas instituciones. 
Ruego a este Parlamento que comprenda que existe este margen de flexibilidad, pero que es imposible reabrir de arriba abajo el fundamento y el conjunto de las propuestas para estas nuevas redes transeuropeas, que nos urge aprobar para que, a partir del 1 de mayo de 2004, cuando seamos 25 y no 15, los diez nuevos Estados miembros se vean reflejados a través de ellas, pues formarán parte del conjunto de la Unión. 
Agradezco al Sr. Bradbourn y a toda la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo su trabajo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0066/2004). 
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas al Consejo. 
Tras el acercamiento del Reino Unido a Francia y a Alemania para impulsar determinadas políticas comunitarias como la de defensa y tras haber apoyado a esos Estados en el problema del incumplimiento del Pacto de Estabilidad, determinadas voces institucionales y medios de comunicación interpretan que ante las dificultades surgidas para la aprobación del proyecto de Constitución, el eje formado por esos tres Estados se encamina a la creación de un grupo "pionero" dirigente de una Unión de dos velocidades relativamente ajena a las otras instituciones democráticas comunitarias. 
¿Qué posición mantiene la Presidencia del Consejo para evitar este grave peligro, al tiempo que busca un acuerdo para la aprobación del proyecto de Constitución presentado por la Convención? 
. La Presidencia presentará una evaluación de las perspectivas de progreso de la Conferencia Intergubernamental en el Consejo Europeo de marzo, tal y como se acordó en el Consejo Europeo de diciembre de 2003. 
Sin embargo, no corresponde a la Presidencia, hablando en nombre del Consejo, expresar una opinión sobre las cuestiones planteadas en la pregunta de su Señoría. 
El Consejo no ha debatido ni ha adoptado una postura con respecto a la cuestión de una Europa de dos velocidades. 
No está en el orden del día. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, en nombre del Sr. Nogueira quisiera hacerle una pregunta complementaria y, luego, si me lo permite, plantearle una en el mío propio. 
Señor Ortuondo, usted solo podrá actuar como suplente del Sr. Nogueira, porque de acuerdo con el Reglamento hay otros diputados que quieren hacer preguntas complementarias. 
Limítese a intervenir como formulante de la pregunta. 
Señor Presidente, yo soy eurodiputado y tengo tanto derecho como los demás a realizar intervenciones en mi propio nombre. 
Siga usted las instrucciones de la Presidencia. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, hemos oído que los principales temas de divergencia en la Conferencia Intergubernamental son la composición de la Comisión –si debe haber o no un comisario por Estado miembro–, las presidencias del Consejo y la redefinición de la mayoría cualificada para la adopción de decisiones en el Consejo, circunscribiéndola a mayoría de Estados y mayoría de población. 
¿No cree usted que la representación de todos los Estados en la Comisión ayuda a que un mayor número de ciudadanos se identifique con la construcción europea? 
Y, ¿no cree usted que posiciones como la del Gobierno español, pretendiendo crear minorías de bloqueo en base al tercer criterio de Niza –el número de votos en el Consejo– puede empujar a otros gobiernos a zafarse de limitaciones y a avanzar por la Unión Europea de dos, tres o más velocidades? 
– Señor Presidente, Presidente en ejercicio del Consejo, aunque no comparto plenamente la preocupación expresada por el Sr. Nogueira y el Sr. Ortuondo, estaría bien que pudiera dejarse claro en este Parlamento la importancia que debe otorgarse a esas cumbres celebradas por solo algunos Estados miembros. 
La realidad es que a esta reunión celebrada el dieciocho del mes pasado asistieron tres países, y parece ser que también se discutieron allí algunos detalles relacionados con la Constitución. 
Se ha distribuido abiertamente información sobre esos procedimientos de votación, la compensación de votos en el Consejo y el nombramiento de Comisarios, y estaría bien que nos explicara cómo abordó Irlanda esos temas, en su calidad de país que ostenta la Presidencia. 
¿Se abordaron esos temas? 
¿Surgieron en esa cumbre de los tres grandes algunas propuestas concretas para el Consejo? , y ¿cuáles son sus intenciones futuras en relación con este asunto? 
. – Como ya dije al comienzo, la cuestión de una Europa de dos velocidades no está en el orden del día y no voy a especular al respecto. 
Como mencioné esta mañana en mi declaración, estoy al tanto de muchas de las otras cuestiones de interés en el contexto de la CIG. 
A la otra pregunta complementaria sobre la reunión de los tres países en Berlín ya le di respuesta en un período parcial de sesiones anterior. 
Señalé que esos tres países estaban manteniendo discusiones entre ellos, que no eran los únicos países que lo estaban haciendo y que estas discusiones eran realmente útiles para la Presidencia irlandesa. 
No obstante, el punto principal es que esta cuestión de una Europa de dos velocidades no está en el orden del día, en el contexto de nuestras consideraciones en la CIG. 
La Feria del Libro que se celebra anualmente en Cuba es un evento cultural y de comunicación de gran prestigio internacional. 
Este año los organizadores habían previsto que Alemania fuera "el invitado de honor". 
Parece que el Gobierno alemán, siguiendo la posición común establecida por el Consejo y su reciente política de sanciones culturales respecto de Cuba, ha rehusado tal participación. 
Sin embargo, no se ha reducido la presencia de escritores y empresas editoriales alemanas y de otros Estados de la UE. 
¿Considera el Consejo que dicha posición común y las citadas sanciones son beneficiosas o sencillamente perjudican tanto a la cultura cubana como a la cultura europea? 
¿No se ha sentido el Consejo desautorizado teniendo en cuenta que los empresarios y autores europeos invitados a la Feria del Libro han ignorado la línea del Consejo manteniendo su participación, siendo varios los que han llegado a descalificar como "disparatada, injusta y contraria a nuestros intereses" la política de sanciones culturales impuesta a Cuba por la UE? 
. – Como el Consejo y la Comisión han dejado claro repetidas veces en el Parlamento Europeo, la decisión del 5 de junio de 2003 formaba parte de un paquete de medidas adoptado tras la violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos cometida por las autoridades cubanas el pasado año. 
Estas tomaron la forma del juicio sumario y las largas condenas a prisión impuestas sobre un gran número de disidentes por ejercer su derecho a la libertad de expresión y por su participación en actos públicos, así como del juicio sumario y la rápida ejecución de tres secuestradores de un trasbordador, incumpliendo las normas mínimas internacionales para la aplicación de la pena de muerte. 
Las cuatro medidas anunciadas el 5 de junio de 2003 eran de naturaleza simbólica y política, por lo que su aplicación corresponde únicamente a los Gobiernos y a los Estados miembros de la Unión Europea. 
No afecta al sector privado ni a los ciudadanos individuales, que son libres de asistir a la Feria del Libro de Cuba y, de hecho, a cualquier otro acontecimiento cultural organizado por el Gobierno cubano, si así lo desean. 
Con respecto a las opiniones privadas mencionadas en la pregunta, el Consejo no tiene ningún comentario que hacer sobre lo que habrían tenido que decir quienes asistieron a la feria. 
Tienen derecho a expresar sus opiniones, aún cuando sus opiniones sean equivocadas. 
Una vez más, la Unión Europea realiza un llamamiento a las autoridades cubanas para que liberen a todos los presos políticos de inmediato y adopten de nuevo la moratoria sobre la pena de muerte. 
El Consejo reafirma la validez de la posición común como la base del compromiso constructivo de la Unión Europea con Cuba, que deberá buscarse a través del diálogo político, con el fin de lograr resultados tangibles, particularmente en el ámbito político, económico y de los derechos civiles. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo y querido amigo, no estoy en disposición de pelearme por el uso de una palabra. 
Hace unos meses hubo determinadas actuaciones de las autoridades cubanas ante las que la Unión Europea reaccionó con medidas que a ustedes les parecieron pertinentes y a mí –sobre todo las adoptadas en el ámbito de la cooperación cultural– me parecieron desproporcionadas, injustas e incluso disparatadas. 
No sé cómo quieren ustedes llamar esas medidas. 
Dicen que no son sanciones. 
Yo querría encontrar otra palabra, no sé si son restricciones, represalias, presiones, retorsiones, bloqueo cultural –como dicen los propios cubanos–. 
Me gustaría que nos dijese usted qué palabra hemos de usar para que se nos conteste realmente a lo que estamos preguntando. 
. – Las palabras que he utilizado eran muy concretas. 
Como ya he dicho, las medidas eran de naturaleza simbólica y política, por lo tanto su aplicación corresponde únicamente a los Gobiernos y a los Estados miembros de la Unión Europea. 
No tienen una implicación directa por lo que respecta a los ciudadanos individuales. 
También quiero señalar que las medidas que se anunciaron el 5 de junio se tomaron después de haber deliberado mucho al respecto. 
La opinión del Consejo en esos momentos era que la aplicación de las medidas representaba una postura equilibrada entre mantener la voluntad de intervenir en el diálogo político para obtener resultados tangibles y la necesidad de dejar claro que las violaciones graves de los derechos humanos, como las que se han producido en Cuba en los últimos 12 meses, no eran aceptables. 
Estoy seguro de que el Sr. Martínez aceptará que esta es la postura. 
Finalmente, con respecto a una cuestión general relativa a la Unión Europea y Cuba: las medidas adoptadas por el Consejo se sopesaron muy detenidamente. 
Puede que algunos hayan dicho que son muy moderadas, pero son adecuadas en respuesta a circunstancias específicas. 
La Unión Europea valora esta relación con Cuba y espera que esas relaciones se puedan mejorar. 
Es mutuamente beneficioso intentar una mejora en ese sentido. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, no seré yo quien apoye, por supuesto, las ejecuciones realizadas por el Gobierno cubano. 
Pero tengo que recordar que existen muchas ejecuciones en los Estados Unidos y también muchos asesinatos selectivos en Israel. 
Se están produciendo a diario. 
Quisiera preguntar, a este respecto, si el Consejo va a adoptar alguna medida respecto a los convenios con estos dos países que he citado. 
. La pregunta complementaria va bastante más allá de la pregunta del Sr. Martínez Martínez. 
Si el Sr. Ortuondo Larrea desea plantear una pregunta sobre una cuestión específica que pueda tener en mente, la responderé. 
Hay algo que me gustaría decir al Consejo. 
Acabo de regresar de Cuba, donde he podido observar la situación sobre el terreno con una mente abierta, y no sería mala idea que algunos visitaran la isla dada la forma como se discuten las violaciones de los derechos humanos en esta Cámara. 
Como consecuencia de nuestra política respecto a dicho país, estamos ignorando un verdadero tesoro. 
Se diga lo que se diga sobre Cuba, el país tiene mucho que ofrecer; podemos aprender mucho de ellos, especialmente en el ámbito de las medidas para beneficiar a unos grupos específicos en unas comunidades determinadas. 
Además, es lamentable que debido a la actitud de Europa muchas ONG europeas estén pasando por graves dificultades en dicho país. 
Les gustaría que Europa recuperara y mejorara sus relaciones con Cuba y pudiera ver ese país desde una perspectiva distinta sin influencias de terceras partes. 
Corren muchos rumores sobre Cuba y, en comparación con otros países, a ese país lo miramos de otra forma. 
Sin entrar en detalles, podría mencionar otros países donde la pena de muerte todavía está en vigor. 
En resumen, están ocurriendo muchas cosas apasionantes en Cuba, y sería útil visitar ese país e intentar obtener una visión objetiva del mismo. 
. – Estoy seguro de que todo lo que ha dicho la diputada es correcto. 
No pongo en duda que Cuba sea un país fascinante e interesante. 
Las medidas diplomáticas anunciadas el 5 de junio estaban destinadas a enviar una señal a las autoridades cubanas de que las nuevas y graves violaciones de los derechos humanos sencillamente no resultaban aceptables. 
Las medidas no tenían el fin de aislar a Cuba en modo alguno. 
Por el contrario, al reconfirmar la validez de la posición común con respecto a Cuba el 21 de julio de 2003, el Consejo subrayó que el diálogo político debería continuar, con el fin de obtener resultados tangibles, particularmente en el ámbito económico, político y de los derechos. 
El Consejo sigue estando totalmente abierto al diálogo político. 
Con respecto al comentario realizado acerca del impacto, el Gobierno cubano sabe que el Consejo reconoce sus importantes logros en materia de derechos sociales, en áreas como la sanidad y la educación. 
Sin embargo, nuestra mayor esperanza sigue siendo que las autoridades cubanas se den cuenta de la necesidad de conseguir avances similares en el ámbito de los derechos humanos, políticos y civiles fundamentales. 
Acogeríamos con gran satisfacción un logro en estas áreas similar al conseguido en las mencionadas por su Señoría. 
Documentos obtenidos por una organización de libertades civiles, EPIC, de conformidad con la Ley estadounidense sobre la libertad de información, revelan que la empresa norteamericana Northwest Airlines, que asegura las conexiones entre importantes ciudades europeas y de los EE.UU., ha transmitido a la NASA los datos de millones de pasajeros, como parte de un experimento gigante de prospección de datos. 
La divulgación de los datos viola la política de privacidad de Northwest y su recogida y utilización por parte de la NASA puede también constituir una infracción de la legislación federal estadounidense sobre la privacidad. 
La legislación europea prohibe la revelación sistemática de datos personales para fines no relacionados con la recogida original. 
¿Está el Consejo al corriente de esta violación de las leyes europeas y norteamericanas? 
¿Sabe el Consejo si estos datos conciernen a los ciudadanos de la UE y si incluyen datos PNR? 
¿Cuándo piensa el Consejo abordar este asunto con las autoridades competentes de los EE.UU.? 
¿No considera el Consejo que la actual política estadounidense de privacidad (transmisión de datos personales a la NASA, creación del sistema CAPPS II, iniciativas unilaterales concernientes a los datos de los pasajeros que infringen la legislación europea) no permite que los EE.UU. sean considerados "conformes" en términos de las directivas europeas, tal y como han manifestado el CNIL francés y otras autoridades nacionales, y abogados particulares encargados de cuestiones relativas a la privacidad? 
El Consejo no cuenta con ninguna información específica relativa a las cuestiones planteadas en la pregunta H-0075/04 sobre la transmisión de datos de los pasajeros a la NASA por parte de Northwest Airlines. Así pues, el Consejo no está realmente en condiciones de responder exhaustivamente a las preguntas planteadas por su Señoría. 
El Consejo entiende que su Señoría también ha dirigido su pregunta directamente a la Comisión, que es el organismo competente de la mayor parte de las cuestiones. 
Sin embargo, debo decir que las investigaciones detalladas de este tipo son competencia de las autoridades responsables de la protección de datos de los diversos Estados miembros. 
Las competencias de las autoridades responsables de la protección de datos en este caso serían las relacionadas con los vuelos específicos en cuestión. 
Por ejemplo, la recopilación de datos relativa a un vuelo entre Boston y el aeropuerto de Gatwick de Londres sería competencia de las autoridades del Reino Unido, mientras que la recopilación de datos relativa a un vuelo entre Londres y Ámsterdam sería competencia de las autoridades neerlandesas. 
Como he dicho al comienzo, no tengo suficiente material como para dar una respuesta más exhaustiva a su Señoría. 
Estoy seguro de que entenderá que con el tipo de material que tengo esta es la respuesta más completa que puedo dar. 
Por supuesto, entiendo que el Consejo no haya tenido oportunidad de obtener la información. 
Pero también debo remarcar que el Consejo ha tenido muchísimo tiempo para obtenerla. 
De hecho, estamos hablando de procedimientos de transparencia, es decir del acceso a los documentos y de los procedimientos para hacer que esos documentos sean públicos. 
Les hemos proporcionado todos los detalles de los documentos en cuestión, y me parece muy extraño que no haya habido tiempo para leerlos. 
Por ejemplo, esos documentos dejan muy claro que, como sabemos, Northwest tiene un acuerdo de cooperación con KLM y que, por lo tanto, existe un inmenso solapamiento entre sus bases de datos de reservas aéreas, incluyendo las relacionadas con el tráfico aéreo interno de la Unión Europea. 
Usted ha dicho que el tema es responsabilidad de la Comisión. 
Y no es cierto, porque los acuerdos internacionales son responsabilidad del Consejo; es el Consejo quien dio a la Comisión Europea el mandato de determinar el nivel de adecuación de la protección de la privacidad en los Estados Unidos. 
Por lo tanto, la responsabilidad política recae en el Consejo. 
¿El Consejo está considerando incluir este punto en las negociaciones actuales, o bien opina de otra forma? 
. Me gustaría llamar la atención de su Señoría sobre el hecho de que no se trata de una cuestión de tiempo, sino de una cuestión de competencia. 
Las autoridades competentes en este caso en particular, como dije en mi respuesta principal, son las autoridades responsables de la privacidad en los Estados miembros individuales. 
La competencia corresponde al plano de las autoridades nacionales, no a este plano. 
Señor Presidente, me ha sorprendido profundamente la respuesta del Presidente en ejercicio. 
En estos momentos, el Consejo está debatiendo un acuerdo europeo con los Estados Unidos, mediante el que el Grupo de Expertos del Artículo 31, que es competente en este ámbito, ha dado, o casi ha dado, luz verde en nombre del Consejo, a la firma de un acuerdo con los Estados Unidos. 
El anexo a ese acuerdo se refiere también al CAPPS II (Computer Assisted Passenger Pre-screening System II). 
Por lo tanto, es muy poco probable que el Consejo no sepa lo que está ocurriendo y, en mi opinión, la pregunta del Sr. Cappato es muy clara: ha preguntado si no es un caso de ilegalidad y de violación de nuestra normativa. 
El Consejo no puede decir que es un problema exclusivo de las autoridades de protección de datos, que a su vez han indicado que esto es ilegal. 
Hay que tomar medidas. 
El Consejo tiene razón cuando dice que las medidas deberían tomarse a escala nacional, pero también tiene algo que hacer al respecto. 
En cierto modo el Consejo ha pasado esta tarea a la Comisión Europea que, por lo que parece, desconoce los hechos en cuestión y, lo que es peor, no ha informado a los parlamentos nacionales. 
De modo que pido al Consejo que se asegure de que se hace todo esto. 
. La pregunta complementaria menciona la cuestión de la transmisión de registros de nombres. 
La cuestión general de la transmisión a las autoridades estadounidenses de los registros de nombres de los vuelos transatlánticos preocupa mucho al Consejo. 
No estamos cuestionando las preocupaciones de los diputados ni particularmente las preocupaciones que el Sr. Cappato ha explicado en su comentario original. 
Esta cuestión es objeto de las actuales discusiones y negociaciones con los Estados Unidos. 
Tras la introducción unilateral del pasado año de la exigencia estadounidense impuesta a las líneas aéreas europeas de facilitar los registros con los nombres de los pasajeros de vuelos con destino a los Estados Unidos, la Unión Europea ha venido trabajando para establecer un marco legal para la transmisión de los registros de los nombres de los pasajeros a las autoridades aduaneras estadounidenses y a los organismos de protección de las fronteras. 
Se está haciendo todo lo posible en las negociaciones en curso para mejorar la naturaleza legalmente vinculante del compromiso, con el fin de proteger la privacidad de los datos de los pasajeros europeos, que es la cuestión planteada en la pregunta complementaria. 
Sin embargo, no se trata de una cuestión que afecte solo a la Unión Europea y los Estados Unidos, dado que se espera que la transmisión de los registros con los nombres de los pasajeros sean también exigidos por algunos otros países en un futuro próximo, con el fin de mejorar la seguridad de los pasajeros en general. 
Así pues, la Unión Europea propugna un planteamiento global con respecto a la transmisión de estos datos a efectos de la seguridad de la aviación y las fronteras. 
Se trata en gran medida de una iniciativa para crear un marco multilateral para las transmisiones de registros de datos personales, bajo los auspicios de la Organización de la Aviación Civil Internacional. 
Se propone que cualquier acuerdo alcanzado con los Estados Unidos sea de naturaleza provisional y sea oportunamente confirmado mediante acuerdos internacionales. 
Con respecto al acuerdo internacional propuesto entre los Estados Unidos y la Unión Europea acerca de la transmisión de registros de nombres, quiero mencionar específicamente que, como su Señoría sabrá, las negociaciones continúan entre la Comisión –y es la Comisión la que está manteniendo esas negociaciones– y las autoridades estadounidenses. 
Una vez que las negociaciones hayan concluido, este acuerdo será presentado a este Parlamento y estudiado por el mismo. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Boogerd-Quaak y el Sr. Cappato. 
El Consejo se equivoca al decir que es responsabilidad de la Comisión. 
Ya quedó bastante claro ayer, con respecto a otra cuestión, la de Guantánamo, cuando el Comisario Patten afirmó «no podemos hacer nada sin el Consejo». 
El Sr. Cappato pregunta, «¿cuándo planteará el Consejo esta cuestión a las autoridades competentes estadounidenses?» 
El Consejo está intentando evadir su obligación a este respecto. 
No es solo una cuestión de la Comisión, es una cuestión del Consejo. 
Indudablemente puede ser planteada en la próxima cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos y también durante las actuales negociaciones relativas a esta cuestión. 
Es totalmente inaceptable que no se esté protegiendo a los ciudadanos europeos ni su derecho a la privacidad. 
Eso es responsabilidad del Consejo. 
El Consejo debería responder al menos a esa parte de la pregunta. 
. El Consejo ha respondido a esa parte de la pregunta. 
Quiero llamar la atención de la Sra. McKenna específicamente sobre lo que he dicho con respecto a la competencia de las autoridades nacionales –en el caso del Reino Unido y en el caso de las autoridades neerlandesas– en materia de protección de datos. 
Su Señoría se equivoca también al decidir ignorar el hecho de que la Comisión está manteniendo negociaciones con las autoridades estadounidenses. 
Está tergiversando el papel del Consejo al sugerir que le corresponde esa función. 
Como ya sabe su Señoría, no es su función. 
¿Qué seguimiento se propone dar el Consejo a la resolución concerniente a China y al mantenimiento del embargo sobre las armas aprobada en diciembre por el Parlamento Europeo? 
¿Cómo puede el Consejo garantizar al Parlamento que, pese a la decisión tomada posteriormente en Roma por el Consejo de incluir esta cuestión en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales y de Relaciones Exteriores para someterla de nuevo a examen, el embargo no será levantado silenciosamente en una de las próximas reuniones del citado Consejo? 
. Quiero dar las gracias a su Señoría por plantear esa pregunta. 
El Consejo ha tomado nota oportunamente de la resolución del Parlamento Europeo relativa al embargo sobre las armas impuesto a China. 
La analizaremos, junto con otros elementos del examen que se está realizando sobre esta cuestión. 
El 26 de enero, el Consejo de Asuntos Generales y de Relaciones Exteriores, de acuerdo con la invitación del Consejo Europeo del 12 de diciembre de 2003, invitó al COREPER y al Comité Político y de Seguridad a analizar esta cuestión. 
El Consejo quiere destacar, una vez más, que no ha fijado ninguna fecha específica para las decisiones relativas al embargo sobre las armas impuesto a China. 
Parece que existe la idea de que se ha fijado una fecha. 
No es así. 
Las actuales normas de transparencia se aplicarán a la decisión. 
Pensé que el Consejo iba a decir de nuevo que esto no es responsabilidad suya. 
Sigo estando en total desacuerdo con la postura del Consejo relativa a la última pregunta. 
Con respecto a China, espero que el Consejo adopte una postura que refleje la postura del Parlamento: la única institución elegida democráticamente de la Unión Europea. 
Indudablemente existe un grave problema con el levantamiento del embargo sobre las armas impuesto a China, particularmente a la luz de lo que ha sucedido en los últimos años. 
Espero que el Consejo se tome esta cuestión muy en serio y que no ceda a las presiones, a pesar del hecho de que puede haber algunos países de la Unión Europea que quieren que lo haga. 
Espero que el Consejo no ceda ante esto. 
El embargo sobre las armas debe mantenerse hasta que encontremos algo que justifique su levantamiento. 
No creo que haya una justificación, porque los embargos sobre las armas son una buena idea para todos los países internacionalmente. 
. Conozco la opinión de la Sra. McKenna sobre los embargos de armas, que no es muy diferente de la mía. 
El Consejo ha tenido en cuenta la resolución del Parlamento Europeo y continuará haciéndolo. 
¿Qué hace el Consejo para potenciar la lucha contra la prostitución forzada, la prostitución de menores y la trata de seres humanos no sólo en la actual frontera Schengen con los países adherentes, sino también en la frontera oriental de dichos Estados? 
. Se trata de una cuestión muy seria. 
Con respecto a la trata de seres humanos, el Consejo se remite a su respuesta a la pregunta oral H-0575/03. 
Como ya señaló en esa respuesta, la compleja cuestión de la trata de seres humanos debe ser tratada tanto en el plano nacional como internacional y dentro de un contexto más amplio, que implique el derecho penal, el asilo, las políticas de inmigración y las medidas preventivas. 
Se ha alcanzado un acuerdo general en el Consejo relativo a una propuesta de directiva del Consejo sobre los permisos de residencia concedidos a nacionales de terceros países que hayan sido víctimas de la trata y que cooperen con las autoridades competentes. 
El propósito de la propuesta es ofrecer a las víctimas que se muestren dispuestas a cooperar en los procedimientos contra los traficantes la posibilidad de permanecer en los Estados miembros mientras duren esos procedimientos, así como a obtener otros beneficios para ayudarles a escapar de la influencia de los traficantes y a recuperar una vida normal. 
Entre esos otros beneficios pueden incluirse, por ejemplo, el acceso al empleo, la educación y formación profesional, así como otros programas especiales. 
Este instrumento, cuando haya sido adoptado, desempeñará una importante función en la lucha contra los traficantes. 
La adopción formal será posible cuando el Parlamento haya dado su opinión. 
Además de la decisión marco sobre la lucha contra la trata de seres humanos aprobada el 19 de julio de 2002, el Consejo aprobó una decisión marco sobre la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, el 22 de diciembre de 2003. 
Con respecto a los controles fronterizos, el Consejo recuerda que en 2002 se presentaron dos planes que contenían una serie de medidas destinadas a conseguir un mayor nivel de seguridad en las fronteras exteriores y a combatir la trata de seres humanos. 
El primero es un plan exhaustivo para combatir la inmigración ilegal y la trata de seres humanos, que fue aprobado por el Consejo en febrero de 2002. 
El segundo era el plan para la gestión de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, que fue aprobado por el Consejo el 13 de junio de 2002. 
Ambos planes contienen medidas a corto y a largo plazo, destinadas a crear una gestión integrada de las fronteras. 
Desde 2002 se han presentado diversos proyectos piloto y operaciones conjuntas en las fronteras exteriores. 
Se ha creado una red de funcionarios de enlace de los Estados miembros; se ha establecido un modelo de análisis del riesgo común y un currículo central común para la formación relativa a la protección de las fronteras. 
Son medidas muy bien acogidas. 
Se han creado diversos centros o están siendo creados actualmente por los Estados miembros, centrado cada uno en un tipo de frontera específico, por ejemplo un centro de fronteras aéreas, un centro de fronteras terrestres o un centro de fronteras marítimas. 
Por otra parte, se están creando también un centro de análisis de riesgos y un centro especial de formación sobre protección de las fronteras. 
– Señor Presidente, aunque agradezco esta respuesta tan exhaustiva, mi pregunta tenía que ver con las actuales fronteras entre la UE y los países candidatos, con sus futuras fronteras orientales con los estados de la CEI y, más concretamente, con los programas que se supone que deben contener la vigilancia de la prostitución, tan extendida en aquella zona. 
Lo que ocurre actualmente en la frontera de la República Checa en Baviera es lo siguiente: la mayor parte de las víctimas y muchos de los culpables son de países más orientales, es decir, de Rusia y de Rumania, Estados que todavía no se van a adherir a la Unión. 
El escenario del delito suele ser la República Checa, que es un país candidato, y los clientes, los que se gastan el dinero, suelen ser en su mayoría, y lamentablemente, de la actual Unión Europea –en realidad de Alemania–, de modo que se trata de un problema transfronterizo. 
Lo que me interesa saber en concreto es qué se está haciendo en las regiones fronterizas para resolver el problema de la gran cantidad de prostitución que se está llevando a cabo allí. 
. Entiendo la preocupación de Su Señoría. 
Se trata de un comercio particularmente pernicioso y terrible. 
Alguien ha dicho antes que es el equivalente a la esclavitud del siglo XXI. 
Es algo que pertenece a la prehistoria y creo que todo ser humano civilizado criticaría con razón lo que está sucediendo. 
He mencionado una serie de acontecimientos y la respuesta que he dado ha sido exhaustiva. 
Se han previsto y, en un futuro próximo, se llevarán a cabo otras operaciones conjuntas en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de los Estados miembros y los países candidatos, que es la preocupación planteada por el orador. 
Por otra parte, el Consejo está prestando especial atención a la creación de una agencia europea para la gestión de la cooperación en las fronteras exteriores, que integrará centros en un marco institucional dentro de la Comunidad. 
Eso se adaptaría en gran medida al pensamiento de su Señoría. 
El 27 de noviembre de 2003, por ejemplo, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior aprobó una conclusión sobre los principales elementos de esta agencia. 
Se acordó que esta agencia se encargaría, entre otras cosas, de coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros para la gestión de sus fronteras exteriores, ayudaría a los Estados miembros en la formación de los responsables de proteger las fronteras, realizaría el tipo de análisis de riesgos que ya he mencionado y ayudaría a los Estados miembros en circunstancias que exijan una mayor cooperación técnica en las fronteras. 
Espero que esto responda a la pregunta del diputado. 
Una de las cosas extraordinarias de este pernicioso comercio en particular es que quienes lo practican han sido extremadamente astutos a la hora de traficar con sus víctimas. 
La decisión marco sobre la lucha contra la explotación y la pornografía infantil tiene que ver con todo esto. 
Se aprobó el 22 de diciembre de 2003 y exige que cada Estado miembro tome las medidas necesarias para garantizar que toda conducta relacionada con la pornografía y explotación infantil a escala internacional sea plenamente punible. 
Como ya he dicho, se trata de un pernicioso comercio llevado a cabo por gente despiadada. 
Es el equivalente a la esclavitud del siglo XXI. 
Sin embargo, cualquier análisis objetivo y justo sugeriría que la Unión está tratando esta cuestión en un importante número de frentes. 
Independientemente de la opinión del Sr. Posselt con respecto a esta cuestión y de la respuesta del Consejo, con las que coincido, ¿estaría el Presidente en ejercicio del Consejo de acuerdo en que, desafortunadamente, la prostitución forzada, la prostitución infantil y la trata de seres humanos son consecuencia también de una inevitable característica de los países pobres, que carecen de mejores oportunidades económicas? 
Nos guste o no, es cierto. 
El símil que establece el Ministro del equivalente de la esclavitud del siglo XXI puede ser cierto por un lado, pero también hay otra perspectiva. 
¿Considera el Consejo que un gran aumento de la inversión, de la ayuda y el apoyo económicos a los países limítrofes con las nuevas fronteras exteriores de la Unión Europea –y a los Balcanes– será fundamental cuando hayamos ampliado la Unión Europea? 
Señor Presidente en ejercicio, ¿qué acción cree personalmente que sería una buena idea que emprendiera la Presidencia irlandesa o cualquier Presidencia futura? 
. Cuando trata la cuestión de las medidas específicas que he mencionado, está refiriéndose al síntoma y no a la causa. 
Indudablemente la causa es la pobreza, la delincuencia y una crisis de la sociedad civil. 
La causa es también la extraordinaria transición que sufren los países cuando un sistema que parecía seguro se hunde y se establece otro. 
Tiene razón, señor Evans: si observa todas las políticas de la Unión en un sentido amplio, ese es exactamente el planteamiento que la Unión está adoptando. 
Está adoptando un planteamiento holístico. 
En los Balcanes, que usted ha mencionado, existe una política de la Unión muy específica, bien informada y bien centrada. 
Ofrece a los ciudadanos, particularmente a los Estados miembros y sus Gobiernos, la perspectiva de una relación más estrecha con la Unión Europea e indica muy claramente que tenemos ciertas normas que ellos tienen que establecer. 
Así pues, por una parte estamos apoyándoles y, por otra, estamos desfavoreciendo ciertas acciones. 
Estamos adoptando un planteamiento holístico. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Evans. 
– Quiero dar las gracias al Sr. Roche de la Presidencia irlandesa por su franqueza al decir que estamos hablando del equivalente a la esclavitud en nuestra era. 
En realidad, es en el mundo rico de la Europa occidental donde unos hombres despreciables explotan a mujeres y niños. 
Y no es un tema relacionado exclusivamente con la pobreza. 
Es aquí, en la Europa occidental rica de la UE, donde están siendo degradados. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿La Presidencia irlandesa está dispuesta a dar prioridad a la lucha contra el tráfico de seres humanos y la explotación sexual de niños y mujeres, de modo que esa cuestión de decencia sea elevada a la posición que le corresponde como el más importante de todos los temas de civilización relacionados con la reputación de Europa? 
Y mi segunda pregunta es si la Presidencia irlandesa está dispuesta a reforzar la cooperación policial europea y a comprometer a Europol y Eurojust en esta lucha necesaria para la respetabilidad de Europa y la dignidad humana. 
. Quiero dar las gracias al Sr. Sacrédeus por sus comentarios. 
Los puntos que ha tocado han sido mencionados en mi respuesta original y desarrollados en las complementarias. 
Esta es una cuestión que precisa un gran número de respuestas. 
Solo estoy en desacuerdo con el Sr. Sacrédeus en un punto: desafortunadamente, las mujeres y los niños, que son las víctimas en este caso en particular, son explotados desde su nacimiento. 
Son explotados debido a las condiciones que existen en sus países. 
También son explotados al ser exportados como productos a los países occidentales ricos. 
Es algo de lo que tienen que responsabilizarse todos los países. 
Estoy orgulloso del trabajo que está haciendo la Unión Europea a este respecto, porque es un modelo para el resto del mundo, y en ese sentido no discrepo del Sr. Sacrédeus. 
Desde el principio de este año, se reparte a visitantes, cooperantes y funcionarios de la Unión Europea y de las organizaciones internacionales una hoja de "información acerca de la entrada en los territorios bajo control de la Autoridad Palestina". 
En el documento, se prohíbe la entrada en la Franja de Gaza y en Cisjordania, citadas como Judea y Samaria (zonas A) sin autorización previa por escrito de las autoridades israelíes. 
Aquellos que acceden a estos territorios sin dicha autorización se exponen a que se les apliquen medidas legales, incluidas la deportación y la prohibición de volver a entrar en Israel. 
¿No cree el Consejo que se trata de una violación de los Acuerdos de Oslo y del Derecho internacional en general, además de un no reconocimiento intencionado de la soberanía de la Autoridad Nacional Palestina? 
Teniendo en cuenta que la Autoridad Nacional Palestina no ejerce control sobre frontera alguna, ¿no piensa el Consejo que se trata de un impedimento a la libertad de circulación de aquellos que quieren entrar en los territorios palestinos? 
¿Ha emprendido ya el Consejo a día de hoy o piensa emprender en el futuro acciones ante las autoridades israelíes para la retirada del documento y del dispositivo que contiene? 
. Quiero dar las gracias a la Sra. Morgantini. 
El Consejo es totalmente consciente de las restricciones impuestas por las autoridades israelíes a la entrada en los territorios ocupados que ha señalado por la Sra. Morgantini. 
En un reciente informe conjunto solicitado por el Consejo de la Unión Europea, los jefes de la misión en Tel Aviv y Ramala confirmaron estas restricciones, que han sido gradualmente identificadas y que han tenido un considerable impacto sobre la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea, representantes religiosos, periodistas, las ONG e incluso sobre los funcionarios y el personal diplomático de la Unión Europea. 
Su aplicación sobre el terreno parece ser poco clara y desproporcionada, en términos generales. 
La Unión Europea y sus Estados miembros coordinan estrechamente sus planteamientos con respecto a estas cuestiones. 
Plantean los problemas de acceso a los territorios palestinos en el diálogo que mantienen regularmente con los miembros del Gobierno israelí. 
Por otra parte, la Unión Europea desempeña un papel fundamental en el grupo de trabajo creado para la aplicación del proyecto por la comunidad internacional a fin de hacer frente a los problemas de acceso de los trabajadores responsables de la ayuda al desarrollo. 
. Lo que he dicho antes es que el Consejo y la Unión Europea mantienen el seguimiento de la situación en la región. 
Hemos señalado constantemente nuestras preocupaciones y no estoy en absoluto convencido de que algún tipo de acción recíproca pueda resultar verdaderamente útil. 
Las autoridades israelíes saben que consideramos lamentables las acciones que están llevando a cabo. 
La Unión Europea, así como los contactos oficiales y políticos de la región, han sido muy claros. 
Sin embargo, no estoy seguro de que la reciprocidad pueda resultar útil ni provechosa. 
Su Señoría puede estar absolutamente segura de que la Presidencia irlandesa ha dedicado mucho tiempo y mucha atención a esta cuestión. 
No queremos hacer nada que empeore más la situación, en una parte del mundo que ya se encuentra en unas condiciones difíciles. 
Como saben, el Ministro Cowen ha visitado la región. 
Las autoridades locales son totalmente conscientes de nuestras preocupaciones y de las preocupaciones de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, quisiera plantear una pregunta complementaria al ministro. 
¿Considera que podría ser difícil mantener una libertad de circulación total teniendo en cuenta la situación que prevalece en Oriente Próximo, Israel y Palestina, y los ataques terroristas que se llevan a cabo en Israel? 
¿Puede aceptar la valoración política de que podría ser difícil para Israel mantener la libertad de circulación teniendo en cuenta el hecho de que el país también tiene derecho a protegerse de los ataques terroristas? 
. Ya he dicho en una respuesta anterior que hay que entender a ambas partes en esta difícil situación. 
He dicho que sería temerario sugerir que las circunstancias hacen algo más que contribuir a la situación. 
La pregunta específica de la Sra. Morgantini hacía referencia al impacto. 
Ya he dicho en una respuesta anterior que a lo que aspiramos en Oriente Próximo es a conseguir una situación en la que los pueblos palestino e israelí puedan vivir uno junto al otro en paz y respetando mutuamente sus posturas culturales, una situación en que los jóvenes palestinos, tanto hombres como mujeres, no aspiren a convertirse en suicidas con una bomba adosada a su cuerpo y en que los jóvenes israelíes, tanto hombres como mujeres, no tengan que pensar en entrar en el ejército o en los peligros de ser abatidos en las calles. 
Sin duda, el Consejo es totalmente consciente no solo de la historia del Estado israelí, sino también de los horrores del tipo de atentados suicidas que se presencian allí. 
Nada de lo que he dicho deberá tomarse en absoluto como si estuviera subestimando los horrores de la vida cotidiana en esa región, y estoy seguro de que esa no era la intención de la diputada. 
– Señor Presidente en ejercicio, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. 
Me gustaría llamar su atención sobre una delegación de esta Cámara que ha ido a ver la construcción conocida coloquialmente como «el muro». 
Yo no he ido, pero mis colegas de esta Cámara me han contado cosas verdaderamente espantosas. 
He asistido a una reunión esta tarde, en la que algunos ciudadanos israelíes hablaron acerca de sus aspiraciones de paz. 
En esa reunión se propuso que se enviase una delegación de esta Cámara, no a Israel de nuevo ni a los territorios palestinos, sino a Dublín, para preguntar a la Presidencia irlandesa qué se puede hacer urgentemente para resolver el conflicto. 
Si acudiese esta delegación de la Cámara, ¿la Presidencia la recibiría con espíritu positivo? 
. Como la Sra. Ahern sabe, cualquier delegación de la que forme parte se encontraría con las puertas abiertas. 
Tiene razón al decir que se trata de una cuestión muy seria. 
Con respecto a la pregunta complementaria anterior, hemos condenado constantemente, por ejemplo, los atentados suicidas, que forman parte de esta espiral de violencia. 
Los atentados suicidas no forman parte legítima de ninguna agenda. 
Con respecto al muro, separación, barrera o valla, sea cual sea el eufemismo que se desee utilizar, la Unión ha expresado su preocupación. 
Ha expresado particularmente su preocupación por el hecho de que el trazado previsto para el muro se haya desviado notablemente en varios lugares de la línea verde. 
No puedo emplear palabras más duras de las que utilicé en una ocasión anterior: esa no es la manera de crear paz. 
Separar a los pueblos nunca funciona. 
Al fin y al cabo, sabemos que es el diálogo lo que funciona. 
Cuando los pueblos se reúnen y mantienen un diálogo, pueden resolver sus diferencias. 
El 1 de mayo de 2004, el número de lenguas oficiales en la Unión Europea pasará de 11 a 20, lo que implicará una modificación del Reglamento 1/1958. 
El gaélico, pese a ser lengua del Tratado en virtud del artículo 314, no aparece en la lista de las lenguas oficiales en el Derecho derivado. 
¿Puede confirmar el Consejo que el procedimiento para conceder al gaélico el estatuto de lengua oficial consiste en una solicitud presentada por el Gobierno irlandés a tal efecto? 
¿Puede describir el procedimiento que seguirá a tal solicitud? 
Finalmente, ¿puede indicar el Consejo si hay factores que pueden impedir el éxito de tal solicitud? 
. El artículo 314 del Tratado CE y el Reglamento nº 1/58 determinan respectivamente las auténticas versiones lingüísticas del Tratado y las lenguas oficiales y de trabajo de las instituciones de la Unión Europea. 
El Reglamento nº 1/58 se basa en el artículo 290 del Tratado CE que establece: «El régimen lingüístico de las instituciones de la Comunidad será fijado por el Consejo, por unanimidad, sin perjuicio de las disposiciones previstas en el Estatuto del Tribunal de Justicia.» 
Históricamente, estas disposiciones, que correspondían al derecho primario en los artículos 2 y 4 del Tratado y al derecho secundario en el Reglamento nº 1/58, han sido adoptadas únicamente con ocasión de las adhesiones, mediante tratados de adhesión sucesivos. 
Así pues, el artículo 61 del Tratado de Adhesión de Atenas prevé la traducción a las nuevas lenguas del texto de los tratados originales y de los tratados por los que se modifican o complementan los primeros. 
Estas traducciones se adjuntan al Acta de Adhesión y son auténticas, en las mismas condiciones que los textos originales de los Tratados. 
En otras palabras, tras la adhesión los Tratados deberán interpretarse a la luz del texto existente en veintiuna lenguas y no solo en las cuatro lenguas originales. 
El Reglamento nº 1/58, recientemente modificado por el Tratado de Atenas, amplía a veintiuna el número de lenguas oficiales y lenguas de trabajo de las instituciones de la Unión Europea. 
Tras la adhesión de Irlanda a la Comunidad, los Tratados originales se tradujeron al gaélico. 
La versión en gaélico es una versión auténtica de esos Tratados. 
A pesar de que el gaélico no ha sido añadido a la lista de lenguas oficiales y lenguas de trabajo de las instituciones, cada Tratado sucesivo se publica en gaélico, así como en las once lenguas de trabajo. 
Los textos en gaélico son igualmente auténticos y tienen la misma categoría que los de las demás lenguas. 
Debo añadir, en mi calidad de diputado al Parlamento irlandés y más precisamente de ciudadano irlandés, que como su Señoría sabrá se está celebrando un debate público en Irlanda con respecto a si el gaélico debería ser reconocido como lengua oficial y de trabajo de la Unión Europea. 
El Gobierno irlandés ha creado un grupo de trabajo que está analizando las opciones disponibles para continuar reforzando y mejorando la condición del gaélico en la Unión Europea. 
Ese grupo de trabajo está examinando una serie de cuestiones, con el fin de identificar oportunidades adicionales a este respecto. 
Quiero dar las gracias a su Señoría por la pregunta. 
Señor Presidente, ¿puedo realizar una pregunta complementaria al Presidente en ejercicio, tras las preguntas planteadas por la Sra. Ahern y la Sra. Morgantini? 
Señor Beazley, he aplicado el Reglamento de la Cámara, que permite dos oradores, de diferentes Grupos, además del diputado que formula la pregunta. 
He seguido el Reglamento. 
Lo sé. 
Sin embargo, que yo sepa ni la Sra. Ahern ni la Sra. Morgantini pertenecen al Grupo del PPE-DE. 
Pertenecen a Grupos diferentes. 
– Entonces, ¿no puedo formular una pregunta al Presidente en ejercicio? 
Lo siento, señor Beazley. 
Puede estar seguro de que estoy aplicando el Reglamento. 
. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta. 
Quisiera formular una pregunta complementaria. 
¿Estaría de acuerdo en que ya hay un creciente número de irlandeses que hablan la lengua y que el número de personas que recibe su educación en gaélico en Irlanda ha aumentado notablemente, particularmente en los últimos 20 años? 
¿Estaría de acuerdo en que la Unión Europea, así como las instituciones de la Unión Europea, deberían fomentar y apoyar este avance y también en que los nuevos avances propiciarían que el gaélico se convirtiese en una lengua de trabajo de la Unión Europea y de las instituciones de la Unión Europea? 
. – muchas gracias, Brian. 
Estoy totalmente de acuerdo con el primer punto. 
El extraordinario acontecimiento que se ha producido en los últimos 30 años ha sido la explosión del interés en una lengua que hace 30 años parecía amenazada. 
Uno de los argumentos que se daban hace 30 años era que las lenguas minoritarias quedarían aplastadas y que en particular el gaélico desaparecería en la Unión Europea. 
Eso no ha sucedido. 
El Sr. Crowley está absolutamente en lo cierto al decir que una de las características extraordinarias ha sido la explosión de interés del sector de la enseñanza por el gaélico. 
La parte de la enseñanza que está creciendo más rápidamente en Irlanda es la Gaelscoileanna, los colegios de primer y segundo grado que imparten todas las materias en irlandés. Tiene razón en eso. 
El Gobierno irlandés lo acoge con satisfacción. 
Nosotros siempre dijimos que la Unión Europea no significaría el fin de nuestra lengua; nuestra identidad cultural es más fuerte ahora que nunca. 
La lengua ha adquirido una categoría bastante diferente en la Unión desde que Irlanda se unió a ella en 1973. 
La categoría de lengua del Tratado se acordó en 1973 y ese derecho fue reconfirmado en los Tratados de Ámsterdam y Niza. 
También se establece explícitamente en el nuevo Tratado; existe un pequeño avance adicional en este punto. 
En la práctica, la Unión ha dado una serie de pasos positivos en relación con el gaélico como, por ejemplo, que el Tratado de Ámsterdam confirmara el derecho de los ciudadanos de la Unión a mantener correspondencia con cualquier institución en cualquiera de las lenguas del Tratado, incluido el gaélico. 
Si no me falla la memoria, el artículo 42 del nuevo Tratado hace una referencia cruzada específica al respecto. 
Considero que esos pasos representan avances claramente beneficiosos para el gaélico. 
Reflejan el tipo de medidas constructivas que pueden tener un importante impacto en la relación de los ciudadanos con la Unión y sus instituciones. 
El gaélico es la única lengua, además de las especificadas en el Reglamento del Consejo nº 1 de 1958, a la que se aplican estos derechos. 
Por otra parte, Lingua, el programa de la Unión para la promoción de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, reconoce el gaélico para sus fines. 
Como ya he señalado en mi respuesta, el Gobierno irlandés ha creado un grupo de trabajo para establecer los nuevos pasos que se pueden dar. 
No se trata simplemente, como algunos creen, de llamar a la puerta,. 
Estamos implicados en la cuestión, estoy al tanto del debate y es un debate que me interesa. 
De hecho, dado que procedo de la región irlandesa del Gaeltacht, estoy –al igual que el Sr. Crowley– muy interesado en el tema. 
Señor Presidente, como dijo en una ocasión un antiguo Comisario europeo británico: «No sé si intervenir». 
Entiendo su decisión y respeto su aplicación del Reglamento de esta Cámara. 
Formalmente, el Reglamento permite que los diputados electos presentes planteen preguntas complementarias al Presidente en ejercicio del Consejo. 
¿Puedo formular una pregunta sobre el córnico al Presidente en ejercicio del Consejo? 
Sí señor Beazley, pero después del Sr. Paisley, que había pedido la palabra primero. 
Me gustaría formular una pregunta al Presidente en ejercicio relativa a esta importante cuestión que estamos tratando hoy: ¿qué opina sobre el gaélico escocés en Irlanda del Norte? 
Al igual que sucede con el gaélico, en los últimos años se ha demostrado un gran interés por el mismo y la gente habla gaélico escocés actualmente más de lo que se había hablado en muchos años. 
Sin embargo, en Irlanda del Norte existe la sensación de que ni el Gobierno del Reino Unido ni la Unión Europea lo tratan favorablemente, en comparación con otras lenguas. 
Me gustaría pedir al Presidente en ejercicio que se comprometa a analizar esta cuestión del gaélico escocés y que se asegure de que se aplique el principio de la igualdad con respecto a esta lengua, junto con todas las demás lenguas de la Unión Europea, para que todas puedan estar en igualdad de condiciones. 
. En respuesta le diré, Dr. Paisley, que sin duda estoy al tanto del extraordinario y único trabajo que se ha hecho con el gaélico escocés. 
Conozco el consejo y, de hecho, recibo correspondencia regularmente del consejo. 
Me alegra mucho recibir una postal de navidad en esa lengua del consejo. 
Las lenguas menos utilizadas –ya se trate de la lengua del Ulster o, por ejemplo, del córnico– son una cuestión que preocupan a la Unión. 
Sin embargo, el apoyo a las lenguas no es una cuestión que corresponda únicamente a la Presidencia en ejercicio. 
En el caso del gaélico, se tomó una medida específica y única en 1973. 
Quizás debería haberse tomado también con las otras lenguas menos utilizadas que se han mencionado aquí. 
Para responder directamente al Sr. Paisley le diré que estoy al tanto del creciente interés por una lengua que en un tiempo llegó prácticamente a desaparecer. 
– Me gustaría formular una pregunta al Presidente en ejercicio que ya ha sido respondida en parte. 
Apoyo la idea de la pregunta del Sr. Paisley de que todas las lenguas minoritarias debería gozar de igualdad de trato. 
El bretón existe en Bretaña. 
Yo he tenido el honor de representar a Cornwall y Plymouth en esta Cámara durante diez años. 
Como inglés, lamento que el córnico desapareciese en el siglo XVIII. Puede que no sea de su competencia, señor Presidente en ejercicio, responder exhaustivamente a la pregunta del Sr. Paisley, pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho acerca de la importancia del gaélico. 
¿Podría usted reconfirmar que dará un trato igual a otras lenguas minoritarias –y con ello me refiero a las culturas– de toda la Unión Europea, incluyendo los diez nuevos Estados miembros? 
. Pediría a su Señoría que no se inmiscuya en mis preocupaciones relativas a las lenguas minoritarias. 
Resulta que la parte de Irlanda en la que yo nací está muy cerca de Cornwall. 
De hecho, en algunas partes de Wexford, donde nací, había una lengua minoritaria que había tomado muchos préstamos del córnico. 
La Unión debería preocuparse y contar con una política generosa para las lenguas menos utilizadas, porque forman parte de la extraordinaria diversidad cultural de la Unión Europea. 
No quiero decir que el gaélico se halle en una categoría especial. 
Para mí, se halla en una categoría especial, pero legalmente tiene una condición bastante diferente de la de algunas de las otras lenguas menos utilizadas. 
No se inmiscuya en mis preocupaciones, porque esto me interesa, al igual que la cuestión de la lengua del Ulster escocés y su extraordinaria recuperación. 
Quizás he dicho más de lo que debiera como Presidente en ejercicio. 
. La Sra. Ahern ha planteado una pregunta muy seria. 
Las recientes declaraciones acerca de la red secreta que comercia ilícitamente con tecnología y equipos nucleares altamente peligrosos, organizada por el antiguo asesor científico principal pakistaní, Abul Qadeer Khan, son muy preocupantes. 
Durante el reciente viaje de la troika ministerial de la Unión Europea a Islamabad, estas preocupaciones se plantearon a las más altas instancias de Pakistán y se nos aseguró que se establecerían nuevos controles para prevenir la proliferación. 
Por lo que respecta a la Unión Europea, las exportaciones de tecnología y equipos peligrosos están reguladas por el Reglamento del Consejo (CE) nº 1334/2000. 
Con respecto a la exportación de materiales para la confección de armas –como, por ejemplo, el plutonio y el uranio altamente enriquecido– procedentes de la Unión, esta solo se puede autorizar de conformidad con el mencionado reglamento, así como de acuerdo con otras prácticas y normas internacionales pertinentes que rigen estas exportaciones. 
Por otra parte, todo el material nuclear de la Unión Europea –mientras permanece en el ciclo de combustible nuclear civil– está protegido por los servicios de inspección nuclear de la Comisión y, cuando el material se transfiere fuera de la Unión Europea, por el Organismo Internacional de la Energía Atómica. 
En el caso de las exportaciones a terceros países, la OIEA también aplicará medidas de protección al tercer país y verificará, entre otras cosas, la declaración relativa a la cantidad y la composición realizada antes del envío de cualquier material. 
En el caso específico de Pakistán, la cuestión planteada por su Señoría, existe una consideración adicional. 
A diferencia de todos los Estados miembros de la Unión Europea, Pakistán no es parte signataria del Tratado de no proliferación nuclear y no tiene un acuerdo de salvaguardias completas con el OIEA. 
Los principios y los objetivos del desarme y la no proliferación nuclear acordados en la Conferencia de Revisión del Tratado de no proliferación nuclear de 1995 afirman que las salvaguardias completas deben ser una condición necesaria para la transferencia de material fisible fuente y especial o de material especialmente diseñado a partir del mismo. 
El grupo de proveedores nucleares y el régimen de control de las exportaciones en el que participan todos los Estados miembros de la Unión Europea establece las salvaguardias completas como una condición para el suministro de tecnología nuclear y otras tecnologías sensibles. 
Así pues, ningún Estado miembro debería autorizar la exportación de material nuclear de ningún tipo a Pakistán. 
El Consejo tiene el compromiso de continuar reforzando las prácticas y políticas de control de las exportaciones, en cooperación con nuestros socios en diversos regímenes de control de las exportaciones y en otros terceros países. 
Esto se refleja en la estrategia de la Unión contra la proliferación de armas de destrucción masiva adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la última reunión del Consejo Europeo de diciembre, celebrada en Bruselas. 
Sin embargo, todos nosotros, y las instituciones de la Unión Europea en particular, debemos reconocer que el plutonio que se envía por mar hasta Japón, tanto desde Sellafield, en el Reino Unido, como desde La Haya, en Francia, se puede utilizar directamente en dispositivos explosivos nucleares. 
Si este material fuese a parar a manos de terroristas, nos enfrentaríamos a la devastación. 
Ya tenemos el ejemplo del 11 de septiembre. 
Este comercio arruina todos los intentos de detener la proliferación y me gustaría llamar la atención de la Presidencia sobre una declaración realizada en Washington por el Presidente George W. Bush, el 11 de febrero, afirmando que el reprocesamiento es innecesario para los programas de energía nuclear civiles. 
El tenor de sus comentarios es de condena del reprocesamiento como una actividad siniestra. 
Tenemos que resolver el problema de la proliferación y, en este contexto, el comercio de tecnología nuclear que lleva a cabo la Unión Europea es similar al comercio de heroína, en el sentido de que es igualmente letal. 
Ruego a la Presidencia que asuma el liderazgo para reforzar las credenciales de no proliferación de la Unión Europea, presionando al Reino Unido y a Francia para que abandonen este comercio de plutonio, que si recibió su nombre por Plutón, el dios del infierno, fue por algo. 
. Conozco perfectamente la gran preocupación de su Señoría con respecto a esta cuestión en particular. 
Tiene razón al decir que no se le dio ese nombre por casualidad: quizás fue una feliz coincidencia que se le diese ese nombre por el dios del infierno. 
La cuestión planteada en la primera parte de la pregunta es absolutamente aterradora. 
Dado que ese informe se hizo público, se han realizado nuevos estudios sobre personas que viajan con cesio en el maletero del coche. 
Estos informes, así como sus implicaciones, son aterradores. 
Son, en todo caso, más horribles que el ejemplo de la heroína. 
La Comunidad está comprometida con respecto a esta cuestión; hemos hecho saber las preocupaciones de la Comunidad a las autoridades pakistaníes. 
Estoy de acuerdo con el comentario que realizó la Sra. Ahern en su pregunta complementaria acerca de las cuestiones que nos afectan más de cerca, pero no me corresponde a mí ofrecer una solución definitiva. 
La cuestión general acerca de la no proliferación es que el refuerzo del Tratado de no proliferación es sin duda la vía que hay que utilizar y la vía que utilizarán los países civilizados. 
Desde el 11 de septiembre tenemos una opinión diferente acerca de la seguridad y deberíamos ser todos muy conscientes de la implicaciones en este aspecto en particular. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas nºs 9 a 26 recibirán respuesta por escrito (1). 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(2) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
-la recomendación para la segunda lectura (A5-0064/2004) de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección contra las subvenciones y las prácticas tarifarias desleales, que causan perjuicios a las compañías aéreas de la Comunidad, en la prestación de servicios de transporte aéreo desde los países no miembros de la Comunidad Europea (ponente: Nicholas Clegg) 
-el informe (A5-0061/2004) del Sr. Dhaene, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2320/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil 
y 
-la recomendación para la segunda lectura (A5-0088/2004) de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas y operadores aéreos (ponente: James Nicholson). 
. – Señor Presidente, permítame disculparme melodramáticamente por adelantado. 
Por alguna razón, un horrible virus me ha atacado en los tres últimos cuartos de hora, así que si mis palabras no tienen mucho sentido o si me tengo que marchar antes, espero que al menos sepan perdonarme. 
Me gustaría resumir dónde considero que esta legislación ha mejorado o cambiado para mejor durante nuestras deliberaciones. 
En cierto modo, la propuesta de la Comisión tenía un comienzo bastante vacilante e incierto. 
Me quedé sorprendido, como ponente, del escaso apoyo que aparentemente ofrecían a esta medida una serie de líneas aéreas europeas. 
Expresaron el temor, que yo realmente compartía al comienzo de las discusiones, de que el instrumento que se estaba proponiendo y discutiendo aquí podría, si se utilizaba inadecuadamente, ser un pretexto para un comportamiento proteccionista en lugar de, como estaba previsto, un instrumento destinado a impedir una fijación de precios injusta y un uso excesivo de los subsidios en otra parte. 
El proyecto original era demasiado abierto. 
Afirmaba de forma bastante terminante que la Unión Europea tendría capacidad de extender por primera vez las disciplinas antidumping del comercio de mercancías al comercio de servicios, sin dar muchos detalles acerca de cómo se produciría eso. 
Nuestros esfuerzos en el Parlamento durante la primera lectura en particular pretendían cubrir algunas de las lagunas, convertirlo en un instrumento más útil y creíble, en lugar de una especie de amenaza a punta de pistola cuyo uso podría haber resultado demasiado tosco. 
Con ese fin, nos satisface a todos que el Consejo haya aceptado algunas de las enmiendas que presentamos en primera lectura, especialmente y sobre todo las que especifican en la propia legislación que la Comisión debe desarrollar una metodología detallada para calcular los precios injustos y desleales, para que exista una metodología coherente y creíble para distinguir los precios desleales de los normales. 
Estoy muy satisfecho de que el Consejo lo haya aprobado. 
Estoy muy agradecido al Comisario y a la Comisión por haber aceptado esas enmiendas también. 
Como ponente, me habría gustado que tanto el Consejo como la Comisión se hubieran acercado un poco más a nuestra posición adoptada en primera lectura. 
Sigo estando un poco preocupado por el hecho de que no exista una advertencia en la legislación que indique que este instrumento solo deberá ser utilizado cuando se cause un importante daño material a los portaaviones de la Unión Europea. 
Existe el riesgo potencial teórico de que este instrumento se utilice en casos frívolos o insignificantes. 
Este instrumento debe utilizarse en contadas ocasiones y habría preferido que nuestra redacción hubiese sido adoptada en mayor medida, dado que estaba centrada en los casos verdaderamente importantes. 
Dicho esto, acepté el consejo de mis colegas más juiciosos de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, a los que solo visito muy de vez en cuando, que me dijeron en el debate previo a la segunda lectura que se trataba de un buen paquete que merecía la pena acordar. 
Lo hice convencido, con excepción de una cuestión, en cierto modo en nombre de la Comisión, que había expresado incomprensiblemente su preocupación acerca de las disposiciones del considerando 5 y que sugería que este reglamento debería estar subordinado a los acuerdos bilaterales existentes. 
Estoy sumamente agradecido a la Presidencia irlandesa por persuadir a sus colegas del Consejo, según las noticias que he recibido, de que las palabras ofensivas deberían ser borradas, de forma que no se estableciese una rígida jerarquía entre instrumentos bilaterales e instrumentos de la Unión Europea, en detrimento de estos últimos. 
Permítanme aprovechar los segundos que me quedan para dar las gracias a los servicios de la Comisión, que han ayudado mucho al proporcionar gran cantidad de detalles técnicos a un perfecto profano en la materia como yo. 
Quiero dar las gracias al Comisario por proponer esto en primer lugar y por haber aceptado el acuerdo final, al Consejo y, sobre todo, a mis colegas de la Comisión de Transporte. 
Yo soy, como ya he dicho, un intruso de la comunidad comercial y ha sido verdaderamente un ejercicio interesante y útil para mí ver cómo la política de comercio y la política de transporte se han unido en este caso de manera extremadamente satisfactoria. 
Con el resfriado que ha cogido, Sr. Clegg, estoy seguro de que nadie se sentiría ofendido si decidiera irse a casa, tomarse algo caliente y meterse en la cama. 
. Señor Presidente, Comisario, Señorías, debido al amplio consenso que han demostrado a favor de mi informe y el de mis compañeros, el Sr. Clegg y el Sr. Nicholson, puedo ser breve y no utilizaré más tiempo que el necesario. 
Según la Comisión, las medidas de seguridad en los aeropuertos muy pequeños tenían que adaptarse porque era difícil ponerlas en práctica. 
Era necesario reducir la tensión causada por la aplicación del Reglamento (CE) Nº 2320/2002 del 16 de diciembre de 2002, por el que se establecen unas normas comunes para la seguridad de la aviación civil. 
La seguridad en la aviación siempre ha sido importante para la población y, por lo tanto, también para este Parlamento, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001. 
Por ese motivo la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo estudió el tema con detenimiento en 2002 e insistió en un control al 100%, unas normas técnicas adecuadas, y que se estudiara la cuestión de quién debía pagarlo todo. 
El 16 de diciembre de 2002 se aprobó un Reglamento, que entró en vigor aproximadamente un mes más tarde. 
Por aquel entonces yo era nuevo en esta Cámara, y no me encontraba en situación de seguir aquellas discusiones. 
El Reglamento en cuestión había sido preparado por la Comisión en un breve espacio de tiempo, para dar respuesta a la creciente sensación de falta de seguridad en la aviación civil. 
El Parlamento estaba muy ansioso por aprobar el Reglamento a la primera oportunidad posible. 
En las primeras experiencias de su aplicación, se vio que había mucho que mejorar en ciertos aspectos y que algunos términos requerían aclaración. 
Ese es el origen de esta propuesta de modificación, que es principalmente técnica. 
Resultó que era ineficaz y caro aplicar las mismas normas de seguridad a los aeropuertos que son solo para aviones pequeños y a las zonas adyacentes para aviones ligeros en aeropuertos más grandes. 
Aun así, hay que garantizar la seguridad también en dichos lugares. 
Por ese motivo, ahora, siempre que el Reglamento establezca unas medidas que, objetivamente hablando, sean impracticables o desproporcionadas, se aplicarán las medidas de seguridad establecidas a escala nacional. 
Por lo tanto, para la aviación general que implica aeronaves de pequeño tamaño, se han definido unas zonas demarcadas separadas del resto del aeropuerto. 
Además, se ha dejado más claro el criterio para clasificarse como aeropuerto pequeño. 
También se ha aclarado la palabra «control» y se han eliminado varias incoherencias. 
Considero que es importante que el Reglamento sea más claro y que se corrijan los errores del texto legislativo, pero, por encima de todo, es importante asegurar que los reglamentos sean prácticos y aplicables. 
De nuevo hemos mantenido una relación de trabajo excelente con la Comisión, pero si en primera lectura el Consejo adopta una posición que altere drásticamente el Reglamento, probablemente deberíamos revisar nuestra posición. 
En esta fase sugiero que aprobemos la propuesta que modifica el Reglamento, y agradezco a los servicios el apoyo que he recibido durante la elaboración de este informe. 
. Señor Presidente, este informe se originó con la necesidad de estudiar la cobertura de seguro para los operadores aéreos después de las atrocidades que tuvieron lugar en Nueva York el 11 de septiembre. 
Parece que fue hace mucho tiempo, pero lo seguimos recordando. 
Tuvimos que tratar de conseguir la igualdad de condiciones entre las líneas aéreas europeas y las de los Estados Unidos, que entonces recibieron un apoyo mayor que nuestras compañías. 
También debemos mantener el equilibrio necesario entre los derechos de los viajeros, su seguridad y, sobre todo, la seguridad de los viajes en avión contra ese nuevo terrorismo que amenaza a todos los europeos, e incluso a todo el mundo. 
Hemos avanzado mucho en este camino. 
Después de la primera lectura, el Consejo aceptó 16 de las 26 enmiendas de la comisión, que incluían una disposición para que la presentación del justificante del seguro en un Estado miembro fuera suficiente para todos los Estados miembros. 
También se aceptó la definición de pasajero. 
Las aeronaves del Estado quedaron exentas. 
Se aceptó la aplicación de importes globales de acuerdo con la práctica comercial, al igual que, en varios otros ámbitos, la inclusión de los vuelos locales, las medidas a tomar cuando un avión aterriza sin la cobertura adecuada, y la retirada de la licencia de explotación si la cobertura del seguro no es suficiente. 
Pero todavía quedan diferencias entre nosotros. 
El Consejo no compartió nuestro punto de vista de cómo regular los sobrevuelos. 
Tampoco estuvo de acuerdo con la opinión del Parlamento sobre la necesidad de un régimen de inspecciones armonizado. 
Sus Señorías recordarán mi preocupación por el hecho de que nuestras propuestas afectaran a los operadores de aeronaves pequeñas y por el modo de resolverlo, así como respecto a las aeronaves de recreo, ya fueran planeadores, alas delta o ultraligeros. 
Creo que sería un grave error penalizar cualquiera de estas modalidades. 
Por este motivo defendí un trato justo para ellos. 
En lo que se refiere a nuestra aviación entre las categorías media y alta, hemos llegado a un acuerdo básico. 
Para proteger a quienes practican el vuelo de ocio, en relación con los planeadores y ultraligeros, he pedido a mi Grupo que presente una enmienda. 
He acordado con el Consejo y la Comisión –y espero que los demás colegas también puedan aceptarlo –lo que creo que es el mejor consenso posible. 
Hay quien me ha dicho que esta solución no llega suficientemente lejos, pero creo que tenemos el mejor consenso posible en estos momentos. 
Permite a quienes vuelan por placer quedar exentos de la cobertura del seguro por guerra y terrorismo. 
Los ultraligeros tienen un motor pequeño, una velocidad de crucero reducida de 35 nudos y un peso limitado. 
Creo que la enmienda contiene un compromiso adecuado. 
Si el Consejo y la Comisión están de acuerdo, retiraré mi enmienda y no habrá necesidad de una tercera lectura sobre este informe concreto. 
Entonces podremos seguir avanzando. 
Quisiera añadir una advertencia. 
Es un ámbito de la legislación que puede cambiar con mucha rapidez. 
Deberíamos volver a examinar la directiva dentro de tres o cuatro años, a la luz de los cambios que puedan haber tenido lugar hasta entonces. 
Debemos observar y analizar los efectos de esta directiva. 
Lo cierto es que a los principales interlocutores del sector de la aviación no les ha preocupado en absoluto, no les ha afectado. 
Pero son los pequeños, los vulnerables y quienes vuelan por afición quienes más pueden sufrir las consecuencias. 
Quiero dar las gracias a la Comisión y al Consejo por su extremadamente positiva cooperación. 
También quiero dar las gracias a la Presidencia irlandesa porque, como se dice en el informe del Sr. Clegg, ha trabajado de forma positiva para asegurar que llegáramos a una conclusión final. 
Sin su ayuda no habríamos conseguido este resultado, que espero que permitirá elaborar una directiva que funcione. 
Doy las gracias a mis ponentes alternativos por su cooperación, que nos ha permitido llegar a esta fase, y también a mis colegas de la comisión por su colaboración. 
Para mí ha sido una especie de ejercicio llevar al Parlamento una directiva que, para cuando me presente a la reelección, espero que ya forme parte de la legislación vigente. 
Es algo que recordaré durante mucho tiempo. 
Estoy deseando que llegue el futuro. 
Ahora es un informe excelente. 
Señor Presidente, Señorías, el Parlamento ha decidido que tratemos conjuntamente tres asuntos relacionados con el sector aéreo, pero que tienen una naturaleza distinta. 
Por tanto, voy a referirme a ellos de una manera consecutiva y por separado y voy a seguir el orden que han utilizado sus Señorías en sus intervenciones. 
Empezaré por las prácticas tarifarias desleales en la prestación de servicios de transporte aéreo desde los países no comunitarios y le agradezco al Sr. Clegg que, a pesar de su estado, haya aguantado un poquito en el hemiciclo. 
Quiero señalar, en primer lugar, que me alegro de que hayamos llegado en óptimas condiciones a la fase de la segunda la lectura sobre una propuesta tan importante, que debe proteger la posición de nuestro sector aéreo, aunque tiene toda la razón al mencionar que en ningún caso debe ser utilizado como un elemento para limitar la competencia o la entrada de terceros en nuestro sector, sino al contrario. 
Lo que tiene que hacer es evitar que nuestras compañías se encuentren en una situación de desventaja frente a terceros. 
Cabe esperar que este texto entre en vigor próximamente, gracias al magnífico espíritu de cooperación entre las instituciones y, en ese sentido, una vez más he de destacar mi agradecimiento al Parlamento y, especialmente, al Sr. Clegg, con quien hemos trabajado en estrecha colaboración. 
El texto confiere a la Unión nuevas competencias para defenderse si surgen en terceros países determinadas prácticas contrarias a la competencia. 
Esta Asamblea ha expresado reiteradamente su preocupación ante los perjuicios que podían ocasionar al funcionamiento competitivo del mercado aéreo determinadas subvenciones concedidas por terceros países. 
El Sr. Schmitt, ponente del informe relativo a la negociación de acuerdos bilaterales por parte de los Estados Unidos, ha insistido precisamente en este punto y espero que la aprobación en segunda lectura de este reglamento sobre este tipo de prácticas desleales responda a sus expectativas y facilite, por lo tanto, el desarrollo en materia de acuerdo con países terceros. 
El Parlamento Europeo contribuyó en su primera lectura a aclarar y aumentar la eficacia de los mecanismos previstos en el proyecto de reglamento, especialmente a través de la fijación de plazos. 
La única enmienda propuesta en la segunda lectura conferirá plena coherencia al texto, precisando la articulación secuencial prevista entre la activación de los mecanismos establecidos en los instrumentos bilaterales de los Estados y la del instrumento comunitario. 
En ese sentido, la Comisión suscribe totalmente los objetivos de esta enmienda. 
Una vez adoptado –espero que en breve plazo–, este Reglamento será un instrumento esencial para que la Unión pueda prevenir y corregir cualquier práctica que puedan adoptar compañías aéreas de terceros países en detrimento de la norma de competencia leal. 
Se trata –insisto– de una etapa suplementaria relevante a la que cabe añadir los demás avances registrados desde hace un año en la consolidación de nuestra política de transporte aéreo, con el fin de controlar plenamente la dimensión internacional, de crucial importancia, del sector aéreo y defender el lugar ya destacado que en ella ocupa nuestra industria. 
Respecto al segundo informe, quiero destacar el trabajo del ponente, Sr. Dhaene, y decir que en el caso de la seguridad de la aviación civil, habida cuenta de las numerosas propuestas presentadas, la introducción de algunas modificaciones en el Reglamento (CE) nº 2320/2002 sobre la seguridad de la aviación civil, no es muy relevante. 
Realmente, lo que pretende es rectificar algunos fallos del Reglamento marco que los Estados miembros pusieron de manifiesto en 2003 al intentar aplicar las normas de la Unión Europea en materia de seguridad de la aviación en los aeropuertos de menor envergadura, en los que, debido a su propia actividad y tamaño, había aspectos que no tenían demasiado sentido. 
La propuesta no se refiere a ninguna cuestión de principio y me complace comprobar que tanto el Consejo como el Parlamento Europeo han mostrado su voluntad de adoptarla rápidamente en una lectura única. 
En ese sentido, la Comisión está dispuesta a mantener un diálogo sobre posibles cambios de contenido de este importante reglamento durante la próxima legislatura, si consideramos que quedan cuestiones pendientes. 
Respecto al tercer informe –el del Sr. Nicholson, al que deseo toda la suerte en las próximas elecciones– sobre los requisitos de seguro de las compañías y operadores aéreos, he de decir que me alegro del largo camino recorrido por la propuesta de reglamento. 
Es un reglamento importantísimo y vimos su importancia después del 11 de septiembre, cuando nos encontramos con una situación límite de nuestras compañías aéreas a la cual hubo que responder con el respaldo del sector público. 
El proceso de decisión ha suscitado el apoyo firme de todas las instituciones para llegar a un compromiso. 
Quiero manifestar mi satisfacción por el constructivo papel que ha desarrollado este Parlamento, y reitero, una vez más, la importancia del papel y la acción de esta institución en la concertación del apoyo social y de los sectores y personas involucrados. 
En particular, quiero agradecer la labor crucial realizada por el Sr. Nicholson. 
Ha quedado demostrado que el seguro de la aviación es necesario para garantizar que, tanto en tierra como en vuelo, las personas y propiedades estén aseguradas adecuadamente contra posibles daños. 
Queremos garantizar la cobertura de los daños de todo tipo, incluidos los causados por actos de guerra y de terrorismo. 
La enmienda presentada por el Parlamento Europeo a la posición común es, por su forma y contenido, comprensible para la Comisión, que la apoya. 
De hecho, refleja en gran medida la propuesta inicial de la Comisión en relación con la aviación deportiva y de recreo que utiliza aviones pequeños, de peso inferior a media tonelada. 
Al mismo tiempo, en relación con los daños causados por la guerra y el terrorismo, atribuye los requisitos de seguro de determinados aviones al principio de la subsidiariedad. 
Esto garantiza, por una parte, que los Gobiernos, si lo desean, podrán establecer los requisitos de seguro de dichos riesgos y, por otra, que este tipo de actividad de la aviación podrá mantenerse sin ser demasiado costosa, pues los requisitos de seguro para casos de guerra y terrorismo establecidos en el Reglamento no se aplicarán a las aeronaves de menos de 500 kg, lo cual incluye planeadores y ultraligeros. 
Quiero señalar que el Sr. Nicholson tiene toda la razón cuando dice que estamos ante una propuesta legislativa que muy posiblemente haya que revisar dentro de tres o cuatro años porque, efectivamente, dependerá de cuál sea el avance internacional en este terreno –esperamos que sea todo lo positivo posible– en lo que se refiere a la responsabilidad respecto a terceros y que el Convenio de Roma –que está en este momento ocupándose de la cuestión– avance. 
Eso, en su momento, nos obligará a tener que retocar la propuesta, algo a lo que estamos dispuestos. 
En cualquier caso, espero que el resultado general sea aceptable para el Parlamento y para el Consejo y que pueda completarse el proceso de codecisión sobre este asunto en la segunda lectura durante la actual legislatura. 
Con ello, señor Presidente, Señorías, quiero agradecer una vez más a los tres ponentes su magnífico trabajo, que se enmarca en el esfuerzo de apoyo y de respaldo al sector de la aviación europea y espero que en breve, con el acuerdo del Consejo, pueda culminarse. 
– Señor Presidente, Señora Vicepresidenta, en nombre de mi grupo, quiero dar mis más sinceras gracias a los tres ponentes. 
Es bastante triste que no haya venido nadie –ni periodistas ni público– pero así son las cosas. 
Los tres ponentes han realizado un trabajo excelente al abordar unas iniciativas legislativas importantes, y nos complace el progreso que se ha conseguido. 
Quiero dar las gracias al Sr. Clegg por habernos permitido llegar a un acuerdo con el Consejo respecto a un reglamento conjunto que proteja a nuestras líneas aéreas contra las subvenciones y las prácticas tarifarias desleales. 
Ambos estamos de acuerdo, y creo que todos nosotros, en que no se trata tanto del uso de armamento como del almacenamiento de una caja de municiones, que esperamos que nos permitirá evitar subvenciones desleales en EE.UU., entre otros lugares. 
En cualquier caso, si no se interrumpe el proceso, podremos amenazarles con un arsenal completo de sanciones contra sus compañías aéreas y en beneficio de las nuestras. 
Aunque no tenemos ningún deseo de restringir la competencia, queremos disponer de una caja de municiones para poder defender la competencia justa a escala mundial. 
El Sr. Dhaene hace bien en mejorar los detalles prácticos del Reglamento, estableciendo unas normas comunes en el ámbito de la seguridad de la aviación civil. 
Creo que este Parlamento y el Consejo apoyarán el enfoque de la Comisión, que implica adaptar las normas altamente estrictas que necesitamos después del 11 de septiembre a los aeropuertos más pequeños de forma que sean viables y asequibles, por lo que agradezco al Sr. Dhaene su solución práctica. 
Al contrario de lo que se puede creer a veces, no nos dedicamos solo a aprobar leyes absurdas. 
Probablemente al Sr. Nicholson le ha tocado la parte más dura, la cobertura de seguro exigida, que es el tema más costoso que hay que abordar. 
De ella dependen las primas de los seguros, y pueden llegar a ser muy caras. 
Creo que hemos conseguido conciliar los intereses de los pasajeros para que tengan un nivel más adecuado de cobertura y los intereses de las compañías aéreas para que las primas sigan siendo asequibles. 
Los importes que hemos manejado constituyen un compromiso justo. 
En mi opinión es muy positivo que el Sr. Nicholson haya conseguido adoptar el planteamiento correcto también respecto a los planeadores. 
Para terminar, me gustaría reiterar mi agradecimiento a la vicepresidenta De Palacio. 
Nos hemos propuesto, como debe ser, adoptar todo tipo de legislación relacionada con el transporte aéreo antes de que termine este período legislativo. 
Se podría decir que una mayoría de esta Cámara, de todos los grupos políticos, está unida para favorecer la adopción de estas normas prácticas para un transporte aéreo realmente seguro, de modo que, en nombre de mi propio grupo, quiero dar las gracias a los ponentes y a la vicepresidenta. 
Señor Presidente, el sector europeo de la aviación se encuentra en pleno proceso de cambio y está viviendo unos momentos apasionantes. 
Desde el 11 de septiembre de 2001, no ha habido ni un solo instante de aburrimiento. 
Antes de comentar el contenido de los informes, quiero decir a la Cámara que me siento muy satisfecho de haber recibido la aprobación europea para la fusión de Air France y KLM, y que la autoridad estadounidense competente también ha dado su visto bueno. 
Es importante para el sector, sobre todo en términos de consolidación de la aviación europea, porque va a venir mucho más. 
Y aún debemos hacer más para asegurar que el sector tenga una base económica sólida. 
En relación con el informe de mi colega el Sr. Clegg, que ahora se ha ido de la Cámara, quisiera remarcar el valor de esta enmienda con vistas a un aumento de la competencia. 
A muchos competidores internacionales de las empresas europeas de aviación no les afectan las medidas gubernamentales, lo que les permite competir de forma impropia con las empresas de aviación europeas. 
Es bueno defenderse de este tipo de práctica. 
En lo que se refiere al informe del Sr. Dhaene, lo encuentro muy correcto si alguien puede indicar con tanto detalle y de forma tan realista por qué no está escribiendo en estos momentos un informe de iniciativa propia. 
Creo que es una prueba de su mucha clase y espero que organice otra excursión en bicicleta; puede que de esa forma se pueda celebrar una nueva ronda de discusiones. 
Finalmente, en cuanto al informe del Sr. Nicholson, me complace que hayamos podido trabajar juntos de forma tan intensa en una fase tan temprana, a pesar de la división política, para conseguir un resultado realista y de conformidad con los acuerdos de la ICAC (Conferencia Internacional sobre Aviación Civil) que se refieren a un sistema de primas internacionales. 
En este marco para la aviación europea, prácticamente hemos desterrado la distorsión de la competencia. 
Por supuesto, la exención especial que se ha puesto sobre la mesa en el debate de esta tarde es extremadamente importante para los aviones ultraligeros, las aeronaves del Estado y los aviones históricos. 
Me complace ese paso adelante y creo también que es muy positivo que el Sr. Nicholson haya hecho todo lo posible hasta el final para asegurar que tengamos ante nosotros un producto sólido. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0116/2004) del Sr. Miller, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones titulada «Estrategia para el mercado interior: Prioridades del período 2003- 2006». 
. – Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los que han participado y me han ayudado a elaborar este informe. 
El informe tiene cosas buenas y cosas malas; de hecho algunas partes son inmundas. 
Espero que mañana podamos rectificar las partes malas y eliminarlas. 
En primer lugar, voy a concentrarme en un par de fragmentos buenos. 
El informe reconoce que el proyecto Solvit está en marcha y funciona. 
Reconoce que se necesita una aplicación coherente y correcta del marcado CE. 
Apoya el trabajo del Consejo de Competitividad. 
Reconoce que el mercado interior tiene que ver con la creación de más y mejores puestos de trabajo; con la creación de riqueza, no solo para las empresas, y con la cohesión social. 
También reconoce la evaluación comparativa de los servicios liberalizados existentes, basada en un amplio grupo de criterios, algunos de los cuales son sociales. Incluye la consulta con nuestros interlocutores sociales. 
Y anima a los Parlamentos de los Estados miembros a abordar el problema de la sobrerreglamentación. 
Estas son las partes buenas del informe. 
Por desgracia, no son más que las guindas del pastel. 
Cuando tomamos un buen bocado nos encontramos con las partes malas. 
Y aquí es donde el informe se equivoca. 
Si leemos el documento de la Comisión, paso por paso, el programa está claro. 
La Comisión argumenta que la economía de muchos Estados miembros está pasando por un mal momento y que, para darles un impulso y ayudar a estas economías que flaquean, debemos intentar una reforma más estructural. 
¿Qué significa una reforma estructural? 
Si seguimos leyendo, empieza a hablar de liberalizar más servicios públicos. 
Y argumenta que como el sector del gas y el eléctrico son más pequeños que el sector del agua, y se han liberalizado, deberíamos liberalizar el sector del agua. 
Si seguimos con este argumento, en Europa hoy en día los sectores de la sanidad y la enseñanza son todavía mayores que el sector del agua. 
Si seguimos esta vía y liberalizamos el sector del agua, tendremos que liberalizar también la sanidad y la enseñanza. 
Y yo estoy en contra de esto. 
Y no es eso lo que Europa quiere. 
Hemos liberalizado algunos sectores europeos. 
No hay más que mirar a British Rail para ver lo desastroso que ha sido. 
Antes de que sigamos avanzando en la vía de la liberalización de cualquier servicio, tenemos que evaluar lo que ha ocurrido hasta ahora. 
Hemos hablado de la estrategia de Lisboa. 
Aparece mucho en el informe de la Comisión sobre mercado interior. 
Pero cuando hablamos de la estrategia de Lisboa, lo que aparece una y otra vez son los criterios económicos. 
Y existe otra cara de la estrategia de Lisboa, la cara social, que ahora nunca se menciona. 
Siempre nos olvidamos de los derechos de los trabajadores cuando hablamos de la estrategia de Lisboa. 
Y solo sabemos decir mercado, mercado, mercado. 
Ya es hora de que nos alejemos de esta postura. 
Creo que el mercado interior tiene que ver con los trabajadores; tiene que ver con los derechos de los trabajadores; tiene que ver con la salud y la seguridad; tiene que ver con las condiciones de vida; tiene que ver con la gente mayor; tiene que ver con los jóvenes; tiene que ver con las personas con discapacidad; tiene que ver con el empleo y el desempleo; tiene que ver con la formación de los jóvenes, los viejos y los desempleados. 
No tiene que ver solo con los beneficios de las grandes empresas. 
Mañana votaremos sobre uno de los temas más importantes con que se enfrentan los ciudadanos europeos: si damos o no luz verde a la Comisión para seguir la vía de la liberalización de nuestro sector del agua. 
No creo que el agua sea un tema de mercado interior. 
No creo que debiera mencionarse en este informe, pero se menciona. 
Espero que mañana eliminaremos esto. 
Nuestros ciudadanos no quieren un sector del agua liberalizado. 
Europa tiene un alma. 
Si vendemos nuestra agenda social, que forma parte de la agenda del mercado interior, que es parte de la agenda de Lisboa, la habremos perdido para siempre. 
No podemos defraudar a nuestros ciudadanos. 
Mañana debemos apoyar todas las enmiendas que se opongan a nuevas liberalizaciones. 
– Señor Presidente, pido disculpas por no haber podido estar presente en la parte inicial de esta apasionada diatriba contra la liberalización. 
Hoy me toca representar dos posiciones. 
En primer lugar, he tenido el placer de ser el ponente alternativo del Sr. Miller para este informe en mi propia comisión, y a la vez presentar el informe de la Comisión de Industria, durante cuya elaboración hemos realizado el trabajo que se nos pidió, que era comentar el documento estratégico de la Comisión. 
El Sr. Miller ha presentado un informe muy interesante, con el que no he estado de acuerdo en casi nada. 
Me complace decir que la comisión comparte mi opinión y, por lo tanto, lo hemos mejorado considerablemente. 
Espero que mañana la Cámara aprobará nuestra versión del informe, y yo la insto a ello, porque aborda varios temas que la Comisión nos pidió que abordáramos, y no pretende ser el precursor del manifiesto del Grupo del PSE para las próximas elecciones. 
Quiero comentar un par de puntos, pero primero debo responder brevemente a lo que ha dicho el Sr. Miller. 
El mercado interior ha sido uno de los mayores éxitos de la Unión Europea. 
Tuve el privilegio de hablar el año pasado cuando el Sr. Bolkestein presentó el informe decenal sobre el mercado único, y hemos visto las cifras al respecto que se han incluido, me complace decirlo, en mi informe a esta comisión. 
Fueron criticadas por algunas personas que no aceptan el hecho de que los mercados crean puestos de trabajo, aportan prosperidad económica y, por lo tanto, permiten el tipo de beneficios sociales que el Sr. Miller defendía con tanta elocuencia hace un rato. 
El núcleo de la política social europea está produciendo una economía próspera y activa. 
Y es así porque hemos hecho que el mercado único funcione, porque hemos estimulado la competencia y, sí, porque hemos liberalizado a aquellos gigantes durmientes privatizados que son las industrias estatales y las hemos sometido a la competencia, lo que ha ampliado las opciones y ha reducido los costes para los consumidores. 
El Sr. Miller y sus colegas no tienen más que mirar el informe de la Comisión, y analizar lo que ha ocurrido con el coste de la energía y las telecomunicaciones, para ver lo que se puede hacer. 
No quiero obsesionarme demasiado con el agua. 
Me interesa ver que preocupa mucho a los colegas del otro lado de esta Cámara. 
Se menciona aquí pero, en realidad, la Comisión ha dejado absolutamente claro que la política sobre la propiedad no está en juego. 
Y, sin embargo, no hay duda de que existen muchas posibilidades de mejorar la eficiencia y los resultados de los servicios de abastecimiento de agua. 
No hay más que ver las inmensas diferencias en el coste del agua entre las comunidades de la Unión Europea para comprender que hay que hacer algo al respecto. 
Es todo lo que pedimos y es lo que nosotros, a través de mi enmienda, esperamos que los colegas defiendan mañana. 
En mis conclusiones quisiera comentar un par de puntos. 
Quiero felicitar a la Comisión por presentar por primera vez una perspectiva de tres años con una clara visión de futuro y una serie de políticas importantes y coherentes para conseguir que el mercado único funcione mejor. 
Quiero felicitarla por dar la máxima prioridad al hecho de ofrecer lo que tenemos, aplicar las medidas en el mercado único, mejorar el reconocimiento mutuo que, estoy de acuerdo con la Comisión, es la base principal y el núcleo del proyecto del mercado único. 
Esto es lo que nos va a dar una perspectiva importante. 
Espero que, junto con los colegas del próximo Parlamento, estaremos aquí para volver a hablar de ello. 
En resumen, es un informe excelente. 
Quiero dar las gracias al Comisario por haber aceptado tantas cosas del anterior informe de la comisión sobre el mercado interior, del que tuve el privilegio de ser ponente. 
Me complace decir que los compañeros de mi comisión están de acuerdo con las enmiendas y hemos adaptado el informe para que sea una continuación de lo que hice antes, no de los puntos de vista retrógrados del ponente en este caso. 
Esperamos poder trabajar con ustedes en beneficio siempre de todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Señor Presidente, esta tarde, el Comisario Bolkestein ha presentado aquí en Estrasburgo su último libro sobre las fronteras europeas. 
Por desgracia, no he podido asistir a la presentación, Comisario, pero de todas formas quiero felicitarle. 
Esta noche quiero hablar de los límites para la liberalización a que nos insta el Comisario, que parecen inexistentes. 
En primer lugar, quisiera dar mis más sinceras gracias al Sr. Miller, por la buena relación de trabajo. 
No es culpa suya que la votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior haya producido in informe algo distorsionado. 
Si no he comprendido mal, el Sr. Harbour asume la culpa de ello. 
Por supuesto, como ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales me siento decepcionado porque la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha adoptado solo tres de mis enmiendas. 
Mi grupo ha presentado de nuevo las otras enmiendas y esperamos que los Demócrata-Cristianos y Liberales las apoyen mañana con el sombrero socialista puesto. 
En lo que se refiere a la necesidad de liberalización, puedo tranquilizar al Sr. Bolkestein. 
Al contrario que algunos de mis colegas de la izquierda, no estoy por definición en contra de la liberalización, pero sí que me opongo al fundamentalismo de mercado y a imponer la liberalización a toda costa, si todavía no se dan las condiciones y las garantías públicas necesarias y la liberalización produce pérdidas en todos los frentes, excepto para los monopolios privados y sus partidarios, que pueden aprovechar las oportunidades que se producen. 
Ya va siendo hora de que en Europa pongamos freno a este tipo de liberalización y se apruebe una directiva marco para los servicios de interés general, ofreciendo así una contrapartida a la dominación de las normas de la competencia. 
Veo que el Comisario tiene dudas al respecto y que nos está dando largas con una excusa tras otra. 
Una observación final sobre la nueva directiva relativa al mercado interior de servicios: realmente me parece que es un caso de extrema locura, porque va en detrimento de todo lo que hemos establecido en Europa en el ámbito de la subsidiariedad y la prioridad de las normas del país donde se prestan los servicios. 
La nueva propuesta de directiva está imponiendo la confusión en la reglamentación existente y amenaza drásticamente con restringir el margen político de los Estados miembros para determinar unas condiciones en base al interés general, controlando la calidad de la sociedad y el entorno y garantizando los derechos fundamentales. 
En mi opinión, algunos elementos son incluso incoherentes con las correspondientes directrices del Tratado. 
No puedo comprender por qué quiere que el Parlamento apruebe esto antes de su marcha, y me complace que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior haya decidido en cualquier caso no proceder con prisas en este asunto. 
En el informe Miller, mi grupo insta a no tomar decisiones finales sobre esta nueva directiva, entre otras cosas, hasta que haya finalizado el debate sobre el marco legal para los servicios de interés general. 
Me parece bastante razonable. 
. – Señor Presidente, como solo quedan ya unas semanas para la ampliación, acogemos con satisfacción que el Parlamento envíe un mensaje firme acerca de su deseo de reforzar el mercado interior para servir con mayor eficacia a los intereses y las aspiraciones de más de 450 millones de ciudadanos europeos y más de 20 millones de empresas. 
Quiero dar las gracias al ponente, el Sr. Miller, y a sus colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, por el duro trabajo que han realizado para perfilar el mercado interior en los últimos años. 
En realidad, pueden otorgarse el éxito de algunas de las medidas de la estrategia para el mercado interior de la Comisión, porque fueron ideas suyas. 
El mercado interior es uno de los mejores logros de Europa. 
Desde 1993, ha ayudado a crear más de 2,5 millones de puestos de trabajo adicionales y ha añadido casi 900 000 millones de euros, en total, a nuestra prosperidad colectiva. 
¡Y todavía queda mucho por hacer! 
Todavía quedan grandes lagunas en el marco legal, como por ejemplo en los servicios y los impuestos. 
Además, en una Unión de 25 Estados miembros o más, necesitamos consolidar la base sobre la que se construye el mercado interior. 
La estrategia para el mercado interior del período 2003-2006 establece exactamente lo que hay que hacer, por quién y para cuándo. 
Es un programa de diez puntos para hacer que Europa sea mejor. 
Ahora no hay tiempo para entrar en todos los detalles de los informes del Parlamento o, de hecho, de la estrategia de mercado interior. 
Por lo tanto, me centraré en algunos puntos esenciales. 
Agradezco el apoyo del Parlamento para consolidar el principio de reconocimiento mutuo. 
Sé que hay diversidad de opiniones respecto a dónde está el equilibrio justo entre el reconocimiento mutuo y la armonización. 
Los beneficios del reconocimiento mutuo estriban en que respeta las tradiciones nacionales y evita nuevas regulaciones a escala de la Unión Europea. 
Todos sabemos que negociar directivas sobre la armonización no será nada fácil con 25 Estados miembros alrededor de la mesa. 
Por lo tanto, si podemos evitar más legislación, tanto mejor. 
Pero la clave es no imponer el reconocimiento mutuo a toda costa. 
Si los Estados miembros notifican aquellos casos en los que no se puede confiar en el reconocimiento mutuo, estaremos en mejores condiciones para proponer una solución que no vaya más allá del impulso necesario para poner en marcha de nuevo la libre circulación. 
Comparto la preocupación del Parlamento respecto a la lentitud en la aplicación de las directivas del mercado interior. 
El retraso en la transposición crea inseguridad jurídica y puede ser causa de daños importantes para las empresas y los ciudadanos de otros Estados miembros. 
Es difícil comprender por qué los Estados miembros que cumplen sus obligaciones no ponen a raya a los Estados miembros que sistemáticamente lo hacen demasiado tarde. 
Por supuesto, la Comisión toma medidas jurídicas inmediatas cuando los Estados miembros no transponen la legislación a tiempo. 
Tampoco nos cohibimos a la hora de sacar a relucir los trapos sucios de los Estados miembros. 
A menudo la vergüenza pública influye más que un montón de procedimientos por infracción en el correo. 
De todas formas, el retraso en la transposición no es más que un síntoma de un problema más grave. 
En resumidas cuentas, el mercado interior no funcionará plenamente mientras los Estados miembros traten el mercado interior como si fuera un coche alquilado que no tienen que lavar ni mantener. 
Por lo tanto, me atrae la sugerencia del Parlamento de que los Estados miembros creen oficinas para el mercado interior que sean responsables de la buena conducta del mercado interior y a las que los ciudadanos puedan acudir cuando tengan algún problema. 
Sin duda seguiremos por esta línea de pensamiento. 
– Señor Presidente, Comisario, Señorías, la implementación del mercado interior es con toda seguridad una de las medidas de más importancia para conseguir los objetivos de Lisboa. 
Si queremos que el mercado interior funcione con eficacia tiene que haber un auténtico compromiso a escala supranacional en relación con el establecimiento de unos objetivos de mercado interior y a escala nacional en relación con la aplicación de las decisiones. 
Aunque los objetivos están ahí, y se han aprobado ya las leyes necesarias a escala de la UE, resulta verdaderamente lamentable la forma en que se han puesto en práctica en muchos Estados miembros. 
La Comisión debería invertir más tiempo en supervisar la aplicación de las decisiones tomadas. 
Estoy de acuerdo con el ponente, el Sr. Miller, en que los Estados miembros que incumplen sus obligaciones deberían ser condenados con más frecuencia, de forma más expeditiva y severa que en la actualidad, imponiéndoles multas, por ejemplo. 
Además, el impacto y la eficacia de la legislación de la UE deberían ser objeto de una valoración continua, porque no necesitamos tener leyes innecesarias. 
Un mercado interior viable es una forma excelente de crear puestos de trabajo y riqueza. 
Uno de los obstáculos más peligrosos para el funcionamiento adecuado del mercado interior es la restricción de la movilidad de los trabajadores y la inflexibilidad del mercado laboral. 
La decisión de muchos Estados miembros, como Finlandia, de no permitir la libre circulación de los trabajadores de los nuevos Estados miembros no es más que una flagrante discriminación contra los ciudadanos de dichos países. 
Hasta el momento solo Irlanda y Gran Bretaña han dicho que el 1 de mayo abrirán sus fronteras a los trabajadores que lleguen de los países de la Europa Central que se van a adherir a la Unión. 
Otros antiguos Estados miembros aprovechan la oportunidad para mantener cerradas sus fronteras aunque uno de los pilares de la UE sea la libre circulación de mano de obra. 
Ciertamente los nuevos Estados miembros no podían haber previsto las decisiones que se tomaron debido a la presión del movimiento sindicalista. 
Las restricciones podrían incluso haberse aceptado si los nuevos Estados miembros las hubieran conocido en Copenhague, cuando se acababan de firmar los acuerdos de asociación. 
Denota falta de perspectiva y es absurdo por parte de los Estados miembros actuales mostrar este miedo al cambio y no querer aplicar las soluciones estructurales esenciales, y va en detrimento de las perspectivas de crecimiento económico tanto en los Estados miembros actuales como en los nuevos. 
La apertura del mercado en el sector basado en la red ha comportado importantes beneficios para los consumidores, las empresas y la sociedad. 
Ha aumentado la competencia, han bajado los precios y tenemos más innovación y más opciones. 
Para impulsar la competitividad internacional es importante abordar todos los problemas que perturban al mercado interior. 
Y el más importante es eliminar las barreras transfronterizas para el comercio de servicios en el sector terciario. 
Espero que la directiva sobre servicios progrese con rapidez. 
Señor Presidente, la principal virtud del informe del Sr. Miller es que intenta adoptar un enfoque global. 
Así, se considera correctamente que la estrategia para el mercado, junto con las orientaciones generales de política económica y las directrices para el empleo son uno de los tres medios para promover los objetivos de Lisboa y de Gotemburgo. 
En consecuencia, una gestión adecuada del mercado presupone la aceptación de este objetivo político básico. 
Si la estrategia de Lisboa no pudo aportar los resultados que esperábamos, fue debido a la ambigüedad de su contenido real. 
Creemos que, de la misma forma que se propone la competitividad del mercado, también debería evaluarse conjuntamente y sin temor la dimensión social de la estrategia. 
Así, la competitividad en el sentido de «competitividad basada en la calidad» en vez de «competitividad basada en los costes debilitadores de la mano de obra» , además de ser un principio que rige las relaciones económicas, será también un principio general para todas las relaciones sociales. 
Solo así se podrá exportar el modelo Europeo y podrá tener un papel importante en el mercado mundial. 
Si este objetivo estratégico se acepta sin reservas, podremos resolver con más eficacia los problemas individuales del mal funcionamiento en el mercado interior 
Nuestra primera preocupación es que finalmente los Estados miembros se convenzan de que un mercado interior no puede funcionar sin una armonización avanzada de su legislación, incluyendo el levantamiento de las barreras fiscales, y sin una mayor responsabilidad respecto a la aplicación de las normas acordadas sin retrasos y sin distorsiones. 
El régimen actual para supervisar la aplicación de las normas comunitarias ha fracasado y se necesita una reforma radical. 
La segunda preocupación es abordar el fenómeno del desarrollo del mercado interior solo para una parte de las empresas y la población activa. 
A menos que incluyamos también a las pequeñas y medianas empresas y a los consumidores, las decisiones que tomemos a escala europea tendrán un resultado limitado. 
Por lo tanto, por encima de todo debemos ver qué es lo que hace que el hombre de la calle se oponga al mercado interior y cómo podemos vincular su futuro a la visión de Europa. 
– Señor Presidente, al apoyar la línea general del Sr. Miller sobre este informe, y en concreto sus puntos de vista sobre el agua, quiero llamar la atención respecto a la enmienda 13. 
Sería una doctrina muy poco liberal decir que hay que seguir con la liberalización de forma inflexible, insensible a las realidades locales. 
Por ejemplo, deberíamos estudiar el caso de las zonas más remotas de la Unión Europea. 
Es decir, deberíamos agradecer la flexibilidad en relación con los servicios de transporte local, tal como se indica en la reciente sentencia Altmark. 
Pero, por desgracia, la Comisión ha dicho que esto no se puede aplicar a los transbordadores. 
Los autobuses no son transbordadores –efectivamente, no lo son–, pero el transporte es el transporte, ya sea por mar o por tierra. 
El Sr. Miller ha mencionado el problema de Railtrack en el Reino Unido. 
Separemos la propiedad de las vías de la propiedad de los trenes y tendremos una situación peligrosa. 
Parece que en Escocia estamos a punto de separar la propiedad de los barcos de la propiedad de las compañías que los fletan. 
¡El Railtrack del mar! 
Esto es la liberalización llevada al extremo y de forma inflexible. 
El Sr. Bolkestein es un visitante asiduo y siempre bienvenido a Escocia. 
Espero que en su próxima visita a las Hébridas no tenga que viajar de incógnito para ocultar su responsabilidad por el fiasco que está a punto de caer sobre nuestras cabezas. 
Señor Presidente, Comisario, yo también creo que el principio de reconocimiento mutuo es una de las claves del desarrollo del mercado único. 
No obstante, en los pocos segundos de que dispongo, quiero centrarme en el tema tan discutido del agua. 
El sector del agua, o el servicio de abastecimiento de agua, es y será esencial también para Europa. 
Creo que sería poco razonable, sobre todo en este sector, pasar por alto la eficacia que se puede derivar de la liberalización y la competencia. 
No es la propiedad del agua lo que está en juego, al contrario de lo que ha dicho alguien que no está en esta Cámara. 
Tampoco estamos preocupados por la privatización del agua, sino simplemente por la apertura del mercado del servicio de abastecimiento de agua, que a menudo se gestiona de forma poco eficiente por parte de los monopolios estatales, locales y nacionales. 
A quienes dicen «vengan y vean las compañías ferroviarias de Gran Bretaña» , yo les diría «vengan y vean las redes públicas de suministro de agua de Italia, incluyendo las más importantes, junto con el despilfarro de recursos hídricos y de dinero público». 
No digo que tenga que ser un dogma, pero creo que abrir los servicios públicos a la competencia y al mercado es en realidad un paso adelante hacia una Europa social. 
– Señor Presidente, deberemos ir con mucho cuidado cuando votemos sobre el informe relativo a la Estrategia de Mercado Interior, para no echar por la borda el trabajo del Sr. Miller, que es verdaderamente importante, de modo que esta Cámara termine, al cabo de pocas semanas, cambiando la decisión que tomó en enero sobre los servicios públicos de interés general. 
Permítanme aclarar lo que quiero decir cuando hablo de nuestra agua. 
En enero expresamos nuestra postura respecto a la privatización sin límites de los servicios básicos como el agua y el saneamiento, así como los servicios sanitarios y la educación. 
Pusimos por escrito nuestro reconocimiento de que las decisiones sobre estos temas deberían tomarse, si es posible, cerca de los ciudadanos, en los pueblos y las comunidades. 
Los servicios de interés general son una cuestión de las personas que los utilizan; no deben ser el juguete de un mercado sin restricciones. 
Esto es lo que el Sr. Miller reiteraba en su informe sobre la Estrategia del Mercado Interior, utilizando ejemplos persuasivos para advertir de los peligros que nos acechan si, por ejemplo, convertimos nuestra preciosa agua en nada más que un elemento ordinario de comercio. 
Pero de las deliberaciones de la comisión se deriva que existen unos poderosos elementos conservadores y liberales que creen que se pueden sacar más beneficios, y más rápidos, de los servicios públicos. 
Eso es lo que significa el informe del Sr. Miller; debemos asegurarnos de que realmente lo sea, en el pleno, deteniéndoles en su avance. 
Se han presentado las enmiendas necesarias para reparar los errores de los que es responsable la comisión. 
Les pido a todos que ayuden a asegurar que nuestras ciudades y comunidades no reciban una puñalada por la espalda, que es lo que esta nefasta alianza entre conservadores y liberales quiere que ocurra. 
– Señor Presidente, me encantaría visitar la Isla de Skye, y quizás el Sr. MacCormick querría acompañarme. 
Pero con toda seguridad lo haré con mi propio nombre y no de incógnito. 
Espero que Sir Neil esté de acuerdo con ello. 
Quiero abordar dos puntos que parecen importantes en este debate. 
En primer lugar, la cuestión de si la estrategia para el mercado interior tiene suficientemente en cuenta las preocupaciones sociales, laborales y ambientales. 
Debo insistir en que el principal objetivo de la estrategia para el mercado interior es reforzar la aplicación de los principios esenciales en los que se basa el mercado interior, sobre todo cuando la Unión se amplía para aceptar a diez Estados miembros más. 
De ahí la insistencia en la libre circulación de productos y servicios, el reconocimiento mutuo, los obstáculos fiscales, la ejecución y el cumplimiento, y la simplificación de las normas. 
Esto no significa que los aspectos sociales o ambientales no sean importantes. 
Pero existen otros instrumentos mucho mejores para abordar estos temas, como, por ejemplo, las directrices de empleo. 
No todos los documentos que produce la Comisión deben tratar todos y cada uno de los temas. 
No estoy de acuerdo con la opinión de que el mercado interior no es favorable desde el punto de vista social o ecológico. 
Desde 1993 se han creado más de 2,5 millones de puestos de trabajo gracias al mercado interior. 
En total se han añadido casi 900 000 millones de euros a nuestro producto interior bruto combinado, dinero que se destina a nuestro sistema de seguridad social, las pensiones, la sanidad y la educación. 
Los costes de las cestas de servicios y productos incluyen puestos de trabajo, y dejan más dinero en el bolsillo de los ciudadanos. 
El mercado interior ha promovido la innovación y la adopción de una tecnología de aire limpio. 
Por lo tanto, el mercado interior es una buena política social y ambiental. 
En segundo lugar, sobre el tema de la liberalización, primero debo insistir en que la privatización no es lo que preocupa a la Comisión. 
De hecho, el artículo 295 del Tratado prohíbe a la Comisión Europea tratar el tema de la propiedad. 
A la Comisión le preocupan la liberalización y la competencia, pero la privatización no. 
En cuanto a los servicios de interés económico general, la Comisión no lamenta las acciones que ha llevado acabo para abrir las industrias de la red a una mayor competencia. 
La industria y los ciudadanos en general se han beneficiado, como demuestran los resultados de la medición del rendimiento y la evaluación. 
La calidad y la satisfacción del usuario son superiores que antes de abrir el mercado, y en general los precios son más bajos. 
Es deseable que el mercado se abra más. 
Por ejemplo, la Comisión acaba de proponer nuevas medidas para el sector ferroviario, y también estamos buscando formas de inyectar más competencia en el sector del agua. 
Este debate no tiene que ver con la desregulación sino con una nueva regulación. 
La calidad del servicio y el respeto de los intereses generales siguen siendo requisitos esenciales. 
Pero no estoy de acuerdo en que los monopolios públicos sean los garantes de que se cumplan dichos requisitos. 
La competencia es el mejor amigo del consumidor. 
Siempre estará en manos de los Gobiernos establecer las condiciones que tengan que cumplir los servicios de interés general, públicos o privados. 
– Señor Presidente, el Sr. Bolkestein se ofrece para visitar Skye. 
¡Es muy listo! 
Es la única isla de las Hébridas que está unida a tierra firme por un puente y no depende de los servicios de transbordadores sujetos a las obligaciones de los servicios públicos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del segundo informe (A5-0122/2004) del Sr. Schmidt, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de una directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo que atañe al impuesto sobre el valor añadido aplicado en el sector de los servicios postales. 
– Según el Artículo 93 del Tratado, hay que adoptar disposiciones respecto al IVA en la medida en que la armonización sea necesaria para garantizar la creación y el funcionamiento del mercado interior. 
La Directiva 97/67/CE fue la primera medida para la creación de un mercado postal de este tipo. 
Por primera vez, los consumidores podían elegir y los operadores eran libres de ofrecer sus servicios fuera de sus propios y limitados mercados nacionales. 
Como ocurre a menudo con la legislación fiscal europea, la Directiva sobre el IVA se ha quedado rezagada y ahora exige cambios urgentes porque ya no refleja las necesidades o la situación real de la Comunidad. 
Tal como están siendo interpretadas en la actualidad por muchos Estados miembros, las disposiciones vigentes sobre el IVA no son compatibles con la creación de un mercado interior, dado que permiten la exención de los servicios que prestan determinados operadores en su propio mercado, su imposición cuando se atreven a suministrar servicios en otros Estados miembros y la imposición de todos los demás operadores al tipo estándar, dondequiera que presten sus servicios. 
Si no se toman medidas al respecto, existe un claro riesgo de que el Tribunal de Justicia Europeo deba resolver este aparente incumplimiento de la neutralidad de los impuestos para restablecer la igualdad de condiciones y asegurar que se respeten los principios del mercado interior. 
Y solo podrá conseguirlo si restringe el ámbito de la exención de aquellos servicios que todavía no están abiertos a la competencia. 
Esto significaría la imposición al tipo completo para todos los demás servicios. 
Al presentar su propuesta, la Comisión cumple con sus obligaciones según el Tratado, en concreto según el artículo 93. 
Y lo ha hecho después de una amplia consulta con los servicios postales universales y los demás operadores postales, así como con los representantes de los consumidores de servicios postales. 
Ha tenido en cuenta sus opiniones, en concreto las de los clientes privados y organizaciones benéficas, proponiendo que se aplique un tipo reducido a servicios como el correo de cartas, pequeños paquetes y correo directo, que son los que dichos clientes más utilizan. 
Con el efecto combinado del ahorro que implicaría para los operadores postales el derecho de deducción que la propuesta les otorgaría y la aplicación de un tipo reducido para una amplia gama de servicios postales, se pretende limitar o incluso neutralizar todo posible aumento de los precios postales. 
La Comisión propuso el concepto de servicio universal en el núcleo de la Directiva 97/67/CE y considera que todos los ciudadanos de la Unión tienen derecho a una amplia gama de servicios postales asequibles y de buena calidad. 
Los proveedores del servicio postal universal no estarán en condiciones de prestar un servicio de este tipo si no se les anima a invertir y modernizarse y, en consecuencia, no podrán seguir compitiendo con otros operadores en aquellas partes del mercado que ya están abiertas a la competencia. 
La actual exención del IVA hace que las inversiones necesarias sean más caras. 
Los operadores del servicio postal universal en Europa reconocen estas dificultades y en consecuencia apoyan mayoritariamente los objetivos de esta propuesta. 
Por último, quiero invitar a sus Señorías a apoyar la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, Comisario, aquí estamos de nuevo, y yo otra vez intentando conseguir que esta Cámara se dé cuenta de la importancia de cambiar la normativa actual sobre la exención del impuesto sobre el valor añadido en los servicios postales. 
La comisión y el pleno rechazaron mi propuesta hace unos meses, de modo que la Sra. Lulling y yo volvemos con la lista de enmiendas para apaciguar a nuestros compañeros diputados más críticos. 
Como dice el Comisario, habría preferido que las propuestas de la Comisión se hubieran adoptado directamente, pero no hubo mayoría. 
El mercado se está liberalizando tanto a escala europea como nacional. 
Varias antiguas empresas estatales de telefonía y de servicios postales se han convertido en sociedades anónimas. 
La actual desigualdad en el tratamiento fiscal no solo perjudica al desarrollo de un mercado abierto, y por tanto a la desregulación de los servicios postales, sino que también distorsiona la competencia y la hace más difícil tanto para los operadores públicos como para los privados. 
El impacto económico sobre los consumidores sería insignificante. 
Es el famoso aumento de un céntimo por sello, o bien ningún aumento en absoluto. 
Incluso podría haber una reducción de los precios si los Estados miembros utilizaran un tipo reducido. 
Los operadores postales mencionados por el Comisario están sujetos a IVA. 
También ellos podrían reclamar la devolución del IVA pagado, reduciendo así el coste global. 
Y eso es bueno para las nuevas inversiones y la modernización de los viejos monopolios. 
Hemos introducido algunas enmiendas desde la última lectura. 
Se propone que el peso límite para el precio reducido del correo estándar pase de 2 kg a 10 kg. Es uno de los límites de peso establecidos por la Unión Postal Internacional. 
Así, las piezas importantes de correo estándar quedarían incluidas en la gama de precios reducidos. 
Y esto incluye periódicos, revistas semanales y otros paquetes. 
La entrada en vigor de la directiva se pospone hasta 2007. De este modo habrá tiempo suficiente para que los Estados miembros y los operadores postales se adapten a las nuevas disposiciones de la directiva. 
Y eso encaja también con las diversas fases de liberalización previstas para el mercado postal. 
Se recomienda también que los Estados miembros que el 1 de enero de 2003 aplicaron un tipo muy reducido puedan seguir aplicando este tipo tan reducido a los servicios postales. 
También tenemos sugerencias en relación con diversas organizaciones que trabajan con obsequios y similares. 
Espero que estos compromisos sean suficientes. 
Sería lamentable que al final no ocurriera nada. 
El principal tema que se ha abordado recientemente es el caso de Royal Mail. 
También según el Comisario, otros proveedores de servicios postales apoyan esta propuesta. 
El sector la aprueba. 
Los datos del organismo regulador nacional de Gran Bretaña, Postcomm, demuestran que eliminar la exención del IVA para los operadores públicos no comporta un aumento de precio para los usuarios. 
Al contrario, se crea una mayor igualdad de oportunidades que, en definitiva, provoca un aumento de la competencia, más opciones para los usuarios y unos precios más bajos. 
He hablado con un importante empleado de Postcomm que me dijo que no había motivos para que Royal Mail conservara su exención de IVA porque no era necesaria para proteger ni a Royal Mail ni a sus usuarios. 
Precisamente, ocurre lo contrario. 
Es una pena que no haya podido convencer a unos diputados tan inteligentes como el Sr. Goebbels, el Sr. Skinner y la Sra. Vlliers, y en concreto al colega de mi propio partido, el Sr. Huhne, para que adopten una línea de pensamiento razonable. 
Es de lamentar, y no puedo más que declarar que si mañana el Parlamento vuelve a rechazar mi propuesta –y por desgracia todo indica que va a ser así– habré fracasado terriblemente. 
Quizás podamos aceptarlo, como yo mismo puedo aceptarlo, pero quienes habrán perdido son los consumidores de Europa. 
Ellos son los grandes perdedores. 
Espero que mis compañeros puedan tenerlo en cuenta, aunque solo queden unas horas para la votación de mañana. 
– Señor Presidente, Comisario, acaban de oír que el ponente, el Sr. Olle Schmidt, del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, y yo no vamos a abandonar. 
En este período previo a las elecciones, nos enfrentamos con la oposición de los populistas, entre otros, a nuestros esfuerzos para conseguir que esta Cámara diga en voz alta y clara qué propuestas quiere presentar en relación con la propuesta del Comisario respecto al IVA en los servicios del sector postal. 
Por este motivo, hemos vuelto a presentar nuestras enmiendas a la propuesta de la Comisión. 
Simplemente rechazar esta propuesta de plano, que es lo que desde hace ya casi un año intentan el Sr. Goebbels y otros que hablan en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, es un planteamiento demasiado primitivo. 
Seguro que funciona bien con el público proclamar su oposición al IVA en los sellos de correos, pero todos sabemos que, ahora que varios servicios postales se han liberalizado, a largo plazo no habrá forma de evitar la necesidad de tratar de la misma forma a los servicios postales y a los operadores de servicios privados para evitar una distorsión de la competencia en este sector. 
De modo que es más lógico que digamos al Consejo de Ministros, y también a la Comisión, lo que queremos que hagan para evitar que aumente el precio de los sellos de correos. 
Esto es lo que pretenden nuestras enmiendas. 
En primer lugar, queremos aplazar la entrada en vigor de la directiva hasta 2007, para que los servicios postales tengan tiempo de ponerla en práctica sin dificultades. 
Además, nos gustaría permitir a aquellos Estados miembros que tienen un tipo de IVA muy reducido –Luxemburgo es uno de ellos desde enero de 2003, el nuestro es un 3%– que lo apliquen también a los servicios postales. 
Es una política tangible y positiva; simplemente decir «no» o adoptar un planteamiento igualmente populista no es beneficioso ni para los servicios postales ni para quienes los utilizan. 
Por lo tanto, espero que la mayoría de esta Cámara votará para aprobar esta propuesta razonable que yo, en nombre de mi grupo, he presentado junto con el ponente. 
Señor Presidente, ante todo quiero expresar mi agradecimiento por el trabajo del Sr. Schmidt. 
Haber tenido que presentar dos veces un informe con enmiendas para conseguir el apoyo suficiente no me parece nada insignificante. 
Espero que las enmiendas del Sr. Schmidt y la Sra. Lulling reciban un voto favorable mañana en el pleno. 
En la Unión Europea el mercado de los servicios postales se liberalizará antes de principios de 2009. 
Puede gustarles o no, pero ahora que tenemos la decisión ante nosotros, es importante que nos aseguremos de que no comporte ningún caos y no lleguemos a una situación en que la población no pueda recibir ni enviar correo. 
Por lo tanto es de capital importancia que los proveedores públicos y privados de servicios postales reciban el mismo tratamiento en relación con la base y el tipo de IVA. 
Además, con vistas a un mercado postal libre, tiene que haber igualdad de condiciones dentro del mercado interior. 
Por este motivo apoyaré las enmiendas presentadas por el Sr. Schmidt y la Sra. Lulling. 
– Señor Presidente, en la actualidad la compañía de correos de titularidad pública de Irlanda, An Post, está luchando por sobrevivir. 
Con las repercusiones de la liberalización, ha perdido una parte considerable de los beneficios que generaba su mercado, pero sigue soportando la carga de cumplir con su obligación de servicio universal en los lugares más recónditos de la República de Irlanda. 
Debe entregar una carta que puede venir del Reino Unido o de cualquier otro lugar, independientemente del coste e independientemente de la zona del país donde viva el destinatario. 
También está perdiendo contratos estatales importantes, que le permitían mantener sus obligaciones de servicio público, debido a las exigencias de la contratación pública. 
Obligar a An Post a aplicar el IVA a sus servicios postales podría muy bien ser la sentencia de muerte para la compañía. 
Sin duda alguna, muchos de los entusiastas del mercado libre se frotarán las manos de alegría ante esta perspectiva, porque podrán recoger lo que queda de los beneficios que aporta el mercado irlandés. 
Pero ¿qué ocurrirá entonces con la obligación de servicio público? 
¿Quién entregará la carta a la persona que vive sola en la zona más extrema del noroeste o el sudoeste de la República de Irlanda? 
Hace poco el Gobierno irlandés expresó su oposición a esta medida, después de haber mantenido la boca cerrada desde que el tema fuera planteado por primera vez por la Comisión en el año 2000. 
Me complace este cambio reciente, y espero que sirva para bloquear esta medida. 
Tiene que haber algo de sentido común en la forma de tratar servicios públicos como el servicio postal. 
– La Comisión espera el apoyo del Parlamento a su propuesta y está dispuesta a tener en cuenta varias enmiendas significativas propuestas por sus Señorías. 
La posición de la Comisión respecto a las enmiendas es la siguiente: La Comisión considera que cualquier estudio del sector postal, y en especial los efectuados según la Directiva 97/67/CE, deberían tener en cuenta las repercusiones del IVA en el sector. 
La Comisión se compromete a tener en cuenta el espíritu de la enmienda 5. 
Con vistas a un posible compromiso con el Parlamento y en relación con las enmiendas 4 y 11, la Comisión podría aceptar un retraso hasta el 1 de enero de 2007 de la entrada en vigor de la actual implementación de la directiva con el fin de conceder a los operadores tiempo suficiente para adaptar sus sistemas. 
De cara a un posible compromiso con el Parlamento, que ha insistido en la necesidad de proteger a los consumidores del aumento de precios de los servicios postales normales, y en relación con las enmiendas 6, 9 y 10, la Comisión podría aceptar ampliar el espectro de servicios postales que podrían merecer un tipo reducido, de forma que incluya los servicios postales normales para elementos de hasta 10 kg de peso. 
En relación con las enmiendas 1 y 7, los acontecimientos recientes han demostrado una vez más que los Estados miembros están muy a favor de la naturaleza opcional de los tipos reducidos y, por lo tanto, la Comisión no puede comprometerse a modificar su propuesta en este sentido. 
Sin embargo, estas enmiendas indicarían en términos muy claros que este Parlamento considera que la estabilidad de precios de los servicios postales es de capital importancia y envía un mensaje político a los Estados miembros para que hagan uso de la opción que incluye la propuesta. 
En cuanto a las enmiendas 3 y 8, la Comisión considera que los tipos reducidos por debajo del 5% son medidas temporales que no deberían aplicarse a las nuevas categorías de productos o servicios. 
Y en cuanto a la enmienda 2, que defiende el mecanismo de reembolso para las organizaciones benéficas, la Comisión quiere reiterar su punto de vista de que nada de lo que se establece en la Sexta Directiva impide a los Estados miembros introducir un mecanismo de este tipo fuera del sistema del IVA. 
Pero no sería adecuado, ni conforme al principio de subsidiariedad, modificar esta propuesta para aconsejar a los Estados miembros sobre la forma de invertir su recaudación fiscal. 
Finalmente, en cuanto a la enmienda 13, la Comisión considera que el problema que se plantea en relación con los sellos filatélicos no es distinto del que existe en la actualidad. 
Con la legislación actual, los sellos solo están exentos cuando se venden por su valor nominal. 
Son imponibles en todos los demás casos. 
Dado que esta distinta responsabilidad fiscal no causa problemas en la actualidad, tampoco debería causarlos cuando se apruebe esta propuesta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
– Señor Presidente, agradezco esta oportunidad para discutir con el Parlamento el tema de la cooperación científica y tecnológica entre Israel y la Comunidad Europea. 
En primer lugar, quiero dar las gracias a la ponente, la Sra. Quisthoudt-Rowohl, y a los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía por su trabajo y su constante interés en los temas científicos y de investigación. 
El objetivo de este acuerdo es permitir una cooperación continuada con Israel en el ámbito de la ciencia y la tecnología. 
La relación se inició a partir de la participación de Israel en el Cuarto Programa Marco de investigación. 
Me gustaría insistir en la importancia de esta cooperación en el marco del desarrollo de la Cooperación Euromediterránea, así como en la implementación del Espacio Europeo de la Investigación. 
El presente acuerdo es una extensión del que asocia a Israel con las actividades del Quinto Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico. 
Este último se basa en el principio fundamental de la reciprocidad, que tiene en cuenta los intereses mutuos de las dos partes y abarca todos los ámbitos que se sugieren en el Sexto Programa Marco, a excepción de la investigación nuclear. 
La cooperación científica con Israel ya ha dado pie a numerosos proyectos conjuntos en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico. 
Con el Quinto Programa Marco, los equipos de investigación europeos iniciaron 623 proyectos con la colaboración de los equipos israelíes, que coordinaron 149 de dichos proyectos. 
Tanto los participantes públicos cono los privados han resaltado el valor de dicha cooperación y los beneficios que comporta. 
Y se insistió en ello durante la evaluación del impacto del acuerdo que asocia a Israel con el Quinto Programa Marco. 
También me gustaría insistir en el valor de este tipo de acuerdo para el desarrollo de la cooperación científica regional euromediterránea. 
Por ejemplo, el proyecto Hortimed asocia a Israel con sus países vecinos como Egipto, los Territorios Palestinos, Chipre y Grecia en la investigación de soluciones económicas y sostenibles para el uso del agua en la horticultura de regadío, especialmente mediante el uso de agua reciclada y depurada. 
Otro elemento importante, ya mencionado antes, es la contribución de este acuerdo en la implementación del Espacio Europeo de la Investigación y su apertura al resto del mundo. 
Más en general, contribuye también al desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento. 
En este contexto, la Comisión quiere promover la cooperación internacional en temas científicos y tecnológicos con terceros países. 
El Acuerdo de Cooperación con Israel se adapta de forma natural a esta estrategia, sobre todo en relación con Oriente Próximo. 
El acuerdo debería permitir también a los científicos perseverar en su esfuerzo de cooperación regional con los países vecinos de Israel en beneficio de todos, y ello en las difíciles circunstancias que en la actualidad prevalecen en Oriente Próximo. 
Por lo tanto, estoy convencido de que el Parlamento debería dar y dará su apoyo para la celebración de este acuerdo. 
. – Señor Presidente, Comisario, el 20 de noviembre de 1995 se firmó un Acuerdo de Asociación Euromediterránea entre la Unión Europea e Israel según el cual Israel se asociaba con la UE en relación con la circulación de productos y servicios, el derecho a establecerse, la circulación de capital y la cooperación económica y cultural. 
Así se institucionalizaba un diálogo político con Israel, que ya estaba teniendo lugar de forma bastante regular. 
La UE mantiene también una relación especial con la Autoridad Palestina autónoma y es uno de los socios del proceso de paz de Oriente Próximo. 
Hasta ahora he mencionado, pues, los dos elementos más esenciales para el análisis de este Acuerdo. 
Desde 1975 Israel y la Unión Europea han estado colaborando en el ámbito de la investigación y el desarrollo, en 1983 empezaron a financiar proyectos de investigación conjuntos y, como ha dicho ya el Comisario Bolkestein, Israel ha participado plenamente en el Quinto Programa Marco. 
Esos acuerdos eran y son un reconocimiento de la naturaleza internacional de la investigación a finales del siglo XX, y también reconocen que limitar la investigación al territorio de la UE sería con frecuencia contrario a sus mejores intereses. 
En Israel existe un clima de investigación muy innovador y, en relación con su PIB, este país gasta más en investigación que la UE y es líder mundial en lo que se refiere a la cantidad de publicaciones científicas per capita. No tengo intención de repetir las cifras que ya se han mencionado. 
Ambas partes se han beneficiado de la cooperación bajo el Quinto Programa Marco: Israel obtiene el acceso a una red más amplia de institutos de investigación, mientras que la UE puede aprovechar el potencial innovador de Israel. 
Y el éxito de esta cooperación se refleja, entre otras cosas, en la gran cantidad de proyectos subvencionados. 
Algunos proyectos tienen socios no solo de Israel sino también de otros países del Mediterráneo. 
Ya se ha mencionado el tratamiento del agua; y también algunos institutos de las zonas controladas por la Autoridad Palestina autónoma participan con éxito en nuestro Programa de Investigación. 
Permítanme aprovechar esta oportunidad para repetir, en beneficio de algunos miembros de esta Cámara, que este informe no prevé ninguna cooperación en el ámbito de la investigación militar o bajo la égida de Euratom. 
Como en los dos acuerdos anteriores, se prevé que Israel contribuya financieramente al Sexto Programa Marco en la proporción de su PIB. 
Participa en este programa como socio con los mismos derechos y obligaciones que los demás Estados miembros de la UE: la única excepción es el Comité de Investigación Científica y Técnica (CREST) , en el que participa solo como observador. 
La aportación de Israel a nuestros fondos de investigación y los conocimientos tecnológicos que proporcionan los institutos israelíes no pueden ser más que positivos para los participantes de la UE, de modo que todas las partes salen ganando. 
Para poner en práctica el Acuerdo, se creará una Comisión Mixta que asegurará la implicación de los funcionarios israelíes en las comisiones administrativas y la participación de expertos para que aporten su experiencia en los comités del programa. 
De modo que, desde el punto de vista de la investigación, no queda ningún obstáculo para la prorrogación del Acuerdo. 
Para que esta afirmación no se malinterprete, permítanme citar una carta que he recibido del Embajador israelí, Oded Eran, donde decía lo siguiente: «Como usted indicaba, la situación general en Oriente Próximo y en especial entre Israel y la Autoridad Palestina está lejos de ser ideal en estos momentos. 
Y el proceso de paz en Oriente Próximo está pasando por unos momentos críticos».Por lo tanto simpatizo con quienes han presentado las enmiendas, que se oponen a eso y creen que deberíamos demorar todo tipo de cooperación con Israel hasta que prevalezca la paz en la región, donde esta lamentablemente brilla por su ausencia. 
Pero debo decir que estoy firmemente convencida de que cerrar las puertas nos impide seguir cooperando. 
Debemos estar dispuestos a mantener un debate franco con todas las partes, porque es la única forma de poder influir en el proceso de paz. 
Esto significa que, desde el punto de vista de la investigación, el Acuerdo es acogido muy favorablemente. 
Esta cooperación no beneficiará solo a los investigadores y a los institutos de investigación de la UE, sino también a las empresas y, en lo que se refiere a la situación política, estoy convencida de que puede ayudar a reducir la tensión, porque los investigadores e institutos palestinos podrán trabajar con sus colegas israelíes y europeos, y quienes trabajan juntos no luchan entre sí. 
Permítanme que acabe dando las gracias a todas aquellas personas con las que he hablado, de todas las partes –tanto a favor como en contra, tanto los que se sentirán satisfechos como los que querían que hubiera cambios–, personas que me han apoyado muchísimo y con quienes en cualquier caso he podido mantener un diálogo muy tranquilo y relajado. 
Muchas gracias a todos, y espero que mi informe será aprobado mañana con el apoyo de una amplia mayoría. 
– Señor Presidente, un acuerdo de cooperación tecnológica y científica suele ser sencillo, muy bien recibido y motivo de optimismo, sobre todo si es el sucesor de otros acuerdos en los que se ha conseguido un buen trabajo científico. 
Por desgracia, este acuerdo no puede ser sencillo. 
Desde el punto de vista científico, la colaboración con Israel es sin duda útil en el Sexto Programa Marco. 
Se trata de un país científicamente fuerte y, como hemos oído, se han llevado a cabo algunos proyectos de ámbito mediterráneo muy útiles, como la investigación sobre el tratamiento del agua, y se podrían llevar a cabo otros en el futuro. 
Pero no estamos hablando de un país normal o de una parte del mundo normal. 
Israel no es un país normal porque muchas de las acciones de su Gobierno actual son completamente inaceptables: construir un muro, ocupar un territorio, violar los derechos humanos, utilizar la represión. 
A pesar de que se ha llevado a cabo algún trabajo científico con palestinos, he recibido quejas por los impedimentos que ha habido en relación con una parte de este trabajo. 
Nuestro Grupo ha considerado con gran detenimiento si debía votar a favor de este acuerdo. 
Hay dos puntos de vista perfectamente válidos y sostenibles. 
Se podría decir –y algunos lo dirán– que firmar o ratificar este acuerdo puede percibirse como dar luz verde y un mensaje de ánimo y aprobación a las acciones del Gobierno israelí. 
Pueden estar seguros de que no es esa nuestra intención. 
En el pasado el Parlamento Europeo ha pedido, y con éxito, que se congelara la cooperación científica. 
Algunos diputados defienden el voto en contra de este acuerdo y, además, que se tomen nuevas medidas para demostrar nuestro desacuerdo con el Gobierno israelí. 
Una segunda alternativa –que es la que yo recomiendo– es considerar que la ciencia y la investigación son positivas, que los resultados de este trabajo aportan beneficios para la humanidad y que así se fomenta el diálogo y una vía de trabajo con los palestinos. 
Evidentemente, el diálogo político puede aportar otras ventajas, y seguramente lo hará. 
En otras partes puede haber motivos para actuar. 
Hemos mantenido largas conversaciones y hemos llegado a la conclusión, por mayoría aunque no por unanimidad, de que la segunda alternativa, tener fe en la posibilidad del diálogo científico, sin ningún apoyo a las acciones del Gobierno israelí, permitirá avanzar. 
Queremos la participación palestina sin barreras ni impedimentos. 
Por supuesto, no queremos ninguna investigación nuclear, militar o de doble uso. 
Queremos un seguimiento muy estricto de la situación. 
Queremos que el Comité de Investigación UE-Israel informe regularmente para que podamos ver si este acto de fe en el valor de la ciencia ha valido la pena o ha sido malinterpretado por un Gobierno cuyas acciones condenamos. 
– Señor Presidente, en 2002 este Parlamento acordó una resolución para interrumpir la cooperación científica y técnica con Israel a causa de la situación violenta y terrible que se vivía en Oriente Próximo en aquella época. 
Nada ha cambiado desde entonces, o si acaso muy poco. 
En realidad, una reciente delegación de este Parlamento, que estudiaba los efectos del denominado muro de seguridad, informó de cosas realmente espantosas. 
Creo que aceptar este acuerdo sería un indicio de normalidad y cooperación, y como ha dicho mi colega la Sra. McNally, este país no es un país normal, no es una situación normal, y no habría que apoyarlo. 
Por lo tanto, el Grupo Verts/ALE ha presentado enmiendas para pedir la suspensión de este acuerdo mientras dure la situación actual, sobre todo debido al beneficio desigual que representa para uno de los protagonistas –Israel– y hasta que se avance hacia una resolución realista del conflicto en la zona. 
También hemos pedido que se excluya de este acuerdo la tecnología de doble uso con posibilidad de ser utilizada con fines militares. 
Resultaría muy extraño que el Parlamento Europeo no apoyara esta última petición. 
Sin embargo, para mi gran sorpresa y decepción, creo que los diputados no podrán votar sobre esta enmienda. 
Es una decisión política, no técnica. 
Los europeos tienen una responsabilidad histórica respecto a los problemas de esta zona. 
Son responsabilidades que estamos lejos de asumir y resolver de forma adecuada. 
Les pido que apoyen las enmiendas que he presentado. 
Señor Presidente, el Grupo socialista, tras un intenso y controvertido debate, ha decidido apoyar el informe que examinamos. 
Mi grupo ha decidido distinguir entre la naturaleza científico-técnica del informe y la naturaleza política del conflicto, al tiempo que condena la actitud del Gobierno Sharon que- con su política de asesinatos indiscriminados, la construcción de un muro que roba todavía más territorios palestinos y su negativa a evacuar asentamientos- bloquea la Hoja de Ruta del Cuarteto y hace cada día más difícil el establecimiento de un Estado palestino viable. 
Mi grupo piensa, además, que en el tema de la cooperación científica y técnica conviene tener en cuenta muy especialmente a la sociedad que pueda resultar beneficiada por esa cooperación. 
Hablando ahora a título personal, quisiera expresar lo siguiente: la ponente reconoce en la exposición de motivos que la prórroga del acuerdo, cito textualmente, "coincide con una complicada coyuntura política en la que el proceso de paz se encuentra atascado". 
Yo diría que está bastante más que atascado. 
Está en tan serio peligro que solo una acción contundente del Cuarteto, que hasta hoy no se ha producido, podría salvarlo. 
La ponente afirma asimismo que, cito textualmente, "el acuerdo podría contribuir a rebajar la tensión, dado que ofrece la posibilidad a los investigadores y los centros de investigación palestinos de cooperar con otros centros israelíes". 
Con toda franqueza, dudo mucho que esto sea así. 
Estamos ante una situación de ocupación militar cuya naturaleza va mucho más allá del concepto "tensión". 
Y, por otro lado, en mi opinión, los investigadores y los centros de investigación palestinos difícilmente pueden resultar beneficiados cuando unos y otros están rodeados por un muro que les impide la libertad de movimientos y les encierra en guetos y bantustanes que avergüenzan a la humanidad. 
– Señor Presidente, creo que la Sra. Quisthoudt-Rowohl y mi colega la Sra. McNally han realizado un trabajo excelente explicando sus posiciones divergentes. 
Siempre que surge una situación de conflicto político –y ni que decir tiene que Israel lo es– resulta difícil tomar una decisión en esta Cámara. 
Pero creo que es bueno dejar claro lo que está en juego, lo que queremos conseguir y el mensaje que esta Cámara quiere transmitir al apoyar la posición asumida por la Comisión y el Consejo. 
Y esto tiene que ver con la continuación de la cooperación y el diálogo que ya están teniendo lugar en los círculos científicos y tecnológicos, y que beneficia a ambas partes. 
Al contrario de lo que han dicho algunos diputados, no se trata solo de un posible beneficio para Israel; nosotros también nos beneficiaremos. 
No solo se beneficiarán los científicos, los departamentos universitarios y los institutos de investigación; la propia humanidad se beneficiará de la cooperación y el intercambio entre científicos, donde los políticos también tendrán su papel, y, como ha dicho otro diputado, la sociedad en conjunto se beneficiará. 
Estamos invirtiendo en un futuro en el que Europa podrá aportar su grano de arena –o eso esperamos– a la resolución de una situación que, en términos humanos y políticos, es extremadamente difícil. 
Por ese motivo me siento orgullosa y contenta de que la Sra. McNally, como coordinadora de mi grupo, haya resaltado siempre en las discusiones del grupo que apoyaríamos este informe. 
Y una cosa más, me gustaría decir a los diputados del Grupo de los Verdes, que tienen dificultades con el aspecto del «uso dual» , que la Unión Europea no apoya ninguna investigación militar, ni aparece en nuestro programa de investigación, de modo que queda automáticamente descartada toda cooperación en este ámbito. 
– Señor Presidente, no se han planteado preguntas a la Comisión y no tengo nada que añadir al debate. 
En nombre de mi colega, el Sr. Busquen, solo quiero dar las gracias a la ponente y a los demás diputados que han participado en este debate. 
Tengo la impresión de que la mayoría del Parlamento apoyará esta propuesta por lo que de nuevo –y en nombre de mi colega, el Sr. Busquin– quiero expresar mi gratitud. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
. – Señor Presidente, me complace presentar en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía este informe sobre el IDABC. 
He sido ponente en varias ocasiones anteriores, y he tenido el placer de ver crecer este programa. 
Hemos visto mejoras de la eficacia de la cooperación transfronteriza entre las administraciones públicas, y lo que se propone ahora es que esta cooperación se amplíe a las empresas y a los ciudadanos. 
El boletín que publica la Comisión sobre el IDABC menciona a menudo el modo IDABC y es importante resaltar que el modo IDABC tiene que ver con la metodología electrónica: no solo respecto a los proyectos en sí, sino también respecto a la forma cómo se desarrollan esos proyectos. 
El IDABC es un medio para llegar a un objetivo, un medio para obtener unos servicios gubernamentales interactivos a escala paneuropea, y es absolutamente lógico querer ampliarlo ahora a las empresas y a los ciudadanos. 
Después de una serie de discusiones con la Comisión, solamente he presentado tres enmiendas. 
Son enmiendas técnicas, que aclaran jurídicamente el texto original. 
Invertiré un par de minutos en explicar por qué es tan importante. 
Se trata de dar valor en términos de calidad de los servicios. 
Se trata de animar a los ciudadanos a estar mejor informados al expresar sus elogios y sus críticas a esos servicios. 
Se trata de economías de escala y de compartir servicios comunes. 
Es cierto que el IDABC ha sido un motor para la modernización de los servicios públicos y ha contribuido a mejorar la administración electrónica en los países candidatos, y seguirá haciéndolo. 
También es importante que uno de los logros del IDABC es que puede ofrecer a nuestros ciudadanos ejemplos prácticos, muy profesionales, de cómo la Unión Europea, la Comisión, el Parlamento y el Consejo han trabajado juntos para reportar beneficios de la Unión Europea a los ciudadanos en los Estados miembros. 
Les recomiendo este informe. 
En concreto, quiero dar las gracias a mis colegas de la Comisión, que siguen trabajando tan ardua como eficazmente en esto. 
También doy las gracias a la Presidencia del Consejo, que se tomó su tiempo, pero lo hizo porque quería presentar enmiendas constructivas y progresivas que salieran de su propia experiencia en la implementación del IDABC en cada Estado miembro. 
– Señor Presidente, la Comisión quiere dar las gracias a la ponente, la Sra. Read, por su gran apoyo, su transparencia y su cooperación. 
Mi colega, el Sr. Liikanen, me ha pedido que transmita su especial agradecimiento a la Sra. Read por su excelente cooperación y que diga que ha sido un placer trabajar con ella en el curso de los años. 
La Comisión también quiere dar las gracias a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, y al Parlamento Europeo en general, por su apoyo y su flexibilidad, que casi garantizan una conclusión en primera lectura. 
La Comisión se siente satisfecha de ver que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo muestran una opinión favorable respecto al programa IDABC. 
El 18 de noviembre de 2003, el Parlamento Europeo expresó su pleno apoyo a este programa en primera lectura, expresando una opinión con cinco enmiendas. 
La Comisión ha modificado su propuesta inicial en consecuencia y la posición común del Consejo acepta las enmiendas sugeridas por el Parlamento casi palabra por palabra. 
Igual que el Consejo, la Comisión apoya plenamente las tres enmiendas sugeridas por la ponente y la Comisión de Industria en segunda lectura, y espera un voto favorable de esta Cámara mañana. 
De este modo se conseguiría una adopción rápida por parte del Consejo. 
Y además, la Comisión podría preparar con detenimiento, a lo largo de 2003, la transición del actual programa IDA al nuevo programa IDABC. 
El nuevo programa permitirá a la Comisión seguir apoyando la implementación de la legislación comunitaria, que exige que los Estados miembros y la Comunidad intercambien información, proponiendo recursos financieros y servicios de infraestructura a la vez que se asegura la interoperabilidad. 
También se permitirá a la Comisión ampliar aún más la prestación de servicios paneuropeos de administración electrónica a las empresas y a los ciudadanos, y coordinar la prestación de dichos servicios con la colaboración de los Estados miembros. 
En resumen, la Comisión puede aceptar las enmiendas 1 a 3. 
– En nombre de la Cámara, quisiera que constara en acta nuestro agradecimiento por el trabajo que la Sra. Read ha llevado a cabo sobre este tema, y otros temas relacionados, en los últimos quince años. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
(1) 
Señorías, esta mañana tengo el triste deber de anunciarles que en Madrid, hoy por la mañana a la hora punta, se han producido al menos cinco explosiones de bomba en tres estaciones de tren, la peor en un tren que llegaba a la estación de Atocha. 
Han muerto decenas de personas; muchas personas han resultado heridas. 
En cada nuevo informe la lista de víctimas aumenta. 
En cuanto a sus consecuencias, este es el peor atentado terrorista de la historia de España, y podría ser el peor acto de terrorismo que recuerde ningún país de la Unión Europea. 
Es un ataque atroz, injustificado e injustificable contra el pueblo español y la democracia española. 
En nombre de este Parlamento, quiero expresar nuestro más sentido, profundo y sincero pésame y nuestras condolencias a las familias que han sufrido pérdidas y heridos; a sus amigos y, a través de Su Majestad el Rey de España, a los ciudadanos de España y a las autoridades de la ciudad de Madrid que, en estos mismos momentos, han levantado hospitales de campaña en la estación de tren y en las calles. 
El domingo van a celebrarse elecciones generales en España. 
Lo que ha ocurrido hoy es una declaración de guerra contra la democracia. 
Que el domingo se responda diciendo que la democracia española es fuerte; que el domingo se responda diciendo que la democracia española está decidida a vencer al terrorismo con todos los medios disponibles para ello. 
En Madrid, en enero, intervine en la primera conferencia internacional para las víctimas del terrorismo. 
Repito hoy lo que dije allí: cumpliendo nuestro deber político para con el pueblo de España y los pueblos de la Unión Europea, tenemos la firme resolución de que en nuestra Unión Europea no habrá refugios ni para el terrorismo ni para los terroristas. 
En nombre del Parlamento Europeo expreso nuestro compromiso firme en favor de la democracia y de los derechos humanos. 
No más bombas. 
No más muertos. 
Entre todos acabaremos con los terroristas. 
He dado instrucciones a los servicios de la Asamblea de que, en señal de respeto, hagan ondear las banderas de España y la de Europa a media asta. 
Les invito a ustedes a mostrar, a su manera, su solidaridad guardando un minuto de silencio. 
–De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0058/2004) de la Sra. Gillig, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71. 
Tiene la palabra el Sr. Solbes Mira, en nombre de la Comisión. 
Permítame, señor Comisario, que, por su nacionalidad, le exprese mis más profundas condolencias. 
Desgraciadamente, en estos momentos tenemos que volver a nuestro trabajo, pero quiero antes expresar mi solidaridad total con lo que el Presidente Cox acaba de decir. 
Señora Presidenta, el objetivo de la propuesta de la Comisión, hoy, es actualizar los reglamentos comunitarios (CEE) nº 1408/71 y 574/72 para tener en cuenta la evolución de las legislaciones nacionales, aclarar la situación jurídica en relación con determinados artículos de estos reglamentos y tomar en consideración la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia. 
La presente propuesta, que se basa en criterios refrendados por el Consejo, contiene una nueva lista de las prestaciones de carácter no contributivo que son objeto de una coordinación específica. 
Esta coordinación, basada en el principio de residencia, fue ratificada por el Tribunal de Justicia en el asunto. 
En su sentencia, el Tribunal estableció, por una parte, la no exportabilidad de las prestaciones en cuestión y, por otra, la obligación del nuevo Estado de residencia de conceder las prestaciones en su territorio. 
A raíz de esta jurisprudencia fue indispensable reexaminar la lista del Anexo II bis para comprobar si todas las prestaciones responden a los criterios de especialidad y de no contributividad. 
Son especiales, en este sentido, aquellas que están a medio camino entre la seguridad especial y la asistencia social y tienen como objetivo principal garantizar, con carácter supletorio, complementario o accesorio, una prestación de seguridad social, una renta mínima de subsistencia cuyo importe se fija en función del entorno socioeconómico del Estado de residencia o aquellas que van destinadas a asegurar la protección específica de los minusválidos. 
El examen del Anexo II bis ha puesto de manifiesto que muchas de las prestaciones, que actualmente figuran en él, no deben mantenerse. 
Se trata de aquellas que, a pesar de estar destinadas a personas con discapacidad, tienen como objetivo principal paliar la dependencia de estas personas, mejorando su estado de salud y sus condiciones de vida en cuanto personas necesitadas de cuidados especiales. 
¿Cuál es la posición de la Comisión sobre las enmiendas? 
En primer lugar, querría felicitar a la Sra. Gillig por su excelente informe sobre un tema delicado y técnicamente complejo. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas nº 1 a 3 del Parlamento, pues las prestaciones que en ellas se señalan corresponden a los criterios antes citados. 
La Comisión, sin embargo, no puede aceptar las enmiendas nº 4 a 8, cuyo objetivo es excluir del Anexo II bis dos prestaciones holandesas: la de incapacidad laboral para los jóvenes minusválidos y las cantidades complementarias o los ingresos mínimos pertinentes a los beneficiarios de ayudas sociales. 
La Comisión recoge en su propuesta estas dos propuestas, la primera ya figura en el actual Anexo II bis, porque al examinar de nuevo sus características observa que son prestaciones especiales de carácter no contributivo. 
Sin embargo, la Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas nº 9 a 12, que pretenden no excluir, sino incluir en el Anexo II bis cuatro prestaciones contempladas en la legislación sueca, ya que son prestaciones familiares y, por tanto, exportables. 
El reglamento define las prestaciones familiares como aquellas destinadas a compensar las cargas familiares y esta definición fue interpretada en un sentido muy amplio por el Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados. 
En relación con las enmiendas nº 4 a 12, que la Comisión no puede aceptar, la Comisión insiste en la importancia de conceder a todas las prestaciones, tanto a aquellas cuya inscripción en el Anexo II bis se acepta como a las que se excluyen, el mismo trato con lo que respecta al análisis de los criterios especial y no contributiva. 
Este es el punto de vista que ha seguido la Comisión en las negociaciones de ese Anexo para los Estados candidatos a la adhesión y creemos que debe mantenerse por lo que se refiere a los Estados miembros. 
Por lo tanto, eliminar del Anexo II bis las prestaciones holandesas e incluir las prestaciones suecas comprometería el equilibrio propuesto por la Comisión en relación con el Anexo. 
Por todos los motivos expuestos, la Comisión puede adoptar las enmiendas nº 1 a 3, como ya he indicado, pero no las restantes. 
. – Señora Presidenta, permítame que también yo, al comenzar esta intervención, le exprese, señor Comisario, mis más sentidas condolencias por lo que sucede en su país. 
Señorías, este informe, que se refiere a la actualización del Reglamento 1408/71 y del Reglamento que establece sus modalidades de aplicación, es hoy objeto de debate en este Parlamento. 
Como se acaba de señalar, las modificaciones que se nos proponen tienen por objeto, por una parte, integrar en el texto los cambios registrados en los distintos sistemas de seguridad social y, por otra, en lo esencial, integrar las decisiones adoptadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando ha tenido que pronunciarse sobre estos temas. 
Es conveniente recordar que la cuestión de la actualización o la modernización general del Reglamento está actualmente en debate, pero también que en muchas ocasiones el Parlamento ha solicitado una refundición global de los reglamentos de coordinación de los regímenes de seguridad social. 
La propuesta que debemos examinar tiene por objeto esencialmente actualizar la lista de las denominadas prestaciones no exportables, consignadas en el Anexo II bis de dicho Reglamento. 
Las sentencias del Tribunal de Justicia han permitido precisar dos características esenciales a las que deben responder dichas prestaciones para que se consideren no exportables y, por tanto, introducir una excepción al principio general de exportabilidad de las prestaciones sociales: su carácter especial en el Estado de que se trate y el hecho de que sean percibidas en una situación no contributiva por parte del prestatario, es decir, que sean pagadas gracias y sobre la base de la fiscalidad general del Estado en cuestión; por último, y como factor suplementario, que el importe sea acorde con la renta mínima necesaria para vivir en el entorno económico del país que las conceda. 
Concretamente, cabe hablar de prestaciones no exportables en el caso de determinados complementos de recursos pagados a las personas de edad avanzada o destinados a compensar los gastos de transporte, o incluso en el caso de subsidios asociados a una situación de invalidez. 
Debemos observar que, de un modo general, todos estos subsidios, cuando no son exportables, se encuentran de forma similar en los demás Estados miembros y por tanto pueden percibirse en ese momento. 
Nos parece que el sentido de la propuesta que se nos presenta es muy positivo. 
En efecto, en primer lugar, permite limitar las excepciones al principio general de exportabilidad mediante la aplicación rigurosa de los criterios «especial» y «no contributivo». 
Cuando dejamos atrás los sistemas de excepción, las condiciones son siempre más favorables para todas las personas afectadas. 
En segundo lugar, esta propuesta pone fin a las interpretaciones divergentes de las distintas administraciones nacionales y aporta así una seguridad jurídica a los trabajadores que tengan que desplazarse dentro de la Unión Europea. 
Da más transparencia y claridad en un ámbito que, como sabemos, es muy complejo, pues está en la frontera de lo que son las prestaciones de seguridad social en sentido estricto, por una parte, y la acción social, que es un elemento no obligatorio establecido por los Estados, por otra. 
Este es el plano en que debe situarse el debate y en el que todas las interpretaciones son posibles. 
En tercer lugar, esta propuesta debe adoptarse sin tardanza para evitar nuevos litigios en un ámbito tan sensible para los ciudadanos de la Unión Europea. 
En efecto, como sabemos, en el plano social, esta cuestión distancia a veces a los ciudadanos de la Unión Europea que, en su opinión, no parece responder tan rápido como sería necesario a la unificación de la situación de unos y otros. 
Por último, es un elemento que facilita y favorece los avances esperados en la revisión general actual del Reglamento 1408/71. 
No obstante, debemos emitir una reserva sobre la situación concreta de uno de los países miembros, en el que no se ha retirado una prestación, sino que se ha reintroducido en la categoría de las prestaciones no exportables, cuando en el pasado podía exportarse. 
Creemos que esta situación debería dar lugar a un estudio más detallado de los ciudadanos afectados. 
Parecen poco numerosos, pero el mero hecho de que algunos puedan resultar perjudicados requeriría, a nuestro entender, contemplar la existencia de un período de transición y una serie de negociaciones bilaterales cuando se produzcan los casos. 
Por esta razón, señora Presidenta, me veré obligada a introducir, dentro de poco, cuando procedamos a la votación, una enmienda oral a modo de considerando adicional acorde con las enmiendas que proponen mis colegas diputados al Parlamento Europeo, que la Comisión dice que no puede aceptar. 
Era asimismo la posición adoptada por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Terminaré, señora Presidenta, señalando que en este caso concreto nos enfrentamos a equilibrios frágiles, asociados al procedimiento utilizado. 
El método abierto de coordinación es el que es frágil. 
Tenemos la absoluta necesidad de preservar los avances que genera, cuando los genera, como sucede en este caso. 
Por ello, espero que se apruebe este informe. 
– Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo y Demócratas Europeos, expresar mis condolencias al pueblo español y a su gobierno. 
La lucha contra el terrorismo es una cuestión realmente difícil. 
Hoy estamos debatiendo una propuesta que representa un elemento fijo anual y que tiene que ver con todos los Estados miembros, porque todos los años debería hacerse una clara distinción entre los derechos sociales exportables y no exportables. 
Los primeros están relacionados con contribuciones y primas de la seguridad social. 
Europa siempre ha deseado poder exportar la seguridad social en lo que se refiere a las oficinas a las que se pagan contribuciones y primas. 
Por lo que respecta a los derechos sociales no exportables, nuestro objetivo es perfeccionar la definición continuamente. 
Incluso ahora en el informe sobre la propuesta de reglamento presentada por la Comisión, se ha intentado puntualizar aún más la definición de derechos no exportables. 
Es necesario hacerlo todos los años, porque los Estados miembros actualizan sus reglamentos cada año y el mercado está en constante evolución. 
Esa es la razón por la que la exportabilidad de los derechos implicados debería considerarse cada vez. 
La Comisión ha escrito en su informe: «El primer elemento de una ‘prestación especial que no se base en el pago o en la contribución’ es, esencialmente, la naturaleza ‘especial’ que debe tener esta actuación». 
Esto se aplica a todas las secciones de la seguridad social a las que corresponde el rendimiento analizado. 
Las prestaciones «especiales» se sitúan a medio camino entre la seguridad social «tradicional» y las prestaciones de apoyo, y están relacionadas con la seguridad social «puesto que la necesidad constituye el criterio esencial para la indemnización». 
Creo que en cuanto a lo que se ha especificado en los anexos, la necesidad constituye, sin duda, el criterio esencial para la indemnización. 
Sobre esta base, mi grupo es de la opinión de que los países en los que los derechos que según Europa no son exportables no obstante lo son tendrán que adaptar su legislación social. 
A este respecto, como la Sra. Gillig ya ha mencionado, habrá que disponer un período de transición durante el cual se busque una solución con los países a los que se exporta la legislación social. 
Los Países Bajos han formulado de forma clara una petición y han presentado bastantes enmiendas. 
En otros países, incluida Bélgica, probablemente la situación no difiera mucho de la de los Países Bajos. 
Por lo tanto, soy de la opinión de que la enmienda oral de la Sra. Gillig, que está en consonancia con la postura de algunos de mis compañeros de grupo, debería ser apoyada. 
Estamos dispuestos a aceptar el texto de la Sra. Gillig y a dar satisfacción a la petición que el Comisario ha realizado hace un momento. 
De esa manera, tendremos un acuerdo en esta Cámara. 
– Señora Presidenta, Señorías, señores Comisarios, habiendo guardado un minuto de silencio, es triste tener que hablar sobre un instrumento legislativo que en realidad está calculado para reunir a los europeos, para dotarles de derechos que sean respetados en Europa y para ofrecerles la oportunidad de considerar a Europa como proveedor de perspectivas de empleo y de un mercado de trabajo. 
Esta legislación ha estado en vigor durante más de 30 años, y como ya se ha dicho, la reformamos cada año a fin de incorporar los últimos cambios realizados a las legislaciones nacionales, y también para tener en cuenta las sentencias más recientes del Tribunal de Justicia Europeo. 
Creo que la propuesta de la Comisión tiene sentido, al igual que las sugerencias del Comisario Solbes relativas a las enmiendas. 
Considero lamentable que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos pretenda utilizar este informe como medio para diseñar cambios que pertenecen a la reforma principal y no a este ámbito. 
De hecho, podría parecer algo confuso el hecho de que hoy deberíamos estar debatiendo la revisión del Reglamento nº 1408 puesto que, en los últimos meses, durante las últimas semanas, y en la última reunión de la Comisión, hemos debatido en profundidad la importante e inminente reforma, que se ha desarrollado paralelamente a este asunto, en el que también hemos realizado reformas definitivas en beneficio del público europeo y que está, prácticamente, a punto de concluirse. 
No obstante, todo esto ha de decirse con la pequeña reserva de que la gran reforma únicamente entrará en vigor en 2007, y por ese motivo los ajustes son necesarios en este momento. 
Permítame extender las gracias de mi grupo a la ponente, la Sra. Gillig, que ha elaborado un informe encomiable y responsable; sin duda, podría haber sucumbido a la tentación de introducir muchas enmiendas buenas, pero o bien la Comisión o el Consejo habrían terminado por impedirnos llevarlas a cabo. 
Por esto resulta tan responsable el informe. 
Sin duda, todavía existe un problema, que mis dos compañeras de los Países Bajos y Bélgica van a abordar, que es la situación de los desplazamientos transfronterizos; sin duda esto generará más dificultades importantes en todos los Estados miembros y probablemente lo siga haciendo después de la ampliación. 
Sin embargo, hemos conseguido alcanzar el equilibrio entre permitir a los ciudadanos que disfruten de las prestaciones de la seguridad social de un Estado en particular, por una parte, e impedir que los sistemas nacionales de seguridad social se sobrecarguen, por otra. 
Se trata de un informe equilibrado y realista, y lo que le diría a los diputados del Grupo del Partido Popular Europeo es que no deberíamos lastrarlo con enmiendas que en realidad son poco acertadas en este momento. 
– Señora Presidenta, yo también quisiera expresar mis condolencias a España. 
Tras un incidente de estas características, es difícil volver a la normalidad, pero de cualquier forma tenemos que hacerlo. 
He escuchado a una serie de compañeros Diputados aquí, y asumen que la propuesta mejora la situación actual. 
Lo que es seguro es que esta es una cuestión muy compleja. 
También he escuchado con atención al Sr. Solbes, que prevé especialmente una mejora para las personas discapacitadas total o parcialmente. 
Comparto la opinión de la Sra. Smet de que habrá problemas que tendrán que superarse en más de un país. 
No estoy familiarizada con la situación en todos ellos, señor Comisario, pero por lo que respecta a los Países Bajos, puedo decirle que la situación se está deteriorando para las personas que no pueden participar en el mercado laboral, los que probablemente nunca han podido y nunca lo harán de nuevo. 
En su caso, es verdad que no tienen derecho a prestaciones basadas en contribuciones, pero no obstante, este derecho debería poder exportarse, en mi opinión. 
A aquellas de Sus Señorías que son de la opinión de que el debate debería reducirse a derechos contributivos contra no contributivos, quisiera hacerles comprender el hecho de que existe la llamada justicia social. 
No veo la necesidad de que los costes relativos a la vivienda sean exportables a otro país, porque estos están relacionados con la duración de la vivienda. 
Sin embargo, este caso específico trata de personas, incluidos los neerlandeses, que probablemente nunca vuelvan a entrar en el mercado laboral. 
Les pido que consideren seriamente si no deberían aplicarse otras reglas en este asunto. 
Evocamos con lirismo la libre circulación de personas, mientras en este momento 1 300 personas de los Países Bajos viven en otra parte de Europa y van a perder la prestación que están generando actualmente. 
Por lo tanto, voy a examinar qué primas o propuestas va a recibir mi apoyo a fin de recoger todo lo que podamos, pero espero que me permitan que les pida a Sus Señorías y a la Comisión que consideren esto muy detenidamente. 
Señor Comisario, estoy preocupada por el futuro del Reglamento nº 1408/71. 
¿Es posible establecer una comisión para considerar detenidamente cuáles son las restricciones? 
La cuestión es que, gracias a la ampliación, se han anticipado debates importantes sobre la exportabilidad de la seguridad social por toda Europa. 
Les insto a que establezcan una comisión que realice un seguimiento de todos los problemas, que busque soluciones y que también consulte con los Estados miembros seriamente a fin de eliminar las injusticias de este tipo de un modo u otro. 
No digo que esta sea la respuesta a todos nuestros problemas, pero creo que la derogación solicitada por los Países Bajos afecta a los más débiles y menos protegidos. 
La prestación en cuestión se exportará a terceros países, pero sobre la base del Reglamento nº 1408/71 ya no se exportará dentro de Europa, y eso es una enorme injusticia. 
– Señora Presidenta, yo también quiero expresar mis condolencias, que ya se han manifestado en esta Asamblea tras los incalificables sucesos ocurridos en España esta mañana. 
Pasando al asunto de la sesión, quiero agradecerle mucho a la ponente el trabajo realizado en este informe y los cambios que ha estado dispuesta a hacer para encontrar una solución general a lo que puede ser un problema general, que, después de todo, forma parte de lo que se supone debe hacer el reglamento. 
Por tanto, en esta ocasión estamos dispuestos a apoyar su enmienda oral. 
Una de las dificultades con este reglamento es que a lo largo de los años hemos visto que el Tribunal ha venido supliendo la falta de claridad del reglamento actual y, de hecho, los cambios de los sistema de seguridad social de los Estados miembros. 
Uno de los elementos importantes que aporta esta actualización, en aras de la simplificación y la modernización del conjunto del reglamento, que en primera lectura ya hemos tenido en cuenta, es la serie de definiciones relacionadas con las prestaciones especiales en efectivo no contributivas. 
Una vez aprobada proporcionará un marco de referencia claro de lo que incluye y lo que excluye. 
En el pasado este asunto ha estado más determinado por la opinión de los Estados miembros y no ha habido criterios claros que la gente pueda entender. 
Esto significará que para algunos Estados miembros algunas cosas seguirán el patrón de la exportabilidad. Por tanto, beneficiará a algunas personas. 
Me solidarizo con los colegas neerlandeses por su situación particular y, como ya he dicho, la enmienda oral presentada por la Sra. Gillig en cierto modo irá en esa dirección. 
Uno de los argumentos subyacentes que hemos escuchado en este debate se refiere a las cuestiones de la paridad entre el tratamiento de nacionales de la UE y nacionales de terceros países. 
Esto no corresponde a este debate. 
Necesitamos criterios claros, y por esto apoyamos a la ponente. 
– Señora Presidenta, también yo, en nombre de los diputados franceses, quiero presentar nuestras condolencias al Gobierno español, a nuestros colegas diputados y a usted, señor Comisario. 
Paso ahora al texto que se nos ha presentado. 
Permítanme felicitar, en primer lugar, a la ponente, que, en un tema tan delicado, ha conseguido redactar un texto equilibrado y, me parece, satisfactorio para los trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia y para los miembros de sus familias. 
Este texto permite actualizar de forma muy positiva el sistema actual y pone fin –como ha dicho la ponente– a las interpretaciones divergentes a escala nacional, al mismo tiempo que facilita la circulación de nuestros conciudadanos. 
Por otra parte, se apoya en las sentencias del Tribunal de Justicia que definen el carácter no exportable de determinadas prestaciones, que tienen tres características: su carácter específico, su carácter no contributivo y el hecho de que dependan del nivel de renta de cada país. 
Comprendo la posición de nuestros colegas neerlandeses sobre algunas prestaciones. 
Pero hay que entender que un sistema de prestaciones sociales comprende, por una parte, las prestaciones denominadas legales, que son las de jubilación y enfermedad, y, por otra, otro tipo de prestaciones denominadas no contributivas, denominadas en Francia prestaciones de carácter facultativo. 
Todos los países tienen este tipo de prestaciones. 
Cuando ejercía en Francia responsabilidades en materia social, creé una prestación: el subsidio de presencia parental. 
Para las familias que se encuentran de repente con un niño discapacitado, creamos en París una prestación de unos 500 euros al mes durante 12 meses. 
Hoy esta prestación es no contributiva y no cumple los criterios de exportabilidad, lo que significa que si esta familia con un niño discapacitado marcha mañana a Bélgica o España, donde no gozará de una prestación del mismo tipo, se va a ver duramente afectada. 
Por esta razón debemos apoyar el informe de la Sra. Gillig. 
También debemos encontrar soluciones bilaterales en cierto número de casos que no afectan exclusivamente a nuestros amigos neerlandeses, porque no es solo una cuestión de libre circulación, y por tanto de mejor comprensión, sino también una cuestión de justicia social. 
Por ello, debemos apoyar la enmienda de la ponente y, señor Comisario, debemos contar también con su apoyo. 
En efecto, entenderá usted perfectamente que, para nuestros conciudadanos, lo que está en juego hoy es una cuestión de justicia social. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, yo también respaldo las palabras de simpatía dirigidas a la población española, y sobre todo, a los familiares de las víctimas. 
Creo que este Parlamento no puede condenar lo suficiente tales actos de violencia. 
La actualización anual del reglamento de coordinación de este año es algo inusual, porque no solo estamos debatiendo cambios técnicos, sino también intentando formular una postura coherente relativa a las prestaciones no exportables. 
Me complace coincidir con la opinión de la Sra. Hermange, que observa que el Tribunal de Justicia siempre ha subrayado que las excepciones al principio de no exportabilidad deben interpretarse estrictamente. 
En otras palabras, estas pertenecen mucho más a las medidas de seguridad social pagaderas a todos los ciudadanos dentro del territorio. 
También la Comisión está a favor de una interpretación estricta, y por esa razón apoyo la propuesta que tenemos ante nosotros en el Anexo IIA. 
No obstante, quisiera hacer dos observaciones cruciales. 
En primer lugar, se va a alcanzar en breve un acuerdo global acerca de la modernización del reglamento de coordinación, incluido un acuerdo sobre prestaciones no exportables. 
Ya me han llegado noticias de que en el Consejo se está intentando seriamente ampliar considerablemente la lista de prestaciones no exportables, minando así el reglamento de coordinación. 
Aprobando estos anexos hoy, tenemos que enviar un mensaje al Consejo, un mensaje que diga que el Parlamento no tolerará esto. 
En segundo lugar, es interesante que se construya un sistema de manera lógica, pero también deberíamos darnos cuenta de que los cambios afectan a personas reales. 
Sin duda, si tienen que ver con reglamentos establecidos para garantizar a las personas unos ingresos mínimos, tenemos que considerar muy detenidamente la repercusión que los cambios producen en los ciudadanos de un país, y especialmente si no existen reglamentos análogos en vigor en otros países. 
Por lo tanto, creo, señor Comisario, que es terrible haber concluido que, una vez más, no ha tenido lugar tal verificación. 
Durante años, este Parlamento ha pedido que se verifique el efecto marginal, y lo que está ocurriendo ahora demuestra lo justa que es esta cuestión. 
Al añadir la Ley de Subsidios Extra neerlandesa, que se incluyó en la lista de modo apropiado en mi opinión, casi 200 trabajadores fronterizos belgas perderán su subsidio extra. 
Algunos se verán compensados mediante la Ley de seguridad social belga, pero otros perderán parte de sus ingresos y es por esa razón, señor Comisario, por la que le insto a que abra una investigación exhaustiva acerca de las repercusiones sobre aquellos implicados, mediante las redes EURES si es necesario. 
Además, es necesario que los Estados miembros responsables, en este caso Bélgica y los Países Bajos, acuerden períodos transitorios y medidas de compensación, posiblemente mediante un acuerdo bilateral. 
Hay que apoyar la enmienda que se va a presentar en la reunión plenaria de hoy pase lo que pase. 
Junto con mis compañeros Diputados belgas y neerlandeses, quiero escribir a los ministros responsables a fin de encontrar soluciones para las personas que se arriesgan a perder parte de sus ingresos y, como consecuencia, a situarse por debajo de la línea de pobreza. 
Señora Presidenta, señor Comisario, quiero expresar mi simpatía para con su país y su gente en este momento tan difícil. 
La fecha clave será el 1 de mayo de 2004. 
Será entonces cuando se construya la nueva Europa. 
Sin embargo, lamentablemente nuestras celebraciones están empezando con la construcción de muros por parte de todos los Estados miembros para dejar fuera a los que quieren venir desde los nuevos Estados miembros a los 15 Estados miembros actuales. 
Eso es extremadamente deprimente. 
Y creo que se puede evitar. 
Por lo tanto, no comparto la opinión del Comisario. 
Las condiciones básicas difieren bastante de un Estado miembro a otro. 
Mientras no tengamos un sistema de bienestar social común, una financiación común y un sistema fiscal común, es sensato que en la nueva y ampliada UE tengamos en cuenta los distintos puntos de vista nacionales. 
Hacerlo no pondrá en peligro la libertad de circulación de los trabajadores de ninguna manera. 
Al contrario. 
Lo que importa es que reduzcamos la necesidad de reglas transitorias mediante estos cambios. 
Nadie será discriminado. 
La situación es la misma para polacos, alemanes y daneses. 
Las dos prestaciones más generosas de Suecia –prestación parental y el subsidio infantil– las recibe todo aquel que tiene hijos en Suecia. 
No están relacionadas con las ganancias, sino que se financian mediante los impuestos. 
La mayoría del resto de países ya se han salvaguardado y han incluido muchas prestaciones entre las derogaciones del anexo. 
Por esta razón, solicito el pleno apoyo de la Cámara para las enmiendas 9 y 12. 
– Señora Presidenta, señorías, habiendo estado la señora Boogerd-Quaak y yo solos en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, me alegra ver que una serie de compañeros Diputados han visto la luz hoy, en cualquier caso. 
Hoy estamos adaptando el reglamento de coordinación sobre seguridad social, lo cual hacemos casi todos los años porque algo cambia en los Estados miembros casi todos los años. 
También lo estamos adaptando para tener en cuenta las decisiones del Tribunal de Justicia. 
El resultado no es necesariamente un gran regalo para las personas a las que se les aplica el reglamento. 
Algo por lo que he protestado, junto con algunos otros compañeros Diputados, es que los Países Bajos ha añadido a esta lista de derechos no exportables una prestación dirigida a las familias con una sola fuente de ingresos, en un intento de impedir que la familia se sitúe por debajo del mínimo social, es decir, una prestación de 200 euros al mes. 
Al incluir esta prestación en la lista, esta se revoca inmediatamente. 
Esto no solo significa que 2 daneses, 193 belgas, 395 españoles, 94 italianos y 55 franceses vayan a perder esa prestación, sino también que la inclusión en la lista no es aceptable, en mi opinión, porque genera discriminación entre los ciudadanos de la Unión Europea que ya no reciben la prestación y los ciudadanos fuera de la Unión Europea que sí la reciben. 
Es verdad que estoy haciendo campaña como candidato a las elecciones europeas, pero aparte de esto, creo que simplemente un diputado no puede justificar el hecho de que se trate peor a un ciudadano europeo que a los nacionales de terceros países. 
Les puedo dar los detalles: exportamos 1 061 prestaciones a Marruecos, y un total de 1 300 dentro de Europa. 
Exportamos a Bosnia, Indonesia, la República Checa, los Estados Unidos de América, Israel y otros países. 
Y es este tratamiento injusto el que me ha llevado a incluir en mi enmienda una serie de elementos de los que también se han hecho eco en el debate algunos compañeros Diputados, y a presentar esto como base de un compromiso. 
A lo que se reduce esta enmienda –y con esto, también estoy tratando las observaciones de la Sra. Van Lancker– es que la inclusión de la prestación en cuestión en la lista por parte de los Países Bajos debería aplicarse desde el momento en el que los países europeos y los terceros países sean tratados por igual. 
La segunda condición es que los acuerdos también deberían haberse tomado en relación con la supresión de estas prestaciones y las compensaciones relativas a las mismas. 
Creo que existe una solución a nuestro alcance si estos dos elementos se añaden al compromiso. 
Respeto al Consejo, que ha conseguido movilizar a la gente respecto a esta cuestión creando la impresión de que está ocurriendo algo horrible, mientras que el Parlamento, sin duda, tiene derecho a aprobar el texto por mayoría cualificada ordinaria. 
La conclusión es que este expediente social requiere unanimidad en el Consejo, pero si observamos que ciertas cosas van por mal camino, tenemos derecho a denunciarlo. 
Todo mi grupo apoya la enmienda compromiso de la Sra. Gillig, y también va a apoyar los compromisos y la petición de la Sra. Van Lancker de un texto más preciso. 
Espero que esto nos permita alcanzar un acuerdo. 
El trabajo transfronterizo es muy importante en mi región. 
La movilidad también es un tema clave dentro del marco de los objetivos de Lisboa. 
Si no regulamos la movilidad de modo efectivo, ya nos podemos olvidar de los objetivos de Lisboa. 
– Señora Presidenta, quisiera restarle importancia al problema neerlandés que tenemos ante nosotros. 
No nos encontramos en una campaña electoral. 
Hay una serie de cuestiones que necesitan críticas firmes, pero deberían hacerse de manera práctica. 
En primer lugar, quisiera decir que apoyo sin reservas la postura de la Sra. Gillig y de la Sra. Lambert de seguir un sistema claro en este reglamento de coordinación y en los anexos correspondientes, y estoy a favor de tratar los anexos de manera muy restrictiva, porque es lo acertado en este caso. 
Por lo que se refiere al informe Lambert, ya hemos afirmado que lo que se eliminó del reglamento podría recuperarse a través de los anexos, y ese riesgo es el que corren las mejoras que hemos realizado en una serie de ámbitos. 
El tercer punto es que, cuando una prestación ya no es exportable, deberían existir unas prestaciones y una protección equivalentes en otros países europeos. 
La culpa recae en el gobierno neerlandés, y en la Comisión hasta cierto punto, por no haberse cerciorado bien de si ese era el caso. 
La Sra. Van Lancker ya ha indicado que no existe un sistema comparable en Bélgica y que, sin duda, no podemos acelerar tal evaluación para los 15 Estados miembros, y aún menos para los 25 Estados miembros tras la ampliación. 
Claramente, eso es una omisión del informe. 
También es el punto que deberíamos abordar con mayor firmeza. 
Solo es posible una solución si hay reglamentos bilaterales de compensación entre los Estados miembros. 
Acojo con satisfacción la voluntad de la Sra. Gillig de incluir un considerando en el texto a modo de enmienda oral que se espera que sea aprobado por el Parlamento. 
Por consiguiente, los Estados miembros deberían ponerse a trabajar, y la Comisión debería cerciorarse de que se realiza un trabajo sólido. 
– Señora Presidenta, en nombre de mis colegas irlandeses yo también condeno firmemente a los salvajes que esta mañana han cometido esta horrible atrocidad contra los ciudadanos de Madrid cuando iban al trabajo y al colegio. 
Mi más sentido pésame para el Comisario Solbes y para todos mis colegas españoles. 
En cuanto al informe Gillig de esta mañana, todos los años examinamos el conjunto de la mayor clarificación de la exportabilidad de las prestaciones para intentar conseguir el objetivo de la libre circulación de cada vez más ciudadanos de la Unión Europea. 
Esto es necesario, ya que los Estados miembros en este ámbito van introduciendo añadidos o cambios a su propia legislación y ya que las sentencias del Tribunal Europeo señalan anomalías o aclaran ciertos artículos. 
Acepto la necesidad de eliminar varios elementos que actualmente están en el Anexo IIa a la luz de la jurisprudencia reciente. 
En torno a la cuestión de la modificación del apartado 1, artículo 33, estoy impaciente por que se asegure de que un Estado miembro no podrá gravar más contribuciones a un pensionista que recibe pensiones de varios Estados miembros que si dicho pensionista recibiera todas sus pensiones del Estado miembro en cuestión. 
En particular celebro el añadido de la indemnización por movilidad del Anexo IIa en la Sección G «Irlanda» , es decir, el nuevo punto (da). 
Tengo una dificultad que no guarda mucha relación con esto, pero agradecería una respuesta del Comisario sobre lo que va a hacer la Comisión al respecto. 
En estos momentos existen diferentes criterios en cada uno de los Estados miembros con respecto a los candidatos para percibir ciertas prestaciones, como invalidez, discapacidad, ceguera, etc. Con el permiso de un elector voy a leer un par de párrafos de un caso concreto que es doloroso: 
«En mayo de 1988 me vi implicado en un accidente de tráfico. 
A causa de los daños que sufrí en el cerebro me han registrado como ciego en el Consejo Nacional de Ciegos de Irlanda. 
Mediante un escáner se vio que tenía el cerebro dañado, a continuación los oftalmólogos de hospitales y del Consejo Nacional realizaron diferentes pruebas que demostraron que había sufrido daños permanentes en la vista. 
Esto me permitió optar a la pensión de las personas ciegas y a ser registrado como ciego en Irlanda. 
El problema que tengo, y seguro que también tienen otros como yo, es el siguiente: este registro se acepta aquí en Irlanda, pero al cruzar la frontera con el norte, el Reino Unido, se precisan diferentes criterios para ser considerado ciego, lo que me induce a pensar que ocurre lo mismo con cada uno de los demás países europeos. 
Esto parece querer decir que cuando entro en otro país europeo se produce una cura determinada y si fuera a vivir a otra parte de Europa tendría que pasar otra vez por el mismo proceso. 
Si soy un lisiado en Irlanda, soy un lisiado en Europa. 
Si soy sordo en Irlanda, soy sordo en Europa. 
Si soy ciego en Irlanda, soy ciego en Europa.» 
Seguidamente, este elector de mi circunscripción dice que no es solo una cuestión transfronteriza, sino europea. 
Señor Comisario, ¿podría usted decirnos con qué rapidez podremos resolver esta cuestión de diferencia de criterios para poder optar a las diferentes prestaciones? 
Porque esto está causando grandes problemas a la movilidad de nuestros ciudadanos, en particular a los discapacitados y a los inválidos, en los ámbitos que he mencionado. 
Otra cuestión menor que quiero plantear es que la palabra «benefit» en inglés, por lo menos en el sistema irlandés, tiene significados diferentes. 
Significa «pensión contributiva» en algunos países. 
En otros países solo significa una prestación social de cierta clase. 
Aquí la utilizamos bastante a la ligera, lo que puede causar confusión. 
Señora Presidenta, en nombre de los Diputados suecos, quiero transmitir nuestras condolencias a nuestros compañeros Diputados españoles y al Comisario Solbes Mira y condenar el terrible acto cometido en Madrid hoy. 
Junto con nuestro debate sobre los cambios anuales, también se está produciendo la modernización del Reglamento (CEE) nº 1408/71, que está relacionado con estos cambios anuales. 
Esto significa que probablemente tengamos que debatir este anexo de nuevo en otoño. 
Pero entonces se llamará Anexo X. Pienso que la Comisión debería haber sido cautelosa y no debería haber realizado cambios este año hasta que hubiéramos completado la modernización, en la que los principios están parcialmente cambiados y establecidos. 
Esa es mi opinión personal. 
El Anexo IIA se basa en ciertos principios que rigen lo que pueden incluir los Estados miembros. 
Los Estados miembros no pueden incluir lo que crean apropiado en el Anexo IIA. 
Las prestaciones en cuestión no deben ser universales, pero requieren algún tipo de examen de medios. 
Las prestaciones familiares no tienen su sitio allí en absoluto. 
Quiero señalar al Sr. Schmidt y al Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas que el subsidio infantil sueco es universal. 
Eso también se aplica al suplemento para familias con más de un hijo, a las becas de estudio y a la cifra garantizada para la prestación parental. 
Esto significa que no tienen un sitio en el Anexo IIA. 
Puede que esto se considere positiva o negativamente, pero sin duda todos estaremos de acuerdo en que los anexos tienen que basarse en unos principios. 
Y probablemente tampoco debería cuestionarse el subsidio de vivienda para las familias con hijos, pero esa es la única prestación que podría debatirse. 
Por lo tanto, rechazo la propuesta del Sr. Schmidt. 
Es inaceptable ignorar todos los principios que hemos acordado conjuntamente. 
El Sr. Schmidt dice que tenemos sistemas muy distintos –lo cual es cierto– pero también dice que podríamos vivir con estos sistemas distintos, que no afectan a la libertad de circulación y que no necesitamos estos reglamentos. 
En ese punto no estoy en absoluto de acuerdo con él. 
Por supuesto que necesitamos reglamentos que regulen a las personas que circulan a través de las fronteras y que van a recibir prestaciones sociales. 
Si cambiáramos drásticamente este sistema, por ejemplo, diciendo que no pudieran transferirse los subsidios familiares, tendría un efecto perjudicial sobre la libertad de circulación. 
Señora Presidenta, permítame como español, permítanme, en primer lugar, agradecer a todos los colegas que aquí se han expresado la solidaridad manifestada. 
Permítame también manifestar el mayor de los desprecios a esas alimañas con figura humana y, sobre todo, el cariño y la solidaridad a las familias que hoy sufren; la solidaridad y el cariño en su dolor y su sufrimiento. 
Como decía el Comisario, Sr. Solbes, hay que continuar, aunque no es fácil. 
Debatimos la propuesta de la Comisión para actualizar el Reglamento (CEE) n° 1408/71 en lo referente a las prestaciones específicas y en efectivo de carácter no contributivo. 
La propuesta obedece principalmente a la incorporación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, precisando el carácter especial y no contributivo de determinadas prestaciones, y también obedece a cambios producidos en las distintas legislaciones nacionales. 
Creo que el meollo del debate es la inclusión o no en el Anexo II bis de prestaciones previstas por legislaciones nacionales y las consecuencias de esa inclusión en dicho anexo, es decir, su no exportabilidad o, en su caso, su exportabilidad. 
De las distintas enmiendas presentadas, estoy de acuerdo con las números 1, 2 y 3, tanto por las características o por la naturaleza de la prestaciones de que se trata, y por las condiciones de disfrute, como por la dificultad o imposibilidad de su control. 
Evidentemente, las enmiendas números 4, 5, 7 y 8, que se refieren a prestaciones cuyo carácter exportable se comenta hace algún tiempo, están contemplando prestaciones a veces con equivalente en los Estados miembros, adaptadas, además, a las condiciones de vida. 
En todo caso, creo que debería estudiarse. 
Y, desde luego, no puedo estar de acuerdo con las enmiendas números 9 a 12; en primer lugar, porque se trata en todos los supuestos de prestaciones familiares. 
El criterio general del Reglamento es que las prestaciones familiares se exportan; lo contrario supondría una discriminación, así como dificultar y obstaculizar la libre circulación de las personas, y en esa libre circulación, que las familias viajen con la mochila de la protección social a cuestas. 
Por último, señora Presidenta, quiero llamar la atención sobre el condicionamiento, presente o futuro, en algunos Estados miembros, del derecho a la asistencia sanitaria de los pensionistas al pago de unas cotizaciones sobre su pensión. 
Me refiero, lógicamente, al nuevo apartado 1 del artículo 33 del Reglamento. 
Ello implica que un número muy importante de pensionistas verían reducidos sus ingresos. 
En el caso de los españoles residentes en otros Estados miembros, verían reducida su pensión mientras que, si vivieran en España, recibirían el 100% de la misma, por ser la asistencia sanitaria un derecho que podríamos calificar de automático. 
Nos encontraríamos, por lo tanto, ante un caso claro de discriminación y de obstaculización a la libre circulación de las personas. 
. Señora Presidenta, en primer lugar, como español, excepcionalmente, en este hemiciclo, quiero agradecer a todos los que han intervenido sus palabras de solidaridad con las víctimas del terrorismo en España y con los terribles efectos de los atentados que se han producido en mi país. 
Como decía anteriormente, tenemos que volver a nuestro trabajo y voy a intentar dar respuesta a sus preocupaciones. 
En primer lugar, no debemos olvidar que el asunto que estamos tratando aquí es competencia de los Estados miembros: organizar sus propios sistemas de solidaridad social. 
Es importante destacar el punto que plantea la Sra. Doyle. 
Es un problema cierto. 
Sin embargo, es verdad también que no hay una armonización de estos temas en el ámbito comunitario. 
Podemos avanzar a través de la coordinación de legislaciones nacionales –sin duda alguna–. 
Eso implica, evidentemente, que cada Estado miembro adopte una legislación nacional de acuerdo con las demás. 
En ese sentido, el método abierto de coordinación nos puede ayudar, pero no tenemos una solución única. 
Posiblemente haya una vía intermedia –en la que se está trabajando y se puede avanzar–, el reconocimiento mutuo, que nos conduciría a una situación de armonización total, pero sí a una situación de reconocimiento que podría permitirnos resolver parte de los problemas. 
En segundo lugar, si partimos del hecho fundamental de que se trata de una decisión y una competencia de tipo nacional, es evidente que cualquier elemento de coordinación tiene que hacerse con criterios fijos preestablecidos. 
Esos criterios objetivos son los que hemos tratado de incluir y a los que he hecho referencia anteriormente en mi exposición. 
Por eso, en algunos casos aceptamos algunas de las soluciones que ustedes plantean y en otros pensamos que las soluciones que ustedes sugieren no resuelven todos los problemas. 
La idea fundamental en el tema del que estamos hablando se basa en ventajas especiales basadas en el principio de la residencia. 
Por eso, en algunos casos, lo que se prevé es que, si se cambia de residencia, se sustituyan las ventajas de un país por las ventajas de otro. 
Dichas ventajas residen en condiciones objetivas, según las características y de los sistemas de seguridad social definidos en cada país. 
Comprendo que eso puede suponer, en algunos casos concretos, una pérdida de ventajas relativas respecto al país de partida, lo que refleja diferencias que existen entre los nacionales de los distintos Estados de la Unión. 
Por lo tanto, desde mi punto de vista, no hay ningún agujero en la reglamentación, hay una coherencia en todo el sistema, lo que no implica que no pueda haber problemas específicos y que haya que intentar resolverlos. 
En mi opinión, lo que sucede es que el margen aquí se manifiesta mucho más a nivel nacional que a nivel comunitario. 
Y, en ese sentido sería el buen sistema para avanzar, la adopción de acciones nacionales que permitieran corregir este tipo de problemas o de acuerdos bilaterales entre países que permitieran la solución de alguna de estas dificultades. 
Si no, evidentemente, dentro del ámbito comunitario, podemos aplicar armonización donde es posible –en muchos de estos casos no lo es–, podemos avanzar en la coordinación a través del método abierto de coordinación, podemos avanzar en el tema de reconocimiento mutuo para evitar esos problemas de libre circulación de personas a las que muchos de ustedes han hecho referencia. 
Sobre esa base estamos trabajando y seguiremos haciéndolo en el futuro. 
– El debate queda cerrado.La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
. – Señor Presidente, yo también quisiera unirme a los oradores anteriores al expresar mi más profundo apoyo a los españoles, las víctimas y sus familias. 
Aunque es difícil pasar al orden del día, nuestro tema es «la asistencia sanitaria y la atención a las personas mayores» , y es un tema bastante importante. 
Con toda probabilidad, este informe recibirá hoy un amplio apoyo en la Cámara, resultado de una excelente cooperación entre Diputados pertenecientes a todas las agrupaciones políticas, por la que quisiera extender mi más cálido agradecimiento a todos ellos, y de modo especial al Sr. Mantovani. 
Debo añadir que mi informe se deriva del suyo, que presentó hace un año, y lo que solicitábamos entonces sigue siendo tan relevante hoy como lo era en su momento; de hecho, los problemas se han hecho más apremiantes. 
Permítanme únicamente citar todo el tiempo que las personas tienen que esperar para recibir sus tratamientos, los embotellamientos de personal que van a peor y los alarmantes informes de condiciones de los centros de acogida, algunos de los cuáles son degradantes. 
También los gobiernos se han dado cuenta de la importancia real de organizar un intercambio estructurado de información tanto en el sector sanitario como en el ámbito de la atención a las personas mayores. 
Mientras los resultados del proceso de reflexión a alto nivel hablan por si solos, ahora ya no nos queda tiempo que perder, por lo que instamos urgentemente al Consejo Europeo a que adopte por fin el principio de aplicación del método de coordinación abierta y un calendario detallado. 
Los objetivos e indicadores comunes deberían acordarse a principios de 2006. 
Después de todo, la Convención especificó, en su proyecto de tratado, una coordinación abierta para la política sanitaria, incluyendo, sin duda, la participación de esta Cámara. 
Si los Estados miembros quieren garantizar la accesibilidad futura, la calidad y la viabilidad financiera de los sistemas sanitarios y la atención a las personas mayores, entonces se necesita más que nada una mayor prevención y transparencia. 
Tanto en el ámbito europeo como en el nacional, la prevención y la promoción de la sanidad deben recibir la misma atención que la medicina curativa. 
Si no lo hacen, pronto seremos incapaces de hacer frente a la carga creciente de pacientes. 
Sin embargo, la transparencia es un requisito indispensable si se quiere mantener la calidad y si se va a hacer el mejor uso posible de los recursos de que disponen los sistemas sanitarios. 
La calidad de los servicios médicos debe demostrarse mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. 
Ya no debemos gastar mucho dinero y recibir una calidad deficiente a cambio. 
Las organizaciones de pacientes tienen una función muy importante en este asunto y en el futuro deben implicarse más en todas las decisiones relativas a asuntos de política sanitaria. 
Todos los Estados miembros también deberían adoptar una legislación de pacientes o una carta de pacientes, pero a fin de garantizar una mayor seguridad legal para las personas que enferman y han de recibir tratamiento en el extranjero, también necesitamos normas comunes europeas para los derechos de los pacientes. 
De hecho, representaría un gran avance si se adoptara una carta europea de pacientes, y por ello instamos a la Comisión y a los Estados miembros a que diseñen unos criterios compartidos para la misma. 
Sin embargo, todavía siguen abiertas un gran número de preguntas tras las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia sobre el reembolso de los costes del tratamiento generados en otro Estado miembro, y, por tanto, lo que esperamos de la Comisión son propuestas, no solo relativas al modo de alcanzar una mayor seguridad jurídica por parte de los pacientes, sino también relativas a los modos de proteger los servicios sanitarios nacionales de los efectos potencialmente adversos de las reglas del mercado interior. 
Los efectos de las reglas europeas deberían ser objeto de seguimiento por parte de un comité permanente de expertos, que presentaría informes con regularidad. 
El problema es que la sanidad no es un producto económico; nuestros servicios de salud están fundados sobre la solidaridad, y eso hay que defenderlo. 
También todos los Estados miembros se enfrentan a retos importantes en cuanto a atención a largo plazo y atención a las personas mayores. 
Deberíamos aunar esfuerzos en la búsqueda de estrategias para integrar la asistencia sanitaria y la atención conjuntamente y de modo más efectivo, para mejorar los cuidados en casa y para proporcionar suficientes centros de acogida. 
También se necesitan normas claras de atención, no solo en las propias casas de las personas sino también en instituciones, y sobre todo, controles de calidad frecuentes e independientes. 
Así que hay mucho por hacer si queremos mantener a largo plazo nuestro modelo europeo de política sanitaria fundado sobre la solidaridad. 
. Señor Presidente, agradezco a la Sra. Jöns y a sus colegas, el excelente informe que nos han presentado y que contiene un número interesante de propuestas y de recomendaciones que merecen toda la atención de la Comisión. 
Señora Jöns, valoramos especialmente en su informe su apuesta por la aplicación del método abierto de coordinación para mejorar la asistencia sanitaria del cuidado de los ancianos en los países de la Unión. 
En breve, la Comisión tiene previsto adoptar una comunicación con una propuesta para aplicar este método abierto de coordinación en los temas de asistencia sanitaria. 
Para ello nos vamos a apoyar en experiencias anteriores, porque pensamos que es fundamental prestar asistencia en este tema, que es clave tanto para hacer frente a los problemas de envejecimiento demográfico en nuestros países como para mantener altos y adecuados niveles de protección social. 
La primera condición para poner en marcha este método abierto de coordinación es que los Estados miembros adopten un conjunto de objetivos comunes que no permitan establecer un marco útil para el proceso de reforma de los temas relacionados con la sanidad. 
De conformidad con las conclusiones del informe conjunto, que se presentó el año pasado al Consejo Europeo de primavera, nos centraremos en tres ámbitos: la asistencia sanitaria, la accesibilidad y la calidad y viabilidad financiera. 
También tendremos que considerar un segundo aspecto al que usted ha hecho referencia: el seguimiento. 
Seguimiento que debe hacerse a través de indicadores comparables adecuados. 
Sin tales indicadores es muy difícil valorar cuál es la aplicación de las distintas medidas por los distintos Estados miembros y ver si ese proceso de aprendizaje, que estamos realizando en común, consigue los objetivos previstos. 
Vamos a elaborar también unas propuestas detalladas de trabajo hasta el año 2006, cuando esperamos comenzar un nuevo proceso simplificado de coordinación de las políticas que abarque la asistencia sanitaria, las pensiones y la inclusión social. 
Si queremos establecer este plan de trabajo, es fundamental explotar las sinergias, las interrelaciones en la estrategia actual de salud pública y el programa de acción comunitaria que está vinculado a la misma. 
Para obtener los mejores resultados, es imprescindible que los indicadores reciban un fuerte apoyo de este programa de trabajo. 
En otro caso no dispondremos de las referencias necesarias para conocer la situación en cada país. 
Esperamos que el Consejo debata durante este año las propuestas de la Comisión y pensamos que, en ese sentido, el informe que usted nos presenta hoy es enormemente oportuno y útil, y que será una contribución fundamental para este debate. 
La Comisión también ha examinado atentamente las conclusiones del proceso de reflexión de alto nivel sobre la movilidad de los pacientes y presentará en breve una comunicación para el seguimiento del mismo. 
Su informe, señora Jöns, trata un amplio abanico de cuestiones relativas a protección social, salud pública, libre circulación de personas y servicios en el mercado interior. 
Todos ellos son importantes instrumentos para definir una política global en el marco de nuestras competencias del mercado interior de libre circulación en el programa de salud pública y el método abierto de coordinación aplicado a estos temas. 
La Comisión tiene que prestar especial atención a estos distintos instrumentos para que sean coherentes y consistentes entre sí. 
El hecho de que su naturaleza legal sea diferente no quiere decir que no tengamos que mantener una consistencia total entre todos ellos y la Comisión no escatimará ningún esfuerzo para avanzar en esta dirección. 
Siempre recordaremos- y este es un punto fundamental- que la responsabilidad primaria en estos temas corresponde a los Estados miembros, especialmente cuando hablamos de salud y de asistencia a los enfermos crónicos. 
Nuestro trabajo en estos puntos concretos es apoyar al máximo el trabajo llevado a cabo por nuestros Estados miembros. 
Muchas gracias por su aportación, que será, sin duda, de la máxima utilidad para la Comisión. 
– Señor Presidente, también en nombre del Sr. Mantovani, quisiera agradecerle a la ponente, la Sra. Jöns, el magnífico trabajo y la excelente cooperación que ha demostrado en este asunto tan sensible, que es ahora más que nunca una prioridad. 
Como ponente alternativo de nuestro grupo, el Sr. Mantovani –que en enero de 2003 fue autor del informe que inauguró el debate en el Parlamento Europeo sobre el futuro de los sistemas sanitarios y la atención a las personas mayores– ha confirmado la importancia clave de los retos fundamentales que están relacionados especialmente con la provisión, la calidad, el contenido y la cobertura en el ámbito del gasto relativo a cuidados sanitarios en Europa. 
Como también ha confirmado el Comisario, el envejecimiento de la población, el progreso en la medicina, una mayor esperanza de vida y la creciente demanda de servicios sanitarios, unidos a una movilidad e información sin precedentes, contribuyen conjuntamente a un incremento sustancial y extendido de los costes del sistema sanitario, que en ocasiones ha demostrado ser insostenible para la situación económica actual y sobre todo para las administraciones públicas. 
De acuerdo con las cifras incluidas en el último informe de la Comisión Europea sobre la situación de la sanidad, la cifra de personas mayores que sobrepasen la edad de 75 ascenderá al 27% en 2010. 
En los próximos 15 años, la cifra de las personas muy mayores, es decir, mayores de 80 años, se incrementará casi en un 50%. 
Al mismo tiempo, en este contexto, también se prevé que se incremente el nivel de dependencia de las personas mayores. 
Los cambios en el grupo de más de 80 años de edad serán mayores y se producirán más rápido que en ningún otro grupo de edad. 
En general, esta tendencia será la misma para los diez nuevos países que pronto se unirán a los Estados miembros actuales. 
De hecho, a excepción de Polonia, la República Eslovaca y Chipre –donde la población activa sigue creciendo, aunque de forma algo lenta– el envejecimiento de la población en el resto de países es un fenómeno que ya ha echado raíces y tiende a aumentar. 
Mucho dependerá de la efectividad de las estrategias aplicadas en el ámbito sanitario y de las opciones políticas tomadas en el ámbito europeo, nacional y local. 
Los cambios en este ámbito no solo son necesarios, sino que son una prioridad como nunca lo han sido. 
Aunque la provisión de asistencia sanitaria y atención en general actualmente sigue siendo esencialmente competencia de los Estados miembros, somos conscientes de que una tendencia similar con implicaciones significativas y complejas no puede tratarse de forma efectiva y exhaustiva simplemente en el ámbito nacional. 
En enero de 2003, cuando se adoptó el informe Mantovani sobre los sistemas sanitarios en Europa, había un amplio consenso en este Parlamento a favor del desarrollo de la cooperación comunitaria destinada a la mejora de los sistemas sanitarios que, en mi opinión, es la única manera de abordar el envejecimiento de la población en particular. 
Esta tendencia significa que la sociedad europea debe adaptarse, y los ciudadanos deben cambiar su comportamiento y costumbres. 
En las decisiones del Tribunal de Justicia, estas distintas cuestiones –que tienen que ver con políticas distintas que competen tanto a nivel internacional como a nivel nacional en cuanto a la subsidiariedad total, y pienso en la movilidad de los pacientes, la conclusión del mercado interior y la política del consumidor– deben considerarse cada vez más cruciales y debe haber un nuevo contexto en el cual la cooperación europea se incremente a fin de poder alcanzar resultados tangibles lo antes posible. 
Existe un requisito de una cooperación más extensiva y de que se redacten unas normas comunes en cuanto a calidad y cantidad. 
El objetivo de la Unión Europea, establecido en Lisboa hace cuatro años, era convertirse en la economía más competitiva del mundo para 2010. 
Hoy, alcanzar este objetivo se ha hecho especialmente difícil como resultado de un crecimiento bajo y de unas condiciones económicas desfavorables, y por lo tanto no se alcanzará a menos que lo abordemos en serio y del mismo modo que el resto de retos que nos esperan. 
– Señor Presidente, se está hablando mucho sobre cómo las personas más mayores tendrán que trabajar en el futuro durante más tiempo y sobre su significado especial en cuanto a la economía, pero se ha dicho muy poco sobre el hecho de que necesitarán, con el paso de los años, más ayuda y más cuidados sociales y sanitarios. 
El modo en el que respondemos a las necesidades y miedos de las personas mayores también es una cuestión cultural. 
En los centros de acogida, la dignidad humana y el derecho a la libertad personal son de la máxima importancia. 
Existe un deseo innato en todas las personas de vivir y de luchar por vivir, y hay que cultivar esta fuerza mental elemental. 
Sobre todo, es la fuerza de voluntad lo que hace la vida mucho más fácil para las propias personas mayores, y también para aquellos que las cuidan. 
Por ese motivo es tan importante que se desarrolle la formación en todas las profesiones relativas a la atención sanitaria, desde los cuidadores a los médicos. 
Los conocimientos psicológicos, la empatía y la sensibilidad son incluso más difíciles de adquirir, entender y desarrollar que la experiencia profesional y las cualificaciones prácticas. 
Sin embargo, no es solo la formación la que debe tener más en cuenta el aumento de la esperanza de vida. 
También la investigación debe comprometerse más con la gerontología y con el apoyo a programas de cuidados médicos paliativos y desarrollar sus propias redes por Europa. 
Se necesita más investigación y, por tanto, una mayor seguridad para sustentar las medidas preventivas. 
Solo si existe una interacción entre estos dos ámbitos tendremos la garantía de poder vigilar los costes de la asistencia sanitaria. 
Al presentarnos las cuestiones y problemas del envejecimiento, este informe de iniciativa propia subraya una de las cuestiones sociales importantes para Europa y nos llama al trabajo continuado en materia de política sanitaria. 
Quisiera expresar la gran consideración que tengo hacia la ponente y su trabajo. 
– Señor Presidente, felicito a la ponente por su excelente informe. 
Correcto, nuestra salud es responsabilidad de los Estados miembros y no me gustaría que esto cambiara. 
Quisiera que hubiera un mayor intercambio de buenas prácticas en el ámbito europeo. 
Me complace que se hayan aceptado todas mis enmiendas, excepto una, en comisión, pero quiero señalar que el texto del considerando K no es del todo correcto. 
En mi enmienda se habla de asistencia sanitaria a largo plazo, no de asistencia sanitaria intensiva a largo plazo. 
Lo he tratado con los servicios y dicen que el error podría rectificarse en la sesión plenaria. 
Espero que así sea, porque asistencia sanitaria a largo plazo no es lo mismo que asistencia sanitaria intensiva a largo plazo. 
Sigo pensando que hay un problema con la última frase, pero estoy seguro de que los servicios también pueden corregirlo. 
Me complació especialmente que se aprobara también mi enmienda relativa al uso de camas jaula en instituciones psiquiátricas y centros de asistencia social, y que se reconociera que contraviene todas las normas internacionales relativas al cuidado de personas con problemas de salud mental o discapacidades intelectuales. 
Esperemos que a partir de ahora se elimine del todo esta práctica, en toda la Unión Europea y en los países en vías de adhesión. 
Desde el informe del año pasado del Mental Disability Advocacy Centre sobre esta cuestión se han logrado mejoras. 
Otra de mis enmiendas que ha sido aceptada, de lo que me alegro, se refiere a la necesidad de emprender más proyectos de investigación a escala europea en torno a varias enfermedades que afectan a los ciudadanos europeos y, quizá esto sea más importante, de divulgar información en toda la Unión Europea. 
Espero que la Comisión pueda ahora examinar la posibilidad de contribuir a este intercambio de información, especialmente si la investigación la financia la Unión Europea, en ámbitos como la degeneración macular asociada a la edad, por ejemplo, que es la principal causa de pérdida de visión en las personas mayores de la Unión Europea. 
Se está haciendo un buen trabajo, pero no se instaura un sistema claro para intercambiar información científica. 
Ya he hablado con la Comisión sobre la posibilidad de publicar los resultados en Internet, pero estoy seguro de que a la Comisión se le ocurrirán otras ideas. 
Solo he mencionado un par de cuestiones que me preocupan por falta de tiempo; el informe de la Sra. Jöns examina muchas otras. 
En nombre del Grupo ELDR la felicito por su trabajo y recomiendo el informe a la Asamblea. 
Gracias, señora Lynne. 
Estoy seguro de que las correcciones que ha solicitado serán realizadas por los servicios. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica, en primer lugar quisiera decir que, en nuestra opinión, el informe de la Sra. Jöns es constructivo en muchos aspectos. 
Sobre todo, acogemos con satisfacción el modo en el que aclara que la asistencia sanitaria debe proporcionarse cerca de los pacientes en sus ambientes locales, porque la familia, los amigos y los compañeros significan mucho en términos de rehabilitación y calidad de cuidados. 
Sin embargo, ahora parece como si la tendencia fuera en la dirección contraria. 
La asistencia sanitaria va a formar parte del mercado interior. 
En este preciso día, mientras estamos celebrando este debate, el Consejo de la Competencia está reunido debatiendo cuestiones en Bruselas, donde el Sr. Bolkestein propondrá un paso radical hacia la comercialización de la asistencia y de otros servicios. 
El principio básico va a ser que todo productor que sea un operador aprobado en un Estado miembro debe poder operar libremente en cualquier otro Estado miembro. 
Esto suprimirá rápidamente los sistemas públicos de asistencia sanitaria y preparará el camino para una privatización extensiva. 
En lugar de atención proporcionada cerca de los pacientes en ambientes locales, tendremos grandes compañías multinacionales de asistencia sanitaria, grupos industriales productores de medicinas y compañías aseguradoras de la salud como los grandes y poderosos actores en un mercado en el que son la producción a gran escala y los beneficios los que gobiernan las actividades. 
He llegado a leer un informe que trata el modo en el que los enfermos, o lo que se denominan pacientes móviles, van a moverse de un sitio a otro en este gran mercado. 
Esta evolución es una amenaza para los derechos de los pacientes, y en el Parlamento Europeo debemos hacer todo lo posible para poner fin a la misma. 
Debemos hacer que la Comisión pare y nos proporcione más tiempo para un debate responsable. 
Existen muchos servicios que pueden operar muy bien en el mercado interior, pero también existen servicios –y la asistencia sanitaria es uno de ellos– que poseen unas características distintas y no están hechos para los principios del mercado. 
También se requiere una cooperación transfronteriza cuando se trata de servicios de asistencia sanitaria. 
Sin embargo, esto puede y debería desarrollarse entre los Estados miembros y las regiones fronterizas sobre la base de necesidades más prácticas en lugar de desarrollarse de acuerdo con el abstracto principio de la organización del mercado interior. 
Si la Comisión lleva a cabo su ofensiva con éxito en cuanto a someter lo que anteriormente eran servicios públicos a los principios del mercado interior, la resistencia popular al proyecto de la UE se levantará, en general, a niveles insospechados. 
Por lo que se refiere al informe de la Sra. Jöns, la Cámara debe rechazar el párrafo 23, que habla de la asistencia sanitaria sometida a los principios del mercado interior. 
Si no lo rechaza, por lo menos el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica no podrá votar a favor del informe en la votación final. 
– Señor Presidente, quisiera unirme en las condolencias a los amigos y parientes de las víctimas, a los españoles, al gobierno español y a los Diputados españoles de esta Cámara, y lamento profundamente este ataque brutal a la democracia. 
La semana pasada me sorprendieron las declaraciones del Primer Ministro belga, el Sr. Verhofstadt, quien afirmó que hay que proporcionar más incentivos financieros a las familias para que cuiden de sus padres mayores en casa. 
Según él, esta idea debería ser tema de debate nacional en Bélgica. 
Normalmente me gusta la idea de los debates nacionales, pero en este caso surge la cuestión de si la necesidad de este debate no resulta simplemente de la vergüenza con la cuestión de hacerse mayor. 
Intentamos abordar los problemas de las personas mayores en materia de asistencia sanitaria mediante propuestas políticas y retórica de elecciones. 
Sin embargo, eso no puede ocultar el hecho de que no sabemos lo que hacer cuando se trata de esta cuestión. 
Después de todo, nosotros mismos esperamos envejecer con buena salud y no tener que confiar en la asistencia durante el máximo tiempo posible, pero no podemos controlarlo. 
Me acuerdo de que debatimos el informe del Sr. Mantovani aquí el año pasado, el 14 de enero para ser exactos. 
En ese momento afirmé expresamente que el debate sobre la atención a las personas mayores y la asistencia sanitaria no debía perderse entre buenas intenciones. 
Tiene que rendir para aquellos que trabajan en ese sector. 
Compartir prácticas de trabajo y métodos de tratamiento debería llevar a una mejora de la atención. 
Además, hay que aclarar que la asistencia sanitaria y la atención a las personas mayores no debería considerarse únicamente desde la perspectiva de los costes económicos. 
Las personas mayores y los pacientes son algo más que un elemento deudor. 
Por esa razón apoyo la enmienda presentada por la Sra. Lambert sobre el cambio al párrafo 23. 
El propósito del mercado interior no es obtener beneficios financieros a costa de la angustia de los pacientes. 
Es deseable la igualdad de acceso a la atención en todos los Estados miembros, pero la movilidad de los pacientes no parece deseable, en mi opinión, a cuenta de los costes implicados. 
En mi opinión, el párrafo 37 no debería eliminarse. 
En cambio, me puedo identificar muy bien con la conclusión de que las reglas del mercado interior no repercuten únicamente de manera positiva en la asistencia sanitaria. 
Quisiera volver brevemente a las declaraciones realizadas por el Sr. Verhofstadt. 
Las cosas todavía pueden empeorar. 
En mi país, un canal de televisión presentó recientemente un documental-drama sobre la recepción de personas mayores neerlandesas pobres en un país africano donde la atención es más eficiente porque los salarios en el sector de la asistencia son más bajos. 
Muchos telespectadores no se dieron cuenta hasta más tarde de que este programa lo hacían actores y que el ministro se preparaba para las preguntas en el parlamento, pero el hecho de que fuera únicamente ficción no quita la impresión de que hay poca cabida, si es que hay alguna, para la atención voluntaria de los familiares. 
Tanto las buenas intenciones políticas como la sátira burlona nos están intentando transmitir un mensaje. 
Esto nos da qué pensar. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Sra. Jöns, Señorías, con el informe de 14 de enero sobre servicios de interés general, dejamos muy claro que las cuestiones políticas sociales y sanitarias son cuestiones de interés general. 
El mercado interior no es el único punto de partida para el debate de hoy. 
Los cambios demográficos, que afectan a toda Europa y a todo nuestro continente, representan el mayor reto para nuestras políticas, ya se den en el mercado laboral, en la economía, en los asuntos sociales, en la sanidad o en el Presupuesto. 
Si queremos construir el mercado interior, crear movilidad y flexibilidad junto con la seguridad social, mientras al mismo tiempo nos enfrentamos juntos a los grandes retos de nuestras políticas en la sociedad civil, no podremos reducirlos a una cuestión de fronteras nacionales. 
En calidad de Presidente de la Organización para la ayuda austriaca, me enfrento a estos retos diariamente. 
En mi opinión, lo que tenemos que hacer es revisar las funciones obligatorias del sector público y la consiguiente transferencia de tareas públicas realizadas por el sector no estatutario a proveedores de servicios privados no lucrativos a nivel nacional, regional y local. 
La persona a la que se cuida debe poder elegir dónde se queda para su cuidado si van a disfrutar del derecho a la autodeterminación. 
Incluso cuando necesitan atención, la mayoría de las personas quieren quedarse en sus propios hogares. 
A menudo pueden recibir un mejor cuidado por parte de los servicios móviles de atención, que se ajustan más flexiblemente a las necesidades reales del paciente, y esto también representa un uso mucho más rentable de los recursos disponibles. 
Sin embargo, lo que esto requiere es, en primer lugar, que la calidad del servicio de atención esté regulada no simplemente a nivel nacional, sino también a través de las fronteras, con la mayor normalización posible, y al menos de manera coordinada; que la formación de los asistentes se organice en la medida de lo posible con normas nacionales y se coordine por toda Europa; que los proveedores de servicios sean evaluados de manera transparente y objetiva; y que la financiación se garantice mediante contratos a largo plazo. 
Los servicios móviles y los servicios auxiliares de los que dependen han de mejorarse y extenderse. 
Tienen que integrarse, con una mejor gestión de la interfaz entre clínicas de reposo y servicios móviles, y la promoción de una gestión de los casos general y orientada al paciente. 
Permítanme concluir diciendo que se necesitan más recursos al alcance de los familiares y más apoyo y asistencia para ellos; tanto el Estado como Europa deben crear el marco reglamentario necesario si queremos que esto ocurra. 
– Señor Presidente, quisiera hacerme eco de los muchos cumplidos que se han dirigido a la ponente. 
Ha elaborado un excelente informe, con una llamada pertinente a una mayor cooperación europea en materia de asistencia sanitaria y atención a las personas mayores. 
Esta cooperación no debería restringirse a la sanidad pública, a los aspectos cuantitativos y preventivos, sino que también debería pertenecer a la gestión efectiva y consciente del gasto de las disposiciones y el refuerzo de la base financiera para los costes sanitarios y los costes derivados de una población que envejece. 
La Dirección General de asuntos sociales y empleo debería tener una función activa en este asunto. 
Me he centrado principalmente en los aspectos relativos a la financiación y al apoyo de los sistemas sanitarios nacionales, y he presentado una serie de enmiendas a ese efecto que están relacionadas con el mercado interior, entre otras una enmienda al párrafo 37 que, para mi disgusto, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos quiere eliminar. 
Las decisiones tomadas por el Tribunal de Justicia sobre el mercado interior ya afectan a los sistemas sanitarios nacionales. 
La financiación de la asistencia ya no es una cuestión puramente nacional. 
Muchos compañeros Diputados de distintos Estados miembros no comprenden por qué hago de esto una cuestión tan importante. 
Siguen subrayando que la asistencia sanitaria debe estar protegida de las fuerzas de mercado, que es de interés general y, por consiguiente, no tiene nada que ver con las reglas sobre la competencia y la libre circulación. 
Quisiera decirles –y especialmente al Sr. Herman Schmid– que este no ha sido el caso durante mucho tiempo. 
No podemos cerrar los ojos a los socios comerciales privados en el mercado sanitario que operan de acuerdo con la logística del mercado libre. 
Por eso debemos proporcionar un contrapeso sólido contra las fuerzas de mercado. 
En los Países Bajos, actualmente existe un debate sobre la revisión del sistema de costes de la sanidad pública, respecto al cual se prevé entregar esto completamente a los aseguradores de la sanidad privada. 
Considero esto una estrategia arriesgada mientras no exista un marco al respecto. 
No tengo nada en contra de las compañías de seguros privadas, como el Sr. Karas puede afirmar, pero el gobierno debería poder establecer condiciones suficientes. 
Por ejemplo, no debería ser posible rechazar a enfermos, que las personas con un mayor riesgo de enfermedad tuvieran que pagar una prima más alta, o que el seguro fuera más caro para las mujeres porque pueden quedarse embarazadas. 
El Gabinete neerlandés tiene poco en cuenta el hecho de que los acuerdos europeos sobre el mercado interior podrían frustrar sus planes. 
Si, con el tiempo, las compañías de seguros se encuentran demasiado restringidas por el gobierno, pueden acudir al Tribunal Europeo y referirse a las reglas europeas. 
Esto será a expensas de los grupos más débiles. 
Los gobiernos nacionales culparán entonces a Europa. 
Quisiera evitar que eso ocurriera, y por esa razón debemos intentar alcanzar una mejor coordinación a nivel europeo. 
Una observación final: Me complace el anuncio del Sr. Solbes de que un informe de progreso seguirá al proceso de reflexión a alto nivel. Lo espero ansiosamente. 
– Señor Comisario, Señorías, yo también quisiera comenzar felicitando a mi colega, la Sra. Jöns, por su valioso trabajo y la calidad de su informe. 
Es un informe muy completo. 
Su descripción de la situación, de los problemas y de los retos es especialmente exhaustiva, y sus análisis, totalmente pertinentes. 
Nos congratulamos de ello, en particular porque se pide a los Estados miembros que supriman las desigualdades en materia de sanidad, más especialmente las asociadas a los factores socioeconómicos, al sexo o a la edad. 
Apoyamos la crítica al hecho de que los pacientes tengan que soportar una parte cada vez más alta del coste de la sanidad, lo que penaliza a los ciudadanos de rentas bajas. 
Nos sumamos a la petición de una carta detallada de los derechos de los pacientes para un sistema sanitario de calidad, a corto, medio y largo plazo, basado en la solidaridad. 
Al igual que la ponente, pedimos medidas especiales para los nuevos Estados miembros, que en su mayoría registran situaciones más críticas que los Quince. 
Por último, al igual que los diputados del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica en Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, soy contrario a toda privatización ulterior de la sanidad. 
En resumen, por mi parte quiero decir un par de cosas muy sencillas. 
En materia de sanidad, quizás sea necesario, en determinados sectores, gastar mejor gastando de otro modo, no lo niego. 
Pero si queremos tratar y curar las enfermedades graves en rápido aumento, en particular el cáncer, si queremos ocuparnos también mucho mejor de las enfermedades raras, llamadas huérfanas, si queremos afrontar las necesidades derivadas del envejecimiento de la población en nuestras sociedades, si queremos apoyar mejor desde del punto de vista psicológico y humano a los enfermos, si queremos desarrollar mejor todas las investigaciones públicas, incluida la investigación sobre las células embrionarias sobrantes, que suscitan nuevas esperanzas en especial para las enfermedades ligadas al envejecimiento: entonces sí, si queremos alcanzar todos estos objetivos, necesitaremos más recursos presupuestarios. 
Es una necesidad que se opone sin duda a otras prioridades estatales y europeas, y sobre todo al rigor de los criterios de estabilidad monetaria. 
Una última palabra para recordar que no hay que olvidar nunca a los pobres de nuestras sociedades, demasiado a menudo excluidos de la asistencia, ni olvidar a los países pobres del mundo, que ni siquiera tienen lo mínimo en materia de sanidad, con la consecuencia de que en ellos la esperanza de vida es mucho más baja que en nuestros países. 
Terminaré con un refrán sin duda conocido pero que siempre es necesario recordar para que se ponga en práctica. 
Si la memoria no me falla, dice que a fin de cuentas lo que realmente cuenta es la calidad de la vida, y no su duración. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente. 
Este informe sobre la asistencia sanitaria y la atención a las personas mayores llega en un momento oportuno. 
De acuerdo con el censo de 2001, el 18,61 % de la población de Escocia ha pasado la barrera de la edad de jubilación y, un dato aún más interesante, el 19,54 %, casi el 20%, de los cuidadores ha pasado también esa barrera. 
El envejecimiento de la población nos plantea grandes desafíos, no solo en Escocia, sino en toda la Unión Europea. 
Es por este motivo que es tan vital compartir las buenas prácticas entre los países de toda la Unión Europea. 
Tenemos que buscar soluciones sencillas dirigidas a personas concretas. 
Los adultos mayores pueden tener múltiples problemas médicos. 
Por ello un enfoque global, que implica a un equipo interdisciplinario de médicos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, dietistas y trabajadores sociales, además de la familia de la persona, es tan importante. 
Aunque cada vez hay más médicos que se forman en la atención geriátrica, que es un ámbito de interés creciente, sigue siendo necesaria más inversión en esta especialidad en expansión. 
Para la persona mayor hay otras cuestiones que deben considerarse. 
Es un mito popular que una gran proporción de adultos mayores vive en algún centro de asistencia. 
De hecho, gran parte de los adultos mayores viven independientemente, con ayuda familiar o social. 
Mi tía abuela Agnes, a sus 91 años de edad, está en este caso. 
A veces, para un paciente mayor que está enfermo y recuperándose en un hospital, lo importante es poder volver a casa y arreglárselas en su casa. 
Para algunos pacientes mayores esto puede ser más importante que el tratamiento de su propia condición médica. 
Ante el hecho de que la gente vive más y la creciente proporción de población de más de 65 años de edad, también llama la atención que muchas pruebas médicas no incluyan a pacientes mayores, aunque es un asunto que ahora está empezando a abordarse. 
Tenemos ciertas responsabilidades con respecto a la población mayor de la Unión Europea. 
Después de todo, algún día nosotros también formaremos parte de la población mayor, ya que ninguno de nosotros va a rejuvenecer. 
– Señor Presidente, el aumento de la esperanza de vida surgido de los avances científicos y sociales del siglo XX no debe considerarse una carga para la sociedad en el siglo XXI. 
Las personas mayores tienen derecho a vivir con dignidad, a tener acceso a la asistencia sanitaria y otras formas de atención, independientemente de su situación social o financiera. Esto está siendo cuestionado en una serie de países, como el mío, Portugal, por culpa de un neoliberalismo que está intentando imponerse en muchos ámbitos, incluido el sanitario, dando prioridad a la competencia y a la competitividad, y poniendo así en peligro los servicios públicos de calidad sin mostrar ningún respeto por las personas o por sus derechos. 
El hecho de que la mayoría de personas mayores en la Unión Europea sean mujeres –más de un 63% de las personas con edades comprendidas entre 75 y 84 y el 72% de las personas con más de 85 años son mujeres– significa que precisamente ellas serán las más afectadas por los problemas en los sistemas de asistencia sanitaria y atención a largo plazo, bien como cuidadores o como receptores del cuidado. 
La persistencia de las desigualdades en los salarios de las mujeres y su jubilación las hace especialmente vulnerables a las consecuencias del desmantelamiento de los servicios sanitarios públicos y a la falta de atención para las personas mayores. 
Debería observarse que las mujeres componen la mayoría de los 55 millones de personas con riesgo de pobreza en los 15 miembros actuales de la Unión Europea y de los muchos millones en los países candidatos. 
Por ese motivo somos tan críticos con el hecho de que los Estados miembros estén aumentando la proporción de los costes sanitarios de la que se hacen cargo los pacientes, tanto para la prevención como para los tratamientos, los fármacos, los cuidados paliativos o de otra índole. 
Esta situación está poniendo en peligro el principio de solidaridad en los sistemas sanitarios y está contribuyendo al crecimiento de la exclusión social de los grupos menos favorecidos en la sociedad, que tienen cada vez más difícil el acceso a la asistencia sanitaria adecuada y de calidad. 
Por lo tanto, aunque creo que el informe tiene aspectos positivos, no puedo estar de acuerdo con la insistencia en la creación de un mercado interior de servicios y productos sanitarios, puesto que esto beneficiará únicamente a las organizaciones privadas, especialmente a las compañías de seguros, y pondrá en peligro el servicio público universal de calidad. 
Lo que se necesita es una mayor inversión pública en instalaciones y equipos y en la formación de los trabajadores técnicos y especialistas necesarios, una mejor provisión de atención y asistencia de calidad para las personas mayores, específicamente en los servicios sanitarios, y el establecimiento de servicios de centros de acogida, garantizando el acceso de todos los ciudadanos a estos servicios en todos los países de la Unión Europea. 
De ahí las propuestas que hemos presentado. 
Lo que también se necesita es una mayor participación de las organizaciones de usuarios, de los propios servicios de asistencia y atención y de sus trabajadores en la preparación y aplicación de medidas, para garantizar una mayor democracia en el funcionamiento de estos servicios, que deben ser servicios de calidad. 
– Este es un informe importante sobre un asunto importante y felicito a la ponente por su meticulosidad y compromiso habituales. 
El título es significativo: «Asistencia sanitaria y atención a las personas mayores: apoyar las estrategias nacionales para garantizar un alto nivel de protección social». 
A todos nos gustaría ver un elevado nivel de protección social y aprender unos de otros a través del intercambio de buenas prácticas en el ámbito europeo pero, en última instancia, son las estrategias nacionales las que deben ocuparse de esto. 
Evidentemente, en el Reino Unido todavía hay mucho por hacer. 
Hace dos semanas, Age Concern England celebró un importante debate en Londres titulado «Crear oportunidades: ¿trabaja Europa para los mayores? ». 
Fue un privilegio estar en la mesa con otros tres colegas de esta Asamblea. 
Estábamos de acuerdo en varias cosas, en particular en la necesidad de que se preste más atención a estas cuestiones. 
Nos gusta pensar que el Reino Unido es un país rico, pero uno de cada cinco pensionistas vive en un hogar con bajos ingresos; los ingresos de las personas que tienen más de 75 años son aún más bajos. 
Las mujeres pensionistas son las que tienen la peor situación económica; actualmente, al menos el 25% de las mujeres pensionistas del Reino Unido viven en la pobreza. 
Sus necesidades sanitarias son proporcionalmente mayores y, por tanto, deben abordarse con mayor urgencia. 
A medida que aumenta el número de personas mayores, también aumenta la necesidad de una buena asistencia sanitaria y de servicios de atención. 
Hace poco he sabido que hoy día en el Reino Unido hay unas 40 000 plazas disponibles menos en centros de asistencia que hace diez años. 
Si esto es cierto, no es una estadística de la que ningún país pueda sentirse orgulloso. 
Nos recuerda en cada uno de nuestros países que la regulación excesiva, que puede muy bien tener el objetivo de prestar mayor protección social, a menudo puede destrozar lo que desea promover. 
También es una lección para nuestra comisión con respecto a otros expedientes. 
Por último, permítanme mencionar un breve mensaje enviado a la Comisaria Diamantopoulou, cuyo sucesor acaba de anunciar el Gobierno griego. 
La función del Comisario de Empleo y Asuntos Sociales nunca puede ser fácil, especialmente cuando implica tratar con Diputados al Parlamento Europeo del Reino Unido como el Sr. Hughes y yo mismo. 
Creo que se ha marchado sin haber dicho quién ha sido el más difícil, pero estoy seguro de que ambos, y todos en la comisión y en esta Asamblea le deseamos lo mejor en su nueva andadura en su país. 
Si sus Señorías están de acuerdo, quiero pedir al Comisario Solbes que transmita este mensaje. 
– Señor Presidente, en general se asume que todos los sistemas sanitarios de la UE se basan en los principios de solidaridad, justicia y universalidad. 
Estos conllevan que todas las personas, en caso de enfermedad o necesidad de cuidados, tienen derecho a la asistencia adecuada de gran calidad sin distinción por motivo de ingresos, medios o edad. 
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se elaboró en el año 2000 y va a formar parte de la Constitución Europea, garantiza a las personas mayores una vida digna e independiente, y para cada persona el derecho a tener acceso a la asistencia sanitaria y al tratamiento médico. 
Además, el proyecto de constitución incluye el ejercicio de una protección social de alto nivel. 
Por lo tanto, todos pueden estar seguros de que, en el papel, todo está regulado hasta el último detalle. 
Sin embargo, en la práctica, las economías de escala significan que existen cada vez más quejas sobre las inaceptables distancias que hay que viajar entre el hogar y el hospital, sobre las listas de espera para la admisión en el hospital, sobre la escasez de alojamiento para las personas mayores que necesitan atención, la escasez de personal médico y de atención, la reducción de medicinas disponibles y la necesidad de viajar al extranjero. 
Para algunas personas, la escasez de cuidados lleva a la muerte prematura, y para otros, lleva a una vida de calidad tan pobre que escogen morir mediante eutanasia voluntaria mucho antes de alcanzar el estado natural de la muerte. 
No hace falta decir que existen todo tipo de excusas para estos agravios. 
Por término medio, las personas tienden a vivir más, tienen menos hijos que antes, y a estos hijos –hombres y mujeres– les absorbe totalmente la obligación cada vez más vinculante del trabajo. 
La ayuda de vecinos e hijos está cada vez menos disponible. 
En estas circunstancias, es irresponsable reducir los impuestos y las primas sobre la base del argumento de que necesitamos menos. 
Puesto que esto se hace de todas maneras, cada vez hay más dudas públicas sobre la asequibilidad de la asistencia sanitaria, la atención a las personas mayores y las pensiones en una sociedad que envejece. 
Asimismo, el personal de tareas de atención es cada vez más escaso, puesto que en tiempos de crecimiento económico, estas personas se ven trasladadas a sectores de producción que son más rentables y ofrecen un salario más alto. 
Tan pronto como pierden sus trabajos como resultado de una crisis económica, no están formados adecuadamente para poder realizar tareas de atención de modo efectivo. 
La procedencia de personal de países con un nivel de vida más bajo exacerba los problemas allí. 
En un Estado miembro candidato, Rumania, una gran parte de la población ya no está asegurada, con lo cual confían en la buena voluntad de los médicos. 
Si el seguro y las tareas de atención se confían a compañías privadas que buscan generar beneficios a pesar de cobrar menos, entonces la accesibilidad, la calidad y la igualdad de tratamiento se ven más minadas. 
La Unión Europea debería desalentar esta evolución en lugar de alentarla. 
Si queremos que se cumplan todas las buenas intenciones que se han plasmado en el papel, se necesitará un enfoque colectivo a una escala mayor que la que posibilita el trabajo voluntario por parte de miembros de la familia. 
En este caso, la financiación necesaria también debería estar disponible, lo cual significa que una proporción mayor de nuestra renta nacional debería gastarse en servicios públicos en el sector de atención. 
Señor Presidente, me sumo a las felicitaciones para el ponente. 
Vivimos en un mundo en proceso de envejecimiento. 
A primera vista, esta frase puede resultar negativa, pero también ofrece su lado positivo, que sería el alargamiento de la vida de las personas. 
Uno y otro aspectos deben ser contemplados con objetividad. 
Y objetivo es, desde luego, el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural, como dispone el artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Por cierto, este artículo está encuadrado sistemáticamente dentro del capítulo segundo, titulado "Igualdad" -quizá como una extensión o una especificación del principio de igualdad: "Todas las personas son iguales ante la ley", que proclama el artículo 20 y, al mismo tiempo, de la prohibición de toda discriminación, incluida la discriminación por razón de edad, que proclama el artículo 21- y no dentro del capítulo cuarto de la Carta, titulado "Solidaridad", como sería lógico pensar en una primera aproximación, sí se incluye en este capítulo cuarto el derecho a la prevención sanitaria y al beneficio de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. 
Evidentemente, los tres grandes objetivos que hay que alcanzar son: accesibilidad universal independientemente de la situación económica de cada uno, asistencia sanitaria de calidad y sostenibilidad financiera de los sistemas sanitarios a largo plazo. 
En una Europa que cuenta entre sus postulados y objetivos con la libre circulación de las personas, se impone a las estrategias nacionales el impulso de modernización y coordinación, tanto para evitar la posible exclusión social, como para facilitar la reversión a la sociedad de la experiencia, la sabiduría y el conocimiento de los mayores. 
Merecen una reflexión aparte los muy mayores, como se califica en el informe a un sector de este segmento poblacional; dado que su atención va a exigir una gran cantidad de mano de obra, la atención de los mismos va a ser una fuente de empleo que, en todo caso, exigirá a los profesionales de este sector, el sector servicios, formación y especialización. 
Quiero terminar hablando de la necesidad de tomar conciencia de los problemas. 
Muchas veces, la concienciación de la sociedad globalmente considerada evita que surjan problemas en el futuro. 
Un ejemplo típico es el de las normas de edificación o de eliminación de barreras arquitectónicas. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a todos los intervinientes su aportación a este debate. 
Creo que se han planteado temas de enorme interés que intentaremos considerar en la mayor medida posible. 
Desearía hacer solo dos comentarios. 
En primer lugar, la utilización del método abierto de coordinación nos va a llevar a una nueva dinámica en lo que se refiere al campo específico de la salud. 
Evidentemente, la difusión de las mejores prácticas permitirá una mayor eficiencia que, sin duda alguna, favorecerá tanto a los sistemas nacionales de salud como a sus usuarios y a los proveedores de servicios. 
Esta utilización del método abierto de coordinación nos permitirá también reforzar los aspectos de política social de la estrategia de Lisboa. 
En segundo lugar, he percibido una preocupación entre algunos de los intervinientes respecto a la interrelación entre mercado interior y salud. 
Sin embargo, creo que hay un amplio consenso sobre los tres objetivos fundamentales: accesibilidad, alta calidad y sostenibilidad. 
Esto muestra que no se trata de un enfoque centrado única y exclusivamente en el mercado interior, sino que es fundamental también la prestación de los servicios sanitarios adecuados. 
Eso queda reflejado también en la comunicación que en su día aprobó la Comisión, donde, además, de insistir en la necesidad de avanzar en el mercado interior, también se destaca la necesidad de una prestación de servicios adecuados a todos los pacientes y, evidentemente, la financiación pública necesaria para que estos servicios se presten. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
– Señor Presidente, a pesar de que todos estamos mostrándonos impactados por el acto terrorista de España, hay un asunto sobre el que les pido que proporcionen a los Diputados de esta Asamblea toda la información. 
Según los informes de los medios de comunicación, ha habido irregularidades y ejemplos de fraude en relación con los registros. 
A fin de que esto no se vea reflejado en todos los Diputados de esta Asamblea que se registran apropiadamente con frecuencia, solicito que la Oficina realice una investigación total de este asunto –y también de los casos individuales– y que informe a todos los Diputados de lo que está ocurriendo. 
En el período previo a las elecciones, lo peor sería si –como ya se está afirmando en los medios de comunicación– se descubriera que Diputados individuales de esta Asamblea están utilizando frecuentemente los registros de manera fraudulenta como medio para embolsarse dinero al que no tienen derecho. 
Solicito que estos asuntos se investiguen plenamente y que se nos proporcione a todos información completa y verídica. 
No quiero abrir un debate sobre esto. 
Sin embargo, permítanme tranquilizar a la Asamblea diciéndole que hemos pedido a los Cuestores que lleven a cabo una investigación completa. 
Sus conclusiones se darán a conocer, serán transparentes y todos conocerán los resultados de la investigación. 
En estos momentos no tenemos pruebas para respaldar lo que se ha afirmado en la prensa alemana. 
– Señor Presidente, lo único que quería decir en respuesta a esto es que la Conferencia de Presidentes, que se ha reunido esta mañana, ya está debatiendo este tema y que va a haber una declaración oficial por parte del Parlamento. 
Tenemos que poner fin al modo en que los rumores están constantemente minando el duro trabajo que se realiza en esta Cámara. 
Permítannos sacar los nombres a la luz. 
Si tenemos los nombres, también debemos tomar medidas contra las personas implicadas. 
Tiene usted toda la razón, señor Karas. 
Por ello no quiero abrir un debate sobre esto esta mañana. 
No es más que un rumor y alarmismo. 
También quisiera pedir que esta investigación considerase el hecho de que periodistas de revistas alemanas afirman que tienen en su posesión todas las listas de los subsidios secretariales pagados por la Cámara en el año 2002. 
Quisiera saber cómo listas relativas a los subsidios de ayuda secretarial pueden terminar en manos de periodistas y qué conclusiones se sacan de esto. 
En estos momentos no voy a sacar conclusiones. 
Habrá una investigación exhaustiva. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
– Tengo entendido que la Sra. Read no va a presentarse candidata a esta Asamblea. 
En los últimos 15 años ha elaborado numerosos informes sobre temas relacionados con este. 
Quiero agradecerle, en nombre de la Asamblea, todo el trabajo que ha realizado. 
– Señor Presidente, quiero proponer una enmienda oral a la enmienda 22 para incluir las palabras «además del Mar del Norte y del Mar de Irlanda». 
He hablado con el Sr. Bradbourn, el ponente, y puede aceptar esta enmienda si la acepta la Asamblea. 
Quiero dar la bienvenida a la tribuna oficial a una delegación de Uzbekistán, que ha participado en la primera reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta con Uzbekistán en Estrasburgo. 
La delegación está presidida por el Sr. Erkin Vakhidov. 
Nos complace darles la bienvenida aquí. 
Ahora continuamos con la votación. 
. – Señor Presidente, este informe ha sido objeto de negociaciones hasta el último minuto y le agradezco que tenga a bien considerar esta propuesta de enmienda oral, que quizás podría facilitar, tal como se la voy a leer, la aprobación en primera lectura. 
Leeré la enmienda, y le pido, señor Presidente, que después pregunte al representante de la Comisión cuál es su posición sobre esta propuesta. 
Este es el texto de la enmienda tal como se ha negociado finalmente: «La Comisión podría pedir a aquellos Estados miembros, en los que determinadas personas aseguradas podrían verse perjudicadas, que prevean soluciones bilaterales y propongan un período de transición». Esta enmienda, señor Presidente, podría añadirse como considerando. 
. Señor Presidente, la Comisión está de acuerdo con la enmienda oral planteada. 
– Señor Presidente, se va a presentar una enmienda oral sobre este asunto. 
Se presentó a los servicios del Parlamento ayer y también se ha incluido en la lista de votación. 
– Señor Presidente, hemos aprobado una enmienda del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos fuera del texto. 
Lo que la Sra. Gillig está haciendo aquí con ayuda de sus amigos es inaceptable. 
Presentamos la enmienda anoche, habíamos alcanzado un compromiso entre nosotros y ahora me doy cuenta de que la Sra. Gillig está tomando la palabra. 
Lo lamento, señora Oomen-Ruijten. 
El Reglamento es muy claro: si 32 o más diputados se oponen a la presentación de una enmienda oral, entonces no puede aceptarse. 
(1) 
Señor Presidente, vamos a votar una resolución en cuyo apartado 4 vamos a declarar nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas del terrorismo y sus familiares. 
Una fatal y terrible casualidad ha hecho que el mismo día en el que pedimos la celebración de un día europeo en memoria y recuerdo de estas víctimas, la banda terrorista y asesina ETA haya causado una condenable masacre con más de 138 asesinados y centenares de heridos en varios puntos de Madrid. 
En mi calidad de presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores y en nombre también de todos los portavoces de los grupos que me han manifestado su apoyo, quisiera presentar una enmienda oral al apartado 4 de esta resolución que hace referencia a la fecha de la celebración del día europeo, para que sea el 11 de marzo en lugar del 11 de septiembre. 
– Señor Presidente, Señorías, sin duda voy a comenzar ofreciendo mis condolencias a los españoles y especialmente a todos los Diputados de España y garantizándoles mi solidaridad. 
En esta cuestión de aprobar una fecha para el día europeo que conmemore las víctimas del terrorismo, debemos tener en cuenta el hecho de que tendrá que ser una fecha que la Unión Europea pueda mantener más tarde como día mundial o día internacional, y este es el propósito del párrafo. 
Debo decir que apoyo esta propuesta porque, cuando ha abierto esta sesión a las 10 en punto esta mañana, el Presidente de nuestro Parlamento Europeo, el Sr. Pat Cox, nos ha ofrecido un ejemplo a los que nos encontrábamos aquí y podíamos presentar nuestros respetos y nos ha dado pie en este asunto. 
Ha afirmado claramente que no se trata de un simple ataque a los españoles. 
Se trata de un ataque en medio de un proceso electoral; es un ataque directo a la democracia y a la libertad. 
También es el primer ataque de esta magnitud a un país de la Unión Europea. 
Por lo tanto, creo que nadie entendería que –puesto que, por pura coincidencia, tenemos que votar este asunto hoy– no escogiéramos el 11 de marzo para presentar nuestros respetos a las víctimas presentes y futuras, y también a las pasadas, escogiendo un día europeo. 
Propongo que aceptemos la enmienda oral del Sr. Hernández Mollar. 
– Señor Presidente, creo que reflexionar un momento sobre una cuestión tan importante no perjudicará a nadie. 
A pesar de nuestra genuinas y sinceras condolencias por la tragedia ocurrida, al dedicar un día al terrorismo y a las víctimas del terrorismo, una cosa es vincular explícitamente la fecha del 11 de marzo a la del 11 de septiembre, pero otra cosa es sustituir totalmente el 11 de septiembre por el 11 de marzo. 
Esta parece una decisión poco acertada, también en lo referente al intento de convertirlo en un día mundial. 
Los eventos del 11 de septiembre llevaron a una movilización política universal en todo el mundo, y creo que sería peligroso sustituir hoy esta fecha y controlar la trayectoria de la situación actual del terrorismo: esto podría ser un gesto poco acertado. 
No sé si podemos posponer esta decisión y si podemos añadir simbólicamente la fecha del 11 de marzo a la del 11 de septiembre. 
No obstante, sustituir esta última me parece una elección peligrosa. 
Respeto la forma en que ha presentado sus argumentos. 
Naturalmente, hoy las emociones están a flor de piel. 
Lo último que quiero es que la dignidad de esta Asamblea se vea mancillada de alguna manera por una discusión sobre fechas, cuando hay tantas personas que hoy se enfrentan a tantas pérdidas. 
No quiero abrir un debate a fondo sobre esto. 
Señor Presidente, yo he sugerido que los grupos no tomaran la palabra. 
Me parece que esta sugerencia tiene sentido. 
Podemos reflexionar y trabajar sobre esto más delante. 
Se trata del peor ataque terrorista que ha vivido la Unión Europea hasta el día de hoy. 
Tenemos mucho tiempo por delante. 
Hoy simplemente hacemos una sugerencia y un gesto que me parecen apropiados. 
Por favor, votemos la enmienda y no convirtamos algo que era un gesto en una discusión absurda y fuera de lugar. 
– Señor Presidente, como autor de esta propuesta de resolución pido a la Cámara que tenga paciencia. 
No voy a discutir, pero ahora que se ha abierto este debate, quisiera aclarar algunas dudas que se han planteado aquí y que yo mismo he contemplado, si soy sincero. 
Por esa razón me he referido al discurso del Presidente del Parlamento Europeo en la apertura de la sesión de hoy. 
Creo que es lo suficientemente objetivo e independiente para que nos identifiquemos con sus palabras. 
En segundo lugar, de nuevo como autor de la propuesta, quisiera recordar que, aunque el 11 de septiembre era la fecha preferida para la votación en comisión, no todos en la comisión votaron a favor de la misma. 
Ahora juega a nuestro favor si también existe un mayor consenso en esta Cámara sobre la elección de una fecha de conmemoración. 
Pido a la Cámara que encuentre un terreno común, al menos en cuanto a nuestra propuesta. Sin duda, después la decisión corresponderá al Consejo. 
Independientemente de lo que ha dicho el Sr. Cappato, y respeto la forma en que lo ha planteado, espero que la Asamblea acepte que lo que hoy hacemos es un gesto de solidaridad. 
Es solo una recomendación. 
Espero que podamos avanzar partiendo de esta base. 
. – Señor Presidente, quiero recomendar a la Asamblea que dividamos esta votación en dos y, con respecto a los deseos de la Asamblea, que eliminemos la primera mitad del apartado y después votemos la segunda mitad. 
Creo que esto responderá a las preocupaciones de todos los diputados. 
– Señor Presidente, como la Baronesa Nicholson ha anunciado que se va a eliminar la primera frase, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos quiere retirar la enmienda nº 2. 
– Señor Presidente, yo preferiría mantener la enmienda nº 13. 
La enmienda 2 ha sido retirada, pero, como acabamos de escuchar, la enmienda 13 se mantiene. 
– Señor Presidente, anoche pedimos a los servicios del Parlamento que consideraran la enmienda nº 12, que el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos presentó en un intento de conseguir igualdad de trato, como una adición. 
No nos oponemos a la igualdad de trato, excepto cuando prevalece sobre la reducción de las cargas administrativas para las compañías, puesto que las dos cuestiones no están relacionadas en absoluto. 
Sin duda, esto es una treta para eliminar esta reducción del texto. 
Espero escuchar si el Sr. Miller va a considerar esto una cuestión complementaria. 
Si esto no es posible, entonces lo considero una treta para eliminar del texto la reducción de cargas administrativas de las compañías, que posiblemente los Socialistas no quieran incluir. 
. – Señor Presidente, no acostumbro echar una mano a los Liberales. 
El apartado 33 es deficiente. 
Aunque se le añadiera esto, no mejoraría lo suficiente para que fuera un buen apartado. 
Por consiguiente, más bien votaría en contra del apartado 33 y sobre la enmienda. 
– Con esto concluye la votación. 
– Señor Presidente, lo que acabamos de ver en la votación es un ejemplo de conducta antisocial por parte del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Habíamos llegado a una serie de acuerdos con ellos en cuanto a la presentación de enmiendas orales, es muy importante observar que esto se realizó de modo recíproco. 
En cuanto sus enmiendas, que no proponían nada importante, fueron aprobadas, los diputados del grupo Socialista se levantaron y se fueron. 
A lo que me opongo es a que las personas pongan sus cerebros en punto muerto, que es lo que la Sra. Gillig, la ponente, ha hecho estando totalmente dispuesta a apoyar cosas que tendrían un efecto totalmente adverso sobre los trabajadores fronterizos, aunque es portavoz socialista, y además, el grupo Socialista se ha unido a ella al hacerlo. 
Estoy agradecida al Grupo Liberal y a la delegación D66 por el apoyo que ofrecieron a esta enmienda oral. 
No era posible nada más, quizás tengamos otra oportunidad. 
Quisiera añadir que lo que es verdad de los Socialistas también lo es de los Verdes. 
Dispondremos de otra oportunidad cuando tratemos el propio Reglamento. 
El juego no ha terminado todavía, pero quisiera denunciar esta conducta antisocial, estúpida y cobarde ante ustedes. 
Esto ha defraudado a personas que no deberían haberse visto defraudadas. 
Gracias, señora Oomen-Ruijten. 
Entiendo que no está usted muy contenta. 
.–De acuerdo con el Artículo 23 del Acta de adhesión, la Unión Europea puede realizar cualquier enmienda que resulte necesaria a las disposiciones del Acta sobre la política agraria común como resultado de los cambios en los reglamentos comunitarios. 
En otras palabras, los Tratados de Adhesión, ratificados por los diez países que van a unirse a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, pueden modificarse en el ámbito agrario mediante decisiones tomadas por los Quince. 
El resultado de esta adaptación es que la situación, que ya discrimina a los países candidatos en materia agraria, empeora para ellos. 
Debería tenerse en cuenta que los pagos directos a agricultores en los países candidatos ya iban a eliminarse con el tiempo, empezando con solo un 25% de los pagos directos de los actuales Estados miembros en el primer año. 
Ahora también van a ser objeto de los mecanismos de disciplina financieros, lo cual significa que todavía puede que sufran más recortes relativos a pagos agrarios. 
Además, los nuevos pagos directos para cultivos energéticos y frutos secos introducidos con las reformas de la PAC se verán afectados por los mismos acuerdos de eliminación gradual. 
Estos países ya no tendrán la oportunidad de la derogación en cuanto al pago único, lo cual implica una mayor discriminación y ya ha ocasionado objeciones por parte de la República Checa, Polonia, Eslovenia y Estonia. 
Esto es simplemente una cuestión más... 
.– La Comisión ha propuesto adaptaciones al Acta de adhesión de los 10 nuevos Estados miembros a fin de tener en cuenta las reformas del año pasado de la política agraria común, especialmente la introducción del Pago Único. 
De hecho, como el ponente ha subrayado, en su forma actual, los textos de la reforma de la PAC no tienen en cuenta los resultados de las negociaciones de acceso o la propia ampliación. 
Es bien sabido que los miembros observadores no están satisfechos con la propuesta porque a los agricultores de sus Estados miembros se les dará un tratamiento distinto al principio, con pagos directos para ciertos productos realizados únicamente y de forma gradual a lo largo de 10 años. 
Sin embargo, a pesar de la insatisfacción de los observadores sobre una serie de cuestiones, la propuesta de la Comisión fue aceptada sin enmiendas por parte del ponente, y su postura fue adoptada por unanimidad por parte de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Esta decisión también refleja el hecho de que el Consejo ya ha llegado a un acuerdo sobre este asunto. 
He votado a favor. 
.– Creo que tengo que apoyar este informe, que busca la aprobación de una propuesta cuyo objetivo es proporcionar a la Comunidad un instrumento válido que proteja los intereses de un sector vital de la economía europea, que es la provisión de servicios aéreos. 
Las graves distorsiones de competencia internacional en este sector, causadas en parte por las sustanciales ayudas ofrecidas por varios Estados miembros a sus propias compañías aéreas, justifican plenamente la iniciativa de la Comisión de proporcionar a la Comunidad un instrumento para la reacción, basado en el modelo existente en el sector privado. 
Cuando hay pruebas de que una ayuda prestada está causando perjuicios indebidos a la industria comunitaria de aviación civil, es posible abrir una investigación y aclarar así la situación, para que pueda exigirse que las compañías extranjeras en cuestión paguen compensaciones. 
El escepticismo de las compañías aéreas europeas en cuanto a la efectividad de este instrumento, debido a la dificultad para demostrar que compañías de otros países no comunitarios están operando de manera injusta estableciendo los precios de sus billetes demasiado bajos, dependerá únicamente de la capacidad de la Comisión de poner en práctica este instrumento. 
.– He apoyado este informe porque creo que la propuesta del Sr. Nicholson es muy equilibrada al sugerir muy pocos cambios, lo cual no debería impedir alcanzar una conclusión rápida para este importante expediente. 
El objetivo de este proyecto de reglamento sobre requisitos de seguros para compañías y operadores aéreos es restaurar cierta estabilidad en el mercado del seguro de aviación en Europa tras los eventos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y la decisión de la Comisión de no autorizar una extensión de los acuerdos sobre seguros financiados por el Estado en la Unión Europea. 
Las medidas propuestas por la Comisión, es decir, la adopción de disposiciones legislativas vinculantes tanto para las compañías aéreas comunitarias como para las de terceros países, y el establecimiento de unos requisitos mínimos de seguro en cuando a responsabilidad hacia el pasajero, el equipaje, la mercancía, el correo y las terceras partes, se verán reforzados por la positiva contribución del ponente. 
.–Como he dicho en la votación en primera lectura, acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión y el excelente trabajo del ponente. 
Los intercambios electrónicos entre las autoridades nacionales y entre estas y las instituciones comunitarias son de una importancia vital a dos niveles. A nivel operativo son una preciosa fuente de información y cooperación para los agentes nacionales, locales y regionales de la administración pública, y por tanto producen una mayor efectividad, mientras que a nivel de garantía de los derechos de los ciudadanos, facilitan y hacen más transparentes las relaciones con las autoridades públicas nacionales y comunitarias. 
Ahora que el Consejo ha aprobado por unanimidad la posición común (incluidas las enmiendas propuestas por el Parlamento en la primera lectura) , espero que los buenos resultados alcanzados por el programa IDA (Intercambio de Datos entre Administraciones) garantizará, como propone la Comisión, la continuación del programa anterior (IDA II) , de ahora en adelante conocido como IDABC –prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos. 
Por último, debo subrayar la importancia de extender las prestaciones de este intercambio de información a compañías y ciudadanos, cumpliendo los objetivos de la estrategia de Lisboa y el Plan de Acción eEurope 2005 de administración electrónica aprobado en el Consejo Europeo de Sevilla en junio de 2002. 
.– La evolución social y económica necesita la conclusión de importantes trabajos de infraestructura. 
Sin embargo, el programa de la Comisión sobre redes transeuropeas no responde a la necesidad real de desarrollo para beneficio de los trabajadores y del pueblo llano, a la necesidad de mejorar su nivel de vida o a la necesidad de una comunicación más fácil entre los pueblos. 
Al contrario, paraliza importantes recursos nacionales, en algunos países incluso casi toda la inversión pública, en trabajos seleccionados por grandes compañías mediante el único criterio de sus necesidades: aumentar su rentabilidad y consolidar su posición. 
Se está dando prioridad a los sectores y los trabajos que garantizan la participación y su consiguiente explotación por parte del capital privado, mientras estas infraestructuras deberían pertenecer al pueblo y deberían estar diseñadas para satisfacer sus necesidades. 
Por tanto, hay trabajos que no están combinados con actividades productivas, trabajos que perjudican el medio ambiente y trabajos que ofrecen poco o nada a la sociedad local. 
Nos oponemos a cualquier participación del capital privado, especialmente la explotación de trabajos por parte del mismo. 
Creemos que los trabajadores deben reclamar trabajos de infraestructura del sector público, definir sus prioridades y exigir inversiones totalmente públicas con participación comunitaria. 
. 
La cuestión de mejorar los medios de comunicación es un factor estratégico para el desarrollo de la economía de «Padania». 
Por esa razón la ha votado a favor de la conexión ferroviaria trans- «Padania» y el Corredor 5 que situarían a «Padania» en el centro de una ruta que se extendería desde Lisboa a Ucrania. 
. 
La votación en este Parlamento de las Redes Transeuropeas (RTE) para el transporte afortunadamente ha devuelto la estricta obligación de respetar las directivas comunitarias acerca de lo siguiente: evaluaciones de impacto medioambiental estratégicas, consulta a residentes, preservación de lugares de conservación y de asentamientos humanos protegidos. 
Esta es una obligación que las propuestas iniciales de la comisión y la Comisión ignoraron. 
El puente sobre el Estrecho de Mesina, una adición a la ruta ferroviaria norte-sur –propuesta únicamente a petición del gobierno italiano, aunque nunca objeto de evaluaciones de impacto medioambientales, como el anterior Comisario, el Sr. Van Miert admitió a los Diputados de este Parlamento– ha sido tachado de la lista de proyectos de interés europeo. 
De hecho, este era un proyecto insostenible, que ya había despilfarrado 80 millones de euros en la elaboración de estudios incompletos sobre el impacto de más de 60 km de carretera y enlaces ferroviarios en una zona altamente urbanizada. 
Los paisajes de la Costa Viola y la región de Mesina terminarían devastados, y los recursos turísticos y los asentamientos urbanos serían destruidos. 
Afortunadamente, tras la propuesta del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica, el Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea y el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, este proyecto, que surgió únicamente de la megalomanía del Primer Ministro italiano y de la falta de respeto hacia el medio ambiente, no malgastará inútilmente fondos comunitarios. 
Todavía queda una batalla por luchar para garantizar que el proyecto también se tache de la lista de trabajos italianos proporcionada por la Ley sobre Objetivos, y que en su lugar el empleo y el desarrollo se revitalicen en el sur de Italia. 
. 
El problema de mejorar los medios de comunicación, ya sea por carretera o por tren, es un elemento estratégico del desarrollo económico de Europa. 
En este contexto, la implementación de Corredor 5 y la línea ferroviaria de alta velocidad trans- «Padania» es una respuesta necesaria más que nunca y es muy útil en relación con el problema de la congestión y la poca eficiencia del transporte público y privado en el Veneto; la culpa de esta poca eficiencia debe recaer en la falta de interés que han acusado las autoridades de Roma durante años por un desarrollo equilibrado de nuestra región del Veneto y del noreste en general. 
El gobierno Berlusconi, animado en este asunto por la, ha tomado correctamente medidas en Europa a fin de obtener la luz verde y la financiación necesaria para implementar Corredor 5, que situará a «Padania» en el centro de una ruta económica y comercial que se extenderá desde Lisboa hasta Ucrania; en especial será posible fomentar y desarrollar el comercio extranjero con los mercados del Este. 
Todo esto va en detrimento de proyectos alternativos que proporcionaron el traslado de Corredor 5 más allá de los Alpes, separando así nuestras regiones y nuestros negocios de los mercados del Este. 
.– Felicito al Sr. Bradbourn por el informe que nos ha presentado, el cual apoyo. 
Este trabajo revela unos conocimientos técnicos enormes en su enfoque de un tema de importancia vital: el desarrollo de una verdadera red de transporte transeuropea en el contexto de la ampliación. 
Sin embargo, quisiera subrayar los siguientes puntos: 
-el acto de rechazar la clasificación de proyectos de interés europeo debería ser tarea del Consejo y del Parlamento. 
-la necesidad de aceptar la lista de proyectos prioritarios en el Anexo III sin cambios; 
-la importancia de desarrollar «autopistas marítimas» , esenciales para eliminar la parálisis en la red de transporte transeuropea y de alcanzar un cambio modal real en esta red. 
.– La cuestión que se está planteando, en Portugal y en otros países, tiene que ver con la integración y la coherencia de las conexiones de alta velocidad con el resto de la red ferroviaria, formando una red coherente de acceso para las poblaciones, garantizando conexiones con las regiones del país y otros países y contribuyendo a la cohesión económica, social y territorial. 
Por lo tanto, junto con el tren de alta velocidad, es esencial terminar el trabajo de la modernización de la red nacional, con incrementos sustanciales de velocidad, nueva señalización, electrificación, duplicación de secciones congestionadas, sistemas de control automáticos, mejoras sustanciales en la calidad y la funcionalidad de la estación y la adquisición de material rodante que pueda adaptarse a diferentes anchos. 
La propuesta de la Comisión continúa la comunicación sobre la inversión en redes y conocimientos destinados al crecimiento y al empleo. 
Sin embargo, en Portugal, mientras se realizan inversiones en el tren de alta velocidad, incluido ahora en el paquete «Quick Start» , han comenzado los preparativos para desmantelar, una compañía nacional altamente especializada que está lista para este reto. 
Está previsto que muchos proyectos de trenes de alta velocidad incluidos en este paquete por el Consejo se concluyan más o menos en la fecha propuesta por la Comisión para la liberalización del transporte internacional de pasajeros. 
Esto sería extraño si no fuera un ejemplo de contradicciones, por las que lo que prevalece es siempre lo que es menos útil para las poblaciones, siempre en detrimento del servicio público. 
En esta explicación de voto, debo insistir en la necesidad absoluta de que los proyectos y medidas se evalúen en términos del vínculo indispensable entre políticas nacionales y redes transeuropeas. 
.– He apoyado este informe sobre directrices comunitarias para el desarrollo de la red de transporte transeuropea. 
Se trata de una estrategia que tendrá un gran impacto sobre Europa en términos tanto de crecimiento como de empleo, y que debería garantizar un gran progreso en términos de la economía del continente. 
Estoy de acuerdo con la posición de la comisión parlamentaria especialista cuando apoya la esencia del enfoque de la Comisión pero propone cambios importantes en cuanto a una mayor implicación por parte del Parlamento Europeo, específicamente en la evaluación de los proyectos con el tiempo, incluida la posible eliminación de la clasificación del «proyecto de interés europeo» y el nombramiento de un coordinador europeo para un proyecto transnacional. 
También considero muy apropiada la sugerencia de que la Comisión debería presentar los proyectos de las llamadas autopistas marítimas en el plazo de un año. 
En vista de las muchas dudas planteadas recientemente en cuanto a la comunicación Quick Start, que selecciona los proyectos prioritarios que están en situación de que el trabajo se realice más rápidamente, la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo es prudente al subrayar el hecho de que esta comunicación no es vinculante. 
.– Estoy de acuerdo con este informe, que promueve la aprobación de una propuesta de excluir del Reglamento (CE) nº 2320/2002 las zonas de los aeropuertos reservados exclusivamente a aeronaves de pequeño tamaño. 
Este reglamento, que entró en vigor en enero de 2003, fue aprobado tras los terribles acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y perseguía la adopción de medidas más estrictas de seguridad en la aviación civil, especialmente en los aeropuertos. 
La enmienda se refiere en particular a los aeródromos para aeronaves de tamaño pequeño y a los vuelos recreativos que se encuentran junto a los aeropuertos y está motivada por el hecho de que resulta poco eficaz y caro aplicar a estas zonas las mismas normas de seguridad que se aplican a los aeropuertos. 
Para los casos en que aeronaves pequeñas utilizan instalaciones que se encuentran junto a los aeropuertos, la Comisión propone introducir «zonas demarcadas» , separadas de las otras zonas. 
He votado a favor del informe. 
. Apoyo totalmente este informe y celebro que este Parlamento lo haya aprobado. 
La aprobación de este informe es crucial para la aprobación de la revisión general y la simplificación del Reglamento (CEE) nº 1408/71, pendientes desde hace tiempo. 
Apoyo a la ponente, que ha trabajado arduamente para llegar a una conclusión positiva de este expediente en su primera lectura con objeto de facilitar la coordinación de los regímenes de seguridad social. 
Es importante que sigamos aumentando la transparencia y la claridad y fortaleciendo la protección jurídica de los ciudadanos. 
Es especialmente importante que sigamos eliminando barreras que afectan a la movilidad de los trabajadores en el seno de la Unión. 
Si queremos lograr alguna vez los objetivos proclamados de la Cumbre de Lisboa, es preciso facilitar la movilidad. 
. 
Felicito a la Sra. Gillig por su informe sencillo pero eficaz sobre la propuesta de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifique el Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71, que apoyo por la necesidad que sienten los ciudadanos de que entre los Estados miembros se coordinen mejor los regímenes de seguridad social. 
Es un intento de eliminar los obstáculos restantes a la movilidad de los trabajadores en la Unión Europea. 
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El informe de la Sra. Gillig se refiere a la propuesta anual de modificar el Reglamento (CEE) nº 1408/71 y el Reglamento (CEE) nº 574/72 para tener en cuenta el desarrollo de los regímenes nacionales de seguridad social, incorporar cambios en las leyes nacionales y tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
La propuesta actual de la Comisión pretende, esencialmente, actualizar aspectos del Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativos a prestaciones en efectivo de carácter no contributivo tras una serie de decisiones del Tribunal de Justicia. 
El Tribunal opina que estas derogaciones del principio de exportabilidad de los beneficios deben interpretarse en sentido estricto. 
En este contexto debemos hacer hincapié en la importancia, en un campo extraordinariamente técnico, de garantizar que se cumplen las leyes nacionales de los Estados miembros en el ámbito de la protección social, a la vez que se tiene presente que el objetivo fundamental de la coordinación deseada de estos sistemas es garantizar una doble dimensión: seguridad social y asistencia social, en todo el territorio de la Unión Europea. 
Esto es muy importante cuando se trata de personas con discapacidades o especialmente dependientes, como las que contemplan las enmiendas que ahora examinamos. 
El concepto de cohesión real e inclusión social lo hace necesario. 
Por consiguiente, he votado a favor. 
. – Este informe vuelve a nosotros después de haber sido remitido a la comisión parlamentaria, lo que demuestra la falta de oportunidad de la propuesta de la Comisión. 
Los diputados de Caza, Pesca, Naturaleza y Tradiciones del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias mantienen su posición inicial sobre el sector postal; las características específicas de este sector, especialmente en Francia, por su contribución a la cohesión social y territorial, nos llevan a oponernos a cualquier liberalización europea. 
Las enmiendas propuestas son un mal menor, pues permiten cierta adaptación en cuanto a la fiscalización de las prestaciones postales. 
Dicho esto, no suscribimos la lógica consistente en suprimir la exención de IVA, porque no tenemos ninguna certeza sobre la evolución posterior: elevación de tipos, ampliación de la base, repercusión negativa sobre los consumidores, en particular. 
Apoyamos, pues, el rechazo de la propuesta de la Comisión, pero, a diferencia del ponente, seguimos sin apoyar el mercado interior europeo en el sector postal. 
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Esta propuesta de la Comisión pretende eliminar la exención del IVA concedida a los proveedores de servicios postales públicos. 
Su aprobación afectaría no solo a estos mismos proveedores, sino también a los consumidores, y, en particular, elevaría los precios de los servicios prestados. 
Además, esta propuesta tendría que examinarse en el contexto del panorama de liberalización de los servicios postales que está teniendo lugar en estos momentos en la Comunidad y que guarda relación con la creación de un sistema común de IVA. 
Es necesario recordar que, aunque el 18 de diciembre de 2003 el Parlamento rechazó esta propuesta de directiva, la Comisión ha insistido en mantener la propuesta. 
El ponente presentó varias enmiendas de compromiso de la directiva pero, aunque iban dirigidas a suavizar su impacto, pretendían garantizar su aprobación sin poner en duda la lógica del sistema del IVA o de la directiva sobre liberalización. 
. En la primera lectura, el 15 de diciembre de 2003, en calidad de ponente de este informe, llegué a la conclusión de que la privatización de los servicios postales presenta grandes desventajas desde el punto de vista de la calidad, la puntualidad del servicio, los precios que se cobran a los consumidores y las condiciones de trabajo de los empleados. 
Además, ahora existen desventajas añadidas, porque las cartas postales van a tener que pagar otro nuevo impuesto y, por tanto, me he alegrado de que una mayoría de la Asamblea comparta mi preocupación y haya rechazado el informe. 
Lamentablemente, el servicio postal público de Francia ha puesto en peligro el anterior buen resultado al hacer presión sobre la izquierda francesa. cree que, acogiendo con agrado el impuesto, que podrá reclamar al Estado, logrará satisfacer sus intereses. 
Para mi sorpresa, mi colega Philippe Herzog defendió esta posición ayer por la tarde, y hoy, los Diputados al Parlamento Europeo franceses del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos han impedido que este informe sea nuevamente rechazado. 
Mañana, mi grupo, a pesar de su solidaridad con la situación especial de un país concreto, mantendrá su rechazo original que he defendido. Sin embargo, el daño ya está hecho. 
Pero una vez más, los ciudadanos europeos se ven cargados con un impuesto que no tiene relación con sus ingresos o su patrimonio. 
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Tras el rechazo el 16 de diciembre de 2003 por parte del Parlamento de la propuesta de la Comisión de eliminar la exención del IVA en los servicios postales públicos, la Comisión no retiró su propuesta. 
El informe se remitió a la comisión competente de acuerdo con el Reglamento y este es el nuevo informe que se ha sometido hoy a votación. 
Debemos tener en cuenta que la propuesta de la Comisión pretende eliminar la exención del IVA para los proveedores de servicios postales públicos, a fin de crear un campo de juego equitativo con los servicios prestados por competidores privados que están sometidos a un IVA completo. 
En consecuencia, la Comisión propone que se aplique el tipo normal de IVA a todos los envíos que pesen más de 2 kilogramos, y que se dé libertad a los Estados miembros para decidir si aplican o no un tipo más bajo de IVA a envíos que pesen menos de 2 kilogramos. 
No obstante, el ponente propone que se tengan en cuenta las objeciones que han propiciado el rechazo inicial del informe y propone aumentar el peso límite de 2 kilogramos a 10 kilogramos para un tipo reducido aplicable a envíos normales y que la entrada en vigor de la directiva se posponga hasta 2007. 
En mi opinión, la propuesta representa una mejora significativa con respecto a la anterior, y, por tanto, justifica mi voto. 
. – He votado a favor de este informe, como hice con el anterior. 
Y he votado a favor no porque apoye la política del Gobierno del Sr. Sharon, sino porque, para mí, un acuerdo como este promovería la paz ayudando a las fuerzas de la paz que están muy presentes en el mundo científico. 
Además, estoy seguro de que todo lo que es favorable a la inteligencia va en contra de los integrismos y, por tanto, de la violencia. 
En este jueves 11 de marzo de 2004, añadiré que el terrible atentado de Madrid que traumatiza a Europa debería permitirnos «comprender» mejor a la opinión pública civil israelí, permanentemente amenazada y víctima de atentados terroristas sanguinarios. 
. Quiero que conste en acta mi oposición a este informe. 
Es totalmente inapropiado que la Unión Europea participe en esta forma de cooperación con Israel, mientras ese país siga ignorando abiertamente el derecho internacional y violando los derechos humanos del pueblo palestino. 
Hace poco fui a ver el llamado «muro de seguridad» y me quedé horrorizado al ver que se está cercando y vallando a los palestinos en enclaves, y su oportunidad de salir de esos enclaves depende totalmente de la voluntad de las fuerzas de seguridad israelíes. 
Condeno sin reservas las atrocidades cometidas por ambas partes en este conflicto. 
La libertad de Palestina no se obtendrá asesinando a civiles: el terrorismo destruye la libertad. 
La seguridad israelí no se obtendrá construyendo un «muro de segregación» , que tiene menos que ver con la seguridad que con el viejo plan de Ariel Sharon de anexionar el territorio palestino. 
El Parlamento debería rechazar la propuesta de la Comisión para una decisión del Consejo y la conclusión del Acuerdo en señal de protesta contra el desprecio de Israel por la opinión mundial y el derecho internacional, y su incapacidad para implicarse constructivamente con líderes palestinos elegidos en un esfuerzo por traer la paz a la región. 
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¿Cómo encarar esta propuesta, ante la política colonialista y agresiva del Gobierno israelí en contra del pueblo palestino? 
¿Cómo encarar esta propuesta cuando el ejército israelí ha perpetrado más ataques que han matado a tantas personas, incluso a niños? 
¿Cómo encarar esta propuesta cuando las autoridades israelíes sigue construyendo un muro de ocupación y apartheid ilegal e inaceptable? 
¿Cómo encarar este acuerdo tras escuchar el testimonio de palestinos a quienes se niegan los derechos más fundamentales, como la paz, la seguridad, los alimentos, la sanidad, la educación, la vivienda, el empleo, la libertad de movimiento, las condiciones de vida más básicas, la dignidad, un Estado independiente y soberano? 
¿Cómo encarar este acuerdo tras escuchar el testimonio de israelíes que luchan en su propio país por la paz y en contra de la política de su gobierno, muchos de los cuales han corrido o corren el riesgo de ser encarcelados por negarse a servir en el ejército de ocupación israelí? 
¿Cómo encarar esta propuesta, dada la inaceptable posición de la Unión Europea que afirma ser «imparcial» y al mismo tiempo insiste en equiparar al agresor y a la víctima, a la fuerza colonizadora y a la víctima de la colonización, al ejército israelí y al pueblo palestino? 
¿Cómo encarar esta propuesta, cuando el ejército israelí ha destruido prácticamente todas las infraestructuras palestinas, muchas de las cuales se construyeron con fondos de la Unión Europea? 
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El informe de la Sra. Quisthoudt-Rowohl propone que aprobemos la decisión del Consejo y concluyamos el acuerdo de cooperación en materia científica y tecnológica, en particular investigación sobre biotecnología, optoelectrónica, investigación médica y viajes espaciales, tecnologías de la información, telecomunicaciones y desarrollo de software. 
Desde el punto de vista de la política de investigación, estoy de acuerdo con la declaración de la ponente de que «no hay nada que se oponga a la prórroga del Acuerdo» y existen ventajas para mantener los vínculos económicos y políticos con Israel, lo que permitiría a la Unión Europea desempeñar un papel eficaz en la región. 
La Comunidad científica, que ve ventajas claras en el mantenimiento de la cooperación, también ha acogido con gran satisfacción el acuerdo. 
Volviendo sobre la cuestión política fundamental, esta cooperación constructiva podría contribuir a facilitar el diálogo entre las partes que hoy están en conflicto o a iniciar un nuevo diálogo entre ellas, con la esperanza de que los investigadores y las instituciones palestinas también puedan cooperar con las instituciones israelíes y europeas. 
Además, hemos de tener presente que a quienes se han comprometido con la construcción les resultará duro apoyar la destrucción. 
He votado a favor. 
. – El pánico ha aterrizado en Bruselas porque el objetivo que se fijaron en Bruselas hace 4 años de que la Unión Europea se convirtiera en la economía más competitiva del mundo, en beneficio de su monopolios, está muy lejos de conseguirse. 
Se ha hecho un llamamiento al Consejo, que se celebrará del 25 al 26 de marzo, para que adopte medidas aún más básicas, para ganar el terreno perdido gracias a reacciones y manifestaciones de las bases. 
El conjunto de las propuestas de la Comisión y para cada país son relevantes. 
Nuestro país, por ejemplo, está acusado, entre otras cosas, de no haber puesto a su población mayor a trabajar, de no haber aplicado cambios importantes en el sistema de pensiones, de no haber reducido las contribuciones sociales y de seguridad de los empresarios, de no haber formalizado contratos de empleo lo suficientemente flexibles, de no haber promovido lo suficiente el empleo a tiempo parcial y de no haber completado las privatizaciones. 
Incluso el convenio colectivo nacional de empleo es objeto de críticas, porque pone obstáculos a los empresarios, que preferirían contratos de empleo locales o individuales. 
Los gobiernos griego y otros han de contestar a estas demandas provocativas y no tenemos duda alguna de que quieren hacerlo, pues lo han hecho durante muchos años. 
Sin embargo, también está la otra parte, el movimiento de los trabajadores y de las bases, que tiene capacidad, mediante la congregación y la lucha, de arruinar estos planes. 
. – En la resolución del Parlamento Europeo sobre el proceso constitucional y la preparación del Consejo de los días 25 y 26 de marzo de 2004 se hace el chantaje habitual, que se ha repetido con cada Tratado, consistente en proclamar que la falta de acuerdo tendrá consecuencias negativas para la integración y la ampliación, y traerá consigo «una pérdida devastadora de solidaridad y legitimidad». 
Pensamos, por el contrario, que cualquier cosa es preferible a un mal acuerdo que nos ate las manos por mucho tiempo. 
¿Hay que recordar nuestras advertencias sobre el Tratado de Ámsterdam, que transfería a la Comunidad competencias esenciales en materia de inmigración y aumentaba los poderes de la Comisión? 
¿Hay que recordar nuestras advertencias sobre el Tratado de Niza, que suprimía el segundo Comisario de Francia y reducía nuestra representación en el Parlamento Europeo de 87 miembros a 78 (y pronto a 72) , mientras que Alemania se mantenía en 99? 
Ni estas advertencias, ni muchas otras, han sido tenidas en cuenta por los Gobiernos, y hoy todo el mundo se desespera por estar inmersos en procesos que debilitan a Francia. 
El actual proyecto de Constitución europea es inoportuno, como expliqué ayer aún en mi declaración adjunta al debate sobre la ampliación. 
Si la aprobáramos, nos arrepentiríamos pronto. 
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Desde el pasado diciembre las fuerzas dominantes en el Parlamento, de la derecha (incluyendo al PSD) y los socialdemócratas, que incluyen al PSE, han intensificado la presión por la (mal) invocada «Constitución Europea» , si es posible antes del 1 de mayo. 
Podemos ver una iniciativa tras otra de los parlamentarios más eufóricos. 
Tenemos la propuesta, que cuenta con el respaldo de Giscard D’Estaing, uno de los padrinos de la llamada constitución, de que el Parlamento Europeo apruebe simbólicamente el proyecto de la Convención, como efecto mediático, y la propuesta totalmente surrealista de que el Parlamento Europeo chantajee al Consejo negándose a aprobar al próximo Presidente de la Comisión. 
Se están creando escenarios donde la falta de aprobación de la «constitución» propiciará un desastre, teniendo quizá en mente los intereses de los empresarios de la Unión. 
No puedo dejar de mencionar al presidente del PSE, el Sr. Barón Crespo, quien prevé una victoria del partido socialista español en las elecciones españolas del 14 de marzo, con el consiguiente cambio de posición del gobierno de ese país. 
Además, las negociaciones en el Consejo han aumentado considerablemente con la presentación de una propuesta, al parecer por parte de Alemania, de desbloquear la falta de acuerdo en torno a «quién es el jefe» : ¿son solo tres países o unos pocos más? 
Toda esta cuestión y todos los implicados quedan lejos de los verdaderos intereses y necesidades de los trabajadores y ciudadanos de los diferentes países que constituyen la Unión Europea. 
. – La resolución que acaba de adoptar el Parlamento Europeo sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) se sitúa sin dificultad en la misma cota de irresponsabilidad a que nos tiene acostumbrados esta Asamblea en cuestiones de inmigración. 
En materia de asilo, por ejemplo, llama a ratificar rápidamente las desafortunadas propuestas de la Comisión sobre los refugiados. 
El Parlamento Europeo añade ideas de su propia cosecha, como la creación de puntos de entrada protegidos para los solicitantes de asilo fuera del territorio de la Unión Europea, lo que se acompaña de un «sistema de reinstalación a escala comunitaria» , que consistiría en transferir a los refugiados de un primer país de acogida a la Unión (apartado 13). 
Como podría suceder que los ciudadanos de los países de Europa no lo entendieran, el Parlamento Europeo sugiere a los Estados miembros que adopten «las medidas necesarias para convencer a la opinión pública de que la inmigración y la integración son factores positivos para la economía y el crecimiento económico, y fuentes de enriquecimiento cultural» (apartado 20). 
La resolución pide continuamente al Consejo que adopte más rápido las propuestas de la Comisión. 
Nosotros le pedimos, por el contrario, que las frene y las rechace siempre que sean laxas. 
Lamentamos una vez más que el próximo 1 de mayo la Comisión vaya a adquirir el monopolio de la iniciativa en estas materias. 
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Ya va siendo hora de evaluar los resultados y los avances logrados en relación con la aprobación y la aplicación del conjunto de medidas necesarias para conseguir los objetivos fijados en el Tratado de Ámsterdam y el Consejo Europeo de Tampere. 
Hemos logrado elaborar un informe bastante equilibrado y consensuado desde el punto de vista del mensaje que el Parlamento desea transmitir, tanto al Consejo como a la Comisión. 
Aunque se ha avanzado notablemente en la creación de algunas parcelas en el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) , parte de este progreso no se ha logrado en los plazos fijados en Tampere y, lo que es peor, todavía no se han conseguido otros objetivos previamente definidos. 
El Consejo y la Comisión han de adoptar medidas prácticas, claramente indicadas en el informe, en varias parcelas del ELSJ. 
Espero que, de esta forma, para finales de 2004 ya se hayan adoptado todas estas medidas retrasadas y que forman parte de los objetivos y calendarios previstos. 
Asimismo, quiero recordar que la iniciativa aprobada por algunos Estados miembros de emprender una reducción sustancial del presupuesto comunitario en la próxima perspectiva financiera de la Unión Europea (2207-2013) solo puede obstruir los objetivos que proponemos, porque impedirá a la Comisión completar su trabajo en los ámbitos de la Justicia y los Asuntos Interiores, entre otros. 
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Esta propuesta de resolución se ajusta al punto de vista federalista de ir llevando gradualmente el campo de la Justicia y los Asuntos Interiores, establecidos por el Tratado de Amsterdam, a la esfera comunitaria. La intención es ir eliminando gradualmente prerrogativas y competencias que residen en el verdadero centro de la soberanía de los Estados miembros. 
El proceso se amplió en el Tratado de Niza, aprobado en 2000, y se aceleró con el pretexto de la llamada «lucha contra el terrorismo» tras el 11 de septiembre de 2001. Esto ha propiciado la aplicación de medidas represivas, específicamente junto con los Estados Unidos, lo que mina las libertades y los derechos y las garantías fundamentales que la propuesta ni critica ni condena. 
A pesar que alguna crítica relevante y necesaria, la propuesta básicamente apoya las políticas actuales de la Unión Europea en este ámbito, por ejemplo: ampliar el Sistema de Información de Schengen, EUROPOL y EUROJUST, que gradualmente van garantizando la gestión común de las fronteras exteriores, una política de asilo restrictiva, una política de inmigración que criminaliza a los inmigrantes y que promueve su repatriación, el uso de datos biométricos, la orden de arresto y la definición de terrorismo de la Unión Europea. 
Esta propuesta de resolución incluso defiende la llamada «Constitución Europea» y su uso como herramienta para lograr nuevos y peligrosos desarrollos. 
. – El apartado 63 de la Resolución sobre los progresos realizados en 2003 en cuanto a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia ataca una decisión soberana del Parlamento francés: la legislación aprobada por este sobre el respeto del principio de laicismo en los centros escolares públicos franceses. 
Esta toma de postura constituye una injerencia inadmisible del Parlamento Europeo en un ámbito que es de la estricta competencia nacional. 
Hay que añadir a esta clara injerencia un error de juicio, pues la legislación considerada tiene por objeto proteger los derechos fundamentales, en particular los de las mujeres, y no lesionarlos. 
Esta actitud del Parlamento Europeo no augura un buen futuro, cuando la Carta de los Derechos Fundamentales esté en vigor: este instrumento jurídico puede actuar en detrimento de las naciones deseosas de proteger la libertad de sus ciudadanos. 
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Esta resolución exhorta al Parlamento Europeo a hacer balance del desarrollo del «espacio de libertad, seguridad y justicia» en 2003. 
Los Diputados radicales de la opinan que el texto aprobado tendría que haber sido mucho más crítico con la Comisión, el Consejo y los Estados miembros, en particular, condenando la forma tendenciosa en que han actuado y actúan las instituciones que tiene la capacidad de iniciativa y de decisión en estos sectores. 
De hecho, la energía y el calendario que han propuesto estas instituciones y las medidas adoptadas dirigidas a fortalecer los instrumentos de medidas represoras en las áreas de lucha contra el terrorismo, de cooperación en materia penal, de armonizar sanciones y de luchar contra la inmigración legal no se han compensado con un fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos, de la Unión Europea u otros. 
A modo de ejemplo, basta con mencionar el hecho de que la Comisión todavía no ha aprobado la decisión marco anunciada sobre las protecciones de procedimiento. 
Además, con el congelamiento de la Constitución Europea, los problemas estructurales, que el Parlamento Europeo ha venido criticando durante años, siguen sin resolverse. 
Por ejemplo, el ausente o fallido control democrático y jurídico a escala europea y nacional de las medidas y las organizaciones creadas en la Unión Europea. 
. – Una vez más, el Parlamento ha centrado su atención en el progreso de los países candidatos. 
La verdad es que este es un asunto referente a la adhesión de estos países a la Unión Europea, y por este motivo los Diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia votarán en contra del informe, que tiene motivos para celebrar el «progreso» que al parecer han logrado estos países. 
Sus ciudadanos tienen motivos para estar preocupados. 
La venta de empresas públicas y su patrimonio a grandes corporaciones, la abolición de todos los éxitos y la titularidad socialistas, la restricción de sus derechos de soberanía, etcétera, son el precio que los ciudadanos de los países candidatos están pagando y seguirán pagando. 
El informe rebosa hipocresía en cuanto a derechos humanos se refiere. 
No hay una sola referencia a la falta de derechos políticos de la minoría rusa de los Estados bálticos, a las persecuciones y prohibiciones de los partidos comunistas y sus líderes y símbolos, ninguna de las cuales, según la Unión Europea, puede considerarse un incumplimiento de los derechos humanos, tal y como han declarado repetida y provocativamente sus funcionarios. 
En cuanto a Chipre en particular, nos preguntamos: źqué significa la referencia a la adhesión inminente de solamente los chipriotas griegos? 
Igualmente, ¿por qué, dado que todo el mundo reconoce que Denktas es responsable de la falta de avances en las negociaciones, presionan para que la parte griego-chipriota haga más concesiones? 
Estamos seguros de que el pueblo chipriota luchará por una solución justa y viable. 
En el referendo sueco de 1994 sobre la entrada en la Unión Europea, todos los partidos políticos que defendían la pertenencia de Suecia a la Unión Europea afirmaban que la legislación sobre matrimonio y los asuntos de cohabitación y aborto no eran competencia de la toma de decisiones de la Unión Europea. 
Todos los partidos prometieron trabajar en torno a estas cuestiones en ámbitos legislativos estrictamente nacionales, sin interferencias de la Unión Europea. 
Los Moderados seguimos manteniendo esta promesa al electorado sueco y creemos que en este campo la legislación nacional es mucho mejor que la legislación común de la Unión Europea. 
Hemos observado que otros partidos políticos suecos han olvidado su promesa y ahora están dispuestos a transferir esas cuestiones al ámbito de la Unión Europea. 
A largo plazo esto perjudicará a los suecos y se corre el riesgo de entrar en conflicto con las tradiciones y las costumbres suecas. 
No hay una necesidad evidente de coordinación. 
La mejor legislación adaptada se obtiene si los diferentes parlamentos nacionales en la Unión Europea la elaboran por sí mismos. 
Además, antes de la ampliación de la Unión Europea, hay que mostrar respeto por la legislación de los países candidatos a este respecto. 
Los Moderados suecos compartimos la opinión sueca sobre el derecho al aborto y las uniones homosexuales, pero, por respeto a otros países de la Unión Europa, hemos votado en contra de la sección del informe Brok que exige una nueva legislación sobre aborto y las uniones en Polonia. 
. – Me he abstenido sobre el informe Brok aunque por supuesto apoyo plenamente la ampliación de la Unión Europea a los diez Estados miembros cuya adhesión se va a hacer efectiva el próximo 1 de mayo. 
Pero dos apartados de la resolución me plantean problemas. 
El apartado 63 declara que la falta de acuerdo sobre la reunificación de Chipre podría constituir un «serio obstáculo a las aspiraciones europeas de Turquía». 
Está muy bien. 
Pero habría que añadir que hay otros muchos problemas igualmente serios. 
Si no, Turquía dirá mañana que se le había prometido la adhesión si favorecía un acuerdo que pusiera fin a la secesión del norte de la isla. 
Por otra parte, el apartado 64 afirma que si Chipre se reunifica, la Unión Europea estaría dispuesta de inmediato a «aceptar el turco como lengua oficial». 
Es totalmente inoportuno. 
Los turcochipriotas son poco numerosos y su situación es comparable a la de los irlandeses que hablan gaélico, lengua que no ha sido declarada oficial. 
¿Por qué hacer más por la minoría turca de Chipre? 
¿Qué necesidad tenemos de sobrecargar los servicios de traducción en este momento? 
No hay ninguna razón para conceder por adelantado tales bazas a Turquía. 
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Antes de que el 1 de mayo entren en la Unión Europea diez países de Europa Oriental y del Mediterráneo, la Comisión y el Parlamento están una vez más exponiendo su larga lista de requisitos que deben cumplir estos países. 
Aunque la lista está más restringida que en años anteriores, sigue demostrando la falta absoluta de equilibrio que caracteriza al proceso de negociación, en otras palabras, las obligaciones impuestas por la Unión Europea a los países que han solicitado la adhesión. 
El informe ejerce una presión implacable sobre los nuevos países para que adopten el peligroso proyecto de la llamada «Constitución Europea» antes del 1 de mayo y para asegurarse de que estos países han aplicado en su totalidad el acervo comunitario. 
El informe está obsesionado con garantizar el cumplimiento de las reglas del «mercado interior» capitalista y muestra su aprobación por que se apliquen «cláusulas de salvaguardia» , que son herramientas para chantajear y presionar a estos países. 
En cuanto a las inaceptables restricciones a la libertad de movimiento impuestas a estos países, simplemente quiero decir que deben eliminarse lo antes posible. 
En cuanto a las consecuencias de las políticas neoliberales, el informe se limita a reconocer un «incremento significativo en el desempleo, la desigualdad, y la exclusión social». 
Con respecto a una evaluación seria de las consecuencias y del impacto socioeconómicos de la ampliación y las medidas necesarias para afrontarlos, el informe no dice nada en absoluto. 
. En dos meses la Unión Europea acogerá a diez nuevos Estados miembros. 
Aunque debido a las decisiones del año pasado la ampliación es una certeza, el informe Brok recoge una lista de 148 ámbitos de preocupación, y aún se añaden muchos más en forma de enmiendas, algunas de las cuales he presentado yo mismo. 
Por los textos parece que a algunos Estados miembros de esta Asamblea les preocupan mucho las privatizaciones fallidas, la lentitud con que se están eliminando todas las barreras al libre mercado y lo que consideran un nivel excesivamente alto de gasto público. 
No estoy en absoluto de acuerdo con ellos. 
En realidad, estos países ya han cedido ante muchas demandas irrazonables e imprudentes, lo que significa que sus problemas solo pueden empeorar en el futuro. 
El precio que han tenido que pagar por acceder a la Unión Europea les impedirá satisfacer las expectativas de sus ciudadanos, lo que constituirá una amenaza para la democracia. 
A otros les preocupa más la desesperada situación de los millones de romaníes, la marginación de la minoría rusa en los Estados bálticos, la continua discriminación contra los homosexuales, la introducción de leyes electorales destinadas a excluir movimientos políticos más pequeños y la falta grave de preocupación por el medio ambiente. 
Apoyo estas críticas y seguiré haciéndolo incluso cuando estos países ya estén dentro. 
El 1 de mayo diez nuevos Estados miembros se unirán a la Unión Europea, al amparo del Tratado de Adhesión, que se firmó el 16 de abril de 2003 en Atenas. 
Estos países han realizado vigorosos esfuerzos por cumplir las exigencias de la Unión Europea, en especial con respecto a cuestiones institucionales y económicas. 
Por tanto, votaré a favor. 
Sin embargo, quiero plantear dos cuestiones. 
La primera se refiere a Chipre, un país que sigue sin reunificarse. 
La cuestión de Chipre sigue siendo el mayor asunto político que queda aún por resolver. 
Por tanto, me parece esencial centrar todos nuestros esfuerzos en apoyar las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre los griego-chipriotas y los turco-chipriotas. 
Mi segunda cuestión se refiere a las tendencias maximalistas del ponente hacia el federalismo, que todos los sondeos de opinión, incluso el Eurobarómetro, coinciden en rechazarlo por poco realista, ya que la mayoría de los ciudadanos de Europa no le ven sentido y no lo quieren. 
. – No estamos satisfechos con este informe y con la evaluación que contiene del avance de los futuros Estados miembros. 
No queremos entrar en detalles sobre cada Estado, sino más bien pronunciarnos de forma general sobre el principio mismo de la ampliación. 
En efecto, los diputados de Caza, Pesca, Naturaleza y Tradiciones del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias se han expresado en contra de esta ampliación en varias ocasiones, en particular debido a la falta de preparación tanto de dichos Estados como de la Unión Europea. 
Es realmente sorprendente ver que, aunque todo el mundo está de acuerdo en que nadie está preparado en muchas cuestiones (reformas económicas necesarias, corrupción, derechos humanos, instituciones políticas, normas medioambientales y sociales, etc.) , continuamos contra viento y marea la marcha forzada hacia esta ampliación decretada para 2004, después para 2007, después para... , sin ninguna consulta democrática previa. 
Rechazamos, pues, este informe por la misma razón que los anteriores, porque estimamos que vamos demasiado lejos y demasiado rápido, y acabaré diciendo que incluso vamos directos contra el muro. 
. – A diferencia de los episodios precedentes, en especial el último de ellos en noviembre de 2003, Turquía está extrañamente ausente de la ristra de informes dedicados a la evolución del proceso de ampliación que se examinan en la presente sesión. 
¿Es que, al acercarse la cita electoral, parece preferible ocultar la persistencia de un debate muy vivo sobre la conveniencia de la adhesión turca? 
Esta cuestión divide apasionadamente a la opinión en Alemania y desgarra incluso a la Comisión, si damos crédito a la reciente toma de posición del Comisario Bolkestein en contra de la entrada de Turquía en la Unión. 
En todo caso, es muy peligroso afirmar, como hace el informe Brok haciéndose eco de la Comisión, que la falta de acuerdo sobre Chipre constituiría un obstáculo a la entrada de Turquía en la Unión, porque es dar a entender a la inversa que dicho acuerdo le conferiría un derecho de entrada automático. 
Del mismo modo, es totalmente prematuro proponer que el turco se convierta en lengua oficial de la Unión, cuando nadie sabe qué estatuto se reservaría a dicha lengua en el marco de una posible adhesión, ni la importancia de la población afectada, que debe tenerse en cuenta si se quiere evitar que el multilingüismo genere problemas ingobernables. 
En todo caso, hay aquí una precipitación sospechosa. 
. 
Este informe «sobre los progresos realizados por Bulgaria en el camino de la adhesión» describe los objetivos económicos y políticos subyacentes de la ampliación actual de la Unión Europea. 
El informe es especialmente esclarecedor en cuestiones económicas: «Felicita a Bulgaria por su economía de mercado viable» , «anima al Gobierno a proseguir su programa de reforma económica» , «se congratula de la creciente importancia del sector privado» y «teme que toda demora o cancelación de los procedimientos de privatización estratégica puedan dar lugar a una disminución de la inversión exterior directa». 
En otras palabras, se da la bienvenida al capitalismo y se critica toda reserva referente al proceso de privatización y todo obstáculo a la avaricia del capital a gran escala de los países actuales de la Unión Europea que se encuentra en sectores económicos estratégicos de Bulgaria. 
Con gran cinismo, el informe «pide a Bulgaria que […] suprima el requisito de que los ciudadanos de la UE cuenten con un permiso permanente de residencia para llevar a cabo actividades económicas» , mientras que no dice nada sobre las inaceptables restricciones impuestas a los búlgaros en relación con su libertad de movimiento y de residencia en los países de la Unión Europea, incluso después de la adhesión. 
El informe también alude a la adhesión de Bulgaria a la OTAN, prevista para 2004, que sigue siendo un requisito previo implícito para entrar en la Unión Europea. 
. 
Como todos sabemos, Bulgaria presentó su petición de adhesión a la Unión Europea el 18 de diciembre de 1995. 
Sin embargo, la Comisión recomendó que Bulgaria no formara parte de la primera fase de ampliación. 
Por entonces el país iba por el buen camino, en cuanto a los asuntos estrictamente políticos. 
Sin embargo, con respecto a los criterios económicos se ha avanzado muy lentamente. 
Esto sucedió en 1997 y en 1998. 
Una vez comprobado que esta situación había mejorado claramente, al fin se invitó a Bulgaria, en 1999, a Helsinki a iniciar negociaciones con vistas a una futura adhesión. 
Desde entonces, el país ha realizado grandes esfuerzos por cumplir las recomendaciones de la Unión Europea, especialmente en relación con la transposición de la legislación europea. 
Ahora estos esfuerzos se han visto reconocidos y el ponente pide a la Unión Europea que consolide su apoyo con objeto de preparar la adhesión a la primera oportunidad. 
Comparto totalmente esta opinión y la observación de que Bulgaria cumple los criterios principales para entrar en la Unión Europea. Por consiguiente, he votado a favor. 
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Este informe parlamentario sobre «los progresos realizados por Rumania en el camino de la adhesión» es muy esclarecedor y característico del proceso actual de ampliación de la Unión Europea a los países de Europa Oriental y del Mediterráneo. 
Quiero destacar la preocupación de la ponente cuando declara que «Rumania no ha obtenido todavía el aprobado en la asignatura de economía de mercado viable» y recomienda que el país «debe seguir aplicándose en la reforma económica en todos los ámbitos». 
El informe exhorta a Rumania a «que prosiga su programa de reforma estructural con renovado vigor» y a «completar la agenda de privatizaciones» para evitar lo que considera un «tardío inicio de la privatización y la reestructuración de empresas públicas». 
Con ello se pretende, tal y como explica el informe, generar negocios atractivos para la inversión exterior directa, en otras palabras, someter a los sectores estratégicos de la economía de Rumania al control de las grandes corporaciones de los países de la Unión Europea. 
Para concluir debo decir que, al leer algunos de los apartados de este informe, es tentador preguntarse si, en lugar de «dar» lecciones a otros, el Parlamento haría mejor en ocuparse primero de lo que ocurre en los diferentes países de la Unión Europea. 
. 
La admisión de Rumania en la Unión Europea para 2007 está planteando de forma justificada recelos e inquietud, pero a veces por motivos equivocados. 
Ayer escuché al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos utilizar el argumento de que en Rumania en los últimos años se habían privatizado demasiadas pocas empresas. 
Ahora, con un gobierno que se llama a sí mismo de izquierdas, hay como mínimo tantos motivos para criticar seriamente a Rumania como cuando estaba bajo su anterior gobierno de derechas. 
Niños pidiendo y esnifando pegamento, gente pobre sin ningún derecho a asistencia sanitaria, edificios y servicios públicos en ruinas, déficit democrático, corrupción y el colapso de servicios públicos son un hecho ahora como lo fueron entonces. 
Hace poco he recibido la queja de un partido rumano, el Partido Socialista de los Trabajadores, que ahora debe llamarse el Partido de la Alianza Socialista para ser legal, que empezó obteniendo el 4,6 % de los votos en las elecciones de la década de 1990, pero más tarde, en los resultados oficiales, se le asignó el 3,9 %, por lo que quedó por debajo del umbral del 4% y fuera del parlamento. 
No se sabe bien si Rumania ha cumplido alguna vez los criterios de Copenhague para un Estado democrático donde prevalece el Estado de Derecho, o que lo vaya a hacer un un periodo razonable de tiempo. 
Este puede ser un buen motivo para no acelerar su adhesión más que la de Turquía, donde también queda mucho por hacer. 
. 
Recuerdo que fue el 22 de junio de 1995 cuando Rumania presentó su petición de entrar en la Unión Europea. 
Una vez analizada su situación, de acuerdo con los criterios establecidos en Copenhague, Rumania fue asignada al segundo grupo. 
La situación de Rumania merece especial atención, y su camino a la adhesión parece largo, con algunos obstáculos difíciles que todavía ha de superar. 
El país tiene numerosos problemas por resolver, lo que debe hacer para que las negociaciones tengan éxito. 
No obstante, reconozco que se han dado pasos importantes para conseguir la adhesión: el más importante ha sido la modificación de la Constitución el pasado otoño. Por tanto, votaré a favor. 
Sin embargo, me preocupan en especial ciertos campos que precisan soluciones urgentes. 
El Estado de Derecho todavía no existe. 
Los niveles de corrupción son alarmantemente altos. 
El poder judicial no actúa de forma independiente. 
No está garantizada la libertad de los medios de comunicación. 
Estos son solo algunos de los problemas que han de resolverse rápidamente. 
Apruebo el informe, pero pido a Rumania que se esfuerce más para poder entrar en la Unión Europea en 2007, de lo contrario su adhesión se pospondrá con toda seguridad. 
. La delegación VVD está satisfecha con el informe y espera que transmita un poderoso mensaje a la Comisión y al Consejo de la necesidad de que Europa sea, para 2010, la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo. 
Para que esto sea posible, habrá que brindar a la economía europea las oportunidades suficientes. 
Estas oportunidades están recogidas en la enmienda al apartado 33 aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que hace hincapié en la necesidad de desregular y de reducir la carga administrativa de las empresas, así como la necesidad de crear un organismo consultivo independiente para que evalúe la viabilidad de la legislación de la Unión Europea y su impacto. 
La legislación de la Unión Europea, cada vez más profusa y a veces intrusiva, genera un descontento creciente entre la comunidad empresarial y el público, lo que erosiona el apoyo a Europa y se ha demostrado que es uno de los motivos de la escasa participación en las elecciones europeas. 
La distorsión de la competencia causada por la profusión de las cargas administrativas sobre las empresas europeas significa que las regiones económicas como los Estados Unidos y China representan una amenaza económica para nuestros puestos de trabajo y nuestra prosperidad. 
La delegación VVD, como parte del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, ha votado en contra de la enmienda nº 12 del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, no por que los Liberales se opongan al principio de la igualdad de trato, sino porque la enmienda nº 12 sustituiría la versión del apartado 33 que queremos ver. 
. – La conclusión del mercado interior es el objetivo principal de las grandes empresas, para salvaguardar los mayores privilegios posibles, exprimir a las pequeñas y medianas empresas y explotar a la mano de obra con más eficacia. 
La ampliación del mercado va de la mano de la penetración del sector privado en los servicios públicos y de la venta del patrimonio de la gente. 
La privatización desconsiderada, que es el factor principal del mercado interior único, afecta a los sectores más vitales y convierte todas las posesiones sociales en mercancías. 
El informe Miller celebra las propuestas de la Comisión de privatizar los servicios públicos. 
Hace ondear la bandera de la competencia y las cuatro libertades que rodean a las grandes empresas. 
La apertura del mercado de redes, con el pretexto de los supuestos «beneficios» para los consumidores, también incluye el abastecimiento de agua. 
En nombre del beneficio se ignora completamente el hecho de que el agua es un bien social por excelencia, del que no puede privarse a nadie. 
En otras palabras, en nombre del beneficio de las grandes empresas y de las multinacionales no quedará nada en pie. 
Lo único que nos queda por ver es la privatización del aire que respiramos. 
Creemos que los trabajadores han de fijar sus prioridades y defenderse frente a las decisiones de las grandes empresas, y nosotros luchamos con los trabajadores y la clase trabajadora por derechos nuevos que respondan a necesidades modernas. 
El informe que tenemos ante nosotros aborda la estrategia para el mercado interior, una cuestión de máxima importancia para la Unión Europea. 
El informe expone las tareas que debe desempeñar la Unión Europea o, para ser precisos, los Estados miembros sobre una base individual. 
Los distintos ámbitos de acción contemplan cuestiones esenciales para la consecución del principal objetivo, que siempre ha sido el desarrollo continuado del mercado interior. 
Celebramos las medidas diseñadas para reducir las contravenciones de las normas comunitarias y las que promueven la apertura a la competencia de los mercados de servicios de energía, transporte, telecomunicaciones y correos. 
Es igualmente importante que consigamos desarrollar la competitividad, con vistas a aumentar el crecimiento y el empleo. 
También quiero subrayar las propuestas que propiciarán una reducción de los obstáculos fiscales y una mayor transparencia en la adquisición pública. 
Puesto que este informe contribuirá a lograr lo que esperamos sea un mercado interior perfecto, en sus diferentes facetas, por ejemplo personas, productos, servicios y capital, he votado a favor. 
Además, a este respecto quiero indicar que la soberanía de los Estados es una condición previa que siempre ha sustentado la construcción del mercado interior. 
Así ha sido en todas las fases del desarrollo que ha experimentado. 
La soberanía ha de estar garantizada. 
Por tanto, estoy a favor del informe Miller. 
Los Moderados creen que la organización y el contenido de la asistencia sanitaria y los servicios de atención, así como la atención a las personas mayores, son cuestiones nacionales que no deberían tratarse a escala supranacional. 
Debido a que el informe prescribe con gran detalle cómo deben los Estados miembros organizar su asistencia sanitaria y sus servicios de atención, así como la atención a las personas mayores, hemos votado en contra de él, y eso a pesar del hecho de que podemos, en principio, apoyar una serie de propuestas presentadas en el informe, por ejemplo, la relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión Europea a recibir asistencia sanitaria en toda la Unión Europea. 
. 
Los sistemas de asistencia sanitaria en toda la Unión Europea afrontan los mismos desafíos: acceso a todos, altos niveles de calidad y sostenibilidad financiera. 
Los Estados miembros tienen la responsabilidad de organizar y financiar los sistemas sanitarios, pero es preciso aumentar la cooperación intercambiando información, experiencia y buenas prácticas. 
Aprobamos la aplicación del método abierto de coordinación y un calendario detallado, pero los Estados miembros han de fijar objetivos e indicadores comunes como muy tarde para el Consejo Europeo de la Primavera de 2006. 
Algunos Estados miembros están lidiando con largas listas de espera para ciertos tratamientos y con cifras cada vez más bajas de médicos, profesionales sanitarios y personal asistencial debidamente cualificados. 
Es preciso que los Estados miembros mejoren la calidad de los servicios y, mediante los Fondos Estructurales, inviertan en infraestructura y la formación y el desarrollo de profesionales en estos sectores. 
Hay que crear una red de centros de referencia europeos para enfermedades, para la que es preciso concentrar en particular recursos y conocimientos especializados, con vistas a mejorar el uso de la capacidad actual de la Unión Europea. 
Debido al envejecimiento de la población, estos problemas aumentarán, y, por consiguiente, aumentará notablemente el número de enfermedades que exigen un tratamiento médico intensivo y una asistencia médica a largo plazo. Esto pondrá en peligro la sostenibilidad financiera de los sistemas de asistencia sanitaria. 
. He votado a favor de este informe para mostrar mi apoyo a la cooperación entre los Estados miembros en materia de asistencia sanitaria y de atención a largo plazo. 
En particular, apoyo los principios contenidos en el informe relativos al acceso universal, independientemente de las rentas o el patrimonio, a una asistencia de calidad, y la sostenibilidad financiera de los sistemas de asistencia. 
Creo que la creación de un marco integrado y una coordinación más estrecha en materia de seguridad social es una parte importante de nuestros progresos en la consecución de la dimensión social y la protección social incorporadas en el proceso de Lisboa. 
Apoyo la invitación a la Comisión para que formule propuestas encaminadas a seguir avanzando en esta materia y al Consejo para que apruebe el principio de aplicación del método abierto de coordinación y un calendario detallado en el Consejo Europeo el próximo junio, y a los Estados miembros para que establezcan objetivos e indicadores comunes para el Consejo Europeo de 2006 a más tardar. 
Como liberales, siempre colocamos al individuo en el centro de las decisiones políticas. 
En su informe, la Sra. Jöns aborda las cuestiones de la asistencia sanitaria y de los servicios de atención que, de forma distinta, afectan considerablemente a las personas en sus vidas diarias. 
Aborda muchos aspectos importantes de la asistencia sanitaria y de los servicios de atención, que a nosotros también, por supuesto, nos parecen muy importantes para la población de Europa. 
Sin embargo, creemos que la responsabilidad de la asistencia sanitaria y de los servicios de atención debe mantenerse lo más cerca posible del usuario. 
A fin de tener la asistencia sanitaria y los servicios de atención mejor adaptados, pensamos que la responsabilidad ha de residir en el ámbito nacional, y no en el comunitario. 
Por tanto, hemos votado en contra de este informe. 
. 
Quiero felicitar a la Sra. Jöns por su excelente informe sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Propuesta de un informe conjunto sobre «Asistencia sanitaria y atención a las personas mayores: apoyar las estrategias nacionales para garantizar un alto nivel de protección social» , que cuenta con todo mi apoyo. 
En particular, estoy de acuerdo con que es necesario presentar medidas dirigidas a cumplir los tres objetivos propuestos por la Unión Europea en este ámbito. accesibilidad, calidad y sostenibilidad financiera. 
El envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos a largo plazo que afronta la Unión Europea. Por tanto, todos los Estados miembros deben cooperar más estrechamente de forma más estructurada, incluso los que acceden en mayo, para definir buenas prácticas en el sector. 
. 
Este informe se basa en una comunicación de la Comisión relativa a la propuesta de un informe conjunto sobre «Asistencia sanitaria y atención a las personas mayores» , apoyando las estrategias nacionales para garantizar un alto nivel de protección social. 
Celebro que el informe defienda la cooperación en sistemas de asistencia sanitaria y de atención a largo plazo, y que los Estados miembros sigan siendo responsables de organizar y financiar sistemas de asistencia sanitaria. 
Esto facilitará el intercambio de ideas, experiencias y buenas prácticas. 
También estoy de acuerdo con la ponente cuando afirma que los cuidados a domicilio por parte de un miembro de la familia u otra persona tiene ventajas y que es necesario ayudar a estas personas que prestan estos servicios. 
En el informe Bastos sobre la conciliación de la vida profesional, familiar y privada, sobre el que hemos votado durante este período parcial de sesiones, se dieron pasos importantes a este respecto. 
Tiene que haber una distribución territorialmente equilibrada de instalaciones adecuadas para la asistencia sanitaria y cuidados de larga duración entre las regiones urbanas y rurales, y es preciso utilizar los Fondos Estructurales con objeto de crear infraestructura para prestar asistencia sanitaria y cuidados a largo plazo. Si queremos conseguir nuestros objetivos es necesario adoptar estas medidas básicas. 
He votado a favor. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto (2). 
– Señor Presidente, en relación con la observancia del artículo 181 del Reglamento, he presentado una declaración por escrito al amparo del artículo 51 llamando al boicot en contra de Ferrero SpA. 
En un principio se distribuyó, pero el 9 de marzo recibí una carta del Presidente Cox declarando que en su opinión era inadmisible y que, por tanto, iba a retirarla de la circulación. 
He buscado todo lo que he podido en el Reglamento y no he encontrado ninguna norma que permita al Presidente actuar de forma tan arbitraria y en su carta no se cita ninguna norma. 
Por tanto, pido que se remita el asunto a la comisión responsable. 
Existe una larga tradición de campañas políticas mediante actividades de boicot: Barclays con respecto a Sudáfrica, Nestlé en relación con sucedáneos de la leche materna y Shell respecto de Brent Spar y Kabinda. 
Me parece sorprendente que el Parlamento Europeo nos obligue a callarnos de esta forma, sin consultar a una comisión apropiada. 
Por ello le pido que remita el asunto a la comisión apropiada para que la estudie con carácter urgente. 
– Gracias, señor Ford. 
Su observación, por supuesto, será tenida en cuenta y constará en el Acta. (3) 
– De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre Haití. 
Tiene la palabra el Comisario Solbes Mira, en nombre de la Comisión. 
. Señor Presidente, la Comisión está extremadamente preocupada por la situación política, económica y social en Haití y pide a todos los grupos que se abstengan de recurrir a la violencia y respeten la Constitución. 
Esta idea del respeto del Derecho internacional, incluida la legislación humanitaria sobre derechos humanos y refugiados, es fundamental. 
La Comisión apoya una solución pacífica y constitucional de la crisis y ello es necesario para poder celebrar elecciones libres y equitativas en el futuro en un clima que las haga posible. 
La Unión ha apoyado la iniciativa del CARICOM y exhorta a todos los Estados miembros a que la acepten y la apoyen también. 
Esta iniciativa se basa en las resoluciones de la Organización de Estados Americanos y debe contribuir a una solución sostenible de la crisis. 
La Comisión Europea ha concedido apoyo financiero a la misión de la Organización de Estados Americanos en Haití por valor de 1,25 millones de euros. 
Tras la salida del Presidente Aristide la Comisión ha constatado algunos hechos positivos en el frente político y, en particular, en el proceso que ha llevado al nombramiento del Sr. Latortue, como Primer Ministro provisional. 
Su nombramiento constituye un hito importante en la iniciativa del CARICOM y debería abrir el camino a una solución constitucional de las actuales dificultades en la que se encuentra el país, siempre y cuando se adopten las medidas necesarias para romper el ciclo de violencia e implantar un clima de seguridad en Haití. 
La semana pasada, la Comisión Europea destinó 1,8 millones de euros de ayuda humanitaria de urgencia destinada, fundamentalmente, a ayuda sanitaria para personas de las zonas afectadas por la rebelión y de Puerto Príncipe, y estamos dispuestos a analizar la posibilidad de ayuda adicional en función de las necesidades humanitarias. 
En este sentido, estamos trabajando en estrecha colaboración con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Haití para determinar las necesidades existentes. 
Este equipo está recibiendo apoyo y financiación de nuestra Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO). 
Finalmente, quiero señalar que la Comisión está trabajando también en colaboración con otros donantes internacionales presentes en Haití, para coordinar estrategias de desarrollo y responder a las necesidades inmediatas del país, con objeto de acelerar la asistencia para el desarrollo tan pronto como las circunstancias lo permitan 
– Señor Presidente, hace 200 años hubo una revuelta de esclavos en San Domingo. 
Los esclavos derrocaron a sus dueños franceses y establecieron la primera república negra del mundo, que llamaron Haití. 
En una Proclamación de Independencia se prometía fraternidad a los antiguos amos que «han sido justos con nosotros» y que «en lo sucesivo su gobierno será justo». 
Esto es prácticamente lo máximo que se logró en Haití, que a lo largo de nuestra vida ha ido hundiéndose en la pobreza y el terror. 
Se ha convertido en sinónimo de violencia y horror patrocinados por el Estado, con los Tonton Macoutes y los años de Papa Doc. 
Con Aristide llegó una luz de esperanza, que se apagó con un golpe militar, reinstaurado, pero entonces el país fue entrando paulatinamente en un declive económico, violaciones de los derechos humanos, milicias criminales y dudosas prácticas electorales. 
Ahora ha implosionado de nuevo. 
Los cuerpos yacen en las calles, víctimas de todas las partes en conflicto, y los niños que son descubiertos robando ruegan que se les perdone la vida. 
Los niños corren peligro de morir de hambre y enfermedad. 
Las fábricas y los almacenes están destruidos, y con ellos los puestos de trabajo han desaparecido. 
Bandoleros armados, traficantes de drogas y líderes de escuadrones de la muerte están aprovechando el vacío de liderazgo. 
El mundo prestó atención demasiado tarde al creciente nerviosismo de Caricom, que tan elocuentemente expresó Louis Straker, Primer Ministro en funciones de San Vincente y las Granadinas, en la Asamblea Parlamentaria Paritaria de los países ACP celebrada hace unas pocas semanas en Addis Abeba. 
Para entonces ya era demasiado tarde para reunir al Gobierno y a la oposición, y no es que la oposición colaborara especialmente cuando hubo que ceñirse a sus condiciones de cooperación. 
Francia ha enviado tropas para que se unan a las de los Estados Unidos. 
Se supone que mantendrán a sus socios de la Unión Europea informados, les consultarán y les llamarán cuando sea necesario. 
Los demás, ¿debemos retorcernos las manos y dejárselo a ellos? 
¿Seguimos la onda de las resoluciones de las Naciones Unidas? 
¿Nos preparamos y ponemos en marcha nuestra ayuda humanitaria y al desarrollo ulterior? 
¿Contribuimos al coste del mantenimiento de la paz? 
¿Respondemos a los llamamientos de las Naciones Unidas de desbloquear las carreteras para llevar alimentos y ayuda al norte? 
¿Ayudamos a la policía local a volver a capturar a 3 500 prisioneros que se han escapado de 20 prisiones, lo que dificulta que se juzgue a los autores de los crímenes cometidos durante el régimen militar? 
Tenemos que hacer todas estas cosas. 
Tenemos que liberar el dinero congelado del FED. 
Tenemos que apoyar, cuando la fuerza provisional multinacional haya restablecido el orden, las iniciativas de CARICOM de una fuerza de estabilización. 
Hemos de apoyar al Primer Ministro Gérard Latortue, nombrado por el Consejo de los Sabios, y al Presidente provisional, Alexandre. 
Después, es preciso que colaboremos para llevar a los culpables ante la justicia y establecer una comisión de la verdad y la reconciliación. 
En un día en que el terror ha golpeado en nuestro propio continente, en España, y nuestros corazones están con el pueblo de España, hemos de encontrar espacio en nuestros corazones también para los ciudadanos de Haití y darles nuestro apoyo y ayudarles a que tengan justicia. 
– Señor Presidente, la profunda crisis estructural de Haití exige una participación a largo plazo de la comunidad internacional. Si esta falla, se corre el riesgo de que continúe el fracaso político y socioeconómico, con todas las terribles consecuencias para su pueblo. 
Hace poco he leído informes de fuentes fiables de Haití de lo poco que ha cambiado allí la situación y lo grave que sigue siendo. 
Más que la restauración del orden público, la primera prioridad es la rehabilitación de la fuerza policial nacional de Haití, cuyo núcleo lo forman personas fiables que merecen todo el apoyo por parte de la fuerza de emergencia internacional provisional. 
Después de todo, solo así será posible proseguir con el desarme masivo de todos los grupos ilegales enfrentados. 
Sin embargo, hasta la fecha la fuerza de emergencia internacional sigue adoptando un enfoque demasiado pasivo; el resultado es vía libre para delincuentes y bandas armadas. 
Así que, de acuerdo con informantes sobre el terreno, la sangría en Haití continúa. 
Eso es bastante inaceptable, señor Comisario: Exhorto a la comunidad internacional a adoptar medidas firmes en Haití para estabilizar la situación. 
Si no, ¿qué pasará con la prestación de ayuda humanitaria? 
Mientras tanto, los cooperantes extranjeros que siguen allí están bajo una enorme presión, ya que intentan aliviar la miseria. 
Permítanme que cite a uno de ellos: «Sin embargo, personalmente, sigo estando convencido de la utilidad de lo que hacemos aquí, de lo contrario hace tiempo que me habría marchado del país; mi familia está preocupada por mí y esto es lo que me han pedido que haga. 
Creo que, en estos momentos difíciles, es más vital que nunca no abandonar a los ciudadanos de Haití en su lucha por la autonomía y la democracia y apoyarlos sin controlarlos o coaccionarlos.» 
Una voz así de valiente y firme ha de hablarnos y pedirnos que nos impliquemos en Haití. 
¿Qué vamos a hacer con la dedicación incansable de estos valientes cooperantes? 
No quieren marcharse de Haití; ni, de todos modos, pueden hacerlo. 
Por tanto, pido a la Comisión, mientras esperamos que se cree un nuevo gobierno en Haití, que haga todo lo posible por reanudar lo antes posible las actividades continuas. 
De esta forma mantendremos viva la esperanza entre la población rural y dejaremos de malgastar el tiempo. 
– Señor Presidente, la lectura del proyecto de resolución de esta Asamblea sobre la situación en Haití me deja totalmente desconcertado. 
Esperaba felicitaciones para Francia y los Estados Unidos –especialmente para Francia, país europeo– por haber puesto fin a una crisis insurreccional que a todas luces estaba degenerando en una guerra civil muy grave. 
Pero no veo esas felicitaciones en el proyecto de resolución, a pesar de que la Unión Europea, hace varias semanas, afirmaba estar muy preocupada por los estallidos de violencia en Haití y pedía a todos los agentes políticos sin excepción –cito el comunicado de la Presidencia de 18 de febrero– que se abstuvieran de cualquier forma de comportamiento violento. 
Estos llamamientos amistosos no dieron ningún resultado, mientras que Francia y los Estados Unidos han conseguido al menos algo. 
Esperaba también felicitaciones para Francia por no haberse desinteresado, cobardemente, de un país con el que mantiene lazos culturales y afectivos antiguos, aunque ese país esté situado en la proximidad inmediata de los Estados Unidos. 
Francia ha querido demostrar que sigue siendo consciente de sus compromisos históricos, y el Parlamento Europeo habría podido apoyar este comportamiento responsable. 
Esperaba también felicitaciones para Francia por haber llevado a cabo una actuación de diplomacia preventiva, actuación que la Unión Europea, si hubiera sido deportiva, habría podido apoyar. 
En lugar de todo eso, la resolución que se nos propone parece lamentar sobre todo, sin decirlo claramente, que un país europeo haya tomado una iniciativa sin permanecer perpetuamente en las filas de los que lanzan llamamientos amistosos. 
Es una actitud negativa y totalmente lamentable, que conduce al proyecto de resolución a contorsiones sorprendentes. 
Por ejemplo, en el considerando F se critican de forma velada las condiciones de la marcha de Jean Bertrand Aristide, al que se califica de presidente democráticamente elegido, cuando todo el mundo sabe perfectamente, y la propia resolución lo recuerda en el considerando H, que la elección a su segundo mandato tuvo lugar sin la participación de la oposición, que protestaba por el recuento de votos en las elecciones legislativas precedentes, abriendo así una crisis que no hizo más que amplificarse y degenerar después. 
Veo también, en el apartado 11, que el Parlamento Europeo pide que la fuerza multinacional provisional, autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esté integrada no por militares franceses, norteamericanos y canadienses, sino por cascos azules de las Naciones Unidas, como si el Parlamento Europeo quisiera ante todo excluir de dicha fuerza a los países que tienen una presencia en la región, porque son los primeros interesados. 
Para concluir, lamento, señor Presidente, que el proyecto de resolución no reconozca que Francia ha actuado al servicio del Derecho y del interés general, que ha prestado ayuda a un pueblo en peligro –para evitar lo peor–, que defiende la soberanía del pueblo haitiano y que se ocupa de defender la legitimidad del proceso de restauración política. 
Este último va, lo subrayo, por buen camino, puesto que el Consejo de los siete sabios, representativo de la diversidad de la sociedad haitiana, acaba de designar Primer Ministro al Sr. Latortue, con la aprobación del Presidente provisional, Sr. Alexandre, lo que, de paso, hace que el considerando K del proyecto de resolución quede un tanto superado. 
Habría que celebrar esta decisión reciente, que se inscribe en una dinámica de reconciliación y abre la vía a la formación de un gobierno provisional de unidad nacional, encargado de preparar las próximas elecciones. 
. Señor Presidente, agradezco a los intervinientes sus comentarios. 
Únicamente quiero mencionar dos elementos adicionales. 
En primer lugar, el Consejo, en su declaración del día 1 de marzo, puso de relieve claramente su apoyo a la creación de una fuerza multinacional provisional que debería desplegarse en Haití, apoyando así al Consejo de Naciones Unidas. 
En segundo lugar, en cuanto a la posibilidad de utilizar los fondos del octavo FED, la Unión ha condicionado la normalización de las relaciones al cumplimiento de las condiciones y medidas necesarias definidas por las resoluciones de la Organización de Estados Americanos y en ese sentido seguimos trabajando. 
Mientras tanto, en colaboración CARICOM, estamos dispuestos no solo a aportar los fondos de ayuda humanitaria que estaban previstos, sino las cantidades adicionales que pudieran ser necesarias. 
Para concluir este debate he recibido seis propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. (1) 
La votación tendrá lugar inmediatamente después del debate. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre las consecuencias para el medio marino de los sonares activos de baja frecuencia. 
. Señor Presidente, la Comisión es consciente de la actual preocupación acerca del impacto del sonar sobre los mamíferos marinos. 
Sus impulsos con frecuencias bajas y medias pueden perturbar a los cetáceos y también se dispone de la información de que estos sonidos pueden tener impacto sobre los otros tipos de peces y sus comportamientos. 
La legislación europea –especialmente la Directiva Hábitats– exige que los Estados miembros de la Unión tomen las medidas necesarias para establecer un sistema de protección estricta de todos los cetáceos que están presentes en las aguas europeas. 
Sin embargo, ante la ausencia de un análisis exhaustivo y autorizado en el que se recoja toda la información disponible en relación con los efectos del sonar es extremadamente difícil adoptar una postura clara al respecto. 
Esta cuestión fue planteada ya por la Comisión en la reunión del Comité de hábitats del 20 de noviembre de 2002 y la información obtenida posteriormente sobre este tema, de gran complejidad, procedente de Estados miembros y de organizaciones regionales de medio ambiente marino, deben completarse con estudios científicos adicionales. 
El 25 de septiembre de 2003 la Comisión pidió a un organismo científico especializado e independiente –el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, en Dinamarca– que lleve a cabo un informe y una evaluación científica de toda la información pertinente en relación con el efecto del sonar sobre los cetáceos y los peces y ponga de relieve las lagunas de nuestros conocimientos actuales y formule recomendaciones respecto a la investigación futura. 
La Comisión también está interesada en recibir los puntos de vista sobre otras posibles medidas que puedan reducir el efecto del sonar sobre este tipo de animales marinos. 
Solamente basándose en información científica sólida será posible determinar de forma coherente y cooperativa a nivel comunitario las medidas necesarias para no perturbar a los cetáceos mediante actividades relacionadas con el sonar, garantizando el cumplimiento de lo dispuesto en nuestra Directiva sobre hábitats. 
Por otra parte, la Comisión es consciente de los posibles efectos de las actividades militares sobre el medio ambiente pero no es posible tomar más medidas comunitarias para reglamentar el desarrollo de nuevas tecnologías militares debido a la carencia de competencias de la Unión en este ámbito específico. 
– Señor Presidente, quiero decirle que me complace mucho que continúe el debate sobre el sistema de radar de sonar activo de baja frecuencia en el Parlamento Europeo, a pesar de que avance muy lentamente. 
En enero del año pasado se trató mi pregunta oral a la Comisión sobre el impacto medioambiental del sistema de radar LFAS. 
Comisario Solbes Mira, entonces prometió usted que la Comisión enviaría a todos los Estados miembros una comunicación sobre este asunto. 
Gracias por decir que los posibles efectos negativos en el medio ambiente de los equipos de radar contravienen la Directiva Hábitats sobre la protección de la naturaleza. 
La Comisión señaló la necesidad de adoptar medidas para examinar los efectos del LFAS. 
Es positivo que esta cuestión vaya avanzando. 
El pasado octubre, como parte de una delegación parlamentaria, entregamos una petición sobre esta cuestión firmada por 85 000 personas y 68 organizaciones medioambientales en la sede central de la OTAN en Bruselas. 
Al comienzo de esta iniciativa también se obtuvieron más pruebas científicas sobre esta cuestión. 
Hace poco, la revista ha publicado un artículo sobre las 14 ballenas que quedaron encalladas en las Islas Canarias en septiembre del año pasado, todas las cuales murieron. 
Al mismo tiempo, en la zona se iniciaron ejercicios navales, y cuatro horas después las propias ballenas empezaron a encallar en la playa. 
Se descubrió que habían sufrido graves hematomas, que tenían el hígado y los órganos internos dañados y que mostraban síntomas de la enfermedad del buzo, como se la conoce. 
Por tanto, sigo pidiendo a los Estados miembros de la OTAN que limiten el uso de sistemas de radar hasta que se hayan investigado del todo sus efectos ambientales y su relación con las recientes muertes de ballenas. 
Los sistemas de radar de baja frecuencia desarrollados por los Estados Unidos de América y los países de la OTAN podrían ser los causantes de que las ballenas se extravíen hasta las playas y de los daños en sus órganos internos, lo que les produce la muerte. 
El sonido alto en decibelios y de baja frecuencia del radar puede viajar miles de kilómetros en el mar. 
Los Estados Unidos llevan desarrollando el sistema LFAS desde la década de 1980 para observar los submarinos que utilizan nueva tecnología, que son difíciles de ver mediante los antiguos sistemas de radar pasivos. 
El control de las aguas territoriales es un objetivo legítimo, pero los efectos perjudiciales del sistema LFAS no parecen justificados. 
Por tanto, habría que desarrollar tecnologías alternativas. 
Las muertes de ballenas se han producido en áreas donde los Estados Unidos han probado el sistema. 
En marzo de 2000, en las Bahamas, 17 ballenas quedaron encalladas y ocho de ellas murieron al mismo tiempo en que se estaba probando el sistema de radar en el mar. 
Las autopsias de los cuerpos de las ballenas revelaron hematomas en sus cerebros y oídos internos producidos por un ruido extremadamente alto. 
La marina de los Estados Unidos declaró en su informe sobre el caso de las Bahamas que la causa más probable de estas muertes era el sistema de radar. 
El ruido elevado condujo a las ballenas a la playa, donde murieron de un ataque al corazón y, finalmente, también, de hematomas internos. 
Señor Presidente, el tema que tratamos lleva ya años ocupando al Parlamento Europeo, aunque yo diría que con baja intensidad. 
Es decir, ya hay una Resolución del Parlamento Europeo del año 1999 sobre las consecuencias de la tecnología militar sobre el medio ambiente y hay también, con respecto a este tema específico, un par de preguntas escritas a la Comisión, la primera presentada por el Sr. Sturdy y contestada por el Sr. Busquin, que señalaba que no se había solicitado ninguna ayuda para una investigación del tema, y la segunda, posterior, de la Sra. Caroline Lucas, contestada por la Comisaria Wallström, sobre la incidencia del sonar de baja frecuencia. 
La Comisaria Wallström ha coincidido- o, por lo menos, el Sr. Solbes coincide ahora con lo que ella nos dijo entonces- en que esta cuestión incide en el ámbito de la Directiva Hábitats. 
Es decir, que hay un principio de competencia comunitaria en la materia, aunque sea de carácter militar. 
Hay que recordar que en este momento los tribunales federales norteamericanos han dado un interdicto contra la marina norteamericana para que no pueda utilizar sonares de gran potencia y baja frecuencia en el Océano Pacífico, para evitar los daños a la fauna marina. 
Como señalaba mi predecesora, la Sra. Korhola, en el año 2002 se realizaron unas operaciones militares de la OTAN, con participación de buques de la Unión Europea, en aguas de Fuerteventura y Lanzarote y, como consecuencia de ellas, 14 ballenas quedaron varadas. 
Se han realizado estudios por dos profesores, uno de la Universidad de Londres, el Sr. Paul Jepson y el otro, de la Universidad de Las Palmas, el Sr. Fernández, que se publicó en la revista "Nature" de noviembre de 2003, en el que se pone de relieve la incidencia de las operaciones del sonar sobre las ballenas. 
Al parecer, producen una desorientación en las ballenas que hace que estas emerjan súbitamente; se produce un fenómeno de descompresión, se acumula nitrógeno en la sangre de la ballenas y se origina el típico fenómeno del buzo. 
Es decir, desde el punto de vista científico, está ya probada la conexión. 
Estamos hablando de una especie de ballenas pequeñas, parecidas a los delfines, los zifios, que está en una situación muy desesperada y, en este momento, la cuestión que nos planteamos es ¿para qué esta tecnología militar? 
Porque la razón por la cual los norteamericanos están desarrollando estos nuevos sonares de baja frecuencia es para detectar unos submarinos silenciosos que solo ellos fabrican. 
Es decir, si en este momento no hay ningún otro país en el mundo que tenga la tecnología suficiente para fabricar estos submarinos silenciosos, ¿qué sentido tiene que nuestros buques, que pertenecen a la OTAN y están vinculados a la marina de los Estados Unidos, desarrollen esa tecnología? 
Se está produciendo un daño inmediato a esas especies. 
Creo que el Comisario ha contestado de modo correcto, pero, teniendo en cuenta los estudios científicos que ya tenemos y la existencia de esa Resolución del Parlamento Europeo de 1999- cosa que el propio Comisario sabe, ya que él conoce perfectamente las aguas de las que estoy hablando- creo que ha llegado el momento de que la Comisión piense en la posibilidad de tomar iniciativas que, dentro del mantenimiento de las competencias de la Comisión, permitan a las instituciones comunitarias abordar esta cuestión. 
Como sabe el Comisario, en este momento la Unión Europea se dirige hacia algún tipo de política de defensa y seguridad. 
Ya está, por lo menos, recogida en el Tratado de la Unión, y creo que en el ámbito de esa política de seguridad y defensa de la Unión hemos de considerar también los efectos negativos derivados de tal política. 
Por tanto, espero que con esta primera declaración de la Comisión se inicie una nueva política comunitaria y que, al menos en la próxima legislatura, este Parlamento pueda recibir de la Comisión alguna indicación sobre el sentido en el que vamos. 
Me da la impresión de que, a raíz del estudio de la revista "Nature" de los profesores Jepson y Fernández, desde el punto de vista científico está clara la incidencia de esos sonares de baja frecuencia en la supervivencia de las especies de cetáceos. 
Nos queda ahora empezar a recomendar medidas concretas, pidiendo a los Estados, al menos en el marco de la cooperación intergubernamental, que tengan en cuenta esas conclusiones científicas para contribuir al mantenimiento de nuestra ya muy castigada fauna marítima. 
– Señor Presidente, Señorías, en relación con el uso de los sonares de baja frecuencia, plantearé en primer lugar tres preguntas y, después, haré una sugerencia a modo de conclusión. 
Primero, como han recordado los dos diputados que me han precedido, esta cuestión se ha debatido aquí, en esta Cámara, en varias ocasiones y se nos dijo, en particular por parte del Comisario Solbes, que necesitábamos más información. 
Hoy sabemos que se ha encargado un estudio a un organismo danés, pero al final parecerá bastante extraño que la información adicional haya tardado tanto en llegar. 
En realidad, si aplicamos el principio de cautela conforme a los Tratados, tenemos ya suficientes pruebas de la existencia de riesgos graves derivados del uso de estos sonares, en particular para las ballenas, lo que justificaría la adopción desde hoy de una moratoria sobre su uso, a fin de recoger la información necesaria para la obtención de pruebas científicas adicionales. 
¿De verdad debemos seguir esperando a que se hagan realidad los peores escenarios antes de actuar? 
En segundo lugar, somos muy conscientes del preocupante estado en que se encuentran hoy las poblaciones de peces, tanto en Europa como en el mundo entero. 
Hemos conocido –lo cual no es sorprendente– la existencia de elementos que indican que la señales enviadas por los sonares de baja frecuencia afectan a los movimientos de los bancos de peces, lo que puede llevarlos a zonas peligrosas amenazando su propia existencia. 
¿Podemos permitirnos el lujo de desarrollar y utilizar una tecnología que, cuando se prueba en tiempo de paz, puede agravar la desaparición de las poblaciones de peces? 
En tercer lugar, la UE ha dado los primeros pasos para una política de defensa común y una industria del armamento también común. 
Ello tendrá sin duda alguna una repercusión sobre la investigación europea, la política industrial y, en general, el desarrollo de la Unión. 
En un momento en que, en nuestras sociedades, se registra una demanda creciente de soluciones respetuosas con el medio ambiente, debemos demostrar que Europa, en pos de los objetivos de Lisboa, puede ser un líder mundial en materia de tecnologías sostenibles. 
¿Podremos hacerlo si somos incapaces de reaccionar eficazmente contra el desarrollo y el uso de tecnologías tan sospechosas como los sonares de baja frecuencia? 
En conclusión, en aras de un desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental, social y económico, es imperativo que utilicemos plenamente nuestras capacidades como diputados europeos para influir, por todos los medios a nuestra disposición, en las elecciones colectivas fundamentales que se están tomando en el ámbito de las industrias del armamento. 
Por ello, pido enérgicamente a sus Señorías que apoyen mi propuesta de concluir este debate con una resolución en nuestro próximo período parcial de sesiones, aquí mismo, en Estrasburgo. 
Solo así el Parlamento tendrá una posición pertinente que comunicar a los distintos agentes. 
Señor Presidente, la Comisión es sensible a este problema. 
Somos conscientes de que la evidencia científica sobre los problemas planteados por este tipo de sonar son crecientes. 
Sin embargo, creemos que es imprescindible llevar a cabo un análisis más exhaustivo sobre el actual conocimiento científico, en el que sin duda alguna se incorporarán los avances que ya se han producido- como los que ha mencionado el Sr. Medina Ortega al referirse al artículo de los profesores Jepson y Fernández. 
Sin duda alguna, la Comisión a la hora de tomar decisiones tendrá que considerar los aspectos de su competencia, la responsabilidad nacional sobre las directivas de hábitats y el margen de maniobra que los Estados miembros tienen para aplicar el principio de precaución y, sin duda alguna, la reserva específica que hay sobre los temas militares que no deberá frenar nuestra insistencia ante la OTAN y ante las autoridades militares para que presten la debida atención a estos problemas, en especial en aquellos casos que no plantean problemas específicos a corto plazo. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las propuestas de resolución presentadas por los siguientes diputados: 
– las Sras. Isler Béguin y Schroedter, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre Ucrania (B5-0129/2004); 
– el Sr. Belder, en nombre del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, sobre Ucrania (B5-0132/2004); 
– el Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Ucrania (B5-0135/2004); 
– la Sra. Caullery, en nombre del Grupo de la Unión por la Europa de las Naciones, sobre Ucrania (B5-0137/2004); 
– los Sres. Wiersma y Van den Berg, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre Ucrania (B5-0139/2004); 
– el Sr. Posselt, la Sra. Stauner y el Sr. Tannock, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre Ucrania (B5-0141/2004); 
– el Sr. Vinci, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre Ucrania (B5-0143/2004). 
– Señor Presidente, en una verdadera democracia la lucha por el poder político y las ideas es algo saludable y da a la gente la posibilidad de elegir Gobierno y líderes políticos. 
Sin embargo, los resultados de unas elecciones nunca pueden ser seguros antes de la votación, lo que impide a la gente destituir a un régimen poco popular. 
El tardío interés del Presidente Kuchma, poco antes de que finalice su mandato, por transformar el sistema de Ucrania, un sistema presidencial ejecutivo, en un sistema de mayoría parlamentaria, con un primer ministro ejecutivo designado, hace sospechar de que se trata de una maniobra política concebida para perpetuar el poder en sus manos, en un momento en que los sondeos señalan que va muy por detrás del líder de la oposición, el Sr. Ushanka. 
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa criticó duramente la votación de la primera enmienda constitucional en este sentido del 24 de diciembre, porque se empleó el método de votación a mano alzada. 
Incluso se fotografió a algunos diputados con las dos manos alzadas, lo que claramente contraviene las propias reglas del Parlamento ucranio y viola el artículo 3 del Estatuto del Consejo de Europa, con el que Ucrania ha contraído un compromiso vinculante y cuya violación podría poner en peligro la pertenencia de Ucrania. 
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también criticó el comportamiento de la oposición, que protestó bloqueando todo el trabajo del Parlamento. 
El 3 de febrero, y bajo presiones internacionales, se modificó el proyecto de ley constitucional, cosa que debemos celebrar como una mejora, para mantener a un presidente directamente elegido, si bien con una presidencia debilitada, e introducir la seguridad vitalicia del cargo de los jueces, para permitir el apoyo del bloque socialista del Sr. Maroz, que también ha declarado que solo apoyará la lectura final del proyecto de ley si se hacen reformas sustanciales para democratizar el Parlamento a través de un sistema de representación proporcional. 
Una vez más, el Gobierno invocó procedimientos parlamentarios de urgencia cuestionables para acelerar la votación y evitar el debate nacional o parlamentario. 
También quiero recordar al Gobierno de Ucrania que de acuerdo con su constitución, para efectuar un cambio constitucional es preciso normalmente celebrar un referendo entre los ciudadanos. 
Como al resto de esta Asamblea, a mí también me preocupan las medidas que pueden ahogar el debate abierto y libre en Ucrania. 
Está claro que las presiones ejercidas en contra de los medios de la oposición son algo habitual. 
El argumento citado en la resolución del periódico, es un mal argumento, en mi opinión, porque fue comprensible y correctamente procesado por publicar tres artículos radicalmente antisemitas. 
El Gobierno también afirma que el final de las emisiones de Radio Liberty se debió totalmente a consideraciones comerciales más que a motivos políticos de presión contra la oposición. 
En defensa del Sr. Kuchma, no se han demostrado las alegaciones de los Estados Unidos de haber incumplido las sanciones impuestas el año pasado por las Naciones Unidas al exportar el sistema de radar Kolchuha al Iraq, ya que nunca se ha encontrado dicho sistema de radar en la búsqueda de armas de destrucción masiva en el Iraq. 
Ucrania se encuentra ahora en una encrucijada entre un futuro democrático de corte occidental con aspiraciones a entrar en la Unión Europea, que en principio apoyamos en el Parlamento Europeo, y la vuelta a un tipo de sistema autoritario semidemocrático. 
Es Ucrania quien debe decidir. 
Creemos firmemente que la primera opción es preferible para la prosperidad y la libertad futuras de su pueblo y de ese maravilloso país. 
– Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea se amplía reuniendo en torno a sus valores y normas a Estados de la Europa central y oriental emancipados de decenios de yugo comunista. 
Esta armonización por lo alto de los contextos políticos y económicos, armonización reivindicada y perseguida por los Estados candidatos, mantiene la estabilidad y la prosperidad del espacio europeo. 
Pero la ampliación ha puesto también de manifiesto y nos ha hecho comprender la existencia de una nueva vecindad a las orillas de Europa. 
Ucrania es uno de esos países europeos que tienen dificultades para sustraerse de los malos reflejos y prácticas forjados por el sovietismo del último siglo. 
El contraste con una Europa central y báltica que se normaliza y recupera sus derechos acentúa el déficit de democracia, las restricciones plurales y la precariedad económica, que se mantienen a lo largo de esta nueva vecindad. 
Por supuesto, esta fractura social, política y económica en dos polos de una misma Europa exige de la Unión Europea, en el contexto de su ampliación, la movilización de su acción, de sus medios e iniciativas y de su ayuda mutua solidaria. 
Pero este desenganche entre la Unión ampliada y su vecindad oriental plantea también y sobre todo la cuestión de los lazos históricos de la Unión Europea con sus primos del Este, que la Comunidad ha atendido con un interés demasiado limitado a hacer seguras sus fronteras y su parque nuclear. 
En vez de pedir hoy que se intensifiquen los programas Tacis en Ucrania para restablecer a bajo precio una estabilidad precaria en este país vecino, ¿por qué no haberle abierto más ampliamente nuestra solidaridad, nuestros programas y presupuestos desde 1991? 
Sin embargo, Ucrania participa plenamente en la identidad europea y su Gobierno mantiene, a pesar de la falta de voluntad de la Unión Europea, su reivindicación de ocupar en ella el lugar que legítimamente le corresponde. 
La Unión Europea tiene el deber moral y político para con los ciudadanos ucranios de movilizar desde ahora todos sus esfuerzos y medios para restablecer de forma efectiva las libertades fundamentales en su país: libertad de pensamiento, de expresión, de asociación política y sindical. 
Es pues imperativa la vigilancia de la Unión Europea en Ucrania con respecto a los lugares de detención del país, o incluso su presencia en los próximos escrutinios. 
Pero, como acredita la ampliación en curso, no hay mejores cimientos para el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos y medioambientales que estar dentro de la Unión Europea, y no al otro lado de la puerta. 
Será al precio de una nueva ampliación: la reunificación de nuestro continente tendrá ese precio. 
– Señor Presidente, anteayer entre 5 000 y 7 000 ciudadanos ucranianos se manifestaron en Kiev, la capital de su país, reclamando «libertad de expresión.» 
Esta manifestación fue la respuesta a la política cada vez más represiva contra los medios de comunicación que aplica el régimen del Presidente Kuchma. 
El sábado pasado, el tenía motivos para escribir en su primera página que los medios que se oponían al régimen en Ucrania temían por la continuidad de su existencia. 
La situación así lo refleja. 
Hace exactamente una semana, Nikola Tomenko, presidente de la comisión parlamentaria sobre la libertad de los medios de comunicación –fíjense en este nombre– emitió una acusación devastadora en el parlamento, la Verkhovna Rada; este año se celebran elecciones presidenciales y el Presidente Kuchma intenta utilizar todos los medios posibles para suprimir opiniones disidentes. 
En este sentido, actualmente existe una gran controversia en torno a la muerte, el pasado miércoles, de Yuri Chechyk, el director de la emisora privada de radio. 
Chechyk falleció en un accidente de tráfico de camino entre su casa en Poltava y Kiev, a donde iba para una reunión con Radio Svoboda, la sucursal ucraniana de Radio Liberty. 
Únicamente por este hecho se han levantado sospechas en torno a la repentina muerte de Chechyk. 
Solo unas pocas horas después de su muerte, los servicios de seguridad ucranios irrumpieron en la emisora de Kiev de Radio Continent y se incautaron de todo su equipo de emisión. 
Evidentemente, esta emisora había suscitado el descontento de las autoridades ucranias por la transmisión de programas de Radio Liberty. 
Mientras tanto, el director de Radio Continente ha abandonado inmediatamente el país, declarando que lo ha hecho por temor a su vida. 
También fue Radio Continente la que empleó al periodista Georgi Gongadze, que desapareció el año 2000 y más tarde fue hallado decapitado. 
La campaña que, en estos momentos, el Presidente Kuchma y sus socios están a todas luces lanzando, en contra de los medios de comunicación independientes, contradice la afirmación oficial de Kiev de estar promoviendo la democracia en Ucrania y de estar intentando acercarse más a Europa. 
A principios de esta semana, la ex Secretaria de Estado de los Estados Unidos Madeleine Albright ha llamado, en el, a la acción a ambos lados del Atlántico para defender la libertad política y personal en Ucrania. 
Espero que Washington y Bruselas cierren filas realmente, como dice Albright, para defender las fronteras de la libertad y ampliarlas. 
– Señor Presidente, en nombre del Grupo de PSE, quiero decir que reconocemos la importancia de Ucrania como un país con lazos históricos, culturales y económicos con la Unión Europea y con aspiraciones a largo plazo de formar parte de la Unión Europea. 
Asimismo, celebramos la preparación del plan de acción, que debe estar listo en la primavera del presente año, por parte de la Comisión, que permitirá a Ucrania integrarse progresivamente en las políticas y programas de la Unión Europea. 
Sin embargo, una auténtica asociación solo puede desarrollarse sobre la base de valores comunes compartidos, en particular la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y civiles. 
En estos momentos, estas condiciones no se cumplen en Ucrania y la situación va deteriorándose. 
En Ucrania, las condiciones de las cárceles, la detención arbitraria y períodos de detención previos al juicio excesivamente largos constituyen graves problemas. 
Como han mencionado más detalladamente algunos de mis colegas, la libertad de expresión está cada vez mas amenazada y ha habido una serie de violaciones graves de los derechos de los medios y periodistas independientes. 
Por tanto, pedimos a las autoridades de Ucrania que mejoren las condiciones carcelarias y pongan fin a la detención arbitraria y a los períodos excesivamente largos de detención antes del juicio. 
Pedimos al Gobierno de Ucrania que respete la libertad de expresión y que emprenda medidas continuadas y eficaces para impedir y castigar las intervenciones contra medios libres e independientes. 
Solicitamos al Gobierno que aclare las acusaciones de que sus servicios secretos tenían la orden de espiar a periodistas y a políticos de Ucrania y extranjeros en sus respectivos países para desanimarles si fuera necesario a seguir encargándose de cuestiones relacionadas con los derechos humanos. 
Solicitamos a las autoridades ucranias que se comprometan formalmente a celebrar las próximas elecciones presidenciales de octubre en condiciones de máxima transparencia posible, y esperamos que la Comisión Europea estudie, junto con el Parlamento y otros órganos, si debería enviar una misión de observación electoral. 
– Señor Presidente, Ucrania es sin duda alguna un país europeo, uno de los más grandes, y no debemos olvidar que durante décadas este país europeo fue oprimido y saqueado como colonia soviética. 
No hay sitio para el fariseísmo en nuestras críticas a Ucrania, porque, gracias a Dios, no hemos, al menos la mayoría de nosotros, sufrido ese destino. 
Por tanto, hay muchas cosas que debemos reconocer y comprender. 
Ucrania necesita tiempo para desarrollarse. 
En los últimos años, en esta Asamblea hemos hecho muchas cosas por apoyar a Ucrania, e incluso antes de los grandes cambios acaecidos entre 1989 y 1991 hubo elementos de Europa Occidental que cooperaron con ese país. 
Estoy pensando en la universidad ucrania en el exilio que se encontraba en mi circunscripción en Munich, o de Radio Liberty, que solía emitir desde Munich, que quizá era una especie de metrópolis ucrania libre. 
Esto siempre nos ha despertado gran solidaridad y comprensión hacia el pueblo ucranio en sus aspiraciones a una vida propia. 
Sin embargo, no sentimos ninguna consideración hacia políticos que no solo están corruptos, que no se limitan a arrastrar los pies cuando hay que llevar a su país adelante, sino que, todo lo contrario, intentan congelar hasta la muerte los tiernos brotes de democracia y de Estado de Derecho, que utilizan activamente métodos criminales para contrarrestar a la oposición, e intentan silenciar las críticas contra ellos en los medios de comunicación. 
Por ejemplo, es un escándalo terrible que un agente de la policía secreta de Ucrania haya seguido a una Diputada a este Parlamento Europeo, la Sra. Stauner, y seguramente no será la única, por traer a esta Asamblea a miembros de la oposición ucrania o por plantear cuestiones graves, como el comercio de órganos, el tráfico de niños y muchos otros problemas existentes, por desgracia, no solo en Ucrania sino también con Ucrania. 
Por tanto, nuestra política debe ser una política completamente inequívoca. 
Al mismo tiempo que, en principio, hemos de ser solidarios con el pueblo ucranio como socio europeo importante, también tenemos que denunciar con voz alta y firme a todos los que, de una forma u otra, intentan socavar y destruir la democracia que empieza a tomar forma en su país, y actuar con rigor en contra de ellos. 
Señor Presidente, señor Comisario Solbes Mira, Sus Señorías, en 2002 viajé en Semana Santa a Ucrania como uno de los observadores electorales del Parlamento Europeo. 
Advertí con preocupación el considerable grado de temor e incomodidad entre la gente, y en particular entre los candidatos jóvenes, en cuanto a expresar libremente sus opiniones políticas. 
En el marco del programa para una gran Europa de la Comisión, he trabajado para crear una situación donde, tal y como ha ocurrido, el Parlamento Europeo pueda defender la adopción por parte de Ucrania de una perspectiva europea y, al igual que en una época fue una nación europea, pueda convertirse en miembro de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo, quiero llamar la atención sobre el hecho de que Ucrania es una nación muy antigua. 
Sin embargo, desde el punto de vista de su categoría de Estado es joven, ya que ha estado sometido a Rusia y al control soviético. 
Con estos antecedentes es sumamente desafortunado que tantas personas del ámbito de los medios de comunicación y del periodismo tengan problemas, que se haya cerrado Radio Liberty, que se haya llevado a los tribunales al mayor periódico de la oposición, , que se haya silenciado a la emisora de radio de titularidad privada Radio Dovira y que no solo se amenace a los periodistas, si no que, en algunos casos, de hecho hayan sido asesinados. 
En realidad, todavía no se ha dado una explicación de la muerte de los periodistas Georgi Gongadze y Jurij Tjetjiks. 
En el Parlamento Europeo hay muchas personas que sienten afecto por Ucrania. 
Por tanto, estamos muy preocupados por los sucesos, especialmente en los medios de comunicación, acaecidos en uno de los países más peligrosos para trabajar de periodista. 
En junio de 2003 el Senado canadiense aprobó una resolución que abordaba el genocidio y la muerte masiva por inanición de millones de ucranios bajo el régimen de Stalin. 
Recordemos estos sucesos. 
Todos los años, el cuarto domingo de noviembre es un día para conmemorar este genocidio y esta muerte masiva por inanición. 
– Señor Presidente, me parece importante que en toda política relativa a una Europa ampliada y a la cooperación recordemos la relevancia de Ucrania como país que ha tenido ciertamente vínculos históricos, culturales y también económicos con Europa. 
Al mismo tiempo hemos de tener presente, y recordárselo a la administración ucrania, que la verdadera cooperación solo puede crearse a través de la democracia, el Estado de Derecho y un respeto por los derechos civiles y humanos. 
A este respecto, realmente Ucrania todavía tiene mucho que hacer. 
Por ejemplo, en Ucrania la libertad de expresión y los medios de comunicación están continuamente amenazados y el Estado de Derecho no se aplica de forma satisfactoria. 
Las malas condiciones en las cárceles, las detenciones aleatorias y las detenciones durante largos períodos antes del juicio siguen siendo todavía graves problemas. 
La resolución incluye una lista de numerosos defectos concretos y violaciones de derechos humanos y civiles, que es preciso corregir para poder establecer una verdadera cooperación. 
La Unión Europea ha de animar a Ucrania a luchar por un gobierno y una democracia mejores. 
Un instrumento para ello es el Programa Democracia de TACIS, que debería emplearse para fortalecer los medios de comunicación independientes, tan vitales para la creación de la sociedad civil y las instituciones democráticas. 
El Consejo y la Comisión tienen que supervisar con detenimiento los desarrollos que se produzcan en Ucrania y desempeñar un papel activo y transparente en la organización de las elecciones presidenciales en octubre, así como en otros asuntos. 
Señor Presidente, quiero empezar señalando la importancia que la Unión Europea da a Ucrania como socio estratégico. Así lo refleja nuestra estrategia común acordada en 1999 y nuestra cooperación en el marco del Acuerdo de Asociación y Cooperación. 
Con la ampliación de la Unión el 1 de mayo, la Unión y Ucrania se convertirán en zonas colindantes y, consecuentemente, los próximos años nos van a ofrecer una oportunidad todavía mayor para profundizar nuestras relaciones. 
En este contexto –como ustedes saben–, hemos puesto en marcha nuestra iniciativa de vecindad que fija objetivos ambiciosos para intensificar la cooperación en un amplio número de ámbitos, basándose dicha cooperación en el compromiso inequívoco de los valores compartidos y la aplicación efectiva de las reformas políticas, económicas e institucionales. 
La Comisión Europea aprecia, por tanto, la atención que hoy se presta al debate sobre el proceso de reforma política y constitucional en curso en Ucrania y especialmente a la libertad de medios de comunicación. 
Estos son los temas que debemos continuar tratando en nuestros debates actuales. 
También me gustaría hacer alguna referencia o recordar la importancia de estos temas en el contexto de las próximas elecciones en octubre. 
Respecto al fondo de las reformas constitucionales, me gustaría reiterar la declaración del pasado 29 de enero. 
Evidentemente, Ucrania es quien debe elegir su propia forma de gobierno y su Constitución, de conformidad con normas democráticas europeas, pero las circunstancias y la forma en que se está llevando a cabo el debate sobre esta reforma siguen suscitando inquietud. 
Al mismo tiempo, hemos observado con satisfacción que el Parlamento ucraniano, a principios de febrero, adoptó las propuestas de reforma constitucional inicialmente previstas para tener en cuenta las críticas formuladas por la oposición nacional y los comentarios críticos del Consejo de Europa y de la Unión. 
Ello supone un paso adelante. 
En el contexto de las próximas elecciones, el problema de la libertad de los medios de comunicación va a exigir especial atención. 
La Unión ha insistido en diversas ocasiones en la necesidad de una relación más transparente entre dichos medios y los poderes públicos basada en un Estado de Derecho inequívoco y en la protección efectiva de los derechos de los periodistas. 
La reciente resolución judicial de cerrar un periódico de la oposición y la clausura de una emisora de radio han planteado nuevas cuestiones de gravedad. 
La Unión, por ello, continuará manifestando claramente sus inquietudes por lo que respecta a la libertad de los medios de comunicación y seguirá instando a que se respete de forma adecuada el papel de dichos medios, como debe ser en un contexto libre, en un sistema democrático. 
Haré una referencia a su solicitud de información sobre el envío de observadores a las elecciones. 
Las prioridades para las misiones formales de observación electoral en la Unión han sido definidas por la Comisión y el Parlamento en estrecha colaboración. 
Generalmente no se envían misiones, como tales, a los países que son Estados miembros de la OSCE –como es el caso de Ucrania–. 
Pero, como de costumbre, tenemos previsto llevar a cabo labores de coordinación y cooperación con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, que están preparando una misión de observación a largo plazo. 
Por otra parte, la Comisión espera que el Parlamento Europeo vuelva a enviar su propio equipo para que se una a esta misión de la OSCE, como hizo en las últimas elecciones parlamentarias en Ucrania. 
Finalmente, quiero concluir garantizándoles que la Comisión está siguiendo muy de cerca todas las cuestiones planteadas por su Señorías en este debate en un ambiente constructivo con nuestros interlocutores ucranianos. 
Así, ahora mismo estamos elaborando y aplicando diversos proyectos específicos de ayuda y cooperación con Ucrania para avanzar en los aspectos institucionales. 
– Muchas gracias, señor Comisario Solbes Mira. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término de los debates. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las propuestas de resolución presentadas por los siguientes diputados: 
– los Sres. Fernández Martín y Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre Venezuela (B5-0123/2004); 
– los Sres. Linkohr, Medina Ortega, Pittella y Van den Berg, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (B5-0126/2004); 
– la Sra. Boumediene-Thiery, la Sra. Frassoni, el Sr. Lipietz, el Sr. Mayol i Raynal, el Sr. Nogueira Román y el Sr. Ortuondo Larrea, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (B5-0128/2004); 
– la Sra. André-Léonard y el Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Venezuela (B5-0136/2004); 
– el Sr. Bertinotti, la Sra. Figueiredo, el Sr. Marset Campos y el Sr. Wurtz, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre Venezuela (B5-0144/2004); 
– la Sra. Muscardini y el Sr. Queiró, en nombre del Grupo de la Unión por la Europa de las Naciones, sobre la situación en Venezuela (B5-0147/2004). 
Señor Presidente, Venezuela atraviesa en estos momentos una crisis que está llevando a una polarización social de imprevisibles consecuencias que se ha cobrado ya la vida de varias personas. 
La posición de este Parlamento, en la ya larga crisis venezolana, ha puesto claramente de manifiesto la necesidad de encontrar una solución pacífica, una solución dialogada, una solución constitucional y una solución que se presente en un horizonte fundamentalmente electoral. 
Esta solución se plasmó en un acuerdo entre los representantes del Gobierno y de la Coordinadora Democrática mediante la celebración de un referendo revocatorio, que es el mecanismo constitucional previsto por la Carta Magna de Venezuela que permite revalidar el apoyo popular al Presidente de la República. 
La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de no validar un número significativo de las firmas recogidas para convocar el referendo no respeta, en nuestra opinión, ni el espíritu ni la letra de esos acuerdos y ha sido el detonante de los últimos acontecimientos que se han producido en el país. 
Es evidente, según nuestro punto de vista, señor Presidente, que no se puede privar a los ciudadanos del ejercicio legítimo de sus derechos y que el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de facilitar y de garantizar el ejercicio de la voluntad popular. 
Por lo tanto, este Parlamento a través de esta Resolución de compromiso, que han firmado tres grupos políticos, debe hacer un llamamiento, en primer lugar, a la calma y a la moderación. 
Debe pedir al Gobierno que garantice los derechos de todos los ciudadanos, incluido el derecho de manifestación pacífica. 
Solicita al Consejo Nacional Electoral que acepte y adopte, sin dilación, las recomendaciones efectuadas por la misión del Centro Carter y por la misión de la Organización de Estados Americanos. 
Reitera su apoyo a los acuerdos celebrados entre el Gobierno y la Coordinadora Democrática. 
Expresa su preocupación por su incumplimiento y pide al Gobierno que garantice su ejecución en los plazos más breves posibles. 
Señor Presidente, es también necesario pedir un redoblamiento de los esfuerzos de la Unión Europea, con el objeto de que esos acuerdos entre el Gobierno y la Coordinadora Democrática se cumplan. 
Creo que en el caso deseable, como fruto y efecto de esos acuerdos, que se produzca un referendo revocatorio en breve plazo, como es el deseo de la Unión Europea, manifestado a través de diversas declaraciones del Consejo de Ministros la Unión Europea a iniciativa de la Comisión, se nombre una misión de observación electoral de la Unión Europea que pueda acompañar ese proceso de ratificación y de celebración de ese referendo revocatorio, que es el mecanismo institucionalmente establecido. 
Señor Presidente, como ha dicho mi predecesor, el Sr. Salafranca Sánchez-Neyra, esta propuesta de resolución cuenta con el apoyo de tres grupos políticos, que son lo tres grupos más numerosos de esta Cámara. 
La propuesta de resolución está en línea con la declaración de la Presidencia del Consejo, del pasado mes de febrero, en la que se instaba al cumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno y la oposición. 
A este respecto nos encontramos con una cierta contradicción porque la actual Constitución venezolana ha sido redactada por el partido que gobierna en este momento y que tiene una amplia mayoría. 
Nadie obligaba al Gobierno a incluir en esa constitución el referendo revocatorio, pero fue incluido. 
Nadie obligaba al Gobierno a concluir un acuerdo con la oposición el 29 de mayo de 2003, pero se celebró. 
En este momento, además, ese proceso está realizándose con la colaboración de la Organización de Estados Americanos, del Centro Carter y también, en cierta medida, de la Unión Europea- porque estamos contribuyendo a la realización del proceso-. 
El Parlamento que se ha pronunciado en otras ocasiones sobre Venezuela, en este momento, en la línea de la declaración de la Presidencia del Consejo y a la vista de los acontecimientos, quiere recordar que los derechos constitucionales pueden ser conculcados por violación de formas sustanciales y creemos que en este caso hay una violación de formas sustanciales, ya que alegando ciertas "coincidencias" en la caligrafía se han anulado cientos de miles de firmas. 
Podrían haberse utilizado otros procedimientos, si se consideraba que esas firmas no eran correctas podría haberse utilizado, por ejemplo, un procedimiento de muestreo, para comprobar si, en efecto, esos cientos de miles de firmas eran correctas. 
Pero lo que no se puede hacer es anularlas de esa manera sin tener en cuenta para nada el hecho de que se hubieran recogido un número superior a los millones de firmas que eran necesarios para el referendo revocatorio. 
En este momento nos encontramos ante una decisión del Consejo Nacional Electoral, apoyada por el Gobierno, que pretende privar a los ciudadanos venezolanos de un derecho constitucional reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
Creo que la resolución es muy clara. 
No tratamos de excitar los ánimos, todo lo contrario, llamamos a la calma. 
Pero tratamos de que ese proceso de restauración de la normalidad constitucional se haga respondiendo al espíritu del acuerdo de 29 de mayo de 2003. 
Es decir, no se trata de que una de las partes se imponga sobre la otra, pero tampoco se trata de imposibilitar el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho a pedir la revocación de un Presidente. 
Y al hacerlo de la forma en la que lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral, al anular masivamente las firmas, imposibilita ese ejercicio. 
En este momento, está claro que el Centro Carter para la Democracia y la Organización de Estados Americanos están negociando con el Gobierno venezolano y con la oposición al objeto de buscar una salida al conflicto y nosotros esperamos que la Comisión, como siempre, colabore con el Parlamento y con el Consejo en la labor de tranquilizar a la población venezolana y hacer posible que el proceso constitucional venezolano vuelva por sus cauces democráticos electorales. 
– Señor Presidente, antes Europa solo conocía a Venezuela como proveedor de crudo y mineral de hierro, y como centro para aventureros europeos. 
Ahora que un presidente testarudo se niega a aceptar la voluntad democrática del pueblo, ¿debe el país volver a lo que era antes? 
Quiero compartir con esta Asamblea mis propias experiencias a este respecto. 
Hace medio siglo, yo era uno de los niños de Caracas, la capital de Venezuela, que no iba al colegio sino que, en su lugar, deambulaba entre alcantarillas y ciudades de chabolas construidas en las faldas de las montañas, cuyas casas estaban hechas con cajas de naranjas y los tejados con chapa de zinc. 
Una pequeña elite disfrutaba de los grandes coches, las casas lujosas y los campos de golf, mientras que, en la calle, cerca de las puertas de oficinas y tiendas elegantes, veía a mendigos enfermos, sin piernas. 
El hospital donde mi padre murió estaba mugriento y era caótico. 
Existía un limitado transporte público en manos de varias compañías, cada una con autobuses en sus propios colores, pero sin conexiones adecuadas. 
En otras partes del país, por ejemplo en la segunda ciudad, Maracaibo, había indígenas, empobrecidos y rehuidos por todos. 
La carretera que llevaba de la capital a la costa estaba cosida de cruces por personas que habían muerto, mientras que, en otras carreteras, las tormentas de polvo azotaban mientras conducías. 
El presidente era un dictador que ordenaba a su policía, reclutada entre inmigrantes italianos, que colgara a sus oponentes en las farolas. 
Mi experiencia de aquella época hizo surgir en mí la esperanza y la expectativa de que la gente no siempre aceptaría esa combinación escandalosa de dictadura y extrema riqueza, de extrema pobreza y extremo abandono. 
Cuarenta años más tarde, dejaron de resignarse a su suerte y pudieron por fin tener la esperanza de una existencia estable, de crecimiento y solidaridad. 
Por gran mayoría eligieron democráticamente a un parlamento compuesto por diferentes tendencias, una nueva constitución y a una clase de presidente bastante diferente. 
El hecho de que el Presidente Chávez depositara gran confianza en el ejército e hiciera poco por ayudar a las víctimas del gran desastre natural no justifica el golpe de Estado en el que fue secuestrado y sustituido temporalmente por el presidente de la federación de empresarios. 
Ni tampoco sus defectos justifican la falsificación de un elevado número de firmas con objeto de obtener apoyo suficiente para celebrar un referendo dirigido a derrocarle otra vez. 
Mientras que los Estados Unidos reconocen como legítimo el presente Gobierno venezolano, los dos grupos principales de este Parlamento Europeo se dejan llevar por sus contactos con partidos que anteriormente formaron parte del gobierno, pero a quienes el electorado venezolano no ha votado. 
Las cosas pueden y deben mejorar en Venezuela, pero volver a la situación anterior no ayudará en nada. 
El apoyo de la Unión a la nueva Venezuela es la mejor forma de prevenir actos provocativos y violentos por parte del gobierno y de la oposición política, pero la nostalgia injustificada solo conduce al desastre. 
– Señor Presidente, quiero dejar claro en nombre del Grupo del PSE que nos opondremos a todas las enmiendas del Grupo GUE/NGL y del Grupo Verts/ALE. 
Sin embargo, nos parece menos que creíble la tan demorada decisión del Consejo Electoral Nacional Venezolano de rechazar 1,2 de 3 millones de firmas a favor del referendo sobre la destitución; en realidad, dos de cada cinco firmas han sido declaradas nulas. 
Entendemos la ola de protestas y disturbios que ha producido en Venezuela esta decisión. 
No obstante, rechazamos sin condiciones el uso de la violencia y deploramos profundamente la pérdida de vidas humanas. Expresamos nuestras condolencias por las víctimas de esa violencia. 
Pedimos a la Comisión Electoral Nacional que acepte y apruebe las recomendaciones de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter en relación con su informe preliminar. 
Aprobamos las declaraciones de la Presidencia irlandesa del 23 de febrero y del 2 de marzo y solicitamos a la Comisión que utilice su considerable influencia política en ese país para garantizar que los acuerdos formulados sobre la base de la coordinación democrática sigan manteniéndose efectivamente. 
– Señor Presidente, el pueblo de Venezuela tomó el país en sus propias manos y eligió al Sr. Chávez presidente. 
Al parecer, este no era el gusto de los Estados Unidos, la plutocracia local o la Unión Europea, que mantiene un silencio indulgente. 
Incluso llegaron a organizar un golpe de Estado para derrocar al Presidente Chávez y su Gobierno, pero fracasaron gracias a la decisiva intervención del propio pueblo de Venezuela. 
Esta vez se está fraguando un nuevo ataque. 
La oposición ha hecho un gran esfuerzo por recoger firmas, pero me pregunto dónde presentó la petición, que fue un fiasco porque la mayoría de las firmas resultaron ser falsas. 
Y ahora la oposición se queja de que ha sido objeto de una discriminación. 
La época en que los imperialistas imponían las dictaduras por todas partes ha pasado. 
Los habitantes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, de toda Latinoamérica están intensificando su lucha por la democracia y el cambio social. 
A todas estas personas expresamos nuestra solidaridad y apoyo unánime. 
Señor Presidente, la Comisión Europea ve con satisfacción que el Parlamento haya presentado una iniciativa sobre esta cuestión. 
La grave crisis política que atraviesa Venezuela y sus serias consecuencias económicas son motivo de preocupación para la Comisión, que sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos. 
La estabilidad política de Venezuela resulta fundamental no solo para el desarrollo de este país sino también para la seguridad en la región andina y en toda América Latina. 
Venezuela requiere el apoyo internacional para la consecución de una salida pacífica y democrática del conflicto interno sin que ello deba llevar a la injerencia en asuntos internos del país. 
Por ello, la Comisión dio la bienvenida al inicio del diálogo entre el Gobierno y la oposición y apoyó la facilitación de este diálogo por el grupo tripartito formado por la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Igualmente, apoyamos la firma de la Declaración contra la violencia, por la paz y la democracia en Venezuela, en febrero de 2003, y el acuerdo de 29 de mayo de ese mismo año. 
Este acuerdo brindaba posibilidades de obtener una salida pacífica, democrática, constitucional y electoral por la que habían abogado tanto la Organización de Estados Americanos en su Resolución 833 del Consejo Permanente, como la Unión Europea, idea que seguimos apoyando. 
Con este objetivo, el Consejo Nacional Electoral organizó una recogida de firmas para solicitar referendos revocatorios y la oposición se embarcó en la recolección de estas firmas. 
De forma paralela, partidarios del Gobierno también recogieron firmas para revocar a ciertos representantes de la Asamblea Nacional. 
La Comisión comparte la preocupación expresada por la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter en su declaración del pasado 2 de marzo y teme las consecuencias que puede tener la decisión del Consejo Nacional Electoral de someter a validación 876 000 firmas, consideradas dudosas para el referendo presidencial. 
La Comisión teme que ello pueda constituir un obstáculo insalvable a la salida electoral o condicionar los resultados del proceso. 
No obstante, alentamos a la oposición a que se someta a este proceso de validación y al Gobierno y al Consejo Nacional Electoral a que velen por la defensa de la voluntad popular de tal forma que pueda ser expresada en un proceso electoral. 
La Comisión lamenta el clima de violencia que se ha desencadenado, la pérdida de vidas humanas y los numerosos heridos e insta a las partes a que prosigan en la aplicación de la Declaración contra la violencia, por la paz y la democracia, que ellos mismos acordaron. 
La Unión ha publicado diversas declaraciones sobre la necesidad de buscar una salida pacífica, democrática, constitucional y electoral y hemos apoyado también económicamente a la Organización de Estados Americanos en sus esfuerzos en la aplicación del acuerdo de mayo y estamos dispuestos a examinar –si es necesario– cómo incrementar este apoyo si dicha organización así lo solicita. 
Por otra parte, respondiendo a algunas preguntas que se han hecho, si el Consejo Nacional Electoral decidiera la celebración del referendo y las autoridades venezolanas invitan a la Unión Europea, la Comisión estaría dispuesta a enviar una misión exploratoria de observación electoral si esta resultara aconsejable, útil y factible. 
– Muchas gracias, señor Comisario Solbes Mira. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término de los debates. 
. – Deploramos con la máxima firmeza el contenido de la propuesta de resolución que ha sido sometida a votación hoy en el Parlamento, que ha firmado conjuntamente la derecha, formada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Cristiano-Demócratas) y Demócratas Europeos y el Grupo Unión para la Europa de las Naciones, y los socialdemócratas, integrados en el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Esto equivale a una intromisión inaceptable en el Consejo Nacional Electoral Venezolano y una presión inaceptable sobre el mismo. 
No debemos olvidar el breve golpe del 11 y 12 de abril de 2002, que la presidencia española del Consejo Europeo se apresuró a apoyar, el fallido embargo contra la extracción de petróleo y los continuos intentos de desestabilizar económica y socialmente el país. Todo esto fue obra de los magnates de la industria y los sectores relacionados con la oligarquía que ha explotado al pueblo venezolano durante las últimas décadas, y que la administración de los Estados Unidos animó y apoyó activa y descaradamente. 
El proceso democrático y patriótico está consagrado en la Constitución de la República de Venezuela bolivariana, que aprobó en un referendo una amplia mayoría del pueblo. En los últimos años, este proceso ha intentado abordar las raíces de la desigualdad en Venezuela, y ha respondido a las necesidades más acuciantes de la abrumadora mayoría de la población. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las propuestas de resolución presentadas por los siguientes diputados: 
– la Sra. Sandbæk, en nombre del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, sobre Birmania/Myanmar (renovación de las sanciones) (B5-0127/2004); 
– el Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Birmania (B5-0134/2004); 
– los Sres. Kinnock y Van den Berg, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre Birmania (B5-0138/2004); 
– los Sres. Bushill-Matthews, Cushnahan, Deva, Mann, Posselt y Van Orden, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre Birmania (B5-0140/2004); 
– las Sras. Boudjenah, Eriksson y Morgantini, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre Birmania (B5-0145/2004); 
– la Sra. McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre Birmania/Myanmar (renovación de las sanciones) (B5-0146/2004). 
– Señor Presidente, por cuarta vez en un año, Birmania se encuentra en la agenda del Parlamento Europeo, y nuestra resolución solicita sanciones renovadas y más duras. 
No obstante, según una evaluación reciente las sanciones previamente acordadas ni siquiera han sido aplicadas en su totalidad. 
Sabemos que el poder del régimen militar reside en gran parte en el comercio y la inversión exterior, y han optado por la expansión militar y el gasto de defensa en detrimento del pueblo birmano. 
Los indicadores sociales de Birmania son de los más bajos del mundo. 
La importancia de la inversión de la Unión Europea en Birmania ha aumentado durante la última década y los Estados miembros de la Unión Europea se encuentran entre los mayores inversores y socios comerciales de Birmania. 
La gran mayoría del pueblo de Birmania trabaja en el sector informal, mientras que los dirigentes militares y sus socios principalmente son los dueños de la economía formal. 
Las sanciones económicas, apoyadas por la Sra. Aung San Suu Kyi y el NLD, golpearían sobre todo al régimen y a sus defensores. 
No existe ninguna justificación para la inercia y la indecisión. 
Sería una desgracia que la Unión Europea y los Estados miembros mantuvieran una política que no debilita, sino, más bien al contrario, fortalece claramente el régimen militar. 
La Sra. Aung San Suu Kyi sigue estando bajo arresto domiciliario. 
Hay líderes políticos en la cárcel y el pueblo de Birmania ha sido brutalmente oprimido. 
La Unión Europea tiene los medios y, por ende, la responsabilidad de marcar una diferencia. 
Ya es hora de traducir nuestras resoluciones en acciones. 
Es preciso emprender con resolución actividades diplomáticas internacionales, pero la Unión Europea ha de enfrentarse al régimen militar de Birmania a través de sanciones eficaces y aplicadas en su totalidad. 
– Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista, pensamos que las sanciones seleccionadas de la Unión Europea en contra del régimen militar de Birmania, el Consejo Estatal de Paz y Desarrollo, han de revisarse y renovarse antes del 29 de abril de 2004. 
Cuando el Consejo impuso inicialmente sanciones, acordó supervisar de cerca la evolución ulterior de la situación en Birmania y reafirmó su disposición a reaccionar proporcionalmente en futuras situaciones. 
En nuestra opinión, la situación no ha mejorado esencialmente. 
Aung San Suu Kyi, encarcelada hasta septiembre de 2003, se encuentra ahora bajo arresto domiciliario sin poder comunicarse por teléfono y sus visitas precisan un permiso del Gobierno para ir a verla. 
Hay 1 350 prisioneros, muchos miembros de la Liga Nacional por la Democracia están en la cárcel en Birmania. 
La semana pasada, la enviada especial de las Naciones Unidas a Birmania, Rosali Ishmael, se reunió con Aung San Suu Kyi y el General Kin-Yun, el líder autoritario de Birmania. 
A su regreso, declaró que la liberación de Aung San Suu Kyi y otros líderes detenidos del NLD es una condición previa esencial para poder mantener un diálogo coherente con el régimen. 
El Ponente especial de las Naciones Unidas dijo que hoy día los requisitos más urgentes son el levantamiento de las restricciones permanentes contra la libertad de expresión, el libre movimiento, la recopilación de información y la asociación, la revocación de la legislación sobre seguridad y la apertura y reapertura de todas las oficinas de partidos políticos en todo el país. 
En Birmania hay numerosas violaciones de los derechos humanos: trabajos forzados, persecución de disidentes, servicio militar obligatorio para niños, etc. Pedimos que se libere inmediata e incondicionalmente a Aung San Suu Kyi y a todos los que se encuentran detenidos o bajo arresto domiciliario, además de otros prisioneros políticos, y que se reabran las oficinas del NLD que cerraron en mayo de 2003. 
También insistimos en que el Gobierno autoritario deje el poder y se respeten los resultados de las últimas elecciones. 
Solicitamos que se endurezcan las sanciones si esto no se cumple. 
De la misma forma insistimos en que Birmania no asista a la reunión euroasiática (ASEM) prevista para abril de 2004 en la República de Irlanda, y que la Presidencia se niegue a emitir los visados correspondientes. 
– Señor Presidente, quiero decir en nombre del Grupo del PPE-DE y los Conservadores británicos que el régimen militar de Birmania, que eufemísticamente se llama a sí mismo «consejo estatal de paz y desarrollo» , es una narcodictadura financiada por la heroína que explota y aterroriza brutalmente a su propio pueblo. 
Esto significa trabajos forzados, persecución de disidentes, traslados forzosos, servicio militar obligatorio de niños soldados, así como la violación de mujeres y niños de minorías étnicas por parte de las tropas gubernamentales. 
Estos crímenes no los cometen rebeldes o fuerzas de guerrillas escondidas. 
¡No! 
El pueblo birmano sufre a manos de los soldados de su propio Gobierno. 
Todavía hay 1 350 prisioneros políticos en Birmania, sometidos a condiciones inhumanas, mientras la esperanza política del país, Aung San Suu Kyi, sobrevive bajo arresto domiciliario. 
Es simplemente intolerable que los Estados miembros de la Unión Europea sean uno de los mayores inversores y socios comerciales de Birmania. 
Es preciso fortalecer la posición común de la Unión Europea en torno a Birmania. 
Si el régimen no adopta medidas significativas para restaurar la democracia, es necesario aplicar sanciones. 
La posición común se revisará en 2004, pero el Consejo también tendría que asegurarse de que la situación de Birmania se vuelva a examinar en junio de 2004. 
Si no se han dado estos pasos significativos, como la liberación de Aung San Suu Kyi y otros miembros detenidos del Partido de la Liga Nacional por la Democracia, así como el inicio el diálogo tripartito entre el NLD, los líderes de las minorías étnicas y las autoridades de Birmania, habrá que aplicar sanciones con carácter inmediato. 
Entre las sanciones se incluirían las siguientes medidas: impedir que las empresas y los ciudadanos de la Unión Europea inviertan en Birmania; prohibir los productos y servicios importados de las empresas que pertenezcan al ejército, el personal militar y sus socios; prohibir la importación de productos estratégicamente importantes de la economía monopolizada, como las gemas y la madera; y prohibir las transferencias financieras internacionales por parte de un ciudadano o una entidad de un Estado miembro de la Unión Europea. 
Pido a otros países de la ASEAN que cooperen con la Unión Europea en torno a este asunto y que ejerzan una mayor presión en contra del régimen de Birmania para adoptar las medidas necesarias a favor de la democracia. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la junta militar que se hizo con el poder en Birmania ha arraigado en el país aprovechando el terreno desgraciadamente fértil para las dictaduras de esta región asiática, pero también la complacencia de Estados y empresas occidentales. 
Un nuevo pico de violencia y represión sobre la población martirizada y aplastada de Birmania trae de nuevo a este país a nuestro orden del día. 
Pero esta vez nos negamos a contentarnos con declaraciones de principio y condenas verbales hasta que todo comience de nuevo. 
El calendario nos es favorable y las herramientas de represión contra los opresores están a nuestro alcance: no utilizarlas sería denegación de ayuda a una persona en peligro. 
Hay dos fechas importantes para forzar por fin a la razón y a la rendición al régimen totalitario birmano. 
El mes que viene, concretamente el 29 de abril de 2004, se revisará la posición común de la Unión Europea. 
Ese mismo mes, representantes de la junta birmana tienen previsto visitar Irlanda en el marco del encuentro Asia-Europa. 
La cita es tan próxima como decisiva para enviar una señal clara y definitiva a dicha junta. 
No debería haber ninguna excepción a la política de prohibición de visados comunitarios a los representantes y responsables birmanos. 
Qué provocación sería que Irlanda –que preside actualmente la Unión Europea– pudiera acoger en su suelo a ejemplos tan contrarios a nuestros valores fundadores. 
Es una pena que Irlanda, símbolo del éxito europeo, haya reanudado en febrero sus relaciones diplomáticas con Birmania. 
Ello demuestra claramente que, más allá de las declaraciones oficiales y asépticas de las democracias, complicidades interesadas procedentes de nuestros países colaboran con esas infames dictaduras, las mantienen y sacan provecho de ellas. 
¿Cuántos años han sido necesarios para decidir la congelación de los haberes en el extranjero de los dignatarios birmanos? 
¿Cuántos osarios y campos de trabajos forzados hay que encontrar en Birmania antes de negar por fin nuestros visados a los verdugos de este país? 
En la resolución se pide el aumento de las sanciones y las restricciones contra este régimen, así como la liberación inmediata de los presos políticos, empezando por nuestro premio Sajarov, la Sra. Aung San Suu Kyi. 
Todo lo que hemos hecho durante mucho tiempos es prohibir todo comercio, toda inversión y toda cooperación que pudieran beneficiar a los dignatarios de esa junta. 
El pueblo birmano merece algo más que eso, y nuestra Unión Europea ampliada también. 
Señor Presidente, la Unión ha adoptado una Posición Común muy firme en relación con Birmania, que se traduce en el embargo de armamento, la suspensión de la cooperación en materia de defensa, la suspensión de toda ayuda bilateral distinta de la estrictamente humanitaria, la prohibición de la concesión de visados y la inmovilización de los activos de los miembros del régimen militar, de los miembros del Gobierno, de las personas con quienes se hallan en connivencia y de sus familiares. 
Y también se han suspendido las visitas gubernamentales a alto nivel. 
El Grupo de trabajo del Consejo para Asia ha evaluado recientemente la eficacia de las medidas y ha pasado revista a las distintas opciones que se abren a la Unión Europea para dar respuesta a la situación actual. 
En este momento, la respuesta consiste, fundamentalmente, en la aplicación de sanciones económicas puntuales combinadas con una serie de estrategias constructivas, con objeto de determinar la forma de proseguir el diálogo político con Birmania y los Estados vecinos. 
En la actualidad, los grupos del Consejo están debatiendo acerca de la renovación de la Posición Común en relación con Birmania, que deberá pronunciarse antes del 29 de abril próximo. 
Aunque el Parlamento tiene que ser consciente de que la Comisión no puede conocer de antemano el resultado de las discusiones que están teniendo lugar en el Consejo, en este momento no puede excluirse la introducción de nuevas sanciones dirigidas específicamente contra el régimen y que pueden sumarse o constituir un complemento a las ya existentes. 
La Comisión sigue a la espera de la liberación de Aung San Suu Kyi, medida que desde nuestro punto de vista constituye una condición indispensable para conferir auténtica credibilidad a los avances en el proceso de reconciliación. 
Por eso, la Comisión tiene previsto continuar brindando a la población ayuda humanitaria, e incluso incrementarla. 
En este momento la ayuda humanitaria que destinamos a la zona, al país y a los refugiados en países vecinos, asciende a 10 millones de euros anuales. 
El 15 de diciembre pasado se celebró el Foro de apoyo internacional a la reconciliación nacional de Birmania. 
La Unión respalda el proceso abierto con el Foro de Birmania y considera que la Unión debe participar por sí misma en dicho proceso. 
Se trata, en efecto, de un avance muy positivo y la Comisión espera que la reunión de Bangkok pueda convertirse en un "Proceso de Bangkok", que sirva de instrumento para obtener un compromiso por parte de la comunidad internacional. 
Resulta fundamental apoyar la labor desempeñada por Ismael Razali, enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas, que debería facilitar el debate entre el Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo y los demás agentes políticos. 
La Comisión manifiesta su satisfacción por la visita de Razali, prevista para principios de marzo, que supone una última tentativa para avanzar en el proceso de reconciliación entre el gobierno militar y la oposición, encabezada por Aung San Suu Kyi. 
Quiero hacer un último comentario sobre posibles sanciones adicionales. 
Como he dicho anteriormente, la Posición Común sigue pendiente de revisión. 
En el caso de que el Gobierno de Birmania no introduzca cambios políticos adicionales, habrá que considerar dicha posibilidad. 
Sin embargo, tenemos que ser muy prudentes, ya que la repercusión de esas sanciones al comercio y la inversión tienen que ser evaluadas en cuanto a su impacto sobre los sectores más pobres de la población. 
En estos momentos, algunas de las sanciones adoptadas por los Estados Unidos han provocado despidos importantes en el sector de la confección que han afectado principalmente a las mujeres trabajadoras, con un incremento significativo de impacto en términos de tráfico de personas y de prostitución. 
Por lo tanto, hay que buscar el equilibrio adecuado entre la necesaria respuesta rápida a los cambios que se produzcan en la situación política y cualquier reacción, que debe ser proporcionada a la situación sobre el terreno y causar el menor perjuicio posible a los sectores más desfavorecidos de la población de Birmania. 
– Muchas gracias, señor Comisario Solbes Mira. 
El debate conjunto queda cerrado. 
Procederemos a votar sobre estas propuestas de resolución en el turno de votaciones. 
(1) 
(2) 
– El Parlamento ha agotado su orden del día. (1) 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
– Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 11 de marzo de 2004. 
– Señorías, con la apertura del período parcial de sesiones de hoy, me parece apropiado señalar con toda solemnidad el fallecimiento de quien fue una Jefa de Estado muy querida y destacable, Su Alteza Real la Princesa Juliana de los Países Bajos, cuyo funeral tendrá lugar mañana. 
La Reina Madre ejerció de monarca de los Países Bajos desde septiembre de 1948 hasta que abdicó en 1980. 
Desde este cargo, supervisó la extraordinaria transformación de su país desde la carestía del período inmediato a la posguerra, a través de la descolonización, hasta llegar a ser la nación próspera y vibrante que conocemos hoy y que desempeña una función tan constructiva y avanzada en nuestra Unión Europea. 
Se granjeó el cariño de sus súbditos gracias a su humildad, sencillez, solidaridad hacia todos –especialmente durante las inundaciones de 1953– y su compromiso con la paz, la cooperación y la reconciliación. 
Expresamos nuestro pésame a la Reina Beatriz, a los miembros de su familia y a todos los ciudadanos de los Países Bajos. 
Ruego guardemos ahora un minuto de silencio. 
(1) 
– Me han informado de que el Sr. Folias ha sido nombrado Secretario de Estado del Gobierno griego. 
Le felicito por su nombramiento y tomo nota, de conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, del fin de su mandato en el Parlamento Europeo con efecto a partir del 10 de marzo de 2004. 
Mediante carta de 24 de marzo de 2004, el Ministro del Interior de Grecia nos ha informado de que la Sra. Kaldi ha sido designada diputada al Parlamento Europeo en sustitución del Sr. Folias, con efecto a partir del 24 de marzo de 2004. 
Doy la bienvenida a nuestra nueva diputada y recuerdo a sus Señorías que, de acuerdo con el apartado 5 del artículo 7 del Reglamento, hasta el momento en que se hayan verificado las credenciales de un diputado o se haya resuelto sobre cualquier impugnación, la diputada ocupará su escaño en el Parlamento y sus órganos con plenitud de derechos. 
Las autoridades letonas me han informado de que ha finalizado el mandato en el Parlamento Europeo de los siguientes tres observadores letones: el Sr. Dobelis con efecto a partir del 18 de marzo de 2004, el Sr. Kuskis con efecto a partir del 18 de marzo de 2004 y el Sr. Piks con efecto a partir del 24 de marzo de 2004. 
Las siguientes personas han sido nombradas observadoras del Parlamento Europeo: la Sra. Golde para sustituir al Sr. Piks, con efecto a partir del 24 de marzo de 2004, y la Sra. Slerere para sustituir al Sr. Kuskis, con efecto a partir del 24 de marzo de 2004. 
– Señor Presidente, Señorías, les pido que presten atención, durante un momento, a algo que no se encuentra en el orden del día, a saber, un hecho extraordinario. 
Espero que no se opongan a que lo mencione, y además deseo pedirles su ayuda. 
Un diputado a esta Cámara ha hecho hoy unas acusaciones extensas y graves en la prensa alemana, concretamente a la, en contra de (en sus propias palabras) unos 200 diputados a esta Cámara, que él cree que son culpables de infracciones de las normas por las que se gobierna este Parlamento. 
El asunto tiene que ver con el pago de dietas de asistencia y con quién puede firmar los registros de asistencia. 
Nada de esto es nuevo; es algo que hemos tenido que discutir en muchas ocasiones. 
Sin embargo, lo que yo considero muy grave es que el diputado en cuestión haya dicho hoy al que conoce 7 200 casos en los que eso ha sucedido. ¡Nada menos que 7 200 casos concretos! 
Creo que esta acusación es tan seria que debo pedirle, señor Presidente, que se ponga en contacto con dicho diputado. 
Me gustaría que se presentaran estos 7 200 casos ante usted, y creo que los órganos supervisores correspondientes (quienquiera que tenga responsabilidad en esto, ya sean los Cuestores, la Comisión de Control Presupuestario, el Tribunal de Cuentas, la OLAF) deben tratar con ellos este asunto. 
Si existen pruebas de ilegalidad, estas infracciones tienen que ser investigadas. 
Si no hay pruebas, no se debe dejar pasar esta acusación de 7 200 infracciones. 
Lo que le pido que haga es que ayude a las autoridades que sean responsables de aclarar cualquier infracción de la ley que haya podido tener lugar. 
Si lo que se ha hecho es conforme a nuestras normas, eso debe quedar fuera de toda duda. 
– Los diputados que viajan hasta Estrasburgo desde Irlanda los lunes sabrán que se tarda muchas horas en llegar aquí; no he tenido constancia de este hecho hasta ahora. 
Se trata de un asunto de extrema gravedad y lo trataré como tal. 
Después de oír su intervención, señor Schulz, me pondré en contacto con el diputado en cuestión para pedirle que me informe con más detalle. 
Quiero asegurar –como ya he hecho en una reunión de la Conferencia de Presidentes– que se ha actuado completamente de acuerdo con el Reglamento ante todos los casos presentados ante mí, como autoridad política de esta Cámara. 
Lo garantizo hoy, y si hay pruebas que respalden esas acusaciones, daremos curso a este asunto. 
Sin embargo, a la inversa, si no existen dichas pruebas, la medida más correcta sería retirar las acusaciones. 
Señor Presidente, quiero abundar en esta cuestión. 
Aunque le agradezco enormemente sus palabras, hay algo que deseo preguntarle. 
Se trata de acusaciones graves, y las acusaciones graves afectan al honor y a la integridad de las personas, aunque estén infundadas. 
Si estas acusaciones contienen algún elemento de verdad, las acciones a que se refieren deben ser sancionadas. 
Siempre se nos está acusando de cuidar nuestros propios intereses, de forma que si se le hace llegar algo como Presidente, se considera que no se investiga suficientemente. 
Así pues, permítanme que le pida que no consulte solo a esta Cámara, sino también a otras autoridades externas si es necesario. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, que sin duda podría comprobar si los diputados al Parlamento Europeo cumplen las normas o no. 
Esta es la razón por la cual creo que nos interesa a todos nosotros que estas acusaciones salgan al exterior y se examinen por una autoridad competente. 
– Señor Schulz, no deseo ocultar información a ninguna autoridad competente, pero como Presidente no quiero que se me oculten los detalles y hechos que hay detrás de las acusaciones. 
Si hay algo que valga la pena que tengamos en cuenta, facilítenos información por todos los medios. 
La primera obligación, en términos de colegialidad, consiste en proporcionar detalles. 
A diferencia de usted, no he tenido el privilegio de ver las acusaciones. 
Me gustaría tener algo palpable, no únicamente las acusaciones. 
Señor Presidente, por desgracia, que yo sepa, nuestro Reglamento no incluye disposiciones sobre el caso de un diputado que formule falsas acusaciones contra otros diputados, especialmente en el contexto de una campaña electoral, lo que es claramente el caso que nos ocupa. 
Al igual que usted, he tardado nueve horas en llegar aquí, por lo que tampoco he tenido oportunidad de ver las acusaciones, aunque no le quepa duda de que la Junta de Cuestores les prestará la debida atención, ya que me consta que están causando gran aflicción a muchos diputados. 
Asimismo, en un año electoral, quizás agrave la paranoia de las personas en relación con estos asuntos. 
– Gracias, señora Banotti. (1) 
– El 12 de enero de 2004 anuncié que había recibido una carta del Ministro de Asuntos Exteriores francés, que incluía un anexo con un archivo referente a la anulación del mandato de Sr. Raymond. 
De conformidad con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento, dicho asunto se envió a la comisión responsable, es decir, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
El 17 de marzo, el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior me informó de que una mayoría de dicha comisión, tras examinar el asunto en sus reuniones del 27 de enero, 19 de febrero, 8 y 17 de marzo, había adoptado el punto de vista de que el Parlamento no debe tomar nota de la inhabilitación del Sr. Raymond hasta el momento en que el francés, ante el que el Sr. Raymond había presentado una objeción el 26 de enero de 2004, haya tomado una decisión sobre el decreto del Gobierno francés de 25 de noviembre de 2003. 
A la luz de esta referencia y el consejo que me han dado, tengo intenciones de seguir el consejo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
– Señor Presidente, como recordará, yo estuve en contra de que se remitiera este asunto a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Mantengo mi punto de vista y le pido que estudie más de cerca este precedente. 
En un momento en que vamos a entrar en campaña electoral, la capacidad del Parlamento para proteger a sus diputados, incluso si cometen fraudes contra el presupuesto comunitario, me parece extremadamente grave. el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos se caracteriza por la mala fe y una deficiente mala interpretación de los textos. 
No honra a esta casa perseguir a tal o cual comisario cuando comete la menor torpeza en materia de manejo de los fondos presupuestarios y sobreproteger a uno de nuestros colegas que, en beneficio privado, usó y abusó de los fondos comunitarios en materia de política agrícola común. 
– Tomo nota de su observación, señora Berès. 
Es cierto que ha planteado usted este asunto anteriormente. 
Creo que fue acertado por mi parte, en términos de procedimiento, remitir este asunto a las comisión correspondiente. 
Como ya indiqué, se ha tratado en varias ocasiones. 
No he dado ninguna orientación ni he pretendido de ninguna forma influir en el resultado de la labor de dicha comisión. 
Creo que el consejo que me han dado sigue el proceso debido y no pretende proteger indebidamente a ningún diputado a esta Cámara. 
Si hay más aportaciones al respecto de usted u otro diputado, las remitiré a la atención de la comisión competente. (1) 
Señor Presidente, quiero expresar la tristeza que siento, y que todos sentimos, por la horrenda masacre terrorista perpetrada en Madrid, así como expresar mi simpatía y solidaridad con las familias de los asesinados y heridos. 
Quiero expresar mi gran admiración por el comportamiento tan digno y cívico de la población madrileña, así como por la extraordinaria eficacia de todos los servicios de emergencia proporcionados por las instituciones a nivel estatal, autonómico y municipal. 
La madurez con la que la sociedad española se ha comportado, como otras comunidades afectadas por los terribles desastres causados por personas, confirma que España es un país enraizado, tanto civil como democráticamente, en Europa. 
Todo esto tuvo lugar sin ningún tipo de reacciones o declaraciones xenófobas, y sin ninguna reacción violenta contra otras religiones o países concretos. 
A la luz de todo lo acontecido y del admirable comportamiento de la población, es esencial que adoptemos medidas firmes y democráticas en la UE para luchar contra el terrorismo. Sin embargo, también debemos luchar con fuerza para evitar que se asiente en Europa una polarización militarista de opiniones y una ideología puramente antiterrorista, y trabajar para garantizar que nuestras sociedades no se vean nunca gobernadas por dicha ideología. 
Señor Presidente, hago un llamamiento a la Cámara y al Presidente para que se tomen todas las medidas posibles a fin de intentar poner fin a la violación de los derechos humanos en Irán. 
El régimen iraní ha perpetrado graves violaciones de los derechos humanos durante demasiado tiempo. 
Solicito al Presidente que exprese la protesta de esta Cámara al régimen iraní e invite a que finalicen dichas violaciones tan pronto como sea posible. 
El 21 de marzo hubo en Bruselas una reunión importante de la comunidad iraní en Europa y en ella se pronunciaron sinceros llamamientos de los exiliados iraníes a cambiar el enfoque del régimen en Irán. 
Todo diputado a esta Cámara debe apoyar a la comunidad iraní de Europa en sus demandas de respeto de los derechos humanos y justicia para los iraníes. 
– Señor Presidente, en la noche del 19 de marzo, 23 jóvenes murieron en un terrible accidente de autobús en Konginkangas, en el centro de Finlandia. 
La colisión entre un autobús y un camión de grandes dimensiones es el peor accidente de carretera en la historia de nuestro país. 
El Gobierno ha creado una comisión de investigación para investigar las causas del accidente. 
¿Hay que culpar a la resbaladiza superficie de la carretera, estaban demasiado sueltos los rollos de papel amontonados en el vehículo, o bien este accidente que ha costado la vida a 23 personas se debió a otra causa? 
Espero que, en el futuro, el Parlamento también sea capaz de beneficiarse de la investigación de esta comisión. 
Al mismo tiempo, quisiera pedirle que cuando visite Finlandia, dentro de dos semanas, le ofrezca al Parlamento sus condolencias por nuestros ciudadanos muertos en ese terrible accidente. 
Señor Presidente, quiero condenar el arresto, por parte de las fuerzas armadas de Colombia, de Rubiel Vargas, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión de Jóvenes Comunistas colombianos, y corresponsal de la agencia independiente de noticias Ancol. 
Esta detención ha sucedido dos meses después de la detención de Gabriel Becerra, Secretario General de la Unión de Jóvenes Comunistas, y representante del frente social y político de Colombia, el 23 de enero pasado. 
Luz Perly Córdoba, una sindicalista del Movimiento Campesino de Arauca, fue detenida el 18 de febrero y la comunista María Lucero Henao fue asesinada junto con su marido por unos soldados el 6 de febrero. 
Esta es solo una muestra de las persecuciones sufridas por los comunistas y los combatientes de base generales en Colombia. 
Demuestra cuán hipócrita fue el Presidente Uribe al hablar de reconciliación nacional hace unas semanas, durante la recepción oficial que usted y los pocos miembros presentes en esta Cámara le ofrecieron. 
Señor Presidente, hoy entra en vigor la ampliación oficial de la OTAN de 19 a 26 miembros, ya que las tres Repúblicas Bálticas se unen a Eslovaquia, Eslovenia, Rumania y Bulgaria, de hecho todos los actuales países en vías de adhesión a la UE, excepto Malta y Chipre. 
La semana pasada estuve en Austria, donde existe una notable presión política a favor de que este país abandone su preciada neutralidad y se una a la OTAN. 
Es esencial que apoyemos la estabilidad continuada de la OTAN, que participa en la lucha contra el terrorismo internacional, como demuestra su intervención exterior en escenarios tan lejanos como el Afganistán. 
No debemos permitir que la PESD debilite nuestra alianza con los Estados Unidos –la única potencia militar que invierte realmente en defensa– mientras toda la UE está recortando gastos. 
Debemos evitar además la duplicación de esfuerzos con una planificación y estructuras de mando y control separadas de la PESD. 
Por último, debemos garantizar a nuestros vecinos rusos que la ampliación de la OTAN –en particular hacia el Báltico– no supone una amenaza para su seguridad, y la pronta ratificación por estos Estados del Tratado sobre las fuerzas armadas convencionales en Europa serviría mucho para calmar los temores rusos. 
Señor Presidente, quiero llamar la atención de la Cámara sobre una declaración muy extraña y ridícula que hizo la semana pasada el Rector de la Universidad de Estambul. 
Parece ser –aunque le vi diciendo estas cosas en televisión– que afirmó que Turquía no tiene motivos para hacer ninguna concesión a la UE con respecto a Chipre y que para Turquía resulta fácil resolver este asunto si sacrifica 135 000 –incluso ha calculado la cifra– de sus soldados para ocupar Chipre y Grecia. 
Estas afirmaciones tan absurdas recibieron un gran aplauso del público, lo que, como ya he dicho, observé en televisión. 
No quiero decir que esto incrimine al Gobierno turco o la mayoría de la opinión pública de dicho país, aunque si hay una parte de la población que se expresa de esta forma en Turquía, deberemos mostrar mayor cautela a la hora de aceptar a este país y cooperar con fuerzas progresistas a fin de lograr un verdadero cambio de mentalidad, sin el cual no se puede producir una verdadera fusión entre Turquía y la Unión Europea. 
Hace poco mantuve reuniones con determinadas ONG en Estambul y conversé, entre otros, con estudiantes de dicha Universidad, quienes mostraron tener opiniones mucho más racionales que el rector que tiene el privilegio de ejercer ese cargo. 
Señor Presidente, tomo la palabra para plantear el caso de Hans-Martin Tillack, periodista detenido hace diez días por la policía belga por orden de la OLAF. 
Ha sido un asunto bastante torpe, considero, con este caballero encarcelado durante diez horas sin acceso a un abogado, además de otros problemas concomitantes. 
Me pregunto si podría tratar este tema con la OLAF, ya que, en lo que respecta a Eurostat, no pareció que se aplicara la gran celeridad que exigía ese caso, y sería mucho más interesante para todos nosotros en el Parlamento. 
Asimismo, me encuentro muy preocupado por la libertad de prensa en Bélgica y me gustaría que se lo planteara al Ministerio del Interior belga. 
Señor Presidente, en Italia ha surgido una disputa, concretamente en mi región, Trentino-Alto Adigio/Tirol Sur, en torno al censo etnolingüísitico organizado al amparo del estatuto de autonomía especial de la región y llevado a cabo asiduamente por la administración germanoparlante. 
Este censo va en contra del principio de libre circulación, así como de la Directiva 95/46/CE sobre la protección de datos personales y, en concreto del artículo 8, que protege el origen étnico de los ciudadanos. 
Aunque es posible que se den otros procedimientos de infracción contra el Estado italiano, parece que el Comisario Bolkestein acordó directamente llegar a una solución con el Gobernador de la Provincia de Bolzano, como el propio Presidente anunció tras regresar de un viaje a Bruselas. 
Considerando que el Gobierno italiano, que es responsable de este tipo de negociación, ya ha expresado su protesta oficialmente, me gustaría que el Comisario Bolkestein me aclarara cuál fue el tenor de esa reunión: si es cierto que se acordó una solución o si sencillamente se discutió el tema. 
Veo que el Comisario Bolkestein está presente. 
Puede que le sea posible responder a su pregunta en algún otro momento y por otra vía, ya que no resulta apropiado formularle esa pregunta directamente en estos momentos. 
Señor Presidente, me dirijo a usted en nombre de nuestro colega diputado, el Sr. Wyn, quien se encuentra actualmente en Turquía como observador para las elecciones locales. 
Me ha pedido que le informe a usted y a los demás diputados al Parlamento Europeo de que se le ha denegado el acceso a los edificios donde se celebran las elecciones en varios lugares del este de Turquía. 
Creo que él mismo describirá esta experiencia, que debería añadirse a los informes sobre actos de violencia durante estas recientes elecciones en Turquía, que incluso han provocado la muerte de algunas personas. 
Esto subraya de nuevo que Turquía no cumple los criterios de Copenhague. 
Señor Presidente, Señorías, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) concedió recientemente su Premio Mundial a la Libertad de Prensa al periodista y escritor cubano Raúl Rivero. 
Esto provocó la ira habitual del dictador cubano y protestas contra la UNESCO por dar su premio a un escritor y periodista condenado a 20 años de cárcel, junto con otros 74 disidentes. 
Señor Presidente, Señorías, después de que esta Cámara concediera el premio Sakharov a Oswaldo Payá, animando así a los disidentes cubanos en su lucha por la libertad en Cuba, no podemos permanecer callados. Debemos seguir insistiendo una y otra vez en que Cuba ha de respetar los derechos humanos y que la tiranía del régimen cubano no se encuentra en concordancia con los tiempos. 
Señor Presidente, me gustaría pedirle que se comunicara con las autoridades cubanas para transmitirles nuestra preocupación por la salud de los presos políticos y por el hecho de que se estén consumiendo en cárceles cubanas. 
– Puedo hacerlo. 
Señor Presidente, la invitación por parte del Gobierno griego a la OTAN de asumir la responsabilidad de la seguridad de los Juegos Olímpicos provocó una fuerte reacción en un amplio sector político en Grecia. 
No solo constituye un insulto al espíritu olímpico de paz, dado que la OTAN es una organización terrorista defensora de las armas por excelencia, sino que es además un insulto a los sentimientos pacifistas contrarios a la OTAN de la sociedad griega, como se expresa diariamente en nuestro país. 
Esto convierte a Grecia, como han denunciado muchas partes, en un imán para los contraataques terroristas. 
Está claro que tanto las medidas de supresión y represión de las libertades y derechos democráticos como la profunda penetración de la OTAN en la vida pública y privada de Grecia no cesarán cuando finalicen los Juegos Olímpicos, sino que continuarán y se harán permanentes. 
Es así como, con el pretexto de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, se están profanando los ideales olímpicos y se ata de pies y manos a una nación. 
Es así como se desvela la inmensa hipocresía de los pronunciamientos sobre la tregua olímpica. 
Interpretando los sentimientos pacifistas y antiimperialistas del pueblo griego, condenamos esta situación y hacemos un llamamiento a todas las personas que en esta Cámara sigan teniendo un interés siquiera rudimentario en la democracia, para que pidan a la OTAN que no interfiera en los Juegos Olímpicos. 
– Señora Presidenta, me gustaría volver sobre el asesinato extrajudicial del Jeque Yasin por el Gobierno israelí, que la Unión Europea ha condenado enérgicamente. 
Quisiera manifestar mi esperanza de que las instituciones europeas adopten una importante iniciativa diplomática con este motivo, porque está claro que el proceso se verá permanentemente comprometido si nos limitamos a entretenernos con las cosas. 
Quisiera que se revisase la decisión de suspender del Acuerdo de Asociación UE-Israel, que el Parlamento ya había aprobado anteriormente, que nos preocupáramos de instalar una fuerza de interposición que proteja eficazmente a la población palestina y, por último, que se adoptase una gran iniciativa a favor de una conferencia internacional que retome verdaderamente todo el proceso. 
Señora Presidenta, en relación con la cuestión planteada por el Sr. Heaton-Harris, seis policías belgas se reunieron a las 7.10 a.m. el pasado viernes en la residencia privada de un periodista y se hicieron con listas de direcciones y números de teléfono, tarjetas profesionales y cuatro teléfonos; posteriormente, vaciaron su oficina en un centro de prensa internacional llevándose, entre otras cosas, 17 cajas de documentos. 
También le rechazaron sus peticiones de permiso para llamar por teléfono a su esposa, su jefe y su abogado. 
Los policías también se hicieron con copias de cuentas privadas. 
Ahora nos encontramos en una situación en que la OLAF se muestra interesada en ver las cuentas que pertenecen a periodistas que hablan sobre el fraude, pero aún no ha solicitado los extractos bancarios de aquellos que han incurrido en fraude. 
Quisiera pedirle a la Presidenta que se asegure de que recibimos una explicación completa (y un informe) sobre el papel de la OLAF en este asunto, incluyendo también el papel de la Comisión en la decisión de acudir a la policía belga. 
También quisiera pedirle a la Presidenta que se asegure de que obtenemos la garantía de que las Instituciones de la UE respetarán en el futuro la libertad de prensa y, especialmente, el importante principio de respeto a las fuentes de los periodistas. 
En este sentido, es necesario obtener la garantía del Gobierno de Bélgica de que, en caso de no existir leyes sobre la protección de las fuentes, no intervendrán en las Instituciones cuando los periodistas escriban sobre escándalos. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto del: 
-Informe A5-0079/2004 presentado por el Sr. Skinner, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, relativa a la armonización de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a cotización en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE. 
y 
-Recomendación para la segunda lectura (A5-0114/2004) presentada por la Sra. Villiers, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de laDirectiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo. 
. Señora Presidenta, agradezco al Parlamento Europeo la gran labor realizada para aprobar a tiempo dos Directivas que son vitales para completar el mercado único financiero, concretamente la directiva sobre mercados de instrumentos financieros y la Directiva de transparencia. 
Me complace aprovechar la oportunidad para dar las gracias a los dos ponentes. 
Ruego me disculpe, señor Skinner, pero como sabe, las damas primero. 
Quisiera dar las gracias a la Sra. Villiers por su informe. 
Sin su esfuerzo y apertura, no podríamos haber logrado este resultado tan equilibrado y consensuado. 
Asimismo, deseo dar las gracias a la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Sra. Randzio-Plath, quien ha logrado reconciliar posturas divergentes entre partidos políticos y enfoques nacionales. 
La Comisión considera que el paquete de compromiso que se votará en breve mejora la propuesta de la Comisión y la posición común. 
La Comisión puede aceptar dicho paquete íntegramente, es decir, de la enmienda 54 a la 82; por tanto, rechaza todas las demás enmiendas. 
El objetivo de las obligaciones de transparencia previa a la negociación es ahora más claro, en concreto en lo que respecta a las transacciones a las que se aplica esta obligación. 
Otras enmiendas técnicas –por ejemplo, las relativas a los derivados– proporcionan aclaraciones prácticas, sin cambiar la orientación de la propuesta de la Comisión. 
La Comisión agradece que el paquete de compromiso no incluya enmiendas sobre otros asuntos políticos que se habían debatido duramente en el Consejo; la reapertura de dichos asuntos habría puesto en peligro la adopción de la Directiva. 
El texto final supondrá un paso adelante significativo en la integración de los mercados financieros europeos. 
Por primera vez, hemos podido llegar a un acuerdo sobre un marco regulador común del mercado que situará nuestro mercado en primera línea en cuanto a flexibilidad, innovación y protección del inversor. 
Merece el apoyo de una fuerte mayoría absoluta por parte de los diputados a este Parlamento. 
Ahora abordaré la Directiva de transparencia y el informe del Sr. Skinner. 
Felicito al ponente y doy las gracias de nuevo a la Sra. Villiers y también al Sr. Huhne, los ponentes alternativos en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, así como al Sr. Lehne, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, por sus aportaciones y su buena cooperación. 
La Comisión está dispuesta a aceptar el paquete de compromiso, tal y como se ha acordado con el ponente y los ponentes alternativos, aunque rechazará todas las demás enmiendas. 
Tras este debate, distribuiré una lista detallada con la postura de la Comisión al Parlamento Europeo. (1) 
En cuanto a la declaración de administración temporal para los emisores de acciones, aceptamos el acuerdo propuesto. 
Ahora la Comisión supervisará cuidadosamente cómo funciona en la práctica la solución acordada. 
El paquete de compromiso también incluye los acuerdos de transición para los emisores de bonos de terceros países con respecto a los bonos ya admitidos a negociación en un mercado regulado a escala europea antes del 1 de enero de 2005. 
Algunos Estados miembros, aunque no todos, harán uso de tales acuerdos en 2006, es decir, la fecha en que la Directiva debe estar transpuesta. 
Invito a los reguladores nacionales de dichos Estados miembros a que hagan todo lo posible por garantizar la continuidad de tales emisores de bonos, pendiente aún de que concluya la evaluación de la equivalencia entre las normas de contabilidad internacionales y las de terceros países a escala europea. 
Estamos interesados en conseguir que nuestros mercados de capitales resulten lo más atractivos posible para emisores de fuera de la UE. 
Por tanto, si deciden aprobar el paquete de compromiso presentado ante ustedes, habrá concluido una de las iniciativas finales del plan de acción de servicios financieros en un tiempo récord, tan solo un año después de que la Comisión presentara su propuesta. 
La adopción tras una única lectura sería un logro excelente. 
Señora Presidenta, ha sido muy útil oír esta declaración del Comisario. 
Hará una gran labor porque enviará la señal correcta, además de las muchas ya enviadas, en los mercados de renta fija y los mercados en general. 
Señor Comisario, tiene razón al apuntar que el informe de hoy sobre las obligaciones de transparencia representa el puntal central del plan de acción de servicios financieros. 
Aporta seguridad a los mercados financieros y subraya el proceso por el que las empresas deben informar a los inversores. 
Aunque se produjeron muchos debates entre las distintas partes interesadas, algunas veces dejándonos muy confundidos y con un resultado que parecía algo opaco, creo que tenemos aquí la mezcla adecuada y una legislación muy útil con la que podemos seguir adelante. 
Hay algunos asuntos que conviene destacar. 
El primero es que, a pesar del plan original, no adoptaremos el principio de obligatoriedad de los informes trimestrales. 
Eso está claro. 
El Parlamento tenía toda la razón al rechazarlo, lo mismo que al apoyar un compromiso que regule y normalice las explicaciones detalladas, pero sin admitir el principio de obligatoriedad ya previsto. 
El motivo de esta postura radica en que deseamos impedir planteamientos cortoplacistas, además de utilizar esto de contrapeso a la necesidad de costes añadidos. 
En concreto, espero que con esto se resolverán numerosos asuntos y que no veremos una repetición en los tribunales alemanes de lo que actualmente estamos presenciando en las controversias entre determinadas empresas y algunas bolsas. 
Además, también se aborda el tipo de metodología contable que precisamos y la reconciliación necesaria con los emisores de terceros países. 
El acuerdo alcanzado entre el Parlamento, la Presidencia y la Comisión de buscar un mecanismo de reconciliación es absolutamente imprescindible. 
Por tanto, no debemos desentendernos de este asunto. 
Además, menciono la antigua cláusula –que data de diez años atrás– incluida en el artículo 26 que se refiere a los informes semestrales. 
Esto también, señor Comisario, resulta polémico, motivo por el cual el artículo 29 contiene otra referencia a una revisión de esta legislación antes de transcurridos cinco años desde su completa entrada en vigor. 
Ha sido difícil determinar datos fidedignos en este período tan breve. 
Debemos observarlos muy de cerca y me alegro de que usted haya utilizado también las palabras «vigilar muy de cerca». 
El Parlamento acoge con agrado la decisión de legislar urgentemente en el marco del plan de acción del derecho mercantil, obligando a todos los altos cargos a revelar sus paquetes de compensación a los inversores en algún momento de un futuro muy cercano. 
Para nosotros es algo que podría haber estado presente, pero que dejamos pasar, puesto que lo traerá usted más adelante. 
De todas formas, estaremos observando muy de cerca. 
Asimismo, existen grandes expectativas de que el Consejo –además de la Comisión– cumplirá su palabra de apoyar la iniciativa voluntaria de que todos los pagos realizados por empresas en las industrias extractivas serán transparentes para todos los Gobiernos. 
En Angola, el 25% del ingreso del Estado –unos 1 700 millones de dólares– desaparece cada año. 
La mayoría de este dinero proviene de la extracción de petróleo y, debido a la forma en que el dinero se paga y se contabiliza en los informes, se llega a saber exactamente poco de la corrupción. 
Francamente, se oculta porque no es lícito y llega a las más altas esferas del Gobierno. 
Las empresas petroleras que se reúnen en Canadá la próxima semana y los Gobiernos de la Unión Europea y las instituciones que se ocupan de la gobernanza financiera han de forzar el paso en este asunto. 
Deben cambiar la marcha de las cosas. 
Los inversores precisan saber y las compañías no deben arriesgar su prestigio. 
Además, hay que frenar a aquellas personas que roban a sus propios ciudadanos. 
Por ejemplo, la necesidad de dinero en la Angola de posguerra es trágica para miles de familias sumidas en la pobreza. 
A pesar de que la mortalidad infantil, la salud en general y la educación aún constituyen prioridades en esta región, la pura avaricia frena todo progreso firme. 
Si ahora se llamara a estas empresas a ser transparentes, ello supondría una sólida base para la apertura y la gobernanza. 
En cinco años, el Parlamento juzgará el progreso alcanzado en esta legislación y estudiará si ha alcanzado el equilibrio con el enfoque de la Comisión y otras instituciones para estimularlo. 
Por último, doy las gracias a todos los servicios que han participado en este informe, concretamente a Margaret Cazalet, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la secretaría de mi propio grupo, Annabel Garner-Boulay, la Presidencia, la Comisión Europea, junto con los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, por la gran ayuda que han prestado para redactar un informe tan equilibrado. 
. Señora Presidenta, en primer lugar hablaré de la directiva de transparencia en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que apoya este paquete de la Presidencia. 
Creemos que los informes trimestrales se han extinguido. 
Los cambios que hemos observado al respecto han sido muy bien acogidos. 
No estoy segura de si necesitaremos la publicación de la declaración incluida en el compromiso, pero no lo considero especialmente un problema, así que representa una parte aceptable del paquete de compromiso. 
Los informes trimestrales obligatorios habrían resultado extremadamente nocivos y costosos y no habrían logrado beneficios reales en cuanto a transparencia para los inversores. 
El paquete de transparencia contiene además aclaraciones imprescindibles sobre los protectores y administradores de activos, así como disposiciones sensatas sobre la difusión de información: asegura la rápida difusión por Europa, a la vez que permite a los Estados miembros la opción de si desean exigir la publicación en un periódico. 
Me siento especialmente satisfecha con el resultado de los bonos en relación con los emisores de terceros países. 
Se ha resuelto gran parte de sus problemas y me satisface que se hayan aceptado en el paquete de la Presidencia los elementos de mi enmienda relativos a los informes anuales y el tema de la equivalencia para emisores de terceros países. 
En lo que respecta a la Directiva de servicios de inversión (DSI) , quiero dar las gracias a determinadas personas: la Sra. Cazalet, de la Secretaría; mi ayudante, Sarah McCarthy; el ponente alternativo del PSE, George Katiforis, que me ha proporcionado gran ayuda; y el Sr. Karas, coordinador del Grupo del PPE-DE, quien ha trabajado de forma muy honesta en este expediente tan difícil. 
Votaré a favor del paquete de la Presidencia. 
Insto a los demás diputados a que hagan lo mismo. 
No obstante, me preocupa: aunque hay muchos aspectos que considero insatisfactorios, no cabe duda que resulta mucho mejor que la postura común, por lo que propongo apoyarlo. 
Hay puntos positivos en el paquete, tal y como será aprobado mañana. 
En virtud de esta Directiva, se permitirá que continúen los servicios dedicados exclusivamente a la ejecución y los productos de oferta directa. 
El marco de estos productos resulta más complejo de lo que me gustaría, pero las empresas dedicadas exclusivamente a la ejecución pueden continuar. 
Me agradaría que el Comisario aclarase hoy que la nueva Directiva de servicios de inversión (DSI-2) no impedirá que los individuos utilicen los servicios dedicados exclusivamente a la ejecución y productos de oferta directa que para ellos son tan valiosos. 
Resulta lamentable que el Consejo haya rechazado las enmiendas del PPE-DE sobre el país de origen. 
No obstante, me complace mucho la eliminación de la mayoría de los poderes de los países de acogida, ya que contribuirá al comercio transfronterizo. 
Nos hemos quedado con un marco de sectores innecesariamente complejo, aunque nos acercamos un poco más al adecuado control del país natal y el país de origen. 
También acojo con agrado la inclusión de recomendaciones de inversión en la DSI-2, ya que tapará los agujeros que existen en algunos países en donde no se regulan correctamente las recomendaciones. 
Esto tiene un impacto en Europa, puesto que dichos servicios provenientes de países insuficientemente regulados se podrían vender en Europa según la Directiva sobre comercio electrónico. 
Resulta esencial que tapen dichos agujeros y se otorgue a los inversores una norma adecuada sobre conducta empresarial y protección mediante recomendaciones. 
Asimismo, opino que los inversores obtendrán una protección bien acogida con la norma de mejor ejecución. 
Me complace que gran parte de los elementos de las enmiendas tras la primera lectura en el Parlamento Europeo se hayan incluido en las disposiciones de mejor ejecución, y en concreto un enfoque proporcionado y pragmático sobre la mejor ejecución que reconoce que, aunque se trata de una norma objetiva, no es absoluta. 
Asimismo, acojo con agrado un extenso marco de transparencia posterior a la negociación, que permitirá que los mercados funcionen mejor y proporcionen protección bien acogida al inversor. 
Sobre la clasificación de clientes, espero que la DSI-2 suponga una mejora con respecto a la DSI-1, donde no se estableció una clara distinción entre inversores minoristas y mayoristas. 
Resulta esencial que consigamos una distinción clara, puesto que cada uno necesita un marco regulador diferente. 
También se han incluido clarificaciones técnicas bien acogidas sobre los productos financieros derivados, lo que capacitará al marco de DSI para adaptarse a la innovación en el futuro en los mercados de productos y derivados, asegurando que los nuevos derivados se puedan incluir en el marco en el futuro y, por tanto, proporcionando mayor protección de los inversores y mayor seguridad jurídica. 
En cuanto al artículo 27 y la norma sobre concentración, después de lo que sinceramente fue un resultado desastroso en el Ecofin, ha supuesto algo así como un ejercicio de limitación del daño para el Parlamento. 
Desde el punto de vista británico, me parece lamentable que el Sr. Boateng, Ministro que representa al Reino Unido en esa instancia, no fuera capaz de obtener un resultado mejor. 
En nuestra segunda lectura en el Parlamento Europeo, hemos conseguido reparar parte del daño, aunque iba a ser difícil recuperarse de lo que fue un voto extremadamente complicado en el Ecofin el año pasado. 
A la vez que hemos dado algunos pasos hacia delante, también lo hemos hecho hacia atrás. 
En ese sentido, la DSI-2 representa una oportunidad perdida. 
Apoyé plenamente la propuesta de la Comisión de anular las normas sobre concentración, pero, en gran parte, dicho intento se ha visto socavado por lo que ahora se ha acordado en el artículo 27. 
Supone un gran alivio que se haya impedido la amenaza de exigir a las empresas que coticen acciones por valor de millones de euros. 
La sustitución del tamaño de bloque por un tamaño de mercado estándar se acoge con sumo agrado, además de otras aclaraciones importantes como, por ejemplo, la de permitir que las empresas obtengan mayor protección contra múltiples golpes. 
De todas formas, aún no creo que hayamos conseguido el mejor equilibrio en cuanto a liquidez y competitividad. 
Personalmente aspiraba a elaborar un texto que incluyera requisitos de transparencia eficaces y una formación de buen precio asegurada, sin imponer cargas reglamentarias que fueran demasiado pesadas, como introducir una norma sobre concentración por la puerta de atrás y menoscabar la disposición sobre liquidez. 
Apoyaré el paquete de la Presidencia aunque no creo que tenga el equilibrio adecuado. 
Este texto aún abarca a demasiadas empresas y firmas dentro de la definición de internalizador sistemático, posiblemente poniendo en peligro una gama de comercio al por mayor tradicional y directo. 
Aún deja a las empresas con cargas reglamentarias significativas si desean competir con cambios, y resulta irónico que esta legislación obligue activamente a que las empresas tomen riesgos comerciales, que el marco de Basilea II indica que hay que limitar. 
De muchas formas, el artículo 27 hará que las empresas tengan dificultades para competir con cambios, lo que significa que tristemente los inversores no obtendrán todos los beneficios de una amplia gama de servicios y costes de transacción reducidos, que aportaría un mercado completamente competitivo. 
Lamento que hayamos sufrido tal resistencia a una mayor competitividad por parte de algunos miembros del Consejo. 
Es imprescindible que esta Directiva se aplique con sensatez, tanto por parte de la Comisión, del CESR («César» ) y de las autoridades reguladores de cada país. 
De ser así, traerá beneficios en forma de un aumento de la competitividad. 
Invito a la Comisión a que garantice que se aplique con sensatez, puesto que se trata de la única forma de que obtengamos verdaderas ganancias con respecto a la competitividad y liquidez para los inversores de toda Europa. 
. – Señora Presidenta, Señorías, les hablo como ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre la Directiva relativa a la transparencia. 
Creo que la propuesta de compromiso que se acaba de alcanzar para su consideración en primera lectura es positiva, y que, en su conjunto, trata adecuadamente las objeciones básicas que se expresaron en esta Cámara a la propuesta original de la Comisión. 
En este Parlamento hemos logrado evitar con éxito una serie de normas que, si se me permite decirlo, hubieran resultado superfluas y costosas. 
Como único ejemplo, citaré el requisito de publicar informes trimestrales, lo que, como ha apuntado el Sr. Skinner, supondría costes enormes para las empresas y serviría de poco. 
Después de todo, esta Directiva tiene por objeto evitar casos como el de Parmalat, Enron, Worldcom y otras sociedades, todas las cuales presentaron informes trimestrales a su debido tiempo, y todos hemos visto los resultados finales. Por lo tanto, no impongamos más cargas a las empresas con medidas inútiles. 
En segundo lugar, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior dio un especial significado a la coherencia y la conformidad con la Directiva sobre registros electrónicos comerciales, en los que incorporamos una cláusula opcional sobre los medios de publicación, permitiendo a los Estados miembros, en función de sus propias tradiciones, que dispusieran la publicación de la información requerida en otros medios que no fueran Internet. 
Hemos conseguido que esta norma se incorporara también a esta Directiva, por lo que creo que hemos garantizado que dos Directivas con temas similares pueden (y creemos que esto es esencial) ser tratadas del mismo modo por parte de los legisladores de los Estados miembros. 
Es más, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior está satisfecha con la solución alcanzada en torno a las obligaciones. 
El resultado de las deliberaciones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior nos preocupó bastante por si nos colocaba en desventaja en las negociaciones con los norteamericanos a la hora de aplicar las IAS (normas internacionales de contabilidad). 
Creo que la norma que se ha diseñado sobre la limitación de las disposiciones adecuadas evita esto, y que nuestra posición negociadora no es peor; simplemente se lo estamos poniendo más difícil a aquellos que ya se encuentran en Europa. 
Teniendo en cuenta todos los aspectos, estoy satisfecho con este resultado y doy mis más sinceras gracias a mis compañeros y a los ponentes alternativos por su colaboración. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, señora Villiers, señor Skinner, permítanme que comience diciendo que ambas Directivas forman parte del Plan de Acción de Servicios Financieros y por lo tanto ayudan a reforzar y completar el mercado financiero interior. 
Lo segundo que quiero decir es que ambas Directivas constituyen triunfos para esta Cámara y para el procedimiento parlamentario de codecisión. 
En tercer lugar, ambas Directivas, en su forma actual, han aportado cambios sustanciales al borrador de la Comisión y a la posición común y los han situado en línea con el punto de vista de este Parlamento. 
Volviendo a la Directiva relativa a la transparencia, ya se ha hecho referencia a que la presentación preceptiva de informes trimestrales, como propuso la Comisión, para las empresas que coticen en las bolsas de la UE, está descartada, lo que es muy acertado. 
Los requisitos de transparencia en el caso de los préstamos también han mejorado enormemente. 
El texto que se ha acordado con respecto a la publicación de la información de las empresas asegura que los Estados miembros puedan exigir a sus propias empresas que publiquen la información sobre papel. 
Se ha eliminado el requisito de difundir la información de forma simultánea. 
Lo único que puedo decir acerca de la Directiva sobre los servicios de inversión es que me hubiera gustado que el artículo 27 especificara un volumen mínimo de cuenta, o que se eliminara el considerando 49, pero es importante constatar que el informe nos ha permitido encontrar un punto medio entre los distintos intereses nacionales, los intereses europeos del mercado interior y nuestros egoísmos, por lo que le doy mi más sincera enhorabuena a la Sra. Villiers, ponente del informe. 
Gracias a ella, tres Estados muy importantes para el mercado financiero (Reino Unido, Dinamarca y Suecia) han dado su apoyo, aunque inicialmente no apoyaran la posición común, y los agentes del mercado cuentan ahora con una Directiva mejor. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, tanto la Directiva sobre armonización de los requisitos de transparencia como la Directiva sobre los servicios financieros ponen fin a un procedimiento difícil, que ha exigido un esfuerzo inmenso en cuanto a servicios financieros, sobre todo por parte de la ponente, la Sra. Villiers. 
Esta es una cuestión de enormes dificultades técnicas y políticas y, sin su gran diligencia, dudo de que hubiéramos llegado a una conclusión. 
Por ello deseo darle la enhorabuena por su excelente trabajo. 
El hecho de que hoy lleguemos a una conclusión final representa un logro del Parlamento y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y demuestra que los retrasos en la legislación, cuando tienen lugar, no se deben a la negligencia del Parlamento. 
El fin de la Directiva de los servicios financieros, sobre la cual, como ponente alternativo, quisiera hablar más, es recuperar el pasaporte europeo para las empresas del sector financiero. 
Por supuesto, el pasaporte europeo no es una institución nueva, pero había languidecido debido a las dificultades creadas por las diferencias en la legislación nacional de los Estados miembros en las actividades transfronterizas de las empresas y, por extensión, en la libre circulación de capitales en Europa. 
La nueva Directiva propone medidas armonizadas y homogéneas de protección de los inversores, sobre todo de los pequeños inversores, en los distintos Estados miembros. 
También propone la libre competencia entre las bolsas de valores y las empresas de inversiones. 
Esta cuestión es una de las más espinosas y complicadas que hemos de tratar, dado que nos enfrentamos a nuevos fenómenos del mercado, con bolsas de valores enteras que se convierten en empresas privadas y empresas privadas enteras que operan como una especie de minibolsa de valores y con un inmenso número de transacciones. 
Hemos alcanzado un compromiso sobre este asunto tan complicado, que, como todos los compromisos, no satisface a todos por completo, pero era necesario para poder avanzar. 
La aplicación y la experiencia sin duda plantearán problemas y defectos, y dentro de algunos años estoy seguro de que necesitaremos una nueva Directiva que esperamos sea un nuevo paso adelante en la lucha contra las barreras nacionales y en la creación del auténtico mercado de capitales paneuropeo necesario para desarrollar la economía europea. 
Esto también tiene que ver con el mantenimiento del proceso de Lisboa. 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos apoya el acuerdo alcanzado con el Consejo sobre la Directiva relativa a los servicios de inversión y, por supuesto, también apoya el informe sobre la armonización de los requisitos de transparencia para los servicios financieros. 
– Señora Presidenta, quisiera agradecer muy sinceramente a los dos ponentes, la Sra. Villiers y el Sr. Skinner, su extraordinario trabajo, así como su energía y persistencia durante las negociaciones con el Consejo. 
También quiero agradecer al Comisario Bolkestein estas dos partes tan importantes del plan de acción para los servicios financieros. 
Ahora ya podemos crear un mercado financiero común dentro de la UE. 
Eso es increíblemente importante y, como apunta el Sr. Katiforis, da una oportunidad al crecimiento económico, a la competencia continua y más oportunidades de empleo en línea con el proceso de Lisboa, que está demostrando ser demasiado lento. 
Si somos capaces de cumplir nuestros objetivos, es importante que los inversores y los consumidores puedan confiar en los mercados financieros y en sus actores. 
La gente ha perdido la confianza en ellos porque desgraciadamente se han producido muchos escándalos en los últimos años. 
Por lo tanto, debemos crear una reglamentación creíble que no sea demasiado gravosa ni burocrática, pero que tampoco sea demasiado ligera. 
En cuanto a la Directiva sobre los servicios financieros y los mercados regulados, la ponente ha realizado un trabajo excepcional. 
Creo que la Sra. Villiers ha mostrado una capacidad especial para lograr compromisos razonables y comprensibles. 
Quisiera decir que ha sido una muy buena europea. 
En opinión del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, las enmiendas de la comisión pertinente equilibran bien los requisitos de elección del inversor y de protección del inversor, y además crea normas para hacer funcionar adecuadamente los mercados financieros dentro de la UE. 
Reconozco que el Sr. Huhne y yo hubiéramos ido más lejos, pero no nos parecen mal los compromisos. 
Estos proporcionan la oportunidad de contar con una competencia continuada entre los distintos centros de comercio. 
Las enmiendas también eliminan lo que se ha dado en llamar las normas sobre concentración. 
Por último, quisiera decir algo sobre el informe del Sr. Skinner. 
Yo mismo he tenido dificultades con el hecho de que la comisión pertinente quisiera eliminar las propuestas de la Comisión sobre la publicación obligatoria de informes trimestrales. 
Los países que han introducido estos informes opinan que están funcionando bien. 
También es la opinión de la bolsa de Estocolmo. 
Un agente del mercado con el que he tenido ocasión de hablar consideraba que los que no pueden dar explicaciones de los resultados de las empresas y dar su opinión sobre el futuro de las mismas cada trimestre, no caben en la bolsa de valores. 
Ahora existe un compromiso razonable con el que se puede funcionar mínimamente. Informes bianuales con una posible revisión de la Directiva en cinco años. 
– Señora Presidenta, gracias a las correcciones realizadas por el Consejo –que a la Sra. Villiers no le gustan, pero que acepta– hemos llegado a un texto de la directiva de servicios de inversión (DSI) que todas las partes consideran aceptable. 
No me quiero hacer el exquisito, pero me gustaría decir que decidimos sobre una transformación que no sabemos muy bien a dónde nos conduce. 
Al suprimir la norma de concentración de las órdenes en las áreas en que todavía existe, se hace posible la competencia entre tres sistemas. 
¿Serán equitativas las condiciones de competencia? 
Es evidente que las sociedades establecidas en la City, y principalmente las norteamericanas, han hecho mucho por favorecer sus intereses. 
Existe el riesgo de que acaparen una parte esencial del mercado europeo, en detrimento de otros agentes, y que ejerzan así un control importante sobre los medios financieros de los diversos Estados miembros de la Unión. 
No obstante, el Consejo y la Comisión han velado por el equilibrio y por no eximir a esas sociedades de las obligaciones de transparencia. 
Sin embargo, pueden escapar a esas obligaciones para transacciones de un importe superior a la media. 
Me dicen que los países pequeños e incluso algunos grandes todavía controlar la cuota del mercado nacional, pero dudo de que esa división sea viable y no sabemos cuáles serán las estrategias de los distintos agentes, incluidas las bolsas. 
¿Están bien establecidas las condiciones de interés general? 
¿Podemos disuadir de los abusos y los delitos de información privilegiada que multiplica la internalización, o que en todo caso multiplicar, y garantizar un proceso de formación de precios de alta calidad? 
Por ejemplo, los volúmenes de transacciones por encima de la media que quedarán exentos de la obligación de transparencia previa a la negociación pueden ascender al 50 % del total de las acciones más líquidas en la bolsa de París. 
Así, nuestros sucesores tendrán que controlar la aplicación de una directiva esencial, compleja, pero que carece de un claro equilibrio. 
Les aconsejemos la máxima vigilancia. 
Por lo que se refiere a la directiva sobre los requisitos de transparencia, hemos llegado a un compromiso global, fruto de un buen trabajo. 
No obstante, expresaré algunas reservas. 
Lo más positivo es, evidentemente, el rechazo de la obligación de presentar cuentas trimestrales. 
Asimismo, el hecho de que no se aplicará la legislación del país de origen en materia de responsabilidad de los emisores. 
En cambio, el Consejo ha rechazado nuestras exigencias relativas a la información completa sobre las dimensiones financieras de la empresa y sobre las repercusiones sociales y medioambientales, y las ha aplazado a una directiva posterior, como también nuestras exigencias en materia de información sobre la remuneración de los administradores de la empresa. 
Pienso que es un error. 
Pero lo más grave, y no es culpa ni del ponente ni de la directiva, es que la calidad de la información depende esencialmente de las normas contables y que en este ámbito la situación es extremadamente grave. 
Cuando las instituciones europeas dieron plenos poderes al consejo de Normas Internacionales Contabilidad y se comprometieron a aplicar sus normas a partir de 2005, pienso que cometieron un grave error. 
Medir el valor fundamental de las empresas, de los bancos y de las compañías de seguros esencialmente a precios de mercado –considerado el «justiprecio» en el clima que impera– es una fuente de sesgos y de inseguridad fundamental. 
Pido, por tanto, que nos opongamos con toda firmeza a cualquier compromiso espurio sobre las normas 39 y 42, que se refuerce urgentemente el grupo asesor europeo sobre estados financieros (EFRAG) y sus recursos y, si es preciso, que se postergue el plazo de 2005. 
– Señora Presidenta, creo que todos aquí nos sentimos aliviados al ver que estas dos directivas se aprueban al fin después de tanto trabajo. 
No obstante, más allá del alivio colectivo que experimentamos, algunos de mis colegas y yo quisiéramos seguir planteando cuestiones a propósito de la Directiva de servicios de inversión. 
Este es un sistema cuyo impacto han evaluado pocos de nosotros. 
Legislamos para el futuro, con el objetivo de evitar dificultades y desequilibrios financieros, y con la esperanza de que el sistema que implantamos permita garantizar de forma óptima la financiación del conjunto de nuestras economías y no solo de la esfera financiera. 
Yo me pregunto: ¿cumplimos al fin el compromiso que permitirá una armonización sólida y transparente de nuestros mercados financieros? 
¿Nos hemos dotado verdaderamente de los medios para evitar los sobresaltos y escándalos que esperamos evitar en los mercados de valores europeos, para que nuestra economía pueda preservar los intereses de cada cual? 
Levantamos el monopolio de los mercados regulados y cabe esperar que esta nueva competencia dé acceso a productos menos caros y dé nacimiento a unos mercados más líquidos y, por tanto, a la optimización del uso de los recursos. 
Pero el compromiso original, único capaz de funcionar –que era abrir todo a los mercados y al mismo tiempo garantizar su buen funcionamiento mediante una mayor transparencia– no se ha respetado por completo y este ha sido el verdadero objeto de la discusión que hemos mantenido hasta hoy. 
Sabemos desde hace mucho tiempo que los mercados necesitan la mejor información financiera posible para funcionar, para que la formación de los precios sea óptima y para que los agentes tengan acceso a los mismos indicadores, si se quiere que las decisiones sean racionales. 
Desde este punto de vista, lamento que nuestro Parlamento no haya sido capaz, con el Consejo, de ir más lejos en la definición de la dimensión del mercado y que dejemos, también en esta cuestión, un punto esencial de la negociación y que mejoraba el equilibrio del texto en manos de nuestros expertos y del siguiente nivel del proceso regulador. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, quisiera que, en este debate, prestaran especial atención al artículo 17 de la Directiva sobre la transparencia, que aborda la difusión de lo que se conoce como información sensible al precio. 
La propuesta de compromiso, tal como ha sido aprobada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, crea otro problema, desde mi punto de vista. 
En efecto, la enmienda se refiere a los mecanismos oficialmente designados para el almacenamiento central de la información regulada. 
No es necesario decir que no tengo nada en contra de la existencia de una infraestructura para el almacenamiento central de la información sensible al precio, pero me pregunto si dichas infraestructuras deben designarse de forma oficial a escala nacional. 
En mi opinión, esto abrirá las puertas a la creación, o al mantenimiento, de monopolios en el campo de la difusión de la información. 
Tal como yo lo veo, la formación de monopolios es enteramente contraria al objetivo de la Directiva, sobre todo en cuanto a la eliminación de barreras nacionales en términos de requisitos de transparencia y de mejora de la eficiencia, apertura e integridad del mercado de capitales europeo. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, la adopción hoy de ambas Directivas es un avance que acogemos con satisfacción. 
Para empezar, me alegro de que la aceptación de las Directivas en esta forma signifique que en este Parlamento se han adoptado dos Directivas significativas en cuanto al Plan de Acción de Servicios Financieros. 
Es importante que hayamos conseguido, en la vida de este Parlamento, antes de las elecciones, y antes de la ampliación, sentar las bases de un mercado financiero integrado que añadirá un atractivo más a Europa, sobre todo en comparación con los Estados Unidos. 
En segundo lugar, me alegra que hayamos llegado a este punto, principalmente gracias al Parlamento, junto con la Comisión. 
Los compromisos y directrices alcanzados por el Parlamento en su primera lectura han demostrado la buena fe de todos los participantes, entre los cuales deseo destacar a la Sra. Villiers, quien, mediante un diálogo que descartaba divisiones partidistas y nacionales, ha logrado con éxito encontrar una forma de avanzar que finalmente ha sido aceptada por los Estados miembros. 
Lamento la forma en que los Estados miembros han mostrado repetidamente, hasta el final, su escasa disposición y capacidad para perseguir un objetivo común. 
Uno de los aspectos que trata la directiva sobre los servicios de inversión es que debe existir mayor competencia entre los sistemas, que difieren dentro de la UE. 
Se trata de una mayor competencia y transparencia, así como de los precios y de la protección de los consumidores. 
Para construir Europa, los Jefes de Estado o de Gobierno deben darse cuenta de que no se trata de que un sistema prevalezca por encima de otro. 
Por una parte, están los grandes bancos de inversión; por otra, los bancos más pequeños, las cajas de ahorros y los bancos cooperativos. 
Creo que en este Parlamento hemos hecho un buen trabajo, tanto en términos sustanciales como del tiempo que se ha tardado. 
Quiero decir algo brevemente acerca de la Directiva sobre la transparencia, a saber, que me alegro (pese a tener una opinión bastante distinta de la Comisión en este punto) de que se hayan descartado las normas propuestas sobre la publicación de informes trimestrales, ya que creo que hubieran aportado muy poco valor añadido en relación con el esfuerzo y la burocracia adicionales. 
Por lo tanto, creo que la adopción esta semana de estas dos Directivas, y dentro de la legislatura de este Parlamento, contribuirá de manera importante a nuestro trabajo de construir un mercado financiero en Europa. 
Señora Presidenta, hemos dado dos nuevos pasos adelante en el Plan de Acción de Servicios Financieros, y afortunadamente, ningún paso atrás. 
Hablo principalmente de la Directiva sobre transparencia y de las críticas sobre la publicación obligatoria de informes trimestrales. 
Aunque apoyo el compromiso que tenemos ante nosotros, lo que lamento es que los informes no estén sujetos a más requisitos en cuanto a contenido. 
La primera tenía que ver con la inclusión de información en materia de gestión, salarios y primas en los informes anuales. 
Mientras tanto, la Comisión ha anunciado que tiene intención de presentar una propuesta separada sobre esto, por lo que creo que esta acción ha tenido éxito. 
La segunda tenía que ver con la exigencia de informar sobre los pagos realizados a los gobiernos, sobre todo por parte de las industrias extractivas. 
Este era el deseo de las ONG (como la campaña de «publica lo que pagas» ), así como de los elementos bienintencionados entre las propias empresas. 
Estas empresas están satisfechas de cumplir esta obligación y, a raíz de ello, los competidores que aún no publican estos pagos o sobornos de forma voluntaria ya no podrán seguir practicando una competencia desleal. 
Se ha incluido una recomendación a tal efecto en un considerando de la Directiva. 
Este es un éxito parcial que merece un seguimiento. 
El tercer punto era la publicación de informes, en un formato verificable y fácilmente comprensible, de lo que las empresas afirman hacer mediante el sistema de gestión socialmente responsable. 
Desgraciadamente, este punto no se ha incluido aún en el texto, pero yo quisiera llamar de nuevo su atención acerca del mismo. 
Así pues, no se trata de obligar a las empresas a operar de forma socialmente responsable, pero en el momento en que una empresa presuma de las cosas positivas que hace, eso debería aparecer de forma transparente y clara en un informe verificado, como sucede con la conducta financiera. 
Estoy razonablemente satisfecha con la Directiva de servicios financieros. 
Desde el comienzo, he intentado construir un puente entre las opiniones e intereses opuestos, y he utilizado mi propio criterio en el proceso. 
La práctica de equiparar órdenes entre clientes () por parte de los grandes bancos, rompiendo con el monopolio de la bolsa de valores, considero que es, desde mi punto panorámico, positiva; además, bajo las condiciones que ahora estamos estipulando en el compromiso, puede ofrecer mejores oportunidades para inversores y empresarios que necesitan capital. 
El compromiso no es ni una directiva al más puro estilo de la City londinense, ni una directiva sobre la bolsa de valores, que, teniendo en cuenta la eliminación teórica de la norma sobre la concentración conduciría, sin embargo, a un monopolio de facto del mercado de valores. 
Este camino intermedio ha logrado que se hayan adoptado las propuestas que presenté en la primera lectura. 
Creo que en lo que se refiere a la supervisión, se han incluido más disposiciones por el Consejo, que también acojo con satisfacción. 
También en ese sentido, me alegro de que se haya dado luz verde a esta Directiva. 
– Señora Presidenta, en primer lugar quisiera dar las gracias a la ponente, la Sra. Villiers, que ha hecho gala de una notable paciencia ante determinadas posiciones y cambios de orientación en el curso de este largo procedimiento, que finalmente ha conducido al compromiso sobre el que debemos pronunciarnos mañana. 
Como ha dicho con acierto nuestra ponente, este compromiso yerra su objetivo esencial. 
Concretamente, la directiva debería establecer unas normas comunitarias aplicables en todos los Estados miembros, a fin de crear unas condiciones igualitarias para los distintos agentes y permitir a los bancos y otras instituciones financieras entrar en competencia con las bolsas ofreciendo a sus clientes la posibilidad de internalizar. 
Como saben, Francia, Italia, España y Bélgica no autorizan actualmente estas ventas fuera de los mercados de valores. 
El factor que hizo que Francia e Italia se sumaran a la posición común era que las instituciones financieras estuvieran obligadas a hacer públicas sus ofertas antes de la transacción y a atenerse a un precio fijo. 
Como saben, Luxemburgo, el Reino Unido, Irlanda, Suecia y Finlandia rechazaron esta posición común. 
Quiero recordar también que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios la había rechazado, adoptando en febrero el informe de la Sra. Villiers. 
Al menos, el compromiso obtenido ahora respeta en parte la opinión del Parlamento al limitar la obligación de transparencia de precios a las ventas de títulos cuyo volumen sea inferior al volumen normal del mercado. 
En resumen, el compromiso que se nos presenta es un compromiso deficiente, pero votaré a favor del mismo con dolor en el corazón, por dos razones. Por una parte, por el riesgo de volver a la posición común –que es aún peor y perjudicaría todavía más al sector financiero– y, por otra, para evitar ir a la conciliación con un nuevo Parlamento que estará menos informado en este terreno. 
Lamento en particular la posición de los socialistas y, sobre todo, de su coordinador, el Sr. Goebbels, que no han hecho nada para asegurar que se aprobara en segunda lectura la posición defendida por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, cuando esta habría sido mucho más ventajosa para los consumidores y para las sociedades de inversión. 
– Señora Presidenta, la propuesta de Directiva sobre los requisitos de transparencia es una parte muy importante del Plan de Acción de Servicios Financieros y su intención es armonizar los requisitos de transparencia para los valores y para quienes los emitan. 
Al aplicar esta Directiva, no solo la Comisión, sino también, por supuesto, los supervisores nacionales, desempeñarán un papel fundamental. 
Si vamos a tener un mercado interior, la información ofrecida a los compradores de valores debe ser comparable y fiable, y los emisores de valores no deben verse en ningún tipo de desventaja. 
Por tanto, hemos de guiarnos por los principios enumerados en el considerando 26a. 
Un mercado de capitales bien desarrollado ha de tener credibilidad, lo que por su parte exige un creciente grado de transparencia, todo lo cual permite a las economías nacionales ser más competitivas. 
No es una coincidencia que aquellos Estados miembros con mayor nivel de capitalización de acciones, y cuyas bolsas de valores registran un mayor volumen de negocios en relación con su producto interior bruto, también son los que gozan de un mayor crecimiento y tienen menos paro. 
Tanto es así que en Finlandia y los Países Bajos (como sabe mejor usted, señor Comisario, que cualquiera de nosotros) desde 1995 el volumen de negocios de la bolsa de valores se ha multiplicado por diez en Finlandia y por seis en los Países Bajos. 
Un estudio recientemente publicado en Austria demuestra que también se da una correlación positiva entre la capitalización de acciones y el comercio en bolsa por una parte, y por otra, lo que gasta una economía nacional en investigación y desarrollo. 
En todas estas complejas interacciones económicas, la confianza y la información desempeñan un papel fundamental. 
En Austria, por ejemplo, la legislación sobre la bolsa de valores exige que las empresas más importantes, que cotizan en bolsa, informen trimestralmente, por lo que es posible y práctico, dado el estado actual del mercado interior, que se pase a pedir la publicación de informes trimestrales a nivel nacional sin imponer mayores obligaciones. 
¡Felicidades, señor Skinner! 
– Señora Presidenta, la intención de esta Directiva sobre la transparencia de la bolsa de valores es aumentar la protección de los inversores, fomentar una mayor confianza entre ellos y recortar el gasto de capital. 
También pretende promover las inversiones en los mercados financieros europeos. 
La apoyo por cuanto su intención es lograr tales objetivos, pero ha sido necesario, en una serie de ocasiones, ajustar su curso. 
Muchas de mis enmiendas ha sido aceptadas, y el Sr. Skinner ha estado dispuesto a alcanzar una solución de compromiso, por lo que hemos podido mejorar el borrador de la Comisión en aspectos cruciales. 
Uno de ellos, por nombrar un ejemplo, es el artículo 6, que trataba de los informes trimestrales. 
Para lograr un funcionamiento adecuado, los mercados financieros necesitan información fiable sobre las empresas, pero lo que valoran los inversores es la calidad de la información por encima de la frecuencia con que se proporciona. 
Tanto en términos de costes como de recursos, las medianas y pequeñas empresas no están preparadas para proporcionar informes trimestrales. 
Celebro decir que con la colaboración de todos, hemos podido eliminar el artículo 6. 
Un segundo ejemplo es el medio por el cual los emisores difundirán la información. 
En el artículo 17, la Comisión insistía en que la información sobre las empresas debería publicarse solo en Internet y que las notificaciones deberían ser enviadas solo por correo electrónico. 
Podemos ver a partir del ejemplo de esta Cámara que constantemente nos vemos invadidos por correos electrónicos, y por una gran cantidad de datos inútiles. ¿Hemos de obligar a los inversores a abrirse paso a través de ese canal para poder acceder a la información de calidad? 
Hemos mejorado este aspecto incluyendo los medios impresos, que son la forma de publicación utilizada por las empresas que cotizan en bolsa. 
No solo hemos podido garantizar la inclusión de tales medios impresos en el artículo 17, sino que además hemos logrado eliminar la cláusula que imponía el uso exclusivo de Internet. 
Me complace que hayamos conseguido esto. 
El informe del Sr. Skinner es equilibrado y, desde la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, lo adoptamos muy acertadamente por amplia mayoría. 
He aconsejado a mi Grupo, el del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que le demos nuestro apoyo general. 
– Señora Presidenta, señor Comisario Bolkestein, señor Skinner, señora Villiers, creo que este Parlamento puede estar satisfecho con el trabajo realizado en un tema tan importante y, en particular, sobre la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros. 
También ha sido posible lograr este resultado gracias al valioso trabajo de la ponente, la Sra. Villiers, a quien los eurodiputados han elogiado, y que ha sido capaz de escuchar distintos puntos de vista y diseñar una solución razonable y sobre la que nos hemos puesto de acuerdo. 
Como sabemos, las negociaciones con el Consejo han sido arduas en ocasiones, pero creo que el compromiso, sobre el que votaremos mañana, incluye importantes peticiones (al menos algunas de ellas) presentadas por el Parlamento. 
La solución de compromiso ha logrado tener en cuenta los procedimientos, características y prácticas individuales de los sistemas económicos y financieros en los distintos Estados miembros (estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Italia) ; sin embargo, no se hacen demasiadas concesiones a los atractivos proteccionistas de algunos sistemas o a aquellos que hubieran querido la aplicación de un solo modelo. 
La solución que votaremos mañana ofrecerá, además, nuevas posibilidades a los inversores en aquellos países que, sin embargo, han optado por la norma de concentración de mercado. 
El principio de competencia entre los sistemas comerciales, que debería ofrecer alternativas a los mercados regulados, fue aceptado con entusiasmo. 
La liberalización de las actividades comerciales en los instrumentos financieros listados y la promoción de una mayor descentralización operativa reducirán los obstáculos de entrada a los proveedores comerciales y de servicios, que conducirán a una reducción de los costes operativos y a una mejora de la calidad de los servicios. 
Por tanto, la competitividad fomentará la innovación y la eficacia. 
Para concluir, señora Presidenta, quiero anunciar que los miembros radicales de la Lista Bonino votarán en favor de este compromiso. 
. – Señora Presidenta, no hay mucho más que pueda decir, puesto que se han dirigido pocas preguntas a la Comisión. 
En primer lugar, quiero tranquilizar a la Sra. Villiers respecto a un punto: puedo confirmar que el nuevo artículo 19 permitirá establecer las mismas condiciones en toda la Comunidad para las empresas dedicadas exclusivamente a la ejecución. 
La Sra. Van den Berg ha mencionado dos cuestiones. 
Estoy de acuerdo con ella en que el compromiso reconoce que los inversores tienen que recibir mejor información sobre la retribución de los ejecutivos. 
El tema se está examinando actualmente, como bien ha dicho la Sra. Van den Berg, en el contexto del plan de acción para modernizar el Derecho de sociedades y mejorar la gobernanza empresarial, un plan de acción que data del 21 de mayo de 2003. 
Creo que la Sra. Van den Berg estará de acuerdo en eso. 
Además, se impulsará el movimiento a favor de una mayor transparencia en las cantidades que las industrias extractivas pagan a los Gobiernos. 
Aún manteniendo un carácter voluntario, el compromiso transmite una clara señal a los Estados miembros para que promuevan una mayor transparencia de los emisores en sus informes anuales y en el marco de las actuales iniciativas internacionales, como las emprendidas por el Banco Mundial. 
Paso ahora a comentar una cuestión planteada por el Sr. Mann y el Sr. Skinner sobre la forma en que debe difundirse información en Europa. 
Se ha llegado a un compromiso razonable. 
El compromiso es neutral en lo que se refiere al uso de cualquier tecnología, de manera que no se descartan ni los periódicos ni los medios electrónicos. 
Además, se dejará claro en un considerando que el Estado miembro de origen siempre puede exigir la publicación de información regulada en la prensa, además de otras medidas de divulgación. 
Vuelvo ahora a una cuestión planteada de nuevo por la Sra. Villiers, y también por la Sra. Berès, quien, lamentablemente, ha abandonado la Cámara. 
En respuesta, quiero decir que, desde luego, durante la aplicación de la Directiva sobre los servicios de información (DSI) la Comisión hará todo lo posible por encontrar una solución equilibrada. 
Para ello, el CESR, los Estados miembros y los Parlamentos trabajarán en estrecha colaboración. 
Finalmente, todo el proceso de aprobación de las normas de aplicación será completamente transparente. 
Todos los participantes en el mercado tendrá la oportunidad de manifestar sus opiniones. 
Por último, lamentaría mucho que la Sra. Lulling tuviera que votar a favor Después de todo, no podemos permitir eso, así que espero que lo reconsidere y vote. 
– Muchas gracias, señor Comisario Bolkestein. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la propuesta de resolución (B5-0156/2004) de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la protección de los datos personales de los pasajeros aéreos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, hoy tenemos que decidir nuestra opinión sobre la adecuación del llamado «acuerdo internacional de menor importancia» que la Comisión y el Consejo tienen la intención de concluir con las autoridades estadounidenses. 
Quisiera recordarles que en marzo del año pasado, el Parlamento indicó que en su opinión, la situación actual de proporcionar información ilimitada a Estados Unidos, debía finalizar. 
El Parlamento repitió esta petición en octubre del año pasado y le pidió a la Comisión que indicara qué información puede proporcionarse de forma legítima y sin ningún riesgo. 
El Parlamento también ha pedido la sustitución inmediata del actual sistema «pull» por el sistema «push» y que las negociaciones sobre un acuerdo internacional proporcionen a los ciudadanos europeos garantías reales y la misma protección legal que a los ciudadanos americanos. 
Este es un punto crucial y fundamental del debate. 
Lo que tenemos ante nosotros es el denominado «acuerdo internacional de menor importancia» , acuerdo en el que, a todos los efectos, esta Cámara se encuentra fuera de juego. 
Después de todo, nuestra aprobación no es necesaria; lo único que podemos hacer es emitir una recomendación. 
En mi opinión, se tomó una decisión deliberada a favor de un acuerdo de menor importancia, pese a que solicitáramos un acuerdo de mayor importancia. 
De hecho, un acuerdo de mayor importancia habría requerido la participación del Parlamento, mientras que ahora estamos, en cierta manera, fuera de juego. 
El Comité del artículo 29, el grupo de expertos, ha declarado que este acuerdo es inadecuado, y yo, como ponente, sugiero al Parlamento que actuemos de acuerdo con la opinión de dicho grupo. 
¿Qué es lo que está pasando? 
Ya desde el inicio, en el Artículo 1 del acuerdo, se establece que la situación actual, en la que se proporciona información ilimitada a Estados Unidos, puede sostenerse hasta que se desarrolle el sistema «push» , el cual ni ha estado, ni está, en proyecto. 
Hemos consultado cuánto tiempo puede pasar hasta la aplicación de un sistema «push» , y lo he incluido en mi resolución. 
Un sistema «push» puede aplicarse en tres meses y, de hecho, ya se ha aplicado antes, porque se nos dijo en diciembre que dicho sistema estaba en marcha. 
Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es legitimar lo que hemos considerado ilegítimo en dos ocasiones. 
Mientras tanto, se nos está sometiendo a una presión extrema, tanto por parte de Estados Unidos como de la Comisión, para que apoyemos este acuerdo, aunque no sabemos con seguridad cuál es su propósito. 
Por una parte, se afirma que su objetivo es luchar contra el terrorismo, mientras que por otra, también se utiliza para luchar contra crímenes de gravedad. 
Estos últimos no han sido definidos, lo que considero extremadamente reprobable. 
El Parlamento ha pedido un acuerdo en el que el papel de las compañías aéreas esté claramente indicado, así como el tipo de protección que les asiste, y cuáles son las garantías para los pasajeros, permitiendo a estos últimos corregir sus datos. 
También hemos pedido un acuerdo en el que la responsabilidad de las compañías aéreas y los gobiernos esté regulada, en caso de haber errores en la transcripción de códigos. 
Mientras tanto, hemos ganado algún terreno práctico en relación con Estados Unidos. 
Mi colega, el Sr. Sörensen, ha pedido, después de haber viajado a Estados Unidos, poder examinar sus datos con el fin de cambiarlos en caso de ser necesario. 
Después de dos meses, recibió la respuesta de que no se le permite examinar sus datos, porque eso pondría al descubierto la estrategia de los Estados Unidos. 
Si examinamos la legislación en los Estados Unidos, tenemos que concluir que la Ley de Privacidad debería proporcionar algún grado de protección. 
He pedido a los Estados Unidos que me informen de manera concreta en qué consiste esta protección, pero aún no he recibido ninguna respuesta. 
La Ley Patriótica también tiene que ver con este asunto. 
De hecho, según esta Ley, cualquier ciudadano que se encuentre bajo sospecha de terrorismo puede ser acusado, sin tener acceso alguno a los tribunales. 
En resumen, el proceso judicial en Estados Unidos no está lo suficientemente regulado. 
La protección de nuestros ciudadanos en los Estados Unidos no está suficientemente regulada. 
El terreno de juego no está equilibrado entre europeos y americanos. 
Por tanto, estamos debatiendo un asunto en el que, en caso de aprobarlo, perderíamos puntos completamente. 
Al contrario, hemos pedido tres veces a la Comisión que presente nuestra propia propuesta, que también podría aplicarse a Europa. 
Tampoco esto tiene nada que ver con unas malas relaciones con Estados Unidos. No guarda relación alguna y, desde mi punto de vista, no debería formar parte del debate en absoluto. 
Se trata de nuestro deber de proteger a nuestros ciudadanos y de que estos puedan esperar eso mismo de nosotros, del mismo modo que los ciudadanos americanos deben esperar eso de su gobierno. 
. – Señora Presidenta, no es la primera vez que se ha pedido a la Cámara que preste atención a esa importante y compleja cuestión. 
Desde el principio, todos los implicados han reconocido la dificultad de dar respuesta a la pregunta que nos ocupa: ¿cuál es el equilibrio adecuado entre las exigencias de seguridad y las libertades civiles? 
Volvemos a abordar esta cuestión con un telón de fondo bastante sombrío. 
Justo antes del fin de semana, el Consejo Europeo acordó un riguroso paquete de medidas para reforzar las iniciativas de la Unión Europea contra el terrorismo. 
Sé que el Parlamento no quiere enviar ningún mensaje equívoco sobre terrorismo. 
Al mismo tiempo, todos estamos de acuerdo en que la lucha contra el terrorismo no puede ni tiene que realizarse a costa de la protección de derechos fundamentales como es el derecho a la intimidad. 
Con este telón de fondo, quiero invitar a sus Señorías a que reflexionen seriamente sobre las posibles consecuencias de esta resolución –si se aprobara– y que piensen si eso se corresponde con nuestros objetivos. 
Me atrevo a decir «nuestros objetivos» porque seguro que la Comisión y el Parlamento están de acuerdo en cuáles son nuestros objetivos. 
En primer lugar, cooperar en la lucha contra el terrorismo sin sacrificar derechos y libertades civiles fundamentales. 
En segundo lugar, librar a las líneas aéreas de la amenaza de verse atrapadas entre requisitos legales contradictorios que se ven obligadas a cumplir. 
En tercer lugar, asegurar que esas transferencias tengan lugar en un marco jurídico claro y seguro. 
En cuarto lugar, fomentar una relación de cooperación y equilibrada con los Estados Unidos En quinto lugar, y sobre todo, mejorar la protección de los pasajeros aéreos y de sus datos transferidos a los Estados Unidos. 
La Comisión lleva más de un año negociando con los Estados Unidos para conseguir esos objetivos. 
Les pregunto con sinceridad: ¿Tiene la propuesta de resolución que hoy nos ocupa suficientemente en cuenta el importante avance conseguido? 
La Comisión, desde luego, quería conseguir más y ha presionado mucho en ese sentido durante largos meses de duras negociaciones. 
Pero como bien saben los diputados a esta Cámara por su labor cotidiana, el resultado de unas negociaciones rara vez o nunca es perfecto. 
Tenemos que ser también sinceros con nosotros mismos: nuestro propio cumplimiento de la estricta normativa europea sobre la protección de datos dista mucho de ser ideal. 
Los recientes resultados del Eurobarómetro indican unos niveles preocupantemente bajos del conocimiento que los ciudadanos europeos tienen de sus derechos y obligaciones. 
Así que seamos cautos antes de predicar al resto del mundo. 
La pregunta básica que hoy nos ocupa es la siguiente: ¿es realista pensar que podemos conseguir más? 
La resolución pide a la Comisión que le diga a los Estados Unidos que sus concesiones no son suficientes. 
Además, propone iniciar nuevas negociaciones con vistas a conseguir una mejor solución. 
La lista de demandas contenidas en la resolución es, sin duda alguna, estupenda, pero ¿nos acercará a nuestros objetivos? 
Si rechazamos este paquete, no conseguiremos un paquete mejor, sino que nos quedaremos sin ningún paquete. 
Y eso no nos acerca ni un milímetro a nuestros objetivos, que pienso que todos compartimos. 
Así, desde luego, no conseguiremos mejorar la protección de los datos en los Estados Unidos. 
Lo único que conseguiremos será echar por tierra las mejoras que tanto nos ha costado conseguir. 
Tampoco favorece la futura cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Solo podemos influir en los Estados Unidos si somos interlocutores dignos de crédito. 
Los interlocutores dignos de crédito consiguen resultados. 
No conseguir nada después de un año de negociaciones significa un suspenso en el examen de credibilidad y, créanme, hay voces en Washington demasiado dispuestas a decirle al Secretario Ridge, «ya le dijimos que negociar con esa gente era perder el tiempo». 
Existe, por tanto, un riesgo real de que los Estados Unidos abandonen la mesa de negociaciones y no regresen más. 
Los partidarios de la resolución propuesta por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores pueden decir que ese es un escenario pesimista y poco probable y que la Comisión está simplemente contándonos historias de miedo para justificar sus escasos logros. 
Por supuesto, el movimiento se demuestra andando, pero si yo fuera diputado, no daría por sentado que los objetivos de la resolución son factibles. 
Pregúntense si es probable que los Estados Unidos acepten de un plumazo el doble de cambios y que lo hagan antes de junio, como exige la resolución. 
Los diputados a esta Cámara han mantenido sus propios contactos con representantes norteamericanos en los últimos meses, y estoy seguro de que se habrán formado una opinión sobre la acogida de nuestros argumentos. 
La resolución y sus partidarios proponen también que se obtenga el consentimiento de los pasajeros para la transferencia de sus datos personales como la solución «mágica» , mientras nosotros negociamos hábilmente un acuerdo nuevo y mejor. 
Permítanme que reitere el apoyo pleno y activo de la Comisión a las medidas encaminadas a garantizar la información completa y correcta de los pasajeros y, en la medida de lo posible, la obtención de su consentimiento. 
Pero eso debe ser complementario –no alternativo– a las medidas que hemos adoptado para mejorar la protección en los Estados Unidos. 
El año pasado, el Parlamento participó de forma muy activa y franca en este debate. 
Con ello, ha reforzado sin duda alguna la posición de la Comisión en sus negociaciones con los Estados Unidos. 
Está claro que el Parlamento no debe guardar silencio en esta etapa. 
En realidad, yo esperaba algunas expresiones más de preocupación y crítica constructiva. 
Por supuesto, nadie está pidiendo al Parlamento que apruebe y se adhiera al sistema y al planteamiento de los Estados Unidos. 
De hecho, ni siquiera la propia Comisión se adhiere a la parte esencial del planteamiento norteamericano y seguirá tratando de conseguir mejoras. 
De hecho, yo sigo en contacto con las autoridades norte americanas para tratar de afianzar y clarificar sus compromisos respecto a las condiciones que regirán la transmisión de datos sobre los pasajeros a las autoridades de terceros países. 
Así pues, seguimos trabajando para mejorar la situación todavía más –y seguiremos haciéndolo– antes de que la Comisión adopte su decisión final sobre una Decisión por la que se determine un nivel de protección adecuado. 
Pero una cosa es decir que el compromiso alcanzado no es perfecto, y otra tratar de que se rechace en su totalidad, como propone ahora la resolución. 
Por eso les pido que rechacen esta propuesta de resolución. 
Para terminar, resumiré a la Cámara las alternativas que tenemos. 
El rechazo de la propuesta permitirá que siga adelante el paquete propuesto por la Comisión, las mejoras de la protección de los datos que negociamos con los Estados Unidos. 
Entre esas importantes mejoras están las revisiones anuales conjuntas que nos permitirán vigilar las cosas de cerca, y una fecha límite claramente establecida a los tres años y medio. 
Además, se pondría fin a la incertidumbre jurídica y se eliminaría la amenaza de sanciones para las líneas aéreas. 
No tengo ninguna duda de que eso tendría efectos positivos en la cooperación entre la Unión Europa y los Estados Unidos. 
Esa es la primera alternativa. 
La segunda consiste en aprobar la propuesta de resolución, lo que significaría renunciar a esas ventajas a cambio de una declaración de principios y una lista de deseos que –lamento decirlo– no son factibles si lo miramos con realismo. 
Señora Presidenta, nos encontramos de nuevo en esta Cámara debatiendo un tema que todos conocemos de sobra. 
En efecto, desde que hace más de un año comenzaran las transmisiones a las autoridades norteamericanas de datos de pasajeros que tuviesen como destino final o de tránsito Estados Unidos, no han sido pocas las inquietudes que desde este Parlamento hemos manifestado respecto a la situación, totalmente irregular, en la que se realizaban y siguen realizándose dichas transmisiones. 
Hoy día, no obstante, nos encontramos debatiendo de nuevo esta cuestión pero en circunstancias un tanto diferentes. 
En primer lugar, porque ya tenemos entre nosotros una decisión de la Comisión en la que califica de adecuado el nivel de protección que Estados Unidos garantiza a los datos que les son transmitidos, y, en segundo lugar, porque los recientes y trágicos atentados del 11 de marzo en Madrid- continuación de los del 11 de septiembre- nos obligan a todos a reflexionar y a afirmar que solo desde la cooperación internacional podremos vencer a un enemigo brutal y despiadado que ataca a las sociedades libres y democráticas como la nuestra. 
Señorías, a mi grupo no le satisface del todo la decisión que la Comisión nos presenta. 
Incluso participa en alguna de las críticas que contiene el informe de la ponente. 
Pero, ¿qué hacemos? 
¿Volvemos al inicio? 
¿Esperamos otro año más? 
¿Nos preocupamos de elevar al máximo las garantías jurídicas, mientras los terroristas se mueven con libertad de un continente a otro y asesinan sin piedad a miles de personas, a quienes- por cierto- no se les ha dado ningún derecho a defenderse? 
Seamos realistas. 
Aceptemos con todas las reservas este nuevo marco jurídico de cooperación con Estados Unidos. 
Sometámoslo a un período de prueba y, en su caso, revisémoslo después. 
En este momento, los ciudadanos, aterrados ante tanta brutalidad, no entenderían otra opción. 
Las negociaciones mantenidas entre las autoridades comunitarias y las estadounidenses han dado lugar a acuerdos cuya importancia también creo que no debe subestimarse: hemos conseguido reducir los datos que serán transmitidos, limitar los fines para los que serán recolectados, limitar el tiempo que serán almacenados y garantizar a nuestros ciudadanos instrumentos que les permitan rectificar esos datos y hacer reclamaciones en caso de uso indebido. 
Asimismo, tras un período de tres años y medio, el acuerdo podría revisarse, a la luz de los resultados obtenidos. 
Con ello no quiero decirles que el acuerdo alcanzado sea óptimo en todos sus aspectos, pero sí que es satisfactorio en alguno de ellos. 
Por otro lado- como ya he manifestado -, las circunstancias han cambiado y lo han hecho trágicamente. 
La Unión Europea- y así lo ha demostrado el Consejo Europeo que acaba de celebrarse- ha declarado plena y firmemente la guerra al terrorismo. 
Y una acción eficaz en este sentido exige el fomento de la cooperación y la coordinación en el seno de la Unión Europea, entre las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros y entre los órganos de los que la Unión Europea se ha dotado con esta finalidad- entre los que destaco Europol y Eurojust -, pero también por la cooperación con países terceros y no cabe duda de que con Estados Unidos compartimos el objetivo común y el firme propósito de vencer la lacra terrorista. 
En definitiva, Señorías, me parece que el acuerdo que hoy debatimos y que ha sido objeto de un informe excesivamente crítico por parte de la Sra. ponente, constituye un equilibrio razonable entre la necesaria aplicación de medidas de seguridad y la garantía de los derechos civiles, y proporciona a los ciudadanos el nivel de protección y la seguridad jurídica de la que careceríamos si decidiéramos el reenvío de la Decisión a la Comisión, dejando abierto un nuevo período de vacío legal. 
Señora Presidenta, agradezco a la ponente el trabajo realizado y la excelente propuesta de resolución que ha realizado, propuesta con la que estoy completamente de acuerdo. 
Está muy claro que los Estados Unidos, como cualquier otro país que desee luchar seriamente contra el terrorismo, tiene derecho a llevar a cabo cualquier tipo de inspección sobre la identidad de aquellos que entren en su territorio, las razones de su entrada y su tiempo de estancia. 
Con este fin, el Parlamento Europeo ha esperado y sigue pidiendo a menudo un acuerdo internacional que defina qué datos personales de los pasajeros deben transferirse automáticamente por adelantado a las agencias de seguridad de los Estados Unidos, qué datos adicionales pueden solicitarse, quién puede utilizarlos, por cuánto tiempo se pueden guardar, qué responsabilidades tienen las compañías aéreas en caso de error en la transcripción o transmisión de los datos y, sobre todo, qué derecho de rectificación se ofrece a los pasajeros en caso de error y qué apelaciones son posibles en caso de no respetarse sus derechos. 
Pese a las largas negociaciones, las comisiones unilaterales creadas por los Estados Unidos no proporcionan las garantías solicitadas ni un grado adecuado de protección. 
Esto se debe a que estas acciones no figuran en un acuerdo internacional vinculante; de hecho, se estipula de forma explícita que de ellas no se deriva ningún derecho para ninguna parte pública o privada. 
Esto también se debe al hecho de que se obtiene una gran cantidad de datos personales, que varía en función de las prácticas de cada compañía, a través del acceso directo a los distintos archivos de las compañías. 
Estos datos son recopilados con fines privados y podrían ser diferentes si se recogen con fines de seguridad. Por ejemplo, todos aquellos que no se marcharon de los Estados Unidos en el vuelo de vuelta reservado podrían ser considerados sospechosos. 
Actualmente estamos acostumbrados a comprar billetes de ida y vuelta simplemente porque suelen costar menos que los de solo ida. 
Si tuviéramos que responder a una pregunta de un policía o de un oficial de aduanas acerca de la fecha de nuestro regreso, daríamos la fecha exacta y no la que aparece en el billete que no tenemos intención de utilizar para el viaje de vuelta. 
Sin embargo, la fecha que se tendrá en cuenta será la que aparece en los registros de la compañía aérea. 
¿Ven los graves malentendidos que se podrían crear por la utilización incontrolada, con fines de seguridad, de los datos recogidos con fines comerciales? 
Lo mismo cabe decir sobre la precisión de los datos, y de lo correctamente que se hayan escrito los nombres (o de si se han escrito en su totalidad). 
Personalmente, aún estoy esperando que el Consejo responda a una pregunta urgente sobre la terrible mala suerte de un ciudadano italiano, detenido en Estados Unidos y enviado de vuelta a Europa por un malentendido, sin que pudiera ofrecer ningún tipo de explicación. 
Un ejecutivo europeo que fuera víctima de un malentendido similar y por lo tanto, injustamente considerado sospechoso, podría ver arruinada su carrera. 
¿Cómo podría obtener justicia? 
Es erróneo y peligroso, incluso con vistas a combatir el terrorismo, depender de la recopilación arbitraria de datos que no han sido recogidos de forma específica con fines de seguridad, y es injusto no contemplar instrumentos rápidos y eficaces para garantizar la rectificación de los datos incorrectos por las partes interesadas. 
Recuerdo aquel artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que afirma que «toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación». 
La decisión de la Comisión no respeta la ley Comunitaria o los principios de la Unión. 
La Comisión va más allá de los poderes que le otorga el Artículo 25 de la directiva sobre protección de los datos cuando declara que los Estados Unidos proporciona una protección adecuada de los derechos de los ciudadanos europeos. 
No es cierto que no se pueda obtener un resultado más adecuado. 
Las propias asociaciones estadounidenses de protección de los derechos fundamentales están solicitando una mejor protección legislativa en su país. 
–Señor Presidente, la Comisión se encuentra en una situación poco envidiable. 
Las líneas aéreas están, casi seguro, incumpliendo la legislación sobre la protección de datos al entregar a las autoridades norteamericanas información confidencial sobre sus pasajeros. 
Si interviene, podría perjudicar a nuestras líneas aéreas y causar también algún trastorno en los viajes a los Estados Unidos; pero si no actúa, significaría ignorar el derecho a la intimidad en la Unión Europea. 
La Comisión ha tratado de alcanzar un acuerdo con los Estados Unidos. 
Ese acuerdo suscita una preocupación generalizada, preocupación que comparte la Comisión del Artículo 29 y posiblemente también los Jefes de Estado y de Gobierno que se reunieron el pasado fin de semana y modificaron el proyecto de conclusiones de la Presidencia sobre esta cuestión. 
Esas modificaciones han salido en su mayor parte de esta Cámara y este informe. 
En los Estados Unidos, los métodos adoptados por el Gobierno en la lucha contra el terrorismo están recibiendo numerosas críticas, ya sea por la política de detenciones sin juicio o por la mano dura con que se está actuando en ámbitos como este. 
El acuerdo propuesto por la Comisión sobre la transferencia de datos es un acuerdo que llega demasiado lejos: se pide más información de la estrictamente necesaria; esa información se puede conservar durante demasiado tiempo sin el derecho de los ciudadanos a corregirla; no se contempla el derecho a indemnización de las personas a las que se niegue el embarque en un avión ni mecanismos de reparación legal contra el abuso de datos personales por parte del Estado. 
Los demócratas liberales creemos que se puede tener mano dura contra el terrorismo y fidelidad a los tratados que hemos firmado sobre las libertades civiles. 
No vamos a ceder ante nadie en nuestra determinación de combatir el terrorismo. 
Pedimos a nuestros Estados miembros que actúen con mayor eficacia. 
Reconocemos la necesidad de trabajar con las democracias a ambas orillas del Atlántico; pero hagámoslo con inteligencia, con una respuesta medida y proporcionada, y sin sacrificar nuestras libertades por el afán de combatir a quienes las amenazan. 
– Señor Presidente, quiero agradecer a la ponente su excelente trabajo sobre esta cuestión y decir que mi Grupo apoyará su informe. 
Ya se ha dicho –en particular por parte del Comisario– que se trata de buscar un equilibrio entre la seguridad y las libertades civiles. 
Nuestro trabajo como parlamentarios consiste en someter a escrutinio los acuerdos propuestos y garantizar que no menoscaben las libertades civiles. 
Mi Grupo cree que con este acuerdo no se consigue el equilibrio adecuado, puesto que no se garantiza la protección de la información. 
En muchos aspectos parece tratarse de una política de pesca, la de un gran pesquero de arrastre que trata de pescar algo, sin importarle cuáles puedan ser las capturas accidentales. 
Ya hemos oído hablar del problema de los pasajeros a los que se les deniega el embarque. 
¿Qué pasa con ellos? 
¿Qué pasa con sus perspectivas de empleo si no pueden entrar en los Estados Unidos porque algunos de sus datos resultan sospechosos? 
El derecho de recurso y reparación son cruciales en cualquier situación jurídica. 
Sabemos ya que algunas líneas aéreas europeas han tenido que pagar multas considerables a los Estados Unidos por negarse a suministrar datos completos. 
Desde luego, la actitud que hemos visto en ellas es que están más que dispuestas a demandar al Gobierno americano por esas sanciones. 
Esto plantea también la cuestión de si las instituciones europeas, pese a la difícil situación, tienen efectivamente derecho a ignorar en el contexto internacional nuestras normas y controles en materia de protección de datos. 
Por último, respecto al consentimiento de los pasajeros, no tiene ningún sentido si su resultado no es más que renunciar a unos derechos que nadie está seguro de tener. 
Por consiguiente, apoyaremos el informe. 
Señor Comisario Bolkestein, nunca nos pondremos de acuerdo sobre el justo equilibrio entre la seguridad y la libertad si no nos ponemos de acuerdo primero en el hecho de que este equilibrio debe ponerse en práctica respetando la ley. 
Señor Comisario Bolkestein, durante 13 meses, la ley de los 15 países de la Unión Europea e incluso los reglamentos de la Comunidad han sido violados cada día. 
Usted no ha abordado este problema. 
No deberíamos haber entrado en negociaciones como esta en posición de debilidad, como parte dispuesta a renunciar al respeto y a la aplicación de su propia ley. 
Por supuesto, hoy nos encontramos en una posición de debilidad porque ya estábamos en una posición de debilidad cuando entramos en negociaciones. 
Las autoridades de seguridad estadounidenses no pueden en modo alguno exigir que las compañías aéreas transfieran datos personales de forma ilegal. 
Esto es posible porque usted, señor Comisario, todos ustedes, la Comisión Europea, los Estados miembros y la mayoría de aquellos que garantizaban la privacidad aceptaron todo esto. 
Podría haber una solución alternativa. Una solución, por ejemplo, que contemplara la preparación por parte de las autoridades de seguridad estadounidenses de mecanismos sencillos para la emisión de visados, de acuerdo con los cuales los individuos proporcionaran datos personales, no a la compañía aérea con fines comerciales, sino a las autoridades responsables de la seguridad. 
Usted no quiso aplicar esta solución porque, tal como están haciendo los Estados Unidos, está dispuesto a permitir que se recojan datos con fines comerciales para ser utilizados con fines de seguridad. 
Esto va en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos. 
Lo que verdaderamente está mostrando Europa es una lucha contra el terrorismo que viene tolerando la ilegalidad durante 13 meses, y el «señor Terrorismo» ha sido nombrado sobre esta misma base. 
Europol y Eurojust no contemplan ningún control democrático, ni ningún control por parte del Tribunal de Justicia. 
Esta no es forma de construir una Europa antiterrorista. 
– (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la emoción no cabe en este debate. 
Los terroristas no temen nuestros debates, ni las directivas o reglamentos. Lo único que temen es una acción real y eficaz. 
Tendremos que continuar dando los pasos adecuados para protegernos a nosotros mismos y a la ciudadanía europea. 
Lo que esto significa es que tenemos que actuar en lugar de celebrar debates interminables. 
Lo que necesitamos es cooperación en el seno de la Unión Europea y cooperación con quienes se encuentran fuera de ella, en concreto con los Estados Unidos de América, pero por supuesto esperamos que se establezcan algunas normas de base y, evidentemente, esperamos que se cumplan. 
Hemos propuesto, y la Comisión ha acordado, que se cumplan algunas expectativas, por ejemplo, que los únicos datos que se transmitan sean aquellos que ayuden a combatir el terrorismo, que los datos se almacenen durante un periodo de tiempo razonable (que exigimos se redujera) , que solo una autoridad de los Estados Unidos tuviera acceso a los mismos, que sea posible examinar el uso de dichos datos, que los pasajeros fueran informados y que la ciudadanía europea tuviera una autoridad de la UE que la representara. 
Esas eran, entre otras, nuestras exigencias y se nos aseguró que de hecho se cumplirían. 
Si efectivamente ha sido así, y además logramos establecer un sistema «push» con filtros, utilizaríamos la oportunidad para buscar a otros con quien cooperar en la lucha contra el terrorismo. 
Estamos a un paso de cerrar este asunto. 
Deberíamos actuar sin más demora, antes de que sea demasiado tarde para la Unión Europea y para la seguridad de sus ciudadanos. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera dar mi más sincera enhorabuena a la Sra. Boogerd-Quaak por sus excelentes y claros análisis políticos y por su perseverancia. 
Esa perseverancia será, no obstante, de gran ayuda. 
Lo repetiré de nuevo: Es importante luchar contra el terrorismo, pero no todos los medios están justificados. 
Aunque la Comisión, en su evaluación de la adecuación, ha concluido que Estados Unidos ofrece un nivel adecuado de protección para los datos personales de los pasajeros que se transfieren, no estoy del todo convencido. 
El acuerdo actual no ofrece a los ciudadanos de la UE garantías suficientes. 
No existen medios legales satisfactorios para los ciudadanos que se encuentran con dificultades, como han demostrado los ejemplos dados por algunos eurodiputados. 
Más aún, se estipula de forma explícita que los datos pueden utilizarse con otros fines, como la lucha nacional contra la delincuencia en Estados Unidos. 
En ese sentido, la tercera parte a la que se transfieren los datos personales no se especifica, y es muy difícil supervisar lo que sucederá con ellos. 
El grupo de trabajo del artículo 29 ha llegado a la conclusión unánime de que este acuerdo contraviene la legislación europea. 
De hecho, el Consejo también consideró la idea en febrero de que las medidas americanas contravinieran la legislación nacional europea y esta duda, como ya ha apuntado el Sr. Watson en relación con el más reciente Consejo Europeo, no ha desaparecido, sino más bien al contrario. 
Por lo tanto, parece como si la Comisión fuera la única institución que todavía mantuviera sus conclusiones sobre el nivel de protección adecuado. 
Quizás ha llegado el momento de que la Comisión reconozca el error en su forma de actuar y admita que ha ido más allá de sus atribuciones. 
La propuesta actual es inadecuada, por lo que la Comisión tiene que presentar una propuesta nueva, que contenga los suficientes mecanismos de protección para el público europeo. 
Durante más de un año, la legislación europea ha sido incumplida utilizando el terrorismo como pretexto. 
Si la Comisión está tan convencida de que este acuerdo cumple la legislación europea y no contraviene el Tratado, realmente no comprendo por qué no está dispuesta a aplicar el procedimiento del artículo 300 del Tratado CE y logra que el Tribunal de Justicia lleve a cabo algunas investigaciones. 
Por lo tanto, me complace que esta opción siga abierta en la resolución que tenemos ante nosotros. 
De hecho, esta lucha no ha terminado del todo. 
– Señor Presidente, apoyo plenamente la posición de la ponente. 
Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. 
Me ha sorprendido la actitud del Comisario hacia el Parlamento hoy. 
Ha estado muy arrogante, por decirlo suavemente. 
El Parlamento ha adoptado una posición que está mucho más en línea con los Tratados que la postura de la Comisión. 
La Comisión debe velar por el cumplimiento de los Tratados y garantizar que la transferencia de datos se realice plenamente conformidad con la legislación de la UE en materia de protección de datos. 
Así se lo pidió el Parlamento a la Comisión el pasado mes de marzo. 
Pero por lo visto lo que ha hecho la Comisión es ir y volver alegando que tiene unos niveles de protección adecuados. 
El Comisario ha dicho que lo más que puede conseguir son unos niveles de protección adecuados por parte de los Estados Unidos y que la actitud del Parlamento es irresponsable. 
No creo que eso esté justificado. 
Es una actitud arrogante hacia unas libertades civiles que tanto nos ha costado establecer. 
Hoy hemos hablado aquí del acceso a los datos, de la posibilidad de corregir errores, de los fines para los que se utilizarán esos datos, de su transferencia a terceros y, sobre todo, del derecho de los ciudadanos a una reparación jurídica. 
Las vidas de los ciudadanos pueden cambiar profundamente a causa de unos datos incorrectos sobre su persona o de errores cometidos. 
¿Por qué deben tener los ciudadanos europeos un nivel de protección diferente al que disfrutan los ciudadanos norteamericanos? 
Lo ideal sería poner fin de inmediato a las transferencias de registros de nombres de pasajeros aéreos (PNR) a los Estados Unidos hasta encontrar una solución legislativa definitiva. 
Esta no es forma de combatir el terrorismo. 
Si damos la espalda al Estado de derecho y a unos derechos civiles consolidados, no solo permitiremos que los terroristas ganen en un frente, sino que les permitiremos que ganen en todos los frentes. 
Estamos creando un futuro muy oscuro y opresivo para todos. 
Ese no es el enfoque que debemos adoptar. 
Tenemos que defender las libertades civiles. 
No hay más que mirar a los Estados Unidos para ver el tipo de medidas que se han adoptado en los últimos tiempos para combatir el terrorismo. 
No funcionan. 
La Ley patriota y otras medidas no funcionan. 
Todo lo que hacen es suprimir los derechos de ciudadanos de la calle respetuosos con la ley, sin que tengan ningún derecho a reparación jurídica. 
No creo que esa sea la manera de entrar en el siglo XXI. 
– Señor Presidente, Señorías, hace poco quise volar a China. 
Para lograrlo, tuve que solicitar un visado y proporcionar un gran número de datos personales. 
Además de volar desde Frankfurt hasta Pekín, pensaba tomar un vuelo de conexión con una agencia desde Pekín hasta Guilin, y esto supuso que algunos de los datos fueran transferidos de una compañía a otra, un proceso que permite al Estado chino acceder a un gran número de datos personales. 
Tengo que decir a la Sra. Lambert que no tengo noticia de que hubiera ningún tipo de protección de datos en China, ni puedo preguntar quién está almacenando mis datos allí, o qué datos se almacenan con un determinado fin; no puedo pedir que se corrijan, contactar al supervisor de protección de datos chinos o llevar el Gobierno ante los tribunales. 
A pesar de eso, no estamos prohibiendo los vuelos a China o exigiendo acuerdos generales. 
Sé que hay una gran diferencia en este sentido, ya que, cuando se viaja a los Estados Unidos, su sistema puede acceder directamente o «extraer» los datos (sistema «pull» ), en lugar de que se les proporcionen (sistema «push» ), de manera que los Estados Unidos tienen acceso directo a nuestros sistemas. No tienen límite de acceso a los datos que les enviamos. 
Permítame añadir, señor Comisario, que las exigencias que estamos realizando ahora no tienen nada que ver con ningún tipo de lista de deseos. Estamos hablando de la legislación europea sobre protección de datos, que es muy clara. 
Ahora les corresponde a ustedes la obligación de pasar a un sistema «push». 
Lo que quisiera es obtener en este momento una respuesta por su parte. 
De no ser así, hago un llamamiento a la calma. 
El hecho de que prevalezcan sistemas distintos de protección de datos no significa que los derechos de los ciudadanos se encuentren amenazados. 
Estados Unidos tiene un interés legítimo en este sentido, que es el de defender su propio país. 
Dudo que otros países puedan decir lo mismo, aunque no respeten nuestra ley de protección de datos. 
Quisiera añadir, señorías, que nunca llegué a ir a China, porque no envié mi información para el visado a su debido tiempo. 
Desgraciadamente, tampoco obtuve ningún remedio legal para esta situación. 
– Señor Presidente, Comisario, Señorías, no cabe ninguna duda de la necesidad de combatir la creciente amenaza que supone la delincuencia internacional y, sobre todo contra el terrorismo. 
Tampoco cabe ninguna duda de que es necesaria una cooperación estrecha, tanto a nivel comunitario como transatlántico. 
Lo que me preocupa, sin embargo, es que quizás estemos fallando en conseguir un equilibrio adecuado entre la seguridad y la justicia promoviendo un sistema completo de vigilancia sobre cada pasajero, cada ciudadano, violando por lo tanto el principio de proporcionalidad, el cual, en cada sociedad democrática, debe ser cumplido. 
El comisario Bolkestein nos ha preguntado qué mensaje deseamos enviar a nuestros socios. 
El mensaje que debemos enviar es que deseamos cooperar con nuestros objetivos comunes a la vez que cumplimos nuestras leyes. 
De hecho, recibimos una contribución más que valiosa del Grupo del artículo 29, con 19 puntos esenciales que me parecieron suficientes para proteger la seguridad de los pasajeros. También me gustaría tener algunas garantías en cuanto a la retención de esta información, el derecho de apelación y la forma en que este se puede utilizar. 
Señor Comisario, ¿qué tipo de mensaje enviamos a los ciudadanos, en marzo de 2003, cuando el Parlamento consideraba la transferencia de registros con los nombres de los pasajeros (PNR) inaceptable, en caso de que no se proporcionaran garantías adecuadas de protección y de cumplimiento de las normas comunitarias en vigor? 
¿O en octubre de 2003, cuando vimos que las propias conclusiones de la Comisión indicaron que la protección ofrecida se consideraba inadecuada? 
Señor Comisario, ha oído discursos sobre el dilema en que se ha puesto al Parlamento con esta votación sobre la propuesta de resolución. 
Permítame que le haga otra pregunta, con el fin de llegar al fondo del debate. ¿Qué ha cambiado desde marzo u octubre de 2003 para justificar el cambio de actitud del Parlamento? 
Señor Presidente, francamente debo decir que, desde un punto de vista emocional, mi discurso será distinto del que hubiera pronunciado antes del 11 de marzo de 2004, día en que tuvieron lugar los trágicos sucesos en España. 
Seamos sinceros: habíamos aceptado parcialmente, o al menos nos habíamos acostumbrado a la tragedia del 11 de septiembre y, por lo tanto, el tema de los datos requeridos por Estados Unidos también había entrado a formar parte de una disputa normal sobre legitimidad. 
Creo que debemos comenzar dando por sentado que, independientemente de lo que suceda, los ciudadanos deben ser claramente informados con antelación de que tendrán que enfrentarse a dicha petición de información y, por consiguiente, a dicho control. 
Los ciudadanos también tienen que ser informados de manera igualmente clara sobre la utilización y el destino de la información, sobre todo la que va más allá de los datos personales y que puede, por ejemplo, revelar si pertenecen a una religión, a un movimiento político o indicar gustos o hábitos de naturaleza sensible. 
Sobre esta cuestión, quisiera mencionar la Directiva 95/46/CE, que nombré hace un instante sobre una solicitud de clarificación dirigida al Comisario Bolkestein sobre el censo lingüístico del Sur del Tirol. 
Señor Comisario, espero obtener una respuesta antes o después en el día de hoy. 
Hay un principio que también es válido en este caso, y que aparece en el apartado (c) del Artículo 6, según el cual los datos personales que se recojan deben ser adecuados, pertinentes, y no excesivos en relación con los fines para los que han sido recogidos y/o procesados. 
Precisamente: Creo que la frase «no excesivos en relación con los objetivos» hace que el debate sea mucho más amplio. 
Los propósitos son conocidos: Se trata de luchar contra el terrorismo. Verdaderamente se están disipando las dudas, al menos en lo que a mí respecta, y también estoy superando mis dudas sobre el número de agencias que tienen acceso a los datos, sobre el hecho de que se utilice un sistema de acceso inmediato, sobre la ausencia de procedimientos de apelación y muchos otros aspectos. 
Si considero que todo esto tiene como fin el que todos conocemos (combatir el terrorismo) , entonces considero necesario el sacrificio en pos de un objetivo mayor. 
– Señor Presidente, Comisario, señorías, por supuesto, la UE debe participar en la lucha internacional contra el terrorismo, y las conclusiones del Consejo Europeo de la semana pasada también lo muestran. 
Las conclusiones ofrecen un claro análisis de las cuestiones relativas a las garantías de certeza legal y de control democrático, que es el de proteger las medidas. 
Ya es hora de que la UE se tome en serio el equilibrio entre, por una parte, la lucha contra el terrorismo y, por otra, la protección de los derechos fundamentales. 
El nuevo rey del terrorismo debería trabajar conjuntamente con un rey de la privacidad. 
Si existiera voluntad política, debería ser posible ahora (antes de que la Constitución haya entrado en vigor) para garantizar el escrutinio democrático. 
La UE no debe sacrificar el respeto de la privacidad y la vida privada. 
Europa es un precursor en esta área, y el Artículo 29 de los objetivos del comité da lugar a una gran preocupación. 
Por supuesto, el objetivo es una solución global que tiene que proporcionar a las personas el mismo alto grado de certidumbre legal. 
La lucha contra el terrorismo es mucho más difícil y tiene que ser abordada de diversas maneras. 
La solución no eliminará todas las formas de terrorismo, pero a veces parece que muchos lo creen. 
Por último, quiero referirme a un último punto. 
Esta situación en la que nos encontramos es una situación extremadamente insatisfactoria. 
El Comisario Bolkestein ha demostrado esto en su discurso. 
Incluso antes de que el Parlamento adopte una postura sobre esta cuestión, el Consejo ha anunciado que tiene la intención de aceptar las exigencias americanas, lo que me lleva a preguntarme por qué, siendo así, el Parlamento debe emitir una opinión. 
Independientemente de cómo se desarrolle la votación sobre este asunto, yo haría un llamamiento a la Comisión para que siga luchando incansablemente por una mejor protección de la certidumbre legal, así como por proteger a los ciudadanos del terrorismo de muchas otras formas, distintas a las actuales. 
– Señor Presidente, Señorías, quisiera agradecerles a todos ustedes sus comentarios, pero quiero añadir algo más. 
El hecho es que me siento un poco desconcertada por la declaración del Comisario Bolkestein. 
Ha dicho lo siguiente: «seguimos negociando y después determinaremos si lo que hacemos es suficiente». 
Sin embargo, en mi opinión, ante nosotros teníamos un resultado suficiente, del que había dicho usted que estaba bien. 
Tiene usted que decidirse: está bien o no. 
Quiero decirle al Sr. Pirker que, de acuerdo con el Consejo de Datos Personales neerlandés, existen 1 800 órganos que velan por el cumplimiento de la ley en los Estados Unidos que podrían recuperar estos datos. 
Todavía existe un elevado número de incertidumbres y si incluso la Comisión Europea está poco segura, ¿por qué debería el Parlamento dar su aprobación en este momento? 
Estoy bastante convencida de que, si esto continúa, tendremos que pedir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que nos aconseje y nos diga, en su opinión, si este acuerdo es suficiente y si puede cerrarse un acuerdo que se inmiscuye en los datos de los ciudadanos de la Unión Europea de forma tan drástica. 
Este es el único camino que tenemos, y hemos de tomarlo porque la decisión sobre este acuerdo ya ha sido tomada. 
Señor Comisario, quiero pedirle de nuevo que retire este acuerdo y presente uno mejor. 
. – Señor Presidente, quiero agradecer a los diputados sus comentarios. 
Contestaré brevemente a algunos de ellos, empezando por el Sr. Watson. 
Ya no está en la Cámara, pero sin duda tendrá conocimiento del acta de esta sesión. 
El Sr. Watson ha dicho que el Grupo de trabajo del Artículo 29 ha rechazado la Decisión de adecuación que había propuesto la Comisión. 
Eso es totalmente cierto. 
En respuesta, diré que la Comisión del Artículo 31 ha aprobado las conclusiones de la Comisión por mayoría cualificada; de hecho, por 13 votos a favor y 2 en contra. 
Los dos Estados miembros que votaron en contra fueron Luxemburgo e Italia. 
Mi segundo comentario se refiere a las declaraciones hechas por la Sra. Boogerd-Quaak y la Sra. Paciotti en relación con las solicitudes de acceso a datos personales. 
Los compromisos norteamericanos contemplan dicho acceso de una manera que la Comisión considera satisfactoria. 
Nos corresponde a nosotros verificar que esos compromisos se cumplan en la práctica, y tenemos medios para controlar esto. 
Además, la revisión conjunta y la posibilidad de intercesión de comisarios europeos de protección de datos lo garantizarán. 
La Sra. Paciotti ha mencionado también un acuerdo internacional a largo plazo. 
La Comisión está buscando una solución multilateral a través de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) , pero eso, como sabe la Sra. Paciotti, llevará su tiempo. 
El Sr. Pirker ha hecho también un comentario al respecto. Quiero insistir aquí en que la Comisión se ha comprometido a pasar de un sistema «pull» a un sistema «push» y, aunque se trata de una cuestión que compete principalmente a las líneas aéreas, está preparando medidas que facilitarán dicho cambio y lo harán posible en los próximos meses. 
Es necesario proporcionar un fundamento jurídico al sistema «pull» hasta que se implante el sistema «push». 
Ahora bien, esta disposición del acuerdo internacional no tiene que utilizarse como excusa para retrasar la introducción del sistema «push». 
El Sr. Cappato ha dicho que la Comisión debe renunciar a su iniciativa respecto a una política europea sobre los registros de nombres de pasajeros aéreos (PNR). 
La lucha contra el terrorismo es un problema mundial. 
La Unión Europea no puede prescindir de una política propia en este terreno, que se considera una contribución importante a la lucha mundial contra el terrorismo y el crimen organizado. 
El martes pasado, el Consejo Europeo acogió con satisfacción la intención de la Comisión de presentar una propuesta a mediados de este año. 
Le pidió al Consejo que actuara en esto antes de final de año. 
La Comisión, por supuesto, se ocupará de que su propuesta sea plenamente respetuosa con las libertades civiles y con la legislación en materia de privacidad de los datos, en particular. 
El Sr. Cappato ha criticado también la falta de aplicación de la ley. 
Entiendo que ese comentario y esta crítica se dirigen contra las autoridades responsables de la protección de datos en los Estados miembros. 
Como sabrán el Sr. Cappato y otros diputados, la «vigilancia» de la Directiva sobre la protección de datos corresponde a los Estados miembros y no a la Comisión. 
La Sra. Swiebel se ha referido al artículo 300 del Tratado, relativo al acuerdo internacional. 
La Comisión no ve la necesidad de consultar al Tribunal de Justicia europeo sobre la legalidad del acuerdo o la Decisión de adecuación. 
El Sr. Santini y otros han preguntado si se está informando o no a los pasajeros de sus derechos. 
La obligación de informar a los pasajeros corresponde a los que controlan los datos: en este caso, a las líneas aéreas en un principio y, posteriormente, al Gobierno de los Estados Unidos. 
Los compromisos de los Estados Unidos establecen claramente esa obligación. 
La Comisión está trabajando con las líneas aéreas y el sector turístico para asegurar que los ciudadanos tengan acceso a información completa, veraz y puntual, siendo lo ideal que reciban dicha información antes de comprar sus billetes. 
Por último –y en términos generales– repito lo que dije antes, que la Comisión no se adhiere ni aprueba el planteamiento de los Estados Unidos, pero que comparte algunas de las opiniones sobre su efectividad. 
No obstante, tenemos que ser realistas y aceptar las mejoras que ahora se nos ofrecen. 
Por eso, no es que nos adhiramos al planteamiento norteamericano, pero la Comisión quiere insistir en que se trata de la mejor solución posible y que no hay ninguna otra sobre la mesa. 
Muchas gracias, señor Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0135/2004) del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y lucha contra el fraude- Informe anual 2002 (COM (2003) 445- C5-0593/2003- 2003/2248 (INI) ). 
– Señor Presidente, Señorías, 2002 nos ha presentado otro drástico aumento de los abusos, las malas gestiones y las irregularidades en la Unión Europea, a los que hemos tenido que hacer frente. 
Si reunimos los casos notificados en los Estados miembros y lo que la OLAF sacó a la luz, hay que admitir que unos años antes, entonces hablamos de más de 2 000 millones de euros. 
No puedo acordarme de cuándo esta cantidad había sido tan sustancial. 
Permítanme hacer hincapié en que de lo que hablamos aquí es de irregularidades y sabemos que, en el curso de ulteriores investigaciones, solo una fracción de estas irregularidades resultarán ser un fraude. 
En calidad de representante de esta Asamblea, quiero dejar claro que ahí es precisamente donde los diferentes análisis aparecidos en los medios de comunicación no van lo suficientemente lejos. 
Especialmente al final de una legislatura parlamentaria y de un mandato de la Comisión, la cantidad apuntada es enorme, y no puede considerarse satisfactoria. 
Este aumento destaca sobre todo en el caso de los Fondos Estructurales, donde las cantidades registradas se han triplicado, de unos 200 millones de euros a más de 600 millones de euros. 
Aquí se plantea la cuestión de la seriedad de los Estados miembros a la hora de notificar irregularidades. 
Todavía existen diferentes formas de interpretar las cosas y disputas sobre qué hay que notificar y cómo, y es simplemente increíble que un país como Bélgica pueda notificar 14 casos a la Comisión e Italia 107, mientras que Alemania notifica casi 2 000 casos. 
De esto se desprende que en este asunto existe una gran falta de armonización, y digo esto refiriéndome en especial a la reforma de las políticas estructurales, entre otras. 
Los que conformamos la Comisión de Control Presupuestario no estamos allí para registrar la historia de nuestros días; lo que queremos es tomar los puntos débiles de las políticas anteriores y de ellas sacar fuerzas para el futuro. 
Hago esta afirmación solamente en lo que a mí respecta en mi trabajo. 
Se aplica algo parecido cuando se trata de recuperar fondos. 
¿Qué sentido tiene, señor Comisario, cuando se trata de prevenir el fraude, si hay que esperar décadas antes de que se devuelva el dinero? 
Concretamente un Estado miembro, Italia, lleva esperando varios años. 
Es un secreto a voces, al igual que el hecho de que se emplea como instrumento político. 
El segundo gran ámbito es de la agricultura. 
Durante mucho tiempo nuestra Comisión ha intentado que la Comisión y los Estados miembros, de una vez por todas, se deshagan de las restituciones a la Comisión y, sobre todo, las pagadas por el incalificable, por ser tan doloroso, inmoral y cruel transporte de ganado vivo. 
Es un desafío a la comprensión que, en 2002, de unas 262 000 reses vivas, cuya exportación nos cuesta unos 62 millones de euros de ingresos fiscales, 226 000 se llevaran a un país pequeño como Líbano. 
Tenemos datos, que hemos de tomar en serio, de que Líbano no tiene en absoluto la capacidad para absorber, consumir, sacrificar o procesar este número de animales. 
Señor Comisario, podemos recordar el caso, no hace tanto, del rápido aumento de las exportaciones de carne a Jordania que finalmente se interpretó como una forma de burlar las sanciones de Naciones Unidas en contra de Iraq. 
Por lo tanto, no puedo entender por qué la Comisión, de nuevo, actúa como el avestruz, escondiendo la cabeza en la arena y aduciendo ignorancia. 
Solicitamos que la OLAF tome cartas en este asunto. 
No hablo de prevención; estoy esperando a que los primeros activistas por los derechos de los animales acompañen a estas exportaciones para que podamos ver las primeras imágenes en los medios de comunicación. 
Así es como se se utiliza el dinero de los contribuyentes europeos. 
Quiero mencionar una tercera cuestión: hace unos días hemos tenido noticia del asalto sin precedentes de la casa de un periodista, sin ninguna relación, al contrario de lo que hemos oído hoy, con nada de lo que ocurre aquí en esta Asamblea, sino en relación con el caso de Paul van Buitenen. 
Queremos plantear la cuestión de cómo ha llevado este asunto la OLAF. 
Todos recordamos la reprimenda que el Defensor del Pueblo dio a la OLAF a este respecto. 
Recordemos que las investigaciones de la OLAF solo pueden iniciarse cuando existe una sospecha bien fundada y esta debe tener una duración apropiada, en otras palabras, no han de alargarse artificialmente. 
Queremos pedir al Comité de Vigilancia de la OLAF que declare si, en este caso, se han quebrantado estas normas y si se ha hecho un mal uso de esta investigación con la finalidad de someter a los periodistas a presión o de intimidarlos. 
El Sr. Kendall, el presidente del Comité de Vigilancia, me ha informado de que este asunto se tratará en la próxima reunión de abril del Comité, y también me ha confirmado que la OLAF no solicitó la opinión del Comité antes de llamar a las autoridades de la justicia belga. 
Un miembro del Comité, el Sr. Noack, comunicó a la prensa que si las investigaciones del Comité concluían que las acciones de la OLAF fueron inaceptables, no se excluía la posibilidad del despido de su Director General. 
Permítanme destacar en este punto la importancia que tendrá para nosotros el informe del Comité de Vigilancia sobre esta cuestión. 
Este caso es la prueba de si la vigilancia de la OLAF funciona o no y de si es o no necesario tomar medidas cuando las cosas se descontrolan. 
Teniendo esto en mente, no puedo dejar de advertir a quienes ocupan puestos de responsabilidad en la OLAF que no se escondan detrás de la justicia belga. 
No tiene que haber excepciones: todo lo que ha hecho la OLAF hasta la fecha, todo lo que ha pasado a las autoridades judiciales, debe presentarse al Comité de Vigilancia. 
Es preciso aclarar este asunto, y pronto; no en meses, sino en unas pocas semanas. 
– Señor Presidente, señor Bösch, Señorías, desde el principio la Comisión del Presidente Prodi ha considerado que es necesario reformar ampliamente la administración de las finanzas europeas y protegerlas frente al fraude. 
La medida decisiva que hemos tomado ha tenido un gran éxito. 
A la hora de aplicar nuestras reformas nos hemos guiado por el informe elaborado por el Grupo de Sabios que su Asamblea nombró a finales del mandato de la Comisión anterior. 
La clara división de la responsabilidad ha sido esencial. 
Quienes administran los fondos europeos son los responsables exclusivos de que se haga un buen uso de ellos. 
El control financiero centralizado ha sido eliminado, una medida que debía haberse aplicado hace tiempo. 
La división entre control financiero y gestión política era una reminiscencia de una época en que Europa todavía tenía un presupuesto muy bajo. 
Ahora al menos tenemos el tipo de estructura que se da por supuesto en los Estados miembros, donde los ministros a título individual son responsables del gasto correcto de sus presupuestos. 
Lo que ha ocurrido en Eurostat durante los años noventa, la apertura de cuentas que se administraban fuera del Presupuesto, nos recuerda a todos poderosamente las deficiencias del sistema antiguo. 
No obstante, la Comisión ha conservado una oficina central de auditoría interna, cuya importancia se realzó cuando, ya desde el verano del año 2000, se sometió al mando del Vicepresidente de la Comisión. 
La OLAF se creó como un nuevo e importante órgano de lucha contra el fraude, que pretendía actuar de forma totalmente independiente en el descubrimiento, mediante investigaciones administrativas, de fraudes e irregularidades en las instituciones y en el ámbito exterior. 
¿Dónde encontrar un equivalente en los Estados miembros? 
En esto la Unión Europea va por delante y, por supuesto, ha servido para animar a algunos de los nuevos Estados miembros a tomar como modelo la estructura de la OLAF. 
Además de crear y ampliar la OLAF, la Comisión ha introducido un enfoque completo y multidisciplinar de la lucha contra el fraude; hemos promovido el desarrollo de una cultura de prevención no solo asegurándonos de que no haya fallos en la legislación, sino también elaborando normas éticas para proteger al personal de la Comisión y disposiciones pormenorizadas para proteger a las personas que denuncian irregularidades internas. 
En la lucha contra el fraude hemos intensificado la cooperación operativa con los Estados miembros. 
Lo importante de esta cooperación es que los Estados miembros administran cerca del 80% del gasto del presupuesto comunitario. 
A este respecto la OLAF está desarrollando en estos momentos una verdadera plataforma de servicios para los Estados miembros. 
El informe sobre el fraude de 2002, que debatimos hoy, demuestra que los Estados miembros han hecho mayores esfuerzos por salvaguardar las finanzas de la Unión Europea que en el pasado. 
En 2002 al fin entró en vigor la Convención sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades europeas. 
Aún así, tal y como demuestra el informe del Sr. Bösch, todavía queda mucho por hacer. 
Como era de esperar, el Sr. Bösch ha elaborado un informe exhaustivo que trata toda una gama de cuestiones relacionadas con la prevención del fraude y desde varios ángulos. 
Quiero centrarme en un aspecto que usted, señor Bösch, acaba de mencionar, y es la cuestión de las restituciones a la exportación. 
Es cierto decir que las restituciones a la exportación exigen un elevado grado de vigilancia, ya que siempre implican a más de un país, y por tanto se trata de un ámbito donde la supervisión siempre ha de ser consistente. 
Sin embargo, de acuerdo con la Dirección General de mi colega el Comisario Sr. Fischler, el elevado volumen de ganado vivo exportado a Líbano también puede atribuirse a las medidas que ha adoptado la Unión Europea para supervisar las exportaciones de ganado vivo en general. 
A comienzos de esta década, los principales jugadores que podían jugar en este ámbito fueron Líbano y Egipto. 
Durante la crisis de la EEB, Egipto dejó de importar ganado vivo de la Unión Europea y en su lugar empezó a importarlo de Australia. 
Esto explica el elevado volumen actual que se exporta a Líbano. 
Por supuesto pregunté si el número de ganado exportado guardaba alguna relación con los hábitos de consumo de Líbano, y la DG de Política Agrícola de nuevo confirmó que, evidentemente, estas cifras debían considerarse a la luz del hecho de que los libaneses casi no comen carne de cerdo, por lo que era natural un mayor consumo de carne de vaca que de otras variedades. 
Pero quiero garantizarles que comparto totalmente sus preocupaciones concretas sobre la protección de los animales. 
En 2003 la Comisión aprobó nuevas normas sobre la exportación de animales vivos y endureció las ya vigentes. 
Ahora, la DG de Agricultura ha vuelto a confirmarme que tanto en los países de origen como en los países receptores se aplican controles muy estrictos. 
Quiero hacer hincapié en que el informe del Sr. Bösch, como es habitual, adopta un punto de vista muy crítico, por lo que nos complace mucho que el informe exprese reconocimiento por las acciones adoptadas por la Comisión. 
Este no es el único motivo de agradecimiento de la Comisión al ponente; por el contrario, muchas de las medidas adoptadas por la Comisión en los últimos años para luchar contra el fraude tienen su origen en las peticiones y propuestas formuladas, en particular, por parte de la Comisión de Control Presupuestario. 
Entre ellas se encuentran las mejoras y reformas de la OLAF. 
Ahí también fue el ponenrte, Sr. Bösch, quien fue especialmente insistente en que se efectuaran cambios. 
Ahora proponemos modificar el Reglamento de la OLAF mejorando el flujo de información entre la OLAF y la Comisión, dotando a quienes son investigados de mejores garantías frente al procedimiento y dando al Comité de Vigilancia de la OLAF un mayor papel, a algunas de cuyas funciones acaba usted de referirse una vez más. 
Además, se han mejorado las comunicaciones en el seno de la Comisión sobre presuntos fraudes, especialmente entre el ámbito político y los servicios. 
El Parlamento también llamó nuestra atención sobre esto. 
Hemos, y me refiero también al Parlamento, alcanzado una reforma fundamental del Reglamento Financiero. 
El nuevo Reglamento Financiero no solo refuerza los principios presupuestarios, sino que contiene instrumentos importantes para luchar contra el fraude y para excluir de los concursos a las partes que dan datos falsos. 
Hace muy poco ha tildado esto de ejemplar. 
La reforma administrativa casi ha concluido. 
En la OLAF tenemos un instrumento eficaz y poderoso para luchar contra el fraude, pero debemos, por supuesto, trabajar constantemente para mejorarlo. 
Sin embargo, todavía hemos de crear una Oficina del Fiscal Europeo; el fraude que perjudica al Presupuesto europeo debe castigarse al amparo del Derecho penal. 
La Comisión de Control Presupuestario, en particular su presidente y el ponente, el Sr. Bösch, han defendido esto durante años. 
Hace poco nos hemos unido en una campaña, y también con mucho éxito, a favor de que la Convención incorpore en el borrador de la Constitución la propuesta de establecer una Oficina del Fiscal Europeo para proteger nuestros intereses financieros. 
Afortunadamente, es probable que, antes de que finalicen los seis meses de la presidencia irlandesa, una Conferencia Intergubernamental apruebe una resolución sobre el borrador de la Constitución. 
Pero quiero reiterar que no hemos superado todos los obstáculos, y me parece absolutamente necesario que todos aquellos que han trabajado a favor de establecer una Oficina del Fiscal Europeo sigan estando alerta, no sea que quede comprometida de alguna u otra manera. 
Hasta la Conferencia Intergubernamental, que se celebrará en junio, tendremos que estar muy vigilantes a este respecto. 
– Gracias, señor Presidente; en 2002 se perdieron 1 800 millones de euros debido al fraude y a las irregularidades, lo que aproximadamente supone, ni más ni menos, un incremento del 36% sobre el año anterior, y los mayores aumentos hay que encontrarlos en los propios recursos y la política estructural. 
Esto puede resultar interesante, pero no es algo nuevo. 
Todo ello constituye una historia lamentable, señor Comisario, y no puede usted darle un giro positivo. 
Podría decirse que el fraude sigue adelante pase lo que pase. 
Un 36 % de aumento puede ser deseable en otros ámbitos, pero en el ámbito de la lucha contra el fraude es lisa y llanamente un desastre. 
En realidad revela que no tiene usted nada que mostrar de los cuatro años y medio que ha trabajado usted como Comisario. 
Recordemos que en otoño de 1999 la Comisión de Prodi entró en funciones comprometiéndose y pidiendo con grandilocuencia tolerancia cero para el fraude y las irregularidades. 
Todo iba a ser diferente tras la caída de la Comisión de Santer, ¿y qué ocurrió? 
Podría decirse que un escándalo dejó sitio a otro. 
Permítame recordarle que excluyeron a la jefa de contabilidad después de que dijera que la reforma en su conjunto no iba tan bien como públicamente habían dicho ustedes que iba. 
Modificaron ustedes el Reglamento Financiero, pero, en mi opinión, sin hacerlo más transparente o más claro; en su lugar, lo hicieron mediante un laberinto de reglamentos que nadie, al final, sabe por dónde van. 
De hecho, su principal error, en mi opinión, fue deshacerse de la posición independiente del interventor, y sustituirlo por un servicio de auditoría interna, que no es ni independiente ni, al parecer, muy atractivo, en vista de que en abril va a perder a su director, que está consiguiendo fugarse. 
Ha salido a la luz pública un sistema de contabilidad del que con bastante acierto se ha dicho en la prensa que está «tan lleno de agujeros como un queso suizo» y que es «tan abierto como una cámara acorazada». 
Por último, está el asunto de Eurostat, con sus cuentas secretas y pérdidas que se ha confirmado ascienden al menos a 8 millones de euros. 
Y cuando digo que este es un resultado fantástico no lo digo como una alabanza, señor Comisario; solo un cínico podría felicitarle por ello. 
Sin embargo, como siempre, usted desconoce que se haya obrado mal. 
Todos los Comisarios responsables simplemente escurren el bulto y se esconden en el laberinto reglamentario que ellos mismos han creado. 
Que nada de esto estimule la confianza del público europeo es algo que, evidentemente, no le preocupa; al parecer, la actitud dominante sigue siendo que se puede ser más libre y flexible con el dinero de Europa que con el de los Estados miembros. 
– Señor Presidente, señor Comisario, señor Bösch, este informe hace el debido hincapié en el escándalo de las restituciones a las exportaciones de ganado vivo a Líbano, en 2002. 
Convendría indicar que este escándalo sólo es el último de una larga lista de escándalos. 
Señor Comisario, ha mencionado usted aquí los informes facilitados por su colega el Comisario Fischler sobre esta cuestión. 
Yo le pediría que echara un vistazo a la prensa de 2001 para ver, con todo lujo de detalles, el escándalo de las restituciones a la exportación a Jordania, que también se produjo en relación con otros países, con la única finalidad de quebrantar las sanciones de Naciones Unidas al Iraq. 
Esto ha venido ocurriendo durante una serie de años, con la implicación de varios países, y si la Comisión ha sido incapaz de ver lo que estaba ocurriendo, sinceramente pienso que se debe a que no quería saberlo. Después de todo, en la prensa han aparecido informes muy detallados. 
Sin embargo, lo que quiero decir es que no solo nos enfrentamos al escándalo del quebrantamiento del embargo a Iraq con fondos de la Unión Europea. Este es uno de muchos, como el escándalo del holding creado por la Camorra de Nápoles, que implica a empresas lácteas de Francia, Bélgica y Alemania, para adulterar mantequilla con sebo y aceites de bovino. 
El problema es que el Comisario Fischler, cuyo nombre no ha sido mencionado, aunque debería ser el primero en aparecer en estas circunstancias, no puede ignorar la escala de estos escándalos sucesivos en relación con el presupuesto agrícola. 
Todavía aguardamos una explicación, la que sea, por la cantidad de dinero gastada del presupuesto comunitario en la disposición de mantequilla adulterada por este holding de la Camorra entre 1995 y 2000, y ha existido un silencio similar relacionado con la cantidad de dinero recuperada. 
Todavía no sabemos qué empresas se vieron envueltas en dicho escándalo, ni por qué la Comisión no les ha impuesto ninguna sanción, ni siquiera sanciones relacionadas con el funcionamiento de mecanismos de cuotas de leche. 
Tenemos que descubrir por qué motivo la Comisión trata a las grandes empresas agrícolas y alimentarias con tanta indulgencia e impunidad, y, sin embargo, impone rigurosas sanciones a pequeñas explotaciones agrícolas o lácteas por el mínimo fallo administrativo. 
Estas son cuestiones importantes que requieren respuesta. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente por el excelente informe. 
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) se creó bajo una gran presión del Parlamento para que sustituyera a la antigua UCLAF. 
Por supuesto es preciso aclarar su labor, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar que la Unión Europea no empieza a convertirse en una Comunidad que recuerde un estado policial. 
En esta fase nuestro grupo no apoya el punto 39, que va demasiado lejos en el esbozo que hace del futuro papel de la OLAF. 
Todavía queremos mantener nuestras opciones, y por este motivo hemos redactado la enmienda 8. Esta presta atención a lo siguiente: la competencia del Comité de vigilancia de la OLAF en relación con las competencias discrecionales del Director, el asunto de dónde va a situarse físicamente la secretaría y los derecho de la gente cuyas acciones investiga la OLAF. 
Recordemos que si la OLAF tuviera que investigar un informe infundado sería una situación muy alarmante. 
Aunque de los puntos 1 y 2 se deriva que la mala administración y el fraude se deben a que un mismo Comisario es responsable del presupuesto y del control presupuestario, no podemos aceptar esta conclusión, que simplifica demasiado las cosas. 
Al mismo tiempo, no queremos menospreciar la determinación y la firmeza con que la Comisión ha impulsado las reformas administrativas. 
– Señor Presidente, al igual que el ponente, quiero mencionar el asalto contra la casa de un periodista alemán, llevado a cabo por la policía belga siguiendo instrucciones de la OLAF. 
La irrupción de la OLAF en la casa de un periodista y la incautación de ordenadores, notas, agendas y teléfonos móviles constituye un abuso muy grave contra la libertad de prensa. 
Tras el asalto, realmente la policía belga no ha hecho acusaciones específicas. 
Por tanto, sinceramente espero que la OLAF tenga una buena explicación de por qué se llevó a cabo esta acción. 
Se necesita una explicación. 
Si la OLAF no puede proporcionar una explicación, no creo que el Director de la OLAF pueda seguir en su cargo. 
También quiero preguntar a la Comisión Europea si lo sabía de antemano y, en tal caso, quién de la Comisión lo sabía. 
Le ruego que conteste a esta pregunta aquí y ahora. 
La OLAF ha sido objeto de numerosas críticas tras el escándalo de Eurostat. 
Me parece que, en su mayoría, han estado justificadas. 
El Director de la OLAF decidió no informar a la Comisión en su momento. 
Por supuesto, es preciso aplicar reformas fundamentales en la forma en que se transmite la información, algo que en parte también se está proponiendo ahora. 
El informe del ponente es un trabajo muy minucioso y su lectura resulta bastante pesimista. 
Es como si se cuadraran las cuentas tras cinco años de trabajo, después de que se obligara a la Comisión de Santer a marcharse. 
Es evidente que los problemas de fraude e irregularidades no han desaparecido. 
Los problemas incluso han aumentado en el último año. 
También es patente que no se han cumplido las promesas que se hicieron anteriormente de pedir responsabilidad política, sobre todo en cuanto al escándalo de Eurostat. 
El problema no solo tiene que ver con sistemas de control. 
También se debe a errores de sistema. 
Un asunto como las restituciones a la exportación de animales vivos es una invitación al fraude. 
También implica una crueldad sistemáticamente organizada que financian los contribuyentes. 
De hecho, la existencia de estos sistemas invita a hacer un mal uso de los ingresos fiscales en la Unión Europea. 
En este caso, lo que más se necesita no es un mayor control. 
Lo que hay que hacer es eliminar el sistema lo antes posible. 
– Señor Presidente, quiero centrar mi intervención en la exportación de ganado vivo y las restituciones a la exportación, pero antes de eso quiero decir que el Parlamento debe recibir un informe completo sobre el caso de los periodistas alemanes que han visto confiscadas sus propiedades. 
En cuanto a las restituciones a la exportación, esta semana se presentará un informe al Parlamento sobre las condiciones que rigen el transporte de animales. 
Las restituciones a la exportación deben suprimirse. 
Está claro que la gran mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea no aprueban la idea de que su dinero se utilice para subvencionar un comercio que causa un inmenso sufrimiento a los animales, por muy estrictas que sean las normas o por muy buenas que sean las condiciones. 
Es innegable que los animales se ven sometidos a un sufrimiento innecesario. 
Para colmo, los contribuyentes europeos se ven obligados a subvencionarlo. 
Ha llegado el momento de acabar con las restituciones a la exportación. 
A ese fin se destina un presupuesto enorme que da lugar a numerosos abusos. 
En cuanto al caso más reciente, creo que debería ser investigado a fondo por la OLAF. 
Al margen de que aprobemos o no las restituciones a la exportación –y yo creo claramente que no las debemos aprobar–, los recientes informes relativos al transporte de animales al Líbano hacen necesaria una investigación a fondo. 
¿Cuál fue su destino final? 
En general, las restituciones a la exportación están totalmente injustificadas. 
No creo que el dinero de los contribuyentes europeos tenga que destinarse a este tipo de comercio. 
Además, la eliminación de las restituciones a la exportación resolvería todo el problema. 
No habría más escándalos relacionados con el uso indebido del dinero de los contribuyentes, pero necesitamos un informe detallado sobre todo lo que se ha publicado en la prensa recientemente en relación con escándalos y supuestos casos de fraude. 
Señor Comisario, debe asegurarse de que se realice esa investigación. 
Es fundamental que lleguemos a un compromiso lo antes posible. 
– Señor Presidente, la buena gestión del presupuesto es de vital importancia para tener confianza en la Unión Europea. 
Del informe anual de 2002 parece desprenderse que el número de casos notificados de fraude ha aumentado radicalmente. 
Además de que este aumento no es, en sí mismo, nada positivo, no significa que se esté prestando más atención a la lucha contra el fraude y las irregularidades. 
Una mayor atención es algo positivo, pero también debería traducirse en acciones punitivas y preventivas. 
La Comisión tiene que ponerse al día en cuanto a la mejora de la gestión directa se refiere. 
Convendría crear una Dirección General aparte para el control financiero, que fuera independiente de la DG de Presupuesto actual. 
Mientras los responsables pretendan controlar a sus inspectores, no habrá espacio para un clima transparente donde la gente asuma responsabilidades y deje a otros dar cuenta de ellas. 
A nuestro grupo le preocupa que se hayan presentado enmiendas para borrar los apartados 1 y 2 de la resolución. 
¿Acaso se ha creado este Parlamento con vistas a hacerse cargo de la Comisión, incluso cuando comete fallos o infracciones? 
Una actitud poco crítica de este tipo suscita la desconfianza del electorado, y con razón, porque la tarea primordial del Parlamento es la supervisión, que debe desempeñar meticulosamente luchando contra las irregularidades y el fraude, también en su propia casa, de forma consistente. 
Esta es una primera medida para aumentar el número estructuralmente bajo de votantes en las elecciones europeas. 
Por último, quiero mencionar la insuficiente recuperación de los importes excesivos o incorrectos que se han pagado. 
¿Al final se ha creado un registro sólido en el sistema de contabilidad? 
¿Por qué la Comisión solo reclama una pequeña parte? 
¿Cómo explica esto a los ciudadanos de los Estados miembros? 
¿Les beneficia que se recupere tan poco? 
– Señor Presidente, es muy raro que yo esté de acuerdo con gran parte de un informe elaborado para este Parlamento. 
Sin embargo, el informe Bösch contiene una auténtica letanía de los errores que ha cometido la Comisión tanto en la creación de un sistema contable que ni siquiera es adecuado, como en la lucha contra el fraude inherente en todo lo que hace la Unión Europea. 
El ponente cita la colosal suma de 2 120 millones de euros –o, en dinero real, cerca de 1 500 millones de libras esterlinas– como el importe total del fraude reconocido por la Comisión en su informe anual correspondiente a 2002. 
Desde cursos de formación y seminarios para altos cargos que nunca se impartieron, hasta la masiva defraudación de la PAC, este informe revelador de los errores cometidos está ahí para todo aquel que quiera verlo. 
Según el informe, y eso resulta increíble, en el 50% de los casos de fraude agrícola no se pudo identificar los productos en cuestión. 
En esas circunstancias, comparto también la preocupación del informe por las deficiencias del trabajo de la OLAF. 
No obstante, el informe Bösch contiene una lista de cosas más que evidentes que podrían y tendrían que haberse hecho hace ya muchos años para aligerar un barco que se hunde. 
Es evidente que un barco que se hunde seguirá hundiéndose y terminará por hundirse del todo si encima se suben a él pasajeros nuevos. 
Ante la inminente adhesión a la UE de los países candidatos el 1 de mayo, quiero decir que las finanzas de la UE están muy embrolladas y que la incorporación de diez nuevos países las embrollará todavía más y posiblemente hará que el barco se vaya a pique. 
Este informe demuestra muy claramente el fracaso de una Unión Europea que está desesperadamente enfangada en el fraude y la corrupción y que carece de la voluntad necesaria para hacer algo al respecto. 
Cualquier nación que siga arrojando dinero a ese oscuro pantano estará haciendo un flaco servicio a los contribuyentes que pagan la factura. 
– Señor Presidente, quiero empezar con una observación en honor al Sr. Titford; este no es un proyecto Tempus Phase, sino más bien un proyecto Tempus. 
Mi colega el Comisario responsable de la ampliación me ha pedido que haga esta aclaración. 
Una cosa que quiero hacer es responder a las preguntas que ha planteado la Sra. Stauner, y a sus declaraciones, en relación con la afirmación de que en 2002 desaparecieron 1 800 millones de euros. 
Simplemente no se puede llegar a esta conclusión basándose en las cifras del informe relativo a la aplicación del artículo 280; los Estados miembros están obligados a informar de todas las irregularidades relativas a los Fondos Estructurales, los Fondos Agrícolas o los recursos propios. 
Las irregularidades se consideran infracciones de los reglamentos europeos. 
Una irregularidad así puede ser de tipo financiero, pero también puede ser, por ejemplo, una violación de un reglamento ambiental, en cuyo caso no se incurre en pérdida financiera. 
Como estos informes tienen relación con el proyecto en su totalidad, es imposible concluir que todo el proyecto equivale en cierto modo a un fraude. 
Sin embargo, si se ha producido una irregularidad financiera, hay que recuperar el dinero, y son los propios Estados miembros quienes deben generarlo. 
De esto se desprende que, por lo menos, los fondos reclamados han de deducirse de los importes a los que usted, Sra. Stauner, ha hecho referencia. 
Por supuesto, es bastante ilusorio creer que puede usted tener un presupuesto constituido por subvenciones sin ningún fraude; el riesgo de fraude es inherente a él. 
Lo cual crea la necesidad de controles rigurosos y universales, y en algunos ámbitos son los Estados miembros quienes han de aplicarlos. 
Por supuesto, resulta enojoso cuando los informes llegan tarde o no están completos. 
Tiene usted bastante razón, Sr. Bösch, cuando dice que cuando ha existido un país en algún sitio que no ha tenido nada que notificar, eso no quiere decir que todo se ha hecho bien allí, sino que no se efectúan comprobaciones. 
Incluso en los Estados miembros que quizá presumen de hacer un buen trabajo de supervisión, descubrimos, una y otra vez, que no es así. 
Eche un vistazo al informe del Tribunal de Cuentas del año 2000. 
Desgraciadamente, muestra que en el país de donde usted y yo procedemos, el país que mejor conocemos, las agencias pagadoras, incluso una de Baviera, su propia zona del país, tienen el mayor margen de error. 
Por este motivo, las oficinas de todas partes han de realizar comprobaciones, y a medida que van encontrando algo o cuando esto ocurre, deben actuar de forma apropiada, lo que puede implicar recuperar el dinero. 
En tal caso, hemos de ser coherentes y es preciso recuperar el dinero. 
He de decir a la Sra. Stauner que «tolerancia cero» no significa que dejemos de hacer comprobaciones, sino que, si se encuentra algo, extraigamos las debidas conclusiones. 
Con una breve respuesta a lo que ha dicho el Sr. van Dam, quiero indicar que la DG de Presupuesto no es la DG responsable del control financiero. 
Ahora se ha descentralizado el control financiero y la posición es la misma en todos los países de los que proceden ustedes, donde siempre es el ministro responsable de un programa concreto que también es responsable de supervisarlo y de su propia aplicación; no puede esconderse detrás de otra Dirección General. 
Este fue nuestro error en el pasado. 
El servicio de auditoría interna es independiente, algo que de hecho ha quedado demostrado el tiempo que el Sr. Muis ha sido responsable de su prestación. 
Quiero volver a la cuestión del transporte de animales vivos, las restituciones a la exportación y la exportación de ganado vivo. 
La cuestión es que esto está permitido. 
En una decisión del Consejo también se declara que las exportaciones de animales vivos están subvencionadas, si bien en un menor grado que en el pasado, por lo que no puedo clasificar la exportación de ganado vivo como fraude; es legal. 
Comparto su interés por que se pregunte, desde el punto de vista de la protección de los animales, precisamente qué hay de justificable éticamente en todo esto. 
Ya he dicho que, como hemos visto en el caso de Egipto, la Comisión ha endurecido los reglamentos pertinentes. 
Si, posteriormente, la Unión Europea detiene estas exportaciones y se transporta a los animales desde Australia, entonces, en cuando a la protección de los animales se refiere, no se ha logrado nada. 
Esto significa que es vital actuar en beneficio del bienestar de los animales no solamente en la Unión Europea, sino también buscar aliados. 
He tomado nota de sus comentarios críticos a este respecto y los pasaré a mi colega el Comisario Fischler. 
Le pediré que ponga a su disposición la información adicional que quiera usted. 
En cualquier caso, le transmitiré el tono crítico que su Asamblea ha adoptado en torno a esta cuestión. 
– Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la recomendación para la segunda lectura (A5-0160/2004) , en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, respecto del fomento de la igualdad entre el hombre y la mujer en la cooperación al desarrollo (Ponente: Sra. Zrihen). 
. – Señor Presidente, señora Comisaria Schreyer, Señorías, estamos en la segunda lectura de un informe que no debería plantear problemas. 
No obstante, debo resaltar algunos puntos que me parecen esenciales en este informe y hacer una vez más una serie de observaciones. 
Una mayoría desproporcionada de los pobres del mundo son hoy mujeres. 
Existe un estrecho vínculo entre desigualdad de género y pobreza, al igual que entre la erradicación de la pobreza, el aumento de la autonomía de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres. 
Los cuatro países que ocupan los últimos puestos del índice de las Naciones Unidas que mide la igualdad entre hombres y mujeres son también los últimos en términos de pobreza humana. 
Si queremos reducir efectivamente la pobreza, tenemos que mejorar la igualdad entre hombres y mujeres. 
Además, habida cuenta del importante papel desempeñado por las mujeres en los países en desarrollo, está ampliamente reconocido que la participación plena y verdadera de las mujeres es una condición necesaria para el desarrollo sostenible. 
Hace muchos años que se reconoce a las mujeres como agentes que desempeñan un papel importante para el éxito de proyectos, el cambio y el desarrollo. 
Sería un error tomar medidas para promover el desarrollo y el desarrollo sostenible sin contar con la opinión de las mujeres y sin hacerlas participar realmente en los proyectos. 
La política de cooperación al desarrollo que llevamos a cabo no debe consistir solo en financiar de proyectos para tener buena conciencia, sino que debe ser una inversión para el futuro, para que las poblaciones y los países beneficiarios sean un día socios y motores de su propio desarrollo. 
Las mujeres desempeñan funciones múltiples y variadas en muchas sociedades. 
Son a la vez esposas, madres y educadoras. 
Crean pequeñas empresas, cultivan, venden, son auténticas operadoras, me atrevería a decir industriales. 
Pero, en muchos casos, son también las víctimas de sociedades en descomposición; son víctimas de guerras, enfermedades y sociedades patriarcales. 
Nuestra acción debe consistir en promover y apoyar la participación de las mujeres en los ámbitos económico, social, político y medioambiental. 
Del mismo modo, debemos trabajar para permitir un mejor acceso de las mujeres de todas las edades a todos los recursos y servicios, como la sanidad, la educación, la formación y las infraestructuras. 
Reforzando el lugar y el poder de las mujeres, les permitimos hacerse cargo de su vida para que fijen sus propios objetivos, adquieran las competencias que necesitan, tengan confianza en sí mismas, solucionen sus problemas y aprendan a ser autónomas. 
Al actuar de este modo, hacemos posible que las mujeres y los hombres participen en la vida social y política y, por tanto, que adquieran la ciudadanía, un elemento fundamental de toda democracia. 
Así, consolidamos también el Estado de derecho y permitimos por fin que los derechos humanos, los derechos de la persona y las libertades fundamentales se respeten en territorios distintos que los nuestros. 
Desde hace algunos años, la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del marco político que incluye la cooperación al desarrollo de la Unión Europea. 
Las prioridades y objetivos están definidos, pero queda un largo camino por recorrer para obtener resultados concretos y mejorar la situación de las mujeres en los países en desarrollo. 
La finalidad del reglamento sobre el que votaremos esta semana es, por tanto, reforzar la aplicación de las medidas encaminadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres en las políticas, las estrategias y las operaciones de cooperación al desarrollo de la Unión Europea. 
Las actividades financiadas en virtud del presente reglamento deben servir de catalizador para completar y reforzar las políticas y programas existentes en los países en desarrollo. 
La financiación de este reglamento es el único escollo que hemos tenido. 
Encontrada la solución, espero que cuanto más rápido se incluyan los proyectos, más rápido se desbloqueará el dinero y las acciones sobre el terreno con ONG y asociaciones locales de mujeres. 
Necesitamos hechos palpables; necesitamos acciones, y no meramente bonitas palabras. 
Por último, me atrevo a esperar, señora Comisaria, señor Presidente, Señorías, que con ocasión de la próxima renovación de este reglamento, consigamos al fin un aumento sustancial del presupuesto, así como una evaluación del impacto de los trabajos realizados y un resumen desglosado por países y por ámbitos de actuación. 
Colaborar de cara al futuro es la única posibilidad de asegurar que se realice la democracia. 
– Señor Presidente, hablando en nombre de mi colega el Comisario Sr. Nielson, quiero empezar agradeciendo a la ponente, la Sra. Zrihen, su extraordinaria y constructiva cooperación durante todo el procedimiento de codecisión y, sobre todo, después de la votación en la primera lectura el pasado diciembre. 
La Comisión acoge con gran satisfacción su recomendación de que se apruebe la Posición Común del Consejo, lo que también debería hacerse con los fondos presupuestarios que ascienden a 9 millones de euros para promocionar la igualdad de género en el contexto de la cooperación al desarrollo. 
La petición del Parlamento de fondos presupuestarios adicionales ha sido la única cuestión sobre la cual las tres instituciones fueron incapaces de alcanzar un acuerdo en diciembre. 
En cuanto a las demás, éramos o somos de una misma opinión, lo que se evidencia en el hecho de que el Consejo y la Comisión han aceptado 20 de 21 enmiendas propuestas por el Parlamento. 
En cuanto se apruebe el nuevo Reglamento, dedicaremos todos nuestros esfuerzos a mejorar su función como catalizador y su función estratégica. 
Todas las medidas de desarrollo financiadas por la Comunidad debería contribuir a promover la igualdad de género en el plano horizontal. 
En estos ámbitos la integración del ideal de género tiene la máxima importancia. 
Este Reglamento nos proporciona al fin un concepto más amplio, que sustentará lo mejor posible la estrategia de aplicación actual. 
El Reglamento necesita tener dientes si queremos poner en marcha la promoción de la igualdad y, por tanto, avanzar en la lucha contra la pobreza, que es uno de los objetivos de desarrollo del milenio. 
Somos conscientes de los recelos expresados por algunos sobre la formación en materia de igualdad que recibe el personal de la Comisión, y por esto me complace anunciar que en breve vamos a preparar un programa de formación completo destinado no solo al propio personal de la Comisión en casa y en las delegaciones, sino también a los propios trabajadores de nuestros países socios. 
Ya hemos empezado a elaborar una guía de los principios más importantes de la integración del género y de las directrices sobre cómo promoverla, así como una serie de métodos de buenas prácticas. 
En el informe anual de la cooperación al desarrollo facilitaremos la información detallada de las medidas financiadas al amparo de este Reglamento; principalmente consistirá en información sobre la experiencia relevante con proyectos y sus resultados. 
Además, y antes de que venza este Reglamento, iniciaremos una evaluación independiente con el objetivo de establecer recomendaciones para que las medidas en cuestión puedan seguir siendo tan eficientes como lo son ahora, o incluso más, ya que queremos mejorar constantemente la promoción de la igualdad de género como parte de la cooperación al desarrollo. 
Estoy convencido de que, al apoyar este Reglamento, el Parlamento contribuirá a lograr los objetivos de desarrollo internacional, a promover la igualdad y a dar a la mujer más derechos y una función mayor. 
Esto es un requisito indispensable si queremos luchar contra la pobreza con éxito. 
– Señor Presidente, quiero empezar felicitando tanto a la ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades como al ponente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación por el trabajo que han realizado en relación con este informe. 
Creo que las 20 ó 21 enmiendas presentadas en la primera lectura reflejan muy bien la cooperación que ha habido entre estas dos comisiones. 
Han sido fuente de inspiración mutua. 
La Comisión ha aprobado 20 de las 21 enmiendas propuestas, lo que es una buena noticia. 
Naturalmente, me molesta que no hayamos podido aumentar el presupuesto de 9 millones de euros a 11 millones de euros, pero, al igual que otros ponentes, he aceptado que, si queríamos concluir este asunto ahora, teníamos que hacerlo con una cifra de 9 millones de euros para asignar durante los tres próximos años. 
Era la única oportunidad que teníamos para concluir esta cuestión y ponerla en marcha. 
Al igual que otros, le doy más importancia a esto que a aumentar el presupuesto, en parte porque no se han utilizado los fondos anteriores. 
Dicho esto, creo que, de alguna manera, 9 millones de euros es una cantidad demasiado pequeña si tenemos en cuenta a qué nos enfrentamos realmente. 
A menudo hablamos de que la Unión Europea es una superpotencia económica mundial, y de hecho esto es lo que es, pero con toda seguridad puede decirse que en el ámbito del desarrollo somos prehistóricos en sentido positivo. 
En general, es evidente que somos el mayor proveedor de ayuda de todo el mundo, y, por tanto, es importante que debatamos los principios básicos sobre los que se basa la labor de desarrollo. 
La igualdad de género es uno de los ámbitos en cuestión, y también muy importante. 
Es imprescindible saber que, si nosotros tampoco combatimos la pobreza femenina, simplemente no conseguiremos poner el desarrollo en marcha. 
Hay motivos para esperar que lo que tenemos delante de nosotros sea un estímulo para dicho desarrollo. 
Por supuesto, en sí mismo no es suficiente, pero esperemos que actúe de catalizador, tal y como se ha descrito. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la recomendación para la segunda lectura (A5-0196/2004) , en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, respecto de las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos) (Ponente: Mr Pérez Álvarez). 
. Señor Presidente, señor Comisario- a quien doy la bienvenida- señores parlamentarios, en 1994 el Parlamento Europeo aprobó en primera lectura la propuesta de la Comisión sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos. 
Los caracteres diferentes de los cuatro agentes físicos- ruidos, vibraciones, radiación óptica y campos electromagnéticos- determinaron un nuevo enfoque del Consejo en 1999, que abogó por directivas específicas. 
Tras las directivas sobre vibraciones y ruido, hoy abordamos la Directiva sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de la exposición a los campos electromagnéticos. 
Esta propuesta se encuadra en el conjunto de normas encaminadas a fomentar la mejora del entorno de trabajo, porque, según el artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales bajo el título "Condiciones de trabajo justas y equitativas", todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad. 
De entrada, debemos dejar claro que la nueva Directiva es extremadamente cuidadosa con el posible impacto socioeconómico, porque no impone nuevas obligaciones que no estuvieran ya en la Directiva marco, sino solo su especificación. 
La Directiva solo contempla los efectos perjudiciales a corto y medio plazo y no los efectos perjudiciales a largo plazo por falta de datos científico sólidos. 
No aborda los riesgos derivados del contacto con conductores en tensión. 
La protección está en este caso en la Directiva marco. 
La propuesta no contempla excepciones en su ámbito de aplicación, porque ello supondría discriminación, como prevén el artículo 13 del Tratado CE y el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Por otra parte, se trata de una Directiva de salud y seguridad que pretende la eliminación del riesgo en su origen, aunque una Directiva específica- por ejemplo, la 93/42/CEE- obligue al fabricante a cumplir requisitos esenciales. 
La utilización puede ser incorrecta y, por tanto, las fuentes de riesgo múltiples o variadas. 
De contenido preventivo, conviene tener en cuenta dos conceptos para entenderla. 
El primero, el valor límite de exposición por encima del cual no está permitido trabajar. 
El segundo, el valor de acción que da lugar a una acción en los términos previstos en la propuesta. 
Las aportaciones efectuadas por este Parlamento se centran principalmente en las obligaciones de los empresarios en cuanto a la evaluación, la medición de los niveles de los campos electromagnéticos a que están expuestos los trabajadores, con la consulta y participación de estos y, también, a la formación e información, y en una especificación detallada también del contenido y de la vigilancia de esa luz- artículo 8- con el fin de prevenir y diagnosticar, lo más rápidamente posible, cualquier efecto adverso para la salud debido a la exposición a campos electromagnéticos. 
Cuando se detecte una exposición que supere los valores límite, se impone un examen médico y, en caso de detectarse daños en la salud a causa de la exposición, será obligatoria una nueva evaluación de riesgos. 
Se prevén sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias con arreglo a la legislación nacional- obviamente- para los supuestos de infracción. 
Si este informe obtiene los votos favorables y el Consejo acepta las enmiendas parlamentarias, la Directiva será fruto de una modalidad de diálogo social, de un diálogo político, en este caso, por el empeño compartido entre el Grupo del PPE-DE y el Grupo Parlamentario del PSE que, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, comprendimos que, a través de esta Directiva, podíamos mejorar el entorno laboral de los trabajadores europeos. 
Se sumó a la propuesta inicial el Sr. Crowley, del Grupo UEN. 
En mi calidad de ponente, quiero expresar mi agradecimiento a él y a todos los colegas por sus aportaciones y, muy especialmente, al coordinador del Grupo Socialista en la Comisión de Empleo, Sr. Stephen Hughes. 
Sin este acuerdo no sería posible la Directiva. 
Si mañana obtenemos los votos necesarios, tendremos una Directiva fruto del diálogo de los dos grupos políticos mayoritarios en esta Asamblea para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores como reclama su dignidad como personas. 
– El Comisario Dimas tiene la palabra. 
Señor Comisario, quiero aprovechar esta oportunidad para darle a usted la bienvenida al Parlamento Europeo, para felicitarle por su nuevo nombramiento y desearle todos los éxitos en su trabajo. 
. – Señor Presidente, Señorías, quiero empezar dándole las gracias por sus amables palabras y acogida. 
Realmente es un gran honor y un placer estar aquí esta noche en el Parlamento Europeo. 
Lamento no haber tenido la oportunidad de estar con los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, pero lo haré mañana, en la reunión que vamos a celebrar por la tarde. 
Especialmente me complace tener en el futuro la oportunidad de trabajar estrechamente con el Parlamento Europeo y las respectivas comisiones. 
El informe del Sr. Pérez Álvarez es perfecto y he de agradecérselo en nombre de la Comisión porque, en torno a una cuestión técnica tan difícil como la de la propuesta sobre agentes físicos, especialmente los agentes electromagnéticos, ha hablado de forma muy clara, y su informe es realmente excepcional. 
La dificultad que entraña esta cuestión se ve agravada por el hecho de que, aunque la enmienda propuesta se presentó al Consejo ya en 1994, la primera parte de la propuesta, sobre las vibraciones, no se aprobó hasta 2002 y la segunda parte, sobre el ruido, no se aprobó hasta 2003. 
Ahora tenemos la tercera parte sobre los campos electromagnéticos en la fase de la segunda lectura. 
La Comisión sigue adjudicando gran importancia a todas las medidas dirigidas a proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y que constituyen un factor importante en relación con la calidad de vida. 
Esta cuestión ha ocupado un lugar destacado en la agenda social, lo que quedó confirmado en la comunicación de la Comisión sobre una nueva estrategia de salud y seguridad en el lugar de trabajo. 
Pienso que la legislación en materia de campos electromagnéticos será un paso fundamental para lograr una mayor protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a riesgos de los agentes físicos. 
La información científica más reciente disponible muestra que la sobreexposición a campos electromagnéticos puede tener graves consecuencias para la salud de los trabajadores y, por tanto, merece especial atención. 
La directiva establece medidas de precaución para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, especialmente frente a corrientes eléctricas inducidas en el cuerpo, descargas y quemaduras y absorción de energía térmica producida por campos electromagnéticos. 
Es preciso advertir que todavía no se ha podido examinar el efecto cancerígeno de los campos electromagnéticos, debido a una falta de datos científicos adecuados o de la indicación de un enlace causa y efecto entre campos electromagnéticos y cáncer. 
Por motivos similares, la directiva no establece valores definitivos de la exposición a campos magnéticos estáticos. 
Sin embargo, es necesario señalar que, en el marco del informe de la Comisión sobre la aplicación práctica, la Comisión prestará especial atención a estas cuestiones y supervisará de cerca el desarrollo de datos científicos en estos dos ámbitos. 
Si es necesario presentará las propuestas necesarias en una fecha posterior. 
Quiero felicitar a los diputados al Parlamento Europeo por la calidad de sus enmiendas que expresan la preocupación y el interés del Parlamento por los riesgos y los resultados de la exposición de los trabajadores a campos electromagnéticos. 
La Comisión, a lo largo del procedimiento legislativo de alto nivel técnico y de gran complejidad, ha realizado intensos y, en alguna ocasión, persistentes esfuerzos por mantener el elevado nivel de protección en el texto, mientras que al mismo tiempo garantizaba que pudiera alcanzarse una solución final de compromiso. 
Es preciso señalar que, a fin de lograr un compromiso general, la Comisión ha aceptado la posición común del Consejo, incluso aunque tiene sus reservas en cuanto a la suavización de las disposiciones sobre el control de la salud. 
Me complace en particular ver que una de sus enmiendas, la nº 3, corrige esta deficiencia en la posición común y restaura el carácter preventivo del control de la salud. 
En cuanto a sus enmiendas se refiere, la Comisión puede aceptarlas tal y como están, ya que mejoran la calidad del texto y aclaran su significado. 
Concretamente, la enmienda 1 aclara el procedimiento para valorar los niveles de exposición de acuerdo con las disposiciones de la directiva marco 89/391. 
La enmienda 2 mejora la calidad del texto, porque el contenido de la información que debe facilitarse a los trabajadores es más completo. 
La enmienda 3 fortalece el control de la salud totalmente conforme a las reservas de la Comisión en torno a la posición común. 
La enmienda 4 introduce una disposición normalizada que regula las sanciones, mientras que la enmienda 5 estipula la frecuencia del informe de la Comisión, en armonía con las otras directivas sobre salud y seguridad. 
No es necesario que les diga que este informe evaluará los desarrollos científicos relacionados con los efectos a largo plazo de la exposición a ondas magnéticas y a los efectos de los campos electromagnéticos estáticos. 
Al mismo tiempo, se examinarán iniciativas futuras a la luz de los nuevos conocimientos científicos. 
Permítanme recordarles que el enfoque gradual adoptado para examinar la propuesta de la Comisión, empezando con las vibraciones, seguidas del ruido y ahora los campos electromagnéticos, no obvia la necesidad de seguir trabajando en los restantes agentes físicos comprendidos en la propuesta inicial de la Comisión, es decir, la radiación óptica. 
– Señor Presidente, quiero decir al Comisario que estoy deseando reunirme mañana con él para intercambiar experiencias y puntos de vista en relación con la agenda social. 
Por tanto, me dirigiré al ponente, el Sr. Pérez Álvarez. 
Veo que no está hoy aquí el Sr. Hughes. 
Eso es porque a veces resulta difícil ir a Estrasburgo debido a la falta de conexiones aéreas. 
El Sr. Hughes ha quedado atrapado de camino aquí. 
En nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y del Sr. Hughes, deseo agradecer al Sr. Pérez Álvarez su cooperación tan constructiva. 
El hecho de que obtuviéramos este resultado tiene mucho que ver con la sólida cooperación entre el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas-Cristianos) y Demócratas Europeos y el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
El Sr. Pérez Álvarez y el Sr. Hugues han encabezado esta cooperación. 
Nos hemos puesto en marcha con dos objetivos. 
El primero es elaborar una directiva sólida en este ámbito que garantice la salud y la seguridad de los empleados. 
El segundo objetivo ha sido llegar a un acuerdo antes de que finalice el mandato para que no sigamos aplazando esta cuestión. 
Ya se ha dicho que esta directiva forma parte del paquete de la salud y la seguridad y de agentes físicos. 
Antes ya hemos tratado con éxito las vibraciones y el ruido, y ahora nos ocupamos de los campos electromagnéticos y la exposición de los trabajadores a ellos. 
Esto afecta a muchas personas en el mercado laboral. 
Permítanme tomar algunos ejemplos en forma de personas del sector sanitario, del catering a gran escala y del metal. 
Es una directiva importante con respecto a la cual tenemos que adoptar una posición. 
Se ha celebrado un debate en torno a los efectos a largo plazo y a las dificultades de encontrar observaciones científicas que permitan evaluar los efectos a largo plazo. 
Creo que, a través de las enmiendas que hemos preparado en la comisión y para las que esperamos obtener una audiencia, estamos destacando algunas cuestiones importantes. 
En primer lugar, se está debatiendo la consulta y la cooperación con los empleados. 
Otra cuestión importante es, por supuesto, la prevención: es decir, cuando un empleado sufre sobreexposición debería tener el derecho automático a acceder a controles sanitarios. 
Si de estos controles sanitarios se concluye que el empleado ha sufrido sobreexposición y ha sufrido daños, habría que hacer una evaluación de riesgos ulterior. 
Me parece que esta quizá sea la propuesta más importante entre las enmiendas que ahora presenta nuestra comisión. 
También es importante establecer consecuencias serias para los empresarios que no cumplan estas recomendaciones. 
Quiero mencionar la última enmienda para señalar que existe un plazo en el cual la Comisión debe responder. 
Si hay nuevos resultados, hay que tomar la iniciativa y consultar otra vez al Parlamento. 
Por último, quiero darle las gracias. 
Ha sido un ejemplo de cooperación constructiva, y espero que el resultado tenga éxito. 
Estoy convencido de que así será. 
– Señor Presidente, me uno a mis colegas en el agradecimiento a la ponente por el excelente trabajo que ha hecho con este informe. 
Este informe y el mecanismo por el que está pasando el trámite parlamentario es el mejor ejemplo de cooperación que existe entre las instituciones. 
Debido al horizonte temporal con el que estamos trabajando ahora durante la Presidencia irlandesa, en particular con la perspectiva de las próximas elecciones de junio, era necesario llegar a un compromiso y un consenso, que posiblemente no contente a todos ni abarque todas las cuestiones que cada diputado quisiera que abarcara, pero que sí permite aprobar una legislación para garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los nuevos riesgos a los que se están viendo expuestos. 
Si consideramos la utilización de la tecnología avanzada y, sobre todo, los peligros que pueden derivarse de ella, es fundamental que este Parlamento y, ciertamente, la Unión Europea en su conjunto, puedan dar una respuesta rápida a las nuevas innovaciones y a los nuevos riesgos. 
Lo que tenemos ante nosotros es un paquete de enmiendas de transacción. 
En las últimas semanas, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha presentado cinco enmiendas que han sido aceptadas por el Coreper y por el Consejo en su totalidad encabezado por la Presidencia irlandesa. 
Eso nos permitirá sacar adelante esa legislación sobre los derechos de los trabajadores, siguiendo una larga y muy orgullosa tradición de esta Cámara de garantizar la protección de los trabajadores con leyes sobre salud y seguridad. 
Quiero dar la bienvenida al Comisario Dimas en su nuevo cargo. 
Sé que es muy difícil para cualquiera asumir su mandato en tan corto espacio de tiempo. 
Le deseo lo mejor y le prometo mi cooperación y la de mi Grupo en el trabajo que desarrolle en los próximos meses. 
La salud y la seguridad de los trabajadores tiene que estar en primera línea de toda nuestra legislación. 
Por supuesto, es importante que tratemos de adoptar normas y reglamentos relativos a la competencia y la competitividad que garanticen un empleo a los trabajadores, pero además de eso, los empleos tienen que ser buenos, con retribuciones reales y una verdadera protección. 
Solo si cumplimos todos estos criterios podremos decir de verdad que hemos defendido bien los intereses del conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Pido a la Cámara que apoye este informe. 
Pido a todos los diputados que lo apoyen y voten a su favor para que podamos avanzar en esta era de la cooperación. 
– Señor Presidente, señor Comisario, hemos esperado con impaciencia poder plantear cuestiones mañana en la comisión. 
Por supuesto, es un gran placer después de tantos años poder poner los toques finales a esta directiva. 
No cabe duda de ello. 
La directiva ha estado preparándose durante un período increíblemente largo, y para mí también es un placer recomendarla a la Asamblea mañana. 
Además, a diferencia de las otras directivas sobre agentes físicos, no está llena de períodos de transición, de posibles dispensas y de una gran cantidad de exenciones. 
Creo que de esto podemos aprender de cara a la preparación de futuras directivas en este ámbito. 
Dicho esto, he de decir que me ha decepcionado que la directiva en modo alguno mencione los efectos a largo plazo de los campos electromagnéticos. 
Soy consciente de que hay problemas para mostrar la conexión entre la exposición y el desarrollo del cáncer. 
Sin embargo, creo que nuestra legislación ha de tener en cuenta el hecho de que en la actualidad existen una serie de ejemplos de personas que trabajaron con radar en los setenta y los ochenta y que ahora parecen seguir una pauta de desarrollo del cáncer. 
Me parece decepcionante que no se haya siquiera mencionado en la directiva. 
Creo que, en un momento u otro, debemos tener en cuenta que en este ámbito también existe un principio de precaución. 
Si en estos casos empieza a vislumbrarse una pauta que, tras 20 o 30 años, acaba en cáncer, tendríamos que hacer algo al respecto. 
Por lo tanto, señor Comisario, quiero preguntarle directamente si le he entendido bien y si, de hecho, interpreta usted que el artículo 11 de la directiva dice que la Comisión se compromete a presentar una nueva propuesta en cuanto se conozcan los efectos a largo plazo de los campos electromagnéticos. 
Me complacería enormemente que la Comisión pudiera confirmar esto. 
Creo que es muy importante que el próximo Parlamento disponga de una base práctica sobre la que proceder. 
. – Señor Presidente, solo quiero decir que, al final de mi intervención, he repetido que se evaluarán los desarrollos científicos sobre los efectos a largo plazo y, por supuesto, se examinarán las futuras iniciativas sobre la base de estos conocimientos científicos. 
– Muchas gracias, señor Comisario. 
Aprovecho la ocasión para felicitarle por su nombramiento y desearle la bienvenida a esta Cámara. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la Recomendación para la segunda lectura (A5-0161/2004) de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, respecto de la Posición Común adoptada por el Consejo el 6 de febrero de 2004 con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de las organizaciones que trabajan a escala europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, creo que todos nos alegramos de que el Consejo haya reconocido con el Parlamento que la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres requería en la práctica una combinación de medidas, un programa estructurado, la implicación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de mujeres, y una acción de apoyo financiero a estas. 
Como una de las fundadoras del Lobby Europeo de Mujeres, reconozco que su función primordial consiste en promover la igualdad entre hombres y mujeres. Observo con satisfacción que, como defiendo desde hace muchos años, hay otras organizaciones de mujeres activas a escala europea en el ámbito de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres que merecen igualmente una ayuda. 
La ponente, Sra. Kratsa, a quien sustituyo hoy, no tenía la tarea fácil, ni en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades ni en primera lectura aquí, para convencer a todo el mundo de que no había que discriminar a las organizaciones europeas de mujeres distintas del Lobby. 
Sin embargo, se alcanzó finalmente un acuerdo con el Consejo para garantizar la igualdad de trato de las distintas organizaciones de mujeres activas a escala europea. 
El Lobby Europeo de Mujeres no tiene el monopolio de la representación y la coordinación de las ONG de mujeres. 
Por tanto, es justo y correcto que las demás organizaciones obtengan asimismo una subvención anual de funcionamiento en el marco de este programa de acción comunitario que abarca el período del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2005. 
Este programa de acción comunitario está abierto no solo a los veinticinco Estados miembros, sino también a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, y a Rumania, Bulgaria y Turquía, que están a la espera de su ingreso en la Unión. 
Dicho esto, Señor Presidente, no me entusiasma en absoluto la dotación financiera para la ejecución de este programa –2,2 millones de euros para dos años–, sobre todo porque, en las disposiciones financieras, hay una restricción, que es, y cito, que «los créditos anuales serán autorizados por la autoridad presupuestaria dentro del límite de las perspectivas financieras.» 
Para no retrasar más la adopción de esta decisión que habría debido adoptarse antes del 1 de enero de 2004, fecha de su entrada en vigor, les pido, en nombre de mi colega la Sra. Kratsa, que asuman su posición y aprueben el texto que tan hábilmente ha negociado con el Consejo, sin ninguna enmienda. 
Permítanme recordarles los aspectos más importantes de estos textos: el traslado del Lobby Europeo de Mujeres de la primera parte al anexo; la fijación de tasas de cofinanciación idénticas para el Lobby Europeo de Mujeres y las demás organizaciones activas a escala europea; la no aplicación de la degresividad a la financiación de las organizaciones de mujeres que no pertenezcan al Lobby Europeo de Mujeres; y una subvención anual de funcionamiento para apoyar la aplicación del programa de trabajo permanente de las organizaciones de mujeres. 
Es una buena cosa y acojo con agrado este acuerdo. 
Espero que, tal como les pide la Sra. Kratsa, sus Señorías den su aprobación a este texto que ha negociado con el Consejo, porque es aceptable para todos. 
. – Señor Presidente, me complace comprobar que se ha avanzado, en el marco del Consejo y del Parlamento Europeo, en torno a la propuesta en cuestión y que ahora hemos alcanzado la fase final de su aprobación. 
La propuesta ha sido diseñada para proporcionar un fundamento jurídico a fin de seguir apoyando económicamente a organizaciones que trabajan en el ámbito de la Unión Europea para promover la igualdad entre hombres y mujeres. 
Ha sido diseñada para aumentar la claridad y la transparencia jurídicas a la hora de garantizar subvenciones de acuerdo con el nuevo reglamento financiero. 
Esta propuesta forma parte de un paquete de siete decisiones que proporcionan fundamentos jurídicos específicos, a partir de 2004 en adelante, para subvenciones que actualmente se financian sobre la base de créditos operativos administrativos. 
Quiero felicitar a la Sra. Kratsa por su informe y a la Sra. Lulling por la presentación que ha hecho de él, y a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades por su trabajo y sus propuestas, la mayor parte de las cuales se han incorporado a la propuesta modificada de la Comisión. 
Apoyamos la posición común propuesta por el Consejo porque responde a los principales objetivos de la Comisión e incorpora la mayoría de sus enmiendas. 
Es muy positivo que las instituciones hayan trabajado estrechamente juntas y hayan llegado a un acuerdo conjunto en torno a cuestiones básicas de la duración del programa y del nivel de financiación central en la reunión tripartita de noviembre de 2003. 
Todos estamos de acuerdo en que las organizaciones en cuestión desempeñan un papel crucial en la promoción de políticas comunitarias en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Es importante salvaguardar la continuación y evitar obstáculos al apoyo comunitario a las organizaciones en cuestión. 
Debido a la demora de la aprobación de esta decisión, es preciso incluir las enmiendas relativas a las cláusulas de transición a la decisión final, tal y como se acordó en la reunión de conciliación del pasado noviembre. 
– Señor Presidente, puede decirse que, a diferencia de todos los demás, me ha parecido importante pedir la palabra en esta segunda lectura. 
Simplemente, es porque quiero tener la oportunidad de alabar el trabajo realizado por el Lobby Europeo de Mujeres. 
Evidentemente es importante que los partidos políticos europeos promuevan a la mujer en los procesos de toma de decisiones y en todos los demás ámbitos. 
No obstante, creo que también es seguro decir que, si el Lobby Europeo de Mujeres no actuara en este ámbito, sería mucho más difícil impulsar una serie de iniciativas favorables a la igualdad de género. 
En particular, creo que hay buenos motivos para subrayar la necesidad del Lobby Europeo de Mujeres en relación con la ampliación de incluir a los nuevos Estados miembros, que, naturalmente, tienen otras tradiciones de la igualdad de género distintas a nosotros en los Estados miembros actuales. 
Es importante que el Lobby de Mujeres, junto con las organizaciones de Diputados al Parlamento Europeo de cada uno de los países, actúe para que podamos seguir trabajando con respecto a la mujer, incluso aunque existan diferencias entre los países nuevos y los países antiguos de la Unión Europea. 
– No creo que la Comisión desee responder. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0155/2004) de la Sra. Prets, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres al acceso a bienes y servicios y su suministro. 
. – Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea lleva luchando por la igualdad de trato de hombres y mujeres durante casi cincuenta años y ha logrado grandes avances en el sector del empleo, con la introducción de leyes para garantizar la igualdad salarial y unas condiciones de trabajo iguales. 
Por supuesto, la legislación no puede resolver todos los problemas y todavía queda mucho por hacer para eliminar las diferencias de salario de hombres y mujeres. 
En 2000 la Comisión anunció en la agenda de política social que examinaría la discriminación fuera del mercado laboral. 
Esta idea recibió el apoyo del Consejo Europeo en Niza, que invitó a la Comisión a fortalecer los derechos relativos a la igualdad mediante la aprobación de una propuesta de directiva sobre la base del artículo 13 del Tratado. 
Antes de que se hiciera el borrador de una propuesta detallada, se celebraron amplias consultas con el Comité Consultivo para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, con representación de todos los Estados miembros y de los interlocutores sociales, además del sector de los seguros y otros, con el Parlamento Europeo y con la sociedad civil. 
Tiene esta propuesta delante de usted. 
Siguiendo el ejemplo de la directiva anterior sobre la discriminación étnica, la directiva actual se centra en el sector básico del acceso a bienes y servicios, donde hay pruebas de desigualdad de trato de hombres y mujeres y donde se sabe que la legislación puede cambiar la situación. 
En consecuencia, la directiva actual cubrirá principalmente los servicios financieros que a menudo exigen a las mujeres contar con un avalista para obtener un préstamo, pero no a los hombres. 
Asimismo, el sector de la vivienda, en el que las familias monoparentales, principalmente mujeres, se enfrentan a mayores dificultades que los hombres a la hora de alquilar un alojamiento y, por supuesto, el sector de los seguros, sobre todo de coche, de vida y de pensiones, así como seguros de enfermedad. 
La propuesta de prohibir la discriminación entre hombres y mujeres con respecto al acceso a bienes y servicios es sospechosa para el Consejo, el Parlamento y la sociedad en general. 
Es sospechosa porque cuestiona ideas establecidas en relación con el tratamiento de hombres y mujeres, porque mantiene que existen factores más importantes que el género para calcular primas y porque da a entender que el enfoque que adoptan hoy día la mayoría de las compañías de seguros es básicamente injusto. 
Sin embargo, es un paso importante para el principio de igualdad de trato y cambiará las vidas de hombres y mujeres en toda la Unión Europea. 
– Señor Presidente, señor Comisario, gracias por estas palabras, que nos llenan de optimismo al pensar que podremos deshacernos de la diferencia de trato que existe en el sector de los seguros. 
El trabajo preparatorio ha sido muy duro y muy largo, pero por fin nos ha conducido hasta el momento en que podemos votar el informe. 
Esta propuesta de directiva se anunció hace ya tiempo, en junio de 2000, cuando figuraba en la agenda de política social de la Comisión y la solicitaron los Jefes de Estado o de Gobierno en el Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000. 
Cuatro años después los mismos caballeros siguen aquí y, ahora que el proyecto de esta directiva está sobre la mesa, se oponen a ella. 
Han pasado tres años antes de que, en septiembre del año pasado, se presentara una propuesta, y esta tampoco tuvo muy buena acogida en la Comisión. 
Entonces, en septiembre de 2003, como ponente organicé una audiencia pública para obtener un amplio apoyo público para nuestra causa. 
Esta audiencia fue muy interesante y en ella se dieron a conocer algunos desarrollos interesantes, por ejemplo el descubrimiento de lo cuestionables que son las socorridas estadísticas sobre cuya base es posible cobrar a las mujeres primas de seguros más elevadas. 
En el Reino Unido, por ejemplo, la esperanza de vida más baja de hombres y mujeres se da en Manchester, mientras que la máxima esperanza de vida entre los hombres se registra en West Dorset y entre las mujeres en West Somerset. 
Esto es exactamente igual a lo de que los hombres de la antigua Alemania Oriental viven más que los hombres de la parte occidental, y a la división este-oeste, en cuanto a la esperanza de vida, que existe en Austria. 
Lo que esto significa es que el género no es ciertamente el único factor en esto; creo que nuestro enfoque de esta directiva sobre la igualdad no puede basarse en factores económicos excluyendo todos los demás, y esto significa una decisión puramente política, la voluntad política de manifestarnos a favor de la igualdad o en contra de ella. 
También nos ha parecido muy lamentable que la propuesta final de directiva de la Comisión no haya tenido en cuenta la educación, los procesos de toma de decisiones y el contenido de los medios de comunicación y de la publicidad. 
Esto me lleva a estar de acuerdo con la opinión de mi colega la Sra. Swiebel de que, si bien un enfoque progresivo no es ciertamente la mejor solución, puede muy bien ser la primera posible. 
Esta directiva es muy floja en comparación con la directiva existente sobre el principio de igualdad de trato por motivos de raza, que va mucho más lejos en sus demandas. 
Por ello, permítanme agradecer a la Comisaria Diamantopoulou por dar este paso importante, a la vez que, al mismo tiempo, animar a la Comisión, a través de usted, señor Dimas, a no demorarse más en la adopción de otras propuestas sobre medidas exhaustivas para combatir la discriminación sexual y garantizar de hecho la igualdad en otros ámbitos aparte del empleo. 
Esta directiva se fundamenta explícitamente en el artículo 13, insertado por el Tratado de Amsterdam en 1997, y no comparto la opinión de ciertos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior de que debería tener el artículo 95 como base. 
Si así fuera, creo que habría permitido el acceso al mercado interior en términos puramente económicos, y no estoy segura de que el Consejo hubiera dado al Parlamento la capacidad de codecisión a ese respecto. 
Lo crucial, de hecho es el núcleo de este informe, es el factor actuarial, sobre el cual el lobby de los seguros ha basado sus argumentos, y que es el origen de la mayoría de nuestras diferencias. 
No hay que utilizar el género como factor actuarial a la hora de calcular primas y beneficios. 
Utilizar el género como factor objetivo es discriminatorio, ya que el género no se elige libremente; mujeres y hombres ya nacen siéndolo. 
Por ejemplo, en muchas conversaciones he oído que las mujeres en el sector de los seguros, y no solo las propias compañías de seguros, defienden la idea de que las mujeres solas tendrían que sufragar los costes del embarazo, lo que justifican diciendo que ellas también utilizan servicios médicos. 
Como todas las mujeres pagan la misma cantidad, existe solidaridad entre las mujeres que tienen hijos y las que no, pero, ¿y los hombres, que, después de todo, tienen algo que ver con que las mujeres se queden embarazadas? 
En estos momentos, la política familiar es un gran montaje: se piden ayudas para las familias y se nos dice que es necesario que nazcan más niños, los ministros de economía proclaman mejoras en la política familiar, mientras que, en la misma medida, anuncian su oposición a esta directiva. 
Esto viene a demostrar que la política familiar, al igual que las políticas de la mujer, muy a menudo solo es una forma que tienen nuestros políticos masculinos de quedar bien, dejando sus bonitas palabras flotando en el aire mientras ninguna de las cosas que han prometido llegan a materializarse. 
Quiero aclarar que el cálculo de primas sobre la base del riesgo debe seguir siendo posible, pero que el género no ha de incluirse como factor en estos cálculos. 
Recurrir al género o a la raza –ambos son factores que están fuera del control de la persona– como factor para calcular primas se convierte en una discriminación. 
. – Señor Presidente, tal y como ha señalado la ponente, esta directiva pone fin a la forma persistente de discriminación sexual, conocida como discriminación estadística. 
En la discriminación estadística, a las diferencias medias, establecidas en un momento dado entre grupos, en este caso grupos de hombres y grupos de mujeres, se les da un valor absoluto como criterios de valoración permanentes de las personas. 
Por desgracia, esta discriminación estadística sigue dándose con mucha frecuencia en la industria privada de seguros en una serie de países. 
Sin embargo, la esencia del seguro consiste en compartir el riesgo. 
Juzgar a las personas en función de una característica sobre la que no pueden controlar ha de considerarse discriminación. 
La lógica aparente de la consideración que hace el sector de los seguros de la diferencia entre hombres y mujeres es un remanente de tiempos pasados, es elegir el camino fácil. 
Tenemos que luchar contra esto como una cuestión de principios. 
Los oponentes están haciendo una última tentativa. 
Por ello me complace que una mayoría tan grande de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades haya aprobado el informe de la Sra. Prets, y espero que el pleno haga lo mismo. 
La legislación europea contra la discriminación es un conjunto de parches, en sí mismo discriminatorios entre los diferentes motivos de discriminación. 
En consecuencia, a los diferentes grupos se les dan diferentes niveles de protección. 
¿Por qué la legislación de la Unión Europea prohíbe la discriminación por raza en la educación y los servicios sociales, pero no la discriminación sexual en estos ámbitos? 
¿Y por qué en estos ámbitos y en la seguridad social no se ha dispuesto nada sobre la discriminación basada en la edad, la discapacidad y la orientación social? 
Esperamos con impaciencia el Libro Verde que prometió la Comisión sobre el futuro del conjunto de la legislación antidiscriminación y, posteriormente, una nueva legislación de reparación. 
Después de todo, no puede aceptarse una jerarquía de la igualdad en la Unión Europea, que aspira a ser una comunidad de valores. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, muchas gracias, antes que nada, a nuestra ponente, la Sra. Prets; creo que todos estamos de acuerdo en la premisa básica de que la lucha contra la discriminación por motivos de género merece nuestro apoyo absoluto. 
Sin embargo, no debemos dejar que esta consideración no nos permita ver los problemas que engendra esta directiva. 
Básicamente está relacionada con el sector de los seguros. 
La Comisión, como muchos diputados a esta Asamblea, opina que es necesario dejar de tener en cuenta el género a la hora de calcular primas de seguros, porque esto es intrínsecamente una discriminación. 
Una mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no está de acuerdo con este enfoque; el hecho es que calcular los riesgos es la labor de las compañías de seguros, y si existen diferentes niveles de riesgo entonces hay que tenerlos en cuenta. 
Por ejemplo, en los seguros privados de pensiones de personas mayores, en sus cálculos las aseguradoras tienen en cuenta la tendencia de las mujeres a vivir más de lo que se espera que vivan los hombres. 
No considero que esto sea intrínsecamente discriminatorio; es uno de los factores que pueden tenerse en cuenta a la hora de desarrollar las contribuciones. 
Otro ejemplo, en los seguros de vehículos; de acuerdo con las estadísticas, ocurre que las mujeres causan menos accidentes que los hombres, y, por tanto, las aseguradoras cobran a las mujeres tarifas más baratas. 
No creo que esto sea discriminatorio; es la aplicación de las matemáticas, que la legislación no puede simplemente derogar. 
La única excepción que veo es la maternidad y el embarazo, donde no creo que deba haber ninguna diferencia entre hombres y mujeres cuando se trata de los costes. 
Es un campo donde ambos sexos, naturalmente, comparten la responsabilidad, y, por lo tanto, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha decidido que a este respecto deben ser tratados igual. 
Lo que me lleva a oponerme a esta directiva es el hecho de que apoya una masiva interferencia en los asuntos privados de las personas. 
Me opongo a la introducción de tarifas unisex, y espero que una mayoría del pleno apoye mañana las enmiendas que ha vuelto a presentar nuestro grupo. 
. – Señor Comisario, señor Presidente, Señorías, me gustaría expresar mi apoyo al informe de la Sra. Prets. 
Nos encontramos ante un informe de una gran importancia para las mujeres. 
En efecto, la Unión Europea y sus Estados miembros tienen como principio común la no discriminación entre personas. 
No pedimos dinero, como muchos parecen sugerir; lo que queremos es el respeto de los valores europeos y de los Tratados. 
Tampoco pedimos –contrariamente a los aparentes reproches que nos hacen a menudo determinadas personas– privilegios especiales. 
El punto de vista del Parlamento no debe seguir una línea partidista, sino ser un acto político a favor de un mayor respeto de la igualdad entre mujeres y hombres. 
Durante mucho tiempo habíamos esperado una directiva más amplia, que agrupase muchos ámbitos en los que promover una igualdad de género. 
Sin embargo, nos encontramos con una directiva bastante restringida pero muy importante para la igualdad entre las personas, y que constituye en sí misma un paso adelante. 
Esperamos que esta directiva traiga más solidaridad e igualdad entre los sexos. 
Me gustaría subrayar que debemos oponernos a cualquier discriminación que se base en criterios que escapen al control de las personas: en particular el sexo, la raza, la pertenencia étnica y la edad. 
La propuesta de directiva no contempla el cálculo de las primas en función del riesgo, sino solo la inclusión del sexo como factor en dicho cálculo por parte de las compañías de seguros. 
Perdónenme, soy una mujer y no considero que eso sea un riesgo. 
Otros factores asociados al modo de vida, independientemente del sexo, pueden tenerse en cuenta en el cálculo de algunos tipos de seguro. 
Además, destacaré que el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho individual del que gozan las mujeres y los hombres como individuos y no como miembros de un grupo. 
Hay quienes avanzan argumentos destinados a alarmar a nuestras conciudadanas. 
Antes de hacer una rápida sinopsis de las posibles implicaciones de la directiva, hay que destacar que las reducciones o aumentos, posibles pero no probables, en determinadas ramas de los seguros solo se harán en las nuevas pólizas y no, como algunos quisieran hacernos creer, en las contratos ya suscritas. 
Además, esta directiva no solo concierne a las mujeres, sino también a los hombres. 
Tendrá pues repercusiones en el cálculo de las primas de seguro para los hombres y, también, en los demás ámbitos que abarca esta directiva, es decir, el acceso a los bienes y servicios y su suministro. 
La igualdad en el acceso a los bienes y servicios y su suministro es esencial. 
Aún hoy, en nuestras sociedades civilizadas, las prácticas discriminatorias siguen siendo habituales. Es corriente ver anuncios que especifican que un apartamento solo se alquila a mujeres u hombres, y ver lugares o servicios que solo son accesibles a uno de los sexos. 
Antes hemos debatido sobre la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el terreno de la cooperación al desarrollo. 
El informe en cuestión, que pretendía reforzar el papel de las mujeres y luchar contra la discriminación entre hombres y mujeres en terceros países, es un ejemplo que debemos seguir también aquí, en nuestro propio patio trasero. 
Hay quienes han presentado enmiendas destinadas a vaciar la directiva de contenido. 
Espero que no suceda así en las votaciones y que aprobemos este informe. 
Del mismo modo, espero que la Unión Europea y los Estados miembros pongan en práctica y apliquen la directiva. 
Aunque el Derecho comunitario afirma el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres –y ya se ha aprobado una directiva con este fin–, la aplicación de este principio siempre ha resultado difícil en la práctica. 
La buena voluntad está muy bien, pero la disparidad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo sigue existiendo. 
Sin embargo, esta desigualdad se denuncia ahora como un obstáculo a la competitividad europea y a la realización de los objetivos de Lisboa, tal como se declara en el último informe de la Comisión Europea sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 
Espero, señor Presidente, señor Comisario, que en la próxima legislatura la Comisión Europea nos presente una directiva que colme las lagunas del principio de no discriminación entre hombres y mujeres en los ámbitos que todavía no están regulados. 
Por último, espero sobre todo que, mañana, el Parlamento Europeo haga un gesto firme y claro afirmando la no discriminación y la igualdad de mujeres y hombres. 
– () Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Prets por su informe y agradecer su cooperación con respecto a la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Entiendo la preocupación del sector de los seguros. 
La propuesta traerá cambios importantes en sus prácticas y por ahora existe incertidumbre respecto a cómo se van a realizar esos cambios. 
Lógicamente, a la economía nunca le gusta la incertidumbre. 
Pero no entiendo el argumento del sector de que la utilización actual del género para diferenciar primas y prestaciones no es discriminatoria porque se basa en factores objetivos. 
Aunque fuera cierto que los hombres jóvenes sufren, por término medio, más accidentes de tráfico que las mujeres jóvenes, o que las mujeres viven, por término medio, más que los hombres, eso no es cierto para todas las personas y, en consecuencia, esas personas se verían en situación de desventaja. 
En cualquier caso, la existencia de diferencias objetivas, ya sea entre individuos o grupos, no es en sí misma motivo suficiente para darles un trato distinto. 
Tiene que existir una justificación política de peso para hacer algo así. 
Tengo que decir que, en el siglo XXI, no creo que exista tal justificación cuando se trata de la prestación rutinaria de productos y servicios a hombres y mujeres, como tampoco la hay cuando se trata de otros colectivos sociales. 
Si hablo con cierto convencimiento sobre este tema es porque, en varias ocasiones a lo largo de mi vida, he experimentado el tipo de discriminación que esta Directiva pretende evitar. 
No quiero que las futuras generaciones se vean marcadas con las mismas cicatrices. 
Pido a las compañías de seguros que piensen si esos cambios no podrían ofrecerles también nuevas oportunidades. 
Yo no contrataría voluntariamente ningún seguro porque creo que no me ofrece una manera económicamente ventajosa de administrar mis asuntos. 
Posiblemente no sea la única mujer que piensa así. 
– Señor Presidente, en la década de 1960 yo ya luchaba por la igualdad entre mujeres y hombres y contra cualquier discriminación por motivos de sexo. 
Desde 1963, lucho en organizaciones de mujeres nacionales y europeas, casi siempre como presidenta, a favor de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Por tanto, no puedo ser sospechosa de no promover la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres a través de directivas que abarquen todos los ámbitos. 
También creo, por tanto, que es una verdadera obligación moral y jurídica apoyar esta propuesta de directiva para establecer la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso a los bienes y servicios y su suministro. 
Sin embargo, en política nadie está obligado a hacer lo que es imposible o absurdo. 
Por desgracia, la propuesta de la Comisión no tiene en cuenta el hecho de que, en el ámbito de los seguros, existe otra directiva que obliga a los aseguradores a fijar primas suficientemente prudentes teniendo en cuenta todos los compromisos futuros. 
Es un hecho que para determinados riesgos, el sexo –preferiría hablar de género– es un criterio objetivo que las compañías de seguros han de tener en cuenta al determinar el nivel de responsabilidad que deben aceptar. 
Por tanto, no se puede prohibir a los aseguradores que tengan en cuenta el sexo por razones prudenciales en el cálculo actuarial del riesgo, aunque finalmente el importe de la prima y las prestaciones no varíen de un sexo a otro. 
Dado que a todos los asegurados, independientemente de su sexo, les interesa en primera instancia la viabilidad financiera de los seguros, hemos presentado enmiendas para tener en cuenta esta preocupación. 
Al igual que la Comisión, queremos afirmar el principio de que la utilización del sexo como factor determinante y discriminatorio en el cálculo de las primas y las prestaciones a efectos de un seguro debe prohibirse en todas las pólizas nuevas que se suscriban tras la adopción de la directiva. 
No podemos aceptar la retroactividad para las pólizas existentes. 
No obstante, queremos permitir que se tenga en cuenta el sexo sobre la base de criterios objetivos y verificables, transparentes, que deben controlar los Estados miembros, entre otras cosas para los cálculos actuariales. 
Esto es razonable y redunda en el interés de todos los asegurados, y más cuando, como escribe la propia Comisión en su breve exposición de motivos, existen pocas pruebas de la existencia de prácticas discriminatorias sistemáticas en el acceso a los bienes y servicios o su suministro. 
La Comisión dice, de hecho, que al fijar las tarifas las compañías de seguros deberían tener en cuenta, en lugar del sexo, otros criterios como el estilo de vida, el comportamiento o la categoría profesional. 
Dudo que semejante práctica sea compatible con el respeto de la vida privada, aparte de que provocaría nuevas y múltiples formas de discriminación entre hombres y mujeres. 
Señor Presidente, no veo por qué hay que introducir en este texto legislativo disposiciones relativas al acoso sexual. 
De verdad no entiendo cómo me podrían acosar al comprar un bien o un servicio. 
Por ejemplo, no creo que el farmacéutico me acosase si fuera a comprar preservativos o Viagra para mi marido o mi compañero. 
No lo haré, porque no tengo ni uno ni otro, pero dejemos de lado todos esos aspectos políticamente correctos que no hacen más que malgastar espacio en un texto legislativo. 
Señor Presidente, si había alguna duda sobre el hecho de que esta propuesta de Directiva trataba también de hombres y de dinero, dejó de haberla cuando varios hombres trajeados ocuparon las últimas filas durante el debate sobre esta cuestión en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
Era legítimo que estuvieran allí, pero también fue muy instructivo porque, reducido a eso, la propuesta trata de rectificar una situación en que las mujeres pagan más y obtienen menos que los hombres en seguros de vida, pensiones de jubilación, etc. 
Cuando acudieron a mi despacho con puntos de vista contrarios a los de la propuesta, algunos representantes del sector de los seguros dijeron que solo deseaban un sistema justo. 
Eso me hizo reflexionar sobre lo que se entendía realmente por justicia. 
Su concepto de justicia era evidente. 
Consideraban justo que existiera solidaridad entre las mujeres y solidaridad entre los hombres. 
Eso significa, por ejemplo, que las mujeres que no pueden tener hijos han de pagar por las que sí pueden, mientras que, desde este punto de vista de los seguros, los padres de los niños no participan en ningún tipo de solidaridad financiera. 
Por supuesto, estoy en total desacuerdo con el sector de los seguros. 
La igualdad es un principio fundamental en la UE. 
Aparece en el actual Tratado y también en el nuevo proyecto de Tratado constitucional. 
Se dice, asimismo, que la UE ha de tomar iniciativas para remediar las situaciones en que no se cumplen estos principios. 
Por ello, quiero dar las gracias a la anterior Comisaria por el trabajo que ha realizado en este ámbito, y espero que sea aprobado por el Parlamento Europeo y, a continuación, por el Consejo. 
Quiero decir que, en mi opinión, hay mucho más en juego que esta propuesta, pues en realidad lo que está en juego es el futuro de la UE. 
La propuesta demuestra si existe alguna relación entre lo que se dice y lo que se hace. 
Ahora, cuando las mujeres miran la «foto de familia» , les cuesta identificarse con la UE que ven reflejada en ella. 
Si nosotros –y quizás esto tenga excusa– en la Comisión, en el Consejo y en el Parlamento demostramos que ni siquiera podemos remediar un ámbito como este, no habrá ninguna posibilidad de conseguir que las mujeres voten también a favor de la futura UE. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera recordar en primer lugar a esta Cámara que hemos estado esperando esta directiva durante mucho tiempo. 
Ya se ha dicho que la directiva para combatir el racismo y las discriminaciones por motivos de origen étnico se aprobó en el año 2000, hace unos cuatro años. 
Podría ser que nadie se interese por esta cuestión; también podría ser que se trate simplemente de una cuestión extremadamente difícil. 
Asimismo tengo la impresión de que la Comisión ha tenido grandes dificultades para llegar a este acuerdo. El programa debería haber sido mucho más amplio y debería haber incluido la educación y los medios de comunicación, pero todo eso está ausente el proyecto final. 
Lo lamento, dado que no nos satisfacen las respuestas dadas en relación con los medios de comunicación y la discriminación en los medios de comunicación, consistentes en decir que con la autorregulación basta y que así nos lo han dicho quienes trabajan en el sector. Creo que todos podemos confirmar, con respecto a nuestros países, que la autorregulación no basta. 
La Directiva «Televisión sin fronteras» también contiene disposiciones para combatir el machismo en los medios de comunicación. La realidad de los hechos, sin embargo, deja bastante que desear. 
El aspecto que ahora nos ocupa –vivienda, seguros, bienes y servicios– es importante; escuchando el debate de esta tarde y leyendo este informe y este proyecto, comprendemos lo difícil que es luchar contra estas formas de discriminación. 
En estas condiciones, no voy a quejarme, sino más bien alegrarme por el hecho de que Europa está consiguiendo más cosas que cada uno de nuestros países a la hora de abordar una cuestión tema extraordinariamente difícil: luchar contra los estereotipos en los criterios aplicados para el cálculo de las primas o los tipos de seguros. 
Me parece formidable que Europa sea capaz de prestar atención a problemas como estos. 
Algunos oradores han señalado que de hecho nos encontramos aún muy lejos de lograr nuestro objetivo, que los estereotipos seguirán ahí y que nos contentamos con utilizar estereotipos en lugar de considerar, como se ha dicho en muchas ocasiones, un conjunto de factores que nos permitirían abordar más adecuadamente las dificultades que tienen los individuos en el ámbito de los seguros. Esto es muy cierto. 
Se ha dicho que son las mujeres las que salen perdiendo. 
Los hombres podrían decir, desde su punto de vista, que no a todos les apetece ser considerados malos conductores. 
Por consiguiente, esto afectará tanto a los hombres como a las mujeres si conseguimos una representación igual en materia de seguros. 
– Señor Presidente, Señorías, también nosotros aplaudimos la propuesta de la Comisión y el informe que ha elaborado la Sra. Prets en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, aunque lamentamos mucho que ninguno de ellos haya estado a la altura de lo esperado, puesto que han dejado al margen ámbitos tan importantes como la educación, los medios de comunicación y la publicidad. 
No obstante, creemos que esta propuesta promueve la igualdad entre mujeres y hombres en la UE. 
La eliminación de las desigualdades en los servicios se ha retrasado mucho, y con este informe, hemos establecido un hito para la política de igualdad. 
Es hipócrita e injusto que el sector de los seguros haga gestos amenazantes; lo único que intenta es provocar el pánico entre los consumidores y sus clientes. 
Como ya se ha dicho antes, es mucho mejor incluir otros factores de riesgo en los cálculos. 
El estilo de vida es lo más importante para la esperanza de vida. 
Sabemos, por estudios realizados en Estados Unidos, que el 86% de las personas tienen una esperanza de vida similar. 
Del mismo modo que nadie piensa en discriminar por razón de origen étnico, tampoco debe discriminarse por razón de género. 
Sobre todo ahora que está a punto de aprobarse una Constitución europea, sería una burla que no consiguiéramos promover la igualdad, siendo como es –y como ya se ha dicho– uno de sus valores fundamentales. 
Aunque considero que la propuesta de la Comisión de eliminar progresivamente la discriminación equivale en cierta medida a reconocer su insuficiencia –hubiésemos querido más que eso– creo que, cuando votemos, tenemos que enviar un mensaje claro e inequívoco en apoyo de una política de igualdad y contra la discriminación. 
El principio de igualdad ha de servir para más; a fin de cuentas, incluso las compañías de seguros privadas están obligadas a respetarlo, y es intolerable que utilicen formas de discriminación inaceptables como medio de asegurarse una ventaja competitiva sobre los regímenes de seguro obligatorios. 
Me gustaría que en todo el mundo se nos viera como un modelo de política de igualdad; quiero que la UE, siendo como es un gran espacio económico, establezca un hito y que nuestro voto transmita un mensaje claro. 
Señor Presidente, esta propuesta trata del trato igualitario del hombre y la mujer en el acceso a y la prestación de servicios, en concreto acerca de los problemas actuariales en los servicios de seguros. 
Así pues, no es lógico que se haya asignado este informe a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
Se ha sustituido el principio de igualdad de trato por la igualdad del hombre y la mujer, cuando no es esa la cuestión. 
La consecuencia de este cambio es que el texto carece de coherencia. 
Por ejemplo, la enmienda 19 estipula que se debe evitar toda discriminación por razones de género, incluido un tratamiento menos favorable, también como resultado de la paternidad. 
En el sector de los seguros debe darse también un trato igualitario, para que en el cálculo de las primas de los seguros deje de utilizarse la esperanza de vida estimada únicamente sobre la base del género. 
El cálculo de riesgos en función de la esperanza de vida se basa en información obsoleta y en otros modelos de roles masculinos y femeninos. 
Por ello, las primas han de basarse en la solidaridad entre hombres y mujeres. 
Lo cierto es que existe una mayor variación entre hombres y entre mujeres que entre hombres y mujeres. 
Hay que admitir que, estadísticamente, existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres, pero que puede explicarse por razones históricas. 
En el futuro, es poco probable que siga existiendo esa diferencia estadísticamente significativa, dada la creciente similitud en estilos de vida y actividad profesional. 
Señor Presidente, como mujer, siempre me he enorgullecido de lo que la Comunidad Europea ha logrado en el ámbito de la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
En este sentido, hemos desempeñado un papel pionero, sobre todo en lo que respecta al trato igualitario en lo que –para mayor comodidad– quisiera llamar el entorno laboral y profesional. 
Pero eso no ha sido siempre así. 
Ahora que tenemos un fundamento jurídico que nos permite dar un paso más allá del entorno profesional y laboral, creo que debemos darlo. 
Celebro que, en lo que respecta a la fiscalidad, la Comisión establezca, al menos de momento, una excepción temporal. 
Creo que es importante, porque en materia de fiscalidad nos adentramos en el ámbito de la política familiar, un ámbito en el que creo que debemos seguir dando libertad de elección a los Estados miembros. 
Es comprensible que el sector de los seguros haya pedido que se le aplique una excepción, porque la propuesta les exige realizar enormes ajustes. 
Sin embargo, quiero pedirles que comprendan que, a pesar de ello, queremos incluir los seguros en el ámbito de esta Directiva. 
Acepto el argumento jurídico de que, estrictamente hablando, tratar de forma desigual lo que es diferente no supone ninguna discriminación. 
Pero eso no debe disuadirnos de dar pasos positivos para establecer en la sociedad la igualdad de trato entre hombres y mujeres, en el sentido más amplio de la palabra. 
Eso significa, por tanto, que tenemos que ir más allá de las normativas laborales y profesionales, y en ese sentido puedo también apoyar en gran medida la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, en este debate tienen que plantearse cuatro cuestiones clave. 
La primera es el retraso en la presentación de una propuesta de Directiva, como ya se ha mencionado antes, para prohibir la discriminación por razón de género en ámbitos diferentes al laboral. Esta medida se anunció en la agenda política social en junio de 2000 y hemos solicitado repetidamente esa propuesta en varios informes aprobados por el Parlamento. 
Lamentamos que la presión y la resistencia de algunas partes interesadas, en particular los sectores de los seguros y los medios de comunicación, hayan retrasado su presentación. 
La segunda cuestión tiene que ver con el alcance tan reducido de la propuesta presentada por la Comisión, que solo abarca el acceso a bienes y servicios y el suministro de estos, y excluye otros ámbitos, como el contenido de los medios de comunicación y de la publicidad, la educación y los procesos de toma de decisiones. 
La situación es intolerable, sobre todo por la discriminación que sigue existiendo en los medios de comunicación, en la publicidad y en los procesos de toma de decisiones. Otros ámbitos, como la formación profesional y la seguridad social, quedan recogidos en otras directivas, que tenemos que volver a examinar para mejorar su contenido y eliminar la discriminación por razón de sexo en todos los ámbitos, especialmente en los regímenes profesionales de seguridad social. 
La tercera cuestión es la necesidad de establecer mecanismos para asegurar que el principio de igualdad se aplique en la práctica. Este principio ya se recoge en anteriores directivas, pero sigue sin aplicarse. 
La cuarta cuestión tiene que ver con la necesidad de eliminar la discriminación en los servicios que son esenciales para que la mujer pueda disfrutar de las mismas condiciones que el hombre en la vida cotidiana. 
Hay que prohibir la desigualdad de trato entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del suministro de bienes y servicios. 
Es inaceptable que las compañías de seguros incluyan el género como un factor en el cálculo de riesgos, o que los bancos discriminen a las mujeres a la hora de conceder créditos. 
La ponente, a quien quiero felicitar por su trabajo, ha dicho que el derecho a un trato igualitario corresponde al ciudadano como individuo y no como miembro de un grupo. 
Por ello es inaceptable que las compañías de seguros analicen los riesgos, las primas y los plazos de pago en términos de grupos y de promedios masculinos y femeninos. 
Lo cual no significa que debamos renunciar a un papel proactivo para eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre el hombre y la mujer. 
Este es, por consiguiente, un paso tímido e incompleto, que espero que se apruebe mañana para convertirse en una Directiva de la UE. Tenemos que tratar de implantar plenamente y lo más deprisa posible los procesos que aún nos faltan. 
. – Señor Presidente, Señorías, he seguido estas intervenciones con gran interés y quiero dar las gracias a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, así como a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, por sus contribuciones al informe que estamos debatiendo. 
Quiero felicitar a la Sra. Prets por su excelente informe, en el que propone numerosas mejoras a nuestra propuesta, haciéndola más clara y coherente con anteriores directivas comunitarias. 
En particular, nos complacen las enmiendas que adecuan la propuesta de la Comisión a la Directiva 2000/43 sobre discriminación racial o la Directiva 2002/73 sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo. 
Me refiero a las enmiendas 3, 4, 5 parte tercera y parte cuarta, 6, 7, 8, 12, 17, 20, 23 parte primera, 25 parte primera, 27, 30, 31, 32, 33 y 43. 
Quiero dar también las gracias a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades por la enmienda 15 que ha propuesto para definir más claramente la línea divisoria entre las pensiones privadas y las pensiones profesionales, cubiertas por las directivas que existen sobre el empleo. 
Las enmiendas antes mencionadas se corresponden también con los debates celebrados en el Consejo. 
Pero no podemos apoyar algunas de las otras enmiendas, aunque sean constructivas, porque se contradicen con disposiciones similares de las actuales directivas y porque creemos que sería preferible mantener el mismo enfoque por motivos de cohesión. 
Me refiero principalmente a las enmiendas 16, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 34 y 40. 
Tampoco estamos de acuerdo con que se eliminen las excepciones contempladas en el apartado 3 del artículo 1, ya que es necesario mantener un número limitado de excepciones si se quiere que la Directiva sea aplicable en la práctica. 
Me refiero a las enmiendas 9 y 13. 
Tampoco podemos apoyar las enmiendas que amplían la propuesta a los sectores de la educación, los medios de comunicación y la publicidad. 
La propuesta de la Comisión se centra en un sector concreto: el sector de bienes y servicios. 
Como tal, se trata de un enfoque gradual para un sector en el que, como todo el mundo sabe, existe mucha discriminación por razón de sexo que puede eliminarse con un acto legislativo vinculante. 
Reconocemos que la representación de los sexos en los medios de comunicación y la publicidad suscita serias preguntas en lo que respecta a la protección de la dignidad de los hombres y las mujeres y que en el sector de la educación a menudo se desalienta a las niñas y a los niños a seguir sendas no tradicionales, pero también surgen otras cuestiones complicadas, como la libertad de los medios de comunicación. 
Por consiguiente, la Comisión considera que, hoy por hoy, no procede aprobar un acto legislativo vinculante para hacer frente a estas cuestiones. 
Me refiero a las enmiendas 38 y 39. 
Por último, en lo que respecta a las enmiendas 35 y 36 al artículo 4 de la propuesta, no podemos aceptar enmiendas cuya finalidad es permitir la utilización de factores actuariales basados en el género. 
Eso no es compatible con el principio de igualdad de trato y, por tanto, no puede justificarse objetivamente. 
Esos factores actuariales hacen grandes generalizaciones sobre todos los hombres y todas las mujeres, y no pueden justificarse. 
Reflejan estadísticas sobre la población media, unas estadísticas que son engañosas porque esconden el hecho de que otros factores relacionados con el estilo de vida son más importantes que el género. 
En efecto, algunos estudios han demostrado que el 86% de los hombres y de las mujeres tienen la misma esperanza de vida. 
Dentro de este 86%, una mujer recibe un trato diferente a un hombre en las mismas condiciones, pura y simplemente porque se hace una generalización inexacta sobre la esperanza de vida de todas las mujeres. 
Esta práctica viola el principio de igualdad de trato y, como tal, no puede justificarse con una generalización basada en las estadísticas. 
Pese a todo, celebramos que en la enmienda propuesta se reconozca que los costes del embarazo en el seguro de vida sean asumidos de igual forma por el hombre y la mujer, aplicando con ello el principio de la igualdad de trato. 
En lo que respecta a las enmiendas 10, 22 y 41, que proponen por un lado, la reducción del periodo transitorio de seis años estipulado en el artículo 4 para los factores actuariales basados en el género y, por otro, unos requisitos de control más estrictos durante dicho período, no estamos de acuerdo con ellas porque creemos que no podemos esperar que el sector de los seguros se adapte de la noche a la mañana y porque consideramos que el periodo adicional de seis años previsto en el artículo 4 es necesario para establecer unos métodos de trabajo que permiten utilizar otros factores más precisos que el género. 
No obstante, esperamos que al final de ese período el sector de los seguros no tenga problemas para aplicar el principio de la igualdad de trato, en beneficio de los consumidores europeos. 
En lo que respecta a las enmiendas que proponen sustituir el término «aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres» por el término «aplicación de la igualdad entre hombres y mujeres» en toda la propuesta, no podemos apoyarlas porque irían más allá del fundamento jurídico del artículo 13 del Tratado. 
El artículo 18 autoriza a la Comunidad a emprender acciones para luchar contra la discriminación, es decir, para salvaguardar la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
No le concede poderes más amplios para promover la igualdad ni para garantizar la plena igualdad en la práctica. 
Aunque el apartado 2 del artículo 3 del Tratado dispone que la Comunidad debe tratar de promover la igualdad entre hombres y mujeres en todas sus actividades, esta disposición no puede cambiar la naturaleza del fundamento jurídico del artículo 13 del Tratado. 
Me refiero a las enmiendas 1, 5 parte primera y segunda, 11, 18, 23 parte segunda y 42. 
Por último, señor Presidente, en lo que respecta a la última enmienda, la enmienda 45, que propone que los Estados miembros entablen un diálogo con las organizaciones no gubernamentales implicadas en la lucha contra la discriminación y los interlocutores sociales, en principio estamos de acuerdo con ella, pero creemos que debe formularse con un carácter suficientemente general para abarcar a todas las organizaciones implicadas, puesto que existen otras organizaciones que representan a los agentes sociales, como asociaciones de consumidores, organizaciones sociales, etc. 
Lamento haberme excedido en mi tiempo de uso de la palabra, pero al menos la buena noticia es que nosotros, los hombres, viviremos aproximadamente el mismo número de años que las mujeres. 
Ha utilizado usted plena y sabiamente su tiempo de uso de la palabra. 
– Señor Presidente, el Sr. Comisario ha dicho que no podría aceptar nuestras enmiendas 35 y 36. 
Sin duda es consciente de que existe una Directiva de seguros, relativa específicamente a los seguros, y que el artículo 18 de esa Directiva obliga a los aseguradores a calcular primas suficientemente prudentes teniendo en cuenta sus compromisos futuros. 
Quisiera preguntar al Comisario si la Comisión ha comprobado, con el servicio jurídico, si las propuestas que tenemos sobre la mesa son compatibles con la Directiva de seguros. 
. – Señor Presidente, en lo que respecta a estos argumentos, quiero decir que el objetivo de la Directiva es aplicar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
La utilización de factores actuariales basados en el género no es compatible con ese principio y, por consiguiente, tiene que eliminarse de la Directiva. 
Es por ello que la presente Directiva se basa en el artículo 13 del Tratado, en un intento de combatir la discriminación por razón de género. 
El objetivo de la Directiva no es legislar para regular las condiciones de funcionamiento del mercado interior y, como tal, el artículo 95 no constituye un fundamento jurídico adecuado. 
– Gracias por su aclaración jurídica, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
(1) 
La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas: 2, 3, 4, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158 y 164 a 209. 
La Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: 1, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 22, 28, 30, 31, 43, 50, 51, 59, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 79, 89, 91, 92, 93, 98, 105, 109, 110, 113, 116, 117, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 156, 159, 160, 161, 162 ó 163. 
(1) 
Señor Presidente, hoy, y en próximos días, decenas de granjeros de Karditsa, Trikala, Larissa y Magnisia en Tesalia y en otras zonas de Grecia se sentarán en el banquillo, acusados de participar en manifestaciones rurales celebradas para rechazar el ataque general que ha supuesto para ellos la política agrícola común y evitar ser destruidos, y poder permanecer en sus tierras y en sus pueblos. 
El anterior gobierno respondió a las demandas razonables de los agricultores instaurando cientos de tribunales rurales en todo el país y sentenciando a los agricultores a fin de quebrantar su espíritu de lucha. 
Los gobiernos vienen y van, pero los tribunales rurales se quedan. 
La penalización de las manifestaciones rurales ha sido diseñada para aterrorizar a los que luchan por los agricultores pobres y de clase media, con el objetivo de que detengan su lucha para cambiar esta política, que tanto daño ha causado a los productos mediterráneos y a los ingresos de su población y que ha tenido como resultado el abandono de las zonas rurales. 
El nuevo Gobierno griego que, cuando estaba en la oposición, dijo que no estaba de acuerdo con estos enjuiciamientos, se mantiene quieto como un nuevo Poncio Pilatos. 
Desde esta tribuna condenamos el pogromo que continúa incluso hoy contra los luchadores del movimiento rural y exigimos que se le ponga fin de inmediato. 
Es seguro que ningún juicio o sentencia quebrantará su espíritu de lucha. 
Los granjeros pobres seguirán luchando para poder permanecer en sus pueblos y en sus tierras, seguirán realizando su actividad productiva, porque es una cuestión vital para ellos y sus familias. 
– informe (A5-0120/2004) del Sr. Obiols i Germà, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, por otra parte; 
– informe (A5-0119/2004) del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma de un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros, las Repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y la República Bolivariana de Venezuela, por otra parte. 
. 
Señor Presidente, me complace mucho tener la oportunidad de participar en este debate y, si miro la lista de intervenciones, estoy seguro de que ha valido la pena esperar. 
Es sumamente importante para nosotros tener la oportunidad de debatir una vez más las relaciones de la Unión Europea con América Latina, y me complace particularmente que contemos con los puntos de vista de dos colegas muy distinguidos, que saben mucho sobre el tema y que con tanto entusiasmo y de manera tan bien informada se han comprometido a reforzar nuestras relaciones en los últimos años. 
Los acuerdos sobre los que debatimos hoy marcan un paso adelante sumamente importante en nuestras relaciones con América Central y con la Comunidad Andina. 
Por ello agradezco el firme apoyo que les ha otorgado el Parlamento Europeo. 
Como sabe la Cámara, el compromiso de negociar nuevos acuerdos de diálogo político y cooperación con cada región se asumió en la cumbre UE-América Latina-Caribe celebrada en Madrid en 2002. 
La Unión Europea ha cumplido este compromiso. 
Las negociaciones concluyeron con éxito y de forma rápida después de tan solo dos rondas en octubre de 2003, y ambos acuerdos se firmaron el 15 de diciembre en Roma. 
Estos nuevos acuerdos son ambiciosos. 
En primer lugar, institucionalizan y refuerzan el diálogo político: el diálogo de San José con América Central que se inició en 1984 y el diálogo político ministerial mantenido con la Comunidad Andina se remonta a la Declaración de Roma de 1996. 
En segundo lugar, amplían el alcance, tanto del diálogo político como de la cooperación existente de la Unión Europea con las dos regiones, por ejemplo incluyendo algunos nuevos ámbitos como la migración, la prevención de conflictos, la buena gobernanza y las actividades antiterroristas. 
Evidentemente, no basta con haber negociado estos acuerdos lo antes posible. 
Hemos de asegurarnos de que entran en vigor rápidamente y espero que los procedimientos de ratificación se agilicen en ambos lados. 
Es importante porque los nuevos ámbitos abordados por los acuerdos reflejan las preocupaciones reales de ambas regiones. 
En la cumbre Unión Europea-América Latina-Caribe de Madrid, se acordó que las condiciones no eran adecuadas para iniciar negociaciones para acuerdos de asociación. 
Estos acuerdos de diálogo político y cooperación se consideraron como un paso intermedio: el objetivo de los acuerdos es crear las condiciones que permitan que en el futuro se negocien acuerdos de asociación, incluidos los acuerdos de libre comercio. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno también definieron los principales requisitos para avanzar hacia un acuerdo de asociación, concretamente lograr una mayor integración regional y completar la Ronda de Doha. 
Me gustaría aprovechar la oportunidad de recalcar la importancia de los acuerdos recientemente negociados como un instrumento hacia nuestro objetivo común de negociar acuerdos de asociación con estas regiones en el futuro. 
Ahora han pasado dos años desde una de las cumbres y estamos en vísperas de otra –la Cumbre de Guadalajara– y hemos de reevaluar nuestra relación con estas regiones. 
Hay muchas preguntas que deberíamos formularnos. 
¿En qué medida siguen siendo válidas las condiciones fijadas en Madrid a la luz de los recientes acontecimientos? 
¿Cómo podría afectar la ausencia de progresos sustanciales en las negociaciones comerciales multilaterales a nuestras relaciones con estas regiones? 
¿Cómo podemos garantizar que no socavamos de modo alguno y de forma inadvertida nuestro principal objetivo comercial de promover acuerdos multilaterales y completar la Ronda de Desarrollo de Doha? 
De lo contrario, ¿no nos arriesgaríamos a que la iniciación de tales negociaciones se convirtieran en un mero gesto político, pues queremos acuerdos con contenido que vayan más allá de lo que podemos acordar a nivel multilateral? 
¿Es una fórmula política aceptable cubrir todos estos objetivos? 
La integración regional sigue teniendo una importancia clave: puede contribuir a fomentar la estabilidad política, el desarrollo social y económico, y la cohesión social dentro de cada subregión. 
La Comisión considera que un mayor progreso hacia una integración más intensa es una señal de madurez política y económica. 
¿Cómo podemos medir los progresos realizados en la integración regional? 
Creo que los elementos esenciales para medir los progresos giran en torno a tres criterios fundamentales: un marco institucional plenamente operativo, la existencia de una unión aduanera y la reducción de obstáculos en el comercio intrarregional. 
El siguiente paso conjunto deberá ser evaluar los progresos realizados por ambas regiones con miras a preparar el terreno para el inicio de negociaciones. 
Quisiera recalcar que estos progresos deberán realizarse de una manera objetiva y que no hemos de fijar normas imposibles que solo provocarían frustración entre nuestros interlocutores. 
La Comisión siempre ha apoyado la integración regional. 
Estamos convencidos de que debería seguir haciéndolo. 
Este apoyo no se limita a las palabras: de acuerdo con nuestro programa regional para América Central, en 2001 la Comisión aprobó un proyecto en apoyo de la Unión Aduanera de América Central por importe de 8 millones de euros y en 2003 un segundo proyecto para apoyar las instituciones de integración regional y la implicación de la sociedad civil en el proceso de integración regional por importe de 15 millones de euros. 
Actualmente se está preparando otro proyecto para apoyar el desarrollo y la aplicación de políticas comunes por importe de 10 millones de euros. 
En la Comunidad Andina se aplican proyectos sobre estadísticas, aduanas, competencia y asistencia técnica relacionada con el comercio, que superan los 15 millones de euros, y hay planes para reforzar esta forma de cooperación en la próxima revisión del documento de estrategia regional, que añadirá otros 4 millones de euros al objetivo de integración regional y económica. 
América Central, la Comunidad Andina y América Latina en su conjunto no sufren de falta de interés por nuestra parte. 
En las actuales perspectivas financieras de 2000 a 2006, los fondos para América Latina superan en cerca del 20% a los de la anterior perspectiva financiera. 
El presupuesto comunitario gasta cerca de 0,15 euros por habitante en Asia, y tres veces más por habitante en América Latina. 
Quizás sea muy significativo que ahora gastemos realmente el dinero que comprometemos. 
En 2003 se utilizaron el 100% de los pagos y el 100% de los compromisos. 
Quiero recalcar una vez más que las relaciones con América Latina son una prioridad geoestratégica para la Unión Europea. 
En las últimas semanas me ha complacido en especial poder debatir nuestra relación con representantes de Mercosur, con todos los Ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Andina y con representantes de América Central. 
Espero realmente que tengamos éxito en esta cumbre como continuación de la cumbre de Madrid, que se centrará en la integración regional y la inclusión social. 
Asimismo espero que la cumbre de Guadalajara vea un mayor desarrollo en nuestras relaciones con las dos regiones con las que solo recientemente hemos negociado acuerdos sensatos. 
. 
Muestran claramente una preocupación y un sentido de prioridad, y quisiera decirle que la valoración que se haga de este Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y la región centroamericana dependerá fundamentalmente de un factor, y este factor será qué perspectiva abre este período que el Comisario ha calificado de transitorio. 
Desde nuestra perspectiva, y sobre la base de la Resolución de este Parlamento de 15 de noviembre de 2001, este tipo de acuerdos políticos y de cooperación deben ser la puerta a la preparación de acuerdos de asociación que incluyan un tratado de libre comercio, de acuerdo con las aspiraciones intensas de nuestros socios centroamericanos y, a mi juicio, plenamente acorde con los intereses políticos, económicos y comerciales de la Unión Europea. 
Es decir, que la piedra de toque va a ser si realmente se abre un período de negociaciones para un acuerdo de asociación con los países centroamericanos, también con los de la Comunidad Andina, de características similares, a los realizados con México y con Chile, y el que está en curso de negociación con el Mercosur, como preludio a una perspectiva estratégica más general que debería conducir a un acuerdo global interregional y a la creación de una zona eurolatinoamericana de libre comercio. 
Ahora se ofrece la oportunidad, en la tercera Cumbre, que se va a celebrar en el mes de mayo, para hacer prueba de un sentido de anticipación y de previsión, abriendo de una forma explícita esta perspectiva. 
Hay cambios en la región, una región- todos lo sabemos- atormentada por situaciones estructurales y coyunturales difíciles, graves, pero hay sin duda signos alentadores; hay una voluntad compartida por los Presidentes de la región de avanzar pragmáticamente en el ámbito de la integración económica; hay una nueva etapa del Banco Centroamericano de Integración Económica muy esperanzadora, desde mi punto de vista; hay perspectivas abiertas de reforma de las instituciones de la integración, en particular de reformas con una cierta profundidad del Parlamento centroamericano y, en este sentido, la voz, la presencia de la Unión Europea debe contribuir a mostrar claramente que nosotros no hacemos únicamente diplomacia cuando hay situaciones de conflicto, sino que con el mismo empeño, con la misma prioridad que se puso en ayudar de forma decisiva a los procesos de paz en la región, se sigue con voluntad y con tenacidad en la perspectiva de mejorar la situación política, económica y social en una región tan devastada por problemas de la historia y del presente. 
Me gustaría, señor Comisario, que en la Cumbre de mayo en Guadalajara se abriera claramente una etapa en la cual la implementación de este Acuerdo se llevara con la máxima voluntad posible, que marcara también el mantenimiento de las facilidades comerciales de que disfrutan los países de esta región, dentro del sistema de preferencias generalizadas y el régimen especial "drogas", y, sobre todo, que se abriera una perspectiva concreta de compromiso en la perspectiva de negociación de un verdadero acuerdo de asociación. 
Y ya que hablamos de la cumbre de Guadalajara me gustaría citarle al señor Patten concretamente un tema que no es relativo a Centroamérica en sentido estricto, pero que pudiera ser una de la Cumbre en un terreno concreto: hay varios agujeros negros en la situación mundial actual, y uno de ellos se llama Haití. 
Y el compromiso para una ayuda intensa y prolongada de la Unión Europea, de acuerdo con los socios de América Latina y perfectamente de acuerdo con el Caricom, con la OEA y con Naciones Unidas, podría ser- yo creo- una de la Cumbre de Guadalajara, que quedará fijada si los actos siguieran, después, de forma tenaz y prolongada a los buenos propósitos. 
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Señor Presidente, yo quisiera, en primer lugar, agradecer los esfuerzos que, me consta, ha hecho el Comisario Patten para estar presente en este debate, a pesar de las dificultades de agenda. 
También quisiera, para disipar cualquier duda, felicitar a la Comisión por su diligencia en la presentación de las directivas para la conclusión de estos Acuerdos de Diálogo Político y Cooperación- y estoy seguro de que el Sr. Patten recordará los contactos que mantuvimos con carácter previo, también con el Sr. Lamy, a la Cumbre de Madrid. 
Quiero felicitar también a la Comisión por la diligencia, la eficacia y la rapidez en la negociación de estos Acuerdos que, como acaba de recordar el Sr. Obiols i Germà, constituyen para el Parlamento precisamente la antesala de acuerdos de asociación. 
Precisamente con la discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores y la votación, que fue unánime, de estos dos acuerdos- caso que no es muy frecuente- y con el debate hoy en el Pleno y la votación subsiguiente, se cierra una etapa y se abre una nueva que se caracteriza, en mi opinión, por la celebración de la próxima Cumbre de Guadalajara. 
Como el Sr. Patten sabe mejor que nadie, vivimos en un mundo complejo, donde la Unión Europea tiene responsabilidades que se plantean tanto en el ámbito interno, como el alumbramiento de la Constitución o la ampliación, y también responsabilidades externas: la nueva relación con Rusia, los problemas que todavía seguimos teniendo en los Balcanes, las responsabilidades en Asia Central, con Irán, Iraq y Afganistán, el problema de Oriente Medio, el rediseñar nuevas relaciones con los Estados Unidos, en definitiva, señor Presidente, el mundo es grande y América Latina es solo una parte, pero yo creo que es muy satisfactorio reconocer, como ha hecho el Comisario, que América Latina sigue siendo un área prioritaria para la Unión Europea, entre otras cosas porque tenemos unos valores comunes y una historia a compartir. 
El pasado 19 de marzo hubo una reunión de una numerosa delegación de miembros de este Parlamento con representantes del Parlamento latinoamericano y su Presidente, con representantes del Parlamento andino y su Presidente, con representantes del Parlamento centroamericano y su Presidente y con representantes de la comisión parlamentaria del Mercosur y con su Presidente también. 
En resumen, una reunión de parlamentarios que representaban a más de mil millones de ciudadanos de Europa y de América Latina. 
En esa reunión se establecieron unas conclusiones de cómo jalonar el camino hacia esa asociación estratégica birregional que se estableció en las dos Cumbres anteriores. 
Los parlamentarios que asistimos a ella- estuvo el Sr. Obiols y otros miembros de esta Cámara que están presentes en este debate- concluimos que no hacía falta un amplio catálogo de declaraciones y de pronunciamientos, sino que bastaba, para alcanzar esa asociación estratégica birregional, simplemente una serie de proposiciones concretas, que nosotros plasmamos en un decálogo. 
En el ámbito de la voluntad y el diálogo político, porque- no debemos engañarnos- ha sido la voluntad política la que ha hecho mover estas relaciones en los últimos años, y por eso estamos proponiendo la creación de una Asamblea parlamentaria eurolatinoamericana, un poco del mismo corte que la Asamblea que ha surgido en el ámbito de las relaciones euromediterráneas. 
Estamos proponiendo una renovación y puesta al día del diálogo político ministerial, una concertación en los foros internacionales y en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas entre las posiciones de europeos y latinoamericanos y también la firma de una Carta Eurolatinoamericana para la paz y la seguridad, al objeto de crear un foro donde podamos abordar seriamente las cuestiones relativas a la seguridad y la defensa, que, hoy por hoy, no tienen un foro específico. 
Y, sobre todo, estamos proponiendo una renovación de la agenda política birregional para poder acometer la discusión de asuntos como los que se refieren al fenómeno terrorista, al tema relativo a la reforma del sistema de las Naciones Unidas, a las amenazas a la gobernabilidad, a la revisión en el ámbito de la lucha contra la pobreza y muchas otras iniciativas. 
Pero, señor Comisario, el diálogo político, por muy floreciente que sea, acabará agostándose y reduciéndose a la nada si no pasamos de las palabras a los hechos. 
Y es evidente que un ámbito muy claro en el que podemos pasar de las palabras a los hechos es en el de las relaciones comerciales. 
Por eso estamos proponiendo que en la Cumbre de Guadalajara se señalen fechas concretas para la asociación con los países andinos y centroamericanos, sin someterlas a condiciones discriminatorias que no se hayan impuesto a otros países o grupos de países, y aquí hay un debate- usted se ha referido a la integración- sobre si la integración tiene que ser una condición previa o si es una consecuencia de la asociación. 
Este Parlamento entiende que, efectivamente, hay que hacer progresos en la vía de la integración, pero la integración puede ser muy bien una consecuencia de los acuerdos de asociación. 
Entendemos también y compartimos su deseo de que la negociación de un acuerdo equilibrado con Mercosur pueda culminarse antes de finales del presente año y este Parlamento entiende también que, dentro del respeto de los acuerdos bilaterales y regionales que ya han sido negociados o que están en curso de negociación, deberíamos promover una especie de ALCA con alma, a la europea, en la que diésemos una dimensión institucional y una cobertura geográfica completa a las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. 
Y entendemos también, señor Comisario, que debemos tener una política de cooperación que pueda, de alguna manera, adaptarse a este nuevo concepto, a esta nueva noción de la asociación. 
En este sentido- usted sabe cuáles son las tesis del Parlamento -, el Parlamento ha insistido en tener un marco jurídico diferenciado y entendemos también que tenemos que promover toda una serie de políticas en el ámbito de la educación, de la cultura, de la formación profesional y de la cooperación científica y tecnológica. 
Usted sabe, señor Comisario, que el Parlamento ha propuesto la constitución de un fondo de solidaridad birregional, una iniciativa en la que nosotros no queremos crear estructuras burocráticas suplementarias. 
Creemos que tiene que ser interpretada con flexibilidad e insertarse en las iniciativas de la Comisión, pero entendemos también que esta iniciativa debe tender a aprovechar las disponibilidades financieras que prevén tanto el Banco Europeo de Inversiones como el Banco Interamericano de Desarrollo. 
Por último, señor Comisario, quisiera decirle que, como ve usted, hay una gran ambición en las propuestas de los Parlamentos. 
Esperamos que esa ambición pueda ser compartida por los Estados miembros y por la Comisión en la Comunicación que está preparando, de tal forma que se pueda lanzar un mensaje claro y bien definido del nuevo compromiso de Europa con América Latina. 
Y quisiera decirle que, para que ese mensaje sea eficaz y pueda tener un efecto multiplicador, hay que restaurar lo antes posible- y yo pongo esa disposición en nombre de mi grupo político- para que consolide esa alianza estratégica y ese tándem armónico entre el Parlamento Europeo y la Comisión, que está en el origen de tantos progresos entre la Unión Europea y América Latina. 
Señor Presidente, gracias al Comisario por las palabras que nos ha dirigido y que abren perspectivas más interesantes para el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. 
Precisamente por eso, quizás, sea interesante hacer una breve historia de lo que ha sido esta relación durante los últimos años. 
Desde la práctica ausencia en la agenda durante los años setenta, se pasó a una profundización en la década siguiente, que coincidió con la desaparición de las dictaduras y la extensión de la democracia. 
Así nacieron los acuerdos de primera generación y se aumentaron las partidas económicas que mejoraron la cooperación. 
En la década siguiente- los años noventa- nacen los acuerdos de tercera generación con la inclusión de las cláusulas de condicionalidad y se apoyan e impulsan los procesos de paz. 
Estas políticas más comprometidas dieron una gran visibilidad a la Unión Europea, que finalizó el siglo con la negociación de un acuerdo de asociación con México, que marcó un hito en la política de la Unión Europea. 
Todo hacía presagiar que se continuaría por esa vía; sin embargo, en el actual quinquenio, la asociación solo se extiende a Chile. 
La ambición de una nueva estrategia parece paralizada y ello coincide curiosamente con la ampliación de la Unión. 
Mientras, los Estados Unidos amplían y continúan las negociaciones bilaterales dirigidas a consolidar su posición en la región- lo que, por otra parte, no es una novedad -, con los mismos países a los que la Unión Europea exige previamente la firma de un hipotético acuerdo de asociación como condición de integración regional. 
Dos visiones bien diferentes. 
Dentro de unos meses se reunirán en México los Jefes de Estado y de Gobierno del subcontinente y de la Unión Europea. 
Esta cumbre es una primera oportunidad y a ella se refirió el Comisario. 
La idea de este encuentro es magnífica, siempre y cuando de esta cumbre surja algo más que un listado de buenas intenciones. 
Quizás el Comisario pueda darnos más elementos para que podamos conocer mejor la agenda. 
Recientemente, y como ya se ha dicho, la ciudad de Puebla ha sido sede del encuentro de parlamentarios europeos con los parlamentos de la integración política latinoamericana. 
Del debate han surgido una serie de acuerdos y objetivos que se recogen en el documento final y que pueden resumirse en mayor cooperación birregional, mayor integración, profundización del diálogo parlamentario y agenda para la asociación. 
Los acuerdos que hoy analizamos son- qué duda cabe- más ambiciosos que los firmados en 1993. 
Confiemos en que entren en vigor en plazos más razonables. 
Personalmente me gustaría ser optimista y que estos acuerdos fueran un instrumento válido para avanzar en la asociación. 
Es cierto que los intercambios comerciales actuales son muy modestos- y así ha quedado reflejado en el texto de la Comisión ITRE -, incluso con las facilidades que permite el sistema de preferencias generalizadas y, además, estas exportaciones poco diversificadas se ven sometidas constantemente a rebajas en los precios del mercado internacional. 
Pero una asociación es algo más que un acuerdo comercial, que el desarrollo de una política económica, que un proyecto de cooperación al desarrollo: en momentos como el actual, en una época como la que vivimos, en la que nada escapa a la globalización- ni el terrorismo -, los acuerdos de asociación deben considerarse además como instrumentos para la seguridad colectiva. 
Estamos hablando de países con dificultades, con niveles de pobreza tan elevados que esta puede llegar a ser una amenaza para la paz interna, pero que, al mismo tiempo, poseen potencialidades extraordinarias, que culturalmente son cercanos a nosotros y que nos ven como el paradigma de las oportunidades. 
Por último, señor Presidente, dado que los textos de los acuerdos no pueden modificarse, al menos que este debate sirva para que se tenga en cuenta la opinión del Parlamento si finalmente se decide dar un paso más comprometido y, al igual que se ha hecho con los países del Mediterráneo sur, se avance en la asociación con los países andinos y los centroamericanos y- bueno es recordarlo- con los países del Mercosur. 
Señor Presidente, las dos propuestas de la Comisión tienen que ver más con el acuerdo de diálogo político y cooperación que con el acuerdo de asociación. 
Es por ello por lo que lamentamos que, en estas propuestas, no se preste atención a una estrategia de desarrollo económico y social integrada, que, obviamente, es lo que se merece esa región. 
En primer lugar, un acuerdo de asociación sobre la cooperación con los países andinos puede ayudar a calmar la explosiva situación política y social que hay en la región. 
Y en este sentido me refiero a Colombia. En los últimos quince años, más de dos millones de personas han sido expulsadas de sus casas en este país, y hay una enorme necesidad humanitaria. 
Hemos de aumentar nuestros esfuerzos a fin de encontrar una solución, con medios políticos, a los conflictos armados y para restaurar la paz y la justicia social. 
La situación social en los países andinos merece que se le preste una mayor atención. 
Muchos de sus habitantes siguen viviendo en la miseria. 
Dos extremos: en Colombia, supuestamente el país más rico, una cuarta parte de la población ha de sobrevivir con menos de 2 dólares al día. 
En Ecuador, el país más pobre de la región, este porcentaje es incluso superior al 50%. 
En Nicaragua, hace tan solo cuatro años, el 10% de los nicaragüenses más pobres representaba menos del 1% del consumo total, mientras que el 10% de los habitantes más ricos del país asumía más de mitad del consumo total. 
La malnutrición ha sido un grave problema durante años en estos países, e incluso ha empeorado en Guatemala. 
En el diálogo político, la Comisión sigue concentrándose en los gobiernos y en su maquinaria. 
Esto es necesario, pero de hecho, es enormemente importante implicar asimismo a los parlamentos y a la sociedad civil de estas regiones en el diálogo. Ello redundará más en beneficio de los derechos humanos, la democracia y la transparencia, que si nos limitamos a concentrarnos en los canales diplomáticos. 
Por consiguiente, la UE no solo debería ampliar el alcance del diálogo político, añadiendo más interlocutores, sino que también debería complementarlo integrando una estrategia social y económica como una prioridad. 
Señor Presidente, el señor Patten ha definido estos acuerdos con dos palabras: "estrategia" y "transitorio". 
Debo agradecer su franqueza, porque en cierto modo ambos conceptos son contradictorios. 
El debate sobre los Acuerdos de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea con América Central y con la Comunidad Andina representa un buen ejemplo de la situación actual de nuestras relaciones con estos países, de la que yo, además de las palabras que usted ha empleado, diría que es actualmente insatisfactoria. 
Se trata de un Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, pero no avanzamos en nuestras relaciones comerciales. 
Realmente, durante los últimos años nuestras relaciones con estas zonas del mundo no han experimentado los avances que hubiera deseado este Parlamento. 
La crisis de los países de la región andina en su conjunto y de cada uno de ellos no ha facilitado la intensificación de estas relaciones. 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia viven momentos muy difíciles que han impedido los procesos de su propia integración subregional, lo que no ha facilitado un avance de nuestras relaciones con ellos. 
Lo mismo vale decir de América Central, donde grandes sectores de su población, especialmente jóvenes, en una situación de marginación y de delincuencia progresiva, como consecuencia de su propia marginación social, se convierten en un problema acuciante para estos pequeños Estados de América Central. 
Espero que, a punto de firmarse, si se cumplen las previsiones, el acuerdo con Mercosur se sume a los ya vigentes con Chile y con México y que estas dos regiones puedan beneficiarse de unos acuerdos más ambiciosos, cuyos frutos no serán recogidos por la Comisión y el Parlamento actuales, sino por nuestros sucesores. 
Señor Presidente, estos acuerdos no pueden suscitar ninguna objeción por parte de este Parlamento, y ello porque son, sencillamente, dos acuerdos absolutamente vacíos de contenido. 
Son dos acuerdos que yo podría definirlos como el cielo: el conjunto de bienes sin mezcla de mal alguno. 
Todos estamos en favor de la cooperación, de los intercambios, del desarrollo de la democracia, etc., pero en estos acuerdos no hay nada concreto. No hay ninguna obligación financiera, ninguna obligación comercial, ninguna obligación de carácter institucional. 
Y esto se produce en un momento en el que América Latina, a pesar de sus dificultades, atraviesa un período de estabilidad, es decir, hay una cierta falta de estabilidad pero, a pesar de la pobreza- a la que ha hecho referencia mi colega van den Berg -, América Latina es hoy un subcontinente tranquilo, pacífico en líneas generales. 
No hay conflictos internacionales, hay algunos conflictos internos, pero de dimensiones muy reducidas comparados a los que hubo en la época de los ochenta, y me da la impresión de que es el momento en el que nosotros podemos efectivamente ayudar a esa buena gente de América Latina a salir adelante. 
Pero, para eso hace falta, en primer lugar, una política específica con respecto a la región. 
Una política que yo no sé si tiene que ser estrictamente de libre cambio o de aumento de los intercambios con ellos, pero que, por lo menos, les ayude a ellos a configurarse como una entidad diferenciada. 
Porque lo característico de América Latina en este momento es que es una región muy distinta al resto de otras regiones del globo. 
Y, en este aspecto, la negativa de la Comisión a adoptar un reglamento financiero específico para América Latina me parece un error de enormes magnitudes. 
En mi opinión, lo importante, a partir de ahora, más que dar recetas o recomendaciones, es escuchar a estos países de América Latina y trabajar juntos para ayudarles a ellos mismos a desarrollarse y, quizás, si ese continente continúa desarrollándose, podamos encontrar en América Latina el necesario elemento de contrapeso que en estos momentos nos falta en otras partes del globo. 
Señor Presidente, estos informes merecen ser elogiados por confirmar la posición del Parlamento Europeo sobre la importante cuestión de la cooperación y la solidaridad, pero asimismo tienen el inconveniente ser ser simples respuestas a una consulta, sin tener el estatuto de «opinión» parlamentaria. 
A pesar de esta limitación, expresan muy claramente la posición del Parlamento con respecto a la necesidad de que los acuerdos vayan más allá de lo que se conoce como «diálogo político y cooperación» y se conviertan en unos verdaderos acuerdos de asociación. 
De hecho, estos dos informes y cuatro opiniones recibieron solo tres votos en contra, con las opiniones de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía que impidieron la unanimidad. 
Aunque todos conocemos el descontento del Parlamento con respecto a la simple creación de condiciones políticas necesarias y la imposición de un modelo, y si bien es lamentable que las propuestas de la Comisión no hagan más que allanar el camino hacia futuras negociaciones, el Parlamento utiliza estos informes para sugerir que los acuerdos sobre los cuales ha sido consultado deberían constituir una fase de transición y de preparación. 
Creemos que lo que está en juego es el concepto de cooperación y, por ello, nos gustaría ir más lejos, como defienden las opiniones de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
En efecto es lamentable que estos acuerdos estén orientados a preparar un marco político que condiciona acuerdos de libre comercio y que no se comprenda que estos acuerdos forman parte de una estrategia integrada para el desarrollo económico y social para combatir la pobreza. 
A través de estos acuerdos –para usar una expresión del Comisario Lamy en la 7ª Asamblea Parlamentaria Conjunta ACP-UE– se permitiría entrar por la puerta trasera cláusulas excluidas de la reunión de la OMC en Cancún. 
Los países ACP están intentando evitarlo en los acuerdos de asociación económica y, entre otras cuestiones, quieren impedir que se impongan diversas formas de liberalización en ámbitos para los cuales intentan encontrar soluciones que se ajusten a sus situaciones, especificidades y procesos nacionales. En concreto, nos referimos a los servicios públicos, los ámbitos de la salud, la educación y el suministro de agua, sobre todo este último, porque es crucial para muchos de estos países. 
Es significativo que, entre los diferentes enfoques, como ilustran estos acuerdos, se intente conseguir lo mismo, a saber: imponer un modelo económico de sociedad única en un mercado que es libre, pero no justo. 
En este momento, dicha cooperación no cubre las estrategias de desarrollo económico y social para combatir la pobreza y todo depende de una ideología impulsada por el mercado y los beneficios, ampliando por consiguiente las disparidades sociales ya graves. 
) Señor Presidente, al apoyar el diálogo político en la Comunidad Andina, hemos de recordar que hace tan solo un mes el Presidente colombiano Uribe defendió ante esta Cámara su denominada política de seguridad democrática. 
Sin embargo, se trata de una política que no es democrática, con una violenta intimidación que provocó la retirada de candidatos de 100 municipios en las elecciones del pasado mes de octubre. 
No puede aportar la seguridad tan necesaria que se merecen los colombianos. 
Las políticas de Uribe de detención masiva y arbitraria han hecho aumentar el número de presos en más de 10 000 durante el año pasado. 
El campo está inundado de personal militar, y se ha dado orden de matar a personas en grupos de cuatro o menos en un intento enfermizo de reducir el número de masacres registradas sin una reducción real del horrible peaje de víctimas mortales que asola al país. 
De hecho, las pruebas de la Comisión de Juristas de Colombia, respaldada por la Universidad de Bogotá, demuestran que no ha habido en absoluto una reducción de las muertes. 
Por supuesto, también condenamos las actividades asesinas y brutales de las guerrillas, pero dos tercios de las violaciones de los derechos humanos son perpetradas por militares colombianos o sus aliados paramilitares, que Uribe intenta ahora cínicamente legalizar. 
Por ello debemos utilizar el diálogo político para mantener la oposición de Europa a la solución militar representada por el Plan Colombia, para condenar las violaciones de los derechos humanos por todas las partes en la tragedia colombiana, para insistir en que Colombia acate todos los compromisos hechos en la Declaración de Londres de 2003 y para defender proyectos populares, como los laboratorios para la paz financiados por la UE, que realmente señalan el camino hacia una paz justa y duradera para Colombia. 
– Señor Presidente, señor Comisario, quiero sumarme a las felicitaciones y agradecimientos que se han pronunciado en esta Asamblea, pero permítame destacar también, con respecto a los acuerdos de cooperación que nos ocupan hoy, un deseo más general expresado en el Parlamento Europeo de llegar a unos acuerdos más enérgicos, voluntaristas e incisivos entre las distintas partes de la Unión Europea y de la Comunidad Andina o de los países de Centroamérica. 
Estos acuerdos destacan y hacen hincapié en la institucionalización del diálogo político y la mejora de la gobernanza. 
¿Podemos hablar de gobernanza sin asociar a ella la cuestión de la estrategia global de desarrollo, por ejemplo para luchar contra la pobreza? 
¿Podemos hablar de mejora de la gobernanza sin hablar de la cuestión de la integración económica y social? 
Son elementos que faltan, creo, en nuestros enfoques. 
Hay que destacar imperativamente tres puntos. El primero es la cuestión del lugar que ocupa el diálogo entre los distintos parlamentarios y con los parlamentos nacionales. 
Hoy los diputados de los distintos países representados resaltan la debilidad de su posición y su marginación en el tipo actual de sistema político. 
Esto se mencionó en el informe sobre nuestra reunión en Puebla a comienzos de este mes. 
Como se hizo en nuestro memorando final, es tarea nuestra darles de nuevo el papel a que tienen derecho y conceder asimismo un papel a los distintos agentes representativos de la sociedad civil, ya se trate de sindicatos, empresas o la sociedad civil organizada. 
El segundo punto se refiere a la cuestión de la integración regional, que es fundamental. 
¿Podemos contentarnos, sin embargo, con acuerdos de libre comercio, ocultando los aspectos sociales, especialmente las cuestiones relativas a los derechos fundamentales, en otras palabras, sin hablar de la situación concreta del bienestar de las poblaciones? 
Por supuesto, se trata de países en que la pobreza es extrema. Esto es lo que decimos todos. 
Sin embargo, deberíamos tener la valentía política de saber exactamente de qué hablamos cuando hablamos de pobreza. 
La pobreza de las poblaciones es extrema, pero lo que debemos poner de manifiesto y en lo que debemos ayudar a nuestros colegas parlamentarios es a actuar en la cuestión del reparto injusto de la riqueza... 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
. – Señor Presidente, representantes de la Comisión, Señorías, quisiera empezar dando personalmente las gracias a los representantes de la Comisión y del Consejo por la excelente cooperación a lo largo de los últimos dos años. 
He tenido la oportunidad de trabajar en estos expedientes tanto con la Presidencia italiana como con la irlandesa, a las que agradezco la excelente y amigable cooperación. 
¿De qué trata todo este asunto? 
Los cuatro reglamentos que tenemos ante nosotros forman una parte importante de las medidas para mejorar la seguridad alimentaria en la Unión Europea. 
Fueron elaborados con el objetivo de sustituir a 17 directivas y conseguir que la ley fuera más coherente y se basara más en la ciencia y los riesgos. 
¿Cumplen los textos elaborados por la Comisión, el Consejo y el Parlamento estos requisitos? 
Creo que hemos establecido una excelente base jurídica. 
Los efectos pueden describirse del siguiente modo: 
En primer lugar, hay una mayor seguridad jurídica. 
Las propuestas se basan en prácticas probadas y comprobadas con medidas adicionales para una mayor seguridad alimentaria, pero lo crucial es que constituyen un nuevo concepto legislativo. 
La elección de un reglamento, lo cual implica que se aplicará el mismo texto a todo el mundo en la Unión Europea, fue un paso decisivo para lograr más coherencia y menos burocracia. 
Hay que celebrar que la Comisión, el Consejo y el Parlamento hayan acordado ampliar las partes obligatorias de todos los requisitos. 
Ello permitirá que las empresas implicadas actúen con una mayor seguridad jurídica. Ello es sumamente importante cuando los requisitos cambian constantemente. 
Los esfuerzos del Parlamento por limitar el margen para modificar los anexos en el procedimiento de comitología también han de verse como una parte de este enfoque para conseguir la estabilidad y la seguridad jurídica. 
Hemos encontrado un acuerdo más o menos aceptable. 
Sin embargo, también puedo asegurarles que examinaremos de forma sumamente crítica el uso de la comitología para modificar los anexos. 
La seguridad jurídica ha de ser la principal preocupación. 
Por supuesto, también necesitamos flexibilidad para poder responder a nuevos peligros y nuevas situaciones. 
Y creo que la tenemos. 
El segundo principio detrás de las reglas de seguridad alimentaria es en interés de todos los implicados. 
La introducción del principio «del establo a la mesa» , la autoinspección por parte de las empresas con el uso del principio de análisis de riesgos y puntos de control críticos (HACCP) y de guías, y la mayor atención que se presta a los descubrimientos científicos constituyen la esencia del nuevo enfoque. 
Todos los implicados entran en el sistema. 
Sin embargo, el nuevo sistema también tiene en cuenta el tipo de proceso de producción y las garantías ofrecidas por las empresas alimentarias. 
Es por ello por lo que el nuevo enfoque también se caracteriza por una mayor flexibilidad. 
El hecho de que sean posibles excepciones y variaciones no es incoherente con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria. 
Sin embargo, solo se permiten para los métodos de producción tradicionales en zonas remotas de difícil acceso, es decir, en lugares cuya ubicación alejada o el carácter montañoso de la región conlleva sus propios problemas, y por supuesto cuando se suministra a mercados locales. 
La gran variedad de medios de producción que hay en la Unión Europea puede tenerse en cuenta. Creo que hacer que ello dependa de la evaluación de riesgos por parte de la autoridad competente ha sido un enfoque sabio. 
Solo mencionaré de pasada que el Consejo y la Comisión han debilitado ligeramente el principio «del establo a la mesa» en el sentido de que el procedimiento HACCP no será obligatorio en la producción primaria. 
Creo que en este caso hemos conseguido encontrar una solución sabia, dejando las medidas a los Estados miembros. 
Sin embargo, de acuerdo con este enfoque de «bajos requisitos para bajo riesgo» deberíamos dar a las pequeñas empresas la garantía de que las pruebas de los resultados del principio de HACCP pueden proporcionarse de forma aceptable a la empresa. 
Me refiero al considerando 15 de la Posición Común nº 1 sobre el reglamento de higiene alimentaria, según el cual las buenas prácticas de higiene pueden sustituir al control de puntos críticos. 
Considero que este sistema es especialmente adecuado para las pequeñas empresas artesanales. 
El veterinario oficial es central para el sistema propuesto de supervisión oficial de la producción de carne. 
El veterinario realiza controles e inspecciones para que los requisitos de las disposiciones relevantes puedan ser cumplidos por todos los implicados El veterinario oficial ha de disponer de recursos legales para que se ejecuten los requisitos. 
Por ello es importante que el Parlamento haya incluido las tareas básicas de los controles oficiales en el artículo 3. 
El veterinario y los ayudantes oficiales especializados también han de demostrar un alto nivel de pericia. 
Sin embargo, en algunos Estados miembros –y esto ya es evidente– ello exigirá un cambio de la formación veterinaria. 
Las autoridades de los Estados miembros también deberán actuar rápidamente para garantizar que hay disponible suficiente personal capaz de cumplir con los reglamentos de amplio alcance. 
Que yo sepa, actualmente solo unos cuantos países disponen del personal capacitado para realizar estas tareas como la regla que hemos adoptado sobre la aprobación condicional de establecimientos. 
Hablando claro, con los actuales niveles de personal, las autoridades no serán capaces de controlar tres veces en seis meses si un establecimiento cumple los requisitos para la aprobación. 
Otra cosa que se exige a la autoridad competente es la integración de controles. 
Ya no basta con concentrarse en la ejecución de las disposiciones obligatorias. 
La implicación de las empresas en cuestiones de seguridad alimentaria también exige una mayor flexibilidad por parte de la autoridad competente. 
El empresario debería considerarse a sí mismo como un socio y ser considerado como tal. 
Esto no puede legislarse a través de un estatuto, pero se han sentado las bases para una mayor seguridad alimentaria a través de la cooperación. 
Un punto ha sido durante mucho tiempo motivo de controversia: la implicación del personal del matadero en los controles oficiales. 
Soy consciente –y aquí hablo como ponente del Parlamento– de que el compromiso que se ha alcanzado puede no contar con la aprobación de esta Cámara. 
Existen varios motivos para ello. 
Por ejemplo, algunos dicen que esta regla no nos ayudará en lo que siempre hemos intentado hacer, a saber, mejorar la seguridad alimentaria, sino que tendrá el efecto opuesto. 
El reglamento sobre los controles oficiales de los piensos y los alimentos exige que quienes realicen los controles oficiales actúen independientemente. 
El personal del establecimiento depende del jefe del establecimiento. 
La formación del personal limita al veterinario y por ello obstaculiza su capacidad para realizar controles. 
Y queda la cuestión de los costes. 
¿El empresario ahorra realmente costes de inspección? 
No lo creo. Todos los cálculos demuestran lo contrario. 
Creo, señores del Consejo, que en este caso deberíamos acordar volver a tratar la cuestión e intentar aclararla quizás dentro de dos o tres años. 
Dado que este reglamento aporta muchas novedades a los Estados miembros y exigirá muchos ajustes por parte de todos los implicados, primero deberíamos aplicarlo durante dos o tres años, para luego concentrarnos de nuevo en esta cuestión. 
Creo que deberíamos usar el resultado existente y adoptar estos reglamentos en la legislatura sin más debate. Constituyen una base importante para la seguridad alimentaria. 
Dado que el Comisario acaba de llegar, me gustaría repetir lo que he dicho al principio: quiero agradecerles sinceramente a usted y a sus colegas la cooperación extraordinariamente estrecha durante la elaboración de los textos de estos reglamentos. 
Creo que se trata de un buen trabajo y que nos acercaremos mucho más a nuestro objetivo de mejorar la seguridad alimentaria en Europa. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias por todo el arduo trabajo realizado por los miembros de las comisiones implicadas en las propuestas sobre la higiene de los alimentos. 
Han transcurrido casi cuatro años desde que la Comisión presentara este paquete. 
Por ello quisiera recordarles los objetivos que nos planteamos cuando presentamos esta refundición de las normas de higiene. 
El segundo objetivo es conseguir que las normas existentes se basen más en la ciencia y en los riesgos. El tercer objetivo es definir el papel de las autoridades competentes; y el cuarto objetivo es consolidar y simplificar el entorno regulador. 
Los debates sobre el paquete han exigido mucho tiempo, tanto en el Consejo como en el Parlamento. Ello no es extraño, teniendo en cuenta los amplios intereses amparados por las propuestas y su carácter sumamente técnico. 
Este largo periodo ha dado tiempo para reflexionar sobre las propuestas y ahora ha llegado el momento de concluir el debate y aprobar la legislación. 
La posición común del Consejo es, desde el punto de vista de la Comisión, un compromiso justo que refleja claramente los puntos de vista del Parlamento. 
Me ha complacido oír que el ponente y los ponentes alternativos reconocen este hecho. 
No obstante, se han presentado diversas enmiendas para la segunda lectura. 
Con vistas a abordar las cuestiones planteadas en estas enmiendas, la Comisión ha ayudado a alcanzar un compromiso entre la posición del Consejo y la del Parlamento. 
Las conversaciones sobre dicho compromiso han concluido con éxito y el Coreper ya lo ha respaldado. 
Asimismo se han presentado enmiendas que reflejan este paquete de compromiso para la votación que se celebrará hoy. 
Sin embargo, me preocupa que exista un deseo de desechar las partes que no gustan del compromiso negociado con el Consejo. 
Un compromiso exige que todas las partes hagan concesiones. 
Ello tiene que ver en especial con la implicación del personal de los mataderos en la inspección de la carne para el sector vacuno y porcino. 
La posición común, aprobada por unanimidad por el Consejo, prevé la posibilidad de que el personal de los mataderos realice algunas tareas de inspección. 
La Comisión lo considera apropiado. 
No es, como afirman algunos, una privatización de la inspección de la carne. 
Únicamente permite al personal de los mataderos ayudar al veterinario oficial. 
No hay una autorización general de implicar al personal del matadero en la inspección de la carne. 
En este caso, el principio guía es la subsidiariedad. 
La decisión de si se aplica o no el sistema será tomada por los Estados miembros caso por caso. 
Además, el reglamento propuesto contiene diversas reglas muy estrictas que garantizan la independencia de los controles. 
Estas incluyen en particular que el personal del matadero implicado en la inspección de la carne ha de ser independiente del personal de producción y ha de informar directamente al veterinario oficial. 
Los mataderos que quieran implicar a su personal en la inspección de la carne han de contar con la autorización expresa de las autoridades competentes. 
Quisiera recalcar que el sistema ya ha funcionado satisfactoriamente durante más de diez años para la carne de pollo y la carne de conejo en la mayor de los Estados miembros. 
No se han registrado quejas y no se han informado abusos a este respecto. 
Teniendo en cuenta estos elementos, la propuesta de ampliar el sistema a la carne de vacuno y a los cerdos de engorde es proporcionada y está plenamente en consonancia con los objetivos de la legislación propuesta que les he esbozado hace unos minutos. 
La Comisión está dispuesta a aceptar la propuesta de compromiso presentada por el Consejo de posponer la entrada en vigor del sistema durante otros tres años. 
Ello se refleja en la enmienda 21 de la propuesta sobre controles oficiales. 
Sin embargo, la Comisión no puede apoyar las enmiendas 9 y 14, que el ponente recomienda que apoye el Parlamento. 
Si se aprobaran estas enmiendas, la conciliación resultaría inevitable. 
Esto sería una lástima, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo –desde julio de 2000– que llevan sobre el tapete estas propuestas. 
Para terminar, quisiera reiterar mi gratitud a todos aquellos que han contribuido a alcanzar esta fase. 
La Comisión puede aceptar todas las enmiendas a la posición común que forman parte del paquete de compromiso negociado con el Consejo. 
La Comisión no puede apoyar las enmiendas que no entran en este paquete. 
Se pondrá a disposición de la secretaría del Parlamento un listado completo que explica los detalles (1). 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos quiero dar las gracias al ponente, el Sr. Schnellhardt, que ha negociado tenazmente durante muchos años. 
Creo que con los resultados que tenemos hoy ante nosotros hemos dado un paso adelante hacia una mayor seguridad alimentaria en Europa. 
Asimismo es importante, cuando los alimentos cruzan la frontera, que podamos decirles a los ciudadanos que pueden fiarse de que los alimentos son seguros y de que no implican riesgos para la salud. 
Sin embargo, también hemos conseguido –en cualquier caso mejor que en la propuesta original de la Comisión– hacer que las propuestas sean viables. 
Quiero llamar la atención sobre un punto en particular en el primer informe Schnellhardt sobre higiene alimentaria general. 
El sistema HACCP es un buen sistema para las empresas grandes. 
Las grandes empresas que emplean un gran número de personas, posiblemente en varios Estados miembros, han de mantener registros precisos de quién ha manipulado un producto y cuándo. 
Desde el principio, me pareció difícil transferir este concepto a las empresas muy pequeñas, porque si un restaurante o una pastelería emplea a tan solo dos o tres personas, no necesitamos documentación escrita para saber quién ha manipulado el producto y dónde pueden haberse ocasionado daños. 
En tales casos, la información verbal es suficiente y es por ello que, en las negociaciones, presionamos mucho para que el requisito de documentación para las pequeñas empresas se redujera de acuerdo con el riesgo asociado con este tipo de producción. 
No creemos que la documentación sea en absoluto necesaria para las empresas muy pequeñas. 
Entonces sería viable. 
No sería perjudicial para la protección del consumidor, sino que garantizaríamos que en particular las pequeñas empresas pueden aplicar adecuadamente las reglas. 
El resultado no es exactamente lo que hubiésemos deseado. 
Sin embargo, hemos alcanzado compromisos en muchos puntos, especialmente en el primer informe, y por ello podemos respaldar los informes con la conciencia tranquila. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es habitual que al principio de nuestras intervenciones expresemos palabras amistosas acerca de la buena relación de trabajo con el ponente. 
Por supuesto, aprecio el trabajo y los esfuerzos realizados por el Sr. Schnellhardt, pero sinceramente estoy algo decepcionada por su manera de trabajar. 
No es muy elegante negociar con el Consejo sobre su propia iniciativa y limitarse a tener en cuenta sus propias enmiendas. 
Personalmente, creo que no hace honor al Parlamento aceptar un compromiso con el Consejo y al mismo tiempo querer adoptar las enmiendas originales. 
No es un método de trabajo creíble. 
Hoy, me gustaría revisar brevemente los cinco años de seguridad alimentaria y los casi tres años de higiene alimentaria. 
En lo que respecta a la legislación alimentaria general, hemos decidido conjuntamente que los productores de alimentos asuman la principal responsabilidad para la seguridad de sus productos y que el modo en que lo hacen ha de ser controlado por el gobierno. 
Ahora estamos a punto de dar marcha atrás. 
No estoy de acuerdo con ello, pero en lo que a esta cuestión respecta, no hablo en nombre de mi Grupo. 
¿Cómo hemos llegado a esta situación? 
En primer lugar creo que deberíamos hacer un examen de conciencia. 
El expediente sobre la higiene alimentaria es complejo y contiene cientos de enmiendas acerca de todo tipo de detalles. 
Debido a ello, solo algunos portavoces se ocupan de este expediente, y es muy fácil para los que son ajenos al asunto divulgar información errónea. 
La cuestión crucial es quién controla a los productores de alimentos. 
A la luz de la legislación alimentaria general, esta cuestión parece fácil de responder. 
Los productores se encargan de que sus productos estén en orden y las autoridades se hacen cargo de la inspección final. 
La Comisión, de acuerdo con la premisa que se estableció para los productores de carne, en especial las empresas del sector porcino y vacuno, bajo el ojo vigilante de las autoridades, desea brindarles la oportunidad de aceptar su responsabilidad y realizar por sí mismas las actividades de control. 
Parte del sector de la carne también quiere asumir su responsabilidad y poner fin a los casos de abuso. 
Hay una fuerte oposición contra la idea de que los carniceros inspeccionen su propia carne, y con razón, pues las autoridades deberían tener un papel de control y tienen una clara tarea en la inspección. 
Sin embargo, dar más responsabilidad a los carniceros es un paso positivo. 
Una mayoría de nuestro Grupo ha rechazado la idea de que el sector de la carne asuma la responsabilidad. 
Según ellos, el personal de las empresas cárnicas no es capaz o no está en condiciones de controlar la calidad. 
Personalmente, mantengo una opinión diferente. 
Creo que debemos alejarnos de las empresas autoritarias que no toleran críticas por parte de su personal con respecto a la calidad de sus productos. 
No creo que el Parlamento deba considerar a los trabajadores del sector cárnico como personas temerosas y uniformadas incapaces de formar sus propias opiniones. 
Mientras las autoridades realicen el control, las empresas pueden asumir su propia responsabilidad. 
Por ello pido a todos que apoyen el compromiso que hemos alcanzado con el Consejo y que eviten que tengamos que aprobar las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, pues no es un procedimiento adecuado. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ahora estamos a punto de concluir casi cinco años de trabajo para intentar obtener unos alimentos más seguros en Europa. 
Las recomendaciones del Sr. Schnellhardt constituyen una parte muy importante de estos esfuerzos porque afectan a la cuestión de cómo han de funcionar las cosas en la práctica en restaurantes, tiendas, mataderos y salas de despiece, al margen de si son grandes o pequeños. 
En nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, tengo algunas opiniones acerca del hecho de que la cuestión haya tardado una eternidad. 
Ha sido difícil. 
Por supuesto, el Sr. Schnellhardt y yo hemos discrepado sobre algunas cuestiones críticas en lo que respecta tanto a su informe como al mío, que tienen mucho en común en algunos ámbitos. 
No obstante, he de decir que, al final, el Sr. Schnellhardt ha realizado un trabajo muy constructivo y hábil. 
No cabe duda de ello. 
Quiero darle las gracias por su cooperación. 
Apoyaremos el compromiso, aunque con algunas reservas. 
Hay algunos pequeños aspectos que me preocupan mucho, por ejemplo en lo que respecta a la definición de salas de despiece. 
La definición no consigna expresamente que en realidad las reglas se aplican a todos los establecimientos que despiezan y manipulan de otro modo la carne cruda. 
Lo lamento, porque sabemos lo peligrosas que son estas salas pues, aunque los productores de pienso, los granjeros, los transportistas y los mataderos se comporten de forma totalmente correcta, la higiene puede seguir estropeándose en la última fase. 
Sin embargo, un compromiso depende de que las partes implicadas hagan concesiones. 
El Grupo ELDR, al que pertenezco, no conseguirá exactamente lo que desea, pues de lo contrario estaríamos más en una dictadura que en una asamblea democrática. 
Me preocupan las salas de despiece. 
Espero que la industria cárnica europea vaya a los tribunales si la definición no se interpreta de la mejor forma posible. 
Por lo demás, apoyamos estas recomendaciones y estamos muy satisfechos de que se haya alcanzado este acuerdo. 
Me gustaría señalar que las personas entre nosotros que han trabajado en él han realizado un trabajo hábil y tenaz para hacer más seguros los alimentos. 
Asimismo quiero mencionar a la Sra. Corbey y al Sr. Whitehead. 
Quizás hayamos sido los más industriosos en estas cuestiones. 
Gracias por su cooperación. 
Señor Presidente, este paquete de normas de higiene se compone de diversos elementos que son muy importantes: una propuesta sobre la higiene alimentaria general, una propuesta sobre alimentos de origen animal y una propuesta sobre controles oficiales que concierne principalmente a los mataderos. 
La posición común del Consejo ha tenido en cuenta la mayoría de las enmiendas del Parlamento en primera lectura, pero siguen existiendo algunas diferencias que tienen que ver principalmente con los siguientes puntos. 
¿En qué medida puede aplicarse el análisis de riesgos y los puntos de control críticos –los HACCP– en la producción primaria en las granjas? 
¿Qué flexibilidad se concederá a los Estados miembros? 
¿Se incluirá una cláusula general de comitología, o una norma más específica que permita la comitología solo dentro de un conjunto de objetivos fijos, como parece preferir el ponente? 
¿Veremos el autocontrol de la industria cárnica por parte de empleados que desempeñan tareas de inspectores de carne? 
¿Acaso la flexibilidad prevista para los pequeños mataderos artesanales se definirá comercializando solo regionalmente debido a la exigencia de la presencia de veterinarios oficiales durante cada proceso de sacrificio? 
Las cuestiones clave para mi Grupo en la primera lectura eran básicamente la comercialización directa de alimentos en la granja o a minoristas locales y la flexibilidad para el procesamiento de productos tradicionales. 
Estas cuestiones están contempladas en gran parte en la posición común del Consejo, que acogemos con sumo agrado puesto que consideramos importante que exista cierta flexibilidad para el procesamiento de productos tradicionales y también en relación con la producción artesanal. 
El problema para mi Grupo con respecto al paquete de compromiso propuesto ahora por el Consejo es que este insiste en ampliar los controles realizados por empleados de mataderos para incluir a los cerdos y a las terneras. 
Mi Grupo –y que yo sepa, el ponente– se oponen firmemente a este autocontrol. 
Ello permitiría una autovigilancia y podría acabar con que se hiciera la vista gorda en ciertas circunstancias, según la productividad de algunos de los mataderos: por consiguiente, no es una buena idea. 
No favorece lo que estamos intentando alcanzar. 
No queremos que se acepte este punto. 
Para nosotros, esta es la cuestión clave en lo que respecta a este informe. 
Nos complace que la posición común haya tenido en cuenta las cuestiones de producción artesanal y local de productos tradicionales. 
– Comisario Byrne, hoy el Parlamento va a votar sobre un paquete muy importante, el de la higiene, y he de decir que la iniciativa que empezó con el Libro Blanco de la Comisión sobre la seguridad alimentaria para refundir toda la legislación en materia de alimentos ha sido uno de los temas que han hecho que esta legislatura se destaque, con su objetivo básico de garantizar la salud y la seguridad del consumidor, al menos desde un punto de vista legislativo. 
Esta es una prioridad absoluta, dados los episodios de «mala higiene» que se han producido en los últimos años y también en vista del golpe que han sufrido a causa de ello muchas actividades del sector primario. 
Si miramos la posición de compromiso propuesta por la Comisión, la respuesta del Consejo y la posición del Parlamento, es evidente que, como en todas las posiciones de compromiso y mediación, todo el mundo querría tener algo más. 
Sin embargo, creo que se trata de una posición de compromiso muy sensata porque es un compromiso entre las exigencias de los productores y las de los consumidores, entre los buenos negocios y la salvaguardia de los derechos básicos de los ciudadanos a unos alimentos y unos productos seguros y sanos. 
Hay tres consideraciones que me gustaría hacer. 
Por supuesto, habríamos preferido que el reglamento sobre la higiene de los alimentos estableciera una aplicación quizás más potente del sistema HACCP y probablemente hiciera una referencia más estrecha al. 
Probablemente también habríamos querido que se insistiera más en el principio «del establo a la mesa» , un principio que es muy atractivo para los consumidores, pero que necesita mayor claridad y que implica costes adicionales para el sector agrícola. 
Por último habríamos querido recalcar más el hecho de que consideramos esencial que los reglamentos aprobados en la Comunidad sean válidos por igual en todos los Estados miembros; por ello creo que sería adecuado limitar la posibilidad de aprobar cambios y autorizarles únicamente a dar una mayor protección a los productos tradicionales de un país individual, sin dejar nunca de aplicar las normas y la seguridad de los alimentos. 
Una palabra final sobre las enmiendas 9 y 14, señor Comisario: les tenemos mucho afecto; nos sitúan en la vanguardia, por así decirlo, como Parlamento. 
) Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Schnellhardt por su trabajo en torno a estos informes. 
Ha sido una especie de maratón y ha costado mucho esfuerzo, pero ha realizado un trabajo muy bueno. 
Ahora tenemos un paquete de medidas que garantizará la salud y la seguridad del público europeo y la calidad y la seguridad del suministro de carne europea para el futuro próximo. 
Estas medidas, cuando se apliquen, serán unas en las que podamos confiar. 
Algunas de las cuestiones han sido más difíciles que otras. 
Todos reconocemos que el sistema no debería sobrecargarse con demasiada burocracia, y reconocemos la necesidad –sin duda en algunos sectores– de la autoinspección o inspección con un ligero matiz. 
En los ámbitos de la producción de pollos y conejos, ello es claramente necesario y no existen problemas graves para la salud pública. 
Sin embargo, es preciso que un cuerpo de inspectores independiente controle de cerca determinados sectores, como el trabajo en los mataderos en toda Europa, donde existe mucha presión de tiempo y mucha presión para rendir, y donde hay pruebas que indican un posible riesgo para la salud pública, sobre todo en el sector de la carne roja. 
Aunque no conozco a nadie que coma carne de conejo o de pollo cruda, conozco a muchas personas –algunas de ellas diputados al Parlamento Europeo– que comen carne roja que está cruda o casi cruda. 
Por consiguiente, hay un riesgo mayor y más grave para la salud en ese sector que en las carnes que se cuecen antes de ser consumidas por el público. 
Por esta razón, considero que el compromiso alcanzado por el Consejo –en lo que respecta a la posible extensión de la autoinspección a ámbitos como el porcino y el vacuno– es peligroso. 
Creo que es un ámbito en el que no deberíamos intervenir en estos momentos: cruza la barrera de las especies y abre la posibilidad de la autoinspección en el sector de la carne roja en el futuro. 
No puedo apoyarlo. 
Todos somos conscientes de la importancia de estas medidas de salud pública: baste recordar el terrible incidente con el envenenamiento alimentario que tuvo lugar hace unos años en Escocia debido a la contaminación de carne roja. 
Hemos de proteger la salud pública. 
Señor Presidente, quiero hacerme eco de las palabras de agradecimiento que se han dirigido no solo a los ponentes, sino también a los ponentes alternativos. 
Hoy, se nos presenta una buena oportunidad de completar todo el paquete de legislación en materia de alimentos, en concreto la evaluación de la seguridad hasta la última fase. 
Lo que estamos debatiendo hoy aquí hace posible revocar un enorme número de directivas. 
Podremos atar todos los cabos sueltos con respecto a la cuestión de la verificabilidad de la producción alimentaria, el enfoque de cadena integral, es decir el principio «del establo a la mesa». 
Señor Presidente, hay algunos problemas en el paquete de compromiso presentado por el Consejo y la Comisión y aprobado por el Parlamento. 
Sin embargo, existe el riesgo de que todo se desbarate en el último momento porque parece haber algunos malentendidos. 
También se lo digo al Sr. Bowe. 
Se trata de defender el compromiso que ha presentado el Consejo. 
Se trata de que las empresas que producen alimentos puedan asumir una responsabilidad adicional, que se controle adecuadamente lo que pasa con la carne y que a continuación, bajo la responsabilidad final del veterinario y de las autoridades que han nombrado al veterinario, digamos si creemos que la carne es buena o no. 
En los Países Bajos, este sistema lleva algunos años funcionado a satisfacción de todos. 
El Sr. Bowe acaba de decir que hace unos años hubo un problema en Escocia con la carne roja, pero quisiera señalar que allí se utiliza un sistema diferente. 
Lo que hemos de hacer es garantizar que la responsabilidad descanse en los hombros de quienes puedan soportarla realmente. 
Esto significa que el sistema necesita flexibilidad y que la burocracia debe reducirse al mínimo, aunque hay que garantizar que el consumidor podrá contar con que la comida que se le da es segura. 
Por ello quiero pedir a la Cámara que apoye el compromiso del Consejo. 
) Señor Presidente, quisiera concentrarme en la amenaza que suponen las propuestas de la Comisión en lo que respecta a la privatización del cuerpo de inspectores independientes en el Reino Unido. 
Esta cuestión ha sido planteada, no solo por la Asociación de Consumidores, sino también por el sindicato Unison del Reino Unido, que representa a los inspectores de carne. 
El sentimiento es que la propuesta de la Comisión permitiría la privatización de manera encubierta asignando la responsabilidad de la higiene a los mataderos en las propias fábricas de carne. 
Ello pondría en peligro la independencia de los inspectores de carne, puesto que entonces quienes pagaran sus salarios serían las empresas encargadas de la inspección. 
La protección del consumidor debería ser nuestra máxima prioridad y ningún consumidor debería correr el riesgo de comer carne insegura. 
La pasada semana tuvimos la cuestión de los pollos en venta que, según la Asociación de Consumidores, llevaban fechas de caducidad incorrectas en los envases. 
Encima, tenemos el trasfondo de la EEB, la tragedia de la fiebre aftosa y los temores del E. coli. 
De hecho, la situación que tuvo lugar hace muchos años a la que se ha referido el Sr. Bowe implicó a los carniceros a los que acudía mi familia en Wishaw, Escocia. 
Nunca ha habido tanta necesidad de tranquilizar a los consumidores de que la carne que consumen es segura. 
Redunda en interés del consumidor, pero también debería redundar en interés de la industria. 
Mientras visitaba una fábrica de carne hace algunos meses, se me aseguró que la calidad de la carne era superior y que los inspectores de carne desempeñaban un papel importante a la hora de asegurar la calidad y la seguridad. 
No deberíamos arriesgar la independencia del cuerpo de inspectores de carne. 
En el Reino Unido hay 1 200 inspectores de carne independientes y espero que puedan seguir realizando el trabajo que nos garantiza a los consumidores que la carne que comemos es segura. 
) Señor Presidente, esto forma parte del paquete sanitario junto con la legislación alimentaria, y felicito al Sr. Schnellhardt por lo que ha hecho durante muchos años a este respecto. 
Le apoyo en su exigencia de que deberíamos limitar el grado en que pueden alterarse los anexos por la vía de la comitología. 
El problema está en los detalles. 
No queremos que la enfermedad esté también en los detalles. 
Tenemos motivo para preocuparnos en todas las circunstancias en que los alimentos de origen animal están siendo envasados e identificados. 
El Comisario conoce, por la correspondencia que he mantenido con él, las dificultades que tuvimos en los East Midlands con el escándalo Denby y otros sobre la carne mal identificada y que se vendió cuando no debería haberse vendido. 
La extensión de la inspección por personal auxiliar en el caso de la carne roja nos preocupa. 
No queremos que esto se extienda a los cerdos y a las terneras. 
El Comisario ha dicho que es perfectamente seguro y que ha funcionado muy bien con la carne blanca. 
No estoy seguro que haya sido así, y si examina el estudio de la Asociación de Consumidores sobre las condiciones en las que se envasan y venden los pollos, verá que hay margen para dudar y preocuparse incluso en este caso. 
Ello no es ningún reproche al duro trabajo y a la dedicación del personal empleado en los mataderos. 
Simplemente hay que asegurarse de que no tengan que soportar una presión intolerable y que se utilicen todos los medios de seguridad posibles. 
Personalmente aplaudo a Unison, el sindicado, por la campaña que está haciendo sobre esta cuestión. 
Por ello y solo por ello creo que tenemos razones para ir más allá de la posición común por el bien de la seguridad. 
Doy las gracias a todos los colegas que han intervenido en este debate tan agradable. 
Evidentemente, el Parlamento y la Comisión están realizando muchos progresos. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy al mediodía. 
.Los consumidores tienen derecho a exigir que los alimentos que compran y comen sean lo más seguros posible, y apoyo plenamente ese principio, pero en nuestro afán por aplicar reglamentos que funcionen, dando a los consumidores las garantías que necesitan, no hemos de desechar las medidas existentes que ya han demostrado ser positivas. 
Me parece increíble que el actual sistema independiente de inspección de la carne en el Reino Unido pueda mejorarse adoptando el mismo estilo de controles que actualmente se utilizan en el sector de las aves de corral. 
Cualquiera que haya visitado una planta de procesamiento de pollos, sabrá que el proceso es totalmente diferente al que se aplica en un matadero. 
Por supuesto, acepto que se apliquen controles desde el establo hasta el plato, pero sin duda tiene sentido mantener las partes de la cadena que funcionan, y añadir controles en los ámbitos en que parece necesaria una mejora. 
Por esta razón me opondré a las partes de este paquete que desmantelarían o privatizarían el servicio independiente de inspección de la carne. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0197/2004) del Sr. Maat, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CEE. 
. Señor Presidente, en primer lugar permítame expresar mi agradecimiento por la ardua labor que han realizado los miembros de las comisiones en relación con la propuesta de la Comisión de un reglamento relativo a la protección de los animales durante el transporte. 
Permítame reconocer en particular los esfuerzos realizados por el Sr. Maat sobre esta importante iniciativa. 
El bienestar de los animales es un tema emotivo. 
Ello se evidencia por la amplia participación en el debate y en parte por el gran número de enmiendas presentadas. 
La propuesta de la Comisión aspira a lograr una mejora significativa del bienestar de los animales transportados. 
Se centra en especial en los viajes de larga distancia, pues son estos viajes los que pueden causar más problemas. 
Intenta introducir unas normas más claras y mejoradas, así como unas reglas de ejecución más estrictas. 
Esta propuesta es fruto de un amplio análisis, asesoramiento científico y consulta con las partes interesadas. 
Estoy seguro de que no satisface los deseos de los defensores ardientes de cada uno de lso bandos enfrentados en el debate sobre el bienestar de los animales, pero estoy bastante seguro de que si se introduce ahora se pondrán en práctica importantes mejoras de las condiciones de transporte de los animales que durante años han sido el sueño de los entusiastas del bienestar de los animales. 
Me aseguraré realmente de que cualquier enmienda que intente liberalizar indebidamente las condiciones de transporte o limitarlas esté condenada al fracaso. 
He indicado que estoy dispuesto a participar en un diálogo constructivo con vistas a alcanzar un acuerdo rápido y una mejora en las condiciones de transporte. 
Uno de los principales aspectos políticos del expediente tiene que ver con los tiempos de viaje. 
La Comisión propone reemplazar las normas actuales por un sistema simple para todas las especies que implique un trayecto máximo de nueve horas, seguido por un descanso de doce horas si es preciso continuar el viaje. 
No es casual que estos tiempos coincidan con las reglas de viaje y de descanso aplicables a los trabajadores. 
Por consiguiente, la ejecución deberá ser más directa, por lo que a mí respecta, un aspecto de importancia crucial de esta legislación. 
Estoy dispuesto a tener en cuenta variaciones en el tema propuesto por la Comisión a fin de alcanzar un compromiso duradero. 
Sin embargo, permítanme ser muy franco: no puedo aceptar enmiendas cuyo efecto práctico sea una prohibición del transporte de animales vivos ya estén destinados al sacrificio, a la cría o a la reproducción. 
Creo que tal acción sería ilegal y del Tratado. 
Podría ser paralizada por el Tribunal. 
En cualquier caso, no hay posibilidades de que tal iniciativa sea apoyada en el Consejo. 
Por ello he propuesto que se adopte un enfoque inteligente y sofisticado de la mejora del bienestar de los animales. 
Hablando sin rodeos, luchar contra molinos de viento sería un pobre consuelo si no se aprovecha la mayor oportunidad en toda una década para mejorar los sistemas de bienestar. 
. Señor Presidente, agradezco al Comisario su intervención inicial. 
Sin embargo, antes de añadir mi propio comentario a la directiva sobre el transporte de animales, quiero detenerme un momento sobre un suceso acaecido en mi país, concretamente la marcha de nuestra reina madre, la princesa Juliana. Durante su reinado, siempre demostró un especial interés por el sector agrícola y por la ganadería de mi país. 
Para ella, todos los seres humanos y todos los animales eran importantes. 
Me gustaría conmemorarla hoy al inicio de este debate y compartir el dolor con su familia y con todos aquellos que la echarán de menos. 
La revisión de la Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE sobre el transporte de animales se ha hecho esperar mucho. 
Aprecio la contribución del Comisario Byrne, porque después de nuestro debate sobre la resolución de 2001, ha recogido el guante. 
Para mí, como ponente, las razones para someter la legislación a una profunda revisión han sido, además del bienestar de los animales, sobre todo la crisis de la fiebre aftosa y los brotes de fiebre porcina. 
Sin embargo, he de decir que la propuesta de la Comisión no ofrece una elección real. 
Dados los límites de tiempo propuestos de nueve horas en el tránsito y doce horas de descanso, con repeticiones ilimitadas de este ciclo, y la muy generosa ampliación de la superficie por animal, uno puede concluir tranquilamente que el transporte que supere las nueve horas será prohibitivo. 
Sin embargo, como ponente me distancio algo de este enfoque, porque no hace justicia a la ya difícil situación económica en la ganadería y porque no se ha abordado suficientemente la limitación de los riesgos de enfermedades de los animales y la regularización de la práctica de sacrificio. 
Además, demasiado espacio por animal provoca un riesgo innecesario de lesiones durante el transporte, por ello he decidido seguir la siguiente línea. 
En primer lugar, el transporte hasta 100 kilómetros debe mantenerse fuera del alcance de la directiva, para evitar que el transporte de ganado destinado al sacrificio y a la producción sea innecesariamente caro. 
Además, este transporte tiene que ver principalmente con sistemas de ganadería regionales y durante estos transportes apenas hay, si los hay, problemas con el bienestar de los animales. 
En segundo lugar, no hay que alterar demasiado los requisitos de superficie para los animales destinados al sacrificio. 
Ahora ya se aplica la restricción de nueve horas o 500 kilómetros en el transporte de ganado destinado al sacrificio, y se trata del 97% del transporte de ganado para el sacrificio. 
Sin embargo, hay que incluir períodos de transición para las regiones que tienen pocos mataderos o problemas de mercado especiales. 
Además, quiero abogar a favor de promover específicamente el establecimiento de mataderos en regiones donde hay animales. 
¿Por qué, si la leche y el azúcar se procesan por lo general en las regiones donde se producen, no puede hacerse lo mismo en el caso de los animales destinados al sacrificio? 
En tercer lugar, con respecto al ganado destinado a la producción y a los sistemas tradicionales de engorde de animales, propongo un límite de transporte de 30 horas, incluyendo ocho horas de descanso, pero sin descargar en lugares de parada. 
Asimismo abogo a favor de un reglamento independiente para el ganado para la cría y los caballos de carreras, con un régimen estricto de descanso y alimentación. 
Sin embargo, en general, las condiciones de transporte para este grupo ya son excelentes. 
En cuarto lugar, soy partidario de unos controles más numerosos y más específicos del transporte internacional. 
Este punto, en particular, es el talón de Aquiles de la actual práctica en la UE. 
En quinto lugar, quisiera que los periodos de descanso y los tiempos de conducción en las directivas europeas existentes para el sector del transporte se vincularan a la nueva legislación. 
Además, debería introducirse el sistema GPS para el transporte internacional, a fin de evitar la burocracia innecesaria y para que los controles puedan realizarse de forma más eficaz. 
El hecho de que sobre todo este último punto no es un lujo innecesario ha quedado de manifiesto, entre otras cosas, por los controles de carretera no anunciados realizados en Austria, que evidenciaron que no menos del 50% de los transportistas de animales infringían la ley. 
También el transporte de 221 000 reses vivas al año al Líbano suscita preguntas: ¡ello equivale a una vaca entera para cada dos familias en el Líbano por año! 
En lo que a mí respecta, hay razones de sobra para aprobar la legislación, sobre todo en relación con el transporte de animales destinados al sacrificio. 
Por ello quiero pedir a los diputados de esta Cámara que apoyen las enmiendas 1 a 97 inclusive, las enmiendas 109, 110, 11, 112 y 115. Con ello se logra el mejor equilibrio entre el bienestar de los animales y lo que los ganaderos consideran económicamente aceptable. 
Si el Consejo aprueba esta propuesta, la ganadería en Europa no se verá expulsada del mercado y el bienestar de los animales mejorará de forma estructural. 
Pido a la Comisión y al Consejo que adopten ya una posición preliminar. 
Por último quiero dar las gracias a los diferentes grupos por la excelente cooperación durante la preparación y el debate de este informe. 
.) Señor Presidente, la opinión de la Comisión de Medio Ambiente sobre esta cuestión era muy positiva: era evidente que la comisión deseaba mantener la posición adoptada por muchos diputados de este Parlamento: más de 400 diputados europeos firmaron una resolución pidiendo un máximo de 8 horas de tiempo de viaje total. 
En relación con la propuesta de la Comisión, muchas de las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente no fueron aceptadas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, pero espero que las enmiendas que han sido presentadas sean apoyadas cuando tenga lugar la votación. 
El periodo de descanso de los vehículos, por ejemplo, es totalmente inviable. 
Un periodo de descanso dentro de un vehículo no puede considerarse como un periodo de descanso por muchas razones. 
En primer lugar, las condiciones no cambian en absoluto para los animales. 
Sería muy difícil abrevar o alimentar a los animales salvo si el vehículo estuviera equipado para hacerlo posible. 
Si este fuera el caso, sería económicamente inviable para los transportistas tener un vehículo de estas características. 
Va ha ser muy difícil cuidar de los animales si permanecen en el vehículo durante el periodo de descanso. 
¿Cómo se sacará a los animales muertos del vehículo? 
En Irlanda se ha producido un caso reciente en relación con Pandora, que declaró no querer transportar más animales vivos, supuestamente por razones económicas. 
Pueden verlo venir en el futuro. 
Asimismo, en relación con el ciclo continuado, la idea de un periodo de descanso durante un viaje que pueda continuar indefinidamente es totalmente inaceptable. 
Ni siquiera la industria acepta el periodo de descanso dentro del vehículo. 
Esta es una de las cuestiones clave que han de abordarse esta semana en el Parlamento. 
En relación con el fraude en las restituciones a la exportación –una cuestión que se planteó durante la sesión de anoche y recientemente en los medios de comunicación–, una de las maneras de evitarlo sería prescindir de las restituciones a la exportación. 
La gran mayoría de los ciudadanos europeos no quieren que su dinero se utilice para subvencionar el transporte inhumano de animales, que causa un sufrimiento indecible e innecesario. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Maat acerca de la creación de mataderos locales. 
En algunos lugares de Alemania se facilitan mataderos móviles si no existen mataderos a escala local. 
Hemos de asegurar que los animales no sean sometidos a un sufrimiento innecesario, y esto es claramente innecesario. 
La Comisión de Medio Ambiente mantiene firmemente esta opinión. 
) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Maat por elaborar un informe muy práctico sobre el transporte de animales, porque no cabe la menor duda de que todos queremos que se regule el transporte de animales. 
Es una cuestión muy emotiva, sobre todo en el Reino Unido. 
Asimismo quisiera darle las gracias por copatrocinar mis enmiendas para pedir a la Comisión y al Gobierno británico que establezcan una exclusión voluntaria, especialmente en el transporte de caballos vivos al continente destinados al sacrificio. 
Esto no ha sucedido en el Reino Unido durante más de 70 años, y queremos asegurarnos de que no volverá a suceder. 
Estoy muy agradecido al Sr. Maat por esto. 
Una de las cosas positivas del informe del Sr. Maat es que ha establecido una diferencia entre animales destinados al sacrificio y los destinados al engorde. 
No hay justificación alguna para transportar a animales a lo largo de enormes distancias para el sacrificio, pues, siempre que sea posible, han de ser sacrificados en el país donde se han criado. 
Asimismo hemos oído que en estos momentos se están pagando cerca de 52 millones de euros en subvenciones a la exportación. 
Gran parte de este ganado va al Líbano, y su viaje no acaba allí: después de esto continúan viajando durante muchas horas. 
Hemos de asegurarnos de que se ponga fin a esta práctica. 
Cuando promulgamos esta legislación, una de las claves de todo el proceso es la ejecución: garantizar que tengamos el tipo adecuado de camiones y los periodos de descanso adecuados. 
Asimismo hemos de asegurarnos de que si estos transportistas internacionales no cumplen los requisitos, se les retirará la licencia. 
Ello enviaría un mensaje muy claro a la industria de que no se puede abusar del sistema. 
Lo que estamos intentando hacer es bueno, y hemos de conseguir el tipo adecuado de transporte. 
No estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión sobre la idea de un periodo de descanso de 12 horas dentro de un camión, sobre todo en lo que respecta a las ovejas. 
No es práctica y hemos de tener una duración máxima del viaje. 
Es lo que propone el Sr. Maat en su informe. 
Recomiendo encarecidamente a la Cámara que apruebe el informe. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a mi estimado colega, el Sr. Maat por su excelente trabajo en el informe y también por la cooperación tan constructiva que hemos tenido. 
Si hemos conseguido poner el informe en el orden del día de este periodo parcial de sesiones ha sido gracias a la persistencia y los enormes esfuerzos del ponente. 
Los animales se beneficiarán de este hecho y ello debería complacer a los muchos europeos que se preocupan por el bienestar de los animales. 
En nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, he presentado una enmienda que limita a ocho horas el tiempo de viaje para los animales destinados al sacrificio. 
Esta propuesta no consiguió mayoría en la comisión, pero espero que consiga una mayoría durante la votación. 
Me complace realmente que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural haya adoptado mi enmienda sobre los lugares diferenciados en el caso de tiempos de viaje inferiores a cuatro horas, pues ello contribuirá aún más a que los viajes se realicen a lo largo de distancias cortas y, por tanto a que los animales permanezcan en su país de origen y sean sacrificados allí. 
Además de los tiempos de viaje, hay que prestar mucha atención a las condiciones en las que son transportados los animales, pues incluso un viaje de dos horas puede ser demasiado largo si las condiciones no son las que deberían. 
Por ello me complace mucho que la propuesta que está sobre el tapete contenga tantas buenas decisiones acerca de la ventilación, la temperatura y la pendiente de las rampas de carga. 
A este respecto, también vale la pena mencionar que ahora se exigen certificados a los contratistas de transporte y que se exige que los conductores y otros que tratan con animales estén preparados para reconocer y responder a cuestiones relacionadas con el bienestar de los animales. 
Señor Presidente, nos encontramos ante una cuestión importante que se enfrenta, como muchas otras cuestiones, a incertidumbres científicas. 
Este expediente tiene una peculiaridad, que es el carácter errático de las propuestas de la Comisión. 
Ante las dificultades para definir de un modo objetivo el bienestar de los animales, la Comisión viene realizando propuestas por el método de tanteo. 
Después de haber intentado aplicar los inaplicables centros de reposo, ahora realiza la actual propuesta que no deja de ser asombrosa, a mi parecer. 
¿Cómo se puede pretender que una parada prolongada a lo largo del viaje pueda beneficiar el bienestar de los animales? 
Dicho así, me parece una gran simplificación. 
Podemos imaginar los efectos de una propuesta semejante aplicada a nosotros mismos. 
Permítame este símil: si en un viaje en automóvil, poco antes de llegar nos obligasen a efectuar una parada prolongada, sin bajar del coche, es natural que nuestro estado nervioso sufriría un serio deterioro. 
Si la propuesta de la Comisión presenta serios problemas de rigor, hay que reconocer que el proyecto de informe, a pesar de los esfuerzos del Sr. Maat, no es más que un "sálvese quien pueda". 
En primer lugar, se establece una distinción entre los animales destinados al matadero y los animales destinados al engorde. 
¿Por qué los animales destinados al matadero tendrían más derecho al bienestar que los destinados al engorde? 
Que yo sepa, según los Tratados, todos los hombres son iguales, y los animales también. 
Es evidente que con el proyecto de informe se garantiza que el 40% de las exportaciones holandesas de porcino alcancen su destino más lejano: el mercado español. 
Bien: 1 400 000 cerdos podrán viajar treinta horas, mientras que los pobres cerdos con destino al matadero tendrán derecho a una última voluntad y no podrán viajar más de nueve horas. 
¡Fantástico logro para el bienestar animal! 
Eso sí, con las nueve horas, los cerdos procedentes, por ejemplo, de Polonia podrán ser sacrificados en algunos países próximos, dejando allí el valor añadido y no favoreciendo precisamente la homologación de los mataderos polacos a la normativa comunitaria. 
En mi opinión, en este proyecto de informe se está tratando de muchas cosas y no tanto del bienestar de los animales. 
Hay que reconocer que nadie se dedica a pasear animales por gusto. 
El transporte de animales vivos es caro y complicado, y solo se hace cuando es necesario. 
Creo que para el bienestar animal lo fundamental es reducir el tiempo total del viaje para todos los animales. 
) Señor Presidente, es una tragedia que la propuesta de la Comisión que tenemos ante nosotros no proponga poner fin al transporte de larga distancia de animales de granja y prohibir las exportaciones de ganado vivo. 
Un gran número de personas se oponen a las exportaciones de ganado vivo; son innecesarias, crueles e injustificables. 
Mi enmienda 114 permitiría a los Estados miembros prohibirlas, y pido a sus Señorías que voten a favor de ella. 
No se trata de «luchar contra molinos de viento» , como ha dicho el Comisario Byrne. 
Refleja la opinión pública, respeta la opinión científica y es el único enfoque humano y aceptable. 
Que la UE pueda seguir permitiendo que se transporte a animales a través de Europa durante horas –a veces más de 40 ó 50 horas, a veces hasta 90– es completamente inaceptable, tanto desde el punto de vista del bienestar de los animales como desde el punto de vista de la prevención de la propagación de enfermedades. 
Por ello es crucial que el Parlamento acepte nuestras enmiendas, en particular la enmienda 123, que propone un tiempo de viaje máximo de ocho horas para el sacrificio y para el engorde. 
Aunque ahora parece que el Gobierno británico apoya aparentemente –en el último minuto– las enmiendas favorables a un límite general de ocho horas, me temo que se trata tan solo de una cínica maniobra de relaciones públicas, dado que a lo largo de los últimos seis meses ha estado boicoteando precisamente un resultado de este tipo en el Consejo de Ministros. 
No solo eso, sino que el Gobierno británico tampoco ha logrado garantizar proteger a los caballos contra la exportación al continente para su sacrificio. 
Se trata de cuestiones sumamente importantes y hemos de asegurarnos de que nuestra respuesta parlamentaria las aborde adecuadamente. 
Señor Presidente, la UE es la razón de los largos viajes de los animales. 
La aplicación del mercado interior ha exigido la eliminación de las fronteras veterinarias. 
Los controles veterinarios sistemáticos en las fronteras se consideran como un obstáculo técnico al comercio. 
Ha de ser posible transportar ganado libremente por toda la UE como cualquier otra mercancía. 
Los controles fronterizos eficaces sobre el transporte de animales se están convirtiendo en ilegales. 
La propuesta de la Comisión es una aplicación coherente de esta idea. 
La propuesta de la Comisión garantiza que se pueda hacer el máximo uso posible de todas las ventajas económicas. 
Un pequeño cerdo nacido en Suecia puede ser engordado en Portugal y sacrificado en Polonia, siempre que con ello se consiga ahorrar. 
¿Cuál es la esencia de la propuesta de la Comisión? 
El bienestar de los animales no tiene nada que ver con ello. 
Los largos viajes equivalen a crueldad con los animales y las enfermedades del ganado se propagan más. 
La seguridad veterinaria está amenazada, y ello perjudica la salud de los animales y de los seres humanos. 
Por ejemplo, ahora en Dinamarca tenemos la salmonela multirresistente DT104 Esto debe pararse. 
Es necesaria una legislación en relación con el mercado interior. 
La enmienda 100 excluye al ganado de las normas que regulan el mercado interior. 
Ha de ser posible idear unas normas nacionales de mayor alcance que regulen el transporte de animales y el equipamiento de los vehículos. 
Ha de ser posible introducir inspecciones veterinarias en las fronteras con los consiguientes acuerdos de cuarentena. 
Ello será eficaz a la hora de limitar las enfermedades del ganado, y reducirá sin duda el número de viajes largos para que, por lo menos, los viajes más largos sean de ocho horas. 
Además, ello se aplicará a todos los animales, tanto los que van a sacrificarse como los destinados al engorde. 
En otra enmienda, propongo que, para los viajes de más de ocho horas, se incluyan controles veterinarios sistemáticos tanto en el momento de la partida como en la rampa de descarga al llegar al destino. 
Ello es necesario para evaluar constantemente si los viajes pueden justificarse desde el punto de vista del bienestar de los animales. 
Actualmente, el conductor es el único que da evaluación sobre la ruta recorrida, y esta evaluación no dice nada sobre las condiciones de los animales. 
En la enmienda también propongo que el transporte de animales que sobrepase las ocho horas se someta a una tasa para financiar los controles y la supervisión. 
Si se quiere que los controles sean eficaces, ello implicará costes. 
Los gastos vinculados a este aspecto de la producción ganadera han de sufragarse en forma de una cuota pagada por los contratistas del transporte a las autoridades locales. 
No hay que pensar en un impuesto europeo. 
– Señor Presidente, señor Comisario, el proyecto de reglamento increíblemente detallado que debatimos esta mañana es un ejemplo perfecto de texto inútil. 
Existen disposiciones razonables que regulan el transporte de animales y favorecen su bienestar, que es una de las características del modelo agrícola europeo. 
Lo que sucede es que esas disposiciones no se aplican adecuadamente en todas partes y no se efectúa un control suficiente. 
Pero en vez de velar por mejorar su aplicación y control, tarea demasiado oscura, la Comisión encuentra más gratificante lanzarse una vez más a la huida hacia delante reglamentaria sacándonos este nuevo ladrillo que recoge las reivindicaciones más maximalistas de los grupos de presión ideológicos que influyen en ella. 
Poco importan las graves consecuencias que pueda tener su texto sobre nuestros transportistas y ganaderos. 
A todas luces, no es un problema de la Comisión Europea, que, como acostumbra, no se preocupa siquiera de acompañar su proyecto legislativo de un estudio de impacto de las medidas que propone sobre la actividad de los profesionales afectados. 
Hemos disertado largo y tendido, en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la pendiente que debe tener la pendiente de las rampas de acceso a los vehículos de transporte de ganado, que debe ser como máximo del 33,33 % con respecto a la horizontal o del 30% para los porcinos, terneros y caballos y no exceder del 50% o del 30% para los ovinos y los bovinos distintos de los terneros, a condición de que las rampas estén equipadas con cuñas a intervalos máximos de 30 cm. Solo falta considerar el coeficiente de frotamiento de las pezuñas sobre la rampa. 
Esta laguna será colmada sin duda en el próximo proyecto de reglamento que nos presente la Comisión. 
Francamente, ¿es nuestra función abrumar con prescripciones tan minuciosas y poner semejante camisa de fuerza a nuestros productores, nuestros ganaderos, nuestros transportistas, nuestros creadores de riqueza y empleo? 
¿Acaso no es totalmente suicida imponer cargas tan pesadas, exigencias tan costosas, que solo gravan a los agentes económicos europeos en un contexto de libre comercio en que nosotros mismos nos manejamos sin instrumentos de regulación? 
¿Acaso no es trabajar en beneficio de terceros países, desalentar a nuestros productores y favorecer las importaciones? 
A pesar de las pocas observaciones de sentido común que ha introducido la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, como la necesidad de sacrificar el ganado lo más cerca posible de los lugares de cría, la estructura y el espíritu del reglamento de la Comisión quedan en lo esencial intactos. 
Es la razón por la cual, señor Presidente, votaremos en contra de este texto perjudicial. 
– Señor Presidente, en el pasado, los animales, aparte de los que estaban tradicionalmente implicados en la transhumancia, no viajaban a largas distancias y de este modo durante toda su vida solo hacían un viaje hacia el matadero. 
Sin embargo, hoy en día, el problema de regular los diversos aspectos del transporte se ha convertido en un componente principal de la legislación en el sector de la producción de animales. 
El primer requisito que ha surgido tiene que ver con la salud, especialmente la propagación de enfermedades transmisibles. 
A ello hay que añadir la cuestión cada vez más importante de la protección de los animales y los factores de estrés. 
El bienestar de los animales durante el transporte implica más directamente a los operadores que a los agricultores, aunque estos últimos padezcan a menudo sus consecuencias, tanto antes, cuando reciben a los animales que han de sumar a sus propiedades, como después, debido a los efectos que puede tener el transporte sobre la calidad y por consiguiente sobre lo que obtienen por sus productos. 
La legislación que protege el ganado durante el transporte, en particular el reglamento sobre el cual nos disponemos a votar, se basa en pruebas científicas y técnicas. 
En este caso específico, recordamos los estudios que se realizaron después del informe del Comité Científico de Salud y Bienestar de los Animales, que tuvo en cuenta más de 300 fuentes y elaboró 55 recomendaciones. 
Si consideramos las cinco libertades mencionadas en el informe Bremmer de 1995, nos damos cuenta de que las operaciones de descarga, carga y traslado tendrán un efecto profundo sobre cada una de estas cinco libertades. 
De hecho, se ha demostrado que esta serie de operaciones provoca mayor estrés y sufrimiento a los animales que cualquier otra práctica ganadera. 
Por ello creo que las horas máximas propuestas y el sistema de periodos de descanso son demasiado reduccionistas y el razonamiento adoptado para apoyar los tiempos de viaje más cortos no puede justificarse desde un punto de vista científico: el propio Comité Científico no estableció este límite cuando elaboró su informe. 
No cabe duda de que el transporte puede tener muchos efectos negativos en los animales, pero toda la situación ha de analizarse en términos técnicos por el bien de los propios animales y de los operadores. 
Señor Presidente, el objetivo de esta Directiva, que es el transporte de los animales en condiciones dignas, merece todo nuestro apoyo, pero queremos que todas las decisiones que adoptemos a este respecto se basen en criterios científicos y técnicos. 
Por otra parte, no podemos olvidar que el transporte de animales no escapa a las reglas y a las normas del mercado interior y que no podemos legislar de espaldas a una realidad económica, porque alrededor del transporte de los animales existe una actividad económica para muchas zonas de la Unión Europea. 
No podemos compartir la propuesta del ponente, respecto a la diferencia entre animales para sacrificio y animales para vida. 
La dignidad en el transporte afecta a ambos por igual. 
En relación a las horas de transporte, la Comisión ha mantenido, desde el principio, su deseo de ajustar las horas de viaje permitidas a la normativa social, pero lo cierto, señor Comisario, es que lo mejor para el bienestar del animal es llegar cuanto antes a su lugar de destino. 
El descanso de doce horas de los animales en el vehículo atenta clarísimamente al bienestar y a la dignidad de los animales en el transporte, pero la limitación de nueve horas en el transporte atenta clarísimamente también al principio del mercado interior. 
Por eso, nosotros pensamos que una solución o una propuesta coherente y correcta sería establecer la obligación de dos conductores, con un ciclo de nueve horas que permitiera un descanso breve para poder continuar otro ciclo de nueve horas en el transporte. 
Por último, quiero decir que nos parece que todo nuestro esfuerzo en esta propuesta para garantizar la dignidad en el transporte de los animales se debe centrar en unas buenas condiciones de los vehículos que los transportan, en una buena preparación del personal encargado del transporte y, sobre todo, en lograr que las normas que aquí decidamos se cumplan en todo el territorio de la Unión Europea. 
) Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Maat por la manera hábil y razonable con la que ha tratado un expediente complejo. 
Me complace en particular que tanto la propuesta de la Comisión como el informe reconozcan los aspectos prácticos del transporte de animales en regiones remotas e islas, como los Highlands y las islas de Escocia. 
La distinción entre viajes para el sacrificio y para otros fines es importante. 
Salvo en las circunstancias más excepcionales, ocho horas en la carretera deberían ser suficientes para el sacrifico, y la recomendación hecha en el informe de fomentar el uso de mataderos locales haría menos probable estas circunstancias. 
Los movimientos de animales para otros fines –como el engorde, la cría o la repoblación– pueden exigir realmente unos tiempos de viaje más largos. 
Sin embargo, tanto la propuesta de la Comisión como el informe parecen permitir una excesiva repetición de las secuencias de tiempos de viaje. 
Nuestra enmienda 105 intenta ponerles un límite, aunque se trata de un límite que sigue estando en consonancia con unas prácticas ganaderas razonables. 
– Señor Presidente, es bueno que se preste una mayor atención a los requisitos del bienestar de los animales en el futuro reduciendo los tiempos de transporte y mejorando las condiciones del mismo. 
Sin embargo, es mucho más importante que haya una marcada reducción de los transportes de animales en sí. 
Esto redundaría de verdad en beneficio de los animales y además dificultaría la propagación de peligrosas enfermedades de los animales, al tiempo que reduciría la contaminación medioambiental por emisiones de dióxido de carbono. 
La mayoría de la gente cree que es incivilizado transportar a animales a cientos o incluso miles de kilómetros a través de Europa y del mundo para sacrificarlos. 
Piden con razón que los animales sean transportados a los mataderos más cercanos y se comercialicen desde allí. 
A fin de cuentas es mucho más fácil suministrar carne congelada a las zonas remotas. 
Los transportes de animales destinados al sacrificio deberían limitarse a cuatro horas. 
Este recorrido ya es bastante largo para llegar a un matadero desde casi cualquier granja en Europa. 
El informe dice que el transporte transfronterizo de animales es necesario debido a la distribución desigual de los recursos y la demanda, debido a factores geográficos e históricos. 
No puedo apoyar este punto de vista. No obstante, las subvenciones de la UE se han utilizado ampliamente para estimular la concentración de las instalaciones de sacrificio. 
La principal razón es la política de liberalización y concentración, que está destruyendo los patrones de comercio regional. 
Mientras se aplique esta política, todo lo que se haga para proteger a los animales durante el transporte será tratar los síntomas y no la causa. 
Lo que dice el informe acerca de dar prioridad a los mataderos cercanos al lugar de cría, el apoyo financiero a los mataderos locales o el uso de mataderos móviles será imposible de conseguir en una Unión Europea de 25 Estados miembros. 
La realidad es diferente. 
En la industria de los mataderos hay una continua tendencia a la fusión. 
Las distancias a lo largo de las cuales se transporta a los animales aumentan. 
El control de los transportes de animales desde el espacio a través de posicionamiento con satélite puede ser una tecnología muy interesante, pero es solo un método de vigilancia, de los cuales, desde mi punto de vista, tenemos demasiados. 
Sería conveniente volver a examinar la eficacia de todos los métodos. 
Este informe debería promover los ciclos comerciales regionales. Es por ello que puedo y debo decir que ha de revisarse por completo a tal efecto. 
Señor Presidente, cada día, tienen lugar transportes de animales tremendamente largos a través de nuestro continente. 
Se transportan cerdos neerlandeses durante 30 o 40 horas hasta España o Italia; las ovejas irlandesas viajan a Grecia e incluso hasta Oriente Próximo. 
Los tiempos de transporte de 90 horas no son infrecuentes. 
Eso es cruel. 
Los caballos del este de Europa son transportados a Italia y Grecia. 
Esta práctica debería terminarse, pero la Comisión no ha propuesto nada a tal efecto, y por desgracia, el informe del Sr. Maat no exige el fin de este tipo de transportes tremendamente largos. 
Más de un millón de cerdos neerlandeses viajan a través de los Alpes y los Pirineos a Italia y España para ser engordados allí. 
Mi Grupo, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, quiere que se detenga esta práctica. 
Aunque el Sr. Maat se unió a 333 diputados europeos en la firma de una declaración escrita para exigir que se ponga fin a los transportes de animales de más de ocho horas, ahora está dando marcha atrás. Por desgracia, esto es típico de los Demócrata-Cristianos, para quienes los intereses económicos priman sobre el interés de los animales. 
Para mi Grupo, sucede precisamente lo contrario, y un gran número de neerlandeses y europeos están de nuestro lado. 
El debate en el Consejo, como se ha dicho, es incluso peor. 
Ya nadie en el Consejo pide que se pare nada. 
Hemos de mantenernos firmes en nuestros criterios, enviar un claro mensaje y no ceder en esta fase, pues de lo contrario, por desgracia, el Consejo lo hará aún peor. 
) Señor Presidente, me gustaría comentar la recomendación de la Comisión sobre puntos de parada cuando se transportan animales vivos de un Estado miembro a otro dentro de la Unión. 
Aunque el bienestar de los animales que se transportan de una jurisdicción a la siguiente ha de tener una importancia capital, no creo que la orientación política propuesta por la Comisión al Parlamento con respecto a esta medida sea correcta. 
En un principio, los puntos de parada se introdujeron como medida de control de enfermedades cuando se descubrieron los problemas relacionados con la EEB. 
En Irlanda se han realizado muchas investigaciones sobre las ventajas y desventajas de los puntos de parada en general, y los estudios realizados por institutos de investigación agrícolas han demostrado que para el bienestar animal en viajes de larga duración entre Irlanda y el continente es preferible mantener los puntos de parada. 
Los puntos de parada permiten descargar, abrevar y hacer descansar a los animales, y también son esenciales para limpiar y cambiar el lecho de los camiones. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó recientemente una enmienda que estipulaba que las autoridades competentes en cada Estado miembro han de identificar un número suficiente de lugares de descarga adecuados e informar a la Comisión Europea en intervalos regulares. 
Se trata de un enfoque sensato por parte de la Comisión de Agricultura. 
Todos deseamos que se proteja el bienestar de los animales que se transportan a largas distancias. 
Es preciso garantizar unas condiciones adecuadas para los animales vivos que se trasladan de un Estado miembro a otro. 
Sin embargo, ¿cómo podemos garantizarlo? 
Personalmente creo que el mantenimiento de puntos de parada tiene una importancia crucial en este sentido y sin duda hay otros que comparten esta opinión. 
) Señor Presidente, mientras las personas sigan comiendo carne, el trato dado a los animales de granja suscitará vivos debates. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural eligió sabiamente al Sr. Maat para elaborar este informe, que consigue en gran medida reconciliar el bienestar de los animales con la economía ganadera. 
El hecho de que se hayan presentado más de 450 enmiendas demuestra el grado de interés y el amplio abanico de opiniones sobre los detalles. 
El Sr. Maat ha sabido manejarlo con habilidad, pero, en una cuestión tan destacada, las enmiendas presentadas ante el Parlamento pidiendo unas condiciones aún más estrictas eran de esperar. 
El informe de la comisión ha conseguido diversos objetivos importantes: reducción de los tiempos de viaje; mejores condiciones de transporte, inclusive disposiciones sobre los periodos de descanso, para alimentar y abrevar al ganado; formación adicional de los conductores y del personal que manipula a los animales; mejora de la aplicación de la normativa; reglas más estrictas en relación con la planificación del viaje y el registro; control por satélite del movimiento del vehículo; posibilidad para los Estados miembros de prohibir la exportación de animales para el sacrificio; preferencia del sacrificio cerca de la granja y fomento de los mataderos móviles. 
En el futuro, hemos de garantizar que las reglas se apliquen de forma adecuada, que el transporte en forma de carne se convierta cada vez más en la norma, y que las reglas se vean impulsadas más por la ciencia que por las emociones. 
Apoyaré el informe y espero que se adopten pronto las reglas revisadas. 
El establecimiento de una cláusula de revisión sería útil y confío en que el Consejo la introduzca. 
– Señor Presidente, Señorías, el 95% de los transportes de animales vivos se realiza por carretera y todos estamos familiarizados con las imágenes de animales torturados encerrados en unos espacios muy estrechos durante días enteros mientras son transportados a través de Europa y aún más lejos. 
No existe la menor duda que es preciso hacer algo al respecto. 
Apoyo las propuestas hechas en este informe que ayudarán a mejorar las normas en los transportes de animales vivos, como el establecimiento de unas normas mínimas para los vehículos utilizados, pero sobre todo la introducción de medidas de supervisión adicionales, porque por muy buenas que puedan ser las reglas, no funcionarán si no hay controles. 
Ya hay muchas reglas, pero faltan la aplicación y los controles. 
El objetivo de la enmienda 2, que también yo he firmado, es aclarar el término «viaje» a fin de evitar que se supere, de manera encubierta, la duración máxima del transporte. 
En cualquier caso es preciso reducir los tiempos de transporte. 
La votación se ha adelantado a hoy. 
La enmienda 81 dice, y cito: «las secuencias de tiempos de viaje previstas podrán repetirse durante un trayecto» , lo cual significa que puede haber viajes repetidos y que los límites de tiempo pueden evitarse. 
Dado que se ha aplicado una votación conjunta, ya no es posible votar contra la enmienda 81. 
Lo considero inaceptable. 
Lo mejor sería transportar lo menos posible a los animales. 
Probablemente sea un sueño. 
Hemos de dejar claro que el apoyo a las exportaciones de animales vivos basado en las ventas es un incentivo y que por ello nos estamos engañando si pretendemos reducir al mínimo los transportes de animales mientras siga existiendo este apoyo. 
– Señor Presidente, yo también quisiera dar las gracias al ponente por elaborar un excelente informe. 
Debe garantizarse el bienestar de los animales durante el transporte. 
Esta es una cuestión importante. 
Por supuesto, la mayoría de los envíos se realizan de forma adecuada, aunque hemos observado terribles ejemplos de problemas. 
Estos deben eliminarse a través de una normativa clara y un control efectivo. 
Las circunstancias varían entre Estados miembros y regiones. 
Las de Finlandia son las que conozco mejor, especialmente las de las áreas poco pobladas del norte. 
Las distancias son grandes, las granjas son pocas y están alejadas, y los mataderos se concentran en unas cuantas unidades de gran tamaño, en parte debido a las estrictas normativas de la UE. 
Sin embargo, el transporte de animales se realiza de forma excelente. Los vehículos están dotados de control mediante cámaras y aire acondicionado, además los animales se cargan mediante elevadores. 
Sin embargo, el tiempo de transporte máximo propuesto no es totalmente adecuado. 
Es necesario para el bienestar de los animales que se conceda una derogación en el caso de las zonas poco pobladas, las zonas de montaña y las islas, además de que se amplíe este límite de tiempo. 
También es necesaria una derogación para el transporte de los terneros de cría. 
Mantener a los animales a bordo de vehículos durante paradas prolongadas o descargarlos periódicamente es imposible. 
Si no se concede esta derogación, la agricultura de las regiones periféricas de la Unión se hará imposible, lo que seguramente no pretende el informe. 
La Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo estuvo de acuerdo con la derogación, lo cual también se incluye en el informe del Sr. Maat. 
Espero que el Parlamento esté también de acuerdo con esta derogación y que la agricultura pueda continuar en las zonas poco pobladas. 
Señor Presidente, para nosotros, la propuesta de la Comisión Europea en este ámbito es totalmente inaceptable. 
Parece que el punto de partida para la propuesta era que debía tratar sobre el transporte de mercancías de la forma más eficaz posible en un mercado interior. 
Este es un error de partida. 
Deberíamos partir de la base de que lo que nos preocupa en este caso son los animales, es decir, criaturas sensibles. 
Es esta apreciación la que constituye la base de las normas que deben adoptarse. 
En la Izquierda Verde Nórdica celebramos el hecho de que la comisión haya hecho este avance. 
Sin embargo, creemos que todavía puede avanzarse más en varias áreas. 
Debemos votar a favor de que los Estados miembros tengan derecho a introducir y mantener normas nacionales que sean más estrictas que las comunitarias en este ámbito. 
Esto se aplica no solo a los tiempos de desplazamiento. 
Recomendamos que se introduzca un máximo absoluto de ocho horas para los desplazamientos y que no sea posible evitar esta normativa respecto al tiempo de descanso en los vehículos que se están utilizando para el transporte. 
Las normas incluidas en la propuesta de la Comisión relativas al espacio en los vehículos empleados en el transporte no son adecuadas y deben mejorarse. 
Creemos que las mismas normas deberían aplicarse a todo tipo de transporte, independientemente de si se trata de transporte al matadero o transporte para realizar el engorde en otro lugar. 
Las estrictas normas sobre este punto son positivas especialmente en términos de bienestar de los animales, pero también porque favorecerán a los mataderos locales y el desarrollo de mataderos móviles. 
Quisiera añadir unas palabras sobre las restituciones a la exportación comunitaria con relación a la exportación de ganado desde la UE. 
En la actualidad se manejan grandes sumas para estas restituciones a la exportación. 
Esta práctica es totalmente indefendible. 
Implica un apoyo directo a la crueldad general con los animales, con tiempos de desplazamiento muy largos. 
Es totalmente obvio que existen grandes problemas que implican el mal uso y la malversación directa de dinero dentro de este sector. 
El control presupuestario es muy deficiente en esta área. 
No se necesitan reformas en lo que respecta a esta cuestión. 
Las restituciones a la exportación de ganado desde la UE deberían abolirse totalmente lo antes posible. 
) Señor Presidente, acojo con agrado el intento del Sr. Maat de abordar este tema tan difícil. 
El bienestar de los animales es de muchas maneras una cuestión emotiva, por lo que cualquier legislación nueva ha de basarse en una información veterinaria y científica sólida. 
A juzgar por la intensa presión política ejercida sobre esta cuestión, se trata claramente de una cuestión importante para los ciudadanos de la Unión Europea. 
Celebro en particular las enmiendas que reconocen las dificultades a las que se enfrentan las zonas remotas y periféricas para el transporte de animales, entre las que se incluyen Gales y las islas occidentales de Escocia. 
Esta es una inclusión importante dentro del conjunto del informe. 
Espero que no nos quedemos atascados, por ejemplo, sobre si han de ser ocho o nueve horas. 
Más bien, deberíamos centrarnos en lo que desde mi punto de vista es la cuestión mucho más importante de la vigilancia de los reglamentos y garantizar que las reglas sean lo más prácticas y viables posible. 
Me gustaría ver que finalmente el comercio de ganado vivo se sustituyera por el comercio de carne, sacrificando a los animales localmente. 
Conocemos los peligros que implica el hecho de no sacrificar localmente después de las epidemias de fiebre aftosa y otras enfermedades, donde debido al transporte de animales, este tipo de enfermedades se propagaron más fácilmente por el país. 
En la medida en que el transporte de animales vivos sea necesario, espero que acabemos teniendo una legislación que sea firme y justa para la industria. 
– Señor Presidente, siempre he defendido que el grado de civilización de un pueblo también puede medirse por su respeto hacia los animales. 
A este respecto, quisiera dar las gracias al Sr. Maat por su excelente informe, que constituye un avance en esta dirección, y por las mejoras realizadas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que, con relación a la propuesta de la Comisión, contribuyen a dar una imagen más civilizada de nuestro continente en el campo de la protección de los derechos de los animales. 
Por supuesto, no se trata simplemente de una cuestión de imagen –de proteger una imagen más humana fuera de los confines de la Unión Europea– sino que se trata sobre todo de un tema de fondo. 
Algunos aspectos del problema implican a la salud animal, como ya se ha mencionado. 
Permítanme destacar algunos. 
En primer lugar, el tiempo máximo en carretera: dado que debería moverse al ganado lo menos posible, sería adecuado limitar el transporte a un máximo de ocho horas o 500 Km por día. 
Esto se aplicaría tanto a los animales con destino al matadero como a los que se desplazan para su engorde. 
Sin embargo, en lo que respecta al transporte de animales para su cría, para exhibiciones y competiciones, el transporte durante un tiempo superior a ocho horas debería requerir el uso de vehículos especiales. 
Significa que estos vehículos deberían estar dotados con equipos para medir la temperatura y la humedad en el compartimento del ganado, y debería haber un sistema de ventilación forzada que funcione cuando el vehículo esté detenido. 
Por ultimo, además del requisito razonable de la formación especial para los conductores de vehículos destinados al transporte de ganado, porque sabemos que una conducción inadecuada provoca de forma inevitable daños graves e innecesarios a los animales, además de sufrimiento, quisiera subrayar la necesidad de la presencia de un veterinario oficial durante la carga de los animales. 
Esto tiene el objetivo de garantizar que se cumplen las normas de transporte, el buen estado de los animales para desplazarse y que se dispone del espacio mínimo. 
Por este motivo apoyamos especialmente las enmiendas 121, 122, 123 y 124. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera comenzar también dando sinceramente las gracias al ponente, el Sr. Maat, por su informe, porque realmente ha tratado de reconciliar las posturas contrarias de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor en un documento aceptable para todos. 
También quisiera respaldar lo que ya se ha dicho aquí hoy. 
El bienestar animal debe tratarse no solo emocionalmente, sino de forma científica. 
El evitar el transporte innecesario de animales y la protección de estos durante el transporte son preocupaciones fundamentales de la agricultura, especialmente para los agricultores y los productores. 
Sin embargo, debe garantizarse que las disposiciones legales son realistas y su aplicación no situará a nuestros agricultores europeos en desventaja competitiva. 
Todo debe quedar dentro de un contexto económico sensato y también debe cumplir las leyes de la Unión Europea. 
Esto es algo que también mencionó el Comisario Byrne. 
Por supuesto, en interés de todos –de los agricultores, el bienestar animal y los propios animales– los animales deben llegar a su destino sanos y salvos y en el mejor estado posible. 
Señor Presidente, permítame hacer un observación al respecto: una vez que los animales abandonan la granja, de hecho dejan de ser responsabilidad del productor o del granjero y pasan a ser responsabilidad del transportista o el comprador. 
También agradezco al ponente que haya prestado atención al pastoreo tradicional y a la trashumancia, que es totalmente esencial en las regiones de montaña. 
Una organización internacional llamada PETA está organizando actualmente una campaña a gran escala en Austria, y creo que también en otros Estados miembros, sobre cómo se mantiene y se sacrifica a los animales de granja. El trato a los animales se está comparando con los horrores del régimen Nazi. 
Esto es un insulto para todas las personas que murieron en el Holocausto y les pido que protesten por ello. 
Señor Presidente, la Comisión ha titulado su propuesta de reglamento «Protección de los animales durante el transporte». 
Probablemente diría que, en mi opinión, existe una considerable disparidad entre el título de la propuesta y su contenido. 
Con la propuesta de la Comisión, todavía es posible transportar a los animales miles de kilómetros a lo largo de Europa en un espantoso estado y, además, sin que los animales tengan tiempo de bajar de los camiones. 
En mi opinión, esto no puede denominarse protección de los animales durante el transporte. 
Tampoco creo que el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural repare la propuesta de la Comisión y por lo tanto espero que, en la votación, el Parlamento se adhiera a la posición que por otra parte ha mantenido durante dos años, respecto a que el transporte de animales al matadero o para su engorde no debe superar un tiempo de ocho horas o distancias superiores a los 500 kilómetros. 
Dado que esto es defendible en términos de protección animal, esta sería la propuesta que debe aplicarse. 
Por otra parte, también puedo apoyar que obtengamos mejores condiciones para los animales durante el transporte. 
Existe una larga lista de enmiendas que considero que solucionarían algunos de los inconvenientes de la propuesta de la Comisión, de forma que el bienestar animal tenga prioridad sobre las consideraciones financieras que rigen el transporte. 
También considero importante que apliquemos controles más estrictos, incluidas comprobaciones aleatorias en las carreteras. 
Considero que estas son algunas de las medidas más eficaces que podrían aplicarse. 
Como también han dicho otros, creo que deberían abolirse las restituciones a la exportación para el ganado. 
No puede estar bien que, conforme a un sistema comunitario, otorguemos ayudas directas al transporte a estos transportes de ganado de larga distancia. 
Por ultimo, también creo que cada país debe tener derecho a otorgar una mayor prioridad al bienestar animal y por lo tanto establecer normas más restrictivas que las establecidas por la Comisión. 
Espero que la mayoría del Parlamento demuestre que son las consideraciones relativas al bienestar animal las que son esenciales con relación al transporte. 
) Señor Presidente, el problema aquí es que, en demasiadas ocasiones, los Estados miembros no consiguen aplicar las reglas. 
Por ello, se dan casos horribles de crueldad con los animales y demasiados casos de animales –criaturas vivas– que son tratados simplemente como si fueran tuercas y tornillos en una cadena de producción. 
La Comisión no tiene una fuerza policial, y reconozco los intentos que está haciendo el Comisario para intentar introducir un sistema que pueda aplicarse mejor. 
Sin embargo, esto no es en absoluto suficiente. 
Inevitablemente seguirán produciéndose prácticas horrendas. 
Veremos muchos casos de animales muertos que se quedan entre los animales vivos en viajes que duran muchos días. 
Hace ahora unos 150 años que se introdujo la refrigeración, lo cual permitió importar carne de vacuno de Argentina a Europa. 
Es sencillamente increíble que después de tanto tiempo sigamos transportando animales vivos a lo largo de distancias tan enormes dentro de nuestro continente. 
Llegará la hora en que lo prohibamos, cuando solo se permita el transporte de carne. 
La refrigeración lo hace posible. 
Deberíamos introducir cuanto antes una prohibición del transporte de animales vivos. 
– Señor Presidente, felicito al Sr. Maat por sus esfuerzos, pues ha intentado realmente llegar a un consenso. 
Quiero hacer constar el compromiso absoluto de los ganaderos con el bienestar de los animales. 
El bienestar de los animales es crucial para el espíritu y la profesión de ganadero, y me sorprende que siempre haya personas en esta Cámara a quienes les gustaría dar otra impresión. 
El transporte de animales es crucial para la economía agrícola de Irlanda. 
Exportamos el 90% de toda nuestra producción, ya sea procesada o viva. 
Gran parte del debate en la comisión se centró en torno al transporte de animales maduros para su sacrificio en el continente europeo. 
En el caso de Irlanda, exportamos animales jóvenes para el engorde; por consiguiente, el transporte es esencial y crucial para la economía agrícola. 
El mantenimiento de puntos de parada es importante y la cuestión de la densidad también tiene un impacto en la economía del transporte. 
La creación de puntos de parada es por consiguiente un requisito crucial. 
Por último, las decisiones han de basarse en descubrimientos científicos, y llamo la atención de la Cámara sobre los resultados del reciente informe elaborado por la Dra. Bernadette Earley, que presentó un punto de vista muy coherente, equilibrado y objetivo sobre el transporte de animales a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Señor Presidente, Señorías, cada año, millones de animales son transportados por Europa, con frecuencia en terribles circunstancias. 
Debe ponerse fin a esto. 
La Comisión ha planteado un plan que mejora definitivamente el transporte de animales y, en su opinión, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo ha impuesto condiciones estrictas con respecto al modo en que esto se hace por carretera. 
Debería mejorarse el bienestar animal, el control debería intensificarse y aplicarse, y el personal debería estar mejor formado. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha presentado una opinión a este efecto, pero lamentablemente, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural no ha adoptado todas las recomendaciones. 
No me malinterpreten; el informe del Sr. Maat es sólido y mejora considerablemente el plan de la Comisión. 
Por ello, el ponente merece todo crédito, pero hay varias cuestiones que siguen pendientes y quisiera pedirles que lo solucionen. 
El transporte debería ser de gran calidad, de forma que el bienestar de los animales sea óptimo y se reduzca al mínimo el estrés durante el transporte. 
Creo que estamos dando cabida a estos requisitos en este informe, pero también deberían limitarse los tiempos de conducción. 
No existe una explicación razonable para el hecho de que se limite el transporte de animales con destino al matadero, mientras que no se haga lo mismo con los animales desplazados para su engorde. 
Debemos aplicar una norma para todos y limitar el transporte en ambas categorías. 
Debe detenerse el transporte de animales. 
Esto mismo lo dijimos aquí hace años y una gran mayoría volvió a afirmarlo en una declaración por escrito en 2003. 
Ahora tenemos la oportunidad de traducir nuestros requisitos en legislación. 
Aprovechemos esta oportunidad. 
Por lo tanto les pido que apoyen las enmiendas en las que se limitan los tiempos de conducción, se definen de forma efectiva el inicio y el final de los desplazamientos, se hace obligatoria la presencia de un veterinario y se otorga espacio suficiente a los animales en los camiones. 
Estas son las enmiendas 121, 122, 123 y 124. 
Señor Presidente, a estas alturas del debate ya hemos dicho prácticamente todo a favor y en contra de la propuesta de la Comisión que, como decía el Sr. Jové- intervención que suscribo totalmente- se está haciendo por el método de tanteo, sin ningún rigor técnico ni científico y sin tener en cuenta que debemos favorecer, según la legislación vigente en la Unión Europea, la libre circulación de mercancías, personas y capitales entre todos los países miembros de la Unión Europea, incluidos los periféricos y los países candidatos a la adhesión, que a partir del 1 de mayo serán socios de pleno derecho. 
No se trata de una propuesta para el bienestar animal- bienestar animal que apoyo totalmente. 
¿Cómo se trata de justificar que se aplique a animales de sacrificio y no al resto de los animales? 
El transporte y el bienestar se refieren a todos los animales, no solo a aquellos a los que afecta el sacrificio, ¿o se trata acaso de una medida comercial, de una restricción comercial? 
¿Qué queremos? 
¿Que los países periféricos salgamos del mercado? 
¿Cuál es la base técnica y científica para que esta diferencia se plasme en una normativa europea? 
¿Por qué justificamos cuatro horas, ocho horas, nueve horas? 
¿Por qué incrementar los espacios? 
¿Para encarecer los costes? 
¿Esto beneficia a quién? 
A los animales les perjudica sobremanera, por el riesgo de los frotamientos, los roces, las lesiones, las peleas que se pueden originar. 
¿Cuál es la justificación? 
Esto lo demuestran los estudios científicos y técnicos realizados a nivel europeo por la asociación de transportistas. 
No quiero hablar tampoco de las operaciones de carga, descarga, temperatura, etc. Esto tampoco está justificado, como se trata de decir técnicamente. 
Nosotros recabamos apoyos a las enmiendas que hemos presentado para que se dé un tratamiento específico a las zonas periféricas- Suecia, Finlandia, Portugal, Italia, España, etc.- para que no quedemos fuera del mercado. 
Con propuestas de cuatro horas, en mi región, yo no puedo llegar de una parte de mi región a otra, y no digamos ya intervenir en otros mercados internacionales, como es mi derecho. 
– Las numerosas opiniones y distintos argumentos muestran la sensibilidad de esta cuestión y el sentido de responsabilidad que debemos demostrar en este caso. 
Estamos hablando sobre el transporte de criaturas vivas con las que la gente trabaja y comercia, y con las que finalmente también se alimenta. 
Todo aquel que no sea vegetariano debe reconocerlo. 
La pregunta es: ¿cómo tratamos a estos animales? 
También es: ¿porqué hay que transportar a los animales distancias tan grandes? 
¿Es necesario transportarlos por media Europa para sacrificarlos? 
No, no lo es. 
Por ello este informe solicita de forma clara que los animales destinados al matadero se sacrifiquen en un radio de 500 kilómetros. 
Creo que debemos insistir en que puedan sacrificarse dentro de ese radio. 
No puede ser una excusa decir que no hay suficientes mataderos; debemos garantizar que los haya. 
Esto estimulará la economía de la región y será especialmente beneficioso para los animales. 
Este es uno de los puntos más importantes y también uno de los más delicados: ¿qué distancia deberían transportarse los animales? 
Los animales destinados al engorde se consideran igual que los animales destinados al matadero, sin embargo creo que deberíamos hacer una distinción en este caso. 
Los animales destinados al engorde no deberían juntarse con los animales destinados al matadero, sino que deberían trasladarse a una granja a la misma distancia. 
Otro punto importante que parece haberse pasado por alto es que se realizan controles. 
Existe una directiva; había una. 
Si algo salió mal fue porque el sistema no estaba funcionando. 
Fue la no aplicación adecuada de la directiva en los Estados miembros y el sistema de control ineficaz lo que provocó y sigue provocando el sufrimiento de los animales. 
Creo que hay que decir esto. 
Las mejores normas y la mejor directiva son inútiles si no existen controles y si no se aplican. 
Finalmente, este es el factor decisivo y esto es lo que beneficiará a los animales. 
– Señor Presidente, acojo con agrado este informe y felicito al ponente por el enorme trabajo que ha realizado. 
Este tema ha sido objeto de debate durante mucho tiempo: muchas veces acalorado, otras tergiversado y otras más mal asumido. 
Creo que lo necesitamos, pero tiene que ser realista y viable. 
Si no lo es, no funcionará. 
Nueve horas es más o menos lo correcto. 
Me parece que no habría mucha diferencia si optásemos por ocho o diez horas, pero tenemos que tomar una decisión. 
Creo que nueve horas es lo correcto, pero si no lo es, volveremos a abordar esta cuestión en el futuro. 
Pero necesitamos un punto de partida. 
Existe una diferencia entre los animales que van al matadero y los animales que continúan su viaje, y existen diferencias entre vacunos, ovinos y porcinos. 
El ganado vacuno viaja largas distancias para asistir a ferias agrícolas, pero estos animales son bien cuidados por sus propietarios. 
Los problemas comienzan cuando el animal abandona la explotación para ser trasladado por un transportista. 
Sé que existen grandes diferencias entre los Estados miembros e incluso entre regiones, y comprendo los problemas que se presentan en zonas alejadas, pero debemos resolver esta cuestión. 
La manera de resolver este problema debe quedar en manos, hasta cierto punto, de cada país e incluso de cada región. 
A ser posible, los animales no deben ser transportados durante períodos prolongados, y el nivel y calidad de los camiones debe ser seguido muy de cerca, en particular su ventilación. 
Los animales deberían sacrificarse siempre cerca del lugar en el que han sido criados. 
Debemos exportarlos colgados de un gancho y no de pie. 
Este es el meollo del asunto. 
Deberíamos limitar la exportación de animales vivos. 
Sé que existe una diferencia, pero es necesario respetar y proteger a los animales. 
Señor Presidente, siento decir que, así como la Comisión muchísimas veces sorprende por la enorme calidad de sus documentos y el tiempo que ha dedicado a analizar la realidad, este Reglamento presenta numerosos problemas técnicos y científicamente, prácticamente, carece de base. 
Prueba de ello es que, en un principio, se propuso que los animales descendieran a descansar a espacios abiertos y luego se ha demostrado que eso incluso es perjudicial para la salud y contribuye a la difusión de enfermedades. 
Son aspectos condenables de una falta de madurez de un documento que se presenta por otras razones. 
¿Y cuáles son, según creo, las principales razones de este documento? 
En primer lugar, no existe certeza científica y, por tanto, no se quiere esperar a tenerla. 
Por eso hemos introducido una enmienda en la que se dice que se siga investigando sobre la proteína de fase aguda, que es la que define el estrés de los animales. 
No hay conocimiento de muchos aspectos que se señalan y por eso, por ejemplo, algunas medidas, como la separación de los animales de manera excesiva, les va a perjudicar, o sea, va a ser peor ahora que antes. 
Segunda intención oculta en este documento: evidentemente se trata de crear una barrera de cristal, una nueva frontera para los países del Este. 
O sea, por una parte les integramos y, por otra parte, creamos una barrera de cristal, invisible, es decir, una nueva aduana, que les va a impedir cruzar Europa de un extremo a otro. 
Este concepto es además absolutamente contrario a las políticas generales que estamos desarrollando en otros puntos. 
Pero, sobre todo, se pretende llevar a todo el mundo con el mismo traje: todos los animales con el mismo traje, a la manera del traje de Mao. 
Por eso hemos presentado también una enmienda en la que pedimos que se excluya a determinados animales, como, por ejemplo, los de la repoblación, los animales salvajes, los animales de circo, porque de lo que no cabe duda es de que una medida para los animales de sacrificio no puede ser aplicada al resto. Supone un empobrecimiento, un encadenamiento, y va en contra de las ideas de sostenibilidad, que es adaptarse a la realidad y hacer viables las cosas. 
Señor Presidente, no me parecen apropiadas las tesis que defienden la limitación del transporte de animales a un número de horas determinado. 
Está de moda, como acaba de reconocer la Comisión en su primera intervención, pero no se basan en ningún fundamento científico probado. 
Las repercusiones sobre la economía de regiones e incluso de países enteros que este asunto puede tener pueden ser muy graves. 
La normativa actual es más que suficiente para asegurar el bienestar de los animales durante su transporte. 
El problema no es la existencia de lagunas en la normativa, que ya se contempla en todos los requisitos necesarios para garantizar el confort, sino de lo que se trata es de su cumplimiento. 
La orientación que deberíamos dar a una nueva reglamentación es mejorar los controles para obligar al respeto de la legislación, en lugar de aprovechar un debate como este sobre el bienestar del ganado, para introducir fuertes restricciones a la libre circulación de mercancías, restricciones que por otra parte no tendrán el mismo efecto en todos los países. 
Las enmiendas que han presentado algunos miembros de esta Cámara suponen claramente un paso atrás en los logros alcanzados para la consecución del mercado único y podrían dar lugar al aislamiento de muchas regiones, en especial zonas periféricas y ultraperiféricas de la Unión Europea. 
La limitación de la duración de los trayectos, sin haber procedido previamente a un estudio de impacto en profundidad, es una medida que yo calificaría de torpe y desproporcionada, y mucho más si tenemos en cuenta los perjuicios que se van a ocasionar. 
Quisiera llamar la atención, por último, sobre otro elemento de este debate cuyos efectos podrían ser del todo contrarios a los perseguidos: se trata de la reducción de las densidades máximas, que ya están contempladas en la normativa. 
Esta medida favorece comportamientos agresivos en los animales, así como lesiones debido a la mayor movilidad del ganado dentro de los habitáculos de los camiones. 
Deberíamos medir muy bien nuestra decisión sobre todos los puntos de la normativa que se sitúan en la misma tónica de incongruencia, y así impedir que nuestro trabajo se traduzca simplemente en mayores cargas para el sector y el aislamiento de sectores económicos de regiones enteras. 
– Señor Presidente, no es la primera vez que esta discusión da lugar a un debate intenso, así como a decisiones igualmente intensas y difíciles en este Parlamento. 
Nuestro trabajo consiste una vez más en intentar un acto de equilibrio para reconciliar en la medida de lo posible dos exigencias opuestas: la demanda de limitar los efectos del transporte, por parte de aquellos que principalmente observan un coste medioambiental y por lo tanto están principalmente preocupados por la salud de los animales, y la exigencia de tener también en cuenta los costes financieros, por parte de aquellos que quieren mantener bajos los costes del transporte, pero sin desatender el bienestar físico del ganado que se transporta. 
En resumen, la cuestión merece toda nuestra atención, pero en estos difíciles juicios es positivo observar los grandes avances de la tecnología, que en la actualidad proporciona a los transportistas –ese grupo trabajador y laborioso– vehículos cada vez más cómodos, equipados con ventiladores, comederos y sistemas de bebida con agua para la rehidratación. 
Con estos nuevos dispositivos, pueden ser posibles viajes más cómodos y especialmente de mayor duración, aunque los períodos de descanso deben seguir existiendo, los que a su vez se incrementarán hasta dos horas. 
Además existe el debate sobre el problema de descargar y volver a cargar los animales, una operación que no siempre consigue su objetivo deseado, que es ayudar a los animales a descansar. 
Los granjeros y los transportistas, así como los ecologistas, suelen opinar que este tipo de operación, especialmente en el caso de los animales pequeños –me refiero a los terneros– puede provocar un estrés todavía mayor que permanecer a bordo, especialmente en los vehículos que he mencionado, con aire acondicionado, agua para la rehidratación y un inmediato suministro de alimento. 
Esta es también una propuesta que no debe ignorarse, para no tomar una decisión equivocada o repetir problemas que ya se han debatido. 
Por supuesto, necesitaríamos estar en la cabeza de un ternero para estar seguros de adoptar la decisión adecuada, pero lamentablemente, los terneros no piensan y, sobre todo, no votan. 
– Señor Presidente, en primer lugar me gustaría hacer un breve comentario en relación con la observancia del Reglamento. 
La votación se ha aplazado hasta hoy, pero no se ha informado a los diputados. 
Creo que es un poco antidemocrático que no sea posible celebrar votaciones únicas distintas o pedir votos nominales. 
El público se sorprenderá en gran medida y afirmará una vez más lo poco democrática que es esta Unión Europea. 
Quisiera dar las gracias a la Sra. Schierhuber. Esta ha hecho una distinción clara entre los humanos y los animales y a mi también me gustaría rechazar la repugnante comparación con el Holocausto. 
Me gustaría decir algo al Sr. Adam. 
No es correcto decir que cualquiera que coma carne es un torturador de animales. 
Verá, en Austria tenemos un plato nacional, el, y si usted viene a Austria puedo decirle exactamente de dónde viene, de la zona boscosa de la Baja Austria o de Estiria. 
En la mayoría de los casos está tan solo a dos o tres horas de distancia. 
En Austria se permite transportar animales en trayectos de solamente seis horas. 
No es necesario torturar a los animales si uno quiere comérselos después. 
Este es un cambio de forma de pensar, y por supuesto pensar es doloroso. 
Ya ve, los Demócrata-Cristianos por naturaleza tienen una relación quizás un poco distinta con los animales. 
Para mí, los animales son criaturas de Dios y son capaces de sufrir. 
No sé si usted tiene santos, Sr. Adam. 
Mi santo favorito es Francisco de Asís, y él no solo amaba a las personas, amaba también a los animales. 
. Señor Presidente, la finalidad de este debate es formular una opinión orientativa para que el Consejo y la Comisión lleguen a una conclusión final sobre esta cuestión. 
Sin duda, hemos escuchado puntos de vista y opiniones muy diversos desde ambos lados de la Cámara sobre este tema, y espero que el Consejo pueda sacar algunas conclusiones de lo que aquí se ha dicho. 
Permítame expresar la opinión de la Comisión acerca de los principales motivos de preocupación. 
En cuanto al tiempo de viaje, el Parlamento Europeo desea introducir un límite de tiempo fijo y definitivo de nueve horas para los animales destinados al matadero, mientras que permite que los demás viajen con menos limitaciones. 
Como dije al principio, no podemos adoptar medidas que impidan el comercio, sobre todo cuando no existe información científica suficiente para sustentarlas. 
A fin de limitar el transporte de animales destinados al matadero, el Parlamento Europeo aboga por el uso de mataderos móviles. 
Actualmente no tenemos conocimientos o experiencias prácticas suficientes para apoyar esta solución, y no se han demostrado claramente sus ventajas para el bienestar de los animales. 
En relación con el ámbito de aplicación del Reglamento, el Parlamento Europeo propone una excepción para los viajes de menos de 100 km, así como para determinadas categorías de animales, como los animales transportados para encuentros deportivos y ferias. 
La Comisión podría apoyar el mantenimiento de la excepción vigente para los viajes de menos de 50 km, pero no hay motivo alguno para excluir del ámbito de aplicación del Reglamento a otros animales que pueden verse expuestos a malas condiciones de bienestar. 
La Comisión apoya la propuesta de permitir que los Estados miembros adopten normas nacionales más estrictas, siempre que sean compatibles con las normas generales del Tratado. 
Me complace decir que, de este modo, se mantendría la limitación británica a la exportación de caballos destinados al consumo humano. 
Siempre he dicho que examinaría esta cuestión con miras a apoyar un texto jurídicamente sostenible. 
En relación con la autorización de transportistas y la aprobación previa de vehículos, el Parlamento Europeo propone que se adopte un sistema único para los viajes cortos y largos. 
Uno de los principales objetivos de la propuesta es el de centrarse en las inspecciones de los viajes largos, pues estos son los que más problemas plantean para el bienestar de los animales. 
Creo que al suprimir la distinción entre viaje corto y viaje largo se diluirán los esfuerzos de inspección y las cargas administrativas, y los animales transportados a largas distancias no gozarían de una mayor atención por parte de las autoridades competentes. 
El Parlamento Europeo propone que se introduzca el uso de un sistema de navegación por satélite. 
Esta idea resulta sumamente innovadora y, en principio, la Comisión la apoya plenamente. 
Debo añadir que la propuesta de la Comisión ya contempla un nuevo instrumento de control, a saber, la obligación de comprobar los tacógrafos de los vehículos. 
Por lo que se refiere a las sanciones, se ha propuesto una serie de enmiendas. 
La mayoría de estas sugerencias ya figuran en la propuesta de la Comisión que contempla un sistema más estricto para la autorización de los transportistas. 
Habrá que examinar la compatibilidad con el principio de proporcionalidad de algunas de las demás enmiendas en materia de sanciones. 
Se distribuirá al Parlamento una lista completa de la posición de la Comisión respecto a cada una de las enmiendas, y confío en que este hecho figure en el acta literal de esta sesión (1). 
– Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a mediodía. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Señor Presidente, le ruego que sea paciente, ya que tengo la palabra. 
Tengo dos informes, pero puede estar tranquilo, ya que solamente intervendré una vez. 
Como ponente para todas las normativas sobre cuya base Eurostat debe recopilar las mejores estadísticas para nosotros, quisiera recomendar aquí y ahora una vez más que aprueben mis dos informes con el entusiasmo habitual. 
El primero trata sobre una normativa conforme a la que nosotros y toda parte implicada –principalmente el Banco Central Europeo– recibiremos ahora información trimestral sobre la deuda de los Estados miembros. Esto es muy importante, aunque las cartas azules del procedimiento de déficit se sigan emitiendo conforme a las cifras anuales –y aunque no se emitan. 
Como saben, los Estados miembros no reciben un trato equitativo al respecto. 
Sin embargo, el Sr. Eichel y el Sr. Mer descubren antes la escala de sus problemas presupuestarios. 
Incluso pueden averiguar antes qué han conseguido sus esfuerzos de consolidación, si es que han hecho alguno. 
El segundo informe tiene que ver con una normativa que nos proporcionará datos trimestrales sobre las cuentas nacionales, concretamente sobre la contribución realizada por los sectores individuales «hogares» , «empresas» y «gobierno». 
Los Estados Unidos tienen esto desde hace mucho tiempo, ya que para la política monetaria y el análisis económico es importante saber cómo se están comportando los distintos actores. 
El Consejo Ecofin reconoció hace un año que la falta de información sobre el comportamiento de los hogares y las empresas en el ciclo empresarial era una importante deficiencia en las estadísticas de la UME. 
Sin embargo, todos los países cuyo producto interior bruto es inferior al 1% del total de la Europa de los veinticinco no deberán comunicar datos sobre las transacciones en el sector familiar y empresarial. 
Señor Presidente, tengo un tiempo de intervención de dos minutos multiplicado por dos y me ajustaré a él; pueden hacer el ruido que quieran. 
Los excluidos son Luxemburgo y todos los nuevos Estados miembros, a excepción de Polonia. 
Sin embargo, estos también deben facilitar los datos trimestrales sobre transacciones en los sectores «gobierno general» y «resto del mundo». 
Ahora ya saben de qué se trata y, como en el pasado, pueden votar a favor de mis dos informes con una conciencia clara. 
Estos son mis últimos aplausos para este período legislativo en el que, contando la intervención de hoy, he hablado en nueve ocasiones sobre informes estadísticos. 
No sé si podré hacerme cargo de estas normativas sobre estadística después de las elecciones del 13 de junio; son menos agradables que el vino y la miel. 
Sea como sea, les agradezco la confianza y el entusiasmo que han mostrado siempre por mis informes. 
Señora Lulling, nunca antes habían sido presentadas las estadísticas europeas con tanta elegancia en esta Cámara. 
. – Señor Presidente, sobre una cuestión técnica, quisiera añadir las palabras «y a la Comisión» en el artículo 4 del informe sobre inmunidad del Sr. Schulz. 
Y haría la misma petición en relación con el informe del Sr. Lehne. 
Me explico: como saben sus Señorías, el artículo 9 del Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades del Parlamento concede inmunidad a los diputados al Parlamento por la manifestación de sus opiniones y los votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. 
Consideramos que parte del Estatuto de los diputados alemanes es incompatible con ello. 
En el apartado 3 solicitamos que la Comisión verifique si la cláusula 5 de la segunda frase del Estatuto es compatible con la legislación comunitaria. 
Sin embargo, en el artículo omitimos que se remitiera la cuestión a la Comisión de manera formalmente correcta. 
Sus Señorías deben saber igualmente que esto se refiere a un caso en que dos diputados de esta Cámara han sido objeto de mandamientos judiciales a instancias de para impedirles realizar conferencias de prensa en esta Cámara criticando la conducta de en relación con el Estatuto de los diputados. 
– Señor Presidente, como usted sabe, el debate sobre este informe tan solo terminó justo antes de la votación. 
Se trata de un informe muy complejo e importante. 
Las enmiendas han planteado diversos problemas, como el orden de las enmiendas y la forma en que han sido agrupadas. 
Debido a esta complejidad y a la importancia del informe, me gustaría proponer que la votación se posponga a mañana para que los diputados tengan más tiempo de reflexionar y de tener en cuenta lo que ha dicho el Comisario y otras personas esta mañana. 
Por ello pido que el voto se posponga hasta mañana. 
Treinta y dos diputados apoyan la propuesta del Sr. Evans. 
¿Desea alguien intervenir en contra de ella? 
. Señor Presidente, el argumento del Sr. Evans no es válido. 
Esta mañana ya votamos sobre otros dos informes –cuatro de hecho– que también se debatieron esta mañana. 
En este aspecto, el debate ha concluido. 
Sin embargo, había una oportunidad de que tuviésemos que votar sobre mi informe mañana, miércoles, en caso de que no se finalizase el debate. 
En este caso, el debate está concluido, todas las listas nominales estuvieron disponibles la pasada noche y no existe ningún problema sobre el orden de las enmiendas, ya que dadas las contribuciones de los diversos grupos, no puedo imaginar una lista de votación distinta. 
Por lo tanto, no observo ningún argumento formal ni de otro tipo para posponer la votación. 
. 
Este informe trata la propuesta de reglamento de la Comisión que ha surgido después de que el Tribunal de Justicia Europeo tomase una decisión relativa a acuerdos bilaterales sobre cielos abiertos entre Estados miembros de la UE y los Estados Unidos de América. La parte relevante del reglamento manifiesta la opinión de que estos acuerdos fueron contrarios a la legislación comunitaria, ya que los Estados miembros no tenían el derecho ni la competencia para formalizar acuerdos de esta naturaleza. 
Con esta propuesta, la Comisión ha planteado tres medidas: proporcionar una base jurídica para las relaciones entre la Comunidad y los Estados Unidos en el campo del transporte aéreo, crear un marco legal para las negociaciones en curso y para todos los acuerdos restantes y garantizar una división adecuada de las competencias entre la Comunidad y los Estados Miembros. 
Desde el punto de vista jurídico, la propuesta de la Comisión está perfectamente fundamentada, teniendo en cuenta que soluciona una situación de vacío jurídico creada por el reglamento establecido por el Tribunal de Justicia. 
Con las medidas adoptadas en la posición común del Consejo, apoyadas por la Comisión de Transportes, la limitación política impuesta a los Estados Miembros de negociar y celebrar acuerdos bilaterales de servicios aéreos con terceros países pasa a ser mucho más blanda, lo que permitió mi voto favorable. 
. 
Esta propuesta de reglamento se deriva de una decisión del Tribunal de Justicia Europeo que surge de un recurso presentado por la Comisión contra los Estados miembros que habían firmado acuerdos bilaterales sobre cielos abiertos, por haber violado la competencia externa de la Comunidad, así como la libertad de establecimiento. 
La Comisión propuso que los Estados miembros deberían iniciar procedimientos para terminar los acuerdos que habían celebrado y pidió permiso al Consejo para abrir negociaciones comunitarias con todos los socios bilaterales. 
Con relación a las cuestiones que son en parte competencia comunitaria y en parte competencia de los Estados miembros, la Comisión propuso un planteamiento común, es decir, una estrecha cooperación. 
En su posición común, el Consejo aceptó las posiciones del PE. 
Por lo tanto, los Estados miembros seguirán teniendo derecho a negociar y formalizar acuerdos bilaterales de servicio aéreo, sin la necesidad de obtener una autorización previa de la Comisión, incluso si el objeto es en parte competencia comunitaria, siempre que incluyan cierto tipo de cláusulas definidas conjuntamente por la Comisión y los Estados miembros. 
Este planteamiento seguirá garantizando la libertad de acción de los Estados miembros, por lo que hemos votado a favor. 
La propuesta de reglamento de la Comisión se deriva de una decisión del Tribunal de Justicia Europeo relativa a acuerdos bilaterales sobre cielos abiertos entre Estados miembros de la UE y los Estados Unidos de América, celebrados en los noventa por algunos Estados miembros y que se consideran contrarios a la legislación comunitaria. 
La Comisión propone una serie de normas que deben cumplir los Estados miembros a la hora de negociar y aplicar acuerdos de servicio aéreo para esta categoría de acuerdos conjuntos que requieren la participación de los gobiernos de los Estados miembros. 
Concretamente, estos deben apoyar las estrategias de negociación y los objetivos comunitarios y no deben participar en negociaciones que sean competencia exclusiva de la Comunidad. 
La posición común del Consejo incorporó la solicitud básica del Parlamento para que los Estados miembros mantengan el derecho a negociar y formalizar acuerdos bilaterales de servicio aéreo, sin necesitar el acuerdo previo de la Comisión, incluso si el objeto es competencia de la Comunidad. 
Se establece como condición que la Comisión y los Estados miembros introduzcan conjuntamente «cláusulas estándar» en cualquier contrato celebrado. 
Con las medidas adoptadas en la posición común del Consejo, respaldada por la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, las restricciones sobre la acción iniciada por los Estados pasan a ser menos limitativas, por lo que he votado a favor. 
. 
El acuerdo interinstitucional del 7 de noviembre de 2002 dispuso la creación de un Fondo de Solidaridad para prestar apoyo a la población de regiones afectadas por desastres. 
El Fondo puede movilizarse hasta un máximo anual de mil millones de euros. 
Esta es una propuesta que ha tardado varios años en aprobarse, tras la insistencia de nuestro grupo parlamentario en los procesos presupuestarios anuales anteriores a 2002. 
El pasado año, este fondo prestó asistencia al proporcionar ayuda de emergencia como seguimiento a los importantes incendios forestales que devastaron aproximadamente un 5% del territorio portugués. 
Teniendo presente la naturaleza urgente de la situación, apoyamos esta propuesta de movilizar unos 22 millones de euros del Fondo para cubrir los daños ocasionados por las tormentas e inundaciones que se produjeron en Malta (septiembre de 2003) , los incendios forestales en España (en el verano de 2003) y las inundaciones en Francia (diciembre de 2003). 
Sin embargo, la escasez de las sumas con relación al daño que se ha producido –y el caso de Portugal el pasado año es un buen ejemplo– plantea la cuestión de la dimensión de la solidaridad comunitaria y los criterios de elegibilidad para este Fondo. 
. 
He votado a favor del proyecto de presupuesto preliminar 5/2004 para asignar los recursos presupuestarios movilizados del Fondo de Solidaridad de la UE con la mayor rapidez posible, con el fin de garantizar la ayuda comunitaria necesaria a las comunidades afectadas por desastres naturales en España, Francia y en Malta en 2003, ayudando así a garantizar que esta ayuda se suministra tan pronto como sea posible. 
A este fin también es esencial que se apruebe este presupuesto rectificativo en primera lectura, como ha sucedido en el pasado, concretamente en el caso de los incendios forestales que se produjeron en Portugal en el verano de 2003. 
La UE debe demostrar una total e inmediata solidaridad con las regiones de los Estados miembros o los países candidatos que se ven afectadas por desastres naturales y aliviar las graves consecuencias de estos desastres para las condiciones de vida de la gente, el medio ambiente y la economía. 
Por este motivo, la ayuda no solo debe ser inmediata, sino también visible en las dotaciones facilitadas. 
Por eso creo que los criterios de elegibilidad del Fondo de Solidaridad deben modificarse en este sentido. 
. 
Esta normativa pretende dar respuesta al plan de acción sobre la Unión Económica y Monetaria, adoptado por el Consejo Ecofin el 18 de febrero de 2003, con la intención de dar solución a las deficiencias de la estadística comunitaria sobre el comportamiento económico de las familias y las empresas, y concretamente hará posible controlar el ahorro y el consumo en los hogares así como la rentabilidad de las empresas financieras y no financieras. 
Dividir la estadística por sector económico sin duda mejorará la información facilitada por las cuentas financieras trimestrales, «imitando» de forma clara el modo en que hace las cosas la Reserva Federal de los Estados Unidos. 
No encontramos nada que objetar en la propuesta. 
Sin embargo, lo que puede considerarse una cuestión puramente técnica, con fines meramente informativos, está estrechamente relacionada con el apoyo y la dirección de la política económica y sobre todo, de la política monetaria en la Unión Europea. 
Estas son herramientas para ajustar las decisiones de política económica, ya que estas políticas constituyen el respaldo de la Unión Económica y Monetaria, que carece de instrumentos estadísticos precisos. 
Dicho de forma clara, también son herramientas que refuerzan la política de derecha y antisocial de la Unión, aunque realmente proporcionan alguna información útil. 
. 
El 1 de enero de 2004, entró en vigor la directiva 2003/96/CE, que reestructura el marco comunitario de tributación de los productos energéticos y la electricidad. 
Esta enmienda pretende garantizar que los nuevos Estados miembros cuentan con períodos derogatorios más prologados dado el riesgo de un repentino aumento del coste de la vida al que se enfrentan. 
Sin embargo, creemos que la cuestión es más profunda y tenemos tres objeciones a la directiva. 
En primer lugar, la armonización de la tributación de la energía no constituye un requisito previo fundamental para el buen funcionamiento del mercado interior. 
La competencia tributaria tiene sus beneficios pero, lo que es más importante, se trata de una cuestión de soberanía tributaria, con grandes implicaciones para la estructura fiscal y las opciones medioambientales y sociales de un Estado. 
Por este motivo muchos Estados han solicitado exenciones. 
En segundo lugar, el aumento de los tipos más bajos provocará una subida del coste de la vida, especialmente para los trabajadores y los miembros menos favorecidos de la sociedad. Esto introducirá factores de injusticia y la no penalización a los que más consumen. 
Esta es la naturaleza de los tipos fijos y la tributación directa. 
En tercer lugar, lo que se necesita no es cambiar los impuestos del «uso» del trabajo al medio ambiente, cuyo precio se traduce siempre en el nivel de precios al consumidor. 
La cuestión es transferir la carga, pero al «uso» de capital, de no ser así la tributación seguirá siendo injusta. 
. 
La directiva del Consejo 2003/96/CE, que reestructura el marco comunitario para la tributación de productos de energía y electricidad se ha convertido en la principal base legal en el campo de la tributación energética, garantizando a todos los actuales Estados miembros determinados regímenes transitorios que les permiten ajustar su legislación nacional. 
De hecho, la armonización de la tributación constituye un requisito previo fundamental para el buen funcionamiento del mercado interior. 
La ponente entiende que «para evitar una competencia fiscal perjudicial, los países candidatos a la adhesión deberán alinear sus tipos impositivos para impuestos especiales con los mínimos requeridos en la Unión Europea». 
Esto explica el llamamiento del informe «a todos los Estados miembros, incluidos los actuales» para garantizar el cumplimiento de «los plazos previstos por la Directiva y a contribuir así al desarrollo de un mercado interior favorable para el medio ambiente». 
Pese al hecho de que este informe trata un tema delicado –la tributación de la energía– por motivos ambientales, y el hecho de que la tributación todavía requiere la unanimidad de votos en el Consejo, he votado a favor del texto. 
. 
Aunque tengo importantes reservas sobre el proceso de armonización tributaria, creo que debemos establecer formas de coordinación, especialmente en lo que respecta a evitar el flujo de capital transfronterizo y, por lo tanto, defiendo firmemente abolir el secreto bancario y poner fin a los paraísos fiscales. 
El objetivo final de la directiva 2003/48/CE es el de permitir el rendimiento del ahorro en forma de pagos de intereses realizados en un Estado miembro para que los titulares beneficiaros sean objeto de una tributación eficaz, garantizando de este modo un tratamiento fiscal equitativo de los ahorros y de los derechos de los Estados miembros a tributar sobre los ingresos de sus residentes, a nivel europeo, mientras que se eliminan los incentivos artificiales al flujo de capital en la UE y fuera de esta. 
Pero los intereses de erosión de la base fiscal chocan con los intereses de atracción del ahorro de capital por parte de algunos Estados miembros, especialmente aquellos con vínculos directos con los paraísos fiscales. 
El modo más eficaz de tributar los rendimientos del ahorro es garantizar el intercambio automático de información entre las administraciones tributarias. 
Para impedir la fuga de capitales, otros países deben cumplir los acuerdos realizados y en este caso nos referimos concretamente a Suiza. 
Lamentablemente, siguen existiendo dificultades de negociación con otros países. 
Sin embargo, debemos ir más lejos. 
Debemos encontrar formas de coordinar la tributación con el fin de tributar los movimientos de capital y las transferencias transfronterizas de acciones en el ámbito comunitario. 
. – Mi abstención en esta votación obedece a la opinión que siempre he expresado con respecto al acuerdo alcanzado los días 19 y 20 de junio de 2000 en el Consejo Europeo de Santa Maria da Feira, que, en mi opinión, no puede sino conducir a un callejón sin salida. 
Las persistentes dificultades con Suiza, a pesar de la celebración del Acuerdo que se nos presenta aquí, y la difícil continuación de las negociaciones con los demás terceros países me confirman en esta apreciación y en mi voto de hoy. 
. – He votado a favor de la aprobación del Acuerdo entre Suiza y la Unión Europea sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro, pero quiero precisar que lo he hecho a condición de que este Parlamento sea consultado, antes de la aplicación de dicho Acuerdo, sobre los que se negocian con los demás terceros países –Estados Unidos, Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino–, y destacar al mismo tiempo que su aplicación depende también de la adopción y la aplicación en los territorios dependientes o asociados de los Estados miembros de medidas idénticas a las contenidas en la Directiva de 3 de junio de 2003. 
Suiza, al igual que algunos Estados miembros que han optado en el marco de la directiva por un impuesto retenido en origen, sigue apegada al secreto bancario, que tiene por objeto garantizar el respeto del ámbito privado y aumentar la confianza de los depositantes en sus bancos. 
Algunos no dejan de pretender que la abolición del secreto bancario es necesaria para luchar contra el fraude fiscal y contra una competencia fiscal perjudicial. 
Suiza, al igual que mi país, Luxemburgo, ha acompañado el secreto bancario de cláusulas muy estrictas sobre el blanqueo de dinero y la financiación de actividades delictivas. 
En virtud del artículo 10 de este Acuerdo, Suiza, y todo Estado miembro de la Unión Europea, intercambian información sobre los comportamientos constitutivos de fraude fiscal en relación con la legislación del Estado en cuestión. 
. – El proyecto de resolución legislativa que se presenta en el informe vacía de sentido el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo de Santa Maria de Feira en junio de 2000. 
Dicho acuerdo supedita la entrada en vigor de la directiva a la aplicación de medidas equivalentes en Suiza, así como en otros países y territorios dependientes. 
Como esta condición no se cumple, he votado en contra de la resolución. 
El 16 de octubre de 2001, el Consejo autorizó a la Comisión negociar un acuerdo con la Confederación Helvética que permitiera disponer medidas equivalentes a las que deben aplicarse en la Comunidad, con vistas a garantizar la tributación eficaz del rendimiento del ahorro en forma de pagos de intereses. 
La aplicación de las disposiciones de la directiva del Consejo 2003/04/CE de 3 de junio de 2003, sobre la tributación del rendimiento del ahorro en forma de pagos de intereses, dependerá de la aplicación de medidas equivalentes a las establecidas en la mencionada directiva por parte de la Confederación Helvética, conforme a un acuerdo celebrado entre dicho país y la Comunidad Europea. 
Por lo tanto, se propone que adoptemos el acuerdo entre la Comunidad y la Confederación Helvética, que dispone medidas equivalentes a las establecidas en la Directiva 2003/48/CE sobre la tributación del rendimiento del ahorro en forma de pagos de intereses y el Memorando de acuerdo. 
He votado a favor. 
. 
Esta propuesta de directiva forma parte del paquete Monti original de 1998, que preparó el camino para una mayor armonización de la tributación dentro de la Unión Europea. 
Independiente de lo que se pueda pensar de las propuestas en conjunto y dado que pretendemos crear un mercado interior, puede entenderse la necesidad de establecer un grado de armonización de la tributación para luchar contra la evasión fiscal y la doble tributación. 
Sin embargo, tenemos una objeción de principio al planteamiento que se ha adoptado, ya que el concepto de armonización de la tributación tiene una naturaleza federalista y afecta a uno de los principales pilares de la soberanía del Estado: la capacidad de un Estado para tributar a familias y empresas, garantizando así su autonomía. 
Por otra parte, no estamos convencidos de las ventajas económicas de la armonización de la tributación en oposición a las ventajas de mantener una competencia tributaria saludable. 
Por este motivo, esta directiva y el resto del paquete no se aprobaron hasta junio de 2003. 
La directiva se refiere a los pagos de intereses y transferidos entre empresas asociadas con el objetivo de abolir las deducciones de estos pagos en el origen. 
Esta enmienda pretende ampliar la lista de empresas y tener en cuenta la directiva sobre empresas matrices y filiales, así como la directiva sobre fusiones. 
Nos preocupa que la directiva no debe facilitar la evasión fiscal ni privar a los Estados miembros de los medios adecuados con los que luchar contra el fraude y los abusos. 
La propuesta de Decisión del Consejo con la intención de establecer un tribunal de primera instancia especializado en las disputas de la función pública es un aspecto de la reforma judicial consagrado en el Tratado de Niza, que pretende resolver el problema cada vez mayor de la carga de trabajo en los tribunales comunitarios. 
Responde al llamamiento realizado en la Cumbre de Niza, conforme a cuyos términos «La Conferencia solicita al Tribunal de Justicia y a la Comisión que preparen, cuanto antes, un proyecto de decisión por la que se cree una sala jurisdiccional competente para resolver en primera instancia sobre los litigios entre la Comunidad y sus agentes». 
El establecimiento de esta jurisdicción permitirá retirar del Tribunal de Primera Instancia estas disputas, que representan cerca de un tercio de su carga de trabajo actual. 
Este se limitará, en el futuro, al papel de tribunal de segunda instancia con relación a las decisiones del nuevo órgano jurisdiccional de primera instancia, con la intervención del Tribunal de Justicia solamente en circunstancias especiales para revisar los juicios del Tribunal de Primera Instancia. 
Pese a los costes de dotación de personal y operativos de esta nueva jurisdicción, que se estiman en un total de 2 453 000 euros al año, he votado a favor de establecerlo, dada la agilidad procesal añadida que aportará a la jurisdicción comunitaria. 
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Conforme a los términos del artículo 245 (2) del Tratado CE y el artículo 160 (2) del Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EAEC) , el Tribunal solicita al Consejo que añada las siguientes enmiendas al Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia: conforme a los términos del artículo 17 del Protocolo, las Decisiones del Tribunal pleno solamente serán válidas con un quórum de 11 jueces. 
Con el aumento del número de jueces de 15 a 25 tras la ampliación, se propone que este quórum se establezca en 15 jueces. Conforme al artículo 16 del Protocolo, la Gran Sala, que se reúne cuando un Estado miembro o una institución de las Comunidades participantes en la instancia lo solicita, está formada por 11 jueces. 
Se propone aumentar a 13 el número de jueces que componen la Gran Sala, así como mantener el quórum actual de nueve jueces. 
No hemos observado motivo alguno para no refrendar esta conclusión y por lo tanto hemos votado a favor. 
Este proyecto de decisión del Consejo pretende, como consecuencia del proceso de ampliación, modificar los artículos 16 y 17 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia en lo que respecta a aumentar el número de jueces en lo que se conoce como Gran Sala y el Asamblea Plenaria del Tribunal. 
Conforme a los términos de esta propuesta, el Tribunal aumentaría el número de jueces en la Gran Sala a trece, manteniéndose el quórum de nueve jueces. 
En lo que respecta al Asamblea Plenaria del Tribunal, con el aumento de jueces de quince a veinticinco, se propone que este quórum se aumente de once a quince jueces. 
Comparto la opinión del ponente de que esta es una propuesta bien fundamentada, que obtuvo un consenso en el Consejo y en el Tribunal y por lo tanto he votado a favor. 
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Podría decirse que este es un informe sin importancia y de carácter técnico, pero adquiere mayor importancia dado que su objetivo es el de incluir, tras la ampliación de la Unión Europea que se celebrará el 1 de mayo para incluir a diez países de Europa del Este y el Mediterráneo, las nueve lenguas oficiales de estos países –si todavía no se han contemplado– en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
¿Por qué destacar esto? 
Porque en otros procesos –como el importante ejemplo de la «patente comunitaria» – algunas personas buscan soluciones que no implican un total respeto hacia las diversas lenguas de los países de la UE, sino que pretenden imponer las lenguas de los países con una mayor población y discriminar las restantes lenguas oficiales de la Unión. 
El proyecto de decisión del Consejo pretende incluir, en la perspectiva del nuevo reparto de competencias en materia de acciones y recursos directos y de la ampliación de la Unión, el estonio, el húngaro, el letón, el lituano, el maltés, el polaco, el eslovaco, el esloveno y el checo entre las lenguas de trabajo establecidas conforme al artículo 35 del Reglamento del Tribunal. 
Tras la nueva división de las competencias para los recursos directos entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia prevista por el Tratado de Niza, también es adecuado establecer una regla para determinar la lengua de proceso en el tribunal, siempre que la parte solicitante sea una institución. 
Al igual que para la propuesta análoga del Tribunal de Justicia Europeo, el ponente y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior consideran que la propuesta «aparece correctamente fundamentada y es consecuencia lógica de la ampliación de la Unión. Procede pues aprobarla sin enmiendas (exposición de motivos) ». 
Nuestra declaración sobre las nuevas disposiciones lingüísticas en el Tribunal Europeo de Justicia se aplica también a este tema y por lo tanto hemos votado a favor. 
Con la adhesión de los nuevos Estados, el estonio, el húngaro, el letón, el lituano, el maltés, el polaco, el eslovaco, el esloveno y el checo pasarán a ser lenguas oficiales de la Unión Europea. 
El proyecto de decisión del Consejo sobre el que está siendo consultado el Parlamento Europeo, pretende por lo tanto añadir estas lenguas a la lista del artículo 29 (1) del Reglamento del Tribunal Europeo de Justicia. 
Dado que siempre he luchado a favor del plurilingüismo en todos los aspectos del proceso de la integración europea, defiendo su igualdad en las acciones e instituciones comunitarias y que se reconozca su igual dignidad y uso. 
Solo puedo votar a favor. 
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En ocasiones, las cuestiones importantes pueden resolverse con un solo párrafo y este informe es un buen ejemplo de ello. 
Su objetivo es incluir, como consecuencia de la ampliación de la UE a diez países de Europa del Este y el Mediterráneo, que se celebrará el 1 de mayo, las nueve lenguas oficiales de estos países –si todavía no se utilizan– como lenguas de trabajo del Tribunal de Primera Instancia. 
La reafirmación y la aplicación efectiva del principio de la institución de todas las lenguas de los países de la Unión Europea como lenguas oficiales y de trabajo –tal como se indica en los Tratados– es muy importante dado que, en el contexto actual, estamos observando tendencias del dominio real y cada vez más obvio de algunas lenguas –las de los países más poblados: el Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia– en detrimento de las lenguas de los restantes países miembros de la Unión Europea. 
Por lo tanto, debemos considerar siempre el proteger la lengua de cada Estado miembro de la UE. 
Con la adhesión de los nuevos estados, el estonio, el húngaro, el letón, el lituano, el maltés, el polaco, el eslovaco, el esloveno y el checo pasarán a ser lenguas oficiales de la Unión Europea. 
El proyecto de decisión del Consejo sobre el que está siendo consultado el Parlamento Europeo, pretende por lo tanto añadir estas lenguas a la lista del artículo 29 (1) del Reglamento del Tribunal Europeo de Justicia. 
También compartimos este punto de vista, ya que implica el apoyo al principio fundamental de preservar las lenguas de los Estados miembros como lenguas oficiales de la Unión. 
Este es el tipo de desarrollo que garantizará la igualdad entre Estados miembros, lo que constituye un valor fundamental para conservar la Unión Europea como área de libertad y diversidad. 
El proyecto de decisión del Consejo pretende incluir, con el objetivo del nuevo reparto de competencias en materia de acciones y recursos directos y de la ampliación de la Unión, el estonio, el húngaro, el letón, el lituano, el maltés, el polaco, el eslovaco, el esloveno y el checo entre las lenguas de trabajo establecidas conforme al artículo 35 del Reglamento del Tribunal. 
Tras la nueva división de la jurisdicción en las acciones directas entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia prevista por el Tratado de Niza, también es adecuado establecer una regla para decidir sobre la lengua de proceso en el tribunal, siempre que la parte solicitante sea una institución. 
He votado a favor. 
Esta propuesta forma parte de la revisión en curso de la legislación destinada a prevenir y luchar contra los brotes de fiebre aftosa y peste porcina clásica. 
Actualiza la Directiva 90/426/CEE sobre las importaciones de équidos y la Directiva 92/65/CEE por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las importaciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones. 
Pretende racionalizar, reforzar y poner al día la legislación que regula la importación a la Comunidad de animales silvestres y domésticos que pueden padecer la fiebre aftosa o la peste porcina clásica. 
A los fines de esta Directiva, los ungulados son los animales que figuran en el Anexo I. Muchas de estas especies no son indígenas y es probable que pasen a través de la Comunidad como parte de circos o intercambios entre zoológicos. 
Para tener en cuenta este hecho he añadido una clarificación para que se incluya el tránsito cada vez que se mencione la importación en esta Directiva. 
Me felicito de la flexibilidad que se deriva de las excepciones. 
Sin embargo, solo deberían hacerse excepciones caso por caso a fin de no aumentar el riesgo de importar estas enfermedades. 
En vista de la vital importancia que revisten las fuentes de información veraz para facilitar una respuesta rápida a cualquier brote de una enfermedad en las cruciales primeras fases, propongo una enmienda a la Directiva 90/426 que nos permitiría dar dicha respuesta coherente mediante la creación de un Laboratorio Comunitario de Referencia para enfermedades equinas. 
Una coordinación eficaz exige un almacenamiento fiable y exhaustivo de conocimientos sobre el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas de los equinos. 
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Los recientes brotes de fiebre aftosa y fiebre porcina clásica han provocado una revisión a fondo de las medidas comunitarias para prevenir y combatir estas enfermedades, como parte de la respuesta a posibles brotes futuros. 
Esta propuesta de directiva de la Comisión pretende reforzar y actualizar la legislación que rige la importación a la Comunidad de animales salvajes y domésticos que puedan contraer estas dos enfermedades y, por lo tanto, merece nuestro apoyo en un principio. 
La propuesta consolida, en un único acto jurídico, los requisitos en el campo de la salud animal para importar animales ungulados vivos y dispone que se elabore una lista de terceros países desde los que los Estados miembros pueden importar dichos animales, además de los requisitos sanitarios que deben cumplirse. 
No tenemos ninguna objeción a las enmiendas presentadas por la ponente y por lo tanto hemos votado a favor. 
El objetivo de la propuesta de directiva que tenemos ante nosotros es el de establecer normas de salud animal para la importación a la Comunidad de determinados animales ungulados vivos, es decir, mamíferos cuyas extremidades de los dedos están dotadas de uñas o cascos. 
Los brotes de enfermedades en la Unión Europea en los últimos años, concretamente la fiebre aftosa y la fiebre porcina clásica, han provocado una revisión a fondo de las medidas comunitarias para prevenir y combatir estas enfermedades. 
Como parte de la respuesta a posibles brotes futuros, la Comisión propone racionalizar, reforzar y actualizar la legislación que regula la importación a la Comunidad de animales salvajes y domésticos de especies con riesgo de contraer cualquiera de estas enfermedades. 
Al consolidar en una sola ley las normas que rigen las importaciones de animales ungulados salvajes y domésticos, esta propuesta de directiva cumple las expectativas de seguridad alimentaria de los consumidores Europeos, acercándose un paso más al alto nivel de protección sanitaria que pretendemos para la Unión Europea. 
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Esta propuesta de reglamento pretende ser un instrumento crucial para la aplicación del artículo 104 del Tratado en relación con el procedimiento de déficit excesivo. Trata de establecer el requisito de que los Estados miembros faciliten datos sobre la deuda pública (deuda pública de Maastricht) sobre una base trimestral, lo que forma parte de una tendencia general a favor de la reopilación de estadísticas trimestrales, aunque el déficit excesivo formal seguirá basándose en las estadísticas anuales. 
De acuerdo con la ponente, esto permitirá supervisar más de cerca la situación presupuestaria de los Estados miembros, detectar antes los problemas presupuestarios y obtener un conocimiento mejor del efecto de los esfuerzos realizados por los Estados miembros. 
La ponente no podría haber sido más clara. 
He aquí un nuevo ejemplo de una política –en este caso, el Pacto de Estabilidad– que requiere un instrumento estadístico preciso. 
Sin embargo, una vez más, un cambio estadístico ha tenido un efecto político significativo, incrementando de este modo las presiones ejercidas por los homólogos sobre un Estado miembro que haya hecho caso omiso de los objetivos de consolidación presupuestaria fijados en su programa de estabilidad y no haya cumplido los objetivos del Pacto de Estabilidad. 
Lo que más preocupa de ese instrumento es, por tanto, el aspecto político, en particular con respecto a su finalidad. Esta preocupación es mucho más importante que otras las relativas a los costes de la recopilación de las estadísticas, del cumplimiento del indicador anual y de la obligación de recopilar estadísticas con carácter retroactivo. 
Los diputados radicales nos abstuvimos en la votación sobre el informe Lehne relativo a la solicitud de defensa de la inmunidad del Sr. Pannella debido a que, aunque no cuestionamos la manifestación de la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, creemos que no deberíamos confiarnos respecto a la necesidad de afirmar las prerrogativas del Parlamento con relación a los Estados miembros en cada fase pertinente. 
De hecho, no parece ni adecuado ni útil poder tomar medidas para limitar la libertad personal de un diputado del Parlamento Europeo, incluso basándose en un juicio que tiene la fuerza de, sin que se informe al Parlamento y sin que este pueda, si fuese necesario, adoptar las medidas necesarias para expresar su opinión sobre la revisión de los límites de las prerrogativas de sus diputados. 
Aunque puede que en este caso la decisión del Parlamento esté justificada –y también debemos considerar que las medidas de restricción de la libertad del Sr. Pannella se han abandonado entretanto– de ningún modo debemos interpretar esto como un precedente si se produce un caso similar en el futuro. 
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Cada año en la UE, unos cinco millones de personas sufren accidentes laborales, lo que provoca bajas de más de tres días, que provocan la pérdida de 146 millones de días de trabajo. 
Algunos de estos accidentes tienen consecuencias duraderas y afectan a la capacidad de la víctima para trabajar y a su vida fuera del trabajo. 
Por lo tanto celebro el informe del Sr. Pérez Álvarez, que ilustra la importancia de adoptar esta directiva con el objetivo de mejorar las normas de salud y seguridad. 
A pesar de la introducción de enmiendas aprobadas en primera lectura por el Parlamento en la posición común del Consejo, todavía deben reforzarse algunos elementos: 
-deben establecerse medidas preventivas para reducir el riesgo. 
Los empleadores deben determinar y evaluar estos riesgos e informar a los trabajadores al respecto. 
También debe fomentarse la participación, consulta y formación de los trabajadores. 
-en caso de que se detecte una exposición por encima de los valores límite, los trabajadores deben tener derecho a un examen médico y a acceder a su historial sanitario. 
En caso de que la salud de los trabajadores se vea negativamente afectada como consecuencia de dicha exposición, el empleador deberá adoptar medidas para reevaluar los riesgos. 
-esta directiva debe disponer sanciones disuasorias que aplicarán los Estados miembros en caso de violación de la legislación nacional. 
Para hacer que Europa sea un mejor lugar en el que trabajar, esta directiva debe aprobarse sin demora. 
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La posición común del Consejo establece valores límite de exposición basados en efectos biológicos sobre la salud. 
No se están teniendo en cuenta los posibles efectos negativos a largo plazo de la exposición, ya que no se dispone de datos científicos concluyentes. 
La posición común también establece valores de acción, parámetros cuantificables que, si se observan, garantizarán que no se superan los valores límite de exposición. 
Por otra parte, establece las medidas preventivas para reducir los riesgos a los que se exponen los trabajadores. 
Estas se basan principalmente en la obligación del empleador de determinar y evaluar los riesgos. También dispone que los trabajadores estén informados y reciban formación. 
En conjunto, la posición común tiene en cuenta los principales objetivos y las diversas alteraciones aprobadas por el Parlamento en primera lectura, aunque en ciertos aspectos se queda corta con respecto a lo que se necesita. 
Por lo tanto, el ponente considera que sería aconsejable reponer el derecho a un examen médico en el caso de una sobreexposición y reforzar el sistema de prevención establecido por la directiva. Esta directiva también debe contener una disposición relativa a las sanciones que deberán aplicarse dentro de la legislación nacional conforme a la directiva. 
Celebro esta propuesta de directiva, que se inscribe dentro del apartado de las medidas para mejorar el entorno de trabajo y tiene el objetivo de proteger la salud y la seguridad de cada trabajador individualmente, además de formar parte de una base mínima de protección destinada a evitar posibles distorsiones de la competencia. 
La dimensión de la estrategia de Lisboa «más y mejor empleo» requiere que la UE elabore y establezca estrictas demandas con respecto a la calidad de las condiciones de trabajo en todo el territorio de la UE, lo que implica la mejora de la dignidad del trabajo y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 
Por ultimo, como comenté en mi explicación de voto sobre el informe del Sr. Gargani relativo a la protección de los trabajadores contra riesgos asociados a la exposición a agentes cancerígenos o mutagénicos en el trabajo (2 de septiembre de 2003) , debemos eliminar los peligros con tanta frecuencia escondidos, como los que se tratan en este informe. 
En otras palabras, más vale prevenir que curar y también vale mucho más que compensar. 
Por lo tanto, refrendo la sugerencia final del Sr. Álvarez, que declara que sería aconsejable reponer el derecho a un examen médico en el caso de una sobreexposición –como propuso el Parlamento Europeo– y reforzar el sistema de prevención establecido por la directiva. 
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La tarea de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres es vital para la UE, que tiene la obligación de ser proactiva en la promoción de todas las medidas con este fin. 
Este excelente informe pretende establecer un programa de acción comunitario para promover las organizaciones activas en el campo de la igualdad entre hombres y mujeres a escala europea. 
Este programa para el período 2004-2005 tendrá a su disposición unos 2,2 millones de euros para respaldar a dichas organizaciones mediante ayudas al funcionamiento. 
Las actividades de estas organizaciones permitirán realizar: 
– actividades de concienciación y divulgación de información, 
– acciones para promover la reconciliación de la vida privada y la vida profesional, así como la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, la lucha contra la violencia de género, los estereotipos de género y la discriminación en el lugar de trabajo, 
– y, por último, medidas para fomentar la cooperación con las organizaciones de mujeres en terceros países y sensibilizar sobre la situación de la mujer en todo el mundo. 
He votado a favor de esta recomendación para segunda lectura, que es fruto de un compromiso entre el Consejo y el Parlamento. Esta dispone, de forma excepcional, cláusulas transitorias relativas al período de elegibilidad de los gastos que se introducirán en este programa. 
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El objetivo de esta propuesta es el de establecer un instrumento jurídico fundamental para que se concedan ayudas al funcionamiento al Lobby Europeo de Mujeres, así como a otras organizaciones activas en el ámbito europeo en el campo de la igualdad. Este instrumento es necesario para garantizar la conformidad con el actual Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de la UE. 
Por lo tanto, se prestará apoyo a: 
Parte 1 – el Lobby Europeo de Mujeres; 
Parte 2 – las actividades continuas de una organización que tenga un objetivo de interés europeo general en el campo de la igualdad de género o un objetivo que forme parte de la política comunitaria en esta área; 
Parte 3 – cualquier acción específica. 
El Consejo aceptó varias propuestas del Parlamento, pero rechazó la propuesta de ampliar la fecha límite para el programa 2004-2005 hasta 2008 y aumentar el presupuesto de 2,222 millones de euros a 5,5 millones de euros. 
El presupuesto para 2004-2005 se mantuvo en 2,2 millones de euros y no se aceptó la solicitud de especificar de forma más clara las actividades del Lobby que se apoyarán, sustituyendo «etc» por «transversalidad de género en las áreas de educación, deporte, salud y seguridad social» y «cooperación con asociaciones de mujeres de terceros países». Lamentamos esto. 
La ponente propone la aprobación de la posición común, con un solo artículo adicional sobre las «cláusulas transitorias» , ya acordada con el Consejo. 
Es realmente loable crear un programa de acción comunitario para promover las organizaciones activas en el campo de la igualdad entre hombres y mujeres a escala europea. 
Esto es todavía más importante debido a los mecanismos de exclusividad que han provocado situaciones de privilegio y discriminación a favor de las organizaciones de mujeres asociadas al Lobby Europeo de Mujeres. Dichos mecanismos violan los derechos humanos y son contrarios a los principios básicos de la organización social libre y pluralista. 
En primera lectura, las propuestas de la ponente pretendían corregir ese desequilibrio, pero el dogmatismo de la izquierda en la comisión competente se encargó, una vez más, de perpetuar la desigualdad de trato y de oportunidades para todas las organizaciones de mujeres. 
Aparte de las preocupaciones que rodean a esta injusticia, es grotesco que esta situación haya sido provocada por una comisión que fundamenta su existencia en la defensa de los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades debería tener la obligación de dar voz y una visión clara a la mayoría de mujeres, a la diversidad y pluralidad de opiniones e intereses. 
En segunda lectura se evitó diluir las propuestas iniciales y se consiguió evitar un resultado desastroso e injusto. Por lo tanto, hay esperanza de que se produzca una verdadera mejora en la situación. 
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El objetivo general de la política de la UE sobre la cooperación para el desarrollo debería ser la lucha contra la pobreza y su erradicación de una vez por todas. 
Con el fin de luchar eficazmente contra la pobreza –además de luchar contra el neoliberalismo– debe establecerse la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y las mujeres también deben desempeñar un papel más activo en el campo de la política. 
En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebró en Pekín en 1995, se elaboró una agenda clara, con el objetivo de promover la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres por primera vez. 
Esto provocó que la UE elaborase el Reglamento del Consejo (CE) 2836/98 sobre la integración de los problemas de género en la cooperación para el desarrollo. 
En 2001, se adoptó un programa de acción sobre la generalización de la igualdad de género en la cooperación comunitaria para el desarrollo, que concluye en 2006. 
El Reglamento (CE) 2836/98 constituye la base legal para el título presupuestario B7-6220 (21.02.06) sobre la integración de los problemas de género en la cooperación para el desarrollo. 
Tras finalizar el 31 de diciembre de 2003, debe sustituirse con la propuesta que tenemos ante nosotros. 
Como colegislador, el Parlamento deberá hacer notar que la Comisión presentó muy tarde la propuesta de nuevo reglamento. 
La Comisión aceptó la abrumadora mayoría de las enmiendas del Parlamento, pero... 
Como ya comenté en primera lectura, en las relaciones de cooperación para el desarrollo es importante financiar medidas de lucha contra la pobreza y la enfermedad y desarrollar soluciones para la educación en una cultura de salvaguarda de los derechos humanos fundamentales. 
Por supuesto, estoy incondicionalmente a favor de adoptar medidas que puedan contribuir a la aplicación de los objetivos de ayuda a los más pobres. 
En primera lectura, voté a favor del informe, ya que estaba convencido de que las sugerencias de la ponente contribuirían a alcanzar estos objetivos. 
Dado que 20 de las 21 enmiendas presentadas por el Parlamento fueron aceptadas por el Consejo y la Comisión, apoyo este informe. 
Quisiera destacar una preocupación, que temo que no se ha tratado adecuadamente, y es la definición de salud sexual y reproductiva. 
Es una preocupación legítima, pero no debe distorsionarse y convertirse en un término comodín que comprenda el desarrollo de programas internacionales para promover el aborto, lo cual condeno rotundamente. 
Debe especificarse que este término hace referencia a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, como el HIV/SIDA, y a proporcionar condiciones adecuadas para el embarazo, el parto y la atención postparto. 
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No tengo ninguna objeción a las enmiendas del ponente a la posición común del Consejo. 
Dada la sucesión de crisis alimentarias y de factores de contaminación de los alimentos, como la presencia de dioxinas, deben crearse marcos reguladores para mejorar la seguridad alimentaria, de los que la higiene de los alimentos para el consumo humano constituya un componente esencial. 
El principio «del establo a la mesa» debería ser el tema central de la regulación propuesta. Debería crearse una serie de medidas para la higiene de todos los productos alimentarios en circulación en la Comunidad, incluidos los productos importados, además de medidas para aumentar la responsabilidad de las empresas del sector alimentario. 
Pese a que las normativas deberían tener como objetivo una aplicación igual en todos los Estados miembros, debe existir cierto grado de flexibilidad para tener en cuenta las variaciones locales. 
Por ultimo, quisiera expresar mi acuerdo con la Enmienda 6, que tiene el objetivo de garantizar que la Comisión no tiene el poder general de modificar los Anexos I y II, aprobados mediante codecisión del Parlamento y el Consejo. 
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Dada la importancia de garantizar la protección y la conservación de la diversidad de los alimentos tradicionales y regionales de gran calidad, es justo para los agricultores y productores de pequeñas cantidades de productos primarios que se apruebe la enmienda 3 de este informe. 
Por lo tanto, las normas de higiene no deben comprometer «aquellos métodos tradicionales de producción o materias primas que son, de acuerdo con los conocimientos científicos, la práctica acreditada o la tradición, características demostradas del proceso de producción y que no afectan negativamente a la calidad de la higiene de los alimentos». 
Por lo tanto, los Estados miembros, conjuntamente con la Comisión, deben poder adoptar enmiendas a las disposiciones de los Anexos II y III, para responder a las necesidades de las empresas alimentarias situadas en regiones sujetas a limitaciones especiales. 
Este es el caso de los quesos portugueses, como los de la Serra da Estrela, ya que los cambios en las condiciones de producción podrían afectar negativamente al sabor y la calidad del producto. 
Tampoco tenemos objeciones a las restantes enmiendas que pretenden, como indica el ponente, aclarar la estructura de este texto legislativo. 
Como afirma el propio ponente, esta propuesta de reglamento constituye una parte integrante del proyecto global de mejora de la seguridad alimentaria en la UE, la calidad de los productos de terceros países que exportan a la UE y la legislación comunitaria en el área, en este caso con respecto a los productos de origen animal. 
La figura central en el sistema propuesto de control oficial es el veterinario oficial, que debe disponer de los medios legales y técnicos para desempeñar sus funciones, y esto implica la financiación pública. 
La fiebre aftosa es un buen ejemplo de la falta de inversión en el área de las inspecciones de productos alimentarios. 
Quisiera expresar mi acuerdo con la enmienda 2, que pretende eliminar del ámbito de la regulación la producción primaria de productos alimentarios para el consumo doméstico privado y el suministro directo por parte del productor de pequeñas cantidades de productos primarios al consumidor final o a las tiendas y restaurantes locales, que deben someterse a las normas nacionales. 
También estoy de acuerdo con el trato especial concedido a los pequeños establecimientos artesanales, tendiendo en cuenta que producen para un mercado local limitado. 
Estoy asimismo de acuerdo con la inclusión, con respecto a los productos de la pesca, de productos procedentes de la acuicultura, sin los que los controles de productos de la pesca serían incompletos. 
. Los cuatro informes del Sr. Schnellhardt aprobados hoy abordan los diversos aspectos de la garantía de la debida higiene en la producción de animales, así como inspecciones y controles rigurosos. 
Apoyo plenamente los objetivos de este Reglamento, pues es indispensable que nosotros, en nuestra condición de reguladores, garanticemos un alto grado de protección de la vida y salud humanas. 
Creo que el principio «del establo a la mesa» ya se ha convertido en el principio básico en que se sustenta toda la reglamentación en el ámbito de los alimentos y piensos. 
Durante esta legislatura hemos adoptado todo un entorno normativo para este sector, algo de lo que se pueden sentir justificadamente orgullosos tanto esta Cámara como, desde luego, el Comisario Byrne. 
Espero sinceramente que el resultado final de toda esta reglamentación sea un aumento de la responsabilidad de las empresas productoras de alimentos, tanto en la producción primaria como en las fases posteriores de producción. 
En conclusión, nuestro objetivo último en todo esto debe ser adoptar la política que mejor proteja a nuestros consumidores. 
Tenemos la obligación, en tanto que legisladores, de establecer un ordenamiento jurídico que fomente la confianza de nuestros consumidores en los alimentos que compran y consumen. 
Estas cuatro recomendaciones para una segunda lectura en relación con la higiene de los productos alimenticios y la organización de controles oficiales forman parte de un proceso de reforma legislativa –el sistema actual abarca 17 directivas, algunas de las cuales se remontan a 1964– y tienen en cuenta el principio de que los productores son completamente responsables de la calidad de los alimentos que ofrecen. 
La intención es, por tanto, imponer el cumplimiento de normas de higiene en todos los niveles, desde la explotación agrícola hasta la mesa. El nuevo paquete legislativo se basa en el sistema APPCC (Análisis de riesgos y puntos críticos de control). 
Estoy de acuerdo con el ponente en que la producción primaria destinada al uso doméstico privado y la distribución directa de cantidades reducidas de productos primarios al consumidor final o a los restaurantes y tiendas locales no se deberían someter a las mismas normas que la producción a gran escala. 
Asimismo, apoyo la propuesta que sugiere tener en cuenta los métodos de producción tradicionales. A este respecto, la creación del concepto de «pequeñas empresas artesanales» representa un paso positivo. 
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La directiva sobre transparencia es una de las medidas que resulta necesaria para completar el plan de acción de servicios financieros, cuyo objetivo consiste en establecer un mercado interno para los servicios financieros en 2005. 
El último Consejo de primavera comunicó al Parlamento su deseo de finalizar este proceso antes de las próximas elecciones europeas. 
Nuestra oposición a este proceso, el cual forma parte de la estrategia de Lisboa, gira en torno a una serie de problemas federalistas relacionados con la armonización legislativa y la pérdida efectiva de soberanía sobre el control de los mercados de servicios financieros y de los que en ellos operan. Y, al mismo tiempo, se basa en consideraciones de carácter económico, ya que el movimiento no regulado de capitales y la naturaleza especulativa de un mercado con objetivos a corto plazo y centrado en la acumulación de beneficios son responsables del aumento de la volatilidad y de la probabilidad de que se produzcan crisis financieras, las cuales afectan al crecimiento económico y al empleo. 
La cuestión de poner la información a disposición de los inversores es esencial, no ya para apaciguar a estos, sino con el fin de garantizar la transparencia y la verdad, condiciones ausentes en los últimos escándalos financieros en los que se vieron implicadas empresas como Enron y Worldcom, o el relacionado con Parmalat en Europa. 
Aunque pretendemos proteger a los pequeños inversores y las pequeñas empresas matrices, se llevan a cabo esfuerzos para la liberalización y la reducción del coste del capital que favorecen, claro está, a las grandes empresas multinacionales. 
El Movimiento de Junio ha votado a favor de la enmienda 39. 
No queremos que se elimine la cláusula sobre educación. Sin embargo, en nuestra opinión, es preciso conceder mayor importancia a la capacidad de los Estados miembros para realizar avances en este terreno que a la idea de que la Unión Europea no ha de interferir en materia de educación. 
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Esta propuesta de directiva se basa en el artículo 13 del Tratado, en virtud del cual se autoriza a la Unión Europea a adoptar medidas para acabar con la discriminación, en este caso, la discriminación por razones de sexo. 
Hemos esperado mucho tiempo la aprobación de una directiva destinada a fomentar la igualdad entre el hombre y la mujer en otros ámbitos distintos al laboral. 
La discriminación por razones de sexo se produce con frecuencia a la hora de acceder a bienes y servicios, tanto en el sector público como en el privado. 
Esta propuesta de directiva prohíbe utilizar la cuestión de género como factor a tener en cuenta durante el cálculo de primas de seguros y en otros servicios financieros. 
En el sector de los seguros, el factor de «género» se aplica de forma arbitraria al calcular el riesgo, sencillamente porque supone un método rápido y barato. 
Es preciso poner fin a otra forma de discriminación: no se debe penalizar a las mujeres por el hecho de que vivan más y tampoco, bajo ningún concepto, por el hecho de tener niños y cuidar de ellos. 
El sector de los seguros ha de adaptar sus métodos de cálculo de primas al principio de igualdad de trato y aplicar criterios completamente objetivos. 
Por consiguiente, he votado a favor de esta propuesta de directiva. 
. –Al votar a favor de este informe, quiero destacar la necesidad de una directiva –basada en el artículo 13 del Tratado CE– relativa a la igualdad entre mujeres y hombres en ámbitos distintos del empleo. 
No obstante, la vigilancia sigue siendo obligada, y la lucha por una igualdad real, una igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida económica, social y política, es una lucha constante, que debe proseguir. 
Pondré el ejemplo del ámbito de aplicación de la directiva. 
Debido a importantes reticencias y a una fuerte resistencia por parte de varios grupos de interés, procedentes en especial del sector de los medios de comunicación, el ámbito de aplicación de esta directiva se «aguó» para abarcar únicamente el acceso a los bienes y servicios y su suministro, dejando de lado así otros ámbitos, como el contenido de los medios de comunicación o de la publicidad, la educación y el proceso de toma de decisiones. 
Sea como fuere, hay que saludar esta propuesta como un paso lógico y necesario para aplicar una política que permita luchar plenamente contra las discriminaciones sexuales y garantizar la igualdad de hecho en ámbitos distintos del empleo. 
. Se trata de un importante informe sobre la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres en relación con el acceso a los servicios y su prestación. 
Concuerdo con el ámbito de aplicación de la Directiva propuesto por la Comisión. 
Si bien la protección social, la seguridad social y las ventajas sociales constituyen ámbitos importantes, no pueden considerarse «servicios» y sería mejor abordarlos fuera de este ámbito. 
Acojo con agrado la orientación general de la propuesta y comparto los objetivos en los que se basa. 
Creo que servirá para reforzar los valores y normas que ya se encuentran bien establecidos en numerosos Estados miembros. 
Irlanda, por ejemplo, adoptó la «Ley de igualdad de condiciones» en 2000, y nuestra legislación prohíbe la discriminación directa e indirecta, como la discriminación por motivos de género, estado civil y condición familiar. 
Esta prohibición se aplica no solo al lugar de trabajo y al mercado laboral, sino también al acceso a bienes y servicios y su suministro. 
En general, la UE ha hecho una contribución muy positiva al establecimiento de la igualdad entre los géneros en todo un espectro de ámbitos. 
Y esto hay que destacarlo, sobre todo en periodo electoral. 
Las normativas de la UE son objeto de demasiadas críticas, y nos corresponde a nosotros, los legisladores, demostrar la gran cantidad de medidas eficaces que han surgido de aquí y que mejoran la situación y condición de las mujeres. 
Quiero felicitar a la Sra. Prets por su informe sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso a bienes y servicios y a su suministro. Apoyo este informe, sobre todo en lo que respecta a la adopción de un enfoque proactivo de conformidad con lo dispuesto en el propio Tratado. 
La igualdad entre hombres y mujeres, uno de los valores fundamentales de la sociedad civil europea, es un derecho perteneciente a todos los ciudadanos de la Unión y, por tanto, las instituciones comunitarias tienen el deber de protegerlo en todos los ámbitos. 
Por este motivo, instamos a la Comisión a que presente nuevas propuestas destinadas a combatir de forma efectiva la discriminación por razones de sexo y a garantizar una igualdad auténtica en terrenos distintos al laboral. 
Esta directiva sobre la igualdad de trato entre mujeres y hombres a la hora de acceder a bienes y servicios y a su suministro se planificó hace mucho tiempo; en un principio se incluyó en la agenda de política social de la Comisión en junio de 2000. 
Cabe decir que, por suerte, la igualdad entre el hombre y la mujer constituye hoy día una realidad consagrada legalmente y de disfrute general, dejando aparte unos cuantos problemas específicos pendientes de resolución. 
El objetivo de la propuesta que tenemos ante nosotros es el de combatir la discriminación en sectores como el de los seguros y las pensiones privadas. 
Estudios recientes demuestran que las compañías aseguradoras calculan las primas de un modo diferente en función del género. 
Con tipos de coberturas en las que una mayor esperanza de vida va en contra de los intereses de las aseguradoras, se penaliza a las mujeres por el hecho de vivir más. 
Sin embargo, en los seguros de automóviles se aplica un criterio totalmente opuesto, ya que las estadísticas ponen de manifiesto que las mujeres tienen menos accidentes. 
Estoy de acuerdo con la ponente en que no es correcto utilizar el género –un factor que escapa del control de los individuos– como criterio para el cálculo de primas y, puesto que no responde a un análisis objetivo, constituye discriminación. 
No obstante, me he abstenido en la votación final, ya que considero que no se ha prestado debida atención a numerosos aspectos y que la votación en la sesión plenaria sobre las enmiendas no permitía... 
Señor Presidente, el transporte de animales vivos en trayectos de larga distancia constituye una práctica brutal, a la que convendría poner fin. 
Cada año, tres millones de animales son transportados dentro de Europa y hacia terceros países. 
Si se van a llevar a un matadero, este debería encontrarse situado lo más cerca posible de su lugar de crianza y engorde. 
Los animales no son artículos que pueden ser trasladados sin mayor problema, a diferencia de la carne, que es un simple producto. 
El transporte de animales que no vayan a ser sacrificados debe cumplir con todas las normas de bienestar aplicables. 
Aunque quizás resulte necesario contemplar algunas excepciones para las regiones periféricas y con baja densidad de población, se debe prohibir el transporte de animales para el sacrificio en trayectos de larga distancia. Asimismo, hay que suprimir las subvenciones destinadas a este tipo de transporte, las cuales ascienden en la actualidad a la cifra de 60 millones de euros por año. 
El informe del Sr. Maat representa un esfuerzo encomiable por regular el transporte de forma más eficaz, aunque no tiene en cuenta nuestros principios y expectativas. 
. – A pesar de los esfuerzos realizados por el diputado al Parlamento Europeo, el Sr. Jan Maat, por mejorar la posición del Consejo, considero que el rechazo de casi todas las enmiendas que trataban de reforzar la protección de los animales durante el transporte justifica mi voto en contra del informe. 
Por desgracia, no hemos llegado a lo que considero un transporte correcto y respetuoso de los animales. 
Me he abstenido en la votación sobre la propuesta de un Reglamento sobre la protección de los animales durante el transporte debido a la falta de integridad en el conjunto del informe. 
Por una parte, pienso que ha tenido una motivación política más que un fundamento científico. 
Resulta inaceptable legislar sobre la base de conseguir que la ciencia se ajuste al Reglamento. 
El bienestar de nuestros animales merece un Reglamento que se fundamente sobre la buena práctica científica. 
Por otra parte, hay que poner en duda si es jurídicamente posible en el mercado único limitar la jornada de transporte de animales a nueve horas. 
. He votado en contra del informe Maat porque no hace cuanto sería necesario para proteger el bienestar de los animales. 
Es una vergüenza que se transporten animales vivos para ser sacrificados. 
Aun cuando esto tenga que suceder, las jornadas deben ser como máximo de ocho horas y han de efectuarse en vehículos debidamente acondicionados, con comida y agua. 
Tal como ha sido votado este informe, constituye una amarga decepción, lo mismo que la propuesta original, mal planteada, de la Comisión. 
. 
Aunque este reglamento está relacionado con el bienestar de los animales, en él confluyen diferentes intereses económicos y nacionales, ya que el sector de la carne genera millones de euros, y la aparente confusión de la Comisión y los cambios en la legislación ponen de manifiesto esta afirmación. 
La descarga obligatoria de los animales para su descanso les provoca estrés, al tiempo que contribuye a propagar diversas enfermedades, como la fiebre aftosa. 
Es preciso reducir al máximo los viajes de larga distancia, especialmente en lo que respecta al transporte hacia los mataderos, debido a razones veterinarias y de bienestar de los animales, por un lado, y a razones de desarrollo económico, por otro. 
No tiene sentido exportar o importar animales vivos para su sacrificio cuando es posible transportar la carne o el animal ya muerto. De este modo, además, la región de cría se beneficiaría de gran parte del valor añadido, y se conseguiría crear puestos de trabajo y mejorar la calidad del producto. 
Esta política se ha visto debilitada, tanto por el cierre sistemático de mataderos locales y su sustitución por instalaciones centralizadas de mayor envergadura, como por la falta de apoyo a los mataderos móviles. 
Hay que reducir al máximo posible el tiempo de desplazamiento al matadero y prohibir del todo el transporte internacional para el sacrificio. Asimismo, hemos de implementar un marco armonizado, a través del cual se imponga una duración límite del transporte de animales con otros propósitos. 
No nos sentimos satisfechos con el informe que tenemos ante nosotros. 
. – He votado en contra del informe Maat y de la mayoría de las enmiendas porque estoy en contra de toda reglamentación excesiva que solo excita a los burócratas. 
El camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones. 
. Los animales de granja criados para el consumo humano se han convertido en víctimas de la introducción del transporte barato en camión en trayectos de larga distancia. 
Antes de su engorde o sacrificio, los animales heridos, hambrientos y deshidratados son trasladados de un país a otro. 
Durante años, se ha obstaculizado el debate de este tipo de abusos en este Parlamento, a pesar de las peticiones realizadas al respecto. 
Por lo tanto, la aceptación en este momento de un reglamento en el que se establecen los requisitos para los medios de transporte, la duración del trayecto y el trato a los animales constituye un significativo avance. 
En los Países Bajos se han recopilado decenas de miles de firmas para apoyar un límite máximo de ocho horas o 500 kilómetros. Sin embargo, para muchos ciudadanos de los países del noroeste de Europa, entre los que me incluyo, esta medida no es suficiente. 
Por el contrario, existen organizaciones de gente con intereses económicos que consideran que estos niveles conllevan un exceso de trabajo y de gastos. 
Lamentablemente, esta opinión es sostenida tanto por miembros de la derecha como de la izquierda en el sur de Europa, donde la opinión pública nacional aún no otorga prioridad a la mejora del bienestar de los animales. 
Las organizaciones defensoras del bienestar de los animales tienen todavía mucho por hacer para convencer al público y a los políticos de esta zona. 
Mi partido, el Partido Socialista neerlandés, opina que el beneficio económico debe quedar relegado a un segundo plano, por detrás de aspectos más importantes como el trato decente a los animales. 
Apoyo todas las enmiendas que defienden la aplicación del nivel de protección más elevado, a pesar de que hoy, por desgracia, todavía no cuentan con una mayoría de votos a favor. 
. Los diputados del Partido Popular por la Democracia y la Libertad, el VVD, hemos votado a favor del informe Maat, a pesar de que las enmiendas presentadas como fundamentales solo se han aprobado parcialmente en los compromisos. 
No obstante, creemos que la duración del desplazamiento no es el único factor determinante en lo que respecta a la calidad del transporte de animales. 
La calidad de las condiciones de transporte también es esencial. 
Cabe la posibilidad de permitir un tiempo de desplazamiento mayor en el caso de los animales para sacrificio si la calidad del transporte es la adecuada. 
Es preciso ofrecer esta opción a los transportistas certificados. 
Esta postura aparece reflejada de forma parcial en las enmiendas 64 y 81. 
. – He votado a favor del informe Bösch sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades, porque aporta una útil contribución a la lucha contra el fraude a escala europea. 
Muestra que queda mucho por hacer. 
En 1999, la Comisión entró en funciones prometiendo una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción, pero hoy lega a sus sucesores escándalos medio enterrados (Eurostat) y «un caos sin precedentes de normas en parte contradictorias y de servicios y organismos de nueva creación, de modo que serán inevitables los conflictos de competencias y las inculpaciones de responsabilidades» (apartado 2). 
Por ello, he firmado la propuesta de moción de censura sobre este tema, que se presentará a votación, así lo espero, en el próximo período parcial de sesiones. 
Además, el informe Bösch destaca la extraordinaria cantidad de bovinos vivos que se exportaron en 2002 al Líbano (121 027 toneladas) beneficiándose de restituciones financieras a la exportación. 
Por supuesto, todo esto huele a fraude. 
Es la ocasión de recordar que las restituciones a la exportación han contribuido a arrojar un oprobio injustificado sobre toda la política agrícola común, y que habría que cortar esta rama podrida para salvar el resto. 
En realidad, bastaría con poner fin al constante fraude para obtener parte del dinero necesario para las acciones solidarias con las regiones más desfavorecidas de la Unión Europea actual y las de la próxima ampliación. 
En el informe anual de la Comisión correspondiente a 2002 se reflejan irregularidades y casos de fraude que ascienden a la cantidad de 2 120 millones de euros, de los cuales solo se pueden recuperar 80,6 millones. 
En ese mismo año, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) concluyó 652 investigaciones relacionadas con una pérdida total de 937 millones de euros. 
El fraude de Eurostat se ha excluido de estas investigaciones. La Comisión no ha aprendido de las experiencias pasadas que es mejor que la responsabilidad presupuestaria y contable, por un lado, y la inspección financiera y el control de fraudes, por otro, no recaigan sobre el mismo Comisario. 
Es probable que en el pago de las cuantiosas restituciones a la exportación del bovino vivo al Líbano –un importe superior a los 52 millones de euros– se hayan producido engaños. 
Por otro lado, OLAF acusa a los periodistas de haber efectuado sobornos para poder publicar información secreta sobre fraudes, aunque no tiene pruebas que confirmen estas acusaciones. 
Asimismo, diversas oficinas externas de asesoramiento, en las que participan antiguos funcionarios, han recibido la cantidad de 115 millones de euros. 
En consecuencia, el tema de las elecciones 2004 será una vez más la lucha contra la Unión Europea del fraude. 
. 
Este informe anual desarrolla el artículo 280 del Tratado relativo a la política de prevención y lucha contra el fraude en la Unión Europea. 
En primer lugar, es una lástima que no se haya incluido el caso Eurostat, ya que este pone de relieve los riesgos inherentes a la política de externalización de la Comisión y demuestra que esta descentralización de responsabilidades solo se ha de aplicar como último recurso. 
En segundo lugar, el informe indica que el número de casos de fraude e irregularidades notificados en 2002 se elevó en un 13%, hasta superar la cantidad de 2 000 millones de euros, gran parte de ellos en el marco de los Fondos Estructurales. 
Conviene observar que el año en cuestión fue un año bastante inusual debido a la conclusión de los programas correspondientes al período 1994-1999. En Alemania y los Países Bajos se registraron casi dos tercios de las irregularidades, así como un 55% de los fraudes e irregularidades en los recursos propios tradicionales con el impago de los aranceles aduaneros y los impuestos sobre la circulación de bienes en la Unión Europea. 
Por lo tanto, resulta esencial la aplicación efectiva de medidas que permitan coordinar la lucha contra el contrabando, concretamente el del tabaco y alcohol. 
Por último, estoy de acuerdo con el ponente en que es preciso asignar la responsabilidad del control presupuestario a un único Comisario y que el Banco Central Europeo comunique a la OLAF todos los casos de fraude producidos desde 1999. 
Con esto concluyen las explicaciones del voto. (1). 
(2) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la iniciativa común para la paz, la estabilidad y la democracia en el conjunto de la gran región de Oriente Próximo. 
Señor Presidente, cuando nos aprestamos hoy a debatir la situación en el conjunto de la gran región del Oriente Próximo, las tensiones en la misma son enormes, y con razón. 
El asesinato del dirigente de Hamás, el jeque Ahmed Yasin, y de otros siete palestinos por parte de las fuerzas israelíes la semana pasada ha desencadenado la violencia en toda la región. 
La Unión Europea ha condenado estos asesinatos extrajudiciales por ser contrarios al derecho internacional. 
En una situación ya soliviantada, resulta vital que todas las partes muestren moderación y se abstengan de cualquier acto de violencia que solo provocará a más muertes y que hará inalcanzable una solución pacífica. 
Con este telón de fondo se ha producido la cancelación de la Cumbre de la Liga Árabe, programada para esta semana en Túnez. 
Ahora más que nunca existe la necesidad de que los países de la región opten por el camino de la paz y se aparten del de la violencia y las represalias. 
Existe la necesidad de que los Gobiernos demuestren su liderazgo en favor de la paz y den la espalda a la política del último atentado, que no beneficia a nadie. 
En otra zona de la región, en el Iraq, la situación de la seguridad continúa siendo motivo de honda preocupación. 
Resulta preocupante que los últimos ataques hayan intentado provocar el máximo de muertes civiles y hayan estado encaminados a promover la violencia sectaria. 
Un Iraq seguro, democrático y pacífico, dentro de sus fronteras actuales, puede ejercer una influencia positiva en la paz y estabilidad de toda la región. 
La Unión Europea espera con ilusión la transición hacia una administración iraquí representativa y se compromete a trabajar con el pueblo del Iraq para garantizar un futuro pacífico y estable en aquel país. 
Existe la apremiante necesidad de actuar para abordar los diferentes problemas y retos que tienen planteados la paz y la prosperidad en todo el Oriente Próximo. 
Creo que la Unión Europea se encuentra en una situación ideal para contribuir a apoyar este objetivo. 
La Unión Europea ha gozado históricamente de una relación estrecha con los países del sur del Mediterráneo y del Oriente Próximo, consolidada a lo largo de siglos de historia común, comercio e intercambios. 
No somos extraños los unos para los otros. 
De hecho, a través de Euromed y del proceso de Barcelona, durante una década la Unión ha disfrutado de una relación estructurada con países del Mediterráneo meridional y oriental. 
El marco de Barcelona es amplio y da cabida a temas políticos, económicos, sociales y de seguridad de interés mutuo. 
Nos obliga a trabajar en favor de una zona compartida de paz, prosperidad y progreso. 
En la esfera económica estamos trabajando en pos del establecimiento de una zona de libre comercio con un mercado de 700 millones de personas en 2010. 
Las posibilidades que ofrece este amplio mercado se traducirán en un crecimiento del empleo, la prosperidad y la estabilidad en todo el entorno de asociación. 
La Unión ha firmado también Acuerdos Euromediterráneos de Asociación con todos los países Euromed menos uno, y espero que las negociaciones con este último país concluyan pronto, de forma que pueda completarse dicho conjunto de acuerdos. 
Me gustaría pedir a todos los asociados que aceleraran la ratificación de estos acuerdos, que constituyen un instrumento importante para el desarrollo de las relaciones económicas entre la Unión Europa y los países mediterráneos. 
Un elemento importante de nuestra implicación ha sido promocionar la democracia, la buena gobernanza y el Estado de derecho. 
Todo ello se halla en concordancia con las conclusiones plasmadas en el Informe sobre Desarrollo Humano Árabe de 2002 del PNUD. 
La Comisión ya ha habilitado importantes subvenciones para apoyar los programas que promueven estos objetivos. 
La Unión ha elaborado un marco de cooperación y diálogo con los países del Golfo a través del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). 
Actualmente estamos trabajando con nuestros asociados del CCG para lograr un acuerdo de libre comercio. 
Aunque las negociaciones han sido dilatadas, y a veces difíciles, ahora avanzan en la dirección correcta. 
Además, estamos estudiando formas para desarrollar las relaciones con el Yemen y Libia y estamos reconsiderando nuestra relación con la República Islámica del Irán. 
Está claro que la Unión ya cuenta con una relación profunda y estrecha con los países del Mediterráneo y del Oriente Próximo. 
Está basada en la asociación y el diálogo, así como en la voluntad de trabajar juntos para abordar los desafíos a que se enfrenta la región. 
Es además una relación que se fundamenta en el reconocimiento de la importancia estratégica que cada parte representa para la otra. 
Somos sus vecinos, lo mismo que ellos son los nuestros, y redunda en beneficio de ambos procurar en toda la región el desarrollo de una zona de seguridad, prosperidad y progreso. 
En reconocimiento de la importancia que entraña la región para Europa, la Unión Europea está trabajando actualmente en el desarrollo de una asociación estratégica con el Oriente Próximo y el Mediterráneo, en cumplimiento de un mandato otorgado por el Consejo Europeo en diciembre de 2003. 
Constituye asimismo un objetivo clave de la Estrategia de Seguridad Europea aprobada también en diciembre de 2003. 
La seguridad y la estabilidad representan un interés compartido de los países de la región y de la Unión Europea. 
Tenemos que hacer algo más por atacar las causas de inestabilidad que asolan la región, causas que incluyen una falta de desarrollo económico, el subdesarrollo de las oportunidades de educación y la necesidad de promover sociedades y economías abiertas. 
Nuestro objetivo primordial consiste en promover el desarrollo, a través de la asociación, de una zona común de paz, prosperidad y progreso en todo el Mediterráneo y en el Oriente Próximo. 
La finalidad es mantener relaciones estrechas y de cooperación con todos los países de la región, respondiendo en el mayor grado posible a las iniciativas emanadas de la propia región. 
La resolución del conflicto árabe-israelí constituye una prioridad estratégica. 
Sin embargo, las reformas en la región no deben estar supeditadas al progreso del proceso de paz en Oriente Próximo –o viceversa–, sino que ambos objetivos deben perseguirse al unísono. 
Este es el contexto que aconsejó la aprobación del informe intermedio presentado al Consejo de Asuntos Generales y de Relaciones Exteriores de la semana pasada y que fue sancionado por el Consejo Europeo. 
El informe intermedio propone una asociación estratégica de la UE con el Mediterráneo y el Oriente Próximo. 
Expone una serie de opiniones compartidas por los Estados miembros de las Unión con respecto a las relaciones con la región, propone unos principios y objetivos clave que pueden inspirar nuestra asociación estratégica y formula una propuesta de los mismos junto con programas de trabajo para el Mediterráneo y el Golfo como forma de llevar a la práctica nuestra asociación. 
Es vital que el empuje para la reforma provenga desde dentro. 
Es mucho lo que se ha hecho hasta ahora, tanto a nivel de Gobiernos como de la sociedad civil. 
Corresponde a la propia región idear el camino apropiado para avanzar. 
De igual forma, no puede existir una solución «universal» para los desafíos que amenazan a la región. 
Estamos realizando activamente consultas con los asociados de la región que son nuestros interlocutores clave. 
Ese será un elemento esencial a la hora de elaborar nuestro informe final para el Consejo Europeo de junio. 
Dentro de ese planteamiento, el Taoiseach, el Sr. Ahern, en su condición de Presidente del Consejo Europeo, tenía planeado intervenir ayer ante la Cumbre de la Liga Árabe en Túnez, como un paso más dentro de nuestro reforzado proceso de consultas en la región. 
Pero como ha he mencionado, esa reunión ha sido cancelada. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Cowen, se halla actualmente en la región, manteniendo una serie de reuniones con interlocutores clave. 
El compromiso de la Presidencia respecto de las consultas y el diálogo sigue siendo total. 
Continuaremos este proceso durante la próxima Reunión Ministerial Euromediterránea Intermedia que se celebrará en Dublín y la Reunión Ministerial del Consejo de Cooperación del Golfo. 
Ya he comentado la necesidad de avanzar en el proceso de paz de Oriente Próximo. 
No puede existir una solución a largo plazo sin la resolución del conflicto árabe-israelí que ha costado tantas vidas a todas las partes. 
La aplicación de la Hoja de Ruta del Cuarteto sigue siendo la base para alcanzar una solución amplia y duradera que se plasme en dos Estados viables, soberanos e independientes, Israel y Palestina, que convivan en paz y seguridad. 
Como miembros del Cuarteto, seguiremos trabajando en pos de este objetivo. 
Los actos de violencia por cualquiera de las partes no pueden contribuir a impulsar el proceso político necesario para alcanzar tal solución, y dichos actos, por consiguiente, deben ser objeto de condena. 
Los países del Mediterráneo y del Oriente Próximo se enfrentan a una amplia variedad de desafíos a nivel político, económico y social. 
De igual forma, aquellos países poseen un enorme potencial que, caso de materializarse, se traduciría en ventajas para todos los pueblos de la región. 
El progreso en todos los ámbitos –economía, comercio, educación, democracia y sociedad civil– resulta esencial si se desean conseguir las condiciones para una paz y estabilidad duraderas en toda la región. 
La Unión Europea está obligada a trabajar como buenos vecinos con los Gobiernos y pueblos de la región hacia este objetivo, que responde a todos nuestros intereses comunes. 
. Señor Presidente, permítame en primer lugar dar las gracias al Parlamento por dedicarle tiempo a este debate. 
Son muchísimas las cosas sobre las que el Parlamento tiene que discutir, pero resulta enormemente importante que tengamos hoy la oportunidad de debatir sobre el Mediterráneo y el Oriente Próximo, ya que las orientaciones que hemos fijado para nuestras políticas en esta región durante los meses venideros deben ser discutidas y debatidas a fondo en esta Cámara; conllevan decisiones fundamentales sobre la forma en que vamos a plantear la relación con nuestros vecinos; e implican decisiones básicas que van a afectar a la relación global durante la primera parte de este siglo entre Europa y el mundo islámico. 
Mi amigo y colega de la Presidencia ha explicado muy claramente los principios que presiden el informe intermedio aprobado por los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea la semana pasada y ha explicado cómo, a través de una serie de consultas exhaustivas con la región, vendrán a constituir la base de un programa de trabajo concreto que será presentado al Consejo Europeo en junio. 
Sin embargo, me gustaría subrayar que no partimos de cero: al contrario, vamos a edificar sobre una asociación de gran alcance con los países mediterráneos y un conjunto de relaciones bilaterales con los países al este del Jordán. 
Seguiremos desarrollando nuestra asociación sobre la base de los instrumentos existentes. 
Me atrevo a añadir aquí que Europa es el protagonista más destacado en la región. 
La Comunidad invierte ahora cerca de 1 000 millones de euros al año en la región para promover las reformas económicas, la reforma sectorial, la reforma institucional y política y para apoyar el desarrollo sostenible en toda la región, incluidas nuestras subvenciones específicas para apoyar a los palestinos y para la reconstrucción del Iraq. 
Si añadimos los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, se alcanza un total cercano a 2 500 millones de euros al año. 
Además, la Unión Europea es el principal socio comercial de cualquier país de la región excepto Jordania. 
Con este nivel de implicación, ¿por qué ha tardado tanto en despegar el desarrollo económico y la reforma política en la cuenca mediterránea? 
¿Por qué sigue siendo tan marcada la diferencia de desarrollo humano? 
La respuesta es doble: antes de nada, nuestro planteamiento es a largo plazo y dará fruto de manera gradual, pero me atrevería a decir que trabajar sobre la base de la asociación, la consulta y la propiedad del proceso de reforma por parte de los reformistas en la región nos proporcionará unos resultados más sólidos y sostenibles que cualquier intento de imponer la democracia desde fuera, ya sea impartiendo lecciones o a punta de pistola. 
Pero en segundo lugar, y esto es crucial, es importante recordar que el proceso de Barcelona se formuló en medio de una atmósfera de optimismo, en las postrimerías de los acuerdos de Oslo. 
El estancamiento del proceso de paz en Oriente Próximo ha bloqueado una y otra vez el progreso de la reforma. 
Los sucesos recientes constituyen otra confirmación lamentable pero vigorosa de que, tal como afirma nuestro informe, no va a ser posible construir una zona común de paz, prosperidad y progreso a menos que se consiga una solución justa y duradera para el conflicto. 
Una vez más –y me temo haber tenido que decir esto demasiadas veces en las alocuciones a esta Cámara– nos encontramos ante las ruinas humeantes del proceso de paz. 
Y justo en un momento en que albergábamos ciertas esperanzas de progreso: la suspendida Cumbre de la Liga Árabe debía proporcionar un empuje positivo al proceso de paz relanzando su iniciativa de paz de Beirut. 
¿En qué, me pregunto –y espero que muchos diputados se planteen este interrogante–, ha contribuido el asesinato del jeque Yasin a mejorar la seguridad del pueblo israelí? 
¿En qué ha contribuido ni siquiera al objetivo manifiesto de una retirada pacífica y consentida de Gaza? 
Pensaba, y espero que así sea, que ya habíamos presenciado las peores atrocidades perpetradas por los portadores de bombas suicidas. 
Pero lo que últimamente hemos presenciado es una iniquidad más allá de toda imaginación: por ejemplo, a un adolescente aterrorizado, con los explosivos adheridos al cuerpo, se le dice que va a ir al cielo y se le envía a suicidarse y a matar a otras personas en un puesto de control militar. 
Es despreciable y es cobarde. 
¿Qué tipo de mundo hemos creado en el que se utiliza a niños de 12 años en misiones asesinas sin más, en vez de estar jugando al fútbol o haciendo sus deberes escolares? 
¿Y cuáles son las circunstancias? 
¿Cuál es el entorno que crea esta cultura de muerte y represalias asesinas? 
Mi comentario más amplio es que si realmente deseamos la reforma en el mundo árabe, entonces, tal como afirma la Estrategia de Seguridad Europea, la resolución del conflicto árabe-israelí continúa siendo una prioridad estratégica. 
Es lo que los filósofos calificarían de condición necesaria pero no suficiente. 
El progreso no puede ser una condición previa para afrontar los retos de la reforma, ni viceversa. 
Pero intentar una cosa sin la otra puede constituir con enorme probabilidad, a mi parecer, una receta para el fracaso en ambos frentes. 
Lamento, por tanto, que la Cumbre de la Liga Árabe no haya podido celebrarse como estaba programada, aunque solo sea porque se esperaba que aprobara una declaración conjunta sobre reforma doméstica que hubiera supuesto una etapa en el desarrollo de nuestra agenda común. 
Pero trabajar en esa parte del mundo significa, casi por definición, que uno ha de mantener la esperanza, por lo que confío que nuestros asociados árabes puedan volver a reunirse pronto. 
Desde luego estamos dispuestos a hacer cuanto podamos para ayudar. 
Creo igualmente que ahora contamos con una posición por parte de la Unión Europea que podemos asumir a la hora de las consultas en la región con cierta confianza de que genere un nuevo impulso en nuestras relaciones con nuestros vecinos del Mediterráneo y el Oriente Próximo. 
En tanto en cuanto eso es así, estamos muy agradecidos a la Presidencia irlandesa por la labor creativa que ha llevado a cabo, tanto en el plano intelectual como diplomático. 
Espero también que nuestros amigos al otro lado del Atlántico sepan reconocer que nuestro planteamiento a largo plazo y favorecedor del consenso tiene cierto valor, basado como está en la confección de planes comunes que respeten las diferencias de enfoque en los distintos países y regiones. 
La iniciativa estadounidense para la región del Oriente Próximo ha sido motivo de controversia en la región, sobre todo porque los objetivos parecían haber sido fijados sin consulta real alguna con la región. 
En medio de la agitación que ha causado, pocos han prestado atención a la sustancia. 
En síntesis, lo que están proponiendo podría implicar el desarrollo de la política norteamericana relativa a la región, sobre la base del compromiso exhaustivo y duradero que hemos venido defendiendo y tratando de poner en práctica desde hace muchos años. 
Tenemos muchas cosas de las que hablar con los funcionarios de Washington, si están dispuestos a dotar dicho compromiso de los niveles apropiados de recursos. 
El tiempo dirá, pero con independencia de los resultados, la Unión Europea debería centrarse en desarrollar su propia asociación estratégica con la región. 
Si tenemos éxito, creo que podemos realizar una contribución notable a la lucha contra el terrorismo en Europa y en la región, cosa que es tan importante como las propuestas de fortalecer la seguridad interior de la Unión Europea que va a someterse a debate mañana en el Parlamento. 
Nos conducirá otro paso adelante en el camino hacia un objetivo central de la Estrategia Europea de Seguridad, a saber: «promover un cinturón de países bien gobernados... en las orillas del Mediterráneo, con los que podamos disfrutar de unas relaciones estrechas y de cooperación». 
Haré una última observación que viene a refrendar lo que acabo de decir. 
Hemos dedicado el jueves y el viernes pasados a discutir en el Consejo lo que este cinturón extraordinario de democracias en Europa puede aportar para proteger nuestra forma de vida, nuestra prosperidad, nuestros valores, nuestra fe en el Estado de derecho, en las libertades civiles y en las vidas de nuestros ciudadanos; y lo que nosotros podemos hacer en Europa para prevenir en mayor medida las atrocidades terroristas que han venido a clavar un puñal en los corazones de muchas familias europeas. 
Son muchas las cosas que tenemos que hacer internamente. 
Quedan multitud de cosas por hacer en los ámbitos de la cooperación policial y judicial. 
No me cabe la más mínima duda de que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es trabajar con mayor dedicación, con mayor creatividad, día y noche, para intentar llevar la paz a Oriente Próximo. 
El conflicto no justifica nunca nada de lo que hacen los terroristas, y algunos de ellos y quienes los apoyan utilizan la situación apremiante de los palestinos y la posición en el Oriente Próximo como justificación torticera del sufrimiento y la violencia que originan. 
Eso es cierto. 
También es cierto que uno no debe contemporizar con el terrorismo. 
Es cierto que se hallan implicados importantes aspectos relativos a la seguridad. 
Pero todos reconocemos igualmente que llevar la paz al Oriente Próximo eliminaría una de las causas de desavenencias en un país tras otro, lo cual contribuye a proporcionar un caldo de cultivo para el terrorismo y las ideas homicidas que abrazan los terroristas. 
Espero, por tanto, que seamos capaces de trabajar de manera más entusiasta y más fructífera para llevar la paz al Oriente Próximo, y que los beneficiarios de dicha paz no solo sea el pueblo de Israel y el pueblo de Palestina, sino los ciudadanos de Europa, así como el mundo entero. 
Tal vez resulte útil que anuncie a sus Señorías –lo mismo que hice a la Conferencia de Presidentes– que la semana pasada pusimos en marcha en Atenas, de manera satisfactoria y conjunta, una asociación: la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. 
De hecho, se fundamenta concretamente en la perspectiva a largo plazo mencionada en las dos últimas intervenciones. 
Se trata de una asociación de 240 diputados: 120 de los Estados asociados y de la orilla meridional del Mediterráneo, y 120 de los Parlamentos nacionales de la UE y del Parlamento Europeo. 
Queda aún por asignar el personal, pero hemos fijado el perfil de la estructura burocrática y la composición de tres comisiones operativas que elaborarán las futuras labores de la asamblea parlamentaria: una Comisión de Asuntos Políticos, una Comisión de Asuntos Económicos y una Comisión de Asuntos Sociales e Intercambio Cultural. 
Constituye un aspecto parlamentario importante y una buena plataforma sobre la que seguir avanzando. 
Por desgracia, por problemas de calendario los dos oradores que han intervenido hoy aquí –por parte del Consejo y de la Comisión–, que estaban ocupados en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores en Bruselas preparando la reunión de la cumbre, no pudieron participar. 
Ambas instituciones han aplaudido el lanzamiento de esta Asamblea, deseándole todo lo mejor. 
Este Parlamento como tal tiene que garantizar que las reuniones futuras se fijen en fechas que permitan participar al Consejo y a la Comisión, ya que la parte parlamentaria es, y puede ser, una plataforma inestimable de desarrollo y comunicación a largo plazo. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el pasado lunes 22 de marzo se celebraba en Atenas la sesión inaugural de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, cuya importancia para las relaciones entre una parte y otra del Mediterráneo acaba de recordarnos el Presidente Cox. 
Esta sesión marcaba el desenlace de los esfuerzos emprendidos inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001 para llegar, a ambos lados del Mediterráneo, a una mejor comprensión mutua y para alejar el espectro de una guerra de civilizaciones, consecuencia posible del engranaje infernal de sangre y venganza al que intentan arrastrarnos los partidarios bárbaros del terrorismo ciego. 
Aun bajo el trauma de las imágenes del 11 de marzo en Madrid, en la mañana del 22 de marzo hemos conocido, señor Presidente Cox, el asesinato del jeque Yasin, con todas las consecuencias que puede tener. 
Esto nos da una razón más para insistir, en presencia de las delegaciones oficiales de Israel y Palestina, en la necesidad urgente de llegar a una solución justa y duradera del conflicto que les enfrenta y para subrayar el interés del lanzamiento por el Consejo Europeo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, de esa cooperación estratégica para un futuro común con Oriente Medio de la que nos acaba de hablar. 
En efecto, debemos ser conscientes, en este lado del Mediterráneo, que nuestro futuro, el de nuestros hijos y nietos, depende del modo en que sepamos extender a África en general, y al Oriente Próximo en particular, este espacio de paz y estabilidad que nuestros padres fundadores supieron instalar en nuestro continente. 
Decidamos en consecuencia influir más en las negociaciones en curso en el Cuarteto, porque todos sabemos muy bien –y usted lo ha dicho, señor Comisario Patten– que Europa puede y debe desempeñar hoy un papel decisivo. 
Lo queramos o no, se considera –con razón o sin ella– que los Estados Unidos han tomado el partido de Israel. 
Rusia no tiene los mismos intereses de proximidad que nosotros y las Naciones Unidas no tienen nuestros medios para actuar. 
Si nosotros, los europeos, hablamos por fin con la voz firme que se espera de nosotros, nadie duda de que será escuchada. 
Esta voluntad existe en nuestro Parlamento, estoy seguro de ello, y el presente debate lo demostrará una vez más, simplemente porque es reflejo de una mayoría muy grande de nuestros conciudadanos europeos. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, ¿podemos empezar a esperar que esta voluntad se manifieste al fin con algo más que buenos deseos? 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señor Comisario, Señorías, esta es una hora grave en la que tenemos que trabajar aún más para romper la infernal espiral de violencia en Oriente Medio. 
Aunque el jeque Admah Yasin no figuraba entre nuestros mejores amigos, su asesinato es una clara y flagrante violación del Derecho internacional. 
Hubieran podido detenerle y juzgarle. 
Y recuerdo, además, que hemos creado una Corte Penal Internacional que debe de tener algún papel, aunque no es apoyado por algunos Estados, entre ellos Israel. 
Condenamos rotundamente el asesinato del líder de Hamás y de los demás palestinos, por orden directa de un gobierno, el Gobierno de Israel. 
Condenamos también rotundamente los asesinatos y actos terroristas contra la población civil de ambas partes del conflicto y creo que debemos hacer un llamamiento a los palestinos para que no respondan con un infernal aumento de los actos terroristas y con más derrame de sangre. 
Este asesinato ya ha tenido consecuencias muy graves, entre ellas, la suspensión de la Cumbre de la Liga Árabe. 
En este sentido, quiero compartir el juicio severo de Simon Peres en la Knesset cuando dijo que este hecho traería todavía consecuencias más graves. 
Por lo tanto, hay que acabar con esta política de seguir construyendo el muro dentro de los territorios ocupados, ordenando ejecuciones extrajudiciales y, además, cumplir con la retirada de Gaza a la cual se ha comprometido claramente el actual Gobierno israelí. 
Quiero decir, en nombre de mi Grupo, que las repetidas violaciones de los derechos humanos, el incumplimiento de las últimas resoluciones de las Naciones Unidas por parte del Gobierno israelí y, sobre todo, la insistencia de Ariel Sharon en reanudar las ejecuciones fuera del marco legal internacional, no nos dejarán otra opción que reiterar la posición adoptada por esta Cámara en la Resolución de 10 de abril de 2002 y pedirle a la Comisión y al Consejo la aplicación estricta del artículo segundo de nuestro Acuerdo de Asociación. 
No queremos llegar a esto, pero creemos que hay que hacer una advertencia solemne y severa. 
En este sentido quiero hacer tres peticiones: la primera es invitar a la sociedad civil, a esa vibrante sociedad israelí, y a todos sus partidos políticos a que, defendiendo el derecho a su propia seguridad, exijan a su Gobierno que actúe de acuerdo con el Derecho internacional. 
En segundo lugar, quiero pedirle a la Presidencia en ejercicio del Consejo que invite a aquellos Estados miembros de la Unión Europea que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que presenten inmediatamente una propuesta para establecer una fuerza internacional de interposición en las fronteras de 1967, con el mandato de proteger a ambas partes. 
Tercero, que la Comisión continúe con su ayuda, con la ayuda de la Unión Europea, para que la Autoridad Nacional Palestina se refuerce y se reforme, porque hace falta un interlocutor fuerte si defendemos que tiene que haber un Estado palestino. 
Creo que hay que enmarcar todo este proceso dentro de las propuestas que se están haciendo para poder resolver el problema de Oriente Medio. 
Es evidente que para resolver un conflicto tan enconado y tan profundo es mejor proponer la paz que iniciar nuevas guerras y aumentar el ciclo de la violencia, y, sobre todo, en una situación en la que se está rompiendo la estabilidad de aquellos regímenes que podrían contribuir a apoyar un proceso de reforma. 
Por lo tanto, creemos que debemos volver a iniciar y reforzar un proceso en el que la Unión Europea, los Estados Unidos- que tienen también una grave responsabilidad- la Liga Árabe, y todos los países de la región puedan continuar en la linea de la declaración sobre el futuro común para Oriente Medio que planteó recientemente el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Sr. Fischer, y en la que la Unión Europea, que es el primer socio de la región, como ha dicho acertadamente el Comisario, podría aportar muchos elementos en lo que respecta a tratados de paz, seguridad, control de armas, desarme, respeto a los derechos humanos y democracia y cooperación económica. 
Concluyo, Señor Presidente, diciendo que el Parlamento Europeo ha aportado su granito de arena con la creación, por fin, de la Asamblea Parlamentaria de Atenas, y nosotros tenemos un deber, no solo político sino también moral, de continuar con el esfuerzo de la Unión Europea en la línea del proceso de Barcelona para conseguir superar una crisis tan enconada como profunda que nos interpela en nuestra responsabilidad política, económica y moral. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario Patten, la pesadilla reinante en Oriente Próximo parece no tener fin. 
Como todo el mundo, mi Grupo se siente profundamente frustrado e impotente ante nuestra incapacidad para resolver este sangriento conflicto, origen de tanto sufrimiento. 
Durante los últimos días se ha hablado mucho sobre terrorismo y, sin duda, nada podría aportar más a la lucha contra esta amenaza que el conseguir la paz en Oriente Próximo. 
La situación en esta región provoca una enorme frustración y un fanatismo desbordado, al tiempo que inculca en la juventud un sentimiento de desesperanza y exasperación capaz de crear un caldo de cultivo para el reclutamiento de terroristas suicidas de escasa edad. 
La existencia de dos Estados –reconocidos mutuamente, democráticos y conviviendo en paz– tendría un efecto positivo de gran influencia en la estabilidad de toda la región. 
Parece que ya lo hemos intentado todo: planes, proyectos, conferencias y nuevas iniciativas. 
La creatividad abunda cuando se trata de solucionar el problema de Oriente Próximo. 
Por tanto, considero que lo que hace falta no son más iniciativas, sino voluntad política, el deseo real de reunirse y negociar para lograr la paz. 
Por desgracia, nada parece indicar que los líderes actuales, ni en Israel ni en Palestina, posean esta voluntad. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas condena el asesinato del jeque Yasin. 
Ha sido un acto en contra del Derecho internacional. 
Aunque el asesinato quizás pueda resultar lógico desde un punto de vista militar, como medio diplomático es deplorable. 
Sobre la conciencia de Yasin pesaban crímenes abominables y jamás reconoció el derecho a la existencia de Israel. 
En todos los aspectos, era un terrorista odioso. 
Sin embargo, no podemos permitir este tipo de asesinato. 
Cabe esperar más de un Estado democrático como Israel. 
Hamás cuenta ahora con un nuevo mártir y con el ardiente deseo de venganza de miles de personas. 
Por este motivo, las autoridades palestinas tienen que hacer alarde de una fuerza y un liderazgo sin precedentes para evitar que se genere una nueva espiral de violencia. 
Arafat debe dejar claro que el grupo Hamás no es el que marca las pautas. 
El Grupo ELDR condena de la forma más rotunda posible la actuación de los terroristas suicidas. 
Esta matanza sin sentido de civiles, de hombres, mujeres y niños inocentes, deja paralizado al pueblo israelí, convirtiendo la salida o incursión social más breve en un peligro mortal. 
El reclutamiento de niños y muchachos cada vez más jóvenes como suicidas constituye la forma más repugnante de terrorismo, imposible de ser explicada o justificada. 
Israel y Palestina deben regresar a la mesa de negociaciones y retomar la Hoja de Ruta del Cuarteto. 
Doy las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo y al Comisario Patten por los esfuerzos realizados a este respecto. 
Hemos de conseguir el fin de la violencia y que la Autoridad Palestina reconozca el derecho a la existencia de Israel. 
Por su parte, Israel tiene que paralizar la construcción del muro de seguridad, censurado por el mundo entero. 
Los muros nunca pueden llegar a ser la solución adecuada. 
Asimismo, debe comenzar la anunciada y prometida retirada de Gaza. 
La instauración de la paz en Oriente Próximo y de una situación pacífica en el Iraq, en donde espero que las Naciones Unidas puedan disfrutar de una mayor participación, representaría un avance extraordinario de gran importancia para el proceso de reforma de toda la región. 
Si, tal y como se ha esbozado en la propuesta aprobada, logramos incorporar estos países a una red comercial y de cooperación amplia y cercana, esto significaría un enorme adelanto para la Unión Europea. 
Aunque la suspensión de la Cumbre de la Liga Árabe resulta trágica, aún existe la esperanza de que se haga referencia a los derechos humanos y la democracia, cuestiones que se han de convertir en el punto de partida. 
Para finalizar, señor Presidente, mencionaré otro asunto que preocupa al Grupo ELDR: los disturbios acontecidos recientemente en Siria en los que cientos de kurdos han sido asesinados. 
Muchos se encuentran encarcelados y hay informaciones que indican que algunos miembros de este grupo fueron torturados tras las revueltas de hace una semana. 
Confío en que el Consejo y la Comisión puedan intensificar la presión sobre Siria para detener esta matanza. 
– No hay duda –considero que esta afirmación es obvia– de que los conflictos en Oriente Próximo resultan más trágicos cada día. 
En mi opinión, y no me limito a copiar las palabras de otros, creo de veras que debemos tener el valor de admitir que gran parte de la responsabilidad de estos conflictos pendientes recae sobre la comunidad internacional y, ante todo, sobre la política militar del Presidente Bush y de cualquiera que la haya defendido. 
No podemos eludir este problema, y estoy de acuerdo con el Presidente en ejercicio del Consejo y con el Comisario Patten en que la cuestión palestino-israelí resulta clave y fundamental en este sentido. 
Asimismo, opino que sería conveniente abandonar nuestra postura conformista y dejar de decir que los palestinos no reconocen el Estado de Israel, porque ya lo hicieron en 1988. 
No es cierto que la Autoridad Palestina no quiera negociar puesto que afirma constantemente que está preparada para ello. 
El único que rechaza las negociaciones, el único que sigue realmente una política diferente, es Ariel Sharon. 
Considero que habría que estudiar el asunto con objetividad. 
Si bien es evidente que la Autoridad Palestina es responsable de su propia incapacidad para detener los actos terroristas, creo que tendríamos que analizar con claridad hasta qué punto la política de Ariel Sharon ha provocado un aumento del terrorismo. 
El Sr. Patten tiene razón: hay que evitar condenar y suprimir solo los actos terroristas, sin tener en cuenta las políticas aplicadas. 
No nos engañemos más pensando que tras todos ellos se esconden los mismos motivos. 
Existen diferencias, las cuales prohíben e impiden poner en práctica los derechos internacionales para los palestinos. 
Centrémonos ahora en lo que cabría denominar ese gran plan, en lugar de documento de trabajo, que los Estados Unidos han preparado para la Cumbre del G8 que se celebrará en junio. Se trata en realidad de un proyecto imperialista y arrogante ya que, aunque en él se prevé el desarrollo de la democracia, de procesos democráticos, preámbulos, ayuda y soporte, se hace sin discutirlo con nadie. 
No podemos exportar la democracia –dejando aparte el hecho de que quizás debiéramos analizar la nuestra propia– porque se trata de un proceso continuo en el que nosotros mismos cometemos errores, en el que a veces encontramos lagunas y diferencias. 
Con sus propuestas actuales, la iniciativa para la gran región de Oriente Próximo es un plan que no contribuirá al desarrollo de la democracia. 
Puede que ayude a algunos regímenes cómplices o serviles, pero no favorecerá la reconstrucción de los países árabes, ya que lo que estos necesitan en realidad es liberarse de los sistemas opresores para alcanzar así la democracia. 
Hagamos el favor de abandonar la arrogancia y el imperialismo. 
Creo que la decisión de la Unión Europea de actuar a largo plazo, en lugar de tratar de obtener resultados inmediatos cortando el nudo gordiano, es la acertada. 
Por lo tanto, necesitamos tiempo para reflexionar y construir relaciones. 
En este sentido, cabe destacar la importancia de la Asamblea Parlamentaria organizada en Atenas, puesto que nos ha permitido ver las diferencias y la diversidad del mundo árabe, y no solo sus puntos débiles. 
Ahora quisiera retomar un instante la cuestión de la política de Ariel Sharon. 
En 1973, cuando el nieto de Winston Churchill le preguntó qué iba a ocurrir con los palestinos, Sharon contestó que no había motivo para preocuparse, que acabarían haciendo con ellos un sándwich de mortadela. 
Los aplastaría como un sándwich. 
Y eso es precisamente lo que está haciendo al levantar el muro y prohibir la libre circulación. 
El asesinato del jeque Yasin no ha sido el primero: se han llevado a cabo 250 ejecuciones extrajudiciales, siendo la primera víctima Tabet Tabet, un pacifista de Al Fatah que colaboraba con Paz Ahora. ¿Por qué, entonces, seguimos repitiendo siempre lo mismo? 
A veces me canso de decir las mismas cosas y de sentir que todo el mundo tiene la misma responsabilidad. 
Existen distintos tipos de responsabilidad y creo que, con esta decisión, Ariel Sharon no trató simplemente de matar a un líder, algo que –por el amor de Dios– yo como mujer considero el acto más malvado, sino que su intención era en realidad la de transformar un conflicto nacional en uno de naturaleza religiosa. 
Y esto es lo verdaderamente terrible. 
Hace cuatro días estuve en las montañas del Kurdistán y pude ver en la provincia de Van diversas manifestaciones por la muerte del jeque Yasin. 
Este es el riesgo que corremos; esto es lo que ha conseguido el Presidente Bush. 
Para finalizar, diré que también estoy de acuerdo con las propuestas presentadas por el Sr. Barón Crespo en el artículo 2 y en otros puntos. 
Señor Presidente, la condena por parte del Consejo Europeo de la ejecución ilegal en manos de Israel del líder de Hamás, Sheik Yasin, resulta, a todas luces, acertada. 
Sin embargo, quisiera saber, como ya apuntó el General Morillon, por qué solo existen palabras y deseos piadosos. 
¿Por qué no respaldamos nuestras palabras con acciones? 
Está claro que la Unión Europea tiene en el Acuerdo de Asociación con Israel un medio único y viable para penalizar a este país. 
Ya en mayo de 2002, aquí en el Parlamento Europeo consideramos que las violaciones de derechos humanos en Israel habían alcanzado un límite intolerable y solicitamos que se suspendiera dicho acuerdo. 
¿Por qué el Consejo hace caso omiso de la petición del Parlamento? 
Asimismo, la propia Comisión Europea ha manifestado una postura acorde con la de nuestra institución. 
En la última reunión del Consejo de Asociación, la Comisión presentó una larga lista de casos en los que Israel había violado los derechos humanos y contravenido las decisiones de Naciones Unidas. 
En ese momento, la Comisión advirtió que, en consecuencia, la Unión Europea tendría que revisar su postura si no mejoraba la situación. 
Además, a este respecto, nos preocupa claramente la política comercial. 
En un memorando dirigido a todas las empresas dedicadas a importar artículos israelíes a la Unión Europea, la Comisión ha observado que Israel actúa de forma fraudulenta en lo que respecta a la identificación del origen de sus bienes. Así, resulta que se están enviando a la Unión mercancías procedentes de asentamientos judíos ilegales situados en el territorio palestino ocupado, indicando «Israel» en su certificado de origen. 
Un fraude de este tipo, el cual contraviene las normas del acuerdo comercial, es motivo más que suficiente para justificar la suspensión del Acuerdo de Asociación. 
¿Por qué no se toman medidas? 
Además, sabemos que Israel está en posesión de armas nucleares y, según los expertos, quizás tenga un número aún mayor de armas de destrucción masiva. 
Está claro que a Israel se le permite almacenar este tipo de armamento mientras que a otros países se les bombardea hasta devolverlos a la edad de piedra si deciden seguir sus pasos. 
Quisiera saber por qué no se adoptan medidas contra Israel. 
¿Cómo pretendemos disfrutar de un orden mundial pacífico, basado en el derecho y la justicia, si se administra un castigo severo a algunos infractores –sobre todo si se trata de musulmanes árabes– y, aparentemente, se permite a otro trasgresor de la ley, Israel, actuar a su antojo, teniendo como única consecuencia la celebración del mismo debate año tras año sin que nada suceda? 
Lo menos que se puede pedir es la revocación y suspensión del Acuerdo de Asociación, tal y como ha solicitado el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, Señorías, creo que la situación actual en Oriente Próximo difiere en gran medida de lo que podíamos haber imaginado hace tan solo unos días. 
De hecho, considero que el problema de esta región se aproxima cada vez más a nosotros, está prácticamente a la vuelta de la esquina. 
Esto se puede observar en discursos con los que, en algunos casos, no podría estar más en desacuerdo, como el de la Sra. Morgantini, entre otros. 
Opino que deberíamos tener en cuenta los ataques terroristas que se están produciendo dentro de Europa. 
No podemos, así de repente, centrarnos únicamente en el problema del asesinato del jeque Yasin. 
Como católico, no concibo la idea de golpear a alguien en un momento dado: no digo ya asesinarlo, sino simplemente golpearlo. 
No obstante, creo que esta no es la cuestión. 
En mi opinión, si queremos garantizar en el futuro la paz, la tranquilidad y la serenidad para nuestros ciudadanos, tendremos que elaborar una propuesta muy diferente y adoptar una línea de pensamiento totalmente distinta. 
Europa, como tal, no puede limitarse a ser portavoz de mensajes en términos de financiación comunitaria para la región de Oriente Próximo. 
Europa ha de presentar una propuesta específica y auténtica. 
Creo que esto es posible y, en este caso, insto al Comisario Patten y a la Presidencia irlandesa del Consejo que exijan la paralización de los conflictos. 
Esta medida podría devolver a la política una voz real y no solo un problema sobre el que especular en esta Cámara. 
Para aquellos que, como yo, sufrieran el terrorismo –de un tipo diferente, el llamado «terrorismo rojo» – y vieran una bomba en su casa y a un hermano arrojarse por la venta, las palabras políticas no significaron nada en aquel momento, en los años ochenta. 
La respuesta que encontramos –siendo jóvenes entonces– fue única y verdaderamente increíble: existía unidad en la idea de lograr un solo objetivo, el de combatir el terrorismo. 
Creo que la única forma de llevar esto a cabo es que nosotros, como Europa, tomemos conciencia del problema y, como mínimo, compilemos una lista de asociaciones terroristas para que sea estudiada en el nivel internacional. 
Todo lo demás no pasa de ser una cháchara inútil. 
– Señor Presidente, Señorías, lo que nos ha dicho el Consejo no aporta a mi modo de ver nada nuevo a una posición europea que, aparte de las fórmulas huecas machacadas sin cesar del tipo «cooperación mediterránea para la paz, prosperidad en la región» , etc., es totalmente incoherente. 
En realidad, la Unión no desempeña ningún papel en Oriente Próximo, si no es como proveedor de fondos, y además, casi siempre actuando a ciegas. 
Pero políticamente no hacemos nada. 
Ahora bien, podríamos desempeñar un papel si superáramos las divisiones europeas, cosa sin duda imposible, y si tuviéramos la valentía de elegir claramente un campo. 
No se trata de elegir uno de los dos campos aparentes del conflicto en Oriente Próximo, viejos campos, en uno de los cuales se encuentran los israelíes y, en el otro, los palestinos. 
La elección que hay que tomar tiene que ver con la auténtica divergencia actual, que opone a los moderados y los extremistas de los dos campos. 
Los Estados Unidos no lo hacen. 
Hacen exactamente lo contrario y favorecen alternativamente a los moderados y los extremistas. 
Por lo demás, favorecen muy a menudo a los extremistas, ya sean los fundamentalistas musulmanes o los radicales religiosos de Israel. 
Lo hacen según su interés, que es dividir la región para reinar mejor en ella. 
Ahora bien, el interés de Europa es precisamente unir a la región para garantizar el éxito de las cooperaciones mediterráneas, que harán del Mediterráneo lo que siempre fue, es decir, el centro geopolítico del mundo. 
La política de Francia es diametralmente contraria a la política de los Estados Unidos. 
Francia favorece resueltamente a los moderados palestinos e israelíes de los dos campos. 
Por ello, sola frente a los Estados Unidos, es la otra gran potencia presente en Oriente Próximo. 
Por desgracia, aparte de Francia, Europa está demasiado dividida, de forma que nos quedamos reducidos a las pobres palabras que acabamos de oír de boca del Consejo. 
Es desolador, pero no extraño. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario Patten, la Unión Europea ha vuelto a descubrir su «sagrada unión» al condenar el asesinato del jeque Yasin. Hay incluso quienes lo han presentado como un anciano venerable, casi un santo. 
Hoy, en este Parlamento, hemos escuchado al presidente del partido, el Sr. Barón Crespo, y a otros, aunque de forma menos autoritaria que el primero, recordarnos la posibilidad de solicitar la aplicación del artículo 2 para que se suspenda el Acuerdo de Asociación con Israel debido a la muerte del jeque Yasin. Su asesinato representa una clara violación del Derecho internacional, no cabe la menor duda. 
El Consejo Europeo ha dedicado cinco apartados a condenar a Israel por este acto; sin embargo, no recuerdo haber leído nada en el texto sobre el uso de niños discapacitados como bombas humanas, cargados de 10 kg de explosivos, a cambio de unos pocos euros. 
Los diputados radicales hemos solicitado la suspensión en virtud del artículo 2 –como bien sabe el Comisario Patten– de los Acuerdos de Asociación firmados con varios países, muchos de ellos situados también en la región. Lamentablemente, el contenido de este artículo nunca, o casi nunca, se ha llevado a la práctica. 
Creo que es importante prestar atención a este hecho. 
Por un lado, consideramos acertado condenar a Israel porque al ser un país democrático –ya que se le ha otorgado, por así decirlo, este título– cabe esperar de él que respete el Derecho internacional. Sin embargo, por otro lado, damos por sentado que no tiene sentido pedir respeto, por ejemplo, a los demás países árabes; esto constituye un gran error por nuestra parte y demuestra que seguimos sermoneando sin llegar a jugar un papel efectivo en la región. 
En relación con el problema de la gran región de Oriente Próximo, por ejemplo, es cierto que los estadounidenses han pecado de ser demasiado ingenuos, presentando esta propuesta sin permitir que sea examinada y estudiada quizás con más detenimiento, y sin someterla, ante todo, a la valoración de los Gobiernos de esta zona. 
La idea en sí es buena, no ya la idea de exportar la democracia, la cual no hace más que ridiculizar y trivializar el concepto, sino esa otra que nosotros también hemos intentado desarrollar, de un modo un tanto artificial, antes de que los Estados Unidos presentaran esta propuesta, con la infame Conferencia de Sana’a sobre la Democracia y los Derechos Humanos en Oriente Próximo. 
O sentamos las bases para la democracia política o, como Europa, secundamos la idea estadounidense, de forma independiente, claro está. Para ello, deberíamos presentar en los próximos meses una propuesta sólida, en conferencia con los países árabes, tratando de adoptar un enfoque que persiga hacerles partícipes –no solo en el nivel gubernamental, sino también en el de la sociedad civil– de una propuesta firme en la que se fomente el tipo de sociedades y democracia que requieren dichos países para potenciar su desarrollo, tal y como indicaba el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Este es el modo, por tanto, de resolver el conflicto entre israelíes y palestinos, o de incluirlo en una solución de carácter más global. 
Por último, aplaudo el hecho de que los principales líderes de la izquierda europea hayan reconocido finalmente que, como hemos venido repitiendo durante 30 años, la adhesión de Israel y Palestina a la Unión Europea constituye otro camino importante para lograr una solución definitiva al problema de Oriente Próximo. 
– Señor Presidente, por mi parte no hay ningún problema en ser el primero que se ajuste al tiempo asignado. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo, creo que no conviene seguir con la misma actitud cerrada en cada sesión, planteando de nuevo el tema del suministro de bienes de Cisjordania a la Unión Europea. 
No hay nada malo en discutir este asunto, de hecho en la última sesión se mantuvo un profundo debate al respecto. 
Si dichos bienes fueran suministrados por los palestinos, disfrutarían de las mismas preferencias de la Unión Europea y, por tanto, no lleva a ninguna parte tratar de complicar un problema tan grave como este conflicto con banalidades de este tipo. 
En segundo lugar, todos los presentes en este Parlamento condenan las ejecuciones ilegales llevadas a cabo por Israel. 
El hecho de que son incompatibles con el Derecho internacional es algo indiscutible y considero que resulta positivo que nosotros, como Unión Europea, dejemos este aspecto completamente claro. 
Asimismo, un gran número de estadounidenses reconocen la ilegitimidad de estos actos. 
Por este motivo, habría que evitar poner siempre a Francia en contra de Estados Unidos en conexión con este asunto. 
Henry Kissinger también se hizo eco de esta idea de forma bastante clara este fin de semana. 
No obstante, debemos actuar de un modo más comprometido: tenemos que iniciar un diálogo con el mundo árabe. 
Sin duda, la reciente cancelación de la Cumbre de la Liga Árabe no resulta nada tranquilizadora en este sentido. Esta cumbre no se ha podido celebrar porque ha sido imposible llegar a un acuerdo a la hora de formular una declaración en la que se incluyan las palabras democracia, parlamento y sociedad civil, y en la que se hable de los derechos de las mujeres y de reforma democrática. 
Si queremos alcanzar una solución satisfactoria, hemos de dejar firme constancia de nuestras convicciones fundamentales a nuestros socios del sur del Mediterráneo. 
Aquellos que siempre se manifiestan enérgicamente en esta Cámara sobre estas cuestiones deberán mantener la misma actitud a la hora de discutirlas con el mundo árabe. 
Y así es como procedemos con Israel, un país democrático. 
Cabe esperar mucho de él y creo que no nos equivocamos al hacerlo. 
Sin embargo, convendría desarrollar una perspectiva más amplia en relación con Oriente Próximo, lo cual exige también un diálogo con el mundo árabe sobre nuestros principios fundamentales. 
De lo contrario, nunca encontraremos una solución. 
Señor Presidente, en el primer informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo elaborado en 2002 se incluyó el análisis más detallado y exhaustivo de los límites al fomento de la democracia en el mundo árabe y de sus consecuencias sobre el desarrollo de estas sociedades. 
El segundo informe se publicó hace poco, en el cual se examina con más detenimiento la falta de educación y formación, los grandes límites que existen en materia de producción cultural, tecnología e investigación. 
El hecho más revelador es que el equipo que trabaja en este proyecto está formado totalmente –insisto, totalmente– por investigadores árabes. 
La estrategia para la gran región de Oriente Próximo, diseñada por la administración Bush, se basa en gran medida en estos análisis, con una limitación que considero nefasta: la de recomendar cambios o reformas sin establecer relación alguna con el mundo árabe e islámico. 
Se corre el riesgo de que este enfoque alimente la idea de que la llamada civilización occidental se cree superior a todas las tradiciones culturales y religiosas del mundo árabe. 
Se trata de una idea que subyace en el sentimiento de humillación tan extendido en estos países, de la cual se aprovechan los grupos terroristas con la esperanza de exacerbar el odio hacia Occidente. 
El segundo de mis comentarios tiene que ver con las relaciones entre la administración Bush y el Gobierno de Sharon. 
Desde el punto de vista del mundo árabe, el principio de la dualidad de criterios resulta intolerable. 
¿Acaso es posible seguir definiendo al Israel de Sharon como un Estado de Derecho a pesar de las ejecuciones extrajudiciales, los castigos colectivos, la construcción de un muro en territorio palestino, los asentamientos y la falta de acceso a recursos fundamentales como el agua por el pueblo palestino? 
La administración estadounidense, de carácter tan inflexible que ha impuesto dos guerras en el Iraq y diez años de embargo, no está dispuesta a ceder un ápice en lo que ha sido descrito una vez más como un desastre humanitario por el ponente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Lo preocupante es que el método elegido por esta administración y la indiferencia que ha mostrado ante el conflicto de Oriente Próximo podría tener el efecto opuesto. Es decir, a los pueblos de estos países le podría parecer que se otorga mayor crédito a los gobiernos no democráticos y a las clases políticas responsables de este aprovechamiento injusto de recursos, de la corrupción generalizada, de la ausencia de democracia y de libertades fundamentales –de las mujeres, para empezar– y, en resumen, a aquellos responsables de la crisis y el declive de estas sociedades. 
Europa tiene una responsabilidad y un papel que desempeñar en todo este asunto, ya que cuenta con un sólido historial de relaciones en la región mediterránea, las cuales se basan en un método diferente, el de las asociaciones. 
Recientemente se ha intensificado esta estrategia como consecuencia de la ampliación hacia el este, con la política de vecindad. 
Por consiguiente, de lo que se trata en la actualidad no es de cuestionar todo esto, sino de establecer una relación con la administración Bush, la Liga Árabe y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que dé a conocer el punto de vista de Europa como una alternativa a las iniciativas de la administración estadounidense. 
Señor Presidente, Europa mantiene un fuerte compromiso por la paz, pero se encuentra realmente frustrada a raíz de los recientes ataques terroristas. 
Para Europa, la zona mediterránea es crucial, representa un reto histórico y, lamento tener que decir esto, hasta que no se transforme en un área de paz, desarrollo, democracia y estabilidad, Europa no será capaz de alcanzar su potencial. 
En la actualidad, el conflicto entre Israel y Palestina acaba con todo atisbo de esperanza, y el empeoramiento del mismo no contribuye lo más mínimo a la lucha contra el terrorismo internacional. De hecho, en términos ideológicos, cabría decir que lo alimenta. 
Para poder asegurar un futuro pacífico en esta región, es preciso asumir un grado más elevado de responsabilidad y dedicar todos nuestros esfuerzos, nuestra autoridad política y nuestros recursos humanos y financieros a garantizar la vuelta a las negociaciones. 
En este sentido, el foro de Atenas representó un paso importante, pero no se trata de apoyar a un bando o a otro. 
El camino que debemos seguir, incluso ahora que la esperanza de paz parece casi extinguida, es el de trabajar para conseguir un objetivo claro: dos Estados vecinos, Israel y Palestina, conviviendo en paz y seguridad, sin discriminaciones y respetando los derechos humanos. 
Para ello, Europa ha de mantener un diálogo abierto y constante con el conjunto del mundo árabe. 
– Señor Presidente, el mundo entero lo ha afirmado, el asesinato del jeque Yasin por el ejército israelí es una provocación totalmente irresponsable. 
Después de participar en la implantación y el desarrollo de Hamás, con la voluntad, en aquel momento, de debilitar a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) , el poder israelí trata hoy de torpedear cualquier idea de solución pacífica. 
Ante esta política suicida para los dos pueblos, el palestino y el israelí, el llamamiento de sesenta personalidades palestinas a que se renuncie a vengar la muerte del jefe de Hamás es extremadamente digno y valiente. 
Ya es hora de que la Unión Europea les apoye designando claramente a Sharon como el obstáculo fundamental para la paz, comprometiéndose concretamente en conversaciones oficiales con los oponentes a esta política de lo peor –en particular los impulsores del plan de Ginebra–, pidiendo oficialmente el envío inmediato de una fuerza internacional de protección de la población a los territorios palestinos y suspendiendo el acuerdo con Israel, como exigió nuestro Parlamento hace ahora dos años. 
En resumen, acompañando las palabras de gestos para que se respete el Derecho internacional. 
Cualquier otra posición está abocada al fracaso y nunca podrá tomarse en serio, en particular en los países árabes. 
Mientras el Presidente norteamericano persiste en alentar a Sharon recibiéndolo dentro de unos días, la Unión no puede seguir escudándose detrás de las palabras. 
Con un espíritu muy diferente de los planes norteamericanos de un gran Oriente Medio al servicio exclusivamente de sus intereses económicos y estratégicos, Europa, si quiere materializar la ambición declarada en Barcelona de una región de paz y prosperidad, debe actuar de una vez. 
Las mentiras demostradas sobre las razones de la intervención armada en el Iraq y el nuevo aliento dado al terrorismo hasta en Europa nos empujan a tomar iniciativas mucho más audaces de lo que el Consejo y la Comisión han dicho hoy. 
El final de la ocupación, el reconocimiento de un Estado palestino soberano y viable, restarían también un terreno abonado a los terroristas. 
Es la paz en la región y en todo el mundo lo que está en juego. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, tras los sucesos de Madrid, la amenaza de un enfrentamiento entre el mundo islámico y el occidental se hace más patente. 
¿Vamos a permitir que esto suceda, sin más? 
Tanto en Israel como en Palestina existen fuerzas que persiguen la destrucción mutua. 
Después de todo, ¿qué se puede esperar de una solución militar? 
El jeque Yasin no quería conseguir la paz a través de las negociaciones, pero ¿y Sharon? 
Sharon ha provocado la violencia palestina en diversas ocasiones; ejemplos recientes de ello son la ocupación militar de Palestina, la construcción del muro y el asesinato de Yasin. 
Esta violencia lo único que ha hecho es generar más violencia. 
Se ha transformado en un foco de frustración, hasta tal punto que la exportación del conflicto a otras zonas se acerca cada vez más y se está convirtiendo en una amenaza para la paz mundial y la seguridad en nuestras ciudades. 
Por este motivo, pedimos que se acelere el ritmo de los esfuerzos de paz, se cancele el Acuerdo de Asociación y no se posponga el inicio del debate sobre la presencia de una fuerza de paz internacional en Israel. 
Solo el derecho de autodeterminación puede lograr un verdadero resultado pacífico. 
Señor Presidente, la mejor medida de prevención de conflictos es el respeto de los derechos humanos. 
Por desgracia, Sharon no practica ni de lejos este respeto. 
Resulta perjudicial para cualquier esfuerzo de paz que la comunidad internacional permita de hecho a Sharon violar constantemente el Derecho internacional. 
No basta con condenar a Israel: hay que tomar medidas. 
La UE podría comenzar por suspender los acuerdos comerciales. 
Israel tiene desde luego todo el derecho a proteger a sus ciudadanos contra los ataques terroristas, pero las reiteradas violaciones de los derechos humanos por parte de Sharon, incluidos los asesinatos extrajudiciales, no sirven para proteger, sino para poner en peligro a sus ciudadanos. 
Es contrario al Derecho internacional; socava totalmente el propio concepto del Estado de derecho, que es un elemento clave en la lucha contra el terrorismo. 
Israel podría arrestar fácilmente a los presuntos terroristas, en vez de matar a viandantes inocentes, muchos de ellos mujeres y niños, utilizando exactamente los mismos medios execrables que los portadores de bombas suicidas. 
La Autoridad Palestina no puede detener a los portadores de bombas suicidas si Israel alimenta deliberadamente todo lo que pueda inducirlos, compartiendo así la responsabilidad sobre los mismos. 
En muchos casos, Israel ha utilizado asesinatos extrajudiciales justo contra aquellos líderes palestinos que han abogado firmemente por la paz y por detener las bombas suicidas. 
El terrorismo de Estado de Sharon no constituye ningún sucedáneo para negociaciones políticas como el Acuerdo de Ginebra y la Hoja de Ruta, que Israel está a punto de abandonar. 
Señor Presidente, el Oriente Próximo es la cuna espiritual de las tras grandes religiones reveladas del mundo, pero por desgracia también la inspiración para unos pocos descarriados que invocan el islam como justificación para los asesinatos terroristas, apelando concretamente a las tradiciones sanguinarias del salafismo y el wahabismo. 
El Oriente Próximo es una fuente de abastecimiento vital de petróleo para Occidente y el escenario de uno de los conflictos más antiguos y sangrientos entre el mundo árabe e Israel. 
También es la sede de algunos de los regímenes más crueles, que van desde el antiguo Iraq de Sadam Husein hasta el actual Gobierno de la República Islámica del Irán. 
La Arabia Saudita también se muestra brutal al practicar las decapitaciones por delitos como el consumo de alcohol. 
El Oriente Próximo es el origen de muchos refugiados en la UE, sobre todo de Kurdistán, y si admitimos a Turquía en la UE, sus fronteras alcanzarán hasta el Oriente Próximo para lindar directamente con Siria, el Iraq y la República Islámica del Irán. 
Por tanto, la estabilización de esta región en paz, democracia, gobernanza con un Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos resulta esencial para los intereses de la UE, así como para los pueblos de allí que han sufrido Gobiernos despóticos durante tanto tiempo. 
Por esa razón apoyo la Hoja de Ruta para la paz, para una solución de dos Estados de Israel y Palestina, para una Palestina democrática junto al Estado de Israel. 
Pero sigo siendo crítico con el hecho de que se diera dinero de la UE como subvención presupuestaria directa sin las salvaguardas apropiadas para evitar la desviación de fondos para prácticas corruptas y posiblemente incluso terroristas, en un escenario de guerra y en una zona donde tales prácticas son habituales: creo que eso ha sido una equivocación. 
Mañana, el grupo de trabajo del Parlamento encargado de estudiarlo va a publicar, lamentablemente, dos informes independientes. 
Siempre he apoyado y continúo soportando la liberación del Iraq de la tiranía del Baas y sigo siendo optimista de que, en algún momento, veremos emerger un nuevo Iraq que actuará de catalizador para el cambio democrático en todo el resto de la región. 
Por último, espero presenciar más diálogo entre los líderes musulmanes moderados y las clases políticas de la UE, si deseamos evitar el tan temido escenario del choque de civilizaciones. 
Señor Presidente, refiriéndose al Mediterráneo y a Oriente Próximo, el Consejo acaba de recordar- cito textualmente- "la disposición de la Unión a trabajar con los Estados Unidos a efectos de la cooperación en la región". 
No estaría mal- digo yo- que Washington hiciera lo mismo y expresara su ferviente deseo de cooperar con la Unión. 
En mi opinión esto implicaría lo siguiente: una presentación y elaboración sutil, no descarnada y brutal, de su supuesto plan para la democratización de Oriente Medio. 
Implicaría también objetivos ajustados a la realidad y al sentido común, teniendo en cuenta, desde mi punto de vista, que las ambiciones desmedidas, cuando se habla de Marruecos a Pakistán, pueden conducir al ridículo, primero, y al fracaso, después. 
Y, sobre todo, en mi opinión, los Estados Unidos deberían aceptar que es imposible hacer frente a una empresa de tal envergadura, sin calificar de objetivo prioritario y previo la resolución del conflicto árabe-israelí. 
Israel ha despreciado la propuesta de paz saudí, refrendada en su día en Beirut por la Liga Árabe en pleno, al igual que ha bloqueado- y no debemos engañarnos, insisto, ha bloqueado- la hoja de ruta y ha decidido continuar su propia vía unilateral, que comprende los asesinatos extrajudiciales. 
En mi opinión- insisto -, estas circunstancias, unidas al asesinato del jeque Yasin, han provocado la suspensión de la nueva Cumbre Árabe, prevista para ayer en Túnez, y creo que ninguna supuesta iniciativa para un llamado "Gran Oriente Medio" puede tener éxito alguno en este contexto. 
Baste, como muestra, que el rey Abdalá de Jordania, dirigente manifiestamente moderado, como sabemos todos, haya declarado anteayer- y cito textualmente -: "el asesinato de Yasin, una semana antes de la Cumbre de la Liga Árabe, demuestra que los israelíes deseaban que la reunión fracasara y que los árabes no pudieran relanzar su iniciativa de diálogo, porque Israel no quiere la paz". 
Si un líder moderado dice esto que acabo de leer, la Unión debe tomar nota de lo que ello implica y actuar en consecuencia. 
Y termino, señor Presidente, recordando al colega Laschet, que acaba de expresarse- aunque lamento que no esté aquí -, que estoy de acuerdo con él cuando dice que debemos hablar menos de los asesinatos extrajudiciales, porque todos condenamos esos asesinatos, que son contrarios al Derecho internacional. 
El problema radica en que precisamente sucede eso, que todos los condenamos pero ni unos ni otros actuamos para que se eviten definitivamente. 
– Señor Presidente, dos observaciones. 
Aunque jurídicamente discutible, la ejecución de Yasin no debe hacernos olvidar quién era Yasin, el inspirador de los peores atentados kamikazes y el jefe de un movimiento cuya declaración de principios sigue siendo la destrucción de Israel y, más allá, no lo olvidemos, la eliminación física de los judíos en todo el mundo. 
¿Echamos de menos a este hombre? 
Segunda observación: el plan norteamericano merece cierta consideración, pues nos invita a superar la ilusión en la que se desliza hoy la acción europea, ilusión según la cual la resolución del conflicto sería el paso previo a la democratización de Oriente Próximo. 
Ahora bien, como sabemos, dado que las democracias no se hacen la guerra entre sí, no habrá solución duradera al conflicto sin una democratización y una modernización de Oriente Próximo. 
Sin esta revolución copernicana, señor Presidente, seguiremos asistiendo al espectáculo de una Europa sentenciosa pero impotente, que el Comisario Patten encarna con la perfección de un viejo actor shakesperiano. 
– Señor Presidente, Señorías, inmediatamente después de la creación de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM) en Atenas, la Unión Europea tiene el deber, como ha dicho todo el mundo, de comprometerse en la construcción de la paz dentro de la lógica del proceso de Barcelona. 
En efecto, la Unión tiene una responsabilidad histórica y política, y no puede contentarse con condenar cuando la región arde, o con llorar cuando golpea el terrorismo. 
Los Estados Unidos nos dicen hoy que tienen un proyecto para Oriente Medio. 
Pero ¿cómo hablar de un proyecto cuando sabemos que Siria está presente en el Líbano, cuando continúa la ocupación del Iraq, cuando todavía no se ha conseguido encontrar una solución al conflicto israelo-palestino? 
En efecto, este plan es discutido y discutible. 
Discutido porque los Estados Unidos no se han tomado la molestia de consultarlo con los países interesados, lo cual es muy revelador del desprecio norteamericano y de sus prácticas unilaterales, como ayer la guerra preventiva en el Iraq. 
Refleja también la ignorancia geopolítica y las amalgamas que hacen los Estados Unidos al incluir el Magreb en el Oriente Medio y a Pakistán y Afganistán entre los países árabes. 
Por último, ¿qué preconiza este plan? 
¿La lucha contra el terrorismo? 
Sí, pero con la instalación de bases norteamericanas en la región. 
¿No sucede ya así desde 1990-1991? 
¿La resolución del conflicto? 
Sí, pero para ser creíble, habría que luchar contra todos los terrorismos, incluido el terrorismo de Estado de Israel que se ensaña en exterminar el pueblo palestino, y siempre con total impunidad. 
Sí, por supuesto, son inevitables, indispensables, ya que los pueblos adolecen hoy de un déficit económico, político y democrático. 
Necesitamos esas reformas, pero también el desarrollo económico. 
Por último, para acabar, solo una reducción de la brecha entre las clases dirigentes y el pueblo permitirá esas reformas. 
La sociedad civil debe implicarse. 
Para ello, nosotros, en Europa, debemos apoyar a las fuerzas de progreso, a las fuerzas de paz del interior, y reforzar el diálogo para disipar los temores, para poner freno definitivamente a la violencia y permitir que nos gobiernen nuestros valores comunes. 
Señor Presidente, Comisario, todo aquel que no reconozca que el Estado de Israel tiene el deber de proteger a sus ciudadanos frente al terror perderá su credibilidad. 
Desde que el liderazgo palestino dio comienzo a la segunda, hace dos años y medio, con la intención de lograr sus objetivos a través de medios violentos, casi un millar de hombres, mujeres y niños israelíes han sido asesinados por mentes envenenadas con granadas de metralla en sus cinturas. 
¿Dónde está la indignación europea ante la actuación de los líderes palestinos, quienes colocan bombas en el cuerpo de sus niños y tienen la sangre fría para, en caso de que estos sean detenidos por los soldados, hacerlos volar por los aires? 
El mayor obstáculo a la paz en Oriente Próximo es el hecho de que los palestinos no están dispuestos a reconocer el Estado de Israel. 
No cabe otra explicación para la negativa de Arafat en Camp David. 
El Estado de Israel representa solo un 0,6 % del territorio árabe. 
Durante mucho tiempo, las naciones árabes pensaron que podrían echar a los judíos al mar utilizando a los refugiados palestinos como medio para ejercer presión internacional en Israel. 
Los países árabes nunca han permitido a sus hermanos palestinos llevar una existencia digna. 
Además, de forma artificial, las Naciones Unidas han mantenido vigente durante 50 años el estatuto de refugiado de los palestinos. 
La primera reacción del rey Abdullah ante una posible retirada de Israel de Gaza fue el temor a que los palestinos buscaran trabajo en Jordania. 
La paz va ligada inextricablemente a la justicia, y ahí es donde radica el problema. 
En su propio continente, Europa ha colocado la democracia en un pedestal, mientras que hace caso omiso de la democracia en Israel, en una región en la que solo existen dictaduras, manifiestas o no, según el caso. 
Señor Presidente, el asesinato del líder de Hamás ha tenido una consecuencia, la de la suspensión de la cumbre de la Liga Árabe, que debería haberse celebrado ayer y hoy. 
Constituye una tragedia por cuanto la cumbre iba a tratar una serie de propuestas de reforma en la región árabe. 
Quiero centrarme en esta cuestión de la reforma, ya que es fundamental para nuestra seguridad en la Unión Europea. 
El Ministro de Asuntos Exteriores irlandés ha hablado del conflicto árabe–israelí. 
También ha hablado de la evolución de la democracia y la sociedad civil en estos territorios. 
Mi pregunta es: ¿qué podemos hacer? 
Si bien el Comisario Patten ha hablado del proceso de Barcelona –un proceso sumamente deseable, definido hace mucho tiempo, antes de la idea norteamericana de un proceso para la región del Oriente Próximo–, dicho proceso no está teniendo el tipo de efecto que debería tener. 
Como algunos de ustedes saben, he dedicado cierto tiempo durante los últimos meses, en calidad de ponente sobre la iniciativa democrática, yendo a la conferencia de Saná, en Yemen, a El Cairo, Alejandría, Damasco, a la conferencia de la Unión Parlamentaria Árabe y a Atenas la semana pasada con usted, señor Presidente. 
Esta especie de odisea democrática trata de demostrar una cosa: el ansia de los pueblos de los países árabes por la democracia, el Estado de derecho, la sociedad civil y demás. 
Sabemos cuál es la prioridad de nuestra política exterior: sabemos que son los derechos humanos, la democracia, el fomento de las libertades fundamentales y el Estado de derecho. 
Pero en este arco de inestabilidad en nuestra periferia, si bien la UE está invirtiendo 700 millones de euros en fondos MEDA, de ellos solo 7 millones de euros se dedican a la democracia. 
Me encuentro atrapado entre el Escila del obstruccionismo burocrático en el Consejo, y el Caribdis del obstruccionismo burocrático en la Comisión. 
Necesitamos un programa que funcione: disponemos de los medios para hacerlo y contamos con la voluntad para hacerlo en este Parlamento. 
La cuestión es: ¿aceptan la Comisión y el Consejo sus prioridades políticas? 
Mis observaciones van dirigidas a dos políticos avezados que ocupan sendos puestos de responsabilidad en un momento de máxima sensibilidad para Europa. 
Señor Presidente, la negativa espiral de violencia en Oriente Próximo no parece tener marcha atrás, sino que se ha visto encrudecida desde la semana pasada a raíz del asesinato a sangre fría de Yasin, el odiado líder de Hamás, a instancias del Primer Ministro israelí Sharon. 
Insto a los palestinos a que no hagan uso de la violencia para vengar el acto ilegal de Sharon. 
Ahora es el momento de romper el ciclo y optar por una resistencia pacífica manifestada de un modo digno. 
Quisiera hacerme eco del llamamiento realizado por un grupo de académicos palestinos para que no se comentan nuevos ataques suicidas. 
El Primer Ministro Sharon viola los derechos humanos y hace caso omiso de las resoluciones de las Naciones Unidas al levantar un muro en los territorios ocupados, al construir nuevos asentamientos y al llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de palestinos. 
Por lo tanto, solicito que se suspenda el Acuerdo de Asociación firmado entre la Unión Europea e Israel en virtud del artículo 2, la cláusula sobre los derechos humanos, hasta que el Gobierno israelí retire su llamada a los ataques, actitud que contraviene el Derecho internacional y deja claro que el Gobierno de Sharon constituye una amenaza para la seguridad y para el Estado constitucional de Israel. 
La situación entre Israel y Palestina representa un factor que genera gran inquietud en el conjunto de la región. 
La solución que necesita Oriente Próximo es una iniciativa democrática global para el diálogo y la colaboración entre todos los países de la zona, y Europa está en posesión de los instrumentos apropiados para conseguirla. 
Tenemos que organizar las asociaciones entre la Unión Europea y los países del Mediterráneo en el marco del proceso de Barcelona, en el cual se fomentan de forma estratégica las reformas políticas, económicas y sociales necesarias para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. 
Estoy convencido de que entre los ciudadanos de estos dos países existe una enorme necesidad política de que esto suceda. 
Para finalizar, insto a los Estados miembros de la Unión Europea con presencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que presenten una propuesta para el envío de una fuerza de intervención de la ONU basada en las fronteras de 1967, en un intento por proteger a la población israelí y palestina frente a los ataques terroristas. 
Los esfuerzos por la paz en Oriente Próximo contribuyen en gran medida a la lucha contra el terrorismo. 
Señor Presidente, Señorías, puntuales como un reloj, volvemos a hacer declaraciones altisonantes y condenamos la violencia en Oriente Próximo. 
¿Esto es todo lo que podemos hacer? 
¿Por qué los europeos no podemos jugar un papel más activo en este conflicto? 
Precisamente ahora, existen varias razones por las que la Unión Europea debería desempeñar un papel pionero en el proceso de paz. 
Por desgracia, los sucesos recientes aumentan la probabilidad de que se radicalice aún más la situación entre Israel y los palestinos. 
La reputación de los Estados Unidos como buen negociador internacional ha recibido algunos duros golpes tras Afganistán e Iraq. 
La aplicación del plan gradual internacional parece quedar muy lejos, así que convendría que la Unión Europea tomara cartas en el asunto. 
No en vano, le favorece obtener la paz y la estabilidad en la región, ya que somos su socio comercial más importante y el mayor donante de ayuda financiera y humanitaria. 
¿Cuándo seguirán las acciones a nuestras palabras? 
Señor Presidente, recientemente he asistido a una conferencia de mujeres árabes en Beirut. 
Lo que me sorprendió fue que todas hablaban un idioma común, lo que les proporcionaba una unidad por la que tal vez todavía sigamos suspirando aquí en Europa. 
Con independencia de los temas que trataron en dicha conferencia –y todas ellas eran mujeres muy educadas y refinadas–, el tema de Palestina fue objeto de mención por todas y cada una de ellas. 
Evidentemente, este asunto constituye un enorme factor de cohesión de todos los países árabes. 
En Irlanda hemos aprendido –de forma trágica y espantosa a lo largo de un período de treinta años– lo que significa vivir con el terrorismo. 
También hemos visto a algunos de los enemigos más encarnizados en el mundo hacer un acto de fe que condujo a la paz en Irlanda de Norte, para inmenso alivio de todos nosotros. 
El Comisario Patten también tuvo una participación activa en todo ello. 
No quiero repetir muchas de las cosas que sus Señorías han expresado aquí esta tarde, pero hemos de reconocer que en el corazón de la tragedia se encuentra otra generación de pequeñas gentes que viven en esos míseros campos en Palestina que proliferan por doquier, y el primer juego que practican es el de lanzar piedras a los soldados, lo mismo que hacían en Irlanda del Norte. 
Existe también otra generación de niños al otro lado de la frontera que se sienten demasiado aterrorizados como para ir a la escuela, no vaya a explotar por los aires el autobús en que viajan. 
Son niños que dentro de 20 años serán los dirigentes, o quizás las víctimas, o los portadores de bombas suicidas. 
Todos condenamos sin ninguna reserva los horribles sucesos tanto en Palestina como en Israel. 
Pero tiene que producirse ese acto de fe, ese momento en que, como ha dicho un amigo mío, tenemos que sonreír ligeramente y hacer de tripas corazón y olvidarnos de las cosas terribles que nos hemos hechos unos a otros y comenzar a intentar resolver los asuntos tremendos en el Oriente Próximo, que son fundamentales para la casi totalidad de los temas políticos importantes en el mundo actual. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, estos días se debate acerca de una nueva política sobre Oriente Próximo, de la gran región de Oriente Próximo. 
En mi opinión, para que este esfuerzo no quede en mera palabrería, esta política debería girar en torno a dos aspectos principales. 
En primer lugar, la resolución del conflicto más grave de la región. 
Quisiera que los Estados Unidos se dedicaran a solucionar el actual problema de Oriente Próximo con tanta energía –y con este término no me refiero a la fuerza militar– como derrochan en el Iraq. 
Asimismo, me gustaría que Europa se entregara a la resolución del conflicto con tanta intensidad como la que demuestran algunos Estados miembros de la Unión Europea en el caso del Iraq, ya que de ese modo se reduciría el número de ataques terroristas y el de asesinatos ilegales como el del jeque Yasin. 
Como ha dicho el Comisario Patten, hay que derrotar y destruir la cultura de la muerte. 
En segundo lugar, sí, está claro que es preciso introducir reformas en el mundo árabe. 
No obstante, a diferencia de muchos de los colegas diputados aquí presentes, yo no he podido apreciar demostraciones de apoyo destacadas por parte de los estadounidenses a los movimientos de reforma en Jordania, Egipto o Arabia Saudí durante los últimos años. 
La verdad es que no los he visto fomentar mucho la democracia y los derechos humanos en estos países. 
Sin embargo, si los Estados Unidos de América deciden seguir ahora esta línea, estoy a favor de unirnos a ellos para respaldar los esfuerzos de reforma dentro de los países árabes. 
Existe un número importante de mujeres que se encuentran descontentas con la constante y severa discriminación de género. 
Existe un número importante de minorías insatisfechas con la discriminación contra sus grupos. 
Existe un número importante de personas en los países árabes que están descontentas con la discriminación y el desprecio hacia los derechos humanos y los derechos de las minorías. 
No hace mucho tiempo, felicitamos a los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa que había escrito un informe en el que se identificaban los obstáculos y su origen, obstáculos a la modernización y la democratización reconocidos por los propios países árabes. 
Considero que la única alternativa viable para una nueva política sobre Oriente Próximo no pasa por la amenaza de una intervención militar exterior, sino por el apoyo de Europa, en particular, a las fuerzas reformistas en estos países. 
Convendría que nos implicáramos más, que destináramos más dinero a esta causa y, por supuesto, que dedicáramos más energía a la puesta en marcha de estas importantes reformas en los países árabes. 
Señor Presidente, diez años después de los acuerdos entre Rabin y Arafat, un observador neutral que evaluara la cortesía de Blair y Gaddafi diría que se ha producido un milagro. 
Sin embargo, si analizara la situación con más detenimiento, no tardaría en afirmar que nos encontramos ante una tragedia peor. 
¿Dónde está el equilibrio? 
El equilibrio, sin duda alguna, resulta más difícil de alcanzar hoy día que hace diez años cuando había sucesos y opciones políticas. 
Cuando se hizo evidente que la postura oficial del Gobierno era la de asesinar a la gente, no reaccionamos de ningún modo. 
Cuando se inició la construcción del nuevo muro de la vergüenza, tampoco hicimos nada. 
Nuestra política se distingue por una rareza particular. 
Sí, somos los financieros más poderosos de la región. 
Pero financiar a alguien sin intervenir desde un punto de vista político es como verter agua en una jarra llena de agujeros, en un recipiente agujereado incapaz de contener el líquido. 
¿Qué vamos a hacer ahora? 
Queda claro que tenemos que tomar iniciativas. 
Dentro de unos días, como viene siendo nuestra costumbre, el país que ocupa la Presidencia se reunirá con el Presidente de los Estados Unidos de América para tratar la cuestión fundamental del enfoque conjunto sobre el problema. 
También se habla acerca de la Conferencia Euromediterránea y todos celebramos la reunión de Atenas en el nivel parlamentario. 
No obstante, convendría establecer una iniciativa similar en el ámbito gubernamental. 
En otras palabras, si no podemos atajar el problema de raíz, debemos al menos reducirlo. 
Por ejemplo, no sería mala idea instaurar una oficina especial en la región, con sede en Chipre, que tomara en cuenta todas las preocupaciones y pusiera en marcha las iniciativas pertinentes. 
La política no es neutral. 
Si la Unión Europea desea demostrar su capacidad en este sentido, en defensa también de sus propios intereses, ha de tener presente que se trata de un sector que ha madurado hasta el punto que contará con la aprobación general de la humanidad si contribuye de forma positiva a resolver el problema palestino ya que, aunque este constituye solo una parte de un problema mayor, su solución puede ayudar a apaciguar la situación general. 
Señor Presidente, solo será posible alcanzar una paz sostenible en Oriente Próximo a través de negociaciones serias y el respeto al Derecho internacional. 
La construcción de muros y nuevos asentamientos en territorio ocupado no contribuye a conseguir este objetivo. 
La paz nunca se podrá lograr mediante actos terroristas, ya sean por parte de Israel o de los palestinos. 
No cabe admitir que se cometan actos de este tipo. 
El asesinato del jeque Yasin, a instancias de Israel, constituye un acto de terrorismo y un crimen en virtud del Derecho internacional y, por tanto, tiene que ser condenado. 
Es evidente que Israel ha incumplido el Acuerdo de Asociación y la Unión Europea no puede admitirlo. 
Para solucionar el conflicto es necesaria una mayor participación activa de la Unión y de las Naciones Unidas, no solo a través de fuerzas de mantenimiento de la paz y un apoyo más intenso al pueblo palestino, sino también mediante la manifestación de una postura política firme. 
Sharon ha dejado claro que pretende ordenar la ejecución de más líderes palestinos. 
Si el Gobierno israelí no abandona esos planes de inmediato, deberemos cancelar el acuerdo con Israel. 
Los acuerdos tienen que ser cumplidos por las dos partes. 
Seguir demostrando indulgencia hacia Israel y su Gobierno no favorece a este país. 
Señor Presidente, el asesinato del líder de Hamás, el jeque Ahmed Yasin, y de otros siete palestinos ha sido una clara violación del Derecho internacional. 
Condeno rotundamente todo tipo de terrorismo, venga de donde venga, y también hago un llamamiento a los palestinos para que no respondan violentamente a esta última provocación. 
Si queremos comenzar a poner fin a esta espiral de violencia, alguien tiene que dar el primero paso. 
Detesto especialmente la utilización de niños como portadores de bombas y la agresión a la población civil por parte de los grupos terroristas palestinos. 
El Gobierno de Ariel Sharon ha vuelto a adoptar tácticas de matón, que solo pueden servir para bloquear el proceso de paz y obstruir cualquier posibilidad de negociaciones constructivas. 
La ocupación de territorio palestino y la construcción del llamado muro de seguridad, principalmente en suelo palestino, está recluyendo a los palestinos en guetos, destruyendo sus vidas, encerrándoles, empobreciéndoles y sumiéndolos en la desesperación. 
La Unión Europea, por otro lado, tiene una zanahoria, pero no un palo. 
No es que la Unión Europea no tenga un palo, simplemente se niega siquiera a blandirlo, por no hablar de utilizarlo. 
Quiero pedir a la Comisión y al Consejo que exijan a Israel adoptar medidas inmediatas para cumplir sus obligaciones para con los derechos humanos que contrajo en el acuerdo de asociación. 
No lo está haciendo y, a menos que actuemos para insistir en que lo haga, recogeremos una cosecha terrible en el futuro. 
Señor Presidente, la paz en Oriente Próximo depende de la solución del conflicto entre Palestina e Israel y del conjunto de la política comunitaria sobre asociaciones estratégicas. 
Cuando se produzca la adhesión de Chipre el próximo 1 de mayo, Tel Aviv se encontrará a solo media hora de vuelo de la Unión Europea y pasaremos a ser vecinos directos. 
Durante la última visita de la delegación parlamentaria, pudimos observar que muchos israelíes han depositado grandes esperanzas en la Unión Europea. 
Confían en que asumamos un papel destacado en la región. 
Israel se encuentra gobernado por un hombre que hace caso omiso del Derecho internacional y que, en el conflicto que nos ocupa, no deja de echar leña al fuego. 
Su actitud perjudica enormemente a su país y da a los terroristas la excusa perfecta para sus acciones. 
Según la declaración del Consejo, la Unión Europea mantiene una firme oposición a las ejecuciones extrajudiciales. 
En mi opinión, la única postura coherente pasaría por revisar las relaciones comerciales y utilizar nuestro poder económico como moneda de cambio, y no solo en Israel. 
Señor Presidente, voy a ser muy breve. 
Quiero dar las gracias a los diputados que han intervenido. 
Ha sido un debate provechoso, y también ha dejado claro que existe un consenso fundamental entre nosotros acerca de la necesidad de que la Unión Europea realice el máximo esfuerzo en los asuntos que se han planteado. 
Todos estamos de acuerdo en que la Unión Europea necesita elevar el listón de su implicación dentro de la región. 
Coincido sobre todo con los diputados en cuanto a la importancia de las consultas intensivas con los países afectados en la región. 
El impulso y la iniciativa para abordar estos desafíos y para ejecutar las reformas necesarias deben provenir de la propia región. 
Es fácil caer en la desesperación cuando se ve, como hemos visto nosotros, horror sobre horror, miseria y más miseria. 
Sin embargo, la realidad es que la Unión tiene que ayudar a hacer avanzar las cosas allá donde pueda para intentar crear al menos un espacio en el que pueda florecer la paz. 
La Unión tiene que trabajar en asociación con la región a tal fin, para ayudar a afrontar todos estos retos. 
La Hoja de Ruta prevé una solución duradera y amplia, y la Hoja de Ruta constituye la única forma de avanzar. 
Se ha mencionado que la suspensión del Acuerdo de Asociación es una forma de avance para la región. 
Pienso que el debate y la presión generarían ciertos avances. 
En el informe intermedio sobre la asociación estratégica respaldada por el Consejo la semana pasada, la Unión Europea ha fijado un conjunto de principios guía para su implicación en la región. 
La Presidencia tiene el compromiso de desarrollar la asociación estratégica sobre la base de la asociación y el diálogo con todos los países de la región. 
Una vez más, quiero agradecer a los diputados sus intervenciones sensatas e incisivas. 
Gracias, señor Roche, a pesar de los llamamientos autoritarios y las citas de Shakespeare, Homero y Ulises, el Comisario Patten me ha informado de que no tiene la intención de contestar. 
El debate queda cerrado. 
. 
La muerte del líder espiritual de Hamás en manos de Israel confirma una vez más la naturaleza asesina y terrorista de la política aplicada por el Gobierno de Sharon para someter al heroico pueblo palestino. 
Este crimen forma parte de una serie de asesinatos similares, los cuales algunos tratan de justificar argumentando que son un modo de protección frente al terrorismo. 
El Gobierno de Sharon no se atrevería a cometer estos crímenes si no contara con el aliento y el apoyo directo de los Estados Unidos. 
Por su parte, la Unión Europea continua con su política de tolerancia y apoyo a Israel, la cual trata a asesinos y asesinados en igualdad de condiciones. 
La cumbre de Bruselas se ha limitado a expresar su oposición a las «ejecuciones extrajudiciales» (como llama a los asesinatos) , reconociendo al mismo tiempo «el derecho de Israel a proteger a sus ciudadanos frente a los ataques terroristas». 
El Partido Comunista de Grecia ha manifestado en diversas ocasiones su solidaridad con el heroico pueblo palestino, su apoyo a su justa lucha, su condena absoluta de la política de genocidio de Israel, su pesar por la pérdida de vidas y su convicción de que el origen de toda la violencia radica en la ocupación de los territorios palestinos. 
Asimismo, ha declarado su apoyo a las fuerzas pacifistas en Israel y a todos aquellos que se nieguen a servir en el ejército y en los territorios ocupados. 
No habrá paz en la región hasta que el pueblo palestino tenga una patria. 
. 
La situación en Oriente Próximo nos ha acompañado durante décadas. 
Hemos demostrado nuestra solidaridad, de diversas formas, con el pueblo palestino y con aquellos grupos e individuos en Israel que luchan por lograr la paz en la región. 
La iniciativa conjunta para la paz, la estabilidad y la democracia en el conjunto de la gran región de Oriente Próximo, según las palabras del título de esta declaración del Consejo y la Comisión, merecería nuestro apoyo si se tratara realmente de una iniciativa conjunta para la paz. 
Lo que no podemos permitir es que unos títulos o encabezados brillantes disfracen los desequilibrios inherentes a la situación y que, incluso, sugieran interpretaciones erróneas de los hechos. 
No es posible justificar el terrorismo mediante ataques al terrorismo; ni se puede quitar importancia al terrorismo asignándole una etiqueta eufemística como «ejecución extrajudicial» o cualquier otro término con un grado equivalente de imaginación lingüística. 
El asesinato del líder de Hamás, dejando a un lado nuestra opinión sobre esta organización, no ha contribuido al establecimiento de la paz en Oriente Próximo, sino todo lo contrario. Del mismo modo, el hecho de que no se pidan explicaciones al Gobierno fascista de Ariel Sharon por el aumento de la violencia y el terror tampoco favorece el proceso de paz. 
El Parlamento y la Unión Europea deben adoptar posturas claras e inequívocas a la hora de condenar el terrorismo. Sin embargo, estas posturas solo gozarán de credibilidad cuando condenen las políticas terroristas del Gobierno israelí y conduzcan a medidas políticas y diplomáticas concretas, como la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión relativas a la situación en Kosovo. 
Señor Presidente, todos estamos conmocionados por el estallido de violencia étnica que se produjo en Kosovo los días 17 y 18 de marzo. 
El último brote ha generado muertos y heridos y el desplazamiento de 3 000 personas. 
Otra consecuencia del mismo ha sido la destrucción de lugares de culto, hospitales y escuelas que fueron objeto de un ataque deliberado contra la visión de un Kosovo multiétnico que nosotros compartimos. 
Si bien la situación en Kosovo se ha estabilizado desde el 18 de marzo, sigue siendo muy tensa. 
En respuesta a la violencia se ha reforzado significativamente la fuerza internacional de paz, la KFOR. 
Quiero expresar mi reconocimiento a los esfuerzos de todos los que han trabajado duramente para estabilizar la situación y restaurar la calma en Kosovo. 
Quiero también expresar mis condolencias y las del Consejo a todos los que han sufrido la pérdida de vidas, han sido heridos o han perdido a seres queridos. 
El Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, el 22 de marzo, y el Consejo Europeo, el 26 de marzo, han condenado la violencia, la pérdida de vidas, los daños materiales y la destrucción del patrimonio religioso y cultural en Kosovo. 
Se ha reafirmado una vez más el pleno compromiso de la Unión Europea a favor del desarrollo de un Kosovo seguro, democrático y multiétnico en consonancia con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
La Unión Europea apoya con firmeza al Representante Especial del Secretario General de las Naciones en Kosovo, Harri Holkeri, la misión de las Naciones Unidas en Kosovo y la KFOR en su decidido esfuerzo por estabilizar la situación y asegurar la plena aplicación de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad. 
Quiero subrayar el firme apoyo de la Unión Europea a la política de «normas antes que el estatuto» de las Naciones Unidas. 
Esa política, junto a la resolución 1244 del Consejo de Seguridad, sigue siendo la base del compromiso de la comunidad internacional con respecto a Kosovo. 
La Unión Europea se plantea cómo fortalecer su papel en apoyo de la política de «normas antes que el estatuto» de las Naciones Unidas. 
Los últimos sucesos violentos amenazan con socavar el progreso logrado con tanto esfuerzo hasta la fecha. 
Es importante que ahora otorguemos la primacía a la política en Kosovo y garanticemos que no se produzca otra caída en la violencia étnica. 
La explosión del sectarismo iría en detrimento de todos en Kosovo. 
Está claro que el futuro de la gente de ese país reside en la integración final de los países de los Balcanes Occidentales en las estructuras de la Unión Europea, tal como se acordó en la cumbre UE-Balcanes Occidentales en junio de 2003. 
La aplicación de la política de las Naciones Unidas de normas antes que el estatuto es la clave para lograr ese objetivo. 
Sin embargo, el problema del estatuto final en Kosovo solo puede abordarse una vez que se haya progresado suficientemente en la aplicación y revisión de las normas. 
A pesar de la violencia reciente y de las continuas tensiones, esto debe incluir la reanudación del proceso de diálogo sobre cuestiones prácticas entre Belgrado y Pristina. 
Como esta Cámara ya sabe, a petición del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, el Alto Representante Solana visitó Kosovo el 24 de marzo. 
El Comisario Patten le acompañó en la visita. 
Llevaron un mensaje claro. 
Los líderes políticos de Kosovo, especialmente los líderes albanokosovares, tienen que asumir la responsabilidad sobre la situación y garantizar que no se repita la violencia por motivos étnicos ni las amenazas de tal violencia. 
Los responsables de esta violencia deben ser entregados a la justicia. 
Las instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo deben demostrar su compromiso con un Kosovo multiétnico. 
La semana pasada, el Consejo Europeo les pidió dar un paso inmediato en esta dirección destinando recursos para la reconstrucción urgente de los bienes dañados, incluidos los lugares de culto, y asegurar que las personas desplazadas internamente puedan retornar seguras a sus hogares. 
Celebramos la asignación de 5 millones de euros por parte de las instituciones provisionales para ayudar a la reconstrucción y la declaración unánime de la Asamblea de Kosovo el 26 de marzo condenando la violencia reciente. 
Si bien nos alegramos por ellas, las palabras no son suficientes. 
Es hora de ver cómo los esfuerzos reales superan las divisiones étnicas de modo que se cree un Kosovo en el que todos puedan vivir con paz y seguridad. 
Con este objetivo, los líderes políticos de Kosovo deben trabajar más estrechamente con la misión de las Naciones Unidas en Kosovo y con la KFOR para la protección de los derechos de todos los sectores de la población, incluidos los miembros de las comunidades minoritarias. 
Lo que ha pasado en Kosovo durante las últimas semanas es un recordatorio para todos de la importancia del papel que desempeña la Unión Europea, no solo en Kosovo, sino en toda la región. 
La Unión Europea ha asumido un papel principal colaborando con los países de los Balcanes Occidentales para consolidar la paz y la estabilidad en la región y promover el desarrollo económico y el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. 
La ayuda de la Unión Europea en la región para la consecución de estos objetivos será de 4 650 millones de euros durante el período 2000-2006. 
La Unión, incluidos sus Estados miembros, sigue siendo la fuente de financiación más importante de los esfuerzos internacionales en Kosovo. 
Además, los Estados miembros de la Unión Europea aportan el mayor contingente de tropas a la KFOR. 
El desarrollo de relaciones cada vez más estrechas con los Balcanes Occidentales es una prioridad para la Unión Europea. 
Desde la Cumbre de Salónica, la Unión Europea y los países de los Balcanes Occidentales tienen un plan común para el progreso. 
Se buscará llegar al objetivo de integración final mediante el Proceso de Estabilización y Asociación y mediante la aplicación de una serie de acuerdos que pusieron fin a los trágicos conflictos de los últimos 13 años. 
En el caso de Kosovo, el mecanismo de seguimiento del Proceso de Estabilización y Asociación iniciado por la Comisión Europea en la primavera de 2003 está destinado a facilitar el progreso de Kosovo dentro del Proceso de Estabilización y Asociación, que traerá a Kosovo al seno de la familia europea. 
Nuestros esfuerzos por promover la perspectiva europea de Kosovo y la política de aplicación de normas de las Naciones Unidas se refuerzan mutuamente. 
El Proceso de Estabilización y Asociación desafía a los Gobiernos de la región elegidos democráticamente a adoptar y aplicar reformas políticas y económicas difíciles y de gran alcance y a continuar el fortalecimiento de la cooperación regional. 
El ritmo de progreso de los países de la región hacia la integración europea está en gran medida en sus propias manos, aunque la Unión Europea les apoyará plenamente en su empeño. 
Ambas partes de la relación han hecho compromisos en Salónica que deben aplicarse plenamente. 
Los responsables de esta violencia deben ser entregados a la justicia. 
No debe existir un muro de silencio, no debe existir una cultura de la impunidad. 
Es hora de mirar adelante, dejando atrás el dolor y la ira que han asolado la política de Kosovo durante tanto tiempo. 
Las Naciones Unidas han trazado el camino a seguir en su política de «normas antes que el estatuto». 
Deseo reiterar el apoyo del Consejo al Representante Especial Holkeri, a sus colegas de las Naciones Unidas y a la KFOR en su determinación para estabilizar la situación y asegurar la aplicación plena de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad. 
Es responsabilidad de todos, pero particularmente de los líderes de Kosovo, apoyar el trabajo ya iniciado para asegurar un futuro estable para un Kosovo seguro, democrático, próspero y multiétnico, con su puesto en Europa. 
La Unión Europea está dispuesta a ayudar a la consecución de este objetivo. 
Ahora la decisión de aceptar estas ofertas está en manos del pueblo de Kosovo. 
. Señor Presidente, me complace mucho tener la oportunidad de hablar hoy ante esta Cámara sobre Kosovo. 
Como ha indicado la Presidencia, la semana pasada fui con el Sr. Javier Solana a Kosovo ante nuestra preocupación por el último estallido de violencia. 
Durante estos terribles días y noches se destruyeron muchos hogares, además de escuelas, instalaciones médicas y muchas iglesias. 
Los últimos informes indican que 22 personas fueron asesinadas y más de 850 resultaron heridas, entre ellas miembros de la policía y de la KFOR. 
No hay duda de que aunque haya podido haber un hecho inicial desencadenante de la violencia, esta se organizó rápidamente. 
Debemos recordar que Europa, con toda razón, adoptó una postura contraria a la desgraciada limpieza étnica de Milosevic en 1999. 
Desde entonces, la comunidad internacional se ha gastado 2 000 millones de euros, sin incluir los gastos de defensa, para tratar de reconstruir Kosovo. 
No lo hemos hecho para ver cómo los serbios kosovares son víctimas a su vez de una limpieza étnica. 
Permítanme compartir con esta Cámara unas reflexiones sobre mi visita a Kosovo. 
Debo decir que el Alto Representante y yo estábamos muy decepcionados. 
Vimos de primera mano la furia y el disgusto de los serbios en un suburbio de Pristina llamado Kosovo Polje. 
Quisimos saber si los líderes albanokosovares comprendían estos sentimientos. 
Ni rastro de ello. 
Al contrario, intentaban culpar a todos menos a sí mismos de lo que había pasado. 
Pero hubo una excepción. 
El Primer Ministro, el Sr. Rexhepi, estuvo a la altura de las circunstancias. 
Hizo gala de gran valor visitando los focos problemáticos para tratar de relajar las tensiones. 
También comprendió inmediatamente la responsabilidad de las instituciones provisionales de autogobierno de reparar las terribles injusticias cometidas contra los serbios kosovares. 
Antes de que llegáramos había decidido crear un fondo de reconstrucción con un presupuesto inicial de 5 millones de euros. 
Comprendió que era obligación de su Gobierno reparar esta situación, no la responsabilidad de la comunidad internacional. 
No fui a Pristina para prometer que, en lugar de esto, se utilizaría el dinero de los contribuyentes europeos. 
El Sr. Rexhepi prometió que se actuaría rápidamente para reparar los bienes dañados y que las personas afectadas puedan volver a sus hogares lo antes posible. 
El Sr. Solana y yo prometimos volver durante el verano para ver en persona si realmente se avanza en la reconstrucción. 
¿Cuáles son ahora las prioridades? 
La OTAN ha reaccionado rápidamente aumentando el número de tropas para reforzar la seguridad. 
Esto ha tenido un efecto inmediato calmando las tensiones en Kosovo, aunque debemos seguir vigilando la situación muy de cerca. 
Por otra parte, la policía de la UNMIK está intentando identificar lo antes posible a los responsables de estos ataques para sacarlos de la circulación y castigarlos. 
Los líderes de los partidos políticos albaneses son responsables de purgar de sus filas a estas personas. 
Además debe haber una investigación sobre el papel que ha desempeñado el servicio de policía de Kosovo en los disturbios. 
Hubo informes de que algunos miembros del servicio de policía cumplieron con su deber, pero también ha habido informes de que algunos miembros del servicio de policía no actuaron para impedir estos ataques, o, todavía peor, participaron en ellos. 
La UNMIK está decidida a llegar al fondo de lo que realmente sucedió. 
Por otro lado, debemos dejar muy claro que apoyamos plenamente a la UNMIK. 
Había señales claras de ataques organizados a los bienes y al personal de la UNMIK. 
Esto es completamente inadmisible. 
La Unión Europea apoya firmemente a las Naciones Unidas como institución. 
No podemos tolerar ataques a las Naciones Unidas, ya sea en Kosovo o en cualquier otro lugar. 
Debemos trabajar además muy estrechamente con nuestros socios de los Estados Unidos. 
El Sr. Solana y yo mantuvimos una reunión muy constructiva con Marcie Ries, la representante estadounidense en Pristina. 
Todos coincidimos en que debíamos dejar absolutamente claro a los kosovares que estamos unidos en nuestra reacción ante estos sucesos. 
Por último, es absolutamente esencial que los líderes políticos de Belgrado y Pristina eviten hacer declaraciones provocadoras que solo pueden servir para exacerbar las tensiones. 
Los debates sobre el estatuto final son para otro día. 
La declaración de la semana pasada por parte del Parlamento serbio insistiendo en la soberanía permanente de Serbia y un sistema de cantones dentro de Kosovo ayudó muy poco, por decirlo suavemente. 
Tampoco ayudaron las declaraciones de los líderes albanokosovares en el período inmediatamente posterior a la violencia en el sentido de que no aceptarían nada que no sea la independencia. 
Siempre es tentador después de sucesos horribles como estos concluir que debemos acabar con nuestra estrategia e idear un nuevo plan. 
Voy a ser muy franco con la Cámara al respecto: no creo que podamos renunciar a insistir en un Kosovo en el que todos los grupos étnicos puedan vivir libremente y sin temor. 
Ni creo que debamos abandonar la idea de «normas antes que el estatuto». 
Por otra parte, no debemos dar a entender que el debate sobre el estatuto final se pospondrá indefinidamente. 
Esto podría producir un agravamiento de la tensión. 
Nada de lo que ha pasado a comienzos de este mes puede cambiar la geografía de Kosovo. 
Todos tenemos un interés común en garantizar que Kosovo no se convierta en un agujero negro en pleno sudeste europeo, donde florece el crimen organizado y se encona la división étnica. 
Tenemos que seguir trabajando pacientemente para un futuro a largo plazo. 
Sea cual sea el estatuto final de Kosovo, su futuro está en Europa. 
Sin embargo, las normas que insistimos que Kosovo debe aplicar y conforme a las cuales debe vivir no incluyen la rapidez con que se puede quemar la casa de los vecinos o destrozar la escuela o el hospital a que van los vecinos. 
Debemos dejar muy claro que la violencia no es un atajo a ninguna parte, y que si la gente sigue a líderes que propugnan la violencia, siguen a esos líderes a un futuro de pobreza y criminalidad, no a un futuro con el resto de Europa. 
Espero que se entienda este asunto y que la comunidad dé la espalda a la violencia y avance hacia la estabilidad, la prosperidad, la multietnicidad, el pluralismo y la democracia. 
– Señor Presidente, Comisario, para ser sincera, diré que la situación en Kosovo me hace sentir triste e impotente al mismo tiempo. 
En 1999, entramos en guerra para frenar la expulsión y la represión de los albaneses en Kosovo. 
Yo estuve a favor de esa intervención; después de todo, había realizado varias visitas al país y su gente desde 1990 y allí me había encontrado con toda suerte de barbaridades, incluida la tortura, llegando a sufrir el régimen del apartheid. 
No podía imaginar que los mismos albaneses que tanto habían padecido acabarían demostrando la misma actitud atroz hacia sus congéneres de otras nacionalidades, núcleos serbios, romaníes o ashkalíes. 
Pero así lo hicieron, cometiendo al final los actos criminales de violencia planeados. 
Mucha gente murió o adquirió el estatuto de refugiada, al tiempo que la herencia cultural fue profanada. 
Además, atacaron hospitales y escuelas, cuya construcción probablemente habíamos financiado nosotros, así como a la KFOR y la UNMIK. 
Es evidente quién estaba detrás de todo esto. 
Y creo que la población albanesa de la calle también lo sabe. 
La actitud de protesta y desvinculación del liderazgo albanés no me pareció demasiado enérgica o convincente. 
Este terrible acto de violencia supone un duro revés para Kosovo. 
¿Acaso es este el modo en que pretende adherirse a la Unión Europea, como ha dicho el Sr. Patten? 
Los criminales de esa zona no desean unirse a nosotros; no quieren convivir de forma civilizada. 
Tan solo les interesan los conflictos porque estos les dan vía libre para la corrupción y el crimen. 
Creo que la comunidad internacional no ha ejercido presión suficiente para permitir el regreso de aquellos serbios que lo deseen; no ha proporcionado todas las medidas necesarias para ello. 
A mí tampoco me gustaría volver a un enclave, ni tener que contar siempre con la protección de las fuerzas de la KFOR. 
Por eso considero que no se ha hecho lo suficiente a este respecto. 
Debemos recapacitar sobre este punto. 
El Gobierno de Belgrado ha impedido adrede que los serbios del lugar participen activamente en el desarrollo de Kosovo. 
Ha establecido estructuras paralelas ante el temor de que la participación de los serbios en Kosovo pudiera suponer un impedimento para su independencia. 
No creo que la política de «normas antes que el estatuto» sea la única alternativa; hasta ahora, nos ha llevado por mal camino. 
Sería más conveniente hablar de «normas y estatuto». 
Tenemos que solucionar las cuestiones relativas al estatuto. 
El barril de pólvora que es Kosovo no podrá ser controlado sin una visión de futuro de confianza. 
Un 60% de la población está formado por jóvenes, de los cuales un 50% no tiene trabajo. 
¿Cómo hacer frente a este problema cuando aparecen líderes que vuelven a complicarlo todo porque el futuro de Kosovo no está claro? 
Deberíamos pensar un instante acerca de si convendría paralizar la privatización y el apoyo a las empresas, ofreciendo ayuda financiera a aquellos empleos disponibles para albaneses y serbios como en la Serbia de Milosevic, de forma parecida al plan «petróleo por democracia». 
Asignemos ayudas financieras para este propósito; opino que es en este terreno en el que la Unión Europea puede demostrar su utilidad. 
Es preciso que las Naciones Unidas cedan más responsabilidad al Gobierno de Kosovo y que Belgrado acabe con sus estructuras paralelas. 
De este modo, los albaneses y serbios comprobarán por fin que solo podrán gobernar el país juntos y que solo juntos podrán unirse a Europa como un país en el que se ha instaurado la paz y una convivencia pacífica. 
De lo contrario, cualquier ayuda por nuestra parte resultará inútil. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, hay tres cuestiones que me llamaron la atención tras nuestra última visita a Pristina. 
En primer lugar, se ha progresado bastante en lo que respecta a la situación material. 
Me complace añadir además que esto se debe al excelente trabajo realizado por la Agencia de Reconstrucción. 
En segundo lugar, las Naciones Unidas están llevando a cabo una extraordinaria labor en la zona, si bien es cierto que tienen que hacer frente a numerosos obstáculos burocráticos. 
Así ocurre en el caso de los serbios, como se puede comprobar al observar la escasa colaboración real que existe entre los ministros del Gobierno de Rexhepi y al contemplar que todavía se mantiene una estructura paralela para los serbios. 
Pero esta afirmación se aplica sobre todo a los representantes de la mayoría albanesa en Kosovo. 
Dejando a un lado quizás las excepciones mencionadas por el Comisario, aún no se encuentran preparados para aceptar un Estado multiétnico, ni para aprobarlo desde el punto de vista verbal ni para convertirlo en una realidad. 
Usted afirma, Comisario, que es preciso iniciar las negociaciones cuanto antes, y la Sra. Pack señala que tenemos que negociar a la vez sobre el estatuto y las normas. En consecuencia, me veo en la necesidad de preguntar lo siguiente: ¿qué estamos haciendo en la Unión Europea para convencer al liderazgo albanés en Kosovo de que debe aceptar un Estado multiétnico? 
El Presidente en ejercicio del Consejo ha comentado que somos el donante más importante y que contamos con la presencia militar más destacada. 
¿Por qué tendría entonces que convencer al contribuyente europeo para que siga proporcionando dinero a un Estado cuyo único objetivo, o el de su liderazgo político, no es otro que el de crear en Europa un Estado étnicamente puro? 
Del mismo modo, ¿qué motivos hay para que subvencionemos y apoyemos a Belgrado si Belgrado no esta preparado para aceptar una entidad multiétnica común (por así decirlo) o un Estado multiétnico? 
Siempre he recomendado una línea de actuación destinada a conseguir la independencia de Kosovo, pero ¿acaso está el liderazgo albanés contribuyendo a que esto suceda mediante la creación de las condiciones apropiadas? 
A partir de los comentarios que acertadamente han realizado, Comisario, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, hemos de llegar a una conclusión obvia. 
En el peor de los casos, tendremos que retirar nuestro apoyo si consideramos que no se está actuando de forma correcta. 
No ayudaremos con bellas palabras porque, aunque puede que el liderazgo las oiga, no les hará ningún caso. 
Por esta razón, y a pesar de que estoy de acuerdo con lo que ha dicho, Comisario, y admito que está totalmente en lo cierto, opino que ahora debemos esperar que el Consejo y la Comisión –sobre todo el Consejo– no solo ofrezcan palabras, sino también medidas, en caso de que el liderazgo albanés y los serbios no estén preparados para colaborar en un proyecto conjunto por Kosovo. 
Y parece que esto todavía no ha sucedido. 
Espero realmente que el Consejo y la Comisión actúen en consecuencia. 
– Señor Presidente, los recientes sucesos en Kosovo demuestran, una vez más, lo frágil que es la paz en los Balcanes y nos hemos de preguntar cuáles son las razones de tal circunstancia. 
Hagamos memoria. 
Hace casi exactamente cinco años, la OTAN comenzó a bombardear Yugoslavia sin una declaración de guerra. 
Aunque todos los participantes en el Acta Final de Helsinki se comprometieron a reconocer el status quo territorial en Europa, el país quedó sistemáticamente desmembrado por fuerzas internas y externas siguiendo criterios étnicos; la República Federal de Alemania sentó el precedente con su precipitado reconocimiento de Eslovenia y Croacia. 
La rápida desintegración de la República Federal de Yugoslavia no supuso el final de los conflictos, sino que fue el origen de nuevas tensiones, que ahora vuelven a manifestarse en forma de sangrientos enfrentamientos en Kosovo. 
Lo que hace cinco años se esgrimió como el remedio contra la limpieza étnica, ha resultado ser justamente lo contrario. 
Miles de familias serbias han sido expulsadas de una provincia que, desde el punto de vista legal, continúa formando parte de Serbia, en gran parte hostigadas por fuerzas paramilitares del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) , calificado en su momento por los Estados Unidos como una organización terrorista. 
Además, suena muy extraño que el Sr. Solana, nuestro Alto Representante, arengue a los restantes serbios a ser valientes y tener el valor para superar estas dificultades. 
Se están cometiendo delitos y como tales deben ser considerados. 
La UE tiene que tener el coraje de elevar su voz de manera más resuelta en favor de una solución política compleja a largo plazo para Kosovo y para el conjunto de los Balcanes. 
Señor Presidente, Señorías, dejémonos de rodeos. 
La posibilidad de que esto ocurriera era conocida para todo el que haya venido siguiendo la situación en Kosovo a lo largo del último año. 
Del enorme cúmulo de informes y editoriales de los medios de comunicación se desprende la misma imagen manida: ausencia de perspectivas reales, carencia de esperanza, problemas socioeconómicos crecientes y la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) , que cada vez más está considerada una fuerza de ocupación en lugar de una fuerza de liberación, habiendo entrado a formar parte del problema y no de la solución. 
Yo también encuentro demasiado simplista culpar solamente a los extremistas. 
Por supuesto que se hallan detrás de los ataques –que a mi parecer también resultan repugnantes– contra los serbios, sus pueblos y sus iglesias, pero entre la población reina un sentimiento generalizado de desencanto y desconfianza, así como de agresividad. 
Por eso quiero reiterar aquí el llamamiento que el Parlamento ha efectuado en su último informe sobre esta región y que va dirigido a la Comisión y al Consejo: plantear un esbozo de cuáles son las opciones para el futuro y dejar claro cuáles son, en opinión de la Unión Europea son los distintos escenarios, pero no conviene demorarse demasiado. 
He de admitir que, personalmente, estoy a favor de las propuestas del denominado Comité de Kosovo independiente creado hace más de dos años, en cuyo seno se defendió la independencia condicional. 
A ese respecto, los kosovares que se encuentran detrás de dichos ataques han causado un gran perjuicio a sus compatriotas. 
Si los propios kosavares no son capaces de mantener controlados a los extremistas entre sus gentes, no cabe albergar ninguna esperanza de que se cree la condición más importante para la independencia: el respeto a las minorías. 
Lamento tener que decir esto, señor Roche, pero lo que usted ha manifestado es más de lo mismo y la política que usted defiende es la que ha provocado estos problemas. 
A mi juicio, el status quo –hacer lo que estamos haciendo ahora– ya no constituye una opción en estos momentos. 
No obstante, el mensaje de este Parlamento a los kosovares y a las autoridades de Kosovo debe ser igualmente claro: no dejen que su pueblo sea tomado como rehén por unos pocos perturbadores delincuentes. 
Sean valientes a la hora de rechazarlos; proclamen con mucha mayor rotundidad de lo que lo han hecho hasta ahora que es algo inaceptable, pero transmitan también este mensaje valeroso a sus gentes: Kosovo tiene que ser tolerante, o de lo contrario Kosovo dejará de existir. 
Señor Presidente, tal como hemos defendido y señalado a este Parlamento y al Consejo en repetidas ocasiones, las últimas tragedias acaecidas en Kosovo demuestran que la paz y la democracia no son cosas que se consigan con carácter eterno, ni siquiera en Europa, sino objetivos que hay que ratificar todos los días. 
No solo son la paz y la democracia las que están en peligro, sino también la dignidad de las personas y el respeto por una herencia cultural común. 
La destrucción de monasterios en Kosovo, perpetrada con el único propósito de destruir los símbolos de una cultura que tiene las mismas raíces que la Unión Europea, revela la existencia de una agenda política concreta en la base del terrorismo internacional y de la subsiguiente actividad guerrillera en algunos países, frente a la cual nuestra inercia no solo constituye un signo de peligrosa debilidad, sino también un presagio de futuras tragedias. 
La Unión tiene que incrementar su presencia en Kosovo y realizar un llamamiento a las autoridades albanesas, serbias y montenegrinas para que defiendan los derechos de las minorías y protejan los lugares culturales ortodoxos serbios. 
No tiene sentido haber protestado justificadamente con anterioridad contra la destrucción de los Budas por parte de los talibanes en el Afganistán, si luego los políticos y los intelectuales guardan un vergonzoso silencio acerca de la destrucción de tantas iglesias y monumentos ortodoxos, que pertenecen a una cultura que encarna los valores que nos empeñamos en proteger. 
Los valiosos frescos que durante siglos han adornado los templos y monasterios ortodoxos en la región balcánica son una herencia de la humanidad en su conjunto y hay que defenderlos y protegerlos contra cualquier riesgo de locura destructiva, como hemos manifestado en nuestra resolución. 
El Ministro de Asuntos Exteriores italiano ha acertado al habilitar más efectivos para la OTAN con el fin de reforzar el contingente encargado de mantener la paz y garantizar la seguridad. 
Por su parte, las Naciones Unidas deberían confeccionar un programa para reconstruir los recursos destruidos y para esbozar el estatuto final de Kosovo. 
Sin embargo, lo que deseamos también es una mayor presencia de Europa, y por eso queremos puntualizar que un ejército europeo, tal como propugna la Convención, constituye un objetivo que no puede posponerse ni un minuto más. 
– Señor Presidente, en 1999, Serbia, aplastada por los bombardeos de la OTAN, tuvo que renunciar a ejercer su soberanía en una parte de su territorio, Kosovo. 
En aquel momento, nuestros Gobiernos justificaron esta violación del Derecho internacional por la necesidad de evitar una depuración étnica de la población albanesa y por el proyecto de establecer en Kosovo una sociedad multicultural pacificada. 
Esta era, en particular, la ambición del Sr. Kouchner. 
Cinco años más tarde, la realidad desmiente de forma sangrienta esa utopía. 
Los miles de millones pagados por nuestros países, de los que hablaba el Sr. Patten hace un momento, los miles de soldados que enviamos allí, no impiden la depuración étnica por los musulmanes de los 200 000 serbios presentes aún en Kosovo. 
Nuestros dirigentes, más que redactar declaraciones apaciguadoras que absuelven tanto a las víctimas como a los culpables sin tomar partido por ninguno de ellos, deberían pensar en su responsabilidad. 
Sobre todo, deberían poner fin a esta violación del Derecho internacional a cuyo respeto tiene derecho Serbia como los demás Estados de la región, tanto más cuanto que nuestros pueblos no están a salvo de la tragedia que sufren hoy los serbios de Kosovo. 
Hace 60 años, los albaneses musulmanes no eran más que una minoría en esta provincia, que constituye el corazón histórico de Serbia. 
Algunos decenios de socialismo, de inmigración albanesa, de descenso de la natalidad entre los serbios invirtieron las proporciones: los serbios, convertidos en una minoría en su propia tierra, son finalmente expulsados de sus casas, de sus campos y de sus iglesias. 
Muchas regiones de nuestras naciones sufren el comienzo de este proceso. 
Algunos barrios, como aquí en Estrasburgo, incluso ciudades enteras, ahora de mayoría musulmana, escapan progresivamente a nuestras leyes para caer en manos de bandas organizadas, a las que sucederá la ley de la. 
El drama de Kosovo suena a advertencia. 
Camarada europeo, no preguntes por quién doblan las campanas. ¡Doblan por ti! 
Señor Presidente, creo que todo el mundo se ha sentido bastante conmocionado por las imágenes presenciadas de los recientes actos violentos en Kosovo, que evocan recuerdos de la situación que vivimos durante la década de 1990. 
Lo que realmente ha sido positivo ha sido la velocidad de respuesta por parte de la comunidad internacional, y de la Unión Europea en particular, así como de diversos Estados miembros de la UE que rápidamente han reforzado los efectivos militares en aquel territorio y han conseguido frenar una mayor escalada de la violencia. 
Muchas personas aquí ya han manifestado que debemos seguir alentando a los responsables en el propio Kosovo, así como a la población de Serbia y, posiblemente también de Albania, para que participen en la búsqueda de una solución viable. 
Me adhiero a los comentarios formulados por otros compañeros diputados denunciando el punto muerto en que ha quedado sumido Kosovo. 
A consecuencia del mismo, muchas personas no aciertan a vislumbrar una salida; esta situación proporciona una oportunidad para actuar a quienes desean ocasionar disturbios y han creado los problemas recientes. 
Creo que tenemos que prestar una atención especial a la situación socioeconómica. 
Los elevados niveles de paro en el país están obstaculizando gravemente la posibilidad de hallar una solución a los problemas. 
Sin embargo, sigo estando convencido de que debemos continuar trabajando en favor de una sociedad en la que los dos grupos étnicos puedan colaborar y vivir juntos, y mantengo asimismo la opinión de que se debe pedir cuentas a los grupos étnicos acerca de sus responsabilidades. 
Sin embargo, la respuesta a la pregunta sobre cuál debe ser la condición definitiva de Kosovo solo puede proporcionarse una vez que hayamos logrado una especie de estabilidad interna que genere confianza, y que exista el convencimiento de que los dos grupos étnicos pueden vivir juntos pacíficamente. 
Mientras no llegue ese momento, me temo que la comunidad internacional, nosotros mismos, dicho con otras palabras, tendrá que permanecer allí y tendrá que actuar regularmente como ha venido haciéndolo en las últimas semanas. 
Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Patten en que este es un peligro europeo que exige una respuesta europea. 
No podemos permitir que se genere un agujero negro en esa parte de Europa, y esa es la razón por la que resulta tan importante para nosotros haber respondido en la forma en que lo hemos hecho. 
No obstante, también deberíamos pensar en lo que podría ser una actuación más dura en el futuro a fin de garantizar la consecución de la disolución del punto muerto al que antes me he referido. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, permítanme en primer lugar afirmar rotundamente que condeno todas las formas de violencia. 
Proclamo con la misma claridad que estoy totalmente a favor de un Kosovo multiétnico. 
Preferiría llamarlo Kosova, que es el término albanés para Kosovo. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Lagendijk al afirmar que era inevitable que, tarde o temprano, estallara la violencia en Kosova. 
Cualquiera que haya visitado alguna vez la ciudad dividida de Mitrovica sabe que era muy fácil que se produjera una sublevación. 
Resultaba fácil prever las revueltas y los linchamientos por las multitudes. 
Por tanto, es necesario bajarles los humos a los halcones entre los albano–kosovares. 
Para ello tenemos que eliminar los traumas. 
Traumas del pasado, traumas del éxodo de 1999, los traumas que aún persiguen a los albano–kosovares en cuanto a los casi 4 000 amigos, conocidos, hermanos, hermanas, padres y madres desaparecidos. 
Todavía se echa en falta cuatro mil personas. 
O han desaparecido o se encuentran aún encerradas en las prisiones serbias con acusaciones muy poco concretas. 
Traumas también del presente. 
¿No es cierto que, en la región norte, la comunidad internacional está, de hecho, aplicando el pacto secreto entre Milosevic y los generales rusos por el cual el norte de Kosova quedaba convertido realmente en territorio serbio? 
Se mire como se mire, los albano–kosovares de Mitrovica, 85 % de la población, siguen siendo rehenes de los serbios. 
La tasa de paro en la zona albanesa es dos veces y media más alta que en la serbia. 
La población albano–kosovar de Mitrovica en la parte meridional gana dos veces y media menos que los serbios en la parte septentrional. 
La postura oficial de la comunidad internacional sigue siendo la de antes que estado. 
Por tanto, me gustaría abogar por un planteamiento de «ambos a la vez». Tenemos que procurar tanto los como el estado. 
Solo un Kosovo independiente podrá aportar una auténtica paz a la región. Al menos, mientras los albano–kosovares respeten también el planteamiento de pluralidad étnica. 
He recibido cinco propuestas de resolución para finalizar este debate de acuerdo con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento del Parlamento. (1) 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
. – Los recientes sucesos en Kosovo han completado la limpieza étnica, merced a la expulsión de los serbios y los gitanos que quedaban y a la incautación de sus bienes. 
Se está promoviendo la separación de Kosovo respecto de Serbia y la creación de un Estado independiente, tal como propugnan las organizaciones a favor de la autonomía de los albano–kosovares desde un principio, salvaguardando la pureza de la población de habla albanesa. 
El instigador y principal cómplice de este crimen contra cientos de miles de serbios y gitanos es la OTAN, junto con la UE, que dio su consentimiento a la intervención y a los bombardeos. 
La fuerza internacional de la OTAN, constituida en Kosovo con el fin de aplicar la resolución 1441 del Consejo de Seguridad, en vez de desarmar a las bandas de facinerosos del Ejército de Liberación de Kosovo, que es lo que tenía que haber hecho, las convirtió en el Cuerpo de Protección de Kosovo. 
La situación actual en Kosovo y la tragedia de Yugoslavia en general revelan la magnitud del crimen cometido durante la década de 1990 contra el pueblo yugoslavo y la hipocresía de las declaraciones sobre la protección de los derechos humanos por parte del Gobierno electo del Presidente Milosevic, realizadas por las fuerzas invasoras cuando intervinieron, impidiéndole que mantuviera el orden y protegiera a los habitantes de Kosovo (de todas las nacionalidades) contra la actuación del UCK. 
Los Diputados del Partido Comunista de Grecia condenamos a los responsables de esta tragedia y expresamos nuestra solidaridad con la lucha del pueblo yugoslavo para expulsar a los invasores. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5–0133/2004) de la Sra. Keppelhoff, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos. 
. Señor Presidente, me complace que el Parlamento Europeo haya logrado emitir una opinión sobre la propuesta de la Comisión sobre higiene de los piensos a tiempo para este periodo parcial de sesiones. 
A pesar de que la propuesta de la Comisión se aprobó en abril de 2003, sé que el trabajo en el Parlamento no se inició hasta el otoño pasado y por ello quiero felicitar a la Sra. Keppelhoff-Wiechert por su arduo trabajo en torno a este informe en un periodo de tiempo tan breve. 
La ausencia de normas claras, aplicables a la higiene de los piensos es uno de los últimos grandes «eslabones perdidos» para completar el sistema de seguridad alimentaria «del prado al plato». 
Me referiré brevemente a tres aspectos principales de la propuesta. 
En primer lugar, preveía el registro obligatorio de todas las empresas de piensos ante las autoridades competentes de los Estados miembros. 
En segundo lugar pretendía mejorar la calidad de la higiene mediante la aplicación de los principios HACCP (puntos de control crítico) para los explotadores de empresas de piensos en todos los niveles salvo la producción primaria. 
La propuesta también preveía que los explotadores de empresas de piensos establecerían garantías financieras para cubrir riesgos empresariales como los costes derivados de la retirada de productos del mercado. 
Me complace que haya habido una estrecha cooperación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión para buscar un compromiso factible con vistas a lograr un acuerdo en primera lectura en relación con esta propuesta. 
. – Señor Presidente, Comisario Byrne, Señorías, como ponente en el tema de piensos e higiene, he seguido de cerca los debates en dos comisiones, no solo en la principal –la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor–, sino también en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que actúa de asesora, y quiero decir a la Cámara que, como ponente en el tema de la higiene de los piensos, en principio doy la bienvenida a los esfuerzos por parte de la Comisión para mejorar aún más la higiene de los piensos con carácter general. 
Desde el establo hasta la mesa, los criterios para la producción de nuestros alimentos deben estar definidos muy claramente. 
Dejando a un lado el perjuicio que han supuesto para los alimentos, los escándalos alimenticios en los últimos años –por ejemplo la EEB, la dioxina o el nitrofeno– han costado al contribuyente europeo una suma considerable de dinero en términos de productos retirados del mercado. 
Por eso acojo con alegría el hecho de que –como ha dicho el Comisario Byrne–, el coste de las retiradas no sea soportado, según el Reglamento presentado, por el Presupuesto europeo en su conjunto, sino, y de manera más estricta, por los explotadores de empresas de piensos, esto es, no tendrán que pagar los contribuyentes, sino los infractores. 
Creo que esa es una razón por la que el Reglamento tiene que definir con gran precisión qué es un «explotador de empresas de piensos». 
No creo que exista ninguna discusión acerca de la necesidad de no obligar a suscribir un seguro a los agricultores productores de cereales o cualquier otro pienso básico. 
Los clientes de la industria de fabricación de piensos están en condiciones de analizar y catalogar la cebada, el centeno o el maíz que se les suministra. 
Sobre la base de lo que continuamente se me viene informando, creo que las explotaciones más pequeñas de piensos, ya sea para suministro de terceros o para alimento de su propio ganado, deben quedar exentas del cumplimiento de este Reglamento, que sin embargo resultaría aplicable si se mezclaran aditivos, ya sea por el propio agricultor, por el fabricante de piensos o por un molino ambulante que llegue a las granjas para tal fin. 
No es de recibo que se hagan leyes en nombre de la cobertura de seguro preventivo, algunas de las cuales resultan imposibles de cumplir en la realidad. 
Sigo creyendo que lo que pidamos en el plano político no debe ignorar la realidad de la vida, y eso resulta especialmente aplicable a los valores umbral para sustancias no deseadas cuando se mezclan o se transfieren, que cada vez se basan más en lo que resulta factible a nivel analítico. 
Permítanme reiterar que ustedes habrán perdido el contacto con la realidad si pretenden detectar un terrón de azúcar en el lago Constanza. 
En cada vez mayor medida, los valores umbral se determinan por referencia a lo que puede realizar la analítica moderna, en vez de al riesgo potencial, y deberíamos centrarnos en el peligro real que entraña para los consumidores. 
Las compañías de seguros han expuesto de forma rotunda durante una audiencia con la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que, en ausencia de una definición clara de lo que significa «riesgo» , los costes implicados en las garantías financieras resultarían bastante complejos de calcular y que ellas tendrían serias dificultades para estimarlos. 
Mi recomendación a los fabricantes es que deberían comenzar por un seguro voluntario. 
Esa es la razón, señor Comisario, por la que yo como ponente he abogado en el artículo 8 por un estudio de viabilidad sobre garantías obligatorias y no obligatorias, y si conseguimos disponer de uno en el plazo de 12 meses, estoy segura de que estaremos en condiciones de mirar hacia el futuro. 
Este estudio de viabilidad no solo debería analizar las disposiciones nacionales actualmente en vigor y los sistemas y prácticas relacionados con las responsabilidades en el sector de los piensos y ámbitos similares a nivel nacional, sino que debería formular recomendaciones en cuanto a un sistema de garantías, factible y viable, a nivel de toda la UE. 
Así que permítanme volver a manifestar que solo deberíamos exigir en el plano político lo que sea factible en la práctica. 
Aprovecho esta oportunidad para hacer extensivo mi cordial agradecimiento a todos los Diputados de esta Cámara que han colaborado con nosotros para llevar a cabo una labor seria y constructiva en este tema, en concreto también a los representantes de la Comisión, con los que hemos celebrado debates realmente provechosos, y a la Presidencia irlandesa del Consejo por su válida cooperación y especialmente por su análisis enormemente realista de lo que es y no es viable. 
Estoy sobre ascuas por ver lo que sucede a continuación y si somos capaces realmente de llegar a un acuerdo tras la primera lectura. 
. – Señor Presidente, doy las gracias a la Sra. Keppelhoff-Wiechert por su informe y también por escuchar las ideas que formulé en la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Todos reconocemos la necesidad de que los piensos sean seguros. 
Si la alimentación de los animales es segura, entonces los consumidores se sienten seguros al comer productos animales. 
Si bien reconocemos la necesidad de poder identificar y aislar a todos los productores y empresas de piensos implicados en la cadena de producción de comida, creo que debería hacerse sin añadir otro nivel de registro. 
Reconocemos la necesidad de una identificación completa de todos los explotadores de empresas de piensos, incluidas las explotaciones agrícolas, mediante la adaptación de los sistemas de regulación vigentes para permitir a las autoridades competentes la inspección de las empresas. 
Sin embargo deberían utilizarse en lo posible los sistemas de regulación nacionales que ya están en vigor y que funcionan con otros objetivos, para evitar una duplicación y regulación innecesarias. 
Actualmente, la mayoría de las explotaciones agrícolas pueden identificarse mediante su participación en estos mecanismos. 
Acojo favorablemente las propuestas de la Comisión por las cuales se exigirá que las empresas de piensos, excepto las relacionadas únicamente con la producción primaria, adopten los principios del establecimiento de puntos de control crítico. 
El HACCP es un método de identificación de riesgos potenciales y de garantía de la existencia de estrategias de control apropiadas, y yo lo acojo favorablemente. 
Como ha mencionado la Sra. Keppelhoff-Wiechert, el ámbito que más nos preocupa en las propuestas de la Comisión es el uso de garantías financieras. 
Todas las empresas de piensos, incluidas las explotaciones agrarias, tendrían que cumplir un nuevo requisito, el de establecer garantías financieras para cubrir el coste de la retirada de productos en caso de que se produzca un incidente de seguridad alimentaria. 
Este se limitaría a la retirada, tratamiento y posible destrucción de los productos. 
Después de consultar al sector agrícola, los fabricantes de piensos y el sector de los seguros, pensamos que las consecuencias de la introducción de garantías financieras no ha sido suficientemente analizado. 
No se ha desarrollado adecuadamente con la industria la viabilidad de las garantías financieras o las políticas de seguros y no está claro si este tipo de garantías estarían disponibles en el sector de los seguros. 
Tampoco están claros los costes que implicaría un sistema de garantía para los fabricantes de piensos y las explotaciones agrarias. 
Por ello, quisiéramos que la Comisión examine esto con más detalle antes de presentarlo. 
Finalmente, nos preocupa mucho que los piensos que proceden de fuera de la Unión Europea también cumplan estos criterios tan estrictos. 
– Señor Presidente, pido disculpas a la Sra. Keppelhoff-Wiechert por no haber estado presente durante su intervención. 
Fuera se está celebrando una asamblea de los ferroviarios despedidos recientemente, y ahí es donde me encontraba. 
Lamento que no hayamos podido llegar a un pleno acuerdo de compromiso sobre el tema central que nos ocupa, el único que tengo tiempo de abordar. 
Como el Sr. Parish, he escuchado y prestado bastante atención al temor de no haber creado realmente un mercado o ensayado un mercado en materia de seguros. 
Sin embargo, creo que en la última reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, con compromisos razonables por ambas partes, llegamos a una posición en la que un estudio de 12 meses podría comportar, y yo creo que comportará, una evaluación correcta del modo en que se contratan seguros. 
Sé que esto empuja a la Comisión más allá de lo que le gustaría ir en un mundo ideal. 
Sin embargo, dado que la inmensa mayoría de los Estados miembros y el Consejo asumen esta opinión o una más estricta en los términos de la propuesta, si vamos a lograr algún tipo de acuerdo en primera lectura debe haber una indicación, quizás ya ha sido así, de que seguiremos esa línea. 
Personalmente, no estoy a favor de un sistema que apuesta por el voluntarismo Estado por Estado, y mi Grupo tampoco lo está. 
Todos conocemos las lecciones de la historia de los problemas alimentarios. 
El suministro de comida y piensos a lo largo de los años desde que empezamos a introducir una ley general sobre alimentos y piensos indica que necesitamos medidas que se apliquen en toda la Comunidad. 
No es bueno decir que cualquiera puede autoexcluirse de estas medidas. 
Espero que la ponente vea cómo después de un estudio adecuado y un espacio de tiempo razonable, y para mí esto significa 12 meses, llegaremos a esa posición. 
Espero, por su parte, que la Comisión pueda también aceptarlo. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias nuevamente a la ponente, la Sra. Keppelhoff-Wiechert y a todos aquellos que han sacado adelante este importante expediente. 
Basado en el excelente trabajo realizado y el diálogo informal a tres bandas entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, existe, espero, un acuerdo suficiente entre las tres instituciones para alcanzar una solución en primera lectura. 
Entiendo la opinión expresada en esta Cámara a favor de las garantías financieras. 
Sin embargo, también he de tener en cuenta la opinión del Consejo, donde hay una mayoría cualificada a favor de eliminar la disposición sobre las garantías. 
Para mí está claro que si queremos alcanzar un acuerdo en primera lectura, esta Cámara tendrá que apoyar la enmienda sobre la eliminación de las garantías de acuerdo con el compromiso propuesto. 
La Comisión podría presentar después un informe sobre todos los aspectos de la situación. 
Esto permitiría la consulta completa de todos los agentes económicos y las partes interesadas. 
Debo decir que un factor muy persuasivo es el hecho de que el sector de los seguros de toda la Comunidad, incluida la Comunidad ampliada, no está preparado para ofrecer garantías financieras obligatorias de carácter general. 
No tiene mucho sentido introducir una legislación si no podemos asegurar su cumplimiento efectivo. 
Por eso recomiendo encarecidamente a la Cámara que apoye la enmienda relativa a las garantías; de otro modo se perderá una oportunidad de oro para un acuerdo en primera lectura. 
Sobre la base del compromiso alcanzado, entiendo que la ponente ha presentado enmiendas que la Comisión puede aceptar, facilitando de esta forma la conclusión en primera lectura. 
Por último, quiero decir que se facilitará al Parlamento un listado completo de la posición de la Comisión sobre las enmiendas. 
Confío en que se incluirá en las actas literales de este periodo parcial de sesiones (1). 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5–0147/2004) de la Sra. Thors, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. 
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a la ponente, la Sra. Thors, y a la ponente de opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, la Sra. Corbey, por su ardua labor en torno a esta propuesta legislativa, en la que estamos cerca de un acuerdo en primera lectura, después de un rápido y constructivo diálogo interinstitucional. 
Permítanme destacar los elementos principales de la propuesta de la Comisión para sustituir la directiva marco de 1989 sobre materiales y artículos que entran en contacto con los alimentos. 
En primer lugar, la propuesta amplía el ámbito del Reglamento para incluir tipos de envase innovadores, llamados «activos» e «inteligentes» , y establece el marco legal general para su uso seguro. 
Establece los principios generales de seguridad y etiquetado y permite que, si es necesario, se adopten normas adicionales para la aplicación de las medidas. 
En segundo lugar, la propuesta mejorará la trazabilidad y el etiquetado de los materiales y los artículos destinados a entrar en contacto con alimentos. 
En tercer lugar, aumenta la transparencia y la seguridad jurídica de los operadores describiendo el procedimiento para la autorización de las sustancias utilizadas para los materiales que entran en contacto con los alimentos. 
Finalmente, la propuesta ofrecerá la posibilidad de adoptar no solamente directivas sino también decisiones o reglamentos, puesto que estos últimos son más adecuados para ciertas disposiciones como las listas de sustancias autorizadas. 
La propuesta redunda en interés tanto de los consumidores como de la industria. 
Mejoraría la armonización de diferentes sectores de materiales en contacto con los alimentos, incluidos los materiales reciclados y los envases activos e inteligentes. 
Deseo dar las gracias particularmente a la Sra. Thors por su intenso esfuerzo por aprobar la propuesta en primera lectura. 
La Comisión apoya estos esfuerzos. 
Por tanto, podemos aceptar todas las enmiendas que forman parte del paquete de compromiso, resultado de un estrecho contacto entre las tres instituciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, estamos a punto de asistir a la aprobación de un sistema para el envasado de alimentos. 
Más parece un acto simbólico, ya que casi hemos finalizado toda la labor jurídica que rodea al Libro Verde sobre Legislación Alimentaria. 
Después de todo lo que hemos resuelto satisfactoriamente, nos disponemos a crear ahora un marco global. 
Espero que lo logremos. 
Quiero resaltar que lo que nos ocupa aquí es la aprobación de los principios que han de aplicarse al material que está en contacto con los alimentos. 
No estamos aprobando materiales nuevos como tales, sino dictando la secuencia de eventos de ahora en adelante. 
En mi opinión, el hecho de que estemos sentando directrices y estableciendo límites a lo que se ha de aprobar constituye un ejemplo de buena legislación. 
También en el futuro tendrán que aprobarse en muchas ocasiones embalajes que tengan en cuenta las sustancias y los alimentos concretos para los que van a ser utilizados. 
Por ejemplo, ¿cuál es el contenido en grasa del alimento con el que está en contacto el material? 
Puedo asegurarles a los consumidores que seguiremos teniendo cuidado para que, por ejemplo, los plásticos blandos no liberen ftalatos. 
Como ha dicho el señor Comisario, existen tres nuevos desarrollos principales: la nueva administración, y por tanto la transparencia, que resulta de la creación de una Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, los nuevos principios incorporados a la legislación alimentaria, y, por último, la oportunidad de aprobar los embalajes activos e inteligentes. 
Una mayoría en el Parlamento parece estar dispuesta a aceptar el envasado activo, es decir, el envasado capaz de absorber oxígeno y humedad de la atmósfera o liberar antioxidantes. 
Algunos proyectos de investigación han venido a demostrar, por ejemplo, que los tomates y la fruta conservan su aspecto característico durante más tiempo dentro de un envase activo. 
Si se utiliza de forma correcta, creo que verdaderamente pueden conllevar una reducción de los aditivos. 
Eso sería provechoso, ya que nos preocupa la posible vinculación de los aditivos con el creciente número de alergias. 
Yo personalmente prefiero un envase activo alrededor de mi pan. 
Me ha ocurrido toparme con un envase no abierto al cabo de dos años y encontrar el pan totalmente inalterado. 
Como hemos manifestado, el envasado activo e inteligente debería reportar ventajas tanto para el consumidor como para el fabricante. 
También puedo imaginar situaciones en las que tal envasado nos ayude a ahorrar energía, algo que desde luego resultará valioso. 
Una de las condiciones para otorgar nuestra aprobación a los nuevos tipos de envasado es que sean compatibles con la legislación comunitaria en general. 
Las sustancias que han recibido autorización para estar en contacto con los alimentos deben ser aprobadas y el envasado activo no debe inducir a error al consumidor. 
Un mal olor no debe encubrirse con otro aroma. 
El envasado inteligente nos puede proporcionar información acerca de la forma en que ha estado almacenado el alimento y, por tanto, revelar si lo ha estado de forma apropiada. 
Sabemos, por ejemplo, que determinados alimentos ahumados pueden resultar difíciles de almacenar de manera correcta. 
Esperemos que, en el futuro, el envasado inteligente evolucione para mostrar, por ejemplo, qué tratamiento ha recibido el pescado ahumado y si dicho tratamiento ha sido el adecuado. 
Como ha dicho el señor Comisario, celebraremos debates sobre el reciclado de los materiales, ya que los requisitos se han hecho más estrictos en cuanto a la utilización de plástico, metal y papel en los envasados. 
Es importante que se aprueben nuevas disposiciones, respaldadas por este Reglamento, y que nosotros sepamos con certeza que es necesario aprobar el envasado de los alimentos a fin de asegurar que es inocuo. 
Se aprobarán más reglamentaciones relativas a la trazabilidad, soportadas por la legislación previamente aprobada y coherentes con ella. 
En su trabajo, el Parlamento ha intentado resaltar que la información a conservar sea la necesaria para investigar los problemas que puedan surgir más adelante. 
Creo igualmente que las disposiciones acerca de la trazabilidad que estamos presentando ahora son importantes a fin de que todas las partes gocen de las mismas oportunidades para ser proveedores de las grandes cadenas de establecimientos de alimentación. 
Me complace haber elaborado una legislación clara que rija la terminología utilizada y el acceso público a los registros. 
Ese aspecto de la propuesta de la Comisión no quedaba totalmente claro. 
En el caso de que hubiera existido un número mayor de disposiciones sobre el asunto de las reglamentaciones inequívocas y obligatorias para promocionar una administración razonable, probablemente habríamos evitado una serie de enmiendas. 
Sin embargo, no ha sido ese el caso. 
Por tanto, tenemos que clarificar las cosas aquí y ahora. 
Por mi parte, lamento el hecho de que el Consejo y la Comisión no quisieran aprobar el carácter independiente de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. 
Espero que podamos aprobar este informe tras una sola lectura. 
Eso sería así en el caso de que votáramos a favor de los bloques uno y dos. 
Eso estaría en consonancia con la posición a la que habíamos llegado en nuestras negociaciones con el Consejo y con lo que el COREPER ha aprobado la semana pasada. 
Sin embargo, no veo ningún motivo para aprobar la enmienda 17. 
Quiero dar las gracias a la Comisión y al Consejo por su positiva colaboración. 
Sin embargo, por encima de todo deseo expresar mi enorme agradecimiento al Secretariado de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, así como a nuestra atenta funcionaria, Sra. Köykkä, por su excelente labor. 
Ha sido un placer colaborar con ella. 
. Señor Presidente, señora Thors, muchas gracias por su trabajo. 
Considero que sería una idea estupenda concluir este tema con un acuerdo tras la primera lectura. 
Se trata de un asunto bastante técnico, pero creo que podremos avanzar. 
El mercado interior obliga a armonizar los Reglamentos para la industria alimentaria y para el envasado. 
Los nuevos desarrollos exigen nuevas normas. 
Los materiales y objetos activos e inteligentes son precisamente desarrollos nuevos. 
Los materiales activos interactúan con los alimentos para mantener o mejorar sus condiciones durante el almacenamiento y para prolongar su tiempo de conservación. 
Los materiales inteligentes se están diseñando para que proporcionen información acerca de las condiciones de los alimentos. 
Un posible desarrollo es un material de envasado que cambie de color cuando la leche que contiene se corte o el alimento en su interior comience a estropearse. 
Todos estos son desarrollos interesantes y la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía apoya incondicionalmente las propuestas de la Comisión, aunque se reserve algunos comentarios acerca de estos desarrollos. 
En primer lugar, los materiales activos e inteligentes no deben utilizarse para confundir al consumidor. 
Existen las posibilidades de hacerlo, pero queremos manifestar con toda rotundidad que ese no es el propósito. 
En segundo lugar, la trazabilidad es necesaria, pero nuestra Comisión cree que no es preciso retrotraerla hasta el árbol del que se ha fabricado una bolsa de papel. 
Basta con un buen sistema. 
En tercer lugar, las consecuencias para los socios comerciales no tienen que ser injustas y no deben levantarse innecesariamente barreras comerciales, sobre todo para los países en desarrollo. 
Entiendo que se han propuesto algunas soluciones a este respecto. 
Por último, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía propugna la eliminación de las barreras para la utilización de materiales reciclados. 
No podemos tener una situación en la que, por una parte, se promueva el reciclado y por la otra no se permita la presencia de materiales reciclados en el mercado. 
La seguridad alimentaria constituye lógicamente el criterio de medida en este ámbito. 
Resumiendo, nuestra Comisión desea ver la utilización de tecnologías modernas en bien del consumidor y del medio ambiente. 
– Señor Presidente, doy las gracias a la Sra. Thors por este informe y todo el trabajo invertido en el mismo. 
Confirma mi opinión, ya de por sí muy buena, de su talento parlamentario. 
Será una triste pérdida para el Parlamento cuando regrese a Finlandia. 
Aquí tenemos un envase activo e inteligente de una propuesta de la Comisión. 
Ha cosechado un amplio apoyo en nuestras comisiones y en las respuestas del Consejo y de la Comisión, lo que pienso que es muy constructivo. 
Si pudiésemos hacerlo más a menudo, la vida de todos sería más sencilla. 
Una era hasta qué punto sería posible la trazabilidad. 
Me complace que la Sra. Thors haya aceptado mis enmiendas. 
Acepto su consejo de que no debemos votar a favor de la enmienda 17. 
Si me hubiese dicho que lo hagamos de otra forma, lo habría hecho. 
Creo que debemos tener en cuenta la cuestión de la transparencia pública en este ámbito. 
Otro aspecto sobre el que preocupa un poco a algunos de nosotros, y que aparece de cuando en cuando en estos debates, es el papel preciso de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA). 
De cuando en cuando vuelve a mencionarse el mantra de que habrá una referencia a la AESA, de que hará esto o aquello. 
Supuestamente el director ejecutivo de la AESA iba a hablarnos esta semana. 
La comparecencia se ha pospuesto. 
Cuando avanzamos hacia una mayor seguridad alimentaria, una mayor seguridad en los envases de comida, un mejor etiquetado, etc. no deberíamos requerir a la AESA a hacer todo el trabajo. 
Cuando hay una medida de derogación incorporada, parece que todos los Estados miembros están razonablemente felices con ella. 
Cuando la Comisión ha hecho un buen trabajo, deberíamos avanzar y ver hasta qué punto las instituciones existentes pueden hacerlo por sí mismas. 
Deseo lo mejor a este informe y lo mismo a la Sra. Thors. 
Señor Presidente, ante todo tengo que decir lo mucho que lamento haber llegado tarde al debate, al no haber podido escuchar la presentación de la ponente. 
Ruego me disculpe, pero el debate ha comenzado un poco antes de lo programado. 
Hemos optado por aceptar el compromiso alcanzado. 
Creemos que es razonable, aun cuando nos habría gustado que hubiera profundizado algo más en ciertos aspectos, por ejemplo a la hora de tratar el contenido del artículo 17. 
De todas formas hemos decidido aprobar el compromiso. 
Somos bastante escépticos en cuanto a los materiales activos e inteligentes. 
No obstante, creemos que el compromiso es válido globalmente, ya que constituye una franca mejora respecto de la propuesta original. 
Se trata de un avance constructivo en este recorrido. 
Por último, quiero resaltar que, a nuestro parecer, la trazabilidad es muy importante. 
– Señor Presidente, la propuesta de la Comisión insiste en la introducción de dos nuevos tipos de envases destinados a entrar en contacto con los alimentos: los envases denominados «activos» , que liberan agentes conservantes en los alimentos, y los envases denominados «inteligentes» , que alertan a los consumidores cuando los alimentos están estropeados o presentan cualquier propiedad indeseable. 
Aunque la ponente ha intentado mejorar las normas en materia de etiquetado, los procedimientos de toma de decisiones, incluido el procedimiento de autorización por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) , y el acceso a los documentos públicos, el informe sigue siendo, en su estado actual, inaceptable para los Verdes. 
Mientras la legislación comunitaria sobre los aditivos alimentarios está regulada hasta el más mínimo detalle, la propuesta de la Comisión introduce solo un marco general de procedimiento, dejando un amplio espacio a la comitología. 
Sigue estando la puerta abierta a la introducción de envases activos sin encuadrar de forma estricta las sustancias específicas. 
Luchamos desde hace mucho tiempo contra la exposición cada vez mayor de los consumidores a una multitud de aditivos y rechazamos su ampliación, nefasta para la salud. 
Por ello, los Verdes piden que se rechace la autorización de los envases activos, cuyas consecuencias desconocemos, que se compruebe que ningún producto tóxico se encuentra en los envases activos, que se aplique estrictamente la legislación comunitaria sobre los aditivos alimentarios en caso de autorización de nuevos envases alimentarios. 
Si nuestras propuestas son rechazadas, nos veremos en la obligación de votar en contra de este informe que no valora suficientemente las consecuencias posibles para la salud de los consumidores. 
¿Para cuándo la retirada urgente de algunos futuros tipos de envases? 
. Señor Presidente, permítame subrayar una vez más mi aprecio por el excelente trabajo de la Sra. Thors y celebrar el progreso que se ha hecho. 
Tras solo tres meses de colaboración fructífera entre las tres instituciones, estamos hoy muy cerca de un acuerdo en primera lectura. 
Si se consigue, ciertamente será un récord en lo que al tiempo se refiere. 
La Sra. Thors ha hecho referencia en su anterior intervención a la práctica culminación del trabajo que hemos emprendido: la necesidad de establecer la legislación a la que se hace referencia en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria. 
Me alegra decir que casi hemos completado el trabajo. 
Quizás podemos reflexionar y felicitarnos sobre nuestro arduo trabajo a lo largo de los últimos cuatro años y medio, durante los cuales hemos trabajado bien juntos para lograr estos resultados. 
Comprendo el deseo del Parlamento de acelerar la propuesta de la Comisión sobre los plásticos reciclados. 
Aprecio también las aclaraciones dadas sobre ciertos aspectos, especialmente sobre la trazabilidad, el procedimiento de autorización y las disposiciones sobre los envases activos e inteligentes. 
Para concluir, me complace aceptar el paquete de compromiso completo. 
Creo que no me equivoco al decir que este es el último informe de la Sra. Thors; por ello, permítanme felicitarle por él y por su trabajo en el Parlamento, y desearle lo mejor para su futura carrera profesional. 
Muchas gracias, señor Comisario.El debate queda cerrado.La votación tendrá lugar mañana miércoles a las 12.00 horas. 
. – Aunque, sin lugar a dudas, los alimentos procedentes de los países más diversos que se encuentran en las estantes de nuestros supermercados suponen un enriquecimiento para nosotros, los consumidores quieren poder confiar en que los productos están en buenas condiciones y son de alta calidad, y nosotros tenemos que crear las condiciones para que lo puedan hacer. 
Como ponente del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata–Cristianos) y Demócratas Europeos, doy la bienvenida a la revisión de la Directiva marco 89/109/CEE y las gracias a la Sra. Thors por su buena cooperación. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata–Cristianos) y Demócratas Europeos ha solicitado una serie de enmiendas vitales con el fin de hacer los envases, y por tanto los alimentos, más seguros en el futuro. 
Por mucho que acojamos con satisfacción la propuesta de un sistema de etiquetado que utilice el rótulo «apto para estar en contacto con los alimentos» o el símbolo estilizado de un vaso y un tenedor, exigimos que se realice una excepción para aquellos objetos de los que no quepa duda están pensados para entrar en contacto con los alimentos (por ejemplo, copas, vasos, etc.) , evitando de esa manera una burocracia excesiva. 
Aceptamos con satisfacción también la ampliación del principio de trazabilidad a los materiales utilizados, aunque eso no debe traducirse en una reglamentación excesiva; carecería de sentido, por ejemplo, que todos los objetos de embalaje de papel tuvieran que indicar el origen de cada árbol. 
Dado que siempre hay mezclas, no resulta técnicamente factible. 
Siempre que el Pleno acceda a estas peticiones, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata–Cristianos) y Demócratas Europeos respalda el compromiso negociado con el Consejo. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0172/2004) del Sr. Goodwill, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero (COM (2003) 492- C5-0397/2003- 2003/0189 (COD) ). 
. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Parlamento Europeo y particularmente al ponente, el Sr. Goodwill, por el trabajo realizado en torno a este informe sobre la propuesta de Reglamento de la Comisión relativo a determinados gases fluorados. 
Agradezco el enfoque constructivo mostrado por el Parlamento y el ponente sobre una serie de elementos de esta propuesta legislativa altamente técnica. 
Saben que esta propuesta puede ayudar a la Unión Europea a cumplir los compromisos adquiridos en Kioto. 
Los gases fluorados, tal como se definen en el Protocolo de Kioto, totalizaron 65 millones de toneladas equivalentes de CO2, es decir, el 2% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en 1995, pero se prevé que aumenten hasta llegar a 98 millones de toneladas equivalentes de CO2, del 2% al 4%, en 2010, si todo sigue como hasta ahora. 
Por ejemplo, en los sectores de la refrigeración y el aire acondicionado existe una fuerte tendencia al alza en el uso de gases fluorados debido al abandono progresivo de las sustancias que agotan la capa de ozono. 
Nuestra propuesta aborda estas tendencias crecientes. 
El Reglamento propuesto, al introducir medidas atenuantes de bajo coste, podría reducir las emisiones previstas en aprox. 23 millones de toneladas equivalentes de CO2 y obtener después reducciones incluso mayores. 
. – Señor Presidente, todos conocemos muy bien el principio de sustitución, la sustitución de un producto más respetuoso con el medio ambiente o más saludable por otro que es perjudicial para el medio ambiente o nocivo para la salud. 
En muchos aspectos, el uso de los gases fluorados ya ilustra el principio de sustitución, dado que muchas aplicaciones que se usaban antes con CFC se han sustituido por HFC. 
Como sabemos, los CFC son mucho más perjudiciales para el medio ambiente que los HFC, ya que son gases que agotan la capa de ozono, contra los que hemos luchado con éxito bajo los auspicios del Protocolo de Montreal. 
Los HFC son gases de efecto invernadero como el CO2 y, como la Comisaria ha dicho, cualquier acción que tomemos para controlar los gases fluorados no puede ser a costa de la acción que debemos tomar para controlar el CO2. 
Los HFC son una gota en el océano en relación con el CO2. 
En primer lugar, quisiera hacer un breve comentario sobre el fundamento jurídico. 
Se ha discutido mucho al respecto, pero creo firmemente que el artículo 95, el mercado único, es el fundamento jurídico correcto. 
Si utilizásemos el artículo 175, la comercialización de los productos que contienen estos gases sería casi imposible en toda la Unión Europea. 
Mientras entiendo la situación, por ejemplo, de Austria, donde han ido más allá, en interés del mercado único debemos mantener el fundamento jurídico. 
Existen una serie de aplicaciones de los HFC, que van desde el aire acondicionado hasta las zapatillas deportivas con suelas de aire y la falsa nieve de aerosol, por ejemplo, sobre los que la prensa nos hizo reír un poco en Navidades. 
Pero esta propuesta pretende sobre todo contener, no prohibir. 
De hecho existen una serie de aplicaciones en las que no hay alternativa, por ejemplo la protección contra el fuego y el uso del hexafluoruro de azufre en los conmutadores. 
Si siguiésemos adelante con una de las propuestas que ha formulado el Grupo de los Verdes/ALE, en toda Europa se apagarían las luces. 
Con respecto al aire acondicionado de los vehículos –y un efecto colateral del calentamiento global es que más personas tienen aire acondicionado en sus coches–, la propuesta era sustituir el HFC134a, con un potencial de calentamiento global de 1300, por el HFC152a, más respetuoso con el medio ambiente, con un potencial de calentamiento global de 140. 
Puedo ver que algunas personas en la galería ya se han dormido y por esta razón el Parlamento ha decidido que debíamos dar un paso valiente para eliminar de hecho progresivamente el uso de HFC en el aire acondicionado y sustituirlos por la nueva tecnología desarrollada basada en CO2. 
En la propuesta de la Comisión había un sistema de cuotas muy complejo que parece que debía comenzar en 2009. 
En la práctica, sin embargo, como el 20% de las flotas de vehículos de la mayoría de los fabricantes no están equipadas con aire acondicionado, estos fabricantes habrán cumplido el primer paso del sistema de cuotas sin hacer nada. 
Realmente, la propuesta de la Comisión comenzaría en 2010. 
El sistema de cuotas es complejo y solamente habría funcionado muy bien con una empresa que tuviese una gama de productos que se adecuasen convenientemente a esos pasos del 20%. 
La mayoría de los fabricantes no tienen una línea de productos que se adecue de ese modo. 
Y por supuesto había una escapatoria masiva en todo el sistema, un agujero lo suficientemente grande como para que pasara un Rolls Royce, pues los fabricantes, como alternativa, podrían pagar una multa de 200 euros por no cumplir la directiva. 
Sospecho que los fabricantes de algunos grandes coches de lujo harían eso en lugar de gastar dinero en un cambio de diseño. 
También tenemos el hecho de que el HGC152a es inflamable, lo que puede causar algunos problemas en relación con la seguridad. 
No era la solución final y pensamos que el uso del CO2, quizás un poco más tarde, sería un compromiso mucho más eficaz. 
Esa es la razón por la cual me complace que el Grupo del PSE me haya convencido y me haya hecho ver el sentido, y que tengamos la enmienda transaccional 112, que dice que sobre la base en la homologación de tipos, deberíamos eliminar progresivamente el uso de HFC y sustituirlos por CO2 a partir de 2012, con una exención de dos años, o al menos un aplazamiento de dos años, para algunos de los fabricantes más pequeños –la llamada exención Porsche–, pasando al CO2, que es un objetivo mucho mejor, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también político. 
También necesitamos algunos cambios en la primera línea del Anexo 2, de los que estoy seguro se ocuparán los servicios de la sesión si se aprueba la enmienda transaccional, sustituyendo «50» por el potencial de calentamiento global e incorporando la homologación de tipos. 
No todos los sistemas de aire acondicionado son móviles: algunos son aplicaciones fijas, como por ejemplo en este edificio. 
Este monstruoso despilfarro del dinero de los contribuyentes se refrigera utilizando HFC. 
En el caso de los edificios es importante que controlemos las fugas, y la inspección y el control de las fugas se incluyen en la propuesta de la Comisión, que apoyamos. 
Pero también deberíamos recompensar las buenas prácticas reduciendo el número de inspecciones allí donde no se producen fugas y aumentando el número de inspecciones donde tenemos fugas. 
Finalmente, quisiera dar las gracias al Sr. Lange y a la Sra. Corbey por hacerme ver el sentido y al Sr. Davies por acercarse a nuestro modo de pensar. 
Ha sido un viaje muy interesante y espero que las personas que están en la galería no piensen que dedicamos todo nuestro tiempo a hablar sobre estos aburridos temas técnicos. 
. – Señor Presidente, en primer lugar pido disculpas por estar sin aliento. 
La brevedad de las intervenciones de hoy ha adelantado este debate casi hasta el punto de que no esperaba que me llamasen tan pronto para hablar. 
Sin embargo, quizás podamos acabar antes de la pausa de la cena. 
Felicito al Sr. Goodwill, que ha escrito un buen informe y ha incorporado muchos de los comentarios y observaciones de los demás diputados. 
Estamos elaborando un documento que llevará al Consejo muchos de los asuntos que hemos abordado y será una base sólida de trabajo futuro en el próximo Parlamento. 
De hombre a hombre debo decir: «buen trabajo, amigo». 
Dicho esto, todavía hay una serie de temas que deben resolverse. 
Espero que podamos lograr la unidad en esta Cámara para el cambio de un fundamento jurídico único a un fundamento jurídico doble. 
Esto es razonable. 
En muchos aspectos, esta directiva tiene dos objetivos, regular el mercado industrial y proteger el medio ambiente. 
Intentamos proteger el medio ambiente, eliminar el uso, de forma gradual pero constante, de los gases fluorados, también llamados gases F. A pesar de su utilidad para sustituir a los CFC, los propios HFC presentan problemas, particularmente en lo referente a su potencial de calentamiento global, y tenemos la responsabilidad de reducir gradualmente su uso, pero de una forma lógica, no demasiado cara y en los casos en que existan alternativas viables y probadas. 
Nuestro mayor paso adelante y nuestro mayor empuje tecnológico es sin duda la sustitución de los HFC en los sistemas de aire acondicionado de los coches. 
Estos sistemas se producen por millones, su propensión a las fugas es notoria, conozco colegas en mi país que han tenido que llenar sus sistemas de aire acondicionado dos, tres o cuatro veces. 
No acepto que la solución sea simplemente reducir el número de fugas. 
La solución es utilizar un tipo de gas diferente que no presente los problemas que tienen los HFC en este sector. 
Con respecto al uso en otros ámbitos, hay algunos usos clave y esenciales y queremos examinarlos cuidadosamente antes de pasar adelante con una enmienda que impulsé yo, la enmienda 89, que pide una eliminación progresiva ordenada durante un cierto período de tiempo después de que esta directiva entre en vigor. 
Espero que la Comisión esté de acuerdo con esta enmienda. 
Le otorga flexibilidad y una tarea a realizar, pero de una forma constante y lógica, para la que sin duda volverá a esta Cámara para su aprobación. 
No buscamos una eliminación inmediata de los HFC de los usos de protección contra incendios, donde claramente son muy útiles y las alternativas todavía no se han probado. 
No queremos eliminar la prohibición de los refrigeradores, donde existen ciertos usos médicos que son esenciales. 
El lema de esta propuesta es: «adelante, pero con cierta prudencia». 
– Señor Presidente, el empleo de los clorofluorocarburos ha disminuido de forma significativa, al haberse optado por la utilización de hidrofluorocarburos en los sistemas de refrigeración, los aerosoles y otras aplicaciones. 
El Protocolo de Montreal supuso un intento por eliminar los CFC, ya que estos gases son nocivos para el ozono de la estratosfera. 
El informe con que nos enfrentamos es necesario ya que los HFC tampoco son totalmente inocuos: son potentes gases de efecto invernadero. 
Su potencial de calentamiento es unas cien o incluso mil veces mayor que el del dióxido de carbono. 
Además, estos gases pueden tardar muchísimo en diluirse en la atmósfera. 
En consecuencia, el peligro de un cambio climático significa que también resulta obligatorio restringir el empleo de los HFC. 
Yo me he preocupado del tema y he presentado las enmiendas sobre los sistemas de aire acondicionado, concretamente en los automóviles. 
Mi opinión es que la mejor solución con respecto a las emisiones globales consiste en adoptar sistemas que utilicen dióxido de carbono. 
Según un comunicado reciente, ya hay un fabricante japonés de automóviles que ha adoptado al empleo de esta tecnología en la línea de producción, y los fabricantes europeos pronto seguirán su ejemplo. 
Además, el dióxido de carbono es respetuoso con el usuario, ya que reacciona más rápidamente que los HFC a la temperatura deseada y además resulta más barato en términos de costes de combustible que los gases alternativos disponibles. 
El precio ligeramente superior actualmente de los sistemas a base de dióxido de carbono es marginal desde el punto de vista del precio para el consumidor del equipo de aire acondicionado, y cuando se inicie la producción en serie, las economías de escala vendrán a garantizar que su coste relativo comience a variar. 
Los compromisos propuestos por nuestro ponente y aprobados por la Comisión no están totalmente en sintonía con mis propias enmiendas, pero puedo aceptarlas como mejoras a las propuestas originales. 
Creo que el calendario que se va a aprobar ahora es demasiado lento desde el punto de vista del cambio climático, especialmente porque se ha producido un aumento tremendo en el empleo del aire acondicionado en los automóviles durante los últimos años. 
Con todo, el papel del transporte privado a la hora de combatir el cambio climático es más importante que nunca. 
En el caso de los sistemas estacionarios, es vital que los personas que instalen los equipos tengan la formación pertinente y que tales profesionales informen de las fugas. 
De esta forma será posible, por una parte, reducir al mínimo las emisiones y, por otra, asegurar que se elaboran realmente los informes, lo cual tiene una importancia vital desde el punto de vista del control. 
A este respecto, es de esperar que la imposición de restricciones vaya causando un impacto paulatino. 
Señor Presidente, señor Goodwill, señora Comisaria, Señorías, este Parlamento se ha venido preocupando de manera intensiva del problema del cambio climático durante los últimos cinco años. 
Afortunadamente, nuestra labor se va convirtiendo en cada vez más específica; ahora estamos adoptando medidas reales. 
En nombre de mi Grupo, quiero afirmar que estamos satisfechos en general con las enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Por consiguiente, quiero darle las gracias al Sr. Goodwill por su labor. 
Lo que tenemos ante nosotros es un resultado equilibrado. 
Dentro de la batalla contra el cambio climático, hay que reducir al máximo posible las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero. 
Por tanto, apoyamos decididamente a la Comisión en sus intentos por atajar las fuentes de emisión más importantes. Estas son las instalaciones de refrigeración y aire acondicionado, las instalaciones móviles de aire acondicionado y los productos de espumas. 
Hay dos cosas que siguen exigiendo cierta atención. 
Tras muchas discusiones, mi Grupo quisiera ser un poco más flexible con respecto a los gases en los sistemas de protección contra incendios. 
Las emisiones de estos sistemas son enormemente reducidas y solo se producen en caso de fuego. 
En nuestra opinión, la seguridad del consumidor constituye una prioridad esencial. 
Nos gustaría prohibir los gases fluorados de efecto invernadero, pero solamente en los casos en los que sea realmente posible y existan alternativas. 
Una gran proporción de las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero procede de la utilización del aire acondicionado en los automóviles. 
Hemos dedicado enorme atención a este tema, y con razón, y en este contexto quiero agradecerle de nuevo al Sr. Goodwill su predisposición para alcanzar compromisos. 
Muchas personas no son conscientes del impacto negativo que el aire acondicionado puede suponer sobre el medio ambiente y sobre nuestro clima. 
Bastante más conocido es el hecho de que el empleo del aire acondicionado aumenta el consumo de combustible en los coches. 
En muchos países, incluido el mío, los Países Bajos, realmente resulta innecesario disponer de o utilizar el aire acondicionado. 
Otra cosa son los países meridionales. 
A la vista de los efectos negativos de los gases fluorados de efecto invernadero en el aire acondicionado, me gustaría hacer un llamamiento para que fueran eliminados lo antes posible. 
Personalmente, preferiría que fuera a partir de 2009, en vez de 2011. 
Lo que es ciertamente importante es que elijamos el artículo 175 como fundamento jurídico. 
Los Estados miembros tienen que tener la oportunidad de adoptar medidas de mayor alcance, sobre todo a la vista de las diferencias geográficas y del hecho de que el aire acondicionado es superfluo en los países septentrionales. 
Los Estados miembros tienen que disponer, por tanto, de la posibilidad de desalentar el uso del aire acondicionado en los automóviles. 
Tal vez debiéramos ir incluso más lejos a fin de limitar la instalación del aire acondicionado en los coches. 
Por ejemplo, la Comisión podría estudiar los requisitos de eficacia energética en los coches con todo el equipamiento a bordo conectado al máximo, ya que estos accesorios de lujo concretamente invalidan cualquier mejora de la eficacia energética de los motores. 
Ese no constituye desde luego un buen ejemplo de desarrollo sostenible. 
En resumen, nos gustaría que el resultado alcanzado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor fuera aprobado en la sesión plenaria con algunas enmiendas. 
– Señor Presidente, esta es una buena propuesta práctica de la Comisión para hacer algo contra el calentamiento global y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque aunque la cantidad total de los gases de efecto invernadero que producen los equipos de aire acondicionado y de refrigeración no es muy grande, su cantidad crece muy sustancialmente cada año; se espera que aumente 15 veces entre 1995 y 2010. 
La comisión parlamentaria ha rechazado algunas de las propuestas clave de la Comisión sobre aire acondicionado móvil. 
Espero que la posición haya quedado más clara para la industria automovilística. 
Sin embargo, no estoy seguro de que la forma en que hemos desperdiciado algunas de las oportunidades de flexibilidad realmente sea el modo de proceder más adecuado, de modo que esperaremos para ver qué tiene que decir el Consejo de Ministros sobre esto y, sin duda, retomar este debate. 
Sobre todo, lamento que el Grupo Socialista y el Grupo del Partido Popular Europeo hayan hecho el trato de posponer la fecha de introducción del uso de dióxido de carbono para los vehículos hasta 2011, cuando la propuesta original de la Comisión preveía el año 2009. 
Esto no es suficientemente ambicioso, sin duda no para una primera lectura, cuando todavía nos faltan tantas negociaciones. 
Sé que los fabricantes necesitan muchos años para diseñar un vehículo y ponerlo en el mercado. 
Hace unos pocos años nadie usaba aire acondicionado, yo nunca he comprado un coche con aire acondicionado. 
¿Qué diremos a las generaciones futuras? 
No hicimos nada para frenar lo más pronto posible las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global porque todos queríamos circular en verano en coches más fríos. 
Por muy convincentes que sean los argumentos de la industria ahora, con el paso de los años nos parecerán muy flojos. 
– Señor Presidente, yo también estoy muy decepcionada con este informe. 
No va ni mucho menos suficientemente lejos. 
Podía y debía haber ido mucho más allá para sustituir los potentísimos gases de efecto invernadero por alternativas menos perjudiciales para el medio ambiente. 
No estoy de acuerdo con el Sr. Goodwill sobre el fundamento jurídico. 
Sigo creyendo que el artículo 175 es el fundamento jurídico necesario y lógico. 
En lo referente al aire acondicionado móvil, es decepcionante que la comisión no haya tomado nota de aquellos sectores de la industria europea que ya se han comprometido a suministrar sistemas de aire acondicionado móvil a base de CO2 lo antes posible. 
La tecnología ya existe y funciona bien, de modo que no hay razones por las que no pueda empezar en 2007 una eliminación progresiva de los gases F. Comenzar esta eliminación progresiva dos años después, tal como prevé el actual proyecto de informe, equivaldría a bombear 80 millones de toneladas de CO2 adicionales a la atmósfera. 
Mientras la eliminación progresiva propuesta para el aire acondicionado móvil es actualmente inaceptable, no se ha previsto ningún tipo de eliminación progresiva para el uso de gases F en muchas otras aplicaciones en las que existen alternativas disponibles. 
Es una omisión grave. 
El informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor no ha tocado el tema de los refrigeradores domésticos que usan HFC, a pesar de que los mercados de la UE ya están dominados por la tecnología de congelación verde mediante hidrocarburos. 
Espero que el Parlamento vote en apoyo de tecnologías alternativas, respetuosas con el clima, y aproveche la gran oportunidad que tenemos ante nosotros para hacer algo serio por el medio ambiente en lugar de permitir que el mercado único pisotee estas preocupaciones tan importantes. 
Es una pena que el Sr. Goodwill no haya leído nuestras enmiendas más detenidamente. 
En lugar de hacer que se apaguen las luces, las enmiendas de los Verdes piden específicamente la eliminación progresiva de los SF-6 con excepción de los conmutadores. 
Debatamos sobre hechos, no sobre mitos. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo también quiero agradecer al ponente su estupenda cooperación, así como, por supuesto, a los demás diputados de esta Cámara que se hallan hoy aquí presentes. 
Pienso que hemos terminado logrando una buena orientación, sobre todo por lo que respecta al tema del aire acondicionado en los coches, sobre el que hay que hacer algo, y en bien de nuestros visitantes, entre otros, permítanme decir que lo que se acordó en Kioto es obligatorio jurídicamente dentro de la Unión Europea. 
Lo que significan las decisiones de 2002 y del 10 de marzo de este año es que esto es obligatorio en la Unión Europea, con independencia de que lo ratifique o no Rusia, por lo que nosotros también tendremos que hacer algo a tal efecto. 
Pienso que las evidencias están a la vista de todo el mundo. 
La primera realidad es un número cada vez mayor de automóviles dispone de aire acondicionado; viene instalado en el 80% de todos los vehículos nuevos, y cada año estas unidades liberan entre un 8 % y un 10 % de los gases que deterioran el clima. 
El segundo hecho es que las alternativas de diferente tipo se hallan en proceso de desarrollo. 
Considero que está perfectamente claro que tenemos que emprender el camino de buscar las alternativas más seguras posibles con el mínimo absoluto de potencial de calentamiento global. 
En tercer lugar, esa alternativa es de hecho una unidad de aire acondicionado basada en el CO2 con un potencial de calentamiento global 1 300 veces menor que el actual. 
En cuarto lugar, creo que tenemos que adoptar el mismo enfoque para la aprobación de tipos para los vehículos nuevos que adoptamos para todo lo demás, ya que la construcción, que implica la energía de los ingenieros, desempeña un papel en ello, y tenemos que exigir, lo antes posible, nuevos sistemas de aire acondicionado. 
En quinto, los sistemas de aire acondicionado basados en el CO2 son tecnologías europeas y productos europeos, lo cual pone de manifiesto que, si avanzamos por esta senda, desde los gases fluorados a los sistemas de aire acondicionado basados en el CO2, el sistema de aire acondicionado del futuro ya no será realmente un destructor del clima; al contrario, la unidad de aire acondicionado del futuro puede ser además un éxito en lo concerniente a puestos de trabajo europeos. 
. 
Señor Presidente, permítame que comente las enmiendas y vuelva al propósito y alcance de la propuesta, ya que un número considerable de las enmiendas que el Parlamento ha propuesto, como pueden ser mejores o nuevas definiciones de los términos, refuerzan y clarifican la propuesta de la Comisión, y esta puede aceptar muchas de ellas en mayor o menor medida. 
La Comisión también acoge con satisfacción una serie de enmiendas que consolidan las disposiciones sobre contención e inspecciones y la formación y certificación del personal que participa en la contención. 
Es importante decir que esta propuesta solo es un primer paso. 
La Comisión ha indicado que considerará una serie de otras cuestiones, como las espumas. 
Por consiguiente, no puede aceptar las enmiendas sobre recuperación, en particular con respecto a las espumas. 
La adopción de nuevas medidas necesita basarse en la evaluación minuciosa de las ventajas y los costes. 
La Comisión tampoco puede aceptar enmiendas que debilitarían el sistema propuesto de inspección de los aparatos fijos de refrigeración y de aire acondicionado, ni establecer requisitos adicionales en lo relativo a la formación y certificación del personal, tanto para la Comisión como para los Estados miembros que no han sido evaluados. 
Una parte importante de esta propuesta es el sistema de presentación de informes, que haría posible que la Comisión verificara la exactitud de las emisiones comunicadas a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y apoyara posibles nuevas medidas. 
La propuesta de la Comisión intenta asegurar que se puede recoger la información necesaria sin imponer un sistema de presentación de informes demasiado oneroso a la industria, en especial a las PYME. 
En este contexto, la Comisión no puede aceptar una serie de enmiendas. 
La Comisión cree que su propuesta sobre prohibiciones del uso y la retirada progresiva de algunos productos y equipos que contienen gases fluorados se basa en una evaluación minuciosa de todos los sectores y es equilibrada y económica. 
Por consiguiente, no puede apoyar la enmienda que suprimiría la exención para los pequeños fundidores de magnesio que utilizan menos de 500 kg al año. 
El coste de la conversión a otra alternativa para este número limitado de pequeñas y medianas empresas sería alto, de ahí la exención. 
Hay dos otras prohibiciones que merecen ser comentadas. 
No se puede justificar la supresión de la prohibición de los perfluorocarburos en la extinción de incendios, puesto que, aparte de algunos usos menores, el mercado ya ha optado por otras alternativas. 
En cuanto a los aerosoles que contienen gases fluorados, la nueva definición excluiría una serie de aerosoles novedosos, mientras que la inclusión de aerosoles farmacéuticos en la categoría de exenciones podría ser un enorme agujero. 
Sobre la cuestión conflictiva de dejar de producir los gases fluorados en los sistemas móviles de aire acondicionado de los vehículos, la Comisión observa con interés las enmiendas para prohibir los gases fluorados, fundamentalmente HFC-134a en los sistemas móviles de aire acondicionado de los nuevos modelos de vehículos a partir del 1 de enero de 2009, y que se debería aplicar una prohibición a todos los nuevos vehículos a partir del 1 de enero de 2014. 
La Comisión prefiere permanecer en su posición general sobre los sistemas móviles de aire acondicionado, teniendo en cuenta otras enmiendas que rechazan el sistema de cuotas y prohíben todos los gases fluorados utilizados en los sistemas móviles de aire acondicionado con un potencial de calentamiento mundial superior a 50, en lugar de 150, tal como ha propuesto la Comisión. 
Esto último excluiría efectivamente el uso de mezclas de gases fluorados o HFC-152a y favorecería los sistemas móviles de aire acondicionado de CO2. 
Por último, en cuanto al fundamento jurídico, la Comisión propone que el Reglamento se base en el artículo 95 –el mercado interior– y no puede apoyar las enmiendas que proponen que el Reglamento se base en un doble fundamento jurídico. 
La Comisión cree que mientras el objetivo medioambiental de reducir las emisiones de gases fluorados es primordial, la idea central de la propuesta es más importante para el funcionamiento del mercado interior y el artículo 95. 
En resumen, quiero subrayar que la Comisión apoya muchas de las enmiendas propuestas en primera lectura, y el Parlamento, al actuar tan rápidamente, envía un mensaje importante al Consejo de que ahora existe la necesidad de centrarse más en esta propuesta con el objetivo de alcanzar una conclusión final lo más rápidamente posible. 
Entregaré a la Secretaría una lista en la que se resume la posición de la Comisión sobre cada enmienda (1). 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana miércoles a las 12.00 horas. 
– Señor Presidente, ¿por qué la aplicación de la Convención de Århus tendría que requerir una legislación específica? En nuestra opinión, se basta por sí misma, y por este motivo presentamos una propuesta de rechazo de la directiva sobre el acceso a la justicia. 
Lo que es más grave, este proyecto introduce medidas inaceptables. En primer lugar, el procedimiento de revisión interna de los actos adoptados por las instituciones europeas. 
¿Para qué servirán los diputados al Parlamento Europeo si sus decisiones son constantemente cuestionadas por ONG seleccionadas por la Comisión Europea, que también es guardiana de los Tratados de la UE? 
Después, el intento de la Comisión de inmiscuirse en la organización de los sistemas judiciales nacionales es una disposición ilegal, por ser contraria al artículo 175 del Tratado. 
Por otra parte, para garantizar el desarrollo sostenible, propongo no reservar la capacidad de litigar solo a las ONG, sino asociar a ella a los gestores de las zonas rurales: propietarios de tierras, agricultores, silvicultores, empresas, etc. Según el artículo 9 de la Convención de Århus, los Estados miembros son los que deben organizar el acceso a la justicia. 
Este proyecto, si se aprueba, generará inevitablemente dificultades de aplicación e incertidumbres jurídicas, lo que me parece contrario al objetivo perseguido. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas siguientes en su totalidad o parcialmente y sujetas a una nueva formulación: 5, 6, 10, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 90, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 52, 56, 58, 62, 64, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 82, 85, 86, 95, 96, 97, 98, 106, 109 y 119. 
Con respecto a la enmienda 10, la Comisión aceptaría la posibilidad de normas nacionales más estrictas siempre que sean compatibles con las normas generales del Tratado. 
La referencia explícita en la enmienda de prohibir las exportaciones de caballos destinados a la producción o el sacrificio exigiría un examen jurídico específico en este sentido. 
La Comisión apoyará las enmiendas 28, 73 y 95 sobre el uso del sistema de navegación por satélite siempre que la medida se aplique únicamente a los vehículos en trayectos largos. 
Con respecto a las enmiendas 9 y 16 relativas al ámbito de aplicación del Reglamento, la Comisión podría aceptar una exención para el transporte de menos de 50 km (frente a los 100 km de la enmienda) , pero no para los animales transportados con fines deportivos o para ferias si esto es con fines comerciales. 
La Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 87, 88, 89 a 94, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123 ó 124. 
La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas como parte del conjunto de enmiendas de transacción: 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 
La Comisión no puede aceptar las otras enmiendas. 
La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas como parte del conjunto de enmiendas de transacción: 9, 10 y 11. 
La Comisión no puede aceptar las otras enmiendas. 
La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas como parte del conjunto de enmiendas de transacción: 18, 19, 20, 21 y 22. 
La Comisión no puede aceptar las otras enmiendas. 
La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas: 1, 8, 12, 13, 14, 15, 17 y 20 a 91. 
La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas sujetas a una nueva formulación: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 18 y 19. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda: 7. 
La posición de la Comisión sobre las 112 enmiendas es la siguiente: acepta 10 enmiendas en su totalidad: 8, 9, 12, 14, 18, 29, 35, 46, 50 y 78; acepta 19 enmiendas en principio: 3, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 24, 30, 31, 32, 40, 52, 77, 81, 82, 95, 102 y 107; acepta 9 enmiendas parcialmente: 33, 34, 41, 52, 53, 63, 70, 93 y 111; rechaza 74 enmiendas en su totalidad: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110 y 112. 
Con respecto a la posición de la Comisión en lo que se refiere a las enmiendas presentadas por el Parlamento a la propuesta de reglamento de aplicación de la Convención de Aarhus a las instituciones y organismos comunitarios, la Comisión quiere confirmar lo siguiente: 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 12, 17, 20 y 36. 
La Comisión puede aceptar parcialmente las enmiendas 18 (solo la parte relacionada con la fecha límite de 15 días para responder) , 25 (solo con respecto a la referencia a la publicación de la ley) y 43 (referencia a «de conformidad con la legislación nacional» en principio). 
La Comisión puede aceptar en principio las enmiendas 6, 38 y 39, sujetas a su reformulación. 
La Comisión no puede aceptar las demás enmiendas. 
Estas enmiendas son: 1 a 5, 7 a 11, 13 a 16, 19, 21 a 24, 26 a 35, 37, 40 a 42 y 44 a 54. 
En cuanto a la posición de la Comisión con respecto a las enmiendas presentadas por el Parlamento, la Comisión quiere confirmar lo siguiente: 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 5, 16 y 17. 
La Comisión puede aceptar parcialmente las enmiendas 4 (2ª parte) , 9 (final) , 18 (1ª y 3ª partes) pero sujetas a su reformulación o reordenación. 
La Comisión puede aceptar en principio las enmiendas 1, 6, 20, 21 y 23. 
La Comisión no puede aceptar las demás enmiendas (a título informativo, las enmiendas rechazadas son: 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, y 24 a 44). 
La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas: 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 39, 51, 52, 54, 57, 59, 60, 75, 76, 79, 85, 91, 97 y 99- 32 enmiendas en total. 
Se aceptan en principio o parcialmente las enmiendas 2, 6, 15, 17, 25, 29, 30, 42, 46, 47, 50, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 82, 84, 86, 87, 92, 93, 94, 96 y 98- 26 enmiendas en total. 
La Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: 1, 4, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 83, 88, 89, 90 y 95- 40 enmiendas en total. 
(Se abre la sesión a las 9.05 horas (1) 
– Señor Presidente, al ir desde la Cámara a una reunión de mi Grupo ayer, un equipo de televisión me empujó hasta una esquina impidiéndome seguir mi camino y lastimándome la espalda. 
Quisiera pedirle, de forma urgente, que se asegure de que los diputados puedan ocuparse de sus asuntos en esta Cámara sin la intromisión de los representantes de los medios de comunicación. 
Haré que los servicios lo examinen para asegurar que podamos trabajar como es debido en la Cámara. 
– Señor Presidente, estoy segura de que es usted consciente de que el próximo miércoles el mundo conmemorará el décimo aniversario del genocidio ruandés. 
Casi un millón de personas fueron masacradas, y la intervención internacional llegó demasiado tarde. 
Incluso ahora tenemos que preguntarnos si existe la voluntad política de poner en práctica medidas capaces de impedir sufrimientos futuros de estas proporciones. 
Sé que estarán de acuerdo en que nunca debe haber una «próxima vez» , y por ello les pido que mañana recordemos los hechos que tuvieron lugar en Ruanda hace diez años y que guardemos un minuto de silencio para apoyar que nunca nos quedemos mirando de nuevo desde las gradas. 
Tomo nota de ello para la apertura de la sesión de mañana, señora Kinnock. 
– Señor Presidente, señor Presidente Prodi, me satisface enormemente estar aquí hoy con ustedes para informarles del resultado del Consejo Europeo de primavera de la semana pasada. 
La última vez que tuve el honor de dirigirme a esta Cámara en enero al hablar sobre las prioridades de la Presidencia irlandesa, dije que el objetivo primordial de nuestra Presidencia era obtener resultados que tuvieran una repercusión positiva en las vidas de los europeos. 
Creo que el Consejo Europeo de la semana pasada ha contribuido a obtener resultados positivos muy reales. 
La Unión Europea ha demostrado, una vez más, que tiene capacidad para abordar nuevos retos. 
Ha demostrado que cuando nos movemos juntos, podemos cambiar realmente la vida cotidiana de las personas. 
El progreso significativo logrado en el Consejo Europeo de la semana pasada se debió a muchos factores. 
Estoy convencido de que un factor importante es la excelente relación de trabajo que se ha creado entre el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. 
El tema de la Presidencia irlandesa es «Europeos- trabajando juntos». 
El Consejo Europeo ha demostrado claramente todo lo que podemos alcanzar cuando logramos hacerlo. 
Como sus Señorías sabrán, en la reunión el Consejo Europeo adoptó una Declaración sobre la lucha contra el terrorismo. 
Acordamos reanudar nuestras negociaciones en la Conferencia Intergubernamental y llegar a un acuerdo a más tardar en nuestra reunión de junio. 
Delimitamos lo que queda por hacer en términos prácticos para promover el crecimiento sostenible y fomentar el empleo. 
Discutimos distintas cuestiones de política exterior, entre ellas las del Oriente Próximo, Afganistán, Iraq, los Balcanes y Rusia. 
Lamentablemente, como todos bien sabemos, el Consejo Europeo de la semana pasada se celebró a la sombra del terrible atentado que tuvo lugar en Madrid el 11 de marzo. 
Quiero expresar una vez más mis condolencias a las familias de las víctimas. 
Sé que todos los presentes estarán de acuerdo conmigo cuando digo que este atentado fue una amenaza grave para todo lo que representa la Unión Europea. 
Al plantear el modo de responder a esta amenaza, el Consejo Europeo quería asegurarse de que se hace todo lo posible para proteger a nuestros ciudadanos de la plaga del terrorismo. 
Al mismo tiempo, es preciso proteger los derechos humanos fundamentales de nuestras democracias. 
Creo que la Declaración sobre la lucha contra el terrorismo adoptada por el Consejo Europeo consigue el equilibrio adecuado. 
Hace hincapié en nuestra cooperación actual y busca mejorar y subrayar la necesidad de implementar lo que hemos acordado. 
Me complace decir también que la Declaración asume una propuesta realizada por los parlamentarios europeos de declarar el 11 de marzo Día Europeo de conmemoración de las víctimas del terrorismo. 
La Declaración incluye una serie de ámbitos de acción específicos, que incluyen medidas para mejorar el intercambio de información, para reforzar los controles fronterizos y la seguridad de los documentos de viaje, una mejor protección para nuestros sistemas de transporte y medidas para combatir la financiación del terrorismo. 
También incluye un compromiso para la cooperación efectiva con terceros países y otras organizaciones internacionales, especialmente las Naciones Unidas. 
Se ha nombrado un Coordinador contra el terrorismo, el Sr. De Vries, para reflejar la necesidad de una acción coordinada en toda la Unión Europea. 
El Consejo Europeo considerará de nuevo el Plan de acción sobre el terrorismo en junio, y todos acordaremos las tareas clave y los plazos en los que estas tareas han de realizarse. 
El Consejo Europeo también acordó una Declaración sobre la solidaridad contra el terrorismo. 
Esta compromete a los Estados miembros a actuar de forma conjunta en un espíritu de solidaridad si uno de ellos resulta víctima de un ataque terrorista. 
La Declaración representa una señal política importante de nuestra solidaridad en la lucha contra el terrorismo. 
Agradezco enormemente que el Presidente Cox haya participado en la primera sesión de nuestra reunión acerca del terrorismo. 
La solidaridad demostrada por las instituciones de la Unión transmitió un mensaje importante. 
La amenaza del terrorismo es una amenaza para nuestra seguridad, nuestras democracias y nuestro modo de vida en la Unión Europea. 
Haremos todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestros ciudadanos de esta amenaza. 
Me complace especialmente que haya habido un gran avance en la Conferencia Intergubernamental. 
Basándose en mi informe, el Consejo Europeo solicitó que la Presidencia continuara con sus consultas. 
También solicitó que la Presidencia organizara la reanudación de las negociaciones formales en la CIG tan pronto como fuera aconsejable. 
Decidió que debía llegarse a un acuerdo sobre la nueva Constitución a más tardar en el Consejo Europeo de junio. 
Cuando intervine aquí en enero, dejé claro mi compromiso de aprovechar cualquier oportunidad para hacer avanzar la CIG y, si es posible, concluirla durante nuestra Presidencia. 
Pero en ese momento, y de hecho hasta la celebración del propio Consejo Europeo, no estaba claro cuánto podríamos avanzar. 
No sabíamos con seguridad si podría relanzarse la CIG, aunque deseábamos hacerlo con gran firmeza. 
De hecho, mucha gente me dijo en la fase inicial de nuestra Presidencia que pensaban que había pocas posibilidades. 
No podríamos haber llegado a un acuerdo sobre el plazo para la conclusión de la CIG sin el compromiso político de mis colegas del Consejo Europeo. 
La semana pasada, todos nos volvimos a dedicar a la Constitución, y reconocimos su valor e importancia. 
Cuanto antes entre en vigor, mejor. 
También reconocimos que aunque las negociaciones finales serán difíciles, nunca hubo motivo para creer que se volverían fáciles con el tiempo. 
De hecho, en torno a la mesa había un sentimiento general de que el retraso podría crear todavía más complicaciones. 
También se sentía la necesidad de flexibilidad y compromiso por parte de todos. 
El desarrollo de este espíritu positivo y constructivo posibilitó la decisión de avanzar ahora. 
Este es un gran paso adelante, y gran parte del mérito corresponde a este Parlamento. 
Siempre ha instado a los Estados miembros a impulsar las negociaciones de modo colectivo. 
Su apoyo sumamente positivo a la estrategia de la Presidencia ha sido muy apreciado, y espero seguir trabajando con ustedes y con sus representantes en el futuro. 
En nuestras consultas con todas las delegaciones, hemos podido constatar que la mayor parte del texto de la Convención no se discute. 
También hemos averiguado que muchas de las propuestas adicionales realizadas por la Presidencia italiana habrían sido aceptables para los socios en el contexto de un acuerdo general. 
Todavía quedan pendientes varias cuestiones, que difieren de modo considerable en cuanto a su complejidad y sensibilidad. 
No obstante, también hemos podido identificar posibles vías de avance y creemos que todas ellas pueden resolverse. 
No será fácil. 
Habrá que hacer concesiones mutuas por parte de todos. 
Pero creo que el ingrediente clave –la voluntad política de llegar a un acuerdo– está ahí. 
Los representantes del Parlamento, como los de todas las demás delegaciones, nos han expuesto claramente las cuestiones que revisten una importancia especial para sus Señorías. 
No puedo decir que todas las delegaciones conseguirán todos los objetivos que han planteado. 
No obstante, puedo asegurarles –como les aseguro a todos los demás– que la Presidencia estará abierta y será ecuánime en sus negociaciones con todos. 
Puedo garantizarles que no se les dejará de lado ni se les pasará por alto en las negociaciones. 
Quiero que todos los participantes puedan recomendar a los ciudadanos europeos el resultado final como un resultado justo, equilibrado y positivo. 
Como he dicho en mi informe, las cuestiones que revisten más dificultad siguen siendo el tamaño y la composición de la Comisión, y la definición y ámbito de aplicación del voto por mayoría cualificada. 
En la reunión de la semana pasada, no entramos en debates detallados sobre estas cuestiones, y tampoco intenté sacar conclusiones. 
Pero expuse mi visión general sobre las vías de compromiso que cabe explorar con más visos de éxito. 
Reconozco que la Comisión debe ser efectiva y legítima. 
Creo que estas dos perspectivas deberían conciliarse con el mantenimiento, durante un período ampliado, de una Comisión que incluyera a un nacional de cada Estado miembro, y que se redujera después mediante un sistema de rotación equitativa. 
Está claro que solo un sistema de votación basado en una doble mayoría puede permitir un consenso. 
También es fundamental que tengamos en cuenta la necesidad de una mayor eficiencia, mientras consideramos debidamente el equilibrio entre los Estados miembros y sus preocupaciones específicas. 
Debería ser posible alcanzar un resultado que refleje las preocupaciones de todos. 
Creo que esto podría hacerse a través de ciertos ajustes de los umbrales de población y Estados miembros y mediante acuerdos destinados a confirmar la transición hacia la doble mayoría. 
De todas formas, sin duda necesitamos examinar todavía más los detalles. 
En cuanto al ámbito de aplicación del voto por mayoría cualificada, existe un deseo general –que me consta que el Parlamento comparte– de que se amplíe, a fin de favorecer la toma de decisiones eficiente en una Unión ampliada. 
Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta las preocupaciones particulares de los Estados miembros en cuanto a una serie de cuestiones específicas. 
Creo que se llegará a un resultado general satisfactorio, que implicará un aumento del número de ámbitos sujetos a votación por mayoría cualificada y codecisión, en comparación con los Tratados actuales. 
Probablemente estas cuestiones no se resuelvan finalmente hasta que se acerque el fin de las negociaciones. 
No obstante, en adelante, será esencial alcanzar un acuerdo en tantos temas como sea posible, para reducir al mínimo el número de cuestiones pendientes. 
En este proceso, la Presidencia pretende hacer uso de todos los canales, incluidas las reuniones bilaterales y las discusiones a nivel oficial. 
Pero sin duda, la CIG tiene lugar en el plano político, y pediré a los Ministros de Asuntos Exteriores que trabajen sobre una serie de cuestiones durante las negociaciones finales entre los Jefes de Estado o de Gobierno. 
Como ustedes, yo también quiero concluir la CIG lo antes posible. 
No obstante, habrá que tener en cuenta una serie de factores, incluida la formación de nuevos Gobiernos en algunos países y las cuestiones que aún quedan por resolver. 
Les aseguro que si encontramos la oportunidad de terminar antes de junio, lo haremos. 
No deberíamos subestimar lo lejos que hemos llegado. 
Tan solo hace unas semanas, muy pocos se habrían mostrado optimistas en cuanto a la posibilidad de terminar en junio. 
Hasta la fecha, esta Presidencia ha intentado como tal moderar las expectativas pero mostrarse ambiciosa. 
No existe ambición más grande que alcanzar nuestro objetivo común de una Constitución que favorezca a nuestros ciudadanos y ayude a hacer más efectiva la Unión dentro de ella y en el resto del mundo. 
Con su ayuda, espero alcanzar ese objetivo. 
Cuando intervine en esta Cámara en enero, señalé la gran prioridad que la Presidencia irlandesa daba a la Agenda de Lisboa y nuestra firme determinación de que el Consejo Europeo de primavera sirviera para revitalizar el proceso de Lisboa. 
En aquel momento me animó mucho la respuesta del Parlamento Europeo a nuestras ideas. 
Me complace informarles de que el Consejo Europeo tuvo una discusión fructífera la semana pasada. 
Nos centramos en las cuestiones clave en que es fundamental actuar si queremos dar un nuevo impulso a la Agenda de Lisboa. 
Mis colegas estuvieron de acuerdo con mi propuesta de que las discusiones debían centrarse dos temas generales –el crecimiento sostenible y el empleo–, que son los principales retos que urge abordar. 
El Consejo Europeo estuvo de acuerdo en que necesitamos un enfoque equilibrado si queremos garantizar que el crecimiento futuro sea sostenible. 
Tenemos que mantener políticas macroeconómicas sólidas a la vez que promovemos una mayor competitividad e innovación. 
Al mismo tiempo, la cohesión social debe ocupar un lugar central en nuestro enfoque. 
Del mismo modo, el crecimiento futuro tiene que respetar el medio ambiente para ser sostenible. 
El compromiso constructivo del Parlamento Europeo con el Consejo ha sido crucial para el avance efectivo en todos los aspectos del trabajo de la Unión, entre otras cosas en la labor legislativa relacionada directamente con la Agenda de Lisboa. 
En las últimas semanas, la legislación acordada se extiende desde los servicios financieros a la apertura del mercado ferroviario, a los derechos de propiedad intelectual y a la responsabilidad medioambiental. 
Espero más resultados en las próximas semanas. 
Es muy importante, para mantener la credibilidad de la Agenda de Lisboa, que cumplamos nuestros objetivos. 
En este contexto, me complace acoger con satisfacción su aprobación de dos propuestas legislativas importantes en el día de ayer, la Directiva de mercados de instrumentos financieros y la Directiva sobre la transparencia. 
Un reto fundamental señalado en el Consejo Europeo se sitúa en el sector servicios, que sigue estando muy fragmentado. 
La creación con éxito de un verdadero mercado único en este ámbito arrojará beneficios considerables para el consumidor europeo. 
El sector servicios ha representado un 70% de la creación de empleo y crecimiento en los últimos diez años. 
Me complace informar de que el Consejo Europeo, viendo el potencial de expansión en este ámbito, acordó que el proyecto de directiva sobre servicios, que el Consejo está examinando actualmente, debía aprobarse con carácter prioritario. 
El desarrollo de una normativa mejor reforzará la competitividad y la productividad. 
El Consejo Europeo acogió con satisfacción la iniciativa de cuatro Presidencias encabezada por Irlanda, los Países Bajos, Luxemburgo y el Reino Unido, que impulsará esta cuestión con carácter prioritario en los próximos dos años. 
Volveremos sobre esta cuestión de una normativa mejor en el Consejo Europeo de noviembre de 2004. 
Si realmente queremos fomentar la competitividad, la innovación y el espíritu empresarial en toda Europa, debemos tener una gran capacidad científica y de investigación. 
El progreso en el ámbito de la investigación es un elemento esencial de la Agenda de Lisboa. 
Debemos trabajar para garantizar que los científicos permanezcan en Europa y que se sientan atraídos a trabajar en Europa. 
El Consejo Europeo acordó, como primer paso de este proceso, que el Programa marco de investigación y desarrollo europeo debía ser más asequible para los usuarios, a fin de facilitar la inversión en materia de investigación y desarrollo por parte de pequeñas y medianas empresas y empresas de nueva creación. 
El Consejo Europeo también subrayó la necesidad de invertir en investigación fundamental. 
Esta investigación es una pieza esencial para la innovación y la competitividad. 
El crecimiento no solo debe ser sostenible económicamente, sino también en términos medioambientales. 
Uno de los ámbitos más interesantes a este respecto es el de las tecnologías medioambientales. 
El Consejo Europeo reconoce la importancia de capacitar a las empresas para explotar nuevas tecnologías, y ha solicitado la aplicación inminente del Plan de acción de tecnologías medioambientales. 
También hemos invitado a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones a examinar el modo de movilizar instrumentos financieros para promover dichas tecnologías. 
La Comisión va a preparar un informe para el Consejo Europeo del año que viene sobre el progreso en este terreno. 
Sin duda, el crecimiento y la competitividad no son fines en sí mismos: son medios para garantizar y desarrollar el modelo social europeo, con el acento puesto en la sostenibilidad y la inclusión. 
Proteger a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad es una parte esencial de la Agenda de Lisboa. 
El Consejo Europeo ha situado el empleo en el centro de su plan de actividades. 
Crear más y mejores puestos de trabajos es la cuestión que hay que abordar con más urgencia el año que viene. 
El Consejo Europeo acordó que los Estados miembros debían prestar atención urgente a cuatro retos estructurales particulares, señalados por el Grupo de trabajo para el empleo y reafirmados en el Informe Conjunto sobre Empleo. 
Se trata de promover una mayor adaptabilidad por parte de empresas y trabajadores, atraer a más personas al mercado laboral, mejorar la calidad del empleo y fomentar una mayor inversión en capital humano. 
Tomar medidas ahora para maximizar las oportunidades de empleo comportará beneficios reales. 
Un alto nivel de empleo impulsará el crecimiento y también abre el mejor camino para salir de la pobreza y de la exclusión social. 
El Consejo Europeo de primavera del año que viene revisará el progreso realizado en este terreno en el curso del año. 
Se prestará especial atención al progreso impulsado por las medidas nacionales para conseguir los objetivos de empleo de Lisboa. 
Se ha invitado al Consejo y a la Comisión a que preparen conjuntamente un informe de síntesis conciso, basado en el informe conjunto sobre empleo, específicamente para esta discusión. 
Como he indicado anteriormente, la función del Parlamento ha sido fundamental para permitirnos impulsar la Agenda de Lisboa. 
Uno de los ámbitos en los que esperamos progresar en las próximas semanas es el de un paquete de movilidad con el propósito de facilitar la circulación de los trabajadores entre Estados miembros. 
Hemos cooperado en torno al Reglamento (CEE) nº 1408/71 que, una vez acordado, debería reportar ventajas significativas de cara a una mejor coordinación de los sistemas de seguridad social y un acceso más fácil a los derechos. 
Del mismo modo, espero una cooperación fructífera respecto a los expedientes relacionados de Europass y la Directiva del reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales, que tienen por objeto favorecer el reconocimiento de cualificaciones educativas en otros Estados miembros. 
Los Gobiernos por si solos no pueden implantar todos los cambios necesarios para alcanzar el objetivo de Lisboa. 
Todas las partes tienen una función crucial en el progreso y el impulso del cambio. 
Con este fin, el Consejo Europeo estuvo de acuerdo con la propuesta de la Presidencia de establecer Asociaciones para la reforma en cada Estado miembro, según los mecanismos y las tradiciones nacionales, implicando a los agentes sociales, a la sociedad civil y a las autoridades públicas. 
Estas asociaciones serán un mecanismo útil para construir un compromiso a favor del cambio y la reforma. 
Todos reconocemos que queda mucho por hacer para que Lisboa se aplique en el plazo originalmente previsto. 
La revisión intermedia del año que viene nos brindará una oportunidad crucial para examinar lo que hay que cambiar si queremos acelerar el proceso de implementación. 
Tenemos que prepararnos para la revisión intermedia sobre una base sólida. 
Con este fin, los Jefes de Estado o de Gobierno invitaron a la Comisión a establecer un grupo de alto nivel, presidido por el Sr. Wim Kok, para realizar una revisión independiente que contribuya a este ejercicio. 
El nombramiento de Wim Kok asegurará la continuidad respecto a la labor realizada por el Grupo de trabajo para el empleo. 
Su experiencia sin parangón proporcionará un impulso crucial y muy valioso para la revisión intermedia. 
Hemos pedido al Grupo de alto nivel que informe el 1 de noviembre de este año, para permitir que la Comisión presente sus propias recomendaciones al Consejo Europeo de primavera del año que viene. 
El Consejo Europeo revisó una serie de cuestiones de la agenda internacional y aprobó conclusiones sobre el proceso de paz del Oriente Próximo, Iraq, la Asociación Estratégica con el Mediterráneo y el Oriente Próximo, Rusia, Afganistán y Côte d´Ivoire. 
También examinamos la cuestión de Chipre. 
El Consejo Europeo examinó la situación en Kosovo tras el brote reciente de violencia motivada por cuestiones étnicas. 
La situación parece haberse estabilizado, pero sigue estando tensa. 
Es esencial que se reafirme la primacía del proceso político y que los políticos locales se responsabilicen de esa situación. 
La Unión Europea sigue estando plenamente comprometida con un futuro estable para un Kosovo seguro, democrático, próspero y multiétnico. 
La Unión seguirá apoyando plenamente los esfuerzos del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Harri Holkeri, y el proceso de «normas antes que el estatuto». 
El Consejo también ha debatido la situación en el Oriente Próximo, que sigue siendo bastante preocupante. 
La Presidencia está en estrecho contacto con los líderes de los principales Estados árabes para asegurar que no se pierda esa dinámica en el proceso de paz. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Cowen, ha visitado El Cairo y Damasco en los dos últimos días y ha subrayado la necesidad de un esfuerzo concertado por avanzar en nuestros objetivos comunes de paz y seguridad en la región mediante una solución justa del conflicto. 
Por lo que se refiere a Afganistán, el Consejo Europeo espera con interés los resultados de la conferencia internacional que tiene lugar hoy en Berlín. 
La Unión Europea sigue estando comprometida plenamente con la reconstrucción de Afganistán. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Cowen, representa a la UE en esta importante conferencia, junto con el Sr. Solana y el Comisario Patten. 
Las negociaciones sobre una solución para Chipre se encuentran en la fase final mientras nos reunimos aquí hoy. 
La adhesión de una Chipre unida el 1 de mayo sigue siendo la firme preferencia de la Unión Europea. 
En nuestras conclusiones, el Consejo Europeo reiteró el apoyo de la Unión a las negociaciones dirigidas por las Naciones Unidas y reafirmó nuestra disposición para adaptar las condiciones de un acuerdo según los principios en los que se funda la Unión Europea. 
Este Consejo Europeo se celebró en un momento de importancia crucial en la historia de la Unión Europea. 
Como hemos expuesto en nuestro programa de la Presidencia, la primera mitad de 2004 representa un momento de grandes cambios y retos, pero también de gran esperanza y oportunidad para la Unión. 
El 1 de mayo marcará el fin de una división de posguerra del continente y nos permitirá avanzar juntos hacia una Europa mejor y más integradora. 
Hechos terribles como los del 11 de marzo sirven únicamente para reforzar nuestra determinación de trabajar juntos para forjar acuerdos que harán funcionar a Europa en todos los sentidos. 
Espero seguir trabajando en cooperación plena con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. 
Hoy les agradezco de manera especial toda su cooperación en los últimos meses. 
Mientras estamos en el umbral de la ampliación, podemos seguir demostrando que la nueva Europa, trabajando todos juntos, tiene tanto la voluntad como la determinación de producir resultados positivos y decisiones que nuestros ciudadanos merecen. 
. – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el proceso de integración europea empezó su andadura como un proceso de paz. 
Durante los últimos cincuenta años, los objetivos de paz han evolucionado y se han estabilizado, y hoy todos los partícipes de nuestra Europa unida comparten algunos principios fundamentales, porque ser parte de la Unión significa respetar los derechos fundamentales de la persona, regular democráticamente la vida pública y desarrollar y proteger nuestro modelo de desarrollo económico y social. 
He estado pensando mucho últimamente en estos principios al reflexionar sobre los desafíos internos y externos a los que se enfrenta nuestra Unión, principalmente porque al confrontarnos con las amenazas cada vez más horribles del terrorismo buscamos puntos de referencia comunes. 
El Consejo Europeo que se clausuró en Bruselas el sábado pasado se guió por el mismo instinto. 
Como saben, el Consejo de Primavera se centra en la gobernanza económica de la Unión. 
Sin embargo, recientes acontecimientos obligaron a cambiar profundamente el orden del día, sobre todo los atentados de Madrid del 11 de marzo, a raíz de los cuales el Consejo aprobó una serie de medidas para garantizar nuestra seguridad frente a la amenaza del terrorismo. 
Una vez más, el atentado se cobró las vidas de ciudadanos inocentes y una vez más nuestros primeros pensamientos deben estar dedicados a ellos y a las familias de las víctimas. 
Las secuelas de los atentados han afectado a todos los europeos: nos han afectado personalmente y han afectado a nuestras instituciones cívicas y políticas. 
El terrorismo es el peor desafío que se haya lanzado, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, contra los principios democráticos y civiles que regulan la vida pública y contra nuestra sociedad, basada en el respeto de los derechos humanos. 
Me complace poder decir a esta Cámara que el Consejo ha decidido hacer frente a esta amenaza con la mayor determinación físicamente posible. 
La Declaración aprobada en Bruselas no deja lugar a dudas: los Estados miembros de la Unión Europea forman un frente unido con el objetivo compartido de erradicar completamente el terrorismo. 
Por ello acojo con sumo agrado las medidas de coordinación y unificación de los sistemas de inteligencia, de policía y de seguridad que se aprobaron el pasado fin de semana. 
En esta fase histórica, recordemos que este es el mayor nivel de coordinación posible, pues no ha sido posible crear una agencia de seguridad europea única. 
Quizás hubiera sido maravilloso, pero no era factible en la práctica. 
No obstante, estoy seguro de que este es solamente el primer paso hacia una integración todavía mayor. 
Mirando al futuro, el objetivo real es la creación de estructuras operativas comunes a nivel europeo. 
Sin embargo, lo más importante por el momento es que los europeos se han dado cuenta de que la fuerza por sí sola no es suficiente para derrotar al terrorismo. 
Para entender y resolver la causas de fondo, se necesita fuerza e inteligencia. 
Junto a la opción de la fuerza militar y la represión, hay que seguir con la misma determinación la vía política. 
Y ambas opciones deben practicarse de forma multilateral, puesto que los enfoques unilaterales ya no son suficientes. 
En primer lugar, como se afirma solemnemente en la Declaración, eso significa reforzar los vínculos de confianza recíproca entre Europa y los Estados Unidos, que ya son estrechos y leales. 
Sin esta sólida alianza no hay esperanza de mantener la paz mundial. 
No obstante, es fundamental asegurar que las Naciones Unidas desempeñen un papel central y tengan la credibilidad necesaria. 
Las Naciones Unidas tienen que implicarse de forma activa en las intervenciones sobre el terreno y en los proyectos políticos destinados a devolver la estabilidad a las regiones en crisis. 
La Unión Europea por su parte tiene la oportunidad de aprovechar la experiencia en las tareas de mantenimiento de la paz y de diálogo acumulada en casi medio siglo de existencia. 
Nuestra contribución debe incluir la implicación y movilización de los recursos de todos los países para aislar a los grupos terroristas. 
El objetivo es privar al terrorismo de su savia vital, y eso significa prevenir el reclutamiento y cortarle el acceso a cualquier apoyo técnico, logístico y financiero. 
Pero el terrorismo también tiene una vertiente ideológica, por muy aberrante que sea, y un plan político, y por lo tanto es necesario afrontar las situaciones de crisis que dividen el mundo y amenazan su estabilidad En primer lugar, y me complace continuar con lo que el Taoiseach, el Sr. Ahern, acaba de decir, es preciso buscar una solución al conflicto entre Israel y Palestina. 
Esta es la máxima prioridad. El éxito de nuestra estrategia contra el terrorismo internacional depende de la paz en Oriente Próximo. 
Además, tenemos que trabajar para encontrar una salida a la situación en el Iraq. 
Ambas iniciativas, en Oriente Próximo y en el Iraq, deben llevarse a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
Y, naturalmente, el objetivo es devolver el Iraq a los iraquíes en el plazo más breve posible, al tiempo que se garantiza a este país la seguridad, la independencia y el máximo nivel de participación democrática 
Señorías, como ya he dicho, el Consejo de Primavera se dedica a la gobernanza de la Unión, y la sesión dedicada a la economía ha reforzado todavía más ese papel. 
Desde hace algunos años, la economía europea atraviesa por dificultades y esto constituye también una amenaza para uno de los pilares de nuestra Unión: nuestro modelo económico y social. 
Hace cuatro años, en Lisboa, la Unión decidió que para mantener y desarrollar nuestro estilo de vida teníamos que realizar una profunda reforma de nuestros sistemas económicos. 
Las conclusiones del último Consejo demuestran que existe una amplia convergencia en el análisis de lo que hay que hacer, tal como figura en el informe que la Comisión presentó el pasado mes de enero. 
Todos estamos de acuerdo con el uso de referencias comparativas, la coordinación y las prioridades para favorecer el crecimiento y la competitividad. 
Llevamos muchos años repitiéndolo: es necesario invertir en investigación, desarrollo y recursos humanos. 
Sin embargo, ponerse de acuerdo sobre lo que hay que hacer no basta; también es necesario un trabajo serio y tenaz y los instrumentos necesarios para cumplirlo realmente, pero no tenemos ninguna de las dos cosas. 
Siento tener que decir que hasta la fecha no hemos logrado pasar de las palabras a los hechos. 
La mayoría de las decisiones que hemos tomado no se han traducido en acciones concretas de cada Estado miembro, y no se ha producido el desplazamiento de recursos previsto hacia las inversiones que todos, repito, todos, consideramos necesarias. 
Estas incertidumbres y la limitación de los compromisos financieros demuestran la existencia de dos problemas básicos del sistema de gobernanza de la economía europea. Por una parte, el proceso de Lisboa carece de un centro de autoridad fuerte a nivel comunitario, que es la única manera de coordinar las acciones. 
Por otra, es preciso evaluar la dinámica de las organizaciones políticas modernas. Las inversiones en recursos humanos y conocimiento, que todos consideramos indispensables, son rentables a muy largo plazo. 
Las tendencias en la política privilegian, en cambio, cada vez más las acciones que producen resultados visibles antes de que finalice el ciclo electoral, mucho más breve. 
En honor a la verdad hay que decir que algunos Estados miembros han iniciado reformas importantes, incluso dolorosas, demostrando con ello sentido de responsabilidad, previsión y valor político. 
El Consejo reafirmó la necesidad de continuar por esta vía porque todos se han dado cuenta de que lo que está en juego es el futuro de Europa. 
Espero que esta vez las reformas iniciadas lleguen a buen puerto y se amplíen a los ámbitos del conocimiento, la formación y la investigación. 
Por el momento, parece que existe la voluntad política de aplicar rápidamente la Iniciativa Europea de Crecimiento, que incluye una lista de proyectos urgentes en investigación y desarrollo, transporte, energía y tecnologías de la información. 
Se trata de medidas definidas claramente que el Consejo Europeo ya había aprobado y que pueden ponerse en marcha rápidamente. 
Se necesitan progresos reales desde este mismo año y hasta el próximo debemos recuperar los retrasos en la incorporación de las directivas de Lisboa a la legislación nacional. 
Lamento tener que decir esto, pero creo que es muy justo y adecuado. 
Señorías, terminaré mi intervención con unas breves ideas sobre la Constitución Europea, las mismas ideas con las que el Taoiseach ha iniciado su discurso. 
Hemos visto que los desafíos externos e internos ponen en peligro los pilares que sostienen nuestra casa común. 
En estos momentos difíciles tenemos que dejar de lado las divergencias y dotar a la Unión Europea de los medios necesarios para construir un marco de cooperación más sólido que nos permita decidir conjuntamente y poner en común nuestros recursos. 
No nos engañemos. Solo podremos afrontar los desafíos de Europa si permanecemos unidos. 
Ningún país europeo, por grande y potente que sea, dispone de medios suficientes para hacerlo solo. 
En este sentido, el Consejo de primavera nos ha traído una buena noticia con la que me complace terminar hoy y que además confirma mi fama de eterno optimista. 
Dicho sea de paso, no me he equivocado al ser optimista en los últimos años. 
En Bruselas se han sentado las condiciones para volver a emprender en un futuro próximo las negociaciones sobre el tratado constitucional y para su conclusión antes de que termine la Presidencia irlandesa, y esto gracias al extraordinario trabajo de mediación de la Presidencia, a la que expreso mi aplauso y admiración. 
Durante el Consejo tuvimos la confirmación de que finalmente las cosas están yendo por el buen camino, también desde el punto de vista psicológico y humano. 
El problema más difícil de solucionar sigue siendo el que determinó el bloqueo anterior: los umbrales necesarios para el voto por mayoría cualificada. 
Por supuesto, no es simplemente una cuestión de porcentajes, sino algo de lo que depende todo nuestro proceso de integración: la Unión ampliada debe ser capaz de tomar decisiones. 
Si el umbral necesario para tomar una decisión por mayoría es demasiado alto, la Unión no tendrá capacidad de decisión –ni sobre la lucha contra el terrorismo, ni sobre la gobernanza económica, ni sobre cualquier otro tema–, porque un grupo reducido de países podrá bloquear cualquiera propuesta Este es el problema, simplificándolo, y hasta ahora el debate se ha centrado en el tamaño de esta minoría de bloqueo. 
Pido a todos que piensen detenidamente sobre el hecho de que no se puede entablar un debate institucional pensando en las formas e instrumentos de que disponen los Estados miembros para bloquear las decisiones. 
El debate debe centrarse, en cambio, en la cuestión contraria: ¿qué formas e instrumentos son los mejores para tomar decisiones, no para bloquearlas? 
A la vista de los últimos acontecimientos, parece que hemos evitado otro tropiezo; por ello parece probable que en breve tendremos nuestra querida y anhelada Constitución. 
No obstante, hago un llamamiento a que el compromiso final sea un compromiso exigente, que permita a la Unión ampliada a 25 miembros funcionar de modo eficaz. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, la Cumbre de Bruselas se centró y tuvo como tema principal los terribles sucesos del 11 de marzo de 2004 en Madrid, y es bueno que haya extraído de ellos las conclusiones necesarias. 
Debemos decir que este atentado en Madrid no solo ha sido un ataque contra España, sino un ataque contra Europa en su conjunto, contra todo el mundo occidental, contra el mundo entero. 
Por eso debemos comprometernos por afinidad y solidaridad con España a actuar y a fomentar de forma clara y decisiva la Unión Europea y la unidad de Europa. 
Esta debe ser nuestra respuesta al terrorismo. 
Deseo agradecerle sinceramente en este sentido, señor Presidente en ejercicio del Consejo, su liderazgo, que ha hecho posible enviar esta señal desde Bruselas. 
Europa debe actuar ahora. 
Europa quiere estar unida y quiere encontrar su camino al futuro con los demás. 
Es correcto que la cumbre haya aceptado la cláusula de solidaridad en la versión de la Constitución. 
Es una cláusula de solidaridad contra el terrorismo. 
Sin embargo, Europa debe mostrar solidaridad en general cuando se enfrenta con ataques del exterior y, hoy más que nunca, sabemos que la política nacional y la política exterior forman un todo integrado y que no se puede separar una de otra. 
También nos complace la designación de un coordinador en asuntos de seguridad interna, y el Sr. Gijs de Vries, un ex diputado de esta Cámara, es un excelente candidato para este puesto. 
Deseo intensamente colaborar con el Coordinador de Seguridad Interna. 
Sin embargo, permítame decir, señor Presidente en ejercicio del Consejo, y esta intervención no será con seguridad la última palabra, que lo habríamos acogido con agrado si la oficina del coordinador de seguridad no se hubiese creado en el ámbito de la política exterior y la colaboración intergubernamental sino, como la Comisión quería, en el ámbito de las instituciones comunitarias, de modo que estuviese sometida al control parlamentario y legal. 
Creo que esto es importante para el futuro y, si bien no deseo poner en duda la creación de este puesto, es necesario que no lo tratemos simplemente como una excusa para poder decir que hemos hecho bastante en este ámbito. 
Lo que necesitamos ahora es aplicar una política muy específica en materia de seguridad interior. 
Por esta razón, lamento mucho que la orden de detención europea todavía no esté en vigor, y urgimos a los cinco Estados miembros que todavía no la han ratificado a que lo hagan. 
También tenemos que fortalecer Europol, que sería mucho más eficaz si no fuese necesario realizar estas difíciles negociaciones financieras entre los Estados miembros de la Unión Europea siempre que queremos darle dinero. 
¿Por qué no incluimos a Europol también en el método comunitario, de modo que se pueda financiar con cargo al presupuesto comunitario? 
Esto haría todo mucho más fácil. 
Creo que debemos aceptar el método comunitario en este ámbito también. 
Creo que lo más importante en los debates sobre seguridad interior y terrorismo es que debemos decir al mundo árabe que no identificamos terrorismo con él o con el islam. 
Permítanme decir ahora, en mi calidad de alemán, que recuerdo los debates posteriores a 1945, cuando se hablaba de la culpa colectiva de los alemanes. 
Aquello se rechazó, y con razón, porque no todos fueron responsables de los crímenes del nacionalsocialismo. 
Exactamente del mismo modo, no debemos cometer hoy el error de equiparar terrorismo con el mundo árabe y el mundo islámico en su conjunto. 
Queremos cooperación; queremos colaboración con el mundo árabe y el mundo islámico. 
Por esta razón también, estoy totalmente de acuerdo con el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, que ha dicho, al igual que usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que la paz en el Oriente Próximo con seguridad y dignidad para todas las personas en Israel y Palestina es absolutamente esencial para la paz del mundo y para las relaciones pacíficas entre Europa y el Oriente Próximo y el mundo árabe en su conjunto. 
Debemos responder al desprecio por la humanidad con la dignidad del hombre, reivindicando nuestros principios de vida contra sus principios de muerte, y, en lugar del odio, nuestro deseo de colaboración. 
El mensaje ahora debe ser, y se lo agradezco sinceramente, que vamos a tener una Constitución, a favor de la cual está decididamente nuestro Grupo, y todo el Partido Popular Europeo ha declarado que tiene la máxima prioridad. 
Quisiéramos decirle, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que sería un gran logro que, bajo su Presidencia, nos gustaría incluso verlo antes de las elecciones europeas, usted fuese capaz de llevar la Constitución a buen puerto. 
Le deseamos mucho éxito. 
Le apoyamos. 
La respuesta correcta al mundo entero es que Europa está decidida y unida. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, permítanme, ante todo como madrileño y haciéndome portavoz de mis paisanos que se sientan en esta Cámara, que agradezca las muestras de apoyo, de solidaridad y las condolencias recibidas, no solo en Europa sino en todo el mundo. 
Quiero dirigirme expresamente al Presidente Cox porque la declaración institucional que hizo en nombre del Parlamento tuvo un enorme impacto en Madrid y en España y estuvo a la altura de las circunstancias, de los momentos dramáticos que vivimos. 
Hemos mostrado que estamos construyendo Europa con los minutos de silencio que todas y todos los europeos mantuvimos después de los trágicos acontecimientos de Madrid. 
Me permitirá el- que, desgraciadamente, comparte conmigo y con otros una larga experiencia de lucha contra el terrorismo- que diga que, además de agradecer estos gestos- y esto se aplica a ambos lados del Atlántico -, no hay que confundir estoicismo y resistencia con cobardía y apaciguamiento; que no se lucha contra el terrorismo solo con tanques, aviones e invasiones; se lucha con dignidad, con resistencia y también con la coordinación necesaria de los servicios de inteligencia y con una legislación como la que intentamos elaborar en la Unión Europea a partir del 11 de septiembre. 
En este sentido, tengo que decir al Consejo que el Parlamento trabajó con enorme rapidez y que el Consejo, en este caso, ha dado un paso con el nombramiento del Sr. De Vries- y comparto las críticas de mi colega Sr. Poettering en relación con las circunstancias de este nombramiento -, pero llama la atención que, en este momento, todavía cinco países comunitarios no hayan traspuesto a su legislación nacional la orden de arresto y que sigamos con problemas a la hora de aplicar, concretamente, medidas de lucha contra el blanqueo de dinero. 
Eso demuestra que no estamos trabajando seriamente contra el terrorismo y que tenemos que dar pasos muy importantes, porque somos solidarios pero estamos todos amenazados. 
Dicho esto, señor Presidente, me permitirá que pase al segundo tema, que es la Constitución. 
Creo que hay que saludar el paso adelante que ha dado la Presidencia irlandesa y creo que el anuncio del candidato a la presidencia del Gobierno español, Sr. Zapatero, ha sido un paso importante a la hora de desbloquear esta situación. 
En efecto, ha afirmado que los españoles, el Gobierno español, consideran que debemos estar de vuelta en Europa y, además, con la línea que siguieron siempre los gobiernos de mi color político. 
En relación con este punto quiero señalar, por una parte, algo que es muy importante: mayoría cualificada y codecisión, que son un tema fundamental para la democracia europea. 
Por otra parte, me permitirá el señor Presidente de la Comisión que me dirija a él porque las circunstancias en las que se está encontrando nos tienen que llevar a reflexionar sobre un tema importante, que es el papel de la Comisión. 
En este momento, el Presidente Prodi está corriendo el riesgo, porque tiene muy buenos comisarios, de estar casi solo como "en la balsa de la Medusa" al final de la legislatura. 
Tenemos ya por lo menos tres o cuatro comisarios que vuelven a sus países- lo cual demuestra que hay vida después de la Unión Europea -, pero esto está planteando un problema importante: no podemos seguir con una situación en la que nos encontramos con una interinidad que puede durar casi diez meses. 
Eso no es sostenible. 
También llamo la atención sobre el hecho de que el Comisario griego, Sr. Dimas- y no creo que sea de su responsabilidad -, ha intervenido en el Pleno antes de pasar por la audición en la comisión correspondiente. 
Tenemos que tratar todos de cuidar las formas para respetar las mismas, eso es algo esencial en democracia. 
En relación con la Constitución, me permitirá también, señor Presidente, que agradezca al ex alcalde de Roma, Sr. Rutelli, el gesto de solidaridad y dignidad que ha tenido proponiendo una enmienda- que espero que apruebe hoy el Parlamento- que haga que este tratado que tenemos que aprobar, la Constitución europea, lleve el título de "Constitución de Madrid". 
Me parece que es un gesto que nos honra a todos y, desde luego, yo pienso apoyarlo. 
Por último, en relación con un punto importante que es Chipre, quiero reiterar, en nombre de nuestro Grupo, el apoyo incondicional a los esfuerzos que está haciendo el Secretario General de las Naciones Unidas para encontrar una solución al tema chipriota y, de paso, para ayudar a que el proceso de ampliación sea existoso. 
Creo que debemos hacer un llamamiento a ambas partes para que se aproveche esta oportunidad histórica y se unifique un país dividido desde hace cuarenta años, eliminando así el último muro que queda en Europa. 
– Señor Presidente, ha pasado un tiempo desde la última vez que todos han salido sonriendo de un Consejo Europeo. 
Felicito a la Presidencia por una cumbre centrada que ha sido positiva en muchos aspectos. 
Esta cumbre ha puesto de manifiesto que existe otra Europa: la que consigue realmente que se hagan las cosas. 
Los Liberales, Demócratas y Reformistas Europeos acogen con satisfacción la nueva voluntad de llegar un acuerdo sobre la Constitución Europea para el Consejo Europeo de junio. 
Señor Presidente en ejercicio, una serie de hechos y la astucia en la diplomacia han allanado el camino para el acuerdo. 
Como dice una bendición irlandesa: «que el camino salga a tu encuentro». 
Esta Cámara quiere un trato a toda costa, pero nuestras condiciones no han cambiado ni lo harán. 
Esperamos que el tratado se base al máximo posible en el texto de la Convención. 
Esperamos que el Consejo respete los poderes presupuestarios del Parlamento y extienda la democracia en nuestra Unión mediante el voto por mayoría cualificada y una mayor codecisión. 
Esperamos que el Consejo contraiga los difíciles compromisos necesarios de buena fe y después vuelva para vender esos compromisos en casa. 
Esto no habrá terminado en junio. 
La ratificación es una montaña todavía por escalar. 
Esta cumbre también ha actuado de forma decisiva para mejorar el modo en que nos protegemos del terrorismo en Europa. 
Mi Grupo acoge con satisfacción el nombramiento de Gijs de Vries como coordinador antiterrorista y solicita que se le dé un mandato claro para garantizar que realice su trabajo. 
El siguiente paso es reforzar los recursos de Europol y hacer que funcione: no a la nueva burocracia, a la duplicación, a las reticencias de las agencias de inteligencia europeas a las que no les gusta jugar con otros. 
Si esta no es nuestra defensa de primera línea contra el terrorismo, entonces es simplemente una apuesta barata por la seguridad de los europeos. 
Los Liberales, Demócratas y Reformistas también apoyan un compromiso firme de ratificación de los instrumentos existentes, como la orden de detención europea. 
Hemos propuesto una tabla de clasificación de la implementación que sacará a la luz y avergonzará a los Estados que no se tomen en serio la seguridad de sus ciudadanos. 
El tono decisivo del fin de semana tiene que traducirse en actos. 
Seamos claros acerca de ese nuevo tono decisivo. 
Recordemos lo que los europeos –lo que los madrileños– han tenido que sufrir. 
Esta Cámara lleva solicitando con urgencia una política más concertada sobre el terrorismo desde antes de 11 de septiembre de 2001. 
Recordemos que cuando la Comisión solicitó 15 millones de euros para las actividades inteligencia contra el terrorismo el año pasado, el Consejo ofreció 1 millón de euros. 
Los europeos se merecen más. 
Una política antiterrorista inspirada en el pánico invadiría muy probablemente las vidas privadas y erosionaría las libertades públicas. 
Datos biométricos, transferencias de datos de pasajeros, eso es lo que corremos el peligro de obtener. 
Mi Grupo quiere recordar al Consejo que ha vuelto a ignorar la solicitud explícita de esta Cámara de discutir la detención sin juicio en la Bahía de Guantánamo y que se comprometa a plantear esta cuestión con los norteamericanos en la cumbre UE-Estados Unidos. 
Cualquier Gobierno europeo que cuente con que se olvide la cuestión no ha contado con la voluntad de esta Cámara. 
Mi Grupo acoge con satisfacción el compromiso del Consejo de acelerar el ritmo de la reforma en torno a la Agenda de Lisboa. 
Recordamos al Consejo que el 40% de las directivas de mercado único no se han aplicado en todos los Estados miembros. 
Recordamos al Consejo que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe revitalizarse este año para que los europeos puedan confiar en la sólida gestión de la economía de Europa. 
El tono del debate público celebrado en Alemania y Francia sugiere que los Gobiernos europeos no están abogando propiamente por la reforma en su país, digan lo que digan en Bruselas. 
Antes de esta cumbre, solicité una acción urgente en tres ámbitos: el terrorismo, la CIG y la reforma económica. 
Parafraseando a W. B. Yeats, de nuestras disputas con otros hacemos retórica, de nuestras disputas entre nosotros hacemos pobreza. 
La cumbre mostró voluntad de volver a los asuntos de Europa. 
Esperemos que la voluntad política se mantenga y el impulso dure, en bien de todos nosotros. 
– Señor Presidente, las conclusiones de esta Cumbre de Primavera muestran que los líderes de los Gobiernos continúan obstinadamente con una política que es indiferente al deterioro de la situación económica y social, que hace la vista gorda ante los elevados índices de desempleo, la pobreza y la exclusión social y el aumento de las desigualdades sociales y hace oídos sordos a las protestas de los trabajadores amenazados por la deslocalización y reestructuración de las empresas multinacionales. Hemos visto un ejemplo de ello ayer mismo, con la multinacional canadiense Bombardier, que quiere cerrar muchas de sus unidades de producción en países como Alemania, el Reino Unido, Suecia y Portugal, y que, en lo relativo a mi propio país, es la única empresa dedicada a la producción de material rodante y vagones de tren. 
Hoy está claro que, cuatro años después de las expectativas creadas por la llamada «Estrategia de Lisboa» , que se aprobó durante la Presidencia portuguesa, la situación socioeconómica es considerablemente peor y no se ha logrado ni uno de los objetivos sociales. 
Esto lo demuestra el reconocimiento por parte del nuevo Comisario de Asuntos Sociales de que solo se ha logrado el 10% de los objetivos de la «Estrategia de Lisboa». 
Esto no ha impedido al Consejo anunciar más de lo mismo, a pesar de que estamos a menos de dos meses de la adhesión de diez nuevos países cuya situación económica y social no es muy halagüeña. 
La receta del Consejo para el éxito sigue siendo comprometerse con la «competitividad» , fomentar lo que considera la cultura empresarial, aumentar la flexibilidad y la inseguridad laboral, reducir los costes de la mano de obra y moderar los salarios, atacar los servicios públicos, en otras palabras, con el plan neoliberal de los grupos económicos y financieros en lugar de preocuparse de las condiciones de vida y de trabajo de las personas, del desarrollo sostenible, de una mayor cohesión económica y social y de proporcionar un nuevo ímpetu a la inversión pública y social, específicamente en el ferrocarril, en la salud, en el medio ambiente, en la educación y en la investigación. 
El Consejo sugiere que la prioridad debe ser adelantar el ritmo de las reformas en los campos del empleo, la seguridad social y la salud, a pesar de la creciente oposición pública a medidas que, en algunos de nuestros países, están poniendo en peligro los derechos sociales fundamentales. 
Lo que se está prometiendo es el continuo apoyo al proceso de liberalización y privatización en muchos sectores, demostrando un flagrante prejuicio contra el sector público. 
No se puede permitir la continua intervención en este ámbito, porque esto amenaza la existencia de servicios y empleos públicos de alta calidad, esenciales para combatir la pobreza y para garantizar la inclusión social y un alto nivel de vida para toda la población. 
Deben revisarse las políticas económicas y monetarias, deben detenerse las liberalizaciones y debe revisarse el Pacto de Estabilidad para priorizar los criterios sociales, el empleo, la formación, la educación y la investigación, todos ellos ámbitos esenciales para el desarrollo sostenible de Europa. 
Lo que se necesitan son medidas eficaces para frenar la deslocalización de las multinacionales y dar a las organizaciones de los trabajadores europeos el derecho a veto «suspensivo». 
Debe tratarse a los trabajadores con dignidad y el bienestar y el progreso social debe situarse en el centro del quehacer político de la Comunidad. 
– Señor Presidente, se ha dicho que ha sido un Consejo Europeo de una cohesión redescubierta tras la terrible tragedia de Madrid, que nos ha dejado totalmente claro que hoy todos somos víctimas potenciales del terrorismo indiscriminado, mediante el cual unos criminales blasfemos manipulan una gran religión en favor de sus propios fines sangrientos. 
Esperamos que realmente haya habido cohesión, pero después de leer las conclusiones y escuchar al Presidente en ejercicio del Consejo, y especialmente después de observar las medidas adoptadas por los Estados miembros y las propuestas hechas por la Comisión relativas al asilo y la protección de los datos personales de sus ciudadanos, debo expresar nuestra profunda preocupación. 
Pedimos que el Sr. Prodi y el Consejo tomen nota de la resolución que el Parlamento va a aprobar hoy en este sentido. 
Está redactada en un lenguaje muy diferente del suyo, señores. 
Europa puede y debe elegir una vía de combatir el terrorismo distinta de la de los Estados Unidos, con sus mentiras, su carrera de armamentos, sus guerras preventivas y su Bahía de Guantánamo. 
Necesitamos una vía que pasa por la estabilidad democrática, respeto de los derechos humanos y rechazo de medidas de emergencia como condiciones necesaria para la acción a escala internacional y para la cooperación en el ámbito de la seguridad interior. 
¿Qué es lo que vemos hoy en su lugar? 
Vemos la patética incapacidad de los Gobiernos de los Estados miembros para cooperar, ocultándose datos e información, como ha señalado el Sr. Solana; vemos que la Comisión hace propuestas alarmantes e insostenibles sobre el asilo que infringen claramente las convenciones internacionales, y propone la entrega de los datos personales de los ciudadanos a unos misteriosos organismos administrativos norteamericanos; también vemos a nuestro inveterado amigo, el Sr. De Vries, situado a la cabeza de un grupo de trabajo vagamente definido, otra vez totalmente intergubernamental, mientras por otra parte no emerge ni una sola idea para un plan de acción basado en reglas comunes aprobadas democráticamente. 
Por eso ahora está bastante claro que realmente no queremos que nuestra policía y nuestros servicios secretos cooperen en la lucha contra el terrorismo, sino que queremos crear sistemas de vigilancia generalizada para los pasajeros y los ciudadanos, con la ilusión de que esto significa que estamos controlando todo. 
El grado de seriedad de nuestra lucha contra el terrorismo también puede medirse por la capacidad de la Unión Europea para dotarse de una Constitución, como hemos dicho todos hoy aquí: una Constitución capaz de mantener sus promesas de eficacia y democracia. 
El espíritu positivo de este Consejo Europeo, sin embargo, no nos libra de nuestra preocupación, aumentada hoy, señor Ahern, por su ambiguo mensaje sobre los famosos, o, mejor dicho, infames 82 puntos de la Presidencia italiana que de vez en cuando surgen como base para las negociaciones y que con igual frecuencia caen en el olvido. 
Si ese es el caso, y, por favor, si es así, dígamelo, entonces la nueva Constitución será simplemente una pálida e insostenible copia del Tratado de Niza. 
El Consejo Europeo habló mucho de la economía y el crecimiento. 
Este torrente de palabras se encuentra también en las conclusiones, que enumeran tantos asuntos de importancia fundamental que no se puede realmente ver cuáles son las prioridades reales. 
La única cosa de la que estamos seguros es de que el medio ambiente no es una prioridad y para nosotros esto es un gran retroceso. 
No es sorprendente, entonces, que llegados a este punto muerto, y por falta de un plan de acción real, práctico y de un liderazgo político auténtico, se haya decidido hacer algo típico de la tradición socialista, aunque la mayoría de los Gobiernos actuales son de centro-derecha, como la creación de otro grupo de trabajo, presidido por otro gran hombre, el Sr. Wim Kok. 
Nunca escogen a una mujer, fíjense. 
Pienso que realmente sería una buena idea. 
Nuestro objetivo, tengo que señalarlo, es de hecho un objetivo compartido. 
Tenemos que dar pasos para sacar a la economía europea del círculo vicioso de bajo crecimiento y elevado desempleo. 
Pero, sin embargo, expresamos nuestro escepticismo ante el enfoque apoyado por el Consejo Europeo y también, lamentablemente, por el Parlamento Europeo en su resolución, que en este sentido no podemos apoyar, un enfoque que hace de la competitividad un dogma absoluto. 
¿En comparación con quién debemos ser competitivos? 
Pregunten a los electores que acaban de votar en Francia y en España; pregúntenles lo que piensan de los sistemas y condiciones de trabajo y bienestar de los Estados Unidos y los países en desarrollo. 
Se darán cuenta de que la estrategia que necesitamos es muy diferente, una estrategia que está perfectamente al alcance de la Unión Europea. 
Por supuesto, sería posible si la decisión se hubiese hecho para salir del pacto de estabilidad, que ahora está muerto pero todavía muy vivo en la retórica política, si se hubiese tomado la decisión de hacer uso de formas potenciales de crecimiento sostenible que todavía seguimos ignorando, y si se hubiese tomado la decisión de invertir en sectores de futuro, como la investigación, la energía limpia, el ecoturismo y el transporte público. 
Esto es lo que pedimos; este es el camino que queremos que sigan para lograr el crecimiento. 
¡Algo distinto de puentes y autopistas! 
– Señor Presidente, yo también comparto la opinión de los anteriores oradores de que la cumbre de líderes de la Unión Europea fue un éxito en una serie de frentes. 
En primer lugar, sin duda hay buena voluntad por parte de los líderes de la Unión Europea para alcanzar un acuerdo sobre un nuevo Tratado de la Unión Europea, y quiero elogiar los esfuerzos del Presidente del Consejo, Taoiseach Bertie Ahern, por su función tan positiva al impulsar estas negociaciones recientemente. 
El Taoiseach ha intensificado, sin duda, la serie de negociaciones bilaterales con otros Gobiernos de la Unión Europea con respecto a las disposiciones de un nuevo Tratado de la UE, pero como el propio Taoiseach dijo en Estrasburgo en enero, se trata de un trabajo que no puede hacer uno solo. 
Necesita la buena voluntad y el apoyo de muchas personas de los Estados miembros pequeños y grandes de la Unión Europea. 
La CIG está avanzando ahora a un ritmo rápido. 
Ahora debemos consolidar la buena voluntad existente, asegurar el acuerdo en torno a las cuestiones fundamentales e intentar con todas nuestras fuerzas llegar a un acuerdo antes del 17 de junio sobre el nuevo Tratado europeo. 
Entiendo plenamente y pienso que esto no va a ser tarea fácil, pero no debemos subestimar los retos que tenemos ante nosotros. 
Debemos ser realistas acerca de una situación en particular. 
Si no se alcanza un acuerdo sobre un nuevo Tratado europeo hasta la fecha de la próxima reunión del Consejo Europeo de líderes de la UE, será difícil llegar a un acuerdo a medio plazo. 
Esto sucede principalmente porque la dinámica de las instituciones europeas va a cambiar. 
Habrá un nuevo Presidente de la Comisión Europea, puede que la mitad de la Comisión sea sustituida, y la composición del Parlamento Europeo va a cambiar en julio de este año. 
Eso podría significar que dos de cada tres diputados presentes en este Parlamento serán sustituidos. 
Quisiera instar a los Gobiernos de la Unión Europea a tomar el camino más largo y alcanzar un acuerdo que garantice el funcionamiento eficaz de la Unión Europea durante muchos años. 
Como ha dicho el Sr. Prodi aquí esta mañana, nuestra Unión Europea debe ser capaz de tomar decisiones. 
Ha dicho que ningún grupo pequeño de países debería poder obstaculizar las decisiones, y esto es así. 
Necesitamos un Tratado que garantice que las instituciones de la Unión Europea puedan tomar decisiones de modo simplificado y eficaz durante muchos años. 
De hecho, hubo un momento en el que se sucedían tan rápido que se descartaban antes de aplicarse. 
Ahora todos esperamos la ocasión histórica de la ampliación el 1 de mayo, pero tenemos que cambiar el modo en que tomamos nuestras decisiones para garantizar que la Unión Europea se fortalezca como entidad económica y política. 
La plaga del terrorismo internacional también debe ser atajada de raíz, y estoy totalmente de acuerdo con las opiniones y comentarios expresados por los oradores anteriores. 
Acojo con satisfacción el gran apoyo de los Gobiernos de la UE a una cooperación más estrecha en el ámbito de justicia y asuntos interiores. 
Los nombramientos de nuevo personal clave en Europa para hacer frente al terrorismo internacional en Europa merecen un aplauso, pero debemos recordar que la democracia es frágil y debemos mantener nuestros esfuerzos por promover el Estado de derecho y proteger las instituciones democráticas. 
Al Qaeda representa un mal de naturaleza bárbara para el que la vida humana no tiene significado alguno. 
Desde su perspectiva, cuanta más gente pueda asesinar al Qaeda para debilitar la democracia en el mundo occidental, tanto mejor. 
Al Qaeda ha atentado en América, ha atentado África, ha atentado en Asia, ha atentado en el Oriente Próximo y ahora atenta en Europa. 
No obstante, quiero reiterar lo que el Sr. Poettering y otros han dicho: de ninguna manera debemos creer que todos los árabes son terroristas. 
Eso no es así, y nunca deberíamos permitir a nadie decirlo. 
La única manera de derrotar el mal del terrorismo para por una resolución colectiva, y acojo con satisfacción las medidas recientes tomadas por los Gobiernos europeos a este respecto. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, como quizá ya sepan, las elecciones europeas van a tener lugar del 10 al 13 de junio próximos. Pero es a un perfecto simulacro de democracia al que se va a convocar a unos 300 millones de electores de 25 países. 
En efecto, las verdaderas bazas se les ocultarán cuidadosamente. 
¿La Constitución? 
¡Circulen, no hay nada que ver! 
Se la desvelaremos después de las elecciones, unos días después, para mostrar claramente el desprecio que tenemos al sufragio universal, o bien, más bien, el miedo que nos inspira. 
Oh sí, empieza bien, esa Europa suya, más democrática, más transparente, más próxima de los ciudadanos: con un escamoteo. 
¿La entrada de Turquía, que cambiaría la naturaleza misma del proyecto europeo? 
Circulen, no hay nada que ver. 
Les comunicaremos nuestra decisión después de las elecciones y muchos de los que se disponen a abrir a este país en octubre las puertas de la adhesión, harán campaña en junio jurando por Dios –se puede volver a decir– que se oponen a ella. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, tiene hoy una gran responsabilidad: tiene que adelantar el Consejo de junio para que se celebre antes de las elecciones europeas –una semana bastaría–, para que las primeras elecciones de la Europa ampliada no sean una mistificación más. 
Porque si fuera así, a semejante escala, no dude, señor Presidente, de que tendremos un efecto de retroceso de la misma magnitud que el insulto que hacemos a la democracia en Europa. 
– Señor Presidente, sobre el tema del coordinador antiterrorista creo que es un error tomar el atajo de la cooperación de las burocracias nacionales sin ningún control democrático o judicial. 
Al igual que con Europol, en el caso de Eurojust no es simplemente un asunto de derechos y libertades individuales, por muy graves que estos temas puedan ser, sino también un problema de eficacia: de hecho, no han logrado otorgar verdaderos poderes a este coordinador para la lucha contra el terrorismo. 
Esto no es coherente con alguien que quiere ver medidas antiterroristas más eficaces y una capacidad de reacción más rápida, alguien que no quiere menos democracia, que es el sueño de toda burocracia, sino más democracia y más Estado de derecho. 
Si la creación del señor Antiterrorismo va a ser el paradigma de la nueva Constitución que queremos, toda modesta ampliación de poderes a costa de abandonar la democracia y el Estado de derecho no es el camino que queremos seguir. 
Una última palabra sobre el Iraq. 
La Unión Europea pide la intervención de las Naciones Unidas, pero la pide para ocultar su propia incapacidad. 
Los terroristas tienen una agenda política, un objetivo político, que es la retirada de Europa, o lo que queda de Europa, del Iraq. 
Nosotros habríamos preferido que la Unión Europea hubiese tenido la fuerza para elegir, proponer y decidir hacer lo contrario de lo que los terroristas quieren. 
– Señor Presidente, el atentado terrorista en Madrid fue un ataque contra todos los que creemos en la democracia. 
Acojo con satisfacción la resolución de la cumbre de primavera de nombrar un coordinador contra el terrorismo. 
Todos nuestros Estados miembros deben cooperar plenamente para minimizar los riesgos para todos nuestros ciudadanos. 
El líder de mi Grupo, el Sr. Poettering, tiene razón: no debemos equiparar el mundo árabe con el terrorismo. 
Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para trabajar con los muchos líderes y portavoces del mundo árabe que sienten lo mismo que sentimos en Occidente acerca de estas atrocidades. 
La clave, sin duda, es la resolución del intratable problema del Oriente Próximo. 
Nunca debemos olvidar que el terrorismo tiene su raíz en la pobreza y en la exclusión social, y que, mientras discutimos sobre la gobernanza económica de la UE en la cumbre de primavera, debemos darnos cuenta de que nuestro crecimiento económico depende de la paz y de la estabilidad que, a su vez, dependen de nuestros esfuerzos por garantizar la estabilidad y el crecimiento económico en aquellas partes del mundo en las que la pobreza y la exclusión social son la norma para millones de hombres y mujeres jóvenes. 
Contrarrestar el terrorismo significa en gran medida contrarrestar la pobreza. 
Por lo que se refiere a la agenda de Lisboa, le digo a nuestro Taoiseach que hemos vuelto a fracasar en el progreso de nuestra tan citada ambición para que la UE se convierta en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo para 2010. 
Sus palabras, señor Presidente en ejercicio, sobre debates fructíferos, nuevos enfoques para cuestiones clave, crecimiento y empleo sostenible, etc., etc., etc., podrían ser las de cualquier Presidente en ejercicio de los últimos cuatro años: todos ellos han dicho exactamente lo mismo. 
Me temo que no ha habido progreso alguno sobre la transposición práctica en nuestros Estados miembros. 
Solo tienen que ver el hecho de que 400 000 investigadores formados en la UE trabajan hoy en los Estados Unidos. 
Los educamos, les damos conocimientos y entonces se van. 
El beneficio de ese conocimiento se produce en otras partes del mundo. 
Señor Presidente en ejercicio, ¿por qué ha decidido la Presidencia irlandesa iniciar relaciones diplomáticas con la dictadura militar de Birmania? 
¿Por qué ahora? 
Lo hemos evitado con muy buenos motivos durante muchos años. 
Por favor, respóndame, pero no me diga que como Presidente en ejercicio no tenía otra opción que negociar en nombre de la UE. 
Me opongo firmemente, y estoy segura de que también lo hacen muchos irlandeses y muchos diputados aquí presentes, a que Irlanda inicie relaciones diplomáticas con una dictadura militar que controla a los ciudadanos birmanos en contra de la voluntad de su pueblo. 
Por último, permítanme hacerme eco de las palabras que mi colega el Sr. Watson ha utilizado y decir «que el camino salga a tu encuentro» – «A todos los implicados en la Presidencia irlandesa, ojalá consigan firmar el Tratado Constitucional en junio. 
Tienen todos nuestros buenos deseos. 
Gracias por el progreso en materia de consulta realizado hasta la fecha. 
Gracias, como Enda Kenny dijo recientemente en el Dáil, a la Representación permanente y a todos los funcionarios que están entre bastidores que han hecho que esta Presidencia sea técnicamente muy buena. 
– Señor Presidente, Taoiseach, todos los hombres y mujeres presentes acogerán con agrado el hecho de que usted haya podido resucitar el tema de la Constitución. 
Aunque no es un avance decisivo, lo que usted ha logrado es un gran paso hacia delante. 
Puede contar con nuestro apoyo para cada paso adelante en el proceso de elaboración de la Constitución. 
Hay tres asuntos que todavía nos preocupan particularmente: el primero es la mayoría cualificada. 
Nos complace que parece que se ha aceptado el principio de la doble mayoría. 
Sin embargo, en el diseño de esta doble mayoría, el objetivo esencial es no fortalecer la minoría de bloqueo, no facilitando que la Unión Europea se vea frenada, sino fortaleciendo su capacidad de decisión. 
Por favor, no acepte compromisos mezquinos en este ámbito. 
El segundo asunto es la mayoría cualificada en política interior y jurídica. 
En vista de la necesidad de ser capaces de actuar contra la amenaza del terrorismo internacional, Taoiseach, el objetivo no puede volver a ser la ampliación de la unanimidad, sino que la tarea debe ser la introducción de las decisiones por mayoría también en el ámbito de la política interior y jurídica. 
Esto es necesario también, pero no solo, para hacer más eficaz la lucha contra el terrorismo. 
En tercer lugar, será usted consciente de nuestras reservas, nuestras preocupaciones y nuestras demandas en lo relativo a las normas presupuestarias del Parlamento Europeo. Quisiera recordárselas, pues el resultado de la Convención, el proyecto de la Convención, es como tal un compromiso que no ha encontrado gran aceptación en esta Cámara. 
Sin embargo, le digo ahora que una Constitución que tiende a reducir el derecho intrínseco de todo Parlamento, es decir, el derecho de establecer el presupuesto, no podemos aceptarlo en el Parlamento Europeo. 
Finalmente, un comentario particular, Taoiseach, sobre la Presidencia irlandesa: para lo que tienen que hacer en los próximos tres meses no hay mejor símbolo que el arpa irlandesa. 
Esto es así porque todos los pueblos de Europa son como las cuerdas de un arpa; cada país con su propio tono, pero hay que tocar todas las cuerdas si se quiere obtener una melodía. Taoiseach, afine las cuerdas, haga vibrar a sus colegas Jefes de Gobierno y cante. 
Termine en junio con la melodía que todos los europeos están esperando, el Himno a la Alegría de Beethoven: «». 
¡Vaya, diplomacia con símbolos irlandeses de un bando inesperado! 
Señor Presidente, por supuesto que es una gran tragedia que tengan que producirse actos de terrorismo como el que hemos visto en Madrid para que los líderes de Europa vuelvan a mostrarse unidos. 
A pesar del hecho de que el terrorismo ha mostrado su feo rostro en varios Estados miembros en ocasiones anteriores, habíamos creído quizás ingenuamente durante mucho tiempo que estos grandes ataques nunca nos sucederían a nosotros. 
Ahora nos damos cuenta de que la lucha debe realizarse a nivel mundial, pero también mediante una intensificación de la cooperación europea. 
Por eso es bueno que en esta cumbre del fin de semana se hayan dado muchos pasos importantes, aunque sean insuficientes. 
Debemos crear precondiciones mucho mejores para la coordinación de los servicios de inteligencia y también, con el tiempo, crear una especie de FBI europeo que también sea operativo. 
Así como los bellacos y los criminales actúan de forma transfronteriza, del mismo modo debe actuar el largo brazo de la ley. 
Sin embargo, la tarea más importante en la lucha contra el terrorismo es la tarea de la paz y el desarrollo, y la UE puede hacer mucho en este sentido. 
Una política exterior unida es un medio importante para este fin. 
Es muy importante, por tanto, que se aprueben las propuestas de la Convención en este ámbito. 
Quiero agradecer a la Presidencia la tarea que está haciendo en este ámbito. 
Señor Presidente, con emoción recibimos y compartimos la solidaridad con las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo expresada por el Consejo, la Comisión y especialmente por usted, señor Presidente Pat Cox. 
Asimismo, suscribimos la propuesta de dedicar cada año ese día a la memoria de las víctimas del terrorismo. 
Pensamos que las medidas de coordinación policial y judicial y de información, así como la creación de un responsable contra el terrorismo a escala europea son positivas en la lucha contra el terrorismo, pero no debemos caer en la histeria controladora y de suspicacia de la que ha hecho gala Estados Unidos, con la, con las medidas que atentan a los derechos humanos y a las bases de la democracia y la libertad. 
Ése es, junto con el terror, uno de los objetivos de los terroristas: minar la democracia. 
En ese sentido, no estamos de acuerdo con las propuestas de control policial que suponen datos biométricos y similares. 
Nos parece que la respuesta que ha dado España y Europa, tan alejada de la que dio Estados Unidos ante el 11 de septiembre, es la adecuada. 
En lugar de inclinarse por la agresividad, la reacción militar y la reducción de libertades o invadir países, hemos puesto énfasis en la persecución policial, para llevar ante la justicia a estos criminales. 
Justamente el papel internacional de Europa puede y debe encaminarse a conseguir un mundo más justo y solidario, sin pobreza ni desigualdades, que prive de toda justificación, siempre condenable, a los asesinos de la democracia y de la libertad. 
Entre estas medidas, de una orientación totalmente diferente a la estadounidense, están las que suponen acabar con la ilegal e injusta ocupación de Iraq y el reconocimiento del Estado de Palestina, para poner fin a otra ocupación ilegal, igualmente asesina, la de Palestina por las tropas de Israel. 
Haría falta celebrar una conferencia mundial contra el terrorismo bajo la égida de la ONU, donde se puedan expresar las diferentes medidas: la cooperación entre las policías; los problemas estructurales: pobreza, deuda, desigualdad; el papel de las instituciones financieras y también de las distintas entidades comerciales; la lucha contra los paraísos fiscales y el blanqueo de dinero. 
Estas medidas también han sido mencionadas por la Sra. Doyle. 
Por último, en relación con la posible y deseable modificación y terminación de la Constitución Europea- que se ha abierto a partir de la designación del Sr. Zapatero como candidato para Presidente del Gobierno de España, junto con otros movimientos en Europa -, pensamos que sería importante aprovechar esta oportunidad para, junto con la reforma necesaria en la toma de decisiones, lograr más democracia y más solidaridad en la Constitución Europea, con un control parlamentario y de la soberanía popular sobre el Banco Central Europeo y una modificación del Pacto de Estabilidad que suponga progreso en toda Europa. 
Señor Presidente, el pasado 11 de marzo, todos los eurodiputados nos incorporamos al Parlamento horrorizados por la noticia de la masacre terrorista en Madrid, a las 7.30 de la mañana. 
Permítanme, en primer lugar, expresar mi pésame, condolencia y solidaridad con las víctimas y sus allegados, así como mi rechazo a toda clase de terrorismo. 
Aquella mañana yo había sentido como un mazazo especial, añadido a tanta sangre y a tanto dolor, que su autoría pudiera haber sido obra de unos fanáticos ultrarradicales vascos de ETA. 
A media mañana, tuve la oportunidad de escuchar una cadena de televisión belga, que apuntaba la posibilidad de su autoría por un terrorismo islámico. 
Cuando, a mediodía, en el hemiciclo se planteó como enmienda oral que se declarara el 11 de marzo como día europeo contra el terrorismo, el diputado proponente culpó a ETA. 
Para entonces ya se había producido la llamada temprana a la policía del testigo que vio a tres encapuchados en Alcalá de Henares y se había encontrado la furgoneta con los detonadores y la cita con los versos del Corán. 
Y también se habían producido las declaraciones contrarias al atentado y de la autoría de ETA, por parte del portavoz de Batasuna. 
Ya se sabía que el atentado no había sido obra de ETA y, pese a ello, se presionó y se logró mantener artificialmente la autoría de ETA en la Resolución del Parlamento Europeo y en la del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Por todo ello, comprendí que el Gobierno español del Partido Popular del Sr. Aznar estaba tratando de desviar su responsabilidad por participar en la invasión de Iraq, en contra de la opinión de los ciudadanos españoles, de la ONU y de la legalidad internacional, y aprovechaba, una vez más, la oportunidad para echar la culpa a ETA y a los nacionalismos de los problemas que autoritarismo e intolerancia, como la suya, han generado en España y en el mundo. 
Tampoco le sirvió de nada el descubrimiento de una mochila con detonadores explosivos y un teléfono móvil manipulado por islamistas; ni los reiterados comunicados reivindicando los atentados por la organización Al Qaeda. 
El Partido Popular seguía echando la culpa a ETA, mediante llamadas personales del Sr. Aznar a los principales diarios y de la ministra de Asuntos Exteriores a los embajadores, así como a través de las inefables comparecencias públicas del ministro Acebes. 
Y, lo que es peor, millones de ciudadanos europeos y gobiernos de otros Estados fueron descaradamente engañados por el Gobierno popular, a quien no importó un bledo el riesgo de repetición de atentados y muertes en otras ciudades, con tal de que los españoles no supieran, hasta después de las elecciones del domingo 14, que el horror padecido en Madrid era una respuesta a la guerra injusta e ilegal de Iraq. 
Afortunadamente, la ciudadanía española supo reivindicar la verdad y despachar del gobierno a quienes pretendieron engañarle. 
Y ojalá que nos convenzamos pronto de que la mejor receta contra el terrorismo es acabar con la injusticia y la pobreza, que tan extendidas están por el mundo, y así podremos vivir en paz. 
– Señor Presidente, 25 países han acordado ahora elaborar una Constitución de la Unión Europea hasta el 17 de junio. 
Ya se han negociado compromisos entre bastidores y se ha aprobado como principio una doble mayoría con la población como elemento decisivo. 
Lo que ahora se está negociando son los porcentajes según el número de países y el número de ciudadanos. 
También hay negociaciones sobre una Comisión más pequeña a partir de 2014, de modo que no todos los países tendrán un Comisario. 
Lo que no se pueda acordar ahora podrá decidirse después por mayoría cualificada. 
En lugar de esto, nosotros proponemos que todos los países mantengan un Comisario y que el Comisario sea elegido por los Parlamentos nacionales y tenga la obligación de responder ante ellos, para mantener el principio democrático. 
También proponemos que se exija para una mayoría cualificada el 75% de los países, que al mismo tiempo representen al 50% de la población. 
También queremos un adelgazamiento de la UE, la abolición de la mayor parte de las 100 000 páginas de legislación de la Unión Europea y que los Estados miembros legislen en todas las materias que no tienen una dimensión transfronteriza. 
En lugar de ello, la UE debe centrarse en aquello en lo que los países mismos no pueden legislar de forma eficaz. 
En los casos en los que nosotros mismos somos incapaces de actuar, no tenemos ninguna democracia que perder, sino que podemos ganar influencia común allí donde de otro modo seríamos impotentes. 
Es posible que en esta Cámara se ridiculicen las propuestas minoritarias de la Convención de la UE. 
Mi experiencia de todas las visitas y reuniones de grupo es que los quince puntos de la minoría se corresponden mucho mejor con la actitud de la mayoría de los votantes. 
Todos los que tengan alguna duda sobre esto pueden mirar las elecciones regionales en Francia, donde el gran líder y Rey Sol de la Convención de la UE pronto será el ex alcalde de un municipio. 
Adiós, Giscard d´Estaing. 
Nos veremos en los referendos sobre la Constitución de la UE. 
Por último, deseo felicitar a Bertie Ahern por el nombramiento de nuestro antiguo colega, el Sr. Gijs de Vries, como coordinador antiterrorista. 
Siempre ha luchado por la apertura y los derechos de los ciudadanos. 
Es alguien en quien tengo confianza, al contrario que el jefe de OLAF, que roba ordenadores y teléfonos y libretas de direcciones para revelar las fuentes de los periodistas. 
– Señor Presidente, en vista del poco tiempo que se me ha asignado, debo limitarme a un aspecto, que es el problema que muchas personas tienen en Europa con la definición del problema del terrorismo. 
El terrorismo no es simplemente un problema aislado; debe verse, en su mayor parte, en el contexto del extremismo islámico. 
Esto puede verse en todo el mundo y no necesito dar ejemplos recientes de esto. 
Debemos aprender a aceptarlo y tenerlo en cuenta al definir las estrategias antiterroristas. 
Por ello debemos poner freno, en primera instancia, al creciente extremismo islámico dentro de la UE. 
En Bélgica, por ejemplo, los servicios de seguridad del Estado se quejan de que les faltan los medios necesarios para controlar al fundamentalismo musulmán. 
Recientemente, el Gobierno belga nombró a ocho conocidos fundamentalistas para el ejecutivo musulmán, del que constituirán la mitad. 
Mientras tanto, en algunas mezquitas, al igual que en todas partes en Europa, se proclama la. 
Hoy veremos la presentación a esta Cámara del informe sobre antisemitismo elaborado por el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. 
Se trata de la versión depurada, porque en la versión original se señalaba que el antisemitismo se produce sobre todo entre los inmigrantes islámicos y por esto hemos empezado a censurar nuestros propios informes. 
Mientras sigamos atascados en este autismo políticamente correcto, no podremos desarrollar una estrategia eficaz contra el terrorismo que nos amenaza. 
Señor Presidente, quiero agradecer, en nombre de los eurodiputados del Grupo del PPE-DE, las innumerables muestras de solidaridad, y a usted, personalmente, le agradezco su apoyo y su compañía en los momentos de dolor. 
Nuestro recuerdo permanente está, por supuesto, con las víctimas y con sus familiares. 
Por ello, con otros colegas, tomamos la iniciativa en la Comisión de Libertades Públicas de recomendar a la Unión Europea que fijara un día en memoria y recuerdo de las víctimas. 
El Pleno decidió que fuera el 11 de marzo y me congratulo de que esa propuesta haya sido ratificada por el Consejo- lo decidió casi por unanimidad. 
El Sr. Ortuondo no lo apoyó y él sabrá y explicará por qué. 
Pero el apoyo a las víctimas desde las instituciones europeas no debe ser solo moral, sino también material. 
Para cubrir estas necesidades, mi Grupo ya solicitó la inclusión, por primera vez en el presupuesto de 2004, de una línea de un millón de euros destinada a crear un programa piloto de apoyo a las víctimas del terrorismo y a sus familiares. 
Las circunstancias, desgraciadamente, demuestran que hay que hacer más y, sin menoscabo de nuestro apoyo a las medidas de asistencia a las víctimas, que el Consejo ha aprobado, quiero expresar aquí nuestra voluntad de que se incremente significativamente la dotación financiera del proyecto piloto de ayuda a las víctimas, elevando el rango de dicho proyecto a una acción comunitaria de gran envergadura. 
Ese es, señor Presidente, el compromiso del Grupo del PPE-DE que ha sido incluido entre las prioridades políticas para la próxima legislatura y que prevé la creación de un fondo europeo de compensación para las víctimas del terrorismo. 
Señoras y señores eurodiputados, tras el 11 de septiembre se aprobó el plan de acción contra el terrorismo y, sin embargo, el 11 de marzo de 2004, algunas de las medidas allí previstas todavía no se habían transcrito a los ordenamientos nacionales. 
Reitero aquí la petición que han hecho varios de los colegas, porque es esencial la colaboración de los Estados miembros en la pronta incorporación de las medidas adoptadas en el marco del tercer pilar. 
Es de vital importancia mejorar la seguridad en el sector de la prevención en Europa. 
Para finalizar, quisiera recordar, señor Presidente, desde la experiencia de mi país, que la derrota del terrorismo no es fácil, exige persistencia y tenacidad, pero es un reto ineludible de todos los europeos si queremos seguir viviendo en sociedades libres y democráticas. 
Nadie está libre de esa amenaza y sería una tragedia que algunos quisieran escapar de ella mirando para otro lado. 
Al contrario, la superaremos si la afrontamos juntos, con firmeza democrática y con la fuerza del Estado de Derecho. 
Señor Presidente, después del 11 de septiembre este Parlamento trabajó deprisa y muy en serio apoyando a la Comisión y pidiendo al Consejo una serie de medidas para hacer frente al terrorismo. 
Las instituciones de la Unión se pusieron a trabajar con eficacia para obtener una definición común del delito de terrorismo, para obtener y poner en marcha la orden de búsqueda y captura. 
Se hicieron en esta sede, y en otras sedes comunitarias, grandes proclamas a favor de una mayor cooperación policial, a favor de reforzar la de jefes de policía, a favor de una Europol operativa, bajo control judicial efectivo; se hicieron, además, esfuerzos para conseguir el establecimiento de garantías mínimas procesales y, en definitiva, para crear un marco que pudiera ofrecernos mayor seguridad y mayor agilidad, ante situaciones como la que se había producido en Estados Unidos. 
Esto sucedía además durante el debate sobre la nueva Constitución, que abría un marco de oportunidades importante para mejorar el espacio jurídico en el que enmarcar la cooperación policial y judicial y para someterla al muy necesario control parlamentario. 
Pero el momento pasó, y las medidas propuestas fueron avanzando solo por inercia, a un ritmo, Señor Presidente, que aún hoy no han llegado a ninguna parte. 
Ha sido necesario vivir el horror que hemos vivido para que volvamos a hablar en sesión solemne, un miércoles por la mañana, de ello. 
Si hay algo que los ciudadanos esperaban de nosotros es cooperación para ofrecer seguridad, y lo que escenificamos, por distintas razones, y con distintos grados de responsabilidad, fue una verdadera ceremonia de la confusión. 
Tiene razón la Comisión Europea cuando dice que no necesitamos nuevas ideas. 
Necesitamos solo poner en práctica las que están sobre la mesa, ya aburridas, y demasiado manoseadas. 
Aun así no hemos escapado a la tentación de tener una nueva y hemos creado un "Mister terrorismo" que no sé muy bien qué hará, si no mejoramos el marco global de confianza mutua. 
Europa puede y debe marcar la diferencia. 
No necesitamos una europea. 
Podemos y debemos ofrecer más seguridad a partir de confianza mutua y de cooperación fuerte en estricto respeto a las libertades y derechos que el terrorismo quiere destruir. 
Espero que la próxima vez que hablemos de esto no sea con lágrimas aún recientes, sino con la voluntad firme de estar a la altura del mundo de hoy. 
Un mundo en el que Europa, trabajando a favor de una cooperación interna, puede ofrecer también un camino y una guía para- en el marco de Naciones Unidas y de una acción multilateral- hacer frente a los peligros importantes a los que nos enfrentamos. 
– Señor Presidente, el Taoiseach afirma que, en su opinión, el principio del sistema de la doble mayoría ya está aceptado. 
Sin embargo, a mí me parece que todavía no está aceptado en la práctica, porque hay diversos Ministros intentando complementar la fórmula de la doble mayoría con nuevas cláusulas de cualificación que permitirían a un número determinado de Estados miembros formar una minoría de bloqueo. 
Yo recomendaría firmemente a la Presidencia que rechace estas complicaciones superfluas. 
Sería mucho mejor conseguir una fórmula simple, es decir, 55/55, que elimine la necesidad de una tercera llave. 
Europa no se puede construir basándose en ecuaciones matemáticas, sino en la confianza política. 
– Señor Presidente, los atentados criminales en Madrid muestran claramente que Europa se ha convertido en objetivo directo del terrorismo internacional. 
Esto sitúa a la Unión Europea en una nueva posición. 
El mundo político debe tenerlo en cuenta tanto a corto como a largo plazo. 
Desafortunadamente, los Jefes de Estado y de Gobierno se han limitado exclusivamente al corto plazo, a un activismo exagerado, que a fin de cuentas produce solamente una ilusión de seguridad en lugar de una seguridad real, y que también corre el riesgo de acabar en un Estado Gran Hermano orwelliano en el que los derechos básicos de los ciudadanos se sacrifican cada vez más. 
No es simplemente que, como actualmente estamos también experimentando en Alemania, cada día «se saque a la palestra una nueva idea en materia de política de seguridad». 
Benjamín Franklin, el padre de la Constitución norteamericana, tenía razón al decir que una persona que está dispuesta a sacrificar su libertad para ganar seguridad perderá ambas. 
No es posible impedir los atentados terroristas con medios militares, es decir, con la guerra. 
Mi crítica principal a las resoluciones del Consejo Europeo se refiere sobre todo a su incapacidad para entender la verdad básica de que la lucha contra el terrorismo es una de las tareas estratégicas de la Unión Europea. 
Esto es así porque el terrorismo y la criminalidad solo pueden combatirse con éxito si se actúa políticamente para combatir sus causas en el caldo de cultivo que suponen los profetas del odio y la violencia. 
La pobreza, la explotación, la desesperanza y la pérdida de los derechos y el desprecio de los sentimientos religiosos y las tradiciones culturales son lo que inducen al terrorismo y a la violencia. 
Por eso digo que la mejor prevención y la mejor protección contra el terror, la violencia y la guerra es un orden internacional justo. 
Por ello Europa debe desarrollar una política convincente, que busque un equilibrio de intereses pacífico y justo entre el norte rico y el hemisferio sur y acabe con el saqueo del llamado «tercer mundo». 
Las tareas inmediatas incluyen la retirada de los Estados Unidos y de sus aliados del Iraq, la resolución pacífica del conflicto de Oriente Próximo, y también un embargo de las exportaciones de armas europeas. 
Estas son las tareas estratégicas a largo plazo que debe proponerse la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo. 
– Señor Presidente, la Cumbre Europea celebrada en Bruselas la semana pasada dio el mandato a la Presidencia irlandesa de llevar a término las negociaciones sobre el Tratado constitucional antes de la próxima cumbre del 17 de junio. 
Pasar de una Unión de 15 Estados miembros –que pronto serán 25– a un Estado único con personalidad jurídica, cuyas leyes primarán sobre las de esos Estados miembros, es un paso que, en opinión de mi partido, el Partido por la Independencia del Reino Unido, no se debería dar sin consultar el deseo expreso de la población mediante un referendo. 
Nuestros políticos de Westminster votaron ayer en contra de conceder al electorado británico ese derecho. 
Continuaremos ejerciendo presión sobre nuestro Gobierno para que acceda a celebrar un referendo. 
Los sondeos de opinión demuestran que los británicos, si tuviesen la oportunidad, rechazarían esta Constitución. 
La opinión clara de mi partido es que Gran Bretaña estaría mucho mejor fuera de la Unión Europea y el primer paso hacia esa posición sería negar al Sr. Blair el mandato para firmar la Constitución. 
Si la firma, seamos claros: significará el fin de nuestro derecho al autogobierno. 
– Señor Presidente, Señorías, la cumbre, como ya se ha dicho hoy repetidamente, se realizó bajo la sombra de los atentados de Madrid. 
Es una señal positiva que se haya nombrado un coordinador antiterrorista y que se haya aplicado la cláusula de solidaridad del proyecto de Constitución. 
Son signos de la necesaria colaboración europea que pueden imputarse al haber de la cuenta. 
Sin embargo, para ser francos, el conocimiento de que la policía y los servicios de seguridad deben cooperar y que los resultados de las investigaciones deben intercambiarse más allá de las fronteras no es nuevo. 
Desde los atentados del 11 de septiembre ha habido muchas palabras, pero no muchos actos. 
Europa se mueve lentamente, como dijo una vez Robert Schuman. 
¡Qué gran verdad! 
La estrategia de Lisboa de 2000 tiene el ambicioso objetivo de hacer de la UE la zona económica más fuerte del mundo. 
Todavía estamos esperando resultados. 
En Laeken se dio el pistoletazo de salida para una Constitución, pero Polonia y España, y también Francia y Alemania, no han desempeñado un papel distinguido en la Cumbre de Bruselas. 
¿Se entrevé el final del bloqueo? 
La esperanza en este sentido no está injustificada. 
La Presidencia irlandesa ha hecho hasta ahora un buen trabajo. 
Sin embargo, soy realista y veo que muchos capítulos del proyecto de Constitución todavía son controvertidos: la cuestión de cuántos Comisarios debe haber por cada país, el principio de rotación, la ponderación de los votos. 
Pero no se cuestiona el hecho de que la Comunidad ampliada debe ser capaz de actuar, al menos de boquilla. 
Espero que los hechos sigan a las palabras. 
– Señor Presidente, mi partido y nuestros 37 diputados al Parlamento Europeo comparten las palabras del comunicado del Consejo que expresa su simpatía y solidaridad con las víctimas de los atentados terroristas de Madrid, con sus familias y con el pueblo español. 
Con respecto a Lisboa, acojo con satisfacción muchos de los puntos de la declaración del Consejo: la necesidad de una importante reforma estructural, la realización del mercado interior, mejora de la normativa e intercambio de las mejores prácticas. 
Sin embargo, las actuales economías europeas siguen siendo tan restrictivas e inflexibles que el progreso será difícil de conseguir. 
Todavía existe, debo decir, un silencio ensordecedor sobre nuestra propia incapacidad para reducir el afán regulador, que afecta seriamente a nuestra competitividad y destruye puestos de trabajo. 
Por desgracia, las buenas intenciones no sustituyen a las medidas prácticas. 
Con respecto a la Constitución, el líder del partido del Sr. Watson y del Sr. Duff en el Reino Unido se ha unido a mi partido en un llamamiento a que se celebre un referendo en este país sobre la Constitución. 
El lunes afirmó en la Cámara de los Comunes que la Constitución era necesaria, con el fin de definir y aclarar los límites de la competencia de la Unión Europea. 
La cuestión, según dijo, es: ¿tiene esta Constitución implicaciones constitucionales? 
La respuesta que dio fue un «sí» rotundo. 
Usted ha afirmado, Taoiseach, que los Gobiernos de los Estados miembros deben demostrar flexibilidad y compromiso en todos los sentidos; he tomado nota de sus palabras. 
Sin embargo, en ese mismo debate el Sr. Blair afirmó que las cuestiones fiscales, de seguridad social, del descuento para el Reino Unido, política exterior, defensa y justicia penal forman parte de nuestra idiosincrasia nacional, e insistiremos en ellas. 
Así pues, hay otros dos asuntos. 
En primer lugar, con respecto al asilo y a la inmigración en ese debate el Sr. Blair aseguró al pueblo británico que era una auténtica tontería sugerir que la Unión Europea tendrá competencia alguna a la hora de determinar cualquier decisión política o legislación en este ámbito. 
En segundo lugar, con respecto a la Carta de los Derechos Fundamentales, aseguró al pueblo británico que el Tribunal de Justicia Europeo no tendría ninguna competencia para hacer cumplir esta Carta ni los derechos expresados en la misma. 
Creo que la situación jurídica es muy distinta y le agradecería que nos diese su opinión. 
No es de extrañar, cuando nuestro Primer Ministro niega que una Constitución para la Unión Europea tenga alguna implicación constitucional, que el pueblo tenga dificultades para confiar en él. 
Por esta razón mi partido opina que deberíamos confiar en el pueblo y celebrar un referendo. 
– Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar a la Presidencia irlandesa, al Taoiseach, al Ministro Roche y al Ministro Cowen, por los progresos que han hecho en torno a la Constitución Europea. 
Resulta extraño que tenga motivos para alabar el trabajo de este Gobierno, pero cuando se lo merece lo hago de buen grado. (2) 
Habiendo felicitado a la Presidencia irlandesa, me gustaría elogiar también el compromiso y la profesionalidad del cuerpo diplomático y de la administración pública irlandesa, sin cuyo apoyo no habría sido posible el progreso. 
Se ha dado un enorme paso adelante, pero todavía debemos llegar a una conclusión con respecto al texto. 
Como uno de los 200 parlamentarios de todas las partes de Europa que elaboraron este texto en un foro abierto, debo decir que lo que tenemos es una propuesta de tratado cualitativamente diferente de cualquier tratado que se haya presentado jamás a los ciudadanos de Europa. 
Por lo tanto, es importante que cualquier nueva negociación o intento de cambiar compromisos difíciles se haga en un foro lo más abierto posible. 
Creo que no sería aceptable para este Parlamento, ni para los ciudadanos de Europa, que los acuerdos se alcancen a puerta cerrada, lo que afecta seriamente a la coherencia, los valores, los objetivos y la capacidad de actuar que ofrece el texto actual. 
Es importante, si queremos conseguir la ratificación de los 25 Estados, que el proceso que está llevando a cabo actualmente la Presidencia intente garantizar que los ciudadanos también estén implicados en el mismo. 
Con respecto a la cuestión del terrorismo, aquí se ha insistido con acierto en que la inteligencia es la clave para vencer al terrorismo. 
Me gustaría sugerir que debemos entender el concepto de «inteligencia» en su sentido más amplio. 
La recopilación de información es importante para prevenir terribles atrocidades, como las ocurridas en Madrid. 
Sin embargo, el uso de nuestra inteligencia también es necesario para acabar con el sentimiento de alienación e injusticia que tienen muchos de los que son reclutados para cometer este tipo de actos horribles. 
No basta con que simplemente intentemos mejorar nuestra capacidad de arresto, detención, imputación y encarcelamiento, aunque es importante; debemos estar en guardia frente a las acciones que minan los principales derechos que pretendemos defender. 
Tenemos que asegurarnos de mejorar también nuestra capacidad intelectual para analizar y entender exactamente lo que está impulsando esta nueva forma de terrorismo. 
No es la misma forma de terrorismo que hemos experimentado en Francia, Irlanda, España y otros lugares, por parte de ETA y otras organizaciones terroristas. 
Tenemos que analizar detenidamente e intentar comprometernos con los componentes de las comunidades de Europa que están alienadas hasta el punto de llegar al asesinato y al terror. 
Señor Presidente, siempre se ha tenido la intención de dedicar todos los años el Consejo Europeo de Primavera a los asuntos económicos y sociales, al crecimiento y al desarrollo. 
Este año ha habido muy poco de esto. 
Admito que hubo temas de debate que fueron importantes en sí mismos, pero deseo protestar por la casi completa indiferencia por los temas de desarrollo económico y social. 
El proceso de Lisboa no está funcionando en modo alguno como se pretendía y los problemas son grandes. 
El desempleo es elevado, la inversión no es la que podría ser y así sucesivamente. 
Por supuesto, se van a necesitar grandes esfuerzos políticos de los Estados miembros, pues ahí es donde la política económica debe adquirir su forma tangible. 
En lugar de ello, las únicas directrices europeas que tienen peso real se encuentran en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que hace lo contrario y les pone una camisa de fuerza. 
Comparto plenamente la opinión del Sr. Prodi de que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es una estupidez. 
Es hora de hacer algo al respecto y hacer mucho más dinámico el desarrollo económico en Europa. 
El aspecto social del proceso de Lisboa tampoco está funcionando como debiera. 
Todos hablan de aprendizaje permanente, pero en realidad los Estados miembros no están invirtiendo absolutamente nada en educación; al contrario, están haciendo recortes. 
Realmente hay que hacer algo y el electorado está reaccionando. 
En Alemania y Francia vemos cómo los electores protestan contra una política económica y social que ahora se deja en manos de dios. 
– Señor Presidente, a todos nos ha afectado duramente el atentado de Madrid y me parece muy bien que el Consejo Europeo del último 25 de marzo haya respondido anticipando la cláusula de solidaridad. 
En efecto, este principio de solidaridad, al margen de los procedimientos, que pueden discutirse, merece nuestro apoyo unánime. 
Por otra parte, el Consejo fijó para el 17 de junio la fecha tope para concluir las negociaciones sobre el proyecto de Constitución europea. 
Esta decisión es menos sencilla de lo que parece, ya que a día de hoy todavía no se han encontrado compromisos sobre puntos esenciales. 
Al parecer, el objetivo es, sobre todo, presionar a los países recalcitrantes. 
Esta decisión parece también muy poco respetuosa del sufragio universal. 
En efecto, que el acuerdo se anuncie al día siguiente de las elecciones europeas o que se haya alcanzado quince días antes no cambia gran cosa. 
En todos los casos, el resultado es que no habrá tiempo de organizar un debate concreto. 
Este método dice mucho, una vez más, señor Presidente, sobre el tipo de Europa que esta Constitución anuncia. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, por lo que se refiere a las conclusiones del Consejo Europeo, me permitiré insistir en tres puntos. 
En materia de terrorismo y después de la tragedia de Madrid, esperamos determinación y eficacia. 
Nos satisface que se haya nombrado un coordinador para la lucha contra el terrorismo, pero es preciso que pueda ser eficaz. 
Me pregunto, por tanto, de qué poderes dispondrá. 
Reclamamos más eficacia para Europol y Eurojust, del mismo modo que no podemos sino lamentar que algunos países no se hayan pronunciado aún sobre la orden de detención europea. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, nos va a hacer falta determinación para que las cosas cambien, porque, en Madrid, no fue España la atacada, sino toda Europa. 
Estos sucesos nos llevan a plantear la siguiente cuestión: ¿qué queremos hacer de Europa? 
¿Un simple mercado, una zona de libre comercio o una auténtica Europa política solidaria? 
Europa es un barco que avanza, no se construye sobre el miedo, sino sobre la ambición y la voluntad. 
Ya no es hora de vacilaciones. 
Necesitamos más Europa, necesitamos una constitución lo antes posible, porque Europa debe ofrecer un contrato de confianza a los europeos. 
Por último, nuestra acción política debe ser coherente, eficaz y duradera. 
Hay que dar prioridad a la cuestión económica y social. Restablecer la prosperidad económica para resolver la cuestión social, ese es el reto. 
La prosperidad económica debe ser nuestro objetivo inmediato, porque condiciona el empleo y es la única fuente de progreso social. 
No se inventa ni se decreta, sino que se obtiene o no en función del espacio que se deje a los creadores de riqueza. 
No desalentar nunca el espíritu emprendedor, ese debe ser el hilo conductor de cualquier política nuestra, lo que quiere decir que hay que atajar con más energía aún los frenos que impiden este cambio de perspectiva. 
Esta prioridad deseable de retorno a la prosperidad económica a través de una mayor libertad de empresa no podrá alcanzarse si no va acompañada de un nuevo contrato social, que se base en asociaciones claras y un sindicalismo moderno, más interesado en las reformas que apuntalado en la defensa de sus privilegios y de derechos adquiridos. 
Ante la confusión de algunos de nuestros conciudadanos, la acción reformadora solo puede comprenderse si beneficia a la mayoría y suprime la injusticia. 
Así es como haremos participar a nuestros conciudadanos en el proyecto europeo. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, Europa avanza a medida que se suceden las reacciones y, después del drama de Madrid, después del de Nueva York, hemos hecho, hacemos, progresos en materia de lucha contra el terrorismo. 
Después de Nueva York, tuvimos una negociación larga y difícil sobre la orden de detención europea. 
Consolidamos los avances con respecto a Europol y Eurojust. 
Pero después, la aplicación es tan lenta y tan desesperante para nuestros conciudadanos que debemos encontrar otros medios para forzar a los Jefes de Estado y de Gobierno. 
En efecto, después de haber dado su consentimiento al Consejo, olvidan poner en práctica el objeto del acuerdo en su propio país. 
Pongamos la orden de detención europea: no es normal que todavía sean tantos los Estados miembros que no han ratificado esta herramienta esencial, tal como quisimos que hicieran después de Nueva York. 
Hoy, después de Madrid, nuestro antiguo colega el Sr. de Vries ha sido nombrado coordinador. 
Todos nos alegramos, todos conocemos su determinación en estos temas, todos conocemos su determinación de trabajar por la creación de un fiscal europeo. 
Pero si no tiene los medios necesarios, si no tiene un mandato claro, nos encontraremos en la impotencia. 
Bajo la presión de los acontecimientos, se ha designado un coordinador, cuando, en el fondo, se trata de una idea, una intuición que animaba a muchos de nosotros dentro mismo de la Convención: la idea de que, en temas en que los Jefes de Estado y de Gobierno tienen su palabra que decir y deben poder cooperar de forma activa con las herramientas de una visión europea que están en manos de una Comisión, hace falta una articulación mejor entre las distintas autoridades europeas. 
Lo que hicimos con el Ministro de Asuntos Exteriores, vemos bien que, en cierto modo, tendremos que hacerlo en el ámbito del espacio de justicia, seguridad y libertad. 
En el fondo, este coordinador es una primera impresión de lo que, sin duda, deberá realizarse un día. 
Pero hoy no tiene ninguna relación, ningún vínculo con la Comisión. 
Creo que debemos reflexionar, si queremos ser eficaces en la coordinación de los medios de lucha contra el terrorismo. 
Con este espíritu, señor Presidente en ejercicio del Consejo, tiene en sus manos el futuro de la Constitución europea, puesto que ahora tiene un mandato definido con un calendario un tanto difícil, sin duda bienvenido en la medida en que dota a la Europa más amplia, la que se reunificará por fin el 1 de mayo, de una Constitución a corto plazo, pero de todos modos un tanto difícil habida cuenta de las elecciones al Parlamento Europeo. 
Simplemente, quiero llamar su atención sobre elementos esenciales para este Parlamento. 
Como han dicho otros antes que yo, está la cuestión de los poderes presupuestarios del Parlamento Europeo. 
Pero, aparte de eso, veo un riesgo de retroceso con respecto a lo que se apuntó en la Convención: quiero hablar de la perspectiva de un fiscal europeo, quiero hablar de la mayoría cualificada allí donde sea posible obtenerla, en el ámbito fiscal y social, aunque esto no sea suficiente. 
Veo un riesgo de retroceso en el ámbito de la cooperación reforzada y de las cláusulas pasarela. 
Veo un riesgo de que no se aborde la cuestión de la revisión de la Constitución. 
Sería muy grave. 
Por último, señor Presidente, en lo que se refiere a la composición de la Comisión, tiene usted un problema muy grave. 
Conozco la tendencia: es dar un Comisario por Estado miembro. 
Pero quiero llamar de nuevo su atención sobre una propuesta que está sobre la mesa, la de no definir el número de Comisarios en la Constitución y dejar al Presidente de la Comisión, junto con el Consejo Europeo, la libertad de definir el equilibrio en la composición de la Comisión, poniendo simplemente un límite de un Comisario por Estado miembro como máximo. 
Quizás durante algún tiempo, ello conduciría a una Comisión de 25 que tendría que organizarse, pero al menos dejaríamos... 
– Señor Presidente, Europa ha despertado al tema del terrorismo, aunque deja un amargo sabor de boca darse cuenta de que esto ha sucedido solamente después de la masacre de trabajadores, niños y personas corrientes por parte de los carniceros de Al Qaeda en Madrid. 
Sin embargo, lo sorprendente es que ni en los discursos de esta mañana ni tampoco en las 18 páginas de la Declaración sobre la solidaridad contra el terrorismo no haya ninguna referencia explícita a esta. 
He tenido que esperar hasta el discurso del Sr. Claeys, un diputado flamenco, para escuchar a alguien explicar el peligro que supone el islam, el fundamentalismo y el terrorismo que se deriva de este. 
Me limitaré a hacer dos comentarios, el primero de los cuales es un imperativo moral. 
Si queremos ser capaces de honrar la memoria de las víctimas de este terrorismo, debemos abordar el problema de la ayuda de la Unión Europea a la Autoridad Palestina y el destino de esa ayuda, de modo que no acabe financiando a los terroristas, los terroristas suicidas o incluso a aquellas actividades supuestamente sociales como los campos de entrenamiento, que realmente son escuelas de fundamentalismo y extremismo. 
También debemos abordar las actividades que se realizan en las mezquitas europeas: en los últimos días, no solo en Roma, sino en toda Europa, en cientos si no miles de mezquitas se han pronunciado oraciones por el Jeque Yasin, el teórico e instigador de los atentados suicidas y de los asesinatos terroristas. 
Señor Presidente, es evidente que las conclusiones de la Cumbre de Primavera han venido marcadas por el atentado terrorista de Madrid, que ha tenido no solo unas consecuencias políticas, sino, también, unas consecuencias económicas evidentes, habida cuenta de las dosis de incertidumbre, de inestabilidad y de inseguridad que todo fenómeno terrorista comporta, como saben muy bien los ciudadanos madrileños que han padecido este terrible atentado y como saben muy bien los ciudadanos españoles del País Vasco, donde, desde hace más de veinte años, hay un gobierno nacionalista que no ha sido capaz de garantizar, durante todo este período, ni la seguridad ni los más elementales derechos de los ciudadanos y cuyo Presidente, por cierto, ha sido el primer responsable político en España que ha atribuido la autoría de este atentado a la banda terrorista ETA. 
Quisiera decir, señor Presidente, en lo que se refiere al tema constitucional, que no comparto las observaciones que se han hecho esta mañana en el hemiciclo, según las cuales el cambio del Gobierno en España está en el origen del nuevo clima se ha creado. 
Este nuevo clima se ha creado precisamente como consecuencia de la actitud que han asumido los Estados miembros- incluidos los más recalcitrantes- a la luz de las nuevas circunstancias y quiero insistir en que España siempre ha estado dispuesta a una negociación para flexibilizar sus condiciones. 
Europa quiere y Europa necesita una Constitución, pero tiene que ser una Constitución en la que todos los ciudadanos europeos se puedan ver reconocidos. 
Es importante decir, señor Presidente, que, no solo al lado del fenómeno terrorista, sino también con la crisis del Pacto de Estabilidad, la apreciación del euro y los desafíos, retos y oportunidades que nos presenta la ampliación, el clima que está viviendo la Unión Europea en estos momentos no es el más optimista. 
La prensa destacaba que Europa ha perdido un punto de competitividad en los últimos diez años con respecto a los Estados Unidos y que hoy la prosperidad del ciudadano medio de la Unión Europea está en un 30 % por debajo de la prosperidad del ciudadano medio norteamericano. 
¿Cuáles son los elementos que necesitamos para recuperar la senda del crecimiento sostenido y la recuperación del empleo? 
Señor Presidente, con independencia de las reformas estructurales que exige la estrategia de Lisboa, lo más importante, el salto cualitativo que tiene que dar Europa es el relanzamiento del proyecto europeo, no como una simple unión monetaria, no como un simple mercado único, sino el verdadero proyecto político y, para eso, contamos con la presidencia del Consejo y, muy particularmente, con la Presidencia de la Comisión Europea. 
– Señor Presidente, en un aspecto esta Cumbre de Primavera nos ha dado renovada esperanza. 
Podemos decir: «¡Soltad amarras, adelante a toda máquina con el barco llamado!» 
Espero de verdad que sea posible encontrar una solución satisfactoria a los aspectos críticos que otros ya han mencionado hoy. 
El hecho es que necesitamos esta Constitución Europea para dejar claro que Europa no es solo un mercado, que no somos solamente una unión económica y monetaria y que no solo tenemos una moneda única, sino que también queremos hablar con una sola voz como una Comunidad de valores y derechos. 
También tenemos que hablar con una sola voz en otro ámbito, en el cual la diversidad de voces es excesiva. 
La estrategia de Lisboa todavía no se ha malogrado. 
Seguimos interesados en el crecimiento sostenible, el pleno empleo y la cohesión social. 
Sin embargo, estamos lejos de los objetivos que nos hemos fijado: la primavera económica todavía no ha llegado, tenemos un desempleo masivo con más de 14 millones de personas desempleadas y más de 55 millones de personas que viven en el umbral de la pobreza, y, si nos fijamos en las inversiones, tenemos que hablar realmente de una «moratoria de inversiones» en Europa. 
La demanda interna tampoco se ha estimulado; sin duda no es solamente por el sentimiento de incertidumbre derivado de la mundialización o por la incertidumbre sobre el avance de Europa, sino también por el miedo a los ataques terroristas por lo que la voluntad de compra de los consumidores europeos deja mucho que desear. 
También nos falta realmente el estímulo necesario para lograr el crecimiento de la producción, que solo podemos aplicar mediante una mayor tasa de compra, es decir, mediante una reducción del desempleo en la Unión Europea. 
La Unión Europea necesita un nuevo dinamismo. 
Incluso si se diera el caso de que mañana el Banco Central Europeo, a la vista de las bajas tasas de inflación y del bajo crecimiento de la oferta monetaria, utilizase su margen de maniobra y redujese los tipos de interés, ni siquiera eso sería suficiente. 
Se necesitan además medidas políticas. 
Esto no significa discursos en las cumbres o acuerdos alcanzados en ellas. Significa medidas de aplicación en los Estados miembros. 
Perderemos el éxito y la credibilidad si no hacemos nada al respecto. 
Señor Presidente, Europa necesita más proyectos como el Airbus, que ha mostrado que la colaboración del sector público y el privado, diferentes países, diferentes empleados, diferentes empresas pueden trabajar juntos. 
¿Por qué no puede Europa organizar otros proyectos de éxito con estos valores que crearían realmente esperanza, que crearían puestos de trabajo específicos, que fomentarían de forma muy específica el liderazgo europeo en tecnologías específicas del futuro? 
Para ello, el impulso de la inversión, el programa Quickstart, es sin duda un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente; es demasiado pequeño. 
Debemos seguir luchando por las reformas; debemos eliminar las barreras al comercio y en servicios particulares, pero debemos también concentrarnos en la inversión y el Pacto no debe ser un obstáculo para ello. 
La persistente ausencia de una patente comunitaria es también un factor disuasorio para los líderes de la investigación y el desarrollo. 
Aunque los Jefes de Estado y de Gobierno han prometido seriamente que llegará, todavía no llegará este año. 
Solamente los resultados visibles y concretos convencerán a los ciudadanos de Europa de la ventajas y el valor añadido de Europa. 
Europa se encuentra una vez más en una encrucijada. 
O aumentamos la tasa de consumo, nos armamos de optimismo y dinamismo y eliminamos el desempleo, o la credibilidad del proceso de unificación europea estará en peligro. 
– Señor Presidente, permítame felicitar también a la Presidencia irlandesa por la forma en la que ha manejado las negociaciones de la CIG. 
El Taoiseach acaba de mencionar la importancia de hacer concesiones mutuas en estas negociaciones. 
Quiero insistir en la cuestión de las concesiones mutuas en relación con un punto específico: las competencias en materia presupuestaria del Parlamento Europeo. 
El texto de la Convención implicaba ciertas concesiones mutuas. 
Nosotros, como Parlamento, hemos renunciado a nuestro derecho a decidir conjuntamente mediante acuerdo interinstitucional con el Consejo acerca de las perspectivas financieras, para simplemente dar nuestra aprobación a dichas perspectivas. 
A cambio, hemos adquirido el derecho a tener la última palabra dentro de esos límites y dentro de un margen de maniobra con respecto a cada partida del gasto, que anteriormente era obligatorio y no obligatorio. 
Se trata de un paquete equilibrado y justo con concesiones mutuas. 
Algunos Ministros de Finanzas solo pretenden adquirir derechos sin renunciar a nada. 
Querrían reducir el papel del Parlamento a emitir simplemente una opinión sobre las perspectivas financieras y fijar ellos también los límites sobre los demás aspectos de nuestras competencias en materia presupuestaria. 
Francamente, eso no es aceptable para el Parlamento Europeo. 
Sería una de líneas rojas, y nosotros también podemos tener líneas rojas. 
Quiero insistir en lo que «Harry Pottering» ha dicho en nombre del Grupo del PPE-DE. 
Ha dicho que este Grupo está totalmente a favor de la Constitución. 
Me satisface escuchar que en su Grupo, lo conservadores británicos están a favor de la Constitución, porque eso no es lo que han dicho algunos de ellos en un debate de la Cámara de los Comunes celebrado ayer, ni lo que Jonathan Evans afirmó en un debate que mantuvo conmigo el pasado viernes en la cadena BBC. 
Van a oponerse a la Constitución y, de hecho, anunciaron en la Cámara de los Comunes que utilizarán todos los mecanismos parlamentarios que puedan para impedir su aprobación. 
También están difundiendo historias alarmistas acerca de la Constitución. 
Alegan que crea un superestado centralizado, con un traspaso de todos los poderes a Bruselas, con lo que Bruselas podrá determinar la política nacional en todos los ámbitos de gobernanza. 
En esta Cámara, sabemos que eso no es cierto. 
Están contando mentiras e intentando fomentar el euroescepticismo que se encuentra latente en gran parte de la prensa británica y en partes de la opinión pública, en su propio beneficio electoral. 
No podemos permitir que se salgan con la suya. 
Debemos celebrar un debate basado en los hechos y no en los mitos. 
Espero que «Harry Pottering» seleccione a los miembros de su Grupo –agitando su varita mágica, quizás– y que pida a los diputados que aparentemente quieren pertenecer a su Grupo muy federalista en el Parlamento Europeo que asuman las consecuencias de ello. 
De acuerdo con nuestro Reglamento, uno se une a un grupo político basándose en la afinidad política. 
Me pregunto qué afinidad existe entre los conservadores británicos y el conjunto del PPE con respecto a esta cuestión fundamental. 
Parece no haber ninguna e invito al PPE-DE a que mantenga un vivo debate interno sobre este asunto. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, no quiero comenzar mi intervención sin agradecer, en mi calidad de español y como presidente de la Comisión de Libertades Públicas, el apoyo que ha recibido, por parte del Consejo Europeo, la propuesta hecha por este Parlamento de que el día 11 de marzo sea el día europeo en memoria de las víctimas del terrorismo. 
Los últimos acontecimientos, además de habernos sumido en el desconcierto y el dolor, nos han hecho conscientes- como, desgraciadamente, lo somos desde hace tiempo en mi país- de que el mundo civilizado está en riesgo, en peligro, ante un nuevo enemigo cuyos límites no están definidos: el terrorismo. 
Y la lucha contra este enemigo, provisto de muchos tentáculos y que mata y asesina de una forma despiadada y brutal, no es una guerra al uso, no es una guerra tradicional, pero sí es- y de ello no cabe la menor duda- una guerra desigual y criminal contra las sociedades estructuradas sobre principios como la libertad y la democracia. 
La Unión Europea debe unir todos sus esfuerzos y poner en marcha con urgencia todos los instrumentos jurídicos, financieros y humanos para combatir el terrorismo. 
Por todo ello considero que este Parlamento está obligado a dar al Consejo Europeo un mensaje de respaldo a las medidas que adoptó el pasado 25 de marzo, contenidas en su Declaración contra el terrorismo, pero también a exigirle, con la legitimidad que nos da representar a los ciudadanos europeos, que ni un minuto más podemos aceptar la falta de voluntad política en la implementación de estas medidas por los Estados miembros, como ocurre en la actualidad- y destaco solo algunos de los ejemplos más evidentes, como la euroorden o la Decisión marco sobre terrorismo. 
Y menos aún podemos aceptar que, por razones puramente presupuestarias o de procedimiento, se hayan desmantelado instrumentos tan eficaces en la lucha contra el terrorismo como la Unidad antiterrorista, creada en el seno de Europol a raíz de los atentados del 11 de septiembre. 
Por otra parte, Señorías, la realidad demuestra que la Unión Europea se ve a menudo envuelta en importantes dificultades a la hora de adoptar decisiones, y ello, con 25 Estados miembros, me temo que se traducirá en el bloqueo de muchas decisiones. 
¿Por qué no entonces- siguiendo el ejemplo del último Consejo Europeo, que ha utilizado la cláusula de solidaridad, prevista en el aún proyecto de Tratado constitucional- anticipar la puesta en marcha del sistema de adopción de toma de decisiones por mayoría cualificada, ya incluido en el texto de nuestra futura Constitución? 
Considero, Señorías- y así termino -, que ello facilitaría mucho nuestra labor contra el que ha demostrado ser el mayor peligro actual para la estabilidad de las sociedades democráticas y basadas en el Estado de Derecho. 
No es menos, Señorías, lo que se merecen nuestros ciudadanos. 
– Señor Presidente, muchas gracias por su consideración; en mi Grupo se están produciendo cosas importantes y teníamos que estar allí. 
Quiero extender mi sincero agradecimiento a la Presidencia irlandesa del Consejo. 
En estos días vemos cómo se está haciendo historia y es la Presidencia irlandesa la que la está haciendo. 
Dirigiendo las negociaciones de forma astuta y prudente, pero sin embargo persiguiendo decididamente su objetivo, ha sido capaz de volver a poner sobre la mesa la Constitución. 
Les doy las gracias sinceramente por ello. 
Creo que todavía podemos ver algunos puntos en los que será necesaria una negociación sustancial. 
El Taoiseach, en su calidad de Presidente en ejercicio del Consejo, también lo ha dejado claro con los puntos que ha tratado, primero seis y luego otros 22. 
Una vez más quiero dejar claro, como muchos oradores, que el derecho presupuestario, y la Perspectiva Financiera asociada, es la prerrogativa de todo Parlamento. 
Espero que esto se recuerde en las negociaciones. 
También hemos buscado esta Constitución para que la UE ampliada tenga capacidad de acción. 
Hemos conseguido que se acepte como principio la doble mayoría; pero ahora debemos tener también los números de la doble mayoría, de modo que incremente el poder de decisión. 
En tercer lugar, creo, precisamente en el caso del voto por mayoría en el Consejo, que debe asegurarse nuestra insistencia en el voto por mayoría en especial en los ámbitos en los que nuestros ciudadanos se encuentran particularmente amenazados debido a las acciones terroristas, es decir, la política de justicia e interior. 
Solo para mencionar aquí tres ámbitos importantes en este contexto. 
Sin embargo, quisiera señalar que, en este Parlamento, debemos aunar esfuerzos con la Comisión para apoyar a la Presidencia irlandesa. 
Si se confirma que el Sr. Barnier pasa a ser Ministro de Asuntos Exteriores francés, lo que considero una buena noticia, me gustaría que, por su importancia, se reasignase su puesto en la Conferencia Intergubernamental al Presidente Prodi en persona en los próximos meses, para subrayar con ello el hecho de que la Comisión también respalda el proceso. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, las atrocidades en Madrid han puesto la lucha contra el crimen y el terrorismo en lo más alto de la agenda europea. 
Europa necesita unir fuerzas a una escala desconocida hasta el momento. 
Los líderes europeos debían haberse dado cuenta mucho antes, antes del atentado en Madrid y preferiblemente incluso antes del Tratado de Ámsterdam, que una de sus responsabilidades políticas más importantes es garantizar la seguridad exterior e interior de la Unión. 
La introducción de medidas que sean suficientemente eficaces y polifacéticas exige el respeto de los derechos fundamentales y también transparencia y control democráticos. 
De otro modo existe el riesgo de que las medidas que afectan directamente a los ciudadanos sean demasiado débiles y no gocen del apoyo suficiente. 
Esto se aplica particularmente a los servicios de inteligencia. 
Los líderes europeos deberían haber dado a la UE mayores poderes reales para luchar contra el terrorismo y el crimen transfronterizo mucho antes de vernos forzados a adoptar medidas de pánico. 
En el programa con el que ejemplarmente nos obsequia ahora la Presidencia irlandesa quedan reflejados años de inactividad, pero los asuntos merecen un enfoque a largo plazo. 
La dura realidad es que los líderes europeos deberían haber mostrado liderazgo político europeo mucho antes. 
Sin duda se necesita un responsable a cargo de la lucha antiterrorista, pero la Comisión debe desempeñar un papel central. 
La cosa más natural sería basarnos en la competencia que ya tenemos en la Comisión, y complementarlo con un Comisario que llene el vacío que la escalada de la lucha contra el terrorismo amenaza con crear en la protección básica de los ciudadanos, particularmente la protección de su privacidad. 
Un conjunto de soluciones a la crisis no es suficiente para luchar contra el terror. 
En lugar de ello se necesitan medidas a largo plazo sobre una base comunitaria. 
– Señor Presidente, la lucha contra el terrorismo internacional es el mayor desafío de la Unión Europea. 
Ayer, en mi circunscripción de Londres, la policía británica arrestó a ocho ciudadanos británicos de origen pakistaní con media tonelada de material para la fabricación de bombas. 
Necesitamos medidas más sólidas para combatir este azote y mi partido, los conservadores británicos, aceptarán incluso el nombramiento de un coordinador antiterrorista, si se demuestra que esto puede mejorar la seguridad. 
También apoyo totalmente la cooperación entre los servicios y autoridades policiales, de inteligencia y judiciales, no solo dentro de la Unión Europea, sino también a escala mundial, con aliados como los Estados Unidos, y con otras potencias como Rusia y China, que tienen sus propios problemas nacionales con los islamistas en Chechenia, así como con la minoría uigur y con terroristas relacionados con Al Qaeda. 
Los conservadores británicos rechazan la orden de detención europea y no aceptan que este problema tenga nada que ver con la pobreza del Tercer Mundo, dado que muchos terroristas proceden de familias de clase media, educadas y acaudaladas. 
De hecho, las zonas más pobres del mundo, como África, han sido víctimas del terrorismo extranjero, como es el caso de los atentados con bombas contra la embajada en Kenia. 
Necesitamos una estricta aplicación de la legislación sobre la lucha contra el blanqueo de dinero y la congelación de los activos terroristas, así como la ratificación del Convenio sobre asistencia mutua en materia penal relativo al control de las cuentas bancarias. 
La unidad antiterrorista de Europol necesita reforzarse, pero no necesitamos un fiscal europeo, y el Reino Unido es prudente al mantenerse fuera de Schengen y controlar sus propias fronteras. 
La opinión pública europea acepta plenamente que la seguridad es lo primero y que sus apreciadas libertades, incluido el derecho a la intimidad, tendrán que ser restringidas en esta lucha. 
Finalmente, quiero pedir una condena más firme del terrorismo por parte de los líderes musulmanes y el rechazo del extremismo en sus comunidades. 
Me ha inquietado particularmente leer que el 13% de los musulmanes británicos apoyan a los terroristas suicidas. 
Por lo tanto, acojo con satisfacción la declaración realizada ayer por el Consejo Musulmán Británico, que ha invitado a todos los líderes de sus mezquitas a rechazar el terrorismo y a cooperar plenamente con las autoridades y la policía del Reino Unido en la identificación de quienes se encuentran detrás de las recientes intentonas violentas. 
– Señor Presidente, Señorías, tras la reunión del Consejo Europeo podemos sentirnos al menos satisfechos. 
Irlanda puede recibir el mérito de haber hecho avanzar muchos asuntos difíciles. 
Al menos parece que la Conferencia Intergubernamental puede lograr un acuerdo sobre la nueva Constitución. 
La propuesta de la Convención es una buena base para un acuerdo constitucional, pues es equilibrada y tiene en cuenta los intereses de Europa en su conjunto. 
Desde que se acordó la agenda de Lisboa ha pasado mucha agua bajo el puente. 
Sin embargo, lamentablemente, la corriente no ha acercado a la Unión al objetivo celebrado que, vista su ambición y considerando los hechos de los últimos años, es casi tan poco realista como los planes quinquenales de Brezhnev. 
Por el contrario, si existía algo de fe en la capacidad de la UE para llevar a cabo reformas estructurales adecuadas, esta se ha aguado en la corriente. 
¿Cuáles son las reformas estructurales de las que tanto se habla? 
Debe garantizarse la libre circulación de la mano de obra. 
Los períodos de transición para los nuevos Estados miembros son un error que debería corregirse lo antes posible. 
El presupuesto de la UE no debería recortarse en el próximo período presupuestario: hay que centrarse en la labor de apoyo a la competitividad y el crecimiento. 
Debe intensificarse la aplicación de la legislación del mercado interior en los Estados miembros. 
También debemos recelar de una regulación demasiado detallada y rigurosa. 
A menudo ocurre que regulamos demasiado y no aplicamos bastante. 
Algunas leyes, como las relativas a los productos químicos, a menudo resultan una traba desde el punto de vista de la mejora de la competitividad. 
De acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industria de Finlandia, la propuesta generaría un 2% de reducción del PIB en Finlandia y en otros países de la UE durante el período 2007-2017. 
¿Les parece razonable? 
Los cobardes atentados terroristas de Madrid afectaron hondamente no solo a la nación española, sino a todos nosotros en Europa. 
Lamentablemente, los terroristas lograron su objetivo. 
No hay que dejar que esto ocurra otra vez. 
Todavía hay problemas en la lucha contra el terrorismo. 
¿No dijimos después de los terribles ataques del 11 de septiembre que aumentaríamos el intercambio de datos de inteligencia entre los Estados miembros? 
Hay un gran trecho entre lo que los políticos dicen y lo que hacen. 
Debemos tener cuidado con esto. 
Sin embargo, en la lucha contra el terrorismo es necesario asegurar que los derechos básicos de nuestros ciudadanos y las libertades civiles no se restrinjan inútilmente. 
Los ciudadanos respetuosos con la ley no tienen nada que temer en Europa. 
– Señor Presidente, Señorías, el atentado de Madrid no solo mató a muchas personas, sino que también socavó la soberanía de un Estado europeo. 
El hecho es que, se mire por donde se mire, los terroristas claramente lograron influir en la decisión soberana del electorado español. 
A raíz de ello, entre otras cosas, los terroristas han intervenido en Europa. 
Me pregunto si los europeos han reconocido la naturaleza de esta amenaza adecuadamente y están dispuestos a hacerle frente. 
La reacción hasta el momento ha sido relativamente débil. 
Hemos resucitado programas que teníamos desde el 11 de septiembre de 2001, pero que se habían aplicado de forma inadecuada. 
Se ha recurrido a ideas visionarias, como la creación de un servicio secreto europeo, que podría considerarse en un futuro lejano, pero que ciertamente no hace frente a la amenaza real. 
Se ha pedido que se nombre a alguien para tratar este asunto, la respuesta habitual a un problema europeo, y de hecho se ha nombrado a alguien; el Sr. de Vries es una persona muy estimada y ex diputado de esta Cámara. 
Lo importante no es que haya sido nombrado, sino qué poderes va a tener. 
Se han dado pocas respuestas a esta cuestión. 
Parecería que la necesidad del momento es la prevención, con cuyo propósito deberían recopilarse los datos disponibles en Europa, por ejemplo sobre los terroristas. 
Aunque los servicios nacionales disponen de una gran cantidad de información, la disposición a compartirla a nivel europeo es escasa. 
Si Europa colabora de forma más estrecha y fiable en este ámbito de lo que lo ha hecho hasta ahora, tendrá una oportunidad para defenderse contra los terroristas a largo plazo y con un efecto impresionante. 
Quiero dar las gracias a todos los diputados por sus constructivas observaciones. 
En este debate se han hecho muchos comentarios y la Presidencia irlandesa ha tomado debidamente nota de los mismos, incluida una serie de temas comunes que se han planteado. 
Al principio, el Sr. Poettering, el Sr. Barón Crespon, el Sr. Watson y muchos otros han planteado la cuestión del terrorismo y la amenaza a la que nos enfrentamos. 
Todos estamos comprometidos en el combate contra el terrorismo de acuerdo con los principios fundamentales en los que se basa la Unión. 
Puedo asegurar a todos que nuestros esfuerzos contra el terrorismo se realizarán respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Sin duda, eso es algo que debemos respetar totalmente. 
Nuestra prioridad inmediata es garantizar la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Sin embargo, también tenemos que tratar los factores más amplios que contribuyen al terrorismo. 
Eso no es justificar el terrorismo, sino que más bien es un paso esencial para su eliminación. 
Muchas personas han señalado aquí en las últimas semanas que tenemos que trabajar para intentar comprender las causas profundas del terrorismo. 
Un colega irlandés, el Sr. De Rossa, ha señalado que este terrorismo es diferente de gran parte del terrorismo que hemos presenciado en las últimas décadas. 
En el Consejo Europeo tenemos muy claro que no pretendemos justificar en absoluto ninguno de los actos, tenemos que intentar entenderlos para ver cómo podemos hacerles frente, no hablando con las personas que los cometen, porque no escuchan a nadie, sino comprendiendo y analizando las causas de fondo. 
Estoy totalmente de acuerdo con la opinión expresada por el Sr. Poettering y la Sra. Doyle de que no es cuestión de culpar colectivamente a ningún grupo de personas o países del azote del terrorismo. 
No debemos estigmatizar al mundo árabe. 
Estoy decidido a colaborar estrechamente con los líderes del mundo árabe. 
Como ya he informado, eso es precisamente lo que está haciendo la Presidencia. 
En la lucha contra el terrorismo, sería totalmente equivocado e inaceptable que se sugiriese de algún modo que la comunidad árabe en general está implicada o tiene algún tipo de responsabilidad colectiva. 
La declaración sobre la lucha contra el terrorismo subraya que en la Unión Europea estamos de acuerdo en valorar la gravedad de la amenaza que supone el terrorismo. 
También coincidimos en nuestra determinación de acabar con esa amenaza. 
Comunicaremos los progresos en la reunión del Consejo de junio acerca de la aplicación de estas medidas, incluido un programa de acción revisado de la Unión Europea para combatir el terrorismo. 
Espero trabajar estrechamente con la Comisión, el Parlamento Europeo, la Secretaría del Consejo y el recientemente nombrado coordinador antiterrorista, el Sr. De Vries, para avanzar en esta tarea. 
Estamos trabajando con un verdadero sentido de la urgencia. 
Muchas personas han subrayado la necesidad de sacar las consecuencias de la declaración y las demás tareas en el Consejo Europeo. 
Ayer, en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, invitamos al Sr. De Vries a participar en el que está siendo un debate concreto y muy útil acerca de cómo debemos avanzar en esa tarea. 
El Consejo también actuó con decisión para cumplir el primer plazo establecido en la declaración, es decir, con respecto al proyecto de directiva sobre la compensación de las víctimas, que ha estado aparcado cierto tiempo por problemas con el fundamento jurídico. 
El Consejo Europeo fijó el plazo en el 1 de mayo y la Presidencia ha realizado un esfuerzo particular para garantizar que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de ayer alcanzara un acuerdo político. 
Digo esto para subrayar la determinación de traducir la declaración en un resultado concreto. 
Ayer dimos un primer paso y haremos todo lo que podamos para continuar progresando durante el tiempo que queda de mandato a nuestra Presidencia. 
La semana pasada también subrayé que todos nosotros en el Consejo debemos asegurarnos de que las medidas que hemos acordado desde el 11 de septiembre sean aprobadas lo antes posible. 
Hemos establecido plazos en la declaración. 
La mayor parte de esto deberá concluir este año, en junio o en diciembre. 
Señor Presidente, le estoy muy agradecido a usted y a todos los diputados por su constante apoyo a la conclusión de la CIG, expresado por el Sr. Poettering, el Sr. Barón Crespo, el Sr. Watson y muchos otros. 
Ha servido para crear una atmósfera política en la que la gente esté dispuesta a comprometerse a alcanzar un acuerdo para junio. 
Como ha dicho mi colega, el Sr. Collins, será más difícil alcanzar un acuerdo si no avanzamos ahora. 
No hay ningún motivo político ni administrativo para esperar a que el año avance; simplemente será más complicado. 
Al igual que ustedes, prefiero un acuerdo lo antes posible e idealmente antes de las elecciones. 
Esto es lo que pedí la semana pasada. 
Sin embargo, como ya he dicho al comienzo de mi discurso, una serie de factores pueden hacer que esto sea difícil de conseguir, por lo que tendremos que esperar y ver los progresos conseguidos. 
En las últimas semanas se han producido muchos cambios en el Consejo Europeo, y la postura de una serie de Gobiernos –no solo el español– está cambiado, lo que ocasiona ciertas dificultades. 
Así pues, haremos todo lo posible por avanzar y progresar tanto como sea posible. 
Quiero que se resuelvan rápidamente tantas cuestiones como sea posible. 
De una forma u otra, deberíamos ser capaces de solucionar un gran número de cuestiones antes de las elecciones europeas. 
De este modo, aunque queden algunas cuestiones pendientes, la gente podrá apreciarlo. 
No veo ninguna dificultad especial en eso. 
Estoy de acuerdo con la afirmación del Sr. De Rossa y otros de que tenemos que hacerlo de la forma más abierta posible, y esa es mi intención. 
Cuando hagamos cambios, intentaré irlos explicando según se vayan produciendo, como ya he venido haciendo en los últimos meses. 
Por supuesto, la cuestión de la doble mayoría era muy importante: conseguir que todos estuvieran de acuerdo en que fuese la base de nuestros esfuerzos de progreso. 
Sin embargo, el hecho de haber tomado esa decisión da pie a la flexibilidad en otros aspectos. 
He mencionado algunas esta mañana. 
Creo que podremos avanzar en esa discusión sin tener que esperar hasta el final del debate. 
La Sra. Frassoni ha preguntado que cuántas cuestiones quedan por resolver en la Conferencia Intergubernamental. 
Esta mañana se ha mencionado la cifra de 82. 
Afortunadamente no son 82, sino unas 22 cuestiones en total. 
En mi discurso he señalado algunas de las cuestiones principales: por supuesto, la Comisión; la votación en el Consejo y los escaños del Parlamento Europeo, particularmente para los Estados miembros más pequeños y también para los nuevos Estados miembros. 
Por otra parte, también es necesario encontrar una solución equilibrada sobre el ámbito de validez de la votación por mayoría cualificada, en virtud de la nueva Constitución; he tomado nota de lo que han dicho algunos diputados al respecto. 
Existen algunas otras cuestiones, muchas de las cuales fueron objeto de propuestas en la Cumbre de Nápoles de la Presidencia italiana. 
Nunca se alcanzó un acuerdo con respecto a las mismas, porque no fueron discutidas en el Consejo de diciembre. 
La base para las propuestas está ahí. Sin embargo, como suele suceder con todas estas cosas, hay matices con respecto a las posturas de la gente y en los tres últimos meses he estado intentado llegar a un acuerdo con respecto a las mismas. 
No creo que sean obstáculos para alcanzar un acuerdo y será posible alcanzarlo después de algunas discusiones. 
Hasta la fecha hemos buscado opciones con respecto a todas estas cuestiones en nuestras consultas con nuestros socios. 
Conocen mi opinión y los aspectos en que podemos alcanzar un compromiso. 
Como siempre, nada se acuerda hasta que todo está acordado, pero confío en que estamos avanzando hacia un acuerdo con respecto a muchos de esos puntos. 
De este modo, creemos que debería ser posible conseguir un resultado satisfactorio para todas estas cuestiones y entonces nos enfrentaremos a los pocos asuntos difíciles que quedan. 
Todavía quedan cuestiones difíciles por resolver, por lo que para alcanzar un acuerdo se necesitará una mayor flexibilidad y compromiso. 
Sin embargo, si miramos el cuadro general –una Constitución que ayudará a la Unión a relacionarse mejor y a hacer más cosas–, estoy absolutamente convencido de que podemos triunfar. 
Estoy de acuerdo en particular con el Sr. Watson en que no solo debemos ponernos de acuerdo con respecto a una Constitución, sino que también debemos estar dispuestos a conseguir que nuestros parlamentos y pueblos la acepten. 
Espero que este sea el final del debate en curso durante algún tiempo, porque, como se ha dicho con acierto, el hecho de pasar constantemente de un debate a otro –Maastricht, Ámsterdam, Niza, etc.– crea muchos problemas y dificultades. 
Con respecto a la agenda de Lisboa, el Sr. Barón Crespo, el Sr. Watson y otros han pedido un nuevo impulso para esta agenda. 
Como ya he dicho anteriormente, el Consejo Europeo acordó un mensaje de confianza y determinación, demostrando que Europa tiene la voluntad y la capacidad de avanzar en la agenda de Lisboa. 
Debemos concentrarnos en que nuestros objetivos se hagan realidad. 
Algunos oradores han llamado la atención sobre los constantes problemas de cumplimiento de la agenda de Lisboa. 
Es un punto en el que he hecho mucho hincapié al dirigirme a mis colegas del Consejo Europeo. 
Es un punto que se aborda en primer lugar en nuestras conclusiones del Consejo Europeo. 
El Presidente Prodi y yo comentamos esto en nuestras conferencias de prensa, la semana pasada. 
Yo lo hice cuando me reuní con los interlocutores sociales. 
Sin embargo, como todos sabemos, el cumplimiento de la agenda de Lisboa depende, en gran medida, de las acciones nacionales. 
En la cumbre intentamos definir el enfoque, en lugar de continuar eternamente con cientos de conclusiones y referencias a izquierda, derecha y centro. 
Intentamos definir más su enfoque y aumentar la presión de los homólogos, para promover el intercambio de mejores prácticas. 
Por otra parte, dimos los nuevos pasos colectivos que he descrito en mi intervención inicial. 
Sin embargo, no hay una fórmula mágica para cumplir los objetivos de Lisboa. 
Necesitamos concentración, resolución y determinación, y el trabajo de detalle debe continuar sin pausa. 
Realmente creo que acabamos el Consejo Europeo de primavera con nuestra determinación individual y colectiva reforzada. 
Eso ha sido útil. 
El papel de sus Señorías será fundamental y crucial en este punto, para apoyar el proceso de ejecución de las reformas esenciales. 
Espero que el Consejo, el Parlamento y la Comisión puedan trabajar juntos de forma constructiva, para garantizar la conclusión del mayor número posible de expedientes relacionados con Lisboa, antes de que finalice su mandato. 
Aprecio y les agradezco todo lo que ya han hecho. 
Los desafíos que nos esperan pueden ser importantes, pero los posibles beneficios para nuestros ciudadanos en Europa también son considerables. 
Estoy de acuerdo con quienes han subrayado la necesidad de que Lisboa se refleje en mejoras reales en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. 
El Sr. Barón Crespo ha mencionado Chipre y, por supuesto, hoy es el día en que se espera que concluyan las negociaciones de Kofi Annan. 
Va a ser difícil, pero están esforzándose por cumplir este plazo. 
Han trabajado muchísimo durante los últimos diez días o más y continuarán haciéndolo. 
El Consejo Europeo, por supuesto, discutió sobre esta cuestión en un momento crucial, con la intención de resolver el problema de Chipre por medio de las negociaciones de las Naciones Unidas. 
Me he mantenido en contacto con todas las partes en los últimos meses. 
En el último año me he reunido en varias ocasiones con el Sr. Erdogan, el Presidente Papadopoulos y el personal de las Naciones Unidas implicado en esta cuestión. 
En el Consejo Europeo insistimos en nuestra clara preferencia por la adhesión de un Chipre unido el próximo mes. 
Hemos ofrecido todo nuestro apoyo a los esfuerzos del Secretario General Annan, para ayudar a las partes a aprovechar la oportunidad histórica de conseguir una solución global. 
Pedimos a todas las partes que se comprometieran a conseguir un resultado positivo. 
Gracias al entendimiento alcanzado con las partes en Nueva York el mes pasado, el Secretario General Annan ha expresado su intención de concluir estas negociaciones en Suiza esta noche; así que, deseo mucha suerte a los negociadores. 
Kofi Annan espera que las partes firmen una versión final del plan de acuerdo y que las autoridades garantes lo ratifiquen esta noche, para que pueda ser presentado como documento de consenso al pueblo de Chipre para su aprobación en abril. 
El debate de esta mañana pone de manifiesto que todos compartimos esa esperanza. 
Algunos diputados han planteado la cuestión del presupuesto. 
Los comentarios son oportunos. 
Se ha hablado sobre el compromiso vigente. 
Subrayaremos esos comentarios en el debate. 
En respuesta al Sr. Hänsch y otros, quiero decir que soy totalmente consciente de que los procedimientos de acuerdo con respecto al presupuesto de la Unión son una cuestión particularmente delicada para el Parlamento. 
Lo tendré totalmente en cuenta. 
Como Presidencia, concederemos especial importancia a garantizar un resultado equilibrado que todos, incluido el Parlamento, puedan aceptar. 
Comunicaré las observaciones destinadas particularmente al Consejo del Ecofin y a su Presidente, mi colega el Sr. McCreevy. 
En respuesta al importante comentario de la Sra. Doyle sobre Birmania, quiero decir que la decisión de establecer relaciones diplomáticas con Birmania/Myanmar se tomó en el contexto de nuestra Presidencia de la Unión y de la necesidad de Irlanda, como Presidencia de la Unión Europea, de tratar directamente con las autoridades birmanas que, de lo contrario, no habríamos podido hacer. 
Antes de entablar relaciones –cuya necesidad entendemos– consultamos a Aung San Suu Kyi, que estaba expresamente de acuerdo con nuestra decisión, porque entendía nuestra necesidad de cumplir nuestra tarea y que realmente lo haríamos. 
Así que lo comprobamos y ella estaba de acuerdo. 
Como Presidencia de la Unión Europea tenemos tanto la oportunidad como la responsabilidad de hablar con las autoridades birmanas en nombre de la Unión Europea. 
Por supuesto, podríamos no haber hecho nada. 
Sin embargo, nuestros objetivos continúan siendo el retorno de la democracia a Birmania, el fin de las violaciones de los derechos humanos y la consecución de la paz y la prosperidad para un pueblo que lleva sufriendo tanto tiempo como el birmano. Eso es lo que todos queremos. 
En nuestra opinión, el nombramiento de un embajador en Birmania amplía las plataformas desde las que podemos promover estos objetivos de la Unión Europea y de la comunidad internacional. 
Con excepción de Luxemburgo, todos los Estados miembros mantienen relaciones diplomáticas con Birmania. 
Para terminar, quiero dar las gracias a todos los que han intervenido por sus comentarios. 
También quiero dar las gracias a los líderes de los Grupos por su cooperación y constantes contactos con la Presidencia y con los diputados del grupo de la CIG, con los que he tenido la oportunidad de hablar en numerosas ocasiones, sin ir más lejos esta semana en Dublín, mientras asistían a la reunión del grupo de presidentes de asuntos exteriores. 
Soy plenamente consciente de apoyo sistemático del Parlamento en numerosas cuestiones de nuestra agenda. 
Esperamos seguir contando con su apoyo en los próximos meses. 
Por supuesto, me dirigiré al nuevo Parlamento después del Consejo Europeo de junio, pero les aseguro que habrá algún mecanismo por el que podamos continuar estando al corriente de todas las cuestiones en el período intermedio. 
Haré todo lo que esté en mi mano por mantener ese contacto y mantenerles a ustedes y a sus colegas informados de los últimos detalles que vayan surgiendo en abril y mayo. 
. – Seré breve porque me identifico totalmente con las respuestas del Sr. Ahern y las políticas enérgicas desarrolladas en todos los temas tratados por el Consejo Europeo. 
Solo quisiera hacer una observación a lo que ha dicho el Sr. Barón Crespo en su intervención. 
Ha expresado una gran preocupación por la forma en que algunos miembros de la Comisión se han ido para asumir importantes puestos gubernamentales. 
No puedo negar que esto puede causar algunos problemas y no puedo negar que se necesitan decisiones rápidas para asegurar la eficacia y continuidad del delicado trabajo de la Comisión en estos últimos meses de su mandato. 
La primera, más franca y más firme reacción por mi parte es de gran satisfacción. 
El hecho de que los Gobiernos nacionales una y otra vez ofrezcan puestos a los Comisarios para superar tiempos de crisis o prepararse para la reelección es un reconocimiento claro, oficial, del gran papel político que esta institución ha desempeñado a lo largo de su mandato. 
Siempre he mantenido que la Comisión es un organismo político y en coherencia con ello he pedido siempre a los Comisarios que asumieran su propia responsabilidad política por lo que dicen y hacen. 
Si observan cómo la ex Comisaria Anna Diamantopoulou ha asumido el papel principal en la campaña política griega, el Sr. Solbes Mira se convertirá probablemente en el responsable de la dirección de la economía española y el Sr. Barnier se hará cargo de la política exterior de Francia, comprenderá el papel que la Comisión ha desempeñado en los últimos cinco años. 
Cuando se produjo el primer cambio, se nombró rápidamente y de modo eficaz al Comisario Dimas, que ya ha iniciado su excelente labor. 
Seré igual de rápido para no interrumpir ni un momento el trabajo de la Comisión y me responsabilizaré de que estos períodos intermedios sean lo más cortos posible. 
Ocurrirá lo mismo con los otros dos casos pendientes y con cualquier otro que se produzca en el futuro, pues probablemente se producirán otros casos; habrá otros Comisarios que se presentarán a las elecciones europeas, cosa que considero una señal muy positiva. 
Espero que esto se convierta en un proceso de doble sentido y que al final habrá diputados de este Parlamento que formen parte de la próxima Comisión. 
De hecho, estas son las reglas de la democracia, la forma en que el Parlamento y la Comisión se refuerzan recíprocamente. 
Esta intervención es sin duda muy general, pero es seria y realmente necesaria y los discursos sobre un organismo burocrático y tecnocrático se refieren al pasado: los hechos han mostrado cuál es la situación real. 
En lo que a mi Comisión se refiere, continuará funcionando con colegialidad, eficacia y continuidad, y responderé de su continuidad hasta el final de nuestro mandato, es decir, hasta la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. 
Señora Doyle, ¿puede comunicárselo a nuestro amigo el Sr. Poettering? 
Estoy seguro que estará muy contento de oírlo. 
Señor Presidente, intervengo por haber sido aludido en este debate sobre mi abstención, el pasado 11 de marzo, con ocasión de la enmienda oral, que proponía que dedicáramos como Día Europeo contra el terrorismo el 11 de marzo. 
Y tengo que aclarar que yo no estoy en contra de que exista un día internacional contra el terrorismo, ni un día europeo contra el terrorismo. 
Si hubiese estado en contra, habría votado negativamente; me abstuve, porque en la justificación de esa declaración se introducía un elemento falso, manipulador, que engañaba a la opinión europea con respecto a la autoría de esos tristes y horrorosos atentados. 
También se ha aludido a que el Gobierno vasco, en veinte años, no ha sabido atajar el terrorismo. 
Yo tengo que recordar aquí que el Sr. Aznar, el Gobierno del Partido Popular, prometió acabar con el terrorismo en cinco años; han pasado ocho años y ahora, en lugar de un terrorismo, tenemos dos. 
Debemos empezar a comprender que atajar el terrorismo no es posible solo con medidas policiales y judiciales. 
La clave de lo que tenemos que hacer es atajar la injusticia y la pobreza. 
La clave es respetar la identidad, la cultura y la religión de los demás y, la clave, es un ordenamiento jurídico internacional equitativo, que respetemos todos y no solo cuando conviene a unos determinados intereses. 
Señor Presidente, el Sr. Ortuondo no me ha mencionado personalmente, pero se ha referido a unas manifestaciones que yo he hecho durante el debate, y entiendo que tengo derecho, sobre la base del artículo 122, a responder a esas alusiones en las que él ha citado textualmente algunas de las palabras que he pronunciado. 
Normalmente, no suelo entrar al trapo de estos debates, porque entiendo que los trapos sucios se lavan en casa. 
Pero la verdad es la verdad- dígala Agamenón o su porquero- y el Sr. Ortuondo, antes de lanzarse a hacer aseveraciones y dar consejos a otros, debería darse una vuelta por su propia casa, porque, aunque le pese, el único responsable político- y cuando utilizo la palabra responsable tengo serias dudas sobre una persona que vincula un proyecto anticonstitucional que pretende hacer saltar por los aires la unidad de España- ha sido el Presidente del Gobierno autónomo, de su mismo partido. 
Por lo tanto, me reafirmo en todo lo que he dicho y no retiro ni una sola de mis palabras. 
Señor Ortuondo Larrea, lo siento, pero no puedo permitir ninguna respuesta más. 
Tendrán que resolver esto en otra parte. 
Cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer uso del artículo 122 en una ocasión. No tendrá oportunidad de hacer uso del mismo por segunda vez. 
Quiero dar las gracias a todos por haber participado en el debate: el Taoiseach, el Presidente Prodi y todas sus Señorías. 
He recibido seis propuestas de resolución (3) presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
. – Si la Presidencia italiana fracasó a la hora de establecer la Constitución Europea, parece que la irlandesa lo está consiguiendo. 
Ahora tenemos inesperadamente una oportunidad única de implicar a todos los europeos en este proceso. 
Debemos dar claridad a los votantes antes de que depositen sus votos entre el 10 y el 13 de mayo. 
El Consejo tendrá por tanto que presentar el texto antes de tiempo en mayo, lo que es bastante factible. 
¿Qué grado de resolución tiene el Consejo? 
¿Cuán fuerte es, por ejemplo, la voluntad de hacer frente realmente al terrorismo? 
Aunque el nuevo coordinador antiterrorista, el Sr. de Vries, es sin duda la persona adecuada para este trabajo, tendrá una tarea imposible si los servicios de seguridad nacionales se niegan a cooperar. 
También queríamos decisiones definitivas por parte del Consejo para dar a la economía europea una palmada en el hombro estimulando la innovación, haciendo más flexible el mercado laboral y aboliendo las normas innecesarias. 
Hemos recibido otra decisión clara: se está creando una comisión. 
¿Cuándo asumirá el Consejo finalmente su responsabilidad? 
Sigo dudando de que el informe de la comisión Kok sobre el crecimiento económico pueda cambiar las cosas. 
En última instancia, las reformas estructurales deben realizarse en los países mismos. 
– Señorías, me complace dar la bienvenida al Sr. Oleg Viktorovich Morozov, jefe de la delegación de la Duma Estatal de la Federación Rusa en la Comisión de Cooperación Parlamentaria Unión Europea-Federación Rusa y Vicepresidente de la Duma, y a los Sres. Alexandr Nikolaevich Belousov y Gennady Alexandrovich Gorbunov, diputados al Consejo de la Federación, que se encuentran en la tribuna oficial. 
La delegación se halla en Estrasburgo para una serie de reuniones con nuestra delegación en la Comisión de Cooperación Parlamentaria. 
Les deseo expresar nuestros saludos y agradecimiento por su presencia. 
– Puesto que el Parlamento recibe hoy la visita de una delegación de alto nivel de la Duma de la Federación Rusa, quiero expresar, y creo que no solo en nombre propio, nuestra indignación por la política del Gobierno ruso en Chechenia. 
– Señor Presidente, Señorías, permítanme llamar su atención sobre una cuestión de observancia del Reglamento. 
Señor Presidente, he pedido la palabra porque quiero formularle una petición, en su calidad de Presidente de turno, que presenté el lunes pasado al Presidente de esta Cámara y que me gustaría repetir. 
Se trata de lo siguiente: un diputado a esta Cámara ha formulado graves acusaciones contra sus colegas diputados sobre varios temas, que esta persona afirma se refieren a otros diputados. 
Yo me veo afectado personalmente por ello, al igual que muchos otros diputados de mi país. 
Son acusaciones que pienso deben examinarse. 
Formulo esta petición en mi nombre personalmente, señor Presidente, pero también en nombre de los 34 diputados socialdemócratas alemanes al Parlamento Europeo, y estoy seguro de que los diputados de los otros Grupos, los Verdes, el PDS y la CDU/CSU, sin duda también tendrán algo que decir sobre ello. 
Por tanto, en mi nombre y en nombre del resto de mis colegas, solicito que los órganos competentes de esta Cámara, especialmente el servicio jurídico y el colegio de cuestores, en estrecha colaboración con el Tribunal de Cuentas y la OLAF, examinen cada una de las acusaciones que se han formulado, realmente una por una. 
Al mismo tiempo, señor Presidente, solicito que los resultados del examen de las objeciones se comunique a la Cámara y por tanto al público antes del final del período de sesiones de este Parlamento, es decir, en mayo. 
Es inaceptable, señor Presidente, que cualquiera venga y haga acusaciones de modo que toda una institución tenga que justificarse. 
Solicito que, siguiendo el debido procedimiento, que incluya al servicio jurídico, los cuestores, el Tribunal de Cuentas y la OLAF, se examine cada una de las acusaciones y se publiquen los resultados. 
Solicito esto para mí mismo y para todos los demás diputados afectados. 
– Señor Schulz, este es un tema sobre el que creo que esta Cámara ya se ha manifestado. 
En gran medida estamos de acuerdo con su posición. 
El Presidente está al corriente, puesto que ha hablado con usted sobre ello al inicio de este periodo parcial de sesiones y por ello estoy seguro de que tomarán medidas en este sentido. 
– Señor Presidente, Señorías, yo también quiero llamar su atención sobre los asuntos descritos por el Sr. Schulz y apoyar su petición de que se examinen inmediatamente las acusaciones y que se informe a la opinión pública y a nosotros mismos. 
Se ha acusado maliciosamente a un grupo de 50 a 60 diputados alemanes al Parlamento Europeo de haber cobrado incorrectamente su dieta diaria, acusaciones que rechazo de plano. 
La dieta diaria no es una remuneración por la participación en las sesiones. 
Además de participar en las sesiones, todos nosotros tenemos otras innumerables tareas que realizar que no aparecen en ningún calendario de sesiones, y para poder estar presentes para tales labores en Bruselas o Estrasburgo se necesitan dietas diarias para cubrir los gastos. 
De acuerdo con esto, no podemos aceptar que se nos difame de esta forma. 
Una vez más rechazo de plano estas acusaciones. 
Un diputado a esta Cámara está aprovechando sus derechos parlamentarios para espiar a sus colegas de la forma más indigna y molesta. 
Por esta razón, señor Presidente, exijo que se investiguen estos sucesos inmediatamente y que, como he dicho, se informe al público y a nosotros mismos. 
– Señor Presidente, durante tres semanas esta Cámara se ha visto inundada por la acusación anónima de que algunos diputados han estado falsificando firmas en las listas de asistencia. 
Desde ayer por la tarde, la «fábrica de rumores» en esta Cámara ha estado diciendo que la administración ha completado sus investigaciones con la ayuda de grafólogos y ha llegado a la conclusión de que no hay falsificaciones. 
Pienso que es inaceptable que hoy, miércoles, una vez que las investigaciones han concluido, esta información no se haya anunciado públicamente en la sesión plenaria y a la prensa. 
Espero que el Presidente de esta Cámara, no usted mismo, sino el Presidente como tal, se ocupe de que los resultados de estas investigaciones se den a conocer públicamente antes de finalizar el día. 
– Señor Presidente, quiero apoyar los comentarios hechos por los oradores anteriores. 
Lo que está pasando es una campaña contra el Parlamento Europeo como tal, y que creo que debemos repudiar. 
La consecuencia es que debemos aclarar estos asuntos completamente lo antes posible porque me temo que esto tendrá comportará una participación muy baja en las próximas elecciones. 
Si queremos reconquistar la confianza de la opinión pública necesitamos una explicación. 
Insto a todas las instituciones a que aporten su granito de arena para cerrar este asunto lo antes posible y zanjar definitivamente esta campaña. 
Señor Presidente, intervengo para solicitar a la Presidencia que se dirija al diputado Sr. Hans-Peter Martin y le pida que se someta al mismo procedimiento al que el Sr. Schulz y los demás colegas alemanes han aceptado someterse, en relación con las acusaciones que se han formulado contra él mismo, especialmente en la prensa austriaca. 
– Señor Barón Crespo, todas estas peticiones se transmitirán escrupulosamente a Pat Cox. 
– Señor Presidente, apoyo sin reservas los comentarios hechos por los oradores anteriores. 
Ayer, en esta Cámara, dimos una conferencia de prensa en la que participaron todos los Grupos políticos. 
Escribimos una carta abierta conjunta a un periódico concreto de Alemania y expresamos nuestra opinión sobre las acusaciones. 
Solo si cada acusación concreta se refuta de forma concreta podremos restablecer juntos la confianza popular y pública en esta Cámara; lo que está en juego es el prestigio de cada uno de sus diputados, el prestigio y la integridad del propio Parlamento Europeo. 
Por eso pido que se examine concretamente cada una de las acusaciones, como ha propuesto el Sr. Schulz. 
– Señor Presidente, como representante del Parlamento Europeo, tengo el honor de participar en una conferencia gubernamental. 
En mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, he mantenido debates frecuentes en el Consejo, en la Comisión y en las embajadas con los representantes de otros países, algunos de los cuales son candidatos a la adhesión. 
Quiero solicitar su apoyo y protección para asegurar que el Sr. Martin no pueda interpretar esta actividad en el ejercicio de mi mandato como una desventaja para el público. 
– Señor Presidente, con respecto a una cuestión de observancia del Reglamento, además de las ya planteadas, me gustaría pedir también a la Presidencia del Parlamento que analice exactamente cuáles son las normas –y cómo se aplican– relativas a la utilización de cámaras para filmar a los diputados que se ocupan de sus obligaciones. 
En cada cuerpo legislativo o Consejo con el que he estado relacionado, existen normas estrictas acerca de lo que se puede hacer y lo que no. 
Las pruebas que tenemos demuestran que han estado ocurriendo muchas cosas que no deberían haber ocurrido y es necesario poner fin a esto. 
¿Podemos tener la seguridad de que esto será así? 
– Señorías, informaré a Pat Cox de todas las observaciones que se han hecho. 
Personalmente estoy de acuerdo con muchas de ellas y estoy seguro de que se aclararán las cosas. 
– Señor Presidente, permítame, en nombre de la comisión, hacer unos comentarios sobre el informe que hemos aprobado unánimemente, ya que tiene que ver con la extensión del proceso Lamfalussy. 
Esto significa que los derechos legislativos del Parlamento Europeo no se reducirán sin una disposición en la Constitución Europea, hasta ahora solamente en el artículo 35 del proyecto. 
Lo que se plantea es que si delegamos competencias legislativas en comités de expertos y el ejecutivo, debemos mantener en todo momento el derecho de revisión, de modo que, en el contexto del equilibrio institucional, recibamos el mismo trato que el Consejo. 
Esto ha generado grandes problemas en el tema de la legislación sobre los valores mobiliarios, pero hemos visto que esta Cámara ha podido mantener el control del proceso legislativo, mantener la soberanía de definición y trazar una clara línea divisoria entre los problemas técnicos y los políticos, de modo que el Parlamento Europeo, elegido por el pueblo y por tanto soberano, siga siendo de hecho un colegislador. 
Lo que se debate ahora es su extensión a los sectores bancario y de seguros. 
En este sentido, las instituciones, los participantes legislativos del Consejo Europeo y la Comisión con su derecho de propuesta nos han asegurado que respetarán los derechos del Parlamento Europeo como participante en el proceso legislativo, y ahora los dos presentan una declaración a tal efecto, de modo que no se produzca un trato privilegiado del otro legislador. 
Estamos dispuestos a aprobar este procedimiento porque la legislación es cada vez más compleja, como también se va a hacer patente en el ámbito de las telecomunicaciones, pero no podemos delegar la soberanía de la definición y de la determinación política de la legislación en expertos o el ejecutivo. 
Habiendo recibido estas garantías de la Comisión y el Consejo, ahora procedemos a votar sobre mi informe, que después permite la expansión, pero que al mismo tiempo deja claro que el Parlamento sigue siendo el legislador en el proceso de codecisión. 
Esto no se había establecido con este grado de claridad antes del proyecto de la Convención, pero ahora tenemos un acuerdo entre las instituciones y considero que este es un gran paso adelante para el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, me gustaría hacer una declaración en relación con la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para establecer una nueva estructura organizativa del Comité de Servicios Financieros. 
En particular, quiero llamar la atención de la Cámara sobre el contenido de una carta enviada el 24 de marzo por el Presidente en ejercicio del Ecofin, el Ministro Charlie McCreevy TD, a la Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Sra. Randzio-Plath. 
El contenido de la carta es el siguiente: 
«Con respecto a la propuesta de directiva para establecer una nueva estructura organizativa del Comité de Servicios Financieros, presentada por la Comisión el 5 de noviembre de 2003, me gustaría aclarar algunos puntos que se han planteado durante los contactos entre el Consejo y el Parlamento Europeo. 
Cuando, en marzo de 2001, el Consejo Europeo de Estocolmo tomó la decisión de aplicar el procedimiento Lamfalussy al sector de los valores, se incluyó el siguiente párrafo en las Conclusiones de la Presidencia: “El Parlamento Europeo señala que, en el marco de la decisión de comitología del 28 de junio de 1999, la Comisión se comprometió, con el fin de encontrar una solución equilibrada para los casos de aplicación de medidas en el ámbito de los mercados de valores, consideradas particularmente sensibles a la luz de las discusiones, a evitar oponerse a las opiniones predominantes que pudieran surgir en el Consejo con respecto a la idoneidad de tales medidas. 
Este compromiso no constituirá un precedente.” 
El Consejo, señalando que este compromiso en nombre de la Comisión no constituye un precedente y teniendo en cuenta la función del procedimiento Lamfalussy en el sector de los valores, no pedirá a la Comisión que contraiga un compromiso similar en el marco de la ampliación del procedimiento Lamfalussy al sector de la banca y los seguros. 
Con respecto a la cuestión del equilibrio interinstitucional, recordarán ustedes la declaración de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo el 9 de diciembre de 2002, en la que decidieron que llamarían la atención de sus Jefes de Estado y de Gobierno sobre la importancia de la revisión del artículo 202 del Tratado CE y que les invitarían a analizar esta cuestión en la preparación de la CIG. 
Ahora tenemos sobre la mesa de la CIG un proyecto de Tratado Constitucional que regula la delegación en la Comisión de la competencia para promulgar reglamentos delegados. 
El Tratado todavía no ha sido aprobado, pero puedo asegurarles que los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo apoyan la idea de un sistema legislativo equilibrado, de conformidad con los principios establecidos en el apartado 1 del artículo 35 del proyecto del Tratado.» 
. Señor Presidente, la propuesta de directiva que tienen ante ustedes, aunque de carácter principalmente técnico, tiene una considerable importancia para el éxito de la integración financiera europea. 
En los últimos años hemos pasado a un planteamiento totalmente nuevo con respecto a la normativa europea en materia de valores, con el fin de garantizar que Europa pueda responder rápida y efectivamente ante los avances y oportunidades del mercado. 
Teniendo esto en cuenta, la Comisión planteó la propuesta encaminada a establecer un sistema normativo coherente y efectivo en todo el ámbito de los servicios financieros. 
Para ello tuvimos en cuenta las reservas del Parlamento y, en particular, sus preocupaciones relativas a la garantía del equilibrio institucional con el Consejo. 
Así pues, debo felicitarles por el gran espíritu de cooperación que sus diputados y el Consejo, y en particular la Presidencia irlandesa, han demostrado al trabajar con nosotros para alcanzar una solución. 
Teniendo esto en cuenta, ahora quiero hacer una declaración formal en nombre de la Comisión Europea. 
La integración de los mercados de servicios financieros es fundamental para reforzar la economía europea, tal como han recordado los Consejos Europeos de Lisboa y Estocolmo. 
La ejecución del plan de acción de servicios financieros en los plazos fijados en las conclusiones de los Consejos Europeos, a saber, en 2005 para el conjunto del plan de acción, es crucial para alcanzar este objetivo. 
La Comisión se congratula de la estrecha cooperación existente entre las instituciones comunitarias y manifiesta su confianza en la continuidad de esta cooperación para la aplicación de las propuestas de la Comisión, siguiendo las recomendaciones del Comité de expertos presidido por el barón Lamfalussy. 
La Comisión señala que el segundo informe intermedio del Grupo interinstitucional de vigilancia de los mercados de valores mobiliarios, el comité de seguimiento, ha afirmado que el proceso Lamfalussy prueba que es un instrumento viable para mejorar la eficacia y celeridad de la legislación y la regulación de los mercados financieros en la Unión Europea. 
De forma general, la Comisión afirma en su Libro Blanco sobre la gobernanza que sus responsabilidades ejecutivas deben definirse con más claridad y que el Consejo y el Parlamento deberían participar equitativamente en el control de cómo desempeña la Comisión su misión ejecutiva. 
La Comisión destaca su deseo de que el Parlamento y el Consejo estén en pie de igualdad en el control de las competencias delegadas en codecisión. 
Recuerda a este respecto que, desde la declaración del Presidente Romano Prodi en el pleno del 5 de febrero de 2002, ha hecho propuestas concretas para revisar el artículo 202 y, en la espera de la posible adopción del nuevo Tratado constitucional, para modificar la Decisión de «comitología» de 1999, demostrando así su ambición de llegar a una solución equilibrada. 
Entre tanto, en espera de la adopción y la entrada en vigor, en su caso, del proyecto de Tratado constitucional, en el ámbito de los servicios financieros, y sin que ello constituya un precedente, son necesarios mecanismos de reglamentación flexibles dentro del pleno respeto del equilibrio institucional. 
A este respecto, por lo que se refiere al ámbito de los valores mobiliarios, el 2 de octubre de 2001 el comisario competente envió una carta a la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento. 
Dicha carta fue seguida de una declaración solemne pronunciada, el 5 de febrero de 2002, en sesión plenaria en el Parlamento. 
En el contexto específico de una ampliación de este enfoque al ámbito de los bancos, los seguros y las pensiones profesionales, así como de los OPCVM (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) , la Comisión está en condiciones de reiterar lo siguiente. 
Tomar nota de la intención del Parlamento de limitar a cuatro años... 
a partir de la entrada en vigor de cada directiva la duración de una delegación de nuevas competencias de ejecución en la Comisión, sin perjuicio de una prórroga propuesta por esta y aceptada por el Parlamento y el Consejo. 
La Comisión podría aceptar enmiendas futuras adoptadas por el Parlamento a tal fin. 
Velar por conceder al Parlamento un plazo de tres meses a partir de la primera transmisión de los proyectos de medidas de ejecución para que pueda examinarlas y pronunciarse sobre ellas. 
No obstante, en caso de urgencia debidamente motivada, este plazo podrá acortarse. 
Garantizar plenamente la transparencia hacia el Parlamento durante todo el procedimiento de adopción de las medidas de ejecución, y garantizar asimismo una amplia consulta pública en las fases previas de la elaboración de los proyectos de medidas de ejecución. 
La Comisión acogería con agrado la creación de grupos de partícipes de los mercados en el Comité Europeo de Supervisores Bancarios, el Comité Europeo de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación, así como el Comité Europeo de Reguladores de Valores. 
Recuerda su voluntad política de esforzarse por que el Parlamento disfrute de un trato equivalente. 
Reafirma su compromiso de garantizar una cooperación eficaz entre las instituciones, teniendo en cuenta estrictamente la posición del Parlamento y las resoluciones que podría aprobar sobre medidas de ejecución que excedan de las competencias previstas en el acto básico y su objetivo de llegar, en esos casos, a una solución equilibrada. 
– Señor Presidente, me remito al apartado 2 del artículo 69 del Reglamento. 
El informe sobre «la nueva política de relaciones con los países vecinos» requiere una reorganización de los instrumentos de crédito del Banco Europeo de Inversiones. 
Habiéndolo consultado con la mayoría de los coordinadores, quisiera solicitar la votación por separado de las enmiendas en el Pleno, pero que se aplace la votación sobre el proyecto de resolución legislativa con objeto de tener una nueva oportunidad de negociar con la Comisión y con el Consejo sobre la base de nuestras enmiendas y de manera que también se puedan tomar en consideración las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, con el fin de que las negociaciones establezcan nuevas prioridades con respecto a Rusia y los nuevos Estados independientes. 
Señor Presidente, la Comisión cree que existe una buena base para que el Parlamento, el Consejo y la Comisión alcancen un acuerdo con respecto a este reglamento modificado sobre la cooperación para el desarrollo con Sudáfrica. 
La enmienda 3 es el único obstáculo a la aprobación por parte de la Comisión y –debo decir– por parte del Consejo. 
. – Presidente, agradezco la explicación del señor Comisario. 
En estas circunstancias, podemos retirar la enmienda 3 y comunicar asimismo que la enmienda 2 se sustituye por la enmienda 4. 
. – Señor Presidente, en este informe propongo rechazar la iniciativa italiana encaminada a organizar vuelos conjuntos para la expulsión de nacionales de terceros países en situación ilegal, y ello por dos razones. 
En primer lugar, y en cuanto al fondo, el punto central de mi informe destaca que los Estados europeos no pueden contentarse con desarrollar el capítulo represivo de la política de asilo e inmigración mientras, al mismo tiempo, abandonan aspectos enteros de la política relativa a la inmigración legal y la integración de los nacionales de terceros países legalmente instalados en nuestros países. 
Por otra parte, la iniciativa propuesta por Italia no aporta ningún valor añadido a la acción europea en este ámbito. 
Quiero decir aquí solemnemente que las expulsiones masivas constituyen una práctica deplorable ,... 
... que solo debería emplearse de forma excepcional, mientras que, con esta iniciativa precisamente, este tipo de medidas tendería a generalizarse, a ser habitual. 
Además, me parece realmente lamentable que los únicos elementos que constituyen una garantía de preservación de los derechos de las personas expulsadas se incluyan, en esta resolución, en un apéndice no vinculante, lo que resulta especialmente revelador de las intenciones del Consejo de construir una Europa que no es otra cosa que una fortaleza. 
Por último, en cuanto a la forma, el Consejo no puede pasar por alto, como ha hecho, la opinión del Parlamento Europeo sobre un tema que afecta tanto a las libertades fundamentales. 
El ejercicio de consulta al Parlamento Europeo, que en este ámbito es ya solo una formalidad, para este tipo de propuestas resultaría totalmente superfluo, lo que demuestra, si falta hace, la necesidad de reformar nuestras instituciones, cuyas víctimas son en primer lugar los ciudadanos a los que representamos. 
Por esta razón, Señorías, les pido que rechacen esta iniciativa. 
. – Señor Presidente, quería señalar que estoy a favor de que este texto se devuelva a comisión. 
– Señor Presidente, la Comisión Europea ha optado por seguir un rumbo ilegítimo en relación con este asunto, que ha despojado al Parlamento Europeo de sus competencias al ceder claramente parte de la soberanía europea a los Estados Unidos de América. 
Llegados a este extremo, yo quisiera preguntarle, por lo tanto, a la Comisión si, en lugar de pasar por el trámite de hacernos votar, no sería preferible que trasladase el asunto a la única institución democrática con poder de decisión que interviene en el mismo, o sea, al Congreso de los Estados Unidos. 
– Señor Presidente, tiene razón en que debemos investigar la transparencia y responsabilidad. 
¿Podríamos investigar también si estamos cumpliendo la legislación con respecto al empleo? 
A mi me ha preocupado constantemente la falta de un estatuto de los asistentes. 
¿No supone esto una oportunidad de comprobar y confirmar si estamos cumpliendo la legislación en materia de empleo? 
– Señor Presidente, soy una de las víctimas de las calumnias del Sr. Hans-Peter Martin y no estoy dispuesto a seguir tolerando este tipo de actuaciones. 
Por consiguiente, solicito –y pido que conste en acta– la suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Hans-Peter Martin. 
Me propongo presentar una denuncia penal contra dicho diputado por infundio, difamación, injurias, daños y todos los demás delitos que puedan ser pertinentes. 
Por lo tanto, solicito la suspensión de su inmunidad parlamentaria, con objeto de que se pueda proceder contra él. 
Conviene recordar que el Parlamento Europeo aceptó el llamado procedimiento Lamfalussy para la adopción de normas relativas a los mercados financieros, conforme al cual las decisiones políticas fundamentales se adoptarán por el procedimiento de codecisión y la Comisión adoptará las medidas técnicas para su ejecución. 
La finalidad principal de dicho procedimiento es agilizar la aplicación del plan de acción de servicios financieros, con objeto de crear un mercado único, en forma de un mercado integrado de capitales, para 2005. 
El procedimiento beneficiaría a los principales operadores del mercado, ya que les permitiría ejercer una influencia considerable sobre el procedimiento legislativo y liberalizaría los movimientos de capitales y los instrumentos financieros para satisfacer el afán de lucro de los especuladores. 
El Parlamento Europeo aceptó dicho procedimiento porque estaba de acuerdo con sus fines y, con ello, dejó sus competencias legislativas en otras manos. 
Por consiguiente, no podemos quejarnos o describir dicho procedimiento como un mero procedimiento de comitología. 
La Comisión Europea intenta aplicar el procedimiento Lamfalussy al sector bancario, los seguros y los fondos de inversión colectivos mediante la creación de una nueva estructura organizativa para los comités responsables de los servicios financieros. 
El Parlamento Europeo mantiene una vez más una posición crítica, pero nuevamente va a aprobar el procedimiento porque, de nuevo, está de acuerdo con sus fines declarados. 
Una buena lección para los ruidosos defensores del procedimiento de codecisión. 
. 
La elaboración del presente acuerdo de asociación –cuyo objetivo es mejorar las relaciones entre la Unión Europea y Centroamérica– tiene su origen en el deseo de sentar las bases para un acuerdo interregional que facilite la creación de una asociación entre la Unión Europea y América Latina, incluida una zona de libre comercio, tras los acuerdos de asociación establecidos con los países de Centroamérica y de la Comunidad Andina, idénticos a los ya concluidos con México y Chile y a los que se están negociando actualmente con Mercosur. 
El propósito es, por lo tanto, incrementar la influencia de la Unión Europea en dicha región, como un contrapeso frente a la enorme influencia que ya ejercen allí los Estados Unidos, que han concentrado su interés en la creación de una zona de libre comercio entre los Estados Unidos y Centroamérica, para empezar, y en la posterior creación de la llamada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 
Aun teniendo presentes estas circunstancias, considero que la competencia siempre es positiva y que todas las relaciones que se puedan establecer con dichos países van a resultar mutuamente beneficiosas para los Estados miembros que participen en las mismas y para el conjunto de la Unión, así como también para el equilibrio socioeconómico y las relaciones geoestratégicas en el contexto intercontinental. 
Por esto he votado a favor del informe. 
Es claramente necesario que la tercera cumbre entre la Unión Europea y América Latina, que se va a celebrar en México, fije una fecha para el inicio de las negociaciones de acuerdos de asociación con los países de Centroamérica y de la Comunidad Andina, con idénticas características, , que los ya suscritos con México y Chile, o los que se están negociando en estos momentos con Mercosur. 
Comparto la opinión del ponente sobre el papel fundamental que podrían desempeñar dichos acuerdos con vistas a un posterior acuerdo interregional global que conduzca a la creación de una futura asociación Euro-Latinoamericana, incluida una zona de libre comercio, en 2010 como muy tarde, tal como solicitó el Parlamento Europeo en su resolución del 15 de noviembre de 2001. 
Los objetivos principales del nuevo acuerdo son consolidar las relaciones entre la Unión Europea y América Central mediante el desarrollo del diálogo político y la intensificación de la cooperación, y crear, sobre la base de los resultados del Programa de trabajo de Doha, unas condiciones que permitan la negociación de un acuerdo de asociación viable y mutuamente beneficioso, incluido un acuerdo de libre comercio, entre las partes. 
He votado a favor. 
. 
Las opiniones que he expuesto en mi explicación de voto en relación con el Informe Obiols i Germà también son aplicables al presente informe; a saber: el contexto en el que se ha elaborado el Acuerdo de asociación sienta las bases para un acuerdo interregional global que contribuirá a la creación de una Asociación Euro-Latinoamericana, incluida una zona de libre comercio, que ampliará la influencia de la Unión Europea en la región y actuará como un contrapeso frente a la influencia que allí ejercen o desean ejercer los Estados Unidos. 
Si no se establece dicha asociación, los intereses de los países de la región se polarizarán en torno a la creación de una zona de libre comercio entre los Estados Unidos y Centroamérica, primero, y en torno a la creación de la llamada Área de Libre Comercio de las Américas, después. 
Por lo tanto, deberíamos promover unas relaciones con dichos países que resulten mutuamente beneficiosas tanto para los países y Estados miembros que participen en ellas como para el conjunto de la Unión, y que a la vez contribuyan a equilibrar las relaciones socioeconómicas y geoestratégicas intercontinentales. 
Por esto he votado a favor del informe. 
Comparto la preocupación que manifiesta el ponente en lo que se refiere a la necesidad estratégica de que la Unión Europea establezca una cooperación más estrecha con la totalidad de América Latina. 
Esto debe constituir una prioridad estratégica para Europa. 
Lamento que la Comisión no haya realizado mayores progresos en la profundización o mejora de las relaciones con esa zona del mundo, que comparte los valores y la historia europeos, tal como ha venido reclamando el Parlamento Europeo. 
Desde esta perspectiva, acojo con satisfacción el nuevo acuerdo de diálogo político y cooperación propuesto con la finalidad de consolidar las relaciones entre la Unión y la Comunidad Andina mediante la ampliación del diálogo político y el fomento de la cooperación, a la vez que se crean las condiciones que permitan la negociación de un acuerdo de asociación «viable y mutuamente beneficioso» , incluida la suscripción de un acuerdo de libre comercio. 
Me preocupa especialmente el deterioro de la situación política y social en Venezuela que observo, y creo que la conclusión del acuerdo citado puede otorgar a la Unión Europea una mayor capacidad de actuar para impulsar la democracia y la estabilidad social en dicho país. 
La próxima Cumbre de Guadalajara puede ser una buena ocasión para promover dicha relación y fijar un calendario realista para la conclusión de una auténtica asociación entre la Unión Europea y América Latina. 
He votado a favor. 
. En relación con la enmienda 1 del informe sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE, Euratom) n° 2728/94 por el que se crea un fondo de garantía relativo a acciones exteriores (COM (2003) 604) , deseo destacar explícitamente que entre las centrales nucleares «nuevas» también se incluyen aquellas que se vayan a «ampliar» (como la de Cernavoda en Rumania). 
Deseo volver a reiterar que por central nuclear «nueva» también se debe entender la «ampliación» de una ya existente. 
. 
El informe propone la modificación del Reglamento (CE, Euratom) nº 2728/94 por el que se establece un fondo de garantía relativo a las acciones exteriores, en el contexto de la adhesión de nuevos Estados miembros el 1 de mayo de 2004. 
El Fondo de Garantía cubre los préstamos concedidos a terceros países y las garantías de los mismos. 
Con la próxima adhesión de diez países a la UE, en 2004, el Fondo se verá afectado por el hecho de que varios países han sido beneficiarios de préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) , garantizados por el presupuesto de la Unión, lo cual significa que estarán cubiertos por el montante previsto a partir del momento de su adhesión a la Unión. 
Las garantías se mantendrán, pero el riesgo asociado se transferirá al presupuesto de la Unión. 
La propuesta de modificación establece las normas destinadas a hacer frente a todas esas situaciones y a garantizar una transferencia ordenada de las responsabilidades del Fondo al presupuesto. 
Por lo que respecta a sus consecuencias financieras, se trata de una operación excepcional e inevitable, puesto que está vinculada al proceso de ampliación, y por consiguiente he votado a favor. 
El Fondo de Garantía se creó originariamente para proteger al presupuesto de la Unión del riesgo potencial asociado a los crecientes préstamos exteriores concedidos. 
El mecanismo del Fondo de Garantía cubre tres tipos diferentes de préstamos a terceros países: garantías que cubren los préstamos del BEI, los préstamos concedidos en calidad de ayuda macrofinanciera (AMF) y los préstamos exteriores de Euratom. 
En este contexto, el Fondo también es un instrumento importante de nuestra política de cooperación con terceros países. 
Esta propuesta tiene por objeto retirar de la cobertura del Fondo a los nuevos Estados miembros, una vez que también pasen a integrarse en la Unión Europea, y establecer un marco uniforme para las futuras rondas de ampliación. No tenemos nada que objetar al respecto. 
No obstante, compartimos la opinión del ponente en el sentido de que se deberían adecuar mejor los parámetros del Fondo, que se pueden considerar excesivamente prudentes. 
Entre las enmiendas propuestas, nos parece útil, aunque quizá poco realista, reducir ligeramente el tipo de aprovisionamiento del Fondo antes de que expiren las actuales previsiones financieras. 
Como ratifica el ponente, la Comisión debería evaluar atentamente los parámetros financieros del Fondo y presentar propuestas más acordes con los riesgos reales dentro del marco posterior a 2006. 
La propuesta de reglamento nace de la necesidad de modificar el Reglamento 2728/94/CE/Euratom por el que se crea un fondo de garantía relativo a las acciones exteriores, con vistas a la adhesión de nuevos Estados miembros el 1 de mayo y la consiguiente modificación de su situación. 
El Fondo de Garantía cubre los préstamos concedidos a terceros países y las garantías de los mismos. 
El mecanismo del Fondo de Garantía se estableció originariamente en el contexto de las perspectivas financieras para el período 1993-1999, a fin de proteger el presupuesto de la Unión del riesgo potencial asociado al incremento de los préstamos exteriores y, en consecuencia, solo cubre los riesgos de los préstamos a terceros países y sus garantías. 
Paralelamente a la presente propuesta, la Comisión presentó un informe general sobre el funcionamiento del Fondo de Garantía, que llega a la conclusión de que este continuó cubriendo sus objetivos principales durante el período 1998-2002. 
Por consiguiente, he votado a favor de la propuesta que, en su calidad de instrumento técnico presupuestario, sigue una política que suscribo plenamente y que tiene por objeto garantizar que la Unión Europea impulse acciones exteriores firmes de apoyo al desarrollo y de fomento del bienestar de los pueblos y los países de allende las fronteras de Europa. 
La Comisión propone la revisión del mandato del Banco Europeo de Inversiones para conceder préstamos exteriores garantizados por el presupuesto comunitario, con objeto de tener en cuenta la Nueva Política de Vecindad en el contexto de una Europa ampliada, incluida entre sus propuestas de un marco político y financiero para el período 2007-2013. 
Si se considera el límite máximo de los préstamos, que es de 20 260 millones de euros, se llega rápidamente a la conclusión de que el informe que acompaña a la propuesta legislativa añade poco a las consideraciones y objetivos geopolíticos que están en su base, particularmente el de crear una zona de libre comercio euromediterránea, donde la Unión Europea pueda ejercer una influencia política, económica y militar. 
La Política de Vecindad incluye con carácter prioritario a Rusia, para la cual el ponente propone un incremento de 500 millones de euros en el reparto provisional, y a los países de la cuenca mediterránea. 
Dichos préstamos estarían claramente al servicio de una política de influencia, interés particular e interferencia regional de la Unión Europea. 
Un objetivo que rechazamos. 
Todavía resulta más preocupante, empero, el hecho de que dicha política de buena vecindad se proponga en detrimento de la política de cooperación y desarrollo de la UE, en particular en relación con los países ACP, América Latina y Asia. 
La propuesta se refiere a la revisión –al finalizar el último período que resta del mandato– de la garantía bancaria comunitaria del Banco Europeo de Inversiones (BEI) , destinada a cubrir los préstamos concedidos por este a países no-miembros a partir de los recursos comunitarios. 
La ampliación de la Unión el 1 de mayo de 2004 va a aumentar la capacidad de préstamo del BEI, sin ampliar el techo de su mandato de préstamos exteriores, lo cual resultará particularmente favorable en un momento en que la Unión Europea está incrementando la cooperación con los países candidatos potenciales de los Balcanes occidentales y se dispone a ampliar sus relaciones con otros vecinos del Sur y del Este. 
Según el Plan de Actividades del BEI (PAB) , el uso previsto de los diferentes paquetes regionales durante lo que resta del período del mandato parece responder a un volumen total de préstamos superior al volumen global fijado. 
Con estas proyecciones en mente, la Comisión propone una nueva distribución geográfica del volumen previsto para el mandato, a la vez que mantiene el límite actual de 19,46 millones de euros. 
Dado que es necesario mejorar las relaciones de la Unión con sus vecinos más próximos, he votado a favor de las enmiendas propuestas. 
El presente informe es de carácter teórico, conceptual e incluso ideológico. 
La lectura de la exposición de motivos crea la impresión de que vivimos en un mundo idílico. 
Este mundo se puede dividir en «donantes» y beneficiarios de la filantropía de dichos «donantes». 
Sin embargo, los «donantes» deben rendir cuentas a sus contribuyentes, que imponen condiciones –justificadas– a su capacidad de aportar ayuda. 
Por esto, en este mundo existe una auténtica necesidad de garantizar que no se haga un mal uso de dicha ayuda y por esto el Banco Mundial introdujo en 1991 el concepto de «gobernanza» , con una definición de sus aspectos principales. 
Tanto la comunicación de la Comisión como la valoración crítica que figura en el informe (que hace extensiva la idea más allá de la esfera del Estado, concebido como mero «proveedor» de la «sociedad civil» ) consideran la «gobernanza» como un concepto terminológico, más pragmático que el de democracia, por ejemplo, y opinan que debería estar en la base de la política de desarrollo de la UE. 
El mundo real dista, no obstante, mucho de ser idílico. Existen intereses contrapuestos que entran en conflicto y ninguna dosis de «gobernanza» puede disimular la escasa importancia que se otorga a la cooperación en todo el abanico de políticas comunitarias, la ausencia de cualquier noción de solidaridad o de respeto hacia lo «diferente» y la presencia constante de la condicionalidad, que impone unos modelos económicos y sociales. 
Por consiguiente, el informe nos parece peligroso, pues describe el mundo como quienes actúan de buena fe desearían que fuese o que pudiera llegar a ser, y no tal como es. 
He votado a favor porque pienso que la Unión Europea debe proseguir e intensificar sus esfuerzos para promover la democracia como un eje fundamental de su política de desarrollo. 
Promover una gobernanza auténticamente democrática a escala local, regional y nacional es un factor de innegable importancia, en el que nunca se insistirá bastante y sin el cual no llegaremos a ver la deseada armonización de las administraciones públicas. 
Por esto quiero destacar la absoluta necesidad de una mayor participación de la sociedad civil, que nos permita emprender reformas electorales y parlamentarias continuadas con el fin de garantizar que la actividad política se sustente sobre una base más amplia y sea más eficaz. 
En este contexto, apoyo la declaración del ponente sobre la necesidad de acabar con la impunidad, lo cual solo se conseguirá si se establecen o consolidan unos sistemas judiciales independientes y se respetan plenamente las libertades civiles y políticas. 
Sin perjuicio de la mayor o menor capacidad de los Estados individuales, por mi parte apoyaría en última instancia la idea de que las denegaciones de ayuda se deben limitar a los casos en que los Gobiernos pasen por alto o sean responsables de atentados permanentes contra los derechos universales básicos de los hombres, mujeres y niños. Lo cual, evidentemente, no debe ser óbice para la continuidad del diálogo y la aportación de ayuda humanitaria o alimentaria. 
Quiero dejar constancia de mi apoyo a este informe, como un gran paso para facilitar la aplicación del principio de «quien contamina paga». 
Cuando se producen daños medioambientales, la primera pregunta siempre es: ¿quién va a pagar? 
Este informe permite la aplicación del principio de «quien contamina paga» , un principio que debe ser utilizado con gran coherencia y eficiencia. 
El requisito de que la Comisión presente un informe, en el plazo de seis años, también nos dará la oportunidad de revisar esta importante cuestión y de evaluar convenientemente su impacto en la práctica. 
En un mundo ideal, yo esperaría que los ciudadanos estuviesen protegidos frente a cualquier riesgo de daño medioambiental, y afortunadamente estamos haciendo progresos con algunas medidas preventivas reales. 
Sin embargo, lamentablemente siguen produciéndose demasiados daños medioambientales y debemos contar con medidas estrictas para garantizar que quienes provoquen esos daños realmente paguen los costes. 
Las medidas incluidas en este informe también garantizarán que quienes contaminan se enfrenten a exigencias y sanciones similares en toda la Unión Europea. 
El proceso ha llegado ahora a la tercera y última fase de las negociaciones entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. 
Un proceso que ha estado marcado por las presiones de las grandes empresas –véanse, por ejemplo, las opiniones de la UNICE, la confederación de los empresarios europeos– encaminadas a evitar la responsabilidad por los daños directos causados al medio ambiente, mientras los gobiernos de algunos países de la UE defendían dichos intereses en las negociaciones de la presente directiva. 
Aun cuando el acuerdo no incluya algunos de las propuestas presentadas por el Parlamento Europeo y por mi Grupo político en particular –y sin entrar en detalles sobre los problemas fundamentales que plantea, los conceptos que adopta, su aplicación adecuada y todas sus consecuencias, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas–, se trata de un compromiso que podría ayudarnos a combatir mejor los daños contra el medio ambiente, con especial atención a aquellos causados por las grandes empresas. 
Como ya he señalado, las políticas de protección del medio ambiente y de los recursos naturales son esenciales para el futuro de todos. 
Es preciso dar prioridad a las políticas y medidas centradas en la prevención, la investigación y el apoyo del acceso a la tecnología, con especial atención a los problemas y necesidades de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas. 
Como manifesté en la primera lectura, cuando se votó la propuesta de directiva (el 14 de mayo de 2003) , es sumamente importante que adoptemos un sistema comunitario global de prevención y reparación de los daños ambientales, incluida la contaminación de las aguas, los atentados contra la biodiversidad y la contaminación de los suelos, que representa un grave riesgo para la salud humana. 
Tras varios años de debates y de repetidas catástrofes ambientales, hemos llegado a un momento decisivo para la prevención y reparación eficaz de los daños ambientales; a una auténtica divisoria de aguas, por decirlo de otro modo. 
Acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado en el Comité de Conciliación sobre una garantía financiera (el compromiso alcanzado con el Consejo establece que la Comisión presentará un informe sobre la situación relativa a los instrumentos de garantía financiera obligatorios a los seis años de la entrada en vigor de la directiva). También acojo con satisfacción el enfoque gradual y la exclusión de las actividades de bajo riesgo. 
En la futura revisión prevista, la Comisión deberá prestar especial atención a las diferencias entre los niveles de responsabilidad establecidos en los diferentes Estados miembros, sin perjuicio de la necesidad de observar atentamente los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad en relación con las acciones de los Estados miembros. 
El presente enfoque común mejora el marco jurídico para la protección del medio ambiente. 
Por ello he votado a favor. 
La contaminación de los piensos puede afectar a los alimentos destinados al consumo humano. 
El caso de la EEB constituye un buen ejemplo, en el que el uso de harinas animales originó una de las crisis alimentarias más graves jamás vividas en la Unión Europea. 
Otro tanto se podría decir de los nitrofuranos, las dioxinas, la hormona MPA (acetato de medroxiprogesterona) o los antibióticos, con consecuencias, aguas arriba, para la salud humana. 
Actualmente, nos encontramos ante un caso extremo bajo la forma de los organismos genéticamente modificados (OGM) , puesto que la carne o la leche de ganado alimentado con productos que contengan OGM no están cubiertas por los procedimientos en materia de etiquetado y trazabilidad. 
Creo en el principio según el cual la responsabilidad primaria por el cumplimiento de la legislación en materia de alimentos y de seguridad alimentaria debe recaer sobre el sector de la alimentación animal. 
Dicho principio, unido a la trazabilidad, podría permitir una actuación rápida para acabar con los riesgos para la salud humana y animal y también para el medio ambiente. 
No obstante, un aspecto fundamental es cómo garantizar la responsabilidad financiera de los operadores cuyas actividades causen daños económicos al sector de la alimentación animal, habida cuenta que dichos operadores a menudo reciben el apoyo de fondos públicos. 
La Comisión propone que se establezca una garantía financiera, un seguro en este caso, aunque por nuestra parte tenemos reservas al respecto, ya que primero habría que realizar una evaluación del impacto socioeconómico de la medida, que no debe invalidar un sistema eficaz de garantía financiera. 
Se tiene que realizar un seguimiento y la ley se debe cumplir. 
La propuesta de reglamento comunitario debe estar a la altura del compromiso del Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria, dado que este establece los requisitos de un sistema completo de registro de todos los operadores de empresas del sector de la alimentación animal y los que debe cumplir la producción de piensos. 
La propuesta establece requisitos en materia de higiene de los piensos en todas las fases de su uso, producción, transformación y distribución y mantiene ciertas condiciones para las importaciones de terceros países, que estipulan que estos deberán cumplir unas normas equivalentes, como mínimo, a las establecidas en el reglamento (medidas que se deberán aplicar conforme al procedimiento de la comitología). 
A mi parecer, sin ánimo de quitar importancia a la seguridad alimentaria, debemos evitar establecer medidas excesivamente restrictivas o perjudiciales para los productores de piensos e irrazonablemente más duras que las que se aplican a los productores de alimentos destinados al consumo humano. 
Por estos motivos, he votado a favor. 
La finalidad del reglamento es actualizar la normativa relativa a los materiales destinados a entrar en contacto con alimentos y crear un reglamento marco que establezca las normas que se deben aplicar a los envases y materiales, las normas de seguridad que deben prevalecer y el procedimiento de autorización de los materiales y métodos empleados. 
También incluye nuevas disposiciones sobre envases activos e inteligentes. 
El reglamento forma parte de un paquete global encaminado a mejorar la seguridad alimentaria. 
Esta depende mucho del envasado que, además de proteger a los alimentos de la luz, los microorganismos y el aire, también contribuye a preservar su sabor y frescor. 
Por esto, hay que prestar especial atención a los materiales que entran en contacto con los alimentos y también a las funciones de los mismos. 
No obstante, en el contexto de la premisa fundamental de que todos los envases deben cumplir la normativa comunitaria en materia de seguridad alimentaria y no deben inducir a engaño a los consumidores, tenemos reservas importantes en relación con el concepto de envasado activo. 
Este implica una modificación de la condición e los alimentos, mediante la adición de sustancias aromáticas, la supresión de olores o la adición de conservantes destinados a prolongar su período de comercialización. 
Esto puede ocultar el verdadero estado de los alimentos. 
Por lo tanto, aunque aceptamos la enmienda 6, consideramos que se deberían realizar estudios más rigurosos sobre el uso de este tipo de envasado y de sus materiales activos. 
Estamos asistiendo a la aparición del llamado envasado «activo» o «inteligente» para la conservación de los alimentos, pero la legislación europea no siempre ha estado a la altura de dicha evolución. 
La propuesta responde a un intento de proteger mejor la salud de los consumidores y facilitar la libre circulación de mercancías mediante la creación de un marco jurídico aplicable al desarrollo tecnológico, actualmente regulado por una directiva que data de 1989 y que ahora se está revisando. 
La propuesta define el envasado «activo» , concebido para interactuar con los alimentos con el fin de mantener sus cualidades y conservarlos frescos durante más tiempo, y el envasado «inteligente» , que puede proporcionar información sobre el estado de los alimentos que contiene. 
También se contemplan otros materiales y productos recientes. 
Combinadas con las medidas específicas propuestas en materia de trazabilidad, las citadas medidas relativas a la seguridad alimentaria contribuirán a una mejora real de la calidad de los productos alimentarios, al aumento de la confianza de los consumidores europeos y, evidentemente, también a una mayor rigurosidad de las normas en materia de seguridad alimentaria. 
Por ello he votado a favor. 
. – La exposición de motivos denuncia con razón el apartheid «social» , que prolonga el apartheid a secas, y pretende actuar a favor de la reducción «de las diferencias entre los pobres y los ricos». 
Si sucediera así aunque solo fuera un poco, votaríamos a favor de este informe. Sin embargo, cabe dudarlo, ya que el principal sector mencionado para beneficiarse de una subvención a la reestructuración de 15 millones de euros es el sector sudafricano de los vinos y licores. 
Parece dudoso que este tipo de ayuda llegue a los, a los barrios populares miserables donde viven los pobres. 
El informe no permite siquiera descartar la hipótesis de que entre los propietarios vitícolas beneficiados, aparte de sudafricanos ricos, se encuentren también grandes sociedades occidentales. 
Además, nada permite controlar que el «apoyo presupuestario directo» vaya destinado a los presupuestos sociales o los servicios públicos y no, por ejemplo, a la compra de armamento o de equipos militares y policiales para oponerse a los pobres. 
En estas condiciones, preferimos abstenernos. 
Vengo siguiendo desde hace tiempo la evolución de la situación sociopolítica en Sudáfrica y creo que intensificar la cooperación con los principales países del África austral podría fomentar el desarrollo y consolidar la democracia en dicha región. 
Comparto la opinión del ponente en cuando a la necesidad de que las políticas comerciales y de desarrollo estén orientadas a combatir la pobreza, fomentar el empleo y la justicia social, crear riqueza, asegurar una distribución equitativa de los ingresos y promover el desarrollo económico, social y cultural en general. 
Sin embargo, es esencial no olvidar, en el contexto de la lucha contra las causas sociales de la inseguridad con que se enfrenta actualmente el país, las medidas destinadas a frenar de manera eficaz la espiral de violencia que ha causado incontables víctimas inocentes, incluidos muchos ciudadanos de nacionalidad o ascendencia portuguesas. 
Creo que la asignación de 15 millones de euros de los fondos de la UE para la reestructuración del sector de los vinos y licores debe tomar en consideración la violación de los derechos de propiedad industrial como resultado del uso ilegal por parte de los productores sudafricanos de los nombres tradicionales de ciertos vinos europeos, como los asociados al vino de Oporto. 
Por mi parte, he votado a favor para ratificar el deseo de cooperación de la UE con el África austral, con el fin de impulsar la democracia y el desarrollo. 
Afortunadamente, la población europea está prestando mayor atención al cambio climático y esto ha contribuido a mejorar las condiciones para la investigación. 
Lo cual nos permitirá adoptar soluciones técnicas y tecnológicas más adecuadas en el futuro, que garanticen tanto el progreso humano como la sostenibilidad del mismo. 
Según los expertos en la materia, la propuesta de reglamento es fundamental para la primera fase del Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC) y tiene como finalidad crear un marco legislativo que permita reducir los hidrofluorocarbonos (HFC) , los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6) , todos ellos potentes gases de efecto invernadero incluidos en el Protocolo de Kyoto. 
Los gases fluorados representan actualmente el 2% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. 
Su potencial de calentamiento mundial es, sin embargo, considerable, debido a que muchos de ellos tienen una larga vida atmosférica (de hasta quince años). 
La propuesta permitirá reducir las emisiones de gases fluorados para 2010, conforme a las previsiones, y proceder seguir reduciéndolas todavía más a continuación. 
Se están realizando diversos estudios en este campo, que evidentemente deben recibir un apoyo adecuado de la Unión Europea, de carácter financiero en particular, con objeto de poder cumplir las obligaciones establecidas en 2002 en la Cumbre de Johanesburgo: coherencia política, gestión sostenible de los recursos naturales y fomento de métodos de consumo… 
La Comunidad Europea y sus quince Estados miembros firmaron en 1998 la llamada Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, con el objetivo principal de hacer posible una mayor participación de los ciudadanos en las cuestiones medioambientales y su contribución activa a una mejor conservación y protección del medio ambiente. 
La firma de la Convención de Aarhus obliga a las instituciones y órganos de la Comunidad Europea a adoptar medidas jurídicamente vinculantes y el presente reglamento así lo hace de manera concreta en relación con los tres pilares de la Convención: acceso a la información, participación pública en el proceso de toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
El acceso a información de alta calidad (preferentemente disponible a través de bases de datos electrónicas de acceso público) se debe considerar en la actualidad como una prerrogativa habitual de la ciudadanía. 
Establecer unas normas que regulen dicho acceso es la única vía para contribuir de manera eficaz a garantizar el control de los ciudadanos en un ámbito que nos afecta a todos: una auténtica ciudadanía en el ámbito del medio ambiente, incluido el acceso a la justicia en materia ambiental en el ámbito comunitario. 
Esta propuesta sigue a otras dos iniciativas –sobre el acceso público a la información en materia de medio ambiente y sobre la participación pública en la elaboración de determinados planes y programas relativos al medio ambiente– destinadas a contribuir a la aplicación d la Convención de Aarhus de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/UN) sobre el acceso a la información, la participación pública en las decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
El informe del Parlamento Europeo contiene algunos aspectos que acojo con satisfacción, en particular la ampliación de la definición de «entidad habilitada» (para incluir específicamente a las autoridades locales) , la posibilidad de promover la participación de organizaciones privadas «para responder –según dice el texto– a la creciente privatización de las funciones tradicionalmente públicas» o las garantías que permitan la participación de organismos sin capacidad financiera para asumir los costes. 
Es un instrumento de último recurso, que podría contribuir a reforzar las acciones emprendidas por las comunidades para proteger sus condiciones de vida y el medio ambiente en el que habitan. 
El informe se debe considerar en el contexto de un importante paquete en materia de «medio ambiente» y, más concretamente, sobre la incorporación al sistema legal de la Unión Europea de la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública en las decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (tercer pilar). También se propone remediar diversas insuficiencias en el control de la aplicación de la normativa en materia de medio ambiente. 
La directiva que ahora se propone establece unas condiciones mínimas para el acceso a los procedimientos civiles y penales en materia de medio ambiente y define explícitamente criterios capaces de asegurar una transposición más adecuada de la normativa medioambiental con el menor impacto posible. 
Como ya he manifestado, concretamente en mi explicación de voto en relación con el informe Korhola, es necesario un control público eficaz en un ámbito que nos afecta a todos, un auténtico «control ciudadano» que nos permita proteger nuestro patrimonio medioambiental. 
La propuesta formaliza las condiciones en las que se podrá ejercer democráticamente dicho control. 
No obstante, me he abstenido en la votación final porque el informe no deja clara su posición con respecto a la Convención, que los Estados miembros ya han suscrito, y esto me induce a mantener algunas reservas. 
. – Me complace mucho esta propuesta de la Comisión Europea. 
En efecto, hasta ahora no existía ninguna legislación específica aplicable a la industria extractiva. 
Se recurría a las directivas vigentes, en particular a la Directiva marco sobre los residuos y a la Directiva sobre el vertido de residuos. 
Pero esto no era satisfactorio en absoluto, menos aún cuando la industria extractiva produce grandes cantidades de residuos. 
Es fácil imaginar el séquito de efectos nefastos para el medio ambiente que puede generar una mala gestión. 
Era hora, por tanto, de reglamentar las actividades y satisfacer las necesidades específicas del sector. 
De forma general, la industria extractiva acoge con benevolencia esta propuesta. 
Sé que han aparecido algunas divergencias en cuanto a la clasificación de los residuos. 
La más importante es establecer criterios que permitan determinar cuáles son residuos peligrosos y cuáles no. 
Es importante asimismo mirar hacia el futuro y alentar la investigación con vistas a permitir una producción más sostenible que genere menos residuos. 
Apoyo por lo demás la constitución de una garantía financiera para pagar la rehabilitación de los emplazamientos después de su cierre. 
En el marco del seguimiento de la comunicación de la Comisión, que trataba, entre otras cosas, de la gestión de los residuos mineros, teniendo en cuenta las características específicas de las minas y las considerables disparidades entre los subsectores de las industrias extractivas, se procedió a una reevaluación de la política comunitaria en materia de medio ambiente en el contexto de algunos accidentes mineros recientes, como los de Baie Mare, en Rumania, y de Aznalcóllar, en España, por ejemplo. 
Evidentemente apoyo la propuesta, ya que establece unas condiciones mínimas para mejorar la gestión de los residuos de las industrias extractivas, incluidos, específicamente, los riesgos medioambientales y humanos asociados a las operaciones de transformación y eliminación de residuos. 
Además, la forma de recuperación de residuos que propugna la propuesta tiene por objeto preservar los recursos, reduciendo la presión sobre la explotación de los recursos naturales. 
Las disposiciones de la directiva intentan cubrir, por lo tanto, los sectores que representan riesgos graves para el medio ambiente y la salud o riesgos potenciales de accidentes graves, con especial atención, por este motivo, a los aspectos estructurales de una política medioambiental que debería ser sostenible, tal como propone la Unión Europea. 
Finalmente, quisiera destacar la introducción de algunas enmiendas importantes encaminadas a proteger los intereses de las pequeñas canteras que están obligadas a cumplir las exigencias de la directiva. 
He votado a favor. 
Con el fin de cumplir sus compromisos internacionales, la Unión Europea debe aprobar formalmente la decisión sobre la celebración de la Convención de Aarhus. 
El objetivo de dicha Convención, adoptado en la Conferencia «Medio Ambiente para Europa» , celebrada el 25 de junio de 1998 en Aarhus (Dinamarca) , es facilitar el acceso a la información medioambiental y mejorar la participación pública en las decisiones que puedan tener consecuencias para el medio ambiente, a lo cual se podría añadir un «tercer pilar» : el del acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, de 16 de junio de 1972, declaraba que todos tienen derecho a vivir «en un medio ambiente de calidad tal que permita llevar una vida digna y gozar de bienestar» (…). 
La Unión se comprometió a contemplar la protección del medio ambiente en todas sus políticas en el propio Tratado de Maastricht. 
La medida se ajusta, por lo tanto, al apartado 4 del artículo 175 del Tratado CE, que estipula explícitamente que los Estados miembros deberán garantizar la aplicación de la política medioambiental y constituye también otro paso importante hacia la deseada sostenibilidad del desarrollo en la UE. 
La propuesta de reglamento relativo al sistema europeo de navegación por satélite tiene por objeto crear un sistema de gestión de dicho sistema de la máxima eficacia y fiabilidad posibles. 
La Comisión sugiere, por consiguiente, la creación de dos organismos: un órgano de supervisión y un centro de seguridad. 
El órgano de supervisión que se propone debería ser una institución de la Comisión; a la cual, al ser propietaria de la infraestructura de Galileo, le corresponden también las competencias de control del sistema de navegación por satélite. 
El Centro de Seguridad deberá garantizar, por su parte, la seguridad operativa y exterior del sistema. 
Suscribo las sugerencias del ponente en cuanto a la conveniencia de incorporar a las instituciones que se van a crear la pericia técnica adquirida por las estructuras ya existentes, concretamente mediante la transferencia de conocimientos de la Agencia Espacial Europea (una organización que ha participado muy estrechamente en el programa) al órgano de supervisión. 
Comparto asimismo la preocupación del ponente por lograr un equilibrio entre la independencia del órgano de supervisión y la transparencia de sus procedimientos de apelación. Coincido, en particular, con la afirmación de que la presentación al Parlamento Europeo de una memoria anual elaborada por su director no constituiría por sí sola una garantía suficiente de dicha transparencia. 
Por ello he votado a favor. 
. 
Por mi parte, apoyo la medida porque constituye un paso adelante en la creación de un sistema de cooperación judicial y policial, que es necesario para la realización del espacio de libertad, seguridad y justicia. 
El presente marco de decisión está destinado a reemplazar la simple cooperación en materia penal, mediante la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. 
En consecuencia, debería permitir una cooperación más rápida y eficaz, y mejorar simultáneamente la eficacia de la orden de detención europea. 
Permitirá emitir un exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal, siempre que ya estén disponibles en el Estado miembro ejecutor. 
Medidas como la orden de detención europea y el exhorto europeo de obtención de pruebas solo serán eficaces, no obstante, si todos los Estados miembros las aplican. 
Por consiguiente, no podemos dejar de lamentar que la decisión marco sobre la orden de detención europea no se haya aplicado en toda la UE. A 1 de enero de 2004, solo ocho Estados miembros la habían aplicado. 
Por esto me congratulo de que el Consejo Europeo haya fijado un plazo máximo hasta junio para la aplicación de las medidas ya adoptadas para combatir el terrorismo, incluida la orden de detención europea. 
Espero que esta vez se transpongan y se apliquen por fin las medidas adoptadas tras el 11 de septiembre de 2001. 
Todo es cuestión de voluntad política y no parece haberla. 
Como los demás diputados a esta Cámara, comprendo perfectamente el deseo de ver una cooperación más estrecha entre las autoridades judiciales de todos los Estados miembros. 
En concreto, me gustaría que hubiera reconocimiento y respeto mutuos de las decisiones y procesos judiciales. 
Desde la Cumbre de Tampere, y después de las atrocidades del 11 de septiembre y del 11 de marzo en los Estados Unidos y en Madrid, es comprensible que exista el deseo de tomar medidas contra los presuntos criminales y terroristas. 
Pero todas esas iniciativas deben basarse en el principio de protección de los derechos civiles y las libertades fundamentales. 
Me preocupa mucho que la propuesta actual no consagre suficientemente estas protecciones básicas. 
Me preocupan varias cosas, como una importante duda respecto al fundamento jurídico, serios interrogantes sobre la falta de protección y salvaguardas, especialmente el uso de las medidas de vigilancia y los métodos coactivos; el hecho de permitir el uso de pruebas que serían inadmisibles en un tribunal irlandés; el debilitamiento de la protección para los demandados que ofrece la Constitución irlandesa; permitir la autoinculpación. 
El Parlamento no tiene poderes legislativos en el ámbito del derecho penal, cuyas decisiones se toman mejor a escala nacional. 
Por esas y otras muchas razones he votado en contra del informe. 
Es lamentable que el PE no haya tenido en cuenta la opinión de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y haya rechazado la presente iniciativa de la Comisión Europea. 
La propuesta se ajusta al enfoque federalista, que pretende retirar a los Estados ciertas competencias fundamentales que forman parte del núcleo central de su soberanía. Esto pondría en peligro los derechos, garantías y libertades de sus ciudadanos. 
El exhorto europeo de obtención de pruebas está «emparentado» con la orden de detención europea, que debemos recordar que se aprobó con el pretexto de la «lucha contra el terrorismo». 
Como ya se ha dicho, el objetivo principal de la Comisión Europea es reemplazar los actuales mecanismos de asistencia judicial, basados en los convenios internacionales, por un sistema de reconocimiento mutuo, que exige el reconocimiento directo de una decisión judicial adoptada en un Estado miembro, sin su traducción previa en una decisión nacional. 
Como se ha señalado, el procedimiento sigue adelante sin que se prevea ninguna salvaguardia para proteger los derechos de los ciudadanos de cada Estado, pues al cuestionar el enfoque de la cooperación entre Estados, también pone en entredicho las garantías que están salvaguardadas en dicho ámbito. 
También es de lamentar el rechazo de las enmiendas encaminadas a asegurar el respeto de los derechos, garantías y libertades consagrados bajo la soberanía popular de cada Estado. 
El informe se refiere a una propuesta encaminada a permitir que un Estado miembro pueda emitir un exhorto europeo de obtención de pruebas para que sea ejecutado en otro Estado miembro. 
En otras palabras, el exhorto europeo de obtención de pruebas es una orden judicial emitida en un Estado miembro con el objetivo específico de recabar documentos y datos destinados a procedimientos de carácter penal, que se podrá ejecutar en otros Estados miembros sin su traducción previa en una orden judicial del Estado miembro en cuestión. 
En la forma propuesta, el exhorto europeo de obtención de pruebas permitirá obtener las pruebas ya disponibles en el Estado ejecutor. En cambio, no se podrá emplear para iniciar una acción o solicitar la realización de investigaciones en forma de interrogatorios, audiencias, interceptación de comunicaciones, seguimiento o vigilancia de personas, etc. 
En conjunto, acojo con satisfacción el informe, en lo que respecta a la emisión del exhorto europeo de obtención de pruebas. 
No me satisfacen, en cambio, las referencias a las garantías procesales de las enmiendas 5 y 7. 
El tema del informe es el exhorto europeo de obtención de pruebas y, dado que este documento no es el lugar apropiado para tratar el asunto de las garantías procesales, me veo obligado a votar en contra. 
Los diputados radicales de la Lista Bonino consideramos prematura la propuesta de decisión marco del Consejo relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal. 
Al igual que en el caso de la orden de detención europea, opinamos sencillamente que no es posible seguir adelante con la integración del Derecho penal y aplicar el principio de reconocimiento mutuo entre Estados miembros de medidas y decisiones en materia penal si no se mejoran simultáneamente las garantías y el derecho de defensa en Europa. 
La Comisión se ha comprometido a presentar una decisión marco sobre la protección de los derechos de los sospechosos y acusados en la Unión Europea. 
El Parlamento la ha solicitado repetidamente, pero la propuesta se encuentra bloqueada. 
Dada esta circunstancia, la decisión que hubiésemos querido impulsar habría sido el rechazo de la propuesta en cuestión o el condicionamiento de su entrada en vigor a la aprobación de la decisión marco sobre las garantías, con objeto de asegurar el pleno respeto de las garantías procesales en los procedimientos penales, que son fundamentales para la protección efectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Europa. 
. – Hemos votado evidentemente en contra de esta iniciativa del Gobierno italiano encaminada a organizar, por parte de varios países europeos, vuelos chárter conjuntos para expulsar a los «residentes ilegales» a sus países de origen, no solo porque la brutalidad de esta iniciativa da efectivamente a la Unión Europea una imagen de «Europa fortaleza» , sino también y sobre todo porque denunciamos la realidad misma de esta Europa fortaleza rodeada de alambradas y el uso de la fuerza militar para expulsar a migrantes indeseables. 
Estamos a favor de una Europa en que no haya obstáculos a la circulación y la residencia en su interior y que sea también abierta y acogedora hacia el exterior. 
Esto implicaría entre otras cosas la concesión de papeles oficiales en toda la Unión Europea a quienes carezcan de ellos. 
. – La iniciativa del Gobierno italiano pretende organizar vuelos chárter europeos para expulsar «masivamente» a nacionales de terceros países. 
El Consejo Europeo la aprobó antes incluso del dictamen del Parlamento. 
Por su parte, la Comisión anunció 30 millones de euros: este procedimiento es inadmisible. 
Pero esta iniciativa hay que rechazarla por el fondo, como han reclamado con razón centenares de organizaciones y miles de ciudadanos europeos. 
El carácter discriminatorio, humillante y degradante de este método de expulsión traiciona el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Más ampliamente, una política ultraprotectora y represiva en materia de inmigración es un peligro para los migrantes, para las relaciones entre los pueblos y para la propia Europa. 
No podemos cerrar nuestras puertas y nuestros ojos al mundo que nos rodea, como recordó aquí el Sr. Kofi Annan. 
Al contrario, Europa debe abrirse a los que están dispuestos a todo para huir de la guerra, la pobreza, la muerte a veces. 
La necesidad en Europa de una política común ambiciosa, humana y solidaria exige por el contrario que los migrantes sean considerados agentes del desarrollo. 
Para ello, es urgente abandonar la «Europa fortaleza» y poner medios financieros suficientes al servicio de una auténtica cooperación y de un desarrollo mutuamente beneficioso. 
. – Hemos rechazado la iniciativa de la República italiana sobre los «vuelos chárter europeos» , que constituyen una violación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y que pudorosamente se llaman vuelos conjuntos. 
Estamos escandalizados por la obstinación de que ha dado muestras la Unión Europea (UE) en general y algunos de sus Estados miembros, como Francia, Alemania e Italia, en querer implantar a cualquier precio un dispositivo destinado a racionalizar, mediante la organización de vuelos conjuntos, las operaciones de expulsión de residentes ilegales. 
Encontramos escandalosa la idea de financiar este tipo de operación con 30 millones de euros, como proponen la Comisión y el Consejo. 
Esta política de la Europa fortaleza no es otra cosa que vergonzosa. 
Nos gustaría más que se consagrara la misma obstinación, los mismos esfuerzos, a la lucha contra el desempleo, las desigualdades y la pobreza en la UE. 
Pero no parece ser esta la prioridad de los Quince. 
Prefieren favorecer las tendencias populistas y xenófobas del electorado designando a los inmigrantes como el problema número uno de nuestras sociedades. 
Nosotros, por el contrario, en este contexto, seguimos reafirmando, junto con las asociaciones de defensa de los derechos humanos y antirracistas, la necesidad de otra política de inmigración en Europa, una política basada en la apertura de las fronteras, en el respeto del derecho de asilo y en la igualdad de derechos. 
. –No tengo nada en contra de que desarrollemos la formación profesional armonizándola a escala europea. 
Pero esta formación profesional debe incluir una gran proporción de cultura general, de aprendizaje de las lenguas, etc., lo que implica descartar a la gran patronal de la dirección, de la gestión e incluso de la inspiración de esta formación. 
Si no, fabricaremos simplemente mano de obra en función de las necesidades cambiantes de los patronos, y no en función del interés de los jóvenes. 
Me complace mostrar mi apoyo a este informe, que reconoce que los logros del Cedefop hasta la fecha demuestran su capacidad para realizar una valiosa aportación al desarrollo de la política de formación profesional de la Comunidad. 
La Agencia, creada en 1975, presta unos servicios excelentes a la Comisión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea y los interlocutores sociales, así como a países asociados como Noruega e Islandia. 
El Cedefop proporciona información a políticos, investigadores y profesionales para promocionar un mejor entendimiento de la evolución de la formación profesional, y permitirles tomar decisiones informadas para acciones futuras. 
Creo que las enmiendas propuestas mejorarán la eficacia de los procedimientos administrativos del Cedefop, y me complace en especial que impliquen una representación equilibrada de hombres y mujeres abordando este tema en toda la cadena del procedimiento de candidatura y elección. 
Como han puesto de manifiesto las sucesivas evaluaciones externas, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) , una agencia de la Unión Europea creada en 1975, ha contribuido de manera fundamental al desarrollo de la política comunitaria de formación profesional a lo largo de los años. 
La composición tripartita de su consejo de administración se traduce en la participación de representantes gubernamentales, de las organizaciones empresariales y de las organizaciones de trabajadores, con la Comisión como cuarto participante, que confiere mayor legitimidad a sus opiniones y le permite adoptar decisiones más informadas y eficaces sobre el terreno. 
Las enmiendas propuestas al Reglamento de base del Cedefop tienen por objeto mejorar su capacidad de respuesta, con vistas a la ampliación inminente, y dotarlo de un marco institucional más flexible y eficaz. 
Me congratulo sinceramente de que todos los interlocutores sociales participen en las consultas sobre el proyecto social destinado a mejorar la cualificación profesional y fomentar el empleo, lo cual contribuirá a mejorar, a su vez, la calidad del trabajo. 
Para que así sea, me parece necesario prestar mayor atención a informar a los ciudadanos sobre la labor de esta y otras agencias, con el fin de mejorar su sensibilización sobre el enriquecimiento personal y colectivo que puede aportar el desarrollo de las cualificaciones profesionales. 
La delegación del Partido Moderado ha optado por abstenerse en la votación de este asunto. 
La lucha contra el terrorismo y la protección de la intimidad no están reñidas. 
Una lucha de amplio alcance y eficaz contra el terrorismo exige el respeto de los derechos fundamentales. 
Las exigencias de los Estados Unidos han colocado a las compañías aéreas en una posición insostenible, puesto que dichos requisitos infringen las normas europeas de protección de la intimidad o de lo contrario obstaculizan el transporte aéreo. 
La Comisión se ha esforzado de manera ejemplar por encontrar una solución. 
Por lo tanto, no apoyamos la petición de la resolución de que la Comisión retire la propuesta. 
Dicha propuesta supone una mejora con respecto a la situación actual, aunque todavía presenta deficiencias graves. 
Los comisionados en materia de protección de datos de los Estados miembros y de la UE, el Grupo de trabajo previsto en el artículo 29, destacan la preocupante falta de protección de los datos. 
La propuesta requiere una revisión jurídica meticulosa y, por consiguiente, apoyamos que la revise el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Es necesario pasar sin demora del sistema de las presiones al del impulso para remediar la falta de protección de los datos. 
Un acuerdo satisfactorio requiere como condiciones previas que se informe a los pasajeros sobre los datos que se comunicarán a las autoridades estadounidenses y que estos dispongan en la práctica de la posibilidad de autorizar voluntariamente dicha transferencia de sus datos personales y económicos y de examinar los datos registrados. 
. Los diputados conservadores apoyan plenamente la lucha contra el terrorismo y todos los medios que puedan desplegarse con este fin. 
Somos conscientes de que se han llevado a cabo bastantes negociaciones entre la Comisión Europea y las autoridades estadounidenses en relación con la información sobre los pasajeros. 
Nos satisface que el acuerdo a que se ha llegado permita el equilibrio adecuado entre el derecho a la intimidad y los medios para proteger nuestras vidas y libertades. 
Aunque comprendemos que es posible que en algunas ocasiones los pasajeros lo encuentren poco oportuno, los últimos acontecimientos demuestran que debemos permanecer alerta y vigilantes. 
Estamos juntos en esta lucha. 
. – Al censurar a la Comisión, que había negociado con los Estados Unidos un acuerdo que les permite consultar, en el marco de la lucha contra el terrorismo, los «registros de pasajeros» de las compañías aéreas que efectúan vuelos transatlánticos, el Parlamento Europeo ha tomado una decisión doblemente criticable. 
Por un lado, no puede sino desorientar a nuestros socios haciéndoles dudar de nuestra voluntad de combatir verdaderamente el terrorismo, cuando el Consejo Europeo acababa de adoptar, el viernes pasado, una declaración aparentemente muy decidida de hacer precisamente eso. 
Por otra parte, sobrevalora la sensibilidad del problema de los «registros de pasajeros» , ya que esos datos apenas son confidenciales, sobre todo para las autoridades de policía encargadas de preservar la vida de los propios pasajeros. 
Esta falsa maniobra del Parlamento Europeo es imputable al deseo que le anima de darse importancia y adquirir una imagen de defensor de las libertades; quizás también se deba a un elemento de demagogia antinorteamericana, y por último a las provocaciones de la Comisión, que se ha extralimitado manifiestamente en sus competencias de ejecución. 
Para coronarlo todo, se ha dejado totalmente al margen a los Parlamentos nacionales. 
Tratándose de un tema que al principio parecía simple, es un buen estropicio. 
. Los diputados radicales de la Lista Bonino están enormemente satisfechos con la adopción, hoy, por parte del Parlamento Europeo de la resolución elaborada por la Sra. Boogerd-Quaak sobre la transmisión de datos de pasajeros a las autoridades estadounidenses. 
En realidad, la resolución considera que la Decisión de la Comisión es equivocada, ya que esta última consideraba «adecuado» el sistema estadounidense que regula la cuestión de la privacidad asociada con el tratamiento de los datos de pasajeros recogidos en territorio europeo. 
También sostiene que la Comisión se extralimitó en sus competencias y le pide que retire su Decisión. 
Asimismo, la resolución establece que el Parlamento se reserva la posibilidad de pedir al Tribunal de Justicia un dictamen sobre la legalidad del proyecto de acuerdo internacional con los Estados Unidos. 
Creemos que hoy, a pesar de la fuerte presión ejercida por la Comisión, los Gobiernos nacionales y los Estados Unidos, el Parlamento Europeo ha aceptado plenamente y con valentía su papel de representante de los ciudadanos europeos y defensor de sus derechos y libertades, de la democracia y del Estado de derecho. 
He votado a favor de los términos de este acuerdo que impedirían la transmisión a las autoridades estadounidenses de una cantidad inaceptable de datos personales sobre los pasajeros. 
Aunque respeto plenamente la necesidad de imponer el nivel más elevado posible de vigilancia contra el terrorismo, los terroristas habrán ganado si sacrificamos las libertades civiles y los derechos humanos so pretexto de garantizar la seguridad. 
El proyecto de acuerdo actual permite la transmisión de demasiados datos personales: también permite un acceso ilimitado a dichos datos y la retención de los mismos. 
Niega a los pasajeros el derecho a corregir los datos incorrectos o a interponer recurso ante una autoridad independiente si se les niega la entrada a los Estados Unidos. 
Me ha decepcionado mucho que Irlanda votara a favor de ese acuerdo, dando así luz verde a una intrusión sin garantías en la intimidad de los pasajeros irlandeses. 
La Comisión debe modificar el texto de este proyecto de acuerdo para asegurar el respeto de los derechos a la protección de datos de los ciudadanos europeos. 
Los pasajeros irlandeses y europeos merecen saber que sus libertades civiles básicas no serán sacrificadas en la lucha contra el terrorismo. 
En diciembre de 2003, la Comisión, extralimitándose en sus competencias, concluyó un acuerdo con los Estados Unidos de América sobre la transmisión de datos de pasajeros aéreos. Solo con posterioridad presentó su proyecto de Decisión al Consejo y al Parlamento. 
Tal como hemos mencionado anteriormente, nos oponemos enérgicamente a este acuerdo. 
Con el pretexto de la «guerra contra el terrorismo» , hay que transmitir datos personales a los Estados Unidos de América, que abarcan 34 campos –inclusive números de teléfono, detalles de tarjetas de crédito, opiniones políticas, antecedentes familiares, creencias religiosas y estado de salud– sin ningún tipo de garantías ni control efectivo. Esta situación solo sirve para demostrar la forma en que se utiliza la denominada «guerra contra el terrorismo» para socavar los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos. 
Tal como hemos manifestado anteriormente, se trata de un acuerdo inaceptable e ilegal, que viola la Directiva europea sobre protección de datos. Actualmente, la responsabilidad de asegurar la protección de los ciudadanos en lo que se refiere a los datos básicos sobre pasajeros aéreos reside en los países a nivel individual y, sin embargo, este acuerdo pretende eliminar eficazmente de cada país la responsabilidad de impedir las transmisiones con el fin de preservar los derechos de los ciudadanos. 
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la idea general de esta resolución, en especial al invitar a la Comisión a que impida el sistema actual de transmisión de datos a los Estados Unidos y a que retire su propuesta de Decisión. 
.– La resolución reconoce, tal como ha denunciado el Partido Comunista de Grecia, que la Unión Europea, que se ha proclamado a sí misma guardiana de los derechos fundamentales, permite la violación flagrante de la privacidad con la transmisión de datos personales confidenciales de sus compañías aéreas a los Estados Unidos de América. 
De modo similar, señala la violación de la ley por parte de la Comisión y las autoridades nacionales, que todavía no han puesto en marcha los procedimientos legales para evitar que las compañías aéreas transmitan esta información. 
También pide que la Comisión retire el proyecto de Decisión, que supedita básicamente a la UE a las demandas estadounidenses que se presentaron hace algunos meses tras consultas mantenidas con la parte estadounidense. 
Sin embargo, en sus conclusiones, la resolución, en lugar de proponer una prohibición de la transmisión de datos personales, considera que existe un vacío legislativo y propone que se celebre un acuerdo con los Estados Unidos de América simplemente con menos datos, un período de almacenamiento más corto y el derecho de las personas cuyos datos se encuentran archivados a tomar medidas para corregir la información que figura en sus expedientes. 
Para el futuro inmediato, reclama el consentimiento de los pasajeros para la transmisión de 39 datos diferentes. 
Por descontado, toda negativa conllevaría que no se les autorizaría a entrar en los Estados Unidos de América. 
Independientemente de las intenciones de sus autores, vuelve a demostrar que el Parlamento Europeo acepta las condiciones de los Estados Unidos de América, como un ayudante del. 
Por estas razones, los diputados del Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia se han abstenido en la votación. 
La lucha contra el terrorismo es crucial para nuestra seguridad y cuenta con todo nuestro apoyo. 
La tarea de la lucha contra el terrorismo tiene que llevarse a cabo a escala mundial y ser preventiva, pero la lucha siempre debe ponderarse con respecto a la privacidad de las personas. 
Hoy, el Parlamento Europeo ha votado sobre un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos relativo a la entrega de datos seleccionados, sobre una base que no está clara, de las listas de pasajeros comerciales, para su envío a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos. 
Entre otras cosas, nos oponemos al volumen de datos del registro de nombres de pasajeros a los que los Estados Unidos de América quieren tener acceso, al número de organismos que tienen acceso a ellos, al uso que se pretende hacer de estos datos, a la falta del recurso de apelación para las personas a las que se les deniegue la entrada en los Estados Unidos a causa de los datos personales, y a que los Estados Unidos puedan acceder directamente a los datos sin necesidad de solicitarlo. 
Actualmente no existe un fundamento jurídico en la Unión Europea que autorice el uso de datos comerciales del registro de nombres de pasajeros para proteger la seguridad de las personas. 
Por consiguiente, proponemos que se redacte en su lugar un verdadero acuerdo internacional entre la Unión Europea y los Estados Unidos en el que se estipule claramente el fin, los datos, las garantías y responsabilidades. 
El acuerdo en su forma actual amenaza eliminar el Estado de derecho. 
Por lo tanto, damos nuestro apoyo al informe de la Sra. Boogerd-Quaak y votamos en contra de este acuerdo con los Estados Unidos. 
.El terrorismo es una de las peores lacras de nuestro tiempo, y tiene que combatirse con vigor y de forma eficaz tanto a escala nacional como internacional. 
Si quiere ser eficaz, la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo debe extenderse a los datos personales, en particular en el caso del transporte aéreo. 
Apoyamos la recogida y entrega de datos sobre pasajeros aéreos a las autoridades estadounidenses, pero tienen que llevarse a cabo basándose en normas legales claras (tanto en Estados Unidos de América como en Europa) , tienen que ser proporcionadas con respecto al objetivo y tiene que haber disposiciones claras que especifiquen qué datos deben recogerse. 
No debe tener lugar de forma automática (el denominado o mecanismo de acceso directo a la información sin ningún tipo de restricciones). 
Hay que dejar claro cuáles son las entidades que tienen acceso a los datos, y establecer claramente durante cuanto tiempo se pueden almacenar los datos. 
Hay que establecer las responsabilidades de las compañías aéreas para con los pasajeros, y es necesario que estos tengan la opción de recurrir a una autoridad independiente. 
Es lamentable que los datos personales de pasajeros europeos se entreguen a los Estados Unidos de América sin fundamento jurídico, ya que esto quiere decir que no se tiene en cuenta la protección de la privacidad. 
Hay que abordar estas irregularidades. 
Por lo tanto, la Comisión tiene que retirar su proyecto y presentar una nueva propuesta legislativa que preste atención a los puntos anteriores. 
Solo una legislación de esta naturaleza puede reconciliar la lucha contra el terrorismo con respecto a la privacidad y los derechos fundamentales. 
Hemos votado a favor de los puntos 1 y 10 (aprobados por 226 votos a favor y 203 en contra, y por 233 votos a favor y 207 en contra, respectivamente) de la resolución, y a favor de la resolución en su conjunto (aprobada por 229 votos a favor, 202 en contra y 19 abstenciones). 
En nuestra opinión, los límites en materia de salud pública deben establecerse, en la medida de lo posible, a escala local o nacional cuando los propios particulares no pueden tomar decisiones. 
Los diputados del Partido Moderado hemos votado en contra del citado informe, ya que opinamos que los asuntos que conciernen al medio ambiente local –en este caso, por ejemplo, en relativo al ambiente de los lugares cerrados y el tabaquismo pasivo– no deben tratarse a escala de la Unión Europea. 
El principio de subsidiariedad también hay que aplicarlo a las decisiones sobre la protección de los recursos hídricos locales. 
La iniciativa de la Comisión y el informe correspondiente del Parlamento plantean muchas preguntas. 
Acogemos con satisfacción los pasos dados para lograr un mayor conocimiento de las amenazas medioambientales para la salud humana, identificar las enfermedades causadas por los factores medioambientales y planificar respuestas políticas para los retos que plantean. 
Sin embargo, me pregunto si no sería más recomendable que evaluáramos y demostráramos el impacto de las actuales políticas vigentes a escala de la Unión Europea, como por ejemplo los efectos de la política agrícola común en grandes explotaciones agrícolas; las políticas de liberalización que fomentan la privatización de los servicios públicos esenciales, como el acceso al agua, que se centran enteramente en los beneficios (para unos pocos) ; o la atenuación de los objetivos de Kioto mediante el establecimiento de un mercado de emisiones contaminantes, dando prioridad a los intereses de las grandes corporaciones. 
Hay otros ejemplos. 
Por lo tanto, es lamentable que el informe se refiera brevemente a la necesidad de «un enfoque intersectorial». 
El informe también hace hincapié en la necesidad de aplicar el principio de cautela, allí donde la ciencia no es concluyente sino cuando existe una amenaza potencialmente grave o irreversible para la salud o el medio ambiente, en especial en el contexto del debate sobre organismos modificados genéticamente (OMG). 
La estrategia propuesta tiene por objeto reducir las enfermedades causadas por factores medioambientales. 
En efecto, un estudio reciente sobre este tema de la Agencia Europea del Medio Ambiente ha revelado que, en ciudades europeas de gran tamaño, aproximadamente 60 000 muertes al año podrían estar relacionadas con la exposición prolongada a la contaminación atmosférica. Los riesgos son mayores entre los niños que entre adultos. 
En consonancia con la estrategia europea en los ámbitos del medio ambiente y la salud propuesta por la Comisión, el Consejo ha aprobado una serie de conclusiones, que hay que aplicar en la estrategia SCALE. Entre 2004 y 2010, SCALE se centrará en los cuatro problemas principales de salud pública –las enfermedades infantiles de las vías respiratorias, el asma, las alergias; los trastornos del desarrollo neurológico; el cáncer infantil; y los efectos de los disruptores endocrinos– y en sus tres objetivos finales, concretamente, reducir la carga de enfermedades causadas por factores medioambientales, identificar y prevenir las nuevas amenazas para la salud causadas por estos factores y reforzar la capacidad de la UE para la formulación de políticas en este ámbito. 
Por lo tanto, la Comisión pretende establecer un sistema europeo integrado que pueda supervisar el ámbito del medio ambiente y la salud e intervenir en caso necesario. De esta forma se crearían sinergias y se facilitaría el intercambio de datos y prácticas de trabajo para lograr un mayor conocimiento... 
Con esto concluye la votación. 
Antes de volver al orden del día de esta Cámara, quisiera aprovechar esta oportunidad para responder oficialmente a la invitación que se ha formulado aquí esta mañana, durante mi ausencia por asistir a una conferencia de prensa con la Presidencia irlandesa y el Presidente Prodi, y comentar, en nombre de esta Cámara, varios temas que en estos momentos son objeto de gran atención por parte de los medios de comunicación en algunos Estados miembros. 
Como Presidente de esta Cámara tengo una doble obligación: tengo, y tenemos todos nosotros, la obligación ante nuestros electores y los ciudadanos de ser responsables, y tengo la obligación ante esta Cámara de ser justo. 
Y hago todo lo que puedo para cumplir ambas obligaciones. 
En los últimos días y semanas se ha creado un clima enardecido generado por la prensa sensacionalista, sobre todo en Alemania, aunque también en otros lugares. 
En primer lugar quiero aclarar un punto general. 
Como Presidente de este Parlamento me niego a aceptar que nosotros, miembros electos de esta Cámara, debamos asumir ningún tipo de culpa colectiva. 
No deberíamos ser culpables por defecto si no demostramos nuestra inocencia individualmente. 
Precisamente los medios de comunicación alemanes, entre todos los medios de Europa, deberían saber muy bien que no se puede achacar una culpa colectiva a ningún pueblo ni a ninguna institución. 
A través de sus Señorías, quiero transmitir al mundo exterior la máxima garantía de que responderemos a todas las pruebas o acusaciones fundamentadas que se nos presenten, pero deben basarse en pruebas y no en prejuicios. 
Permítanme repetir hoy aquí que el ejercicio más importante de reforma de esta Cámara –el intento de dotarnos de un estatuto que tardó tantos años y que obtuvo el voto de una mayoría de esta Cámara– fracasó por culpa de los Gobiernos, no por nuestra voluntad. 
Que asuman sus responsabilidades quienes nos fallaron. 
Permítanme ahora abordar un caso concreto. 
Hace poco se recibió una acusación anónima en relación con dos observadores de un país en vías de adhesión. 
Esta acusación anónima, como muchas otras acusaciones, por supuesto, vio por primera vez la luz del día en los medios de comunicación. 
Cuando llegó a nuestro conocimiento decidimos que, como había una supuesta controversia con respecto a las firmas de algunos observadores, recabaríamos la opinión de un reconocido experto grafólogo externo independiente. 
Este mediodía, por casualidad, he recibido el informe en cuestión. 
La conclusión del experto es que las 27 firmas analizadas son auténticas, es decir, que están escritas por la persona cuyo nombre aparece al lado. 
Quiero que quede muy claro. 
De conformidad con las pruebas presentadas por un experto externo independiente, no hay motivos para tener de entrada sospechas de fraude o irregularidades en este caso en concreto. 
Es más, probablemente la institución tiene la obligación especial de garantizar que no quede ni rastro de sospecha con respecto a las personas en cuestión. 
Por desgracia, en este caso concreto solo puedo llegar a la conclusión de que estas acusaciones, que se ha demostrado que carecían de fundamento, fueron hechas con mala intención. 
Como Presidente de esta Cámara, me niego a permitir que nuestro trabajo se vea desbaratado por prejuicios o rumores maliciosos y carentes de fundamento, sea cual sea su origen, de dentro o de fuera. 
Permítanme decir para quienes no lo sepan –de modo que no me dirijo a la Cámara, sino a través de la Cámara a quienes puedan estar siguiendo la sesión en estos momentos– que la práctica de esta Cámara es asegurarse de que los diputados firmen cada día que asistan. Y esto puede hacerse aquí en nuestra sesión plenaria. 
Cuando un diputado firma en el registro de la sesión plenaria, no tiene la obligación de pasar el resto del día sentado en el pleno, ni la obligación de pasar el resto del día sentado con su Grupo, si firma en un Grupo; ni en una comisión; y, evidentemente, no tiene la obligación de estar todo el día sentado en el registro central, si es allí donde ha firmado. 
Exigir la firmas como prueba de asistencia no es una práctica universal en los Parlamentos de los Estados miembros. 
Me gustaría señalar que exigimos más a esta Cámara en este sentido que a muchos parlamentos que son Estados de esta Unión y que se basan en una democracia parlamentaria. 
Y a nuestros amigos de dentro y de fuera les digo que si, aparte de lo que he hecho constar hasta ahora, hay pruebas de fraude, que las presenten y trataremos el tema como hemos tratado el tema que he mencionado antes. 
Quiero que los que están en esta Cámara sepan –y la población a través de esta Cámara– que trataremos todos los casos sin miedo ni favoritismos. 
Pero concederemos a todo el mundo la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. 
Nos guiaremos exclusivamente por pruebas. No nos dejaremos guiar por prejuicios y no permitiremos que la prensa sensacionalista escriba nuestro guión. 
(1) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0206/2004) del Sr. Baltas, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, que contiene una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea presentada por Croacia. 
– Señor Presidente, como bien sabe, el 21 de febrero de 2003 Croacia presentó una solicitud de adhesión a la Unión Europea con todas las formalidades y responsabilidades exigidas para ello. 
La Comisión emitirá su dictamen sobre esta solicitud a finales de abril. 
El Parlamento Europeo, a través de mi informe, ha elaborado una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea presentada por Croacia de conformidad con el apartado 1 del artículo 49 del Reglamento, que ha sido aprobada por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Este informe exigió una atención especial para que fuera equilibrado y estuviera suficientemente bien fundamentado, de modo que la iniciativa del Parlamento Europeo para una recomendación al Consejo se considerara debidamente y representara las opiniones y exigencias de todas las partes de manera ejemplar. 
Doy las gracias a mis estimados colegas por su ayuda en este sentido. 
En resumen, los principales puntos de este informe, a los que Croacia debe prestar la debida atención, son los siguientes: primero, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. 
Se toma nota de los progresos realizados en la cooperación con este tribunal internacional, así como los demás asuntos pendientes, en especial ahora que el General Gotovina ha sido entregado al Tribunal. 
En segundo lugar, el regreso de los refugiados y de las personas desplazadas. 
Para el Parlamento es muy importante que se cumpla esta promesa, que considera que es uno de los criterios fundamentales para la adhesión de Croacia a la Unión Europea. 
Observa con satisfacción la elección de representantes de las minorías al Parlamento, pero espera que se realicen mayores esfuerzos por garantizar todos los requisitos para el regreso de los refugiados y las personas desplazadas, como la protección jurídica, el alojamiento, la reconciliación y su integración progresiva en la sociedad croata, sin discriminaciones ni temores. 
En tercer lugar, las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional. 
Las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional van por buen camino y el informe hace hincapié en que es un requisito clave para el desarrollo de la democracia en la propia Croacia, así como un ejemplo para garantizar la paz, la estabilidad y el desarrollo económico en la zona en su conjunto. 
En cuarto lugar, el sistema judicial y la infraestructura administrativa. 
Se toma nota de las reformas y ajustes efectuados en el sistema judicial de conformidad con el que prevalece en la Unión Europea, pero se espera que se realice una aplicación ejemplar y la aceptación social indiscutible de la interpretación de la legislación, así como una mayor autoridad de los jueces. 
De la misma manera, una infraestructura administrativa moderna es una condición para la gestión correcta de los recursos comunitarios, mientras se espera que se ponga especial atención en combatir los casos de corrupción y en una prestación de servicios rápida a los ciudadanos. 
En quinto lugar, tiene que continuar el diálogo tripartito entre Croacia, Italia y Eslovenia con el buen espíritu que lo rodea hoy para que se puedan solucionar las diferencias y las cuestiones pendientes. 
En sexto lugar, la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación. 
La libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación son el requisito fundamental para el funcionamiento de la democracia y no se justifica ninguna interferencia en la libertad de expresión en forma de intervención estatal. 
En séptimo lugar, la economía de libre mercado. 
Se reconocen los progresos realizados por Croacia en el funcionamiento del libre mercado y se toma nota de los logros de Croacia, tanto en el incremento interanual del producto nacional bruto durante los últimos años como en la reducción del nivel de inflación, que está cerca de la media de la Unión Europea. 
En octavo lugar, nuevo Gobierno y orientación europea. 
Se considera positiva la determinación del nuevo Gobierno de continuar los esfuerzos del Gobierno anterior de seguir una orientación europea y se aprecia en particular la voluntad del nuevo Gobierno de promover todas las reformas necesarias para que Croacia pueda avanzar rápidamente hacia el objetivo de la integración en la Unión Europea, que también lo desea. 
Pedimos a esta Cámara que vote a favor de este informe y la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos, que yo respaldo. 
Señor Presidente, la Comisión acoge con gran satisfacción el informe Baltas. 
Lo hemos analizado con gran atención e interés, y me complace tener la oportunidad de realizar aquí algunos comentarios iniciales. 
El Sr. Baltas presenta una evaluación de unos temas políticos y económicos importantes, como los derechos de las minorías, el regreso de los refugiados, la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, la reforma del poder judicial, la libertad de los medios de comunicación, la cooperación regional, las reformas económicas y estructurales, temas que se abordan con carácter preferente en todas las reuniones que celebramos con las autoridades croatas. 
Aunque el informe está destinado al Consejo, la Comisión ha mostrado un interés especial por el mismo y quiere aprovechar esta oportunidad para agradecer al Sr. Baltas y al Parlamento Europeo esta interesante evaluación de Croacia. 
En estos momentos la Comisión está todavía preparando su «Dictamen sobre la solicitud de adhesión de Croacia» , que esperamos poder adoptar en las próximas semanas. 
El dictamen sobre la solicitud de Croacia se basa en más de 10 000 páginas de información facilitada por el Gobierno croata. 
Para evaluar esa solicitud utilizamos exactamente los mismos criterios que para todas las solicitudes anteriores. 
Como en los demás casos, los criterios políticos tendrán un papel esencial en este contexto, y Croacia debería cumplirlos antes de que empiecen las negociaciones. 
De modo que hoy la Comisión no está en condiciones de comentar en detalle todos los temas mencionados en el informe Baltas. 
El Parlamento recibirá una copia del dictamen de la Comisión una vez adoptado, donde se incluirá nuestro análisis de si Croacia cumple o no los criterios de Copenhague y nuestra recomendación al Consejo sobre si deberían iniciarse las negociaciones o no. 
La Unión Europea es una comunidad basada en un conjunto de valores compartidos. 
Un país debe demostrar que los hace suyos antes de poder empezar las negociaciones para la adhesión. 
Por lo tanto, la evaluación del dictamen de la Comisión se centrará en si Croacia respeta los valores de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y los derechos de las minorías, que constituyen los criterios políticos para la adhesión a la UE. 
La Comisión Europea reconoce perfectamente el progreso realizado por Croacia en los últimos años. 
La situación política es estable y se han consolidado los logros democráticos. 
Se ha reforzado la cooperación regional. La situación económica mejora, las perspectivas de crecimiento son buenas y, más en general, las perspectivas económicas siguen siendo positivas. 
Croacia ya ha empezado a trabajar intensamente para adaptar su legislación al derecho europeo. 
Al mismo tiempo, quedan varias cuestiones importantes que hay que evaluar con detenimiento y que la Comisión sigue muy de cerca en la actualidad: cuestiones como la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, el regreso de los refugiados, el respeto de los derechos de las minorías, la reforma judicial y la cooperación regional. 
Las perspectivas de Croacia para la adhesión son claras, como lo son para todos los países del sudeste de Europa. 
Pero hay que cumplir los criterios de Copenhague. 
Siempre que lo haga de forma clara e inequívoca, tiene perspectivas de seguir avanzando hacia una posible adhesión a la familia europea. 
– Señor Presidente, hace un año Croacia solicitó el ingreso en la Unión Europea con el apoyo de todos sus partidos políticos. 
Hay que recordar que Croacia podría haber entrado junto con Eslovenia el 1 de mayo si no hubiera sido por los años terribles de guerra que sufrió, así como su país vecino, Bosnia y Herzegovina, y los cuatro años de ocupación serbia de una tercera parte de su territorio, que derivó en que la joven democracia independiente diera muchos giros equivocados. 
En los últimos cinco años, Croacia se ha decidido claramente por Europa y ha creado las condiciones para su adhesión. 
Puedo decir al Comisario que mantiene buenas relaciones con sus vecinos y la cooperación regional está funcionando. 
Está llevando a cabo la modernización de su economía y los datos económicos son motivo de optimismo. 
Estoy de acuerdo con usted de que la reforma judicial lleva retraso. 
También pueden mejorarse las capacidades administrativas. 
Sin embargo, no se puede hacer todo en un día. 
Croacia se halla en el buen camino y está decidida a proseguir por este camino con resolución. 
Los objetivos del nuevo Gobierno incluyen el regreso de los refugiados y la devolución de propiedades. 
Este año ya ha visto estos ambiciosos objetivos encarnados en un acuerdo entre el Gobierno y la minoría serbia. 
Estaría bien que la Unión Europea pudiera por fin convencer a la Republika Srpska de Bosnia y Herzegovina para que acepte que los refugiados croatas vuelvan de Croacia. 
De este modo se dispondría de alojamiento para los serbios que quieren regresar. 
La falta de oportunidades de empleo, en especial en las zonas de Croacia donde solían vivir los serbios, es un obstáculo importante para su regreso y espero que el programa CARDS también podrá ser de ayuda en este aspecto. 
Croacia está cooperando bien con el Tribunal de La Haya, al que el año pasado el Gobierno croata incluso abrió sus archivos. 
También el año pasado, tres croatas acusados de crímenes de guerra fueron sentenciados a largas penas de reclusión en la propia Croacia. 
Hace tres años, dos generales condenados fueron a La Haya voluntariamente. 
Europa no juzgará la cooperación de Croacia con el Tribunal Internacional solo por el caso de Ante Gotovina, quien pertenece a la legión extranjera francesa, de quien se dice que posee un pasaporte francés, y que puede que esté tomando el sol en Cannes o Córcega, o que puede estar en cualquier otro lugar. 
No está en Croacia, de otro modo ya lo habrían capturado. 
Tomar a Croacia como rehén del caso Gotovina es injusto y no hace justicia a los progresos que ha realizado sin lugar a dudas. 
El informe Baltas también menciona los problemas relativos a la frontera entre Croacia y Eslovenia. 
Creo que estos problemas están a punto de resolverse. 
Solo quisiera hacer un comentario sobre el anuncio unilateral de la zona de protección de pesca en el Adriático. 
Fue una estupidez. 
Era perfectamente legal, pero creo que el nuevo Gobierno lleva razón cuando trata ahora de fundamentarlo mejor en la cooperación regional con Eslovenia e Italia. 
El tratamiento y la evaluación de los progresos realizados por Croacia por parte de la Comisión enviará una señal a toda la región. 
Todos los políticos con los que me he reunido tanto en Bosnia y Herzegovina como en Serbia esperan con ansia el resultado. 
En ese momento podrán ver si los ingentes esfuerzos que les exigimos para sus naciones merecen realmente la pena. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero empezar agradeciendo muy sinceramente al Sr. Baltas, el ponente, su informe sumamente equilibrado. 
Tanto el país del que procedo como este Grupo al que pertenezco están muy bien predispuestos hacia Croacia, pero esto no quiere decir que cerremos un ojo, o incluso los dos, cuando se trata de evaluar si está preparada para Europa. 
Solo quiero que la Comisión vea cuán importante es para Croacia que expresemos una opinión positiva; estoy totalmente de acuerdo con el orador precedente en este sentido. 
También enviaría una señal a todos sus vecinos de que el camino hacia Europa también les está abierto siempre y cuando den los pasos necesarios hacia Europa. 
Por desgracia, ningún país de los Balcanes ha hecho tanto. 
¿Están resueltos ya los problemas? 
No, no lo están. 
Aunque Croacia mantiene básicamente buenas relaciones con sus vecinos, creo que todavía existen algunos problemas que hay que resolver con Eslovenia. 
Me complace mucho que no solo existan buenas relaciones con la vecina Bosnia y Herzegovina, sino que tanto el Gobierno anterior como el actual han demostrado que Croacia está ahora interesada en una Bosnia y Herzegovina común y no solo en el bienestar de la población de habla croata que hay allí. 
Por lo que respecta a la situación de los criminales de guerra, creo que Croacia ha avanzado mucho en los últimos años y meses. 
Creo que también en este tema tenemos que ser justos y objetivos. 
A veces creo que muchos países que han tardado mucho más en reconciliarse con su pasado y sus propios crímenes y enfrentarse a ellos están exigiendo más de Croacia. 
Sin embargo, Croacia necesita saber que se trata de una cuestión crucial y, por lo tanto, tiene que mostrarse dispuesta a cooperar. 
Respecto al regreso de los refugiados, siempre ha sido para nosotros un punto muy importante en las conversaciones mantenidas con representantes croatas y aquí en el Parlamento Europeo. 
Creo que Croacia necesita intensificar sus esfuerzos para que todos los refugiados regresen y esto incluye, naturalmente, intercambios con los países vecinos. 
Teniendo esto presente, señor Presidente, creo que debemos acoger favorablemente el informe Baltas. 
También teniendo esto presente, pido a la Comisión que sea muy positiva en su planteamiento hacia Croacia. 
– Señor Presidente, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas está a favor de la adhesión de Croacia a la Unión Europea. 
También indicará el camino de la adhesión a otros países de la región de los Balcanes Occidentales. 
Macedonia ya ha presentado su solicitud. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoya a Croacia en sus esfuerzos por preparar su adhesión a la UE y tener éxito en las negociaciones de adhesión. 
Al mismo tiempo manifestamos que exigimos un mayor grado de cooperación por parte de Croacia con el Tribunal de La Haya que el que ha habido hasta ahora. 
Nuestro Grupo pide una votación por separado sobre el punto (q) del apartado 1, que insta a los Estados miembros a que ratifiquen el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y Croacia. 
Algunos Estados miembros han pospuesto la ratificación precisamente porque no están satisfechos con el grado de cooperación de Croacia con el Tribunal de La Haya. 
Nuestro Grupo cree que deberían ser capaces de plantearse cuándo debería ratificarse el acuerdo por su parte. 
La adhesión de Croacia será una vez más un nuevo paso en la ampliación de la Unión Europea. 
Cuando Bulgaria, Rumania, Turquía y los cinco países de la región de los Balcanes Occidentales entren en la Unión, el número de Estados miembros será de 33. 
Moldavia y Ucrania también han dado su primer paso hacia la adhesión, y se les ha invitado a la conferencia europea. 
La ampliación funciona sobre el principio de que todos los países europeos que cumplan las condiciones para la adhesión pueden entrar en la Unión. 
A medida que la ampliación avance, la política de una Europa más amplia y la política de vecindad de la UE adquirirán cada vez más importancia. 
El Parlamento Europeo también tiene que implicarse más en estas políticas de lo que ha hecho hasta ahora. 
Por otro lado, una Unión que se amplía rápidamente tiene que diferenciarse internamente, empleando un proceso de cooperación más estrecha. 
La diferenciación interna y la política de una Europa más amplia nos permitirá gradualmente crear una Europa de círculos concéntricos. 
Por último, quiero dar las gracias a mi colega Alexandros Baltas por su trabajo excelente en la elaboración de este informe. 
– Señor Presidente, el Sr. Baltas ha formulado una recomendación muy equilibrada al Consejo con respecto a la solicitud de adhesión a la UE por parte de Croacia. 
Enumera categóricamente los principales ámbitos de constante preocupación desde el punto de vista de la UE, y que son la buena vecindad, la cuestión de los refugiados y la cooperación con el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia. 
Asimismo, el ponente no ha perdido de vista las principales dificultades de Zagreb con estos objetivos y sus esfuerzos para su consecución. 
Menciona con razón la contribución indispensable de los países vecinos de Croacia a un clima de mutua confianza y seguridad en la región, cosa que también ha señalado la Sra. Pack. 
En resumen, el informe del Sr. Balta es, en mi opinión, «terriblemente» bueno, y utilizo la palabra «terriblemente» por un motivo que entenderán. 
Aún más interesantes han sido para mí las reacciones más bien críticas al proyecto de recomendación por una serie de participantes académicos croatas. 
En general, sus comentarios eran que «la Unión Europea nos exige en cada ocasión un gran esfuerzo, pero ¿qué es exactamente lo que el ciudadano medio croata espera obtener?» 
No les faltan preocupaciones cotidianas –mencionaré el empleo, la educación, la asistencia sanitaria y la vivienda–, pero no se abordan en el informe del Sr. Balta, a pesar de lo minucioso que es por lo demás. 
No en vano pide al Consejo, en el punto (s) del apartado 1, una mayor ayuda para Croacia en sus continuas dificultades en el camino hacia Europa. 
El sorprendente resultado de una encuesta de opinión en Croacia esta semana da otra vuelta de tuerca a esta petición. Nada menos que el 82% de las personas entrevistadas se oponen a la eventual adhesión de Croacia a la Unión Europea. 
Esperemos que solo se trate de una instantánea en el tiempo, y que de desvanezca pronto. 
De todas formas, el rumbo proeuropeo del Primer Ministro Sanader está en tela de juicio, por lo que lo que necesita es un verdadero apoyo de Bruselas. 
Por otro lado, Zagreb es claramente partidaria de la integración en la comunidad euroatlántica. 
Por lo tanto, corresponde a las instituciones europeas ofrecer a Croacia unas estrechas relaciones transatlánticas. 
– Señor Presidente, ante todo quiero expresar mi alegría de que ahora las cosas empiecen a moverse en relación con la demanda de adhesión de Croacia a la Unión Europea y de que existan perspectivas definidas para la apertura de negociaciones. 
No puedo sino estar de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Pack y confirmo los grandes esfuerzos que Croacia está realizando para acercarse más a la Unión Europea. 
He seguido los desarrollos de Croacia desde 1995, primero como presidente de delegación y, posteriormente, como presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Eslovenia, y he constatado que se han realizado cada vez mayores esfuerzos en la dirección correcta. 
Naturalmente, las cosas avanzaron con gran vacilación y dificultad en las etapas iniciales, pero con el tiempo ganaron impulso. 
El nuevo Gobierno de Ivo Sanader ya ha avanzado a pasos agigantados, en especial en la política hacia las minorías y la coexistencia de grupos étnicos. 
Lo digo en calidad de representante de una minoría. 
El enfoque del nuevo Gobierno y, en particular, del Primer Ministro, merece nuestra mayor admiración. 
Se puede considerar un ejemplo para otros países que quieren entrar en la UE y ser considerados un paradigma de una nueva integración y una nueva apertura entre poblaciones mayoritarias y minorías de todo tipo. 
También han prevalecido consideraciones positivas gracias al arbitraje internacional en los conflictos fronterizos o diferencias de opinión sobre la frontera en la Bahía de Piran. 
Creo que es la forma correcta cuando ambos Estados tienen intereses legítimos y, por lo tanto, esta cuestión ya no necesita ser una traba. 
Por consiguiente, quiero dar las gracias al Sr. Baltas por su buen informe y espero que la Comisión hará cuanto pueda para que se inicien las negociaciones. 
– Señor Presidente, encuentro que, en lo esencial, el informe Baltas es muy equilibrado y lógico. 
La situación se ha tranquilizado considerablemente en los últimos tiempos, lo cual es muy importante en esta región. 
En su visita a Belgrado, el Presidente Mesic pidió disculpas a los que habían sufrido dolor o daños a manos de ciudadanos croatas. 
El Presidente serbio pidió disculpas a su vez por los actos de gran maldad cometidos por ciudadanos serbios contra los croatas. 
Sería más fácil lograr la reconciliación ahora que se han hecho estos gestos, aunque solo hayan transcurrido unos pocos años desde su guerra llena de tanta amargura y muy reñida. 
El Primer Ministro, el Dr. Sanader, visitó la minoría serbia en el día de su Navidad y se dirigió a la minoría italiana en italiano: nada de esto hubiera sido posible hace tan solo unos años. 
Incluso esa amargura característica hacia Eslovenia ya no existe. 
Este es el contexto que ayudará a resolver la controversia que rodea las órdenes de detención y el regreso de los refugiados. 
Si este es el contexto, también existe la posibilidad de razonar con Croacia sobre su decisión unilateral de declarar parte de su costa zona ecológica y biológica. 
En su informe, el Sr. Baltas manifiesta que esta decisión unilateral de Croacia va en contra de la práctica del diálogo y la consulta, que se halla en el centro de los esfuerzos por gestionar los problemas que tienen un impacto regional. 
Naturalmente, también hay las dificultades de Zagreb en aplicar sus reformas económicas y políticas. 
Hemos de recordar que la inflación entre 2000 y 2002 cayó del 7,4 % al 2,3 %, y sabemos lo que esto significa. 
Sin embargo, una escala publicada por el, evaluando los resultados alcanzados por los países candidatos que ingresarán este año y en los próximos, demuestra que los primeros países candidatos que entren en la Unión Europea en mayo obtienen una puntuación general del 80%, mientras que la de Croacia es del 50%. 
Todavía tiene un largo camino que recorrer. 
Creo que existe el peligro, que se ha mencionado hace un momento, de que la gente se decepcione. 
Pueden decepcionarse porque Croacia no ingrese inmediatamente en la Unión, pero el Sr. Baltas nos recuerda que Croacia necesitará una gran perseverancia y tiempo antes de que pueda adquirir los medios necesarios para consolidar el Estado de derecho y la democracia. 
Muchas gracias, señor Volcic. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0207/2004) de la Sra. Boumediene-Thiery, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2003). 
– Señor Presidente, Señorías, quisiera comenzar dando las gracias a todos los que han contribuido a este trabajo y que me han permitido mejorarlo. 
Desde su adopción, la Carta de los Derechos Fundamentales es el marco de referencia del Parlamento Europeo para la elaboración de su informe anual sobre los derechos fundamentales, un informe que es una parte esencial de nuestra vida parlamentaria. 
En efecto, la Carta de los Derechos Fundamentales se considera un conjunto definitivo de directrices. 
Sin embargo, para el año 2003 hemos optado por un enfoque un poco diferente, considerado únicamente unos pocos artículos de la Carta y confrontándolos con lo que vemos en la realidad y la práctica. 
La primera cuestión que podríamos preguntar es: ¿por qué se interesa el Parlamento Europeo por la cuestión de los derechos fundamentales? 
Pues bien, recordaré que nuestro Parlamento es la expresión de la soberanía popular y, por tanto, debe pronunciarse sobre las materias que afectan directamente a los ciudadanos, en particular cuando va en ello su dignidad, puesto que su primera función es representarlos y defender sus intereses. 
Las libertades públicas y los derechos fundamentales están consagrados en nuestras constituciones, en nuestras legislaciones nacionales y europeas. 
El proyecto de Constitución europea integra incluso en su preámbulo la Carta de los Derechos Fundamentales. 
La legitimidad del Parlamento Europeo en materia de derechos fundamentales ha quedado reforzada por el artículo 7. 
Sobre la base de una propuesta motivada, puede remitir una notificación formal al Consejo cuando exista en un Estado miembro un riesgo claro de violación grave de los principios enunciados en el artículo 6. 
Así, el presente informe permite confirmar la capacidad del Parlamento Europeo para desempeñar su función de vigilancia y control de los derechos fundamentales en la Unión. 
Este es el cuarto informe. 
Cada año, como saben, el informe lo redacta un grupo político distinto. 
Este año he tenido el placer de elaborarlo yo. 
En el marco de este informe, hemos intentado medir la efectividad de los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales, su efectividad con respecto a todos los individuos, cualquiera que sea su sexo, origen étnico o cultural, orientación sexual, religión, discapacidad o estatuto. 
Hemos observado que se ha adoptado un gran número de medidas, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001, tanto en la Unión Europea como en cada uno de los Estados miembros, en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transnacional y la inmigración clandestina. 
Hoy, en nombre de la seguridad de la Unión, se acotan nuestras libertades públicas y nuestros derechos fundamentales. 
Muchas disposiciones afectan directa o indirectamente a algunos grupos vulnerables y movimientos sociales. 
Por justificada que esté la lucha contra la delincuencia, la inseguridad y el terrorismo, no debemos permitir que socave en ningún caso derechos fundamentales y libertades democráticas, ya que esto pondría en peligro los fundamentos mismos de nuestra Unión Europea. 
Por esta razón optamos por centrar este informe en el tema subyacente de la criminalización de movimientos sociales y grupos vulnerables. 
Entre los grupos objetivo hemos identificado en especial las asociaciones de solidaridad y defensa de los derechos humanos, los migrantes, los refugiados, las víctimas de la trata de seres humanos, los romaníes y gitanos, los periodistas, las mujeres, los niños y las personas con movilidad restringida. 
Tres puntos han llamado especialmente mi atención, y permítanme que se los exponga brevemente. 
Por lo que se refiere a la libertad de prensa, la existencia de unos medios de comunicación libres y pluralistas refuerza el principio de la democracia. 
A propósito del pluralismo de los medios de comunicación, acabamos de someter a votación un informe de la Sra. Boogerd-Quaak sobre los riesgos de violación de aquel en la Unión Europea, y en particular en Italia. 
Por tanto, no volveré sobre ello, pero de todos modos recordaré que este informe hace referencia a la información de los ciudadanos en la Unión Europea, a la obligación de los medios de comunicación y de las instituciones de respetar el derecho de los ciudadanos a estar plena y objetivamente informados. 
El derecho a una información objetiva está expuesto a una manipulación política de la información. 
Por desgracia, hemos visto algunos ejemplos de ello en el Reino Unido en el momento de la guerra contra el Iraq o incluso en Francia durante la canícula. 
Este informe muestra, por ejemplo, que determinadas autoridades ejercen casi un monopolio y que, en algunos países, existe una gran concentración de la televisión, del sector privado o de la prensa escrita. 
La libertad de prensa y por desgracia también nuestros derechos están amenazados por esta verdadera concentración de los medios de comunicación y la presión que sufren algunos periodistas a la hora de facilitar su información, debido a su afiliación política o ideológica. 
Es necesario, por tanto, modificar la directiva para exigir a los Estados miembros que preserven el pluralismo de los medios de comunicación y refuercen la protección del secreto profesional. 
Paso ahora al derecho de asilo. 
La tradición humanista de Europa de los derechos de asilo está siendo sustituida por una política de seguridad de fronteras cerradas. 
Las leyes todavía no están armonizadas, a menudo se utilizan leyes nacionales para limitar el derecho de asilo, y el trato y las condiciones de vida en los centros de detención distan mucho de ser ideales. 
En cuanto al derecho a la sanidad y la posibilidad de cualquier ciudadano de acceder a este derecho, debemos poder garantizarlos. 
Todos estos derechos están asociados a la ciudadanía, y sabemos muy bien que, en la Europa de hoy, la ciudadanía europea no puede construirse sin ellos. 
Por tanto, les pediré que se mantengan especialmente vigilantes para que nuestros derechos, que están cada vez más amenazados, sigan siendo los únicos que gobiernen nuestras políticas. 
Por último, para que la Unión Europea sea creíble, para que ella misma pueda respetar los derechos y se haga respetar, debe poner en orden su propia casa y no tener miedo a responder y actuar cuando se cometen violaciones. 
Señor Presidente, de entrada debería decir que como ex miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y como ex presidente de la comisión irlandesa de Justicia y Paz, me complace especialmente estar hoy aquí para hablar de este informe. 
Agradezco la oportunidad de participar en el debate sobre un informe fundamental de importancia esencial para la Unión. El informe merece una atención especial. 
Como ha dicho la ponente, si la Unión Europea está dispuesta a ser muy exigente en el ámbito de los derechos humanos, debería estar dispuesta a examinar su propio comportamiento y ser muy exigente consigo misma. 
Dado el alcance y la naturaleza del informe, no se pueden abordar todos los temas planteados, pero me esforzaré por tratar algunos temas clave. 
En las últimas semanas, todos nos hemos sentido horrorizados por los trágicos acontecimientos de Madrid y hemos expresado nuestra más sincera simpatía hacia las víctimas, los familiares y todos los ciudadanos de España. 
Como ha declarado ya el Taoiseach, el Consejo Europeo ha adoptado una declaración sobre el terrorismo y está elaborando un paquete de medidas destinadas a mejorar la capacidad de la Unión Europea para hacer frente a la amenaza del terrorismo. 
También somos conscientes de nuestra obligación de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales al adoptar medidas contra el terrorismo. 
No se pueden poner en entredicho estos valores fundamentales, no renunciaremos a una cosa por otra. 
La supresión efectiva del terrorismo requiere el respeto de los debidos procedimientos y del Estado de derecho. 
La Declaración nos obliga a luchar contra el terrorismo de conformidad con los principios fundamentales en los que se basa la Unión. 
El Consejo Europeo también ha acordado que deberían reanudarse las negociaciones sobre la nueva Constitución. 
Como sus Señorías sabrán, la Carta de los Derechos Fundamentales, que fue ampliamente debatida en la Convención Europea, y en torno a la que hubo un amplísimo consenso, es un elemento que hay que incorporar al nuevo Tratado Constitucional, cosa que todos agradeceremos. 
En el Consejo Europeo de Tampere de 1999 se acordó trabajar para la creación de un sistema europeo común en materia de asilo sobre la base de la aplicación plena e integradora de la Convención de Ginebra. 
Nos complace el progreso que se consiguió ayer en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior sobre la Directiva de requisitos para el asilo. 
Nuestra prioridad es llevarla a buen puerto y llegar a un acuerdo en torno a la Directiva de Procedimientos en el marco de la conclusión de la primera fase del sistema europeo común en materia de asilo. 
Cambiando de tema, el tráfico de seres humanos es una práctica espantosa, explotadora y criminal. 
La Declaración de Bruselas sobre la Prevención y la lucha contra el tráfico de seres humanos, aprobada por el Consejo el mes de mayo pasado, constituye la base de un programa global de cinco años en el que estamos trabajando de forma activa. 
El Consejo también ha acordado medidas para ayudar a las víctimas del tráfico mediante la concesión de permisos de residencia de corta duración para las víctimas que cooperen con las autoridades competentes. 
En ese contexto, recuerdo la decisión marco sobre la lucha contra la explotación sexual de niños y la pornografía infantil, que se adoptó el año pasado y que forma parte del espectro de medidas para la defensa de los derechos humanos. 
En relación con el tema de la solidaridad y la exclusión social, los Estados miembros han adoptado planes de acción nacionales en el contexto de la Agenda de Lisboa, y han perfilado las medidas a tomar para combatir la exclusión social. 
El año pasado se elaboró en todos los Estados miembros el segundo de estos planes, después de un proceso de consulta con los grupos interesados en la cohesión social. 
El Consejo Europeo acordó que era esencial para la Agenda de Lisboa que hubiera un elevado nivel de cohesión social y que había que reforzar las estrategias que podían tener un impacto decisivo en la exclusión social y la erradicación de la pobreza. 
Se centró especialmente en el papel esencial que podría tener la modernización de los sistemas de protección social. 
Consideramos que el empleo es la ruta principal para salir de la pobreza y de la exclusión social; el empleo en trabajos bien remunerados, que permitan a los ciudadanos disfrutar de un mayor grado de prosperidad en toda la Unión. 
El Consejo Europeo reconoció que el tema más urgente que había que abordar era la oferta de más puestos de trabajo de mayor calidad. 
Es esencial atraer a más personas hacia el ámbito laboral. 
La consecución de una mayor participación de mujeres y grupos de más edad en el ámbito laboral debería ayudar a combatir la exclusión social y evitar el cada vez mayor riesgo de pobreza que experimentan esos grupos. 
Y, en cualquier caso, esto revertirá también favorablemente en la Comunidad. 
Pasando al tema de la igualdad que se aborda en el informe, el efecto global de las tres directivas de la Unión Europea sobre la igualdad es exigir a los Estados miembros que prohíban la discriminación directa, la discriminación indirecta y el acoso por motivos de género, raza o etnia, origen, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual en relación con el empleo, el trabajo autónomo o la formación profesional. 
También se prohíbe el trato discriminatorio. 
Ahora es importante que avancemos hasta aplicar del todo esas protecciones vitales para algunos de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. 
Avanzar en este proyecto de directiva sobre la igualdad en el acceso a la oferta de productos y servicios se ha identificado como una prioridad importante de la Presidencia irlandesa y tiene su impacto en este ámbito. 
Los representantes de los Estados miembros que se reunieron en el Consejo Europeo de Bruselas el 13 de diciembre de 2003 reconocieron la importancia de la recogida de datos sobre derechos humanos y su análisis para ayudar en la formación de una política. 
Acordaron ampliar el mandato del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia y convertirlo en Agencia para los Derechos Humanos, y la Comisión está preparando una propuesta para poner en práctica la decisión del Consejo Europeo. 
En cuanto a la libre circulación dentro de la Unión, me gustaría dejar constancia de la adopción de la directiva sobre la categoría de residente de larga duración para ciudadanos de terceros países. 
Esa directiva abre la posibilidad de acceder a la categoría de residente de larga duración después de cinco años de residencia legal y reconoce la igualdad de trato en una serie de aspectos de la vida social y económica. 
Dadas algunas de las declaraciones más extremas aparecidas en algunos medios de comunicación que la ponente ha mencionado sobre temas relacionados con la libre circulación, este paso es muy bien acogido. 
A nivel personal me gustaría mencionar en concreto que en el apartado 155 hay una referencia a los retrasos judiciales. 
Debo decir a la ponente que me ha impresionado mucho el hecho de que se cite aquí un caso irlandés. 
Es un caso en el que yo mismo me vi implicado y en el que, en mi opinión, los retrasos fueron imperdonables. 
He escuchado con interés la cuestión de la participación en las elecciones europeas y locales y el déficit democrático. 
Dado que nos acercamos a las elecciones europeas, en interés de todos debemos alentar y asegurar la máxima participación posible de todos los votantes. 
La participación es la esencia de la democracia. 
Por desgracia, es evidente, a la luz de las encuestas de opinión, del bajo volumen de participación en las elecciones de la Unión Europea y de los medios de comunicación, que los europeos se sienten desconectados de la Unión Europea y consideran que no están suficientemente informados al respecto. 
Por ese motivo, la Presidencia ha decidido convocar una Conferencia Ministerial sobre el tema «Comunicar Europa» , que se celebrará la próxima semana. 
La Conferencia tendrá dos objetivos clave: debatir cómo se podría informar mejor a los ciudadanos sobre la Unión Europea y valorar cómo se podría promover una mayor implicación por parte de todos los europeos en la toma de decisiones sobre el desarrollo y el avance de la Unión. 
Una vez más, quiero agradecerles la oportunidad de participar en este debate y, a nivel personal, quiero felicitar a la ponente por lo que considero un informe muy bueno y de extrema importancia. 
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. Boumediene-Thiery y a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores por su excelente informe, que testimonia bien la continuidad del esfuerzo del Parlamento a favor de una auténtica política de los derechos fundamentales en la Unión Europea que queremos construir juntos. 
Se trata de un documento que, una vez más, se basa en la Carta de los Derechos Fundamentales, aunque la ponente ha optado por un enfoque temático transversal de la Carta, analizando la criminalización de los movimientos sociales y los grupos vulnerables. 
En el contexto de la lucha contra el terrorismo, que por desgracia es de nuevo un tema de gran actualidad y que nos afecta a todos profundamente, hay que velar por que se respeten los derechos fundamentales y las libertades públicas. 
Puedo asegurarles que tengo un gran apego a este principio y espero que, tras los trágicos acontecimientos del 11 de marzo en Madrid, podamos resolver algunas dificultades encontradas en el pasado para adoptar normas jurídicas sobre la protección de las personas, incluidas las garantías procesales comunes en materia de procedimiento penal, que son fundamentales para construir la confianza mutua y aplicar el principio del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales. 
Las medidas adoptadas para proteger la democracia y el Estado de derecho en Europa contra todas las formas de delincuencia y contra el terrorismo deben conducir al establecimiento de un equilibrio claro entre la protección de los derechos fundamentales –en particular el derecho a la seguridad y a la libertad, que son derechos indisociables–, por una parte, y las medidas de protección social, por otra. 
Es evidente que la Unión Europea se encuentra en un momento muy importante por lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales. 
Al ampliarse, al fijar sus normas constitucionales y al desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, está definiendo su verdadera identidad. 
Su informe cumple una función muy importante, que es el control del respeto de los derechos fundamentales por parte de los Estados miembros –y eso es muy importante en sí mismo–, pero también por parte de las instituciones europeas. 
El informe va a contribuir también a la promoción de los derechos fundamentales, y es un elemento esencial para el futuro. 
Todas las recomendaciones que usted hace a la Comisión serán valoradas muy atentamente para darles el curso más adecuado. 
Voy a centrarme ahora en algunos puntos. 
En primer lugar, la red de expertos independientes en materia de derechos fundamentales acaba de concluir su informe del año 2003. 
La Comisión acaba de recibir la versión definitiva de ese informe, que les será remitida oficialmente lo antes posible. 
Me gustaría destacar que, en respuesta a la petición hecha por el Parlamento Europeo el año pasado, las red nos ha hecho llegar este año los 25 informes nacionales en que se basa el informe de síntesis de toda la red. 
Al igual que el primer informe de la red, el informe 2003, que únicamente expresa las opiniones de la red de expertos independientes y no las de la Comisión, hace hincapié no solo en determinadas preocupaciones asociadas al respeto de los derechos fundamentales, sino también, hay que decirlo, en aspectos positivos, y en particular en las buenas prácticas desarrolladas en algunos Estados miembros, que podrían inspirar soluciones equivalentes en otros. 
El deseo de la red de expertos es preservar el vínculo entre la Carta de los Derechos Fundamentales, que constituye su punto de referencia, y la evolución más general del Derecho internacional en materia de derechos humanos, en particular la modificación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. 
El informe presentado por la red abarca una serie de temas muy vasta. 
En varios aspectos, la red insiste en la contribución que puede aportar el ejercicio por la UE de las competencias que posee en materia penal a la protección de los derechos fundamentales, por ejemplo en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia, contra la trata de seres humanos o contra la impunidad ante graves crímenes contra el Derecho internacional. 
La red dedica comentarios importantes a la evolución de la política de asilo en los Estados miembros y en los instrumentos de la Unión. 
A este respecto, el Sr. Roche acaba de señalar que ayer se llegó a un acuerdo en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior sobre una directiva especialmente importante, la que armoniza el concepto de refugiado de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951, que aproxima los regímenes de protección subsidiaria existentes en todos los Estados miembros de la Unión y contempla la cuestión tan importante y delicada de la persecución por parte de agentes no estatales. 
El informe de la red expresa también preocupaciones por la lentitud con que el Derecho europeo integra la evolución que registra la legislación de determinados Estados miembros en relación con el concepto de familia. 
Paso ahora a la cuestión de la Agencia de Derechos Humanos. 
Como acaba de recordarnos el Sr. Roche, el Consejo Europeo de diciembre decidió ampliar el mandato del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para transformarlo en Agencia de Derechos Humanos. 
Por lo demás, la idea de crear una Agencia de Derechos Humanos ya había sido planteada por este Parlamento, en concreto en el informe elaborado por la Sra. Swiebel sobre los derechos fundamentales en la Unión en 2001. 
La Comisión había comenzado ya a evaluar la conveniencia de crear dicha agencia. 
La idea se anunció en la comunicación de la Comisión sobre el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que presentamos al Parlamento el pasado mes de octubre. 
Hacia el mes de julio, la Comisión presentará un documento de reflexión, a fin de someter a un gran debate público la idea de la entrada en funcionamiento de una Agencia de Derechos Humanos. 
Nosotros creemos que la creación de la Agencia debería ir precedida de un debate más amplio sobre sus objetivos y modalidades de acción. 
A fin de permitir la participación del próximo Parlamento en esta reflexión, esta fase de diálogo con la sociedad civil se prolongará hasta el mes de octubre y se clausurará con la organización por la Comisión de una audiencia pública, sobre cuya base tenemos la intención de presentar un proyecto de reglamento relativo a la nueva Agencia en la primavera de 2005. 
En la actualidad, no me puedo comprometer con respecto al fondo del tema, pero desde ahora puedo destacar que la creación de la Agencia no pondrá en entredicho en absoluto el estudio de los fenómenos racistas y xenófobos, que seguirán siendo pilares importantes de su ámbito de acción, y también de su visibilidad política. 
No puede ser de otro modo en un momento en que –como muestran los trabajos del Observatorio de Viena y, en particular, sus informes sobre el antisemitismo, que van a presentarse hoy al Parlamento Europeo– surge de nuevo en Europa el temor a un desarrollo del racismo y la xenofobia. 
Está claro asimismo que la creación de esta Agencia deberá respetar el equilibrio institucional existente. 
Por último, no tenemos previsto por el momento ampliar el mandato de la Agencia fuera del territorio de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, la política europea en materia de derechos fundamentales está tomando forma. 
El año 2000 estuvo marcado por la proclamación de la Carta y, a raíz de la recomendación del Parlamento Europeo, en 2002 establecimos la red de expertos de la que he hablado. 
La entrada en vigor del Tratado de Niza marcó un hito importante en lo que se refiere a la aplicación de los artículos 6 y 7 del Tratado. 
El nuevo tratado constitucional dará a la Carta de los Derechos Fundamentales un carácter jurídicamente vinculante y permitirá la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de los Derechos Humanos. 
En su comunicación sobre el artículo 7, la Comisión presentó un marco de análisis de las condiciones de aplicación de esta disposición en el futuro, haciendo hincapié en la prevención, que pasa en particular por una concertación entre las instituciones y con los Estados miembros y un diálogo con la sociedad civil. 
El futuro de la integración europea descansa en los valores comunes, que son los derechos fundamentales, el Estado de derecho y las instituciones democráticas. 
Estos valores comunes deben ser la base de cualquier acción en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores. 
Será necesaria una reflexión sobre el modo de tratar, de forma coherente, la dimensión interna y externa de los derechos humanos. 
Con la Constitución, estoy firmemente convencido de que modificamos profundamente el entorno jurídico y político de la Unión. 
Espero que la Comisión y el Parlamento, juntos, vayan por el buen camino para construir una verdadera política de los derechos fundamentales en la Unión Europea. 
. Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la Sra. Boumediene-Thiery por este trascendental informe. 
Debo dejar constancia de que en muchos aspectos mi partido no se siente del todo satisfecho con la Carta de los Derechos Fundamentales tal como ha quedado y, sobre todo por lo que hemos oído tanto del Presidente en ejercicio como del Comisario, nos preocupa que pueda convertirse en otro marco de regulación y burocracia, cuando habría que dejar paso al sentido común y a las buenas maneras. 
Ante la inminencia de las elecciones, todos sabemos que el mayor partido de Europa es ahora el partido de la apatía. 
Somos muy conscientes de que las previsiones dicen que la participación en junio va a ser aún más baja que en el pasado. 
Una de las principales tareas con que se enfrentará el nuevo Parlamento será que los ciudadanos de la nueva Europa comprendan mejor sus instituciones y se impliquen en las mismas. 
Son instituciones, y no instituciones. 
Hay varios métodos para que los ciudadanos puedan hacer oír su voz. 
Pueden acudir directamente a sus Gobiernos nacionales electos, que constituyen el Consejo; pueden acudir al Comisario nombrado por su Gobierno electo; a nosotros, como representantes electos, al Defensor del Pueblo Europeo; y también a la Comisión de Peticiones de este Parlamento. 
Y en nombre de dicha comisión he presentado una opinión sobre este informe. 
En la Comisión de Peticiones hemos observado que a menudo podemos resolver cosas que deberían haberse resuelto a escala nacional o incluso a veces a escala regional. 
Sin embargo, la existencia de la Comisión de Peticiones constituye una válvula de seguridad y un recurso muy útil, y a diferencia de las demás comisiones del Parlamento seguirá trabajando en el interregno hacia el nuevo Parlamento. 
Algunos de ustedes habrán observado que hay una obra de arte –supongo que es una obra de arte– en el centro del patio del edificio: un globo de cristal de unos dos metros de diámetro. 
Desde lejos parece simple y transparente, pero a medida que uno se acerca, puede comprobar lo complicado de su construcción y la opacidad de su superficie. 
Es un símbolo magnífico, pero irónico, tanto de este Parlamento como de la Unión Europea. 
De modo que, en mi opinión, la misión de la nueva Cámara y de la nueva Comisión será hacer que las instituciones actuales funcionen, y simplificar sus relaciones con los ciudadanos. 
Sería un paso de gigante para cumplir los objetivos establecidos por el Presidente en ejercicio y para garantizar que, cuando seamos reelegidos, tengamos el apoyo de nuestros ciudadanos. 
– Señor Presidente, este informe, por el que quiero felicitar calurosamente a la ponente, la Sra. Boumediene-Thiery, confirma el patrón de violaciones y problemas de los derechos humanos en la Unión Europea, que también hemos identificado en los cuatro informes anteriores durante la presente legislatura. 
La mala conducta de funcionarios gubernamentales y agentes de policía, las condiciones en las prisiones, la desigualdad de trato, la discriminación, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y, en particular en los últimos tiempos, la creciente erosión de los derechos civiles, como los derechos de los sospechosos, la presunción de inocencia, y también la intimidad, todo esto bajo en nombre de la lucha contra el terrorismo. 
La Sra. Karamanou dirá algo más sobre esto en un momento. 
En general, estos informes y, en particular, el último de la Sra. Boumediene-Thiery, nos llevan a reconsiderar cuál debe ser la respuesta política de las instituciones europeas a todo esto. 
Por ello me alegra especialmente que el Ministro Roche, que se halla presente aquí en nombre de la Presidencia irlandesa, haya declarado inequívocamente que la Unión Europea tiene que estar dispuesta a buscar en su propio corazón. 
Aprecio mucho esta declaración. 
Otras Presidencias han evitado la cuestión o no han hecho acto de presencia en los debates de este tipo, y a mí me parece que esta honestidad merece un gran aprecio, así que le felicito por ello. 
Sin embargo, tenemos que preguntarnos si se puede considerar que la UE, hasta ahora, posee una política integral en materia de derechos humanos. 
El hecho es que no. 
Avanzamos en la dirección correcta, pero por el momento lo que tenemos son fragmentos y piedras angulares. 
En un periodo de tiempo relativamente corto, durante los últimos cinco años, se han modificado importantes parámetros normativos e institucionales. 
Tal como ya han señalado varios oradores, aunque se hayan realizado cambios, todos estos esfuerzos combinados no han dado lugar aún a una política coherente en materia de derechos humanos. 
Permítanme que esboce los diversos puntos en el tiempo que todavía me queda. 
Ante todo, tenemos una Carta de los Derechos Fundamentales que establece explícitamente las obligaciones de los Estados miembros con respecto a los derechos humanos. 
Es realmente maravilloso. 
En segundo lugar, tenemos un Parlamento Europeo que utiliza esta Carta como fundamento para sus informes. 
Esto también es encomiable, ya que de esta forma el proceso es sistemático y verificable. 
En tercer lugar, tal como ha indicado el Comisario con razón, existe una red, y esta no solamente ha hecho que la comunicación, sino también el análisis y el asesoramiento sean mucho más profesionales. 
No cabe duda de que tenemos que seguir avanzando por esta senda, al ser un logro importante. 
En cuarto lugar, tenemos el artículo 7 del Tratado, al que el Consejo en Niza añadió un mecanismo de alerta. 
Esto también supone un gran avance, porque para decirlo sin rodeos, hace falta algo más que una bomba atómica para hacer la guerra. 
En quinto lugar, hemos recibido la Comunicación de octubre de 2003 de la Comisión, que desarrollaba este artículo 7 revisado. 
Debido a ello, sabemos lo que piensa la Comisión sobre la forma en que debe abordarse, aunque todavía seguimos esperando la opinión del Consejo sobre esta Comunicación de la Comisión. 
Supongo que el Parlamento deliberará sobre esta cuestión durante el próximo periodo de sesiones. 
Tal como ya ha señalado el Comisario, el sexto componente básico del que disponemos es la Agencia de Derechos Humanos. 
Es el resultado de una Decisión a la que se llegó en el Consejo el pasado mes de diciembre. 
Me alegra que haya dado un primer paso en el curso de la toma de decisiones que seguirá. 
Yo misma voy a contribuir en la medida de lo que pueda. 
En séptimo lugar, también se ha mencionado esto, pronto vamos a tener una Constitución en la que se reforzará el artículo sobre valores y en el que se incluirá la Carta. 
Todo esto es maravilloso, pero solo son piedras angulares, y todavía no forman un todo coherente. 
Lo que realmente necesitamos es una política coherente en materia de derechos humanos que abarque todas las metas, instituciones, instrumentos y finanzas. 
Asimismo, me gustaría mucho que hubiera más claridad en la cuestión de hasta qué punto los problemas de los derechos humanos en un Estado miembro son realmente una cuestión de la Unión Europea en su conjunto, de modo que los países y los Estados miembros, y nosotros también, nos atrevamos a pedir cuentas unos a otros mucho más honestamente de lo que lo hemos estado haciendo hasta la fecha. 
Dejen que diga otra vez cuánto me complacen las intervenciones del Sr. Roche, en nombre de la Presidencia, y del Comisario Vitorino. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Roche, quiero empezar agradeciendo a la Sra. Boumediene-Thiery la buena labor realizada sobre un informe importante. 
¿Cuál es la situación en la UE de los 15, que es una Unión fundada sobre la igualdad de todos los seres humanos, el humanismo, la tolerancia y la dignidad humana? 
Creo que la gran mayoría de nosotros en esta Cámara puede ver grietas en la fachada de la UE. 
Bienvenidos a nuestra Unión: se insulta y se rechaza a los refugiados, que corren el riesgo de perder sus vidas en el camino hacia una vida mejor en Europa. 
Ayer se dio un paso importante hacia una política común con respecto a los refugiados, tal como ha dicho el Ministro, pero ha tardado mucho en llegar y las propuestas no van suficientemente lejos. 
Se compran y venden ochocientas mujeres y niños como mercancías en un repugnante comercio sexual. 
Hay mujeres que sufren la mutilación de sus genitales, corren el riesgo de que se las fuerce a contraer matrimonio y sufren abusos diariamente solo por su condición de mujer. 
Se está reduciendo la libertad de los medios de comunicación y de expresión. 
Los homosexuales sufren discriminación. 
El antisemitismo aumenta, y los judíos oyen los mismos eslóganes que resonaron en toda Europa en los años treinta. 
Hay pruebas de odio y violencia en el informe que hoy se presenta. 
Crece el racismo y la intolerancia hacia los inmigrantes. 
Se excluye de la sociedad a millones de inmigrantes. 
Se persigue a los musulmanes. 
El fundamentalismo islámico se fortalece en los suburbios de nuestras ciudades. 
De hecho, ha sido en nuestra Unión donde 190 españoles de a pie han perdido sus vidas camino del trabajo en un día cualquiera. 
Es verdad que la libertad nunca ha sido tan fuerte como en esta primavera cuando Europa está unida y cicatrizan viejas heridas. 
Sin embargo, al mismo tiempo, sabemos que nuestra UE de los 15 nos aportará muchas deficiencias a la nueva UE el 1 de mayo de 2004. 
Quiero concluir diciendo que es lamentable que prácticamente todos los Estados miembros estén introduciendo restricciones con respecto a los nuevos Estados miembros. 
Los líderes europeos tendrían que haber prevenido esto conjuntamente, preparándose mejor y adaptando el acervo comunitario a tiempo. 
Muchos de nuestros nuevos amigos se sienten justificadamente decepcionados por ello. 
Para concluir, quiero decir que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas solicita el apoyo de la Cámara a dos enmiendas sobre la orden de detención europea y la prohibición de los pañuelos en Francia. 
– Señor Presidente, este informe sobre la situación con respecto a los derechos fundamentales en la Unión Europea contiene referencias a un gran número de violaciones en diferentes ámbitos. 
En vista de la última reunión de Ministros de Justicia y Asuntos de Interiores y sus mensajes, quiero centrarme en la protección de los refugiados, es decir, en los artículos 18 (Derecho de asilo) y 19 (Protección en caso de devolución, expulsión y extradición) de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
El informe, por el que felicito sinceramente a la ponente, acusa a los Estados miembros de ser incapaces hasta ahora de llegar a un acuerdo en torno a una Directiva en materia de procedimientos de asilo y del estatuto de refugiados. 
Esta misma semana, los Ministros de Interior han alcanzado un acuerdo al respecto. 
Está bien que la nueva Directiva también conceda a las personas que huyen de sus países de origen debido a la persecución por parte de agentes no estatales un estatuto reconocido en todos los países de la UE. 
Tanto yo como muchas organizaciones no gubernamentales y ciudadanos hemos estado bregando a favor de esto. 
A instancias de mi Gobierno, por desgracia, hay refugiados –pero no víctimas de persecución política– que se encuentran en desventaja cuando se trata de acceder al mercado del empleo. 
No puedo entrever ninguna razón objetiva para ello y también creo que es contraproducente desde el punto de vista económico, ya que los refugiados con la denominada protección subsidiaria se verán forzados a trabajar ilegalmente para poder sobrevivir. 
Aquellos que predican los derechos fundamentales y humanos a los cuatro vientos también tienen que examinar su propio desempeño y no solo mirar siempre cómo pueden mejorar sus vecinos. 
Esto es acertado y me alegra que el Presidente en ejercicio también lo vea de este modo. 
El propio registro de Europa sobre migración y asilo es, a mi entender, totalmente vergonzoso, tal como indica claramente el informe. 
Quiero llamar la atención en particular sobre el hecho de que las personas que han construido sus vidas aquí en la Unión Europea todavía siguen sin tener el derecho a votar, pese a que el Parlamento Europeo lo ha reclamado en numerosas ocasiones. 
También quiero señalar que el concepto de un tercer país seguro hará que sea prácticamente imposible para los refugiados entrar legalmente en la Unión Europea en el futuro. 
La única forma de obtener asilo aquí consistirá en saltar sobre Europea en paracaídas. 
Por lo tanto, quiero que nosotros en Europa tengamos la valentía de realizar un cambio de política para que no tengamos otra vez un informe que critique a la Unión Europea por tantas diferentes violaciones graves de los derechos humanos. 
– Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la Sra. Boumediene-Thiery por el trabajo que ha realizado, que también ha sido muy importante para el debate posterior que tuvo lugar en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Creo que he de subrayar una cuestión: durante años este informe anual se ha ido convirtiendo cada vez más en una copia de sí mismo. 
Vemos repetidas violaciones, siempre de los mismos derechos; siempre se produce el mismo debate, pero no llegamos nunca al punto crucial planteado por la Sra. Swiebel. 
¿Quieren realmente la Comisión y el Consejo que el respeto de los derechos humanos fundamentales sea una política adecuada? 
Esperamos una respuesta a esto. 
Sin embargo, si la respuesta fuera que ya tenemos el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, entonces deben entender desde ahora mismo que se trata de una respuesta falsa. 
Aunque existen las condiciones para su aplicación, el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea no se ha aplicado nunca y nunca lo será en un contexto institucional en que la Comisión Europea, por razones obvias, nunca tendrá la fuerza de ir en contra de uno de los Estados miembros. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta las violaciones repetidas denunciadas en estos informes y en ausencia de sanciones, es inevitable que volvamos a ver esta imagen deteriorarse todavía más el año que viene. 
A todo ello hay que añadir las denominadas iniciativas antiterroristas. 
En los últimos tiempos, la única consecuencia práctica de todas las iniciativas emprendidas por el Consejo, o que el Consejo querría emprender, a pesar de su propósito declarado de luchar contra el terrorismo, ha sido en realidad la de reprimir las libertades de los ciudadanos. 
En cuanto a la iniciativa realmente útil, la de infundir vida a la agencia europea de inteligencia, hemos leído las declaraciones del Ministro de Interior italiano diciendo que esto no es posible dado que cada agencia nacional se muestra posesiva con sus propios datos. 
Si esta es la forma en que la Unión Europea protege a sus ciudadanos de los peligros del terrorismo, ¿cómo puede tener la fuerza y la capacidad de proteger a sus propios ciudadanos de las violaciones cometidas contra ellos por los propios Estados miembros? 
Señor Presidente, quiero empezar haciéndome eco de lo que ha dicho el Ministro Roche en su introducción, que dice mucho en favor de la Unión Europea que hayamos podido presentar esta autoevaluación crítica, este informe sobre los derechos humanos en la UE. 
Es muy fácil criticar a los demás; es más difícil, y dice mucho a nuestro favor, que estemos dispuestos a mirar dentro de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y de los Gobiernos que colaboran para que las instituciones sean más democráticas, y no me refiero, ni por asomo, a un superestado que inspire temor, como podríamos leer en los periódicos. 
Como ha dicho el Comisario Vitorino, con razón, se pueden reconocer muchos puntos positivos, y podemos transmitir buenas prácticas de un país a otro. 
También estoy de acuerdo con él y con el Ministro Roche cuando hablaban de la necesidad de desarrollar una interpretación moderna de la Convención de Ginebra sobre refugiados. 
Hoy la situación es distinta que en la época de posguerra de 1951, pero los retos son similares, aunque los aspectos prácticos sean distintos. 
Todos debemos cooperar si queremos poner en práctica sus principios. 
Nada podría ser más importante para una UE de 25 países que tener una política europea común en materia de inmigración y, juntos pero no revueltos, una política europea común en materia de asilo. 
La ponente se ha referido a esta necesidad y la animo en su trabajo. 
Como dice, no debe basarse en el mínimo común denominador; más bien, un sistema que pueda merecer el máximo respeto y recibir la mínima crítica posible debe basarse en el nivel más alto posible, y respetar a las familias y los derechos humanos. 
– Señor Presidente, también yo comparto muchas de las constataciones y propuestas de la Sra. Boumediene-Thiery. 
Para ser breve, quiero limitarme aquí a las preocupaciones asociadas al enfoque excesivamente centrado en la seguridad que acaba de confirmar el último Consejo Europeo. 
Esta posición, que se alinea con el modelo norteamericano, es peligrosa, está cargada de amenazas y, además, pasa por alto las raíces del terrorismo. 
Amparándose en la lucha contra este flagelo, las legislaciones que se acumulan en todos nuestros países ya comportan nuevas vulneraciones de los derechos humanos. 
Pienso, por ejemplo, en las denominadas medidas preventivas en materia de expedición de visados en Alemania, en las que autorizan la práctica deportación de 26 000 personas en los Países Bajos, en las que provocaron un aumento de más de un tercio de las expulsiones con respecto a principios de 2003 en Francia. 
La orientación europea se aleja cada vez más de los principios universales de asilo y solidaridad. 
Por lo demás ¿no pisotean los Jefes de Estado esos principios al autorizar de hecho, desde 2005, un fichaje sistemático de todas las personas que viven en Europa? 
La misma lógica prevalece en los proyectos de directiva encaminados a armonizar la política de asilo. 
¿No hay que preocuparse, como acaba de hacer el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por el concepto de terceros países seguros, hacia los cuales se podría expulsar a los refugiados sin ninguna certeza sobre su seguridad? 
Es la misma lógica que prevalece en los vuelos chárter europeos que nuestro Parlamento acaba felizmente de rechazar. 
A la inversa, el futuro de los derechos humanos en Europa pasa por una verdadera política de acogida, por la igualdad de derechos, incluido el derecho de todos a votar y ser elegidos en todas las elecciones, y también por el pleno respeto de la libertad de expresión, incluida la libertad de asociación. 
– Señor Presidente, Señorías, este Parlamento ha debatido un montón de informes sobre derechos constitucionales. 
En cada ocasión, es sorprendente la forma en que cada ponente logra eclipsar a sus predecesores en criminalizar a millones de europeos que se enfrentan con los trágicos efectos de la inmigración desenfrenada. 
No sirve culpar a los pocos políticos y Gobiernos que intentan tímidamente hacer algo ante las enormes implicaciones del uso indebido del asilo, de falta de solidaridad. 
Es intelectualmente injusto lanzar sistemáticamente el reproche del racismo y la xenofobia a la cara de los políticos que creen que nuestras sociedades densamente pobladas ya no pueden absorber nuevas olas de inmigración sin repercusiones sociales catastróficas. 
Hace menos de dos semanas, bandas de jóvenes inmigrantes causaron destrozos sin sentido a varias propiedades privadas en esta ciudad de Estrasburgo, y han hecho lo mismo todas las Navidades durante años. 
Puede que algún ponente pueda incluir en su informe sobre derechos constitucionales un apartado sobre los derechos –a la integridad física, la seguridad y la propiedad– de los europeos que viven en el extrarradio de nuestras ciudades. 
Sería mucho más útil que el enésimo documento vacío e irrelevante sobre cuán miserablemente los europeos solemos tratar a nuestros conciudadanos. 
– Señor Presidente, es cierto que este informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea corre el riesgo de convertirse casi en una cita rutinaria. 
Para no repetir lo que ya se ha dicho en otras ocasiones o por otros diputados, centraré mi intervención, por lo tanto, en tres temas en particular. El primero, ineludiblemente, es la familia. 
Hablando no solo en mi nombre, sino en el del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, rechazo enérgicamente los apartados 102 y 103, que de nuevo piden reiteradamente el reconocimiento legal de las parejas de hecho, incluso las homosexuales. 
También rechazamos la enmienda 157, que añade a esta petición incluso el derecho a adoptar niños normalmente. 
Parece que algunas personas no aprenderán nunca la vieja lección de que sobre esta cuestión es inútil intentar ir en contra del Tratado Europeo que atribuye claramente a los Estados miembros la capacidad, la competencia y la soberanía de decidir sobre esta cuestión tan conflictiva. 
Un segundo tema que quiero abordar es el de la libertad de prensa y el pluralismo, que ayer mismo fue objeto de un acalorado debate en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Nuevamente, en un lenguaje bastante inadecuado para esta Cámara, el apartado 63 dice que en Italia la noción de pluralismo se pisotea con el mayor cinismo. 
¡Vamos, Sra. Boumediene-Thiery, esta es una frase para un manifiesto electoral, pero no para un debate en el Parlamento Europeo! 
Por lo tanto, rechazamos categóricamente las enmiendas 84, 85 y 86, que reiteran este malentendido y al final ponen a Italia en la línea de fuego porque sí, como si todos los problemas mediáticos se concentraran en nuestro país. 
Empiezan, eso sí, con supuestos que todos podemos compartir, como los criterios del pluralismo, la libertad y el acceso a la prensa para todos, pero llegan a conclusiones tan limitadas al caso individual de Italia que terminan también por desacreditar todos sus nobles supuestos. 
Solo tiene que leer el informe de Reporteros sin Fronteras, que sin duda no se juntaron con la organización del Primer Ministro italiano sino que son, como bien sabe, una organización de periodistas de izquierda. 
Han llevado a cabo investigaciones en Italia en abril de 2003, que con posterioridad han publicado, en las que llegaron a muy diferentes conclusiones de las que caracterizan el informe increíble de ayer de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, con sus aún más increíbles enmiendas. 
Por ejemplo, existe un conflicto de intereses en Italia, es verdad, pero se está resolviendo estos días –puedo decir que justo en estos momentos mientras hablamos– en el Parlamento italiano, el único foro donde esta cuestión se puede debatir con seriedad. 
Se está a punto de aprobar un proyecto de reforma que la izquierda italiana nunca tuvo la valentía y ni siquiera la capacidad de proponer durante sus siete años en el Gobierno. 
Reporteros sin Fronteras afirman que la prensa en Italia, y cito directamente –no me lo invento– es «libre y pluralista, aunque está debilitada por la hegemonía de la televisión». 
En contraposición a lo que ocurrió ayer en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, no hablan de censura ni de tiranía de los medios de comunicación. 
Sobre la orientación política de las emisiones de noticias de televisión, tanto públicas como privadas, dicen que están «sustancialmente equilibradas» ; la única crítica explícita es el distanciamiento de la pantalla de figuras públicas como el Sr. Biagi, el Sr. Santoro y el Sr. Luttazzi, quienes –les aseguro, si no les conocen ustedes– nadie en Italia les echa en falta, salvo quizás los dirigentes políticos que les pagan. 
Una última palabra, esta vez, tras tantas negativas, para recomendar la aprobación de la enmienda 199, presentada por el Sr. Borghezio y yo mismo, sobre la indemnización debida a los detenidos militares italianos por los trabajos forzados que realizaron en Alemania entre 1943 y 1945. 
Solo los italianos no han sido indemnizados. 
Pedimos a Alemania que indemnice a aquellos ciudadanos italianos que trabajaron duramente en contra de su voluntad en factorías y campos de trabajo, incluso si ahora es realmente muy tarde. 
Quiero decir al Sr. Schroeder que lo haga rápidamente, porque el más joven de ellos tiene 80 años, y el 10% de ellos mueren cada año que pasa. 
– Señor Presidente, el informe anual sobre derechos fundamentales llega en unos tiempos difíciles, marcados por el reciente ataque terrorista en España y la violación del derecho a la vida de docenas de personas inocentes. 
En el último Consejo Europeo, las deliberaciones y decisiones se centraron lamentablemente en las repercusiones y no abordaron la esencia y las causas de la nueva situación creada por la guerra contra la democracia, tal como el Presidente Pat Cox denominó al terrorismo. 
Estoy segura de que las medidas represivas que se promueven no solo no llegan a la raíz del mal, las desigualdades masivas y discriminaciones del mundo moderno, sino que también amenazan con erradicar las libertades fundamentales y los derechos democráticos, y de ese modo fortalecer los objetivos del terrorismo desde otro ámbito. 
Dicho de otro modo, se nos está abocando con precisión matemática a una situación lamentable, en la que dejará de existir la protección de los datos personales y la intimidad estará bajo el examen permanente del. 
El terrorismo se está utilizando de pretexto para aumentar los gastos en seguridad y convertir las democracias modernas en Estados policiales autocráticos en los que se trata a cada uno de los ciudadanos como un terrorista potencial. 
Mientras todo esto está ocurriendo en el frente terrorista, otro crimen terrible que se está cometiendo diariamente contra miles de mujeres y niños en la forma de comercio de esclavos moderno, se ha añadido a nuestra agenda política. 
Los derechos fundamentales y las libertades democráticas en la Unión Europea se ven, en efecto, gravemente amenazados. 
– Señor Presidente, este informe anual sobre la política en materia de derechos humanos llama la atención sobre el número cada vez mayor de violaciones que tienen lugar en la UE, y formula propuestas concretas sobre la forma en que esta situación se puede resolver. El informe plantea muchos puntos válidos, de los que me gustaría destacar la referencia que se hace a que a muchas mujeres se les niega el derecho al aborto en la UE, como es el caso de Portugal, donde siguen estando sometidas a procedimientos penales. 
Aplaudo a la ponente cuando pide a los Estados miembros que garanticen el acceso de todas las mujeres, incluidas las jóvenes, pobres e inmigrantes, al aborto seguro y legal, a la contracepción de emergencia, a servicios de salud reproductiva y sexual asequibles y a la educación sexual. 
Espero que el Gobierno portugués –y el clima político reinante en mi país– aceptará por fin esta propuesta. 
También quiero destacar la manera en que el informe condena todas las formas de violencia contra las mujeres y pide a los Estados miembros que combatan y eliminen la violencia contra las mujeres y los niños en Europa. 
Señor Presidente, doy las gracias a la ponente por su continuo compromiso con los derechos humanos. 
Pero en el informe no se reconoce un tema esencial y urgente: la tortura de los detenidos en el País Vasco. 
Ayer, una chica joven, Ainara Gorostiaga, fue liberada por orden del juez Baltasar Garzón después de haber pasado dos años en prisión. 
Ha estado incomunicada desde febrero de 2002. 
La Sra. Gorostiaga había admitido todos los cargos que se presentaron contra ella, pero después se retractó diciendo que su declaración se había obtenido con torturas. 
El juez Baltasar Garzón reconoce ahora que no es culpable. 
También han sido liberados otros tres jóvenes porque tampoco había pruebas contra ellos. 
¡Dos años incomunicados por causa de la tortura! 
Señorías, ¿? 
– Señor Presidente, si las buenas intenciones y las palabras sinceras pudieran cambiar el mundo, el agradable informe de la Sra. Boumedienne-Thiery constituiría una revolución. 
Sin embargo, cuando leo sobre todos estos derechos formulados en largos discursos, me pongo a pensar en un político danés que, de regreso a casa en nuestro país alborotado, salió elegido con un programa concebido para impulsar los carriles para bicicletas. 
Es el mismo refrán en que se basa este informe, concretamente la noción de que los derechos se derivan de las palabras. 
De hecho, los derechos se derivan de la práctica social, de la lucha y la actividad política. 
Lo que también me sorprende de este informe es un detalle del homenaje que se rinde a la Carta de los Derechos Fundamentales. 
No tengo nada en contra de los derechos –bien al contrario–, pero ¿por qué no se permitió a la Unión Europea como tal acceder a la Convención Europea de Derechos Humanos? 
Al hacerlo se hubieran obtenido los mismos resultados. 
La razón es que existe otra agenda en la que estos derechos, en el grado máximo, están implicados en el proceso de integración propiamente dicho, y es esta duplicidad en la agenda la que me induce a hacer esta observación. 
– Señor Presidente, Señorías, la hipocresía de la charla sobre los derechos fundamentales en esta Cámara difícilmente puede superarse, en particular cuando procede de la derecha. 
Cuando el Consejo y los Gobiernos emprendieron cada vez más nuevos programas de vigilancia, sumergiendo a miles de migrantes en la más profunda desesperación con su política de «Fortaleza Europa» , cerrándoles el paso en las fronteras, permitiendo que se ahogaran en el mar, y los pocos que lo consiguen son internados en la UE solo para devolverlos lo antes posible, el Parlamento Europeo, que clama ser el guardián de los derechos humanos y fundamentales, de hecho aplaude. 
Por desgracia, la realidad se ve de modo muy distinto por todas aquellas personas a quienes se les priva de sus derechos civiles más elementales. 
La violencia estatal, policial y racista son sucesos cotidianos en la sociedad capitalista de la Unión Europea. 
La descarada justificación de la tortura en Alemania por numerosos políticos y representantes del poder judicial y de la policía en 2003 es un ejemplo concreto. 
Por desgracia, cuando la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores rechazó mi proyecto de resolución condenando esta justificación de la tortura, lo hizo gracias a los Grupos que ahora defienden a sus amigos políticos. 
Señor Presidente, el debate ha sido muy interesante. 
Coincido con la opinión formulada por muchos de que nuestra Unión se basa en un compromiso compartido con la libertad, los derechos humanos, las instituciones democráticas y el Estado de derecho. 
Nuestra Unión debe ser ejemplar en todos esos ámbitos, ya que de lo contrario seríamos unos hipócritas. 
He dicho que en el programa de Tampere el Consejo reafirmó la importancia que la Unión y los Estados miembros otorgan al derecho absoluto a pedir asilo, mencionado por varios diputados. 
Se acordó ir hacia el establecimiento de un sistema europeo común en materia de asilo. 
Es muy importante y absolutamente correcto. 
El Sr. Evans, por ejemplo, ha dicho que el sistema que establezcamos debe ser claro. 
Tiene toda la razón. 
En vistas del debate que ha surgido en varios Estados miembros, quiero tocar el tema de la inmigración, un tema planteado por varios oradores. 
Existe un inquietante aumento de los comentarios xenófobos, especialmente en algunos sectores de los medios de comunicación más populares. 
Europa está abierta a la inmigración. 
De hecho, la inmigración en Europa es necesaria y deseable, junto con la migración dentro de Europa. 
Por lo tanto, es crucial desarrollar una política de inmigración común en la UE. 
Tanto el Sr. Evans como la Sra. Kaufmann han tocado este tema. 
Es importante que tengamos una política clara sobre inmigración legal para ayudar a poner fin a algunas histerias inquietantes. 
La Presidencia irlandesa seguirá apoyando una iniciativa de la Comisión para luchar contra el tráfico de seres humanos, especialmente teniendo en cuenta el trabajo del grupo de expertos en este ámbito y la Declaración de Bruselas. 
Varios oradores han hecho referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales en el proyecto de Tratado Constitucional. 
Me parece que los elementos de la Carta de los Derechos Fundamentales incluidos en el proyecto de Tratado Constitucional son uno de los grandes pilares en los que se basa el Tratado. 
La Carta proporciona una salvaguarda adicional para los ciudadanos de la Unión en sus relaciones con las instituciones de la Unión o las de los Estados miembros cuando aplican el derecho de la Unión. 
Simplemente no puedo entender cómo se puede considerar algo negativo. 
Por lo tanto, me ha sorprendido la aportación del Sr. Stockton en este sentido. 
No creo que sea correcto describir la Carta como algo negativo; es positiva en todos los sentidos. 
El Sr. Stockton ha dicho que la mejor protección son el sentido común y las buenas maneras. 
Quizás tendría razón si viviéramos en un mundo ideal; pero no es así. 
Vivimos en un mundo que está lejos de ser perfecto. 
Mi experiencia personal es que el sentido común y las buenas maneras nos han fallado en más de una ocasión. 
Varios diputados han hecho referencia a la importancia de la libertad de prensa en la protección de las libertades civiles. 
La libertad de prensa es fundamental para la protección de las libertades civiles. 
Pero los mismos diputados han expresado su preocupación por una concentración excesiva. 
La concentración es una realidad en la Unión Europea, y en la medida en que interfiere en el libre ejercicio de la libertad de expresión o entorpece la capacidad de una prensa libre para defender nuestras libertades, tal concentración es motivo de preocupación. 
Doy las gracias a los diputados por este debate tan interesante y estimulante. 
También quiero dar las gracias a los diputados por las amables palabras que han expresado respecto a la Presidencia irlandesa. 
Puedo asegurarles que la Presidencia, en su trabajo en el Consejo, tendrá muy en cuenta los puntos que se han expresado hoy aquí. 
Felicito a la ponente por este informe. 
Quizás no estemos de acuerdo en todos los puntos y todos los comentarios que en él aparecen, pero es increíblemente importante que de vez en cuando nos miremos al espejo para ver si cumplimos nuestros propios principios. 
Y ciertamente este informe nos es de gran utilidad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión relativas al informe solicitado por el Banco Mundial sobre las industrias extractivas. 
Señor Presidente, este es un debate interesante porque hablamos de un informe del Banco Mundial. 
El informe sobre las industrias extractivas que publicó el Grupo del Banco Mundial en 2001 guiará la participación del Banco en los sectores del petróleo, el gas y la minería. 
El proceso consultivo es un elemento significativo del informe global del Grupo sobre sus actividades en este terreno. 
Es importante señalar que el Banco Mundial está examinando el resultado de esta iniciativa, en forma de informe de consulta elaborado por el equipo de revisión, dirigido por el Dr. Salim, y se aguarda su respuesta a este informe. 
Por tanto, en cierto sentido, estamos hablando de un trabajo que está en curso. 
Es preciso dejar que el proceso siga su curso en vista de las significativas recomendaciones que figuran en el informe. 
Los jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johanesburgo en septiembre de 2002, la importancia de proteger y gestionar los recursos básicos del desarrollo económico y social. 
Las materias primas, como los minerales y el petróleo, sientan las bases del crecimiento económico y del bienestar, tanto en la industria como en nuestras vidas diarias. 
Son básicas para la fabricación, el transporte, la calefacción y otras actividades y, sobre todo, son esenciales en los países donde existe una actividad extractiva. 
Mientras que la extracción mineral contribuye de forma sustancial al desarrollo económico, es preciso equilibrar los beneficios con medidas encaminadas a impulsar los pilares ambientales y sociales del desarrollo sostenible a través de la gobernanza. 
A la mayoría de los diputados probablemente les preocupa esto, porque no siempre ha existido gobernanza. 
En reconocimiento de la necesidad de equilibrar estas demandas, se acordaron acciones relacionadas con la gestión de los recursos naturales básicos de forma sostenible e integrada. 
El Banco Mundial no es el único que reconoce la necesidad de abordar todos los elementos del desarrollo sostenible. 
En muchos aspectos este informe es equiparable al trabajo realizado por la Unión Europea en los últimos años, como el fortalecimiento de la gobernanza de la minería a través, por ejemplo, de la modificación de la Directiva Seveso y una nueva directiva propuesta sobre la gestión de los residuos de la industria extractiva, una cuestión que preocupa en toda la Unión. 
La Unión Europea también adopta una política de desarrollo sostenible a través de iniciativas como la estrategia temática para el uso sostenible de los recursos naturales. 
En su reunión del 2 de marzo, el Consejo de Ministros de medio Ambiente estableció amplias orientaciones políticas en relación con el futuro desarrollo de la estrategia temática. 
El informe sobre industrias extractivas reconoce la posible contribución de la minería y el petróleo al primer mandato del Banco Mundial, es decir, la mitigación de la pobreza, y propone un número considerable de medidas a este respecto. 
También quiero informar de que el Banco Mundial ha aprobado la iniciativa de transparencia lanzada en la cumbre de Johanesburgo. 
También es una cuestión compleja y es necesaria más claridad en la forma de distribuir los impuestos y cánones por estas actividades. 
Además, probablemente sea necesario estudiar si han sido debida o apropiadamente distribuidos, pero esto es para otro momento. 
Entre las medidas de protección ambiental detalladas que recoge el informe sobre las industrias extractivas se incluyen propuestas como una planificación del cierre y orientaciones sobre la gestión de los desechos en las industrias extractivas. 
En muchos sentidos reflejan las preocupaciones que también nosotros nos planteamos. 
La guía de la Unión Europea sobre las mejores técnicas disponibles para los residuos de la minería está muy avanzada y establecerá buenas prácticas en este ámbito. 
Numerosos factores locales, como las condiciones climáticas, determinan las formas más apropiadas de mitigar los posibles efectos adversos. 
Sin embargo, nuestro trabajo en Europa contribuirá de forma útil a la mejora de la práctica medioambiental y de las normas de gestión de los residuos de la minería, así como el código de práctica sobre el cianuro, desarrollado por el PNUMA a través de la consulta y la participación multilateral. 
Apoyamos las conclusiones de la Cumbre de Johanesburgo y el Plan de Aplicación, incluidos los compromisos específicos en relación con la minería, los minerales, los metales y los sectores energéticos. 
Además, también apoyamos la promoción de la responsabilidad corporativa, así como el intercambio de buenas prácticas en el contexto del desarrollo sostenible. 
Nuestra posición con respecto a estas cuestiones es clara, y espero que todos los interesados, incluido el Banco Mundial, la conozcan bien. 
Sin embargo, es preciso subrayar y reafirmar nuestros intereses y nuestras preocupaciones. 
El cambio climático sigue siendo una de las preocupaciones ambientales más importantes para la Unión. 
La Unión sigue estando totalmente comprometida, por ejemplo, con el cumplimiento del Protocolo de Kioto. 
En el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y habiendo ratificado el Protocolo de Kioto, la Comunidad Europea y sus Estados miembros están deseando garantizar la armonía entre las actividades del Banco Mundial y el objetivo de la Unión Europea de estabilizar las emisiones de gas de efecto invernadero a la atmósfera en unos niveles seguros. 
De acuerdo con el informe del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, será preciso recortar drásticamente, a lo largo de este siglo, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero si se quiere lograr este objetivo. 
Las recomendaciones del informe sobre las industrias extractivas a este respecto son coherentes con una necesidad reconocida de recurrir a fuentes de energía menos intensivas en carbono. 
La promoción de fuentes energéticas más limpias y que emitan menos gases de efecto invernadero en los países en vías de desarrollo, haciendo especial hincapié en la promoción de las fuentes de energía renovables, persigue el cumplimiento de los objetivos de cambio climático a largo plazo de la Unión Europea. 
Para concluir, aguardamos con impaciencia la respuesta del Banco Mundial a este informe. 
Como ya he dicho, la respuesta todavía está por venir. 
Acogemos con satisfacción el carácter amplio y transparente de la consulta integrada en este proceso y apreciamos que el informe del Dr. Salim haya informado bien el trabajo que está realizando en estos momentos el Banco. 
El enfoque progresista adoptado por la Unión Europea del desarrollo sostenible es bien conocido, y también anticipamos una respuesta del Banco Mundial que será coherente con toda su misión, en particular la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, el informe sobre las industrias extractivas, encargado por el Banco Mundial, es un informe importante y sus recomendaciones debería examinarlas el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y la Comisión. 
La Comisión es un gran donante de subvenciones destinadas a la mitigación de la pobreza. 
La ayuda a las industrias extractivas en el programa de desarrollo de la Comunidad Europea prácticamente ha concluido. 
El instrumento específico del sector minero, Sysmin, quedó suspendido en virtud del Acuerdo de Cotonú. 
Al amparo del Noveno Fondo Europeo de Desarrollo, los propios países socios han definido todos los programas del sector minero, de acuerdo con el concepto de propiedad. 
Menos del seis por ciento de los fondos han sido asignados a actividades mineras en programas indicativos nacionales. 
Además, las crecientes preocupaciones ambientales en la Unión Europea han propiciado que desde la década de los noventa se haya generalizado el uso de las evaluaciones de impacto ambiental. 
Esto también se aplica a la cooperación con instituciones financieras, como el Banco Europeo de Inversiones o el Banco Mundial. 
La OCDE discute actualmente unas directrices para créditos a la exportación con ayuda oficial. 
Hace poco ha anunciado un acuerdo encaminado a fortalecer enfoques comunes para evaluar el impacto ambiental de proyectos de infraestructura que reciben ayuda de agencias de créditos a la exportación de Gobiernos de la OCDE, con objeto de garantizar que cumplan las normas internacionales establecidas. 
Como ya sabe el Parlamento, la Unión Europea lanzó una «iniciativa energética de la UE para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible» en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johanesburgo en septiembre de 2002. 
La secretaría de la iniciativa corre a cargo de la Comisión. 
Su objetivo es responder a las mismas cuestiones planteadas por el Parlamento, contribuyendo a facilitar el acceso a la energía necesaria para lograr los objetivos de desarrollo del milenio. 
Esto se logrará en el contexto de las actividades desempeñadas por los países en vías de desarrollo participantes, mediante la prestación de servicios de energía suficientes, asequibles y sostenibles. 
Aunque la iniciativa no se centra en la tecnología, intenta promover la prestación de servicios de energía asequibles y sostenibles. 
Con ello pretende promover las soluciones más económicas sobre la base de los impactos económico, social y ambiental. 
Esto implica promover tecnologías de combustibles fósiles más limpias y eficientes. 
La Comisión también acoge la secretaría de la Coalición por la energía renovable de Johanesburgo. 
Esta coalición quiere extender más la energía renovable en los países en vías de desarrollo. 
Permítanme concluir asegurándoles que la Comisión apoya la petición de aplicar en su totalidad las recomendaciones del informe sobre las industrias extractivas relativas a la sostenibilidad de las inversiones, la promoción de la gobernanza, el consentimiento popular, la evaluación del impacto social y ambiental, el respeto de los derechos humanos y las principales normas de trabajo. 
Señor Presidente, esta es la segunda vez en este día que debatimos sobre minas y canteras. 
Esta mañana fue el informe del Sr. Sjöstedt y ahora se trata de esta resolución que se refiere indirectamente al sector de las minas y canteras. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Roche y el Comisario Vitorino en que las industrias extractivas revisten una gran importancia para las economías de numerosos países pobres. 
Sin embargo, también sabemos que este tipo de actividad industrial adopta a menudo una forma que no ha beneficiado directamente a la mayoría pobre, que ha causado graves daños medioambientales y que, por desgracia, ha resultado en que los ingresos procedentes de las concesiones terminen sobre todo en los bolsillos de diversos ministros y no en el tesoro público, donde habrían podido contribuir al desarrollo de dichos países. 
El estudio al que nos referimos aquí es interesante e importante, pues apunta las oportunidades que se presentan para estas industrias, así como el riesgo que implica que esta actividad no se efectúe en el marco de criterios sociales, medioambientales y humanitarios. 
A menudo, sus consecuencias resultan ser un aumento de la pobreza y la destrucción del medio ambiente. 
Hace cosa de una semana, nos reunimos con el Dr. Salim, que estaba de paso y que nos ofreció un gran número de ejemplos de los problemas que tiene la población local en las zonas de diversos proyectos: desplazamiento forzoso, daños al medio ambiente, etc. 
Es importante que el Banco Mundial tenga en cuenta las críticas que formula este estudio, y quiero señalar que tanto el Presidente del Consejo como la Comisión coinciden con muchas de sus recomendaciones. 
Es sumamente importante que los Estados miembros de la UE, cuyos Gobiernos forman una parte considerable del Consejo del Banco, coordinen sus actividades en este ámbito y procuren que el Banco tome en consideración dichas recomendaciones. 
Creo que la Presidencia podría desempeñar un papel muy importante en este aspecto. 
Y si ahora es importante que el Banco Mundial reconsidere la cuestión, igualmente importante es que también lo hagan otras entidades financieras. 
El Comisario Vitorino señalaba que se ha alcanzado un cierto acuerdo sobre las actividades de las agencias de crédito a la exportación Quizá sea así, pero es sumamente endeble por el momento. 
Necesitamos criterios mucho más estrictos para sus actividades, sobre todo en referencia a la situación social, medioambiental y climática. 
He aquí un ejemplo: entre 1994 y 2000, las entidades de créditos a la exportación de los países de la OCDE garantizaron inversiones en nuevas instalaciones de producción de energía por un valor equivalente a 100 000 millones de USD. 
Todas estas actividades se basaban en combustibles fósiles, y no se gastó ni un céntimo en eficiencia energética o energías renovables. 
Se necesitan varias medidas a este respecto. 
Aunque no deseo elevar este informe y este estudio al nivel de verdades absolutas, constituyen, no obstante, un buen fundamento para promover y ajustar las políticas relacionadas con los problemas de la pobreza y el desarrollo sostenible. 
– «No dudo por un momento de que, tarde o temprano, la guerra económica que Shell libra en el delta del Níger quedará al descubierto y de que se castigarán los crímenes cometidos en esta guerra.» 
Estas palabras, señor Presidente, las pronunció el dirigente ogoni Ken Saro-Wiwa hace diez años. 
En Occidente, Saro-Wiwa sigue siendo, diez años después, el critico más conocido de las industrias extractivas. 
Desde entonces, Shell ha mejorado algunas de sus políticas y la Revisión de las Industrias Extractivas se centra sobre todo en los proyectos de las industrias nacionales. 
El análisis actual de las industrias extractivas muestra lo mucho que queda por hacer para que el Banco Mundial opere con eficacia en este sector. 
La lucha del pueblo ogoni en Nigeria simboliza una de las principales condiciones de la participación del Banco Mundial, a saber, garantizar el derecho de los pueblos indígenas a dar su previo consentimiento, sin coerción y estando debidamente informados, a los proyectos financiados por el Banco Mundial. 
Para muchos países en vías de desarrollo, las materias primas son su principal fuente de ingresos, pero incluso si tienen en su suelo oro líquido o sólido, los pueblos indígenas de estos países ven muy poco de los beneficios de estos materiales. 
La pobreza, un alto índice de mortalidad, las guerras civiles, la corrupción y el totalitarismos se oponen al desarrollo de estos países. 
Aparte de los pueblos indígenas, el medio ambiente ocupa un segundo plano ante los rápidos beneficios que traen consigo las materias primas. 
Fue el propio Ken Saro-Wiwa quien señaló que los peces del delta del Níger saben a petróleo. 
De ahí que para el Grupo del PSE sea sumamente importante que el Consejo Europeo y la Comisión deliberen acerca de este informe e impongan severas condiciones a la participación del Banco Mundial y a los proyectos de extracción, de manera que solo puedan llevarse a cabo si se cumplen los requisitos ordinarios con respecto a las consecuencias sociales, económicas y ecológicas de la extracción de materias primas. 
Es sumamente importante que las decisiones sobre los proyectos estén sujetas al cumplimiento de requisitos de buena gobernanza. 
Pues solo así podrán desarrollarse en su conjunto estos países ricos en materias primas. 
Esto también se puede lograr mediante la iniciativa consistente en publicar lo que se va desembolsando, mediante la cual se dan a conocer los pagos e ingresos, y los pueblos indígenas tienen la garantía de que la recaudación no desaparezca simplemente en los bolsillos de los ricos, sino que beneficie efectivamente a los pueblos indígenas. 
A tal fin se puede rechazar la financiación de proyectos en zonas de conflicto y, por último, reforzando la política vigente en materia de hábitats naturales y no invirtiendo en proyectos en zonas protegidas de vida silvestre, sino invirtiendo positivamente en fuentes de energías renovables. 
– Señor Presidente, tras el informe de las Naciones Unidas sobre la situación en el Congo y el informe del Gobierno norteamericano sobre el calentamiento del planeta, ahora un informe encargado por el propio Banco Mundial acaba de confirmar los temores expresados desde hace mucho tiempo por los Verdes. 
En efecto, el Banco Mundial ha llevado a cabo un estudio sobre las industrias extractivas que, tras dos años de consulta a la sociedad civil, los Gobiernos y las empresas, presenta un informe abrumador para su política de desarrollo. 
El informe pone de relieve las carencias y los efectos contraproducentes de la política del Banco Mundial en los países ricos en recursos naturales. 
Según las propias palabras del estudio, el Banco Mundial ha atraído demasiado a los inversores, sin interesarse verdaderamente por ayudar a los países a desarrollar su capacidad para transformar sus riquezas naturales en medios de lucha contra la pobreza. 
La Comisión destaca, del mismo modo, la pasividad del Banco Mundial en materia de supervisión medioambiental y social. 
Así, el estudio afirma que si se da rienda suelta a toda la fuerza del mercado sin marcos sólidos, los daños ocasionados pueden ser extremadamente graves. 
Hay numerosos ejemplos de financiación detestable. 
La mina de oro Yanacocha en Perú es el prototipo de tragedia tóxica. 
Gestionada por una empresa norteamericana, la mina ha allanado cinco montañas, desplazado a miles de personas y contaminado con cianuro el agua de toda la región. 
El Banco Mundial ha apoyado también el oleoducto Chad-Camerún, que fuimos los únicos en combatir y que ha tenido consecuencias sociales y medioambientales desastrosas: migración masiva, aumento de la inseguridad alimentaria, aumento de la prostitución con el consiguiente aumento del sida. 
¿Podemos hablar realmente de política de desarrollo? 
La explotación del petróleo, del gas o de las minas no es forzosamente sinónimo de reducción de la pobreza. 
En países en los que todavía reina una gran corrupción, donde los marcos jurídicos siguen siendo poco fiables y las prácticas democráticas inciertas, el Banco Mundial no actúa por desgracia en absoluto a favor del desarrollo sostenible. 
Al contrario, en muchos países las industrias extractivas han sido asociadas con violaciones de los derechos humanos y con conflictos civiles, como se vio en Birmania. 
Lo que es peor, más del 80 % de las financiaciones petroleras del Banco Mundial van a parar de hecho al Norte y no a los países pobres. 
Resultado de esta inversión ciega y generosa: son más los países con resultados decepcionantes que los países que registran progresos sustanciales. 
Los Verdes, en la línea de las recomendaciones del estudio, preconizan el cese de la financiación de proyectos petroleros de aquí a 2008, el cese de la financiación de las minas de carbón, para luchar contra los gases de efecto invernadero y para la promoción de energías limpias y renovables y de la eficiencia energética. 
La Unión Europea tiene un importante papel que desempeñar reclamando, a través de sus Estados miembros, que el Banco Mundial tenga en cuenta las recomendaciones del estudio. 
El Banco Mundial ha seguido durante demasiado tiempo un camino equivocado, ya es hora de que cambie de rumbo para que, al fin, la política de desarrollo beneficie a los más necesitados. 
– Señor Presidente, no hemos solicitado este debate simplemente para decirle al Banco Mundial lo que debería hacer. 
También tenemos que conocer la posición del Consejo, donde están representados los 15 Estados miembros, todos los cuales desempeñan una función muy importante en la toma de decisiones del Banco Mundial. 
Queremos preguntar al Consejo qué posición va a adoptar en torno a este informe sobre las industrias extractivas y si intenta o no coordinar la posición de los Estados miembros a este respecto. 
En las interesantes observaciones del Sr. Roche no he oído la respuesta a esta pregunta; el verdadero motivo por el que solicitamos este debate. 
Estamos convencidos de que el Parlamento debe escrutar lo que hace el Banco Mundial, y también de que, como institución de la Unión Europea, tenemos que saber qué hacen nuestros Estados miembros cuando están en el Banco Mundial. 
Por tanto, el Banco Mundial no es algo ajeno a esta institución o a la suya, señor Roche. 
El Sr. Vitorino ha dicho muy claramente que en su opinión, y en la de la Comisión, es preciso apoyar la recomendación más importante. 
Repito: Me gustaría saber cuál es la posición del Consejo y, si la tiene, si tiene intención de hacer algún comentario al respecto. 
Nos parece que hablar de esta cuestión en el Consejo es absolutamente crucial por dos motivos. 
Primero, porque las conclusiones del informe dicen muy claramente que invertir en los sectores del petróleo, de la minería y del gas en sí mismo no reduce la pobreza. 
A veces, como se puede leer en el informe, es perjudicial, y esto también es importante para la Unión Europea. 
En segundo lugar, estamos convencidos de que si el objetivo del Banco Mundial es reducir la pobreza y mitigar la exclusión de las poblaciones indígenas y de las personas pobres, no podemos seguir apoyando un método de financiación de un proyecto que es perjudicial desde este punto de vista. 
Por ello le pedimos, señor Roche, que nos diga qué van a hacer. 
Señor Presidente, en vista de que se aproxima el fin de la legislatura, deberíamos comportarnos de forma muy civilizada entre nosotros, y quiero señalar que el debate sobre el informe del Banco Mundial es una iniciativa excelente. 
También sabemos que tenemos a una experta entre nosotros, pues la Sra. Frassoni es miembro de la Red Parlamentaria sobre el Banco Mundial. 
Por consiguiente, resulta oportuno que debatamos esta cuestión e intentemos coordinar los enfoques de los Estados miembros de la UE. 
Hablando del Banco Mundial en términos generales, desgraciadamente observamos que, en algunos aspectos, tiene un pésimo historial en materia de gestión de proyectos de desarrollo. 
Cuando estuve en Níger hace cosa de un mes, todas las partes de ese país ya habían presentado sus trabajos sobre el plan titulado Educación para Todos, salvo el Banco Mundial. 
Su gestión está tan concentrada que no funciona. 
Espero que la Sra. Frassoni pueda exponernos esta cuestión, en el marco de su labor con los demás miembros de la Red Parlamentaria sobre el Banco Mundial. 
Sabemos que el Banco Mundial tiene experiencia en este ámbito, pues hace tiempo señaló que el acceso a este tipo de recursos es lo que intensifica los conflictos. 
Por consiguiente, debemos tomarnos en serio sus recomendaciones. 
Deben servirnos de orientación a la hora de conceder ayudas a los proyectos y de tomar decisiones sobre los países y el nivel de la ayuda que deseamos concederles. 
Señor Presidente, ha sido un debate breve pero muy interesante. 
Quiero decir antes que nada que no ha sido mi intención decepcionar a la Sra. Frassoni, pero en mi intervención he planteado una serie de puntos relativos a las medidas que se han adoptado. 
No obstante, acepto, porque me parece totalmente válido, su planteamiento de que el Banco Mundial no nos es ajeno. 
De hecho, el Sr. Wijkman ha hablado de la protección de los países y las comunidades vulnerables y en particular de la protección cuando las tentaciones de corrupción son grandes. 
Evidentemente esto es cierto, y en cuanto a la gobernanza, el Banco Mundial tiene la responsabilidad de garantizarla. 
Sabemos lo que ocurre por los casos citados aquí. 
Conocemos la degradación ambiental que sufren en especial los pueblos indígenas indefensos. 
El Sr. Van den Berg también ha hablado en términos muy dramáticos de lo que ha descrito como la guerra ecológica silenciosa y oculta, y otro diputado ha mencionado la extracción de oro y la degradación que ha causado. 
De hecho, esto es muy correcto. 
Estas cuestiones deberían preocupar al Banco Mundial y a la comunidad internacional. 
El Sr. Van den Berg lleva razón cuando dice que, por un lado, es necesario equilibrar el desarrollo con los derechos de los pueblos indígenas y al mismo tiempo hay que garantizar que el dinero de las industrias de explotación y extractivas se dedique a atender a los pueblos de la región, una cuestión que también ha mencionado el Sr. Rod. 
Esta es una cuestión relativamente nueva que preocupa al Consejo, pero este intenta garantizar que la Unión Europea siga desempeñando una función en el foro mundial como socio destacado a favor del desarrollo sostenible. 
Esta es la cuestión más importante, y desarrollo sostenible es el término que abarca todas estas cuestiones, que van desde el impacto, por ejemplo, en los pueblos indígenas, hasta el efecto de la degradación ambiental, y también incluye la desaparición del resultado de este desarrollo a través de la corrupción. 
En la reunión del 2 de marzo, el Consejo reiteró la necesidad de que la realización de los compromisos de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johanesburgo han de seguir teniendo la máxima prioridad e integrarse en todas las políticas relevantes internas y externas de la Unión Europea. 
Esta cuestión está específicamente relacionada con la cuestión planteada por la Sra. Frassoni. 
El Consejo espera que todos los Estados miembros defiendan estas opiniones comunes en todos los foros internacionales, incluido el Banco Mundial. 
Si en mi anterior contribución le he decepcionado, espero haberlo compensado ahora. 
He recibido seis propuestas de resolución (1) presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el tráfico internacional de órganos. 
Tiene la palabra el Ministro Roche, quien interviene en nombre del Consejo. 
Lo siento, señor Presidente, estaba un poco distraído: la Sra. Frassoni estaba flirteando conmigo. 
Esto demuestra que a veces el Parlamento Europeo puede ser un lugar mucho más agradable que el Dáil Éireann; nunca he tenido una experiencia así. 
Dejemos el humor para centrarnos en algo bastante horripilante: el equivalente moderno de Burke y Hare, es decir, el tráfico de órganos humanos. 
A medida que la ciencia médica avanza en el ámbito del transplante de órganos, existe una creciente demanda de órganos, lo que genera un problema de tráfico de órganos humanos. 
Esta es una práctica brutal y repugnante, y constituye una grave violación de la dignidad humana y de la integridad física. 
También tiene implicaciones graves en la lucha contra el crimen organizado, porque como en todo lo demás, el crimen organizado ha conseguido entrar en este ámbito particular. 
Conocemos la participación de bandas criminales en esta actividad bastante insólita. 
Sé que esta cuestión ha sido motivo de preocupación y debate en el Parlamento. 
De hecho, elogio al Parlamento porque ha sido en gran medida el foro de condena de esta práctica. 
También es motivo de preocupación para el Consejo y es importante que al abordarla lo hagamos debidamente y tengamos claro el alcance del problema. 
Es una cuestión compleja y multidimensional y exige una consideración detenida. 
En febrero de 2003, la Presidencia griega presentó una propuesta de Decisión marco sobre la prevención y el control del tráfico de órganos y tejidos humanos del Consejo, en el marco del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 
El objetivo de la propuesta es contribuir a la lucha contra el tráfico de órganos y tejidos humanos como forma de crimen organizado. 
El proyecto de Decisión marco contiene propuestas de exigir a los Estados miembros que garanticen que la extracción de un órgano de un donante por la fuerza, mediante amenazas o fraude, o que la extracción de un órgano de un donante que ha accedido a cambio de dinero, sean consideradas delitos penales. 
También se considera delito el reclutamiento, el transporte o la ocultación de una persona a quien se obliga por la fuerza o mediante amenazas, o cuando se paga para extraer un órgano o un tejido. 
También propone que la participación de personal médico o de enfermería en el transplante de un órgano a sabiendas de que ha sido adquirido por cualquiera de estos medios constituirá un delito penal. 
La propuesta en el documento marco será bastante amplia. 
La propuesta ha sido objeto de debate en varias ocasiones en órganos relevantes del Consejo. 
Varios Estados miembros cuestionaron la necesidad de un instrumento en estos momentos. 
Además, resulta que los Estados miembros no tienen información precisa sobre la escala del problema, en el seno de la Unión Europea o cuando esta es el lugar de destino. 
En este sentido, las conclusiones del proyecto Falcone, que incluye un estudio de 13 Estados miembros sobre este asunto, serán interesantes. 
La Presidencia irlandesa seguirá supervisando las opiniones de los Estados miembros sobre la utilidad de una medida como esta en el ámbito de la Unión Europea con vistas a establecer si puede avanzarse con respecto a dicha medida. 
Volviendo a la cuestión asociada del uso legal de órganos para su transplante, surgen cuestiones muy específicas con motivo de la escasez de órganos. 
Es preciso garantizar un alto nivel de calidad y seguridad. 
La Comisión ha indicado que realizará una profunda evaluación científica en relación con la situación del transplante de órganos. 
Presentará lo antes posible las conclusiones de esta evaluación y esperamos con interés este informe. 
Resumiendo, en esta fase solo estamos al principio de un proceso que puede ser muy largo hasta que adopte un carácter definitivo. 
Pero el hecho de que estemos debatiéndola indica que existe sensibilidad y preocupación en torno a esta cuestión. 
Señor Presidente, la Comisión acoge con satisfacción el debate que se celebra hoy aquí sobre un problema que genera una gran preocupación, la del tráfico de órganos humanos. 
Las víctimas de este tipo de crimen son seres humanos especialmente vulnerables, en particular los niños. 
El tráfico ilegal de órganos puede suponer un riesgo significativo tanto para el donante como para el receptor. 
El tráfico de órganos humanos es una obscena violación del derecho a la integridad física y, en el peor de los casos, del derecho a la vida, tal y como reconoce la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Últimamente la Comisión recibe cada vez más informaciones sobre supuestas situaciones de tráfico ilícito de órganos humanos en Mozambique y Albania, sobre todo a través de preguntas escritas que hace poco han formulado el Sr. Ribeiro e Castro y la Sra. Karamanou. 
La alarma también ha saltado por la proliferación de rumores en los medios de comunicación. 
Estas supuestas situaciones de tráfico son especialmente preocupantes y la Comisión las sigue muy de cerca, a través de la delegación de la Comisión en las regiones en cuestión y del intenso diálogo que mantiene con los Estados miembros a escala local, en particular en el contexto del diálogo político con estos países. 
En cuanto a la situación de Mozambique, la Comisión ha contactado con la Oficina del Fiscal General, quien ha asegurado que ya se han iniciado investigaciones. 
La Comisión también ha insistido en su preocupación en una reunión celebrada en Bruselas con el Embajador de Mozambique. 
La realidad demuestra que el tráfico de órganos humanos suele ir de sur a norte y de los pobres a los ricos, pero sin excluir movimientos dentro de una región concreta. 
La cooperación regional e internacional son esenciales para abordar este fenómeno con éxito. 
Los criminales en este tipo de actividad se aprovechan de la debilidad de la policía local, a menudo socavada por la corrupción, que, por tanto, no impide el comercio ilícito transfronterizo de órganos; así como de sistemas judiciales poco eficaces. 
Hay que destacar que la Comisión viene subrayando la importancia que tiene para Albania adoptar las medidas necesarias para cerrar un acuerdo con Europol. 
Como he dicho antes, Albania es uno de los presuntos escenarios de actividades de tráfico de órganos de niños, cuyo destino es, supuestamente, la Unión Europea. 
A fin de impedir la entrada en la Unión Europea de órganos humanos que se obtienen ilícitamente, sirven mucho las medidas adoptadas para mejorar la cooperación entre las policías de los Estados miembros y las administraciones aduaneras, así como fortalecer los controles en las fronteras exteriores. 
Sin embargo, en la actualidad las medidas específicas relativas a este tipo de delito parecen insuficientes. 
En esta línea, Grecia, durante su Presidencia de la Unión, presentó una iniciativa para la adopción por el Consejo de una decisión marco relativa a la prevención y al control de tráfico de órganos y tejidos humanos. 
El objetivo de esta iniciativa, que ya ha mencionado la Presidencia, era definir qué tipos de conducta habría que castigar en todos los Estados miembros y establecer normas mínimas en relación con las penas por dichos delitos. 
La Comisión apoyó en gran medida esta iniciativa, a la vez que reconocía, sin embargo, que era preciso examinar y conocer más a fondo el aspecto jurídico y la realidad de la situación en los Estados miembros. 
En este contexto, y en vista de las deficiencias detectadas cuando se intentó llevar adelante la iniciativa griega, es importante mencionar que las competencias de Europol se ampliaron en enero de 2001, para incluir el tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos. 
Actualmente, Europol está analizando este fenómeno y recabando información y datos relevantes relativos a los aspectos legales e ilegales del tráfico de órganos humanos. 
De hecho, Europol puede aportar un gran valor añadido en esta lucha común. 
En cuanto a la recopilación de información, también debo mencionar el hecho de que el Consejo de Europa hace poco examinó la cuestión del tráfico de órganos y que en diciembre de 2003 preparó un informe útil que permite comprender la situación actual de este fenómeno en Europa. 
Al amparo del programa financiero AGIS de la Comisión para la cooperación policial y judicial en asuntos penales, también es posible apoyar proyectos en este ámbito especialmente delicado de la criminalidad, que todavía no ha sido analizado a fondo. 
Además, es importante hacer hincapié en que la Comisión reconozca que la grave escasez de donantes de órganos sigue siendo un gran obstáculo al pleno desarrollo de servicios de transplante y limita gravemente el número de pacientes que pueden beneficiarse de esta forma de terapia. 
Esta escasez de órganos puede promover el comercio ilícito. 
La Comisión es muy consciente de las consecuencias derivadas de la escasez de órganos y, por este motivo, ha señalado como acción prioritaria en su plan de trabajo para 2004, a fin de ejecutar el programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública 2003-2008, el desarrollo de una estrategia de la Unión Europea para aumentar la sensibilidad y la disponibilidad de órganos utilizados para su transplante. 
De hecho, la Comisión ya ha realizado un estudio de las prácticas actuales y los requisitos jurídicos asociados al transplante de órganos en los Estados miembros y en los países en vías de adhesión, y actualmente está analizando los resultados. 
Este análisis se comunicará al Parlamento Europeo, así como a los Estados miembros, tan pronto como concluya. 
Para terminar, se han lanzado una serie de iniciativas para luchar contra el tráfico ilícito de órganos humanos, y la Comisión seguirá apoyando las iniciativas que resulten apropiadas para luchar contra este tráfico inaceptable. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, el tráfico de seres humaos es una de las manifestaciones más nauseabundas del creciente problema de la delincuencia internacional, y el tráfico de menores resulta todavía más nauseabundo. 
El tráfico de menores para extraerles órganos es la parte más horripilante de este negocio inmoral y repulsivo. 
Desde la perspectiva de la ética, no tengo interés en debatir los motivos en que se basa esta actividad criminal, ya se trate de motivos de brujería, tráfico de órganos u otros. 
Hay seres humanos que necesitan nuestra ayuda y nuestra protección, personas que pierden sus órganos o incluso su vida debido a estas prácticas. 
Recientemente se han publicado informaciones sobre la práctica continua de este tipo de actividades delictivas en Mozambique, cosa que, desde luego, es motivo de gran preocupación. 
Aparte de la dimensión humana de estos sucesos, los portugueses mantenemos lazos lingüísticos y culturales con ese país. 
Por ello acojo con agrado tanto este debate como el que tuvo lugar ayer en el Parlamento portugués, a iniciativa de la Sra. Morais, diputada al Parlamento portugués. 
También me complació observar que el Primer Ministro de Portugal, el Dr. Durão Barroso, planteara esta cuestión al Presidente de Mozambique durante la visita que está realizando en este país. 
Me gustaría señalar tres puntos acerca de esta cuestión. En primer lugar, debemos luchar contra este delito dondequiera que se cometa. 
No creo que podamos asumir otra postura. 
El tráfico de seres humanos y, en especial, de menores para la extracción de órganos, es un tráfico despreciable que hay que combatir y una de las peores manifestaciones del creciente fenómeno de la delincuencia internacional. 
Todos los especialistas están de acuerdo en que las redes más organizadas son las internacionales; al igual que otros tipos de delincuencia, este trasciende las fronteras nacionales. 
Si queremos hacer frente eficazmente a la delincuencia, identificar a los delincuentes y proteger a las víctimas, tenemos que reforzar la cooperación internacional. 
Y esto nos lleva a mi segundo punto. No debemos sentirnos avergonzados por nuestro nivel de desarrollo. 
He leído que la renuencia por parte de algunos países a aceptar que este tipo de delincuencia tenga lugar en su territorio se debe a la peregrina idea de que solo sucede en los países en vías de desarrollo. 
La verdad es que estas atroces actividades se realizan en todas partes, puesto que tanto comprar como vender órganos humanos es un delito, y cada vez hay menos fronteras para la delincuencia internacional. 
El 23 de octubre del año pasado, en esta Cámara celebramos un debate sobre una propuesta de decisión marco para promover la lucha contra el tráfico de órganos y tejidos de origen humano al que han hecho referencia tanto el Presidente en ejercicio del Consejo como el Sr. Vitorino. 
Al mismo tiempo manifesté mi preocupación por la aparición de este fenómeno y mencioné el alarmante número de secuestros ocurridos en Brasil y Guatemala, así como las inquietantes noticias procedentes de nuevos Estados miembros, como Hungría y la República Checa. 
Pedí un planteamiento comunitario integrado y que se armonizara la definición tanto de los delitos de tráfico de órganos y tejidos de origen humano, como de sus respectivas sanciones. 
En tercer y último lugar, no debemos tener miedo de ayudar. 
Tenemos la obligación de ayudar, tanto en nombre de las causas humanitarias que suscribimos, como en interés –que debe ser un interés común– de poner fin a este comercio nefasto y de desmantelar las redes internacionales existentes. 
Por ello decimos con toda claridad a la Comisión y al Consejo que tenemos la obligación de ayudar. 
Tomamos nota de la declaración que hizo el Comisario Nielson en su momento, en el sentido de que las autoridades mozambiqueñas no habían solicitado hasta entonces nuestra ayuda. Por ello nos gustaría decir a los Gobiernos, al poder judicial y a las fuerzas de policía de los países interesados que no tienen nada que temer de la ayuda internacional a la lucha contra estos delitos. 
Pues al hacerlo no debilitamos, sino que reforzamos los instrumentos y recursos para combatir este mal común. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, nos complace observar que la cuestión que planteamos sobre el tráfico de seres humanos y menores en Mozambique ha desencadenado un debate más amplio sobre el tráfico ilegal de órganos y tejidos de origen humano, no solo en la UE, sino a una escala mucho más amplia. 
No cabe duda de que no hay nada más abominable que manipular la forma humana –que debe ser un artículo acabado en sí mismo y cuya integridad y dignidad es necesario proteger– para convertirla en un objeto del que se puede extraer un órgano para transplantarlo en otra persona. 
Esta práctica es tan horripilante que la UE tiene razón de alarmarse y nosotros –es decir, el Parlamento, la Comisión y el Consejo– tenemos que hacer todo lo posible por dotarnos de los medios necesarios para impedir que prolifere dicho tráfico, por evitar que crezca y enriquezca a unas cuantas personas sin escrúpulos y a sus redes delictivas. 
Me gustaría hablar de Mozambique. 
En Mozambique, el misterio rodea la provincia de Nampula. 
El tráfico de menores tiene lugar en dicha provincia; se sabe que han desaparecido 50 menores, probablemente secuestrados y sacrificados, ya sea para retirar órganos con fines de brujería, rituales mágicos o satánicos, esclavitud sexual, o retirar órganos para venderlos a alguna red internacional. 
El misterio rodea la existencia en Mozambique de una red internacional de tráfico de menores destinada a la obtención de órganos. 
La iglesia mozambiqueña afirma que las sospechas están bien fundadas y que se teme que dicha red funciona efectivamente. 
Las autoridades mozambiqueñas han realizado declaraciones contradictorias sobre este tema, que van desde declaraciones para apaciguar los temores de la población, en el sentido de que no existen pruebas de que se realice dicho tráfico, hasta afirmaciones de que existen señales que indican la existencia de esta red. 
Por ello me gustaría pedirles, señor Comisario y señor Presidente, que soliciten a las autoridades mozambiqueñas que clarifiquen este asunto. 
Es necesario aclarar este asunto, y debemos ayudar a la población de Nampula y a los niños de Nampula y de Mozambique en general para que puedan vivir en paz. 
– Señora Presidenta, las escalofriantes informaciones que nos llegan de Mozambique, en particular de la zona de Nampula, en la que la inexplicable desaparición de menores oculta un obsceno tráfico de órganos humanos, pueden parecer increíbles porque resultan tan repugnantes para cualquier ser humano. 
Desgraciadamente, a pesar de que el Holocausto puede parecer increíble, sucedió en realidad sin quitar el sueño a aquellos que debían haber tenido los medios para conocer o intervenir pero no lo hicieron. 
Tras una experiencia tan terrible, debemos asumir el compromiso de poner fina a este obsceno tráfico con todos los medios con que cuenta la comunidad internacional. 
Los diputados a este Parlamento debemos alzar nuestra voz contra aquellos que son sus cómplices o no se oponen a él con suficiente determinación, y a favor de aquellos que arriesgan e incluso pierden su vida por denunciar e intentar detener esta masacre moderna de los inocentes. 
Son los miembros de la sociedad civil y política, y no solo los de la sociedad religiosa, los que deben hacerse cargo de este problema. 
Las preguntas ya se han formulado, pero no basta con ello. 
Todas las personas prominentes de este mundo que pueden influir en el destino de tantas personas tienen la responsabilidad ética de adoptar medidas prácticas y urgentes para garantizar la seguridad de los menores y de las personas que los protegen. 
– Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el tráfico de órganos humanos es la nueva piratería de la época moderna y constituye una forma especialmente sórdida y brutal de piratearía. 
Puede provocar persecuciones, secuestros e incluso asesinatos. 
Su causa es la codicia y no conoce escrúpulos. 
La lucha contra este fenómeno debe ser firme, amplia e inquebrantable. 
No todos los casos son iguales. 
Hay casos en los que las autoridades ignoran deliberadamente el tráfico de órganos, mediante el cual una persona puede vender, digamos, su propio riñón por un puñado de dólares. 
Incluso es esos casos, la libertad es una ilusión y la realidad sigue siendo una sórdida forma de piratería que explota la indefensión de los pobres y desdichados donantes. 
Aparte de la violencia de este tráfico nefasto que viola la dignidad e integridad humanas, también alimenta un mercado horroroso y estimula actividades delictivas sumamente peligrosas y el desarrollo de redes mafiosas internacionales. 
Puesto que se permite que funcione este mercado, cuando no hay suficiente oferta de órganos para la venta, los criminales cubren la laguna secuestrando o incluso asesinando a sangre fía a personas. 
El principio de la donación gratuita de órganos para transplantes es uno de los principios fundamentales de la civilización y una condición básica para la dignidad de la persona y para nuestra seguridad y libertad. 
Si la donación de órganos no es gratuita, todos somos, en teoría, víctimas potenciales de este asalto generalizado contra el cuerpo humano. 
La UE deberá aplicar el principio de la donación gratuita en todo su territorio, debe hacer tremendos esfuerzos por consagrarlo en su legislación y debe asegurarse de que se cumple en todo el mundo. 
Si la donación de órganos no es gratuita, la perseguirá la amenaza de la delincuencia o tal vez ya operen en ella los delincuentes. 
Asimismo, la UE debe encabezar la lucha contra este azote moderno a nivel internacional, pues se trata de una de las manifestaciones más horrorosas de la delincuencia internacional de los tiempos modernos. 
La propuesta de Decisión marco presentada por la Presidencia griega debe aprobarse sin demora con el fin de asegurar que todos los Estados miembros puedan erradicar este tráfico, ya sea como proveedores o receptores, o como campo de operaciones. Debemos reaccionar con presteza y eficacia cada vez que se descubra este delito en el mundo. 
En los últimos tiempos, la atención se ha centrado en determinadas regiones de Mozambique, en África Oriental. 
Los hechos de este caso aún están por dilucidar; no obstante, por esta misma razón debemos seguir actuando hasta que exista una transparencia completa y la gente pueda quedarse tranquila. 
Debemos responder a la valentía y tenacidad de organismos religiosos y activistas de los derechos humanos que han puesto de relieve las docenas de desapariciones de niños y jóvenes, algunos de los cuales han sido encontrados muertos posteriormente, con sus cuerpos mutilados. 
No debemos retrasar nuestra respuesta debido a inquietudes fuera de lugar o debido a que la transparencia no es total. 
Es posible que en Nampula se hayan producido no uno, sino varios sucesos trágicos, en los que se haya visto implicado el tráfico de seres humanos y menores, o el tráfico de órganos para la brujería u otros fines no médicos y el tráfico de órganos humanos destinados a las redes internacionales. 
No lo sabemos, pero aún así no podemos cejar en nuestros esfuerzos tan solo porque no conocemos todos los hechos. 
Debemos luchar sin cesar contra lo que es, en todas sus formas, un delito despreciable. 
Las autoridades que se enfrentan a delitos tan terribles a veces se sienten avergonzadas y empiezan a contradecirse a sí mismas o se muestran vacilantes cuando salen a la luz casos concretos. 
A nadie le gusta que el nombre de su país se asocie con esta situación a escala internacional. 
Tenemos que comprenderlo y tratar siempre con respeto al país implicado. 
Y precisamente por ello tenemos que dejar claro, con paciencia y perseverancia, que el problema no es la vergüenza, sino que el problema es el tráfico y el delito. 
Todo el mundo, en todo el planeta, debe colaborar en la investigación y en la lucha contra esta pérfida piratería, que carece de país de origen. La amenaza tiene carácter internacional y afecta a cada uno de nosotros. 
Ya sea en Israel o Sudáfrica, en el continente asiático, europeo o americano, ya tenga su origen en Mozambique o en las regiones más desfavorecidas de Brasil, en Moldova o Albania, en los fragmentados Balcanes, en la inmensidad de África, en la deprimida Asia Central o en los extrarradios más pobres de las ciudades asiáticas o latinoamericanas, sabemos que este tráfico va a atacar. 
Al igual que un buitre, este asalto general al cuerpo humano busca regiones de pobreza humana y lugares en que la autoridad del Estado es débil. 
Explota las zonas en las que viven las personas y las comunidades más débiles; detecta a los miembros más débiles y pobres de la sociedad y los ataca. 
Estos son los ámbitos en los que debemos actuar en colaboración con las autoridades competentes a fin de sensibilizar, de estimular y ofrecer ayuda práctica, para procesar e intercambiar información, para averiguar toda la verdad, para tranquilizar a la gente y desmantelar las redes dondequiera que aparezcan. 
La Comisión y el Consejo deben hacer un esfuerzo y me gustaría que el Consejo actuara con la misma diligencia que ya ha mostrado la Comisión en este tema, independientemente de que los casos se produzcan en Mozambique o en cualquier otro lugar del mundo. 
– Señora Presidenta, he estado escuchando, especialmente al Ministro Roche, y ha sido una especie de experiencia surrealista. 
A medida que transcurría mi perplejidad iba en aumento. 
Señor Roche, ha concluido su intervención diciendo que este proceso acaba de empezar. 
Lo cual suscita esta pregunta: ¿qué es la coordinación entre las Presidencias de la Unión Europea? 
Usted ha mencionado el documento marco elaborado, en febrero de 2003, por el Gobierno griego, porque fue una iniciativa griega. 
Yo fui el ponente de este Parlamento sobre el documento marco, y el Gobierno griego anhelaba presentarlo durante su Presidencia en el primer semestre del año pasado. 
El proceso está lejos de su inicio; de hecho, el año pasado por esta época esperábamos que estuviera cerca del final. 
Algunos Gobiernos, quizá el italiano, el irlandés y, sin duda, algunos escandinavos, lo estaban fastidiando y frenando todo. 
Mi informe fue aprobado por 420 votos contra ninguno en el Parlamento Europeo. 
¿Conoce usted este informe sobre el tráfico de órganos humanos? 
¿Lo ha leído? 
El Sr. Coelho lo ha mencionado antes. 
Estoy seguro de que mi informe respondería a algunos de los problemas que ha planteado usted. 
Yo podría contarle muchas cosas sobre esta situación: supuestamente, más de 1 000 ciudadanos europeos al año va a países más pobres del mundo a buscar órganos humanos, ya sea la India, Pakistán, Albania u otros de los países que se han mencionado. 
En el mercado ya existe mucha información; no partimos de la nada. 
¿Qué posibilidades hay de lograr verdaderos progresos? 
En realidad, ¿qué sentido tiene este debate? 
¿Qué investigaciones hay detrás de sus declaraciones si no ha tenido en cuenta todo lo que ya ha pasado por este Parlamento, si no ha leído a fondo el trabajo realizado y los informes aprobados en este Parlamento, previa consulta con la Comisión y otros Gobiernos? 
El peligro es que todo el trabajo bien hecho y las buenas intenciones de que aquí han hablado sus Señorías quedarán en nada si una Presidencia tras otra no se basan en lo que ya está hecho. 
No tiene ningún sentido intentar convertir un debate en el que no ha habido desacuerdos en motivo de confrontación. 
He mencionado la cuestión que se planteó en una contribución excelente en los documentos de que todavía hace falta mucha información sobre esta cuestión. 
Estoy de acuerdo en que ese excelente trabajo se inició durante la Presidencia griega. 
Personalmente opino que es una pena que hasta la fecha no se hayan adoptado medidas más concretas. 
Es un debate asombroso. 
El Comisario Vitorino ha dicho con razón que en cualquier comunidad civilizada existiría preocupación por un comercio de este tipo. 
Ha esbozado con bastante detalle los esfuerzos realizados. 
Me ha impresionado mucho el Sr. Coelho, quien ha demostrado la necesidad de que la Unión actúe de forma coherente para abordar una política. 
El Sr. Lage y el Sr. Calò han planteado cuestiones similares. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Ribeiro e Castro en que no debemos permitirnos el lujo de poner objeciones a la acción por preocupaciones que no vienen al caso. 
Al final, la realidad es que la Unión no ha avanzado en este asunto. 
La Presidencia griega lo planteó y lo propuso a la Unión. 
Hay motivos para que no haya avanzado más. 
No estoy muy seguro de que ningún Estado miembro lo haya «fastidiado todo». 
Si así fuera, estoy seguro de que lo habrán hecho porque consideraban que había motivos de peso y convincentes para ello. 
Sin embargo, a excepción de esta displicente intervención final, ha sido un buen debate. 
Ha contribuido a subrayar la necesidad de una acción concertada de la Unión. 
Demuestra que, si la Unión actuara de forma concertada, podría poner fin a lo que es claramente un comercio maléfico. 
Señora Presidenta, Señorías, antes que nada me gustaría reiterar que la Comisión continuará siguiendo muy de cerca los casos mencionados, relacionados con Mozambique y Albania, y se mantendrá vigilante, en estrecha cooperación con las embajadas de los Estados miembros en estos dos países. 
En segundo lugar, tengo que señalar que, desde un punto de vista jurídico, la iniciativa de Grecia durante su Presidencia plantea ciertos interrogantes que exigen un debate político. 
Nuestros estudios muestran que, de hecho, el tráfico ilegal de órganos no está penalizado en todos los Estados miembros. 
La información de que disponemos muestra diferencias significativas en relación con la debida clasificación de estos delitos. 
En tercer lugar, la aplicación de medidas penales presenta cierta complejidad, ya que, como sabemos, los beneficiarios de los transplantes de órganos obtenidos ilegalmente son generalmente europeos, si bien dichos transplantes se efectúan en terceros países, lo que plantea la cuestión de la sanción penal basada en el principio del territorio nacional en el que se ha cometido el acto delictivo. 
Por consiguiente, estas cuestiones fueron planteadas durante la presentación y el primer debate de la iniciativa griega a favor de una Decisión marco aplicable al tráfico ilegal de órganos, y se realizó un estudio en el marco del programa Falcone para identificar las cuestiones básicas que exigían un tratamiento legislativo a escala europea. 
Como saben sus Señorías y yo acabo de señalar, esta no fue una iniciativa de la Comisión y, en cierto modo, el quid de este debate es la falta de continuidad de las iniciativas de los Estados miembros, que adquieren cierto impulso cuando el país interesado ocupa la Presidencia, pero que más tarde carecen de garantía de continuidad. 
Por nuestra parte hemos elaborado este estudio y hoy día estamos mejor preparados para identificar, de forma más exhaustiva que la iniciativa griega, los ámbitos principales que deben ser objeto de una intervención legislativa en este ámbito. 
– Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. (1) 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0060/2004) de la Sra. Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo de modificación del Cuarto Protocolo por el que se establecen las condiciones de pesca previstas en el Acuerdo de pesca entre la Comunidad Económica Europea, por una parte, y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de Groenlandia, por otra. 
Señora Presidenta, en relación con este Acuerdo de pesca con Groenlandia, quizás lo primero que habría que recordar es que es el segundo más caro de los firmados por la Unión Europea, después del Acuerdo con Mauritania. 
Además, entre estos dos acuerdos que acabo de mencionar existe una diferencia, que nosotros llamamos la diferencia entre los "acuerdos del norte" y los "acuerdos del sur". 
En los acuerdos del norte hay toda una serie de características, que iré exponiendo a lo largo de mi intervención, que los diferencian de los acuerdos del sur. 
Sobre este Acuerdo de pesca con Groenlandia se ha dicho mucho, se ha dicho de todo y casi todo ello es verdad. 
Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas subrayó en su día que el Acuerdo de pesca con Groenlandia no respetaba algunas normas presupuestarias básicas, por ejemplo, las posibilidades de pesca. 
De los 42,8 millones de euros que cuesta este acuerdo, solamente 28 se gastaban en posibilidades de pesca y además ahí se incluían los peces de papel, denominados así porque eran peces que, aunque se pagaban, no existían en las aguas groenlandesas porque habían desaparecido hace mucho tiempo. 
Además de que la utilización de las cuotas de pesca era muy baja y distaba mucho de alcanzar el valor que se había previsto para posibilidades de pesca, solamente cuatro Estados miembros podían y pueden pescar al amparo de este Acuerdo: el Reino Unido, Alemania, Francia y Dinamarca. 
El resto de los Estados miembros estaban y están excluidos de estas aguas. 
Habría que decir que esta exclusión y este no aprovechamiento de cuotas de pesca pagadas provocó y sigue provocando una serie de distorsiones, como, por ejemplo, el que algunos de los Estados miembros beneficiarios del Acuerdo hayan intentado revender cuotas no utilizadas, porque no son interesantes para el mercado consumidor de ese Estado miembro y sí son interesantes para el consumo en otros Estados. 
Además de esta distorsión (intento de reventa de algo ya pagado) se ha producido y se produce la pesca de cuotas no pescadas por parte de navíos abanderados en esos Estados miembros, pero que en realidad ni son de esos Estados miembros ni de otros, sino que son navíos incluso extracomunitarios. 
Lo cierto es que existe el deseo de adquirir esas cuotas no pescadas, o por lo menos iniciar una pesca, aunque sea con carácter experimental, por parte de algunos Estados miembros que no están incluidos como beneficiarios de este Acuerdo o que han sido excluidos- el caso de las flotas ibéricas: la española y la portuguesa- en el momento de nuestra adhesión a la Comunidad Europea, a pesar de que pescábamos en esas aguas desde hace siglos. 
La Comisión reconoció en su documento todas estas distorsiones y propuso un mecanismo según el cual la Comisión podría transferir temporalmente las oportunidades de pesca no utilizadas a otro Estado miembro, solamente durante el año en curso y sin que ello afectase a la atribución de cuotas en los años futuros. 
A nosotros nos parecía este un buen mecanismo, sobre todo porque era un mecanismo probatorio y, andando el tiempo, se podría verificar si funcionaba o no. 
Pero, sin embargo, en la Comisión de Pesca se aprobó una enmienda, presentada por nacionales de alguno de los Estados miembros concernidos, en el sentido de que la Comisión podría establecer procedimientos de consulta entre los Estados miembros, pero que serían aquéllos que tenían las cuotas quienes podrían determinar o decidir acerca de su reparto o atribución a otros Estados miembros no beneficiarios pero sí interesados en pescar en esta zona. 
Yo creo que, en realidad, el debate central de la cuestión está en saber si la Comisión tiene únicamente un papel de facilitador o bien si, puesto que se trata de un acuerdo de pesca de la Comunidad, debe asegurar la mejor tasa de utilización de las posibilidades de pesca que, como digo, han sido adquiridas y pagadas a Groenlandia por la Comunidad, dentro de este Acuerdo de pesca. 
Creo que estamos hablando, en el fondo, no de cuestiones nacionales- porque, en los acuerdos de pesca, en general- y los que estamos aquí lo sabemos bien- las cuestiones nacionales están siempre muy presentes y hay siempre muchas tensiones debidas a ello -, sino del principio de buena gestión financiera, el nudo gordiano de esta cuestión. 
Se trata de definir este principio con relación a los principios de economía, de eficiencia y de eficacia, y de asegurar el respeto, a través del seguimiento de los indicadores de, que se establecen por actividad y que además son mensurables, de manera que se puedan apreciar los resultados obtenidos. 
Digo esto desde el punto de vista de alguien que ha trabajado en este Acuerdo desde hace mucho tiempo y que creo conocer a fondo. 
Groenlandia es además totalmente favorable a las tesis que acabo de manifestar aquí- de hecho, ha concluido ya un acuerdo con la Comisión -, y yo pienso que sería una buena señal que enviaríamos desde aquí a dos flotas pesqueras comunitarias: dejarles pescar- no todo, pero sí un poquito- en esas aguas. 
Señora Presidenta, quiero agradecer a la diputada su informe sobre la propuesta de un Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo de modificación del Cuarto Protocolo de Pesca entre la Unión Europea y Groenlandia. 
Me alegra constatar que la diputada apoya esta propuesta. 
El Protocolo de Groenlandia ha sido objeto de graves críticas en el pasado. 
Creo que la versión revisada del Protocolo es una medida importante en la dirección correcta. 
Sobre la base del mandato dado por el Consejo el 24 de febrero de 2003, el informe de evaluación elaborado por los servicios de la Comisión y el informe del Parlamento Europeo aprobado el 2 de septiembre de 2003, la Comisión rubricó el 18 de junio de 2003 en Atenas el Cuarto Protocolo modificado. 
Quiero destacar los principales elementos nuevos. 
Se ha realizado un ajuste sustancial de las cuotas, a fin de eliminar, entre otras cosas, los «peces de papel» como el bacalao y adaptar las posibilidades de pesca al consejo científico: no más bacalao, gallineta nórdica en aguas occidentales o bacaladilla; y en la capacidad pesquera de la Unión Europea, no más «peces de papel». 
Se ha establecido el pago de licencias para compartir la carga entre la Comunidad y los propietarios de las embarcaciones. 
Esto es coherente con la reforma de la Política Pesquera Común, equipara el acuerdo con otros acuerdos con terceros países y, por último, permite a la Comisión supervisar la actividad pesquera. 
En respuesta a la falta de transparencia, se ha incorporado un programa de ayuda presupuestaria y el Gobierno nacional de Groenlandia se ha comprometido a realizar una reforma estructural de sus políticas de pesca. 
Las autoridades de Groenlandia se han comprometido a reestructurar su sector pesquero favoreciendo una mayor privatización y menos subvenciones. 
También se ha comprometido a aumentar sustancialmente el presupuesto del Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia para que pueda aumentar su capacidad científica. 
Se promueve la pesca experimental y se amplia a los cefalópodos y a las almejas. 
Si tiene éxito, esta podría ser la respuesta a la diversificación que necesita la pesca de Groenlandia y a la necesidad de incluir las nuevas especies en el próximo acuerdo entre la Comunidad Europea y Groenlandia. 
Con respecto al problema de la escasa utilización de las posibilidades de pesca y al derroche de fondos comunitarios, se ha creado la cláusula de transferencia estándar, que permite que la Comisión reasigne las posibilidades de pesca infrautilizadas a otros Estados miembros más antiguos sin cuota. 
Esta cláusula respeta totalmente el principio de estabilidad relativa y el apartado 5 del artículo 20 del Reglamento básico. 
Se trata de un nuevo elemento crucial que no solo proporciona a la Comisión los medios para garantizar una buena gestión financiera de los fondos comunitarios y el uso óptimo del dinero de los contribuyentes, sino que también equipara el Acuerdo de Groenlandia a otros acuerdos con terceros países con compensación financiera. 
– Señora Presidenta, el acuerdo con Groenlandia es importante en varios aspectos. 
Se nos ha dicho que lo es y que solo podemos estar de acuerdo. 
En primer lugar, por lo que se refiere a las capturas y la compensación financiera, es uno de los acuerdos pesqueros más importantes de la UE. 
En segundo lugar, constituye un excelente ejemplo de sostenibilidad y equilibrio en las aguas del Atlántico Norte. 
Sin duda se han introducido mejoras. 
En tercer lugar, es igualmente una expresión de la relación especial entre un antiguo miembro de la CE, Groenlandia, y la Unión. 
Ya sé que no estoy diciendo nada nuevo cuando digo que la política europea de pesca es una auténtica política comunitaria con todo lo que esto entraña. 
Existen bases y principios jurídicos comunitarios que son vinculantes. 
Entre estos encontramos, señora Miguélez Ramos, el principio de estabilidad relativa que fue confirmado hace poco en el marco de la reforma a gran escala de la política común de pesca. 
Considero poco recomendable y oportuno intentar introducir una modificación por la puerta trasera y ceder ante intereses sectoriales, como parece ser la intención manifiesta de muchos de los presentes en esta Cámara en la cuestión de Groenlandia. 
Los países pesqueros de la UE que forman parte del Acuerdo con Groenlandia se han comprometido a la pesca sostenible y responsable. 
De lo contrario, este Acuerdo nunca hubiera visto la luz. 
Han conseguido cuotas que pueden utilizar y que pueden intercambiar. 
Eso no puede modificarse. 
Ahora no podemos retirar estas cuotas con medidas coercitivas que usurpe derechos sustantivos de los Estados miembros. 
Simplemente imaginemos qué sucedería si un equipo fútbol no hiciera uso de sus posibilidades de sustitución de jugadores y, por esa razón, no se le permitiera hacer cambios en el siguiente partido, pero sí presentar un equipo con el doble de jugadores. 
Es otras palabras, es absurdo. 
No puede justificarse mediante supuestas razones económicas y de equidad. 
No necesitamos una redistribución impuesta, lo que necesitamos es colaboración y cooperación. 
Todos los implicados nos han asegurado en numerosas ocasiones que desean aprovechar al máximo las cuotas y les creemos. 
Como hemos visto, Alemania, mi país de origen, ha adoptado una actitud ejemplar en esta cooperación en los últimos años –y me complace poder decirlo– y ha transferido parte de sus cuotas correspondientes a poblaciones en buen estado a otros Estados miembros.