Hemos avanzado gracias a la inestimable ayuda de la Comisión Europea, que presentó una serie de propuestas, también gracias a la contribución del Sr. Prodi, y también avanzamos, en mi opinión, porque durante estos seis meses ha ocurrido algo particularmente positivo: todos los países europeos se han dado cuenta de que necesitamos avanzar. 
No podemos quedarnos parados. 
Si lo hacemos, corremos el creciente riesgo de perder lo que ya tenemos. 
Para mantenerlo y ganar cada vez más, es necesario que avancemos. 
. Gracias, señor Presidente en ejercicio. 
He recibido seis propuestas de resolución sobre la Presidencia griega, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
En la reciente Cumbre de Salónica se tomaron decisiones muy preocupantes sobre el proceso de integración europea, en particular por lo que respecta a la Convención y la llamada Constitución europea; a la reafirmación de las decisiones de Sevilla en materia de inmigración, tendentes a la creación de una «fortaleza europea» ; y al mantenimiento de las políticas monetaristas del Pacto de Estabilidad y de los objetivos neoliberales de reforma del mercado de trabajo y de los sistemas políticos de seguridad social y salud, y de privatización de la mayoría de los servicios públicos. 
Rechazamos que la denominada Constitución europea sirva de base para los trabajos de la Conferencia Intergubernamental convocada para octubre, que representa un nuevo salto cualitativo en el proceso de integración, al consolidar las bases y ejes fundamentales lanzados en el Tratado de Maastricht y posteriormente desarrollados en Amsterdam, pero sobre todo en Niza, cuyo Tratado entró en vigor hace pocos meses. 
Son completamente inaceptables las propuestas de modificación del modelo institucional de la Unión Europea, que incrementan la naturaleza federalista de sus órganos y el mando de los mismos por las grandes potencias, en particular las que se refieren a la desaparición de las presidencias rotatorias del Consejo Europeo, a la elección de un Presidente de acuerdo con normas que confieren un papel decisivo a los grandes países, a la no existencia de un Comisario por país con igualdad de derechos y a la ampliación de las decisiones por mayoría cualificada, en perjuicio del derecho de veto. 
Señor Presidente, quisiera hacer una breve declaración- que pensaba hacer ayer- sobre lo ocurrido ayer en el aeropuerto Charles de Gaulle. 
Yo había tomado un vuelo de Londres a París junto con otros 28 pasajeros, entre ellos la Sra. Lynne y la Baronesa Nicholson. 
El vuelo llegó con media hora de retraso. 
Entonces se nos dijo que, aunque todavía faltaba media hora para la salida del vuelo a Estrasburgo, se nos transferiría a otro vuelo que salía cinco horas más tarde. 
Algunos de nosotros decidimos no aceptar esa propuesta y nos dirigimos al mostrador de facturación del vuelo original, que ya estaba cerrado. 
En esa puerta de embarque me encontré con otros colegas, entre ellos el Sr. Hume, Premio Nobel de la Paz por sus negociaciones con los hombres duros de Irlanda, que no son nada en comparación con el personal de tierra del aeropuerto Charles de Gaulle en París. 
(Risas y aplausos) 
Seguí insistiendo, porque quería hablar con el piloto directamente... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
. 
(EN) Señor Presidente, no quiero hablar hasta que el Sr. McMillan-Scott haya acabado de decir lo que tenía que decir. 
Señor Presidente, comprendo la frustración de mis colegas. 
El problema estriba en que estamos obligados por ley a reunirnos en Estrasburgo 12 veces al año. 
La única forma de cambiar la ley pasa por una nueva decisión unánime de los Jefes de Gobierno. 
Quizá tengamos una oportunidad en la próxima CIG. 
Hay una serie de declaraciones por escrito en el registro sobre este tema, que están a disposición de los diputados que quieran firmarlas. 
No son contradictorias. 
Sugiero a los diputados que estén convencidos de esta cuestión que firmen todas ellas. 
Quisiera llamar especialmente su atención sobre una declaración por escrito que yo mismo he firmado y que propone una compensación para Estrasburgo, porque no podemos trasladar las sesiones parlamentarias a Bruselas sin compensar a Estrasburgo. 
Creo que deberían ser los Jefes de Gobierno y el Consejo Europeo los que viajen a Estrasburgo cuatro veces al año y celebren aquí sus reuniones. 
Ayer salí de mi casa a las 7 de la mañana y, por culpa de la actuación de Air France en el aeropuerto Charles de Gaulle, llegué aquí a las 9 de la noche. 
¡Podría haber volado a América y de nuevo a casa en ese mismo espacio de tiempo! 
Aquí tengo mi tarjeta de embarque, pero Air France no me dejó subir al avión. 
Tampoco dejó subir a bordo a otros nueve colegas y, debido a ello, tuvimos que esperar varias horas más para tomar el siguiente avión. 
Considerando que esta es la sede europea del Parlamento Europeo, cabría esperar que existan todos los mecanismos necesarios para que los diputados puedan llegar hasta aquí. 
Este es un factor primordial: que los diputados acudan al Parlamento. 
Si los problemas actuales nos lo impiden, tendrían que ser investigados. 
Hace unos quince días no pude asistir a una reunión de la Comisión celebrada en Bruselas, porque los ferrocarriles belgas estaban en huelga y les comunico que lo siguen estándolo hasta este día. 
Señor Presidente, precisamente nosotros los parlamentarios hemos votado muchas normas sobre la liberalización del transporte aéreo. 
Todas las compañías europeas pueden enlazar cualquier aeropuerto europeo con la ciudad de Estrasburgo, por lo que no veo razón para la crítica. 
Ésta puede justificarse en este caso, pero ¿por qué ha de ser por fuerza Air France la que conecte Estrasburgo con las demás ciudades europeas, y no British Airways o, qué sé yo, Alitalia, Iberia o incluso compañías no consideradasde bandera? 
Que hay un problema es cierto, pero no se le puede cargar a una sola compañía, puesto que estamos a favor de la liberalización de los mercados. 
Evidentemente, doy las gracias al diputado que me ha precedido. 
Tengo la impresión, señor Presidente, de que en este debate improvisado que usted organiza todo se mezcla. 
En primer lugar, la cuestión de los transportes, que se refiere efectivamente a las normas de las que la Unión Europea se dotó mediante la liberalización del transporte aéreo, liberalización que prohíbe los repartos equitativos y el mantenimiento de líneas que no sean rentables necesaria, inmediata y permanentemente en virtud de los criterios de la ley del mercado. 
A continuación viene la cuestión del domicilio social del Parlamento y, sobre este aspecto, no considero que la mejor manera de abordarlo sea a través de un debate como el que ha iniciado aquí alguien que, en ocasiones, se confunde de cascos. 
Denuncio esta manera de proceder y me gustaría que en este Parlamento seamos capaces de movilizarnos con la misma determinación, con la misma voluntad, a favor de temas que interesan evidentemente a nuestros ciudadanos, como por ejemplo, la armonización fiscal o la definición de las condiciones sociales mínimas. 
Señor Presidente, en mi condición de parlamentario francés que ha defendido a Estrasburgo, tengo que decir que el diputado McMillan-Scott plantea un verdadero problema. 
Es cierto que la solución no consiste, en mi opinión, en llevarse todo a Bruselas para transformar esta ciudad en una especie de distrito federal de la Unión Europea. 
Esta solución se encuentra en el cumplimiento de los tratados y reside en que el Gobierno francés apruebe, finalmente, las inversiones necesarias para una buenas líneas de comunicación con Estrasburgo. 
Considero que los diputados británicos a través de este incidente, que podría producirse y de hecho se ha producido en la línea de Bruselas- y doy testimonio de ello como lo han hecho otros miembros de esta Asamblea- plantean un auténtico problema que podría ser objeto de una reclamación por parte de las autoridades de nuestro Parlamento ante las autoridades francesas. 
Dicho esto, el carácter eminentemente simbólico que tiene Estrasburgo en la construcción europea, su posición central y el interés que tiene no concentrar todas las autoridades de la Unión Europea en Bruselas, abogan a favor del cumplimiento de los tratados y del mantenimiento de la ciudad de Estrasburgo como sede de las reuniones de nuestro Parlamento. 
Señor Presidente, simplemente me gustaría destacar una extravagancia que aquí no se acepta, la extravagancia según la cual correspondería a una institución, por prestigiosa que sea, decidir unilateralmente su sede. 
En realidad, todas las instituciones europeas cuentan con sedes que se determinan en virtud del principio de policentrismo que hace vivir a la Unión Europea y que tiene un coste. 
Sin embargo, la decisión sobre el interés de que este Parlamento se reúna en Estrasburgo o en Bruselas no corresponde únicamente a este Parlamento, pues en ese caso se podría considerar que el Consejo Europeo se reunirá por sí solo en alguna parte, el Tribunal de Justicia en otra, el Tribunal de Cuentas en una tercera. 
La Unión Europea vive del conjunto de sus instituciones. 
Así pues, corresponde al conjunto de las instituciones, y no sólo a una de ellas, arbitrar esta cuestión tan delicada, ya sea mediante el Tratado o bien mediante una decisión conjunta. 
Me gustaría que deje de repetirse esa tontería según la cual la institución puede determinar por sí sola el lugar donde trabaja. 
Señor Presidente, a mi me parece igualmente que no son más que excusas. 
Los problemas de transporte ofrecen una excusa cómoda. 
Todos nosotros tenemos dificultades de transporte, ya sea para venir a Estrasburgo o para ir a Bruselas. 
Pongo como prueba de ello las declaraciones realizadas hace algunos meses en este foro. 
Una diputada veía ratas por todas partes, etc. Yo creo que hay que dejarlo ahí y ser serios, y, como acaba de decir el Sr. Bourlanges, tomar el toro por los cuernos y cumplir con lo dispuesto en los Tratados. 
Señor Presidente, algunos diputados se habrán percatado de que en el último período parcial de sesiones celebrado en Estrasburgo se produjeron algunas votaciones muy ajustadas. 
Es una suerte que el Sr. McMillan-Scott decidiera viajar un día antes de las votaciones en este período parcial de sesiones, porque lo que a mí y a muchos de mis colegas nos preocupa es que las deficiencias de los medios de transporte a Estrasburgo puedan tener una repercusión directa en la asistencia a la votación sobre algunos temas e influyan en su resultado final. 
Cuando tengamos entre nosotros a los diputados de los países candidatos, este problema se agravará, porque sus conexiones con Estrasburgo son todavía peores. 
Evidentemente es una cuestión que no va a resolverse por sí sola. 
Mis colegas franceses que abandonan en este momento la sala en busca de un excelente almuerzo deben recordar que este Parlamento solo se legitimará cuando pueda decidir dónde quiere celebrar sus sesiones. 
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(PT) He votado a favor de la postura del ponente, y quiero manifestar mi apoyo al enfoque preconizado en la propuesta de Directiva de promover la adopción y puesta en común de las mejores prácticas de laboratorio y el control de su aplicación en los ensayos sobre sustancias químicas a través de la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas. 
Como se afirma en la propuesta inicial de la Comisión, es importante que los distintos Estados adopten metodologías comunes en este ámbito, así como criterios comunes de inspección y comprobación, lo que facilitará la comunicación entre los distintos operadores y mejorará la cooperación entre sí y las perspectivas de desarrollo técnico y científico. 
La razón me dicta que esté de acuerdo con la propuesta de codificación y simplificación de la reglamentación pertinente. 
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(PT) He votado con el ponente a favor de la adopción de una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que prorrogue las acciones decididas en el año 2000 durante un período adicional de cuatro años. 
De hecho, esas acciones contribuyeron a una mejor comprensión de las áreas y los cultivos en el espacio comunitario, tanto el Proyecto LUCAS (Land Use/Cover Area frame statistical Survey) , como el Proyecto MARS-STAT (Monitoring Agriculture with Remote Sensing). 
Contribuyeron a mejorar las medidas relativas a la utilización y la ocupación del suelo, así como a comprender el impacto de los fenómenos climáticos del campo sobre las cosechas y a hacer previsiones de rendimiento de los principales cultivos. 
En consecuencia, debe promoverse la prórroga de dichas acciones dados los buenos resultados obtenidos, presentados por la Comisión Europea. 
Señor Presidente, los representantes del Vlaams Blok y también del Front National aprueban este informe sin aprobar necesariamente las palabras del Sr. Camre. 
El Parlamento Europeo ha de tomar firmemente la iniciativa a la hora de defender el derecho a la libertad de expresión. 
En una democracia, todo el mundo ha de tener la libertad, la posibilidad de expresar su opinión sobre cualquier tema, aunque algunos consideren molesta esta opinión. 
El derecho a la libertad de expresión se aplica a priori a los elegidos por el pueblo. 
Estos no solo tienen el derecho, sino también la obligación de incluir los problemas y deseos de sus electores en la agenda política. 
Por otro lado, la inmunidad parlamentaria ha de interpretarse de la forma más amplia posible, dado que los diputados no solo trabajan en una Asamblea, sino también en el foro político en sentido amplio, como en reuniones, debates y cualquier tipo de comunicación política y electoral. 
Una evolución preocupante es que cualquier crítica al Islam se tope con acciones jurídicas y otro tipo de acciones. 
Dado que la mayoría de los Estados islámicos no son democracias, es muy importante que cualquier aspecto totalitario, intolerante y arcaico de esta religión pueda seguir siendo objeto de debate en Europa. 
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(DA) Normalmente votaría en contra de la suspensión de la inmunidad por declaraciones políticas, pero no tengo legitimidad para permitir que el Parlamento Europeo bloquee una decisión legal danesa. 
He votado en contra de la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Mercado Interior de no suspender la inmunidad del Sr. Camre. 
Es imposible mantener muchas opiniones, tanto a favor como en contra del párrafo sobre el racismo y la libertad de expresión. 
Cualquier otro ciudadano danés, sin embargo, querría acudir a los tribunales para que se juzgara su caso. 
Incluso a los diputados daneses se les retiraría la inmunidad para que pudieran ser juzgados ante los tribunales. 
La UE participa en acuerdos que permiten que se extradite a ciudadanos normales a otros países, basándose exclusivamente en la sospecha. 
De hecho, también extraditaríamos a nuestros ciudadanos para que se les juzgara en Estados Unidos, donde no se descarta la pena de muerte. 
Creo que no hay precedentes de una situación en la que un diputado danés haya podido, en una cuestión relativamente inocente, ocultarse tras una mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
El Sr. Camre no está arriesgando ni su vida ni su libertad en una cuestión relacionada con declaraciones racistas. 
En el peor de los casos, se encuentra en peligro de que los tribunales confirmen la opinión de la gente normal, es decir, que sus declaraciones van más allá de lo aceptable en cuanto a la difusión de mentiras y odio sobre personas de religiones diferentes a las del Sr. Camre. 
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(DA) Voto a favor de que sea posible juzgar al Sr. Camre en Dinamarca. 
Es un principio democrático que un tribunal danés decida si se ha producido una violación de la legislación danesa. 
Se pueden realizar importantes objeciones al apartado 266 b de la ley penal danesa (el párrafo sobre el racismo) , pero mientras dicho apartado siga formando parte de la legislación danesa, las cuestiones relacionadas con el significado de ese párrafo deben ser decididas por los órganismos legales daneses. 
El que una institución de la UE tenga el poder de impedir que los tribunales daneses lleven a cabo las tareas que les corresponden según la constitución, constituye un serio aviso del creciente poder de la UE sobre el sistema jurídico danés. 
En línea con lo apuntado por el Sr. Chirac y el Sr. Berlusconi, el Sr. Camre se está escondiendo tras una inmunidad anacrónica y, por lo tanto, está contribuyendo de forma significativa a mermar el estado constitucional que el presidente de su partido ataca hoy de forma abierta. 
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(PT) A pesar de la reserva apuntada por la Comisión Europea en cuanto a la ampliación del período de transición para todos los vehículos, con la cual estoy de acuerdo porque también lo considero excesivo, celebro la unanimidad en la adopción por el Consejo de la posición común en esta materia. 
La seguridad vial debe ser una prioridad absoluta- en mi país adquiere carácter de urgencia- y pasa también por el tipo de mejoras sugeridas en la propuesta de la Comisión Europea. 
El aumento del campo de visión indirecta de los conductores de automóviles, autobuses y camiones, mediante la introducción de nuevas tecnologías que mejoren la resolución de los espejos retrovisores es, en efecto, una medida que merece todo el apoyo y el incentivo. 
Se ha distribuido el acta de la sesión de ayer. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, ayer estuve presente en la sesión, pero me olvidé de firmar la lista de asistencia. 
Le ruego que corrija esta falta mía. 
Señoría, no se preocupe, se procederá a la corrección correspondiente. 
(Se aprueba el Acta) 
El orden del día contempla para su debate conjunto: 
la Recomendación (A5-0202/2003) para segunda lectura, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a alimentos y piensos modificados genéticamente [5204/3/2003- C5-0133/2003- 2001/0173 (COD) ] (ponente: Sra. Scheele) , y 
la Recomendación (A5-0204/2003) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la trazabilidad y etiquetado de los organismos modificados genéticamente y la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE [15798/1/2002- C5-0131/2003- 2001/0180 (COD) ] (ponente: Sr. Trakatellis). 
. 
(DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, esta propuesta de Reglamento tiene por objeto asegurar un elevado nivel de protección de la vida y salud de los seres humanos, de la salud y el bienestar de los animales y de los intereses medioambientales y de los consumidores en relación con los alimentos y piensos modificados genéticamente. 
Este elevado nivel de protección de la salud humana y de los intereses medioambientales se consigue mediante un procedimiento de autorización sumamente estricto. 
Esto hay que decirlo desde un principio, porque muchos disputados confunden esto con las preocupaciones por la salud en relación con los límites de la contaminación accidental e inevitable que se discutirán más adelante. 
Sobre la autorización diré que la puesta en circulación de alimentos y piensos genéticamente modificados solo se autorizará tras una evaluación independiente y estricta de sus posibles riesgos para la salud humana y animal, así como para el medio ambiente. 
Esta evaluación correrá a cargo en el futuro de la Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos, y la autorización será concedida por la Comisión. 
En su primera lectura, el Parlamento Europeo reclamó una mayor descentralización. 
Solo la hemos obtenido en parte. 
Un punto que nos parece importante y que ha aceptado el Consejo prevé que la evaluación del riesgo para el medio ambiente de las simientes sea llevada a cabo por las autoridades competentes de los Estados miembros. 
Respecto del etiquetado diré que estoy muy satisfecha de que se haya impuesto un sistema de etiquetado de los alimentos y piensos modificados genéticamente comprensible para el consumidor. 
Sus Señorías recordarán que el año pasado por estas fechas tuvimos un debate muy controvertido y también muy apasionado en esta Cámara. 
En esa ocasión logré que se aceptara- y como ponente me siento muy orgullosa de ello -, en contra de la oposición del mayor Grupo de esta Cámara, el del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, un régimen muy favorable para los consumidores. 
El año pasado por estas fechas discutimos igualmente sobre la posibilidad de que establecer una etiqueta para productos libres de OMG. 
En esa ocasión estaba y hoy sigo estando estrictamente en contra de ello. 
Sin embargo, en esta segunda lectura esta cuestión ya no se plantea, porque ya la resolvimos en la primera lectura. 
Me gustaría recordar una vez más que numerosos estudios y encuestas demuestran que gran parte de los consumidores europeos desean saber qué productos contienen ingredientes modificados genéticamente. 
Otro aspecto de esta legislación que supone un gran avance- cosa que siempre se olvida debido al acalorado debate sobre los demás puntos- es la obligación que se establece por primera vez de etiquetar los piensos modificados genéticamente, sobre todo si se tiene en cuenta que gran parte de los organismos modificados genéticamente que se importan a la Unión Europea se utilizan como piensos. 
Uno de los temas más candentes de este debate es la cuestión de los umbrales. 
También a este respecto me gustaría corregir una cosa desde el principio. 
Ya sé que no servirá de nada, porque los diputados que la plantean una y otra vez ya traen escritas sus intervenciones, pero a pesar de ello me gustaría decirlo de nuevo. 
Este umbral del 0,9 % no se refiere a la utilización intencional de organismos modificados genéticamente, como si se dijera: «solo debe figurar en la etiqueta a partir del 0,9 %» , sino que se trata de un umbral necesario para una contaminación técnicamente inevitable e accidental. 
En su primera lectura, el Parlamento Europeo aprobó un umbral del 0,5 %, y ahora el Consejo propone fijarlo en el 0,9 %. 
En la segunda lectura me he centrado en la cuestión de la coexistencia, qué lógicamente está relacionada con la forma en que podremos mantener diversas formas de agricultura en Europa en el futuro, pero también está relacionada con la libre elección de los consumidores. 
Yo quería que la legislación europea fuera lógica; si los organismos modificados genéticamente se autorizan de forma centralizada, también las normas de coexistencia deben fijarse de forma centralizada. 
Pero esa propuesta no obtuvo la mayoría. 
El compromiso que tenemos sobre el tapete y del que me siento muy satisfecha, que cuenta con el apoyo de casi todos los Grupos de esta Cámara y también ha sido aceptado por las demás instituciones europeas, es en mi opinión muy bueno. 
En virtud de este compromiso damos a los Estados miembros la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar en el futuro esta coexistencia y, por consiguiente, la libertad de elección de los consumidores. 
En mi calidad de diputada al Parlamento Europeo, me habría gustado que los Estados miembros estuvieran obligados a hacerlo. 
Desgraciadamente no ha sido posible negociarlo por falta de tiempo. 
Sin embargo, creo que este compromiso impone a los Estados miembros la obligación de no cruzarse de brazos y limitarse a apuntar con el dedo a Bruselas en estas importantes cuestiones, sino de asumir su propia responsabilidad al respecto y proteger la libertad de elección de los consumidores. 
Quisiera dedicar unos cuantos segundos a dar las gracias a las diputadas y diputados de los demás Grupos políticos por su excelente cooperación. 
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(EL) Señora Presidenta, los dos Reglamentos que estamos debatiendo hoy se añaden a una serie de actos normativos comunitarios sobre los organismos modificados genéticamente en relación no solo con su uso restringido, sino también con la liberación intencionada de estos orgnanismos al medio ambiente, nuevos productos alimenticios, nuevos ingredientes y la información obligatoria sobre las semillas de soja y las etiquetas de maíz modificado genéticamente. 
Estos Reglamentos se añaden a la panoplia de medidas legislativas que afectan a la comercialización y venta de alimentos y piensos que consisten en organismos modificados genéticamente, los contienen o se producen a partir de tales organismos. 
Por otra parte, a los consumidores se facilita la información necesaria, para que estén bien informados cuando quieran comprar un producto. 
Así pues, cuando un producto consista en organismos modificados genéticamente, los contanga o se produzca a partir de ellos, así deberá indicarse con palabras claras en el envase. 
La Posición Común del Consejo refuerza la propuesta de Reglamento para la que soy ponente en relación con la trazabilidad y el etiquetado de los organismos y productos modificados genéticamente y la trazabilidad de los alimentos y piensos, la enmienda del Parlamento Europeo a la Directiva 2001/18 y la propuesta de la Comisión, en particular las disposiciones concebidas para garantizar que el Reglamento se aplique de forma más eficaz. 
Por lo tanto, el Consejo pretende, basándose principalmente en la trazabilidad, garantizar que el mercado funcione de forma fluida y conseguir un alto nivel de protección del consumidor en los casos en que no sea posible utilizar métodos analíticos para distinguir entre productos convencionales y productos derivados de OMG, de las siguientes maneras: esatablecimiento de sistemas para reconocer la identidad de los OMG mediante la asignación de un único identificador, la exigencia a las empresas a que transmitan información sobre la identidad de un producto, la exigencia a las empresas a conservar información adicional durante al menos cinco años. 
Por consiguiente, lo que pedimos es la rápida adopción de este Reglamento prescindiendo del procedimiento de conciliación con el Consejo. 
Si el Consejo y la Comisión aceptan únicamente algunas enmiendas que, digamos, refuerzas un poco las exigencias de trazabilidad y etiquetado de los organismos modificados genéticamente, será posible introducir normas a escala europea. 
De modo similar, en cuanto a la cuestión de los cultivos mixtos, quisiera hacer hincapié en que de lo que estamos tratando aquí es de alimentos y piensos, razón por la cual pedimos a la Comisión Europea que elabore directrices sobre la coexistencia de cultivos modificados genéticamente y cultivos convencionales. 
Por último, creo que la enmienda añadida sobre la creación de un registro para la publicación de directrices técnicas sobre el muestreo y la verificación de los métodos resulta muy útil, ya que no solo refuerza la transparencia, sino que contribuye a conseguir un enfoque coordinado y una aplicación eficaz del Reglamento. 
La rápida aprobación del Reglamento en cuestión y del Reglamento sobre alimentos y piensos modificados genéticamente garantizará la información a los consumidores sobre los alimentos y piensos producidos a partir de organismos modificados genéticamente, de forma que puedan llevar a cabo una elección informada de los productos. 
El resultado de ello será la retirada de la moratoria de hecho sobre la aprobación de los nuevos organismos modificados genéticamente y evitar la guerra comercial con los Estados Unidos, Canadá, Argentina, Egipto y otros países. 
Fundamentalmente, pienso que Europa se está quedando atrás en estas tecnologías y en biotecnología, como se describe en la conclusiones y en el mapa de carretera del Consejo. Este avance, con los dos informes de hoy y la votación de mañana, será muy significativo para Europa, ya que nos estamos quedando atrás de forma notoria con respecto a nuestros competidores en esta prometedora tecnología del siglo XXI, con consecuencias adversas en todos los niveles: el económico, el social y el medioambiental. 
Por lo tanto, propongo que votemos a favor de estas enmiendas, que no modifican la esencia del texto legislativo y, por consiguiente, que evitemos la conciliación y que pongamos en vigor estos dos reglamentos lo antes posible. 
El problema de nuestra incapacidad para seguir el rápido ritmo de los avances tecnológicos fue el que básicamente provocó reservas y creo que es el hora de que la Unión Europea avance de forma positiva hacia esta tecnología. 
Esa es la intención de estos dos rReglamentos: dar a los consumidores la oportunidad de estar informados y a la Unión Europea la oportunidad de avanzar por fin en esta tecnología con respecto a sus competidores. 
Creo que deberíamos proceder a votar a favor de un texto lo más cercano posible a la posición del Consejo. 
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(EN) Señora Presidenta, mucho me complace que hayamos llegado ahora a la etapa final de las deliberaciones en torno a la propuesta sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, que yo les presenté por vez primera hace casi dos años. 
Las discusiones han sido intensas, complejas y a menudo han provocado fuertes reacciones emocionales y división de opiniones. 
Ahora es importante que pongamos fin a las discusiones. 
Permítanme que llame su atención sobre los tres elementos principales de la propuesta. 
En primer lugar, se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana y animal sobre la base de un procedimiento de autorización racional, eficiente y más transparente. 
En el futuro, los piensos animales producidos a partir de OMG estarán sujetos a autorización. 
Se abandonará el procedimiento simplificado basado en la equivalencia sustancial y las autorizaciones se limitarán a un período de 10 años. 
El público tendrá la oportunidad de hacer comentarios antes de las decisiones y de la autorización de productos. 
En segundo lugar, la propuesta proporciona a los consumidores lo que tanto tiempo llevan pidiendo: una indicación de si los ingredientes de los alimentos y piensos se han producido a partir de OMG. 
De esta forma, los consumidores podrán elegir libremente entre productos modificados genéticamente o no modificados genéticamente. 
Igualmente, los piensos producidos a partir de OMG tendrán que ser etiquetados de manera que se facilite la libertad de elección a los ganaderos y a otros operadores que utilizan piensos para animales. 
En tercer lugar, la propuesta aumenta la certidumbre jurídica para los operadores y los distribuidores, que tanto necesitan en su actividad cotidiana. 
La posición común adoptada por el Consejo en marzo es equilibrada y racional. Constituye un importante paso adelante para aumentar la confianza de la opinión pública en la aplicación de la biotecnología a los alimentos. 
Celebro que se haya presentado un paquete de enmiendas de transacción para facilitar la aprobación final de la propuesta. 
Quisiera agradecer a la ponente, y también a los ponentes alternativos, lo mucho que han trabajado para presentar las enmiendas de transacción y por su deseo de conseguir un resultado equilibrado, además de resolver las cuestiones pendientes. 
El paquete de enmiendas de transacción contiene disposiciones relativas a la coexistencia de diferentes formas de agricultura. 
La Comisión reconoce que esta es una cuestión importante para la que deben buscarse soluciones apropiadas. 
La Comisión hubiera preferido abordar por separado la cuestión de la coexistencia, en el contexto del trabajo actual del Comisario Fischler. 
No obstante, la Comisión está dispuesta a apoyar el paquete de enmiendas de transacción y, tal como se propone en dicho paquete, elaborar directrices sobre medidas adecuadas que deberían adoptarse a escala nacional. 
Estas directrices, por supuesto, tendrán que ser aprobadas por la Comisión este mismo mes. 
Para terminar, permítanme que les informe de la posición de la Comisión respecto a las enmiendas que se han presentado. 
La Comisión puede aprobar el paquete de enmiendas de transacción, formado por las enmiendas 1, 7, 8, 9 y 44 a 48, siempre que se rechacen todas las demás enmiendas. 
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(EN) Señora Presidenta, todos sabemos que la cuestión de los OMG es tanto política como técnica. 
Como políticos y legisladores, tenemos una responsabilidad clara de procurar un alto nivel de seguridad a los ciudadanos europeos y permitir que tengan libertad de elección. 
La Unión Europea ha creado un sistema que nos permite basar las decisiones sobre si debemos autorizar o no la utilización y liberación de productos modificados genéticamente en el mejor asesoramiento científico y técnico disponible. 
Una vez establecida esa base, la cuestión es asegurar que el consumidor esté correctamente informado, para que pueda elegir libremente si quiere o no comprar productos modificados genéticamente. 
Las dos propuestas que contemplamos ahora en segunda lectura constituyen una parte importante del diseño general de nuestro sistema para asumir la responsabilidad que nos corresponde en materia de productos modificados genéticamente. Dichas propuestas han sido discutidas a fondo en el seno de todos los Grupos políticos y de diferentes comisiones. 
Pasando a la propuesta de la que yo soy responsable, quisiera agradecer al ponente, el Sr. Trakatellis, y a la Presidencia los esfuerzos que han hecho para ultimar la propuesta sobre etiquetado y trazabilidad. 
Espero que el Parlamento y el Consejo consigan ponerse de acuerdo sobre las enmiendas que tienen que aprobarse en este mismo período de sesiones, para que podamos alcanzar un consenso sobre alimentos y piensos y sobre la trazabilidad en el etiquetado durante este período parcial de sesiones. 
Esta propuesta será un complemento importante del marco reglamentario vigente. 
Seguramente estarán ustedes al tanto de las difíciles negociaciones que han sido necesarias para la aprobación de la posición común. 
La distancia que existía entre las diferentes posiciones se ha acortado, ya que muchas de las enmiendas aprobadas en primera lectura se han introducido en la posición común. 
Como era de esperar, la coexistencia se ha convertido en la cuestión clave en la segunda lectura de las dos propuestas. 
El nuevo artículo que se quiere incorporar a la Directiva al amparo del acuerdo político en torno a la propuesta relativa a los alimentos y piensos, proporcionará un fundamento jurídico sobre el que trabajar. 
Esto, sumado a la próxima iniciativa de la Comisión de formular directrices relativas a la coexistencia ofrecerá a los Estados miembros la posibilidad de adoptar medidas apropiadas en este terreno. 
En cuanto a las cuestiones clave, la Comisión puede apoyar las enmiendas que contienen aclaraciones de la posición común. Se trata de las enmiendas 1, 3, 4, 18, 24, 26 y 27, así como de la segunda parte de la enmienda 17 y las primeras partes de las enmiendas 8 y 13. 
Por el contrario, las enmiendas 22, 23, 25 y 28 proponen introducir textos sobre la coexistencia que son idénticos a los contenidos en la Directiva 2001/18/CE y el Reglamento sobre los alimentos y piensos modificados genéticamente. 
La Comisión considera que es una duplicación, pero podríamos aceptarlo. 
Pero no podemos aprobar las demás enmiendas, la mayoría de las cuales se presentaron también en primera lectura. 
Las enmiendas 2, 9, 10, 14 y 15 se refieren a exepciones basadas en los umbrales. 
La aceptación de estas enmiendas debilitaría el acuerdo político alcanzado en torno a la propuesta relativa a los alimentos y piensos modificados genéticamente. 
Como ya dije antes, tenemos que asegurar que las dos propuestas sean consecuentes y coherentes. 
Además, la primera parte de la enmienda 15 trata de reinstaurar las disposiciones nacionales relativas a la trazabilidad conforme a la Directiva 2001/18/CE. 
Lo único que se conseguiría aceptando esta enmienda sería crear incertidumbre jurídica, dado que la propuesta que nos ocupa establecerá una normativa comunitaria para la trazabilidad y también para el etiquetado. 
La enmienda 7 se refiere a la cláusula de «puede contener» aplicable a alimentos y piensos en la propuesta original de la Comisión. 
Esto fue también objeto de un debate muy difícil, cuya reanudación ahora tendría graves consecuencias para la operatividad de nuestro sistema y del próximo Panel de la OMC. 
La enmienda 6, que se refiere a la definición de comercialización, fue también objeto de un importante debate en el Consejo, tras la aprobación de esa misma enmienda en primera lectura. 
El texto de esta enmienda se incluyó en la posición común por referencia a la definición completa de comercialización contenida en la Directiva 2001/18/CE. 
La Comisión no puede aprobar más cambios de esa definición, sobre todo porque la enmienda presentada estaría en contradicción con definiciones que ya están contenidas en la legislación comunitaria. 
Las enmiendas 5 y 29 se refieren al principio de cautela. 
Respecto a ellas diría que el Consejo ya incorporó esta enmienda a la posición común con el apoyo de la Comisión. 
El principio de cautela se aplica a la evaluación del riesgo, razón por la cual aparece en la Directiva 2001/18/CE y en la propuesta sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. 
La trazabilidad es una medida encaminada a facilitar las cosas, pero no se basa en la evaluación del riesgo. 
No nos parece apropiado ir más lejos que el texto actual del considerando, razón por la cual la Comisión no puede apoyar estas enmiendas. 
Las enmiendas 11 y 12 se refieren a los requisitos de trazabilidad y etiquetado para productos procesados y su aprobación atentaría de nuevo contra el acuerdo alcanzado al amparo de la propuesta sobre alimentos y piensos modificados genéticamente que englo dichos productos. 
Las segundas partes de las enmiendas 8 y 13 pretenden prolongar el periodo de conservación de la información sobre la trazabilidad de cinco a diez años. 
Aunque la trazabilidad siguiera siendo posible al cabo de diez años, esta información carecería de utilidad práctica. 
La enmienda 20 aborda las obligaciones de notificación a la Comisión, que aparecen duplicadas en la enmienda 3. 
Las obligaciones de notificación ya quedan reflejadas en el artículo 12 de la Posición Común y no se precisan más requisitos. 
En cuanto a la coexistencia, la enmienda 16, de manera similar a una enmienda a la propuesta sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, trata de añadir texto para que esta cuestión se incorpore a una nueva letra a del artículo 26 de la Directiva 2001/18/CE. 
Sin embargo, el texto de la enmienda 16 no coincide con el propuesto para este nuevo artículo en el acuerdo político en torno a la propuesta sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, razón por la cual no podemos aceptarla. 
Por último, la enmienda 21 se refiere a la fecha de aplicación del Reglamento. 
Debo recordar que en la declaración del Consejo y de la Comisión que acompaña a la posición común se habla de la aplicabilidad del Reglamento. 
En este sentido, la Comisión recuerda que los Estados miembros han aprobado ya un formato comunitario para la asignación de códigos exclusivos a los OMG basado en el formato de la OCDE. 
Por supuesto, la Comisión quiere asegurarse de que este sistema se tenga en cuenta de cara a las nuevas autorizaciones exigidas de conformidad con la Directiva 2001/18/CE. 
Para concluir, hemos celebrado un debate muy intenso sobre cómo debe plantearse la Unión Europea toda la cuestión de los OMG. 
Aunque con ciertas dificultades, hemos creado un sistema que ofrecerá seguridad y libertad de elección a nuestros ciudadanos. 
Espero que en la votación de mañana se alcance un compromiso factible y les agradezco a todos los debates que hemos mantenido y la buena solución que hemos encontrado. 
. 
(DE) Señora Presidenta, Señorías, la rápida entrada en vigor del presente proyecto de Reglamento es una condición para que finalmente se levante la moratoria de hecho que pesa sobre la ingeniería genética agrícola desde hace varios años. 
La actual prohibición de cultivar e importar OMG es la responsable de que la ciencia, los consumidores y los agricultores europeos se hayan visto privados de las innovaciones positivas en el ámbito de la ingeniería genética agrícola. 
Además, nos encontramos ante la amenaza de demandas ante la OMC por parte de los países que desean exportar productos modificados genéticamente a la UE, pero que no pueden hacerlo debido a la moratoria. 
Los Estados Unidos ya han presentado una denuncia. 
Lo que olvidan aquellos que desean impedir los OMG en Europa, a menudo por motivos puramente ideológicos, es que los alimentos y piensos modificados genéticamente son una realidad a escala mundial desde hace ya bastante tiempo. 
Y precisamente en el sector de los piensos ricos en proteínas dependemos de las importaciones procedentes de terceros países, en los que el cultivo de plantas modificadas genéticamente es una práctica común. 
En 2001, la UE importó más de 16 millones de toneladas de soja de Estados Unidos y Sudamérica; en los Estados Unidos, la soja modificada genéticamente representa un 68% de la producción total y en Argentina un 100%. 
Ante esta realidad, los consumidores y agricultores europeos se encuentran desconcertados, al igual que el sector de la investigación científica, que no puede planificar con vistas al futuro. 
Aquí, los consumidores y agricultores desconfían de la ingeniería genética agrícola, pues no saben de qué se trata realmente. 
Ello se debe a una política de falta de información, que, al menos en mi país, en Alemania, es totalmente intencionada. 
No estamos haciendo una política interesada en este terreno. 
Con estos proyectos de Reglamento tenemos que asegurar la libre elección de los consumidores, y mi Grupo, como cualquier otro, señora Scheele, está a favor de la protección de la salud humana y por eso también está a favor de una sólida protección de los consumidores. 
Pero con esta legislación también debemos tener en cuenta la agricultura, el medio ambiente, las pequeñas y medianas empresas productoras de simientes, la industria, el comercio minorista de productos alimenticios y muchos otros sectores. 
Y necesitamos un etiquetado obligatorio para poder evaluar por fin con precisión las importaciones procedentes de terceros países. 
Para ello es necesario utilizar umbrales razonables y realistas, umbrales políticos, lo admito, basados en lo que resulta viable y realizable técnicamente. 
Es un gran éxito, en particular para nuestro Grupo, que todos los demás Grupos apoyen ahora los umbrales que figuran en la Posición Común del Consejo, a saber, el 0,9 % para los OMG autorizados y el 0,5 % para los OMG que pueden ser autorizados y que se encuentran en la lista de espera debido a la moratoria. 
Otro tanto cabe decir de la decisión de que este Reglamento no incluya disposiciones relativas a las simientes. 
Las simientes requieren una normativa propia, y no resulta admisible que la cuestión de la coexistencia de las plantas modificadas genéticamente y de las plantas convencionales en la agricultura sirva de excusa para un bloqueo general de la tecnología genética agrícola. 
Mi Grupo aceptó el compromiso únicamente con esta condición. 
Ahora, la Comisión tiene la obligación de asegurar que algunos Estados miembros no prolonguen artificialmente la moratoria de hecho. 
Señora Presidenta, creo que existen razones para dar las gracias muy encarecidamente a la Sra. Scheele por los enormes esfuerzos que ha realizado para obtener un paquete y llegar a un compromiso. 
Hasta la fecha, soy consciente de que ha sido una lucha cuesta arriba, con un Consejo y un gran número de diputados de este Parlamento a quienes no interesaba lo que puede considerarse la legislación ideal. 
Aún sigue habiendo problemas con los resultados, lo que me lleva a pensar que no se puede calificar de ideal. 
En primer lugar, creo que el límite para el etiquetado en el caso de la contaminación accidental por OMG sigue siendo demasiado elevado y, en segundo lugar, a lo largo de un espacio de tiempo acabamos por aceptar la contaminación accidental por OMG no autorizados y no etiquetados. 
El tercer punto sobre el que quisiera llamar la atención y del que todavía pienso que es un defecto, es que no hemos con seguido todavía las mejores normas relativas a la coexistencia de OMG y otros cultivos. 
Ahora habrá, casi con toda seguridad, numerosos casos de contaminación por OMG, con largos procesos de indemnización subsiguientes. 
Si no tenemos cuidado, corremos el peligro de destruir la base de la producción ecológica y en general de la producción agrícola en toda Europa. 
A pesar de estos defectos, estamos en una situación en que no podemos elegir, y por lo tanto, yo también apoyaré el resultado que se nos ha presentado, incluido el informe de la Sra. Scheele. 
La alternativa sería mucho más peligrosa, es decir, la alternativa de no establecer ningún tipo de normativa. 
Creo que estamos consiguiendo algunas normas razonables en materia de trazabilidad. 
En este sentido, espero que el Parlamento decida qué datos sobre las transacciones que afectan a estos productos deben mantenerse durante diez años, y también creo que es importante que los resultados de las inspecciones y los controles llevados a cabo por los Estados miembros se mantengan en un registro central para que siempre estén disponibles los mejores datos. 
Únicamente el tiempo y los primeros casos de equivocaciones podrán revelar si las normas sobre la trazabilidad han sido suficientemente seguras. 
Para mí, resulta crucial que la moratoria de hecho solo sea retirada cuando el sistema de elaboración y asignación de identificaciones inequívocas de OMG haya sido puesto en práctica en su totalidad, es decir, cuando dispongamos de normas y exista una completa trazabilidad desde el primer día. 
En este sentido, me gustaría dar las gracias a la Sra. Wallström por las garantías que ha dado en su discurso. 
Espero que los consumidores europeos, que son tan críticos y conscientes como aparenta la mayoría de ellos, exijan a sus Gobiernos las necesarias normas sobre la coexistencia y que ello conduzca a emprender acciones a escala nacional y se pongan en práctica normas correctas para la coexistencia de cultivos. 
Más aún, espero que este amplio grupo de consumidores críticos actúe con una lógica moderación en relación con estos productos alimenticios modificados artificialmente, productos que por supuesto los consumidores no han pedido, pero que los grupos químicos y ciertos Gobiernos europeos definitivamente quieren que consumamos. 
Señora Presidenta, como muy bien sabemos, esta tecnología es muy polémica. 
También sabemos que la mayoría de los consumidores no quieren alimentos modificados genéticamente ni el cultivo a gran escala de plantas modificadas genéticamente. 
Tampoco podemos ignorar que existe un vínculo entre la moratoria de hecho y estas propuestas relativas al etiquetado y la trazabilidad. 
Creemos que existen buenas razones para ser escépticos. 
El cultivo de plantas modificadas genéticamente encierra riesgos bien documentados para la biodiversidad. 
Existen posibles riesgos sanitarios si las pruebas no se llevan a cabo con el suficiente cuidado. 
Existen claras relaciones de poder entre, por una parte, las grandes empresas y multinacionales de estos sectores y, por otra, los agricultores de varios países afectados por esta tecnología. 
No es una coincidencia que la mayoría de plantas modificadas genéticamente que se cultivan en todo el mundo sean resistentes a un pesticida concreto. 
Por ello consideramos que tienen pocas ventajas, creemos que hay razones para ser cautos y apoyamos la moratoria de hecho. 
Sin embargo, ahora se trata del etiquetado y la trazabilidad. 
Por ello nosotros nos decantamos por apoyar la elaboración de normas que sean lo más estrictas y severas posible. También sobre esta base emitiremos nuestro voto. 
De esta forma, podemos dar a los consumidores oportunidades óptimas de elegir lo que quieren comprar y contar con la posibilidad de no comprar lo que no quieran. 
Lo que está muy claro es que las propuestas del Parlamento Europeo mejorarán estas propuestas legislativas. 
En particular, creo que el compromiso alcanzado en el informe de la Sra. Scheele es claramente un avance. 
También quisiera dar la gracias a la ponente por la actitud abierta con que ha trabajado en todas estas cuestiones y por haber permitido que otros grupos tengan la oportunidad de ejercer alguna influencia. 
Lo importante del acuerdo es, en particular, el texto sobre la coexistencia y las posibles medidas propuestas para permitir que los Estados miembros eviten la contaminación por OMG. 
Nuestro grupo desea, sin embargo, ir todavía más allá. 
Por lo tanto, vamos a votar a favor de las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, encaminadas a reducir los umbrales de OMG y situarlos de nuevo en el 0,5 %. 
Por otra parte, opinamos que es inaceptable que, durante un periodo transitorio, se permitan organismos modificados genéticamente que hasta ahora no estaban permitidos en la UE. 
Cabría preguntarse si estas nuevas normas son suficientes para justificar la retirada de la moratoria. 
Nuestra respuesta es un no enérgico, ya que se requiere mucho más si consideramos hacer tal cosa. 
Las normas tienen que ser aplicadas en los Estados miembros. 
Se necesitan normas claras sobre coexistencia, así como de responsabilidad medioambiental en relación con las plantas modificadas genéticamente. 
Solo entonces pensamos que se puede iniciar el debate. 
En ese contexto, también se utiliza de argumento la relación con los Estados Unidos, pero nunca podremos satisfacer a dicho país en este terreno. 
Eso es ilusorio. 
Nuestra tarea consiste en adoptar una posición más responsable, tanto a escala mundial como en la Unión Europea. 
Por lo tanto, no es de recibo empezar cediendo terreno. 
En lugar de eso, debemos hacer valer nuestro derecho de colocar en primer lugar, dentro de nuestras prioridades, al medio ambiente y a los consumidores, y establecer normas tan estrictas como deseemos. 
. 
(DE) Señora Presidenta, el etiquetado de los alimentos y piensos manipulados genéticamente es un hito para la protección de los consumidores. 
Por fin ya no será posible vender al consumidor productos manipulados genéticamente bajo falsas apariencias. 
Cuando, como sucedía en Alemania, el 90% de todos los productos de soja manipulados genéticamente no estaban etiquetados, quiere decir que los consumidores eran incapaces de elegir por su propia cuenta. 
Ahora obtienen por fin la libertad de elección. 
Ahora es preceptivo etiquetar alimentos como el aceite y el azúcar, que están hechos al 100% con materias primas manipuladas genéticamente. 
Los productos de la tecnología genética deben ser transparentes desde el campo hasta la mesa. 
Si bien para nuestro gusto el umbral es demasiado alto, el hecho de que autoricemos a los Estados miembros a adoptar medidas para garantizar la coexistencia entre la agricultura genéticamente modificada, la tradicional y la biológica constituye un éxito enorme. 
En esta cuestión hemos consagrado también con toda claridad del principio de que «quien contamina paga» , pues de lo contrario no estaría garantizada a largo plazo la libertad de elección. 
Desgraciadamente, el Parlamento Europeo no tiene influencia alguna sobre el levantamiento de la moratoria impuesta sobre la ingeniería genética. 
Si la Comisión levanta esta moratoria bajo presión de los Estados Unidos, los consumidores, gracias al etiquetado, responderán con una moratoria sobre las compras. 
Pasaremos de una moratoria política a una moratoria práctica, a una moratoria sobre las compras impuesta por los consumidores. 
La piedra de toque de la industria de la ingeniería genética no es la autorización, sino la venta. 
Los productos manipulados genéticamente tendrán que defender su puesto en el mercado. 
Estoy segura de que actualmente ningún fabricante se atreverá a apostar por la ingeniería genética. 
Los fabricantes temen el etiquetado tanto como el diablo el agua bendita. 
También saben que más del 90% de los consumidores rechazan los alimentos manipulados genéticamente. 
Lamentamos que no se imponga una obligación de etiquetado a los productos procedentes de animales alimentados con piensos modificados genéticamente, pero confiamos en la obligación de etiquetado impuesta a los piensos y que los agricultores saben lo que desean los consumidores. 
En cuanto a las simientes, espero que la Comisión no haga trucos- y les pido explícitamente que se manifiesten al respecto -, pues necesitamos realmente una normativa de la UE sobre las simientes con un límite de detección cero. 
Todo lo demás sería engañar a los consumidores. 
De lo contrario, estas dos normativas pronto serían papel mojado. 
Así pues, a este respecto esperamos que la Comisión aplique este límite de detección cero a las simientes, pues sabemos que es posible obtener simientes totalmente libres de OMG, como las que ya se encuentran en el mercado austriaco y de otros países. 
No se trata de una incertidumbre técnica inevitable. 
Por ello pido al Sr. Comisario que vuelva a pronunciarse sobre este tema. 
Para terminar, todos sabemos que las declaraciones de Bush, según las cuales la UE es responsable del hambre en África, son fruto del cinismo. 
Lo que hay ahí no es un problema tecnológico, sino de distribución. 
También sabemos que estos países no están en absoluto en condiciones de comprar las costosas simientes de la industria de ingeniería genética norteamericana. 
Así pues, espero que mañana establezcamos un auténtico hito para los consumidores y que estos respondan al levantamiento de la moratoria con una moratoria sobre las compras. 
Señora Presidenta, ante todo quisiera dar las gracias a los dos ponentes por el agotador trabajo realizado; y lo digo sin sarcasmo, porque acercar posiciones inicialmente tan distantes para llegar hoy a una expresión generalmente compartida no ha sido ciertamente cosa de poco empeño. 
Pues bien, no quiero ocultar el hecho de que el entendimiento que hoy tenemos es fruto de un compromiso, en absoluto satisfactorio, adoptado sólo por la férrea renuencia de la Comisión, y sobre todo del Consejo, a construir una base mejor. 
En efecto, no se puede decir que el cuadro resultante esté completo. 
Y ello no tanto porque la cuestión se siga articulando en 35 informes sin un mínimo intento de conexión, ni porque en la fase actual se haya decidido fraccionar el mismo asunto en tres reglamentos- uno de los cuales, por lo demás, no se debate en este período parcial de sesiones- como porque el cuadro resultante está plagado de discrasias intencionadamente ignoradas en nombre de la necesidad urgente de regular la cuestión. 
Se podrían citar muchas, como por ejemplo la duración decenal de la autorización, por un lado, y, por otro, la obligación de conservar la correspondencia y los análisis efectuados sólo durante un quinquenio. 
Además, pasará bastante tiempo hasta que dispongamos de códigos de identificación, y las técnicas de muestreo son aleatorias, sin procedimientos normalizados; por otro lado, existe la recomendación de monitorizar atentamente la vida de los OMG y de los productos elaborados a partir de ellos sin que se puedan prever, no obstante, valoraciones complementarias de riesgo. 
Una me parece especialmente paradójica: la relativa a la denominada coexistencia. 
Ciertamente, no procede repasar aquí los argumentos que han animado el debate, pero el hecho es que la vía elegida- la de remitir a los Estados las normas al respecto en espera de que la Comisión se pronuncie sobre el asunto- es, sin duda, la más extravagante. 
Espero equivocarme al afirmar que las técnicas de evaluación comparativa no serán las que impidan la contaminación, en ausencia además de indicaciones acerca del principio de «quien contamina paga» , y esto mientras las cuotas de admisibilidad del 0,5- 0,9, que tanto han dado que discutir, quedan completamente invalidadas. 
En conclusión, las derogaciones hoy existentes sin duda debían superarse, pero podría haberse hecho con mayor riqueza de significados y, sobre todo, con mayor coherencia. 
Los Reglamentos sobre los OMG deberían constituir un avance importante en materia de seguridad biológica, de libertad de elección y de información de los consumidores. 
Ahora bien, los dos textos que debatimos hoy no constituyen un avance. 
El punto más crítico siguen siendo los umbrales de presencia de OMG autorizados cuando dicha presencia se puede evitar por medios técnicos. 
El Consejo propone un 0,9 %. 
¡Es demasiado! 
Deberíamos volver a la posición adoptada que el Parlamento aprobó en primera lectura, es decir, un máximo del 0,5 %. 
Y en relación con los OMG no autorizados, ¿cómo puede el Consejo legalizarlos dentro de la cadena alimentaria al proponer un umbral del 0,5 %, cuando se trata de OMG prohibidos en la Unión? 
También la cuestión de la contaminación de los cultivos debe recibir una respuesta. 
La Comisión descarga la responsabilidad en los Estados miembros, pero al mismo tiempo se reserva el derecho de elaborar más adelante líneas directrices sobre la coexistencia de los cultivos convencionales y los modificados genéticamente. 
Los Estados miembros deben poder adoptar inmediatamente y de manera soberana medidas de urgencia, por ejemplo, suspensiones administrativas de autorización en caso de que existan riesgos para la salud humana o de contaminación del medio ambiente. 
Asimismo es necesario, en mi opinión, excluir del Reglamento las semillas, haciendo una distinción entre los OMG vivos que deben estar regulados por la Directiva 2001/18/CE- lo que haría obligatoria su trazabilidad- y los alimentos modificados genéticamente. 
Por último, habrá que definir un auténtico régimen de responsabilidad para la introducción de OMG en la agricultura y el medio ambiente. 
El principio de quien contamina paga resulta, a mi parecer, aplicable en esa materia. 
El agricultor que recurra a los OMG deberá reparar los daños provocados a la agricultura convencional. 
Para finalizar, deseo expresar mi apoyo a la moratoria europea a pesar de la reclamación presentada por los Estados Unidos ante la OMC. 
Señora Presidenta, debemos comprender en toda su magnitud los problemas que se derivan de los OMG y sobre todo no reducirlos a la sola cuestión de rentabilizar rápidamente las costosas investigaciones que llevan a cabo algunas multinacionales de la semilla. 
En primer lugar, la cuestión de los OMG plantea un importante problema de soberanía: la soberanía de los ciudadanos sobre la explotación comercial de los descubrimientos científicos, la soberanía de los agricultores sobre lo que siembran, la soberanía de los consumidores sobre sus alimentos y la soberanía de los Estados sobre lo que controlan. 
En segundo lugar, los OMG presentan dos importantes riesgos. 
El primero se refiere a la salud humana, pues existe el peligro de que el transgen introducido en la planta codifique la síntesis de una proteína tóxica. 
El prión de la enfermedad de las vacas locas nos ha demostrado que determinadas proteínas indeseables pueden tener efectos tóxicos muy a largo plazo. 
El segundo riesgo está relacionado con el medio ambiente y se trata del riesgo de difusión de genes indeseables entre la flora silvestre y en la rizosfera. 
A este respecto, no podemos sino lamentarnos de la extrema imprudencia de los norteamericanos que han difundido OMG en millones de hectáreas sin haber tomado la precaución de evaluar correctamente dicho riesgo. 
En tercer lugar hay que preguntarse a quién benefician los OMG. 
Para el consumidor, el beneficio es actualmente igual a cero, lo mismo que para el medio ambiente, pues seguimos esperando la disminución en el consumo de plaguicidas que supuestamente deberían permitir los OMG. 
Para el agricultor, el beneficio es reducido: algunas reducciones de costes en la preparación de la siembra, los tratamientos y la eliminación de malas hierbas, pero a cambio de una mayor dependencia de las empresas fabricantes de semillas y productos fitosanitarios. 
Para los países en vías de desarrollo, el beneficio únicamente es teórico, ya que las solo trabajan para los mercados solventes, lo que hace inaceptables las críticas norteamericanas sobre este punto contra los países europeos. 
Así pues, los beneficios más reales son de hecho para las empresas fabricantes de semillas, es decir, para las multinacionales norteamericanas, que son las más avanzadas en este ámbito. 
¿Qué debemos hacer? 
Sin duda, continuar las investigaciones. 
Explorar tanto las posibilidades como los riesgos de la transgénesis, a pesar de que esta tecnología sea sumamente costosa y parezca más adaptada a los cultivos a gran escala y muy baja diversidad, cultivos que no caracterizan a la agricultura europea y menos aún a la anterior al plan Fischler. 
Continuar las investigaciones a fin de mantener nuestra plena libertad, no dejar que nos impongan nada, actuar con suma prudencia, no ceder a las presiones, informar a los consumidores con el mayor rigor posible, ésas son, en mi opinión, señora Presidenta, las orientaciones que deberíamos adoptar para esta cuestión fundamental. 
Señora Presidenta, el Comisario Byrne nos acaba de recordar que nos encontramos reunidos hoy tras dos años de trabajo cargados de emoción y controversias sobre esta importante cuestión de los OMG sobre la que nuestro Parlamento debe pronunciarse sin demora. 
Nos deberíamos mostrar racionales, coherentes y coordinados sobre lo que representa, a pesar de todo, un gran avance. 
Sin embargo, nuestros debates de hoy muestran claramente que las opiniones siguen estando muy divididas. 
Debemos garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y, al mismo tiempo, ayudar a nuestros agricultores en sus elecciones y garantizar, sobre todo, un alto nivel de protección para los consumidores. 
¡Y aún tenemos que convencer a estos últimos de que nuestras decisiones son las acertadas! 
Este ejercicio nos obliga a aprobar normas estrictas para el procedimiento de autorización y control, es decir, una armonización europea de los criterios científicos de autorización y una trazabilidad total de los productos que garantice la seguridad de la alimentación tanto animal como humana. Esto exige igualmente una comunicación que no tenga en cuenta la ideología. 
A menudo, los consumidores se inquietan por la falta de información precisa. 
Por ello, la necesidad de una información creíble destinada al público en general resulta más imperiosa que nunca. 
El etiquetado debe ser claro y legible para permitir que los consumidores hagan libremente su elección. 
Los consumidores deben estar seguros de que todos los OMG presentes en los productos que adquieren han sido evaluados de manera estricta en materia de seguridad. 
Entonces tendrán la elección de comprar los productos que deseen. 
Estos textos proponen levantar la moratoria. 
Si existen todas las garantías de seguridad y trazabilidad, a continuación deberá procederse a levantar la moratoria. 
Si no lo hacemos, correremos el riesgo de frenar una vez más la investigación en Europa y de provocar la partida de nuestros mejores investigadores hacia los Estados Unidos o Asia. 
Señora Presidenta, ya es hora de que la Unión Europea se abra a las biotecnologías y a la ingeniería genética también en el ámbito de la alimentación. 
Desde los años ochenta, la tecnología de la transgénesis vegetal progresa en todas partes, salvo en Europa. 
El año pasado se cultivaron unas 60 millones de hectáreas fuera de Europa con plantas mejoradas genéticamente. 
La Unión Europea tiene dificultades para proteger unas 10.000 hectáreas para el cultivo experimental de algunas plantas transgénicas. 
Permítame citar a la Academia de Ciencias de Francia: «las variedades transgénicas son rechazadas en Europa sin que exista el menor problema de salud para los consumidores o de ataque contra el medio ambiente. 
Casi la totalidad de las plantas cultivadas en la actualidad es fruto de milenios de selección genética a partir de plantas silvestres. 
Los intercambios de genes entre variedades o especies han provocado con frecuencia modificaciones profundas en la morfología de la planta silvestre inicial. 
Numerosas especies han sido domesticadas por los seres humanos mediante la adición de diversos genomas, como es el caso del tabaco, el trigo o la colza.» 
Desde que los humanos cultivan la tierra, llevan a cabo operaciones genéticas sin saberlo. 
Mientras que aceptamos los cruces y selecciones llevados a cabo a ciegas por la mano del hombre, presentamos como obra del diablo una intervención más selectiva sobre la expresión de un gen. 
Según la misma Academia de Ciencias: «los alimentos transgénicos no son intrínsecamente más peligrosos que los demás alimentos y esto lo reconoce el Codex Alimentarius». 
Entonces ¿a qué se debe este escándalo, esta heurística del miedo que rodea los OMG? 
El dogma del principio de precaución lleva a precauciones carentes de principio científico. 
Yo votaré a favor del compromiso negociado con el Consejo, incluso si dicho compromiso resulta demasiado tímido. 
Insto a la Comisión a que suprima la moratoria ilegal sobre los OMG y a que vele por que Europa no pierda el tren de la revolución biotecnológica. 
¿Es necesario recordar, señora Presidenta, que en la actualidad un 95% de los doctores en biología trabajan en el continente norteamericano? 
¡Es una vergüenza para Europa! 
Señora Presidenta, qué puede decirse en un minuto sobre los OMG, sino que el principio de cautela no es ni debe ser el postulado para no actuar. 
Es por ello que debemos felicitarnos de la próxima entrada en vigor de este Reglamento europeo sobre el etiquetado y la trazabilidad de los OMG. 
Las exigentes disposiciones que se recogen en los informes de los diputados Trakatellis y Scheele permitirán asegurarse de la composición de los alimentos, de su circuito de difusión, y saber si los animales han consumido o no alimentos a base de OMG. 
Con estas estrictas condiciones podemos levantar la moratoria. 
Sin embargo, ¿se sentirán tranquilos los consumidores, en vista de que la prueba de la verdad queda para el futuro? 
Ésta se resume en tres palabras: libre elección para el consumidor en lo referente al contenido de su plato. 
Los dos ponentes y el Comisario lo han recordado con abundancia antes que yo. 
Para convencer, para tranquilizar, habrá que ser perfectos. 
No se permitirán los errores de etiquetado en los productos certificados sin OMG, al igual que no se trata de hacer pagar a los agricultores tradicionales y biológicos la factura del riesgo inevitable de la contaminación de los cultivos. 
Así pues, en conclusión diré: continuemos las investigaciones, mantengámonos racionales y convenzamos, comuniquemos e informemos siempre mejor a los ciudadanos, expliquémosles que los cultivos transgénicos sólo se refieren a la soja, el maíz o la colza, pero que los OMG son también la terapia génica, esa que, por ejemplo, ha permitido que los niños con inmunodeficiencia primaria puedan vivir fuera de su burbuja. 
Señora Presidenta, quisiera empezar felicitando a los ponentes, y en particular a la Sra. Scheele, cuyo informe he seguido de cerca, por su excelente trabajo y la forma en que ha conseguido un acuerdo de compromiso sobre lo que es un informe muy importante para todos nuestros electores respecto a la salud humana y animal y el medio ambiente. 
El etiquetado de todos los alimentos y piensos animales modificados genéticamente proporcionará a los consumidores europeos lo que el 93% de ellos está demandando: libertad para decidir si quieren o no comprar productos modificados genéticamente. 
Los productores cárnicos, por ejemplo, podrán evitar la utilización de piensos modificados genéticamente por primera vez gracias al etiquetado. 
No será una libertad de elección total, debido a los umbrales de OMG autorizados- y temporalmente para los no autorizados- cuando su presencia sea temporal o técnicamente inevitable. 
Esos niveles son demasiado altos, pero podrían revisarse cuando se produzcan nuevos avances tecnológicos. 
Con los nuevos Reglamentos, los alimentos y piensos modificados genéticamente tendrán que someterse a un estricto procedimiento de autorización- no solo a un proceso de notificación- y una vez en el mercado podrán vigilarse sus efectos en el medio ambiente. 
No obstante, y como ya han dicho otros colegas, son muy importantes las medidas que pueden adoptar ahora los Estados miembros para evitar la contaminación de otros productos por OMG. 
La coexistencia se ha convertido en una cuestión importante desde que iniciamos el debate de estos informes, y los agricultores convencionales y orgánicos, los fabricantes de alimentos y los consumidores acogerán con satisfacción las propuestas que hoy nos ocupan. 
Yo represento a Gales, un país cuya Asamblea Nacional trató de imponer distancias de separación entre los cultivos modificados genéticamente y no modificados genéticamente, solo para que la Comisión le informara de que esa medida no se podía sostener legalmente. 
Aproximadamente la cuarta parte de las tierras de labor de Gales están sujetas a programas agroambientales, o registradas como orgánicas, de manera que esta cuestión tiene una importancia crucial para la economía y también para el medio ambiente. 
Estoy segura de que mis electores quedarán muy satisfechos ante la posibilidad de adoptar ahora medidas relacionadas con la coexistencia. 
Celebro, en particular, el hecho de que se deje claro que los productores y usuarios de OMG tienen que adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la contaminación de otros productos, de manera que la carga no recaiga exclusivamente en los agricultores convencionales. 
Estos nuevos Reglamentos defenderán el principio fundamental de la libertad de decisión del consumidor y veremos cómo algunas personas ejercen esa libertad optando por no cultivar productos modificados genéticamente ni comprar alimentos modificados genéticamente. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, con estos dos informes de los diputados Trakatellis y Scheele abordamos una vez más la cuestión de los OMG, pero por el lugar equivocado. 
Hablamos de hecho de trazabilidad, de etiquetado, de tolerancia cero, de umbral límite, de libertad de elección de los consumidores, de salud, de medio ambiente, de precaución. 
Y entretanto, ¿quién aborda la cuestión de los OMG en Washington? 
El propio Presidente Bush que insta a la Unión Europea a poner fin a su moratoria y recurre incluso a un grupo de expertos de la Organización Mundial del Comercio. 
¿Y quién se ocupa de los OMG en el entorno del Presidente Bush? He aquí una lista. 
Tenemos a John Ashcroft, fiscal General. Su campaña al senado en el Estado de Missouri fue financiada en parte por Monsanto, la multinacional de los OMG. 
Tenemos a Ronald Rumsfeld, ministro de Defensa, presidente de un laboratorio que Monsanto adquirió en 1985. 
Tenemos a Ann Vaneman, ministra de Agricultura y miembro del Consejo de Dirección de Calgene, la multinacional que creo el primer tomate transgénico Flower. Tenemos igualmente a Linda Fischer, número dos de la Agencia de Protección del Medio Ambiente y antigua responsable de la oficina de relaciones públicas de Monsanto en Washington, a Clarence Thomas, juez del Tribunal Supremo, designado por Bush padre y que fue abogado de Monsanto. 
Y podría continuar, pues la lista es larga. 
¿Qué quiere decir esto? 
Que la administración Bush aborda la cuestión de los OMG como una cuestión de soberanía económica, industrial, científica, agroalimentaria. 
Al igual que en el caso del plátano, de las carnes con hormonas, de las oleaginosas, de los cereales y de los pollos, los Estados Unidos han hecho de los OMG una batalla más en la guerra agrícola transatlántica. 
¿Y qué hacemos nosotros entretanto? 
Avanzar argumentos jurídicos frente al imperialismo. 
La verdadera cuestión no es, señora Presidente, de carácter científico, sobre la salud o el medio ambiente. 
Se trata de la misma cuestión desde hace 40 años: ¿desea ser independiente esta Europa de 450 millones de habitantes? 
En el Golfo Pérsico respondió que no al someterse a la guerra norteamericana. 
En el Golfo de México, en Cancún, el 14 de septiembre, si responde que no, será un nuevo Munich agrícola y tropical, pero Europa es femenina y adora ser vasalla. 
. 
(DE) Señora Presidenta, Señorías, hoy no estamos hablando de si la tecnología genética tiene derecho a existir en este mundo. 
Tampoco estamos hablando es de si es correcto que existan alimentos manipulados genéticamente en los Estados Unidos, México, Canadá o Europa. 
Ya existen. 
Si no lo hubiéramos querido, deberíamos haber tomado medidas hace unos 20 años y haber concluido un convenio mundial. 
Pero no lo hicimos. 
Esto implica que ahora debemos procurar establecer un marco jurídico. 
¿Qué debe contener este marco jurídico? 
Debe especificar que hay investigación y que un producto debe ser totalmente seguro e inocuo de acuerdo con los conocimientos científicos actuales. 
Lo que esperamos de cada colorante alimenticio y cada emulsionante contenido en el yogur es lo mismo que lo que esperamos de los alimentos y simientes modificados genéticamente. 
Ni más ni menos. 
Hemos dicho repetidamente que se necesitará todo un paquete de medidas para elaborar una legislación razonable para la Unión Europea. 
La primera parte fue el informe sobre la Directiva relativa a la liberación de OMG del Sr. Bowe hace algunos años. 
Sin embargo, siempre hemos tenido claro que no basta con ello, que hace falta algo más, aparte de la autorización de alimentos, simientes o plantas. 
Lo que hace falta ahora es el etiquetado de las plantas procesadas para que los ciudadanos de la Unión Europea tengan libertad de elección, como por cierto ocurre con cualquier otro alimento, por ejemplo con respecto al contenido de grasa de la leche u otros productos. 
Los consumidores deben poder ejercer su derecho de elección. 
Nadie ha contestado a lo que se ha dicho aquí diciendo que los alimentos modificados genéticamente son obra del diablo y nadie agita fantasmas. 
Siempre hemos dicho que los productos deben ser seguros de acuerdo con los conocimientos científicos actuales. 
Y eso es lo que intentamos asegurar. 
E intentamos igualmente que los alimentos lleven etiquetas con información completa. 
Hemos escuchado y sabemos que un umbral es arbitrario. 
Poco importa de que sea del 0,5 % o del 0,9 %. 
Me gustaría que contáramos lo antes posible con una normativa completa, y los informes de la Sra. Scheele y del Sr. Trakatellis son valiosas y necesarias aportaciones para ello. 
Entonces tendremos en la Unión Europea la seguridad de que podremos decir a los norteamericanos y a todos los demás: sí, podéis producir y exportar a la Unión Europea, pero con nuestras condiciones y de conformidad con nuestra legislación. 
Se lo debemos a los ciudadanos de la Unión Europea; esta es nuestra tarea como sus representantes electos. 
Señora Presidenta, el etiquetado de los productos alimenticios que contienen OMG es por supuesto algo bueno pues el consumidor puede elegir por sí mismo. 
Poco importa que el consumidor tenga o no razón cuando duda sobre los OMG, pues a fin de cuentas el cliente es el que manda. 
Sin embargo, a mi entender, la legislación sobre el etiquetado se equivoca en al menos dos aspectos fundamentales. 
En primer lugar, el consumidor no recibe lo que quiere. 
Un consumidor que no quiere OMG en su producto, no quiere tener menos de 0,9 o 0,5 por ciento de OMG, no, lo que quiere es que no haya ningún OMG en el producto. 
Por consiguiente habría sido mucho mejor tener una etiqueta «sin OMG». 
Lo rechazamos en la primera lectura, y por lo tanto ahora ya no podemos tratarlo. ¡Qué lástima! 
Por otra parte, de haberse aceptado una etiqueta de este tipo, todo el debate que tenemos ahora sobre la coexistencia sería superfluo. 
Segundo problema: se trata del etiquetado político que va mucho más lejos que la información que podría ser relevante para la salud pública. 
En mi opinión, la detectabilidad sobre el papel en lugar de la detectabilidad real es un error. 
Ello invita al fraude y por consiguiente ya se está gestando el siguiente escándalo alimentario. 
Para terminar, señora Presidenta, esperemos que esta propuesta levante la moratoria sobre los OMG. 
Es lo más importante puesto que el atraso europeo en cuanto a conocimientos frente a los Estados unidos no hace más que aumentar. 
Por consiguiente quiero sumarme a la pregunta que acaba de formular la Sra. Jackson sobre si esta propuesta conllevará realmente el levantamiento de la moratoria. A fin de cuentas, aún hay incertidumbre al respecto. 
Señora Presidenta, sólo la actitud febril de los grupos de presión de los productores de semillas para convencer a los diputados de que rechacen las enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor nos lleva votar a favor de estas, a pesar de las limitaciones de estos textos. 
Estamos a favor de la trazabilidad y el etiquetado más completos de los OMG destinados a la alimentación humana y animal a fin de que el consumidor pueda juzgar y elegir. 
No es la modificación genética en sí misma la que plantea el problema ni tampoco las investigaciones en ese sentido. 
Lo que plantea el problema es que la explotación de dichos productos se encuentre completamente en manos de los grandes grupos agroalimentarios, hacia los que la sociedad no puede mostrar confianza en absoluto, pues no buscan las modificaciones genéticas en función del interés de los seres humanos y de la sociedad, sino en función de los beneficios que obtendrán con ello. 
Aprovecho la ocasión igualmente para protestar contra el encarcelamiento en Francia de José Bové. 
José Bové ha tenido al menos el mérito de avivar la desconfianza ante la utilización que puede hacerse de los OMG. 
Ha sido condenado por su opinión y por su actividad militante. 
Y debe ser liberado. 
En este momento en que José Bové acaba de ser encarcelado en condiciones escandalosas por haber arrancado algunas plantas modificadas genéticamente, no hay que perder de vista el fondo político de esta segunda lectura, a saber, la febril voluntad de la Comisión y de los Estados miembros, sobre todo después de la denuncia de los Estados Unidos ante la OMC a este respecto, de levantar la moratoria de 1999 que pesa sobre los OMG. 
El aspecto más positivo de este compromiso es que concede a los Estados miembros la posibilidad de aprobar todas las medidas que permitan evitar la contaminación por OMG de los cultivos convencionales y biológicos. 
Simplemente sería necesario que dichos Estados manifiesten la voluntad política necesaria para ello. 
Pues incluso si estas Directivas ofrecen el día de mañana un arsenal disuasivo contra «cualquier OMG» , el problema de la contaminación genética, en particular el de las semillas, todavía no tiene solución. 
La tolerancia de la presencia fortuita de OMG varía, según la especie de que se trate, entre el 0,3 % y el 0,5 %, cuando el umbral debería ser el mismo para todas las especies, es decir, un 0,1 %. 
Dicho umbral resulta indispensable para garantizar la pureza de las variedades, la trazabilidad y el etiquetado de todas las semillas a todo lo largo de la cadena de producción, así como para conservar algunos cultivos realmente exentos de OMG. 
La responsabilidades de aquellos que introducen OMG en el medio ambiente, en particular la de las empresas productoras de semillas, incluidas las europeas, debe quedar claramente establecida en virtud del principio del que contamina paga: el coste de la reparación de los daños debe ir a cargo de la agricultura que utilice OMG. 
Al saber que resulta imposible conocer con precisión el radio de contaminación de un polen emitido por una planta modificada genéticamente, los productores de dichas plantas tendrán interés en encontrar un buen seguro, a menos que sean capaces de educar a las abejas a polinizar de manera sumamente selectiva. 
Señora Presidenta, me complace que todos los partidos y todos los grupos de esta Cámara aprueben el compromiso político alcanzado, incluido el Grupo de los Verdes. 
A fin de cuentas, con la legislación de hoy se levanta la moratoria: por consiguiente los Estados miembros ya no pueden seguir fijando exigencias independientes y prohibir productos por cuenta propia, por lo menos si el OMG ha sido comprobado y aprobado a escala europea y si cumple todas las normas de seguridad. 
Asimismo me complace que la Comisión Europea presente a corto plazo una propuesta en la que indique cómo pueden coexistir los cultivos de OMG, la agricultura biológica y los cultivos tradicionales. 
Me pregunto cómo será esta propuesta, pero asumo que en ella se darán suficientes garantías para la agricultura tradicional y biológica. 
Señora Presidenta, los consumidores tienen derecho a saber lo que comen y si sus alimentos son seguros. 
Los consumidores han de poder elegir y por ello es sumamente importante el etiquetado. 
No estoy de acuerdo con las reglas que se han fijado en el Consejo de Medio Ambiente y en el Consejo de Agricultura, aunque también en nuestro propio Grupo. 
A fin de cuentas no se parte de la exigencia de detectabilidad: dado que es posible que esté presente un ADN modificado involuntariamente, se deja un margen. 
Por consiguiente no podemos decir que algo esté totalmente libre de ADN modificado y esto significa que a mi entender, la libertad de elección es una farsa. 
Le daré dos ejemplos: es obligatorio etiquetar los alimentos hechos de OMG, como el azúcar, la fécula y los aceites vegetales, mientras que el azúcar, el aceite y la fécula no contienen proteínas ni ADN. 
Por el contrario, no es obligatorio etiquetar otros alimentos que se preparan con un OMG; como el queso, el vino, la cerveza, los refrescos y no olvidemos nuestro pan de cada día, mientras que en los productos que se utilizan para mejorar el pan hay levaduras u hongos con un OMG. 
Precisamente estos contienen residuos detectables de ADN modificado. 
La distinción establecida es por tanto hipócrita y comprendo que las empresas no puedan hacer nada con ella. 
Lo lamento y espero que dentro de dos años, gracias a la cláusula de modificación, se consiga un mejor resultado. 
Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, según un sondeo realizado recientemente por el Eurobarómetro, más del 70% de los europeos no desean consumir OMG. 
Por ello era necesario dar una respuesta a los consumidores europeos, aprobando una legislación sobre el etiquetado, que debería dar a todos la posibilidad de elegir sus alimentos. 
Sin embargo, yo tendría varias reservas. 
La primera se refiere al umbral del 0,9 %. 
¿Por qué negarse a ser menos exigentes si se puede detectar una presencia inferior, en vista de que se ha adoptado un umbral del 0,5 % para los OMG no autorizados? 
A menos que esta presencia del 0,9 % ya sea una realidad, incluso antes del levantamiento de la moratoria. 
La segunda reserva se refiere a la elección del consumidor. 
¿Se garantizará esta libertad de elección de forma permanente, cuando no contemplamos una legislación vinculante sobre el tema de la coexistencia, sino que dejamos en manos de los Estados miembros la posibilidad de aprobar medidas adecuadas? 
Tal vez ya sabemos que dicha coexistencia resulta imposible, que no se puede reglamentar el vuelo de las abejas, ni la fuerza del viento, y que los cultivos de OMG son irreversibles. 
Si es así, asumimos un gran riesgo para los europeos, porque el tema de los OMG no puede limitarse a una cuestión de libertad de elección de los consumidores, olvidando los problemas de salud pública y medioambientales. 
Por último, hasta ahora nadie ha podido presentar argumentos sólidos, incontestables y convincentes que justifiquen el interés que representan los OMG y su carácter inocuo. 
Demasiado a menudo se hace una amalgama entre el cultivo de OMG y las biotecnologías. 
Los OMG sólo son una de las aplicaciones de las biotecnologías. 
Negarse a extender los OMG en Europa no es ir contra el progreso, ni contra las terapias génicas, sino que es preferir el principio de cautela a los titubeos del aprendiz de brujo. 
Todo el mundo sabe perfectamente que, en este ámbito, priman los intereses económicos y financieros, y que es bajo la presión de los Estados Unidos y de las negociaciones dentro de la OMC donde se va a jugar el futuro agrícola y medioambiental de la Unión Europea. 
Y resulta lamentable, por que no hay que olvidar que los Estados Unidos todavía no han ratificado el Protocolo de Cartagena. 
Presiento que todos esos debates y nuestras votaciones de mañana nos preparan para aceptar sin gran debate el levantamiento de la moratoria. 
Nuestra votación, así pues, será mucho más política de lo que parece, y seríamos culpables ante los ciudadanos si no exigimos, antes de adoptar cualquier decisión, que se nos informe mejor sobre los riegos reales que el cultivo de OMG planteará al medio ambiente y a la salud de la población. 
Señora Presidenta, las propuestas incluidas en el informe Scheele ofrecen junto con el informe Trakatellis al consumidor europeo la posibilidad de no utilizar OMG. 
Si se aprueban las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, la legislación europea será la más estricta del mundo. 
Sin embargo, la situación está lejos de ser la ideal, pues sigue siendo posible contaminar animales y plantas cultivadas con métodos tradicionales o biológicos con material transgénico. 
Seguimos esperando unas normas eficaces para la coexistencia en el terreno y también el régimen de responsabilidad medioambiental que nos prometió la Comisión Europea hace dos años durante las negociaciones sobre la Directiva 2001/18/CE. 
Mientras estas normas no hayan entrado suficientemente en vigor, no se puede levantar la moratoria. 
Hemos de dejar claro que los consumidores europeos tienen derecho a decidir por sí mismos si quieren comprar o no OMG. 
Para la protección de este derecho no podemos confiar en la Organización Mundial del Comercio o en el Gobierno de los Estados Unidos. 
Se trata de una responsabilidad exclusiva de los propios diputados europeos, aquí y en los parlamentos nacionales. 
El apoyo a todas las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente es un paso adelante necesario. 
Lamento que la Comisión Europea haya adoptado una postura tan negativa en relación con algunas de estas enmiendas. 
. 
(DE) Señora Presidenta, Señorías, hoy no hablamos aquí de beneficios de empresas o conglomerados, sino de que finalmente contamos en toda Europa con un marco jurídico uniforme para la autorización, etiquetado y trazabilidad de los alimentos y piensos modificados genéticamente. 
Con ello damos seguridad jurídica a todos los operadores del mercado, incluidos los consumidores; puede que esto venga un poco tarde, pero espero que no demasiado tarde. 
En el ámbito de la aplicación práctica de esta tecnología, los europeos llevamos un retraso de más de diez años respecto a otros países, mientras que nuestros investigadores se encuentran sin duda entre los mejores del mundo. 
En otras palabras, esto implica que desde hace diez los frutos de la investigación científica han quedado sin utilizar, que la investigación en Europa ha sido desechada, en particular en materia de ingeniería genética agrícola, a pesar de que su utilidad no está en discusión. 
Puesto que el Sr. Davies ya ha mencionado una serie de ejemplos al respecto, no necesito hacer otro tanto. 
Sin embargo, el debate público de los últimos años no ha girado en torno a los pros y los contras de la ingeniería genética, sino que ha sido una campaña de tinte ideológico encaminada a obstruir una tecnología moderna y de futuro. 
Por ello a nadie sorprenden los resultados de las encuestas que indican que la mayoría considera la ingeniería genética como obra del demonio y abomina de ella. 
Al escuchar algunas de las intervenciones pronunciadas hoy en esta Cámara he tenido la impresión de que la plaga retorna a Europa. 
Debemos ser muy cautos en este terreno. 
Esta situación implica que es muy razonable que los Reglamentos establezcan normas muy estrictas para la autorización, etiquetado y trazabilidad, aunque amenacen con sobrepasar los límites de la viabilidad práctica. 
Lo digo porque creo que solo con medidas sumamente estrictas podemos garantizar la máxima seguridad posible en la práctica, y eso también lo debemos explicar al público una y otra vez en la campaña de información. 
Aunque las exigencias en materia de información que estipulan los Reglamentos son sin duda un medio importante para ello, me gustaría hacer un llamamiento también a la Comisión, pues yo también considero que es necesario llevar a cabo campañas de información, ya que la Sra. Breyer ya ha anunciado una campaña a favor de una moratoria en la compra. 
Si el etiquetado de estos productos tan solo provoca su rechazo, sin duda no recuperaremos nuestro retraso con respecto al resto del mundo. 
Si bien la propuesta de compromiso es sin duda una solución inteligente, yo tengo mis dudas- y algunas intervenciones parecen justificarlas- de que dé resultado. 
Al elaborar las directrices- y puedo decirle a la Comisión que estoy ansioso por ver qué ocurrirá cuando lo haga- habrá que hacer un gran esfuerzo; no será fácil, y espero que no salga un monstruo burocrático. 
Señora Presidenta, en Francia, José Bové paga con su libertad su compromiso contra los OMG y a favor del principio de cautela. 
Esta pena es absolutamente inadmisible, sobre todo si comparamos la amenaza que representa para la sociedad y la que los OMG hacen pesar sobre nuestra salud futura. 
Aquí lo sabemos mejor que en ninguna parte, ya que tenemos la responsabilidad de garantizar a nuestros ciudadanos la auténtica libertad de elección para consumir o negarse a consumir OMG. 
No nos dejemos intimidar por las mentiras y las presiones del Sr. Bush, sostenido por el sector agroalimentario favorable a los OMG y que deniega a sus propios consumidores la libertad de elección. 
Tiremos hacia adelante y atrevámonos a colmar las lagunas que existen en nuestra normativa. 
Debemos negarnos con toda claridad a que se comercialicen OMG no autorizados. 
En relación con el etiquetado de los OMG autorizados, sabemos que la industria de la alimentación es capaz de detectar hasta un 0,1 % de OMG. 
Es ésa la vía que debemos seguir. 
Dicho esto y sin una garantía de la coexistencia entre los cultivos de OMG y los cultivos sin OMG, la mejor reglamentación del mundo no servirán a nada si los OMG se encuentran presentes en todas partes en la naturaleza. 
Es absolutamente urgente conservar los cultivos sin OMG y garantizar que lo sigan estando para permitir la libre elección de los consumidores y proteger el medio ambiente. 
Éste es el verdadero desafío que se nos plantea. 
No nos engañemos: sin garantía de coexistencia ya no habrá libre elección. 
. (DE) Señora Presidenta, mañana votaré a favor de los dos informes. 
No obstante, el etiquetado resultará muy difícil para la industria y no facilitará información verídica al consumidor. 
En su Posición Común, el Consejo señala que el objetivo de los informes es evitar el engaño de los consumidores. 
El único problema es que no funcionará así. 
El hecho es que las etiquetas no tendrán que indicar las contaminaciones accidentales o técnicamente inevitables que puedan existir si no alcanzan un determinado umbral. 
La Sra. Roth-Behrendt merece nuestra gratitud por haberlo dejado tan maravillosamente claro. 
Tanto da que sea del 0,9 %, del 0,5 % o quizá se nos ocurra fijar un 0,1 % o incluso un 0,01 %: todo esto no es más que una patraña. 
Si no son nocivos para las salud- y no lo son -, ¿para que este teatro absurdo? 
Pobre consumidor, que comerá OMG sin saberlo, y nosotros lo estaremos engañando de forma bastante intencionada. 
Lean el apartado 12 del Informe Scheele y verán cuánto se parece todo esto a una comedia, ya que dice que para no tener que etiquetar, los operadores deberán demostrar a las autoridades competentes que ha adoptado las medidas apropiadas para evitar la presencia de organismos modificados genéticamente. 
Los pobres, se han esforzado tanto, venga, no etiquetemos ni informemos a los consumidores. 
Y estos nunca se enterarán de lo que ha comido. 
No tendrán ni idea de que han consumido alimentos genéticamente modificados. 
En comisión traté de evitarlo y defendí que se eliminara el etiquetado negativo y me declaré a favor del etiquetado positivo. 
Esto habría sido honesto y empresas como Nestlé, Unilever, etc. lo habrían aceptado. 
Pero sin duda era demasiado tarde. 
Y alegrémonos de haber hecho posible la coexistencia, esperemos que alguien asuma la responsabilidad al respecto y considerémoslo una lección de lo que puede llegar a ser la deshonestidad política. 
En primer lugar quiero felicitar de todo corazón a Karin Scheele. Ha tratado con sumo cuidado este difícil expediente. 
He de decir que he tenido algunas dudas con respecto a este informe. 
En primer lugar considero que las etiquetas han de decir la verdad y no hay que añadir un 0,9 % junto a la verdad. 
Lamento que no hayamos decidido introducir una etiqueta libre de OMG pues esto hubiese sido más claro para el consumidor. 
Asimismo lamento que sigamos estancados en nuestra «mentalidad de la letra pequeña» , pues en realidad sería mucho mejor indicar abierta y claramente en la etiqueta si un producto está libre de OMG, si contiene OMG o puede contener OMG. 
En cualquier caso ello ofrecería a los consumidores la claridad que muchos esperan. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con esta legislación, pues considero que va siendo hora de levantar la moratoria y quisiera que la Comisión me explicara qué pasos emprenderá para encargarse de ello. 
Va siendo hora de que los Estados miembros se ocupen seriamente no sólo de la coexistencia en la agricultura, el transporte y en los puertos, sino también de las instalaciones de control. 
No hemos de permitir que sea demasiado fácil eludir esta directiva y los Estados miembros han de encargarse de que se cumpla. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias a ambos ponentes por el trabajo que han realizado, pero debo decir que estoy muy inquieta debido a la decisión que tenemos que tomar. 
El hecho es que me siento como si fuera una especie de rehén. 
Por una parte, quiero rechazar la tecnología de modificación genética, que está lejos de ser inocua. 
No es una panacea. 
Al contrario, nos expone a riesgos, ya que es imposible predecir las características a las que puede dar lugar un gen modificado en su nuevo entorno. 
La coexistencia suena bien, pero también sabemos que los OMG son infecciosos. 
Por lo tanto, no sabemos a qué situación nos enfrentamos. 
También se produce una concentración de poder y las grandes empresas multinacionales ejercen una increíble presión, especialmente sobre los países africanos. 
Por otra parte, si no podemos detener los OMG, necesitamos por supuesto normas estrictas. Debemos minimizar el riesgo. 
Por lo tanto, mañana votaré a favor de las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Sin embargo, me gustaría decir de una vez por todas que quedan tantas cuestiones por resolver, por ejemplo con respecto a la responsabilidad medioambiental, que no es cuestión de levantar la moratoria. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Sr. Trakatellis y la Sra. Scheele han realizado un trabajo muy completo que debería asegurar una información mejor y una mayor transparencia, además de ayudar a los consumidores europeos a ejercer la libertad de elección. 
Los consumidores han de saber qué compran y qué comen. 
Es preciso crear lo antes posible un marco legal efectivo y fiable que fije las condiciones para la autorización, el etiquetado y la trazabilidad de los OMG. 
Ambos Reglamentos, junto con el levantamiento de la moratoria de hecho sobre la autorización, son cruciales para la implantación de una estrategia de futuro para la biotecnología europea, cuya reclamación el Parlamento suscribió a comienzos de año. 
La moratoria impide el avance de la biotecnología agrícola en la Unión Europea y, en particular, perjudica a las PYME innovadoras europeas y está en contradicción con los objetivos de Lisboa. 
El margen de elección contemplado en la propuesta de transacción nº 1 del informe Scheele es deseable. 
Sin embargo, debemos asegurar que si algún Estado miembro decide ir a su aire, ello no frustrará los objetivos de este Reglamento interfiriendo en el mercado común interior. 
En lo que respecta a la presencia accidental y técnicamente inevitable de OMG en productos no modificados genéticamente, necesitamos normas que funcionen en la práctica. 
En última instancia, como todos sabemos, todo umbral se fija de modo arbitrario, si bien el umbral del 0,9 % contemplado en la Posición Común es razonable y ayuda a orientar a los fabricantes y los consumidores. 
El umbral es importante en la medida en que permite la coexistencia de diferentes tipos de cultivos, ya que en el mundo natural no existen técnicas para prevenir cosas como la polinización cruzada. 
El principal rasero por el que habrá que juzgar la nueva legislación debe ser la viabilidad práctica de las condiciones marco, que en particular han de estar en consonancia con las reglas de la OMC y deben impedir que un exceso de burocracia obstaculice el desarrollo de la biotecnología en Europa. 
Ante todo, han de contribuir a informar a los consumidores y protegerlos. 
. (DE) Señor Presidente, aunque en el debate de hoy se ha hablado mucho de umbrales, y de que son políticamente arbitrarios, quiero destacar lo importante que fue para el Parlamento Europeo establecer un umbral de 0,5 % en la primera lectura, incluso si este no satisfacía a muchos. 
El caso es que si esta cifra del 0,5 % no hubiera sido forjada y aprobada en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, no tendríamos ahora una Posición Común tan rigurosa ni la base actual para negociar un compromiso aceptable en materia de coexistencia. 
El segundo punto que quiero plantear es que no considero justo pretender que nos encontramos ante una votación sobre si debemos decir «sí» o «no» a los organismos modificados genéticamente. 
Sabemos a ciencia cierta que no tenemos la posibilidad de decir «no» , y no solo en el caso de los OMG, sino también de muchos productos químicos y de otro tipo. 
Por ello defendí las condiciones más estrictas en el procedimiento de autorización y un etiquetado completo. 
La Sra. Flemming critica que el método de etiquetado es políticamente deshonesto. 
Y le pregunto- aunque por desgracia ya no está en el hemiciclo- si sería más honesto para los consumidores no etiquetar un producto compuesto al 100% por OMG. 
Creo que los ciudadanos europeos son perfectamente capaces de formarse una opinión propia a este respecto, y creo igualmente que la seriedad y credibilidad de la biotecnología saldrán reforzadas si no se esconde detrás de disposiciones deficientes en materia de etiquetado. 
A aquellos que reclaman enérgicamente un etiquetado que indique que el producto está «libre de OGM» , siempre les he dicho que el hecho de que un producto esté «libre de OGM» puede indicarse con un etiquetado adicional. 
No podemos ocultar al consumidor el hecho de que los organismos genéticamente modificados están en todas partes. 
Creo que debemos subrayar el hecho, e informar de ello a los ciudadanos, de que esta posición tan solo favorecía a la industria y no al consumidor. 
Señor Presidente, hemos llegado al final de este debate, que ha durado casi dos años con la misma intensidad. 
La prueba de la cooperación que ha tenido lugar entre nuestras instituciones es la presentación de la legislación que tendrán ustedes que votar mañana. 
Por supuesto que se han expresado diferentes opiniones durante esos dos años de debate y, de hecho, esta misma tarde en esta Cámara. 
Es inevitable que algunos no estén satisfechos con la legislación propuesta. 
Por ejemplo, habrá quienes piensen que vamos demasiado lejos tratando de conseguir el equilibrio que buscamos, y que eso retrasará el desarrollo de la biotecnología en Europa en el futuro; que estamos perdiendo a nuestros buenos científicos a manos de los Estados Unidos. 
Puede que eso sea cierto, pero aún así tenemos que asegurarnos de aprobar una buena legislación que proporcione información valiosa al consumidor para que este pueda decidir libremente si consume o no alimentos modificados genéticamente. 
Esta legislación- la mejor del mundo en su campo- establece un sistema de autorizaciones de comercialización, vigilancia, etiquetado y trazabilidad para dotarla del nivel apropiado y de plena credibilidad. 
Habrá otros que rechacen los OMG y sospecho que algunos de ellos los rechazarían a cualquier precio. 
A esos tengo que decirles que nunca quedarán satisfechos y que ninguna legislación podrá satisfacerles. 
En esas circunstancias, ¿no será que ellos mismos se han puesto en una situación que no permite que sus opiniones se tengan en cuenta plenamente? 
Puede que este sea el caso. 
Quienes hemos trabajado arduamente en esta cuestión- la Sra. Scheele, mi equipo y espero que yo mismo -, hemos tratado de conseguir un equilibrio para reflejar en la legislación la mejor solución desde todos los puntos de vista, y una vez tenidas en cuenta las opiniones expresadas por todas las partes, con el resultado que tienen ahora ante ustedes esta tarde y sobre la que tendrán que votar mañana. 
Tengo que decir a quienes que se muestran escépticos con respecto a esta tecnología que todas las pruebas científicas disponibles indican que los alimentos modificados genéticamente son tan seguros como los convencionales. 
No hay ninguna prueba científica que avale lo contrario. 
Hemos dicho una y otra vez que la decisiones que tomemos aquí en el Parlamento y en la Comisión tienen que tener una base científica. 
Se me ha pedido que trate la cuestión de la moratoria. 
Algunos Estados miembros y otros países habían pedido que se aplicara la moratoria de hecho para poder avanzar en el terreno legislativo y conseguir lo que proponemos ahora con estos Reglamentos. 
No puedo creer que esa fuera la intención de los que querían esta iniciativa legislativa para luego decir que, pese a tanto trabajo, esfuerzo, gasto y debates, la moratoria debe seguir en pie. 
En tales circunstancias, y reflejando las opiniones de los que nos han pedido que realicemos este trabajo y presentemos esta legislación, hemos llegado a una fase en que tenemos que levantar la moratoria de hecho. 
La legislación actual proporciona protección e información suficientes a los consumidores. 
Se trata de un texto legislativo sofisticado- el mejor del mundo, como he dicho- para que los consumidores puedan decidir libremente si consumen o no alimentos modificados genéticamente. 
Ellos son los que tienen que decidir. 
Así pues, ha llegado el momento de levantar la moratoria de hecho sobre los alimentos y los piensos. 
No creo que debamos levantar la moratoria cuando nos amenacen con un expediente de la OMC o cualquier cosa por el estilo. 
Mi trabajo- y estoy seguro de que ustedes pueden decir lo mismo del suyo- se ha basado en el afán de hacer lo correcto, de proporcionar a los consumidores la libertad de elección que consideramos necesaria y de proporcionarles esa libertad de una manera lógica e informada. 
Hemos hecho este trabajo porque creemos que es lo correcto. 
No lo hemos hecho porque otras personas creyesen que teníamos que avanzar más deprisa en este terreno y hacer lo que ellas pensaban que era lo correcto. 
No he hecho este trabajo bajo la amenaza de un expediente de la OMC. 
Para aquellos de ustedes que se han mostrado escépticos y siguen mirando con reservas esta legislación, existe una cláusula específica que contempla una revisión en un plazo máximo de dos años desde que se aprueben estos textos legislativos y se eleven a rango de ley. 
Por lo tanto, es posible- y así se pretende- que volvamos a considerar esta cuestión una vez transcurrido ese plazo, y decidamos, con la experiencia que ya tendremos de cómo han funcionado estos reglamentos, si se necesitan algunos ajustes o cambios. 
En mi opinión, se trata de textos legislativos importantes que aliviarán la preocupación de quienes expresan su inquietud al respecto. 
¿Demandaré yo mismo a los infractores o debe ser la Comisión quien demande a los infractores que no cumplan la ley? 
La función y el papel de la Comisión se limita a velar por la legislación, a asegurar que las leyes de la Unión Europea se apliquen y ejecuten correctamente y, en el caso de que alguna ley- incluida esta- no se aplique debidamente, tendremos que asumir nuestra responsabilidad y actuar tal como se nos exige en los Tratados. 
Por último, agradezco a la Sra. Scheele lo mucho que ha trabajado y la cooperación que me ha prestado en las reuniones que ha mantenido conmigo personalmente y con mi equipo, y la felicito por el resultado de un trabajo realmente difícil y prolongado. 
Yo también he disfrutado trabajando con ella durante todo este tiempo. 
. 
(EN) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a todos ustedes por este debate tan útil y exhaustivo. 
Me confirma al mismo tiempo lo difícil que es alcanzar algún tipo de consenso en una cuestión tan compleja. Eso se suma al mérito de los dos ponentes, la Sra. Scheele y el Sr. Trakatellis, que han conseguido acercar posiciones muy alejadas y hallar algunas soluciones de compromiso viables. 
En este debate me ha parecido vislumbrar el deseo de entrar en otro debate diferente sobre la aceptación o el rechazo de los OMG. Esta no es la situación. 
No estamos discutiendo si queremos decir «sí» o «no» a los OMG. 
Esa es una realidad. 
Sería injusto decir que no hemos tratado de actuar de acuerdo con la situación. 
Hemos revisado la Directiva 2001/18/CE sobre la comercialización de OMG vivos. 
Hemos propuesto un etiquetado que permite la trazabilidad. 
Hemos examinado propuestas relativas a los alimentos y los piensos. 
Hemos redactado un nuevo texto sobre la propuesta relativa a la responsabilidad medioambiental. 
Siempre contemplamos nuevas formas de complementar la legislación vigente para responder a las demandas de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Nuestras propuestas reflejan esas demandas y, al mismo tiempo, las posibilidades que ofrece la nueva tecnología. 
Esto es exactamente lo que plantean. 
Sabemos que la utilización de técnicas de modificación genética encierra grandes posibilidades, pero sabemos también que entraña sus riesgos. 
Por eso tenemos ahora una legislación mucho más estricta. 
Por eso queremos la trazabilidad y el etiquetado de estos productos. 
Por eso hemos añadido un texto en la propuesta sobre responsabilidad medioambiental. 
Eso es exactamente lo que nos hemos planteado. 
Estamos tratando de hacer nuestra parte del trabajo y asumir nuestra responsabilidad. 
Esa es la única forma de abordar una cuestión tan compleja y difícil. 
¿Es suficiente con reintroducir las autorizaciones? 
Este debate me recuerda a un niño que conozco y que, cuando tenía cinco o seis años de edad, su abuela le puso guisantes para cenar. 
He assured his grandmother that ' yes, I love green peas, but I don't eat them '. 
Lo mismo podríamos decir si ahora aprobamos una legislación totalmente revisada pero no estamos dispuestos a aplicarla. 
¿Qué tipo de señal enviaríamos al resto del mundo? 
La señal de que nuestra legislación, que busca un equilibrio entre beneficios y riesgos, no funciona porque no estamos dispuestos a aplicarla. 
That is the main point for me. 
We should be able to start to implement the legislation that we have now worked on for such a long time, trying to ensure an informed choice for the European consumers and farmers. 
Tenemos que demostrar al resto del mundo, incluidos los Estados Unidos, que nuestra legislación funciona. 
Así es como hacemos las cosas. 
Evaluamos el riesgo, lo trazamos, lo etiquetamos y aseguramos ese equilibrio correcto. 
Por eso, como ha dicho mi colega, el Sr. Byrne, la Comisión asumirá su responsabilidad. 
Como saben ustedes, el proceso deja también muchas cosas en manos de los Estados miembros para demostrar que ellos también pueden ocuparse de esta cuestión, pero si no están dispuestos a ocuparse, la Comisión asumirá desde luego su responsabilidad. 
Quiero de nuevo dar las gracias a los ponentes y a todas sus Señorías por este interesante debate. 
La Sra. Breyer ha pedido la palabra para presentar una declaración personal con arreglo al artículo 122 del Reglamento. 
Señora Breyer, quiero señalar que solo puede hacer referencia a alusiones a su persona en el curso del debate. 
En otras palabras: ¿podríamos no iniciar un nuevo debate? 
Señora Breyer, lamento tener que decirle que lo que acaba de exponer tiene muy poco que ver con una declaración personal y ha sido más bien una contribución al debate. 
Ya sabía por qué dije antes lo que dije. 
Le ruego encarecidamente que en el futuro se atenga al Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120) 
. (DE) Con estos dos Reglamentos se pretende establecer un nuevo marco jurídico uniforme a escala europea para la autorización, el etiquetado y la trazabilidad de los alimentos y piensos genéticamente modificados. 
El consumidor responsable desea ser informado: sobre el contenido, la composición, los ingredientes, y algunos incluso sobre los métodos de producción. 
Debemos satisfacer esta necesidad de información, precisamente en aquellos ámbitos en los que el desconocimiento provoca temores. 
El consumidor desea suprimir la incertidumbre mediante la selección. 
La gente teme todo lo nuevo. 
Puesto que carecemos de una experiencia prolongada en materia de OMG, urge facilitar información para que haya libertad de elección. 
Yo estoy a favor del compromiso. 
Si queremos que este importante Reglamento entre en vigor, hemos de evitar ahora un procedimiento de conciliación. 
La moratoria solo podrá levantarse si se aprueba con prontitud, y de esta forma podremos evitar litigios comerciales con los Estados Unidos, Canadá o Argentina. 
Espero que la UE abandone pronto sus reservas en contra de los OMG. 
Si la gente se hubiese opuesto a la rueda cuando la inventaron, ahora seguiríamos yendo a todas partes a pie. 
De conformidad con el orden del día, ahora procedería el debate conjunto sobre una serie de informes sobre seguridad alimentaria, pero solamente tendríamos tres minutos para dicho debate antes de comenzar el debate sobre la Comunicación de la Comisión. 
No tiene sentido iniciar el debate en este momento. 
De conformidad con el orden del día, procede el debate de la Comunicación de la Comisión sobre propuestas de acción para reforzar la industria farmacéutica europea en interés de los pacientes. 
Señor Presidente, en la comunicación sobre el G-10 adoptada hoy por la Comisión, los pacientes y la salud pública se sitúan en el centro del debate sobre la orientación futura de la política farmacéutica europea. 
Este nuevo equilibrio político entre la innovación industrial legítima y las necesidades sanitarias supone un paso importante en la dirección correcta. 
Con anterioridad me habrán oído decir que la salud es nuestra virtud. 
La mejora de los niveles de salud de la población, la prolongación de los años de vida sin enfermedades y la mayor esperanza de vida influyen en las características del desarrollo económico moderno, y la innovación farmacéutica ha desempeñado un papel importante en todo esto. 
También desde el punto de vista de los pacientes, la innovación ha conseguido grandes mejoras en su dignidad y su calidad de vida en los últimos años. 
Ahora los pacientes asumen un papel más activo en la búsqueda de información y productos. 
Pero en un momento en que se ha disparado el gasto sanitario, la población envejece y las expectativas de los pacientes son cada vez mayores, tenemos que formular una visión estratégica de cómo queremos avanzar en este complejo terreno. 
Hay toda una serie de cuestiones interrelacionadas. 
Los pacientes quieren productos más eficaces y más humanos que se comercialicen antes. 
Quieren tener mejor información sobre las ventajas comparativas de los productos y una alerta rápida en caso de reacciones adversas. 
Es esencial que los pacientes puedan disponer de información clara y fidedigna, desde el prospecto de los medicamentos hasta los portales de salud europeos en Internet. 
Los que financian el sistema de salud necesitan presupuestos sostenibles, medicamentos que puedan costear, una demanda que puedan controlar y una conducta responsable por parte de los pacientes, los profesionales sanitarios y los fabricantes. 
Desde el punto de vista de la salud pública, tenemos que asegurar que los medicamentos cumplan estrictas normas de calidad y seguridad y que las reacciones adversas puedan identificarse y abordarse con rapidez. 
Tenemos que tratar de conseguir unos hábitos de prescripción y consumo más racionales, para abordar así el problema de la resistencia antimicrobiana. 
Además, tenemos que asegurarnos de que la investigación desarrolle productos que atiendan a las necesidades sanitarias, diferenciándolas de los aspectos relacionados con la forma de vida. 
Por ejemplo, tenemos que promover más el desarrollo de productos para el tratamiento de enfermedades poco comunes y enfermedades de la infancia. 
Y, con el envejecimiento progresivo de la sociedad, los medicamentos desempeñarán un papel importante para poder mantener una vida activa y saludable, con todos los beneficios económicos y humanos que eso conlleva. 
Respecto a las industrias afectadas, existen una serie de cuestiones específicas que les planteamos hoy. 
Pero tenemos que ser conscientes de que una industria cada vez más globalizada probablemente dé menos prioridad a la investigación de tratamientos que los europeos necesitarán dentro de 10 ó 20 años si opera en un mercado fragmentado e imprevisible. 
En otras palabras, estamos seguros de que no faltarán medicamentos para mejorar la calidad de vida, como el Viagra, pero ¿quién puede garantizar que se desarrollarán medicamentos necesarios para el tratamiento de la artritis, la enfermedad de Alzheimer y la obesidad, por poner algunos ejemplos? 
Solo si creamos un mercado más previsible en toda Europa estaremos en condiciones de convencer a la industria de que se tome en serio las futuras necesidades de los europeos. 
La Comisión de Salud de Alto Nivel ha declarado que el objetivo de la política farmacéutica en materia de salud pública es permitir un rápido acceso a medicamentos eficaces, de alta calidad y seguros, entre ellos los más recientes e innovadores, a todos aquellos que puedan necesitarlos, con independencia de sus ingresos o de su condición social. 
Todas estas cuestiones se plantean en esta Comunicación. 
Hemos hecho hincapié en las necesidades que tienen los pacientes de recibir mejor información y de hacerse oír más para influir en la política. 
Las iniciativas emprendidas en todas estas áreas reforzarán su creciente participación en las decisiones sanitarias. 
La creación de una Plataforma Europea de Pacientes financiada por la UE en febrero de este año ha sido un paso importante. 
También nos hemos ocupado de los medicamentos propiamente dichos, para crear sistemas que aseguren su seguridad, su calidad y su eficacia. 
En este caso, el G-10 ha dado prioridad en su programa de trabajo a la necesidad de crear mejores sistemas de farmacovigilancia y eficacia relativa. 
De esta forma tratamos de promover un uso racional de los medicamentos. Ese objetivo de salud pública sustenta nuestra visión del sector farmacéutico. 
La eficacia relativa es un tema muy importante para la Unión Europea. 
En junio de 2000, el Consejo insistió en la importancia del valor terapéutico añadido, tanto en términos de protección de la salud como desde la perspectiva de la política industrial. 
Los medicamentos eficaces tienen que llegar rápidamente a las personas que los necesitan. 
Eso significa que tenemos que saber qué medicamentos son realmente eficaces, no solo en el entorno controlado de los estudios clínicos, sino cuando son utilizados por la población. 
Esta es la cuestión fundamental. 
La eficacia relativa es una herramienta clave para promover un uso racional. 
Pero está claro que tenemos que considerar también el papel que desempeñan otras partes. 
¿Cómo podemos promover un uso más racional de los productos farmacéuticos por parte de los profesionales sanitarios y los consumidores? 
Otra pregunta paralela sería: ¿Cómo podemos saber si hemos conseguido que se haga un uso más racional de los productos farmacéuticos? 
Esto me lleva a hablar de las evaluaciones comparativas. 
La recomendación de establecer indicadores de salud pública se ha convertido para nosotros en un gran reto. Por ejemplo, tenemos que investigar indicadores que permitan vigilar lo que está sucediendo entre los profesionales sanitarios que prescriben los medicamentos. 
En definitiva, la intención es crear un conjunto de indicadores que puedan arrojar luz sobre lo que está sucediendo en el sector farmacéutico de los Estados miembros, para saber hasta qué punto se atienden las necesidades sanitarias de la población y, de esta forma, disponer de información útil para formular políticas de ámbito nacional y europeo. 
Por último, el debate sobre la ampliación es especialmente oportuno. 
Ya se han firmado los tratados de adhesión. 
Aunque la ampliación es una de las recomendaciones específicas del G-10, está claro que nuestras respuestas a todas sus recomendaciones tienen que reflejar debidamente el nuevo contexto de la Unión Europea. 
El G-10 ha dado un primer paso importante para formular una visión estratégica de las futuras necesidades sanitarias de los europeos que sea asequible, eficaz, transparente, integral y segura. 
Si se aplica como es debido, hará bien a la salud de todos los afectados. 
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen. 
El debate tendrá lugar según el procedimiento que llamamos de solicitud incidental de intervención. 
La Sra. Roth-Behrendt ha pedido la palabra y se la doy. 
. (DE) Señor Presidente, me complace haber llamado su atención. 
Me gustaría formular una pregunta a los Comisarios: ¿No consideran que existe una cierta contradicción en las recomendaciones? 
Si están a favor de ofrecer mayores incentivos a la investigaciones para que los pacientes reciban más rápidamente medicamentos de mayor calidad, y si todos los Estados miembros del G-10 han hecho declaraciones en este sentido, ¿por qué del acuerdo político sobre el paquete farmacéutico parece deducirse que la disposición sobre la protección de datos, en lo que respecta a la rentabilidad de las innovaciones, no está planteado suficientemente a largo plazo, de modo que no se favorece la investigación? 
¿No cree usted que la forma más eficaz y segura de ofrecer rápidamente mejores medicamentos a los pacientes sería en principio un procedimiento centralizado, rápido y sencillo, y que sería preferible que la Comisión y los Estados miembros gastaran más en proyectos de investigación y que se presentara por fin al Parlamento la nueva legislación sobre medicamentos infantiles? 
Esto nos permitiría actuar con mayor celeridad para que las personas dispusieran de mejores medicamentos. 
Señor Presidente, tengo que insistir en que las dos propuestas son independientes en lo que se refiere a la revisión. 
La revisión cuenta con el respaldo del G-10 y ahora con el de los Estados miembros. 
El proceso del G-10 va más lejos, y por ahora no se ha celebrado ningún debate general en los Estados miembros al respecto. 
Primero está la propuesta del Grupo y hoy tenemos las recomendaciones de la Comisión. 
La semana que viene, la Presidencia italiana organizará una conferencia sobre el G-10 siguiendo las recomendaciones de la Comisión. 
Esperemos que prosiga la divulgación de estos mensajes. 
Como ya he dicho, ahora es importante que se tramite la revisión. 
Es importante para las industrias orientadas a la investigación, porque fortalece su posición; acelera el acceso a los mercados de productos nuevos; sirve de contrapeso; y significa también que los genéricos serán más competitivos cuando las patentes expiren. 
Señor Presidente, durante más de treinta años de mi vida he trabajado en uno de los grandes grupos de la industria farmacéutica, por lo que puedo decirle que la principal preocupación de esta industria, ya sea europea o no, no es ni la salud de la población- y sobre todo de la población que no tiene recursos para pagar los medicamentos- ni el bienestar de los trabajadores que emplea y que no vacila en despedir por millares al ritmo de las fusiones y concentraciones de este sector, o a hacerlos trabajar duramente, día y noche, incluso a las mujeres, para fabricar y envasar sus medicamentos. 
Estas prácticas resultan aún más escandalosas si tenemos en cuenta que la industria de los medicamentos es una de las más rentables. 
De hecho, la preocupación de esta industria es la salud financiera de sus accionistas. 
Antes de sacar a la venta un medicamento, las grandes empresas realizan estudios de marketing, que condicionan la continuación o interrupción de las investigaciones en función del mercado. 
Esto significa que sólo se interesan por las enfermedades que dejan dinero. 
Qué importa si un número cada vez mayor de hombres y mujeres tienen más dificultades para recibir tratamiento, qué importa si, en África u otras partes del mundo, siguen muriendo niños por enfermedades como el sarampión, que sabemos curar perfectamente, y qué importan los enfermos de malaria y otras enfermedades que afectan a las poblaciones de los países pobres. 
La única decisión que podría satisfacer tanto a los trabajadores de estos grupos, como a los pacientes de los países ricos y del tercer mundo, sería que esta industria dejase de ser una industria privada en la que sólo cuentan los intereses de una minoría, para pasar a estar bajo el control de los pueblos, en interés de todos. 
Gracias, señor Bordes. 
Me permito señalar que en un debate como este que tenemos ahora se trata más bien de formular preguntas que de realizar intervenciones. 
Le ruego que vuelva a leer el Reglamento para ver cómo funciona. 
Así, la próxima vez no habrá malentendidos entre nosotros. 
Señor Presidente, esa discusión ya se ha producido en un contexto diferente cuando comenté las enmiendas del Parlamento, pero me gustaría decir brevemente que la Comisión acoge con satisfacción el apoyo del Parlamento al procedimiento centralizado. 
Ahora proponemos que se aplique a todos los principios activos y el Parlamento lo ha apoyado. 
El Consejo acaba de llegar a un acuerdo político que apunta en la misma dirección, pero de una forma más restrictiva. 
Se limita la aplicación del procedimiento centralizado a cuatro enfermedades, pero, en opinión del Consejo, el texto legislativo debería incluir un artículo específico que permitiera ampliar el ámbito de aplicación del procedimiento centralizado. 
Con respecto a la información facilitada a los pacientes en este terreno, el debate continúa, pero parece ser que no son tan distantes las posturas de la mayoría del Consejo y la mayoría del Parlamento. 
No es la misma posición que la de la Comisión, pero respeto el resultado del procedimiento legislativo. 
La Comisión nunca ha propuesto que se haga publicidad directa de cara al consumidor. 
Apoya que solo se facilite información controlada a los pacientes, a las asociaciones de pacientes y a otros colectivos similares. 
Todos los que tienen acceso a Internet reciben cantidades masivas de correo basura anunciando medicamentos, publicidad que aumenta cada día. 
Sería mejor que los consumidores supieran qué sitios web son realmente dignos de confianza, bien por estar sujetos al escrutinio de las autoridades, bien porque pueden confiar en la calidad de su información. 
Respecto a esta cuestión, parece ser que el Parlamento y el Consejo están en la misma onda y se muestran muy prudentes en torno a la cuestión de la información facilitada a los pacientes. 
We will of course return to this in second reading. 
Señores Comisarios, entre sus numerosas propuestas ustedes han mencionado el valor añadido de los medicamentos. 
Creo que se trata de un punto fundamental. 
Actualmente salen al mercado numerosos nuevos medicamentos que, desgraciadamente, rara vez resultan innovadores. 
¿Cómo piensan estimular en concreto a las industrias a que produzcan medicamentos que no sólo sean nuevos, sino también innovadores? 
Asimismo han mencionado la cuestión del portal informático europeo. 
Nueva Zelanda, país del que me hago portavoz, está elaborando actualmente un sistema de este tipo y se pregunta si entraremos en función de los medicamentos o de las enfermedades y, en este último caso, si las respuestas ofrecidas se referirán a las farmacoterapias o si en dichos sitios se propondrán distintas terapias de sustitución. 
Señor Presidente, señor Comisario, las cosas no van realmente bien con la industria farmacéutica. 
Hay un déficit de innovación. 
Debido a ello surge la tendencia de proteger mejor los productos existentes o hacer pequeñas variaciones, mientras que los precios siguen siendo inaceptablemente altos. 
Por consiguiente su comunicación llega en un momento muy oportuno. 
Con razón ambos han dicho que el paciente ha de ocupar un lugar central, pero la pregunta es por supuesto de qué paciente se trata. 
Como ya han señalado anteriores oradores, los pacientes en los países en vías de desarrollo siguen enfrentándose a un déficit de medicamentos. 
En realidad no se realizan, o apenas se realizan investigaciones sobre las enfermedades en los países en vías de desarrollo. 
Así pues quisiera saber qué iniciativas van a tomar para impulsar la investigación sobre las enfermedades desatendidas de forma que también se impulse a la industria farmacéutica en su conjunto. 
Señor Presidente, en cuanto a los países en desarrollo, hay tres principales posibilidades en términos de acción: en primer lugar, crear un marco legislativo que fomente la investigación sobre medicamentos huérfanos dirigidos al tratamiento de enfermedades poco comunes en nuestro territorio. 
En este sentido, tenemos una Directiva que fue aprobada por el Parlamento hace algún tiempo, de manera que ese marco ya existe. 
En segundo lugar, si se considera que esto no basta para promover el trabajo de investigación, se puede plantear la financiación pública de la investigación. 
Lamento que el Sr. Busquin, Comisario de Investigación, no se encuentre aquí. 
Estoy seguro de que nos podría dar una respuesta más detallada al respecto. 
En tercer lugar, hemos de tener en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, que se basan en su bajo nivel de renta y en el escaso poder adquisitivo de los ciudadanos. 
En este terreno se han hecho algunos progresos en los últimos años. 
Esta cuestión se sigue debatiendo todavía en el seno de la OMC. 
Por otra parte, algunos sistemas han permitido a los países en desarrollo comprar medicamentos a precios más bajos que en Europa. 
Things are moving, but I am sure that the situation today is far from satisfactory. 
Señor Presidente, quisiera añadir brevemente algo a lo que acaba de decir el Comisario Liikanen en respuesta a esta pregunta. 
Hay un grupo de Comisarios formado por el Comisario de Desarrollo, el Comisario de Comercio, el Comisario de Investigación y yo. 
Ese grupo está preocupado por la misma cuestión de que se está hablando, a saber, el interés por las enfermedades del mundo en desarrollo. 
Centra su atención particularmente en la malaria, el VIH y la tuberculosis. 
Espero que con el tiempo haya más información disponible sobre esta cuestión. 
Quisiera decir también que uno de los objetivos que ha formulado la Presidencia italiana en palabras del nuevo Ministro de Sanidad es el progreso en la lucha contra la malaria. 
Este es uno de los objetivos de la Presidencia italiana. 
Señor Presidente, señores Comisarios, me gustaría retomar el sentido de la intervención de la Sra. Corbey, con la cual trabajé durante la elaboración de un programa sobre las enfermedades de los países del Sur, en virtud del artículo 169 del Tratado CE aplicado al Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo. 
Ella les ha preguntado cuáles son los problemas para movilizar la investigación en ese ámbito. 
Y ustedes respondieron que el Comisario Busquin nos habría podido dar respuestas complementarias. 
Sin pretender responder por el Comisario, simplemente quiero decir que, al parecer, en el sector privado se movilizan muy pocos recursos para contribuir a la tercera parte de los créditos que contempla el programa antes mencionado en virtud del artículo 169. 
Cómo ustedes trabajan de forma colegiada, es posible que tengan información al respecto y quizá puedan confirmar o refutar las informaciones de que dispongo en esté ámbito sobre la falta de movilización de los créditos privados necesarios para realizar este programa de lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis. 
¿Quizá cuenten con informaciones sobre el acuerdo de los Estados y, por ende, sobre la asignación de créditos públicos? 
De hecho, desde que el Parlamento Europeo votara sobre este informe en primera lectura, no hemos recibido muchas noticias. 
Esta cuestión se sitúa al margen del debate de hoy, pero se refiere de cualquier manera a los mismos problemas. 
Así pues, si tienen una respuesta que darme, les quedaría infinitamente agradecido. 
Señor Presidente, la labor que se lleva a cabo en esta cuestión por parte de los Comisarios implicados está en curso, como ya he señalado antes. 
Se espera que el sector privado se involucre más en esta cuestión, porque queremos hacer algunos progresos en este terreno. 
También sé por el trabajo que ha realizado el Comisario Lamy en relación con el suministro de medicamentos a los países en desarrollo que esta cuestión se está debatiendo en el contexto de la Ronda de Doha. 
El Comisario espera que se produzcan avances porque ese fue uno de los compromisos que se contrajeron en Doha al inicio de las conversaciones. 
La expectativa es que los países en desarrollo insistan en que haya algún progreso antes de que exista una finalidad. 
Espero y confío en que haya algún resultado antes de Cancún. 
Señor Presidente, señores Comisarios, celebro la comunicación que acaban de hacernos. Me limitaré a hacer algunas preguntas al Comisario Liikanen, que al inicio de su intervención llamó nuestra atención sobre la situación de la industria farmacéutica europea, destacando que ha perdido competitividad y que, de ser una industria líder en Europa, ha perdido su liderazgo en favor de los Estados Unidos. 
Quisiera hacer un pequeño comentario y decir que el futuro de Europa, el destino de Europa, se juega hoy, más que en ninguna otra parte, en sus laboratorios y en los centros de investigación. 
Por ello, esta afirmación del Comisario Liikanen me ha dejado preocupado, más preocupado de lo que estaba antes. 
Y le pregunto lo siguiente: ¿no será que el marco legislativo que se elabora en Europa, así como una cultura rígida en materia de control de la investigación, por ejemplo en el ámbito de las biotecnologías, constituyen un gran freno para la adquisición o la recuperación de la competitividad de la industria europea? 
Sé que esto desagrada a muchos diputados, que por razones filosóficas o ideológicas oponen casi un veto al desarrollo de las biotecnologías. 
Pero no podía dejar de hacerle esta pregunta, señor Comisario. 
Quisiera decir unas palabras sobre la investigación pendiente. 
La investigación pública es muy importante, pero está claro que, incluso en la UE, el objetivo de dedicar un 3% del PIB a investigación antes de 2010 se basa en la idea de que un 1% del PIB procedería de fuentes públicas, y el otro 2% del sector privado. 
Suceda lo que suceda con el gasto público, nunca tendremos recursos suficientes para conseguir ese 3%. 
Por ese motivo, el marco reglamentario tiene que crearse de forma que se protejan los derechos de propiedad intelectual para atraer inversiones privadas al sector. 
Les guste o no, esa es una lógica económica muy simple y clara. 
En cuanto a la biotecnología, estoy seguro de que tiene usted razón, al menos en parte. 
En la Comisión hemos aceptado un plan de acción para la biotecnología, que seguimos estrictamente. 
En general, la situación es posiblemente algo mejor para la llamada «biotecnología roja» , que está asociada a las industrias farmacéuticas. 
Si miramos otras ramas de la investigación biotecnológica, veremos que hay mucho trabajo por hacer. 
Hoy mis colegas Sr. Byrne and Sra. Wallström han hablado del tema de los OMG. 
Pero la biotecnología abarca muchas otras cuestiones. 
Si queremos liderar el campo de la investigación farmacéutica, no podemos separar los diferentes capítulos de la investigación biotecnológica. 
Necesitamos proteger los derechos de propiedad intelectual, necesitamos financiación suficiente. 
Necesitamos también una opinión pública que apoye las novedades y la innovación en el mercado. 
A fin de cuentas, eso es crucial. 
Ninguna investigación puede financiarse sin que exista un mercado. 
No hay mercado a menos que los consumidores tengan confianza en los productos que salen de los laboratorios de investigación y de las fábricas. 
Señor Presidente, quisiera formular una breve pregunta sobre la Plataforma Europea de los Pacientes y preguntar a los dos Comisarios si están satisfechos con el grado de independencia de los representantes de los pacientes. 
Digo esto sobre el trasfondo de los artículos publicados en el British Medical Journal del Reino Unido. 
Si los Comisarios no han leído esos artículos, con mucho gusto se los haré llegar. 
Todos sabemos que sin el apoyo de la industria farmacéutica, muy pocas voces se alzarían en representación de los pacientes, pero esas voces tienen su precio. 
Estaría interesada en conocer sus opiniones al respecto. 
Señor Presidente, como ha dicho la Sra. Read, tiene una importancia absolutamente crítica que la plataforma se considere independiente y lo sea, y que funcione de forma tal que suponga un valor añadido en toda esta cuestión. 
No he escuchado ninguna sugerencia de que existieran problemas en este terreno. 
Tomo nota de lo que se ha dicho sobre esta cuestión e indagaré personalmente al respecto cuando abandone la Cámara. 
Sin embargo, tengo que decirles que no he escuchado nada de eso, que no tengo ese tipo de recelos y que confío en la plataforma. 
Pregunta nº 31 formulada por Carlos Lage (H-0393/03): 
Asunto: Reforma de la política pesquera común y el principio de estabilidad 
Con ocasión del debate y la votación en el Parlamento Europeo sobre la reforma de la política pesquera se aprobó por amplia mayoría la aplicación del principio de estabilidad en la gestión de la conservación de los recursos haliéuticos. 
El principio de estabilidad ofrece una doble ventaja, ya que contribuye por una parte a una mejor gestión y conservación de los recursos, que es uno de los principales objetivos de la reforma, y por otra, a evitar conflictos indeseables que ensombrecen el desarrollo de relaciones armónicas entre los pueblos y las comunidades pesqueras, como ocurre hoy en todo el litoral portugués, donde aumenta la inquietud y la protesta contra las autoridades comunitarias. 
¿Qué medidas o iniciativas piensa tomar la Comisión Europea para que este principio sea aceptado y se pueda restablecer la tranquilidad de los pescadores y de la opinión pública? 
Señor Presidente, Señorías, en su pregunta, el Sr. Lage plantea el tema del acceso a las aguas continentales portuguesas, cuestión que está presente en las deliberaciones del Consejo sobre el nuevo régimen aplicable a las aguas occidentales. 
A este respecto, la tarea de la Comisión es asegurar que se mantengan dos principios: en primer lugar, el principio de la estabilidad relativa, establecido en el artículo 20 del nuevo Reglamento marco para la Política Pesquera Común. 
Este principio, que contempla el reparto de las oportunidades de pesca entre los Estados miembros, se aplica desde luego igualmente a Portugal y a las aguas portuguesas. 
Otro principio de la Política Pesquera Común que se añade a este es el del libre acceso a las aguas situadas más allá de la zona de 12 millas, y está contemplado en el artículo 17 del nuevo Reglamento marco. 
Es evidente que, en materia de acceso a las aguas continentales portuguesas, la Comisión ha de emplear el mismo enfoque que el utilizado para las demás aguas de la Comunidad. 
Más allá de la zona de 12 millas, las aguas deben ser accesibles para todos los Estados miembros. No obstante, es posible limitar dicho acceso por razones biológicas, pero tales limitaciones no deben tener un efecto discriminatorio. 
Por ello no es posible, desde un punto de vista jurídico, proteger las poblaciones de peces prohibiendo a los pescadores de los países vecinos el acceso a estas aguas. 
No obstante, hay una solución, y la correcta es la estabilidad relativa junto con los TAC y cuotas para las poblaciones de importancia económica, así como toda posible medida técnica complementaria que pueda resultar necesaria. 
Señor Comisario, le agradezco su respuesta. 
Es una respuesta formal basada en principios, principios que encierran cierta contradicción- el principio de estabilidad relativa y el principio de libre acceso -, pero no voy a hacer ahora ningún comentario sobre esto. 
Sucede que ese marco formal y abstracto se las tiene que ver con una situación que no puede ser ignorada ni en el plano político ni en el plano ético, esto es, que las aguas territoriales portuguesas tienen la mala suerte de estar al lado de las aguas territoriales españolas, que poseen la flota pesquera más potente de Europa, que tiene una enorme necesidad de encontrar nuevos caladeros y demuestra una gran voracidad, no obedeciendo siempre las normas del todo. 
Esto está levantando en Portugal una ola de cólera entre los pescadores, y una gran preocupación e indignación entre la opinión pública portuguesa, hasta tal punto, que todos los reaccionarios y nacionalistas portugueses, que ahora están callados porque el proyecto europeo es un éxito para Europa y para Portugal, están aprovechando la situación para lanzar discursos coléricos contra una Europa que quiere retirar a los pescadores portugueses su pescado y entregar las aguas portuguesas a una pesca salvaje. 
Éste es un problema político que el Comisario y la Unión tienen delante. 
Señor Presidente, conozco las reacciones que se han producido en algunos sectores de la sociedad portuguesa, pero comprenderá que solo tenemos la posibilidad de actuar en el marco jurídico que tenemos. 
Le he dicho que existe una solución práctica, sobre todo si la parte española y la parte portuguesa están dispuestas a llegar a un acuerdo a la hora de fijar las cuotas. 
En concreto se trata fundamentalmente de la pesca de la sardina, para la que hasta ahora no se ha fijado ninguna cuota en esta zona. 
No obstante, estamos dispuestos a fijar una cuota, y a la hora de fijar la cuota por supuesto es posible determinar qué parte corresponderá a los pescadores portugueses y qué parte a los españoles. 
Entonces tendríamos una solución que en mi opinión sería aceptable para todos. 
Pregunta nº 32 formulada por Proinsias De Rossa (H-0405/03): 
Asunto: Apoyo de la UE al Programa internacional de la OIT para la erradicación del trabajo infantil 
El 13 de junio de 2002, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre el trabajo infantil en la producción de equipos deportivos, en la que, entre otras cuestiones, pedía que se asignaran más fondos al Programa internacional para la erradicación del trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (apartado 9). 
Habida cuenta de esta Resolución, y de la respuesta de la Comisión a mi pregunta H-0515/02 
. 
(EN) Señor Presidente, la Comisión Europea comparte las inquietudes expresadas con respecto a la explotación del trabajo infantil en general, y en la producción de equipos deportivos en particular. 
La Comisión ha establecido una alianza estratégica con la OIT a raíz de la Comunicación sobre la creación de una asociación efectiva con las Naciones Unidas en los ámbitos del desarrollo y los asuntos humanitarios y de la Comunicación sobre el fomento de normas laborales básicas y la gobernanza social. 
En ese contexto, se prestará especial atención al posible apoyo al Programa Internacional de la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil. 
En el marco de la cooperación entre las dos organizaciones, aprobada en mayo de 2000, se celebran reuniones anuales de alto nivel entre la Comisión y la OIT, la siguiente de las cuales tendrá lugar el 8 de julio de 2002, es decir, dentro de una semana. 
La Comunidad incrementa sus ayudas a una enseñanza primaria universal y obligatoria en todos los países en desarrollo. 
Considera que esta es una de las maneras más eficientes que tiene actualmente a su disposición para sacar a los niños del círculo vicioso de la explotación. 
Nosotros hacemos gran hincapié en la necesidad de trabajar con la OIT en esta cuestión, tanto por el problema del trabajo infantil en sí mismo, como por tratarse de un terreno en el que casi todo el mundo entiende la necesidad urgente de fortalecer la gobernanza y los derechos que propugna la OIT. 
Quiero dar las gracias al Comisario Nielson por su respuesta. 
Me complace que el Comisario esté tomando medidas para realizar un seguimiento de los compromisos ya asumidos, y estoy deseando ver los resultados de la reunión del 8 de julio. 
Las estadísticas globales de participación de los niños en actividades laborales son realmente sorprendentes, sobre todo cuando se analiza el desglose, puesto que se calcula que cerca de dos millones de niños participan en todo el mundo en actividades de prostitución y pornografía y unos seis millones de niños llevan a cabo trabajos obligados o forzados. 
La cifra de niños que trabajan en todo el mundo está próxima a los 200 millones. 
¿Podría el Comisario indicarnos de qué forma podremos evaluar el éxito de los esfuerzos de la OIT y de la Unión Europea en este campo? 
Asimismo, ¿podría explicarnos cómo podemos disuadir a las principales empresas de material deportivo que venden zapatillas y ropa deportiva a precios inflados en las tiendas europeas? 
¿Cómo podemos evitar que, cuando se les presiona en la India, se trasladen a China para hacer exactamente lo mismo? 
. 
(EN) Es preciso que este asunto se plantee en todo el mundo. 
La vertiente principal de esta cuestión es tan criminal como la vertiente de la producción. 
En estas actividades se toman muy pocas decisiones que no vengan definidas por el mercado de nuestro lado rico del mundo. 
La FIFA y la OIT han lanzado la campaña «Tarjeta roja al trabajo infantil» para luchar conjuntamente contra el trabajo infantil, una campaña muy buena que aborda directamente el problema del que estamos hablando. 
Complementar esto con un trabajo más general destinado a incrementar el respeto por los principios básicos que defiende la OIT marcará una diferencia, al menos eso espero. 
La evaluación de los progresos puede realizarse de muchas formas. 
Una es ver cuántos países firman realmente los instrumentos jurídicos. 
Este debate lo estamos impulsando con bastante fuerza con nuestros socios en desarrollo. 
Pregunta nº 33 formulada por Camilo Nogueira Román (H-0356/03): 
Asunto: Estado de la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea ante la nueva situación política en el Brasil y la Argentina- relaciones económicas con ambos Estados 
¿En qué estado se encuentra el proyecto de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, transcurridos seis meses de la elección de Luís Inácio Lula da Silva a la Presidencia del Brasil y cuando la Argentina acaba de elegir un nuevo Presidente en la persona de Néstor Kirchner, teniendo en cuenta que ambos dirigentes han manifestado su intención de fortalecer las relaciones entre los dos Estados y relanzar la citada institución americana? 
¿En qué estado se encuentran, en este sentido, las relaciones económicas de la Unión con estos países hermanos? 
(FR) Señor Presidente, la pregunta del Sr. Nogueira Román se refiere a tres puntos. El estado de las negociaciones entre la Unión y el Mercosur, en primer lugar, a continuación, la llegada del Sr. Kirchner a la presidencia de la República Argentina y, por último, las cuestiones relativas a la cooperación económica entre la Unión y el Mercosur para facilitar la integración de esta región. 
Expongamos primero el estado de las negociaciones. 
Como ustedes saben, el año pasado reiniciamos este proceso y, desde entonces, los negociadores de ambas partes trabajan denodadamente para avanzar en los distintos planos. 
Se trata de una negociación compleja que aborda tanto el comercio de mercancías y servicios, como la reglamentación. 
Por ello, el año pasado en Río aprobamos un calendario, al que nos atenemos. 
Se han intercambiado propuestas en materia arancelaria, por cierto, de buena calidad. 
Desde marzo de este año, el clima es tranquilo. 
Hemos observado igualmente algunos avances en materia de normas de origen, de inversiones, de contratos públicos, de solución de diferencias, de facilitación de los intercambios, de normalización y de reglamentación técnica. 
Todo ello constituye más bien un buen augurio. 
Las negociaciones del mes de marzo habían permitido asimismo preparar un intercambio de propuestas sobre los servicios, las inversiones y los contratos públicos. 
Este intercambio tuvo lugar, por otra parte, a finales del pasado mes de mayo, si bien nos sentimos un poco desilusionados por las ofertas de nuestros interlocutores del Mercosur. 
Como pueden ver, seguimos negociando activamente. 
Tenemos confianza en la voluntad de nuestros interlocutores para llegar a resultados. 
La semana pasada concluyó una ronda de negociaciones en Asunción. 
Es necesario continuar avanzando, porque aún queda mucho por hacer, especialmente por que nuestros amigos del Mercosur esperan con impaciencia gestos por parte de la Unión. 
En su caso, sólo haremos dichos gestos en el marco de un equilibrio general al que no hemos llegado completamente. 
Así pus, el optimismo sobre la negociación es relativo. 
Sin duda es demasiado pronto para decidirnos a iniciar la fase final de las negociaciones- momento que siempre reviste importancia- debido a que éstas comprenden numerosos temas y eso requiere tiempo. 
Estamos en una etapa de reflexión, sobre todo porque esta negociación- en particular en materia agrícola- no puede separarse, desde la perspectiva de la credibilidad negociadora de la Unión Europea, de lo que suceda en el foro multilateral de la Organización Mundial del Comercio. 
Vemos con buenos ojos la llegada del Sr. Kirchner a la presidencia argentina, así como las diversas declaraciones de los presidentes Lula y Kirchner sobre el futuro del Mercosur. 
No cabe duda de que tanto uno como otro han querido dar a conocer al Mercosur, es decir, a Paraguay y Uruguay, a América Latina y, de forma más amplia, al mundo entero su deseo y su voluntad de reforzar el proceso de integración del Mercosur. 
Nosotros recibimos estas declaraciones con gran satisfacción. 
La integración de América Latina forma parte de las prioridades políticas de la Unión Europea y es por ello por lo que, desde un principio, consideramos que debíamos negociar con el Mercosur en bloque. 
Así pues, deseamos una negociación «1+1» y no una negociación «1+4» , como las que se practican en otros foros, como la zona de libre comercio de Norte y Sudamérica. 
Por otra parte, siempre he dicho, incluso públicamente, a nuestros interlocutores del Mercosur que la ambición comercial de la Unión Europea respecto al Mercosur sería proporcionada a la ambición de Mercosur para sí mismo en materia de integración política, económica y comercial. 
Por último ¿qué medios ponemos a disposición del Mercosur en el marco de nuestra cooperación económica? 
Primero tenemos lo que hacemos a nivel regional: contamos con una estrategia regional Mercosur/Unión Europea sobre la contribución a la realización del mercado interior del Mercosur, es decir, un poco más de un millón de euros para el período 2000-2006. 
Dedicaremos más de diez millones de euros durante el mismo periodo a la institucionalización del Mercosur y existe un tercer capítulo de asistencia a la sociedad civil. 
Nuestra experiencia en tanto que europeos nos permite contribuir al mismo tiempo a la construcción del mercado interior, de la integración comercial, del sistema estadístico, del sistema de normas veterinarias y fitosanitarias, a la armonización de la reglamentación técnica, en una palabra, a todo lo que se necesita en materia de instrumentos transfronterizos. 
Conocemos estas cuestiones por haber tenido que hacer frente a ellas hace aún poco tiempo. 
Además, también hemos desarrollado estrategias de cooperación con una serie de países del Mercosur por importes en torno a 200 millones de euros durante el período que acabo de mencionar. 
Estas estrategias pueden contribuir a su vez a prestar apoyo a la integración regional, a la reforma económica y al desarrollo social. 
Brasil, Argentina, pero también Uruguay y Paraguay son efectivamente países que tienen una gran necesidad de continuar un profundo proceso de reforma. 
Seguiremos apoyando estas medidas en los planos económico, social y político. 
Señor Comisario, con su intervención me ha sacado las palabras de la boca; en efecto, yo quería decir que el Comisario Lamy siempre ha respondido de forma completa, lo que le agradezco mucho, como siempre le he agradecido sus respuestas a mis cuestiones en este turno de preguntas del Parlamento Europeo. 
En todo caso, me gustaría decir, antes de hacer una pregunta final, que los representantes de la Delegación para las relaciones con los países de América del Sur y Mercosur acaban de regresar de Brasilia. 
Mantuvimos reuniones con miembros del Gobierno brasileño, con dirigentes parlamentarios, con el Presidente del Congreso y con los principales asesores del Presidente Lula, y comprobamos, una vez más, que es un país extraordinario que está poniendo en marcha un programa ejemplar de integración social, decisivo para el futuro del país, y que, como sabe el Comisario, mantiene unas relaciones económicas privilegiadas con Europa, además de las relaciones culturales de familia, que son tradicionales. 
Yo mismo acabo de estar en Argentina durante un mes y medio por razones políticas, y pude comprobar la evolución de este país. 
Mercosur mira a la Unión Europea como una relación histórica entre Estados hermanos, como el socio necesario para evitar una relación subordinada de los Estados Unidos. 
Por esta razón, pregunto si está dispuesta la Comisión a mantener, en el futuro, una relación prioritaria con Mercosur, tal vez con toda América del Sur, que posiblemente se integrará en esta organización. 
. (FR) Señor Presidente, voy a responder afirmativamente en general a lo que acaba de indicar Su Señoría, quedando entendido que es cierto que hemos hecho de esta región del cono sur de América Latina una de nuestras prioridades, ya que estos países han decidido por sí mismos llevar a cabo un esfuerzo de integración. 
Nuestra idea es que dicho esfuerzo se reproduzca en otros lugares en el futuro, quizá con la comunidad andina, quizá con las comunidades de América Central. 
Así pues, es efectivamente ese concepto de integración regional el que queremos estimular, no por euromorfismo sistemático, sino porque consideramos que, en vista de que estos países han decidido por sí mismos que la integración iba en su interés, dicha integración merece todo nuestro apoyo. 
Pregunta nº 34 formulada por Bernd Posselt (H-0380/03): 
Asunto: Comercio exterior con el África Subsahariana 
¿Qué valoración hace la Comisión de la evolución del comercio exterior entre la UE y los Estados del África Subsahariana? 
. (FR) Intentaré responder lo más brevemente posible a la pregunta del Sr. Posselt sobre las relaciones comerciales entre África y la Unión Europea. 
Evidentemente, somos el primer socio comercial de África, con un comercio bilateral que representa más de 150.000 millones de euros, según los datos de 2000, es decir, algo menos de la mitad del comercio exterior del continente africano. 
Una vez dicho esto, si observamos las cosas desde el punto de vista de las tendencias y, en particular, aquella a la que hace referencia la pregunta, a saber, la tendencia del comercio entre la Unión y los Estados subsaharianos, la evolución resulta evidentemente lenta, ya que si tomamos el caso de los países ACP de la zona subsahariana, la tendencia consiste en un ligero crecimiento medio, con algunos descensos, a los que volveré más adelante. 
En todo caso es inferior al crecimiento del comercio mundial. 
La tendencia a largo plazo presenta un ligero incremento, con unas importaciones hacia Europa por un total en torno a los 30.000 millones de euros. 
Y como ya he dicho, dentro de esta tendencia hacia un incremento medio lento, en ocasiones se producen descensos. 
Así sucedió, por ejemplo, entre 2001 y 2002, a pesar de la iniciativa «todo menos armas» que, durante este período, aportó cerca de 90.000 millones de euros durante todo el año 2002, es decir, durante el primer año completo de aplicación de este régimen. 
Así pues, gracias a la iniciativa «todo menos armas» se palió un poco la caída observada en 2001 y 2002. 
Dejando a un lado las cifras, el principal problema se debe a la composición del comercio y de las exportaciones de estos países que, desde un punto de vista estructural, sigue presentando deficiencias, ya que en lo esencial está integrada por unos cuantos productos básicos, como petróleo, diamantes, cacao. 
Por otra parte, aproximadamente una tercera parte de las exportaciones de los países africanos hacia la Unión Europea son agrícolas, lo que hace de nuestro mercado la salida más importante para las exportaciones africanas. 
¿Qué puede hacerse para mejorar esta situación? 
Creo que el concepto consiste en intentar mejorar las capacidades de exportación de estos países hacia nuestros países y en diversificar sus economías. 
Para ello contamos con una política que actualmente se ha estabilizado y que el Parlamento Europeo conoce bien, porque debatimos sobre ella con frecuencia: en primer lugar, profundizar la integración regional entre los propios países africanos; a continuación, reforzar los lazos económicos y comerciales entre estos países y la Unión Europea; y por último la integración progresiva en la economía mundial de los países africanos, pues no podemos pretender una relación exclusiva, ya que tampoco iría en el interés de estos países. 
Asimismo, para ello contamos con un marco que es el de Cotonú y de las negociaciones de acuerdos de asociación económica, negociaciones que avanzan. 
A nivel multilateral tenemos el marco de la OMC. 
Es por ello que deliberamos continuamente, si puedo decirlo así, con nuestros homólogos africanos tanto sobre relaciones regionales- negociaciones de acuerdos de asociación económica- como multilaterales, habida cuenta de la actualidad del ciclo de las negociaciones de Doha. 
En este contexto, resulta evidente que a nosotros, europeos, nos corresponde garantizar que todas estas negociaciones respondan a las necesidades de África, habida cuenta de que, en mi opinión, nuestros amigos africanos cuentan actualmente con los medios de los que no disponían necesariamente en el pasado para identificar por sí mismos la forma en que este tipo de negociaciones pueden responder efectivamente a sus necesidades. 
. (DE) Señor Presidente, doy las gracias al señor Comisario por su respuesta. 
Como todos sabemos, pensamos que África se caracteriza en gran medida por industrias únicas; por otra parte, para los africanos Europa está formada por conglomerados. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿Qué actividades lleva a cabo la Comisión para reforzar- ya sé que esto resulta difícil en la práctica- la cooperación entre el África subsahariana y la Unión Europea en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas? 
En este frente no se mueve casi nada. 
Mi pregunta se refiere a lo que se hace en el ámbito de la cooperación entre pequeñas y medianas empresas. 
Aunque la mayoría de ellas siguen sin atreverse a poner pie en esta región, creo que serían socios muy importantes para África, si no queremos que esté dominada por industrias únicas y conglomerados con exclusión de todo lo demás. 
. (FR) Su pregunta es totalmente pertinente. 
Desde el punto de vista africano resulta evidente que la estructuración del tejido económico debe pasar fundamentalmente por la aparición de pequeñas empresas. 
También es cierto, de manera general, que éstas tienen un menor acceso que las grandes a los procedimientos de financiación internacional. 
Una vez dicho esto, con lo que hacemos en materia de ayuda al desarrollo y de asistencia técnica a la formación, con lo que hacemos para favorecer los intercambios y con lo que hace el Banco Europeo de Inversiones en esta región- y Dios sabe que se emplea con todo vigor -, el volumen y el número de instrumentos disponibles para las iniciativas empresariales son objeto, en mi opinión, de un rápido crecimiento. 
La inversión me parece necesaria, incluso si sólo resulta rentable forzosamente a medio y largo plazo e incluso si hay que esperar a llegar a un nivel de desarrollo bastante sofisticado para que las pequeñas empresas- que por definición se muestran mucho más reticentes que las grandes a correr riesgos- participen activamente en el tipo de intercambios que deseamos fomentar. 
Quiero preguntar al Comisario si está de acuerdo con el Presidente de los Estados Unidos de América en que es posible que la posición europea sobre el comercio de cultivos modificados genéticamente esté afectando a nuestro comercio de productos agrícolas con los países del sur de África, cosa que está afectando a su capacidad para alimentarse. 
. La respuesta a la pregunta del Sr. Purvis es no. 
No aprobamos estas declaraciones y hemos tenido la ocasión de debatirlas juntos, de manera muy franca y directa, apenas la semana pasada con motivo de la cumbre entre los Estados Unidos y Europa que se celebraba en Washington. 
Señor Purvis, no estamos de acuerdo en esta posición y hemos actuado de tal manera que el Presidente de los Estados Unidos sea informado, como se dice en inglés, «por la boca del caballo». 
Una de las razones por las que no estamos de acuerdo es porque consideramos que se trata de un argumento de mala calidad, utilizado para una causa perfectamente defendible y que pretende promover los intereses de las exportaciones agroalimentarias de OMG por parte de los Estados Unidos. 
Ahora bien, existen otras formas de proceder, por ejemplo, reducir, como lo hemos hecho nosotros, las ayudas alimentarias en especie para prestar una ayuda alimentaria en efectivo. 
De este modo hemos financiado, sobre todo en África, la ayuda alimentaria a escala regional. 
De esta manera, cada país puede hacer su elección, que nosotros no debemos imponerle, favorable o no a los OMG. 
Simplemente deseamos que estos países mantengan su libertad de evaluación y su soberanía. 
Para ello basta con reducir la ayuda alimentaria en especie y aumentar la ayuda alimentaria financiera, de conformidad, por otra parte, con la reglamentación de los diversos programas alimentarios de Naciones Unidas. 
. (FR) Tiene razón. 
En muchos casos observo, al igual que Su Señoría, que nuestros esfuerzos comunes en el ámbito de la promoción del desarrollo, de los intercambios, de los derechos de las mujeres y hombres de este continente se topan con problemas políticos. 
Además creo que los dirigentes africanos y los que gobiernan estos países ahora son más concientes que antes de la necesidad de abordar ellos mismos y entre ellos una serie de obstáculos políticos de este tipo. 
Programas como el NEPAD- que nosotros apoyamos, pues nuestra acción a favor de la integración regional en África se aproxima a la estrategia que ha adoptado este nuevo instrumento de cooperación- van en el mismo sentido, en mi opinión. 
Y lo repito, tiene razón. 
Una vez dicho esto, efectivamente hay una gallina y un huevo, la gallina es probablemente política y el huevo es probablemente económico. 
Sin embargo, en el mundo tal como es, no podemos renunciar a utilizar los huevos que tenemos para hacer que las cosas avancen. 
Se trata de una labor cotidiana que exige paciencia. 
Si llegamos a convencer a un buen número de operadores económicos para que actúen a favor de un medio ambiente más estable, menos conflictivo, sin tantas discordias, quizá podremos crear aquí y allá presiones a favor de la paz. 
En cambio, si las poblaciones y las personas que designan a sus dirigentes no desean hacerlo, tendremos muchas más dificultades para alcanzar nuestro objetivo. 
No cabe duda de que corresponde al mundo político liberar una parte de estas fuerzas económicas, pero no renunciemos al trabajo de abajo hacia arriba, pues creo que sería un error. 
Pregunta nº 35 formulada por Glenys Kinnock (H-0392/03): 
Asunto: OMC- ADPIC 
¿Cuál es la respuesta de la Comisión a la preocupación manifestada por los países ACP respecto de la ausencia de acuerdo sobre la aplicación del apartado 6 de la Declaración sobre los ADPIC y la salud pública? 
Dado que la Declaración representa un importante progreso en la campaña en favor del acceso a los medicamentos, ¿no considera la Comisión que todo intento de limitar el acuerdo a una serie determinada de enfermedades resultaría perjudicial? 
. (FR) La Comisión, Sra. Kinnock, comparte su preocupación y su inquietud por la falta de un acuerdo en virtud de la Declaración de Doha sobre los vínculos entre el Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. 
Como usted sin duda sabe, el bloqueo actual se debe a la negativa de los Estados Unidos a suscribir una propuesta de compromiso que se encuentra sobre la mesa en Ginebra desde el mes de diciembre de 2002 y que ha sido aceptado por todos los Miembros de la Organización Mundial del Comercio, excepto los Estados Unidos. 
Es realmente ahí donde reside el problema. 
Nuestra posición al respecto es simple: Doha, nada más que Doha. 
El texto de compromiso de diciembre pasado, nada más que el texto de compromiso. 
Por otra parte, recientemente- para ser precisos el mes pasado- presentamos una comunicación escrita al Consejo ADPIC de la OMC para recordar nuestras propuestas e insistir en el establecimiento de una asistencia técnica que, una vez solucionado este problema, nos permitirá aplicar lo acordado en la Declaración de Doha. 
Asimismo compartimos el punto de los países ACP acerca de la necesidad de conservar la cobertura de la Declaración de Doha. 
Para nosotros, el mandato de Doha es un mandato amplio. 
El texto presentado en diciembre pasado así lo reconoce. 
Nosotros siempre hemos defendido esta posición, incluso cuando propusimos, a principios de este año, recurrir a la Organización Mundial de la Salud para restablecer la confianza y salir del bloqueo actual. 
Nuestra estrategia sigue siendo la misma. 
Queremos que los estadounidenses acepten el texto de compromiso presentado en diciembre, sin menoscabar el alcance de este texto por lo que se refiere a las enfermedades. 
Seguiremos haciendo todos los esfuerzos posibles para llegar a una solución antes de la Conferencia Ministerial de Cancún. 
Diversos amigos de los países en vías de desarrollo nos han indicado que sin acuerdo sobre esta cuestión, todo lo que se negocie en Cancún correría peligro y, por consiguiente, estaría en peligro en cierto modo el resultado de la negociación multilateral iniciada en Doha. 
Así pues, esta cuestión figura entre nuestras mayores prioridades. 
. (FR) Le aseguro, Sra. Kinnock, que no tengo ninguna tentación desviacionista de ningún tipo, en particular respecto al compromiso de diciembre en cuya redacción participé yoi mismo. 
Si presenté en el mes de enero esta propuesta que consiste en consultar, en caso necesario, a la Organización Mundial de la Salud, fue porque mi diagnóstico es que por el momento no hay acuerdo de parte norteamericana. 
La industria farmacéutica de este país considera de hecho que el dispositivo presentado adolece aún de una serie de lagunas y no confía en que el sistema vaya a establecerse por la razón que se encuentra sobre la mesa. 
Por otra parte, la posición es parecida entre los países en vías de desarrollo que tampoco confían y consideran que la industria farmacéutica en general utilizará todas las posibilidades para inclinar la balanza a su favor, como lo ha hecho, en su opinión, durante los últimos años. 
Así pues, el diagnóstico es claro. 
Sobre la mesa se encuentra un texto con el que estamos de acuerdo, algo que no sucede en el caso de los norteamericanos porque no confían en el sistema. 
Por lo tanto es necesario aumentar el nivel de confianza, tanto de un lado como del otro, en el sistema y es lo que estamos intentando. 
Sin embargo, esto no debe hacerse en detrimento del compromiso presentado sobre las enfermedades ya contempladas- pues existe un compromiso que no deseamos modificar- ni en detrimento de los países que podrían beneficiarse de las disposiciones recogidas en el Acuerdo, en la medida en que dichos países no tienen capacidad de producción farmacéutica. 
Así pues, el compromiso Pérez Motta, como se le denomina en la jerga técnica, se halla sobre la mesa. Es el compromiso definitivo. 
Simplemente hay que aumentar el nivel de confianza en el sistema de una parte y de la otra. 
Pregunta nº 36 formulada por Juan José Bayona de Perogordo (H-0399/03): 
Asunto: Competencia desleal de las importaciones procedentes de China 
Durante el año 2001, las exportaciones de productos cerámicos procedentes de China experimentaron fuertes incrementos. 
La subsistencia de empresas públicas y la venta de stocks de otras que ya han cerrado están haciendo que los precios de la producción china sean muy bajos. 
Aunque la capacidad exportadora china es todavía limitada, el déficit comercial de la UE se agrava constantemente debido a prácticas de competencia desleal. 
La más grave es la copia de productos cerámicos comunitarios, su etiquetado y venta bajo la denominación "made in EU". 
¿Tiene previsto la Comisión tomar medidas para evitar este tipo de fraudes en la exportación de productos cerámicos procedentes de China? 
¿Se están manteniendo negociaciones con las autoridades chinas para mejorar las condiciones de acceso de las empresas comunitarias a un mercado en el que, a pesar del ingreso en la OMC, subsisten graves elementos discriminatorios y obstáculos a la inversión? 
. (FR) Responderé muy brevemente a la pregunta del Sr. Bayona de Perogordo. 
Esta cuestión no es muy complicada sobre el plano técnico. 
Sin embargo, plantea dos puntos distintos: en primer lugar, el aumento de las importaciones de cerámicas provenientes de la República Popular de China y, en segundo lugar, un problema de posible fraude sobre el origen de estos productos. 
Por lo que se refiere a las importaciones de cerámicas procedentes de la República Popular de China, es cierto que en 1994 contábamos con limitaciones cuantitativas para dichas importaciones, sobre todo para las vajillas y los juegos de cocina. 
Entretanto, China ha ingresado en la Organización Mundial del Comercio y en tal ocasión se decidió poner fin gradualmente a dichas limitaciones cuantitativas. De este modo, éstas desaparecerán completamente al finalizar 2004. 
En 2001 observamos un aumento de algo más del 10% de las importaciones de estos productos hacia el mercado europeo. 
En 2002, en cambio, hubo un ligero descenso. 
Así pues, no nos encontramos sumergidos en un flujo constante. 
Y ahora paso a la segunda parte de su pregunta que se refiere a los problemas del fraude. 
Tenemos los medios suficientes para luchar contra el fraude y estamos dispuestos a ponerlos en práctica. 
Como dije a un grupo de industriales europeos que me hizo partícipe de preocupaciones similares a las de Su Señoría, necesitaríamos informaciones más precisas sobre lo que estos industriales y, al parecer, Su Señoría, consideran operaciones fraudulentas. 
Nos faltan elementos. 
Los servicios del Sr. Bolkestein examinarán sus indicios complementarios a fin de determinar conjuntamente si debemos abrir una investigación. 
Señor Presidente, me satisface que el Sr. Comisario vea tan simple y sencilla la solución de un problema que preocupa a muchos ciudadanos europeos y, expresamente, a la Asociación Española de Cerámica. 
Ciertamente, me alegra la valoración que ha hecho, en cuanto a la evolución de las importaciones estoy absolutamente de acuerdo, no tanto en lo que respecta al fraude, porque si dice que tiene los mecanismos adecuados para combatirlo, no entiendo que esté esperando a que los ciudadanos europeos le digamos en qué consisten las prácticas fraudulentas, ya que supongo que la iniciativa en ese terreno le corresponde. 
Por lo demás, no ha contestado- en mi opinión- a otra parte de la pregunta sobre las medidas que estaría dispuesta a tomar la Comisión para favorecer la penetración de la industria comunitaria, de las empresas comunitarias en China. 
Creo que comparte con muchos ciudadanos europeos y, entre otros, con los industriales de la cerámica la visión de que la situación actual es un fraude, representa un perjuicio y constituye una amenaza para el futuro. 
Mi pregunta es si usted comparte las ideas de estos ciudadanos en el sentido de tomar medidas para la defensa comercial, para el estímulo de la investigación y desarrollo y para favorecer la penetración en el mercado chino. 
. (FR) Debemos distinguir entre dos cosas. 
Por una parte, si son justificadas o no las sospechas de fraude en materia de origen. 
Esto puede verificarse perfectamente, investigarse. 
Nosotros lo hacemos en varios ámbitos y, repito, el Sr. Bolkenstein y yo personalmente, así como nuestros servicios, trabajamos conjuntamente en varios de estos temas. 
Simplemente, para poder utilizar recursos que, como Su Señoría sabe, son escasos a pesar de los múltiples esfuerzos del Parlamento para dotar a la Comisión de medios complementarios, tenemos que disponer de indicaciones suficientemente precisas, un poco como sucede con un organismo encargado de investigar, dentro de la policía, un fraude. 
Así pues, ofrézcanos elementos más precisos. 
A continuación, por lo que se refiere a las posibilidades del sector de la cerámica, que sigue siendo un sector importante en varios Estados miembros, éstas no dependen de políticas comunitarias concretas. 
También a este respecto, si nuestros exportadores de cerámicas, cuya calidad es mundialmente reconocida, experimentasen dificultades en diversos mercados, debido a que estos países no aplican las aperturas aceptadas bilateralmente o a nivel de la Organización Mundial del Comercio, utilizaríamos los medios que tenemos a disposición para facilitarles esta tarea. 
Señor Presidente, mi pregunta es complementaria de la del Sr. Bayona. 
Doy por reproducidos sus argumentos "de la cruz a la raya" y pregunto al señor Comisario si estaría dispuesto a adoptar las siguientes cinco medidas: en primer lugar, extremar el celo en materia de expedientes antidumping, teniendo en cuenta que las empresas chinas están sometidas a parámetros o a niveles muy inferiores a las europeas en materia laboral y en materia de medio ambiente; en segundo lugar, si está dispuesto también a extremar el celo en las medidas antifraude, teniendo en cuenta que, en estos momentos, es posible importar sin marca, en cualquier puerto europeo, mercancías chinas que en ese puerto gozan de una etiqueta; en tercer lugar, potenciar la investigación y el desarrollo para que las empresas europeas puedan defenderse de la competencia china; en cuarto lugar, favorecer la entrada, la implantación de las empresas europeas en China, teniendo en cuenta, como el señor Comisario sabe, que, a pesar de que se ha producido un descreste arancelario, el arancel de entrada en China depende del puerto y del importador; y si está dispuesto, finalmente, a establecer un observatorio para conocer mejor las prácticas que discriminan y perjudican a la industria europea. 
. (FR) Seré muy breve, por lo que se refiere a la lucha contra el dumping y el fraude, como ya he dicho, contamos con procedimientos en la materia. 
Éstos son transparentes, reglamentados, precisos y, si contamos con los elementos necesarios, que el sector debe facilitarnos para poner en marcha una investigación o verificaciones- lo que se denominan demandas- podemos intervenir. 
Esto debe llevarse a cabo de la forma correcta, pues debemos respetar los derechos tanto de los demandantes como de los países contra los que debemos actuar. 
Éstas son las vías posibles, siempre que, por supuesto, tengamos los elementos necesarios. 
En relación con las dificultades para penetrar en el mercado chino, en caso de haberlas, estamos plenamente dispuestos a deliberar sobre ellas con nuestros interlocutores chinos. 
Yo lo hago en otros ámbitos y si es necesario hacerlo precisamente en este ámbito, a condición de contar con las informaciones necesarias, la respuesta es sí. 
Por lo que se refiere a la investigación y el desarrollo, la pregunta desborda un poco el marco de mis competencias y, en relación con el observatorio, yo le aconsejaría a los profesionales que lo hicieran ellos mismos. 
Son ellos los más cualificados para recoger las informaciones necesarias y para elegir el momento para transmitírnoslas. 
Esta pregunta me interesa mucho, tanto como diputado que representa la región de Stoke-on-Trent del Reino Unido, como en mi calidad de vicepresidente del foro de la industria de la cerámica del Parlamento Europeo, que ha mantenido un diálogo tanto con el Comisario Lamy como con el Comisario Bolkestein. 
Me gustaría preguntar al Sr. Lamy qué tiene que decir sobre la cuestión de las marcas de origen y si puede confirmarnos que las propuestas que está estudiando el Comisario Byrne para exigir que determinados artículos cerámicos que entren en contacto con alimentos ostenten marcas de trazabilidad que indiquen en qué fábrica se han fabricado- con el fin de detectar cualquier problema con materiales tóxicos que puedan producirse en los artículos en cuestión- no contravienen de ninguna forma las actuales obligaciones de la OMC. 
Como probablemente sabrá, los servicios del Comisario Byrne están estudiando activamente esta propuesta en estos momentos y mantienen conversaciones con la industria europea sobre ese tipo de marcas. 
Ha habido casos preocupantes en los se ha descubierto que artículos procedentes de China contenían niveles de sustancias tóxicas significativamente superiores a los límites fijados en la Unión Europea para proteger la salud humana. 
La industria le agradecería mucho que confirmara que las propuestas no infringirían la legislación comercial vigente. 
. (FR) Estas cuestiones de marcado de origen son complejas y estamos reflexionando sobre ellas de manera general. 
Presentan, por una parte, un aspecto comercial que no contempla la pregunta sobre las cerámicas y el trabajo de mi homólogo, el Sr. Byrne, y por la otra, un aspecto sanitario. 
En este último ámbito, que transciende los problemas de gestión de los flujos comerciales o de las ventajas comparativas de unos y otros, en tanto que Europeos, tenemos la posibilidad de aprobar las medias necesarias para proteger la salud de nuestros consumidores, en virtud del Acuerdo denominado SPS (Acuerdo sobre la aplicación de medias sanitarias y fitosanitarias) de la Organización Mundial del Comercio. 
Estas medidas deben adoptarse en condiciones de notificación, transparencia y motivación establecidas en el Acuerdo SPS y en la jurisprudencia en la materia. 
Por consiguiente, si las condiciones son transparentes y evidentes, y si elementos científicos justifican una u otra medida de protección basada en consideraciones sanitarias, el Acuerdo SPS permite efectivamente establecer obstáculos al comercio y eso es algo muy positivo. 
Señor Lamy, siento darle todavía más trabajo porque vamos a recuperar, tal como habíamos anunciado la pregunta del Sr. Zacharakis, que había sido reservada para este turno. Pregunta nº 30 formulada por Christos Zacharakis (H-0389/03): 
Asunto: Violación de las normas del Derecho internacional por Turquía y riesgo de provocación de un grave accidente con un avión de pasajeros en el espacio aéreo griego 
El 9 de junio de 2003, dos cazas turcos del tipo F-16 acosaron a un avión de la compañía Olympic Airways que realizaba el trayecto Atenas-Estambul y pusieron en peligro inminente la vida de los pasajeros. 
Se puso en funcionamiento el sistema automático anticolisión de a bordo y aviones de combate griegos se vieron obligados a interceptar a los cazas turcos. 
Dado que la actuación citada constituye una clara violación de las normas del Derecho internacional, en concreto, una violación del espacio aéreo y, en consecuencia, de la integridad territorial de la Unión Europea que pone en peligro la seguridad de sus ciudadanos así como una vulneración de los principios fundamentales de conducta en el ámbito internacional establecidos en el Tratado de la Unión Europea así como en la Carta de las Naciones Unidas e incluidos en el marco de los criterios de Copenhague, y dado que refleja una política sistemática por parte de Turquía que provoca tensiones en las relaciones Grecia-Turquía y pone en peligro inmediato la paz y la seguridad de la región, ¿qué medidas urgentes se propone tomar la Comisión para poner fin a los actos de agresión en cuestión de Turquía y evitar su repetición en el futuro, y qué repercusión tendrá la conducta observada por Turquía hasta la fecha en la evaluación de su progreso hacia la integración en a Unión Europea? 
En relación con la observancia del Reglamento, esto puede retrasar otras preguntas. El Sr. Zacharakis no estaba presente cuando llegó el turno de su pregunta, así que, de conformidad con el Reglamento de la Cámara, esa pregunta debía omitirse. 
El Sr. Bolkestein y el Sr. Byrne hablarán cada uno durante 20 minutos y tenemos que acabar antes de las siete, así que le pido que continuemos, tal y como establece el Reglamento, con el turno del Sr. Bolkestein. 
Señor Purvis, vamos a conceder a cada uno de los señores Comisarios sus veinte minutos, ello va a suponer un retraso de doce o trece minutos sobre el horario de este turno de preguntas que ya ha comenzado con retraso. 
Pero yo me había comprometido, al haber cambiado el orden de la pregunta del Sr. Zacharakis, a que se le contestara hoy al final de las preguntas dirigidas al Sr. Lamy. Debemos cumplir con este compromiso. 
Les pido disculpas a los otros señores Comisarios, esto no perjudica en absoluto a los turnos de veinte minutos respectivos. 
. (FR) Esta pregunta se refiere a un incidente ocurrido en el espacio aéreo, si he comprendido bien, entre Grecia y Turquía. 
Se trata de un incidente sobre el cual la Comisión no cuenta con información particular, aparte de la aparecida en la prensa. 
Con la prudencia que exige este tipo de declaraciones, nosotros consideramos que se trata de un incidente que debe situarse en el contexto de las diferencias entre Grecia y Turquía sobre el mar Egeo. 
Esperamos que esta cuestión del espacio aéreo nacional, así como la de las aguas territoriales y la plataforma continental- sobre la que ambos países debaten, según tengo entendido, desde hace algún tiempo- encuentren una solución en el marco de las reuniones que han reanudado las autoridades griegas y turcas. 
Por lo que se refiere a Turquía, en su calidad de país candidato a la adhesión a la Unión Europea, se ha comprometido a cumplir una serie de criterios, y la Comisión recuerda, con ocasión de su pregunta, Sr. Zacharakis, el principio de solución pacífica de las diferencias fronterizas. 
Es eso lo que siempre hemos hecho, de conformidad con los criterios que figuran en las conclusiones del Consejo de Helsinki de 1999. 
Asimismo hemos hecho de esta cuestión una prioridad específica para la revisión de la asociación para la adhesión de Turquía, que fue aprobada en mayo de 2003. 
Así pues, al igual que en otras cuestiones que requieren avances de la parte turca, seguiremos con mucha atención la evolución de esta cuestión y presentaremos una evaluación detallada de ella en el informe periódico que debemos publicar a principios de noviembre. 
Señor Presidente, le pido disculpas, al igual que al señor Comisario, por no haber estado presente cuando llegó el turno de mi pregunta. 
Debía asistir a otra reunión parlamentaria. 
. (FR) Me gustaría responder muy brevemente al Sr. Zacharakis que, según tengo entendido, a pesar de los grandes esfuerzos que la Comisaria Loyola de Palacio realiza sobre este tema desde hace varios años, aún no tenemos un espacio aéreo totalmente comunitarizado. 
Así pues, de acuerdo con lo que sé, se trata en este momento del espacio aéreo griego. 
En segundo lugar, es cierto que las conclusiones de Helsinki hacen referencia a la necesidad de que Turquía resuelva de manera pacífica las diferencias que mantiene con sus vecinos en materia fronteriza, y sabemos que existen fronteras terrestres, marítimas y aéreas. 
En tercer lugar, entre turcos y griegos se están llevando a cabo conversaciones preliminares sobre este tipo de temas. 
Su contenido no se ha hecho público, lo que resulta, por otra parte, de elemental prudencia, sobre todo cuando se aproximan períodos electorales. 
En cuarto y último lugar, tendremos en cuenta, como acabo de decir, el conjunto de los avances realizados por Turquía en los ámbitos citados en Helsinki, en el dictamen que presentaremos sobre este tema, tanto este año como, por supuesto, el año próximo. 
La pregunta nº 37, formulada por el Sr. Karas, ha sido retirada. 
Pregunta nº 38 formulada por Lennart Sacrédeus (H-0376/03): 
Asunto: Subvenciones con ingresos fiscales por parte de un Estado miembro de la realización de abortos por parte de otros ciudadanos de la UE 
El Gobierno sueco, a través de Margareta Winberg, Ministra para la Igualdad de Oportunidades, expresó ante el Parlamento a principios de abril de 2003 su disposición a revisar la legislación sobre el aborto para determinar si las mujeres que no residen en Suecia y que, por consiguiente, no son ciudadanas suecas, deberían seguir teniendo la posibilidad de abortar en este país. 
En la propuesta se aboga por que los contribuyentes de un Estado miembro de la UE (Suecia) corran a cargo de los costes y, de este modo, se ofrezca en la práctica a los ciudadanos de otros Estados miembros un servicio que, desde el punto de vista jurídico, es ilegal en otros Estados miembros como, por ejemplo, Irlanda y Portugal, o en Polonia y Malta, que próximamente se adherirán a la UE. 
¿Considera la Comisión que la propuesta del Gobierno sueco es compatible con los Tratados de la UE o con el espíritu de mutua solidaridad plasmado en los Tratados de la UE, teniendo en cuenta que está dispuesto a subvencionar con ingresos fiscales en Suecia una actividad dirigida a otros ciudadanos de la UE que es ilegal en otros Estados miembros? 
¿Considera que una medida de este tipo reforzaría o socavaría la legislación de otros Estados miembros? 
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(EN) La Ministra de Igualdad de Oportunidades de suecia ha hecho saber al Parlamento sueco que su Gobierno está dispuesto a estudiar modificaciones de la ley sueca sobre el aborto con el fin de que las autoridades suecas puedan sufragar los costes de un aborto, no solo en el caso de nacionales suecos y personas residentes en ese país, sino también en el de nacionales de los demás Estados miembros que aborten en Suecia. 
La Comisión señala que los Estados miembros son libres de determinar a quién desean extender la cobertura financiera de los tratamientos médicos. 
Por lo tanto, ningún aspecto del derecho comunitario impide al Gobierno sueco enmendar su legislación en la forma propuesta. 
Me gustaría dar las gracias al Sr. Comisario por su respuesta, pero todavía creo que deja sin contestar la cuestión básica, a saber, la de la solidaridad mutua y la de la conducta de unos hacia otros dentro de la Unión Europea. 
¿No se socava de este modo la solidaridad mutua? 
Por supuesto, es inevitable que las distintas legislaciones y valores de los Estados miembros les hagan creer en distintas formas de legislación. 
Sin embargo, lo que es único y grave en este caso es que implica subvencionar a ciudadanos extranjeros de otros Estados miembros por una actividad que especifiqué por su nombre en mi pregunta, que es ilegal en varios Estados miembros y que implica invitar a ciudadanos de otros países de la UE a participar en una actividad ilegal en dichos países de la UE. 
Mi pregunta al respecto es si eso no socavaría la solidaridad y el respeto mutuo en la Unión Europea. 
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(EN) Permítanme recalcar que la Comisión considera que esta modificación de la legislación sueca, que todavía no se ha producido, es una enmienda propuesta por el Gobierno sueco y no afectaría directamente a la legislación de los Estados miembros actuales o futuros. 
En efecto, la Comisión considera que los cambios de actitud dentro de algunos Estados miembros en relación con asuntos como el aborto son impulsados más por la opinión pública que por factores externos. 
A este respecto, cabe decir que los regímenes jurídicos sobre el aborto en los Estados miembros siguen siendo muy dispares, como reconocerá sin duda el diputado que acaba de hablar. 
Mientras que es ilegal en un Estado miembro, es legal en otros, aunque por supuesto con diversas restricciones. 
En resumen, el hecho de que en algunos Estados miembros, como Irlanda, el aborto sea ilegal, no significa que, si el Gobierno sueco aprobara la enmienda que he descrito, no se le permitiría extender sus beneficios a quien quisiera. 
Es competencia del Gobierno sueco tomar una decisión al respecto y el alcance de los beneficios concedidos de acuerdo con la legislación sueca no tendría, como ya he dicho antes, ninguna incidencia sobre la legislación de un país en el que esté prohibido el aborto, como Irlanda. 
Pregunta nº 39 formulada por Antonios Trakatellis (H-0398/03): 
Asunto: Adjudicación de obras públicas mediante aplicación de una fórmula matemática- alteración de las normas de competencia 
En noticias publicadas recientemente por diversos diarios se menciona una intervención de la Comisión, que solicita a las autoridades griegas que suspendan las adjudicaciones hasta que se modifique el peculiar sistema de adjudicación de obras públicas basado en la aplicación de una fórmula matemática que gravaba las arcas públicas, según dichas publicaciones, con 800 millones de euros. 
De acuerdo con la respuesta de la Comisión a una pregunta anterior de este diputado sobre la aplicación de una fórmula matemática en la adjudicación de obras públicas (H-0097/03 
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(EN) La Comisión ha examinado con la debida atención la cuestión de la aplicación en Grecia de una fórmula matemática con el fin de detectar ofertas anormalmente bajas en el ámbito de los contratos públicos. 
A petición de la Comisión, las autoridades griegas notificaron la legislación nacional relevante en enero de 2003. 
Mientras llevaba a cabo su evaluación, la Comisión recibió una nueva reclamación sobre la misma cuestión, que explicaba mejor cómo se aplicaba en la práctica todo el sistema de la fórmula matemática, dado que esta reclamación no afectaba a la legislación en abstracto, sino que hacía referencia a ejemplos concretos de su aplicación. 
Sobre la base de esa nueva información, los servicios de la Comisión enviaron una carta a las autoridades griegas competentes a finales de abril de 2003, pidiéndoles que adoptaran una posición sobre cuestiones concretas planteadas en relación con la compatibilidad de la legislación y la práctica griegas con la legislación comunitaria y la jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia en materia de contratos públicos. 
Los servicios de la Comisión han recibido recientemente una solicitud, en nombre de las autoridades griegas, para ampliar el plazo dado a las mismas para responder a esta nueva carta hasta el 30 de junio de 2003, con el fin de poder dar una respuesta completa sobre toda la cuestión y en vista de determinados cambios que prevén en relación con la legislación aplicable. 
Los servicios de la Comisión han concedido esa ampliación del plazo y están a la espera de la respuesta de las autoridades griegas. 
Cuando reciban esa respuesta y los cambios que las autoridades griegas proponen introducir en su propia legislación nacional que regula la fórmula matemática para identificar ofertas anormalmente bajas, realizarán una evaluación definitiva sobre la compatibilidad del sistema aplicado con la legislación comunitaria sobre contratos públicos. 
La fórmula en cuestión es tan complicada que incluso los expertos griegos tienen muchos problemas para entender cómo funciona. 
Señor Comisario, muchas gracias por su respuesta. 
Me gustaría preguntarle si, de acuerdo con su evaluación preliminar, considera que esta fórmula matemática es realmente compatible con el derecho comunitario. 
No sé por qué las autoridades griegas han procedido, como ha dicho usted, a cambiar la ley, dado que el Parlamento griego ya tiene la capacidad necesaria para abordar esta cuestión. 
Por lo tanto, me gustaría conocer su evaluación preliminar. 
Asimismo, aunque esta fórmula estaba destinada a evitar ofertas muy bajas, tenía un efecto perjudicial sobre la evaluación global de las obras públicas, debido al pequeño porcentaje del importe original que se había destinado a las obras en cuestión. 
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(EN) En respuesta a estas dos últimas preguntas del Sr. Trakatellis, quiero reafirmar que la Comisión todavía no ha terminado su evaluación, pero ha planteado algunas cuestiones sobre la compatibilidad del sistema griego con respecto a la posibilidad dada a los licitantes para justificar su oferta cuando esta es muy baja. 
Si esto no fuera así, la Comisión no estaría por la labor. 
No puedo decir más. 
Permítanme decir al Sr. Trakatellis que, afortunadamente, yo no he tenido que investigar personalmente esta fórmula, dado que, aparentemente, como ya he dicho, es tan compleja que incluso los expertos griegos tienen problemas para entenderla. 
Asunto: Principio de compensación equitativa 
La Directiva 2001/29/CE 
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(NL) Señor Presidente, puedo confirmar que el principio de «compensación equitativa» , tal como se describe en la directiva, es un concepto nuevo que difiere del derecho a recibir una retribución equitativa, designado como «derechos de autor» en el contexto de las copias para uso privado. 
Tal como se establece en la directiva, el concepto de compensación equitativa ofrece a los Estados miembros un considerable grado de flexibilidad o libertad de juicio a la hora de determinar la forma, las modalidades o el nivel de regímenes en materia de compensación equitativa. 
Sin embargo, de los considerandos 35 y 38 se desprende que los Estados miembros que aplican los derechos de autor, cumplen el requisito de que hay que ocuparse de una compensación equitativa. 
La legislación relevante para la ejecución de la directiva no tiene que incluir necesariamente una referencia específica al principio de compensación equitativa. 
De conformidad con la directiva, los Estados miembros están obligados a ocuparse de una compensación equitativa para tres de las excepciones mencionadas en la directiva en relación con el derecho de reproducción. 
En primer lugar la excepción para la copia para uso privado. 
Se trata de la excepción más importante para los derechos de autor, dado que normalmente se perciben derechos en relación con la reproducción para uso privado del material audio y audiovisual. 
En segundo lugar, la excepción para la reprografía o fotocopiado y en tercer lugar la excepción para emisiones en algunas instituciones sociales como hospitales o prisiones. 
Es probable que los Estados miembros que en el pasado ya tuvieran regímenes de recaudación, permitan las copias para uso privado en combinación con regímenes de recaudación y que los apliquen también en relación con determinados productos digitales. 
Es cierto que los diferentes sistemas provocan diferencias en la aplicación en lo que respecta a los soportes o el equipo en el que son aplicables y/o el importe exigido, incluidas diferencias en la aplicación en soportes digitales. 
Ello se debe al hecho de que, durante las negociaciones sobre la directiva, el legislador de la CE se declaró contrario a un alto grado de armonización. 
En lo que respecta a las copias analógicas para uso privado, en la directiva se reconoce que las diferencias existentes no tendrán consecuencias dignas de mención para el desarrollo de la sociedad de la información. 
En lo que se refiere a las copias digitales para uso privado, en la directiva se hace hincapié en que se tienen muy en cuenta las diferencias entre las copias digitales y analógicas para uso privado y que en determinados casos ha que establecer una distinción entre ambas. 
Al mismo tiempo hay que recalcar que la directiva no obliga a los Estados miembros a suprimir los derechos de autor, ni tampoco se declara a favor o en contra de los derechos de autor en comparación con sistemas para la gestión de los derechos digitales o bien Digital Rights Management, como se llama en inglés. 
Señor Presidente, señor Comisario, gracias por su extensa y clara respuesta, pero sigo teniendo un problema. 
Ha concluido usted su intervención estableciendo una clara distinción entre las copias analógicas y digitales, y diciendo que las primeras no son perjudiciales mientras que las segundas sí lo son para la sociedad de la información. 
Que yo sepa- y hace años que me ocupo de la legislación para la sociedad de la información- en Europa no establecemos ninguna distinción entre digital y analógico, en el sentido de que la legislación ha de ser neutral en cuanto a la tecnología. 
Por consiguiente esto me asombra. 
Además me asombra el hecho de que la directiva no tenga una acción armonizada y sobre todo porque en un principio así lo indicaron sus servicios. 
Cuando se habla de compensación equitativa es importante si en efecto se causa perjuicio al titular de los derechos, si hay disponibles medidas tecnológicas de protección y si se efectúa algún otro pago al titular de los derechos. 
Por ello creo que es una lástima que no se obligue a los Estados miembros a adaptar su legislación en el sentido de que solo se ofrezca una compensación equitativa. 
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(NL) Señor Presidente, comprendo muy bien la decepción de la Sra. Plooij, pero como ya he señalado anteriormente, el legislador, es decir el Parlamento Europeo, consideró que no era deseable una mayor armonización. 
Así transcurrió el proceso legislativo y ahora no hay nada que hacer. 
Pero comprendo muy bien la decepción de la Sra. Plooij. 
Quizás hubiese sido preferible aplicar un mayor nivel de armonización, pero por desgracia no se hizo. 
Permítanme corregir quizás al Sr. Comisario en un punto: Probablemente al Parlamento le gustaría ver un mayor grado de armonización en lo que respecta a la Directiva actual. 
Sin embargo, tengo una pregunta para aquellos de ustedes que son responsables del mercado interior. 
Ustedes han dicho que las diferencias existentes en los sistemas de impuestos no eran importantes. 
Creo que necesitamos investigar este aspecto concretamente teniendo en cuenta el mercado interior. 
¿Tienen alguna importancia las diferencias en los sistemas de impuestos entre los países de Europa? 
¿Obstaculizan el mercado interior y conducen a la distorsión? 
Creo que nuestro examen de la tendencia que tenemos en Europa debería comenzar específicamente desde la perspectiva de un mercado interior en funcionamiento. 
Creo que sería importante obtener información sobre los modos en que se han desarrollado la compensación o la remuneración justas. 
¿Cuáles son los hechos del caso? 
Sin embargo, sobre todo, me gustaría decirle, como Comisario con responsabilidad sobre el mercado interior, que creo que las diferencias de impuestos afectan al comportamiento del consumidor y crean condiciones de competencia desiguales. 
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(EN) Vamos a ver cómo funciona todo esto en la práctica. 
Como saben la Sra. Thors y la Sra. Plooij-van Gorsel, la Directiva no se ha transpuesto a la legislación de todos los Estados miembros. 
La Comisión espera que esto suceda pronto. 
Es posible que un nivel más significativo de armonización hubiera sido mejor para el mercado interior, pero, como he dicho antes en respuesta a la Sra. Plooij-van Gorsel, desgraciadamente ese no es el caso y tenemos la Directiva que aprobaron el Consejo y el Parlamento. 
Así que veamos cómo funciona en la práctica y con qué rapidez se pone en práctica en Europa todo el sistema de gestión de derechos digitales. 
Si la Sra. Thors quisiera solicitar posteriormente a la Comisión que llevara a cabo nuevas investigaciones y análisis, la Comisión estaría más que dispuesta a atender su petición. 
Se trata de una cuestión importante en la que están en juego aspectos esenciales del mercado interior. 
Pregunta nº 41 formulada por Patricia McKenna (H-0362/03): 
Asunto: Notificaciones de alerta rápida 
¿Piensa publicar la Comisión un desglose anual, desde 1992 hasta 2003, de las "Notificaciones de alerta", las "Informaciones", las "Adiciones a las alertas" y las "Adiciones a las informaciones", según productos alimenticios y países de origen, indicando la marca, el supermercado o la empresa afectados? 
¿Piensa exponer la Comisión cómo publicará dicha información y el calendario al respecto? 
Si la Comisión no está dispuesta a publicar dicha información, ¿podría explicar cómo puede considerarse que sea en interés general? 
El Reglamento por el que se establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, que entró en vigor en febrero de 2002, contiene nuevas disposiciones sobre el sistema de alerta rápida. 
Con el fin de incrementar la transparencia según lo dispuesto en el artículo 10, la Comisión publicó por primera vez un informe sobre el sistema de alerta rápida para productos alimenticios para el año 2002. 
Haremos lo mismo para cada uno de los años subsiguientes. 
Sin embargo, no podemos aplicar la legislación alimentaria retroactivamente y remontarnos a 1992. 
En todo caso, la publicación de este informe anual solo ha sido el primer paso Asimismo, desde finales de mayo de 2003, la Comisión ha publicado semanalmente en Internet informes resumidos que contienen información sobre todas las notificaciones recibidas. 
Estos informes incluyen información sobre el tipo de producto y el problema identificado, el origen del producto y el Estado miembro que realiza la notificación. 
El sistema de alerta rápida definido en el artículo 50 del Reglamento se concibió fundamentalmente como una herramienta para la rápida transmisión de información entre las autoridades competentes en casos en los que el Estado miembro que realiza la notificación ha identificado un riesgo y ha tomado medidas, como la retención, la retirada del mercado, la confiscación o el rechazo de los productos afectados. 
La rápida transmisión de información permite a todos los demás Estados miembros comprobar inmediatamente si también están afectados por el problema en cuestión o asegurarse de que un producto rechazado en un punto de entrada no entra por otro lugar. 
También garantiza la adopción de medidas coherentes y simultáneas por todos los Estados miembros. 
En los casos en los que un producto sigue en el mercado y no debería consumirse, las autoridades de los Estados miembros pueden tomar todas las medidas urgentes necesarias, incluida la de informar directamente al público. 
Asimismo, la información recopilada por el sistema de alerta rápida es utilizada por la Comisión. 
Por ejemplo, mis servicios utilizan la información para fijar prioridades para la Oficina Alimentaria y Veterinaria y para proponer medidas como la suspensión de la comercialización, la suspensión de las importaciones u otras medidas de emergencia en virtud del artículo 53 del Reglamento. 
La Comisión también utiliza esa información para ayudar a terceros países. 
Cuando los productos sujetos a una notificación proceden de un tercer país, se informa sistemáticamente a sus autoridades competentes para permitirles corregir el problema en origen y prevenir nuevos casos. 
Es cierto que, de conformidad con el artículo 52 del Reglamento por el que se establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, la Comisión no publica marcas comerciales ni la identidad de las empresas concretas en los resúmenes periódicos de alerta rápida. 
Sin embargo, si los Estados miembros o la Comisión toman medidas de emergencia, en vista del análisis del riesgo que supone la alerta, esa información relevante sobre los productos afectados por la acción se hace pública. 
El Sistema de Alerta Rápida para productos alimenticios se utiliza tanto para tomar medidas para evitar que se vuelvan a producir riesgos relacionados con los alimentos, como para reaccionar de forma inmediata ante esos riesgos relacionados con el fin de proporcionar a los consumidores productos alimenticios seguros. 
Quiero dar las gracias al Comisario por esta información. 
En relación con las marcas comerciales y las empresas individuales, una cuestión muy importante es que existe un vago sistema de alerta que permite que el consumidor elija. 
¿No está de acuerdo el Comisario en que, si un producto o un productor de alimentos causa una alerta, redunda en interés tanto del consumidor como del mercado abierto que esa información se haga pública? 
Quiero preguntar al Comisario sobre las alertas rápidas en 2002. 
Aparentemente, el 26% de las alertas rápidas de 2002 estuvieron causadas por pescado. 
¿Cuál es el desglose de esas alertas entre pescado de piscifactorías y pescado salvaje? 
El consumidor tiene derecho a saber si el pescado de las piscifactorías causa un número desproporcionado de alertas rápidas. 
¿Va a tomar la DG SANCO alguna medida concreta para abordar este problema? 
¿Tiene el Comisario esta información a su disposición ahora? 
Sería muy útil tener esta información sobre el desglose en lo relativo al pescado. 
Respondiendo de nuevo a la pregunta de la Sra. McKenna, en primer lugar yo no calificaría en absoluto de vago a nuestro sistema de alerta. 
Está perfectamente centrado y el objetivo del ejercicio es, como estoy seguro de que ella apreciará, transmitir tan rápidamente como sea posible la información relevante a las autoridades competentes de todos los Estados miembros, con el fin de que puedan dar una respuesta rápida y tomar medidas urgentes en relación con el riesgo que se haya identificado respecto de un producto alimenticio concreto. 
Lo que importa es la salud pública, no publicar los nombres de las empresas para su escarnio. 
Me gustaría recalcar que, una vez que se ha disparado la alerta rápida y se han tomado medidas, y si se demuestra que se trata de un problema real del que hay que proteger a los consumidores, los Estados miembros en los que hay un riesgo- y depende de ellos determinarlo- informarán inmediatamente a sus propios consumidores en sus Estados miembros. 
Esa es su responsabilidad en el marco del sistema de alerta rápida. 
En estas circunstancias, podrían entonces identificar, por ejemplo, marcas comerciales o empresas, con el fin de ayudar a los consumidores a dar una respuesta apropiada. 
Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el sistema de alerta rápida se ha concebido para permitir a los Estados miembros reaccionar rápidamente y retirar, por ejemplo, productos alimenticios del mercado. 
Además, si se considera, después de reflexionar y analizar la información derivada de la alerta rápida- que se activa de acuerdo con el artículo 50- que es necesario un procedimiento de emergencia según lo dispuesto en el artículo 53, eso podría hacerse también en el propio Estado miembro o podría, por supuesto, llevarlo a cabo la Comisión. 
En esos casos, la información relevante que se pondría a disposición del público incluiría la información a la que usted hace referencia relativa a marcas comerciales y empresas, etc. 
Quiero recalcar que la alerta rápida se concibió para un fin específico, que es transmitir información tan rápidamente como sea posible, incluso en casos en los que es posible que no se disponga de toda la información. 
Lo importante es identificar el riesgo para el público al que deben responder los Estados miembros. 
Creo que, en estas circunstancias, hemos conseguido el equilibrio correcto. 
En relación con la segunda parte de su pregunta sobre las cifras de 2002, no tengo a mano las cifras concretas relativas al desglose entre pescado de piscifactorías y pescado salvaje, pero estoy seguro de que ese tipo de información está a disposición de mis servicios. 
Haré lo posible para garantizar que se lo transmitan oportunamente. 
La pregunta nº 42 no recibirá respuesta porque su asunto ya figura en el orden del día del presente período parcial de sesiones. 
Pregunta nº 43 formulada por John Purvis (H-0369/03): 
Asunto: Análisis de coste-beneficio del sistema de identificación y registro de ovinos y caprinos 
La propuesta de la Comisión sobre un reglamento relativo a la identificación y al registro de ovinos y caprinos ha causado una honda preocupación en Escocia. 
El sistema manual es tanto impracticable como excesivamente caro para la ganadería ovina y la industria de transformación en Escocia, que ya afrontan problemas financieros. 
La propuesta de la Comisión aborda la reconocida necesidad de reforzar urgentemente las actuales normas para la identificación y el registro del ganado ovino y caprino, sobre todo en vista de la experiencia adquirida desde la crisis de la fiebre aftosa de 2001. 
En su resolución sobre la fiebre aftosa de diciembre de 2002, el Parlamento Europeo afirmó que la Comisión debería presentar a la mayor brevedad posible una propuesta para enmendar la Directiva 92/102/CEE con el fin de mejorar la identificación del ganado porcino, ovino y caprino. 
De conformidad con la legislación en vigor actualmente, el ganado ovino y caprino debe identificarse con una marca auricular o un tatuaje vinculado a la explotación. 
Los cuidadores deberán mantener un registro actualizado de la explotación y la autoridad competente deberá mantener un registro central actualizado de explotaciones. 
Los principales elementos nuevos del sistema propuesto son la identificación individual, la doble marca auricular para garantizar que se mantenga la identidad cuando se pierde una de las marcas, y la introducción de un documento de desplazamiento. 
Una identificación individual es indispensable para el seguimiento eficaz de los animales con fines veterinarios, que a su vez reviste una importancia crucial para controlar las enfermedades contagiosas. 
La introducción de un sistema reforzado tendrá un efecto positivo en caso de brotes de importantes enfermedades animales, como la fiebre aftosa, permitiendo la rápida identificación de la fuente de la infección y limitando la propagación de la enfermedad. 
Además, permitirá un seguimiento preciso de los animales en el marco de los programas de erradicación de las enfermedades animales que financia la Comunidad. 
Por último, un sistema así contribuiría a la reducción del fraude. 
La tecnología para la identificación electrónica del ganado ovino y caprino ha avanzado tanto que ya puede aplicarse. 
La Comisión lanzó un proyecto piloto a gran escala- el Proyecto IDEA- en 1998. 
El informe final de este proyecto, que incluía el ganado ovino y caprino, así como el ganado bovino, se ultimó en 2002. 
Sin embargo, aún quedan por desarrollar plenamente las medidas de aplicación para introducir adecuadamente el sistema de identificación electrónica a escala comunitaria. 
Por lo tanto, la propuesta establece nuevas directrices y procedimientos que deberán aprobarse a través del Comité de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, previéndose la entrada en vigor del sistema de identificación electrónica obligatorio para el 1 de julio de 2006. 
Soy plenamente consciente de la diversidad de la población ovina y de los sistemas de producción de carne de ovino en los Estados miembros. 
Es por ello que la propuesta incluye opciones, que permitirían que los Estados miembros retrasaran la identificación de los corderos hasta la edad de 6 meses, allí donde el ganado ovino está en explotaciones extensivas, por ejemplo en Escocia, país al que ha hecho referencia el orador; que los Estados miembros apliquen sistemas simplificados de identificación de los corderos jóvenes, hasta los seis meses de edad, que se vayan a sacrificar directamente. 
Las opciones por las que se opte afectarán a los probables costes que supondrá para los ganaderos la introducción del nuevo sistema. 
La estimación de los costes de la introducción del sistema reforzado a escala comunitaria ha de tener en cuenta la diversidad de la población ovina y de los sistemas de producción de ganado ovino en los Estados miembros. 
A falta de información precisa sobre desplazamientos y otros parámetros, la estimación debe basarse en la estructura general de los diversos sistemas de producción. 
Basándose en dicha estructura, se calcula que los costes globales del sistema reforzado oscilarán entre 1 euro para las marcas auriculares tradicionales y 3,7 euros para la identificación electrónica por oveja y año. 
Reconozco que esta propuesta exigirá esfuerzos significativos tanto a los operadores como a las autoridades. 
Sin embargo, tanto en mi opinión como en la de la Comisión, esos esfuerzos merecen la pena y son necesarios. 
Quisiera preguntar al Comisario si es consciente de que es del todo impracticable marcar manualmente a cada oveja y el mantenimiento de esa marca durante dos años más. 
¿Ha visto alguna vez una subasta? 
Estoy seguro de que en mi país natal, Irlanda, la situación es idéntica a la Escocia, donde miles de ovejas pasan por la subasta en un solo día y cada oveja debe ser inspeccionada y marcada a medida que pasa. 
Esto añadirá días a las ventas y costará lo que se ha ahorrado en dos años. 
¿No podría estudiar la posibilidad- o no la ha estudiado- de hacer esto por rebaños, en lugar de por ovejas, durante este período bienal? 
En respuesta a la pregunta complementaria del Sr. Purvis, permítanme decir que tanto yo mismo, como la Comisión y mis asesores hemos sopesado la posibilidad de la identificación por rebaños. 
La respuesta que me dieron- y me pareció creíble- es que el sistema de identificación por rebaños que usted sugiere no tiene el mismo grado de seguridad en circunstancias en las que se produce un brote de la fiebre aftosa o una enfermedad similar. 
Asimismo, por la razón que usted ha dado en su pregunta complementaria, en esos mercados que vemos en Escocia y también en mi país natal, Irlanda, los rebaños llegan, se subdividen en otros rebaños y se separan, así que las posibilidades de seguir un número concreto de un rebaño y conseguir la información que se necesita en el caso de un brote de una enfermedad se reducen de forma considerable. 
De hecho, de esa manera desaparece la oportunidad de realizar un seguimiento de un animal concreto que puede portar esa enfermedad. 
En estas circunstancias, la única alternativa que nos quedaba era proponer un sistema de identificación individual. 
Reconozco que se tardará un tiempo, que habrá un período de transición, hasta que se ponga en práctica la identificación electrónica: está prevista para el 1 de julio de 2006. 
Tengo que decir que hay mucha gente que solicita este sistema de identificación por la razón que le he explicado. 
Los Estados miembros desean que se establezca, incluidos los Estados miembros que tienen grandes poblaciones ovinas y comercian mucho con ovejas, tanto dentro de los Estados miembros como fuera de sus fronteras. 
Por esas razones, en la Comunidad existe un fuerte apoyo para esta propuesta. 
Por lo tanto, en vista de la necesidad de proteger la salud animal y por otras razones, parece necesario hacer esa propuesta concreta. 
Por último, me gustaría volver a llamar su atención sobre lo que he dicho hace un momento: la Comisión ha tenido en cuenta la diversidad de la cabaña ovina y los sistemas de producción de ganado ovino que existen en los Estados miembros y la propuesta contempla opciones que los Estados miembros podrán aplicar en determinadas circunstancias. 
Por ejemplo, en el caso de los animales en explotaciones extensivas y en granjas, la edad de identificación puede prorrogarse desde un mes hasta los seis meses de edad, pero, en cualquier caso, deberán identificarse antes de salir de la explotación en la que hayan nacido. 
Asimismo, en el caso de los animales que vayan a sacrificarse antes de los seis meses de edad, el código de identificación puede ser el código de la explotación de nacimiento y el mes de nacimiento. 
De acuerdo con este sistema, en lugar de cada animal individual, se registran grupos de animales con el mismo código de identificación en el registro de explotaciones y el documento de desplazamiento. 
Esa medida se introdujo en la legislación para favorecer al tipo de ganadería que sé que existe en áreas remotas de Escocia y, en gran medida, se corresponde con el caso que usted ha presentado intentando responder a las preocupaciones que ha planteado. 
Cuando los animales tienen obviamente más de seis meses de edad, la identificación individual debe tener lugar por la razón que ya le he explicado. 
Pregunta nº 44 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0378/03): 
Asunto: Irresponsable incremento de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) o enfermedad de "las vacas locas" en España 
Teniendo en cuenta que ya en junio de 2000, el Comité Científico de la UE señaló a España como país de alto riesgo, mientras que el Ministro español de Agricultura calificó dicho informe europeo de "irresponsable" (objeto todo ello de diferentes preguntas parlamentarias por mi parte en el año 2000) ; a la vista del fuerte incremento de casos de encefalopatía espongiforme bovina que se está produciendo en España estos últimos meses y que continúa en aumento aún en el 2003, ¿No indica ello que no se cumplió la trasposición de la prohibición comunitaria, de 1996, de prohibición de harinas cárnicas para rumiantes, en España? 
El Comité director científico ha clasificado a España como un país GBR III, tras haber confirmado casos de nivel bajo. 
El límite superior de este nivel es una incidencia de 100 casos por cada millón de animales adultos durante los últimos 12 meses. 
La incidencia de la encefalopatía espongiforme bovina en España ha estado aumentando desde principios de 2002. 
Sin embargo, sigue estando muy por debajo de ese límite superior de unos 45 casos por millón de animales adultos durante los últimos 12 meses, y no crece con rapidez. 
Por lo tanto, la clasificación de España fijada por el Comité director científico sigue siendo válida. 
En el primer trimestre de este año, España comunicó aproximadamente un 50% más de casos de encefalopatía espongiforme bovina que durante el mismo período del año pasado. 
Al mismo tiempo, el número de casos disminuyó o permaneció estable en el resto de Estados miembros, con la excepción de Portugal. 
Si la comparamos con otros Estados miembros, España tiene un porcentaje bastante más alto de animales jóvenes nacidos en 1997 y 1998. 
La alimentación con proteínas de rumiantes dada a los rumiantes se considera la principal fuente de la transmisión de la encefalopatía espongiforme bovina al ganado. 
Por lo tanto, la Comisión prohibió a escala comunitaria utilizar proteínas de mamíferos en los piensos para rumiantes en 1994. 
Sin embargo, es evidente que esa prohibición no se aplicó por completo en ese momento, dado que la mayor parte de los casos de encefalopatía espongiforme bovina comunicados en la actualidad nacieron después de 1994. 
Las harinas de carne y hueso siguieron estando autorizadas en los piensos para no rumiantes y, por lo tanto, el pienso para rumiantes se contaminó en las fábricas de pienso y durante el almacenamiento y transporte. 
Otra fuente de transmisión fue la alimentación cruzada con pienso destinado a no rumiantes a ganado en granjas mixtas. 
Se detectaron deficiencias en la aplicación de la prohibición de harinas de carne y hueso para piensos en toda la Comunidad. 
Con el fin de acabar con la transmisión de la encefalopatía espongiforme bovina, a principios de 2001 la prohibición de las harinas de carne y hueso para piensos se extendió a la utilización de todas las proteínas animales en los piensos para todos los animales de granja. 
Otras medidas para reducir la transmisión de la encefalopatía espongiforme bovina son la mejora de las normas de aprovechamiento- que entraron en vigor a principios de 1997- y la prohibición de la utilización de los llamados materiales de riesgo en productos alimenticios y piensos, que entró en vigor en octubre de 2000. 
La actual legislación comunitaria debería ser suficiente, si se aplica de una forma rigurosa, para evitar que nuevos animales se contagien. 
No obstante, durante varios años podrían seguir dándose casos de encefalopatía espongiforme bovina en España, como en otros Estados miembros, como consecuencia del período de incubación de la enfermedad, que oscila entre los cuatro y los seis años, pudiendo ser incluso más prolongado. 
Es por eso que es importante mantener las actuales medidas de protección, sobre todo la retirada de los materiales de riesgo específicos. 
Señor Comisario, entre líneas, en su respuesta, tan técnica, tan diplomática, con tantas cautelas para no alarmar, he oído que usted confirma realmente que, desde 1996, en España ha habido un incumplimiento de aquella prohibición de la normativa comunitaria. 
El incremento de la enfermedad de las vacas locas, que se ha dado en España también en estos últimos años- y sus palabras también lo confirman -, es consecuencia de que el entonces ministro español, el Sr. Arias Cañete, que negaba el riesgo de España- y, sin embargo, el Comité científico sí lo declaró -, no cumplía la normativa comunitaria, y ésa es la causa de esta proliferación e incremento de la enfermedad de las vacas locas. 
Señor Comisario, ¿no resulta reprobable ese incumplimiento confirmado de la normativa comunitaria por parte de España, desde 1996, de la prohibición de las harinas cárnicas? 
¿No resulta reprobable ese incumplimiento? 
Su respuesta tiene que ser sí. 
No hay alarma social, pero el incumplimiento de la normativa es lo que está haciendo que España se haya situado a la cabeza de la enfermedad de las vacas locas en estos últimos años. 
En respuesta a la pregunta complementaria, quisiera decir que la Comisión no conoce la razón exacta por la que el número de casos de encefalopatía espongiforme bovina sigue creciendo en España y no en otros Estados miembros, con la excepción de Portugal, como ya he dicho. 
Entre las posibles explicaciones, además de las deficiencias en la aplicación de la prohibición de las harinas de carne y hueso para piensos, están la tardía introducción de la retirada de los materiales específicos de riesgo, que en España no se produjo hasta finales de 2000, y una exposición superior a la media a las harinas de carne y hueso infectadas en el período 1996-1998. 
Sin embargo, conviene recalcar que la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión llevó a cabo misiones en España en 2001 y 2002 con el fin de comprobar la correcta aplicación de las disposiciones comunitarias relativas al control y la erradicación de la encefalopatía espongiforme bovina. Se siguen detectando deficiencias. 
España también ha informado a la Comisión de un pequeño número de incumplimientos de la prohibición de las harinas de carne y hueso para piensos detectados en 2002. 
El número de incumplimientos es muy bajo e inferior a la media comunitaria. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nºs 45 a 78 recibirán respuesta por escrito 
El siguiente punto del orden del día contempla el debate conjunto sobre: 
la Recomendación (A5-0191/2003) para segunda lectura, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2000/13/CE en lo que respecta a la indicación de los ingredientes presentes en los productos alimentarios [15514/2/2003- C5-0080/2003- 2001/0199 (COD) ] (ponente: Sra. Klaß); 
el informe (A5-0216/2003) de la Sra. Ayuso González, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 95/2/CE relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes [COM (2002) 662- C5-0577/2002- 2002/0274 (COD) ], y 
la Recomendación (A5-0201/2003) para segunda lectura, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/22/CE del Consejo por la que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tiroestático y sustancias ß-agonistas en la cría de ganado [14502/1/2002- C5-0079/2003- 2001/0132 (COD) ] (ponente: Sr. Olsson). 
. 
(DE) Señor Presidente, señor Comisario Byrne, Señorías, los consumidores deben estar suficientemente informados sobre el contenido y la composición de los alimentos que compran. 
Esto no es válido únicamente para el tema de esta tarde, sino también para los ingredientes. 
En la etiqueta debe figurar lo que hay dentro, ni más, ni menos. 
Los cambios sociales que han tenido lugar en los últimos años también han modificado los hábitos de alimentación. 
Hoy en día, ¿quién pela todavía las zanahorias y patatas en su casa? 
Muchas personas no tienen tiempo para ello, muchos han olvidado cómo cocinar o nunca lo han aprendido, sobre todo. 
Debido a ello, la industria de la alimentación ha sufrido igualmente importantes cambios, han aparecido métodos complejos de procesamiento y nuevos ingredientes que han permitido fabricar productos preparados y semipreparados fáciles y rápidos de servir, pero que también encierran ignorancia e incertidumbre. 
Esta necesidad de información se ha visto reforzada por las numerosas advertencias de posibles daños para la salud en los últimos años. A ello hay que añadir el aumento de las alergias a los alimentos. 
Las personas que sufren alergias requieren una indicación adecuada del contenido. 
Nos encontramos en la segunda lectura, y la Posición Común recoge la mayor parte de la propuesta de la Comisión. Limita las excepciones y tiene en cuenta la mayoría de las enmiendas aprobadas por el Parlamento en primera lectura, en particular la revisión periódica de la lista de sustancias alergénicas y su interpretación, la inclusión del apio y la mostaza en esta lista y la obligación de indicar los ingredientes de las salsas y preparados de salsa que constituyen menos del 5% del producto final. 
Para mí, la lista de ingredientes alergénicos sigue siendo el principal elemento de esta Directiva. 
Esta lista se basa en los hallazgos científicos más recientes, será revisada periódicamente y, en caso necesario, actualizada. 
En segunda lectura se aprobaron tres enmiendas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, todas las cuales tienen el mismo objetivo, a saber, suprimir la obligación de etiquetado para las materias auxiliares de procesado elaboradas con sustancias que figuran en la lista se sustancias alergénicas, pero que no forman parte del producto final y que, por ende, no provocan reacciones alérgicas. 
Es necesario comprobar si el carácter alergénico de un producto persiste si en su elaboración se ha utilizado una materia auxiliar que en su forma original es alergénica- un ejemplo es la proteína -, pero que como consecuencia del proceso de fabricación del alimento pierde su carácter alergénico, o que ya no está presente en el producto o lo está en una forma modificada. 
El legislador debe demostrarlo antes que imponer una obligación de etiquetado. 
Las materias auxiliares se utilizan desde hace décadas, inclusive para la elaboración del vino y la cerveza. 
En el proceso de fermentación se alteran y luego se precipitan de forma natural o se filtran. 
Así pues, no se encuentran en el producto final, como el vino o la cerveza. 
En estos casos nunca se han descrito de alergias. 
Yo misma soy viticultora, y ¿cómo voy a explicar a mis colegas viticultores o a mis clientes que en lo sucesivo en la etiqueta debe figurar «elaborado con huevo». 
El vino es un producto natural y transparente, claro y dorado en la copa. 
Y puesto que en este caso no se ha sabido de reacciones alérgicas, nadie lo ha investigado nunca. ¿Por qué imponer ahora una obligación de etiquetado? 
Sin embargo, la política significa también hacer lo que es posible, de modo que he llegado a un compromiso con la Comisión y el Consejo que permite presentar pruebas en un plazo fijo de cuatro años. 
Lo primero que hay que decir al respecto es que las sustancias para las que se ha notificado un estudio a la Comisión quedan provisionalmente exentas del etiquetado. 
En segundo lugar, si con el estudio se demuestra un efecto no alergénico, dichas sustancias seguirán estando exentas del etiquetado. 
Pido a la Comisión, y a usted, señor Byrne, que me confirme que se podrán encargar y notificar estudios hasta nueve meses después de la entrada en vigor de la Directiva y que la exención de la obligación de etiquetado será por cuatro años enteros. 
Este aspecto es importante para poder realizar estudios de todo tipo. 
Esta nueva Directiva ofrece seguridad a los consumidores. 
Las excepciones de la obligación de mencionar los ingredientes en la etiqueta pasan del 25% al 2%. 
Por vez primera contamos con una lista de sustancias alergénicas que siempre deberán indicarse en la etiqueta, y presentaremos pruebas científicas que garanticen que en la etiqueta sólo aparezca lo que se encuentra dentro del envase. 
De esta manera evitaremos asimismo que un etiquetado innecesario haga, en última instancia, que se reduzca cada vez la lista de alimentos autorizados para los alérgicos. 
Muchas gracias, Sra. Klaß. 
Voy a recordar las reglas del juego para todos los diputados. 
Realmente estamos obligados, esta noche, a ajustarnos imperativamente al tiempo de intervención atribuido, los trabajos van a durar hasta casi medianoche. 
Voy a esforzarme para golpear el martillo de forma sistemática a fin de indicarles que se ha agotado su tiempo. 
Y les pediré que terminen rápidamente. 
. 
(ES) Señor Presidente, Señorías, voy a empezar mi intervención refiriéndome brevemente al informe de la Sra. Klaß para apoyar la enmienda de transacción relativa a la lista oficial de ingredientes que deben figuran en el Anexo III bis en el plazo de dos años. 
Lo hago porque hay productos como la caseína, la albúmina de huevo o la cola de pescado que desde hace siglos se utilizan en la elaboración del vino o de la cerveza y que forman parte de las prácticas enológicas contempladas y admitidas por los Reglamentos (CE) nº 1493/1999 y 1622/2000 y, sobre todo, porque no hay evidencia científica de que se comporten como alergénicos en el producto final. 
¿Por qué hemos de ponerlos bajo sospecha en forma de etiquetado? 
El Consejo y la Comisión deben alinearse con el Parlamento en esta percepción del problema. 
Y dicho esto, paso a mi propio informe. 
En primer lugar quiero, muy sinceramente, dar las gracias a la Comisión, al Consejo y a los ponentes en la sombra, Sr. Lund y Sra. Paulsen, por su excelente colaboración para alcanzar compromisos que pudieran hacer que aprobásemos esta propuesta de Directiva en primera lectura. 
Mi preocupación principal durante la elaboración de este informe ha sido que los aditivos alimentarios incluidos en él, no sólo supongan un avance tecnológico, sino que no comporten un riesgo para la salud ni induzcan a error a los consumidores. 
Las enmiendas de transacción que presentamos al Pleno, junto con el Grupo socialista y el Grupo liberal (enmiendas de la 19 a la 32) son fruto de esta preocupación que compartimos todos. 
La Directiva marco 89/107/CEE sobre aditivos, en su Anexo II, especifica que "todos los aditivos estarán en un estado de observación permanente y en evaluación continua". 
No obstante, habida cuenta de la preocupación que existe por el uso de los polisorbatos, de la sentencia del Tribunal de Justicia, de 20 de marzo de 2003, sobre las dosis máximas de nitritos y nitratos, y de la declaración del Comité científico de la alimentación humana, de 4 de abril de 2003, sobre los derivados del ácido parahidroxibenzoico, se presentan dos nuevos apartados al artículo 2 a través de la enmienda nº 21. 
Para que la Comisión revise el uso de los aditivos E 432 a E 436- o sea los polisorbatos -, E 251 y E 252 y E 249 a E 250- que son los nitratos y los nitritos- y que, antes del 1 de julio de 2004, se revisen las condiciones de uso para los parabencenos, del E 214 a E 219. 
Por lo que respecta al bifenilo, ortofenil fenol y el ortofenil fenol sódico, que pasan a considerarse como productos fitosanitarios, la intención de la Comisión es contemplarlos en el futuro en la legislación de pesticidas suprimiéndolos de la Directiva 95/2/CE. 
Estamos de acuerdo en ello y lo único que pretendemos es que no se produzca un vacío legal, como se refleja en la enmienda nº 21 y la enmienda nº 4 del informe que fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente. 
Nos preocupa también que puedan introducirse aditivos en los alimentos a través de un aditivo en los aromatizantes que no deben etiquetarse. 
Por ello presentamos la enmienda nº 22 para limitar su uso al mínimo necesario para garantizar la calidad y la seguridad del aromatizante cuando no tenga ninguna función tecnológica en el alimento. 
De lo contrario, estos aditivos de aromatizantes deberán etiquetarse. 
Para concluir, quisiera recalcar que es muy importante que concienciemos a los consumidores de que gracias a la legislación sobre aditivos y al trabajo del Comité científico de la alimentación humana pueden disfrutar de una seguridad alimentaria adecuada y de productos alimenticios adecuados a sus necesidades. 
Hoy día, cada vez las ciudades son más grandes, cada vez la industria necesita aditivos nuevos y ello nos facilita la vida a la hora de consumir productos cocinados o precocinados. 
Reitero mi agradecimiento al Consejo, a la Comisión y a los ponentes en la sombra que han contribuido a llegar a acuerdos importantes. 
. (SV) Señor Presidente, señor Comisario, parece que entre esta noche y mañana vamos a poder resolver el problema de los puntos de vista que deben adoptarse sobre las hormonas y su uso en relación con la cría de animales, en la que existe una disputa entre la UE y los Estados Unidos. 
En primer lugar quiero expresar mi gratitud; en segundo lugar, voy a explicar por qué no me gusta el compromiso; y en tercer lugar, quiero explicar por qué, a pesar de todo, apoyo el compromiso. 
Quiero expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas que han contribuido: a la Comisión, el Consejo, a la secretaría de la comisión parlamentaria y a todos mis colegas diputados de la comisión- los ponentes alternativos -, que nos han ayudado mucho a alcanzar esta solución. 
Realmente no queremos estas hormonas, especialmente el estradiol 17? , que se emplea, por ejemplo en los Estados Unidos, como estimulante del crecimiento. 
No las queremos en nuestros alimentos y, por este motivo, tampoco debemos emplearlas de forma que puedan acabar en ellos. 
De este modo, debemos ser más creíbles en nuestras negociaciones, por ejemplo en la OMC, con los Estados Unidos. 
Si se emplean como estimulantes del crecimiento, entonces están sin duda presentes en nuestros alimentos. 
Implican un riesgo para la salud de los seres humanos y son carcinógenas. 
Si las utilizamos con fines terapéuticos en la cría de ganado, también existe el riesgo de que estén presentes. 
Esto es lo que hacemos en la UE, y esto socava nuestra credibilidad y nuestra oposición a estas hormonas. 
Por este motivo, en principio, realmente deberían prohibirse con carácter general en estos contextos. 
Si las hubiésemos prohibido por completo, como propuso nuestra comisión, casi habría sido posible excluirlas del mercado. 
No habría peligro de que se empleasen de forma equivocada. 
La comisión estuvo de acuerdo- al igual que el Parlamento, principalmente, en primera lectura- en proceder de este modo. 
Sin embargo, creo que se trata de una cuestión que conviene resolver. 
Aunque obtuviese pleno apoyo a mi deseo de una prohibición total, personalmente me di cuenta de que podría ser sensato tratar de alcanzar un compromiso. 
Por lo tanto, me puse en contacto con mis colegas diputados de los demás Grupos políticos y les comenté que quizás podríamos intentarlo, ya que de hecho el Consejo afirmaba querer mantener las sustancias por tres motivos: en primer lugar, para poner en celo al ganado, que es la principal aplicación; en segundo lugar, para la maceración y momificación del feto, también principalmente en el caso del ganado; y en tercer lugar, para la piometra en el ganado. 
De estas aplicaciones, la primera es la principal y las otras dos tienen relativamente escasa importancia. 
Las dos últimas son, por otra parte, relativamente importantes desde el punto de vista de la protección de los animales. 
Los animales sufren en la situación actual si no se les da este medicamento. 
Aunque existen alternativas, no se consideraron accesibles en toda la UE. 
Mi propuesta, que se convirtió en nuestra propuesta tras el contacto con los demás Grupos políticos, consistía en que debíamos proponer al Consejo que las sustancias se mantuviesen para las dos aplicaciones menos importantes, relativas a los fetos muertos y la piometra. 
El Consejo aceptó esto, y ahora podremos eliminar el uso de sustancias para provocar el celo, cosa que considero un importante avance. 
Sin duda habrá un período de transición, pero luego nos habremos deshecho de ellas. 
En la propuesta definitiva, decimos ahora, además, que la segunda aplicación también debería ser revisada, y quizás también podría eliminarse al cabo de cierto período. 
Considero esto un avance importante y por lo tanto quizás podamos resolver el problema. 
Me complace sumamente que en la comisión hayamos sido capaces de unirnos en el apoyo a la propuesta y espero que esto se repita también en la votación que tendrá lugar mañana en la Cámara. 
Por lo tanto, podremos eliminar progresivamente las aplicación principal y así reforzar nuestra posición en la disputa con los Estados Unidos. 
Por esta razón quiero reforzar este compromiso, que sin duda es más débil que el presentado anteriormente por el Parlamento, pero que todavía es suficientemente sólido para que podamos ser capaces ahora de encontrar una solución al problema. 
Señor Presidente, acojo con agrado este debate conjunto, que engloba tres importantes instrumentos legislativos sobre los que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo tras un constructivo diálogo interinstitucional. 
Abordaré cada instrumento por turno. 
Quiero dar las gracias a los tres ponentes, la Sra. Klaß, la Sra. Ayuso González y el Sr. Olsson, así como a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, por el arduo trabajo que han invertido en estos tres instrumentos legislativos. 
Empezaré con la recomendación para la segunda lectura de la Sra. Klaß. 
La adopción de esta propuesta sobre la legislación de etiquetado de los productos alimenticios, que está ya muy próxima, supondrá grandes beneficios para los consumidores. 
La posición común constituye un compromiso equilibrado, e incluye la mayoría de las medidas propuestas por la Comisión, mientras que restringe el alcance de las excepciones. 
También refleja el deseo del Parlamento Europeo de incrementar la precisión de la información del etiquetado de los productos alimenticios. 
La posición común incluye- al pie de la letra o en sustancia- las cuatro enmiendas del Parlamento incorporadas por la Comisión en su propuesta modificada. 
También tiene en cuenta la mayor parte del resto de demandas del Parlamento sobre tres importantes aspectos. 
En primer lugar, la flexibilidad de la indicación de los ingredientes y las excepciones de la obligación de indicar la composición de determinados ingredientes compuestos serán de aplicación a partir del 2%, en lugar del 5% propuesto inicialmente. 
En segundo lugar, se prevé la revisión y actualización de la lista de ingredientes alergénicos para reflejar los avances científicos. 
Además, cuando se actualice la lista podrán retirarse ingredientes si se ha demostrado científicamente que ya no son alergénicos. 
En tercer lugar, se establece la inclusión del apio y la mostaza y sus productos derivados en la lista de sustancias alergénicas. 
Sin embargo, hay una cuestión que todavía no se ha solucionado completamente. 
Científicamente no está demostrado que los derivados de determinados productos alergénicos siguen siendo alergénicos o que, por el contrario, ya no es probable que causen reacciones adversas. 
Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta: ¿deberíamos exigir el etiquetado obligatorio de esos derivados? 
La Posición Común incluye el etiquetado obligatorio, pero también afirma que estas sustancias podrían quedar exentas en el futuro en el caso de que hubiera pruebas científicas que justificaran esa medida. 
Comparto el punto de vista de la ponente y la comisión que quizá esta no sea la mejor solución, pero no estoy de acuerdo con lo que proponen las enmiendas 1 y 2. 
En efecto, la enmienda 1 estipula que para las bebidas alcohólicas los derivados solamente deberían etiquetarse si están presentes en una cantidad que de acuerdo con la investigación científica puede causar reacciones alérgicas. 
Eso no es aceptable porque la ciencia solo demuestra de que los alérgenos y sus derivados causan reacciones alérgicas. 
No hay datos sobre la cantidad residual de un alérgeno dado que puede provocar una reacción alérgica. 
Además, la enmienda será imposible de aplicar y se invierte la carga de la prueba. 
Son los fabricantes los que deben probar que el derivado de un alérgeno concreto que utilizan no va a provocar una reacción adversa si quieren estar exentos de indicar su presencia en la etiqueta. 
La enmienda 2, en su primera parte, es iéentica a la enmienda 1, pero se refiere a alimentos distintos de las bebidas alcohólicas. 
También establece expresamente una exención de la obligación de indicar en el etiquetado los auxiliares de proceso utilizados en la elaboración de bebidas alcohólicas, mientras que estas sustancias no están englobadas en este apartado de la posición común. 
Por lo tanto, no es aceptable. 
La enmienda 3 exige a la Comisión que adopte, antes del 1 de enero de 2004, previo dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, una lista de derivados que deberían considerarse no alergénicos. 
Esta petición va en la dirección correcta pero, además de fijar un plazo poco realista, no es aceptable como tal, porque solo se podrían tener en cuenta y presentar para el dictamen de la AESA estudios realizados bajo la responsabilidad de la industria sobre derivados de alérgenos concretos utilizados en circunstancias específicas, como por ejemplo la cola de pescado utilizada como agente clarificador en la cerveza. 
Por eso solamente se puede aceptar la enmienda 4, que constituye un compromiso viable y razonable. 
A continuación, voy a hablar del informe para la primera lectura de la Sra. Ayuso González. 
En diciembre de 2002, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modificaba la Directiva 95/2/CE sobre aditivos distintos de colorantes y edulcorantes. 
El principal objetivo de esta propuesta es adaptar la Directiva 95/2/CE a la reciente evolución técnica y científica y garantizar el funcionamiento del mercado interior, un elevado nivel de protección de la salud humana y la protección de los intereses de los consumidores. 
Con este fin, la Comisión propone autorizar un nuevo aditivo alimenticio, retirar las autorizaciones de uso de algunos aditivos alimenticios, revisar las actuales autorizaciones y armonizar la utilización de aditivos alimenticios en aromatizantes a escala comunitaria. 
En concreto, en lo que se refiere al «uso de aditivos alimenticios en aromatizantes» , la propuesta redunda en interés de los consumidores y de la industria, puesto que lograría la armonización del sector a escala comunitaria. 
Se ha presentado un paquete de enmiendas de compromiso, tras los estrechos contactos llevados a cabo entre las diversas instituciones. 
El COREPER ha recalcado su apoyo a este paquete de compromiso, apoyo al que añado con sumo gusto el apoyo de la Comisión. 
Me voy a referir ahora al último de los instrumentos legislativos, la recomendación para la segunda lectura sobre hormonas del Sr. Olsson. 
Celebro los progresos realizados. 
El debate sobre las hormonas ha resultado ser tan delicado como el equilibrio hormonal que controla las funciones fisiológicas de los seres vivos. 
Como saben, la Comisión propuso inicialmente prohibir la utilización del estradiol, dado que se nos había informado de que esta sustancia de producción endógena es un carcinógeno. 
El Parlamento apoyó esta propuesta. 
Sin embargo, los intrincados debates celebrados en el Consejo- que han durado más de dos años y cuatro Presidencias y han incluido dos informes de fondo adicionales- han demostrado que prohibir el estradiol no es tan sencillo como se había creído. 
Los Estados miembros han llamado la atención sobre las importantes dificultades que probablemente surgirían si se aprobara esa prohibición, en concreto los problemas que podría causar con respecto al bienestar de los animales y la reorganización de la ganadería. 
Por lo tanto, tuvimos que reconsiderar nuestras ideas, haciéndonos la siguiente pregunta: ¿cuáles son nuestros objetivos? 
Nuestros objetivos son, en primer lugar, proteger la salud del consumidor y, en segundo lugar, conseguir el cumplimiento de los requisitos de la OMC. 
De acuerdo con el análisis de la Comisión, ambos objetivos pueden cumplirse con el compromiso propuesto hoy por el ponente, el Sr. Olssen, y sus colegas, a los que doy sinceramente las gracias. 
La aprobación de este texto con las enmiendas 17, 18 y 19 comportaría una reducción significativa del uso de estradiol. 
Asimismo, distingue claramente los otros tres usos de la utilización del estradiol para la estimulación del crecimiento. 
Por lo tanto, permitirá a la Comunidad cumplir sus obligaciones internacionales en el contexto de la Organización Mundial del Comercio. 
Por ello espero con interés el debate sobre estas importantes e interesantes cuestiones. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, sé que no se sorprenderá si le digo que desde luego habría preferido que se hubieran aprovechado las tres buenas enmiendas aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor- por una pequeña mayoría, pero aprobadas al fin y al cabo-. 
Tal como están las cosas, y puesto que la política es el arte de lo posible, me gustaría dejar claro que no es se puede esperar de este Parlamento que codecida sobre una Directiva europea que exige a los productores de vino y cerveza que en la etiqueta de la botella se mencione que estos alimentos se fabrican con pescado y huevo. 
Y eso es lo que sucedería si aprobáramos la Posición Común sin las enmiendas de nuestra ponente, la Sra. Klaß. 
Quiero felicitar a la Sra. Klaß por su incansable esfuerzo por dar a luz una Directiva bien planteada que garantice por supuesto que si hay presentes ingredientes- y digo ingredientes y no materias auxiliares- con potencial alergénico, esta presencia deba constar en la etiqueta. 
Sin embargo, estos ingredientes alergénicos no están presentes en el vino o la cerveza. 
Sin duda, en la elaboración y procesamiento se utilizan trazas de materias auxiliares que tienen un potencial alergénico en el sentido contemplado en el Anexo IIIa, es decir, colapez de la especie esturión y derivados de huevos como clarificantes. 
Estas materias ayudan en procesos técnicos como el filtrado. 
La diferencia decisiva con respecto a los demás aditivos habituales es que las materias auxiliares se eliminan después de su uso. Y en la etiqueta no se debe declarar lo que el vino y la cerveza no contienen. 
Y esta solución fue la que aprobó este Parlamento en primera lectura. 
Estoy convencido de que, si los Ministros competentes hubiesen sabido de qué estamos hablando, habrían hecho caso de la sabiduría y amplitud de miras del Parlamento y nos habrían presentado una Posición Común correcta. 
Sin duda sabemos que actualmente no puede demostrarse científicamente si en el producto final se encuentran trazas de las materias auxiliares utilizadas, aunque en cantidades tan reducidas es improbable que puedan provocar alergias. 
Hasta que esto no se aclare, no debe imponerse un etiquetado que solo confundiría a los consumidores, provocaría temores infundados y causaría daños inaceptables a amplios sectores económicos. 
Por ello, nuestra aprobación de la enmienda de compromiso de la ponente es el límite que no podemos rebasar. 
Señor Comisario, como no ha respondido a la Sra. Klaß, le pregunto una vez más: ¿Es cierto que podrán presentarse estudios hasta nueve meses después de la entrada en vigor de la Directiva? 
Es necesario aclararlo ahora, pues de lo contrario la ponente tendrá que volver a hablar durante unos minutos más. 
Sra. Lulling, usted solicitó una intervención de diez minutos al servicio de la sesión y ha hablado durante tres minutos y veintiséis segundos. 
En vista de la ausencia de su compañero de Grupo, el Sr. Goodwill, su tiempo de palabra ha sido ampliado a tres minutos, pero no a tres minutos veintiséis segundos. 
Como comprenderá, debo ser muy estricto si no quiero que todo el mundo se vaya a la cama a las dos de la mañana. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, señor Comisario, Sus Señorías, las sucesivas crisis alimentarias han socavado la confianza de los consumidores, y la seguridad alimentaria constituye un auténtico envite político al convertirse en un elemento constitutivo de la seguridad general de los ciudadanos. 
A este respecto se considera fundamental facilitar elementos sustanciales sobre la composición de los alimentos y es indispensable un etiquetado preciso y adaptado, en particular para aquellos ingredientes que pueden provocar alergias. 
El problema resulta relativamente simple en el caso de los alergenos presentes en el producto final. 
En cambio, ¿resulta razonable imponer el etiquetado de ingredientes como los medios auxiliares tecnológicos, utilizados sobre todo en la fabricación de bebidas alcohólicas, que intervienen en el proceso de fabricación, pero que no están presentes en el producto final? 
Lo mejor es siempre enemigo de lo bueno, al intentar proteger a las personas que sufren alergias? algo loable en sí? ¿no corremos el riesgo de fragilizar los métodos tradicionales de producción, incluso de romper los mercados sin pruebas científicas de la nocividad de estos medios auxiliares? 
Imaginemos el espanto de los consumidores al descubrir la presencia de sulfitos y otras sustancias poco apetitosas en la fabricación de bebidas tan prestigiosas como el champán o los vinos de nuestra bella región de Alsacia, por sólo citar estos ejemplos. 
Por ello me alegro de que se haya podido encontrar un compromiso equilibrado sobre esta controvertida cuestión. Éste contempla que algunos ingredientes podrán retirarse de la lista de alergenos mediante un expediente con bases científicas, a la espera de una evaluación científica completa. 
No cabe duda de que, al venir de una región vinícola, yo habría preferido que la carga de la prueba, es decir, la presentación del expediente técnico, no competa a los productores, los cuales a menudo poseen pequeñas estructuras de producción, pero soy consciente de que, si no aceptamos este compromiso, deberíamos aprobar la posición común del Consejo que no prevé procedimiento alguno de exclusión de la lista de ingredientes alergénicos. 
Es por ello por lo que, si bien con sentimientos encontrados, me parece oportuno adoptar este compromiso y expresar el deseo que la Comisión conceda a los pequeños y medianos productores la flexibilidad necesaria para permitirles avanzar sus argumentos. 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes apoya en conjunto el informe Klaß. 
Consideramos importante que la industria demuestre que una sustancia no es alergénica. 
Afortunadamente esto se ha mantenido en el compromiso. 
En lo que respecta al informe Olsson, el Grupo de los Verdes apoya el compromiso. 
Por supuesto, al igual que el Sr. Olsson, hubiésemos preferido que se prohibieran todos los potenciadores del crecimiento, pero en beneficio del bienestar de los animales ha sido necesario hacer algunas excepciones. 
Nos complace que se realicen más investigaciones sobre la seguridad y sobre alternativas eficaces, para que a la larga podamos prescindir de ellos. 
Tenemos bastantes más problemas en lo que respecta al informe Ayuso González. 
En el Grupo de los Verdes quisiéramos ir más lejos. 
Consideramos que muchos de los aditivos y todas esas sustancias no son necesarios. 
Los parabenos, los polisorbatos y los fosfatos de aluminio tendrían que haberse prohibido inmediatamente teniendo en cuenta el principio de precaución. 
Sin embargo, aceptaremos el compromiso pues es un paso adelante en comparación con la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera felicitar especialmente a Christa Klaß, quien ha actuado con gran competencia en este informe y que ha sabido ponderar tanto el interés como las consecuencias nefastas de una exigencia sistemática de etiquetado. 
Ha luchado, defendido su expediente ante sus interlocutores, en particular la Comisión, que se mostraba poco dispuesta a escuchar las reivindicaciones de los diputados. 
El informe de la Sra. Klaß, tal como fue adoptado en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, es, en mi opinión de champañense atenta, la mejor solución. 
Sin embargo, ciertos intereses supremos, en ocasiones confusos, han resultado inevitables y, por ello, hemos optado por una solución de retirada. Eso fue lo que propuse, de cierta manera, en mis enmiendas presentadas en la comisión parlamentaria, pero a continuación me uní, sin gran convencimiento, a la solución que preconiza el ponente. 
Hoy estoy contenta a medias de que se haya recogido y trabajado una solución parcial para satisfacer a la mayoría de nosotros. 
Garantizar una información clara y pertinente, así como un nivel de protección para los consumidores alérgicos me parece de sentido común. 
En cambio, un etiquetado alarmista espantará a los consumidores alérgicos y pondrá freno a su propio consumo. 
Algunas bebidas europeas simbólicas, como el champán o la cerveza irlandesa, señor comisario, sufrirían terribles daños, arrastrando con ellas igualmente a todo el sector vitivinícola europeo. 
El día de mañana tendré que defender ante el sector vitivinícola de mi región, Champaña-Ardenas, el principio establecido de que corresponde a los productores, ya sean pequeños o grandes, demostrar que los derivados de productos denominados alergénicos que utilizan como auxiliares tecnológicos en el vino no son en sí alergénicos, porque son el fruto de un proceso importante de transformación a partir de materias primas e intervienen en un medio totalmente distinto? el vino o la cerveza? lo que cambia fundamentalmente las característicos de éstos. 
Los productores de cerveza deberán igualmente demostrar que la cola de pescado, que se utiliza desde hace siglos en la fabricación de cerveza, no es un producto nocivo. 
En una palabra, la carga de la prueba les corresponde, pero hemos ganado tiempo para hacer investigaciones en la materia. 
En conclusión, doy las gracias al ponente y aceptó la solución de la enmienda nº 4. 
Asimismo, el Grupo UEN firmó conjuntamente la enmienda y asume su elección. 
Señor Presidente, los tres informes que son ahora objeto de un debate conjunto son aspectos importantes de nuestros esfuerzos por garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de los consumidores. 
Me gustaría agradecer a mis colegas su excelente trabajo. 
En el mercado único, los consumidores se encuentran cada día con productos y fabricantes nuevos y extraños en las estanterías de su tienda de la esquina, y deben poder confiar plenamente en el control de calidad y la seguridad alimentaria en este mercado único. 
Es lamentable que siempre que la UE es toma la iniciativa en el establecimiento de normas tan importantes como estas, a menudo se toma como una preocupación innecesaria por los detalles. 
Un motivo de ello es, por supuesto, el modo en que la prensa europea, con frecuencia deliberadamente, describe las cosas de forma negativa y sin tener en cuenta el verdadero problema en cuestión. 
Las razones de esto no son políticas; tienen que ver con el periodismo. 
Los reportajes necesitan color y, desgraciadamente, ese color se consigue a menudo esparciendo historias de miedo en lugar de información objetiva. 
El último ejemplo de esto es la noticia sobre la limitación de las cantidades máximas de compuestos de PAH en los alimentos para proteger la salud de los consumidores. 
Un proyecto de investigación totalmente legítimo realizado por la Comisión ya se ha convertido, al menos en los periódicos finlandeses, en el temor a que la UE prohíba las barbacoas privadas y nuestra delicia de verano favorita, la salchicha a la parrilla. 
Ha habido continuas quejas de que la UE se entromete en todo y que peca de exceso de protección, y la gente se pregunta cuándo comenzará la policía europea a encender piras de libros de cocina peligrosos y si pronto tendremos que comer con un casco en la cabeza para estar seguros. 
Desgraciadamente, la nación se traga todas las historias de miedo esparcidas de este modo sin justificación alguna, dando lugar a sentimientos negativos y al resentimiento. 
Por este motivo sería importante que el buen trabajo realizado en el Parlamento para proteger la salud de las personas también contase con un sólido respaldo de los Centros de Información de la UE. 
Es a todas luces necesario facilitar información de fondo en una fase temprana de los preparativos, de forma que las leyendas urbanas sin fundamento sobre la UE no tengan oportunidad de echar raíces. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría expresar especialmente mi agradecimiento a la Sra. Ayuso, a la Comisión y al Consejo por cooperar tan bien en la actual propuesta y el compromiso relativos a los aditivos, de forma que podamos concluir este tema no después de la primera lectura. 
Supongo que nuestro paquete permite seguir usando aditivos, pero ha sido crucial para mí que ahora hagamos hincapié en la supervisión y la reevaluación del uso de sustancias anteriormente aprobadas por parte de la Comisión. 
Espero que no continuemos con la política de seguir aceptando sin más nuevos aditivos y un uso ampliado de las sustancias ya aprobadas, de forma que dichos aditivos y sustancias solamente se omitan en la lista cuando la propia industria nos informe de que ya no se emplean. 
Creo que la política hasta el momento ha sido excesivamente defensiva. 
En mi opinión, la Comisión debería inspeccionar constantemente y reevaluar el uso de aditivos, de forma que las tres condiciones bien conocidas para su uso se cumplan en todo momento. 
Por lo tanto, me complacen mucho las disposiciones del paquete por las que la Comisión debe, en un plazo de dos años, presentar un informe general sobre la reevaluación de aditivos y por las que este informe debe centrarse inmediatamente sobre todo en el uso de determinados tipos, incluidos los nitratos, nitritos y polisorbatos. 
Espero que la aprobación de los informes de mañana y el proceso que conduzca a la aprobación del paquete presagie una mejor política sobre el uso de los aditivos en los alimentos. 
También me gustaría aprovechar la oportunidad para dar las gracias al Sr. Olsson por su cooperación realmente constructiva en relación con la prohibición del uso de hormonas en la ganadería. 
También en este ámbito estamos logrando ahora un resultado en el que el uso de la hormona carcinógena estradiol 17? cesará en un plazo de dos años. 
En otras palabras, las hormonas en general dejarán de emplearse en los animales para la ganadería. 
Este es un resultado bueno y muy positivo que el Sr. Olsson ha sabido conseguir. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, felicito de todo corazón a los tres ponentes, entre los cuales quiero destacar a la Sra. Klaß, cuyo informe revela algunas vías muy adecuadas para enfocar esta cuestión. 
Por mi propia experiencia personal conozco los diversos prejuicios que hay que tener en cuenta al abordar cuestiones de etiquetado. 
Me gustaría destacar especialmente las disposiciones relativas al etiquetado de los productos que provocan reacciones alérgicas. 
En la Unión Europea, un 8% de los niños y un 3% de los adultos experimentan reacciones alérgicas a los ingredientes de los alimentos, hasta tal punto que afectan notablemente a su estado de salud en general, y esta estadística es alarmante. 
El elevado número de alimentos compuestos, cuya composición varía a menudo, no permite otra cosa que el etiquetado para mantener informado al consumidor. 
A diferencia de los oradores que me han precedido, estoy a favor de que se sigan añadiendo ingredientes, pues esto, hay que decirlo, aumenta la calidad de la comida. 
Ni que decir tiene que solo deban mencionarse los productos sobre los que existan pruebas científicas de que provocan alergias; asimismo debemos garantizar que la lista pueda modificarse rápidamente cuando haya nuevos hallazgos. 
Siempre hay que tener en cuenta que el aluvión de datos que aparecen en una etiqueta deben transmitir lo esencial. 
Desde este punto de vista, espero con interés las ideas de la Comisión sobre la inclusión en la etiqueta, por ejemplo, de aseveraciones no probadas. 
En este aspecto se podría prever una reducción de la información. 
En aquella ocasión se trataba únicamente de la indicación del azufre. Entonces fue una revolución, pero hoy ya nadie habla de ello. 
Lo que demuestra que el Parlamento se ha aproximado considerablemente al modo de pensar del consumidor en los últimos años. 
Asimismo acojo con satisfacción de la propuesta de que haya que mencionar en la etiqueta todos los ingredientes cuya proporción supere el 2%. 
Si bien hace años se habría considerado imposible y quizás incluso innecesario, ahora se tiene en cuenta la tendencia a utilizar muchos ingredientes en pequeñas cantidades en el proceso de producción, y nosotros cumplimos con la obligación de informar al consumidor. 
Las empresas con que he hablado me han explicado que en la mayoría de etiquetas ya se mencionan los ingredientes con una proporción inferior al 2%. 
Tan solo una breve observación acerca del informe Olsson; me complace el enfoque acomodaticio del Sr. Olsson y me parece bien, pero también sé que en muchos países de la Unión Europea el 17 -? -estradiol ya se sustituye por otras sustancias. 
Eso es lo que debemos estimular y favorecer. 
Deseo insistir realmente ante Sus Señorías para que respeten su tiempo de intervención. 
No puedo prolongar en un 50% el tiempo de palabra de cada diputado, de lo contrario no dormiremos esta noche. 
¿Desea la Comisión volver a intervenir? 
. 
(EN) Muy brevemente, me han preguntado en relación con la enmienda 4, y quizás podría aclarar un poco eso sobre el informe Klaß. 
I believe the enmienda 4 compromise is quite clear. 
La industria puede notificar los estudios sobre productos derivados actuales durante un plazo de nueve meses tras la entrada en vigor de la Directiva. 
La Comisión tendrá finalmente que tomar una decisión, como máximo cuatro años después de la entrada en vigor, sobre si un derivado tiene que indicarse en la etiqueta o no. 
La Comision decidirá basándose en los estudios, después de realizar las consultas previstas con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 
(DE) Señor Presidente, señor Comisario, de lo que se trata es que el compromiso habla de los «estudios ya realizados». En mi intervención acabo de destacar que hasta ahora no se han investigado estas cosas. 
Si ahora nuestra Directiva lleva a la industria a plantearse la solicitud de un estudio, ¿es posible encargar ahora este estudio? 
Esa era la pregunta, no si se tendrán en cuenta los estudios ya realizados, sino si se tendrán en cuenta también los estudios que se realicen en el futuro. 
Señor Comisario, ¿desea dar una última respuesta? 
El compromiso al que se llegó se refería a los estudios para productos derivados actuales; se estipulaba un plazo de nueve meses después de la entrada en vigor de la Directiva. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
el orden del día contempla la Recomendación (A5-0200/2003) para segunda lectura, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, de la posición común del Consejo en materia de la aprobación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases [14843/1/2002- C5-0082/2003- 2001/0291 (COD) ] (ponente: Sra. Corbey). 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, al final de la segunda lectura quiero explicar de nuevo algunos puntos importantes de mi informe. 
Pero no sin antes dar las gracias a mis colegas. Los ponentes en la sombra han sido especialmente serviciales. 
Asimismo quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias al sector. 
Hemos tenido oportunidad de mantener intensas conversaciones, tanto con la industria de los envases, los envasadores y los grupos ecologistas. 
Ello ha suscitado intensos debates y ha aumentado mi comprensión en la práctica. 
Los debates me han llevado al convencimiento de que hemos de mirar de otra forma los envases. 
Durante mucho tiempo se consideró natural ver los envases como un problema medioambiental, ciertamente un problema pequeño y necesario, pero al fin y al cabo un problema. 
También es posible enfocar positivamente los envases, considerándolos conjuntamente con el producto. 
El envase es el protector del producto y evita despilfarro. 
El envase es además el vehículo de la globalización, del comercio mundial y del desarrollo socioeconómico. 
El desarrollo sostenible ya no es posible sin envases. 
Sin embargo, un enfoque positivo de los envases solo es creíble si se hace todo lo posible por reducir el impacto medioambiental. 
Por ello son necesarios el reciclado y la prevención. Trataré brevemente estas cuestiones. 
En primer lugar el reciclado. 
Se trata de un componente importante de la directiva. 
Algunos afirman incluso que la directiva de envases es en realidad una directiva sobre el reciclado. 
En los debates celebrados durante la primera lectura ya señalé que el reciclado no es un objetivo en sí, y que además hay límites al rendimiento ecológico del reciclado. 
Durante la segunda lectura se habló sobre todo de los costes del reciclado. 
Sobre todo el Gobierno británico se preocupa de los costes adicionales de un mayor reciclado y ha dado a conocer cifras al respecto. 
Sin embargo, sigue sin quedar claro cómo se han calculado los costes. 
Reciclar cuesta dinero, pero también proporciona algo. 
Cuanto más alta sea la escala, más rentable será, pero por supuesto hay límites. 
Si se quiere recoger la última lata en el norte de Finlandia, esto costará por supuesto muchísimo dinero. 
Nuestro debate sobre el rendimiento ecológico en la primera lectura y sobre los costes económicos en la segunda lectura llevan casi inevitablemente a la conclusión de que el porcentaje óptimo por país podría ser considerablemente diferente. 
Al final hemos de conseguir que cada país encuentre y mantenga su porcentaje óptimo. 
Pero ello solo podrá conseguirse si en cada país se establece una suficiente capacidad de reciclado. 
Por ello ahora necesitamos unos objetivos claros. 
Y no han de ser demasiado bajos, demasiado altos, demasiado cercanos, ni demasiado lejanos. 
Necesitamos una buena posición intermedia. 
Por ello pido que se apoye el compromiso que hemos alcanzado entre los grupos. 
Este compromiso es el 55% en 2007. 
De paso quiero observar que esta fecha es más lejana que la propuesta original de la Comisión que era el 55% en 2006. 
Para los nuevos Estados miembros es de suma importancia fijar unos objetivos ambiciosos pero viables. 
Y han de estar implicados en ello. 
Los residuos y el reciclado se han convertido en mercados mundiales. 
No hay nada en contra de exportar los residuos seleccionados, pero hemos de saber con seguridad que en efecto se han seleccionado y que en efecto se procesan adecuadamente en países del tercer mundo. 
El exportador ha de demostrarlo. 
La prevención. 
En la directiva de envases no se presta suficiente atención a la prevención. 
Hemos de reforzar la responsabilidad de los productores. 
Lo hicimos anteriormente en la directiva sobre los residuos electrónicos y en la directiva sobre los automóviles de desguace. 
La responsabilidad de los productores no es únicamente financiera. 
La Comisión de Medio Ambiente exige una mejor aplicación de los requisitos esenciales y pide a los productores que elijan la alternativa más ecológica. 
Es una buena idea introducir para ello un indicador. 
Diferentes materiales como el papel, el metal, el vidrio y el plástico han de competir sobre la base de la calidad medioambiental. 
De este modo se estimula la innovación constante en el ámbito medioambiental. Y es un aliciente para invertir en la capacidad de reciclado. 
Esto hace que en cada país surja una capacidad de reciclado óptima, puesto que el productor del material tiene interés en reciclar. 
La introducción de un indicador también es un método para implicar más al consumidor en los envases y para brindar a supermercados o empresas la oportunidad de elegir tan solo, por ejemplo, envases de cinco estrellas. 
El desarrollo sostenible es una cuestión que nos atañe a todos. 
Este enfoque se ciñe a la perfección al Sexto programa de acción medioambiental. 
Quisiera llamar su atención sobre otras dos cuestiones. 
En primer lugar la reutilización El debate a este respecto se ha acelerado desde que, el 1 de enero, Alemania fijara la obligatoriedad de los sistemas de pago de envases. 
A este respecto han llegado muchas quejas debido a la distorsión del mercado interior. Los sistemas de pago de los envases chocan en efecto con el mercado interior. 
Es una lástima de la Comisión no haya aprovechado la revisión para hacer algo al respecto de la larga lista de quejas. 
Asimismo es una lástima que en la primera lectura no pudiera conseguirse una mayoría para la enmienda que pedía una mayor claridad. 
Hemos de evitar un uso indebido de la reutilización y por ello, también aquí hemos de anteponer el resultado medioambiental. 
La segunda cuestión que quiero plantear tiene que ver con la cerámica. 
A este respecto quiero formular una pregunta a la Comisión. 
La industria de la cerámica está preocupada por los efectos de la directiva de envases y pide una excepción general. 
Hay dos cuestiones sobre las cuales quisiera una respuesta clara de la Comisión. 
En primer lugar: a mi entender no es favorable para la industria de la cerámica quedar totalmente al margen de la directiva de envases, pues al fin y al cabo esta directiva establece la base para el comercio en el mercado interior. 
Señora Comisaria, ¿cuál es su opinión al respecto? 
En segundo lugar quiero una mayor claridad sobre si hasta 2007 hay una obligación para el reciclado para la industria de la cerámica. 
Creo que no es así, pero quisiera que la Comisión me lo confirmara. 
Antes de dar la palabra a la Sra. Comisaria, recuerdo a Sus Señorías que se han unido a nosotros para este nuevo debate que esta noche tenemos un orden del día sumamente cargado. 
Así pues, para que los últimos diputados que van a intervenir sobre los últimos informes no vean salir el sol en esta Cámara, pido a los oradores que se ajusten al tiempo que se les ha asignado. 
. 
(EN) Quiero dar las gracias a la Sra. Corbey por su trabajo como ponente sobre este tema. 
Sé que ha realizado un trabajo muy serio y que ha analizado la cuestión detenidamente. 
En 1999 se generaron en la Unión Europea un total de 63,5 millones de toneladas de residuos de envases. 
Esto supone aproximadamente un 17% de los residuos sólidos urbanos y un 3% del total de residuos generados si atendemos a su peso. 
La directiva de envases y residuos de envases ha supuesto que la actividad de recogida y reciclaje de residuos de envases sea una actividad normal en todos los Estados miembros de la Unión Europea y cada vez más también en los países en vías de adhesión. 
De esta forma, la Directiva ha contribuido a reducir el impacto ambiental y a reforzar el mercado interior de envases y residuos de envases. 
Esta revisión se basa en ese éxito. 
Me complace mucho que el Parlamento Europeo haya dado, desde la primera lectura, un claro apoyo a nuestra propuesta de incrementar en más del doble los objetivos mínimos de reciclado y de seguir incrementando el objetivo de recuperación. 
Parece que ahora existe un acuerdo general sobre los niveles de los objetivos. 
La cuestión clave que queda por resolver es si la fecha límite para la aplicación será el año 2008, como establece la Posición Común, o si se fijará una fecha anterior. 
En mi opinión, los plazos deben ser tanto realistas como ambiciosos. 
También será importante dar a Grecia, Irlanda y Portugal- Estados miembros a los que ya se han concedido plazos más largos en virtud de la legislación actual- un plazo razonable para adaptarse a los nuevos objetivos. 
Esto también se aplica a los países en proceso de adhesión. 
Tengo la intención de proponer plazos para esos países antes de que termine este año. 
Me complace asimismo que el Parlamento esté de acuerdo en gran parte con que estos otros aspectos- en particular, la prevención y la reutilización- deben estudiarse más a fondo antes de tomar nuevas decisiones. 
Sin embargo, la necesidad de realizar nuevos análisis también se aplica a la nueva obligación a la que se hace referencia en la primera parte de la enmienda 7. 
Esta nueva obligación de reducir al mínimo el impacto medioambiental amenaza con duplicar los actuales requisitos esenciales y puede tener los mismos problemas en lo relativo a la ejecución. 
Comprendo plenamente las preocupaciones del Parlamento en lo relativo a las exportaciones para el reciclado. 
Estoy de acuerdo en que deberíamos asegurarnos de que el reciclado en países no comunitarios solo cuente para nuestros objetivos si se realiza correctamente. 
Sin embargo, los controles y la burocracia deberían centrarse en aquellos aspectos en los que son realmente necesarios. 
No veo ninguna razón por la que deban aplicarse a materiales como los metales, el papel y el vidrio, que forman parte de un mercado interior internacional que funciona bien. 
Dudo que necesitemos una prueba escrita del reciclado de cada lote exportado. 
También me resultaría extraño aplicar controles más estrictos a las exportaciones de residuos de envases que los dispuestos para los residuos de equipos eléctricos y electrónicos que fijamos hace solo unos meses. 
Parece que hay una gran preocupación en el Parlamento- como nos acaba de decir la ponente- en torno al efecto de la Directiva de envases sobre los envases cerámicos. 
Permítanme aclarar que no hay nada en la Directiva que obligue a los Estados miembros a establecer sistemas de reciclado para este tipo de envases. 
Excluir la cerámica del alcance de la Directiva de envases plantea la cuestión de por qué deberíamos excluir la cerámica y no otros tipos de envases similares. 
También da a los Estados miembros la libertad de tomar cualquier medida sobre los envases de cerámica, siempre que esté dentro del marco del Tratado. 
Por lo tanto, creo que es mejor pedir al Comité Técnico que solucione cualquier posible problema de aplicación, en lugar de excluir la cerámica del ámbito de la Directiva. 
Sé que las macetas, las etiquetas autoadhesivas y otros aspectos relacionados son importantes para las industrias afectadas. 
Por lo tanto, se merecen un debate en toda regla. 
A mi juicio, la conciliación no es el marco adecuado para ese debate, sino que se trata de una tarea que debe ser objeto del trabajo detallado de los expertos del Comité Técnico. 
De las 32 enmiendas, la Comisión puede aceptar 20 en su totalidad, en parte o en principio. 
Por separado se ha distribuido una lista con las enmiendas en cuestión 
Señor Presidente, Señora Comisaria, la modificación de la Directiva de envases va a tener enormes consecuencias en los diferentes agentes, ayuntamientos, sistemas de recogida, empresas de producción de materiales, industria alimentaria y consumidores. 
Está claro que es necesario fijar objetivos cuantitativos y que éstos deben ser ambiciosos pero, al mismo tiempo, deben ser alcanzables. 
No podemos olvidar el hecho de que en algunos Estados miembros los objetivos serán más difíciles de alcanzar por razones históricas de carencia de infraestructuras, baja densidad de población o pautas de consumo. 
Siento no haber podido llegar a un acuerdo total con la ponente, pero entiendo que su trabajo no ha sido nada fácil. 
En el informe que presentó en la Comisión de Medio Ambiente había muchos puntos en los que estábamos de acuerdo, pero la Sra. Corbey ha querido ir más allá y, tras llegar a un compromiso, ha introducido a última hora unas modificaciones en las enmiendas 26 y 27 que me han obligado a no firmarlas y a votar mañana en contra de las mismas. 
Comprendo que en países como Alemania, Bélgica o Países Bajos la recogida selectiva de residuos es eficiente y barata. 
Se trata de países con una población distribuida uniformemente y sin accidentes geográficos. 
Pero no es lógico que se quieran imponer los mismos objetivos a otros Estados miembros que no tienen semejante distribución de población. 
Y no se trata sólo de mi país, España, me refiero a Finlandia, Suecia, Francia, Reino Unido y demás Estados miembros que van a tener grandes dificultades para cumplir los objetivos acordados en la posición común. 
Y no es un problema de falta de inversión por parte de las administraciones públicas. 
En España vivimos 41 millones de personas, la mitad que en Alemania, en una superficie de 504.000 km2. 
La población está diseminada en el medio rural más montañoso de toda la Europa comunitaria. 
¿Alguien puede pensar que la recogida de residuos puede hacerse en términos de igualdad? 
Necesitamos una directiva realista, flexible y, sobre todo, aplicable. 
Parece que algunos quieren ajustar esta Directiva a sus propias leyes e imponerla al resto de los Estados miembros y esto no es justo, ni lógico, ni equitativo. 
Creo que la Posición común del Consejo es bastante equilibrada. 
Apoyo completamente las fechas y los objetivos cuantitativos fijados en ella. 
Sólo lamento que no haya objetivos iguales para todos los materiales y que por intereses económicos hayamos olvidado que existen problemas de funcionamiento del mercado interior que es el verdadero origen de esta Directiva. 
Considero que es muy importante que demos nuestro apoyo a las diversas opciones que existen para dar tratamiento a los residuos: reutilización, reciclaje y valorización energética. 
Los tres son mejores que el simple depósito de los residuos en los vertederos. 
Por último, debemos tener en cuenta que los residuos de envases son una parte relativamente pequeña del total de residuos que se generan en los Estados miembros, el 3% según ha dicho usted, señora Comisaria. 
Seamos, pues, flexibles, la industria está haciendo grandes esfuerzos y también los agentes implicados. 
Señor Presidente, es importante mejorar la Directiva actual sobre residuos de envases, como ya se ha dicho aquí en varias intervenciones. 
Los objetivos de reciclado y reutilización para los próximos años en el formato ahora propuesto son muy ambiciosos, pero de ninguna manera faltos de razón. 
Muchos Estados miembros ya han conseguido niveles considerablemente superiores a los propuestos ahora. 
Estos objetivos propuestos son fácilmente alcanzables y si tuviésemos objetivos menos ambiciosos, por ejemplo, no podría desarrollarse cualquier rama de una industria que quisiese explotar el uso de material reciclado. 
Sin embargo, para alcanzar los objetivos, debemos tener presentes las excelentes medidas que ya se han aplicado en distintos Estados miembros para conseguir los máximos objetivos posibles en el reciclado y la reutilización. 
Por ejemplo, debería alentarse aún más en esta área a los países que tienen buenas experiencias con proyectos de reutilización. 
Tal y como ha dicho la ponente, deben tenerse en cuenta los factores económicos y ecológicos en relación con este tema. 
Por lo tanto, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que, en la propuesta de objetivos de reciclado para la madera, estos factores ecológicos y económicos no se han tenido necesariamente en cuenta. 
El objetivo del 15% para la madera es bajo, pero en un país como Finlandia, por ejemplo, las desventajas ecológicas del transporte superan en gran medida los beneficios obtenidos del reciclado de madera de este modo. 
Es mucho más sensato ecológicamente quemar esta madera como fuente de energía en los hogares. 
Por lo tanto, espero que prevalezca el sentido común y que la enmienda 26, que es una propuesta presentada por la ponente y otros, cuente con su apoyo. 
Señor Presidente, telegráficamente, porque poco más se puede hacer en un minuto, quiero, en primer lugar, agradecer a la ponente su búsqueda de compromiso, que ha dado como fruto once enmiendas firmadas, la mayoría de ellas, por varios grupos, para la revisión de esta Directiva. 
También quiero recordar que esta propuesta es la concreción de uno de los objetivos del Sexto programa de acción medioambiental y considerar, como la ponente, que los objetivos de la propuesta son ambiciosos pero realizables, como algunos Estados miembros demuestran, cumpliendo ya con algunos aspectos de esta Directiva de envases y residuos de envases. 
Debe hacerse especial hincapié en el cumplimiento de la Directiva- éste es uno de los problemas más serios con los que nos encontramos: incumplimiento muy frecuente del Derecho comunitario medioambiental -, en la necesidad de que se pruebe que los exportadores llevan a cabo, en condiciones no aproximadas, sino equivalentes a las previstas por la legislación comunitaria, el proceso de valorización o reciclado, y, en definitiva, señor Presidente, es necesario actuar, y pronto, para la selección en origen de materiales que produzcan menos residuos y sean más inocuos y reducir al máximo los residuos, que han aumentado en los últimos años en la mayoría de los Estados miembros. 
Señor Presidente, mi Grupo va a apoyar varias de las enmiendas de transacción que se han presentado. 
Este trabajo debe haber sido muy complicado para la ponente, en vista de los diputados que quieren frenar los progresos en beneficio de la industria de los envases. 
Sin embargo, si analizamos la actual Directiva de envases y su cumplimiento, y limitándonos a analizar la situación en mi país, Irlanda, y en algunos otros, como por ejemplo Portugal y Grecia, vemos que todos están buscando excepciones para que se les concedan plazos adicionales. 
A mi juicio, se les está recompensando por ser lentos e irresponsables desde el punto de vista medioambiental. 
De esa forma, enviamos un mensaje muy peligroso a los países candidatos. 
Si los actuales Estados miembros no pueden cumplir la actual legislación ni sus objetivos, va a ser muy complicado discutir con los nuevos países y presionarles para que hagan lo propio, dado que proceden de un contexto de menor prosperidad económica. 
Algunas de las propuestas incluidas en la legislación eran alarmantes. 
La idea de un objetivo máximo para el reciclado es una locura. 
Si los Estados miembros pueden reciclar el 100%, es obvio que se les debería permitir hacerlo y fijar un límite a este respecto es irresponsable. 
La cuestión de la recuperación es un problema de primer orden. 
La recuperación ha acabado por englobar cualquier cosa. 
Recuperación es, básicamente, un eufemismo para incineración: consiste en quemar y luego producir calor. 
La idea de un objetivo mínimo de recuperación obligará, hasta cierto punto, a determinados Estados miembros que no utilizan la incineración a adoptarla o utilizarla como excusa. 
Es posible que la redacción actual no sea tan mala como la original. 
Estamos ante un problema importante en el caso de países como Irlanda, que no han hecho nada respecto de su problema de residuos. 
Ahora dirán que van a recuperar, lo que suena muy bien. 
En estos momentos, tenemos que hacer lo que han propuesto algunos otros oradores. 
Tenemos que suprimir, reducir y reciclar y luego la eliminación debería ser la última opción. 
Quemar residuos y llamar a eso recuperación es tener mucha imaginación. 
Señor Presidente, quiero felicitar la ponente, la Sra. Corbey por su enfoque. 
La premisa de esta legislación es limitar el impacto medioambiental de los envases. 
El modo en que se alcancen los objetivos formulados puede ser diferente según el Estado miembro. 
Por desgracia constatamos que la Comisión Europea piensa de otro modo, como lo demuestra el hecho de que el 17 de diciembre del año pasado decidió hacer comparecer a los Países Bajos ante el Tribunal de Justicia. 
Y eso que en los Países Bajos se alcanzan ampliamente los objetivos porque se utiliza un acuerdo voluntario entre el ministerio de la Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y las empresas. 
Esta manera también deberá reconocerse en esta directiva. 
Es lo que se hace en la enmienda de compromiso 31, aunque considero que las exigencias son muy duras. 
Reconozco que los objetivos de esta directiva pueden ser ambiciosos, pero esta cuestión no ha de desembocar en una conciliación, sobre todo si hay un acuerdo con el Consejo en relación con otras cuestiones. 
Apoyo plenamente la idea de que la exportación de los residuos de envases solo puede contar para alcanzar los objetivos si el exportador demuestra que se ha llevado a cabo la recuperación y/o el reciclado en condiciones equivalentes a las prescritas por la normativa comunitaria. 
Me satisface menos el hecho de que se aplace de nuevo el debate sobre el reciclado mecánico, por lo que seguimos sin tener claridad. 
Por último, señor Presidente, considero que los embalajes de regalo han de incluirse en la definición de envases. 
Señor Presidente, creo que el enfoque de esta Directiva está obsoleto, tal y como confirma el documento «Estrategia temática sobre reciclado» recientemente publicado por la Comisión. 
Este documento dice: «Las directivas vigentes prevén que todos los Estados miembros deben cumplir el mismo objetivo de reciclado. 
Sin embargo, es legítimo dudar de si esta uniformidad de los objetivos es lo más eficaz desde el punto de vista medioambiental y económico. 
Esto podría reflejarse en un objetivo general de reciclado a escala comunitaria, dejando que las fuerzas del mercado determinen qué instalaciones pueden cumplir dicho objetivo de manera más eficaz en función del coste.» 
¡Cuánta razón tiene! 
Sabemos que hay algunos Estados miembros que quieren ir más allá de los objetivos propuestos. 
A otros les resultará imposible cumplirlos. 
Por lo tanto, ¿por qué estamos insistiendo en lo mismo con una estrategia que ya ha quedado minada por la realidad práctica? 
El Reino Unido tiene un problema en este terreno. 
Durante muchos años, hemos dependido de los vertederos. 
Nuestra geología favorecía esa opción. 
Por consiguiente, no teníamos ningún incentivo especial para avanzar en el reciclado, como han hecho algunos países. 
Estamos avanzando tan rápidamente como podemos, pero es imposible que podamos hacerlo a la velocidad que establecen las enmiendas de la ponente. 
Hacer eso significaría gastar 1 800 millones de euros en el reciclado de residuos de envases exclusivamente, a pesar de que los residuos de envases representan solo el 6% de los residuos que van a parar a los vertederos en el Reino Unido. 
Eso significaría que tendríamos que pedir a los ayuntamientos británicos que lanzaran políticas para retirar los envases del flujo de residuos de los hogares. 
Eso cuesta tiempo y dinero, señora Corbey. 
Es posible que esas políticas no sean las máximas prioridades de las autoridades locales de mi país. 
Es posible que su prioridad sea financiar a asistentes domiciliarios, el reparto de comida a domicilio para los mayores o servicios de otro tipo. 
Si la subsidiariedad significa algo realmente, las autoridades locales deberían ser las encargadas de fijar esas prioridades. 
¿Cómo puedo defender una situación en la que un conjunto de diputados europeos de la Europa continental presionan para que se realicen cambios que supondrán una obligación para las autoridades locales británicas y en relación con los cuales la mayoría de los diputados europeos británicos no ha votado a favor? 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar me gustaría agradecer a nuestra ponente, la Sra. Corbey, la elaboración de este informe y las propuestas que tenemos sobre la mesa. 
Acabamos de escuchar que la forma en que tratamos nuestros envases determinará el futuro de nuestro medio ambiente, y que en este sector existe desde luego un mercado, un mercado en el cual compiten grandes grupos envasadores, por lo que debemos reflexionar sobre la forma en que podemos obtener el efecto óptimo. 
En este mercado tenemos especialidades que representan las oportunidades que ofrece la variedad en Europa. 
A este respecto hemos valorado que se hayan tenido en cuenta los intereses, el futuro y las posibilidades de supervivencia de las pequeñas empresas repartidas por toda Europa que trabajan en el sector de la cerámica y fabrican envases muy apreciados, como por ejemplo para la mostaza de Meaux o productos similares. 
Hablar de industria sería una exageración, ya que tienen entre 30 y 50 trabajadores cada una. 
Por ello en las enmiendas hemos insistido en que esta Directiva no incluya los materiales de envase que debido a sus propiedades no permitan su utilización para la recuperación de energía, que son inertes, cuyo volumen no supera un 0,1 % de la cantidad de envases de la Comunidad, y cuyo reciclaje del material o de la materia prima resulte imposible por razones medioambientales o de rentabilidad. 
Afortunadamente, la Comisaria acaba de decirnos que la cerámica no está sujeta a la obligación de reciclaje contemplada en la Directiva. 
Por supuesto, la cerámica debe tener su sitio en esta Directiva, pero el reciclaje implicaría el transporte a través de toda Europa de cantidades muy reducidas para poder realizarlo. 
Sería necesario introducir sistemas de devolución, recogida y recuperación, y esto sería el fin de las pequeñas empresas. 
No podemos creer que Europa signifique la adopción de directivas que destruyen el fundamento económico de pequeñas empresas que ofrecen especialidades muy apreciadas en Europa. 
Le agradezco su declaración tan inequívoca, que constituye un buen punto de partida y que proporciona las empresas un respiro y perspectivas fiables de desarrollo en el futuro. 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, aunque a menudo estoy de acuerdo con usted, esta vez no lo estoy, porque considero que debería haber intervenido usted mucho antes. 
Acabo de escuchar intervenciones impresionantes en las que se afirmaba que las cuotas iguales no son justas en Europa. 
Me dan ganas de reír; si es así, ¿por qué las tenemos? 
En Europa debemos contar con normas comparables, y las reglas básicas deben interpretarse de tal forma que los Estados miembros puedan ponerse manos a la obra. 
En 1994 yo estaba aquí, igual que la Sra. Jackson, cuando adoptamos la Directiva. 
Y si mis cálculos no me engañan, de eso hace ya doce años. 
Hay Estados miembros que desde entonces han permanecido de brazos cruzados y no han hecho nada. 
Esta mañana he asistido a un gran acontecimiento en Francfort, junto con varios cientos de personas. 
Me dieron una buena reprimenda y me dijeron: «Florenz, ¿porqué nosotros en Alemania, en los Países Bajos, en Bélgica y en algunos países nórdicos obedecemos y aplicamos las normas, mientras que en otras partes no hacen nada? 
Y señora Comisaria, tengo que decirle que usted es la guardiana de la ley y debió haber intervenido mucho antes. 
Señora Corbey, me parece casi vergonzoso que iniciemos ahora una disputa en esta Cámara sobre si el régimen debe comenzar en 2008 o en 2007. 
¡No se trata de eso! 
Se trata de sensibilizar a los ciudadanos y a los Estados miembros de que la estrategia de reciclaje permite ahorrar recursos, y cuando hablamos de ahorrar recursos estamos hablando del capital de nuestros hijos. 
Este aspecto debe organizarse sobre una base comunitaria en Europa. 
Entiendo a aquellos que dicen «sí» a esto pero están preocupado por la cuestión de las exportaciones. 
Con mi enfoque liberal yo no llego tan lejos, pero en cuanto a las exportaciones, no podemos llegar al punto en que las empresas elaboren estrategias de reciclaje y luego exporten los materiales. 
Sin duda, eso no sería lo correcto. 
Por supuesto que entiendo a aquellos Estados miembros que primero desean resolver la cuestión de la atención a los ancianos antes de abordar la Directiva de envases, y admito que esta es la norma. 
Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que necesitamos esta legislación: estamos realmente ahogándonos en un mar de cartones de leche, pulverizadores capilares, latas de refrescos, cajas de pizza, botellas de vino y champús. 
Se pueden ver en cualquier pueblo, ciudad y calle por los que pasemos en toda la Unión, sobre todo en el Reino Unido. 
Los vertederos están llegando a su máxima capacidad, las incineradoras están desbordándose y es preciso que desaparezcan las excesivas cantidades de envases que utilizamos. 
Si supone el final de una sola caja decorada, una bonita botella o algo envuelto en plástico y vendido en una bolsa resistente, esta legislación habrá cumplido su objetivo. 
Sin embargo, me gustaría que todos los presentes reconocieran la importancia de dar tiempo para el cambio. 
Los Ministros solicitan la fecha de 2008 para el Reino Unido y algunos de los demás países. 
Les pido que apoyen esa propuesta. 
Los cambios culturales tardan en producirse. 
El Reino Unido está cumpliendo los actuales objetivos de reciclado, pero no es posible cumplir y aplicar esta legislación para el final de 2007 sin un programa costoso y que comporta un dispendio inmediato. 
Las cifras no parecen muy significativas, pero representan millones de toneladas de materiales que deben recogerse, reciclarse y para los que hay que encontrar nuevos mercados. 
Un plazo de aplicación razonable es cinco años Cualquier intento de reducir ese plazo dará lugar a un aumento exponencial de los costes, aunque no tanto como dice la Sra. Jackson. 
No obstante, necesitamos tiempo y llegaremos a la meta. 
Señor Presidente, para empezar quiero expresar mi sincero apoyo a la propuesta de la ponente, que ha trabajado con gran dedicación. 
Comprendo los compromisos a los que se ha llegado. 
No todo el mundo puede ir tan rápido. 
Pero en tal caso hemos de dejar tranquilos a los que van rápido, aunque quizás sigan otro método de trabajo, como en los Países Bajos con el acuerdo voluntario, pues alcanzan más que otros. 
Por ello, al igual que el Sr. Blokland, estoy satisfecha con la enmienda al apartado 31. 
Todo el mundo quiere alcanzar los objetivos a su manera. 
Pero esto significa que al alcanzar estos objetivos no hay que distorsionar el mercado. 
Señora Comisaria, quiero hacerle una pregunta a este respecto. 
Hemos visto- y esto es muy difícil de comprender en la región de la que provengo- que debido a la manera en que en Alemania- y más adelante en Bélgica- se hacen pagar los envases desechables, en estos momentos es imposible introducir envases desechables procedentes de otros países europeos en Alemania. 
¿No cree usted, señora Comisaria, que esta manera de alcanzar el objetivo, concretamente la reducción de residuos- de la cual, por cierto, soy partidaria -, imponiendo ecotasas o el pago de envases, distorsiona el mercado? 
¿Y no tendría que ser este un motivo para que, acaso en consulta con su colega Bolkestein, emprendiera usted una acción y en cualquier caso me diera una respuesta? 
¿Qué opina usted sobre esta cuestión y qué medidas hay que tomar para poner fin a esta distorsión del comercio, que por cierto también ha provocado la pérdida de empleos? 
Señor Presidente, la clave de la Directiva de 1994 eran los objetivos de recuperación y reciclado de envases para los Estados miembros, que se iban a fijar inicialmente para una fase de cinco años de duración y posteriormente iban a ser revisados para períodos posteriores también de cinco años de duración; por eso estamos aquí ahora. 
Apoyo el objetivo de esta Directiva de reducir al mínimo el impacto de los envases y los residuos de envases, siempre que los costes sean proporcionales a los beneficios medioambientales. 
A menudo se olvida que los residuos de envases solo constituyen una pequeña proporción de los vertidos totales. 
La principal preocupación en relación con las enmiendas a esta Directiva es la fecha límite para conseguir el cumplimiento de los objetivos de recuperación y reciclado propuestos, más elevados que los actuales. 
La fecha límite, o el plazo, debería ser realista, proporcionado y viable si se aplican las mejores prácticas Esto permitirá mejorar la infraestructura y la capacidad de reciclado a un ritmo que garantice avances en los objetivos de la Directiva, pero que no imponga unos costes excesivos o desproporcionados. 
Quiero llamar la atención sobre la excepción que fija los mismos objetivos de recuperación y reciclado que se fijan para los otros 12 Estados miembros, pero que permite a Irlanda, Grecia y Portugal disponer de más tiempo para conseguirlos. 
Ruego que se apoye la Posición Común, que fija la fecha límite aceptada de 2012. 
Se supone que todos los Estados miembros conseguirán alcanzar finalmente los mismos porcentajes de recuperación y reciclado, con independencia de su tamaño, sus características geográficas o sus infraestructuras. 
No se trata de no haber hecho nada solos. 
Es cierto que se podría hacer mucho más, pero en el caso de Irlanda tenemos una población de menos de cuatro millones de habitantes y un mercado demasiado pequeño para sustentar la infraestructura de fabricación de envases. 
Importamos el 75% de nuestros productos envasados. 
Hay una empresa que recicla papel, escaso reciclado de plásticos, ninguna empresa dedicada al reciclado del metal y la única empresa dedicada al reciclado del vidrio del país acaba de cerrar. 
Por lo tanto, tenemos una desventaja geográfica y estructural permanente. 
Para cumplir lo dispuesto en esta Directiva debemos enviar residuos de envases al extranjero o construir más instalaciones de reprocesado y exportar los envases vacíos, lo que no es rentable. 
El coste no será proporcional al beneficio medioambiental. 
Quiero recalcar lo que nos ha dicho la Sra. Jackson sobre la reciente Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia temática sobre la prevención y el reciclado de residuos, publicada en mayo de 2003. 
Desde el punto de vista medioambiental, es más importante mejorar la recogida y el reciclado en la Comunidad en su conjunto, que tener en cuenta si se produce en un Estado miembro concreto. 
Eso debería reflejarse en el objetivo global de reciclado a escala comunitaria En sus propias palabras, ¿podría la Sra. Comisaria explicar cómo encaja esto con lo que tenemos hoy aquí? 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Sra. Corbey ha presentado para la segunda lectura un informe que yo suscribo en lo esencial. 
Necesitamos sistemas óptimos para las 58 millones toneladas de material de envases que se producen anualmente en la Unión Europea, un volumen que aumenta un año tras otro. 
De ese modo protegeremos mejor el medio ambiente y permitiremos que sectores importantes de la industria planifiquen de cara al futuro. 
Una de las enmiendas que se votarán mañana reviste especial importancia para mí. 
La enmienda 4 se refiere a los materiales de envase producidos en cantidades muy reducidas, es decir, que suponen una cuota de mercado muy pequeña en los Estados miembros. 
Uno de los materiales producidos en cantidades reducidas son los envases de cerámica. En los Países Bajos, Francia y España se fabrican botellas, cazuelas y cuencos de cerámica destinados primordialmente a envasar alimentos como aguardientes, bombones y patés. 
Los envases de cerámica representan tan sólo un 0,1 % de los residuos de envases producidos en la UE. Es decir, 58 000 toneladas de un total de 58 millones. 
La cerámica está compuesta por arcilla cocida y en muchos hogares estos envases se conservan o se vuelven a utilizar en virtud de su apariencia artística y creativa, por lo que no acaban en la basura doméstica. 
La cerámica no puede aprovecharse para producir energía ni reciclarse. 
No representa un problema para el medio ambiente. 
Recoger la cerámica por separado y transportarla a miles de kilómetros a través de los Estados miembros no sería sensato desde el punto de vista ecológico ni económico. 
Por ello les pido expresamente que apoyen la enmienda 4. 
La gestión de residuos que se ha establecido sobre la base de esta Directiva o que todavía tiene que establecerse en determinados Estados miembros, debe afectar únicamente a aquellos materiales que tienen un aprovechamiento; debe centrarse en los materiales cuya recogida y reciclado resulten rentables desde un punto de vista tanto económico como ecológico. 
. 
(EN) Señor Presidente, solo voy a hacer cuatro breves comentarios. 
En primer lugar, me gustaría repetir que no tenemos ninguna intención de introducir una obligación de reciclado para los envases de cerámica. 
En segundo lugar y en respuesta a la Sra. Oomen-Ruijten, creemos que los recargos por los envases retornables no reutilizables son aceptables en principio. 
Sé por la experiencia del país que conozco mejor que han funcionado durante mucho tiempo. 
El Sr. Bolkestein y yo hemos dejado claro que no estamos satisfechos con la actual situación en Alemania, y hemos pedido al Gobierno alemán que establezca un sistema de devolución que cumpla la legislación comunitaria, que también puede ser un recargo reembolsable por envase no reutilizable de carácter nacional. 
Estamos tomando medidas y vamos a seguir haciéndolo. 
En tercer lugar, he visitado Irlanda, así que conozco las dificultades que plantea la gestión de los residuos en este país. 
Al mismo tiempo, somos sinceros en cuanto a los estudios de eficiencia, los estudios de rentabilidad, que hemos realizado sobre este tema concreto. 
Hemos hecho un trabajo muy exhaustivo comparando estos objetivos y analizando la situación en distintos países. 
Hemos llegado a la conclusión de que no es imposible alcanzar los objetivos. 
Sin embargo, es razonable aceptar distintos plazos para países distintos debido a que las condiciones de partida son muy diferentes. 
También me gustaría hacer un comentario a la Sra. Jackson. 
Desgraciadamente ya se ha marchado, pero ha preguntado si esto «está desfasado». 
¿Estamos debatiendo una propuesta que está totalmente desfasada o nos hemos equivocado en el momento en que la hemos planteado? 
Por supuesto, hay un término medio: intentar hacer lo que podamos ahora y afrontar los graves problemas de la gestión de residuos, mientras al mismo tiempo preparamos una estrategia moderna a largo plazo, que probablemente no seguirá los conjuntos de residuos uno por uno. 
Sin embargo, intentaremos establecer un tipo de enfoque distinto, incluyendo lo que ha propuesto la Sra. Paulsen. 
Espero que podamos analizar el origen de los problemas, incluido el transporte de los envases y los residuos de envases. 
Estoy de acuerdo en que ese es el enfoque correcto, pero la cuestión es sumamente complicada porque hay que analizarlo todo de distintas formas. 
Ya hemos publicado varios documentos en los que hemos introducido este planteamiento a largo plazo. 
La estrategia IPP tiene que ver con esto, tanto nuestra estrategia de uso de recursos como una nueva estrategia de reciclado de residuos. 
Por lo tanto, tendremos que volver sobre esta cuestión. 
Esta es una revisión de una Directiva en vigor, pero tengan por seguro que habrá que estudiar el enfoque en su conjunto y volver a debatir esta cuestión. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
El orden del día contempla la Recomendación (A5-0207/2003) para segunda lectura, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, de la posición común del Consejo sobre la aprobación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo [15792/1/2003- C5-0135/2003- 2001/0245 (COD) ] (ponente: Sr. Moreira Da Silva). 
Señor Presidente, señora Comisaria, no creo exagerado afirmar que mañana, cuando aprobemos la versión final de la Directiva sobre el comercio de derechos de emisión, nos encontraremos ante un nuevo paradigma económico y medioambiental en la Unión Europea: la economía del carbono. 
La tonelada de carbono tendrá una cotización en el mercado y quien sea capaz de producir lo mismo con menos emisiones de dióxido de carbono ganará. 
La aprobación de esta Directiva tiene, pues, un enorme valor político: da credibilidad a nuestro liderazgo internacional, que es indispensable para que podamos convencer a Rusia de que ratifique el Protocolo de Kioto, permitirá corregir, ya desde 2005, los malos resultados de la mayoría de los Estados miembros por lo que se refiere al cumplimiento de Kioto y, principalmente, reducirá en un 35% el coste económico de la aplicación de Kioto en la Unión Europea. 
El Parlamento, si bien aplaudió desde un principio la propuesta de la Comisión, que estimamos positiva, consideró que debía ser más ambiciosa. 
Pienso que esto se ha conseguido con el acuerdo de segunda lectura celebrado con la Presidencia griega, alcanzado con la plena cooperación de la Comisión, y que se someterá a votación mañana. 
Este acuerdo ofrece dos grandes ventajas: en primer lugar, evita la conciliación y, en consecuencia, el posible aplazamiento de la puesta en marcha del sistema de 2005 a 2006; en segundo lugar, a pesar de no recoger todas las enmiendas presentadas por el Parlamento, el compromiso alcanzado integra nuestras propuestas más importantes. 
Permítanme que destaque las principales innovaciones introducidas en este acuerdo. 
En primer lugar, la definición de un límite máximo nacional de derechos de emisión convergente con los objetivos de Kioto. 
Se garantiza así un objetivo cuantificado de reducción de las emisiones que debería alcanzarse a través del sistema y se evita el riesgo de una asignación excesiva. 
En segundo lugar, la cláusula de exclusión temporal, opt-out, se aplicará a las instalaciones pero no a las actividades, lo que garantiza que la liquidez del sistema y el equilibrio del mercado interior no estarán en peligro. 
En tercer lugar, en el marco de la revisión de la Directiva, se permite la ampliación del sistema a otros sectores, en particular a los transportes y al sector químico y del aluminio. 
En cuarto lugar, se incluye la licitación, aunque lamentablemente de forma no armonizada, en el método de asignación de los derechos de emisión a partir ya del primer período. 
En quinto lugar, los créditos de derechos de emisión resultantes de proyectos de desarrollo limpio y de aplicación conjunta del Protocolo de Kioto estarán interconectados con esta Directiva, pero no sustituirán la prioridad que debe darse a la acción en el interior de la UE. 
En sexto lugar, se incluye una cláusula de opting que permite a los Estados ampliar el sistema a otras instalaciones y a otras actividades. 
En séptimo lugar, se ofrece la posibilidad de ampliar, a título voluntario, el sistema a otros gases de efecto invernadero, además del dióxido de carbono, a partir del segundo período de la Directiva. 
En octavo lugar, se definen objetivos y sanciones por incumplimiento de valor fijo y no variable. 
Por último, quiero destacar la inclusión de los criterios de evaluación comparativa en la asignación de los derechos de emisión en los Estados miembros. 
Creo, pues, que con este acuerdo, el mercado europeo de las emisiones se hace ambientalmente más ambicioso, económicamente más eficiente, con menos riesgos de distorsión de la competencia y más compatible con otras políticas nacionales en curso. 
Quisiera concluir mi intervención dando las gracias al Consejo, y a la Presidencia griega en particular, por su apoyo. Deseo también dar las gracias a la Comisión, cuyo arbitraje entre el Consejo y la Comisión fue ejemplar. 
. 
(EN) Señor Presidente, por fin tenemos un paquete de compromiso sobre la mesa, cosa que es muy importante para la política climática en la Unión Europea y en todo el mundo. 
La aprobación de este paquete en la votación de mañana permitirá que entre en vigor una política muy ambiciosa e innovadora. 
Además, el ritmo con que se ha adoptado esta Directiva permite que se siga cumpliendo el calendario, de tal forma que no se retrasen las acciones. 
Deseo transmitir mi agradecimiento personal al ponente, el Sr. Moreira da Silva, que ha trabajado sin descanso para alcanzar un acuerdo en la segunda lectura de esta Directiva. 
Sé que no ha sido fácil, sobre todo porque el comercio de derechos de emisión era un tema nuevo para muchos de nosotros, sino para todos. 
Le felicito por ese logro y espero que mañana lleguemos a una conclusión satisfactoria. 
También deseo dar las gracias a los ponentes alternativos de los distintos Grupos, la Sra. Corbett, el Sr. Davies, el Sr. Sjöstedt, el Sr. de Roo, la Sra. Lucas, el Sr. Blokland y el Sr. Nobilia, por su activo apoyo para llegar a un acuerdo. 
El cambio climático es una de las principales preocupaciones de la Unión Europea, y cuando firmamos el Protocolo de Kioto sabíamos que ese compromiso tendría que venir acompañado de acciones contundentes. 
El programa de comercio de derechos de emisión es la pieza central de esta acción y una fuerte señal de compromiso. 
En el centro del programa de cambio climático europeo que ha establecido la Comisión está la elaboración de propuestas de acción concretas, varias de las cuales ya han sido aprobadas por esta Cámara. 
Como saben, nuestro enfoque del problema del cambio climático tiene tres vertientes: un liderazgo internacional a la hora de fijar el marco para las acciones a escala mundial, el comercio de derechos de emisión dentro de la UE como la forma más rentable de recortar las emisiones y, en tercer lugar, medidas sectoriales concretas para reducir las emisiones, como son la promoción de las energías renovables, el incremento de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de CO2 procedentes de los automóviles. 
Hemos de tomar serias medidas de reducción de emisiones dentro de la Unión Europea si queremos resultar creíbles cuando solicitamos acciones a escala mundial para luchar contra el calentamiento del planeta. 
Por lo tanto, el resto del mundo también espera con interés la votación del Parlamento sobre el paquete de compromiso que tendrá lugar mañana. 
La Directiva supondrá un avance tanto para el cambio climático como para el comercio de derechos de emisión. 
El plan no sólo es multisectorial, sino también multinacional: abarcará como mínimo a 25 países, es decir, dos tercios de los países con obligaciones en virtud del Protocolo de Kioto. 
La Comisión espera que en la votación se apoye plenamente el paquete de compromiso. 
Tiene el apoyo de todos los Estados miembros. 
El Parlamento Europeo ha conseguido significativas concesiones del Consejo en este acuerdo de compromiso, por ejemplo la ampliación de las subastas al primer período comercial y salvaguardas adicionales contra la sobreasignación de derechos. 
Por lo tanto, pido al Parlamento Europeo que mañana no solo acepte el paquete de compromiso, sino que lo acepte con una decidida mayoría para cerrar así este tema. 
De esta forma, la Unión Europea reafirmará su compromiso con el Protocolo de Kioto y subrayará la necesidad de conseguir reducciones de las emisiones en la lucha contra el cambio climático. 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, siempre he sido un apasionado partidario de los acuerdos voluntarios, pero acepto que hayan desaparecido en la primera lectura. 
Y por ello me alegro tanto como usted ante este maravilloso paquete que el Sr. Moreira da Silva nos ha presentado tras una labor muy ardua, que nuestro Grupo no puede por menos que reconocer. 
Creo que vamos por el buen camino. 
Este compromiso es tan importante porque, si mañana no lo aprobamos, no sabremos durante bastante tiempo qué saldrá del procedimiento de conciliación. 
Por otra parte, estoy bastante convencido de que entonces perderemos un año más y eso es precisamente lo que no queremos. 
De lo que se trata realmente es de cómo vivirán las generaciones futuras, y aunque me encantan los procedimientos de conciliación, deberíamos renunciar y dar al Consejo la gran oportunidad de seguirnos por la vía que hemos marcado. 
El espíritu olímpico no basta en esta cuestión; no basta con participar. 
Todos los Estados miembros deben hacer el máximo esfuerzo, y ya desde ahora podemos ver que algunos países tienen dificultades con esta tendencia. 
En eso, señora Comisaria, vuelvo a estar de acuerdo con usted. 
Usted debe procurar que todos desempeñen su papel. 
Unos conseguirán más que otros, eso no se discute, pero deben participar todos, y entonces obtendremos el resultado deseado. 
Sin embargo, me sorprende de nuevo cómo, en silencio y de un día para otro, han desaparecido otros sectores de esta Directiva. 
Una clara demostración de la debilidad y la falta de coraje de los Estados miembros la tuvimos cuando había que desarrollar el enfoque según el cual el transporte y las estufas particulares- como las que tenemos en nuestras casas- se incluirán en el futuro en el Protocolo de Kioto. 
Cómo me habría gustado, pero esto requiere políticos muy duros, y en el Consejo no parecen abundar. 
Creo que al establecer 1990 como año de referencia inicial hemos hecho un buen comienzo, y espero que con la aplicación conjunta, y también con los mecanismos de desarrollo de capacidad, vamos por el buen camino. 
Incluso si aún no hemos definido con precisión el paquete, creo que mañana lo aprobaremos por una gran mayoría. 
Muchas gracias, señor Moreira da Silva. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a mi colega, el Sr. Moreira da Silva. Ha seguido su camino con energía y firmeza. 
Por consiguiente, ahora es muy importante dar un paso enérgico para hacer realidad los objetivos de Kioto. 
La inseguridad sobre la participación rusa en Kioto no puede paralizarnos. 
El cambio climático tienen grandes consecuencias económicas y sociales. 
La contaminación ha de tener un precio y se trata de un instrumento importante para la sostenibilidad de la industria. 
El Grupo del PSE está plenamente de acuerdo con la aspiración del Sr. Moreira da Silva de llegar a un acuerdo en la segunda lectura y valora todos los esfuerzos realizados para lograrlo. 
Por desgracia constatamos que también se ha hecho a expensas de nuestros procedimientos democráticos. 
En las negociaciones con el Consejo no se ha prestado la misma atención a todas las enmiendas. 
Así, para el Grupo del PSE es especialmente decepcionante que la enmienda sobre los cierres no haya alcanzado la línea de llegada. 
Esta enmienda contaba con un apoyo muy amplio en la Comisión de Medio Ambiente. 
Veíamos en esta enmienda una importante garantía contra los cierres indebidos. 
Kioto no puede ser una razón para cerrar empresas o trasladarlas a otra parte del mundo para luego vender los derechos de emisión. 
Esta enmienda era importante para los trabajadores en los sectores de alta intensidad de energía. 
No podemos pasarla por alto así como así. 
Es muy necesario contar con el apoyo público a una política climática dinámica, pues supone un gran esfuerzo realizar los objetivos de Kioto. 
Pido al Consejo y a la Comisión que en los planes de adjudicación tengan en cuenta los cierres. 
En caso de cierre habrá que devolver los derechos de emisión. 
Sobre otras cuestiones, el Grupo del PSE está totalmente satisfecho. 
Hemos recalcado siempre que el régimen ha de ser justo y ha de ser considerado justo. 
Por ello no queremos un techo que perjudique a los Estados miembros que en los últimos años han ampliado su industria. Sí queremos un techo que impulse a los Estados miembros a reducir gradualmente sus emisiones de CO2. 
Tampoco queremos que se perjudique a los Estados miembros que han empezado pronto con la innovación. 
Esta es también una cuestión importante para nosotros. 
Y por último no queremos una burocracia excesiva. 
La adjudicación de derechos de emisión ya es de por sí bastante complicada. 
No hemos de complicarla aún más añadiendo además una subasta en un 5%. 
A nadie le interesa una subasta del 5% y con ello no haríamos más que estimular la asignación excesiva. 
En resumidas cuentas, en general estamos muy satisfechos con el resultado, por el que queremos felicitar de nuevo al Sr. Moreira da Silva. 
Pedimos que se preste atención a las consecuencias sociales de esta directiva y el Grupo del PSE pide a los Estados miembros que lo tengan en cuenta en sus planes de adjudicación. 
Señor Presidente, el Parlamento puede apuntar algunas ventajas reales del acuerdo negociado con el Consejo para acelerar la aprobación de esta legislación y evitar el procedimiento de conciliación. 
No se permitirá a los Estados miembros emitir derechos que superen sus objetivos previamente acordados y no podrán utilizar los mecanismos de Kioto para evitar tomar medidas de reducción de las emisiones de carácter interno. 
Esperamos con interés que la Comisión vuelva a presentarnos planes para incluir otros gases de efecto invernadero en el programa y para ampliar su alcance a fin de incluir a otras industrias. 
También esperamos las propuestas de la Comisión para reducir las emisiones del sector del transporte. 
Por supuesto, podríamos haber conseguido más cosas, pero la rapidez es esencial. 
Queremos que este plan tenga éxito y, si deseamos que los Estados miembros empiecen a cumplir sus objetivos, deben publicar sus planes nacionales de asignación para marzo de 2004. 
Varios Estados miembros han expresado su grave preocupación sobre esta legislación, y eso se ha reflejado dentro de todos nuestros Grupos políticos. 
Aquellos que se han puesto a la cabeza de la cuestión se han enfrentado a cierto grado de resistencia por parte de algunos colegas, pero gracias a la habilidad de nuestro ponente, hemos conseguido el apoyo de todos los partidos a este paquete. 
También es un reflejo de nuestras preocupaciones comunes. 
Cuando la Sra. Comisaria piense sobre su mandato, podrá enorgullecerse especialmente de la función que tanto ella personalmente como su equipo han desempeñado para obtener el apoyo para el Protocolo de Kioto. 
Sin embargo, dado que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen incrementándose en la mayoría de los países desarrollados, esperamos que este programa pueda suponer una diferencia significativa. 
Espero que permita a la Unión Europea mantener su credibilidad como líder mundial a la hora de presionar para que se tomen medidas encaminadas a frenar el calentamiento mundial. 
También espero que se envíe un mensaje muy claro sobre nuestra determinación, tanto a los Estados Unidos como a Rusia- sobre todo a Rusia -, cuya ratificación del Protocolo es extremadamente importante. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, los derechos de emisión no son fenómenos naturales y no han sido fruto del trabajo humano. 
Representan un derecho abstracto asignado administrativamente para contaminar la atmósfera. 
El comercio de derechos de emisión no es un mecanismo de mercado. 
Sirve para redistribuir las emisiones entre los contaminadores, pero no para reducirlas. 
El modo más despreciable de asignar las emisiones es subastarlas. 
Las cosas podrían resultar fácilmente como lo hicieron cuando se subastaron los espectros de radiofrecuencia: el espacio aéreo se compró y se vendió y todos los operadores se metieron en un berenjenal. 
No debemos dejar que esto pase en la industria europea. 
Dado que el sistema tan solo engloba las emisiones de dióxido de carbono, será libre de emitir otros agentes contaminantes a la atmósfera. 
Hay muchas preguntas a las que no responde la Directiva. 
Mencionaré algunas de ellas. 
Los derechos de emisión se venderán en la Bolsa. 
¿Debería considerarse un derecho de emisión, al igual que un instrumento financiero, como el equivalente a una acción o una opción? 
¿Cómo tributará su venta o no venta? 
¿Cómo se registrarán las emisiones en los balances de las empresas? 
¿Cómo se tratarán con respecto a la renta de las personas físicas y a la tributación del patrimonio? 
De hecho, ¿podrán comprarlos los particulares? 
Necesitamos responder si la UE tendrá en general el poder para decidir todos estos asuntos de un modo que trate a todas las personas de la misma forma armonizada. 
El comercio de derechos de emisión tendrá lugar en la Bolsa y la actividad bursátil siempre implica especulación. 
Existe el peligro de que el precio de un derecho de emisión venga determinado por los especuladores sin guardar relación alguna con la industria ni ninguna otra fuente de producción de emisiones. 
Entonces la industria de los Estados miembros podría ser víctima del mecanismo propuesto por los Estados Unidos, en el que la industria de ese país no está implicada y los beneficios y ganancias dependerán principalmente de la primera asignación administrativa de derechos de emisión. 
La Directiva sobre el comercio de derechos de emisión es un fruto verde que debió madurar más. 
Hay muchos diputados en nuestro Grupo que no creen en la negociación de derechos de emisión en la Bolsa. 
Sin embargo, muchos diputados votarán a favor de las enmiendas de transacción, ya que son mejores que el informe del Parlamento. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a mi colega, el Sr. Moreira da Silva. 
Ésta es una directiva importante, quizás la más importante de estos cinco años, y mañana se llevará a buen término. 
La exclusión voluntaria que tanto quería Alemania para muchos sectores ya no es posible. 
Es una dura derrota para el Ministerio de Asuntos Económicos e incluso para el canciller Schröder. 
Aún más importante es que el año que viene la Comisión estudiará cómo se puede incluir en esta directiva a los sectores de los transportes, recalcando el plural. 
Y esto es muy necesario. Tanto el tráfico por carretera como el tráfico aéreo se pasan de la raya. 
Todo el tráfico aéreo interior dentro de Europa contará para alcanzar la reducción del 8%. 
¿Puede confirmar la Comisaria que está elaborando una propuesta concreta para incluir el tráfico aéreo dentro de Europa en esta directiva? 
Es muy importante que mañana podamos concluir pues, como ya ha señalado el Sr. Davies, de este modo enviaremos una señal clara tanto a la Duma en Rusia como al Gobierno y la oposición en los Estados Unidos de que este es un sistema serio. 
Esta es la manera más eficaz de reducir el CO2, y no comprendo al Grupo del GUE. 
Quisiera empezar felicitando no solo al Sr. Moreira da Silva, sino también a la Sra. Comisaria y a sus funcionarios, que realmente han hecho todo lo posible por elaborar una buena propuesta. 
Esta propuesta era muy controvertida. 
En muchas salas de direcciones europeas, en muchos Estados miembros y también en los grupos políticos se han sopesado los pros y los contras. 
¿Cuáles son los efectos para nuestras empresas? 
¿Cuáles son las posibilidades para nuevas inversiones en la capacidad de producción? 
¿Cuánto cuesta una ampliación si tenemos que comprar derechos? 
Y por último también: ¿Cuáles son las consecuencias para la competitividad de las industrias que ya están atravesando momentos difíciles, como por ejemplo el sector de refinado, los productos químicos y la industria del hierro y el acero? 
Señor Presidente, lo que parecía que casi habíamos olvidado en los debates era que todos estábamos en Kioto cuando se hicieron acuerdos y que esta directiva en materia de comercio de derechos de emisión era precisamente un buen medio para ocuparse de que se realizaran de forma eficaz las tareas de reducción. 
Esta era la intención subyacente a esta propuesta ¿Cómo se puede servir al medio ambiente utilizando un instrumento económico? 
Comerciar en lo que le sobra a una empresa y lo que le falta a otra. 
El camino hacia el compromiso, que por cierto apoyo, no era sencillo. 
Los intereses económicos para todas las empresas europeas eran grandes y por consiguiente era lógico pensar en un enfoque europeo del problema. 
Al mismo tiempo constatamos que un enfoque europeo también era muy difícil porque las posiciones de salida eran tan distintas, no solo porque en un Estado miembro el medio ambiente se aplica mejor que en otro, sino también porque la misión de los Estados miembros era tan diferente. 
Sin embargo, se ha logrado algo bueno. 
En el compromiso político se ha tenido en cuenta las diferencias existentes. 
Se ha llegado a acuerdos para la evaluación comparativa y esto me complace mucho, así como el control por parte de la Comisión. 
Además se ha acordado que las subastas son posibles, pero no obligatorias para el primer y para el segundo periodo. 
Señor Presidente, valoro lo que se ha alcanzado (sobre todo, la evaluación comparativa) , y doy las gracias a mis colegas, en concreto al Sr. Blokland, y una vez más al ponente. 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, con esta Directiva abrimos una vía nueva. 
Hasta ahora nuestra política medioambiental se basaba en la imposición directa, y también podríamos haberlo hecho en este caso, estableciendo límites para las emisiones de CO2 de determinadas instalaciones. 
Pero no lo hemos hecho, sino que nos decidimos por una imposición indirecta a través de los precios, pero como sucede siempre con la imposición indirecta, también en este caso tenemos el problema de que se producen numerosos efectos colaterales que al principio no deseábamos. 
Por ello, señora Comisaria, la Comisión tiene una responsabilidad especial con respecto a estos efectos colaterales. 
Solo mencionaré tres de ellos. 
En primer lugar, los derechos de emisión pueden repercutir en el balance de las empresas y ser en última instancia un factor para decidir el cierre de un centro de producción o su traslado a otra parte. 
Esto ya no tiene nada que ver con la protección del medio ambiente, sino que sería un puro cálculo comercial. 
En este punto, y como cuestión de principio, la protección del clima ha de tener sin duda prioridad sobre el cierre de fábricas o el traslado de la producción. 
La segunda cuestión, señora Comisaria, es si existen salvaguardias que aseguren que los derechos de emisión se expiden realmente para la protección del clima y no en el marco de la política industrial de cada Estado miembro. 
Una de sus responsabilidades centrales consiste en controlar que dicha expedición se realice en función de criterios equitativos y con el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. 
En tercer lugar, ¿no es posible que todo esto contribuya indirectamente a fomentar la energía nuclear debido a las ventajas comparativas en materia de costes? 
También en este aspecto la Comisión debe asumir la responsabilidad de garantizar que no se produzcan efectos indirectos. 
Espero que contará usted con mucho personal y mucha valentía para asumir esta responsabilidad en interés de los trabajadores. 
Señor Presidente, como decía nuestro compañero, Esko Seppänen, no le entusiasma a nuestro Grupo el comercio de derechos de emisión, porque creemos que puede contribuir al desequilibrio entre países ricos y pobres, pero los diputados que estamos en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sí que apoyamos la propuesta del Sr. Moreira da Silva, porque intenta establecer controles más estrictos a este comercio, recuperando algunas de las enmiendas de la primera lectura, que nos parecen importantes. 
A pesar de esa falta de entusiasmo, yo espero que el ponente tenga razón cuando dice que este comercio corregirá la situación de incumplimiento de la mayoría de los Estados miembros- el mío es uno, quizá, de los más incumplidores -, contribuirá al aprendizaje de las empresas europeas para cuando, en 2008, se ponga en marcha el comercio internacional, y, lo más importante de todo, puede convencer a los Estados Unidos para que se adhieran al Protocolo de Kyoto. 
Estamos de acuerdo con el ponente en la necesidad de incluir los seis gases de efecto invernadero, aunque en la Posición común sólo se establezca que, a partir de 2008, los Estados pueden solicitar su inclusión unilateral en el régimen de comercio de derechos. 
Consideramos importante que los proyectos que tienen que ver con el mecanismo para un desarrollo limpio y la aplicación conjunta no sustituyan la prioridad que debe concederse a la reducción de emisiones que ha de llevarse a cabo en el interior de la Unión Europea. 
En todo caso, la Posición común integra algunas propuestas del Parlamento Europeo que nos parecen muy importantes, como por ejemplo, la exigencia de una mayor transparencia en los registros, en cuanto a la propiedad de transferencia y cancelación de derechos, la obligatoriedad de hacer públicos los nombres de los operadores en situación de infracción y las sanciones por incumplimiento, que tienen ya un valor fijo. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, es evidente la trascendencia ambiental y económica de esta Directiva. 
El mercado europeo de derechos de emisión permitirá a los Estados miembros disponer de un instrumento eficaz dentro de sus políticas de cambio climático para acortar distancias entre la realidad en materia de emisiones contaminantes y el cumplimiento de los compromisos de Kyoto en la mejor situación posible de relación coste-beneficio. 
Tal vez es menos evidente, pero no menos cierta, la importancia política de esta Directiva. 
La política ambiental europea está pasando de las palabras a los hechos, de las normas y principios a la práctica, enlazando economía y medio ambiente. 
Esto siempre crea incertidumbre, resistencias al cambio, presuntos ganadores y perdedores y se puede, no cabe duda, argumentar en ese sentido, pero creo que existen muchos más argumentos para convencernos y convencer de que caminamos en la dirección correcta y confirmar que Europa, a través de directivas como ésta, se afianza en su determinación de liderar el proceso de consecución del desarrollo sostenible. 
En este caso hay que agradecer a su ponente, el Sr. Moreira da Silva, el excelente trabajo realizado. 
Ha logrado acuerdos entre posiciones de partida muy distanciadas y, finalmente, va evitar la conciliación mediante un acuerdo con el Consejo que es satisfactorio para ambas partes. 
Personalmente, y él lo sabe, he sido muy crítica y le he dado mucho la lata con algunas de las enmiendas que se aprobaron en primera y segunda lectura, sobre todo aquellas que me parecía que imponían a los Estados miembros condiciones excesivamente rígidas para la aplicación de la Directiva y que dificultaban que cada Estado encontrase y definiese la mejor forma de cumplir los objetivos de la misma. 
Sin embargo, este acuerdo, que se ha logrado tras largas y difíciles negociaciones dentro y fuera del Parlamento y del Consejo, ha servido para obtener un texto mucho más abierto, sin pérdida de eficacia y aceptable por todos. 
Necesitábamos contar con una directiva lo suficientemente flexible como para que los Estados miembros pudiesen adaptar sus exigencias y funcionamiento a las características de sus políticas nacionales. 
Creo que era una misión complicada y se ha logrado. 
Señor Moreira, espero que mañana podamos felicitarle y felicitarnos por haber sabido llevar a buen puerto tan importante paso hacia la práctica en materia medioambiental. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias de todo corazón a las personas que han estado implicadas en la creación de este compromiso, sobre el que votaremos mañana. 
Se ha dicho aquí en repetidas ocasiones que tras la primera lectura era difícil creer que llegaríamos tan lejos, que tendríamos una Directiva sobre el comercio de derechos de emisión a nuestra disposición, cuyo contenido es sensato y racional, de forma que puede ser aceptada desde puntos de vista muy distintos. 
Sin duda tenemos que recordar que este es solamente uno de los numerosos medios que tenemos para tratar de conseguir una reducción de los gases de efecto invernadero. 
Si este medio no estuviese a nuestra disposición, tendríamos que encontrar otro, pero se ha visto y demostrado que este es un programa rentable y en este sentido es bueno que se introduzca. 
Sin embargo, me gustaría destacar que estos debates y negociaciones de último minuto dieron pie a que las propuestas poco razonables que parecían haberse incluido, como un techo para los derechos de emisión nacionales, se hayan retirado. 
Por otra parte, el hecho de que la subasta sea voluntaria es excelente. 
De este modo las empresas que se hayan acogido al sistema no se verán presionadas. 
En conclusión, mis felicitaciones a la ponente y a las demás personas implicadas. 
Todavía tenemos mucho camino por delante en nuestros esfuerzos por alcanzar los objetivos de Kyoto, pero los compromisos que este informe y la Directiva han conseguido significan que hemos dado un paso más en el camino. 
(DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero dar las gracias cordialmente al ponente, el Sr. Jorge Moreira, pues ha luchado con mucha energía, decisión y conocimiento de causa a favor de un buen sistema practicable para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
Doy las gracias igualmente a la Comisión, que ha apoyado enérgicamente dicho sistema, pero para ser honestos he de decir que estoy decepcionado con el Consejo. 
Si el Consejo, y en particular mi Gobierno, hubiesen mostrado una actitud más constructiva, creo que habríamos obtenido un resultado mejor y podríamos contar con un sistema más eficaz. 
Desgraciadamente, algunos Estados miembros, entre ellos Alemania, han intentado durante mucho tiempo torpedear y debilitar todo este sistema. 
Eso ha llevado a que ahora tengamos un compromiso mucho peor al que habríamos podido conseguir si desde un principio todos hubieran intentado llegar a una solución constructiva. 
Creo que algunos problemas resultarán inevitables si ahora no prestamos mucha atención a la aplicación a escala nacional y al seguimiento por parte de la Comisión. 
El objetivo de este sistema es reducir el cumplimiento de lo establecido en el Protocolo de Kioto y- lo que me parece mucho más importante- incentivar a las empresas para que aprovechen nuevas posibilidades de ahorro de energía y gases de efecto invernadero. 
La economía de mercado es un sistema fuerte que puede aprovechar posibilidades, tan solo debemos establecer correctamente las condiciones para ello. 
Por ello, la economía de mercado debería influir en la protección del medio ambiente, que es lo que pretende este sistema. 
Como ya he dicho, la Comisión y los Estados miembros tienen una gran responsabilidad a la hora de aplicar esta normativa, ya que el compromiso no es tan preciso como hubieran querido Jorge Moreira y todo el Parlamento, sino que ha sido aguado por el Consejo. 
No se ha suprimido totalmente el riesgo de asignar derechos excesivos, la Comisión debe mantenerse muy atenta, y tampoco se ha eliminado el riesgo de que la asignación se realice sin tener en cuenta las posibilidades técnicas. 
Todos sabemos que el carbón se puede sustituir muy fácilmente por gas u otras fuentes energéticos, pero que no resulta tan fácil reducir las emisiones de CO2 en la producción de cal, cemento y acero. 
Este hecho deberá tenerse en cuenta a la hora de repartir los permisos, de lo contrario resultará injusto. 
. (DE) Señor Presidente, resulta notable que la Comisión y el Parlamento, bajo la acertada dirección del ponente, el Sr. Moreira da Silva, hayan llegado a un compromiso aceptable. 
Considero que ello forma parte igualmente de la expresión de identidad europea, ya que en Europa la política de protección del clima tiene buena prensa. 
Esperemos que siga siendo así. 
En este comercio de derechos de emisión no hay que confundir dos cosas. 
El comercio no evitará la emisión de una sola tonelada de CO2, pues esto solo se evitará con inversiones. 
Pero el comercio de derechos de emisión favorece las inversiones, es decir, se iniciará un proceso de búsqueda de las soluciones menos costosas para reducir las emisiones de CO2. 
Esto resulta igualmente sensato desde un punto de vista económico y de esto deben darse cuenta la industria y muchos jefes de Gobierno, pues algunos todavía consideran que el comercio de derechos de emisión es algo extraño. 
En segundo lugar, el Sr. Seppänen, y hasta cierto punto también el Sr. Lange. tienen razón cuando señalan que todavía quedan algunas cuestiones sin resolver. 
Por ejemplo, ¿son los derechos de emisión valores? 
¿Cómo serán tratados? 
Estas son cuestiones que probablemente debamos solucionar en el futuro a escala nacional o europea. 
En lo que respecta a los factores de coste para las empresas, el Sr. Lange tiene razón cuando dice que en el futuro los balances de las empresas probablemente serán muy diferentes de los actuales, sobre todo si las emisiones de CO2 cuestan más que en la actualidad. 
Hoy cuestan entre 5 y 6 euros por tonelada. 
Cuando lleguen a costar entre 20 y 30 euros por tonelada, las perspectivas serán completamente distintas y, por supuesto, ese hecho repercutirá en la política energética. 
Esperamos que tenga los efectos que deseamos, es decir, que se reduzcan las emisiones de CO2. 
Señor Presidente, la aprobación unánime de esta Directiva de comercio de derechos de emisión en diciembre de 2002 fue una importante llamada de atención para la Europa empresarial y una señal de que esto iba a ocurrir realmente. 
Sinceramente, no creo que lo creyeran hasta este punto. 
Quiero hacer llegar mi más sincero agradecimiento al ponente, mi colega el Sr. Moreira Da Silva, por el enorme trabajo realizado para llevarnos a todos hasta donde estamos hoy. 
Irlanda tiene uno de los peores historiales- el peor después de España- de emisiones de gases de efecto invernadero. 
La limitación de los derechos de emisión nacionales garantizará el cumplimiento de los objetivos cuantificables de Kioto y la desvinculación del crecimiento económico con respecto al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Las asignaciones nacionales tienen que converger linealmente con el Protocolo de Kioto. 
El cap o límite máximo nacional de los derechos puede empezar en el nivel de emisiones de 2003 y no en el de 1990, siempre que los derechos se reduzcan hasta la cifra de Kioto para 2012. 
La enmienda 43 es muy importante, porque permite a los Estados miembros recurrir a documentos de referencia sobre la mejor tecnología disponible para la asignación de derechos. 
Esto debería garantizar que se pueda cuidar en un Estado miembro de las industrias singulares, esenciales para la economía. 
La cláusula de fuerza mayor también es necesaria hasta que se desarrolle un mercado comercial líquido. 
Es vital garantizar la viabilidad del mercado de los derechos de emisión a corto plazo si queremos que sobreviva a largo plazo. 
En particular, resultaría insostenible una situación en la que, debido a la concepción del mercado, los precios de asignación superaran al coste marginal de reducción a largo plazo dentro de la Unión Europea y se aproximaran al precio de penalización. 
Es conveniente que se establezcan disposiciones para afrontar circunstancias imprevistas durante el período de prueba, de 2005 a 2007. 
En el caso de que no existan mecanismos de gestión del mercado y teniendo en cuenta los riesgos existentes, la cláusula de fuerza mayor podría dar flexibilidad a los Estados miembros para enfrentarse a acontecimientos imprevistos como una deficiencia del mercado, así como para evitar graves sobresaltos económicos. 
La definición, por parte de la Comisión, de las circunstancias en la que se puede aplicar dicha cláusula es apropiada y deseable para los Estados miembros, antes de que elaboren sus planes de asignación nacionales. 
En conclusión, la estipulación de la posibilidad de trasladar los excedentes de derechos de 2005 a 2007 al período de 2008 a 2012 reduce en la práctica el número de derechos disponibles para su asignación en ese período y limitará la aplicación de la fuerza mayor por parte de los Estados miembros. 
No obstante, dada la gran incertidumbre y los importantes riesgos implicados, es preciso mantener la cláusula de fuerza mayor. 
. 
(EN) Señor Presidente, en primer lugar estoy absolutamente segura de que la cuestión del cambio climático no solo nos acompañará a nosotros, sino también a las próximas generaciones, y se complicará cada vez más, así que tendremos que ser cada vez más ambiciosos para responder a este enorme reto para la vida humana en este planeta. 
El problema no va a desaparecer y tendremos que afrontarlo y encontrar soluciones. 
También estoy convencida de que necesitaremos todas las herramientas a nuestro alcance: legislación, pero también acuerdos voluntarios e instrumentos basados en el mercado, como este. 
Esa es otra de las razones por la que es importante que tomemos la iniciativa y probemos esta opción. 
Hemos estudiado detenidamente la experiencia obtenida hasta ahora con el comercio de azufre en los Estados Unidos y hemos llevado a cabo distintos estudios. 
También hemos preparado con prudencia el inicio de un sistema de comercio de emisiones en Europa. 
Solo voy a hacer unos comentarios sobre dos cosas que se han mencionado. 
En primer lugar, el tratamiento de los derechos. 
Los derechos serán un bien negociable, igual que muchos otros bienes negociables, sin que haya ninguna diferencia solo porque procedan de una política medioambiental. 
Estarán sujetos a la legislación fiscal en vigor en la Unión, sin ninguna diferencia con el resto de áreas. 
En cuanto al transporte, queríamos empezar con instalaciones de gran tamaño y fijas, cuyas emisiones pueden controlarse fácilmente. 
El sector del transporte está compuesto por muchas pequeñas fuentes difusas que consideramos que sería difícil seguir, administrar y controlar. 
Este aspecto ha sido importante a la hora de diseñar esta propuesta, pero aceptamos que el transporte también tiene que ser objeto de acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Estamos dispuestos a analizar cómo se puede cubrir también esta área, cosa que ya forma parte de este paquete de compromiso. 
De acuerdo con el texto de la Directiva, la Comisión se compromete a investigar cómo se puede incluir en el programa el sector del transporte. 
También volveremos sobre otros asuntos, como saben, que están en fase de desarrollo para vincularlos con la implementación conjunta y los demás mecanismos flexibles. 
También volveremos sobre estos asuntos. 
Señor Presidente, he preguntado a la Comisión tanto en neerlandés como en inglés si va a incluir los aviones en este programa. 
Sus emisiones pueden medirse fácilmente utilizando datos de unos pocos despegues. 
Señora Comisaria, ¿podría responder sí o no a mi pregunta de si tiene la intención de hacerlo? 
¿Podría responder a esta pregunta? 
. 
(EN) Señor Presidente, en respuesta a esa pregunta, por supuesto veremos qué se puede hacer también en el transporte aéreo, pero todavía no disponemos de planes elaborados. 
Como sabe, estamos intentando trabajar en foros internacionales para abordar ese problema. 
Ya está incluido en los debates del Protocolo de Kioto y tendremos que realizar un seguimiento del mismo y ver qué podemos hacer para abordar la cuestión del sector de los transportes en su conjunto. 
Por supuesto, también tendremos que estudiar qué podemos hacer en relación con el transporte aéreo. 
No tenemos preparada ninguna propuesta ni fijada ninguna fecha que podamos presentarle. 
Sin embargo, haremos todo lo que esté en nuestra mano para abordar la cuestión del transporte aéreo. 
Muchas gracias por esta información complementaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
El orden del día contempla la pregunta oral a la Comisión, formulada por el Sr. Lannoye y otros, en nombre del Grupo Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la adición de agua y proteínas a la carne de pollo (O-0045/2003- B5-0099/2003). 
. (NL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, pese a esta hora tan tardía queremos hablar de un problema. 
Se trata de lo que en neerlandés llamamos «pollos hinchados». 
Ahora está legalmente permitido llenar los pollos de agua. Está permitido añadir un 30, 40 o 55 por ciento de agua a estos pollos. 
El problema es que luego- para que sigan pareciendo pollos- se les añaden proteínas de desechos procedentes de las matanzas, de carne de pollo que se complementa con proteínas de cerdos y proteínas de ternera. 
Esto sucede sobre todo en empresas neerlandesas y esta carne de pollo, si es que puede llamársele carne de pollo, se vende luego en Inglaterra a los musulmanes como si fuera halal y a los judíos como si fuera kosher. 
Es inaceptable y en un documental de la BBC se recalcó este hecho. 
Sé que la Comisión propondrá etiquetar «pollo con cerco» o «pollo con ternera» , pero el problema es que con las modernas técnicas de ADN es muy sencillo recortar el ADN de los pollos, el ADN de las terneras y los cerdos a fin de que los ingleses no puedan demostrar que hay algo más que pollo en el producto. 
Por ello proponemos sencillamente prohibirlo: no se puede añadir agua a los pollos. 
La agencia alimentaria británica inglesa ha propuesto añadir tan solo un máximo del 15 por ciento de agua. 
¿Qué dice usted a esto? 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Sra. Lucas, al Sr. Lannoye y al Sr. de Roo por formular una pregunta sobre la adición de agua y proteínas a la carne de pollo. 
En mayo de 2002, las autoridades irlandesas y británicas publicaron los primeros y preocupantes resultados de sus investigaciones sobre las pechugas de pollo importadas de los Países Bajos y destinadas a la elaboración de comidas preparadas. 
Los resultados publicados por las mismas autoridades el 12 de mayo de 2003 demuestran que el problema sigue existiendo. 
La práctica de incrementar artificialmente el peso de la carne añadiéndole proteínas y agua- en algunos casos hasta el 40% o el 50% de agua en el producto final- con el fin de engañar al comprador es despreciable. 
Parece que los compradores y, por extensión, los consumidores están siendo engañados en tres aspectos. 
En primer lugar, el etiquetado del producto puede llevar a pensar que se trata de carne de pollo fresca, cuando es obvio que no lo es. 
En segundo lugar, algunos productos se han etiquetado como Halal a pesar de contener proteínas de cerdo y de otros animales. 
En tercer lugar, se ha exagerado el contenido de carne. 
El cumplimiento y las posibles sanciones derivadas de las infracciones de la legislación relativa al etiquetado de productos alimenticios y prácticas desleales son responsabilidad de los Estados miembros. 
De conformidad con la información transmitida por las autoridades irlandesas y británicas, los productos de pollo afectados se fabrican sobre todo en los Países Bajos. 
Eso no significa que no haya ningún otro país afectado por este problema. 
He pedido a los Estados miembros que refuercen sus controles y su cooperación. 
Los fraudes aparecen cuando se buscan. 
En lo que respecta a la carta de las autoridades neerlandesas de julio de 2002, tanto yo como mi colega, el Comisario Fischler, les solicitamos más información sobre las medidas tomadas y el origen de la proteína. 
En marzo de este año, las autoridades de los Países Bajos se comprometieron a garantizar que estos productos se etiquetaran correctamente. 
Sin embargo, los resultados de la inspección de las autoridades británicas e irlandesas indican que el problema del etiquetado fraudulento no ha desaparecido. 
Por lo tanto, he pedido a los Estados miembros que mejoren la cooperación entre autoridades nacionales y que refuercen los controles. 
Asimismo, he llegado a la conclusión de que es necesario mejorar los requisitos de etiquetado para los preparados de pollo y de otro tipo de carne. 
La Comisión propondrá a los Estados miembros en el comité de la cadena alimentaria que incluyan una mención explícita, por ejemplo, de la preparación de pollos con agua añadida en la etiqueta del alimento. 
El comité permanente de la cadena alimentaria y saludo animal, compuesto de representantes de los Estados miembros, acogió con satisfacción esta propuesta en su reunión del 8 de abril de 2003. 
La discusión técnica continuará durante las próximas reuniones del comité. 
También he solicitado a mis servicios que estudien el desarrollo de normas para los preparados cárnicos que limitarían la cantidad de agua que se puede añadir a esos productos y el uso de proteínas animales para aumentar su peso. 
Su sugerencia de indicar que la carne de pollo contiene carne de ternera o que la carne de pollo contiene carne de cerdo debe analizarse, al igual que la posibilidad de prohibir la utilización de esas proteínas en los preparados de carne de aves de corral. 
En lo que respecta a la detección de la adición de proteínas de cerdo o ternera tras un tratamiento enzimático para destruir el ADN, será examinada por los Servicios de la Comisión con expertos de los Estados miembros. 
Por otra parte, es importante recalcar que es preciso utilizar otros métodos de control, incluidas las comprobaciones de la documentación, para comprobar el origen y la trazabilidad de los productos. 
Señor Presidente, me siendo identificado con todo lo dicho por el Sr. de Roo, y su indignación ante estos acontecimientos es compartida por muchas personas en el Reino Unido, que es el destino principal de esos productos adulterados. 
Me gustaría pedir al Comisario que fuera más allá. 
Dado que en estos momentos se puede vender pollo que tiene un 55% de agua y está adulterado con otras proteínas, sobre las que quienes cometen este atropello alardean que dan negativo en la prueba RCP y, por lo tanto, no pueden ser detectadas por la mayoría de las pruebas normales, ¿no debería haber alguna forma más directa de acción por parte de la Comisión? 
La autoridad alimentaria británica ha propuesto ahora, a través de Sir John Krebs, su presidente, que fijemos un límite del 15% para el contenido de agua de lo que se etiqueta y vende como pollo. 
Ha añadido que, en ese nivel, la adición de estas proteínas- que pretenden mantener la capacidad de retención de una proporción de agua mucho mayor- pasarían a ser innecesarias. 
Sin embargo, todavía muchos de los que en estos momentos exportan esos productos manipulados seguirán intentando eludir los controles y las disposiciones legales. 
Me gustaría que la Comisión dijera que va a intervenir, no solo recomendando un mejor etiquetado y un mejor sistema de comprobación- aunque, por supuesto, los necesitamos -, sino tomando medidas para ilegalizar esas prácticas, que son un completo fraude al público y que probablemente van a suscitar serias preocupaciones, porque la inyección de proteínas de ternera- que, según han admitido los propios culpables, proceden de países en los que se han dado casos de encefalopatía espongiforme bovina, y los productos no se han sometido a pruebas para detectar esa enfermedad- puede causar también una seria preocupación entre el público. 
Estamos ante una cuestión que ha causado indignación en el Reino Unido y en muchos otros países. 
Tenemos que mejorar las pruebas, pero necesitamos una intervención directa de la Comisión en este campo, y estoy seguro de que la habrá. 
Señor Presidente, me gustaría decir al Comisario que esto ha ido demasiado lejos y ha durado demasiado. 
Agradezco la pregunta, pero lo que agradecería más es la promesa de una clara acción legislativa. 
De hecho, los encargados de la Oficina de Normas Comerciales de mi ciudad, Hull, han llevado a cabo una campaña contra el fraude en el pollo durante más de seis años. 
Me parece tiempo suficiente. 
Durante los últimos años he mantenido correspondencia y contactos en su nombre, tanto con nuestras autoridades nacionales como con la oficina del Comisario. 
Ahora, por supuesto, la reciente publicidad ha llamado la atención sobre el problema del pollo, pero este fraude no se limita al pollo: la adulteración de otras carnes, sobre todo el jamón, es habitual. 
Toda esta práctica de añadir agua y, por lo tanto, también otras proteínas animales, a las carnes es engañosa y totalmente inmoral con respecto a su incidencia en algunas comunidades religiosas. 
Aunque el etiquetado puede ser una de las mejoras posibles, creo, como otros oradores, que la mejor respuesta sería la prohibición de la adición de agua por encima, por ejemplo, del 15%. 
Me gustaría poder volver a mi cuidad de origen- que es un gran puerto a través del cual llega buena parte de esta carne adulterada- y decir a nuestras autoridades locales que ya pueden contar con una legislación para respaldar su larga lucha contra este comercio engañoso y dañino. 
En respuesta a las preguntas formuladas por el Sr. Whitehead y la Sra. Wallis, permítanme repetir lo que ya he dicho antes: he solicitado a mis servicios que estudien el desarrollo de normas para los preparados cárnicos que limitarían la cantidad de agua que se puede añadir a esos productos y el uso de proteínas animales para aumentar su peso. 
Tengo la intención de analizar el trabajo que han realizado mis servicios con el fin de determinar qué se puede hacer en el futuro. 
Estoy de acuerdo, hasta cierto punto, en que el etiquetado puede no ser suficiente. 
También yo vi ese programa de televisión. 
Descubrí que algunas de las etiquetas que se identificaban en el programa indicaban que el producto en concreto contenía un 65% de pollo. 
Eso plantea una duda para el consumidor: ¿qué es el otro 35%? 
Hemos dedicado mucho tiempo en esta Cámara a debatir- como hemos hecho esta tarde- cuestiones relacionadas con los organismos modificados genéticamente y su etiquetado. 
Sin embargo, esto requiere cierta vigilancia por parte de los consumidores: tienen que leer las etiquetas y extraer las conclusiones apropiadas. 
No obstante, eso no nos exime de la responsabilidad de examinar las respuestas apropiadas a situaciones como ésta ni de buscar una respuesta más satisfactoria. 
Como he dicho antes en mi primera respuesta, estoy analizando la cuestión. 
Sin embargo, también ruego a los consumidores que estén vigilantes en respuesta al trabajo que hemos realizado aquí en relación con el etiquetado. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El orden del día contempla el informe (A5-0240/2003) del Sr. Mulder, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el presupuesto para el ejercicio 2004 con vistas al procedimiento de conciliación antes de la primera lectura del Consejo [2003/2027 (BUD) ]. 
Antes de dar la palabra a nuestro ponente y a todos los diputados inscritos para intervención, les recuerdo que son las 23.40 horas. 
Hay muchos oradores y éste no es el último debate que figura en el orden del día. 
Por ello pido a cada una de Sus Señorías que se ajuste al tiempo de intervención. 
. (NL) Señor Presidente, quisiera repetir lo que he dicho en una anterior ocasión. 
Uno de los objetivos principales del presupuesto de 2004 será agilizar al máximo la integración de los nuevos Estados miembros. 
Para ello trabajaremos todo el año con un presupuesto para seguramente 25 Estados miembros y sobre esta base, en diciembre tomaremos una decisión política. 
En el presente informe hablamos de la actitud que ha de adoptar el Parlamento en la conciliación, y en la conciliación en la primera lectura hay varios temas principales que desde siempre desempeñan un papel. 
En primer lugar, la agricultura. 
El margen calculado en estos momentos de 1400 millones es positivo, pero todas las partidas del presupuesto agrícola se basan en un tipo de cambio del 1,07 entre dólar y euro. 
Seguramente es demasiado bajo y por tanto esperamos también la nota de modificaciones a finales de octubre que tendrá que incluir las conclusiones de la consulta agrícola en Luxemburgo. 
¿Cuáles son las consecuencias financieras de esta relación? 
Aparte de esta cuestión, el Parlamento ha fijado diversas prioridades para el presupuesto agrícola en forma de proyectos piloto o acciones preparatorias. 
En primer lugar consideramos que, en vista del número de brotes de enfermedades contagiosas de los animales en los últimos diez años, la carga en el presupuesto agrícola es excesiva. 
En el futuro, el presupuesto agrícola no evidenciará los márgenes que ha tenido en el pasado. 
Por ello consideramos que hay que reflexionar muy seriamente sobre alguna otra forma de sistema de seguros contra las enfermedades contagiosas de los animales y habrá que crear algún fondo europeo de enfermedades de animales. 
Queremos empezar con esto. 
En segundo lugar, los futuros pagos a los agricultores no sólo se basarán en acciones históricas, sino también en el medio ambiente, el método y la ecocondicionalidad: los servicios con servicios se pagan. 
Todo muy bien, pero estos indicadores medioambientales no son muy exactos. 
Por desgracia, la Sra. Wallström se ha ido, pero hay mucho que objetar a la directiva sobre el nitrato. 
Es preciso hacer algo al respecto. 
Otros puntos que consideramos importantes son el desarrollo de mejores vacunas contra las enfermedades contagiosas de los animales y una política de calidad para los productos agrícolas. 
En lo que respecta a la pesca, el principal punto es que el Consejo, que lamentablemente apenas está presente esta noche, ha de tomar una posición cuanto antes en relación con la financiación de las reformas que se acordaron en diciembre del año pasado, concretamente sobre el fondo de desguace que se menciona. 
Creemos que en principio hay que poner créditos a disposición. 
Además consideramos esencial un mejor control de la cuota y más investigación sobre las poblaciones de peces. 
La política exterior y de seguridad común. El Consejo había prometido que el 15 de junio daría información al Parlamento sobre esta política. 
Esta información aún no había llegado cuando se imprimía esta resolución. 
Tengo entendido que acaba de llegar hace una hora. 
La examinaremos con detenimiento. 
Consideramos que hemos de estar informados sobre todo, no solo sobre las acciones en que está implicado el presupuesto del Parlamento de la Unión, sino también los presupuestos de los propios Estados miembros. 
Ambos son vasos comunicantes y no pueden verse por separado. 
En lo que respecta a los fondos estructurales. Consideramos que ha de aplicarse la regla n+2. 
Asimismo nos parece interesante saber cuáles han sido exactamente las estimaciones que han dado cada año los Estados miembros a la Comisión para que esta pueda elaborar un buen presupuesto. 
Siempre resulta interesante hacer esta comparación. 
Nos gustaría que la Comisión nos facilitara esta información. 
Otro punto importante para este presupuesto: queremos fomentar el desarrollo económico en los nuevos Estados miembros. 
Consideramos que ello puede lograrse por ejemplo fomentando las pequeñas y medianas empresas e invirtiendo en los nuevos Estados miembros. 
Por ello, esperamos una buena cooperación con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo de Londres y con el Fondo Europeo de Inversión de Luxemburgo. 
Me quedan aún algunos puntos, señor Presidente, pero dado que me instó, en vistas a lo tarde que es, a que me atuviera a mi tiempo, así lo haré. 
Quizás la posición del Parlamento vuelva a manifestarse más tarde en la resolución. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión adoptó el 30 de abril el anteproyecto de presupuesto para 2004- un presupuesto histórico para una Unión que tendrá por vez primera 25 Estados miembros- y el 13 de mayo presenté el anteproyecto ante el Pleno. 
Mañana iniciaremos las verdaderas negociaciones a través del diálogo tripartito. 
Este diálogo tripartito se centra tradicionalmente en los gastos de la política agrícola, la política de pesca y la Política Exterior y de Seguridad Común, que constituyen los gastos obligatorios. 
Doy las gracias al ponente, el Sr. Mulder, por sus observaciones. 
Ahora no abordaré todos los puntos de su informe, por motivos de tiempo y porque hoy y mañana continuaremos nuestras conversaciones. 
En primer lugar me gustaría destacar una coincidencia importante, que es que deseamos llegar a un acuerdo sobre el presupuesto para los 25 Estados miembros de aquí al mes de diciembre de 2003. 
Si bien formalmente la resolución sobre el presupuesto solo podrá aprobarse para la UE de 15 Estados miembros, en diciembre debería haber pleno acuerdo con respecto al presupuesto rectificativo y suplementario para los diez nuevos Estados miembros. 
Asimismo, la adaptación de los programas plurianuales es importante para la ampliación. 
La Comisión ha presentado una propuesta para adaptar las dotaciones presupuestarias que está siendo debatida intensamente en diversas comisiones parlamentarias. 
Sin embargo, lo importante es que dilucidemos ahora las cuestiones de procedimiento, a fin de que podamos llegar a un acuerdo sobre las dotaciones y la adaptación legislativa se pueda llevar a cabo con gran celeridad. 
En relación con los procedimientos legislativos pendientes, me gustaría volver brevemente sobre los fundamentos jurídicos para la concesión de ayudas a diversas instituciones: las líneas A-30. 
También esta cuestión es muy urgente y espero que el Consejo la tramite rápidamente. 
Ahora paso a cada uno de los sectores de gasto que serán objeto del diálogo tripartito y que el señor Mulder ha planteado. 
En el mes de octubre, como es habitual, la Comisión presentará la las estimaciones de gastos ajustadas para la agricultura, que lógicamente tendrán en cuenta los resultados del compromiso agrícola de Luxemburgo, que contempla mayores gastos para 2004 respecto a la propuesta de la Comisión. 
Por lo que se refiere a un seguro para proteger a los agricultores contra diversos riesgos, la Comisión ha encargado un estudio sobre el tema, cuyos resultados, según me han informado, estarán disponibles probablemente durante este verano. 
A continuación, la Comisión dará a conocer sus conclusiones, y espero que yo pueda dar a sus Señorías más precisiones durante la primera lectura del Parlamento. 
Pasando a los gastos de la política de pesca, en este sector solo se han reducido gastos en el ámbito de la investigación, cosa que es resultado de las negociaciones- en las que participó igualmente el Parlamento- en torno al Sexto Programa Marco de investigación. 
La investigación en materia de pesquerías dispone ahora de 55 millones de euros. 
En relación con los propios acuerdos de pesca, la Comisión ya ha informado al Parlamento sobre las nuevas negociaciones y sobre los gastos estimados, y en este sector también examinaremos hasta qué punto en el mes de octubre deberán modificarse las dotaciones previstas mediante una carta rectificativa. 
En la línea presupuestaria para la Política Exterior y de Seguridad Común, la Comisión propone un incremento del 8,4 %, entre otras cosas para volver a financiar los gastos de los enviados especiales con cargo a esta línea presupuestaria. 
Unas cuantas palabras sobre los proyectos pilotos y las acciones preparatorias. 
Usted, señor Mulder, dice en su informe que el margen de 80 millones no es gran cosa. 
Realmente me siento orgullosa de haber podido salvar este margen de 80 millones de euros en vista de las diversas exigencias planteadas por los demás miembros de la Comisión en esta categoría. 
Creo que si utilizamos bien esta dotación para proyectos piloto y acciones preparatorias y colaboramos estrechamente como el año pasado, creo que podremos acordar buenos proyectos en este terreno. 
También quiero decir algo sobre los fondos estructurales, que usted ha mencionado, y sobre las previsiones de los Estados miembros con respecto a las cantidades que necesitarán el año próximo. 
No obstante, quiero destacar que el año pasado, es decir, en 2002, las previsiones de los Estados miembros superaron un 70% el importe realmente desembolsado. 
Por último, permítanme abordar la cuestión de las necesidades de personal de la Comisión: Considero que hay que darse cuenta de que la Comisión solo podrá llevar a cabo las tareas que implica tener diez nuevos Estados miembros si cuenta con más personal. 
La realización de estas tareas y su ejecución en buenas condiciones redunda en interés de todos nosotros y, en particular, en interés de los nuevos Estados miembros. 
Ya que todas las instituciones conceden la más alta prioridad al éxito de la ampliación, espero que se encuentre una buena solución también en este sentido. 
. 
(NL) Como ponente para el presupuesto en la Comisión de Asuntos Exteriores soy muy consciente de que el procedimiento de concertación sobre el presupuesto entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento siempre se divide en 3 ámbitos específicos, a saber, agricultura, pesca y PESC. 
En lo referente a este último ámbito me sumo plenamente a los 3 planteamientos que se recalcan en el informe Mulder. 
Dado que el presupuesto para la política exterior asciende a cerca de 5000 millones de euros y el presupuesto para la PESC a 40 millones de euros, nuestra Comisión ha querido centrar su atención a otros puntos aparte de la PESC. 
En primer lugar la Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión Europea que defina más el marco financiero para la región del Sureste de Europa para el periodo 2004-2006. 
Aunque la Comisión Europea prometió recientemente 200 millones de euros adicionales, sigue sin estar claro de dónde ha de salir este dinero. 
En segundo lugar, la Comisión de Asuntos Exteriores pide que se preste una atención especial para la misión policial de la UE en Bosnia y Herzegovina. 
Aunque la misión se está ejecutando muy bien, recibimos diversas señales de que a veces el material necesario se suministra demasiado tarde o no se suministra en absoluto. 
Por último nuestra Comisión pide que se preste una atención especial a las necesidades financieras adicionales de la iniciativa de la Gran Europa. 
Hay que ocuparse de unos recursos suficientes para los programas Cards, Meda y Tacis, y quizás también para un nuevo instrumento de vecindad. 
Me complace que la Comisión de Presupuestos haya aceptado esta y otras recomendaciones y quisiera felicitar al Sr. Mulder por su informe claro y sólido y desearle mucho éxito en el diálogo tripartito. 
Señor Presidente, quiero sumarme a las felicitaciones que han recibido el informe y la contribución del Sr. Mulder. 
La Comisión de Agricultura coincide con muchas de ellas, pero al mismo tiempo constatamos que los créditos para la agricultura y el desarrollo rural experimentan un fuerte descenso en el presupuesto 2004. 
Solo para la agricultura se evidencia un descenso de la participación del 40% al 36%, mientras que se aprecia una ligera subida para el desarrollo rural. 
En su declaración política, la Comisión Europea afirma que la agricultura ha pasar a una producción más orientada al mercado, pero al mismo tiempo, en el presupuesto se elimina cualquier aliciente para hacerlo. 
En realidad no es aceptable que se haya rebajado el importe, por ejemplo, para la promoción de los productos agrícolas en el anteproyecto de presupuesto para 2004. 
Además- como ha señalado el Sr. Mulder- el tipo de cambio del dólar supone un gran riesgo: se parte de un tipo de cambio del 1,07 euros y es bastante inferior al actual. 
La pregunta es qué podría significar esto a la larga para el presupuesto. 
Además, a pesar de diferentes brotes de grandes enfermedades de animales, apenas se ha reservado dinero para posibles brotes futuros. 
Al mismo tiempo hemos dedicado mucho dinero a otra política para brotes de enfermedades de animales, por ejemplo para la nueva política para la fiebre aftosa. 
Quizás esto signifique que en caso de futuros brotes, la Comisión se gastará mucho menos dinero en sacrificios. 
La Comisión de Agricultura quisiera que este dinero se reservara para hacer frente a las consecuencias del mercado para los ganaderos que en ese momento aplican la vacunación sin que los animales sean sacrificados, pero sí sufren las consecuencias, concretamente unos precios de mercado más bajos. 
Además, este es el primer presupuesto para la Unión con 25 Estados miembros y de hecho resulta muy extraño que, convirtiéndolo a los fondos estructurales, para los nuevos Estados miembros haya disponible menos dinero por habitante, que para diversos Estados miembros existentes. 
Resumiendo, señor Presidente, la Comisión de Agricultura considera que el dinero que se dedica al desarrollo rural, sobre todo en los nuevos Estados miembros, ha de destinarse expresamente al refuerzo de la pequeña y mediana empresa en las zonas rurales. 
Es necesario más dinero para la promoción de los productos agrícolas que cumplen todos los requisitos de seguridad alimentaria, bienestar de los animales y medio ambiente, y ha de reservarse dinero, acaso para la creación de fondos, a fin de poder hacer frente a las consecuencias de otra política de vacunación en caso de enfermedades de animales. 
- (DE) Señor Presidente, señora Schreyer, Señorías, se buscan 32 millones de euros, ¿quién colabora? 
El Sr. Mulder está dispuesto, ¿quién más? 
¿Tal vez la Comisión o el Consejo? 
Cada año pasamos por la rutina del procedimiento presupuestario, y desgraciadamente no se pueden satisfacer todos los deseos. 
Lógicamente, en mi calidad de ponente de la Comisión de Pesca, lamento que, además, nuestros deseos no necesariamente tengan la máxima prioridad. 
El procedimiento presupuestario para 2004 presenta, no obstante, dos aspectos inusuales. 
En primer lugar, es el primero que se elabora siguiendo el sistema basado en actividades, una mejora que me complace, pues nos ofrece una clara visión general sin tener que hojear largamente a través de las líneas presupuestarias, en particular las correspondientes a la política de pesca. 
En segundo lugar, nos encontramos ante la poco habitual situación de que, entre el 1 de enero de 2004 y el 30 de abril de 2004, el presupuesto será válido para los actuales 15 Estados miembros, y que a partir del 1 de mayo de 2004, fecha de la adhesión de los diez nuevos Estados miembros, ya será aplicable a los 25 Estados miembros. 
Nos ampliamos pero aún no hemos hecho nuestros deberes. 
Esta situación es alarmante. 
En vista de la situación catastrófica de las poblaciones de peces, el Consejo aprobó en el pasado mes de diciembre, tras largas disputas, y en buena parte gracias a las claras señales enviadas por el Parlamento, la reforma de la Política Pesquera Común. 
Uno de los principales elementos de esta era la creación del denominado «fondo de desguace» , que debería comenzar a funcionar todavía en este año. 
Sin embargo, el Consejo no ha dado hasta ahora el visto bueno para la utilización de este instrumento de flexibilidad, cosa que es difícil de entender. 
Por ello pido urgentemente que este punto se aborde en el procedimiento de conciliación que se iniciará el 16 de septiembre y que se conozca la posición del Consejo respecto de la financiación de la reforma de la Política Pesquera Común. 
Y por supuesto que no libero de responsabilidad a los Estados miembros. 
Pero no podemos permitir que el Consejo no cumpla una de las cuestiones clave de la reforma escudándose en que los Estados miembros no se muestran dispuestos a comunicar los datos que interesan. 
Pido a sus Señorías que nos apoyen. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, más que nada estamos aquí, en este debate de presupuestos, a esta hora tan tardía, para acompañar al ponente general, Sr. Mulder, y que se sienta acompañado y respaldado por los Grupos políticos de esta Cámara, con vistas a la concertación que va a tener lugar el próximo 16 de julio. 
Quiero decir que nuestro Grupo, el PPE-DE, respalda completamente la estrategia que el ponente general ha previsto para enfrentarse a la concertación con las otras dos instituciones. 
Consideramos que esta primera concertación tiene una gran importancia, dado que es el primer cruce real de peticiones y de estrategias entre las tres instituciones y, por ello, creo que hemos planteado una estrategia de concertación que resulta particularmente útil y beneficiosa para los intereses del Parlamento Europeo y, en general, para los intereses de los ciudadanos europeos, que es para lo que estamos aquí. 
De esta estrategia que llevamos a la concertación, el informe del Sr. Mulder, solamente quisiéramos destacar algunos puntos que son objeto de enmiendas de nuestro Grupo. 
Particularmente, en lo que hace referencia a la pesca, hemos atendido las explicaciones que nos ha dado la ponente de presupuestos de la Comisión de Pesca, Sra. Langenhagen, y las compartimos plenamente. 
Nosotros creemos que el Consejo debe cumplir los compromisos que estaban establecidos para la financiación de este fondo de desguace, no solamente en el ejercicio 2003, sino también en el ejercicio 2004, por eso planteamos enmiendas al informe Färm y también al informe Mulder, aunque sabemos que, posiblemente, no serán aceptadas por alguno de los Grupos de esta Cámara. 
Le damos tanta importancia que, de la delegación de nuestro Grupo que va a ir a la concertación de presupuestos, formará parte integrante el Presidente de la Comisión de Pesca, porque queremos resaltar hasta qué punto para la Comisión de Pesca, para el Parlamento y, en general, para nuestro Grupo político, tiene importancia el tema de los compromisos de pesca. 
Finalmente, otro tema que queremos destacar es el de la aplicación de la regla n+2, de la que se ha hablado antes. 
Nosotros defendemos- y es lo que hacemos en nuestra enmienda- la necesidad de una evaluación. 
Creemos que estamos en el comienzo del proceso de aplicación de la regla n+2 y, por eso, más que establecer juicios de valor acerca de cuál debe ser la aproximación que haga la Comisión en la aplicación de esta regla, lo que sí nos interesa realmente es que se nos dé una evaluación de cómo se está aplicando, cuáles son los primeros resultados y, a partir de ahí, elaborar en este Parlamento una estrategia común sobre la aplicación de la regla n+2 por parte de la Comisión en los Estados miembros. 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quiero dar las gracias a nuestro ponente, el Sr. Mulder, quien ha sabido resumir de forma excepcional los intereses de la Comisión e incluir asuntos que son necesarios para el procedimiento de conciliación que nos espera, así como resistir la tentación de reescribir todas las directrices que aprobamos en primavera. 
Este es un informe sumamente concluyente y concentrado que apoyamos decididamente y que acogemos con agrado. 
El procedimiento en el que entraremos en las siguientes tres semanas con el Consejo y la Comisión no durará mucho tiempo. 
Sin embargo, esperamos que pronto sea cosa del pasado. 
Si no existiese la diferencia entre gastos obligatorios y gastos no obligatorios- y mucho de lo que se ha dicho en la Convención apunta en esa dirección- se haría realidad una antigua reivindicación del Parlamento y ya no necesitaríamos esta mediación anticipada. 
Sería un cambio positivo, y espero que lleguemos a ello. 
Paso ahora a los distintos puntos. 
Por lo que se refiere a la agricultura, aquí se han abordado algunas cuestiones. 
En primer lugar, el hecho de que se refuercen las ayudas a las zonas rurales con la condición de que se hará más hincapié en estas zonas en los nuevos Estados miembros que en la UE de los 15; expresamos nuestra satisfacción por ello. 
En vista de los debates en curso, particularmente en Polonia, país en que han dimitido Ministros porque al parecer se desaprovecha la oportunidad de crear las estructuras para que el dinero se pueda utilizar como es debido, considero que todos los Estados deben saber que si no existen las estructuras correspondientes, no podrán desembolsarse los fondos. 
Eso debe quedar muy claro y velaremos por que el dinero se utilice de conformidad con las normas. 
Tan solo podemos pedir a todos que sienten las bases para ello. 
En lo que respecta al seguro contra sucesos como los desastres en el ámbito agrícola, estamos dispuestos a examinar minuciosamente esta cuestión y el dictamen correspondiente. 
En varios Estados miembros ya existen seguros voluntarios con este fin. 
Por consiguiente, estos resultarían penalizados si el contribuyente europeo se hiciese cargo de estos riesgos en otros países. 
Examinaremos este expediente sin prejuicios y estamos dispuestos a dar los pasos necesarios, pero naturalmente no nos meteremos a ciegas en ningún berenjenal, porque primero debemos conocer sus posibles consecuencias a largo plazo. 
He escuchado, por lo que hace a la pesca, lo que ha dicho la Sra. Langenhagen, y tengo que decir que siempre hemos estado dispuestos a apoyar la pesca y el desguace de buques cuando es necesario. 
Sin embargo, no entregaremos un cheque en blanco, y no adelantaremos ya desde ahora unos cuantos millones de euros para un programa que no ha sido plenamente evaluado y sobre el que el Consejo no ha adoptado una posición. 
Procederemos de la misma forma que con otros programas anteriores, como cuando se trató del desguace en Portugal y España. 
En esa ocasión primero queríamos ver el programa completo y dijimos que lo evaluaríamos y a continuación diríamos cuánto destinaríamos al mismo. 
En esta ocasión no procederemos de forma distinta a la aplicada a los portugueses y españoles, aunque nos estemos refiriendo a otras regiones europeas. 
Apoyamos que se aumente la dotación para la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Sin embargo, vuelvo a advertir que la cooperación en operaciones de mantenimiento de la paz es más que la imposición de la paz prevista en el marco de las tareas de Petersberg correspondientes a la Política Exterior y de Seguridad Común; incluye también la prevención de conflictos, y no apoyamos la reducción prevista de las dotaciones. 
Pedimos que se siga procediendo como hasta ahora en esta cuestión. 
Es mejor prevenir que tener que arreglar las cosas después con medios militares. 
Por último, unas pocas palabras sobre la cuestión del pago. 
La norma n+2 fue introducida por todos nosotros y tenía su sentido. 
Ahora, querer examinar si es correcta justo antes de que se aplique por primera vez en la práctica, no es de recibo. 
Esta norma n+2 debe aplicarse, y aquellos que no gasten sus recursos de la forma correcta, deben saber que esta conducta tendrá consecuencias. 
Ofrecerles salidas en esta fase temprana equivale a acabar con la norma n+2 y nosotros no participaremos en ello. 
Señor Presidente, la concertación que antecede a la primera lectura en el Consejo cobra especial importancia en vísperas de la ampliación y mediado el ejercicio. 
En términos generales, estoy de acuerdo con gran parte del análisis cuantitativo que hace el ponente de los importes propuestos por la Comisión en su anteproyecto. 
Aún así, quisiera destacar en esta ocasión la profunda preocupación global por el hecho de que el anteproyecto de presupuesto para 2004 sea el más bajo, en términos relativos, desde 1987, pues representa menos del 1% de la renta nacional bruta comunitaria. Y quiero señalar que este nivel de gastos está en total desacuerdo con las ambiciones políticas reiteradamente afirmadas para la Unión Europea y con las que habría que resaltar ante el aumento del desempleo y la regresión económica y social que se registra actualmente. 
Hay una lógica de contención, especialmente derivada del Pacto de estabilidad, con la que estamos en desacuerdo, así como discrepamos del sistemático recorte de partidas bien patente en la insistencia del ponente en una aplicación restringida de la regla n+2. 
La cancelación de autorizaciones, la política de redistribución y la anticipación de los gastos subyacentes a dicha lógica restrictiva no sólo se han convertido en procedimientos recurrentes, sino que restan seriedad y transparencia al proceso presupuestario. 
Por esta razón, no puedo dejar de reafirmar la necesidad de unas nuevas perspectivas financieras como forma de superar esta situación, que es completamente insostenible. 
Señor Presidente, Europa se encuentra en medio de una borrasca económica. 
Todos los Estados miembros han de apretarse el cinturón, y también la Unión Europea. 
Aparte del hecho de que el presupuesto 2004 viene marcado por la adhesión de, según se espera, diez nuevos Estados miembros, por primera vez aplicaremos el instrumento del presupuesto por actividades. 
Quiero vigilar que los gastos para la gestión administrativa sean lo más limitados posibles. 
Como se ha dicho anteriormente, la Comisión ha basado los gastos para la agricultura en un tipo de cambio bajo entre euro y dólar. 
¿Puede dar la comisión una indicación de los gastos con el cambio actual? 
Apoyo la enmienda nº 2 para aumentar los recursos para el fondo de desguace de barcos de pesca. 
Pero en tal caso, la Comisión ha de excluir cualquier tipo de ampliación de la capacidad de subvención con los fondos estructurales, pues de lo contrario es como llevar agua al mar. 
Aplaudo el descenso de los fondos estructurales para los actuales Estados miembros. 
Es necesario mantener estrictamente la regla n+2 pues de lo contrario mantendremos artificialmente la presa de compromisos. 
En vista de la ampliación, esto ya no es posible. 
Por consiguiente, no apoyo la enmienda nº 4. 
, ponente de opinión de la Comisión de Pesca. 
(DE) Señor Presidente, simplemente quisiera retomar la observación hecha por el orador que ha intervenido antes, el Sr. Walter. Este compara los 32 millones de euros solicitados con las ayudas que en su día concedimos a Portugal y España, y con los que ahora querríamos echar una mano a algunos otros Estados. 
Eso no es así. 
Este dinero es para la Unión Europea en su conjunto. Esto se puede comprobar en las actas y, a propuesta de la Comisión, solo estará disponible si el Consejo quiere, porque ha aprobado la reforma de la política pesquera. 
Simplemente quería hacer esta precisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
El orden del día contempla el informe (A5-0233/2003) del Sr. Färm, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el presupuesto para el ejercicio 2003: perfil de ejecución, transferencias de créditos y presupuestos rectificativos y suplementarios [2003/2026 (BUD) ]. 
Señor Presidente, una política presupuestaria exitosa para la UE requiere no solo que se tomen decisiones sobre las cifras y las partidas presupuestarias, ya que la UE tiene serios problemas a la hora de aplicar el presupuesto. 
Por lo tanto, una parte importante de la política presupuestaria del Parlamento debe tratar sobre el seguimiento y la evaluación, además de mantener el control de la ejecución del presupuesto. 
Por lo tanto, es esencial que demos la importancia debida al informe anual, que estamos debatiendo hoy, sobre la ejecución del presupuesto. 
Existen varias cuestiones que nos preocupan especialmente este año, por ejemplo los compromisos pendientes. 
Transcurridos cuatro meses de 2003, el total de compromisos pendientes- los llamados RAL- había aumentado a 126 millardos de euros, frente a los 110 millardos registrados en el mismo período del año pasado. 
Aunque no disponemos de todos los datos relativos a las causas de esto y sobre lo que son en realidad los compromisos pendientes anómalos, la tendencia es claramente preocupante. 
También nos preocupa el excedente habido en 2002 de 7 400 millones de euros, aunque se trate de una ventaja, dado que el año pasado era más del doble, situándose en 15 millardos de euros. 
Sin embargo, todavía contamos con una infrautilización de unos nueve millardos de euros, una cifra que es inaceptable. 
En el caso de la aplicación en 2003, el comienzo del año incluso muestra un nivel menor que durante el mismo período de 2002; en concreto, los compromisos de las categorías 3 y 4 contraídos en abril han sido menores que los del mismo período del año anterior. 
Existen numerosos problemas distintos. 
La reciente visita de nuestra delegación a Bosnia, como multitud de otros contactos, también hace que nos preocupemos con respecto a que la falta de información sobre las nuevas disposiciones presupuestarias pueda haber causado problemas, por ejemplo, a las delegaciones exteriores. 
Esto puede tener efectos negativos sobre los beneficios, en términos de eficacia, del proceso de reforma y la descentralización. 
También observamos varios problemas dentro de la Política Exterior y de Seguridad Común en relación, por ejemplo, con la misión policial de la UE en Bosnia, en la que intervinieron ofertas, contratos, etc. Sobre este tema, creemos que la Comisión debería investigar si no serían necesarias normas independientes para adaptar nuestras medidas dentro de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Dentro de las diferentes categorías de gastos, seguimos siendo críticos con respecto al modo en que se tratan las ayudas a la exportación para el transporte de animales vivos. 
Lamentamos que el Consejo no aceptase nuestra propuesta sobre el plan contable, que habría hecho que el sistema fuese notablemente más abierto a la inspección. 
Por lo tanto, debemos hacer un nuevo intento este año. 
Ya que no quiero ser solamente crítico, también podemos observar que, por ejemplo, la política rural en la práctica supera nuestras expectativas en lo que se refiere a la aplicación. 
Sin embargo, lo que más nos preocupan son las medidas estructurales. 
La proporción de pagos aplicados en este ámbito ha descendido durante los primeros meses del año, pese a las duras críticas de años anteriores. 
También nos inquieta el aumento de compromisos pendientes, que ascendían a casi 94 millardos de euros a 30 de abril de 2003, una suma increíble. 
En cuanto a esto, algo debe cambiar. 
Varios colegas diputados han mencionado la norma N+2, que debemos hacer que se aplique efectivamente. 
Con respecto a los fondos estructurales, nos complace el proceso de simplificación iniciado por la Comisión. 
Sin embargo, creemos que debe ser más vigorosa dentro los regímenes vigentes pero, sobre todo, deben ponerse en marcha rápidamente los preparativos para una revisión más estricta con anterioridad a los nuevos regímenes. 
En la categoría 3, nos preocupa un poco la investigación y el desarrollo. 
Por otra parte, nos complace que haya una tendencia positiva, previa a la ampliación, en lo que respecta a los programas para pequeñas y medianas empresas, además del proyecto piloto sobre las pequeñas y medianas empresas. 
También celebramos el hecho de que los proyectos piloto y las medidas preparatorias formen parte ahora del plan de aplicación para 2003, sobre el que estuvimos de acuerdo el pasado otoño. 
En lo que respecta a las medidas externas, hubo claramente una menor aplicación en abril de este año que en el mismo período de 2002, y esto nos preocupa. 
Por otra parte, nos complace el inmediato acuerdo para activar los 79 millones de euros de la reserva de ayudas para catástrofes destinada al Iraq, así como las nuevas propuestas relativas al sur de África y Etiopía. 
Solamente esperamos que la situación en el Iraq y en Oriente Próximo no dé lugar a tal grado de incertidumbre en relación con el presupuesto de 2003 que pueda implicar problemas para otros ámbitos de la política exterior. 
Esto no pensamos aceptarlo. 
Por último, uno de los problemas básicos que tenemos con la aplicación del presupuesto es que, en general, contamos con un sistema presupuestario rígido que realmente debe ser modernizado y modificado. 
Sin embargo, esta es básicamente una labor para la Convención, que pronto habrá concluido su trabajo, y para la futura constitución. 
En este sentido, espero que podamos ver una reforma radical en el futuro. 
Señor Presidente, Señorías, me alegro de que iniciemos un debate sobre la ejecución del presupuesto tan temprano en el año. 
Cada semana, el Parlamento recibe las cifras sobre la ejecución del presupuesto. 
Se trata de cifras directamente procedentes de la contabilidad. 
Ningún parlamento de los Estados miembros recibe tal información. 
Lo recalco porque la contabilidad de la Comisión ha sido y es objeto de debates públicos, en los cuales se hacen manifestaciones que no siempre se ajustan a los hechos. 
Por ello, me alegro de celebrar aquí un debate como es debido y doy las gracias al ponente por su pormenorizado informe. 
Aparte de estas cifras semanales, tres veces al año reciben ustedes un informe que comenta la ejecución del presupuesto y que aborda en particular los denominados saldos pendientes de liquidación (RAL) anómalos, es decir, las obligaciones asumidas por la Comisión hace mucho tiempo y los compromisos para los que no se han realizado pagos durante los últimos tres años. 
La cuantía de los compromisos adquiridos que generarán los gatos correspondiente en los próximos años se eleva actualmente- a finales de junio- a un total de 122 000 millones de euros. 
Estoy de acuerdo con el ponente, el Sr. Färm, en que este importe debería reducirse rápidamente. 
Pero también estoy de acuerdo en que debemos tener en cuenta que no todo el importe de los RAL se considera anormal, porque esto no ocurre este año. 
La Comisión cuenta con un presupuesto de créditos de compromiso en que se consigna su cuantía, cosa que no sucede, por ejemplo, en muchos Estados miembros. 
Deseo comentar varios puntos o cuestiones de su informe, señor Färm. 
En primer lugar, la cuestión de las direcciones generales o sectores políticos a que se han asignado las 717 plazas que la autoridad presupuestaria aprobó en los años 2001 y 2002. 
Recibirá usted una relación detallada al respecto. 
En los últimos años hemos reforzado, entre otros, el ámbito de la política exterior, pero también los ámbitos ejecutivos, como por ejemplo la política regional o el creciente ámbito de la justicia y asuntos interiores. 
Otro punto: ¿Qué sucederá con la plantilla de la Dirección General de Ampliación en 2004, es decir, tras la adhesión de los diez nuevos Estados miembros? 
En el presupuesto de 2004 se parte de la base de una reducción considerable de las plazas de esta Dirección General, para ser exactos una reducción de 105 plazas. 
A este respecto hay que tener en cuenta que la actividad de la Dirección General de Ampliación no se limitará el año que viene a los países candidatos- Bulgaria, Rumania y Turquía -, sino que seguirá tramitando las ayudas a la adhesión; además, en las negociaciones de adhesión se acordó un programa específico para el año 2004 y los años siguientes, destinado a seguir prestando asistencia administrativa para la creación de una administración eficiente. 
La evolución posterior de la Dirección General de Ampliación se examinará durante el procedimiento presupuestario para 2005. 
En referencia al estado de ejecución del presupuesto en este año, tenga en cuenta asimismo que el grado de aplicación es inferior al alcanzado en las mismas fechas del año anterior. 
Ello se debe a los preparativos para el nuevo Reglamento financiero. 
Este nuevo Reglamento financiero conlleva cambios trascendentales en la gestión financiera. 
Se trata de una reforma fundamental. 
Más de mil agentes recibieron formación por parte de la Dirección General de Presupuestos. 
Sin embargo, muchas cosas son nuevas y, por lo tanto, exigen familiarizarse. 
Por ejemplo, hay que reclamar medidas de seguridad reforzadas a los beneficiarios de subvenciones. También esto requiere cierto grado de familiarización. 
Respecto de la ejecución del presupuesto en los ámbitos exteriores me gustaría hacer unas cuantas observaciones concretas. 
En general puede decirse que el índice de utilización en los primeros meses del año no permite sacar conclusiones sobre la evolución posterior a lo largo del resto del año. 
Hasta ahora se han contraído compromisos por 1 800 millones de euros, lo que no está nada mal. 
En relación con las ayudas de preadhesión, quiero señalar igualmente que la ejecución sigue siendo insatisfactoria. 
No obstante, si comparamos las cifras de la ejecución del presupuesto de este año con las del año pasado, veremos que ha habido cierta aceleración. 
En el ámbito de la ayuda humanitaria se produjo una situación especial, que usted mismo ha mencionado. 
Durante el procedimiento presupuestario para 2003 se redujeron los recursos destinados a ella, indicando, entre otras cosas, que existía la reserva de emergencia. 
La autoridad presupuestaria aprobó 79 millones de euros para hacer frente a las tareas humanitarias en el Iraq. 
Hemos solicitado 25 millones para el África austral y mañana hablaremos de otros 15 millones pare Etiopía. 
Espero que también en esa cuestión lleguemos a un acuerdo, ya que en este caso la rapidez de la ayuda es esencial. 
Creo que todos los implicados estarán de acuerdo. 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, tarde o temprano, ahora podemos discutir sobre la ejecución del presupuesto de 2003. 
En primer lugar quiero dar las gracias al ponente, el Sr. Färm, por las cifras que ha tenido la amabilidad de facilitarnos. 
Lo que ha leído no resulta tan agradable, por supuesto, y solo quisiera resumir en términos muy generales que, como miembro de una parte de la autoridad presupuestaria tengo que preguntarme qué fuerza y capacidad de decisión debemos mostrar para elaborar conjuntamente con el Consejo un presupuesto- que al fin y al cabo es política expresada en cifras -, cuando quienes han de ejecutarlo no están ni con mucho en condiciones de ejecutar dicha política como pretendía la autoridad presupuestaria. 
Esta es una de las principales críticas que he expresado aquí con mucha frecuencia, y en vez de mejorar, la situación ha empeorado. 
Naturalmente, esta no puede ser la estrategia a largo plazo de la Comisión. 
Siempre presentamos presupuestos con reducción de gastos y luego queremos ganarnos el favor de los Estados miembros no gastando los recursos sobre los que previamente se había debatido con vehemencia. 
Entretanto he recibido un gran número de quejas en que distintos grupos que supuestamente reciben ayuda con cargo al presupuesto comunitario, como está previsto en la normativa correspondiente, se enfrentan a inmensos problemas administrativos en las negociaciones con la Comisión, particularmente este año, a causa del nuevo Reglamento financiero. 
Hay que cumplir todas las reglas, pero yo pediría que nosotros también ayudemos a asegurar que al final los recursos fluyan efectivamente. 
La burocracia- o el debido control del empleo de los recursos- no está ahí para imposibilitar básicamente los pagos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
El orden del día contempla la propuesta de Resolución (B5-0320/2003) , en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la trata de niños y los niños soldados. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo ya se pronunció en dos ocasiones sobre la cuestión de los niños soldados, en 1999 y 2000. 
Entonces, ¿por qué emplear hoy el procedimiento de urgencia para una nueva resolución que, por supuesto, va más lejos, pues abarca no solo a los niños soldados, sino a todas las demás formas de trata de niños? 
Pues bien, porque el problema sigue creciendo y la Unión Europea no ha dado pruebas de suficiente determinación. 
En más de treinta países, 300.000 niños y niñas son reclutados en unidades de combate. 
Cada año, 1,2 millones de niños son victimas de un tráfico que actualmente es una «industria» en plena expansión, que mueve casi 3 millardos de euros anuales. 
Tras el tráfico de estupefacientes y de armas ligeras, es la tercera actividad delictiva más lucrativa en el mundo. 
La lucha contra esta plaga, incomprensible en pleno siglo XXI, debería ser uno de los principales ejes de la política de desarrollo de la Unión. 
Pero, desgraciadamente, no es así. 
Sin embargo, la movilización se intensifica a nivel internacional, como lo muestra la entrada en vigor, en 2002, del Protocolo Optativo sobre Venta de Niños, Prostitución Infantil y Pornografía Infantil de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño. 
Pedimos insistentemente al Consejo que inste a los Estados miembros a que ratifiquen dicho Protocolo, pues muy pocos lo han hecho. 
Asimismo pedimos que los derechos del niño sean una prioridad política de la Unión que se traduzca en medidas presupuestarias mediante una dotación presupuestaria adecuada en una línea específica, a fin de reforzar la eficacia y mejorar el perfil, así como mediante una estrategia común. 
Desde luego, el Consejo de 10 de diciembre de 2002 adoptó este principio, pero el texto debe adoptarse y aplicarse sin demora. 
A tal fin, nuestra resolución propone algunas vías, como la designación de un Alto Representante para los Derechos del Niño, una política común sobre acciones de prevención, el apoyo a las víctimas y su protección, una mayor colaboración con los países de origen y mandatos internacionales contra los organizadores y autores de estos tráficos abominables. 
Señor Presidente, querría felicitar a la Sra. Carlotti por su intervención. 
Me sorprende que nadie del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, que presentó tres enmiendas a este informe, haya intervenido en este debate. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión acoge con agrado el proyecto de informe sobre los Derechos del Niño elaborado para la reunión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. 
Dicho informe pone de manifiesto el enorme desafío al que debe hacer frente la comunidad internacional en relación con los Derechos del Niño. 
En primer lugar, sobre el tema de los niños soldado diré que la Unión Europea apoya al Representante Especial de las Naciones Unidas y acoge con satisfacción las iniciativas emprendidas por el Consejo de Seguridad de esta institución, en particular la Resolución nº 1 460 de 30 de enero de 2003. 
La Unión Europea insta a todos los Estados a que ratifiquen el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y a que aceleren la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el que se tipifica como crimen de guerra el secuestro y reclutamiento de niños menores de 15 años o su utilización en conflictos armados. 
En el plano político, la Unión Europea intenta llegar a una línea común en relación con el problema de los niños soldado. 
En diciembre de 2002, el Consejo autorizó la elaboración de una estrategia o de directrices sobre este tema. 
Posteriormente, el UNICEF y otros agentes organizaron una reunión de expertos sobre menores que tuvo lugar el 14 de marzo de 2003. 
Las recomendaciones presentadas en dicha reunión destacan, entre otras cosas, la importancia de una estrategia anterior y posterior a los conflictos, así como la necesidad de convertir este tema en una cuestión horizontal dentro de la toma de decisiones en la Unión Europea. 
El Grupo de trabajo sobre derechos humanos del Consejo examinará en su momento las medidas que deban adoptarse inmediatamente. 
Respecto a la financiación europea de medidas a favor de los niños implicados en conflictos armados cabe decir que, para ECHO, los niños son una prioridad de la ayuda humanitaria. 
Este compromiso se refleja en proyectos concretos, medidas de apoyo y actividades de investigación. 
Los niños son una de las tres prioridades de la estrategia de ECHO para el año en curso. 
En segundo lugar, en materia de lucha contra la trata de menores, la Unión Europea ha adoptado numerosas iniciativas de carácter legislativo, político y financiero. 
En 2002, el Consejo adoptó la Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y logró un consenso político sobre el proyecto de Decisión marco relativa a la lucha contra la explotación sexual de menores y la pornografía infantil. 
A iniciativa de la Comisión, del 18 al 20 de septiembre del año pasado se celebró la «Conferencia europea sobre la prevención y lucha en contra del tráfico de seres humanos- Un desafío global para el siglo XXI». 
Uno de los resultados concretos de esta conferencia fue la Declaración de Bruselas. 
Después, la Comisión decidió, el 25 de marzo de 2003, crear un grupo consultivo de expertos sobre el tema del tráfico de seres humanos que asistirá a la Comisión en la elaboración de propuestas concretas a escala europea. 
En particular, este Grupo de la Comisión deberá presentar un informe basado en las recomendaciones de la Declaración de Bruselas. 
En 2002 se financiaron 16 proyectos para la lucha contra el tráfico de seres humanos y la explotación sexual con una dotación superior a 1,7 millones de euros, en el marco del Programa STOP II. 
Asimismo, los Programas TACIS y CARDS prestan asistencia a proyectos dedicados a la lucha contra el tráfico de seres humanos en Europa Oriental y del sudeste y se elaboró igualmente un plan de acción contra dicho tráfico en el marco del Diálogo UE-África. 
En tercer lugar, en relación con el tema «Niños y Desarrollo» señalaré que la Comisión considera suyos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular el de lograr la enseñanza básica a escala mundial y reducir la mortalidad infantil y de lactantes. 
Si bien los niños no son un grupo concreto de destinatarios de nuestra política de desarrollo, sí se benefician de las amplias ayudas en los ámbitos de la educación, la sanidad, el sida y la política demográfica. 
Por último, el Acuerdo de Cotonú recoge disposiciones concretas para la protección de los jóvenes, en particular en lo referente a la lucha contra el trabajo infantil. 
Para promover estos objetivos, la Comisión ha reforzado en general su cooperación con la Organización Internacional del Trabajo. 
Finalmente, me gustaría señalar que el informe contiene numerosas propuestas interesantes para incrementar el compromiso de la Unión Europea a favor de los Derechos del Niño. 
Si bien la Comunidad carece en este momento de competencias específicas en este ámbito, esperamos con gran interés los resultados de las deliberaciones acerca del proyecto de Tratado constitucional, es decir, de la Convención para Europa, que prevé por vez primera la protección de los Derechos del Niño como un objetivo específico de la Unión Europea. 
Muchas gracias por su atención. 
Muchas gracias, señora Comisaria, por esta respuesta tan pormenorizada. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
(La sesión concluye a las 0.38 horas) 
Programa de actividades de la Presidencia italiana 
, Presidente en ejercicio del Consejo. (IT) Señor Presidente, Italia, uno de los países fundadores, tiene dilatada experiencia de lealtad al espíritu y la letra de los Tratados, que, en el espacio de pocas décadas, nos han permitido desarrollar pacíficamente uno de los experimentos políticos e institucionales más notables de la historia de la humanidad. 
Por ello, Italia conoce muy bien la responsabilidad moral e intelectual y el honor que supone presidir la Unión en este período constitutivo, cuando tenemos que aferrarnos a las lecciones del pasado para crear el futuro, ocuparnos de nuevos desarrollos y aprovechar oportunidades que antes eran inimaginables, así como superar las diferencias encontrando nuevas soluciones, que a su vez enriquecerán nuestro proyecto compartido. 
Con la plena integración de los nuevos Estados miembros y la consiguiente redefinición de nuestra identidad, es hora de reconocer el valor del arte de la negociación. 
Europa, tal y como la conocemos, creada por sus clases gobernantes, es fruto de una enorme decisión y de una brillante intuición, que han dotado de espíritu y lenguaje a los valores y sentimientos compartidos; estos han reunido y revitalizado las ramas separadas de la historia, las tradiciones y la cultura nacionales. 
La Europa de hoy es grande: debe su grandeza a sus logros, a su potencial, a su contribución orgullosa a la paz y al derecho internacional, pero debe su particular grandeza a la pericia técnica específica que ha utilizado para abordar, superando todas las crisis, el choque de intereses y las distintas visiones mediante la aplicación de un método común, reglas comunes y un enfoque común a fin de ajustar tanto el método como las reglas a las realidades de un mundo en continuo cambio. 
Todos sabemos que a veces negociar supone pagar un precio y que este puede ser alto. 
Si no está motivada por el entusiasmo de unos objetivos compartidos, la negociación puede parecerse mucho a una parálisis burocrática, a un largo y extenuante proceso de esquivar escollos y a la indecisión. 
El Parlamento italiano, que nunca ha temido a la verdad, ha sido muy consciente de los brotes de fatiga y de la tendencia a no tratar a Europa como se merece que a veces ha caracterizado nuestro esfuerzo común europeo, y ha condenado estas tendencias con sincero celo proeuropeo. 
Por lo tanto, con la seguridad derivada de la dilatada experiencia y la humildad necesaria para abordar cuestiones políticas cruciales, Italia hará todo lo que esté en sus manos y todo lo que estime necesario para dotar al Parlamento, a la Comisión y a los Gobiernos del Consejo Europeo del entorno más propicio para adoptar decisiones políticas bien fundadas, serenas y responsables sobre nuestro futuro. 
De hecho, la finalidad de la negociación es permitir que se adopten decisiones sobre el fondo, y el éxito en salvar nuestras diferencias se medirá dilucidando si nos permite dar un gran salto adelante y dotar a nuestras economías, que se integran gradualmente, a nuestras culturas, a nuestra política exterior y a nuestra política de defensa de una nueva forma institucional. 
Si el mundo pide a Europea que actúe con autoridad en la resolución de los principales desafíos de hoy- la lucha contra el terrorismo, la reducción de las desigualdades y los desequilibrios, la recuperación económica del mundo -, es nuestro deber responder con una Unión capaz de actuar decisivamente y, por consiguiente, ejercer influencia, una Unión capaz de adoptar decisiones firmes y claras basadas en el interés común y las convicciones comunes que están por encima de toda forma de particularismo. 
Esta Unión, que hemos decidido construir juntos, cuya forma también ha sido objeto de debate durante el espléndido trabajo de la Convención presidida por el Sr. Valéry Giscard d ' Estaing y que se ha beneficiado de la vigorosa contribución de la Presidencia griega y de los representantes de la Comisión, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, solo puede basarse en el marco de los valores y la experiencia histórica que, durante más de medio siglo, nos han unido a ese otro gran exponente de la democracia liberal moderna, los Estados Unidos, cofundador con nosotros de la Alianza Atlántica. 
Si se quiere que esta red de diferentes cooperaciones, en un nivel distinto de integración política, esté otra vez a la altura de sus ambiciones y sus logros civilizadores, en aras de la paz y la seguridad mundial, es preciso que las relaciones entre países dejen de ser monólogos y, en su lugar, hemos de intentar restablecer un diálogo abierto, auténtico y honesto. 
Europa puede curarse de su síndrome de Hamlet y decidir convertirse en un protagonista entusiasta y activo del escenario mundial; puede adquirir los medios diplomáticos, económicos y militares para desempeñar ese papel con convicción, sin poner en peligro su autonomía, sus raíces o las grandes estructuras liberadoras defendidas a lo largo de los años en el marco de sus alianzas occidentales. 
Como hemos visto en la reciente Cumbre de Salónica, existe un profundo entendimiento compartido de esta cuestión, que se refleja en el valioso documento coordinado por el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, que pretende, con una nueva visión estratégica, superar las diferencias que han surgido en los últimos meses en relación con la trágica crisis del Iraq y los desarrollos de la cuestión crucial de Oriente Próximo. 
Italia sabe que no está sola en la aventura de apostar otra vez por una negociación efectiva para seguir avanzando. 
En el Parlamento Europeo, bajo la presidencia de Pat Cox, y en los Grupos políticos, con los que hemos mantenido una agradable y provechosa reunión en Roma, vemos a un socio atento y paciente que no dejaría de obligarnos a responder de nuestros errores. 
En la Comisión y su Presidente, Romano Prodi, vemos el eslabón fundamental que garantiza la continuidad de la administración y la coordinación diaria de nuestro sistema institucional. 
El Consejo Europeo, tanto en el fortalecimiento del plan de crecimiento, basado en una inversión a gran escala en infraestructura civil, como en la gran oportunidad constitucional presentada por la próxima Conferencia Intergubernamental, será el foro donde esta Presidencia semestral de la Unión, que recae en Italia, pretenderá definir un acuerdo valiente pero no temerario en torno a las principales cuestiones de equilibrio institucional, la extensión del voto por mayoría cualificada, los límites de la política exterior y de seguridad común y el espacio europeo de justicia. 
No podemos pasar por alto el hecho de que las opiniones de los Estados miembros sobre algunas de estas cuestiones siguen siendo divergentes. 
La Presidencia italiana hará todo lo posible por hacer converger estas posiciones, aunque es plenamente consciente de que no es posible reabrir todo el debate sobre el proyecto del Tratado Constitucional. 
Por lo tanto, la Conferencia Intergubernamental tendrá que centrar sus esfuerzos en los verdaderos contenciosos que siguen pendientes. 
Este plan de acción también ha fijado el objetivo de la Presidencia de adherirse al calendario propuesto por el Consejo Europeo de Salónica. 
Así, en octubre inauguraremos la Conferencia Intergubernamental y seguiremos un programa estricto con vistas a alcanzar un acuerdo en diciembre. 
(Aplausos de la derecha) 
El Parlamento Europeo participará en el trabajo de la Conferencia de la forma más apropiada. 
Invito al Consejo Europeo a que incluya al Presidente del Parlamento Europeo en el trabajo de los Primeros Ministros y Jefes de Gobierno de forma permanente. 
(Aplausos de la derecha) 
Invito al Consejo de Asuntos Generales a que incluya a los representantes del Parlamento Europeo en su trabajo sobre una base permanente. 
El procedimiento se llevará a cabo en las altas esferas políticas a fin de evitar que el ímpetu de la Convención quede enredado en negociaciones diplomáticas detalladas, como ha ocurrido en anteriores Conferencias Intergubernamentales. 
Habida cuenta de todo esto, me comprometo a volver a dirigirme a sus Señorías tras el inicio de la Conferencia Intergubernamental y el día después del Consejo Europeo de diciembre, para que podamos examinar juntos lo que se ha conseguido. 
El objetivo es hacer posible que se pueda firmar el futuro Tratado Constitucional en algún momento entre el 1 de mayo de 2004 (la fecha en que los nuevos diez Estados miembros ingresarán oficialmente en la Unión) y las elecciones de junio de 2004 de la próxima legislatura parlamentaria. 
Prorrogar las negociaciones más allá de estas fechas significaría disipar el precioso capital de sabiduría constitucional desarrollada por la Convención; también supondría pedir a los electores europeos que elijan a su Parlamento sin conocer la estructura institucional de la futura Unión. 
Además, no puedo sino alegrarme de que, por motivos de continuidad histórica y simbólica de los Tratados originales de 1957, se haya acordado que la firma definitiva del Tratado Constitucional tendrá lugar en Roma. 
Nos sentimos honrados por ello y haremos todo lo posible por garantizar que los representantes de los Estados miembros reciban una bienvenida digna de la ocasión y, por supuesto, de nuestra tradicional hospitalidad. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, la reforma constitucional es sin duda una prioridad para el futuro de la integración europea, pero la Unión también debe ser capaz de satisfacer las legítimas expectativas diarias de sus ciudadanos. 
Es preciso que Europa esté cada vez más a la altura de su función de crear crecimiento económico y prosperidad. 
En esta cuestión pisamos tierra firme: el euro es un elemento de estabilidad para las economías de los Estados miembros que han optado por apoyar la Unión Monetaria, y la Estrategia de Lisboa ha trazado un proceso de convergencia para reforzar la competitividad europea. 
No obstante, no podemos pasar por alto las deficiencias persistentes de nuestras estructuras económicas, que se reflejan en unos índices de crecimiento inferiores a lo previsto. 
Sobre la base del programa operativo anual presentado junto con la Presidencia griega a principios de 2003, la Presidencia italiana ha especificado una serie de iniciativas concretas. 
La modernización de la agricultura, la protección ambiental, la protección del consumidor y la seguridad alimentaria son exigencias fundamentales de nuestros ciudadanos; en estas áreas, Italia centrará sus esfuerzos en los objetivos fijados por Presidencias anteriores. 
Por lo tanto, aquí y ahora me limitaré a tres cuestiones que nos parecen esenciales para la competitividad de Europa. 
La primera cuestión es la necesidad de prestar un apoyo más efectivo a la economía aumentando la inversión pública y privada con la cooperación de las instituciones financieras europeas, especialmente el BEI. 
Consideramos que esta estrategia debería basarse especialmente en impulsar la política de grandes redes de infraestructura transeuropeas. 
Si el mercado interior ha de funcionar con eficacia en la Unión ampliada, precisará una mayor movilidad de los productos y servicios y una red de transporte más eficaz. 
Lo que se necesita es conciliar los requisitos legítimos de estabilidad monetaria y rigor financiero, que no deben ponerse en duda en modo alguno, con la necesidad de estimular más el crecimiento económico mediante la inversión en investigación e innovación tecnológica, así como en infraestructuras, porque creemos firmemente que el recurso más importante de la economía europea es su capital humano. 
(Aplausos de la derecha) 
La segunda prioridad es el debate sobre la sostenibilidad de los sistemas europeos de pensiones y previsión social. 
La solidaridad intergeneracional y la adaptación de los programas existentes a la realidad de una sociedad que envejece progresivamente son desafíos que ya no podemos seguir rehuyendo. 
Teniendo en cuenta que las situaciones difieren de un Estado miembro a otro, debemos examinar políticas encaminadas a aumentar el nivel de empleo de los trabajadores mayores y frenar la tendencia a la jubilación anticipada. 
Nuestra tercera y última cuestión es la necesidad de modernizar los mercados de trabajo y promover el espíritu emprendedor, en particular en lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas. 
También en este ámbito las oportunidades ofrecidas por el gran mercado interior que ahora se ampliará a los diez nuevos miembros dejarán de lado a los Estados miembros de la Unión Europea a menos que estos adopten un enfoque coordinado. 
Estas estrategias pueden aplicarse mediante el diálogo entre los interlocutores sociales. 
De hecho, el modelo europeo se basa en una economía de mercado que busca un equilibrio entre la libre empresa y las reivindicaciones de cohesión y solidaridad. 
En este sentido, no puede haber negligencia con la parte, silenciosa, pero más vulnerable, de la población europea, a la que la inercia legislativa impide demasiado a menudo desempeñar un papel protagonista, pero cuya contribución civil y moral es incalculable. 
Me refiero a los 38 millones de ciudadanos europeos con discapacidades. 
La Unión Europea ha proclamado el 2003 el «Año Europeo de las Personas con Discapacidad». 
Además de los actos y campañas de sensibilización e información ya organizados, la Presidencia italiana intentará sentar las bases para la acción legislativa a fin de combatir la discriminación, para crear un instrumento que proteja a las personas con discapacidades en todos los aspectos de su vida cotidiana y les dé un futuro de esperanza. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, la Unión Europea también contribuye a la estabilidad internacional, y su responsabilidad en este sentido empieza en sus fronteras y depende de su capacidad de estar abierta a las formas cada vez más avanzadas de cooperación con los países vecinos. 
En este caso también la Presidencia italiana pretende continuar la labor de Presidencias anteriores. 
Durante el período actual entre la firma y la entrada en vigor de los Tratados de Adhesión, trataremos de asegurar que los diez nuevos Estados miembros participen plenamente en el trabajo del Consejo, facilitándoles la plena integración en los mecanismos institucionales de la Unión. 
Al mismo tiempo, intentaremos establecer para diciembre una hoja de ruta para Bulgaria y Rumania, que prepare el camino de la adhesión de ambos países para 2007. 
Proseguiremos con la estrategia de preadhesión con respecto a Turquía sobre la base de las condiciones establecidas en el Consejo Europeo de Copenhague de diciembre pasado. 
Sabemos que la decisión sobre la fecha de apertura de las negociaciones no se tomará hasta finales del año que viene, pero, teniendo esto en cuenta, nos parece del todo aconsejable que la Unión apoye activamente el proceso de reforma ya emprendido por el Gobierno actual de Turquía. 
Seguiremos haciendo hincapié en las perspectivas europeas de los países de los Balcanes Occidentales, de conformidad con el Proceso del Zagreb. 
La agenda que acordamos en Salónica supone un nuevo paso adelante. 
Retrospectivamente, al analizar el papel de la Unión Europea en los Balcanes, podemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos. 
Si comparamos la situación actual con la de hace diez años, podemos comprobar que la intervención de Europa y los Estados Unidos permitieron poner fin a los sangrientos conflictos de la antigua Yugoslavia, la última gran guerra civil europea, y esperamos que también sea la última vez que se derrama sangre europea en suelo europeo. 
Creemos que ya es hora de avanzar de la fase actual de acuerdos de asociación y estabilización a una estrategia más integrada, con vistas a consolidar nuestra relación con los países de la región. 
Somos conscientes de la complejidad de este enfoque, pero también sabemos que Europa ofrece las únicas perspectivas que pueden estimular efectivamente a los Gobiernos de estos países a emprender sin demora la senda de la reforma, la modernización, el libre mercado y el Estado de derecho. 
La Presidencia italiana considera muy positiva la invitación de la Comisión, respaldada por los Estados miembros, a promover relaciones cada vez más estrechas con las zonas más cercanas a fin de contribuir a lo que hemos llamado la «Gran Europa». 
Por lo tanto, trataremos de fortalecer nuestras relaciones con Ucrania, Belarús y la República de Moldova. 
Además, intentaremos consolidar las relaciones con la Federación Rusa, especialmente mediante un diálogo cada vez más estrecho y medidas específicas que constituyan una confirmación tangible del deseo de Rusia de pertenecer al tejido político, económico, social y cultural de Europa y Occidente. 
Nos parece que la atención prestada a Europa Oriental tras el colapso del comunismo debería reproducirse ahora con un interés equivalente en el diálogo euromediterráneo; este diálogo es básico para las relaciones entre Occidente y el mundo islámico, una cuestión que hoy nos parece tan importante como lo ha sido Europa Oriental en el pasado. 
Nuestro objetivo es establecer un área de libre comercio euromediterránea, ya propuesta en la Conferencia de Barcelona. 
El desarrollo económico y social del sur del Mediterráneo es esencial para la estabilidad mundial, en vista de la cultura, la política y la demografía del sur del Mediterráneo. 
La integración de la economía europea con la de los países árabes es un gran desafío de nuestros días y es la clave para la paz y la seguridad en esta zona y en el conjunto de Europa. 
Por lo tanto, cultivaremos el diálogo euromediterráneo, al que dedicaremos un gran número de iniciativas económicas, culturales y sociales, incluida una Fundación para el Diálogo entre Culturas y Civilizaciones, y desarrollaremos el proyecto de transformar el mecanismo financiero que actualmente funciona en el seno del BEI en un órgano autónomo, en otras palabras, en un verdadero Banco Mediterráneo. 
Sobre la base de las decisiones adoptadas por las Conferencias Ministeriales Euromediterráneas de Valencia y Creta y las aprobadas por el Consejo Europeo de Salónica, la Presidencia italiana apoya el deseo expresado por el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales de que durante esta Presidencia se cree una Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, como símbolo de un compromiso constante con el diálogo entre Europa y los países del litoral mediterráneo. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, sentar las condiciones para la seguridad internacional constituye ahora una tarea clave para los países que comparten una serie de valores universales basados en la libertad, la democracia y la paz. 
Este es el principal terreno en que las relaciones transatlánticas fundamentales y la cooperación entre Europa y los Estados Unidos deben fortalecerse de nuevo. 
Queremos confirmar nuestro convencimiento de que no hay incompatibilidades entre un firme compromiso europeo y una solidaridad transatlántica igualmente firme. 
Siendo conscientes de esto, nos esforzaremos por restaurar la profundidad y el dinamismo de la relación entre la Unión y los Estados Unidos, que también son vitales si se quiere que Europa tenga más autoridad en el escenario mundial. 
El establecimiento de una relación transatlántica sólida y equilibrada también depende de un compomiso sustancial europeo en el ámbito de la defensa, acorde con el marco de la OTAN. 
La lucha contra el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y el apoyo a la promoción de la democracia y del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, son aspectos específicas donde poner a prueba nuestra capacidad para construir una sólida relación de cooperación entre ambos lados del Atlántico. 
En esta cuestión concreta pensamos en la necesidad de establecer un tejido civil democrático en la reconstrucción del Iraq y el apoyo al proceso de paz en Oriente Próximo. 
Con respecto a Oriente Próximo, somos bastante conscientes de que la situación es muy complicada. 
Nuestra Presidencia, junto con los Estados Unidos, la Federación Rusa y las Naciones Unidas, apoyará la hoja de ruta para establecer plazos y procedimientos para el lanzamiento de una conferencia de paz internacional. 
Mi país se ha ofrecido a celebrar la conferencia en Sicilia. 
Al menos hay dos líneas de acción que intentamos promover: en primer lugar, restaurar una relación de mayor confianza con Israel con vistas a una cooperación mutua más amplia y estructurada y, en segundo lugar, aplicar el plan- ya lanzado por Italia en los Consejos Europeos y las Cumbres del G8- de reconstrucción de la economía palestina, que podría servir de incentivo tangible y eficaz en las negociaciones entre las partes. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, en aras de la brevedad, no puedo enumerar todas las responsabilidades de la Unión en el escenario mundial, pero me siento obligado a mencionar los vínculos económicos, culturales, civiles y, me atrevería a decir, espirituales que unen a Europa con América Latina, una región que experimenta en estos momentos un período de cambio que Europa espera genere libertad y justicia. 
Los países de América Latina nos han pedido que abramos nuestras fronteras comerciales. 
El éxito de América Latina es el de la otra América, vinculada a Europa de forma diferente aunque no menos significativa que Norteamérica. 
También quiero decir que trabajaremos por consolidar nuestros vínculos existentes con África, con la que estamos unidos a lo largo de su desgraciada historia, con Asia, haciendo que las organizaciones regionales y el sistema de las Naciones Unidas avancen juntos en relación con los grandes desafíos de la lucha contra la pobreza y la enfermedad, la protección del medio ambiente y la prevención de conflictos. 
También nos centraremos en el desarrollo equilibrado del comercio internacional como fuente de mayor bienestar y de reducción de las desigualdades, que será el tema de la Conferencia Ministerial para la Organización del Comercio Mundial que se celebrará en Cancún el próximo septiembre. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, los ciudadanos de Europa desean instituciones democráticas, transparentes, una economía próspera y una sociedad libre, pero también un espacio de libertad y seguridad. 
En Tampere, Sevilla y, más recientemente, en Salónica, el Consejo Europeo reconoció la necesidad de aumentar la capacidad europea para combatir el crimen organizado transfronterizo, la inmigración ilegal y el tráfico asociado, mediante controles más eficaces en las fronteras exteriores de la Unión. 
Nos esforzaremos por trabajar en estas cuestiones, centrándonos en la movilización de recursos financieros suficientes, la aplicación gradual de una política común de readmisión y la gestión integrada de las fronteras exteriores. 
Sin embargo, sobre todo haremos hincapié en la necesidad de incluir cuestiones de inmigración ilegal en las relaciones entre la Unión y los países de origen y tránsito de flujos migratorios. 
Hemos de establecer formas eficaces de cooperación con algunos de nuestros vecinos, especialmente en el Mediterráneo y los Balcanes, en el ámbito de control y gestión de los flujos migratorios. 
Nuestra solicitud legítima de una cooperación más eficaz por parte de estos países en los esfuerzos por impedir la inmigración ilegal se combinará con nuestra voluntad de integrar a los ciudadanos de terceros países legalmente residentes en el territorio de la Unión. 
Además de seguir con la labor legislativa en materia de asilo y visados, nos parece prioritario mejorar el funcionamiento de todos los mecanismos operativos de la Unión para luchar contra el crimen, empezando por el fortalecimiento de Europol. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, de mis comentarios se desprende cuán delicados y complejos son los desafíos que afronta la Unión Europea, desafíos a los que nuestra Presidencia dedicará todos sus esfuerzos para contribuir a encontrar una solución en el plazo disponible, con espíritu de humildad y servicio y con el pleno y firme conocimiento de que la seguridad y la prosperidad de nuestro futuro dependerán cada vez más del proceso de integración europea que nos ha garantizado paz, libertad, seguridad y bienestar desde hace medio siglo. 
La Europa de hoy ya no es la cometa etérea capaz de jugar con los vientos de la historia que fue en la época del Tratado de Roma. 
Nuestra Unión se ha hecho más robusta y está cargada de responsabilidades y deberes para con sus socios y el resto del mundo. 
Tengo la esperanza de que, durante la Presidencia italiana y con la mirada puesta en la Presidencia irlandesa, conseguiremos, con la cooperación de todos los participantes y con la ayuda especial de los nuevos Estados miembros, devolver a nuestro gigante institucional parte de su agilidad y su energía original. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, su discurso ha sido acogido con un gran aplauso aquí en el Parlamento Europeo, señor Berlusconi. 
Espero que esto sea una muestra del éxito que todos esperamos y deseamos para la Presidencia italiana. 
Quisiera rogar a todos, cualquiera que sea el lado que ocupan en esta Cámara, que ciertos debates que se producen en todos los Estados miembros de la Unión Europea no se trasladen al ámbito europeo y de este modo nos impidan alcanzar nuestros objetivos en este ámbito. 
Hemos de alcanzar ahora los grandes y ambiciosos objetivos que tenemos por delante. 
(Aplausos de la derecha) 
Quiero decirlo con toda claridad: nuestro Grupo hará un seguimiento de la Presidencia italiana de forma objetiva, equitativa y con un espíritu de crítica constructiva, como hace con todas las Presidencias. 
A veces las personas carecen de sentido del simbolismo. 
Sin embargo, soy muy consciente de la competencia de tantas personas que representan a Italia, no solo aquí en el Parlamento, sino también en el Consejo Europeo y la Comisión: usted mismo, señor Presidente en ejercicio; el Sr. Fini, quien le representó en la Convención y desempeñó un papel importante en ella; el Sr. Frattini, Ministro de Asuntos Exteriores de Italia; el Sr. Buttiglione, Ministro italiano para Europa; Romano Prodi, Presidente de la Comisión Europea, y finalmente, sin que ello le reste importancia, el Comisario italiano Mario Monti. 
Me complace mucho que sus comentarios y los del Presidente de la Comisión hayan estado en consonancia. 
Justamente estos días no podemos más que recordar aquel 25 de marzo de 1957 en que se firmaron los Tratados de Roma en el Capitolio romano. 
Ahora tiene ante usted la magnífica tarea- algunos podrían considerarlo una carga, pero en realidad es una excelente oportunidad- de hacer su propia aportación mediante acciones muy concretas, de manera que al acabar el año podamos decir que tenemos la Constitución Europea de Roma, que entonces se firmará en esa ciudad, tal vez en el Capitolio, cuando los diez nuevos países miembros del centro y el sur de Europa, esto es, Estonia, Letonia y Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Malta y Chipre, pasen a formar parte de la Unión Europea, junto con sus ciudadanos. 
¡Qué gran momento histórico! 
No sé si compadecer o felicitar a su Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Frattini, que durante las próximas semanas y meses va a tener la ingente tarea- bajo su dirección, señor Presidente en ejercicio del Consejo- de llevar a cabo la labor práctica necesaria para alcanzar dicho objetivo. 
Quiero manifestar a su Presidencia y a todos nuestros amigos italianos que mi Grupo va a hacer todo lo posible para que esta tarea sea un gran éxito y consigamos una Constitución Europea. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente en ejercicio, quiero agradecerle explícitamente que hoy haya reiterado- apartándose incluso de su texto escrito, me parece- lo que ya manifestó la semana pasada en Roma ante la Conferencia de Presidentes. 
Dijo usted que se encargaría de garantizar que el Presidente de nuestro Parlamento esté presente, como es natural, cuando se reúnan los Jefes de Estado y de Gobierno, y también que asistan representantes del Parlamento cuando se reúnan los Ministros de Asuntos Exteriores para deliberar sobre la constitución. 
Se lo agradezco, pero vamos a estar atentos a que esto se cumpla en la práctica. 
Vuelvo a agradecer sinceramente, como ya hice ayer, el magnífico trabajo que han realizado nuestros representantes en el Praesidium de la Convención, Íñigo Méndez de Vigo y Klaus Hänsch. 
Hago extensivo mi agradecimiento a todos los diputados del Parlamento Europeo que han participado en la Convención, incluido el presidente de nuestro Grupo en la misma, Elmar Brok. 
Confiamos en que, con el apoyo del Parlamento Europeo, será posible alcanzar un resultado para finales de año. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ha hablado de instituciones europeas fuertes. 
Ayer celebramos los cincuenta años de existencia de nuestro Grupo, con la presencia del Presidente del Parlamento italiano, Ferdinando Casini; de Helmut Kohl, ciudadano de honor europeo, y del Primer Ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, junto con muchos otros, y volvimos a dejar claro que los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos defendemos la Comunidad de Europa porque sabemos que volver a la mera cooperación intergubernamental significaría dar un paso atrás. 
Por esto es necesario que las instituciones europeas sean fuertes y este debe ser el resultado final del debate sobre la constitución. 
Al mismo tiempo, también sabemos que, como europeos, tenemos nuestras raíces en nuestros propios países, en nuestras regiones, y que nuestra ciudadanía europea se deriva de nuestra nacionalidad y de nuestros países de origen. 
Por esto, una Unión Europea fuerte no está en conflicto con nuestros países de origen, sino que los complementa. 
Lamentablemente no dispongo de tanto tiempo de palabra como el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión. 
(Risas y exclamaciones) 
Por consiguiente, me limitaré a abordar un último punto. 
Se ha referido usted a los proyectos de infraestructura, señor Presidente en ejercicio. 
Por nuestra parte, vamos a examinar con lupa todo este asunto, pero también vamos a preguntarnos si ello pone en entredicho la estabilidad del euro, que requiere asimismo una representación exterior, y en esto coincido particularmente con usted, señor Prodi. 
No queremos que eso suceda. 
Queremos un euro fuerte y queremos defender la estabilidad de nuestra nueva moneda europea 
Para acabar, queremos desearle un gran éxito, señor Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, para usted y para su amado país, Italia. 
También y sobre todo deseamos este éxito por el bien de la Unión Europea. 
Me alegra mucho que mis amigos socialistas estén de acuerdo; si pueden continuar por esta línea podremos hablar de un éxito común. 
Si lo conseguimos, en nuestros libros de historia quedará registrado para siempre que el 16 de abril de 2003 diez países del centro y el sur de Europa firmaron los tratados de adhesión, y entonces tendremos una Constitución Europea, firmada en Roma, que entrará en vigor el 1 de mayo de 2004. 
Les deseo mucho éxito en este empeño y mi Grupo estará siempre a su lado con un espíritu de crítica constructiva. 
(Aplausos de la derecha) 
. Para alguien con un tiempo de intervención limitado, no ha estado mal. 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el Presidente en ejercicio del Consejo ha comenzado hablando del papel histórico de Italia en la construcción europea. 
Le voy a hablar con franqueza en nombre del Grupo Socialista: nosotros queremos que Italia y su Presidencia haga "bella figura", que triunfe y no que haga "brutta figura", que fracase. 
Lo que nos preocupa es que, cuando oímos hablar de Europa al Presidente Ciampi, nos sentimos más tranquilos y cuando oímos hablar de Europa al Presidente Berlusconi, nos sentimos más preocupados. 
Hoy ha estado usted en la línea de Ciampi. 
El problema es cuando nos dice que hay que abolir la Comisión o que hay que hacer entrar a Rusia o a Israel mañana por la mañana en la Unión Europea. 
Estamos de acuerdo en que la Convención ha producido un resultado histórico y me permitirá, señor Presidente, que recuerde la primera frase del preámbulo de la Constitución elaborada por la Convención, que se escribió hace 2 500 años y sigue vigente- es nuestro credo fundamental -, que es la cita de Tucídides: "Nuestra Constitución... se llama democracia porque el poder no está en manos de unos pocos sino de la mayoría". 
(Aplausos de la izquierda) 
Lo cual quiere decir que tenemos la obligación de hacer leyes para el interés general y no para resolver los casos concretos de unos pocos. 
Ésa es la piedra angular de la construcción europea. 
(Aplausos de la izquierda) 
En relación con la Convención y con la Constitución, he tomado buena nota de la voluntad de mediación que usted ha manifestado. 
Le quiero decir que nosotros, que mejoraríamos el texto de la Convención, creemos que tiene que haber solamente formulaciones de tipo técnico, es decir, mediación sobre problemas pendientes, no reescribir la Constitución y, sobre todo, no retroceder. 
Ha hecho usted una propuesta sobre la participación del Parlamento. 
Pero ahora hay algo más. 
La Convención ya ha tenido lugar. 
No se pueden cerrar las puertas. 
Y lo que le pedimos también- y espero que el Parlamento lo apruebe en su resolución- es que la Presidencia tenga la obligación de informar regularmente, aquí y en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Giorgio Napolitano, y que podamos invitar, como hacemos, a los representantes de los Parlamentos nacionales. 
Ayer hablamos de esto con el Presidente Casini y estamos de acuerdo, porque lo que no se puede hacer es volver a la diplomacia con puertas cerradas. 
Ha hablado usted también de la economía europea. 
Me ha sorprendido que no se refiriera a la estrategia de Lisboa, porque lo que ha dicho, en gran medida, es el desarrollo de la estrategia de Lisboa. 
Pero en relación con la propuesta llamada "Tremonti", que es una resurrección del plan Delors y de la propuesta van Miert, da gusto poder escuchar por parte de fuerzas políticas conservadoras y de gobiernos conservadores que hay un cierto keynesianismo que es aceptable, porque nosotros llevamos diez años pidiendo ese plan. 
Muy bien, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo aplicarán ustedes la golden rule... 
(Aplausos de la izquierda) 
... cómo se establecerán garantías... incluso usted, que es un empresario de éxito, podría empezar haciendo la primera suscripción para el puente de Messina que sería la superación de la división entre Escila y Caribdis, que ha sido fundamental en la historia europea en los últimos 3.000 años. 
En cuanto al tema de la solidaridad intergeneracional y el futuro del estado del bienestar, es cierto que hay que hablar de las pensiones, no creo que usted plantee que la seguridad social y las pensiones pasen a ser competencia europea- iría usted más allá de lo que decimos nosotros -, pero sí tiene importancia que eso se ligue con nuestra situación demográfica y con nuestro futuro, sobre todo en relación con la inmigración, y usted ha vivido hace poco el debate en su Gobierno, entre las cañoneras y una política más inteligente y humana. 
En cuanto a un tema también constitucional y que nos preocupa porque fue una resolución aprobada por toda esta Cámara, incluidos los votos del PPE, nosotros nos hemos pronunciado a finales del año pasado por la necesidad de desarrollar la Carta de los Derechos Fundamentales en lo relativo a la libertad de expresión y, concretamente, en lo que se refiere a los medios de comunicación a nivel europeo para contrarrestar la creciente disparidad de las normas nacionales anticoncentración y para garantizar el derecho de los ciudadanos. 
Ese es un Libro Verde que lanzó la Comisión hace diez años y que, hasta ahora, no ha dado frutos. 
Creemos que es importante- pensando en la Europa ampliada y desde el punto de vista de la garantía de esos derechos fundamentales- que se trabaje en ello y le señalo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que no guarda relación con un tema que, cuando usted era parlamentario, nos enfrentó: el tema de la suspensión de la inmunidad en relación con un proceso en mi país. 
Lo que estamos planteando es el desarrollo de un derecho constitucional para todos los europeos. 
Por último, señor Presidente, me voy a referir a la política exterior. 
Si usted sigue en las relaciones transatlánticas con lo que ha hecho la Presidencia griega, nos parecería positivo y creemos también que se puede jugar un papel importante con el Cuarteto en Oriente Medio. 
Le pido que actúe como la Sra. Rice, es decir, que cuando vaya a Oriente Próximo no se quede hablando solamente con los israelíes. 
Ella no ha tenido problemas para hablar con todo el mundo, ¿por qué un europeo importante los va a tener? 
Aprecio mucho lo que ha dicho en relación con América Latina que también es un tema transatlántico, y sobre todo con el Mercosur. 
Voy a concluir agradeciéndole su generosidad y hablando de italianos: cuando el Tratado de Roma "II" se firme en el Campidoglio, estoy seguro que mi compañero de Grupo y alcalde de Roma, el Sr. Veltroni, acogerá con sumo gusto al Presidente italiano en ejercicio del Consejo. 
Le aseguro, señor Berlusconi, que nosotros, sin sectarismo, juzgaremos su Presidencia por los hechos, por lo que usted pueda hacer, y no solamente por las promesas. 
(Aplausos) 
Señor Presidente en ejercicio, hasta ayer por la noche su programa se podía consultar solo en su página web, y solo en italiano, e incluso ahora solo aparece en italiano y en inglés. 
Yo tengo la suerte de utilizar un ordenador y de poder leer en ambos idiomas, pero algunos colegas no. 
Espero que esto no sea un presagio. 
Su principal tarea será convocar la CIG para que examine el proyecto de Constitución. 
Mi Grupo comparte su ambición de acabar este trabajo lo antes posible, y con tiempo suficiente antes de las elecciones del año que viene. 
Confiamos en que asegurará una representación suficiente del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, cuya participación en la Convención ha contribuido al éxito que ha tenido. 
Pero el futuro de Europa está en manos de los Estados miembros. 
Si siguen peleándose, no habrá un Tratado de Roma- ni siquiera un Tratado de Dublín -, sino quizás un Tratado de Utrecht, que supondrá la paz por agotamiento. 
Los demócratas liberales están de acuerdo con sus prioridades con respecto a la economía europea. 
Nuestra economía no va por buen camino; el motor alemán del crecimiento europeo se está parando. 
De modo que acogemos con agrado las iniciativas para recuperar el crecimiento. 
Pero la construcción de las redes de transporte transeuropeo debe considerarse un medio para conseguir un fin económico- un funcionamiento más fluido del mercado interior- y no un fin en sí misma. 
Como liberal británico, me satisface la fidelidad de su programa a John Maynard Keynes, y mi satisfacción solo es equiparable a mi sorpresa. 
Sin embargo, espero que estará de acuerdo conmigo en que las inversiones que propone en las RTE y en defensa deben ser compatibles con los compromisos de los Estados miembros conforme al Pacto de Estabilidad, que ya está tambaleándose. 
Para los liberales, el valor perenne de Keynes reside en su insistencia en la solidaridad. 
El programa de la Presidencia habla mucho de los consumidores, pero ante todo somos ciudadanos. 
La ideología de mercado induce a las personas a equiparar el poder adquisitivo con el derecho de voto, y nos roba la libertad cívica con la que controlamos las consecuencias sociales de nuestras opciones privadas. 
Hace falta una normativa cuando los beneficios que comporta remediar una deficiencia del mercado para los ciudadanos o el medio ambiente compensan los costes de la intervención gubernamental. 
En el debate político italiano, esta es la diferencia entre el liberalismo, en el que creemos, y el liberismo, que nosotros rechazamos de plano. 
Mi Grupo apoya la colaboración más estrecha que usted propone con los países que lindan con las nuevas fronteras de la UE, pero no deberíamos ofrecer falsas esperanzas de asociación a nuestros vecinos. 
La posibilidad de una relación más estrecha con la Unión debe estar vinculada a la democracia, al respeto de los derechos humanos y al desarrollo de una economía de mercado. 
En especial agradecemos que haya insistido en la asociación Euro-Med, que ha sido desde hace mucho tiempo una prioridad de los liberales, y sus planes para Albania, donde Italia seguramente puede desempeñar un papel decisivo. 
Acogemos con satisfacción las propuestas de su programa relativas a las relaciones transatlánticas, que ahora se recuperan del desplome ocasionado por la crisis del Iraq, y su propósito de reconstruir los vínculos con los Estados Unidos. 
Sin embargo, aunque busquemos un terreno común con los Estados Unidos, no debemos dejar de defender los intereses de Europa cuando no estemos de acuerdo, y agradecemos la firmeza de su declaración sobre la Corte Penal Internacional. 
También en cuanto a Oriente Próximo, la Unión debe proyectar su voz en el Cuarteto con firmeza y claridad. 
La ayuda a la reconstrucción de la economía palestina debe condicionarse a la acción contra el terrorismo, de la misma forma que una mayor cooperación con Israel debe condicionarse al progreso de la aplicación de la Hoja de Ruta, sobre todo en cuando al desmantelamiento de los asentamientos. 
En lo que se refiere a la agricultura y la inmigración, los demócratas liberales comulgamos muchos menos con sus prioridades. 
Estas dos áreas políticas están relacionadas. 
En su programa habla usted muy poco acerca la reforma de la PAC y, sin embargo, en la actualidad cada vaca europea recibe un subsidio de 2 euros al día, mientras que en el mundo más de un millardo de conciudadanos sobreviven con menos de 1 euro al día. 
A menos que abramos nuestros mercados a los productos agrícolas de los países en desarrollo, sus poblaciones votarán con los pies. 
Las políticas que propone usted en materia de justicia y asuntos interiores pretenden principalmente prevenir la inmigración. 
No funcionarán porque usted no puede doblegar la ley de la oferta y la demanda, que opera en los mercados laborales como en todas partes. 
Cuando nos dice que está preocupado por la reputación de Europa- «Cercheremo di fare bella figura per l ' Europa» , lei ha detto -, le ruego que tenga en cuenta que los caucásicos blancos son minoría en nuestro planeta. 
Esperamos que en cuestiones de justicia y asuntos interiores se guíe usted por el planteamiento equilibrado de la Presidencia griega, más que por el tenor de Sevilla. 
Señor Presidente en ejercicio, su país asume la Presidencia después de una muy acertada Presidencia griega, marcada por la búsqueda de compromiso y acuerdo. 
Los demócratas liberales de esta Cámara esperan que, mientras ocupe usted la Presidencia, respetará la dignidad de este cargo, tanto con sus palabras como por sus actos, y haga honor a la tradicional vocación europea de Italia. 
Señor Presidente, como ya sabemos, Europa es un continente de personas y culturas diferentes, pero una cosa es cierta: no tiene nada de extraño la preocupación que ha rodeado su llegada al mando de la Unión. 
Italia tiene una mancha que podría extenderse al resto de la nueva Unión: una extraordinaria concentración de poder, principalmente poder económico y mediático, pero también poder político, que le ha colocado en una situación, entre otras cosas, en que está usted ahora por encima de la ley. 
Sin embargo, nos damos cuenta de que no basta con protestar continuamente: preferimos actuar. 
También durante estos seis meses seguiremos insistiendo en que la Comisión respete su iniciativa de presentar una comunicación sobre el grado de pluralismo en los medios de comunicación en la Unión, y en que desempeñe su función de guardiana de los Tratados. 
De hecho, nos parece que Italia se muestra bastante indecisa, por así decirlo, cuando se trata de hacer cumplir la Directiva de «televisión sin fronteras». 
Hemos propugnado que se incluya el pluralismo entre los valores básicos de la nueva Constitución europea, para que la carencia de una base jurídica no pueda utilizarse más de excusa para no actuar en Europa con respecto a la concentración de los medios de comunicación y el pluralismo. 
En una época de crisis económica, es habitual esforzarse por encontrar formas de impulsar la economía. 
Sabemos que Italia cuenta con Ministros muy creativos que están deseosos de hablar largo y tendido de sus ambiciosos planes de puentes, túneles y autopistas a escala europea. 
Estamos dispuestos a participar en un diálogo constructivo sobre las RTE y la función del BEI, pero no debemos hacernos ilusiones. 
No es cierto que solamente se ejecutaran tres de los 14 proyectos acordados en Essen debido a la falta de fondos: si no hubo suficientes inversores, uno de los motivos es que no se aseguró la idoneidad, la viabilidad socioeconómica y, añadiríamos, la sostenibilidad ambiental de muchos de estos proyectos. 
Hemos de recuperar el espíritu del plan Delors y de dos poderosos principios contenidos en el Libro Blanco sobre política de transportes de la Comisión, que me temo que a veces nadie parece tener en cuenta: las inversiones no solo deben servir para llenar Europa de infraestructuras, sino para promover también la cohesión económica y social. 
Es preciso desterrar la idea de que el crecimiento económico ha de ir de la mano del crecimiento del transporte, porque, de lo contrario, pronto nos veremos atrapados en un atasco permanente. 
No tiene sentido gastar 6 millardos de euros en el puente de Messina para acortar el trayecto media hora, cuando miles de sicilianos no tienen agua potable y cuando se tarda tres horas en hacer un viaje de 100 kilómetros en tren. 
No tiene sentido invertir 15 años de trabajo en un túnel de 54 km para enlazar Turín y Lyon, agujereando una montaña llena de amianto, cuando la modernización y la mejora de la línea actual posibilitaría absorber el doble de tráfico de transporte en cinco años. 
No queremos hablar de grandiosos proyectos que quizá no se puedan llevar a la práctica, queremos inversiones que promuevan la innovación, las energías renovables y la regeneración del suelo, con respecto a los cuales la participación y la aceptación de los ciudadanos que viven en las zonas en cuestión se consideren un activo y no un obstáculo molesto. 
Señor Presidente en ejercicio, su programa europeo expresa claramente que hemos de inaugurar una nueva temporada y que debemos combatir las burocracias medioambientales. 
Esto es un interesante circunloquio, que parece referirse al deseo de extender a Europa el principio de moda en Italia: desregulación total. 
Nos opondremos a este intento de exportar este producto italiano, que es especialmente arriesgado en el período de ampliación, porque sirve directamente a la política de supeditar todo a la infraestructura y se basa en un anticuado concepto de que el medio ambiente es una mercancía de usar y tirar. 
Italia solo está por detrás de España en cuanto a violaciones de la legislación ambiental se refiere. 
Su Gobierno, señor Presidente en ejercicio, ha cambiado las leyes sobre residuos para que la vigilancia sea más difícil, aunque se pierdan 11 millones de toneladas sin dejar rastro y la cifra de negocios de la ecomafia se cifre en torno a los 2,5 millardos de euros todos los años en Italia. 
Ha aguado tanto las leyes sobre evaluación del impacto ambiental que esta se ha convertido en un puro trámite. 
Ha accedido a que las autoridades regionales promuevan indiscriminadamente la caza en los parques. 
Este año ha asignado 56 millones de euros a zonas protegidas, cantidad inferior al coste de construir 1 km de túnel de autopista. 
Ahora se dispone a despenalizar los delitos ambientales con carácter general. 
Todo esto lo hace con total desconsideración hacia el derecho comunitario. 
También en este asunto, como en la cuestión de los medios de comunicación, pensamos que es una situación específica de Italia. 
Señor Presidente Prodi, en un sector en que la Unión tiene auténtica competencia y responsabilidades internacionales, nos tememos que ya no baste con un procedimiento de incumplimiento innecesariamente complicado, y que por mantener una actitud excesivamente tolerante y por tener más en cuenta la forma que el fondo corramos el grave riesgo de contribuir a restar toda efectividad a la legislación europea en materia de medio ambiente. 
Señor Presidente en ejercicio, en cuanto a la política exterior, a todos nos gustaría beneficiarnos de sus excelentes relaciones con el Presidente Bush, pero ciertamente no para organizar un imposible concurso de gastos militares, quizá reduciendo las contribuciones a las organizaciones de cooperación para el desarrollo, a fin de financiar la presencia italiana en el Iraq. 
Ha surgido una disputa fundamental con la Administración Bush en torno a la Corte Penal Internacional. 
Quisiéramos saber, señor Presidente en ejercicio, si va usted a seguir adelante y a actualizar el plan de acción para la Corte, que se aprobó en mayo de 2002. 
Además tiene usted excelentes relaciones con el Presidente Putin. 
Una vez más, esperamos de verdad poder beneficiarnos de esta amistad. 
Ha enumerado usted a todos los países del mundo: ¿cómo puede olvidarse de Chechenia? 
Necesitamos acciones incisivas para abordar este conflicto con decisión. 
Hemos de aprobar una iniciativa, y le apoyaremos si así lo hace, con vistas a convocar una conferencia regional para el Cáucaso donde puedan abordarse todos los conflictos actuales. 
Además, señor Presidente en ejercicio, creemos que nosotros y usted estaríamos orgullosos si lograra convencer al Presidente Putin de que ratificara el Protocolo de Kioto. 
Una última palabra sobre la Constitución europea. 
Apoyaremos los esfuerzos de la Presidencia italiana por que la Conferencia Intergubernamental sea breve, para no disipar los resultados positivos- y escasos, por cierto- de la Convención. 
No obstante, señor Presidente en ejercicio, debe usted dejar la energía nuclear fuera de la Constitución, y pido al Viceprimer Ministro, el Sr. Fini, que nos ayude ha hacerlo. 
Igual que con los OMG, no sería acertado subestimar la reacción negativa de los ciudadanos de muchos países europeos, Italia incluida, al comprobar la explícita promoción de una fuente energética tan costosa y peligrosa, tal y como recoge actualmente la Constitución. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, una sociedad en constante cambio demanda de los políticos nuevos debates, la capacidad para adoptar decisiones rápidas y, sobre todo, la voluntad de reflejar profundamente, con conocimiento de causa, la situación geopolítica y las distintas situaciones económicas y culturales que, en algunos aspectos, contribuyen a la cada vez mayor distancia entre el norte y el sur y entre los ciudadanos. 
Como miembro de la Convención, quisiera expresar mi satisfacción y la satisfacción del Grupo que tengo el honor de representar en ese foro- el Grupo de la Unión por la Europa de las Naciones- con un texto que reconoce el valor de los Estados nacionales en la nueva Unión Europea: una Unión que esperamos tenga instituciones cada vez más fuertes y transparentes después de la Conferencia Intergubernamental, que pueda demostrar al mundo que la Unión Europea existe como modelo de civilización y desarrollo. 
Una civilización que quiera que se reconozcan sus valores sin querer abusar de los valores de otras culturas; de un desarrollo que ha de ser compatible con el ritmo de adaptación del ser humano. 
Con respecto al preámbulo, tenemos la esperanza de que la Conferencia Intergubernamental llegue a un acuerdo sobre el reconocimiento de las raíces de las que la Unión ha brotado a la vida. 
No podemos pasar por alto la antigua historia de Grecia y Roma, las tradiciones judeocristianas y los valores seculares y liberales que fueron estableciéndose gradualmente, porque es de ellos de donde el futuro de Europa extrae fortaleza cultural y moral. 
Además, podemos comprobar que sería adecuado reflexionar una vez más en torno a la necesidad de que haya un Comisario europeo por cada uno de los Estados miembros, a fin de lograr una mayor cohesión entre todas las instituciones. 
El Tratado Constitucional, al fin, propiciará una Europa políticamente coherente, libre e independiente que respete las lenguas y las tradiciones de cada nación. 
La Presidencia italiana tiene por delante tareas muy arduas y estamos seguros de que, con un espíritu de cooperación que promoverá con las demás instituciones europeas, con los diputados al Parlamento Europeo, los representantes elegidos del pueblo, dará un nuevo impulso al proceso de unificación de Europa y al papel de Europa en el mundo. 
La urgencia de la cuestión de la inmigración exige una visión general. 
Como tuve ocasión de escribir en vísperas de la Cumbre de Salónica, solamente Europa, sobre todo a través de una nueva política mediterránea y, finalmente, aprobando un nuevo principio de cooperación con los países más pobres, podrá impedir que una inmigración ilegal de proporciones bíblicas se convierta en una tragedia colectiva. 
Espero con impaciencia la creación de un cuerpo europeo de policía de fronteras y los nuevos acuerdos con terceros países, deseo que se refuerce la cooperación en materia de lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el fundamentalismo, pero también es preciso abordar la cuestión de un enfoque europeo de la mundialización de los mercados, a fin de impedir que las culturas y las tradiciones se fragmenten y mueran. 
Una economía de mercado social y saludable no puede seguir aceptando la especulación financiera sin freno como la que hemos visto en los últimos años, que ha irrumpido intermitentemente sin que se haya hecho ningún intento por destruir sus raíces, por erradicar sus causas. 
La salud de la economía también depende de los parámetros que rigen nuestras acciones, y un buen parámetro es que la economía financiera ha de moverse al mismo ritmo que la economía real. 
Europa no puede pasar por alto el hecho de que la movilidad necesaria para que la economía siga desarrollándose depende de dos requisitos: la educación cultural, que dota a los jóvenes de todos los países de una base para el entendimiento mutuo, que significa que los Gobiernos nacionales tienen que abordar la necesidad de facilitar más y mejor información sobre las actividades de las instituciones europeas, y la cuestión del alojamiento, que no puede ser responsabilidad exclusiva de los individuos o del sector privado, sino que las instituciones también han de contribuir a encontrar una solución; además, la infraestructura y las cuestiones asociadas al transporte precisan soluciones de ámbito nacional y europeo, por lo que señalaríamos otra vez la necesidad de completar rápidamente el corredor nº 5 y el corredor nº 8. 
Para luchar contra las nuevas formas de pobreza que emergen cada vez con más frecuencia en los países de la Unión, nos parece vital que Europa tenga una política energética más sólida que, sobre la base de buscar nuevas fuentes y de un consumo más eficiente de los recursos conocidos, vaya de la mano de la conservación de los valores ambientales sin los cuales la vida del planeta estaría en peligro. 
Al mismo tiempo, es preciso abordar la cuestión de la financiación de la investigación: sin un aumento sustancial, la investigación europea no alcanzará un nivel de excelencia, con todas las consecuencias predecibles que ello comporta. 
En este sentido, una política europea de seguridad alimentaria adquiere especial importancia para salvaguardar la calidad de los productos y proteger sus orígenes, por el bien de la salud de los ciudadanos, que es el activo principal de la Unión. 
Hoy en día no solo se pide a Europa que defienda el derecho a la vida de sus ciudadanos y de todos los seres humanos, sino que transmita el mensaje de que todas las personas tienen derecho a una vida digna. 
De hecho, en el tercer milenio todas las comunidades altamente desarrolladas están llamadas, en cualquier caso, a adoptar las medidas políticas, culturales y económicas necesarias tanto dentro como fuera de sus países para garantizar que no sigan produciéndose las tragedias de las que estamos siendo testigos. 
Los niños de Afganistán tienen en estos momentos la esperanza de vida más baja del mundo. 
Como millones de otros niños, de África, Sudamérica, Oriente Próximo y Extremo Oriente, están privados del derecho a la vida y a una vida digna. 
La implacable lucha contra el terrorismo y la consolidación de la paz dependen, sobre todo, de la capacidad de Europa para cumplir lo que ha prometido a lo largo de los últimos años: el derecho a una vida digna, señor Presidente, sobre todo para poner fin a las prácticas que implican la mutilación física, a las que se somete a muchas mujeres en sus países de origen, y que sufren estos abusos también en Europa. 
El Grupo de la Unión para la Europa de las Naciones también espera de la Presidencia italiana políticas encaminadas a combatir formas de discriminación, a tomar medidas enérgicas contra traficantes de armas y de personas y destruir el arcano aunque poderoso mundo del abuso de los niños. 
Estas organizaciones criminales hacen un uso ilimitado y no regulado de Internet, que emplean para extender su cultura del mal por todo el mundo. 
Por lo tanto, solicitamos que se preparen normas encaminadas a detener un instrumento que existe para facilitar la comunicación entre ciudadanos y que se está convirtiendo en un instrumento utilizado por quienes incumplen las leyes de los Estados nacionales de la Unión. 
A fin de impedirlo, es preciso someter todo invención tecnológica a un proceso de criba europea, un proceso científico de control experimental que garantice que se utiliza de forma segura. 
Señor Presidente, si la libertad ha de ser una libertad de verdad, es preciso que haya reglas: unas cuantas reglas claras que se cumplan. 
Apelamos a estas reglas con la esperanza de que la Presidencia italiana disfrute hoy de la buena voluntad y de la cooperación del Parlamento Europeo, del Grupo de la Unión para la Europa de las Naciones y de todos los 25 países que conforman nuestra gran Europa. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, Italia insiste en que todo debe estar preparado para que la Conferencia Intergubernamental comience en diciembre, de modo que el Presidente Berlusconi pueda distribuir las invitaciones para la Cumbre de Roma y dar solemne sepultura al Tratado de Roma y alumbrar la Constitución de Roma. 
Una constitución seria no se puede elaborar de forma tan precipitada. 
Al dotar a la Unión Europea de la ciudadanía común, de derechos fundamentales y de una carta completa de derechos que se puede invocar directamente ante los tribunales, se altera el carácter de toda la empresa cooperativa, y cada disposición del Título III debe interpretarse desde otra perspectiva y puede adquirir un nuevo significado. 
Por citar un solo ejemplo: cuando se introdujo la ciudadanía común con el Tratado de Maastricht, se declaró expresamente por escrito que la ciudadanía no tenía efecto directo. 
Sin embargo, las sentencias del Tribunal de Justicia hicieron que la ciudadanía tuviera efecto directo, y los ciudadanos pueden establecerse ahora en cualquier parte de la Unión Europea y ver ampliar sus derechos a través de los numerosos principios fundamentales del Título I de la Constitución y del Título II de la Carta. 
Los ciudadanos y los representantes electos deberían ser conscientes de todas las consecuencias de la Constitución antes de que esta llegue a aprobarse. 
Para ello, será preciso contar con un gran número de grupos de trabajo, oportunidades para la presentación de enmiendas y una democracia transparente. 
¿Qué implicaciones tendrá la Constitución, por ejemplo, para el protocolo danés sobre las residencias de verano? 
Dinamarca prohíbe a los alemanes que adquieran residencias de verano en las mismas condiciones que los ciudadanos daneses. 
Esto infringe claramente la prohibición de discriminación nacional recogida en el artículo 4 y el principio de igualdad del artículo 44. 
¿Es posible pasar por alto dos principios fundamentales como los anteriores y hacer una excepción, en forma de protocolo, a las normas que rigen la libre circulación de capitales? 
¿Existe acaso una relación jerárquica entre los principios fundamentales y las demás disposiciones de la Constitución y los protocolos? 
Por otro lado, observemos el artículo 51, que protege la estructura de las iglesias. 
¿Significa esto que Dinamarca puede conservar una iglesia estatal protestante, pero el artículo 51 puede al mismo tiempo levantar la prohibición sobre la discriminación religiosa del apartado 21 del artículo 2 del Título II? 
¿Resulta entonces que la constitución danesa es legal o ilegal? 
Estaría bien conocer la respuesta antes de firmar la Constitución. 
En virtud del apartado 2 del artículo 12, la mayoría de los acuerdos internacionales resultarán ilegales, puesto que se otorgará a la Unión Europea no solo la competencia compartida, sino también la competencia exclusiva para firmar cualquier acuerdo si este afecta a cualquier ley interior. 
¿No convendría hacer al menos una declaración escrita en la que se especifique que todos los acuerdos vigentes seguirán en vigor hasta el momento en que se modifiquen? 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, permítanme mostrarles de forma práctica lo que ya está ocurriendo. 
Debemos medir de esta forma, con honestidad intelectual y, me parece, con esta forma de cooperación, toda diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. 
El 7 de junio, señor Berlusconi, dijo usted lo siguiente en Jerusalén, y cito: «En el futuro, Europa debe incluir a Israel. 
Consideramos a Israel una nación europea a todos los efectos: cultural, económico y político» , para pasar a describirlo como la única verdadera democracia de Oriente Próximo. 
Repito: «En el futuro, Europa debe incluir a Israel. 
Consideramos a Israel una nación europea a todos los efectos». 
Esta es la versión oficial del documento escrito de que disponemos. 
«En este contexto» (la Asociación Euromediterránea) y cito, «no olvidaremos la necesidad de consolidar las relaciones con Israel con vistas a establecer una cooperación recíproca más amplia y estructurada». 
Esta es la postura adoptada por quienes se oponen a la entrada de Israel en la Unión Europea, porque está claro que los se oponen no dicen «no queremos a estos sucios judíos» , sino que dicen que «la cooperación es suficiente». 
Apoyamos al Sr. Berlusconi, quien, por entonces, aún no era Presidente en ejercicio de nuestro Consejo. 
De forma similar, con respecto a Turquía siempre hemos oído hablar específicamente de Rusia, Turquía e Israel. 
En esta cuestión también su texto niega explícitamente el objetivo de la adhesión de Turquía. 
¿Qué dice? 
«La Presidencia italiana considera esencial inyectar más contenido específico en las relaciones con la Federación Rusa» , etcétera. 
Esto está bastante claro. 
En cuanto a Turquía, «nos hemos comprometido a supervisar conjuntamente su camino hacia la integración, animando al Gobierno de Ankara a que siga trabajando en el proceso fundamental de las reformas internas». 
¡Y se supone que esto va a pregonar su adhesión! 
Es cierto que el Sr. Buttiglione ha dicho en los últimos días que Turquía es un régimen militar que nunca podrá formar parte de la Unión Europea, pero sin los soldados se convierte en una teocracia. 
¡Esta es la Europa cristiana! 
Quisiera decir una sola cosa muy brevemente, algo que debemos reconocer. 
No es cierto que haya una historia de Europa, solamente una: hay muchas. 
Está la historia de la Reforma y la Contrarreforma, la historia de una Europa que ha producido comunismos victoriosos y fascismos y nazismos victoriosos, que ha producido, y sigue haciéndolo, antidemocracia. 
También está la otra historia, la historia condenada, lamento decirlo, por nuestro Papa polaco, que condena el liberalismo. 
Por cierto, señor Watson, es liberalismo, no liberismo: aquí tenemos liberalismo desde hace más de un siglo. 
Hay una Europa de zuavos pontificios- zuavos europeos y franceses- que luchan contra el risorgimento italiano. 
Hay una Europa que se opone a nuestra Europa de Altiero Spinelli, de Ernesto Rossi, de la Europa, señor Berlusconi, que usted abanderó en el G8 de una manera que yo aplaudí. 
¡Los radicales aplaudimos! 
Queremos acercar Europa a la Organización de Mundial de la Democracia y centrarnos activamente en la Comunidad de Democracias. 
Hoy, por supuesto, el Sr. Watson se ha apresurado a subrayar el carácter keynesiano de su discurso, pero siempre he mantenido que, culturalmente, existe básicamente una gran similitud entre usted y el Presidente Prodi en sus opciones políticas. 
Giulio Tremonti habla de «colbertismo» , en lugar de «keynesianismo» , pero cuando todo queda dicho y hecho? 
Así que solo hay dos cosas que hemos de pedirle. 
En primer lugar, que en la Asamblea General de las Naciones Unidas la Unión Europea incluya o promueva la inclusión, tal y como anunció el Sr. Fini, de la cuestión de la moratoria sobre la pena de muerte. 
En segundo lugar que, empezando por los actos de las Naciones Unidas, que la Presidencia de la Unión Europea convoque a los representantes del Grupo Demócrata. 
Si cumple estas dos peticiones estaremos más que contentos. 
Por lo demás, le deseo a usted y a todos nosotros buena suerte. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Presidente de la Comisión, hace año y medio, cuando empezó el trabajo de la Convención, solo unos pocos estaban convencidos de que los sueños podían hacerse realidad; solo unos pocos creían que Europa podría, como ocurre ahora, construirse una estructura institucional que le capacitara para asumir mayores responsabilidades en la escena internacional. 
Esos pocos ahora se han convertido en la amplia mayoría. 
Este excelente resultado, que su Gobierno, señor Presidente en ejercicio, ha deseado tanto, marca el inicio de una Presidencia más llena de iniciativas y esperanzas que ninguna otra de los últimos años. 
Italia, un país fundador, recibió en Salónica de los países de la Unión el mandato de concluir el trabajo de la Convención. 
Eso no es todo. 
Europa ha elegido Roma para que sea la sede de la firma de la primera Constitución: este es un resultado político de gran importancia, un acto histórico de reconocimiento para Italia y para su Gobierno libremente elegido. 
Este reconocimiento le animará y apoyará en su trabajo a lo largo de los próximos meses, señor Presidente en ejercicio, un trabajo que estoy seguro nos permitirá conseguir los objetivos que ha expuesto en esta Asamblea. 
El texto que aprobamos al concluir el trabajo de la Convención es sin duda mejorable, pero, tal y como ha dicho usted, supone una base de trabajo fundamental que no puede malinterpretarse. 
Su programa, que en el Partido Popular Europeo aprobamos, traza una Europa reunificada para el futuro, que es aliada de los Estados Unidos pero que es capaz de asume responsabilidades que hasta ahora no era capaz de asumir. 
A la hora de definir un sistema equilibrado de Consejo, Comisión y Parlamento- en esta Asamblea reconocemos, señor Presidente en ejercicio, que usted ha subrayado la importancia del papel que el Parlamento Europeo desempeña y seguirá desempeñando en la CIG- y a la hora de designar a un Presidente del Consejo y a un Ministro de Asuntos Exteriores, el nuevo Tratado responderá a la pregunta de «¿dónde está míster Europa? », pregunta que puede hacer cualquiera que busque interlocutores claros en nuestro continente. 
El fallecimiento del principio de unanimidad es la otra opción que nos permitirá superar obstáculos que demasiado a menudo han bloqueado iniciativas europeas. 
Por lo tanto, esperemos que la Conferencia Intergubernamental aumente el número de cuestiones en torno a las cuales se adopten decisiones mediante el voto por mayoría. 
Sin embargo, la Constitución es un mero instrumento: sus disposiciones no pueden producir un efecto si falta voluntad política. 
Señor Presidente en ejercicio, su discurso ha reflejado claramente la decisión de Italia de dar más importancia a las acciones de la Unión en el extranjero. 
Si así lo queremos, Europa, prestando atención al este y también al sur, puede desempeñar un papel principal en la promoción de la paz, el progreso, la seguridad, el desarrollo y la justicia social, sobre todo para los débiles y los discapacitados, tal y como ha dicho usted. 
No obstante, una Constitución y la voluntad política no bastan para hacer realidad el proyecto de personas como Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Jean Monnet, Gaetano Martino y Altiero Spinelli. 
Europa no tendrá éxito si no puede apelar a los corazones de sus ciudadanos. 
Europa será la Europa de los valores: nuestros orígenes tienen sus raíces en los valores. 
Espero que la CIG quiera incluir una referencia explícita a nuestras raíces judeocristianas en el preámbulo de la Constitución secular de nuestra Europa, porque si perdemos de vista nuestros orígenes, no lograremos avanzar por nuevos caminos o dirigir la vista a los nuevos horizontes que la Europa de mañana debe alcanzar. 
Señor Presidente en ejercicio, los problemas que hemos de afrontar en estos momentos son vitales para el futuro de la Unión y queremos darles una prioridad absoluta. 
Evaluaremos la labor de su Presidencia a la luz de los mismos. 
Sin embargo, las preocupaciones que la han rodeado no se deben todas ellas a prejuicios. 
El conflicto de intereses sin resolver sigue siendo una fuente legítima de preocupación que se extiende más allá de nuestro propio país. 
Además, la renuncia del Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Ruggiero, ha tenido un efecto significativo en cómo entienden las personas el papel de Italia en Europa, la misma Europa que el Ministro Bossi apodó «Forcolandia» [«Horcalandia» ] porque es represiva, y que hoy ha tildado de proyecto neojacobino, intrínsecamente autoritario y mundializador. 
Quizá esto explica su frialdad a la hora de trabajar seriamente en la construcción de un espacio europeo de justicia, libertad y seguridad, que empiece con la orden de detención europea, que debería aprobarse para diciembre de 2003. 
Como decía, grandes problemas: en primer lugar, la Constitución. 
Pedimos que en la próxima Conferencia Intergubernamental no se sometan los resultados de la Convención a un debate ulterior y que Italia haga todo lo posible por mejorar el texto en los aspectos básicos, como la extensión del voto mayoritario. 
En cuanto a las cuestiones económicas, vemos que la Presidencia italiana intenta relanzar la idea de la inversión pública en infraestructura. 
También añadiremos la formación, la investigación y el medio ambiente. 
Esta propuesta solo puede hacer progresos si adopta una perspectiva realmente europea, si está firmemente anclada en el método comunitario y es financieramente viable. 
En cuanto a las pensiones, sabe usted bien, señor Presidente en ejercicio, que Europa no tiene competencia en el ámbito de los regímenes de seguridad social, que son tan diversos y están tan estrechamente vinculados a las políticas de bienestar. 
¿Tiene la Presidencia la verdadera intención de promover una iniciativa europea en el ámbito económico y social? 
Si es así, entonces debería hacer lo posible por que la política fiscal y la política social fueran competencia de la Comunidad en el nuevo Tratado, sobre la base de las directrices del control europeo efectivo de la economía, tal y como viene pidiendo este Parlamento desde hace un tiempo. 
Sin embargo, en estos asuntos hay que seguir el método de consulta de los interlocutores sociales, como se establece en la estrategia de Lisboa. 
En cuanto a la inmigración, no podemos invocar únicamente una parte de la política europea, la parte relativa a los controles fronterizos para luchar contra la inmigración ilegal, e ignorar todas las demás, sobre la gestión de flujos y la acogida y los derechos de quienes, al venir aquí a buscar trabajo, contribuyen al crecimiento económico de nuestros países, a quienes, para ser claros, su Ministro de Reformas agrupa bajo el nombre de «Bingo Bongos». 
Por último, en materia de política exterior, es posible ser europeos y al mismo tiempo amigos de los Estados Unidos. 
Sin embargo, la amistad es una relación que no debe caer en la sumisión ciega. 
Por lo tanto, tras la difícil crisis iraquí es aún más urgente definir una firme política exterior y de seguridad común, sobre la base de la abolición del derecho de veto. 
En Salónica se ha establecido un marco claro para las relaciones exteriores de la Unión, distinguiendo las ulteriores perspectivas de ampliación de las relaciones más estrechas con nuestros vecinos; en este contexto, tras las declaraciones contradictorias que usted y su Ministro de Políticas Europeas han realizando sobre Turquía, esperamos que lo que nos ha dicho esta mañana se mantenga en pie. 
De modo similar, en cuanto a Oriente Próximo esperamos que la Presidencia italiana respalde el proceso de paz, pero para alcanzar este objetivo será necesario hablar y tener en cuenta a todas las partes implicadas. 
Le deseo éxito en su trabajo, señor Presidente en ejercicio. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, hoy hablamos como europeos; en esta Asamblea no emitimos opiniones sobre las políticas internas de nuestros países. 
En los próximos seis meses, Europa debe empezar a moverse con más rapidez; el tratado constitucional de una Europa de 25 hará ver al mundo si nuestro continente seguirá siendo una fuerza motriz en el progreso económico y social y, tras la grave crisis iraquí, si se dotará a sí mismo de medios eficaces para desempeñar un papel protagonista en asuntos de seguridad y libertad en cooperación con los Estados Unidos, una nueva cooperación multilateral. 
Por lo tanto, como europeo espero que la Presidencia trabaje con éxito en estrecha colaboración con la Comisión de Romano Prodi y con nuestro Parlamento. 
Hoy, señor Presidente en ejercicio, ha sido usted cauteloso y ha hecho un esfuerzo por presentar su programa en una línea de colaboración con los demás países y sin romper con la política tradicional italiana con respecto a Europa. 
Sin embargo, debemos ser más valientes, si no queremos que nuestros compromisos se nos escapen, especialmente en relación con el control de la economía, la política exterior y la nueva política de defensa necesaria, para minimizar el riesgo de parálisis debido a la necesidad de unanimidad. 
En estos seis meses esperamos un cambio radical que pueda eliminar las razones de toda crítica, escepticismo y preocupación que han rodeado estos primeros días del período con usted al mando. 
De hecho, no es la política interior de un país, sino de toda Europa la que reclama el final de los conflictos de intereses y de las concentraciones de medios de comunicación. 
Son los fundamentos liberales de la separación de poderes y del equilibrio entre poderes que se reflejan en los Tratados Europeos, que hemos firmado libremente y que nos obligan. 
El espíritu de Roma del Tratado de 1957 se basó en una visión audaz del futuro, y construyó cincuenta años de democracia, prosperidad y paz. 
Si nos guiamos por esta visión, incluso desde distintas posiciones políticas, recogeremos frutos comunes para el bien de Europa y su futuro. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, nuestra aversión a su política y a su Gobierno, como usted sabe, tiene raíces profundas, y no tendría sentido que cambiáramos ahora que su política no solo se aplica a Italia, sino también a Europa. 
Creo que existe una retórica alrededor de la Presidencia semestral de un país que no puede ocultar la realidad política: la realidad es que cada Presidencia es la Presidencia de un Gobierno, no de un país; por lo tanto, si las personas están en contra de la Administración Bush no significa que sean antiamericanas, y si hay ciudadanos de Italia y Europa que están en contra de su Gobierno, no significa que estén en contra de Italia. 
Europa, por supuesto, es un episodio importante; es un desafío que con bastante claridad se ha llamado histórico. 
Nos tememos que nuestro Gobierno agrave las opciones necesarias en lugar de favorecerlas. 
Empieza usted con una desventaja: en Italia, el consenso del país está dividido, una parte considerable de la opinión pública europea es contraria (y me parece que la causa reside precisamente en su política) , las bases de la crisis económica del país han sido distorsionadas, pues ha estado sometido a fuertes tensiones con el conflicto de intereses y el conflicto entre los poderes establecidos. 
Personalmente, creo que el peor daño lo ha hecho un Ministro de su Gobierno que se permite hablar de la necesidad de abrir fuego contra convoyes de inmigrantes en el mar. 
Sin embargo, no protestaremos por la presidencia de su Gobierno; nos limitaremos, en su lugar, a criticar su política, cuya base es esencialmente la primacía de los Estados Unidos y la primacía del mercado. 
Ambos son factores de crisis potencial en Europa: uno, los Estados Unidos, guiados hoy por una doctrina de guerra preventiva; el otro, el mercado, que afronta una clara crisis en curso de cohesión social. 
Usted, señor Presidente en ejercicio, ha presentado una propuesta de una Europa transatlántica, neoliberal, posdemocráctica. 
Creemos que esta propuesta es contraria a la vocación y a la misión histórica de la Europa de hoy, de una Europa que precisa otra perspectiva. 
Alguien ha hablado de una política keynesiana; me temo que difiero: las grandes infraestructuras no son una política keynesiana; por el contrario, puede ser una amenaza al medio ambiente a través de la desregulación, y también corren el riesgo de quedar inconclusas por las dificultades de financiación. 
Sin embargo, su política tiene otra cara, que es completamente neoliberal: es lo que llamamos inseguridad laboral y que usted llama flexibilidad; es lo que se refleja- al igual, de hecho, que en otros países europeos- en el ataque al sistema de seguridad social. 
Esto, señor Presidente en ejercicio, no es Europa. 
La verdadera Europa es la que reivindica independencia de la política de los Estados Unidos en aras de una cultura política diferente, la que reivindica un modelo social diferente. 
Su fuerza de hoy es la debilidad de la Europa política, porque la verdad es que esta Europa política está fundada en un déficit democrático, y porque, creo, la Convención también es ambigua y débil, muy distinta de las grandes constituciones progresivas. 
Por lo tanto, señor Presidente en ejercicio, no nos opondremos a usted por esta Europa, sino por otra Europa: una Europa social y democrática. 
Por este motivo, nuestra esperanza, y le ruego no se tome este como un signo de hostilidad, es que durante la Presidencia italiana aumentes las acciones del movimiento de masas en Europa, tanto en número de participantes como en importancia. 
Hay una cosa sobre la que nos gustaría poder estar de acuerdo con usted: en reivindicar en alta voz una moratoria sobre la pena de muerte. 
Al menos esto sería una buena señal de civilización. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo. La Presidencia italiana es recibida con sentimientos encontrados. 
Se ha referido usted a la orgullosa contribución de Italia a la paz y al Derecho internacional y nosotros nos preguntamos si su Presidencia será un hito en este ámbito. 
¿Cómo trataría usted por ejemplo la presión que están ejerciendo en estos momentos los Estados Unidos sobre Serbia para que no firme el acuerdo sobre la Corte Penal Internacional, mientras que Europa quiere ofrecer a los países de los Balcanes perspectivas de adhesión a la UE? 
Los refugiados que llegan a las costas del mar Mediterráneo son una denuncia contra la inhumanidad de nuestro sistema. 
Nunca se logrará nada sin una posibilidad de inmigración legal. 
Se ha referido usted al control y a la devolución, pero un desarrollo sostenible y la paz en los países de donde proceden estas personas ha de ser una prioridad en el futuro inmediato. 
Este desarrollo no sólo exige medidas comerciales, sino también respeto por el entorno vital y las posibilidades de desarrollo de estos países. 
Ahora son saqueados y a cambio se da armas a la gente. 
También es importante la paz en las regiones de Europa. 
En todos los países candidatos hay regiones que esperan oportunidades y desarrollo sostenible, pues se están empobreciendo y despoblando. 
Lo mismo sucede en algunas de nuestras regiones. 
Pedimos que estas regiones sean más visibles en la Constitución. 
Sobre todo las regiones constitucionales quieren recibir respeto en lugar de un trato altivo en el que los Estados miembros tienen la voz cantante. 
Con ello solo se consigue aumentar las frustraciones en las regiones constitucionales. 
Espero que su Presidencia muestre comprensión para esta situación. 
Señor Berlusconi, me parece que la tarea más importante de la Presidencia italiana será la relacionada con el nuevo tratado constitucional, que, recordemos, no solo se refiere a ideas o conceptos, sino que trata de un territorio y de las personas que viven en él. 
El trabajo que ha hecho la Convención ha sido un buen trabajo: la base inicial es sólida, quizá solo se precisen unos pocos ajustes, como una mejor definición del equilibrio de poderes legislativos entre Europa, entre la Unión y los Estados individuales. 
En cuanto al problema del voto por mayoría o de la unanimidad en la adopción de decisiones, hemos de reconciliar dos necesidades: la necesidad de eficacia y la necesidad de respetar la soberanía y los intereses de los países que constituyen la Unión. 
En su discurso ha repetido usted la palabra «negociación» varias veces. 
Me parece que en este terreno también se necesita cierto esfuerzo por reconciliar diferentes necesidades. 
Por último, quisiera mencionar algo que no creo sea posible lograr pero que debo subrayar: la necesidad de reducir el monopolio de la Comisión en materia de iniciativas legislativas en beneficio de esta Asamblea. 
El Parlamento no tiene derecho de iniciativa legislativa, un caso único en el mundo, creo. 
Hasta un mero concejal municipal puede presentar propuestas, pero los diputados al Parlamento Europeo no tienen este derecho. 
Me parece que esta cuestión al menos merece su atención. 
Yo también le deseo parabienes a su Presidencia. 
Señor Presidente, estamos debatiendo hoy aquí, y a alguno habría que recordárselo, el programa de la Presidencia italiana con el cual- y me apresuro a decirlo- yo estoy fundamentalmente de acuerdo. 
Espero que durante todo el semestre, yo diría que siempre, sepamos distinguir las discrepancias ideológicas domésticas de las responsabilidades institucionales como las que ahora asume ese gran país que es Italia. 
La primera tarea del Gobierno italiano es gestionar con éxito la Conferencia Intergubernamental y desplegar toda su capacidad de diálogo para acercar las posiciones de los Estados miembros. 
Agradecemos el compromiso, en ese sentido, de la Presidencia del Consejo. 
El objetivo es que la CIG, en todo caso, empiece y termine en Roma. 
Los plazos aquí, señor Presidente, son muy importantes de forma que los países que decidan celebrar un referéndum sobre la ratificación de la Constitución de Roma, haciéndolo coincidir con las elecciones europeas del 13 de junio de 2004- y ojalá, fuera en todos -, puedan hacerlo. 
En ese sentido, permítame, señor Presidente, que aprovechando la ocasión invite a la oposición política de mi país a acordar una reforma consensuada de la normativa que regula el referéndum para que una consulta sea posible, como todos deseamos. 
Quisiéramos también que en estos seis meses se produjera un fuerte impulso a las negociaciones para la adhesión de Rumania y Bulgaria y le pedimos a la Presidencia que haga todo lo posible para que esas negociaciones puedan finalizar en el marco temporal de la actual legislatura europea. 
En políticas internas de la Unión Europea todo nuestro apoyo para profundizar en la estrategia de Lisboa y para seguir progresando en el espacio de justicia, libertad y seguridad, particularmente en la lucha contra la inmigración ilegal y en la política exterior de la Presidencia italiana esperamos que relance el diálogo euromediterráneo en Nápoles y celebramos, en ese sentido, sus compromisos sobre la creación de la Asamblea parlamentaria Euromediterránea pero, muy particularmente, el relanzar la idea del Banco Euromediterráneo. 
Y le animamos también para que promueva un avance en las negociaciones con el Mercosur que la OMC favorecerá y que, sin duda, sus compatriotas italoargentinos agradecerán. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo le deseamos mucha suerte porque su éxito en estos seis meses será el éxito de Europa. 
Señor Presidente, como italiano y diputado al Parlamento Europeo, me siento avergonzado y preocupado, pero al mismo tiempo orgulloso de que mi país, Italia, asuma hoy el liderazgo de la Unión Europea. 
Me siento avergonzado por toda la crítica, censura, sarcasmo y escarnio con que se ha acusado a mi país de lo que, lamento decir, con bastante razón se ha llamado la anomalía italiana, o el grave conflicto de intereses que representa nuestro Primer Ministro. 
También me siento humillado porque reconozco, de hecho, que siempre que nuestro Primer Ministro expresa una idea, ilustra una propuesta o presenta una medida en materia de economía, finanzas, información o especialmente justicia, nunca sabemos si al hacerlo está pensando en nuestros intereses o en los suyos propios y los de sus amigos. 
O, mejor dicho, en Italia lo sabemos demasiado bien, por desgracia, visto lo que ha hecho hasta ahora. 
Estoy preocupado porque no quiero que el virus del conflicto de intereses que humilla la democracia italiana se extienda al ámbito europeo, porque este es el verdadero cáncer de una democracia, señor Berlusconi, no el trabajo de los jueces, como dijo usted tontamente el otro día. 
Sin embargo, estoy orgulloso, sí, orgulloso, porque gracias a Dios, las instituciones italianas no solo están formadas por el Primer Ministro y los amigos que ha traído con él, especialmente en el Parlamento italiano. 
Por este motivo estoy seguro de que el liderazgo de Italia en la Unión Europea, en su conjunto, con la participación y colaboración de todas las instituciones, incluidas las oposiciones, estará a la altura de la ocasión a pesar de la anomalía italiana, que me complace decir es transitoria. 
Señor Presidente, Italia, que hace tanto tiempo estaba entre los fundadores de la Comunidad Europea, hoy tiene la gran tarea de en meter a Europa de lleno en su histórica ampliación continental y de lanzar su primera Constitución. 
Esta es nuestra esperanza y también nuestro compromiso, pero, para ser sinceros, es malo para Italia y Europa que la persona que va a representarnos durante los próximos seis meses sea Silvio Berlusconi. 
Toda Europa sabe que representa una anomalía que no tiene parangón en cualquier parte del mundo. 
Sobre él y de sus acciones pende un gran peso debido al conflicto permanente entre sus propios intereses y los de los ciudadanos de Italia y del conjunto de Europa. 
Es el hombre más rico de Italia: su inmenso poder económico y sus asuntos privados, que están presentes en cada ámbito de actividad, chocan con las leyes, las normas y los principios del Estado; chocan con la justicia, y esta es la verdad. 
Es muy triste para Italia y para Europa tener que leer críticas feroces sobre él en los periódicos más serios de todos los países. 
Todos ustedes, Señorías, lo han leído, por lo que no lo repetiré: es una crítica muy dura, pero es cierta. 
Para todos nosotros es motivo de gran preocupación ver que al frente del Consejo hay alguien que durante la guerra en el Iraq no actuó para unir a Europa, sino para dividirla, declarándose contrario a los sentimientos expresados por la amplia mayoría de los ciudadanos de Europa y, una vez más, adoptando posiciones sumisas a los Estados Unidos; alguien que en cuestiones internacionales se aparta de la línea europea predominante, en las relaciones con Israel y Palestina, por ejemplo, o la dramática cuestión de la inmigración; alguien que, en materia económica y social, empezando por el ataque a las pensiones, ha manifestado una actitud extremadamente liberal y profundamente antipopular. 
El Sr. Berlusconi es la derecha, y peor aún, de la clase de derecha europea más peligrosa, y por ello no me hago ninguna ilusión. 
Sinceramente, me parece que el mandato de Berlusconi resultará ser un desastre total. 
Al menos espero que, en interés de Europa y de mi país, Italia, los daños puedan limitarse a un mínimo. 
Que quede esto claro: por este motivo actuaremos decididamente con un verdadero sentido de responsabilidad nacional y con un incondicional espíritu europeo. 
Por esta misma razón nos opondremos a él y a su política. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, en este Parlamento, Señorías, y en la sociedad europea, existe una profunda desconfianza hacia la Presidencia italiana. 
No, naturalmente, por Italia, fundamento de nuestra cultura, de muchas de nuestras lenguas y de la misma idea de Europa, sino por la personalidad política del Presidente Berlusconi. 
Usted, señor Berlusconi, es uno de los representantes principales de la derecha autoritaria de nuestro tiempo, protagonista de la lucha de clases, interna y mundial, de los ricos contra los pobres y los trabajadores, que llega a llamar "comunista" incluso a personas como el Presidente Prodi, a los periodistas críticos o a los jueces que le juzgan. 
Utiliza un lenguaje antiguo, incluso troglodita, equivocándose de siglo. 
Es amigo de Sharon contra Arafat. 
Esa desconfianza fue ratificada por elementos clave de su discurso de hoy. 
Subordina la constitución de la Unión Europea a las relaciones con los Estados Unidos. 
Ignora la situación caótica y trágica del Iraq, producida por sus gobiernos amigos. 
Olvida la catástrofe del Prestige, que sufrió principalmente mi nación, Galicia. 
Despreció las continuas muertes de inmigrantes, tanto ante nuestras costas como en su Sicilia. 
No dijo una palabra sobre la Europa social, la cohesión social y territorial, ni siquiera ante la perspectiva de ampliación. 
No defendió expresamente el proyecto de constitución. 
En Italia, señor Presidente, le concedieron una tregua patriótica. 
Aquí, como Presidente en ejercicio del Consejo, no la tendrá. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, tras haber acogido como es debido su llegada al frente de la Unión Europea, quisiera expresar un profundo desacuerdo con el tono principal que usted quiere dar a su presidencia: que la Unión Europea siga los pasos de los Estados Unidos de América. 
Los pueblos europeos no lo desean y así lo han manifestado durante la guerra en el Iraq. 
Tampoco es la elección de las instituciones europeas. 
Así, al igual que el Parlamento, la Comisión, a través del Comisario Patten- quien no es un izquierdista peligroso- y del Sr. Prodi- quien sí lo es un poco -, e incluso el Consejo, al menos en apariencia, han expresado su adhesión a un mundo multilateral bajo los auspicios de las Naciones Unidas y no bajo los auspicios de los Estados Unidos. 
Es la afirmación de una identidad europea propia lo que los europeos esperan. 
Señor Berlusconi, ha nacido una opinión pública. 
No la defraude. 
En efecto, ¿de qué serviría esta pretendida constitución, que constituye un salto considerable hacia la soberanía europea, si nuestro continente se convirtiera a fin de cuentas en la sucursal del imperio americano? 
Señor Presidente, ya que este Tratado debe ser firmado en Roma a principios de mayo de 2004, espero que tenga empeño en proponer a sus colegas de la conferencia intergubernamental que esta Constitución se someta al referéndum de los pueblos europeos, únicos poseedores de la soberanía y, por lo tanto, los únicos capacitados para abandonarla. 
En conclusión, Señor Presidente, la Conferencia Ministerial de la «Organización Comercial del Mundo» -denominación que me parece más justificada que la de Organización Mundial del Comercio- se celebrará en Cancún durante su Presidencia. 
En el mismo espíritu deseo que esta reunión no sea la ocasión para que nuestra vieja Europa, a la cual nos hemos vinculado, sacrifique sus culturas, sus modos de vida, su Comunidad, en aras de un libre comercio desenfrenado. 
Nuestra agricultura ya ha sido más o menos remodelada conforme a las normas de la Organización Mundial del Comercio. 
Temo que nuestras culturas, nuestras identidades y nuestra especificidad, que sin embargo ha dado vida a las civilizaciones mundiales, sufran la misma suerte. 
Señor Presidente, señor Primer Ministro, en primer lugar quiero pedir disculpas por las numerosas ofensas dirigidas por los ministros y presidentes de partido belgas al Gobierno italiano y a su Primer Ministro. 
Me refiero en especial a Louis Michel, ministro de Asuntos Exteriores, y Elio di Rupo, presidente del Partido Socialista valón. 
Los italianos han de saber que una gran mayoría de flamencos solo siente vergüenza ajena por estos señores, que querían jugar a ser caballeros de la moral universal, cuando en realidad harían mejor ocupándose de sus propios asuntos. 
No obstante, nosotros no estamos de acuerdo con algunos puntos de la política del Gobierno italiano. 
Me refiero a su postura sobre la adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
Sin embargo, mi partido, el Vlaams Blok, espera que durante la Presidencia italiana se trabaje para elaborar una política de inmigración más estricta y una política enérgica contra la creciente inmigración ilegal y todos los problemas de delincuencia y degradación social que ello conlleva. 
Europa merece unos políticos enérgicos que se nieguen a arrodillarse ante el terror de la corrección política. 
Si la Presidencia italiana consigue esbozar en estos ámbitos una política europea concreta, puede usted contar con nuestro apoyo. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, quiero empezar ofreciéndole nuestros mejores deseos incondicionales para su Presidencia. 
Recientemente el debate sobre la estructura, los poderes y las instituciones de la Unión Europea ha llegado a dominar casi todas las discusiones europeas. 
Por lo tanto, llega como un soplo de aire fresco el hecho de que haya puesto usted la consecución de la estrategia de Lisboa al frente de nuestros objetivos políticos. 
Debemos hacer frente a los retos del cambio económico y la reforma. 
En un momento en que Europa se enfrenta a la deflación y el estancamiento, resulta alentador ver que se reconoce la necesidad de recuperar el proceso de mayor liberalización de las economías europeas. 
Necesitamos una acción real sobre la estrategia de Lisboa en vez de retórica vacía. 
Los millones de desempleados de toda Europa quieren puestos de trabajo sostenibles, en vez de nuestra aparente obsesión por el diseño y la arquitectura institucional. 
Los puestos de trabajo y la prosperidad tendrán un impacto más directo y real en las vidas de los ciudadanos a quienes representamos aquí que si nos entretenemos jugando con las instituciones. 
Volviendo a la CIG y a las perspectivas de un nuevo tratado constitucional, le insto a usted y a los demás Jefes de Estado a volver a los objetivos que se fijaron en Laeken. 
Usted se hallaba ente los líderes europeos que pidieron que la Convención acercara la UE a los ciudadanos. 
Algunos de nosotros tenemos serias dudas de si el resultado ha sido realmente este. 
Los Gobiernos europeos deberían tener muy presente la declaración de Laeken cuando emprendan las negociaciones en la CIG. 
Nuestras elites políticas siempre han dado por sentado que la única forma de que Europa pueda tener éxito es con un cambio institucional regular. 
Pero nuestra Europa ampliada de 25 Estados debería ser un lugar donde se mantenga y se defienda el debido respeto de la diversidad de los Estados nacionales. 
Imponer una camisa de fuerza de uniformidad sólo puede perjudicar a los verdaderos intereses de unidad en la UE. 
También aplaudo la declaración que ha hecho en sus objetivos prioritarios, cuando dice que su deseo de completar el trabajo de la CIG proviene del respeto de los valores de la democracia y la transparencia. 
Confiamos en que se atendrá a ello en las negociaciones intergubernamentales que tiene por delante. 
También me gustaría aclarar un tema que ayer planteé en el Parlamento con el Presidente Cox. 
Los países en vías de adhesión se verán afectados por los resultados de la CIG de la misma forma que los 15 Estados actuales de la UE. 
Entiendo que participarán en la CIG en las mismas condiciones que los Estados miembros actuales. 
El Presidente Cox me dijo lo mismo ayer después de mi discurso. 
¿Pero qué significa esto en la práctica? 
Sin duda debería significar que los países candidatos tengan el mismo derecho a voto en el Consejo sobre los resultados de la CIG. 
Espero que pueda confirmar usted que también lo ve así. 
También me complace su claro compromiso con la recuperación y el refuerzo de la relación transatlántica. 
Los acontecimientos recientes han deteriorado los sólidos vínculos que existen entre Europa y los Estados Unidos. 
En un periódico de ayer, usted dijo que Occidente debe estar unido. 
No puede haber competencia entre nosotros y América. 
Dado que últimamente la tensión ha aumentado entre los Estados Unidos y algunos países, esperamos que otorgue la máxima prioridad a este punto. 
Debemos asegurar que en el terreno de la defensa, la Unión Europea no persiga objetivos que comporten un antagonismo con las instituciones de la Alianza Atlántica. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, como diputada italiana al Parlamento Europeo por el Movimiento de Republicanos Europeos en el Grupo ELDR, y en nombre de los Socialistas Liberales del Sr. Martelli, solo puedo esperar que estos seis meses resulten un éxito seguro para Europa e Italia. 
Para resolver las difíciles tareas que le aguardan- desde una gran infraestructura hasta las pensiones y la inmigración ilegal -, no necesitará formatos de televisión sensacionalistas, sino trabajo inteligente y creativo de mediación política, para hace honor al compromiso que ha contraído ante este Parlamento. 
Por lo tanto, sus acciones deben apuntar muy alto y centrarse en las principales opciones internacionales, sobre todo la nueva Constitución de los Veinticinco, y cualquier paso que se dé en esta dirección será bienvenido, pero no se permitirá ni un paso atrás. 
La reconstrucción de una verdadera cooperación con los Estados Unidos debe empezar con una relación directa con la Unión Europea, con la asunción gradual por parte de Europa de responsabilidad y liderazgo en la OTAN, con una visión moderada, en lugar de antagonista o subordinada, de las relaciones. 
Por lo tanto, señor Presidente en ejercicio, nos parece esencial animar al Reino Unido a que entre en la unión monetaria para fortalecer a Europa a escala internacional. 
La otra prueba difícil que le aguarda es la solución del problema de Oriente Próximo, teniendo en cuenta que la Hoja de Ruta requiere una actitud exquisitamente imparcial, y, por lo tanto, la intervención europea no debe dirigirse hacia una única parte. 
Estos son los desafíos principales, señor Presidente en ejercicio, por los que, en mi nombre y también en el de nuestro país, le deseo el mayor de los éxitos. 
Señor Presidente en ejercicio, si hay algo que me preocupa de la situación en Europa, y esta mañana hemos tenido unos pocos ejemplos, es un tipo de política que demasiado a menudo parece ser autorreferente. 
Por ello, estoy seguro, y los hechos lo confirmarán, de que su compromiso de responder todos los días a las expectativas de sus ciudadanos europeos caracterizará su Presidencia. 
La norma de nuestros discursos es intentar aportar algo a los informes. 
Aquí hay una gran dificultad, señor Presidente en ejercicio, porque las cuestiones tratadas han cubierto todas nuestras expectativas. 
Solamente hay una cuestión sobre la que me gustaría llamar su atención. durante los seis meses de la Presidencia italiana se redactarán las nuevas reglas para las políticas de cohesión. 
En este contexto creo que la Presidencia italiana debería recordar a la Unión Europea una serie de responsabilidades específicas, que son: reforzar la cohesión económica y social; reducir la disparidad de los niveles de desarrollo de muchas regiones, que sigue existiendo en nuestra Unión y será incluso mayor con la ampliación; y aplicar ideas de solidaridad geográfica, y a este respecto pensamos en regiones más remotas. 
Esta política se basa especialmente en tres principios: que sin recursos la política de cohesión será difícil de aplicar; que las políticas sectoriales que desarrolla la Unión- piense en los efectos de la reforma de la política agrícola- deberían contribuir a una gran ideal de cohesión europea; y que la nueva idea de cohesión europea también debería incluir criterios de flexibilidad. 
Un último punto, que mi colega, el Sr. Tajani, ya ha mencionado: todas estas políticas estarán recogidas en la labor de la CIG, confirmando la Convención. 
Bien, me parece que una referencia a los valores fundadores de Europa, una referencia explícita a los valores cristianos, sería una contribución a nuestra historia. 
Señor Presidente, hace 14 años que soy diputado a este Parlamento. 
Durante este tiempo, cada seis meses recibo montones de documentos de la Presidencia entrante sobre sus prioridades, pero esta vez no. 
No he recibido nada. 
Ayer visité la página web de la Presidencia- era su primer día- para ver cuáles eran las prioridades, y encontré un mensaje que decía que no habría nada disponible hasta las 16.30 horas. 
De modo que pensé: «ah, el secreto es porque va a haber algún anuncio importante». 
Y esperé aguantando la respiración. 
Pero lo que nos llegó fueron las habituales palabras cálidas. 
Esto me sugiere que el motivo real del retraso y de la falta de información es sencillamente que la Presidencia no está preparada. 
That is what concerns me. 
When Europe is faced by some of its greatest challenges, such as how to prepare for next year's enlargement, we have a presidency that appears to have been so distracted by internal affairs that it has not properly prepared for its presidency. 
Me pregunto si esta será la Presidencia peor preparada desde que estoy en el Parlamento. 
También estoy preocupado por la falta de coherencia. 
No repetiré lo que ha dicho el Sr. Swoboda, aunque estoy de acuerdo con ello. 
Sin embargo, hoy hemos escuchado el entusiasmo de la Presidencia por el desarrollo de la defensa europea. 
Observo que este es el mismo Gobierno que rechazó el A-400 M, que, al fin y al cabo, es el elemento clave de la capacidad de defensa europea. 
Esto me lleva a preguntarme cuántas de estas cálidas palabras se convertirán en realidad. 
También estoy preocupado por las declaraciones contradictorias del Gobierno en materia de inmigración. 
Hemos oído algunos discursos muy emotivos sobre el tema. 
Francamente, no podemos abordar un tema tan importante como el asilo y la inmigración con una retórica impulsiva que solo solivianta y fomenta las ansiedades de nuestra población. 
Debemos mostrar un liderazgo político y un planteamiento equilibrado, tanto al estudiar la integración de los emigrantes- cosa que el Parlamento Europeo estudiará por primera vez durante esta Presidencia- como la gestión de la inmigración basada en nuestras necesidades económicas y en las necesidades de los propios inmigrantes. 
Espero que la Presidencia mostrará exactamente este liderazgo político al respecto. 
Señor Presidente, en Italia suele argumentar usted que sufre una persecución política por parte de sus detractores. 
Eso no sucederá en esta Cámara. 
No obstante, su labor será fiscalizada minuciosamente, ya que en esta Cámara no existe inmunidad para las infracciones ni los errores políticos. 
Este otoño, la Unión Europea se unirá en torno a una política de asilo e inmigración basada en el humanitarismo y la humanidad compartida. 
Este es un punto al que apenas ha hecho referencia en su discurso, señor Berlusconi. 
El éxito requiere un liderazgo claro que pueda actuar con legitimidad y autoridad. 
Lamentablemente, debo preguntarme si el Gobierno italiano es capaz de asumir esa responsabilidad en este momento. 
Uno de sus propios Ministros, de quien se ha hecho mención anteriormente en esta Cámara, exige que la policía recurra a las armas para enfrentarse a los refugiados que buscan la libertad en su país. 
A esto debe usted oponerse firmemente. 
Su condición de propietario de medios de comunicación italianos permite al Gobierno controlar el contenido tanto de la prensa privada como de la televisión pública. 
Es este un hecho preocupante que afecta a toda la Unión Europea y que no se habría aceptado en ninguno de los nuevos Estados miembros. 
La triste pregunta que debemos hacernos ahora es si Italia es un país que cumple los criterios políticos de Copenhague. 
Quizás pueda demostrar usted que nosotros, los críticos y escépticos, estamos equivocados. 
Señor Presidente, permítame decirle, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, que tenemos confianza en la presidencia ejercida por Italia. 
Sabemos que sabrá aunar el voluntarismo político y el espíritu de conciliación para hacer progresar la construcción europea. 
En el ámbito internacional, las relaciones transatlánticas son evidentemente fundamentales. 
La Unión Europea debe entrevistarse más a menudo con los Estados Unidos, como acaba de hacer en Washington. 
Las cuestiones que son objeto de conflicto entre las dos orillas del Atlántico, como la protección del medio ambiente, deberían ser objeto de un enfoque más pragmático. 
Compartimos la opinión de la presidencia italiana sobre la necesidad de una CIG corta, que retome si es posible el proyecto de constitución de la Convención europea y, sobre todo, no vuelva a abrir la caja de Pandora de las demandas nacionales. 
Estamos a punto de aprobar una constitución común preparada con toda claridad. 
Aprovechemos esta oportunidad única y movilicémonos para el nuevo Tratado constitucional de Roma. 
Paralelamente a la ampliación de la Unión, es necesario que los ciudadanos se sientan seguros en las fronteras de una Unión vigilante a las amenazas externas que representan la inmigración clandestina, la delincuencia organizada y el terrorismo. 
Además, tenemos que dar pruebas de determinación para realizar los deseos del Consejo Europeo en Salónica. 
En el plano económico, necesitamos el proyecto de la presidencia italiana de dar un nuevo impulso a la red transeuropea de transporte por carretera, ferroviario y marítimo, así como al proyecto de investigación y desarrollo. 
Como ha recordado el Primer Ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, el pacto que une a los europeos se llama «Pacto de Estabilidad y Crecimiento». 
Por lo tanto, somos favorables a que la Unión Europea tome iniciativas sobre este segundo aspecto. 
Como representante de las regiones de ultramar insisto en la importancia para la cohesión social de la Unión de desenclavar a las regiones aisladas del centro de Europa. 
La solidaridad de Europa pasa por este esfuerzo. 
Con vistas a la Conferencia euromediterránea de Nápoles los días 2 y 3 del próximo mes de diciembre, alentamos a la nueva presidencia a que desarrolle sus relaciones, sobre todo en el ámbito del comercio, de la agricultura, de las infraestructuras y de la migración, con objeto de evitar el fracaso del proceso de Barcelona. 
Para concluir, apoyamos totalmente toda política europea y nacional destinada a promover la diversidad lingüística. 
Una Europa rica de 20 idiomas y otras tantas culturas no sabría reducirse a una Europa de un sólo idioma. 
Pero esto requiere esfuerzos por parte de todos y esperamos que la nueva presidencia aporte iniciativas concretas en la materia. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, le haré una confidencia: prefiero su presentación tranquila a la del Primer Ministro francés ayer, aquí en Estrasburgo, que vino para dividir a la patria. 
Sin embargo, -e imagino que se habrá dado cuenta a lo largo de este debate -, más allá de todas las palabras, le juzgaremos por sus actos. 
Y usted sabe que este Parlamento tiene una gran ambición para un trabajo que es responsabilidad suya: el éxito de la CIG. 
Es la ambición de este Parlamento, es la ambición de mi grupo al servicio de una democracia europea que funciona en todos los ámbitos, ya sea en el europeo o en cada uno de nuestros Estados miembros y en el respeto de esta Carta de Derechos Fundamentales que acabamos de integrar en el proyecto de Constitución. 
Acabo de descubrir su programa, muy tarde, en inglés- por desgracia no leo italiano- y he descubierto que se vuelve a hablar del libro blanco de Jacques Delors. 
Esto me complace, porque creo que Jacques Delors tenía razón. 
Sencillamente, desde que Jacques Delors propuso a la Unión este gran proyecto de redes transfronterizas y de infraestructuras europeas, nos tropezamos con el mismo problema: la financiación. 
Usted menciona la idea de una financiación por parte del BEI, pero el BEI sigue siendo un banco. 
No encontrará ninguna solución aparte del préstamo europeo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿está usted dispuesto a pelearse por un préstamo europeo para financiar estos grandes proyectos? 
De lo contrario, serán palabras y más palabras. 
Al fin y al cabo, ¿este plan de reactivación es un plan de reactivación al servicio del crecimiento europeo, o simplemente al servicio de la economía italiana, que tiene dificultades para respetar el Pacto de Estabilidad? 
Señor Presidente en ejercicio, entre los asuntos de la agenda de la Presidencia italiana, este Parlamento ha prestado atención especial, como es lógico, a la Conferencia Intergubernamental, que debería aprobar el proyecto de la Convención. 
La Constitución será un hito histórico que recordará al Tratado de Roma de 1957. 
Sin embargo, el Parlamento espera que se dé un paso adelante en el terreno del voto mayoritario y la política exterior común, que considera la única alternativa al unilateralismo norteamericano y la base más valiosa del entendimiento euroatlántico. 
También espero que se reflexione sobre el hecho de que los valores humanos, claramente expresados en las cláusulas de la Constitución y que están allí para proteger a la ciudadanía europea, tienen raíces cristianas. 
El cristianismo no supone ninguna limitación de la secularidad de la política. 
La Presidencia italiana tiene la oportunidad de incorporar redes transeuropeas, que los proyectos prioritarios de la Comisión han señalado como objetivo para consolidar la cohesión territorial europea, en un programa más amplio. 
Sin embargo, debemos invertir más recursos en la política de investigación e innovación, como usted, señor Berlusconi, ha dicho y ha confirmado el Sr. Prodi, ya que la competitividad de la economía europea depende especialmente de esta inversión. 
Por último, la Presidencia debería poner en práctica la iniciativa esbozada en Salónica de una política de inmigración que logre un equilibrio permanente entre legalidad y acogida; es decir, que mantenga los valores que leemos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Por último, a fin de vigorizar la política mediterránea europea, hemos de saber que ninguna iniciativa que implique a los países mediterráneos puede tener éxito a menos que se base en una sólida política de paz que garantice la seguridad de Israel y también una patria para los palestinos. 
Le deseo éxito en su trabajo. 
Señor Presidente, la presidencia italiana propone iniciativas de política económica interesantes y al mismo tiempo desconcertantes. 
De hecho, parece que el gobierno italiano practica la estrategia del gelato caldo, del helado caliente. 
Dice una cosa y después la contraria. 
Así, el Pacto de Estabilidad debería ser al mismo tiempo más fuerte y más flexible. 
Se habla de un «Maastricht de las pensiones» : a primera vista, este eslogan no tiene sentido. 
El Presidente Berlusconi acaba de invitarnos a reflexionar sobre la durabilidad de la cobertura social europea. 
El grupo socialista no desconoce los problemas que actualmente plantea el contrato entre las generaciones. 
El feliz aumento de la esperanza de vida, unido a períodos de trabajo más cortos, conduce a una disminución del número de activos en relación al de jubilados. Evidentemente, esto plantea un problema de financiación para los sistemas públicos que funcionan por reparto. 
Sin embargo, los fondos de pensión privados que funcionan por capitalización tienen problemas similares. 
En los Estados Unidos, en Gran Bretaña y en otros países, los fondos de pensiones acumulan las pérdidas y se enfrentan a graves problemas de liquidez. 
Por todos sitios las empresas transforman sus fondos de pensión de prestaciones definidas en fondos de pensión de contribuciones definidas. 
Dicho de otro modo, los trabajadores saben lo que tienen que pagar, pero ya no conocen los recursos a los que tendrán derecho en la jubilación. 
¿Este «Maastricht de las pensiones» no esconderá la voluntad de reducir el compromiso público en materia de pensiones? 
La presidencia tiene que clarificar lo más rápido posible sus intenciones reales en la materia. 
Los socialistas no aceptarán, en ningún caso, un Waterloo de las pensiones. 
Las propuestas del ministro Tremonti a favor de los transportes transeuropeos van en la línea de una prioridad política defendida por mi grupo desde hace años. 
Pero puesto que el concepto no está muy claro y la financiación no está de ningún modo asegurada, no creemos que la realización de las redes transeuropeas futuras tenga el impacto deseado en la situación coyuntural europea. 
Como ha dicho el Presidente Ciampi, y con esto termino, Señor Presidente, no habrá estabilidad sin crecimiento ni crecimiento sin estabilidad. 
El crecimiento y la estabilidad son los dos motores que permitirán a la economía europea avanzar. 
Señor Presidente, quisiera desear suerte a la presidencia italiana y deseo que, puesto que interviene en un momento extremadamente importante para el futuro de Europa, sea a la vez armoniosa y eficaz. 
Me uno a lo que ya han expresado unos y otros, es decir, la voluntad de que un nuevo tratado constitucional vea la luz durante esta presidencia. 
Italia es un gran país europeo, así como un país de grandes europeos y estoy segura de que, fieles a este patrimonio, el Presidente en funciones del Consejo, el Presidente de la Comisión y el Vice-presidente de la Convención se esforzarán por unirse en lo esencial para ofrecer a Europa una nueva cara. 
Creo que esta nueva Constitución que aprobaremos, espero que por referéndum, tendrá un gran mérito: el de existir por fin. 
Pero este texto fundamental debe ser un punto de partida para una nueva Europa y no un fin en sí mismo. 
Además, creo que las próximas elecciones serán la ocasión para los ciudadanos de afirmar su deseo de ir más lejos en las políticas comunes europeas, ya se trate de la coordinación de la políticas económicas, presupuestarias, fiscales, sociales, de la creación de una Europa de la defensa y de la investigación o de la definición de una política exterior común para tener peso en el mundo. 
Será el próximo reto para los que acarician esta idea de una Europa que nos supere y que nos reúna. 
Asimismo, la presidencia italiana tendrá la gran responsabilidad de avanzar en los ámbitos de la educación y de la cultura. 
Tendrá que hacer progresar la Europa del conocimiento, y deseo que podamos aprobar lo más rápidamente posible el programa Erasmus Mundus para que se ponga en marcha no más tarde de 2004. 
Para concluir, me permito llamar su atención sobre la reunión de la Asamblea General de la Unesco en octubre de 2003, que debería hacerse cargo del proyecto de la convención internacional sobre la diversidad cultural. 
Deseamos que la Unión tenga una posición clara y pública respecto de este proyecto. 
En conclusión, quisiera formular el deseo de que el espíritu de los signatarios del Tratado de Roma esté presente en esta presidencia italiana. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, el calendario le ha llevado a usted a ejercer la Presidencia en el semestre clave para la puesta en marcha de la orden de búsqueda y captura, petición de este Parlamento, petición de mi país, España. 
Le pido, por favor, que haga lo necesario para que ello sea posible. 
La Unión Europea debe aportar su propia vía en la lucha contra el terrorismo, sobre todo, porque hemos visto, en los últimos tiempos, que la vía militar tiene sus límites. 
Tiene también sus límites en relación con la cuestión de la inmigración. 
Con medios militares no resolvemos nada, y no le hablo de derechos, le hablo de eficacia. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, nada es más fácil que criticar la política de inmigración del Gobierno actual. 
Ustedes, Italia, son un ejemplo claro. 
Se cebaron con el Gobierno anterior en el tema de la inmigración, y ahora se encuentran confrontados con los mismos o peores problemas y ni siquiera necesitan a la oposición para que se lo diga: se lo dicen en su propio Gobierno. 
Usted nos pide que no traigamos aquí las discusiones italianas. 
Vamos a hacer un pacto: yo le pido exactamente lo mismo. 
No eleve el tono enviando hacia sede europea los problemas que no puede resolver en el ámbito nacional. 
No nos traiga aquí el debate italiano sobre inmigración. 
No lo necesitamos. 
No necesitamos una escalada de titulares de prensa. 
Necesitamos, en cambio, continuar con las conclusiones de Salónica, con su contenido y con el tono con que han sido escritas. 
Necesitamos establecer una política de admisión, de control de fronteras, de integración- palabra que ha desaparecido de su programa- y de diálogo con los terceros países, no sobre inmigración clandestina, sino sobre inmigración, sobre todo lo relacionado con inmigración. 
Y en un tono sereno y racional, sin mezclar clandestinidad, seguridad y legalidad, sin insinuaciones que funcionan siempre, no porque no sea políticamente correcto, señor Presidente en ejercicio del Consejo, sino porque entonces fracasaremos en gestionar la inmigración y en luchar contra el crimen y eso no podemos permitírnoslo. 
Señor Presidente en ejercicio, ha hablado usted de una gran Europa y, de hecho, con la llegada de los nuevos países estamos pasando por un momento de reconciliación europea con su propia historia y su propia civilización. 
Sin embargo, Europa solamente será grande si puede conservar su capacidad para competir en el ámbito económico. 
Como ha dicho usted, Europa podrá ejercer influencia si puede actuar con decisión. 
Si en estos momentos hay un fantasma en Europa, este es el riesgo de perder su capacidad competitiva a escala mundial. 
Por lo tanto, celebro que haya mencionado la estrategia de Lisboa y que haya hecho referencia en su programa a la competitividad al servicio de la prosperidad compartida. 
Desde Lisboa, señor Presidente en ejercicio, se han malgastado tres años, y he dicho malgastado. 
Por este motivo es acertado buscar nuevas líneas de desarrollo y nuevos instrumentos económicos, como ha hecho usted. 
Necesitamos imaginación, necesitamos la capacidad para ver más allá de lo evidente, y, por lo tanto, la propuesta de crear nuestra infraestructura, tanto tangible como intangible (como los recursos humanos y la investigación) , movilizando recursos privados y fondos públicos, es el camino correcto. 
También es necesario llevar la cuestión de un sistema de pensiones sostenible al plano de la Unión Europa. 
Muchos de nosotros, en este Parlamento y fuera de él, estamos convencidos de que su Presidencia será la clave del éxito en este período crucial de la construcción de una Europa unida. 
Quisiera recordar a quienes hoy han traído el veneno de cierto tipo mediocre de política italiana, que en democracia son los votos de los ciudadanos los que dan legitimidad, y nada más. 
Quizá para ellos el concepto de democracia sea demasiado reciente para haberlo adoptado completamente. 
Como italianos y europeos estamos orgullosos de que vaya usted a liderar Europa durante estos seis meses. 
Le deseo suerte en su trabajo, señor Presidente en ejercicio. 
Señor Presidente, quisiera empezar dando las gracias a la Cámara por permitir que el Presidente en ejercicio presente su importante mensaje sin interrupciones. 
Soy un gran italianófilo y amigo de la Alleanza nazionale y de Forza Italia en el Parlamento. 
El Sr. Berlusconi sabiamente se ha referido de forma positiva al debate sobre la Gran Europa. 
Estoy de acuerdo, y me complace que se refuercen los vínculos con Ucrania y Moldavia en particular. 
Yo pediría que por primera vez se reconozca formalmente que, de conformidad con el artículo 49 del Tratado, tienen derecho a solicitar su eventual adhesión a la UE. 
Sin embargo, es lamentable la ausencia de una delegación de la Comisión Europea en Chisinau y el hecho de que Italia, al contrario que Gran Bretaña, Francia y Alemania, no tenga embajada en Moldavia, a pesar de los vínculos con los puebles de habla rumana. 
Hay que presionar para que finalmente se resuelva la cuestión de Transnistria, que trunca y corrompe al Estado moldavo. 
Recientemente el régimen despreció a una delegación de diputados de esta Cámara que quería entrar en el territorio ocupado. 
La presión sobre Rusia y Ucrania ayudaría a resolver este tema. 
También es importante que la UE se comprometa constructivamente con Bielorrusia donde, a pesar de nuestras diferencias, debemos implicarnos de forma positiva en áreas de interés mutuo, como los controles de fronteras, y para fomentar las reformas y la democracia e impedir el autoaislamiento por parte de este Gobierno. 
Pido al Consejo que por primera vez otorgue un mandato político al BEI para ampliar sus operaciones a Ucrania y Moldavia a la espera de sus eventuales candidaturas a la UE. 
Al fin y al cabo, el BEI ya opera en Rusia, y, por supuesto, agradezco el interés y el compromiso del Sr. Berlusconi. 
Aplaudo que se refuercen las redes transeuropeas, y un buen inicio sería un tren rápido entre Bruselas y Estrasburgo, para que nuestras vidas como diputados al Parlamento Europeo sean mucho más soportables. 
También me complace que se revigorice la Agenda de Lisboa, sin la cual nuestro continente perderá ante los mercados emergentes de Oriente y las zonas de libre comercio previstas en América. 
Finalmente, me complacen los esfuerzos de Italia por asegurar sólidamente las fronteras del sur de Europa contra la inmigración ilegal. 
Sin embargo, ¿cómo puede reconciliarse esto con la comunicación de la Comisión sobre una Gran Europa, que parece prometer controvertidamente una eventual libertad de circulación para las personas de los países que pertenecen a Euro-Med? 
Señor Presidente en ejercicio, como todo el mundo en esta Cámara, quisiera desear mucho éxito a la Presidencia italiana durante los próximos seis meses. 
Hay mucho trabajo importante por hacer y espero que, a pesar de que a muchos de nosotros nos preocupa su ejercicio del poder en Italia, la agenda europea avance. 
El veredicto que esta Cámara emitirá sobre su trabajo como Presidente en ejercicio se basará en cómo avance la agenda europea. 
Los demás asuntos ya los resolverá a su debido tiempo el electorado italiano y, presumiblemente, también los tribunales italianos. 
Sin embargo, en cuanto a lo que debemos hacer ahora, lo más importante que debe usted abordar es la Conferencia Intergubernamental. 
Es esencial impedir que la Conferencia Intergubernamental se desarrolle en la sombra. 
La Convención sobre el Futuro de Europa se ha reunido en público, ha debatido en público, y ha discutido todos los temas en público. 
No debemos permitir que diplomáticos no elegidos se reúnan a puerta cerrada para desmantelar el buen trabajo de la Convención. 
Por lo tanto, es una responsabilidad extremadamente importante de su Presidencia garantizar que la documentación de la Conferencia Intergubernamental esté a disposición del público, así como todas las respuestas a dicha documentación. 
No basta con presentar a esta Cámara informes ocasionales, cuidadosamente editados, de vez en cuando a lo largo de los seis próximos meses. 
Debemos saber exactamente lo que está ocurriendo. 
El público necesita saber, los parlamentos nacionales necesitan saber y el Parlamento Europeo necesita saber lo que se debate en la Conferencia Intergubernamental. 
No podremos asegurar el apoyo del electorado de Europa a los resultados de la Conferencia Intergubernamental a menos que la población pueda participar plenamente en el debate que tenga lugar allí. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, del discurso del Sr. Berlusconi se desprenden dos reglas de oro: la continuidad en materia de política exterior y seguridad y una reivindicación del juicio basado en los hechos. 
El enfoque de la negociación anunciado por el Sr. Berlusconi es el enfoque de la sabiduría y del verdadero trabajo duro, el enfoque que Europa necesita en interés de todos. 
Los hechos hablan por sí mismos: Europa se encuentra en una encrucijada histórica, está a punto de dotarse de una constitución, pero el proyecto presentado ha recibido la aceptación general que, por el momento, sin embargo, ha restado importancia a las objeciones de varios Gobiernos, y estas objeciones saldrán a la luz en la Conferencia Intergubernamental. 
La negociación será el único medio de alcanzar una conclusión positiva. 
En política exterior hay cuatro objetivos: el proceso de paz de Oriente Próximo; la restauración de la relación transatlántica, perjudicada por la crisis del Iraq; el lanzamiento de nuevas operaciones en los Balcanes, dirigidas por fuerzas europeas con bandera europea; y, por último, el diálogo con los países mediterráneos del sur, que es uno de los puntos fuertes en la línea de acción de la Comisión Europea, bajo el excelente liderazgo de Romano Prodi. 
También en estos casos la negociación que ha mencionado, señor Presidente en ejercicio, será decisiva. 
Desde su primera aparición en esta Asamblea, necesitaba usted especificar no solo las prioridades de la Presidencia italiana, sino también los métodos que pretende emplear, y lo ha hecho usted con tanta claridad, con coherencia y con un sentido de auténtica democracia, especialmente cuando ha anunciado usted una mayor participación del Parlamento Europeo. 
Por último, agradecemos el compromiso de impulsar la economía de la Unión y definir el futuro de la Política Agrícola Común, y destacamos su espíritu de colaboración en torno a problemas espinosos como la inmigración y la política de seguridad. 
Quisiera concluir expresando mi orgullo como diputado italiano a este Parlamento, un sentimiento que sentiría cualquier otro diputado europeo en estas circunstancias, por participar en una acción fundacional de la Unión Europea, una Unión que está hoy dirigida por dos italianos representativos, Silvio Berlusconi y Romano Prodi. 
Estamos seguros de que no nos decepcionarán, sino que, en su lugar, demostrarán ser merecedores de la historia de Italia y de la creación de la Comunidad. 
Señor Berlusconi, su Presidencia tendrá éxito a pesar de los insatisfechos europeos que hoy despotrican, y cuenta usted con todo el apoyo del Grupo demócrata-cristiano de este Parlamento. 
Le deseo éxito, ya que será también el éxito de Europa. 
Señores Presidentes, la Presidencia italiana de la Unión Europea se inicia en un marco de opciones complejas y difíciles desde el punto de vista económico. 
Para que tenga éxito es absolutamente necesario que la fase de euroescepticismo que todavía hace poco llevó al Gobierno italiano a formular reticencias a la moneda única, esté totalmente superada. 
No obstante, hay que reconocer desde ahora como positivo el objetivo que se ha fijado como prioridad la Presidencia italiana de relanzar la economía europea, que actualmente se encuentra estancada, al parecer dependiente en exceso de la reactivación de la economía estadounidense. 
Por ello, es importante conocer muy bien las propuestas concretas de la nueva Presidencia tanto en relación con el lanzamiento de un vasto programa de inversiones en infraestructuras con el apoyo del BEI, como en cuanto a la reapertura del debate en torno a la flexibilización del Pacto de estabilidad y crecimiento, que impone a las economías europeas un duro corsé de contención presupuestaria incluso cuando sus tasas de crecimiento son negativas o muy próximas a cero, como sucede actualmente. 
El pleno éxito de esta Presidencia, al margen de lo que circunstancialmente la protagonice, sólo puede resultar de un deseo global de todos de éxito de la integración europea. 
Espero que el Presidente tenga éxito. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señora Vicepresidenta de la Comisión, el programa de actuación de la Presidencia italiana del Consejo en el sector del transporte disponible hasta ahora presenta, lamentablemente, dos grandes lagunas, a saber, en primer lugar, el desarrollo y conclusión del procedimiento de conciliación relativo al segundo paquete sobre los ferrocarriles y, en segundo lugar, el procedimiento de conciliación relativo a la directiva sobre los puertos marítimos. 
En mi calidad de ponente del Parlamento Europeo, pido a la Presidencia italiana del Consejo que dedique una atención prioritaria a ambos procedimientos legislativos, máxime cuando el apoyo al transporte ferroviario y a los puertos marítimos también debe ser del interés nacional de Italia. 
Precisamente el actual Gobierno italiano debería estar muy interesado en seguir avanzando en la liberalización progresiva de las redes ferroviarias, con objeto de promover la transferencia del transporte de un mayor número de mercancías y de personas de la carretera al ferrocarril, gracias a la reactivación del sector ferroviario. 
En mi calidad de ponente del Parlamento Europeo, quiero ofrecer a la Presidencia un procedimiento de conciliación anticipado ya en el contexto de la segunda lectura del Parlamento, con el fin de que podamos cerrar el segundo paquete sobre los ferrocarriles antes de que concluya la Presidencia italiana. 
Pero la mejora de la eficiencia de los puertos marítimos gracias al aumento de la competencia y la transparencia también podría interesar a toda la Unión, y también de Italia, con sus extensas costas y su papel central en el Mediterráneo. 
Por consiguiente, confío en que la Presidencia italiana también preste seria y prioritaria atención a este segundo procedimiento de conciliación. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, permítame que le ruegue, también en su calidad de antiguo miembro y amigo de nuestro Grupo, que completemos conjuntamente con rapidez y eficacia estos dos importantes proyectos en el ámbito del transporte, a saber, la liberalización de los ferrocarriles y la liberalización de los puertos, con objeto de aumentar la competencia y la eficiencia. 
Señor Presidente en ejercicio, como tengo la suerte de tomar la palabra al final de este debate, primero quisiera expresar mi satisfacción como italiano por el reconocimiento, mostrado por muchos, del papel histórico desempeñado por Italia en el proceso de la integración europea: un papel, añadiría, que siempre ha dado especial importancia a las instituciones supranacionales originales, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. 
Estoy seguro, señor Berlusconi, de que usted, como italiano, compartirá esta satisfacción y entenderá que toda reserva, preocupación y petición dirigidas a usted reflejen las expectativas de todos puestas en la Presidencia de un gran país fundador y federador de la Comunidad Europea. 
Ahora expresaré mis inquietudes y mis expectativas como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
La Convención sobre el futuro de Europa ha sido una innovación de extraordinaria importancia. 
El proyecto de Constitución que ha aprobado será remitido, de acuerdo con el Tratado, para su decisión final por los Jefes de Estado y de Gobierno, pero sería una tontería poner en duda las innovaciones más significativas que contiene tras seis meses de arduo trabajo realizado por los representantes de los Gobiernos, los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. 
Usted, señor Berlusconi, ha hablado de diferencias de opinión y, por ende, de la necesidad de negociación, pero en la Convención, y en su Praesidium en particular, ya se han hecho esfuerzos significativos por negociar. 
La negociación por parte de la Presidencia italiana en la preparación y celebración de la Conferencia Intergubernamental ha de tratar de hacer avanzar todavía más el proyecto de Constitución, abordando con firmeza las opciones esenciales que han quedado sin resolver, que el Presidente de la Comisión ha señalado hoy y también ayer por la mañana en esta Asamblea. 
El Parlamento está totalmente de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión. 
Dentro de poco vamos a votar aquí sobre una resolución presentada por miembros de los Grupos del PPE-DE, PSE y ELDR, que reivindica una formulación valiente de las Partes III y IV de la Constitución, y, en particular, una mayor extensión del voto por mayoría cualificada. 
Este Parlamento contribuirá a la Conferencia Intergubernamental del modo indicado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y que usted se ha comprometido a proponer al Consejo. 
Naturalmente, yo también celebro la forma en que ha tomado usted posición y espero que se haga extensiva a otros aspectos propuestos por el Sr. Barón Crespo. 
Espero, señor Berlusconi, que su diálogo con nuestro Parlamento sea desapasionado y con actitud abierta. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, doy mi más sincera bienvenida al programa de la Presidencia italiana y creo que, con la debida precaución, con la humildad que caracteriza al pueblo italiano y con la casi única capacidad para poner nuestra inspiración e inteligencia al servicio de muchos, podremos llegar a puerto en la nueva Europa. 
El verdadero objetivo de la política debe ser el noble gobierno de las necesidades de las personas, en una sociedad que cambia constantemente a una velocidad cada vez mayor. 
Para ello es necesario una gran sensibilidad política para gestionar la tecnoestructura y oponerse a la tecnocracia. 
La sociedad regida de esta forma consiste, en pocas palabras, en una gran mayoría de personas corrientes, buenas y sencillas: hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, con diferentes capacidades, que trabajan y viven de forma anónima y a quienes les mueven sentimientos buenos y sencillos de solidaridad y amor. 
Esta es la Europa importante que hemos de abordar, moldeando la estructura económica de acuerdo con el crecimiento de estas personas corrientes, que no deberían verse obligadas a vivir en la inseguridad y la inestabilidad en que la economía mundializada las atraparía. 
La Asociación Euroatlántica con todas las Américas no es solamente una necesidad u opción económica y política; es un hecho cultural que surge de nuestras raíces comunes y valores compartidos. 
Habría que fortalecerla, debe crecer, sobre todo a través de la transformación de la OTAN en una herramienta de política internacional al servicio de unas Naciones Unidas reformadas, superando la lógica de Yalta. 
Un último pensamiento sobre la pobreza en el mundo. 
Hay demasiada pobreza, y la ayuda es necesaria. 
Por lo tanto, en el debate sobre la perspectiva financiera de la Unión, deberíamos fijarnos con valentía y decisión el objetivo de aumentar nuestra contribución al 2% del PIB, porque abrir nuestros mercados y reformar nuestras instituciones no basta para las agencias internacionales. 
Señor Presidente en ejercicio, espero que nuestra Presidencia italiana muestre una gran capacidad para escuchar, porque esta es la única forma de celebrar la Constitución de la nueva Europa, y también de satisfacer a la Comisión de Romano Prodi, un verdadero campeón del método comunitario y de la Europa que queremos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, muchos diputados han subrayado la extraordinaria naturaleza de los acontecimientos y de los momentos cruciales de la política europea que tendrán lugar durante su Presidencia, desde el Tratado Constitucional hasta la Hoja de Ruta de Oriente Próximo, los preparativos para la ampliación y el relanzamiento de la estrategia de Lisboa. 
Reconozco la importancia histórica de estos acontecimientos, pero quisiera llamar su atención, señor Presidente en ejercicio, sobre el carácter ordinario del trabajo realizado por las instituciones europeas. 
Necesitamos avanzar paso a paso en muchos apartados importantes, y me refiero en particular al sector del tráfico y del transporte, que el Sr. Jarzembowski ya ha mencionado. 
Este sector goza de una buena situación, con la llegada de la propuesta Van Miert, que finalmente nos ha aportado un nuevo programa de nuevos proyectos que equivalente a los desafíos a que se enfrenta el continente; la propuesta por parte de su Gobierno de un método ingenioso para financiar estos proyectos; y la propuesta de la Comisión de aumentar la financiación europea al 20%. 
Este es verdaderamente un escenario con grandes posibilidades, pero hemos de rematarlo, señor Presidente en ejercicio. 
El Consejo ha sido un poco reticente a la hora de liberalizar los servicios portuarios, en relación con el paquete ferroviario y con el espinoso y antiguo problema de los pasos alpinos. 
Mañana, el Parlamento votará por enésima vez sobre la petición de dar carpetazo a la idea de los ecopuntos, y espero que esta vez el Consejo acepte seguir nuestro ejemplo. 
Después está el sector aéreo, y el sector de la seguridad marítima. 
Solo un ejemplo, señor Presidente en ejercicio, para recordarle el compromiso que, estoy seguro, su Presidencia estará dispuesta a demostrar en estos ámbitos, en particular porque cada vez que logremos avanzar un poco en estos expedientes daremos a nuestros ciudadanos europeos pruebas tangibles de que Europa ofrece mayores oportunidades, bienestar y prosperidad para todos. 
Señor Presidente en ejercicio, los ataques vulgares y tendenciosos por parte de ciertos elementos de la prensa extranjera, y de algunos elementos italianos también, he de admitir, de los que se han hecho eco en esta Asamblea los discursos de algunos diputados y después esa patética manifestación, han aportado un tono innecesariamente polémico al inicio de esta Presidencia italiana. 
Paradójicamente, todo esto me parece una buena señal, señor Berlusconi: recuerde que en 2001 hubo expresiones en voz alta de una malicia de este tipo que solo contribuyeron a su rotunda victoria en aquellas elecciones. 
Me gustaría tener la esperanza de que, después de todo este ruido inicial, el éxito de la Presidencia italiana se juzgará no por los asuntos privados del ciudadano Sr. Berlusconi o por su conflicto de intereses, que está usted intentando resolver y espero lo haga pronto, sino por su capacidad tan necesaria de dirigir e impulsar la construcción de Europa, y el discurso del programa de hoy ha sido un excelente primer paso en esta dirección. 
Como miembro de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, estoy seguro de que en esta área, la que me interesa, pueden resolverse algunos problemas, como el restablecimiento de las relaciones dañadas con los Estados Unidos. 
Se harán progresos en otras cuestiones, como Oriente Próximo, donde Italia ha demostrado una gran habilidad diplomática, o la asimilación de los nuevos países que están a punto de unirse, que consideran con bastante razón al Sr. Berlusconi un defensor de sus intereses y de sus principios, un líder que, a diferencia de otros, ha entendido que no hay contradicción entre el compromiso europeo y la solidaridad atlántica. 
Dicho esto, señor Berlusconi, me parece que la suya es una tarea difícil, porque no habrá concesiones: toda decisión, todo gesto que haga se someterá a una estrecha valoración y escrutinio, y no se le perdonará ni un paso en falso. 
Sin embargo, esta no es la primera vez que ha pasado usted por un examen de este tipo: buena suerte, señor Berlusconi. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, la reforma constitucional y las reformas económicas en la Europa de hoy son simplemente dos caras de la misma moneda. 
La competitividad, la cohesión social, la solidaridad entre generaciones, la valoración de los recursos humanos, la solidaridad con los países de muchas zonas del sur del mundo no son solamente otros tantos objetivos a nuestro alcance, sino que también son los valores fundamentales de los mejores capítulos de las historias de nuestros pueblos. 
Hoy tenemos una gran oportunidad: combinar el proceso constitucional con la voluntad y la necesidad de la reforma: la reforma como aplicación constante y cotidiana de esa labor en curso que es, y será, nuestra Constitución formal. 
Estas condiciones, tanto positivas como negativas, están todas allí para convertirlas en oportunidades: un mercado interior integrado, como ha dicho el Sr. Prodi, el mayor y más rico del mundo; tipos de interés bajos, pero también, un aspecto negativo que puede convertirse en oportunidad, una tasa de desempleo alta; mercados laborales que todavía son demasiado inflexibles; y una infraestructura insuficiente. 
El plan de acción que ha propuesto usted, señor Presidente en ejercicio, para desarrollar las grandes redes transeuropeas mediante inversión pública y privada, es un paso en esta dirección. 
Como es bien sabido, la inversión en infraestructura produce mayores beneficios a través del multiplicador de Keynes, una mayor competitividad, y más cohesión económica y social en el norte, sur, este y oeste. 
Lo mismo puede decirse del objetivo de hacer que nuestros sistemas de bienestar sean sostenibles a través de la reforma, sin quitar nada, sino dando más con justicia (sobre todo a nuestros niños) , garantías y seguridad. 
No obstante, la inversión en infraestructura y la reforma del bienestar precisan un mercado laboral eficaz, flexible y bien estructurado que esté bien regulado y sea más justo. 
Señor Presidente en ejercicio, usted ganó las elecciones italianas con un programa modernizador, igual de modernizador que el programa que ha presentado hoy usted. 
No hay duda de que los pondrá usted en práctica. 
Le deseo suerte y éxito en su trabajo. 
Señor Presidente, Señorías, el mío es el último discurso y, por lo tanto, de alguna forma también el más confuso. 
Mi confusión viene dada en gran parte por la sagacidad de algunos de los discursos precedentes. 
Ya no sé si el Presidente en ejercicio presidirá la CIG de Roma en la plenitud de sus prerrogativas, o si, como reclama Enrique Barón Crespo, será un invitado para la ocasión del alcalde de dicha ciudad. 
Sin embargo, sobre todo ya no sé si debería aplicarse el epíteto «bomba atómica humana» , como se ha hecho históricamente, a la inolvidable Rita Hayworth, o si debería transferirse, como habría hecho la Sra. Frassoni, al vicepresidente Fini. 
Por lo tanto, para poner en orden mis valores, he decidido hacer un discurso aburrido pero claro, algo del estilo de «Dios, país y familia» , relativo al tema de las raíces cristianas de Europa, que no es un tema ideológico, sino de procedimientos democráticos. 
De hecho, esta referencia no es una contribución a las preocupaciones clericales de ciertos grupos sociales, sino la memoria histórica del significado más verdadero que subyace a nuestras instituciones. 
En realidad, nuestras instituciones democráticas son resultado de un pacto de libertad con los ciudadanos, que les transfieren parte de su soberanía a cambio de garantías y servicios. 
Desde este punto de vista, los Estados y, especialmente, las instituciones supranacionales, son garantes de los intentos que nosotros los ciudadanos hacemos de satisfacer nuestras necesidades- son garantes, no patrones -, y lo son porque son bien conscientes de que no pueden ser la respuesta definitiva a los sinceros deseos de las personas. 
La referencia a las raíces cristianas europeas simplemente demuestra que la Europa de hoy día se da cuenta de que, sin su lazo con la tensión unificadora y personal del cristianismo, siempre será más débil, estará más expuesta a los atajos políticos de los regímenes totalitarios. 
Para poder rechazar al máximo la humanidad, estos regímenes siempre han preferido empezar por rechazar a Dios, aunque por motivos menos explícitos que lo políticamente correcto de hoy día. 
, Presidente en ejercicio del Consejo. (IT) Señor Presidente, quisiera empezar por agradecer al Sr. Poettering sus palabras de apoyo, de ánimo y sus mejores deseos, y a todos los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos que, en sus discursos, nos han formulado peticiones en un aspecto u otro, pero que nos han dado una muestra del apoyo que nos prestarán en estos ocupados meses que nos aguardan. 
También doy las gracias al Presidente del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, y extiendo mi agradecimiento al Presidente del Grupo del Partido Socialista Europeo, el Sr. Barón Crespo, quien ha expresado sus exigencias críticas con gran cortesía y también con un sutil sentido del humor. 
Me gustaría decirle que sigo estando convencido de que la gran Europa del futuro, si quiere de verdad ser protagonista en la política internacional y capaz de sentarse en una mesa en pie de igualdad con los Estados Unidos, tendrá que ser una gran Europea que también pueda incluir a Ucrania, Belarús, la República de Moldova, Israel, la Federación Rusa y su poderío militar. 
Esta es una visión del Primer Ministro de Italia y que, por supuesto, puede expresar con bastante libertad cuando habla en su nombre y el de su Gobierno, pero cuando el Primer Ministro se convierte en Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, tiene que atenerse a la opinión predominante del Consejo Europeo, y, por lo tanto, está claro que lo que dice y las actividades a las que debe dedicarse tienen que reflejar por necesidad el mandato que le han otorgado sus colegas miembros del Consejo. 
(Aplausos de la derecha) 
También quiero responder a esa otra agudeza de que un recalcitrante liberal haya adoptado finalmente una doctrina que forma parte del pensamiento socialista, es decir, el keynesianismo. 
Estoy de acuerdo con usted, señor, en que es posible encontrar cierto sabor keynesiano o colbertiano en la petición de una intervención europea a través del BEI y de la obtención de capital privado para crear más infraestructuras transeuropeas, que propuso hace más de diez años el Sr. Delors, pero, mire usted, nos enfrentamos a un hecho que nadie puede negar. 
¿Qué ha sucedido en el mundo desde el 11 de septiembre? 
Ha habido una guerra en Afganistán, ha habido una guerra en el Iraq, pero, sobre todo, las Bolsas de todo el mundo se han desplomado. 
Esto ha reducido los activos financieros invertidos en acciones y ha causado un recorte sustancial de todas sus rentas. 
Si solía usted tener activos valorados en 100, ahora tiene usted activos de 35; si obtenía usted una renta del 8 o del 10% de sus activos, ahora obtiene un 1%. 
Esto ha propiciado una reducción de la demanda del sector privado en el mercado de productos de consumo y de artículos de lujo, y, por tanto, cuando la demanda del sector privado cae, cuando el consumo cae, no hay nada que pueda hacerse excepto recurrir a la demanda del sector público para que sostenga la economía. 
Esta demanda del sector público no puede provenir de los Estados miembros individuales, porque los Estados uno a uno ya no pueden desarrollar una política monetaria, ya que está el euro, no pueden modificar los tipos de cambio, y no pueden crear una política de desarrollo, por el simple motivo de que deben mantenerse dentro de los parámetros de Maastricht. 
Así, solo Europa debe, al final, crear su propia capacidad de política económica. 
La propuesta de Italia es que Europa, a través de una de sus instituciones, el BEI, reúna esos fondos de capital privado que se encuentran en el mercado y que pueden obtenerse a tipos de interés bajos, a fin de intentar impulsar la demanda a través de obras de infraestructura transnacionales, a través de la necesidad de invertir en nuevas tecnologías militares y a través de la inversión en investigación y educación. 
El hecho de que nos enfrentamos a una situación económica que ha cambiado es la única justificación para recurrir a la inversión estatal y, en este caso, a la inversión de la Unión Europea. 
(Aplausos de la derecha) 
Si me lo permiten, también responderé a la cuestión que me ha planteado cuando ha dicho que «espero que la facilidad italiana del Sr. Berlusconi para hacer leyes para casos concretos que, posiblemente, le interesen muy de cerca, no se extienda al ámbito europeo». 
Me gustaría darle algunas cifras para recordarle que mi Gobierno, que es el 57º en 50 años y que tiene la responsabilidad, y también la oportunidad, viendo que goza de una gran mayoría en ambas secciones del parlamento, de trabajar durante cinco años, va a aplicar 24 reformas diferentes. 
De hecho, ha heredado un país donde ninguno de los gobiernos anteriores, que solo pudieron trabajar durante menos de cinco años en promedio, fue, por supuesto, capaz de hacerlo. 
Le recuerdo que mi Gobierno ha elaborado una cifra récord de trescientos cincuenta leyes y decretos, doscientos de los cuales ya han sido aprobados por nuestra mayoría en el parlamento. 
Por tanto, si bien no digo que tenga usted razón, puedo decir que estas tres leyes fueron una respuesta, utilizando un método democrático, un voto parlamentario, a una persona que se aprovecha de su posición de funcionario de justicia para utilizar los tribunales para atacar a sus enemigos políticos; aunque creo que esto ha ocurrido, solo ha ocurrido en tres casos de 350: el 1%, señor Barón Crespo. 
Sin embargo, confirmo- que Dios le perdone si no lo sabía- que mantendremos informados a los diputados al Parlamento y al propio Parlamento sobre los avances de nuestras actividades de negociación, que no serán del todo fáciles de completar en el poco tiempo disponible. 
Emplearemos el tiempo que nos resta hasta el 15 de octubre para ponernos en contacto con los Primeros Ministros y Ministros de Asuntos Exteriores de todos los demás 24 Estados miembros de la Unión, para que al inicio de la Conferencia ya podamos presentar algunas posibles soluciones aceptables para todos. 
Por supuesto, también quisiera dar las gracias a los demás diputados que han intervenido- al Sr. Graham Watson, la Sra. Monica Frassoni, el Sr. Francis Wurtz- por desearme éxito en mi trabajo. 
Sin embargo, he de contestarles a todos ellos y a quienes han dado una visión totalmente distorsionada de Italia que dista mucho de la verdad. 
Les emplazo a ir y disfrutar de algo que el Gobierno Berlusconi evidentemente no ha logrado eliminar, el sol de Italia, su belleza, sus 100 000 monumentos e iglesias, nuestros 3 500 museos, nuestras 500 excavaciones arqueológicas, las 40 000 casas históricas de Italia, que no hemos logrado destruir en los últimos dos años. 
Señor Schulz, en Italia hay un productor que está rodando una película sobre campos de concentración nazis. 
Le propondré para el papel de guardia. 
(Risas, protestas de la izquierda) 
Concluiré esta diatriba diciendo que mis amigos y colegas socialdemócratas deberían probablemente ampliar su círculo de conocidos más allá de los diputados italianos que se encuentran aquí en el Parlamento, y quizá deberían ampliar sus lecturas más allá de los periódicos de izquierdas, que a todas luces han conformado sus convicciones. 
También quisiera contestar al Sr. Pannella, que ha comentado la línea personal que he seguido constantemente con respecto a Israel, y en la que sigo creyendo y que he mencionado hace un momento, y Turquía. 
He de decirle que en los próximos seis meses expondré la línea del Consejo Europeo; después de esto tendré la oportunidad en el Consejo Europeo de defender mis puntos de vista, que no son, por supuesto, perspectivas para los próximos seis meses o que puedan cumplirse en un mandato, sino visiones que precisarán mucho más tiempo para dar sus frutos. 
Sin embargo, puedo tranquilizarle en relación con la moratoria sobre la pena de muerte. 
Siempre he defendido la necesidad de esta intervención y, por lo tanto, llevaré esta petición a la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre, también como petición del Parlamento Europeo. 
(Aplausos de la derecha) 
Otra cosa que se me ha echado en cara es la sumisión a los Estados Unidos. 
He recordado varias veces que considero a Europa coprotagonista en el mantenimiento de la seguridad y la paz, para el desarrollo del bienestar en todo el mundo, pero para ello Europa no debe limitarse a ser un gigante económico, sino un gigante económico que también pueda expresarse con una única voz en materia de política exterior, y que también pueda invertir en sus fuerzas armadas. 
Ninguna diplomacia, ninguna política de la historia ha tenido éxito sin la ayuda de una fuerza militar suficiente. 
Con respecto a los Estados Unidos, creo que deberíamos ser amigos de los Estados Unidos, pero no creo que haya nada en la conducta del Gobierno italiano que pueda considerarse sumisión. 
Intenté disuadir repetidamente a la persona que ha sido mencionada aquí como mi amigo, el Presidente George Bush, de emprender una iniciativa militar en el Iraq. 
No tuve éxito, y después insistí- incluso firmando esa carta con otros siete Estados miembros de la Unión Europea, a los que se sumaron otros 10 países, incluidos, en primer lugar, algunos de los nuevos miembros de la Unión Europea -, en que a un mal, el de la guerra del Iraq, no deberían seguirles otros males, y en particular, que no debería seguirle el descrédito de las Naciones Unidas, que, lamento tener que decirlo, se ha producido porque se mostraron impotentes, o la crisis de las relaciones transatlánticas, que también tuvo lugar; o el mal definitivo, que es la división entre los países de Europa, algo que ocurrió y que todos intentamos corregir y superar juntos. 
En cuanto al conflicto de intereses que muchos de ustedes han mencionado: bien, quizá no sepan ustedes que, en Italia, los periódicos y los canales de televisión que siguen perteneciendo a mi grupo y a mi familia, especialmente, se cuentan entre nuestros críticos más severos. 
¿Por qué? 
Evidentemente, ustedes no han probado el sol de Italia; no han estado nunca en Italia y nunca han visto un canal de televisión italiano. 
Deberían ustedes saber, y quizá algunos de ustedes tengan experiencia periodística, que la mayor preocupación de todos los periodistas es parecer independientes ante sus colegas. 
Esta independencia les lleva a ser constantemente críticos con quien consideran el jefe. 
Si este es el tipo de democracia que quieren utilizar para silenciar al Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, les aseguro que deberían ustedes ir a Italia como turistas, porque aquí parecen ustedes turistas de la democracia. 
(Protestas en la izquierda) 
Durante seis años fui líder de la oposición en Italia, por lo que los discursos no me intimidan: estoy acostumbrado a que me contradigan. 
Sobre la inmigración, quisiera recordarles que, si hay un país enraizado en el cristianismo, un país generoso, abierto a quienes tienen menos y a aquellos que sufren, estoy orgulloso de decir es ese es mi país, Italia. 
Por lo tanto, no confundamos la guerra que todos debemos hacer juntos contra los traficantes de esclavos, el nuevo comercio de esclavos, con la bienvenida que hemos de dar a quienes vienen para mejorar sus vidas en el continente de Europa. 
Les damos esta bienvenida, y lo hacemos con generosidad. 
Queremos luchar contra esta nueva forma de esclavitud que emerge a través de numerosas organizaciones internacionales: nada más que esto, y no hay nada que pueda poner en duda la generosidad de Italia. 
En cuanto al medio ambiente, quizá los Verdes no sepan que el pasatiempo favorito del Sr. Berlusconi tiene que ver con las flores, la naturaleza, los jardines y los parques. 
Ha sido prácticamente mi único pasatiempo desde que el fútbol me dejó atrás. 
Si lee usted la página 49 de nuestro programa, Sra. Frassoni, verá que queremos introducir altos niveles de protección medioambiental; nuestra política, además de la forma en que está siendo tergiversada, está precisamente encaminada a proteger más el medio ambiente, y nosotros somos los primeros en estar desconcertados por el hecho de que, demasiado a menudo, la expansión de la producción y de la industria ha perjudicado al medio ambiente. 
En relación con la aplicación del protocolo de Kioto, aquí también trataremos de convencer a quienes no lo hayan firmado de que lo hagan. 
Por último, quisiera decir a mis adversarios, con una sonrisa, que no hagan una tragedia de nuestra Presidencia. 
Sin embargo, a mis amigos, a quienes nos han animado y seguirán haciéndolo, me gustaría decirles que, con respecto al pasado del ser humano y al propio ser humano, creo que lo importante no es solamente lo que dice- en política muy a menudo uno cambia, u otras personas cambian, lo que uno dice -, sino su historial, lo que ha hecho. 
Creo que en mi historial solo hay éxitos y solo buenas intenciones detrás de mis acciones. 
Por lo tanto, también haremos que estos seis meses den sus frutos e intentaremos llegar a una conclusión que permita a Europa ser un factor positivo para la paz, la seguridad y la prosperidad mundiales. 
Nos aplicaremos a nuestro trabajo, señor Presidente, con humildad, dedicación y convicción; nos aplicaremos a la búsqueda de una solución entre las diferentes y muy divergentes posiciones de los distintos Estados miembros, que fortalezca a Europa, de forma que sea capaz de adoptar decisiones en el escenario internacional; que nos dé una Europa a través de la nueva Constitución, una Europa que esté cerca de sus ciudadanos. 
Esta es nuestra esperanza; este es nuestro compromiso; este es nuestro objetivo. 
Les doy las gracias de nuevo por sus buenos deseos para nuestro trabajo y también les deseo el mayor de los éxitos en su labor. Que consigan hacer realidad todas sus sinceras esperanzas. 
Mis mejores deseos a todos ustedes y, una vez más, buena suerte en su trabajo. 
(Aplausos de la derecha, protestas en la izquierda) 
. En el transcurso de la vigorosa y animada respuesta del Sr. Berlusconi al debate ha habido una alusión a uno de nuestros colegas, el Sr. Schulz, quien, según el Reglamento, tiene derecho a dirigirse a la Cámara si así lo desea. 
Quisiera que esto quedara bien claro antes de dar la palabra al Presidente Prodi. 
Lo que haré primero, siguiendo el procedimiento, es escuchar al Presidente Prodi y después, si lo desea, invitaré al Sr. Schulz a efectuar una declaración personal al final del debate, de conformidad con lo que establece el artículo 122 del Reglamento. 
. Quizá sea mejor que tratemos está cuestión directamente. 
La Cámara está muy sensibilizada en este tema. 
Está muy claro que un diputado tiene derecho a hacer una aportación al debate y a que se le responda con cierta serenidad. 
En este caso, en el vigor y la fluidez de su respuesta, quizás el Sr. Berlusconi se ha permitido transgredir las normas de compromiso ordinarias. 
(Reacciones diversas) 
Escucharé primero al Sr. Schulz, que tiene derecho a hablar, y después daré de nuevo la palabra al Presidente en ejercicio del Consejo, si quiere responder. 
Cerraremos el debate después de escuchar al Sr. Prodi. 
, Presidente en ejercicio del Consejo. 
(IT) Señor Presidente, ¿quién no ha estado presente en la Cámara para oír el discurso del Sr. Schulz? 
Que me ha lanzado graves insultos personales, gesticulando y con un tono de voz que es del todo inaceptable en un Parlamento como este. 
Lo que he dicho ha sido con ironía. 
Si no puede usted entender la ironía, lo lamento. 
Pero no retiraré lo que he dicho irónicamente a menos que el Sr. Schulz retire los insultos personales que me ha proferido. 
Lo he dicho con ironía; él lo ha hecho con malicia. 
(Aplausos de la derecha, protestas en la izquierda) 
, Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el debate de esta mañana ha puesto de relieve el alcance de las tareas y de las dificultades que nos esperan en los próximos seis meses: seis meses de importancia crucial para las grandes iniciativas que tenemos que llevar a cabo y los nuevos caminos que se abrirán. 
El objetivo principal es la Conferencia Intergubernamental, que nos proporcionará una Constitución dotada no solo de una arquitectura institucional, sino también de un conjunto de visiones, valores y modelos de sociedad. 
Tenemos grandes expectativas puestas en la Presidencia italiana, porque este es nuestro gran reto y porque esta Constitución dictará las normas de nuestra Europa durante mucho tiempo. 
Tenemos que continuar con la línea de actuación de la Presidencia griega, pero con ciertos momentos particularmente significativos. 
En dichos momentos la Comisión llevará a cabo su mandato- un mandato que no sólo es ejecutivo, sino también de impulso y de propuesta -, continuando con las políticas y la colaboración que hemos construido durante estos años junto con el Parlamento Europeo y las diferentes Presidencias. 
La Comisión tiene que garantizar esta continuidad, y estimulará y ayudará a la Presidencia italiana para que camine con nosotros en la misma dirección. 
Precisamente el debate se ha centrado en estos grandes problemas, y la Comisión pondrá en práctica estos objetivos y los llevará a cabo usando sus métodos institucionales de representación y promoción de los intereses de la Unión. 
Lo haremos en el ámbito de la reforma institucional, como hemos dicho, en el impulso de la revitalización económica, de la normalización de las relaciones amistosas con los Estados Unidos en una posición de dignidad e igualdad; lo haremos ampliando y acelerando el difícil y complicado proceso de adhesión de los países balcánicos a Europa y con la consecución progresiva del proyecto del grupo de países amigos, poniendo así en práctica nuestra visión. 
Señorías, quisiera recordar el debate de este año, centrado en las fronteras de Europa: un debate complicado y difícil que, como recordarán, no se pudo iniciar al comienzo de la legislatura, y que tiene la mirada puesta en la consolidación de nuestra Unión con los países candidatos, en la adhesión de los países balcánicos y en la construcción de relaciones sólidas, cercanas y amistosas con los países que la rodean, desde Rusia hasta Marruecos, con quienes tenemos que compartirlo todo excepto nuestras instituciones, porque nuestra Unión tiene que tener sus propias fronteras, su propia fuerza y su propia profundidad. 
Lo haremos prosiguiendo nuestro trabajo en materia de la seguridad de nuestros ciudadanos y de las normas y los derechos de los emigrantes. 
Quisiera detenerme un poco más en algunos puntos que he mencionado porque los considero cruciales para nuestro trabajo futuro. 
En primer lugar, les aseguro que siempre seremos guardianes rigurosos del cumplimiento de los Tratados y de la nueva Constitución. 
En segundo lugar, apoyaré firmemente el desarrollo equilibrado de nuestra sociedad. 
El proceso de Lisboa, que hoy ha emergido como un punto fuerte, es nuestro punto de referencia, porque Europa tiene que superar el desafío mundial, pero tiene que hacerlo mediante un desarrollo equilibrado y socialmente sostenible. 
El aumento de las diferencias entre los ciudadanos de los diferentes países europeos en casi todas nuestras naciones durante la última década me preocupa casi tanto como la falta de crecimiento. 
En este momento histórico, no podemos tirar por la borda el diálogo social y la consulta, porque son pilares del modelo social europeo por el que tanto hemos trabajado en los últimos años. 
Respecto de la infraestructura, ya hemos subrayado nuestra nueva iniciativa y nuestra tarea y responsabilidad será ser rigurosos y selectivos en la valoración de los costes y los beneficios, así como en encontrar fuentes de financiación compatibles con nuestras normas y con el desarrollo sostenible a largo plazo. 
Estamos trabajando codo a codo con el Banco Europeo de Inversiones, y realizaremos el mismo esfuerzo en el ámbito de la investigación, sin el cual Europa será un continente perdido. 
Respecto de la inmigración, la Comisión apoyará una iniciativa europea en contra de los nuevos traficantes de esclavos, pero no toleraremos, como ocurrió en Salónica, que se confunda firmeza con inhumanidad, o regulación de los flujos migratorios con violencia y discriminación. 
Por último, respecto de las relaciones internacionales, la Comisión mantiene su compromiso de paz y de enfoque multilateral para la resolución de los conflictos. 
Además, el compromiso humanitario de la Unión continuará proporcionando ayuda a largo plazo, que es la principal prioridad de cualquier país del mundo. 
Creo que será un período de cooperación y que, con la conclusión de la Conferencia Intergubernamental, se abrirá verdaderamente un nuevo capítulo en la historia de Europa. 
(Aplausos) 
La Presidencia italiana ha citado la política de inmigración y la lucha contra la inmigración ilegal entre sus prioridades, y le aseguramos nuestro apoyo. 
En particular, esperamos que se muestre más clara y resuelta que el Consejo de Salónica, celebrado hace dos semanas. 
Si bien el Consejo ha consagrado una gran parte de sus conclusiones a la política de inmigración- siete páginas y media frente a una y media que salió de la Convención -, ha sido particularmente oscuro, incluso incomprensible, al definir, sobre todo, su objetivo como un «proceso en doble sentido» , que intenta a la vez combatir la inmigración ilegal y «buscar vías de migración legal». 
Hoy Europa necesita una política clara y firme de control de las fronteras, de regreso de los inmigrantes ilegales a su país y de reforma del derecho de asilo para poner fin a los abusos. 
A este respecto, lamentamos que el Consejo de Salónica no haya realmente tratado la petición británica de crear centros de tránsito encargados de examinar las peticiones de asilo en las fronteras exteriores de la Unión y de «zonas regionales de protección» cercanas a los países de origen de los demandantes. 
Contamos con la presidencia italiana para que avance en este asunto. 
Señor Presidente, si no me equivoco, todavía no se ha sometido a votación la enmienda 75 del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. 
Esta enmienda se debería votar antes de todas las demás, ya que su finalidad es rechazar la Posición Común del Consejo. 
Al igual que los demás diputados aún presentes, soy de los que permanecemos hasta el final de esta clase de votaciones. 
Otros ya hace rato que han abandonado el edificio. 
Quiero decir sin rodeos que quienes de verdad trabajan no deben ser penalizados porque otros ya hacen las maletas el jueves por la mañana. 
. 
(PT) Como afirma el ponente, la Directiva relativa al prospecto es uno de los puntales básicos del Plan de acción en materia de servicios financieros, parte integrante de la Estrategia de Lisboa, que contempla la integración de los mercados financieros hasta 2005. 
Es comprensible, pues, que el ponente considere «crucial lograr el consenso y garantizar una rápida aprobación de la Directiva» , pues de ello depende la creación de un marco jurídico que optimice las condiciones relativas a la aportación de capital a través de los mercados financieros europeos; es decir, además de garantizar la refinanciación de las (grandes) empresas, se dirige a promover una mayor liberalización de la inversión y de los capitales. 
En este contexto, las enmiendas que vuelve a presentar el ponente a la posición común adoptada por el Consejo tienden a flexibilizar normas, a acelerar el proceso de aprobación del prospecto, a reducir el papel de decisión autónoma de los Estados y de la legislación nacional, en particular la facultad del Estado de definir quién puede ser considerado inversor cualificado, y a reducir los plazos de aprobación del prospecto, introduciendo el concepto de aprobación tácita. 
Se considera también desproporcionado que la autoridad competente realice inspecciones in situ para comprobar el cumplimiento de la Directiva. 
También desea aumentar el umbral de inversores por debajo del cual no hay obligación de publicar un prospecto. 
De ahí nuestro rechazo. 
. 
(PT) Suscribo en gran medida las preocupaciones del ponente en cuanto a la optimización de las condiciones relativas a la aportación de capital a través de los mercados financieros europeos. 
Considero que la transparencia y la claridad de dichos mercados, como resultado de la simplificación del procedimiento que se preconiza, constituyen un motivo válido para justificar unos patrones mínimos de reglamentación a escala comunitaria. 
Estas medidas pueden contribuir a crear un marco jurídico que mejore la movilización de capitales a través de los mercados financieros de Europa, así como las normas de información a los inversores, beneficiando a emisores, inversores, operadores y a los propios mercados. 
Observo la sensibilidad del ponente con respecto a la necesidad de aligerar algunas obligaciones con el fin de adaptar la legislación a las exigencias y vicisitudes del mercado y reducir las cargas que recaen sobre las pequeñas y medianas empresas, en particular suprimiendo la obligación de llevar un «registro» de los organismos considerados inversores cualificados y permitiendo a los pequeños bancos regionales emitir obligaciones sin tener que soportar los costes de elaboración de un prospecto. 
Por eso he votado a favor. 
Señor Presidente, varios de mis colegas han rechazado la idea de incluir objetivos medioambientales en los criterios de contratación pública. 
No obstante, esta idea es totalmente acorde con la intención del Tratado de que la política medioambiental se integre en toda la política comunitaria. 
El Parlamento ha conseguido aumentar efectivamente el número de leyes que apoyan el desarrollo sostenible en la legislación que regula la producción. 
Sin embargo, este resultado, que depende también del lado de la oferta, necesita el apoyo del lado de la demanda y, precisamente, es la contratación pública la que puede influir en este aspecto si se demuestra que existen motivos para incluir criterios medioambientales en una convocatoria de concurso. 
El denominado asunto Helsinki, en el que el Tribunal de Justicia Europeo ya ha dictado una resolución, pone de relieve un punto importante. 
Si la parte que realiza el pedido es un organismo público, este representa al público en general. 
En este caso, deberá velar no solo por los intereses financieros de los ciudadanos en general, sino que también habrá de pensar, por ejemplo, en proteger su salud. 
El asunto Helsinki se refería a este tema concreto. 
No hace falta decir que la salud pública supone al mismo tiempo un beneficio económico a largo plazo, ya que permite a los organismos públicos ahorrar como mínimo una cantidad similar a la que se guardan en caso de elegir un proveedor más barato. 
. 
(PT) Siguiendo de cerca las orientaciones de la Estrategia de Lisboa, se quieren establecer, con esta propuesta de Directiva, las normas de coordinación para garantizar la libre circulación de mercancías en materia de contratos públicos y la realización de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios en materia de contratos públicos de obras y de servicios. 
Con el argumento de que es necesario garantizar la no discriminación, en particular sobre la base de la nacionalidad, y facilitar la competencia mediante una mayor uniformización de los procedimientos nacionales existentes, eligiendo la propuesta económicamente más ventajosa, se impone que las normas nacionales, en particular las técnicas, estén supeditadas a no ser discriminatorias ni incompatibles con el objetivo de apertura de los mercados en el sector de los contratos públicos. 
Con todo, se olvida que, a pesar de que la transparencia de los contratos públicos es indispensable, éstos pueden constituir un importante instrumento de política económica, incluso introduciendo una discriminación positiva a favor de las pequeñas y medianas empresas en el abastecimiento público, teniendo presente el desarrollo regional, promoviendo objetivos sociales y medioambientales, en particular en materia de condiciones laborales y de protección del empleo o de los propios métodos de producción, o incluyendo condiciones especiales en el contrato. 
El factor económicamente más ventajoso puede no ser el precio más bajo, sino el empleo creado. 
De ahí que rechacemos esta propuesta. 
. (NL) Las adjudicaciones de contratos públicos se han considerado durante mucho tiempo como una panacea. 
Por un lado son una alternativa para la política de amiguismo, la concesión de encargos por parte de las administraciones públicas a empresarios que tienen amigos entre políticos o altos funcionarios. 
Por otro lado tienen por objeto poner fin a la producción y a los servicios por parte de empresas que son propiedad del Estado, y de este modo dar acceso a las empresas particulares a nuevos mercados. 
En la primera lectura, el 17 de enero de 2002, ya indiqué que estaba de acuerdo con la primera intención, pero no con la segunda. Esta hace que las administraciones públicas dependan cada vez más de las empresas. 
Los daños solo pueden limitarse recurriendo a todo tipo de reglas burocráticas, pero muchos siguen desconociendo estas reglas y por consiguiente pueden infringirse en gran medida. 
La organización de empresarios neerlandeses VNO-NCW ha pedido incluso que no se amplíen las directivas de adjudicación con «una multitud de criterios sociales y medioambientales». 
Considera que la adjudicación es «un proceso puramente económico que no ha de enturbiarse para alcanzar otros objetivos». 
El propio ponente borra también algunos puntos en el ámbito de la protección social y el medio ambiente. 
Sí coincido con el ponente en que el mercado de los libros de texto no funciona de forma transfronteriza y no tiene competencia libre, por lo cual es preferible no fijar reglas que asuman que es así. 
. 
(PT) La adjudicación de contratos de obras, servicios y suministros en concurso público es responsable de más del 14% del PIB europeo. 
A pesar de ello, el sector de los contratos o concursos públicos se ha beneficiado poco de la creación del mercado interior. 
Si bien es cierto que estas directivas son muy importantes para el equilibrio del mercado interior y para la adjudicación transfronteriza, la verdad es que el mayor beneficio de las mismas no reside ahí, sino en la posibilidad de impulsar el desarrollo sostenible. 
Es fundamental integrar los objetivos medioambientales y sociales en los concursos y contratos públicos. 
Por desgracia, ni la propuesta de Directiva ni el informe del Sr. Zappalà conceden a las entidades públicas el derecho (¡ni siquiera estamos hablando de la obligación! ) de elegir un determinado servicio o producto, en concurso público, sobre la base de su sostenibilidad. 
Apoyo, por tanto, las enmiendas tendentes a conferir a las entidades públicas ese derecho. 
Es difícil justificar que la UE asuma, en su estrategia europea para el desarrollo sostenible y en los compromisos de Johannesburgo, que es fundamental internalizar los costes ambientales en la economía y que, por otro lado, prohíba a los Estados miembros basar su política de adquisiciones en ese mismo principio. 
. (NL) Señor Presidente, el informe Zappalà se ha convertido en un expediente controvertido en esta Cámara a consencuencia de diversas enmiendas relacionadas con la fase de adjudicación de los contratos públicos. 
Las consideraciones sociales y medioambientales también han de ser decisivas en un expediente de contratos públicos, pero ha de ser al nivel de las exigencias de conformidad que describen el producto o servicio en cuestión, y de los criterios de selección que describen a los posibles proveedores participantes. 
Pero estas consideraciones no pueden ser las únicas consideraciones en fase de adjudicación. 
La fase de adjudicación ha de completarse sobre la base de una comparación objetiva. 
Por ello no he podido votar a favor de las numerosas enmiendas sociales y medioambientales a los criterios de adjudicación. 
Lo mismo puedo decir sobre las preocupaciones en relación con la discriminación. 
También hay que evitarlo. 
Con miras a ello es preciso tomar medidas legislativas, pero estas medidas no han de colocarse entre los criterios de adjudicación de los contratos públicos. 
. 
(PT) La presente Directiva, siguiendo de cerca las orientaciones de la Estrategia de Lisboa, tiende a completar la directiva general que establece las normas de coordinación en el ámbito de los contratos públicos dando una respuesta a las especificidades de la adjudicación de contratos en el sector del agua, de la energía, del transporte y de los servicios postales. 
Estos informes se inscriben, en gran medida, en la filosofía más general de liberalización y privatización de los mercados y los servicios públicos, que recibió un nuevo impulso en el último Consejo de Primavera, en particular en estos sectores básicos. 
Existe asimismo una vinculación con las próximas negociaciones de la OMC, no sólo en relación con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios- el AGCS -, sino también con la inclusión de la cuestión de la apertura de los mercados y los contratos públicos, inscrita en la agenda de Doha y a la cual la UE concede una gran importancia. 
Ahora bien, tratándose de sectores esenciales desde el punto de vista socioeconómico, no podemos dejarlos a merced de los designios del mercado, obedeciendo a los principios de la apertura de los mercados y de la no discriminación y limitando el poder de los Estados y de las administraciones nacionales. 
También por eso rechazamos la presente propuesta. 
. (NL) Para esta directiva son válidas, en aún mayor medida, las mismas objeciones que al informe del Sr. Zappalà sobre los contratos de obras públicas, suministros y servicios públicos que se han tratado simultáneamente. 
En este caso se trata de contratos de gran volumen y larga duración, y tienen que ver con tareas que durante un siglo o más formaban parte de las tareas principales de la propia administración pública. 
Se trata de productos y servicios que son imprescindibles para la sociedad en su conjunto, para los hogares y las empresas, y que en un momento dado se retiraron conscientemente de las manos de las empresas privadas. Estas empresas habían fracasado a la hora de ofrecer continuidad, unos servicios de calidad, unos precios asequibles y un trato adecuado al consumidor. 
Un monopolio estatal bajo control democrático se consideraba como la única solución aceptable para poder garantizar el producto deseado y la protección del consumidor. 
A la sazón, ésta era también entre los partidarios del capitalismo una opción apenas controvertida. 
En lo referente a los suministros y los servicios en estos ámbitos, las empresas particulares preferían depender de un monopolio estatal seguro, en lugar de someterse a la inseguridad y la falta de continuidad que caracteriza el mercado libre. 
Entretanto, las administraciones públicas, que quieren reducir sus impuestos y que necesitan dinero, han vendido estas empresas a empresas internacionales que quieren hacer beneficios. 
Si se opta por este sistema, serán necesarias unas reglas duras, pero entonces es un error tener muy en cuenta los secretos de empresas y otros intereses empresariales. 
. (FR) En el transcurso de esta segunda lectura del proyecto de Reglamento sobre los alimentos y piensos modificados genéticamente (informe Scheele) he votado a favor de las enmiendas siguientes, mucho más sobrias que las retenidas por el Consejo: 
enmiendas que reducen de 0,9 % a 0,5 % el umbral de etiquetado para los OMG autorizados, en particular la enmienda 19; 
enmiendas que eliminan la tolerancia de OMG no autorizados en la cadena alimentaria, cuando su porcentaje es inferior a 0,5 %, en particular la enmienda 43 (nos preguntamos cómo es posible que el Consejo proponga aquí un umbral de 0,5 %, mientras que lo considera técnicamente imposible cuando se trata del umbral de etiquetado de los OMG autorizados); 
enmiendas que exigen a los Estados miembros que tomen medidas para evitar la no-contaminación de los cultivos tradicionales por los cultivos OMG (enmiendas de compromiso 44 y 45); 
enmiendas que autorizan a los Estados miembros a tomar medidas de emergencia para la restricción o la prohibición del uso de un OMG autorizado, cuando éste pueda presentar un riesgo (por ejemplo, la enmienda 40). 
Más allá de estas cuestiones técnicas, expondré mi posición de principio en mi explicación de voto sobre el informe paralelo relativo a la trazabilidad de los OMG. 
. (FR) En las enmiendas presentadas en segunda lectura hemos votado a favor de todo lo que favorezca la transparencia y el etiquetado más completo posible. 
En cambio, hemos votado en contra de las enmiendas de compromiso que, de hecho, avalarían el levantamiento de la moratoria. 
. (FR) Ningún compromiso es plenamente satisfactorio. 
El que el Parlamento europeo acaba de votar sobre los OMG simplemente significa que no era posible llevar la negociación más lejos. 
Por lo tanto, la moratoria sobre los OMG se levantará, como deseaban los Estados miembros. 
El umbral de 0,5 %, a partir del cual los partidarios del principio de cautela deseaban que se señalara la presencia de OMG no habría obtenido la mayoría ni en el Parlamento ni en el Consejo: por lo tanto, se ha votado un umbral de 0,9 % y lo lamento. 
Sin embargo, no debemos menospreciar los beneficios de este compromiso, porque también hemos votado una trazabilidad más importante, que permitirá una mayor vigilancia de los consumidores, un reglamento riguroso en materia de detección de OMG, una precisión de etiquetado y la posibilidad de distinguir claramente una producción de OMG de la que no lo es. 
Se ha ganado en transparencia, incluso si el principio de cautela ha quedado un poco mermado. 
No se trata de una victoria, pero las enmiendas votadas trazan balizas importantes que habrá que seguir reforzando en el futuro. 
Por esta razón, he votado a favor del informe Scheele. 
. 
(PT) La presente posición común del Consejo, a pesar de que se queda por debajo de algunas propuestas del Parlamento Europeo, mejora el actual marco legal en el ámbito de los organismos modificados genéticamente, aun sabiendo que es un paso más para justificar el levantamiento de la moratoria, que debería mantenerse. 
El compromiso alcanzado, si bien dista mucho de ser perfecto, garantiza que todos los alimentos para consumo humano y animal que contengan, consistan o sean producidos con OMG sigan en el futuro un proceso de autorización más coherente y uniforme, con una limitación de las autorizaciones a 10 años. 
Por otro lado, el etiquetado obligatorio se extiende a todos los alimentos modificados genéticamente, al margen de la detectabilidad de los OMG. 
Hay que destacar asimismo la posibilidad de que los Estados miembros puedan tomar medidas adecuadas para impedir la contaminación accidental de los cultivos convencionales y biológicos por OMG, aunque es difícil concebir medidas eficaces de control una vez liberados OMG en el medio ambiente, habida cuenta de la abolición de las fronteras y de la libre circulación de mercancías. 
Lamento, no obstante, que los umbrales para la contaminación accidental o técnicamente inevitable por OMG aún no autorizados se hayan mantenido en el 0,5 %, aunque sea durante un período transitorio. 
Este es un ámbito en el que debería haber «tolerancia cero». 
. 
(PT) La problemática de los organismos modificados genéticamente (OMG) plantea cuestiones que van en sentidos aparentemente opuestos. 
Por un lado, tenemos la perspectiva de la investigación científica y tecnológica, en especial en su aplicación a las actividades de la vida diaria, y hacia la cual no deben cesar nunca los esfuerzos de apoyo y de incentivo. 
Por otro, nos encontramos con los riesgos inherentes a quien tiene como objeto de trabajo la investigación científica en materia de alimentación, así como la calidad alimentaria, que es importante garantizar a los ciudadanos (todos ellos aspectos que no pueden sino merecer la máxima atención y cautela). 
Así, mi posición ante este informe se basa en la ausencia de pruebas satisfactorias del carácter absolutamente inocuo para la salud humana y animal de tales mutaciones genéticas, que merecen la reserva y la precaución inherentes a quien cuida del bien común. 
Sin embargo, tampoco quise que mi posición se entendiese como una obstrucción al progreso científico, que siempre es deseable y no debe estar sujeto a obstáculos legislativos excesivos. 
Deseo destacar, no obstante, la necesidad de que se respeten las diversas formas de vida y los estrictos códigos deontológicos que presiden la manipulación y la utilización de materiales tan delicados y complejos. 
(FR) A propósito de los OMG, no queremos que Europa se comprometa a la ligera, como han hecho los Estados Unidos, a favor de una difusión irreflexiva e incontrolada a gran escala de organismos modificados genéticamente, únicamente guiada por el interés de las empresas que los producen. Pero tampoco queremos que, por principio, se mantenga al margen de una técnica que puede ser portadora de algunas esperanzas para la alimentación de la humanidad. 
Frente a una técnica que permite al hombre manipular el genoma, es decir, actuar sobre el corazón mismo de la vida, es imprescindible que la sociedad se haga preguntas y que no se eludan los debates éticos necesarios. 
El poder público tiene el deber de legislar y regular. 
La soberanía de los Estados implica que mantengan el poder de admitir en su territorio únicamente los productos deseados, escogidos y que respondan a una necesidad real. 
El protocolo de Cartagena sobre la biodiversidad reconoce este derecho. 
Usémoslo plenamente en Europa para conservar nuestro dominio en materia de cultivo de OMG. 
La libertad de elección del consumidor y del productor implica que se tomen las medidas necesarias para garantizar la coexistencia de una producción que recurre a los OMG y de una producción que no lo hace. 
. (NL) La delegación del SP-A ha aceptado las propuestas de compromiso del ponente con el Consejo y la Comisión. 
Estos compromisos han hecho posible conseguir rápidamente una legislación en materia de alimentos y piensos de OGM, trazabilidad y etiquetado. 
Al mismo tiempo se han forzado algunas garantías en materia de coexistencia de agricultura de OGM y agricultura tradicional y biológica, porque una modificación de la directiva 2001/18/CE dará expresamente a los Estados miembros la posibilidad de evitar la presencia no consciente de OGM. 
Asimismo se deja claro que el Parlamento es la parte demandante para elaborar una normativa en materia de coexistencia. 
A fin de cuentas, la trazabilidad y el etiquetado son insuficientes para poder garantizar la libertad de elección del consumidor a largo plazo y por ello son importantes las medidas de coexistencia. 
A cambio de estos compromisos, el Parlamento deja de lado sus exigencias en materia de unos valores umbral más estrictos para la contaminación con OGM (0,5 %) , valores que no habrían sido apoyados por todo el mundo en el PE ni en el Consejo. 
Por consiguiente, creemos más importante estar seguros de un acuerdo sobre coexistencia, pues sin tales medidas ningún Estado miembro podrá mantener sus valores umbral. 
Con esta legislación, incluso con el compromiso, Europa es la primera en introducir una normativa estricta en materia de admisión, trazabilidad y etiquetado de OGM. 
Pero habrá que regular cuanto antes la responsabilidad y el PE lo pidió a la Comisión durante la primera lectura de la directiva de responsabilidad medioambiental. 
. 
(PT) Este Reglamento completa el sistema comunitario de autorización y control de OMG: un sistema obligatorio de etiquetado para todos los alimentos y piensos modificados genéticamente. 
Sabemos que su aprobación constituye una etapa más en el levantamiento de la actual moratoria, que debería mantenerse dados los riesgos asociados a la liberación de OMG en el medio ambiente y la coexistencia de los OMG con cultivos convencionales y biológicos. 
La industria de la biotecnología de los Estados Unidos está ejerciendo grandes presiones para que se abra el mercado europeo a las importaciones de OMG e imponer así la aceptación de estas tecnologías, en particular en los países en vías de desarrollo, como ha demostrado el reciente discurso de Bush en la Convención de la Industria de la Biotecnología en Washington, donde acusó a la Unión Europea de contribuir al hambre en África al bloquear las importaciones de OMG y exigió el fin de las restricciones comunitarias, mientras se niega a ratificar el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. 
Esta presión de los Estados Unidos y de las multinacionales, que quieren tener bajo su dependencia no sólo a los agricultores, sino también a las políticas agrícolas y alimentarias de los Estados, es la que adelanta el levantamiento de la moratoria y el sistema de trazabilidad y etiquetado, que se convierte en la primera línea defensiva en la lucha y la movilización de los consumidores y los agricultores contra la liberación de OMG en el medio ambiente y los alimentos modificados genéticamente. 
. 
(PT) Ante la ausencia de una legislación sólida e integrada sobre los organismos modificados genéticamente (OMG) , capaz de ofrecer garantías a los consumidores y a la industria, hace ya tres años que se suspendieron los procesos de concesión de autorizaciones de comercialización en la Unión Europea. 
Celebro la legislación que aprobamos hoy (trazabilidad y etiquetado de los OMG) porque hace posible el registro y el seguimiento de los movimientos de OMG en el mercado, así como de los alimentos para consumo humano y animal producidos con ellos. 
De este modo, el consumidor puede hacer sus elecciones y se facilita el proceso de retirada de un producto cuando se considere necesario. 
No obstante, la propuesta de Directiva contenía disposiciones que podían abrir la puerta a la falsificación, al engaño al consumidor y a la distorsión de la competencia. 
Las normas deben ser claras y simples. 
Por eso, he apoyado las propuestas de modificación encaminadas a mejorar la detectabilidad, a garantizar la coexistencia de cultivos con OMG y cultivos libres de OMG y a efectuar la trazabilidad y el consiguiente etiquetado sólo sobre los OMG y los productos en los cuales se detecte ADN genéticamente modificado o proteínas modificadas genéticamente y no sobre todos los productos. 
por escrito. (EN) Con nuestro voto de hoy intentamos ofrecer a los ciudadanos el genuino derecho de opción en cuanto a los productos modificados genéticamente. 
Hemos escuchado las preocupaciones de los ciudadanos que piden el derecho a una elección informada en torno a los alimentos modificados genéticamente, e intentamos poner en práctica un programa de etiquetado e información que convierta en realidad esta posibilidad de elección. 
Pero tenemos que trabajar dentro de los límites de lo que es científicamente demostrable y aplicable en términos prácticos. 
Vivimos en un mundo imperfecto y el uso de umbrales refleja esta realidad. 
En todos los regímenes de etiquetado existe un punto límite derivado de la realidad práctica y científica, que es lo mejor que podemos hacer con la ciencia que tenemos. 
Los reglamentos sobre productos orgánicos permiten la presencia de hasta un 5% de ingredientes no orgánicos. 
Aunque no etiquetamos los niveles muy bajos de residuos de pesticidas o contaminantes químicos en los productos alimenticios, sabemos que están presentes. 
Acogemos con satisfacción las normas sobre la coexistencia, que, al permitir los cultivos modificados genéticamente junto a los cultivos convencionales, constituyen un paso más para convertir en realidad el derecho de elección del consumidor. 
. (NL) Señor Presidente, los ponentes sobre los expedientes de OGM se han esforzado por entregar unos informes que coinciden entre sí y que hacen posible un acuerdo con el Consejo. 
Respeto su trabajo. 
Asimismo parto de la suposición de que es necesario realizar progresos en estos expedientes, para que pueda levantarse la moratoria sobre la admisión de nuevas aplicaciones de OGM. 
Por estas dos razones he votado con mi Grupo a favor. 
Sin embargo no estoy en absoluto convencida de la calidad de algunas partes de este trabajo legislativo. 
Me temo que tendrán que revisarse más adelante. 
Por supuesto también yo quiero aumentar la confianza del consumidor en los «alimentos genéticamente modificados». 
Creo que para ello se necesita mucha información sobre las ventajas del uso de nuevas técnicas y sobre la seguridad de los alimentos en cuestión. 
Espero que también las organizaciones de consumidores y las universidades participen, pues según el «eurobarómetro» son las que mayor poder de convicción tienen entre los consumidores. 
Asimismo quiero dejar una máxima libertad de elección al consumidor, aunque el mantener separadas las variedades, la trazabilidad y el etiquetado impliquen encarecer los alimentos. 
Pero en tal caso la información que reciba el consumidor ha de ser clara y exacta. 
Y la detectabilidad ha de sustituir al criterio sobre el papel. 
Lamentablemente, en el Grupo del PPE perdimos esta batalla ya en la primera lectura. Para terminar, señor Presidente, quiero decir que ahora seguimos un camino caro? con gastos para el agricultor, la industria y por consiguiente también para el consumidor? sin que alcancemos un objetivo real. 
La cuestión es si no hubiese sido preferible elegir otras medidas que aumentaran la confianza, a saber una información objetiva a gran escala. 
Afortunadamente tenemos un salvavidas: la evaluación que tendrá lugar después de unos años, y que esperemos devuelva el sentido común. 
. (NL) En los últimos 15 años, los inspectores en Bélgica, y no son técnicos sino veterinarios diplomados, han recurrido a todas sus energías, a toda su fuerza y creatividad para luchar contra el uso ilícito de hormonas en la cría de ganado. 
Realizan su trabajo en circunstancias difíciles en las que tienen que resistir a los intentos de soborno, sufren intimidación física, algunos de ellos se ven afectados en su vida privada porque se atenta contra sus propiedades e incluso contra su vida y la de sus familiares. 
El inspector veterinario Karel Van Noppen fue incluso asesinado el 20 de febrero de 1995. 
Afortunadamente, los asesinos y quienes les contrataron fueron condenados el año pasado. Ahora están entre rejas. 
Por tanto estos valientes funcionarios mantienen la prohibición europea de utilizar hormonas en circunstancias difíciles. 
Encima, los inspectores vieron obstaculizado su diligente trabajo por declaraciones inopinadas de determinados científicos que venían a decir que el uso de hormonas sexuales era totalmente inocuo para la salud pública. 
Quien haya leído el informe Olsson sabrá que esto es absurdo. 
Así pues, considero la aprobación del informe Olsson como un HOMENAJE a todos los inspectores de Europa que realizan un buen trabajo y un ESTÍMULO para no bajar la guardia. 
. (EN) El Reino Unido ha hecho un avance fenomenal en el reciclado en los últimos diez años, pero gran parte se ha dado en el ciclo empresarial, y ahora tenemos que pasar al flujo de residuos domésticos. 
Las familias empezarán a separar el vidrio, el papel y el plástico de la basura general, y las empresas tendrán que colaborar con los ayuntamientos para financiar nuevos equipos y crear nuevas instalaciones para tratar el flujo de materiales. 
Un calendario realista para la aplicación es de cinco años, y cualquier intento de acortar este período comportaría una escalada de costes. 
Si decidimos que la fecha final sea 2007, el coste adicional será de 143 millones de libras, ya que el coste de alcanzar los nuevos objetivos pasará de 397 millones de libras a 540 millones de libras en un período de cinco años. 
Esto significa habilitar bancos de botellas, camiones para la recogida puerta a puerta y la construcción de nuevas estaciones de transferencia, almacenamiento y manipulación de residuos, y todo esto requiere tiempo y dinero. 
Estas normas de envasado de la UE exigen un gran cambio en la actividad de reciclado por parte de las empresas, los consumidores y los ayuntamientos británicos. 
La introducción de los cambios necesarios de forma eficiente y rentable exige un poco más de tiempo. 
Por estos motivos nos hemos abstenido en la votación de las enmiendas que pretenden adelantar la fecha de conformidad a antes de 2008. 
Consideramos que es fundamental desarrollar medidas que contribuyan a la reducción de los residuos urbanos e industriales, así como a su reciclaje y reutilización, con soluciones racionales e integradas, en particular en materia de envases, e incentivando la utilización de materiales biodegradables. 
No obstante, la definición y la aplicación de tales medidas deberá tener en cuenta la realidad y los intereses de cada país, y no se comprenderá que se haga una traducción vaga al ámbito nacional de normas de la UE cuando éstas no tengan en cuenta las diferentes realidades existentes. 
Así, suscribiendo las preocupaciones expresadas en este informe, en particular en cuanto al desarrollo de medidas que incidan en la prevención, no puedo dejar de cuestionarme la viabilidad de los plazos y los objetivos propuestos en materia de reciclaje de productos. 
Reafirmo que la eficacia de una política medioambiental depende de la voluntad y del compromiso de las instituciones a escala nacional, a las que compete el diseño de la misma y la movilización de recursos a tal fin, así como de la responsabilización directa de la industria en cuanto a la reducción de los residuos de envases, pero también de la participación de las poblaciones en la protección y el aprovechamiento medioambiental, lo que exige un esfuerzo continuo de educación, sensibilización y movilización ante los problemas existentes y los medios para superarlos. 
- (FR) El examen de esta propuesta de la Comisión, que intenta revisar los objetivos de reciclaje y de reutilización de los envases y de los residuos de los envases, constituye un ejercicio laborioso para nuestra Asamblea. 
En efecto, las situaciones nacionales, e incluso locales, son muy diversas. 
Los resultados de los Estados miembros relativos al respeto de los objetivos prescritos en la Directiva de 1994 son desiguales. 
Los esfuerzos que hoy tendrán que consentir para alcanzar los objetivos fijados en la propuesta de la Comisión son muy diferentes de un Estado a otro, y esto sin contar con el caso específico de los países candidatos. 
Por esta razón, el Consejo sólo ha alcanzado una posición común que la ponente considera muy insuficiente. 
Personalmente no comparto su punto de vista. 
No podemos negar la realidad, incluso si ésta no se corresponde con nuestros ideales. 
En un mundo ideal, la Sra. Corbey hubiera recibido mi apoyo y yo habría podido ser incluso más audaz que ella. 
Pero en el mundo real en que vivimos, cada decisión tiene consecuencias e implica costes que pesan en los contribuyentes y en los consumidores que somos todos. 
Habría sido contraproducente votar hoy disposiciones que nunca han sido evaluadas y que habrían impuesto al conjunto de nuestros Estados miembros obligaciones poco realistas. 
(Explicación de voto acortada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(PT) El primer vector esencial de una política de valorización y reciclado de los materiales es la prevención. 
La prevención de los residuos de envases pasa por garantizar que el productor base sus decisiones en cuanto al tipo y la cantidad de materiales utilizados en un análisis del ciclo de vida de los productos, cuantificando su impacto medioambiental (desde el diseño hasta su eliminación) y, de esa forma, teniendo en cuenta esos costes medioambientales en el precio final del producto. 
Por desgracia, la Directiva propuesta por la Comisión no va suficientemente lejos en cuanto a la prevención de los residuos. 
El segundo vector esencial es la definición de unos objetivos vinculantes. 
Desde este punto de vista, la Directiva es más ambiciosa, ya que establece objetivos relativos a la valorización y el reciclado de los residuos de envases, en particular para los materiales siguientes: vidrio, papel, plástico, metales y madera. 
Ahora bien, los objetivos sólo garantizan un cambio de comportamiento si son creíbles, esto es factibles. 
Por esta razón, apoyo los objetivos definidos en la Posición común y discuto los objetivos presentados por la ponente. 
Discrepo, en especial, de la propuesta de adelantar de 2012 a 2009 los plazos de reciclado y valorización definidos para Portugal, Grecia e Irlanda. 
Es importante recordar que estos tres Estados miembros presentan características que dificultan la consecución de los objetivos de reciclado y valorización de los residuos de envases, en particular la dispersión territorial (regiones ultraperiféricas) y poblacional. 
. 
(PT) He apoyado de manera global la posición de la ponente. 
Por suerte, esta materia es objeto de un amplio consenso entre todos los ciudadanos, expresado especialmente en la casi unánime votación en primera lectura. 
Es indispensable promover la valorización de los residuos de envases, su reciclado cuando sea posible y la prevención en su producción. 
Los objetivos estratégicos de la Unión definidos en Lisboa, y en especial, la dimensión medioambiental añadida en Gotemburgo- traducida en la sostenibilidad del desarrollo -, obligan a la adopción de medidas y políticas capaces de combatir el desperdicio y la agresión al medio ambiente. 
Es un hecho que la protección del medio ambiente es, a largo plazo, la única garantía de protección de los ciudadanos consumidores. 
No obstante, en la línea expresada por varios colegas en la comisión competente, debo señalar mi preocupación ante el acortamiento de los plazos propuesto para que los Estados miembros procedan a la transposición de la Directiva. 
Considero preferible un enfoque más realista, como se propone en la Posición común, en función de las unidades de tratamiento, valorización y reciclado existentes, de hecho, sobre el terreno. 
La realización de los objetivos, que a todos interesa, pasa por una estrategia creíble y también fundamentada. 
. 
(PT) Consideramos que es una prioridad y una urgencia promover la lucha contra la destrucción de la capa de ozono y el efecto invernadero, con el consiguiente calentamiento global del planeta, ya sea aumentando el uso de energías alternativas y renovables que reduzcan el consumo de combustibles fósiles, ya sea mediante la aplicación de medidas que reduzcan las emisiones de las industrias contaminantes y sus efectos- lo que exige inversiones en investigación y en la aplicación de nuevas tecnologías- que puedan contribuir a la realización de los objetivos fijados en el Protocolo de Kioto. 
No obstante, reafirmamos nuestro rechazo a la creación de un «comercio de derechos de contaminación» -transformándolos en una mercancía- que permita a los países más desarrollados comprar «cuotas de contaminación» a los países menos desarrollados, que asegure a los primeros su estatuto de «contaminadores privilegiados» y que promueva el no desarrollo de los segundos. 
Además, datos recientes de las Naciones Unidas indican una tendencia al aumento de las emisiones por parte de los países industrializados. 
El presente informe se integra en esta perspectiva, aceptando el comercio de derechos de emisión de gases, que algunos contemplan como instrumento para alcanzar los objetivos del Protocolo de Kioto. 
Pensamos que éste no es el camino. 
. 
(PT) Celebro esta propuesta de Directiva, que representa una primera etapa en la creación de un mercado internacional de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el que la Unión ha sabido ser pionera- antes de la aplicación en 2008 del régimen internacional previsto por el Protocolo de Kioto -, a lo que ha contribuido, en gran medida, el excelente trabajo del ponente. 
La Directiva creará un mercado de emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, introduciendo derechos para las emisiones de los complejos industriales, que deberán ser asignados por las autoridades de los Estados miembros. 
Considero especialmente loable la enmienda sugerida por la comisión- y aprobada en primera lectura- que prevé un método mixto, de acuerdo con el cual el 15% de los derechos de emisión deberán ser subastados, y los restantes, cedidos gratuitamente (sistema de derechos adquiridos, preferido también por la Comisión) durante todo el período de 2005 a 2012. 
La adopción de esta Directiva inaugurará una nueva era en la cultura de la responsabilidad tanto empresarial como estatal, asociando a operadores y responsables políticos en un camino que los ciudadanos quieren que se persiga intensamente. 
. Con esto concluye el turno de votaciones. 
(La sesión, suspendida a las 14.20 horas, se reanuda a las 15 horas.) 
. De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre Chechenia. 
Quisiera dar la bienvenida a la Cámara al Sr. Frattini, Presidente en ejercicio del Consejo. 
Señor Presidente, saludo al representante de la Comisión y a todos los diputados al Parlamento Europeo presentes en la Cámara. 
Señor Presidente, quisiera introducir mi declaración sobre Chechenia expresando mi pleno compromiso personal y mi firme decisión de continuar desde este momento asistiendo a la Cámara y tomando parte en la labor del Parlamento Europeo, mi intención de prestar atención a las consideraciones expresadas en este y otros debates y de informar al Parlamento, en la medida en que de mí dependa, respecto de los expedientes y actividades del Consejo. 
En cuanto a la República de Chechenia, que, como todos ustedes saben, es una de las repúblicas que componen la Federación Rusa, ha sido objeto de atención de la Unión Europea desde hace algún tiempo a raíz de los graves actos de violencia militar y terrorismo que la caracterizan y de sus posibles consecuencias para Europa. 
La partida que se juega en Chechenia tendrá un efecto que repercutirá mucho más allá de esta pequeña república. 
Las consecuencias de la situación, negativas o positivas, afectarán a toda la zona del Cáucaso. 
Creo que, aunque sea brevemente, es importante conocer el pasado para formarnos una opinión del presente y de las perspectivas de futuro. 
Por esta razón, les voy a contar esta breve historia. 
Desde la disolución de la Unión Soviética y el posterior nacimiento de la Federación Rusa, la República de Chechenia ha sido escenario de violentos altercados entre rusos y chechenos y de actos separatistas sangrientos. 
El Tratado de Paz de 1997 sentó las bases de una amplia autonomía de hecho, bajo la Presidencia del líder checheno Aslán Masjádov, mientras la guerrilla continuaba activa en el país. 
En 1999, Moscú intervino en Ingushetia y en Osetia del Norte, mientras en Chechenia las tropas rusas ocupaban la capital, Grozny. 
Se sucedieron años de ataques y represión en un clima de brutalidad tanto por parte de los combatientes separatistas como de las fuerzas rusas. 
Ya entonces la Unión Europea, el Consejo de Europa y la OSCE reconocieron el derecho de Rusia a defender su integridad territorial y a combatir el terrorismo, pero condenaron su uso desproporcionado de la fuerza, invitando al Gobierno ruso a aplicar una solución política a la crisis y permitir que las organizaciones de ayuda humanitaria entraran en Chechenia. 
Tras el 11 de septiembre de 2001, Rusia redobló sus esfuerzos antiterroristas, incluso si la conexión entre Chechenia y el fundamentalismo islámico- que existe- parecía bastante indirecta. 
Las raíces de la guerra siguen siendo esencialmente de naturaleza nacionalista, a pesar de su creciente y peligrosa propensión al extremismo islámico, en particular respecto de los métodos y los instrumentos utilizados. 
Si bien en septiembre de 2001 se abrió un canal de diálogo entre las autoridades rusas y uno de los principales exponentes de la resistencia chechena, la solución política del conflicto seguía siendo incierta y confusa. 
En este contexto se produjo el grave incidente terrorista en el teatro Na Dubrovke, seguido de numerosos ataques en los últimos meses, igualmente violentos. 
La situación sobre el terreno es extremadamente difícil: la economía local se hunde, hay división de opiniones en el seno de la administración prorrusa, amenazas terroristas y brutalidad por parte de los separatistas y violentas acciones militares por parte de las milicias rusas. 
Mientras que en el pasado Chechenia tenía una economía floreciente, sobre todo gracias a la producción de petróleo y a los sectores metalúrgico y mecánico, que estaban altamente desarrollados, ahora está de capa caída; el índice de desempleo es del 42%, hay 42 000 refugiados chechenos en la vecina República de Ingushetia, 8 000 personas desplazadas en campos de acogida y 290 000 personas sin hogar. 
La vida civil está paralizada en gran parte, reducida a un estado lamentable por la destrucción de archivos y oficinas. 
Señorías, en esta situación se ha injertado la importante iniciativa de reforma institucional lanzada por el Presidente Putin con la adopción de una nueva Constitución, que tendrá que ser aprobada mediante un referendo local. 
El plan del Sr. Putin es que la comunidad internacional y, en particular, la Unión Europea, el Consejo de Europa y la OSCE apoyen el proceso. 
El plan político consiste en la concesión de una amplia autonomía y mayores poderes a las organizaciones locales en el contexto de la Federación Rusa, cuya integridad territorial queda así salvaguardada. 
Se ha comenzado la retirada de los contingentes militares no necesarios y la reducción de los controles para facilitar la normalización gradual de la región y la celebración del referendo. 
Como sabemos, los resultados del referendo del 23 de marzo- que tuvo un índice de participación del 89%- fueron muy favorables al proyecto de Constitución. 
Este resultado ha demostrado que los chechenos, cansados de la guerra, han optado por la solución política en el seno de la Federación Rusa. 
Al mismo tiempo, el líder separatista, Aslán Masjádov, y sus seguidores han perdido en buena medida el apoyo de la sociedad civil. 
De conformidad con la Constitución recientemente aprobada, se prevé que las elecciones presidenciales chechenas se celebren a finales de octubre, mientras que las elecciones parlamentarias no se celebrarán hasta tres meses después de la elección del futuro Presidente. 
Sin embargo, a pesar del buen resultado, el referendo solo es el primer paso en el proceso de transición política. 
Quedan un gran número de asuntos pendientes, como la definición de los poderes de la República Chechena y de la Federación Rusa, la indemnización a los que han perdido sus bienes y la aprobación de medidas para combatir el crimen, incluidos los crímenes cometidos por las Fuerzas Federales. 
Señorías, como ya saben, en este momento hay pendientes 200 juicios penales graves contra miembros de la policía. 
El 6 de junio de 2003, la Duma aprobó una ley de amnistía para Chechenia aplicable tanto a los rebeldes como a los miembros de la policía, por supuesto con la condición de que no hayan cometido crímenes violentos. 
Ofrece clemencia a los que abandonen la resistencia armada separatista antes del 1 de septiembre de este año. 
Sin embargo, a pesar de la amnistía continúan los ataques sobre el terreno, con las consiguientes respuestas severas por parte de las fuerzas de policía. 
La comunidad internacional ha seguido activamente los acontecimientos y las iniciativas de Moscú. 
Mientras que en marzo la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución que contempla la posibilidad de establecer un Tribunal Internacional para procesar a los culpables de las graves violaciones de los derechos humanos en Chechenia, más recientemente el proceso político e institucional iniciado se ha examinado en profundidad en el transcurso de las conversaciones del Comisario para los Derechos Humanos en Moscú. 
En el contexto de la OSCE, la Presidencia está sentando las bases, de común acuerdo con Rusia, para la reanudación de las actividades de la Organización en la República, basada en programas específicos acordados en materia electoral, de buena administración, sistema judicial, medios de comunicación, policía y ayuda humanitaria. 
En abril, los 15 Estados miembros de la Unión presentaron un proyecto de resolución en la Conferencia de Ginebra sobre Derechos Humanos que censuraba y condenaba las graves violaciones perpetradas en Chechenia, una resolución que, como ya saben, no se aprobó por falta de una mayoría de votos a favor. 
Como saben, Moscú describió esta derrota como un «triunfo del sentido común». 
Señorías, el Consejo ha tomado nota de las opiniones del Parlamento Europeo sobre la situación de la República de Chechenia y se esforzará por asegurar que el proceso político puesto en marcha recientemente conduzca al restablecimiento del Estado de derecho y a la reconstrucción del tejido económico y social de la región. 
La Unión está unida en su juicio positivo general sobre el comienzo del proceso institucional iniciado por el Presidente Putin respecto de Chechenia. 
Ahora esperamos ver un cambio radical de postura en términos de derechos humanos, y solicitamos que se castigue a los culpables de los abusos. 
La atención continua de la Unión Europea quedó patente en una reciente visita de la troika de Jefes de Misión en Moscú a Chechenia en abril, así como en el apoyo a la reanudación de las actividades de la OSCE en la región, que he mencionado antes. 
El Consejo de Cooperación UE-Rusia del pasado 15 de abril fue la primera oportunidad de la Unión de transmitir un mensaje de vigilancia, interés y disponibilidad general en un nivel político elevado. 
La Cumbre de San Petersburgo UE-Rusia expresó la esperanza de que el proceso político recientemente puesto en marcha, junto con la reconstrucción económica y social, conduzca al restablecimiento del Estado de derecho, a la promoción de los derechos humanos y a una reconciliación sincera. 
La Cumbre de San Petersburgo condenó cualquier acto de violencia, en particular de violencia terrorista, que pueda poner en peligro las perspectivas actuales de solución política y reconoció la contribución sustancial que pueden hacer las organizaciones internacionales en colaboración con las autoridades rusas. 
Por último, una vez que la reconstrucción económica de la región esté en marcha, la Unión también tendrá que comprometerse financieramente, si bien con condiciones rigurosas, por supuesto. 
El representante de la Comisión, que hablará en breve, les describirá el paquete de ayudas que se está elaborando. 
La cooperación de las autoridades rusas será fundamental para asegurar que esta ayuda llegue realmente a los que más la necesitan. 
La posibilidad de lanzar una iniciativa de la Unión Europea en Chechenia en el futuro merece un examen detenido. 
Al apoyar el proceso iniciado por el Presidente Putin, esta iniciativa podría ampliar la intervención de la Comunidad desde el ámbito de la ayuda humanitaria, en el que nos hemos centrado hasta ahora, al ámbito muy distinto- aunque igualmente importante- del establecimiento de instituciones y la promoción del desarrollo socioeconómico, lanzando una serie de iniciativas prácticas en el marco de la cooperación existente entre la Unión Europea y la OSCE. 
La OSCE está actualmente valorando, junto con sus interlocutores rusos, la posibilidad de intervenciones de ayuda en sectores específicos: ya he mencionado las elecciones- un ámbito extremadamente importante -, el sistema judicial, la reforma de la policía y la reintegración de los refugiados y las personas desplazadas. 
Estos elementos de creación institucional también suelen considerarse tradicionalmente prioridades de la Unión. 
En conclusión, respecto del proceso institucional iniciado por Moscú, la Presidencia italiana se comprometerá a facilitar una solución política definitiva que, a ser posible, implique a todos los representantes y segmentos de la población chechena no comprometidos con el terrorismo. 
Creemos que la reforma institucional iniciada debería tener como resultado práctico y auténtico- como resultado automático, por decirlo de alguna manera- la mejora de los niveles actuales de respeto de los derechos humanos del pueblo checheno. 
. 
(ES) Señor Presidente, después de la posición del Consejo, claramente manifestada por el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Frattini, tengo que decir que la Comisión no puede sino reiterar que la Unión Europea tiene un firme compromiso en la lucha contra el terrorismo y, en ese sentido, que apoya a Rusia en su lucha legítima contra el terrorismo, en Chechenia y en cualquier lugar. 
No debe quedar ninguna duda al respecto. 
Ello quiere decir que la defensa de los derechos humanos es un todo y que, si el primer ataque a los derechos humanos lo constituye el propio terrorismo, que no respeta el derecho básico a la vida, eso no quiere decir que no debamos tener siempre presente, en cualquier acción y lucha contra el terrorismo, que los derechos humanos son un elemento fundamental y básico que hay que respetar en todo momento. 
Dicho todo esto, y entrando en las áreas más directamente relacionadas con la actividad de la Comisión- donde me voy a centrar para no repetir lo que ya ha sido dicho -, quiero señalar que es necesario que se hagan progresos en la posibilidad de prestación de ayuda humanitaria en Chechenia. 
Como saben sus Señorías, la Unión Europea, a través de la Oficina de ayuda humanitaria de la Comunidad Europea, es el mayor donante de ayuda humanitaria en el Cáucaso septentrional. 
Desde octubre de 1999, hemos proporcionado más de 110 millones de euros de ayuda a las víctimas de los conflictos en Chechenia. 
Las condiciones de seguridad en el Cáucaso septentrional siguen siendo deficientes, lo cual genera no pocos problemas logísticos. 
No obstante, la Comisión confía en que las autoridades rusas adopten una actitud más abierta, por ejemplo, en relación con los intentos de liberación de Arjan Erkel, el cooperante europeo que todavía permanece secuestrado. 
La renuencia, en algunos casos, de las autoridades rusas a permitir que las organizaciones no gubernamentales utilicen las comunicaciones por radio necesarias, así como el sistema de concesión de permisos de estancia y trabajo en Chechenia, siguen siendo los principales obstáculos al suministro de ayuda humanitaria. 
A este respecto, seguiremos abogando por la mejora del trato ofrecido, a fin de facilitar la realización de las operaciones humanitarias, de conformidad con las normas básicas de seguridad, eficiencia y supervisión y, por supuesto, evaluación independiente. 
Por otra parte, si bien las autoridades rusas nos han garantizado que no repatriarán por la fuerza a Chechenia a los miles de personas desplazadas en las zonas limítrofes, a las que ha hecho referencia hace un momento el Presidente en ejercicio del Consejo, lo cierto es que ECHO nos ha informado de que está viendo cómo se le niega la posibilidad de reemplazar las tiendas de campaña deterioradas y de construir refugios más sólidos en la vecina Ingushetia. 
Los desplazados no deberían tener como única opción regresar a Chechenia. 
Amén de seguir de cerca la evolución de los acontecimientos en general, seguiremos insistiendo especialmente en que cualquier repatriación de desplazados chechenos se produzca de una manera voluntaria y sin condiciones. 
Con miras al futuro, la Comisión continuará siguiendo la evolución de la situación, incluidos los trabajos en curso, con vistas a la conclusión de un Tratado destinado a clarificar el estatuto de Chechenia dentro de la Federación de Rusia, así como los preparativos para las elecciones presidenciales y parlamentarias en la República rusa, previstas para octubre y diciembre. 
En ese sentido, seguiremos analizando cómo se desarrolla esta situación. 
La Comisión hace ahora hincapié en que todas estas actuaciones, todos estos avances, se produzcan de la manera más transparente, más conforme a las normas internacionales, y, sobre todo, que se produzcan de tal suerte que faciliten que, de una vez por todas, se pueda resolver este conflicto. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, Señorías, la delegación que encabezo está satisfecha de haber podido obtener información de primera mano acerca de la situación. 
Esto es lo que sucedió durante nuestra primera visita. 
Nos reunimos con los líderes rusos, ingushetios y chechenos, y con miembros de sus respectivos Gobiernos. 
Visitamos a personas en campos de concentración y en Grozny, así como a la diáspora chechena que vive en Moscú y, como es lógico, nos encontramos con miembros de organizaciones humanitarias, tanto nacionales como internacionales. 
Aparte de obtener información sobre los derechos humanos, queríamos saber más acerca de los problemas sociales, económicos y educativos, así como sobre las instalaciones sanitarias, la situación de los refugiados y las posibilidades de llevar una vida normal, en general. 
En primer lugar, quisiera tratar el asunto del cambio de estrategia por parte de Rusia. 
Ya no busca una solución militar, sino una de carácter político. 
Este enfoque resulta positivo y responde a las peticiones realizadas por el Parlamento Europeo durante mucho tiempo. 
En segundo lugar, es evidente que todas las partes están hartas de guerra y desean la paz. 
Con esto no me refiero a los elementos criminales que han convertido la guerra en un modo de ganar dinero. 
En tercer lugar, da la sensación de que se ha abierto un paréntesis de un año de duración, hasta que finalicen las elecciones de la Federación de Rusia y de Chechenia. 
Se teme que después de las elecciones la situación vuelva a su antiguo cauce. 
Por este motivo, ahora habría que apoyar enérgicamente el proceso político iniciado. 
Asimismo, existe el riesgo de «chechenización» del conflicto, en el que la violencia se acercaría cada vez más a una guerra civil. 
Para poder avanzar por el camino de la paz, es imprescindible que Rusia condene a los criminales de guerra y que el ejército se retire. 
Es preciso proteger los derechos humanos. 
Además, los chechenos deben detener la lucha armada y los ataques terroristas. 
Según observaciones procedentes de diversas fuentes, durante los últimos seis meses se ha podido apreciar en la zona una reducción de las acciones de combate por parte del ejército ruso. 
Sin embargo, paralelamente, ha aumentado la violencia por parte de grupos armados, lo cual resulta verdaderamente inquietante. 
Debemos proseguir decididamente con la reconstrucción social, cultural y económica que no ha hecho más que empezar. 
Tal y como me dijo un posible candidato a la Presidencia de Chechenia, el dinero crea la paz. 
El Gobierno ruso ha preparado una especie de paquete político-económico para tratar de normalizar la situación. 
Aunque es probable que haya que revisarlo y ampliarlo, lo que resulta importante en este caso es el rumbo que se ha tomado. 
En relación con esto, la Unión Europea debería igualmente reforzar las medidas aplicables en la zona. 
La Unión Europea representa en este momento el principal proveedor de ayuda exterior. 
La Comisión otorgó recientemente una ayuda humanitaria de 16 millones de euros, una decisión muy acertada. 
Nuestra delegación insta a las organizaciones de ayuda a que acudan a la zona cuanto antes, de forma segura y sin obstáculos. 
Resolver esta situación llevará aún más tiempo si no se cuenta con colaboración externa. 
Asimismo, es fundamental que la oficina de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Znamenskoje pueda funcionar plenamente sin demora. 
En el plazo de unos meses se programarán elecciones y se iniciarán las campañas electorales. 
Será muy importante comprobar que la campaña se desarrolle con total transparencia y que se cumplan los requisitos democráticos. 
Esto exigirá mantener una presencia prolongada. 
Si las campañas no son democráticas, difícilmente lo serán las elecciones. 
Por último, se ha propuesto también la idea de una conferencia de paz. 
Todas las partes podrían participar, junto con la Unión Europea, el Consejo de Europa y la OSCE. 
No he mencionado a los culpables en mi intervención porque ahora es momento de buscar la paz. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoya la resolución conjunta de los Grupos políticos sobre Chechenia. 
Por lo tanto, apoyamos los intentos del Gobierno ruso de estabilizar la situación en la zona sobre la base del referendo celebrado recientemente. 
Al mismo tiempo, quisiéramos destacar que deben respetarse los derechos humanos en Chechenia. 
En mi opinión, sería aconsejable que Rusia, si no logra obtener pronto el resultado esperado con su política actual, se plantee adoptar un enfoque alternativo. 
Resulta extremadamente complicado instaurar la paz en Chechenia mientras determinados grupos poderosos pretenden lograr su secesión de Rusia. 
Por otro lado, Rusia trata de conservar su unidad regional, para lo que cuenta con el claro apoyo de la comunidad internacional. 
Sin lugar a dudas, Rusia dispone de recursos suficientes para mantener el control militar sobre Chechenia, pero esto le costará caro en cuanto a pérdidas de vidas humanas y pérdidas económicas, así como desde un punto de vista político. 
A no ser que mengüe la resistencia armada, los rusos deberán preguntarse si merece la pena pagar tan alto precio por mantener el control militar sobre una Chechenia devastada por la guerra. 
Deberán plantearse si es posible encontrar una alternativa a su política actual en Chechenia. 
En principio, la solución alcanzada en Kosovo quizás pueda servir de modelo. 
De este modo, Chechenia seguiría perteneciendo indiscutiblemente a la Federación de Rusia, pero las fuerzas de paz internacionales y los cuerpos de policía locales serían responsables de la seguridad. 
Sin duda, es difícil que Rusia adopte una solución de este tipo, pero nada será fácil en cualquier caso si se mantiene la situación actual. 
La solución está en manos de los propios rusos. 
Nadie de fuera puede aconsejarles u orientarles. 
La propia Rusia debe decidir la clase de política que desea poner en práctica en Chechenia. 
Al menos por ahora, Rusia mantiene su política actual y, como he dicho al inicio de mi intervención, el Grupo ELDR apoya la resolución conjunta de los grupos políticos basada en dicha política. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Primer Ministro, quiero recomendarles que lean nuestro informe de viaje, pues creo que se trata de un informe equilibrado que contiene opiniones más matizadas que las que he oído hasta ahora en otras intervenciones. 
Señora Comisaria, la lucha en Chechenia no es únicamente una lucha contra el terrorismo. 
La situación es mucho más complicada, mucho más compleja. 
Si lee usted algo al respecto, notará que también usted hablará de una forma más matizada sobre Chechenia. 
Hemos estado en Chechenia, Señorías, y allí no tuve la impresión de que los rusos controlaran la situación. 
A diario se producen secuestros. 
A diario mueren asesinados soldados, la media es de diez al día. 
Se violan los derechos humanos y los rusos han cambiado en efecto de estrategia y han pasado de una estrategia militar a una estrategia política, que implica un referéndum y pronto unas elecciones. 
Pero estimado Ministro, estimada Comisaria, es una estrategia impuesta desde arriba. 
No se trata de un proceso inclusivo, no se trata de un proceso en el que estén implicadas todas las capas de la población chechena. 
Tampoco es un proceso en el que se haya implicado a los rebeldes y a los miembros de la resistencia, ni siquiera al Sr. Masjádov, el último presidente electo. 
Creo que tendremos que hacer mucho para remediar esta situación. 
En lo que respecta a la situación humanitaria, apoyo plenamente lo que ha dicho la Comisaria. 
Creo que lo ha resumido de forma correcta. 
Es preciso hacer algo sobre lo que están viviendo las organizaciones humanitarias allí. 
Por último, señor Presidente, me gustaría referirme al asunto Arjan Erkel. 
El padre de Arjan se encuentra en la tribuna, junto con representantes de Médicos sin Fronteras. 
Quisiera decirle oficialmente que en la resolución sobre la cual votaremos mañana se ha dedicado un apartado al secuestro de su hijo. 
Le aseguro que este texto será traducido al ruso pasado mañana. 
El lunes y martes de la semana que viene tenemos una reunión de la delegación con la delegación rusa en Moscú, y como presidente de esta delegación aseguro a la familia que trataremos el asunto de su hijo durante esta reunión en la Duma el martes de la semana próxima. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, Señorías, realmente pienso que no hay hombre más ciego que aquel que se niega a ver. 
¿Qué clase de proceso político es este? 
Hemos presenciado un referendo en el que ha votado menos del 15% de la población, en el que periodistas occidentales presentes en Grozni han podido votar: ¿qué más necesitamos para demostrar que ha sido una farsa total? 
Me complace oír que cuando fue a Chechenia, el Sr. Oostlander viera que el proceso de normalización descrito por su amigo, el Sr. Putin, no produce resultados desde hace meses. 
Lo que ocurre en Chechenia es que un Estado está aplicando una política de terror, y ha conseguido- y la resolución no lo menciona- asesinar a doscientas mil personas en 10 años, convertir en refugiados a trescientas mil personas de una población de un millón de habitantes, eliminar a docenas y docenas de civiles chechenos cada día, y estoy hablando de civiles, no de soldados, a manos de las fuerzas armadas rusas presentes en Chechenia. 
¡Así que este es el proceso de normalización! 
Si fingimos, en interés de un gran mercado ruso potencial, que la política de terror aplicada por la Federación Rusa en Chechenia no existe, podemos continuar haciéndolo, pero en ese caso seremos cómplices de genocidio- y tenemos que ser conscientes de ello -, porque cuando se elimina entre un 20 a un 25% de la población de un país en menos de 10 años, esto se llama genocidio. 
Es peor que Bosnia, peor que Kosovo. 
Por lo tanto, Presidente en ejercicio del Consejo, creo- como ha dicho el Sr. Staes- que la solución pasa por la negociación entre las dos partes implicadas, es decir, entre el Presidente Putin y el Presidente Masjádov. 
El resto es pura basura que nos inventamos en nombre de intereses que no queremos reconocer. 
Antes se ha dicho que la guerra en Chechenia está relacionada con la guerra contra el terrorismo. 
Quiero decir claramente que lo que Rusia está haciendo en Chechenia no es luchar contra el terrorismo, sino realmente impulsarlo. 
Debe quedar claro que Yelena Bonner, la viuda de Andrei Sajarov, tiene razón cuando afirma que lo que está ocurriendo en Chechenia es un genocidio. 
Quiero decir bien claro que se trata de una guerra colonial, alimentada por los intereses energéticos de Gazprom y otros; de eso se trata en realidad. 
Por esto es urgente que no nos engañemos. 
El llamado referendo- muchas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos reconocidas lo han confirmado- ha sido una completa farsa. 
Se han creado unos interlocutores cómodos con los que se están desarrollando seudonegociaciones de paz. 
La OSCE ya actuó de observadora de unas elecciones en Chechenia. 
Ya hubo paz una vez en Chechenia. 
El Sr. Masjádov fue elegido democráticamente bajo la supervisión de la OSCE, así que ¿por qué no negocian con él? 
¿Por qué se le ha obligado a pasar a la clandestinidad? 
Esto se ha hecho justamente porque representa a su pueblo y no es una marioneta. 
Esto no puede conducir a la paz, señor Presidente en ejercicio del Consejo, y las premisas del presente debate son, por lo tanto, absolutamente equivocadas. 
Utilizar interlocutores títere jamás ha dado resultado y nunca ha conducido a la paz. 
Por esto quiero manifestar con toda claridad lo siguiente: la palabra «normalización» es, a mi juicio, la más engañosa de todo el debate y de muchos discursos, incluidos los del Sr. Putin, que desarrolló, apoyándose en Chechenia, la campaña electoral más sangrienta de la historia para acceder al poder. 
¿Cuándo oímos hablar por última vez de «normalización»? 
En 1968, en Praga, cuando se aplastó la insurrección popular de los checos y eslovacos. 
¡No es esa la normalización que queremos! 
Señor Presidente, señora Comisaria, una cosa de la que estoy seguro, habiendo participado en esta delegación, es que hoy por hoy está totalmente fuera de lugar hablar de «paz» en Chechenia. 
Tres mil personas fueron asesinadas a principios de año. 
Se han encontrado cuarenta y nueve fosas comunes, de las que una muy pequeña parte puede imputarse al terrorismo y una gran parte a los abusos perpetrados diariamente por un ejército que se ha instalado como una fuerza ocupante. 
El referendo fue una ilusión de normalidad. 
Es difícil decretar normalidad en un país empuñando un kalashnikov. 
En vista de todo ello, creemos que la solución política tiene que ser verdaderamente una solución política, y para ello, señor Frattini, le señalo que deben intervenir todas las partes. 
Señor Frattini, el ex presidente, Sr. Masjádov, también tiene que participar y no puede ser tachado tan precipitadamente de rebelde separatista. 
El ex presidente, Sr. Masjádov, fue elegido democráticamente por el pueblo checheno al final de la primera guerra. 
Hoy, el Sr. Masjádov es un punto de referencia esencial si queremos conseguir una paz verdadera. 
Existe el peligro de que Chechenia se convierta en una zona de guerra permanente donde las viejas diferencias se sustituyan por otras nuevas. 
Una última recomendación al Sr. Frattini y a la Comisión. 
Tenemos que asegurarnos de que Rusia se implique en el proceso de paz y que asuma su responsabilidad. 
Si continuamos hablando de la posibilidad de que Rusia se adhiera a la Unión Europea sin considerar este conflicto en curso como un elemento que ya está causando dificultades en nuestras relaciones con Rusia, realmente no estaremos facilitando el proceso de paz. 
Hablar hoy de la adhesión de Rusia, aparte de ser extremadamente prematuro, podría resultar muy peligroso para el destino de Chechenia. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, creo que hay mucho de verdad en las palabras de mis colegas diputados, el Sr. Fava y el Sr. Staes, acerca de los continuos brotes de violencia en Chechenia. 
Los informes presentados sobre la falta de reconstrucción y sobre los obstáculos a que deben hacer frente las organizaciones humanitarias resultan escandalosos. 
La información que hemos obtenido con respecto a la participación de 30 000 soldados rusos en el referéndum es motivo de alegría. 
La situación en Chechenia es una cuestión internacional. 
Creo que es anticuado e incompatible con la política general de la Unión Europea afirmar que se trata de un asunto interno que debe ser resuelto por Rusia. 
Debemos exigir esfuerzos más enérgicos, más apoyo y que se autorice la reapertura de la oficina de la OSCE. 
Es preciso un seguimiento efectivo de las elecciones. 
Al mismo tiempo, la UE también debe colaborar en la reconstrucción. 
. El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
. De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la Corte Penal Internacional. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es un gran honor y una gran responsabilidad para la Presidencia italiana tomar la palabra ante el Parlamento Europeo sobre el asunto de la Corte Penal Internacional. 
Ciertamente es un honor porque, desde el comienzo, Italia ha sido una de los grandes defensores de la Corte y ha dado su nombre al Estatuto de Roma. 
Sin embargo, al mismo tiempo es una gran responsabilidad para la Presidencia italiana continuar apoyando con la misma decisión que nuestros predecesores los esfuerzos de la comunidad internacional por crear una jurisdicción internacional que acabe con la impunidad de aquellos que son culpables de los crímenes más abyectos. 
La Corte está demostrando ser un gran éxito: hasta hoy, 90 países se han adherido al Estatuto de Roma. 
La Corte ha celebrado su sesión inaugural este año y, con la elección del Presidente, los jueces, el Fiscal y el Secretario se ha convertido en un organismo totalmente funcional en las relaciones internacionales. 
La Unión Europea puede sentirse orgullosa de haber contribuido de forma decisiva a este hecho. 
La Presidencia italiana tiene que defender un patrimonio muy importante, y su propósito es hacerlo. 
Hace algunos días, el 16 de junio, el Consejo confirmó su compromiso con la Corte mediante la aprobación de una Posición Común que tiene el significado político de confirmar el apoyo incondicional de la Unión Europea a la institución. 
Sobre la base de la Posición Común, se actualizará el Plan de Acción Mayo 2002. 
La acción en apoyo de la Corte seguirá siendo un componente esencial de las medidas de política exterior de la Unión. 
Como todos ustedes ya saben, en la defensa de esta actuación, la Unión Europea se enfrentará a algunos asuntos delicados, pero esto no mermará de ningún modo nuestro compromiso. 
Nuestra iniciativa adoptará formas diferentes. 
En primer lugar, Italia representará a la Unión Europea en la Segunda Asamblea de Estados Parte en septiembre. 
Estamos preparándonos con diligencia para este compromiso y haremos todo lo posible por resolver los asuntos pendientes respecto de la institución y su funcionamiento. 
En segundo lugar, para asegurar el funcionamiento eficaz de la Corte y garantizar su independencia, la Unión Europea continuará alentando a los Estados a que transfieran con rapidez y totalmente sus cuotas, determinadas con arreglo a las decisiones tomadas en la Asamblea, y a que respeten el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte. 
En tercer lugar, la Unión Europea continuará instando a aquellos Estados que aún no lo han hecho a que se adhieran al Estatuto, porque creemos que es deseable y necesaria la mayor participación posible. 
De conformidad con las disposiciones de la posición común, se ha lanzado una campaña de concienciación a gran escala a este respecto, en particular en el contexto del diálogo político con los Estados no miembros. 
En cuarto lugar, la Unión Europea continuará defendiendo la integridad del Estatuto de Roma incluso en nuestras relaciones con nuestro amigo, los Estados Unidos de América. 
Como podrán imaginar, se trata de un asunto frecuente en la agenda de las discusiones transatlánticas y se planteó la semana pasada en la Cumbre Unión Europea/Estados Unidos en Washington. 
Señorías, nuestro objetivo es continuar un diálogo amplio con los Estados Unidos en todos los aspectos del asunto. 
Compartimos con los Estados Unidos los mismos valores fundamentales y concedemos la misma importancia- que es mucha- al objetivo de acabar con la impunidad de los crímenes más graves y de identificar a las personas que los cometen. 
Sin embargo, hablando objetivamente, tenemos que admitir que nuestras opiniones difieren sobre el papel de la Corte. 
A los Estados Unidos, con su presencia masiva a escala global, les preocupa la posibilidad de que se produzcan acusaciones por motivos políticos contra sus ciudadanos. 
La Unión Europea cree que el Estatuto de la Corte proporciona garantías suficientes de imparcialidad y autoridad, como la gran calidad de los jueces y el principio de complementariedad del trabajo de la Corte para aliviar o incluso disipar los temores de la posible explotación de las actividades de la institución. 
Mis predecesores han mantenido informado al Parlamento del desarrollo de estas discusiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América y de las iniciativas desarrolladas por ambas partes. 
No repetiré lo que todos saben ya, pero quisiera señalar la forma en que Italia tiene previsto proceder durante esta Presidencia. 
Los Estados Unidos temen, entre otras cosas, que la Corte suponga una amenaza, aunque indirecta, a la conducción y la ejecución de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 
La Unión Europea considera que la Corte también es una salvaguardia importante para la protección de las fuerzas de paz. 
En este contexto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha examinado durante dos años consecutivos las propuestas de los Estados Unidos para excluir a las fuerzas de paz de la jurisdicción de la Corte. 
La Unión Europea ha expresado su apoyo firme a la Corte en las reuniones del Consejo de Seguridad abiertas a Estados no miembros durante los dos años. 
Este año, la Unión se ha mostrado públicamente a favor de convocar la reunión del Consejo de Seguridad, que se celebró el 12 de junio. 
Durante esta reunión, se pidió a todos los miembros del Consejo de Seguridad que intentaran encontrar una solución que preservara tanto la integridad del Estatuto de Roma como el correcto funcionamiento de las misiones de paz: dos factores que son claramente compatibles. 
Como saben, los Estados Unidos intentan concluir una serie de acuerdos bilaterales para excluir a sus ciudadanos de la jurisdicción de la Corte. 
Ayer nos enteramos de que los Estados Unidos han retirado su asistencia militar a algunos países, incluidos cinco que están a punto de adherirse a la Unión Europea, que se han negado a firmar dichos acuerdos. 
La Unión lamenta esta medida. 
Por supuesto, estudiaremos el asunto en detalle con objeto de mantener más conversaciones con Washington. 
Quisiera recordarles que el pasado mes de septiembre el Consejo aprobó conclusiones y ciertas directrices para la conclusión de acuerdos de exención con objeto de preservar la integridad del Estatuto de Roma. 
Estas conclusiones y directrices estaban destinadas sobre todo a los Estados miembros y a los países candidatos, pero sin duda interesan a todos los Estados firmantes del Estatuto de Roma. 
Estos documentos se han distribuido en un gran número de Estados no miembros con la intención de informarles de la posición básica que ha tomado la Unión Europea en este asunto. 
La Unión Europea está firmemente convencida de que la Corte Penal Internacional hará del mundo un lugar más seguro, o mejor dicho, ayudará a que el mundo sea un lugar más seguro, más justo o más pacífico. 
El mero hecho de establecer la Corte será un elemento de disuasión para cometer los crímenes más graves. 
Al acabar con la impunidad, la Corte reforzará la supremacía de la legislación y hará una contribución importante a la paz. 
En conclusión, la Corte demostrará muy pronto que es una institución verdaderamente independiente y eficaz. 
Lo hará trabajando en concreto, y los que desconfían de ella comprobarán- repito, a través del trabajo concreto de la Corte- que el Estatuto de Roma garantiza los más altos criterios de justicia y no se presta- o, al menos, tenemos que esforzarnos para asegurar que nunca se preste- a la manipulación política. 
Por supuesto, esta será una de nuestras tareas en el diálogo franco y amistoso entre la Presidencia y los Estados Unidos de América. 
El Sr. Moreno Campo, recientemente nombrado Procurador de la Corte Penal Internacional, ha dicho durante su juramento: «Una Corte Penal Internacional totalmente independiente e imparcial es una prueba de esperanza, pero también suscita temores y malentendidos». 
Este Tribunal suscita efectivamente la esperanza de una nueva era para la justicia internacional, procura una herramienta eficaz para combatir la impunidad y, por lo tanto, es un factor de disuasión- como acaba de decir el Presidente del Consejo- para los que tengan la tentación de perpetrar actos criminales graves que esta Corte tiene la competencia de juzgar. 
Pero si nos referimos a la posición de los Estados Unidos también despierta temores y malentendidos. 
En efecto, este temor de los americanos de ver a sus ciudadanos perseguidos judicialmente por motivos políticos ha incitado a este país a desplegar esfuerzos en el mundo entero para obtener acuerdos bilaterales de inmunidad para sus ciudadanos, e igualmente ha conducido a la reconducción de la resolución 1422 del Consejo de Seguridad. 
Para obtener estos acuerdos, los Estados Unidos no han dudado en esgrimir la amenaza del rechazo a ayudar militarmente a los países que no los firmen. 
Al no haberse adherido al Estatuto de Roma, los Estados Unidos se consideran libres de alcanzar acuerdos de inmunidad, sobre todo en razón del número considerable de soldados americanos desplegados por todos los rincones del planeta. 
Cualquiera que sea el valor de este argumento, es cierto que la contribución importante de los Estados Unidos a las acciones de mantenimiento de la paz no puede pasar inadvertida. 
Asimismo, es evidente que los países que se han adherido al Estatuto de Roma no pueden valerse de una especie de puerta oculta para sustraerse a sus obligaciones ante la Corte Penal Internacional. 
Los principios directivos aprobados en septiembre de 2002 por la Unión, a los que la Presidencia del Consejo se ha referido no pueden ser más claros al respecto: no consideramos que estos acuerdos sean necesarios, pero los aceptamos a condición que satisfagan ciertos criterios bien definidos. 
Los acuerdos que los Estados Unidos intentan alcanzar no corresponden a nuestras condiciones y tienen claramente por objeto socavar el Estatuto de Roma en la medida en que no prevén ninguna disposición firme destinada a evitar la impunidad y amplían la impunidad más allá del marco de los ciudadanos estadounidenses presentes en un territorio por ciertos motivos militares o estrictamente administrativos. 
En consecuencia, ¿cómo hacemos valer nuestra posición? 
Lo hemos hecho, sobre todo con ocasión de la posición común del pasado 16 de junio, que indica sin ambigüedad que los principios directivos no se reducen a una especie de cocina interna, sino que tienen que aplicarse para justificar la protección de la integridad del Estatuto de Roma en nuestras relaciones con terceros países. 
Esta posición es fruto de gestiones y diálogos. 
Mis colegas Patten y Verheugen han conjugado sus esfuerzos con los de la Presidencia griega para enviar cartas comunes a los ministros de Asuntos Exteriores de los países adherentes, a los ministros de Asuntos Exteriores de los países candidatos y a los ministros de Asuntos Exteriores de los países de los Balcanes. 
Subrayan la necesidad de tener en cuenta la posición de la Unión. 
Hemos dado instrucciones a nuestros jefes de delegación en países terceros para que insistan en la importancia de esta cuestión. 
En los países que ya han firmado un acuerdo de inmunidad, se ha invitado a nuestros jefes de delegación a analizar más de cerca la probabilidad de ratificación de estos acuerdos. 
Estos esfuerzos diplomáticos se sostienen en el apoyo importante que hemos otorgado a las ONG que militan a favor de una Corte Penal Internacional eficaz por mediación de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. 
Además, recientemente el Consejo Europeo de Salónica ha confirmado que la Unión apoya sin reservas la Corte Penal Internacional. 
¿Cuáles son los resultados? 
Tras haber recordado nuestros principios y nuestra acción, seamos claros. 
Incluso si ignoro el acuerdo firmado precipitadamente por Rumania en agosto de 2002, e incluso si los países adherentes y los países candidatos han resistido las presiones americanas para alinearse con la posición de la Unión del 16 de junio, está claro que la situación en los Balcanes sigue siendo confusa: Albania, Bosnia-Herzegovina y recientemente la antigua República yugoslava de Macedonia han firmado tales acuerdos, que no respetan las condiciones definidas por los principios directivos de la Unión. 
No hemos escondido nuestra decepción y hemos informado de ello a estos países. 
Por lo que respecta a la reconducción de la resolución 1422 del Consejo de Seguridad, no nos cabe la menor duda de que la legalidad de esta medida es, en el mejor de los casos, dudosa. 
Hemos permitido un debate abierto en el seno del Consejo de Seguridad en el que han podido expresarse las inquietudes sobre la legalidad de esta propuesta. 
En una intervención extraordinaria, el Secretario General de la Naciones Unidas, Sr. Koffi Annan, no sólo ha expresado dudas sobre la oportunidad de basar esta resolución del Consejo de Seguridad en el artículo 16 del Estatuto de Roma, sino que ha cuestionado su necesidad. 
En efecto, los soldados de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas permanecen bajo la jurisdicción del Estado del que son ciudadanos y serían inmediatamente repatriados en caso de que perpetraran un crimen grave. 
Aunque el Estado de origen trate el asunto debidamente, la jurisdicción complementaria de la Corte Penal no lo tendría en cuenta. 
Para concluir, en nombre de la Unión, la Presidencia griega ha declarado inequívocamente que no se puede aceptar una reconducción automática de esta resolución en los próximos años, impidiendo así que esta conducta- porque se trata de una conducta- se perpetúe sin oposición. 
Citaré la importante ayuda- 13 millones de euros, que no es poco- que la Unión ha proporcionado desde 1995 a la Corte Penal Internacional por mediación de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, las acciones de sensibilización que hemos realizado ante los parlamentarios, los funcionarios, la sociedad civil, los funcionarios de justicia e incluso ante el personal militar, por ejemplo, en los nuevos Estados independientes. 
A ello hay que añadir nuestros esfuerzos en materia de formación de abogados defensores para hacer de esta Corte una realidad concreta e inmediata. 
Por otra parte, reflexionamos sobre las modalidades que tomará nuestro apoyo en los próximos años escuchando a las ONG y a varios parlamentarios europeos, que se expresarán durante un seminario que organizará la Comisión el 14 de julio para escuchar los diferentes puntos de vista sobre esta cuestión. 
Tengo la sensación de haber defendido y expuesto una línea totalmente en armonía con lo que acaba de indicar la Presidencia del Consejo. 
Nadie se sorprenderá de ello. 
Es cierto que la Corte Penal Internacional sitúa a la relación transatlántica frente a un desafío. 
En el momento en que este eminente equipo formado por 18 jueces y procuradores comience su trabajo, nosotros los europeos estamos convencidos de que la Corte Penal Internacional merecerá nuestro apoyo y nuestra confianza. 
De este modo, también contribuirá a disipar las inquietudes que, como dicen nuestros amigos belgas, subsisten aquí y en las mentes de nuestros amigos estadounidenses. 
Señor Presidente, quiero sumarme al Comisario que acaba de decir que está plenamente de acuerdo con los puntos de vista del Consejo. 
De la resolución del Parlamento se desprende que éste apoya plenamente el punto de vista de ambos. 
No es cierto, como se pensaba antes, que el orden económico y el mercado interior sean lo más importante en la Unión Europea. 
El quid de la cuestión? y lo hemos descubierto concretamente en la ampliación? es el hecho de que somos una comunidad de derecho, que defiende el Estado de derecho y el ordenamiento jurídico internacional. 
Son cuestiones que conforman el corazón de la Unión Europea, que determinan el carácter de la Unión Europea. 
Por ello es natural que los tres principales órganos dentro de la Unión Europea defiendan la misma línea. 
A veces se dice que apuntar al derecho es una señal de debilidad. 
Europa es militarmente débil y por ello deberíamos vigilar sobre todo el ordenamiento jurídico internacional. 
Los estadounidenses son militarmente fuertes, y por ello pueden apañárselas sin preocuparse por el ordenamiento jurídico internacional y pueden confiar en la política de poder. 
Es una postura sumamente cínica, aunque en el pasado haya habido razones para pensar de esta manera. 
A mi entender, el predecesor de la Corte Penal Internacional, el Tribunal para Yugoslavia, se creó a la sazón porque quienes se sentían responsables, o se comportaban como si lo fueran, de la guerra en Yugoslavia y su finalización, buscaban una manera de aplazar la intervención militar. 
Entonces se creó el Tribunal para Yugoslavia. 
Afortunadamente la Corte Penal Internacional no se anda con rodeos. 
Por supuesto, es cierto que la Unión Europea tendrá que estar convencida en otros terrenos de que da la talla en el desarrollo del poder, pues el ejercicio del derecho necesita siempre ser apoyado por el poder y así se aplica también a los norteamericanos. 
El ejercicio del poder ha de redundar en beneficio del derecho. 
De hecho podemos apelar a la Constitución de los Estados Unidos, que incluye como parte del interés nacional el orden jurídico internacional, el Estado de derecho y la democracia. 
Es una definición bastante buena del interés nacional. 
Las amenazas actuales a terceros países con el objetivo de hacerles firmar acuerdos bilaterales de inviolabilidad son por supuesto graves. 
Los nuevos países candidatos a la adhesión son a la vez nuevos miembros de la OTAN; la pregunta es en qué medida se toman aún en serio los norteamericanos a la OTAN si se retira sin más la asistencia en el ámbito militar. 
Además, la CIG sólo proporcionará una jurisprudencia complementaria en la que se parte del supuesto de que los países que han firmado el acuerdo son Estados de derecho y responsabilizan a quienes puedan cometer abusos en una tarea militar. 
Ahora es posible que algunos Estados miembros armen mucho alboroto lo cual provoca la desconfianza de los estadounidenses, como el curioso hecho de que el general Franks en Bélgica fuera culpado de crímenes de guerra. 
Si el derecho se utiliza de esta manera, surgirá una politización del derecho, como acaba de decir el ministro, y eso creará desconfianza contra el derecho. 
Por ello creo que es muy importante que los Estados miembros de la Unión Europea sepan muy bien cómo han de comportarse en este contexto para no suscitar la desconfianza de los estadounidenses. 
Por supuesto, hay que admitir que los norteamericanos corren más riesgos que nosotros, sobre todo debido a las actividades a gran escala en el ámbito militar. 
Sin embargo, creo que sobre todo debido a esta comprensión, ha de anteponerse el diálogo con los Estados Unidos. 
En él también hay cabida para el humor: la ley sobre la posibilidad de una invasión de La Haya, por ejemplo, es algo que nos provoca risa. 
Señor Presidente, no quisiera repetir lo que ya ha dicho el comisario Lamy, es decir que, incluso si la Corte Penal Internacional no es un instrumento político, sale a la luz en un contexto político particularmente difícil y que, ya desde 2002, los Estados Unidos intentan saltarse este jurisdicción de forma marcada, mediante la fuerza, tanto en la ONU como mediante la firma de acuerdos bilaterales con un importante número de países. 
Quisiera decir hasta qué punto me chocan, en tanto que parlamentaria, los medios utilizados para presionar a algunos países- y estoy pensando sobre todo en la presión que sufre Colombia, amenazada de ver suspendida la ayuda americana para la lucha contra los narcotraficantes, o en la presión ejercida sobre los Países Bálticos u otros países candidatos a la OTAN -, pero también hasta qué punto Europa entera es de momento dependiente de la Unión Europea; y el hecho de que estemos de acuerdo, Consejo, Parlamento Europeo y Comisión tiene un significado simbólico muy particular. 
Es muy importante que la presidencia italiana tome conciencia de que esta Corte Penal Internacional es más que un instrumento de lucha contra los estadounidenses y su unilateralismo: es nuestra garantía de reencontrar una coherencia europea en materia de política internacional y de Derecho internacional. 
Vigilaremos muy de cerca lo que le sucede a esta Corte. 
Señor Presidente, la Corte Penal Internacional, que ayer celebró su primer aniversario, ha recibido un nuevo regalo envenenado de su Perversa Hada Madrina al cumplir los Estados Unidos de América su amenaza de imponer sanciones a aquellos países que no cedieran a la presión de firmar acuerdos de inmunidad bilaterales. 
De este modo, en la lucha entre la soberanía y el derecho con respecto al nuevo orden mundial, está cada vez más claro que los Estados Unidos han decidido maximizar su propia soberanía a costa del derecho internacional. 
Dado que nuestro objetivo principal es proteger el Estado de derecho y combatir la impunidad de los crímenes de guerra y otros delitos internacionales, resulta más importante que nunca que intensifiquemos nuestra colaboración para alcanzar una administración de justicia universal, de modo que los culpables de graves delitos deban rendir cuentas de sus actos como es debido y sin excepciones. 
Para ello es preciso apoyar la labor de la Corte Penal Internacional en todo lo posible y eliminar las grandes lagunas que aún existen en la práctica judicial, aumentando, por ejemplo, la capacidad legislativa de los Estados miembros de la Unión Europea en lo que respecta a los delitos internacionales. 
Todos deben ser iguales ante la ley. 
Dar un paso hacia atrás en este ámbito supondría una vuelta a la barbarie. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar al Presidente en ejercicio del Consejo en su primer día y espero que la respuesta que nos ha dado hoy sobre la Corte Penal Internacional sea un reflejo de su cooperación futura con esta Cámara. 
Un antiguo fiscal de Nurember, Benjamin B. Ferencz, dijo: «No puede haber paz sin justicia, ni justicia sin ley, ni ley que signifique algo sin un Tribunal qué es justo y legal en cualquier circunstancia dada». 
La Corte Penal Internacional nos brinda la oportunidad de asegurar la persecusión judicial no solo de prisioneros capturados o de los escalones más bajos involucrados en conflictos, sino también generales y jefes de Estado por delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. 
Es lamentable que, con tantas cosas positivas que han ocurrido en la segunda mitad del sigo XX, términos como «limpieza étnica» y «genocidio» hayan pasado a formar parte de nuestro vocabulario normal. 
Debemos disponer de un mecanismo adecuado para asegurar que, si un tribunal nacional no puede o no quiere iniciar un proceso contra alguien acusado de crímenes contra la humanidad, exista un órgano internacional para ello. 
Por este motivo apoyamos y nos apuntamos a la Corte Penal Internacional. 
Sin embargo, no me gustaría que alguien- especialmente las personas que nos observan hoy desde la galería- se fuera de esta Cámara pensando que no es más que una oportunidad para que la Unión Europea dé una bofetada a los Estados Unidos. 
Los Estados Unidos se equivocan en su postura en relación con la Corte Penal Internacional. Pero tienen derecho a adoptar esta postura; tienen derecho a expresar su punto de vista y sus propias ideas; tienen derecho a firmar nuevos acuerdos con terceros países, si así lo desean. 
Pero estos países tendrán que asumir las consecuencias de tales negociaciones. 
Finalmente, podemos asumir el liderazgo, como ya hemos hecho, y la mejor manera de hacerlo es con el ejemplo, no solo criticando a quien no está de acuerdo con nosotros. 
Señor Presidente, la Corte Penal Internacional acaba de comenzar su andadura. 
Este tribunal merece contar con el apoyo de todos los Estados del mundo, sin excepción alguna. 
Hay que impedir que quienes cometan graves crímenes de guerra, incluida la violación, puedan eludir la justicia. 
La Unión Europea respalda al tribunal sin reservas y le ofrece su pleno apoyo. 
Resulta incomprensible cómo un país democrático como los Estados Unidos puede pedir que sea impida la imputación de sus ciudadanos que hayan sido cómplices de graves crímenes de guerra. 
Si los Estados Unidos incoara procedimientos judiciales contra estos criminales, esto estaría en consonancia con el estatuto de la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, este tribunal no tendría motivos para enjuiciar a ciudadanos estadounidenses. 
Sin embargo, la actitud de los Estados Unidos no hace sino dar la impresión de que este país no tiene intención alguna de incoar acciones judiciales contra sus ciudadanos que sean culpables de crímenes de guerra. 
Esto puede resultar catastrófico, especialmente para los Estados Unidos, una comunidad basada en el Estado de derecho. 
Asimismo, es inaceptable, por supuesto, que los Estados Unidos se dediquen a chantajear a otros países con la intención de debilitar a la Corte Penal Internacional. 
La amenaza de este país de retirar la ayuda militar o económica si no se firma un acuerdo bilateral sobre la impunidad es un lenguaje dictatorial inadmisible. 
Supongo que la Comisión y el Consejo se opondrán enérgicamente a esta conducta y ejercerán presión para que los Estados Unidos acepten la Corte Penal Internacional como un instrumento jurídico importante en la lucha contra graves crímenes de guerra. 
Señor Presidente, solo quería decir una palabra para responder a un punto que han mencionado muchos oradores: el anuncio de los Estados Unidos de la suspensión de su asistencia militar a los países que se nieguen a llegar a acuerdos que eximen a los estadounidenses de las disposiciones del acuerdo en la Corte Penal Internacional. 
Esta noticia no nos sorprende, lo que no nos impide lamentarla e incluso deplorarla, como acaba de decir la Presidencia del Consejo. 
Y, por otra parte, constatamos con cierta satisfacción que muchos países han sabido resistir a las presiones que han sufrido. 
Creo que el valor del que hacen gala estos países al trabajar para el éxito del acuerdo en la Corte Penal Internacional se merece tanto nuestro respeto como nuestra admiración. 
Terminaré diciendo que, una vez más, las presiones de que son objeto estos países son inoportunas e incomprensibles, porque el estatuto de la Corte prevé medios para aportar una respuesta a las preocupaciones estadounidenses, preocupaciones que de alguna manera podemos comprender, como muchos de ustedes. 
Puesto que existen soluciones, ¿a qué se debe este empeño en ir más lejos? 
Esta actitud sólo nos produce dudas a unos y a otros. 
. Quisiera dar las gracias al Presidente en ejercicio y al Comisario Lamy. 
Estoy seguro de que el Parlamento apoyará todos los esfuerzos realizados para que la Comisión y la Presidencia del Consejo alcancen un resultado positivo en sus relaciones con el Gobierno de los Estados Unidos. 
Tengo que decir que, también a la luz de mi experiencia personal, sería deseable que sus palabras llegaran a oídos más receptivos que los que nosotros encontramos cuando la delegación del Parlamento Europeo le planteó esta cuestión al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos: se nos respondió digamos que en términos no muy diplomáticos. Tenemos nuestros tribunales y nuestra Constitución y nunca permitiremos que un ciudadano de los Estados Unidos sea juzgado fuera de ellos. 
Estoy seguro de que habrá oídos más receptivos en el seno de la administración y del Parlamento de los Estados Unidos. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0098/2003). 
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas al Consejo. 
Quiero dar la bienvenida a este turno de preguntas al señor Ministro, señor Frattini, que encontrará la mejor colaboración del Parlamento para este diálogo entre el Consejo y el Parlamento. 
Tiene la palabra el Sr. Carnero para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, gracias por darme la oportunidad de manifestar ante esta Cámara nuestro pesar por la noticia de que una joven cooperante de 22 años, española, toledana, Ana Isabel Sánchez Torralba, fue asesinada ayer por la noche en Guinea Ecuatorial. 
Evidentemente, ha sido víctima, según las noticias, de los disparos de unos militares de ese régimen que, de forma injustificable y criminal, abrieron fuego contra un vehículo civil que acababa de atravesar un control militar. 
Creo, señor Presidente, que estamos ante una acción que demuestra el comportamiento de unas fuerzas del orden que están acostumbradas a maltratar y a agredir a los ciudadanos. 
Sin duda, presentaremos las preguntas correspondientes, pero yo quiero, además de manifestar nuestra indignación, nuestra condena y nuestro pesar, decir ya que creo que el Consejo de la Unión debe establecer cuantas medidas sean necesarias para exigir responsabilidades, claridad y justicia a esa dictadura con esos elementos capaces de asesinar a esta joven verdaderamente excepcional. 
Señor Carnero, como Presidente del Parlamento en esta sesión no puedo menos que suscribir sus palabras y sus intenciones. 
El Consejo habrá tomado buena nota y este tema, que compartimos sin duda todos los diputados, será motivo de actuaciones y seguimiento por parte del Parlamento. 
Pregunta nº 1 formulada por Alexandros Alavanos (H-0351/03): 
Asunto: Prohibición, a ciudadanos europeos, de viajar desde Palestina hacia Europa 
Los ciudadanos europeos titulares de pasaportes europeos que viven en los territorios palestinos se enfrentan a grandes dificultades a la hora de viajar a Europa debido a los obstáculos que plantean las autoridades israelíes. 
A dichos ciudadanos, como a los palestinos, se les prohíbe viajar hacia Europa desde un aeropuerto, y la única opción es hacerlo a través de Jordania, país que sin embargo establece distintas limitaciones a los pasajeros (límites cuantitativos, requisito de carta de invitación por jordanos, etc.). 
¿Qué medidas tiene intención de tomar el Consejo a fin de persuadir a Israel de que permita la libre circulación de ciudadanos europeos hacia Europa? 
El Consejo es perfectamente consciente de las dificultades causadas por las restricciones de viaje impuestas por las autoridades israelíes a los ciudadanos europeos residentes en los territorios palestinos, asunto al que se ha referido el Sr. Alavanos. 
Estas restricciones no pueden justificarse bajo ningún concepto. 
Como en el pasado, la Unión Europea, y ahora la Presidencia del Consejo, aprovecharán sus frecuentes contactos con las autoridades israelíes para subrayar la importancia de la libre circulación de ciudadanos de países europeos, con pasaportes europeos, que desean entrar y salir de los territorios ocupados. 
Doy las gracias al Sr. Presidente en ejercicio. 
Su respuesta es muy positiva. 
Quisiera decir que esto se refiere a un gran número de personas con pasaportes europeos, incluidas mujeres y niños, italianos, griegos y otros ciudadanos de la Unión Europea casados con palestinos. 
Me gustaría que sus palabras se hicieran realidad; es decir, desearía que cuanto antes, y teniendo en cuenta la cordial actitud del Gobierno italiano hacia Israel, que quedó patente al manifestar su deseo de que Israel llegue a formar parte de la Unión Europea, se plantee este asunto con carácter de urgencia, de forma que se pueda encontrar rápidamente una solución a la lamentable situación a la que se enfrentan. 
Responderé a ambas preguntas conjuntamente, y empezaré diciendo que, por supuesto, la Unión Europea condena firmemente, una vez más, los salvajes ataques terroristas perpetrados en Casablanca y en cualquier otra parte del mundo. 
Los ataques en Casablanca son una confirmación brutal de que el terrorismo representa una amenaza creciente para la democracia, la paz y la seguridad internacional, amenaza de la cual ningún país está a salvo. 
La lucha contra el terrorismo exige a la comunidad internacional la máxima determinación y la más firme voluntad de cooperación y de emprender una acción concertada. 
La Unión Europea continuará haciendo lo que esté en su mano- y considero que es una prioridad absoluta de la Presidencia italiana- para prevenir y eliminar esta amenaza. 
La Unión ha adoptado un enfoque global de la lucha contra el terrorismo que abarca todas las políticas de la Unión Europea. 
Está basado en un plan de acción que se está aplicando como estaba previsto y conforme a un calendario que se actualiza regularmente. 
Como saben, la Presidencia presentó al Consejo un informe actualizado sobre las actividades relacionadas con la lucha contra el terrorismo durante el periodo parcial de sesiones de junio de 2003. 
Internamente, la Unión está usando instrumentos políticos, económicos y jurídicos; al mismo tiempo, está tomando medidas para incorporar la lucha contra el terrorismo en todos los aspectos de su política exterior. 
En los diálogos políticos con Estados no miembros- y sin duda respecto del asunto en cuestión, con Marruecos -, este tema se incluye regularmente en el orden del día. 
Por último, al mismo tiempo la Unión Europea continúa fomentando el diálogo y los intercambios entre culturas, religiones y civilizaciones. 
Se trata de una labor notable, que se lleva a cabo principalmente en el marco del Proceso de Barcelona para crear una Fundación Euromediterránea para el diálogo de culturas y civilizaciones, una medida que puede ayudar a eliminar las causas de cualquier forma de violencia fundamentalista que pueda conducir al terrorismo. 
Señor Presidente, señor Ministro, hablando sobre esta cuestión de los atentados suicidas, me viene a la memoria un reciente libro del sociólogo y pensador francés Emmanuel Todd que lleva por título "Después del imperio". En el mismo señala cómo las sociedades, a medida que mejora su educación, evolucionan hacia la democracia por ser un sistema político que garantiza las libertades y la justicia, y, en este devenir, Occidente aparece como el gran impulsor de la democracia, del progreso y del desarrollo de los pueblos, al mismo tiempo que líder y árbitro de conflictos. 
No obstante, si anteponiendo y buscando sus propios intereses, Occidente no actúa con justicia y equidad en las relaciones internacionales, lo que hace es generar una nueva forma de autarquía antidemocrática que acabará por enfrentarlo al resto del mundo y le originará su insostenible declive. 
Al hilo de estas reflexiones del Sr. Todd, me gustaría preguntarle si no cree usted que con imposiciones y explotaciones injustas, con guerras preventivas basadas en falsas pruebas de armamento de destrucción masiva y de riesgos para la seguridad mundial- como es el caso del Iraq- lo que se ha generado, por parte de los gobernantes invasores, en lugar de paz y libertad, han sido nuevas desesperanzas y nuevos odios que no vean otra salida que la de los atentados y la autoinmolación terrorista para lograr un mundo más justo para quienes sufren la explotación y la agresión. 
El terrorismo nunca- y repito, nunca- puede justificarse si se asesina a mujeres, niños y personas inocentes y si se ve afectada la vida civil. 
Dicho esto, es evidente que hay que abordar las causas estructurales del terrorismo, y estas causas pueden encontrarse en la desesperación, la pobreza y las dificultades del diálogo entre culturas. 
Por esta razón, la estrategia europea global tiene que consistir, por una parte, en una lucha sin cuartel contra cualquier forma de terrorismo y, por otra, en un diálogo profundo entre civilizaciones y culturas. 
Tenemos que abordar las razones estructurales que pueden provocar- pero, repito, nunca justificar- las acciones terroristas. 
Señor Ministro, yo también, créame, condeno tajantemente las acciones terroristas y los crímenes cometidos, pero quiero comentarle que el profesor norteamericano experto en islamismo John Esposito, que dirige el centro para el entendimiento entre musulmanes y cristianos, ha afirmado que Washington siempre ha basado sus relaciones con los países del Golfo Pérsico en el interés del petróleo, y no en el entendimiento de su cultura y de su gente. 
Ha afirmado que hay que distinguir entre los extremistas y la mayoría ciudadana y que, para luchar contra el terrorismo, sin alienar a los musulmanes y provocar un verdadero choque de civilizaciones, se necesita diplomacia pública, tender puentes e ir a las raíces de los problemas, no siendo suficiente para ello la mera utilización de los medios militares y económicos. 
En este sentido, pregunto: la decisión de invadir el Iraq, adoptada con la participación de gobernantes europeos, como el Sr. Aznar, el Sr. Blair, e incluso el Sr. Berlusconi, que ha comportado gran número de muertos, destrucción, emigración y desolación, ¿le parece al Consejo que ha sido más acertada para abordar el problema de la seguridad mundial que iniciativas como el Acuerdo de Viernes Santo, en Irlanda del Norte, o la Hoja de Ruta para el conflicto palestino-israelí? 
¿No le parece que, como señala el profesor Esposito, si queremos que haya democracia en Oriente Próximo o en cualquier parte del mundo, no podemos ir diciendo a los de fuera en qué debe consistir la democracia, cómo tiene que estar articulada y quiénes tienen que dirigirla? 
El Consejo no tiene constancia, no ha sido informado del inicio del lanzamiento del proyecto piloto relativo al asunto mencionado en la pregunta de la Sra. Ludford. 
Sin embargo, en los considerandos y en la parte principal del informe sobre la elaboración de perfiles de los terroristas, mencionado por la Sra. Ludford en su pregunta, se subraya la obligación de respetar los derechos y las libertades fundamentales. 
Repito, no tengo noticias del lanzamiento de un proyecto piloto, pero en cualquier caso, la referencia a la obligación del respeto absoluto por los derechos y las libertades fundamentales no puede ni eliminarse ni atenuarse. 
Agradezco que el Ministro haya asegurado que hasta el momento no existe ningún proyecto piloto. 
Tenía entendido que existía la intención de crear uno. 
La verdad es que no veo ningún motivo para aprobar la recomendación si no hay intención de aplicarla. 
El motivo de mi alarma se debe a que la recomendación que se aprobó en noviembre pasado no reconocía ni siquiera los riesgos de discriminación. 
Esto hay que reconocerlo, porque la red de expertos en derechos fundamentales indicó que un perfil de este tipo presenta un grave riesgo de discriminación. 
Si hay que clasificar a las personas por sus características, como la nacionalidad o la topología psicosociológica, y después decidir a partir de ello si es probable que sea un terrorista, hay que estar muy seguros, decía, de que existe un vínculo estadístico válido entre las características y los riesgos. 
Me gustaría que el Ministro me garantizara que, si todavía no ha puesto en marcha ningún proyecto piloto, si va a haber alguno, o proyectos reales por parte de los Estados miembros, va a llevar a cabo este ejercicio estadístico antes de permitir que se pongan en práctica los proyectos. 
Puedo asegurar a la Sra. Ludford que es y será deber del Consejo tener en cuenta el resultado del debate de hoy. 
Por supuesto, proporcionaré a la Secretaría del Consejo información a este respecto para que pueda tenerla en cuenta en caso de que exista esta intención y de que este proyecto piloto se prepare en el futuro, lo cual- repito- no creo que sea el caso en este momento. 
Pregunta nº 5 formulada por Patricia McKenna (H-0361/03): 
Asunto: Ocupación ilegal del Iraq 
El Reino Unido, miembro del Consejo, está ocupando ilegalmente el Iraq. 
¿Qué opinión le merece al Consejo el hecho de que uno de sus miembros esté ocupando ilegalmente otro país y qué medidas piensa adoptar para resolver esta situación? 
El Consejo no ha discutido la naturaleza jurídica de la guerra en el Iraq y, como bien sabe la Sra. McKenna, tanto la comunidad internacional como los Estados miembros de la Unión Europea han sostenido opiniones diferentes sobre este asunto. 
El Consejo está muy satisfecho de que haya terminado la acción militar y se haya aprobado por unanimidad la Resolución 1 483 del Consejo de Seguridad sobre el Iraq de la posguerra. 
Esta es la prueba de un nuevo espíritu de cooperación en la comunidad internacional, sobre cuya base tenemos que construir el futuro. 
La Resolución y el nombramiento de un Representante Especial en el Iraq han otorgado a las Naciones Unidas un papel importante en el proceso de reconstrucción del país, conforme a las propias recomendaciones de la Unión Europea. 
La Unión se ha comprometido a desempeñar un papel protagonista en la reconstrucción política y económica del país. 
Ya está en marcha la ayuda humanitaria: la Comisión y los Estados miembros de la Unión han aportado más de 700 millones de euros en créditos para la ayuda humanitaria. 
En 2003, la Comisión y el Secretario General/Alto Representante, Javier Solana, han mantenido un estrecho contacto con el Representante Especial de las Naciones Unidas para explorar la posibilidad de aumentar las acciones de la Unión Europea en el Iraq de la posguerra, de manera que podamos contribuir en esta fase, por cualquier vía y de forma incondicional, a cubrir las necesidades inmediatas del pueblo iraquí. 
Es bastante evidente que no existe una legalidad internacional que ampare la invasión y la actual ocupación del Iraq. 
Ahora se ha descubierto que el Gobierno británico, Blair y compañía, mintió para justificar su apoyo a la invasión y ocupación norteamericana y británica. 
Hay dos cosas que quisiera preguntar al Consejo. 
En primer lugar, en relación con la resolución. Es bastante claro que la resolución solo acude en ayuda de los Estados Unidos y del Reino Unido por la acción ilegal que cometieron. 
El país está en crisis: hay un ingente número de personas que dependen de los alimentos; la ley y el orden han desaparecido; los ciudadanos del Iraq dicen que ahora que pueden salir a las calles, la gente está muerta; toda la estructura se ha desmoronado. 
Es lo primero que quisiera preguntar al Consejo en relación con la situación actual en el Iraq, que definitivamente no puede dejarse en manos de los británicos y los norteamericanos. 
En segundo lugar, ¿qué va a hacer el Consejo en relación con los diversos ciudadanos de la UE que están prisioneros en la Bahía de Guantánamo, dado que está claro que los británicos están demasiado asustados para plantar cara a los norteamericanos y defender a sus propios ciudadanos? 
También son ciudadanos de la UE y es responsabilidad de la UE hacer algo al respecto, y también en cuanto a la ocupación ilegal del Iraq. 
Es absolutamente inaceptable que se permita a los Estados Unidos y Gran Bretaña sacar provecho de actividades ilegales. 
Todo lo que puedo decir a la Sra. McKenna es que la Unión Europea ya ha planteado la cuestión en varias ocasiones, inclusive en las reuniones con los Ministros de Asuntos Exteriores- como creo que continuará haciendo y es oportuno que haga- con objeto de examinar las maneras en que la Unión Europea puede implicarse en el Iraq, en primer lugar en beneficio del pueblo iraquí, qué otras contribuciones, qué otras iniciativas puede organizar para el Iraq. 
Tenemos que proseguir este análisis en curso, por supuesto en estrecho contacto con las fuerzas anglo-americanas en el Iraq. 
Como saben, algunos Estados han llevado a cabo misiones humanitarias en el Iraq a nivel nacional. 
Italia es uno de esos países, pero es importante que Europa como tal contraiga un compromiso con el pueblo iraquí, sus necesidades y sus requisitos. 
Señor Ministro, no ha contestado usted a mi pregunta, en relación con la implicación de los Sres. Aznar, Blair y Berlusconi en la guerra del Iraq. 
Usted ha hablado del Consejo de Barcelona y del diálogo euromediterráneo, -eso está muy bien- y ha dicho también, en la respuesta a la Sra. McKenna, que el Consejo no había tratado el tema de la guerra del Iraq. 
Yo le pregunto: ¿no es cierto que la Presidencia griega estuvo intentando reunir al Consejo Europeo para tratar este asunto de la guerra y precisamente los Sres. Blair, Aznar y Berlusconi se opusieron a que este asunto se tratara en el Consejo Europeo? 
No estoy seguro que esta sea una pregunta complementaria a la pregunta nº 5, se lo tengo que decir con toda franqueza, pero esto lo decide el señor Presidente en ejercicio del Consejo que puede contestar si lo cree oportuno. 
Señor Presidente en ejercicio, ha dicho usted que el Consejo no había discutido acerca de la legalidad de la intervención en el Iraq; no obstante, la Presidencia griega, en su declaración del 16 de abril, legalizó básicamente la intervención- o lo que yo calificaría de incursión- angloamericana y el Consejo de Salónica adoptó una postura similar. 
Evidentemente, esto resulta totalmente contrario a la opinión de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, quienes se han manifestado en todos los países en contra de esta incursión asesina. 
¿Acaso no le preocupa al Consejo la discrepancia entre sus acciones y la opinión de la ciudadanía? 
Mi respuesta será especialmente breve porque los Estados y los ciudadanos de la Unión Europea, a quienes tanto complació y que tan fervientemente esperaban la intervención de las Naciones Unidas con la Resolución 1483, ahora tenemos que mirar al futuro. 
Mirar al futuro significa preocuparse de las personas que sufren en el Iraq y asegurarnos de que se crean las condiciones para que en el futuro, esperemos que no muy lejano, el pueblo iraquí pueda de nuevo tomar las riendas de su propio destino y de su propio país. 
Mirar al futuro significa ver el modo en que podemos ayudar al pueblo iraquí a gestionar de nuevo el Estado, las instituciones y la administración pública tras la caída de una dictadura brutal. 
Esto significa mirar al futuro; esto es lo que pretendía el Consejo de Salónica y la Presidencia griega, que gestionó la crisis del Iraq de manera excelente. 
Pregunta nº 6 formulada por John Joseph McCartin (H-0363/03): 
Asunto: Derechos Humanos en Rusia 
¿Es consciente el Consejo del alcance de la violencia ejercida contra las mujeres en Rusia y, en particular, de la violencia doméstica, que provoca la muerte de aproximadamente 14 000 mujeres por año? 
¿Tiene conocimiento el Consejo de que el Gobierno ruso no ha ratificado el Protocolo opcional de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que declara al Comité sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) autoridad competente para analizar las quejas de particulares o grupos de particulares? 
Por último, ¿se compromete el Consejo a examinar este problema y a informar al Parlamento al respecto? 
El Consejo no ha recibido ninguna información detallada respecto de los casos de violencia contra las mujeres mencionados en la pregunta del Sr. McCartin, o respecto de las razones por las que la Duma no ha ratificado el Protocolo de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, convención firmada por Rusia el 8 de mayo de 2001. 
El Consejo sigue atentamente los acontecimientos en la Federación Rusa y regularmente plantea cuestiones relacionadas con los derechos humanos y el Estado de derecho en las reuniones con las autoridades rusas. 
Les aseguro que el Consejo planteará la cuestión de la violencia contra las mujeres, así como la no ratificación del protocolo, en un foro apropiado. 
Tenemos que recordar que algunos Estados miembros de la Unión Europea aún no han ratificado el protocolo. 
Además, la Unión Europea continuará expresando su preocupación general en este ámbito- con objeto de promover la protección de la dignidad humana sin distinción de sexo, con particular referencia a los derechos de las mujeres- en organizaciones internacionales, comenzando por las Naciones Unidas. 
Quisiera agradecer al Presidente en ejercicio la positiva respuesta a mi pregunta. 
Es un problema del que deberíamos ser conscientes en la Unión Europea, con su cuota en el comercio mundial, con su peso económico en el mundo y con la influencia política que sin duda tiene. 
Esta cuestión debería abordarse, y me complace que el Presidente en ejercicio esté de acuerdo conmigo en que es un tema que la Unión Europea debería asumir. 
Deberíamos tener en cuenta que, aunque haya Estados en la Unión que no hayan ratificado este tratado, la Unión Europea garantiza en sus propios tratados la igualdad de las mujeres en el mundo laboral y en muchas otras situaciones, de modo que en la Unión Europea no es una cuestión tan grave como en el Estado ruso. 
El Estado ruso de hoy está consiguiendo el crecimiento económico. Está progresando de nuevo. 
Nos complace comprobarlo, pero el progreso no se mantendrá a menos que exista la igualdad para todos sus ciudadanos, y especialmente para los más débiles. 
Pregunta nº 7 formulada por Malcolm Harbour (H-0372/03): 
Asunto: Marca de contraste en los metales preciosos 
¿Podría confirmar la Presidencia si tiene la intención de volver a presentar la propuesta de Directiva sobre la armonización de los requisitos para el contraste y las pruebas de los metales preciosos y, en caso afirmativo, cómo va a proceder con esta propuesta? 
La Presidencia italiana propondrá la reanudación de las discusiones, suspendidas en 1998, sobre la propuesta de Directiva relativa a la armonización de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas sobre el control de pesos y medidas de los metales preciosos, presentada por la Comisión Europea el 22 de abril de 1996. 
A este respecto, la Presidencia italiana intentará encontrar soluciones a los asuntos pendientes, como el aumento del nivel de protección del consumidor a través de la obligación de respetar los requisitos técnicos armonizados para todos los productos que se hallan en el mercado, la aplicación de marcas con un mayor contenido informativo respecto de la identificación, la responsabilidad de los fabricantes y de los órganos de inspección y, por último, la libre circulación de productos en el mercado interior para este sector. 
Quisiera dar las gracias al Presidente en ejercicio por su amplia respuesta. 
Sin embargo, estoy preocupado porque, desde el punto de vista de mi propio país, el Reino Unido, la propuesta actual presentada por la Comisión deterioraría gravemente un sistema probado de protección del consumidor que ha existido durante cientos de años. 
Yo diría a la Presidencia que ya tenemos una Convención Internacional sobre el contraste de metales preciosos, al que la Unión Europea podría acceder y que proporcionaría un sistema probado de protección del consumidor sin necesidad de avanzar en una dirección a la que, como él sabe, muchos países se oponen. 
En segundo lugar, le diría que existe un gran interés en los países en vías de adhesión. 
Le puedo enviar una declaración de las oficinas de ensayo de Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia, donde expresan su preocupación por esta propuesta y su temor de que la Presidencia italiana impulse la conclusión de esta Directiva antes de que ellos hayan podido acceder a la misma. 
Es sumamente insatisfactorio que la Presidencia italiana abra un texto para el que sabe que será difícil encontrar una solución y que afectará gravemente a la protección del consumidor. 
Quisiera dar las gracias al Sr. Harbour por señalar estas dificultades. 
Por supuesto, antes de que se abra el expediente, la Presidencia tendrá debida cuenta de las dificultades que ha mencionado el Sr. Harbour. 
Los continuos intercambios entre el Consejo y el Parlamento sirven precisamente para escuchar desacuerdos y problemas. 
Pregunta nº 8 formulada por Lennart Sacrédeus (H-0377/03): 
Asunto: Informe sobre la libertad religiosa y de culto en el mundo 
La Comisión Parlamentaria sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) desempeña una función asesora para el Gobierno de los Estados Unidos en cuestiones relativas a la libertad religiosa. 
En su informe anual, la USCIRF manifiesta su preocupación por el hecho de que el régimen árabe saudita invierta fondos en el extranjero para difundir su interpretación extremista del Islam wahabita y, de este modo, aumentar la intolerancia religiosa en otros países. 
Ejemplos de ello son la formación de los funcionarios de la sharia en los Estados del norte de Nigeria, la financiación árabe saudita para la construcción de mezquitas wahabitas y las misiones, así como el hecho de que los musulmanes wahabitas extremistas hayan optado por viajar a Afganistán, Bosnia, Chechenia y Cachemira para participar en la "guerra santa". 
A la vista de lo mencionado, la USCIRF recomienda al Departamento de Estado de los Estados Unidos que incluya a la Arabia Saudita en la lista de "países especialmente problemáticos" que dicho Departamento elabora todos los años. 
¿Qué opinión le merecen al Consejo las informaciones contenidas en el informe de la USCIRF relativas a la Arabia Saudita y a la violencia y el terrorismo motivados por el Islam wahabita? 
¿Está el Consejo dispuesto a reforzar las medidas para defender la libertad religiosa y de culto en todo el mundo elaborando informes y análisis anuales sobre la libertad religiosa, así como una lista semejante a la del Gobierno norteamericano? 
El informe que ha mencionado el Sr. Sacrédeus no ha sido discutido por ningún grupo asociado con el Consejo. 
El Informe Anual de la Unión Europea sobre Derechos Humanos ilustra, entre otras cosas, nuestra posición clara respecto de la libertad religiosa y de las medidas que se toman sobre esta base. 
Creo que la Unión aprovecha cualquier oportunidad para instar a los Estados a aplicar leyes y procedimientos que promuevan la tolerancia y el respeto mutuo. 
La preocupación relativa a la libertad religiosa se expresa con regularidad a todos los Gobiernos en cuestión, tanto en foros bilaterales como multilaterales, como por ejemplo en las reuniones anuales de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Además, en la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos, la Unión expresó su gran preocupación por la aplicación de las normas internacionales fundamentales en materia de derechos humanos en Arabia Saudita, incluidas las continuas restricciones a la libertad y a la expresión religiosa y la sistemática discriminación de las mujeres. 
Al igual que en años anteriores, en la 59ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos, la Unión apoyó la resolución presentada por el Gobierno irlandés sobre la eliminación de cualquier forma de intolerancia religiosa, en la que se insta a los Estados a aprobar las medidas necesarias para combatir el odio, la intolerancia, la violencia y la coacción por motivos de creencias religiosas o espirituales. 
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Italia, el país que está a cargo de la Presidencia, y darle las gracias por su respuesta. 
Soy consciente de que el Gobierno italiano, especialmente su Ministro, el Sr. Buttiglione, defiende con firmeza la libertad religiosa y la tolerancia en todo el mundo. 
No obstante, quisiera repetir mi pregunta referente a la opinión del Consejo sobre el informe de la Comisión de los Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) acerca de Arabia Saudita y la violencia y el terrorismo wahhabita de inspiración islámica. 
¿Qué puede hacer la Unión Europea bajo el liderazgo de Italia para reforzar su posición en este asunto? 
Asimismo, quisiera hacerle una segunda pregunta. 
¿Está usted dispuesto a intensificar los esfuerzos de la Unión Europea en este ámbito? 
¿Es capaz la Unión Europea de elaborar informes equivalentes a los informes anuales estadounidenses sobre libertad religiosa? 
No tengo inconveniente en confirmar lo que he dicho al comienzo: hoy el Consejo no expresa una opinión sobre este informe porque los grupos competentes del Consejo aún no lo han discutido. 
Doy las gracias al Sr. Sacrédeus por su petición y quisiera decirle que daré a la Secretaría del Consejo la oportunidad de estudiarlo con objeto de expresar nuestra opinión cuando convenga. 
Señor Sacrédeus, ahora lo que puedo decir es que es importante reforzar el principio de protección al que usted ha aludido en su pregunta. 
Pregunta nº 9 formulada por Bernd Posselt (H-0379/03): 
Asunto: Prohibición de clonar seres humanos 
¿Qué opina la Presidencia del Consejo de los esfuerzos que se están realizando para prohibir todo tipo de clonación de seres humanos en todo el mundo y en la Unión Europea? 
La Presidencia del Consejo agradece al Sr. Posselt que llame nuestra atención sobre un asunto tan importante. 
Como todos sabemos, la clonación humana y su prohibición no son competencia de la Unión Europea. 
Sin embargo, a este respecto la Presidencia les recuerda los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: el artículo 1 establece que la dignidad humana es inviolable y debe respetarse y protegerse; además, el artículo 3 establece que en los ámbitos de la medicina y la biología, tiene que respetarse la prohibición, entre otras cosas, de las prácticas eugenésicas, en particular las destinadas a la selección de personas, la prohibición de hacer del cuerpo humano y sus partes una fuente de beneficio económico y la prohibición de la clonación reproductiva de seres humanos. 
Mi respuesta es que- aparte de ser un valor que personalmente tengo muy arraigado- la prohibición de la clonación reproductiva de seres humanos está claramente establecida en el artículo 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Señor Posselt, la Presidencia del Consejo considerará atentamente la petición que ha formulado usted hoy, precisamente con objeto de evaluar las iniciativas alemana y francesa que usted ha mencionado, y precisamente para evitar los peligros que podrían afectar a un principio tan importante para la conciencia humana, incluso más importante que para el Estado de derecho. 
Claro que soy consciente de ello, dentro de los límites que he expresado al comienzo; es decir, la Unión Europea no tiene competencia para aprobar normativos que afecten a este ámbito de forma directa. 
Por supuesto, como le he dicho, señor Liese, tras un examen exhaustivo plantearé una actuación política fuerte para que el Consejo la considere. 
Quisiera darle las gracias por su respuesta. 
Por boca del Primer Ministro italiano, la Presidencia italiana ha destacado hoy la importancia de mantener una estrecha colaboración con los Estados Unidos, para formar así una alianza del Atlántico Norte destinada a tratar diferentes problemas mundiales. 
¿De qué modo puede la Unión Europea aprovechar la buena relación existente entre el Primer Ministro italiano, nuevo Presidente de la Unión, y el Presidente de los Estados Unidos, con el fin de fomentar la acción conjunta entre este país y la Unión para prohibir la clonación por parte del sistema de las Naciones Unidas? 
El Consejo ha tomado nota pero no va a contestar esta pregunta. 
Pregunta nº 10 formulada por Linda McAvan (H-0381/03): 
Asunto: Trabajadores de derechos humanos en Indonesia 
Los recientes secuestros y asesinatos de trabajadores de derechos humanos en Aceh son un motivo de gran preocupación. 
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Gobierno indonesio ha aconsejado a cinco de las seis ONGs internacionales y a cuatro agencias de las Naciones Unidas que operan en Aceh que suspendan sus actividades por su propia seguridad. 
Es responsabilidad del Gobierno indonesio garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de los trabajadores de derechos humanos en su territorio. 
¿Qué medidas está dispuesto a tomar el Consejo a la luz del rápido deterioro de la situación? 
El Consejo sigue muy de cerca la situación de los derechos humanos en Indonesia, en particular en Aceh. 
Desde el fracaso de las conversaciones de paz y la posterior declaración de la ley marcial en esta provincia en mayo de 2003, las fuerzas de seguridad indonesias han lanzado una operación conjunta significativa en contra del Movimiento Aceh Libre. 
La policía militar está llevando a cabo operaciones a gran escala que podrían poner en peligro la seguridad del personal de las ONG internacionales y de las agencias de las Naciones Unidas. 
La Unión Europea ha instado al Gobierno indonesio en varias ocasiones, tanto en público como en privado, a proteger a los civiles durante las batallas en curso, a salvaguardar los derechos humanos de la población de esta provincia y a buscar una solución pacífica y negociada. 
La Unión les recuerda la reciente Resolución de los Defensores de los Derechos Humanos, aprobada por consenso en la 59ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. 
Esta resolución insta a los Estados a adoptar las medidas necesarias para proteger a los defensores de los derechos humanos y, a este respecto, les puedo asegurar que la Unión Europea instará al Gobierno indonesio a que permita que Hina Hilani, Representante Especial del Secretario de las Naciones Unidas en materia de Defensores de los Derechos Humanos, visite la provincia. 
Además, la Unión continuará siguiendo de cerca los acontecimientos en la zona y expresando de forma adecuada su gran preocupación al Gobierno indonesio. 
¿Es consciente el Consejo de que en los últimos días se ha desatado nuevamente la represión contra las actividades de las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Aceh? 
Por ejemplo, ahora no pueden hablar con la prensa ni hacer declaraciones. 
Si el Consejo es consciente de ello, ¿qué piensa hacer al respecto? 
¿Se pondrá en contacto con las autoridades indonesias? 
En realidad, cada día es más difícil saber lo que está ocurriendo y si se están violando los derechos humanos mientras nosotros estamos aquí sentados en esta Cámara. 
Puedo confirmar, Sra. McAvan, que, entre otras cosas a la luz de los acontecimientos de los últimos días y semanas, nuestro contacto y posición se mantendrán firmes, ante todo para establecer y expresar en qué concuerdan el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo con respecto a esta cuestión. 
Pregunta nº 11 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0308/03): 
Asunto: Víctimas de la guerra del Iraq 
En relación con la guerra del Iraq y de acuerdo con los datos que tiene el Consejo: 
¿Qué número de víctimas civiles ha contabilizado? 
¿Cuántas mujeres? 
¿Cuántos niños? 
¿Cuántos informadores? 
¿Qué número de heridos civiles? 
¿Cuántos los informadores? 
¿Cuántos niños heridos? 
¿A cuántas asciende el número de mujeres heridas? 
¿Qué otro tipo de datos cabría reseñar en este sentido? 
Lamento no poder responder a la pregunta de la Sra. Izquierdo Rojo porque el Consejo no dispone de la información requerida. 
Por lo que respecta a lo que he dicho hace algunos minutos- creo que en relación con la pregunta 5 sobre el Iraq -, recientemente Europa ha emprendido iniciativas con objeto de participar en el programa de ayuda humanitaria para el país, pero no disponemos de esta información, que por supuesto se puede descubrir de otras maneras, por ejemplo preguntando a las organizaciones y a los Estados presentes en el Iraq, quienes presumiblemente disponen de esta información. 
Lo lamento, pero todo cuanto puedo decir es que el Consejo no dispone de esta información. 
Señor Presidente, el señor Presidente en ejercicio del Consejo está dando unas respuestas tan enfáticas, cautas, esquivas, tacañas e insulsas como ésta, que es inadmisible. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, hay silencios que claman, que se hacen presentes, en su sonoridad, hasta el horror, por su complicidad. 
¡Qué vergüenza para una institución como el Consejo de Ministros! 
La Unión Europea contabiliza minuciosamente los moluscos y peces, polluelos, aves, ganado bovino o caprino; identifica burocráticamente animales y vegetales de todo tipo de especie, que analiza exhaustivamente; analiza el chasis de los motores, las piezas y herramientas industriales, los recauchutados de las ruedas... , resulta inadmisible que no pueda contar las víctimas de una guerra de apenas tres semanas. 
Teniendo en cuenta que se trata de una guerra al margen de la legalidad internacional y sin el apoyo multilateral de las Naciones Unidas, yo le pregunto a usted- conteste, señor Presidente en ejercicio del Consejo -, ¿condena usted la violación del derecho a la vida que se ha cometido con las víctimas de esta guerra ilegal? 
- (IT) Sin duda me informaré sobre lo que el Sr. Rübig me acaba de preguntar, y si es admisible le responderé por escrito. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con la Sra. Izquierdo en que la respuesta del Presidente en ejercicio no ha sido la adecuada. 
Ha recibido las preguntas con suficiente antelación como para documentarse y poder luego informarnos. 
No obstante, quisiera retomar un problema de carácter más fundamental. 
Hoy he podido oír a su Primer Ministro, el Presidente en ejercicio, Sr. Berlusconi, decir con tanta elocuencia que se opuso al ataque contra el Iraq, que está en contra del desprecio mostrado hacia las Naciones Unidas y que, en cualquier caso, hizo todo lo que pudo por evitar este mal. 
Sin embargo, ahora lo que hay es una ocupación. 
Y se trata de una ocupación ilegal, que se mantiene a pesar de la enérgica resistencia mostrada a diario por el pueblo iraquí. 
Quisiera preguntar a la Presidencia qué hará para detener este mal, puesto que, aunque yo tengo una opinión diferente acerca de la postura de su Gobierno, se supone que se opone a este estado de cosas. 
Especialmente ahora que el pretexto de la existencia de armas de destrucción masiva ha demostrado ser un engaño. 
Los propios líderes estadounidenses afirman que no hay armas de este tipo. 
Así que las razones eran otras. 
¿Qué hara la Presidencia italiana? 
¿Tratará de poner fin a esta ocupación criminal? 
Puedo responder a la última pregunta confirmando lo que he dicho antes respecto de la actuación de la Presidencia griega, una actuación que la Presidencia italiana continuará de la misma manera. 
Creemos que tenemos que mirar al futuro, que en el marco de la Naciones Unidas y de la Resolución 1 483 tenemos que preocuparnos de las necesidades humanitarias y de la reconstrucción y la estabilización del Iraq. 
Tenemos que pensar, en perspectiva, en un compromiso de la Unión Europea que no se limite a la ayuda humanitaria, como ocurre en este momento. 
Evidentemente mirar al futuro significa ver en perspectiva las condiciones que permitirán que el pueblo iraquí vuelva a gobernar su propio país tras la caída de la dictadura. 
Este es el camino que iniciamos bajo la anterior Presidencia, y la Presidencia italiana continuará en esta dirección. 
Pregunta nº 12 formulada por Seán Ó Neachtain (H-0384/03): 
Asunto: Las regiones del Objetivo 1 y los Fondos Estructurales y de Cohesión 
¿Puede explicar el Consejo, bajo la Presidencia italiana, su postura sobre el futuro de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión en las regiones del Objetivo 1? 
El Consejo no prevé expresar su posición sobre el futuro de los Fondos y del Fondo de Cohesión para las regiones en el objetivo 1 durante la Presidencia italiana. 
De hecho, el Consejo no podrá iniciar su trabajo sobre el futuro de la política de cohesión hasta que la Comisión no haya presentado sus propuestas. 
Sin embargo, con vistas a la presentación del Tercer Informe sobre la Cohesión Económica y Social, la Presidencia italiana del Consejo pretende mantener vivo el debate en la agenda de este semestre sobre la reforma de la política de cohesión de la Unión. 
A tal fin se organizarán una serie de eventos tanto políticos como técnicos, incluida en particular una reunión informal de Ministros de Desarrollo Regional centrada precisamente en la relación entre cohesión y competitividad regional y entre cohesión y cooperación. 
El Ministro competente proporcionará información más detallada sobre esta actividad durante su intervención ante la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento Europeo, que tendrá lugar en los próximos días. 
Quisiera dar las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta, aunque no he sacado gran cosa de la misma. 
Sigo creyendo que el tema de los Fondos Estructurales y de Cohesión en las regiones del Objetivo nº 1 es competencia de la Unión Europea, y como tal merece una respuesta más cabal. 
Como procedo de una región del Objetivo nº 1 en el oeste de Irlanda, creo que deberíamos tener el privilegio de saber lo que piensa el Presidente en ejercicio respecto a los planes futuros para este ámbito tan importante, concretamente dado que se requiere un período de transición para las regiones del Objetivo nº 1, que aprovecharían todas las ventajas procedentes de los fondos que han recibido. 
Sin se piodría facilitar más información a este respecto por parte de la Comisión, que como he intentado explicar, todavía no ha presentado su propio informe sobre esta tema. 
La Presidencia del Consejo no podrá actuar hasta que haya recibido el informe. 
También he dicho que dada la importancia del asunto, la Presidencia italiana también abordará esta cuestión y que el Ministro competente italiano presentará la información correspondiente a la comisión competente del Parlamento. 
Estas son las conclusiones a que podemos llegar hoy, a falta del informe de la Comisión. 
Si me permiten, en relación con esta pregunta, quisiera reservarme el derecho de ofrecer al Sr. Rübig una respuesta escrita, ya sea positiva o negativa. 
Puesto que se trata de un asunto muy delicado, quisiera evitar decir cosas que no sean absolutamente claras y precisas. 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre 
la recomendación para la segunda lectura (? 5-0219/2003) , en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se fija el marco para la creación del cielo único europeo (15851/3/2002- C5-0138/2003- 2001/0060 (COD) ) (Ponente: Sr. Fava) , y 
la recomendación para la segunda lectura (A5-0225/2003) , en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, 
1. sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo («Reglamento de prestación de servicios» ) (15853/2/2002- C5-0137/2003- 2001/0235 (COD) ), 
2. sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la organización y la utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo («Reglamento de espacio aéreo» ) (15852/3/2002- C5-0139/2003- 2001/0236 (COD) ), 
3. sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la interoperabilidad de la red europea de gestión del tráfico aéreo («Reglamento de interoperabilidad» ) (15854/3/2002- C5-0140/2003- 2001/0237 (COD) ) (Ponente: Sra. Sanders-ten Holte). 
Señor Presidente, presentamos un informe, una iniciativa de la Comisión que el Parlamento ha acogido favorablemente y que creemos que es uno de los aspectos más importantes del trabajo que la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo ha llevado a cabo en los últimos años: un cielo único europeo que tiene como objetivos la eficiencia, la seguridad y la contención de los costes. 
Es evidente que el cielo único europeo es una combinación práctica de comportamiento y normas, no una metáfora literaria: las normas y las sinergias tienen que definirse, aplicarse y respetarse. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión tiene el mérito- rendimos tributo a la Comisaria, Sra. De Palacio por ello- de plantear este asunto con valentía, rigor y urgencia y dentro del plazo establecido. 
Hace un año, el Parlamento asumió el reto de la Comisión en un momento difícil, tras el 11 de septiembre, en un momento en que el debate sobre la seguridad de nuestros cielos requería una mayor sensibilidad, razonamiento y atención. 
El Parlamento asumió este reto, y dio su apoyo con un consenso amplio y firme a este proyecto, que se aprobó en primera lectura y fue objeto de ciertas normas sencillas que esperamos se reconfirmen y apliquen. 
La norma más sencilla es la armonía necesaria, la sinergia necesaria entre todas las instituciones, todos los órganos, todas las organizaciones implicadas en el establecimiento de los objetivos del cielo único- eficiencia, seguridad y bajo coste- y, por lo tanto, la atención, puntualidad y definición de una relación clara entre Eurocontrol- la agencia que se ha ocupado de la competencia técnica en materia de gestión del cielo europeo- y la Comisión, la Unión Europea. 
A este respecto hemos logrado alcanzar un equilibrio muy específico que otorga a la Comisión la tarea, la responsabilidad de la gestión, de la regulación política de nuestro cielo único europeo, e insta a Eurocontrol a que ofrezca su competencia, su experiencia y sus conocimientos técnicos. 
Otro punto fundamental son las sanciones: un sistema de sanciones- que, por supuesto, se postergará hasta que los Estados lo hayan definido- que puede usarse para castigar a las compañías aéreas y otras partes implicadas en caso de violación de estas normas. 
La palabra «sanción» siempre resulta desagradable, y debería usarse siempre con mucha precaución y cuidado, pero en este caso es una palabra necesaria. 
Lo es desde la época de Cesare Beccaria: si no disponemos de un sistema de sanciones, resultará difícil asegurarse de que las normas se respeten. 
Se trata de un sistema de normas que no admite excepciones, excepto en casos muy especiales; se trata de un sistema de normas basado en el respeto, porque de lo contrario la idea de un cielo único no se llevará a cabo totalmente. 
El tercer punto es la cooperación entre los usuarios civiles y militares. 
El punto clave es la cooperación entre las autoridades civiles y militares: a este respecto se ha previsto una comisión para el cielo unico, en la que también deben participar los militares; asimismo hay una cláusula de salvaguardia que otorga a los Estados miembros la posibilidad de postergar algunos reglamentos del cielo único en caso de que surjan situaciones especiales o emergencias especiales, y por supuesto esto compete en primer lugar a las fuerzas armadas y militares. 
Respecto de todos estos puntos, la Posición Común puede haberse visto afectada por un clima en el que, tras el 11 de septiembre, se concede mucha más importancia a la soberanía nacional y a la seguridad nacional. 
En cualquier caso, se trata de una posición bastante conservadora. 
Esencialmente deja de lado la cooperación entre los usuarios civiles y militares. 
El cielo único está perdiendo uno de sus rasgos distintivos. 
A este respecto, creemos que existe cierta ingenuidad. 
La cooperación entre las autoridades civiles y militares no debería considerarse como una restricción a la soberanía de los Estados miembros, sino como una oportunidad que, ademas, esta garantizada por una cláusula de salvaguardia ampliada, que hemos limitado para impedir que se amplíe a la formación sencilla porque de otro modo se socavaría la idea de un cielo único europeo. 
Mr President, I do not have anything else to add. 
I have briefly summarised the basic developments of the political and institutional background to this report. 
Espero que, en las próximas semanas y meses, en un diálogo a tres bandas equilibrado con otras instituciones, el Parlamento pueda contribuir a que se llegue rápidamente a la definición de normas que representen un mérito en el trabajo de la Comisión, del Consejo y, por supuesto, del Parlamento, de forma que podamos proporcionar a los ciudadanos europeos un cielo único y seguro. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, creo que hablo en nombre de la mayoría de mis colegas cuando digo que nuestro principal sentimiento a la posición común del Consejo sobre el cielo único europeo fue la decepción. 
Afortunadamente, en el ámbito de la seguridad, el Consejo ha comprendido los sentimientos del Parlamento Europeo. 
Asimismo ha aportado una mayor claridad en la propuesta original de la Comisión. 
Pero se han pasado por alto muchos de los deseos fundamentales del Parlamento Europeo y lo lamento. 
Trataré más a fondo las condiciones que consideramos necesarias para el éxito de un cielo único europeo. 
En primer lugar queremos que haya un compromiso claro, estipulado legalmente, para que la Comisión encuentre una solución en el ámbito de la certificación y la formación de los controladores aéreos. 
Asimismo queremos que los Estados miembros mejoren el reclutamiento de estos profesionales. 
Considero asimismo que todos los proveedores de servicios de navegación aérea han de estar libres de conflictos de intereses, han de disponer del personal adecuado y han de encargarse de un acceso no discriminatorio a sus servicios por parte de todos los usuarios del espacio aéreo. 
Además queremos que el cobro de estos servicios sea transparente e incluya incentivos para mejorar la seguridad y la eficacia. 
Señora Comisaria, no queremos un cielo mejor integrado, queremos un cielo único europeo y espero que pueda usted transmitirlo al Consejo. 
Y esto significa que pedimos un compromiso claro e inequívoco para una única región de información de vuelo europea, primero en el espacio aéreo superior y luego en el inferior. 
Asimismo aspiramos a una pronta aplicación de todos los elementos del paquete, es decir también- y quizás esto sea lo principal- de los elementos que tienen que ver con la interoperabilidad. 
Sé que este es un punto que también usted recalca mucho. 
En tercer lugar, consideramos sumamente importante que los Estados miembros den una señal clara e inequívoca de que quieren reorganizar realmente el espacio aéreo en bloques de espacio aéreo transfronterizos. 
Sin el compromiso para hacerlo, el cielo único europeo no tendrá posibilidades de éxito, y será un cartucho vacío. 
Por ello es tan importante la enmienda 26 de mi informe. 
Además de la prioridad crucial de la seguridad, la gestión del espacio aéreo es también un sector económico. 
Sin un estímulo desde la UE, los Estados miembros tenderán a buscar su interés propio en este sector, de lo contrario ya se habían instaurado los bloques de espacio aéreo transfronterizos. 
En cuarto lugar, lo que quieren los Estados miembros no es necesariamente siempre lo mejor para los ciudadanos. 
Los viajeros tienen derecho a menos retrasos y a unos vuelos aún más seguros. 
Y a veces se olvida a las personas en tierra, que tienen un derecho comparable. 
Estas han de poder asumir que la seguridad del tráfico aéreo es óptima y que se reduce al máximo el impacto negativo sobre el medio ambiente, permitiendo que la tripulación vuele hacia su destino siguiendo la ruta más directa. 
Y esto es precisamente lo que se logrará reorganizando el espacio aéreo europeo. 
Pedimos a los Estados miembros que suelten las riendas de la soberanía sobre su espacio aéreo para alcanzar este objetivo. 
En quinto lugar, por supuesto comprendo la sensibilidad de los Estados miembros en el ámbito de la cooperación entre la gestión civil y militar del espacio aéreo. 
Asimismo respeto las restricciones legales que nos impone el Tratado de la CE en este ámbito. 
Pero, señora Comisaria, no creo que el Consejo haya logrado todo lo que se podía en este terreno. 
Aparte del llamado uso flexible del espacio aéreo, hay otras posibilidades para mejorar la cooperación entre los gestores civiles y militares del espacio aéreo, sin que ello sea contrario al Tratado de la CE y sin que se ponga en peligro las competencias de defensa de los Estados miembros. 
Nadie quiere socavar la eficacia de las fuerzas aéreas militares europeas. Solo queremos garantizar que se optimice al máximo el espacio aéreo a través de una mejor comunicación y coordinación. 
Por último quiero dar las gracias a mis colegas por la buena colaboración durante todo el proceso. 
La buena sintonía con mi colega el Sr. Fava ha mejorado y reforzado las propuestas de ambos. 
Aún hay un pequeño punto de diferencia y mi Grupo ha solicitado para ello una votación separada para la enmienda 14. 
Tememos que la Comisión esté demasiado implicada. 
Pero por lo demás creo que podemos esperar un triálogo rápido y eficaz que nos permita mantener el plazo original para la aplicación del cielo único europeo, y esto es en interés de todos. 
. 
(ES) Señor Presidente, Señorías, querría, en primer lugar, agradecer el trabajo realizado por los dos ponentes, el Sr. Fava y la Sra. Sanders-ten Holte, a lo largo de todo este tiempo. 
Quiero agradecer también la especial dedicación a un asunto técnica e institucionalmente muy complejo. 
Entiendo- y lo digo como prolegómeno a las cuestiones que luego voy a explicar- que, en algunos aspectos, muy posiblemente sus Señorías hubieran querido más y, sobre todo, unas delimitaciones mucho más claras y más nítidas, pero la consideración que quiero transmitir a sus Señorías es que estamos, en este caso concreto, abriendo unos campos totalmente nuevos. 
En el sector aéreo estamos entrando en unos campos que hasta ahora se habían mantenido absolutamente fuera de todo tipo de regulación o de acuerdo a nivel de la Unión Europea. 
Por lo tanto, quiero manifestar mi agradecimiento a los dos ponentes y a todos los parlamentarios que sé que, a lo largo de discusiones en comisión, han participado de manera muy activa, y recordarles algo que todos sabemos: hasta el año 2000 este sector ha evolucionado de manera sistemática, en el ámbito intergubernamental, a través de Eurocontrol o de la Organización de Aviación Civil Internacional. 
Pero- como ha dicho hace un momento la Sra. Sanders-ten Holte- todos sabemos que las exigencias de los ciudadanos van más allá, que éstos nos piden que resolvamos problemas acuciantes y que hay una posibilidad de mejorar sensiblemente la capacidad y la seguridad de nuestro espacio aéreo y la eficiencia en la gestión del mismo, si somos capaces de, también aquí, llevar a cabo una integración de ámbito europeo. 
Por lo tanto, el objetivo es hacer la organización y la gestión del espacio aéreo coherente con la movilidad en el cielo, crear un cielo único antes de final de 2004. 
Y saben sus Señorías que ésta es una de las iniciativas emblemáticas de esta Comisión Prodi. 
Quiero decir también que, entre medias, se han producido hechos, a los que se han referido sus Señorías, como la crisis del sector de la aviación en algunos aspectos, el 11 de septiembre, la guerra del Iraq, el accidente de Uberlingen, que, indudablemente, han tenido su incidencia en nuestros trabajos, pero que, en ningún caso, han mermado ni la importancia de la iniciativa, ni la urgencia en desarrollarla. 
Quiero señalar que, lamentablemente, no parece que sus reacciones a la Posición común del Consejo vayan a permitir llegar a un acuerdo en segunda lectura. 
Los interrogantes de sus Señorías me parecen legítimos y merecen una discusión con el Consejo, pero hemos de tener presente, cuando tratamos de esta iniciativa, que- insisto- estamos haciendo la primera incursión en un terreno nuevo, en el que son varios los aspectos sensibles, en el que hay que avanzar de manera progresiva y que es un trabajo delicadísimo el que estamos realizando, que el Consejo tiene que aceptar dar ese paso adelante y que nosotros tenemos que ser pragmáticos y realistas, y lograr unos textos operativos y que favorezcan la consecución inmediata de resultados concretos. 
Sé que opinan que la propuesta final en la Posición común del Consejo no es suficiente y que reclaman una mayor acción en el ámbito comunitario. 
Quiero decirles a sus Señorías que por supuesto que comparto su inquietud, pero que hay obstáculos jurídicos institucionales que impiden que podamos aceptar algunas de las enmiendas que han presentado, como, por ejemplo, en el caso del informe del Sr. Fava, las enmiendas 1, 8, 9, 10, 11, 13 y 14 y, en el caso del informe de la Sra. Sanders-ten Holte, las enmiendas 13, 16, 25, 29 y 33. 
Respecto a las otras enmiendas, bien en el fondo, bien en parte, bien con una modificación redaccional, podremos incorporarlas, en su momento, parcialmente, si no en su totalidad. 
Quiero señalar que seguimos siendo contrarios a determinadas enmiendas que podrían afectar o perjudicar la realidad institucional operativa. 
Dentro de las enmiendas que he citado como no aceptables figuran, concretamente, la enmienda 14, relativa a la consulta de los medios interesados en el seno de Eurocontrol, así como las enmiendas del informe de la Sra. Sanders-ten Holte números 13, 16, 25 y 29, la segunda parte de la enmienda 15 y la enmienda 33, que ha sido superada por los progresos tecnológicos. 
Plantearé dos cuestiones que ocuparán un lugar central en las próximas discusiones entre las instituciones en el marco de la conciliación y a las que se han referido sus Señorías: la cooperación civil/militar y la creación de los bloques funcionales, la primera recogida en ambos informes y la segunda en la enmienda 26 de la Sra. Sanders-ten Holte. 
La cuestión civil/militar es un elemento clave para el éxito del cielo único, tienen razón sus Señorías, pero tienen que recordar también cuáles son las competencias en el ámbito comunitario, y eso es un pie forzado con el que tenemos que jugar en todo este ejercicio. 
Las discusiones en el Consejo han demostrado que la gestión de los arbitrajes entre las necesidades de la política de transportes y las exigencias de la política de defensa requieren mecanismos de coordinación que superan las posibilidades que ofrece el primer pilar. 
Para apoyar la creación del cielo único, a pesar de este obstáculo, los Estados de la Unión se han comprometido, en una declaración, a desarrollar la cooperación militar como complemento a la iniciativa en el ámbito del primer pilar. 
Creo que es preciso aprovechar esta ocasión y proceder con pragmatismo en este terreno. 
La enmienda 29 del informe Sanders-ten Holte establece la primacía de la política de transportes en la utilización del cielo único, lo que no refleja suficientemente las necesidades y las preocupaciones legítimas, desde el punto de vista de defensa, de los Estados de la Unión. 
En cuanto al segundo aspecto, los bloques funcionales, enmienda 26 del informe de la Sra. Sanders-ten Holte, la Comisión comparte el punto de vista del Parlamento, pero cree que una solución aceptable sería reforzar el papel de la Comisión en combinación con el "comité cielo único" y con el apoyo técnico de Eurocontrol, con el fin de evaluar de manera coherente el conjunto de estos dos bloques, dejando a los Estados de la Unión el derecho de iniciativa y de decisión. 
La creación de estos bloques afecta a los aspectos militares, a los que me refería en la primera parte de mi intervención. 
Por ello aceptamos en principio la enmienda 26 del informe de la Sra. Sanders-ten Holte, pero tendremos que realizar una redacción distinta de la formulada. 
Como conclusión, señor Presidente, Señorías, les recuerdo que las propuestas que hoy estamos discutiendo son el fruto del trabajo de un año de un grupo de alto nivel, formado por representantes civiles y militares de los Estados de la Unión, y de un grupo social compuesto por los distintos agentes en el sector de la aviación civil y también con una participación de todos los niveles de este ámbito. 
En septiembre de 2002 ustedes emitieron su dictamen de primera lectura y ya entonces agradecí su apoyo y el esfuerzo que dedicaron a esta iniciativa. 
En muchos aspectos coincidimos, pero- insisto- lo que necesitamos es una posición realista que nos permita avanzar. 
Agradezco su apoyo, y especialmente el trabajo de los dos ponentes, y espero que en la fase de conciliación podamos obtener, rápidamente, un resultado positivo que permita lograr, antes de finalizar 2004, el famoso cielo único europeo. 
Señor Presidente, el paquete legislativo sometido a debate, referente a la creación de un cielo único europeo, constituye todo un reto. 
Llegados a este punto, quisiera dar las gracias a los ponentes por su excelente colaboración y por sacar adelante este asunto. 
El problema del espacio aéreo europeo es la congestión. 
Existe un gran volumen de tráfico aéreo en Europa Central y, para garantizar su fluidez, es necesaria la colaboración entre los Estados miembros, cosa que ya se ha conseguido. 
No obstante, en los Estados miembros con escasa densidad de población, como Finlandia, no se registran muchos problemas de este tipo. 
El tráfico aéreo interior del país, en particular, se puede gestionar con flexibilidad por separado. 
Los objetivos del informe son ambiciosos. 
Incluye una serie de propuestas de gran trascendencia, una de las cuales se refiere a la división del espacio aéreo. 
Si fuera necesario, la división de este espacio en sectores se podría llevar a cabo mediante decisiones por mayoría cualificada. 
Cabe preguntarse si esto resulta necesario para lograr los objetivos o si bastaría la colaboración entre los Estados miembros. 
Aunque puede que sea fundamental alcanzar una mayor integración en el corazón de la UE, probablemente esto no resulte necesario en las regiones periféricas, dadas sus especiales circunstancias. 
Otro problema es el de las tarifas. 
Si los servicios de control del tráfico aéreo se cobraran en función de valores medios, sin duda los importes aumentarían notablemente en algunas zonas. 
Un problema más delicado es el de la integración de la aviación militar y la defensa aérea con el sistema europeo. 
Tradicionalmente, los asuntos militares y las cuestiones de defensa no se incluyen en el ámbito del procedimiento de codecisión de la Unión Europea, en el que participan el Consejo y el Parlamento, y no hay motivo para que ahora se haga lo contrario. 
Por lo tanto, también en relación con este punto debemos ser prudentes y respetar los principios acordados. 
No obstante, aún teniendo en cuenta estas dificultades, los informes valen mucho y los objetivos a los que apuntan son excelentes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, tras la primera lectura del Parlamento, la posición común del Consejo es, en mi opinión, una etapa importante en la construcción de una política comunitaria en materia de navegación aérea. 
Si el enfoque que ha prevalecido en el Consejo lleva la marca del realismo en algunos ámbitos, lamento que no haya sido más ofensivo respecto de ciertas disposiciones. 
Retomaré este asunto. 
La obligación de separación funcional entre los prestatarios de servicio y las autoridades nacionales de vigilancia es, al igual que la obligación de certificación de los prestatarios de servicios, una medida estructural. 
Si se trata de afirmar la voluntad de distinguir el papel del operador y el del regulador, de incrementar la transparencia, esta obligación debería tener en cuenta realidades que demuestran que también pueden funcionar concepciones diferentes. 
En todo caso, creo que es razonable que cada Estado miembro elija el funcionamiento relativo a su territorio. 
Lamento que no se haya reconocido claramente que la gestión de la seguridad de la navegación aérea es una cadena de acciones y de servicios que necesita un enfoque global y no dividido. 
Estoy aún más convencida de este enfoque tras dos jornadas en la conferencia anual del grupo «navegación aérea» de los sindicatos de la ETF la semana pasada. 
De acuerdo, hablemos de la división, pero creo que también hay que hablar del factor humano. 
Podemos seguir hablando de la reducción de personal en los centros de control, pero que un volumen de espacio esté gestionado por uno o dos controladores solamente es inaceptable: también hay límites humanos. 
Al mismo tiempo, en materia de espacio aéreo, se ha acordado la creación de una región europea única de información de vuelos en el espacio aéreo superior y la realización por parte de la Comisión de una publicación común sobre la información aeronáutica en esta zona, lo cual representa un progreso. 
Asimismo, se garantizará una armonización de la fijación de las tarifas de los servicios. 
Respecto de la organización del espacio aéreo y de las prestaciones de servicio, todos están de acuerdo en afirmar que la seguridad exige anticipación, estudio, acuerdo de los Estados y de los prestatarios de los servicios implicados. 
Las modificaciones aportadas al texto inicial se refieren sobre todo al reconocimiento de la soberanía de los Estados sobre los espacios aéreos que les dominan y al llamamiento a las responsabilidades de estos Estados con relación a la OACI. 
Así, el Consejo ha llegado a la conclusión que los bloques de espacio aéreo funcionales, que han sido objeto de numerosos debates, son establecidos por los Estados a quienes les conciernen. 
¿Es esto bueno o malo? 
Creo que se trata de un proceso. 
Asimismo, se trata del reconocimiento del hecho de que el control aéreo se apoya en el ejercicio de prerrogativas de poder público y no presenta un carácter económico que justifique la aplicación de las normas de competencia del Tratado. 
Así, los Estados deciden si aplican o no incentivos económicos a sus prestatarios de servicios o a los usuarios a través de los impuestos; personalmente, estoy más bien a favor de este enfoque. 
A continuación, tenemos que reconocer el papel central que tiene que desempeñar Eurocontrol en la preparación de las medidas delegadas a la Comisión, que entran en el campo de las competencias de esta organización; en mi opinión, es un progreso. 
Finalmente, se aborda el reconocimiento de la competencia exclusiva de los Estados en la determinación de sus operaciones de defensa, incluido su tratamiento, lo que- estoy de acuerdo con usted, Señora Comisaria- no es satisfactorio. 
Me inclino más bien a dar prioridad a lo civil antes que a lo militar en tiempos de paz: sin duda esto también corresponde a la realidad actual. 
Dicho esto, la posición común incorpora una parte importante de las enmiendas propuestas por el Parlamento en primera lectura. 
Sin embargo, lamento que el Consejo, al igual que el Parlamento, haya demostrado en primera lectura una cobardía frente a ciertas demandas que me parecen sensatas. 
Así, no se ha retenido la propuesta de mi grupo de duplicar los aparatos de control para asegurar que prosigan de las operaciones con toda seguridad en caso de fallo, así como la propuesta de evaluar la puesta en marcha correcta de la directiva, lo que lamento. 
He visitado a los operadores y he trabajado mucho con los sindicatos en este asunto. 
Creo que tenemos que escuchar a los trabajadores del sector que ya trabajan actualmente en el espacio europeo y mundial y que están decididos a que Europa avance. 
Escucharles significa hacerles realmente partícipes, y no sólo consultarles. 
Europa se construirá con los agentes de los diferentes sectores y exigirá su participación activa; en mi opinión, no existe un futuro sin ellos. 
Para acabar, lamento que la gestión se centre, en su conjunto, en el postulado ideológico según el cual la liberalización es una prueba de eficacia, incluso en términos de seguridad, lo que todavía hay que demostrar. 
Señor Presidente, es evidente que los problemas técnicos relacionados con este asunto específico se han analizado de forma adecuada; por lo tanto, centraré mi intervención en el aspecto político del tema para decir que la cuestión del cielo único europeo se inspira en dos filosofías diferentes y, en cierto modo, contradictorias. 
La primera de ellas considera que el retraso en los vuelos, un fenómeno bastante extendido en Europa, supone un duro golpe para las compañías aéreas, los propios pasajeros, el medio ambiente y la economía en general. 
Una de las razones principales a las que se atribuye esta situación es el aumento constante del tráfico aéreo y, lo que es más importante, la falta de un sistema común para la gestión del espacio aéreo de los países europeos. 
La otra filosofía refleja la preocupación de determinados Estados miembros que quisieran proteger sus derechos sobre el espacio aéreo, principalmente en relación con sus necesidades y obligaciones de defensa, y la correspondiente facilidad para llevar a cabo ejercicios militares en ese espacio. 
Estas preocupaciones se acentúan si existen problemas relacionados con estos asuntos, tal como sucede en países como el mío. 
El Parlamento Europeo ha abrazado la primera filosofía. 
Al igual que en otros muchos sectores de la política europea, se ha considerado que lo más eficaz sería la opción por una verdadera política comunitaria y una normativa uniforme. 
Esta era la filosofía en primera lectura. 
Lamentablemente, el Consejo se ha inspirado exclusivamente en la segunda filosofía. 
Las preocupaciones y las dudas han prevalecido. 
El Consejo ha dado especial importancia a los asuntos de orden público, seguridad y defensa. 
De este modo, la propuesta de la Comisión se ve entorpecida en los aspectos fundamentales y queda claro que la posición del Consejo no guarda relación alguna con la del Parlamento Europeo en primera lectura. 
Si el Consejo estaba de acuerdo con el objetivo del cielo único europeo, debería haber adoptado una estrategia diferente. 
De lo contrario, debería haber reconocido con toda sinceridad que no apoyaba el intento. 
Está claro que deberemos iniciar un procedimiento de conciliación, durante el cual el Consejo habrá de mostrar una postura flexible. 
Creo firmemente que, en lo que respecta al cielo único europeo, hay diferentes formas de realizar avances importantes, sin tocar fibras sensibles nacionales ni intereses vitales. 
Querer es poder. 
Señor Presidente, señora Comisaria, creo que si hoy nos encontramos ante una posición común del Consejo sensiblemente diferente a la propuesta inicial de la Comisión y de los trabajos del Parlamento, es porque, como todos sabemos, este asunto partía de un equívoco entre la voluntad, por una parte, de sustituir a la Comisión por Eurocontrol y, por otra parte, la voluntad de echar demasiado la culpa a los controladores aéreos en materia de retraso, sobre todo en el año 1999, que estuvo marcado por obligaciones militares excepcionales. 
Creo que, desde entonces, hemos trabajado mucho y no estamos muy lejos de un punto de equilibrio. 
Hemos reconocido la vocación de interés general y de seguridad de los servicios de navegación aérea. 
Hemos dejado al Estado que se ocupe de designar sus servicios. 
Hemos devuelto a Eurocontrol al escenario, lo que era absolutamente necesario. 
En la actualidad, nos quedan algunos puntos que solucionar. 
Apruebo y aliento los esfuerzos que otorga la Comisión para que, al menos, las autoridades militares acepten discutir, a pesar de que conozco las restricciones jurídicas que implican. 
Sabemos que esto supone un obstáculo considerable, que se refiere a la capacidad y que sin duda es mucho más importante que otros que tenemos demasiada tendencia a señalar con el dedo. 
En segundo lugar, todavía no se ha resuelto la cuestión de los arbitrajes sobre los bloques de espacio aéreo internacional. 
Creo que bastaría con que todas las partes en presencia aceptaran el restablecimiento del informe de los expertos de Eurocontrol; es necesario que la Comisión se pronuncie respecto de este informe de los expertos, lo que es normal. 
Para finalizar, soy de los que piensan que hay que aplicar el considerando 16 y el artículo 7 del informe de la Sra. Sanders-ten Holte, encaminados a implicar lo más estrechamente posible al personal, porque forma parte integrante de la cadena de seguridad. 
En efecto, el oficio de la navegación aérea no se apopa únicamente en el mercado- y creo que la Comisión se honra de haberlo reconocido por fin -, se trata ante todo de un oficio de «policías» del espacio aéreo, de un espacio aéreo que estará cada día más atestado y en cuyo marco tenemos que preservar la experiencia y la excelencia, evitando a toda costa que los servicios de «policía» del cielo entren en demasiada competencia. 
Señor Presidente, también yo quiero reafirmar, antes de nada, mi plena disposición a hacer viables todas las propuestas que tiendan verdaderamente a mejorar la cooperación y optimizar la utilización del espacio aéreo, garantizando unos niveles más altos de seguridad. 
Con todo, y como se ha destacado ya, en particular por la Comisaria Loyola de Palacio, esta es una materia delicada- técnica, institucional y políticamente- y exige mucho realismo y mucho sentido común. 
En la intervención que hice aquí el pasado mes de septiembre, con ocasión del debate en primera lectura sobre la organización del cielo único, tuve ocasión de señalar los aspectos que más me preocupaban de los proyectos de la Comisión y también de las propuestas adoptadas por la Comisión de Transportes. 
No puedo dejar de resaltar que esas preocupaciones se desvanecieron, en buena medida, ante la posición común, bastante equilibrada, adoptada por el Consejo, en especial por lo que respecta a los bloques funcionales. 
Y por eso mismo, no puedo dejar de distanciarme, una vez más, de algunas de las enmiendas que ha adoptado de nuevo la Comisión de Transportes, pues están en total disonancia con el consenso obtenido en el Consejo e, incluso, con la posición ahora más ponderada de la Comisión, con la cual, obviamente, me congratulo. 
En efecto, considero insostenible, en especial, la insistencia en una propuesta de creación de bloques funcionales que se superpongan a la voluntad de los Estados miembros, porque la Comunidad no tiene competencia en materia de gestión del territorio aéreo ni de cualquier otro y, más en concreto, no tiene esa competencia cuando la vertiente militar está implicada, como sucede en el presente caso. 
Además, que se sepa, no ha habido hasta hoy, ni se prevé que vaya a haber, ningún conflicto insalvable entre Estados miembros en la definición de bloques de espacio aéreo transfronterizo, menos aún cuando éstos aprobaron una declaración que garantiza la cooperación necesaria entre los componentes civil y militar para la plena aplicación del concepto de utilización flexible del espacio aéreo. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a ambos ponentes por elaborar informes de tal calidad. 
Puedo aceptar la mayor parte de sus enmiendas, pero tengo muchas reservas con respecto a 10 de las 51 enmiendas. 
El Reino Unido es un gran defensor del concepto de cielo único europeo. 
Personalmente, quisiera verlo realizado lo antes posible para eliminar retrasos, reducir emisiones y mejorar la seguridad. 
Mi principal reserva es saber cuál es la mejor forma de asegurar la implicación de los militares en el cielo único europeo. 
Por este motivo apoyo la posición común del Consejo, a saber, su compromiso en torno al uso flexible del espacio aéreo donde se permita el acceso civil al espacio aéreo militar designado cuando no se esté usando. 
Considero que ofrece auténticas e importantes ventajas, asegurando que en la Unión Europea el concepto FUA (Uso Flexible del Espacio Aéreo) se desarrolle con la máxima eficacia. 
Por supuesto, las enmiendas que incluyen a los militares en el ámbito de aplicación de los reglamentos sobre el cielo único europeo serán objeto de rechazo por parte de algunos diputados y, me temo, también de gran parte del Consejo. 
Reabrir el debate sobre este tema sería contraproducente para todo el proceso de cielo único europeo. 
En resumen, existe el peligro real de que intentando modificar la Posición Común en este sentido, podamos perjudicar al conjunto del proyecto de cielo único europeo, cosa que estoy seguro que todos queremos evitar. 
Señor Presidente, a los ponentes del Parlamento les gustaría hacer creer que la realización del cielo único europeo es una causa noble y un gran paso adelante del que los europeos tendrían que alegrarse. 
El Consejo no necesita embellecer la realidad; de aquí las diferencias de formulación. 
Pero las diferencias de formulación esconden la realidad en lugar de mostrarla. 
La Unión Europea es una asociación dominada por Estados rivales que se aferran a las fronteras, incluso en el cielo. 
Lo que ellos llaman su soberanía no es más que la defensa civil y militar de sus intereses egoístas y de los de su clase dominante. 
Si el cielo es ciertamente único en la naturaleza, no siempre lo es para la sociedad de los hombres, y las instituciones europeas realmente no consiguen poner fin a esta aberración. 
En cambio, la expresión cielo único sirve para encubrir una operación encaminada a abrir nuevas brechas en el servicio público del control aéreo en provecho de los operadores, de los suministradores y de los prestatarios de servicios privados. 
De esto se trata. 
Las autoridades europeas ya han autorizado la privatización del organismo encargado del control aéreo británico. 
Ciertas normas de Eurocontrol han sido igualmente modificadas, con objeto de permitir que las empresas privadas obtengan beneficios en el sector del control aéreo. 
Las organizaciones sindicales de los trabajadores del control aéreo en Europa denuncian con razón esta privatización rastrera y sus consecuencias tanto sobre la seguridad de los vuelos como sobre las condiciones de trabajo del personal. 
Hace un año, durante la catástrofe aérea del lago Constanza, asistimos a los dramas a los que puede conducir la introducción, incluso limitada, de la ley del beneficio en este ámbito. 
A pesar de ello, y defendiéndose hipócritamente, las autoridades europeas persisten y firman. 
Empujan cada vez más hacia el desmantelamiento de este servicio público, en el sentido de la carrera hacia el beneficio, del desacoplamiento del cielo en sectores que puedan ser asignados a los operadores privados. 
Sin duda, las compañías aéreas sacarán provecho de ello, lo que no será el caso ni del personal del control aéreo ni de la seguridad de los pasajeros. 
Por lo tanto, expresamos una vez más nuestra oposición a esta privatización creciente del cielo, perjudicial tanto para los usuarios como para los trabajadores del transporte aéreo en un sentido amplio, así como para las personas que están en vuelo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, abordamos hoy en segunda lectura un paquete de propuestas encaminadas a la creación de un cielo único europeo. 
Si bien estoy plenamente de acuerdo con los objetivos de dichas propuestas, tengo algunas preocupaciones en cuanto al contenido de las mismas que no puedo dejar de expresar ante esta Asamblea. 
Estas preocupaciones tienen que ver, por un lado, con la ausencia de fundamento jurídico en el ámbito de la política común de transportes para abordar determinadas materias, en particular de índole militar, y, por otro, con la limitación excesiva y desproporcionada del poder soberano de los Estados miembros sobre su espacio aéreo. 
En este contexto, permítanme que haga referencia a tres puntos que considero fundamentales. 
El primero se refiere a lo que considero una tentativa por parte de la Comisión de comunitarizar el espacio aéreo de los Estados miembros a través de la creación inmediata de una región europea de vuelo único, sobre cuya base se crearían los denominados «bloques funcionales». 
En este punto tiene todo mi apoyo la posición común del Consejo, con arreglo a la cual la determinación de los bloques funcionales es competencia exclusiva de los Estados miembros y no puede ser modificada por la Unión Europea. 
En segundo lugar, y en materia militar, las propuestas de la Comisión prevén la posibilidad de imponer a las actividades militares normas de gestión y de uso del espacio aéreo. 
Una vez más, estoy de acuerdo con la posición común del Consejo, que me parece mucho más ajustada y equilibrada, en la medida en que reconoce que un uso más eficiente del espacio aéreo depende de una colaboración más estrecha entre entes civiles y militares, esto es de la aplicación uniforme en el cielo único europeo del denominado concepto de uso flexible del espacio aéreo. 
Este objetivo deberá perseguirse siempre dentro del respeto por las competencias nacionales. 
Por último, me gustaría hacer referencia a la cuestión de la gestión del espacio aéreo, manifestando mi total desacuerdo con un enfoque que tiende a asemejar dicha gestión a una prestación económica cualquiera, comparable a los mercados liberalizados de las telecomunicaciones o los transportes, bajo la vigilancia de una autoridad reguladora europea. 
Por ello, defiendo que cada Estado miembro debe poder nombrar, dentro de su espacio aéreo, al prestador de servicios con total libertad, bajo la tutela de autoridades nacionales de supervisión y sin supeditación a ninguna otra entidad. 
. 
(ES) Señor Presidente, quiero agradecer muy sinceramente todos los comentarios y las intervenciones que ha habido y que demuestran la importancia que sus Señorías dan a esta iniciativa, una de las más ambiciosas de la Comisión Prodi. 
Quiero recordarles que en el ámbito de la aviación, a lo largo de estos años, estamos dando pasos de gigante en una puesta en común por parte de los Estados de la Unión, de áreas que hasta ahora resultaban competencia exclusiva de los Estados. 
Por ejemplo, en el terreno de la seguridad aérea, con la Agencia de Seguridad Aérea Europea, que nos va a permitir, por primera vez, la certificación común de las aeronaves en Europa y que nos va a permitir, entre otras cosas, poder certificar el Airbus 380. 
Por ejemplo, cuando planteamos nuevas normas de seguridad en la lucha contra el terrorismo y otro tipo de ataques, compartidas y comunes para todos los Estados de la Unión, con unas revisiones y unos controles que permitan garantizar esos estándares comunes por parte de todos. 
Por ejemplo, cuando conseguimos, por fin, un mandato de negociación con los Estados Unidos respecto a una zona común de aviación entre Estados Unidos y la Unión Europea. 
Y la última gran iniciativa es, precisamente, el cielo único europeo, que facilita todas las actuaciones a las que me he referido antes, muy especialmente la negociación con los Estados Unidos, también en el ámbito de la seguridad y de la Agencia de Seguridad Aérea Europea, pero que, además, nos va a permitir, de cara al futuro, que esta vez Europa no se quede retrasada en este asunto; me refiero a la cuestión de las nuevas definiciones y nuevos conceptos de gestión del tráfico aéreo para el año 2020, donde claramente la posibilidad de disponer de un cielo único, donde tendremos sistemas integrados, armonizados y comunes, permite contar con una masa crítica para que Europa pueda negociar adecuadamente con Estados Unidos, que, a través de una iniciativa equivalente, está trabajando en este sector. 
La iniciativa STAR 21 es una iniciativa clave para el futuro. 
Clave para la seguridad aérea europea y para la tecnología, el desarrollo tecnológico y la industria europea. 
Señorías, se ha hecho referencia a Eurocontrol. 
Eurocontrol está contemplado y va a participar- lo hemos dicho desde el primer momento-. 
Ha participado en todas las reuniones que hemos tenido sobre el cielo único europeo en los grupos de alto nivel y a lo largo de todo este tiempo como elemento de conocimiento, en su calidad de expertos. 
La Comisión no pretende crear un sistema alternativo a Eurocontrol. 
No es nuestra labor. 
Pero no podemos hacer que la Comisión legisle en función de decisiones de un cuerpo absolutamente ajeno al ámbito comunitario como es Eurocontrol, que, además, es un cuerpo intergubernamental donde hay una serie de países que no pertenecen a la Unión Europea. 
Sus Señorías tienen que entender que hay un problema institucional de fondo que no podemos obviar a la hora de aceptar cierto tipo de enmiendas. 
Una cosa es que utilicemos, contratemos y lleguemos incluso a suscribir acuerdos con Eurocontrol, para que sea el experto al cual nos dirigiremos y nos facilitará cierto tipo de información, de documentos e incluso de propuestas, y otra cosa es que nos comprometamos a legislar o actuar basándonos en lo que dice una organización intergubernamental donde hay países terceros. 
Sencillamente no podemos, Señorías. 
Siguiente cuestión: la enmienda 4 de la Sra. Sanders-ten Holte, respecto a las licencias de los controladores aéreos; por supuesto que la he vuelto a recoger. 
La aceptamos- se lo he dicho antes- por la sencilla razón de que estaba en nuestra propuesta inicial. 
Fue el Consejo quien la retiró de su Posición común y es una satisfacción para la Comisión volverla a incorporar porque creemos que hay que dar una titulación y una formación común a todos los controladores aéreos a nivel europeo, aunque luego exista una especialización en el área concreta en la cual tengan que operar y trabajar. 
En cuanto a la liberalización, Señorías, no sé ya cómo decirlo, porque lo he repetido tantas veces... 
Aquí no liberalizamos nada. 
¿Dónde decimos que esta materia se va a tratar como las telecomunicaciones? 
Si me enseñan dónde lo decimos, estoy dispuesta a corregirlo, por la sencilla razón de que no lo decimos en ningún sitio. 
Si así fuera, a mí me preocuparía, como a sus Señorías. 
Como ha dicho muy bien uno de los intervinientes hace un momento, aquí hay competencias que son propias del sector público, de la actividad de policía y, evidentemente, no puede haber más de dos operadores porque crearíamos una situación indeseable. 
Por lo tanto, ni liberalización ni competencia. 
Otra cosa es que a la hora de utilizar ciertos servicios, por ejemplo, conocer las previsiones climatológicas, se pueda recurrir al centro meteorológico nacional del país en cuestión o al centro meteorológico de otro Estado o a quien suministre los datos más adecuados. 
Ésa es otra historia. 
Pero en lo que se refiere al tráfico y al control aéreo, no estamos planteando ninguna de estas cuestiones: ni la liberalización, que no tiene ningún sentido, ni la privatización. 
Por cierto, la privatización, es verdad, lo ha dicho una de sus Señorías, la ha llevado a cabo un Estado por su cuenta, de una manera bastante peculiar. 
Terminaré refiriéndome a los dos problemas que, en mi opinión, van a constituir el meollo del debate de la conciliación. 
Decía el Sr. Jarzembowski que me pedía valentía y algunos han dicho que les parecía que, al final, hemos sido tímidos desde la Comisión. 
Miren, Señorías, saben muy bien que este asunto, desde el primer momento, se ha impulsado con toda la valentía, con toda la fuerza y con todo el rigor necesarios desde la Comisión. 
Pero estamos hablando de una cuestión de posibilidades, de realidades, de urgencias en un terreno complicado en que todos somos conscientes de que una cosa es el primer pilar y otra cosa son los aspectos de defensa, donde no tenemos capacidad para intervenir. 
Creo que el compromiso del Consejo- y lo han dicho algunas de sus Señorías- en cuanto al uso flexible respecto a la utilización civil y militar, es un compromiso muy aceptable. 
Muy posiblemente en el futuro este compromiso y esta formulación evolucionarán. 
Estoy segura, Señorías, pero éste es el primer paso. 
Tengamos conciencia de que vamos avanzando, de que es el primer paso y que se está produciendo un cambio que me atrevo a decir que es casi revolucionario. 
Por lo tanto, ruego a sus Señorías que no aprueben las enmiendas que suponen alterar el compromiso del Consejo sobre la utilización civil y militar del espacio aéreo. 
Es un compromiso muy delicado, y su ruptura podría, efectivamente, crear serios problemas, como decía el Sr. Watts hace un momento. 
Respecto a los bloques funcionales, entiendo lo que dicen sus Señorías. 
Creo que aquí se pueden combinar los dos problemas: la garantía de los Estados, que conservan sus competencias y sus capacidades, con la preocupación de una coherencia de todo el concepto global. 
Creo que si el Consejo se muestra flexible, hay un margen en el que podríamos trabajar. 
Evidentemente son los Estados los que deben ponerse de acuerdo, pero a través del grupo que está junto con la Comisión, se dará una coherencia a todo el conjunto y a todos los bloques que se planteen. 
En ese sentido, quizá algunas de sus enmiendas faciliten ese camino y espero que así podamos avanzar. 
En cualquier caso, quiero agradecer una vez más a los ponentes, Sr. Fava y Sra. Sanders-ten Holte, su trabajo, a todas sus Señorías sus intervenciones y rogarles que, en el uso flexible, no vayan más allá del compromiso del Consejo, porque sé que ahí no hay margen de maniobra. 
Eso haría peligrar todo el acuerdo, que es bastante frágil, como muy bien saben sus Señorías, en una iniciativa que es absolutamente urgente y necesaria. 
. El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
- (NL) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el ponente Sr. Caveri, presidente de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, no puede explicar personalmente su recomendación. 
Se espera que dentro de poco abandone el Parlamento Europeo para aceptar un alto cargo directivo en la región de Valle d ' Aosta. 
Por ello, como vicepresidente de la Comisión de Transportes me haré cargo de explicar su recomendación. 
Sobre la base del tratado de adhesión, Austria tiene un régimen de licencias para camiones pesados. 
Los denominados ecopuntos forman un complejo expediente en el que están en juego muchos intereses opuestos. 
No hay discrepancias acerca del objetivo: unas menores emisiones de los camiones pesados en la zona de los Alpes. 
Este es uno de los objetivos del Convenio para la protección de los Alpes que han firmado todos los países implicados. 
Sin embargo, el Consejo y el Parlamento discrepan acerca del camino que ha de conducir a dicho objetivo. 
A nosotros, el Parlamento Europeo, no nos convence la posición común, que no es apoyada por dos de los Estados miembros más implicados, Italia y Austria. 
Las razones son sin duda opuestas, pero ello demuestra que es conveniente realizar una mayor consulta. 
Además fueron necesarias unas excepciones para que otros Estados miembros la aceptaran. 
Señor Presidente, la Comisión de Transportes quiere equilibrar el cuidado por la calidad del aire con la libre circulación de mercancías. 
Por ello hemos buscado una solución intermedia para la zona austríaca con los mayores problemas, los Alpes y sobre todo los tres principales puertos alpinos, como una transición expresa hacia un enfoque sostenible de toda la región de los Alpes. 
Señor Presidente, nuestra propuesta de no someter a los camiones más limpios, la categoría EURO 4, al régimen de puntos, se ajusta bien a la posición común. 
Por otro lado, los camiones más contaminantes, los EURO 0, han de prohibirse de una forma no discriminatoria, es decir sin excepciones para los vehículos griegos y portugueses. 
Por último, consideramos que hay que agilizar el proceso legislativo sobre tarifación del uso de la infraestructura. 
Debido a estas consideraciones, señor Presidente, la Comisión de Transportes ha decidido por mayoría presentar de nuevo todas las enmiendas de la primera lectura. 
Desde esta posición queremos iniciar el diálogo con el Consejo para encontrar una solución estructural. Nos dirigimos directamente a un procedimiento de conciliación. 
Quiero recalcar que no podemos perder tiempo. Después de las vacaciones de verano, solo nos quedarán algunos meses antes de que acabe el actual sistema. 
Es en interés de todos que el nuevo sistema transitorio entre en vigor a tiempo antes de Navidad. 
Señor Presidente, en este delicado expediente es deseable una firme posición del Parlamento Europeo. Así pues les recomiendo a todos las enmiendas del ponente. 
. 
(ES) Señor Presidente, Señorías, en esta compleja discusión hemos llegado al momento importante en el que el Parlamento Europeo se va a pronunciar sobre la Posición común del Consejo. 
Probablemente apoyarán la recomendación de aprobar en segunda lectura las enmiendas ya aprobadas en la primera, con el objetivo de iniciar rápidamente el procedimiento de conciliación, como ha dicho el Sr. van Dam, que toma el relevo del Sr. Caveri. 
Quiero agradecer el trabajo que realizado por los Sres. Caveri, van Dam, y toda la comisión, respecto a este difícil asunto. 
Como saben, el objetivo de llegar rápidamente a la conciliación, cuenta totalmente con el respaldo de la Comisión, puesto que el sistema actual termina el 31 de diciembre de 2003. 
No obstante, será preciso que las distintas partes se esfuercen por alcanzar una solución de compromiso y, además, que las autoridades austríacas hagan gala de cierto grado de flexibilidad. 
De lo contrario, será imposible encontrar una solución antes de finales de año, con las consecuencias que ello podrá suponer. 
Recordemos, por ejemplo, las prohibiciones impuestas por la región del Tirol en este momento y los procedimientos que ha iniciado la Comisión al respecto. 
En esta situación la Comisión debe atenerse al compromiso adquirido el 31 de diciembre de 2002, confirmado el 28 de marzo de 2003, y, por lo tanto, rechazar la mayor parte de las enmiendas del Parlamento Europeo. 
No obstante, quiero garantizar a sus Señorías que la Comisión está dispuesta a mostrar una apertura respecto a enmiendas tales como la cobertura geográfica del sistema, las modalidades de su aplicación a los países candidatos u otras y, en cualquier caso, una flexibilidad que permita obtener en el ámbito de la conciliación un acuerdo que todos deseamos y trabajaremos para intentar alcanzarlo, aunque vemos que es muy difícil, pues las diferencias entre el Parlamento y el Consejo son francamente importantes. 
Señor Presidente, en la primera lectura, el Parlamento Europeo aprobó una propuesta que regulaba el asunto de forma, creo, satisfactoria, sin ignorar la sensibilidad legítima austriaca al respecto. 
Lo paradójico es que el Consejo pasó a adoptar la Posición Común como si el Parlamento no existiera. 
Con una actitud que recuerda a los viejos tiempos, el Consejo ha adoptado una Posición Común, a pesar de las recomendaciones de la Comisaria, la Sra. de Palacio, de que tuviera en cuenta la primera lectura del Parlamento. Ha dado la espalda al Parlamento Europeo, que ahora, en segunda lectura, se ve obligado, por supuesto, vista la inaceptable posición del Consejo, a confirmar su postura de primera lectura. 
De este modo, inevitablemente, todo apunta hacia un procedimiento de conciliación. 
Confío en que el Consejo haya captado el mensaje del Parlamento y se prepare para participar en un debate sustancial durante este procedimiento. 
¿Qué resultados esperamos obtener del procedimiento de conciliación? 
No que decir tiene que no deseamos aislar a Austria, porque mantenemos una excelente colaboración con nuestros colegas austriacos y porque no nos conviene aislar países. 
Tal y como dije en la comisión, y repito en este momento, si las campanas doblan hoy por alguien, no debemos olvidar que mañana pueden doblar por nosotros. 
Por lo tanto, es preciso que mantengamos una posición moderada. 
Pero no debemos ignorar los intereses de los demás países. 
Existen países que tienen intereses particularmente vitales en este asunto particular: Alemania, Italia y mi país, Grecia. 
Ante todo, debemos tener presente el hecho de que la Unión se basa en una filosofía y un tratado específicos. 
Y en este tratado se habla de la libre circulación de personas, capitales y mercancías. 
Pertenecemos a un mercado único, cuyos principios han de ser respetados, incluso en este caso. 
Por supuesto, estamos dispuestos a debatir un acuerdo provisional. 
No obstante, todo acuerdo de transición debe estar inspirado por el espíritu y centrarse en este objetivo, el objetivo de cumplir los principios del mercado único. 
Esta es la postura del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos) y Demócratas Europeos. 
Señor Presidente, quisiera señalar algunos puntos. 
En primer lugar, en nombre de mi Grupo, quisiera decir que apoyamos la propuesta que el Sr. Caveri ya ha presentado a la Comisión y que recoge lo que el Parlamento ya especificó en primera lectura. 
Paso a señalar algunos puntos: el primero nos recuerda la espinosa cuestión, la contradicción que hoy estamos examinando. 
Tenemos ante nosotros un régimen derogatorio- y, por lo tanto, es excepcional y temporal- que podría extenderse por segunda vez. 
Esta segunda extensión demuestra la flexibilidad y voluntad, el buen sentido político del Parlamento, de todo el Parlamento. 
Señor Presidente, en segundo lugar quisiera señalar que en este debate ha habido intentos de establecer, a menudo subrepticiamente, una falsa distinción entre los que defienden la naturaleza y los que contaminan. 
Es una falsa distinción. 
Una gran mayoría es consciente de los intereses y necesidades de cada Estado miembro, pero es una amplia mayoría que reconoce la necesidad de eliminar de forma gradual, durante los próximos años, este régimen derogatorio, el sistema de los ecopuntos, e intenta alcanzar este objetivo fomentando el uso de vehículos menos contaminantes, pero que también sabe que no podemos esperar que todos los cambien radicalmente sus vehículos en pocos meses. 
Otro punto importante es que consideramos necesario prevenir una ulterior derogación, en este caso sobre la propuesta del Consejo, ofrecida a algunos países- Grecia y Portugal- para un tratamiento particularmente tolerante. 
Señor Presidente, no añadiré nada más, excepto el hecho de que este largo debate, estas largas discusiones, en las que a menudo se nos ha obligado a repetir algunos conceptos, razonamientos e incluso posiciones inflexibles que siempre han sido las mismas, ha sido una prueba importnate, més para cada uno de nosotros que para el Parlamento: una prueba importante porque implicaba- cosa que es común pero, en este caso, puede haber estado més marcado- quitarnos nuestra ropa civil, la de ciudadanos de un Estado miembro, que es un uniforme pero que en el Parlamento a menudo es estrecho, para ponernos el digno y decoroso atuendo de diputados del Parlamento europeo que tienen que actuar, responder e intervenir en nombre de todo el Parlamento. 
A este respecto, el infomre Caveri es una respuesta perfecta a esta petición de dignidad que el Parlamento hacía a su ponente, porque es un informe que sirve, en primer lugar, a los intereses de los europeos. 
Gracias a Dios, no es así, señor Jarzembowski, puesto que, a la vista de los hechos, también usted tendrá que reconocer- pues conoce bien el tema y no puede escudarse en la ignorancia- que esta normativa ha contribuido significativamente en los últimos años a mejorar la situación del medio ambiente en toda Europa. El acuerdo con Austria sobre el tránsito de vehículos condujo a la modernización y ecologización de la flota de camiones y contribuyó significativamente a dicha mejora. 
Este es el tema que nos ocupa, como ya se ha señalado, y no la defensa de un interés local estrecho de miras. 
Es natural que los tiroleses defiendan sus intereses, y si usted, señor Ferber, está en contra de los intereses de los tiroleses- en contra los intereses de sus vecinos -, tendrán que resolverlo entre ustedes. 
Pero en el pasado dicha normativa ha contribuido de verdad a mejorar el estado del medio ambiente en nuestras regiones sensibles, que no se limitan al Tirol, sino que hay muchas otras regiones sensibles en Europa. 
Ahora de lo que se trata es de encontrar una solución transitoria hasta que se consiga elaborar la Directiva sobre los costes de las infraestructuras de transporte, lo cual nos permitirá dar, además, otro paso hacia la ecologización de la flota de camiones en Europa. 
Por esto he presentado, junto con el Sr. Simpson, una enmienda en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, que es idéntica a la enmienda 19 ya citada. 
Nuestra enmienda prevé también la integración de la categoría Euro 3. En efecto, de lo contrario se genera el efecto perverso de que el paso de la categoría Euro 2- o sea, de los camiones verdaderamente inadecuados- a la categoría Euro 3- para la que es válido el estudio antes citado- no representa ninguna ventaja en la práctica, sino que en algunos casos incluso puede dejar al afectado en peor situación. 
Por esto sería un elemento positivo si pudiésemos incluir también la categoría Euro 3 en la decisión, a pesar de todos las demás consideraciones críticas. 
Conviene repetirlo: únicamente se trata de decidir a qué vamos a dar prioridad, al medio ambiente, a la salud y la calidad de vida, o a la libre circulación ilimitada de mercancías. 
Hay que tener en cuenta ambos aspectos. 
No digo que la libre circulación de mercancías sea irrelevante. 
Solo considero que lo que realmente debe contar para nuestros electores- y sin duda también para los de Baviera- es que hay que dar prioridad a la salud y al medio ambiente. 
Una última observación: sí, en efecto habrá un procedimiento de conciliación. 
Quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que han contribuido a que podamos iniciar pronto dicho procedimiento de conciliación. 
Ahora se trata de actuar efectivamente con rapidez y alcanzar un compromiso. 
No pretendo entrar ahora de nuevo en los detalles del debate de esta mañana. Sin embargo, todo lo que estamos viendo y viviendo, y las declaraciones casi diarias del Ministro de Transportes italiano, indican que en este momento Italia aún no está dispuesta a avanzar seriamente hacia un compromiso. 
Por consiguiente, espero que también Italia reconozca que el medio ambiente- incluido el suyo- es un valor tan importante que necesitamos alcanzar un compromiso transitorio razonable hasta que pueda entrar en vigor la Directiva sobre los costes de las infraestructuras de transporte. 
(Aplausos) 
Señorías, permítanme hacer algunas breves observaciones sobre lo que tenemos ante nosotros. 
Creo que hay varios objetivos. No solo las emisiones desempeñan un papel. 
Acaban de presentarse algunos hechos que indican que la cuestión entre, por un lado, las emisiones y, por otro, los hechos y las propuestas relacionados con la limitación de las normas europeas para los camiones de carga pesada es bastante problemática. 
También el ruido es molesto. 
Por esta razón creo que no es bueno, por ejemplo, sustituir una cláusula que guarda relación con Austria como zona, por los puertos alpinos austriacos, como propone el Consejo. 
Sería necesario un sistema para toda la zona alpina, y no sólo para unos cuantos puertos. 
A mi entender, y provengo de un país que causa tráfico de tránsito, los Países Bajos, esto tendrá como efecto que sin duda se busquen rutas alternativas secretas a través de la zona de los Alpes que queda excluida. 
Así no llegaremos a ninguna parte. 
Algunas personas dicen que los ecopuntos son un sistema de excepción que no puede existir en el marco de la libre circulación. 
Quiero señalar que desearíamos tener otro sistema que se aplicara de forma general, me refiero a la tarifación. 
Lo acordamos en el Libro Blanco, pero no creo- y lo he visto decenas de veces en los debates en esta Asamblea desde que llegué aquí hace cuatro años- que a corto plazo ni tampoco a un plazo más largo se consiga un enfoque adecuado y por ello es conveniente cierta precaución. 
Creo que el Parlamento va en la dirección correcta. 
Está muy claro que queremos una solución. 
Iniciaremos una conciliación, las posiciones del Consejo y los países implicados también son distintas, todo el mundo lo sabe, y esto significa que en la conciliación hemos de lograr una solución satisfactoria antes de finales de año. 
Señor Presidente, tengo que decir que, al escucharles, crece mi admiración por nuestros colegas austriacos de todas las formaciones políticas. 
Me refiero a una batalla- cuyas razones entiendo- totalmente nacional y que nada tiene que ver con Europa, como una batalla para la protección del medio ambiente, para la protección de Europa. 
Señor Swoboda, usted ha preguntado a qué tenemos que dar prioridad. 
Creo que tendríamos que dar prioridad a la credibilidad de la Unión Europea, al hecho de que, cuando vamos a nuestros países y hablamos con nuestros ciudadanos, y quizás les pedimos sacrificios en varios sectores, tenemos que ser capaces de decir que pedimos estos sacrificios porque hay un bien común superior, llamado Europa, llamado comunidad de derechos, llamado libre circulación, llamado libre comercio y llamado toda la serie los valores comunes que estamos llevando a cabo. 
Sin embargo, si no podemos ir con tranquilidad y tenemos que decirles a nuestros conciudadanos que en Europa algunos son de primera división y otros de segunda división, entonces todo se complica y la credibilidad de la institución europea se hundirá. 
Todos los ciudadanos de Europa comparten el problema de vivir en un medio ambiente sano y compatible, no solo los ciudadanos austriacos. 
Yo también lamento que el nivel de emisiones sea inaceptable, pero no entiendo la razón por la que tiene que ser óptimo para los ciudadanos austriacos, cuando el problema parece totalmente irrelevante para otros ciudadanos. 
Así que, queridos amigos, señora De Palacio, no quiero que haya malentendidos en un punto: hemos sido rápidos en segunda lectura, no solo porque queremos llegar rápidamente a la conciliación- si bien esta es una razón, por supuesto -, sino porque el Parlamento y la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo están satisfechos con la primera lectura. 
No tenemos nada que cambiar, esta es nuestra propuesta- una propuesta de compromiso -, y en cuanto el Consejo sea consciente de ello, quizá podamos alcanzar un resultado practicable. 
Nadie está trabajando con la ilusión de distanciarse demasiado de esta propuesta: no podemos distanciarnos de ella en absoluto. 
Tiene que quedar claro que el régimen terminará, que las derogaciones acabarán, que se restaurará el Estado de derecho, tras lo cual estableceremos para toda la región alpina, para ambos lados de los Alpes, precauciones que nos llevarán al año 2006 reduciendo la emisiones, porque esto es lo que todos deseamos, pero que nadie piense que podemos hacer más que algunos cambios. 
Quería decir esto, no porque la Comisión no fuera consciente de ello, sino porque parece que a veces el Consejo no lo era. 
Por lo tanto, espero que la conciliación nos ofrezca los plazos para una rápida conclusión del asunto que, repito, todos deseamos concluir, pero de conformidad con la legislación comunitaria. 
Señor Presidente, hemos estado debatiendo sobre esta cuestión durante diez años, y yo no me perdería ningún asalto ni siquiera si tuviera que comprar una entrada para acceder a la Cámara, entre otras cosas para poder comprobar que seguimos estando en el mismo punto. 
Las posiciones son idénticas a las de hace diez años. 
Por tanto, no había más remedio que ir a la conciliación para resolver el caso; mientras tanto, sin embargo, de nuevo nos encontramos en la tesitura de tener que decir que no a una propuesta del Consejo, que es idéntica a la anterior, sobre todo porque en esta propuesta no se tiene en cuenta para nada lo que ha ocurrido en el Parlamento, es decir, el amplio consenso que en primera lectura rechazó toda posibilidad de prorrgar el sistema de los ecopuntos más allá del plazo de expiración normal fijado para el 31 de diciembre de este año. 
En aquella ocasión, el Parlamento Europeo condenó nuevamente el incumplimiento del principio básico de la libre circulación de mercancías, especificando procedimientos no poco razonables para garfantizar el tránsito y asegurando una protección suficiente del medio ambiente. 
Estamos familiarizados con todas las propuestas técnicas. 
Sin embargo, mientras estamos tratando aquí de alcanzar un difícil acuerdo sobre los ecopuntos, ¿qué se propone hacer el Gobernador de Tirol Norte? 
Se inventa una norma sobre cuya base prohibirá el tránsito de camiones de más de siete toneladas y media para una amplia gama de mercancías, prácticamente todas las del sector de la construcción, con efecto a partir del 1 de agosto en el tramo entre los municipios de Kundl y Ampass: casi una broma en el debate que tenemos. 
Por suerte, la Comisión, esta vez, al menos- ¡enhorabuena, Comisaria! -ha actuado a tiempo: inmediatamente abrió un procedimiento de infracción el 24 de junio, y ahora estamos esperando a ver si habrá una sentencia del Tribunal de Justicia o si el Tirol reconsiderá y retirará esta medida, que viola directamente el artículo 38 del Tratado sobre la libre circulación de mercancías. 
Sin embargo, es importante actuar rápidamente, porque es necesario evitar otro tipo de daño además del ambiental: pérdidas económicas, en detrimento de los intereses de los contratistas de transportes, muchos de los cuales de hecho han quebrado mientras tanto. 
Yo vivo en la región situada directamente al otro lado del puerto del Brennero, y siempre nos preguntamos cómo diablos pueden los austriacos pueden presumir de obtener tanto respeto. 
¡Por qué será, viendo cómo sufrimos los mismos daños, que nunca se nos haya ocurrido a ninguno de nosotros inventar ecopuntos o cosas extrañas por el estilo? 
Señor Presidente, señora Comisaria, Sr. Jarzembowski, no tenemos más altura moral, pero sí montañas más altas. 
Los austriacos no pedimos una solución para las próximas décadas? 
... pedimos única y exclusivamente un periodo transitorio muy, muy breve, hasta que contemos con la solución europea global que contemple de una vez por todas el conjunto de los Alpes. 
Se trata de los Alpes y no de Austria. 
Soy austriaca y puedo decir que en Austria estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado en el terreno del medio ambiente. 
Somos muy conscientes de la importancia de proteger el medio ambiente y ningún otro país de Europa, quizá con la sola excepción de Suiza, vive tanto en y entre montañas. 
Como reza nuestro himno nacional, somos «un país de montañas, un país de valles». 
Convivimos con las montañas; las llevamos en el alma y no podemos vivir sin ellas. 
Por favor, no conviertan en un infierno la vida de personas que viven desde hace siglos en los valles de montaña, que no se han movido durante siglos de sus granjas. 
¡No les arrebaten su terruño a esas gentes! 
Los Alpes son de todos, así que dejen de pensar de una vez tan solo en sus propios países y en su lugar piensen a escala europea. 
Recuerden que los Alpes son de todos y que queremos protegerlos en beneficio de todos. 
Quiero agradecerle a la Sra. Comisaria que haya hecho gala de una mentalidad paneuropea e imploro a los diputados a este Parlamento que hagan lo que ha hecho el Consejo; solo será por muy poco tiempo. 
Señor Jarzembowski, en las cumbres de todas nuestras montañas hay cruces, y aunque tengo setenta años de edad, sigo subiendo hasta ellas; la próxima vez voy a rezar un Padrenuestro por usted, con la esperanza de que el Espíritu Santo le ilumine. 
(Fuertes aplausos) 
. 
(ES) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quiero decir a los parlamentarios austríacos que todos comprendemos su problema. 
Es un problema político, un problema real y la prueba es que estamos discutiendo esta iniciativa, que es una iniciativa pensada específicamente para Austria. 
Ello supone una excepción austríaca. 
En segundo lugar, lamento que se haya ido la Sra. Echerer, que hablaba de datos objetivos..... 
Quiero dar un dato para que nadie se equivoque: se han reducido en un 60% las emisiones debidas a los camiones que son objeto de la limitación de los ecopuntos. 
Otra cosa es que las mediciones de las emisiones, que afectan no sólo a esos camiones, sino a los que vienen de terceros países que no están en el ámbito de la Unión Europea o los de los coches particulares o de los propios coches o camiones austríacos que circulan en el interior de Austria den otro resultado. 
En cualquier caso, las emisiones de los camiones sujetos a la limitación de los ecopuntos se han limitado en un 60%. 
Ésta es la realidad y nosotros no podemos permitir que los camiones europeos de la Unión Europea dejen de circular porque circulan camiones de terceros países que tienen unos niveles de emisiones altísimos y que, sin embargo, circulan por Austria. 
El compromiso respecto a los camiones europeos se ha cumplido. 
En tercer lugar, hemos visto una vez más cuán difícil es obtener un consenso. 
En mi opinión, hay que obtenerlo cueste lo que cueste. 
La Comisión está dispuesta a mostrar toda la flexibilidad necesaria y seguirá tratando de lograr un consenso respecto de los distintos elementos que están sobre la mesa, que son la tramitación de la discusión interservicio y la modificación de la Directiva "euroviñeta" que quizás contribuya a solucionar este problema. 
. El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
. (EN) De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0221/2003) de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y anulación o gran retraso de los vuelos (15855/1/2002- C5-0136/2003- 2001/0305 (COD) ) (Ponente: Giorgio Lisi). 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me complace presentar a la Cámara la recomendación para la segunda lectura relativa a la asistencia e indemnización de los pasajeros en caso de denegación de embarque, retrasos prolongados y cancelaciones. 
Creo que sería util resumir brevemente los acontecimientos relativos a esta propuesta hasta su presentación el año pasado. 
La primera lectura se aprobó en esta Cámara el año pasado y ya había puesto de manifiesto la debilidad de la propuesta inicial de la Comisión. 
El principal objetivo de las 39 enmiendas aprobadas por el Parlamento era poner el Reglamento en línea con las necesidades reales de los pasajeros y hacerlo más practicable para las compañías aéreas. 
En consecuencia, la Posición Común del Consejo, si bien cambió sustancialmente la forma inicial del Reglamento, sin embargo incorporaba una gran número de preocupaciones planteadas por el Parlamento: el Consejo ha avanzado mucho, pero algunos puntos aún no están claros, en particular dado el objetivo que nos planteamos: normas claras y transparentes para los pasajeros que, al mismo tiempo, fueran razonables para las compañías aereas que, como sabemos, están atravesando un periodo difícil. 
Considerando que quizás el asunto más espinoso- la cantidad total de la indemnización- ha sido resuelto para satisfacción de todos los diputados, sencillamente señalaré los asuntos que siguen abiertos y que son objeto de esta segunda recomendación. 
El primero se refiere a los operadores turísticos y su derecho de compensación. 
En mi opinión, el resultado de la votación en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo no ha sido completamente satisfactorio, y ahora tenemos una recomendación que es en parte contradictoria respecto de los operadores turísticos. 
De hecho, opino que se necesitan cambios mínimos respecto de la definición de operadores turísticos y reciprocidad del derecho de compensación- enmiendas 5 y 16- pero, en general, la posición del Consejo ha situado el problema en la perspectiva adecuada, porque ha otorgado la responsabilidad general al transportista que opera el servicio. 
Por lo tanto, no puedo apoyar las enmiendas 1 y 19, o la segunda parte de la enmienda 17, para la cual se ha pedido una votación separada. 
El segundo asunto se refiere a las franjas kilométricas. 
En primera lectura el Parlamento optó por un criterio de distancia única, es decir, la división en tres franjas kilométricas para la compensación, el retraso y la asignación de los pasajeros a una clase inferior o superior. 
Sin embargo, en su Posición Común, el Consejo aprobó tres criterios diferentes para la división, e incluso introdujo un nuevo criterio (fuera o dentro de la Unión Europea) sin una clara justificación. 
La disparidad introducida no sirve para aclarar el texto legislativo y por supuesto no ayuda a los pasajeros a entender sus derechos exactos. 
Por esta razón, también en este caso proponemos combinar en un criterio único estas tres diferentes propuestas del Consejo: un único criterio, tres franjas kilométricas para todos los casos. 
Pasemos al tema de las cancelaciones. 
Creo que la propuesta del Consejo, que es el resultado de un laborioso compromiso, tampoco nos ofrece en este caso la claridad necesaria y corre el riesgo de complicar de forma considerable la comunicación con los pasajeros. 
Me tomo la liberatd de proponer una única enmienda de compromiso para definir con claridad los casos en que los pasajeros tienen derecho de asistencia, en particular respecto de la cancelación, y para establecer un único plazo- cinco días antes de la salida prevista- tras el cual los pasajeros puedan beneficiarse de una compensación económica. 
Pido a la Cámara que apoye esta posición, que intenta hacer más claro y sencillo lo que intentamos comunicar a los pasajeros y tambián a las compañías aéreas. 
En cuanto a los retrasos, es necesario garantizar la asistencia inmediata en caso de retrasos prolongados, mediante información, asistencia, refrigerios y posible alojamiento, pero creemos que el rerouting y el rembolso del billete- totalmente justificado en caso de cancelaciones y denegación de embarque- supondría una complicación increíble en caso de retrasos y dispararía una reacción en cadena de retrasos que paralizaría el tráfico aéreo. 
Por último, se ha presentado una enmienda referente a la entrada en vigor, que se tiene que aceptar porque es lógica: proponemos 12 meses para que las compañías aéreas se prepraren. 
En conclusión, excepto algunas observaciones menores sobre enmiendas poco significativas, creo que si conseguimos aprobar esta propuesta, el Consejo podrá adoptar una actitud más constructiva, y confío en la posibilidad de concluir este expediente en breve, tanto en interés de los pasajeros como del sector del transporte aéreo. 
. 
(ES) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Lisi, ponente, por su excelente trabajo y, en particular, por las enmiendas de transacción tan constructivas que ha propuesto sobre algunas de las cuestiones más conflictivas y que espero que permita conseguir un resultado positivo en el trámite de conciliación. 
Me alegro de que el Parlamento acepte, en gran parte, la Posición común del Consejo, por cuanto se trata de un texto equilibrado que persigue el objetivo de proteger a los pasajeros sin, por ello, olvidar los intereses de la industria, una industria que sabemos que no está en sus mejores momentos. 
Por este motivo, la Comisión apoyó la Posición común, si bien hubiéramos preferido compensaciones de mayor cuantía, como bien saben sus Señorías. 
Afortunadamente, el Parlamento no propone la reducción de estas compensaciones ya que entendemos que son el mínimo necesario para incitar a las compañías aéreas a buscar voluntarios en lugar de denegar directamente el embarque a los pasajeros en contra de su voluntad. 
Quiero comunicarles que la Comisión puede aceptar las enmiendas 8, 10 y 11, relativas a las anulaciones y los retrasos, que simplifican el texto y eliminan posibles problemas de aplicación y que ofrecen, al mismo tiempo, a los pasajeros un nivel de protección global, similar al de la Posición común. 
También aceptamos las enmiendas 12 y 14, que contribuyen a aumentar la claridad y coherencia del texto al armonizar las franjas kilométricas, así como la 13 en parte, 16, 19 y 20. 
En cambio, no podemos aceptar las enmiendas 1 a 7, 9, 15, 17, 18 y 21. 
Concretamente quiero decir que la 1 y la 9 supondrían excluir del ámbito de aplicación del Reglamento a los pasajeros de viajes combinados. 
La Directiva sobre viajes combinados no ofrece este nivel de protección y excluir los viajes combinados daría lugar a dos niveles de protección para pasajeros que se enfrentan a las mismas dificultades y que, a lo mejor, están sentados juntos, el uno al lado del otro. 
Difícilmente esto se podría explicar ante los ciudadanos y ante los consumidores. 
En resumen, señor Presidente, Señorías, me alegro de que, al margen de la cuestión de los viajes combinados, Parlamento y Consejo compartan, en gran medida sus puntos de vista. 
Quiero agradecer muy especialmente al Sr. Lisi el trabajo realizado y que haya conseguido estas enmiendas de transacción, que creo que van a facilitar rápidamente esa conciliación. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Lisi por el excelente trabajo realizado. 
En segundo lugar, quisiera decir que es preciso que los pasajeros, quienes se quedan atónitos al enterarse de que no pueden viajar a pesar de tener el billete o de que se ha cancelado su vuelo en el último minuto, puedan disfrutar de la protección legal adecuada por parte de la Unión Europea y de nuestro marco jurídico. 
Estamos tomando diversas medidas en este sentido. 
En primera lectura, el Parlamento Europeo adoptó una posición global, en la que tenía en cuenta esta necesidad sin ignorar los intereses particulares de las compañías aéreas y de los operadores turísticos, especialmente en esta etapa crucial para el transporte aéreo y el turismo. 
A continuación, el Consejo pasó a adoptar una Posición Común que, hasta cierto punto, tiene en cuenta la postura del Parlamento Europeo, motivo por el cual, en segunda lectura, tal y como ha señalado acertadamente el ponente, nos concentramos en tres aspectos fundamentales: en primer lugar, el derecho de reclamar una compensación, no sólo por parte de las compañías aéreas a los operadores turísticos o terceros, sino también por cualquiera que haya incurrido en gastos o sufrido pérdidas a favor de la compañía aérea; en segundo lugar, el plazo para notificar a los pasajeros y, por último, el problema de los programas de usuarios frecuentes. 
No obstante, se plantea también la cuestión, a la que ha hecho referencia el ponente, de las enmiendas 1 y, especialmente, la 9, relativas a los operadores turísticos; es decir, la cuestión de si éstos se incluyen en el marco de la directiva o reciben un trato independiente. 
Mi postura al respecto es que, en este momento, resulta más aconsejable no aceptar estas enmiendas tal como las ha aprobado la Comisión, ya que debemos tener en cuenta la opinión de los clientes, de los pasajeros. 
No podemos pasarlos por alto. Además, no creo que nos resulte fácil explicarles por qué, en este caso concreto, la gente que se desplaza con este medio debería recibir un trato diferente, es decir, peor, que otros pasajeros. 
Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con el ponente. 
Quien haya escuchado bien esta semana en esta Cámara, comprenderá que los diputados empiezan a ser verdaderos expertos en materia de anulación de vuelos, grandes retrasos, overbooking, etc. 
Para muchos pasajeros se trata de una confrontación con el sistema y muchas personas empiezan a estar hartas. 
Solo en Europa, cada año más de 250.000 personas son víctimas del overbooking. 
En adelante no solo habrá que pagar una indemnización en caso de negar acceso a un vuelo, sino también en caso de anulación y largos retrasos, y esto nos parece muy justo. 
Sin embargo, aún más importante es que los pasajeros podrán estar seguros de su vuelo, y los importes han de ser suficientemente altos para que las compañías se vean obligadas a optar por unos buenos servicios en lugar de pagar indemnizaciones. 
Queremos que esto no solo se aplique a los vuelos regulares, sino también a los vuelos no regulares. 
La indemnización no se aplicará en caso de fuerza mayor. Por desgracia consideramos que este es un término muy vago. 
Hubiésemos preferido vincularlo a una definición, por ejemplo del Tribunal Europeo de Justicia, para que fuera más concreto. 
A fin de cuentas, alegar fuerza mayor no puede ser una vía fácil para dejar al pasajero a su suerte sin una indemnización. 
Por supuesto, para el pasajero a menudo será más importante encontrar una solución que recibir una indemnización. 
En realidad, este tipo de sistemas debería aplicarse a todos los proveedores de medios de transporte, pues de este modo habría muchos menos pasajeros insatisfechos con el transporte público. 
Señor Presidente, quisiera abordar un tema que afecta directamente a mis electores. 
El helicóptero lanzadera que va a las Islas de Scilly presta un servicio público esencial y es el pilar en que se basa la economía de las islas. 
No hay ninguna alternativa razonable, y a veces es el único vínculo con el continente para necesidades tan esenciales como las visitas al hospital, la enseñanza y los negocios. 
Estoy seguro de que hay otras operaciones similares en Europa, que podrían denominarse «transporte social». 
También estoy seguro de que no existe la intención de aplicar estos reglamentos a dichos servicios con el mismo rigor que con las líneas aéreas de pleno derecho. 
El problema reside en las averías mecánicas. 
Por el hecho de ser un servicio lanzadera- para el que no resulta económicamente viable tener un aparato de reserva -, cuando ocurre una avería a primera hora del día, todos los vuelos siguientes quedan afectados. 
El coste de la compensación y la asistencia se prevé tan excesivo que perjudicaría la viabilidad económica del servicio, que quizás tendría que suspenderse. 
Si esto ocurriera, por supuesto tendría un efecto devastador en todos los habitantes de las Islas de Scilly, tanto si utilizan este servicio como si no. 
En caso de avería mecánica, parece que el artículo 5 puede aportar un cierto alivio con la exención que se prevé para circunstancias excepcionales. 
Pero no queda claro si cuando un aeroplano no se puede utilizar por razones técnicas se puede calificar de circunstancia excepcional. 
Quisiera pedir a la Comisaria que dejara claro que las razones técnicas- es decir, las averías mecánicas- que afectan a la seguridad operativa se pueden calificar de circunstancias excepcionales cuando afecten a lo que he denominado «transporte social» : servicios lanzadera a islas y regiones periféricas. 
Por supuesto, la condición es que se haya realizado íntegramente el servicio rutinario legal de mantenimiento. 
En este sentido, pido que se incluya o se adjunte una definición adecuada en los reglamentos con el fin de garantizar que este cordón umbilical, junto con muchos otros, no se vea obligado a abandonar su actividad. 
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al Sr. Lisi, en nombre de millones de pasajeros de líneas aéreas que se beneficiarán de su labor y de la del Parlamento y la Comisión. 
Los días de espera inútil mientras las líneas aéreas cancelan, retrasan o llenan excesivamente los vuelos pronto pasarán a la historia. 
Después de años de permitir que las líneas campen a sus anchas, los pasajeros tendrán finalmente un derecho legal al servicio que merecen. 
En relación con las enmiendas, insto a sus Señorías a votar contra la enmienda 21 de los liberales. 
Intentan recortar la compensación, pero la compensación reconoce sin duda el grado de inconveniencia, no el nivel de la tarifa. 
Espero que sus Señorías apoyen la enmienda 2, que amplía la disposición a otras modalidades. 
Agradezco a la Comisaria la carta que me ha enviado recientemente confirmando que tomará medidas similares para los viajes internacionales en tren de alta velocidad. 
Pero ¿qué ocurre con los viajes internacionales en barco y los viajes internacionales en autocar? 
¿Apoyará usted, señora Comisaria, la enmienda 2? 
Sobre la enmienda 18- marcadores -, las compañías aéreas deben ser conocidas por su mal servicio. 
Señora Comisaria, ¿apoyará usted esta enmienda? 
Finalmente, quisiera unirme a mi colega del sur, el Sr. Booth, y hablar del servicio de helicóptero de la Islas de Scilly. 
Es un ejemplo de enlace vital para un grupo de islas, del que, por supuesto, existen muchos otros en nuestra Comunidad. 
¿Podríamos estar seguros, señora Comisaria, de que no se les penalizará por los inevitables problemas técnicos a que deben enfrentarse de vez en cuando? 
Señor Presidente, ya hemos dicho que este nuevo Reglamento es muy importante para los pasajeros. 
Asimismo era muy esperado, porque la calidad de los servicios, a causa sobre todo de la competencia desenfrenada de las compañías, todavía suscita numerosas críticas. 
Comprendo que no se trata de reglamentar en exceso, sino de aportar un marco claro al tratamiento de las reclamaciones y de las indemnizaciones, porque los pasajeros están en general poco informados de sus derechos frente a las compañías poderosas e influyentes, y me sumo en este sentido a los oradores que han expresado este punto de vista. 
También sé que estas compañías atraviesan un período delicado, sobre todo desde el 11 de septiembre de 2001. 
Pero quisiera hacer una o dos preguntas sobre el problema de la denegación de embarque. 
El overbooking? o exceso de reservas? es un término más correcto, incluso si no es muy francés, porque designa la causa, en realidad, es decir la estrategia de las compañías en algunos casos, y no su simple consecuencia. 
Pero se trata de un paréntesis semántico. 
Durante el debate en el pleno en primera lectura, la Comisión ha declarado que este exceso de reservas era un fenómeno marginal en relación con el flujo general de pasajeros aéreos. 
Quisiera saber si estamos realmente seguros de ello. 
La Comisión afirma disponer de cifras cercanas a los 250 000 pasajeros rechazados en 1999, es decir 1,1 de cada mil. 
Simplemente me cuestiono la fiabilidad de estas estadísticas, porque me imagino que han sido suministradas por las mismas compañías. 
Y me planteo estas preguntas porque hace apenas un mes sufrí este contratiempo, en un vuelo Niza-Bruselas de la SN Brussels Airlines. 
Sin entrar en detalles, porque este no es el lugar adecuado: era un vuelo regular con un exceso de reservas de seis personas, una de las cuales era yo, mientras que mi marido y mi hijo de 7 años, que tenían los mismos billetes, reservados en el mismo momento y en la misma agencia pudieron embarcar. 
Me imagino que es un caso entre 250 000. 
El personal de tierra del aeropuerto y numerosas asociaciones de defensa de los consumidores me confirmaron esta estrategia de la compañía que, por supuesto, no es la única que funciona así. 
Por lo tanto, no estoy segura de que este fenómeno sea tan marginal y me complace, al igual que a otros oradores precedentes, que este nuevo Reglamento refuerce la protección de los derechos de los pasajeros. 
El Reglamento examinado tiene como finalidad declarada la protección de los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de anulación o gran retraso de los vuelos. 
Con todo, la propuesta debatida no cumple satisfactoriamente este objetivo y las enmiendas presentadas debilitan la posición común del Consejo, que en algunos aspectos representaba ya un retroceso en relación con la propuesta de la Comisión. 
Somos conscientes de las dificultades temporales que atraviesan las compañías aéreas (y por eso mismo, pensamos que es necesario encontrar una solución equilibrada) , pero no podemos aceptar que, con este argumento, se excluyan del ámbito de protección de este Reglamento los pasajeros incluidos en viajes organizados, que se disminuya su protección en caso de anulación de vuelos o que se les retire la posibilidad de optar por el derecho al reembolso o a un transporte alternativo en caso de gran retraso. 
Reconocemos la existencia de «circunstancias extraordinarias» que pueden llevar a concluir que las compañías aéreas no siempre son responsables de los retrasos o de la cancelación de los vuelos. 
No obstante, estas «circunstancias» deberán circunscribirse, en particular, a problemas meteorológicos o de seguridad, para evitar que los intereses de los pasajeros puedan resultar lesionados por criterios meramente económicos o comerciales. 
. De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0220/2003) de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, relativa a la posición común del Consejo con vistas a la adopción de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la concesión de ayuda financiera comunitaria para mejorar el impacto medioambiental del sistema de transporte de mercancías (Programa Marco Polo) (5327/1/2003- C5-0225/2003- 2002/0038 (COD) ) (Ponente: Philip Charles Bradbourn). 
Señor Presidente, quisiera empezar pidiendo disculpas por la ausencia del Sr. Bradbourn en este debate. 
Por razones de salud no puede estar con nosotros y, por lo tanto, voy a leer, en su nombre, el discurso que había preparado. 
Sé que se siente muy orgulloso de ser el ponente del Programa Marco Polo, y espera poder estar en el Parlamento esta misma semana. 
Como reiteraba en la comisión a principios de esta semana, el Sr. Bradbourn considera que las tres instituciones no están lejos del acuerdo, y un examen detallado de la posición común así lo demuestra. 
De hecho, desde la perspectiva del Parlamento, los dos puntos pendientes que él consideraba que debían discutirse se resolvieron en el diálogo tripartito informal. 
Gracias al éxito del diálogo tripartito informal, creyó que no había necesidad de un nuevo y prolongado diálogo sobre el programa, que se aprobó sin oposición en la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo en la última reunión. 
Como el Sr. Bradbourn ha reiterado en muchas ocasiones durante la presentación de este programa, hay que conseguir un punto de equilibrio, y él cree firmemente que esta Posición Común sería precisamente esto. 
En su opinión, sería un tremendo error empantanar a la empresa en más trámites burocráticos, independientemente de la necesidad de una eficaz supervisión acerca de cómo se gasta el dinero y la efectividad que está demostrando el programa. 
La Posición Común significará que el programa siga rigiéndose por el mercado, proporcionando así una oportunidad excelente para demostrar que la Unión Europea está dispuesta a ayudar a no entorpecer la actividad empresarial, como suele ser el caso. 
Estoy seguro de que todos son conscientes de que el Sr. Bradbourn ha luchado con vehemencia por el tema del umbral, no solo en nombre de muchas pequeñas y medianas empresas de su propia región de West Midlands en Inglaterra, sino también para las PYME en general, que, si no fuera por estos umbrales bajos, habrían perdido todas las subvenciones que existen para ayudarlas a conseguir los objetivos del programa. 
Como ponente, su opinión era que rebajando los límites, las empresas podrían colaborar en la realización de proyectos innovadores que beneficiarían al transporte y, de hecho, a la industria en general. 
Si se mantienen los umbrales originales, Europa habrá ignorado una vez más a las pequeñas empresas, y parecerá que se interesa solo por los programas escaparate que, aunque deslumbran, no benefician a las personas que los pagan, es decir, nosotros o los contribuyentes. 
Los objetivos inmediatos del Programa Marco Polo mejoran las prestaciones medioambientales del transporte de mercancías y reducen la congestión de las carreteras, aunque de una forma relativamente modesta. 
El ponente cree, con razón, que reducir los umbrales es sumamente importante para conseguir estos objetivos. 
El último comentario hace hincapié en uno de los principales objetivos de esta propuesta: reducir los cuellos de botella. 
En principio, está de acuerdo con la Comisión en que la congestión supone una amenaza tanto para el medio ambiente como para el funcionamiento de todo el sector del transporte de mercancías. 
Por lo tanto, es imprescindible que nos concentremos, en la práctica, en buscar el modo de reducir estos cuellos de botella, especialmente en los puertos. 
En relación con la aplicación de este programa, lo último que desearía el Sr. Bradbourn es alargar de forma innecesaria el proceso legislativo. 
Como comprenderán, este programa no es un texto legislativo más, sino una señal importante para las empresas de transporte de Europa de que podemos, y realmente queremos, ayudarles en vez de ponerles más trabas. 
Cuanto más pronto se ponga en marcha el Programa Marco Polo, mejor para el sector del transporte de Europa. 
De modo que, dados los resultados de esta posición común y de su apoyo sin oposición por parte de los miembros de la Comisión de Transporte, el ponente, el Sr. Bradbourn, cree que podemos avanzar hacia la segunda lectura del Programa Marco Polo sin necesidad de un cambio general. 
Por último, no obstante, quiere reiterar la necesidad de nuestro enfoque abierto: la zanahoria en vez del palo, con el fin fomentar tanto la participación como el liderazgo de la comunidad empresarial. 
De nuevo pido disculpas por la ausencia inevitable del Sr. Bradbourn. 
. 
(ES) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero agradecer el trabajo realizado por el ponente, Sr. Bradbourn, así como la intervención del Sr. Dover, suplente del ponente en esta presentación ante el Pleno. 
Señorías, quiero agradecer, en general, la actitud constructiva del Parlamento, que ha permitido gracias a una reunión tripartita e informal, que tuvo lugar en el mes de noviembre pasado, alcanzar un acuerdo que nos va a permitir poner en marcha rápidamente el programa Marco Polo con una dotación de 75 millones de euros en cuatro años. 
Un proyecto que debe facilitar el desarrollo de intermodalidad en el ámbito de la Unión Europea. 
La intermodalidad es absolutamente clave si queremos hacer efectivos y eficientes nuestros sistemas de transportes. 
La intermodalidad consiste en superar la visión unimodal en cuanto al transporte y considerar todos los distintos sistemas y modos para optimizar los recursos y las posibilidades de los que disponemos en la Unión Europea para lograr un transporte eficiente. 
Gracias a este programa vamos a poder financiar, entre otras cosas, los primeros proyectos de autopistas del mar, que ya están en marcha con acuerdos entre Italia, Francia y España en el ámbito del Mediterráneo occidental, y otros proyectos de estas características en el área atlántica, junto con otros proyectos sobre la combinación de los transportes fluvial y ferroviarios y, en última instancia, por supuesto también del marítimo y del transporte por carretera. 
Quisiera reiterar el agradecimiento por el trabajo realizado, creo que es un buen texto, que hemos obtenido un resultado razonable y equilibrado y lo que hace falta ahora es impulsar, con ésta y con todas las demás medidas, un transporte competitivo y eficaz al servicio de la eficiencia económica y del desarrollo del crecimiento. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en nombre de mi Grupo quisiera igualmente dar las gracias al ponente, el Sr. Bradbourn, por elaborar un informe tan excelente y con tanta decisión. 
Existe la necesidad imperiosa de reducir la congestión y de mejorar el sistema del transporte de mercancías, especialmente desde el punto de vista medioambiental, conforme aumenta el volumen del tráfico. 
La ampliación de la Unión Europea planteará además nuevos retos, al hacerse más largas las rutas de transporte. 
Nuestro Grupo apoya el programa Marco Polo y está satisfecho con la Posición Común del Consejo. 
La Unión Europea puede aportar valor añadido en este ámbito financiando proyectos tecnológicos nuevos e innovadores. 
El objetivo debe consistir en pasar de formas de transporte que contaminan más a otras más respetuosas con el medio ambiente. 
No obstante, ninguna modalidad de transporte debe quedar fuera del programa. 
Es preciso abarcar una gama diversa de medios, entre los que se podría incluir también el transporte por carretera. 
En mi opinión, es importante que, junto con las nuevas medidas, seamos capaces de apoyar la mejora del trabajo existente. 
En muchos casos esas mejoras se pueden conseguir a través de una mayor eficiencia económica, en lugar de comenzar con un proyecto totalmente nuevo. 
Si nos concentramos simplemente en proyectos nuevos, correremos sin duda el riesgo de distorsionar la competencia en relación con las medidas anteriores. 
En la Posición Común se ha acordado que es preciso reducir a la mitad los umbrales mínimos establecidos para todas las categorías de acción. 
De este modo, sería posible la realización de proyectos innovadores conjuntos por parte de empresas menores, como las PYME. 
El presupuesto del programa es bastante modesto y el objetivo muy ambicioso. 
Opino, no obstante, que es fundamental que se apruebe ahora el reglamento para que en otoño ya estén en marcha los primeros proyectos. 
Se espera que, a largo plazo, Marco Polo demuestre que merece la pena y adquiera financiación adicional. 
Además, debemos analizar las posibilidades de aumentar la financiación de proyectos relevantes que permitan completar la red de transporte transeuropea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, abordamos hoy el Programa Marco Polo, con vistas reducir la congestión de las carreteras y contribuir a un sistema de transporte eficaz y sostenible. 
Nosotros vamos a votar a favor del texto propuesto por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, pero, sin embargo, no podemos decir que estemos plenamente satisfechos con el mismo. 
En primer lugar, porque la dotación económica que solicitamos ha sido rebajada por el Consejo de Ministros de 115 a 75 millones de euros, rebaja que, entendemos, va a impedir conseguir el objetivo de transferir a otros modos alternativos el aumento total anual previsto del transporte internacional de mercancías por carretera, que se espera que crezca un 50% hasta el año 2010. 
Para ello, y según datos del Libro Blanco de transportes, el ferrocarril y el barco deberían absorber un extra del 39% más de toneladas/kilómetro de mercancías que en la actualidad, lo que sumado a su propio aumento tendencial, que ya es del 29%, significaría un 68% de aumento total de su capacidad de tráfico, que no creo que pueda financiarse con el presupuesto recortado. 
Si, como señala la Comisión, con un euro de subvención se podrían transferir 500 toneladas, con los 75 millones de euros que admite el Consejo, se podrían transferir 37.500 millones de toneladas/kilómetro, en lugar de los 52.250 millones de toneladas anuales que se espera que aumente el transporte por carretera. 
Es decir, que no se podrían cumplir los objetivos del Programa Marco Polo. 
Por otro lado, tampoco estamos satisfechos con que no se haya incluido la posibilidad de financiar acciones de reducción y prevención del propio transporte de mercancías por carretera, sin que necesariamente impliquen transferencia a otros modos. 
Nosotros creemos que es posible actuar en las fases previas a la operación de carga de los camiones, por ejemplo, fomentando una forma más compacta del embalaje de las mercancías para que ocupen menor espacio y necesiten menor número de camiones. 
Y, finalmente- aunque esto pueda ser objeto de otra propuesta diferente -, creemos que también es necesario plantearse una reflexión sobre el modelo actual de producción y distribución de bienes. 
Si realmente incorporamos, sin excepción alguna, todos los costes externos del transporte, quizá llegaremos a la conclusión de que deberíamos retocar nuestra teoría de la economía de escala en la producción y de los beneficios de la concentración de la misma. 
. El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
. De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0223/2003) del Sr. Vermeer, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública en caso de colisión con un vehículo a motor, por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE (COM (2003) 67- C5-0054/2003- 2003/0033 (COD) ). 
. 
(ES) Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer al Sr. Vermeer su trabajo y a los ponentes de las comisiones asociadas, Sres. Staes y Harbour, sus esfuerzos para conseguir que esta propuesta pueda verse con rapidez. 
Hace un año, el Parlamento Europeo se pronunció ante el Comisario Liikanen sobre la Comunicación de la Comisión de julio de 2001. 
Desearía aprovechar esta oportunidad para agradecer a la ponente en aquella ocasión, la Sra. Hedkvist Petersen, y a todos los miembros del Parlamento Europeo el esfuerzo que han dedicado a esta cuestión. 
En su resolución el Parlamento Europeo hizo, principalmente, dos peticiones: en primer lugar, en cuanto a la forma, el Parlamento pidió que se propusiera legislación marco en este área, incluyendo un calendario claro y realista para la aplicación de unos objetivos intermedios y finales, así como de los métodos para el seguimiento de su aplicación; en segundo lugar, en lo que se refiere al contenido, pidió, como objetivo a largo plazo, la aplicación, a partir de 2010, de los cuatro ensayos recomendados por el European Enhanced Safety Vehicle Committee u otros ensayos que ofrecieran el mismo nivel de protección de los peatones. 
La propuesta de Directiva de la Comisión de 19 de febrero del presente año pretende responder a los deseos del Parlamento. 
El informe del Sr. Vermeer, efectivamente, no cuestiona los elementos centrales de aquella propuesta de la Comisión. 
Las enmiendas que propone aclaran o precisan el texto. 
Las enmiendas 1, 2, 5 y 7 insisten en que la propuesta es un elemento de un conjunto más amplio de medidas necesarias para garantizar un nivel elevado de protección de los peatones, que incluye medidas de seguridad activa y cambios en las infraestructuras. 
La Comisión comparte y acepta estas sugerencias. 
Las enmiendas 3, 6, 8 y 16 pretenden aclarar que el problema de la protección de los peatones puede abordarse con medidas de seguridad pasiva o combinando medidas de seguridad activa y pasiva, y también aceptamos estas enmiendas porque compartimos el criterio del ponente. 
Lo mismo puedo decir en cuanto a las enmiendas 9, 10 y 11, que hacen referencia a la aplicación de la Directiva, obligando a la Comisión a informar al legislador sobre el seguimiento de la misma en un plazo determinado y especificando el procedimiento de comitología que debe seguirse para la modificación de la Directiva si dicha modificación se limita a introducir medidas de seguridad pasiva. 
Po último, aceptamos la enmienda 4 por la que se pide a la Comisión que examine en el futuro la viabilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a vehículos de hasta 3,5 toneladas de peso. 
En resumen, la Comisión acepta todas las enmiendas presentadas por la Comisión de Transportes, así como la enmienda 16. 
Por el contrario, no podemos aceptar las enmiendas 12, 13, 14, 15, 17 y 18. 
Dada la importancia de esta propuesta para la seguridad vial y el calendario previsto para la aplicación de los ensayos, así como la consulta sobre las posibles iniciativas en materia de protección de los peatones que ha precedido esta propuesta, la Comisión espera que ésta se apruebe en primera lectura. 
Señor Presidente, quiero agradecer una vez más el trabajo realizado por el Sr. Vermeer y por todas sus Señorías. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, personalmente me complace que el informe pueda presentarse hoy y quiero dar las gracias a todos los que se han esforzado para lograrlo. 
Ahora intentaré ser tan breve como durante el procedimiento. 
El resultado es una continuación del informe de la Sra. Hedkvist Petersen, el año pasado en el Parlamento, en el que se pedía convertir un sistema en materia de compromisos voluntarios entre la Comisión Europea y la industria automovilística en una legislación marco. 
En el informe se recalca que el EEVC debería ser sobre todo un método de ensayo dinámico. 
Se trata de una toma de posición importante: sobre todo si se fija una legislación que tenga como objetivo el cumplimiento de este método de ensayo, ha de garantizarse la flexibilidad del método. 
Creo que lo hemos logrado. 
Hay que seguir haciendo hincapié en las medidas de seguridad pasiva. 
Sin embargo han de ser posibles las medidas activas así como una combinación de medidas activas y pasivas dentro de esta propuesta, a fin de ofrecer más garantías de seguridad que en el método ahora establecido. 
El resultado del estudio independiente de viabilidad técnica el año que viene, para el cual la Comisión Europea acaba de anunciar una licitación, será un momento importante. 
En julio del año que viene tendrá que quedar claro hasta qué punto los fabricantes de automóviles han de aplicar el método de ensayo del EEVC. 
No quiero aceptar las enmiendas adicionales que tenemos ahora ante nosotros porque presionan el compromiso que hemos aprobado por una inmensa mayoría en la Comisión de Transportes. 
Considero muy importante la rapidez del proceso. 
En poco más de dos meses hemos conseguido llegar al resultado de hoy. 
Me gustaría intentar que esta primera lectura fuera la última. 
Los contactos con la Comisión Europea y también los contactos informales con el Consejo indican no solo que podríamos ser capaces de atravesar el procedimiento rápidamente, sino también de concluirlo pronto, para poder conseguir rápidamente una mejora de la seguridad en la vía pública. 
Nuestra responsabilidad llega hasta los modelos de automóviles. 
Además, afortunadamente hemos podido pedir atención para la infraestructura de carreteras y también para la conducta de los usuarios de la vía pública. 
No es responsabilidad nuestra, pero por una vez podemos decir que el enfoque ha sido el adecuado. 
Me complace que la Sra. Comisaria, también en nombre de su colega, indique que acepta nuestra petición conjunta de ampliar la legislación a la categoría de vehículos hasta 3,5 toneladas. 
Creo que es especialmente importante que no nos quedemos parados, sino que recalquemos y mejoremos el aspecto de la seguridad. 
No se ajusta a este marco porque el método de ensayo propuesto se ha comprobado durante 20 años en vehículos en una categoría hasta 2.500 kg. 
De ahí que en la Comisión de Transportes hayamos intentado alcanzar un compromiso precisamente en este tipo de cuestiones, alcanzado por diversos colegas, para no ralentizar este proceso y al mismo tiempo pensar en la seguridad en el futuro. 
En resumidas cuentas, el proceso ha sido bueno, sobre todo porque todo el mundo estaba dispuesto a colaborar con generosidad. 
Se lo agradezco. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, quisiera dar las gracias al ponente por su minucioso trabajo, un nuevo análisis de una propuesta que la Sra. Petersen manejó de forma tan competente hace unos meses y en la que también estuve implicado. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, con el informe de la Sra. Petersen y también con el Sr. Vermeer, ha apoyado en gran manera el planteamiento de la Comisión. 
No consideramos que fuera necesario presentar ninguna enmienda importante a la Directiva marco, porque entendíamos que incluía la estrategia que había perfilado el Parlamento. 
El Sr. Vermeer ha introducido algunas mejoras importantes, pero sin alterar en modo alguno el contenido. 
Esto es importante y estoy de acuerdo con su análisis de que no deberíamos apoyar las demás enmiendas. 
Me complace que la Comisión las acepte para que podamos avanzar lo más rápidamente posible. 
Quisiera hacer uno o dos comentarios sobre las dos enmiendas que nosotros proponemos, una de las cuales la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo tuvo la amabilidad de aceptar, y también algunos puntos más amplios sobre la propuesta en general. 
En primer lugar, el punto expositivo que nosotros proponemos se centra mucho más en la importancia de las medidas de seguridad activas, combinadas con las medidas de seguridad pasivas, en la aplicación de todas las mejoras de la seguridad que pretendemos. 
La tecnología ha avanzado muchísimo en los últimos meses desde que empezamos a estudiar este tema. 
Estoy interesado en ello porque soy ingeniero de automoción y he conducido algunos de los coches que incorporan esta tecnología. 
Es importante resaltar la naturaleza práctica de la misma. 
Si tenemos tecnologías que pueden reducir la velocidad de colisión detectando los impactos inminentes, o incluso alterar la dirección del impacto, será una mejora muy importante. 
Parece que algunas personas de esta Cámara piensan que los requisitos son en cierto modo fáciles de cumplir. 
Sólo quiero concluir explicando una reciente experiencia de cuando visité la Exposición de Jóvenes Diseñadores en la Universidad de Conventry para ver lo que esperaban los jóvenes diseñadores de los coches del futuro. 
Quizás interese saber a los miembros de esta comisión que muchos de estos jóvenes diseñadores estaban pensando en coches aliados de los peatones pero, para cumplir las pruebas de la fase II de la EEVC, la única forma de cumplir estos requisitos era situar el motor en la parte trasera del coche para dejar en la parte delantera suficiente espacio de colisión. 
Quien piense que estas pruebas de la Fase II son fáciles, o que se pueden superar fácilmente con la tecnología actual, necesita revisar con detenimiento lo que está ocurriendo en la industria en vez de sentarse en esta Cámara para redactar enmiendas poco realistas. 
Señor Presidente, antes la vía pública era sobre todo el terreno de los peatones y los niños que jugaban. 
Ahora, los automóviles han ocupado una gran parte para circular y aparcar. 
Esto supone un gran peligro, sobre todo en las zonas urbanas densamente pobladas, pero también en las carreteras que atraviesan núcleos de población. 
El peligro es aún mayor cuando además, los automóviles se equipan con adornos, delante y detrás. 
La aplicación de adornos afilados se prohibió hace ya 40 años a escala internacional, pero aún hay fabricantes y automovilistas para quienes el aspecto exterior es más importante que la seguridad de otros. 
Este problema no puede solucionarse sobre la base de la voluntariedad; sobre todo en el caso de la instalación de parachoques rígidos en los jeeps de alto consumo energético de hasta 3,5 toneladas. 
Durante mucho tiempo he pedido en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y en la Comisión de Gestión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor una legislación contra esta tendencia, que a la sazón aún estaba en boga. 
En las conclusiones del pleno hace un año, el Parlamento solicitó una directiva marco además de los acuerdos voluntarios con los fabricantes de automóviles europeos y asiáticos. 
Hoy defiendo las enmiendas que proporcionan una protección máxima a los no automovilistas en lugar de seguir manteniendo puestas las esperanzas, por ejemplo, en que los automovilistas enciendan los faros de día. 
Señor Presidente, me complace poder hablar antes de las doce, ayer fue a las doce y cuarto. 
Esta directiva tiene que ver con la protección de los usuarios vulnerables de la vía pública en caso de colisión con un vehículo de motor. 
Esta directiva cierra un debate que se ha prolongado durante años sobre la necesidad y la utilidad de disposiciones legales en materia de protección pasiva. 
Aunque el resultado no brille por el equilibrio entre beneficios sociales e industriales, en estos momentos es seguramente lo máximo que podía lograrse. 
Desde esta óptica, apoyamos esta propuesta. 
Ahora es importante que los acuerdos entren en vigor cuanto antes. 
Con ello no he terminado mi intervención. 
El desarrollo de sistemas que fomentan la seguridad no se detiene. 
También tendremos que indicar una dirección para el futuro. 
En este marco quiero hacer tres observaciones: 
En primer lugar. La propuesta se aplica a una parte limitada de las categorías de vehículos M1 y N1. 
Si se quiere que su efecto sea máximo, es conveniente una ampliación de la esfera de acción. 
La Comisión debería investigar bajo qué condiciones tiene lugar la ampliación de la esfera de acción a todos los vehículos de las categorías M1 y N1. 
En segundo lugar. Durante el tratamiento de esta propuesta, la atención se ha desplazado de unas medidas puramente pasivas a medidas tanto pasivas como activas. 
Apoyamos este enfoque, pero consideramos que también es necesario plantear exigencias de calidad a los sistemas activos. 
No es aceptable que los sistemas pasivos que cumplen unas exigencias más altas sean desbancados por sistemas activos a los que no se plantea ninguna exigencia de calidad europea. 
En tercer lugar. La atención por las medidas activas no puede implicar un retraso de la entrada en vigor de las exigencias de las medidas pasivas. 
Como ya se ha dicho, se ha luchado mucho por los resultados en materia de seguridad pasiva. 
La sociedad tiene interés en aplicarlos cuanto antes. 
Un posible debate sobre sistemas activos no conduciría a ello. 
Para finalizar, quiero dar las gracias al Sr. Vermeer por la energía y la dedicación con que ha trabajado en este expediente. 
Creo que hay dos maneras de hacer política. 
La inflexible, la que hace difícil el diálogo, y la flexible, en la que se cede y se intenta construir, una política positiva. 
Proponemos aceptar una combinación de medidas pasivas y activas (¡¡que en todo caso podían haberse recogido en otra directiva! !) , en caso de sustitución de los test EEVC, siempre que estas medidas pasivas no constituyan más de un 25% de las mismas. 
Así, medidas alternativas a los efectivos test EEVC (probados durante más de 20 años con eficacia) , no diferirían más de un 25% de los mismos. 
Cedemos en que los test EEVC puedan ser sometidos a un nuevo estudio de viabilidad (al igual que las medidas alternativas que pueda presentar la industria). 
La condición es la total independencia de este estudio. 
Hemos querido aclarar, por último, que las medidas alternativas deben, en todo caso, mantener el mismo nivel de protección que los test EEVC, de manera que protejan todas las partes del cuerpo incluidas en dichos test. 
Considero un profundo esfuerzo por parte de mi grupo político estas concesiones, espero sean aceptadas por mis colegas y mejoren la protección a los peatones. 
. Gracias, señor Staes. 
Quiero expresar nuestra plena solidaridad con el padre del doctor Erkel. 
Declaración del Presidente 
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 28 de agosto de 2003, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento. 
Se ha propuesto la siguiente modificación: 
Tengo entendido que abordará urgentemente esta cuestión. 
Si obtengo más información de otros contactos que me propongo mantener esta semana, estaré encantado de asegurarme de que esta Asamblea esté informada. 
Supongo que también hemos aprendido de la experiencia, que es otra forma de información a este respecto. 
Señor Presidente, lamento tener que denunciar una acción inaceptable y vergonzosa por parte de las fuerzas turcas que ocupan ilegalmente la parte norte de Chipre. 
El sábado pasado, dos maestros chipriotas griegos de la escuela primaria griega de Rizokarpaso, Alexia y Grigoris Koukotsikas, fueron expulsados junto a sus hijos de Rizokarpaso, adonde habían ido para entregar el edificio de la escuela y los requisitos a sus sucesores. 
El Comité Coordinador de Karpasia expresa sus temores de que todo chipriota griego que permanezca en Karpasia sea expulsado, empezando por las familias con hijos en edad de estudiar formación secundaria. 
La comisión ha destacado que, tras una propuesta de dirigir una escuela secundaria privada en Rizokarpaso, los conquistadores turcos también amenazan con cerrar la escuela primaria de la localidad, la única escuela griega abierta en el territorio ocupado. 
Señor Presidente, creo que no es necesario recalcar en esta Asamblea cuántos y qué derechos fundamentales y acuerdos internacionales están siendo violados. 
Por lo tanto, le solicito que intervenga ante las autoridades turcas de Ankara, cuyos agentes están incumpliendo descaradamente la ley en la parte ocupada de Chipre. 
Señor Presidente, quisiera plantear el mismo punto. 
Durante casi 30 años se ha denegado a las comunidades grecochipriotas enclavadas en la parte septentrional de Chipre la escolarización secundaria de sus hijos. 
Debido a ello, cuando sus hijos alcanzan la edad escolar, tienen que desplazarse a otras zonas de Chipre para asistir a la escuela. 
Esto conlleva la desintegración familiar y solo está concebido para sacar de sus hogares a los pocos grecochipriotas que permanecen en la zona del norte de Chipre, que actualmente está controlada por las autoridades turcas. 
Es una cuestión sobre la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho constar su protesta y ha observado que se trata de una violación del artículo 2. 
También quisiera pedir a la Asamblea que inste al Sr. Denktash a anular su decisión de no permitir que vuelvan a abrirse las escuelas secundarias. 
Hace ya demasiado tiempo que se priva de sus derechos humanos y de su derecho a la educación a las familias de estas comunidades enclavadas. 
Ahora que existen cada vez más indicios de reconciliación entre las dos comunidades chipriotas y en vísperas de la adhesión de Chipre a la Unión Europea, es un momento muy oportuno para dar muestras de reconciliación permitiendo la reapertura de las escuelas secundarias en los enclaves grecochipriotas. 
En respuesta a los dos diputados, plantearemos el asunto a las autoridades pertinentes tanto de Ankara como de Chipre del Norte. 
Señor Presidente, en nombre de esta Asamblea le agradecería que hiciera llegar nuestras más sentidas condolencias y pésame a la familia de la Sra. Jean McConville, cuyos restos se encontraron accidentalmente la semana pasada. 
Era una de los nueve «desaparecidos» cuya desaparición ha reivindicado el IRA en Irlanda. 
Esta mujer- madre de diez hijos, viuda de 37 años de edad- fue secuestrada, asesinada y enterrada en un lugar secreto hace unos 30 años. 
Cinco de las nueve personas cuya desaparición reivindica el IRA siguen sin aparecer. 
También le pido que inste a los Gobiernos de Irlanda y del Reino Unido para que se sirvan de todo intermediario de que dispongan con el IRA para recabar información más precisa sobre el lugar donde se encuentran estas cinco desafortunadas víctimas del terror del IRA. 
El sosiego que las familias de estos «desaparecidos» necesitan es más importante que la seguridad de los autores de estos asesinatos. 
Señor Presidente, hace una semana me hallaba en la pequeña localidad de Jogeva en Estonia y presencié el desfile de la campaña para el referéndum de la Unión Europea. 
Habían contratado chicas uniformadas profesionales para la promoción, que distribuían puñados de propaganda tendenciosa. 
En uno de los impresos, que llevaba el sello del Grupo del PPE-DE, aparecía un modelo masculino y se titulaba nada menos que «Vota sí para hombres más sexy». 
(Risas y aplausos) 
Un diplomático de la embajada alemana de Estonia, el Sr. Carsten Wilms, pronunció un discurso a favor de la adhesión. 
Se trata de una clara violación del artículo 41 de la Convención de Viena de 1961, que prohíbe que los diplomáticos interfieran en los asuntos internos de los Estados anfitriones. 
Señor Presidente, ¿me secundará usted en la condena de esta violación de la Convención de Viena y escribirá usted a los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros para recordarles sus obligaciones en esta materia? 
Si lo he entendido bien, señor Helmer, ha señalado usted que la referencia a «hombres más sexy» se hallaba en folletos del Grupo del PPE-DE. 
Debían de saber, señor, que estaba usted asociado a ese Grupo. 
Señor Presidente, permítame hacer la observación de que las fuerzas militares que se encuentran en el Iraq, a las que usted ha hecho referencia al principio de su intervención, son de hecho fuerzas de ocupación. 
A lo que voy: de acuerdo con la información de que disponemos, el sistema jurídico rumano ha eliminado al Partido Socialista Laborista, que cuenta con 110 000 miembros y tenía representación en el Parlamento hasta hace poco, de la lista de partidos políticos reconocidos en su país. 
La decisión de eliminarlo de dicha lista es totalmente ilegal, ya que viola la Ley 14 de 2003 sobre el funcionamiento de los partidos políticos. 
Esta se tomó tras la enorme presión ejercida por el Gobierno rumano sobre el sistema jurídico y tras la intervención en los asuntos internos del Partido Socialista Laborista por parte del Partido Socialdemócrata en el Gobierno. 
El Partido Comunista de Grecia condena la acción ilegal e inaceptable por parte de las autoridades rumanas, que sin duda tiene el objetivo de acallar cualquier opinión que defienda los derechos fundamentales y promueva visiones socialistas. 
No podemos evitar correlacionar esta acción ilegal con la instalación de bases militares norteamericanas en Rumania y con la inminente integración de este país en la Unión Europea. 
La cuestión a la que se refiere usted merece sin duda un examen. 
Puede que la Comisión de Control Presupuestario sea el órgano parlamentario más adecuado para considerar este asunto en primera instancia. 
Señor Presidente, a finales de julio y principios de agosto de 2003 asistí a la conclusión del proceso en Bogotá contra tres irlandeses acusados de entrenar a las FARC en Colombia. 
Tras las conclusiones de la acusación, el general Moro, jefe del Estado Mayor del ejército de Colombia, apareció en televisión exigiendo la condena de los hombres, y esto antes de que la defensa ni siquiera hubiera presentado sus conclusiones. 
Todos los observadores de los Estados Unidos y Australia concluyeron que no existían pruebas contra ellos. 
En la delegación había abogados, políticos y sindicalistas. 
Este juicio a sido objeto de un estricto seguimiento internacional y si hay un veredicto negativo será, sin lugar a dudas, una injusticia. 
Las autoridades colombianas han emitido numerosos comentarios graves antes del juicio, lo que arroja dudas sobre la posibilidad de que el juicio sea justo. 
Quisiera pedirle, señor Presidente, que responda al correo electrónico que remití a su despacho a finales de julio sobre esta cuestión. 
Por otra parte, durante nuestra visita a la prisión, el director de la misma señaló de forma bastante clara que estos tres hombres no estarían seguros en ninguna prisión de Colombia. 
Por lo tanto, ahora que el proceso ha llegado a una conclusión, es muy importante, señor Presidente, que usted, en nombre de los diputados de esta Asamblea, intervenga en su favor, tal como hace el Gobierno británico en muchos casos en que sus propios ciudadanos se encuentran en dificultades. 
Responderé sobre el particular. 
Señor Presidente, estuve en Letonia hace unas semanas por invitación del Partido Socialista de este país y tuve la oportunidad de obtener información sobre determinadas violaciones muy graves de los derechos humanos fundamentales, pese a los informes de progreso ocasionales sobre Letonia. 
Así, el Partido Comunista de Letonia todavía está ilegalizado. 
Más de 70 000 residentes están privados de todo derecho político y del derecho a obtener la nacionalidad letona, debido a que ocho meses antes del hundimiento de la Unión Soviética no habían abandonado el Partido Comunista. 
Por el mismo motivo, hay ciudadanos letones que no tienen derecho a presentarse a las elecciones. 
Ese es el caso de Alfred Rubiks, presidente del Partido Socialista, representado en el Parlamento, y de otras importantes figuras públicas. 
De igual modo, varios cientos de miles de personas, de una población total de 2 500 000 no tienen identidad nacional, aunque muchos hayan estado viviendo en Letonia desde hace 100 años. 
El 30% de la población no tiene derecho a voto y por lo tanto no participará en el referéndum que se realizará sobre la Unión Europea, lo que significa que el mismo ya es inválido y nulo. 
Aunque el 45% de los residentes en Letonia hablan ruso, las universidades de lengua rusa se cerraron en 1998 y aunque la prohibición total de las escuelas primarias y secundarias rusas se revocó en última instancia a raíz de las protestas, se limitó sin embargo solamente al 40% de las clases. 
Ante esta situación, la Unión Europea mantiene una postura de vergonzosa tolerancia, por no decir consentimiento. 
Una vez más nos encontramos ante la conocida política de si está bien que uno lo haga, está bien que lo haga cualquiera. 
Y esta situación no se da solo en Letonia, sino también en Estonia y en otros países. 
¿Cómo pretende reaccionar, señor Presidente, especialmente dado que existe una situación similar, tal como he dicho, en Estonia, en donde, entre otras cosas, se están erigiendo monumentos a las SS? 
Estudiaré las cuestiones que ha planteado. 
Señor Presidente, ya ha mencionado usted la trágica serie de atentados terroristas con bombas contra civiles inocentes en Jerusalén y Bagdad el 19 de agosto de 2003 y el horripilante ataque ocurrido en Bombay el 25 de agosto de 2003. 
Ahora ha ocurrido en Nayaf. 
Quiero abordar el grave asunto de que el atentado de Jerusalén, que mató a 20 pasajeros de un autobús, entre ellos varios niños de corta edad, fue llevado a cabo por el grupo islámico Hamás a pesar de que había un acuerdo de alto el fuego con Israel en ese momento. 
¿Cómo es posible que la Unión Europea siga permitiendo al ala política de Hamás operar y recaudar fondos para sus actividades y sus denominadas obras benéficas en la UE? 
Los Estados Unidos ya la han incluido en la lista de organizaciones terroristas prohibidas e incluso la Autoridad Palestina ha tomado medidas enérgicas congelando sus activos financieros y cerrando sus periódicos. 
A buen seguro, es hora de que la Comisión y el Consejo de Ministros actúen en la misma dirección en nuestra causa común de lucha contra el terrorismo internacional. 
Habrá un debate sobre Oriente Próximo en el segundo período parcial de sesiones de septiembre. 
Se trata de una cuestión, entre otras, sobre Oriente Próximo que podrá abordarse con las instituciones correspondientes en ese momento. 
Señor Presidente, la Unión Europea mantiene el silencio ante el enorme crimen perpetrado en Palestina por el Gobierno mafioso de Sharon. 
Además del muro de la vergüenza, que ya mide 150 kilómetros de longitud- y sigue creciendo- y 8,5 metros de altura, la policía de Israel continúa matando a rivales políticos- cuadros de Hamás- a sangre fría y bombardeando a los palestinos, provocando muertos y heridos. 
Mi pregunta es: ¿por qué sigue la Unión Europea financiando a Israel y por qué el Alto Representante de la Unión Europea, el Sr. Solana, que se encuentra en Israel, no ha condenado estos asesinatos? 
Tendremos que indagar sobre ello, señora André-Léonard, para luego informar tanto a usted como a la Asamblea. 
Señor Presidente, dejando a un lado la cuestión de la elección por parte de los nuevos caudillos españoles respecto al Sr. Rajoy- quien, por otro lado, nos recuerda al general Franco de hace 34 años -, voy a centrarme en el significado de la prohibición indignante de mi partido político hace más de un año. 
El pluralismo político y la diversidad cultural son valores proclamados por todos en esta Asamblea. 
La prohibición de Batasuna es por lo tanto un error, no solo español, sino europeo. 
Esto es así puesto que, para los países en vías de adhesión, es vital que exista un acuerdo general sobre el principio de una diversidad política y cultural renovada, fuerte y acertada que es, en el albor del nuevo milenio, un hecho universal de la vida europea. 
La integración europea no puede verse reducida en ningún caso a la mera asimilación de pequeñas naciones: nuestra diversidad cultural y cohesión interna podrían quedar destruidas. 
Este Parlamento no puede eludir su responsabilidad sobre esta cuestión crucial. 
A pesar de ello, aquellas personas que han sido declaradas fuera de la ley, seguirán por la vía política, solicitando una acción diplomática rápida y eficiente, sin condiciones previas, hacia una solución definitiva del conflicto en curso en el País Vasco. 
Tenga usted la certeza, señor Presidente, de mi compromiso personal. 
Señor Presidente, a finales del año pasado la delegación en el Comité de Concertación del Parlamento llegó a un acuerdo sobre el contenido definitivo del segundo pilar de la Convención de Aarhus, la Directiva sobre participación pública en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. 
Durante el procedimiento de conciliación actué como ponente. 
Al aceptar el resultado de la conciliación, un factor de gran importancia fue el compromiso de la Comisión de plantear una propuesta sobre el tercer pilar de la Convención de Aarhus durante el primer trimestre de 2003, es decir, antes de que concluyese el pasado mes de marzo. 
Conforme a una decisión adoptada por el Comité de Conciliación, la Comisión adjuntó una declaración a la Directiva publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en la que volvía a confirmar este compromiso. 
En la actualidad, dicho compromiso de la Comisión sigue sin cumplirse. 
Esta no ha adoptado todavía la propuesta de Directiva sobre el acceso a la justicia en temas medioambientales, pese a que ya nos encontramos en el último trimestre del año, lo que significa que la propuesta lleva seis meses de retraso. 
El incumplimiento por parte de la Comisión de este compromiso socava en gran medida la confianza del Parlamento, además de ser inaceptable e inexcusable. 
Por este motivo, me gustaría pedirle, señor Presidente, que escriba sin demora una carta al Presidente de la Comisión recordándole el compromiso de parte del Parlamento, en la que reprenda a la Comisión por no mantener su compromiso ni haber siquiera demostrado estar dispuesta a explicar de alguna forma la demora al Parlamento, y en la que haga un llamamiento a la Comisión para que adopte las propuestas que faltan y que deben anexarse a la Convención de Aarhus, y las presente al Parlamento en el mes de septiembre. 
Ruego me remita una breve nota o un correo electrónico señalando los hechos significativos, que comunicaré a la Comisión, tal como propone usted. 
Estaré encantado de hacerlo. 
Señor Presidente, las noticias que llegan del Reino Unido de que el futuro de la planta de reprocesamiento de combustible nuclear de Thorp está en el candelero son muy bien acogidas desde la perspectiva irlandesa. 
Los habitantes de Irlanda han sido totalmente francos en su oposición a la existencia y expansión de operaciones nucleares en Sellafield. 
He hablado de ello en múltiples ocasiones en esta Asamblea durante los últimos 20 años. 
He tenido el privilegio de visitar esa planta en nombre de mi partido en Irlanda en dos ocasiones, una de las cuales fue con motivo del informe NIREX. 
Sin embargo, nos enojó en especial la imposición de la planta de reprocesamiento nuclear de Thorp en 1993. 
Esta planta ha sido durante mucho tiempo un elefante blanco nuclear para los británicos, pero los habitantes de Irlanda se han opuesto totalmente durante muchos años, y continuarán oponiéndose. 
La semana pasada se ha informado de que las actividades en la planta de reprocesamiento nuclear de Thorp podrían cesar más bien pronto que tarde. 
Espero que el Gobierno británico aporte las aclaraciones necesarias en este caso. 
Señor Presidente, le insto a que pida a la Comisión que supervise esta situación muy de cerca con arreglo a los poderes que le fueron conferidos en el Tratado EURATOM. 
Señor Presidente, quisiera llamar la atención sobre el fracaso increíble del Gobierno británico- un Gobierno laborista, si bien no puedo calificarlo de socialista- en el respeto de la legislación de la UE contra la discriminación. 
En los últimos meses, ha pretendido aplicar tanto la Directiva sobre la discriminación racial como la Directiva marco sobre el empleo, pero en ambos casos el alcance de la nueva reglamentación del Reino Unido se queda corta en aspectos cruciales de la protección establecida en las Directivas de la UE. 
Por lo tanto, el Reino Unido incumple de forma patente la legislación comunitaria. 
Respecto a la Directiva sobre la discriminación racial, el Gobierno se ha negado a dar protección contra la discriminación basada en el color de la piel, alegando que la prohibición de la discriminación basada en el origen racial o étnico no incluye el color. 
Esto es absurdo, puro legalismo de miras estrechas de la peor clase y que no hace honor al ejemplo que la legislación sobre relaciones raciales del Reino Unido ha dado anteriormente en Europa. 
En cuanto a la Directiva marco, disposiciones que pretenden hacer efectiva la prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual en la Directiva de la UE, en realidad permiten al empresario imponer un requisito relacionado con dicha orientación si la doctrina de la religión o las convicciones religiosas de sus seguidores así lo exigen. 
Esta es una consecuencia directa de la presión ejercida por el ala derecha de la Iglesia de Inglaterra, hostil a los homosexuales. 
Podría significar que se denegara un puesto de trabajo de enseñanza en una escuela religiosa a una persona homosexual, por devota que sea. 
Es vergonzoso que un Gobierno elegido seis años atrás con un manifiesto en el que prometía acabar con la discriminación injustificable dondequiera que exista esté dispuesto a incumplir el Derecho comunitario para satisfacer a la opinión reaccionaria. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre las consecuencias de este verano canicular. 
Señor Presidente, querría, en primer lugar, agradecer el hecho de que se haya organizado este debate para analizar la problemática de la canícula que hemos tenido este verano. 
Esta canícula que, además, ha provocado una serie de catástrofes, algunas ya recurrentes, como es la de los incendios forestales. 
Yo pediría que separásemos, de un lado, los efectos de la canícula de este año y, de otro, un problema endémico en el sur de Europa- los países mediterráneos -, el problema de los incendios forestales. 
Estos incendios forestales se producen quizás con más frecuencia a consecuencia del cambio climático, pero también a consecuencia del cambio de las circunstancias de los bosques y del espacio rural. 
Es un hecho la despoblación del espacio rural. 
Es un hecho la no utilización de la madera producida en los bosques mediterráneos, que ha dejado de tener rentabilidad económica. 
Entonces, el bosque deja de tener una función económica para pasar a otra, también muy importante, como es la medioambiental. 
Pero las circunstancias son distintas: la despoblación aleja a los agricultores que- no lo olvidemos- son los principales protectores del bosque y de la naturaleza. 
El agricultor es la primera persona que hace frente al incendio forestal. 
Tratándose de un mal endémico es importante la adopción de medidas de urgencia: éstas serían los "antibióticos"; pero lo verdaderamente necesario en este tipo de males son las "vacunas". 
En este caso, las vacunas son las medidas de prevención y aquellos recursos que puedan actuar rápidamente en los casos de incendios forestales. 
Este año, señor Comisario, hemos registrado los efectos devastadores de los incendios forestales. 
Usted ha hablado de adecuar los Fondos estructurales, los Fondos de cohesión, en parte, para paliar estos efectos. 
Yo le pediría que pensase también en la iniciativa comunitaria Leader y cómo esta iniciativa- que se aplica sobre todo en determinadas zonas- podría también aplicarse a las zonas que han sido devastadas por incendios forestales. 
Creo que también han sido positivas las medidas que se han adoptado en este sentido en el marco de la Política Agrícola Común, en relación con las zonas que han tenido mayores problemas de sequedad. 
También quiero reconocer el trabajo realizado por bomberos, guardias forestales y voluntarios, que han contribuido a atajar el problema de los incendios forestales. 
Del mismo modo que pedimos que en cualquier proyecto haya un estudio de impacto ambiental, este impacto ambiental debería hacerse extensivo al posible impacto de los incendios forestales que- repito- son un mal endémico en los países del sur de Europa, los países mediterráneos. 
Señor Presidente, señor Comisario, los veranos se suceden, las catástrofes estivales también. 
El año pasado las inundaciones asolaron Europa. 
Este año ha sido la ola de calor, que ha producido una crisis sanitaria en Francia y una catástrofe ecológica en Portugal, así como en nuestro litoral mediterráneo. 
Estas graves perturbaciones meteorológicas tal vez sean consecuencia del calentamiento del planeta, agravado a su vez, como es bien sabido, por el efecto invernadero que producen las emisiones de CO2. 
En cualquier caso, todo el mundo es consciente hoy de que debemos gestionar con más prudencia nuestras relaciones con la naturaleza. 
También debemos gestionar con más humanidad las relaciones entre nosotros. 
En París, se habla- esta cifra es pavorosa- de más de 800 muertos que nadie ha llorado y cuyos cuerpos nadie ha reclamado. 
El proyecto de resolución del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea contiene una serie de recomendaciones muy positivas, de las que sólo quiero mencionar aquí unas pocas. 
En materia sanitaria en particular, es necesario que la Comisión ayude a los Estados miembros a garantizar a todas las personas el derecho proclamado en el artículo 35 de la Carta, que es el derecho a acceder a una asistencia sanitaria preventiva incluso en circunstancias climáticas excepcionales. 
Por lo que se refiere a Portugal, pedimos, señor Comisario, que el Fondo de Solidaridad se aplique por encima del nivel de urgencia para ayudar realmente a este país a curar todas sus heridas. 
Para reducir el efecto invernadero, debemos alentar a la Comisión para que vele por el respeto de los compromisos de Kioto. 
La política de transportes desempeña un papel muy importante en este ámbito. 
Tenemos que promover los medios de transporte más eficientes en términos energéticos. 
Como nuestro colega, el Sr. Dhaene, explicaba hace un momento, algunos de nosotros hemos venido en bicicleta de Bruselas a Estrasburgo, llegando a última hora de la mañana. 
Se trataba evidentemente de promover el uso de la bicicleta. 
Las redes transeuropeas de transporte deben fomentar el uso de este medio de transporte. 
Así podría ayudarse a las autoridades competentes a crear o mejorar carriles para bicicletas que unan entre sí a los Estados miembros continentales. 
En la última parte de nuestro viaje en bicicleta, bordeamos el canal del Marne al Rin. 
El paisaje es magnífico, pero observamos que el canal está infrautilizado para el transporte de mercancías. 
Hay que promover más este tipo de transporte, ya que contamina menos que el transporte por carretera. 
Por último, quiero mencionar una última propuesta que contiene nuestro proyecto de resolución. 
Se trata de la creación de un cuerpo europeo de protección civil: los cascos verdes. 
Su intervención en las catástrofes naturales incitaría a los Estados miembros a asumir sus responsabilidades. 
En pocas palabras, tenemos que dejar de andarnos con rodeos y adoptar medidas prácticas en lo que se refiere al desarrollo sostenible. 
Eso es lo que trata de decir nuestro proyecto de resolución. 
Señor Presidente, 12 000 muertos en diez días, tres veces más que en las torres gemelas. 
Mil muertos diarios, fallecidos en la soledad, en el abandono. 
Los cadáveres se amontonaban en camiones frigoríficos, en arcones del Ejército, en un mercado de frutas y verduras de la región parisina, en Rungis. 
Desde el hombre del Neandertal, mucho antes de Antígona, no se había violado la ley de la sepultura. 
¿Dónde sucede este Timisoara? 
¿Con Milosevic? 
¿En Bagdad, con Sadam Husein? 
¿En la Austria de Heider? 
¿En los campos vigilados por guardias de que hablaba Berlusconi? 
¿En Somalia, en la Rwanda de las mil colinas? 
¡Esto pasa en Francia! 
En la Francia de los mundiales de atletismo, la Francia de los derechos humanos, la Francia de las medallas de oro, la Francia de Valéry Giscard d ' Estaing, padre de la Constitución, cuyo artículo primero reconoce el derecho a la dignidad, también para los ancianos. 
¿Dónde se produjeron todas estas muertes? 
El 66 % ocurrieron en residencias de ancianos, hospitales y centros especializados. 
No se les dio de beber suficiente. 
Murieron deshidratados. 
¿Por qué? 
Porque no había enfermeras, no había personal, no había médicos. 
¿Por qué? 
Porque el pacto de estabilidad presupuestaria exige ahorros y recortes. 
Así que se hacen recortes en detrimento de los más débiles, de los que no pueden manifestarse, en detrimento de los mayores. 
La mayoría de los muertos son mujeres. 
No murieron a causa de la violencia doméstica, como cree la comisión para los derechos de la mujer. 
No murieron por discriminación o por falta de igualdad, murieron deshidratadas. 
Lo que nos lleva a las causas, es decir, al efecto acumulativo de errores colectivos cometidos en los últimos 20 años. El error colectivo del ultraliberalismo, del economicismo; en el siglo XIX, el ultraliberalismo nos trajo a Zola, a Victor Hugo, al proletariado y a millones de muertos, y ahora el ultraliberalismo vuelve a ocasionar más muertos. 
El error colectivo del derecho humanista, que no deja lugar para Lenin entre los derechos formales y los derechos naturales, por no mencionar al fariseísmo, que proclama derechos sólo en la medida en que son violados. 
Entonces, ¿qué hacer? 
Evidentemente, señor Barnier, podemos anunciar créditos, planes, una nueva economía y una nueva jerarquía. 
Pero la verdad es que, según dicen las estadísticas, entre los muertos no figura ni un solo representante de las clases medias ni de la alta burguesía. 
Los que han muerto son gente humilde. 
Es una suerte que hayamos prohibido las harinas cárnicas, porque si no habrían acabado como picadillo para las granjas porcinas. Porque lo cierto es que a los cerdos no se les abandona, a diferencia de lo que les ocurre a los mayores en Francia. 
Señor Presidente, permítame que comience expresando mi pésame y dolor por las muertes y los fallecimientos habidos. 
Creo que la condolencia a los familiares es nuestro primer deber. 
Pero, si bien esto es justo e imprescindible, no podemos limitarnos a esta expresión de solidaridad humana inmediata. 
Han muerto personas, -por cierto, que en mi país aún no se sabe cuántas -, y es, sin duda, lo más importante; pero también podemos decir que han muerto casas, paisajes, fauna, flora. 
El fuego fragiliza los suelos y un día de éstos llegarán las tormentas tradicionales típicas, previsibles de toda la vida, de septiembre y octubre, en el litoral mediterráneo, que van a aprovecharse de este suelo fragilizado para erosionar aún más estas zonas. 
Tengámoslo ya presente. 
Sin duda la canícula y la sequía han contribuido a esta catástrofe, pero el calor no es un fenómeno nuevo en el Mediterráneo. 
Ya se ha dicho, llevamos siglos teniendo calor. 
Lo que es excepcional son estas temperaturas que superan todo lo que conocemos y, por lo tanto, los escépticos del cambio climático quizá deberían reflexionar al respecto y los gobiernos, las empresas y los particulares deberían tomar las medidas oportunas. 
La gente se pregunta qué hace la Unión Europea al respecto. 
El Comisario nos propone movilizar el fondo de solidaridad, y estoy de acuerdo- soy el ponente por la Comisión de Presupuestos, por lo tanto, no cabe duda de que lo acogeré con simpatía -, pero el fondo de solidaridad, señor Comisario, se refiere a las catástrofes naturales y éstas no son sólo naturales. 
Hay pirómanos y hay numerosísimos casos criminales y hay que preguntarse también qué hacemos con la directiva y demás normativas de responsabilidad medioambiental, cómo la aplicamos, cómo se transpone y cómo se ejecuta, cómo exigimos esa responsabilidad. 
Me inicié en este Parlamento en 1986; creo que mi primera acción fue una propuesta de resolución para pedir programas de prevención de incendios forestales en el Mediterráneo. 
Lo sacamos adelante cinco años después, en 1992, y hemos tenido un programa de diez años 1992-2002. 
¿Por qué siempre han sobrado créditos, señor Comisario? 
Usted nos ha explicado algunos ejemplos positivos, pero yo, como presupuestario, le digo que cada año en la transferencia de ramassage hay créditos que provienen de ese fondo ¿por qué? 
¿Por qué los gobiernos no los han utilizado? 
Me parece muy grave, porque si no se utilizan volveremos a estar el año que viene en las mismas. 
Hemos de emprender una acción comunitaria. 
Los Estados tienen su responsabilidad, pero, creo que la Unión Europea tiene aquí el deber de un liderazgo y de imponer medidas; de lo contrario tendremos que confiar en que, como cada año, los inviernos apaguen los incendios del verano. 
Señor Comisario, nos ha dicho usted que reparar cuesta más que prevenir, y eso es como decir a los que ya están en la iglesia que vayan a misa. 
Aquí de lo que hablamos es de prevenir. 
La Comisión, al presentar el "Forest Focus", disminuye su dotación económica de dieciocho a trece millones de euros, diciendo que los cinco que faltan han pasado al Reglamento de Desarrollo rural; pero al final ha tenido que decirnos que esta transferencia no se ha realizado, lo que hace pensar que se han perdido por el camino. 
Como decían el Sr. Martin y muchos de mis compañeros, y no voy a repetirlo, desde el punto de vista político no es presentable que el presupuesto previsto para el único Reglamento dedicado exclusivamente a la protección de los bosques, a la contaminación y a los incendios se reduzca en cinco millones de euros, para decir que en este momento vamos a luchar contra los incendios, quitando la prevención, vamos a estudiar la contaminación, a incrementar la biodiversidad y también a estudiar el carbono. 
No se pueden hacer muchas más cosas con mucho menos dinero, porque cinco millones de euros, de dieciocho millones, es un porcentaje muy importante. 
Me gustaría no tener que hablar ni tener que lamentar, ni solidarizarme con las familias de los desaparecidos en estos incendios, ni tampoco con el paisaje, con las viviendas, etc., con todo lo que ha desaparecido, pero creo que es una política mezquina de la Comisaria de Medio Ambiente el tratar de disminuir los únicos fondos que hay y tratar de decir que se han transferido a Desarrollo rural cuando, en primer lugar, los países no han tenido posibilidades de introducirlos en sus programas y, en segundo lugar, tampoco están los fondos en Desarrollo rural. 
Gracias, señor Comisario, le ruego que transmita lo expuesto a la Comisaria Sra. Wallström, para que en segunda lectura podamos aprobar las enmiendas que el Parlamento ha aprobado ya. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi solidaridad con mis colegas del sur de Europa. 
Me complace que la Comisión también lo haya hecho, pero esto indica claramente que el desastre que les ha ocurrido hace necesaria la solidaridad europea. 
Europa ha de demostrar lo que puede hacer en el ámbito social. 
Señor Presidente, en este debate también quiero recalcar otra cuestión. 
No es aceptable que la sequía por la cual se ve afectada la agricultura europea conlleve una ventaja financiera para la Comisión Europea. 
Sobre todo en el cultivo de patatas para procesado, por mencionar un ejemplo, amenaza con surgir esta situación. 
Tanto en los Países Bajos, Alemania, Dinamarca como en Austria, se espera que la cosecha se quede decenas de porcentaje por debajo de la media anual. 
A diferencia de otros productos, como las patatas destinadas al consumo, esta escasez no provocará un aumento de los precios. 
La delegación del CDA en el Parlamento Europeo quiere que la Comisión Europea haga a corto plazo un inventario de la medida en que la producción se queda por debajo de la cuota fijada y de cuáles son las ventajas financieras resultantes. 
Por ejemplo, una pérdida de la producción del 25% produce un ahorro de 30 millones de euros para la Comisión Europea, porque en este cultivo y en otros cultivos la cuota está directamente vinculada a la cosecha. 
Ya solo por estas razones es conveniente indicarlo, sobre todo porque en 2004 tendrá lugar una disociación del 40% para estos cultivos, lo cual significa que las cuotas ya no dependerán de las cosechas. 
Precisamente este sistema podría aplicarse en parte ya en 2003. 
Además, la delegación del CDA en el Parlamento Europeo considera que la Comisión debería iniciar un debate sobre la estrategia europea en relación con una gestión hídrica cualitativa. 
Desde el punto de vista cualitativo, la gestión hídrica europea ha sido un éxito, pero ahora que las inundaciones y la falta de agua se suceden con tanta rapidez, desde hace ya varios años, es preciso que hagamos lo necesario, también en el ámbito de la gestión hídrica con miras a una estrategia futura. 
Señor Presidente, creo que este ha sido un debate muy interesante y solamente me gustaría comentar algunos de los puntos tratados. 
Hemos hablado de las emisiones de CO2 y el modo en que el clima depende de la situación energética, y hemos hablado de la necesidad de una energía bastante más sostenible. 
Durante la ola de calor en Dinamarca, donde vivo, observé nuestros numerosos molinos de viento y pude ver que no se movían. 
No había viento, y por lo tanto debemos llegar a la conclusión de que solamente con el viento no resolvemos el problema. 
Sin embargo, lo que abundaba era el sol, y por lo tanto debemos disponer el desarrollo de células fotovoltaicas y solares de forma que realmente podamos hacer uso del sol que emite tanta energía hacia la Tierra. 
El hecho de que hayamos tenido problemas con algunas centrales eléctricas, que no pudieron funcionar con mucho calor, es algo que debemos compensar mediante la creación de un sistema adecuado y potente de alto voltaje, de forma que podamos tener un auténtico intercambio de energía entre las distintas regiones de Europa. 
Los incendios forestales que hemos sufrido no tendrán un efecto medioambiental a largo plazo, ya que los árboles en cualquier caso habrían acabado emitiendo CO2 de igual modo. 
Sin embargo, el desastre ha tenido un alcance muy grande, como todos hemos oído y todos admitimos. 
Me parece increíble que superficies tan grandes puedan incendiarse sin que sea imposible apagar el fuego. 
Esto me lleva a coincidir con el Sr. Martín respecto a que debemos disponer que se establezcan cortafuegos de gran tamaño en forma de caminos amplios o, todavía mejor, corredores muy amplios de forma que los incendios no puedan extenderse del modo que hemos visto y de forma que protejamos nuestro campo y las zonas rurales. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0258/2003) del Sr. Radwan, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la adecuación de los fondos propios de los bancos (Basilea II) (2001/2257 (INI) ). 
. 
(EN) Señor Presidente, se trata de un tema importante. 
Quisiera empezar señalando que la Comisión agradece este informe de propia iniciativa redactado por el Sr. Radwan y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
El interés del Parlamento por esta cuestión es muy bien acogido. 
Junto con el proceso de consulta intensiva que ha tenido lugar sobre las propuestas de la Comisión, este debate contribuirá en gran manera a cumplir el apretado calendario de adopción de un nuevo marco en la Unión Europea al mismo tiempo que se aplica a escala mundial el nuevo Acuerdo de Basilea. 
Comparto plenamente el punto de vista expresado en este informe de que las normas actuales sobre la adecuación del capital deben ser revisadas. 
Se han vuelto obsoletas y ya no reflejan la realidad del sector de servicios financieros. 
También me alegra que el informe respalde el punto de vista de que el nuevo marco debería aplicarse a todo un amplio abanico de entidades bancarias y empresas de inversión. 
De esta forma se aseguraría una norma uniforme de supervisión así como una competencia leal. 
Un objetivo principal de la Comisión es asegurar que el nuevo marco se adapta no solo a los grandes bancos, sino también a bancos de menor complejidad y a las empresas de inversión. 
Nos hallamos ahora muy cerca de este objetivo. 
Respecto a los créditos bancarios a las PYME- punto al que se ha prestado especial atención en el país del ponente -, el informe señala correctamente que se han logrado numerosas mejoras. 
Los resultados del último estudio de impacto indican que los requisitos de fondos propios para préstamos a las PYME son, en estos momentos, muy justos y que probablemente se van a reducir si se comparan con las normas actualmente en vigor. 
Esta es otra razón importante para no mantener las normas actuales. 
El informe reclama más reducciones para las PYME y en los requisitos de fondos propios de los bancos para capitales riesgo e inversiones en capital de empresas de nueva creación. 
Es mi obligación decir al Parlamento que a la Comisión le preocupa mucho este asunto. 
El capital riesgo conlleva riesgos. 
Si utilizamos las normas de la prudencia para reducir artificialmente los requisitos de capital para las inversiones arriesgadas, pondremos en peligro los intereses que estamos intentando proteger, es decir, la seguridad de los ahorros de los consumidores y la estabilidad del sistema financiero. 
El informe también identifica la cuestión muy importante de las consecuencias cíclicas potenciales de las nuevas normas: ¿qué ocurre si, en una coyuntura económica débil, la sensibilidad al riesgo de las nuevas normas provoca una menor disponibilidad de crédito? 
La clave radica en dar con el buen equilibrio entre la sensibilidad al riesgo- y sus beneficios- y los efectos cíclicos potencialmente negativos. 
La Comisión piensa que las nuevas normas que se proponen en estos momentos establecen un buen equilibrio. 
Sin embargo, es un aspecto que hay que supervisar muy de cerca. 
Hemos de estar preparados para actuar rápidamente y modificar las normas si los hechos indican que no se ha conseguido un buen equilibrio. 
Permítanme terminar volviendo a decir lo que manifesté cuando la Comisión publicó su tercer documento de consulta en el mes de julio. 
Creo que el nuevo marco favorecerá la estabilidad financiera, será satisfactorio para las entidades financieras y para sus clientes. 
Por lo tanto, acojo con satisfacción este informe- que agradezco, una vez más, al Sr. Radwan- como un nuevo paso para asegurar que el nuevo marco europeo será el mejor posible, y para garantizar que se instaure a tiempo para no perjudicar a las entidades europeas. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al ponente, que ha realizado una ardua tarea sobre el tema y ha elaborado un informe excelente que cuenta con mi firme apoyo. 
Estoy de acuerdo con la necesidad de pasar a un marco sensible al riesgo que recompensa la concesión prudente de créditos y penaliza el caso contrario. 
También estoy de acuerdo con la aspiración de implantar el acuerdo lo más paralelamente posible a los Estados Unidos, con el fin de evitar que el sector bancario en la Unión Europea sufra desventajas competitivas. 
Me alegra que el informe del Sr. Radwan reconozca la importancia de un análisis adecuado de rentabilidad y de ajustar el marco a las necesidades de los diferentes sectores involucrados por la Directiva de adecuación del capital. 
Ello incluye tanto a los bancos de pequeño tamaño como a los grandes, empresas de inversión y empresas cuyo negocio abarca tanto la inversión como las operaciones de crédito. 
En el futuro, puede que tengamos que modificar la Directiva para tomar en consideración las necesidades de las empresas de mercancías, si entran dentro de este marco. 
Felicito a la Comisión por sus progresos en abordar el tema de los créditos a las pequeñas empresas. 
Es absolutamente cierto que el marco no ha de penalizar los créditos innecesariamente. 
Muchas pequeñas empresas no han de temer nada de un marco sensible al riesgo, puesto que existen muchas pequeñas empresas que constituyen muy buenos riesgos y, por consiguiente, pueden obtener una financiación más económica gracias a Basilea II. Sin embargo, existen algunas pequeñas empresas de nueva cración que representan un elevado riesgo y estoy de acuerdo con el Comisario que deben continuar captando una alta carga de capital. 
En conjunto, respecto a las PYME- en especial a la vista de las reformas de la definición de comercio minorista, que abarca un gran volumen de créditos a las PYME- estamos trabajando con miras a de tener un marco que sea una solución justa y equilibrada en este sentido. 
Quisiera que el marco abordara un poco el riesgo operativo. 
El riesgo operativo es algo que aún no se mide fácilmente y debemos ser muy prudentes antes de imponer una gran carga. 
Tenemos que ser flexibles al reflejar los hechos en materia de medición de esta carga. 
También es vital para el marco que se reconozca el importante papel que desempeñan en la atenuación del riesgo los factores colaterales, tanto financieros como físicos. 
Se trata de otro punto muy importante del informe Radwan que, como diputados parlamentarios, hemos de reconocer. 
También tenemos que reconocer la importancia del seguro y el seguro de indemnización para mitigar el riesgo. 
Esto es especialmente importante en relación con las empresas de inversión. 
Por último, el marco debe intentar ir a la par con la práctica profesional. 
Debe fomentar las buenas prácticas y trabajar con la mejor práctica del sector, en lugar de quizás imponer un marco totalmente diferente a la buena práctica del sector. 
Señor Presidente, me complace expresar mi satisfacción por el informe del Sr. Radwan relativo al próximo Acuerdo de Basilea II. El desarrollo de un nuevo marco para la adecuación del capital potenciará la eficacia de las normas relativas al capital para asegurar una estabilidad financiera global, manteniendo la confianza en las instituciones financieras y protegiendo los intereses tanto de los consumidores como de los inversionistas. 
Ello beneficiará no solo al sector bancario, sino a toda la economía de la UE. 
Sin embargo, es sumamente importante que exista un diálogo estructurado entre supervisores, legisladores y representantes de los bancos y las empresas de inversión para que se pueda crear un marco de capital viable. 
Ha faltado un elemento central: el del control democrático. 
Por lo tanto, hay que acoger con gran satisfacción el objetivo del Sr. Radwan de que el Parlamento Europeo participe en el debate de la adecuación de capitales y de agregar elementos democratizadores al proceso de toma de decisiones. 
El principio de tener en cuenta los riesgos empresariales a la hora de fijar los precios de los préstamos es excelente. 
Los riesgos deben tratarse de igual manera, independientemente del carácter legal y del nivel de complicidad de la institución en cuestión. 
Sin embargo, las preocupaciones respecto a los créditos a las PYME, destacadas en el informe y por numerosos colegas, están bien fundamentadas. 
Por ejemplo, en Finlandia solo los bancos más grandes y una docena de compañías disponen de calificaciones externas. 
Por lo tanto, la reutilización exclusiva de calificaciones externas no es una solución viable a corto plazo para nosotros. 
En vez de ello, se podrían desarrollar calificaciones internas basadas en algunos criterios de índices clave con el fin de evitar costes poco razonables para las PYME. 
Me preocupa un gran número de opciones nacionales. 
Temo que puedan darse divergencias en la interpretación y aplicación del nuevo marco por los supervisores nacionales. 
Estas discrepancias nacionales podrían dar lugar a desigualdades competitivas en el mercado único. 
También quisiera mencionar el reconocimiento recíproco con los Estados Unidos. 
No se debería penalizar a los bancos y empresas de inversión de la UE en los países que no forman parte de la UE por la carga potencial derivada de los requisitos divergentes entre sus autoridades supervisoras nacionales y anfitrionas. 
Se trata de una cuestión de la máxima importancia para nosotros, en particular en la delegación de los Estados Unidos del Parlamento Europeo, donde hemos estudiado estas normas de seguridad financiera. 
- (EL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior me honró con el encargo de elaborar un informe de propia iniciativa sobre los fundamentos jurídicos y el cumplimiento de la ley comunitaria. 
El título del informe no es preciso. 
Hasta diría que es ligeramente engañoso. 
De hecho trata del enorme problema que preocupa al Consejo, a la Comisión y al Parlamento Europeo con posiciones contradictorias y que tiene que ver con la investigación de posibles fundamentos jurídicos para la jurisdicción de la Unión Europea con miras a disponer sanciones penales por determinadas violaciones graves de la legislación comunitaria. 
Existen grandes divergencias sobre si este tipo de actividad puede legislarse y en qué medida. 
Por ello, con el fin de que contemos con un informe sustanciado, propuse, y la Comisión aceptó, celebrar una audiencia pública con ponentes que expresasen las distintas tendencias. 
Me gustaría manifestar mi agradecimiento por su contribución e informar a la Asamblea de que el informe se basa en los puntos en los que parece que estamos más o menos de acuerdo. 
El objetivo común de todos nosotros debe ser la aplicación eficaz de las disposiciones comunitarias, pero con soluciones que sean fiables, ya que nuestra principal preocupación es crear certeza legal. 
También me gustaría recordarles que el tema de las sanciones penales por los incumplimientos graves de la legislación comunitaria también surgieron en el pasado con relación a propuestas legislativas sobre la protección medioambiental, la protección de los intereses financieros comunitarios, la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, la contaminación del mar y los delitos de contaminación en general. 
Esta es una cuestión bastante complicada desde un punto de vista jurídico, la cual se complica todavía más debido a la distinción entre los tres pilares. 
El informe se centra en la cuestión de legislar las sanciones penales en el primer pilar. 
Para hacer que el problema sea comprensible, me he limitado a plantear la pregunta básica a la que el informe proporciona una respuesta positiva, en otras palabras, la medida en que la Comunidad puede obligar a los Estados miembros a disponer sanciones penales en caso de incumplimientos graves de la legislación comunitaria. 
Este es el denominado método mixto, por el que la Comunidad impone una obligación a los Estados miembros para que dispongan sanciones penales en esta cuestión específica. 
En cambio, el método puramente comunitario de disponer de forma directa las sanciones penales conforme a la legislación comunitaria, una especie de comunitarización del derecho penal, se enfrenta a serias objeciones legales que parten del hecho de que no existe una base legal clara en el Tratado para esta cuestión, que las sanciones penales forman parte de la soberanía nacional de los Estados miembros y que la justicia penal constituye una parte integrante de la cultura nacional. 
Por otra parte, la objeción plantea también que las sanciones penales están asociadas a restricciones sobre los derechos individuales, lo cual presupone un Estado totalmente coordinado constitucionalmente, no un orden legal imperfecto con los elementos financieros obvios y el déficit democrático de la Unión Europea. 
En cualquier caso, incluso si se aceptase el método puramente comunitario, se limitaría a disponer una sanción penal. 
No parece tener jurisdicción para imponer la sanción en este caso específico. 
En lo que respecta al denominado método nacional, que significa el derecho de los Estados a disponer las sanciones penales en caso de incumplimiento de la legislación comunitaria, no plantea problemas. 
Los Estados son libres de seguir este método. 
Sin embargo, la sanción debe ser de naturaleza efectiva, proporcionada y disuasoria. 
Incluso podría quedar claro que no tiene que ver por lo tanto con la cuestión de la armonización del derecho penal y las sanciones, para lo que solamente puede utilizarse el tercer pilar y tan solo en casos específicos. 
Con la elaboración de la constitución, estas cuestiones tendrán un nuevo fundamento. 
La posición del informe sobre la cuestión básica que he mencionado antes, es decir, si la Comunidad puede imponer una obligación a los Estados miembros para que dispongan sanciones penales, es que el legislador comunitario tiene la capacidad legal para demandar esto a los Estados miembros. 
Para concretar, acepta el principio de salvaguardar la legislación formulada en el Artículo 10 del Tratado CE, en otras palabras, la obligación de los Estados miembros de garantizar que las violaciones de la legislación comunitaria conlleven sanciones penales efectivas. 
Por consiguiente, dado que reconocemos dicha obligación por parte de los Estados, también debemos reconocer la capacidad del legislador comunitario para disponer obligaciones similares, al menos para los incumplimientos graves de la legislación comunitaria. 
Por lo tanto, el informe aclara que, para que dicha iniciativa comunitaria sea acorde con la legislación vigente, solamente debe ejercerse en los casos en que este sea el único modo de salvaguardar el cumplimiento efectivo de las disposiciones comunitarias. 
Por ultimo, el informe también propone que la Comisión Europea, en su capacidad de guardiana de los intereses comunitarios, pueda presentar quejas o interponer una demanda civil, al menos en los casos en los que a los Estados miembros se les conceda un derecho equivalente. 
Es alentador que la Convención Constitucional sintonice con esto, con propuestas definitivas retomadas de la propuesta de resolución, como puede observarse en los artículos? -13, ?? ? -65 y? ?? -172. 
Una vez que se aplique el nuevo Tratado tendremos que volver a examinar esta cuestión. 
Señor Presidente, yo también quisiera dar las gracias y felicitar al ponente. 
Se trata de un informe muy oportuno y bien elaborado sobre lo que, tal como se ha dicho, es una cuestión muy compleja y sensible. 
Aunque compleja, es una cuestión a la que tenemos que dar un enfoque práctico. 
En nuestra comisión ha habido ocasiones en las que se nos han presentado iniciativas por parte de los Estados miembros, en las que quieren que se introduzcan sanciones, pero nos encontramos en una situación en que no podemos responder como quisiéramos. 
Teniendo presente esta situación, cuando se reúna la CIG, el Consejo y los Estados miembros apreciarán el sentido común de lo que se está proponiendo aquí. 
También me ha sorprendido la idea que se nos ha presentado- en la audiencia esclarecedora mantenida con expertos cuando el Sr. Koukiadis estaba elaborando este informe- de que la Comunidad tiene que disponer de los medios para proteger su propiedad en el sentido más amplio. 
Es esto de lo que estamos hablando: la propiedad en su sentido más amplio. 
Pero hay un aspecto que quisiera señalar y destacar. 
Si debemos conferir poderes a la Comunidad en este ámbito de competencia- y conviene que lo hagamos- también es preciso que se apoye en el tipo de equilibrio obtenido por la propia Comunidad al suscribir la Convención Europea de los Derechos Humanos. 
Si queremos tener alguna competencia, aunque sea limitada, en el ámbito criminal, es preciso equilibrar está cuestión evaluando esta legislación a la luz de algo tan fundamental y básico que garantiza los derechos humanos de nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, a estas horas de la tarde no hay mucho que decir, en particular porque todos estamos de acuerdo en cuanto a las virtudes del informe y la cuestión subyacente al mismo. 
Sólo quisiera tratar rápidamente tres principios. 
En primer lugar, es evidente que el Derecho Penal y las sanciones penales afectan a la libertad de los ciudadanos mucho más de cerca que cualquier otra rama de la ley y, por consiguiente, es vital para la libertad como asunto fundamental del Estado de derecho que se esté absolutamente seguro de que existe una base constitucional para el uso del Derecho Penal. 
Una de las cosas que el informe y su exposición de motivos hace es mostrar exactamente en qué medida existe un fundamento. 
En segundo lugar, en una Comunidad democrática, es esencial que los representantes de los ciudadanos puedan votar sobre la cuestión de si conviene que el Derecho Penal se amplíe. 
Solo esto provocaría que consideremos el tercer pilar como un fundamento muy sospechoso para todo tipo de intervención en el Derecho Penal. 
De hecho, excluye a los representantes democráticos de los ciudadanos en este Parlamento de antemano y en los parlamentos nacionales con posterioridad. 
Por lo tanto, es excelente descubrir, tal como señala el Sr. Koukaidis, que se trata de un asunto del pilar comunitario. 
Quisiera subrayar el punto del apartado 7 sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad. 
Nuevamente, transmite un mensaje a los Estados miembros para que mejoren adecuadamente su Derecho Penal y admitir la receptividad a las tradiciones locales en la legislación. 
Esto es absolutamente vital. 
Se trata de tres principios importantes en un informe excelente. 
Doy la bienvenida al Sr. Bolkestein tras su regreso de su breve estancia en Escocia, donde fue muy bien acogido. 
. 
Tal como ha dicho el Sr. MacCormik- a quien doy la bienvenida a Estrasburgo tras nuestras dos reuniones en Edimburgo -, todos estamos de acuerdo. 
La Sra. Wallis ha planteado la cuestión de la adhesión a la Convención Europea de los Derechos Humanos. 
Es una muy buena observación. 
Algunos han propuesto que en lugar de esta Carta de los Derechos Fundamentales, que está en vigor y que probablemente formará parte de la nueva Constitución- si bien hay quien está en desacuerdo con ello -, simplemente tendríamos que adherirnos a la Convención Europea de los Derechos Humanos. 
En la situación actual se corre el riesgo de que se produzca una especie de competencia entre los dos instrumentos. 
Ya se ha debatido esto anteriormente, pero- como bien sabe la Sra. Wallis -, la decisión que se ha tomado finalmente es la de tener una Carta de los Derechos Humanos. 
En estos momentos, de lo que se trata es de saber si será útil adherirse a la Convención Europea de los Derechos Humanos, además de disponer de esta Carta. 
No me gusta la idea de duplicar instrumentos, por lo que me pregunto si la sugerencia de la Sra. Wallis es una buena idea. 
Sin embargo, sin lugar a dudas merece examinarla. 
(A5-0267/2003) del Sr. Mastorakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la Comunicación de la Comisión [COM (2003) 34- 2003/2095 (INI) ] «Segundo informe intermedio sobre la cohesión económica y social» : tendencias regionales, debate sobre el futuro 
y 
(A5-0188/2003) del Sr. Pomés Ruiz, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre las regiones estructuralmente desfavorecidas (islas, regiones de montaña y regiones con baja densidad de población) en el contexto de la política de cohesión y de sus perspectivas institucionales [2002/2119 (INI) ]. 
Señor Presidente, si lo desea, puedo representar al Sr. Pomés Ruiz y hablar en su nombre. 
En primer lugar quiero dar las gracias a los dos ponentes, el Sr. Mastorakis y el Sr. Pomés Ruiz, y felicitarles por su trabajo, y a continuación hacer algunos comentarios sobre los dos informes. 
En lo que respecta al informe del Sr. Mastorakis, me gustaría comentar tres aspectos. 
En primer lugar, sobre la cuestión, tal y como se indica en el informe, de que no podemos reducir el 0,45 % del PIB en la futura política de cohesión. 
Como también ha señalado en el pasado el Comisario Barnier, el Parlamento considera que si la financiación comunitaria para las políticas de cohesión se reduce por debajo de este umbral, estas políticas dejarán de ser fiables y eficaces, especialmente con la ampliación. 
Mi segundo comentario tiene que ver con el objetivo 2, que por supuesto deberá simplificarse de forma que las acciones tengan una mayor visibilidad y mejores resultados para los ciudadanos, motivo por el que preferimos un nuevo Objetivo 2 con acciones temáticas. 
Y por último, un tercer comentario respecto al informe del Sr. Mastorakis y los procedimientos de los Fondos Estructurales. 
Estos deben simplificarse. 
Está quedando patente, y creo que también lo ha entendido así la Comisión, que ha organizado de vez en cuando seminarios sobre la materia con las autoridades locales y regionales, especialmente con anterioridad al nuevo período de programación, que necesitamos aunar nuestras ideas sobre el modo de hacer más eficaces estas acciones mediante su simplificación. 
Me referiré ahora al informe del Sr. Pomés Ruiz sobre las regiones con una desventaja estructural permanente, tales como las regiones insulares, montañosas y ultraperiféricas con una baja densidad de población en el norte. 
En primer lugar quiero celebrar el reciente avance en la Convención Constitucional, que ha ampliado el concepto de cohesión económica y social al añadir el término «cohesión territorial». 
Esperemos que este nuevo término constituya un fundamento jurídico suficiente de forma que tengamos algo más específico y tangible en el futuro para estas zonas. 
Sin embargo, el Parlamento considera que todavía es necesario aclarar el Artículo 158 del Tratado sobre las zonas insulares. 
Como saben, existe una división de opiniones sobre el modo de traducir este artículo concreto. Este se traduce de formas distintas en distintas lenguas. 
Esto debe aclararse de una vez por todas de forma que la disposición sobre las zonas insulares sea válida. 
El Parlamento también considera que, por encima de las acciones estructurales, el artículo relativo a la ayuda estatal, el 87, también debe modificarse de forma que las zonas de las que estamos hablando hoy se incluyan entre las zonas que necesitan un trato especial. 
Aparte de esto, señor Presidente, el Parlamento afirma en el informe del Sr. Pomés Ruiz- creo que de forma acertada- que dentro del marco del nuevo objetivo 2, sobre el que ya he hablado con referencia al informe del Sr. Mastorakis, se necesita una acción temática especial para abarcar estas zonas. 
El Parlamento también añade que, para estas zonas que tienen una desventaja geográfica permanente, puede y debe existir un mayor porcentaje de cofinanciación comunitaria en el futuro a través de los Fondos Estructurales. 
Durante muchos años se ha debatido sobre estas zonas en el Parlamento. 
Recientemente el Comisario ordenó realizar estudios sobre el tema. 
Comenzó por las zonas montañosas y continuó con las insulares. 
Realmente espero que el debate de hoy, y en concreto el informe del Sr. Pomés Ruiz sobre las regiones estructuralmente desfavorecidas, nos dé realmente la oportunidad que hemos buscado durante años de cambiar algo y transmitir a los residentes de estas regiones el mensaje de que estamos dando un enfoque sustancial a sus problemas, porque estas regiones, como creo que han demostrado los estudios de la Comisión, realmente se encuentran con una desventaja permanente debido a su posición geográfica, que les impide disfrutar las mismas condiciones competitivas que otras regiones de la Unión Europea. 
Por tanto, señor Presidente, ha llegado la hora de pasar a la acción y no limitarse a las palabras. 
. (DE) Señor Presidente, permítame que le diga que se pronuncia Duin, como Duisburg. 
Ya sé que a veces resulta un poco difícil, pero me permito aquí esta observación. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, al igual que el orador precedente, quiero dar las gracias a ambos ponentes. 
Creo que ahora hemos dado un buen paso adelante en este debate interminable, en particular gracias al informe del Sr. Mastorakis. 
Quiero comentar los dos informes conjuntamente. 
Está claro incluso para la Comisión que hay reivindicaciones que el Parlamento subraya una y otra vez- incluso en el informe -, y yo considero que podríamos alcanzar un consenso sobre este asunto, en el sentido de que no queremos una nueva nacionalización, que el 75% del PIB es un buen nivel y que el 0,45 % del PIB es el nivel mínimo para poder realizar una política estructural europea viable. 
Ahora me gustaría decir algunas cosas sobre los puntos pendientes que también se mencionan en los informes. 
Muchos creen que un nuevo Objetivo 2, elaborado de cualquier manera, vendría a resolver sus problemas. 
Hemos de ser más honestos, pues no podemos decir a cada región que de alguna manera también ella estará incluida en el Objetivo 2, una vez reestructurado. 
Por ello queremos hacer varias propuestas, que igualmente están reflejadas en los informes. 
La primera se refiere a las regiones que sufrirán el efecto estadístico, es decir, las actuales regiones del Objetivo 1. 
Para estas regiones debemos lanzar un nuevo programa- llamémoslo programa 1b- con una generosa dotación financiera, pero sobre todo- esto es sumamente importante para las regiones y debemos tenerlo en cuenta- con un marco jurídico similar al artículo 87 y que les permita utilizar las ayudas para responder a sus necesidades específicas regionales. 
La segunda se refiere a las regiones desfavorecidas, en las que se centra el informe del Sr. Pomés Ruiz. 
No necesitamos un nuevo Objetivo 2, sino un instrumento muy especial para estas regiones, que tenga debidamente en cuenta los problemas específicos que nosotros, por supuesto, reconocemos. 
No debemos aplicar a todos el mismo rasero. 
La tercera propuesta es la de crear un auténtico Objetivo 2 para las regiones que experimentan un cambio estructural. 
En este punto defiendo, sin embargo, que se conceda a los Estados miembros la mayor libertad posible a la hora de utilizar estos recursos. 
Estos tres aspectos son importantes. 
Están reflejados claramente en el informe Mastorakis tal como ha sido presentado. 
Por ello, desde luego votaremos a favor del mismo. En cambio, el informe Pomés Ruiz requiere algunas modificaciones en este sentido, que esperamos que se aprueben hoy. 
Señor Presidente, también quisiera felicitar a los ponentes, el Sr. Mastorakis y el Sr. Pomés Ruiz por elaborar unos informes excelentes. 
Las disparidades económicas y sociales entre los Estados miembros se han reducido, pero las desigualdades dentro de los Estados miembros se han mantenido e incluso se han agravado. 
El informe reitera la posición del Parlamento de perseguir una política de cohesión comunitaria integradora. 
Tras la ampliación, gran parte de la ayuda estructural y regional se destinará a los nuevos Estados miembros. 
Esto es inevitable. 
Sin embargo, no debemos enfrentar a las regiones de la actual Unión que atraviesan dificultades con las regiones pobres de los nuevos Estados miembros. 
A través de un esfuerzos aunado podemos ocuparnos de ambas. 
Nuestro Grupo apoya los argumentos principales de los informes. 
No voy a volver sobre el contenido de los informes una vez más, pero me gustaría destacar la importancia de varios aspectos. 
Los informes solicitan combinar la política regional con otras políticas. 
Por ejemplo, con respecto a la política económica, agrícola, de transporte y de competencia, deberían tenerse más en cuenta las consideraciones regionales. 
Una vez que la Unión se amplíe, la necesidad de reformar la política regional se intensificará. 
Nuestro Grupo apoya las intenciones de la Comisión de simplificar y aclarar la política regional le insta a que lo haga. 
Al mismo tiempo, debemos mejorar la orientación a los resultados y la calidad de programa, y debe reforzarse el papel que desempeñan las regiones junto con los Estados miembros y la Comisión. Esto también requerirá un trabajo decidido por parte de la Comisión y los Estados miembros. 
El nuevo periodo de programación no puede seguir permitiéndose los pesados niveles de administración que con frecuencia afectan a la actual política regional y estructural, además de las demoras y el aparente embrollo asociado a estas. 
Es importante que se reconozcan e identifiquen las características especiales de las regiones que sufren desventajas geográficas permanentes, y que se busque una solución para ellas. 
Las islas, las regiones montañosas y las zonas poco pobladas tienen el mismo tipo de problemas. 
Son muchos los miembros de mi Grupo que han tratado de resolver activamente los problemas de las regiones insulares y de montaña. 
Yo mismo conozco bien las regiones poco pobladas del norte. 
El desarrollo de la región más septentrional de la Unión queda eclipsado por las grandes distancias, una baja densidad de población, un clima frío y una población envejecida, como consecuencia del traslado de muchas personas a otras zonas. 
Sin embargo, la misma región posee muchas grandes oportunidades. 
Agradezco al Sr. Pomés Ruiz que haya propuesto que las regiones poco pobladas del norte se tengan en cuenta en el tratado constitucional de la Unión. 
Su informe ha aumentado la cohesión. 
Ahora nos entendemos mejor los unos a los otros. 
Los problemas de las diversas zonas menos favorecidas pueden resolverse con buenos niveles de cooperación en el marco de la política de cohesión de la Unión. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ya en el año 2000 me lamentaba en esta Cámara de que, a pesar de un proceso de recuperación de las regiones y Estados miembros más desfavorecidos gracias a las ayudas concedidas por la UE para el desarrollo regional, la distancia entre las regiones menos desarrolladas y las más desarrolladas de la Comunidad apenas se había reducido. 
Las desigualdades en materia de desarrollo regional persisten. 
Este juicio figura igualmente en el informe del Sr. Mastorakis, a quien felicito cordialmente. 
A pesar de todos los esfuerzos de los responsables europeos y nacionales de la política regional, actualmente, en el año 2003, nos encontramos ante retos no menos importantes. 
Dichos retos resultan aún mayores si se tiene en cuenta el estancamiento económico y el gran aumento del desempleo en numerosos países europeos. 
La cohesión económica y social tiene que soportar actualmente cargas muy pesadas. 
Con la ampliación de la Unión Europea a diez nuevos Estados de Europa Central y Oriental no sólo se potenciarán las disparidades regionales y, por consiguiente, aumentarán considerablemente los esfuerzos que deben realizarse para la cohesión, sino que al acercarse el final del período de programación 2000-2006 se aproxima igualmente el debate sobre la futura política regional a partir de 2007. 
En mi opinión, la valoración de los criterios con que se mide el grado de desarrollo y, por consiguiente, se determina la posibilidad que tiene una región de acogerse a las ayudas constituye una cuestión prioritaria. 
Factores del desarrollo regional como el índice de industrialización, el nivel de pobreza y marginación social, el nivel de desempleo, el potencial de investigación y desarrollo, las capacidades de formación, la sostenibilidad del desarrollo y la protección del medio ambiente deben incluirse en esta valoración, junto al único criterio vigente en la actualidad, a saber, el producto interior bruto por habitante. 
Yo, al igual que otros diputados procedentes de regiones del Objetivo 1, concedo especial importancia a que estas regiones específicas no queden excluidas del máximo nivel de ayudas debido a de los cambios aritméticos derivados de la adhesión de los nuevos Estados miembros. Dichas regiones deben contar con el mismo apoyo financiero y las mismas ayudas que ya recibían antes de la ampliación. 
Yo también apoyo la declaración del Sr. Mastorakis en su informe sobre la forma de las futuras regiones del Objetivo 2, es decir, sobre el modo en que se reestructurarán dichas regiones y las medidas del Objetivo 3 para grupos desfavorecidos, y aplaudo sus comentarios sobre la manera en que se determinará el derecho a acogerse a estas medidas. 
. (DE) Señor Presidente, el Tratado de Atenas firmado este año se considera histórico, pero todos sabemos que la labor de integración apenas comienza ahora. 
En una Unión Europea de 25 Estados miembros, integración significa establecer la cohesión social y económica, y si me permite decirlo, señor Comisario, aún no nos ha presentado su plan al respecto, a pesar de que ya es hora de que lo haga. 
En el segundo informe intermedio ni siquiera se observa una estrategia para la cohesión. 
No, señor Comisario, ya no podemos permitírnoslo, ya que si no logramos alcanzar la cohesión económica y social en esta UE de 25, todo el edificio se vendrá abajo. 
Necesitamos una auténtica reforma de los Fondos Estructurales y necesitamos una orientación clara para el uso de los recursos. 
Por lo que respecta al objetivo, los dos últimos veranos hemos recibido una lección dura y amarga: el año pasado las inundaciones, este año los incendios. 
Señor Comisario, creo que es evidente que debemos basarnos en la Resolución de Gotemburgo, es decir, que el desarrollo sostenible debe estar en el centro de los Fondos Estructurales, que los aspectos sociales y de empleo por un lado y los aspectos económicos por otro deben tener el mismo peso, y que los fondos de la UE sólo deben utilizarse en este caso. 
En numerosos ámbitos hemos echado el dinero de la UE por la ventana, y esta forma de proceder no es posible en una UE de 25 Estados miembros. 
Es cierto que las particularidades geográficas comportan unas necesidades de desarrollo particulares, pero a diferencia de muchos de los diputados de esta Cámara considero que las particularidades geográficas en sí mismas no son una desventaja, sino que la desventaja reside más bien en la pobreza de estas regiones. 
Critico los intentos de muchos diputados de defender sus intereses creados y asegurar sus estipendios, cuando el verdadero objetivo debe ser la cohesión económica y social. 
Protesto en contra de que aquí se intente introducir nuevos criterios no relacionados con la pobreza y el desempleo que causan un sufrimiento real a las personas. 
Por ello creo que la Comisión debe mantener los objetivos, que en particular en las regiones con dificultades lo determinante son los criterios de pobreza y no las particularidades geográficas. 
Solo así, sobre la base de unos principios firmes, lograremos abordar las dificultades de diversos tipos, como por ejemplo los problemas de la reestructuración en determinadas regiones, incluso en países ricos, los problemas de la reestructuración de la agricultura, la pobreza de las mujeres y la despoblación de zonas urbanas. 
Estas cuestiones también deben tenerse en cuenta, y para ello contamos con toda una serie de instrumentos, por ejemplo, la reducción progresiva y las subvenciones. 
Espero, señor Comisario, que por fin presente un plan claro a favor del desarrollo sostenible a través de los Fondos Estructurales. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, considero que el segundo informe intermedio sobre la cohesión económica y social constituye un valioso análisis actualizado de la situación actual y de las tendencias relacionadas con el futuro de la política de cohesión en la Unión ampliada. 
Podemos felicitarnos por la solución de compromiso alcanzada tras amplios debates con el ponente y las numerosas enmiendas aprobadas en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, y el informe debería recibir, en su versión actual, el apoyo mayoritario de esta Cámara. 
Pienso tanto en el 0,45 % del PIB destinado a la política de cohesión como en el mantenimiento de las ayudas prioritarias para las regiones del Objetivo 1. 
Me gustaría que el criterio para que dichas regiones puedan acogerse a estos fondos se mantuviera en principio en el 75% del PIB por habitante a nivel de NUTS II, si con ello se neutraliza en el futuro el denominado efecto estadístico. 
Es sabido que al final del período de programación en curso las regiones afectadas por el efecto estadístico no habrán superado, por supuesto, el 75% de la UE actual. 
De un día para otro, para ser más precisos del 30 de abril al 1 de mayo del año próximo, una simple operación aritmética convertirá a pobres diablos en gente rica, a pesar de no tener un céntimo más en el bolsillo. 
Este es el llamado efecto estadístico. 
Estas regiones siguen necesitando las ayudas de los Fondos Estructurales para consolidar y seguir llevando a cabo el proceso de aproximación económica y social iniciado con tanto éxito en el período de programación precedente. 
Por ello, el informe destaca con toda claridad, sobre la base de las enmiendas introducidas en comisión, que debe prestarse especial atención a las regiones que sufren estos efectos estadísticos, y que en el futuro estas regiones también deberán recibir un trato similar al que reciben las regiones del Objetivo 1, con un nivel de apoyo equivalente y con la ayuda suministrada de conformidad con la letra a) del apartado 3 del artículo 87. 
Las disposiciones transitorias vigentes- phasing out- no tienen en cuenta los problemas específicos de estas regiones afectadas por el efecto estadístico. 
Por ello, el informe, en su versión actual, debería recibir el apoyo mayoritario de esta Cámara. 
Señor Presidente, aquellos de nosotros que procedemos de regiones con desventajas estructurales permanentes tenemos verdaderos motivos para estar agradecidos al Sr. Pomés Ruiz por su informe y las ideas innovadoras que contiene. 
Hablo no solo en nombre de mi país, Escocia, sino también desde el conocimiento de algunas de las islas griegas más remotas y del norte de Finlandia y Suecia. 
Sin embargo, los problemas del carácter insular, de los terrenos montañosos y de la escasez de población afectan a muchas zonas de otros Estados miembros y también de algunos países candidatos. 
Un gran mérito del informe es el reconocimiento de los efectos cuando estos problemas se combinan o se agravan. 
A este respecto celebro en particular la enmienda propuesta del artículo 158 del Tratado, así como, más en general, el deseo de integrar las cuestiones de desventaja estructural en la política de la Unión Europea. 
No obstante, quisiera señalar en particular las peticiones de que las regiones montañosas se califiquen de zonas desfavorecidas desde el punto de vista agrícola en relación con los reglamentos de los Fondos Estructurales, de que se tengan más en cuenta las desventajas geográficas en relación con los reglamentos sobre la ayuda pública y de que se aborden las causas de la emigración. 
En este último contexto, la importancia del aislamiento y la dificultad del acceso son de sobra conocidas, especialmente en lo que respecta a las islas. 
Por lo tanto, quisiera asociar la buena acogida que me merece el informe a la del análisis de las regiones insulares patrocinado por la Comisión. 
En Escocia preocupa que debido a que ciertos tipos de islas han quedado excluidos del estudio, las mismas puedan verse afectadas negativamente en las políticas futuras. 
Sin embargo, visto el hincapié que hace en las desventajas asociadas al pequeño tamaño y a la escasa población de los archipiélagos y en la doble desventaja- por ejemplo, islas con montañas -, es evidente que tales preocupaciones no tienen razón de ser. 
De hecho, las propuestas formuladas en el estudio, de incrementar la investigación y el intercambio de información y de impulsar proyectos innovadores al amparo de Interreg, pretenden ofrecer verdaderas ventajas prácticas a todos aquellos que viven en islas. 
Mi agradecimiento, por lo tanto, al Comisario y al ponente, o mejor dicho, a ambos ponentes por igual. 
Señor Presidente, esta iniciativa pretende dar un impulso a la Unión Europea propagando el método comunitario para desarrollar políticas europeas para regiones europeas, en lugar de naciones, y para establecer una base jurídica de la nueva ayuda estructural para los países de la ampliación al amparo de la constitución propuesta. 
Sin embargo, incluso el ponente admite que con la ampliación aumentarán drásticamente las diferencias de renta entre las regiones de Europa. 
El Comisario destaca que en la Unión Europea de los Quince, 48 regiones, que representan el 18% de la población, tienen una renta per cápita inferior al 75% de la media, mientras que en una Unión ampliada un total de 67 regiones estarán por debajo del umbral del 75%, representando un 26% de la población total. 
Sin embargo, en lugar de conceder fondos estructurales a zonas económicamente deprimidas, el ponente propone que, con la ampliación, se canalice el dinero a regiones montañosas, remotas o insulares desfavorecidas, una definición mucho más estricta para la distribución. 
Por lo tanto, un sistema que ya es intrínsecamente malo se vuelve aún peor. 
Cada país sabe exactamente dónde se necesita ayuda dentro de sus propias fronteras y, sin embargo, la Unión Europea está decidida a ejercer su autoridad controlando la ayuda estructural para lo que estima son regiones empobrecidas. 
Si el control de la financiación se devolviera a los Gobiernos nacionales, estoy seguro de que el Gobierno del Reino Unido estaría al tanto de la acuciante necesidad de financiación que tiene mi región, el sudoeste, donde hemos sufrido terriblemente los efectos de las desastrosas políticas comunes de pesca y agrícola de la Unión Europea. 
La administración de los fondos por parte de nuestro propio Gobierno garantizaría que toda la infraestructura de transportes- ferroviario, por carretera y aéreo- recibiera la atención que merece en beneficio de todos nuestros pequeños empresarios del sudoeste, y de todas las personas que participan en nuestra vital industria turística. 
Nosotros sabemos mucho mejor que los burócratas de Bruselas dónde se precisan fondos. 
Señor Presidente, en los últimos cuatro años me he dirigido muchas veces a esta Asamblea para reclamar la revisión del método de administración de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la Unión Europea. 
Hoy no va a ser diferente. 
Es muy raro que yo esté completamente de acuerdo con un miembro del Partido Laborista del Reino Unido. 
Esto ocurrió hace poco en un histórico discurso del Ministro de Economía, Gordon Brown, que, como todos sabemos, ha reclamado la repatriación de la ayuda regional. 
Básicamente, es una buena idea. 
El sistema actual, como hemos visto repetidas veces, es inviable, y la burocracia es cada vez más agobiante. 
Una y otra vez hemos visto informes que pasan por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo que destacan las desigualdades existentes a causa de un sistema que falla precisamente a las personas que pretende ayudar. 
Sé que la idea planteada por el Sr. Brown no fue bien recibida aquí, o, más bien, en la Comisión, especialmente por los miembros de su propio partido. 
Tengo mis dudas sobre lo lejos que irá el Gobierno del Reino Unido en la defensa de esta idea. 
He votado en contra del informe Mastorakis en comisión, no solo porque es un mal informe, sino también porque hay referencias que a mi entender no podíamos ignorar. 
Está claro que la enérgica defensa que se hace en el apartado 2 de la posición de la Comisión de rechazar la renacionalización difiere de mi propia opinión, como ya hemos comentado. 
Tampoco puedo apoyar ninguna referencia a contratos tripartitos: al permitir a la Comisión emprender estas acciones directamente con las regiones, dejaremos que pasen por encima de nuestros Estados nacionales. 
Siempre he expresado mis preocupaciones por estos intentos repetidos de evitar el escrutinio de los parlamentos nacionales. 
Seguiré haciéndolo porque me parece un precedente peligroso, que abre furtivamente la puerta a una Europea de las regiones, cosa que rechazo de plano. 
Para concluir, un hecho puro y duro: millardos de euros siguen en las arcas de la Comisión, sin perspectivas de que se gasten. 
De cara al futuro lo que necesitamos es un enfoque mejor orientado y más centrado en las prioridades coordinadas de financiación, proyectos transfronterizos o importantes elementos de interés comunitario; el resto habría que dejarlo en manos de los Estados miembros. 
Señor Presidente, el fracaso de la ambición declarada de la política regional de la Unión Europea de impulsar la cohesión económica y social presagia una perspectiva todavía más desfavorable para su aplicación a los Estados miembros más débiles tras la ampliación. 
De hecho, en numerosos casos, no solo no se ha reducido la diferencia de desarrollo, sino que también la ampliación ha aumentado la diferencia entre las regiones rezagadas y las regiones desarrolladas. 
Esto sucede en las regiones insulares y de montaña y en las ciudades plagadas de desempleo masivo y pobreza. 
Por ejemplo, tras 23 años de integración, Grecia sigue siendo el país más pobre de la Unión Europea. 
Cada vez es más pobre, con regiones en las que la renta per capita está descendiendo. 
La falta de recursos y los constantes recortes no han ayudado a reforzar el concepto ampliamente difundido de cohesión, ni ha estabilizado el nivel de desarrollo. 
Por el contrario, estos han causado trastornos que han exacerbado la desintegración económica y social de las regiones. 
Por otra parte, las regiones pobres se han duplicado con creces desde la ampliación. 
Esta situación, señor Presidente, es tal que no podemos aceptar la valoración de los ponentes de los excelentes resultados alcanzados en el curso de la cohesión económica y social de las regiones de la Unión Europea. 
Señor Presidente, la política de cohesión debe tener en cuenta las circunstancias especiales de las islas muy pequeñas. 
Sobre una base organizativa y política, en la actualidad la UE trata a todas las islas bajo el mismo epígrafe, de forma que incluso las islas muy pequeñas y poco pobladas se incluyen en la misma categoría que las islas con muchos miles de habitantes. 
Yo vivo en una isla pequeña, Endelave, que tiene 180 habitantes y está situada a una hora de navegación en el Kattegat. 
Es obvio que vivimos en condiciones bastante distintas de las existentes, por ejemplo en Córcega o en otras islas con muchos miles de habitantes. 
Los retos son bastante distintos, y no podemos estar en la misma categoría que las islas de gran tamaño. 
Esto también se aplica a los análisis del potencial y las circunstancias especiales de las islas por parte de la Comisión. 
Las islas pequeñas deben eliminarse de este análisis y formar su propia categoría, dando pie a conclusiones distintas sobre ellas y sus oportunidades de desarrollo. 
A este respecto, es importante reconocer la unión de islas pequeñas que ya existe con el nombre de Red Europea de Islas Pequeñas (European Small Islands ' Network). 
En la medida en que existen Fondos Estructurales para el desarrollo, también deben asignarse a las islas muy pequeñas y debe permitirse que a escala nacional se preste apoyo al desarrollo de las mismas. 
Su desventaja particular requiere apoyo para los procesos de desarrollo que puedan aumentar el asentamiento y el empleo, es decir, la promoción de una sociedad durante todo el año también en las islas pequeñas. 
La conexión mediante transbordadores es esencial a este respecto. 
En primer lugar y por encima de todo, es importante que los transbordadores que prestan servicios a las islas pequeñas estén exentos de los requisitos de licitación de la UE. 
La licitación solicitada por la UE y aplicada con respecto a los transbordadores que prestan servicio a las islas pequeñas de Dinamarca ha ocasionado un gran gasto para las empresas, pero nadie les ha hecho una oferta. 
Es bastante grotesco que, por una parte, debamos tener una serie de normativas que ocasionen gastos innecesarios a las pequeñas islas y su espíritu, mientras nosotros, al mismo tiempo, hablamos de las ayudas al desarrollo para estas zonas. 
El transbordador debe considerarse la única carretera de las islas. 
Se trata de una cuestión de igualdad de oportunidades. 
Señor Presidente, también quisiera felicitar a los ponentes, el Sr. Mastorakis y el Sr. Pomés Ruiz por elaborar unos informes excelentes. 
La política de cohesión es un requisito fundamental para la existencia y la legitimidad de la UE en su conjunto. 
Se necesita un mecanismo que también impulse la prosperidad en las regiones más desfavorecidas. 
La política de cohesión se fundamenta en el Tratado de la Unión Europea. 
Tanto en el Tratado actual y como en el elaborado por la Convención Europea, la cohesión regional y social se presenta como un principio que afecta a todos los ámbitos de la política. 
Cuando los nuevos Estados miembros se incorporen a la Unión Europea, todos precisarán desarrollo estructural. 
El peligro es que se reduzca la financiación regional y estructural con respecto a los antiguos Estados miembros. 
Entonces estas regiones económicamente menos favorecidas tendrían que pagar más por la ampliación que las regiones que son más fuertes, que, por otra parte, serán las más beneficiadas por la misma. 
Por este motivo, no debe reducirse la financiación para las zonas que antes cumplían los requisitos. 
En Finlandia y Suecia, en concreto, existen regiones remotas y escasamente pobladas, las actuales zonas del objetivo 1, para las que el acceso a los mercados es difícil. 
Por este motivo estas regiones deberían considerarse zonas muy remotas, del mismo tipo que las Islas Canarias, Madeira y las Azores. 
Un problema concreto es el modo ineficaz y burocrático en que actualmente se administran los Fondos Estructurales. Esto se refleja en la infrautilización de los fondos, lo cual es catastrófico. 
En 2000 se dejaron de gastar 6 700 millones de euros de créditos; el año siguiente el importe ascendió a 8 700 millones de euros y en 2002 a 6 200 millones de euros. 
Los compromisos pendientes ascienden actualmente a más de 90 millardos de euros, o prácticamente el equivalente al presupuesto de tres años. 
Esto pone en peligro la credibilidad de todo este ámbito político. 
La administración debe reformarse drásticamente y simplificarse en gran medida. 
La denominada regla n+2, ideada para hacer la administración más eficaz, no funciona debido a que la Comisión acepta pagos anticipados repetidos, incluso cuando el proyecto ni siquiera debería haber comenzado. 
Por este motivo también debería revisarse esta regla. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en mi condición de austriaco procedente de un Estado federado con muchas regiones fronterizas, de una región rural y de montaña, acojo favorablemente el informe presentado. 
Mi interés se centra en tres ámbitos. 
En primer lugar, Europa es una comunidad de paz, lo que requiere una democracia transparente, eficiente y próxima al ciudadano, libertad y responsabilidad, no discriminación y solidaridad. 
Y hoy estamos hablando de solidaridad. 
Para mí, la solidaridad no es una cuestión de caridad, sino de distribución y de pensamiento holístico. 
La solidaridad tampoco se limita al Estado nacional. Si deseamos convertir el mercado interior en un mercado nacional, no debemos renacionalizar el Fondo de Cohesión. 
En segundo lugar, si contemplamos el Tratado Constitucional veremos que nuestra visión se ha impuesto, ya que de lo que se trata realmente es de negociar nuestra declaración de principios. Los ámbitos políticos mencionados son tan sólo un medio para alcanzar estos objetivos. 
Me gustaría citar brevemente el artículo 3: «La Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado, en una economía social de mercado altamente competitiva... 
La Unión combatirá la marginación social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales... 
La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad... » 
Dos de nuestros valores fundamentales que figuran en el artículo 2 son la solidaridad y la no discriminación. 
Y de lo que se trata es de adoptar medidas firmes para alcanzar los objetivos comunes de nuestra Unión Europea. 
Y en tercer y último lugar, pido a la Comisión que tenga en cuenta a las regiones que hemos mencionado hoy cuando elabore una Directiva marco sobre los servicios de interés económico general. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quisiera desear a todos un buen comienzo del año laboral y esperemos que resulte gratificante. 
Espero que todos nos hayamos dado cuenta durante el verano de que también existe una vida fuera del Parlamento. 
Sin embargo, es el momento de preguntarnos sinceramente si la actual política regional cubre las necesidades reales. 
No creo que la política deba continuar por las líneas actuales simplemente con la incorporación de pequeños cambios. 
El Parlamento ha hecho hincapié en que debería emplearse el 0,45 % del PIB de la Unión para financiar esta política. 
Pero, ¿cómo demonios hemos llegado exactamente a esa cifra? 
En primer lugar deberíamos estudiar las necesidades de las regiones y los medios rentables con los que podamos cubrir dichas necesidades. 
No es prudente comprometerse con ninguna suma por anticipado. 
Obviamente, puede destinarse tanto como se desee a algo como esto, pero ¿es eso inteligente? 
Por supuesto, seguimos necesitando una política regional responsable para la UE. 
Sin embargo, ¿es sensato repartir la ayuda entre todas las regiones de forma que cada una obtenga simplemente unas migajas con un enorme coste administrativo? 
Deberíamos considerar la propuesta de Gran Bretaña de prestar apoyo solamente a las regiones más pobres de la UE. 
En la práctica esto implicaría que solamente los nuevos Estados miembros recibirían ayuda. 
Otras ayudas regionales se nacionalizarían, de forma que se pudiese evitar la burocracia de la UE. 
Sin embargo, me gustaría destacar que los actuales Estados miembros no perderían con la reforma, ya que con la ampliación las ayudas se reducirían sustancialmente de cualquier modo. 
Como es natural, las contribuciones de los Estados miembros se verían reducidas en la misma medida que las ayudas reducidas. 
Desgraciadamente, cualquier cambio importante como este todavía cae en saco roto en lo que a la política se refiere. 
La actividad favorita de los políticos siempre ha sido repartir el dinero de otros. 
Sin embargo, los fondos comunes deberían tratarse con mayor cuidado que nuestro propio dinero, ya que gastar el dinero de cualquier modo siempre significa quitárselo a los miembros más necesitados de la sociedad. 
Si vamos a hacer de la UE una zona dinámica, como dijimos en Lisboa, deberíamos entender que el dinero no crece en los árboles, ni siquiera en esta era de los OMG. 
Señor Presidente, Señorías, se lo debemos a aquellos que nos han votado para que actuemos de forma honesta y conforme a sus intereses a largo plazo. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este debate trata ni más ni menos que del futuro de la política europea de cohesión a partir de 2006. 
Doy las gracias a los Sres. Mastorakis y Pomés Ruiz por su excelente labor. 
La promoción de la cohesión económica y social debe tener prioridad absoluta, especialmente en una Unión ampliada. 
Las diferencias entre las regiones más ricas y las más pobres resultarán más evidentes en la Unión de los 25. 
Sin embargo, el pasado nos ha demostrado que la política regional europea puede hacer una importante contribución a la aproximación de los niveles de vida a través de programas útiles. 
Es lógico que en el futuro sean precisamente las regiones de los nuevos Estados miembros las que se vean beneficiadas por las ayudas europeas, ya que es en la política regional donde podemos ver realmente a Europa en acción y vislumbrar la solidaridad europea. 
En mi condición de diputado por Sajonia conozco lo que se ha logrado en mi tierra, en Alemania del Este, gracias a la solidaridad europea. 
Por ello debemos felicitarnos de que la Comisión hable en su segundo informe intermedio de una solución justa para las 18 regiones de los actuales Estados miembros que se verían afectadas por el efecto estadístico. 
No necesito convencerles de que por el mero hecho de que las regiones se conviertan en ricas por efecto de un simple cálculo estadístico no significa que se hayan resuelto sus problemas estructurales. 
Por esa razón es necesario encontrar una solución no solo justa, sino también sólida para estas 18 regiones. 
Mediante mecanismos de transición especiales debe ser posible que en el futuro sean tratadas, si no ya como regiones del Objetivo 1, al menos como regiones similares a las del Objetivo 1, y que reciban la ayuda correspondiente. 
Sólo así las ayudas concedidas hasta ahora rendirán un beneficio a largo plazo y no habrán sido en vano. 
Señor Presidente, me alegro de que el Sr. Pomés Ruiz haya señalado en su informe la consideración y el apoyo especiales que necesita el norte de Finlandia y de Suecia, donde la densidad de población es extremadamente baja y el clima es duro, y que está muy alejado de los mercados europeos. 
Actualmente estas zonas corresponden a la categoría del Objetivo 1. 
Ninguna otra parte de Europa está tan poco poblada: tienen una media de 4,4 habitantes por kilómetro cuadrado. 
La política regional de la Unión Europea ha contribuido al esfuerzo a favor del desarrollo en estas zonas, mejorando la competitividad y potenciando el espíritu empresarial. 
La lejanía de las zonas periféricas supone elevados costes de marketing, comercio y transporte de productos y personas. 
Convendría tener en cuenta estos factores al fijar niveles de ayuda suficientes. 
Gracias a la dimensión regional de las actividades de la Unión, el norte de Finlandia y de Suecia ha desarrollado soluciones innovadoras en el ámbito del aprendizaje electrónico y de la sanidad electrónica, por ejemplo. 
El norte de Finlandia también puede servir de puente de la Unión Europea al noroeste de Rusia, permitiendo así el acceso a amplios recursos nacionales y por tanto con un gran potencial. 
Acojo con agrado que la política de cohesión se centre en la competitividad impulsando el desarrollo económico. 
No obstante, no hay que olvidar que a menudo las desventajas geográficas limitan el desarrollo de la economía, la producción y, por tanto, el empleo. 
Las zonas del norte de Finlandia y de Suecia tienen necesitan indudablemente ayuda regional de la Unión Europea, y convendría reconocer las desventajas estructurales de las zonas escasamente pobladas independientemente del PIB. 
Además de las zonas escasamente pobladas, hay otras muchas que tienen unos niveles de desempleo excepcionalmente altos, y estas también podrían beneficiarse de iniciativas comunes. 
Si no pueden optar a otros Fondos Estructurales, deberían beneficiarse del Objetivo 2 renovado o de otras iniciativas comunitarias similares. 
Me complace advertir que el Sr. Barnier ha hablado de un modelo a la carta para el Objetivo 2 renovado. 
En el futuro habría que hacer más hincapié en este modelo. 
El Parlamento también lo ha acogido con gran satisfacción. 
Señor Presidente, felicito a los ponentes y acojo con satisfacción el segundo informe de progreso de la Comisión. 
El Fondo de Cohesión es una herramienta de valor incalculable para ayudar a los Estados miembros menos ricos a recuperar terreno, especialmente en el desarrollo de redes de infraestructuras y la mejora del suministro de agua, a fin de contribuir al desarrollo sostenible a largo plazo de las regiones desfavorecidas. 
La simplificación de las normas de aplicación ayudará mucho a los países de la ampliación. 
Es innegable que sigue habiendo grandes disparidades entre los Estados miembros actuales y, por lo tanto, defiendo la propuesta de mecanismos de financiación transitorios para la ayuda comunitaria en las zonas del Objetivo 1 existentes después de 2006. 
En mi propia región periférica del Objetivo 1, después de que mi país hubiera recibido durante varios años fondos de cohesión, la Comisión de Peticiones de este Parlamento ha reconocido hace poco que en comunidades como Carraroe de mi propia circunscripción existía un sistema de suministro de agua inseguro y tercermundista. 
¿Cómo puede suceder esto? 
Aunque admito el argumento a favor de establecer grandes proyectos, cuando estos proyectos desvían la financiación de las zonas del Objetivo 1, como ha sucedido en mi país, habría que presionar a los Gobiernos nacionales para que reconozcan su función y sus obligaciones en relación con el uso de los fondos de cohesión para un desarrollo regional equilibrado. 
Soy consciente de que es una cuestión interna, pero ayuda a señalar un fallo de la política de cohesión actual. 
Se haría un mejor uso del superávit de 80 millardos de euros de los fondos de cohesión estructurales si se devolvieran a los Estados miembros, para destinarlos específicamente a los desequilibrios internos en regiones desfavorecidas que padecen un mal sistema de suministro de agua o con una infraestructura viaria insuficiente. 
También podrían financiarse otras herramientas esenciales para crear empleo en zonas en que la agricultura y la pesca luchan por sobrevivir. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy al mediodía. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0263/2003) del Sr. Schmitt, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la negociación y aplicación de acuerdos de servicios de transporte aéreo entre Estados miembros y países terceros (COM (2003) 94- C5-0065/2003- 2003/0044 (COD) ). 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, de hecho hoy estamos deliberando sobre un Reglamento relativo a las negociaciones y la celebración de acuerdos en materia de transporte aéreo. 
Esto pone fin a una disputa en la que se han visto envueltos desde hace años la Comisión y los Estados miembros, una disputa que, desgraciadamente, no fue resuelta políticamente en un momento en que habría sido razonable, sino que finalmente tuvo que ser zanjada por una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. 
En el pasado, los Estados miembros seguían celebrando acuerdos de transporte aéreo bilaterales, lo que hizo que el mercado interior- que ya alcanzamos en 1992- no existiera en el sector del transporte aéreo, con lo que se limitaron y restringieron las oportunidades y posibilidades de las líneas aéreas de los Estados miembros. 
Por ello es lógico- y estoy plenamente de acuerdo con ello- que contemos por fin con un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos a fin de que el continente europeo pueda competir y disfrutar de las oportunidades que los Estados Unidos aprovechan desde hace años en nuestros Estados miembros. 
No estoy plenamente de acuerdo con los comentarios de la Comisión, y así lo he dejado claro en mi informe: tal vez debido en parte a su enojo y en parte a su frustración después de tratar de convencer durante años al Consejo de que le concediese un mandato de negociación, la Comisión ha hablado de ilegalidad, y al hacerlo posiblemente ha tirado la fruta buena con la mala. 
Cuando el Comisario Barnier señala que el Consejo ya ha aceptado más o menos que de ahora en adelante los Estados miembros tendrán que someter a aprobación el resultado de sus negociaciones bilaterales, creo que nos hemos apartado considerablemente de lo que habíamos debatido intensamente en el pasado y de lo que figura en el Tratado Constitucional, a saber, el principio de subsidiariedad. 
A pesar de todo el enfado, de toda la euforia, no puedo compartir el planteamiento de la Comisión, que pretende ahora tratar a los Estados miembros como a niños en lo que después de todo es una cuestión importante para las compañías aéreas nacionales. 
No discuto el hecho de que es correcto y procedente que la Comunidad dirija en el futuro las negociaciones en determinados ámbitos, entre otras cosas debido a la equivalencia necesaria. 
Pero usted ha mencionado con toda la razón que actualmente existen más de 2 000 acuerdos bilaterales nacionales sobre transporte aéreo, y que estos acuerdos deberán seguir desarrollándose, tendrán que ser renovados y los nuevos que se formalicen se añadirán a esta cifra. 
Pienso que es correcto y procedente que estos acuerdos sigan formando parte de la soberanía de los Estados miembros en aquellos ámbitos en que no resulte obligatorio ni necesario un acuerdo comunitario. 
Para mí no cabe duda de que los acuerdos nacionales deben ser compatibles con la legislación comunitaria, pero no es posible que se limite la espontaneidad y soberanía de los Estados miembros hasta el punto de que, por decirlo así, no sólo sea necesario notificar el inicio de las negociaciones de cada acuerdo, sino que deba presentarse el resultado de las mismas para que la Comisión los apruebe. 
Repito con toda claridad que he intentado exponerlo de una forma algo diferente en mi informe y que no me he ajustado a la propuesta de la Comisión que el Comisario Barnier acaba de reiterar. 
La Comisión debería limitarse al ámbito en que sea necesario que negocie la Comunidad, y en los demás, los Estados miembros deberían tener el derecho a negociar, por supuesto respetando la legislación comunitaria y, en su caso, el derecho de intervención de la Comisión. 
Cuando digo que esta disputa llega a su fin, me refiero a que confío en que a más tardar en la segunda lectura llegaremos a un acuerdo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Hasta hace poco se celebraron conversaciones con este fin, ya que todas las partes se muestran dispuestas a cambiar ligeramente su posición. 
Los Estados miembros están dispuestos a aceptar que se les obligue a incluir determinadas cláusulas en los futuros acuerdos sobre transporte aéreo, y por ello creo que lograremos resolver oportunamente esta cuestión a pesar de la diferencia entre las posiciones iniciales, para mutua satisfacción de todas las partes. 
Quiero abordar un último punto, ya que a continuación pasaremos a la votación. 
Se trata de la enmienda 17. Esta enmienda, que desgraciadamente- utilizo la palabra con conocimiento de causa- ha obtenido una mayoría en comisión, establece que en los futuros acuerdos deberá incluirse el principio de quien contamina paga. 
Me gustaría recordar una vez más que, a la hora de negociar acuerdos de transporte aéreo, se trata de establecer qué derechos pueden concederse y qué derechos pueden utilizarse. No puedo entender qué tiene que ver el principio de quien contamina paga con un acuerdo sobre el transporte aéreo relativo a derechos de tráfico. 
Podemos incluir muchas cosas en la normativa, pero es preferible que excluyamos aquello que no forma parte de ese ámbito, por ser irrelevante. 
Por ello les ruego encarecidamente que no voten a favor de la enmienda 17. 
(Aplausos prolongados) 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, mi Grupo apoya desde luego el enfoque del ponente consistente en proceder gradualmente, porque es lo que hay que hacer. 
Si he comprendido correctamente al Sr. Barnier, también él se ha acercado a la posición del ponente, ya que en un principio la Comisión afirmaba que los Estados miembros debían cancelar todos los acuerdos sobre transporte aéreo para que ella concluyera nuevos. 
Si he entendido bien al Sr. Barnier, éste se aproxima a nuestra línea, pues debemos tener en cuenta dos aspectos: debemos aplicar la sentencia del TJCE, lo que implica igualmente que debemos crear condiciones de competencia justas para nuestras compañías aéreas europeas en relación con las de terceros países. 
Esta es una tarea de gran importancia. 
Pero también debemos tener en cuenta que las compañías aéreas necesitan seguridad jurídica. 
Necesitan seguridad jurídica en sus acuerdos de transporte aéreo con los Estados del mundo y por ello no es posible cancelarlo todo y quedarse en el limbo. 
Al contrario, al principio es mejor limitarse a aquellos aspectos para los que la Comisión cuenta con los recursos humanos necesarios. 
Por ese motivo, señor Barnier, es necesario que emprenda el camino propuesto por el ponente y proceda paso a paso. 
El acuerdo más importante es el referido a los Estados Unidos. 
Queremos un mercado transatlántico en el sector aéreo que cuente con normas razonables en materia de acceso, con normas razonables en materia de competencia, y espero que la señora Comisaria de transporte nos informe en breve en comisión hasta qué punto se habrán preparado las negociaciones con los Estados Unidos y cuándo van a iniciarse. 
Creo que, desde el punto de vista económico, este es el acuerdo más importante para todas nuestras compañías aéreas, ya sea Air France, British Airways o Lufthansa, y de ahí que debamos llegar a un consenso razonable, y reviste asimismo una gran importancia para la competencia entre ellas. 
En este sentido espero que avancemos rápidamente en este tema. 
Una vez que hayamos establecido dicho modelo de espacio aéreo abierto y justo con los Estados Unidos, debemos procurar, como señala el ponente, trasladarlo a aquellos Estados que ya cuentan con un mercado igualmente liberalizado o pretenden alcanzarlo. 
Permítame decir para terminar que, al margen de esto, debemos negociar urgentemente con Rusia, ya que las condiciones que Rusia impone a nuestras compañías aéreas son básicamente algo que no podemos aceptar. 
Debemos proceder con prudencia, comenzar con los Estados Unidos, pero no perder de vista a Rusia. 
Señor Presidente, quiero comenzar agradeciendo a mi colega, el Sr. Schmitt, el gran trabajo realizado en relación con esta propuesta. 
Han pasado casi cuatro años desde que concluimos nuestro informe sobre el desafío mundial del mercado único en este Parlamento, que suscitó el apoyo general a un espacio aéreo común transatlántico. 
Estoy de acuerdo con conceder un mandato a la Comisión para negociar un espacio aéreo abierto con los Estados Unidos, sustituyendo los acuerdos bilaterales actuales y las restricciones a la titularidad que impiden a la industria desarrollarse sobre una base mundial. 
Sin embargo, no deberíamos subestimar las dificultades que pueden surgir. 
Por lo tanto, celebro los comentarios de la Comisión sobre los siguientes aspectos. 
Aunque la Sra. Palacio no está aquí hoy, agradecería una respuesta por escrito. 
En primer lugar, me gustaría empezar pidiendo a la Comisaria que nos asegure que no se renunciará a los acuerdos de aviación bilaterales actuales con terceros países, ni se congelarán durante un período indefinido mientras se negocian los acuerdos comunitarios. 
Es vital que pueda proseguir la actividad normal. 
En segundo lugar, ¿puede la Comisión garantizarnos que durante las negociaciones los negociadores de los Estados Unidos no les harán acceder, como primer paso, a la llamada «cosecha temprana» que, al tiempo que satisfaría las exigencias actuales de los Estados Unidos, reduciría las posibilidades de lograr una liberalización plena? 
En tercer lugar, ¿cómo abordará la Comisión la importante cuestión de la inyección masiva de dinero en la industria estadounidense por importe de 11 millardos de dólares desde el 11 de septiembre y además los programas Fly America y CRAF, con un valor combinado de 775 millones de dólares? 
Estos programas distorsionan la competencia y son incompatibles con los regímenes bilaterales actuales y con toda liberalización futura entre Europa y los Estados Unidos. 
En cuarto lugar, ¿puede la Comisaria asegurar asimismo que la industria aeronáutica participará directamente en estas negociaciones, como sucede ahora en la práctica a escala internacional? 
Por último, dado que un acuerdo satisfactorio entre la Unión Europea y los Estados Unidos sentaría las bases para una mayor liberalización a escala mundial, ¿puede garantizarnos la Comisión que no solicitará más mandatos hasta que se alcance un acuerdo satisfactorio con los Estados Unidos? 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es la segunda ocasión en la que intervengo en una hora, lo que no deja de ser cosa rara. 
Ahora puedo frenar un poco en otoño. 
Me complace que finalmente vayamos a tener una política común de la UE sobre el transporte aéreo, ya que la situación actual es totalmente estúpida y por lo tanto necesita una completa revisión. 
La decisión el pasado año del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas fue muy positiva. 
Antes de ella, los Estados Unidos tenían sometidos a los Estados miembros debido a acuerdos bilaterales. 
Los acuerdos de cielos abiertos han impedido que se realizasen fusiones entre nuestras líneas aéreas, ya que no se han permitido vuelos a los Estados Unidos desde ningún país que no sea en el que está registrada la línea aérea europea. 
La imposibilidad de las fusiones ha mantenido fragmentado nuestro mercado de servicios aéreos, que a su vez ha erosionado la competitividad de nuestras aerolíneas y ha dado lugar a precios elevados. 
Una vez más los intereses de los consumidores se han visto eclipsados por los beneficios alcanzados. 
En lugar del estrecho planteamiento nacional, deberíamos darnos cuenta de que las aerolíneas nacionales no son el objetivo, sino los vuelos económicos y eficazmente organizados, porque el cliente, el europeo, siempre tiene razón. 
Por este motivo deberíamos acoger la globalización con los brazos abiertos también en este sector y aprovecharla en beneficio de nuestros ciudadanos. 
Las propuestas de la Comisión respecto a los acuerdos sobre servicios aéreos son por lo tanto totalmente adecuadas. 
También quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Schmitt, por su planteamiento sistemático y pragmático. 
Cuando llega el otoño los pájaros vuelan hacia el sur. 
Si permitimos que aumente la competencia entre líneas aéreas, los europeos menos acomodados también podrán volar con ellos. 
Quiero agradecer al Sr. Vatanen que haya conseguido dar, al final de su intervención, una dimensión política a este debate. 
Naturalmente, he escuchado todas sus intervenciones y transmitiré a la Sra. de Palacio todos sus comentarios. 
Señor Presidente, hemos trasladado también a la Secretaría del Parlamento la posición de la Comisión sobre cada una de las enmiendas que se han propuesto 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy al mediodía. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0254/2003) del Sr. Watts, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo sobre transporte marítimo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Popular de China, por otra (6049/1/2003 REV1- COM (2002) 97- C5-0062/2003- 2002/0048 (CNS) ). 
Señor Presidente, el sector marítimo es una industria importante que genera mucho empleo en Europa. 
El 40% del comercio de la Unión Europea ya se hace por mar o por vías navegables interiores. 
La mayor parte de nuestro comercio con el resto del mundo se hace por vía marítima. 
Los que queremos fomentar el uso de esta modalidad de transporte más ecológico celebramos cualquier acción que promueva el comercio marítimo. 
En este contexto yo, como ponente, acojo con satisfacción el acuerdo sobre transporte marítimo entre la Comunidad Europea y la República Popular de China. 
China es el tercer socio comercial más importante de la UE fuera de Europa, lo que confiere al mercado chino una importancia particular para los intereses navieros europeos. 
El crecimiento del comercio con China supone un importante impulso del empleo y una oportunidad para desarrollar más el sector marítimo a fin de garantizar que aumente aún más el comercio marítimo. 
En las últimas décadas, las relaciones con China se han desarrollado de forma positiva, en particular con respecto al sector marítimo, y la mayoría de los Estados miembros han firmado acuerdos bilaterales con los chinos. 
El objetivo principal de esta propuesta es garantizar un acuerdo a escala comunitaria para mejorar las condiciones de las actividades de transporte de mercancías que conciernen a China y a la Unión Europea. 
Por lo tanto, el acuerdo se aplica a las actividades de prestación de servicios logísticos y de transporte marítimo internacional de mercancías entre los puertos de China y de los Estados miembros, y, de hecho, al transporte marítimo internacional de mercancías entre los puertos de la Unión Europea. 
Por ejemplo, con respecto a los puertos y al uso de la infraestructura, cada una de las partes contratantes garantizará un tratamiento no discriminatorio de los buques del otro país. 
El mismo principio regirá con respecto a las cargas, las tarifas y los trámites aduaneros. 
El acuerdo se concluye por un período de cinco años y se revisará tácitamente cada año. 
El acuerdo solo sustituirá las disposiciones en materia de comercio de los acuerdos marítimos bilaterales vigentes. 
Celebro en particular dos características importantes de este acuerdo. 
En primer lugar, si bien este acuerdo es menos favorable que los acuerdos bilaterales vigentes, las condiciones más favorables prevalecen. 
En segundo lugar, me complace que la Comisión haya señalado informalmente que ayudará a las empresas discriminadas, planteando informal y directamente estas cuestiones a los chinos y, por tanto, evitando posibles litigios duraderos y costosos. 
Quisiera agradecer personalmente a la Comisión su ayuda a este respecto. 
Este acuerdo con China también se aplica a buques que enarbolan las banderas de terceros países, pero que pertenecen o son explotados por una compañía naviera de China o de un Estado miembro de la Unión Europea. 
En otras palabras, es probable que vayamos a dar acceso preferente a banderas de conveniencia. 
Tras los desastres del Erika y del Prestige, hemos de preguntar a la Comisión por qué el acuerdo pretende ofrecer las ventajas del acceso ilimitado y del tratamiento no discriminatorio a los propietarios de buques chinos o europeos que deciden registrar sus navíos en terceros países. 
También lamento la falta de consultas formales con los interlocutores sociales, que podrían haber abordado algunas de estas consideraciones y así el acuerdo habría sido más eficaz. 
Por consiguiente, he presentado una enmienda que pide revisiones sucesivas, las revisiones anuales que ya he mencionado, para tener en cuenta este aspecto. 
La enmienda pretende añadir un nuevo párrafo 1 a) a la resolución legislativa, que dice lo siguiente: «Solicita que las preocupaciones sobre el reconocimiento de banderas de terceros países en virtud de este acuerdo se evalúen en renovaciones sucesivas.» 
La enmienda no pretende, en absoluto, inhibir ninguna de las ventajas que aporte a todas las partes de este acuerdo, sino que trata simplemente de revisar esta posible laguna. 
Para concluir, celebro, en calidad de ponente, este histórico acuerdo marítimo de la Unión Europea con la República Popular de China. 
Es un paso positivo en la construcción de relaciones aún más estrechas entre Europa y China, un impulso considerable del empleo y un impulso notable para quienes deseamos ver renacer el comercio marítimo europeo. 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria De Palacio, señor Comisario Barnier, Señorías, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos aplaude y aprueba la celebración del Acuerdo de transporte marítimo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Popular de China, por otra. 
Este acuerdo garantizará un trato justo y sin discriminaciones de las empresas de transporte marítimo europeas y chinas en los puertos de la otra parte, facilitando así el comercio entre la Unión Europea y China. 
Esto resulta aún más importante en vista de que actualmente la República Popular de Chino ya es el tercer socio comercial de la Unión Europea. 
Este acuerdo es importante no solo porque regula el transporte marítimo, incluido el transporte intermodal relacionado con este último, sino porque también permite la constitución de filiales al 100% de empresas de una las partes en la otra. 
Estas filiales están facultadas, entre otras cosas, a contratar a directivos de cualquier nacionalidad. 
Este aspecto constituye un claro avance en materia de seguridad jurídica para las empresas europeas de transporte marítimo. 
Posiblemente sepan ustedes, al igual que muchos de nosotros, que tenemos numerosos acuerdos y conversaciones con China, pero las autoridades locales- y las autoridades portuarias son autoridades locales- tienen en ocasiones otras maneras de hacer las cosas. 
Por ello tiene una importancia decisiva que ahora concluyamos un acuerdo que garantice a nuestras compañías navieras europeas un trato no discriminatorio en todos los puertos chinos. 
Por supuesto, la Comisión debe asegurarse- y quizá usted, señora Comisaria y Vicepresidenta De Palacio, pueda decirnos algo al respecto- de que este acuerdo se aplique rápida y correctamente en toda China. 
En particular se trata de la utilización sin discriminaciones de las infraestructuras portuarias y de los servicios marítimos por parte de las compañías navieras europeas en los puertos chinos; pero también se trata de que las compañías navieras europeas, que deben pagar tasas y derechos, lo hagan en las mismas condiciones que las demás empresas y no se vean desfavorecidas ni discriminadas, y de que las formalidades aduaneras no sean un obstáculo para nuestro comercio y nuestras empresas de transporte marítimo en los puertos chinos. 
Llamamos asimismo a las empresas navieras europeas a que acudan a nosotros y a la Comisión cuando surjan problemas a fin de investigarlos. 
Y ahora paso a la enmienda a la propuesta de resolución presentada por los Sres. Simpson y Watts, con el último de los cuales nos conocemos tan bien. 
Esta enmienda resulta simplemente superflua. 
Durante el procedimiento en comisión se produjo un intercambio de correspondencia con la Comisión, y la Comisión señaló lo que posteriormente usted mismo, señor Watts, confirmó, a saber, que este es un acuerdo para las compañías navieras de Europa y China. 
Bajo qué pabellón navegan sus buques es asunto suyo. 
Así son las costumbres internacionales y, por lo tanto, no puede usted actuar como si el empleo de pabellones de terceros países fuese un delito o algo muy peligroso. 
La propia Comisión ha asegurado que vigilará para que este acuerdo no comporte desventajas para los marineros europeos. 
Confiamos en la Comisión. 
La enmienda es superflua. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera dar las gracias al ponente por su excelente trabajo. 
Mi Grupo apoya este trabajo en todos sus aspectos. 
Es cierto que se trata de una cuestión importante: la mitad del comercio, por así decirlo, corre sobre el agua. 
China es realmente nuestro tercer mayor socio comercial fuera de Europa, y su importancia está creciendo muy rápidamente; además, hasta ahora no ha habido ningún acuerdo como este con China. 
Este se aplicará a ámbitos como el transporte marítimo de mercancías y la logística. 
Es muy importante que este principio de no discriminación, del que también ha hablado el anterior orador, al igual que el ponente, se apoye ahora en un acuerdo que también contempla medidas en caso de incumplimiento. 
Este principio de no discriminación es esencial para nosotros. 
Otra cuestión importante es que el acuerdo permite a las compañías navieras participar en actividades empresariales y establecer sus propias empresas, filiales y oficinas de representación, lo cual constituye también un avance importante. 
Si una compañía naviera europea considera que está siendo discriminada, puede apelar no solo a sus propias autoridades, sino también a las de la Unión Europea. 
Desde luego, esto significa un tipo distinto de poder en su conjunto. 
Este acuerdo implica que nuestra posición y nuestras demandas cobrarán fuerza. 
El transporte marítimo necesita un sistema común de regulación, ya que el sector se ha convertido en una actividad despreciable, incluso criminal, y de trabajo precario. 
Precisamente por este motivo, necesitamos estrictos controles en el sector del transporte marítimo. 
También quisiera preguntar cómo pretende tratar la Comisaria la cuestión de las banderas de conveniencia cuando se producen incidentes como el del Prestige u otros. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy al mediodía. 
-De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0152/2003) del Sr. Poignant, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2001/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas (COM (2003) 1- C5-0006/2003- 2003/0001 (COD) ). 
Señor Presidente, Señorías, la propuesta que estamos debatiendo recomienda el establecimiento de un sistema de calidad europeo para los profesionales marítimos de terceros países con certificados de cualificación emitidos fuera de la Comunidad que trabajan en barcos comunitarios. 
El objetivo de esta propuesta es garantizar que las tripulaciones extranjeras que trabajan en barcos con bandera de un Estado miembro de la Unión han sido formadas y certificadas en todos los casos conforme a los requisitos internacionales. 
La propuesta es especialmente importante si se examina a la luz de las catástrofes marítimas del Erika y el Prestige. 
El factor humano es un aspecto muy serio de la seguridad en el mar; al mismo tiempo salvaguarda el medio marino. 
Por lo tanto, las tripulaciones de todo tipo que trabajen en barcos comunitarios deben estar suficientemente formadas. 
Permítanme comentar brevemente los principales elementos de la propuesta. 
En primer lugar, la propuesta introduce un sistema europeo armonizado para el reconocimiento a nivel comunitario de sistemas de certificación y formación marítima de terceros países, los cuales cumplirán todos los requisitos del Convenio S? CW, el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar. 
Mi segundo comentario tiene que ver con el establecimiento de un procedimiento eficaz para la acción directa con respecto a los cambios del sistema de formación y certificación de terceros países. 
La táctica de controlar y en su caso retirar el reconocimiento, si hay motivos para ello, son dos elementos esenciales del texto. 
Sobre todo, la propuesta contempla la táctica de reevaluar a todos los países reconocidos cada cinco años. 
En tercer lugar, la clave para la propuesta es la nueva Agencia Europea de Seguridad Marítima, cuyas opiniones expertas y profesionalidad serán de gran ayuda para la Comisión en esta importantísima tarea. 
Esta nueva práctica legislativa mejorará la calidad y la eficacia del sistema para reconocer los certificados de los profesionales marítimos conforme a un único sistema comunitario. 
Los Ministros de Transporte unánimemente alcanzaron un acuerdo político sobre esta propuesta en marzo. 
El examen por parte del Consejo nos permitió introducir determinadas enmiendas que mejoran nuestra propuesta inicial. 
Por ejemplo, el reconocimiento de un tercer país seguirá en vigor salvo que existan pruebas de incumplimiento por parte de dicho país, en cuyo caso se retirará el reconocimiento. 
Señorías, esta es la esencia de nuestra propuesta, cuya principal preocupación es garantizar que las tripulaciones de terceros países sean profesionalmente competentes. 
Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo da las gracias al ponente por este informe y lo apoya. 
Es importante prestar atención a la formación. 
Cada vez con más frecuencia, barcos con bandera de un Estado miembro están tripulados por personas de terceros países. 
Esta propuesta facilita la contratación de miembros de la tripulación de terceros países y por este motivo debemos tener mucho cuidado en este caso, ya que podría representar un obstáculo para la contratación de personal formado de la Unión Europea. 
Por lo tanto, ahora debemos asegurarnos de que no se opta por gente sin formación para que haga estos trabajos y de que las tripulaciones están adecuadamente formadas. 
Por este motivo apoyo la enmienda 1, además de la 4: los certificados emitidos en concreto deben hacerse a prueba de fraudes. 
Imagínense un barco con una tripulación con papeles falsos y que quizás ni siquiera sabe leer dichos papeles. 
También hay que tener en cuenta la enmienda 6: los certificados deben extenderse en varias lenguas, ya que esto facilita su comprobación, además del trabajo de las autoridades. 
Con respecto a la enmienda 7, deberíamos intervenir cuando los países no hagan lo suficiente para impedir la falsificación de dichos documentos y certificados. 
Se trata de una violación de este acuerdo en lo que respecta al Estado implicado. 
De hecho se ha observado que hay países que no hacen lo suficiente o no hacen nada con respecto a los certificados falsos. 
Esto es muy importante por ese motivo. 
Imagínense el Golfo de Finlandia con 20 metros de masa flotante de hielo y una tripulación sin formación, sin conocimientos de idiomas y sin ayuda de un rompehielos ruso en un barco monocasco en invierno. 
¿Puede esperarse otra cosa que una catástrofe? 
Espero que la Comisión trate este asunto con la máxima seriedad. 
Señor Presidente, el presente informe es un complemento especialmente importante de lo que ya existe. 
Quiero dar las gracias al ponente por el trabajo realizado. 
Esta revisión del actual régimen de reconocimiento de los marineros procedentes de terceros países constituye sobre todo una mejora de la situación actual. 
La verificación por parte de la Agencia Europea de Seguridad Marítima de si la formación cumple los requisitos fijados en el convenio de la OMI, tras lo cual el tercer país en cuestión recibe una aprobación válida durante cinco años, es positiva, pues con ello mejorará la seguridad marítima en torno a las aguas europeas. 
Utilizamos directamente la Agencia que hemos creado. 
Es importante que, en la medida de lo posible, pensemos lo mismo, que tengamos reglas reconocibles y un lenguaje reconocible. 
A fin de cuentas, muchos de los accidentes marítimos no solo se deben a fallos técnicos, sino que a menudo son debidos precisamente a la falta de atención, a errores humanos que podrían haberse evitado si las personas hubiesen estado más alerta. 
Considero indeseables las enmiendas que proponen usar otras lenguas, además del inglés, como lenguas oficiales en el mundo marítimo. 
Hemos de encontrar una conexión con otras unidades en el lenguaje internacional. 
En la aviación, por ejemplo, está clarísimo que el inglés es la lengua oficial adecuada. 
Así, por ejemplo, hubo problemas lingüísticos cuando el Tricolor naufragó en el Canal de la Mancha. 
Los accidentes que tuvieron lugar después de que se hundiera el Tricolor, se debieron en parte a los problemas de comunicación entre el capitán que hablaba en inglés y los prácticos franceses. 
Por consiguiente es increíblemente importante que en toda la Unión, y en realidad en todo el mundo, se reconozca la misma lengua y se utilicen las mismas reglas. 
Señor Poignant, creo que por lo general su informe es excelente y lo apoyaré en líneas generales. 
Señor Presidente, en el Mar del Norte, en la costa flamenca se está trabajando mucho para retirar los restos del naufragio del Tricolor. 
En el plazo de 1 año se han producido casi 60 accidentes, algo difícil de explicar. 
En el último mes, en el río Schelde, hacia Amberes, tuvimos incluso tres colisiones graves. 
Esto ya no es una casualidad. 
Está claro que una de las maneras más importantes de evitar los accidentes con buques es disponer de una tripulación con una buena formación. 
Por ello, todos los pasos para mejorar la calidad de la tripulación merecen el apoyo de este Parlamento. 
Mi Grupo ha estado muy satisfecho de la rapidez con que la Comisión lanzó la propuesta de crear un sistema uniforme de las competencias de los navegantes. 
Mi Grupo ha instado a incluir en esta propuesta de la Comisión un aspecto de igualdad de oportunidades en relación con el desarrollo de la carrera profesional a bordo. 
La propuesta de la Comisión ha de encargarse de que el personal no europeo no se convierta en personal de segunda fila. 
Asimismo se habla mucho de la calidad y del estatuto social de los tripulantes y de la influencia de estos factores en la seguridad marítima. 
Esperamos que un informe de evaluación después de la aprobación de las modificaciones de la presente Directiva aporte claridad sobre la relación entre la formación de los tripulantes y la naturaleza y el número de accidentes marítimos. 
Este podría ser el primer paso en el largo camino hacia una verdadera bandera europea. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Solicitud de consulta del Comité Económico y Social sobre la salud y la seguridad en el lugar de trabajo en los países en vías de adhesión 
(El Parlamento aprueba la petición de consulta) 
Informe (A5-0255/2003) del Sr. Gargani, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo) (versión codificada) (COM (2003) 127- C5-0127/2003- 1999/0085 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0250/2003) de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adaptación a la Decisión 1999/468/CE del Consejo de las disposiciones relativas a los comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado de la CE (11253/2/2002- C5-0223/2003- 2001/0314 (COD) ) (ponente: Sra. Frassoni) 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0252/2003) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los abonos (12733/2/2002- C5-0224/2003- 2001/0212 (COD) ) (ponente: Sr. Lechner) 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Informe (A5-0231/2003) de la Sra. Torres Marques, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 218/92 sobre cooperación administrativa en materia de impuestos indirectos (IVA) en cuanto a medidas adicionales relativas a prestaciones de servicios de viajes (COM (2003) 78- C5-0145/2003- 2003/0057 (COD)) 
Señor Presidente, recuerdo que cuando hace unos meses se votó mi primer informe, la Comisión declaró de forma memorable que, cuando adopta decisiones en el marco del procedimiento de comitología, está dispuesta a dar información al Parlamento, pero no toda la información. 
En esos momentos esto causó una gran hilaridad en la Asamblea. 
Además, si el Parlamento se opusiera a una decisión, «posiblemente» tendría en cuenta la objeción del Parlamento. 
Como pueden ustedes imaginar, esto provocó consternación en la Asamblea. 
Por este motivo el informe fue devuelto a comisión. 
Ahora puedo decir que hemos examinado más a fondo el asunto. 
Hemos mantenido intensos debates con la Comisión y lo que tienen hoy ante ustedes es el resultado de estos contactos. 
La Comisión ha aceptado enviar al Parlamento toda la información establecida en el acuerdo interinstitucional que en principio ya tenemos con la Comisión. 
Si el Parlamento tiene objeciones contra una medida de aplicación aprobada en el marco de la comitología, entonces la Comisión debe retirarla, modificarla o tener en cuenta la objeción de alguna otra forma, o acudir a la Asamblea para explicar por qué adopta otro tipo de acción. 
No es ideal, pero nos permite arreglárnoslas hasta que entre en vigor la nueva constitución, que introducirá una nueva categoría de legislación delegada que nos conferirá más poderes al amparo de las cláusulas constitucionales. 
Pido al Parlamento que vote a favor. 
Constituye sin duda un avance importante y apropiado desde el punto de vista del Parlamento. 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0253/2003) de la Sra. Wallis, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la iniciativa del Reino de los Países Bajos con vistas a la adopción de un Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento del Consejo (CE) nº 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (14363/2002- C5-0590/2002- 2002/0824 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Después de la votación: 
Señor Presidente, si el Consejo va a mantener el texto, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior opina unánimemente que hay que rechazar esta propuesta, tanto por motivos técnicos como políticos. 
El Parlamento puede votar para finalmente rechazar el texto, en lugar de devolverlo a comisión. 
No creo que la comisión cambie de opinión, por motivos técnicos y políticos. 
Si el Consejo no considera oportuno estar aquí, entonces deberíamos rechazarlo definitivamente ahora. 
. 
(FR) El transporte aéreo es uno de los muchos ejemplos que hay del hecho de que la pretendida Unión Europea es, ante todo, una suma coja de rivalidades de intereses entre Estados y entre sus consorcios y grandes grupos industriales. 
Las autoridades europeas quieren una Europa que forme un bloque en la competencia mundial. 
No lo consiguen. Y no lo han conseguido más en el sector aéreo que en otros, porque las grandes compañías europeas también compiten entre sí. 
Cuando les interesa asociarse o celebrar acuerdos con compañías no europeas, en particular norteamericanas, no es la opinión de las instituciones europeas la que puede impedírselo. 
El autor del informe, partidario de la libre competencia, trata de conciliar el afán de conseguir valor añadido de las compañías aéreas de la Comunidad con el dominio de la naturaleza salvaje de sus rivalidades. 
Que los defensores de la Europa capitalista se las arreglen para perseguir la cuadratura del círculo. 
Nosotros votamos en contra de este informe porque estamos en contra de este sistema basado en la competencia, reglamentada o no, porque es una fuente inmensa de problemas. 
- (EL) La propuesta de la Comisión forma parte de la estrategia general de la UE para regular las relaciones aeronáuticas entre la Comunidad y terceros países y para concentrar a nivel comunitario competencias que hasta la fecha han estado bajo la jurisdicción de los Estados miembros, reforzando así el proceso de detracción de los Estados miembros de su capacidad de negociación independiente y reducir su soberanía nacional. 
Después de remitir el asunto al Tribunal Europeo por parte de la UE y, esencialmente, tras resultar convictos los ocho Estados miembros que han firmado acuerdos bilaterales de servicio aéreo del tipo «cielos abiertos» con los Estados Unidos, la UE ha encontrado una oportunidad estupenda para obligar a los Estados miembros a que consientan su intervención y participación en lo que ha sido hasta el momento la cuestión estrictamente nacional de negociar y rescindir o renegociar los acuerdos bilaterales de servicio aéreo existentes. 
De este modo, la UE se está «inmiscuyendo» literalmente en las negociaciones entre Estados miembros y terceros países y está fomentando la integración europea y los intereses de los monopolios de la aviación europea en detrimento de la capacidad de los Estados miembros para negociar de forma independiente con terceros países, en función de sus intereses nacionales con el fin de alcanzar acuerdos beneficiosos para estos en el campo de sus relaciones aeronáuticas. 
Votaremos en contra de este informe ya que, pese a todo esfuerzo por mitigar las disposiciones contrarias, sigue las mismas líneas que la Comisión. 
He votado a favor del informe Mastorakis, señor Presidente, porque es realmente importante y meritorio para Europa, y por tanto también para este Parlamento, ayudar a las regiones más pobres a convertirse en regiones ricas, que a su vez podrán ayudar a las regiones que hoy son ricas y que entre tanto se habrán vuelto pobres. 
Debo destacar sin embargo que estaría bien que Europa determinase qué es una región. 
Sabemos, por ejemplo, que en muchos países de la Europa central- países que desde el 1 de mayo serán Estados de la Unión Europea- las regiones no existen. 
Se efectuarán delimitaciones territoriales figurativas, inventadas, que no obedecerán a una realidad geográfica real y uniforme. 
Por tanto, hay que prestar más atención a la definición de qué es una región en Europa. 
Señor Presidente, siguiendo con lo dicho por el Sr. Fatuzzo, merece la pena destacar que el concepto de «región» es radicalmente ambiguo. 
Por ejemplo, en cuestiones constitucionales, la antigua nación de Escocia se considera actualmente un región de Europa. 
Sin embargo, en relación con los fondos de que estamos hablando, Escocia cuenta con varias regiones muy diferentes. 
Por ejemplo, los Highlands y las islas incluyen algunas de las islas más aisladas de Europa, con grandes problemas de transporte a causa del tiempo y de las mareas, y de los costes que supone. 
Los Highlands es una de las regiones montañosas menos pobladas de Europa. 
Esta región contrasta con la región central de Escocia y, de nuevo, con la región fronteriza, escasamente poblada y que tiene sus propios problemas específicos. 
Me alegro de que en estos dos informes de hoy hayamos rechazado las propuestas de renacionalización radical de los Fondos Estructurales. 
A este respecto el Gobierno del Reino Unido ha llevado la voz cantante. 
Me alegro de que hoy, por lo visto, los Socialistas Europeos, incluido al Partido Laborista del Reino Unido, hayan desechado las propuestas de renacionalización del Sr. Brown. 
Hemos llegado a conclusiones positivas sobre la necesidad de mantener los fondos estructurales en el ámbito europeo y de tomarnos en serio los problemas de la cohesión territorial y de la desventaja geográfica permanente. 
La ampliación de la Unión Europea está creando una nueva situación en la política regional de la Unión, que es por lo que existe una necesidad, entre otras cosas, de: 
seguir distribuyendo recursos a las regiones en peligro de marginación, no en virtud de un progreso real, sino debido al cambio de los umbrales estadísticos tras la integración de los 10 nuevos Estados miembros de la UE; 
seguir proporcionando apoyo transitorio a las regiones que han superado el 75% conforme a una base real, no estadística; 
rechazar el desarrollo de la nacionalización de la política regional a raíz de la congelación del presupuesto en los niveles previos a la ampliación; 
concentrarse en las regiones subdesarrolladas y en otras regiones gravemente desfavorecidas en el aspecto estructural; 
reforzar la cooperación interregional; 
incluir la dimensión regional en todas las políticas de la UE. 
Por ultimo, el informe Mastorakis incluye valiosas propuestas especiales. 
Básicamente, el Movimiento de Junio cree que los Fondos Estructurales para el desarrollo deberían eliminarse progresivamente. 
Solamente en la medida en que tengamos realmente Fondos Estructurales para el desarrollo habrá que tener en cuenta también a las islas muy pequeñas. 
Su desventaja particular requiere apoyo para los procesos de desarrollo que puedan aumentar el asentamiento y el empleo, es decir, la promoción de una sociedad durante todo el año también en las islas pequeñas. 
El Movimiento de Junio vota a favor del informe, pero quisiera señalar lo grotesco que es que al mismo tiempo que proporciona ayuda al desarrollo, la UE impone sobre las sociedades insulares, a través de sus exigencias de procedimientos de licitación, una situación en la que el transporte, que es totalmente esencial, se encarezca de forma innecesaria. 
Señor Presidente, quiero decir que mi primera explicación de voto ha sido una explicación conjunta de mis dos votos. 
Me alegro de que estos informes sobre los fondos regionales hayan sido aprobados y no tengo nada más que decir. 
- (EL) Al igual que mi Grupo, he votado a favor de la propuesta de resolución sobre las regiones estructuralmente desfavorecidas. 
La ampliación de la UE con 10 nuevos miembros y el estancamiento del presupuesto comunitario en el mismo nivel están dando lugar a graves preocupaciones sobre la actuación de la Unión en las regiones insulares, las regiones de montaña y las regiones con poca densidad de población de la Unión. 
Es importante mantener y reforzar la «política de cohesión» y no crear una escisión ni una incoherencia de programación y financiación. 
Debe respetarse totalmente el principio político de la «solidaridad» para reducir las desventajas estructurales de estas regiones. 
Es especialmente importante la facilidad para aumentar la financiación para las regiones desfavorecidas, en función del alcance de sus desventajas. 
Por último, me gustaría destacar la urgente necesidad de detener la erosión del suelo en las zonas insulares, como el Egeo, con un extenso programa de conservación de la red de muros construidos en seco. 
Básicamente, el Movimiento de Junio cree que los Fondos Estructurales para el desarrollo deberían eliminarse progresivamente. 
Solamente en la medida en que tengamos realmente Fondos Estructurales para el desarrollo habrá que tener en cuenta también a las islas muy pequeñas. 
Su desventaja particular requiere apoyo para los procesos de desarrollo que puedan aumentar el asentamiento y el empleo, es decir, la promoción de una sociedad durante todo el año también en las islas pequeñas. 
El Movimiento de Junio vota a favor del informe, pero quisiera señalar lo grotesco que es que al mismo tiempo que proporciona ayuda al desarrollo, la UE impone sobre las sociedades insulares, a través de sus exigencias de procedimientos de licitación, una situación en la que el transporte, que es totalmente esencial, se encarezca de forma innecesaria. 
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias al Sr. Poignant y a todos los diputados que han participado en el debate. 
Las enmiendas propuestas confirman el planteamiento de la Comisión del procedimiento específico para el reconocimiento de los certificados de los profesionales marítimos y coinciden en gran parte con la postura del Consejo. 
La Comisión está dispuesta a aceptar casi la mitad de las enmiendas aprobadas por el Parlamento, que realmente mejoran la propuesta. 
Sin embargo, la Comisión no puede estar de acuerdo con las enmiendas que introducen la posibilidad de retirar el reconocimiento de determinados institutos de formación marítima en terceros países, es decir, las enmiendas 3, 12, 15, 17 y 20. 
Esta medida no sería ni práctica ni productiva. 
La Comisión está a favor del reconocimiento global y general de los sistemas y procedimientos de terceros países que garantizan el mismo valor educativo de los institutos individuales. 
Esta valora muy positivamente los esfuerzos del Parlamento por examinar la retirada de dichas enmiendas. 
Sobre este mismo tema, la Comisión puede aceptar la enmienda 19, que ha sido ligeramente modificada por el Consejo, que dispone un mecanismo para advertir a terceros países si existen indicios de que un instituto de formación individual deja de cumplir los requisitos del Convenio STCW, convenio básico sobre formación y certificación. 
En cualquier caso, la Comisión rechaza la enmienda 24, que propone anular el uso obligatorio del inglés en las comunicaciones entre el barco y la costa, siempre que las partes que se comunican no hablen la misma lengua. 
Esta disposición, que ha sido refrendada por el Consejo, simplemente ajusta la legislación comunitaria a los correspondientes requisitos del Convenio SOLAS, vigente en todo el mundo desde julio de 2002. 
Creo que, con el fin de evitar ambigüedades en las comunicaciones entre el barco y la costa, las partes directamente implicadas en la misma deberían comunicarse en la lengua que les sea más familiar. 
Por lo tanto, si las partes no hablan la misma lengua, deben comunicarse en inglés, ya que de otra forma no podrán entenderse. 
Además, quisiera agradecer al Parlamento sus enmiendas muy interesantes con respecto a la introducción de un certificado de conformidad europeo para los certificados de competencia, además de su ratificación y el reconocimiento por parte de los Estados miembros, es decir, las enmiendas 4, 5 y 6. 
Se trata de una sugerencia realmente valiosa y la Comisión la incorporará en el marco de una propuesta legislativa especial sobre los certificados de competencia de los Estados miembros, que solicitará la facilidad de reconocimiento de certificados entre los Estados miembros y, al mismo tiempo, salvaguardará el cumplimiento de los requisitos aplicables. 
Además de esto, me gustaría concretamente llamar su atención sobre las conclusiones del Consejo sobre la mejora de las profesiones marítimas y relacionadas con el transporte de mercancías aprobadas por los Ministros de Transporte en Luxemburgo este año. 
El Consejo solicitó a la Comisión que emitiese una propuesta legislativa sobre el reconocimiento de certificados entre los Estados miembros. 
La Comisión emitirá una propuesta legislativa sobre este tema en el futuro próximo; por tanto, pueden retirarse las enmiendas, ya que el tema se tratará de forma específica el año que viene. 
Quisiera también llamar su atención sobre la enmienda 16, que requiere a los Estados miembros que informen a la Comisión y a los demás Estados miembros antes de retirar cualquier ratificación que confirme el reconocimiento de los certificados emitidos por un tercer país. 
La Comisión considera que dada la urgencia de dichas situaciones, los Estados miembros deberían tener la oportunidad de retirar su ratificación incluso antes de informar a los demás Estados miembros. 
El Consejo está de acuerdo con este punto de vista y realmente creemos que es importante que el Parlamento decida volver a examinar esta enmienda. 
Por último, estoy totalmente de acuerdo con las enmiendas 7 y 13, tal y como han sido modificadas por el Consejo, por las que los terceros países serán reevaluados con el fin de verificar si han tomado las medidas adecuadas contra el fraude relativo a los certificados. 
Es realmente esencial impedir el fraude con los certificados de competencia y varios diputados al Parlamento Europeo ya han recalcado esta necesidad al respecto. 
Estamos seguros de que el Parlamento Europeo apoyará los puntos de vista de la Comisión sobre las anteriores enmiendas. 
Señora Presidenta, Señorías, si esta Directiva se aprueba en primera lectura, pronto tendremos a nuestra disposición un sistema eficaz y fiable para recibir a los profesionales marítimos extranjeros en nuestros barcos. 
Señora Presidenta, felicito al ponente y celebro la propuesta de la Comisión de revisar la actual reglamentación sobre el reconocimiento de los marinos procedentes de países de fuera de la Unión Europea. 
La actual reglamentación es engorrosa y ha causado duplicaciones y elevados costes administrativos. 
Por lo tanto, es lógico y beneficioso establecer el reconocimiento de la formación impartida en terceros países. 
Es vital que el reconocimiento, no solo de los sistemas y procedimientos de terceros países, sino también de su cumplimiento continuado, esté, durante un sustancial período de tiempo inicial, estrictamente supervisado en el ámbito europeo, ya que este reconocimiento tendrá carácter mundial. 
Una dificultad particular destacada por varios marinos comunitarios es la cuestión de la falta de comprensión y de dominio de las lenguas para comunicarse con marinos de terceros países. 
Por lo tanto, celebro que se hayan incluido requisitos lingüísticos para la certificación de los marinos de terceros países. 
Esto es fundamental para garantizar la seguridad, en particular en casos de emergencia. 
La seguridad marítima es una prioridad y todos debemos hacer lo que podamos para garantizar que el error humano se mantenga en un grado mínimo. 
La Comisión y la Agencia Europea de Seguridad Marítima tendrán una gran responsabilidad. 
Quisiera destacar también que hemos de hacer lo posible por apoyar y promover la marina como profesión en la propia Comunidad Europea. 
Quiero pedir su apoyo a determinadas enmiendas: La enmienda 11, que aclara que los certificados emitidos antes de que la Directiva entre en vigor seguirán siendo válidos; la enmienda 21, que establece que solamente se reconozca a los países que cumplen el Convenio STCW, y la enmienda 22, que propone un período definitivo para que los Estados miembros apliquen estas propuestas. 
Señora Presidenta, simplificar y actualizar esta normativa es esencial para promover la movilidad de trabajadores en la Unión Europea. 
Quisiera recordar al Parlamento Europeo que hace dieciocho meses se acordó un plan de acción específico de promoción de la movilidad y varias de estas importantes medidas de promoción tenían que ver con la necesidad de coordinación y cooperación entre los sistemas de seguridad social, pero no solo eso. 
La cuestión de la movilidad está directamente asociada a la competitividad, a la creación de empleo y la cohesión social, y constituye en esencia el requisito imprescindible para un verdadero mercado de trabajo europeo. 
Durante los años previos de aplicación de esta normativa, sus disposiciones han demostrado ser excepcionalmente complicadas, densas y pesadas. 
Por lo tanto, el sistema ya no responde a los nuevos avances de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros ni a las nuevas condiciones de movilidad de la Unión Europea. 
En otras palabras, esta normativa debe simplificarse y actualizarse urgentemente, y este es precisamente el objetivo de la propuesta de la Comisión. 
La simplificación hará que la legislación comunitaria sea más comprensible para los ciudadanos para los que ha sido creada. 
En lo que respecta a la actualización, me gustaría destacar tres enmiendas básicas. 
La primera se refiere al aspecto personal de la normativa. 
La normativa propuesta se aplicará no sólo a los trabajadores que se desplaza sino también a todos los ciudadanos de la Unión Europea cubiertos por la legislación sobre seguridad social de un Estado miembro. 
La libertad de movimientos no solo debe beneficiar a los trabajadores, sino a todos los ciudadanos europeos. 
La normativa propuesta, y esta es la segunda enmienda, pretende ampliar el aspecto material de la ampliación de las normas de coordinación. 
De este modo, los sectores de la seguridad social incluyen nuevas formas de prestaciones, como prestaciones de jubilación anticipada. 
La tercera enmienda importante propuesta por la Comisión tiene que ver con las prestaciones de desempleo para los trabajadores transfronterizos. 
La Comisión propone que los trabajadores transfronterizos reciban las prestaciones del último Estado en el que han trabajado. 
Esto es importante para poner fin a la complicada e insatisfactoria distinción entre el trabajo a jornada completa y a media jornada de los trabajadores transfronterizos típicos y atípicos. 
Cada año la Comisión recibe miles de reclamaciones de trabajadores que trabajan en un país y viven en otro y que con frecuencia sufren discriminación debido a la ineficaz coordinación de los sistemas de seguridad social. 
Por lo tanto creemos que esta propuesta ayudará no solo a actualizar el sistema, lo cual es necesario, sino también a simplificarlo, de forma que funcione con más agilidad tanto para los ciudadanos como para los Estados miembros. 
Señora Presidenta, como se viene diciendo, el Reglamento (CEE) nº 1408/71 es el mecanismo para coordinar los sistemas de seguridad social entre los Estados miembros, no para armonizarlos. 
Por ejemplo, es el Reglamento que concede el derecho a reembolsar los costes sanitarios de emergencia cuando uno se pone enfermo en otro Estado miembro, con la condición de que se lleve encima el formulario E111, cosa que estoy segura que todos los presentes hacemos. 
La base del Reglamento es conferir a las personas de un Estado miembro que viven o trabajan en otro el mismo derecho a las prestaciones de la seguridad social que un nacional que vive en dicho Estado miembro. 
Es una cuestión de igualdad de trato. 
No significa que el sistema nacional viaja con cada uno, cosa que la gente no entiende, sino que uno se acoge al nuevo sistema, que debe dar el mismo trato que a los demás. 
Al modificar este Reglamento nos hemos visto limitados por un estricto fundamento jurídico en los Tratados y por numerosas sentencias del Tribunal de Justicia sobre el alcance del Reglamento: por ejemplo, definiciones de seguridad social y no de bienestar social en general. 
Es cierto que como comisión esto nos ha parecido frustrante. 
La incapacidad para construir puentes entre sistemas nacionales es problemática, y cuando aparecen vacíos entre los sistemas, muchas personas se sienten mal atendidas. 
Creen que la labor de Europa es tender esos puentes. 
Una de las tres principales cuestiones de que se ocupan los servicios de asesoramiento, según nos dicen, es la de las personas que han abandonado su empleo para trasladarse a otro país con su compañero o cónyuge y que al hacerlo pierden el derecho a percibir prestaciones de desempleo; de ahí las enmiendas 2 y 43 de la comisión. 
Los Estados miembros podrían ayudar reconociéndolo como motivo válido para el desempleo. 
Como hemos podido escuchar, el objetivo de las propuestas de la Comisión es simplificar y modernizar el Reglamento. 
El Consejo viene examinando estas propuestas desde 1999 y el Parlamento ha seguido los trabajos con vistas a cooperar cuando haya progreso a favor de las personas y cuando se ajuste a las decisiones del TJE. 
Sin embargo, también nos hemos preocupado de señalar los problemas y de buscar soluciones cuando sea posible en el ámbito limitado del Reglamento. 
Agradezco mucho esta cooperación con el Consejo y la Comisión y, por supuesto, el gran apoyo que ha supuesto la cooperación de los colegas en el seno de la comisión. 
Tenemos el deseo común de que la revisión necesaria del Reglamento se haga en esta legislatura. 
Nuestra comisión apoya la ampliación del alcance del Reglamento 1408/71. 
Defendemos la medida de incluir las prestaciones de jubilación anticipada mientras sigan existiendo, dadas las medidas actuales para ampliar la vida laboral y las prestaciones de paternidad. 
Una mayoría en la comisión lamenta profundamente que debido a un fundamento jurídico débil la definición ampliada de familia que queremos que aparezca en la enmienda 20 también es problemática. 
Deseamos que el Consejo encuentre una solución progresiva en su respuesta a la votación del Parlamento Europeo sobre el informe Santini. 
Si la situación persiste, muchos de nosotros pensamos que el Tribunal de Justicia Europeo recibirá demandas relacionadas con la falta de reconocimiento mutuo del estado marital de las parejas homosexuales. 
Sin embargo, la comisión se alegra de que en el Año Europeo de las Personas con Discapacidad al parecer se avance en la exportación transfronteriza de ciertas prestaciones por discapacidad. 
Saludo la decisión de la Sra. Oomen-Ruijten de apoyar el nuevo artículo 55 que está sobre el tapete y que defienden muchos Grupos políticos. 
Esto significa que la enmienda 42, la enmienda de la comisión sobre la creación de puentes y, en cierta medida, sobre el aviso, puede sustituirse por la enmienda 55. 
En la situación actual, en que no se pueden exportar las prestaciones por discapacidad, la vida de muchas personas discapacitadas se ha arruinado del todo. 
Estas personas no han podido ejercer su libertad de circulación porque no pueden permitírselo. 
Otro ámbito en que la labor de los colegas ha sido de gran ayuda es la cuestión de los trabajadores fronterizos, que afrontan dificultades especiales al tener que hacer malabarismos con dos sistemas. 
El texto revisado del considerando 4 se refiere en particular a la cuestión de la fiscalidad. 
Quiero decir que se trata de una referencia y no de un intento de armonizar la fiscalidad en toda la Unión Europea. 
Señala que hay dificultades que precisan una solución, aunque este Reglamento no sea el lugar para ello. 
Es un problema que solo puede aumentar cuando algunos Estados miembros fusionen sus sistemas fiscales y de pagos de la seguridad social, y cuando muchas personas puedan ver que están pagando el doble por un servicio que solo reciben una vez. 
Las enmiendas relativas a los artículos 57 y 59 también recogen la necesidad de abordar los problemas potenciales antes de que afecten a las personas, y, de hecho, están asociadas a decisiones anteriores del Parlamento Europeo. 
Como ya he dicho antes, al alcance del Reglamento es limitado: no puede responder a todas las preguntas relativas a los trabajadores fronterizos o al acceso a la asistencia sanitaria, especialmente cuando hoy en día estos aspectos son abordados en el marco de los Tratados como una serie de productos y servicios, en lugar de un servicio social universal. 
No obstante, podemos intentar garantizar que el Reglamento sea lo más claro y completo posible para que las empresas no puedan eludir sus obligaciones con respecto a sus empleados y que no les exijan, por ejemplo, que se hagan autónomos para evitar el pago de la seguridad social. 
El Reglamento debería constituir un apoyo a la libre circulación, no una barrera, y esperamos que nuestro trabajo conjunto apunte en esa dirección. 
. (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, crear un mercado de trabajo europeo es en realidad el objetivo de todos los Estados miembros, y desde 1971 contamos para este fin con un instrumento, a saber, el Reglamento 1408. 
Pero ¿cuál es la situación en la práctica? 
Algunos Estados miembros han levantado y mantenido numerosos obstáculos. 
Por ello me alegro de que finalmente se haya presentado la tan esperada reforma del Reglamento 1408. 
Dicha reforma se habría realizado mucho antes si en el Consejo no existiese este absurdo principio de unanimidad. 
No obstante, hemos demostrado que estamos en condiciones de realizar, poco antes de terminar la legislatura, no sólo la ampliación, sino también una profunda reforma en materia de política social. 
Lo primero que hay que decir es que todo se simplifica, cosa que desean los ciudadanos y también el Parlamento, y que se asumen algunas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo sobre aspectos como el derecho a los servicios médicos. 
En segundo lugar, también hay reformas cualitativas, y tanto en el Parlamento como en la comisión parlamentaria hemos alentado y empujado a la Comisión a que las formule como tales. 
Incluyen, por ejemplo, el derecho de los parados a permanecer en Europa durante seis meses para buscar empleo; el ámbito de aplicación del Reglamento abarca también a los familiares y a las personas que ya no ejercen ninguna actividad económica. 
Comprende todas estas cosas porque está claro que no invitamos únicamente a venir a Europa a los trabajadores, sino también a sus familias. 
Me complace especialmente, al igual que a la Sra. Oomen-Ruijten, que hayamos establecido un régimen especial para las personas con discapacidades, que el Consejo no quería aceptar en un principio. 
Ahora espero que lleguemos a un compromiso. 
Lo importante es que nadie que desee utilizar las posibilidades de la movilidad y a los que queremos apoyar en este empeño, quede fuera del régimen de la seguridad social. 
Pero también es importante que volvamos a declarar que se trata de una coordinación y de un reconocimiento de derechos, y no de la transferencia de prestaciones sociales de un Estado a otro. 
Por supuesto también hubo algunos conflictos; no con la Sra. Lambert, a la que agradezco su colaboración; ni siquiera conflictos graves con el Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, excepto en el punto relativo a las familias. La Sra. Oomen-Ruijten acaba de mencionarlo. 
La definición de familia es sumamente estricta en algunos Estados miembros- yo diría que tienen una concepción propia del siglo XX -, mientras que otros tienen un enfoque más moderno, más propio del siglo XXI. 
Para nosotros, lo importante es que esta definición, si la adoptamos, no tenga ninguna significación jurídica a efectos del Reglamento y que no impongamos a ningún Estado miembro un determinado estilo de vida. 
Por ello quizá deberíamos dar muestras de un poco más de tolerancia. 
Y por último, mi Grupo y yo mismo consideramos muy importante que el Reglamento, por muy importante y vasta que sea esta reforma, se mantenga abierto. 
Sin duda habrá otros casos en los que deberemos intervenir, en particular tras la adhesión de los diez nuevos Estados miembros el año que viene, cuando hayamos acumulado experiencias y quizá debamos proceder a nuevos cambios. 
Por este motivo apoyamos también la idea de la Comisión de una acción flexible en ámbitos que se mantienen abiertos y de regular las cuestiones que no han sido descartadas, como la fiscalidad y, en algunos casos, la posibilidad ocasional de la doble imposición, que quizá se dé en la próxima legislatura. 
Señora Presidenta, quiero unirme a mis colegas dando las gracias a la Sra. Lambert por su trabajo en torno a esta cuestión. 
Asimismo, quiero felicitar a la Comisión y su personal por la ayuda que han prestado. 
La libre circulación es uno de los principios centrales del mercado único. 
Si esto es una realidad en lugar de una ilusión, entonces hay que aprovechar la oportunidad de circular junto con las prestaciones de la seguridad social, asegurando los derechos a la seguridad social. 
En los últimos años se han dado muchos pasos para lograr una solución a lo que parecía un problema inabordable. 
Creo que el texto del Consejo y de la Comisión, así como algunas de las propuestas de esta Asamblea, ofrecen la mejor solución posible para garantizar a las personas que están obligadas o que desean desplazarse a diferentes países que tienen asegurados sus derechos a sus prestaciones. 
Una de las dificultades que hemos afrontado en los últimos años con este Reglamento ha sido su complejidad, no solo para la persona que desea beneficiarse de él, sino también para las autoridades que tienen que interpretarlo. 
Una de las grandes cosas que hemos hecho hasta la fecha en nuestro trabajo con la Sra. Lambert y otras personas ha sido resumir este texto, simplificarlo y hacerlo legible. 
Todavía quedan cosas por hacer, pero hemos recorrido un largo camino hacia este fin. 
Una de las dificultades que tengo con algunas de las enmiendas presentadas es la cuestión de la armonización. 
Como dice la Sra. Lambert en su propio informe, el principio fundamental concierne a la coordinación de los sistemas nacionales, no a su sustitución. 
En otros ámbitos de trabajo de la Unión Europea hemos visto que con la coordinación se consiguen resultados más rápidamente y mejores para las personas que con el mero intento de forzar la armonización. 
Por lo tanto, me opongo a algunas de las enmiendas que defienden la armonización fiscal y la igualdad de derechos a la prestación por desempleo. 
La última cuestión que planteo es la definición de la familia. De nuevo, esta cuestión plantea dificultades en distintos países donde no se reconocen ciertos tipos de uniones y ciertos tipos de matrimonios. 
Hemos de garantizar que en estos ámbitos se aplique la legislación nacional. 
En todos los países se logran avances en materia de coordinación. 
Las cuestiones planteadas en la enmienda 38 en particular pueden abordarse mejor en el contexto del Reglamento recientemente aplicado, y debemos dejarlo tal como está. 
Señora Presidenta, a menudo visito empresas y a personas que se encuentran en la frontera entre Dinamarca y Alemania y una y otra vez oigo hablar de los problemas de vivir en un lado de la frontera y trabajar en el otro. 
Esto implica, de hecho, que mucha gente ni lo intenta. 
En realidad, solamente 1 000 personas cruzan todos los días la frontera danesa/alemana, a pesar del hecho de que el desempleo al sur de la frontera es del 12% y al norte solamente del 6%. 
Está claro que existen barreras lingüísticas para aceptar un empleo al otro lado de la frontera, pero el distinto modo en que están establecidos los sistemas tributario y de seguridad social también tiene gran importancia. 
Por supuesto, lo que distingue a Dinamarca es que financiamos nuestros sistemas de seguridad social transfronterizos a través del sistema de tributación general, mientras que en el resto de la UE se hace un mayor uso de las cotizaciones específicas a la seguridad social. 
Esto tiene que ver con el origen de parte del problema que sufrimos. 
No me importaría, en cierto modo, que en Dinamarca consiguiéramos reformas por las que los pagos futuros reflejasen mejor la responsabilidad de los individuos respecto del bien común y por las cuales los costes de los acuerdos respecto de la seguridad social fuesen más claros, es decir, a través de un aumento de las cotizaciones específicas. 
Dichas reformas también podrían reducir los problemas planteados por el sistema de seguridad social danés con respecto a los sistemas de otros países. 
Sin embargo, actualmente esto no se plantea. 
En este caso se trata de simplificar la coordinación de los acuerdos sobre seguridad social entre los Estados miembros, y hay una necesidad acuciante de simplificar estas normas tan complejas que, con los años, se han complicado todavía más. 
Quisiera dar las gracias a la Sra. Lambert por el trabajo que ha realizado. 
Estoy a favor de que el Parlamento trate de cooperar con el Consejo sobre estas cuestiones y de trabajar conjuntamente con éste. 
No debemos retrasar las reformas innecesariamente. 
Creo que sería más fácil sacar adelante las reformas antes de la ampliación y no después. 
Por consiguiente, no debemos centrarnos tanto en la idea de que no podemos obtener una solución viable ahora mismo. 
Señora Presidenta, yo también quiero elogiar a la ponente, que ha enfocado este complicado e importante caso con gran convicción y entusiasmo. 
El principio de simplificar y modernizar las reglas de la seguridad social para que sean más eficaces y comprensibles merece sin duda nuestro apoyo. 
Sin embargo, aunque estoy de acuerdo con algunas de las cuestiones que plantea, en ciertos aspectos me parece que sus propuestas van demasiado lejos. 
Estoy en contra de las enmiendas 1, 44 y 45, ya que incluyen referencias a los impuestos. 
He escuchado lo que han dicho a este respecto varios colegas y celebro en particular los comentarios de la propia ponente, de que este Reglamento no parece ser el lugar adecuado para abordar esta cuestión. 
El Reglamento nº 1408/71 trata de la coordinación de la seguridad social, que deriva su base jurídica del artículo 42, que no se refiere a los impuestos en absoluto. 
Comprendo por qué algunos colegas desean ampliar el alcance de este Reglamento al ámbito de los impuestos, pero estos no son competencia comunitaria y no han de llegar a serlo por la puerta de atrás o, ni siquiera, por la puerta principal. 
Si se aprueban estas enmiendas, espero que la Comisión aún pueda rechazarlas. 
Invito a la Comisaria a reflexionar más sobre este aspecto. 
También estoy en contra de las enmiendas 2 y 43, relativas al pago de prestaciones por desempleo y que en comisión lograron pasar por los pelos. 
Las disposiciones del Reglamento 1408 deben establecer un equilibrio entre el fomento de la movilidad laboral y la prevención del abuso. 
El término de «razones familiares» en las enmiendas es, en mi opinión, demasiado vago. 
Los ciudadanos de la Unión Europea tienen y deben tener el derecho a buscar empleo en cualquier Estado miembro. 
Simplemente no es razonable que pidan prestaciones por desempleo en un Estado miembro sin haber trabajado allí y que la Unión Europea les dote del derecho a recibir la prestación independientemente de las normas del Estado miembro en cuestión. 
Entiendo el problema, pero esta no es la solución. 
Recomendaré que se apoyen varias de las otras enmiendas de la ponente, pero por los motivos que ya he mencionado, no puedo recomendar la aprobación de su informe como tal. 
Señora Presidenta, todos hemos dicho hoy que existe una base sólida para revisar el Reglamento (CEE) nº 1408/71. 
Todos conocemos el caso de personas que han tenido problemas por aceptar trabajo en dos países distintos y por lo tanto es esencial subrayar que, de hecho, la gente no ha obtenido el derecho que se le había prometido desde la fundación del Mercado Común. 
Por lo tanto, es natural que debamos romper las barreras existentes. 
Por otra parte, también debemos reconocer que no existe ningún reglamento más demonizado que este. 
Con los años, los que se oponen a la UE en mi país y en otros países lo han utilizado para dar la impresión de que nuestra seguridad social sería armonizada, que nos veríamos obligados a cambiar nuestros sistemas de seguridad social o incluso que se abolirían nuestros sistemas de pensiones nacionales. 
Por supuesto, lamento que estas personas no hayan comparecido hoy en la Asamblea para participar en este debate. 
Quisiera hacer hincapié hoy en que los socialdemócratas daneses no temen, en general, a la libertad de movimientos, y realmente no creo que la libertad de movimientos pueda afectar a los acuerdos de seguridad social nacionales, incluso aunque esto se aplicase entonces a un círculo mayor de personas. 
Ni la experiencia práctica ni los cálculos indican que de repente habría multitud de personas que querrían emigrar. 
Por otra parte, también creo que es importante que entendamos que si surgen consecuencias imprevistas- si, por ejemplo, demasiadas cotizaciones abandonan el país o si se explotan descaradamente los acuerdos de seguridad social- entonces no deberíamos observar pasivamente, sino tomar medidas inmediatamente. 
Esto se establece en las enmiendas 10 y 52, en las que indicamos que nuestros países pueden establecer contactos bilaterales- del tipo de los que ya conocemos- y que debemos hablar unos con otros si a alguien le surgen problemas. 
Por supuesto, esto impediría también todo tipo de fraudes. 
Asimismo es importante para los Comisarios destacar hoy al menos tres cosas, además de lo que ya se ha dicho en la Asamblea: en primer lugar, que no existe tal armonización; en segundo lugar, que no aceptaremos ningún tipo de deterioro del tipo que sea y que intervendremos si vemos que los sistemas se debilitan; y en tercer lugar, que no aceptaremos consecuencias imprevistas ni fraudes. 
Por supuesto, un cuarto aspecto que cabe destacar es que no podemos aceptar, en virtud de esta propuesta, nada que afecte a los sistemas que ya tenemos. 
Creo que esto es muy importante. 
Yo misma no creo que esto vaya a suceder. Jamás he creído que la emigración se producirá a una escala suficientemente grande. 
Sin embargo realmente creo que es importante para la gente que el Comisario responsable lo destaque, y me complacería, señora Comisaria, que pudiese hacer hoy esto por nosotros. 
Señora Presidenta, quiero decir, en principio, que en esta ocasión sustituyo a mi compañero Manuel Pérez Álvarez, que aún no ha podido llegar. 
Con respecto al informe, después de felicitar a la ponente, nuestra opinión es que, junto con otros principios como son la libre circulación de mercancías o de servicios, o, si se quiere, antes que estos principios aludidos, está el de la libre circulación de personas entre los Estados miembros. 
A diferencia de los otros principios mencionados, la libre circulación de personas puede quedar limitada, condicionada o impedida, si a las personas que se desplazan dentro de la Unión Europea no se les garantizan sus derechos relativos a la seguridad social. 
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 34, dentro del Capítulo IV, Solidaridad, establece claramente el derecho a la protección en casos tales como maternidad, enfermedad, accidentes laborales, dependencia, vejez o pérdida de empleo, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales. 
Determina, asimismo, que toda persona que resida y se desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a las prestaciones de la seguridad social y a las ventajas con arreglo al Derecho comunitario y a las legislaciones y prácticas nacionales. 
Señora Presidenta, he solicitado tiempo extra de intervención porque sé que los ponentes a menudo no tienen oportunidad de responder a ciertas cuestiones que podrían aclararse durante el debate. 
El Sr. Pronk y otros han explicado muy bien la cuestión de los impuestos a quienes, en su propio Grupo político y en otros, les preocupa. 
Esto indica que hay cuestiones que precisan ser examinadas. 
En cuanto a las enmiendas 44 y 45, pediría al Sr. Bushill-Matthews, entre otros, que estudie las enmiendas 51 y 52 para ver si al menos puede apoyar estas. 
En lo que respecta a uno o dos comentarios sobre el artículo 3 y el alcance del Reglamento, si se trata de referencias a las cuestiones sobre refugiados y personas apátridas, entonces ya están incluidas en la legislación vigente. 
No se ha añadido nada, sino que se ha redactado de nuevo, porque la propuesta original, que era bastante elegante, una propuesta amplia de la Comisión, ha tenido que modificarse porque la cuestión de los nacionales de terceros países se abordó hace tiempo en una propuesta aparte en la inteligente ponencia de la Sra. Oomen-Ruijten. 
La cuestión de traslado por motivos familiares ha sido incluida sobre todo porque, como he dicho antes, es una cuestión que según los servicios de asesoramiento se plantea con mucha frecuencia. Esta cuestión también se abordó en un caso significativo en la Comisión de Peticiones. 
Una mujer británica que se trasladó del Reino Unido para seguir a su marido en su trabajo como miembro del ejército se vio nadando entre dos aguas en cuanto a su derecho a percibir la prestación por desempleo. 
Si hubiera sabido cómo emplear mejor el sistema con todos sus matices, no habría caído en la trampa de firmar cuatro días antes de trasladarse. 
Por lo tanto, esta cuestión particular está allí porque afecta a gran número de personas. 
Quiero dar las gracias a mis colegas por un debate tan centrado e informado. 
Espero que mañana consigamos en el Parlamento una votación muy positiva. 
. 
(EN) Señora Presidenta, quiero felicitar a la ponente, la Sra. Lambert, por su excelente informe, especialmente porque para elaborar este tipo de informe sobre esta cuestión en concreto no basta con ser un político sensible: hay que ser un tecnócrata muy comprometido. 
Tan complicada y difícil es esta materia. 
También doy las gracias a la Sra. Oomen-Ruijten y a todos los demás diputados que han participado. 
Realmente han tenido que trabajar arduamente, no solo a causa de la complejidad del expediente, sino también con respecto a los problemas que rodean a la unanimidad y a las grandes diferencias que existen entre Estados miembros. 
Es muy importante repetir lo que la Sra. Thorning-Schmidt ha subrayado sin cesar: todo el esfuerzo pretende modernizar y simplificar el Reglamento. 
No es un ejercicio político de armonización, que, por motivos jurídicos y políticos, es del todo imposible en esta materia. 
La posición de la Comisión en torno a las diferentes enmiendas es la siguiente: 
La Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, así como las enmiendas 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 y 54, que pretenden aclarar y matizar más la propuesta de la Comisión; o, a través de los considerandos, llamar la atención sobre ciertos problemas específicos que no pueden resolverse mediante las reglas sobre coordinación de los regímenes de la seguridad social; o incorporar la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia. 
La Comisión acepta en parte la enmienda 11, que se refiere a las declaraciones que han de hacer los Estados miembros sobre su legislación. 
Sin embargo, el texto propuesto es demasiado rígido. 
Bastaría con una declaración anual. 
Aunque comprendo y estoy de acuerdo con las ideas que subyacen a las enmiendas 38 y 40, la Comisión no puede aceptarlas porque estas disposiciones deben figurar en el Reglamento de ejecución. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 42, que no comporta en absoluto ninguna simplificación. 
La Comisión comparte la filosofía que subyace a la enmienda. Sin embargo, el mismo resultado puede lograrse de otra forma. 
Este es exactamente el objetivo de la enmienda 55, que la Comisión puede aceptar en su totalidad. 
Esta enmienda también se equipara a la propuesta de la Comisión presentada en julio y concierne en particular a la lista de las llamadas prestaciones especiales no contributivas, que no pueden exportarse en virtud de la legislación vigente. 
La propuesta de la Comisión pretende reducir la lista de estas prestaciones especiales no contributivas. La mayoría de las prestaciones que se borrarán de esta lista son prestaciones por discapacidad. 
Es importante el hecho de que muchos diputados hayan destacado esta cuestión. 
Las organizaciones de discapacitados también están satisfechas. 
La Comisión tiene que rechazar la enmienda 1, que pretende coordinar las cuestiones fiscales y los regímenes de seguridad social, porque no existe fundamento jurídico para esta armonización. 
No obstante, la Comisión podría contemplar un considerando con diferentes palabras. 
Por consiguiente, la Comisión puede aceptar la enmienda 48. 
Las enmiendas 2 y 43 también han de ser rechadas por la Comisión porque esta disposición carece de fundamento jurídico. 
Las normas de coordinación no exigen a un Estado miembro que garantice el derecho a la prestación por desempleo a una persona que decide abandonar un puesto de trabajo. 
Sin embargo, podríamos contemplar una disposición que refleje la filosofía de estas enmiendas a la vez que se respetan los límites de la coordinación. 
Como he dicho antes, uno de los efectos de la propuesta de la Comisión será que los trabajadores fronterizos desempleados percibirán prestación por desempleo del Estado donde han trabajado por última vez, y no del Estado de residencia, como sucede en la actualidad. 
Soy consciente de que este cambio puede acarrear consecuencias financieras considerables para Luxemburgo, que tiene un elevado número de trabajadores fronterizos que residen en otros Estados miembros. 
Un período transitorio destinado a evitar un choque repentino para Luxemburgo parece razonable. 
Por lo tanto, la Comisión puede aceptar la enmienda 56. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 20, porque queda fuera del alcance de la coordinación de los regímenes de seguridad social. 
Solamente la legislación nacional aplicable puede determinar quién es «miembro de la familia». 
Ha habido dos comentarios especialmente interesantes de la Sra. Weiler y del Sr. Bastos a este respecto. 
Puedo estar de acuerdo con la filosofía que subyace a estos comentarios, y con la modernización del sentido y la definición de «familia» , pero hemos de tener en cuenta el hecho de que existe una legislación nacional que define y determina lo que es un «miembro de la familia». 
Por este mismo motivo, la Comisión no puede aceptar la enmienda 49. 
La enmienda 27 es demasiado rígida y podría causar problemas de interpretación. La Comisión no puede aceptarla. 
La enmienda 54 pretende garantizar a un trabajador fronterizo retirado la oportunidad de obtener asistencia sanitaria en el Estado de residencia o en el Estado de su último empleo. 
La enmienda 41 tiene exactamente el mismo objetivo. 
Aunque las condiciones en que se garantiza un derecho de este tipo difieren en las dos enmiendas, la Comisión puede aceptar cualquiera de las dos. 
De la misma forma, a pesar de que hay una diferencia entre la enmienda 50 y la enmienda 33 con respecto a las condiciones en que se garantiza a los miembros de la familia de un trabajador fronterizo el derecho a recibir asistencia sanitaria en el Estado de empleo del trabajador, la Comisión puede aceptar cualquiera de las dos enmiendas. 
Por último, con respecto a las enmiendas 44 y 45, la Comisión no puede aceptarlas porque quedan fuera del alcance de las reglas sobre la coordinación de los regímenes de la seguridad social. 
Para resumir, la Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55 y 56. 
Puede aceptar la enmienda 50 o la enmienda 33. 
Puede aceptar la enmienda 53 o la enmienda 36. 
Puede aceptar en parte la enmienda 11. 
No puede aceptar las enmiendas 2 ó 43 propuestas, pero podría aceptar una redacción distinta de las mismas. 
Rechaza las enmiendas 1, 20, 27, 38, 40, 42, 44, 45 y 49, y creo que es la primera vez que estoy en parte de acuerdo con el Sr. Bushill-Matthews. 
Quiero de nuevo dar las gracias a la Sra. Lambert y a la comisión por su cooperación y por su trabajo en torno a esta cuestión, tan importante para los trabajadores europeos. 
Señora Presidenta, en relación con la observancia del Reglamento, soy consciente de que nos estamos alargando un poco y que a las 17.00 horas va usted a dar paso a la declaración de Cancún. 
Todos los integrantes de la Comisión de Pesca están ahora presentes. 
Me pregunto si es posible tratar el informe de la Sra. Miguélez Ramos y el informe del Sr. Ojeda Sanz antes de que pasemos a la declaración de Cancún. 
Así el Comisario y todos los miembros de la Comisión de Pesca podrán estar presentes para tratar estos informes. 
Nadie ha previsto volver tarde esta noche, y posponerlo quizá implique una menor presencia de miembros de la comisión para examinar estos informes. 
¿Sería esto posible? 
Señor Presidente, Señorías, permítanme empezar dando las gracias a la Sra. Miguélez Ramos por su informe sobre nuestra comunicación relativa a la revisión intermedia- insisto en que se trata de la revisión intermedia- del cuarto protocolo de pesca entre la Unión Europea y Groenlandia. 
Me alegro de que apoye la comunicación de la Comisión. La Comisión y Groenlandia concluyeron la revisión intermedia contemplada en el artículo 14 del protocolo el 30 de junio de 2003. 
El cuarto protocolo se firmó ayer y esperamos que todas las partes lo ratifiquen. 
Contiene respuestas y soluciones para las cuestiones expuestas en nuestra comunicación y también en su informe. 
Permítanme abordar algunos de sus nuevos elementos. 
En primer lugar se han corregido sustancialmente las cuotas a fin de adaptar las posibilidades de captura a los conocimientos científicos. 
Ya no existen cuotas para el bacalao ni para la gallineta nórdica en las aguas occidentales, ni para la bacaladilla, a fin de hacer justicia a la capacidad de captura de la UE. 
En segundo lugar, puesto que hasta ahora no se han utilizado determinadas posibilidades de pesca, ahora hemos introducido la cláusula ordinaria de transferencia, con lo que podemos transferir las posibilidades de pesca no utilizadas a otros Estados miembros que no poseen una cuota. 
De este modo, el acuerdo con Groenlandia se aproxima a otros acuerdos con terceros países que contemplan compensaciones económicas. 
En el mes de julio de este año se transfirieron, por primera vez en la historia de este acuerdo, las cuotas no utilizadas a otros Estados miembros que no tenían cuota. 
En tercer lugar, en su informe usted pide, señora Miguélez Ramos, la introducción de cánones de licencia. 
Esto tendrá lugar el 1 de enero de 2004 en forma de compensación de cargas entre la Comunidad y los armadores. 
Esta también es una adaptación a otros acuerdos con terceros países y nos permite asimismo vigilar el esfuerzo pesquero. 
En cuarto lugar se ha introducido un programa de apoyo presupuestario debido la falta de transparencia, y la administración regional de Groenlandia se ha comprometido a llevar a cabo una reforma estructural de su política de pesca, encaminada a una mayor privatización y a una reducción de las subvenciones. 
Asimismo, Groenlandia se ha comprometido a aumentar considerablemente el presupuesto del Instituto de Recursos Naturales de ese país, lo que permitirá ampliar la capacidad científica de esta entidad. 
Por último, fomentamos la pesca experimental, extendiéndola a los cefalópodos y lamelibranquios. 
Si estas medidas tienen el éxito esperado, se podrá obtener una amplia diversificación de la pesca groenlandesa, así como la inclusión de nuevas especies en el próximo acuerdo con Groenlandia. 
Estos cambios se han introducido dialogando con las autoridades groenlandesas y de acuerdo con los principios del nuevo acuerdo de asociación y pesca. 
Creo que dichos cambios hacen que el acuerdo con Groenlandia resulte más equilibrado y transparente, sobre todo en vista de que ahora la compensación económica corresponde a las posibilidades de pesca efectivamente utilizadas y que se apoya la reforma de la política groenlandesa en materia de pesca. 
Esta es tan solo una revisión intermedia, como ya he dicho, pero esta revisión era una de las condiciones para ampliar las relaciones con Groenlandia a partir de 2006. 
Con nuestra comunicación y el apoyo recibido en su informe hemos podido modificar el cuarto protocolo de tal manera que ya nada impide profundizar nuestras relaciones. 
. (ES) Señor Presidente, como ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos para este informe, quisiera, en primer lugar, como también es uso de esta Casa, felicitar a la Sra. Miguélez Ramos por su excelente informe. 
También quisiera expresar mi satisfacción por el hecho de que la Comisión de Pesca haya aceptado las principales enmiendas de la Comisión de Presupuestos. 
En este sentido, quiero subrayar que el Acuerdo de pesca con Groenlandia es el segundo en importancia de la Unión- tal y como ha señalado la Sra. Miguélez Ramos- en lo que respecta a su coste para el presupuesto comunitario, ya que supone anualmente una compensación financiera de 42,8 millones de euros. 
Sin embargo, ello no refleja, tal como se ha señalado antes, las posibilidades reales de pesca para la flota comunitaria, ya que en el mismo acuerdo, la cuota de pesca estimada por la Comisión es de unos 28 millones de euros, e incluso esta cifra es demasiado alta en relación con las capturas reales. 
La Comisión de Presupuestos reconoce la especial relación de Groenlandia con la Unión Europea y es consciente, también, de la situación económica específica de este país, para el que la pesca sigue siendo el eje de la economía nacional y, aunque reconoce la necesidad de prestar ayuda financiera a Groenlandia, rechaza el enfoque actual de incluir tal ayuda en la compensación financiera relativa al Acuerdo de pesca. 
Por ello, la Comisión de Presupuestos considera fundamental que antes de la expiración del actual Protocolo, en diciembre de 2006, la Comisión presente una propuesta de nuevo Protocolo en la que la compensación financiera se corresponda con las posibilidades reales de pesca y paralelamente otra propuesta para ayuda financiera a Groenlandia. 
Por otra parte, la Comisión de Presupuestos celebra que la Comisión haya presentado una revisión intermedia del actual Protocolo, pues con ello responde a la reivindicación del Parlamento Europeo de que se presenten informes generales que incluyan análisis de rentabilidad antes del inicio de las negociaciones para la renovación o celebración de nuevos protocolos y acuerdos. 
En consecuencia, pido a la Comisión que presente revisiones intermedias similares para todos aquellos acuerdos cuyo impacto en el presupuesto de la Unión Europea sea superior a tres millones de euros anuales. 
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, me han complacido mucho las intervenciones de la Sra. Ramos y del Sr. Fischler sobre este tema que nos ocupa desde hace tanto tiempo. 
Creo que estamos sumamente cerca de una solución muy positiva. 
Y no sucede muy a menudo que podemos hablar de un momento histórico en el sector de la pesca, como acaba de expresarlo el Sr. Fischler. 
Sin embargo, por vez primera desde la celebración del acuerdo pesquero con Groenlandia en 1985 se han transferido las cuotas no utilizadas. 
Como se nos ha dicho, dicha transferencia ha tenido lugar hace unas cuantas semanas y se refiere expresamente al año 2003, ¡estoy hablando del año 2003! 
De este modo se cumple una de las principales exigencias formuladas por la Sra. Miguélez Ramos en su informe. 
No obstante, este es el punto en que la Comisión quisiera que alguien saliera en su defensa, y yo estoy dispuesto a hacerlo. 
Se dice que anteriormente no había propuesto una transferencia. 
Sí, es cierto, pero no está en su poder llevar a cabo tal medida. 
La autoridad corresponde únicamente al titular de la cuota, y si este no quiere, no hay transferencia. 
Esta primera transferencia autorizada de cuotas con carácter voluntario muestra la disposición de mi país para resolver de forma amistosa, pero definitiva, la cuestión de las cuotas no utilizadas en su totalidad. 
Alemania no se ha dedicado a bloquear la política europea en plan egocéntrico en estas cuestiones, como he tenido que oír a menudo en los últimos meses, sino todo lo contrario, respaldamos a la Comunidad Europea. 
Pero permítanme decir que este régimen no funcionará sin esfuerzo. Y advierto que no debemos tocar los principios de la política europea de pesca. 
Esta concesión no debe apartarnos del principio de estabilidad relativa. 
Creo que deberíamos debatir seriamente este tema. 
Por ello, repito, el régimen actual se refiere al año 2003 y no ofrece una garantía anual de que los otros Estados miembros reciban, por ejemplo, cuotas asignadas originalmente a Alemania, ya que Alemania respaldará en el futuro una flota que pescará alrededor de Groenlandia. 
Tras comentar este aspecto positivo, me gustaría abordar una deficiencia. 
Aquí deliberamos sobre la denominada revisión intermedia del protocolo. Dicha revisión está contemplada en el propio protocolo. 
Habiendo sido ponente me acuerdo muy bien de ello. 
Sin embargo, me pregunto qué influencia tendrá en el futuro la opinión actual del Parlamento. Pues como sabemos, los cambios han sido acordados a finales de junio. 
¿Se nos ha consultado al respecto? 
¿Qué debemos hacer en el futuro: simplemente asentir, como en el pasado, o se nos permitirá expresar nuestra indignación? 
Desde aquí pido la participación del Parlamento en el proceso de negociación, en particular en vista de los efectos presupuestarios de los acuerdos de pesca que acaban de ser expuestos en varias ocasiones, no solo hoy, sino también en el futuro. 
Para ello deben introducirse por fin las modificaciones correspondientes en los Tratados. 
¡Todo lo demás lo considero simples excusas! 
Señor Presidente, señor Comisario, el Tratado de Groenlandia difiere de otros acuerdos pesqueros que la UE ha celebrado con terceros países por el hecho de que garantiza el acceso de la UE a recursos pesqueros a través de la compensación financiera y ofertas de acceso al mercado para los productos de Groenlandia. 
Tampoco ocultaré el hecho de que, para mi, como parlamentario danés, Groenlandia y el protocolo de pesca con esta revisten una importancia especial. 
Este es el cuarto protocolo de pesca con Groenlandia, y supone un gran valor para ambas partes. 
La compensación financiera asciende a 900 euros per cápita en Groenlandia y proporciona a la UE acceso a los productos pesqueros de esta, lo que constituye más del 90% del total de las exportaciones de Groenlandia. 
El acuerdo pesquero con Groenlandia también permite el intercambio de derechos pesqueros con Islandia, Noruega y las Islas Faroe, cosa que mantiene un equilibrio general en el noreste del Atlántico. 
El cuarto protocolo contiene mejoras claras con respecto a los protocolos anteriores en forma de una mayor transparencia, de tal modo que las cuotas comunitarias corresponden ahora a las verdaderas posibilidades de pesca en aguas de Groenlandia, y además la UE cuenta con una opción continua sobre las cantidades establecidas en el tercer protocolo en caso de que los stocks mejoren. 
Existen buenos motivos para reconocer su contribución, Comisario Fischler, a lo que usted ha denominado el «acuerdo histórico». 
El cuarto protocolo propone que, una vez expirado el protocolo, las posibilidades pesqueras infrautilizadas sean utilizadas por países distintos de los que se benefician directamente del acuerdo conforme al principio de estabilidad relativa. 
No cabe duda de que los acuerdos pesqueros de la UE con terceros países constituyen ahora una parte importante de la política pesquera común. 
La ampliación general de las zonas pesqueras de los estados costeros a 200 millas náuticas en la década de 1970 implicó que el 95% de los bancos de peces y el 35% del mar estuviesen sometidos a la legislación costera estatal. 
Se perdieron los caladeros tradicionales y se creó una necesidad de cooperación con terceros países con el fin de garantizar la supervivencia de las flotas pesqueras comunitarias con vistas a conservar la cuota de capturas mundiales de la Comunidad y garantizar el suministro de pescado en los mercados de la UE. 
El acuerdo pesquero con Groenlandia entró en vigor en 1995 después de que Groenlandia se retirase de la UE a raíz del acuerdo de autogobierno con Dinamarca. 
Desgraciadamente, la Comisión faltó a su deber de informar al Parlamento Europeo sobre las pesquerías experimentales y la creación de empresas conjuntas. 
Para mí las empresas conjuntas son, en particular, muy prometedoras, y propondré que en la Comisión de Pesca iniciemos un debate sobre sus ventajas y desventajas. 
Finalmente, estoy en condiciones de apoyar el informe de la Sra. Miguélez Ramos y quisiera elogiar el trabajo que ha hecho. 
Señor Presidente, en primer lugar celebro la reducción si no la eliminación completa, de los cupos de papel; este es un enfoque más realista. 
En segundo lugar, el establecimiento de una relación entre la compensación financiera por los derechos de pesca y el pago por el desarrollo constituye una mejora del acuerdo. 
En la nota de prensa de la Comisión de junio se señalaba que estos dos aspectos habían quedado separados. 
Por consiguiente, ahora es necesario poder identificar claramente lo que se ha pagado. 
También es necesaria una mayor transparencia y responsabilidad. 
Aunque hay que acogerlo con gran satisfacción, no ofrece muchos detalles. 
Me gustaría que la Comisión nos diera más detalles de qué va a financiar el fondo de desarrollo y de cómo va a gestionarse el mismo. 
Si bien es un cambio bienvenido del modo en que la Comisión abordará los acuerdos de pesca, debe adoptar el mismo enfoque respecto de los acuerdos con los países ACP. 
La Comisión dice que es demasiado difícil por todo tipo de motivos, aunque fue una de las cuestiones centrales del reciente documento de debate sobre el acuerdo de asociación elaborado por la Comisión. 
También queremos que se incluya este enfoque en los acuerdos con los países ACP. 
Este tipo de enfoque, que separa el desarrollo de lo que realmente se paga por los derechos de pesca, es extremadamente importante, como ya han señalado otros oradores. 
Si es posible para Groenlandia, también ha de ser posible para los países ACP. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. Miguélez Ramos por su informe. 
Ha hecho hincapié en algunas cuestiones de vital importancia, sobre todo por la discrepancia entre lo que pagamos todos los años a Groenlandia, 42,8 millones de euros, y lo que obtenemos a cambio, derechos de pesca por valor de 28 millones de euros. 
Me alegro de que el Comisario Fischler haya señalado que el protocolo que se firmó ayer consigue ajustar un poco esta cuestión criticada en el pasado por los auditores. 
Merece la pena recordar, tal y como ha dicho el Sr. Casaca, que estas fueron las cláusulas de un acuerdo establecido cuando Groenlandia abandonó la Comunidad Europea. 
Una parte sustancial de este paquete de compensaciones consiste en ayudar a la economía groenlandesa y a la población inuit, desesperadamente pobre, de Groenlandia. 
Ya sé que la Sra. Langenhagen es una experta en esta materia y que en el pasado ha pedido al Parlamento que la abordara con benevolencia. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con la ponente cuando insiste en que estos aspectos ajenos a la pesca de las relaciones entre la Unión Europea y Groenlandia han de financiarse al amparo de la rúbrica 4 de la perspectiva financiera o a través del Fondo Europeo de Desarrollo. 
El presupuesto de pesca ha de utilizarse exclusivamente para la pesca. 
Por otro lado, quiero transmitir un poco de cautela en torno a este aspecto del informe que reclama un reparto de los derechos de pesca infrautilizados. 
En su intervención, el Comisario Fischler ha llamado la atención a este respecto, y el protocolo firmado ayer parece que permite asignar ahora estos derechos de pesca infrautilizados a otros Estados miembros. 
A este respecto, quiero pedir al Comisario que se acuerde de la asediada flota de pescado blanco que faena alrededor del Mar del Norte, especialmente la del Reino Unido, que actualmente pasa la mitad de cada mes amarrada porque las cuotas se han reducido un 50%. 
Si se va a prestar algún tipo de ayuda en relación con los derechos infrautilizados o con asociaciones de empresas conjuntas, ruego que se aseguren de que la flota de pescado blanco del Mar del Norte esté al principio de la cola. 
Señor Presidente, lamento poner una nota de discordia en este debate, pero este informe ha de examinarse en dos aspectos. 
En primer lugar, hemos de hacer hincapié en la necesidad de gastar el dinero de los contribuyentes con transparencia, y en estos momentos esto no sucede. 
Es evidente que estamos pagando de más por los derechos de pesca y tenemos que pagar por la cantidad de pescado que capturan los pescadores europeos, pero si queremos pagar a Groenlandia para contribuir a su desarrollo, hagámoslo por separado. 
No estoy en contra, pero no puede pagarse con peces de papel en virtud de un acuerdo de pesca. 
Me ha sorprendido mucho la actitud de la Comisión con respecto a la idea de que tenemos que ampliar el número de especies que pueden capturarse en Groenlandia y sus alrededores. 
Cualquiera puede pensar que la política de pesca común ha sido un gran éxito, cuando de hecho el conjunto de las poblaciones de peces de las aguas europeas va reduciéndose cada vez más. 
Ahora se habla de establecer más cuotas para más especies. 
En numerosas ocasiones he dicho en esta Asamblea que los peces por desgracia no nadan por separado y, muy a menudo, cuando se captura una especie de pez, hay otras que también caen en las redes. 
Si los pescadores no tienen cuotas, estos peces se desechan. 
Se sabe que todos los años en la Unión Europea se desecha una cantidad vergonzosa de pescado. 
Muy a menudo esta idea lleva a la Unión Europea a explotar las aguas de terceros países e implica que a los pescadores de estos terceros países se les echa de sus empresas, y todo ello deriva en un descrédito. 
Con frecuencia el dinero que se gasta la Unión Europea no llega a los pescadores o a los países a los que está destinado. Muy a menudo acaba en el lugar que no debe. 
Es preciso revisar toda la situación. 
Señor Presidente, agradezco a la Sra. Miguélez Ramos la precisión que ha empleado para airear esta cuestión y por la utilidad de su informe. 
También quiero dar las gracias al Comisario por haber ordenado toda la cuestión y por convertir lo que ciertamente era una situación inaceptable en una más aceptable en estas nuevas negociaciones. 
Quisiera hacer referencia a lo que mi amigo el Sr. Casaca ha dicho sobre la asignación de fondos de la Unión Europea al pescado de Groenlandia. 
Esto también se aplica a las Azores, estoy seguro, y a Irlanda, aunque las aguas de las Azores no son tan ricas. 
La verdad es algo diferente. 
Cuando se unieron a la Unión Europea, solo había un límite de seis millas. 
Posteriormente, la Unión Europea los amplió a 200 millas. 
Entonces, los pescadores de Groenlandia, Irlanda y quizá las Azores también, empezaron a ver lo que podría haber sido. 
Estoy de acuerdo, y lo he repetido con frecuencia, que para contar con una política agrícola común no es necesario que los peces sean de propiedad común. 
Podríamos haber tenido una política de pesca común decente sin que los peces fueran propiedad común. 
Hemos sacado lo peor de todos los ámbitos, porque la Unión tenía los peces, pero los Gobiernos nacionales debían encargarse de vigilarlos. 
Ahí es donde se ha hecho un mal trabajo. Por este motivo las existencias están agotadas. 
Lo que es de todos no es de nadie. 
No ha sido la propia política de pesca común la que ha agotado las existencias, sino que ha sido la falta de supervisión necesaria. 
Si la Unión hubiera sido la encarga de supervisar la captura de los peces, podríamos haber cosechado algunos éxitos. 
Groenlandia abandonó la Unión. 
No ha sido exactamente como ha dicho el Sr. Casaca, pero se marchó después de que se ampliara el límite de 200 millas. 
Debería haberse mantenido firme y ser solidaria. Se habría beneficiado de los fondos estructurales, entre otras cosas. 
En el mejor de los casos, los fondos estructurales solo han concedido 300 euros per cápita a algún Estado de esta Unión, como es el caso de Irlanda. 
Los portugueses, los griegos y los italianos del sur han conseguido mucho menos. 
Sin embargo, de acuerdo con el cálculo del Sr. Busk, la población de Groenlandia recibe 900 euros per cápita al año. 
Esto es demasiado generoso. 
Me parece que hemos mezclado nuestra política exterior con nuestra política de pesca. 
Hemos dado a Groenlandia un trato que no tenía derecho a esperar, teniendo en cuenta que se marchó voluntariamente y que no aceptó de buena fe que fuera a ser tratada justamente dentro de la Unión. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario Lamy, señor Comisario Fischler, Señorías, una vez más nos encontramos ante un debate fundamental en esta Cámara. 
Se trata de los éxitos que deberíamos obtener para Europa, y el Comisario Lamy lo ha expresado muy claramente: se trata de abrir el mercado al comercio, y quiero subrayar que sobre una base recíproca. 
Sin embargo, nos encontramos con el problema de que todavía persisten muchas barreras técnicas al comercio, en particular para la estructura europea de nuestras pequeñas y medianas empresas, en las que están empleados dos tercios de los trabajadores europeos. 
Por ello resulta importante presentar, mostrar los efectos positivos de la ronda de Cancún, las oportunidades de crecimiento que tenemos en Europa y los empleos que podrían volver a crearse en Europa. 
Pero quiero formular una segunda pregunta: ¿Cuál es la verdadera situación de la lista de productos regionales de calidad? 
Actualmente hemos declarado prioritarios unos 40 productos, en particular de los nuevos Estados miembros, como por ejemplo la cerveza Budweiser. 
Señor Presidente, todos sabemos que tanto el Comisario Lamy como el Comisario Fischler tendrán que atenerse a su mandato. 
En este mandato se incluyen las cuestiones de Singapur y, en particular, la inversión. 
Comisario Lamy, usted sabe, por la última vez que hablamos de ello en esta Asamblea, que el Grupo del PSE opina que es muy poco apropiado seguir, de las cuestiones de Singapur, con la inversión en particular. 
¿Le parece que el clima reinante entre los países en desarrollo es tal que nos podemos arriesgar a causar un gran trastorno si insistimos, en contra de su voluntad, en seguir con la cuestión de la inversión? 
Sinceramente, nosotros opinamos que no es el momento. 
Me encantaría oír que usted acepta que deberíamos abandonar la presión a favor de que se incluya la inversión. 
Señor Presidente, señor Comisario, soy uno de aquellos que creen que es muy importante que impliquemos a los países en desarrollo en el comercio y que abramos nuestros mercados. 
Sin embargo, no todos los países en desarrollo son iguales. 
Existe una preocupación, especialmente en lo que respecta a la agricultura ya que entre los países en desarrollo existen algunos que son extremadamente competitivos en producción agrícola, algo que puede ser problemático para la UE. 
Por ello me gustaría hacerle una pregunta al Sr. Comisario: ¿qué estrategia tiene la Comisión para sobrellevar esto, pero sin detener así el proyecto de implicar a los países en desarrollo y, en un período corto de tiempo, convertirlos en compradores principales específicamente de productos agrícolas? 
Señor Presidente, también yo quiero hablar sobre las cuestiones de Singapur, porque la postura de la Comisión y del Consejo es esencial y enormemente hipócrita. 
Según su retórica, Comisario, se suponía que estas negociaciones debían anunciar una ronda de desarrollo que da prioridad a las preocupaciones de los países en desarrollo. 
A usted le gusta retratar a la Unión Europea como partidaria y defensora de los países en desarrollo y, sin embargo, ahora se considera que la Unión Europea intimida a estos países en relación con una serie de cuestiones sobre inversión y competencia, a pesar del hecho de que la amplia mayoría de ellos ya han dicho categóricamente que no quieren negociaciones en estos ámbitos. 
Incluso el Grupo de los países ACP, un grupo con el cual este Parlamento se supone que tiene una relación especial, ha emitido una declaración indicando que no quiere negociar. 
Los países menos desarrollados no quieren. 
En nombre de mi Grupo, quiero plantearle hoy un desafío. 
Si se toma usted realmente en serio esta nueva ronda como una ronda de desarrollo y si quiere usted realmente que se considere a la Unión Europea partidaria de los países en desarrollo, ¿pedirá al Consejo que retire las reivindicaciones en torno a estas cuestiones? 
Si no, ¿puede decirnos cómo concuerda el llamado apoyo que prestan ustedes a los países en desarrollo con su agenda, que va precisamente en contra de sus intereses y deseos? 
Señor Presidente, gracias, señor Comisario, por su presentación. 
El Presidente de la OMC se ha presentado ahora, por supuesto, con una propuesta de cancelar el acuerdo de paz en la esfera agrícola. 
Sé que esto no constituye parte del mandato, pero sin embargo creo que merece la pena reflexionar ahora que estamos interesados en obtener condiciones comerciales iguales también en este ámbito. 
De hecho utilizamos a los proteccionistas de los Estados Unidos en la esfera agrícola para excusar nuestro propio proteccionismo. 
¿Por qué no eliminar en su lugar ambas formas de proteccionismo y celebrar acuerdos comerciales adecuados con los países en desarrollo? 
El segundo aspecto son los derechos de los trabajadores. 
¿Cómo garantizamos que los países que celebran acuerdos en la OMC observan, como mínimo, sus propias leyes y normas que rigen los derechos de los trabajadores, los salarios, etc.? 
Pienso, por ejemplo, en el caso de Tailandia, en donde los refugiados de Birmania trabajan en condiciones similares a la prisión a cambio de prácticamente ningún dinero y en donde el comercio va directamente a Europa. 
Es en nuestros estantes donde se encuentran los productos de estos campos de prisioneros. 
¿Cómo vamos a incluir esta cuestión dentro de las negociaciones de la OMC? 
Señor Presidente, el reciente acuerdo alcanzado en torno a la reforma de la política agrícola común preocupa: a raíz de las conversaciones de la Organización Mundial del Comercio podrían producirse ciertos cambios agrícolas. 
Me refiero en particular a la preocupación por la cuestión tan delicada de la remolacha azucarera. 
Se sabe que países como Australia, Brasil y otros quieren liberalizar del todo este sector. 
¿Puede la Comisión decir que intentará que el azúcar sea declarado producto sensible? 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0273/2003) , eso sí, con un enorme retraso de veinticinco minutos, que se va produciendo en cada sesión, del que no hago responsable al Presidente Imbeni- naturalmente -, pero vamos a intentar tener este turno de preguntas de la forma más racional posible para que pueda hablar el mayor número posible de diputados. 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Pregunta nº 33 formulada por Piia-Noora Kauppi (H-0483/03): 
Asunto: Disposición de la Comisión a suprimir la obligación de visado a Rusia 
Rusia ha instado durante mucho tiempo a la Unión Europea a que suprima la obligación de visado a los ciudadanos de la Federación de Rusia. 
La Unión Europea, fundamentalmente por motivos de seguridad, se ha mostrado reservada ante la propuesta de Rusia. 
Según informaciones publicadas en la prensa a principios de julio (STT-AFP) , el Jefe de la Delegación de la Comisión en Moscú, Richard Wright, ha anunciado que las "negociaciones" sobre el asunto podrían iniciarse antes de la próxima Cumbre UE-Rusia, que se celebrará en noviembre. 
¿Está dispuesta la Comisión, sin informar a los Estados miembros, a suprimir la obligación de visado a los ciudadanos de la Federación de Rusia? 
¿Podría aclarar la Comisión qué quería decir el Jefe de la Delegación de la Comisión, Richard Wright, con su declaración y, en particular, cómo debe entenderse la expresión "negociaciones"? 
. 
(EN) En sus conclusiones de su reunión de octubre del año pasado, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores acordó que la propuesta rusa de iniciar conversaciones sobre las condiciones para finalmente establecer un régimen sin visado se consideraría una cuestión a largo plazo y que las conversaciones posteriores debían celebrarse en el marco de las estructuras del acuerdo de asociación y cooperación. 
A este mismo respecto, en la Cumbre de la Unión Europea y Rusia celebrada en San Petersburgo en mayo de 2003, a la que asistí, se acordó examinar las condiciones para los desplazamientos sin visado entre la Unión Europea y Rusia. 
La Comisión, en estrecha consulta con los Estados miembros, estudia ahora la mejor forma de emprender estas conversaciones con Rusia en el marco del Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y Rusia. 
Algunos medios de comunicación parecen haber malinterpretado los comentarios realizados por el Jefe de la Delegación de la Comisión en Moscú a este respecto. 
Puedo aclarar que acertó cuando dijo que la Unión Europea está lista para tratar con Rusia las condiciones para los desplazamientos sin visado como una cuestión a largo plazo, y que esta cuestión está vinculada a una serie de asuntos asociados que también deben abordarse, como la necesidad de una gestión más eficaz de las fronteras, la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y la inmigración ilegal. 
La celebración de un acuerdo de readmisión con Rusia será en este contexto una medida importante para crear confianza. 
Esta cuestión la he planteado varias veces a mis colegas e interlocutores rusos. 
Señor Presidente, esta respuesta es realmente gratificante. 
Las declaraciones realizadas por el representante de la Comisión, Richard Wright, realmente han sido interpretadas con cierto objetivo especial en mente por ambas partes. 
Sin embargo, evidentemente el asunto se planteará en la próxima cumbre UE-Rusia de noviembre. 
Antes de eso ¿cómo tratará el Consejo la cuestión y qué tipo de procedimiento tratará dichas decisiones estratégicas mientras pasan por el Consejo? 
En otras palabras, ¿cómo procederá la Comisión con el Consejo en este asunto antes de noviembre? 
. 
(EN) La Unión Europea es muy clara en su posición. 
A veces hay alguna malinterpretación por la otra parte, o algún intento por nuestra parte de reavivar el debate, pero hemos sido totalmente claros y coherentes en nuestros contactos con los colegas rusos. 
Quisiera volver sobre la última cuestión que he planteado. 
Es muy importante que si vamos a iniciar conversaciones serias con los rusos en estas materias, y hay algunas cuestiones muy difíciles de resolver, han de comprender nuestra legítima preocupación en torno a la negociación del acuerdo de readmisión. 
No es razonable celebrar conversaciones sobre estas cuestiones vitales cuando todo el tráfico va en una dirección. 
También quiero añadir que, cuando estudiamos y preparamos la agenda para las cumbres, hemos insistido en la necesidad de trabajar a través de las estructuras del acuerdo de asociación y cooperación, y en este caso particular a través de la subcomisión correspondiente. 
Es muy importante utilizar los mecanismos que hemos establecido para hablar de estas delicadas cuestiones. 
Hemos de intentar no pasar por encima de ellos, ni tampoco lanzarnos de cabeza a decisiones que afectan notablemente a todos los Estados miembros y a algunos Estados miembros en particular. 
Pregunta nº 34 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0440/03): 
Asunto: Proyecto Ulises 
¿Puede la Comisión informar sobre los resultados del proyecto Ulises para el control de la inmigración ilegal en el Mediterráneo occidental y en el Atlántico? 
Como ya saben ustedes, el año pasado en Sevilla el Consejo Europeo afirmó con rotundidad la necesidad de desarrollar una estrategia sobre la gestión de las fronteras exteriores. 
El Consejo aprobó un plan completo que comprende, entre otras medidas, las actividades conjuntas que van a llevar a cabo los Estados miembros. 
En junio de 2003, el Consejo Europeo de Salónica confirmó su prioridad y llevó a cabo una primera evaluación de los resultados logrados hasta la fecha, a la vez que fijó nuevas prioridades. 
Estas actividades conjuntas no tiene precedente y representan un primer esfuerzo de cooperación para abordar el contrabando de emigrantes ilegales. 
El proyecto conjunto Ulises, por ejemplo, ha sido organizado y liderado por España, pero también han participado otros Estados miembros. 
Este es un primer intento de aunar los esfuerzos de los Estados miembros para abordar la trágica situación de los flujos migratorios por mar y para intentar poner fin, o al menos reducir, al riesgo de que se produzcan los trágicos accidentes que suelen ocurrir en nuestros mares a raíz de las acciones delictivas de contrabandistas y traficantes. 
La Comisión no ha participado en la planificación o la gestión de las diferentes operaciones en alta mar, pero, a través del Programa Argo, hemos cofinanciado estas operaciones de gestión de las fronteras exteriores con 670 000 euros. 
La Comisión recibirá un informe definitivo sobre los resultados y el impacto de las actividades emprendidas de acuerdo con los procedimientos respectivos del Programa Argo antes de que termine el año. 
A la luz de los objetivos del Programa Argo, la Comisión podrá evaluar el impacto de una actividad así para la gestión de las fronteras exteriores comunes. 
En Salónica la Presidencia griega presentó un informe sobre la aplicación de programas, y centros ad hoc, proyectos piloto y actividades conjuntas. Un capítulo de este informe se ha dedicado a la actividad de Ulises. 
Propongo que el Sr. Medina Ortega eche un vistazo a este informe, que incluye una descripción exhaustiva del contenido del proyecto. 
Comparto la opinión de su Señoría de que los flujos migratorios son muy flexibles, y que cuando la presión aumenta en un lugar, disminuye en algún otro. 
Por eso la Comisión ha propuesto la creación de un marco operativo estable para el control de las fronteras marítimas. 
Pedimos que se realizara un estudio de viabilidad. La semana que viene presentaré sus resultados al Consejo informal de Justicia y Asuntos de Interior en Roma. 
Nuestra propuesta es crear tres centros de control permanentes para nuestra frontera marítima meridional. 
Mientras tanto, tenemos que seguir aprendiendo de las operaciones conjuntas que son un éxito y de las que no lo son tanto, para incorporar esos conocimientos al proyecto que presentaremos al Consejo. 
Pregunta nº 35 formulada por Paulo Casaca (H-0456/03): 
Asunto: Protocolo Adicional de salvaguardia en materia nuclear 
Desde agosto de 2002, a raíz de las denuncias documentadas presentadas por la resistencia iraní, se sabe que el Gobierno del Irán está llevando a cabo actividades ilegales para desarrollar la capacidad nuclear, actividades que han sido mencionadas abiertamente no sólo por las autoridades norteamericanas, sino también por la prensa y organismos especializados. 
En junio, el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó por completo estas denuncias y las instituciones europeas no tuvieron más remedio que reconocer finalmente la evidencia. 
Entretanto, en declaraciones y respuestas a los diputados, la Comisión ha mantenido siempre la posición de que tanto las acusaciones de la resistencia iraní como su confirmación por parte de las autoridades estadounidenses carecían de credibilidad, llegando incluso a afirmar que el Irán parecía cumplir las disposiciones pertinentes en general, al aceptar incluso inspecciones de sus instalaciones nucleares, a pesar de que todos los observadores mínimamente informados sabían a la sazón que ello era totalmente falso. 
¿No considera la Comisión que sería urgente plantearse hasta qué punto son fiables sus fuentes de información sobre el Irán? 
. 
(EN) La Comisión acogió con satisfacción el informe de junio del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) , pero observó con preocupación que Irán no había cumplido algunas de sus obligaciones contempladas en el acuerdo de controles de seguridad del Tratado de No Proliferación. 
Posteriormente, el 26 de agosto de 2003 y como continuación del informe de junio, el OIEA publicó otro informe que contenía nuevas conclusiones. 
El informe de agosto indica que, pese al mayor grado de cooperación demostrado por Irán, su cooperación ha tardado a veces en llegar y parte de la información se contradice con la proporcionada anteriormente. 
El comité de dirección del OIEA analizará este informe en la reunión que celebrará en la semana del 8 de septiembre de 2003. 
Es también probable que los Ministros europeos de Asuntos Exteriores traten este tema en la reunión de Gymnich en Italia este fin de semana. 
La Comisión ha exigido a Irán plena transparencia en esta cuestión y ha declarado repetidamente que el tema de las armas de destrucción masiva constituye uno de los principales problemas en las relaciones entre la Unión Europea e Irán. 
A través de sus contactos a nivel ministerial y oficial, la Comisión ha solicitado a Irán que proceda de inmediato a la firma y ratificación del protocolo adicional, y que coopere plenamente y de una manera transparente con el OIEA. 
Sin la entrada en vigor de ese protocolo, el OIEA difícilmente podrá tener la seguridad de que Irán no esté desarrollando una actividad nuclear no declarada. 
La Comisión hace todo lo posible para basarse en información objetiva disponible, en particular de fuentes del OIEA. 
Seguiremos de cerca todos los acontecimientos relacionados con el OIEA, sobre todo desde la reunión que mantuve hace un par de meses con el Dr. El Baradei. 
. 
(EN) Si a su Señoría le conviene decir ahora que hemos cambiado nuestra posición, le diré que sí, pero no lo hemos hecho. 
Su Señoría no ha estado atento cuando he dicho en más de una ocasión que, en una reunión tras otra con nuestros interlocutores iraníes, hemos insistido, por ejemplo, en la importancia de que firmen el protocolo adicional. 
He viajado dos veces a Teherán para insistir en ello. 
En las últimas semanas he hablado dos veces con el Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Kharrazi. 
Hablé con él a mediados de agosto y es una gran coincidencia que se formule hoy aquí esta pregunta justamente cuando he vuelto a hablar del mismo tema con él esta mañana. 
Mi colega y Alto Representante, el Sr. Solana, ha viajado a Teherán esta semana para insistirles en lo que nosotros llevamos meses diciéndoles: que queremos que Irán firme el protocolo adicional como una condición necesaria, pero posiblemente no suficiente, para convencer al resto del mundo de que su programa nuclear civil y sus ambiciones en ese terreno son lo que ellos dicen ser. 
No tengo ninguna duda de que debemos presionar a Irán en esta cuestión. 
Irán quiere mejorar sus relaciones con nosotros y con el resto del mundo. 
Pero los iraníes tienen que saber que esta cuestión no preocupa sólo a los Estados Unidos: a nosotros también nos preocupa, y mucho. 
Espero que mi respuesta satisfaga a su Señoría y que podamos ahora comer todos del mismo plato. 
Muchas gracias, señor Patten. 
Preguntas dirigidas al Sr. FischlerPregunta nº 36 formulada por Monica Frassoni (H-0432/03): 
Asunto: El PHN y el equilibrio de la agricultura mediterránea 
El trasvase del Ebro aportaría directamente del orden de 600 Hm 3 de agua a la agricultura mediterránea. 
Además, la reutilización agraria de las aguas trasvasadas para uso urbano aportaría no menos de 150 Hm 3 más. 
A estos volúmenes se les añadirán más de 200 Hm 3 de agua desalada. 
Por último, el PHN contempla inversiones en eficiencia en los actuales sistemas de riego, que podrían generar cientos de Hm 3 más. 
En total, el incremento de disponibilidades para la agricultura derivado del PHN superaría ampliamente los 1 000 Hm 3 anuales. 
En la agricultura mediterránea moderna cada metro cúbico de agua genera más de 3? de producción agraria. 
De hecho se superan los 6? /m 3 en muchos invernaderos. 
El trasvase del Ebro elevará las producciones actuales en varios miles de millones de Euros. 
Al margen de cómo se controlen las superficies oficialmente regables, los nuevos recursos aumentarán la producción, pues en algún lugar se utilizarán. 
¿Ha evaluado la Comisión el efecto que podría tener semejante avalancha de nueva oferta sobre los precios agrarios? 
Los mercados de la agricultura mediterránea están, para algunos productos, prácticamente saturados, y los países del Norte de África están entrando en estos mercados. 
El precario equilibrio actual de la agricultura mediterránea, que la mantiene básicamente fuera del sistema de subvenciones de la PAC, podría acabar con el trasvase del Ebro. 
Pregunta nº 37 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0444/03): 
Asunto: Nueva reforma de la PAC y zonas muy desfavorecidas- Objetivo 1- de la UE 
El compromiso de la Presidencia sobre la nueva reforma de la PAC, de 26 de junio del 2003, tan sólo hace una tímida mención retórica a las regiones desfavorecidas y a la cohesión en la UE. 
El análisis de las propuestas formuladas por la Comisión y acordadas por el Consejo, a su vez, no concretizan ni cuantifican en qué consistiría ese "deseo de apoyo". 
En la UE hay zonas agrícolas muy deprimidas que, por sí solas, no resistirán la competitividad que exigen el nuevo desacoplamiento de las ayudas y los criterios adicionales de esta reforma. 
Sólo unas nuevas políticas de capacitación y promoción agrarias, de distribución comercial, junto a programas específicos para un nuevo desarrollo agrícola-comercial podrían neutralizar la dureza de su impacto en estas zonas, evitando la depresión económica y el abandono de cultivos. 
Teniendo esto en cuenta, ¿qué medidas adoptará la Comisión para que la reforma de la PAC no tenga un impacto negativo sobre las zonas de la UE más desfavorecidas? 
Señor Comisario, la traducción inglesa de la pregunta no se refiere a las «zonas agrícolas menos favorecidas» sino a las «zonas agrícolas muy deprimidas». 
En West Midlands, mi tierra natal en el Reino Unido, hay muchas zonas agrícolas deprimidas, y muchos agricultores deprimidos. 
Quiero plantear al Comisario una pregunta dividida en dos partes. 
¿Está de acuerdo la Comisión en que algunos Estados miembros, entre ellos el Reino Unido, no han aprovechado plenamente la ventaja de la flexibilidad que permite la normativa actual de la PAC? 
¿Instaría él a los Estados miembros a sacar el máximo provecho ahora con la nueva normativa, que ofrece mayor flexibilidad, y a escuchar a sus agricultores y a su comunidad agraria en el proceso? 
Basta que responda con una sola palabra. 
¿Puedo insistirle al Sr. Comisario en la cuestión de las propuestas de Fischler para la revisión intermedia? 
Con sus reformas romperá el vínculo entre producción y subvención. Eso hará que la Unión Europea tenga que adoptar una posición firme en Cancún. 
¿Cree usted que la decisión adoptada por el Consejo de Ministros, mediante la cual algunos países van a iniciar la desvinculación mucho antes que otros, ha debilitado ya la posición de la Unión Europea? 
Agotado el tiempo destinado a las contestaciones del Sr. Fischler y de acuerdo con el Reglamento, las preguntas 38, 39, 40 y 41 se contestarán por escrito 
Pregunta nº 42 formulada por Bart Staes (H-0436/03): 
Asunto: Ayuda al desarrollo para la agricultura congoleña 
El 12 de junio de 2003, el semanario flamenco Trends indicaba que la fiscalía de Amberes (Bélgica) había iniciado una investigación sobre dos empresas exportadoras (Soafrimex y Afroliner) de excedentes alimentarios europeos hacia África, y sobre su implicación en operaciones de fraude fiscal, blanqueo de dinero y sospecha de tráfico de diamantes. 
Sus filiales en el Congo comercializaron alimentos (europeos) a precios de ' dumping?. 
El proyecto de desarrollo CDI-Bwamanda, por su parte, señala que el sector agrícola local se enfrenta con unos gastos generales excesivamente elevados. 
El semanario Trends indica que la Comisión Europea, entre otros, compra maíz in situ ' al doble de su precio, por ser la agricultura tan ineficiente?. 
Por otra parte, la FAO considera que el Congo tiene potencial para alimentar a dos mil millones de personas. 
¿Posee la Comisión más información sobre el fraude manifiesto que se hace desde Amberes con excedentes alimentarios europeos? 
Por otra parte, y vista la situación de extrema necesidad, ¿está dispuesta a destinar fondos adicionales para el desarrollo de la agricultura local y, por consiguiente, reducir gradualmente las exportaciones de alimentos europeos a la región? 
. 
(EN) El artículo en el que se basa esta pregunta contiene algunas imprecisiones que pueden confundir al lector. 
Por una parte, en Europa existe actualmente un proceso judicial en marcha contra empresas exportadoras de excedentes alimentarios europeos con relación a un asunto de blanqueo de dinero y tráfico de diamantes. 
La magistratura belga ha enviado una comisión de investigación a la República Democrática del Congo. 
La investigación es secreta y compete a los tribunales belgas. Por tanto, la Comisión carece de información al respecto. 
Por otra parte, la Comisión ya destina fondos importantes al desarrollo de la agricultura local en la República Democrática del Congo. 
El Fondo Europeo de Desarrollo financia proyectos para impulsar la actividad agraria, rehabilitar las carreteras rurales y promover las medidas fitosanitarias, por un valor de 13,2 millones de euros. 
Además está pendiente de aprobación otro proyecto de ayuda agraria con un presupuesto de 12 millones de euros. 
La ayuda alimentaria proporcionada por la Comisión asciende a unos 5 millones de euros y abarca, entre otras cosas, los fondos puestos a disposición de la ONG CDI-Bwamanda para comprar maíz a los agricultores locales al precio del mercado de Kinshasa. 
Esta iniciativa permite a los agricultores congoleños seguir produciendo en el mercado nacional, caracterizado por su escasa capacidad adquisitiva, y poder prepararse para competir en los mercados nacionales y regionales cuando se inicie la recuperación económica después del conflicto. 
Además, la intervención de la Comisión a través de esta ONG ayudará a evitar que las ayudas alimentarias producidas fuera del país debiliten a un sector agrícola ya de por sí muy dañado por la situación política del país, que está teniendo graves consecuencias para la producción. 
Todo ello ha hecho que en Kinshasa aumente mucho el precio de mercado del maíz. 
Debo decir, no obstante, que desde la firma del acuerdo «global e integrador» de Petroria en diciembre de 2002 y la reunificación oficial del territorio congoleño a finales de junio de 2003, se está normalizando la navegación comercial por el río Congo. 
Eso hará, con toda probabilidad, que bajen los precios de mercado. 
. 
(EN) No puedo hacer eso. 
Doy por sentado que existen motivos para que las autoridades belgas estén investigando en la República Democrática del Congo. 
Ya le entregué a su Señoría la información que tenía al respecto e incluso le expliqué por qué no debemos comentar una investigación como esa. 
He hecho todo lo que podía. 
Asunto: Asesinato de la ciudadana española Ana Isabel Sánchez Torralba en la Guinea Ecuatorial 
La cooperante española Ana Isabel Sánchez Torralba ha muerto en la Guinea Ecuatorial a causa de los disparos efectuados por miembros de las Fuerzas Armadas contra el autobús de línea en el que viajaba, con destino a Aconibe, para colaborar con las Misioneras Escolapias. 
Se trata de otro ejemplo trágico de la brutalidad del régimen de la Guinea Ecuatorial, cuyo desprecio por la vida de las personas, los derechos humanos, y las más elementales garantías ciudadanas se ha puesto de manifiesto una vez más con el asesinato de Ana Isabel Sánchez Torralba. 
¿Ha considerado la Comisión la posibilidad de aplicar sanciones a la Guinea Ecuatorial suspendiendo cualquier tipo de ayuda al régimen dictatorial de Obiang? 
¿Puede aportar datos la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en la Guinea Ecuatorial? 
¿Se ha producido alguna mejora en el sistema de garantías a partir del acuerdo alcanzado en esta materia entre la Comisión y el Gobierno de la Guinea Ecuatorial? 
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Este es un caso que ilustra el lamentable hecho de que el petróleo no es un atajo para garantizar una vida digna ni el progreso a la mayoría de un país. 
Seguimos manteniendo un difícil diálogo con este país y me temo que no puedo decirles nada muy bueno ni muy optimista al respecto. 
Tenemos que seguir intentándolo. 
Pregunta nº 44 formulada por Eija-Riitta Anneli Korhola (H-0474/03): 
Asunto: Coordinación de las reducciones de emisiones (créditos) de los mecanismos de Kyoto con la cooperación al desarrollo 
La UE está elaborando una directiva sobre los créditos que se pueden obtener de los proyectos de aplicación conjunta y del mecanismo de desarrollo limpio y que se pueden convertir en derechos de emisión con un valor económico en el comercio de emisiones. 
La perspectiva es, por lo tanto, dotarse de un instrumento que permita, en parte, la posibilidad de obtener también un beneficio de los proyectos de desarrollo. 
Al mismo tiempo, así se podría contribuir a lograr el objetivo del 0,7 % del producto nacional bruto, establecido por las Naciones Unidas. 
También la UE tiene intención de poseer derechos de emisión. 
A pesar de las grandes posibilidades, sólo será posible hallar una solución definitiva adecuada mediante una planificación cuidadosa y una estrategia bien meditada. 
¿Es consciente la Dirección General de la Comisión responsable de la cooperación al desarrollo, de la naturaleza de los proyectos del mecanismo de desarrollo limpio y de las oportunidades que ofrece de financiación adicional para la cooperación al desarrollo? 
¿Tiene intención la Comisión de orientar a los Estados miembros hacia una práctica uniforme? 
¿De qué manera se van a integrar los proyectos del mecanismo de desarrollo limpio en el plan de financiación de la UE para la cooperación al desarrollo? 
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(EN) La Dirección General de Desarrollo de la Comisión y yo mismo conocemos el mecanismo de desarrollo limpio y las oportunidades que ofrece. 
Para los países en vías de desarrollo, el mecanismo de desarrollo limpio debe constituir un vehículo adecuado para la transferencia de tecnologías limpias y modernas, capaz de contribuir a sus esfuerzos de desarrollo. 
No obstante, dicho mecanismo no debe sustituir a los fondos concedidos en el marco de la cooperación al desarrollo. 
En primer lugar, el mecanismo de desarrollo limpio es principalmente un instrumento del sector privado o empresarial y la financiación pública se destinaría únicamente a fines de formación o capacitación, o a acciones catalíticas similares. 
En segundo lugar, aunque la reducción certificada de emisiones que consiga un proyecto del mecanismo de desarrollo limpio tenga un valor añadido, dicho valor no puede «declararse» como ayuda oficial al desarrollo según establecen las normas de elaboración de informes del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. 
La Comisión reconoce las oportunidades que puede ofrecer el mecanismo de desarrollo limpio en materia de transferencia tecnológica, pero es consciente de que no todos los países en vías de desarrollo tendrán el mismo interés para el sector empresarial en términos de inversión. 
La Comisión ha propuesto una estrategia y un plan de acción comunitarios para hacer frente al cambio climático en el marco de la cooperación al desarrollo, que contempla ayudas a los países asociados para actividades de preparación de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio, entre ellas actividades de capacitación. 
La comunicación sobre el cambio climático en el contexto de la cooperación al desarrollo considera también la posibilidad de financiar proyectos del mecanismo de desarrollo limpio en la categoría de los países menos desarrollados. 
En cuanto a la orientación de los Estados miembros hacia una práctica uniforme en el mecanismo de desarrollo limpio, esperamos que los debates celebrados en el seno del Consejo sobre la comunicación de la Comisión permitan adoptar un plan de acción comunitario que incluya medidas relacionadas con la actividades del mecanismo de desarrollo limpio. 
Invito al Parlamento Europeo a que también manifieste su opinión sobre esa comunicación. 
La ayuda a las actividades del mecanismo de desarrollo limpio contemplada en el plan de acción puede financiarse con cargo a las partidas presupuestarias geográficas a petición de los países, y con cargo al presupuesto de investigación. 
La ayuda puede financiarse también con cargo a la partida presupuestaria «Medio ambiente en países en desarrollo y bosques tropicales» , una de cuyas prioridades serán las actividades del mecanismo de desarrollo limpio. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Comisario por su respuesta. 
Quisiera decir que sin embargo es cierto que determinados tipos de mercados y oportunidades se están abriendo aquí para organizaciones de cooperación para el desarrollo. 
En mi opinión es algo muy positivo, ya que pueden utilizar sus conocimientos especializados en esta área. 
Por lo tanto, me gustaría preguntar si el Comisario tiene alguna intención de ofrecer esta oportunidad y esta idea a las organizaciones de cooperación para el desarrollo, por ejemplo formándolas para que se conviertan en coordinadoras de proyectos CDM. 
También me gustaría preguntar qué tipo de posibilidades ve para reunir a las empresas y a las organizaciones a fin de que las colaboraciones resulten constructivas y ventajosas para ambas partes. 
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(EN) Como ya dije antes, se trata de un instrumento dirigido principalmente a las empresas. 
Estamos tratando de atraer a las empresas y al sector privado a estas actividades de muy distintas formas. 
Las empresas, como es lógico, tienen que participar en el debate sobre la forma de organizarlo. 
También deben participar los gobiernos de nuestros países asociados. 
Ellos son nuestros dos aliados principales para avanzar en este terreno. 
Sin ellos no podremos hacer gran cosa. 
Las organizaciones normales de cooperación al desarrollo no son las principales destinatarias de esta medida: el nuevo frente son las empresas. 
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(EN) Desde un punto de vista práctico, los proyectos piloto y otras iniciativas similares son necesarios para empezar, experimentar con ellos en la práctica y demostrar cómo pueden realizarse este tipo de actividades. 
Eso es lo que estamos haciendo ahora. 
He mencionado el problema más importante, todavía sin resolver, de la declaración de estas actividades como ayuda oficial al desarrollo. 
Tenemos que tener cuidado con eso. 
Sólo cuando las empresas puedan encontrar algo que les interese y cuando los Gobiernos de los países en vías de desarrollo lo consideren también de interés, debemos instarles a trabajar conjuntamente. 
Muchas gracias señor Comisario. Las preguntas 45 a 49 se contestarán por escrito 
Pregunta nº 50 formulada por Alexander de Roo (H-0431/03): 
Asunto: El Plan Hidrológico Nacional y la conservación del Bajo Júcar 
El PHN ha levantado una gran controversia en torno al río Ebro. 
Sin embargo, han pasado desapercibidas las condiciones en que va a quedar el río Júcar, segundo río en importancia del Mediterráneo español, que el PHN pretende utilizar como centro de redistribución hidráulica en la vertiente mediterránea, situando en él tres trasvases en menos de 200 km: el Tajo-Segura, en servicio desde 1980, el Júcar-Vinalopó, ya iniciado aunque a muy bajo ritmo, y el proyectado trasvase del Ebro, del cual está previsto entregar 63 hm 3 en las proximidades del embalse de Tous. 
El curso medio y bajo del Júcar presenta notables valores ecológicos. 
El cauce del río desde Tous hasta el mar fue propuesto como LIC por la Generalitat Valenciana (LIC ES 5232007). 
Asimismo, el último tramo del río y las aguas costeras colindantes están incluidas en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. 
Recientemente, la cuenca del Júcar ha sido seleccionada como PRB (Pilot River Basin) en los procedimientos de aplicación de la Directiva Marco del Agua. 
¿Sabe la Comisión que ni el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar ni el PHN fijan caudal ecológico alguno para el Júcar a partir de la toma de la Acequia Real del Júcar hasta la desembocadura? 
¿Considera la Comisión que es posible asegurar la conservación de una masa de agua de tal valor ecológico sin que la planificación hidrológica le garantice al menos un caudal mínimo de mantenimiento, y evite la contaminación biológica por mezcla con aguas de otras cuencas? 
La Comisión ya sabe que el plan hidrológico nacional español y el plan para la cuenca del Júcar no contienen disposiciones que garanticen el caudal en el curso bajo del río. 
La Comisión entiende que las autoridades españolas pretenden definir el caudal necesario en una fecha posterior. 
La legislación medioambiental europea, en particular la Directiva sobre hábitats y la Directiva marco del agua, tiene que ser respetada. 
Eso significa que el río Júcar tiene que conseguir por lo menos un «buen» estado ecológico antes de diciembre de 2015 y que tienen que protegerse los ecosistemas terrestres y los humedales que dependen de él. 
Por último, las autoridades españolas han calificado la cuenca del Júcar de cuenca piloto en el contexto de la estrategia de aplicación conjunta asociada a la Directiva marco del agua. 
Esta labor permitirá identificar los principales retos a los que se enfrenta la cuenca hidrográfica, como la protección de curso medio y bajo del río. 
Puedo responder al Sr. de Roo, sólo quería una aclaración técnica. 
Siempre trato de asegurarme de que las ONG y los ciudadanos reciban suficiente información sobre el medio ambiente, con tal de que no se revelen secretos industriales ni asuntos confidenciales. 
Hasta donde yo sé, no hemos recibido todavía ese informe en particular. 
Tengo entendido que seguimos discutiendo con otras DG y con las partes afectadas para poder obtener toda la información necesaria y también para poder juzgar los hechos en este caso. 
En cuanto a la financiación, ya saben ustedes que la Comisión ha recibido una propuesta para financiar este trasvase con fondos estructurales, pero no ha adoptado todavía una posición definitiva en este asunto. 
Seguimos pidiendo aclaraciones e información adicional a las autoridades españolas. 
Una de las cuestiones que tenemos que plantear es la relación entre el trasvase del Ebro y el trasvase del Júcar-Vinalopó. 
Hemos pedido a las autoridades españolas que nos aclaren si el trasvase del Júcar-Vinalopó depende del trasvase del Ebro, o si se trata de un proyecto totalmente independiente. 
Así es como están las cosas. 
Analizaré a fondo la posibilidad de publicar más información que nos pueda ayudar en este debate. 
Estoy plenamente dispuesta a estudiar esta cuestión, pero depende de que recibamos la información pertinente. 
Seguimos en contacto con todas las partes afectadas para recibir y acceder a la información necesaria. 
Pregunta nº 51 formulada por Chris Davies (H-0441/03): 
Asunto: Caudal ecológico del río Ebro y Directiva marco el ámbito de la política de aguas 
¿Qué opina la Comisión del debate político y científico que se está llevando a cabo en España sobre el cálculo del caudal ecológico mínimo del Ebro en su delta, tras el trasvase? 
La Directiva marco en el ámbito de la política de aguas exige que no se produzca un deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada y que se logre un "buen" estado ecológico (también de la hidromorfología) en todo el río y no sólo en tramos determinados. 
¿Cómo se propone la Comisión garantizar que esto se consiga en todo la cuenca del Ebro, habida cuenta del transvase propuesto de este río al norte, este y sudeste de España? 
¿Está de acuerdo la Comisión en que los objetivos dobles, de prevenir el deterioro del estado actual y caracterizar lo que constituye un "buen" estado ecológico en toda la cuenca del Ebro, deben haberse conseguido antes de proceder a evaluar si el transvase del Ebro es técnicamente posible y qué regiones podrían beneficiarse del mismo en último término? 
La Comisión considera que la cuestión de un caudal adecuado en el curso bajo y el delta del Ebro tiene una importancia crítica con relación al proyecto de trasvase del Ebro. 
Esta es una de las dos cuestiones que la Comisión ha propuesto que se planteen en una reunión técnica con las autoridades españolas y otras organizaciones, prevista para mediados de octubre de 2003. 
Evidentemente, la necesidad de garantizar un nivel adecuado de protección del curso bajo y del delta del Ebro está muy vinculada a los requisitos de la Directiva marco del agua para evitar el deterioro desde la entrada en vigor de dicha Directiva en diciembre de 2000, y para asegurar un buen estado ecológico y químico a más tardar en diciembre de 2015. 
De hecho esa respuesta ha sido muy satisfactoria. 
Se lo agradezco, señora Comisaria. 
Pregunta nº 52 formulada por Camilo Nogueira Román (H-0434/03): 
Asunto: Costes globales de la reparación de los daños causados al medio ambiente por la catástrofe del Prestige 
Habida cuenta de la magnitud de la catástrofe, que afecta a varios Estados miembros, ¿está dispuesta la Comisión a realizar un estudio sobre lo que costará volver a la situación anterior y reparar los daños y perjuicios medioambientales y socioeconómicos que causará a largo plazo el accidente del Prestige frente a las costas de Galicia? 
Su Señoría estará de acuerdo en que la Comisión ha abordado con rapidez y eficiencia todas las consecuencias del accidente del Prestige. 
En el aspecto reglamentario, su Señoría recordará la rápida reacción de la Comisión para acelerar la retirada de los buques monocasco, aplicar sanciones penales y avanzar los paquetes legislativos de Erika I y Erika II. Esos paquetes se han finalizado en un tiempo récord. 
En cuanto al apoyo comunitario para ayudar a España a reparar los daños y perjuicios económicos asociados, la Comisión se ha ofrecido a cofinanciar un estudio de impacto ambiental con una contribución total de 300 000 euros. 
Se han entablado contactos para fijar las condiciones de dicho estudio, que las autoridades españolas todavía están estudiando. 
La Comisión recuerda a su Señoría que el 20 de diciembre de 2002 se transfirieron 30 000 euros a las pesquerías e industrias de marisquería y acuicultura españolas afectadas por el vertido de petróleo, y que el 16 de julio de 2003 se movilizaron 8,6 millones de euros del fondo de solidaridad. 
Además, existen otros instrumentos comunitarios, como los fondos estructurales y el fondo de cohesión, disponibles para los fines mencionados por su Señoría. 
No acepto que la Comisión se haya mantenido pasiva en esta cuestión. 
Yo estuve allí inmediatamente después del accidente. 
Ofrecí a las autoridades españolas financiación o cofinanciación para realizar un estudio de impacto ambiental. 
Nos hemos mantenido en contacto permanente con las autoridades españolas, pero no podemos imponernos al Gobierno español ni a los ciudadanos. 
Tenemos que trabajar en colaboración con ellos. 
También actuamos de inmediato en el ámbito político, proponiendo una serie de medidas para reparar los daños causados y destinando a tal fin dinero de los fondos estructurales y del fondo de solidaridad. 
Si el Gobierno español quiere más dinero o ayuda, esperamos que se ponga en contacto con nosotros para determinar exactamente lo que se necesita. 
Espero también que considere nuestra oferta de realizar el estudio del impacto ambiental que he mencionado antes, puesto que tendría un enfoque a más largo plazo y sería muy útil para evitar que vuelvan a producirse más accidentes de este tipo. 
De nuevo quiero insistir en que nosotros adoptamos las medidas necesarias inmediatamente después del accidente y que seguiremos reaccionando con la misma rapidez. 
Nuestra unidad de protección civil también se activó de inmediato. 
Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para ayudar al Gobierno, a las autoridades y a los ciudadanos españoles. 
Y estamos dispuestos a escuchar y considerar debidamente otras peticiones que se nos hagan. 
Pregunta nº 53 formulada por Alexandros Alavanos (H-0457/03): 
Asunto: Peligros para la salud de los habitantes de Atenas por las elevadas concentraciones de dióxido de nitrógeno y micropartículas 
En la respuesta de la Comisión a mi pregunta oral (H-0371/03 
La Comisión es consciente de la necesidad de mejorar la situación de la calidad atmosférica, sobre todo en ciudades metropolitanas como Atenas. 
Ese es uno de los principales fines de la actual legislación comunitaria en materia de calidad del aire y emisiones atmosféricas. 
De conformidad con los requisitos de notificación de la Directiva marco sobre la calidad del aire, Grecia ha publicado los niveles de concentración de contaminantes regulados en la primera Directiva derivada. 
Según dicha información, se han rebasado los valores límite del PM10 y del NO2, así como el margen de tolerancia, en varias estaciones de medida en Atenas. 
Puesto que Grecia no ha demostrado todavía que esos rebasamientos del PM10 se deban a causas naturales, la Comisión espera recibir planes y programas conforme al artículo 8 de la Directiva marco antes de que finalice 2003, explicando cómo pretende Grecia conseguir los valores límite antes de 2005. 
Lo mismo puede decirse respecto al NO2, para el que, sin embargo, no se permite ninguna excepción por causas o fuentes naturales. 
Las Directivas establecen también un umbral de alerta para el NO2 que se rebasa cuando las concentraciones superan los 400 microgramos por metro cúbico durante tres horas consecutivas. 
La Comisión tiene que ser informada siempre del rebasamiento del umbral de alerta en un plazo máximo de tres meses. 
Hasta ahora no se ha recibido ninguna información al respecto de las autoridades griegas. 
La Comisión ha recibido también los resultados de un programa de investigación que indican un aumento de la mortalidad en ciudades donde los altos niveles de PM10 se acompañan de altos niveles de NO2 y un clima cálido. 
Tenemos que analizar estos resultados con detenimiento para concluir si existen evidencias suficientes de esa relación. 
Sin embargo, no hay duda alguna de que las condiciones climáticas desfavorables conllevan siempre un riesgo adicional para la salud humana. 
Los Estados miembros están obligados a garantizar la publicación rutinaria de información actualizada sobre la concentración ambiental de contaminantes atmosféricos como NO2 o PM10. 
Según su Señoría, el Ministerio ha dejado de publicar información sobre este asunto. 
En vista de ello, la Comisión emprenderá una investigación por iniciativa propia para determinar si y en qué medida las autoridades griegas no han cumplido la legislación comunitaria aplicable. 
Agradezco a la Sra. Comisaria su respuesta sustanciada. 
Por supuesto debo señalar que estamos hablando de las estadísticas de 2001 y vivimos en 2003, y existe el elemento añadido de las numerosas obras para los Juegos Olímpicos y el polvo que flota sobre Atenas contra el que no se han tomado medidas adecuadas. 
Siendo esto así, quisiera preguntar a la Sra. Comisaria si existe algún plan para investigar la cuestión de la agravación de la contaminación a causa de esta contaminación fotoquímica, las micropartículas y el factor de las obras para los Juegos Olímpicos, que se están realizando sin que se tomen medidas adecuadas para proteger la salud de los ciudadanos. 
Me resulta difícil contestar sobre la marcha a la pregunta de si los problemas justifican algún tipo de intervención para proteger a todos los ciudadanos atenienses. 
Dudo que así sea y espero que puedan organizar esas obras de forma que los ciudadanos de Atenas puedan seguir viviendo, trabajando y respirando en su ciudad. 
Nuestras Directivas y los diferentes límites y niveles que se establecen en ellas no tienen en cuenta si se produce algún acontecimiento especial, sino que tienen en cuenta y miden los factores que afectan a la salud humana. 
Seguiremos vigilando que Grecia mida, controle y nos informe de estas cosas. 
Por eso he dicho que estamos dispuestos a considerar el tipo de medidas de control, notificación y medición que Grecia necesita para cumplir plenamente los requisitos de nuestras directivas. Y así lo seguiremos haciendo. 
Nos ha dado usted motivos para preguntar si existirán problemas especiales relacionados con las obras de construcción que puedan obligar a Atenas a adoptar medidas especiales. 
No puedo responder hoy a su pregunta. 
Pero estudiaré la cuestión y le daré más adelante una respuesta detallada. 
Pregunta nº 54 formulada por Ari Vatanen (H-0470/03): 
Asunto: Designación de lugares de la red NATURA 2000 
Las disposiciones del artículo 4 de la Directiva Hábitats 92/43/CEE 
La Comisión ha comprobado en repetidas ocasiones la correcta incorporación a la legislación finlandesa de las disposiciones contenidas en la Directiva sobre hábitats y la Directiva sobre aves. 
En la actualidad, la Comisión considera que los artículos relativos al procedimiento de creación de la red Natura 2000 se han incorporado correctamente. 
Puesto que la red Natura 2000 ha originado gran controversia en Finlandia, la Comisión ha investigado el procedimiento nacional de selección de los lugares y ha informado a Finlandia en los últimos años de algunas deficiencias, tanto en el número de lugares protegidos como en la calidad de los datos. 
Finlandia se ha comprometido a solventar esas deficiencias. 
La calidad actual de los datos es aceptable, en opinión de la Comisión. 
Las quejas que se escuchan en Finlandia parecen deberse a una mala interpretación de los criterios de evaluación. 
La Comisión basa sus evaluaciones en los últimos datos remitidos, no en la información más antigua. 
La Comisión sabe que algunos propietarios de tierras finlandeses están descontentos con las propuestas de Natura 2000. 
La Comisión ha sido informada de que todos los propietarios de tierras han tenido la posibilidad de examinar las propuestas y presentar sus quejas antes de que Finlandia remitiera oficialmente dichas propuestas a la Comisión. 
Los tribunales finlandeses han examinado las quejas caso por caso, considerando en todo momento la validez de los datos. 
Las mayoría de las quejas han sido desestimadas por los tribunales. 
La Directiva no establece ningún requisito de consulta de ámbito nacional y, por tanto, respetando el principio de subsidiariedad, la responsabilidad recae en los Estados miembros, teniendo en cuenta las leyes y los procedimientos nacionales. 
La labor de la Comisión se limita, por tanto, a vigilar que se respeten los criterios de selección científicos que se establecen en la Directiva. 
Aunque la Comisión puede entender que en estos casos siga existiendo insatisfacción, no puede concluir que las autoridades finlandesas hayan malinterpretado arbitrariamente las reglas o hayan actuado contraviniendo dichas reglas. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nº 55 a 85 se contestarán por escrito 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a los intérpretes del lenguaje de signos. 
Ojalá pudiéramos tener intérpretes del lenguaje de signos en todos los plenos, para todos los informes. 
Quiero dar también las gracias a todos los que me han ayudado a escribir este informe: a todos los diputados al Parlamento Europeo que han trabajado tanto conmigo para redactar las enmiendas de transacción; a la Comisión; y especialmente a las organizaciones de personas discapacitadas. 
He incorporado muchos de sus consejos a este informe. Por eso es un buen informe. 
No es mi informe. 
Es un informe que se ha elaborado con la ayuda de las personas discapacitadas. 
Celebro que el Comité ad hoc de las Naciones Unidas adoptara del 16 al 27 de junio de 2003 una convención específica sobre los derechos de las personas discapacitadas. 
Creo que una convención específica y jurídicamente vinculante es preferible a cualquier otro instrumento. 
Pero tiene que existir un mecanismo para vigilar el trato que reciben en la práctica las personas discapacitadas en todo el mundo. 
He incluido en mi informe una lista de los derechos que deben figurar en una convención de las Naciones Unidas. 
Por motivos de espacio, no se trata de una lista exhaustiva. 
Ahora bien, propongo un enfoque orientado principalmente a los derechos y el abandono, de una vez por todas, del modelo médico de discapacidad, y que se abarquen todos los tipos de discapacidad, ya sean personas en sillas de ruedas o personas con otros problemas de movilidad, deficiencias auditivas, deficiencias visuales, discapacidad del aprendizaje, problemas de salud mental u otras discapacidades ocultas. 
Tenemos que ser integradores. 
En la Unión Europea hay 37 millones de personas discapacitadas. 
En el mundo entero hay 600 millones de personas discapacitadas. 
En las Naciones Unidas se han realizado algunos progresos: el Programa de Acción Mundial de 1981 y las Normas Unificadas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de 1993, por citar dos ejemplos. 
En el ámbito comunitario también se han hecho algunos progresos: en 1997, por ejemplo, el artículo 13 del Tratado de Ámsterdam impulsó la Directiva y el Programa de Acción sobre el empleo. 
Pero como digo en mi informe, ahora necesitamos una directiva específica sobre discapacidad a escala comunitaria. 
Necesitamos que todos los Estados miembros incorporen este año a la legislación nacional la actual Directiva sobre el empleo. 
Hay muchos Estados miembros que ni siquiera han empezado a considerar su incorporación. 
Aunque avancemos a escala europea, el 80% de las personas discapacitadas pertenecen a países en vías de desarrollo. 
Por eso necesitamos una convención jurídicamente vinculante que abarque todo el conjunto de derechos, entre ellos el derecho a la calidad de vida. 
Lo cual significa también protección contra el trato degradante e inhumano. 
Eso incluye la institucionalización. 
Tenemos que mejorar el acceso al empleo, porque la gran mayoría de las personas discapacitadas carecen de empleo. 
Necesitamos acceso a la formación profesional, educación y el derecho a la integración, que es tan importante. 
Eso significa acceso a los edificios, acceso a una vida lo más independiente posible y acceso al transporte público. 
Si las personas no tienen acceso al transporte público, no pueden desplazarse a su lugar de trabajo. 
También consideramos los derechos civiles y políticos. 
Yo creo muy firmemente en la igualdad de todos los ciudadanos, como la mayoría de los que nos encontramos aquí. Eso significa no más «derechos para las personas discapacitadas» , sino «igualdad de derechos para las personas discapacitadas». 
La igualdad de derechos significa también acceso a ayudas económicas; acceso a asistencia sanitaria; acceso a cultura y ocio- incluidas las actividades deportivas -; igualdad ante la ley y derecho a la justicia. 
Tengo entendido que se ha solicitado una votación por separado, para que esta cuestión se consulte sólo a las organizaciones de personas discapacitadas, y no a las organizaciones que representan a las personas discapacitadas. 
¡Pero recordemos que también tenemos aquí a los países en vías de desarrollo! 
Muchos de ellos carecen de organizaciones de personas discapacitadas. 
Solo tienen organizaciones que representan a las personas discapacitadas. 
¿Vamos a excluirlas? 
No estamos hablando sólo de la Unión Europea. 
Se trata de una convención mundial. 
Incluso en la UE existen muchas organizaciones que se quedarían fuera, como el Royal National Institute for the Deaf del Reino Unido y, es más, personas con discapacidades profundas del aprendizaje y problemas mentales graves, que suelen necesitar a un representante que hable en su nombre. 
Les pido que voten a favor de este informe en su totalidad y no se vean tentados a solicitar una votación por separado. 
Señor Presidente, me gustaría dar concretamente las gracias a la Sra. Lynne y a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por la elaboración de este informe. 
Este informe confirma que la cuestión de la discapacidad es una cuestión con aspectos políticos, sociales y económicos. 
Es una cuestión que afecta horizontalmente a todas las políticas de la Unión Europea. 
En concreto, dentro del marco del Año Europeo de la Discapacidad, este informe emite un mensaje claro a la Unión Europea y a los Estados miembros, que hace que el compromiso del Parlamento sea conocido en los términos más claros. 
El primer punto que me gustaría plantear es la futura Convención de las Naciones Unidas, que se prevé será un documento muy importante de trascendencia histórica. 
Su informe será útil y desempeñará un papel importante para los servicios de la Comisión durante los debates sobre esta futura Convención que se están celebrando, por una parte con los Estados miembros y por otra con las Naciones Unidas. 
Este es acorde con la comunicación y las propuestas de la Comisión. 
Compartimos los mismos principios y objetivos. 
En concreto, me gustaría comentar el aspecto político principal en el que estamos de acuerdo, un planteamiento basado en los derechos políticos, sociales y humanos. 
Merece la pena observar que la Convención de las Naciones Unidas constituye un reconocimiento adicional del hecho de que no es la discapacidad del individuo lo que debe corregirse, sino el entorno restrictivo el que debe adaptarse con el fin de salvaguardar la plena participación y la igualdad de oportunidades para el individuo. 
El acento se ha trasladado del modelo médico a la denominada norma social, para elaborar una política basada en los derechos humanos fundamentales por una parte y la igualdad de oportunidades garantizada por otra parte. 
Al publicar esta comunicación, la Comisión ha dejado clara su intención de promover su planteamiento basado en los derechos a escala europea y de basarse en la experiencia europea obtenida hasta la fecha en la lucha contra la discriminación. 
Por otra parte, la Comisión está insistiendo en un planteamiento basado en la integración social de los discapacitados y ha planteado la cuestión de la discapacidad como uno de los elementos básicos en los planes de acción nacionales elaborados para la integración social y la lucha contra la pobreza. 
La Comisión ha solicitado instrucciones de negociación por el hecho de que parte de la Convención tiene que ver con la cuestión de la «no discriminación» , ahora incluida en la jurisdicción de la Unión Europea tras el Tratado de Ámsterdam. 
Los debates con el Consejo han continuado hasta hoy mismo, mientras que al mismo tiempo la Comisión está trabajando estrechamente con la Presidencia en el trabajo previo al preparatorio para la Convención. 
La Sra. Lynne ha hecho referencia a la cuestión específica de los países en desarrollo y a la política de cooperación para el desarrollo, que hasta el momento se ha limitado a la elaboración de un memorando explicativo sobre la discapacidad y el desarrollo. 
Este memorando, dirigido a las representaciones y servicios de la Unión Europea, se elaboró en estrecha cooperación con organizaciones no gubernamentales que representaban a los discapacitados. 
Este documento, que se ha distribuido a las representaciones de la Unión Europea en países en desarrollo, ha suscitado reacciones positivas tanto a nivel gubernamental como al nivel de las organizaciones de la sociedad civil, y es importante que, por primera vez, tengamos un planteamiento de la cuestión de la discapacidad con relación a la política de desarrollo y la ayuda al desarrollo. 
Aunque es difícil en la etapa inicial solicitar que la discapacidad se incorpore al cuerpo central de las políticas de ayuda al desarrollo, esta es una declaración clara de que la discapacidad debe incluirse y tratarse en las políticas de cada Estado en todos los sectores. 
Mi último comentario tiene que ver con la posible Directiva sobre discapacidad. 
Tal y como ya ha dicho la Sra. Lynne, la Unión Europea cuenta desde 2000 con una Directiva general sobre la no discriminación en el campo del empleo que también tiene que ver con los discapacitados. 
Esta Directiva, que realmente constituyó un gran paso para Europa y que fue aceptada por todos los Estados miembros, no ha avanzado tal y como nos hubiese gustado. 
La mayoría de los países no han presentado todavía ni siquiera un proyecto de ley preliminar para transponer esta Directiva, aunque el plazo expire en diciembre de 2003. 
Pese a los repetidos esfuerzos durante los debates en los Consejos de empleo, mi carta a todos los ministros y la movilización de las organizaciones europeas y nacionales, parecería que los Estados miembros tienen serias dificultades de naturaleza política y económica. 
Hago desde aquí un llamamiento al Parlamento para que también desempeñe un papel importante a la hora de ejercer presión sobre los Estados miembros con el fin de hacer que adopten esta Directiva en principio. 
Sin embargo, creo que está claro en la situación actual que es prematuro promover una nueva Directiva que ampliara el alcance de las políticas más allá del campo del empleo a todos los sectores de la política en general. 
Considero que esto crearía una situación difícil en el Consejo y quizás haría incluso más difícil adoptar la primera Directiva, que se ha encontrado con las dificultades que he mencionado antes. 
Sin embargo, al mismo tiempo la Comisión ha propuesto que los Estados miembros examinen y decidan por sí mismos si la legislación comunitaria debería utilizarse para luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad en sectores distintos del empleo en un informe sobre la aplicación de la Directiva de igualdad de oportunidades. 
Esto nos dará una primera respuesta oficial por parte de los Estados miembros a este segundo e importante paso que, políticamente, constituye claramente un paso que la Unión Europea necesita tomar, pero que debe tomar en el momento adecuado, con importantes requisitos imprescindibles para el éxito, tanto desde el punto de vista de la toma de decisiones como desde el de la aplicación práctica. 
Para concluir, la Comisión se ha comprometido a participar activamente con los Estados miembros en las negociaciones sobre la Convención de las Naciones Unidas. 
La participación en estas negociaciones también continuará tras el Año Europeo de la Discapacidad dentro del marco de la acción en curso en este sentido, ya que nuestro objetivo es presentar un plan de acción a escala europea a finales de 2003, al final del Año de la Discapacidad, que será fruto de todo el trabajo realizado en todos los Estados miembros durante este año, de forma que obtengamos compromisos por parte de estos a nivel legislativo, presupuestario, político y programático. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la aplicación de un instrumento jurídico internacional vinculante establecido por las Naciones Unidas para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad- en otras palabras, su dignidad- es sin duda alguna, y como usted misma ha dicho, histórica. 
Por tanto, la Unión Europea debe alentar su adopción y participar en ella plenamente. 
Las personas con discapacidad desean elegir libremente su modo de vida, acceder a la mayor autonomía posible y participar como cualquier ciudadano en todo el proceso de toma de decisiones, no sólo en lo que les concierne directamente, sino también por el reconocimiento de todos sus derechos fundamentales. 
Una política comunitaria digna de tal nombre debe apoyarse, me parece, en las disposiciones existentes, como se hace ya, pero además debe promover medidas legislativas a todos los niveles, como se destaca en el informe de la Sra. Lynne. 
No obstante, sabemos que si bien los dispositivos legislativos son necesarios, no son suficientes. 
Por tanto, hay que emprender un auténtico trabajo de concienciación de todos los sectores de la sociedad, incluidos sindicatos, empresarios y profesionales de la educación. 
Debemos instarles a todos para que tengan en cuenta las situaciones específicas asociadas a la discapacidad. 
Esta toma de conciencia es igualmente necesaria para la transposición de la directiva, que a día de hoy todavía no se ha completado. 
Un segundo punto que hay que destacar es que nuestras ambiciones políticas tienen que apoyarse en unos programas financieros a la altura de las necesidades reales. 
Podría hablar de las inmensas necesidades que existen, por ejemplo, en los ámbitos de la educación y la escolarización, ya se trate de enseñanza especial o normal. 
Los dos no son contradictorios. 
Algunas personas con discapacidad viven, como sabemos, en situaciones de exclusión, de pobreza y de dependencia. 
Nuestra respuesta tiene que estar dirigida a promover la autonomía, la solidaridad y la integración. 
A este respecto, el informe que se nos presenta hoy explora y expone con detalle una serie de planteamientos aplicables a todos los ámbitos de la vida diaria. 
Creo que la Unión Europea y sus Estados miembros tienen que ponerse al lado de las personas que sufren una discapacidad. 
No se trata de caridad, sino de derechos y del ejercicio de la ciudadanía, que es la demanda pura y simple de las personas discapacitadas. 
En este Año Europeo de las Personas con Discapacidad, creo que las recomendaciones de la ponente contribuirán a la acción emprendida para conseguir que todos los afectados puedan ser ciudadanos de verdad, como lo somos todos en esta Cámara. 
Señor Presidente, la ponente ha tratado los problemas de los discapacitados con especial cuidado, incluso diría que con excesivo cuidado, y merece que todos los diputados la felicitemos. 
Normalmente todos nos ofrecemos a decir cosas agradables sobre los discapacitados. 
Sin embargo, lo que no se menciona es que el problema de la discapacidad no concierne a un grupo independiente de gente desafortunada; nos concierne a todos, ya que todos somos discapacitados en potencia. 
Tan solo tenemos que recordar a los miles de personas que cada año sufren una discapacidad a consecuencia de accidentes laborales o de tráfico. 
Todos sabemos que la principal revolución en el planteamiento de la discapacidad en los últimos años es que los discapacitados no son tratados solamente como personas con problemas, sino como portadores de derechos humanos. 
Sin embargo, de lo que no se es consciente por completo es de que no se trata simplemente de una cuestión de reconocimiento adicional de determinados derechos añadidos de un grupo de personas. 
El reconocimiento de los discapacitados como personas con derechos forma parte de la idea del funcionamiento de la democracia. 
Por lo tanto, se trata de una cuestión de ejercicio efectivo de todos los derechos fundamentales vigentes. 
El derecho a la libre expresión de la opinión presupone el derecho a la información. 
Ninguno de estos dos derechos puede ejercerlo un discapacitado si no se le proporciona la lengua adecuada. 
El acceso universal a los servicios públicos se queda en papel mojado si no se eliminan los obstáculos para que los discapacitados puedan acceder a los servicios. 
Los derechos fundamentales del elector y el electo siguen sin funcionar para determinados grupos de discapacitados, dado que no se presta atención para garantizar que existan mecanismos especiales que hagan posible que puedan votar. 
Siendo esto así, no se trata de una cuestión de desear una salvaguarda más avanzada de los derechos que ya se salvaguardan de forma general para los discapacitados, ni siquiera el principio del reconocimiento de derechos especiales; se trata de una cuestión de cómo un aspecto tan importante para el funcionamiento de la democracia ha estado sin resolver durante tantos años. 
Llegados a este punto, permítanme plantear una pregunta simple: 2003 ha sido proclamado el Año de la Discapacidad. 
Este tipo de proclamación de carácter festivo tiene un efecto práctico no solo cuando pretende concienciar a la gente o reunir material, sino también cuando se establecen calendarios concretos. 
Sé que la Comisaria Diamantopoulou tiene un interés mayor por una política avanzada para los discapacitados y es especialmente sensible con respecto a este tema. 
Sin embargo, la Comisión y los Estados miembros no parecen estar en la misma sintonía. 
Esto explica el hecho de que la Comisión, tal y como ha señalado la ponente, evite formalizar ningún compromiso de este tipo. 
Por lo tanto, quiero pedir a la Comisaria que transmita a la Comisión nuestra postura de que no es posible que la Unión Europea ejerza una presión de modo fiable sobre los miembros de las Naciones Unidas para que voten a favor de una convención especial que también será vinculante para los países en desarrollo y más pobres, cuando el mundo más desarrollado se niega a predicar con el ejemplo en este sentido. 
En cualquier caso, la línea básica que debe adoptarse no es el reconocimiento de derechos nuevos, sino la aplicación eficaz de los derechos ya reconocidos en las convenciones internacionales reconocidas por las Naciones Unidas. 
De este modo, salvaguardar los derechos de los discapacitados se alejará de la idea de que se trata de una cuestión de conceder derechos y se establecerá sobre la percepción de que es una obligación basada en compromisos asumidos internacionalmente. 
Señora Comisaria, señor Presidente, Señorías, quiero expresar mis más vivas felicitaciones a la Sra. Lynne por la calidad del informe que nos ha presentado, pero también por haber considerado con detenimiento las distintas propuestas que se le han hecho. 
Año tras año, aquí, en Europa, como en el resto del mundo, las personas con discapacidad siguen siendo víctimas de múltiples formas de vulneración de sus derechos fundamentales. 
En efecto, incluso en Europa, el maltrato a las personas con discapacidad es a menudo un tema tabú, como lo es la propia discapacidad. 
Detrás de esos problemas hay hombres y mujeres, pero sobre todo víctimas. 
La vulnerabilidad física e intelectual de las personas con discapacidad indica la necesidad de un instrumento jurídicamente vinculante y de una protección legal específica para las personas con discapacidad en todo el mundo. 
Evidentemente, me alegra mucho que esta cuestión esté en el orden del día de las Naciones Unidas. 
Como ocurrió con las mujeres y los niños, es hora de que todas las naciones se ocupen de proteger los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y el respeto de esos derechos. 
La adopción de un convenio tendría la ventaja de ofrecer puntos de referencia globales para la elaboración de las políticas y leyes nacionales, y permitiría establecer mecanismos adecuados de seguimiento y control para asegurar el respeto de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas con discapacidad. 
Sabemos también que en la Carta de los Derechos Fundamentales se prohíbe toda discriminación basada en la discapacidad y se dice que debe garantizarse la integración de las personas con discapacidad. 
Pero, ante todo, en su artículo primero, la Carta afirma el derecho a la dignidad humana. 
Europa se ha construido sobre el rechazo de la diferenciación, la segregación y la negación de las personas por el motivo que sea. 
En este sentido, es primordial que, además de las categorías de derechos que se recogen en este informe, se establezca el derecho a la protección contra todo tipo de violencia y el derecho a la protección contra el trato cruel, inhumano y degradante. 
En este orden de ideas, espero que la Comisión Europea esté pronto en condiciones de proponer al Parlamento Europeo la futura directiva global de la Unión Europea relativa a las personas con discapacidad. 
Nuestra acción en defensa de las personas con discapacidad deben contemplar no sólo la lucha contra la violencia y los malos tratos, sino también la lucha contra la negación y la violación de sus derechos más fundamentales en la vida diaria. 
Con este fin, me parece que nuestras políticas deben ser proactivas, para que las personas con discapacidad puedan insertarse en el conjunto de la sociedad del mismo modo que cualquier otro ciudadano. 
Señor Presidente, quiero dar sinceramente las gracias a la Sra. Lynne por el esfuerzo que ha dedicado al trabajo sobre una Convención de las Naciones Unidas legalmente vinculante para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. 
Se trata de una cuestión importante y que destacamos en este Parlamento Europeo a través de una campaña para que la Convención pase a ser legalmente vinculante y venga acompañada de un sistema de supervisión eficaz, en común con las otras seis convenciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. 
Es importante que esta Convención se considere un modo para reforzar el trabajo general de las Naciones Unidas en favor de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. 
También es importante destacar que, si a las personas con discapacidad se les ofrece la oportunidad de vivir fuera de las instituciones, estas deben recibir apoyo suficiente para poder hacerlo con éxito. 
En Suecia, las personas que una vez residieron en instituciones para discapacitados o disminuidos mentales, viven en la actualidad, en una gran proporción, en sus propias casas, con la consecuencia de que muchas de esas personas ya no forman parte de una comunidad social y en su lugar se han visto aisladas en sus apartamentos o se han quedado sin hogar y se encuentran en la calle. 
Esta es una lección trágica que otros países europeos deben tener en cuenta. 
También es importante que exista una definición sensata de «discapacitado» como concepto, de forma que no pierda su significado real. 
Como Demócrata-Cristiano sueco, me gustaría que en el Parlamento Europeo determinásemos que la futura Convención debería incluir una formulación con respecto al derecho a la vida, que implique que las discapacidades no deben constituir una base para diagnosticar la inviabilidad de los fetos, ya que es totalmente básico para nuestro punto de vista humano que las personas con discapacidades no estén infravaloradas ni se viole su dignidad humana. 
El diagnóstico fetal no debe utilizarse para eliminar a las personas con discapacidades. 
Para concluir, quiero expresar lo mucho que me complace que se interprete este debate como un signo. 
Creo que la Comisión responderá por escrito a la pregunta del Sr. De Rossa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
Señor Presidente, el Grupo Socialista comparte las conclusiones del ponente, Sr. Ojeda, y de la Comisión de Pesca y, por lo tanto, votará a favor de la prórroga del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y la República de Guinea. 
Dicho esto, sería bueno tomar en consideración algunas lecciones para la renovación de otros acuerdos pesqueros. 
En primer lugar, la duración. 
No es bueno ni para la Comunidad ni para la otra parte contratante, ni para el sector pesquero, que los acuerdos tengan una duración tan breve- dos años- como el existente entre la Unión Europea y Guinea. 
Para una necesaria programación resulta más idóneo un acuerdo de cinco años, aunque contenga una cláusula de revisión a medio término. 
Por esto no puedo sino felicitarme del anuncio que nos acaba de hacer el Comisario Fischler de que el próximo acuerdo tendrá- así he creído entenderlo- una vigencia de cinco años. 
Los acuerdos deben servir a la Comunidad también para establecer alianzas estratégicas en los foros internacionales con el fin de lograr avances efectivos en la lucha contra la pesca ilegal, que es la mayor lacra a la que se enfrenta la pesca sostenible y el futuro de la actividad pesquera. 
Queremos que la Comunidad ayude a las autoridades guineanas responsables a controlar y a vigilar las actividades de pesca hasta llegar a una explotación sostenible de los recursos pesqueros del país en el respeto del medio ambiente y de los recursos marinos. 
Esta justificado, por lo tanto, para nuestro Grupo, el apoyo a esta prórroga como nos pide el ponente, Sr. Ojeda, que ha hecho un magnífico trabajo, puesto que, como en el resto de los acuerdos pesqueros comerciales, resulta beneficioso para ambas partes, pues contribuye al desarrollo de la pesca local, incrementa la seguridad alimentaria en el país, permite mejorar sus infraestructuras portuarias y porque el dinero que paga la Comunidad Europea supone unos ingresos importantes en concepto de contraprestación financiera para las arcas públicas de la República de Guinea. 
Además, este acuerdo contribuye a su vez a la cohesión económica y social europea, ya que se benefician de él flotas procedentes de regiones altamente dependientes de la pesca, periféricas y cuya renta está por debajo de la media comunitaria. 
Pido a la Comisión que, en la perspectiva de una nueva renovación de este acuerdo, tenga presente la petición de este Parlamento, ya formulada en otras ocasiones, para que se incluya en el próximo Protocolo la cláusula social. 
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario Vitorino, como recordaremos todos, el programa Daphne fue creado en virtud de los resultados de la Plataforma de Acción de Pekín, después del Congreso Mundial de Estocolmo sobre la explotación sexual de menores con fines comerciales y, en última instancia, tras los horrores del asunto Dutroux, que despertó bruscamente a la opinión pública europea. 
Esta iniciativa tenía por objeto financiar medidas para combatir la violencia ejercida contra niños, jóvenes y mujeres en Europa. El gran éxito obtenido por esta iniciativa dio lugar al programa Daphne I, que se mantiene hasta finales de 2003. 
Se trataba de un programa cuatrienal y tenía una dotación de 20 millones de euros. 
Mi informe trata sobre la propuesta de la Comisión relativa al programa Daphne II, que durará de 2004 a 2008. 
En el marco de este programa solo pueden concederse ayudas a medidas encaminadas a proteger a los tres grupos beneficiarios, a saber, niños, jóvenes y mujeres, así como a las correspondientes medidas de prevención. 
Estas medidas incluyen la creación de redes de ONG, la promoción de la cooperación entre las ONG y las autoridades competentes, las medidas encaminadas a proteger a los grupos de destinatarios y a evitar la violencia contra los miembros de dichos grupos, estudios y trabajos de investigación para detectar las causas de la violencia, para prevenirlas y para apoyar a los grupos de riesgo y su reintegración en la sociedad. 
El intercambio de mejores prácticas e información también forman parte de estas medidas, al igual que las campañas de sensibilización dirigidas al público en general, a las víctimas, a los grupos de riesgo, así como a las personas que se encargan de ellos. 
Los países del EEE y de la AELC, así como de los países de Europa Central y Oriental, así como Chipre, Malta y Turquía, ya pudieron participar en el programa Daphne I, y se aceptaron programas plurianuales. 
La enmienda 11 tiene por objeto enlazar el programa Daphne con otros programas comunitarios y hacer participar a terceros países en las experiencias obtenidas con dichos programas. 
El programa Daphne, que apoya estos proyectos, se considera ahora, dentro y fuera de Europa, un programa modélico y un importante instrumento para luchar contra la violencia. 
Hemos logrado cambiar las condiciones marco mediante iniciativas regionales con conceptos internacionales. 
Por ejemplo, la Ley alemana de protección contra la violencia incluye rasgos característicos derivados de las experiencias europeas. 
Hay que mencionar aquí la ejemplar legislación austriaca contra la violencia doméstica, que contempla el alejamiento de la vivienda de las personas violentas. 
El presupuesto de Daphne I permitió financiar 140 proyectos. 
En 2001, las prioridades de los 35 proyectos seleccionados fueron la mutilación genital de las mujeres, vinculado a su vez con terceros países, y la explotación sexual de los menores a través de la pedofilia. 
Sin embargo- y hay que decirlo con toda claridad -, junto a estos proyectos se presentaron en los dos últimos años otras 662 propuestas que habrían requerido una financiación de 65 millones de euros. 
La avalancha de solicitudes indica que es necesario aumentar la dotación para este programa, ya que solo pudo financiarse un 13% de los proyectos presentados. 
Así pues, la respuesta consecuente debe ser aumentar la dotación de Daphne II a 65 millones de euros, y mi Grupo, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, ha apoyado una enmienda en este sentido. 
Si los elogios recibidos por Daphné II no deben caer en el olvido- y nadie discutirá que no deberían -, entonces este ámbito debe constituir una prioridad política. 
La respuesta de la Comisión de Derechos de la Mujer ha sido un tanto tímida. 
En contra de la propuesta de mi Grupo, hemos aprobado finalmente una dotación de 50 millones de euros. Por ello he presentado la nueva enmienda y les pido su apoyo. 
La enmienda 39 contempla la creación de una oficina de asistencia para ayudar a las organizaciones de mujeres de los nuevos Estados miembros que carecen de experiencia en relación con los programas europeos. 
Queremos que el Año Europeo contra la Violencia se base en las experiencias obtenidas con el programa Daphne y envíe señales claras. 
Este Año Europeo contra la Violencia podría celebrarse en 2006. 
Soy consciente de que en la Comisión de Presupuestos se resisten a un incremento considerable de esta dotación. Sin embargo, si no deseamos que el programa Daphne, que se basa en el artículo del Tratado relativo a la salud, porque nosotras aún carecemos de una base jurídica propia, se extinga y sea degradado a un juego como el fútbol- como ha señalado en su ejemplo el -, y si deseamos tomarnos en serio el problema de la lucha contra la violencia, debemos tener el coraje político de facilitar más recursos. 
- (DA) Señor Presidente, la opinión de la Comisión de Presupuestos sobre el Programa DAPHNE II es sobre todo de alcance más bien técnico y por supuesto esta parte técnica es muy importante. 
¿Cuánta financiación debería asignarse al programa para luchar contra la violencia que sufren los niños, los jóvenes y las mujeres? 
Como ha dicho la Sra. Gröner, ha habido mucho interés por buscar fondos desde el anterior Programa DAPHNE y había muchos más proyectos de gran calidad que dinero para ellos. 
El programa se ha aplicado bien y los fondos se han utilizado de forma eficaz; además, dado el gran interés, existen sólidos motivos para aumentar el presupuesto destinado a DAPHNE y también en una suma mayor que el aumento presupuestario general que normalmente otorgamos con respecto a la ampliación. 
Sin embargo, no es un secreto que los presupuestos para varios años para este tipo de política- una política interna- tiene un techo muy bajo. 
No hay mucho dinero adicional que repartir. 
Debemos establecer prioridades, y por lo tanto la Comisión de Presupuestos no ha podido apoyar un presupuesto para DAPHNE de 65 millones. 
En su lugar hemos propuesto ceñirnos al marco presupuestario de 49,2 millones de euros planteado por la Comisión. 
Puedo ver que, en este informe, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades ha llegado a un presupuesto de 50 millones de euros. 
Tiene mucho parecido con la propuesta de la Comisión de Presupuestos y es una suma que considero defendible desde el punto de vista presupuestario. 
También me gustaría mencionar cuánto complace a la Comisión de Presupuestos que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades haya adoptado nuestra propuesta de que, después de 2006, los créditos de compromiso para DAPHNE II dependan de un acuerdo con las autoridades presupuestarias. 
Por supuesto, solamente al final podremos decir cómo será el presupuesto para DAPHNE II después de 2006, una vez que se hayan establecido los próximos acuerdos plurianuales y las perspectivas financieras para el presupuesto de la UE, y por supuesto nuestra propuesta es tradicional. 
En general, diré que en la Comisión de Presupuestos estamos dispuestos a apoyar el informe en su forma actual, pero no podemos apoyar la enmienda destinada a aumentar el presupuesto a 65 millones de euros. 
- (ES) Señor Presidente, señor Comisario, como ya se ha dicho, este Programa es fruto del balance de DAPHNE I, que ha sido un programa de enorme éxito. 
Un programa muy positivo, muy bien ejecutado, con resultados muy satisfactorios, en el que sólo vimos como negativa la insuficiencia financiera, ya que eran sólo 20 millones para cuatro años. 
Bien es cierto que en algún momento hemos tenido suplementos anuales, que han ayudado a poder financiar algunos proyectos más. 
Este Programa está basado sobre todo en la prevención de la violencia doméstica, en la lucha contra la violencia doméstica desde la prevención y la educación, para evitar que se produzca la violencia doméstica y para ayudar a las víctimas de la misma. 
Es muy importante, por eso, hacer una acción concertada con los Estados miembros porque, aunque sigue siendo un asunto privado, un asunto del ámbito familiar, tiene también repercusión en las relaciones entre distintos países por la explotación de mujeres y de niños por mafias organizadas que trabajan internacionalmente. 
Es muy importante, y así se señalaba en el informe intermedio del anterior Programa, la colaboración que pueden prestar los medios de comunicación en la forma en la que dan las noticias, en la forma en cómo transmiten los sucesos sobre violencia doméstica que suceden en la sociedad. 
Es muy importante el tratamiento que dan a este fenómeno algunos programas de televisión, algunas películas, la publicidad. 
Todos éstos son asuntos en los que se debería hacer un hincapié especial porque influyen en la mentalización de la sociedad y en la forma en la que debe tratarse este lamentable fenómeno. 
Es fundamental, también, que participen junto a las ONG las instituciones públicas, en particular las instituciones locales, donde pueden hacer una labor importantísima. 
Se ha visto que hasta ahora la participación ha sido muy escasa, ya se introdujo en el anterior Programa y esperamos que aumente con éste. 
Fundamental también, como novedad, es el derecho a desalojar del domicilio familiar al agresor, que ya se ha introducido en algunas legislaciones nacionales- que son las competentes para hacerlo-. 
En otros países está en trámite y esperamos que pronto sea una realidad en toda la Unión Europea. 
Porque hay que proteger a la víctima; la víctima no tiene que huir, no tiene que esconderse, tiene que mantenerse en su casa, en su ambiente, con la protección suficiente y con el alejamiento del agresor. 
El Programa DAPHNE II recoge sugerencias importantes que se han hecho y la experiencia del Programa DAPHNE I y vamos apoyarlo desde el Grupo Popular con algunos votos en votación separada que vamos a solicitar. 
A pesar de que creemos que el mayor problema es el financiero, estamos de acuerdo con la propuesta que el Grupo Popular hizo en la Comisión de Derechos de la Mujer de que la dotación total del Programa sea de 50 millones de euros para los cinco años. 
Y lo hacemos así porque sabemos que las perspectivas financieras y la ampliación no permiten que haya una dotación mayor y no querríamos llegar a conciliación con este Programa. 
Por eso, vamos a hacer lo posible para que se pueda aprobar antes de fin de año y pueda continuarse con el Programa DAPHNE tal y como se está haciendo hasta ahora. 
Señor Presidente, señora Comisaria, impedir y combatir la violencia contra las mujeres y los niños es una prioridad importante para la comisión que tengo el placer de presidir, y estamos luchando para que esto se sitúe entre las prioridades de la Unión Europea. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades hizo grandes esfuerzos para luchar contra la violencia inmediatamente después de Pekín, y en virtud de estos esfuerzos se adoptó el Programa DAPHNE, cuya prórroga hasta 2008 es objeto del debate de hoy. 
Nuestra comisión, cuya ponente es la Sra. Gröner, celebra la adopción de la segunda fase del Programa DAPHNE hasta 2008 y el aumento de su presupuesto. 
La violencia contra las mujeres y niños se reconoce como un fenómeno extendido, pero me gustaría hacer especial mención de algo que sucedió durante el verano. 
Por supuesto, este tema no habría recibido tanta publicidad en la prensa internacional si no se tratase de la hija del famoso actor francés Jean-Louis Trintignant. 
Sabemos que Marie Trintignant fue golpeada hasta la muerte por su pareja, el músico francés Bertrand Cantat. 
Por supuesto, miles de mujeres sufren violencia cada día en la Unión Europea, miles de mujeres y niños sufren a diario un trato humillante o una violencia mortal por parte de hombres como el honorable Sr. Cantat. 
Las Naciones Unidas incluso sostienen que son más las mujeres que fallecen debido a la violencia doméstica que de cáncer. 
Por otra parte, debido a que los flujos de inmigrantes han aumentado en los últimos años, sabemos que miles de mujeres y niños en Europa son víctimas de una nueva forma de esclavitud, el tráfico lucrativo y la explotación sexual. 
Esta es una denegación absoluta de los derechos y libertades fundamentales, en otras palabras, de todo lo que dignifica la vida humana, que es por lo que mi Grupo político considera, dada la magnitud y el rápido aumento del problema en los últimos años, que se necesita un mayor presupuesto, ya que el programa es la única fuente de financiación para las agencias implicadas en esta cuestión. 
Durante el período anterior, la falta de financiación limitó la plena aplicación del programa, porque era incapaz de cubrir las demandas cada vez mayores a las que también ha hecho referencia anteriormente la Sra. Avilés Perea. 
Por otra parte, es sabido que nuestra comisión hizo un esfuerzo por concienciar a los miembros de la Convención para que adoptasen un fundamento legal más sólido con vistas a luchar contra la violencia, pero desgraciadamente nuestra solicitud cayó en saco roto. 
Señor Presidente, considero que nuestra ponente, la Sra. Gröner, ha expuesto con todo detalle nuestras demandas y su informe es realmente excelente. 
Señor Presidente, es cierto que hay miles de mujeres y niños que sufren malos tratos cada año. 
Este verano vivimos en Francia el drama de Trintignant, pero todos los días se producen incidentes parecidos. 
Recientemente, en Francia también, un suceso nos informaba de que un padre de familia había matado a cuchilladas a sus dos hijos, de dos y tres años. 
La historia da escalofríos y subraya la importancia del programa DAPHNE II. 
A este respecto quiero decir, señor Presidente, que es lamentable que la Conferencia de Presidentes programe a horas tan tardías debates tan importantes como la discapacidad o la violencia contra los niños. 
Estos temas merecen toda la atención de los miembros de esta Cámara. 
Nadie discute la importancia del programa DAPHNE II, hoy ampliamente reconocido como un instrumento capital para combatir la violencia y como un modelo de buenas prácticas a escala europea. 
No obstante, parece ser que este programa se concibió en un principio para aportar un valor añadido europeo a las acciones adoptadas a escala nacional. 
Ahora bien, sucede que, para el programa DAPHNE I, que vence a finales de este año, sólo pudieron seleccionarse el 13% de los proyectos elegibles debido al creciente número de proyectos propuestos para combatir la violencia. 
En consecuencia, me parece necesario, señor Comisario, que en el futuro lleguemos mejor a las categorías de personas afectadas, exigiendo en ocasiones una mayor transparencia y flexibilidad. 
Es evidente que todos los tipos de violencia merecen incluirse en el ámbito de aplicación de este texto, sobre todo cuando afectan a los más vulnerables. 
Hoy hablamos de los niños, pero mañana podríamos hablar de las personas de edad avanzada o de las personas con discapacidad. 
Las enmiendas presentadas llaman nuestra atención sobre la importancia de la prevención y la concienciación de la sociedad. 
Sugieren también la necesidad de elaborar estadísticas precisas para evaluar el alcance de la violencia. 
No quiero repetir lo que han dicho mis colegas sobre la necesidad de una dotación financiera suficiente. 
Suscribo asimismo la enmienda 39 presentada por la Sra. Lulling, que llama nuestra atención sobre la necesidad de prestar un servicio de asistencia para ayudar a las ONG de los nuevos Estados miembros a elaborar sus propios proyectos, teniendo en cuenta que hasta ahora no se han beneficiado de esta financiación comunitaria. 
Señor Presidente, podemos congratularnos de que la Unión Europea y las instituciones europeas, la Comisión, el Parlamento y el Consejo, hayan conseguido establecer un programa para combatir la violencia contra las mujeres. 
¿Por qué es un logro? 
Porque sabemos muy bien que en nuestros propios países la situación no es fácil. 
Quiero recordar lo difícil que es combatir la violencia contra las mujeres, un problema institucional que destacaba hace un momento la Sra. Gröner, ponente. 
Es cierto que carecemos de fundamento jurídico. 
El fundamento jurídico en materia de salud no está a la altura del proyecto social que está en juego para combatir la violencia. 
Es la única observación que haré hoy. 
Pero me sumo a todos los comentarios que se han hecho sobre el presupuesto y sobre la programación de temas tan importantes a una hora tan tardía. 
En Francia acaba de publicarse una encuesta sobre la violencia contra las mujeres. 
Quiero decirles dos palabras sobre ella, porque sé que en todos los Estados miembros tenemos enormes dificultades para que se reconozca esta forma de violencia. 
Es difícil que se reconozca la necesidad de combatir esta violencia, pero también lo es que se reconozca la existencia del problema. 
Esta encuesta dice una cosa muy simple: existe todo un espectro de diferentes tipos de violencia. 
Los distintos informes sobre DAPHNE ya lo habían puesto de relieve, pero tenemos que ser conscientes de la dificultad de explicar este punto en nuestros respectivos países. 
Dicho espectro va desde la violencia doméstica hasta la violencia que se ejerce en el espacio público. 
Su existencia, que tenemos que reconocer, se ha visto cuestionada en debates mediáticos que yo mismo he presenciado en mi país. 
Por otra parte, el debate provocado por la trágica muerte de Marie Trintignant este verano, de la que se hizo eco toda la prensa, puede reforzar o debilitar ese concepto. 
En consecuencia, mi primer comentario es que tenemos que explicar, afirmar, reconocer e insistir en el hecho de que la pequeña y la gran violencia son un mismo fenómeno que afecta a las mujeres y a los niños. 
Se ha expuesto un segundo problema y es que algunas personas, entre ellas algunas mujeres, han declarado la existencia de un tipo de mentalidad victimista en las mujeres, que tienden a exagerar su condición de víctimas, así como la necesidad de reconsiderar la percepción de los daños y la violencia ejercidos contra las mujeres u otras víctimas. 
A este respecto, es importante saber, a mi entender, que tenemos que luchar contra una especie de confusión en la imaginación, donde la realidad es menos importante que la fantasía o la representación de la vida amorosa y sexual de las personas como expresión de la pasión. 
Creo, por tanto, que tenemos ante nosotros un reto importante. 
Tenemos que decir, con mucha claridad, que no existe esa victimización y tomar conciencia de que la violencia existe y causa muertos todas las semanas y en todos los países. 
- (EL) Señor Presidente, a mi y a todos los miembros de nuestra comisión nos complace enormemente que hoy estemos debatiendo sobre la prórroga del Programa DAPHNE y estemos programándolo para los próximos cinco años en una Unión Europea ampliada. 
Aunque la política de lucha contra la violencia constituye el deber de los Estados miembros y pertenece a su jurisdicción, DAPHNE I hizo que todos fuésemos más conscientes de las consecuencias que tiene la violencia sobre el bienestar físico y mental de los individuos y de la sociedad en su conjunto. 
Nuestra ambición con respecto a DAPHNE II es concienciar al público de modo más amplio y sistemático para mejorar la investigación sobre las causas y las soluciones prácticas de los problemas, además de acercarnos más a los grupos e individuos destinatarios. 
Los resultados de la investigación mencionada por la Sra. Fraisse, que cuenta con experiencia en investigación, son muy importantes y nos convencen de que realmente debemos investigar de forma más sistemática, porque a menudo financiamos medidas que son triviales y no comportan ningún valor añadido. 
Estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea sobre el importe de la financiación para el programa, que nuestro Grupo político ha redondeado a 50 millones de euros. 
Creemos que no es dinero lo que falta, sino la acción correcta encaminada a los objetivos correctos y un fundamento jurídico adecuado. 
En la segunda fase de aplicación del Programa DAPHNE, la experiencia que hemos adquirido debe ayudarnos de modo que las acciones financiadas sean más cualitativas y eficaces, complementen a las políticas nacionales y se coordinen con los objetivos nacionales. 
Mi Grupo político también considera que este programa debe limitarse al marco de los países de la Unión Europea, en otras palabras, que no debería ampliarse a países vecinos. 
Los problemas a los que nos enfrentamos son numerosos y graves. 
La violencia es un fenómeno global y estamos muy preocupados con respecto a la política que necesitamos aplicar para luchar contra ella en los países con los que tenemos acuerdos de asociación y otras formas de cooperación comercial, pero esto debe hacerse conforme a la base de otras políticas especiales. 
Señora Comisaria, señor Presidente, Señorías, mi colega acaba de decir que la violencia mata. 
Ninguna mujer, ningún niño, en ningún país, es inmune a esa violencia, que es tanto física como moral, tanto privada como pública, y que se cobra la vida de 1,5 millones de personas todos los años. 
DAPHNE es, con toda razón, un programa emblemático dirigido a combatir las verdaderas causas de la violencia contra los más vulnerables, que son los niños y las mujeres. 
Se trata de un programa en cuyo marco las acciones de prevención, de lucha y de apoyo ocupan un lugar central. 
El número cada vez más elevado de proyectos y el enorme éxito de la primera fase del programa demuestran que DAPHNE es un instrumento adecuado y que los problemas que aborda son los que más preocupan a los ciudadanos europeos. 
Es importante que tengamos en cuenta el aumento del número de proyectos, las expectativas de las organizaciones no gubernamentales y la ampliación de la Unión Europea, pues son factores todos ellos que justifican ampliamente la necesidad de aumentar el presupuesto del programa. 
Hasta ahora, el presupuesto sólo ha permitido financiar el 13% de los proyectos. 
Para que la acción sea eficaz y efectiva, hay que aumentar el presupuesto, ya que de lo contrario Europa incurriría en una falta de asistencia a personas en peligro. 
Aumentando el presupuesto, la Unión Europea enviará una clara señal de su firme compromiso a combatir este problema, un compromiso del que no puede sino honrarse. 
Por otra parte, en aras de una mayor eficacia, tenemos que diferenciar nuestros estudios e investigaciones en función del sexo y de la edad. 
La lucha contra la violencia en todas sus formas no debe circunscribirse a un programa único llamado DAPHNE, sino formar parte integrante de la política para el respeto de la dignidad que la Unión Europea debe garantizar a todos sus ciudadanos en todos los Estados miembros. 
La iniciativa Daphne recibió 13 millones de euros entre 1997 y 1999. El programa Daphne 2000-2003, 20 millones. 
En opinión del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, para Daphne II durante el período 2004-2008 deberían bastar 50 millones. 
Pero lo que me preocupa no es el dinero. 
Me complace que hayamos descubierto un nuevo grupo de beneficiarios, a saber, los niños de la calle. 
He visto su sufrimiento y no solo en Nepal y en la India. 
Conozco el destino que espera a muchos de ellos en los nuevos Estados miembros de la UE, pero también, por ejemplo, en los grandes centros urbanos alemanes. 
Algunos vienen de familias en que hay violencia física y abuso sexual. 
Algunos consideran que sólo podrán sobrevivir si se forman bandas. Sobreviven gracias a la venta de drogas, robos y delitos menores. 
Muchos se vuelven insensibles a causa de la violencia cotidiana tanto física como psíquica. 
El programa Daphne debe realizar campañas de sensibilización acerca de la violencia contra chicos y chicas, jóvenes y mujeres, sobre su aparición, sus efectos y el modo de superarla. 
No cabe duda de que este ámbito es competencia de los Estados miembros; sin embargo, los recursos públicos son escasos. 
Por ello resulta aún más importante la ayuda europea. 
Lo que se necesita es conocimiento sobre los proyectos. 
¿Cuáles tuvieron éxito? 
¿Cómo han asimilado las víctimas la violencia de la que han sido objeto, y qué se ha aprendido de los numerosos errores cometidos? 
Temas para seminarios, conferencias y estudios, pero siempre en colaboración con las ONG nacionales y los grupos de autoayuda. 
Existen esperanzas concretas de cambio a través de instituciones sociales, en las que puedan desarrollarse grupos sanos. Sentir la amistad, desarrollar la solidaridad, motivar para que obtengan buenas notas en la escuela y estén equipados para integrarse en el mundo laboral. 
Se trata de crear alojamientos suficientes para las víctimas de la violencia y de prestar asistencia jurídica a cada persona. 
A través de Daphne II debemos movilizar la conciencia pública. 
Asimismo necesitamos el apoyo de medios de comunicación, que no solo no muestren violencia ni la glorifiquen, sino que la cuestionen. 
Si esto puede llevarse a cabo mediante campañas internacionales, este esfuerzo cooperativo dará lugar a un auténtico valor añadido a Europa. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0268/2003) de la Sra. Izquierdo Rojo, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las cuentas económicas de la agricultura de la Comunidad (COM (2003) 50- C5-0020/2003- 2003/0023 (COD)) 
. (ES) Señor Presidente, la propuesta de la Comisión se fundamenta en el artículo 251 del Tratado y, por consiguiente, Señor Presidente, le corresponde el procedimiento de codecisión. 
Se refiere a las cuentas económicas de la agricultura y ha sido competente para el fondo de este informe la Comisión de Agricultura, de la que yo soy ponente. 
Señor Presidente, Eurostat edita estas cuentas desde 1964, elaborándolas a partir de una metodología común y en competencia compartida con los Estados miembros. 
Tras estos 39 años de existencia en los que las cuentas económicas de la agricultura han demostrado que son un instrumento indispensable para controlar y evaluar la Política Agrícola Común, la Comisión cree que ha llegado el momento de formalizarlas y de dotarlas de un fundamento jurídico suficiente. 
La Comisión justifica esta necesidad en el riesgo de su posible deterioro ante las restricciones presupuestarias y en la necesidad de utilizar estas cuentas con vistas a la próxima ampliación. 
Todo ello, Señor Comisario, lo comparto y no tengo nada que objetar, como he hecho constar en los debates precedentes. 
La cuestión que a mí me plantea en estos momentos algún problema, y sobre la que versan mis enmiendas, se refiere más bien al transfondo agrícola de la cuestión y específicamente a la actual reforma de la Política Agrícola Común. 
Una reforma que, como usted sabe muy bien, supone un cambio sustancial, un cambio de orientación fundamental, un cambio que no es sólo terminológico, sino que es un cambio de fondo. 
Las cuentas de la agricultura constituyen, efectivamente, una herramienta básica para analizar la situación económica de ésta. 
Justamente por eso- porque nos sirven para el control y la evaluación de la PAC y porque son una herramienta básica- tienen que ser fieles a la realidad de la agricultura que contabilizan. 
Porque si el instrumento que utilizamos no fuera el adecuado, las cuentas acabarían siendo ficticias o acabarían adoleciendo de la falta de transparencia que necesitan. 
Por eso, Señor Comisario, yo creo que una vez que la reforma de la PAC se va a poner en marcha, creo que es necesario proceder a la adaptación y actualización progresivas de las cuentas económicas de la agricultura, para que se introduzcan los nuevos valores y elementos fundamentos de la nueva PAC, para que las cuentas económicas de la agricultura no resulten en pocos meses obsoletas y desajustadas. 
Si ello no fuera posible de inmediato, sugiero, Señor Comisario, que usted considere lo que he expuesto, para que se lleve a cabo progresivamente y tan pronto como sea posible. 
. 
(ES) Señor Presidente, señoras y señores diputados, señora Izquierdo, muchas gracias por su intervención. 
La presente propuesta de Reglamento de la Comisión tiende a garantizar que las cuentas económicas de la agricultura sigan definiéndose en los plazos adecuados y con una calidad suficiente para el conjunto de los veinticinco Estados miembros de la Unión. 
El proyecto de Reglamento propuesto no hace más que consolidar, como usted bien ha subrayado, la práctica existente ya desde hace muchos años, dado que las cuentas de la agricultura ya se establecen por parte de la Unión después de largos años en base a un gentlemen agreement entre los Estados miembros y Eurostat. 
El Reglamento propuesto, por tanto, no significa una carga adicional para los Estados miembros, sino pretende únicamente asegurar la continuidad de los trabajos y extenderlos a los nuevos países miembros de la Unión. 
Creo que debemos felicitarnos por el hecho de que la propuesta de Reglamento haya sido bien acogida por el Parlamento, tanto en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural- responsable fundamental de este tema -, como por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en sus debates. 
El Comité especial de agricultura del Consejo ha aprobado ya la propuesta de la Comisión, con algunos cambios de orden lingüístico. 
Y una aprobación de la propuesta sin enmiendas por parte del Parlamento Europeo permitiría una adopción rápida del Reglamento, antes de que se produzca la ampliación, con tiempo suficiente para dotar a los nuevos Estados miembros de una base jurídica sólida para las cuentas agrícolas independientes para el seguimiento de la PAC. 
Sin embargo, esta demanda que yo hago al Parlamento y que le transmito, no me hace olvidar sus preocupaciones. 
Si he entendido bien, las preocupaciones que ustedes han subrayado se refieren a tres temas específicos. 
En primer lugar, una definición más clara de la metodología; en segundo lugar, una definición más clara de las clasificaciones de las cuentas y, en tercer lugar, una toma en consideración del euro para el cálculo de las cuentas. 
Respecto al primer punto, la preocupación por la metodología existe. 
El Reglamento, de acuerdo con nuestra interpretación, propone ya y autoriza explícitamente, que la metodología de las cuentas pueda adaptarse, como es su preocupación, a los diferentes aspectos de la reforma de la PAC. 
Esto se hará por un procedimiento de comitología, tal como se prevé en el Reglamento. 
Su segundo punto de preocupación es, tal vez, el de más importancia: en qué medida las cuentas actuales reflejan esa realidad de la nueva política agrícola que queremos definir con otros criterios. 
Es cierto que ustedes han hecho una serie de comentarios, una serie de propuestas específicas para nuevas clasificaciones, nuevos datos que, en mi opinión, son enormemente útiles para ser tomados en consideración en futuras reformas, esos cambios que, indudablemente, se van a producir. 
Desde el punto de vista de la Comisión no sería una buena idea iniciar ese debate antes de la aprobación del Reglamento, en la medida en que esto retrasaría todo el proceso y haría más compleja la toma de decisión. 
Sin embargo, lo que sí puedo garantizarle es que los comentarios de su comisión y los suyos personales serán tomados en consideración para los futuros cambios que vamos a introducir y, evidentemente, se tomarán en cuenta para que esos cambios se produzcan. 
Último punto: el euro. 
La preocupación es que, en algunos casos, en vez de utilizar la moneda nacional tal como proponemos, debería utilizarse el euro para todo el mundo. 
Es verdad que en los países que actualmente ya han adoptado el euro ese tipo de problema no se plantea. 
El problema se plantea para los países que no han adoptado el euro. 
Sin embargo, decidir un tipo de cambio a priori sobre el cálculo de las estadísticas que básicamente se hacen en moneda nacional, significaría utilizar un tipo de cambio teórico que no responde a la realidad. 
Esa es la razón por la que, desde el punto de vista técnico, consideramos más razonable que la información se reciba en moneda nacional y una vez transcurridos los periodos a los que se refiere la información, y una vez conocido cual es el tipo de cambio medio del euro respecto a la moneda nacional, podamos trasladar esas cuentas de moneda nacional al euro. 
Creo que los comentarios que hago responden a sus preocupaciones y creo que es muy importante, sin embargo, que el Reglamento se adopte muy rápidamente, con la finalidad de poner en marcha los trabajos preparatorios necesarios a los países de la adhesión, que nos permitan disponer, a partir del momento en que sean miembros, de las estadísticas agrícolas, con la mejor comparabilidad posible y con la mejor calidad posible. 
Aquellos de ustedes que todavía permanecen en esta sala habrán observado sin duda que en la exposición de motivos del informe de la Sra. Izquierdo se exponen una serie de reflexiones en las que ella basó las enmiendas presentadas a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y que fueron bien acogidas. 
Pero la gran mayoría de los miembros de esa comisión aprobó mi enmienda al proyecto de resolución legislativa que propone aprobar la propuesta de la Comisión sin enmiendas. 
Esta es la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la que soy ponente de opinión. 
Como ya se ha dicho, las cuentas económicas de la agricultura han sido tradicionalmente una tarea de los Estados miembros, que luego transmitían a Eurostat con arreglo a un procedimiento común enmarcado en un acuerdo entre caballeros. 
Por ahora, se trata simplemente de mantener la continuidad y consolidar un mecanismo estadístico que ya existe. 
Si después hay que adaptar esa herramienta a la reforma de la PAC, se hará, como acaba de decir el Comisario. 
Pero por eso es importante que la aprobación de este Reglamento no se retrase con enmiendas que, por interesantes que sean, no tienen cabida aquí. 
En el contexto de la codecisión, nuestra preocupación más urgente debe ser la creación de ese fundamento jurídico. 
El marco metodológico podrá adaptarse a su debido tiempo si resulta necesario a la vista de la reforma de la PAC, que, felizmente, todavía no ha entrado en vigor, como acaba de precisar el Comisario. 
Nuestra ponente ha podido expresar sus preocupaciones en la exposición de motivos, y los representantes de la Comisión, de Eurostat y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural han tenido ocasión de tranquilizarla: nuestro acuerdo de hoy no condicionará el futuro con nuevas exigencias en materia de detalles, información o plazos que resulten necesarias. 
Por esta razón, pido a sus Señorías que voten en contra de las enmiendas presentadas por la ponente, aunque eso les parezca ilógico. 
Nosotros votaremos en contra, por supuesto, porque tenemos una buena razón para hacerlo así. 
Con todo, me gustaría pedir a la Sra. Izquierdo que demuestre su buena voluntad y retire esas enmiendas. 
Estando las cosas como están con respecto a Eurostat, permítame, señor Comisario, que aproveche la ocasión para destacar la calidad del trabajo realizado por Eurostat en el pasado. 
No procede desacreditar a esta institución con condenas que ignoran el principio de presunción de inocencia. 
Me parece que, en este asunto, la Comisión está pecando de exceso de celo y puede perturbar el trabajo del personal de Eurostat. 
No me refiero a los cientos de inocentes cuyos puestos de trabajo se ven amenazados como consecuencia de las brutales decisiones de la Comisión de suspender los contratos y los pagos a empresas que trabajan para Eurostat desde hace años, y sin las cuales Eurostat no habría podido desempeñar sus tareas ni proporcionarnos las estadísticas que le demandamos pese a no disponer de los medios necesarios. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía 
El Movimiento de Junio ha optado por no votar a favor de la propuesta de eliminar el artículo 4, a pesar de que esto signifique que la Comisión pasará a ser el órgano coordinador con relación a los contratos celebrados por el Estado miembro individual. 
Esto se debe a un deseo de evitar situaciones en las que el Tribunal de Justicia declare inválidos acuerdos que se han formalizado. 
Relaciones UE/Cuba 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, creo que estamos ante un debate importante y a la vez también delicado, ya que estamos hablando de violaciones de los derechos humanos, de un país con una situación económica muy mala, y de cómo planear una estrategia encaminada a mejorarla. 
Quiero manifestar claramente que lamento muchísimo que las autoridades cubanas no se hayan mostrado dispuestas a cooperar y que Osvaldo Payá Sardiñas, galardonado con el Premio Sajarov, no haya sido autorizado a salir de Cuba para participar en el presente debate. Quisiera aprovechar la ocasión para expresarle nuestra solidaridad, a él y a sus amigos, para que quede claro que brindamos nuestro apoyo y nuestra solidaridad a la oposición democrática en Cuba. 
Por esto desearía que el Consejo y la Comisión nos expusiesen qué camino se va a seguir en adelante para evitar las violaciones de los derechos humanos y cómo vamos a apoyar a los setenta defensores de los derechos humanos que permanecen encarcelados desde el 18 de marzo de 2003 y qué medios existen para sacar de la cárcel a los disidentes políticos en general. 
Cuba es uno de los últimos regímenes comunistas y tiene, además, un sistema económico inadecuado. 
La suma de ambos factores es la verdadera causa de la situación catastrófica que reina en este país. 
Podríamos discutir si un embargo, como el que practican los Estados Unidos contra Cuba, es el enfoque estratégico adecuado o no, pero este embargo no es el origen de los problemas. 
Creo que es preciso decirlo con toda claridad, pues cuando en Europa todavía había regímenes comunistas, las grandes ayudas, como por ejemplo los créditos millonarios concedidos a la RDA, que la convirtieron en un Estado miembro de hecho de la Unión Europea, tampoco contribuyeron a impulsar el desarrollo de un sistema democrático capaz de satisfacer al mismo tiempo, de manera razonable y civilizada, las necesidades económicas y sociales de la población. 
A mi parecer, hay que tener bien claro este contexto cuando se habla de Cuba y reflexionar, por consiguiente, si su adhesión al Acuerdo de Cotonú es, en realidad, el enfoque adecuado en estas circunstancias. 
Si ello se condicionara a una apertura de Cuba, a una mayor libertad para viajar, a la libertad de movimientos de las personas- incluida también la oposición- y a la libertad de opinión, se podría iniciar un proceso de transición razonable también en Cuba. 
Pero esto requiere algunos progresos en este ámbito. 
Por esto, me interesa mucho que tanto el Consejo como la Comisión nos indiquen cómo se puede poner en marcha una estrategia de transformación de ese tipo, que sirva de base para acabar con una de las últimas dictaduras comunistas, lo cual sería muy de celebrar en interés de las personas que son sus víctimas en este desdichado país. 
Por lo tanto, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, espero con gran interés lo que puedan decirnos sobre este tema. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Brok por su discurso. 
La Presidencia del Consejo ha realizado declaraciones públicas en varias ocasiones durante los últimos meses y se ha dirigido al Gobierno cubano desde el deterioro- no podemos andarnos con rodeos al respecto- en marzo de 2003 de la situación ya precaria en el ejercicio de las libertades y derechos individuales en La Habana. 
Hace poco, el 21 de julio de 2003, el Consejo Europeo confirmó que los objetivos de la política de la Unión Europea con respecto a Cuba siguen siendo el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fomento de un proceso de transición hacia una democracia pluralista y la recuperación económica sostenible para mejorar la calidad de vida del pueblo cubano. 
La Presidencia señala que, desde las últimas evaluaciones, el Gobierno cubano no solo no ha tomado ninguna medida positiva para satisfacer los objetivos de esta acción europea, sino que también la situación de los derechos humanos ha seguido deteriorándose. 
La Unión Europea espera que las autoridades cubanas introduzcan de nuevo la moratoria de hecho para la pena de muerte; una vez más, hacemos un llamamiento a las autoridades cubanas para que liberen inmediatamente a todos los presos políticos y exigimos que, entre tanto, los presos no sean objeto de sufrimientos o tratos inhumanos. 
En los últimos meses, los medios de comunicación- incluso los cubanos- han informado de que el acceso a Internet está siendo cada vez más limitado, y que han sido confiscadas estaciones de televisión por satélite y también periódicos extranjeros y equipos de radiodifusión. 
La libre circulación está sumamente restringida, tanto dentro del país como en el ámbito internacional. 
La Presidencia lamenta la falta incluso de iniciativas para avanzar hacia la restauración de las libertades económicas y civiles. 
Sin duda, todo esto dificulta la vida cotidiana de los ciudadanos cubanos. 
Una vez más, instamos urgentemente y animamos al Gobierno cubano a que dé señales de reapertura económica y de la existencia de un sector económico privado en Cuba. 
A la vista de lo que acabo de decir, la Presidencia exige, una vez más, un cambio de actitud. 
La posición común que ya se ha expuesto en los últimos meses sigue en pie: debe haber un esfuerzo constructivo y continuo para sentar las bases de la política de la Unión con respecto a Cuba. 
A fin de promover una aplicación más efectiva de los objetivos de esta posición común europea, el Consejo opina que necesitamos proseguir con el diálogo político intenso, crítico, para contribuir de esta manera al logro de resultados tangibles, ante todo en el terreno político, y, por consiguiente, también en lo que concierne a las libertades políticas, la economía y los derechos civiles. 
Por lo tanto, el Consejo estaría dispuesto- y utilizo el condicional- a apoyar un incremento de la cooperación para el desarrollo de la Unión Europea con respecto a Cuba, en los ámbitos que podrían favorecer la transición, el camino hacia la democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos, y en los ámbitos que podrían mejorar la calidad de vida del pueblo cubano y así contribuir al crecimiento económico sostenible. 
En opinión de la Presidencia, estos fondos deberían concederse solo cuando haya garantías de un beneficio genuino e inmediato para el pueblo cubano o una contribución importante al proceso de apertura de Cuba a una serie de reformas económicas. 
Por lo tanto- y voy terminar respondiendo a algunas de las preguntas planteadas por el Sr. Brok -, las medidas adoptadas por Cuba, que Europa considera una violación de los derechos civiles y políticos fundamentales, han influido sin duda en las relaciones de la Unión con este país. 
Como ya ha señalado la Comisión Europea, ha decidido posponer su evaluación, necesaria para cualquier análisis de la petición de Cuba de firmar el Acuerdo de Cotonú. 
Además, la retirada de la petición de Cuba por segunda vez el 17 de mayo de 2003 no fue ninguna sorpresa, aunque el Consejo no tiene que comentar esa decisión. 
Me limitaré a decir que no nos sorprendió. 
Las medidas hechas públicas mediante la iniciativa del pasado 5 de junio y las conclusiones del Consejo de junio y julio de 2003 pretenden dejar patente el apoyo de la Unión Europea a la oposición cubana democrática y no violenta y mostrar a las autoridades cubanas que el comercio no puede seguir su curso habitual en ausencia de gestos tangibles por parte de su Gobierno. 
Nuestra preocupación tiene que ver con las libertades políticas, como ya he dicho, y también con la negativa- a pesar de ciertas aperturas limitadas y dudosas- a permitir una mayor iniciativa privada en el sector económico. 
Los jefes de misión de la Unión seguirán haciendo un seguimiento de la situación de los presos políticos y las condiciones en las que están retenidos en La Habana. 
Sin duda, debería proseguir el diálogo político con Cuba, reanudado en 2001, pero con las condiciones y limitaciones que he señalado. 
Sin duda, el diálogo político también incluye la situación de los derechos humanos. 
Lamentamos la negativa a participar en el diálogo político que han expresado las autoridades cubanas en declaraciones públicas realizadas recientemente y la decisión pública de rechazar los fondos de los países europeos y de la Comisión. 
En estos seis meses, la Presidencia consultará al Parlamento sus opiniones y se centrará en encontrar maneras de incrementar la efectividad tangible del diálogo político, garantizando que sea franco, constructivo y sin duda- cuando sea necesario- también crítico. 
. (EN) Señor Presidente, los acontecimientos en Cuba han tomado un rumbo muy negativo con la detención a gran escala de disidentes en marzo de 2003 y la ejecución de tres personas acusadas de secuestrar un trasbordador a principios de abril de 2003. 
Trataré de responder lo más directamente posible a las siete preguntas planteadas por el Sr. Brok. 
La Comisión se mantiene informada del crecimiento de la oposición interna. 
En mi visita a la Habana en marzo de 2003, me reuní con un grupo de conocidos disidentes cubanos. 
La reciente decisión de la UE de invitar a disidentes a la celebración de las fiestas nacionales, como hizo la Comisión el 9 de mayo de 2003, es un reconocimiento del papel de la oposición interna. 
Tengo también que añadir que las reuniones periódicas con los grupos de la oposición en Cuba han tenido lugar por iniciativa de los Estados miembros en la Habana. 
Los Estados miembros y la Comisión han creado un Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos en la Habana que se ocupa de cuestiones relacionadas con los derechos humanos en Cuba, como el problema de los presos políticos. 
La Comisión es informada periódicamente de las condiciones de los detenidos a través de ese grupo de trabajo y a través de contactos bilaterales con los familiares de los presos, así como con grupos locales de defensa de los derechos humanos. 
La Unión Europea ha pedido repetidamente la liberación inmediata de todos los presos políticos y ha instado a las autoridades cubanas a que, mientras tanto, los presos no sufran indebidamente ni sean objeto de un trato inhumano. 
El pasado mes de julio volvió a evaluar la posición común frente a Cuba, seis meses antes de la fecha prevista y reafirmó que la intervención constructiva sigue siendo la base de la política de la UE frente a Cuba. 
La UE pretende mantener su diálogo con la Habana para promover reformas políticas, económicas y civiles y está dispuesta a ofrecer ayuda siempre que sea posible a través de organizaciones no gubernamentales para promover la democratización y mejorar el nivel de vida de los cubanos. 
Creo que la posición común es el mejor instrumento político que tenemos ahora para Cuba. 
Es un documento político coherente y, por tanto, debe mantenerse en su versión actual. 
Sobre esa base, tiene que intensificarse el diálogo político con el gobierno y la oposición, así como la promoción de los derechos humanos, el pluralismo democrático y un sistema económico abierto. 
La Comisión lamenta la decisión del Gobierno cubano de retirar su solicitud de adhesión al Acuerdo de Cotonou. 
Cuba es el único país caribeño, y prácticamente el único país en vías de desarrollo del mundo, con el que la Comisión no ha podido firmar un acuerdo de cooperación. 
Su adhesión al Acuerdo de Cotonú habría proporcionado el marco adecuado para mantener un diálogo estructurado con las autoridades cubanas y mejorar la ayuda que recibe ese país. 
La Comisión es optimista respecto al funcionamiento de nuestra nueva delegación en la Habana. 
Nuestra presencia en Cuba es ahora más importante que nunca. 
Las principales tareas de la delegación no consisten sólo en ayudar a ejecutar los programas y proyectos de ayuda, sino también en promover un diálogo político con las autoridades cubanas y la sociedad civil, vigilar la situación de los derechos humanos y proteger los intereses de los Estados miembros en términos de comercio e inversiones. 
A raíz de los sucesos que han tenido lugar recientemente, la Delegación de la Comisión en la Habana tendrá que centrar más su atención en la vigilancia de la situación de los derechos humanos en Cuba, en los intentos de promover un diálogo político y en la defensa de los intereses comerciales de los Estados miembros de la UE. 
Se trata de un programa de trabajo muy cargado y difícil, pero fundamental si queremos promover cambios políticos y económicos en Cuba. 
En la última evaluación de la posición común se recomienda reforzar la cooperación al desarrollo de la UE con Cuba en ámbitos que fomenten la transición a una democracia pluralista y el respeto a los derechos humanos, que mejoren el nivel de vida de la población cubana y que favorezcan un crecimiento económico sostenible. 
La posición común establece que la financiación debe canalizarse exclusivamente a través de instituciones gubernamentales siempre que beneficie directamente a la población o suponga una contribución interesante a la reforma económica y a una economía más abierta en Cuba. 
En ese contexto se han emprendido algunos proyectos de la Comisión. 
Según una reciente declaración de la Habana, parece ser que, en el futuro, el Gobierno cubano aceptará únicamente ayuda de la Comisión y de los Estados miembros de la UE que se canalice a través de organismos de las Naciones Unidas, ONG, fundaciones, movimientos solidarios, regiones autónomas y administraciones locales. 
Además, el Gobierno cubano rechazará aparentemente la negociación directa con los Estados miembros y la Comisión sobre temas, programas y proyectos relacionados con la cooperación al desarrollo y sólo consentirá en hablar de estas cuestiones con las ONG. 
Ahora bien, hasta ahora la Comisión ha trabajado principalmente con ONG y equipos independientes de asistencia técnica- y con buenos resultados -, razón por la cual no hay motivos para creer que las cosas vayan a cambiar en el futuro. 
Lo único que tenemos que asegurar es que se mantenga la visibilidad de las actividades de la Comunidad y que los organismos de la UE puedan seguir supervisando esas actividades. 
Por último, he sido informado de que la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos no está financiando proyectos en Cuba actualmente. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, desde la evaluación que hicimos en diciembre del año pasado, la situación en Cuba no ha hecho otra cosa que empeorar. 
Todas las propuestas de colaboración, de favorecer la apertura, la transición democrática, el apoyo económico, han chocado contra la pared de la intolerancia, del rechazo y, lo que es peor, de una respuesta que, como se ha comentado, afecta a decenas de miembros de la oposición cubana, de periodistas independientes y de activistas de los derechos humanos. 
Esta situación exige una respuesta categórica y, como se ha pedido aquí, unánime y bien clara, por parte de las instituciones de la Unión Europea, para favorecer el proceso democrático y, fundamentalmente, para garantizar los derechos humanos- algunos tan elementales y tan importantes en una sociedad como el ejercicio de la libertad de expresión. 
Creo que hay que hacer todos los esfuerzos y reiterarlos para, en primer lugar, mostrar la posición de las instituciones europeas- bien claramente se expresa así en esta Resolución común, que espero que hoy apruebe el Parlamento Europeo- y en segundo lugar, para mostrar nuestra colaboración y solidaridad con los miembros de la oposición que quieren una Cuba libre y democrática, con los activistas y los defensores de los derechos humanos a través de las respectivas organizaciones no gubernamentales, mostrando nuestra especial atención al dirigente al que concedimos el premio Sájarov, el Sr. Oswaldo Payá, y para contribuir a evitar, en la medida de lo posible, el sufrimiento que padece la población cubana, que es la principal víctima de la situación actual. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el debate de hoy sobre la situación en Cuba nos dice una cosa muy simple: nos dice lo difícil que es promover y apoyar los derechos humanos y la democracia cuando nos enfrentamos a un régimen totalitario, y lo hemos intentado todo durante años: diálogo constructivo, cooperación económica, ayuda humanitaria. 
Lo hemos intentado todo y creo que la solución es simplemente adoptar un planteamiento más activo, tanto que un colega socialista se encontró en la necesidad de decir que «esperamos que Fidel Castro, que tiene 77 años, muera, para que... » , porque, francamente, Fidel Castro es una espina que llevamos clavada desde hace bastante tiempo. 
Quizás podríamos reflexionar sobre otro punto, sobre el hecho de que, cuando nuestras democracias se encuentren divididas en torno a un dictador, no iremos muy lejos. 
Puede que sea hora de hablar de la Organización Mundial de Democracias, señor Presidente, señor Comisario, en un intento de adoptar una actitud y un enfoque más coherentes. 
Considerémoslo, porque lo hemos intentado todo. 
¿Qué sentido tiene, señor Comisario, Señorías, mantener abierta una delegación cuando estamos tratando con un funcionario que parece ser un rehén del régimen más que otra cosa, y sin duda no promueve ni defiende- o simplemente es un defensor simbólico, no un defensor genuino- los derechos civiles y humanos? 
La frustración es real: el diálogo constructivo con un dictador está demostrando tener sus límites, y la pregunta que se plantea es qué hacer. 
Creo que la Organización Mundial de Democracias es uno de los instrumentos que deberíamos buscar con gran, con inmensa determinación. 
Señor Presidente, no es fácil, especialmente para un español, hacer una aproximación objetiva y desapasionada al problema cubano, porque todos los españoles llevamos a Cuba en nuestro corazón. 
Desgraciadamente, Cuba constituye una anomalía en los anales de las relaciones exteriores de la Unión Europea, como se ha recordado aquí. 
Ya en 1995 no fue posible cumplimentar el mandato que la Cumbre dio a la Comisión de presentar unas directivas con vistas a concluir un acuerdo bilateral en aquel momento. 
Y ahora, por segunda vez, se rechaza la incorporación de Cuba a la Convención de Cotonú, en un momento en el que la atención internacional, señor Presidente, estaba concentrada en la crisis del Iraq y al amparo de esa situación se produjo una ola de represión, sin precedentes en los últimos años, cuyo resultado han sido tres penas capitales y una oleada de detenciones que han afectado a periodistas independientes, a militantes de los derechos humanos y a pacíficos disidentes, muchos de ellos del Movimiento Cristiano para la Liberación. 
Este Parlamento va a adoptar una Resolución muy dura, expresando su compromiso ineludible con la causa de los derechos humanos y con todos aquellos que en Cuba y fuera de ella luchan por su libertad y por su dignidad. 
Y yo me pregunto, señor Comisario, si en estas circunstancias, con un país que no quiere un vínculo con la Unión Europea- porque ha rechazado por segunda vez la incorporación a la Convención de Cotonú -; con un país en el que sus dirigentes rechazan la ayuda comunitaria; con un país en el que sus dirigentes insultan y descalifican a jefes de gobierno de la Unión Europea; con un país que pone trabas sin límites a la presentación de cartas credenciales por parte del representante diplomático de la Comisión, vale la pena o no, señor Comisario, mantener abierta la oficina en La Habana. 
El proyecto de Resolución de compromiso, que será votado mañana, contiene una condena del cierre del Centro cultural español en la Habana. 
Y ello no me extraña, señor Presidente, porque cultura es libertad y, por lo tanto, más libre el que más sabe. 
Lo que no sé es si las autoridades cubanas saben que es mucho más difícil preservar y mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. 
Quien lo tiene muy claro, señor Presidente, son personas ejemplares- como Oswaldo Payá, premio Sájarov de este Parlamento, candidato al premio de la Concordia Príncipe de Asturias y candidato al premio Nóbel de la paz- que valerosamente luchan por sus derechos como personas y como ciudadanos y, en definitiva por su libertad, porque saben perfectamente que al fin y a la postre, señor Presidente, la libertad- como dijo un compatriota mío hace ya algunos años- no hace a los hombres más felices, sino que los hace simplemente hombres. 
. (EN) Señor Presidente, sólo quiero hacer unos comentarios muy breves. 
En primer lugar, quisiera decirle al Sr. Brok- que ha estado a punto de utilizar una retórica que sonaba como si fuera partidario de un cambio de régimen- que hoy en día tenemos que ser precavidos con las palabras exactas que elegimos cuando utilizamos ese tipo de lenguaje, sobre todo cuando discutimos la metodología de ese tipo de acciones. 
Estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de presionar para acelerar el proceso de democratización y la normalización de la vida política en Cuba. 
Eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer. 
En segundo lugar, se ha hecho un comentario sobre la participación cubana en la Asamblea Parlamentaria Conjunta UE-ACP: mientras que Cuba no suscriba el Acuerdo de Cotonú, esa participación es la respuesta. 
Es una respuesta clara y nosotros no tenemos ningún problema técnico ni político al respecto. 
En tercer lugar, se han manifestado dos opiniones diferentes sobre la delegación en la Habana. 
Está bastante claro que esta delegación no sólo es útil en una situación como la actual, sino también esencial para que la Comisión haga lo que el Parlamento espera y nos pide que hagamos. 
Tenemos que mantener nuestra presencia allí. 
Por último, les pediría que no cometamos ninguna provocación con nuestra forma de actuar en Cuba. 
Me parece que existe mucha confusión detrás de los trágicos sucesos de este año. 
Es importante que no perdamos la perspectiva a largo plazo: habrá una Cuba después de Castro y las naciones son más importantes que los regímenes. 
Aunque nos sintamos frustrados por la situación actual, tenemos que darnos cuenta de que existen razones básicas de mucho peso y de largo alcance para seguir manteniendo una relación estrecha, cordial y armoniosa entre Europa y Cuba. 
Debemos tener eso en cuenta y adoptar una postura más racional y de más largo alcance. Eso es lo que haremos sobre la base de la posición común adoptada. 
Señor Presidente, solo quiero decir que espero que, después de este debate, el Presidente en ejercicio del Consejo y también nosotros tengamos la oportunidad de escuchar- como en el caso de la Comisión- una respuesta, un resumen del debate. 
Por consiguiente, quisiera preguntar- como sabe, no solo lo permite el Reglamento, sino que también existe un precedente- si es posible que el Presidente en ejercicio intervenga a modo de conclusión. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la Convención Europea: presentación del proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. 
Señorías, bienvenidos a este debate especial sobre la Convención Europea. 
Quiero dar la bienvenida al Presidente Giscard d´Estaing, al Presidente Romano Prodi, al Viceprimer Ministro Fini y al Ministro de Asuntos Exteriores Frattini, que participarán hoy en esta reflexión sobre el trabajo de la Convención. 
Es la primera oportunidad que tenemos en un pleno del Parlamento Europeo de escuchar directamente al Presidente de la Convención, que informará a esta Cámara sobre el resultado de la Convención y las perspectivas de su contenido en la Conferencia Intergubernamental. 
Para empezar, quiero que conste en acta la profunda admiración y el respeto que esta Cámara siente por el trabajo de la Convención y por el liderazgo ejercido- especialmente, pero no en exclusiva- por su Presidente, el Sr. Valéry Giscard d´Estaing, que ha realizado una contribución indispensable al acertado y completo resultado del trabajo de la Convención Europea. 
Señorías, su reacción lo dice todo. 
. (IT) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Giscard d´Estaing, Señorías, quisiera empezar expresando mi agradecimiento más sincero a todos los miembros de la Convención y a usted, señor Giscard d´Estaing, en particular, por la dedicación e inteligencia mostrada en los largos meses de trabajo intenso que han distinguido esta fase del proceso de elaboración constitucional. 
El fructífero experimento de la Convención ha traído consigo un cambio duradero en el transcurso de la vida democrática de la Unión Europea. 
Un gran trabajo bien hecho y un resultado inesperado. 
El proyecto elaborado por la Convención proporciona la base- yo diría que una base excelente- para redactar la versión final de la Constitución. 
Y esto es bueno porque, sobre todo, el texto tiene un gran valor simbólico: es la primera vez que se han debatido los cimientos de la Unión en un foro abierto, democrático y representativo de los pueblos y Estados de Europa. 
En segundo lugar, el proyecto de Constitución aborda resueltamente las cuestiones del equilibrio institucional de poderes y la compleja naturaleza de la Unión. 
El debate ha sido intenso y exhaustivo, y ha permitido que todas las cuestiones fundamentales que se han planteado hayan sido abordadas con coherencia, a saber: encontrar un nuevo modo más efectivo de reconciliar las dos vías de la integración europea, la comunitaria y la intergubernamental; encontrar un equilibrio entre la representación política de los Estados y la de las personas, y las funciones resultantes del Consejo y del Parlamento; diseñar un modo de organizar la representación del interés general de la Unión y los intereses legítimos de los Estados miembros individuales. 
En tercer y último lugar, la Convención ha sentado las bases de la tarea esencial de actualizar las políticas de la Unión. 
La Conferencia Intergubernamental que va a finalizar y formalizar el trabajo de la Convención ya está empezando. 
Distingo dos puntos de vista extremos y creo que necesitamos discutirlo abiertamente. 
Por una parte están los que creen que el proyecto de la Convención no debería alterarse porque representa el único compromiso posible. 
Y después están los que quieren volver a debatirlo todo porque la soberanía corresponde en última instancia a los Estados y la última palabra debería ser la suya. 
Aunque estos puntos de vista puedan ser comprensibles, creo que los dos son criticables. 
Desde el principio- desde que la Comisión y el Parlamento abogaron por el enfoque de la Convención después de Niza -, los que formamos parte de la Comisión siempre hemos dicho que la Conferencia Intergubernamental debería ser una fase corta, centrada y concluyente. 
No obstante, esto no significa que debería ser una simple aprobación oficial, porque eso privaría a la Conferencia Intergubernamental de su responsabilidad política. 
Sin duda, esta Conferencia Intergubernamental no puede compararse con las celebradas anteriormente, porque trabajará sobre la base del excelente trabajo de la Convención. 
Sin embargo, todavía tiene su función primaria, que es permitir a los Jefes de Estado y al Gobierno ejercer su responsabilidad política y presentar el texto definitivo para su aprobación a las instituciones y, como ha dicho el Sr. Giscard d´Estaing, a los ciudadanos de sus Estados miembros. 
Por consiguiente, incluye una nueva fase de propiedad política. Sin duda, eso no requiere una Conferencia Intergubernamental larga, pero exige un período de reflexión apropiado. 
De hecho, hay aspectos del proyecto de Constitución que demuestran claramente el hecho de que el compromiso alcanzado es incompleto y que el resultado logrado hasta la fecha no puede ser el final de la línea, como habíamos esperado inicialmente. 
Por lo tanto, es acertado que los Estados miembros, a los cuales corresponde en última instancia la soberanía, puedan profundizar en el debate con el fin de ver si existen ámbitos en los que se puede mejorar. 
Es deber y responsabilidad de la Comisión señalar estos ámbitos. 
En su versión actual, el proyecto de Constitución todavía contempla la toma de decisiones unánime en más de 50 sectores, entre los que se encuentran algunos ámbitos clave del trabajo de la Unión. 
Además, todos están de acuerdo en que una de las deficiencias de la situación actual es la falta de un instrumento adecuado que coordine las políticas presupuestarias de los Estados miembros. 
No obstante, me pregunto cómo se piensa que se puede lograr dicha coordinación si se mantiene el actual derecho de veto, y lo mismo se aplica a la fiscalidad indirecta y de las empresas. 
Después tenemos la cuestión clave del futuro equilibrio de poderes entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. 
El proyecto de Constitución propone una Comisión establecida de manera que, en mi opinión y en la del Colegio de Comisarios, hará que la institución que representa el interés general de la Unión sea menos capaz de realizar su trabajo con efectividad y credibilidad. 
La solución propuesta crea una distinción entre Comisarios mediante la creación de una segunda categoría innecesariamente más baja. 
(Aplausos) 
Significaría dividir al Colegio, cuando el lazo con los Estados miembros ha sido la fuerza impulsora de la Comisión durante los últimos 50 años. 
Por lo tanto, es preciso avanzar más- y esto no es del todo incompatible con la necesidad de que la Conferencia Intergubernamental sea breve y llegue a una conclusión rápida- para garantizar que cada país miembro tenga un Comisario de pleno derecho. 
Al mismo tiempo, el texto actual del proyecto de Constitución deja opciones abiertas en algunos puntos clave, como el modo en que los Consejos van a trabajar y las responsabilidades en el ámbito de las relaciones exteriores. 
La tarea de la Conferencia Intergubernamental es hacer más transparente y más efectivo el trabajo de las instituciones e impedir la duplicación y las soluciones a medio camino que puedan ser caldo de cultivo de conflictos futuros. 
Esta es más una cuestión de facilitar que de innovar. 
Por último, la Convención no ha tenido tiempo de actualizar el texto actual de las políticas comunitarias. 
En algunos casos, se remonta a la década de 1950 y ha sido parcial o totalmente sobreseído. 
Por supuesto que será difícil resolver todos los problemas pendientes, pero es nuestro deber distanciarnos un paso de las circunstancias políticas actuales y considerar cuidadosamente los puntos en los que todavía es posible realizar los cambios necesarios para capacitar todavía más a la estructura constitucional para hacer frente a los retos futuros. 
Sin duda, necesitamos ver si existe voluntad política. 
¿Es que no existe esta voluntad o es el sentido del realismo el que nos está llevando a abstenernos de abordar estas cuestiones y dejar el texto como está? 
Si este es el caso, la Comisión está sin duda dispuesta a tomar nota de ello con calma y de modo realista, teniendo en cuenta el hecho de que, en cualquier caso, el progreso realizado ha sido muy significativo. 
En esencia, este ha sido el caso cada vez que se han modificado los Tratados. 
Es cierto con respecto al Acta Única Europea y a los Tratados de Maastricht y Ámsterdam, y puede que en este caso también lo sea, pero debemos darnos cuenta de que, como ocurrió en esos casos, tendremos que estar preparados para hacer frente a más crisis, y, por tanto, a negociar más cambios y adaptaciones. 
Puede que esto siempre haya formado parte de la integración europea, una mezcla de visión y reacción a las crisis inducidas por el crecimiento. 
Es la historia que hemos vivido y la conocemos bien, aunque a veces necesitemos avanzar más rápido. 
Esta es, sin duda, una de estas veces. 
En todo caso, si queremos sacar partido de nuestra experiencia y de verdad queremos redactar una Constitución que perdure, debemos incluir mecanismos que permitan que las decisiones se tomen mañana si no pueden tomarse hoy. 
Por lo tanto, necesitamos- y estoy llegando al final, pero también al punto clave final de mi breve discurso- buscar procedimientos más realistas para modificar la Constitución que nos permitan actuar con rapidez y efectividad cuando, bajo la presión de las crisis- que inevitablemente habrá- las medidas que establecemos hoy sean insuficientes. 
De hecho, el peor de los casos sería encontrarnos con disposiciones constitucionales inapropiadas que, en la práctica, simplemente no pueden modificarse por la necesidad de un acuerdo unánime de 25 o más Estados miembros. 
Esto es verdad en la toma de decisiones unánime, que todavía se aplica en muchos sectores, y por tanto es todavía más verdad cuando se trata de actualizar políticas, un proceso que somos incapaces de abordar actualmente. 
Una Constitución grabada en piedra para siempre en la que no se pudiera confiar para dar una solución a las crisis futuras sería la negación de toda la historia de la integración europea. 
Y esto debemos evitarlo a toda costa si queremos realizar de manera responsable la tarea histórica que se nos ha encomendado. 
Señor Presidente, Señorías, en nuestro trabajo necesitamos mantener una visión clara del camino que debe seguir la Unión: la paz, la libertad y la solidaridad deben seguir siendo nuestros objetivos en el trabajo cotidiano de las instituciones. 
Para ello, debemos dotar a la Unión de herramientas prácticas para alcanzar estos objetivos. 
La Unión debe hablar con una sola voz en el mundo, una voz fuerte, autorizada y pacífica. 
Interna y externamente, debe ser capaz de defender el imperio de la ley que impone deberes pero también protege al individuo, salvaguardando la libertad para actuar en una sociedad ordenada y creativa. 
Por último, la Unión debe tener los medios para mostrar solidaridad. 
Esto supone el apoyo a los más vulnerables en una sociedad integradora. 
Se expresa mediante una acción conjunta para prestar ayuda ante catástrofes naturales. 
Se basa en el deber de defensa mutua, en la firme convicción de que la defensa de todos y cada uno de los Estados miembros es la mejor manera de demostrar que pertenecemos a una misma familia. 
Señorías, ha comenzado una nueva fase: debemos rematar el excelente trabajo de la Convención de modo inteligente, resuelto y con coraje. 
Sin duda, necesita una conclusión rápida, pero, sobre todo, necesita una conclusión satisfactoria. 
La Comisión seguirá aportando su parte para ayudar a la consecución de ese objetivo. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, cuando pocas semanas antes de comenzar los trabajos de la Convención Klaus Hänsch y yo visitamos al señor Presidente de la Convención, en su casa de París, cuando salimos de aquella reunión anoté en mi diario "tendremos éxito si logramos crear el espíritu de la Convención". 
¿Qué entendíamos por "el espíritu de la Convención"? 
Entendíamos conseguir que los convencionales fueran conscientes de la importancia histórica del momento, de la dificultad del reto y de la voluntad de repensar Europa pensando en qué es lo que era mejor para los ciudadanos en esa nueva Europa de la gran ampliación. 
Creo que en la creación de ese espíritu convencional, la clave de ese éxito, usted ha jugado, señor Presidente, un papel de primer orden. 
Creo que hoy, los aplausos que han seguido a su intervención muestran cómo este Parlamento ha apreciado su labor al frente de esta Convención. 
¿Por qué en esa labor de repensar Europa era tan necesario hacer ese ejercicio de convencimiento respecto a la dificultad? 
Creo que lo que hemos llevado a cabo ha sido un ejercicio de hacer realidad aquellas divisas que este Parlamento Europeo tiene desde los años 90: más democracia, más eficacia y más transparencia. 
Creo que esta Constitución es más democrática, más eficaz y más transparente. 
Hace una Europa también imbuida de esas ideas. 
¿Por qué? 
Porque hemos modificado el sistema institucional. 
Es verdad que los hemos hecho, pero lo hemos hecho precisamente para dotar a la Unión Europea de mayor democracia. 
No hay más que ver y comparar el modelo del Tratado CECA; no hay más que ver qué era aquella Asamblea, aquel precedente de este Parlamento en el Tratado CECA. 
Hoy este Parlamento, con esta Constitución, es un Parlamento plenamente democrático y plenamente integrado en el proceso decisorio. 
Pero también hemos conseguido integrar a los parlamentos nacionales en ese procedimiento decisorio. 
Y también hemos conseguido que los ciudadanos puedan activar la iniciativa popular cuando la ley así lo establezca. 
Esa idea de más democracia está reflejada en la Constitución. 
También la idea de más eficacia- por eso hemos modificado el sistema institucional-. 
Lo hemos modificado profundamente. 
Creo que hemos tenido siempre en nuestra mente la idea de salvaguardar el necesario equilibrio entre las instituciones, que esa ha sido una premisa fundamental de todo nuestro trabajo. 
La verdad es que solamente el tiempo dirá si lo hemos logrado o no. 
Pero, creo que, en las modificaciones que hemos introducido, la idea de preservar el equilibrio era absolutamente fundamental. 
Nuestro trabajo terminó, ahora queda la Conferencia Intergubernamental. 
Creo que criticar la Constitución- decir, había que haberlo hecho de esta manera o de la otra -, es la labor de expertos y de profesores, pero creo que no es la labor del Parlamento Europeo. 
La labor del Parlamento Europeo es tomar una posición política respecto a la Constitución. 
Lo vamos a hacer en el informe del que son ponentes nuestros colegas Gil Robles y Tsatsos. 
Creo, señor Presidente, que usted ha lanzado un reto hoy al Parlamento Europeo. 
Recuerdo que en los años 20 hubo un debate en Alemania sobre el guardián de la Constitución entre Carl Schmitt y Hans Kelsen: Der Hüter der Verfassung. 
Wer soll der Hüter der Verfassung sein? 
[El guardián de la Constitución. 
¿Quién debería ser el guardián de la Constitución? ]. 
Creo que la labor política de este Parlamento Europeo hoy, la señal política que tenemos que dar es de convertirnos en guardianes de esta Constitución. 
Esta Constitución es una Constitución que a juicio de este Parlamento es buena para Europa y para sus ciudadanos. 
Por tanto, creo que nuestra señal política será convertirnos en guardianes de esta Constitución. 
Para eso, señor Presidente, tenemos que tener una parte activa en al Conferencia Intergubernamental. 
Y me alegro de que el Sr. Fini, que también está imbuido de ese convencional, haya dicho que la presencia del Parlamento Europeo será real. 
No queremos que sea protocolaria, no tenemos ganas de almorzar en Roma, aunque Roma sea una ciudad maravillosa, lo que queremos es seguir llevando nuestras ideas, nuestros impulsos a esa Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, ha sido un honor presidir la delegación del Parlamento Europeo, ha sido seguramente una de las aventuras más maravillosas, sin duda la más maravillosa de mi vida política, pero sobre todo quiero decir hoy aquí en esta Cámara que creo que al final los grandes beneficiarios serán los ciudadanos de Europa. 
Quiero informarles de la presencia en la tribuna oficial de una delegación parlamentaria de Ucrania, encabezada por el ex Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Tarasyuk. 
Les damos la bienvenida. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, señor Presidente Giscard d´Estaing, me dirijo a usted en su lengua porque, ante todo, quiero celebrar su coherencia y su lucha por Europa, que no datan de la época en que usted era diputado al Parlamento Europeo. 
Usted trabajó por la elección directa del Parlamento Europeo. 
Incluso le dio el nombre de «ecu» a la futura moneda europea. 
Hizo bien en elegir la tortuga, que expresa la perseverancia, como símbolo durante la Convención. 
He tenido la oportunidad de trabajar con usted como diputado al Parlamento Europeo, sobre todo con ocasión de la primera experiencia de apertura de los Gobiernos y del Consejo en el seno de la conferencia interinstitucional preparatoria, que creamos nosotros y que prefiguraba la Convención antes de que existiera este término. 
Nuestro Grupo piensa que usted hizo un buen trabajo como presidente de la Convención. 
Menos mal que eligió una tortuga de jade. 
Si hubiera sido de carne y hueso, habría lamentado su desaparición. 
Hoy no analizaré el trabajo de la Convención, lo haremos durante el segundo período parcial de sesiones de septiembre, sobre la base del informe Tsatsos. 
Permítame una reflexión a partir de su cita de Montesquieu. 
En efecto, la gran originalidad histórica de nuestro trabajo es elaborar una constitución democrática que va más allá del Estado nacional en la era de la mundialización. 
Justamente Montesquieu fue un filósofo que habló de la democracia y del Estado nacional. 
Ahora bien, no olvidemos que Montesquieu hizo su carrera escribiendo sobre la grandeza y la decadencia de Roma, a la que volvemos ahora. 
Asimismo, celebro el hecho de que usted haya comenzado el proyecto de Constitución con una cita de la oración fúnebre de Pericles. 
En efecto, todos los europeos y europeas se identifican con este discurso pronunciado hace 2 500 años. Ello demuestra que hemos contribuido a la Historia, en la línea trazada por Montesquieu. 
El Parlamento, en su calidad de poder legislativo, se ha llevado la mejor parte en esta Constitución, de acuerdo con su estatuto central. 
Comparto las reservas expresadas sobre el hecho de que los aspectos esenciales siguen estando sometidos a la norma de la unanimidad. 
Respecto del ejecutivo, creo que es una buena idea haber dividido el Consejo en consejo legislativo y ejecutivo, pero las soluciones propuestas al final de la Convención no son tan satisfactorias. 
Comparto algunas de las críticas hechas por mi colega, Klaus Hänsch, respecto del presidente de la Comisión, y estoy igualmente a favor de soluciones más flexibles para revisar la Constitución, habida cuenta de la situación histórica que estamos viviendo. 
Añadiré sobre todo que el espíritu de la Convención ya estaba presente al final de la Conferencia Intergubernamental. 
De lo contrario, no entendería por qué tantos ministros de Asuntos Exteriores han participado activamente en la Convención. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Convención, yo también tengo el honor de felicitar a un predecesor por su impresionante trabajo, pero no puedo continuar en la vena de Charles Aznavour y decirle «You are for me, formidable». 
Señor Presidente, el texto aprobado por la Convención representa indiscutiblemente un paso adelante para la democracia europea. 
Se han cumplido muchas de nuestras peticiones: la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales y la mejora del proceso legislativo, además de la introducción del derecho de iniciativa legislativa de los ciudadanos; la inclusión de varios objetivos entre las metas de la Unión, y lucharemos y pediremos el apoyo de los ciudadanos para alcanzarlas; pleno empleo, comercio justo, pluralismo, protección de los derechos humanos, prevención de conflictos, desarrollo sostenible de la Tierra. 
Gracias a resultados de este tipo podemos decir que este texto también es nuestro y comprometernos a defenderlo en los próximos meses. 
Sin embargo, está claro que este proceso constitucional europeo todavía no ha terminado para nosotros. 
No compartimos la opinión de los que piensan que esto era lo mejor que podía hacer la Convención. 
En concreto, no ha sabido alinear los instrumentos y las políticas con sus objetivos más innovadores, ha mantenido el requisito de unanimidad y ha incrementado todavía más la supremacía del Consejo en ámbitos clave de las competencias de la Unión. 
Al mismo tiempo que reconocemos la gran calidad de su trabajo, pensamos que el modo en el que el Presidium y usted, usted mismo, señor Giscard d´Estaing, dirigió el trabajo de la Convención, las reglas elegidas para dirigir el proceso deben ser evaluadas y analizadas cuidadosamente, porque han tenido un efecto definido en la calidad del texto aprobado. 
Fue un grave error estratégico dejar que desde el principio la Convención se contaminara del método intergubernamental que estaba intentando abandonar. 
Claramente, esto cambió el enfoque del debate de lo que la Unión debería hacer y cómo debería hacerlo a quién gana y quién pierde según las nuevas reglas, que es típico de una Conferencia Intergubernamental y causa básica del lamentable fracaso de Niza. 
Tenemos dos propuestas prácticas para el futuro: el Presidente de la Convención ha de ser elegido por la propia Convención, y su labor debe llevarse a cabo más explícitamente de acuerdo con el método parlamentario, que aunque se basa en la búsqueda del consenso, también se basa en la regla del voto mayoritario. 
Tenemos dos retos importantísimos por delante, el primero de los cuales es sin duda impedir que los resultados positivos logrados por la Convención sean anulados durante la Conferencia Intergubernamental por los esfuerzos de los mismos Gobiernos que se oponían a la Convención y ahora quieren poner en tela de juicio su trabajo. 
Eso sería inaceptable y me atrevo a decir que incluso ilegal. 
Además de las disposiciones de los Tratados, está claro que la innovación más importante de la Convención ha sido privar a los Gobiernos del monopolio sobre la reforma de la Unión. 
Es impensable que debamos retroceder en este logro, y no es aceptable que deban modificarse partes esenciales del texto sin el consentimiento explícito del Parlamento, como mínimo: esto es, sin duda, muy diferente de invitar a un par de observadores a las reuniones. 
En este sentido, parece ser especialmente importante que subrayemos la propuesta del Sr. Giscard d´Estaing de hacer totalmente transparentes y públicas las diferentes fases del trabajo de la Conferencia Intergubernamental. 
Por último, señor Presidente, es absolutamente esencial eliminar el requisito de unanimidad para la revisión de la Constitución e introducir el poder de ratificación del Parlamento Europeo. 
Si esto no es posible, si se mantiene el mecanismo de seguridad de la unanimidad, no es difícil predecir lo que ocurrirá en el futuro: la Unión será incapaz de avanzar, incapaz de actuar, y a largo plazo se irá haciendo insignificante y se dividirá. 
El verdadero significado histórico del trabajo de la Convención dependerá de la Presidencia italiana. 
Señor Fini, señor Frattini, deben defender el texto aprobado por la Convención de algunos de sus impetuosos colegas. 
Tienen que estar abiertos a mejoras y esforzarse por hacer un texto que pueda desarrollarse y cambiarse. 
En esto tendrán todo nuestro apoyo. 
Señor Presidente, no hay ninguna intención maliciosa en la brevedad de algunas de mis palabras, sino que es la consecuencia del poco tiempo de que dispongo para expresarme. 
En primer lugar, quiero decir que la habilidad de un tocólogo no basta para borrar las malformaciones congénitas, tanto en obstetricia como en política. 
Sean cuales sean los méritos políticos de la Convención y de su Presidente, de nuestros destacados colegas que han participado en los trabajos, en los que destacan los vicepresidentes de mi Grupo, Sra. Muscardini y Sr. Queiró, es ciertamente ingenuo creer o hacer creer que una Constitución Europea permite transformar una estructura europea tecnocrática en una entidad política democrática. 
Todos consideramos a la Unión Europea como una democracia. 
En consecuencia, si tiene que haber constitución, solo puede proceder del poder constituyente, es decir, del pueblo soberano, y solo puede ser ratificada por este mismo pueblo soberano. 
Ahora bien, ¿dónde está el poder constituyente? 
En esta Convención nadie ha recibido el más mínimo mandato popular para redactar una constitución, y me sorprende que los miembros de la Convención, incluso los más destacados, digan que no se podría aceptar ninguna modificación al texto elaborado, bien en la Conferencia Intergubernamental, bien en el ámbito del Consejo Europeo. 
Se trata de una pretensión desmesurada. 
Dada la importancia de principio de un texto constitucional, añadiré que el referendo es el único medio capaz de legalizar este gran cambio institucional en la Unión. 
¿Pero qué tipo de referendo? 
Necesariamente un referendo europeo, es decir, una consulta organizada el mismo día en cada Estado miembro. 
Sin embargo, aparte de que el procedimiento de referendo no está previsto en todos los Estados miembros, ¿cómo valoraríamos el resultado? 
¿A escala europea? 
¿A escala nacional? 
En ese caso, ¿qué pasaría si el «no» fuera mayoría en un solo Estado miembro? 
No se ha respondido de forma satisfactoria a ninguna de estas preguntas. 
En consecuencia, el hecho de que no se hayan planteado las dos preguntas de las que depende el éxito constituye un callejón sin salida político. 
¿Cómo preservar el poder de los pueblos para aprobar o rechazar las etapas de esta construcción? 
Por otra parte, ¿los pueblos europeos quieren construir una Europa independiente capaz de ejercer su influencia en el equilibrio de poder en el mundo? 
Esto es lo que quería decir en nombre de un Grupo unido en su diversidad. 
Dejémonos de excentricidades y retengamos los principios de una verdadera construcción europea: los pueblos y las naciones. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente de la Convención, señor Presidente en ejercicio del Consejo, después de haberme sentido complacido por las excelentes palabras del Sr. Pasqua, quisiera recordarles que la historia nos enseña que es mejor hacer la constitución después de haber hecho la revolución, y no a la inversa. 
Por desgracia, no es el caso de la elaboración de esta pretendida constitución europea que, de momento, se resume en una amable partida de sillas musicales entre los viejos y los nuevos, los grandes y los pequeños en el seno de las instituciones y entre las propias instituciones europeas. 
Sin embargo, señor Presidente, había numerosas revoluciones a nuestro alcance. 
Habríamos podido hacer una revolución económica y social, invirtiendo los dogmas estúpidos- cito al Presidente Prodi- que, establecidos en Maastricht y reforzados en Ámsterdam, condenan, asistimos a ello cada día, a Europa y en especial a la zona del euro a la deflación y al desempleo. 
Habríamos podido hacer una revolución política declarando nuestra independencia, afirmando nuestra visión de un mundo multilateral y defendiendo el papel central de las Naciones Unidas en los asuntos mundiales. 
Incluso podríamos haber hecho una revolución cultural anteponiendo a la organización comercial del mundo el derecho de los pueblos a elegir libremente su modo de vida y sus propias lealtades. 
Sobre todo, podríamos haber hecho una revolución democrática que hiciera de Europa una prolongación de nuestras democracias nacionales, en lugar de organizar su decadencia, creando un espacio político propio de Europa, verdadero, a través del Congreso que usted había propuesto y recurriendo a un referendo. 
Sin embargo, señor Presidente, para ello sin duda nos tendríamos que haber inspirado en Rousseau, en vez de Montesquieu. 
Señor Presidente, todos sabemos que usted había elegido como emblema una tortuga, símbolo de la puntillosidad y de la perseverancia, pero no realmente de la revolución. 
Es una pena. 
Por esta razón, señor Presidente, dudo que los pueblos europeos y los ciudadanos europeos, que son más o menos lo mismo, se reconozcan en esta Constitución que se pretende imponerles. 
Veremos quién tiene la valentía de organizar un referendo. 
Quisiera añadir una pequeña posdata a la atención de la Conferencia Intergubernamental: «¡No abandonen a Estrasburgo! ». 
Señor Presidente, la mayoría de los que hemos formado parte de la Convención nos hemos asombrado de su gran éxito y, sin menoscabo de nuestras facultades críticas, señor Prodi, hemos conseguido un texto sofisticado y completo, que ahora tenemos que defender de los ataques de aquellos que no quieren una Unión Europea ampliada, entre ellos algunos británicos, lamentablemente. 
Especial riesgo corren la cláusula pasarela sobre la votación por mayoría cualificada y las disposiciones en materia de seguridad y defensa. 
En la etapa actual de integración, la mejor solución posible era un único texto consensuado. 
Si no se respeta el compromiso, se obtendrá un resultado mucho peor. 
Niza II será mucho peor que la Constitución I. Si la CIG empieza por rechazar la propuesta de la Convención, debilitará también el propio concepto de la Convención, que supone un avance importante para el derecho constitucional y la democracia parlamentaria en Europa. 
La CIG puede centrar su trabajo en las cuestiones que no consiguieron un consenso, especialmente las relativas a la Parte IV. Estoy de acuerdo con el Sr. Prodi en que es fundamental que tengamos procedimientos de revisión más flexibles en aquellos casos que no precisen una transferencia de competencias. 
Necesitamos también un plan adecuado para el caso de que las disposiciones sobre la entrada en vigor se vean frustradas sin querer o queriendo. 
En la Parte III, algunas cuestiones políticas- en particular la política agrícola común- pueden y deben mejorarse y renovarse. 
Todo ello es posible si se aplica a la CIG el espíritu transparente y pluralista de la Convención. 
Sé que este Parlamento está dispuesto a asumir la tarea que le corresponde. 
Por último, Sr. Giscard d ' Estaing, le felicito por la excelente labor desarrollada en aras del futuro de Europa. 
Muchas gracias. 
(Aplausos) 
Seguiremos reflexionando sobre esta cuestión dentro de dos semanas, cuando debatamos en profundidad el informe del Sr. Gil-Robles Gil-Delgado y el Sr. Tsatsos en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Gracias a todos los que han participado en el debate. 
En particular, quiero dar las gracias al Presidente Giscard d´Estaing por haber dirigido y resumido el debate de esta mañana. 
El debate queda cerrado. 
DECLARACIONES POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
Señor Presidente, la propuesta de «Tratado Constitucional» ha sido elaborada por los círculos más reaccionarios del sistema capitalista. 
La jactancia del Sr. Giscard d´Estaing y los que están detrás de él y el regocijo de la entonces Presidencia griega y la actual Presidencia italiana no bastan para refutar la realidad expresada anteriormente. 
Los que promueven la política contraria a los intereses del pueblo tienen el valor de llamar «constitución» a un texto que no solo no cristaliza los logros democráticos del pueblo, sino que también los reduce a un texto que constitucionaliza el capitalismo, que redistribuye el poder favoreciendo a los fuertes, que otorga más soberanía nacional al centro eurounificador imperialista y que extiende peligrosamente la militarización de la Unión Europea. 
El resultado no nos sorprende. 
No podía ser de otra manera, porque no podía dejar de reflejar la naturaleza de la UE y su situación política actual. 
Esta es la razón por la que el Partido Comunista de Grecia se opone a la introducción de una constitución europea que refuerza el imperialismo de la UE a expensas de los pueblos y en beneficio de los explotadores. 
Tampoco nos sorprende la falta de información sustancial sobre el contenido de la «constitución». 
A pesar de la campaña de propaganda, no se debe engañar al pueblo. 
Este debe reforzar su lucha para defender y extender sus logros, demoler la estructura que están construyendo los explotadores y cambiar finalmente la sociedad. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Informe (A5-0261/2003) del Sr. Färm, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2003 de la Unión Europea para el ejercicio 2003, Sección III- Comisión (SEC (2003) 0552- C5-0289/2003- 2003/2103 (BUD)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0264/2003) del Sr. Ojeda Sanz, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas relativo a la prórroga del Protocolo 2000-2001 por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República Popular Revolucionaria de Guinea relativo a la pesca de altura frente a la costa guineana para el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2003 (COM (2003) 107- C5-0128/2003- 2003/0049 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0228/2003) de la Sra. Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la revisión intermedia del cuarto protocolo de pesca entre la UE y Groenlandia (COM (2002) 697- 2003/2035 (INI)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0152/2003) del Sr. Poignant, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2001/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas (COM (2003) 1- C5-0006/2003- 2003/0001 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0226/2003) de la Sra. Lambert, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la coordinación de los sistemas de seguridad social (COM (1998) 779- C4-0137/1999- 1998/0360 (COD)) 
Quiero pedirle que haga una modificación en la lista de votación. 
Quisiera que la enmienda 42 se votara después de la enmienda 55. 
No parece lógico, pero lo es. La enmienda 55 sustituye bajo otro artículo lo que se dice en la enmienda 42. 
El ponente está de acuerdo. 
Nos aseguraremos de que se correspondan las versiones en todos los idiomas. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0247/2003) de la Sra. Figueiredo, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el cuadro de indicadores sobre la aplicación de la agenda de política social (COM (2003) 57- 2003/2097 (INI)) 
¿Retira su solicitud de votación por separado? 
Algunos dicen que hablo mucho en esta Cámara en las explicaciones de voto, pero como sabe, señor Presidente, represento el Partido de Pensionistas italianos, y los pensionistas hacen de todo, incluso comer pescado rebozado. 
Ellos me dijeron: «Nos encanta comer pescado de Guinea, que es lo que se está debatiendo, pero nos gustaría que lo cogieran pescadores de Guinea, no pescadores europeos que pagan por entrar en aguas de Guinea y para que se les permita capturar peces que hablan ' guineano? y sacan beneficio de ellos, haciendo todavía más pobres y más míseros a los pescadores de Guinea.» 
Por tanto, aunque he votado a favor de la propuesta, quiero subrayar que me opongo a acuerdos pesqueros de este tipo. 
Eso no significa que subestimemos la importancia de los acuerdos de pesca con los países vecinos de la Unión Europea. Por el contrario, lo que rechazamos es el derecho de la Unión Europea a saquear recursos pesqueros externos por capricho de unas flotas que pescarían en cualquier lugar, y que pescarán hasta que no quede ya nada que pescar. 
El informe de la Sra. Miguélez Ramos propone la redistribución de las cuotas no utilizadas entre los Estados miembros. 
Su demanda forma parte de un esfuerzo concertado para romper el vínculo entre los recursos pesqueros y las flotas que tradicionalmente los han explotado. 
Esa demanda es inaceptable, y el Parlamento debe condenar la conducta de unas flotas que no conocen fronteras ni aceptan límites. 
La gestión que la Unión hace de sus propios recursos pesqueros ha sido un fracaso sin paliativos. 
Tenemos que aprender de ese fracaso. 
Los países que mejor han gestionado sus recursos son los que han respetado los derechos históricos del pasado y han dado a sus pescadores esperanza en el futuro. 
No podemos trasladar nuestros problemas a aguas fuera de la Unión Europa, y tenemos que poner freno a las ambiciones de unas flotas destructivas. 
Esta mañana, antes de venir al Parlamento Europeo, me he encontrado con el Sr. Fatuzzo cuando tenía 18 años de edad, que hace muchos años trabajó de marinero en barcos de crucero que navegaban entre Nueva York y las Bahamas. 
A fin de obtener la licencia para trabajar como marino tuve que hacer exámenes profesionales, como todos los marinos a los que se refiere este documento. 
Los exámenes incluían una prueba de natación y otra de remo, aunque me temo que era costumbre darle propina al hombre que llevaba los remos para que remara en lugar del aspirante a marino. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿nos permite este documento hacer un seguimiento de la concesión de cualificaciones de navegación por parte de terceros Estados que solicitan firmar tales acuerdos con Europa? 
Espero que sí, ya que he votado a favor del texto. 
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(EL) Es importante establecer criterios, condiciones y límites en cuanto al tema del empleo de marinos de terceros países en barcos comunitarios. 
Estos nos recuerdan a menudo torres de Babel porque llevan a la anarquía y producen accidentes. 
Los recientes naufragios del Prestige y del Tricolore demuestran la importancia de la seguridad en el mar. 
El informe Poignant sobre la propuesta de Directiva sobre el nivel mínimo de formación de los marinos es un paso adelante en la dirección correcta, porque plantea la cuestión del reconocimiento de marinos de terceros países. 
Esto impone una evaluación del sistema de formación de cada país, para que puedan emitirse certificados de competencia- y no simplemente un enfoque individualizado- que tendrán una validez de cinco años. 
No obstante, una deficiencia de las medidas que se están tomando es la ausencia de una disposición que aborde los problemas del desempleo y la competencia, cada vez más deteriorada, entre los marinos comunitarios. 
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(EL) La propuesta de la Comisión promueve la legalización del deterioro inaceptable y peligroso de la formación marítima, ajustándose a la decisión de las grandes compañías marítimas de incrementar sus beneficios a expensas de la seguridad de las propias vidas de los marinos, de la navegación y del medio ambiente. 
Este deterioro también ha sido revelado por los expertos de organizaciones internacionales, que consideran causa básica los acuerdos redactados según las instrucciones de los armadores, que forman la base de la Directiva propuesta. 
Separar títulos de permisos de trabajo en una apuesta por explotar mano de obra barata y básicamente carente de cualificación es solo uno de los elementos típicos de la relegación deliberada de la educación marítima a simple formación. 
Consideramos que la formación de marinos necesita mejorar para que sus conocimientos reflejen las necesidades actuales. 
Sin embargo, esto requiere una ruptura total con las grandes compañías marítimas, una ruptura que la UE no puede ni quiere realizar. 
Los propios marinos y otros trabajadores necesitan luchar por un cambio radical de política, no solo respecto al sistema y a la garantía de la educación estatal libre, sino también respecto a los acuerdos y convenciones internacionales, para que establezcan unos niveles mínimos de educación, introduzcan disposiciones estrictas para la selección de la tripulación de los barcos y garanticen totalmente el empleo y el seguro de los marinos. 
Así, a la vez que tendremos barcos renovados, tendremos también una navegación segura. 
Apoyo todos los artículos de esta reglamentación y he votado a favor de la moción, pero debo expresar mi gran desilusión como representante de los pensionistas de Europa por el hecho de que, con la enmienda 50, que aprobamos, estamos manteniendo la absoluta prohibición de personas con discapacidades de Europa que viaja por Europa, fuera de las fronteras de su propio país, y establece su residencia en otro Estado europeo porque, al hacerlo, pierde una gran parte de las ayudas de las que depende para vivir. 
Se ha hecho algún progreso, algunas de las pensiones que no eran transferibles entre países han sido eliminadas, pero la mayoría todavía existe, y como resultado, cuando la gente con discapacidades viaja por Europa, tiene que dejarle la pensión al Gobierno, que sin duda no la necesita. 
. (EN) El EPLP votará a favor del informe Lambert sobre la seguridad social porque trata de coordinar los sistemas de seguridad social en beneficio de los ciudadanos europeos que quieran trabajar en otros países de la UE. 
Este informe coordina, pero no trata de armonizar, los sistemas de seguridad social o fiscales, cuya responsabilidad compete a los Estados miembros. 
El EPLP no ha votado a favor de la enmienda 48 porque queda fuera del ámbito del artículo 42, que trata sobre los sistemas de seguridad social, e introduce el concepto de doble fiscalidad. 
Igualmente, las enmiendas 1, 2, 43 y 45 tratan de ir más allá de la coordinación de los sistemas de seguridad social, razón por la cual el EPLP no ha podido votar a favor. 
He votado a favor del informe Gröner, cuya loable intención es combatir la violencia contra las mujeres y niños. 
Sin embargo, debo confesar que, en el aeropuerto de Roma, cuando viajaba a Estrasburgo, un pensionista de Roma se me acercó y dijo: «Es acertado que en Europa se preocupen de combatir la violencia contra niños, jóvenes y mujeres, pero me gustaría que usted, Sr. Fatuzzo, señalara que en algunas instituciones en las que los ancianos y la gente que no puede valerse por sí misma son admitidos, me temo que, dado que no hay ningún tipo de control por parte del Gobierno, esta gente anciana e inválida también es a menudo objeto de violencia y opresión. 
Debería haber una decisión y fondos del Parlamento Europeo para esta causa, para que estos tipos de violencia también puedan combatirse.» 
La justificación de la enmienda 1 del informe menciona el concepto de «prostitución forzosa». 
Nos oponemos al uso de este término porque creemos que la prostitución nunca es la elección libre de la persona, sino que siempre tiene que ver con la coacción y la dependencia. 
. (EN) Los conservadores británicos deploran todo tipo de violencia y celebran las medidas que se adopten para combatirla, como algunas de las iniciativas del Programa Daphne. 
La violencia, especialmente contra las mujeres y los niños, está totalmente injustificada y no puede tolerarse. 
Pero algunas de las medidas propuestas en este informe invaden áreas que corresponden más bien a los Estados miembros. 
No existen evidencias de que el dinero de los contribuyentes se emplee mejor cuando se destina a proyectos de ámbito comunitario que cuando se destina a programas nacionales, aunque sí se sabe que el intercambio de experiencias y buenas prácticas puede contribuir positivamente a combatir este tipo de violencia. 
Reconocemos el buen trabajo realizado por el Programa Daphne, pero los conservadores británicos, por las razones expuestas antes, hemos votado en contra de aumentar los créditos presupuestarios y nos hemos abstenido en la votación final. 
. (DE) Hoy me he pronunciado claramente a favor de la prórroga, de 2003 a 2008, del Programa de acción comunitaria para prevenir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres (DAPHNE II). 
Ahora el objetivo principal es facilitar puntualmente los recursos financieros necesarios para el 1 de enero de 2004 y evitar un prolongado procedimiento de conciliación. 
Es necesario ampliar el marco financiero a 50 millones de euros. Es lo que pide el Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, con objeto de que se pueda responder debidamente a las solicitudes y necesidades de los países en vías de adhesión. 
Espero que la aprobación sea rápida, de manera que podamos evitar retrasos a causa del procedimiento de conciliación entre el Parlamento y el Consejo, y se pueda disponer de una perspectiva financiera realista. 
La propuesta prevé, asimismo, la creación de filtros que impidan la difusión de materiales pedófilos, así como una mejora de la situación de los niños de la calle, especialmente en las grandes ciudades. 
Con ello, DAPHNE II avanza en conjunto en la dirección adecuada. Sin embargo, lo decisivo es poder concentrar los recursos disponibles de la manera más razonable y eficaz posible, a fin de que los fondos y medidas aplicados lleguen directamente a los afectados y no acaben agotándose en varios canales. 
Como a mucha gente, señor Presidente, me encanta el campo. 
Estoy encantado de que la agricultura vaya a recibir tantos fondos y ayudas de la Comunidad Europea y de que haya una preocupación por garantizar noticias precisas, estadísticas precisas y procedimientos uniformes para presentar el gasto agrícola comunitario en los 15 países. 
¡Ojalá los Gobiernos europeos fueran así de diligentes y ojalá la Unión Europea tuviera la misma voluntad de tomarse el mismo interés y asegurar la misma precisión en las estadísticas relacionadas con nosotros, pobres mortales! 
Como sabe, señor Presidente, el déficit de las pensiones en Europa- eso dicen los Jefes de Gobierno- se debe a que la esperanza media de vida de hombres y mujeres ha aumentado inesperadamente en 10 años como mínimo. 
¿No podían haberlo previsto? 
He votado a favor del informe del Sr. Koukiadis, señor Presidente, porque lo que pide es uno de mis sueños de hace tiempo, cuando puedo soñar- que no ocurre muy a menudo hoy en día, dada la cercanía del 13 de junio -, porque duermo bien. 
¿Por qué? 
Porque me gustaría mucho que el Derecho europeo fuera realmente una fuente primaria del derecho. 
Por ejemplo, parece que el artículo 13 del Tratado de Ámsterdam se está violando en Italia. 
Existe discriminación en contra de los ancianos y la gente con discapacidades, a quienes se presta- o no- ayuda financiera simplemente porque tienen más o menos de 65 años. 
Por lo tanto, acojo con satisfacción este informe y espero el momento en el que el Derecho europeo se convierta en fuente primaria del derecho. 
Tras el título ostensiblemente neutral «sobre los fundamentos jurídicos y el respeto del Derecho comunitario» , el informe de propia iniciativa de la Comisión de Asuntos Jurídicos esconde la absoluta subordinación del derecho nacional al Derecho comunitario. 
Totalmente en línea con la filosofía de la UE, el informe mantiene que la Comunidad debería tener la facilidad de obligar a los Estados miembros a imponer sanciones penales específicas en caso de infracciones del Derecho comunitario. 
El término «sanciones penales» conlleva un gran peso, que lo distingue de las sanciones administrativas o financieras que los dirigentes de la UE ya imponen. 
El informe también propone que la Comisión debería poder comparecer ante los tribunales penales nacionales con el fin de incoar acciones civiles e incluso obligar a los Estados miembros a imponer sentencias de prisión decididas por la Comunidad. 
¡Lo único que necesitamos ahora son prisiones comunitarias para cumplir las sentencias comunitarias! 
Esto es otra infracción de la soberanía nacional y del llamado «Estado de derecho» de la burguesía, porque se está instruyendo a un organismo supranacional a que ejercite la jurisdicción penal y que decida el tipo y el nivel de las sanciones. 
Sin duda, la búsqueda ansiosa de fundamentos jurídicos esconde la ambición de servir los intereses de los monopolios unificadores en todos los sectores y la eliminación de los logros democráticos. 
Como se explica en el informe, hay pocos casos en que se imponen sanciones penales a través del Derecho comunitario. 
Son más la excepción que la norma, y lo más importante es que, al responder al apartado 10 del informe, la Comunidad no adquiere ninguna competencia general en asuntos penales, que deberían dejarse en manos de los Estados miembros. 
. (EN) A pesar de ciertas reservas respecto a algunas de las propuestas del informe de la Sra. Figueiredo sobre la agenda de política social, he votado a favor en la votación final porque en la agenda social hay muchos temas que con razón deben ponerse de manifiesto. 
El informe se ha modificado previamente en comisión y se han superado varias dificultades que surgieron en esa fase del procedimiento. 
Temas como los continuos niveles altos de desempleo en algunos Estados miembros, la lucha contra la pobreza y contra la discriminación por motivos de discapacidad, la promoción de un envejecimiento activo y las prestaciones para favorecer el cuidado de los niños, son aspectos muy importantes que deben tratarse con prioridad. 
He votado contra las modificaciones que piden aún más directivas y propuestas que impedirían el avance de la industria. 
La creación de una Europa social requiere la creación de un consenso entre los agentes sociales, no la creación de nuevos obstáculos. 
También agradezco el enfoque en nombre de los países candidatos. 
Estos tendrán mucho que ofrecer al desarrollo de nuestra agenda de política social. 
. (EN) El EPLP votará a favor del informe Figueiredo, que intenta avanzar en el cuadro de indicadores anual sobre la puesta en práctica de la Agenda de Política Social mediante un seguimiento de los logros y advirtiendo sobre los retrasos. 
El informe pone de manifiesto por ejemplo los altos niveles de desempleo y de pobreza en algunos Estados miembros y, como es debido, pide soluciones para que estos problemas se resuelvan con prioridad en las políticas comunitarias, especialmente en la próxima revisión intermedia de la PAC, los Fondos Estructurales y el Pacto de Estabilidad. 
El EPLP se abstendrá en la votación de las enmiendas 2, 6 y 17, porque son poco claras respecto al derecho paneuropeo a la acción colectiva, incluido el derecho de huelga. 
El EPLP está a favor de las soluciones a largo plazo respecto a la gestión de acciones colectivas en el ámbito de la UE, lo que constituirá una solución justa tanto para los consumidores como para los trabajadores de la UE. 
En una UE creada por exigencia de las grandes multinacionales y que sirve a sus intereses, las clases trabajadoras no pueden prosperar socialmente y no puede haber garantías de los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, los discapacitados o los ancianos. 
La prueba es que aproximadamente un cuarto de la población en la UE vive por debajo de la línea de pobreza. 
El interés por suprimir la pobreza es hipócrita. 
El objetivo es ocultar las barbaridades de la explotación capitalista tras programas «caritativos» y evitar explosiones sociales agudas. 
La llamada agenda social se aplica mediante la extensión de la flexibilidad y el trabajo temporal, la prolongación de la vida laboral activa, con el aprendizaje de por vida, la reducción de los salarios y la vinculación de estos a la productividad y el recorte del Estado de bienestar y la protección social y el gasto público en salud y educación. 
El capitalismo necesita hordas de desempleados, razón por la cual el objetivo del pleno empleo en realidad no es tal, sobre todo hoy, en condiciones de competencia descontrolada y reestructuraciones y deslocalizaciones que llevan a pérdidas de trabajo en masa. 
Se está intentando desatar este nudo gordiano con empleo parcial y temporal y compartiendo trabajos entre varios trabajadores. 
Por tanto, instamos a los trabajadores, a las clases trabajadoras y a las fuerzas radicales progresistas de los países de la UE a que luchen contra las opciones que están ofreciendo los monopolios y que reclamen una política diferente, a favor de los intereses de las personas corrientes. 
Señor Presidente, en cuanto al informe de la Sra. Lynne, la Unión Europea puede ser un buen modelo para el resto del mundo, sobre todo en relación con la mejor forma de tratar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. 
Se calcula que en la actualidad hay en todo el mundo unos 600 millones de personas con discapacidades. 
Muchas de estas personas proceden de entornos degradados y muchas de ellas residen en países en desarrollo donde no disponen de muchos de los servicios que aquí damos por sentados. 
Por lo tanto, es esencial que existan normas y reglamentos internacionales en relación con el trato, el respeto y la promoción de las personas con discapacidad. 
Uno de los elementos más importantes de la labor que desempeñamos hoy aquí, y el voto a favor del informe Lynne, es que envía un mensaje claro, no solo de los 15 países de la Unión Europea, sino también de los 10 países en vías de adhesión, sobre nuestro deseo de establecer unas normas y unos reglamentos comunes. 
Y termino con una breve cita de George Bernard Shaw, el escritor irlandés, que utilicé el primer día que me dirigí a esta Cámara: «El peor pecado que podemos cometer contra nuestro prójimo no es el odio, sino la indiferencia: esta es la esencia de la inhumanidad». 
En el mundo actual somos demasiado indiferentes ante la lucha de quienes más necesitan nuestro apoyo- no nuestra simpatía, ni nuestra caridad, ni nuestro paternalismo- para que puedan llevar una vida plena e independiente y ser tratados como iguales en el siglo XXI. 
Siento tener la última palabra en este documento, que ha sido abordado tan admirablemente por parte del Sr. Crowley en su explicación de voto, pero tengo que decir, señor Presidente, que me entristece profundamente- a pesar de que he votado a favor del documento- el hecho de que en Italia, mi bello país que tiene un sol tan bonito, hoy todavía exista, lamentablemente, una ley según la cual los que quedan discapacitados e incapaces para trabajar, a pesar de haber trabajado y pagado cotizaciones a la seguridad social, vayan a recibir una ayuda de no más de 40 ó 50 EUR al mes para vivir entre la edad de, digamos, 30 y la edad de 65 o quizás 70. 
¿Podría leer el Gobierno, que ejerce actualmente la Presidencia del Consejo, lo que estoy diciendo y poner remedio a la situación? 
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(EL) La resolución 56/168 de las Naciones Unidas establece la igualdad de oportunidades a fin de proporcionar un marco vinculante para la protección y dignidad de los inválidos. 
Y es importante por las siguientes razones: 
para que exista un mecanismo de seguimiento efectivo, como con las otras seis convenciones sobre derechos humanos en los EE.UU. 
para que la convención se base en la promoción de los distintos derechos de los inválidos, como se afirma en el informe Lynne. 
para que se prevea la participación de los propios inválidos y de las organizaciones que los representan en el establecimiento de organismos nacionales e internacionales, teniendo siempre en cuenta, por supuesto, que hay que abordar las distorsiones burocráticas. 
para la supresión de la discriminación. 
para que haya un calendario urgente para una Directiva comunitaria. 
El «Año Europeo de las Personas con Discapacidad» aumenta nuestra conciencia de los problemas de los 40 millones de ciudadanos de la UE con discapacidad. 
Aunque no debemos mostrarnos complacientes, hemos creado una cierta protección para los ciudadanos de la UE. 
También es importante que la UE sea pionera en la creación de los derechos fundamentales de los cerca de 660 millones de personas de todo el mundo con alguna forma de discapacidad, casi un 10% de la población del planeta. 
Muchas personas con discapacidad sufren discriminación, malos tratos y marginación institucional. 
Europa debería enviar un mensaje más allá de sus fronteras para expresar que el trato inhumano o degradante de las personas con discapacidad es absolutamente inaceptable. 
Hace 10 años las Naciones Unidas adoptaron las Normas Generales para las personas con discapacidad. 
No es un documento jurídicamente vinculante. 
Ahora está claro que los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito internacional deben ser protegidos por un Convenio de las Naciones Unidas que sea vinculante jurídicamente. 
Debe abarcar el derecho a la calidad de vida, al acceso al empleo, a la educación y la formación, el derecho a la integración, los derechos civiles y políticos, la ayuda económica, la atención sanitaria, la cultura y el ocio, y el derecho a recibir un trato igual ante la ley. 
La UE debe tomar la iniciativa en las Naciones Unidas y debe promover estos objetivos mediante la cooperación para el desarrollo de la UE. 
. (EN) Como miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, he votado a favor del informe Lynne porque creo que es importante que el Parlamento Europeo apoye la iniciativa de las Naciones Unidas y exprese la opinión de que la Comisión debería elaborar una directiva general de la UE sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
También habría que conseguir un progreso real en la racionalización de los derechos de las personas con discapacidad dentro de nuestra política de cooperación para el desarrollo. 
Los miembros de la comisión han remarcado que el resultado del proceso de las Naciones Unidas debe ser una convención jurídicamente vinculante con un mecanismo de seguimiento eficaz. 
Señor Presidente, Señorías, la falta de seguridad y los graves ataques que manchan de sangre el Iraq son causa de gran preocupación. 
Lamento decir que restan atención no solo al trabajo de reconstrucción que está en marcha y a las medidas necesarias para una rápida vuelta a la normalidad, sino también a las muchas muestras de una renovación genuina: intercambios de opiniones, libertad de práctica religiosa, instituciones que representan una incipiente aunque dudosa etapa de democracia y el intento de restablecer la igualdad de oportunidades y derechos. 
Los trágicos sucesos que han tenido lugar recientemente confirman que la lucha contra el terrorismo y los esfuerzos por establecer la seguridad y la estabilidad en el Iraq deben seguir siendo una prioridad para todos los países y para la comunidad internacional. 
Nuestros enemigos son los que eligen como blanco a los defensores de la moderación y la decisión de aceptar un reto nuevo y difícil; los que eligieron como blanco a Sérgio Vieira de Mello porque lo estaba haciendo bien, porque estaba esforzándose al máximo por que el país volviera a la normalidad: los que lo eligieron como blanco son enemigos de todos nosotros, los enemigos del proyecto de construcción de un Iraq democrático. 
La tarea de reconstruir el Iraq y devolverlo a la normalidad es, por tanto, asunto de la comunidad internacional; la Unión Europea no puede ni debe rehuir sus responsabilidades. 
Tiene que haber cada vez más apoyo a este objetivo. 
El restablecimiento de la ley y el orden está ejerciendo gran presión sobre las fuerzas de coalición, pero es ahora cuando es necesario actuar con solidaridad para que cada vez más países puedan trabajar juntos para restablecer la seguridad. 
Tras el cobarde ataque terrorista sobre las Naciones Unidas en Bagdad el 19 de agosto, que se llevó a víctimas inocentes entre los que servían a la causa de la paz, incluyendo a Sérgio Vieira de Mello, al que acabo de mencionar, y tras el ataque sangriento en Nayaf el 29 de agosto, es nuestro deber redoblar nuestros esfuerzos para conseguir la reconstrucción política, civil, social y económica del Iraq. 
En concreto, creemos que las Naciones Unidas deberían desempeñar un papel cada vez más central y consolidar más su mandato en esta difícil fase de posguerra. 
Por lo tanto, la Presidencia espera que, en las próximas semanas, se forme en el Consejo de Seguridad una amplia mayoría a favor de un mayor compromiso de las Naciones Unidas en el Iraq y se realicen todos los esfuerzos- yo, personalmente, estoy esforzándome al máximo- y se trabaje estrechamente con los principales interlocutores de la comunidad internacional para alcanzar este objetivo tan importante. 
Los intentos de dividir a la comunidad internacional o de destruir su cohesión están abocados al fracaso porque redunda en interés de todos que la reconstrucción del Iraq tenga éxito. 
Debemos promover el desarrollo del multilateralismo, de un enfoque multilateral de la resolución de la crisis que sea efectivo, capaz de generar soluciones. 
La Presidencia está esforzándose al máximo a este efecto. 
Acogimos con satisfacción la adopción por parte del Consejo de Seguridad de la Resolución 1500 y consideramos que es un paso adelante especialmente importante porque reconoce el papel clave del Consejo de Gobierno iraquí en la formación de nuevas instituciones en el Iraq. 
La Resolución otorga a las Naciones Unidas un mandato específico, confiándoles la tarea de ayudar a la reconstrucción. 
Tenemos- y yo personalmente- gran fe en el papel de las Naciones Unidas, y esto se confirma por la experiencia demostrada en las últimas semanas por parte del personal de las Naciones Unidas, que ha actuado con la máxima profesionalidad y aptitud, y esa aptitud puede desplegarse cada vez más para gestionar la reconstrucción del Iraq. 
Por tanto, la Presidencia está convencida de que, para alcanzar el objetivo de establecer un Iraq libre, democrático, es necesario que toda la comunidad internacional aúna sus esfuerzos para dar al pueblo iraquí un futuro de paz y esperanza. 
La Conferencia de Donantes, prevista para el 24 de octubre en Madrid, será una buena oportunidad para consolidar esta cohesión internacional, siempre que- y hago un llamamiento urgente a los países que van a tomar parte- el mayor número posible de países sean generosos y quieran ayudar. 
Que el cielo asista al Iraq si la Conferencia de Donantes resulta ser un fracaso. 
Es importante que a los organismos internacionales se les asegure un papel claro en la reconstrucción económica y social del Iraq. 
La reconstrucción debería realizarse dentro de un marco claro que establezca las formas de participación por parte de los países y las organizaciones internacionales, pero también es deseable que, dejando pendiente la emergencia de las condiciones de este marco compartido, no deban faltar las contribuciones de un gran número de países que quieren tomar parte en la reconstrucción del Iraq. 
Señor Presidente, Señorías, por tanto, debemos esforzarnos por garantizar que la Conferencia de Donantes nos permita establecer un marco general para llevar a cabo lo que sea necesario para contribuir a la reconstrucción del país; la Presidencia considera que esta es una valiosa oportunidad para que Europa, que ya ha indicado claramente su deseo de tomar parte en la reconstrucción del Iraq, haga uso de sus recursos y su experiencia. 
De hecho, nuestro compromiso para con la reconstrucción del Iraq no debería limitarse a la seguridad, sino que debería ampliarse a la ayuda humanitaria, los servicios sociales, todas las necesidades del pueblo iraquí y por último, pero no por ello menos importante, la cultura. 
Por tanto, necesitamos reconstruir la infraestructura del país y la red de transportes, proporcionando toda la ayuda necesaria pero también- o mejor, en primer lugar y sobre todo- establecer el marco institucional del futuro Iraq democrático, reconstruyendo los sistemas educativos y el mundo académico. 
La reconstrucción no puede y no debe incluir simplemente el ámbito de la ingeniería técnica o el orden social: la reconstrucción debe ser la fuerza motriz de la coexistencia pacífica, y por lo tanto debemos promover, junto con la restauración del orden, el despliegue de una cultura liberal. 
Una vez que las condiciones de seguridad total se hayan restablecido, será posible empezar a poner los cimientos de una sociedad civil basada en la libertad y en la tolerancia mutua, con la que Europa podrá establecer relaciones de cooperación y solidaridad. 
Estas son las cuestiones más importantes que quedan sin resolver y en las que Europa debe mostrar su capacidad para contribuir políticamente y para dar pasos prácticos como una entidad única, capaz de asumir directamente la responsabilidad de alcanzar la seguridad, capaz de poner el acento en una cultura de democracia cada vez más extendida y de centrarse en su relación con las cuestiones de seguridad. 
Una cultura de democracia capaz de dialogar con los mundos y tradiciones de los distintos grupos étnicos y religiosos. 
La reconstrucción del Iraq puede y debe lograrse. 
Es una obligación que no debemos dejar de cumplir, no solo en nombre de la gran tradición europea de compromisos en el ámbito de la paz, la solidaridad y la ayuda a las gentes necesitadas, sino también- y no menos importante, añadiría- porque Europa puede y debe realizar su parte, solicitando que se otorgue un mandato sustancial a las Naciones Unidas y esforzándose al máximo para ello, con el fin de devolver la estabilidad al Iraq y la esperanza al pueblo iraquí. 
. (EN) Señor Presidente, quiero empezar sumándome a las elocuentes observaciones del Sr. Frattini al rendir homenaje a la valentía y dedicación de Sérgio Vieira de Mello y su personal. 
Estoy seguro de que todo el Parlamento comparte estos sentimientos. 
Da la casualidad de que conocí bien a Sérgio, primero cuando trabajé con él durante cinco años cuando estaba en el ACNUR, ayudando a abordar el problema de los inmigrantes ilegales vietnamitas en Hong Kong. 
Después, cuando fue representante especial en Kosovo, y más recientemente durante su fructífera permanencia como representante de las Naciones Unidas en Timor Oriental. 
Era un funcionario internacional sobresaliente, un hombre íntegro, dedicado y sabio, y era un ejemplo galante y maravilloso del hecho de que los burócratas internacionales no tienen por qué ser aburridos. 
Tenía un entusiasmo maravilloso que lo hacía un interlocutor o compañero extremadamente atractivo. 
Por lo cual le rendimos el homenaje más cálido. 
Como ha dicho el Sr. Frattini, el ataque con bomba del 19 de agosto de 2003 fue, por una parte, un ataque espantoso a todos los que consideramos la cooperación internacional apoyada por la autoridad de las Naciones Unidas la mejor manera de resolver el más intratable de los problemas del mundo. 
Al igual que el Ministro, me agrada que el Consejo de Seguridad haya decidido que los ataques a las Naciones Unidas y a organizaciones humanitarias se traten como crímenes de guerra. 
Lo ocurrido en el Iraq no hace sino apoyar los poderosos argumentos en favor de un Tribunal Penal Internacional. 
Tenía ganas de trabajar con Sérgio y su equipo en el Iraq. 
Es justo decir que en tan solo dos meses su impacto en el proceso de transición se hizo visible. 
Se le han rendido varios homenajes. 
El homenaje que le rindió Richard Holbrooke, el antiguo Embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas- y en concreto el recordatorio del Embajador Holbrooke de lo valioso que fue el trabajo del Sr. Vieira de Mello para todos los países del mundo, incluida la única superpotencia del mundo- fue más que merecido. 
Es precisamente la importancia vital del trabajo de las Naciones Unidas lo que explica el propósito de los responsables del espantoso ataque a su cuartel general en Bagdad. 
Los asesinos quieren que esta transición y la construcción de la democracia del Iraq fracase mediante una estrategia de creación del caos. 
El horrible atentado con bomba del pasado viernes en la mezquita de Nayaf, utilizando el mismo tipo de explosivos y con los mismos resultados trágicos, es otra prueba de los objetivos y métodos de los hombres de la violencia. 
Así que espero que nuestro debate les envíe un mensaje claro hoy. 
Cualesquiera que fueran nuestros desacuerdos pasados- aunque fueran importantes, no tiene mucho sentido abundar hoy en ellos -, todos tenemos que participar en el surgimiento de un Iraq próspero, estable y democrático. 
Todos deberíamos comprometernos a hacerlo realidad. 
Hoy no tengo intención de volver a los viejos caminos trillados y los viejos argumentos, aunque comprendo que algunos de los que plantearon dudas y críticas en este Parlamento y en las instituciones políticas del país no pensarán- por decirlo suavemente- que los hechos han demostrado que no tenían razón. 
La cuestión que tenemos ante nosotros no es si deberíamos tomar parte en la reconstrucción del Iraq, sino cómo deberíamos tomar parte y qué se necesita para que sea un éxito. 
Requiere seguridad, como ya sabemos por ejemplos anteriores de construcción de naciones. 
Añadiría de pasada que no nos hemos puesto a abordar el problema de Afganistán, otro país en el que el cambio de régimen ha demostrado ser más sencillo que la construcción de una nación pluralista. 
El éxito también necesita el reconocimiento de que los compromisos no militares con la seguridad y la construcción de naciones deben ser tanto o igual de grandes, a largo plazo, que los militares. 
Rellenar el hueco entre la retórica y la realidad requiere un compromiso político y financiero sostenido. 
No se puede construir una sociedad moderna y democrática en plan cicatero. 
Requiere compromisos internacionales a través de las Naciones Unidas y sus organismos asociados. 
Si queremos una implicación internacional máxima, hemos de tener en cuenta el modo en que la mayoría de países creen que la implicación puede legitimarse de modo más efectivo para que funcione. 
Y requiere- tal y como el International Crisis Group señaló recientemente en un análisis atento y bien informado- una implicación temprana y sustancial por parte de los propios iraquíes. 
¿Y qué ha hecho la Comisión para ayudar a este proceso? 
Nuestra primera prioridad era proporcionar ayuda humanitaria. 
A este respecto, quiero rendir homenaje al trabajo de la ECHO, que ha mantenido sus actividades en el Iraq antes y durante toda la crisis, impertérrita ante el conflicto militar y los recientes ataques contra el personal humanitario. 
Este Parlamento debería estar orgulloso del trabajo que realiza ECHO, profesional y valientemente. 
Junto con esta importante contribución, la Comisión ha estado preparando sus propuestas para un enfoque europeo de la reconstrucción del Iraq, como solicitó el Consejo Europeo en Salónica. 
Estamos dispuestos a ayudar, cuando las condiciones de seguridad lo permitan, siempre que nuestra contribución se englobe multilateralmente y de forma adecuada y se separe del trabajo de la Autoridad Provisional de la Coalición, aunque se coordine con ella. 
Este es un mensaje que personalmente he dejado claro en reuniones este verano con el Secretario de Estado de los Estados Unidos Colin Powell y el Vicesecretario Alan Larson. 
He sido totalmente coherente en este punto, y no creo que serlo haya sido inapropiadamente controvertido o poco razonable. 
Permítanme ofrecerles un ejemplo de realidad política. 
No creo que este Parlamento apoyara otro tipo de enfoque. 
A lo mejor mi juicio político está equivocado. 
Pero no lo creo. 
(Exclamación del Sr. Cohn-Bendit) 
¡Agradezco el apoyo de mi colega! 
Durante el verano, funcionarios de la Comisión han estado participando en las misiones de evaluación de necesidades internacionales desde los equipos del Banco Mundial y las Naciones Unidos y quiero agradecerles públicamente aquí su voluntad en unas condiciones de seguridad difíciles. 
Dos miembros de nuestro personal se salvaron de ser víctimas del ataque del 19 de agosto por minutos. 
Junto con este trabajo tan importante de evaluación de necesidades, la Comisión y la Presidencia han estado participando en teleconferencias semanales de un grupo central junto con los Estados Unidos, Japón, los Emiratos Árabes Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el PNUD. 
Este grupo central se va a reunir hoy cara a cara en Bruselas para preparar una Conferencia de Donantes antes de 2004. 
Tendrá lugar en Madrid los días 23 y 24 de octubre de 2003, y España se ha unido al grupo como anfitrión. 
Acojo esto con mucha satisfacción, y le he asegurado al Gobierno español que la Comisión hará todo lo posible para que la conferencia sea un éxito. 
Todos los miembros del grupo central están de acuerdo en que no debemos dejar que la violencia sobre el terreno retrase nuestro calendario, pero no puedo evitar que ataques del tipo de los que estamos viendo no tengan algún efecto en los esfuerzos de reconstrucción internacionales. 
En Madrid nos enfrentaremos a debates sobre las contribuciones específicas que nosotros y otros van a hacer a la reconstrucción del Iraq en un momento en el que no se sabe con seguridad lo que puede mejorarse sobre el terreno. 
Ante esta perspectiva, he entablado contactos iniciales con las Presidencias de las distintas comisiones para considerar las implicaciones presupuestarias para 2003-2004, y ayer tuve una fructífera reunión con los ponentes presupuestarios de las comisiones competentes. 
Estoy seguro de que la Cámara reconocerá que en estas circunstancias tan difíciles, no hemos empezado a discutir cifras concretas, pero cualquiera que sea la conclusión final de las estimaciones, sabemos que existen grandes necesidades. 
Como siempre, tenemos que trabajar dentro del marco financiero existente. 
Esa es la regla de oro que he tenido que aprender, al margen de mis reservas políticas ocasionales. 
Y también tenemos que estar en condiciones de poder responder a las esperanzas y necesidades de otras partes del mundo, como por ejemplo Afganistán y Palestina, donde las necesidades no son mucho menores. 
Cuando presentemos nuestra propuesta, ustedes, como autoridad presupuestaria, tendrán que decidir si el equilibrio que tenemos es justo. 
Sinceramente espero que todos hayamos aprendido la lección- si bien una lección cara y bastante dolorosa- respecto al Iraq. 
En cuanto a Europa, espero que ahora todos podamos reconocer que la Unión Europea es, sin parangón, más efectiva cuando trabajamos juntos, especialmente respecto a las cuestiones de más envergadura en la política contemporánea. 
Si podemos hacerlo ahora, en Bagdad y Basora y más allá, entonces quizás ayudemos a asegurar que la eliminación- y aquí todos estamos de acuerdo en que al menos este es un resultado benigno- de un dictador malvado lleva a una mejor vida para el pueblo del Iraq. 
Señor Presidente, los Demócratas Liberales de esta Cámara se unen a los homenajes que se han rendido a Sérgio Vieira de Mello y a las demás víctimas de los despiadados ataques contra las Naciones Unidas en Bagdad. 
La situación violenta e inestable en el Iraq demuestra que aunque una coalición de voluntades pueda ganar un conflicto militar, ganar la paz sin la legitimidad de las Naciones Unidas es un asunto mucho más difícil. 
Por lo tanto, mi Grupo acoge con satisfacción los intentos de aprobar una resolución de las Naciones Unidas que situaría a las fuerzas de coalición en el Iraq dentro de un marco multilateral. 
Los Liberales siempre han estado a favor de una resolución multilateral de los problemas planteados por el Iraq, y si la coalición asume a última hora esta postura, pues más vale tarde que nunca. 
La llamada «coalición de los voluntarios» era un concepto de poder desfasado del siglo XIX, que siempre llevó consigo el peligro de dejar al menos una nación sintiéndose agraviada. 
Lo que buscamos es un marco multilateral para la gestión de la crisis basado en reglas, dentro del cual haya espacio para que sanen las heridas de las naciones. 
No hay razón por la cual los Estados Unidos no deban retener el mando de una fuerza multinacional de las Naciones Unidas en el Iraq, pero debe basarse en una resolución de las Naciones Unidas y conceder a las Naciones Unidas y a las naciones participantes el papel central en la toma de decisiones. 
El fracaso en el descubrimiento hasta ahora de armas de destrucción masiva está llevando a preguntas perspicaces en las audiencias de Londres, Washington y Canberra y planteamiento de dudas sobre la legitimidad de la empresa. 
La manera de otorgar a la presencia internacional en el Iraq un sentido de legitimidad y volver a ganar la confianza del pueblo iraquí es subirse a un vehículo apoyado por las Naciones Unidas para restaurar la seguridad, mejorar las vidas de los iraquíes normales y avanzar hacia el gobierno por mandato popular. 
La toma de juramento del primer gabinete del Iraq posterior a Sadam es un paso adelante enorme a ese respecto. 
Esperamos que pueda mantenerse el calendario de elecciones para finales del año que viene. 
Mi Grupo acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión en acordar una reunión preparatoria hoy en Bruselas para la importante conferencia de donantes internacionales que se celebrará el mes que viene en Madrid. 
Señor Presidente, me doy cuenta de que hay mucha gente que no desea mirar atrás. 
Ni yo, en cierto modo, creo que sea muy divertido mirar atrás. 
Tenemos ante nosotros una de estas situaciones en las que hay que decir que, a medida que pasa el tiempo, se hace cada vez menos agradable haber tenido razón. 
Cuando representantes de mi grupo, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, el Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos y el Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias visitaron Bagdad en febrero de este año, hablamos con los inspectores de armas, y tuvimos la clara impresión de que la inspección estaba funcionando y de que si no se habían encontrado armas de destrucción masiva era primero y principalmente porque probablemente no existían. 
Seis meses después, también puede verse que esta opinión era probablemente cierta y que la inspección de armas estaba, por tanto, funcionando adecuadamente, con las Naciones Unidas en la línea correcta en este asunto. 
El segundo punto que discutimos en ese momento era cómo se tomaría un ataque así en el Iraq. 
¿Se vería como liberación o como ocupación? 
Nuestro mensaje era: probablemente ambas cosas. 
Naturalmente existe un deseo de liberarse de un déspota y un dictador como Sadam Husein. 
Sin embargo ¿existe el deseo de ver el propio país ocupado por tropas extranjeras en el proceso? 
Creo que ahora puede afirmarse que nuestros temores en ese momento estaban justificados y que los ataques que se están realizando ahora, por ejemplo, contra blancos civiles, el edificio de las Naciones Unidas y la policía iraquí, son signos de que el pueblo iraquí siente la situación actual como una ocupación. 
Otra cuestión que queríamos que se considerara antes de realizar un ataque era las tensiones internas que causaría en el Iraq. 
No es que yo piense que era un héroe. 
Ni mucho menos. 
No obstante, este es un ejemplo de lo fuertes que son las tensiones entre los grupos de población del Iraq, y muestra la grandeza de la tarea que supone el lanzamiento precipitado de un ataque contra el Iraq. 
Las manifestaciones que tuvieron lugar en su funeral eran una mezcla de protestas en contra de Sadam Husein y George Bush, lo cual significa que, incluso entre gente que se debe haber sentido liberada de un dictador, se dieron reacciones muy fuertes en contra de la ocupación norteamericana. 
Otro temor que teníamos era que, con este ataque, las Naciones Unidas se verían muy debilitadas. 
Y lamentablemente hay que decir que eso ha ocurrido. 
Con unas Naciones Unidas debilitadas, puede observarse cuánto necesitamos a las Naciones Unidas en realidad. 
Los Estados Unidos deben reconocer que ni siquiera 180 000 soldados son suficientes para restaurar la paz y el orden en el Iraq. 
Hace falta más. 
Las Naciones Unidas han de implicarse. 
Ahora consideramos que es una tarea muy importante reconstruir y reforzar las Naciones Unidas. 
Esta es una de las razones por las que mi Grupo propone que demos el Premio Sajarov de este año a Hans Blix, al doctor El Baradei y el Sr. de Mello. 
La idea es que el Parlamento envíe una señal de que lo que queremos reforzar es el Derecho internacional. 
Queremos reforzar el sistema de las Naciones Unidas y creemos que este es un requisito imprescindible para el éxito de la reconstrucción del Iraq que todos queremos ver. 
Señor Presidente, antes de hablar del tema del Iraq quiero honrar la memoria no solo del Sr. Vieira de Mello, sino también la de uno de sus colegas, el Sr. Jean-Sélim Kanaan. 
El Sr. Kanaan había trabajado para el Parlamento Europeo como ayudante de Pierre Pradier y para la Comisión, especialmente en Burundi. 
Permítanme ahora volver al tema del Iraq, donde creo que hay grandes peligros. 
Están los que dicen que los Estados Unidos deberían admitir sus errores. 
¿Adónde nos va a llevar esto? 
Personalmente, no quiero tener razón y decirle a los norteamericanos que no la tenían, porque en ese momento había una pregunta para la que no teníamos respuesta, y era esta: «¿Cómo nos libramos de Sadam Husein?» 
Puede que tuviéramos razón al oponernos a la guerra, pero no sugerimos ninguna manera alternativa de deshacernos de Sadam Husein. 
Entonces, a este respecto el Comisario Patten tiene razón: el pueblo iraquí tiene derecho a vivir en paz sin Sadam Husein. 
Hoy Sadam Husein ya no está en el poder, pero el pueblo iraquí todavía no vive en paz. 
En una situación así, lo que importa no es si estamos satisfechos o no con lo que los norteamericanos están haciendo, sino que ayudemos a ellos y a los británicos a salir de su aislamiento. 
Al margen de que tuviéramos o no razón de antemano, ahora tenemos que adoptar el enfoque más inteligente. 
Pero lamentablemente eso es muy caro, razón por la cual Gran Bretaña está revisando actualmente su postura. 
Este es el demonio de un negocio, pensar más en el dinero que en los principios, pero así es la vida. 
Incluso si las Naciones Unidas adoptaran una resolución mañana, y los Estados Unidos entregaran el mando operativo, pacificar Iraq no sería tarea fácil. 
Las Naciones Unidas no son Dios, ni tampoco lo es Europa. 
¿Qué se hace en una situación como esa, cuando una sociedad que una vez fue tan poderosa ahora se ha roto en pedazos? 
Están los que dicen que no tenemos derecho a ocupar un país. 
A ellos les respondería que los aliados tuvieron derecho a ocupar Alemania. 
Si las Naciones Unidas hubieran decidido que el Iraq tenía que ser ocupada, eso habría sido legítimo. 
El problema es que las Naciones Unidas no han llegado a esa decisión. 
Lamentablemente, hay veces en las que se tiene que ocupar un país si se quiere derrocar una dictadura. 
Lo acogería con satisfacción si hoy la Unión Europea presentara propuestas, por ejemplo, organizando una conferencia sobre estabilidad y paz en la región, con la participación de Irán y otros países cercanos. Esto permitiría a los Estados Unidos y a Gran Bretaña encontrar lentamente el camino de vuelta a las Naciones Unidas. 
Al concentrar el debate sobre los puntos positivos y negativos de una resolución de las Naciones Unidas, estamos en un punto muerto, ya que ninguna parte es capaz actualmente de superar las divisiones de ayer. 
Esto significa que tenemos que trabajar hacia una solución tomando un camino diferente, el de una conferencia sobre estabilidad y paz en la región, y después entregar el testigo a las Naciones Unidas, que se encargarán de reconstruir la democracia en el Iraq. 
Lamentablemente, no pienso que las elecciones del año que viene nos vayan a acercar más a la solución del problema de cómo estabilizar este país. 
Señor Presidente, es motivo de gran preocupación que la situación de la seguridad en el Iraq se haya deteriorado tanto en las últimas semanas. 
Sencillamente, las fuerzas estadounidenses en el Iraq no son capaces de garantizar la seguridad ni de los iraquíes ni de los ciudadanos extranjeros. 
Por desgracia, no es la primera vez en la historia que se gana una guerra pero se pierde la paz. 
Tristemente, las fuerzas enviadas al Iraq se enfrentan cada día a actos de sabotaje y pérdida de vidas. 
El bandidaje es moneda corriente en Bagdad y en todas las principales rutas de transporte que llegan a la capital. 
No parece que el Consejo de Gobierno tenga el apoyo de los ciudadanos iraquíes. 
La mayoría de los iraquíes no consideran que el Consejo sea responsable de la administración del país, y siguen culpando a la coalición de las muchas penurias que sufren. 
Creo firmemente que hay que pedir a las Naciones Unidas que asuman un papel central en la transición política, económica y militar del Iraq. 
Entre todos debemos recuperar el Iraq para la comunidad internacional mediante un gobierno autóctono y representativo. 
Pero el fondo de la cuestión es que las fuerzas estadounidenses y británicas no pueden hacer frente a una situación que se está deteriorando a marchas forzadas. 
Estoy convencido de que los difíciles problemas políticos del Iraq solo pueden resolverse con eficacia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
Y esta postura recibe cada vez más apoyo político. 
Los problemas de seguridad siempre se resuelven mejor de forma colectiva. 
Las Naciones Unidas son un organismo que gestiona el apoyo y la voluntad de gran parte de la comunidad internacional. 
No creo que las tropas enviadas al Iraq puedan supervisar los esfuerzos de mantenimiento de la paz en este país. 
Dichas fuerzas no pueden administrar de forma responsable las actividades cotidianas del país. 
No deberíamos intentar reanudar el debate sobre lo bueno y lo malo de lo que ha ocurrido en el Iraq este año. 
No creo que con ello alcanzáramos ningún objetivo constructivo. 
Debemos avanzar juntos para asegurar la protección de los ciudadanos del Iraq. 
La única forma de conseguirlo es que las Naciones Unidas se impliquen en ello con una papel central. 
La situación en el Iraq es desalentadora, por decirlo de forma suave. 
Pero no podremos salir de este callejón sin salida a menos que las Naciones Unidas tomen la iniciativa en toda una serie de actividades políticas. 
Señor Presidente, Señorías, me complace decir que el Sr. Cohn-Bendit ha realizado varias declaraciones válidas, y una de las cuales es- al margen de si la política de los Estados Unidos es acertada o no, y nuestros amigos de los Estados Unidos a menudo cometen graves errores- que la cuestión es que los europeos no tenemos política alguna. 
Me temo que esta es básicamente la situación que, al margen de la Convención que todos han aplaudido esta mañana, no va a cambiar en los próximos años: los europeos no hemos establecido una política, ni en el pasado ni, lamento decirlo, ahora. 
Creo que el esfuerzo de reconstrucción y nuestra generosidad financiera son más que apreciables, pero eso no basta para constituir una política. 
No veo las propuestas que tenemos, aparte de recurrir a las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas no son más grandes que los Estados miembros que las componen. 
De momento, los países árabes- muchos de los cuales se beneficiarán si la situación se deteriora, porque, de hecho, significaría la vuelta a casa para muchos de ellos si el Iraq empezara a funcionar apropiadamente- están siguiendo de cerca los acontecimientos y muchos países europeos también están a la espera, quizás esperando que los norteamericanos fracasen. 
Me molesta cuando oigo que los atentados terroristas se califican de resistencia legítima. 
Me preocupan estas ambigüedades que, francamente, me asombran, por no decir algo peor, incluso solo con oír los términos utilizados. 
Díganle a los iraquíes que han muerto que esto es resistencia legítima. 
Puede que también nosotros sigamos indecisos, incluso en un momento en el que el éxito en el Iraq está en interés de todos, y más en interés del pueblo iraquí, que ha sufrido 20 años de martirio a manos de Sadam Husein. 
Como todos nosotros, ellos tienen derecho a un modo de vida diferente y a un modo de desarrollo diferente. 
Nuestras acciones cobardes no los van a ayudar; nuestras acciones cobardes ni siquiera nos van a hacer avanzar medio paso en el camino hacia la democracia. 
Le deseo suerte, señor Comisario. 
La reconstrucción es necesaria, pero Europa todavía necesita concebir una política para la región. 
Señor Presidente, hoy el Iraq pertenece a los ciudadanos iraquíes. 
Han conseguido escapar del yugo de una terrible tiranía. 
Han pasado a la historia treinta años de opresión depravada, marcados solo por unos cuantos hitos sangrientos de invasiones fallidas al extranjero y ataques genocidas en casa. 
Y, sin embargo, los culpables siguen en libertad. 
Los juicios son esenciales, pero los jueces iraquíes no pueden asumir solos esta carga. 
Son demasiado vulnerables para poder actuar sin el apoyo de un marco judicial internacional y un Iraq más libre es más vulnerable a las bandas de criminales organizados así como a las incursiones terroristas. 
En estos momentos es imperativo asegurar sus fronteras y proporcionar una mayor protección a los ciudadanos iraquíes. 
Con toda seguridad ha llegado el momento de que la OTAN se una a las fuerzas de la coalición. 
Ya son muchas las naciones que las forman, pero les falta la larga experiencia de la OTAN y su estrecha coordinación. 
El paraguas de la OTAN podría proteger de forma adecuada la labor de guía esencial de las Naciones Unidas en su papel asesor, humanitario y de desarrollo. 
Sin esta protección, los organismos de las Naciones Unidas no pueden funcionar. 
Las ideas básicas del fallecido y tan llorado ayatolá Mohamed Baquir al Hakim incluían la petición del pleno establecimiento del Estado de derecho y la inclusión de los derechos humanos en una constitución federal. 
La inversión exterior en el país, el desarrollo de la sociedad civil, los derechos y las libertades de las pequeñas empresas y de los ciudadanos, también forman parte del proceso democrático que está empezando a emerger. 
Aquí en la Unión Europea tenemos décadas de confianza y experiencia en estos terrenos. 
Debemos aceptar el reto y cooperar, en todas las formas que podamos, en la restauración de la rica cultura y diversidad humana del Iraq, y su restitución a la familia de naciones, mediante la creación de un estado libre y democrático. 
Señor Presidente, cuando hablamos de la guerra del Iraq, deberíamos darnos cuenta inmediatamente de que nunca en la historia del mundo ha habido una guerra en la que la mayoría de las víctimas no hayan sido civiles inocentes. 
Por este motivo, ahora, que empezamos un nuevo siglo y un nuevo milenio, nuestro principal objetivo debería ser hacer todo lo posible para asegurar que la del Iraq sea la última guerra de la historia del mundo. 
Y para la Unión Europea la forma de conseguirlo es la siguiente: en vez de enviar ejércitos a las zonas de conflicto, deberíamos enviar la filosofía y los principios de la paz, y un gran equipo de funcionarios que promuevan el diálogo. 
Sé de lo que estoy hablando. 
La Unión Europea tiene mucho poder para hacerlo. 
Examinemos el siglo que acabamos de abandonar. 
La primera mitad fue la peor de la historia del mundo: dos guerras mundiales y 50 millones de seres humanos masacrados. 
¿Quién podría haber previsto que en la segunda mitad del siglo todos aquellos países se habrían unido o que estaríamos todos juntos tal como estamos hoy? 
Por lo tanto, deberíamos estudiar cómo se consiguió y cómo se pudo enviar la filosofía que ello entraña a todas las zonas en conflicto. 
El principio número uno de la Unión Europea es el respeto de la diferencia. 
¿Cuál es la causa de todo conflicto? 
Diferencias de religión, nacionalidad y raza. 
La respuesta a la diferencia es respetarla. 
El principio número dos es tener instituciones para hacerlo. 
El principio número tres es crear unas circunstancias en las que todos puedan trabajar juntos por los intereses comunes y desmantelar las barreras del pasado. 
Estos son los tres principios que seguimos en nuestro proceso de paz en Irlanda del Norte. 
La Unión Europea y los principales países del mundo deberían unirse para crear este tipo de mundo y tomar las medidas necesarias para evitar la guerra. 
La propia Unión Europea, como he dicho antes- dado que es el mejor ejemplo de la historia del mundo en cuanto a resolución de conflictos- podría empezar creando un Comisario para la paz y la reconciliación, con el apoyo de un departamento de paz y reconciliación, que acudiría a las zonas en conflicto con los principios de resolución de conflictos en que se basa la Unión Europea. 
Así, podremos construir un mundo para el nuevo siglo y el nuevo milenio en el que ya no habrá guerra ni conflictos, sino un pleno respeto por la diversidad. 
Porque en la humanidad no hay dos seres humanos iguales. 
La diferencia es la esencia de la humanidad y, por lo tanto, debe merecer todo el respeto y no debe combatirse. 
Señor Presidente, me complace que la Sra. Frahm y el Sr. Messner hayan llamado la atención sobre los avisos dados por aquellos de nosotros que estaban en el Iraq en febrero. 
Me alegra que lo hayan hecho porque deben formar parte de nuestras reflexiones acerca de la perspectiva de futuro. 
Ahora que los Estados Unidos se han dado cuenta de que necesitan mucho más dinero y fuerzas para mantener la ocupación del Iraq del que la voluntad popular y política van a aportar, surge la posibilidad de una fuerza multinacional que los Estados Unidos desean dirigir. 
Sin duda, eso es total y absolutamente inaceptable, como lo es que la coalición continúe con un mayor número de países que le ayuden. No, la tarea en cuestión deben continuarla las Naciones Unidas. 
Debe llevarse a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas, al igual que las Naciones Unidas deben entrar ahora y apoyar la celebración de elecciones democráticas en el Iraq para que el Iraq pueda, cuando sea humanamente posible, asumir responsabilidades sobre su propio futuro. 
Señor Presidente, el Comisario Patten ha tenido palabras de elogio para el Sr. Sergio Vieira de Mello y los integrantes del equipo de las Naciones Unidas que murieron en aquel espantoso atentado con bomba. 
Hoy quiero rendir homenaje a uno de mis conciudadanos, el Sr. Dewi Pritchard, de Bridgend, en el sur de Gales, de 35 años de edad, padre de dos hijos, uno de seis años y otro de 12 meses. 
Fue asesinado hace tan solo una semana, el primer reservista británico muerto en este conflicto. 
Su papel, como policía militar, era participar en la formación de los 35.000 oficiales de policía iraquíes que formaban parte de los 65.000 previstos. 
Había trabajado durante nueve años para la empresa alemana Bosch en el sur de Gales y cuando en junio le llamaron para participar en la reconstrucción después del conflicto, fue al Iraq de buena gana y pagó por ello con su vida. 
Deberíamos guardar su recuerdo como un tesoro. 
Nadie que haya presenciado la muerte de tropas de la coalición, el atentado con bomba contra las oficinas centrales de las Naciones Unidas en Bagdad y el ataque de la semana pasada en la mezquita de Nayaf puede negar que la seguridad y la estabilidad son ahora lo más importante en el Iraq. 
Las fuerzas de la coalición y el Consejo de Gobierno iraquí deben recibir todo nuestro apoyo para la reconstrucción del Iraq y el proceso de transición a la democracia. 
Es evidente que las Naciones Unidas tienen un papel muy importante en este proceso y están trabajando en ello. 
Sin embargo, los llamamientos a que las Naciones Unidas tomen inmediatamente el control de la situación, o incluso la sugerencia del Sr. Souchet de retirarnos y dejarlo todo en manos de los iraquíes, juegan a favor de los que quedan del antiguo régimen y algunas otras fuerzas foráneas que están llevando a cabo una campaña de desestabilización. 
La responsabilidad de Europa y de las Naciones Unidas es ofrecer pleno apoyo al proceso de reconstrucción que están llevando a cabo en la actualidad en el Iraq las fuerzas de la coalición y los valientes hombres y mujeres que lo están sacando adelante en nuestro nombre. 
Señor Presidente, quiero agradecer a todas sus Señorías que han intervenido y, en especial, al Comisario Patten y a muchos de los ponentes por su compromiso de favorecer el éxito de la Conferencia de Donantes que se va a celebrar en Madrid, y también quiero agradecer a la Cámara los muchos comentarios realizados, que no voy a repetir. 
No obstante, quiero decir que la inestabilidad y los ataques a las fuerzas de los Estados Unidos y del Reino Unido representan un problema para todos- han tenido razón desde el principio, desde el primer ataque- y no solo para las fuerzas de la coalición. 
Tiene que quedar claro- no creo que nadie tenga dudas al respecto- que el terrorismo nunca está justificado, que las represalias que usan bombas o terroristas suicidas nunca son legítimas: este es uno de nuestros principios fundamentales. 
Sin embargo, además de los tanques y las armas, ahora tenemos que llevar al Iraq una hoja de ruta hacia la democracia, una hoja de ruta para la reconstrucción política e institucional y para un nuevo Gobierno iraquí. 
Esa es la razón por la que la Presidencia ha dicho y sigue diciendo que necesitamos un mandato de las Naciones Unidas; esa es la razón, porque Europa siente actualmente la necesidad de reavivar la acción de las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo quiere que las Naciones Unidas sean más eficientes, más capaces de tomar decisiones y de asumir responsabilidades de lo que fueron en las agitadas semanas que precedieron a la acción militar. 
Creo que tenemos que mirar al futuro, al momento en el que Europa sea capaz, por ejemplo- como alguien ha dicho- de expresar en el Consejo de Seguridad opiniones que han sido discutidas de antemano y acordadas por los 25 países europeos. 
Creo que este es un experimento necesario. 
Debemos esforzarnos al máximo para conseguir este fin, para que podamos acercarnos más a la consecución del sueño- porque eso es lo que es- de tener un escaño europeo en las Naciones Unidas. 
Por esta razón la Presidencia informará el próximo viernes en el Consejo de Asuntos Generales sobre las posturas- que espero que converjan y coincidan- de las Naciones Unidas, Rusia y los Estados Unidos sobre una nueva resolución que otorgue a las Naciones Unidas un papel principal, y después intente establecer, junto con estas evaluaciones y opiniones, la posición unificada de Europa. 
En mi opinión, sería una manera ejemplar y excelente de potenciar la cohesión euroatlántica, con la que la Presidencia está comprometida, haciéndolo precisamente en el asunto del Iraq, una cuestión que ha dañado la relación entre los europeos y nuestros amigos de los Estados Unidos en los últimos meses. 
Por ello, la Presidencia confirma que hará todo lo posible a este respecto. 
La Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa tiene previsto elaborar una resolución que se votará en el segundo periodo parcial se sesiones de septiembre. 
El debate queda cerrado. 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
Señor Presidente, la situación actual en el Iraq y todo lo que la ha precedido durante los últimos 12 años no es solo el resultado de la política de dominación de los Estados Unidos de América y de sus aliados más cercanos. 
Buena parte de la responsabilidad y de la complicidad también recae sobre la Unión Europea que, a pesar de que muchos de sus miembros se han manifestado sobre el respeto del Derecho internacional, ha legalizado los crímenes mencionados anteriormente y continúa, como se ha demostrado hoy, legalizando la ocupación bárbara del Iraq, esperando conseguir una parte del botín. 
Para los diputados a este Parlamento del Partido Comunista de Grecia, esta situación inaceptable es contraria a los sentimientos de nuestros pueblos, como se ha expresado- incluso en Unión Europea- en las masivas manifestaciones pasadas y presentes. 
Solo cambiará con la retirada inmediata de los ejércitos ocupantes, para que el pueblo iraquí pueda tener su destino en sus propias manos, y con el pago por parte de los invasores de la compensación necesaria para reconstruir el Iraq. 
Esta debería haber sido la posición de la Unión Europea si hubiera querido respetar el Derecho internacional en lugar de ayudar a vulnerarlo. 
Todo lo demás es un «pretexto para la maldad». 
Cualquier intento de seguir utilizando a las Naciones Unidas para sacar a los Estados Unidos del apuro y de continuar la ocupación está abocado al fracaso. 
Es cierto que la resistencia del pueblo iraquí contra los conquistadores, bajo cualquier disfraz, seguirá con una creciente solidaridad internacional. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto del informe anual (A5-0274/2003) del Sr. Van den Bos, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre los derechos humanos en el mundo en 2002 y la política de la Unión Europea en materia de derechos humanos (2002/2011 (INI) ). 
Tratándose de los derechos humanos en el mundo, la Unión Europea debería desempeñar un papel protagonista. 
A fin de cuentas somos una comunidad de valores y una gran potencia económica, pero por desgracia no hacemos lo suficiente. 
A la Unión Europea no le faltan buenas intenciones e intenciones políticas. 
Sin embargo, existe un enorme abismo entre las palabras y los hechos. 
Esta crítica va dirigida sobre todo a los Estados miembros y tiene que ver con la incoherencia y la falta de dinamismo. 
El Consejo reconoce las deficiencias y ha prometido expresamente mejoras. Sin embargo, hasta ahora con pocos resultados visibles. 
El diálogo político con países terceros sigue realizándose sin compromisos. 
Mientras demos prioridad a los intereses económicos o estratégicos por encima de los derechos humanos, podemos seguir dialogando eternamente, pero por supuesto no cambiarán muchas cosas. 
Es preciso desarrollar objetivos concretos y responsabilizar a los gobiernos implicados. 
No solo las sanciones, sino precisamente los impulsos constructivos pueden contribuir al progreso. 
¿Qué posibilidades de mejoras en los diálogos ven el Consejo y la Comisión? 
El Consejo tiene la obligación de consultar al Parlamento y de tener en cuenta sus puntos de vista en el ámbito de la política exterior. 
Por desgracia, en la práctica apenas lo hace. Por supuesto, esto es inaceptable para nuestro Parlamento. 
El papel de la Unión Europea en el mundo interesa a los ciudadanos europeos y por tanto también a sus representantes. 
El éxito o el fracaso fuera de la Unión Europea tiene consecuencias para muchos sectores dentro de ella. 
Según mi investigación, el año pasado, el Consejo solo debatió una vez, una sola vez, una resolución sobre derechos humanos de nuestro Parlamento. 
Ninguna de todas nuestras preguntas escritas fue contestada a tiempo. 
Aplaudo que, este año, el Consejo esté presente en este debate, representado por el Sr. Antonioni. 
Que sea el inicio de una nueva relación constructiva e intensa. 
Pido a la Comisión una programación a largo plazo, una evaluación de efectos sistemática de los proyectos, la finalización de las reformas internas y una intensificación de la formación del personal. 
Asimismo quiero de la Comisión una financiación equilibrada de la lucha contra la tortura y de la rehabilitación. 
Por nuestra parte, como Parlamento somos muy activos a la hora de condenar las numerosas violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, pero no prestamos suficiente atención al seguimiento que se les da. 
Hemos de organizar nuestro trabajo de forma que sigamos las situaciones de derechos humanos sobre las cuales hemos debatido. Si es preciso, advirtiendo de nuevo. 
Mi informe pide además una atención especial para la libertad de religión y conciencia, y el abuso político de las religiones. 
En todo el mundo se sigue reprimiendo a las religiones. 
La mitad de la población mundial vive en países donde se limita la libertad de religión. 
Además, es especialmente preocupante que los derechos humanos se violen a escala masiva en nombre de la religión. 
Casi la mitad de los conflictos violentos en el periodo investigado tiene un carácter religioso. 
En las últimas décadas, las religiones se viven con mayor intensidad, pero por desgracia no solo de forma pacífica. 
El radicalismo aumenta en todas las grandes religiones del mundo. 
Las razones se deben sobre todo a la mundialización. 
La revolución de los contactos mundiales no implica directamente una mayor comprensión y respecto entre las comunidades religiosas. 
Al contrario, las personas se sienten amenazadas por lo que consideran un ataque contra sus normas y valores. 
El radicalismo también es la consecuencia de la insatisfacción entre los jóvenes. 
Los líderes irresponsables explotan estos sentimientos de inquietud, utilizando a veces grandes importes de dinero y redes terroristas. 
Los choques entre religiones, y dentro de religiones, constituyen una grave amenaza para los derechos humanos y la paz mundial. Además existe el riesgo de que las confrontaciones religiosas fuera de Europa se reflejen en nuestras sociedades multirreligiosas. 
Dada la gravedad de la amenaza, es sumamente importante que la Unión Europea analice el problema y diseñe una estrategia. 
El Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, ha dado ya un impulso para ello. 
¿Qué opinan la Comisión y el Consejo? 
¿Qué piensan de las recomendaciones concretas que he hecho en mi informe? 
Por último, señor Presidente, dos temas que me interesan mucho. 
El condenable sistema de castas. 
En todo el mundo, más de 260 millones de personas son a diario víctimas de discriminación, violencia y explotación solo debido a su origen. 
La Unión Europea debería convertir en su política el esforzarse para eliminar estas prácticas inmorales. 
Los niños. 
En todo el mundo se explota, abandona o se expone a la violencia a los niños. 
En estos momentos, más de 300 000 jóvenes toman parte en conflictos armados. 
En una política de desarrollo adulta de la UE, el niño ha de ocupar un lugar central. 
Por último, señor Presidente, la Unión Europea, como comunidad de valores y como potencia económica, no puede ser modesta cuando se trata de los derechos humanos. 
Europa ha de atreverse a arriesgar el pellejo, las víctimas lo esperan con ansiedad. 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, agradezco esta gran oportunidad para dirigirme a ustedes como Presidente en ejercicio del Consejo de la Unión Europea, y me complace especialmente hacerlo en el contexto de un debate sobre derechos humanos. 
Antes de proceder, debo ofrecer mis condolencias y las condolencias de la Presidencia italiana por la muerte de Sérgio Vieira de Mello, quien, en su capacidad de Alto Comisario de las Naciones Unidas, se había establecido como valiente campeón de la promoción y defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional. 
La protección y promoción de los derechos humanos es uno de los pilares fundamentales de la política exterior de la Unión Europea y es un punto de referencia constante para sus actividades en el escenario mundial. 
La Unión se adhiere al principio fundamental de la naturaleza universal de los derechos humanos, que no puede cuestionar o distorsionar ninguna influencia cultural. 
Los derechos humanos son uno de los factores clave al enfrentarse a los importantes retos de nuestro tiempo: no necesito mencionar la estrecha conexión entre paz, seguridad y estabilidad, por una parte, y respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de derecho, por otra. 
De la misma manera, hay una estrecha relación entre la lucha contra la pobreza extrema y el subdesarrollo y las medidas que llevan a garantizar los derechos humanos fundamentales, empezando por el derecho de todo ser humano a la vida, la integridad y la dignidad. 
En este contexto, creemos que es de una importancia clave durante este período de seis meses situar el diálogo norte-sur en una base más constructiva, porque se ha deteriorado considerablemente en los últimos meses, especialmente con respecto al tema de los derechos humanos, que debe seguir siendo parte esencial del diálogo. 
Incluyen la integración de los derechos humanos en la proyección externa de la Unión más amplia posible y la puesta en marcha de medidas concentradas a nivel mundial para promover una moratoria y la eliminación de la pena de muerte. También incluyen una serie de iniciativas políticas constructivas para eliminar el uso de la tortura y promover un acuerdo sobre los derechos humanos de las personas con discapacidades. 
El diálogo estructurado con Irán y China necesita potenciarse especialmente, y ha de lanzarse un debate exhaustivo sobre el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos. 
Después, la Presidencia italiana concede gran importancia al trágico fenómeno de los niños soldados. 
Por último, mencionaría las iniciativas que la Unión va a tomar en la tercera comisión de la Asamblea General y la presentación del informe anual de la Unión Europea sobre los derechos humanos, al igual que la reunión anual con organizaciones no gubernamentales, que queremos hacer más constructiva este año. 
Ahora quisiera felicitar al Sr. Van den Bos por redactar el informe anual del Parlamento Europeo, que está lleno de ideas, análisis, propuestas y recomendaciones. 
Es un documento que garantiza un análisis extremadamente exhaustivo que, sin duda, es imposible alcanzar en esta sesión. Sin embargo, será analizado mediante una cuidadosa evaluación por parte de los demás elementos y organismos de la Unión Europea. 
Por tanto, en esta ocasión solo voy a centrarme, si me permiten, en algunas de las ideas del informe que a mi parecer merecen especial atención. 
Voy a empezar con un punto general que aparece en el informe con el cual, personalmente, estoy de acuerdo: a pesar de los prodigiosos esfuerzos de la Unión y de otros países, la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales en el mundo está, todavía en la actualidad, marcada por graves abusos y violaciones. 
Las causas de esto pueden encontrarse en una serie de factores. El informe se centra en algunos de ellos, como la predominancia de los intereses políticos y económicos por encima de los derechos humanos y la necesidad de alcanzar posiciones de consenso en los foros internacionales en detrimento de las posiciones de principio. 
De hecho, si ahora estamos convencidos de que la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales se halla en el corazón de la democracia y la coexistencia civilizada, no podemos, al mismo tiempo, dejar de opinar que la búsqueda de objetivos económicos y políticos legítimos exige la consolidación de las instituciones democráticas y de los principios de libertad y justicia. 
Sabemos bien que las dictaduras, que se basan en el terror y la violencia, rechazan el ideal democrático, negando los derechos fundamentales y las libertades, abusando de su poder con respecto a otras personas y, en última instancia, demostrando ser unos socios en los que no se puede confiar. 
¿Qué estrategia debería perseguir la Unión Europea con relación a estos regímenes? 
El informe afirma: «Los... diálogos políticos que la UE entabla con terceros países no han dado hasta el momento demasiados resultados.» 
Por tanto, ¿deberíamos considerarlos un instrumento que no es efectivo, admitir que la política de diálogo de los derechos humanos con terceros países en muchas ocasiones no ha conseguido resultados apreciables y abandonarlos? 
Señorías, el informe del Sr. Van den Bos contiene las respuestas a esta pregunta, y yo las apoyo. 
Tenemos el deber de condenar públicamente las prácticas inaceptables perpetradas por ciertos regímenes, porque, de esta manera, los perpetradores se sitúan en una posición en la que están obligados a justificarse a sí mismos como mínimo, para enfrentarse al juicio de la comunidad internacional. 
Con respecto al enfoque del diálogo estructurado de los derechos humanos con terceros países, el camino propuesto en el informe es precisamente el que el Consejo tenía intención de tomar con respecto a este instrumento. 
En mi opinión, este no es un diálogo permisivo que suponga una alternativa a formas de condena política, sino que incluye totalmente a la sociedad civil, incluidas las ONG y figuras del mundo académico activas en el terreno de los derechos humanos, y está basado en la búsqueda de objetivos precisos cuya aplicación se vigila cuidadosa y regularmente. 
También apoyo el punto contenido en el informe sobre la necesidad de que el diálogo político y la condena vayan de la mano con los programas activos y las medidas en el terreno del combate contra la pobreza, el apoyo a la creación de instituciones y la educación. 
El seguimiento, las resoluciones, el diálogo, las cláusulas de derechos humanos y los programas de ayuda técnica y cooperación sobre el terreno son todos instrumentos para alcanzar un único objetivo, la defensa incesante de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el mundo. 
El diálogo sobre derechos humanos que la Unión ha puesto en marcha con China e Irán no significa que no pueda condenar violaciones y abusos mediante resoluciones ad hoc, cuando lo considere necesario, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni tampoco significa que no pueda proporcionarles ayuda técnica en el campo establecido para consolidar el respeto de los derechos humanos. 
Lo mismo se aplica a parte del informe que mitiga la severa crítica al Consejo por no condenar públicamente a los regímenes responsables de los repetidos y graves abusos de los derechos humanos en su trabajo. 
No es mi intención rechazar estas críticas de plano, pero no obstante pienso que hace falta una aclaración. 
Es, sin duda, algo restrictivo evaluar la actividad de la Unión sobre la base del número de resoluciones por país que presenta a la Comisión de Derechos Humanos o a la Asamblea General, incluso sobre la base de las resoluciones que alcanzan un consenso suficiente. 
En cualquier caso, el papel desempeñado por la Unión Europea en el ámbito de los derechos humanos dentro de foros internacionales está plenamente reconocido. 
De hecho, tal y como ya se ha señalado, la actividad de la Unión en este ámbito abarca una amplia selección de diferentes iniciativas, desde las medidas contenidas en el informe de los jefes de misión hasta las declaraciones públicas. 
Esta actividad europea se centra en un gran número de países. 
Hay otro aspecto en el que quiero abundar y que se trata con cierta profundidad en el informe: el diálogo intercultural y entre creencias. 
El informe subraya específicamente la naturaleza clave de esta cuestión para un marco más amplio de protección de los derechos humanos. 
Represento a un país que, debido a su situación geográfica, a su cultura y sus tradiciones, siempre ha sido especialmente sensible a esta cuestión, y que ahora ha adquirido una influencia y una importancia nunca conocidas en el pasado. 
Lo que una vez pudo haberse considerado una oportunidad para ser aprovechada se ha convertido ahora en algo absolutamente vital. 
Me temo que la explotación política de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la oposición ideológica a los mismos son un hecho, por mucho que las condenemos. 
La atmósfera de antagonismo que marca cada vez más el diálogo en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que también se aborda en profundidad en el informe, es una cuestión sobre la que la Presidencia griega ya ha lanzado un debate, que tenemos la intención de perseguir y desarrollar. 
En general, la acción de la Unión y los países occidentales en el ámbito de los derechos humanos parece percibirse claramente por parte de la comunidad internacional, especialmente el hemisferio sur, como un intento manipulador de perseguir los abusos de poder político y cultural. 
El mismo principio de universalidad de los derechos humanos y la convicción de que no pueden ser restringidos o limitados por ningún grupo social, económico o cultural, está en tela de juicio. 
El fundamentalismo, cualquiera que sea su origen o naturaleza, es, en parte, resultado de la incapacidad de comunicar, de buscar valores comunes basados en el respeto mutuo y la tolerancia. 
A este respecto, no creo que sea suficiente que la Unión se limite a rechazar firmemente las acusaciones de utilizar un doble rasero que a menudo está ajustado a ella. 
Más bien, tiene que haber un debate sobre estas cuestiones al que pueda contribuir el Parlamento Europeo. 
A este efecto, les informo de que, por iniciativa de Italia, se va a celebrar una convención sobre la universalidad de los derechos humanos y el diálogo intercultural en marzo de 2004 en Milán. 
Al redactar las directrices de nuestro mandato de seis meses en el ámbito de los derechos humanos, uno de los puntos esenciales que consideramos necesario subrayar, como he dicho antes, es la integración de este aspecto en las demás políticas. 
Nuestro objetivo ha de ser integrar, armoniosa y coherentemente, la cuestión del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todas las políticas de la Unión con terceros países. 
Por ello, me complace especialmente observar que este concepto se expresa clara y enérgicamente por parte del Parlamento en el informe. 
A este efecto, apoyo enteramente la idea de que la cláusula de derechos humanos contenida en los acuerdos de asociación y cooperación debería aplicarse indefectiblemente cuando surjan las condiciones para su aplicación. 
También creo que una relación de cooperación con un país a todos los niveles- político, económico, científico y cultural- debe, necesariamente, incluir un diálogo abierto y constructivo sobre los asuntos de protección de los derechos fundamentales y las libertades. 
El informe contiene propuestas interesantes y prácticas sobre las que ya he pedido que se realicen estudios y análisis técnicos. 
Además, quiero decir que puede haber modos diferentes de alcanzar las mismas metas. 
La experiencia nos ha enseñado que establecer comisiones o grupos de trabajo puede ser a menudo la solución inmediata más obvia, pero a veces resulta no ser la manera más efectiva de proceder en la práctica. 
Otro tema del informe digno de mención es la transparencia. 
Es acertado rendir homenaje a la Presidencia danesa por promover la práctica de la consulta regular e indefectible con la sociedad civil, que sin duda ha contribuido a aumentar el perfil del trabajo de la Unión Europea. 
Esta práctica la acogió la Presidencia griega y seguirá siendo un punto de referencia firme para la Presidencia italiana en su trabajo. 
En última instancia, creo que representa el reconocimiento apropiado del papel esencial que han desempeñado en este ámbito las ONG, que son y seguirán siendo los socios consultivos privilegiados y necesarios de la Unión Europea. 
Por último, quiero centrarme en la crítica que aparece en el documento, relativa a las relaciones institucionales entre el Consejo y el Parlamento en el ámbito de los derechos humanos. 
Analizaremos con más detenimiento la opinión expresada por el ponente al efecto de que ha de haber una mejora de las relaciones entre el Consejo y el Parlamento, y aquí comprometo a la Presidencia italiana a seguir con el trabajo comenzado por la Presidencia griega en este ámbito. 
La invitación extendida por la Presidencia griega al ponente para que participe en una reunión de la Comisión de Derechos Humanos es representativa del enfoque destinado a implicar al Parlamento Europeo de forma más estrecha en el trabajo del Consejo. 
La Presidencia italiana está totalmente a favor de esto, y les confirmo que tenemos la intención de continuar el camino ya marcado, buscando soluciones adecuadas a los problemas y deficiencias señaladas en el informe. 
En este sentido, espero poder informar a la Cámara al final del semestre sobre las medidas tomadas por el Consejo en el ámbito de los derechos humanos. 
Los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión reconocen ahora la necesidad imperativa de garantizar el papel del Parlamento Europeo como fuerza motriz en la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y fomentar formas más estrechas de cooperación. 
Por tanto, habrá un debate apropiado sobre las propuestas constructivas planteadas por el ponente. 
Me complace terminar observando- y este es el punto de mayor significado político- que el Consejo y el Parlamento están de acuerdo en torno a la importancia y la naturaleza central del tema de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la política y las relaciones exteriores de la Unión. 
Es un hecho importante que refleja nuestro enfoque variable de estas cuestiones, que ya no están confinadas a las declaraciones de principio morales sino que cada vez van a influir más en las decisiones políticas con respecto a terceros países. 
La afirmación de que la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales están basadas en el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales no es retórica vacía, sino que refleja la realidad de que los derechos humanos van a influir cada vez más en las decisiones de los Gobiernos en el ámbito de la política exterior y las estrategias de las organizaciones internacionales a todos los niveles. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera empezar felicitando al Sr. Van den Bos por su excelente informe. 
El compromiso del Parlamento Europeo en los temas relacionados con los derechos humanos sirve de estímulo esencial para la política de la UE, y esta última publicación nos da mucho que pensar. 
Como siempre, la Comisión responderá por escrito a todas las recomendaciones que se le formulan en este informe. 
En primer lugar, algunas observaciones sobre los temas principales del informe: libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
En primer lugar, a través de los foros internacionales. 
Con el apoyo de la UE, Irlanda presentó la resolución sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia Religiosa en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a los Estados a garantizar la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de creencia, a facilitar el culto y combatir la intolerancia. 
La declaración de la UE sobre los derechos humanos en el mundo, en la última reunión de la Comisión de Derechos Humanos, subrayaba los problemas relacionados con la libertad religiosa o la libertad de expresión en 12 países, entre ellos China y el Irán. 
En segundo lugar, un diálogo profundo con terceros países. 
Los diálogos sobre los derechos humanos constituyen una oportunidad especialmente valiosa para tratar el tema. 
Al evaluar el diálogo con el Irán, por ejemplo, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de 18 de marzo de 2003 hizo hincapié en su preocupación por la discriminación contra las minorías religiosas- especialmente los bahais- y la necesidad de avanzar más en relación con la libertad de opinión y de expresión. 
El castigo corporal y la horrible condena a la lapidación, pronunciada en nombre de la sharia, también han sido objeto de profundos debates con los representantes del gobierno iraní y con el poder judicial y religioso de este país. 
Hasta el momento, la UE ha observado con satisfacción que la moratoria de facto de la lapidación sigue siendo una realidad. 
Espero que se conseguirán nuevos resultados con nuestros socios iraníes. 
La libertad de expresión será el tema principal de debate en la próxima mesa redonda del diálogo sobre derechos humanos de los días 15 y 16 de septiembre de 2003. 
En tercer lugar, la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos ofrece un apoyo concreto a los proyectos en este sentido. 
Ha apoyado campañas para promover la libertad de expresión- por ejemplo, un proyecto continuado en los países de la ASEAN- y la libertad de expresión se ha considerado también una prioridad en los 11 países en los que se ha centrado esta Iniciativa Europea en 2002 y 2003. 
La Comisión también está realizando esfuerzos considerables para establecer una base sólida para un diálogo intercultural eficaz, especialmente en el Mediterráneo- la nueva política de vecindad- con el informe inminente del Grupo consultivo de alto nivel y la propuesta de una Fundación Euromediterránea. 
Tomo nota de la referencia que hace el ponente al Acuerdo de Cotonú. 
Es una referencia buena y pertinente. 
El Acuerdo de Cotonú demuestra que se puede negociar un sistema global con 77 países, pero también pone de manifiesto que existen algunos obstáculos y problemas reales que hay que resolver. 
Sin embargo, el sistema es interesante. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Van den Bos. 
Volviendo a la cláusula sobre derechos humanos, me complace que el informe del Parlamento ponga de manifiesto el potencial de esta cláusula para inducir un cambio positivo en la situación de los derechos humanos en terceros países. 
Este es precisamente el objetivo de las últimas innovaciones. 
El mes de mayo pasado se inició el primer grupo de trabajo dedicado a la gobernanza y a los derechos humanos en el contexto del Acuerdo de Cooperación con Bangladesh, en cuya reunión inaugural se trataron una amplia variedad de temas entre los cuales se encontraban la pena de muerte y el sistema judicial. 
La comunicación de la Comisión sobre el impulso a las iniciativas de la UE en el ámbito de los Derechos Humanos y la democratización en colaboración con los socios mediterráneos ofrece un potencial de iniciativas similares en el marco de los Acuerdos de Asociación Euromediterráneos, con una gama de iniciativas- como la inclusión sistemática de los derechos humanos y la democracia en las reuniones de los Consejos de Asociación y los Planes de Acción Nacionales sobre derechos humanos- pensadas para realizar cambios basados en dicha cláusula. 
Volviendo a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cláusula sobre derechos humanos no solo constituye un compromiso para con los derechos humanos en un contexto nacional, sino que también insta a la UE y a terceros países a promover y proteger los derechos humanos en la arena internacional. 
Y esto me lleva a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
El informe del Sr. Van den Bos reconoce el alto grado de coherencia entre las prioridades identificadas por el Parlamento Europeo para la 59ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos y las acciones llevadas a cabo por la UE. 
Resulta alentador, porque la voz de la UE se ve muy potenciada cuando sus instituciones hablan con una sola voz. 
Sin embargo, comparto la preocupación que se articula en el informe sobre la dirección que va a tomar la Comisión de Derechos Humanos y la necesidad de hacer todo lo posible para asegurar que trate con eficacia las violaciones de los derechos humanos. 
El trabajo de la UE no se ha valorado: solo 47 Estados han emitido una invitación firme a los procedimientos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos; 28 de ellos son Estados miembros de la UE, países en vías de adhesión o países candidatos. 
Además, 80 Estados no han ratificado ninguno de los 6 principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos. 
La UE ha empezado bien en su esfuerzo por mejorar el impacto de sus acciones en la Comisión de Derechos Humanos; por ejemplo, en la sesión de este año se concluyó antes el proyecto de iniciativas de la UE que permitirán un mayor alcance para presionar con eficacia a terceros países. 
La financiación de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos también ha desempeñado su parte, con proyectos recientes para fomentar el trabajo de los organismos del tratado de los derechos humanos y el de los diversos ponentes de las Naciones Unidas. 
Estos esfuerzos continuarán a sabiendas de que solo si ponemos todos los recursos a disposición de la UE- políticos, diplomáticos y financieros- podremos realizar los cambios necesarios. 
Finalmente, quisiera hacer dos observaciones. 
La primera se refiere a la situación de los niños en los conflictos, un tema que ya se ha comentado. 
Estamos intentando hacer todo lo posible por cambiar la situación, pero es muy difícil en el norte de Uganda entrar en contacto con el Ejército de la Resistencia del Señor. 
Es casi imposible hacer algo significativo sobre el terreno, porque no existe ninguna sociedad alrededor del conflicto para basar en ella la acción. 
Allí no queda nada más que el conflicto. 
Sin embargo, en los casos posconflicto- por ejemplo, Sierra Leone- hemos tenido bastante éxito en la resocialización de los niños y otros trabajos relacionados. 
El otro punto que quería comentar se refiere a la tortura. 
Podemos apoyar los centros de rehabilitación. 
También es un instrumento que hace que la población siga siendo consciente del problema de la tortura. 
La documentación que proviene de estos centros es el elemento más necesario en nuestro intento de resolver el problema a que nos enfrentamos y negociar con los terribles regímenes que torturan. 
De modo que se trata de algo más que el objetivo principal de ayudar a las víctimas de la tortura. 
Establecer los hechos, que es el resultado secundario de estas actividades en los centros de rehabilitación, también es un instrumento poderoso que nos complace financiar, y seguiremos siendo donantes activos en este ámbito, lo que en definitiva refuerza la lucha a la que tenemos que otorgar gran prioridad. 
Muchas gracias de nuevo por este informe tan completo. 
Haremos todo lo posible para responder de forma muy directa. 
Señor Presidente, felicito al Sr. Van den Bos por su informe, pero quiero afirmar categóricamente que, además de la libertad de religión, debemos comprometernos también con la libertad de conciencia y la libertad, como ha dicho el Sr. Gahler, de no profesar ninguna religión. 
Debemos recordar que a lo largo de los siglos y, de hecho, incluso ahora, se han cometido muchas atrocidades en nombre de la religión. 
El fundamentalismo y la intolerancia son amenazas crecientes. 
Por este motivo el papel de los defensores de los derechos humanos en el mundo es vital. 
Debemos hacer todo lo que podamos para protegerlos, a ellos y a los trabajadores de la ayuda humanitaria, en todo el mundo. 
Por este motivo debemos recordar el atroz ataque a la misión de las Naciones Unidas en Bagdad, expresar nuestras más profundas condolencias a las familias de quienes han sido asesinados y heridos, y mencionar la triste, trágica y poco oportuna muerte del Sr. Sergio Vieira de Mello, gran defensor de los derechos humanos. 
Debemos defender la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. 
¿Y qué pasa con nuestras relaciones con terceros países? 
Debemos decir sí al diálogo, pero después del diálogo debe seguir la acción. 
Tenemos cada vez más sentencias de muerte en países con los que mantenemos estrechas relaciones. Por este motivo necesitamos acabar con la pena de muerte. 
Con nuestros acuerdos de asociación- pienso en Egipto e Israel -, si no hacemos nada, estamos tolerando la violación de los derechos humanos. 
¿Para qué sirven nuestros acuerdos, en concreto las cláusulas sobre derechos humanos, si no los aplicamos? 
En Egipto se descubre a los homosexuales en Internet y se les encarcela solo por el hecho de ser homosexuales: es espantoso. 
Debemos defender la libertad de prensa, los derechos y libertades de los niños, los derechos y libertades de los homosexuales, de las minorías, los derechos de las mujeres, las minorías étnicas, los derechos de los refugiados, y, sí, aunque no quede muy bien, de quienes piden asilo. 
Permítanme que haga especial referencia a Aung San Suu Kyi, que ahora está en huelga de hambre en Birmania. 
Debemos hacer todo lo que podamos para liberar a esta valiente y honorable mujer. 
Debemos respetar también los derechos humanos de las personas con discapacidad, incluidas en nuestro informe por primera vez. 
Y terminaré diciendo que el Consejo, la Comisión y el Parlamento deben hablar con una sola voz. 
Nuestro mensaje es claro: estos son nuestros valores. 
Si los apoyan, colaboraremos con ustedes. 
Si no, proseguiremos con esta agenda hasta que los derechos humanos se respeten total y definitivamente. 
Señor Presidente, aunque estoy de acuerdo con los que felicitan al Sr. Van den Bos por elaborar un informe excelente, y especialmente con lo que ha dicho en su discurso de apertura, diría que naturalmente existen diferencias de enfoque entre nosotros. 
Por nuestra parte, nosotros todavía queremos que el acento recaiga en los derechos de los presos políticos y el derecho a un medio ambiente sano. 
La tortura, junto con la pena de muerte, es una violación del más fundamental de los derechos humanos. 
En un mundo que está luchando contra el terrorismo, nos ha alarmado ver cómo la prohibición incondicional de la tortura se convierte en una cuestión relativa y cómo se suaviza. 
No basta con invertir en prevención y especialmente en la ratificación más amplia posible del Protocolo Opcional para la Convención contra la Tortura. 
También tenemos que apoyar realmente la rehabilitación de las víctimas. 
Ahora vamos a conseguir una promesa a ese respecto, pero también requerirá recursos adicionales. 
Sin embargo, debemos invertir en esto, y eso significa que deben tomarse las decisiones presupuestarias adecuadas. 
Cuando se considera el papel de la Unión Europea en el informe y las partes que tratan de hasta qué punto está dispuesta a emprender la labor sobre los derechos humanos, aparece una sensación de déjà vu. 
Esto no es porque el ponente haya fracasado en algún aspecto, sino porque, año tras año, hemos subrayado necesidades de cambio muy similares. 
En un mundo en que las opiniones sobre la seguridad basada en las armas y la cooperación están en conflicto unas con otras y en el que la situación relativa a los derechos humanos universales y la soberanía de los Estados es tensa- esta es una cuestión del destino de las Naciones Unidas -, la Unión Europea tiene una oportunidad para situar los derechos humanos en un lugar central en su política exterior. 
Los cambios institucionales no bastan a este respecto, aunque tengamos nuestro propio Ministerio de Exteriores y se reorganicen las comisiones parlamentarias. 
Solo puede funcionar si realmente queremos invertir en una labor coherente e implicarnos con la máxima franqueza. 
Señor Presidente, quiero felicitar de todo corazón al ponente por su excelente trabajo, que además es muy interesante desde el punto de vista de los principios y en la práctica. 
Intenta levantar los esfuerzos del Parlamento Europeo por encima del nivel de los buenos testimonios. 
A fin de cuentas, si nos manifestamos, tendremos también que ocuparnos del seguimiento. 
Con demasiada frecuencia olvidamos nuestras propias críticas y nos faltan posibilidades para averiguar qué ha sucedido con nuestras denuncias. 
Ahora finalmente hemos de ocuparnos del seguimiento. Aunque comprendo muy bien las objeciones que haya a veces en sentido práctico, como ya ha señalado el Comisario. 
Esto es válido sin duda para el apoyo que hay que dar a los galardonados con el Premio Sajarov, en muchos casos son los héroes de las libertades civiles. 
Precisamente esta semana se ha expresado de nuevo, con razón y en el momento adecuado, el apoyo a Aun San Suu Kyi y por ello es extraño observar que dedicamos tan poca atención a la Sra. Leyla Zana. 
¿Acaso no conviene políticamente? 
Si esta fuera la razón, hemos de aplicarnos a nosotros mismos la misma crítica que ha expresado el ponente a la Comisión y al Consejo. 
Defender los derechos humanos no es sencillo. 
Defender a las personas con las que se está de acuerdo, es sencillo. 
Solo cuando hay que defender los derechos de las personas con las que no se está de acuerdo, solo entonces se puede hablar de una acción a favor de los derechos humanos. 
Lo mismo puede decirse de la libertad de conciencia. 
Para mi asombro, algunos de mis colegas lo llevan mejor que la libertad de religión. 
A decir verdad, me parece ligeramente sospechoso. 
Sin embargo, pido que se preste atención a mi enmienda sobre la libertad de conciencia, que por supuesto he presentado inmediatamente. 
Pues también sobre esta cuestión pueden mencionarse muchas cosas buenas. 
En la enmienda se enumera un amplio abanico de objeciones de conciencia, con los que uno puede estar o no de acuerdo. 
Por supuesto, esto último no es en absoluto interesante cuando se trata del respeto por la conciencia. 
Espero recibir un amplio apoyo de este Parlamento. 
A mi entender, el ponente ha tratado de forma excelente el tema de la libertad de religión en sus artículos. 
Por ello es más lamentable aún que la vulgar predisposición de la prensa implique a menudo que solo un 1% del texto que trata de la violencia en la religión reciba tanta atención. 
Espero que el ponente no lo escuche demasiado y siga incansable el camino emprendido en su informe. 
Señor Presidente, Señorías, al igual que el Sr. Caudron y todos los presentes, yo también me pregunto lo que podemos hacer para evitar que el informe sobre derechos humanos se convierta en un ritual año tras año. 
Creo que hay algo que podemos hacer, y es presionar con nuestro seguimiento práctico y nuestra condena de los abusos de los derechos humanos, aplicar las resoluciones aprobadas en esta Cámara sin confinar nuestros deberes a las declaraciones de principio que escribimos en nuestras tarjetas para proporcionar- como el señor Comisario también ha dicho- fondos y recursos prácticos, al igual que formación y apoyo, a aquellos que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, empezando por las Naciones Unidas, y, por último, apoyar a los periodistas- muchos periodistas murieron el año pasado, señor Comisario -, de los que pienso que son una fuente importante de testimonios y verificaciones, entre otros para el Parlamento. 
Respecto al informe del Sr. Van den Bos, parece claro que hay que evitar que la religión se convierta en un factor de división de nuevo en el tercer milenio, como lo ha sido durante mucho tiempo. 
Tenemos que evitar que nuevas formas de intolerancia y discriminación se desarrollen en el nombre de Dios, y menos en algunos países bastante civilizados, en algunas democracias occidentales bastante civilizadas: un mundo dividido y atravesado por nuevas cruzadas sería un mundo enfermo terminal, y debemos evitarlo. 
Hoy, señor Presidente, creo que la batalla por los derechos humanos ya no puede considerarse una batalla de principios, que ya no puede ganarse engañando o tomando atajos. 
Por lo tanto, instamos al Consejo a que se esfuerce al máximo por garantizar que la cláusula de derechos humanos- esto ya lo hemos oído en el discurso del Consejo- no se vea simplemente como un apéndice sin importancia, sino que represente un firme ideal de civilización jurídica y democrática que el Parlamento asegurará que nunca se menoscabe. 
Señor Presidente, la Unión Europea y los Estados Unidos deberían ser las dos fuerzas principales en la lucha por los derechos humanos en el ámbito internacional. 
Y solo podremos conseguirlo si coincidimos en nuestra evaluación de lo que constituye el pleno respeto de los derechos humanos, y si merecemos credibilidad gracias a la coherencia entre lo que hacemos en casa y decimos fuera. 
Hay una barrera de incomprensión mutua entre la UE y los Estados Unidos. 
Nosotros pensamos: «¿cómo pueden los estadounidenses seguir ejecutando gente, seguir boicoteando la Corte Penal Internacional y seguir negando un juicio justo a los detenidos en la bahía de Guantánamo?» 
Hay unos 18 ciudadanos y residentes de la UE encarcelados en Camp Delta. 
Y entre ellos se encuentra un vecino de mi circunscripción londinense, Feroz Abbassi. 
La UE debe ejercer una presión conjunta sobre los Estados Unidos para asegurar que se celebren juicios civiles con las garantías normales. 
La guerra contra el terror no debe convertirse en un ataque a las libertades civiles. 
Si permitimos la vigilancia injustificada, la detención y la discriminación de las minorías, sobre todo los musulmanes, debilitaremos nuestra credibilidad moral y fomentaremos más terrorismo. 
El mejor lema es «practica lo que predicas». 
Juntos, la UE y los Estados Unidos forman un equipo formidable. 
Divididos, debilitamos nuestra fuerza en pro de los derechos humanos. 
Señor Presidente, cuando la Unión Europea habla de derechos humanos, la gente tiene toda la razón en preocuparse. 
Los recuerdos de las invasiones criminales de Yugoslavia, Afganistán y el Iraq todavía están frescos. 
Sin duda, el problema es que los pueblos que sufren la «benevolencia» de la Unión Europea y de sus amigos imperialistas insisten en resistirse a sus liberadores. 
Lo mismo puede decirse de la gente de Cuba, que no está convencida de las ventajas del mercado libre. 
La Unión Europea, que se ha autonombrado defensora mundial de los derechos humanos, los utiliza selectivamente como palanca para ejercer presión con el fin de imponer su política. 
Tiene el punto de mira puesto en regiones y Estados que revisten una importancia geoestratégica y económica y Estados como Cuba, Vietnam, China, Belarús, etc. con sistemas políticos y sociales inconvenientes. 
Incluso la libertad religiosa se está utilizando con este propósito, mientras la resolución Turco llega a proponer una ley «extraterritorial» con penas y sanciones de acuerdo con la norma de los Estados Unidos. 
Por otra parte, la Unión Europea y el informe hacen la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos en los Estados Unidos de América, con la legislación antiterrorista que permite detenciones secretas y tribunales de guerra especiales. 
Hacen lo mismo con Israel, Turquía y los países candidatos que juzgan y prohíben los partidos comunistas. 
Señorías, existe una necesidad urgente de que la gente ponga fin a esta hipocresía. 
Señor Presidente, deseo sinceramente agradecer al Sr. Van den Bos su trabajo dedicado y con visión de futuro sobre los derechos humanos en el mundo. 
En especial quiero subrayar cuestiones que rodean la defensa de la libertad religiosa, para la cual el Sr. Van den Bos ha proporcionado una base sólida en este documento y que yo mismo he podido implicarme en un refuerzo mayor. 
El Parlamento Europeo llama la atención sobre las prohibiciones de actividades misioneras y amenazas de castigo en casos en los que la gente cambia de fe. 
Nosotros censuraríamos actos de violencia basados en una mala interpretación de la religión o la fe. 
El Parlamento Europeo señalaría la vulnerabilidad experimentada por miembros de minorías religiosas en el mundo. 
Una importante observación del documento es que el ateísmo extremista puede minar la capacidad de las personas para convivir en paz. 
También advertimos en contra de la intolerancia basada en el ateísmo. 
Se afirma que los derechos de las mujeres y las niñas están amenazados por el matrimonio infantil. 
También señalamos el importante papel de los medios de comunicación al extender el conocimiento de las religiones y las culturas. 
Un principio importante subrayado en el informe del Sr. Van den Bos es el derecho a cambiar o a renunciar a la fe y buscar la casa espiritual de uno mismo en libertad y sin encontrarse con legislación opresiva o que da lugar a amenazas o castigo para los que cambian su fe y su religión. 
Queremos eliminar las prohibiciones y las amenazas en relación con las conversiones de una religión a otra. 
Queremos oponernos a los castigos y otras prácticas en nombre de la religión que violan las libertades y derechos humanos. 
Finalmente, este importante documento contiene el rechazo legítimo de la elección de Libia para ejercer la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
También se dirigen críticas a Cuba, donde 78 activistas de derechos humanos han sido encarcelados por su trabajo sobre las libertades y derechos humanos. 
Señor Presidente, quiero, en el poco tiempo de que dispongo, plantear una cuestión al Ministro Antonione y al Comisario Nielson, que tiene que ver con el apartado 135, que subraya el papel central de la educación para el entendimiento mutuo y demás. 
Estamos a principios del curso académico; en la parte ocupada de Chipre, solo había una escuela, en Rizokarpaso, a la que se le permitió funcionar. 
Hoy, las autoridades ocupantes del Sr. Denktash no permiten a la escuela secundaria funcionar y hace dos o tres días expulsaron a los maestros de primaria. 
Esta es una cuestión urgente. 
El año académico está comenzando, puede que los niños se queden sin escuela y las familias probablemente se irán a la parte de la República de Chipre en la que se permite funcionar a todas las escuelas. 
Por esta razón quisiera obtener una respuesta del Sr. Nelson y del Sr. Antonione respecto a la acción que van a emprender a fin de plantear esta cuestión a las autoridades ocupantes. 
Señor Presidente, es preciso felicitar al Sr. Van den Bos por su trabajo, pero el problema en un informe tan amplio como este es que al final incluye los caballos de batalla de todo el mundo y los mensajes esenciales pueden quedar desdibujados. 
Ya se ha convertido en un tópico decir que los derechos humanos son indivisibles. 
Pero yo no estoy convencido de que los derechos humanos de los terroristas asesinos de masas o de quienes les ayudan y les protegen de alguna forma merezcan la misma consideración que los de los ciudadanos decentes que cumplen la ley. 
Se nos recuerda que en la lucha contra el terrorismo nuestras democracias deben tener cuidado de no violar las libertades civiles y los derechos humanos. 
Por supuesto, así debe ser, pero, de la misma forma, no debemos permitir que los derechos humanos se conviertan en una arma del arsenal terrorista. 
Son los terroristas y sus defensores los principales violadores de los derechos humanos de nuestros ciudadanos. 
Para nosotros es muy fácil echarnos las manos a la cabeza ante las violaciones de derechos humanos que ocurren en todo el mundo. 
En mi opinión, la Unión Europea debería centrarse con más precisión en algunos objetivos factibles respecto a los que se encuentra en situación favorable. 
Debería concentrar la acción en unos pocos ámbitos donde tenga la posibilidad de conseguir resultados y después actuar de forma coherente y con determinación. 
Estoy pensando en Birmania- sobre la que hablaré mañana- y en Zimbabwe, donde millones de personas sufren bajo la tiranía de Mugabe, una situación vergonzosamente tolerada y favorecida por los líderes de algunos países africanos de la región. 
Demasiadas veces el Consejo ha ignorado las resoluciones de este Parlamento. 
Algunos países han intentado explotar la situación en beneficio propio. 
Pero en vez de ello debería existir un planteamiento coherente, basado en una estrategia clara para sacar la bota de Mugabe del cuello de sus ciudadanos. 
Los gobiernos corruptos y brutales de Estados fracasados suelen ser la principal fuente de violaciones de los derechos humanos de millones de las personas más desfavorecidas del mundo. 
Como conservadores británicos, insistimos en que, a cambio de mejorar la ayuda al desarrollo, los países beneficiarios deberían cumplir su parte del trato, principalmente la gobernanza, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. 
Quizás entonces podríamos avanzar un poco. 
Señor Presidente, si los derechos humanos constituyen el núcleo de los valores europeos, la presentación de este informe anual sobre los derechos humanos constituye una de las fechas más señaladas del año de este Parlamento Europeo. 
Felicito al Sr. Van den Bos por su trabajo, en el que ha tenido que enfrentarse a un gran número de prioridades y exigencias. 
Sigue siendo un problema del Parlamento decidir si conviene especificar los países individualmente en este informe. 
¿Por qué, por ejemplo, se critica la libertad de religión en Laos, Vietnam y Pakistán, pero no en Turkmenistán o Arabia Saudí? 
La resolución identifica algunos cambios estructurales en el ámbito de la UE que realmente podrían mejorar el respeto de los derechos humanos, como una mejor aplicación de la cláusula sobre derechos humanos entre la UE y terceros países, la participación del Parlamento Europeo en el debate del programa operativo sobre derechos humanos, y el establecimiento de criterios de referencia que permitan la acción de la UE sin llegar a los dos instrumentos a menudo contundentes como son la política de sanciones o la suspensión de la ayuda. 
Espero que la Comisión lo estudie con detenimiento. 
Finalmente, de la misma forma que el Parlamento ha votado hoy a favor de una Convención de las Naciones Unidas sobre la discapacidad, es correcto que la violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad esté representada en esta resolución general. 
No se trata solo de derechos económicos y sociales, sino de personas de todo el mundo que han perdido la vida o que están sometidas a abusos solo porque sufren una discapacidad. 
Por ejemplo, se dan abusos en instituciones residenciales donde las personas se ven privadas de la dignidad humana básica, como el uso de camas con rejas en instituciones psiquiátricas de países que el año que viene se convertirán en miembros de pleno derecho de la Unión Europea. 
En este y en todos los aspectos identificados en este informe, los derechos humanos son indivisibles en Europa y en todo el mundo. 
Señor Presidente, a pesar de estar satisfecho con el informe, mi Grupo también cree que debe utilizar el tiempo del que dispone para subrayar que es esencial que el Parlamento Europeo siga haciendo uso de todos los recursos de los que dispone más resueltamente para asegurar que se otorga una mayor preeminencia a la cuestión de los derechos humanos en nuestra toma de decisiones y que las políticas que seguimos son más efectivas. 
Creo que, por lo que respecta a los derechos humanos en general en el mundo- y destacaría en esta amplia categoría los derechos de los niños y de las mujeres- todavía hay potencial aprovechable en las decisiones que tomamos sobre las políticas de ayuda, entre otras cosas respecto a los países en desarrollo, un potencial que debemos explotar con mayor determinación y resolución para promover la necesidad de respetar los derechos humanos. 
En mi opinión, aquí también existe un problema de información, y estoy de acuerdo con la afirmación que aparece en el informe relativa a la necesidad de que el Parlamento en general y las comisiones que gestionan las decisiones relativas a las políticas de estos países, en particular, tengan un acceso mayor, más rápido y seguro a la información diaria de última hora sobre lo que está ocurriendo en esos países. 
Para concluir, yo también quiero mencionar la pena de muerte, que es una preocupación recurrente para todos y sobre la cual todos debemos seguir desarrollando una política. 
. (IT) Señor Presidente, quisiera, muy brevemente, responder al Sr. Alavanos, que ha planteado una cuestión de la que el Consejo no tiene conocimiento. 
Puedo asegurarle que investigaremos el asunto dentro de los límites de poder que tiene el Consejo. 
Responderé al Sr. Alavanos por escrito, si es necesario. 
. (EN) Solo necesito hacer una observación general para terminar. 
He sentido una gran frustración ante muchas de las intervenciones que reflejan la falta de decisiones claras con efecto vinculante y la falta de instrumentos eficaces para hacer cumplir el respeto de los derechos humanos en el mundo. 
Algunas incluso han transmitido una sensación de extraterritorialidad que se acerca al lenguaje unilateralista. 
Debemos tener cuidado y permanecer fieles a otros valores que también son importantes para nuestra autoestima y nuestro proyecto. 
Debemos seguir siendo multilateralistas. 
Y cuando hablamos de estos temas tan difíciles, no hay atajos posibles. 
Cuando los pobres del Tercer Mundo no miran a los europeos- y aunque no comprendan las cifras, esto ilustra la imagen que tienen de nosotros -, ven que en Europa cada vaca recibe una subvención de dos euros diarios. 
Allí, 1.200 millones de personas sobreviven con menos de un dólar al día. 
Más de la mitad de la población mundial percibe menos de dos dólares al día. 
No quiero apartarme del tema central del debate, pero cuando hablamos de percepciones y de cómo este mundo se ve a sí mismo, debemos tener esto en cuenta. 
Todo el mundo habla de la sociedad internacional, pero no existe. 
Estamos intentando crear una. 
Y aquí es donde tenemos una buena razón para ser europeos en estos momentos. 
Debemos introducir esto en los temas que discutimos aquí. 
-Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
DECLARACIONES POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
El informe denuncia, con razón, la situación de los derechos humanos en numerosos países. 
Sin embargo, es deplorable que los países del Magreb, al igual que Israel, estén curiosamente ausentes de este informe. 
Sin embargo, el año 2002 marcó un cambio represivo preocupante en estos países, en particular respecto de la libertad de expresión: detenciones y persecuciones judiciales de los responsables del movimiento ciudadano de la Kabilia en Argelia y, en la actualidad, atentados a la libertad de prensa; encarcelamiento de un periodista de Internet en Túnez; censura y persecución del periodista Ali Lmrabet en Marruecos e incluso atentados perpetrados en el Sahara occidental por parte del poder marroquí. 
En Cisjordania, la edificación del muro de la vergüenza comporta múltiples atentados al derecho de circulación, al derecho a la tierra para la población palestina; es un peligro para los derechos humanos y para la paz. 
Finalmente, en numerosos países la pretendida lucha contra el terrorismo es un pretexto para las medidas de seguridad y represivas. 
Hay que defenderse de ellas. 
Más allá, nos corresponde a nosotros rechazar que el cuestionamiento del Derecho internacional, peligrosamente trivializado por el poder norteamericano, nos lleve a un mundo en que los intereses económicos y políticos primarían para siempre sobre los derechos de los individuos y de los pueblos. 
. (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Sylla por su amplio informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión en 2002. 
La longitud del informe pone de manifiesto que la Unión Europea, que predica constantemente a favor de los derechos fundamentales en el resto del mundo, todavía incumple esos mismos derechos en el interior de sus fronteras. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte sobre este informe, me complace que en el apartado 38 por fin se mencione explícitamente y se ponga en la picota a Italia por la concentración de medios de comunicación y la influencia que ejerce sobre ellos su Primer Ministro, sin que se adopte por ello ninguna medida para evitar el conflicto de intereses. 
Y digo que me complace porque lamentablemente la mayoría de los miembros de la Comisión de Cultura votaron en contra de citar a Italia como mal ejemplo por la concentración de medios de comunicación, que plantea una amenaza muy grave para la democracia en todo el mundo. 
Todos sabemos que los conglomerados de medios de comunicación controlan una parte importante de los medios nacionales en varios países europeos. Bertelsmann y Kirch en Alemania, el imperio de Rupert Murdoch en el Reino Unido y Vivendi en Francia. 
Pero la combinación de influencia mediática y poder político de Berlusconi es única en Europa. 
Un informe reciente sobre los conflictos de intereses en los medios de comunicación en Italia realizado por la ONG Periodistas Sin Fronteras cita a Freimut Duve, representante de la OSCE para la libertad de prensa, quien ha condenado reiteradamente la concentración de tantos medios de comunicación italianos en manos del Primer Ministro. 
La OSCE dice que es un reto para la arquitectura constitucional de Europa y además un mal ejemplo para las nuevas democracias en transición. 
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también sostiene que el posible conflicto de intereses entre el cargo político del Sr. Berlusconi y sus intereses económicos y mediáticos privados es una amenaza para el pluralismo de los medios de comunicación. 
Podría alargarme más, pero estoy seguro de que todos comprenden los problemas que la concentración de medios en Italia plantea para la democracia y la libertad de información. 
De modo que espero, sinceramente, que todos estén de acuerdo en que el caso de Italia debía incluirse en este informe. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente, el Sr. Sylla, que ha concluido un trabajo muy difícil. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer, quiero expresar nuestra profunda satisfacción por los comentarios y recomendaciones que aparecen en el informe sobre la garantía y la aplicación de la democracia y la igualdad en la vida cotidiana y en la práctica, en el sentido de una participación equilibrada de los sexos en las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos de las mujeres. 
No es posible, señor Comisario, que las mujeres sean tratadas como seres humanos y ciudadanas con derechos restringidos en la Europa del siglo XXI. 
Es inaceptable que todavía existan sectores profesionales y ámbitos de la Unión Europea en los que la legislación comunitaria, las reglas democráticas y las libertades fundamentales solo se apliquen a los hombres. 
Mi comisión ha condenado repetidamente la discriminación basada en el sexo y la discriminación basada en la orientación sexual o el origen nacional o social. 
En otras palabras, condenamos las diferentes varas de medir que derivan principalmente de las tradiciones culturales y los estereotipos sociales y que hoy se refieren a períodos oscuros y tristes de la historia de la humanidad. 
Exigimos insistente y constantemente lo que es evidente: que los derechos humanos y las libertades fundamentales se apliquen por igual a los hombres y mujeres, sin ningún tipo de discriminación. 
Solo entonces podremos hablar de la universalidad de los derechos humanos y de la integración en las demás políticas. 
También quiero aprovechar la oportunidad de la votación de hoy sobre el informe relativo al programa DAPHNE para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, señor Comisario, para solicitar una vez más a la Comisión Europea y a los Estados miembros que el combate contra la violencia que sufren las mujeres, que es la peor forma de violar los derechos de las mujeres, ocupe uno de los primeros lugares de su agenda política. 
No creo que ninguna política deba tener más peso que la protección de los derechos humanos. 
Señor Presidente, más allá de los elogios al trabajo del Sr. Sylla, quiero hacer dos observaciones relativas al método que creo que hay que emplear en este informe. 
En primer lugar, quiero recordar que es el tercer informe tras una reforma extremadamente importante, deseada por nuestro Parlamento, que consiste de hecho en leer la situación de los derechos fundamentales en la Unión a la luz de la Carta, lo que implica ciertas obligaciones. 
Nos hemos dotado de medios- una red de expertos que presenta un informe, normalmente un grupo de trabajo colectivo -, pero la palabra clave es toda la Carta y nada más que la Carta. 
Naturalmente esto obliga al ponente y a todos los que desean que este informe se apruebe a cuidar de que no sirva de pretexto al activismo político, que no sirva para anteponer opiniones personales, o que no sea un precursor de la acción de grupos de presión que no tienen nada que ver. 
¡Sólo la Carta, pero toda la Carta! 
Creo que es un principio que hay que reafirmar. 
Mi segunda observación se refiere a los países. 
Este informe consta de dos partes, de acuerdo con el reglamento de la UE. 
En realidad el informe forma un todo y, por lo tanto, la resolución solo debería contener la esencia del informe y poner de relieve solo lo que el Parlamento desea que la opinión pública recuerde. 
Ello evitaría reflejos nacionalistas por parte de cierto número de nuestros colegas que no soportan que se cite a su país. 
Creo que, también desde este punto de vista, nos interesa conservar en la resolución solo los puntos importantes, que de hecho se refieren a la razón por la que el Parlamento ha optado por hacer este informe. 
Ha optado por hacerlo en calidad de guardián de las libertades públicas y para poder responder a la pregunta: ¿se ha respetado o no la Carta de los Derechos Fundamentales tal y como está escrita, y no tal y como querríamos que estuviese escrita, en el transcurso del año considerado en el territorio de la Unión? 
Este es el objeto del informe. 
Es muy importante que no olvidemos estas cuestiones de método si queremos que este informe se apruebe con la más amplia base política posible. 
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al ponente y diciendo que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoya el informe. 
Aunque puede que tengamos opiniones distintas sobre ciertos aspectos del mismo, podemos afirmar que este estudio es útil y significativo. 
No obstante, me habría gustado ver ejemplos más prácticos. 
Señor Cornillet, me pregunto para qué sirve este informe si no señalamos a una serie de países. 
Si la Unión Europea quiere ser un ejemplo para el mundo, no podemos ponernos una máscara y no arreglar nuestra propia casa. 
¿Qué credibilidad tendríamos entonces en el mundo que nos rodea? 
La pregunta para la Comisión y el Consejo es, sin duda: ¿qué medidas prácticas están utilizando para abordar los problemas? 
El primero es la política de asilo de la Unión Europea y los Estados miembros, que merece ser criticada. 
Existe una ansiedad política por la cual todos los países parecen sentirse capaces de comprometerse con los principios jurídicos fundamentales. 
Naturalmente, debemos poner fin al contrabando humano e impedir que se utilice mal el sistema de asilo, pero no podemos devolver a los refugiados para que los torturen o los maltraten. 
Tenemos que conceder a todos los niños que llegan a la Unión Europea la oportunidad de tener una vida digna. 
Existen muchas deficiencias en este ámbito, incluyendo mi propio país. 
El segundo ámbito son las condiciones de las prisiones. 
Tenemos prisiones saturadas, violencia extensiva y problemas en aumento que incluyen la rehabilitación de ex prisioneros en la sociedad. 
Europa ha de tener cárceles adecuadas para seres humanos. 
El tercer ámbito se refiere a una cuestión delicada pero importante. 
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea afirma claramente y sin ambigüedades que «se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo». 
Estoy de acuerdo con el Sr. Eurig Wyn en este asunto y me pregunto si es quizás una ironía del destino que sea la Presidencia italiana la que tenga que conseguir un acuerdo entre los Estados miembros en torno a una constitución que Italia, con el monopolio de medios de comunicación de su Primer Ministro, viola claramente y sin ambigüedades. 
No podemos tolerar esta situación. 
En conclusión, quiero preguntarle, señor Comisario, lo que está haciendo con respecto a este tema sensible. 
La situación de los medios de comunicación italianos es responsabilidad de toda Europa, incluido usted, señor Vitorino. 
Señor Presidente, acojo favorablemente este informe, que es un instrumento instructivo por varias razones: excelente compilación de la legislación vigente, buen seguimiento de la evolución de la legislación y sobre todo de los efectos del 11 de septiembre, y prueba clara de que la percepción del peligro ha modificado los términos del equilibrio entre libertad y seguridad, de que la multiplicación de las leyes de excepción ha limitado sustancialmente y ridiculizado nuestros derechos fundamentales. 
Con la adopción de disposiciones europeas como las decisiones marco sobre el terrorismo y la orden de detención europea, o como la congelación de los bienes de ciertas entidades o individuos considerados terroristas, la Unión Europea reafirma la multiplicación de las legislaciones antiterroristas y represivas aprobadas por los Estados miembros. 
Sin embargo, si el imperativo de lucha contra el terrorismo no puede ser una excusa para el establecimiento de legislaciones discriminatorias y arbitrarias, la ausencia de una definición clara y precisa del terrorismo en la legislación europea permite la penalización implícita de movimientos sociales vinculados a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. 
La simple sospecha puede implicar la detención. 
Poblaciones enteras ya vulnerables lo son aún más desde el 11 de septiembre: los nacionales de países terceros, los solicitantes de asilo, los romaníes, los musulmanes. 
Al ignorar los derechos fundamentales y las libertades públicas, a menudo se trata a estas poblaciones como una amenaza o un peligro para la seguridad del Estado, y el 11 de septiembre es un buen pretexto para ello. 
Permite eludir las cuestiones reales a las que la sociedad tiene que enfrentarse: integración, xenofobia, política de inmigración y de asilo. 
La lucha contra el terrorismo sirve hoy de pretexto para la lucha contra la inmigración, calificada de ilegal. 
Los acuerdos de asociación con Argelia, por ejemplo, son una bella muestra de esta amalgama entre terrorismo e inmigración. 
Lo mismo ocurre con los acuerdos de readmisión para los «sin papeles» devueltos a países terceros. 
La lista de violaciones cometidas en el seno de la Unión Europea por parte de los Estados y las instituciones es larga: xenofobia, doble pena, detención arbitraria, discriminación en la contratación, en la vivienda y delitos basados en la identidad. 
Pero los derechos humanos no tienen fronteras, así que seamos francos, comencemos por barrer delante de nuestra puerta. 
Dejemos de hacer de los derechos humanos una moneda de cambio con países terceros; el objetivo de la Unión Europea es promover la paz, los valores de libertad, justicia y solidaridad, así como el bienestar de estos pueblos. 
Dotémonos de los medios para hacer respetar los derechos humanos en el seno de la Unión Europea para todos los residentes, sea cual sea su nacionalidad. 
Señor Presidente, Señorías, en nuestra opinión sería un error seguir el enfoque restrictivo de considerar el tema de la protección de los derechos humanos en términos de los derechos individuales, considerándolos la única cuestión significativa para cualquier persona y dejando de lado los derechos de los pueblos, sus tradiciones y su identidad cultural. 
Esto puede llevar a meteduras de pata y a tomar el camino equivocado, como por ejemplo cuando, examinando el problema del crimen extendido entre los inmigrantes de terceros países, el informe afirma que sin duda esto se debe a las deficientes políticas de integración al mismo tiempo que deja a un lado los derechos de las comunidades al recibir este tipo de inmigración desregulada que sufre los daños y los efectos dañinos, entre otras cosas en términos de su cultura de lo que es, en algunos casos, una invasión genuina y un abuso de los derechos de las personas del país receptor. 
Por lo tanto, somos extremadamente críticos con un informe que también busca introducir la eutanasia por la puerta trasera. 
Señor Presidente, señor Sylla, esta Cámara le dio el claro mandato de examinar si los derechos fundamentales estaban siendo respetados en los Estados miembros de la Unión Europea y en qué medida. 
Lo que usted ha producido es, lamentablemente, una lista de deseos ideológicos, una lista de la compra de ideologías de izquierdas. 
Digo «lamentablemente» porque ha sido un informe importante y sustancial. 
Podemos debatir las cuestiones que plantea en el mismo, y podemos estar a favor o en contra, pero la cuestión es que no corresponden a un informe sobre derechos fundamentales y el respeto de estos derechos en la Unión Europea. 
Por esa razón, y como cuestión de principios, nosotros, miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos) y Demócratas Europeos, vamos a votar en contra de este informe. 
Sin embargo, usted también critica a una serie de Estados miembros, y por lo general lo hace injustamente. 
Simplemente no se ha informado adecuadamente sobre la situación real, o critica porque las reglas que aplican no se corresponden con sus prejuicios ideológicos. 
Rechazamos la crítica- y eso incluye su crítica a Austria- porque es bastante injustificada, y por las mismas razones también rechazamos su informe. 
En tercer lugar, rechazo el informe en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo porque no apoyamos sus principales demandas. 
Estas van desde la ampliación del derecho de asilo hasta el acceso a la educación y a la sanidad para los inmigrantes ilegales, la regularización del estatuto de los inmigrantes ilegales y el reconocimiento de la igualdad de todas las asociaciones de la Unión Europea; rechazamos todas estas demandas inequívocamente. 
Por último, rechazamos el informe en su conjunto por su petición de que las parejas homosexuales tengan derecho a adoptar niños. 
Puede pensar lo que quiera de esas parejas: yo las tolero, pero en interés de los niños, debemos asegurarnos de que esta petición nunca se ponga en práctica. 
El Grupo del Partido Popular Europeo rechaza resueltamente su informe por todas las razones que he expuesto y va a votar en contra del mismo. 
Señor Presidente, Señorías, algunos estamos sumamente preocupados: «Nuestros niños, nuestros niños, nuestros niños? ». 
Nuestro ponente advierte que el 87% de los casos de abusos infantiles ocurren en la familia, según cifras que nunca se han discutido; otro 4% ocurre en seminarios. 
Quizás deberíamos darles a los homosexuales una oportunidad, podría ser mejor para los niños. 
Un discurso conmovedor el del Sr. Borghezio: los derechos de los pueblos deben prevalecer sobre los derechos de los individuos. 
Ya esté hablando de nuestro Benito Mussolini, de Sadam Husein o de cualquiera de los otros, los derechos de los pueblos siempre han prevalecido sobre los derechos de los individuos. 
Los derechos de los pueblos, de hecho de los pueblos luchando unos con otros. 
Nuestro Presidente ha declarado inadmisible una enmienda que solicite la libertad de acceso a documentos. 
Si estas son el tipo de cosas que estamos haciendo, entonces ¡viva el Comisario Vitorino! 
¡Viva este escrutinio democrático que hemos alcanzado por primera vez en 2003! 
¡Viva el ponente! 
Vamos a votar con satisfacción a favor del informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una vez más tenemos ante nosotros un informe que se ha convertido en un acto rutinario. 
Por ello, deberíamos estar aquí todos sentados y calmados, pero como pueden ver, se trata de un informe que todavía suscita un encendido debate después de cuatro años. 
Además, estamos debatiendo principios que distinguen una sociedad civilizada de una comunidad tribal, y a este respecto, la Carta de los Derechos Fundamentales debería ser la referencia más apropiada, más equitativa y más fiable cuando se habla de principios y valores. 
Apoyo las amplias opiniones contenidas en el informe: no al terrorismo, protección de los prisioneros, combate del tráfico de seres humanos, protección de la información y de la privacidad, provisión de información precisa, inmigración, asilo y muchas otras cuestiones como, de nuevo, el combate de todas las formas de discriminación. 
Es una pena que todas estas cuestiones, estos principios estén en peligro, adulteradas por opiniones políticas e ideológicas invasoras cuando garantizan un mayor respeto. 
Por ejemplo, consideremos la salvaguarda de las raíces cristianas y la unidad familiar tradicional, un hombre y una mujer unidos por el objetivo común de la procreación. 
Una vez más, estamos intentando imponer a 15 Estados miembros un modelo que solo aceptan tres países en Europa, y lo hacemos, Señorías, mediante una fuerza que, aunque es puramente verbal, es, no obstante, violencia. 
También es lamentable el sector de la información, donde una grave cuestión como esta ha sido deshonrada por propaganda política como la contribución del ponente de opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte- a quien no nombraré por no darle el derecho a responder -, que ha deshonrado una cuestión muy grave por el tono y el contenido de un vulgar folleto de propaganda de partido, comportamiento que, además, se condena por sí solo. 
Me complace decir, Señorías, que esto es solo una opinión, o un conjunto de opiniones sin efecto jurídico. 
Señor Presidente, un enfoque práctico de este informe pone de manifiesto de inmediato su virtud principal: que las instituciones europeas no podrán seguir ignorando la penosa situación de la protección de los derechos humanos en la vida cotidiana de los Estados miembros. 
Como dice el ponente, en el futuro este informe anual será valorado e incluso temido. 
Aunque comparto plenamente la opinión del Sr. Sylla, debo confesar que soy un poco reacio a aceptar un informe sujeto a la presión de las normas actuales de corrección política, que silencia consideraciones más importantes como las evidentes violaciones de los derechos humanos y las libertades políticas en algunos Estados miembros, entre ellos el Reino de España. 
Comisario Vitorino, en el apartado 22 del informe se pide claramente, como asunto urgente, que se tomen medidas a favor de los presos que sufren enfermedades graves. 
Bautista Barandalla, un preso navarro, sufre una enfermedad incurable. 
Su caso es objeto de la pregunta escrita que presenté a la Comisión el pasado mes de marzo. 
Invito a todos a leer la respuesta que el Comisario Vitorino redactó el 11 de junio de 2003. 
Yo de usted me sentiría muy avergonzado, señor Vitorino. 
Muchas gracias señor ponente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas. 
DECLARACION POR ESCRITO (ART 120) 
Pregunta nº 1 formulada por Camilo Nogueira Román, a quien sustituye el Sr. Ortuondo Larrea (H-0433/03): 
Asunto: Muertes trágicas de inmigrantes, ahogados en las costas atlánticas y mediterráneas del sur de la Unión 
En los últimos días han perecido ahogados, en esta ocasión frente a las costas sicilianas, 70 inmigrantes africanos. 
Es una nueva repetición de los trágicos hechos que se registran sistemáticamente frente a las costas atlánticas y mediterráneas del sur de la Unión, especialmente en Canarias y Andalucía, y que sacuden la conciencia de los europeos. 
En los últimos años ya han muerto millares de inmigrantes, muchos de ellos mujeres embarazadas o niños. 
¿Qué medidas políticas, no limitadas a la mera represión, piensa adoptar la Unión para evitar estas desgracias? 
. 
(IT) Me temo que debo empezar, señor Presidente, diciendo que tengo que tomar un avión, así que no puedo concederle lo que me pide. 
Sin embargo, todas las preguntas recibirán una respuesta por escrito para que podamos cumplir con nuestra obligación. 
Con respecto a la Pregunta nº H-0433/03, el Consejo condena los trágicos incidentes mencionados por su Señoría. 
La estrategia de inmigración que sigue la Unión no solo tiene la intención de redactar y aplicar medidas para combatir la inmigración ilegal y prevenir y controlar este fenómeno sino también de reforzar las relaciones con los terceros países de origen y tránsito de inmigrantes. 
Por ello, debemos recordar que las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla del 21 y 22 de junio de 2002 señalaron que es crucial para la Unión Europea y sus Estados miembros que los flujos migratorios se gestionen de acuerdo con la ley, en cooperación con los países de origen y de tránsito de dichos flujos. 
Asimismo señalaban que combatir la inmigración ilegal requiere un esfuerzo mayor por parte de la Unión Europea, con el uso de todos los instrumentos adecuados en el contexto de las relaciones exteriores de la Unión Europea. 
A este efecto, afirmaban que el enfoque integrado, exhaustivo y equilibrado para atajar las causas de la inmigración ilegal debía seguir siendo el objetivo constante a largo plazo de la Unión Europea. 
También señalaban que la cooperación económica más estrecha, la expansión del comercio, la ayuda para el desarrollo y la prevención de conflictos son medios de promover la prosperidad económica en los países implicados y así reducir las causas de fondo de los flujos migratorios. 
De conformidad con el Consejo Europeo de Sevilla, las conclusiones del Consejo Europeo de Salónica de los días 19 y 20 de junio de 2003 reafirmaron que el diálogo y las acciones de la Unión Europea con respecto a terceros países en el ámbito de la migración debería formar parte de un enfoque totalmente integrado, exhaustivo y equilibrado. 
También debería mencionarse que, en diciembre de 2003 la Comisión presentó una comunicación titulada «Integración de las cuestiones de migración en las relaciones de la Unión Europea con Países Terceros» , que subrayaba especialmente la relación entre migración y desarrollo. 
Esta relación y sinergia han sido, además, reconocidas y subrayadas por el Consejo en las conclusiones relativas a la comunicación aprobadas el 19 de abril de 2003, en la que el Consejo afirma específicamente que una política de desarrollo efectiva y coherente es parte esencial de una política migratoria efectiva, y reconoce que, si se gestiona adecuadamente, la migración puede ser un factor positivo de crecimiento y desarrollo para la Unión Europea y los países en cuestión, mientras la inmigración ilegal tiene un efecto dañino tanto en los individuos en cuestión como en los países de origen, tránsito y destino. 
Por tanto, el Consejo observa que, a fin de establecer una política migratoria efectiva, tenemos que desarrollar una sociedad genuina con los terceros países para producir una gestión común más efectiva de los flujos migratorios. 
Además, debo mencionar el documento de trabajo de la Comisión de julio de 2003 sobre una cooperación más estrecha con países de origen con el fin de gestionar los flujos migratorios. 
Este documento, cuya intención es aplicar las conclusiones adoptadas por el Consejo el 19 de noviembre de 2003, examina el estado de la cooperación con una serie de terceros países y propone una cooperación mejorada y más estrecha. 
La aplicación de las conclusiones de los Consejos Europeos de Sevilla y Salónica sobre la base, en especial, de las directrices que surgieron de las comunicaciones de la Comisión es el tema de un análisis en profundidad realizado por los órganos del Consejo. 
. 
(IT) Esta es una cuestión que, sin duda, consideraremos; además, ya ha sido debatida en una serie de Consejos Europeos, que le concedieron la debida importancia. 
Nos comprometemos a volver sobre esta cuestión para explorarla más a fondo y ver cómo podemos responder de modo más completo. 
Pregunta nº 2 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0439/03): 
Asunto: Proyecto Ulises 
¿Puede el Consejo informar sobre los resultados del proyecto Ulises para el control de la inmigración ilegal en el Mediterráneo occidental y en el Atlántico? 
. 
(IT) Como he señalado en mi respuesta a la Pregunta nº H-0086/03 planteada por su Señoría, se presentó un informe final sobre la aplicación de programas, centros ad hoc, proyectos piloto y operaciones conjuntas en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 5 y 6 de junio de 2003 con el fin de que se enviara al Consejo Europeo de Salónica. 
El Consejo Europeo ha tomado nota de los resultados de las distintas operaciones descritas en el informe. 
Por lo que respecta al proyecto Ulises, el Consejo fue informado de que iba a ser aplicado en dos fases: la primera fase, en el Mediterráneo, tuvo lugar entre el 25 de enero y febrero de este año, y la segunda, que iba a aplicarse a principios de abril, también este año, se suspendió temporalmente por la guerra del Iraq. 
La segunda fase se aplicó finalmente entre el 27 de mayo y el 2 de junio de este año y consistió en la supervisión y seguimiento de las aguas territoriales de las costas de las Islas Canarias en el océano Atlántico. 
Varios Estados miembros tomaron parte en ambas fases de la operación. Italia, Francia, Reino Unido, Portugal y España desempeñaron un papel activo en la primera fase del proyecto, mientras Grecia, Noruega, Países Bajos, Alemania y Polonia participaron como observadores, junto con Europol. 
En la segunda fase hubo una participación activa de Reino Unido, Francia y España. 
El valor añadido del proyecto Ulises radica en el hecho de que se combinaron y desplegaron conjuntamente distintos recursos humanos y equipos en una serie de tareas prácticas, y en el hecho de que hubo un intercambio de información utilizando tecnologías avanzadas. 
Se informó de que, en total, 454 inmigrantes ilegales fueron capturados y 15 nadadores interceptados gracias a los esfuerzos coordinados de la fuerzas de tierra, mar y aire. 
. 
(IT) Es una muy buena observación. 
La coordinación es absolutamente esencial para obtener mejores resultados, y por lo tanto podemos apoyar su recomendación. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, creo que el problema no puede resolverse únicamente mediante la Operación Ulises, por lo que mi pregunta en relación con la inmigración ilegal es la siguiente: ¿qué ha pasado con las propuestas para introducir un cuerpo de guardia de fronteras europeo o una policía de fronteras europea? 
. 
(IT) Este es un tema que ya ha sido debatido. 
Sin duda, existía una postura general a este respecto, que era la de abogar por la creación de una fuerza de policía europea para lograr un mejor control. 
Hasta la fecha no se ha tomado ninguna decisión sobre el asunto, pero estoy seguro de que el Consejo volverá sobre ello. 
Cuando lo haga, podremos concretar más en cuanto a las decisiones que pretende adoptar. 
Pregunta nº 3 formulada por Alexandros Alavanos (H-0449/03): 
Asunto: Actitud de la Presidencia italiana de la UE ante los inmigrantes clandestinos 
Según noticias publicadas en la prensa (Financial Times del 25.6.2003) , Umberto Bossi, presidente de la Liga Norte y miembro de la coalición gubernamental italiana, pidió que la Marina de guerra dispare a los barcos que trasladan inmigrantes clandestinos a Italia, barcos que con mucha frecuencia transportan una multitud de niños y mujeres. 
¿Coincide esta postura del Sr. Umberto Bossi con la posición de la Presidencia italiana? 
En caso negativo, ¿cómo ha condenado dicha postura? 
. 
(IT) No corresponde al Consejo comentar declaraciones como las que menciona su Señoría en la pregunta. 
No obstante, señalaría que, como afirma en su programa, la Presidencia italiana se esforzará por promover la gestión conjunta de flujos migratorios que mantenga un equilibrio adecuado entre la política de integración de extranjeros que residen legalmente en la Unión Europea- entre otras cosas promoviendo el diálogo social, cultural y religioso- y combatiendo resueltamente la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. 
Esta medida es parte del esfuerzo por crear un sistema de asilo e inmigración europeo conjunto, de acuerdo con las medidas adoptadas en los Consejos Europeos de Sevilla y Salónica. 
Pregunta nº 4 formulada por Malcolm Harbour (H-0435/03): 
Asunto: La competitividad en la Unión Europea 
Las conclusiones del Consejo Europeo del 21 de marzo de 2003 señalaban que "en el marco del proceso de adopción de decisiones del Consejo, deberá consultarse efectivamente al Consejo de Competitividad para las propuestas que puedan tener importantes repercusiones en la competitividad". 
¿Respecto a cuántas propuestas ha sido consultado el Consejo de Competitividad y qué medidas se han tomado como resultado de ellas? 
Recordando de nuevo las citadas conclusiones, ¿qué medidas concretas ha tomado el Consejo para asegurarse de que el Consejo de Competitividad pueda "asumir activamente su función horizontal de mejorar la competitividad y el crecimiento en el marco de una estrategia integrada de competitividad que desarrolle la Comisión"? ¿Cómo van las formaciones del Consejo a "evaluar el impacto de su ámbito de tareas" en lo que se refiere a la competitividad? 
. 
(IT) Como muy sabe su Señoría, la formación del Consejo de Competitividad se estableció después del acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002 sobre una serie de medidas, con el fin de mejorar la forma en que funciona el Consejo en la preparación de la ampliación. 
Con la decisión de combinar las tres formaciones anteriores del Consejo- Mercado Interior, Industria e Investigación- en una única formación del Consejo responsable de las cuestiones relacionadas con la competitividad de las empresas europeas, tanto cuestiones horizontales como medidas políticas individuales con vistas a introducir nuevos instrumentos legales, se ha dado un gran paso hacia una estructura más efectiva del Consejo para los sectores afectados. 
Como ha señalado su Señoría, en la reunión de Bruselas de marzo de 2003 el Consejo Europeo subrayó el papel de la formación del Consejo de Competitividad, afirmando que efectivamente debería ser consultado dentro en los procesos de toma de decisiones sobre las propuestas que probablemente tengan efectos sustanciales sobre la competitividad, junto con la responsabilidad de todas las formaciones del Consejo de evaluar el impacto de su ámbito de trabajo. 
Los temarios de las sesiones de esta formación del Consejo celebradas hasta la fecha y los resultados de dichas sesiones reflejan de forma adecuada los objetivos establecidos por el Consejo Europeo y el deseo de las Presidencias de crear las mejores condiciones posibles para conseguirlos. 
Durante las anteriores Presidencias danesa y griega, el trabajo del Consejo de Competitividad se organizó de tal forma que se permitiera la mayor integración posible de los tres sectores principales dentro de su ámbito y lograr una mayor eficacia a la hora de abordar las cuestiones relacionadas. 
Se ha creado un grupo de funcionarios de alto nivel del Consejo, denominado «Grupo de Competitividad y Crecimiento» , con el fin de garantizar una coordinación adecuada. 
Sin duda, la Presidencia italiana tiene la intención de seguir desarrollando y mejorando la labor de la formación de este Consejo sobre la base de la experiencia adquirida hasta hoy. 
La Presidencia italiana pretende hacer un seguimiento del debate constructivo y fructífero mantenido de manera informal a nivel ministerial en Roma los días 11 y 12 de julio de 2003 con las medidas adecuadas, a fin de sentar las bases de una estrategia integrada de competitividad, estrategia que habrá de ser debatida y adoptada en una de las sesiones de noviembre del Consejo. 
Como se ha señalado, se han tomado una serie de iniciativas y se han dado algunos pasos prácticos para garantizar que el Consejo pueda desempeñar su papel concreto de forma paralela y en estrecha coordinación con el trabajo realizado en las demás formaciones del Consejo, aunque todavía es demasiado pronto para llegar a conclusiones definitivas. 
Sin embargo, no cabe duda de que el Parlamento Europeo ha de cumplir un papel fundamental en este sentido y que la Presidencia italiana espera fervientemente que exista un diálogo constante con el Parlamento sobre la mejor manera de aplicar el programa conjunto de competitividad, sobre la base de las propuestas anunciadas por la Comisión en el marco de la estrategia integrada. 
Quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta, pero estoy un poco decepcionado porque no ha podido facilitar más detalles concretos del número de propuestas sobre las que les han consultado. 
La competitividad, o mejor dicho, la pérdida de competitividad de la Unión Europea, es el principal desafío al que nos enfrentamos. 
Su informe denota más bien complacencia. 
¿Podría asegurarnos, en primer lugar, que el Consejo de Competitividad desempeña un papel activo en el estudio de las propuestas de la Comisión que socavan fundamentalmente la competitividad de Europa, especialmente en el campo de la política de productos químicos, por ejemplo? 
¿Y podría asegurarnos que piden responsabilidades a la Comisión por presentar propuestas que no se han sometido a la evaluación de impacto que la Comisión ha pedido que se lleve a cabo para asegurar que se tiene en cuenta como es debido la carga sobre los negocios y la competitividad? 
Este Parlamento espera que el Consejo se tome en serio el tema de la competitividad. 
Su respuesta no me ha infundido mucha confianza en que este tema reciba la prioridad que esperamos. 
. (IT) Puedo confirmar que esa es, de hecho, una de nuestras prioridades. 
Mi respuesta no pretendía ser evasiva. La falta de detalle en la información que he aportado se debía precisamente a que no hemos tenido aún suficiente tiempo para evaluar la capacidad del Consejo de Competitividad para proporcionar toda la información que ha solicitado su Señoría. 
Sin embargo, le puedo asegurar, señor Harbour, que prestaremos una atención especial al tema de la competitividad, que consideramos de importancia estratégica para el desarrollo de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, la competitividad está relacionada por supuesto también con el empleo. 
Lo que me interesa, por lo tanto, es saber hasta qué punto el Consejo trata cuestiones de fiscalidad. 
Todos sabemos que los impuestos tienen efectos muy sustanciales sobre el desarrollo económico nacional. 
¿Hay alguna oportunidad de que, mediante la utilización de referencias comparativas y mejores prácticas, averigüemos cómo puede influir la fiscalidad en la competitividad, no solo en Europa, sino en el plano internacional? 
. (IT) También en este caso me gustaría confirmar la prioridad que otorga la Presidencia italiana a la competitividad, y asegurarles que el próximo Consejo Europeo examinará esta cuestión en profundidad, incluidos los aspectos que según ha subrayado su Señoría son vitales si pretendemos lograr una mejora general de la competitividad dentro de la Unión Europea. 
Por esta razón, también habrá un debate en profundidad sobre fiscalidad y empleo. 
Pregunta nº 5 formulada por Piia-Noora Kauppi (H-0437/03): 
Asunto: Continuación de la iniciativa de votación en red (eVote) , que representa la democracia interactiva electrónica, durante la Presidencia italiana 
Durante la Presidencia griega, el Gobierno de ese país ha promovido con notable éxito la democracia interactiva electrónica a través de la iniciativa "eVote". 
Gracias a esta iniciativa de voto en Internet, 170 000 ciudadanos han expresado sus opiniones sobre el modo que en la Unión Europea debería evolucionar. 
Un aspecto sumamente positivo de esta iniciativa lo constituye el hecho de que la Presidencia griega tenga en cuenta en su trabajo diario las informaciones de los ciudadanos, cuyas opiniones y propuestas se integran directa e inmediatamente en las reuniones, negociaciones y decisiones a nivel de la UE. 
Sería una lástima que la iniciativa e-Vote no continuase, de un modo u otro, durante la Presidencia italiana. 
Durante su Presidencia, ¿va a adoptar el Gobierno italiano otros programas o medidas para fomentar la aplicación de nuevas tecnologías con el fin de aumentar, en particular, la participación política de los ciudadanos? 
¿De qué modo va a garantizar por su parte el Gobierno italiano que los ciudadanos de la UE sientan que la Unión funciona teniendo en cuenta su voluntad y que se ocupa de cuestiones que, desde el punto de vista del ciudadano europeo normal, son importantes? 
. (IT) La Presidencia reconoce la importancia del diálogo con nuestros ciudadanos sobre la integración europea. 
Esto fue particularmente importante durante la Presidencia griega, dado que, entre otras cosas, ese periodo marcó la fase final del trabajo de la Convención, culminado con la presentación del borrador del Tratado Constitucional de la UE en el Consejo Europeo de Salónica. 
La iniciativa del voto electrónico de la Presidencia griega, así como otros instrumentos creados por las instituciones de la UE, como el sitio web Futurum y el sitio web de la Convención, han contribuido eficazmente a garantizar que se oiga la opinión de nuestros ciudadanos sobre el futuro de Europa. 
En su reunión de Salónica de junio de 2003, el Consejo Europeo pidió a la Presidencia italiana que iniciara el procedimiento establecido en el artículo 48 del Tratado para poder convocar la Conferencia Intergubernamental en octubre de 2003 y aprobar el Tratado Constitucional. 
Durante la Conferencia Intergubernamental, la Presidencia se ocupará de mantener informada a la opinión pública sobre los avances del proceso. 
La página web de la Presidencia italiana será uno de los instrumentos utilizados para divulgar la información sobre la CIG y los demás trabajos realizados durante estos seis meses. 
En consecuencia, quiero recalcar que la Presidencia italiana otorga una gran importancia a la participación de los jóvenes en la integración europea. 
En cuanto a la implementación del Libro Blanco de la Comisión titulado «Un nuevo impulso para la juventud europea» , destinado al seguimiento de la resolución del Consejo sobre el marco de cooperación europea en el terreno de la juventud, la Presidencia pretende apoyar el proceso de sensibilización para aumentar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones en los ámbitos que les afectan. 
También se propone que se elaboren estrategias apropiadas teniendo en cuenta estas consideraciones, después de analizar los resultados de la consulta sobre la participación de los jóvenes y sobre la información que se les proporciona en la Unión Europea. 
Señor Presidente, quiero darle las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. Estoy muy contenta de que la iniciativa del voto electrónico continúe de una u otra forma durante la Presidencia italiana. 
Una parte de esta iniciativa fue que las opiniones de los ciudadanos expresadas a través de Internet fueran directamente visibles en las reuniones de las cumbres. 
Hoy, en este Parlamento, mi colega Jo Leinen ha planteado una iniciativa como esta, en la que la Conferencia Intergubernamental también se llevará a cabo con transparencia, y el público podrá enviar mensajes a nuestros representantes reunidos en ella. 
Por ejemplo, algunas sesiones de la CIG podrían celebrarse a pierta abierta a través de Internet y los ciudadanos podrían opinar sobre cuestiones mientras nuestros Jefes de Estado estén presentes allí. 
¿Qué piensan de esta idea? 
¿Está dispuesto a darle curso? 
. (IT) Considero que es una propuesta interesante que merece reflexión y un estudio en profundidad. 
Como han afirmado hoy el Sr. Fini y el Sr. Frattini, existe por nuestra parte un enorme compromiso con la transparencia para maximizar la participación en el importante proceso de crear una nueva Constitución para la Unión Europea, no solo de los diputados a esta Cámara y todas las instituciones, sino también de los ciudadanos europeos. 
Así pues, su comentario ciertamente será tenido en cuenta, señora Kauppi. 
Le aseguro que estudiaremos cómo puede adoptarse esta propuesta. 
Pregunta nº 6 formulada por Mihail Papayannakis (H-0443/03): 
Asunto: Prisioneros en el Iraq 
En un comunicado reciente, Amnistía Internacional expresa su profunda inquietud por las condiciones de retención de cientos de prisioneros iraquíes (en la cárcel de Abu Ghraib y en espacios del aeropuerto de Bagdad especialmente acondicionados) detenidos por las fuerzas de ocupación en Iraq. 
En concreto, las denuncias de dicha organización humanitaria hacen referencia a la falta de asistencia jurídica a los detenidos, a la imposibilidad de comunicarse con sus familias y a la insuficiente disponibilidad de agua potable e instalaciones sanitarias. 
De acuerdo con Amnistía Internacional, existen además sospechas fundadas de que un gran número de prisioneros ha sufrido trato duro, inhumano o humillante tras su detención y durante su arresto. 
¿Cuáles son, en opinión de Consejo, el régimen legal y las responsabilidades de las fuerzas de ocupación del Iraq y de que forma pueden garantizarse los derechos fundamentales de los habitantes de las zonas ocupadas del país? 
. (IT) El Consejo, que nunca hace declaraciones sobre historias publicadas en la prensa, no ha recibido ninguna información oficial sobre los sucesos a los que se refiere su Señoría en su pregunta. 
En particular, el Consejo no ha discutido la situación de los prisioneros en el Iraq, aunque el tema de los derechos humanos en el Iraq sigue causando gran preocupación. 
El Consejo está siguiendo de cerca todos los aspectos de la situación, incluidos, por supuesto, los derechos humanos. 
Las autoridades responsables y las obligaciones específicas derivadas del Derecho internacional aplicable de los Estados Unidos y el Reino Unido como potencias ocupantes son el tema del que trata la resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Esta resolución también pide a todas las partes implicadas que cumplan todas sus obligaciones de acuerdo con el Derecho internacional, en particular las Convenciones de Ginebra de 1949 y los Reglamentos de La Haya de 1907. 
Señor Presidente, como puede ver, la pregunta formulada por mi honorable amigo, el Sr. Papayannakis, comienza con una nota de prensa de Amnistía Internacional. 
Existe un problema jurídico con los destinatarios, pero también hay otro problema con sus derechos fundamentales, con la imposibilidad de comunicarse con su familia, con el agua potable, los saneamientos, etc. 
Una de las fuerzas de ocupación, el Reino Unido, es un Estado miembro de la Unión Europea. 
¿Estaría dispuesto el Consejo a plantear las preguntas del Sr. Papayannakis al Gobierno del Reino Unido para que pueda dar una respuesta? 
Creo que toda Europa se expone a la crítica a raíz de esta situación. 
. (IT) Me gustaría comprobar la exactitud de los comentarios que acaba de realizar, ya que, como acabo de decir, no hemos recibido de hecho ninguna información ni comunicación oficial sobre este asunto. 
Por lo tanto, comprobaremos la información para establecer exactamente cuál es la situación y procederemos sobre esa base. 
Pregunta nº 7 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0446/03): 
Asunto: Diálogo Euromediterráneo y estatus de las mujeres 
Las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica (19 y 20 de junio 2003) afirman en el apartado 66, titulado "Relaciones con el Mundo Árabe", que la UE va a reforzar la colaboración con mundo árabe fomentando un diálogo político más estrecho, el pluralismo y las reformas democráticas; en el apartado 68, a su vez, se concluye que "se espera que la sociedad civil de los países de la región, incluidas las mujeres, desempeñen un importante papel en el fomento de los valores democráticos, la conciencia social, la educación y el desarrollo". 
No obstante, el estatuto personal que continúan teniendo las mujeres en algunos países del Mediterráneo Oriental y Sur supone una auténtica violación de los derechos humanos. 
Modernizar estas sociedades exige incluir a las mujeres en los procesos de democratización. 
Los dirigentes de Estados que pretenden modernizar únicamente las cuestiones económicas y tecnológicas, manteniendo intactos los ejes de sociedades obsoletas y patriarcales, fracasan. 
Las mujeres son, hoy en día, las mayores portadoras de modernidad; cuando la mujer se moderniza, se moderniza el conjunto de la sociedad. 
En este sentido, ¿cómo va a concretar la Presidencia italiana su acción en favor de la promoción de las mujeres en el área mediterránea? 
. (IT) La Declaración de Barcelona de noviembre de 1995 reconocía el papel vital de las mujeres en el desarrollo y la necesidad de que participen activamente en la vida social y económica, así como en la creación de empleo. 
De forma similar, el Reglamento MEDA II se refería a la necesidad de reconocer y reforzar el papel económico y social de las mujeres y la importancia de la educación y de la creación de empleo para las mujeres. 
Un rasgo innovador del Proceso de Barcelona es el aspecto de la cooperación regional, con programas regionales abiertos a todo el mundo. 
La promoción de oportunidades para las mujeres en este contexto fue subrayada por la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Bruselas en noviembre de 2001, y también por las reuniones ministeriales de Valencia y Creta, que tuvieron lugar en abril de 2002 y mayo de 2003, respectivamente. 
Dichas reuniones acogieron con satisfacción los esfuerzos realizados en el contexto euromediterráneo para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Esto ha llevado a la creación de un programa regional Euromed sobre el papel de las mujeres en la vida económica, programado para el año 2004, con un presupuesto de 5 millones de euros, y cuyo fin es promover las oportunidades de las mujeres mediante la capacitación y la provisión de información. 
El programa pretende que se creen planes de acción a nivel nacional, centrados en el acceso y la participación de las mujeres en el mercado laboral, en el apoyo a las reformas legislativas y a la creación de políticas que impulsen una formación activa y el desarrollo activo del mercado laboral. 
También fomenta la promoción de las mujeres en el mundo empresarial mediante la creación de redes para mujeres activas en las profesiones liberales y en las empresas, y facilitando el acceso de las mujeres a los instrumentos financieros. 
Durante la Presidencia italiana veremos la consolidación del proceso de definición de los sectores de cooperación prioritarios en los que se piensa intervenir y, durante la segunda mitad del 2003, la Oficina de Cooperación de la Comisión EuropeAid publicará una convocatoria de propuestas para este programa específico. 
. (IT) Sin duda, este es un tema de gran importancia y somos conscientes de la necesidad de avanzar en esta dirección. 
También cabe hacer mayor hicapié en las cuestiones relacionadas con las mujeres en el diálogo político, y dicho énfasis está justificado. 
Por lo tanto, señora Izquierdo Rojo, le aseguro que tendremos muy en cuenta sus comentarios y nos comprometeremos a intentar conseguir los mejores resultados posibles. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas nº 8 a 32 se contestarán por escrito 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, espero que mi informe refleje el equilibrio entre los diferentes puntos de vista expresados en esta Cámara, aunque el punto fundamental es, por supuesto, el hecho de que el comercio no es la solución para el desarrollo. 
También quisiera dar las gracias a todos, tanto a los diputados como al personal de la Secretaría, ya que ha habido numerosas enmiendas y hemos logrado alcanzar una postura común en la comisión. 
Nos encontramos en vísperas de la V Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que tendrá lugar en Cancún. 
En 1999, durante los preparativos de Seattle, el Comisario Lamy, que llevará las negociaciones en nombre de los 15 países de la UE en Cancún, recibió un mandato concreto. 
Sin embargo, las cuestiones objeto de negociación eran diferentes. 
Creo que la OMC tiene actualmente una enorme influencia y que ha asumido un papel demasiado importante, tanto que casi parece haberse convertido en las nuevas Naciones Unidas. 
De hecho, esta es solo una de las razones. 
Creo que sería deseable un nuevo mandato, teniendo presentes los objetivos y los compromisos adquiridos por la Unión Europea en diferentes foros internacionales. 
Además, la Ronda de Doha, que dio en llamarse ronda de desarrollo, no ha tenido continuidad; de hecho, no se ha demostrado que la relación de proporcionalidad entre liberalización y desarrollo sea la correcta. 
De hecho, es todo lo contrario: la liberalización indiscriminada y la desregulación en los países en desarrollo han demostrado ser en la práctica extremadamente dañinas para los objetivos de desarrollo. 
Incluso en los casos en que la liberalización ha propiciado un aumento del PIB, la distribución de la riqueza dentro de los países afectados a menudo se ha deteriorado. 
Por esta razón, el informe pide una integración regional entre los países en desarrollo, y un modelo de apertura simétrica del mercado, para que los países en desarrollo puedan desmantelar sus fronteras al comercio, incluidas las barreras no arancelarias, dando a los países del hemisferio sur el tiempo que necesiten para aumentar su producción, hacerla más competitiva y expandir sus mercados. 
También creo que es importante recordar, entre otras cosas, cuánto nos hemos beneficiado históricamente los países del norte gracias al proteccionismo, hasta que alcanzamos nuestro actual nivel de desarrollo. 
Sin embargo, de vez en cuando nos sorprendemos de que la Comisión insista, por ejemplo, y a pesar de la resolución adoptada por esta Cámara el 3 de julio de 2003, en iniciar negociaciones sobre las cuestiones de Singapur. 
No tengo tiempo para referirme a todas esas cuestiones, pero entre ellas se incluye la contratación pública. 
Las razones están relacionadas, por una parte, con las competencias y el poder de la OMC y, por otra, con el problema que ya he mencionado, a saber: la escasa capacidad de negociación de los países en desarrollo. 
De hecho, esos mismos países resaltan en sus informes que no se encuentran en condiciones de apoyar más negociaciones. 
Creo, de hecho, que es fundamental tratar otras cuestiones y dotar de verdadera sustancia a la cláusula de trato diferencial, mediante la aplicación de un sistema mundial de precios garantizados para apoyar a los productores de productos como el café o el algodón. 
Los temas que deben abordarse en términos de desarrollo son la consecución y la promoción del comercio justo- ámbito en el que, de hecho, ya actúa de pionera la sociedad civil -, así como proporcionar ayuda a esos países, de forma que puedan diversificar su producción sin crear enclaves en los sectores de exportación, promoviendo la integración de esos sectores en el resto de la economía. 
Soy de la opinión de que los objetivos del desarrollo deberían estar relacionados, por encima de todo, con el bienestar de la población. 
Así pues, considero que la Declaración sobre el Acuerdo ADPIC, según la cual el acuerdo podría y debería interpretarse de manera que se mantenga el derecho de los Estados miembros a proteger la salud pública, debería aplicarse sin demora y sin tener que acudir a acuerdos que estipulen procedimientos tan restrictivos y burocráticos que resulten inviables. 
Este aspecto fue tratado exhaustivamente en el informe del Sr. Lannoye, y en mi propio informe, por ejemplo, yo también he subrayado que es importante que los bienes esenciales como el agua no se dejen únicamente a merced de las fuerzas del mercado y que la Unión Europea debería seguir una política de financiación pública no solo para la distribución del agua, sino para lograr una democratización de la gestión del agua en lo relativo a la gestión de manantiales, ríos y cuencas de ríos. 
Cualquier debate sobre desarrollo debe incluir el tema de la deuda, que de hecho no estaba contemplado en el documento de la Comisión, aunque admito que no era estrictamente pertinente. 
Los países altamente endeudados tienen obligaciones de pago de la deuda que pueden absorber hasta una cuarta parte del valor de las exportaciones. 
Creo que la UE debería comprometerse a cancelar la deuda de los países en desarrollo, y proporcionar al mismo tiempo mecanismos para controlar cómo se invierten los capitales resultantes de la cancelación de la deuda, para garantizar así que los beneficios lleguen realmente a la mayoría de la población. 
Otra cuestión es la promulgación de un código de conducta que incluya cláusulas éticas, sociales y medioambientales destinadas a las empresas europeas que realicen inversiones directas. 
Con respecto a las negociaciones que tendrán lugar en Cancún, es necesario señalar que necesitamos un sistema democrático y transparente dentro de la OMC y una suficiente capacidad de negociación para todos los países, que en la actualidad no existe. 
Por lo tanto, estos aspectos son prácticamente indispensables si queremos establecer unas condiciones equiparables. 
Creo que tenemos un largo camino que recorrer. 
Debemos actuar para corregir las enormes disparidades existentes, lo cual significa que no necesitamos un comercio sin restricciones, sino más bien un comercio destinado a cubrir las necesidades sociales y económicas de todos los pueblos de la Tierra. 
. (EN) Señor Presidente, no puedo menos que decir que uno de los problemas de este mundo es que nos queda demasiado poca selva. 
Sobre el tema del agua, en la actualidad se está celebrando en La Habana la Conferencia de las Partes de la Convención para Combatir la Desertización, y la Comisión está representada en ella. 
El gran problema es que el desierto se está extendiendo y las selvas tropicales se encuentran en mal estado, amenazadas por la avaricia y la delincuencia. 
Estamos intentando hacer algo para impedirlo. 
Y ello influye en el balance del agua. 
Se influye directamente en la gestión de las cuencas, los micro y los macroclimas están cambiando, y todo ello está relacionado con el primero de los dos informes que estamos debatiendo esta noche. 
Quizás dentro de unos años hablar de la ley de la selva será más una referencia a un paraíso perdido, porque la selva es un símbolo de naturaleza virgen. 
Pero estoy seguro de que no es esto lo que la Sra. Morgantini quería discutir. 
Me encuentro ahora con el problema de tener que hablar de dos temas distintos a la vez. 
Empezaré con la propuesta de resolución de la Sra. Morgantini. 
Pide a la Comisión que reduzca su presión sobre los países en desarrollo para que liberalicen y desregulen de forma indiscriminada sus mercados. 
No existe tal presión. 
La Comisión colabora con los países en desarrollo para ayudarles a poner en marcha un marco regulador seguro para la prestación de servicios básicos. 
Quiero llamar la atención del Parlamento, y especialmente de los miembros de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la comunicación relativa a la reforma de las empresas públicas que hemos elaborado en la Comisión. 
Esto también guarda mucha relación con el informe del Sr. Lannoye. 
Emitimos esta comunicación para tener un terreno más firme bajo los pies en nuestra batalla contra el Banco Mundial y el FMI, entre otros, en relación con la privatización. 
Si hablamos del agua y de la condicionalidad de privatizar la gestión de los recursos hídricos, mi reacción es que, para un país como Burkina Faso, la responsabilidad nacional del Gobierno para gestionar el agua con prudencia y en beneficio de sus ciudadanos es una prioridad nacional tan importante- o más- como el escudo antibalístico para el Gobierno de Washington, Este es el planteamiento. 
Esta Comisión solo ha podido asegurar que Burkina Faso no se viera obligada a privatizar su empresa nacional de suministro de agua como condición para el proyecto de la gran presa de Ziga que proporcionará agua a la capital. 
Un proyecto en el que el Banco Mundial es uno de los muchos grandes donantes y socios, y en el que inicialmente esta era una condición que el Banco imponía, se ha llevado a cabo sin que se haya mantenido dicha condición, o sin que el Banco haya insistido en ella, porque otros- por ejemplo, la Comisión- respaldaron al Gobierno de Burkina Faso para oponerse a esta condición. 
En esta comunicación verán un planteamiento mucho más matizado de todo este tema. 
Sin embargo, cuando escucho a la Sra. Morgantini argumentar que, en lo que se refiere al agua, deberíamos apartarnos de la línea de pensamiento comercial, le digo ¡sí y no! 
Es evidente que una filosofía privada, comercial, a corto plazo, y dirigida a la obtención del beneficio máximo va en detrimento de una buena gestión del agua en los países en desarrollo. 
Pero si por «comercial» se refiere a que los extremos deben encontrarse, es decir, que tiene que haber una sostenibilidad económica, entonces no existe forma alguna de escapar de este compromiso. 
Y por este motivo las cosas son extremadamente difíciles. 
Kinshasa tiene en estos momentos más de siete millones de habitantes, de los cuales no muchos más de un millón tienen acceso al alcantarillado o a un tratamiento seguro de las aguas residuales. 
Por lo tanto, la mayor parte de la población, no solo de los enormes barrios bajos de las repletas megaciudades del sur, sino también de la clase media emergente, no dispone de un sistema de alcantarillado ni siquiera similar al normal. 
Tienen agua corriente y la pagan por litros, pero es casi imposible organizar la siguiente fase del ciclo desde el punto de vista económico. 
Es demasiado a largo plazo y demasiado caro. 
La realidad no es que algunas compañías de suministro de agua del norte se hayan propuesto obtener beneficios rápidos en el sur. 
No hay beneficios rápidos. 
Por lo tanto, la imagen de discordia de la pasada ronda del debate internacional sobre el agua, sobre todo entre las ONG de Europa, ha sido errónea- es fácil advertir contra el riesgo de posibles beneficios indebidos en una actividad más financiada por donantes en el sector del agua -, pero el problema real no es este. 
El problema real es atraer una financiación a largo plazo, humilde y práctica para las inversiones necesarias. 
Y no sabemos cómo conseguirla. 
Es un problema muy similar al del sector de la sanidad. 
El gasto anual del sector de la sanidad pública por habitante en África subsahariana oscila entre uno y seis dólares estadounidenses. 
No se llega muy lejos con este dinero. 
Es exactamente la misma proporción que vemos en el agua y el saneamiento. 
En cierto modo es más fácil hacer lo que hay que hacer en los pueblos rurales. 
Allí sabemos lo que hay que hacer. 
No es tan difícil y nuestra tecnología es bastante arrolladora. 
Con pozos profundos o tuberías de transporte, nuestra capacidad como donantes es fantástica. 
Sin embargo, veo un grave problema en las ciudades de provincias y en las grandes megaciudades del sur. 
Allí es donde cunde el cólera y otros problemas derivados de la falta de alcantarillado. 
Para decidir cómo organizar la situación se necesita mucho más que la movilización reiterada de imágenes bien establecidas de discordia entre dinero público o privado. 
También es demasiado fácil tomar un atajo y cancelar todas las deudas de estos países. 
Por favor, seamos realistas. 
Estamos haciendo todo lo que podemos en este frente. 
Solo una verdadera suma de dinero real procedente del bolsillo de los contribuyentes del norte servirá para algo. 
Esa es la verdadera batalla. 
Hemos ganado algunas rondas de esta batalla sobre la aportación europea en la Conferencia de Monterrey. 
Y de allí esperamos más dinero para el agua y la canalización. 
Por este motivo instamos a los Estados miembros a aceptar nuestra propuesta de acelerar la inversión y crear una línea de crédito para el agua que asegure que el dinero, que todavía depende del 9º FED- el millardo de euros que depende del rendimiento -, pueda ser aceptado y movilizado para acelerar nuestra acción en el tema del agua. 
En cuanto al comercio, debemos ser optimistas y constructivos y mantener a Europa en la línea de la constructividad progresiva desde la reunión de la OMC en Cancún y la ronda para el desarrollo de Doha. 
Todavía me siento algo optimista. 
Tiene que salir bien. 
En el informe de la Sra. Morgantini tendría que haber una referencia más destacada al trabajo que tenemos sobre la mesa y al reto y el potencial de que nuestros socios- especialmente nuestros socios ACP- hagan todo lo que es inmediatamente posible para abrir más mercados regionales entre ellos. 
¿Quién invertirá en una fábrica de pintura o jabón en Uganda si estos productos no se pueden exportar a los países vecinos? 
Hemos intentado averiguar qué ocurrió con las mosquiteras. 
¿Por qué no se fabricaban mosquiteras en África? 
La respuesta es que, como había aranceles del 17%, se importaban de Hong Kong. 
Este juego se llama liberalización regional y esto es lo que teníamos sobre la mesa en las negociaciones del Acuerdo de Cooperación Económica. 
El Parlamento debería echarnos una mano o más en esto. 
Estamos en el camino seguro. 
Ocurra lo que ocurra en la OMC, la ruta de Cotonú está allí y sería muy beneficioso para nuestros socios de la ACP que se comprometieran firmemente a seguirla. 
He mezclado los temas. 
Con mucho gusto escucharé las próximas intervenciones y, como siempre, seguiré dialogando con este Parlamento. 
Señor Presidente, Señorías, acabamos de experimentar el verano más caluroso y seco que se recuerda y hemos constatado por nosotros mismos cuán importante es el agua, tanto para las personas como para la naturaleza. 
Los europeos, mimados en este sentido, estamos desesperados por que la lluvia llene nuestros ríos y pantanos. 
Los expertos han calculado que al menos serán necesarios 14 días de lluvia para restablecer el nivel normal de nuestros ríos y pantanos. 
Afortunadamente, todavía tenemos agua limpia cuando abrimos los grifos. 
Evidentemente, el abastecimiento de agua en la UE es seguro y, lo que es más, se encuentra al alcance del bolsillo de todos. 
Después de este caluroso verano, los europeos hemos entendido un poco lo que significa que nos digan que tres mil millones de personas en todo el mundo- es decir, más de un tercio de la población mundial- no tienen acceso a agua limpia y potable o a servicios de salubridad. 
Hay que reconocer que en la Declaración del Milenio de la ONU, 189 gobiernos se comprometieron a reducir a la mitad esa cifra para el año 2015, pero en la actualidad no hay expectativas de que se logre jamás tan ambicioso objetivo. 
Desde 1990, la extracción de agua se ha multiplicado por diez en todo el mundo. 
El mayor consumidor de agua es la agricultura, seguido de la industria, y solo después del uso doméstico. 
Los Estados Unidos utilizan la mayor parte del agua, con un consumo de 296 litros por persona al día. 
Los hogares alemanes y de muchos otros países europeos, por otra parte, utilizan tan solo la mitad de esa cantidad. 
En Oriente Próximo y en cierta medida en Asia, pero también en algunas partes de México y África, amplios sectores de la población tienen menos de 2,5 litros de agua por persona al día para cubrir sus necesidades, y muchas personas en las regiones donde escasea el agua tienen incluso menos que eso. 
Casi el 40% de la población mundial vive en zonas de captación de ríos que se extienden a lo largo de más de dos países. 
Los países que se encuentran en la zona alta de los ríos a menudo explotan sus ventajas naturales más que los países de la zona baja. 
Hoy en día, todavía existen guerras a causa del petróleo; en un futuro no muy lejano, también podrían producirse guerras a causa del agua. 
La situación en Oriente Próximo es explosiva. 
Israel, Jordania y los palestinos tienen dificultades para compartir el río Jordán. 
Turquía, Siria y el Iraq, bañadas por los ríos Tigris y Éufrates, están intentando controlar el agua de esos dos ríos. 
Los conflictos a causa del agua dulce parecen inevitables, por lo que la UNESCO ha proclamado el año 2003 Año Internacional del Agua Dulce. 
La Comisión Europea y el Parlamento Europeo son conscientes de la escasez de recursos hídricos y sus problemas asociados, que incluyen principalmente un sistema justo de gestión del agua. 
Esta es la razón por la que el importante tema de la gestión justa del agua fue incluida en el orden del día. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos está trabajando para garantizar que la gestión del agua no sea exclusivamente un monopolio, ya sea del Estado o de las grandes compañías que operan en todo el mundo. 
Una combinación saludable de participación pública y privada debería garantizar que las poblaciones de las regiones del mundo con problemas de agua reciban un abastecimiento de agua dulce a precios asequibles. 
No debemos llegar al punto de que si uno es rico, tiene acceso al agua, y si no se es, no dispone de agua dulce. 
Para promover esta combinación de sectores público y privado en el abastecimiento del agua, presentamos varias enmiendas al informe anual sobre la comunicación de la Comisión acerca de la gestión del agua en los países en desarrollo, y desde aquí pido a los diputados a esta Cámara que las apoyen. 
Por último, quisiera dar las gracias a mis colegas, el Sr. Corrie y el Sr. Wijkman, por su excelente cooperación, y expresar asimismo mi gratitud a nuestros ayudantes y personal. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero dar las gracias al ponente por su excelente informe, algunas partes del cual ya han quedado finalizadas por no haberse presentado ninguna enmienda. 
Aunque el debate de hoy haya sido bastante discreto, también ha sido objeto de discusiones muy intensas entre los diputados a esta Cámara en días recientes y, de hecho, en semanas recientes, y no solo en las salas de reuniones. 
Es evidente, después de todo, que la comunicación de la Comisión sobre la gestión del agua en los países en desarrollo siempre suscitará debates acalorados e intensos. 
El orador anterior ha hablado con gran profundidad sobre el delicado tema del agua, cuestión de gran importancia en todas las partes del mundo. 
La Conferencia Ministerial de la OMC, que comenzará en cuestión de días en Cancún, naturalmente hace que este sea un debate incluso de mayor actualidad. Algunos temas clave en este contexto son, por ejemplo, las exigencias de la Comisión con respecto a la liberalización de los servicios públicos- lo que incluye, por supuesto, la gestión del agua- y la situación relativa a la libertad de los países en desarrollo de decidir por sí mismos en el futuro cómo llevarán a cabo la provisión de estos servicios públicos. 
Cuando hablamos de la gestión del agua en los países en desarrollo, me parece evidente que la Comisión, así como la Unión Europea, deberían promover una gestión sostenible. 
Una de las razones por las que creo que el informe del Sr. Lannoye es excelente es que se centra muy directamente- y también de forma muy crítica- en los problemas y obstáculos que debe afrontar la gestión sostenible del agua. 
Se menciona la agricultura intensiva, predominantemente impulsada por la exportación, los programas de ajustes estructurales que en el pasado se han impuesto a algunos países, en los cuales se han debilitado los servicios públicos, y menciona el establecimiento de prioridades erróneas en la financiación de proyectos. 
Creo que esta es una muy buena señal que enviar y, por otra parte, hay también enfoques muy positivos en las políticas actuales de la Comisión cuyo objetivo es evitar estos obstáculos inesperados en el futuro. 
Como ponente alternativa de mi Grupo, estoy bastante descontenta de que no hayamos logrado ponernos de acuerdo en torno a la enmienda 5, que adopta una línea muy crítica con respecto a las exigencias del AGCS, que naturalmente se están aplicando, y las peticiones de liberalización de la Comisión. 
Sin embargo, permítanme asegurar directamente al ponente que estoy trabajando arduamente para garantizar que todos mis colegas- o todos los que puedan- lo apoyen en su reivindicación. 
El ponente ha mencionado que propone una ligera alteración de una de las enmiendas propuestas por el Sr. Van den Berg. 
Yo le pediría al Sr. Van den Berg que nos comentara él mismo esta cuestión. 
Yo no puedo hacerlo en este momento. 
Quisiera concluir mi intervención dando las gracias al ponente una vez más por un trabajo bien hecho. 
Señor Presidente, en todos los documentos clave de la UE, la lucha contra la pobreza aparece como el primer objetivo de la política de desarrollo. 
No cabe duda de que la UE gasta sumas sustanciales de dinero en ayudas al desarrollo y hace todos los esfuerzos que puede para firmar una serie de acuerdos de asociación y de cooperación en las disferentes regiones del mundo, en beneficio de ambas partes. 
Lo que tampoco se puede dudar es que a pesar de estos esfuerzos, la pobreza en el mundo ha aumentado, especialmente en la última década, y no parece que se vaya a producir ningún cambio en esta tendencia. 
Esto es especialmente preocupante teniendo en cuenta el hecho de que esta pobreza creciente es una de las fuentes del terrorismo. 
El Parlamento tiene ante sí una serie de informes sobre un número de aspectos extremadamente importantes para la política de desarrollo. 
Lo que estamos tratando es nada más y nada menos que la utilización de unos recursos mundiales cada vez más escasos. 
Hoy en día, todavía se libran guerras por el petróleo, como en el caso del Golfo, pero ya están surgiendo conflictos violentos a causa del agua. 
Los Estados Unidos y otras potencias industriales declaran que esas zonas del mundo en desarrollo en las que existe petróleo, gas y otros recursos de gran importancia estratégica, son parte de su esfera de influencia, lo que aparentemente les da el derecho a iniciar una guerra. Sin embargo, es principalmente en los países en desarrollo donde el agua constituye un problema, ya sea porque los recursos son insuficientes o porque se les niega el acceso al agua. 
Todavía hay tiempo para impedir la catástrofe con una estrategia cuidadosa y un gasto más selectivo. 
El informe del Sr. Lannoye identifica posibles enfoques constructivos que merecen mayor atención. 
La situación en el campo de la salud no es menos precaria. 
Ya, en algunos países de la UE, parece que el lema es que si eres pobre, mueres antes, ya que las reformas en este sector tienen por objeto establecer un sistema dual, pero la situación en los países en desarrollo es mucho más aguda. 
Millones de personas mueren cada año en África a causa de enfermedades que pueden tratarse con medicamentos que llevan años existiendo en los países industrializados. 
El compromiso de la OMC, recientemente negociado, sobre la importación de medicamentos genéricos más baratos llega demasiado tarde, en primer lugar y, en segundo lugar, está tan limitado por formalismos que tiene pocas probabilidades de éxito. 
El informe de la Sra. Morgantini señala los problemas relativos a este aspecto del comercio en particular. 
La ponente y, de hecho, la totalidad de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, están intentando aportar su experiencia y autoridad para combatir la pobreza creciente con todas sus manifestaciones e implicaciones. 
Espero lo mismo e incluso más del Consejo y de la Comisión. 
El siglo XXI no ha hecho más que comenzar, pero los signos anuncian tormentas en lugar de una convivencia pacífica basada en la solidaridad. 
La política de desarrollo debe ser redefinida con mayor profundidad y alcance. También es necesario un nuevo enfoque si la humanidad quiere tener alguna oportunidad de sobrevivir sobre la faz de la Tierra. 
Señor Presidente, nadie puede poner en duda la necesidad de crear un sistema de comercio mundial justo, pero no deberíamos engañarnos a nosotros mismos pensando que un comercio totalmente liberalizado comportará justicia por sí mismo. 
En términos de política agrícola, por ejemplo, abolir todo el apoyo y la protección del mercado acabaría con unos dos tercios de los agricultores de la UE. Y esto no interesa a nadie ni en las zonas rurales ni en las urbanas. 
Se supone que la actual ronda para el desarrollo de la OMC prestará especial atención a las necesidades de los países en desarrollo y a su deseo de integrarse mejor en el sistema de comercio mundial. 
Es un planteamiento positivo y, en mi opinión, debería recibir todo nuestro apoyo. 
Un sesenta por ciento de la población mundial vive en zonas rurales y una gran mayoría en países en desarrollo. 
Vale la pena observar, a la vez, que el comercio de productos agrícolas representó menos del 6% del comercio mundial total en el año 2000. 
El crecimiento económico, en sus fases iniciales, depende más de los mercados internos de los países en desarrollo que del acceso a otros mercados. 
La experiencia de la liberalización del mercado agrícola en México debería servir de advertencia contra la promoción de mercados totalmente abiertos como solución de las necesidades de los países en desarrollo. 
Dos décadas de una política de este tipo en la Zona de Libre Mercado de América del Norte han comportado un aumento de la pobreza rural, la malnutrición y la emigración. 
También ha provocado mayores cargas de trabajo en la agricultura, especialmente para las mujeres, y un aumento de los precios para el consumidor. 
El aumento de los beneficios y del control del mercado por parte de las multinacionales ha ido en detrimento de las pequeñas explotaciones familiares. 
Si a ello añadimos la pérdida de ingresos nacionales y los daños al medio ambiente y a la biodiversidad, veremos que la experiencia de México de intentar desarrollar su sector agrícola mediante la liberalización del mercado ha tenido unas consecuencias devastadoras. 
En lo que se refiere a crear un sistema de comercio justo, la UE ha realizado una importante aportación con su iniciativa «todo menos armas». 
Nos hemos comprometido a eliminar los derechos de aduana que se aplicaban a las exportaciones de los 48 países más pobres del mundo. 
Sinceramente espero que la Comisión instará a otros países ricos a seguir esta iniciativa. 
Señor Presidente, esta noche soy consciente de que en Cancún el Comisario y los demás tendrán que luchar para proteger a gente muy pobre. 
Señor Presidente, me gustaría que contara hasta diez. 
Cuando termine de contar, 80 personas habrán muerto de hambre en el mundo. 
Cada segundo, ocho personas mueren por malnutrición. 
¿Qué pueden hacer estas personas para que todos nosotros nos sintamos mejor? 
La única cosa que saben que pueden hacer es cultivar más alimentos. 
Pero la única cosa que les impedimos hacer es cultivar más alimentos que puedan exportar a nuestros países. 
Para proteger a nuestras propias vacas, a nuestros agricultores y a nuestra industria, cada día damos a las vacas más dinero que el que tienen 600 millones de personas para vivir. 
Cada día damos dos dólares a cada vaca. 
Las personas más pobres del mundo tienen que vivir con un dólar. 
En Cancún podemos cambiar las cosas. 
Cuando llegué a este Parlamento procedente de la Cámara de los Comunes británica, vine con grandes expectativas. 
Vine con la idea de que la Unión Europea creía en lo que decía. 
Vine con la idea de que la Ronda de Doha era una ronda para el desarrollo. 
Vine con la idea de que el Comisario que se sienta aquí tendría la valentía de salir a luchar, que el Sr. Lamy, que había presentado la campaña «todo menos armas» , saldría a luchar. 
Bien, pues quiero verles luchar. 
Porque si no luchan, ¿qué sentido tienen sus vidas? 
¿Qué sentido tienen nuestras vidas? 
¿Qué sentido tiene todo esto cuando sabemos que ahora, por primera vez en nuestra historia, podemos establecer un vínculo directo entre la pobreza y la propagación del terrorismo? 
Debemos comprender este vínculo y debemos empezar a hacer algo al respecto. 
Vengo de un entorno muy privilegiado en Sri Lanka, y conozco a personas de entornos muy privilegiados de todo el mundo. 
Debemos comprender este vínculo y tener la osadía y el valor de luchar para que las personas- que pueden hacer cosas como cultivar y comercializar sus alimentos y crear agricultura rural en los países en desarrollo- puedan exportar lo que producen. 
Debemos dejar de proteger a nuestras vacas y a nuestros agricultores de Europa de forma tan ineficaz, y dejar de destruir nuestra propia base de clientes. 
Si no lo conseguimos, vamos a pagar una factura muy cara. 
Señor Presidente, este debate sobre el informe de la Sra. Morgantini se refiere al vínculo que necesitamos crear entre liberalización, crecimiento económico y pobreza. 
Se refiere a si el comercio y el desarrollo van en la misma dirección. 
A menudo no existen conclusiones inequívocas sobre si este es el caso o no. 
Sin embargo, yo diría, y estoy segura de que muchos oradores que han participado en el debate también, que la liberalización del comercio no es una panacea para generar el tipo de crecimiento autosostenible y reducción de la pobreza que queremos ver como resultado de nuestras política- estamos hablando de coherencia- y mucho menos nuestro objetivo de promover el desarrollo humano. 
Si los países en desarrollo deben beneficiarse del comercio, lo primero que tiene que ocurrir, como queda muy claro en el informe, es que los productores de los países en desarrollo puedan obtener un precio justo por la exportación de sus productos, y que estos precios reflejen el valor de sus exportaciones. 
Desde la década de los años setenta las condiciones de deterioro del mercado han costado muy caras a los países en desarrollo. 
Muchos países ACP han perdido más de siete veces la cantidad que reciben en concepto de ayuda al desarrollo. 
Para ellos, como sabe el Comisario, el principal problema es la falta de exportaciones a precios competitivos. 
Pero en los casos en que existe capacidad de exportación, en países como Sudáfrica, Mauricio, Ghana, Botswana y algunos países del Caribe, sí que se observa un aumento de las exportaciones. 
Pero también ellos insisten- y no es solo el caso de Cancún, del que hablarán muchas personas, sino también de las negociaciones de la EPA- en que el libre acceso a los mercados de la UE no es aliciente suficiente para aumentar las exportaciones. 
Son conscientes, como nosotros, de la importancia de resolver las limitaciones de la oferta, la necesidad de realizar ajustes y la necesidad de hacerse cargo de los costes asociados para los países en desarrollo. 
Debemos comprender- y quiero hacer hincapié en ello- que las limitaciones de la capacidad son una parte esencial de cómo nos ocupamos de la aptitud de los países en desarrollo para resolver los problemas de mercado a que se enfrentan en estos momentos, en las negociaciones bilaterales, regionales y multilaterales. 
Tienen que vérselas con muchas negociaciones. 
De nuevo, el Comisario Nielson lo sabe, igual que yo, en lo que se refiere a los países ACP. 
En todas estas negociaciones existe un desequilibrio sustancial y evidente entre las partes que negocian en términos de dimensiones económicas, de poder político y de la propia capacidad para tratar el tema. 
Lo comprobé en las negociaciones de Sudáfrica. 
Las subvenciones agrícolas tienen un gran efecto devastador en los productores y los mercados de los países en desarrollo. 
Espero que en Cancún, aunque el Comisario Lamy niegue que éste sea un tema central, nos daremos cuenta de que para los países en desarrollo sí lo es. 
Estamos muy lejos de conseguir los objetivos de desarrollo del milenio. 
Dos años después de la declaración de la ronda para el desarrollo de Doha, la semana que viene en Cancún tendremos la oportunidad de hacer que la globalización funcione para muchos y no para unos pocos. 
Estoy segura de que estará de acuerdo conmigo, señor Comisario, en que no podemos permitirnos un fracaso. 
He sido designado negociador en nombre del Parlamento Europeo en esta ronda. 
Sin duda espero que los países que participen en las negociaciones- incluida la Unión Europea y los Estados Unidos de América- lleguen a un acuerdo sobre un tema muy delicado. 
Hay en el mundo 42 millones de personas que tienen el virus del sida- muchas de ellas residentes en África- y, sin embargo, existe una tecnología y un tratamiento para combatir enfermedades como el sida. 
Si se puede dar a los países en desarrollo el derecho a distribuir estas medicinas tan necesitadas entre sus propios ciudadanos según sus propias normas reguladoras, los costes de estas medicinas se reducirán considerablemente. 
Ahora existe cada vez más voluntad política para introducir cambios en el sistema internacional de derechos de propiedad intelectual, a fin de que se puedan suministrar los fármacos contra el sida a aquellos países que no tienen dinero para pagarlos. 
Todos sabemos cuáles son nuestras responsabilidades cuando se trata de combatir el sida y debemos actuar en consecuencia. 
Un resultado positivo de estas negociaciones significaría salvar la vida de millones de personas de todo el mundo. 
Esta ronda de conversaciones sobre comercio debe ser de verdad una ronda para el desarrollo. 
Salvar la vida de las personas debe primar siempre sobre toda doctrina relativa a los derechos de propiedad intelectual. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Lannoye contiene críticas muy precisas e incisivas sobre los efectos negativos de la privatización de los servicios de abastecimiento de agua. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para apoyar las críticas del Sr. Lannoye con más argumentos, ya que uno de los efectos de la privatización es que debilita la protección de los preciados recursos hídricos. 
En Dinamarca, el abastecimiento de agua se basa en un principio de solidaridad en cuanto a precios y acceso a los recursos. 
En Dinamarca, la provisión de los servicios hídricos está descentralizada, es principalmente pública y, en menor medida, privada, pero siempre está controlada por un sistema de usuario/propietario. 
Este es un factor muy importante para garantizar la protección continua de los recursos hídricos. 
La dimensión pública de los servicios de abastecimiento de agua en Dinamarca es muy activa a la hora de exigir el grado de protección más alto posible y que se ponga fin a las posibles fuentes de contaminación. 
La dimensión privada está, sin embargo, muy satisfecha con los requisitos tan difusos que la UE plantea ahora y eso significa un debilitamiento de los valores límite de los pesticidas en nuestra agua potable. 
La experiencia en Gran Bretaña y en otros lugares también demuestra que, cuando el abastecimiento del agua se convierte en un producto y se privatiza, deja de existir toda protección de los recursos. 
En el momento en el que la UE negociaba en relación con la Directiva sobre Agua Potable, los proveedores privados del sector del agua en Londres presionaron en el mismo sentido que la industria química europea, simplemente con el fin de que les permitiéramos la presencia de grandes cantidades de pesticidas en el agua potable. 
Era más fácil ganar dinero de ese modo. 
Tal y como yo veo este asunto, la única forma posible de proteger los recursos es no utilizar pesticidas. 
Por lo tanto, estoy muy satisfecho de que, en su conclusión, el informe del Sr. Lannoye establezca como prioridad la necesidad de introducir métodos de producción, tanto en el norte como en el sur, que promuevan una agricultura respetuosa con el medio ambiente, basada en gran medida en los recursos locales, las tecnologías verdes y las cooperativas regionales. 
Estoy encantado de votar en favor del informe del Sr. Lannoye. 
Señor Presidente, en los diez últimos años ha habido varias conferencias internacionales sobre el tema del acceso al agua limpia y potable. 
Sabemos que en muchas zonas se ha fracasado, especialmente en el compromiso de garantizar que todo el mundo tuviera acceso al agua limpia en el año 2000. 
En lugar de lograrse ese objetivo, en 10 años el número de personas que sufrían de escasez de agua limpia se ha visto incrementado en 500 millones, y el número actual se sitúa en unos 1 700 millones. 
Uno de cada cuatro habitantes de la Tierra bebe agua sucia. 
La situación obliga a los responsables políticos a analizar seriamente si las medidas tomadas han sido correctas. 
El acceso universal, igualitario y no discriminatorio al agua limpia es uno de los derechos humanos básicos. 
La escasez de agua es una causa evidente de la espiral de pobreza. 
La experiencia nos muestra que es imposible dejar el problema de la escasez del agua en manos del mercado para que éste lo resuelva. 
Es muy poco probable que la mano invisible del mercado dé un vaso de agua a alguien que se encuentre sediento. 
También tenemos que reconocer el hecho de que la privatización supone normalmente unos precios más elevados del agua y de los servicios de depuración, lo que naturalmente causa problemas graves a las personas más pobres. 
Ya que se ha establecido el acceso al agua como un derecho básico, esto debería influir en la forma de pensar con respecto al mismo. 
Los recursos hídricos no deberían considerarse propiedad privada de un solo país, sino un recurso mundial compartido. 
Sin embargo, es necesario decir que si se trata el agua como un producto libre que debe ser compartido, esto merma la posibilidad de organizar un abastecimiento de agua altamente funcional. 
Por esta razón, es necesario contar con las prácticas flexibles que proponen las enmiendas con el fin de combinar los sectores público y privado, siempre y cuando el derecho de las personas al agua se considere un aspecto básico del que no se puede prescindir. 
El informe del Sr. Lannoye subraya inteligentemente la conexión existente entre el acceso al agua, la depuración y la higiene. 
Cerca de 6 000 personas, principalmente niños, mueren cada día a causa de enfermedades infecciosas, cuyo origen se encuentra en la falta de higiene. 
Sería un error fundamental considerar el agua, el saneamiento y la higiene como temas separados. 
Ahora, más que cualquier otra cosa, deberíamos aumentar los recursos nacionales e internacionales que puedan utilizarse para mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento en los barrios bajos y en los poblados de chabolas, así como en las zonas rurales. tiene una importancia clave vincular el saneamiento con el abastecimiento de agua, que no tendrá éxito si no se aporta una inversión sustanciosa adicional por parte de los responsables del abastecimiento de agua. 
Además, nosotros debemos crear para los hogares una tecnología orientada a las personas, como una posible solución a los problemas del agua y de su depuración. 
Quiero expresar mi apoyo a la enmienda 19, que solicita la aplicación de una solución de compromiso entre deuda y agua, de manera que las deudas puedan ser anuladas y el dinero sea utilizado para financiar infraestructuras básicas de depuración de agua. 
Señor Presidente, llame a la puerta de cualquier cabaña de cualquier país pobre y pregunte a la familia que vive allí qué es lo que más necesita. 
Sólo recibirá una respuesta: agua. 
No democracia. 
Ni derechos humanos. 
Ni medicinas. 
Nada más que agua. 
Si la Unión Europea ha asignado un millardo de euros a ayudas relacionadas con el agua- y creo que el Comisario Nielson tiene mucho que ver con esta decisión -, debo felicitar a la UE y al Comisario. 
¡Buen trabajo! 
Esto es lo que la gente necesita. 
Pero por desgracia no basta. 
Debemos hacer más y pido al Comisario que por favor se asegure de que este Parlamento pueda participar en la elaboración de la política de ayudas sobre el agua de modo que no se pierda en las nubes, como el FED. 
El Parlamento debe participar. 
Quiero que esto ocurra. Espero que nos lo pueda asegurar porque no quiero que mi colega convenza al Grupo del PPE-DE de que vote mañana contra el informe Lannoye. 
Entiendo lo que está usted haciendo y tengo confianza en ello. 
Muy rápidamente, quiero decir algo más sobre el comercio. 
Los países pobres deben procesar sus productos, no limitarse a exportar la materia prima de modo que el valor añadido no lo reciban ellos. 
Esta es la clave del comercio. 
Sé que el Comisario Nielson lo entiende y sé que está trabajando para conseguirlo. 
Espero que hará más. 
. (EN) La intervención del Sr. Khanbhai coincide con las observaciones de la Sra. Sanders-ten Holte en cuanto al deseo del Parlamento de verse implicado en todo lo relacionado con la Iniciativa sobre el Agua y el Fondo del Agua. 
Esto no es difícil de entender. 
El dinero de que estamos hablando forma parte del FED. 
Estamos trabajando para establecer el presupuesto para el FED. 
La Comisión y el Parlamento están de acuerdo en ello, también por razones de principio. 
Queremos un crédito o un fondo especial para tener un instrumento más flexible, más capacidad para trabajar sobre el terreno. 
No hay motivo para la preocupación que el Sr. Lannoye expresa en el informe en cuanto a la gestión del 0,3 % del fondo. 
No es un intento de crear una solución. 
Es más parecido a un crédito. 
Pero no importa si utilizamos la palabra «fondo». 
La idea principal es poder acelerar las acciones en la medida de lo necesario y que sea un catalizador de las diversas asociaciones que se pueden crear y promover. 
No estamos hablando de un método convencional para financiar proyectos, sino de algo que podría acelerar las cosas. 
Esperamos que este debate y el apoyo que ha recibido del Parlamento permita que los Estados miembros acepten lo que hemos propuesto. 
Para ser claros, se trata de eliminar el riesgo de perder un millardo de los 13,5 millardos de euros reservados en el 9º Fondo Europeo para el Desarrollo que debe evaluarse el próximo año. 
Hace unos años, según el acuerdo de Cotonú y el 9º FED, este dinero quedó pendiente del rendimiento durante la primera parte del período. 
Es una decisión totalmente política. 
Por este motivo se nos ocurrió la idea de reservar este dinero para la Iniciativa del Agua, para asegurarnos de que todos estaremos de acuerdo en este expediente de gran prioridad y reservar el dinero para ello a fin de liberar este millardo de euros del debate general. 
Esto es lo que estamos intentando hacer. 
Espero que el apoyo del Parlamento en este sentido fomentará el entusiasmo entre los Estados miembros. 
En relación con el aspecto comercial del debate, estoy de acuerdo con el Sr. Belder en que la situación del café es muy difícil. 
Resulta irónico que hayamos instado a los países en desarrollo a diversificarse y hayamos dicho que el café era un buen cultivo para la venta directa. 
El resultado es que ahora, Vietnam y muchos otros países en desarrollo se dedican con bastante éxito a la producción de café, y en consecuencia están invadiendo el mercado y deteriorándolo hasta el punto de que se nos plantea una crisis muy difícil de resolver. 
No existe ninguna solución sencilla a este problema. 
La realidad del mercado está aquí. 
. (EN) Señor Presidente, hoy la mirada del mundo está puesta principalmente en el comercio mundial. 
Sin embargo, para la mayoría esto se halla muy lejos de sus vidas rotas, infectadas y discapacitadas porque solo se puede comerciar si se puede plantar, cultivar, vender y distribuir. 
Estas tareas son esenciales para el bienestar económico y para el crecimiento económico de un país. 
Hay tareas que quedan fuera del alcance de uno si está físicamente o mentalmente enfermo o discapacitado. 
Si están fuera de nuestro alcance, nos encontramos en una espiral que nos llevará a la pobreza y, muy a menudo, a la muerte. 
Salud y riqueza, enfermedad y pobreza van inextricablemente ligadas. 
La pobreza comporta enfermedad y la enfermedad comporta pobreza para las naciones, las familias y las personas. 
Sin salud no se puede crear riqueza y sin riqueza no se puede prevenir ni curar la enfermedad. 
Nosotros, los países de la Unión Europea, hemos aceptado el reto de ayudar a los países menos desarrollados a superar la pobreza y a convertirse en socios nuestros en el desarrollo y el comercio mundial. 
Hemos reconocido el vínculo fundamental que existe entre la buena salud y la reducción de la pobreza y ahora debemos mejorar esta prioridad en nuestras políticas de desarrollo. 
La Comisión nos ha enviado una buena comunicación, que agradezco. 
Se centra en tres obstáculos principales, la tuberculosis, el sida y la malaria, y en mi informe no hay nada que contradiga este enfoque. 
De hecho, yo pido más y mejor inversión en estas áreas. 
Sin embargo, existen otros grandes retos en cuanto a la salud que también debemos resolver. 
Permítanme que empiece por el punto final de nuestro informe. 
Cada año intentamos solucionar nuestra escasez nacional contratando a 63.000 médicos de países en desarrollo. 
A cambio, enviamos solo 1.300. 
Es inaceptable. 
Permítanme pues, que vuelva a hacer hincapié en la necesidad de cambiar los recursos para la salud básica, si queremos que nuestra retórica se traduzca en una acción eficaz. 
Solo un 3,4 % de nuestros presupuestos actuales para el desarrollo se destinan a la salud. Es sencillamente insuficiente. 
Solo 9 de los primeros 61 documentos de estrategia nacional tenían la salud como área principal para la cooperación. 
No se obtendrán resultados de esta forma. 
Necesitamos recursos, pero deben dirigirse al punto adecuado. 
Los fármacos, por ejemplo, se desperdician si no van acompañados de un almacenamiento, una distribución, un control y una educación del paciente adecuados. 
Nigeria es un ejemplo donde se ha podido mejorar espectacularmente en las enfermedades infantiles mortales una vez el programa ha desarrollado una estrategia casa por casa y ha cambiado la percepción de la población respecto a la inmunización. 
Y también tenemos otras enfermedades y trastornos aparte de las tres prioridades de la tuberculosis, el sida y la malaria. 
Antes de 2020, el 80% de la incidencia de enfermedades será debida a enfermedades no contagiosas: cardiovasculares, cáncer, respiratorias, diabetes, depresión, epilepsia, etc. 
En el último debate hemos oído hablar del agua. 
Aparte de la malaria, las enfermedades derivadas del agua que debilitan y destruyen son el tifus, la disentería, la hepatitis, el tracoma, la fluorosis y la encefalitis japonesa. 
Y 1.100 millones de personas no tienen acceso a agua limpia, y 2.400 millones de personas no disponen de alcantarillado higiénico. 
Pero el coste no debe ser prohibitivo, y en nuestro informe aparecen ejemplos de intervenciones de bajo coste y cambios en la práctica local que pueden llegar a ser muy útiles. 
Agradezco a mis colegas de todos los Grupos de esta Cámara que han sugerido adiciones o enmiendas- la mayoría de las cuales ya las hemos incorporado en la comisión- y algunas que he aceptado y he suscrito en esta sesión plenaria. 
También quiero dar las gracias a los gobiernos, científicos, médicos y ONG- especialmente de los propios países en desarrollo- por sus aportaciones. 
Ellos han confirmado muchas de las propuestas que he redactado y han sugerido nuevas áreas que debo explorar, como las vacunas, la salud de las madres, los combustibles de biomasa y los cuidados paliativos. 
Espero que el Parlamento apoyará nuestro informe y que el Consejo y la Comisión lo considerarán útil y alentador. 
Ninguno de nosotros puede sentirse satisfecho con nuestros esfuerzos hasta la fecha para combatir la pobreza y promover la salud. 
Todos nos encontramos en fase de evolución y nuestro compromiso debe ser que nuestra política avance con rapidez. 
Conseguir un progreso real y duradero nos beneficiará a todos. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera empezar dando las gracias al Sr. Bowis por su buen trabajo. 
Aunque trabajamos para la salud directamente en muchos países, la Comisión invierte cada vez más en estrategias presupuestarias de apoyo que garanticen los vínculos con unos resultados que mejoren la salud. 
En este contexto, es esencial el seguimiento mediante aportaciones clave e indicadores de resultados, y es un ámbito de trabajo de gran prioridad. 
Y esto se relaciona con un largo debate con el Parlamento y la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre los porcentajes asignados a diversos sectores. 
La Comisión está dando prioridad al apoyo a unos resultados de mejora de la salud y la educación. 
Para reflejarlo, no basta con calcular simplemente los fondos para la salud y la educación donde aparecen como sectores centrales. 
Hay que tener en cuenta todo el apoyo relacionado con los sectores sociales, como la inversión en agua y alcantarillado, y el apoyo presupuestario vinculado a una mejora de los resultados de salud y educación. 
Todo ello nos lleva a algo que significa más de un 40% de la programación del 9º FED. 
Es un tema de credibilidad del vínculo existente entre el apoyo presupuestario y los resultados en estos sectores, pero es la mejor forma que tenemos de hacerlo. 
Confiamos en otros donantes o gobiernos socios para hacer una mayor parte del trabajo importante. 
Estamos proporcionando mucho dinero, pero también tiene que ver con la complementariedad, la coordinación de los donantes y la propiedad. 
No es que lamente en absoluto estos porcentajes, y nunca me cansaré de discutir como lo hago aquí cada vez que, como esta noche, oigo cifras- que creo que son erróneas- referentes a lo que hacemos en estos sectores. 
La aportación Interreg a través del apoyo presupuestario es real y tiene la ventaja de que también nos permite financiar los continuos costes recurrentes, y recibir apoyo para los mismos. 
No es de gran utilidad construir centros de formación para enfermeras si no se puede financiar la enseñanza en ellos. 
Esta es una de las ventajas del apoyo presupuestario. 
No se trata de una excusa, en absoluto, sino de una explicación real, pura y dura. 
Los retos específicos en relación con el sida/VIH, la malaria y la tuberculosis han sido significativos, y han comportado nuestra aportación al fondo mundial. 
Nuestros compromisos a nivel de país significan que ahora sabemos mejor lo que podemos hacer que hace unos años. 
Los intentos de resolver el problema del sida/VIH son más difíciles porque implica enfrentarnos con la batalla ideológica de la salud reproductora y los derechos sexuales. 
No quiero iniciar un debate esta noche sobre estos temas, pero es un problema añadido a todos los demás problemas existentes. 
En cuanto a la financiación, me complace que sea posible conseguir que los Estados Unidos acepten lo que todo el mundo aceptó en diciembre del año pasado en la OMC sobre los ADPIC y el uso de medicinas genéricas. 
Lo que quiero dejar claro aquí es que es muy agradable ver que nuestra decisión del año pasado de desbloquear el suministro de medicamentos para estas enfermedades se hace realidad e influye en lo que se acordó en la OMC el fin de semana pasado. 
Si hubiéramos seguido vinculando el suministro a los productores europeos, el acuerdo de la OMC para que los países del Tercer Mundo puedan comprar medicinas genéricas no habría tenido mucha importancia real. 
De modo que es la combinación de este trato en la OMC y nuestra desvinculación del suministro lo que dinamiza el proceso. 
No quiero prolongar más este debate. 
Terminaré repitiendo mi agradecimiento por la aportación del Sr. Bowis. 
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al Sr. Bowis por su excelente informe. 
Esta Cámara acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión y pide a la Comisión y a los Estados miembros que contribuyan a conseguir el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad para el año 2015 la proporción de personas que no tienen acceso sostenible al agua potable, especialmente teniendo en cuenta que cerca de tres millones de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el agua. 
Si consideramos los ambiciosos objetivos de la Comisión, estos merecen el apoyo total e inequívoco del Parlamento. 
La Unión Europea se ha comprometido a alcanzar un objetivo de ayuda al desarrollo del 0,39 % de su PIB en promedio de todos los Estados miembros para el año 2006. 
En la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Monterrey, en marzo de 2002, se acordó que cada uno de los Estados miembros de la UE aumentaría la proporción del PIB dedicado al desarrollo al menos hasta un 0,33 % para el año 2006. 
Sin embargo, si tomamos como ejemplo a la República Federal de Alemania, veremos que, por desgracia, es un objetivo que probablemente seguirá siendo una utopía. 
Alemania rechazó con firmeza cualquier aumento del gasto, incluso el más mínimo, argumentando que era incompatible con la disciplina presupuestaria. Esto muestra, en última instancia, que el fracaso de la política económica del Gobierno Federal es la causa de la insuficiente ayuda al desarrollo. 
Ayer vi que el Ministro alemán de Desarrollo afirmaba en su página web que el 0,27 % del PIB se destina en la actualidad a ayudas al desarrollo. 
Esto debe parecerles una simple burla a las personas afectadas, que siguieron la evolución de los acontecimientos en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague hace bastante tiempo, en el año 1995, y creyeron la promesa de que se dedicaría un 0,7 % del PIB a las ayudas oficiales al desarrollo. 
La única conclusión a la que podemos llegar es que hoy no es un día de suerte para aquellos que creen en las promesas realizadas en este tema. 
Es un signo de quiebra política- de hecho, es el juramento de un deudor político- que al mismo tiempo el gasto real se redujera más de 500 millones entre 1990 y 2001. 
Sin embargo, vivimos en una era en la que Volkswagen, por ejemplo, tiene que nombrar a tres aprendices en cada puesto de formación para los países en desarrollo porque dos de cada tres mueren durante el periodo de formación, ya sea de sida o por enfermedades relacionadas con el agua. 
El Secretario General de la ONU, el Sr. Kofi Annan, dijo en Monterrey, y cito con su permiso, señor Presidente: «Si los países industrializados no duplican la ayuda al desarrollo, las fuerzas de la envidia, la desesperación y el terror seguirán creciendo». 
Permítanme añadir lo siguiente: esas fuerzas afectarán a Europa también. 
Y esto debe evitarse a toda costa. 
- (DE) Señor Presidente, Señorías, el ponente ha presentado un informe muy completo que demuestra, de forma admirable y polifacética, que no puede existir desarrollo sostenible en ausencia de una buena salud. 
Por lo tanto, la reducción de la pobreza tiene que vincularse urgentemente a medidas que combatan las enfermedades y además se necesitan enormes esfuerzos para crear un sistema sanitario eficaz en los países en desarrollo. 
En este contexto, debemos centrarnos en primer lugar y sobre todo en los grupos de población más vulnerables, como los niños, ya que, como han mencionado otros oradores, cientos de miles mueren cada año por enfermedades diarreicas. 
Mueren de enfermedades infecciosas porque se les niegan las vacunas que podrían salvarlos, y caen víctimas de la malaria- cientos de miles de niños cada año- porque su sistema inmunitario no es suficientemente fuerte como para sobrevivir a la enfermedad. 
Estos ejemplos muestran que los problemas de salud en los países en desarrollo, especialmente entre la población infantil, no siempre surgen a raíz de enfermedades peligrosas para la vida humana. 
A menudo caen víctimas de enfermedades que pueden curarse o evitarse si se dispone de los medicamentos o las vacunas adecuados. 
También las mujeres se encuentran especialmente en peligro. 
Dar a luz a tantos niños en intervalos cortos de tiempo destroza la salud reproductiva de las mujeres, causándoles anemias graves y aumentando su vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas. 
La mala alimentación o la malnutrición debilita la salud de amplios sectores de la población- ya que el hambre no solo es hambre -, y mina las fuerzas necesarias para llevar una buena vida. 
Muy acertadamente se ha dicho, y lo repito de nuevo, que el desarrollo sostenible se encuentra amenazado. 
Es cierto que necesitamos una estrategia global. 
No se trata en primer lugar de una cuestión de atención médica. 
La situación en la que hoy nos encontramos- y aquí es donde entra en juego la campaña contra la tuberculosis, la malaria y el sida- es que estamos tratando con enfermedades- el sida, en particular- que no son curables pero tienen tratamiento, y por lo tanto, se puede dar a los enfermos la oportunidad de vivir más tiempo. 
Sin embargo, el hecho de que no exista cura para dicha enfermedad significa que también tenemos que tratar el tema de la prevención. 
Se trata de un campo extremadamente importante, y debe ser incluido en un sistema sanitario global. 
Estoy convencida de que hay muchas formas de generar más apoyo para estas campañas, haciendo hincapié por ejemplo en el serio impacto económico que soportan los países en los que una gran parte de la población se ve afectada por estas enfermedades. 
Según las estadísticas de que dispongo, en Burkina Faso, la producción agrícola ha disminuido un 16% porque la población está enferma o ya ha muerto de sida y, por lo tanto, ya no puede trabajar en la agricultura. 
En Swazilandia, la asistencia escolar femenina ha descendido un 36% porque estas niñas tienen que cuidar de sus padres enfermos de sida. 
En última instancia, sólo les quedarán sus abuelos. 
Esto significa que se producirá un gravísimo daño económico en esos países si no existe un sistema sanitario eficaz que pueda contribuir a restablecer la salud pública y elevarla al nivel necesario. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a mi colega, el Sr. Bowis, por su trabajo. 
Ha tenido en cuenta todos los aspectos de la salud humana de forma imparcial. 
Es oportuno que hablemos de la situación de la sanidad en los países en desarrollo y del acceso al agua limpia en la misma sesión. 
No se puede soñar con una buena salud si se niega a la población su derecho fundamental de acceso al agua limpia. 
Esta, junto con un saneamiento que funcione y una buena higiene, constituyen los cimientos sobre los que se basa la atención sanitaria. 
Cada año mueren tres millones de personas a causa de enfermedades infecciosas que se transmiten a través del agua contaminada. 
Tanto la salud como la reducción de la pobreza son temas en los que ya se ha dicho todo. 
No existe, pues, falta de información por nuestra parte. 
Por lo tanto, no pretendo airear más cifras ni estadísticas trágicas ante el Parlamento. 
Prefiero contarles brevemente por qué hace algún tiempo decidí presentarme al Parlamento Europeo. 
Cuando me pidieron que me presentara, tuve serias dudas sobre las razones, en las que no voy a entrar ahora. 
Sin embargo, mientras pensaba en la decisión que debería tomar me encontraba de viaje por El Salvador y México. 
Trabajaba para una organización de cooperación al desarrollo que examinaba el rastro dejado por el huracán que había asolado la zona en otoño de 1998 y me estaba familiarizando con la situación de los enfermos de sida y las condiciones de vida en los barrios más pobres. 
Conocí a la madre de unos niños pequeños infectados por el VIH a través de su compañero y ahora el virus también había sido detectado en su nuevo bebé. 
Me encontré con muchos más ejemplos de tristes destinos humanos: gente pequeña aplastada por enormes problemas. 
Entonces empecé a pensar: ¿y si los políticos con poder de decisión sobre los asuntos de estas personas y sobre su destino nunca los han visto en carne y hueso? 
Más aún, ¿y si no entienden los temas sobre los que están tomando decisiones? 
¿Y si ni siquiera ven a las personas a través de las estadísticas? 
Tienen un umbral de dolor. 
Tomé la decisión de entrar en política por el bien de esas personas. 
En muchas ocasiones me pregunto a mí misma si mis esfuerzos serán visibles en alguna parte o lo suficientemente visibles, y no consigo darme respuesta. 
Creo que si todos los esfuerzos no dan pie a ninguna decisión práctica, o la realización de un gesto para que mejoren las cosas, o el hambre de justicia, que tiene resultados concretos, no tengo derecho a llamarme a mí misma política. 
. (EN) Hay muchos aspectos distintos en el debate sobre el papel de los agentes no estatales. 
Uno de ellos es que deliberadamente exageramos las expectativas, sobre todo en los países ACP después del Acuerdo de Cotonú, con un avance interesante al darles un papel en el debate sobre las estrategias nacionales y también empezando una nueva actividad destinada a financiar a los diferentes agentes no estatales en estos países más directamente. 
Pero estas actividades de las ONG y demás en nuestros países socios no son algo que gestionemos u organicemos nosotros. 
Depende de la situación política, el nivel de democratización, el carácter de la sociedad. 
En algunos países estas cosas son muy nuevas. 
Por este motivo la información sobre el éxito de esta inclusión se ha distorsionado en cierta medida. 
Estamos luchando por ello, pero no puedo aceptar que la Comisión pueda o deba ser responsable del éxito con que se pueda llevar a cabo en otro país. 
No es nuestro país. 
Nuestros poderes tienen un límite. 
Hemos comparado nuestros intentos con otros en cierto modo similares para ampliar la participación en los debates del proceso de elaboración del documento de estrategia de reducción de la pobreza, gestionado por el Banco Mundial junto con los propios países en la mayoría de los casos. 
Si lo comparamos con la implicación de la sociedad civil, hemos tenido mucho más éxito. 
Esto no debería considerarse un concurso de belleza de la sociedad civil entre la Comisión y el Banco Mundial. 
Es mucho más interesante que ambos insten a los países socios a hacer lo mismo. 
Los países socios podrían ver entonces que los diversos socios en la labor de desarrollo quieren realmente que la sociedad civil de estos países se implique más. 
Las relaciones de la sociedad civil con las ONG en el contexto europeo son una historia algo distinta. 
El Sr. Howitt señala en la exposición de motivos algo con lo que no estoy de acuerdo. Sencillamente no es cierto. 
Dice que las propias organizaciones se quejan de que las consultas que se les hacen son totalmente ad hoc y que se puede acusar a la Comisión de consultar solo cuando quiere legitimizar su propia perspectiva. 
He comprobado si la nueva organización central de las ONG para el desarrollo está de acuerdo con esta descripción de la relación. 
Y no lo está. 
De modo que lo que el Sr. Howitt ha presentado aquí no es lo que he escuchado de las propias ONG. 
Por supuesto, tanto las ONG como el Sr. Howitt pueden equivocarse. 
Yo no digo que una de las dos partes deba tener razón. 
En mi opinión, nos encontramos en una fase constructiva del debate. 
Y prefiero hacer hincapié en un intercambio de sustancia más bien que en la formalización de las cosas entre nosotros. 
Esto queda claro. 
El núcleo duro de la cooperación- la relación de trabajo administrativo y la financiación- es mejor de lo que ha sido en muchos años. 
Y se puede mantener así. 
Lo más interesante en términos de financiación es que el presupuesto de las ONG de 200 millones de euros anuales es solo una pequeña parte de la actividad total que estamos financiando a través de las ONG. 
El importe total anual que se va a través de las ONG es de casi 1,5 millardos de euros: ayuda alimenticia, seguridad alimentaria, parte de la ayuda humanitaria para las ONG, y un gran volumen del trabajo de implementación de proyectos donde utilizamos a diversas ONG sobre el terreno. 
Deberíamos prestar más atención a este tema. 
El presupuesto de 200 millones de euros está tan solicitado que nos encontramos en una situación imposible si todo el debate se centra en esto, sobre todo de cara a los diez nuevos Estados miembros que se unirán a la UE. 
Deberíamos ocuparnos de ofrecer buenas oportunidades a las ONG de estos países para que puedan pasar a la acción. 
El presupuesto de 200 millones de euros para las ONG debería verse como una posibilidad de asegurar que la sociedad civil de los nuevos Estados miembros no quede marginada a causa de la competencia por este proyecto específico. 
Me gustaría continuar el debate, no solo con el Parlamento y el Sr. Howitt, sino también con la comunidad de ONG. 
Señor Presidente, se ha reconocido el papel de los agentes no estatales en la ayuda al desarrollo y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Comisario Nielson. 
Si observamos a las Naciones Unidas, tienen 72.000 ONG registradas que reciben 7 millardos de euros cada año. 
Es cierto que las ONG han sabido organizarse. 
Saben lo que quieren, dónde acudir y conseguir fondos. 
Por otra parte, las empresas privadas- que también son agentes no estatales- no tienen la misma categoría, privilegio o financiación. 
Estoy muy a favor de inclinar la balanza a favor de las corporaciones privadas establecidas con una buena experiencia en el desarrollo y en los países en desarrollo, para que también ellas reciban una ayuda que sería muy bien utilizada. 
También existen otras dos categorías que la UE no ha tenido nunca en cuenta. 
Sé que están un poco desfasadas y quizás el Parlamento ya lo ha debatido. 
Una de ellas es la de los clubes de servicios, como el Rotary Club, que realiza un trabajo fantástico a un coste muy bajo. 
Otro es el de los misioneros, especialmente en África. 
Un uso muy selectivo de las misiones en los países en desarrollo puede aportar beneficios considerables a los más pobres de dichos países a cambio de muy poco dinero. 
Tengo experiencia personal tanto con los Rotary Clubs como con los misioneros que trabajan en África oriental por muy poco dinero. 
Ofrecen una ayuda considerable a las comunidades locales. 
Pero hoy voy a centrarme en la responsabilidad. 
Se sabe que un gran porcentaje del dinero que reciben los agentes no estatales, sobre todo las ONG, se invierte en administración, con salarios altos, billetes de primera clase y facturas de hoteles caros. 
Se celebran muchos seminarios que, en estos momentos, con la tecnología de la información, son totalmente innecesarios. 
Se supone que Transparency International controla el papel de dichos organismos, pero no ha hecho el trabajo que se supone que debía hacer. 
Explico todo esto para que el Parlamento y el Comisario Nielson lo tengan presente porque ya se ha hablado mucho de ello y se seguirá hablando. 
Pero quiero subrayar algo y espero que el Comisario Nielson tomará nota de ello. 
Cuando la UE da una ayuda a un país pobre, por favor informemos a la población de lo que estamos haciendo: cuánto dinero damos para cada sector y qué actores o agentes o partes interesadas recibirán el dinero. 
Porque los pobres serán los mejores vigilantes, los mejores inspectores, los mejores informadores para nuestras delegaciones de la UE si saben que el dinero de la UE no se utiliza correctamente. 
Si se ha dado dinero al Gobierno a través de los presupuestos y no se gasta de forma adecuada, la gente lo sabrá y lo dirá. 
Si se da dinero a las ONG y no se utiliza, la gente lo sabrá. 
Pero si no saben qué ha dado la UE, y a qué sectores lo ha dado, no habrá inspección, no habrá vigilancia y no habrá información. 
Y una última cosa. 
Hay señales de fatiga en el terreno de la ayuda, y es importante que lo que dé la UE, que es muy generosa, se gaste bien. 
Le deseo al Comisario Nielson mucha suerte en lo que está haciendo. 
Tiene todo mi apoyo. 
Señor Presidente, aunque acogemos con satisfacción la comunicación de la Comisión, lamento que no refleje adecuadamente el principio fundamental- declarado en Cotonú- de participación de los agentes no estatales. 
El apoyo de la Comisión a los agentes no estatales debe estar garantizado, sobre todo en países en los que no se recibe un apoyo de este tipo por parte de las agencias gubernamentales. 
Al hacer esto, los proyectos de los agentes no estatales que ya cuentan con un registro de seguimiento positivo deberían, por el bien de su continuidad, seguir siendo gestionados por dichos agentes, para descartar así cualquier riesgo de que la financiación de la UE se encauce hacia las estructuras gubernamentales. 
En la UE durante mucho tiempo ha sido indiscutible que la sociedad civil constituye un pilar importante de su desarrollo social. 
Un ejemplo reciente de ello lo encontramos en las contribuciones realizadas por la sociedad civil durante las negociaciones de la Convención Europea acerca de una constitución para la UE. 
Sin embargo, la cada vez más sólida sociedad civil en los Estados ACP no tuvo la oportunidad de participar en las negociaciones del actual Acuerdo de Cotonú. 
Desde mi punto de vista, ahí la Comisión perdió una buena oportunidad. 
La Ministra alemana de Desarrollo accedió a celebrar una conferencia de prensa conjunta con una serie de ONG en su momento, pero no dio apoyo suficiente a la participación directa de la sociedad civil en las negociaciones. 
Por supuesto, sigue habiendo algunos países en desarrollo que utilizan los fondos de ayudas de una forma bastante arbitraria. 
Esa es la otra cara de que los países en desarrollo tengan una responsabilidad cada vez mayor a la hora de formular una política de desarrollo, que es lo que estamos intentando conseguir desde aquí. 
No obstante, es indudable que se puede restaurar parte del equilibrio si existe una sociedad civil fuerte en los países en cuestión. 
No es sorprendente que la mayoría de los gobiernos de los Estados ACP rechacen tales exigencias. 
Para muchos de estos países, los agentes no estatales siguen siendo sinónimo de oposición. 
Por lo tanto, es incluso más importante que la Comisión dé por fin este paso en la dirección adecuada. 
Señor Presidente, Señorías, quiero empezar dando la enhorabuena al Sr. Howitt por un informe a favor del cual ha votado el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos casi sin reservas, y con cuyas líneas principales nosotros estamos de acuerdo en principio. 
Esta tarde, quiero centrarme en un grupo de agentes no estatales a los que el informe no reconoce de forma explícita. 
El informe se refiere principalmente a dos categorías de agentes no estatales: por una parte, los sindicatos y, por otra, los agentes del sector privado. 
Sin embargo, omite toda referencia a un grupo de agentes no estatales que también cumple el criterio de «organización no gubernamental» , y me refiero a las fundaciones políticas independientes. 
Tratándose de organizaciones sin ánimo de lucro, no pueden incluirse en la categoría de agentes no estatales empresariales o de la industria. 
Son autónomas, aunque sus programas políticos se basan en los movimientos políticos. 
En todo caso, sin embargo, se trata de organizaciones no gubernamentales. 
Reciben financiación desde dentro de Europa. 
Su gestión y financiación están sujetas a los más rigurosos controles financieros y a auditorías de rendimiento. 
Se encuentran establecidas en la mayoría de los Estados miembros y en un total de más de 80 países en todo el mundo, y se les reconoce como socios locales. 
Y lo que es más importante aún, las fundaciones cubren una amplia variedad de campos, como la mitigación de la pobreza, la buena administración, la democracia pluralista, los derechos humanos, la promoción de las PYME, las empresas «verdes» , las estructuras del Estado de Derecho, el control de las fuerzas de seguridad, la atención sanitaria, la educación y la formación en los países en desarrollo, etc. Desarrollan sinergias y trabajan con muchos socios, especialmente ONG. 
Hasta ahora, estas fundaciones se han apoyado en fuentes de financiación nacionales. 
Sin embargo, acaban de definirse varias funciones a nivel europeo para las cuales estas fundaciones llevan décadas cualificándose en todo el mundo. 
Por lo tanto, son socios naturales de la UE en el desempeño de esas tareas. 
Si la Fundación Konrad Adenauer o la Fundación Friedrich Ebert, por ejemplo, no hubieran estado presentes en un país como Zimbabwe en los últimos años, muchas ONG y la sociedad civil se habrían encontrado sin socios importantes que apoyaran su compromiso con los derechos humanos, la democracia o la gobernanza. 
Por esta razón, las fundaciones políticas independientes también merecen una consideración especial en el debate actual y, sobre todo, en futuros debates. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera responder a la declaración del Sr. Nielson cuando decía que en mi exposición de motivos se daba información falsa sobre lo que habían dicho las ONG de desarrollo en relación con sus propios mecanismos de consulta. 
No considero al Sr. Nielson una persona muy susceptible, pero pienso que esta declaración no le hace justicia. 
Es posible que el Sr. Howitt esté equivocado, al igual que pueden estarlo las ONG, pero ¿no puede estarlo también la Comisión? 
Por cierto, se me ha comentado que las ONG se implican muy poco en la elaboración y presentación del orden del día de las reuniones bianuales de la Comisión con las ONG de desarrollo que tienen su sede en Bruselas. 
Las ONG que he consultado son de notoriedad pública. 
De hecho, he elaborado un anexo para mi informe donde se relacionan y lo he pasado a los servicios del Comisario. 
Quizás, en vez de rechazar las críticas, el Comisario debería reflexionar sobre las razones de que- suponiendo que sea cierto- las ONG le dicen a él algo distinto de lo que dicen a este Parlamento. 
Con toda seguridad la gobernanza es difícil para todos nosotros. 
. (EN) Señor Presidente, me he tomado la molestia de discutir esto con Concord. 
Tenemos un debate continuo sobre la preparación de nuestras reuniones regulares con las ONG de desarrollo. 
Funciona bien y tiene lugar con regularidad. 
Ambas partes del debate realizan sus aportaciones, y no viene todo dictado por una parte. 
Si son lo suficientemente adultas como para discutir y criticar algo con lo que no se sienten cómodas, deberían hacerlo directamente. 
En cualquier caso, si me dicen a mí una cosa y otra al Sr. Howitt, significa que hay un problema, y no necesariamente mío o del Sr. Howitt. 
Necesitamos y tenemos derecho a esperar claridad al hablar de cosas como estas. 
No quiero trabajar en algo que no sea limpio y transparente. 
Tenemos derecho a esperar algo más que esto. 
. (EN) Señor Presidente, a pesar de las mejoras citadas, el informe de 2001 todavía no es, en absoluto, un informe perfecto. 
Vamos aprendiendo año tras año. 
Partimos de unos antecedentes muy difíciles. 
He dicho ya varias veces- y algunos han pensado que era un chiste malo- que el principal motivo por el que no informamos bien al público sobre lo que hacemos en materia de cooperación para el desarrollo es que no sabemos lo que estamos haciendo. 
Lo cierto es que, estadísticamente hablando, vamos muy atrasados en la elaboración de informes y en el conjunto de la mecánica del sistema. 
No teníamos un informe anual que reflejara una imagen completa de lo que la Comisión realiza en este terreno. 
Hace unos años esto era un gran problema. 
De modo que era muy importante empezar. 
Me complace comunicarle que el informe del 2002 va a publicarse en fecha breve. 
De hecho, hoy se ha enviado al Parlamento y al Consejo. 
Aunque el trabajo preliminar empezó a finales del año pasado, tiene en cuenta muchas de las recomendaciones efectuadas por su ponente, como un mayor análisis de la eficacia del seguimiento de la ayuda en Monterrey y Johanesburgo, más información estadística que permita una comparación entre zonas, y un resumen general. 
De modo que, como verán en el nuevo informe, realmente estamos intentando mejorarlo. 
Quiero remarcar que la producción de este tipo de informe es un proceso complejo. 
En primer lugar, se dirige a públicos muy variados. 
Por una parte, es una importante herramienta de gestión para nuestras propias instituciones. 
Por otra parte, es un instrumento de información para el público. 
Con este doble objetivo, existen demandas contrapuestas. 
Debemos cumplir nuestras obligaciones respecto a varios reglamentos, resoluciones, etc., que hacen referencia a los informes. 
Al mismo tiempo, debe ser fácil de leer, sin demasiados tecnicismos. 
Pero en resumidas cuentas nos sentimos satisfechos de haberlo hecho, aunque todavía no estamos del todo satisfechos con la calidad del mismo. 
La gran ayuda que recibimos del Parlamento y la información procedente del excelente informe del Sr. Martínez Martínez es, desde nuestro punto de vista, una forma de seguir mejorando. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.45 horas) 
Comunicación del Presidente 
Señor Presidente, comúnmente se acepta que la diversidad cultural de Europa está íntimamente ligada con la diversidad lingüística, lo que contribuye de forma significativa a nuestra propia concepción del mundo, a la expresión y la creatividad. 
Este aspecto también se incluye en el borrador de Tratado Constitucional y nosotros nos sentimos particularmente satisfechos de ello. 
Mantener la diversidad lingüística, como demuestra el apoyo a las lenguas menos utilizadas, contribuye entre otras cosas a una mayor cohesión social, a la prevención de conflictos y, por supuesto, no debería en mi opinión funcionar según parámetros cuantitativos, en función de mayorías y minorías. 
Mi opinión es la misma acerca de las lenguas minoritarias, ya que tienen un valor intrínseco y deberían recibir un trato acorde con dicho valor. 
De hecho, hay millones de europeos que, además de la lengua oficial de su país, hablan una lengua minoritaria, principalmente en su comunidad, lo cual es tradición que se transmite de generación en generación y que todos respetamos. 
Por esta razón, es importante que nuestros lazos culturales se utilicen de forma creativa con el fin último de comunicarnos y realizar intercambios y no, por supuesto, para aislar a una comunidad. Esto sería especialmente negativo y hemos visto que ha ocurrido en el pasado. 
Así pues, es importante que nuestras estrategias con respecto a las lenguas minoritarias se caractericen por un espíritu abierto de cooperación, por la investigación científica y la asociación con la riqueza cultural que las rodea. 
La promoción de la cooperación y los intercambios culturales son la mejor manera de ofrecer a los ciudadanos el espacio cultural europeo que queremos crear. 
En la actual era de la mundialización, tanto la concentración de recursos como la prevalencia de situaciones de monolingüismo, la conservación de las lenguas minoritarias debe abordarse como una fuente de elementos básicos que tienen la frescura y el empuje para reivindicar su expresión a lo largo del tiempo, a pesar de su limitado alcance. 
Sin embargo, debemos resaltar que solo si abrimos estas comunidades culturales al diálogo, obtendremos un solución fructífera. 
Por ello creo que el estudio de la Comisión es importante y esperamos los resultados con gran interés. 
[Traducción: «La UE lleva muchos años hablando sobre diversidad lingüística y respeto de las minorías. 
Hoy, a través del informe del Sr. Ebner, estamos por fin poniendo en práctica esas palabras y apoyando el aprendizaje de los idiomas y el multilingüismo, incluidas las lenguas minoritarias, como el idioma que estoy hablando ahora, el galés, mi lengua materna.»] 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a los intérpretes por traducir la primera parte de mi intervención- en galés- para que los demás diputados pudieran entenderla. 
Deseo empezar por felicitar y dar las gracias al Sr. Ebner por aventurarse a escribir un informe sobre las lenguas europeas menos difundidas y por presentar tantas ideas constructivas para conseguir un mayor respeto del multilingüismo en Europa. 
Todos sabemos cuán sensible es esta cuestión de las lenguas minoritarias en algunos países que las consideran una amenaza, no sólo para la integridad de su cultura estatal, sino también para su integridad territorial. 
La cuestión de las lenguas menos difundidas me apasiona, porque soy- como muchos otros en esta Cámara- hablante de una lengua minoritaria. 
Los hablantes de idiomas minoritarios no somos distintos de los hablantes de otras lenguas. 
Solo queremos vivir una vida plena a través de nuestro idioma, sin renunciar, por supuesto, al placer de aprender y dominar muchos idiomas, que nos abre las puertas a otras culturas y a una mejor comprensión de los demás. 
Me alegro de que las lenguas minoritarias vuelvan a estar en la agenda europea. 
Durante muchos años hemos estado en un punto muerto respecto de la financiación legal de las lenguas menos difundidas en Europa. 
La Comisión y el Consejo se han resistido a avanzar en este campo durante demasiado tiempo. 
Por lo tanto, el debate de hoy en el Parlamento es un importante paso adelante que debería dar lugar en último término a nuevos instrumentos legislativos. 
Es preciso apoyar y promover las lenguas minoritarias si queremos estar a la altura de nuestra afirmación de que somos la Europa de la diversidad. 
En este importante cruce de caminos del futuro de Europa, con la entrada de nuevos miembros en la Unión, el Parlamento Europeo vuelve a situarse a la cabeza de la causa por un mayor respeto por los hablantes de lenguas minoritarias. 
Espero que el Sr. Ebner tenga éxito con su informe. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Ebner por su excelente informe sobre lenguas regionales y menos difundidas. 
La variedad de lenguas regionales y menos difundidas existente en el continente europeo forma parte integral de nuestro excepcional patrimonio cultural. 
Somos más ricos desde el punto de vista cultural debido a que tantas de esas lenguas han sobrevivido en esta mundializada era multimedia y siguen usándose diariamente. 
Desde luego, debemos agradecérselo a la Comisión, que ha prestado un constante apoyo a la Oficina Europea para las lenguas menos difundidas. 
Apoyo plenamente la idea del ponente de crear una agencia europea para fomentar los distintos aspectos de la política lingüística. 
Reconocemos que el área de la política cultural y lingüística corresponde fundamentalmente a los Estados. 
No obstante, estoy seguro de que, si aunamos parte de nuestros recursos y nuestra experiencia, podremos conseguir mejoras que supondrían ventajas para todos los europeos. 
En mi propio país, Irlanda, y en el país vecino, el Reino Unido, el idioma predominante es el inglés, un idioma cada vez más extendido por todo el mundo. 
Si en un entorno como este consiguen sobrevivir idiomas nacionales menos difundidos como el gaélico, el gaélico escocés y el galés, que hemos oído tan elocuentemente en boca del Sr. Wyn esta mañana, no hay ninguna razón por la que tenga que desaparecer ninguno de nuestros idiomas minoritarios. 
Con frecuencia hablamos del patrimonio cultural europeo. 
La conservación de la diversidad lingüística tiene un peso mucho mayor que la conservación del patrimonio arquitectónico o artístico, a pesar de la importancia de éstos, porque la lengua es un ente vivo. 
Forma parte de nuestra propia identidad. 
Señora Comisaria, Señorías, en estos momentos cerca de 40 millones de personas hablan, además de una lengua oficial de la Unión, también una lengua regional o minoritaria. 
Con la ampliación en 2004, se añadirán otros 6 millones de personas. 
También en los Países Bajos conocemos el fenómeno de las lenguas minoritarias. El frisón es una lengua minoritaria reconocida. 
La diversidad lingüística, como ya se ha dicho, forma un patrimonio del que los europeos debemos y podemos sentirnos orgullosos. 
Con razón, en la Carta de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea se reconoce la diversidad cultural y lingüística como una cosa positiva. 
En el futuro será también una parte fundamental de la Constitución Europea. 
El Parlamento Europeo siempre ha defendido la protección de la diversidad lingüística de las lenguas regionales y minoritarias. 
Se han aprobado diversas resoluciones al respecto. 
En 1980 ya se creó una línea presupuestaria para tal fin. 
2001 fue el año europeo de las lenguas, pensado sobre todo para pedir atención por la importancia de las lenguas, por la diversidad lingüística y por estimular el aprendizaje de idiomas. 
No se trataba únicamente de las grandes lenguas, sino también de las lenguas regionales y minoritarias menos utilizadas. 
Era una buena iniciativa. 
Por ello me complace que ahora se ponga en marcha un plan de acción que dé forma a esta iniciativa. 
Personalmente, he pedido que también se preste atención a la lengua de signos. 
Sabemos que cerca de una de cada mil personas nace sorda o acaba siendo sorda antes de su tercer año de vida. Ya sólo en los Países Bajos, se trata en estos momentos de cerca de 15 000 personas. 
La lengua de signos es esencial para su comunicación. Me complace que este elemento se haya incluido en el presente informe. 
Sería bueno considerar la lengua de signos como una lengua minoritaria. 
Debido a su minusvalía, los sordos quedan a menudo excluidos de muchos ámbitos de la sociedad. 
Su lengua merece tanta atención y apoyo como las lenguas minoritarias habladas. 
Espero sinceramente que la Comisión Europea consiga presentar para finales de año una propuesta legislativa en el ámbito de la diversidad lingüística. 
Cuando en Europa se habla de la paz, no se habla tan solo de una cooperación económica eficaz. 
Se trata sobre todo de interés, se trata de respeto y comprensión para las personas de otra cultura. 
En este sentido, la lengua es una clave importante. 
Señor Presidente, para finalizar quiero felicitar al Sr. Ebner por el resultado de su trabajo y darle las gracias por la cooperación excepcionalmente agradable. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la Constitución Europea dice que los valores europeos incluyen la conservación y el desarrollo de la diversidad lingüística. 
Hoy es un momento especialmente indóneo para presentar el informe sobre las lenguas regionales y la diversidad cultural. 
Quiero dar las gracias a mi colega, el Sr. Ebner, por el incansable trabajo que ha llevado a cabo. 
Como muchos han destacado en esta Cámara, en este momento necesitamos esfuerzos de carácter práctico para seguir avanzando en este trabajo. 
Creo que, como ha señalado el Sr. Ebner, los avances realizados aumentarán la necesidad de que tomemos medidas por nuestra parte. 
Así pues, es importante que compartamos nuestras diversas experiencias en el campo de la diversidad lingüística y del aprendizaje de idiomas. 
Por ello creo que es necesario crear un instituto que se ocupe de estas cuestiones. 
Sin embargo, no creo que haya una gran diferencia entre cómo aparecen las cosas en la actualidad y las cuestiones que se tratan en el informe, en el cual podemos encontrar una conversación explícita sobre lo que se conoce como inmersión lingüística. 
Este es un método extraordinario, que se ha utilizado a buen efecto en el Alto Adigio, Cataluña y Finlandia. 
Sin embargo, no veo que se mencione en el plan de acción de la Comisión, pero me alegro de que el plan afirme que las universidades deben revisar sus políticas lingüísticas, de forma que el inglés no sea tan preponderante. 
Quiero poner de relieve, no obstante, que debemos investigar y profundizar en la cuestión de la creación de un instituto para la diversidad lingüística y el aprendizaje de idiomas. 
Estoy convencida de que dicho instituto es muy necesario. 
También deseo dar las gracias al Comisario por mencionar la conferencia en Finlandia. 
Aprendimos mucho en esta conferencia sobre aspectos que espero que el Parlamento también incorpore. 
Señor Presidente, por desgracia me temo que el panorama es bastante menos positivo de lo que algunos de los oradores quisieran hacer creer. 
En Europa se está destruyendo la diversidad lingüística. 
Abreviando, creo que la solución de este problema no reside simplemente en apoyar lenguas o lenguas minoritarias, porque no basta, no es suficiente; creo que la solución está en una palabra difícil e incómoda: esperanto. 
¡Probemos al menos! 
Según algunos estudios, esta lengua técnica y neutral podría aprenderse, y, por tanto, ser elegida como lengua política en lugar de otras. 
El uso de otras lenguas que representan y llevan consigo una cultura, como lenguas únicas o lenguas puente, comportaría el predominio de una cultura sobre otras, que es lo que está sucediendo hoy. 
Con el esperanto no se plantea esta cuestión, esta deficiencia. 
Si es cierto, y yo creo que lo es, que esta lengua se puede aprender con tanta facilidad como dicen muchos estudios internacionales, creo que la Unión Europea debería intentar al menos tratar de explorar esta vía. 
La financiación y el apoyo no son suficientes ante la destrucción de la diversidad lingüística. 
Señor Presidente, en primer lugar yo también quiero felicitar al Sr. Ebner por su informe, en el que, partiendo de la experiencia positiva del Año Europeo de las Lenguas, subraya la conciencia creciente en Europa de que las lenguas permiten tender puentes entre culturas y salvar los abismos que separan a los hombres, y que por tanto debemos- quizá lo diga de forma exagerada- dejar de soñar con el «modelo americano» de una lengua y ninguna cultura, y en vez de ello descubrir realmente en la variedad de nuestras lenguas y de nuestras culturas una clave, algo de valor fundamental para nuestro futuro. 
Conocer la lengua y la cultura del interlocutor significa comprenderle mejor, significa también respetarle, de modo que creo que la lengua desempeña una misión fundamental, en el sentido de que el conocimiento de la lengua de otros promueve la paz. 
Si analizamos con mayor detenimiento las zonas conflictivas en Europa y sus alrededores, veremos que el escaso respeto de quienes son diferentes- y esto incluye las lenguas- ha dado pie muy a menudo a que surgiera el conflicto y se deteriorara la situación en estos lugares. 
Por eso, la lengua es para mi algo más que conocer y respetar al otro. 
La lengua es para mi la mejor fuerza de mantenimiento de la paz que podemos desplegar en Europa. 
El informe también pone de manifiesto que en una Europa en continua expansión crece la conciencia respecto de las culturas y lenguas regionales. 
Yo provengo de la comunidad de habla alemana en Bélgica y entiendo que respetar esto no es un lujo para las regiones que gozan de autonomía, sino a mi entender un derecho fundamental europeo. 
Por eso, los gobiernos tienen- como acabamos de escuchar aquí- como primera tarea garantizar la cultura de las regiones más pequeñas y su derecho ser escuchadas. 
Después deberíamos plantearnos a escala europea qué instrumentos adicionales empleamos. 
Apreciamos la labor del Sr. Ebner al representarnos en esta Cámara. 
Es sabido que se habla alemán en Italia y en Bélgica? 
Señor Presidente, señora Comisaria, la Unión Europea no sería cultural ni políticamente tan rica como lo es hoy si no tuviera más de 40 millones de habitantes que hablan lenguas regionales o minoritarias. 
Por ello es un paso muy positivo que se reconozca la diversidad lingüística de la Unión en el nuevo proyecto de Constitución. 
De conformidad con el artículo 3, la Unión respetará la riqueza y la diversidad de sus culturas y lenguas. 
Espero que por fin logremos pasar de las palabras a los hechos también en la política lingüística. 
A lo largo de la actual legislatura, hemos afrontado problemas casi insuperables siempre que hemos intentado que la Unión apruebe fondos de su presupuesto para proteger a las lenguas minoritarias. 
Esto se debía a la ausencia de cualquier tipo de fundamento jurídico. 
Afortunadamente, hemos podido disfrutar de programas plurianuales como Sócrates y Cultura 2000, sin olvidar el Año Europeo de las Lenguas 2001. 
El ponente, el Sr. Ebner, ha realizado un excelente trabajo. 
Estoy de acuerdo con él en que la UE debe tener una Agencia para la Diversidad Cultural y el Aprendizaje de Idiomas. 
También debe contar con suficientes recursos para que funcione de forma eficaz en una Unión ampliada. 
Con la ampliación, se estima que el número de comunidades con lenguas regionales o minoritarias se duplique a partir de su número actual de 60. 
También debemos dar nuestro apoyo a la propuesta de un programa plurianual sobre diversidad lingüística y el aprendizaje de idiomas. 
Sin embargo, ninguna agencia ni ningún programa de acción solucionará los problemas de los ciudadanos europeos que hablan lenguas regionales o minoritarias en muchos Estados miembros. 
El derecho a la educación en la propia lengua materna en particular es algo que todos los Estados miembros deben garantizar. 
Para esto, es necesario que haya inversión en la formación de profesores de lenguas regionales y minoritarias. 
Habrá un espacio limitado en las rúbricas presupuestarias, en respeto de las políticas internas, para la financiación de actividades que promuevan el uso de lenguas regionales y minoritarias. 
Espero que se destinen más recursos de los Fondos Estructurales para promover este tipo de actividades. 
También deberíamos informar a los hablantes de lenguas regionales o minoritarias de estos posibles recursos. 
Señor Presidente, Señorías, quiero transmitir mi más calurosa felicitación al Sr. Ebner por su informe, que plantea un problema capital de la democracia: la relación entre los derechos a la libertad y uso de la propia lengua. 
Diré que, de forma muy significativa, precisamente en esta Asamblea los derechos a la libertad del ponente han sido vulnerados en cierto sentido: en la traducción italiana de su intervención, cuando el Sr. Ebner, citando su región, la llama- como está en su derecho- Südtirol, se ha tomado la denominación burocrática establecida por el centralismo italiano para denominar dicha región, traduciéndola incorrectamente por «Alto Adige». 
Europa, como ha dicho con razón citando al gran europeísta el Dr. Silvius Magnago, es un extraordinario mosaico de pueblos y, por tanto, debe considerar su carácter etnolingüístico singular como un bien precioso que defender y valorar. 
Prosigo y concluyo en mi lengua materna, que es la lengua piamontesa: Voeui bin rimarqué si ma son che in Piemunt, che l 'è la mia regiùn, ancöi as parlan?. ancura- a parte el piemunteis, che l' è na lingua straordinaria con una bela literatüra e na gramatica che risale adiritüra al Setzent- due aute lingue minuritarie: lusitan e il valzer che s ' parla anche in Valdusta. 
Tant 'el piemunteis que le aute lingue minuritarie l' han sübi e sübissen ancura adess, en tel 2003, n 'upressiùn gravusa da la parte de le Stat centralista italian, e l' è certament l 'un dei mutivu per ingagèr nost cumbatiment per uteign sübit il federalismo, in Italia, e duman la piena libertà e l' autonomia del nost bel Piemonte e de la Padania libera. 
[Quisiera añadir que en Piamonte, que es la región de donde provengo, no sólo se sigue hablando el piamontés, que es una lengua extraordinaria con una bella literatura y una gramática que data del siglo XVIII, sino que hay también otras dos lenguas minoritarias: el ladino y el walser, que también se hablan en Val d ' Aosta. 
Tanto el piamontés como las otras dos lenguas minoritarias siguen sufriendo actualmente, en 2003, una grave opresión por parte del Estado italiano centralista, y esta es sin duda una de las razones de la lucha por conquistar sin demora el federalismo en Italia y exigir la plena libertad e independencia para nuestra encantadora región del Piamonte y por una Padania libre.] 
Señor Presidente, voy a empezar diciendo que la Directiva sobre la «Televisión sin fronteras» es uno de los éxitos de la Unión Europea y ha ayudado, sin duda alguna, a la televisión europea. 
Sin embargo, también hemos de reconocer que la industria audiovisual en Europa no carece actualmente de dificultades. 
Me refiero a problemas como los reducidos ingresos por publicidad y a que un número significativo de empresas tiene actualmente problemas financieros. 
La industria es actualmente muy distinta de la de 1997, cuando se revisó la Directiva por última vez, y prácticamente irreconocible si la comparamos con la industria audiovisual de 1989, año en que se adoptó la Directiva. 
En 1989 solo había 47 canales de televisión en toda Europa. 
En estos momentos son 2 000. 
La televisión es una importante industria, con un volumen de negocio estimado de 62 millardos de euros anuales. 
La función de la Unión debe ser contribuir a fomentar la industria y no restringirla. 
La televisión se enfrenta ahora a importantes cambios tecnológicos: hay más televisión por satélite, televisión digital, convergencia con Internet y nuevas técnicas publicitarias, como la publicidad mediante pantalla dividida. 
Sin embargo, la Directiva está empezando a resquebrajarse y la revisión no se puede retrasar indefinidamente. 
Está empezando a ser urgente una revisión exhaustiva. 
Valoro positivamente el cuidadoso enfoque de la Comisión y felicito a la Comisaria por sus prolijas y amplias consultas. 
No obstante, hemos de tener cuidado: una excesiva demora en la revisión de la directiva impedirá los progresos de la industria. 
No debemos alejarnos de los principios fundamentales de la actual directiva, que se basa fundamentalmente en la autorregulación y que no es demasiado prescriptiva. 
No deberíamos intentar controlar lo que la gente ve más de lo que intentaríamos controlar qué libros desean adquirir en una librería. 
Por lo tanto, estoy seguro de que la utilización demasiado entusiasta de cuotas y definiciones demasiado detalladas sería un error. 
Sobre todo, lo único que tendríamos que intentar regular e influenciar en el ámbito europeo es lo que nos preocupa a todos los europeos. 
Sin embargo, hay cuestiones europeas que tenemos que abordar. 
Por ejemplo, los acontecimientos de gran importancia deben seguir emitiéndose en abierto y creo que hay argumentos que prueban que es necesaria una breve lista europea de esos acontecimientos. 
El año pasado se produjo un riesgo real de que la Copa del Mundo no estuviera disponible gratuitamente en todos nuestros países. 
Soy tan partidario como cualquiera de mis colegas de fomentar el contenido europeo en televisión, aunque a eso podría contribuir fundamentalmente el programa comunitario «Media Plus». 
También deseo recomendar encarecidamente a la Comisión que busque formas de garantizar que canales como Euronews y Arte florezcan y se desarrollen. 
Esos programas contribuyen a crear una identidad europea en la televisión y ayudan a nuestros ciudadanos a apreciar y comprender la dimensión europea de sus vidas. 
Euronews es, concretamente, un medio muy eficaz de conseguir que los ciudadanos europeos y de todo el mundo tengan una perspectiva europea de los asuntos de actualidad, en lugar de una perspectiva exclusivamente nacional o estadounidense. 
Asimismo, quiero pedir a la Comisión que busque medios para preservar la pluralidad en la propiedad de la televisión y la proteja contra una concentración excesiva de la propiedad. 
La pluralidad de la propiedad de los medios de comunicación es importante para la democracia. 
En este informe abordo también dos cuestiones concretas que pueden parecer de segundo orden, pero que son importantes. 
En primer lugar, las necesidades de los espectadores con deficiencias sensoriales: estos conciudadanos desean disfrutar de la televisión y tienen derecho a ello. 
Espero que la Comisión lleve a cabo el estudio solicitado tan pronto como sea posible para que podamos aplicar las mejores prácticas de subtitulación, lenguaje de signos y descripción auditiva en las emisiones de televisión. 
Por último, me gustaría abordar la cuestión de los ciudadanos europeos- a menudo jubilados, pero no siempre- que se trasladan a un lugar más soleado. 
España, Grecia, Portugal, Italia y Francia son, efectivamente, países maravillosos y hospitalarios, pero a esas personas procedentes del norte de Europa les resulta agradable ver programas de televisión de su propio país e incluso ver jugar a su propio país en un partido de fútbol. 
Muchas personas lo hacen saltándose la ley viendo emisoras de televisión vía satélite de su propio país. 
Con frecuencia hacen caso omiso de las condiciones de sus contratos o incluso utilizan tecnología pirata. 
Es posible que no se trate de un gran problema, pero, como legisladores sensatos, deberíamos elaborar leyes sensatas que permitan a los ciudadanos vivir su vida respetando la ley y no en un mercado gris. 
Por lo tanto, doy las gracias a la Comisaria por su compromiso con la televisión europea. 
Le ruego que tenga en cuenta este informe y que presente, en cuanto sea posible, propuestas prácticas para revisar la Directiva. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior me ha otorgado el honor de pedirme que exponga su opinión. 
Hemos cooperado con el ponente, el Sr. Perry, y me encuentro en la afortunada situación de decir que hemos adoptado un enfoque común. 
La Comisión necesita prestar especial atención a las distintas propuestas del Sr. Perry si deseamos avanzar un paso más en los problemas interrelacionados y vinculados al sector audiovisual. 
El informe de este año tiene un componente de mayor interés en comparación con los informes anteriores, ya que en su anexo propone un programa de trabajo que prevé el desarrollo de un diálogo con las distintas agencias nacionales, como organizaciones de radio y televisión, autoridades reguladoras independientes, etc. 
El objetivo es reformar la Directiva para que pueda supervisar el rápido progreso tecnológico, pero tiene también otros objetivos. 
Todos ellos implican que la Comisión tiene ante sí una ardua tarea y que debe convencernos de cómo va a trabajar para que se produzcan todos los ajustes que sean necesarios. 
Otra conclusión en la que estamos más o menos de acuerdo es el doble papel de los medios audiovisuales. 
Estos son un bien económico, por lo que están ligados a la competencia, a la sociedad del conocimiento que promociona la política de Lisboa. 
En este sentido, es necesaria una coordinación completa. 
Al mismo tiempo, son un bien cultural y su coordinación ha de tener en cuenta, por una parte, el interés público, como la protección de los menores y el mantenimiento de la diversidad cultural y, por otra parte, sin embargo, debe tener en cuenta la horizontalidad del interés europeo, que es el de proteger la identidad europea contra las normas no europeas, especialmente las estadounidenses. 
Debemos darnos cuenta de que el peligro derivado del déficit comercial en el mercado de los medios audiovisuales en comparación con los productos norteamericanos correspondientes está directamente ligado al futuro de Europa. 
El diálogo ha comenzado. 
Quizás sea público. 
Sin embargo, yo diría que necesita mayor publicidad y mayor visibilidad. 
En vista de todo esto, la reforma de la Directiva de Televisión sin Fronteras debe constituir una de las mayores preocupaciones de las tres instituciones de la Unión Europea porque, más allá de aclarar los conceptos dudosos- como el de los productores independientes, etc.-, tenemos que garantizar la disponibilidad de las opciones digitales para un amplio público y promover la cohesión en la política de la industria audiovisual. 
Señor Presidente, Señorías, junto con el Sr. Volcic he presentado algunas enmiendas al excelente- y subrayo excelente- informe del Sr. Perry, que versan sobre un punto que todos ustedes han abordado, a saber, la concentración de medios de comunicación y, por tanto, el pluralismo. 
He escuchado con gran interés las palabras de la Comisaria Reding sobre la defensa del pluralismo como valor esencial. 
No obstante, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que hoy, en todo el mundo occidental, las fuerzas del mercado, si se abandonan a sí mismas, conducen casi siempre a graves y peligrosos fenómenos de concentración, y que sólo una medida política puede establecer normas a favor de una sociedad liberal, cuya base esencial es el pluralismo. 
En torno a esto hay pues una gran batalla política, que vemos en los Estados Unidos, donde se está librando un pulso entre el Congreso y la autoridad, y en Europa, con los graves problemas en Inglaterra que han llegado a nuestro conocimiento y los problemas en Italia, que muchos de ustedes conocen. 
Sin embargo, no quisiera que pensaran que las enmiendas presentadas por el Sr. Volcic y por mí, que urgen al Parlamento y a la Comisión a que tomen medidas, que adopten una Directiva en la línea de lo ya aprobado por el Parlamento en noviembre, están dictadas sólo por cuestiones italianas. 
Sinceramente, es un problema mucho más amplio, mucho más vasto, que afecta a toda Europa: es un problema de civilización. 
Si queremos ser una Comunidad basada en principios liberales, este es uno de los primeros puntos que debemos regular, con espíritu de libertad y de respeto de todas las opiniones. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, esta Directiva confirma definitivamente que la democracia y la transparencia europeas están muy ligadas a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación. 
Por consiguiente, la concentración de medios socava la libertad de conciencia y daña gravemente la dignidad humana. 
La Comisión, en su Libro Verde del pasado 21 de mayo, pide que se reexaminen medidas concretas para proteger activamente el pluralismo; el Consejo, en su Recomendación del pasado 28 de enero, expresó la misma preocupación; el Parlamento, en su Resolución de 20 de noviembre y en los dos informes Sylla y Perry, hizo otro tanto. 
Demos, pues, una respuesta concreta a través de una iniciativa de la Comisión en este sentido. 
Nos encontramos en una fase constituyente. 
El proyecto de Constitución comprende la Carta de los Derechos Fundamentales, que en el apartado 2 del artículo 11 sanciona explícitamente el derecho a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación. 
Pero ¿qué sentido tiene aprobar una Constitución que en sí misma es negada por la realidad actual? 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar, quisiera felicitar al ponente, a nuestro compañero Roy Perry, y decir que me complace mucho que la revisión de esta Directiva quiera promover los valores de interés público, como son la diversidad cultural y el derecho de réplica. 
Y, sobre todo, que quiera impulsar el desarrollo de la industria audiovisual europea. 
Señorías, la industria audiovisual europea, en mi opinión, tiene que ser una industria, sobre todo, de calidad. 
Yo que soy madre de dos niños pequeños busco, lógicamente, programas infantiles y dibujos animados- con el fin de que ellos puedan ver programas que no hieran sus sensibilidades y que no sean perjudiciales para los menores- y me encuentro muchas veces con que estos programas o dibujos destinados a los más pequeños son mucho más violentos de las cosas que yo misma quisiera ver. 
Muchas veces me acuerdo de cuando era pequeña oír las conversaciones de los adultos en las que ellos opinaban que dibujos como Bambi o Pinocho no eran aptos para nosotros y, sin embargo, ahora eso es, de lejos, lo más ético que podemos encontrar. 
Si queremos una sociedad sin violencia, que es a lo que aspiramos todos nosotros, tenemos que invertir en ella. 
Invertir en ella significa invertir en los niños y en los jóvenes, que son el futuro de la Unión Europea. 
Y pienso que mostrarles violencia a diario no es la mejor manera. 
Por eso insisto en que la industria audiovisual europea tiene que ser de alta calidad y estar my controlada y, sobre todo, debe adecuarse a su público destinatario. 
Señor Presidente, el Sr. Perry nos ha recordado en qué puntos ha tenido éxito la Directiva y también nos ha indicado, muy educadamente, dónde hemos avanzado demasiado lentamente. 
Hemos avanzado demasiado lentamente en la lucha contra el problema de la concentración de los medios de comunicación, los límites al acceso público y los progresos que debemos hacer para conseguir una nueva versión, sensible pero contundente, de esta Directiva y su marco de contenido. 
Quisiera decirle a la Comisaria que nos encontramos ya en el 52º mes de esta legislatura y que no podemos contentarnos con más conferencias y conversaciones, que sólo pretenden dejar pasar el tiempo hasta el final de la legislatura. 
Doy las gracias al Sr. Perry por aceptar mis enmiendas sobre el acceso en el apartado 44. 
La televisión debe capacitar además de entretener. 
Las emisiones digitales pueden llegar a las personas con deficiencias sensoriales de la misma forma que al público masivo. 
Este año, sobre todo, debemos avanzar hacia esa meta. 
-El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a mediodía. 
. 
(EL) Señor Presidente, el Tratado Constitucional reformula en uno de sus artículos la dimensión cultural de Europa y dicha base constitucional expresa una clara posición política. A saber, que la cultura europea es un componente fundamental del modelo económico y social europeo que necesitamos si deseamos completar la aventura política de la Unión Europea. 
Es nuestro deber, como diputados al Parlamento Europeo, convertir esta formulación constitucional en una política activa y eficaz. 
Considero que, con el informe sobre los sectores culturales, estamos dando un paso en esa dirección. 
Hemos ampliado nuestra política horizontalmente con ciertas admisiones importantes que tienen que ver con las condiciones de producción y consumo de los productos y servicios por parte de los ciudadanos europeos. 
Demostramos durante la preparación de este informe, así como en el diálogo mantenido en la Comisión de Cultura con todas sus Señorías, lo cual he de agradecerles, la importancia capital de la creación y de los creadores como una fuente fundamental del valor añadido de los productos culturales. 
Hemos tenido en cuenta la importante dimensión económica de la cultura en nuestros días, su papel en el desarrollo económico de regiones y ciudades y su contribución al PIB y al empleo. 
Hemos tomado nota de los cambios revolucionarios que han traido consigo las nuevas tecnologías en muchos campos del sector cultural, como el de la música, las publicaciones y el sector audiovisual. 
Hemos debatido en detalle la importancia de la competitividad de los productos europeos, comparándolos con los de otros países del mundo, la desigualdad del comercio internacional y el estrecho vínculo existente entre el patrimonio cultural y el turismo. 
Los ciudadanos europeos consumen millones de copias de discos y libros y compran millones de entradas de cine y conciertos cada año. 
Todo esto constituye su dieta cultural, que modela su perfil y su identidad cultural. 
Los ciudadanos también ven programas de televisión. 
Reciben información e influencia de Internet a través de una cantidad abrumadora de material al que llamamos contenido. 
De esta forma seleccionan, cultivan y promueven una u otra forma de arte y de cultura, estéticas y calidades diferentes, dependiendo estrechamente de la educación y de su desarrollo personal. 
Se trata de un proceso cultural complejo que caracteriza la vida cotidiana de los ciudadanos, por lo que no deberíamos pasar por alto la gran trascendencia y peso políticos que tiene. 
Además, la ampliación le da a Europa una mayor dimensión cultural, al igual que diversidad. 
El mercado interior está creciendo. 
El trabajo de los creadores debe superar una serie de obstáculos, como los problemas relacionados con la distribución, la promoción y la piratería creciente, para encontrar una forma de llegar al público europeo. 
Lo que buscamos es un valor añadido europeo y eso también se aplica a los miles de pequeñas y medianas empresas que trabajan en los diferentes sectores. 
Para tratar todos estos aspectos, hemos realizado una serie de propuestas a la Comisión. 
Son numerosas, por lo que solo comentaré tres de ellas. 
En primer lugar, la necesidad de definir la industria de la cultura y los sectores que abarca. 
Hemos de analizar la dimensión cultural, comercial y económica para incluir a los distintos sectores dentro de la definición de las industrias culturales o creativas, como se denominan en determinados países. 
Creo que esto nos dará una imagen estadística más ajustada, que en este momento no tenemos. 
Nuestra segunda propuesta a la Comisión es localizar las industrias culturales a nivel europeo. 
Pedimos que se centre en los aspectos culturales, económicos, jurídicos, tecnológicos y educativos, para incluir el empleo, la propiedad intelectual, la red de competitividad, nuevos productos y exportaciones. 
Por último, consideramos fundamental disponer de un Libro Verde para poder promover la coordinación entre los Estados miembros y las regiones en las industrias culturales, de forma que podamos analizar los obstáculos, proponer soluciones y encontrar una manera de que los sectores público y privado colaboren, promuevan la competitividad y mejoren el acceso de los europeos a la cultura. 
Me gustaría creer que este informe no es más que el principio y que la Comisión responderá no solo a este informe en concreto, sino también a los signos del tiempo, aportando las iniciativas necesarias, de las que, debo añadir, el Consejo también se ha preocupado recientemente. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a nuestra ponente por el serio trabajo que ha realizado. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con ella en el enfoque adoptado. 
En una sociedad en la que todo se puede comprar y vender, la cultura se encuentra en peligro inmediato de comercialización, lo cual cambiaría su naturaleza. 
La creación cultural ya no es el arte creado colectivamente por la sociedad y por personas con talento. 
Se está convirtiendo en un producto que se produce y se vende, con el fin de que aporte beneficios empresariales, así como una forma de orientación ideológica de los ciudadanos, mediante la promoción de una determinada forma de vida. 
En estas condiciones, abordar la cultura en términos relacionados con la industria, el mercado y el valor añadido, como si estuviéramos hablando de coches o de naranjas, es muy peligroso. 
Por supuesto, el informe expresa una serie de preocupaciones sobre diversidad cultural. Sin embargo, no son estas las que determinan su contenido, sino la preocupación de que los mercados del arte europeo hayan perdido una proporción importante del mercado global, que la Unión Europea no haya desarrollado aún su potencial en el comercio de sus productos culturales. 
Las fusiones empresariales se consideran peligrosas, no porque tengan como resultado el control por parte de monopolios, sino porque ponen en peligro la transparencia del mercado. 
Incluso la piratería se condena no como un robo del trabajo intelectual, sino porque priva a estas industrias de enormes beneficios, con el consiguiente impacto sobre la futura inversión. 
Las propuestas tienen que ver con las preocupaciones expresadas. 
El informe pide la intervención de la Comisión y de los Estados miembros no para reforzar la creación artística y protegerla de la comercialización, sino para fortalecer a las empresas y promover la competitividad de las empresas europeas. 
Este tipo de intervención institucionalizará la cultura y la someterá incluso a un mayor control por parte de los monopolios. 
Por último, Señorías, me gustaría llamar su atención sobre las enmiendas propuestas por nuestro Grupo político, en un intento de mitigar ligeramente las consecuencias del informe. 
Señor Presidente, Señorías, no puedo sino agradecer a la ponente el excelente trabajo que ha realizado, un trabajo realmente preciso y detallado. 
He apreciado ante todo los principios, los valores, que sirven de premisa al informe, es decir, la necesidad de reconocer a la cultura un papel principal en la Constitución Europea. 
En efecto, el lema «unidos en la diversidad» solo tiene sentido si se interpreta a la luz de la riqueza y la diversidad de identidades y raíces culturales e históricas que conforman el núcleo de nuestra identidad europea. 
Demasiado a menudo, sin embargo, el patrimonio cultural europeo no es ni lo bastante apreciado ni valorizado, cuando representa, sin duda, un ámbito con grandes potencialidades también desde el punto de vista económico. 
Estoy plenamente de acuerdo en que es necesario comenzar por un estudio exhaustivo con miras a elaborar un mapa europeo de industrias y actividades y producciones culturales y realizar, acto seguido, un verdadero inventario del patrimonio artístico y cultural europeo. 
Constituiría un paso adelante respecto del pasado, también reciente, en que la Comisión declaraba que no tenía ni competencias ni instrumentos, relegando, de hecho, la cultura a la exclusiva competencia nacional. 
Concluiré poniendo de manifiesto algunos puntos importantes del informe: primero, la reducción del IVA para los productos musicales, a fin de favorecer el aumento de las ventas y de reducir al mismo tiempo el comercio de productos pirata; segundo, una mayor atención a los jóvenes artistas, tanto en términos de formación como de promoción; y en tercer y último lugar, mayores inversiones a escala europea y nuevas normas, también para favorecer económicamente la empresa cultural europea, por ejemplo mediante la opción de deducir los beneficios reinvertidos. 
. (EL) Señor Presidente, el informe realizado por mi honorable amiga, la Sra. Zorba, nos da una nueva oportunidad de comprender la importancia de desarrollar nuestra industria cultural de cara a los objetivos políticos y económicos de la Unión Europea y refexionar sobre nuestras obligaciones a nivel europeo, nacional y local. 
Su contribución a los objetivos de Lisboa es indiscutible. 
Además de crear riqueza y empleo, la industria cultural, por su propia naturaleza, promueve la iniciativa y la innovación, que constituyen factores valiosos para la competitividad de la economía europea. 
Su desarrollo también puede ser útil en particular para evitar el aislamiento, a través del desarrollo de sociedades locales, ya que hace uso de sus ventajas comparativas y puede vincularse fácilmente a la promoción y el desarrollo turísticos. 
También me gustaría resaltar que la industria cultural se compone de sectores que pueden crear oportunidades de empleo, sobre todo para personas afectadas por el desempleo, como jóvenes creadores o mujeres y personas discapacitadas. 
Por ello estoy de acuerdo con la ponente en que se debería hacer uso de la contribución cultural de los Fondos Estructurales, especialmente ahora con la evaluación intermedia del periodo de programación 2000-2006, de forma que podamos tomar medidas adicionales o correctivas, tales como promover la formación profesional y, por supuesto, promover la educación en la enseñanza superior, dado que en muchos países, como el mío, Grecia, esta es insuficiente. 
Gracias Sr. Turmes. 
Tomamos nota de su declaración. 
Haremos las comprobaciones pertinentes y, por supuesto, terminaremos de mejorar este servicio, si procede. 
DECLARACION POR ESCRITO (ART 120) 
Ich glaube, das ist ganz klar. [Creo que esto está muy claro]. 
Si no hay objeciones procederemos así. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución común 
Lo siento, pero no pienso proceder a esa verificación. 
Insisto, era clarísimo el resultado. 
No se han dado cuenta de que un Grupo no ha votado lo mismo en los dos casos. 
Estoy aplicando simplemente el apartado 2 del artículo 19 del Reglamento, y asumo sus consecuencias. 
Voy a aplicar el apartado 5 del artículo 138 del Reglamento, que da esa responsabilidad final al Presidente y, por tanto, considero válido el resultado que he proclamado anteriormente. 
Lo lamento pero no cambio el criterio. 
Someto a votación el conjunto de la propuesta de resolución así modificada. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0281/2003) del Sr. Sylla, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2002) [2002/2013 (INI)] 
El mero hecho de que el personal del Servicio Jurídico y de la Oficina Parlamentaria no nos haya hecho saber hasta esta mañana a las 10.40 horas qué textos debemos presentar, cómo debemos votar y qué enmiendas son o no aceptables y admisibles, da una idea de la situación en que nos encontramos en este Parlamento. 
Quiero dar las gracias al Sr. Hernández Mollar por sus esfuerzos, pero, por lo que a mí respecta- siendo uno de los autores de la enmienda aprobada por unanimidad por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, una enmienda que además citaba la opinión del Defensor del Pueblo Europeo- pienso que podemos acabar con esta farsa. 
Señor Presidente, con respecto a la enmienda 41 que vamos a votar hay un malentendido. 
No es culpa de los servicios; se trata de un malentendido en la traducción, de modo que, tal como se ha presentado, la enmienda no tiene ningún sentido. 
En la última parte de la misma, se dice: «deplora en particular que la Unión Europea y el Reino Unido preparen acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, acuerdos que autorizan a los Estados miembros a extraditar a condenados a muerte a los Estados Unidos». 
Por tanto, para que tenga sentido, la enmienda debe formularse así: «extraditar a ciudadanos que puedan ser condenados a muerte en los Estados Unidos». 
El Grupo Socialista no está de acuerdo con esa supresión. 
Se somete pues a votación la enmienda en su versión primigenia. 
Someto a votación el conjunto de la propuesta de resolución así modificada. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0277/2003) de la Sra. Morgantini, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Comercio y Desarrollo- Cómo ayudar a los países en desarrollo a beneficiarse del comercio" (COM (2002) 513- 2002/2282 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0217/2003) del Sr. Bowis, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la salud y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo (COM (2002) 129- C5-0334/2002- 2002/2178 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0249/2003) del Sr. Howitt, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la participación de los actores no estatales en la política comunitaria de desarrollo (COM (2002) 598- (2002/2283 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0251/2003) del Sr. Perry, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre "Televisión sin fronteras" (2003/2033 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0276/2003) de la Sra. Zorba, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre las industrias culturales (2002/2127 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, estoy muy satisfecho de que el Parlamento haya dado un apoyo tan clamoroso al informe Ebner. 
Mis propias lenguas ancestrales en Escocia- el gaélico y el escocés de las tierras bajas- han sufrido una grave discriminación y falta de atención durante varios siglos. 
De hecho, como sabemos, muchos de los hablantes de gaélico fueron expulsados durante el horrible período del desalojo de las Tierras Altas (Highland Clearances). 
En estas circunstancias, no podemos sino alegrarnos de que el Mod Gaélico Nacional anual (Am Mòd Nàiseanta Rìoghail) tenga lugar por centésima vez en la ciudad de Oban este año. 
Estoy encantado de decir que tengo una oficina electoral en esa ciudad. 
Es una gran tragedia que las lenguas de Duncan Ban MacIntyre y Robert Burns se hayan convertido más o menos en idiomas extranjeros para los niños de Argyllshire y Ayrshire respectivamente, y para los de otras partes de Escocia. 
Estos son ejemplos en un país de un problema europeo de carácter universal. 
Estoy muy satisfecho de haber tenido en la Convención la oportunidad de contribuir a situar el respeto por la diversidad lingüística entre los objetivos de la Unión, si aprobamos el proyecto de Constitución. 
La Carta de los Derechos Fundamentales también resulta útil. 
Sin embargo, necesitamos ayuda activa y eso es lo que promete el informe Ebner. 
Espero que la Comisión asuma sus recomendaciones. 
Estoy muy satisfecho del resultado de esta votación y de haber participado en ella. 
- (FR) Estoy decididamente a favor de que se mantenga, o incluso se fomente, la diversidad cultural en Europa, sobre todo en este momento de la ampliación a 25 Estados miembros. 
Y puesto que las lenguas son el primer componente de esa diversidad, estoy a favor de la ampliación lingüística, sean cuales sean las dificultades materiales y técnicas que se deriven de ella. 
Entretanto, temo el doble juego de aquellos que defienden la multiplicación de las lenguas para mejor imponer, en los hechos, el monopolio del inglés. 
Así pues, tenemos que trabajar en esta cuestión de las lenguas, sobre todo volviendo a considerar de forma objetiva el esperanto. 
El monopolio del inglés no es bueno ni para Europa ni para el Reino Unido, cuya lengua se convertirá en una mera «lengua de uso básico». 
. (NL) El respeto y la preservación de la diversidad lingüística y cultural de Europa es un objetivo noble. 
Una posible erosión de esta diversidad supondría un empobrecimiento de nuestro patrimonio cultural. 
Las medidas para evitarlo, como la creación de una Agencia Europea para la Diversidad Lingüística y el Aprendizaje de Lenguas, merecen por lo tanto nuestro apoyo. 
Sin embargo, la propuesta de resolución apela expresamente al Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales. 
El Gobierno flamenco siempre se ha negado- con razón- a firmar dicho convenio, dado que los emigrantes francófonos (belgas) quieren aprovecharlo para que el francés sea reconocido como lengua oficial en Flandes. 
Esto es contrario a la legislación lingüística- pactada con muchas dificultades- y al principio de territorialidad de Bélgica. 
Tiene que ver con personas que se niegan a adaptarse al carácter neerlandés de la región, y que precisamente convierten en estandarte el no aprender otro idioma (en este caso el neerlandés). 
Dado que el informe no propone medidas para evitar que grupos relativamente recientes de inmigrantes se aprovechen del convenio para anular los equilibrios lingüísticos logrados con esfuerzo, los representantes del Bloque Flamenco votarán en contra. 
. (FR) Esta iniciativa demuestra que es ilusorio y torpe tratar a nivel europeo cuestiones que deben seguir siendo estrictamente nacionales. 
Pues, no contento con la integración supranacional, que debilita a los Estados miembros despojándoles de su soberanía desde arriba, o con la regionalización infranacional, que actúa desde abajo, se ataca a la lengua, que es uno de los componentes fundamentales de la unidad nacional de algunos Estados miembros. 
La normativa propuesta no sólo pretende reconocer objetivamente la diversidad lingüística, sino fomentarla en detrimento de las lenguas nacionales. 
Además, nadie duda que el reconocimiento de las lenguas minoritarias o regionales facilita también el reconocimiento de los pueblos que las utilizan... 
Así pues, no estoy dispuesto a aceptar que la Comisión establezca «los criterios para definir lo que, a efectos del posible programa para la diversidad lingüística, supone una lengua minoritaria o regional» o bien, lo que constituye otro motivo de preocupación, la voluntad de conceder un carácter vinculante a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. 
Estoy totalmente a favor de la conservación de las identidades culturales y lingüísticas regionales, pero también sigo siendo fiel a los principios enunciados en nuestra Constitución: «Francia es una república indivisible» , «la lengua de la República es el francés». 
He votado en contra, ¿por qué? 
Con estas resoluciones erramos el tiro. 
Aquí me pregunto si al denunciar selectivamente la situación cubana, mientras que otros países que son supuestamente amigos nuestros perpetran desde hace mucho más tiempo y de forma más sistemática prácticas semejantes, no corremos el peligro de incurrir en un pensamiento totalitario. 
Esto significa que incluso la Unión Europea se convertirá en un régimen totalitario, que es selectivo a la hora de decidir a quién acusa y persigue. 
¿En qué medida ha tenido Cuba y el pueblo cubano una posibilidad razonable, en los últimos 40 años, de elaborar su propia política? 
Es hipócrita señalar solo a Cuba con el dedo. 
Sin embargo, lo que se necesita aquí es comprensión y cooperación basadas en el respeto mutuo. 
Pienso por ejemplo en Guantánamo, lo que sucede allí, todas las mentiras y manipulaciones que se difunden. 
Se miente e incluso se paga por mentir, y creo que esto ha de acabarse. 
No estoy de acuerdo con ello. 
El debate sobre Cuba ha demostrado que el objetivo de la UE es idéntico al de los Estados Unidos: utilizar distintos medios, utilizar la ayuda económica y las relaciones diplomáticas como punto de apoyo para provocar cambios en el sistema «de forma pacífica» , metódicamente, para imponer la economía de mercado y desbancar al socialismo. 
Ha quedado claro que lo que los hipócritas eurounificadores tan selectivamente hipersensibles no le pueden perdonar a la Cuba socialista no es el llamado autoritarismo del régimen socialista ni cualquiera de sus debilidades, sino el hecho de que Cuba, a pesar de una guerra abierta y de los 40 años de embargo criminal por parte de los imperialistas, se sigue manteniendo y continúa aumentando el nivel de vida y educativo de su población, que es el más alto de toda Latinoamérica, que la Cuba socialista y Fidel Castro destellen una luz resplandeciente y que constituyan una fuente de inspiración combativa para los pueblos de la región y de toda la humanidad. 
Esta es la razón por la cual, mientras cierran un ojo y asienten a las ejecuciones diarias de miles de prisioneros, incluidos los cubanos, en los Estados Unidos, Israel y en otras partes del mundo, mientras apoyan las sombrías dictaduras y el genocidio, no tienen inconveniente en llorar lágrimas de cocodrilo por el futuro de los agentes a sueldo de los imperialistas cubanos. 
No pueden perdonar la determinación del pueblo cubano, como se expresa todos los días con su unidad combativa, para defender su tierra socialista hasta el final. 
Nosotros no vacilamos en ponernos de su lado y expresarles nuestra admiración y nuestra gratitud. 
Señor Presidente, los acontecimientos que han tenido lugar hoy durante la votación del informe del Sr. Van den Bos han sido muy desafortunados. 
Es una pena que el último Presidente, su inflexibilidad personal e incluso su orgullo, hayan impedido que el Parlamento descubra la verdad sobre el resultado de la votación de la enmienda 16. 
Todos nos hemos dado cuenta de que el margen ha sido muy estrecho en la sesión de votación, por lo que había buenas razones para que solicitáramos la verificación del resultado. 
Desde aquí ruego que no se vuelva a repetir jamás una situación similar en esta Cámara. Ha sido una violación de nuestros derechos. 
La delegación Moderada al Parlamento Europeo considera que es extremadamente importante que el Parlamento elabore un informe cada año sobre el grado de cumplimiento de los derechos humanos por parte de los Estados miembros de la UE. 
Los derechos humanos son los cimientos más importantes de la cooperación europea. 
Evidentemente, nuestras exigencias deben ser igual de estrictas en nuestros propios países que para los países candidatos y otros países ajenos a la UE. 
Nos parece desafortunado, sin embargo, que el informe no se centre únicamente en los derechos fundamentales y que exprese también otros objetivos políticos. 
Independientemente del hecho de que compartamos o no esas visiones políticas, este método corre el riesgo de devaluar el significado de los derechos fundamentales. 
Por ello no podemos votar a favor de la totalidad del informe. 
. 
(IT) La grave ausencia de normas liberales que regulen los conflictos de intereses y las concentraciones de monopolios en defensa del Estado de derecho y de las libertades civiles, se debe a más de 50 años de partitocracia y más de tres décadas de monopolio absoluto de la RAI-TV, a las que ha sucedido, en los últimos 15 años, la progresiva formación de un duopolio. 
En este último período, fue esta una elección también de la coalición de izquierda, al menos tanto como de la derecha. 
En realidad, el mundo de la información audiovisual y su inmensa influencia en la realidad italiana está dominado por grupos de periodistas influyentes, en general de centro-izquierda, pero también de extrema izquierda, que constituyen una verdadera fuerza política que ha dominado hasta ahora la RAI-TV y está presente en el más alto nivel de Mediaset. 
. 
(IT) Solo el Partido Radical planteó, desde comienzos del decenio de 1960, la lucha contra el abuso de la verdad y de la información en todos los niveles judiciales y políticos de grandes campañas no violentas e iniciativas de referendos que dieron resultado positivo. 
Silvio Berlusconi y sus empresas son sin duda responsables de optar, desde comienzos de los años 90, su inicialmente modesto imperio mediático en un instrumento no diferente de la RAI-TV para impulsar su carrera política en declive. 
Esta tentativa sólo ha tenido éxito en parte y sus máximos exponentes periodísticos «moderan» y sostienen grandes manifestaciones, electorales o no, de sus enemigos políticos. 
Es esta una característica típica de la realidad italiana, de aquel «caso italiano» que encuentra en Silvio Berlusconi, si acaso, un continuador y no un opositor o reformador, como había prometido en su campaña electoral. 
En consecuencia, los diputados radicales se abstienen en el voto que «lamenta que... persista una situación de concentración del poder mediático en manos del Presidente del Consejo» de la República Italiana. 
Me temo que probablemente nos encontremos ante feroces luchas de poder que podrían llegar a ser «a muerte» , luchas intestinas en sistemas no solamente políticos, sino también económicos o literalmente criminales. 
. (EN) Acojo con agrado el informe Sylla sobre los derechos fundamentales y, especialmente, sus conclusiones sobre el tratamiento de los solicitantes de asilo y sus hijos menores. 
El informe tiene razón al mostrarse crítico con el historial del Reino Unido a este respecto y mi conocimiento del centro de detención de Dungal, en mi circunscripción electoral en Escocia, es un buen ejemplo de los fracasos del Gobierno del Reino Unido. 
El Gobierno del Reino Unido no está protegiendo los derechos de los hijos menores de los solicitantes de asilo, al mantenerlos durante períodos prolongados en el centro de Dungavel, y el Gobierno regional escocés no ha garantizado su acceso al sistema educativo general mientras residan en nuestro país. 
Los escoceses se han sentido horrorizados al conocer la prolongada detención y la falta de servicios educativos sufridas por familias como Yurdigal Ay y sus hijos, que fueron deportados a Alemania a principios de este verano después de pasar un año en Dungavel. 
El historial del Gobierno del Reino Unido en cuanto a los solicitantes de asilo y sus hijos menores en Dungavel es una vergüenza y confío en que los Ministros del Reino Unido tengan en cuenta el informe Sylla y se tomen medidas para garantizar que no se violen los derechos fundamentales de los refugiados en Dungavel y en el resto del Reino Unido. 
- (EL) El grupo europeo del PASOK decidió votar en contra de la propuesta en su totalidad, por considerar que las posiciones adoptadas sobre la prohibición de la entrada a las mujeres en el Monte Athos, los objetores de conciencia y el derecho de los musulmanes con respecto a mezquitas y cementerios son injustas, inaceptables y, como mínimo, demuestran ignorancia por las siguientes razones: 
1. 
El Monte Athos goza de un estatuto especial, que se ve protegido por la Declaración Conjunta nº 4 sobre el Monte Athos en el Acta de Adhesión de Grecia a la CEE. 
2. 
El Anexo al Escrito Final del Tratado de Ámsterdam contiene una declaración que recuerda la Declaración Conjunta sobre el Monte Athos, adjunta al Escrito Final del Acta de Adhesión de Grecia a las Comunidades Europeas. 
3. 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos comprobó que la legislación griega sobre proselitismo es conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos. 
En cuanto a las mezquitas musulmanas, es un hecho conocido que existen en la actualidad 350 mezquitas y 250 cementerios musulmanes, mientras que el procedimiento para fundar un centro islámico y mezquitas en Paiania de Ática está avanzando. 
4. 
El artículo 18 de la ley 2936/2001 prevé una reducción del servicio civil para los objetores de conciencia reconocidos como tales, los cuales prestarán un servicio militar reducido. 
. 
(EL) El 11 de septiembre nos dio una oportunidad para acelerar la adopción de medidas y aplicar las decisiones que van más en contra de los defensores de los monopolios. 
Dicha fecha se vio seguida de una dura carga contra los derechos humanos y las libertades personales en la UE. 
Los derechos de los trabajadores y el derecho a gozar de una libre educación y una sanidad públicas se vieron aún más reducidas. 
El nivel de vida de las clases trabajadoras ha descendido. 
Un ejemplo típico es que más de 14 000 personas murieron debido a una ola de calor en la Francia de... el respeto a los derechos humanos. 
El arsenal legal reaccionario se están viendo reforzado por nuevas disposiciones. 
Se está impidiendo el funcionamiento libre y sin trabas de partidos políticos como el Partido Comunista, sobre todo en los países de la ampliación. 
La violación de la libertad de expresión se está viendo acompañada de la violación del derecho de asamblea con una prohibición activa, impidiéndose la participación de los ciudadanos, así como la represión violenta de huelgas y manifestaciones. 
En nombre de la lucha contra el terrorismo, prevalecen los registros electrónicos de ciudadanos al amparo del sistema de Schengen, se canalizan datos personales hacia los Estados Unidos y se está multiplicando la «repatriación» masiva de inmigrantes. 
Europa se ha autoasignado el papel de sheriff de los Estados Unidos, especialmente después de la firma del acuerdo sobre cooperación en asuntos penales y extradiciones a los Estados Unidos, donde existe la pena capital y Guantánamo. 
El informe, sin embargo, no quedará sin respuesta. 
Los trabajadores se oponen a esta política y están luchando para revocarla y para que los derechos humanos sean verdaderamente respetados. 
. (EN) Los diputados laboristas británicos hemos votado a favor del informe Sylla, que trata de alcanzar un objetivo de gran valor. 
Todos los Estados miembros deben tener la fuerza y la confianza suficientes para aceptar críticas. 
Esto no implica automáticamente que deban dar por válidas todas las críticas. 
Rechazamos la afirmación del ponente de que los poderes de detención contemplados en la Ley sobre terrorismo, delincuencia y seguridad de 2001 del Reino Unido se estén utilizando de forma impropia. 
Cuando nos enfrentamos a potenciales amenazas para la seguridad nacional, en ocasiones es necesario adoptar medidas excepcionales. 
Estrictas salvaguardas garantizan que no se produzcan abusos de esos poderes de detención. 
La decisión de detener a personas se toma teniendo en cuenta pruebas detalladas y convincentes. 
Hasta ahora, solo se ha detenido haciendo uso de esta Ley a 15 ciudadanos extranjeros. 
Los detenidos pueden marcharse del Reino Unido en cualquier momento si vuelven a su país de origen y tienen derecho a presentar un recurso contra la decisión. 
El Gobierno del Reino Unido está de acuerdo en que la detención de los hijos menores de solicitantes de asilo debe evitarse y está buscando soluciones prácticas para evitar esa situación. 
En lo que respecta al derecho a un juicio justo, la gran mayoría de los casos sobre la CEDH sobre los que se ha dictado sentencia afectan a acontecimientos que tuvieron lugar antes de la promulgación de la Ley de derechos humanos. 
Cualquier persona puede solicitar ahora la ejecución de sus derechos recogidos en la CEDH directamente en los tribunales del Reino Unido. 
(Texto acortado en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(IT) En nombre de los diputados radicales quiero justificar nuestra abstención en la votación de «lamenta que... persista una situación de concentración del poder mediático en manos del Presidente del Consejo» de la República Italiana. 
El 4 de abril de 1996, en la sede de Mediaset, en Cologno Monzese, durante un mitin electoral, el holding de Berlusconi, Mediaset, fue calificado entre otras cosas de una de las mayores empresas del país... una gran empresa de la comunicación... un patrimonio de Italia... un legado de trabajo y competencia de un país. 
No eran definiciones de Silvio Berlusconi, sino de Massimo D ' Alema, líder postcomunista del entonces PDS, hoy DS, que menos de un año después sería elegido- de acuerdo con Silvio Berlusconi y todo el centro-derecha- presidente de ambas cámaras- un intento de Convención- e inmediatamente después Presidente del Consejo en lugar de Romano Prodi. 
Considerar que la concentración de poder mediático en propiedad de Silvio Berlusconi le otorga un dominio tan poderoso y férreo del mundo de la información y de la propia democracia en Italia es un gran error y un acto de populismo, prejuicio y falta de honestidad. 
Señor Presidente, he votado en contra de la enmienda 5 al informe Lannoye debido a que la Comisión nos ha asegurado que la enmienda no era correcta en cuanto a los hechos y que no ha solicitado a los países en desarrollo compromisos vinculantes en relación con la privatización de su industria del agua. 
Los países en vías de desarrollo deben ser libres- igual que nosotros- para decidir si emplean empresas privadas o públicas para prestar servicios de suministro de agua. 
Espero que la Comisión se asegure de que eso siga siendo así y no vaya a exigir esos compromisos vinculantes. 
- (FR) He votado a favor del informe Lannoye sobre la gestión del agua en los países en vías de desarrollo porque insiste con toda razón en la urgencia que reviste este problema: actualmente, de los seis mil millones de seres humanos, 1.700 millones no tienen acceso al agua potable y 30.000 mueren todos los días debido a ello. 
La Conferencia de Johanesburgo estableció el objetivo de reducir a la mitad, de aquí a 2015, el numero de personas privadas de agua potable, y Europa debe colaborar imperativamente en su consecución. 
Por eso somos especialmente partidarios de crear un Fondo Europeo para el Agua a favor de los países ACP en general, y de los países africanos en particular. 
Los criterios para la selección de los proyectos que reciban ayudas de este fondo deben establecerse, no desde lo alto, sino en colaboración con las autoridades nacionales y las poblaciones afectadas. 
Debe darse prioridad a un modelo de gestión basado en la cooperación entre el sector público y el privado y en el que el sector público establezca el marco general de actuación y los objetivos del sector privado. 
Sin embargo, el informe Lannoye se muestra desconfiado respecto a la actuación de las empresas privadas. 
Yo considero, por el contrario, que la privatización de la gestión del agua, incluso a la más pequeña escala, permitirá una gestión más racional si se utiliza correctamente. 
- (FR) Con nuestra abstención nos hemos negado finalmente a votar a favor de este informe debido a la adopción, en el momento de la votación, de una enmienda, la enmienda 15 del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que favorece los intereses particulares de las grandes empresas del sector del agua. 
- (FR) La ola de calor de este verano y los miles de muertos que ha causado nos han confirmado una cosa en Europa y en los países en vías de desarrollo, una cosa que nos recuerdan las 30.000 personas que mueren todos los días por enfermedades relacionadas con la falta de agua potable: la agua es el problema más importante que amenaza a la humanidad. 
El cambio climático agravará esta situación. Por ello debemos elaborar urgentemente planes de acción masivos, selectivos y con suficiente dotación financiera. 
El Sr. Lannoye y la Comisión de Desarrollo y Cooperación nos han presentado una serie de propuestas mínimas que tenemos que poner en marcha rápidamente. 
. (FR) El proyecto de resolución presentado por el Sr. Lannoye responde de manera muy completa al escándalo de la escasez de agua potable que sufren centenares de millones de personas en los países en vías de desarrollo. 
Cuestiona además la responsabilidad de las grandes organizaciones internacionales por el desmantelamiento de servicios públicos que ha provocado esta situación. 
Sin embargo, en el Parlamento existe una mayoría que ha vaciado esta resolución de una parte de su contenido mediante enmiendas que se niegan a exigir responsabilidades y a presionar, dejando a un lado los buenos sentimientos, para una mejora real de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas. 
La aprobación de la enmienda 15, según la cual «el tema principal no es si es una entidad pública o una entidad privada la que organiza el suministro de agua, sino más bien las obligaciones especificas previstas por el marco político; considera que son las autoridades públicas de los países en desarrollo las que deben definir el marco jurídico para regular el trabajo de los operadores privados» , modifica el espíritu del informe. 
La comercialización de este bien común es, en el fondo, la que provoca las desigualdades de acceso, la escasez y el excesivo coste en nuestros países desarrollados, al igual que en los países en vías de desarrollo. 
Así pues, su aprobación me ha obligado a abstenerme en la votación final. 
- (EL) En principio estamos de acuerdo con la opinión del ponente de que beber agua debería ser un recurso social, accesible para todos, y no un bien sujeto a la especulación. 
No estamos de acuerdo, sin embargo, con las propuestas que reconocen un papel positivo del sector privado en la gestión del agua, ya sea mediante una forma conjunta de gestión por parte de los sectores público y privado, o bien mediante la definición por parte del Estado de un marco institucional en el cual las agencias privadas puedan operar en el sector del agua. 
Nuestro desacuerdo se basa en el hecho de que, independientemente de las intenciones, de los marcos institucionales y de los mecanismos restrictivos, el sector privado se está viendo activado sobre la base de un criterio del beneficio, lo que convierte automáticamente un recurso social en una mercancía con todo lo que ello implica, especialmente para las naciones pobres. 
Nosotros resaltaríamos que, al igual que con el problema de la alimentación, el problema del agua potable es principalmente político y en segundo lugar tecnocrático. 
Es por esta razón por lo que son necesarios los cambios sociales radicales, si se pretende tratar esta cuestión de una forma eficaz. 
El fracaso de los distintos programas dentro del sistema actual, que en algunos casos han exacerbado el problema en lugar de mitigarlo, confirma nuestra lectura y anticipa el punto muerto al que se llegará y la agravación del problema que se producirá como consecuencia de la aplicación de los términos y condiciones establecidos por el Fondo Monetario Internacional para financiar actividades similares en los países en vías de desarrollo. 
- (FR) Pese a que el acceso al agua ha sido proclamado hace poco un derecho humano, el nombre de personas privadas de agua potable en el mundo no ha dejado de aumentar estos últimos años, hasta alcanzar una cifra de 1 700 millones en la actualidad. 
Tenemos que reconocer las causas de la falta de agua potable y combatirlas, ya sea la agricultura intensiva y orientada a una elevada producción, las economías orientadas a cultivos para la exportación que a menudo comprometen el desarrollo de la economía local, o la liberalización de los servicios públicos en el sector del agua, condición que el Banco Mundial y el FMI imponen con frecuencia a los países del Sur para concederles préstamos. 
Asimismo, el coste de los servicios de agua se ha hecho inaccesible para las poblaciones más desfavorecidas. 
Para poner remedio a estas discrepancias, tenemos que implantar nuevos modelos de producción y consumo en el Norte y en el Sur basados en una gestión sostenible del agua. 
Queremos promover una agricultura ecológica y nuevos sistemas de irrigación. 
Ante el drama que viven muchas poblaciones y la total insuficiencia de las respuestas dadas hasta ahora, la creación de un Fondo Europeo para el Agua a favor de los países ACP nos parece una buena iniciativa. 
Las autoridades nacionales tienen que determinar el acceso a agua potable y a servicios de salubridad con la participación, a través de asociaciones y movimientos de la sociedad civil, de las poblaciones afectadas. 
El crecimiento del comercio constituye la mejor oportunidad de los países en vías de desarrollo de mejorar su posición económica a largo plazo, al igual que las condiciones de vida de las poblaciones empobrecidas. 
Las ayudas a los países en vías de desarrollo deberían destinarse, en primer lugar, al desarrollo y la mejora de las infraestructuras que facilitan los intercambios comerciales en esos países. 
El informe actual está imbuido de un escepticismo generalizado sobre el hecho de que el comercio pueda ser un medio de combatir la pobreza y de promover el desarrollo económico. 
Lo que nos ha guiado en nuestra votación final del informe ha sido, por lo tanto, ver si han sido aprobadas las enmiendas presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, cuyo fin es mejorar el informe. 
No estamos en contra de un código de conducta con cláusulas éticas para las empresas que inviertan en países en vías de desarrollo, o que comercien con ellos, pero creemos que dicho código de conducta debería establecerse dentro del marco del trabajo de la OMC y el Banco Mundial, y no restringirse únicamente a las compañías dentro de la UE. 
- (FR) El informe Morgantini niega la lógica de la Comunicación de la Comisión Europea sobre «Cómo ayudar a los países en desarrollo a beneficiarse del comercio internacional». 
En efecto, la Comisión aboga por la liberalización de los servicios, las ayudas al sector privado y el aumento de los intercambios comerciales para contribuir al desarrollo de los países menos avanzados. 
Ahora bien, sabemos que estas «recetas» del sistema económico capitalista hacen cada vez más profunda la escandalosa brecha que existe entre la renta de los países ricos y la de los países pobres. 
En vísperas de la Cumbre de Cancún, cuyo objetivo es intensificar el comercio mundial, apoyamos las propuestas dirigidas a condonar la deuda, a establecer unas normas equitativas en materia de comercio, a sustraer del ámbito mercantil las respuestas a las necesidades de las poblaciones, a suprimir los incentivos que reciben los países ricos para exportar productos agrícolas. 
Por todo ello hemos votado a favor de este informe, pese a que pensamos que la OMC, un instrumento de los países ricos para dominar a los demás, no debe «democratizarse» , sino suprimirse. 
- (FR) Si un habitante del África subsahariana se enterase de los debates que celebramos en el Parlamento Europeo, se daría cuenta enseguida de que gran parte de los temas que debatimos atañen exclusivamente a los países ricos. 
En efecto, si observa su situación personal y la de la gran mayoría de los suyos, se dará cuenta de que existe una brecha cada vez mayor entre el viejo continente y esta África en desarrollo. 
Pero tenemos un mensaje para él. 
Puesto que, como proclamamos sin cesar, Europa se fundamenta en valores humanistas y solidarios, tenemos que poner en práctica esos nobles sentimientos. 
Tenemos que ayudar a los que sufren, tenemos los medios para ello. 
Para empezar, tenemos que suministrarles medicinas para poner fin a la muerte de más de 28.000 niños menores de cinco años que mueren todos los días como consecuencia de enfermedades que pueden tratarse, muchas de ellas fácilmente. 
Podemos también ayudar y apoyar a los enfermos de SIDA con tratamientos que dispensamos a nuestros enfermos europeos, pero que los países en vías de desarrollo no pueden pagar. 
¿Existe mayor desigualdad que la que se produce ante una enfermedad? 
También tenemos los medios económicos. 
Cómo podemos quedarnos impasibles cuando, por ejemplo, no se utilizan los fondos que habíamos destinado al desarrollo, cuando ese dinero puede salvar vidas humanas... 
(Explicación de voto acortada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
- (FR) No hemos votado a favor de este informe porque no queremos apoyar a los inversores de capital, ya sea en el sector cultural o en otros sectores. 
Muchos de los capitalistas que rentabilizan sus inversiones en la televisión privada, en el cine o en la edición, son también los que más se benefician de las obras públicas, del monopolio de la distribución de agua, incluso de la fabricación de armas. 
Pero, en cambio, queremos proteger a los que hacen funcionar esta «industria de la cultura». 
Por ello expresamos nuestro pleno apoyo a los trabajadores del espectáculo que carecen de empleo estable y que luchan en Francia desde hace meses para defender sus condiciones de existencia. 
El Gobierno francés que presta tanta atención a la «excepción cultural» no hace excepción alguna para los trabajadores del espectáculo. Por recomendación directa de la patronal acaba de atentar contra su protección social, al tiempo que se prepara para lanzar nuevos ataques contra la seguridad social de todos los asalariados. 
. (FR) Siempre se deben dar muestras de una gran prudencia cuando la Unión Europea pretende dotarse de un nuevo ámbito de competencia. 
Y eso es precisamente lo que sucede en el presente caso con este informe que pretende reforzar la cooperación entra las industrias culturales europeas. 
En principio, este objetivo no plantea objeciones importantes. 
Pero tengo que expresar también mis reservas respecto a algunos puntos contenidos en el documento. 
En un documento en el que todo o casi todo podría considerarse «cultural» , no existe una definición clara de la obra cultural y eso deja la puerta abierta a numerosos abusos. 
Asimismo, hay que destacar el peligro de instrumentalizar la cultura con fines de propaganda europeísta y, en resumen, el posible cuestionamiento de las identidades culturales nacionales (¿qué significa exactamente la definición de la cultura como «elemento esencial y unificador (... ) de los ciudadanos de Europa» ?). 
Y, por último, ¿qué decir del riesgo de dilapidar los fondos públicos en proyectos sin verdadero interés cultural o popular? 
El dinero de los contribuyentes europeos no debe servir para subvencionar producciones elitistas dirigidas a una minoría «privilegiada». 
Por todas estas razones, no votaré a favor de este informe. 
. (EN) Señor Presidente, la política de la Unión Europea hacia Israel se basa en la asociación y la cooperación. 
Tiene por objeto contribuir a una resolución del actual conflicto, junto con otros socios internacionales y en estrecha colaboración con las partes afectadas. 
La Comisión es consciente de las complicadas circunstancias en que trabajan actualmente las comunidades empresariales de la región de Oriente Próximo. 
Al mismo tiempo, la Comisión Europea, como guardiana de los Tratados, es la responsable de garantizar la aplicación completa y correcta del derecho comunitario, incluidos los acuerdos internacionales firmados por la Comunidad y, por lo tanto, la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Israel. 
Les confirmo que, a la hora de aplicar el Acuerdo de Asociación UE-Israel, la Unión se basa en el Derecho internacional para la definición territorial del Estado de Israel, excluyendo así los territorios bajo administración israelí desde 1967 en Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán. 
Por lo tanto, los productos procedentes de esas zonas no tienen derecho a beneficiarse de un trato preferencial al amparo del Acuerdo de Asociación UE-Israel. 
Tras la confirmación por parte de Israel de que sus autoridades aduaneras certificaban productos procedentes de los asentamientos como si fueran de origen israelí, la Comisión publicó una notificación a los importadores en el Diario Oficial de la Unión Europea en noviembre de 2001, con el fin de informarles de la situación. 
De conformidad con las disposiciones del acuerdo bilateral, corresponde a las administraciones aduaneras de los Estados miembros de la UE comprobar el origen de los productos con las autoridades israelíes mediante el procedimiento de verificación posterior a la entrega. 
También es responsabilidad suya adoptar las precauciones necesarias cuando vence una deuda aduanera. 
Es en este contexto en el que las autoridades aduaneras de los Estados miembros están llevando a cabo en estos momentos la recuperación de los derechos. 
Estas medidas, iniciadas por la Comisión, están destinadas a proteger los intereses financieros y jurídicos de la Comunidad. 
Al mismo tiempo, no puedo sino reiterar que la Comisión siempre ha declarado su voluntad de cooperar y examinar cualquier propuesta técnica que hagan las autoridades israelíes con el fin de encontrar una solución para este problema que respete los términos del Acuerdo de Asociación. 
En otras palabras, se puede llegar a la conclusión de que la Comisión ha tomado las medidas necesarias para garantizar la correcta aplicación del derecho comunitario. 
A causa de esas medidas, los Estados miembros están imponiendo derechos a los productos procedentes de los asentamientos. 
Revisamos periódicamente esta cuestión con las autoridades aduaneras de los Estados miembros y también vamos a seguir hablando con Israel sobre cuestiones técnicas relacionadas con los certificados de aduanas. 
Señor Presidente, este es un momento muy sensible para hablar sobre una cuestión como esta. 
En primer lugar, quisiera que constara en acta mi absoluto rechazo de los actos terroristas que se han producido con excesiva frecuencia en Oriente Próximo. 
No solo condeno los actos de los terroristas suicidas, sino también las acciones de los servicios de seguridad del Estado de Israel cuando actúan al margen del Derecho internacional, complicando aún más la resolución del problema. 
Sin embargo, es posible que algunas personas crean que esta cuestión no debía haberse abordado aquí, ya que podría complicar el proceso de paz. 
Los que hemos tomado la iniciativa sobre esta cuestión concreta creemos que, por desgracia, ese enfoque ha dado lugar a acciones insuficientes por parte de la Comisión y de los Estados miembros. 
El propio Comisario ha destacado ya los importantes asuntos que están en juego. 
Nadie ha resumido mejor las implicaciones que el propio Comisario Patten en un debate en esta Cámara en mayo de 2001. 
Lo que digo ya se recogía en la comunicación de la Comisión de 1998 acerca de esta misma cuestión. La comunicación dejaba claro que el acceso preferente a los mercados europeos de las exportaciones procedentes de los asentamientos de Israel en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este y los Altos del Golán, cito literalmente ' contraviene las normas de origen acordadas puesto que estos territorios no forman parte del Estado de Israel con arreglo al derecho internacional público?.» 
Eso lo deja totalmente claro. 
He escuchado muy atentamente lo dicho por el Comisario. 
La impresión que tenemos es muy distinta de lo que ha dicho hoy en esta Cámara. 
No tenemos la impresión de que la Comisión en su conjunto, ni tampoco los Estados miembros, hayan trabajado con suficiente interés en esta cuestión. 
Conviene decir con respecto a Israel que, en estos momentos, en el mejor de los casos no está cooperando tanto como podría a la hora de dar toda la información sobre el origen de todos los productos y sus componentes a las autoridades aduaneras. 
En el peor de los casos, podría decirse que Israel está contraviniendo su acuerdo comercial con la UE. 
Dada la claridad de los comentarios realizados inicialmente por el Comisario Patten, repetidos hoy aquí hasta cierto punto, es preciso que se nos garantice que los Estados miembros están tomando medidas suficientes. 
Por lo tanto, aunque acojo con agrado lo dicho por el Comisario, sigo sin estar convencido de que este tema se haya trabajado en el ámbito de los Estados miembros de la forma en que debiera. 
Señor Presidente, la arrogante actitud que las autoridades israelíes muestran hacia sus obligaciones en virtud del Derecho internacional en lo relativo a sus relaciones comerciales con la Unión Europea es un buen ejemplo de su actitud hacia el Derecho internacional en general. 
La debilidad de la presión de la Unión Europea sobre Israel para que cumpla el Derecho internacional se refleja en el hecho de que en los últimos tiempos se han celebrado nuevos acuerdos con Israel. 
Me gustaría hacer algunos comentarios sobre ellos. 
Tengo un gran respeto por los esfuerzos realizados por el Sr. Solana, en nombre de la Unión Europea, para reducir las tensiones y fomentar un proceso de negociaciones de paz, pero la Unión Europea está socavando esos esfuerzos, a mi entender, al no demostrar a Israel su determinación en el sentido de que los acuerdos celebrados para favorecer comercialmente a Israel deben cumplirse plenamente o serán cancelados. 
No tengo ninguna duda de que el actual Acuerdo de Asociación UE-Israel debe suspenderse. 
Las acciones del Gobierno israelí que privan a los palestinos de sus derechos humanos son un incumplimiento de ese Acuerdo de Asociación. 
A pesar de las repetidas solicitudes realizadas por mí y por otros colegas para que se revise en su totalidad el cumplimiento por parte de Israel de las disposiciones sobre derechos humanos, no se ha hecho nada tangible, al menos que yo sepa. 
Hace varios meses, la Comunidad acordó con Israel la ampliación de sus cuotas de importación preferente de varios productos agrícolas que se producen en gran cantidad o principalmente en sus asentamientos ilegales, para su exportación a los mercados comunitarios. 
La Comunidad tomó esta medida sin exigir que Israel dejara de violar su acuerdo emitiendo pruebas de origen para productos procedentes de los asentamientos. 
Así no se puede defender ni preservar el derecho de la Comunidad a exigir la correcta aplicación del acuerdo por parte de Israel. 
La Comisión dice ahora que no será posible incluir a Israel en el acuerdo paneuropeo, mientras Israel siga aplicando incorrectamente el protocolo de normas de origen en su actual acuerdo. 
La voluntad política de la Comunidad para mantener esta posición no resulta convincente para Israel y desde luego no me convence a mí ni a muchos otros diputados, y tampoco garantiza la correcta implantación del actual acuerdo. 
A mi juicio, la actual crisis del proceso de paz entre Israel y los palestinos es tan grave que la Unión Europea debe ejercer la mayor presión posible sobre el Gobierno israelí. 
En el ámbito económico son precisas dos cosas: es imprescindible que se inicien medidas para suspender el Acuerdo de Asociación debido a los incumplimientos de las obligaciones relacionadas con los derechos humanos incluidas en dicho Acuerdo y deben iniciarse medidas legales para recuperar los derechos adeudados porque Israel ha mentido en lo relativo al origen de sus exportaciones. 
Para que se tomen estas dos medidas, hace falta la voluntad política de una Comisión unida. 
No estoy seguro de que la Comisión esté unida en este asunto, en el que es necesario el consentimiento de los Estados miembros. 
Solicito al Gobierno de Irlanda que considere prioritario este aspecto en su Presidencia de la Unión Europea. 
Me gustaría recalcar que, al hacer estos comentarios, reconozco que la responsabilidad de conseguir la paz corresponde igualmente a los líderes palestinos, que deben asegurarse de que se tomen todas las medidas posibles para acabar con los detestables atentados suicidas con bomba que han causado tanta angustia y dolor a Israel y han endurecido las actitudes de apoyo a un Gobierno israelí irresponsable. 
De igual forma, los Estados Unidos deben ejercer su enorme influencia sobre Israel para que cesen sus asesinatos y sus violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados. 
Quisiera comentar dos afirmaciones hechas por el Comisario. 
Ha dicho que los Estados miembros están cobrando derechos por los bienes procedentes de asentamientos. 
Según tengo entendido, eso solo ocurre en unos pocos casos en los que Israel ha declarado que esos bienes proceden de asentamientos, algo que únicamente hace para aliviar la presión que la Comisión y esta Cámara ejercen sobre ellos a este respecto. 
En lo relativo al sistema de verificación posterior a la entrega, una vez que Israel declara de dónde proceden los productos, no hay ninguna forma de que un Estado miembro pueda poner en duda legalmente esa verificación. 
Me gustaría que el Comisario tratara de solucionar esos dos problemas. 
Señor Presidente, el Grupo Liberal sospecha que el Gobierno de Israel está aplicando las normas de origen del Acuerdo de Asociación de una forma que se deriva de sus políticas de asentamiento. 
Ninguna otra explicación puede justificar que se estén emitiendo pruebas de origen tanto para productos industriales como agrícolas- producidos en los asentamientos- que nosotros consideramos ilegales y que, por lo tanto, no están cubiertos por el acuerdo. 
Entre estos productos cabe citar el cebollino, textiles no tejidos, vino, aperitivos, etc. Aunque reciben la autorización aduanera de acceso por parte de la UE, realmente se producen en asentamientos de Cisjordania como Barkan, en el asentamiento Katzrin en los Altos del Golán y en el asentamiento Gush Katif en la Franja de Gaza. 
No estamos ante algo nuevo. 
Sabemos que los Estados miembros son incapaces de distinguir con fiabilidad qué envíos cumplen las condiciones y cuáles no las cumplen. 
Sabemos que la Comisión ha recopilado una lista de productos y exportadores de los asentamientos y está intentando ampliarla. 
También sabemos que la lista es incompleta y que los Estados miembros no han conseguido identificar, cuando los envíos se presentan para su despacho, qué productos contienen. 
Esta situación no puede seguir así por dos razones. 
En primer lugar, los liberales concedemos una gran importancia a las normas; en este caso se está produciendo un incumplimiento reiterado y persistente de las normas. 
Reconocemos que hay dificultades. 
Tanto la Comisión como los Estados miembros tienen una responsabilidad plena e independiente por esta situación, dado que ambos tienen la obligación de actuar para solucionar el problema. 
Es posible que los miembros de la Comisión que desean cumplir sus obligaciones de protección del derecho comunitario no tengan un apoyo político suficiente dentro de la Comisión. 
Los Estados miembros que desean ayudar cuentan con un apoyo insuficiente en el Consejo. 
Por eso es preciso que tomen medidas este Parlamento y los Parlamentos de los Estados miembros. 
Sobre todo, el Gobierno de Israel tiene la obligación de no hacer trampas con un acuerdo firmado. 
Israel debe entender que este no es el momento de hacer eso. 
Si no respetan las cláusulas del acuerdo de asociación, los israelíes tendrán problemas para convencer al resto del mundo de que actúan de buena fe en cuestiones como el proceso de paz en su conjunto. 
Señor Presidente, mis colegas han expresado ya de forma extremadamente clara y precisa muchos de los puntos que yo habría querido exponer, por lo que los hago míos. 
Solamente quiero hacerme- y hacerles- algunas preguntas. 
En primer lugar, me pregunto si el intento de la Unión Europea de perseguir el diálogo político y la participación del Cuarteto sale reforzado, o más bien debilitado, de la efectiva reticencia de la Comisión a imponer una correcta aplicación del protocolo sobre las normas de origen y de la cláusula territorial del Acuerdo de Asociación UE-Israel. 
Me lo pregunto porque creo que es fundamental. 
Hace ya años que debatimos este tema y no hay duda de que se han dado pasos adelante; no obstante, nos encontramos aún con una burda violación de este acuerdo. 
Existen enormes obstáculos al proceso de paz que, en mi opinión, se deben en primer lugar a la política del Gobierno israelí, que continúa con los asentamientos, que persigue una política de anexión, que construye muros. 
Sin embargo, esos obstáculos son resultado también de la proliferación de violaciones de los principios fundamentales y de las normas del Derecho humanitario internacional en Israel y Palestina. 
Creo que no prestamos ninguna ayuda permitiendo que los acuerdos suscritos no sean aplicados. 
Quisiera considerar también las razones por las cuales Israel está violando el Acuerdo, que en su artículo 2, impone a este país, y también a nosotros, la obligación de respetarlo. 
Somos responsables de asegurar que nuestras relaciones en virtud del Acuerdo se fundamenten en el respeto de los derechos humanos y no en la violación de la legislación humanitaria internacional. 
Creo que una respuesta políticamente justa y proporcionada de la Unión a la persistencia de Israel en emitir certificados de origen para los productos de los asentamientos debería ser la de garantizar que no se pueda seguir importando a la Unión Europea ningún producto en régimen de preferencia. 
A juzgar por las palabras de la Comisión en relación con la importación de productos de los asentamientos en régimen preferencial, observamos que esta considera la práctica de Israel de emitir certificados de origen de estos productos una violación del Acuerdo. 
A pasar de ello, todavía no se ha puesto fin a esta práctica. 
El Acuerdo- la Comisión también lo ha dicho- no se aplica a rajatabla. 
Quisiera que se afrontase este problema de las relaciones y de la legalidad, porque hay que poner fin a la situación del «todo vale» que existe en Palestina y en Israel, es preciso que Israel aprenda a aplicar los acuerdos que firma. 
Señor Presidente, el ministro neerlandés de Asuntos Exteriores respondió a principios de esta semana, el lunes, nueve preguntas parlamentarias sobre una posible aplicación irregular de los acuerdos comerciales entre la CE e Israel. 
En su respuesta clara y bien meditada leo que, en la mayor parte de los productos con un certificado de origen israelí, los Países Bajos pueden partir del supuesto de que las comprobaciones de la aduana israelí en relación con el origen se han llevado a cabo de forma legal. 
Esto significa que cumplen todas las condiciones del protocolo relativo a las normas de origen. 
Señor Comisario, ¿suscribe usted esta constatación para los demás Estados miembros de la Unión Europea? 
Además, señor Presidente, el artículo 79 del acuerdo de asociación entre la CE e Israel dispone que en caso de un posible incumplimiento de dicho acuerdo por una de las partes implicadas, ambas están obligadas a buscar una solución mutuamente aceptable a través de Consejo de Asociación. 
Confío en que la Comisión hará lo posible por llegar a un acuerdo con Israel sobre la interpretación del protocolo relativo a las normas de origen. 
Señor Comisario, Señorías, antes que nada quiero precisar que soy uno de los signatarios de esta pregunta; lo he hecho por servicio democrático a la Sra. Sandbaek que así me lo pidió. 
No comparto la opinión de la mayoría de los oradores, pero esta pregunta circulaba desde hacía algún tiempo en nuestro Parlamento y era importante aclarar las cosas y tener una visión clara en esta cuestión de aplicación. 
En efecto, la pregunta de la Sra. Morgantini y otros se refiere a una cuestión de aplicación del Acuerdo, sin cuestionar la existencia de éste. 
La respuesta del Comisario ha sido sumamente precisa y ha sido completada por las importantes precisiones del Sr. Belder. 
El Comisario ha dicho que la aplicación corresponde a los servicios de aduana de los Estados miembros. 
El Sr. Belder ha puesto un ejemplo muy concreto de un Estado miembro que considera que este acuerdo se está aplicando. 
Además existe un procedimiento de recurso, que es el consejo de asociación. 
Si usted, señora Morgantini, dispone de elementos precisos, puede comunicárselos a la Comisión, la cual, estoy seguro de ello, no dejará de mencionarlos en el próximo Acuerdo de Asociación. 
Lo demás no son más que palabras y amenazas infundadas. 
Me preocupa un poco, señor de Rossa, que aproveche la ocasión para cuestionar el Acuerdo de Asociación con Israel, pues ese no es en absoluto el objeto de este debate. 
Asimismo, me sorprende que usted desee que los Estados Unidos presionen a Israel para que respeten los derechos humanos, pero no menciona las presiones que la Unión Europea podría y debería ejercer sobre las Autoridades Palestinas para que cesen los atentados terroristas. 
Todos hemos escuchado al Sr. Yasser Arafat lamentarse de la situación actual y echar toda la culpa de ella a Israel, olvidando una vez más los atentados asesinos de las últimas semanas. 
Ahora bien, todos sabemos el papel que desempeña Hamas. 
La Unión Europea, al igual que nuestro Parlamento, podrían prestar su apoyo al Sr. Mazen mediante ayudas presupuestarias o iniciativas parlamentarias. 
Podríamos apoyarle en lugar de seguir apoyando a los que, como el Sr. Arafat, consideran que los atentados terroristas forman parte de la política normal de Palestina en su lucha romántica por la libertad. 
Y les dejo que imaginen qué libertad. 
Señor Presidente, el pasado mes de julio formulé una pregunta oral a la Comisión sobre la renovación del acuerdo de cooperación científica y técnica con Israel. La Comisión respondió diciendo que consideraba el desarrollo de las relaciones con Israel una importante contribución al proceso de paz en Oriente Próximo. 
Y hoy, Señor Nielson, nos ha dicho usted más o menos lo mismo. 
Si bien comparto la idea de que el conocimiento y el intercambio de información ayudan a construir un mundo mejor, como también ocurre con la cooperación económica, me he quedado estupefacta con esta respuesta. 
Ya que esta posición olvida completamente la Resolución del Parlamento Europeo de abril de 2002, que tengo necesariamente que recordarles aquí en vista del título general del debate. 
Todo el mundo sabe que en el apartado 8 de esa Resolución, el Parlamento instaba al Consejo y a la Comisión a que convocaran de urgencia el Consejo de Asociación para transmitir su posición al Gobierno israelí, pidiendo a éste que cumpliese las resoluciones de las Naciones Unidas, y exigiendo, en ese contexto, la suspensión del Acuerdo de Asociación. 
¿Cuál es la situación un año y medio después de formular esta exigencia? 
Cuando nació el Acuerdo en 1995, justo después del proceso iniciado en Oslo, muchos pensaron que podría ayudar a la construcción de la paz. 
Pero la situación actual es radicalmente diferente. 
¿De qué tipo de cooperación habla la Comisión? 
Las asociaciones sólo pueden concebirse sobre la base de una confianza recíproca, de derechos y obligaciones compartidos. 
Ahora bien, la actitud criminal del Gobierno israelí demuestra todos los días no sólo que las preocupaciones de la Unión no le interesan en lo más mínimo, sino que apuesta por la escalada de asesinatos. 
Hace más de un año que Israel construye un muro en Cisjordania por supuestas razones de seguridad. 
En realidad se trata de un telón de acero que masacra los territorios palestinos y expulsa a decenas de millares de personas de sus hogares. 
De este modo se anexan, de paso, nuevas tierras. 
Ha llegado la hora de poner en práctica la Resolución del Parlamento. 
Existen precedentes. 
En 1990, la Comisión aplicó la Recomendación del Parlamento Europeo consistente en congelar parcialmente la cooperación científica hasta la reapertura indefinida de todas las escuelas y universidades palestinas que habían sido clausuradas por decisión unilateral de las autoridades israelíes. 
Esta medida permitió su reapertura al menos durante algunos meses. 
Hoy, en vista de que la cláusula relativa al respeto de los derechos fundamentales es brutalmente violada ante los ojos del mundo entero, ¿por qué resulta excesiva esta petición de suspensión? 
¿Por qué resulta excesivo pedir que se aplique y respete la ley? 
Por último, y con esto termino, señor Presidente, soy consciente de que la responsabilidad del Consejo, cuya ausencia aquí es una vergüenza, es enorme. 
Como miembro teórico del cuarteto, la Unión tiene medios de influencia. 
Pero le falta voluntad política. 
Señor Presidente, es un hecho que la definición de territorialidad aplicada por Israel para determinar el origen de sus exportaciones a la Unión Europea no es legal. 
La Comisión ha anunciado públicamente que Israel emite indebidamente pruebas de origen para productos procedentes de los asentamientos, así que ¿por qué no ha hecho nada eficaz al respecto? 
Los asentamientos ilegales son el principal obstáculo para la paz. 
En estos momentos, los Estados miembros que no desean infringir el acuerdo comercial al dar un tratamiento preferente a exportaciones procedentes de esos asentamientos ilegales solo han sido capaces de recuperar unos pocos derechos, principalmente debido a que Israel se ha negado a responder preguntas de verificación. 
¿Por qué la Comisión no ha notificado explícitamente a los Estados miembros que la definición de territorialidad usada por Israel es ilegal? 
Solo cuando eso se haya producido podrán los Estados miembros sacar la lógica conclusión de que deben solicitar una verificación para todos los productos israelíes exportados a la Unión Europea. 
Señor Presidente, el primer Acuerdo de Libre Comercio CE-Israel se firmó en 1975 y durante 20 años no se preguntó el origen de los productos exportados. 
Sin embargo, ahora se está utilizando como instrumento político para ensañarse con Israel y con los asentamientos. 
La autora de la pregunta oral ha llegado incluso a exigir la suspensión del acuerdo más reciente, de 1995, a pesar de que la Comisión ha llegado a un polémico acuerdo con ella y ha impuesto derechos aduaneros a los productos presuntamente exportados por los asentamientos de los territorios ocupados. 
Estamos ante una disputa técnica de carácter comercial y, aunque soy amigo de Israel, apoyo una posible solución mediante la creación de dos Estados y el desmantelamiento de la mayor parte de los asentamientos. 
Palestina no es todavía un Estado competente para tener sus propios acuerdos comerciales, que la UE ratificó de forma polémica en 1994. 
La Comisión lo hizo a pesar de que Israel poseía un acuerdo firmado por la Autoridad Nacional Palestina que estipulaba que Israel era el responsable de las cuestiones aduaneras relacionadas con los productos exportados desde los asentamientos. 
Sin embargo, también hay un Acuerdo de Libre Comercio UE-Palestina. 
Por lo tanto, lo miremos como lo miremos, estos productos deberían tener acceso libre de derechos a la UE, puesto que proceden de territorios cubiertos por alguno de esos dos acuerdos de libre comercio. 
Todos los acuerdos comerciales se refieren al territorio en el que se producen los productos, no a la nacionalidad ni a la religión de los productores. 
Toda esta disputa es objeto ahora de una resolución técnica en virtud del artículo 79 del Acuerdo de Asociación, que es donde debe resolverse. 
No debería ser objeto de la manipulación política en esta Cámara. 
El debate está creando una mayor hostilidad hacia el comercio con Israel y socava la confianza de Israel en la imparcialidad de la UE, que es un componente esencial del cuarteto que intenta aplicar la llamada Hoja de Ruta y conseguir el final del terrorismo. 
Estoy seguro de que todos los diputados, sea cual sea su tendencia política, tienen un vivo deseo de que se consiga ese resultado. 
Señor Nielson, permítame aprovechar la ocasión para recordarle que el 10 de abril nuestro Parlamento aprobó una resolución en la que se pedía la congelación del Acuerdo de Asociación. 
Ahora bien, dieciocho meses después, esa resolución sigue siendo ignorada. 
¿Debemos considerar que se trata de un firme apoyo a la política del Estado israelí, a pesar de sus violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional? 
Podríamos interpretarlo así, puesto que estamos hablando de acuerdos económicos y comerciales, de intereses financieros, pero estamos hablando también del derecho a la vida. 
Esta guerra colonial se cobra cada vez más víctimas. 
Y mientras que la hoja de ruta prevé que se congele la disposición relativa a la colonización, los asentamientos judíos continúan creciendo y se siguen construyendo carreteras de circunvalación. 
En Israel la situación es dramática. 
Las discriminaciones contra algunos ciudadanos israelíes se multiplican, se les persigue y se les niegan determinados derechos porque son árabes israelíes. 
El Knesset ha aprobado una ley que impide a los palestinos obtener la ciudadanía israelí a través del matrimonio. 
Se trata de una ley discriminatoria y racista. 
Un informe reciente de la FIDH, la Federación Internacional para los Derechos Humanos, nos revela una forma de esclavitud moderna impuesta a los trabajadores inmigrantes. 
Hasta el propio Sr. Abraham Burg, antiguo presidente del Knesset, ha lanzado un grito de alarma. 
Según él, Israel es terreno abonado para la corrupción, por la opresión y la injusticia que existe y que le reduce a un Estado colonialista, encabezado por una camarilla de sujetos sin moral, que actúan al margen de la ley y que son unos corruptos. 
En los territorios ocupados la situación es también dramática. 
Un muro de la vergüenza encarna el apartheid y la injusticia, y la sociedad palestina vive un drama. 
No vamos, desde luego, a contar los muertos. 
¿Pero quiénes son las víctimas del terrorismo, de ese terrorismo de Estado que asesina diariamente a refugiados? 
Para finalizar, señor Presidente, diré que no podemos permanecer en silencio. 
¿Acaso no tenemos el deber de presionar al Gobierno israelí por todos medios a nuestro alcance, incluidos los medios económicos y comerciales? 
¿Y por que no paralizamos este Acuerdo de Asociación, como ya lo hicimos en un tiempo con Sudáfrica para demostrar valerosamente nuestro rechazo al apartheid? 
Señor Presidente, mi posición es bastante contraria a algunas de las que se han expuesto aquí. 
Creo que esta pregunta parlamentaria es inoportuna e imprudente. 
Estamos en un proceso de paz, la Unión Europea forma parte del Cuarteto y creo que los diputados al Parlamento Europeo y las instituciones, si realmente nos sentimos vinculados al Ejecutivo y a la figura del Sr. Solana como míster PESC, que nos está representando, deberíamos apoyar las posiciones de acercamiento entre los países y no buscar enfrentamiento entre las partes. 
Por otra parte, no olvidemos que esta pregunta supone una condena directa de los territorios ocupados. 
Eso ya lo hemos hecho todos en este Parlamento, es algo aceptado de manera común y sabemos además que según los acuerdos de Taba, de devolución de los territorios, muchos de esos territorios que antes eran desierto y que ahora van a ser una zona habitable, van a pasar a manos de los palestinos. 
Lo que me preocupa sobre todo es que esta intervención va en contra de la Autoridad Palestina. 
Si Arafat y Abu Mazen están constantemente reclamando que la posición de Europa sea más fuerte en el proceso de paz y que éste no quede en manos de los Estados Unidos, si realmente Europa, como dice el Sr. Solana, es uno de los que más ha contribuido a crear la figura de Abu Mazen ¿por qué no nos dedicamos, en vez de a enfrentar a las partes, a apoyar a Abu Mazen y sus políticas, a apoyar el prestigio de la Unión Europea ante la otra parte? 
No creo que favorezca nada el proceso de paz que una de las partes que va a contribuir a dicho proceso se enemiste con uno de los interlocutores. 
¿Por qué no le pedimos al Sr. Solana y a la Autoridad Palestina el fortalecimiento de la administración de ésta, y les ayudamos a lograrlo? 
¿Por qué no pedimos- y por qué Europa no apoya más- que haya unos servicios públicos de sanidad y de educación que impidan que la educación esté en gran parte en manos de un grupo condenado como terrorista como es Hamas? 
¿Por qué no contribuimos realmente a fortalecer a la Autoridad Palestina? 
Ésa sería la solución. 
Quisiera conocer el impacto de esta pregunta, que probablemente vaya contra muchos trabajadores palestinos que están trabajando en estos territorios. 
Señor Presidente, la declaración de la Comisión es una confirmación del objetivo de la Unión Europea de mantener relaciones pacíficas y estables con los países de la región de Oriente Medio. 
Este es el único enfoque posible y no impide que la UE presente sus propias opiniones y objetivos dentro del marco de un acuerdo de cooperación mundial. 
En la práctica, estas situaciones son complejas. 
Lo más importante es entender los mecanismos normales básicos que, o bien obstaculizan o bien promueven la estabilidad, tal como hizo el Sr. Schuman cuando presentó su brillante idea para las Comunidades y que posteriormente sirvió de base para la UE. 
En relación con este punto, quiero resaltar un mecanismo básico que afecta a la estabilidad y a la paz: un medio ambiente limpio. 
El agua limpia, como se ha demostrado en Jordania recientemente, es una necesidad vital, y para conseguirla, todos los países de la región de Cisjordania han de encontrar una solución tanto individual como conjuntamente. 
Desgraciadamente, la comunidad internacional ni siquiera es consciente todavía de la destrucción medioambiental que es ya una realidad en Cisjordania. 
La excesiva extracción de agua, la canalización de aguas residuales no depuradas hasta Jordania, y los desechos vertidos por las comunidades han conducido a riesgos de salud impensables y a la escasez de agua. 
El proyecto medioambiental para Cisjordania es un proyecto multicultural y multilateral que pretende solucionar los principales problemas que amenazan a la salud y el bienestar de los habitantes de la región. 
Sin embargo, el proyecto no está avanzando como debería. 
Esto no se debe a una escasa inversión o a la falta de conocimiento en la materia o en tecnología. 
La razón es fundamentalmente que, para un proyecto que se encuentra en curso en una región ocupada por tres países, no existe un foro político para ponerse de acuerdo en cuestiones prácticas que son esenciales para su implementación, aunque todas las partes implicadas en principio estén de acuerdo en las necesidades y en las medidas que deben tomarse. 
Podemos decir sin miedo a exagerar que la UE es hoy por hoy el único agente mundial que podría ofrecer un foro político para que iniciativas como el proyecto medioambiental de Cisjordania creen estabilidad y paz en la región a través de la acción de los habitantes de la región. 
Es necesario un mediador neutral para que se empiecen a tomar decisiones que superen las polémicas de índole política. 
Si no fuera por los ejemplos de acción voluntaria como los del proyecto medioambiental de Cisjordania, cualquier otro trabajo de la UE para poner en práctica planes de paz en Oriente Medio sería en vano. 
Señor Presidente, me ha parecido interesante que el Sr. Tannock nos recordara que estos acuerdos entre la Comunidad Europea e Israel están en vigor desde 1975. 
Llevo 19 años en este Parlamento y esta cuestión se ha tratado periódicamente como asunto candente desde el punto de vista político. 
De hecho, era uno de los principales aspectos en el candelero cuando entré en el Parlamento en 1984 y todavía no hemos conseguido una conclusión satisfactoria. 
Sin embargo, como ya han dicho varios oradores, no estamos hoy aquí para empezar a discutir sobre quién es más culpable en este triste y trágico país. 
He estado en Gaza, porque mi hija trabajó allí durante años para la ONU, y sé que cuando se producen los problemas que todos los que viven en Israel están padeciendo ahora, cuando se cierran las fronteras, los productos palestinos no pueden salir de la Franja de Gaza. 
Ya he hablando antes en esta Cámara de las dramáticas imágenes que he visto en las calles de la ciudad de Gaza, donde los animales se comían las flores y las fresas que formaban parte de las exportaciones palestinas de Gaza a Europa. 
En esa zona hay un clima maravilloso. 
Podría proporcionar un gran valor económico al pueblo palestino, pero cada vez que había problemas se cerraban las fronteras y los productos se abandonaban para que se pudrieran en las calles de Gaza. 
Eso hace que sean distintos de los productos que proceden de los asentamientos israelíes, y esa diferencia es muy real. 
Solo las autoridades israelíes tienen los medios para eliminar las significativas distorsiones de las normas de origen que afectan a los productos procedentes de los asentamientos sin causar más problemas a la UE, a los Estados miembros, a los operadores comunitarios y a los exportadores israelíes. 
Es posible que, sin la cooperación de Israel, la única solución legal y eficaz para la UE, si no se suspende el acuerdo, sea que los Estados miembros pongan en duda el origen de la práctica totalidad de las exportaciones israelíes. 
. (EN) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera hacer un comentario general: tal y como yo lo veo, la forma en que estamos llevando a cabo este debate se asemeja a la de unos generales haciendo una guerra que ya se ha librado. 
Personalmente, comparto la opinión de que la UE tardó bastante tiempo en conseguir que estas normas se aplicaran con claridad. 
Sin embargo, ya hace tiempo que lo hacemos y es necesario dejar claro este hecho. 
También quisiera añadir que la necesidad política de debate y la energía que se vaya a dedicar al tema tienen más que ver con lo que se debe hacer a partir de ahora que con el punto de partida del debate, que estaba relacionado con la administración real del régimen aduanero. 
En mi calidad de miembro de la Comisión, no reconozco ninguna cuestión en nuestros debates o en nuestro tratamiento de esta cuestión en la Comisión que se parezca a lo que algunos han dicho aquí al poner en duda la unidad de la Comisión a este respecto. 
Esta cuestión nunca ha creado divisiones en el seno de la Comisión. 
Otros oradores han dicho que los Estados miembros deben ponerse de acuerdo. 
Eso es absolutamente correcto. 
La Sra. Sandbæk ha preguntado por qué la Comisión no ha informado oficialmente a los Estados miembros sobre esto y qué va a hacer. 
Voy a repetir lo que ya he dicho en mi primera intervención en este debate, a saber, que tras la confirmación recibida de Israel de que sus autoridades aduaneras certificaban como bienes de origen israelí algunos productos procedentes de los asentamientos, la Comisión publicó una notificación a los importadores en el Diario Oficial de noviembre de 2001 con el fin de informarles de la situación. 
Por lo tanto, la Comisión hizo hace casi dos años lo que pide la Sra. Sandbæk. 
Este es un elemento en el que he basado mis comentarios de apertura. 
Parece como si este debate tratara sobre una guerra que se hizo hace tiempo. 
En febrero de este año- la última vez en que se reunieron las autoridades aduaneras internas de los Estados miembros para tratar este asunto- se habían cobrado unos 100 000 euros en concepto de derechos permanentes sobre esas categorías de productos desde el comienzo de 2003. 
Esperamos disponer de nuevas cifras al final de este mes, cuando se celebre la próxima reunión. 
El importe de las garantías recibidas por esos productos por las autoridades aduaneras comunitarias en esa fecha ascendía a la nada despreciable cantidad de 1,7 millones de euros. 
Cuando estamos seguros de que los productos proceden de asentamientos, los Estados miembros aplican inmediatamente los derechos. 
Cuando hay alguna duda o cuando la información recibida de las autoridades israelíes al respecto es poco clara o insuficiente, también aplicamos derechos después de haber realizado todas las comprobaciones que podemos. 
Este sistema se está revisando periódicamente dentro de nuestros Estados miembros a través del Comité Aduanero, que volverá a reunirse a finales de mes. 
No se trata de un tema que se trate simplemente poniendo una notificación en el Diario Oficial, sino que se trata de un proceso activo y continuo. 
Por último, el Sr. Gahler ha preguntado sobre las modalidades y principios para calcular la acumulación, y cuánto procesamiento es necesario para que un producto se convierta en un producto israelí. 
Israel no es el único lugar del mundo en el que hemos tenido que decidir sobre estas cuestiones. 
Seguimos principios y criterios generales en lo que respecta a la cantidad de procesamiento necesario para determinar el origen de un producto. 
No hay ninguna norma específica para Israel a este respecto. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ART. 120) 
La continuada ocupación de territorios por parte de Israel, las repetidas operaciones asesinas llevadas a cabo por el ejército israelí, su presencia terrorista en Palestina y las detenciones arbitrarias, acompañadas de duras condiciones de detención, la negación de la existencia del Estado palestino y la constante violación del derecho de autodeterminación de una nación han creado una situación explosiva en Oriente Próximo y un clima generalizado de inestabilidad e inseguridad, que se sigue manteniendo y se ve promovido por el imperialismo de los Estados Unidos y de la UE, provocando la justificada reacción de los palestinos y la intensificación de los atentados suicidas. 
La proclamación de un Estado palestino independiente con Jerusalén como capital es la condición sine qua non para realizar cualquier esfuerzo real que consiga alcanzar la paz y restaure un clima de seguridad para palestinos e israelíes. 
Los diputados del Partido Comunista de Grecia han tomado partido sin reservas a favor de la lucha del pueblo palestino y condenan los esfuerzos para mantener el status quo y perpetuar el problema, tal como aparece recogido en la Hoja de Ruta del Cuarteto, que evidentemente ha fracasado. 
Los pueblos de Europa están luchando por la paz y en contra de la intervención militar imperialista, como en los casos de Yugoslavia, Afganistán y el Iraq, y también en contra de la cooperación y el apoyo a Israel en su estrategia belicosa de violación de los derechos de los palestinos. Con su lucha, acabarán con la militarización de Europa, que refuerza aún más el imperialismo en contra de los pueblos. 
. (EN) Quisiera empezar hablando sobre la evolución de los pagos. 
Es cierto que esta cuestión ha sido un problema en la fase de puesta en marcha, pero también puedo informarles de que el importe facturado en 2002 se aproximó a los 41,5 millones de euros. 
Esto supone casi siete veces más que las cantidades facturadas en 1999 y más de tres veces el importe facturado en 2001. 
Aunque todavía no podemos sacar conclusiones claras sobre el año en curso, la tendencia global es bastante positiva y se prevén unos desembolsos similares, de unos 40 millones de euros, para este año en su conjunto. 
En estos momentos estamos en un nivel de actividad que se corresponde razonablemente bien con las previsiones. 
Todo esto es bastante complejo, hay muchos intereses distintos que deben protegerse, así como muchos factores históricos, sociales y políticos en todo lo relacionado con los plátanos. 
La Comisión es plenamente consciente de las dificultades existentes para combinar el principio de un acceso equitativo al mercado con la atención a los problemas estructurales presentes en las vulnerables economías de menor tamaño. 
El régimen especial de ayuda surge a raíz de esas preocupaciones y las aborda de una forma tangible. 
También es preciso recordar que no se trata de algo impuesto a nuestros socios en esta zona, sino que refleja exhaustivas negociaciones. 
Tras las innegables dificultades de la fase de puesta en marcha, ahora se pueden observar sustanciales avances en la aplicación del programa: acabo de darles las cifras. 
En estos momentos hemos alcanzado un porcentaje satisfactorio en lo relativo al pago. 
En respuesta a las reiteradas sugerencias de la Comisión, varios proveedores de plátanos de los Estados ACP están cambiando sus estrategias y tratando de conseguir más ayuda financiera para financiar la diversificación allí donde la industria del plátano ha dejado de ser sostenible. 
Se espera que este proceso continúe y que los proveedores de plátanos menos competitivos utilicen los fondos disponibles exclusivamente para la diversificación y la compensación social. 
En lo que respecta al posible incremento de las importaciones tras la ampliación, que es un debate importante, en la cumbre de Copenhague se acordó que se tomarán medidas adecuadas para garantizar un suministro suficiente de plátanos a los consumidores de la Unión de conformidad con las normas de la OMC. 
Cualquier incremento de las cuotas del plátano, que estaría sujeto a negociaciones en el marco de la OMC, tendría en cuenta los intereses de esos productores. 
La Comisión es plenamente consciente de sus obligaciones derivadas del Acuerdo de Cotonú, incluidas las relacionadas con garantizar la viabilidad permanente de las empresas exportadoras de plátanos de los Estados ACP en el mercado europeo y, por supuesto, mantenemos nuestro compromiso de hacer todo lo que podamos para respetar esa obligación. 
. Señor Presidente, en respuesta a las últimas observaciones del Sr. Casaca, esto no corresponde al modo en que estamos haciendo estas cosas. 
Ninguno de los beneficiarios ha disputado jamás la exactitud de los cálculos de los importes anuales individuales. 
Esto también se discute en reuniones con representantes de estos países. 
Añadiré que los representantes de los productores de Côte d ' Ivoire han declarado en una de esas reuniones que desde su punto de vista la Comisión siempre ha aplicado el método previsto en el Reglamento de la Comisión de forma correcta y justa. 
Si estos criterios son complejos, ello no refleja sino el hecho de que estamos donde estamos en virtud de unas negociaciones en que había que conciliar muchos intereses particulares diferentes y contradictorios. 
Esta es la cuasa de la complicación. 
Por una vez, los miembros de la Comisión no somos culpables de ello. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término de los debates de hoy. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0190/2003) del Sr. Fernández Martín, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Desvincular la ayuda en aras de la eficiencia (COM (2002) 639- 2002/2284 (INI) ). 
. (EN) La comunicación acerca de la desvinculación de la ayuda data del 18 de noviembre de 2002 y todavía hay trabajo pendiente, a pesar de que hemos realizado importantes avances políticos sobre esta cuestión desde el año pasado. 
Este tema puede parecer muy técnico y difícil de abordar, pero puede tener una incidencia bastante significativa en el ámbito de la ayuda al desarrollo en lo que respecta a la eficacia, el valor obtenido por el dinero de nuestras ayudas y también la dinámica de la cooperación con nuestros países asociados, precisamente tal y como ha dejado claro el Sr. Fernández Martín. 
Le agradezco mucho el trabajo que ha realizado sobre este tema. 
Su informe refleja un amplio acuerdo entre nosotros. 
Hemos conseguido alcanzar un consenso en el Consejo sobre la desvinculación de la ayuda comunitaria y ahora, con la resolución que está sobre la mesa del Parlamento, podemos empezar a trabajar en su aplicación. 
Nos centraremos en propuestas concretas de modificación de los distintos instrumentos jurídicos relevantes. 
La propuesta para implantar cambios en los reglamentos actuales se regirá por el procedimiento de codecisión y, por lo tanto, el papel del Parlamento para conseguir que este asunto salga adelante será fundamental. 
Espero poder debatir este tema con el Parlamento durante este próximo año. 
Seguiremos trabajando para determinar los hechos relacionados con la desvinculación. 
Uno de los problemas es que es muy difícil encontrar datos concretos y fiables sobre la incidencia de la misma. 
Empezaremos a estudiar este tema antes de que concluya el año. 
Intentaremos convencer a otros donantes que de momento se muestran reticentes a unirse a nosotros, sobre todo mediante el trabajo del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y su nuevo Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de la Ayuda. 
Aunque acogemos con agrado el acuerdo del Consejo sobre la desvinculación de la ayuda comunitaria, quisiera dejar constancia de mi decepción por la escasa disposición de algunos Estados miembros- y sobre todo de un Estado miembro- a comprometerse a desvincular la ayuda bilateral. 
Esto tiene dos dimensiones: una es la arraigada discusión sobre si la ayuda oficial al desarrollo y el abastecimiento allí es parte del Mercado Único. 
Éste es un debate interno de la Unión. 
En opinión de la Comisión, la respuesta es claramente afirmativa, ya que la Directiva sobre contratación pública incluye en efecto la ayuda al desarrollo. 
Algunos países que han puesto esto en duda durante años, incluido el mío, han despejado claramente todas sus dudas al respecto. 
Sin embargo, un Estado miembro mantiene todavía una opinión distinta. 
Mi respuesta sería: «De acuerdo, nos veremos en los Tribunales.» 
El otro tema en el que es más abierto y más legítimo un debate es qué hacen los Estados miembros en la discusión mundial en el marco de la OCDE sobre la desvinculación de la ayuda. 
En ese marco se ha llegado al acuerdo de desvincular la ayuda al grupo de los países menos desarrollados. 
La Comisión está cumpliendo lo estipulado en ese acuerdo, e incluso está yendo más lejos. 
Pero tenemos una opinión distinta: una de las razones que sustentan nuestro punto de vista es que no queremos hacer distinciones entre los países menos desarrollados y el resto. 
Estamos dispuestos a desvincular toda la ayuda y tenemos obligaciones legales con los Estados ACP, por ejemplo, que hacen que, como grupo, tengan acceso a cualquier licitación relacionada sobre cualquier contrato relacionado con los 78 países. 
En preparación de la Conferencia de Monterrey sobre la Financiación para el Desarrollo, los Estados miembros se comprometieron a seguir hablando sobre una mayor desvinculación de la ayuda bilateral. 
La Comisión reconoce que tenemos que incrementar tanto el volumen de ayuda como su eficacia mediante medidas como las que estamos debatiendo hoy. 
Estoy realmente satisfecho de tener el visto bueno del Parlamento y espero poder seguir avanzando en este asunto. 
Es cierto que tenemos que insistir en cierta reciprocidad, porque el problema también está relacionado con el cuidado que debemos tener con la apertura de los intereses comerciales por nuestra parte si, por ejemplo, los Estados Unidos no hacen lo mismo. 
Está claro que no estamos obligados a hacerlo. 
Nuestra política es clara: queremos encontrar la solución perfecta para este tema. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por su excelente y oportuno informe. 
Como ha dicho, en la actualidad vivimos en un mundo totalmente interdependiente y los problemas de un país son los problemas de todos nosotros, problemas como la pobreza, el hambre, las enfermedades, los desastres ecológicos y la delincuencia. 
Es responsabilidad de todos nosotros solucionar esos problemas y trabajar para alcanzar una estrategia coherente. 
La ayuda al desarrollo puede tener un papel fundamental en la búsqueda de soluciones, pero solo si no va ligada a compromisos comerciales. 
Las propuestas que tenemos ante nosotros son un paso positivo para la consecución de una mayor eficacia de la ayuda al desarrollo. 
Desvincular la ayuda es una forma directa de incrementar esa eficacia, pero tenemos que reconocer, como ha dejado claro el Comisario, que entre determinados Estados miembros la vinculación de las ayudas sigue siendo una práctica habitual. 
Por lo tanto, debemos tomar medidas inmediatamente para solucionar la insuficiencia de nuestras actuales prácticas. 
Señor Comisario, permítame que diga «¡duro con él! » cuando se encuentre con ese recalcitrante Estado miembro en los tribunales, porque no podemos permitir que un Estado miembro juegue a un juego distinto de los demás. 
Como ha dicho, tenemos un mercado único. 
Estoy de acuerdo en que es necesario realizar reformas, que permitirán incrementar la transparencia y la responsabilidad democrática. 
Se trata de un proceso complejo y acogemos con satisfacción la intención de la Comisión de presentar las propuestas legislativas y los cambios a la actual legislación, con la esperanza de que eso no dé lugar a una mayor burocracia. 
Me gustaría recalcar que esta desvinculación del comercio de la ayuda no es un paso final, sino un medio para incrementar la eficacia de la concesión de ayuda. 
El principal objetivo de la concesión de ayuda es la reducción de la pobreza. 
Por lo tanto, no es un concepto aislado, sino que forma parte de un permanente debate que seguirá hasta cierto punto en Cancún la semana que viene. 
Señor Presidente, deseo expresar mi más sincera gratitud a mi colega, Fernando Fernández Martín, por el informe a la vez sucinto y equilibrado que ha elaborado. 
Asimismo quisiera pedir al Comisario Nielson que transmita mi gratitud a las personas que han participado en la redacción de la comunicación de la Comisión. 
El texto está escrito de forma clara y su tono es generoso. 
La práctica de vincular la ayuda podría en teoría incluso cambiar por completo el sentido de las ayudas al desarrollo, con el resultado de que el donante se beneficiaría y el país receptor se haría más pobre que nunca. 
A pesar de esta extrema paradoja, muy conocida en las teorías económicas, no resulta necesariamente tan posible en la realidad, pero constituye un recordatorio del tipo eficacia reducida y las perversiones de la ayuda que aún suceden y que además se permiten en la vida real. 
Las estimaciones realizadas por el Banco Central y la OCDE del ahorro realizado gracias al aumento de la eficacia son del orden del 25%. 
Nuestro ponente estima que el beneficio neto de la vinculación de las ayudas podría ser equivalente a una cantidad tan importante como 5 millardos de dólares estadounidenses en efectivo. 
Sabemos que incluso pequeñas cantidades de dinero pueden hacer maravillas en la cooperación al desarrollo, por lo que un aumento de ese tipo de varios miles de millones de euros sería monumental. 
La disposición de la Unión Europea para tomar la iniciativa en esta cuestión es significativa, ya que la UE y los Estados miembros son responsables conjuntamente de la mitad de las ayudas mundiales al desarrollo. 
Así pues, la reducción de la eficacia en la cooperación al desarrollo no es en absoluto un asunto trivial si se mide en términos reales. 
Es importante implementar rápidamente las conclusiones a las que llegamos en Barcelona. 
Es evidente que los sencillos principios de la economía de mercado dictan que los Estados miembros deben desvincular las ayudas de los donantes. 
Los principios fundamentales de la competencia acordados en la UE funcionarán en ventaja de los países en vías de desarrollo en este sentido. 
Más adelante, también será posible llevar a cabo una financiación local y en otros países en vías de desarrollo, como ya lo hemos visto, lo que provocará un efecto multiplicador en la eficacia de las ayudas. 
Además de los beneficios en términos de bienestar de los países en vías de desarrollo, la liberalización de la contratación será también importante dentro de la UE, ya que la práctica de vincular las ayudas que continúa teniendo lugar en muchos Estados miembros también distorsiona la competitividad entre los propios Estados miembros y va en contra de las normas sobre la competencia establecidas en el Tratado de la CE. 
. (EN) Señor Presidente, me gustaría hacer unos pocos comentarios. 
Respecto a los comentarios de la Sra. Korhola, es cierto que hace muchos años el Banco Mundial y la ONU afirmaron que hasta el 25% de la ayuda al desarrollo se desperdiciaba desde el punto de vista de los países receptores como consecuencia de la vinculación con los países donantes. 
Esta cifra no es aceptable para la Comisión, porque tenemos un sistema de competencia abierta entre los 15 Estados miembros y añadir un decimosexto Estado no cambia realmente el juego en lo que respecta a la garantía de la libre competencia en procesos de contratación. 
Por lo tanto, la dinámica de esta cuestión gira en torno a un caso clásico de un único país donante bilateral que vincula o no vincula la ayuda. 
Para la Comisión, la dinámica de esta cuestión no es fantástica desde el punto de vista económico. 
Quisiera añadir que, a causa del acceso a los Estados ACP, esos países tienen derecho a licitar en cualquier cosa relacionada con ellos que vaya a ser objeto de contratación pública por nuestra parte. 
Los licitantes de los Estados ACP ganan en la actualidad aproximadamente el 25% de las licitaciones. 
Eso es bueno y es parte de lo que el Sr. Fernández Martín ha denominado objetivos importantes. 
Por último, es cierto que la ayuda alimentaria y el transporte de la misma han quedado excluidos- debido a la insistencia de los Estados Unidos y por decisión del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE- de lo que debería quedar cubierto por la desvinculación de la ayuda. 
Eso es muy triste y es la razón por la que mencionamos específicamente ese problema como uno de los elementos que forman parte de la cuestión más amplia de la desvinculación de la ayuda. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término de los debates de hoy. 
B5-0376/2003, presentada por Bob van den Bos en nombre del Grupo ELDR; 
B5-0379/2003, presentada por Jean Lambert y Reinhold Messner en nombre del Grupo Verts/ALE; 
B5-0381/2003, presentada por Margrietus J. van den Berg y Maria Carrilho en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0386/2003, presentada por Giuseppe Di Lello Finuoli y Esko Olavi Seppänen en nombre del Grupo GUE/NGL; y 
B5-0387/2003, presentada por Charles Tannock y otros en nombre del Grupo del PPE-DE. 
Señor Presidente, me sorprende que por una vez mi Grupo político sea el primero al que se le concede la palabra en el debate. 
Hace poco mantuve una larga e interesante conversación en Escocia con el Cónsul General para la India y estuvimos reflexionando sobre los problemas existentes para intentar construir un Estado de tamaño continental y de carácter multilingüe, con ciudadanos de muchas religiones y de ninguna, con la memoria de un antagonismo histórico entre comunidades religiosas y que intenta mantener una constitución democrática en funcionamiento y vivir en paz con sus vecinos. 
Nos referíamos tanto a Europa como a la India, y es humillante para nosotros, los miembros de la Unión Europea, que trabajamos para mejorar nuestra Constitución, pensar que la India ha conseguido esa democracia políglota y que abarca un continente con una forma de Estado secular desde hace más de 50 años. 
Tenemos mucho que aprender de la India y debemos abordar el debate de hoy con cierta humildad al respecto. 
Sin embargo, evidentemente, tal y como nos demuestran los horribles hechos de Mumbai, no todo va bien en la India. 
Se nos presenta el problema de la capacidad para mantener un Estado secular con tolerancia religiosa, así como la cuestión de si la tensión con Pakistán se enfriará y si las relaciones entre comunidades en la India serán pacíficas. 
Ese es el contexto de esta admirable resolución que tenemos sobre la mesa. 
Parte de ella se limita, en cierto sentido, a explicar lo obvio: por supuesto condenamos los atentados de bomba de Mumbai; por supuesto deploramos los ataques a civiles; por supuesto sentimos una gran simpatía por las víctimas. 
Apoyamos al Gobierno indio en su lucha contra el terrorismo, pero hay que decir más cosas, y parte de lo que hay que decir se dice en la enmienda de mi Grupo a la resolución, en la que solicitamos que se tomen nuevas medidas para aplicar adecuadamente el Derecho constitucional indio y para evitar la violencia entre comunidades dentro de ese país. 
Somos especialmente conscientes, por ejemplo, de los recientes informes de Amnistía Internacional sobre los problemas en Gujurat y las respuestas a la masacre que tuvo lugar allí en 2002. 
La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos india ha solicitado que se mejore la vigilancia por parte de las autoridades indias y que se protejan de forma efectiva los derechos constitucionales. 
Al mismo tiempo, acogemos con agrado la declaración del Gobierno pakistaní, que afirma que también deplora y que no puede aceptar el atentado terrorista de Mumbai. 
Estamos en unos momentos críticos, pero también debemos mostrarnos especialmente comprensivos con el Estado de la India. 
Hay cosas que van mal y que requieren que se tomen decisiones en la India para mejorarlas. 
Debemos aprobar esta resolución y las enmiendas presentadas en nombre de mi Grupo y del Grupo ELDR. 
Señor Presidente, como fundador del grupo Amigos de la India del Parlamento Europeo, esta resolución pretende ser un gesto de solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la India contra la irracional violencia perpetrada por un pequeño número de fanáticos procedentes de grupos extremistas islámicos. 
Esas personas creen que la matanza de Mumbai, en la que se atacó a inocentes, incluidos niños y miembros de su propia fe musulmana, está justificada y es una forma de desestabilizar la mayor historia de éxito democrático y multicultural del mundo. 
También quisiera reconocer la profesionalidad de las autoridades, no sólo por su rápido éxito en la detención de los sospechosos- y esperamos que en la consecución de condenas -, sino, sobre todo, al evitar una escalada de mayor violencia entre comunidades. 
Asimismo, acojo con agrado la respuesta del Gobierno de Pakistán, aunque debe actuar con dureza si aparece cualquier prueba de una conexión con Lashkar-e-Toiba y si se demuestra que cualquiera de sus operaciones se han lanzado desde territorio pakistaní. 
Sin embargo, acojo con especial satisfacción su condena del atentado con bomba. 
Es esencial que la estabilidad política de la India como superpotencia regional y nuclear cuente con el apoyo de todos los Estados miembros de la UE y de las demás naciones democráticas del mundo. 
La India es un país en el que todos los grupos han llegado a ocupar los cargos más importantes, como demuestra que su actual Presidente y Jefe de Estado sea musulmán. 
En el plazo de 20 años será el mayor país del mundo en cuanto a su número de habitantes, superando a China. 
El terrorismo es la negación de todos los valores de los que intentan construir en lugar de destruir. 
Esta Cámara lo condena en cualquier lugar del mundo. 
Señor Presidente, las bombas en la Puerta de la India y en el Bazar Zaveri en Mumbai del pasado 25 de agosto de 2003 mataron e hirieron a muchos civiles inocentes. 
Estos devastadores y cobardes atentados terroristas nos recordaron a todos que el azote del terrorismo es una amenaza que afecta a todas las democracias. 
Estamos ante un reto que debemos afrontar juntos intensificando la cooperación en materia de seguridad tanto bilateral como multilateralmente. 
El Reino Unido tiene unos vínculos históricos especialmente fuertes con la India. 
Confío en que el Gobierno británico ofrezca a la India todo el apoyo que pueda a la hora de luchar contra el terrorismo. 
Las autoridades y el pueblo de la India han demostrado un control digno de elogio tras estos últimos atentados. 
Por supuesto, esa es la respuesta correcta. 
Los terroristas intentan desatar más odio y animosidad y minar no sólo la democracia secular, que ha formado parte de nuestro legado a la India y constituye la gran fortaleza de ese país y un gran ejemplo para todos, sino también los esperanzadores indicios de acercamiento que hemos podido ver recientemente entre la India y Pakistán. 
Pakistán debería demostrar claramente ahora su voluntad de tomar medidas eficaces contra los terroristas que se encuentran en sus fronteras con Afganistán y ahora, incluso con más urgencia, en sus fronteras con la India- en colaboración con las autoridades de seguridad indias- antes de que se produzca otra conflagración. 
B5-0375/2003, presentada por Bob van den Bos y Anne André-Léonard en nombre del Grupo ELDR; 
B5-0380/2003, presentada por Nelly Maes, Didier Rod y Marie Anne Isler Béguin en nombre del Grupo Verts/ALE; 
B5-0382/2003, presentada por Margrietus J. van den Berg en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0385/2003, presentada por Luisa Morgantini en nombre del Grupo GUE/NGL; y 
B5-0388/2003, presentada por John Alexander Corrie y Bernd Posselt en nombre del Grupo del PPE-DE. 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión acoge con agrado el acuerdo de paz firmado por las partes en conflicto, la sociedad civil y los partidos políticos del país el 18 de agosto de 2003. 
Seguimos preocupados por los continuos combates. 
Es muy importante que la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (ECOWAS) despliegue completamente sus tropas de paz para conseguir que el acuerdo de paz se respete sobre el terreno. 
La cifra a la he tenido acceso en cuanto al número real de soldados desplegados es de 2 127. 
ECOWAS está haciendo lo que tiene que hacer. 
Esperamos que la presencia de esta fuerza permita reanudar rápidamente la ayuda humanitaria y poner fin a las atrocidades, que han sido terribles en Liberia, sobre todo para las mujeres y los niños. 
ECOWAS nos ha informado de que el despliegue debería completarse para el 9 de septiembre de 2003. 
Se ha nombrado a un representante especial para Liberia con el fin de que supervise la conducta de la fuerza de paz y realice un seguimiento de la aplicación del acuerdo de paz. 
ECOWAS no puede soportar en solitario la carga financiera de estas operaciones y, a propuesta de la Comisión, el Consejo decidió dedicar 50 millones de euros para apoyar el proceso de paz, de acuerdo con una definición amplia del término, en Liberia. 
Este dinero procede de fondos asignados a Liberia que no se utilizaron, ya que, a causa de la situación, no podíamos trabajar con normalidad en ese país. 
Tanto para el Séptimo como para el Octavo Fondo Europeo de Desarrollo (FED) , Liberia estaba más o menos fuera del circuito. 
Era posible hacer algunas cosas, pero muy pocas. 
Cerca de ocho millones de euros de los 50 millones están destinados a apoyar la operación de mantenimiento de la paz de ECOWAS y a la creación de la oficina del representante especial. 
El resto de los fondos debe utilizarse para un programa de desmovilización y reintegración, así como para la construcción de instituciones y la reparación de las estructuras democráticas. 
A este respecto, he escuchado con agrado la intervención del Sr. Posselt. 
Sus palabras de advertencia sobre el arrogante enfoque de dar por sentado que un rápido proceso electoral conseguiría esto son muy inteligentes. 
Por desgracia, eso no es así. 
Tenemos que ser pragmáticos y redescubrir el valor práctico de la noción de gobernanza. 
Primero estabilidad o paz, luego gobernanza, luego democratización y por último la propia democracia. 
Debemos ser pragmáticos y no rendirnos a la tentación de recetar esas preciosas cosas que damos por sentadas en nuestro entorno. 
Tenemos que mostrar confianza y ser un socio más realista. 
Liberia ha sufrido una época terrible y traumática. 
Asimismo, acogemos con agrado la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de establecer una fuerza de estabilización para Liberia, que asuma la responsabilidad que actualmente está en manos de ECOWAS a partir del 1 de octubre de 2003. 
Igualmente, las contribuciones de Suecia, los Países Bajos y el Reino Unido para la fuerza de paz de Liberia son muy bien acogidas y consideramos que este es un caso que requiere la movilización de que lo que yo llamaría ahora «el tesón de los socios». 
Durante años intentamos hacer algo útil en Liberia, pero con el Sr. Taylor en el poder fue casi imposible. 
En el ámbito regional, es extremadamente importante que no se desaproveche esta oportunidad. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término de los debates de hoy. 
B5-0374/2003, presentada por Bob van den Bos y Anne André-Léonard en nombre del Grupo ELDR; 
B5-0378/2003, presentada por Patricia McKenna y Marie Anne Isler Béguin en nombre del Grupo Verts/ALE; 
B5-0383/2003, presentada por Enrique Barón Crespo y otros en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0384/2003, presentada por Marianne Eriksson y Fausto Bertinotti en nombre del Grupo GUE/NGL; y 
B5-0389/2003, presentada por Geoffrey Van Orden y otros en nombre del Grupo del PPE-DE. 
Han transcurrido ya más de tres meses desde que Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y Premio Sajarov, fue secuestrada, simple y llanamente, por la junta de Myanmar, que la retiene desde entonces. 
Ni los emisarios de Naciones Unidas ni los representantes de la Cruz Roja han podido visitarla periódicamente. 
El pasado mes de julio, una Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja fue probablemente el último contacto que tuvo Aung San Suu Kyi con el mundo exterior. 
Nadie la ha visto desde entonces. 
Hoy, de la misma manera que la dictadura desmintió la detención secreta de esa joven, las autoridades de Myanmar niegan su huelga de hambre, que el Departamento de Estado norteamericano hizo pública el 31 de agosto. 
El encarcelamiento y detención de militantes del partido de la Liga Nacional para la Democracia durante el mes de mayo provocaron, con toda razón, una gran conmoción en todo el mundo. 
Entonces, los Estados Unidos aprovecharon la ocasión para reforzar sus sanciones económicas contra el régimen de Rangún. 
Hoy, la utilización, sin duda demagógica, de este anuncio por parte de los Estados Unidos no puede ocultar la dureza del régimen, ni su hipocresía al prometer una hoja de ruta destinada oficialmente a restaurar la democracia. 
Este programa, que contempla- y cito literalmente- «unas elecciones justas y libres y una nueva Constitución» , no establece un calendario ni menciona la liberación de la dirigente de la oposición. 
Además, el programa surge después de que la junta demostrara su voluntad de no respetar en absoluto las exigencias democráticas de su pueblo, y eso es un mal augurio. 
Los resultados de las elecciones de 1990 que, hay que recordarlo, dieron una victoria aplastante al partido de Aung San Suu Kyi, no fueron reconocidas por los militares. 
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático amenaza ahora con excluir a Myanmar de entre sus miembros. Ha pedido la liberación de Aung San Suu Kyi antes de su próxima cumbre, que se celebrará en Bali en octubre. 
La Unión Europea, por su parte, debe hacer todo lo posible para obligar a la junta militar a liberar a la Premio Nobel. 
En colaboración con las Naciones Unidas, el Consejo y la Comisión deben demostrar ahora, con sanciones severas, su determinación a contribuir de forma práctica al proceso de democratización de Myanmar. 
Las presiones políticas deben aumentar. 
La población de Myanmar tiene necesidad de toda nuestra solidaridad, pues se encuentra desde hace cuarenta años bajo el dominio de una de las dictaduras más feroces, en manos de un jefe de gobierno que asume también la jefatura de los servicios de inteligencia militar. 
La inquietud que causa la suerte de la dama de Rangún es muy real. 
Basta con escuchar a la oposición, que acaba de declarar que esta huelga de hambre es el anuncio de que los generales de Myanmar la envenenan poco a poco. 
El debate conjunto queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día se procede a la votación. 
- (FR) Nos hemos abstenido en esta votación por dos motivos. 
En primer lugar, con el pretexto de «proteger a los plátanos ACP» o a «los países proveedores» se protege en realidad a los capitales invertidos en este sector por grandes grupos financieros de Gran Bretaña o Francia. 
En cambio, nada protege a los verdaderos productores, que son los trabajadores del plátano, contra los bajos salarios que se les imponen con el pretexto de la competitividad, o contra los despidos a los que recurren tanto vencedores como vencidos de la guerra comercial. 
En segundo lugar, esta votación está abocada al final a tomar partido por una u otra parte en la competencia mundial que existe en este sector. 
Nosotros nos negamos a apoyar a uno u otro bando en esta rivalidad en la que el ganador será siempre alguna de las grandes multinacionales, y no los trabajadores de este sector, ni los consumidores ni los contribuyentes. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
El proyecto definitivo de orden del día, establecido de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves 18 de septiembre de 2003, ha sido distribuido. 
Se han propuesto los siguientes cambios: 
He recibido del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, la petición de incluir una declaración de la Comisión acerca de la situación del grupo ALSTOM después del debate sobre el presupuesto general. 
Esto presupone que la Comisión, después de largas deliberaciones, ha tomado una decisión que le permitirá manifestar su posición mañana, ya que no tendría sentido iniciar un debate si la Comisión aún estuviera deliberando. 
Está perfectamente claro que la enorme importancia económica de esta empresa para los mercados de trabajo francés y europeo y, en especial, la dimensión tecnológica que implica, significa que debe hacerse todo lo posible para mantenerla a flote. 
El Grupo Socialista apoya la moción. 
No obstante, como prueba de la importancia de esta cuestión, quiero compartir con ustedes algo que ya he hablado con el Sr. Wurtz: que tenemos que tomarnos la molestia de escuchar lo que la Comisión tiene que decir y prescindir de una resolución; no creo que tenga mucho sentido preparar una cuando estamos sometidos a grandes presiones de tiempo. 
Si se aceptara esta condición, el Grupo Socialista apoyaría la inclusión de esta cuestión en el orden del día. 
Señor Presidente, en mi opinión, la referencia del Sr. Schulz a la necesidad de realizar investigaciones preliminares y su serio planteamiento de los problemas indican que un debate sobre estas cuestiones sería prematuro. 
En estos momentos no veo que se hayan cumplido las condiciones que él ha enumerado para justificar un debate serio, razón por la cual nos oponemos a la moción. 
El hecho es que no deberíamos iniciar un debate fundamentándonos exclusivamente en una respuesta emocional a la política diaria, cuando no se dan las condiciones necesarias que lo justifiquen y cuando no podremos darlo por concluido con una resolución. 
Señor Presidente, quiero pronunciarme a favor de esta petición. 
Se trata de una cuestión enormemente controvertida. 
Es cierto que solicité a la DG I que analizara el informe tal como había sido sometido a votación en comisión, a fin de decidir si resultaba aceptable desde el punto de vista legal en cuanto a la forma en que definía y solicitaba una comisión de investigación. 
Posteriormente se introdujeron cambios para satisfacer a la DG I. 
Sin embargo, llegó a mi conocimiento que se habían realizado otros cambios en el artículo 4, que dan lugar un cambio profundo que no se ajusta a la petición planteada por la DG I. Existe un dictamen jurídico muy extenso. 
Incluso con los cambios que el Sr. Perry desea introducir, los considerandos N y V, de acuerdo con el artículo 26 del dictamen jurídico, siguen sin ser jurídicamente aceptables. 
Por consiguiente, en vez de plantear un debate aquí, y dada la naturaleza técnica de este informe, recomiendo que sus servicios estudien el informe tal como ha sido presentado- que recoge la declaración explicativa del Sr. Perry, a la que se hace referencia explícita en el artículo 5- a fin de que usted pueda dictaminar si resulta jurídicamente aceptable en su estado actual. 
Por otra parte, y a modo de conclusión, es esencial que el informe que llegue a la Cámara refleje con exactitud lo que hemos votado en comisión. 
Me temo que este informe, en su versión actual, no cumple tal requisito. 
Señor Cashman, quiero que esto quede muy claro. 
A mi entender, lo que usted está solicitando, en nombre de su Grupo, es la devolución a comisión. 
Además ha solicitado que yo dictamine sobre la admisibilidad. 
¿Cuál es la petición que desea formular? 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo asumo la decisión de la Cámara, ya que considero que la devolución del informe a los servicios jurídicos conllevaría un proceso muy dilatado. 
Señor Presidente, lamento que el Grupo del PSE no haya intentado ponerse en contacto conmigo o con mi oficina en relación con esta propuesta que tenía intención de formular. 
La Comisión de Peticiones desea respetar y cumplir a ultranza el Reglamento de la Cámara y esa es la razón por la cual nuestro presidente, el Sr. Gemelli, tuvo el cuidado de solicitar asesoramiento jurídico. 
El dictamen que hemos recibido por parte de los Servicios Jurídicos del Parlamento apunta a que podemos debatir sin duda el informe el jueves. 
Personalmente he presentado una enmienda que defenderé ante la Cámara el jueves. Simplemente manifiesta que esta Cámara se reserva el derecho, en caso de no recibir información por parte de la Comisión, a realizar nuevas investigaciones parlamentarias. 
Lamento que el Sr. Cashman esté intentando convertir esta cuestión en algo tan controvertido. 
La primera petición nos llegó en 1997. 
No existe ninguna razón válida por la cual esta Cámara deba posponer el debate sobre ese informe. 
Señor Presidente, el apartado 26 del dictamen jurídico afirma claramente que, en relación a la investigación sobre la adecuada aplicación de las Directivas, «con casi absoluta certeza se realizan o se realizarán ante la jurisdicción nacional y, por consiguiente, al margen del mandato autorizado de la Comisión». 
Señor Presidente, al igual que usted, acojo con satisfacción el referendo final celebrado este fin de semana en Letonia y que ha arrojado un «sí» rotundo a favor de la adhesión a la Unión Europea. 
Espero con ansiedad la plena ratificación por parte de los 10 países en vías de adhesión. 
Uno de los temas planteados es la necesidad de garantizar el derecho de voto a los ciudadanos de los 25 países que residan en un Estado miembro distinto del suyo. 
¿Podría efectuar la oficina del Presidente un estudio de los 25 Estados miembros para ver qué mecanismos existen para permitir votar a estos ciudadanos europeos en un país que no es el suyo? 
Es importante que no solo tengan derecho a votar, sino también que se les anime a hacerlo. 
Señor Presidente, quiero informar a la Cámara acerca de la situación relativa a las suscripciones a la revista Focus on Europe, publicada por el Parlamento Europeo. 
El último número salió en mayo de 2003. 
Fue publicado en los 11 idiomas de trabajo del Parlamento Europeo y, por primera vez había también una edición especial en lengua catalana. 
Pensé que sería interesante averiguar cuántos ciudadanos de habla catalana habían solicitado suscribirse a esta revista en su versión catalana. 
Según una información de la semana pasada, procedente de una oficina del Parlamento Europeo, ha habido 31 000 suscripciones a la versión en catalán. 
Si comparamos esta cifra con las suscripciones registradas en otros idiomas- por ejemplo, 63 000 en francés y 51 000 en italiano- y analizamos la proporción entre las suscripciones y el número de individuos que hablan una determinada lengua, la conclusión es que existe una proporción muy elevada en el caso de las personas de habla catalana. 
Constituye una demostración patente de que fue una decisión acertada publicar la revista Focus on Europe también en lengua catalana. 
Muchas gracias, señor Vallvé, realmente demuestra usted tener un vivo interés por este tema. 
Señor Presidente, durante dos años el llamado Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia ha intentado buscar apoyo para las acusaciones contra Slobodan Milosevic. 
A pesar de los cientos de testimonios falsos y la plétora de pruebas inventadas, la acusación se está convirtiendo en un fiasco. 
Lo único que han conseguido los responsables de la acusación y los que se esconden detrás de ellos es minar la salud del Presidente Milosevic en un intento, quizás, de acabar con él físicamente. 
El nuevo elemento es que, una vez concluida la acusación, únicamente se han concedido a Milosevic tres meses para preparar su respuesta a las acusaciones, en un momento en que, como de todos es sabido, no goza de buena salud, no cuenta con ayuda externa ni acepta legitimar todo el procedimiento. 
Al mismo tiempo, ha rechazado las visitas de los miembros de su partido y de los comités que apoyan su causa. 
El Partido Comunista de Grecia condena rotundamente las continuas violaciones de los derechos fundamentales del Sr. Milosevic y propone que se aplace dos años su juicio y que se ordene su liberación, para que pueda regresar a Belgrado para recuperarse y preparar su defensa. 
Estamos convencidos de que todos los esfuerzos por distorsionar la verdad que hacen los imperialistas para justificar sus crímenes en la antigua Yugoslavia están abocados al fracaso. 
Señor Presidente, quiero manifestar mi preocupación por los recientes sucesos en Zimbabwe, concretamente el cierre del único periódico independiente que quedaba en el país, el Daily News, a pesar un una sentencia en sentido contrario del Tribunal Supremo. 
Como es sabido, a lo largo de los últimos dos años esta Cámara ha expresado repetidamente en términos muy claros su inquietud respecto de la espantosa situación en Zimbabwe provocada por el régimen de Mugabe. 
Hemos abogado por la adopción de medidas más enérgicas por parte del Consejo y a favor de que los demás países de África meridional, sobre todo la República de Sudáfrica, desempeñen una función más activa para inducir un cambio a mejor en Zimbabwe. 
Si bien aplaudimos la declaración de la Presidencia del Consejo del 18 de septiembre del 2003, las palabras solas no bastan. 
Estoy decepcionado por no haber recibido ninguna respuesta a las cartas que he dirigido a los Ministros de Exteriores griego e italiano en relación con este asunto. 
Quiero pedir al Presidente que inste al Consejo a dar una respuesta a las inquietudes del Parlamento y a tomarse en serio la necesidad de una acción eficaz contra el régimen de Mugabe. 
Lo transmitiremos al Consejo en nombre de la Cámara. 
Señor Presidente, voy a ser muy breve. 
Quiero sacar a colación una cuestión que ya ha sido planteada a esta Cámara en varias ocasiones. Me refiero a la dramática situación en la que se encuentra la ciudadana nigeriana Amina Lawal. 
Amnistía Internacional ha hecho circular recientemente información según la cual su sentencia se habría confirmado. 
Sin embargo, los últimos informes de la propia Amnistía Internacional sugieren que esta información no es cierta y que su recurso se examinará el 25 de septiembre. 
Por tanto, insto a mis colegas diputados a formular esta semana nuevas demandas a las autoridades nigerianas para que pongan fin a este absurdo caso. 
También le pido, señor Presidente, que transmita los sentimientos de indignación (manifestados repetidas veces en esta Cámara) que nos produce la persecución, por motivos completamente absurdos, de la que es objeto esa ciudadana nigeriana. 
Señor Presidente, en este Día Europeo sin Coches hemos descubierto que se ha suprimido el tren directo que une Bruselas y Estrasburgo. 
Lo cual ha supuesto que nuevamente cientos de personas hayan tenido que utilizar su vehículo particular para poder desplazarse hasta aquí. 
Es verdaderamente lamentable, además de lesivo para el medio ambiente y para la imagen del Parlamento. 
Nuestro trabajo es dar ejemplo. 
Por tanto, insto a que se inicien negociaciones inmediatas con los responsables de los ferrocarriles francés y belga para la pronta solución del problema. 
En todas las sesiones se plantean quejas sobre los problemas de acceso a Estrasburgo. 
Tenemos que resolver de una vez por todas el problema que plantea la sede de este Parlamento. 
Señor Presidente, quiero denunciar el hecho de que la semana pasada en Grecia murieron dos trabajadores más y otros dos resultaron gravemente heridos en las minas propiedad del presidente de la Asociación de Industrias Helénicas, el Sr. Kyriakopoulos. 
Estas dos muertes vienen a sumarse a otras seis acaecidas por accidentes laborales similares, sin mencionar las docenas de heridos en las mismas circunstancias que ha habido solo en el mes de septiembre. 
Parece que los trabajadores de los países de la Unión Europea- y me refiero a Grecia en particular- se consideran recursos renovables, cuya salud y cuya vida se sacrifican para obtener el máximo beneficio económico. 
Mi impresión es que esta situación intolerable no existe sólo en Grecia. 
Pero las evidencias son más claras en Grecia. 
Cientos de trabajadores pierden sus vidas y miles resultan heridos cada año en mi país. 
Imaginen lo que estará ocurriendo en toda la Unión Europea. 
Si pensamos que esta situación es compatible con las generosas proclamas sobre el empleo y las garantías de salud y seguridad en el lugar de trabajo, estamos totalmente equivocados. 
Nosotros creemos que se trata de otra señal más de la brutalidad del sistema en el que vivimos hacia las personas que intentan ganarse la vida honradamente. 
Señor Presidente, quiero llamar su atención sobre un asunto muy serio. 
El Comité Preparatorio de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información se está reuniendo en Ginebra. 
En primer lugar, se ha negado el acceso a este comité a dos organizaciones no gubernamentales, Reporteros Sin Fronteras y Derechos Humanos en China. 
La segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información tendrá lugar en Túnez. 
Hoy, la Organización Mundial contra la Tortura nos informa de que Túnez ha nombrado como presidente de la Cumbre nada más y nada menos que al General Habib Ammar, un antiguo comandante de la guardia nacional de Habib Bourguiba que fue ministro de Interior y creó el cuartel general nacional de los Servicios Especiales de Túnez, conocidos por su recurso a la tortura. 
Señor Presidente, quiero pedirle que intervenga para evitar que se asigne la responsabilidad de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información a una persona que tiene las manos manchadas de sangre con prácticas torturadoras, una sangre que mancharía Internet y la sociedad de la información. 
Señor Cappato, investigaré esa cuestión y le informaré a usted y a la Cámara en su momento. 
Señor Presidente, esta mañana aparecía en la prensa irlandesa un informe muy interesante del Instituto de Investigación Europeo en Ispra. 
A la luz de las preocupaciones expresadas en el pasado acerca de la calidad de la atmósfera en el interior de las instituciones, propongo enviar por correo electrónico a los colegas este artículo que, de una vez por todas, desmiente cualquier supuesto de que fumar en el interior de un recinto cerrado no es perjudicial. 
La investigación es bastante alarmante y espero que los diputados que deseen fumar respeten la salud de todos los demás, absteniéndose de hacerlo en el interior del Parlamento, excepto en las muy restringidas zonas donde está permitido fumar. 
El informe, considerado uno de los mejores que se hayan elaborado jamás sobre la calidad de la atmósfera, plantea cuestiones muy graves que, en calidad de Cuestora, he propuesto poner en conocimiento de los servicios en el edificio. 
Señor Presidente, Señorías, puesto que no he tenido la oportunidad de participar en un debate político en toda regla sobre las acciones de la Comisión, aprovecharé este corto minuto para expresar mi desilusión con las decisiones de la Comisión, que, a mi modo de ver, se deben criticar en tres aspectos concretos. 
El primero es la política presupuestaria y la constante falta de flexibilidad de la Comisión a la hora de interpretar los criterios del Pacto de Estabilidad. Lo cual es contrario a los intereses de la economía europea y obstaculiza la recuperación económica. 
Mi segunda crítica se dirige a la poca flexibilidad de las acciones de esta Comisión en materia de política de competencia, una actitud que es totalmente impermeable a la lógica industrial y a los intereses de la industria europea. 
La tercera razón está relacionada con la actitud de la Comisión frente a la Conferencia Intergubernamental: mientras que todos los partidarios del borrador de la Constitución han cerrado filas en su defensa, la Comisión ha propuesto que se vuelva a negociar dicho borrador en la Conferencia Intergubernamental. 
Estoy decepcionado con la Comisión, porque ha dejado de ser la fuerza motriz de Europa para convertirse en una carga, ¡y no dejaré de expresar mis críticas! 
Es usted categórico al respecto. 
Señora André-Léonard, solicitaré a los servicios que investiguen la forma en que ha sido distribuido ese aviso en concreto. 
Sin embargo, le puedo asegurar de antemano que ese tipo de distribución no se ajusta al Reglamento de la Cámara. 
Tendremos que analizarlo con lupa. 
Este punto del orden del día queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0278/2003) del Sr. Sterckx, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, sobre el refuerzo de la seguridad marítima tras el naufragio del petrolero Prestige (2003/2066 (INI) ). 
Observo, señor Sterckx, que ha conseguido usted ampliar su turno de intervención de cinco minutos de duración a algo más de nueve minutos, lo cual me parece un tributo a sus cualidades doblemente reforzadas como ponente. 
. 
(ES) Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias al Sr. Sterckx por la magnífica calidad del informe que ha realizado, así como al conjunto de las comisiones del Parlamento que han participado a lo largo de todos estos meses en este trabajo. 
Quiero recodar en qué punto estamos en la actualidad, en cuanto a la lucha contra la contaminación marítima. 
Porque hay que decir, señor Sterckx, que antes del Prestige estuvo el Erika y que, tampoco entonces, hubo un puerto-refugio en el que dar cobijo a un barco en dificultades. 
Y, por desgracia, antes del Prestige y del Erika hubo otros muchos casos en que no sólo no hubo un puerto de refugio, sino que no hubo la voluntad política, ni por parte de este Parlamento ni del Consejo, ni por parte de nadie, de adoptar las medidas que impidieran lo sucedido con el Erika o el Prestige. 
Eso es lo primero que hay que plantear. 
Como saben, las medidas que propusimos bajo el epígrafe "paquete Erika I y Erika II" han sido aprobadas, excepción hecha del Fondo Europeo de Indemnización en caso de marea negra. 
Sin embargo, este último punto también ha mejorado a lo largo de estos últimos meses y de estos años, gracias al impulso dado por la Comisión- con el apoyo, digámoslo, de los Estados de la Unión en la organización marítima internacional- para conseguir que el Fondo Fipol eleve su techo de indemnización hasta los 920 millones de euros, algo que supone multiplicar por más de tres el fondo actual. 
El balance: Señorías, no podemos estar tranquilos con lo que ha sucedido, porque, lamentablemente, no se ha evitado el Prestige después de lo sucedido con el Erika. 
Pero, sin embargo, sí podemos decir algo muy importante y es que esta vez sí hemos tomado decisiones, esta vez sí que hemos actuado. 
Y ésa es la gran diferencia entre lo que ha sucedido en otras ocasiones y lo que está sucediendo ahora. 
Desde la Comisión estamos, precisamente, vigilando y controlando la puesta en práctica de las medidas que hemos adoptado. Es decir, el seguimiento y la adecuación de las actuaciones de los gobiernos de los Estados de la Unión a aquello que se ha adoptado. 
En ese sentido, quiero decir que hemos tenido que iniciar diez procedimientos de infracción contra diez Estados de la Unión que no han incorporado adecuadamente las nuevas disposiciones en materia de control por parte de las autoridades portuarias del Estado de puerto y de las sociedades de clasificación. 
Dos de los elementos clave, concretamente, para dar respuesta a lo que planteaba: el control portuario, que es lo que permite la prevención. 
En cuanto a la situación sobre el terreno, se ha referido su Señoría a que se están barajando distintos modos de recuperar el petróleo que todavía queda en el pecio y que, en función de las dos fórmulas que existen, se adoptarán medidas por parte de las autoridades competentes en futuro próximo. 
Quiero señalar que, además, las playas afectadas han sido limpiadas, lo cual no quiere decir que no sigan flotando, sobre todo por el Golfo de Vizcaya, por la zona del Atlántico, todavía restos de los vertidos del Prestige que se mueven al hilo de las corrientes y de los vientos y que pueden suponer en un momento dado alguna contaminación concreta en alguna costa europea. 
Quiero referirme brevemente a alguno de los puntos que ha señalado su Señoría. 
Pregunta su Señoría qué falló, y responde que no hubo puerto de refugio. 
Creo que antes que el puerto de refugio falló otra cosa: que había un barco en malas condiciones navegando con una mala mar. 
Y luego, después de ese fallo, nos encontramos con que no había puerto de refugio. Como no hubo puerto de refugio en el caso del Erika, pero, mucho más grave, como no hubo puerto de refugio mes y medio después en el caso del Vicky cuando nos encontramos ante otra situación de riesgo. 
Gracias a Dios no pasó a gran catástrofe, sencillamente, porque la mar estaba en calma y hubo posibilidad de trasegar la carga en alta mar. Pero no porque dispusiéramos de un puerto de refugio para acoger a un barco cargado de petróleo en dificultades, poco más de un mes después de lo que habíamos vivido con el Prestige. 
Por lo tanto, la determinación de los lugares de refugio, la determinación de los planes de emergencia para dar acogida a buques en situación de dificultad nos parece absolutamente esencial. 
Los Estados de la Unión tenían el compromiso político de enviar esos planes el primero de julio de este año, aunque legalmente, tienen hasta febrero del año que viene. 
Todos han respondido, pero de una manera irregular. 
Hacen referencia a distintas interpretaciones en cuanto a la norma comunitaria. 
Lo que aquí se dijo, lo que se discutió y se planteó en el ámbito del Consejo de ministros y de este Parlamento estaba clarísimo: hay que suministrar, en un momento dado, una zona de refugio, un puerto de refugio a un barco que se encuentra en dificultades. 
Se están evaluando en este momento esos planes que se han planteado conforme a los requisitos de la Organización Marítima Internacional, y, quiero decirles que, en el próximo Consejo, pienso suscitar este punto ante los ministros de transportes y decirles que, para el 5 de febrero de 2004, si no han cumplido lo que la Comisión interpreta que es lo que reclama el texto aprobado, por supuesto abriremos procedimiento de infracción a aquellos Estados que no nos den cumplida respuesta. 
Por lo tanto, vamos a exigir en todos los casos, como lo estamos haciendo ahora, cumplida respuesta y cumplido respeto a lo que son las normas ya en vigor y a la incorporación de las normas en los distintos derechos nacionales. 
Quiero señalar que en varias ocasiones hemos hablado de la necesidad de mejorar la seguridad del tráfico y la capacidad de intervención de la Unión Europea frente a los riesgos de accidente o de contaminaciones importantes; ahí están las propuestas de modificación de la Agencia para que tenga más competencias; ahí está la propuesta, y quiero agradecer el apoyo que en principio vamos a recibir por parte del Parlamento, para disponer de medios desde la Agencia, concretamente de buques antipolución que puedan actuar con mala mar y que no se vean obligados, como sucedió en el caso del Prestige, a permanecer amarrados por razón del tamaño de las olas, sino que puedan actuar con olas de más de cuatro metros. 
La cuestión de la presencia de la Unión Europea en el seno de la OMI nos parece absolutamente esencial, como ha señalado su Señoría. 
Sabe que estamos pidiendo un mandato de negociación de la plena incorporación de la Unión Europea a la Organización Marítima Internacional, y desde ahí queremos trabajar, junto con los Estados de la Unión, impulsando las normas de seguridad, la mayor responsabilización de los Estados de pabellón y una mejor protección de los Estados costeros. 
Por último, quiero felicitar al Parlamento por el apoyo que nos ha brindado y nos sigue brindando a lo largo de estos años en este punto. 
Creo que el balance es importante. 
De una vez por todas la Unión Europea ha decidido afrontar estos problemas y no quedarse sencillamente esperando la próxima catástrofe ante nuestras costas. 
Estamos trabajando en el post-Prestige, como he dicho, pero incluso el año próximo traeremos nuevas propuestas para mejorar los controles en los puertos, el refuerzo de la Directiva sobre seguimiento del tráfico marítimo, con el fin de introducir un sistema europeo armonizado de información y gestión de tráfico; estamos ya negociando también con vecinos nuestros, por ejemplo con los rusos, sobre cuestiones como ésta y la instauración de un marco jurídico sobre las investigaciones posteriores a los accidentes y la aplicación en la Unión Europea de criterios mínimos para los Estados de pabellón. 
Agradezco el trabajo que han hecho y quiero decir que en la cuestión de la tripulación hay elementos relativos a la seguridad en el caso de una tripulación que no tiene un idioma común: la seguridad en una situación extrema se ve gravemente comprometida porque las órdenes no se pueden dar ni recibir de una manera adecuada. 
Es algo sobre lo que estamos trabajando y hemos planteado algunas medidas al respecto. 
Y, Señorías, quiero contar una vez más con su apoyo para seguir avanzando en este terreno. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, el trabajo realizado por el ponente, el Sr. Sterckx, a quien felicito, y por todos nosotros en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, ha demostrado que el problema que nos ocupa, la seguridad marítima, es un asunto complicado y difícil, con numerosos aspectos. 
Por eso se está proponiendo una serie de medidas que abarcan muchos sectores y deseo referirme a algunas de ellas en concreto, ya que creo que conviene comentarlas. 
Las flotas anticontaminación y el servicio europeo de guardacostas son cuestiones que la Comisión y el Consejo tienen que examinar. 
Hay que insistir en que los buques de doble casco no son la panacea y en que también hay que examinar la seguridad de esos buques. 
Otro factor de especial importancia son los incentivos fiscales para devolver buques a las banderas de los Estados miembros, ya que así podremos reducir el número de buques con pabellones de conveniencia. 
Opino que también hay que insistir en los dos aspectos siguientes: la necesidad de que exista por fin, como ocurre en la aviación, una lengua franca del transporte marítimo entre los marinos y el resto de las personas que trabajan en el sector; y la conclusión del informe de que los marinos no deben convertirse siempre culpabilizarse cuando se produce un naufragio. 
En el informe destacan también las recomendaciones de nuestra comisión: la creación de comisiones de investigación independientes cuando se produce un naufragio, para que no surjan intereses distintos durante la investigación de sus causas y, por supuesto, algo de lo que el Parlamento tiene constancia desde hace mucho tiempo: la necesidad de que los Estados miembros y la Comisión tomen medidas concretas en el seno de la Organización Marítima Internacional para que ésta adopte un papel más activo. 
Éste y otros muchos puntos están contenidos en el informe del Sr. Sterckx, aunque también algo más: se constata el problema que plantea la aplicación de leyes que ya se han aprobado. 
Antes de hablar sobre las medidas que proponemos de cara al futuro, observamos que muchos países tienen problemas cuando se trata de respetar la legislación comunitaria. 
Por ejemplo, existe un problema con la eliminación de residuos en los puertos. 
Al menos cinco Estados miembros no están respetando toda la legislación comunitaria. 
La propia Comisaria se ha referido a los puertos de refugio. 
También aquí parece ser que los Estados miembros no están cumpliendo directamente los requisitos que ellos mismos establecieron. 
Hay un problema con las inspecciones portuarias. 
Algunos Estados miembros no están cumpliendo los requisitos de la legislación relativa a las sociedades de clasificación. 
Hay un problema en el propio Consejo relacionado con un reglamento que estamos debatiendo en nuestra comisión sobre sanciones penales en el caso de naufragios. 
El Consejo nos solicitó que procediéramos en esta dirección, mientras que ahora parece ser que tiene la intención de dirigirse a nuestro ponente, el Sr. Pex, para informarle de que el Consejo no está preparado para discutir este tipo de reglamento. 
En consecuencia, después de considerar todo lo anterior, gran parte de lo cual salió a la luz después de votar este informe en comisión, nuestro grupo político desea plantear la cuestión de una comisión temporal para investigar la aplicación de la legislación, especialmente los paquetes Erika I y II, a escala europea. 
Tenemos que saber por qué no se aplica la legislación e insistir a los Estados miembros que deben avanzar en esta dirección con la mayor celeridad posible. 
Ese es el propósito de nuestra enmienda y pido a todos los grupos políticos que voten a favor de ella, porque cualquier otra enmienda que se centre específicamente en la cuestión del desastre del Prestige no constituye, a mi entender, el reglamento que hay que adoptar en el marco de este informe. 
En primer lugar, porque ya hemos examinado el asunto del Prestige. 
¿Qué más podemos aportar? 
Da la impresión de que se está anulando la labor del propio ponente, el Sr. Sterckx, y la de nuestra comisión en su conjunto. 
En segundo lugar, porque cualquier comisión de investigación creará un problema jurídico. 
Oficialmente no es una comisión de investigación, sino una comisión temporal, pero al examinar las causas del naufragio del Prestige, se convierte en una comisión de investigación secreta de facto, por lo que plantea un problema jurídico por haber entablado acciones judiciales en un Estado miembro, y eso es algo que contradice al Reglamento del Parlamento Europeo. 
En tercer lugar, no podemos descuidarnos ni un momento. 
Tenemos que ver el bosque, que es la seguridad marítima, y no el árbol, que es el Prestige. 
Si seguimos insistiendo en el asunto del Prestige, lo único que haremos será trasladar la disputa interna española a Bruselas y Estrasburgo. 
No creo que esto honrase al Parlamente Europeo. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe del Sr. Sterckx que, a nuestro juicio, es exhaustivo y pone de manifiesto el rosario de decisiones que culminaron en la catástrofe del Prestige. 
Asimismo, debo rendir tributo a nuestro ponente por su labor concienzuda en la elaboración de un informe bien estructurado, altamente meditado, justo y equilibrado. 
Este informe revela los numerosos fallos de una serie de organismos y, al mismo tiempo, propone varias ideas positivas acerca de cómo podemos evitar una repetición de la catástrofe del Prestige. 
Mi colega, la Sra. Miguélez Ramos, detallará sin lugar a dudas los efectos que esta catástrofe ha ocasionado y continúa causando en la costa gallega. 
Ella, mejor que nadie, conoce la angustia provocada por este desastre y quiero rendir homenaje a su esfuerzo incansable en nombre de la población de Galicia. 
El número de cuestiones planteadas por el informe Sterckx es tan elevado que mi Grupo y yo consideramos que es necesario seguir trabajando. 
Es preciso realizar investigaciones adicionales sobre los sucesos que rodearon el naufragio del Prestige. 
Hay que llevar a cabo un análisis más profundo del desastre económico y ecológico que no solo se ha producido, sino que continúa produciéndose, para la población de Galicia y otras zonas. 
Además, convendría examinar la idoneidad de la normativa marítima vigente de la UE, de las disposiciones vigentes de la OMI y de las acciones- o quizá, mejor dicho, de las omisiones- de algunos de nuestros Estados miembros. 
Señor Presidente, el Grupo Parlamentario del PSE, el Grupo Verts/ALE y el Grupo GUE/NGL han solicitado reiteradamente una comisión de investigación. 
Gracias al excelente trabajo del Sr. Sterckx y a modo de transacción, podemos sustituir dicha petición por una solicitud a la Conferencia de Presidentes en favor de una comisión temporal que prosiga la labor del Sr. Sterckx y encuentre las respuestas a las preguntas planteadas por él mismo y otras personas. 
Es lo mínimo que podemos hacer por la población de Galicia y demás regiones afectadas. 
Suscribo el llamamiento del ponente en pro de tal comisión en su enmienda 11. 
Todo lo que no sea eso por parte de este Parlamento supondría la renuncia a nuestras responsabilidades y el abandono total, no solo de las gentes de Galicia, sino de toda la población de la Unión Europea. 
Los que nos hallamos a este lado de la Cámara no estamos dispuestos a dejar que eso ocurra. 
Estamos dispuestos a apoyar al ponente del Parlamento y esperamos que el otro ala de la Cámara haga lo propio. 
El tiempo de las posturas políticas ha pasado: ahora ha llegado el momento de actuar. 
Permítanme dejar bien clara nuestra postura, a la luz de las conclusiones finales del ponente, formuladas en su discurso, respecto del tema de la comisión temporal: la respuesta es «no» a cualquier suavización de la enmienda 11 y es «no» a cualquier alteración del papel de una comisión temporal futura. 
La enmienda 11 es equilibrada, necesaria, bien fundamentada y entra en el fondo del problema. 
Suavizarla o modificarla resultaría inaceptable y significaría una iniciativa inspirada en la manipulación política, no un acto a favor de la seguridad marítima. 
Espero que esto deje clara la postura del Grupo parlamentario del PSE respecto de la enmienda 11. 
Señor Presidente, quiero, en primer lugar, agradecer a mi colega, el Sr. Dirk Sterckx, sus esfuerzos, así como darle también la enhorabuena por los resultados conseguidos. 
Desde un principio mantuvimos una buena relación de colaboración en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, y ahora parece que vamos a poder recibir apoyo social para esto. 
El siguiente paso es, lógicamente, que la Comisión Europea aproveche todos estos preparativos y el Consejo de Ministros de Transportes proporcione el apoyo necesario. 
Hay todavía un punto que me preocupa y que he expuesto en la enmienda 10 junto con el ponente. 
Es el problema de los buques cuya utilización ha quedado prohibida en Europa y que se retirarán gradualmente. 
Queremos que estos petroleros de un solo casco queden fuera de servicio antes de lo que la OMI considera necesario. 
No debemos permitir que esos buques acaben automáticamente en las costas de los países pobres y que se desmantelen sin los medios adecuados, con todos los riesgos que eso conlleva. 
Sería inexcusable que las estrictas normas europeas pudieran causar daños al medio ambiente por no querer hacer frente al problema. 
Los petroleros que ya no queremos aquí no deben acabar llenando las playas del Extremo Oriente. 
La contaminación que eso causaría sería varias veces peor que la causada en nuestras costas por el Prestige. 
Estoy convencido de que Europa debe introducir una edad máxima para los buques. 
De este modo se exigiría a los armadores europeos y a los estados de abanderamiento europeos que desmantelasen sus buques de forma adecuada. 
En mi enmienda, solicito a la Comisión Europea que examine si esa medida sería factible a corto plazo en función de un análisis de su rentabilidad. 
Por tanto, le pregunto a la Sra. Comisaria si apoya o no esta propuesta. 
Tengo indicios concretos de que se están teniendo en cuenta consideraciones económicas y de protección del medio ambiente en paralelo a esta cuestión. 
El sector empresarial ya está formulando iniciativas para dotar de un contenido concreto al capítulo sobre «ciudadanía corporativa». 
Es sumamente importante que no nos detengamos después de hoy, sino que sigamos adelante para impedir que vuelvan a producirse desastres de este tipo tanto dentro como fuera de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, como todos ustedes saben, esta cuestión es motivo de gran preocupación no solo para nuestro grupo, sino para mí personalmente como diputado portugués. 
Portugal es uno de los países más vulnerables a este tipo de incidentes. 
El vertido del Prestige estuvo a punto de alcanzar nuestras costas y hace unos años un incidente similar con enormes repercusiones afectó a Porto Santo. 
Las aguas portuguesas, término con el que me refiero tanto a las aguas continentales como a las que rodean Madeira y las Islas Azores, soportan un intenso tráfico marítimo. 
Esta es la razón por la que siempre participamos en este tipo de debates. 
Quiero felicitar al ponente por el trabajo que ha realizado, como también he felicitado ya a la Sra. Comisaria por su respuesta a este incidente y por la determinación con que preparó los paquetes Erika I y Erika II. En mi opinión, si los paquetes Erika I y Erika II se implantaran en su totalidad y todas las medidas que propone este informe de cara al futuro se aplicaran en los dos próximos años, podríamos estar tranquilos por la certeza de que las cosas están tomando por fin el rumbo correcto. 
No obstante, tenemos que dedicar todas nuestras energías políticas a la causa, ya que no podemos permitir que estas palabras se hundan bajo las olas como hizo el Prestige. 
Me estoy refiriendo a las causas del desastre, a sus consecuencias sociales y económicas y a sus efectos aún latentes sobre el medio ambiente, que tienen que prevenirse en el futuro. El informe también incluye disposiciones de carácter más general en las que me gustaría centrarme: corredores marítimos específicos, el tema de los puertos seguros, la cuestión de destinar recursos adecuados para proporcionar ayuda en este tipo de emergencias, y, sobre todo, una postura más decidida de la Unión Europea y de todos los Estados miembros pertenecientes a la Organización Marítima Internacional (OMI). 
Ha llegado el momento de que todos acudamos a la OMI y pongamos fin a este juego del gato y el ratón en el que parece haberse convertido el transporte marítimo internacional. 
Únicamente cuando los Estados miembros adopten una postura política muy clara podremos conseguir que los mares que rodean a nuestros países, a nuestra Comunidad, se vean libres de este tipo de incidentes de una vez por todas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, las consecuencias del desastre del Prestige nos afectan a todos. 
Ni la tripulación del barco, ni los habitantes de las costas españolas y francesas, ni los diputados de esta Cámara pueden olvidar este drama y sus consecuencias. 
Para algunos, este informe representa el punto final del debate parlamentario sobre la cuestión del «Prestige». 
Sin embargo, son muchas las cosas que aún desconocemos; hay muchas preguntas sin respuesta, y eso es muy decepcionante. 
Se ha sugerido que las autoridades españolas podrían haber limitado el daño producido por el vertido. 
Por esa razón apoyamos la propuesta de realizar una investigación más profunda sobre los hechos para acabar de una vez por todas con los rumores y las calumnias. 
Esta investigación también es necesaria para ayudarnos a tomar las medidas preventivas necesarias que impidan que se vuelva a producir un desastre de tales características. 
El ponente merece mis felicitaciones por el informe que ha elaborado. 
Es extremadamente completo y revela un gran conocimiento de los hechos acontecidos. 
En particular, coincido con la necesidad de contar con puertos seguros y debidamente equipados. 
También estoy de acuerdo con la exigencia de doble casco en los petroleros y de un plan de acción de emergencia. 
Sin embargo, tengo mis dudas sobre la manera en la que se están reparando los daños, en parte porque aún desconocemos la motivación de algunas partes implicadas. 
Tendríamos que movilizar todos los recursos de la Comunidad para conseguir una compensación. 
Pero eso supone una mejora importante de las iniciativas de los distintos Estados miembros. 
También existen leyes internacionales para este tipo de compensación. 
Por el momento, no considero que las contribuciones del Fondo de Solidaridad sean suficientes. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera expresar mi sorpresa por esta última intervención, porque no es solamente el Sr. Sterckx quien presenta una enmienda. 
El Grupo Socialista también presenta una enmienda y, desde luego, lo que nosotros queremos es crear una comisión temporal y no creo que sea éste el foro ni el lugar en el que se deba poner en cuestión la admisibilidad de esta enmienda, tal y como ha sido presentada. La nuestra y la del ponente. 
Yo quería decir que Nunca mais fue el grito que escuchamos desde el mes de noviembre en mi región, Galicia- en otras regiones se escuchaba más lejos -, pero también en otras regiones europeas que resultaron afectadas por esta catástrofe del Prestige. No del Erika, sino del Prestige. 
Y no es, por desgracia, un grito nuevo. 
Fue un grito que se lanzó, como alguien comentó, tras las catástrofes del Urquiola, del Mar Egeo, del Erika. 
El mundo se mueve rápido, la información de consumo, que es hija de nuestra sociedad, reclama, como Saturno, nuevos hijos que devorar y nuevas tragedias con las que mantener la atención de la gente. 
Y evidentemente, tras cada tragedia ha ocurrido lo mismo: unos meses después, la atención de la opinión pública se desvía a otras cuestiones y los anunciados cambios se quedan en eso, en meros anuncios. 
Estamos, por lo tanto, ahora aquí, en este Parlamento, ante la oportunidad de que por una vez esto no ocurra así. 
De que se constituya, por primera vez, una comisión temporal- que mi Grupo reclamó desde el principio de la tragedia- que analice las causas y los efectos de esta catástrofe del Prestige, que examine las normas comunitarias e internacionales relativas a la seguridad marítima y que asegure la aplicación de las peticiones que este Parlamento hará mañana al aprobar el informe que hoy debatimos, el informe del Sr. Sterckx, a quien felicito y agradezco, en mi nombre, en el de mi Grupo y en el de muchos gallegos y muchas gallegas que respetan muchísimo su trabajo, por su dedicación, por su sentido político y, sobre todo, señor Sterckx, por su ecuanimidad. 
El Grupo Socialista ha dicho muy claro para qué quiere la comisión temporal. 
Y tiene una visión de Europa que va más allá de la suma de las quince realidades nacionales. 
Nosotros creemos que es a las instituciones a quien corresponde impulsar determinadas políticas, como la de seguridad marítima, y a esta Cámara le corresponde un control político que hasta hoy- e incluso hoy- algunos se han empeñado en negarle. 
Y yo me alegro de que el ponente y el Grupo Liberal compartan esta visión, y pido al Partido Popular en esta Cámara que se una a nosotros y que no se automargine en la soledad. 
Porque ¿cuál ha sido el problema en esta tragedia? 
¿La inexistencia de puertos refugio? 
No, claro que no. 
Si la persona o personas que tomaron esta decisión de alejar el barco no han dicho jamás que hubiesen alejado el barco porque no había un puerto refugio. 
Al contrario, lo que dicen es que si hoy volviera a ocurrir lo volverían a alejar. 
¿Cuál ha sido el problema de esta tragedia? 
Pues miren, su minimización. 
Hoy se ha dicho aquí que se aceptaría una comisión temporal Erika, pero no se aceptaría una comisión temporal Prestige. 
Y el Sr. Hatzidakis ha dicho cosas muchísimo peores, como que éste era un problema español. 
Luego hablaremos de eso. 
Por eso se hicieron dos paquetes Erika y no se quiere reconocer que tenga que hacerse un paquete Prestige. 
Pues mire, es que el Ministro de Turismo de mi región, Galicia, dice que ésta es una catástrofe más mediática que ecológica, y dice esto delante de 51.000 toneladas de residuos que fueron recogidos en el mar, 79.000 toneladas de residuos que se recogieron en tierra, más 31.000 toneladas que se recogieron en Francia en tierra y 1.500 en el mar, sólo en la costa atlántica francesa, y dice esto hace diez días, el mismo día que el fuel llega a la costa belga. 
Mire, nosotros queremos una comisión Prestige, queremos un paquete Prestige y queremos que se siga hablando del Prestige por una sola y única razón: porque los pueblos que desconocen su Historia, señores y señoras, se ven obligados a repetirla, y nosotros no queremos que se repita esta tragedia nunca más, ni en Galicia, ni en Grecia ni en ningún otro lugar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero empezar agradeciendo a mi estimado amigo y colega, el Sr. Sterckx, el excelente trabajo que ha realizado. 
Como buen escandinavo, solo suelo dar las gracias cuando existe una razón para ello. 
Como Dirk y el resto de ustedes saben, la mayor parte de la carga del Prestige procedía de San Petersburgo a través del Golfo de Finlandia, un enclave marítimo muy cercano a mi país y que ahora ya está muy contaminado y resulta muy vulnerable. 
Lo ocurrido en Galicia bien podría haber sucedido en el Golfo de Finlandia. 
Es algo que he comentado en numerosas ocasiones. 
Por eso sentimos tanta solidaridad con nuestros amigos gallegos. 
Sabemos que las exportaciones de crudo de Rusia, en concreto a través del Golfo de Finlandia, se multiplicarán por cinco o seis en el transcurso de los próximos años. 
Lo mismo puede decirse de los cargamentos transportados desde Murmansk. 
Esta situación no solo afectará al Mar del Norte y a las demás regiones mencionadas. 
Señorías, quiero pedir a la Comisión que preste especial atención al control estatal de los puertos en el próximo informe de situación sobre los países candidatos. 
Obviamente aún queda mucho por hacer en este terreno para poder garantizar que los controles sean independientes desde el punto de vista económico y legal. 
Lamentablemente, hemos oído de casos que indicaban que la situación era otra. 
El control estatal de los puertos no puede funcionar a menos que disfrute de independencia e imparcialidad. 
Además, quiero informarles a todos ustedes, Señorías, así como a los Comisarios, de que la asamblea parlamentaria sobre los estados bálticos, que se celebró a principios de septiembre en Uleåborg, en Finlandia, se mostró partidaria de suprimir por la vía rápida los petroleros de un solo casco y de declarar el mar Báltico, o algunas partes del mismo, Zona Marítima Especialmente Sensible (ZMES) , una cuestión que sólo se contempla en el párrafo 25 de este informe. 
Lo más importante de esa reunión fue que los miembros del parlamento nacional ruso y de los parlamentos regionales apoyaron también esta propuesta. 
En el debate que todavía continúa, es importante que reconozcamos que no llegaremos a ninguna parte respecto a muchas zonas marítimas europeas si las negociaciones con terceros países y con Rusia no producen resultados. 
La UE no puede afrontar este problema por sí sola. 
Necesitamos contar con todo el apoyo posible. 
Por eso es tan importante, sobre todo, que el trabajo relacionado con el Báltico se realice en cooperación con otros colegas. 
Esta es la vía para que podamos seguir progresando. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor ponente, Señorías, he seguido de cerca este asunto desde su comienzo, ya que, como muchas otras personas, sentí este desastre como una agresión contra Europa. 
Diez meses después nos encontramos debatiendo una resolución que es el resultado de la investigación llevada a cabo por nuestro colega, el Sr. Dirk Sterckx. 
Se trata de una investigación exhaustiva, ya que incluso ha hablado con el capitán del Prestige quien, permítanme recordarles, no fue autorizado a asistir a la vista de la comisión de transportes. 
Viajé en misión de investigación a La Coruña y Brest y debo decir que aprecié grandes diferencias en la transparencia mostrada por las diversas autoridades marítimas implicadas. 
Está claro que la transparencia es un asunto todavía complicado. 
La resolución proporciona un análisis claro de las consecuencias del desastre del Prestige. Establece con claridad una serie de acciones que la Unión Europea tendrá que emprender. 
Menciona las dificultades, como el control estatal de los puertos, y realiza un buen análisis de las medidas medioambientales necesarias. 
Quiero, por tanto, felicitar al ponente por el trabajo que ha hecho. 
Estoy satisfecho con el resultado, al igual que otros colegas de mi grupo. 
Como el Consejo y la Comisión examinarán con detenimiento el contenido del informe, se hará caso al llamamiento «nunca mais». 
El trabajo de la Comisión demuestra que se ha recibido el mensaje. 
La Agencia Europea de Seguridad Marítima ha recibido el mandato y los recursos para actuar. 
Pero la resolución indica además los límites del procedimiento que debe seguirse. 
Inicialmente, mi grupo no estaba contento con el procedimiento que se ha seguido en este asunto. 
Desde un principio, hemos pedido que se creara una comisión de investigación parlamentaria o una comisión temporal que «llegara hasta el fondo del asunto». 
Expresión desafortunada en este contexto. 
Los hechos que han salido a la luz en los últimos meses nos confirman que estábamos en la recta final. 
Ahora, tenemos nuevos argumentos. 
Primero, falta por aclarar aún quién fue el responsable de la decisión de arrastrar el buque a altamar y del envío insuficiente de ayuda urgente. 
Algunas declaraciones hechas en el Parlamento francés revelan que también Francia tuvo que ver con el envío del Prestige a aguas portuguesas. 
Estos hechos vuelven a abrir todo el debate. El debate sobre la forma en que la Unión Europea adopta medidas y toma decisiones relativas a situaciones de emergencia transfronterizas. 
Segundo, solo ahora podemos evaluar y calcular la magnitud de los daño ecológicos y económicos. 
Solo ahora, después del verano, se pueden estimar los daños sufridos por el sector turístico. 
Este verano estuve en Galicia y pude comprobar que había menos turistas extranjeros en la costa, que cada día llegaban manchas de petróleo a la orilla, que aún quedaban rocas ocultas bajo el petróleo y que los ubicuos funcionarios del ministerio de Medio Ambiente no habían colocado todavía carteles advirtiendo de la contaminación. 
Por último, la creación de una comisión temporal sobre el Prestige es un asunto que también afecta a la credibilidad de nuestra institución. 
A mí, me parece totalmente inapropiado que algunos miembros del Gobierno español hayan comparecido como testigos ante el Parlamento francés, cuando no asisten a las vistas mantenidas en este Parlamento. 
La Organización Marítima Internacional tampoco sintió la obligación de comparecer ante el Parlamento Europeo. 
Obviamente consideran que están por encima de él. 
¡Esto no se puede permitir; tiene que hacerse algo al respecto! 
La vía más rápida para seguir investigando es la enmienda de transacción que el Sr. Sterckx ha presentado en este sentido. 
Nuestro grupo la apoyará. 
Con nuestro apoyo estamos también enviando una señal a la Comisión y al Consejo de que vigilamos atentamente sus movimientos y de que este Parlamento juega un papel activo en la seguridad marítima. 
Señor Presidente, las consecuencias del desastre del Prestige son terribles. 
No puedo dejar de resaltar que en Dinamarca y especialmente en zonas cercanas a la costa, incluidas las islas pequeñas, sigue existiendo mucha frustración ante el número cada vez mayor de petroleros monocasco que navegan por nuestras aguas transportando petróleo pesado y ligero. 
Resulta grotesco que la UE invierta miles de millones para conseguir un mar Báltico más limpio, cuando cada vez se transporta más petróleo por medios que constituyen un peligro. 
La ayuda a los países de la región del mar Báltico debe ir estrechamente vinculada al cese inmediato de la navegación de buques monocasco. 
Las islas de Dinamarca y la zona que rodea al mar Báltico son especialmente vulnerables a la contaminación que tan solo un naufragio podría causar. 
Por tanto, resulta extremadamente preocupante el desarrollo de la industria petrolera en Rusia, que trae como consecuencia el transporte frecuente de petróleo a través de la región del mar Báltico. 
En la práctica, la UE puede hacer tres cosas. 
Primero, puede hacer campaña para que el mar Báltico sea clasificado como una zona especialmente sensible. 
El mar Báltico es precisamente una de esas zonas, en parte debido a la limitada cantidad de agua que contiene. 
Clasificándolo como tal, podrían tomarse las medidas preventivas necesarias para proteger la zona contra el transporte peligroso de petróleo a través de sus aguas. 
Finalmente, la UE podría presionar también a la OMI para la retirada gradual de los petroleros monocasco en todo el mundo. 
No menos importante resulta que la UE permita que esta retirada gradual de los buques monocasco forme parte de las deliberaciones concernientes a la concesión de ayudas para el desarrollo medioambiental, de manera que se ejerza la máxima presión sobre Rusia para persuadirla de que prohíba el atraque de petroleros monocasco en sus puertos. 
Le pregunto a la Sra. Comisaria si se ha establecido contactos con las autoridades rusas y si se ha recibido alguna noticia- preferiblemente buena- de ellos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Sterckx por su excelente trabajo, documentado, equilibrado, constructivo. 
¡Nunca máis! 
Esta es la consigna que interesa y el objetivo adecuado con respecto a las catástrofes marítimas que tienen graves efectos ecológicos, económicos y humanos, como las mareas negras, por ejemplo. 
Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer para la mejora de la seguridad marítima. 
A escala europea y a raíz del naufragio del Erika, la Comisión propuso toda una serie de medidas adecuadas y valientes, los paquetes Erika I y Erika II, para prevenir este tipo de catástrofes. 
Estas medidas habrían impedido a todas luces una nueva marea negra. 
Señora Comisaria, ha sido usted muy valiente y ha tenido toda la razón. 
Por desgracia, debido a la indecisión censurable de algunos Estados miembros, los paquetes Erika I y Erika II no entraron en vigor hasta este año y hasta el 23 de julio. 
La Comisión ha entablado procedimientos contra diez Estados miembros que no cumplieron sus obligaciones de notificación. 
En todo caso, estas medidas entraron en vigor demasiado tarde para evitar la catástrofe del Prestige, y el fuel pesado que transportaba sigue manchando las costas de Galicia a Bretaña, pasando por mi región, Aquitania, con las gravísimas consecuencias que todos conocemos. 
Ya sabemos que la indemnización propuesta solo cubrirá una ínfima parte del daño causado. 
Ha habido tantas tragedias humanas y tantas heridas apenas curadas que es crucial saber qué decisión se ha tomado para recuperar los miles de toneladas de fuel que se encuentran aún en el pecio del Prestige. 
Existe la obligación apremiante de aclarar esta cuestión. 
Pido, pues, a la Comisión y al Consejo que hagan todo lo necesario para que se cree el Fondo europeo complementario para la indemnización de las víctimas de mareas negras, el Fondo COPE propuesto en el paquete Erika II, a fin de aportar las ayudas complementarias. 
Se han publicado muchos documentos sobre la catástrofe del Prestige, entre los que quiero citar el notable informe de la Asamblea Nacional Francesa. 
Por su parte, el Parlamento Europeo ha organizado dos audiencias de la Comisión Europea. 
Además, las investigaciones todavía están en curso. 
Se han emprendido acciones judiciales tanto en Francia como en España, o en otros lugares, para establecer de forma definitiva las circunstancias exactas del naufragio y determinar las responsabilidades de los distintos actores implicados en este drama. 
Los que preconizan una comisión de investigación sobre el Prestige lo hacen, me parece, por motivos políticos. 
Hay que mirar hacia el futuro, hacia la prevención, y no extraer capital político de un asunto tan trágico. 
Por esta razón, como diputado al Parlamento Europeo, pienso ante todo en las víctimas y, por tanto, en evitar en primerísimo lugar que se produzcan nuevas catástrofes. 
Quiero ir hacia delante. 
En este sentido, he presentado una enmienda, aceptada por mi Grupo, que pide la creación de una comisión temporal encargada de evaluar la efectividad de los paquetes Erika I y II, a fin de prevenir cualquier nueva catástrofe y, en caso necesario, proponer su refuerzo. 
Se nos plantean muchas preguntas a nosotros y a la opinión pública, y ya es hora de responderlas. 
¿Dónde están los Estados miembros? 
¿Cuál es la fiabilidad de los buques de doble casco? 
¿Qué ha pasado con el concepto de zonas de refugio de que ha hablado el Sr. Sterckx hace un momento? 
A esta pregunta, como a otras, podrá responder la comisión temporal para aportar garantías: es su único objetivo. 
Espero que más allá de las discrepancias políticas, acepten, en este tema tan importante, apoyar esta iniciativa orientada hacia el futuro. 
Este sigue siendo la mejor manera de proclamar ¡Nunca máis! 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, permítanme en primer lugar que felicite calurosamente al Sr. Sterckx, el autor de este informe tan excepcional y espléndido; por su grado de exhaustividad, estaría dispuesto a otorgarle el calificativo de sagrada escritura en lo que se refiere a la futura seguridad de los buques y el transporte marítimo, siempre que, por supuesto, se incluyan los puntos que proponemos con insistencia. 
Les recuerdo que nos informaron de que el Prestige había partido del Báltico y que, a excepción de Austria y Luxemburgo, en teoría había pasado por todos los Estados miembros, de modo que lo ocurrido podría haber sucedido en cualquier sitio. 
Esto quiere decir que no necesitamos únicamente mejoras técnicas, sino también corredores marítimos más seguros. 
Nos han informado más de una vez de la presencia de manchas negras en el Báltico como, por ejemplo, en la zona de «Kadetrinne» en Alemania, donde los buques acaban navegando en la dirección incorrecta, por lo que casi a diario están a punto de producirse accidentes. 
Por este motivo urge la necesidad del practicaje obligatorio allí, algo que queremos traer a colación ante esta Cámara. 
Los rusos se niegan a aceptarlo, por lo que me gustaría que todos los diputados de esta Cámara hiciéramos referencia expresa a este hecho cuando votemos, además de ejercer más presión sobre Rusia en este asunto, ya que el practicaje obligatorio reviste una gran importancia. 
Mi segundo comentario se refiere a la necesidad evidente de que existan medidas de emergencia, con un reparto claro de responsabilidades y la suficiente disponibilidad de remolcadores. 
Quizás la Comisaria De Palacio vuelva a reflexionar sobre lo que se dijo en la primera reunión acerca de la cuestión de vincular esto con la compensación, ya que así se podría simplificar el aspecto práctico de cualquier medida de emergencia. 
Al margen de los desastres, no podemos ignorar el caos que existe en las aguas costeras de Europa a diario. 
En 2001 se produjeron 390 vertidos de petróleo ilegalmente depositados en el Báltico, además de otros 596 en el Mar del Norte. 
Señora Comisaria, estoy de acuerdo con su propuesta para que de una vez por todas se consideren esos vertidos como un delito y se pueda proceder por la vía penal. 
Las multas no son suficientes; y no podemos seguir dejando que esos desastres se reparen con fondos destinados a gastos menores. 
La contaminación del mar es un delito y como tal se debe castigar. 
Ahora bien, la tecnología no constituye el factor decisivo. 
Celebré enormemente que en julio iniciara procedimientos en relación con las infracciones de los tratados contra diez Estados miembros que aún no han transpuesto las medidas acordadas después del Erika. 
Sencillamente, es triste que tenga que ser así. 
Esos diez Estados miembros deberían avergonzarse y el hecho de que entre ellos se encuentre el país que hoy ocupa la presidencia hace más amargo aún el trago. 
Necesitamos un control estatal de los puertos y sociedades de clasificación. 
Los Estados miembros no necesitaban que se produjera el accidente del Prestige para tenerlo claro. 
Fue una decisión tomada después del Erika y todos ustedes la suscribieron. 
Señora Comisaria, creo que obtendrá el pleno apoyo de este Parlamento en estas cuestiones (respecto a las cuales el Parlamento y el Consejo han tomado decisiones) , y en su insistencia para que todo esto se incorpore a los ordenamientos jurídicos nacionales. 
De no lograrlo, el Consejo quedaría como una panda de hipócritas y nos veríamos incapaces de hacer promesas a los ciudadanos sobre seguridad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero aprovechar también esta oportunidad para felicitar al ponente por el excelente trabajo que ha realizado y por la calidad de su informe. 
El informe es una evaluación objetiva de los sucesos que rodearon al desastre del Prestige y contiene recomendaciones sensatas, tanto sobre la prevención de estos problemas en el futuro como sobre las formas de actuar con mayor eficacia. 
El ponente tiene razón cuando ha dicho en el debate de hoy que su informe trata sobre la seguridad marítima, en el presente y en el futuro. 
Siempre me ha parecido problemático que debatamos un informe de investigación cuando parece tratarse y de trata de un debate a posteriori de un hecho que tendría que haberse prevenido. 
El paso lógico sería exigir nuevas normas y medidas. 
Como siempre en lo que respecta a la seguridad marítima, existe un riesgo considerable de que no se haga nada más. 
Volveré sobre este punto en un instante. 
El problema principal en la seguridad marítima no es tanto la ausencia de un marco jurídico internacional como la aplicación de las normas y la persecución de las infracciones. 
El ponente tiene razón al apuntar que la legislación sobre el Erika no ha ayudado a evitar el desastre del Prestige, que ha sido tremendamente parecido al del Erika. 
La prevención es primordial. 
Es inevitable que las reglas se hagan más estrictas, aunque, bajo mi punto de vista, tendríamos que realizar ante todo un minucioso examen sobre la aplicación de la legislación vigente. 
Por tanto, nuestra primera prioridad debe ser la transposición completa y rápida de esta legislación y, sobre todo, su estricto cumplimiento por parte de los Estados miembros. 
Creo, por tanto, que el Parlamento tiene que plantear este asunto al Consejo; obviamente, cuento con el apoyo de la Comisión, aunque me temo que los procedimientos jurídicos en este caso no sean del todo eficaces, puesto que llevan mucho tiempo. 
La designación de puertos seguros reviste gran importancia, así como el uso de instalaciones para la recogida del exceso de petróleo en los puertos, lo que presupone unos sistemas de pagos adecuados y uniformes en toda la Unión Europea que permita un uso eficaz de los mismos. 
Los grandes problemas se deben a que esto último no se está realizando y a que esas instalaciones se utilizan muy poco. 
Además, considero importante una medida preventiva como la vigilancia de situaciones peligrosas e infracciones, a través de una mayor aplicación de los sistemas de grabación de datos de voz. 
Estos sistemas ofrecen la posibilidad de prevenir, vigilar y evaluar la situación después del hecho. 
No menos importante es la aplicación de sanciones penales con un efecto disuasorio. 
La propuesta de la Comisión sobre la imposición de sanciones penales por delitos medioambientales, de la que soy el ponente, está muy en la línea del informe de Sterckx. 
Aunque mi informe se centra en los vertidos ilegales, las implicaciones son, por desgracia, las mismas. 
Mi temor, expresado antes, de que no avanzaremos más allá de la etapa de las conversaciones está tristemente bien fundado. 
En el período inmediatamente posterior al desastre del Prestige, los Jefes de Gobierno exigieron medidas y sanciones. 
¿Qué ha sido de ese deseo de actuar? 
Ahora que las propuestas se han puesto sobre la mesa, observamos una aplicación muy insuficiente de las medidas en los Estados miembros y me he enterado de que el Consejo de Ministros ha rechazado por unanimidad la introducción de sanciones penales. 
Por consiguiente, mi trabajo en un informe habrá sido en vano. 
La pregunta que más se formulará en las próximas semanas es cómo persuadir a la Comisión, al Parlamento y al Consejo para que adopten una política coherente. 
Un buen inicio sería un debate abierto con el Consejo. 
Por suerte, la Sra. Comisaria ha dicho que no quería mantenerse al margen. 
Señora Comisaria, estamos asistiendo a un juego en el que los jugadores parecen no moverse. 
Todo lo dicho anteriormente demuestra que estoy a favor de la acción y por este motivo no me identifico del todo con las enmiendas propuestas a favor de crear una comisión que investigue el pasado. 
Como ya he dicho antes, hemos investigado suficiente; ha llegado la hora de adoptar las medidas de las que hemos estado hablando. 
Lo que necesitamos es un grupo de trabajo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Sterckx, yo quería empezar uniéndome también a las felicitaciones que usted ha recibido hoy y quiero simplemente recordarle que los que le estamos felicitando desde nuestro Grupo hemos apoyado plenamente su informe en comisión y que muchos de los que le han felicitado hoy se han opuesto en comisión o se han abstenido. 
Quiero que tenga usted en cuenta la felicitación sincera de nuestro Grupo y quiero unirme también a las felicitaciones que ha recibido nuestra Comisaria, Loyola de Palacio, por su rigor, su eficacia, la seriedad que ha venido demostrando en su trabajo respecto a la seguridad marítima desde el inicio de su toma de posesión. 
Creo que hay bastantes diferencias entre el panorama que había antes y el que tenemos ahora. 
Se han producido cambios y propuestas muy significativas y usted en su informe, como aquí se ha dicho, nos propone ciento doce cuestiones que son del mayor relieve. 
Quiero recordar, también, un cambio importante que se ha producido en la OMI, que hasta ahora era prácticamente inamovible. 
Se han creado estos corredores y se han creado, también zonas marítimas sensibles de especial protección desde Escocia hasta el Algarve, donde es preciso notificar con 48 horas de antelación para pasar con mercancías peligrosas. 
Estamos en el buen camino, pero hay que preguntarse si es suficiente. 
Quiero recordar con la Comisaria, como ella ha hecho siempre aquí, que si se hubieran aprobado los "paquetes Erika" que ella nos proponía no habría habido Prestige. 
Creo que eso es muy importante y no debemos de olvidarlo porque la clave está, precisamente, en la normativa y en el cumplimiento. 
Creo que nuestro Parlamento tiene todavía el papel de control de ese cumplimiento en todos y cada uno de los Estados miembros. 
El seguimiento y la adecuación de estas propuestas es nuestra tarea. 
Por eso creo que no debemos bajar la guardia y debemos de mantenernos continuamente vigilantes y ser aliados permanentes, también, de la Comisión. 
Señorías, creo que esto es lo que los ciudadanos nos piden a quienes aquí los representamos y en primer lugar los gallegos, puesto que han sufrido más que nadie en sus carnes todas estas consecuencias. 
Por eso hemos propuesto la creación de una comisión específica, precisamente con un mandato claro y positivo, que es el del seguimiento de esta legislación y el reforzamiento claro de la seguridad marítima, velando por su cumplimiento. 
Creo que ésta es una cuestión clave que quiero transmitir al Sr. Sterckx que, sin duda, será sensible a ella. 
Otros, como aquí se ha dicho y no voy a reiterarlo, lo que pretenden es alargar estos procesos, quizá entorpeciendo las acciones que proponemos y alargando la concesión de indemnizaciones. 
Un debate de otro tipo también podría favorecer o dar un valor de oxígeno con esas comisiones de investigación a intereses que aquí se han llamado de mafias- yo diría de las compañías petroleras. 
Si nosotros sembramos dudas sobre las responsabilidades, beneficiaremos a otras partes que tienen culpa también de lo que aquí ha ocurrido. 
En definitiva, nosotros no podemos con nuestras acciones erigirnos en jueces y dictar sentencias de culpabilidad de nadie. 
Ese papel no nos corresponde y además nos lo prohíben el propio Tratado, en el artículo 193, y nuestro Reglamento, puesto que este caso lo están viendo ya los Tribunales de Justicia. 
Nos corresponde erradicar, en el transporte marítimo, el dinero fácil y los negocios sin escrúpulos a costa del medio ambiente marino y de su riqueza. 
Desde el Grupo Popular vamos a ser activos en la defensa de estos intereses y en la erradicación de los buques basura. 
Por último, Señorías, quiero señalar que los gallegos no están abandonados, que no lo han estado nunca, ni por el Gobierno gallego, ni por el Gobierno de España, ni tampoco por la Comisión Europea. 
Y quiero decir que en el proceso electoral que se produjo y usted lo conoce, Sr. Sterckx, en la zona denominada cero, en Muxía, el respaldo mayoritario ha sido para el Grupo Popular, que estaba gobernando y que sigue gobernando, y los ciudadanos son muy sabios en esto. 
Afortunadamente, quiero recordarlo también, en este momento todas las zonas de pesca están abiertas en Galicia, toda la costa está abierta a la pesca y se están poniendo los medios necesarios para solventar todos estos problemas a través de la generosidad del Gobierno de España y del Gobierno gallego, el llamado plan Galicia. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo también deseo felicitar al ponente por su excelente trabajo y a la Comisaria por su tenacidad en este tema. 
Casi un año después del incidente del Prestige, es conveniente que volvamos a examinar la situación y ver qué lecciones podemos aprender. 
En primer lugar, con respecto al medio ambiente, hay que reconocerle a las autoridades españolas sus esfuerzos, con la inestimable ayuda de los pescadores y miles de voluntarios, para extraer el petróleo que sigue quedando, minimizar los riesgos, limpiar las costas y reparar los ecosistemas dañados, aunque es lamentable que los restos del buque aún sufran fugas de contaminantes a diario. 
En segundo lugar, con respecto a la designación de responsabilidades, es deplorable que, un año después, las investigaciones tengan que ser tan apocadas. No se trata tan solo de investigar, procesar y castigar al que contamina, sino también de depurar responsabilidades a otras niveles: primero, al nivel de los que tendrían que haber inspeccionado el buque y no lo hicieron; y segundo, al nivel de los que realizaron las inspecciones y no actuaron ante los resultados. 
Por último, debe dirimirse hasta qué punto son responsables los que manejaron la crisis. 
Aunque la depuración de responsabilidades puede ser un proceso incómodo, es fundamental. 
No obstante, en lugar de crear una comisión parlamentaria temporal tardía sobre el Prestige, nuestra responsabilidad es aplicar en el día a día todos los controles democráticos que estén dentro de nuestras competencias, como hemos hecho hoy. 
Tercero, en cuanto a la legislación, celebro las propuestas de la Comisión para reducir los plazos de transposición de los paquetes Erika I y Erika II. Los Estados miembros tienen ahora la obligación de asegurar el pleno e inmediato cumplimiento de los reglamentos que consagran la prohibición de los buques monocasco, unas inspecciones más minuciosas de los buques en nuestros puertos, sistemas de vigilancia, la lista de puertos seguros y planes de contingencia para hacer frente a posibles accidentes. 
Pero al margen de estas iniciativas, es fundamental ir más lejos y aplicar nuevas reglas, como la creación de corredores marítimos más alejados de las costas, la inspección de buques que transporten sustancias peligrosas dentro de la zona de las 200 millas, la elaboración de un código de conducta para los fabricantes y fletadores, la creación de una flota anticontaminación europea y la definición de los requisitos mínimos de recursos y equipos para ayuda, rescate y medidas preventivas. 
Por último, se debe establecer un calendario claro para la reforma del derecho marítimo internacional. 
Señor Presidente, por desgracia la UE aprendió muy poco de la catástrofe del Erika, que vertió 13 000 toneladas de petróleo frente a las costas de Bretaña. 
Si se hubiera puesto en práctica el paquete Erika original de la Comisión, todos los petroleros de un solo casco como el Prestige habrían sido sustituidos a más tardar el año 2002. 
La catástrofe del Prestige puso de relieve las lagunas en la aplicación de la legislación de la UE y la ausencia de un mecanismo válido de respuesta por parte de la UE, que agravaron el impacto medioambiental. 
En su momento, el Gobierno español fue criticado por remolcar el buque accidentado hacia alta mar, haciendo caso omiso del consejo de los expertos que mantenían que debería llevarse a una bahía o un puerto resguardado donde poder contener el petróleo. 
Irónicamente, el informe del Sr. Sterckx señala que seis meses después, ni Francia ni España habían designado puertos seguros ni planes de emergencia a la Comisión, tal como exige la normativa de la UE. 
El accidente del Prestige debería haberse enfocado como un naufragio ocurrido en aguas de la UE, con consecuencias potencialmente devastadoras para el entorno común y la industria pesquera europea. 
Las catástrofes medioambientales de esta magnitud realzan la necesidad de un servicio de guardacostas de la UE. 
Sencillamente no se puede permitir que los distintos Estados miembros actúen por sí solos. 
Durante años he estado abogando a favor del establecimiento de un servicio de guardacostas europeo. 
Tanto como por los problemas de la contaminación marítima, los ciudadanos europeos están alarmados por el hecho de que nuestras aguas costeras están siendo utilizadas por el crimen organizado para el contrabando de armas, drogas, tabaco y personas. 
Además, dado el clima geopolítico actual, con la posible amenaza creciente de ataques terroristas haciendo uso de los mares de Europa, deberíamos estudiar la mejor forma de prevenir que se produzca un ataque de este tipo. 
A menudo, los dirigentes de la UE intentan darle a esta mayor relevancia en la vida cotidiana de sus ciudadanos. 
La creación de un servicio de guardacostas europeo sería una forma palpable de conseguirlo, ya que afecta a las inquietudes reales de quienes ellos y nosotros representamos. 
Esa es la razón por la que me congratulo por la propuesta del ponente a favor de establecer un servicio de guardacostas europeo, así como por el llamamiento reciente en el mismo sentido formulado por el actual Presidente en funciones del Consejo, el Sr. Berlusconi. 
Es una idea que ya está madura y debería hacerse algo al respecto. 
. (NL) Señor Presidente, quisiera preguntar a la Comisaria una cosa relacionada con lo que acaba de decir acerca del Viking. 
Según tengo entendido, al Viking no se le negó el acceso a un puerto de refugio. 
El buque navegó hacia Rotterdam debido a que es un buque de doble casco que se había hundido un poco debido a que el doble casco se había inundado. 
Después, en buque navegó por sus propios medios hacia aguas belgas, lo que, en términos estrictos, ya va en contra de la normativa, y se le negó el acceso a Zeebrugge y Ostende. 
El armador se negó a suscribir un contrato con la empresa de salvamento. 
Ésa es la información de que dispongo. 
Quizá sería útil que una comisión temporal investigara los accidentes que no han terminado en desastre. 
Después de todo, podríamos aprender mucho de estos casos para organizar las cosas con más eficacia. 
No obstante, creo que, en el caso del Viking, las autoridades belgas no cometieron la clase de errores que podemos observar en el caso que nos ocupa. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la energía es una de las cuestiones clave para la UE. 
Debemos tener en cuenta la dimensión medioambiental y la seguridad del suministro, desarrollar nuevas fuentes de energía, sobre todo renovables, y utilizar la energía de que disponemos de forma más sensata y eficiente, etc. El petróleo también forma parte de esta cuestión general, incluida la seguridad del suministro. 
¿Necesita Europa normas comunes para regular el abastecimiento de petróleo, junto con una mayor coordinación? 
Así podría formularse brevemente el debate en torno a la propuesta de Directiva sobre la seguridad de suministro de petróleo en Europa. 
Para la mayoría de las personas, la respuesta es sin duda obvia. 
Está claro que para nosotros es positivo tener una mayor solidaridad en Europa, incluso en materia de abastecimiento de energía, pero al mismo tiempo estamos abordando ámbitos en los que los Estados miembros consideran que cada país debe tener la soberanía para determinar el nivel de los compromisos comunes. 
Mi informe intenta equilibrar estas exigencias antagónicas. 
La mayoría de las personas están de acuerdo en que es necesario establecer una mejor coordinación del abastecimiento de energía en Europa, pero al mismo tiempo los Estados miembros desean mantener en gran parte su control. 
Este aspecto resulta especialmente evidente cuando se trata del suministro de petróleo. 
Mi informe modifica una serie de puntos de la propuesta de Directiva. 
A través de diversas enmiendas he intentado lograr un equilibrio entre los Estados miembros y el interés común que resulta necesario si deseamos encontrar una solución que funcione correctamente en el mercado de petróleo y en términos de las necesidades de los distintos países. 
Las propuestas para que los proveedores de petróleo se muestren dispuestos a aumentar sus reservas- para 120 días en lugar de 90- pueden parecer oportunas, pero presentan igualmente algunas desventajas. 
Aumentar las reservas tiene un coste considerable, y tanto el transporte como el almacenamiento tienen efectos sobre el medio ambiente. 
Por ello prefiero mantener el actual compromiso de 90 días. 
La propuesta de dar salida a las reservas de petróleo, incluso si no existe una escasez física, puede parecer oportuna a primer vista, pero resulta evidente que dicha disposición entrañaría graves problemas y riesgos. 
El mercado no siempre tiene razón. 
Lo hemos visto con nuestros propios ojos en numerosas crisis petroleras, como se les denomina. 
Y al mismo tiempo resulta sumamente difícil elaborar normativas y acordar criterios claros y objetivos que se apliquen en todas las distintas situaciones que pueden presentarse cuando los precios del petróleo aumentan con rapidez. 
Por ello rechazo la propuesta de la Comisión de dar salida a las reservas de petróleo incluso si no existe una escasez física. 
Mi propuesta se basa en la necesidad de una mayor coordinación y de compartir la responsabilidad del abastecimiento de petróleo dentro de la UE. 
Ello requiere modificar la normativa vigente sin afectar el acuerdo existente, mediante el cual participan igualmente los países fuera de la UE y de Europa. 
Las estructuras y compromisos existentes deben seguir aplicándose en el futuro, pero es necesario mejorar la coordinación. 
La comisión parlamentaria ha adoptado una serie de enmiendas que establecen un equilibrio entre los intereses comunitarios y los nacionales. 
La mayoría de mis enmiendas- las más significativas- fueron aprobadas. 
Algunas fueron rechazadas. 
He decidido volver a presentar tan solo una de las enmiendas rechazadas por la comisión parlamentaria. 
Dicha enmienda se refiere a la manera en que se organiza la responsabilidad sobre las reservas de seguridad. 
La Comisión desea que esta tarea se encargue a un organismo público. 
Actualmente, los regímenes varían de un Estado miembro a otro. 
Mi enmienda pretende dar a los Estados miembros la oportunidad de elegir los métodos que consideren más adecuados para sus propios países, sin las consiguientes desventajas para otros Estados miembros. 
Por ello, en la enmienda 28 propongo que los Estados miembros puedan elegir si debe ser un organismo público el que se encargue de esta cuestión o si optan por otro régimen. 
Dos enmiendas proponen que se rechace la propuesta de Directiva. 
Ello se debe a que quienes las han propuesto consideran que ya existen normativas adecuadas y que no se requieren cambios. 
Existen numerosas razones para oponerse a ello. 
En primer lugar, ha quedado patente en numerosas ocasiones que las normativas vigentes presentan defectos en lo referente tanto a la coordinación dentro de la UE, como al reparto de la responsabilidad en una situación de crisis. 
En segundo lugar- y creo que este es un aspecto sobre el que deberían reflexionar sus Señorías- el rechazo probablemente implicaría despojarnos de la oportunidad de influir en este ámbito tan importante. 
Creo que vale la pena señalarlo. 
Señora Presidenta, si el Parlamento aprueba este informe sobre la propuesta de Directiva, incluidas las modificaciones propuestas, a resultas de ello también tendríamos que abrogar una serie de Directivas anteriores, a saber, las Directivas 68/414/CEE, 98/93/CE y 73/238/CEE. 
- (NL) Señora Presidenta, presentar propuestas para proteger la seguridad del suministro energético constituye una iniciativa positiva de la Comisión. 
En nuestras sociedades nos hemos hecho dependientes del abastecimiento de petróleo y gas, productos que un pequeño grupo de productores suministran a un amplio grupo de consumidores. 
Huelga decir que cuando están en juego intereses importantes en materia de abastecimiento de energía, las propuestas deben ser cuidadosamente examinadas. 
Y es aquí donde reside precisamente el problema de la propuesta de la Comisión sobre la seguridad de suministro de gas natural. 
El primer problema es la base jurídica de la propuesta. 
La Comisión adopta como fundamento el artículo 95, relativo al mercado interior. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios recomendó expresamente que se examinase la cuestión del fundamento jurídico. 
No tengo conocimiento de que dicha recomendación haya dado resultado alguno. 
Un segundo problema es que esta propuesta no es necesaria. 
El Parlamento debatió recientemente, en segunda lectura, la Directiva sobre el gas, que aborda la cuestión de la seguridad del suministro. 
La propuesta de la Comisión no es coherente con ello; al contrario, de hecho parece incluso contradecir dicha Directiva sobre el gas. 
Por último, la propuesta de la Comisión resulta ambigua, en parte a causa de este hecho, y deja sin respuesta numerosas preguntas. 
Al parecer, estas cuestiones deben responderse en la fase de aplicación, y esta no es la finalidad de una directiva. 
Una Directiva pretende ofrecer orientaciones y soluciones. 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión plantea más preguntas de las que puede responder. 
El texto es poco claro, sobre todo en los artículos 3 y 4, y puede interpretarse de diversas maneras. 
Estas objeciones hacen que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios recomiende por unanimidad que se rechace la propuesta y, de conformidad con dicha recomendación, he presentado una enmienda para que se examine en el Pleno. 
En nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios propongo que se devuelva la propuesta a la Comisión. 
Les agradezco su atención y cuento con su apoyo para la enmienda que pide que se rechace la propuesta de la Comisión. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, en el mes de junio de este año votamos a favor del denominado paquete energético, el cual incluía, entre otras cosas, la Directiva relativa al mercado interior del gas natural. 
En mi opinión, al adoptar esta legislación logramos en el mes de junio no solo facilitar una nueva liberalización del mercado de la energía, sino también proteger la seguridad del suministro energético. 
Si esta Directiva se aplica correctamente y se hace cumplir de forma coherente, Europa puede evitar situaciones como las experimentadas en California. 
Según la nueva legislación, corresponde a los Estados miembros asegurar la seguridad del suministro. 
Por ello, según el Grupo ELDR, las actuales propuestas sobre el mercado de gas van demasiado lejos. 
Después de todo, el principio de subsidiariedad se aplica en todo momento. 
Y señora Comisaria, se aplica con mayor razón al abastecimiento de petróleo. 
Por consiguiente y en nombre del Grupo Liberal, pediría que la propuesta de la Comisión sobre abastecimiento de petróleo se rechace y devuelva a la Comisión. 
La legislación vigente ya permite garantizar la seguridad de suministro. 
La Directiva 98 exige a los Estados miembros que mantengan reservas para 90 días de consumo. 
La Comisión desea aumentar esta obligación, pero no expone las razones por las que sería necesario este aumento de las reservas. 
La Comisión no ha explicado las ventajas previstas de este aumento de las reservas, ni siquiera ha justificado los costes que ello causaría a los Estados miembros. 
Este Parlamento no puede adoptar una legislación que carece de todo fundamento, ya que la legislación vigente resulta suficiente, y mientras no se demuestre la necesidad de una nueva legislación. 
Esto debemos rechazarlo decididamente en esta Cámara. 
Por ello les insto a que apoyen la posición del Grupo ELDR e impidan esta legislación superflua. 
Según tengo entendido, miembros de distintos Grupos políticos de este Parlamento han adoptado el mismo razonamiento. 
Creo que podremos alcanzar un acuerdo en la votación de mañana. 
Quiero agradecer a los ponentes su excelente labor y darles las gracias a todos por su atención. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, nadie niega que, en vista de la considerable dependencia de la UE en materia de productos petrolíferos, hay que lanzar iniciativas para garantizar la continuidad del suministro de dichos productos. 
De hecho, la Comisión propone a este respecto una serie de medidas que garantizan un abastecimiento constante de gas natural, pero cabe preguntarse, como han hecho tantos otros diputados antes que yo, si el objetivo perseguido puede lograrse con estas medidas. 
En todo caso, no apoyo las medidas más fundamentales que figuran en la propuesta de la Comisión, y que paso a enumerar. 
La primera medida se refiere al aumento de las reservas de 90 a 120 días. 
¿Por qué debe aumentar la Unión Europea sus reservas, en vista de que la Agencia Internacional de la Energía tiene a su disposición un mecanismo de respuesta a las crisis mundiales? 
Además, el aumento de las reservas conlleva gastos considerables, entre ellos el de la construcción de instalaciones de almacenamiento. 
Huelga decir que ello implicaría una enorme daño para el medio ambiente, y que sin duda los costes se repercutirían a los consumidores. 
Asimismo, la Comisión desea crear un organismo político para mantener el abastecimiento de petróleo. 
Este organismo se haría cargo de al menos dos terceras partes de las reservas exigidas. 
En mi opinión, para ello sería necesario algo más que crear un nuevo organismo. 
Me parece sumamente importante establecer buenas relaciones políticas con los países productores de petróleo. 
Por último, la propuesta pretende igualmente hacer uso de la intervención en los mercados para limitar las fluctuaciones de precios, de forma que en lo sucesivo la Comisión podría dar salida a reservas en caso de que se prevea la interrupción del suministro. 
En mi opinión, esta medida no tiene objetivo alguno. 
Si sabemos que incluso los países de la OPEP no son capaces de mantener el nivel de precios deseado, esta medida solo puede calificarse de intención piadosa por parte de la Unión Europea. 
Por último, me gustaría señalar que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, junto con el ponente, ha trabajado afanosamente para alcanzar una solución de compromiso aceptable y realista. 
A pesar de ello, me parece más oportuno que se retire la propuesta. 
De este modo, el debate podría reanudarse sobre la base de las numerosas observaciones bien fundamentadas que se han realizado en el Parlamento. 
Señora Presidenta, quiero comenzar elogiando la labor del ponente sobre este asunto, pues se trata de un tema importante. 
Comparto la inquietud de la Sra. Comisaria en cuanto a la necesidad de asegurar el abastecimiento de petróleo y gas en Europa, pero tal vez tengamos ideas dispares acerca de cómo conseguirlo, en concreto no mediante el intervencionismo en los mercados. 
¿Por qué se empeña la señora Comisaria en volver a inventar la rueda cuando ya existe un acuerdo satisfactorio con la AIE relativo a un régimen de mantenimiento de las reservas de petróleo? 
Se estableció en los años setenta en respuesta a la crisis de la época y nos ha sido de gran utilidad desde entonces, así que ¿por qué sustituirlo? 
Mayor inquietud y problemas me crean las propuestas de utilizar las reservas con el fin de intervenir en el mercado para moderar los precios, cuando la experiencia demuestra- y la experiencia más reciente en los Estados Unidos lo confirma más concretamente- que eso no funciona. 
Se distorsionaría un mercado que ha funcionado de manera satisfactoria desde hace mucho tiempo. 
Señora Comisaria, usted merece encomio por las numerosas iniciativas sobre energía que ha planteado durante estos últimos cuatro años, tanto más por el Libro Verde sobre la seguridad de abastecimiento, del que fui ponente del Parlamento. 
Sin embargo, las diversas medidas que usted ha propuesto- sobre la liberalización de los mercados del gas y la electricidad, sobre la promoción de las energías renovables, sobre el incremento de la eficacia de la energía y sobre el desarrollo de redes energéticas transeuropeas- dejan bien a las claras, a mi entender, que no existe ninguna necesidad de crear una capítulo o base legal adicional para la energía, puesto que ya dispone de todos estos instrumentos. 
En relación con la propuesta sobre reservas de productos petrolíferos, aunque acato la opinión de mis compañeros de que la medida relativa al gas pertenece a una categoría diferente, no pido disculpas por volver a presentar la enmienda para rechazar esta propuesta y, al hacerlo, doy las gracias a todos los colegas que me han respaldado en esta cuestión específica. 
Espero que sepan entenderlo en el espíritu con que se plantea y meditar sobre las diversas formas de lograr el objetivo que compartimos: mantener la seguridad del abastecimiento energético en Europa. 
Por otra parte, en caso de que ganemos la votación de esta enmienda- y tal como ha señalado mi colega, el resultado ha sido muy apretado en la comisión -, confío en que el Consejo y la Comisión respeten el resultado y no pongan en práctica la amenaza formulada en la comisión parlamentaria por los servicios de la Comisaria con vistas a proponer un procedimiento diferente, actuando de hecho a espaldas del Parlamento en un intento de persuadir al Consejo para hacer algo que, en mi opinión, no tiene ninguna voluntad de hacer. 
Por tanto, les insto encarecidamente a que hagan un alto y lo piensen de nuevo. 
Señora Presidenta, señor comisario, probemos un experimento. 
Imagine, si puede, que tiene que defender el caso que nos ocupa hoy en unas elecciones, unas elecciones de las que depende su futuro. 
¿Qué argumentos utilizaría? 
¿Una nueva autoridad, incluso más seguridad en manos de una persona, de forma que no se pueda ver a dónde conducen las cosas, y retirada a una ubicación central? 
En esas elecciones, sus compañeros candidatos serían aquellos a los que acaba de escuchar: el Sr. Beysen, el Sr. Langen, el Sr. Kronberger, el Sr. Rapkay, la Sra. Plooij-van Gorsel y el Sr. Linkohr. 
Si tuviera que hacer esto, ¿sabría alguien cuáles son realmente sus convicciones políticas? 
Llevo cuatro años en esta Cámara, pero una propuesta para recibir mayores bendiciones como la que acaba de presentar es completamente nueva para mí. Sólo la he visto en otra Unión, la cual implosionó sobre sí misma porque exigía una cosa así. 
Creo que su trabajo se encamina hacia la satisfacción de una necesidad a la que los Socialistas y los Comunistas se referían como seguridad «desde la cuna hasta la tumba» , pero con medios erróneos, y la forma en que esta idea se transmite en los discursos de los debates nos sugiere que dicha seguridad es falsa. 
Creo que debemos caminar en otra dirección. 
No puedo evitar la sensación de que esta es una Comisión que poco a poco se está quedando sin ideas sobre energía, que de nuevo tiene que recurrir a las directivas existentes en la materia. La energía debería llevarnos donde realmente tenemos que ir. 
¿Cómo podemos dejar atrás a los combustibles fósiles y nuestra dependencia de los mismos, y conseguir la transparencia? 
Si voy a dejar la seguridad de las provisiones en manos de las regiones y empresas, esta decisión debe estar claramente documentada y los ciudadanos y consumidores implicados tienen que saber qué significa esa seguridad. 
Sin embargo, les pido que no nos otorguen más bendiciones impuestas desde el centro. 
Señora Presidenta, podemos darnos cuenta de lo seria que es la cuestión de la energía por la reciente invasión imperialista en el Iraq y por las luchas antes y después sobre cómo repartir el botín. 
El tema que estamos examinando hoy, en particular el del petróleo y de las reservas de gas natural, no puede resolver el problema en su totalidad, especialmente cuando se aborda desde el marco de la liberalización del mercado, en lugar de tomar como criterio la satisfacción de las necesidades básicas. 
La cuestión fundamental de la nueva directiva no es si las reservas obligatorias serán para tres o cuatro meses, sino el hecho de que el control de las reservas y la competencia reguladora están pasando de los Estados miembros a la Comisión Europea. 
Si esto se acepta, habrá aún un mayor menoscabo del mecanismo de planificación de la energía basada en las necesidades de cada Estado miembro y ello tendrá como resultado un sector energético estructurado por los poderes fuertes de la Unión Europea. 
El Partido Comunista de Grecia cree que cada país debería tomar medidas para reducir la dependencia energética, utilizar al máximo las fuentes nacionales y desarrollar y explotar nuevas formas de energía, con el objetivo de asegurar un suministro barato para las clases trabajadoras y proteger el medio ambiente. 
Sin embargo, está muy claro que la condición sine qua non para tal planificación energética es un marco social y económico radicalmente diferente. 
Señora Presidenta, mucho es lo que se ha dicho esta tarde y resulta difícil añadir algo nuevo estimulante. 
No obstante, creo que este debate sobre la seguridad energética nunca ha sido tan importante. 
Basta con contemplar los recientes cortes de luz en la costa oriental de Norteamérica para darse cuenta de cómo afecta una crisis energética a la población normal: no hay energía, no hay luz en los hogares, no hay refrigeración, millones de dólares perdidos por las pequeñas empresas. 
Este incidente fue simplemente el resultado de un error técnico o humano que fue subsanado con gran prontitud, pero ha supuesto un toque de atención muy necesario para aquellos de nosotros que con excesiva frecuencia damos por descontado el suministro de energía. 
Hace poco, el Instituto de Ingenieros Civiles afirmaba que el Reino Unido podría sufrir cortes de luz dentro de 20 años por culpa de su dependencia respecto de las fuentes de energía extranjeras. 
Se estima igualmente que solo en el Reino Unido- incluso teniendo en cuenta los centros de excelencia en torno al Mar del Norte, como la capital de la energía europea, Aberdeen -, el 80% del gas natural que se necesita para surtir a las centrales de energía británicas provendrá de países lejanos y políticamente inestables. 
Aunque los Estados miembros tienen sin lugar a dudas la responsabilidad de garantizar su propio suministro de energía, será vital la necesidad de cooperación en las fases iniciales de una situación de crisis. 
Sin embargo, a juzgar por el debate de esta tarde, las opiniones están claramente divididas. 
El aseguramiento del suministro resulta primordial, pero ¿cómo tranquilizamos a la opinión pública de que tenemos esa garantía de abastecimiento? 
Es mucho lo conseguido en el programa energético en la UE, y la liberalización, por lo menos en el Reino Unido, he permitido a los consumidores disponer de alternativas y, por consiguiente, de gas y electricidad más baratos, pero tal como ha sugerido el Sr. Linkohr, si los precios del gas aumentan en el futuro próximo, los consumidores se van a enfadar bastante. 
Las nuevas amenazas derivadas del terrorismo y el sabotaje- como hemos presenciado en el Iraq- y nuestra creciente dependencia respecto de la energía procedente de fuera de la UE plantean enormes desafíos. 
Según ha manifestado el Sr. Mitchell, del Royal Institute of International Affairs del Reino Unido, la clave de la seguridad energética radica en la diversidad de fuentes de suministro. 
Señora Presidenta, ha sido un debate interesante. 
En este momento, los Estados miembros deben disponer de unas reservas de petróleo equivalentes a 90 días de consumo para cada una de las tres categorías principales de productos petrolíferos de uso energético. 
La propuesta que tenemos delante hoy pretende sustituir las Directivas vigentes de la Unión Europea, que regulan este asunto tan importante en cuestión de política energética. 
De hecho, tal Directiva es necesaria, ya que la normativa vigente de la Unión Europea no prevé un mecanismo comunitario que regule el uso de las reservas de petróleo. 
Vivimos en un mercado interior y tiene que existir solidaridad entre los Estados miembros y la Unión Europea en caso de problemas de suministro de energía. 
En la mayoría de los países de la Unión- a diferencia de la reserva estratégica de petróleo en los Estados Unidos -, las compañías petrolíferas mantienen reservas de seguridad que se mezclan con sus reservas operativas. 
El rasgo principal de la propuesta de la Comisión consiste en asegurar que los Estados miembros mantienen un nivel mínimo de reservas de petróleo para un período de 120 días. 
Los Estados miembros de la Unión tienen que crear un organismo público de reserva de petróleo y tiene que haber una armonización y una coordinación de medidas en momentos de crisis válidas para todo el ámbito europeo. 
La Comisión contará con la asistencia durante sus trabajos de una comisión formada por representantes de los Estados miembros. 
El 1 de mayo de 2004 viviremos en una Comunidad formada por 25 Estados miembros. 
Se impone la provisión adecuada de petróleo y gas natural si se quiere que la Unión Europea funcione de modo eficaz. 
Además deben existir depósitos de reservas necesarias de los productos energéticos clave. 
Considero que, a la hora de afrontar este tema tan delicado, la Comisión tiene un cierto papel que desempeñar y que el tema de la energía se coordina mejor en el ámbito de toda la Unión Europea en bien de los intereses de la industria europea y los ciudadanos de la Unión Europea. 
Señor Presidente, quiero agradecer a la Sra. Comisaria las garantías ofrecidas respecto del tema que he planteado. 
Deseo añadir un comentario como colofón a las observaciones del Sr. Linkohr acerca de los precios: debemos tener presente que el principal componente en el precio del petróleo son los impuestos. 
No deberíamos obsesionarnos demasiado con las tendencias futuras de los precios. 
. (SV) Señor Presidente, señor Comisario, quiero comenzar dando las gracias a mis compañeros de comisión por su útil colaboración. 
Dicha comisión afortunadamente rechaza por unanimidad la iniciativa austriaca de crear una lista de lo que se conoce como terceros estados seguros. 
Todos queremos que la política europea de asilo y para los refugiados se base en el humanitarismo y en la certeza legal. 
La mayoría de nosotros deseamos una inmigración regulada y una política de asilo que ofrezca protección y asilo a quienes son perseguidos o torturados o aquellos cuya vida o salud se encuentran en peligro. 
Los desaprensivos traficantes de seres humanos no deben estar protegidos por la política de asilo de la UE. 
Sin embargo, tampoco nuestra política de asilo puede significar que utilicemos lanchas cañoneras para ordenar a las embarcaciones con refugiados que atraquen o, como dijo un ministro italiano, utilizarlas para disparar a esas embarcaciones. 
Tampoco debe significar que tratemos a las personas que viajan a esta parte del mundo como a ciudadanos de segunda clase, llevándolos de un lugar a otro y juntándolos en campos fuera de las fronteras de la UE. 
Comisario Vitorino, si la UE no puede integrar satisfactoriamente a los inmigrantes y a los refugiados y proporcionarles un marco de política de asilo que se caracterice por el humanitarismo y la certeza legal, tenemos en nuestras manos una bomba de relojería que no tardará en explotar en forma de tensiones sociales y económicas dentro de la UE y de presión externa por parte de todos los que están fuera y quieren entrar. 
No olvidemos que la Convención de Ginebra otorga a todas las personas el derecho único de solicitar asilo en otro país para escapar a la persecución y al sufrimiento. 
Según esta propuesta, un tercer estado seguro se define como estado que ha ratificado la Convención de Ginebra, la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. 
La lista de terceros estados seguros europeos incluye a los actuales 15 Estados miembros de la UE y a los 12 países candidatos a la adhesión, así como Noruega, Islandia y Suiza. 
Sin embargo, de los 15 países que se mencionan en la lista, sólo Suiza debería permanecer en ella. 
¿Por qué? 
El 16 de abril de 2003, los diez Estados miembros firmaron el tratado de adhesión en Atenas, por el cual el Reglamento Dublín II y el Acuerdo de Schengen se aplicarán en dichos países en el futuro. 
Rumanía y Bulgaria no estarían cubiertas por el Reglamento II de Dublín hasta que el Consejo tome una decisión «en un fecha posterior» (Artículo 6.2 de la propuesta). 
En cuanto a Noruega e Islandia, el Reglamento tan solo será aplicable (mediante el Reglamento Dublín II y el acervo de Schengen) una vez que notifiquen estar de acuerdo con su contenido y lo incorporen a su sistema jurídico nacional. 
Por esta razón, señor Presidente y señor Comisario, sólo Suiza quedaría en la lista, es decir, sería una lista muy limitada. 
Es más, se invita a la Comisión a que supervise los avances en los terceros Estados incluidos en la lista en relación con su cumplimiento de los principios mencionados, pero la iniciativa no aporta ningún procedimiento específico para eliminar a los países de la lista o añadir nuevos países. 
La comisión pertinente señala que, por respeto al principio de subsidiariedad, cualquier criterio para crear una lista de terceros países seguros debe considerarse como un requisito mínimo, que permita a los Estados miembros adoptar unos requisitos más exigentes. 
Sólo cuatro Estados miembros (Reino Unido, Alemania, Finlandia y Dinamarca) disponen actualmente de listas de terceros países seguros, ya sea por ley o práctica administrativa. 
Por lo tanto, nuestra comisión cuestiona el que un reglamento sea el instrumento más apropiado, ya que obliga a muchos países a aplicar cambios sin que se produzca un debate político acerca de los principios afectados. 
La comisión pertinente también resalta que el tema de los terceros Estados seguros se aborda en la Directiva sobre Procedimientos de Asilo, y en el futuro también debería abordarse dentro de ese marco. 
Mis apreciaciones sobre si realmente esa lista común es deseable (lo cual pongo en duda) son personales. 
La Presidencia italiana, que debería estar presente en esta Cámara, ha prometido que la Directiva marco sobre Procedimientos de Asilo estará lista durante el otoño. 
Eso también se dijo en Salónica. 
En esta asamblea, hemos expresado que queremos volver a ser consultados en cuanto la directiva haya sido redactada de nuevo. 
¿En qué situación nos encontramos en relación con este asunto? 
Había pensado hacerle esta pregunta al ministro italiano, pero no veo a nadie en el escaño del ministro. 
Habría sido interesante saber si se nos consultará sobre esta cuestión, pero esto es algo que quizás pueda contestar el Comisario Vitorino. 
Señor Presidente, Señorías, todos juntos y a la luz de estos argumentos, quisiéramos pedir al Parlamento que rechace la iniciativa de Austria mañana. 
. 
(PT) Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar dando las gracias al Sr. Schmidt por el informe claro y conciso que ha presentado sobre esta propuesta austriaca. 
También quisiera aclarar que esta no es una iniciativa de la Comisión. 
Se trata de una iniciativa de un Estado miembro. Se trata de una iniciativa austriaca, redactada por el gobierno austriaco y, por consiguiente, algunas de las preguntas que me han hecho sus Señorías no pueden ser contestadas por la Comisión, ya que no es una propuesta suya. 
Sin embargo, la iniciativa austriaca plantea un problema complejo relacionado con la utilización, dentro del sistema europeo de asilo, del concepto de terceros países seguros. 
El Consejo ha consultado a expertos que han analizado esta cuestión, y puedo decir que existe acuerdo en principio dentro del Consejo a favor de debatir esta cuestión más profundamente durante la próxima reunión del Consejo de los días 2 y 3 de octubre. 
Como saben sus Señorías, cinco Estados miembros realizaron una declaración conjunta en junio, en la que pedían al Consejo que redactara una lista conjunta de países seguros de origen. 
Lo que el Consejo está debatiendo en la actualidad es precisamente la posibilidad de incluir una normativa sobre cómo definir dicha lista, que podría incorporarse a la propuesta de directiva, esta vez una directiva de la Comisión, sobre procedimientos de asilo. 
Ligada a esta cuestión hay otra, sobre la que no se ha aprobado aún ninguna iniciativa, pero que también se presentará a los ministros para su debate los días 2 y 3 de octubre. Se trata de la cuestión de decidir si una normativa de este tipo sobre terceros países seguros se incluirá en la directiva. 
En cualquier caso, tanto el tema de los países seguros de origen y el de los terceros países seguros se debatirán en la próxima reunión del Consejo a principios de octubre. 
Por otra parte, desde el punto de vista de la Comisión, el Consejo tendrá que consultar al Parlamento de nuevo acerca de la directiva sobre procedimiento de asilo en su totalidad, incluyendo en dicha consulta cualquier normativa sobre terceros países seguros o países seguros de origen que llegue a incluirse finalmente en dicha directiva, la cual, como ya he dicho, aún no ha sido ratificada. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Comisión de las Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores votó a favor de rechazar la iniciativa austriaca sobre un reglamento que establezca criterios para determinar los Estados que pueden considerarse como terceros Estados seguros con el fin de tomar la responsabilidad de examinar una solicitud realizada por un ciudadano de un tercer país. Ese voto refleja claramente un amplio consenso, al menos en cuestión de procedimientos, en el sentido de que este no es un instrumento útil, y que examinar la iniciativa hasta el final sería malgastar esfuerzos. 
Este consenso existe a pesar de las buenas intenciones de la iniciativa en relación con el tema fundamental. 
El señor Schmidt ha entendido claramente que el Parlamento no quiere desviar su atención de lo realmente importante, y que no está dispuesto a tomar atajos que no llevan a ninguna parte. 
Por ello mi grupo político y yo apoyamos la posición del ponente. 
Brevemente, si valoro la iniciativa por sus propios méritos y, hasta cierto punto estoy repitiendo lo que ya se ha dicho aquí, su ámbito en general parece bastante limitado, ya que 10 de los 15 países clasificados como terceros países seguros en la lista propuesta ya han acordado aplicar Dublín II y la totalidad del acervo de Schengen, pero también porque, como todos sabemos, no está claro cuándo Bulgaria y Rumanía estarán en situación de verse cubiertas por cualquier reglamento comunitario. 
Esto haría que el reglamento perdiera su sentido, ya que una vez que Noruega e Islandia hayan incorporado el acervo Schengen a su legislación nacional, solo Suiza se mantendría en la lista presentada por Austria. 
Por otra parte, y aquí reitero algunos puntos que parecen polémicos, se espera que la Directiva sobre requisitos mínimos en procedimientos para conceder o retirar el estado de refugiado sea aprobada rápidamente por el Consejo, como pidió el Parlamento en el informe Watson y como se prometió, además, en Sevilla. 
Si eso ocurre a finales de año, como esperamos, la iniciativa austriaca quedaría rápidamente obsoleta, ya que esta Directiva resolverá la cuestión fundamental de los terceros países seguros. 
Una vez que todo ha sido dicho y hecho, entonces, señor Presidente, tiene lugar el debate de hoy. 
El hecho es que incluso después de que el Parlamento realizara una declaración sobre la cuestión, no se nos consultó sobre la iniciativa revisada de la Comisión, modificada el 18 de junio de 2002. 
Por lo tanto, el mensaje que queremos enviar hoy es que queremos dar a conocer nuestro punto de vista a través de este debate sobre los procedimientos de asilo. 
En el análisis final, y este es el quid del asunto, el Parlamento no puede aceptar que se posponga y se sacrifique una solución conjunta para acomodar prejuicios o exigencias nacionales. 
En lugar de eso, debemos dejar de lado las superficialidades y los obstáculos, dedicándonos sin mayor dilación a la tarea que tenemos entre manos. 
Así pues, precisamente para evitar más retrasos, doy las gracias al Comisario Vitorino, que hoy nos aclarado en cierta medida la cuestión y ha hecho que este debate de hoy merezca la pena en su totalidad. 
Señor Presidente, el abuso del asilo a gran escala es un problema muy serio en la Unión Europea, y sería completamente inadecuado hablar eternamente sobre el sexo de los ángeles. 
De hecho, se debería aprobar cuanto antes una nueva directiva sobre los requisitos necesarios para reconocer el estatus de refugiado, y deberíamos aplicar criterios mínimos en este sentido, mediante los cuales los Estados miembros puedan aplicar normas más estrictas. 
Europa debería haber adaptado especialmente los instrumentos a su disposición para controlar el problema del asilo. 
En Bélgica, por ejemplo, más del 98% de las solicitudes de asilo resultan no tener fundamento. 
El tratamiento de todos esos casos requiere tiempo, mano de obra y recursos que no pueden utilizarse para tratar los casos reales. 
El trabajo atrasado que se acumula significa que cada vez hay más casos que no se pueden estudiar y, al final, el resultado es que se conceden permisos de residencia sin que haya habido una investigación previa. 
Esta ineficacia y laxitud solo conducen a un mayor flujo de falsos solicitantes de asilo. 
Se deberían buscar recursos para separar la paja del trigo, y uno de dichos recursos es la lista de terceros países seguros. 
Así pues, resulta sorprendente que el informe cuestione qué relación tiene la lista de terceros países seguros con el principio de trato individual recogido en el Tratado de Ginebra. 
Bien, no tiene ningún sentido, por otra parte, utilizar una lista de terceros países seguros y, por otra, tratar los casos procedentes de esos países de forma exactamente igual a los de otros países. 
Debemos tener la valentía de concluir y reconocer que la Convención de Ginebra debe ser renovada. 
Esta Convención data del año 1951 y su principal objetivo era acoger a refugiados de las dictaduras comunistas. 
Es un producto de la Guerra Fría, que no satisface las necesidades actuales. 
No sólo deberíamos contar con una lista de países seguros, sino que además debería tenerse en cuenta el principio de territorialidad. 
Los lugares más adecuados para recibir solicitantes de asilo son los países vecinos de su propia región; de esa forma dejará de abusarse de la política europea de asilo a gran escala para soslayar la prohibición de la inmigración. 
Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría comenzar subrayando mi apoyo al rechazo de esta iniciativa por parte del ponente. 
Entendemos las circunstancias que han llevado al Gobierno austriaco a realizar esta propuesta. 
Esas circunstancias son muy específicas de la situación de Austria, y el Sr. Pirker las explicó claramente durante el debate. 
Sin embargo, en más de una ocasión en esta Cámara hemos volcado nuestra atención en los problemas que plantea este tipo de iniciativa por parte de los Estados miembros que ocupaban la presidencia rotatoria, ya que con frecuencia están dictados por exigencias políticas internas más que por una visión de conjunto de los intereses comunitarios o del desarrollo saludable del marco legislativo en la zona de libertad, seguridad y justicia. 
Es importante subrayar el papel de la Comisión a la hora de aplicar con inteligencia el marcador establecido para esa zona de libertad, seguridad y justicia. Esta iniciativa plantea varios problemas complejos, que ya se han mencionado. 
Entre ellos se encuentra el problema del propio reglamento, que realmente no parece ser el marco más adecuado para este tipo de legislación, por razones que todos han apuntado. Luego tenemos la cuestión de la compatibilidad con la Convención de Ginebra, que se acaba de mencionar, y con ello me refiero a que debemos tener un gran cuidado al asegurar que la existencia de listas no contradice la lógica del examen individual en la que se basan los principios de la Convención de Ginebra. 
Lo que parece verdaderamente importante, sin embargo, es que sigamos intentando definir un procedimiento de asilo común. 
Es más, con este objetivo en mente (el objetivo de la Directiva sobre dicho procedimiento) es como debemos examinar, analizar y debatir todas estas cuestiones. 
Era importante que el Parlamento votara esa Directiva, de la que existe una nueva versión sobre la cual no se nos ha consultado. Por lo tanto, me gustaría resaltar las palabras del Comisario Vitorino, que ha mencionado la necesidad de que el Parlamento vote esa nueva versión en un futuro próximo. 
. (EN) Señor Presidente, como ex Ministro de Inmigración del Reino Unido, soy el primero en reconocer que uno de los procesos más difíciles en el sistema de inmigración se plantea cuando alguien tiene que expulsar a una persona que ha pasado por todos los procesos legales y deja de tener derecho legal a permanecer- o no ha aportado una razón legal para permanecer- en un Estado miembro y debe ser devuelta a su lugar de procedencia. 
Se trata de una decisión ardua para todos los implicados en la cuestión. Es difícil para los funcionarios tanto como para los propios Ministros. 
Tiene que realizarse de una forma humana y al mismo tiempo efectiva. 
Hasta ahora se han producido todo tipo de problemas a la hora de ponerlo en práctica. Los preparativos del viaje exigen la prestación de asistencia a la hora de transportar por vía aérea a las personas en cuestión y de despachar su tránsito a través de otros países europeos en el camino de vuelta hacia su destino. 
Debido a la ausencia de coordinación o cooperación, este trámite a menudo se ha traducido en una penuria mucho mayor para las personas involucradas. 
También ha significado que esta operación no siempre se ha llevado a término satisfactoriamente. 
Por tanto, esta iniciativa alemana- de la cual me complace ser ponente- se propone zanjar el asunto de modo eficaz y efectivo. 
Nuestro objetivo real consiste en proporcionar a las personas implicadas el apoyo necesario, si se precisa, en cuanto a sustento y asistencia médica, a la hora de transitar por los aeropuertos durante el trayecto hasta su destino. 
También tenemos que garantizar que las líneas aéreas que las transportan son conscientes del tipo de pasaje que llevan, así como del seguimiento de los trámites. 
No siempre ha sido así en el pasado. 
Este informe debe ayudar a conseguir dicho propósito. 
Análogamente resulta importante que los documentos, que se envían junto con las personas involucradas, reciban un trato adecuado durante el proceso de tránsito. 
Decididamente no es el caso en este momento. 
Es algo que queremos lograr también a través de nuestro trabajo. 
La dificultad ha sido siempre que garantizar la gestión correcta de estos asuntos es responsabilidad de otra persona. 
Los funcionarios han caído en la frustración y se han visto sumidos en problemas al respecto, no solo en el Reino Unido, sino de hecho en la mayoría de los Estados miembros de la UE. 
Soy consciente de que esta medida va a ser recibida con una dosis considerable de apoyo y entusiasmo por quienes comprendan que, por fin, estamos empezando a entender que hemos de trabajar juntos para lograr tales metas. 
Todo ello no afecta para nada a los procedimientos propios de los Estados miembros. 
Ni tampoco se trata de una medida que pretenda ser ambiciosa o someter a revisión toda la cuestión de los procedimientos de asilo como tales, o incluso los criterios de concesión de asilo. 
Eso sería demasiado ambicioso. 
No es algo que yo persiga en este informe. 
El informe es una medida sencilla y práctica a la que habrá que recurrir de tanto en cuanto, siempre que se hayan agotado los pertinentes trámites legales. 
He expuesto con claridad mi postura. 
He hecho todo lo que he podido en la comisión para asegurar que todos los Grupos políticos y los diputados participaran conmigo en el trabajo que he llevado a cabo. 
Me siento orgulloso de ser el ponente de este informe porque, en mi opinión, viene a demostrar a las claras que, con independencia de las diferentes opiniones políticas sobre Europa, su papel futuro y demás, existen muchos ámbitos como este en el que podemos trabajar juntos en cooperación amistosa y efectiva, con un estilo que resulta muy distinto para muchas personas: tanto para quienes dependen de nosotros como para los que tienen que poner en práctica nuestras disposiciones y reglamentos. 
Por esa sola razón me siento muy satisfecho de este informe y las reacciones que ha suscitado. 
Espero que mañana reciba el apoyo unánime en esta Cámara. 
. 
(PT) Señor Presidente, Señorías, la clave del plan de acción del Consejo sobre la repatriación, adoptado el pasado noviembre sobre la base de la comunicación de la Comisión, es la necesidad de llevar a cabo una colaboración más estrecha entre las autoridades responsables de aplicar la legislación en los Estados miembros. 
La iniciativa alemana que tenemos hoy sobre de la mesa, sobre tránsito con fines de expulsión por vía aérea, ha sido descrita como una de las medidas de aplicación necesarias para tal fin. 
La Comisión cree, de hecho, que debería crearse un marco común para las cuestiones relacionadas con el tránsito durante el proceso de repatriación, razón por la cual la Comisión apoya la propuesta alemana. 
Los aeropuertos en otros Estados miembros tienen que ser utilizados con frecuencia debido a la falta de conexiones directas con el país de origen. 
Es importante establecer un marco legal claro para los procedimientos de tránsito en esos casos, en relación, por ejemplo, con la utilización de escoltas y con las competencias individuales del aeropuerto de tránsito. 
Este texto, creado por el Gobierno alemán, ya ha motivado a la Presidencia italiana a presentar iniciativas que defienden una asistencia similar en casos de tránsito por tierra y en las operaciones de expulsión conjuntas. Las negociaciones sobre estas iniciativas ya han comenzado entre los grupos de trabajo del Consejo. 
A pesar del énfasis que actualmente ha puesto el Consejo en la cooperación operativa, es necesario observar que una auténtica política de repatriación común debería basarse también en medidas legislativas a medio plazo (como el reconocimiento mutuo obligatorio de las decisiones de repatriación, por ejemplo) , que no solo facilitarán la cooperación entre los Estados miembros, sino que establecerán un cierto número de normas básicas sobre deportación, detención y expulsión, garantizando un trato humanitario a las personas repatriadas, como el ponente ha mencionado hace unos momentos. 
Así pues, la Comisión tiene la intención de presentar una propuesta de directiva del Consejo sobre el establecimiento de una normativa mínima para los procedimientos de repatriación y el reconocimiento de mutuo de las decisiones de repatriación. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, quiero comenzar dando la enhorabuena al Sr. Kirkhope por la gran calidad de su informe, que trata un aspecto vital relacionado con el establecimiento de una política de inmigración común. 
Se trata de un tema que hemos debatido muchas veces a lo largo de estos años, argumentando que dicha política promovería activamente la inmigración legal, junto con una campaña eficaz contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. También hemos defendido un sistema de asilo europeo que respete nuestras obligaciones internacionales mientras que, por otra parte, hemos salvaguardado la estabilidad y la seguridad de los Estados miembros de la Unión. 
Esta iniciativa está relacionada con la asistencia mutua que debería prestarse en situaciones en que se dé la necesidad de expulsar a ciudadanos de terceros países que estén sujetos a órdenes de expulsión que finalicen su residencia ilegal, teniendo en cuenta que el transporte aéreo se ha convertido en el medio de expulsión más comúnmente utilizado. 
Esta propuesta de directiva tiene como objetivo, por lo tanto, establecer medidas que pueden tomar las autoridades competentes para ayudar en las expulsiones con o sin escolta en los aeropuertos de tránsito europeos. 
El Estado miembro que lo solicite debe averiguar siempre, antes que nada, si la expulsión al país de destino es posible mediante un vuelo directo. Si no fuera posible, el Estado miembro solicitado debe proporcionar asistencia en el tránsito de los ciudadanos de terceros países expulsados. 
El tránsito puede ser denegado si el ciudadano expulsado corre el peligro de sufrir un trato inhumano o vejatorio, tortura o pena de muerte, o si su vida o libertad se encontraran en peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un determinado grupo social o convicciones políticas. 
Dicho de otro modo, señor Presidente, hemos de mantenernos fieles a nuestros principios; no podemos distanciarnos de los motivos esenciales para conceder el asilo con efectos vinculantes recogidos en la Convención de Ginebra sobre los refugiados. 
Asimismo, debemos recordar que no podemos aplicar políticas susceptibles de promover la inmigración ilegal, que conlleva el tráfico y la explotación de individuos. 
Con todo esto en mente, por lo tanto, muchas de las propuestas del Sr. Kirkhope rebosan de sentido común y son perfectamente pertinentes. 
Señor Presidente, aunque aprecio el esfuerzo realizado por el ponente en este tema, me temo que mi Grupo no apoyará el informe, ya que no apoyamos la propuesta en si misma. 
Como ya han señalado numerosos diputados, la propuesta omite abordar la cuestión tan importante de la forma en que tratamos a las personas que se considera están de forma ilegal en el interior de nuestros países en la Unión Europea. 
Eso incluye, a nuestro juicio, lo que les ocurre a dichas personas cuando retornan a sus países de origen. 
No está nada claro quién es el responsable de garantizar que son devueltas de forma segura y que continúan estando a salvo. 
No disponemos de un sistema de seguimiento para todo ello, y por consiguiente nos parece que realmente no hay ninguna forma de saber si nuestras políticas para juzgar quién es un refugiado y quién es un inmigrante ilegal funcionan de verdad. 
Eso ha saltado a un primer plano durante la fase del debate acerca de los terceros países seguros. 
Los distintos países tienen percepciones muy diferentes. 
Por ejemplo, hay algunos Estados miembros que consideran al Irán como un tercer país seguro, lo que cogerá de nuevas a más de un iraní. 
Debemos ser conscientes además de que se están expulsando personas de algunos de nuestros Estados miembros por los mismos motivos por los que se supone que tenemos que protegerlas, por ejemplo, por motivos de etnicidad en el caso de los romaníes. 
Si analizamos las condiciones del retorno por vía aérea, no puede sorprendernos que la gente se resista si creen que se les devuelve a una situación intolerable. 
Tampoco constituye ninguna sorpresa que, por ejemplo en Londres, la zona que represento, la policía metropolitana quiera distanciarse de la función de los servicios de inmigración a la hora de las deportaciones, ya que el tema de las medidas necesarias para la defensa propia es enormemente controvertido en la práctica totalidad de los Estados miembros. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no les sorprenderá que les diga que mi opinión sobre este tema difiere del Grupo de los Verdes, y que comparto con el Sr. Kirkhope la creencia de que esta propuesta de directiva es absolutamente necesaria como parte de la política de expulsiones. 
Si la Unión Europea quiere establecer y aplicar de forma creíble una política sobre inmigración legal y una política de asilo eficaz, debe asegurarse de que la inmigración ilegal y el abuso del asilo tendrán que asumir las consecuencias y que aquellas personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas, que hayan procedido de acuerdo con el sistema jurídico y que no hayan sido reconocidas como refugiados, deben abandonar el país. 
Esto significa, muy llanamente, que la política de expulsión común debe formar parte de la política de inmigración de la UE. 
La propuesta presentada por el Sr. Kirkhope es muy equilibrada, ya que demuestra una consideración adecuada por las preocupaciones de los individuos, teniéndolas en cuenta, pero al mismo tiempo, esta propuesta garantiza que las normas impuestas por la política de inmigración se cumplan verdaderamente de la forma debida. 
La política de expulsión es un componente esencial de la política de inmigración y la propuesta presentada hoy añade una pieza a ese rompecabezas, permitiendo que se aplique de un modo adecuado. 
El Sr. Kirkhope y su excelente propuesta cuentan, pues, con mi apoyo incondicional. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 22.00 horas) 
. 
(IT) Señor Presidente, Señorías, señores Comisarios, es un gran placer hablar sobre una cuestión de gran importancia para la Unión Europea: el nombramiento del Presidente del Banco Central Europeo. 
La creación del euro es un éxito considerable en la historia de la integración europea, tanto desde el punto de vista político como técnico. 
El euro sigue siendo una divisa relativamente nueva, y tendrá que basarse en la experiencia, ampliamente reconocida, del Banco Central Europeo para continuar siendo un éxito. 
En este momento estamos sustituyendo por primera vez al Presidente del Banco Central Europeo. 
Es de vital importancia para el Banco Central Europeo y para el euro que la elección de un sucesor del Presidente Duisenberg se lleve a cabo con transparencia y que se base únicamente en los criterios recogidos en el Tratado que establece la Comunidad Europea, así como en el Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales y el del Banco Central Europeo, y en el acuerdo de este último sobre el candidato más cualificado para el trabajo. 
Al nombrar a un sucesor, hemos de reconocer y rendir tributo al excelente trabajo realizado por el Presidente Duisenberg, pero también debemos expresar nuestra confianza en que el Banco Central Europeo seguirá desarrollando todas sus funciones con el mismo grado de éxito que hasta la fecha. 
La base legal para el procedimiento de nombramiento de un nuevo Presidente del Banco Central Europeo se encuentra en la letra b del apartado 2 del artículo 112, y en apartado 4 del artículo 122, del Tratado que establece la Comunidad Europea, así como en los artículos 11.2 y 43.3 del Protocolo del Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo. 
De acuerdo con estas disposiciones, el Consejo de «Información» Ecofin adoptó una recomendación el 15 de julio de 2003 que defendía el nombramiento del Sr. Trichet como Presidente del Banco Central Europeo por un periodo de ocho años con efecto a partir del 1 de noviembre de 2003. 
La recomendación fue enviada tanto a ustedes como al Banco Central Europeo, de acuerdo con el Tratado, para que pudieran dar su opinión antes de que la recomendación fuera presentada a los Jefes de Estado o de Gobierno para la decisión final. 
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo aprobó su opinión el 31 de julio y la envió al Consejo y al Parlamento. 
Esta opinión confirmó que el Consejo Regulador del Banco Central Europeo cree que el candidato propuesto deber ser una persona de reconocido prestigio y experiencia profesional en materia monetaria y bancaria, como establece la letra b del apartado 2 del artículo 112 del Tratado. 
Espero que el Parlamento Europeo esté de acuerdo con el Consejo y con el Banco Central Europeo en que el Sr. Trichet es un candidato excelente para este importante puesto. 
La adopción de la opinión por parte del Parlamento permitirá que los Jefes de Estado o de Gobierno tomen una decisión final sobre la toma de posesión del nuevo Presidente del Banco Central Europeo, dentro del calendario fijado por la recomendación del Consejo. 
Señor Presidente, en la votación sobre el nombramiento del Sr. Trichet voy a abstenerme, en parte porque dado que el Reino Unido no es miembro de la zona euro, procuro actuar con prudencia a la hora de pronunciarme sobre estos asuntos organizativos internos relativos al euro, y en parte porque tengo sentimientos encontrados en cuanto al nombramiento del Sr. Trichet. 
Evidentemente es un banquero central de enorme talento, capaz e inteligente. 
Sin embargo, al término de nuestros debates en comisión, tuve la sensación de que, a pesar de sus mencionadas cualidades, realmente no aportaba nada nuevo al euro. 
No tuvo respuestas para algunos de los verdaderos problemas económicos que estamos viviendo en la zona euro. 
Existen niveles cada vez mayores de desempleo en Alemania y Francia y sus economías están en dificultades hasta el punto de que ninguno de los dos países es capaz de cumplir lo dispuesto por el Pacto de Estabilidad. 
Es evidente que existen problemas económicos reales en la zona euro y no he escuchado ni una sola palabra del Sr. Trichet que revele su capacidad para resolverlos. 
No ha constituido ninguna sorpresa para mí que los suecos hayan decidido que no desean suprimir su moneda nacional. 
Las persistentes dificultades económicas en la zona euro constituyen una de las múltiples razones por las que el Reino Unido tampoco debería suprimir su moneda nacional. 
Por todos estos motivos, en la votación sobre el nombramiento del Sr. Trichet me abstendré. 
Señor Presidente, cualquier audiencia con el presidente o gobernador del Banco Central siempre deja mucho que desear, ya que suelen ser extremadamente cuidadosos en público debido a su posición. 
En cuanto al resto, me satisfizo su pericia técnica. 
Basándome en la respuesta al cuestionario elaborado por ECON, he llegado a la conclusión de que el Sr. Trichet es como un clon del Sr. Duisenberg. 
Creo que será excelente si esta comparación continúa siendo cierta a largo plazo. 
La diferencia entre los dos es la utilización del idioma. 
Verán, la psicología es muy importante en la política monetaria. 
El Sr. Duisenberg nunca habló en neerlandés porque el inglés es el idioma principal del BCE, y en lo que a mí respecta, el Sr. Trichet habló demasiado en francés durante la audiencia. 
Espero que esto no signifique que seguirá siendo un poco francés desde un punto de vista funcional, ya que yo esperaría de él que defendiera al euro de forma clara en París. 
El euro solo existirá si los ciudadanos tienen fe en su moneda. 
Para que esto suceda, debemos aplicar de forma estricta las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Me satisface enormemente que el Sr. Trichet también sea de esta opinión y que continúe con la política del Sr. Duisenberg. 
Es de importancia capital que cumplamos las normas del Pacto de Estabilidad sin juegos políticos y sin interpretar las normas que promueven nuestros propios intereses. 
Los que defienden un enfoque flexible de las normas con el fin de estimular el crecimiento (y pienso en el Primer Ministro Raffarin, por ejemplo) niegan, o no entienden, o bien no quieren entender (lo cual es más grave) que los porcentajes mencionados en el pacto ya cuentan con un componente estructural que funciona dentro de todos los movimientos de la economía. 
Espero que el Sr. Trichet continúe en esta línea en el futuro, que sea coherente en cuanto a la ejecución de las normas y que hable alto y claro sobre este asunto también en París. 
Espero que la Comisión Europea haga lo mismo y, si es necesario, que imponga sanciones a los Estados miembros que no cumplan las normas. 
Una política estricta promueve la credibilidad de la unión monetaria y la fe en nuestro euro. 
Según la economía clásica, die Massengewohnheit der Annahme [la costumbre masiva de la aceptación] es la base del funcionamiento del dinero. 
Nuestra voluntad de utilizar el euro en la Unión Europea debe verse confirmada e incrementada cada día. 
Señor Presidente, tomar el puesto del Sr. Duisenberg no debe de ser nada fácil, ya que el actual Presidente del Banco Central Europeo ha guiado con éxito dicha institución durante los años de creación de la moneda única y, sobre todo, porque la necesidad de una política monetaria más generosa está resultando crucial para el crecimiento económico. 
En sus respuestas ante la comisión del Parlamento, el Sr. Trichet hizo hincapié, entre otras cosas, en el papel fundamental del realismo o pragmatismo al analizar el clima económico y financiero en un momento de rápidos cambios. 
Ese realismo y ese pragmatismo son, de hecho, lo que se espera exactamente del nuevo presidente. 
Los ciudadanos europeos están pidiendo mayor crecimiento económico y más empleo. 
La mayoría de los políticos que los representan están pidiendo mayor flexibilidad presupuestaria y cierta comprensión monetaria, dada la crisis económica que está experimentando Europa. 
Nosotros no estamos en posición de atender o responder a estas preocupaciones, lo que significa no solo dejar estas cuestiones sin solución, sino que además estaremos impulsando el hundimiento de la credibilidad de la moneda única, tras lo cual la lealtad de los ciudadanos a la Unión Económica y Monetaria se verá resentida. 
Los resultados del referéndum sueco y las recientes encuestas sobre el nivel de compromiso de Noruega con Europa constituyen un solemne aviso. 
No podemos pasar por alto el hecho de que los ciudadanos están empezando a pensar que el coste del euro es demasiado alto para Europa. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, del que la Comisión es garante y el Banco Central un firme defensor, refleja un ideal noble y de fundamental importancia, pero la forma en que está redactado no es satisfactoria porque no aborda las situaciones de crisis como la que estamos viviendo en estos momentos. 
Más importante que el nivel de déficit es definir directrices amplias para el gasto público. El pacto no tiene en cuenta este principio. 
Una cosa es promover el déficit para reducir los impuestos (política que cuando se aplica de forma aislada solo aporta unos beneficios económicos reducidos, mientras que siempre crea desigualdades) ; otra muy distinta es aceptar el déficit como el resultado de unas políticas de inversión que realmente contribuyen a la recuperación de la economía. 
Si bien es cierto que los beneficios keynesianos de aumentar el gasto público se agotan a partir de un determinado nivel, también es cierto, sin embargo, que la puesta en marcha de iniciativas para promover el crecimiento económico (algo absolutamente crucial para la recuperación) nunca será posible sin un aumento del gasto público. 
Por otra parte, es extraño que hoy se hable tanto de las iniciativas para potenciar el crecimiento económico, cuando las reformas y los objetivos definidos para dicho fin en la Estrategia de Lisboa aún están muy lejos de lograrse. 
Por lo tanto, el BCE debe mostrar el realismo y pragmatismo que el Presidente electo reconoce como esencial, si no queremos correr el peligro de que se hunda el sistema económico basado en la moneda única y en la política monetaria común, construido de forma tan laboriosa y con tantas dificultades. 
Más aún, esa responsabilidad se encuentra en manos del Sr. Trichet. 
¡Buena suerte! 
Señor Presidente, el nombramiento del nuevo Presidente del Banco Central Europeo y la opinión del Parlamento Europeo sobre dicho nombramiento constituyen actos del ejercicio de la soberanía de los ciudadanos europeos y deben ser tratados con toda la seriedad que merecen. 
Esperemos que algún día ese nombramiento corresponda únicamente al Parlamento. Entonces tendrá mayor validez y mayor peso. 
Hoy esta Cámara tiene la propuesta afirmativa de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y no existen dudas acerca de la cualificación profesional del candidato. 
Al contrario, su impresionante trayectoria hasta la fecha representa una garantía de sus aptitudes personales. 
Desgraciadamente, no puede decirse lo mismo de la filosofía económica que el candidato a Presidente del Banco Central Europeo defendió con tanta obstinación ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Todavía tengo dificultades para entender que un economista con la enorme experiencia del Sr. Trichet haya podido mantener que, en tiempos de estancamiento económico prolongado, un aumento del gasto público podría ser dañino para la recuperación de la economía. 
Recurrió a varios sofismos teóricos, cuando se sabe al menos desde 1910, que el antídoto clásico para la depresión y el desempleo son las obras públicas. 
Imagino que incluso el Sr. Trichet estaría de acuerdo en que, sin inversión, la máquina económica no puede arrancar de nuevo y supongo que él mismo se habrá percatado del retraso de las inversiones privadas y de la necesidad de dar un mayor impulso a la inversión pública, como el Sr. Chirac y el Sr. Schröder han comprendido finalmente, aunque de forma tardía. 
Sin embargo, aunque la persistencia en esta filosofía fue razón suficiente para votar en contra del Sr. Trichet la semana pasada, mucho me temo que ya no resulta suficiente, ya que, mientras tanto, los ciudadanos suecos han rechazado el euro, obligándonos a todos a cerrar filas en torno a los símbolos de la estabilidad de la moneda única. Por ello creo que es mi obligación (y creo que hablo en nombre del resto de mis colegas griegos con opiniones similares) apoyar y votar a favor del Sr. Trichet. 
No obstante, espero que se vea obligado por las circunstancias a adoptar una actitud y posición diferentes, ya que los representantes del Banco Central no pueden utilizar su posición para decir, como lo hizo el Sr. Lipietz: «après moi le déluge» [Después de mí, el diluvio] , ni tampoco «avant moi le déluge, pendant moi le déluge, et après moi Dieu nous sauve» [antes de mí, el diluvio, conmigo el diluvio, y después de mí, que Dios nos ayude]. 
. 
(IT) Señor Presidente, quisiera dar las gracias a los eurodiputados por su atentos y serios discursos sobre este tema. 
Nos sentimos orgullosos, honrados, privilegiados y conscientes de nuestra gran fortuna por poder participar en la transición hacia una Unión Europea ampliada. Hoy somos testigos de un momento que sin duda alguna es importante para la fuerza y la estabilidad de Europa. 
A la vez que reiterar el apoyo del Consejo a la candidatura del Sr. Trichet, también deseo garantizar al Parlamento que transmitiré a mis colegas del Consejo todas las opiniones positivas o negativas expresadas hoy en esta Cámara. 
Permítanme concluir con palabras de aliento. Citaré a Séneca, quien en «Sobre la Providencia» dijo que, afortunadamente, a menudo «las misiones más peligrosas se encomiendan a los soldados más valientes». 
Estoy convencido de que también será cierto en este caso. 
. 
(EN) Señor Presidente, en nombre de la Comisión quiero empezar dando las gracias a la Sra. McCarthy, la ponente en este asunto complejo y técnico, pero importante, por su excelente labor en este informe. 
También quiero agradecer a los ponentes de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deportes y de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, que han efectuado asimismo una contribución significativa al trabajo del Parlamento en este asunto. 
Los ordenadores se están convirtiendo cada vez en más omnipresentes en nuestras vidas cotidianas y, al margen de la caja que se encuentra en casi todo nuestros despachos y en bastantes de nuestros dormitorios, los microchips son algo corriente en los aparatos cotidianos, como las maquinillas de afeitar eléctricas, los coches o los hornos de microondas. 
La cuestión de cómo definir la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador va adquiriendo gradualmente mayor importancia, sobre todo porque tales invenciones se estima que representarán el 15% de las nuevas solicitudes de patentes. 
De hecho, la patentabilidad potencial de las invenciones implementadas en ordenador ya está admitida en la práctica actual de la Oficina Europea de Patentes. 
La Directiva propuesta no pretende abolir esta práctica o ampliarla para que cubra la patente de meros programas de ordenador, tal como han proclamado muchos enemigos de la Directiva. 
La Directiva no pretende amparar la patente de meros programas de ordenador. De hecho, muchos han proclamado- erróneamente- que la Directiva introduce por primera vez el concepto de la patentabilidad de las invenciones de software en la práctica de la Unión Europea en materia de patentes. 
No es el caso. 
Por consiguiente, me complace tanto más que la ponente haya sido capaz de eludir estas ideas erróneas y presentar un informe altamente constructivo que intenta acercarse al objetivo de la Comisión fijado en su propuesta original, a saber, el de clarificar el alcance de la patentabilidad de las invenciones, que incorpora el software, y de armonizar en toda la Unión Europea, sobre la base de la práctica existente, la propuesta que pretende conseguir armonización y clarificación. 
Sin embargo, nada va a ser patentable que no sea ya susceptible de serlo. 
Dentro de este espíritu, la Comisión acoge con beneplácito las enmiendas al texto propuesto en el informe por la Sra. McCarthy como un avance más para clarificar ese objetivo. 
Los opositores de la Directiva han articulado una campaña muy ruidosa y, en ocasiones, incluso personal, basada en medias verdades y conceptos erróneos que atañen a las inquietudes legítimas acerca de la competitividad, sobre todo para las pequeñas empresas. 
Pero el hecho es que la propuesta no plantea la patente del software y no tendrá los efectos terribles que esos agoreros tratan de hacernos creer. 
Se trata de una medida prudente y cauta que vendrá a clarificar y, en todo caso, a fortalecer las leyes que ya existen. 
Soy consciente de que se ha presentado un gran número de enmiendas al informe de la Sra. McCarthy, muchas de las cuales tratan de volver a plantear ideas y conceptos ya estudiados y rechazados por la comisión durante la fase de elaboración del informe. 
Hay algunos aspectos interesantes pero, por lo general, me temo que la mayoría de esas enmiendas devendrán en inaceptables para la Comisión. 
Me preocupa sobremanera esta situación: muchas de estas enmiendas son de carácter fundamental. 
Existe una posibilidad muy real de que la propuesta fracase en el caso de que el Parlamento opte por aceptarlas. 
Si ocurriera tal cosa, temo dos posibles consecuencias, ninguna de las cuales, sospecho, ha sido prevista por algunos diputados del Parlamento y ninguna de las cuales favorecería los objetivos que parecen esconderse tras algunas de las nuevas enmiendas. 
En primer lugar, en ausencia total de armonización en el ámbito comunitario, la Oficina Europea de Patentes y los diferentes organismos de patentes nacionales tendrían libertad para continuar su práctica actual de emitir patentes a favor de invenciones implementadas en ordenador que podrían difuminar o incluso traspasar la línea de minar la posibilidad de excluir de la patentabilidad al software como tal de acuerdo con el artículo 52 de la Convención Europea de Patentes. 
El resultado no solo sería el mantenimiento de la incertidumbre legal y la divergencia para los inventores, sino también una renuncia a la postura adoptada por casi todo el mundo en esta Cámara y, sobre todo, la propia Comisión, que es la de mantener excluido el software puro de la patentabilidad. 
No queremos eso. 
La propuesta lo rechaza. 
En segundo lugar, en ausencia de armonización en el ámbito comunitario, es muy probable que los Estados miembros busquen en su lugar la armonización en el contexto europeo. 
Permítanme explicar qué quiero decir con esa afirmación. 
A diferencia de otros muchos campos, el de las patentes es inusual por cuanto, dada la existencia de la Convención Europea de Patentes y la creación de la Oficina Europea de Patentes, ya está establecido un sistema de patentes supranacional que cubre la totalidad de la Unión Europea y más. 
Este sistema puede funcionar con independencia del proceso legislativo comunitario. 
Si fracasamos en nuestro esfuerzo por conseguir la armonización de la legislación sobre patentes relacionada con las invenciones implementadas en ordenador en la Unión Europea, bien pudiera ocurrir que nos tengamos que enfrentar a una renegociación de la Convención Europea de Patentes. 
El proceso de volver a negociar la Convención Europea de Patentes no exigiría ninguna contribución por parte de este Parlamento. 
La situación está clara: existe un único objetivo, pero una diversidad de medios. 
O bien actuamos con arreglo al método comunitario o nos sentamos en la fila de atrás y contemplamos cómo avanzan los Estados miembros, utilizando un tratado intergubernamental. 
Es evidente que tomar la vía de este Parlamento proporcionaría a los ciudadanos europeos un mayor peso en la legislación sobre patentes, un campo que es esencial para nuestra economía. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión sobre la patentabilidad de invenciones implementadas en ordenador ante el Parlamento no constituye, como han sugerido algunos adversarios de la Directiva, un fenómeno nuevo. 
Tampoco aboga a favor de patentar el software, ni de ampliar la patentabilidad ni el alcance de protección en este ámbito. 
La realidad es que la Oficina Europea de Patentes y las propias oficinas de patentes nacionales han aprobado cerca de 30 000 patentes para invenciones implementadas en ordenador. 
Las invenciones implementadas en ordenador se hallan presentes, como ha dicho el Comisario, en los aparatos domésticos cotidianos, desde los dispositivos de seguridad, como los airbags de los automóviles, hasta los teléfonos móviles, las lavadoras y una lista interminable de otros muchos equipos, con una importancia que va mucho más allá de la industria tradicional de los ordenadores y llega hasta el corazón de nuestros sectores industriales. 
Seamos claros: sin esta Directiva se continuarán solicitando patentes. 
De un total de más de 110 000 solicitudes recibidas en la OEP durante 2001, 16 000 versaban sobre invenciones en tecnologías implementadas en ordenador. 
En los Estados Unidos, y cada vez más en Japón, desafortunadamente se han venido concediendo patentes por lo que es esencialmente software puro. 
Un Directiva de la UE, al establecer los límites a la patentabilidad en este campo, podría detener la tendencia en Europa hacia un estilo liberal de tipo norteamericano de patentar software como tal y, efectivamente, de patentar puros métodos empresariales. 
Un ejemplo, citado a menudo, de dicha práctica deficiente lo constituye el método de compra «a golpe de ratón» de Amazon. 
Es evidente que esta tecnología no es nueva, ni es única, y el hecho de patentar métodos empresariales de software como el anterior no es bueno ni para la innovación ni para la competencia. 
Es lamentable que la OEP le haya concedido una patente: he aquí un ejemplo de práctica equivocada por parte de la OEP. 
Es indudable que las invenciones implementadas en ordenador- invenciones auténticas, que en determinados casos son el resultado de 10 y 15 años de inversión en I+D- son importantes para la economía europea. 
En un momento en que muchas de nuestras industrias tradicionales están emigrando a la China y el Extremo Oriente, necesitamos apoyarnos en nuestra innovación e inventiva para ganarnos el sustento. 
He visto cartas de empresas pequeñas de toda Europa que apoyan esta Directiva. 
Una pequeña empresa belga, con una plantilla de 12 personas, me ha escrito diciendo que necesita patentes para rentabilizar su inversión, para hacer crecer su negocio y para garantizar que los demás respetan su tecnología. 
Para muchas empresas europeas, resulta importante desarrollar su negocio mediante ingresos procedentes de patentes y licencias. 
Es el caso de una empresa de diez personas en el sudoeste de Inglaterra, situada en un punto negro económico con una elevada tasa de desempleo. 
Esta empresa concedió una licencia a una multinacional estadounidense para sus patentes de reconocimiento de voz implementadas en ordenador, lo cual demuestra que en el mundo de las patentes globales pueden darse ejemplos de David frente a Goliat. 
Sin una protección de patentes, la empresa pequeña podría haberse encontrado en una situación contradictoria en la que sus esfuerzos en I+D hubieran resultado gratuitos para la compañía multinacional que, gracias a su equipo de agentes de la propiedad industrial, habría obtenido la patente en este campo. 
En consecuencia, la empresa europea no habría cosechado los beneficios y, de hecho, se podría haber producido una vulneración de una patente propiedad de una multinacional. 
He presentado enmiendas en mi informe para subrayar mi oposición a la patente del software como tal. 
Queremos excluir de la patentabilidad de manera explícita los métodos, los algoritmos y los modelos matemáticos en ordenador, tal como reza el nuevo artículo 4. 
He intentado elaborar una legislación equilibrada que tenga en cuenta las necesidades de todos los sectores de la industria, no solo un sector vocinglero que está en contra de esta Directiva. 
Soy la primera en aceptar que necesitamos un debate en mayor profundidad y un perfeccionamiento de la legislación propuesta. 
Por tanto, solicito a la Comisión que analice el aspecto clave de este debate: ¿cómo conseguimos una buena legislación sobre patentes que remunere a nuestras empresas más innovadores por sus inversiones en I+D, al tiempo que no permita a las compañías utilizar patentes para abusar de una posición dominante, bloquear la tecnología y ahogar la innovación y la competencia? 
Así pues, pido al Sr. Comisario que estudie estas enmiendas presentadas hoy en el Pleno. 
Son muy claras a la hora de plantear que necesitamos limitar la patentabilidad a las invenciones auténticas en los artículos 2 y 4. 
Queremos garantizar la interoperabilidad para permitir a los programadores de ordenador dedicarse a prácticas de ingeniería inversa y descompilar programas para fines experimentales sin correr el riesgo de vulneración o acción legal. 
Es esencial que combatamos la idea de que las patentes solo son cosa de las grandes empresas: las empresas pequeñas pueden beneficiarse, y de hecho lo hacen, de la protección de las patentes. 
Pero para tener la oportunidad de pelear en un negocio tan competitivo, necesitan acceder a patentes y asistencia asequibles con tarifas legales para proteger y hacer valer sus patentes. 
Otras enmiendas buscan asegurar que la concesión de una patente no dé pie al monopolio o abuso de una posición dominante. 
Queremos proteger igualmente la comunidad partidaria del código fuente abierto, que realiza una contribución vital para la competitividad en el sector del desarrollo de software. 
Así pues, solicito al Sr. Comisario que analice con detenimiento las enmiendas y las interprete con el espíritu en que han sido presentadas, como un intento genuino de garantizar que Europa elabora una buena ley de patentes en el ámbito de las invenciones implementadas en ordenador. 
Esto no significa dar por buenas las prácticas defectuosas en Europa, sino desarrollar una buena práctica para el futuro, una buena ley, unos buenos auditores de patentes y una muerte rápida para las solicitudes que claramente no son invenciones. 
Queremos asegurar además que las multinacionales no dominen en nuestros mercados de la UE. 
Necesitamos patentes a fin de proteger nuestras propias empresas e inversiones, de manera que puedan participar activamente en este mercado mundial del desarrollo de software que cambia y se desarrolla con tanta rapidez. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, deseo comentar que en los nueve años que llevo trabajando en este Parlamento, nunca ningún conocido me ha presionado de forma tan intensa, frecuente, indecorosa o abierta. 
Realmente debe de haber mucho en juego, y entiendo que exista preocupación. 
El objetivo de esta propuesta es armonizar los reglamentos europeos. 
En la actualidad, no hay certeza legal sobre lo que se puede patentar y lo que no en el campo del software. 
Esto se debe a que las normas del Convenio sobre la Patente Europea se interpretan de manera distinta en los Estados miembros y no se están comprobando. 
Esta incertidumbre legal tiene efectos adversos para el funcionamiento del mercado interior. 
La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía es positiva en cuanto al objetivo de esta propuesta, a saber, el reconocimiento de la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador y normas más transparentes. 
Es ilusorio creer que no se han concedido patentes de software en Europa hasta la fecha. 
La Oficina Europea de Patentes ha concedido más de 30.000. 
La directiva que se propone ahora no permitirá la concesión de patentes para los programas informáticos como tales y restringirá las prácticas actuales de la Oficina Europea de Patentes. 
En términos generales, no hará posible patentar nada que no fuera posible patentar con anterioridad. 
La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía opina que la directiva debe limitarse estrictamente a los casos donde no exista ambigüedad. 
La condición de la innovación técnica es esencial. 
Esta es característica de las invenciones, en contraposición a una idea. 
Al contrario que en los Estados Unidos, queremos evitar que se concedan las conocidas patentes triviales, como por ejemplo, en asuntos empresariales. 
La posibilidad de vincular material para lograr su interoperabilidad es una forma de conseguir una red abierta y de evitar que se abuse de posiciones de dominio. 
Por lo tanto, les pido que apoyen la posición de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, el artículo 6º del informe y, por supuesto, también las demás enmiendas. 
Por último, les pido su apoyo a la introducción de un periodo de gracia. 
Ello evitará que a un inventor se le copie su invención si la publica para tantear el interés del mercado poco antes de solicitar la patente. 
Señor Presidente, Sra. McCarthy, Señorías, quiero comenzar dando las gracias muy sinceramente a la ponente por su excelente trabajo en este informe. 
Señora McCarthy, usted ha tenido que superar dos problemas importantes a los que no se suelen enfrentar los ponentes. 
En primer lugar, se trata de un tema extremadamente complejo, que abarca tanto cuestiones legales como asuntos de complicada índole técnica. 
En segundo lugar, también ha tenido que tratar con un grupo de presión en ocasiones muy agresivo, y a veces también muy irracional, pero finalmente ha logrado establecer un diálogo continuo, aunque indudablemente le haya resultado difícil en determinados momentos, al igual que a nosotros. 
No, Señorías, no queremos patentes generales de ningún software. 
No queremos reforzar el poder del mercado ni los monopolios de los gigantes del software. 
No, no queremos amenazar las bases comerciales de las pequeñas y medianas empresas. 
Y no, tampoco queremos perjudicar a la exitosa comunidad de software libre (open source) ni a la tecnología Linux en modo alguno. 
¿Qué pretendemos entonces? 
Queremos hacer una distinción razonable entre, por una parte, las invenciones técnicas implementadas en ordenador, (que por supuesto deben ser patentables) y, por otra, el software simple para el procesamiento de datos corrientes (que no debe ser patentable). 
Es verdad que en el pasado, la Oficina Europea de Patentes ha concedido un número excesivo de patentes y de manera muy alegre. 
La Sra. McCarthy ha citado el ejemplo más reciente del método de compra de «un clic» de Amazon. 
Sin embargo, solo el legislador puede parar esta perjudicial tendencia. 
No tiene ningún sentido oponerse a esta directiva, porque en ese caso, tales prácticas seguirán realizándose. 
Por ello no logro entender que nadie (sobre todo, la comunidad de software libre «open source» ) se oponga a cualquier forma de directiva en este campo, ya que eso simplemente permitiría que continuaran las prácticas actuales, que esta comunidad ve con ojos muy críticos. 
Por otra parte, también es cierto que una invención, en el sentido clásico del término, merece ser protegida por la legislación. 
El inventor invierte tiempo y dinero en su invención, y evidentemente es inaceptable que el Estado se siente de brazos cruzados y sonría mientras que otros explotan comercialmente sus ideas. 
En este campo, también se debe debatir la competitividad de la Unión Europea, porque si con esta directiva llegamos hasta el punto de que prácticamente todos los elementos de software deriven en una invención que ya no se puede patentar, estaremos en desventaja comparativa en la competencia mundial por la innovación. 
Tenemos que ser conscientes de esto. 
La propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior mejora la directiva en aspectos clave. 
Limita la tendencia a conceder patentes con demasiada facilidad, aspecto que ya se ha criticado, y lo hace de forma más eficaz que la propuesta orinal de la Comisión. 
El nuevo artículo 4A, con sus ejemplos negativos, crea una importante protección contra las patentes de software, porque decimos claramente que el software puro no se puede patentar, que los métodos empresariales no se pueden patentar y que los algoritmos y los procesadores de datos tampoco pueden patentarse. 
Lo que necesitamos es una ley europea de patentes que promueva la innovación, que contenga normas claras y razonables y que cree un muro de protección contra el software puro. 
Esta directiva logra esos objetivos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la cuestión que se debate hoy en esta Cámara es muy complicada. 
Hay un gran diferencia entre la ley de copyright y la de patentes. 
Que esta diferencia es difícil de definir es evidente por la enorme presión que hemos recibido. 
Por lo tanto, doy las gracias a la Sra. McCarthy porque ha sido capaz de marcar la línea divisoria. 
En particular, ha sido capaz de informar a los agresivos grupos de presión, quienes en mi opinión han hecho una interpretación incorrecta y que desean lograr exactamente lo contrario de lo que pretendemos con esta directiva. 
Esto es lamentable. 
El objetivo de esta directiva, al menos desde mi punto de vista, es evitar la incertidumbre legal. 
El Sr. Medina Ortega y muchos otros colegas eurodiputados ya han dado ejemplos de esto. 
La Oficina Europea de Patentes de Munich ya está utilizando el método estadounidense en la actualidad y ya está patentando software como tal. 
Creo que es necesario poner fin a esto por medio de esta directiva, si se aprueba. 
Creo que esto es también lo que quieren los grupos de presión que desean que no se apruebe esta directiva. 
Por lo tanto, creo que es raro que pidan que se rechace por completo esta directiva. 
Después de todo, eso haría posible que los métodos estadounidenses a los que se han referido algunos colegas se sigan aplicando y que la Oficina de Patentes continúe emitiendo patentes para miles de métodos de software. 
Creo que eso sería negativo. 
Un gran número de ellas han sido aprobadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior en el debate sobre el informe McCarthy. 
Una gran proporción están relacionadas con la protección de las pequeñas y medianas empresas, mientras que el objetivo de las demás es lograr mejores definiciones. 
Así pues, creo que el informe que nos ocupa ya posee un equilibrio adecuado. 
No obstante, me gustaría que se aplicaran una serie de mejoras. 
Entre otras cosas, me refiero al periodo de gracia que ya ha mencionado mi colega, la Sra. Elly Plooij-Van Gorsel. 
Creo que sería una buena idea establecer dicho periodo en la directiva. 
Incluso desearía pedir a la Comisión que vaya más lejos y que incluya un periodo de gracia en todas las directivas relativas a los derechos de la propiedad intelectual que se aprueben en el futuro. 
En mi opinión, es algo positivo, sobre todo para los inventores no tan poderosos, que se les dé un periodo de tiempo para que descubran si hay mercado para sus productos. 
También he presentado una enmienda referente a las invenciones con software implementado en ordenador y que (para decirlo claramente) Esta enmienda pretende establecer un periodo limitado para las nuevas invenciones, si las separamos del software que (para decirlo claramente) no es patentable. 
¿Por qué? 
Porque con las solicitudes de patentes, incluso si se las separa e incluso si el producto no es patentable per se, hay disponibles una serie de procedimientos legales con los que se pueden mantener negocios al margen del mercado por mucho tiempo. 
Creo que eso sería negativo. 
También soy de la opinión de que dicho enfoque no es incompatible con la política no discriminatoria de ADPIC porque no se excluye a ningún sector en concreto. 
Creo que con ello se estaría transmitiendo una señal clara. 
Ahora quisiera decir algo sobre la interoperabilidad. 
La interoperabilidad es necesaria, pero debemos hacer una distinción clara entre las invenciones independientes y aquellas destinadas a ser utilizadas en combinación con otras invenciones. 
En nuestra enmienda, hemos solicitado que se haga esta distinción. 
Pido a los colegas europarlamentarios que apoyen la directiva en cualquier caso, con el fin de evitar la incertidumbre legal en el futuro. 
Señor Presidente, señor Comisario, quiero dar las gracias a la ponente por el ingente trabajo que ha realizado. 
Realmente no parece que todos tengamos las mismas intenciones. 
Asimismo deseo alabar el trabajo de la Comisión, y también de la ponente, por haber hecho hincapié en cuáles son las intenciones, a saber, crear aún mayor desarrollo y una mayor inversión en las pequeñas y medianas empresas de este campo. 
Lo que resulta extraño es simplemente el hecho de que las pequeñas y medianas empresas no estén satisfechas con esta directiva pese a las intenciones que persigue. 
¿Por qué no están saltando de alegría y, tras haber sido consultadas, utilizan sus respuestas para alabar la propuesta de directiva? 
¿Por qué no piden las pequeñas y medianas empresas que apliquemos esta directivamente de una sola vez? 
¿Por qué los innovadores de software no exigen que introduzcamos esta directiva con la mayor celeridad posible? 
¿Por qué están haciendo justo lo contrario? 
Creo que en cualquier caso esto debería suscitar algunas dudas en cuanto a si de verdad estamos haciendo lo que decimos que estamos haciendo. 
El fin aparente de esta directiva es asegurar que se hacen valer los derechos. 
Sin embargo, ser capaz de hacer valer los derechos en este campo o, quizás, protegerse a sí mismo de los de los demás argumentando que se están violando los propios derechos es tan caro que obviamente, las pequeñas y medianas empresas se han dado cuenta de que no es una forma de avanzar. 
Los casos legales de este tipo cuestan aproximadamente un millón de euros y no es algo en lo que se puedan meter directamente las pequeñas y medianas empresas. 
Nosotros decimos que no debemos extender las disposiciones actuales. 
Creo que esta es una decisión sabia, especialmente ya que el Convenio sobre la Patente Europea no hace hincapié en que el software no puede patentarse. 
Así pues, mantengámonos en esta postura. 
De hecho, no estamos carentes de derechos en este momento. 
Tenemos una base legal en forma de Convenio sobre la Patente Europea. 
Más aún, el hecho es que la Oficina Europea de Patentes ha extendido el alcance de sus actividades de forma lenta y gradual. 
Si tuviéramos que responder mediante la legalización de dicha extensión, estaríamos yendo en la dirección equivocada. 
Por lo tanto, deberíamos dirigirnos hacia una dirección en que sea cada vez más corriente exigir patentes de software, aunque no de software puro. 
Mi pregunta es: ¿Qué grado de pureza debe tener el software para que sea puro? 
Esa es una cuestión para la que no puedo obtener una respuesta clara. 
Es más, quizás sean esas las cuestiones que deberíamos aclarar antes de emprender una acción definitiva en este campo. 
Desde aquí, deseo fervientemente invitar a la reflexión. Quiero recomendar encarecidamente que dejemos que las dudas se hagan oír y que escuchemos lo que las pequeñas y medianas empresas europeas tienen que decirnos sobre este tema. 
Señorías, intentaré ser breve, respetar el tiempo disponible y no repetir nada de lo que se ha dicho. 
Comenzaré, pues, diciendo que apoyo completa e inequívocamente todo lo que ha dicho el Sr. Rocard, ponente de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. 
Mi Grupo y yo apoyamos la idea de esta directiva, como ya ha dicho la Sra. Frahnm. 
Se quería crear certeza legal, y eso es lo que nosotros queremos también, aunque la Comisión está utilizando su varita en contra de los oponentes y las críticas a esta directiva. 
Casi he oído una amenaza en sus palabras, Comisario Bolkestein. 
Ninguno de los aquí presentes está hablando de la patentabilidad del software, por supuesto que no. 
Estamos hablando de las invenciones implementadas en ordenador basadas en software. 
Usted aduce, y cito, que los oponentes a esta directiva (repito, los críticos de esta directiva) han montado una campaña verbal y en ocasiones personal que se basa en medias verdades y malentendidos. 
De hecho, lo que intentamos hacer era evitar la presión masiva y encontrar algunos expertos neutrales y objetivos que nos pudieran explicar esta complicada cuestión. 
Sin embargo, hay una cuestión muy sencilla que usted todavía no ha respondido. 
Incluso si tan solo se patenta un pequeño componente dentro de una solución (y después de todo, el software se compone de multitud de soluciones) de una invención implementada en ordenador, ya está patentado y no se puede utilizar libremente. 
Como ha dicho el Sr. Manders, estamos moviéndonos en la línea divisoria entre el copyright y la patentabilidad. 
Es un problema difícil y creo que las propuestas que se han ideado en las opiniones de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y la Comisión de Cultura representan la base para la toma de una decisión por nuestra parte. 
Cuando digo «por nuestra parte» me refiero a los miembros de esta comisión que quieren seguir el mismo enfoque que usted, Comisario Bolkestein, pero que quizás vayan más lejos y piensen con detenimiento. 
Posiblemente, como han explicado muchos expertos jurídicos, esta directiva no creará mayor incertidumbre legal. 
Quizás ate algunos cabos sueltos, pero desatará otros. 
Seamos sinceros por una vez, Señorías. 
Todos conocemos la realidad del mercado. 
Sabemos que es posible, si se quiere, utilizar las patentes como instrumento de dominio de mercado e incluso como arma en contra de posibles competidores. 
Deberíamos pensar detenidamente si podemos proteger a la vez tanto la inversión como la innovación. 
Tenemos una directiva sobre copyright desde 1991; tal vez deberíamos revisarla. 
Quizás haya puntos que puedan actualizarse en términos jurídicos. 
Si hubiéramos llegado a una conclusión sobre el Convenio sobre la Patente Europea en esta materia, contarían con mi apoyo incondicional. 
Sin embargo, creo que las enmiendas propuestas tienen sentido y aportan una mejora. 
Por último, pero no por ello menos importante, la Oficina Europea de Patentes y las patentes injustas que ya se hayan concedido o que se puedan conceder en el futuro son principalmente responsabilidad de los Estados signatarios. 
Es muy loable que Europa muestre responsabilidad en este caso, pero dar el primer paso sobre la base de un Convenio sobre la Patente Europea hubiera sido suficiente, y a continuación podríamos haber pensado mejor este asunto. 
Señor Presidente, Señorías, la tecnología de la información es la espina dorsal del futuro desarrollo de todos los países del mundo y se basa en la tecnología (hardware) y en la ciencia (software). 
Actualmente, todas las innovaciones tecnológicas están protegidas por su patentabilidad, pero el desarrollo de software da origen al copyright que protege su propiedad intelectual. 
Para aclarar más este asunto, permítanme hacer una paralelismo con el mundo de la música. 
Un ordenador electrónico es un instrumento que se utiliza para crear música, no compuesta de notas, sino de códigos y comandos, alternando con ritmo y una secuencia compuesta por el desarrollador, lo cual da lugar a diferentes acciones y resultados. 
¿Qué le sucedería a la música si, un día, se pudieran patentar escalas, acordes, y todo lo que hace que el mundo de la música clásica sea tan rico y estimulante? 
La tecnología de la información sufriría el mismo destino. Con patentes, cada comando, cada secuencia de códigos y algoritmos estarían protegidos, y el mercado quedaría transformado en una telaraña de restricciones. 
Si todas las patentes existentes tuvieran que ser validadas, entonces todos los desarrollos de software estarían restringidos, limitados y cada vez más inhibidos, ya que pequeñas y medianas empresas y programadores se verían obligados a comprar licencias y quedarían prácticamente apartados del mercado. 
La propiedad intelectual de un cuadro o de un libro no está protegida por una patente que proteja el tema de que tratan, sino que se garantiza su distribución de acuerdo con las leyes de copyright, animando de esta forma a otras mentes a que realicen trabajos originales, similares, sin ser copias, que mejoren en lo posible los trabajos originales o reinterpretándolos sobre modelos diferentes o más interesantes. 
Un mercado en expansión, abierto a nuevos horizontes de animadas críticas y fantasía, como el mercado europeo, no puede permitirse imponer más reglamentos que podrían, de hecho, frenar más el desarrollo de las naciones europeas. 
Nosotros tenemos la firme convicción de que el informe McCarthy no puede ser aceptado, ya que apoyarlo equivaldría a poner en peligro el crecimiento y el desarrollo tecnológico que puede generarse solo cuando las personas son libres de espíritu y de mente. 
Señor Presidente, soy arquitecto de formación y he trabajado como arquitecto toda mi vida. 
El problema al que nos enfrentamos en este caso es similar al que surgiría si se introdujeran patentes en mi propio campo. 
Imaginemos que se pudieran conceder patentes para las escaleras, de manera que, en el futuro, fuera necesario obtener autorización y pagar una licencia antes de diseñar una casa con escaleras. 
De alguna manera, eso sería algo muy positivo, ya que no tendríamos estos feos rascacielos. 
Sin embargo, es una idea grotesca que un colega mío o cualquier gran compañía de mi campo fuera capaz de impedir el desarrollo de alguna manera. 
En los trabajos arquitectónicos y de diseño que he realizado, por supuesto se me ha protegido con leyes de copyright para que mi trabajo no fuera plagiado. 
De hecho, sucede lo mismo con el software y con las demás actividades artísticas que por supuesto pueden compararse con el diseño de programas de software en los que el diseño está protegido como tal por las leyes de copyright. 
Permitir la concesión de patentes en el campo del software dentro de la UE tendría consecuencias negativas para los consumidores, las pequeñas y medianas empresas, el movimiento de software libre en su totalidad y la innovación dentro de la industria. 
Habría que ser más que ingenuo para creer que la innovación en la UE se vería promocionada al permitir que una empresa americana obtuviera una patente sobre el uso de las letras danesas especiales æ, ø and å en los nombres de dominios, o que sería beneficioso para las pequeñas y medianas empresas el que, antes de desarrollar su producto, tuvieran que invertir en un departamento que se ocupara de asuntos jurídicos relacionados con las patentes. 
No tendría que ser posible patentar cualquier elemento de software o software per se. 
Señor Presidente, Señorías, debo admitir, que de los muchos asuntos que hemos tratado en este periodo, el que nos ocupa esta mañana es, desde mi punto de vista, uno de los más complejos, y debo reconocer el enorme trabajo realizado por la Sra. McCarthy. 
No tengo todas las respuestas y entiendo la necesidad de la Comisión (como ha explicado claramente el Comisario Bolkestein) de pronunciarse sobre esta cuestión. 
No obstante, haré algunos comentarios de índole general, comenzando con la premisa de que estamos tratando un tema en el que la identificación del objeto de protección legal (y por lo tanto, convertir los términos informáticos en términos y conceptos legales) es ya, en sí misma, una cuestión extremadamente complicada. 
En segundo lugar, necesariamente hemos de tratar esta cuestión dentro de un marco legislativo internacional complejo y, si observamos lo que está sucediendo, no solo en Europa sino en particular en Estados Unidos, el sistema de patentes ha demostrado tener innumerables limitaciones, sobre todo de tipo práctico. 
Una vez dicho esto, creo que esta directiva, aunque es susceptible de mejora, ha abordado un tema político serio al que se enfrenta la Unión Europea. 
Debemos distanciarnos de las posiciones estadounidenses y quizás también tengamos que convencer a nuestros principales socios económicos de la necesidad de tomar medidas para armonizar todos los aspectos relacionados con la protección legal del software, de una forma distinta a la actual. 
En este sentido, no estamos empezando desde cero, ya que las características en las que se basan las patentes ya han sido claramente identificadas en los acuerdos ADPIC. 
Así pues, es necesario insistir en la idea (de la que no debemos movernos) de que las patentes de software sólo se conceden basándose en razones sólidas. 
Hemos visto un número inusual de solicitudes de patentes de software en Estados Unidos, y probablemente se da un número similar en la UE. Esto pone de manifiesto que no estamos tratando con una actividad creativa genuina y que no podemos permitirnos conceder una patente para cada tipo de solicitud. 
Es más, si el número de solicitudes de patentes crece de forma incontrolada, será prácticamente imposible averiguar adecuadamente a partir de los archivos si una solicitud conduce a una nueva invención. 
Por supuesto, existen algunos aspectos legales que podrían mejorarse; hay algunas discrepancias con la Directiva 91/250/CEE. Ciertamente, podríamos haber reflexionado más desde un punto de vista legal sobre el artículo 52 del Convenio sobre la Patente Europea, porque una cosa está clara: nos veremos obligados a volver sobre este asunto porque, como han declarado muchos eurodiputados, el desarrollo es tan rápido que la Unión Europea tendrá que adoptar una medida en los próximos años, momento en el cual podremos revisar nuestras posiciones. 
Señor Presidente, Señorías, es extraño que nuestra actividad legislativa sea el centro de atención pública en una fase tan temprana como la del informe de la Sra. McCarthy. 
Definitivamente, esto no ha ayudado mucho a la ponente a completar su exigente tarea, sino que ha generado un flujo masivo de información y argumentos. 
Mucha de esa información era importante y muy instructiva, tanto para la ponente como para todos nosotros. 
Sin embargo, desde el principio, montañas de papel han ido a parar a la papelera. 
Nuestro trabajo intensivo y el hecho de que se supervisara tan de cerca por las partes interesadas ha producido el compromiso que les animo a apoyar y que se refleja en las enmiendas propuestas por mi Grupo. 
Su intención es liberarnos de los obstáculos que aparecen en los artículos 2 y 4, donde una nueva definición de «contribución técnica» abrió la puerta a la patentación de software. 
Señorías, este cabo suelto ya ha quedado atado en gran medida. 
Es cierto que me hubiera gustado haber conseguido más, y en particular, las pequeñas y medianas empresas habían esperado más. 
Por encima de todo, no creo que hayamos aclarado bien que no pretendemos únicamente restringir las patentes de software. 
Efectivamente, no queremos conceder ninguna más en el futuro. Esto se debe a que las patentes de software complican la vida en particular a las pequeñas y medianas empresas, para las que siempre hemos pedido especial protección y apoyo. 
Para decirlo de otro modo, cualquiera que patente software está jugando el juego de las grandes empresas, no ayudando a personas de gran inteligencia. 
Permítanme enviar un mensaje claro que va más allá de esta solución de compromiso. 
¡Digan no a las patentes de software! 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, comparto la opinión de los Sres. Rocard y Cappato y la de otros compañeros que piensan que el software como tal no debería ser patentable. 
El artículo 52 del Convenio sobre la Patente Europea excluye el software como tal y afirma que las ideas y teorías no son adecuadas para las patentes. 
Debe ser la innovación técnica y esa es precisamente la parte esencial del problema que estamos tratando. 
También es la parte esencial de la directiva. 
La Oficina de Patentes concluyó que todos los programas instalados en un ordenador son técnicos por definición. 
De acuerdo con las prácticas actuales de la Oficina de Patentes, ya se han concedido más de 30 000 patentes, muchas de las cuales no son realmente válidas desde un punto de vista legal. 
El Sr. Rocard ha mencionado muy acertadamente que existe una diferencia entre una invención basada en las fuerzas de la naturaleza y el producto del intelecto humano. 
Yo soy de la opinión de que debemos apoyar algunas de las enmiendas, que también se han presentado a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y también las enmiendas presentadas a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deportes en el pasado. 
Estas aclaran la definición de forma tal que, desde mi punto de vista, el software como tal queda excluido. 
Si estas enmiendas no son aceptadas, votaré en contra de la directiva. 
Existe bastante desasosiego entre las pequeñas y medianas empresas y el movimiento de software libre. 
El conocimiento humano y su difusión es una libertad importante que debemos preservar en Europa. 
Debe hacerse sencillamente en honor a la dignidad humana, pero no solo por esa razón. 
Seremos incluso más competitivos que Estados Unidos y la directiva tendrá que descartar por completo la situación de los Estados Unidos Por lo tanto, espero que muchos de ustedes voten de acuerdo con esta línea para que obtengamos una directiva practicable. 
Señor Presidente, muchas de las enmiendas- y desde luego, todas las que llevan la firma de mi Grupo- están dirigidas de forma clara y directa a prevenir cualquier fisura de esta Directiva que favorezca patentar el software de ordenador propiamente dicho. 
Eso es muy importante para nosotros. 
Es bastante evidente que un cuerpo de leyes sobre la propiedad intelectual que protege el software de ordenador mediante derechos de autor y deja las patentes para otros fines, funciona satisfactoriamente desde el punto de vista de la industria del software y de las mentes creativas que desarrollan el software de ordenador. 
Ni la Sra. McCarthy ni el Sr. Bolkestein discreparán conmigo sobre este punto. 
Nadie quiere fisuras que favorezcan patentar el software puro. 
Existe un cierto riesgo de que las auténticas invenciones, que implican un elemento de software, no queden protegidas de manera adecuada sin una nueva Directiva. 
Hágase. 
Pero entonces el peso de la prueba recae en la Comisión para que nos muestre cuáles de las enmiendas propuestas por el Parlamento nos protegerían en exceso contra el riesgo que vislumbramos y de manera insuficiente contra el peligro que el señor Comisario está impaciente por evitar, a saber, el peligro de que las invenciones «reales» no se puedan patentar adecuadamente dentro de la Unión Europea. 
La estrategia de quienes estamos enmendando esta directiva consiste en evitar cualquier fisura que favorezca las patentes del software como tal. 
Eso sería un auténtico desastre. 
Se nos ha presionado fuertemente al respecto, pero se nos ha presionado mucho porque contamos con muchos electores capaces y laboriosos que ven la fisura que he mencionado como una amenaza para su supervivencia. 
Cerciorémonos totalmente de que lo que transmitimos desde este debate y de la votación de mañana- y la Sra. McCarthy ha trabajado muy esforzadamente en este informe- realmente proporciona un cierre totalmente estanco contra dicha fisura y protege lo que el Sr. Bolkestein quiere proteger sin crear el peligro que a muchos de nosotros nos han hecho comprender nuestros votantes. 
Señor Presidente, señor Comisario, nuestro punto de partida es que no creemos que la patente sea la mejor manera de proteger las invenciones implementadas en ordenador. 
Hasta ahora, el copyright ha ofrecido una protección razonable para estos casos. 
Con la concesión de patentes en esta área corremos el riesgo de desalentar la innovación y colocar a las pequeñas y medianas empresas en desventaja, algo que otros oradores ya han señalado. 
Lamentablemente, las prácticas de la Oficina Europea de Patentes ya se han adelantado a este debate. 
Durante años, esta Oficina ha estado emitiendo las llamadas patentes de software, y dichas patentes ya se han impuesto al más alto nivel internacional. 
La propuesta que tenemos ante nosotros es verdaderamente un tipo de medida de emergencia diseñada para conceder patentes en Europa dentro de unos límites. 
La cuestión es saber si merece la pena seguir haciendo esto. 
La Oficina Europea de Patentes ya ha concedido 30.000 patentes basándose en reglamentos que van más allá de la propuesta actual de directiva. 
En este sentido, esta directiva llega muy tarde. 
La parte positiva es que la directiva conducirá a la armonización y la claridad en los Estados miembros. 
Sin embargo, el peligro de que las pequeñas empresas innovadoras pierdan terreno con respecto a las grandes no desaparecerá del todo. 
Esto es algo consustancial al sistema de patentes. 
Así pues, desde nuestro punto de vista, resulta preocupante la lacónica actitud de la Comisión y de la ponente, que se están dejando arrastrar en este tema. 
Esto demuestra que tienen una escasa afinidad con las pequeñas y medianas empresas europeas, que representan la espina dorsal de nuestra economía. 
Señor Presidente, en todo el tiempo que he estado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, esta es la primera vez que recuerdo que una de nuestras Directivas principales haya adquirido tal importancia en el orden del día del Parlamento. Espero que la tendencia continúe. 
De hecho, el informe ha sido sometido a debate tan temprano que no he llegado a tiempo, y pido disculpas tanto al Sr. Comisario como a la ponente por no encontrarme presente para escuchar sus intervenciones. 
He oído con interés cuanto han dicho sus Señorías y, a estas alturas del debate, quiero dejar constancia de lo que trata este informe realmente. 
Tenemos como meta la creación de la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo. 
Las patentes son un componente indispensable de ella. 
Quiero recordar a todos los presentes, y a cuantos estén siguiendo este debate, que hay cientos de miles, tal vez millones de personas empleadas en toda la Unión Europea trabajando en invenciones que están protegidas por patentes. 
Que la patentabilidad ha fomentado la inversión para convertir dichas invenciones en productos que el mundo esté dispuesto a adquirir. 
De lo que estamos hablando aquí es de un régimen que va a alentar legítimamente la invención en todos los campos. 
Parte del problema que hemos sufrido a la hora de manejar esta cuestión es que muchos de los asuntos que se han planteado han procedido de una dirección concreta de la creatividad, relacionada con la escritura de elementos de programas de ordenador. 
Realmente, las patentes están pensadas para proteger una invención auténtica, una nueva forma de hacer algo, algo que es- como afirma esta Directiva- susceptible de aplicación industrial. 
Quiero recordar a sus Señorías que cuando se solicita y se obtiene una patente, no es necesario incluir todos los detalles. 
En el mundo actual, prácticamente cualquier innovación técnica o industrial exige algún tipo de actividad asistida por ordenador. 
¿Por qué habríamos de denegar la protección a la gente que trabaja en invenciones en dicho campo? 
La Comisión ha presentado un argumento convincente, soportado por abundante investigación, a favor de la necesidad de un marco consistente con el fin de garantizar que la gente sepa que puede obtener patentes por estos tipos de invenciones. 
Además, sabrá que no puede obtener patentes por invenciones banales de procesos empresariales que no deberían quedar patentadas bajo ningún concepto, y se verá desalentada a solicitarlas. 
Sabemos que es algo difícil de conseguir y por eso hemos debatido acerca de la terminología. 
He ahí la razón por la cual la Sra. McCarthy ha realizado una labor tan notable como ponente de esta directiva. 
Ella ha sabido ver de forma coherente la importancia de este punto en una economía basada en el conocimiento y nos ha llevado a buscar maneras de mejorar y hacer con mayor acierto este trabajo. 
Ella no se ha dejado distraer por todo el ruido a su alrededor. 
Espero que ustedes apoyen esta Directiva y que apoyen la dinámica de las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Habrá otras enmiendas, pero espero que ustedes hagan frente a algunos de los conceptos enrevesados y abstrusos que han sido esgrimidos por parte de algunas personas que harán la existencia de los inventores bastante más ardua.. 
Aquí de lo que se trata es de apoyar la inventiva y la creatividad, y nada más.. 
¿Seguiremos pudiendo utilizar nuestros ordenadores en el futuro sin tener que pagar los derechos de patente? 
Esta es la cuestión que tenemos en mente. 
Lo que no queremos es la situación que se vive en Estados Unidos, en la que se conceden patentes a simples lenguajes informáticos o software. 
Sin embargo, somos menos capaces de ponernos de acuerdo a la hora de describir esta situación. 
A menudo, también vamos por detrás de la realidad, simplemente hay que mirar lo que está pasando en la Oficina Europea de Patentes. 
Por lo tanto, no podemos permitirnos posponer más este asunto y debemos aclarar debidamente lo que es patentable y, sobre todo, lo que no lo es. 
Personalmente, creo que el justo equilibrio se encuentra en el punto de vista de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y en las enmiendas presentadas por mis colegas, el Sr Manders y la Sra. Plooij. 
Cualquier forma de software está explícitamente excluida de las patentes. 
Sólo las verdaderas invenciones deben ser patentables. 
Por lo tanto, deben abarcar un proceso técnico elaborado con aplicaciones industriales y no ser simplemente una idea o un lenguaje. 
Los elementos de tecnología que contenga este nuevo proceso técnico deben ser protegidos, no el hecho de que se necesite un ordenador para utilizarlo. 
Señor Presidente, Señorías, se ha ejercido una enorme presión sobre este informe porque evidentemente hay mucho en juego. 
Entiendo perfectamente este punto y comparto dicha preocupación. 
Esta directiva, que probablemente tiene buenas intenciones, es una amenaza para las pequeñas y medianas empresas en Europa que se encuentran en peligro de perder su creatividad como resultado de todas esas patentes. 
Estas empresas constituyen la vanguardia de nuestro sector empresarial. 
Debemos alimentarlas porque aportan innovaciones. 
Estas innovaciones nos permiten mantener nuestra posición en el mercado mundial. 
La actual protección que ofrece el copyright es suficiente. 
A los Verdes se nos reprocha a menudo que somos unos metomentodos. 
Bien, esta es la prueba de que no lo somos. 
De hecho, en los Estados Unidos se está hablando de reducir las leyes de patentes, que se consideran contraproducentes. 
¿Por qué deberíamos aprobar una ley obsoleta en Europa? 
Señor Presidente, nuestro debate de hoy encierra una enorme importancia no solo para los desarrolladores de software en la Unión Europea, sino también para todos aquellos a quienes les interese el conocimiento. 
Esto se debe a que, proponiendo la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, la Comisión está preparando el terreno para la patentabilidad del conocimiento humano. 
No es necesario decir que el conocimiento humano no puede convertirse en el patrimonio de las grandes multinacionales, que son casi sinónimo de Microsoft en este caso. 
Todos sabemos que esta propuesta de directiva no responde a los retos económicos, científicos y culturales a los que se enfrenta el sector del software, ni al imperativo de promover la innovación, el desarrollo tecnológico ni los intereses de las pymes. 
Conocemos la importancia de mantener un suministro de software libre, y también la importancia de dar al sector público herramientas para desarrollar un contenido y una industria de servicios, para proteger el interés común. 
Por esta razón, y para dar voz a la fuerte oposición de científicos y de editores de software, esta propuesta de directiva debe ser rechazada. 
Espero que esta sesión plenaria envíe un mensaje claro aprobando la propuesta de rechazo, que yo apoyo y que fue presentada por mi Grupo. 
Señor Presidente, en ausencia de un marco jurídico claro, se ha producido un aumento de la explotación abusiva y oportunista de las disposiciones legales creadas para proteger las patentes, con el objetivo de aprovecharse de los avances realizados en el campo de la tecnología de la información y hacer negocio. Esto constituye un modo inaceptable de privatizar el conocimiento humano. 
Privatizar el conocimiento en un campo que no puede confundirse, ni siquiera en los términos más amplios, con el de las invenciones industriales, simplemente significa crear más oportunidades de negocio. 
El progreso de la tecnología de la información desemboca, por definición, en avances que no se patentan por norma, o que nadie en particular puede patentar, sumándose así al conocimiento general. 
El derecho de obtener beneficios de aquellos que están más acostumbrados a apropiarse de la propiedad común no debería estar protegido por la ley, y mucho menos debería darse prioridad a sus intereses por encima de los intereses del conjunto de los ciudadanos, de los intereses de las comunidades económicas y científicas, o de los intereses de la civilización. Dicho de otro modo, no debe haber comercialización del conocimiento. 
Sin embargo, sí se debe proteger la aplicación de las verdaderas invenciones de software, resultado de una inversión, al proceso de producción. 
No obstante, hay una diferencia de años luz entre proteger estos intereses legítimos y utilizar dicha protección como pretexto para patentar software de forma indiscriminada. 
La propuesta que tenemos hoy sobre la mesa, con las enmiendas que aportan soluciones de compromiso aportadas por el Grupo del Partido Socialista Europeo, consigue conciliar estas distintas preocupaciones de manera aceptable. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar dando las gracias muy sinceramente a la ponente, la Sra. McCarthy, y a nuestro ponente alternativo. 
Señorías, ¿realmente necesitamos esta directiva? 
Como muchos otros eurodiputados, yo también he recibido muchas cartas que expresaban preocupación por la propuesta de la Comisión. 
Me he tomado estas preocupaciones muy en serio, no porque quiera poner impedimentos a la innovación en Europa o imponer mayores cargas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas de tecnología de información. 
Después de sopesar todos los pros y los contras de esta directiva, estoy convencida de que tomaremos la decisión acertada mañana si aprobamos las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Mercado Interior, y algunas otras aclaraciones. 
Necesitamos esta directiva. 
Está diseñada simplemente para armonizar la práctica actual en relación con la concesión de patentes en Europa, y en este contexto, se deben adoptar criterios más severos, especialmente para la concesión de patentes. 
Tengo una serie de razones para apoyar esta directiva. 
En primer lugar, la directiva garantizará que no acabemos con las condiciones de los Estados Unidos en cuanto a la concesión de patentes. 
Los métodos empresariales sencillos y el software puro no serán patentables en Europa. 
La directiva así lo establece de forma muy explícita, y también se evitará por el hecho de que la protección de las patentes para las invenciones implementadas en ordenador requerirá una contribución técnica. 
Le estoy agradecida al Sr. Bolkestein por establecer este punto de forma tan explícita de nuevo en la sesión de hoy, y quisiera reiterar que no tenemos dudas sobre ello. 
Por otra parte, esta Cámara no debería actuar como si alguien interpretara que el informe no es compatible con la clara afirmación de la Comisión y de las enmiendas propuestas, que son también muy claras en este sentido. 
En segundo lugar, la directiva no pretende proteger el software trivial. 
Las patentes sobre software trivial, como por ejemplo las barras de progreso, constituyen una causa de preocupación y no son deseables. 
La directiva también aclara que no queremos proteger las patentes del software trivial. 
En la votación de mañana, les pediría que apoyaran las enmiendas propuestas en las que aclaramos una serie de aspectos, y que den su apoyo al informe de la Sra. McCarthy en su totalidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, si fuera por el PPE, no existiría ninguna patente de software, y si fuera por usted, señor Comisario, tampoco habría ninguna. 
Así es como lo entendí, después de recibir la propuesta y después de leer más de una vez la legislación vigente, así como las incontables cartas que todos hemos recibido. 
Muchas personas de nuestro Grupo apoyan los puntos y objetivos iniciales de la propuesta de la Comisión. 
Señor Comisario, espero que sea capaz de apoyar una serie de enmiendas que han sido presentadas en nombre de nuestro Grupo y que- basándose en el informe de la Sra. McCarthy y el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior- aportan definiciones más claras y ponen más carne en el asador en lo que respecta a la tarea de supervisión. 
No creo en las afirmaciones continuas de que esta propuesta sería negativa para las pequeñas y medianas empresas. 
Tanto una mayor certeza legal como una aplicación uniforme de las normas legales dentro del mercado interior es algo que particularmente necesitan este tipo de empresas. 
Desde mi punto de vista, las pequeñas y medianas empresas no tienen problemas concretos con esta directiva, sino que tienen problemas generales con el sistema de patentes como tal. 
Muchas de las críticas expresadas en las cartas se refieren precisamente a eso. 
Esto es cierto tanto cuando gozan de la protección de una patente como cuando tienen que lidiar con los derechos de patente de otras empresas. 
De ahí mi pregunta, señor Comisario, de si usted y su administración no podrían quizás pensar de forma creativa sobre cómo podemos lograr un enfoque europeo que permita a las pequeñas y medianas empresas mejorar su posición en el campo de las patentes. 
He presentado una enmienda sobre este punto porque pienso que este texto no es un lugar apropiado para ello desde un punto de vista jurídico. 
Sin embargo, sí creo que es suficientemente importante realizar esta sugerencia ahora desde un punto de vista político, y por lo tanto, apreciaría mucho que me pudiera dar una respuesta. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a la ponente. 
Si intentamos complicar al trabajo de la comunidad de fuente abierta, empresas de software que trabajan con dificultad por su cuenta y de pequeñas asociaciones ampliando la patentabilidad, destruiremos toda la base de la sociedad de la información. 
Innovaciones que nos benefician a todos, como Linux, demuestran precisamente lo importante que es esta cuestión: se trata de reducir la divisoria digital. 
Por supuesto, los derechos de autor ya protegen los códigos de software. 
Las patentes de software tienen su reverso en el hecho de que los diseñadores no pueden saber siempre que están infringiendo patentes y por consiguiente pueden ser considerados responsables de daños y perjuicios a gran escala. 
Los límites de la patentabilidad han de definirse de forma que los programas, algoritmos y métodos empresariales queden excluidos, como tales, de la patentabilidad, y para que las patentes no puedan utilizarse para obstaculizar la competencia. 
Apoyamos el espíritu empresarial a pequeña escala en este sector. 
Señor Presidente, este es uno de esos terrenos en los que, quienes no somos expertos ni en materia técnica ni jurídica, afrontamos los debates con los dedos cruzados a la espalda, confiando en acertar. 
Lo digo concretamente en relación con este debate, ya que el sustento de cientos de miles de vidas depende de que este Parlamento y la Comisión saquen adelante correctamente este asunto. 
Hay muy pocos aspectos categóricos en este debate. 
Tal vez la Comisión tenga razón en parte, tal vez la tenga también en parte el Parlamento. 
Lo que es absolutamente cierto es que no hacer nada no constituye una opción válida; no podemos permitir que la situación continúe como está. 
Por consiguiente, espero que el Sr. Comisario encuentre una forma de aceptar muchas de las enmiendas excelentes que ha presentado la Sra. McCarthy. 
La ponente ha realizado una labor extraordinaria desmenuzando los temas y presentando, ciertamente en el seno de mi Grupo parlamentario, una postura muy nítida. 
No ha escatimado esfuerzo alguno para encontrar una postura de consenso. 
Resulta importante que garanticemos que se motiva al sector favorable al código fuente abierto y que se mantiene a la totalidad de la industria de las TI en un estado de ánimo vibrante e innovador. 
Sin embargo, no sería correcto que permitiéramos que se prolongara la incertidumbre jurídica actual. 
Señor Presidente, no he querido formular esta observación durante mi intervención, pero es necesario hacerlo. 
En los diez años que he sido diputada, nunca he presenciado una campaña tan personal, agresiva y abusiva como la sufrida en el caso de esta Directiva concreta. 
He sido intimidada y acosada por grupos de influencia. 
Mi equipo se ha visto acosado hasta el punto de que una de las personas tuvo que pedir la baja por una enfermedad inducida por el estrés. 
Le pido ahora, señor Presidente, que garantice el desarrollo de esta votación mañana de forma ordenada, que garantice que el Parlamento y sus Señorías dispongan de la libertad para votar que les confiere su mandato democrático de elaborar y aprobar leyes. 
-El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
La propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador ha debido de suscitar más pasiones que cualquier otra cuestión debatida últimamente en el Parlamento. 
Desde el principio he mantenido una opinión crítica con respecto a la Directiva. 
Sin embargo, no me opongo a ella, pues creo que es bueno que se aclare la confusión reinante en relación con las condiciones para la concesión de patentes de software. 
Actualmente, dado que la normativa es tan poco clara, las decisiones tomadas por las oficinas nacionales de patentes y por la Oficina Europea de Patentes pueden haber sido muy diferentes y por consiguiente se necesitarían unas reglas europeas comunes. 
Sin embargo, es preciso hacer bastantes enmiendas al informe, antes de poder adoptarlo. 
Las enmiendas que he propuesto deberían garantizar que la Directiva será menos perjudicial para los que desarrollan software de forma independiente y para las pequeñas y medianas empresas. 
Mis principales argumentos son los siguientes: 
En su forma actual, la Directiva podría perjudicar mucho a los que desarrollan independientemente software y a las pequeñas y medianas empresas europeas, para las que puede resultar imposible sobrevivir en la «jungla de patentes» de los grandes gigantes del software. 
Los tiempos de tramitación de las patentes son muy largos y la solicitud es cara. Por ello podrían frenar e incluso estorbar el desarrollo del sector del software europeo, que depende mucho de la innovación y de una reacción rápida. 
Además, debería ser posible la interoperabilidad del software y las comunicaciones sin elevados derechos de licencia. 
Estoy a favor de las interfaces abiertas. 
Los algoritmos, los prototipos empresariales y los programas de ordenador no deberían ser patentables como tales. 
Uno de los principales objetivos de adjudicar patentes ha sido siempre que la sociedad fuera consciente de la existencia de las invenciones. 
Las patentes en el ámbito de las invenciones implementadas en ordenador son prácticamente inservibles como fuentes de datos si no se publica el código fuente. 
En los Estados Unidos, el código fuente se publica en la solicitud de patente en el caso de la mayoría de las patentes de software, que se establece como una práctica comercial en el sector. 
Lo mismo debería ser posible en Europa. 
Espero que la votación de mañana tenga un resultado favorable y que el mayor número posible de diputados demuestre su apoyo a una industria europea creativa e innovadora en materia de software. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Informe (A5-0309/2003) del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios del Sr. Jannis Sakellariou (2003/2023 (IMM)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0283/2003) del Sr. Dell ' Alba, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la inserción en el Reglamento del Parlamento Europeo de un nuevo artículo 29 bis relativo a las actividades y la situación jurídica de los Grupos políticos (2003/2114 (REG)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0285/2003) del Sr. Färm, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 4 al presupuesto 2003, Sección III- Comisión (SEC (2003) 626- C5-0339/2003- 2003/2113 (BUD)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0288/2003) del Sr. Coelho, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, 
1. sobre la iniciativa de la República Helénica con vistas a la Decisión del Consejo relativa a los procedimientos para modificar el Manual SIRENE (7180/2003- C5-0149/2003- 2003/0808 (CNS)) 
2. sobre la iniciativa de la República Helénica con vistas a la Decisión del Consejo relativa a los procedimientos para modificar el Manuel SIRENE (7179/2003- C5-0148/2003- 2003/0807 (CNS)) 
Señor Presidente, Señorías, el informe sobre el cual estamos a punto de votar no es lo que parece ser. 
Lo que parece ser es una serie de enmiendas del Manual Sirene, que regula el intercambio de información entre Estados miembros en relación con el Sistema de Información de Schengen. 
Sin embargo, subyacente a esta votación hay algo un poco más complejo. 
Este Parlamento pidió en un principio emitir un dictamen sobre dos iniciativas, pero se le denegó el acceso a un documento importante, el Manual Sirene. 
En la reunión de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, la Presidencia griega prometió dicho acceso para que pudiéramos emitir nuestro dictamen. 
El Consejo no lo aceptó bajo ningún concepto. 
La Presidencia cedió y se mantuvo la prohibición. 
Finalmente, el Consejo aceptó revelar en comisión la naturaleza del contenido de los documentos clasificados. 
Sobre la base de dicha información, he propuesto el informe que se someterá a votación hoy, aprobando las dos iniciativas con enmiendas. Mi comisión ha aceptado dicha propuesta. 
Sin embargo, al votar a favor, enviamos un mensaje político al Consejo, un mensaje de buena fe y de colaboración, y asimismo un mensaje que dice que va siendo hora de que deje de jugar al escondite con el Parlamento Europeo. 
El Consejo ha retrasado las conversaciones preliminares con el Parlamento sobre el modo de tratar los documentos clasificados en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia. 
Esta situación es insostenible. 
Este tipo de información suele estar disponible para el trabajo en el Consejo, pero no se transmite al Parlamento. 
Además, hay otros casos en los que tampoco se transmite información relacionada con un Estado miembro hasta que el Estado miembro en cuestión decida que la información deja de estar clasificada. 
Si queremos evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir, es preciso elaborar unas reglas claras sobre el modo de tratar los documentos clasificados en el ámbito legislativo, estableciendo un nivel de seguridad adecuado y aceptado por todas las partes interesadas. 
Este es el mensaje que enviamos al Consejo por medio del presente informe. 
Señor Presidente, propongo que votemos ahora sobre el proyecto de resolución legislativa, a fin de confirmar el rechazo de la iniciativa de Austria. 
Por tanto, vamos a proceder a la votación sobre la resolución legislativa, cuya adopción cerrará el procedimiento. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Recomendación (A5-0307/2003) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios relativa al nombramiento del Sr. Jean-Claude Trichet como Presidente del Banco Central Europeo (10893/2003- C5-0332/2003 2003/0819 (CNS) (Ponente: Sra. Randzio-Plath) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0282/2003) del Sr. Ettl, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Situación sobre la aplicación de los documentos de evaluación conjunta relativos a las políticas de empleo en los países candidatos» COM (2003) 37- (2003/2105 (INI)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0295/2003) del Sr. Mombaur, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a unas medidas de protección de la seguridad de abastecimiento de gas natural (COM (2002) 488- C5-0449/2002- 2002/0220 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0297/2003) del Sr. Karlsson, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las aproximaciones de las medidas en materia de seguridad del abastecimiento de productos petrolíferos (COM (2002) 488- C5-0448/2002- 2002/0219 (COD)) 
(El Parlamento rechaza la propuesta de la Comisión) 
Tenemos que preguntar ahora a la Comisión si tiene intención de retirar su propuesta. 
. 
(EN) Señor Presidente, informaré puntualmente de esto a mi colega, la Sra. De Palacio, y pediré a la Comisión que actúe en consecuencia. 
Señor Comisario, me temo que necesitamos la respuesta ahora, de manera que podamos concluir esta parte del procedimiento de votación. 
El Parlamento ha rechazado la propuesta de la Comisión. 
Supongo que, por el momento, la Comisión va a mantener su texto. 
. 
(EN) Señor Presidente, personas expertas en esta materia me informan de que de conformidad con el acuerdo marco debo consultar con mis colegas y, una vez hecho esto, por supuesto informaré debidamente al Parlamento. 
Señor Presidente, tal vez pueda echarle una mano al señor Comisario. 
Anoche, la Sra. Comisaria De Palacio aseguró a la Cámara que, en caso de que la propuesta fuera rechazada, no intentaría volver a presentarla. 
. (EN) Señor Presidente, este Comisario siempre agradece cualquier ayuda que se le preste. 
Les puedo asegurar que ocurre en muy contadas ocasiones. 
(Risas) 
No quisiera desmentir la afirmación que acaba de formularse. 
Una vez más, supongo que las cosas irán por donde ha indicado su Señoría. 
Colegas, en estas circunstancias propongo devolver este asunto a la comisión. 
(El Parlamento da su conformidad) 
Informe (A5-0293/2003) del Sr. Karlsson, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se derogan las Directivas 68/414/CEE y 98/93/CE del Consejo por las que se obliga a los Estados miembros de la CEE a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o productos petrolíferos y la Directiva 73/238/CEE del Consejo relativa a las medidas destinadas a atenuar los efectos producidos por las dificultades de abastecimiento de petróleo crudo y productos petrolíferos (COM (2002) 488- C5-0489/2002- 2002/0221 (CNS)) 
Señor Presidente, vista nuestra anterior decisión de rechazar la propuesta de Directiva, creo que no deberíamos votar sobre el siguiente informe porque trata de la cancelación de anteriores Directivas. 
Dado que estos dos informes están íntimamente relacionados, creo que deberíamos seguir el consejo del ponente y devolver también este a la comisión. 
(El Parlamento da su conformidad) 
Informe (A5-0236/2003) del Sr. Berenguer Fuster, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la marca comunitaria (COM (2002) 767- C5-0009/2003- 2002/0308 (CNS)) 
Seguimos con la votación. 
Informe (A5-0278/2003) del Sr. Sterckx, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, sobre el refuerzo de la seguridad marítima tras el naufragio del petrolero «Prestige» (2003/2066 (INI) ). 
Antes de la votación sobre la enmienda 11: 
Señor Presidente, la enmienda 11 se refiere a una comisión temporal. 
Es una enmienda que presento yo, porque, aunque los dos principales Grupos han presentado una propuesta de comisión temporal, no se ha alcanzado un acuerdo sobre el contenido. 
Estoy intentando mantenerme al margen de un debate político que tiene lugar en uno de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Siempre he intentado hacerlo, y ahora lo intento de nuevo. 
De ahí que presente esta enmienda oral, que a mi entender combinará mejor diversas propuestas. 
La leeré en inglés, pues es la lengua en que se redactó la enmienda. 
¿Hay alguna objeción a esta enmienda oral? 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Sterckx por su iniciativa y decir que lamento la postura que adoptan los socialistas. 
Evidentemente, volveremos a votar sobre esta enmienda inicial que, lamento decirlo, contradice el artículo 193 del Tratado y el artículo 151 del Reglamento, porque básicamente incluye una disposición para una comisión de investigación encubierta. 
Por consiguiente, creo que estamos votando sobre algo que contradice los Tratados y el Reglamento. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Hatzidakis, eso no era una cuestión de observancia del Reglamento. 
Es bastante evidente que son más de 32 diputados los que se oponen a la enmienda oral. Por consiguiente, no se admite. 
Antes de la votación sobre la enmienda 3: 
, ponente. 
(NL) Señor Presidente, sobre la base de informaciones previas escribí que aún había 13 000 toneladas a bordo del buque naufragado. 
Ayer hablé con las personas que intentan sacar este petróleo a la superficie, y me contaron que seguía habiendo 14 000 toneladas en el buque. 
Por ello quisiera modificar estas dos cifras. 
. (FR) Hemos votado en contra de la iniciativa de la República de Austria que preconiza una aplicación especialmente restrictiva del derecho de asilo. 
En cuanto al informe Schmidt, no apoyamos su petición de «solucionar (?) el problema de los Estados terceros seguros». 
En efecto, consideramos que el problema no es elaborar una lista un poco más larga de Estados cuya decisión de conceder el derecho de asilo sería aceptable por la Unión Europea. 
El derecho de asilo no debe tener restricciones. 
Y rechazamos cualquier aplicación restrictiva con respecto a la «Convención de Ginebra y el principio de no expulsión». 
. 
(PT) La iniciativa de la República de Austria, motivada por una necesidad de responder a un «espectacular aumento de las solicitudes de asilo» en dicho país, «rompiendo la tendencia general europea» , se ciñe a la lógica de construir una «Fortaleza Europa». 
La iniciativa pretendía elaborar una lista de terceros países considerados seguros para asumir la responsabilidad de examinar una solicitud de asilo, dando por sentado que el país responsable de estudiar una solicitud era el país por donde el solicitante entraba en la Unión. 
De los países enumerados en la lista, Suiza es el único que no está integrado en la UE ni en el Acuerdo de Schengen. Por ello, cabe deducir que los objetivos inmediatos de Austria eran los países candidatos a la UE con quienes comparte frontera. 
Sin embargo, como señala el ponente, aquí está en juego un principio fundamental, en concreto que la Convención de Ginebra confiere a todo solicitante de asilo el derecho a que se examine individualmente su caso. 
Incluso si se elaborara una lista de «terceros Estados seguros» , ninguna solicitud de asilo podría ser rechazada automáticamente en virtud de las disposiciones de la Convención de Ginebra. 
Por otro lado, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, un reglamento no sería el instrumento correcto a usar en relación con un aspecto tan vital de la soberanía de los Estados miembros. 
. 
(PT) Apoyo los argumentos del ponente, pues creo que el alcance de la iniciativa austriaca es en efecto limitado. 
El ponente observa que este Reglamento solo se aplicaría a Suiza, una condición claramente insuficiente para concebir tal instrumento legal. 
Al mismo tiempo, el carácter inflexible de la propuesta no prevé mecanismos para que se revise la lista de «Estados seguros» y se añadan o quiten países. Ello podría conducir a una paralización ab initio del sistema propuesto, sin que aportara beneficio alguno, ni para los solicitantes de asilo ni para los que aplican la ley. 
El ponente observa que en la propuesta de Austria subyace el problema de un «espectacular aumento» de las solicitudes de asilo en dicho país, lo cual es lamentable. 
Sin embargo, en este punto, a diferencia del ponente, he de decir que considero normal e incluso positivo que un Estado miembro intente ejercer sus derechos y resolver sus problemas específicos aunque, a veces, pueda contradecir el principio abstracto del «interés comunitario» , que a menudo es muy esquivo en relación con la seguridad y la justicia. 
Asimismo apoyo la opinión del ponente de que el concepto de terceros Estados europeos seguros no debería ser objeto de un Reglamento aparte, sino que más bien debería tratarse en el marco de un enfoque amplio establecido en la Directiva sobre la política de asilo. 
. 
(PT) Como era de esperar, el Sr. Trichet, Presidente electo del Banco Central Europeo (BCE) , ha reafirmado y reforzado el actual «triángulo» económico de la UE, basado en la estabilidad de precios, el Pacto de Estabilidad y la «estrategia de Lisboa» , a pesar de las contradicciones cada vez más patentes entre este «triángulo» y el crecimiento económico y el empleo. 
En sus respuestas al cuestionario, el Sr. Trichet reafirma que la estabilidad de precios es un requisito previo para el crecimiento «manteniendo un bajo aumento de los costes de producción unitarios» , es decir, a través de la moderación salarial, reducción de los salarios reales y aumentos de productividad, pero, en este caso, solo para los empresarios. 
El Sr. Trichet también menciona el consenso entre los gobernadores de la UE acerca de la «estrategia de Lisboa» y la necesidad de hacer hincapié en el enfoque basado en reformas estructurales, con lo cual quiere decir liberalización, aumento de la flexibilidad del mercado laboral y una privatización gradual de las pensiones. 
Por último, reafirma el umbral del 3% del Pacto de Estabilidad, sosteniendo que ningún Gobierno ha pedido que se modificara y que la Comisión ha demostrado que es esencial. 
No deja de ser irónico, teniendo en cuenta que Francia está a punto de incumplir, por tercer año consecutivo, este mismo criterio. 
El Sr. Trichet también apoya las enmiendas a los métodos de votación del BCE, que, fundamentalmente, aparta a países como Portugal del proceso de toma de decisiones. 
Por ello hemos votado en contra de este informe. 
. (NL) Hoy hemos de elegir a un nuevo presidente del Banco Central Europeo, pero en realidad no hay nada que elegir. 
Desde el principio, la intención era que el banco se estableciera en Alemania con un francés a la cabeza. 
Dado que el neerlandés Wim Duisenberg realizó el trabajo preparatorio para el BCE, se le entregó la presidencia durante un breve periodo de tiempo. 
Cuando fue nombrado se sabía que se había alcanzado un compromiso para que el mandato de ocho años se repartiera entre el Sr. Duisenberg y el Sr. Trichet. 
Por consiguiente, desde el principio, el Sr. Trichet tenía asegurado su puesto, aunque solo por la mitad del periodo. 
Esto amenazó con salir mal cuando parecía que el Sr. Trichet acabaría en la cárcel. 
Ahora se ha propuesto que se le conceda otro periodo de ocho años. 
Como argumento a favor de su nombramiento se dice ahora que, a diferencia del Gobierno de su país, él se atendrá estrictamente al techo del 3% para los déficit presupuestarios nacionales en el Pacto de Estabilidad. 
Este techo está resultando ser una receta para el desastre. 
Los grandes Estados miembros no logran alcanzarlo; los Estados miembros pobres sin duda no serán capaces de hacerlo. 
En los Países Bajos, que se atienen a él, se está cortando por lo sano todo lo que es valioso. 
Teniendo en cuenta esta situación no veo razón para aprobar la candidatura del Sr. Trichet. 
. (EN) He votado a favor de la ratificación del Sr. Trichet como Presidente del Banco Central Europeo porque es beneficioso para mi país y para mis electores que el BCE esté bien gestionado y que el euro triunfe como moneda. 
La zona euro es, de lejos, el destino más importante de las exportaciones escocesas y la principal fuente de nuestras importaciones y turistas. 
He quedado razonablemente convencido por la fama del Sr. Trichet y por la forma en que ha contestado a las preguntas en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en el sentido de que mantendrá la estabilidad del euro. 
Asimismo, va a mantener la presión sobre los Estados miembros para que apliquen políticas financieras prudentes y reformen sus estructuras sociales a fin de promover el crecimiento y el desarrollo económicos. 
Eso es lo que le importa a Escocia. 
. 
(PT) El desempleo es uno de los principales problemas de los países candidatos. 
En seis de los 12 países candidatos, el desempleo supera el 10%, lo cual provoca la exclusión social y la pobreza. 
Por ello son necesarias unas políticas económicas y monetarias que promuevan el crecimiento económico y el empleo, teniendo como motor el sector público y el sector cooperativo. 
Este desempleo puede achacarse a la rápida destrucción de las economías planificadas, vinculada a las oleadas de privatización y la completa apertura de los mercados, que han causado una fuerte alteración no solo de la actividad económica, sino también de los propios servicios públicos, en especial en el ámbito de la seguridad social. 
Esta misma transformación se confirma en la exposición de motivos del informe, donde se dice que ha provocado «un aumento de la parte de la población amenazada de pobreza» y ha causado el aumento de «empleos poco seguros, el trabajo a tiempo parcial y el trabajo por horas». 
Por consiguiente, esta comunicación de la Comisión aspira a transponer la Estrategia de Empleo europea, en su versión post- «estrategia de Lisboa» , a los países candidatos. 
No parece que esto último exija una mayor flexibilidad y movilidad laboral. 
Una vez más, la solución reside en una profunda revisión de las política económicas y monetarias neoliberales atrincheradas de la UE. 
Es preciso redoblar los esfuerzos de la UE para conseguir una cohesión económica y social. 
. 
(PT) He votado a favor del presente informe sobre la comunicación de la Comisión relativa a los progresos realizados por los países candidatos en relación con sus respectivas políticas de empleo. Su objetivo es asegurar que los países candidatos definan políticas de empleo que les preparen para la adhesión a la UE. 
Como sabemos, el empleo, las políticas de empleo y su coordinación constituyen uno de los principales desafíos a los que se enfrenta hoy la UE. 
Sobre todo, es una de las exigencias de los ciudadanos europeos. 
La Estrategia de Lisboa definió el desafío de crear más y mejores puestos de trabajo como factor esencial para promover un progreso realmente humano, preocupado no solo por las cuestiones de crecimiento económico, sino también por la realización individual de sus ciudadanos. 
Entre los mensajes centrales de la comunicación de la Comisión Europea, quiero destacar los que hacen especial hincapié en la importancia estratégica de la educación y la formación, desde el nivel básico hasta el cada vez más importante aprendizaje permanente. 
Por último, quiero mencionar la importancia dada a programas especiales sobre la igualdad de trato para las personas discapacitadas y las disposiciones para promover la igualdad de oportunidades. Estas medidas hacen posible reconciliar la vida familiar con una carrera profesional. 
Señor Presidente, he invitado a cenar a los seguidores, a los apasionados y a los entusiastas de mis explicaciones de voto. 
Había más de 300. 
En la cocina, el Sr. Fatuzzo preparaba la cena: espaguetis con ajo, aceite de oliva y guindilla. 
Sin embargo, justo en aquel momento, se acabó el gas y no se pudo cocinar más. 
Era un problema, y me pregunté qué pasaría si no hubiese gas en la Unión Europea. 
Por ello, bienvenido sea el informe Mombaur y he votado a favor de él por esta razón. 
¡Quién sabe cómo se vería afectada Europa, si una cena pudiera estropearse por tan poco! 
. 
(PT) La propuesta de la Comisión pretende aplicar medidas para el abastecimiento de gas natural, tras las recientes crisis o amenazas de crisis, especialmente como resultado de los ataques de los Estados Unidos contra países como el Iraq. 
Hay tantas cuestiones importantes que tratar aquí que resulta imposible abordarlas todas en esta declaración. 
La Comisión incluso intenta apropiarse del derecho a intervenir en los trabajos de los Estados miembros, una ambición que el Parlamento minimiza, asegurando así que los Estados miembros mantengan sus prerrogativas en este ámbito en relación con sus obligaciones internacionales. 
Como han sugerido los investigadores, la sustancia de estos documentos no es explícita sino implícita, y la cuestión es que la producción mundial de petróleo se está acercando o incluso ha superado ya su tope, y que aunque la producción de gas natural siga aumentando, llegará a su tope como mucho dentro de 25 años. 
Ambas se enfrentan a un declive inevitable. 
En vista de estos hechos, el establecimiento de un Sistema Europeo de Observación del suministro de hidrocarburos, encargado de resolver este problema clave, podría contribuir, en concreto, a nuestros conocimientos sobre el estado de las existencias mundiales y a la investigación esencial sobre otras fuentes de energía, como las renovables. 
. 
(PT) Al igual que en el caso de las preocupaciones expresadas por los informes Karlsson, que tratan de una serie diferente de sustancias, no cabe duda de que sería beneficioso proceder a una aproximación de las medidas para asegurar los suministros de gas natural. 
La reforzada armonización propuesta por la Comisión Europea es un asunto totalmente distinto. 
Esta armonización encuentra su máxima expresión en un poder que la Comisión quisiera atribuirse: «examinará con detenimiento la cantidad de nuevos contratos de suministro de gas importado de países extracomunitarios» (apartado 1 del artículo 6 de la propuesta) 
Lamentablemente, la propuesta de la Comisión se basa en el supuesto de que, en un mercado competitivo, la seguridad de suministro no puede confiarse al sector responsable, un argumento que va demasiado lejos. 
Por mi parte, estoy de acuerdo con el ponente en que los operadores en el mercado- es decir, las empresas y los Estados miembros- son perfectamente capaces de salvaguardar la seguridad del suministro. 
Recientes estudios lo confirman. 
Por esta razón me veo obligado a abstenerme. 
Creo que la Comisión Europea debería respetar el carácter jurídico de la legislación propuesta- una Directiva- y, por consiguiente, sugerir unas medidas de protección y precaución mínimas, que podrían ser adoptadas por los Estados miembros y los operadores en este sector, con suficiente flexibilidad para adaptarse a las circunstancias específicas de cada país, y con la libertad política de promulgar una legislación concreta en este marco. 
. 
(PT) Al igual que en el informe Mombaur sobre el abastecimiento de gas natural, también lo sustancial de este informe no es lo que es explícito sino lo subyacente, en concreto el hecho de que la producción mundial de petróleo haya alcanzado más o menos o incluso ya haya superado su tope, y, con el tiempo, la producción de gas natural irá por el mismo camino. 
El informe apunta a diversas medidas que se traducen en la misma suma de paliativos. Este enfoque no llega al quid de la cuestión ni aborda el problema más grande, que es nuestra decreciente capacidad de producir petróleo. 
Mientras que las enmiendas 2 y 5 propuestas por el Parlamento Europeo señalan la necesidad de reducir la demanda de petróleo, mencionando las fuentes de energía renovables, los investigadores afirman que lo que realmente se necesita es una reducción del abastecimiento con el tiempo. 
Diversos investigadores afirman que es preciso adaptar la demanda a la capacidad de abastecimiento, de limitar la demanda de acuerdo con la tasa de agotamiento, para evitar un desequilibrio. 
No basta con decir que «hay que» diversificar y reducir la demanda. 
Tenemos que encontrar una base objetiva para concretar esta reducción. 
Un objetivo para reducir el consumo, algo similar a Kioto- que no se convierta en un misterio ni en un gran negocio- es el requisito más esencial y urgente. 
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(PT) He votado a favor de la propuesta de enmienda cuya aprobación por mayoría implica el rechazo de la propuesta de la Comisión Europea. 
Esta era realmente la mejor solución y nos evitará muchos inconvenientes y conflictos. 
No es tanto que me oponga a los objetivos globales enumerados en la propuesta, que de hecho son una respuesta a serias preocupaciones actuales. 
Sin embargo, el problema es que la Comisión Europea ha utilizado estas preocupaciones para enmascarar un intento de reafirmar su derecho a interferir directamente en la gestión de los recursos energéticos de los Estados miembros y nutrir un deseo de influir en el mercado por su propia cuenta. 
Es cierto que el ponente ha intentado «limitar los daños» : ha propuesto unos periodos de transición más realistas (2007) , dejando que sean los Estados miembros los que determinen qué porcentaje de existencias deben tener los organismos públicos o privados, y ha eliminado el derecho a intervenir si los precios aumentan de forma significativa (este derecho se aplicará tan solo durante las crisis de abastecimiento). 
Sin embargo, después de todo lo que sucedió en la comisión parlamentaria competente, y después de que se presentaran varias enmiendas que endurecían más la oposición a las ambiciones de la Comisión, este era un resultado previsible, y un resultado afortunado, especialmente si ha de respetarse el principio de subsidiariedad. 
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(PT) Estoy de acuerdo con el destino que ha tenido el presente informe, después de que se rechazara la propuesta de la Comisión Europea abordada por el otro informe Karlsson. 
Espero que la decisión en el pleno de devolver la cuestión a la comisión parlamentaria especializada permita que se efectúen mejoras en el texto de la propuesta de Directiva. Tendrá que ser más realista si se quiere continuar este proceso legislativo. 
Es especialmente importante considerar las graves repercusiones económicas y financieras de un aumento del periodo de aprovisionamiento de 90 a 120 días, que implicaría unos gastos de gestión intolerables o injustificables para diversos Estados miembros. 
La mejor estrategia puede ser dejar esta cuestión tal como está hoy y concentrarnos sobre todo en promover los mecanismos reales para vincular las existencias, estimular una comunidad de intereses y conexiones entre redes europeas de energía. 
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(PT) Este procedimiento de consulta, que aspira a modificar el Reglamento (CE) Nº 40/94 sobre la marca comunitaria, puede parecer poco importante. 
Sin embargo, este no es el caso. 
De hecho aquí existe una relación entre las marcas comunitarias y las denominaciones de origen o indicaciones geográficas, que recuerda el caso del queso Limiano, de Ponte de Lima, e incluso la cuestión de los vinos. 
Por este motivo las enmiendas 1 y 2 de este informe son peligrosas. 
Aunque afirme que una marca comercial no puede ser bajo ningún concepto al mismo tiempo una indicación geográfica o denominación de origen, el ponente también dice que la indicación o denominación pueden incluirse en la marca si los productos que abarca tienen el derecho a utilizarlas. 
El problema es que ello puede conducir a la protección comercial de marcas que pertenezcan a un titular, normalmente una empresa, amenazando así la denominación de origen, como en el caso del queso Limiano. 
Por ello nos hemos abstenido en la votación. 
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(PT) Esta iniciativa de la República Federal de Alemania con vistas a la adopción de una Directiva relativa a la asistencia durante el tránsito para retirar por vía aérea- es decir al expulsión por vía aérea de personas acusadas de ser «inmigrantes ilegales» -forma parte de una serie de iniciativas y medidas cuyo objetivo es construir la «Fortaleza Europa». 
Como señaló el grupo de diputados que estamparon sus firmas bajo la «opinión minoritaria» anexa al informe, el objetivo real de esta iniciativa es un intento cínico de mejorar y hacer más eficaz la maquinaria para expulsar a las personas acusadas de residencia «ilegal» , con la menor resistencia posible. 
Se ha presentado una enmienda que intenta salvaguardar los derechos descritos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, para insertar una cláusula. Esta enmienda no cambiará una realidad que viola de facto- si no de jure- los derechos de hombres y mujeres que emigran en busca de una vida mejor. 
Es imposible, e incluso intolerable en términos humanos, abordar la trágica situación de miles y miles de hombres y mujeres aplicando medidas represivas diseñadas para aumentar la seguridad. 
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(PT) He votado a favor de este informe. 
La asistencia en casos de tránsito en el marco de la expulsión por vía aérea es una cuestión suficientemente importante como para justificar la elaboración de un código de conducta y unas disposiciones claras sobre los derechos y responsabilidades de los Estados de tránsito, así como del personal de escolta que acompaña a los nacionales de un país tercero durante la expulsión. 
La situación de «limbo jurídico» en que se encontraban tanto los Estados como el personal de escolta que acompaña a las personas en proceso de ser expulsadas tampoco ayudaba a definir su papel y responsabilidades. 
Sin embargo, no puedo apoyar los argumentos de la minoría que abogan irresponsablemente por levantar todas las restricciones fronterizas. 
Además, ironizando sobre una de las propuestas del ponente, no considero «inapropiado» referirme a los nacionales de terceros países como «personas» , porque eso es lo que somos todos, sea cual sea nuestra nacionalidad. 
Precisamente por eso es justificable insertar cláusulas que prohíban el tránsito cuando exista un riesgo de que un nacional de un tercer país sufra un trato inhumano o humillante, tortura o pena de muerte, o cuando su vida o su libertad se vean amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social o convicciones políticas. 
Señor Presidente, este año he ido a Galicia a apreciar la catástrofe ambiental que supuso el hundimiento del Prestige. 
La única palabra para describirla es devastación. 
Sobre todo las aves marinas daban mucha angustia; el casi extinto arao gallego está aún más amenazado a causa de esta catástrofe. 
Es cierto que al principio se cometieron errores y que muchos de ellos se debieron a la confusión entre los Gobiernos regional y nacional. 
Me preocupa que esta investigación no sea constructiva, sino que será utilizada por la izquierda en España para atacar al Gobierno. 
Ya conocemos los hechos, no necesitamos un estudio posterior. 
Necesitamos acciones rápidas para prohibir los botes roñosos como el Prestige y también necesitamos defender las costas más sensibles, por ejemplo la costa de Beverley y Holderness en mi región. 
Por este motivo hemos votado en contra de este informe. 
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(EL) He votado a favor de la propuesta de resolución que incluye una disposición para tomar una serie de medidas importantes para la seguridad marítima, como: 
la creación de puertos de refugio para barcos en apuros, 
la creación de una guardia costera europea para garantizar el control estricto, el cumplimiento de las reglas y las acciones legales contra los responsables, 
frecuentes estudios de barcos de alto riesgo, 
la creación de una flota anticontaminación, 
la creación de zonas especiales para las zonas ecológicamente sensibles. 
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(PT) La comisión parlamentaria incorporó algunas de nuestras propuestas en el informe. Estas eran: 
la necesidad de que los Estados miembros tuvieran a su disposición los recursos adecuados para realizar controles, lo cual deberá lograrse aumentando el número de inspectores y mejorando sus condiciones y métodos de trabajo; 
la importancia de contar con marineros cualificados, a fin de garantizar que se lleve a cabo el mantenimiento preventivo necesario de los buques; 
la existencia, a bordo de los buques que transportan mercancías peligrosas, de medios para combatir al instante la contaminación a pequeña escala; 
ofrecer puertos seguros con los recursos adecuados para aplicar los planes de emergencia pertinentes. 
Sin embargo, algunas propuestas importantes fueron rechazadas, entre ellas las siguientes: 
presentar una propuesta sobre las condiciones sociales, las condiciones de vida y las condiciones laborales de los marineros. Estas condiciones han de respetarse a bordo de un barco. 
delegar la autoridad para conceder títulos a las empresas que tienen la experiencia técnica necesaria para realizar el trabajo y que son independientes de los propietarios del barco; 
crear una comisión de inspección del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, las votaciones en el pleno apuntan a favor de la creación de una comisión temporal, lo que demuestra que, en cierto sentido, nuestra postura finalmente prevaleció. 
Por ello hemos votado a favor del informe. 
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(PT) El hundimiento del petrolero Prestige delante de las costas de Galicia el 19 de noviembre de 2002 causó un enorme desastre ecológico y económico, al cual, me complace decir, el Parlamento dedicó toda su atención desde el principio. 
En marzo de este año, una delegación parlamentaria, de la cual yo formaba parte, viajó a Galicia y observó la magnitud del desastre de primera mano. 
Por ello comparto las preocupaciones expresadas por la Comisión y por sus Señorías sobre la seguridad marítima. Pido a todas las partes que se comprometan firmemente en el ámbito vital de la seguridad marítima, dado que la calidad y la seguridad de los buques que navegan por aguas europeas, y de los buques europeos en todo el mundo, depende de ellas, así como la protección de las costas y de los ciudadanos de Europa contra otros desastres. 
¡La seguridad es responsabilidad de todos nosotros y exige todo nuestro compromiso! 
Además estoy hablando como diputado de una región donde confluyen muchas rutas de navegación entre América y Europa, y que por tanto es sumamente vulnerable a este tipo de desastres. 
La isla de Porto Santo ya ha sufrido las terribles consecuencias de accidentes de este tipo. 
Esperemos que estas medidas signifiquen que mi región o cualquier otra no las experimente NUNCA MÁS. 
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(NL) El mundo paga el precio por mantener artificialmente barato el precio del transporte marítimo. 
Los barcos procedentes de países ricos navegan con banderas de países pobres, con impuestos mínimos y protección mínima para la tripulación, a la que se paga de acuerdo con niveles del mundo en vías de desarrollo. 
Los buques son inspeccionados por empresas comerciales y por agencias que compiten unas con otras y que temen perder a sus clientes si son demasiado estrictas. 
Los Estados costeros intentan limitar el problema de la pérdida de la carga y las catástrofes marítimas manteniendo el transporte que no les interesa lo más lejos posible de sus costas. 
En el caso del naufragio del petrolero Prestige delante de la costa de Galicia, el desastre empeoró porque las autoridades españolas alejaron el buque de la costa en lugar de trasladarlo a un puerto seguro. 
Ahora, seis meses después del desastre, sigue saliendo petróleo del buque hundido. 
El Gobierno español persiste en su mala gestión y el ponente ha optado por ignorarlo en gran medida. 
Apoyo sus propuestas para promover los puertos seguros, imponer la obligatoriedad de la guía con pilotos, estimular la investigación, evitar criminalizar a los marineros, hacer que el que contamine pague y dar dinero para limpiar a los animales cubiertos de petróleo. 
Sin embargo, estas medidas seguirán siendo inadecuadas mientras las empresas persigan los máximos beneficios y los países intenten reducir al mínimos sus gastos. 
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(PT) He apoyado este informe y emitiré un voto final a favor en línea con mi intervención durante el debate. 
Es deplorable que los socialistas y otros diputados de la izquierda hayan rechazado la propuesta de enmienda oral, presentada por el propio ponente justo antes de la votación de una enmienda delicada- la enmienda 11, sobre la creación de una comisión temporal- que podría haber llevado a un consenso aún más amplio sobre la formulación final de este excelente y amplio informe. 
Lamentablemente, la izquierda europea sigue estando más interesada en los pequeños sofismas políticos, al servicio de los conflictos sectarias en España que en servir eficazmente al interés común. 
Hechos como la aprobación de la enmienda 23, cuyo lenguaje partidista es inconfundible, lo demuestran. 
A pesar de ello, he votado a favor del informe y de la enmienda 11 en la formulación original del ponente. 
Las costas de Portugal siempre son vulnerables en estas situaciones. Ello es válido tanto para las costas continentales (que por poco fueron golpeadas por el desastre del Prestige) como para Madeira y las Azores. 
Claramente, hemos de estar siempre en primer línea en cuestiones de seguridad marítima, y hacer progresos y exigencias importantes en este ámbito. 
Una vez más felicito al ponente por su excelente trabajo. 
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(PT) La calidad del agua en el mar y en los ríos en toda Europa y en todo el mundo es crucial para el bienestar de las personas. 
La toma de decisiones políticas no debería ser vacilante, frágil ni equívoca. 
El Consejo, la Comisión y el Parlamento deberán asumir una postura unida, clara e inflexible para garantizar que no vuelva a ocurrir casos como el desastre del Prestige. 
¡Nunca más! 
No podemos ni debemos subestimar la importancia de reforzar los cascos de los barcos, controlar sus rutas (rutas de navegación) , un alto grado de profesionalidad entre la tripulación, desplazar las rutas de navegación aún más mar adentro y utilizar correctamente los corredores. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
Señor Presidente, quiero presentar una protesta formal. 
Esta mañana temprano tenía que estar en mi circunscripción, que no está muy lejos- unos 150 km- y habría llegado a tiempo para la votación de no ser por las manifestaciones que se han celebrado delante de este edificio. 
Es por ello que no he llegado hasta la mitad del informe Sterckx y me he perdido casi todas las votaciones nominales. 
Quiero pedirle formalmente, señor Presidente, que debata en la Mesa cómo se puede garantizar que no se impida a los diputados estar presentes durante la votación. 
En cuanto a mi tiempo de viaje, tendría que haber llegado puntualmente, pero fue imposible debido a las manifestaciones que bloqueaban el acceso al edificio. 
La mayoría de los diputados en la Unión Europea tienen leyes que definen una zona en torno al Parlamento donde están prohibidas las manifestaciones. 
Por desgracia, aquí no tenemos nada parecido, y aparte de la cuestión de mis gastos, la Mesa debería reflexionar seriamente sobre esta cuestión y sobre cómo podemos garantizar que no se impedirá a los diputados estar presentes en las votaciones. 
Sé que en Westminster, que conozco bien, es un delito impedir que un diputado vote. 
Hoy se me ha impedido tomar parte en por lo menos cinco votaciones nominales, y quiero que conste expresamente. 
Señor Presidente, todos teníamos un poco de prisa porque no queríamos retrasar innecesariamente el próximo debate sobre la presentación del presupuesto. 
Tengo una verdadera propuesta relativa al procedimiento. 
Quiero proponer una cuestión de observancia del Reglamento, pues creo que la Conferencia de Presidentes y el Presidente de este Parlamento están violando el Reglamento, en concreto el artículo 3 del Anexo XIII. 
Ayer, el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, envió al Presidente de este Parlamento, el Sr. Cox, una carta en la que establecía cómo los miembros de la Comisión de Control Presupuestario y los miembros de la Conferencia de Presidentes debían debatir los documentos sobre la actual investigación en Eurostat. 
El Sr. Prodi elaboró un impreso para tal fin de conformidad con el 2º inciso del apartado 2 del artículo 3 del anexo 3. Se trata, salvo una excepción, de la regla menos estricta, de acuerdo con la cual examinaremos la cuestión a puerta cerrada mañana por la noche. 
Sin embargo, según el acuerdo entre el Parlamento y la Comisión, el Presidente del Parlamento y el Presidente de la Comisión han de negociarlo. 
Por ello quiero pedir al Sr. Cox y a la Conferencia de Presidentes que aboguen por una regulación más favorable. 
Mi segundo comentario es que la reunión entre la Conferencia de Presidentes, los miembros de la Comisión de Control Presupuestario y el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, ha de celebrarse de puertas adentro el próximo jueves. 
Todos los periodistas en la sala del piso de abajo me dicen, no obstante, que el portavoz del Sr. Prodi afirmó que si el Parlamento desea que esta reunión se celebre en público, puede ser así. 
Creo que es conveniente para nuestra dignidad y también para nuestro interés pedir con mayor insistencia que esta reunión se celebre en público. 
Creo que todos los ciudadanos europeos tienen derecho a ello y que sería contraproducente si no sucediera. 
Por consiguiente, quiero pedirle, señor Presidente, que transmita con insistencia estas dos peticiones al Sr. Cox. 
Le estaré muy agradecido si lo hace. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, seguramente ya conocerá el anuncio que hace poco ha lanzado la Comisión Electoral del Reino Unido de que en las próximas elecciones europeas la población de Gibraltar deberá votar en el sudoeste del Reino Unido, a raíz de una decisión del Tribunal Europeo. 
¿Celebrará usted conmigo el fin del error histórico que ha negado a la población de Gibraltar una voz en Europa? 
Quisiera pedirle que escriba, en nombre de este Parlamento, al Sr. Peter Caruana, el Primer Ministro de Gibraltar, ofreciendo a sus ciudadanos una cálida bienvenida y felicitándoles por esta reñida campaña para garantizar su legítima representación democrática en Europa. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Magri su intervención. 
No necesito recordar a sus Señorías que este es el último presupuesto de este Parlamento. 
Si nos fijamos en los últimos cuatro años, veremos que se han producido cambios significativos en el procedimiento presupuestario. 
Los que llevamos aquí mucho tiempo hemos sido testigos de muchos cambios, sobre todo en la relación entre el Parlamento y el Consejo. 
Ahora contamos con la presencia de un Ministro que estará aquí durante tres horas más o menos en un debate presupuestario, como el año pasado, lo que dice mucho a favor del Consejo. 
Antes nunca veíamos por aquí a ningún Ministro del Consejo en esta fase del proceso presupuestario. 
Lo digo como un elogio, no como un insulto. 
La evolución del proceso ha experimentado muchos cambios culturales. 
Supongo que ahora somos menos polémicos. 
Ahora existe más codecisión entre los dos brazos de la autoridad presupuestaria, especialmente cuando hablamos del instrumento de la flexibilidad. 
El proceso de conciliación que tiene lugar todos los años en noviembre es una verdadera conciliación. 
No estoy demasiado seguro de que la conciliación de julio tenga mucho sentido, pero la conciliación de noviembre ha demostrado su valor. 
Ambas partes han respetado el hecho de que somos los dos brazos de la autoridad presupuestaria. 
Espero que los cambios que hemos podido ver en los últimos cuatro años avancen cuando la Convención haya sido definitivamente ratificada y el Parlamento haya recibido su legítimo lugar como brazo de la autoridad presupuestaria, manteniendo así su papel estratégico para próximos años. 
En los últimos cuatro años he tenido el placer de ser presidente de la Comisión de Presupuestos. 
Probablemente este sea mi último presupuesto como Presidente- oigo algún abucheo por ahí atrás -, pero deseo ver terminado este presupuesto. 
Ha sido un proceso sin descanso desde que fuimos elegidos en 1999. 
Lo primero que tuvimos que hacer fue intentar llegar a un acuerdo sobre el instrumento de flexibilidad para la reconstrucción de Kosovo. 
A ello siguieron inmediatamente sucesivos debates y discusiones con el Consejo sobre cómo financiar Serbia, Afganistán, el notorio acuerdo de pesca, e incluso este año hemos tenido el problema de la Categoría 5 y de cómo íbamos a financiar el gasto administrativo necesario. 
Este período ha tenido sus momentos. 
A principios del presente año alguien me preguntó si había algún problema para el presupuesto de 2004. 
En un momento de debilidad dije, «no, la verdad es que no». 
Esto es cierto si no incluimos la ampliación, posibles problemas futuros con el Iraq o una presupuestación basada en las actividades. 
Todas ellas deben resolverse. 
El presupuesto de 2004 distará de ser fácil por varios motivos, en primer lugar porque tiene un formato PBA (presupuesto basado en actividades). 
El hecho es que ahora hemos de votar de forma diferente por una estructura diferente, y esperemos que salga bien, además de abordar la ampliación. 
Vamos a votar sobre una nueva estructura y, después, votaremos por 10, 15 ó 25 países, según cómo se mire. 
Será difícil por las diferentes enmiendas de los Grupos y las comisiones, sobre todo por la muy interesante enmienda del Grupo del PPE que solicita 500 millones de euros para reconstruir el Iraq. 
Enseguida trataré esta cuestión. 
El nuevo Reglamento financiero también complica el asunto, especialmente las líneas A-30. 
Aunque estas cuestiones son menudencias, al parecer en las comisiones suponen una gran inversión de tiempo, como ya sabe cada uno de los miembros de la Comisión de Presupuestos. 
Además está la cuestión de cuáles son las verdaderas necesidades de la ampliación, especialmente en el seno de las instituciones. 
¿Cómo determinamos esa realidad a partir de las propuestas de la Comisión y de las demás instituciones? 
Los dos ponentes, el Sr. Mulder y la Sra. Gill, han peleado valientemente para intentar obtener respuestas a esta pregunta, y aquí tampoco excluyo al Parlamento. 
El hecho es que este presupuesto debe garantizar que la ampliación sea un éxito y que se dé un trato equitativo a los países candidatos, que no se les trate como ciudadanos de segunda clase. 
Tenemos que asegurarnos de que se hace bien. 
Asimismo, hemos de garantizar que, en este nuevo formato, este debate sea significativo. 
Esperemos que en las próximas horas tengamos una verdadera oportunidad de celebrar un diálogo a dos o tres bandas entre nuestras tres instituciones. 
En la búsqueda de soluciones es importante dirigir preguntas a las instituciones, en lugar de hacer las declaraciones formales de siempre. 
Quiero empezar a mover este asunto relacionado con la enmienda del Grupo del PPE-DE que he mencionado antes. 
Me interesa saber cómo reaccionarían la Comisión y el Consejo si aprobamos por votación esta enmienda de conceder el año que viene 500 millones de euros extraordinarios para la reconstrucción del Iraq. 
. (NL) Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento por la presencia del Consejo y de la Comisión. 
Veo que ambas instituciones están representadas aquí con un nutrido personal. 
Dispongo de cinco minutos para hablar. 
Esto significa que, cuando examino el presupuesto que tenemos ante nosotros, puedo hablar unos tres segundos por cada millardo de gastos. 
No es mucho, y por tanto me limitaré a las cuestiones principales. 
En primer lugar, me complace que el Consejo haya dicho- y el Sr. Terry Wynn también lo ha recalcado- que 2004 es un año crucial. 
Es el primer año de la ampliación y hemos de hacer lo posible para que la ampliación sea un éxito. 
Ahora que, en Letonia, se ha celebrado el último referendo en los diez nuevos países, tenemos la certeza de que diez nuevos países se adherirán el 1 de mayo del año próximo. 
Hemos de conseguir de inmediato que se sientan como en casa y que sepan que son bienvenidos. 
Señor Presidente, usted y el Sr. Böge han de desempeñar un papel importante a la hora de elaborar las dotaciones presupuestarias para los programas de codecisión. 
Creo que es vital que lleguemos a un acuerdo sobre este asunto antes de noviembre del presente año. 
En estos momentos hay signos de recesión en toda Europa. 
Creo que hemos de intentar desarrollar una mayor actividad económica. 
Personalmente tengo grandes expectativas con respecto a la iniciativa, que incluso se ha mencionado en las directrices, para desarrollar más el sector de la pequeña y mediana empresa por medio de mecanismos de garantía, a través de bancos en Europa del Este. 
Si el Parlamento lo aprueba, espero que el Consejo adopte una postura más favorable a pesar de su política de no cambiar las asignaciones para los diez nuevos Estados miembros con respecto a lo que se acordó en Copenhague. 
Este lado puede presentar enmiendas pidiendo que se preste más atención a determinados desarrollos en los nuevos Estados miembros. 
Ahora sobre el presupuesto en general. 
Ya se ha dicho una o dos veces: queremos ser un Parlamento responsable en lo que respecta a los gastos. 
Los gastos innecesarios son superfluos. 
En lo que a mí respecta, deberíamos examinar individualmente cada gasto para ver si está justificado o no. 
El patrón de gastos del año pasado desempeñará un papel especialmente importante en este sentido. 
Creo que ello es particularmente importante, ahora que hay una disciplina presupuestaria estricta en todos los Estados miembros. 
Ya se ha dicho antes una o dos veces, pero la cuestión del Iraq arroja una sombra sobre la rúbrica 4 del presupuesto. 
¿Qué hacemos acerca del Iraq? 
Creo que la Comisión ha de presentar una propuesta muy clara y ha de indicar sin rodeos por qué cree que es necesario un importe específico y cómo pretende financiarlo. 
No me refiero únicamente a ciertos importes que van directamente de la Comisión al Iraq. 
¿Podría averiguar la Comisión qué otros mecanismos puede haber en una determinada fase? 
¿Podría haber un papel a largo plazo para el Banco Europeo de Inversiones para estimular a las empresas para que inviertan en el Iraq? 
¿Podría haber un papel para el Fondo Europeo de Inversiones y otras empresas del mismo tipo? 
Comprendo que no sea posible cambiar de la noche a la mañana, pero quizás la Comisión pueda hacer una declaración al respecto. 
Tendremos que intentar financiarlo principalmente con el presupuesto de 2004, pero creo- aunque no lo sé- que en este ámbito no hay nada claro. 
¿Qué papel tiene previsto la Comisión para el instrumento de flexibilidad, y qué hay de realista en el intento de llegar a un acuerdo con el Consejo? 
Quizás el Consejo pueda decir algo al respecto. 
Un punto que afecta a todo el presupuesto es que a lo largo de los años el Parlamento ha tenido por costumbre incluir en el presupuesto determinadas cantidades para actividades preparatorias, ensayos, etc., y que la Comisión era libre de no ejecutarlas. 
Otras acciones que también se proponían en el presupuesto no fueron financiadas por la Comisión. 
Este año, queremos intentar evitar esta situación. 
Por ello deberíamos poner ciertas cantidades de dinero en la reserva y solo liberarlas si tenemos la impresión de que la Comisión se toma en serio las decisiones del Parlamento, es decir, de la autoridad presupuestaria. 
Asimismo tendremos que discutir mucho sobre la política de recursos humanos de la Comisión. 
El Consejo ha anunciado que no está de acuerdo con las propuestas de la Comisión en relación con los recursos humanos adicionales. 
La posición del Parlamento aún no está clara, pero quizá pongamos determinados elementos en la reserva y los liberemos solo una vez que la Comisión haya cumplido ciertas condiciones. 
Una de las cosas interesantes este año es que es el último año de esta Comisión. 
En este caso es costumbre otorgar a diversas personas del Gabinete de Comisarios posiciones atractivas en la administración de la Comisión, una práctica denominada «paracaidismo». 
Me gustaría que la Comisión nos explicara la política de promoción de los últimos años y los planes que tiene en este ámbito para el ejercicio. 
Mi último punto; permítanme decir lo impresionado que estoy por la buena cooperación con el Consejo, los ponentes de las diferentes comisiones parlamentarias y la propia Comisión hasta ahora. 
Espero que esta buena cooperación dure hasta diciembre. 
Señor Presidente, como hemos podido escuchar, el presupuesto de 2004 incluirá profundos cambios a raíz de la histórica ampliación que debe tener lugar en mayo de 2004. 
Mi objetivo ha sido equilibrar las necesidades de las instituciones para que puedan desempeñar sus tareas y prepararse para afrontar los desafíos que planteará una Unión Europea de 25 Estados miembros. 
Sin embargo, al mismo tiempo hemos de garantizar que los principios del rigor presupuestario y de la prudencia estén en la base de todas nuestras decisiones presupuestarias. 
El presupuesto planteará a las demás instituciones grandes desafíos, porque modificará notablemente muchas de ellas. 
Algunas instituciones recibirán aumentos adicionales del 50% en sus presupuestos, lo que llevará a duplicar o triplicar el número de funcionarios que las componen. 
Para ello se precisará una gestión prudente e intensa que absorba perfectamente este cambio. 
Por lo tanto, para empezar quiero expresar mi satisfacción por la presentación del tercer informe de los Secretarios Generales sobre la evolución de la rúbrica 5. 
Se ha convertido en un instrumento útil para el proceso de toma de decisiones, y aunque contamos con un procedimiento presupuestario anual, es importante ser conscientes de la probable situación plurianual, para poder tomar las decisiones estratégicas correctas, por ejemplo en materia de edificios y de política de personal. 
Quiero recordar a todos que para el 1 de septiembre de todos los años tendremos que haber recibido de la Comisión y de las demás instituciones este informe anual. 
La lectura por parte del Consejo del presupuesto de 2004 ha sido sorprendente. 
Estoy totalmente perpleja por el enfoque del Consejo: no parece haber una estrategia clara fuera de la duplicación del margen. 
Por un lado, el Consejo sigue adoptando un enfoque general, que el Parlamento siempre ha criticado. 
En el pasado hemos dicho que el Consejo ha aplicado recortes horizontales en las instituciones sin estudiar las verdaderas necesidades. 
Es lo que ha vuelto a ocurrir este año con el presupuesto de la Comisión. 
Sin embargo, por otro lado, el Consejo ha sido sorprendentemente generoso, tanto que debo preguntar si todas las peticiones que ha aprobado tienen justificación. 
Este año el Parlamento debe garantizar que se aplique el rigor presupuestario y que se haga un examen más crítico de las necesidades. 
Por lo tanto, quiero pedir la opinión del Presidente en ejercicio sobre el enfoque que he adoptado en torno a estas decisiones. 
Propondremos la reserva de dinero para dos Comisiones, alrededor de un millón de euros para cada una de ellas, así como recortar más puestos de trabajo en la mayoría de los demás presupuestos. 
Me preocupa que el Consejo haya aceptado todo lo que guarda relación con la ampliación, y la ampliación debería haber propiciado mayores economías de escala. 
Soy una firme defensora de la ampliación, pero esto no significa que todo lo que se pide sea necesario. 
Es importante que no tengamos carta blanca en cuanto a la ampliación se refiere y que al mismo tiempo rechacemos los puestos existentes y las cuestiones existentes de política de personal, como el ascenso, que son importantes para los empleados en activo actualmente. 
En este terreno es necesario un equilibrio. 
No quiero entrar en detalles sobre todas las decisiones del Consejo, pero quiero preguntar por los edificios, que es la segunda partida más importante del gasto después del personal. 
Quiero conocer la estrategia del Consejo. 
Siempre hemos aceptado una política de compra de los locales de las instituciones europeas, porque esto suele ser más económico para el contribuyente europeo, por lo tanto, hemos de examinar el gasto en edificios, adoptando un enfoque plurianual en lugar de un enfoque poco sistemático, e intentar comprar los edificios lo antes posible. 
Sabemos que el margen de la rúbrica 5 quedará en entredicho a partir de 2006 ó 2007. 
Sin embargo, tenemos un margen considerable en 2004. 
Me ha decepcionado que el Consejo rechazara mi propuesta de utilizarlo para financiar los edificios que van a servir a la ampliación. 
Supondría un mayor ahorro, incluso un ahorro para los contribuyentes. 
Para los edificios no precisamos parches, necesitamos adoptar un enfoque estratégico plurianual. 
Mi siguiente pregunta está dirigida a la Comisión. 
Trata de la importancia que tiene la aprobación del nuevo Estatuto de los funcionarios. 
Esta cuestión se ha ido alargando durante un tiempo y tiene implicaciones para todas las instituciones y para nuestros funcionarios. 
No obstante, todos los planes de establecimiento incluidos en el presupuesto corresponden a los antiguos estatutos de los funcionarios, por lo que invito hoy a la Comisión a que confirme que propondrá un presupuesto de modificación para la aplicación del nuevo estatuto de los funcionarios y cuál será el posible calendario para ello, porque el próximo año, con las elecciones, el calendario parlamentario será más corto. 
Por último, quiero invitar a todas las demás instituciones a que tengan en cuenta algunos de los cambios y las exigencias que les afectan a raíz de la ampliación. 
Deben empezar ya a planificar y a introducir controles que son absolutamente esenciales. 
Señor Presidente, es absolutamente positivo, como ha dicho el Sr. Wynn, que tengamos este tipo de debate generalizado. 
Esperamos que esta no sea su última presentación de este informe ante el Parlamento como presidente de la Comisión de Presupuestos, aunque después de 2004 puede que siga habiendo vida. 
Felicitamos a ambos ponentes, como siempre, pero en relación con este presupuesto en particular quisiéramos ser cautelosos. 
Tal y como ha dicho el Comisario y el Presidente en funciones del Consejo, se producirán cambios importantes como resultado de la ampliación, así como actividad presupuestaria basada en actividades. 
Entre mayo y noviembre de 2004 también tendremos a tres Comisarios diferentes. 
Va a ser un año turbulento. 
Por este motivo, mi Grupo no desea que se abra la revisión de la perspectiva financiera en los próximos 12 meses. 
Sería algo innecesariamente complicado empezar ahora que vamos a estar fuera de campaña electoral y en el último año de la Comisión actual. 
En la última legislatura, en 1999, tuvimos grandes problemas con la negociación de una perspectiva financiera, que no solo ataba al Parlamento y a la Comisión de entonces, sino también a los siguientes, a una situación en que no podían revisarla. 
De acuerdo con la planificación de tipo soviético, deberíamos empezar ya a pensar en cuál será la financiación en 2013. 
Como Grupo queremos que se negocie una perspectiva financiera quinquenal a partir de 2005 para que se aplique a partir de 2006. 
Me refiero a dos puntos en particular. 
Uno es la reforma de la Comisión. 
El año pasado relacionamos la petición de la Comisión de nuevos puestos de trabajo con un examen completo de lo que había ocurrido con la reforma de la Comisión. 
El resultado fue un informe numérico impresionante. 
Este año, y para ello hemos presentado una enmienda con uno o dos puntos más, no solo queremos un informe sobre lo que ha hecho la Comisión, sino también un informe que refleje lo que ha ido mal con las reformas y lo que todavía hay que hacer a fin de garantizar que exista una comunicación apropiada; Eurostat es solo un ejemplo, aunque bastante destacado. 
Asimismo, el informe ha de reflejar con claridad dónde no ha habido reformas. 
¿Es cierto que, como ha dicho la Sra. Andreasen hoy en un comunicado de prensa, si se hubieran puesto en marcha antes los sistemas de contabilidad, probablemente no habríamos tenido este tipo de problemas? 
¡Quién sabe! 
Queremos aclararlo y para ello hemos de contar con un documento. 
El otro punto es la cuestión del Iraq. 
El Sr. Wynn ha preguntado qué sentido tiene esta enmienda. 
Creemos que, en esta fase del desarrollo internacional, Europa necesita demostrar que no solo es capaz de actuar en el escenario mundial y aportar ayuda humanitaria y a la reconstrucción del Iraq, sino que también puede incluir una cifra para esta partida en su presupuesto. 
Esta cifra es insignificante en comparación con los 30 millardos de euros que, según ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo, se han reembolsado durante los tres últimos años a los Estados miembros. 
Asignar una cifra de 500 millones de euros para el próximo año al Iraq reflejaría a las claras la voluntad de Europa de cooperar con los Estados Unidos y otros en llevar a ese país por el camino de la prosperidad. 
Para concluir, como Grupo queremos poder actuar con principios y de forma responsable en este proceso presupuestario. 
Queremos garantizar que se mantendrán las prioridades parlamentarias. 
En estas tres cuestiones que he planteado el Parlamento tiene la última palabra. 
Pueden ustedes estar seguros de que seremos constantes en el proceso que ahora se inicia y que durará hasta finales de año. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, tenemos ante nosotros un presupuesto que- a diferencia de lo que oímos otras veces sobre las propuestas de presupuesto- se encoge en lugar de crecer. 
Esta puede ser la respuesta a las condiciones en los Estados miembros. 
Sin duda, este presupuesto está dotado de menos recursos. 
En respuesta a lo que está sucediendo en los Estados miembros, no hemos de dudar a la hora de decir: sí, hemos de administrar con prudencia el dinero de los contribuyentes y, como Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, así lo haremos. 
Sin embargo, también hemos de establecer prioridades para el presupuesto. 
Es algo que sin duda alguna haremos. 
Permítanme empezar con una cuestión que- si la Comisaria Schreyer está en lo cierto, y así lo espero- también será tarea nuestra en el futuro. 
Hablemos del lado de los ingresos del presupuesto de la UE. 
El lado de los ingresos significa: ¿de dónde procede el dinero? 
¿Quién paga? 
Pagamos con el dinero de los contribuyentes. 
Como hemos observado, algunas estimaciones en Europa sugieren que se pierden hasta veinte millardos debido al fraude del IVA. 
Cualquiera que acepte este fraude del IVA también acepta la falta de ingresos a escala europea. 
No estamos dispuestos a aceptarlo porque todos estos déficit han de solventarse con cargo al bolsillo del contribuyente corriente. 
Por ello, durante este procedimiento presupuestario, propondremos que se refuerce la campaña contra el fraude del IVA a fin de aliviar la carga sobre el contribuyente corriente, para que el dinero que debería fluir hacia Europa pueda hacerlo. 
A partir de ahora también tendremos que debatir esta cuestión más a menudo en el marco del proceso presupuestario. 
En futuros procedimientos presupuestarios- incluido el próximo- nos aseguraremos de que los ciudadanos puedan ver por sí mismos que la seriedad está garantizada como uno de nuestros valores fundamentales. 
Esto significa seriedad a la hora de combatir la desigualdad económica y social, y significa seriedad a la hora de abordar el desempleo. 
Hemos oído que el Consejo ha reducido radicalmente sobre todo los pagos para los Fondos Estructurales. 
A nuestro entender, esto plantea diversas preguntas. 
Por un lado, los Estados miembros están registrando las grandes sumas de dinero que quieren gastar en los próximos años, y en especial el año que viene. 
Ahora bien, al mismo tiempo, el Consejo ha acordado, en su proyecto de presupuesto, mantener el gasto por debajo de estas cifras. 
Nos preguntamos cuál de estas cifras es la correcta. 
Sabemos que se han producido atrasos con respecto a los compromisos asumidos en el pasado, y que aún no se han efectuado los pagos. 
El Consejo elude claramente esta cuestión y afirma: «No necesitamos los pagos.» 
No nos involucraremos en este juego. 
Todo el que llega a un acuerdo, después de duras negociaciones, sobre las Perspectivas Financieras, especialmente en relación con los Fondos Estructurales y por ello el desarrollo estructural y económico en la Unión Europea, ha de aceptar también que cuando llega el momento de la ejecución, se le recordarán sus compromisos y exigiremos el pago de los importes apropiados. 
En el próximo ejercicio presupuestario, nos aseguraremos que la Unión Europea, como un espacio económico, no sea solo un espacio económico para las grandes empresas. 
Presionaremos para conseguir un apoyo intensivo de las PYME también en el futuro. 
Son la columna vertebral de la economía europea. 
Son creativas, innovadoras y están dispuestas a asumir riesgos, y hemos de darles nuestro apoyo para que, aunque no tengan departamentos jurídicos ni departamentos fiscales, puedan beneficiarse de la Unión Europea y del mercado interior. 
En cuarto lugar, en el procedimiento presupuestario nos aseguraremos que la ampliación se configure sobre la base de la seguridad. 
Ya se han hecho diversas referencias a la cuestión del personal. 
Examinaremos muy de cerca qué niveles de personal se necesitan realmente para averiguar si cada una de las vacantes incluidas son realmente necesarias. 
Sin embargo, no permitiremos que la ampliación y los países candidatos se conviertan en la hucha de la Unión Europea. 
Estoy de acuerdo con lo que han dicho aquí los anteriores oradores. 
Decisiones como esta son los mejores indicadores de si existe realmente la igualdad. 
Cualquiera puede expresar intenciones nobles, pero son las decisiones las que demuestran si hay una igualdad de trato real, al margen de si se trata de un Estado miembro antiguo o nuevo. 
Lo controlaremos con sumo cuidado. 
En otros ámbitos también seguiremos manteniendo la continuidad hasta cierto punto, pero también tendremos que configurar nuestra política de una forma orientada al futuro. 
Esto se aplica sobre todo a la política exterior. En este terreno, en los últimos años hemos visto con frecuencia que cada vez que se produce una situación de crisis en algún lugar del mundo, hemos respondido en el acaloramiento del momento y hemos prometido poner a disposición recursos adicionales, a veces a costa de las políticas establecidas. 
Si miramos a algunas partes del mundo que apoyamos en el pasado, veremos que hay disponibles menos recursos que en años anteriores. 
Hemos tenido que reestructurar. 
Lo hemos hecho porque, por supuesto, también nos hemos dado cuenta de que no podemos aumentar indefinidamente esta financiación. 
Sin embargo, me gustaría citar dos estadísticas que, aunque no están directamente relacionadas con nuestro presupuesto, nos dan que pensar. Hoy, los Estados Unidos de América y los países de la Unión Europea gastan cada año 460 millardos en defensa. 
¡460 millardos! 
Ahora bien, gastamos solo 37 millardos en desarrollo. 
¿Se trata realmente de una política orientada al futuro, una política destinada a la prevención de conflictos? 
¿Es el tipo de política que deberían seguir los Estados desarrollados? 
La respuesta es «no» , y por ello queremos desarrollar más una política europea dentro de los límites de lo posible, cosa que es bastante modesta. 
Queremos trabajar preventivamente. 
Queremos desarrollar estrategias de gestión de conflictos que eviten que se produzcan tales conflictos. 
No somos tan ingenuos como para creer que los conflictos desaparecerán en el mundo. 
Siempre habrá conflictos y nuestra región, nuestros Estados miembros, han de hacer frente a ello. 
No obstante, nos concentraremos con mayor intensidad en la prevención. 
Otro ámbito en el que hemos de trabajar de forma preventiva es el cambio demográfico. 
El continente europeo está cambiando enormemente. 
Vemos que la población media está envejeciendo considerablemente, no solo en determinados países, sino en todos ellos. 
Esto tiene una influencia en todas las instituciones y organismos. 
No solo significa que en el futuro habrá menos guarderías, o que necesitaremos menos guarderías a escala local. 
También nos afectará a nosotros. 
Permítanme citar nuevamente a título de ejemplo la carga de las pensiones que tendremos que soportar. 
En muchos otros ámbitos también veremos que el número de jóvenes disminuye constantemente y que hay cada vez más personas mayores. 
Hemos de enfrentarnos a esta situación configurándola de forma positiva. 
Deberíamos considerarla no una amenaza, sino una oportunidad. 
En el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos queremos aplicar diversos criterios a este presupuesto. 
El primero es la prudencia financiera, porque se trata del dinero de nuestros ciudadanos. 
El segundo es la seriedad. 
Todo el mundo ha de ver que acabamos lo que empezamos, y no arrastramos los pies o lo dejamos a medio camino. 
El tercero es el siguiente: configuraremos políticas europeas que nos permitan trabajar de forma preventiva en lugar de que las situaciones nos cojan desprevenidos cuando surjan. 
Nos esforzaremos por hacer un seguimiento temprano de los acontecimientos, estructurarlos adecuadamente y así dar forma a la Unión Europea, nuestro continente europeo, para que tengamos juntos un futuro bueno y seguro. 
Señor Presidente, el presupuesto de la Unión Europea presentado por el Consejo evidencia un enfoque muy disciplinado. 
Los créditos de pago ascienden tan solo al 0,99 % del PIB, o, en términos de dinero, a 11,4 millardos de euros menos que las Perspectivas Financieras. 
El presupuesto de la Comisión se elaboró a modo de presupuesto basado en actividades relacionado con 31 ámbitos políticos. 
Este ha sido durante mucho tiempo un objetivo claro de nuestro Grupo. Facilitará el control de la actividad de la UE. 
Los costes asociados con cada ámbito político son claramente visibles. Se detallan los costes administrativos y operativos. 
La eficacia puede evaluarse más fácilmente, así como la relación entre los resultados conseguidos y el dinero gastado. 
La burocracia excesiva es una señal notoria de gastos administrativos inmoderados. 
El mayor problema de la política presupuestaria de la UE son los créditos pendientes. 
Año tras año, el Parlamento lucha por adaptar el presupuesto a los marcos financieros. 
En los estados financieros afirmamos que es totalmente superfluo discutir por algunos euros cuando hay millardos en créditos pendientes, que fácilmente exceden los 10 millardos de euros cada año. 
El presupuesto del año que viene estará dominado por la ampliación de la UE. 
El Consejo ha tenido una visión estricta sobre los puestos de trabajo en la Comisión que se necesitan para la ampliación. 
Nuestro Grupo opina que la ampliación exige un número de puestos adecuado, pero que no ha de utilizarse como pretexto para engrosar las filas de la burocracia. 
El éxito administrativo de la ampliación dependerá no solo de la creación de puestos de trabajo, sino también de cómo se pueden asignar y utilizar más eficazmente los recursos existentes. 
Nuestro Grupo apoya las prioridades propuestas por el Sr. Mulder. 
Nos preocupa la financiación de la actividad a favor de los derechos humanos, al igual que la financiación en relación con el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. 
Asimismo esperamos que en las rúbricas del presupuesto se tenga bien en cuenta el Plan de Acción sobre la Dimensión Septentrional. 
También deberíamos redoblar la cooperación con nuestros vecinos en el marco del programa de la Gran Europa, y habría que simplificar la administración de los créditos relacionados con esto. 
Señor Presidente, el importe total del presupuesto del año que viene para una UE de 25 países será inferior al 1% del PIB total de los Estados miembros. 
La Unión no parece tener planes muy ambiciosos para apoyar la cohesión social entre los Estados miembros. 
Muchos Estados miembros, o al menos sus habitantes, estarán decepcionados cuando vean que, después de todo, para ellos no cae maná del cielo. 
Las diferencias de nivel de vida no pueden reducirse sin dinero. 
La Comisión no está suficientemente representada en este debate parlamentario. 
Me habría gustado ver por lo menos al Sr. Michel Barnier y al Sr. Chris Patten aquí, sin por ello menospreciar la pericia de la Sra. Michaele Schreyer. 
En relación con el presupuesto para el año que viene, me habría gustado oír hablar a estos Comisarios sobre los planes de la Comisión para reducir los compromisos pendientes sobre la base de la «cláusula de suspensión». 
El Presidente en ejercicio del Consejo no tenía una idea clara en relación con una reducción de los compromisos pendientes. 
La Comisión debería tenerla. 
Nuestro Grupo en los países de la cohesión desearía aclarar en base a qué condición de la «cláusula de suspensión» se han seleccionado los compromisos pendientes que se pretende cancelar. 
Si ello se ha debido a la falta de acción de la Comisión, se trata de un incumplimiento de la voluntad de las autoridades presupuestarias. 
Si se han seleccionado a causa de un error de cálculo de los Gobiernos de los Estados miembros, está justificado que se recorten. 
Los Estados miembros han de obedecer las reglas, y exigimos una explicación de cómo se han seleccionado los compromisos pendientes. 
La ayuda para la reconstrucción del Iraq se cargará seguramente en el presupuesto del año que viene. 
Vamos a tener el mismo tipo de división del trabajo que en Afganistán. 
Los Estados Unidos de América, en este caso ayudados por el Primer Ministro Blair, atacan y destruyen, y la UE paga la reconstrucción. 
Nuestro Grupo adopta una postura muy crítica a este respecto. 
En lugar de ello queremos utilizar las finanzas de la Unión para la reconstrucción de los objetivos palestinos destruidos por Israel. 
En Palestina no ha habido una guerra por el petróleo. 
Al final, los objetivos de las críticas de muchos miembros de nuestro Grupo son los gastos asociados con la política exterior y de seguridad común y la financiación de los partidos políticos europeos. 
Da la impresión de que la UE está impulsando la liberalización de los mercados y el desarrollo de la privatización y por consiguiente la política neoliberal «made in USA». 
Señor Presidente, me complace enormemente que se esté celebrando este debate, ya que nos permite plantear varias preguntas a la Comisión antes de que votemos sobre las enmiendas en el procedimiento presupuestario. 
En mi primera intervención de la tarde, me gustaría detenerme, tal y como ha hecho el Sr. Virrankoski, en la aplicación del presupuesto, ya que las decisiones políticas que tomamos aquí con gran alboroto a menudo flaquean en ese punto. 
El dinero se aparca o los trámites burocráticos dificultan que los beneficiarios de ayudas puedan gastar el dinero de forma adecuada y efectiva. 
Señor Mulder, el ponente para el próximo presupuesto acaba de decir que quiere que se anime a la Comisión a que aumente el porcentaje de dinero gastado mediante la asignación de parte de los créditos administrativos en la reserva. 
Y también es posible que una mayoría de esta Asamblea no esté convencida todavía de que todos los aspectos que la Comisión pidió antes de la ampliación son realmente necesarios. 
Un funcionario de la Comisión afirmó lo siguiente a este respecto: nos atan las piernas y todavía esperan que podamos correr los cien metros lisos con mayor rapidez. 
Creo que las preocupaciones del ponente son legítimas, pero tengo dudas con respecto a los medios. 
Por lo tanto, me gustaría preguntar a la Comisaria si puede darnos su opinión sobre este tema. 
¿Cuáles son las consecuencias de las reservas? 
¿Cómo pueden utilizarse de forma positiva? 
Lo que es aún más importante, ¿cree que estamos en el buen camino al gastar el dinero lentamente? 
Hasta el momento siempre hemos prestado especial atención al aspecto cuantitativo. 
¿No es hora de que nos centremos más en el aspecto cualitativo de las soluciones, como hace el Sr. Pittella con los Fondos Estructurales? 
Esto significa que los procedimientos deberían simplificarse, que necesitaríamos menos papel y más funcionarios responsables. 
Mi último comentario sobre el adecuado gasto del dinero trata sobre el hecho de que con frecuencia nos encontramos con que los proyectos financiados con los recursos de la UE a menudo no respetan la legislación medioambiental europea. 
¿Qué sucede cuando se descubre esto? 
¿Se congelará el dinero o se encontrará otra solución más o menos blanda? 
Un ejemplo de esto es el puente sobre el río Tagus. 
Este fue un proyecto financiado con los fondos de la UE en el que no se respetaron las directivas sobre aves y hábitats. 
Existen más ejemplos como este. 
Me gustaría saber cuáles serían las consecuencias si se descubriese que los proyectos financiados por la UE violan su propia legislación. 
Señor Presidente, Señorías, en términos generales este es un presupuesto histórico, ya que nos estamos preparando para la ampliación hacia el este. 
Para empezar quisiera dar las gracias a mi comisión y a su presidente- del que he aprendido tanto -, al personal de la Secretaría, a mis colegas diputados y a los ponentes, tanto por este presupuesto como por los de años anteriores. 
Como joven diputado, he podido acumular mucha experiencia en este terreno, incluso llegando a ser vicepresidente de la comisión. 
Creo que, en lo que a nosotros respecta, se trata de un presupuesto fundamental, ya que sienta las bases para la futura Europa y para el futuro Parlamento Europeo, y creo que, en términos políticos, la cuestión esencial es precisamente el gasto para la ampliación hacia el este. 
A este respecto, el presupuesto tiene el pleno apoyo de nuestra comisión y de todos los diputados de esta Cámara, pero solamente en la medida en que concierne al gasto relacionado con el personal y las estructuras para la ampliación hacia el este. 
Sin embargo, me gustaría centrarme en lo que puede ser un aspecto doloroso del presupuesto: debemos ser cautos respecto a las asignaciones para el Iraq. 
Personalmente, tengo cierto recelo ante estas asignaciones: existe el peligro de que aumenten de forma desproporcionada. 
Por otra parte, solicito que se lleve a cabo un estrecho seguimiento de estos fondos, una estructura de seguimiento eficaz que impida que vuelva a producirse lo que ya ha sucedido con la Autoridad Nacional Palestina, cuya financiación está siendo analizada a fondo en la actualidad. 
Creo que también será necesaria una fase experimental para el nuevo Reglamento Financiero. 
Como instrumento amplio y complejo, de forma inevitable causará una tensión cada vez mayor en la Comisión por encima del nivel del Director General, aunque me adelanto a añadir que valoro enormemente el modo en que hemos trabajado juntos durante este reciente período de tiempo. 
Por último, debo mencionar la iniciativa que ha provocado un importante debate en nuestra comisión: el seguro sanitario para todos los diputados. 
Esta es una cuestión que podremos tratar cuando obtengamos los resultados de un estudio que hemos encargado. 
Me gustaría desear al Consejo, en concreto, buena suerte en su trabajo sobre este y otros temas, orgulloso de decir que yo también soy un representante italiano. 
Señor Presidente, señor Ministro, señora Comisaria, acogemos con agrado la reducción propuesta de los créditos de pago. 
Dada la recesión económica, los Estados miembros tienen que apretarse el cinturón y la Unión Europea no debería ir a la zaga en este terreno. 
El Consejo ha realizado varias reducciones importantes en el proyecto de presupuesto. 
No compartimos la postura del ponente de oponerse a esto de forma categórica. 
Concretamente en la rúbrica 2- Medidas estructurales, 3- Políticas internas y 4- Acciones exteriores, no consideramos que sea necesario asignar más dinero del que propone el Consejo. 
No debemos cerrar los ojos a los enormes pagos atrasados en varios puntos del presupuesto en estas rúbricas. 
Los pagos atrasados con cargo a los fondos estructurales son imposibles de explicar a los votantes; ascienden a más de 66 millardos de euros, dos tercios del total del presupuesto actual de la UE. 
Una agencia de investigación del mercado sueca llegó a la conclusión de que la eficacia de la política estructural claramente no está a la altura de las circunstancias. 
¿Conoce la Comisión los resultados de este estudio y qué va a hacer respecto a este persistente problema? 
El Parlamento Europeo también debe examinar de cerca la propia casa y analizar de forma crítica si determinados sectores de la política pertenecen de hecho al nivel de la UE. 
Por ejemplo, el hecho de que algunas personas de esta Asamblea quieran emplear el dinero del presupuesto de la UE para el turismo es solamente un ejemplo de lo que por excelencia constituye un asunto de los Estados miembros. 
El dinero para la ayuda al desarrollo también se destina a países del hemisferio sur, mientras que este es un deber de uno o varios Estados miembros que tienen relaciones históricas con estos países. 
Creemos que el aumento del 8,4 % en el presupuesto para la Política Exterior y de Seguridad Común está insuficientemente explicado. 
La Unión Europea no debe establecer una organización paralela a la OTAN. 
Eso es tirar dinero. 
El aumento de 18 millones de euros en ayudas a la Autoridad Palestina realmente no tiene justificación, dado que se niega a condenar y detener de forma inequívoca los ataques terroristas a gente inocente. 
¿Es consciente la Comisión del informe del FMI que revela que Arafat tuvo 900 millones de dólares estadounidenses depositados en cuentas secretas entre 1995 y 2000? 
Por último, la Comisión debe ser más crítica a la hora de apoyar a terceros países en la región del Mediterráneo. 
En esos casos debemos aplicar de forma sistemática la cláusula de los derechos humanos. 
Apoyamos sin reservas la enmienda que contempla una importante contribución a la reconstrucción del Iraq. 
Al mismo tiempo debemos destacar que el alcance de esta necesaria ayuda humanitaria no debería depender de las diferencias de opinión políticas entre algunos Estados miembros y los Estados Unidos. 
Mi Grupo considera que es negativo que la reforma de la Comisión Europea proporcione un ahorro mucho menor que el originalmente previsto. 
La diferencia de 8,8 millardos de euros es realmente muy importante. 
¿Cómo explica esto la Comisión? 
Donde podríamos ahorrar también es en los consejos supervisores de las agencias en los que cada Estado miembro tiene tres personas. 
¿No sería excesivo que estos órganos se ampliasen a 75 consejeros por agencia? 
También me gustaría comentar la gestión del presupuesto. 
Nos preocupa que el gasto en auditorias se haya reducido un 6,4 % en la Política Agrícola Común. 
Esta reducción es poco prudente dados los problemas que rodean a la gestión de esta política y a la intensidad de recursos humanos necesarios para un control adecuado del gasto agrícola. 
Esta primavera, el Tribunal de Cuentas Europeo presentó un informe en apoyo de las denominadas «áreas problemáticas». 
¿Qué ha aprendido de esto la Comisión? 
¿Está, por ejemplo, dispuesta a ajustar la vaga definición de las «buenas prácticas agrícolas»? 
Por último, de acuerdo con las personas implicadas, el fraude en Eurostat está asociado en parte a los limitados recursos que la Comisión Europea destina para la elaboración de estadísticas adecuadas. 
Cabe desear una mejor colaboración entre Eurostat y las agencias estadísticas nacionales. 
Eurostat necesita una mayor independencia para esto, de forma que se siga garantizando la imparcialidad y la objetividad científica de las estadísticas. 
Tras penalizar el fraude y mejorar el control administrativo de Eurostat, debemos prestar atención a este aspecto. 
¿Cuál es la respuesta de la Comisión al respecto? 
. (NL) Señor Presidente, tratamos el tema del presupuesto. 
El Consejo «solamente» ha recortado un 0,3 % las propuestas originales de la Comisión Europea para la rúbrica 4, Acción exterior, que contemplaba un aumento del 3,9 % con respecto al año anterior. 
Como todos sabemos, la Unión Europea asumirá más y más nuevos compromisos. 
Estos tienen que ver con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la reconstrucción del Iraq, países mal gobernados como Afganistán y el Congo, la Europa ampliada, la prevención de conflictos en Oriente Medio, etc. Son cuestiones importantes y también está claro que los ciudadanos están a favor de una política exterior más firme: el 67% de los europeos afirman que son partidarios que una mayor presencia de Europa en el mundo. 
Por otra parte, es obvio que los límites financieros de los posibles compromisos se habrán alcanzado si no hay más dinero disponible. 
En unas semanas la Unión Europea participará en la conferencia internacional de donantes sobre la reconstrucción del Iraq. 
El Sr. Patten propone una posible contribución de la UE de unos 200 millones de euros en 2003-2004. 
Otros sugieren una suma de 500 millones de euros. 
En cualquier caso, nuestra Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa no quiere que esto se haga a expensas de otras zonas geográficas o compromisos, como Afganistán, o de líneas presupuestarias no geográficas como el concepto de respuesta rápida y las minas terrestres. 
Si la Unión Europea quiere asumir su parte de responsabilidad para la paz y la seguridad en el mundo, también debe estar dispuesta a asignar los recursos financieros necesarios. 
De no ser así, Europa corre el riesgo de convertirse en un enano político en la escena internacional. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Mulder por la forma colegiada y cooperativa en que ha trabajado con otras comisiones, y a la Sra. Gill por el mismo motivo. 
Las líneas presupuestarias abordadas por mi comisión son las más complejas de cualquier comisión. 
Abarcamos unas 120 líneas presupuestarias que hacen referencia a diez direcciones generales diferentes. 
Debido a esta complejidad, además de los cambios de nomenclatura, ha resultado difícil ofrecer una visión general del presupuesto basado en actividades y la ampliación. 
Quiero dar las gracias a la Comisión y a los miembros del personal de sus direcciones generales que han explicado con paciencia sus motivos para preparar el anteproyecto de presupuesto. 
No puedo alabar de la misma forma al Consejo de Ministros, porque en nuestra comisión hemos visto toda una serie de grandes recortes sin que se haya dado motivo alguno para ello. 
Me parece imposible trabajar sobre esta base. 
No se puede dialogar cuando una parte no explica sus motivos para hacer lo que hace. 
Quizá las propuestas tengan algún sentido, pero no lo tenemos del todo claro. 
Tomemos como ejemplo la acción preparatoria para la investigación en materia de seguridad, una cuestión de gran interés para los ciudadanos de Europa. 
¿Por qué se ha recortado? 
Me alegro de que el Sr. Mulder esté dispuesto a apoyarnos en la restitución del dinero que se propuso para esta acción, que muchos de nosotros en nuestra comisión consideramos importante. 
Queremos una explicación sobre Chernóbil. 
Como puede usted comprobar, hacemos mucho hincapié en las PYME y me gustaría tener algún tipo de debate racional con el Consejo sobre sus motivos para hacer recortes que parecen contradictorios con todas las políticas de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el proyecto de presupuesto de la Comisión contiene pocas sorpresas en lo que se refiere a aquellas cuestiones que se incluyen en el área de responsabilidad de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Por lo tanto apoyamos sus principales aspectos y también hemos expresado de forma clara nuestro apoyo a las sumas propuestas por la Comisión. 
Sin embargo, quisiera hacer algunas observaciones y recomendaciones. 
Las medidas apoyadas dentro del marco de la línea presupuestaria 02 05 01 («Política de competitividad industrial para la Unión Europea» ), por ejemplo con el fin de analizar el efecto de la sociedad de la información sobre la competitividad y de estimular el desarrollo del comercio electrónico, no implican un auténtico valor añadido europeo y por lo tanto deberían suspenderse. 
Por lo tanto, proponemos que estos créditos se transfieran a la línea presupuestaria 02 02 03 («Programa para la empresa y el espíritu empresarial, especialmente para las PYME» ), en la que los fondos podrían tener un uso directo por parte de las empresas europeas. 
También nos preocupan los problemas e irregularidades con relación a Eurostat y por ello queremos que el Parlamento Europeo pida que un 25% de las asignaciones al gasto administrativo de Eurostat se sitúen en el título 31 («Reservas» ) hasta que la Comisión haya dado al Parlamento garantías suficientes de que el problema se ha resuelto y de que las personas responsables han sido identificadas y debidamente castigadas. 
También apoyamos la campaña de información sobre el euro y celebramos el hecho de que la Comisión haya propuesto un aumento de la financiación para este fin. 
Estos recursos adicionales serán necesarios, ya que la UE incorporará diez nuevos Estados miembros que se han comprometido a introducir el euro lo antes posible. 
Sin embargo, nos sigue preocupando la aplicación de esta línea presupuestaria en los últimos años y por lo tanto queremos solicitar una vez más a la Comisión que informe trimestralmente a la correspondiente comisión parlamentaria sobre la aplicación del programa en el año en curso y sobre la planificación para el próximo año. 
También queremos pedir a la Comisión que garantice que existen fondos adicionales disponibles para la campaña de información sobre el euro, por si surgiesen nuevas necesidades, por ejemplo a raíz de los referendos en cualquiera de los países que todavía no han adoptado el euro. 
Por otra parte, lamento que, tras el resultado del referendo celebrado la semana pasada, mi país, Suecia, no cumpla los requisitos para recibir fondos para la campaña de información sobre el euro. 
Sin embargo, mi comisión apoya el proyecto de presupuesto de la Comisión, aunque con las reservas que he expresado. 
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en los últimos años ya hemos visto cómo la política exterior común se convertía en una prioridad en los debates presupuestarios y este será también el caso del presupuesto para 2004. 
El número de áreas de la política exterior en las que la UE está implicada en acciones comunes queda reflejado en su presupuesto. 
Juntos hemos asumido la responsabilidad de reconstruir Kosovo y de llevar la estabilidad política a los países balcánicos, y esto se refleja en el presupuesto tanto como el apoyo al trabajo de reconstrucción en Afganistán. 
El presupuesto para 2004 proporciona ayuda a los Balcanes por importe de 600 millones de euros, y de 184 millones de euros a Afganistán, lo cual, conjuntamente con otros fondos, significa que la ayuda que proponemos para Afganistán asciende a 214 millones de euros. 
Me gustaría señalar, por cierto, que la Unión Europea está haciendo todo lo que se comprometió a hacer en la conferencia de donantes de Tokio. 
También me gustaría decir que la acusación a la que se ha hecho referencia anteriormente, relativa a que nada sucede durante años después de que la Unión Europea prometa ayuda, ya no es exacta en estos términos tan dramáticos. 
En este ámbito de la ayuda exterior, la reforma de la gestión financiera ha tenido un efecto muy positivo y visible. 
Este es uno de los motivos por los que la Comisión lamenta en gran medida el modo en que el Consejo ha recortado la financiación para las delegaciones de la Comisión, que desempeñan un papel cada vez mayor en la aplicación del presupuesto. 
Un aspecto principal del presupuesto para 2004 será la crisis en el Iraq y la ayuda de la Unión Europea para la población de este país. 
Este año, la Unión Europea ya ha asignado 100 millones de euros del presupuesto comunitario a la ayuda humanitaria. 
Ya se ha mencionado en numerosas ocasiones en esta Asamblea el hecho de que el 24 de octubre se celebrará la conferencia de donantes sobre la ayuda para la reconstrucción del Iraq. 
El Comisario Patten, que hoy asiste a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, ha dejado claro en esta Asamblea la gran relevancia de las limitaciones presupuestarias para una ayuda eficaz en el Iraq. 
Un fondo fiduciario independiente o una agencia de las Naciones Unidas deberían garantizar que la ayuda proporcionada por la Unión Europea se aplique de forma multilateral. 
La próxima semana- el 1 de octubre- la Comisión propondrá la suma que pretendemos entregar en la conferencia de donantes, 200 millones de euros. 
Esta propuesta dispondrá que este año se movilicen fondos que ascienden a 40 millones de euros, que el margen dentro de la rúbrica 4 se utilice el próximo año y también la movilización parcial de la reserva de flexibilidad. 
Esta será entonces nuestra propuesta para la conferencia de donantes hasta el final de 2004. 
Creo que, en términos de volumen, esta promesa de ayuda está bien en comparación con los 214 millones de euros destinados a Afganistán para el próximo año. 
Nuestra promesa de 200 millones de euros para el Iraq debe verse en el contexto de que este país está menos poblado que Afganistán, que es un país terriblemente pobre sin acceso a los ingresos provenientes de las reservas de petróleo. 
Permítanme también aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la autoridad presupuestaria por aprobar la concesión de apoyo a Turquía, de unos 250 millones de euros para el próximo año y que se pagará con cargo a los fondos para la estrategia de preadhesión; menciono la suma destinada a Turquía solamente con relación a nuestra ayuda al Iraq. 
Creo que estas cosas deben verse en términos comparativos. 
El borrador de la Comisión prevé un total de 507 millones de euros para la ayuda humanitaria. 
El presupuesto reserva 82 millones de euros para la lucha contra el sida, la malaria y otras enfermedades transmisibles, que tienen un efecto catastrófico en muchos países de África; esta suma también se utilizará para financiar nuestra donación adicional al Fondo Mundial de la Salud, que supondrá también el mismo importe que este año. 
El motivo por el que menciono esto es porque tuvo un papel destacado en el debate del pasado año. 
Permítanme anunciar ahora que mi colega el Comisario Nielson y yo presentaremos, dentro de unos días, una comunicación en el sentido de que en el futuro- a partir de 2007, para ser exactos- los recursos para el Fondo Europeo de Desarrollo se incorporarán al presupuesto normal. 
Aunque la prioridad seguirá siendo la lucha contra la pobreza, las necesidades de los Estados ACP en concreto requieren que adoptemos un planteamiento político coherente. 
Sin embargo, el hecho es que las comparaciones han revelado que el mecanismo de aplicación del presupuesto comunitario ordinario es mucho mejor que para el Fondo Europeo de Desarrollo. 
Al amparo de las medidas de política de desarrollo, se proporcionan nuevos recursos específicamente para la integración de las cuestiones de género a los programas de ayuda. 
La ayuda exterior en concreto implica el apoyo a numerosos proyectos que se centran particularmente en la situación- a menudo terrible- de las mujeres en los países pobres y las regiones afectadas por una crisis. 
Esto se describe en los informes sobre los programas de ayuda. 
Señor Presidente, Señorías, la ampliación no es simplemente un proyecto para las clases dirigentes, sino que también, si tiene éxito, será un enorme triunfo para la democracia. 
La UE tendrá pronto 450 millones de ciudadanos y más de la mitad de los mismos son mujeres. 
Si las mujeres quieren desempeñar el papel que les corresponde en la construcción de Europa, debe haber información dirigida a ellas y hay que implicarlas por vías específicas. 
En esta legislatura hemos desarrollado nuestra estrategia para la perspectiva de género y hemos buscado cabida para ella en el proceso presupuestario, pero sus éxitos no son tan evidentes como podrían ser, ya que las mujeres todavía no son visibles en general en las distintas áreas políticas y por lo general no las vemos en puestos de liderazgo en las instituciones. 
Las mujeres representan solamente el 14% de los observadores de los países candidatos, solamente el 17% de los miembros de la Convención y solamente el 25% de los Comisarios. 
Mientras las mujeres representan el 70% del personal de categoría C, ninguno de los Directores Generales del Parlamento es mujer. 
Otra resolución sobre la perspectiva de género propone una gran variedad de medidas para establecer criterios de referencia para la labor horizontal de atraer a las mujeres de forma deliberada hacia las instituciones, como el seguimiento del éxito de la excedencia para fines educativos, el reciclaje, el desarrollo profesional y personal, etc. 
Señora Comisaria, usted alienta ahora grandes expectativas relativas a la dimensión de género en la elaboración del presupuesto, cuya aplicación significará la introducción de la dimensión de género profesional en cada comisión, cada área política y cada una de las Direcciones Generales. 
Debemos identificar a las mujeres como un grupo destinatario cuando pensemos en términos de la visibilidad de las campañas de información, especialmente en las elecciones, y deberíamos implicar a las mujeres en todas las áreas de la política exterior, como por ejemplo en la reconstrucción de Afganistán y el Iraq. 
DAPHNE fue un reto positivo al igual que lo son, por supuesto, las áreas políticas internas como los Fondos estructurales, por ejemplo. 
Señor Presidente, me gustaría llamar la atención sobre tres cuestiones distintas con relación a este debate: la prevención de los incendios forestales, Timor Oriental y la cohesión económica y social. 
Los trágicos incendios que han devastado el sur de Europa, especialmente Portugal, en el que ardió el 5% del territorio y el 11% de la superficie forestal, muestran la necesidad de reforzar el apoyo a las medidas de prevención de los incendios forestales. 
Tristemente, se ha dado un paso atrás en esta área con el nuevo programa Eje Bosques. 
El Parlamento Europeo, en su resolución de 4 de septiembre, insistió en que, en el marco del proyecto de reglamento Eje Bosques, se atribuyan a la Unión Europea las mismas asignaciones que en el reglamento anterior de 1992 sobre la protección de los bosques contra los incendios con vistas a financiar medidas adecuadas de prevención de los incendios forestales. 
Por lo tanto, hemos hecho la propuesta de que se asignen otros 6 millones de euros al programa y que se incluyan de forma clara aspectos de prevención. 
Esperamos que se apruebe esta propuesta. 
Sin embargo, me gustaría saber si la Comisión está de acuerdo con aumentar las sumas e incluir medidas preventivas en el programa Eje Bosques. 
Con relación a Timor Oriental, la Comisión ha eliminado la línea de ayuda específica y reducido la ayuda en aproximadamente el 70% en su anteproyecto de presupuesto. Esto es inaceptable. 
Por lo tanto, hemos presentado otra enmienda con vistas a restablecer la suma de ayuda en los 25,5 millones de euros programados en 2003. 
Esperamos que el Parlamento apoye esta enmienda, al igual que en el pasado, pero también me gustaría saber cómo justifica la Comisión este recorte, dado el debate celebrado sobre el presupuesto durante 2003 y las diversas dificultades y zonas de inestabilidad que todavía persisten en Timor Oriental. 
Por último, dado que este proyecto de presupuesto comunitario es el más bajo en términos relativos desde 1987, representando menos del 1% del Producto Interior Bruto comunitario, me gustaría saber cómo puede salvaguardarse el principio de cohesión económica y social de la Unión Europea. Quisiera saber, concretamente, cómo lucharemos por la integración social y el crecimiento del empleo, dado que en 2004 se producirá la incorporación de 10 nuevos países cuyo promedio de ingresos por habitante asciende tan solo al 40% de la media comunitaria. 
Como me parece imposible conseguir la cohesión económica y social con este presupuesto, me gustaría preguntar a la Comisión si pretende abolir la cohesión económica y social en las futuras enmiendas a los Tratados. 
Señor Presidente, varias personas han expresado ya su malestar sobre la reducción por parte del Consejo del dinero destinado a Afganistán. 
Creo que es también principalmente un ejemplo de la visión a corto plazo de muchos Gobiernos, que parecen mariposear de crisis en crisis. 
De Kosovo a Serbia- el correspondiente dinero transferido también- y de Afganistán al Iraq. 
Por lo tanto, los Estados miembros no mantendrán las promesas que hicieron en la conferencia de donantes para Afganistán, a pesar del hecho de que cada vez es más claro que estas promesas se quedaron cortas de todos modos. 
Asumo que el sentido común prevalecerá en esta Asamblea y que estableceremos una suma mayor que la que el Consejo tiene en mente. 
Me gustaría hacer otra pregunta a la Sra. Comisaria, en este caso sobre una enmienda distinta a la relativa a Afganistán, concretamente una enmienda del PPE. 
Sugieren reservar una suma hasta que dejen de cultivar amapolas y comiencen a cultivar productos agrícolas legales. 
¿No es cierto, sin embargo, que la ayuda proporcionada por la UE apenas llega a las zonas en que se cultivan estas amapolas? 
¿Cómo pretende resolver este problema? 
También observo que las comisiones y Grupos han presentado enmiendas para la política exterior que ascienden a 841 millones de euros más que las propuestas de la Comisión. 
Me gustaría que la Sra. Comisaria me explicase cómo puede explicar esta discrepancia. 
¿Es cierto que simplemente acordamos sumas masivas o después de todo se adhieren ustedes en la práctica de forma rígida al techo de las previsiones financieras, en conflicto con las prioridades de la UE en el proceso, porque existen muchas más necesidades en el área de la política exterior que las que usted sugiere? 
Mi última pregunta, muy breve, trata sobre Corea del Norte. 
El dinero para el proyecto KEDO se ha congelado y no estamos haciendo nada más con respecto al suministro de energía en este caso. 
¿Es posible utilizar el dinero o parte del dinero que estaba previsto para el suministro de energía nuclear para subvencionar fuentes de energía alternativas en Corea del Norte? 
Señor Presidente, Señorías, además del trabajo del ponente de opinión y la línea que ha adoptado sobre las relaciones exteriores, apoyamos muchas- si no todas- las enmiendas presentadas por el Sr. Van Hecke en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
En concreto, quisiera llamar su atención sobre una serie de enmiendas relativas a la cláusula sobre derechos humanos. 
Este Parlamento ha solicitado- y ha luchado con éxito durante años- que nuestras relaciones con terceros países incorporen una cláusula sobre derechos humanos que imponga- y no quiero ofender a nadie al utilizar esta palabra- respeto mutuo de los acuerdos vigentes más conocidos y más apoyados, la cooperación y los programas de ayuda para los países emergentes y, de forma más general, para los países con los que mantenemos relaciones. 
En realidad, esta cláusula, formalmente incluida en acuerdos con terceros países, con frecuencia es ignorada por los que deberían aplicarla. 
Es ignorada por distintos motivos, probablemente porque no existen mecanismos de seguimiento específicos en vigor. 
Sin embargo, el hecho es que, con mucha frecuencia, sigamos aplicando alegremente nuestro presupuesto basándonos en estos acuerdos- que, como tales, deben observarse de forma clara- a pesar del frecuente desprecio de una de las cláusulas. 
Por este motivo existen varias enmiendas que pretenden garantizar que la autoridad presupuestaria reciba información oportuna sobre la situación al respecto de la cláusula sobre derechos humanos, de forma que permita al Parlamento tomar una decisión, en caso de que esto fuese necesario y del modo adecuado, solicitando formalmente la suspensión de los acuerdos con un país. 
Existen casos graves e importantes de violación sistemática de los derechos y de países cuyas economías dependen en gran medida, si no de la ayuda de la Unión Europea, sin duda del rico tapiz de relaciones que mantienen con la Unión Europea: me refiero a países como Vietnam, Lao y Camboya, donde, como saben ustedes, la situación actual es muy grave y existe el peligro de que se produzca un golpe de Estado en los próximos días, despreciando los resultados de las elecciones que el propio Parlamento declaró- quizás un poco prematuramente- perfectamente legítimas. 
Estos son los motivos por los que considero que es posible, entre otras cosas a través de la palanca del presupuesto, enviar una señal clara a los países beneficiarios de forma que la cláusula de los derechos humanos sea una realidad auténtica y para dar garantías al Parlamento, que es uno de los brazos de la autoridad presupuestaria además del promotor de la idea, de que la Comisión no está aplicando el presupuesto como si nada hubiese sucedido, sino que está realizando un seguimiento preventivo. 
Este es uno de los aspectos más importantes. 
Celebro los intercambios de impresiones sobre el tema del Iraq, que parecen ser indicativos de un deseo de diálogo constructivo sobre la cuestión. 
Creo que la consideración que acabo de ilustrar merece, en todos los aspectos, tal y como ha indicado el ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, el apoyo de la Asamblea en la votación final sobre el presupuesto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, también me gustaría decir algo sobre los aspectos de política exterior de este presupuesto y comenzaré respondiendo al Sr. Poos, que ha dicho que la enmienda presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos es inaceptable respecto a la suma que propone para el Iraq, ya que es preciso un mandato de las Naciones Unidas. 
Es evidente que el Sr. Poos no ha leído esta enmienda, que toma como valor de referencia la resolución que esta Asamblea aprobará mañana, siendo una condición esencial mínima para la implicación de la Unión Europea en el Iraq que haya una resolución de las Naciones Unidas, de que el dinero deberá depositarse en un fondo fiduciario controlado por el Banco Mundial y las Naciones Unidas, que deberá implicarse al pueblo iraquí en los procesos de democratización, en la adopción de una constitución y el establecimiento de instituciones, factores todos ellos necesarios ahora, y, sobre todo, que la industria del petróleo deberá quedar en manos de las Naciones Unidas, con el fin de que pueda ser una fuente de financiación para la reconstrucción del país. 
La asignación presupuestaria que hemos propuesto depende de esa condición e, independientemente de si hablamos de un solo euro o de quinientos millones de euros, importa que deberíamos tener claro este concepto general y estas condiciones. 
Desde ese punto de vista, el presupuesto de hoy y la resolución del Parlamento de mañana deben considerarse estrechamente relacionados. 
En segundo lugar, si esto nos lleva a decir que queremos una mayor implicación de las Naciones Unidas, entonces debemos prestar más atención a esta organización y a nuestras relaciones con ella en general, que es en lo que el Parlamento y la Comisión están trabajando actualmente. 
Creo que mañana la Presidencia italiana del Consejo firmará, en Nueva York, un acuerdo sobre gestión de crisis y prevención de crisis, pero esto debe mencionarse en el presupuesto. 
En la actualidad, nuestros programas para las Naciones Unidas están dispersos en un montón de elementos del presupuesto, sin que exista un debate político para fijar prioridades. 
El tema de las Naciones Unidas ha estado aletargado en los últimos años en esta Cámara, y el nuevo documento de la Comisión da esperanzas de que ahora definamos nuestra relación con las Naciones Unidas en términos más políticos, aunque la Comisión haya logrado la gran proeza de elaborar un documento de casi cincuenta páginas que no hace referencia ni una sola vez al Parlamento ni a la autoridad presupuestaria. 
Creo que cualquier redefinición necesitaría que haya también diálogo entre la Comisión y el Parlamento. 
Paso ahora al tercer comentario que quiero exponer, dirigido al Consejo. 
Como hacemos en cada proceso presupuestario, hemos puesto en la reserva una serie de líneas presupuestarias, ya que el Consejo todavía se niega a facilitar la información prevista en el acuerdo de noviembre de 2002 entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
En ocasiones parece como si nos estuviésemos golpeando la cabeza contra el muro del Kremlin del modo en que lo hacíamos antes. 
Estamos seguros de poder superar este obstáculo y llegar a un acuerdo con el Consejo que garantice al público y al Parlamento una mayor transparencia en el futuro con respecto a lo que está sucediendo en la Política Exterior y de Seguridad Común. 
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, no propongo discutir sobre la política agrícola, ya que se ha hablado mucho más- por parte del Sr. Poos, el Sr. Laschet y el Sr. Salafranca- de la cuestión del Iraq. 
Me complace que haya consenso sobre la necesidad de las condiciones que deben cumplirse. 
La ayuda, incluida la que presta la Unión Europea, debe facilitarse bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
El fondo fiduciario no debe confundirse con el fondo que administra las rentas de los pozos de petróleo, sino que debe estar separado del mismo. 
También creo que además podemos alcanzar un consenso sobre otros puntos relativos a las condiciones. 
Los 200 millones de euros propuestos por la Comisión también expresarían bien nuestro sentido del deber, nuestra conciencia de la necesidad de asumir responsabilidades y nuestra disposición para hacerlo juntos basándonos en el presupuesto de la UE. 
Es también muy importante que esta ayuda para el Iraq se considere con relación a los compromisos compartidos que hemos hecho en otros ámbitos. 
Permítanme reiterar que se han asignado 214 millones de euros a Afganistán para el próximo año, cumpliendo así por completo con las obligaciones a las que nos comprometimos en la conferencia de donantes de Tokio. 
También me gustaría recalcar una vez más el hecho de que el próximo año asignaremos una ayuda adicional de 250 millones de euros a Turquía, país vecino del Iraq, que cuenta con 65 millones de habitantes, y esto también debe considerarse dentro de su contexto. 
La semana que viene, el 1 de octubre, tendremos la oportunidad de debatir este tema en una reunión conjunta de la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, cuando la Comisión presente una propuesta de utilizar el margen y también parte de la reserva de flexibilidad en el Iraq, además de proponer un presupuesto rectificativo. 
La Sra. Figueiredo ha preguntado sobre el programa Eje Bosques. 
Para dicho programa hemos asignado la misma suma que este año. 
Tanto el Fondo de Desarrollo Regional como los Fondos Estructurales pueden destinarse a medidas de reforestación y a medidas para impedir catástrofes naturales. 
Se ha planteado la pregunta de si la política de cohesión puede tener continuidad con éxito mediante un presupuesto europeo que asciende aproximadamente al 0,99 por ciento del producto económico de la Comunidad. 
La respuesta es afirmativa. 
El presupuesto europeo y sus efectos demuestran que nuestro apoyo a la política de cohesión está dando fruto. 
La semana pasada presenté lo que denominamos el «informe de asignación» , que muestra quién está pagando qué y a qué se destina el dinero. 
Los cuatro países de la cohesión son los cuatro perceptores netos del presupuesto de la UE, lo cual es justo y adecuado. 
Los dos países más pobres reciben la mayor parte de los fondos expresados en porcentaje de su producto nacional bruto, y los informes de cohesión reflejan en efecto el éxito que tienen y que la Unión Europea triunfa en sus esfuerzos por reducir las diferencias económicas entre países. 
La Sra. Buitenweg ha planteado la cuestión de la Organización para el Desarrollo Energético de la Península Coreana. 
Este año, estos fondos- que, a propósito, esta Cámara había bloqueado- se reasignarán a otros fines, y esta ruptura del acuerdo implica que no hayamos asignado fondos en el anteproyecto de presupuesto para el año que viene. 
Desgraciadamente, Corea del Norte no se ofrece a abandonar su programa atómico y a invertir en su lugar en formas de energía renovables. 
Esto también tiene que ver con la pregunta del Sr. Dell ' Alba sobre la cláusula de derechos humanos. 
Los países como Corea del Norte, en los que existen emergencias humanitarias al tiempo que hay abusos de los derechos humanos, siempre nos colocan en una posición muy difícil. 
De hecho, la Comisión también había decidido aumentar la ayuda humanitaria para Corea del Norte, concentrando esta ayuda en las madres, que son las más afectadas por las terribles condiciones de ese país. 
Por supuesto, la Comisión tuvo en cuenta la capacidad de las administraciones para su aplicación cuando planteó sus propuestas relativas a Latinoamérica, pero desde luego también consideraremos las diversas propuestas del Parlamento. 
Después, el Sr. Garriga Polledo ha preguntado si los fondos recortados por el Consejo siguen siendo suficientes. 
Como suele hacer en octubre, la Comisión pronto propondrá una revisión de la política agrícola, con nuevas evaluaciones de los avances del mercado y que tome debida cuenta del tipo de cambio. 
También presentaremos un cálculo relativo a los viejos programas de los Fondos Estructurales, pero puedo decirle ya que la Comisión no puede aceptar que se recorten los fondos para la ayuda de preadhesión. 
El año que viene, aunque los países candidatos serán ya Estados miembros, seguirán obteniendo ayuda con sus programas de preadhesión, dado que estos seguirán en vigor. 
Es una suerte que los programas de preadhesión por fin se estén aplicando mejor, y esto por supuesto significa que necesitamos los medios para pagarlos. 
Nos complacería que el Parlamento y el Consejo restablecieran conjuntamente los importes anteriores. 
Señor Presidente, antes de debatir el presupuesto, me gustaría expresar nuestros mejores deseos a nuestro Comisario, el Sr. Fischler, que hoy tiene cumpleaños. 
Nos complace que esté aquí por el presupuesto, pero también que esté celebrando hoy su cumpleaños con nosotros. 
Esto lo apreciamos mucho. 
Este no es el único apoyo que prestaré a este Comisario, ya que mis palabras también serán críticas con el Consejo e incluirán el apoyo a la política de la Comisión. 
En beneficio de la claridad, son muchos los cambios introducidos en el sistema presupuestario. 
Entre otras cosas, se ha incorporado al presupuesto agrícola la ayuda de preadhesión para los nuevos miembros. 
Sin embargo, lo que es especialmente asombroso es que el Consejo haya recortado hasta su mínima expresión el anteproyecto de presupuesto original de la Comisión. 
De entrada, se ha vuelto a hacer una diferencia entre los Estados miembros viejos o existentes y los nuevos Estados miembros. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural lo lamenta. 
Sin embargo, también se ha realizado una reducción lineal que asciende a una suma importante en muchos casos. 
En concreto, se ha aplicado una despiadada reducción lineal en las sumas del presupuesto de más de un millardo. 
Quisiera decir lo siguiente al Consejo: deben darse cuenta de que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural apoya incondicionalmente a la Comisión. 
Esta quiere que se restablezcan las aprobaciones incluidas en el anteproyecto de presupuesto. 
Entiendo que el ponente general, el Sr. Mulder, quería presentar una enmienda en bloque que incluya esta cuestión. 
Lo mismo se solicita también en el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Sería positivo que el Consejo lo hiciese, especialmente por el hecho de que el próximo año será un año difícil, con una completa revisión de nuestra política agrícola y la adhesión de nuevos Estados miembros. 
Por lo tanto, el Consejo debe darse cuenta de que es esencial que la Comisión obtenga suficiente margen de maniobra financiero para aplicar esta política. 
Quisiera mencionar algunos de los diversos puntos. 
Es cierto que buscamos una política más amoldada al mercado, pero al mismo tiempo el Consejo quiere hacer demasiados recortes, cosa que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural considera inaceptable. 
Para comenzar con el programa de mercado escolar, proponemos destinar 10,3 millones adicionales para el mismo. 
También mencionamos el apoyo a los jóvenes agricultores y a proyectos innovadores y orientados al futuro. 
Me refiero al programa LEADER y al programa SAPARD. 
Si dependiese de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, habría unos 144 millones más. 
Lo mismo se aplica a la promoción, el control y la prevención. 
Con respecto al último punto, quisiera decir que no debemos permitir más recortes de los fondos veterinarios y los fondos de emergencia para epizootias. 
Queremos 30 millones más para estas dos cuestiones. 
Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha aprobado una serie de enmiendas al presupuesto. 
Un objetivo principal ha sido restaurar o aumentar los presupuestos de las agencias de las que dependemos para desempeñar tareas reglamentarias y de otro tipo determinadas por el Parlamento, es decir, los de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos, la Agencia Europea de Medio Ambiente y la joven Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 
Continuamente se asignan nuevas tareas a estas agencias y es vital que estén dotadas de los recursos suficientes. 
En segundo lugar, una vez más hemos dejado al descubierto la hipocresía de una Unión Europea que habla mucho de promoción de la salud luchando contra enfermedades relacionadas con el tabaco, pero que sigue dando 1 millardo de euros al año para subvencionar la producción de tabaco de baja calidad, gran parte del cual se exporta a países en desarrollo. 
¿Qué justificación tiene esto? 
Por último, quiero centrarme en la reforma de la Política Agrícola Común. 
Los agricultores de la Unión Europea y de EEUU son adictos a las subvenciones y aunque el acuerdo no augura el fin de esta adicción transatlántica, puede ser un paso en la dirección correcta. 
Celebramos las iniciativas de pasar de la ayuda directa a la ayuda vinculada a objetivos ambientales, pero sabemos muy bien que no se están cumpliendo muchas Directivas ambientales. 
Por ejemplo, la Directiva de nitratos, a pesar de tener 13 años, solamente se cumple en dos Estados miembros. 
¿Contempla el Comisario Fischler recortar los cheques que se dan a agricultores individuales, a regiones o a Estados miembros por este incumplimiento? 
¿Nos preocupa solo de boquilla la relación entre la Política Agrícola Común y un medio ambiente más limpio y mejor? 
. 
(DE) Señor Presidente, Señorías, como ya ha señalado el Sr. Maat, las enmiendas aprobadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural resitúan las previsiones para diversas líneas presupuestarias dentro del apartado 1a en los niveles previstos en el anteproyecto de presupuesto. 
Aunque la Comisión acoge con agrado estas enmiendas, quisiera recordarles que, a finales de octubre, la Comisión aprobará una carta de enmienda al anteproyecto de presupuesto con respecto al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, con el fin de actualizar los recursos necesarios. 
Realmente sería prematuro dar cifras exactas de las enmiendas que propondremos, pero ya puedo decirles algo sobre los importantes factores que hacen que estos cambios sean necesarios. 
Estos incluyen, en primer lugar, la depreciación del dólar estadounidense con respecto al euro, lo que ha afectado a determinadas restituciones a la exportación o ayudas; a continuación, la decisión de conceder, ya en 2003- es decir, en el ejercicio presupuestario de 2003- determinados avances contra las primas animales para las regiones más afectadas por la sequía del verano; y, por último, un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común, que sin embargo se espera que tenga escaso efecto sobre el presupuesto de 2004. 
Permítanme retomar las enmiendas aprobadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
La enmienda relativa al subapartado 1b sobre el desarrollo aumenta las previsiones en tal medida que superarían el límite máximo de la Perspectiva Financiera en unos 100 millones de euros. 
Pese a que la Comisión está de acuerdo con ustedes en que existe la necesidad absoluta de reforzar el segundo pilar- después de todo, ésta es también la tendencia general de la modulación acordada en el marco de la Política Agrícola Común y, por otra parte, los fondos se reasignarán del subapartado 1a al subapartado 1b con efecto a partir de 2006 -, entenderán que, en lo que respecta al presupuesto de 2004, la Comisión no puede ir más allá del límite máximo de la Perspectiva Financiera. 
Con respecto al programa SAPARD y a la introducción de una nueva línea presupuestaria para la financiación de una especie de «Leader Este» , quisiera decir que en el corto tiempo disponible no creo que sea posible ni aconsejable disponer, en el presupuesto para 2004, medidas del tipo «Leader» en un nuevo instrumento preparatorio. 
Sin embargo, actualmente estamos examinando cómo pueden alterarse las normas básicas del SAPARD de forma que se pueda hacer justicia a sus preocupaciones. 
Por último, quisiera tratar algunas de las prioridades establecidas por el ponente general. 
En primer lugar, la resolución sobre el presupuesto para 2004 indica que deben proporcionarse fondos para el desarrollo adicional de oportunidades para el uso de indicadores medioambientales. 
En este contexto, el ponente demanda que se realice un estudio sobre cómo funcionan estos indicadores. 
El segundo punto tiene que ver con la aplicación de una medida preparatoria para promover la introducción de sistemas de seguros a fin de cubrir las pérdidas económicas derivadas de las epizootias. 
Dado que la Comisión es muy favorable a que haya un debate público sobre esta cuestión, en el que participen todas las partes interesadas, estamos programando para el próximo año una serie de consultas y seminarios que implicarán a todos los servicios y partes afectadas. 
En lo que respecta al desarrollo de vacunas marcadoras y pruebas discriminatorias para patógenos como los que causan la fiebre aftosa o la fiebre porcina clásica, permítanme decir en nombre de mi colega, el Comisario Sr. Byrne, que la Comisión está elaborando una directiva en este ámbito, que creará el fundamento jurídico para que exista financiación disponible para el desarrollo de sueros estándar. 
Una vez que la Comisión haya aprobado esta directiva, se convocará un concurso para la fabricación de estos sueros estándar. 
Tras la evaluación, se tomará una decisión sobre la fabricación de otros sueros y la financiación que esto requerirá. 
Respecto a la propuesta de examen de los sistemas para la garantía y certificación de calidad de lo que se denomina la gestión de la cadena de suministro integrada, puedo asegurar al Sr. Mulder que la Comisión está a favor de presupuestar medio millón de euros para financiar nuevos estudios y una conferencia. 
También quisiera responder a la acusación de que seguimos financiando al sector del tabaco. 
Permítanme llamar su atención sobre el hecho de que la Comisión ha decidido hoy que realizaremos una reforma del sector del tabaco, que comportará la total desvinculación de estos recursos financieros. 
En lo que respecta al incumplimiento, en determinadas situaciones, de la Directiva sobre nitratos, permítanme señalar que la Comisión ha emprendido desde hace un tiempo medidas legales al respecto, pero esto tiene que ver sobre todo con el modo en que los Estados miembros han cumplido solamente en parte los requisitos de la Directiva sobre nitratos y por lo tanto no la han aplicado. 
De esto se deriva que el problema no puede traspasarse a los agricultores individuales. 
Por último, quisiera señalar que el Consejo ha reducido el número de partidas para el gasto relacionado con la ampliación. 
Como todos comprenderán, la Política Agrícola Común será aplicable en los nuevos Estados miembros a partir del día de su adhesión, sin que nada quede al margen. 
Esto hace totalmente necesario que la Comisión tenga suficientes recursos de personal para poder aplicar de forma eficaz la Política Agrícola Común. 
Permítanme hablar ahora, muy brevemente, de la pesca y del informe de la Sra. Langenhagen, el Sr. Mulder y el Sr. Färm, propuesta de resolución que respaldo en gran medida, y señalar solamente algunos de sus aspectos. 
Ya en marzo, cuando se aprobó la resolución sobre el sector del pescado blanco, el Parlamento solicitó a la autoridad presupuestaria que elaborase un plan para asignar 150 millones de euros para compensar las pérdidas sufridas por las comunidades pesqueras a raíz de la crisis de las poblaciones de pescado blanco. 
En varias ocasiones, solicité a los Estados miembros que nos dijesen cuánta financiación necesitaban. 
Sin embargo, a excepción del Reino Unido y Dinamarca, ningún Estado miembro comunicó necesidad alguna. 
La Comisión es por lo tanto incapaz de presentar al Parlamento ninguna propuesta sobre fondos adicionales. 
Lo mismo se aplica al intento de proporcionar fondos para desguaces de unos 32 millones de euros más. 
Esto tampoco dio resultado, ya que los Estados miembros no proporcionaron los datos necesarios. 
El Sr. Färm ha preguntado por qué los fondos no podían reasignarse para proporcionar los 32 millones de euros, y me gustaría recordarle que ya no existe margen alguno en la rúbrica 2, aparte de lo cual todos los compromisos de financiación finalizaron justo al comienzo del periodo de planificación del programa en los documentos de planificación del programa nacional y regional para todos los cuatro Fondos Estructurales. 
Por lo tanto, no es posible ninguna reasignación antes de la revisión intermedia del año que viene. 
Puedo confirmar que en las próximas semanas presentaremos una propuesta sobre los consejos consultivos regionales. 
Estoy de acuerdo con la afirmación recogida en el informe de la Sra. Langenhagen de que los acuerdos pesqueros deberían dotarse de fondos y que sus presupuestos deberían ser lo más transparentes posible. 
Sobre las inspecciones pesqueras, puedo informarles de que en las próximas semanas propondremos que la normativa actual sobre el gasto de los Estados miembros en trabajos de inspección se amplíe hasta 2005, y esto se contempla en el proyecto de presupuesto para 2004. 
Señor Presidente, señor Comisario, los socialistas celebramos el informe del Sr. Maat, sobre el que me gustaría comentar lo siguiente. 
Dado que la salud de los jóvenes es siempre muy importante para nosotros, deberíamos reforzar el plan de distribución de leche en los colegios, en lugar de congelar prácticamente su financiación actual del modo en que lo ha decidido el Consejo. 
Los fondos disponibles no serán suficientes para diez nuevos Estados miembros, y la financiación adecuada de las zonas rurales y su desarrollo, además de garantizar la calidad de la producción de alimentos, son igualmente indispensables. 
Este es otro terreno al que debe destinarse dinero y también es importante que sea posible pasar de medidas de regulación del mercado al apoyo a las zonas rurales, en la actualidad un frágil árbol joven al que debemos permitír echar fuertes raíces y florecer. 
Como ponente de la comisión temporal sobre la fiebre aftosa, puedo ver que la ampliación de la Unión Europea significa que debe haber una inversión bastante mayor en la prevención de epizootias. 
Me complace oír al Comisario Fischler decir al Sr. Byrne que debería destinarse más dinero a la investigación, ya que no debería permitirse que se repitiese una calamidad como la que hemos presenciado en Gran Bretaña. 
Lo que quisiera decir en términos generales al Consejo es que reducir los presupuestos como si se estuviese cortando el césped no sirve a ningún fin útil, ya que el presupuesto agrícola no es una cantera que deba trabajarse en beneficio de este u otro proyecto. 
El camino correcto que queda por delante no pasa por los recortes generales, y esta Asamblea quiere lo que se dispuso en el proyecto de Constitución de la Convención: pleno poder de codecisión y abolición de la nítida línea divisoria entre gasto obligatorio y no obligatorio. 
Pueden estar seguros de que entonces la toma de decisiones expertas tanto en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural como en la Comisión de Presupuestos estaría garantizada sin lugar a dudas. 
Gracias por su atención. 
Señor Presidente, Comisaria Schreyer, Comisario Fischler, quisiera centrarme en el desarrollo rural. 
Al aumentar los fondos para este sector, la comisión ha dejado claro que es a esto a lo que damos mayor importancia y que el recorte de las organizaciones del mercado exige que haya una compensación para los agricultores que acuden al mercado. 
Observamos con preocupación la evidencia de que los Grupos- y, por lo que se ve, la Comisión- están debatiendo cómo utilizar la planificación financiera a largo plazo para recortar este sector en lugar de ampliarlo, o la posibilidad de incluirlo en los Fondos Estructurales. 
Señor Comisario Fischler, considero un gran triunfo por su parte el hecho de que ahora exista una línea estructural dedicada a las «zonas rurales». 
Sería fatal que prevaleciesen las fuerzas que quieren que las cosas vuelvan a ser como eran, ya que los criterios de los Fondos Estructurales para las zonas rurales no son muy favorables. 
Al expresar su opinión sobre la cuestión del «Leader Este» , ha señalado usted que quería ajustar debidamente el programa SAPARD. 
Ya hemos debatido esto antes. 
Oigo lo que usted dice, pero no tengo fe para creer que la administración realmente lo llevará a cabo y que dará pie a una práctica sensata. 
Por lo tanto, debería establecerse un programa «Leader Este» para Bulgaria y Rumania con el fin de implicar a la población en general en el desarrollo de las zonas rurales. 
Quisiera terminar diciendo que nos intranquiliza haber oído- como haremos pronto en la comisión, cuando nos formule sus comentarios- que se ha hecho la oferta de convertir la Caja Verde en un objeto de negociación. 
Consideramos que una medida así sería una locura. 
Si algo que es necesario desde el punto de vista del desarrollo rural va a ser visto como una ayuda actualmente suspendida y susceptible de ser recortada, entonces deberíamos debatirlo en esta Asamblea y dejar clara nuestra postura en la próxima ronda en la OMC. 
Señor Presidente, la Política Agrícola Común sigue siendo la mayor partida del gasto en el presupuesto comunitario. 
Igual que la mayoría de mis colegas, celebro el hecho de que se haya conseguido controlar el gasto agrícola gracias a una serie de reformas emprendidas por los Comisarios actuales y anteriores. 
Asimismo, aplaudimos que el acuerdo del Consejo, firmado en octubre de 2002 en Bruselas, haya permitido estabilizar y predecir el gasto agrícola hasta 2013. 
Además, el acuerdo de Luxemburgo más reciente sobre la reforma de la Política Agrícola Común garantiza que los pagos dejarán de proceder de subvenciones que distorsionan el comercio para basarse en servicios prestados a la sociedad por nuestros agricultores en ámbitos como el medio ambiente, la seguridad alimentaria y el bienestar de los animales. 
Apoyo firmemente esta tendencia 
También defiendo la necesidad de mantener las restituciones a la exportación como herramienta estabilizadora esencial en el presupuesto. 
En los últimos años, el importe entregado ha constituido una porción decreciente del gasto agrícola. 
Sin embargo, seguirá siendo un mecanismo esencial de ayuda a los sectores que dependen mucho de la exportación para que conserven cierta posición en los mercados de exportación cuando los precios descienden bruscamente y los mercados son inseguros. 
Para concluir, celebro la declaración del Comisario Fischler sobre la propuesta de desacoplar la ayuda a los productores de tabaco, que esperemos propicie una reducción de la producción de este cultivo tan dañino para la salud. 
Señor Presidente, señores Comisarios, camaradas, Señorías, en los ámbitos de la protección del medio ambiente, la protección del consumidor y la salud, a nivel europeo seguimos tratando de abordar proyectos muy ambiciosos destinados a mejorar la calidad de vida del público en cada terreno: programas de acción medioambiental, programas de acción en el terreno de la salud pública, estrategias de protección del consumidor, estrategias para el medio ambiente y la salud, etcétera, etcétera. 
Pero ¿qué sucede con los recursos necesarios si queremos poder hacer que estos proyectos den su fruto? 
Aquí es donde el anteproyecto de presupuesto de la Comisión es bastante tímido, caracterizado por la servicial sumisión a la manía del Consejo de establecer indiscriminadas medidas de austeridad. 
¿Cómo podemos imaginar la génesis de este anteproyecto de presupuesto, que el Consejo- o mejor dicho, lo funcionarios del COREPER- ha ajustado todavía más? 
Esto, permítanme añadir, para un año en el que el presupuesto debe elaborarse no para quince Estados miembros, sino para veinticinco, para los que debe ser suficiente. 
Sin embargo, este es el Consejo con el que estamos familiarizados, el que firma tratados ceremoniosos pero rechaza suscribir las asignaciones presupuestarias para los mismos. 
Simplemente no dejemos que la Comisión caiga en la misma forma de hacer las cosas. 
Sabemos que las instituciones de los diez nuevos Estados miembros necesitan una importante reconstrucción en lo que respecta a la protección del medio ambiente, la política del consumidor y la atención sanitaria; estas son las áreas en las que, pese a los fondos facilitados al amparo de la estrategia de preadhesión, hasta el momento no han conseguido nada importante. 
No solo hemos sabido esto a través del informe de Consumers International, sino que el Tribunal de Cuentas también nos ha instado a que lo tengamos en cuenta. 
Por supuesto queremos «enverdecer el presupuesto» , la protección de los consumidores como principio integrador en todas las políticas europeas y la sensibilización en todos los niveles de Europa, pero para ello necesitamos recursos operativos y recursos de personal, y estos deben estar disponibles. 
Esto no se hará solamente con estrategias sucintas o programas de acción escritos sobre el papel, que, por supuesto, no se ruboriza. 
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(DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no quisiera repetir ahora todo lo que he dicho en mi anterior intervención, pero quisiera tratar varias de las cuestiones que se han planteado. 
Para empezar, creo que estamos, en principio, totalmente de acuerdo en lo que respecta a la cuestión del desarrollo rural, pero por otra parte todos debemos acatar los límites establecidos por la Perspectiva Financiera. 
En lo que respecta a lo que el Sr. Graefe zu Baringdorf ha descrito de forma acertada como un debate interminable sobre medidas adicionales en relación con una especie de «Leader Este» , no sé si lograré, por así decirlo, que se convierta, ya que ha dicho que carece de fe, pero hablo en serio cuando digo... 
... que arreglaremos la normativa básica de forma que responda a sus preocupaciones. 
Retomando su sugerencia de que discutamos sobre lo que se dijo en Cancún sobre la Caja Verde, yo realmente acogería con sumo agrado un debate de este tipo, que quizás podríamos ampliar invitando a varios representantes de ONG a que se incorporen. 
De hecho, en Cancún tuve la impresión de que lo que se podría denominar el departamento de sostenibilidad y el de desarrollo en algunas de las ONG plantean a menudo puntos de vista contrapuestos, y creo que esto es algo que deberíamos dilucidar juntos. 
Ya he indicado que la Comisión solamente puede hacer una propuesta sobre política pesquera si los Estados miembros están dispuestos a darnos las cifras necesarias. 
Sus necesidades por lo visto no son tan acuciantes, ya que si no habrían facilitado dichas cifras. 
Por lo tanto, actualmente no puedo decir qué parte del presupuesto se asignará de forma adicional a la política de desguaces; mi única orientación es que lo que se nos ha dicho es necesario. 
Debemos hacer una distinción- y la haremos- entre el componente de desarrollo y ese elemento en el que pagamos por la adquisición de derechos pesqueros conforme a un acuerdo, pero no es necesario que haya subapartados nuevos para esto en el presupuesto; puede organizarse de forma muy sensata en una línea presupuestaria, y eso es lo que vamos a hacer. 
Pronto verán que sus peticiones son atendidas en las propuestas que vamos a presentar. 
(Aplausos) 
Estoy encantado de dirigirme a la Asamblea y de hablar en público, en calidad de miembro de la silenciada y amordazada comisión de este Parlamento que no ha podido hacer su trabajo debidamente a causa de una decisión de la Conferencia de Presidentes en relación con una entrevista con el Sr. Prodi en torno a una de las cuestiones que voy a tratar enseguida. 
Siguiendo la práctica habitual en mi comisión, este año he utilizado el material que encontramos durante el procedimiento de aprobación para preparar algunas enmiendas presupuestarias a fin de obtener lo que la Comisión de Control Presupuestario quería de la Comisión y otras instituciones. 
Se divide en tres campos diferentes, dos están relacionados y se abordarán más tarde, y el otro es el Comité de las Regiones. 
Sin embargo, hemos de aprobar las cuentas de 2001 de este comité y, a medida que van apareciendo más cosas sobre el estado de sus cuentas y de lo que ha pasado en dicho comité, es muy poco probable que lo hagamos. 
Por lo tanto, hemos presentado una enmienda que solicita el 25% de las cuotas de los miembros del Comité de las Regiones para reservarlas hasta que el ponente nos facilite gran parte de la información que hemos pedido. 
La cuestión principal concierne a Eurostat y la OLAF. 
Hemos presentado una enmienda que pide la reserva de una suma considerable de dinero para la OLAF. 
Esta propuesta casi consigue la unanimidad en la comisión, porque no nos ha parecido bien la forma en que la OLAF ha informado a la autoridad presupuestaria, contradiciendo en muchos casos sus propias reglas. 
Por último, Eurostat. 
Estamos muy preocupados por algunas de sus actividades y la forma en que la Comisión las está tratando. 
Hemos presentado una serie de modificaciones y, cuando lleguemos al debate principal del presupuesto, los Grupos políticos pueden presentar más enmiendas, que animaremos en nombre de nuestra comisión, porque ya va siendo hora de que alguien asuma la responsabilidad por los problemas con Eurostat. 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, al tratar la cuestión de la jurisdicción europea, se limitó a respaldar la propuesta de anteproyecto de la Comisión, que dispone aumentos por dos motivos; el primero es consecuencia de la ampliación, y el segundo una respuesta a las nuevas tareas de la justicia europea, en cuyo contexto se asignan más fondos para fines de documentación y traducción. 
Lo que significa esto- ni más ni menos- es que el anteproyecto de la Comisión no incluye ninguna mejora estructural de las condiciones en que funciona el sistema de justicia europeo. 
Sin embargo, no hemos avanzado más que esto y me gustaría instar a la Comisión de Presupuestos a que no lo reduzca todavía más, ya que, si asignamos solamente los fondos relativos a la ampliación y no los fondos para las tareas adicionales, la situación no puede dejar de deteriorarse todavía más. 
La Comisión de Presupuestos tendrá que decidir si tomar partido por el Consejo o por la Comisión y el Tribunal de Justicia. 
El segundo punto que me gustaría tratar tiene que ver con la Academia de Derecho Europeo, cuya labor en los últimos diez años ha tenido un enorme éxito. 
A sus miembros fundadores, Alemania y Luxemburgo, se les han incorporado desde entonces Irlanda, Polonia, Grecia, España, Portugal, el Reino Unido, Países Bajos, Hungría y Suecia. Finlandia ha anunciado su intención de incorporarse. 
Durante los últimos diez años, un total de 38 000 personas de la Unión Europea y los nuevos países han participado en seminarios y cursos de formación. 
En ese periodo, la Academia de Derecho Europeo se ha convertido en la secretaría de la Red europea de formación judicial y en el futuro estará especialmente implicada en la promoción de la cooperación entre los jueces de Europa oriental. 
Todo esto justifica un aumento adecuado de las subvenciones a la Academia de Derecho Europeo dentro del programa financiero, no solo para 2004, sino también para años posteriores. 
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(EN) Señor Presidente, le estoy muy agradecido y, de hecho, también al Sr. Rothley, por hablar el tiempo suficiente para darme tiempo a entrar, y lo ha hecho sin premeditación y, me parece, con una percepción extrasensorial. 
Como ya sabrá la Asamblea y tal y como ha dicho mi colega la Sra. Schreyer, la Estrategia Política Anual de la Comisión para 2004 ha identificado tres ámbitos políticos prioritarios, en concreto la ampliación, la estabilidad y el crecimiento sostenible. 
También hemos dejado claro que para las prioridades segunda y tercera se dispondrá de personal mediante la reorganización interna de la plantilla de la Comisión. 
Asimismo, la Comisión ha decidido que en la aplicación ulterior de la reforma, la reorganización de los recursos debería hacerse con la ayuda del plan de jubilación anticipada voluntaria limitado en tiempo y número. 
En el caso de la ampliación, hemos reconocido la realidad de que se precisan nuevos recursos humanos, nuevos puestos de trabajo para satisfacer las nuevas e importantes exigencias derivadas del cambio histórico. 
Los motivos del aumento propuesto están muy claros: la adhesión de diez países el 1 de mayo de 2004 comportará un aumento del 66% del número de Estados miembros, un aumento del 20% de la población de la Unión y un aumento del 82% de las lenguas de trabajo. 
La Comisión tendrá que enfrentarse a nuevas exigencias muy diversas y sustanciales con solo un 13% más de personal: 3 900 personas cualificadas contratadas adicionalmente durante un período de transición de cinco años desde principios de 2004 hasta finales de 2008. 
En 2004, el año de la ampliación, después de la redistribución de 500 puestos de personal existente en y entre servicios existentes, la suma neta necesaria es de 780 nuevos puestos. 
Para obtener esta cifra, todas las tareas actuales desempeñadas por los servicios de la Comisión se han clasificado sobre la base de una «gestión basada en actividades». 
Los cálculos se han basado estrictamente en el volumen de trabajo adicional que sabemos que tendrá que soportar la Comisión como resultado directo de la ampliación. 
Este enfoque sistemático se ha aplicado a todo los servicios y después se comprobado la información obtenida para mayor seguridad. 
En pocas palabras, hemos basado nuestra petición de recursos humanos adicionales en un análisis riguroso y completo de las necesidades operativas reales y probadas. 
Me alegro de que los representantes del Consejo estén aquí. 
Les agradezco su cortesía al asistir a este debate, pero he de decir con franqueza que, en este contexto, el recorte de 272 puestos propuesto por el Consejo en su dictamen sobre el anteproyecto de presupuesto no nos parece aceptable y, a la luz de la ampliación, es poco realista. 
Creo que es esencial que este Parlamento conozca la triste realidad de que si se crean menos de los 780 puestos relacionados con la ampliación que hemos propuesto para 2004, se verá considerable y negativamente afectada la capacidad de la Comisión para gestionar la nueva tarea que se deriva directamente de la adhesión de diez nuevos Estados miembros, que defendemos y apoyamos con firmeza, total y unánimemente en la Comisión, el Parlamento y el Consejo. 
Al formular nuestra propuesta no pretendíamos acaparar puestos de trabajo. 
Nos hemos limitado a ser realistas en torno a lo que hay que hacer en una Unión más grande y a favor de ella. 
Por lo tanto, me complace que el Sr. Mulder haya presentado la enmienda horizontal, enmienda 3053, que facilitaría la creación del número de puestos solicitados. 
Sin embargo, el hecho de que estos puestos estén en la reserva causará importantes problemas prácticos. 
Por definición, implicará que los nuevos puestos estarían disponibles para los servicios más tarde, lo que demoraría el proceso de contratación. 
Mientras tanto, la incertidumbre y el retraso resultantes menoscabarían gravemente el debido cumplimiento de las tareas de la Comisión. 
Quiero dejar claro ante la Asamblea que la lista de criterios dada por el Sr. Mulder en su enmienda 3053 es realista, pero sería útil aclarar más estos criterios. 
Por ejemplo, en cuanto al segundo criterio, quiero dejar del todo claro que las cifras de contratación propuestas permitirán a la Comisión garantizar un equilibrio geográfico entre todas las instituciones tras la ampliación. 
Esto es fundamental. 
En cualquier caso, queremos evitar añadir ningún criterio más que, sinceramente, la Comisión no pueda viablemente cumplir a tiempo para la segunda lectura en esta Cámara. 
La Comisión ha demostrado manifiestamente una gran cautela y mucha deliberación a la hora de calcular las necesidades. 
Se ha propuesto el mínimo necesario. 
Nadie en esta Asamblea parece guiarse por el intento de desestabilizar los ya difíciles procesos de cumplimiento de las tareas derivadas de la ampliación. 
Cuando todos estos hechos sean evidentes, espero que se reflexione más sobre la propuesta de poner puestos de trabajo en la reserva con todo lo que ello implica en la práctica. 
La Cámara también está estudiando las enmiendas que pretenden cambiar el plan de establecimiento. 
La enmienda 3502 propone reducir un 10% los costes administrativos y de personal en una serie de áreas políticas y asignar este 10% a la reserva con objeto de impulsar la parte operativa de los programas. 
Me veo obligado a decir que esta enmienda conduciría a una demora notable de futuras contrataciones. 
Si bien entiendo la intención política que subyace a esta enmienda y soy consciente de que es coherente con enmiendas similares de años anteriores, la Comisión tendrá grandes dificultades para intentar cumplir con eficacia los programas en cuestión sin el nivel apropiado de recursos administrativos. 
No es necesario que les diga a sus Señorías que se han esforzado por introducir los presupuestos basados en actividades y una mayor transparencia que no estamos debatiendo una cuestión técnica. 
La responsabilidad de la Comisión de asignar recursos a actividades y de justificar estas asignaciones es una cuestión profundamente política. 
Cuando se decida la asignación interna de recursos humanos, la Comisión estudiará debidamente las preocupaciones expresadas por este Parlamento en su resolución presupuestaria. 
Pero en aras de un funcionamiento eficaz y la responsabilidad, es preciso mantener la autonomía administrativa de nuestras instituciones. 
Esto implica que la Comisión ha de seguir adoptando en última instancia las decisiones finales relativas a los planes de establecimiento sobre la base de las necesidades debidamente calculadas y expresadas. 
Sé que muchos diputados reconocerán el principio y su sentido práctico. 
Tengo un gran respeto por las numerosas cualidades del Sr. Mulder, pero es sobre todo un hombre práctico. 
Espero que estas consideraciones le resulten plausibles. 
Solamente elogio a alguien cuando se lo merece? 
... al Sr. Mulder con generosidad, pero cuando se lo merece. 
Aparte de los recortes relativos a los créditos para los puestos de trabajo, el Consejo ha efectuado otros recortes en el presupuesto administrativo de la Comisión en relación con delegaciones, auxiliares, misiones, reuniones y oficinas de representación. 
En esto quiero ser muy claro: si se recorta el presupuesto de las oficinas de nuestras delegaciones se verá afectada la última fase de la descentralización, que es un proceso muy favorecido por esta Asamblea y por la Comisión. 
La reducción propuesta en misiones, reuniones y oficinas de representación también tendrá un efecto inevitablemente adverso en el proceso de ampliación. 
La Comisión necesita restablecer el anteproyecto de presupuesto para afrontar los desafíos administrativos de 2004 derivados inevitable y previsiblemente de la ampliación. 
El gasto en este campo no es ni excesivo ni decorativo. 
Es absolutamente esencial para funcionar bien. 
Para funcionar bien también es vital continuar con la transformación normal de los puestos de trabajo necesarios para el desarrollo profesional. 
Si, tal y como ha propuesto el Consejo, a la transición a la nueva estructura profesional, firme y correctamente apoyada por esta Asamblea y, de hecho, por el Consejo, le acompañara la inhabilitación de las pautas convencionales de promoción, el efecto sería incomprensiblemente confuso y desmoralizante para la función pública europea. 
Sin embargo, entiendo que el ponente propone la presentación de una enmienda para restablecer esta práctica habitual. 
Sería una propuesta muy bien acogida, que daría una señal tranquilizadora y de buena voluntad a nuestros funcionarios, cuya participación activa y confiada en el cambio modernizador sigue siendo absolutamente esencial, como siempre lo será. 
Señor Presidente, señor Comisario, permítame comenzar diciéndole en público lo que ya he podido decirle en privado, que admiro profundamente la forma valiente y directa en la que está afrontando sus responsabilidades en el caso Eurostat. 
Pero permítame decirle también, con la misma franqueza, que considero un acto irresponsable el modo en que la Comisión está ocultando al Parlamento, y especialmente a la Comisión de Control Presupuestario, el informe de auditoría interna. Permítame advertirle ya de las consecuencias que esto puede tener. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a los Comisarios Schreyer y Kinnock por su acertada reforma de la Comisión y la modificación del Reglamento Financiero asociada a la misma. 
Sientan las bases para la aclaración de la responsabilidad individual, la asunción de responsabilidades y la creación de la gestión y presupuestos basados en actividades. 
Este presupuesto es en efecto el primer presupuesto basado en actividades. 
La mejora de la gestión basada en actividades constituye un desafío continuo. 
El objetivo debe ser que los distintos ámbitos de la política tengan margen de maniobra para la creación de la estructura administrativa más eficaz posible. 
Esto significa que en el futuro es muy posible que abandonemos la práctica en la que el Parlamento decide de forma independiente sobre la creación de una partida o su modificación. 
El Parlamento solo decidirá cuánto dinero hay disponible en un ámbito administrativo concreto. Esta último podrá decidir entonces por sí mismo sobre la creación de la estructura administrativa más adecuada. 
En el futuro tendrá una importancia clave definir y asumir la responsabilidad personal, ya que el presupuesto y la gestión basados en actividades conducen a la delegación de arriba abajo de poderes de decisión. 
En lo que respecta a la gestión financiera, debemos ser capaces de establecer exactamente lo que exigimos de una cuidadosa gestión de las finanzas. 
Distintas organizaciones y ONG determinan sus propias áreas de especialización, a las que el Parlamento Europeo ha prestado su apoyo. 
Estas líneas presupuestarias A-30 «reservadas» han sido la pesadilla del presupuesto. 
Para ser sinceros, el acceso a las mismas por parte de las organizaciones se ha producido sobre una base arbitraria. 
Con frecuencia, la dimensión europea de estas organizaciones no ha superado la de cientos de otras organizaciones que han estado trabajando sin apoyo. 
Ahora se va a crear el fundamento jurídico del sistema y la cuestión de la asistencia debe ser decidida por la Comisión. 
Esta medida debe aplicarse lo antes posible. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario Kinnock, me complace que haya podido volver a sus raíces como Comisario de Transporte al darnos su discurso justo a tiempo. 
Cuando asumió su nueva responsabilidad en 1999, prometió crear la administración más moderna y eficaz del mundo. 
Ahora pretende vendernos la idea de que, a medida que se acerca el fin de su mandato en esta Comisión, usted ha conseguido realmente este ambicioso objetivo, pero, señor Comisario, las cosas no son tan bonitas como usted pretende pintarlas. 
Hay muchas sombras sobre ellas y varios puntos que quisiera comentar. 
El primero es que, en mi opinión, es inaceptable que la administración de la Comisión no refleje lo que quiere la autoridad presupuestaria. 
Me complace ver que el Comisario Vitorino haya llegado; hemos tratado esto esta mañana dentro del apartado de la política informativa. 
Hemos aumentado los fondos destinados a este fin, sin dejar nada en las reservas, pero en el nivel más bajo no existe una administración y la descentralización a la que usted ha hecho referencia tampoco funciona. 
Los acuerdos con los Estados miembros no se han concluido y no hay fondos para las cosas en las que la Comisión no tiene interés político, como el resultado de la Convención. 
Tiene 10 millones de euros a su disposición y solo se han gastado 1,5 millones de euros. 
No es su tarea decidir por su cuenta cómo debe administrarse el presupuesto, sino garantizar que la administración realmente lleva a cabo lo que el Consejo y el Parlamento han decidido. 
No lo está haciendo y, como Comisario de personal, comparte la responsabilidad por ello. 
Podría mencionar muchos otros ejemplos. 
En segundo lugar, esto también tiene que ver con las áreas en las que la propia Comisión tiene responsabilidad financiera. 
Siempre se da la excusa de que son los ruines Estados miembros los que administran el 80% del presupuesto, pero usted debe mantener el orden en su área de responsabilidad y los miembros de la Comisión de Control Presupuestario le han enviado un claro mensaje respecto a su forma de actuar: es su responsabilidad y debe responder por ello. 
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(EN) Señor Presidente, agradezco al Sr. Ferber sus observaciones sobre mi puntualidad. 
Me ha recordado la época en que yo solía tener que llegar a las 10 de la mañana a una sala de la Cámara de los Comunes y entraba por los pelos, sorteando a los policías. 
En esta ocasión no ha sido tan complicado. 
Agradezco las intervenciones constructivas y contestaré muy brevemente, aunque espero poder tranquilizar a sus Señorías que han intervenido. 
En primer lugar, agradezco al Sr. Casaca sus amables comentarios, porque se basan en un análisis muy profundo de todo lo que pretendemos hacer. 
Me gustaría que fuera una característica universal, pero me parece que algunas personas que escriben en la prensa, por ejemplo, tienen confianza y seguridad en lo que escriben, lo que es inversamente proporcional a la cantidad de conocimientos que tienen. 
Lamento su opinión, por otro lado comprensible, de que la Comisión, utilizando sus palabras, oculta al Parlamento el informe de auditoría interna. 
Capto la fuerza de lo que dice cuando nos recuerda de nuevo que la actividad de la auditoría interna, el examen de los contratos, es un fruto directo de la resolución sobre la aprobación de la gestión, elaborada, de hecho, por el propio Sr. Casaca y algunos de sus colegas. 
Admito plenamente el interés que ha puesto en esta cuestión. 
Solo digo una cosa: tenemos que utilizar el procedimiento del Anexo III por una razón muy fundamental que, estoy seguro, es fácilmente comprensible. 
Debemos observar una confidencialidad estricta a la vez que intentamos facilitar la máxima información a las personas más autorizadas para ello, inclusive diputados a este Parlamento, simplemente porque los informes que ahora están concluyéndose encierran un potencial de procedimientos disciplinarios e incluso más graves. 
No es una excusa, no es una estratagema. 
Se debe a la correcta observancia de los derechos de justicia natural y de la presunción de inocencia, y también a nuestro firme deseo de no revelar al público precipitadamente detalles que pudieran comprometer la integridad de una o varias demandas que podemos decidir incoar contra algunas personas. 
Espero que al analizarlo se entienda que esto lo digo a modo de explicación y transparencia, no como una disculpa o evasiva, y que es necesario simplemente por el material con el que trabajamos. 
Soy consciente de que si hubiera habido un contexto histórico de intentar mantener la confidencialidad a un mínimo y la transparencia a un máximo, entonces sería más sencillo para esta Asamblea entender que, cuando es vital que empleemos procedimientos confidenciales, se hace totalmente por buenos motivos. 
Espero que, entre otros productos de la gestión y los presupuestos basados en actividades y la transparencia de la que ha hablado el Sr. Virrankoski, la Comisión se muestre más dispuesta a revelar el máximo posible a la vez que trata de salvaguardar la integridad de los procedimientos necesarios. 
El informe estará disponible en el Anexo III del procedimiento de acuerdo marco cuando esté listo. 
En estos momentos se está ultimando en el sentido literal de la palabra, por lo que estará disponible en su debida forma en el plazo previsto. 
En cuanto a la consolidación de la responsabilidad política, todavía no me planteo la plena aplicación de la arquitectura que desea el Sr. Casaca, aunque la miro con mucha simpatía. 
Esta arquitectura consiste en el establecimiento de toda una unidad de control financiero, por así decirlo en la oficina de cada uno de los Comisarios. 
Pero me parece que hemos logrado avanzar mucho para su consecución, por un lado tanto en el ámbito general del Reglamento financiero, pero más concretamente en las reformas aprobadas por la Comisión, en algunos casos hace bien poco, en julio del 2003. 
Estas garantizan un requisito absoluto de informar sobre la gestión y la actividad financiera en una Dirección General al menos dos veces al año, concretamente al Comisario responsable, para que los Comisarios en el futuro sigan estando al tanto de la gestión operativa práctica de la Dirección General, así como asumiendo sus responsabilidades políticas directas y obvias. 
No disminuirá la responsabilidad política y la responsabilidad sobre la cartera ni el compromiso político, sino que probablemente se añada a todos ellos. 
En julio la Sra. Schreyer y yo enviamos una carta a todas las DG. 
La respuesta que obtuvimos de las DG, con un análisis profundo destinado a detectar prácticas remotamente relacionadas con lo que hemos podido ver en Eurostat, fue rigurosa y profunda, lo que es alentador. 
Sé que el Sr. Casaca, interesado en estas cuestiones, y probablemente el Sr. Mulder, querrán examinarla. 
Me parece muy bien. 
Evidentemente, el Sr. Virrankoski demuestra un gran conocimiento y sé que sus antecedentes le dan autoridad en este ámbito. 
Simplemente quiero decirle que estoy de acuerdo con su previsión de futuras estructuras y las prácticas que anticipa, y confío en que se aprobarán. 
En una organización de seres humanos la cultura es básicamente un producto que no es de origen étnico o de origen nacional o regional o lingüístico. 
La cultura es un producto de los sistemas y las estructuras en los que trabajan las personas. 
Mediante reformas masivas que cambian radicalmente los sistemas y las estructuras, estimulamos el tipo de cultura de transparencia y responsabilidad que es fundamental para el éxito de la gestión basada en actividades y de los presupuestos basados en actividades que refuerzan dicho proceso. 
Al Sr. Ferber le diré: consta en acta que en los inicios de la Comisión prometí- y no intento denunciar o retomar ningún eslogan sobre lo mejor del mundo, etc.- que nos esforzaríamos por lograr, mediante una renovadora reforma radical, una Comisión Europea bien gestionada, de alto rendimiento, orientada a los servicios e independiente, al servicio de los ciudadanos de la Unión Europea. 
No me parece una promesa modesta, y sin embargo lo estamos consiguiendo. 
Utilizando sus palabras, me parece que el cielo no es tan azul como dice que lo he pintado. 
En nuestros frecuentes informes de situación reconocemos las deficiencias, los plazos que no hemos cumplido, así como los que hemos mejorado. 
Reconocemos que se precisa un mayor desarrollo. 
Después de todo, ha sido esta Comisión la que- en cuanto dispusimos de pruebas a primera vista que nos dieran seguridad jurídica a la hora de emprender ciertas acciones- ha suspendido contratos, ha iniciado procedimientos disciplinares, ha establecido el grupo de trabajo de investigación más sólido y grande de la historia de la Comisión, ha aumentado la plantilla para la auditoría interna de contratos de 9 a 24 personas y ha preparado esos informes cumpliendo rigurosamente el calendario. 
Esta no es una prueba de una Comisión indolente o relajada, ni tampoco significa que imaginemos que el cielo está azul todo el tiempo, ni que estas gafas sean de color rosa. 
Estoy impaciente por que haya más cambios. 
Deseo ver una implementación total. 
Esta ambición la comparten todos mis colegas, y no podríamos haber avanzado todo lo que hemos avanzado si no hubiéramos contado con una gran cooperación por parte del personal que asume estas obligaciones, además de su volumen de trabajo habitual, y con el sincero compromiso de cada uno de los miembros del Colegio de Comisarios. 
Por lo tanto, no pretendo dar a entender que hemos hecho más de lo que hemos hecho. 
Simplemente pido un examen objetivo de lo que se ha logrado. 
Por ejemplo, la movilidad obligatoria automática de los altos directivos y de las personas en puestos que manejan dinero y contratos resultará ser una salvaguarda contra la repetición de la doble contabilidad que hemos detectado en Eurostat. 
Más que cualquier otra medida, pero sumadas a las demás, las reformas de estructuras y sistemas de control de auditorías y de control de la gestión nos aportan, en la medida en que puede hacerlo cualquier organización humana que maneja dinero, verdaderas salvaguardas sólidas frente a toda repetición de lo que hemos detectado y con respecto a lo cual estamos actuando ahora. 
En lo que concierne a la respuesta al Parlamento y al Consejo, la respeto. 
Procedo de una tradición parlamentaria en la que un Cámara de los Comunes electa ganó fortaleza al poder votar sobre el presupuesto. 
Por lo tanto, básicamente respeto y quiero apoyar este procedimiento democrático. 
No pido que nos apartemos de él. 
No defiendo quedar al margen de las declaraciones y los dictámenes del Parlamento o del Consejo que representa a los contribuyentes. 
No es esto lo que pido en absoluto. 
Solo digo que el ejercicio de la responsabilidad sin autonomía es un hecho de la realidad práctica, y que cuando tenemos autonomía nuestra responsabilidad debe ser totalmente responsable. 
Sin embargo, si no contamos con los recursos o las personas cuya presencia, calidades y cualificaciones podemos justificar del todo, entonces es muy difícil saber cómo puede la Comisión desempeñar las tareas que ahora tiene, por no hablar de las que va a tener a consecuencia de esta gloriosa ampliación, que, sin embargo, reconocemos como obligaciones adicionales que hemos de cumplir con eficacia y honestidad. 
Quisiera añadir una observación sobre la estructuración de este debate. 
Nuestro Reglamento establece que los Comisarios pueden hablar el tiempo que deseen. 
Sin embargo, personalmente considero que no es justo que un Comisario hable durante el doble del tiempo que han empleado los tres diputados que han intervenido antes que él. 
Sin querer limitar sus derechos conforme al Reglamento, quisiera pedir a la Comisión que reflexionase sobre lo que he dicho. 
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(EN) Dos cuestiones. 
En primer lugar, pido disculpas si considera usted que he abusado del Reglamento de la Cámara. 
No lo repetiré. 
Creo que las personas que integran esta Asamblea saben que la ocupación de mi tiempo es, en términos generales, muy disciplinada. 
Ha habido cuestiones fundamentales planteadas sobre el presupuesto que me hacen responder apasionadamente. 
¡Necesitamos gente! 
No se lo tome como algo personal, señor Comisario. 
Solo ha sido un comentario general. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, además de continuidad y responsabilidad, la planificación de un presupuesto requiere que se realicen todos los ajustes y reformas necesarias; más que nada, también necesita visión política. 
En un diálogo constructivo, los especialistas de esta Asamblea en política social han elaborado un paquete con estos objetivos y los han adoptado por mayoría aplastante en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Nuestras prioridades incluyen la seguridad industrial, con lo que quiero decir que nuestras agencias deberían estar suficientemente dotadas y habilitadas, sobre todo, para ejercer presión con los programas para las pequeñas y medianas empresas y también las microempresas, cosa que es especialmente necesaria en los países candidatos. 
También buscamos un aumento moderado de la financiación para la iniciativa comunitaria EQUAL y para las organizaciones no gubernamentales. 
La iniciativa comunitaria EQUAL es un instrumento específico, en el marco del Fondo Social Europeo, para desarrollar nuestras ideas y alcanzar nuestros objetivos, que también son los del proceso de Lisboa. 
Tenemos que avanzar hacia estas metas y para ello debemos garantizar que se dota a la iniciativa de la financiación necesaria. 
Necesitamos más empleos- empleos sostenibles- y también queremos promover la formación- la formación con cualificaciones- y reforzar su función en los Estados miembros, al mismo tiempo que ofrecemos incentivos empresariales para cumplir sus obligaciones. 
Hasta que se produzca algún cambio, seguiremos criticando el flujo de fondos desde el Fondo Social Europeo, que, en la actualidad, sigue siendo un escándalo, no atribuible al Parlamento ni a la Comisión, sino del que los Estados miembros son responsables en nuestra opinión. 
Esto es lo que queremos cambiar en la próxima reforma de los Fondos Estructurales, en lugar de tomar medidas en el marco de este presupuesto. 
Nuestra visión política, por supuesto, no tiene que ver solamente con la realización de ampliación, sino principalmente con la creación de una Europa social, donde tenemos todavía mucho que hacer además de las restantes tareas que Europa debe llevar a cabo. 
Señor Presidente, Señorías, estamos en vísperas de votar un presupuesto para 2004 que en cierto modo es histórico, porque será el primer presupuesto de la Europa reunificada. 
Antes de abordar tres puntos, quisiera decir a la Sra. Weiler que he tomado buena nota de las perspectivas que ha esbozado, que por lo demás están más ligadas a la futura política regional, a su apreciación, a la manera en que esa política regional y de cohesión puede servir a los objetivos de Lisboa o Gotemburgo. 
Resulta que es precisamente lo que debate el colegio en este momento para preparar las futuras perspectivas financieras y el contenido y las propuestas del tercer informe de cohesión. 
Le agradezco mucho el impulso que usted ha dado. 
Quisiera pues, señor Presidente, abordar tres puntos: 
los programas 2000-2006, 
el cierre del período 1994-1999, y 
las consecuencias de la ampliación sobre las políticas estructurales. 
El primer punto es que los programas 2000-2006, francamente, están recuperando el tiempo perdido. 
Vemos en ello el fruto de los esfuerzos de simplificación que hemos propuesto y emprendido con los Estados miembros. 
Los pagos para 2000-2006 han podido realizarse más pronto que antes. 
A finales de agosto habíamos pagado ya un 25% más que en 2002 en la misma época del año. 
Por primera vez, los pagos 2000-2006 podrían ser incluso superiores a las previsiones y tengo previsto solicitar un aumento de los créditos del Objetivo nº 1 de al menos un millardo de euros con ocasión de la transferencia global de fin de año. 
En esto se puede ver también el efecto de la regla n+2 con respecto al cual alertamos a los Ministros el pasado 22 de abril, del mismo modo que yo informé a sus comisiones. 
Entre el 1 de enero y el 1 de septiembre, los Gobiernos redujeron el retraso de créditos de pago que había que engullir para evitar liberaciones. 
Para evitar cualquier liberación, voy a escribir de nuevo a cada uno de los Gobiernos, y todavía deben presentarnos otros 5 millardos en pagos de aquí a final de año. 
Lo harán, si doy crédito a sus previsiones, pero, Señorías, para serles muy franco, no creo ya demasiado en las previsiones de los Estados miembros cuando las recibo. 
Dicho esto, Italia, que nos tiene acostumbrados a los milagros, representa el 40% del esfuerzo que todavía hay que realizar. 
Tres Estados representan así por sí solos el 80% del esfuerzo que hay que realizar. 
A la inversa, en Austria, España o Grecia, el riesgo es muy bajo, no hay pues ninguna fatalidad al respecto. 
El segundo punto es el cierre 1994-1999. 
Es un punto difícil, lo he dicho a menudo en esta Asamblea. 
En efecto, este cierre será más largo de lo previsto. 
Los servicios de la Comisión no recibieron hasta el pasado 31 de marzo la práctica totalidad de los aproximadamente 2 000 expedientes que hay que cerrar en concepto de los programas 1994-1999. 
Quiero que se hagan los controles necesarios y que las correcciones que resulten necesarias a raíz de esos controles lleguen hasta el final. 
Por lo tanto, no quiero cerrar deprisa y corriendo estos programas. 
Habida cuenta de los plazos necesarios para garantizar la calidad del control y el carácter contradictorio de los procedimientos y a pesar, Señorías, de toda la diligencia de mis servicios y de los servicios de la Comisión, no podremos pagar en 2003 la totalidad de los créditos previstos para 1994-1999. 
Esta es la razón principal de los retrasos que acaba de destacar el Sr. Van Dam. 
De ello resulta un riesgo de infraejecución en 2003 de al menos 5 millardos de euros en el conjunto de los Fondos Estructurales. 
Desde que identifiqué este riesgo en julio, alerté a mi colega, la Comisaria Michaele Schreyer. 
Juntos vamos a proponer próximamente a la Comisión la presentación a la autoridad presupuestaria de un proyecto de presupuesto rectificativo a fin de anular sin tardanza los créditos que no se empleen. 
El importe real que deberá anularse todavía debe ser precisado por los servicios de la Sra. Schreyer, que son los únicos que tienen una visión global del presupuesto, a fin de identificar posibles necesidades que deban cubrirse de aquí a final de año en otras rúbricas presupuestarias. 
Sin embargo, Señorías, les confirmo mi compromiso de reducir los importes pendientes de liquidación de dos formas: por una parte, anulando los compromisos que no estén cubiertos por una solicitud de pago, por ejemplo, cuando el proyecto ha sido abandonado o ha costado menos de lo previsto (a este respecto, se están preparando ya liberaciones que representarán al menos 1.500 millones de euros, solo por lo que se refiere al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ) y, por otra, ejecutando el máximo de pagos en los casos en que los expedientes estén actualmente en orden. 
Entre pagos y liberaciones, me he fijado el objetivo, se lo confirmo, de dividir, en 2003, al menos por dos los importes del FEDER pendientes de liquidación 1994-1999. 
Pienso que estas breves explicaciones sobre este punto responden a la pregunta del Sr. Seppänen. 
El fallo en la gestión 1994-1999 ha sido precisamente la ausencia, señor Seppänen, de lo que usted ha denominado una sunset clause. 
Hoy disponemos de ella con la nueva regla n+2, y empieza a dar sus frutos. 
Mi tercer y último punto se refiere a las consecuencias de la ampliación para las políticas estructurales. 
El éxito de esta ampliación a diez nuevos Estados miembros constituye la máxima prioridad de la Comisión. 
La política de cohesión está también en primera línea. 
Nuestro gran desafío consiste en concluir, antes de finales de 2003, las negociaciones con todos los nuevos Estados miembros sobre los programas que deberán estar operativos dentro de unos meses para el cortísimo período 2004-2006. 
Por tanto, la ampliación forma parte ya de la vida cotidiana de las direcciones generales responsables de los Fondos Estructurales y su apoyo constante- pero todavía necesitaré más para el período crucial que va a venir- me ha permitido anticipar los compromisos de la Comisión. 
¿Cuáles son los efectos presupuestarios de la ampliación? 
Por lo que respecta a los créditos de compromiso de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, además de los 34 millardos previstos para los Estados miembros actuales, se ha previsto un importe adicional de 6.700 millones de euros para los nuevos Estados miembros. 
Esto representa un aumento de alrededor del 20%. 
En términos de recursos humanos, los puestos solicitados para garantizar el éxito de la ampliación son, me parece, limitados. 
Si prestan atención a las peticiones de la Comisión, las direcciones generales afectadas solo aumentarán su plantilla un 7% para gestionar un aumento del 20% de los créditos. 
Este aumento de nuestra capacidad administrativa es lo mínimo, ya que esos países no están habituados aún a los programas comunitarios y necesitarán más apoyo, más consejos, más controles también, que los miembros actuales. 
Es mi respuesta objetiva a la observación de la Sra. Gill, que desea que hagamos economías de escala. 
Con toda franqueza, no se puede combinar una misión en Polonia con una misión en España. 
En todo caso, les agradezco su apoyo para obtener en 2004 y después los recursos humanos indispensables para garantizar el éxito de nuestra política de cohesión. 
En conclusión, señor Presidente, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto para las necesidades de créditos de pago para 2004? 
En cuanto a la ampliación, esto realmente no está en discusión. 
Como se decidió en Copenhague, los créditos de pago para los nuevos Estados miembros se han limitado en 2004 a anticipos. 
Para los programas 2000-2006, su ponente, el Sr. Mulder, propone aumentar en 3 millardos millones los créditos de pago. 
De creer las previsiones de los Estados miembros, eso será necesario. 
Es cierto que si los Estados miembros consiguen evitar cualquier liberación gracias a la regla n+2, necesitaríamos 1 millardo más solo para el FEDER. 
Como ven, la Comisión ha adoptado un enfoque prudente y realista a la luz de la ejecución de los años anteriores. 
No creo que en 2004 escapemos a algunas liberaciones en virtud de la regla n+2. 
Por otra parte, tendremos que acostumbrarnos a integrarlas en nuestras previsiones. 
Si los créditos de pago resultasen insuficientes para los Fondos Estructurales 2000-2006 y para el cierre del período 1994-1999, la Comisión pediría entonces un presupuesto rectificativo adicional durante el ejercicio 2004. 
Por último, por lo que respecta a los programas 1994-1999, está claro que necesitaremos créditos en 2004 para acabar el cierre más allá del anteproyecto de presupuesto de la Comisión. 
No puedo decir aún a cuánto ascenderán esos créditos. 
Los controles en curso conducirán seguramente a reducciones de los importes que deben pagarse, tanto por la exclusión de importes no legítimos, como por la aplicación de correcciones financieras. 
En total, y en el estado de la información de que dispongo, un alza de los créditos de pago de la rúbrica II no sería ilegítima, sin llegar quizás a lo que propone el Sr. Mulder. 
No obstante, en esta fase, preferiría poner a los Estados miembros ante sus responsabilidades e inducirles a hacer por fin unas previsiones realistas, sin perjuicio de aumentar los créditos en gestión mediante un presupuesto rectificativo cuando tengamos todos los datos. 
Por último, señor Dell ' Alba, hemos mantenido un diálogo muy importante y, al igual que mi colega el Sr. Vitorino esta mañana, le he prestado mucha atención. 
Le confirmo que de los 12 millones disponibles este año para información relativa al gran debate sobre el futuro de Europa, 8,3 millones están en curso de compromiso o se han comprometido ya. 
Restan, en efecto, 3,7 millones, que se pueden reprogramar. 
Me ocuparé a ello; me comprometo con el Sr. Vitorino a proponer consagrar este dinero de aquí a fin de año, quizás en cooperación con el Parlamento, a una campaña de información o a la elaboración de documentación que permitan explicar el resultado de la Convención y, espero, el resultado de la Conferencia Intergubernamental, pero también mostrar en qué puede ser útil esta nueva arquitectura institucional a la que vamos a llegar para las políticas concretas en favor de los ciudadanos. 
Reflexionamos sobre un nuevo documento- hemos hablado esta mañana con algunos responsables del Parlamento- que podría ponerse a disposición de los diputados al Parlamento y de los candidatos a las elecciones europeas para mostrar concretamente en qué consiste la nueva Constitución y en qué puede ser útil para políticas concretas al servicio de los ciudadanos. Esta es la información que quería aportar sobre el punto concreto abordado por el Sr. Dell ' Alba. 
Señor Presidente, hablando de temas que conciernen a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, quisiera comenzar sobre las cuestiones tratadas por el Comisario Barnier en materia de política regional y decir aquí que, en lo que respecta al período anterior de 1994 a 1999, como este ha admitido, los hechos no son los más propicios. 
Existe una demora en el cierre de expedientes, responsabilidad básica que recae en los Estados miembros que remiten tarde toda la información necesaria o, en cualquier caso, cuando la remiten, no lo hacen en la forma adecuada. 
Por este motivo hay fondos que todavía no se han pagado a los Estados miembros y esto está dando lugar a un problema con el presupuesto comunitario y por supuesto con los presupuestos nacionales. 
En contraste, existen evoluciones más positivas en el nuevo período de programación de 2000 a 2006, aunque, por supuesto, también en este caso debemos ser muy cuidadosos. 
He observado con satisfacción que este año lo estamos haciendo mejor que el año pasado desde el punto de vista de la obtención de créditos y la confianza en que la regla n+2, pese a las críticas que en ocasiones recibe, incluso aquí en el Parlamento, es una regla que comportará la gestión adecuada por parte de los Estados miembros en lo que respecta a la programación y la gestión de las sumas de dinero. 
Por otra parte, no deberíamos olvidar que fueron los propios Estados miembros los que, al adoptar de forma unánime las normativas actuales de los Fondos Estructurales, aceptaron la regla n+2. 
Estas, en términos generales, constituyen también los motivos por los que, al menos en nuestra comisión, promovemos esencialmente volver al anteproyecto de presupuesto remitido en un principio por la Comisión en lo que respecta a la categoría II del presupuesto. 
En lo relativo a las demás cuestiones, quisiera hablar concretamente de las redes transeuropeas y decir que, incluso antes del informe Van Miert de 30 junio de este año, y pendiente de la propuesta de reformar las redes transeuropeas, nuestra comisión quiere señalar su importancia y hacer énfasis en que las palabras y los hechos deben coincidir en algún punto. 
Si queremos promover las redes transeuropeas debemos encontrar formas de financiarlas, y una de estas es sin duda el presupuesto comunitario. 
También quisiera comentar la cuestión de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, cuya sede todavía no se ha decidido. 
El hecho de que la sede de esta agencia no se haya decidido no debería hacernos pensar que tampoco debemos otorgarle fondos. 
Debemos dejar sumas en reserva de forma que cuando se decida dónde se situará su sede podamos financiar esta agencia, que desempeñará un papel especialmente importante en las cuestiones de seguridad marítima que hemos debatido esta mañana. 
También quisiera destacar la importancia de dos cuestiones a las que en mi opinión no estamos prestando la debida atención. 
Una es el turismo, en el que consideramos que deberían financiarse varios programas piloto que reforzarán las pequeñas y medianas empresas en el sector en particular, y la segunda, que en ocasiones se infravalora, es el transporte seguro, en el que también creemos que deberíamos proceder para aumentar los fondos de alguna manera. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en primer lugar, y siempre en el marco de la política regional de transportes y turismo, debo decirles que estamos bastante preocupados, incluso desengañados, por nuestra lectura del proyecto de presupuesto. 
En efecto, el problema se ha expuesto claramente: nos preocupa en grado sumo ver líneas presupuestarias relativas a políticas esenciales reducidas de un modo tan drástico por el Consejo. 
Cualesquiera que sean los procedimientos de decisión, cualesquiera que sean los informes que ponen de manifiesto las necesidades de desarrollo de la Unión Europea, cada año ocurre lo mismo: cuando llega la hora del presupuesto, el Consejo corta de forma pasmosa sus programas, que sin embargo se encuentran entre los primeros en favorecer el desarrollo en la Unión Europea. 
El tiempo pasa y nada cambia. 
De ahí nuestra preocupación, y de ahí la iniciativa unánime de la Comisión tendente a reinstaurar, mediante enmiendas, el nivel de gastos que estaba previsto en el anteproyecto de presupuesto. 
Abordaré un momento la problemática de los Fondos Estructurales, agradeciendo al Comisario Barnier todas las explicaciones que nos ha dado. 
En efecto, vemos que las medidas de simplificación aplicadas dan sus frutos. 
Observamos también una mejora cualitativa y cuantitativa de la gestión de los Fondos. 
En resumen, deseamos que el presupuesto de la Unión Europea tenga en cuenta la realidad de los gastos, lo que evitará a la Comisión tener que presentar proyectos de presupuesto adicionales, lo cual sería perjudicial para una ejecución serena de dichos Fondos, que son primordiales. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario Barnier, quisiera comenzar felicitándole, Comisario Barnier, por los resultados logrados con la norma n+2, por los esfuerzos de simplificación y por el hecho de que aparentemente, en la política estructural, existe ahora un mayor acierto en la aplicación del gasto y en el uso del dinero. 
Sin embargo, de hecho vemos cómo los presupuestos y los créditos de pago se han visto notablemente reducidos, tanto en las propuestas de la Comisión como en las del Consejo y, dado lo que está diciendo hoy, por supuesto debe preguntarse si es correcto tomarse las cosas con tanta calma, con confianza de que existen suficientes créditos de pago y si basta una propuesta de presupuesto suplementario para solucionar el problema, si resulta que el dinero se está empleando con más rapidez que la que esperábamos. 
Por supuesto, en los últimos años hemos observado que ha sobrado una enorme suma de dinero de los presupuestos agrícolas en otoño, pero ¿continuará esta tendencia dada la caída del dólar y el aumento de otros gastos? 
Este es un tema de reflexión. 
También creo que conviene analizar el problema constituido por el hecho de que no es posible tener confianza en los informes que obtenemos de los Estados miembros. 
Ni la Comisión ni los Ministros de Finanzas de los Estados miembros confían en los informes obtenidos sobre las necesidades existentes. 
Por lo tanto, merece la pena investigar esto más de cerca. 
Sin embargo, creo que el Sr. Mulder está en lo cierto al decir que deberíamos aumentar los créditos de pago de forma que podamos estar seguros de que los proyectos pueden aplicarse dentro de los marcos temporales acordados, incluso aunque algunos diputados de mi Grupo no hemos apoyado nunca los grandes aumentos de los créditos de pago. 
Quisiera mencionar algo más, a saber, la cuestión de los recortes que observamos en varias líneas presupuestarias que afectan a las pequeñas y medianas empresas. 
En concreto, observamos cómo, dentro del programa de acción para el entorno de trabajo, se recorta el presupuesto de forma drástica y en mi opinión esta es una señal totalmente errónea antes de la ampliación. 
Me parece muy importante que podamos lograr un intercambio de conocimientos y un desarrollo de la experiencia en el ámbito relativo al entorno de trabajo, de forma que la libre competencia en la UE no se aplique a costa del buen entorno de trabajo. 
Señor Presidente, quisiera hacer una o dos observaciones con respecto a la política social. 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Jensen sobre este tema hace un momento. 
Es lamentable que en algunos ámbitos se observen deficiencias. 
En particular me gustaría que se prestase especial atención al Año europeo de las personas con discapacidad que estamos celebrando y que también está teniendo un éxito razonable. 
Desde mi punto de vista, es muy importante que demos una oportunidad para que tenga continuidad el año que viene. 
También espero que puedan hacerse asignaciones para ello en el presupuesto en el curso de este procedimiento presupuestario. 
También quisiera hacer un breve comentario con respecto a lo que ha declarado el Comisario Barnier. 
Huelga decir que todos hemos visto las cifras. 
Es realmente gratificante ver que la situación ha mejorado especialmente durante los últimos meses y que se está gastando algún dinero más que durante el período inmediatamente anterior. 
Pese a esto, realmente creo que todavía no hemos resuelto el problema en gran parte. 
Tampoco estoy totalmente convencido de que necesitemos un presupuesto adicional. 
No lo espero en absoluto. 
¿Qué puede suceder? 
Los países están calculando cuánto dinero necesitarían gastar para utilizar todo el dinero que se les ha asignado. 
Estos países dicen: bien, debería ser esta u otra suma, que a continuación ven imposible de gastar. 
Son demasiado optimistas y no existe un proceso de seguimiento de ningún tipo. 
Creo que deberíamos estar muy agradecidos al Comisario por haber introducido todo tipo de mecanismos suaves que esperamos rectifiquen la situación en cierta medida. 
Durante años me ha indignado el hecho de que todo el mundo sabe que existen demasiados créditos de pago y que el dinero no se gasta. 
Lo único que observamos a final del ejercicio es que se devuelven grandes sumas de dinero a los Estados miembros. 
Creo que deberíamos poner coto a este problema. 
Esto es posiblemente más importante que aprobar el presupuesto adicional ocasional. 
Señor Presidente, podemos alegrarnos de que el Proceso de Lisboa funcione pese a todo. 
Dos programas plurianuales que entran en vigor a partir de principios del próximo año son prueba de ello. 
Erasmus Mundus es un programa de posgrado para mejorar el atractivo de Europa para los nacionales de terceros países. 
E-Learning, que el Parlamento ha creado activamente a través de un proyecto piloto, proporcionará, entre otras cosas, nuevas oportunidades de cooperación a escuelas y universidades. 
Ahora debemos garantizar que los programas obtengan el nivel necesario de financiación. 
Del mismo modo, debemos garantizar la financiación del Año europeo de la educación a través del deporte y mejorar las oportunidades para actividades de organizaciones juveniles en los nuevos Estados miembros. 
Es una señal positiva que la ampliación se tenga en cuenta en el programa Sócrates-Juventud y el programa Cultura 2000. 
El cambio a un presupuesto basado en actividades brindará la oportunidad de establecer un fundamento jurídico para la financiación de organizaciones culturales europeas. 
Si somos firmes y prudentes crearemos una legislación que sirva a la causa de la cooperación cultural y al mismo tiempo vaya más allá para cumplir los requisitos de transparencia y buena gestión. 
El artículo 19 de nuestro Reglamento establece que el Presidente dispondrá de todos los poderes para presidir las deliberaciones del Parlamento. 
El apartado 6 del artículo 120 establece que el Presidente tratará de lograr un acuerdo con la Comisión y el Consejo para la asignación de los tiempos de uso de la palabra. 
Señor Comisario Barnier, voy a darle ahora doce minutos, el mismo tiempo que ha tenido el Parlamento. 
Entonces, señor Presidente, ¿puesto que antes he utilizado diez minutos, solo me queda uno? 
Espero que no sea así, pero no se preocupe, no quiero abusar, responderé lo más rápidamente posible. 
Doy las gracias a todas aquellas y todos aquellos de ustedes que se han expresado sobre la política de los Fondos Estructurales, de la que me encargo junto con la Sra. Diamantopoulou y el Sr. Fischler, en particular la política regional. 
No volveré sobre las cifras que he confirmado hoy y que he indicado, respondiendo lo más sincera y francamente posible a las preguntas de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Sr. Hatzidakis. 
La primera evaluación que tracé ante ustedes confirma lo que había dicho el 22 de mayo con respecto al período 1994-1999, que es para mí el punto negro o, al menos, el punto gris: la pesadez del procedimiento aplicado en dicha programación ha conducido a una concentración de las operaciones de control y certificación al final del período. 
Señor Hatzidakis, lo que se aplica a este período no es n+2, sino, podríamos decir, n+11. 
Esto es lo que justifica objetivamente la magnitud del trabajo que tenemos que realizar para tramitar y verificar los 2 000 expedientes recibidos. 
Repito que mis colaboradores y yo mismo no cerraremos de prisa y corriendo este período de certificación; en su caso, no dudaré en tomar las medidas necesarias. 
No quiero reducir la calidad de los controles ni el nivel de información y certificación requeridos por una reglamentación que ustedes conocen igual que yo. 
El Sr. Hatzidakis tiene razón cuando dice que el procedimiento n+2 adoptado en 1999 para los nuevos programas es más eficaz y produce ya mejores resultados, crea una impresión de continuidad y da lugar a un menor número de anulaciones regulares. 
Señor Pronk, yo tampoco estoy satisfecho, aunque haya progresos. 
No practicaré la autosatisfacción ante ustedes, créanme. 
Constato simplemente, como usted mismo, un mejor uso en el período 2000-2006. 
Esta mejora se debe esencialmente, por una parte, a la norma n+2 y, por otra, a nuestra cooperación en curso con los Gobiernos. 
Señor Hatzidakis, transmitiré a la Sra. De Palacio sus observaciones sobre la cuestión de los transportes y la seguridad vial. 
Doy las gracias a la Sra. Guy-Quint y a la Sra. Jensen por su apreciación de la gestión que llevamos a cabo bajo su supervisión. 
Señora Guy-Quint, en este momento estamos realizando progresos en cuanto a la cualificación de los programas. 
Pienso en particular en los esfuerzos desplegados por el Sr. Likanen, el Sr. Monti y yo mismo para facilitar el uso de los Fondos Estructurales a fin de dar cobertura a las zonas que carecen de ella en el ámbito de la telefonía móvil y de Internet. 
Queremos menos hormigón y más calidad. 
Lo hacemos ya, pero con la futura política regional en la que trabajamos y para la cual necesito su apoyo, podemos ir más lejos. 
En concreto, en el marco de la futura política del Objetivo nº 2, podemos, en cooperación con las regiones y los Gobiernos, aplicar directamente los grandes objetivos de Gotemburgo y Lisboa en materia de competitividad y crecimiento sostenible. 
Señora Jensen, proseguiré los esfuerzos que hemos emprendido. 
Con respecto a los créditos de compromiso cuya disminución ha lamentado usted, no pertenecen a la rúbrica 2 de la cual somos responsables. 
Se trata de créditos de transporte, igual que los relativos a las pequeñas y medianas empresas. 
Por tanto, pienso que la Sra. Schreyer ha entendido bien estas observaciones, pero no puedo responder en este punto porque no hay una reducción de los créditos de compromiso, que por lo demás quedaron asegurados para todo el período en Berlín. 
Señor Pronk, le he respondido. 
No estoy seguro de que vayamos a necesitar el presupuesto suplementario del que he hablado antes, pero como quiero ser transparente con ustedes, les hablo de ello desde ahora. 
Por lo que se refiere a 2003, necesitamos un presupuesto rectificativo. 
El año próximo quizás necesitemos- pero no es seguro- un presupuesto suplementario. 
Lo único que hace falta es que seamos capaces de pagar en el momento adecuado. 
No quiero que los Estados capaces de consumir y ejecutar resulten penalizados con el pretexto de que hay algunos malos alumnos en la clase. 
Señora Iivari, su observación iba dirigida más bien a la Sra. Reding, pero la he escuchado. 
Por lo que respecta a la cooperación cultural de la que ha hablado- a este respecto, me permito decirle, aunque no sea mi tema, que soy sensible a lo que ha dicho -, tengo la intención de proponer, en el futuro debate sobre la política regional después de 2007, un aumento de los créditos que dedicamos a Interreg y la simplificación del reglamento de este programa, en particular para orientar la cooperación transfronteriza en materia de infraestructuras de transporte. 
En este ámbito también necesitamos cooperación cultural y universitaria. 
Bien, señor Presidente, he empleado más de un minuto pero menos de once, y le doy las gracias por su comprensión. 
Señor Presidente, intervengo en nombre de la Comisión de Asuntos Interiores y en calidad de ponente de la misma. 
Me complace mucho que el ponente de esta Cámara, el Sr. Mulder, haya observado que todo lo relacionado con la justicia y la política interior en la Unión Europea guarda una estrecha relación con la ampliación y él mismo ha formulado ya algunas propuestas necesarias. 
Facilita mucho las cosas para los que tratamos con la justicia y la política interior que el ponente que mejor nos entiende esté de nuestro lado. 
En segundo lugar, quisiera dar las gracias al Comisario Vitorino por la excelente cooperación con su equipo, que ha resultado inmejorable. 
Aunque nuestra propuesta relativa al presupuesto para 2004 se aprobara de forma unánime, simplemente debo señalar, ahora que lo estamos debatiendo en el pleno, que este año tenemos una cuestión prioritaria en la forma de nuestras tres agencias. 
Lo que hace que nuestras agencias en Viena, Lisboa y La Haya sean especialmente importantes para nosotros es el hecho de que pronto tendremos diez nuevos Estados miembros que supondrán más trabajo para las agencias en las áreas de la lucha contra el racismo, los delitos relacionados con las drogas, las actividades delictivas y el terrorismo. 
Nuestros observatorios en Viena y Lisboa, además de Eurojust en La Haya, son las tres agencias que necesitan apoyo activo, y esto costará dinero. 
Doy por sentado que mis colegas diputados de la Comisión de Presupuestos se unirán a nosotros contemplando esta necesidad y prestándonos su apoyo en esta Asamblea. 
Gracias. 
Señora Presidenta, deseo que conste en acta mi reconocimiento al ponente general, el Sr. Mulder, por la atención que ha prestado a nuestras preocupaciones. 
Esta comisión se lleva menos del 1% del presupuesto de la Unión Europea, pero no quiero que nadie piense que deberíamos considerar la educación, la cultura, los medios de comunicación y la información como complementos prescindibles. 
Las industrias creativas de Europa suponen alrededor del 12% del PIB de Europa. 
Me gustaría que la Comisión tuviera en cuenta dos cuestiones en particular. 
Primero, con cargo a su presupuesto cultural anual el Parlamento ayuda a una serie de organizaciones y redes culturales, como la Joven Orquesta Europea y la Fundación Yehudi Menuhin. 
Si se quiere que sobrevivan estas organizaciones, por no hablar de que florezcan, entonces no solo necesitan nuestra ayuda económica y apoyo moral, sino seguridad jurídica. 
Me parece terrible que a finales de septiembre no haya ninguna garantía de que recibirán su dinero para 2004, y es triste que, como es habitual, algunas ni siquiera hayan recibido el pago de 2003. 
Insisto a la Comisión en que resuelva este problema de fundamento jurídico. 
En segundo lugar, si los ciudadanos de la Unión Europea han de saber cosas acerca de la Unión Europea, entonces precisan información. 
El 25% de los británicos ni siquiera saben que su país está en la Unión Europea. 
El 31% de los alemanes nunca han oído hablar de la Comisión Europea y el 90% de los españoles ni siquiera saben lo que es la Convención Europea. 
El público conoce Europa a través de la televisión. 
Tenemos Euronews, un excelente canal independiente, pero como todas las televisiones del sector público, precisa financiación. 
Este año el Parlamento ha decidido dar 3 millones de euros a Euronews. 
Que yo sepa, este dinero aún no se ha pagado. 
En nuestra propuesta de presupuesto para el próximo año planteamos que reciba 5 millones de euros. 
Me temo que entraremos en el año de la ampliación, el año de las elecciones europeas, sin Joven Orquesta Europea y sin televisión europea. 
Espero que la Comisión se tome estas cuestiones en serio. 
Señora Presidenta, Señorías, es la segunda vez que el sector de la justicia y los asuntos interiores es invitado a este debate presupuestario, pero si miramos las cifras, casi me da vergüenza encontrarme junto a mis colegas de agricultura y la cohesión, pues las cifras de las que soy responsable parecen tan pequeñas. 
Ello no impide que este año, desde un punto de vista estadístico, el presupuesto concedido a la justicia y los asuntos interiores registre un aumento del 252%. 
La realidad, no obstante, es que este aumento se debe, en gran medida, a la decisión tomada en Copenhague de crear el crédito Schengen por un importe de 317 millones de euros, para ayudar a los siete futuros Estados miembros a adoptar e incorporar el acervo de Schengen. 
Se debe asimismo, por un importe de 13 millones de euros, a las medidas transitorias para Lituania en relación con el tránsito de partida y en dirección a Kaliningrado. 
Por tanto, en lo que concierne a la justicia y los asuntos interiores, los cambios más importantes desde el punto de vista presupuestario son, por un lado, el aumento debido a la ampliación de los créditos para los programas (16 millones de euros) y, por otro, el aumento de las dotaciones para el control de las fronteras exteriores, que es una gran prioridad de la Unión Europea tras las cumbres de Sevilla y Salónica. 
Quiero resaltar la importancia del programa ARGO, destinado a apoyar operaciones realizadas conjuntamente por los Estados miembros en el marco del control de las fronteras: se refuerza con 15 millones de euros. 
Destacaré también la creación de una nueva línea presupuestaria destinada al desarrollo del proyecto VIS, un sistema de información sobre visados, que será dotado inicialmente con 10 millones de euros. 
Desde el punto de vista de la gestión presupuestaria, el año 2004 estará marcado por varios elementos importantes. 
Será el último año de funcionamiento del Fondo Europeo para los Refugiados. 
Por consiguiente, habrá que extraer las enseñanzas de la experiencia para prever una nueva dotación después de 2004. 
Está después la duplicación del importe concedido al programa Daphne, que será de 10 millones para el año 2004. 
En este sentido, quiero resaltar que es importante llegar lo antes posible, mediante el procedimiento de codecisión entre el Parlamento y el Consejo, a una conclusión sobre el fundamento jurídico. 
Por último, otro elemento, que ha sido señalado por el ponente, el Sr. Ceyhun, es el incremento de los presupuestos de Eurojust y del Observatorio Europeo de la Droga de Lisboa, sobre todo debido a que estos órganos deberán adaptarse a la ampliación. 
En cuanto a las propuestas de enmienda que se han votado por unanimidad en la Comisión de Libertades Públicas y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores- por las cuales quiero dar las gracias al Sr. Ceyhun -, me alegra especialmente el aumento del presupuesto para el Fondo Europeo para los Refugiados. 
No obstante, llamo su atención sobre el hecho de que hacerlo hoy permite el pago de acciones de retorno voluntario, y que queda totalmente descartado utilizar ese dinero para el retorno forzoso. 
Existe pues una contradicción entre el hecho de que se refuerce la capacidad y el comentario. 
Quiero llamar su atención sobre ello. 
Del mismo modo, celebro las dos enmiendas propuestas por la Comisión de Libertades Públicas y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores en lo concerniente al sistema VIS y la nueva generación del sistema de información de Schengen, el SIS II. En efecto, tras los estudios de viabilidad, es necesaria una reprogramación de los gastos para estos dos sistemas a fin de escalonar la carga en los tres ejercicios siguientes: 2004 a 2006, siendo 2006 la fecha tope para que el sistema SIS II pueda estar operativo y, por tanto, listo para integrar plenamente a los países que van a adherirse el 1 de mayo de 2004. 
Por último, quiero agradecer la idea del Parlamento de crear un programa Erasmus para los jueces, un proyecto piloto que la Comisión se esforzará por llevar a buen término. 
Paso ahora al ámbito de la información y la comunicación. 
Tras la adopción del informe Bayona de Perogordo, el año 2003 fue el primero en que desarrollamos la nueva estrategia de información y comunicación para el gran público. 
Ustedes recordarán que la piedra angular de esta estrategia es la cooperación con los Estados miembros, el establecimiento de asociaciones con los Estados miembros. 
Me congratulo de que en el grupo interinstitucional de información y comunicación se haya alcanzado un acuerdo muy amplio sobre los temas que deberían ser prioritarios en estas campañas de información y comunicación dirigidas al gran público. 
No hablo solo del euro, sino también de la ampliación, del futuro de Europa, del espacio de libertad, seguridad y justicia y, el año próximo, 2004, del papel de Europa en el mundo, incluida una línea específica para apoyar acciones de información en el ámbito de la defensa. 
Pero seamos claros, y diciendo esto intento responder a las observaciones que ha hecho antes el Sr. Ferber. 
Esta es la segunda vez que intento responderle hoy, pero nunca está aquí para escucharme. 
Espero no obstante que el mensaje le llegue. 
Cuando hablamos de cooperación, hay que contar con la disponibilidad de los Estados miembros para participar en dicha cooperación. 
Por ejemplo, en el marco de la campaña de información sobre el futuro de Europa, se reservaron 4 millones de euros a la cooperación con los Estados miembros. 
Sin embargo, hasta ahora, solo tres Estados miembros han manifestado su disponibilidad para llegar a un acuerdo con nosotros a fin de desarrollar la campaña sobre el futuro de Europa. 
Dado que la cooperación se construye sobre una base voluntaria, lo que la Comisión ha hecho es asignar a otros fondos esos 4 millones de euros que no se han utilizado para la cooperación con los Estados miembros. 
Por tanto, hasta finales de este año tenemos asegurados los gastos relativos a todo el presupuesto del programa Futuro de Europa, incluida una licitación para una acción audiovisual sobre el futuro de Europa, por un importe de 4 millones de euros, y la reasignación de 3,7 millones de euros para la producción de material informativo objetivo impreso, para distribuir a finales de año o comienzos del año próximo, sobre las conclusiones de la Convención. 
Como ha dicho el Sr. Perry, tengo que resaltar también que concedemos una gran importancia a la utilización de los sistemas audiovisuales. 
Por tanto, para este año 2003, tenemos 4 millones de euros para una estrategia de información audiovisual sobre la ampliación, 4 millones de euros para el Futuro de Europa, y 8,5 millones de euros para acciones audiovisuales en materia de información general sobre la Unión Europea, incluido el canal Euronews. 
Estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Perry, en que habrá que responder a la demanda de Euronews, tal como el Parlamento la ha aceptado. 
¿Qué hemos hecho? 
Hemos concedido a Euronews un millón y medio de euros de conformidad con el acuerdo marco firmado con Euronews en 2001 y hemos tenido en cuenta el importe adicional de 3 millones de euros que votó el Parlamento. 
Dicho esto, el Parlamento ha dicho claramente que esos 3 millones no se destinaban a financiar los gastos administrativos de Euronews, sino sus actividades. 
Por tanto, lo que hemos propuesto a Euronews es que nos presente programas de actividades de información, que estamos totalmente dispuestos a evaluar y financiar desbloqueando los 3 millones de euros hasta finales de año. 
Ustedes han planteado la cuestión de los fundamentos jurídicos. 
Este aspecto no es de mi responsabilidad directa, pero, que yo sepa, la Comisión ha presentado ya propuestas para crear fundamentos jurídicos relativos a cierto número de entidades, entre ellas Euronews. 
Pienso que será el mejor modo de proceder y el mejor enfoque para dar estabilidad a dichas financiaciones. 
Esperaré con interés la posición del Parlamento a este respecto. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisarios, la manera en que está programado el tiempo de palabra es tan liosa y extraña que ahora tengo que hablar de nuevo de los problemas del transporte y las agencias. 
Dicho esto, me sumo totalmente a lo dicho por mi colega Sr. Hatzidakis, a saber, que hay que mantener las líneas tal como estaban inscritas en el anteproyecto de presupuesto, porque por el momento no se pueden hacer ahorros en estas políticas. 
Quiero aprovechar la oportunidad, señor Comisario, para responder sobre el problema de la política de información a los ciudadanos de la Unión Europea. 
Este tema será verdaderamente uno de los más importantes en los años venideros. 
Quizás sepan ustedes que muchos hemos presentado enmiendas para restablecer las líneas tal como estaban el año pasado. 
No obstante, es importante ante todo que toda la comunicación institucional llegue lo más cerca posible de los ciudadanos corrientes. 
Lo que más me preocupa de la política actual de comunicación es que no tenemos las herramientas necesarias para llegar a los que van a votar. 
El desconocimiento por parte del ciudadano de los mecanismos actuales y de las futuras instituciones es bastante pasmoso. 
Usted tiene los medios, señor Comisario, pero, por favor, velemos por que lleguen hasta el corazón de nuestra sociedad de hoy. 
Señora Presidenta, quiero hablar de dos cuestiones: primero, en calidad de ponente alternativo del Grupo del PPD-DE, sobre varios asuntos relacionados con el transporte; segundo, como ponente alternativo sobre las demás instituciones. 
Por tanto, en primer lugar quiero dirigirme a la Sra. De Palacio y, en segundo lugar, a la Comisaria Schreyer. 
El programa de las RTE es un programa estupendo que permite a los propios países decidir en torno a proyectos de transporte, energía y telemática para conectar ahora los 15 países de la Unión con los 10 países que van a llegar, abarcando toda la Unión Europea y asegurando que cada país pueda construir su parte en la red transeuropea. 
Confío plenamente en este programa. 
Solamente quiero indicar que en el presupuesto hay una partida de unos 225 millones de euros para estudios relativos a este programa, mientras que la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, de la que soy miembro suplente, dice que no quieren más estudios, sino más acción y aplicación sobre el terreno. 
En cuanto al programa Marco Polo sobre la transferencia a otras modalidades de transporte, alejadas del tráfico de carretera y de la congestión que causa, tiene todo mi apoyo. 
Precisamos más telemática y utilizar más la tecnología informática para avanzar en la circulación eficiente de mercancías y pasajeros por toda la Unión Europea. 
En cuanto al proyecto Galileo, hemos de maximizar el uso del sector privado. 
Acojo con satisfacción este proyecto. 
Espero que no lo utilicemos para imponer peajes automáticos para los camiones, sino para que los conductores individuales de vehículos comerciales privados puedan evitar congestiones de tráfico conociendo la mejor ruta desde donde se encuentran hasta donde quieren ir: en otras palabras, ayudar a los conductores en lugar de cobrarles impuestos y ponerles obstáculos. 
En cuanto a los demás instituciones, en el último día o dos hemos celebrado debates muy útiles. 
Estoy encantado de haber asistido a la reunión de conciliación en julio y de haber rendido homenaje al Sr. Magri y su espléndida presidencia de esta comisión. 
Hay una cuestión que no se abordó. 
Sobre ella nuestra ponente, la Sra. Gill, opina que la Comisión y el Consejo han sido generosos, yo diría que muy generosos, en su actitud con respecto a los presupuestos propuestos por tres de las otras instituciones: el Tribunal de Justicia, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. 
Mientras que el presupuesto del Parlamento solamente ha aumentado un 13%, el del Consejo lo ha hecho un 21% y la Comisión un 8% ó 9%, el Tribunal de Justicia, por ejemplo, pide el 57%. 
Me alegro de que el Consejo haya rebajado esa cifra al 46%. 
Pero en una enmienda que presentamos de la delegación del Reino Unido, pedimos otra reducción similar. 
Los mismo pasa con el Comité Económico y Social. Ha pedido el 33%, y el Consejo lo ha rebajado al 27%. 
Queremos que vuelva a rebajarse otro tanto. 
El Comité de las Regiones solicitó el 63% y se rebajó al 54%. 
Queremos otra reducción al 46%. 
Podemos permitirnos estos aumentos, pero esa no es la cuestión. 
Hemos de lograr la máxima rentabilidad posible de estas otras instituciones y pedirles que examinen su gasto presupuestario. 
Señora Presidenta, en el anteproyecto de presupuesto se destina una suma de 39 millones de euros al Fondo Europeo para los Refugiados, que abarca a los actuales quince Estados miembros. 
Esto representa 3 millones de euros menos que el presupuesto para 2003, y ello a pesar de que los objetivos del fondo son bastante ambiciosos: promover la integración de los recién llegados y organizar la solidaridad entre los Estados miembros de la UE a la hora de acoger a los refugiados. 
De hecho, se necesita un fondo mucho mayor para compartir la responsabilidad de forma eficaz y poner fin a la negativa rivalidad política entre los Estados miembros a la hora de adoptar la política de asilo más estricta. 
Hace tres años, respaldada por esta Cámara, solicité al Comisario que hiciese una evaluación de cuánto dinero se necesitaría realmente para cumplir los objetivos del Fondo. 
Como no he visto aún esta evaluación, quisiera recordarle esta petición. 
Es especialmente importante considerar esto en profundidad, ya que la Comisión presentará sus planes para las Perspectivas Financieras a mediados de noviembre. 
Señor Vitorino, confío por lo tanto en su valor. 
No solo no existe dinero suficiente en el Fondo, hablando en términos estructurales, sino que los objetivos del Fondo también corren el riesgo de verse contaminados. 
Menos fondos para el reparto del coste de la acogida, pero más énfasis en compartir la carga de la política de repatriación. 
De hecho, los Estados miembros quieren que ahora la repatriación forzosa se pague con cargo al Fondo para los Refugiados. 
Sin embargo, la cuestión de quién puede quedarse y quién debe irse todavía sigue siendo objeto de debate entre los Estados miembros, y se trata simplemente de una decisión nacional. 
Por lo tanto, me parece erróneo destinar el dinero de los impuestos europeos a decisiones nacionales. 
Dado que no hemos alcanzado un acuerdo sobre quién puede quedarse en territorio europeo y quién debe irse, parece equivocado sufragar los costes de la repatriación forzosa con cargo al presupuesto europeo. 
Señora Presidenta, Señorías, señora Comisaria, creo que una vez más nos encontramos ante un importante y decisivo momento de la historia de Europa. 
Está bastante claro para nosotros que las pequeñas y medianas empresas son especialmente importantes para el desarrollo económico de Europa. 
Pese a que hemos oído esto en muchas de las intervenciones en el debate de hoy, sabemos que estamos directamente afectados por numerosos acontecimientos de la escena internacional, siendo un ejemplo de ello Basilea II. Por este motivo hemos decidido tomar la iniciativa e introducir un programa piloto que facilite garantías a través de los bancos europeos para empresas especialmente pequeñas. 
Creo que dichas garantías desempeñarán un papel importante en el futuro de las pequeñas y medianas empresas. 
El apoyo de este tipo es especialmente importante cuando se establecen las empresas. 
Mi segundo punto tiene que ver con que acabamos de asistir a la fracasada asamblea de Cancún, cuyo fracaso es atribuible a la presencia en la Conferencia de Ministros de determinadas personas que obtienen un pingüe beneficio de su propio sistema y por lo tanto no están dispuestas a hacer por sus economías nacionales algo que nosotros consideraríamos positivo. 
Esto nos lleva a pensar que existe la necesidad urgente de que se celebre una asamblea parlamentaria en este terreno. 
Queremos prestar nuestro apoyo activo a este aspecto en el futuro y debatir las posibilidades con los parlamentarios de los países en cuestión, dando también la oportunidad a la oposición de determinados países de expresar su postura sobre cuestiones internacionales. 
Con esto en mente, deberíamos centrarnos en representar a Europa en la escena internacional, participando en las decisiones en lugar de limitarnos a participar en el pago de las facturas. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera decir a la Sra. Guy-Quint que estoy totalmente de acuerdo con ella. 
Creo que una política de información acertada es una política que llegue lo más cerca posible de los ciudadanos. 
Por ello se ha desarrollado esta estrategia de cooperación con los Estados miembros, incluidas las autoridades regionales y locales. 
Es un enfoque que, por lo demás, cuenta con el apoyo del Comité de las Regiones. 
Pero para que este enfoque dé resultado, es necesaria la voluntad política de cooperar. 
Al menos hay que ser dos. 
Por esta razón, espero, por lo que se refiere a la campaña sobre el futuro de Europa, que las elecciones europeas, el debate nacional sobre la ratificación de la Constitución, los referendos que tendrán lugar en algunos Estados miembros, sean el año próximo otros tantos acicates, otros tantos motivos para que los Estados miembros se comprometan con nosotros a establecer cooperaciones para realizar compañas de información y comunicación sobre el futuro de Europa, sobre el contenido de la Constitución y, por tanto, para llevar esas campañas lo más cerca posible de los ciudadanos. 
Les expreso aquí mi pleno acuerdo con la estrategia que, hace un momento, ha explicado el Comisario Michel Barnier en respuesta a la pregunta del Sr. Dell ' Alba. 
Señora Presidenta, señores Comisarios, es necesario que la Unión preste apoyo a la política energética para la redes transeuropeas, el programa Energía inteligente para Europa, sistemas de energía sostenible y también proyectos de seguridad nuclear. 
La Unión ha establecido objetivos ambiciosos para promover fuentes de energía renovables y la cogeneración de calor y electricidad. 
Con respecto a la consecución de estos objetivos, es lamentable que se hayan propuesto recortes en el presupuesto para el área de la investigación energética. 
Si apoyamos el uso diverso de recursos locales de energía renovable mejoraremos la seguridad del suministro de energía y reduciremos la dependencia de las importaciones. 
La base de la política de transporte debe ser el desarrollo de una red de transporte versátil, la descongestión, la mejora de la seguridad y la promoción del transporte sostenible. 
El desarrollo de redes transeuropeas de transporte no ha avanzado de la forma que se esperada debido a la falta de financiación. 
Solamente tres de los 14 proyectos de Essen se han finalizado y en verano el grupo del Sr. Van Miert enumeró varios nuevos proyectos TEN-T. 
La Unión, por su parte, debe destinar los fondos necesarios para los nuevos y los viejos proyectos y tener en cuenta las necesidades de una Unión que se amplía. 
Para que el mercado interior funcione deben existir conexiones de transporte flexibles entre las distintas regiones de la Unión. 
Las conexiones de transporte en las regiones periféricas son una necesidad vital. 
En verano la Comisión emitió una comunicación sobre el desarrollo del transporte en la región del Mediterráneo. 
Creo que también debería elaborarse una comunicación similar con respecto al transporte en el norte. 
Señora Presidenta, ahora que el día se acerca a su fin, quisiera dar las gracias a los Comisarios y los diputados que han participado en el debate y reflexionar brevemente sobre lo que se ha dicho. 
Esta es claramente una fase constituyente y, en la nueva Constitución, por ejemplo, el Parlamento Europeo recibirá poderes más amplios y extensos. 
Este es un hecho histórico celebrado e inevitable y, sin duda, hemos dado un nuevo impulso al proceso que realmente otorgará al Parlamento Europeo mayor autonomía, más influencia y una mayor representatividad en el futuro próximo. 
Dicho esto, debemos centrarnos por un momento en los comentarios hechos durante el debate. 
Sin mencionar ninguna cuestión en concreto, quisiera destacar que el Consejo está bastante dispuesto a examinar todas las recomendaciones que se han hecho. 
Por otra parte, hay que decir que incluso en el informe introductorio y en las reuniones que se han celebrado hasta el momento sobre todas las cuestiones- incluida la de la disponibilidad de nuevos puestos de personal de la Comisión y otros temas como el recorte de los fondos de preadhesión, etcétera- el Consejo ha estado totalmente dispuesto a reevaluar las propuestas basándose en nuevos enfoques, nuevos datos y nuevas decisiones. 
Por lo tanto, me gustaría decir algo en defensa del Consejo- que ha sido maltratado en cierto modo, por así decirlo, por algunos diputados en sus intervenciones- y explicar que, en casos como este, el Consejo tiene la labor de tratar de materializar y armonizar numerosas expectativas distintas. 
Dado que el presupuesto europeo es, necesariamente, el resultado del establecimiento de prioridades y el compromiso, no siempre es posible decir «sí» a todo inmediatamente. 
Precisamente por este motivo, quisiera pedir a los diputados que no cometan el error de tratar de criticar las intenciones de otros, ya que todos tenemos el derecho de criticar nuestras propias intenciones pero, sobre todo, tenemos el deber de mostrar plena confianza en otros. 
Creo que este es uno de los principios de la democracia, de nuestra cultura política, y considero que es un principio que todos compartimos Es precisamente porque compartimos modelos culturales, porque creemos en una Europa unida, por lo que nos damos cuenta de que existe una gran diferencia entre la gestión del poder y la política. 
La política es la gestión del poder armonizada conforme a un modelo cultural. 
Creo que nuestros modelos culturales compartidos nos ayudarán a conseguir un excelente resultado en la próxima lectura. 
. 
(DE) Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, yo también quiero ser breve. 
La importancia de la ampliación no ofrece lugar a dudas y también ha quedado clara la importancia de las demás prioridades del presupuesto para 2004. 
En mi opinión, el debate también ha dejado claro que la Comisión debe tener los recursos humanos necesarios a su disposición. 
Este es un aspecto en el que doy las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por ser tan franco. 
Me complace facilitar cualquier información solicitada por los miembros de la Comisión de Presupuestos, por el Consejo o por el Parlamento, y la Dirección General de Presupuestos está también a su servicio. 
Quisiera retomar de nuevo la cuestión de la calidad del servicio público a nivel europeo. La Dirección General de Presupuestos tiene un departamento con una plantilla de setenta personas que hacen todo lo que tiene que ver con la elaboración del Presupuesto: la redacción, las audiencias, toda la información, las transferencias, los presupuestos suplementarios, todo. 
Cuando comparo esta cifra con los números que precisan los Estados miembros y comparo la calidad implicada, puedo decir alto y claro y de forma consciente que el servicio es de primera clase. 
Aquellos que tienen que ver con ello creo que me darán la razón en este tema. 
Quisiera decir cuánto celebro este debate y que confío en que seremos capaces, una vez más, de elaborar un buen presupuesto europeo para 2004, que favorezca un buen trabajo en la promoción de la ampliación. 
Señor Presidente, solo quiero dar las gracias a los diputados que han participado en este debate. 
Especialmente al Sr. Magri y a sus funcionarios por haber estado aquí todo el tiempo. 
Como he dicho al principio, aquí no suele haber Ministros. 
Los daneses iniciaron esta tendencia, y felicito al Sr. Magri por mantenerla. 
También felicito a los Comisarios que han participado en este debate. 
En general, ha ido bastante bien. 
La idea de contar con la presencia de los Comisarios es hacerles preguntas directas en relación con cuestiones concretas, y no todo los diputados lo han hecho. 
Quizá para la próxima vez debamos mejorar nuestra forma de actuar. 
Con todo, aunque ha sido un largo período, ha merecido la pena. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la situación del grupo Alstom. 
Antes de ello, concedo la palabra al Sr. Harbour para una cuestión de observancia del Reglamento. 
Señora Presidenta, ¿es cierto que habrá una oportunidad para hacer preguntas al Comisario según el procedimiento de solicitud incidental de intervención al final de su declaración? 
En realidad no ha dicho usted nada al respecto al principio, pero me gustaría mucho que tanto otros colegas como yo tengamos esta oportunidad. 
Señor Comisario, señora Presidenta, Señorías, hablando en nombre de mi Grupo, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, quisiera dejar tres cosas muy claras, especialmente a aquellos que, siguiendo las declaraciones del Comisario Monti, han forzado el debate de hoy entre nosotros. 
Toda crítica a la Comisión está infundada y no hay motivos para cambiar la política de competencia; de hecho sucede lo contrario: tenemos una deuda de gratitud con la Comisión y, sobre todo, con el Comisario Monti, cuyas acciones en los últimos días han estado marcadas por la tranquilidad, la coherencia y la franqueza, y que ha estado dispuesto a dialogar. 
El 17 de septiembre leímos en Agence Europe que el Comisario Monti había dicho que «estamos abiertos al diálogo y todavía confío en que encontremos una solución capaz de salvaguardar la integridad del Mercado Común sin distorsionar la competencia. 
Esta es una condición necesaria para una industria europea saludable y para el empleo duradero». 
El 22 de septiembre, de nuevo en Agence Europe, el Sr. Monti tuvo que decir lo siguiente: «La Comisión nunca ha tenido prejuicios negativos contra Francia y Alstom, pero era nuestro deber comprobar que no se alteraban de forma directa e irrevocable las condiciones de competencia en el mercado». 
Continuó: «Me complace que se sepa que las autoridades francesas han cumplido plenamente las condiciones de la Comisión». 
Fin de la cita. 
Este es, por supuesto, un caso sensible, pero se trata de una cuestión de ayudas estatales. 
Sí, por supuesto que esta empresa tiene una enorme importancia en nuestro continente. 
Sin embargo, la Comisión no puede aplicar la legislación de la UE en función del tamaño de una empresa y el número de personas a las que emplea. 
Cuando se plantean cuestiones o algo va mal, tiene que intervenir. 
Hoy hemos podido leer los siguientes titulares en todos los medios: «Todos los bancos acuerdan un plan de rescate.» 
«Salvado el gigante industrial francés Alstom.» 
«Caen las acciones de Alstom tras el rescate inicial.» 
«París insta al conglomerado industrial Alstom a que se reestructure.» 
«Batalla por el futuro de 110 000 empleos.» 
Este es un caso sensible, pero ¿realmente podemos afirmar que hubiésemos querido o esperado que la Comisión actuase de forma distinta? 
Puedo hablar por mi Grupo al decir que no, no lo hubiésemos querido, aunque nuestros corazones estén en lo cierto en lo que respecta a los problemas asociados y existe una adecuada conciencia de los problemas asociados a ello. 
Permítanme recordarles tres artículos de la nueva constitución. 
El apartado 2 del artículo 3 establecerá lo siguiente: «La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores y un mercado único en el que la competencia sea libre y no esté falseada». 
En el apartado 2 del artículo 4 aprobamos y hacemos constar la prohibición de toda discriminación dentro del mercado interior como un mercado nacional. 
En el apartado 2 del artículo 5 establecemos que «los Estados miembros facilitarán a la Unión el cumplimiento de su misión y se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines enunciados en la Constitución». 
En Lisboa decidimos convertirnos, para 2010, en el continente más competitivo del mundo. 
Permítanme destacar que las ayudas estatales necesitan ser aprobadas. 
Cualquier aspecto que distorsione la competencia debe ser investigado por la Comisión, una vez se han cumplido las condiciones y han transcurrido los plazos. 
Debe prohibirse cualquier cosa que vaya en contra de la legislación de la UE. 
Está prohibida toda discriminación. 
Todo lo que debilite el mercado interior es irresponsable, ya que afecta al crecimiento y al empleo. 
Mi Grupo propugna la economía social de mercado y por lo tanto la responsabilidad social. 
Estamos comprometidos con el mercado interior y la competencia, de los que depende la creación de nuevos empleos y el crecimiento. 
El Comisario Monti es su regulador independiente. 
Cuenta con nuestro pleno apoyo y ha hecho lo que tenía que hacer. 
Señora Presidenta, señor Comisario, los ciudadanos de Francia tienen la sensación de que, aparte del debate sobre las ayudas que el Gobierno francés puede decidir conceder o no, se planteó un problema de ego entre el Sr. Mer y usted. 
Y le digo de inmediato que eso nos es indiferente. 
No estamos aquí para apoyarle, no más que al Sr. Mer. 
La cuestión que se nos plantea es simple: ¿Tiene Europa, la Unión Europea- y más concretamente la Comisión, de la cual es usted miembro- una política industrial clara? 
Y ¿debemos confiar en usted ciegamente? 
La respuesta es no. 
No veo una política industrial clara. 
En cuanto a confiar en usted ciegamente, las decisiones adoptadas por el Tribunal de Justicia, que han dejado mal paradas tres decisiones que había tomado usted, muestran claramente que eso no es posible. 
No dudo de su buena voluntad, pero dudo de la eficacia y el acierto de las decisiones que usted toma. 
En todo caso, este asunto ha revelado que la Comisión Europea, cualesquiera que sean sus pretensiones y cuando se enfrenta a un problema de una gravedad excepcional que afecta a un país, no puede hacer cualquier cosa. 
Admito que el Gobierno francés presentó mal las cosas. 
Pero diré que la forma en que usted reaccionó no iba encaminada a ayudar a la empresa Alstom. 
Añadiré para terminar que el Sr. Lipietz se equivoca de sitio. 
Si quiere criticar al Gobierno francés, no es aquí donde hay que hacerlo, porque esta Asamblea no tiene ninguna vocación de juzgar al Gobierno francés: vaya pues a hacerlo a otros foros, en nuestro propio país, donde la gente pueda responderle. 
Señora Presidenta, señor Comisario Monti, Señorías, la amenaza de la inminente quiebra del grupo Alstom se ha evitado mediante una solución de compromiso entre más de treinta bancos, el Gobierno francés y la Comisión. 
El paquete de apoyo asciende a 2,8 millardos de euros. 
2,8 millardos de euros es un paquete generoso y también podría decirse que, en su mayor parte, es un generoso obsequio del Estado cuyo beneficio es dudoso. 
Desde mi punto de vista, es imposible erradicar de Europa la creencia equivocada de que el dinero puede utilizarse para sostener estructuras poco competitivas. 
Podría argumentar en favor del apoyo temporal para impedir que rompa una estructura y permitirle cambiar, pero me preocupa que incluso de este modo pueda seguirse apoyando estructuras poco competitivas. 
El préstamo convertible, que está sobre la mesa como un compromiso, no es más que una invitación del Estado francés a intercambiar esto por acciones tras esta investigación, que comportaría la renacionalización de Alstom. 
Es precisamente esta mentalidad de Europa de no querer permitir el cambio estructural, la creencia de que el dinero del Estado debería utilizarse, por principio, para evitar el cambio estructural, la que está dañando a Europa como ubicación empresarial. 
El Fondo Monetario Internacional ha señalado una vez más que son los Estados de mayor tamaño, Alemania, Francia e Italia, los que hacen de cuello de botella en el continente y por lo tanto son responsables del hecho de que el próximo auge económico probablemente pase de largo de Europa. 
La eliminación de empresas que no soportan la competencia forma parte de la economía de mercado y, permítanme añadir, también forma parte de la economía social de mercado. 
Otra cosa que considero importante es que hoy, Sr. Monti, podemos leer los titulares de afirman que se ha superado la prueba de fuerza. 
Creo que eso es positivo y me gustaría felicitarle por ello en esta Asamblea. 
Era importante que el Estado francés no pusiese a la Comisión ante un hecho consumado sin consultarle. 
No, esta Unión Europea es una Comunidad basada en el Estado de derecho y esto incluye la ley de la competencia. 
Solamente puedo invitar a todos los Estados nacionales a que presten atención a esta ley. 
Desde 2001 hasta la fecha se ha producido un aumento de la ayuda estatal- 88 millardos de euros hasta ahora dentro de la Unión Europea -, un dato revelador y que infunde temor. 
Creo que los Estados nacionales harían bien en adherirse a la ley de la competencia, especialmente en víspera de la ampliación de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, ante todo quisiera decir al Sr. Monti que no voy a entrar en ataques personales contra él: su tarea es extremadamente difícil. 
Sin embargo, permítame solo decir, en respuesta al orador anterior, que las empresas simplemente se paran: dejan el negocio. 
Esta es la realidad. 
Hay que recordar lo que estamos intentando abordar esta noche, o sea la realidad de 110 000 puestos de trabajo. 
La realidad es que si uno no tiene un empleo, no puede pagar sus facturas o ganarse la vida. 
Es necesario que esta Asamblea reconozca que hemos de llegar a un consenso para mejorar el diálogo social y la conciencia y responsabilidad social de aquellas personas que tienen empleo. 
Solo en el Reino Unido, 10 000 empleos dependen de Alstom. 
Es necesario que ayudemos a Alstom. 
La incertidumbre en torno a la ayuda no ayuda. 
Ya existe preocupación acerca de que las plantas de Washwood Heath (Birmingham) , Rugby y Stafford se enfrentan a un futuro innecesario e incierto. 
Es urgente que les demos seguridad y estimulemos el desarrollo y la inversión. 
No es lo que estamos haciendo. 
Es necesario que exista flexibilidad en la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales. 
Cuando nos ocupamos de una gran agitación social también hemos de mirar los costes. 
Apoyo este paquete de refinanciación, pero esto no ha de ir a expensas de los trabajadores ni de los puestos de trabajo británicos. 
Existe una verdadera preocupación por las personas que trabajan en las empresas de transmisión y distribución cuyos centros van a ser trasladados, con toda probabilidad, a Arriva. 
Hay una gran preocupación por los planes de pensiones salariales finales de estos trabajadores. 
Hemos de darles algún tipo de seguridad. 
Lo que más temo es que esta noche lleguemos a la conclusión de que Alstom puede sobrevivir y obtener la ayuda de la Unión Europea. 
Lo que conviene decir es que Alstom sobrevivirá, y que hay que hacer cuanto esté en nuestras manos para asegurar este supervivencia y proteger estos 110 000 puestos de trabajo. 
Nos lo debemos a nosotros mismos y a las personas que ocupan estos puestos de trabajo. 
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias a mi colega, el Sr. Konrad, por tener la bondad de cederme un minuto para hablar en nombre de los electores que tanto el Sr. Cashman como yo compartimos en el Reino Unido, y a quienes les afecta la inseguridad que planea sobre Alstom. 
Voy a ir directamente al grano; puede que sea un reflejo de nuestros diferentes puntos de vista que yo pida algunas respuestas de la Comisión sobre el camino a seguir. 
Está claro que hay que reestructurar esta empresa y que es preciso cambiar su forma actual dada la escasez de demanda de sus productos. 
Sin embargo, quisiera preguntar a la Comisión, en primer lugar, por su opinión sobre la venta de la división de transmisión y distribución a Arriva. 
¿Podría el Comisario confirmar que esto no estará sujeto a ningún otro retraso por motivos de competencia o, si se le ha de consultar esta enajenación o venta, que acelere el procedimiento en la medida de lo posible, para que los empleados y esta división tan importante con un futuro a largo plazo no se vean afectados ya más por la incertidumbre? 
En cuanto a las otras partes del compromiso, ¿confirmará que la dirección de Alstom podrá considerar libremente ofertas y vender otras partes del negocio a quienquiera que decida y de dondequiera que provengan? 
Sabemos que existen empresas en Alemania y potencialmente en Japón y los Estados Unidos que estarían interesadas en dar un futuro a los empleados mediante la reconsolidación del sector. 
Por último, ¿considerará las implicaciones para la competencia en el negocio del transporte y el hecho de que en el Reino Unido la mayoría del material rodante ferroviario se fabrica fuera del país, mientras que otros países parecen estar capacitados para introducir en sus contratos estipulaciones que aseguren que el material rodante se fabrica en su propio país? 
Se trata de una cuestión de la máxima importancia que afectará al futuro de una excelente planta de montaje de material ferroviario en Birmingham en la que no hay trabajo futuro. 
En todo caso, en el marco de un proceso de reestructuración, quisiéramos ver a estas personas empleadas en la fabricación de trenes para el mercado del Reino Unido. 
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(IT) Señora Presidenta, quiero dar las gracias a todos los diputados que han intervenido sobre un tema de gran importancia económica, social, institucional y política. 
Quisiera empezar agradeciendo al Sr. Karas que haya expresado su pleno apoyo a la labor de la Comisión, haciendo mención del nuevo proyecto de Constitución y de la Estrategia de Lisboa. 
Creo que también debemos tener en cuenta que, cada vez que los Jefes de Estado y de Gobierno se reúnen en el Consejo Europeo, hacen llamamientos claros para que se reduzcan las ayudas estatales y para que éstas se dirijan a objetivos horizontales, en lugar de ayudar a determinados sectores o empresas. 
Por ello, no son solo las fantasías de los Comisarios europeos las que han tomado este rumbo. 
Asimismo, el Sr. Karas ha señalado- y estoy plenamente de acuerdo con él- que la competencia es un elemento esencial, aunque no el único, por supuesto, de la economía social de mercado. 
Señor Wurtz, gracias por mencionar las distintas ocasiones- 1999, febrero de 2000- en las que los sindicatos pusieron en conocimiento del Parlamento Europeo, entre otras cosas, el deterioro de la situación financiera de Alstom y de su posición dentro del sector. 
Esto nos permite situar este problema en su contexto histórico y cronológico y eliminar la opinión excesivamente simplificada- manifestada por algunos maliciosos sembradores de rumores en los últimos días- en el sentido de que la Comisión Europea será responsable de los posibles problemas de desempleo. 
Yo también, señor Wurtz, soy totalmente consciente de que los sindicatos deben estar plenamente informados de estos problemas, al igual que las autoridades públicas deben conocer la forma en que los sindicatos intentan resolverlos. 
Por ello no tengo ninguna duda al aceptar su petición de que se celebre una reunión con la Coordination syndicale Alstom y puedo decirle que, en todo caso, ya he aceptado una solicitud para celebrar una reunión, que tendrá lugar en los próximos días, con la Confederación Europea de Sindicatos, a la que pertenece dicha asociación. 
El Sr. Wurtz, al igual que casi todos los demás oradores- los Sres. Lipietz, Pasqua, Savary y otros- ha hablado de la necesidad de una política industrial europea. 
Espero no ofender a nadie si digo que estoy totalmente de acuerdo con ellos. 
Una política industrial europea es algo que tiene como fundamento, como componente esencial, la promoción de un mercado único en condiciones de competencia. 
Por favor, no incitemos a la confusión diciendo que el mercado único y la competencia van en contra de las exigencias de una política industrial. 
Una política industrial necesita igualmente otros elementos, pero si preguntamos a empresarios franceses, alemanes o italianos cuál es la contribución fundamental de la Unión Europea a sus actividades industriales y su expansión y actividades de exportación, etc. responderán que es el mercado único, un mercado único en el que se mantienen las condiciones de competencia. 
Sin duda se requieren otras cosas y, dentro de la Comisión, siempre apoyo las iniciativas de los Comisarios Liikanen y Busquin, y de la Vicepresidenta De Palacio, que pretenden buscar formas para mejorar el desarrollo industrial de Europa, pero considero que sería un error sumamente grave pensar que podemos promocionar la política industrial royendo los fundamentos del mercado único y de la competencia. 
El Sr. Wurtz ha señalado que la Comisión tiene poderes discrecionales en el ámbito de la competencia, que no están sujetos a control. 
El Sr. Pasqua ha ofrecido parte de la respuesta al manifestar que han existido casos en los que el control judicial, que siempre se aplica a todas las decisiones de la Comisión, incluso en el ámbito de la competencia, ha anulado algunas de las decisiones adoptadas por la Comisión Europea. 
La Comisión no afirma ser infalible, y yo menos. 
Nuestras acciones están sometidas a dos instancias de control judicial: el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia. 
En la gran mayoría de los casos, estos organismos judiciales fallan a favor de la decisión de la Comisión; en otros no lo hacen. 
Por lo que se refiere a la legitimidad, señor Wurtz, le diré que las decisiones relativas a la política de competencia son adoptadas por cada uno de los Estados miembros a nivel nacional por organismos que carecen de la legitimidad política que el Parlamento Europeo ha concedido a escala europea a la Comisión Europea, a través de las audiencias de cada Comisario. 
El Sr. Lipietz ha hecho una serie de comentarios sobre la política interior francesa, sobre los que no creo que espere que manifieste una opinión. 
Acojo con agrado el apoyo concedido tanto por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, como por el Sr. Lipietz a título personal, como ha manifestado en numerosas ocasiones, a la política de competencia como instrumento esencial para la protección de los consumidores. 
Por cierto, me gustaría decir que una de las tareas de la política de competencia consiste sin duda en garantizar un suministro seguro de productos, e incluso existe un instrumento legal concreto, llamado «excepción de empresa en crisis» , que permite tomar en cuenta en las decisiones en materia de política de competencia si la posible desaparición de operadores del mercado podría poner en peligro la seguridad de abastecimiento. 
Así pues, no se trata de una política inflexible y de miras estrechas, como puede pensarse a primera vista. 
El Sr. Pasqua- quien al parecer ha salido del hemiciclo- ha manifestado que no está dispuesto a depositar una confianza ciega en la Comisión. 
Si se me permite diré que, incluso si estuviera dispuesto a ello, la Comisión no desea en absoluto una confianza ciega. 
Es sumamente importante que la Comisión actúe en estrecha colaboración con el Parlamento y de conformidad con las directrices fundamentales del Parlamento y, en todo caso y especialmente en estas cuestiones, bajo el estricto control de la autoridad judicial con sede en Luxemburgo. 
Asimismo, el Sr. Pasqua ha mencionado que Europa necesita una política industrial clara. 
El Presidente Prodi y la Comisión en su conjunto, todos los Comisarios están considerando los efectos de la desindustrialización de Europa, fenómeno que consideramos que no puede contrarrestarse simplemente autorizando a los Estados miembros a infringir las normas en materia de competencia o la legislación sobre ayudas públicas. 
El Sr. Abitbol ha hablado del «orgueil blessé d ' un commissaire européen». 
Francamente no creo que se trate de orgueil, ni que éste halla sufrido blessures. 
Entonces, hablando de la diferencia entre las profesiones de notario y huissier, no creo que dicha analogía resulte pertinente: ambas son, en todo caso, oficios, profesiones que merecen el mayor respeto, al igual que lo merece, en mi opinión, el cargo de Comisario Europeo. 
El comentario del Sr. Abitbol sobre las decisiones de la Comisión que supuestamente han perjudicado el desarrollo de la industria francesa resulta interesante: interesante y curioso, ya que en mis discursos siempre menciono a Francia como ejemplo de un país cuya industria se ha beneficiado en gran medida observando las normas europeas en materia de competencia. 
He aquí algunos ejemplos, señor Abitbol- y a este respecto me dirijo igualmente al Sr. Berthu -, de casos en los que empresas francesas, con la autorización de la Comisión Europea, han logrado convertirse en líderes ya sea de la industria francesa, de la industria europea o de la industria mundial. Se trata de ejemplos auténticos, y me limitaré a mencionar algunos casos ocurridos en los últimos años. 
Total-Fina-Elf, resultado de una fusión autorizada por la Comisión, se ha convertido en un importante líder de su sector, por no decir más, en Francia, al igual que Carrefour-Promodes. La fusión en el sector de la ingeniería nuclear entre Maton y Siemens dio lugar a Arriva, empresa que han mencionado varios diputados en esta sesión, un importante líder de la industria europea y, gracias a su entonces director ejecutivo, Francis Mère; el Grupo Usinor se fusionó, con la autorización de la Comisión, con otras empresas siderúrgicas europeas para crear Arcelor, que no es solamente líder de la industria europea, sino líder de este sector a escala mundial, el mayor grupo siderúrgico que opera actualmente en todo el mundo. 
Por ello considero que es posible conciliar la protección de los consumidores, que constituye la tarea primordial de la política de competencia, con la creación de grandes estructuras que puedan competir en el plano internacional. 
Por este motivo estoy de acuerdo a este respecto con el Sr. Berthu en que necesitamos una visión global de los mercados mundiales, si bien no, por supuesto, de aquellos mercados que aún son de ámbito nacional o local. 
El Sr. Lange ha calificado la actitud de la Comisión Europea de «arrogante y dogmática» ; creo que han sido estas las palabras que ha utilizado. 
No pretenderé estar en desacuerdo con él si esa es su opinión; creo que ya he explicado, tanto hoy como en otras ocasiones, la forma y los motivos por los que actuamos como actuamos, y que estamos convencidos de que nuestra labor no se basa tanto en el formalismo legal como en la necesidad de dotar a la economía europea de fundamentos firmes y para garantizar el cumplimiento de las normas como principio de coexistencia pacífica y democrática, si me permiten utilizar este término, a escala europea. 
Como ha señalado con toda razón el Sr. Konrad, la Unión Europea es una comunidad de derecho- y no considero que este sea un término peyorativo- que se basa en el respeto de las normas en una serie de ámbitos, y puesto que la Comisión es la guardiana de los Tratados, creo que también tiene la obligación de garantizar su cumplimiento. 
El Sr. Konrad ha manifestado que, en última instancia, las ayudas públicas provocan la pérdida de dinero sin producir beneficios tangibles importantes. 
Al mismo tiempo, el Sr. Cashman está a favor de conceder ayudas al grupo Alstom, siempre que dichas ayudas no perjudiquen a los trabajadores británicos. 
Esta podría ser una postura muy respetable sobre esta cuestión, desde un punto de vista concreto. 
Nuestra tarea consiste en intentar mantener los puestos de trabajo del personal del grupo Alstom mediante un plan de reestructuración y, al mismo tiempo, en evitar trastornos graves del comercio, en impedir que los trabajadores de las empresas competidoras pierdan sus puestos de trabajo. 
Esta es la labor que cumple el control de las ayudas públicas. 
Por supuesto, la pérdida de los actuales puestos de trabajo en un sector determinado siempre destacará más que los puestos de trabajo que logramos salvar en otros sectores europeos mediante el cumplimiento de las normas. 
En todo caso, puedo asegurar a sus Señorías que la conservación y expansión del empleo es algo a lo que la Comisión concede gran importancia. 
El Sr. Harbour me ha formulado varias preguntas muy concretas, en particular si la Comisión tendrá que decidir, me imagino que en el contexto del control de concentraciones, si la venta de la división de transmisión y distribución de Alstom a Arriva debe llevarse a cabo rápidamente. 
Si hemos de ocuparnos de ello, puedo asegurarle que adoptaremos una decisión con rapidez, ya que, como sabe el Sr. Harbour, la normativa relativa al control de las concentraciones en Europa, a diferencia de la vigente en los Estados Unidos, por citar un ejemplo, establece plazos muy breves e improrrogables para tomar dichas decisiones. 
Debo disculparme por no estar cualificado para hacer comentarios sobre la cuestión del establecimiento de Birmingham ni sobre los diversos grados de dependencia de los distintos Estados miembros con respecto a fabricantes extranjeros para la compra de material rodante ferroviario. 
Permítame terminar, señora Presidenta, con una simple observación. 
Si consideramos los casos de ayudas públicas autorizados por la Comisión para los planes de reestructuración y las ocasiones en que fueron autorizados, veremos que, en muchos de esos casos, las ayudas públicas no resultaron de utilidad: dicho en otros términos, esas empresas, esos puestos de trabajo no se salvaron a pesar de las ayudas estatales. 
En esos casos, que son numerosos, el resultado final fue, a pesar de todo, la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de plantas y, lo que es más importante, un aumento de la fiscalidad para volver a llenar las arcas públicas, aumento que afectó a los contribuyentes. 
De ahí que la cuestión que nos ocupa no sea fácil de resolver. 
Puedo asegurarles que la Comisión seguirá haciendo todo lo posible para ejercer el debido control con la debida responsabilidad. 
Muchas gracias por sus meditadas contribuciones a este debate, tanto aquellas que han expresado su apoyo como las que han formulado críticas. 
Señora Presidenta, solo quiero corregir algo que ha dicho el Comisario Monti. 
Está en lo cierto al decir que he hecho alusión a los 10 000 puestos de trabajo en el Reino Unido y, en particular, a los de mi circunscripción electoral: Birmingham, Rugby y Stafford. 
Sin embargo, el acta demostrará que he dicho que teníamos un deber- una responsabilidad- para con los 110 000 empleos. 
Por consiguiente, aunque admito que he mirado las consecuencias en el Reino Unido, estoy sumamente preocupado por los efectos en estos empleos en toda Europa. 
. (EN) Señor Presidente, señoras y señores diputados al Parlamento Europeo, Señorías, es un gran honor para mí estar hoy aquí. 
Es un privilegio dirigirme a ustedes en una sesión plenaria del Parlamento Europeo, y agradezco al Sr. Cox y a todos ustedes el haberme brindado esta oportunidad. 
Les hablo hoy en un momento de gran esperanza para mi país y para su destino europeo. 
Hace casi un año en Bucarest, señor Presidente, habló usted ante el Parlamento rumano y compartió con mis compatriotas rumanos su visión del futuro de Europa y el destino de Rumania en Europa. 
Es a esta Europa de valores y principios que queremos unirnos. 
Hoy me encuentro ante el Parlamento Europeo para hacerles saber que nos hemos enfrentado a innumerables desafíos. 
Hemos superado muchos y nuestra voluntad política es superarlos todos. 
Pero hoy mi principal mensaje es que Rumania es un país con el que la comunidad democrática de naciones puede contar. 
Rumania será un miembro coherente y fiable de la Unión Europea. 
La Unión Europea va a ganar algo más que un nuevo Estado miembro de la UE con más de 22 millones de habitantes; va a ganar un partidario firme de la integración europea, un eurooptimista por elección. 
Conectados a Europa a través de toda nuestra historia, creemos en el sistema de valores positivos en los que actualmente se basa la construcción europea: democracia, respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos, justicia y equidad social, tolerancia, solidaridad entre naciones y dentro de ellas y responsabilidad ante las generaciones futuras. 
Para nosotros los rumanos, marginados por la historia durante más de medio siglo, la evolución natural dentro de la Comunidad Europea, cuyos valores han hecho las veces de guía, ha representado una aspiración que se ha hecho realidad tras la revolución de diciembre de 1989. 
Salir del totalitarismo- tanto fascista como comunista- no ha sido una tarea sencilla ni fácil. 
Hemos tenido que enfrentarnos a un doble obstáculo, el primero de los cuales era de tipo institucional: las instituciones de un Estado totalitario son incompatibles con la democracia y la economía de mercado. 
El segundo obstáculo lo constituía nuestro aislamiento del mundo y nuestras tendencias autárquicas. 
Todo ello sucedía en un contexto de retraso histórico, profundamente arraigado, del desarrollo económico y social. 
Hemos tenido que crear instituciones, establecerlas y ponerlas en marcha, conferirles facultades que emanen de su legitimidad y funcionalidad. 
Con la ayuda de amigos y socios de Rumania- que son muchos y algunos de los cuales se encuentran hoy en este salón de sesiones- hemos elaborado y aprobado una constitución moderna y democrática, hemos formado a personas capaces de hacer frente a las nuevas demandas de una democracia activa. 
Desde el punto de vista político, durante los últimos 14 años Rumania ha desarrollado su democracia operativa, que ha aprobado con éxito la prueba de la gobernanza alternativa. 
Entre tanto, ha surgido y se ha impuesto una sociedad civil cada vez más sólida, constituyendo a través de sus organizaciones un contrapoder necesario y útil y formando un catalizador para el debate público. 
La formulación de una estrategia nacional sobre las relaciones entre la mayoría y las minorías étnicas, incluida la representación implícita de estas minorías en el Parlamento, ha tenido un gran éxito en esta transición política. 
El trato que reciben las minorías étnicas en Rumania es ejemplar y cumple todas las normas europeas e internacionales. 
Nuestro país es un reino de tolerancia, diálogo y cooperación fructífera entre los diversos grupos étnicos; este trato se ha convertido en una tradición, y se ha desarrollado una cultura de diálogo y consenso. 
Existe un partido importante que pertenece a la minoría húngara, al igual que existen partidos y organizaciones que representan, tanto política como culturalmente, los intereses de alemanes, romaníes, judíos, ucranianos, polacos, etc.: ciudadanos de Rumania. 
Actualmente nos centramos en hacer un mejor uso de los programas de integración económica y social de la minoría romaní. 
Hemos logrado avances significativos en el campo de las reformas económicas, si bien la mayor parte de los retrasos en nuestro camino hacia la transición se producen en este terreno. 
Estos retrasos son fruto de toda una serie de factores, tanto objetivos como subjetivos, así como la consecuencia de una realidad histórica particular. 
Se nos ha criticado a menudo por no haber llevado a cabo una terapia de choque y por nuestro enfoque gradual de las reformas, lo que supuestamente nos ha impedido alcanzar los resultados previstos. 
Los primeros días de 1990 fueron testigo del más asombroso impacto que sufrió la economía rumana: el abandono pleno e incondicional del sistema económico centralizado y planificado, el desmantelamiento de las instituciones y de los mecanismos que caracterizan la economía controlada por el Estado. 
Al mirar atrás, nos damos cuenta que esto trajo desequilibrios económicos profundamente arraigados, alentó la inflación y la desindustrialización, el desempleo y la migración de la mano de obra de la ciudad a la zonas rurales. 
Todas estas consecuencias fueron totalmente incoherentes con la corriente dominante de la economía mundial Por otra parte, la falta de capital nacional y el volumen extremadamente bajo de la inversión extranjera en la economía rumana hicieron que la privatización fuera un proceso todavía más difícil y largo. 
Necesitamos más de una década para enderezar los equilibrios macroeconómicos e iniciar- durante los últimos tres años y medio- un crecimiento económico estable de alrededor el 5%. 
La reforma económica que comenzó con la ausencia de instituciones y mecanismos de mercado ha conllevado costes sociales extremadamente elevados y difíciles de asumir. 
De hecho, el proceso de recuperación económica todavía no ha finalizado. 
La pobreza es nuestro principal problema en la esfera social. 
Somos conscientes de que no podemos lograr aliviar la pobreza significativamente sin llevar a cabo reformas económicas continuadas, sin acelerar la creación de nuevos puestos de trabajo más estables y mejor remunerados. 
Es preciso que se den respuestas a los problemas económicos y sociales a los que se enfrenta Rumania, ante todo desde dentro del país, principalmente a través de un esfuerzo concertado de todas las fuerzas políticas responsables, de modo que se puedan establecer los principios e instituciones de la gobernanza. 
Esto significa que hemos de combatir la corrupción y la burocracia de modo eficiente y firme, y dar al funcionario una categoría profesional que ya no se utilice más al servicio de una clientela política. 
Estos esfuerzos necesitan traducirse en la modernización del estado rumano. 
Han de intensificar sus capacidades institucionales y administrativas y convertirlo en un socio verdadero y amable del ciudadano. 
Hemos realizado buenos progresos en esta dirección, pero somos conscientes de los numerosos problemas que siguen esperando respuestas adecuadas. 
La lógica aplicada a la modernización del Estado y los preparativos para la adhesión a la Unión Europea también se aplica a la revisión de nuestra constitución, que se ha llevado a cabo a través de la participación activa de los representantes de todos los partidos políticos parlamentarios y a través de la consulta a la sociedad civil. 
La revisión se someterá próximamente a un referendo nacional. 
A pesar de las penurias y deficiencias existentes en la sociedad rumana, creo firmemente que Rumania se encuentra ahora en el camino correcto, que los rumanos han comprendido que la democracia es un sistema político mejor y más eficiente que el totalitarismo, que garantiza niveles más altos de rendimiento para todos. 
La libertad de elección y la libertad de establecer y aplicar proyectos alternativos de tipo político, económico y social brinda mejores oportunidades al sistema democrático. 
Los conflictos se pueden solventar a través del diálogo, la negociación y el consenso. 
La sociedad rumana ha madurado. 
Ha adquirido nuevos fundamentos para la cohesión nacional y la solidaridad social. 
Está preparada para asumir las nuevas responsabilidades que ha asumido en virtud de su nueva condición de miembro de la OTAN y futuro Estado miembro de la Unión Europea. 
Gracias, señor Presidente, por sus palabras. 
Se ha previsto el calendario; se conoce el camino; el avance vendrá determinado, tal como ha observado usted, por la propia Rumania en sus preparativos. 
Nosotros, en esta Asamblea, esperamos que se cumpla la vocación europea de Rumania. 
Le agradecemos su presencia. 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0232/2003) del Sr. Whitehead, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco general para la financiación de acciones comunitarias en apoyo de la política de los consumidores en el periodo 2004-2007 (COM (2003) 44 C5-0022/2003 2003/0020 (COD) ). 
. 
(EN) Quisiera agradecer al ponente y a los ponentes alternativos los esfuerzos tan constructivos que han realizado para llegar a un compromiso entre las instituciones de modo que podamos adoptar esta propuesta en primera lectura. 
Como saben, una aprobación en primera lectura es muy importante para la ejecución puntual del presupuesto de 2004 para la política del consumidor. 
Aprecio mucho su apoyo al principio clave de esta propuesta: que la estrategia en materia de política del consumidor fija el alcance, las orientaciones y prioridades políticas para la programación del gasto en el ámbito de la política del consumidor. 
Es esencial que gastemos nuestro dinero en actuaciones destinadas a alcanzar los objetivos de esta estrategia: un alto grado común de protección de los consumidores, una mejor aplicación de las normas de protección de los consumidores y una más estrecha participación de las organizaciones de consumidores en la elaboración de todas las políticas de la UE que afectan a sus intereses. 
Respecto a los países en vías de adhesión, comparto plenamente la opinión del Parlamento de que en el presupuesto para la política del consumidor hay que dar prioridad a la aplicación del acervo comunitario en estos países. 
La Comisión asegurará que proyectos específicos emprendidos por parte de organizaciones de consumidores con el objetivo de acelerar la aplicación efectiva del acervo comunitario en materia de protección de los consumidores en los nuevos Estados miembros puedan optar a una contribución financiera del 75%. 
En cuanto a las organizaciones de consumidores europeas independientes, en su informe han hecho ustedes hincapié en la necesidad de ayudar a estas organizaciones. 
En este punto también estoy totalmente de acuerdo con ustedes. 
También comparto el punto de vista del Parlamento de que debe darse gran prioridad a la integración de los intereses de los consumidores en otras políticas de la UE en el presupuesto para la política del consumidor. 
En cuanto a la solicitud de ayudas, en primer lugar, la Comisión se asegurará de que las organizaciones de consumidores estén debidamente informadas acerca de los nuevos requisitos y su aplicación estricta. 
Los procedimientos de aplicación de ayudas serán lo más sencillos posible, y ofreceremos a las organizaciones de consumidores seminarios para explicar cómo funcionan. 
En segundo lugar, con el fin de mejorar la calidad de las solicitudes y la gestión de proyectos, ya se están llevando a cabo iniciativas para ofrecer a los profesionales de estas organizaciones formación en el desarrollo de proyectos. 
En tercer lugar, a fin de ayudar a las organizaciones de consumidores a encontrar socios de proyectos, la Comisión está implementando un foro en línea para facilitar la creación de redes y contactos transfronterizos. 
En respuesta a su informe, señor Whitehead, también quiero asegurar, tanto a usted como al Parlamento Europeo, que la Comisión acelerará la toma de decisiones sobre la solicitud de ayudas. 
También los pagos se efectuarán lo más pronto posible. 
Sin embargo, también he de rogarle su comprensión sobre este punto. 
Nos esforzaremos en lo posible por completar la toma de decisiones sobre las solicitudes de ayudas en un plazo de tres meses. 
Pero deben comprender que en el período posterior a la adhesión, el volumen de trabajo y las necesidades de traducción van a aumentar considerablemente. 
También es probable que tengamos una mayor participación de terceros países en las acciones de política de los consumidores que la que existía antes. 
Nuestros esfuerzos por integrar y acelerar el proceso de solicitud de ayudas no puede hacerse a expensas de una evaluación adecuada de las propuestas, y debe cumplir plenamente las normas que rigen la gestión presupuestaria. 
Tomo muy en serio la buena gestión de los fondos comunitarios. 
El presupuesto para la política del consumidor debe ejecutarse y se ejecutará estrictamente de conformidad con las normas establecidas en el Reglamento financiero. 
Sobre esto no es posible ninguna concesión, y confío en que compartan esta convicción. 
Señor Presidente, a medida que este Parlamento se amplía, Comisario, usted y yo nos distanciamos físicamente, pero nos acercamos cada vez más a causa de la ampliación, ya que la protección de los consumidores es ahora una preocupación primordial para una Comunidad que abarca a 450 millones de personas. 
Esta noche, la Asamblea tiene la oportunidad de poner en práctica un acuerdo en primera lectura, que garantizará este apoyo para las actividades de los consumidores. 
Nos llegó con un poco de retraso, pero hemos avanzado bastante. 
Quisiera agradecerle en especial, Comisario, el esfuerzo que ha hecho para llegar hasta aquí esta noche, tras la larga jornada que ha tenido, así como la labor realizada por su personal. 
También quisiera agradecer a los ponentes alternativos su solidaridad, que incluye su presencia aquí esta noche, a mi propia ayudante Laura Sullivan, a las ONG de consumidores y a la Presidencia del Consejo, quienes entre todos han hecho posible que esta noche podamos demostrar que el pleno apoyo del Consejo se da también en el Parlamento. 
Presentamos cerca de treinta y una enmiendas de transacción en bloque, todas las cuales han implicado concesiones mutuas. 
Si se aprueban, se pasará al segundo bloque de enmiendas de las quince originales. 
De este modo quedarán unas cinco enmiendas que aconsejo a la Asamblea que rechace. 
Estas transacciones reflejan la opinión compartida de que es necesario ampliar la escala y el límite de apoyo proporcional para las actividades de los consumidores. 
Nos hallamos a las puertas de la ampliación y de todas las diversas necesidades que van a surgir a raíz de ello. 
Hemos tenido que encontrar formas legalmente correctas para ampliar estas disposiciones hasta 2007, en colaboración con nuestros amigos y colegas de la Comisión de Control Presupuestario. 
También reconocemos que los pequeños solicitantes- aunque igualmente dignos de tener en cuenta- se han visto perjudicados en el pasado debido al carácter críptico y prolongado del proceso de evaluación. 
También se aplica lo contrario. 
Es necesario que estemos seguros de las normas, cualificaciones y financiación de todos los solicitantes, por oscuras que sean. 
Actualmente se están desvelando acontecimientos ante otras comisiones que sugieren que esta cautela es imperativa. 
La Comisión nos ha dicho que acepta de buen grado la solicitud de proporcionar una evaluación de las solicitudes en un plazo de tres meses. 
Cuando esto no sea posible, se nos explicará el porqué. 
Me alegra que el Comisario haya destacado que dirigirá sus mejores esfuerzos y los de su equipo a una pronta consideración de todas estas solicitudes lo más eficazmente posible y que se impartirán seminarios y otras instrucciones, en particular para aquellas personas que hagan su solicitud por primera vez y, a veces, de un país que sea un nuevo Estado miembro. 
No es normal que tengamos que deliberar sobre las necesidades apremiantes de la ampliación en un momento en que, técnicamente, no podemos considerar el presupuesto que sabemos ha de ser utilizado para este propósito después de 2004. 
Se trata de una primera lectura que puede dar pie a un acuerdo inmediato entre las tres instituciones si todos aceptamos que no se ha presionado a ninguna de las tres más allá de sus límites. 
El Comisario sabe que ha habido cierta exasperación en torno a la creación de algunas comisiones y las deliberaciones que se han mantenido sobre la protección de los consumidores, no solo en esta institución, sino también en otras partes. 
Hemos de aceptar las limitaciones de lo que podemos hacer al decir quién puede cumplir y dónde y hacer el qué respecto al asesoramiento de los consumidores. 
Mis colegas han decidido muy sabiamente en este sentido que no iban a aprobar algunas de las enmiendas que se han presentado ante la Comisión, aunque apoyamos y, de hecho, a veces aplaudimos los principios que las han inspirado. 
He de decir a mi buen amigo, colega y tocayo, el Sr. Bushill-Matthews, que su enmienda 11 va demasiado lejos. 
La apoyé en comisión porque creía que era necesario dejar claro este punto: hay exasperación allí donde a veces- y creo que la Comisión lo admite- no se han examinado solicitudes no en un plazo de tres o cuatro meses, tal como la Comisión hubiera preferido, sino en un plazo de cinco meses y más. 
El peor infractor no es la DG SANCO. 
De hecho, algunos de los ejemplos que ha citado el Sr. Bushill-Matthews son de otras direcciones generales. 
Sin embargo, el problema sigue ahí, es necesario que mejoremos este aspecto y es preciso que demostremos una mayor receptividad por parte de la Comisión. 
Espero que el Sr. Bushill-Matthews nos dirá esta noche con su habitual sutileza que entiende la posición en la que nos encontramos. 
Para terminar, se trata de una propuesta modesta. 
El Comisario comprenderá que no lo entiendo en un sentido satírico. 
No estamos devorando a nuestros hijos; los estamos alimentando con esta propuesta. 
Espero que sea bien acogida por toda la Asamblea. 
Señor Presidente, también yo quisiera comenzar dando las gracias a la Comisión y al Sr. Whitehead por la labor que han realizado. 
Contar con una política de protección de los consumidores adecuada en la UE es de vital importancia. 
La política de protección de los consumidores persigue, desde luego, finalidades de gran importancia. 
Debe contribuir al desarrollo, producción y consumo sostenibles. 
También es necesario cambiar la conducta de los consumidores y, en este contexto, las pequeñas organizaciones de consumidores revisten una gran relevancia. 
En particular deseo hablar de las ayudas concedidas a las pequeñas organizaciones de consumidores y, en especial, a los nuevos Estados miembros. 
No deben sentirse desanimados por el hecho de que se tarde un poco en informarles sobre los proyectos de cofinanciación. 
En cambio, el procedimiento debe modificarse de tal modo que sean informados con rapidez y puedan continuar con su buena labor. 
. 
(EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los diputados implicados por haber participado en este debate interesante y práctico y por la posición constructiva que han tomado. 
Personalmente creo que el proceso de codecisión ha derivado en mejoras notables para esta decisión. 
Las enmiendas de transacción que se han propuesto se han beneficiado de la pericia conjunta de las tres instituciones. 
La Comisión puede aceptar este paquete transaccional, que consiste en las enmiendas 1, 2, 12, 14, 15, 22, 23 y 29 hasta la 59 inclusive. 
Respecto a la enmienda 52, la Comisión toma nota del deseo del Parlamento y del acuerdo por unanimidad del Consejo de que debe existir un plazo de tres meses para la toma de decisiones sobre las solicitudes de ayudas. 
Nos hemos comprometido a reducir el tiempo que se toma para ese tipo de decisiones al mínimo posible y vamos a trabajar con la vista puesta en ese plazo. 
Sin embargo, la Comisión quiere recordar al Parlamento que es importante no desviarse de los imperativos de una evaluación adecuada y el pleno respecto de las normas de gestión financiera y presupuestaria. 
En respuesta a los comentarios de la Sra. Gutiérrez-Cortines y del Sr. Rod sobre las organizaciones regionales, he de decir que soy plenamente consciente del importante papel desempeñado por las organizaciones de consumidores en determinados países de la UE. 
Su cercanía a las preocupaciones de los consumidores hace que sea un socio interesante para la aplicación de los objetivos políticos de la política del consumidor en la UE. 
Las organizaciones de consumidores regionales pueden optar a las ayudas destinadas a proyectos específicos y también pueden beneficiarse de las acciones de capacitación que ofrecemos a las organizaciones de consumidores. 
Por ejemplo, los cursos de formación que ofrecemos a las organizaciones de consumidores para ayudar a mejorar su capacidad de gestión y la aportación de los representantes de consumidores al desarrollo de la política de la UE están abiertos al personal de las organizaciones de consumidores regionales. 
Se puede optar a proyectos específicos que promueven los objetivos de la política de la UE a nivel regional para la cofinanciación con cargo al presupuesto de la UE. 
Espero fervientemente que las organizaciones de consumidores regionales harán un buen uso de estas oportunidades. 
En respuesta a la pregunta de la Sra. Thors relacionada con la integración de las cuestiones de los consumidores en otras políticas, quiero destacar que el artículo 153 del Tratado consagra la integración de los intereses de los consumidores en todas las políticas pertinentes. 
Todos los servicios de la Comisión y todas las instituciones de la Unión Europea deben aplicarlo. 
Hemos avanzado en esta cuestión. 
En las importantes deliberaciones sobre los servicios de interés general, que siguieron a la aprobación del Libro Verde de la Comisión, los intereses de los consumidores se encuentran entre las cuestiones esenciales que están sobre la mesa. 
Esperamos que los progresos realizados hasta la fecha- por ejemplo, en el transporte aéreo con la carta de los derechos de los pasajeros y el reglamento sobre la denegación del embarque- servirán de referencia para la mejora de los derechos de los pasajeros en otras modalidades de transporte. 
En esta propuesta, son numerosas las acciones a favor de una decisión que contribuya a los objetivos de integración, entre las que se pueden citar: acciones para proporcionar a las organizaciones de consumidores capacitación técnica y legal para contribuir eficazmente al desarrollo político en los ámbitos políticos de la UE, aspecto importante para los consumidores, y acciones para recoger datos que proporcionen una base probatoria para la integración de los intereses de los consumidores en otras políticas de la UE. 
Sobre la cuestión de la comitología que la Sra. Thors ha planteado, quisiera decir que desde 1999 el Comité consultivo de los Estados miembros ha asesorado a la Comisión, en especial en lo referente a la atribución de ayudas. 
La coordinación de las políticas nacionales y de la UE para ayudas destinadas a proyectos es una contribución útil. 
Además, este Comité será el foro fundamental para la deliberación y asesoramiento sobre la ejecución de un nuevo tipo de acciones, las financiadas conjuntamente a través del presupuesto comunitario y los Estados miembros. 
En particular, se utilizarán estas acciones conjuntas para las actividades futuras de la Comisión en el ámbito de la cooperación administrativa y de cara al cumplimiento, así como para consolidar las redes existentes de los Centros Europeos de Consumidores y la red extrajudicial. 
El Comité, por lo tanto, ha de desempeñar un papel fundamental en la aplicación del marco propuesto. 
He tomado buena nota de lo que ha dicho el Sr. Bushill-Matthews sobre que me iba a observar: ésta, naturalmente, es su tarea y la del Parlamento. 
Somos responsables ante el Parlamento y, por supuesto, el Parlamento es responsable ante los diputados electos. 
He observado que el Sr. Bushill-Mattews también ha dicho que la próxima vez va a tirar a dar. 
Supongo que esto quiere decir que hasta este momento solo ha disparado balas de fogueo. 
En resumen, mi especial agradecimiento al Sr. Whitehead, quien ha demostrado ser un maestro en la negociación de alto nivel para llegar a un compromiso con el Consejo. 
Tomo nota de lo que ha dicho en relación con que alimentemos a nuestros hijos en lugar de devorarlos. 
Naturalmente, comprenderá usted, Sr. Whitehead, que esta propuesta no es modesta: se trata de una propuesta sustancial. 
La referencia que ha hecho a mi compatriota y colega apunta al título «Una propuesta modesta» , que, naturalmente, no viene a cuento en este caso. 
Considero que este ejercicio es un ejemplo excelente de cómo el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión pueden trabajar juntos y de modo constructivo en materia de política del consumidor. 
Confío en que la votación confirmará las orientaciones que se han expuesto hoy. 
Espero que otras cuestiones de los consumidores pendientes ante este Parlamento también podrán resolverse oportunamente con la misma habilidad y el mismo espíritu constructivo 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0259/2003) del Sr. Andersson, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el Proyecto de Informe conjunto de la Comisión y del Consejo sobre la adecuación y la viabilidad de las pensiones (COM (2002) 737 2003/2040 (INI) ). 
Señor Presidente, abordamos ahora la Comunicación de la Comisión sobre la adecuación y la viabilidad de las pensiones y el análisis de si en sus primeros informes de estrategia los Estados miembros han cumplido los tres objetivos generales de la política común de pensiones. 
El primero de dichos objetivos es si las pensiones son suficientes y si hemos establecido las futuras pensiones en un nivel suficiente para evitar la pobreza y ofrecer un nivel de vida razonable. 
El segundo es si las pensiones resultan económicamente sostenibles a largo plazo, de forma que las futuras generaciones no tengan que soportar una carga innecesariamente pesada. 
El tercero es si las pensiones están suficientemente al día como para hacer frente a la nueva situación, que se caracteriza por empleos atípicos y la creciente presencia de mujeres en el mercado de trabajo. 
Consideramos que la comunicación de la Comisión es positiva. 
La Comisión ha realizado un buen análisis. 
En el Parlamento hemos intentado distanciarnos de los debates nacionales sobre los diversos cambios que sufren en cada país los regímenes de pensiones. 
Hemos intentado ajustarnos a nuestra tarea a escala de la UE, es decir, a fijar los objetivos de la estrategia común que tenemos en la UE. 
Los Estados miembros deben ocuparse de las propuestas de carácter exclusivamente práctico para los regímenes de pensiones. 
Existen varios puntos de vista. 
En primer lugar, debe existir un equilibrio entre las consideraciones sociales y las económicas. 
Para el desarrollo económico es sumamente importante que dispongamos de regímenes de pensiones sostenibles, en particular en aquellos países que participan en el euro, pero también en otros países, a fin de lograr un desarrollo económico sostenible. 
Sin embargo, para nosotros es por lo menos igual de importante abordar los aspectos sociales que influyen en el nivel de vida de las personas. 
Debemos asegurarnos de que las personas cuenten con un nivel de vida holgado en sus últimos años, que no difiera demasiado del que gozaban cuando trabajaban, y de que no terminen en la pobreza. 
Los regímenes de pensiones aún reflejan una falta de igualdad. 
Las pensiones de las mujeres no son tan elevadas como las de los hombres. 
En algunos casos, esto se debe a los propios regímenes de pensiones, pero la razón primordial de ello es la posición de la mujer en el mercado laboral. 
Las mujeres tienen en mayor medida empleos peor pagados, trabajan a tiempo parcial y cuentan con una tasa de empleo más baja. 
Esto implica que el proceso de Lisboa es lo más importante en este aspecto. 
Asimismo, la situación de las personas que tienen empleos atípicos no resulta satisfactoria, sobre todo por lo que se refiere a las pensiones complementarias que acuerdan los interlocutores sociales. 
Si deseamos cumplir nuestros compromisos en el futuro, lo más importante es lograr crecimiento y pleno empleo. 
Por ello es sumamente importante que vinculemos estos objetivos al proceso de Lisboa y a las directrices sobre empleo y economía, y que adoptemos una visión de conjunto. 
Muy a menudo hablamos de la solidaridad entre nuestras generaciones aquí y ahora, y lo importante es que exista solidaridad, aquí y ahora, entre las generaciones. 
Sin embargo, en vista de la evolución demográfica, resulta igualmente importante que hablemos de solidaridad con las futuras generaciones, de forma que nosotros- y yo pertenezco a la generación nacida en los años cuarenta- no nos permitamos demasiado con el resultado que deben obtener las generaciones futuras de trabajadores, al imponerles costes irrazonablemente altos cuando nos jubilemos. 
Debemos asegurarnos de que esto no suceda con los nuevos regímenes de pensiones. 
Debemos dar muestras de solidaridad con las generaciones futuras. 
Lo que más se debatió en la comisión parlamentaria fue la edad efectiva o legal de jubilación. 
No estamos interfiriendo en la edad de jubilación legal. 
Resulta paradójico que la parte más vieja de la población esté cada vez más sana- cosa que es positiva- y, al mismo tiempo, trabaje cada vez menos. 
Hoy día trabajamos menos que hace treinta años. 
Existen muchas razones para ello. 
Si algo echamos a faltar en la Comunicación de la Comisión, quizá sea un cuadro general de la forma en que puede aumentarse la edad de jubilación efectiva. 
Nos preocupan los incentivos económicos, pero también cuestiones como el aprendizaje permanente, la organización del trabajo y los problemas relacionados con el entorno de trabajo, para que la gente mayor pueda mantenerse en el mercado de trabajo. 
Debemos cambiar la vida laboral de tal forma que la gente pueda seguir trabajando y no quedar excluida del mercado de trabajo. 
Para ello debemos abordar igualmente el tema de la ampliación. 
Por último, quiero dar las gracias a aquellos que nos han ayudado a lograr un consenso amplio, si no completo, en la comisión parlamentaria. 
En dicha comisión hemos logrado un buen nivel de cooperación. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar y dar las gracias al Sr. Andersson. 
El informe sobre la adecuación y sostenibilidad de las pensiones aborda uno de los problemas más candentes que tienen en sus manos todos los Gobiernos. 
Las reformas llevadas a cabo a nivel nacional son, desde luego, responsabilidad de cada país, pero yo diría que cometemos un error si no consideramos la dimensión europea y la necesidad de cooperación, no tan solo porque existe una dependencia económica muy estrecha entre las economías de los Estados miembros, sino también porque nuestro análisis ha arrojado conclusiones convincentes que señalan que las causas de la crisis de los regímenes de pensiones son precisamente las mismas en todos los países. 
Estas causas son: la evolución demográfica, la mayor esperanza de vida, los nuevos modelos de trabajo y los nuevos modelos familiares. 
El empleo del método abierto de cooperación constituyó la primera tentativa importante a escala europea para que los países cooperaran entre sí. 
Acordamos un triple enfoque. 
El primero se refería a la viabilidad económica de los regímenes de pensiones. 
El segundo se refería a la adecuación de las pensiones, lo que implica un nivel de vida digno para los pensionistas, cosa en la que el Sr. Andersson insiste en su informe. 
Y el tercero es la adaptabilidad de los regímenes de pensiones para responder a los cambios. 
La referencia que figura en el informe al vínculo existente entre los regímenes de pensiones y el mercado de trabajo es importante, y ahora explicaré la forma en que la Comisión satisface las exigencias expuestas en el informe mediante una serie de iniciativas. 
En primer lugar tenemos la cuestión del aumento la edad real de jubilación. 
Resulta evidente, por una parte, que es importante y necesario modificar el límite de edad por motivos de sostenibilidad y, por otra, que esta medida no puede adoptarse por sí sola, sin políticas de empleo concomitantes que ayuden a los trabajadores de mayor edad a mantenerse en el mercado laboral, ya que en la actualidad, debido a la cultura que existe en el mercado de trabajo, cuya realidad existe desde hace muchos años, resulta muy difícil para los trabajadores de más de 55 años encontrar trabajo. 
En este contexto, tanto la estrategia europea de empleo como el Fondo Social Europeo deben desempeñar un importante papel. 
La segunda cuestión importante es que la Comisión sigue aplicando el método de coordinación por mandato del Consejo Europeo. 
En 2005 elaboraremos un nuevo informe sobre el seguimiento de los regímenes, mientras que el Comité de Protección Social examinará la contribución de los regímenes de seguridad social para alargar la vida laboral. 
Por último, realizamos constantemente un seguimiento de los indicadores que adoptamos en Barcelona y hemos decidido que es necesario aumentar la edad real de jubilación en cinco años de aquí a 2010. 
Volviendo a lo que el Sr. Andersson ha dicho sobre la dimensión de género. La dimensión de género reviste una gran importancia en los regímenes de pensiones, en particular en el sector privado. 
Me gustaría recordar a sus Señorías que en el sector privado no existe igualdad de trato para hombres y mujeres, y que a la hora de calcular las pensiones se tiene en cuenta sobre todo el criterio de género. 
Otras dos cuestiones: la cuestión de la ampliación, sobre la cual mantenemos una comunicación constante con los Estados miembros a fin de poder integrar igualmente el problema de la movilidad. 
El informe indica claramente la forma en que podemos superar los obstáculos que existen en el mercado laboral europeo y que plantea la movilidad, cuestión para la que hemos elaborado un plan de acción de diez años. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo también deseo dar calurosamente las gracias al Sr. Andersson por su excelente cooperación, la cual se refleja, entre otras cosas, en que ha adoptado las enmiendas de las mujeres y las ha incluido en su informe. 
La Comisaria ha declarado que los planes de pensiones están en crisis y yo comparto su opinión. 
El coste de las pensiones pondrá en entredicho el Pacto de Estabilidad y en una legislatura anterior califiqué ocasionalmente este fenómeno de «bomba bajo el euro». 
Muchos países están adoptando medidas por este motivo, y debido a muchas de estas medidas, las mujeres se ven más afectadas que otros grupos de la población. 
Debido a su menor participación en el mercado laboral, un porcentaje superior de mujeres trabajan a tiempo parcial, perciben ingresos más bajos y éstos aumentan con mayor lentitud (debido, entre otras cosas, a las bajas de maternidad) , y muchas mujeres reciben una pensión media más baja que los hombres. 
Según el informe de la Comisión, esta diferencia oscila aproximadamente entre un 16% y un 45%, según el Estado miembro de que se trate. 
Asimismo tenemos la cuestión de la igualdad de trato. 
En este contexto me gustaría hacer referencia a los Estados Unidos. 
El Tribunal Supremo de ese país ha dictado una sentencia en la que se establece que calcular las cotizaciones para las pensiones complementarias y los pagos de las mismas diferenciando según los factores actuariales basados en el género constituye una violación de la Ley de derechos civiles. 
Esperemos que esta opinión se mantenga también de forma generalizada en Europa. 
A ello hay que añadir el hecho de que, según una audiencia reciente, las mujeres ya no viven tanto más que los hombres. 
Me gustaría asimismo destacar un hecho lamentable, a saber, que la Comisión nunca ha aplicado las propuestas del Parlamento de obligar a los Estados miembros a adoptar medidas para hacer frente al problema consistente en que una parte de los derechos de pensión acumulados durante el matrimonio corre el riesgo de perderse en aquellos períodos en que uno de los cónyuges decide cuidar del otro. 
Asimismo me gustaría instar a los Estados miembros a que garanticen que se siga participando en los planes acumulativos de pensión durante la baja de maternidad o el permiso para el cuidado de los hijos u otras personas a su cargo. 
Esto ya es así en varios países, y creo que dichos países dan un buen ejemplo a los demás Estados miembros que hasta ahora no han adoptado esta medida. 
Los Estados miembros deben fomentar la individualización de los derechos de pensión, sin abolir los derechos derivados del cónyuge sobreviviente y de los hijos. 
Como ya he dicho, se trata de un problema de orden general que, de hecho, a menudo hace que las mujeres corran un mayor riesgo de perder que las demás personas. 
Por ello estoy de acuerdo en que deberíamos fomentar la movilidad laboral y, en vista de ello, me gustaría... 
Por último, espero que la Comisaria tome especialmente en consideración la posición de las mujeres. 
Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias al ponente, Sr. Andersson, por sus esfuerzos y por redactar un informe que ha merecido el apoyo casi unánime en la votación en comisión. 
Espero que suceda lo mismo en la votación de mañana. 
También quiero rendir homenaje a la Comisaria Diamantopoulou por los esfuerzos que ha realizado hasta ahora y por seguir haciendo todo lo posible por asegurar que la reformas que están intentado llevar a cabo los 15 Estados miembros no suman en la extrema pobreza a las personas mayores, que ya son demasiado pobres y, en muchos de dichos Estados, cuya única fuente de ingresos es su pensión. 
Dicho esto, me gustaría proponer un procedimiento distinto para lograr el loable deseo de ofrecer pensiones seguras en el futuro. 
Es absolutamente indispensable que detengamos el despilfarro que tiene lugar en los diversos regímenes de pensiones de los Estados europeos. 
Es absolutamente crucial que reduzcamos el coste de la mano de obra, que es tan elevado en muchos de nuestros países que dificulta que éstos compitan en el mercado mundial. 
En Italia, por ejemplo, el coste de la pensión para cada trabajador se eleva al 34%, mientras en Suiza con cotizaciones de tan solo un 10% se pagan pensiones tan respetables como las italianas, y en Portugal, por ejemplo, esta cifra es del 7,6 %. 
Esto significa que debemos estudiar dónde se malgasta el dinero, dónde reside la ineficiencia y dónde se requieren cambios. 
Además, me gustaría señalar que existen dos formas de pagar las deudas: hay deudores que, cuando tienen que pagar una deuda que ha vencido, no aparecen y huyen; hay otros que no hacen vacaciones en verano y sacrifican su coche para pagar sus deudas. 
Estos deudores son los 15 Estados miembros y los acreedores son la gente- los pensionistas y las personas mayores- que viven de sus pensiones. 
No debemos esconder la cabeza en la arena, sino intentar liquidar las deudas en que hemos incurrido con las personas mayores de ahora. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo también quiero dar las gracias al Sr. Andersson por su claro y bien redactado informe, así como a la Comisión por su informe tan interesante sobre los regímenes de pensiones europeos. 
La manera en que los países organizan sus regímenes de pensiones forma parte de las competencias nacionales, pero creo que el informe, con sus objetivos de regímenes de pensiones adecuados, sostenibles y flexibles, puede ser fuente de inspiración y dar lugar a debates sensatos a escala nacional. 
También considero que se ha llegado a una conclusión interesante, a saber, que los regímenes de pensiones de los Estados miembros presentan en general un alto nivel de redistribución y solidaridad, pero que en muchos países las mujeres resultan desfavorecidas debido a la posición que ocupan en el mercado de trabajo. 
Es necesario hacer algo al respecto, y me complace que aquí se haya recalcado firmemente la necesidad de presionar para que se haga algo al respecto. 
Por ello estoy muy de acuerdo con la conclusión general del informe del Sr. Andersson. 
Por otra parte, no estoy de acuerdo con una serie de enmiendas presentadas por la izquierda de esta Cámara, enmiendas que consideran la inversión de los fondos de pensiones en acciones y obligaciones como el mal en sí mismo. 
Es cierto que han surgido problemas con los fondos de pensiones, los cuales han sufrido pérdidas considerables debido a las fuertes caídas del precio de las acciones, pero no creo que la respuesta sea dejar de crear planes de ahorro para las pensiones. 
Al contrario, considero que debe controlarse mejor el riesgo que corren las inversiones de los fondos de pensiones y que debe establecerse una supervisión más estricta por parte de las autoridades. 
A esto podemos contribuir en la UE a fin de garantizar una mejor gestión de los riesgos. 
Todos nosotros, no cabe duda, nos hacemos viejos, y no es demasiado pedir que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad común de ahorrar para la vejez y contribuya a que las futuras generaciones no tengan que soportar cargas inaceptables, pues se trata igualmente de una cuestión de distribución intergeneracional. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Andersson, antes que nada, permítanme agradecer la labor tanto del ponente como de la Comisión. 
Me complace que apliquemos progresivamente el método abierto de coordinación a las pensiones. 
No se trata tanto de un debate como de un comienzo. 
Ignoro qué deberíamos hacer a largo plazo en materia de acceso, financiación y modernización de las pensiones. 
La propuesta plantea, entre otras cosas, diversas directrices. 
En mi opinión, la ventaja que presenta la propuesta de la Comisión reside en que ofrece una buena perspectiva de lo que está sucediendo y en que recoge una primera serie de medidas. 
Sin embargo, como ya he dicho, se trata de medidas a largo plazo. 
El Sr. Cercas puede hacer comentarios en relación con la próxima generación, pero ese es precisamente el problema al que nos enfrentamos. 
A corto plazo tendremos que hacer frente a un mercado laboral que está empantanándose en muchas partes de Europa, y la solución consistente en hacer que la gente trabaje durante más años no resulta eficaz a corto plazo. 
La Sra. Ainardi ya ha señalado que existe una serie de problemas en diversos Estados miembros, entre ellos Francia y Austria. 
En los Países Bajos, 20 000 personas se han manifestado para protestar contra el Gobierno, de mayoría liberal y democristiana, que ha ideado todo tipo de medidas para estimular la participación a largo plazo de las personas mayores en el mercado laboral. 
Por ejemplo, mediante la reducción de la jubilación anticipada, el plan de jubilación anticipada (VUT) , la prestación por desempleo de larga duración (WW) , la prestación general por desempleo y otras medidas similares. 
A este respecto no ha dejado, por cierto, margen para evitar estas medidas. 
Esto significa que la gente protesta actualmente contra un Gobierno neerlandés que tiene la intención de adoptar medidas de este tipo. 
Como ya he dicho, 20 000 manifestantes salieron a la calle para protestar. 
Lo que hace falta son políticas a corto plazo y, en ese sentido, el informe de Jan Andersson, de hecho, no profundiza en este tipo de problemas. 
Expongo los hechos tal como son. 
El informe no es un desastre. 
Es un primer paso. 
Sin embargo, en el próximo período habrá que añadir algo. 
Y ese hecho provocará todo tipo de problemas. 
Estoy de acuerdo en aumentar la edad efectiva de jubilación, pero, por el momento, nos deberíamos limitar a ver cómo resultan las cosas; por ello habrá que desarrollar alternativas para lograr un mayor equilibrio entre las políticas a corto plazo y las políticas a largo plazo. 
Señor Presidente, yo también quiero agradecer al Comisario y, en particular, al ponente su labor en esta cuestión. 
En cierto modo, solemos olvidar la situación que existía a finales del siglo XIX cuando las personas mayores, los enfermos y los desempleados carecían de todo tipo de protección hasta que se introdujo una mísera suma de dinero a finales de la década de 1870 para intentar dar algún tipo de protección a las personas de más edad. 
Afortunadamente, nuestra sociedad ha evolucionado en cuanto a la actitud de dar protección futura a las personas de edad, a aquellas personas que necesitan pensiones y a los más vulnerables de nuestra sociedad. 
Una de las cosas que todos hemos reconocido en el pasado es que no hemos hecho unas previsiones correctas para las futuras necesidades de cambio demográfico, reducción de la mano de obra en determinados casos y limitación del gasto fiscal. 
Nos enfrentamos ahora con lo que parece ser un problema súbito por cuenta de la población en general. 
Pero si pregunto a un antropólogo o a un científico de cualquier rama, hace 15 años ya se había señalado que se trataba de una cuestión que debía abordarse antes de 2015. 
Y solo ahora que empezamos a emprender acciones sobre esta cuestión. 
En especial, quisiera señalar que el Sr. Andersson ha formulado una propuesta equilibrada en su informe. 
Ha intentado crear soluciones para los problemas a los que ahora nos enfrentamos. 
Para ser justo con él- no estoy de acuerdo con todo lo que dice en la mayoría de los casos- también ha presentado prioridades a corto, medio y largo plazo que hay que llevar a cabo. 
En Irlanda disponemos de un sistema en el que reservamos un 1% del PIB para nuestras necesidades de pensiones futuras todos los años. 
Da una garantía a aquellas personas que necesitarán percibir pensiones en el futuro. 
Un aspecto que debemos estudiar es asegurar que la pensión se fije según un nivel de vida justo y razonable para que las personas disfruten de independencia y libertad de elección. 
Señor Presidente, yo también quiero agradecer calurosamente al ponente su labor, que es en parte suya y en parte el trabajo de otros. 
Por ello me gustaría extender un caluroso agradecimiento al Sr. Fatuzzo por su contribución. 
En mi opinión, se trata de una pequeña mezcla de lo mejor que ofrecen las culturas italiana y sueca. 
Por lo que a mí respecta, este trabajo debe mantenerse más o menos sin modificaciones. 
Resulta sumamente lamentable que el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica haya presentado estas enmiendas. 
Tengo que decir que he escuchado con gran interés a la Sra. Ainardi, quien me recordó a Luis XVIII, quien retornó después de la Revolución y del que la gente decía que no había aprendido nada y lo había olvidado todo. 
Considero incluso más lamentable que el Sr. Bouwman se muestre dispuesto a asociarse a esta declaración. 
En Europa nos enfrentamos a problemas reales en el ámbito de las pensiones. 
Por supuesto, podríamos mantener el régimen de pensiones, pero la mejor manera de acabar de destruirlo es haciendo lo que proponen las enmiendas del Grupo GUE/NGL, es decir, actuando como si no pasara nada, mientras el sistema muestra sus deficiencias. 
Después de todo, cuando se creó este régimen, la esperanza media de vida era de 63 años, dos años menos que los 65. 
Afortunadamente, la esperanza media de vida es bastante más elevada en la actualidad. 
En vista de ello resulta inadmisible que digamos que podemos continuar así indefinidamente. 
El Sr. Andersson apunta en una dirección determinada, y esta dirección cuenta con nuestro apoyo. 
Los planes de pensiones son ligeramente distintos en cada país y no pueden compararse entre sí, pero lo peor es que algunas personas se comportan como algunos pasajeros del Titanic, que pensaban que no pasaba nada mientras se hundía el barco. 
Esto es peligroso. 
Espero que la mayoría de este Parlamento- y deposito toda mi fe en ella- desea distanciarse de actitudes de este tipo y desean dedicarse a las personas que son las que realmente cuentan. 
Después de todo, los pobres no obtendrán ventaja alguna si al final se agota el dinero. 
Señor Presidente, me uno a todos los que han felicitado al Sr. Andersson por haber llevado a cabo un excelente trabajo. 
También me gustaría dar las gracias a la Comisión y al Consejo por su informe conjunto. 
En verdad ofrece una excelente perspectiva general de este tema tan importante. 
Espero que pueda usted, señor Presidente, solicitar a la Dirección General I que quizás uno de estos días organice una jornada de debate sobre un expediente social tan importante como éste. 
Se supone que estamos tendiendo puentes a los ciudadanos. 
Se trata de un tema que importa a muchos millones de ciudadanos. 
Es vergonzoso que, una vez más, se ventile en una sesión de noche. 
El informe Andersson subraya que es realmente necesario tanto para la estrategia de empleo como para la estrategia de Lisboa que se empiece a cumplir varios aspectos importantes: la gran desigualdad que persiste entre hombres y mujeres en el acceso y la participación en el mercado laboral se refleja en la gran desigualdad de género en el derecho a pensión. 
Incluso si alcanzamos el objetivo de Lisboa del 60% de participación de las mujeres en el mercado laboral, el propio objetivo reconoce que esta participación sigue siendo inferior que la de los hombres. 
Por lo tanto, es necesario que consideremos medidas complementarias en las líneas que se sugieren en el informe, como puede ser el fomento de la individualización del derecho a pensión e instando a los Estados miembros a que garanticen la continuidad de la participación en los planes de pensiones durante el permiso parental o permiso para el cuidado de los hijos u otras personas a cargo. 
Un segundo problema que el Sr. Andersson ha destacado y para el que hemos de redoblar esfuerzos a fin de resolverlo, es la necesidad de aumentar la edad de jubilación efectiva, no la edad de jubilación legal. 
Existe algo de confusión en determinados sectores sobre este punto. 
En estos momentos existe una cultura de jubilación anticipada ampliamente difundida en la Unión Europea. 
Serán necesarios esfuerzos continuos a largo plazo para cambiar las actitudes y enfrentarse a esta cultura. 
Pero existen pocos indicios de que siguiera hayamos empezado a abordar esta tarea. 
El informe conjunto sobre el empleo de la Comisión para 2002 informaba de que solo cuatro Estados miembros han adoptado estrategias nacionales efectivas sobre el envejecimiento activo. 
El mismo informe mostraba que los esfuerzos de la mayor parte de los Estados miembros para impartir educación y formación a los grupos de mayor edad siguen siendo deplorablemente insuficientes. 
Es preciso que la Comisión, en su próxima ronda de recomendaciones en las que examine los logros de los Estados miembros con respecto a las directrices establecidas, haga las recomendaciones más firmes posibles a los Estados miembros que siguen sin tratar de resolver estos y otros aspectos importantes. 
El último punto del informe que quisiera hacer resaltar se refiere a los trabajadores atípicos. 
Su inseguridad en el mercado laboral- y muchos de ellos son mujeres- volverá a reflejarse en las próximas décadas en la falta de seguridad en sus últimos años de vida, a menos que se haga algo para mitigar esta inseguridad. 
Es verdaderamente vergonzoso que varios Gobiernos de Estados miembros- incluido el mío- se hayan opuesto con cuerpo y alma a la propuesta de directiva sobre los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. 
Cuanto más se retrase, tanto más se van a socavar las anteriores Directivas sobre trabajo a tiempo parcial y trabajo de duración determinada, puesto que el trabajo temporal resulta ser la opción favorita de los empresarios para quienes la palabra «flexibilidad» significa obtener el máximo de trabajo por la menor retribución posible. 
El trabajo temporal se convertirá en un pozo sin fondo cada vez mayor con dos categorías de mano de obra. 
Al final, toda la sociedad europea tendrá que enfrentarse a las consecuencias. 
Espero, incluso a estas alturas, que los Gobiernos afectos- incluido el mío- entren en razón y nos ayuden a adoptar una legislación sensible que refuerce el criterio de que la flexibilidad puede efectivamente ser un concepto positivo tanto para los empresarios como para los trabajadores. 
Señor Presidente, los planes de pensiones, gestionados a través de programas públicos universales y comunes, constituyen un medio fundamental para lograr la integración social. 
Sin pensiones, prestaciones y otras formas de asistencia social, el nivel de pobreza en la Unión Europea superaría el 40%. 
Por consiguiente, cualquier modernización de los regímenes públicos de seguridad social deben tomar en cuenta este hecho. Sin embargo, la mayoría de los Estados miembros que están introduciendo estas reformas no lo han hecho. 
Conocemos bien la pertinaz resistencia de los trabajadores a medidas que amenazan sus derechos fundamentales en este ámbito. Aquí ya se han mencionado los casos de Francia, Portugal, Alemania y Grecia. 
Sin embargo, este informe no hace lo suficiente para evitar estas posiciones, que conducen a la reducción de derechos y de la cobertura de bienestar. 
De ahí la serie de propuestas que hemos presentado, entre las cuales me gustaría hacer hincapié en las siguientes: 
una referencia a las crecientes dificultades a las que tienen que hacer frente los fondos de pensiones tras la caída de los mercados bursátiles mundiales, fenómeno que demuestra ampliamente que los crecientes riesgos que corren los mercados financieros tienen un efecto negativo sobre la adecuación y sostenibilidad de la financiación de las pensiones; 
una crítica del carácter antisocial de la mayoría de las reformas aplicadas recientemente en algunos Estados miembros, los cuales han reducido las pensiones públicas de forma considerable e intentado aumentar la edad de jubilación; 
una nota sobre la importancia que reviste adoptar estrategias para reformar los planes de pensiones a nivel europeo y nacional, fomentar el pleno empleo junto a los derechos sociales que refuerzan y dan nuevos ímpetus a los regímenes públicos de pensiones al ampliar su base financiera, al garantizar que las empresas cumplan sus obligaciones financieras y al incrementar los mecanismos de reparto de los pagos en el tiempo. 
por último, un rechazo de todas las tentativas destinadas a debilitar o sustituir los regímenes públicos basados en los principios de reparto en el tiempo y la solidaridad, señalando que, a fin de garantizar los regímenes de pensiones a largo plazo resulta indispensable ampliar el ámbito de sus criterios de elegibilidad y estudiar nuevas maneras de financiar los regímenes de pensiones obligatorias, en particular mediante la extensión de las cotizaciones sociales a todos los rendimientos financieros y el establecimiento de módulos para empresas basados en el número de puestos de trabajo que han creado. 
Señor Presidente, también yo felicito a la Comisión y al Consejo por la calidad de su informe conjunto y, en especial, al ponente por su informe tan convincente sobre esta cuestión tan importante. 
Confío en que los Estados miembros en particular tomarán nota de que la cuestión de las pensiones suficientes y sostenibles supone un problema hoy en día, será un problema mucho mayor mañana y exige que se tomen medidas ahora mismo. 
Felicito en especial al ponente por su ardua tarea de incorporar las enmiendas de diputados de los diferentes partidos, que también están muy interesados en esta cuestión. 
De hecho, le agradezco que haya aceptado incluir cinco de las mías: sobre la definición del objetivo; proporcionar cantidades justas y suficientes a las personas mayores e impedir la pobreza en la vejez; sobre la definición de la gravedad del problema; sobre la importancia de promover la transferibilidad de las pensiones; y, en particular, sobre la desgracia de que determinadas instituciones de la UE continúen con sus prácticas de discriminación no permitiendo que los trabajadores de edad soliciten puestos de trabajo, una cuestión que he planteado en varias ocasiones al Comisario Kinnock y que, lamentablemente, solo ha merecido bravuconadas en respuesta. 
Dado que el ponente ha aceptado tantas cosas, probablemente sería una grosería por mi parte lamentarme de que no haya aceptado mi enmienda que manifiesta que las pensiones seguras a prueba de inflación para los trabajadores del sector público, como pueden ser los diputados a este Parlamento, se consideran injustas por aquellas personas que participan en planes de empresa que dependen de los resultados del mercado de valores en el mundo real. 
Creo que hemos de mostrar que lo reconocemos. 
Después de todo, es la realidad. 
Dicho esto, su informe reconoce que se trata de un problema También pretende centrar la atención sobre lo que es necesario llevar a cabo. 
En los próximos 50 años, el número de personas mayores de 65 años se va a duplicar y va a pasar de un 25% a quizás un 50% de la población. 
En las zonas rurales, incluida gran parte de mi propia circunscripción electoral de la región de West Midlands, el porcentaje podría incluso ser más alto. 
Su informe merece el apoyo de toda esta Asamblea. 
A buen seguro que cuenta con el mío. 
Señor Presidente, el punto principal del que ha hablado el Sr. Andersson en su aportación de esta noche es la necesidad de llegar a un equilibrio entre las preocupaciones sociales y financieras. 
Está claro que este equilibrio es necesario. 
Me parece que una de las cuestiones principales que se plantean, al menos en relación con la pobreza en la vejez, está relacionada con las mujeres. 
Todas las estadísticas muestran que debido al trabajo intermitente, las interrupciones de su historial laboral, los compromisos familiares, etc., terminan casi siempre en una situación de pobreza peor que la de los hombres. 
Si se añade a esto que también viven durante más tiempo que los hombres, resulta que hay un mayor número de mujeres ancianas que hombres después de una determinada edad. 
Es necesario que abordemos la cuestión de la financiación de las pensiones. 
Tal como ha dicho el Sr. Crowley, en Irlanda hemos creado un fondo donde todos los años se ingresa un 1% del PIB y, en estos momentos, ya existen algunos miles de millones en este fondo; de hecho, hay tanto dinero que ya se pelean sobre cómo y dónde invertirlo. 
Sin embargo, se trata de un intento de asegurar que existe un fondo para el futuro. 
Somos afortunados en la medida en que registramos un retraso demográfico de unos 20 a 25 años, por lo que la inflexión demográfica que azota al resto de Europa, de momento no afectará a Irlanda por algún tiempo. 
Sin embargo, sabemos que llegará. 
Otro intento de abordar esta cuestión es la creación de cuentas personales de ahorro para la jubilación, en que las personas, con la ayuda de su empresa, pueden abrir una cuenta y depositar dinero, lo que les proporcionará un fondo de pensiones en un momento dado. 
La dificultad radica en que las entidades financieras que tienen la responsabilidad de vender estos productos se resisten a ello, en la mayoría de los casos, ya que no pueden generar dinero suficiente entre las categorías de personas a las que se destinan, principalmente la parte de la mano de obra con la renta más baja. 
Es necesario abordar esta cuestión. 
Lo que estoy intentando decir con esto es que no es necesario que seamos excesivamente pesimistas, siempre que tomemos ahora decisiones políticas sobre lo que vamos a tener que afrontar en el futuro. 
No basta con retorcernos las manos, ni que los Estados miembros, tal como ha señalado el Sr. Hughes, se opongan a la Directiva sobre cesión temporal de trabajadores- que establece cierto grado de seguridad para determinadas categorías de trabajadores- y luego pretender que van a hacer algo serio sobre las pensiones, cuando en realidad lo que hacen es minar la posibilidad para muchos miles de trabajadores de disponer de suficientes aportaciones, incluso para una pensión estatal. 
Para concluir, es realmente necesario que exista algún pensamiento común en este terreno. 
Señor Presidente, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y yo consideramos que un régimen de pensiones debe basarse en la solidaridad entre generaciones. 
Por ello estoy a favor de un régimen de «reparto de los pagos en el tiempo» , que resulta mucho más estable. 
Los regímenes basados en el ahorro, que dependen de una forma u otra de los mercados de capitales, constituyen un proyecto mucho más inestable. 
En mi país, Suecia, que ha sido considerado un modelo por algunos sectores, hemos emprendido el camino hacia la capitalización de los regímenes de pensiones y de una mayor dependencia de los mercados de capitales. 
Con la victoria del «no» en el referéndum sueco sobre el euro, hemos obtenido una libertad ligeramente mayor por lo que hace a la política económica y en materia de pensiones. 
Y creo que es precisamente eso lo que querían los suecos que votaron negativamente: una mayor libertad de acción y solidaridad como característica del desarrollo de Suecia. 
Señor Presidente, quiero centrar mi intervención en el excelente informe del Sr. Andersson sobre la adecuación y sostenibilidad de las pensiones. 
El hecho de que el Parlamento desempeñe un papel activo en el debate sobre las pensiones resulta positivo, ya que las pensiones y la forma en que las pagamos será uno de los mayores desafíos sociales y económicos de las próximas décadas. 
En la actualidad, la vejez no es sinónimo de pobreza, gracias a que los regímenes públicos de pensiones obligatorias y los planes de pensiones privados y políticas de seguros privados que las complementan constituyen para muchos europeos una garantía de que podrán mantener su nivel de vida tras la jubilación. 
Sin embargo, es necesario reducir la brecha generacional mediante una reforma firme de los regímenes de pensiones, de manera que el aumento de estas últimas no se convierta en una carga para las próximas generaciones. 
Cuatro factores pondrán en peligro los regímenes públicos de pensiones, si no se llevan a cabo las reformas necesarias. 
Dichos factores son: la creciente esperanza de vida junto con el descenso de las tasas de natalidad, el desempleo de larga duración y el comienzo tardío de la vida laboral. 
La generación de la gran tasa de natalidad comienza a jubilarse en esta década y la proporción entre el número de personas que recibirán una pensión y aquellas que trabajarán se habrá doblado en 2050. 
En algunos Estados miembros, los regímenes de pensiones con cargo al erario público representan una quinta parte del PIB. 
En mi opinión, los regímenes de pensiones han logrado, en general, su objetivos sociales. 
Sin embargo, para reforzar el pago de las pensiones resulta prioritario aumentar la edad de jubilación, incrementar la gama de formas complementarias de financiación y aumentar los ahorros a largo plazo de los particulares. 
A escala comunitaria necesitamos coordinar la fiscalidad de las pensiones de jubilación a fin de facilitar el traslado de las personas de un país a otro, y una legislación exhaustiva en materia de mercado interior para las entidades que ofrezcan pensiones de jubilación. 
En la Unión Europea podemos desempeñar un papel en la desactivación de la bomba de las pensiones si fomentamos el desarrollo de planes de pensiones y ahorro personales transfronterizos. 
Espero que el Parlamento desempeñe igualmente, en vista de la solidez de este excelente informe del Sr. Andersson, un papel activo en esta materia en el futuro. 
Señor Presidente, la Unión Europea considera que las pensiones son otro gasto más que debe reducirse en el marco de la disciplina financiera impuesta por el Pacto de Estabilidad, y se muestra indiferente ante las necesidades de quienes se han jubilado. 
Con el pretexto que le brinda el envejecimiento de la población, está promocionando un aumento de la edad de jubilación, una prolongación de la vida laboral, recortes de las pensiones, la disociación entre pensiones y salarios, y el aumento de las cotizaciones que pagan los trabajadores. 
Al mismo tiempo, con sus recientes reformas, la Unión Europea y los Estados miembros están utilizando las pensiones para apoyar la rentabilidad de las grandes empresas. 
Reducen las prestaciones de las empresas y ofrecen a éstas los recursos y reservas de los fondos de pensiones, fomentando la diversificación de los fondos de pensiones de jubilación y obligando a los trabajadores a recurrir a planes de pensiones privados, exponiendo así sus pensiones a los riesgos que encierran los mercados financieros. 
Nosotros proponemos una política distinta, en la que las pensiones respondan a las necesidades sociales modernas. 
Nosotros y los trabajadores pedimos que se reduzca la edad de jubilación y la vida laboral, que los fondos de pensiones sean financiados con cargo al presupuesto nacional y que se aumenten las cotizaciones de las empresas, junto con una reducción de las que pagan los trabajadores. 
Este tipo de régimen de seguridad social solo lo pueden imponer los trabajadores a través de su lucha contra las opciones adoptadas por las grandes empresas y la Unión Europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0302/2003) del Sr. Jonckheer, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el proyecto de Directiva del Consejo por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (8084/2003 C5-0192/2003 1997/0111 (CNS) ). 
. 
(EN) Señor Presidente, tras más de seis meses de negociación, el Consejo ha llegado finalmente a un acuerdo sobre la fiscalidad de la energía. 
Dado que el texto del acuerdo modifica significativamente la propuesta de 1997 de la Comisión, ésta ha solicitado al Consejo que se vuelva a consultar al Parlamento. 
Estoy convencido de que el Parlamento y la Comisión comparten el mismo análisis: todos nosotros hubiéramos preferido un acuerdo más ambicioso, en particular en lo que se refiere a la aproximación de los tipos impositivos. 
Ello es debido principalmente al proceso de toma de decisiones y al requisito de unanimidad en el Consejo. 
La codecisión y el voto por mayoría cualificada hubieran dado, sin lugar a dudas, un resultado mejor para el mercado interior. 
Sin embargo, me complace mucho ver que las comisiones parlamentarias competentes para el análisis del texto- la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía- han respaldado el acuerdo. 
Esta futura Directiva sigue siendo un paso positivo, tanto para el mercado interior como para las políticas de desarrollo sostenible. 
En ese sentido, nada ha cambiado si se compara con la opinión del ponente sobre la propuesta inicial en el periodo de sesiones de 1998/1999. 
Según recordará, señor Presidente, en aquel entonces se dijo que la propuesta era «modesta pero útil». 
Ahora quisiera agradecer al Parlamento y a los ponentes, el Sr. Jonckheer y el Sr. Caudron, por su rápido examen del texto. 
Es de suma importancia que la opinión del Parlamento se apruebe lo más pronto posible, para que la Directiva pueda entrar en vigor en la fecha prevista, el 1 de enero de 2004. 
Responderé al final del debate dando la opinión de la Comisión sobre algunas de las enmiendas. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Jonckheer por su excelente labor, y creo que, de ser aprobada, la Directiva será muy positiva. 
En mi opinión se trata de una señal buena y positiva de que se están intentando conciliar los aspectos medioambientales con una sana competencia en los mercados energéticos. 
Se necesitan niveles mínimos comunes de tributación de la energía, y el principio de quien contamina paga reviste gran importancia, siempre que prestemos atención a los efectos que tiene sobre la competencia y el empleo. 
Además, el sistema de comercialización de los negociación de derechos de emisión, que comienza a aplicarse, constituye un medio importante de regulación, por lo cual también podemos evitar que la normativa se solape con ella, como sería el caso de la fiscalidad de los productos energéticos y las diversas exenciones propuestas hasta ahora. 
Por lo que hace a la fiscalidad de la energía, los recursos naturales renovables deberían recibir en general un trato favorable y, del mismo modo, deberían concederse exenciones fiscales a los nuevos combustibles que resulten particularmente inocuos para el medio ambiente. 
De este modo podemos utilizar incentivos financieros para dirigir a los consumidores y a la industria hacia un uso de la energía que sea respetuoso del medio ambiente. 
La propuesta de la Comisión en materia de incentivos fiscales para determinados biocarburantes merece nuestro firme apoyo. 
Si bien esta Directiva no aborda directamente la cuestión del hidrógeno, por ejemplo, este gas es y será en el futuro una importante fuente de energía que con el tiempo sustituirá claramente al petróleo, sobre todo en el sector del transporte. 
Resulta evidente que debemos apoyar al hidrógeno en materia fiscal. 
Sin embargo, no debemos olvidar que cualquier forma de fiscalidad que se desvíe de la fiscalidad neutral tiene efectos sobre la actividad del mercado y, por ese motivo, las posibles medidas de apoyo de este tipo deben tener un carácter temporal y excepcional a fin de promocionar los nuevos combustibles y métodos de producción. 
La atribulada industria aeronáutica ha gozado durante mucho tiempo de exenciones fiscales para el combustible de las aeronaves. 
La fiscalidad en este ámbito resulta problemática, ya que las aeronaves pueden elegir libremente el lugar donde repostar. 
Si se establece un impuesto sobre los combustibles aéreos dentro de la UE, pero no fuera de esta, repostarán fuera de la Unión. 
Por ello debe respetarse el acuerdo internacional sobre la exención fiscal de los combustibles aéreos. 
Los Estados miembros tienen un derecho, que no deben perder, a decidir por sí mismos en materia de impuestos sobre los combustibles de consumo local. 
Estos combustibles, como la turba, por ejemplo, que tiene gran importancia en mi país, no revisten importancia para la viabilidad del mercado interior, pero a nivel local pueden resultar fuentes importantes y necesarias para el suministro de energía y el empleo. 
En Finlandia y los demás países escandinavos, los impuestos sobre la energía se aplican extensamente, de manera que dichos países no tendrían problemas ni siquiera con unos períodos transitorios más breves. 
Sin embargo, he cedido a la voluntad de la mayoría de mi Grupo. Mi Grupo no está a favor de un calendario más reducido, como el propuesto por el Sr. Jonckheer. 
En otras palabras, yo personalmente habría estado dispuesto a ir más lejos en este aspecto. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, me gustaría dar las gracias al ponente por su labor, y comparto su desilusión por la solución minimalista alcanzada. 
Asimismo, el Comisario Bolkestein ha dejado muy claro que esta solución minimalista supone un pequeño avance, pero que la Unión Europea no ha logrado adoptar un enfoque coherente en materia de fiscalidad de la energía. 
Sin embargo, este planteamiento sigue siendo coherente, y tras la experiencia de la coordinación fiscal, casi debemos mostrarnos agradecidos porque, una vez más, hemos podido ver hasta qué punto la norma de la unanimidad para las decisiones en materia fiscal impide el funcionamiento del mercado interior. 
Es sumamente lamentable que el Cuarto Programa de Acción en materia de medio ambiente, que contemplaba que el desarrollo sostenible y la economía podrían estimularse no solo a través de normativas medioambientales, sino también mediante normativas fiscales, no pudiera aplicarse, de modo que la trágica historia de esta Directiva se remonta más allá de 1999. 
Además, la Directiva también presenta defectos- como ya se ha señalado- como los bajos tipos impositivos mínimos, la falta de indexación de estos tipos impositivos mínimos y la dificultad de las excepciones. 
En esta Cámara ya hemos debatido en varias ocasiones la cuestión de las excepciones. 
Creo que siempre hemos estado de acuerdo en que deben establecerse excepciones para las empresas que utilizan grandes cantidades de energía, pero que estas excepciones deben al menos incluir condiciones que permitan hacer frente a la situación. 
Esto no ha sido así, de forma que esta Directiva está condenada a ser seguida muy pronto por otra. 
Lo positivo es que esta Directiva constituye no solo un marco para la fiscalidad de todos los tipos de energía, entre ellos la electricidad, sino que también apoya la promoción de las fuentes de energía renovables y, por consiguiente, sin duda impulsará el desarrollo de dichas fuentes. 
Eso es positivo, pues sabemos que la energía renovable concede, no solo a Europa, sino también a la civilización mundial, una oportunidad, ya que todos nos beneficiamos de los incentivos fiscales al utilizar formas de energía respetuosas con el medio ambiente. 
La energía primaria generalmente no cuesta nada y, además, puede obtenerse y convertirse en el lugar que se consume. 
De este modo, el efecto rector de los incentivos fiscales para el consumo de energía constituye un complemento importante de la política de la UE en materia de medio ambiente y, en mi opinión, también del sistema de comercialización de los derechos de emisión. 
En lugar de ver en ello una contradicción, considero que viene a unirse a los instrumentos que dirigen nuestras economías y vidas europeas hacia el desarrollo sostenible. 
Igualmente debemos estar contentos de que esta Directiva permita la aplicación definitiva de medidas para el tratamiento fiscal preferente concedido a los biocarburantes, aspecto sobre el que ya hemos llegado a un acuerdo, pero cuya regulación iba unida, lógicamente, a la fiscalidad en general. 
También considero que los objetivos que hemos fijado son alcanzables. 
Tan solo me gustaría destacar una vez más que muchos Estados miembros se han aprovechado, en el pasado, de los ingresos generados por los impuestos medioambientales, en particular de los impuestos sobre la energía. 
Por ello me complace que, entretanto, al menos tengamos la posibilidad de llegar a un acuerdo a escala europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, deseo comenzar dando las gracias al ponente por su labor. 
Estoy de acuerdo con él en que la propuesta es un pequeño paso en la dirección correcta. 
El Sr. Cox ya redactó un informe similar en 1999. 
Si el Consejo hubiese aceptado sus recomendaciones, las condiciones básicas serían diferentes en la actualidad. 
Como dice el Comisario, el largo periodo que requiere el debate de esta cuestión pone de manifiesto la importancia de que lleguemos a un procedimiento sensato para la toma de decisiones. 
Los problemas medioambientales de la actualidad deben considerarse desde una perspectiva paneuropea. 
La UE constituye un instrumento único para adoptar normas comunes en materia medioambiental. 
La política de la UE en esa materia debe desarrollarse mediante un mayor número de normas mínimas y tasas medioambientales. 
Debemos poder adoptar decisiones sobre dichas normas y tasas mediante mayoría cualificada. 
Como es bien sabido se trata de una cuestión sumamente delicada. 
Algunos de mis colegas diputados se estremecen al oír la palabra impuestos de la UE. 
Sin embargo, espero que la Conferencia Intergubernamental sea capaz de idear soluciones en materia de impuestos medioambientales y sobre la energía, junto con un sistema decisorio sólido. 
La tarea de la UE y de los Estados miembros en el ámbito energético consiste en formular los requisitos relativos a la seguridad y el medio ambiente, verificar el cumplimiento de dichos requisitos y promover la investigación y el desarrollo en el sector de la energía, con el objetivo de sustituir la producción de energía a base de combustibles fósiles por fuentes de energía respetuosas con el medio ambiente. 
No obstante, debemos tener mucho cuidado de que, si utilizamos la fiscalidad como arma, no reduzcamos gravemente la competencia en el sector de la energía. 
La mejor manera de llevar a cabo una política racional en materia de energía es el libre comercio y la libre producción de energía. 
Señor Presidente, señor Comisario, Sr. Jonckheer, Señorías, la semana pasada estuve en Moscú con una Delegación de este Parlamento, donde intentamos convencer al Parlamento ruso, la Duma, de la necesidad de firmar y aplicar el Protocolo de Kioto, cosa que no era pan comido. 
Pedimos a los rusos que hagan un esfuerzo para luchar contra el cambio climático y la contaminación del medio ambiente. 
Yo sentí personalmente la necesidad de esta medida al sufrir una grave irritación pulmonar durante mi estancia en Moscú. 
Incluso en Rusia un medio ambiente limpio tiene su precio, a pesar de las promesas de apoyo económico y cooperación. 
Destacar esta necesidad en Moscú resulta aún más difícil, visto que en la Unión Europea nos mostramos tan renuentes a pagar un precio por un mejor medio ambiente. 
El proyecto de Directiva del Consejo relativa a los impuestos sobre la energía constituye un sorprendente ejemplo de la falta de unanimidad a la hora de hacer esfuerzos para lograr un mejor medio ambiente. 
Durante más de diez años se ha debatido y negociado acerca de un impuesto medioambiental sobre la energía. 
Tan solo hace seis meses, bajo la Presidencia griega, parecía posible acordar un texto de compromiso. 
Sin embargo, se llegó a un compromiso que dejaba mucho que desear. 
Mi primera observación es que el Consejo todavía carece de la visión y la audacia para actuar de forma decisiva y trasladar la presión fiscal del sector laboral a la contaminación medioambiental. 
De este modo se podría promover el empleo y poner un precio real a la contaminación del medio ambiente. 
Otra crítica se refiere a los numerosos intereses de los Estados y las industrias que toma en consideración la propuesta. 
A resultas de ellos, la propuesta recoge demasiadas excepciones y exenciones. 
Por ello, las enmiendas que pretenden limitar las condiciones para las excepciones cuentan con mi apoyo. 
Me gustaría exponer unas cuantas cuestiones más. 
En primer lugar, quiero abogar por que los biocarburantes queden exentos del impuesto sobre la energía. 
De esta manera daríamos una oportunidad para el desarrollo de estos carburantes limpios. 
Resultaría sumamente ridículo conceder subvenciones para promover los biocarburantes, por una parte, y gravar fiscalmente estos carburantes, por otra. 
En segundo lugar, quiero señalar que es sumamente importante que se tenga en cuenta la propuesta sobre el sistema de comercialización de los derechos de emisión. 
Ambos instrumentos pueden coexistir y complementarse mutuamente. 
Quiero hacer una advertencia al Consejo para que se asegure de que las Directivas no se solapen durante su aplicación. 
Por último, en su informe el ponente aboga a favor de la abolición de la unanimidad en las decisiones en materia fiscal. 
Si bien considero que los impuestos sobre la energía constituyen un instrumento valioso por su contenido, no puedo estar de acuerdo con la norma que exige la unanimidad. 
Por ello no votaré a favor de la enmienda 13, aunque apoyo el resto del informe del Sr. Jonckheer. 
La idea de que los impuestos sobre la energía son un complemento de los acuerdos alcanzados en materia de comercialización de derechos de emisión ya ha sido debatida con anterioridad. 
Ha llegado la hora de que actuemos con seriedad a la hora de su aplicación. 
Señor Presidente, la cuestión que nos ocupa ha levantado ampollas en el Consejo. 
Sin embargo, el largo período durante el cual el Consejo ha examinado esta cuestión- más de cinco años- ha sido una desilusión. 
Ha llegado la hora de dejar a un lado la desilusión, y avanzar en el debate sobre la Directiva es el siguiente paso en una dirección ineludible. 
Me alegra observar que este es el mismo enfoque práctico que refleja el informe redactado por el ponente del Parlamento. 
El Consejo se ha declarado dispuesto a adoptar los instrumentos necesarios para desvincular el crecimiento económico del consumo de energía. 
La Comisión también ha hecho suyos esos objetivos, al igual que el Parlamento. 
Por consiguiente, en principio no existe obstáculo alguno para llevar a cabo un cambio significativo, que resulta urgentemente necesario en la práctica. 
La Directiva objeto de debate ofrece una oportunidad para hacerlo y nuestra responsabilidad consiste en que se aplique con rapidez. 
En la economía europea integrada, la solución debe ser más coherente que nunca antes. 
Si bien los impuestos sobre la energía satisfacen las necesidades parlamentarias de los Estados miembros, al mismo tiempo ofrecen un medio para reducir la fiscalidad del trabajo y el empleo, y constituyen un instrumento eficaz y preciso en lo que, desde el punto de vista ecológico, es la dirección correcta. 
Los impuestos sobre los productos energéticos es eslabón perdido que une todos los pequeños componentes del desarrollo sostenible. 
Asimismo me gustaría plantear la cuestión de la relación que existe entre los impuestos sobre la energía y la Directiva sobre el sistema de comercialización de los derechos de emisión aprobada recientemente. 
Algunos estudios independientes muestran que la respuesta al problema del cambio climático será más favorable en general en términos económicos si la reducción para los sectores situados fuera del sistema de comercialización de derechos de emisión se fija en el nivel adecuado. 
Las medidas de carácter general para todos los sectores no producirán ese resultado, pues necesitamos un régimen fiscal exhaustivo para la energía. 
Tenemos que asegurarnos de que cada sector industrial quede comprendido en el ámbito de los impuestos sobre la energía o bien del sistema de comercialización de derechos de emisión. 
De esa manera, a través de la tributación, cada empresa conocerá un precio máximo que es el equivalente al coste marginal para la sociedad. 
Europa necesita urgentemente un ambicioso régimen fiscal para la energía. 
Parecer que la Comisión y el Parlamento deberán asumir conjuntamente la responsabilidad de su creación. 
. 
(EN) Señor Presidente, el realismo político ha llevado a la Comisión a concluir que en esta fase no procede modificar su propuesta de 1997. 
Una modificación formal de la propuesta de la Comisión prorrogaría significativamente la entrada en vigor de la Directiva, e incluso podría poner en peligro su aprobación durante esta legislatura. 
Pero como el Consejo examinará las enmiendas propuestas a principios de octubre, la Comisión se esforzará por incluir las enmiendas pertinentes en la Directiva. 
En este contexto, la Comisión podría aceptar en principio las enmiendas 1, 2, 3, 7, 8, 12 y 13. 
Respecto a la enmienda 2, quisiera señalar que tengo la intención de presentar una propuesta específica sobre este tema a principios del año que viene. 
La verdadera cuestión en que se basa la enmienda 4 es el establecimiento de una definición común para unidades de referencia en la Directiva. 
La Comisión persigue esta meta en el grupo de trabajo del Consejo. 
Asimismo, a pesar de sentir cierta simpatía por las enmiendas 6, 9, 14 y 15, la Comisión considera que reabrir estas cuestiones podría hacer peligrar todo el compromiso. 
Por consiguiente, la Comisión lamenta que no pueda apoyar estas enmiendas. 
La Comisión, además, no apoya las enmiendas 5, 10, 11, 16, 17 ó 18. 
Hasta aquí en lo que se refiere a las enmiendas. 
También quisiera hacer algunas observaciones generales. 
En primer lugar, los diputados al Parlamento entenderán que todo este asunto cada vez es más difícil debido a la existencia de la regla de la unanimidad. 
La Comisión ha propuesto cambios muy modestos a la regla de la unanimidad en forma de mayoría cualificada en los ámbitos de simplificación, modernización, cooperación contra el fraude y el establecimiento de una base fiscal armonizada para el impuesto de sociedades. 
Sin embargo, soy pesimista en cuanto a la posibilidad de que se acepten estas propuestas tan modestas. 
Es lamentable, pero es la realidad. 
Por último, voy a hacer una observación dirigida a la Sra. Kauppi. 
La Sra. Kauppi ha dicho que el hidrógeno es una fuente de energía, pero lamento tener que decir que esto no es verdad. 
Sí, se puede utilizar el hidrógeno en los automóviles y puede que en el futuro en los aviones, pero para utilizar hidrógeno primero hay que obtenerlo. 
Para producir hidrógeno se necesita electricidad. 
Por lo tanto, temo que cualesquiera que sean las ventajas de la denominada economía del hidrógeno- y la Comisión es plenamente consciente de sus ventajas -, no debemos olvidar que para obtener hidrógeno hay que producirlo y esto cuesta electricidad, mucha electricidad. 
Por último, me gustaría agradecer al ponente su excelente trabajo. 
Gracias, Comisario Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede a la pregunta oral a la Comisión (O-0062/2003) formulada por la Sra. Boogerd-Quaak, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la transmisión de datos personales por las compañías aéreas en los vuelos transatlánticos. 
Señor Presidente, señor Comisario, desde el mes de marzo de este año, el Parlamento y la Comisión se han aproximado considerablemente en esta cuestión. 
Es decir, el Sr. Bolkestein escribió una excelente carta al Sr. Ridge, pero el resultado final de esta última resulta algo menos convincente. 
De su intervención ante la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores deduje que tiene la seria intención de que se cumplan la Directiva 95/46/CE y el Reglamento 22/99/89. 
A pesar de ello, señor Presidente y señor Comisario Bolkestein, ayer mantuvimos un largo debate en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre una resolución en la que deseamos transmitir la idea de que en Europa deben respetarse determinadas normas mínimas. 
Esta resolución fue aprobada ayer gracias al grado de unanimidad que existe en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
No obstante, consideré que usted debería tener la oportunidad de responder a nuestras preguntas, de forma que podamos incluir su respuesta en nuestra resolución. 
Nuestro objetivo es anunciar una posición común que pudiéramos igualmente trasladar a los Estados Unidos, ya que las negociaciones realmente importantes deberán concluir en ese país. 
En la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores se hicieron diversas sugerencias, entre ellas si no sería posible después de todo poner fin a la situación existente antes de los dos meses propuestos, por ejemplo, mediante la imposición de un sistema obligatorio a las líneas aéreas en esta fase. 
Asimismo me gustaría preguntarle- pues no pude entender con claridad lo que dijo en su intervención ante la comisión parlamentaria- si está de acuerdo con nosotros en que deberíamos desarrollar lo antes posible una norma europea sobre la base de la recomendación del Grupo de Trabajo sobre protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales- artículo 29 de la Directiva 95/46/CE. 
¿Coincide con nosotros en que deberíamos transmitir únicamente información limitada, como la que figura en el pasaporte y el billete de avión? 
La cuestión relativa al almacenamiento de datos también requiere una mayor atención. 
En mi opinión, el período de almacenamiento no debería superar la duración de la estancia. 
Entre seis y siete años me sigue pareciendo demasiado tiempo. 
A la hora de comprar los billetes debe informarse a los pasajeros de que se requieren estos datos. 
Asimismo, para nuestra comisión es sumamente importante que los pasajeros tengan la oportunidad de corregir los datos incorrectamente transmitidos de forma rápida, eficiente e independiente, y que exista un proceso judicial transparente en los Estados Unidos. 
Resulta inaceptable que nuestros ciudadanos tengan problemas en ese país. 
Entretanto, esta cuestión se ha planteado igualmente a nivel internacional. 
Como usted sabe, el 12 de septiembre pasado se celebró en Sydney una conferencia en la que participaron los miembros del Comité de Protección de Datos. 
En ella se adoptó una resolución sobre esta cuestión, y me gustaría conocer la opinión del Comisario sobre la propuesta de celebrar un acuerdo internacional en este ámbito. 
Según esta resolución, dicho acuerdo internacional recogería en todo caso los siguientes elementos: 
las condiciones exigidas para la protección de los datos; 
el motivo de la recopilación de datos; 
una lista definida de los datos exigidos, que no debería ser excesiva; 
plazos estrictos para el período de almacenamiento; 
información adecuada a las personas afectadas; 
y métodos para corregir los posibles errores en los datos. 
De hecho, esto es más o menos lo que también desea el Parlamento. 
¿Qué opina de esto? 
¿Considera que un acuerdo internacional sería una solución viable? 
Además, me gustaría saber de boca del Sr. Bolkestein lo que espera lograr en los próximos dos meses con los Estados Unidos, en vista de que se ha avanzado muy poco en los últimos seis meses. 
Quiero señalar asimismo al Sr. Bolkestein que el curso que ha tomado este asunto también ha dado lugar a inquietud en los Estados Unidos. 
Hace unos cuantos días leí en el periódico que en los Estados Unidos se había sabido que la compañía aérea Jet Blue había transmitido en secreto los datos personales de más de 1 millón de pasajeros a una oficina del Pentágono. 
La Asociación Americana de Libertades Civiles considera que este es un «régimen totalmente antiamericano de controles fronterizos». 
Un ciudadano estadounidense que estaba trabajando el 11 de septiembre en el World Trade Center y que por suerte sobrevivió, indica que si bien comprende que la seguridad es importante, no se debería proceder de esta manera, pues resulta absurdo. 
Los Estados Unidos están haciendo presión para imponer sus propias normas, ¿no deberíamos hacer nosotros otro tanto? 
Esto me lleva a otra cuestión que no forma totalmente parte de las competencias de este Comisario: ¿no sería preferible luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo mediante la creación de un sistema trasatlántico basado en las líneas del sistema europeo de Schengen para el intercambio de datos sobre personas potencialmente peligrosas? 
En mi opinión, la solución tiene dos aspectos. 
En primer lugar, necesitamos regular con eficacia la protección de datos y, después, buscar otra forma de luchar contra el terrorismo. 
. 
(EN) Señor Presidente, tal como he dicho a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores el 9 de septiembre de 2003, y de acuerdo con los mensajes que he recibido de los diputados en esa ocasión, la Comisión prosigue sus negociaciones con las autoridades estadounidenses que reciben los datos personales de los pasajeros transmitidos desde la Unión Europea con el fin de obtener mejores compromisos en cuatro cuestiones principales. 
En primer lugar, voy a tratar el uso restringido. 
Hasta ahora, los Estados Unidos se han negado a restringir el uso de los datos personales de los pasajeros a la lucha contra el terrorismo. 
Los estadounidenses también quieren cubrir otros delitos penales internos graves. 
Hasta la fecha, no han estado dispuestos a limitar más estos últimos. 
En segundo lugar, en lo que se refiere al alcance de los datos requeridos, los Estados Unidos solicitan 39 elementos diferentes de datos personales, lo que resulta difícil considerar necesario o proporcionado para el uso previsto. 
La Comisión pretende que los Estados Unidos reduzcan la lista de 39 elementos. 
En tercer lugar, los períodos de conservación de los datos siguen siendo demasiado largos. 
La Sra. Boogerd-Quaak ha destacado que tienen una duración de seis a siete años. 
En cuarto lugar, los compromisos estadounidenses no son suficientemente vinculantes desde el puntos de vista legal, debido a que los mecanismos de reparación extrajudicial disponibles no son totalmente independientes. 
Por consiguiente, hemos de insistir en que los derechos son, en la mayor medida de lo posible, de obligado cumplimiento y, por lo tanto, pueden reclamarse ante los tribunales estadounidenses. 
Actualmente, estamos trabajando con un plazo límite para la Navidad de 2003, el plazo que fijé cuando hablé por última vez con la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Lo ideal es que para entonces estuviera bien encauzada una decisión adecuada. 
Sin embargo, solo será posible una decisión adecuada si los Estados Unidos están dispuestos a mejorar significativamente sus compromisos. 
He de ser franco con la Asamblea y decir que no confío en que podamos asegurar las mejoras significativas necesarias para que la Comisión pueda efectuar una constatación sobre el grado de adecuación. 
Sin embargo, el avance en los compromisos de los Estados Unidos es, en todo caso, necesario para cualquier tipo de solución, independientemente de su forma legal, ya sea una constatación sobre el grado de adecuación o, si cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo, un acuerdo internacional bilateral. 
El último paso dado en nuestras negociaciones con los Estados Unidos ha sido la reunión que he mantenido ayer con el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense; es el número dos de ese departamento. 
Fue una reunión muy útil, en la que tratamos todas las cuestiones principales y acordamos poner a trabajar a nuestros funcionarios para aunar esfuerzos a fin de encontrar una solución en las próximas semanas. 
Cuando viaje a Washington a mediados de octubre espero poder reunirme con funcionarios superiores encargados de la Seguridad Nacional, incluyendo, esperemos, al Secretario Tom Ridge. 
Ayer subrayé al Sr. Hutchinson la urgencia de hallar una solución, y naturalmente también me referí a la gran preocupación que el Parlamento siente respecto a la transferencia de datos personales. 
Me resulta difícil aceptar cualquier observación que se haga de que la Comisión tolera la situación y no cumple su papel de guardiana de los Tratados. 
En lo que se refiere a la Directiva de protección de datos, la aplicación de la ley es tarea de los Estados miembros y sus autoridades competentes de protección de datos. 
La función inmediata de la Comisión es asegurar que son los Estados miembros quienes cumplen la Directiva, no las compañías aéreas. 
Pero, en cualquier caso, no se trata de un problema que pueda solucionarse simplemente con medios intraeuropeos. 
Tenemos un conflicto jurídico con los Estados Unidos y éste es el quid de la cuestión. 
En mis conversaciones con las autoridades estadounidenses, espero ser firme. 
Pero si del lado europeo se es totalmente inflexible, no por ello se va a obtener necesariamente más flexibilidad por parte de nuestros interlocutores. 
Respecto al consentimiento de los pasajeros, que han mencionado algunos diputados- al menos a corto plazo- no va a representar, a nuestro juicio, una solución segura desde el punto de vista legal a largo plazo. 
Primero, lograr que el consentimiento sea inequívoco va a resultar una tarea muy ardua en la práctica. 
Segundo, el resultado será una cesión de datos que- a pesar de ser legal en la Unión Europea- carecerá de toda protección significativa en el lado estadounidense. 
Por consiguiente, es mucho mejor asegurar compromisos óptimos por parte de los Estados Unidos sobre la forma en que tratarán los datos recogidos de ciudadanos de la Unión Europea. 
La pregunta oral de la Sra. Boogerd-Quaak también se refiere a qué es lo que ocurriría si no se lograra llegar a una constatación sobre el grado de adecuación a finales de este año. 
Propone interrumpir las cesiones de datos que no sean conformes con los principios de la no discriminación, consentimiento previo informado y un procedimiento de recurso eficaz, e iniciar negociaciones sin demora sobre un acuerdo internacional con los Estados Unidos. 
Estas medidas reflejan hasta cierto punto las opciones existentes para posibles medidas que he subrayado en mi reunión con la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores a principios de este mes. 
Sin embargo, tal como destaqué en ese momento, hemos de ser extremadamente prudentes de que no vayamos a hacer algo que se vuelva en contra nuestra. 
La acción legal puede parecer atractiva en principio, pero no está claro que sus consecuencias sean las que queremos. 
Por lo tanto, crucemos el puente cuando lleguemos a él. 
Los juicios políticos deberán realizarse en el momento oportuno. 
Está claro que el curso que debemos seguir implicará plenamente al Parlamento y al Consejo. 
Estoy seguro de que todos podemos estar de acuerdo en que es necesario unirnos para luchar contra el terrorismo. 
Pero también estamos de acuerdo en que hay que evitar que la preocupación por la seguridad sea una excusa para desmantelar nuestros derechos civiles y libertades. 
Quiero asegurar a la Asamblea que la Comisión seguirá sin escatimar esfuerzos para hallar una solución acordada con los Estados Unidos sobre esta importante pero tan delicada cuestión. 
Urge encontrar la solución, y ésta debe respetar la ley a ambos lados del Atlántico. 
Señor Presidente, Señorías, en este asunto se han mencionado una serie de fechas clave. 
La primera es, sin duda, el 5 de marzo de 2003, cuando los Estados Unidos pidieron a las compañías aéreas que operaban entre este país y Europa que facilitaran todos los datos sobre los pasajeros: absolutamente todos los datos, no solo, como hasta entonces, los datos contemplados en los acuerdos de transporte aéreo. 
La segunda fecha es el 15 de marzo de 2003. 
Una semana más tarde, con una precisión digna de mejor causa, el Parlamento aprobó la resolución en la que pide la aplicación de la Directiva de 1995 y del Reglamento de 1989 sobre la protección de la privacidad. 
La tercera fecha es el 23 de septiembre, hoy: transcurridos seis meses desde la aprobación de la resolución, al parecer nada ha cambiado; los Estados Unidos no han respondido a las peticiones de la Comisión. 
Podríamos preguntarnos si los norteamericanos están sordos o si es la Comisión la que es incapaz de encontrar las palabras precisas para llegar hasta ellos. 
Así pues, todavía hoy, a las personas que viajan a los Estados Unidos se les pregunta, además de las cuestiones generales habituales, acerca de su religión, su gusto culinario, la última vez que fueron de vacaciones y por sus parientes tanto cercanos como lejanos. 
Eso es, sin duda, ir demasiado lejos. 
La Comisión tiene razón de levantar la voz, el Parlamento debería pedir medidas más decididas, como un acuerdo internacional, según se propone en la resolución. 
Sin embargo, habría que mencionar otra fecha: el 11 de septiembre del 2001. 
Como todos recordamos, fue entonces cuando comenzaron los controles estrictos. 
Teniendo en cuenta ese terrible incidente, me parece que deberíamos ser un poco más pacientes y darnos cuenta de que, detrás de lo que sin duda constituye una molesta violación de la confidencialidad, todavía se encuentra mucho miedo. 
En todo caso, como ha señalado el Comisario, un poco de flexibilidad podría facilitar el diálogo. 
Señor Presidente, Señorías, la situación actual es ilegal a todas luces. 
No existe fundamento jurídico para facilitar a las autoridades norteamericanas un acceso directo y sin filtros a los datos personales de los pasajeros europeos, y este hecho contraviene el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales; contraviene las disposiciones comunitarias en materia de protección de los datos personales; contraviene el Reglamento comunitario sobre los sistemas informáticos de reservas. 
Parte de la responsabilidad de esta situación ilegal corresponde a la Comisión Europea, pues la legislación estadounidense que exige la revelación de esta información se remonta a noviembre de 2001 y fue modificada en mayo de 2002, mientras que el sistema no entró en vigor hasta marzo de 2003. 
Entretanto, la Comisión no informó al Parlamento de este hecho y negoció a nivel de altos funcionarios con los Estados Unidos para lograr la declaración conjunta de 18 de febrero de 2003, que permitía en la práctica a las autoridades de ese país un acceso indiscriminado a los datos personales de los ciudadanos europeos recopilados por las compañías aéreas para fines totalmente distintos, e incluso se proponía que las autoridades nacionales de control no tomasen medidas contra las compañías aéreas que cumplieran las exigencias de los Estados Unidos. 
Únicamente la firme respuesta del Parlamento Europeo y de las mencionadas autoridades de control llevaron a la Comisión a reconocer, por fin, que no se cumplían las condiciones para una protección adecuada contempladas en el artículo 25 de la Directiva en relación con la transmisión de datos recopilados en la Unión. 
No obstante, deseo señalar que, en el caso de Italia, la prohibición impuesta por las autoridades de control para acceder a los datos recopilados por la compañía Alitalia no ha sido objeto de reacciones negativas o de sanciones por parte de las autoridades norteamericanas. 
Así pues, la Comisión debe esforzarse más por lograr lo antes posible un auténtico acuerdo internacional con los Estados Unidos que regule esta cuestión sobre la base de los principios fundamentales: respeto del principio de reciprocidad, en virtud del cual, si la Unión concede a los ciudadanos norteamericanos los mismos derechos que a sus propios ciudadanos, los Estados Unidos deben hacer otro tanto con los ciudadanos europeos; respeto del principio de proporcionalidad; respeto del principio de consentimiento informado y del derecho de la persona interesada a recurrir a una autoridad o juez independiente. 
Entretanto, a la espera de que se llegue a un acuerdo satisfactorio, es necesario restablecer una situación de legalidad y prohibir el acceso a datos que infrinja la legislación comunitaria. 
En el futuro deberá crearse un sistema centralizado a nivel europeo para la recopilación electrónica de datos sobre reservas de vuelos, que contenga los filtros adecuados para garantizar que únicamente los datos cuya revelación sea legal sean transmitidos a terceros, teniendo debidamente en cuenta los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos que nosotros, el Parlamento y la Comisión, tenemos la obligación de proteger, entre otras cosas, contra el terrorismo. 
Señor Presidente, antes que nada me gustaría ahondar en las noticias a las que ya ha hecho referencia la Sra. Boogerd-Quaak. 
Me refiero a la compañía aérea Jet Blue que recientemente tuvo el dudoso honor de ser la primera compañía aérea norteamericana en facilitar datos sobre sus pasajeros al Pentágono. 
Este último había pedido esta información a fin de poder realizar una evaluación de riesgos de los pasajeros basada en el programa CAPS II. Cuando se filtró esta noticia, en los Estados Unidos se produjo una enorme ola de indignación. 
Se pidieron excusas y se cerró inmediatamente el grifo de información. 
Resulta especialmente grave que los pasajeros no hubiesen sido previamente informados de la violación de su privacidad, pero la ira de la opinión pública iba dirigida igualmente al mismo hecho de realizar registros a gran escala. 
Como ya se ha dicho, la influyente UCLA, la Asociación Americana de Libertades Civiles, calificó esta medida de «régimen totalmente antiamericano» y condenó que, de este modo, cada pasajero se convirtiera en sospechoso. 
Destaco la indignación norteamericana para hacer comprender al Comisario que no debe obsesionarse con llegar a un compromiso entre nosotros y el Ministro Rich y compañía en las actuales negociaciones con los Estados Unidos, porque el terreno de juego es mucho más amplio y, si queremos, podemos ensancharlo aún más. 
Al parecer, el público norteamericano no considera viables estas acciones y medidas, por lo que también nosotros debemos exponer nuestras objeciones. 
Señor Comisario, me gustaría pedirle que intente tomar otro camino empleando una estrategia alternativa. 
Usted puede acceder con facilidad a la prensa anglosajona, y por ello cuento con el poder de persuasión de su palabra escrita para hacer presión sobre la administración a través de la opinión pública norteamericana. 
¿Cuáles son nuestros problemas concretos? 
Sería útil clarificarlo, porque creo que encontraremos una audiencia receptiva a este mensaje, incluso entre el público de los Estados Unidos. 
El segundo punto que deseo exponer, señor Presidente, se refiere a las propuestas que circulan para elaborar un pasaporte con chips electrónicos avanzados que contengan datos biométricos, incluyendo un historial de los desplazamientos anteriores del titular. 
Si se almacena este historial en este chip y el titular viaja a los Estados Unidos, Bush seguirá teniendo un acceso sin restricciones a la información que es objeto de este debate. 
Por ello, mi pregunta a la Comisión es la siguiente: ¿cómo podemos estar seguros de que no estamos luchando en la retaguardia? 
¿Hasta qué punto han avanzado las deliberaciones sobre estos pasaportes y ha examinado usted la forma en que dicho pasaporte puede afectar a la privacidad de nuestros ciudadanos? 
Después de todo, así podríamos evitar tener que hacer frente una vez más a hechos consumados dentro de un año y sufrir una enorme indignación. 
Señor Presidente, señor Comisario, la flexibilidad resulta muy adecuada en las negociaciones, pero muy poco cuando se trata de cumplir la ley. 
El artículo 2 del Reglamento 22/99 prohíbe que se revele a terceros que no sean parte de una transacción información personal sobre un pasajero sin el consentimiento de este. 
Señor Comisario, usted ha indicado que la responsabilidad de aplicar la legislación corresponde a los Estados miembros. 
Esto es cierto en el caso de las directivas, pero no cuando se trata de reglamentos. 
Usted está investido de toda la autoridad necesaria para intervenir y garantizar el cumplimiento de la ley, con arreglo al artículo 11, que establece que la Comisión debe iniciar procedimientos para poner fin a cualquier violación de las disposiciones del Reglamento cuando se recurra a ella o actúe por iniciativa propia. 
¿Deseamos realmente exigir que se respete la ley cuando esto sería efectivamente contraproducente? 
En primer lugar y sobre todo creo que cuando se trate de una ley, esta debe ser cumplida, y que una condición para cualquier reforma- incluso la reforma de un acuerdo internacional- es el cumplimiento de los procedimientos. 
Señor Comisario, usted obtendría mayor influencia en las negociaciones internacionales si la Comisión exige el cumplimiento inmediato de la ley, pues tiene las competencias para hacerlo, al igual que los Estados miembros. 
No nos corresponde a nosotros decidir el calendario: este es- y en mi opinión debería ser- el calendario establecido en el artículo 232 del Tratado, en el que se establece un plazo de dos meses a partir de la solicitud de actuación. 
Si no se adopta medida alguna, tenemos dos meses para recurrir al Tribunal de Justicia. 
Señor Presidente, los treinta y nueve elementos de información que nos ocupan hoy pueden dividirse en tres categorías. 
En primer lugar, los datos superfluos, cuyo almacenamiento ya ha provocado el colapso- en la RDA y otros países- de los servicios de inteligencia y de Estados enteros. 
Esta información no debe guardarse en interés de la lucha contra el terrorismo. 
En segundo lugar, datos útiles que podrían eliminarse tras su registro. 
Esta información puede utilizarse de una manera adecuada y legal. 
En tercer lugar, sin embargo, tenemos los datos sensibles, para los cuales necesitamos normas precisas, y que bien no deben registrarse, guardarse y transmitirse en absoluto, o bien deben suprimirse tras un plazo determinado, una vez que la persona haya abandonado los Estados Unidos. 
Aunque todos abogamos vehemente a favor de la lucha contra el terrorismo, este no puede combatirse con la anarquía, sino de dos maneras. 
En primer lugar con la ley en la mano, aspecto que debería recalcarse frente a la arbitrariedad. 
Lamento decir que, en este momento de las relaciones transatlánticas, existe arbitrariedad en lo referente a estas cuestiones de información y ausencia de todo fundamento jurídico. 
En segundo lugar, solo podemos luchar contra el terrorismo internacional sobre una base de confianza entre los Estados Unidos y Europa, confianza que se ha visto afectada porque ambas partes se culpan mutuamente, y debe ser restablecida. 
La confianza solo puede surgir de la adopción de normas realmente transparentes, normas que el público pueda comprender, de lo contrario alimentaremos la desconfianza tanto de los Estados Unidos como de la propia Unión Europea. 
Señor Comisario, no creo que podamos esperar a que se adopten normas internacionales, ni que podamos confiar en los actuales 15 Estados miembros ni el los futuros 25 para aplicar la ley. 
Es más bien una casualidad que la Comisión, con usted en calidad de portavoz de la Unión Europea, que pronto tendrá más habitantes que los Estados Unidos y Rusia juntos y debe ser un aliado de los Estados Unidos, actúe en esta importante cuestión, pero lo debe hacer intencionadamente y dentro del respeto de la ley. 
Por ello, señor Presidente, pedimos a la Comisión que se muestre firme en el transcurso de las negociaciones, señor Bolkestein. 
Que se muestre firme o dura en estas importantes cuestiones relacionadas con la confianza y la ley. 
El debate queda cerrado. 
Recuerdo a esta Cámara que la votación sobre las posibles propuestas de resolución tendrá lugar el jueves 9 de octubre en Bruselas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0287/2003) de la Sra. Villiers, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de inversión y mercados regulados, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2002) 625- C5-0586/2002- 2002/0269 (COD) ). 
. 
(EN) Señor Presidente, de entrada doy las gracias a la ponente por su informe. 
Sin duda mejora el texto de la Comisión en algunas partes, al tiempo que asegura que se respetan adecuadamente las metas de una algo grado de protección de los inversores y de eficiencia del mercado. 
Sabemos que se trataba de un debate muy difícil, pero el Parlamento ha demostrado una gran voluntad de compromiso y de encontrar una solución viable. 
Permítame también felicitar a la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Sra. Randzio-Plath, quien, haciendo honor a su palabra, ha ayudado a sacar adelante el plan de acción de servicios financieros. 
En especial, acogemos con satisfacción los esfuerzos de la ponente por alcanzar un compromiso sobre dos puntos principales. 
En primer lugar, como bien sabe, la transparencia de la prenegociación era uno de los principios de la propuesta de la Comisión, con el fin de asegurar la eficiencia del mercado y la protección de los inversores. 
Nos alegra mucho que el principio se mantenga en la propuesta, pero se ha adoptado de forma pragmática. 
En segundo lugar, apreciamos el trabajo realizado sobre la prueba de idoneidad, en relación con el artículo 18. 
Considero que es una buena base para encontrar una solución adaptada a las especificidades de cada tipo de servicio y que contribuirá a completar nuestra propuesta en este sentido. 
Señor Presidente, doy las gracias al Comisario por sus amables palabras y a todos los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que han trabajado muy arduamente sobre este tema. 
En especial, quisiera agradecer al Sr. Karas y a los Sres. Radwan, Bourlanges, Katiforis, Goebbels y a la Sra. Cazalet, de la Secretaría de la comisión y a mi ayudante, Sarah McCarty, por toda la ayuda que me prestaron en este expediente tan laborioso. 
Los objetivos de la Directiva sobre servicios de inversión (DSI) han de ser mercados competitivos, integrados, con liquidez, transparentes, eficientes y con un alto grado de protección de los inversores. 
La DSI no debe prescribir una determinada estructura de mercado. 
Es preciso que reconozca y se adapte a la diversidad de las diferentes estructuras del mercado europeo. 
Ha de distinguir adecuadamente entre inversores particulares y profesionales. 
El tipo de Reglamento que es absolutamente fundamental para los consumidores puede ser perjudicial, perturbador e innecesario si se aplica a los profesionales. 
Las normas siempre se han de basar en el riesgo, es preciso que se evalúe su coste adecuadamente y han de ser proporcionales al perjuicio que pretenden evitar. 
Respaldo en gran manera el énfasis que pone la propuesta de la Comisión en el país de origen, con una cualificación que en muchos casos y en numerosos ámbitos el país de acogida es capaz de abordar con las sucursales. 
También estoy de acuerdo con la aspiración general de la Comisión de abolir las normas de concentración y abrir el negocio de ejecución de compraventa de acciones a la competencia entre bolsas, entre sistemas de negociación multilateral (MTF) y entre plataformas de ejecución internas de las empresas de inversión. 
Las bolsas no son servicios públicos y no hay que concederles un monopolio. 
Si se deja que las empresas compitan con las bolsas, los inversores tendrán más donde elegir, más liquidez, gamas más estrechas, mejores precios y costes más bajos. 
Los mercados donde se autoriza este tipo de competencia se desarrollan satisfactoriamente, son transparentes y gozan de una elevada liquidez. 
La competencia en este contexto aportará muchas ventajas a los consumidores, como lo ha hecho ya en tantos otros ámbitos. 
Estoy de acuerdo con la Comisión en que la mejor manera de proteger a los inversores pasa por una fuerte combinación de competencia, normas de gestión empresarial, normas relativas a los conflictos de intereses, normas de ejecución óptima y transparencia. 
Sin embargo, existen ámbitos importantes donde el compromiso acordado con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha mejorado en gran medida la propuesta de la Comisión. 
Pido firmemente a la Asamblea que apoye el compromiso de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, ya que estas enmiendas son fundamentales para subsanar o, a lo sumo, reducir algunos de los problemas extremadamente graves causados por el texto original de la Comisión. 
Apoyo enérgicamente las enmiendas de la comisión y solo defenderé un par de cambios bastante técnicos. 
Ruego a la Asamblea que no pretenda desestabilizar este compromiso tan cuidadosamente equilibrado y al que se ha llegado con tantas dificultades tras mantener numerosas reuniones, con aportaciones de diferentes diputados de distintos Grupos políticos de nacionalidades diferentes. 
De hecho, en el núcleo del asunto, el concepto del tamaño estándar del mercado es un concepto introducido en el debate por parte del Grupo del PSE. 
Creo firmemente que el compromiso de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios será ventajoso para todos los Estados miembros. 
Mucha gente de mi país dirían que el compromiso se queda corto para cubrir sus necesidades. 
Me habría gustado eliminar el artículo 25, pero he reconocido que no es factible ni conveniente y he reconocido la necesidad de un requisito de transparencia en la prenegociación. 
Creo que este compromiso será beneficioso para los intereses nacionales de Luxemburgo, Francia, Italia, el Reino Unido y, naturalmente, para todos los Estados miembros. 
Creo que será bueno para los consumidores. 
He tenido que hacer concesiones, me he alejado de mi posición inicial y quiero dar las gracias encarecidamente a todas las personas de la comisión y de la Asamblea que también han hecho concesiones. 
Puedo apoyar algunas de las enmiendas del pleno: 145, 148, 151, 156 y 157, y estaré encantada de continuar deliberando sobre las demás enmiendas del pleno. 
Hemos mantenido un debate muy serio en comisión sobre el término «no profesional» : un amplio abanico de grupos de intereses de toda Europa han dicho que podían aceptar el compromiso si se eliminaba la palabra «no profesional» ; ahora se ha hecho así. 
Ahora se trata de un compromiso equilibrado que permite que un requisito de transparencia en la prenegociación avance al tiempo que se abordan algunos problemas prácticos de la propuesta original, como ha dicho el Sr. Bolkestein, «de forma pragmática». 
El artículo 25 original hubiera perjudicado gravemente la liquidez, y esta es vital para la salud de nuestros mercados y nuestra economía. 
Este compromiso pretende tratar estos problemas prácticos y reducir todo perjuicio que pueda sufrir la liquidez, eximiendo a las pequeñas entidades bancarias y centrándose en internalizadores sistemáticos, así como reduciendo el riesgo de incumplimiento de los compromisos adquiridos. 
Permite la mejora de los precios: sin una mejora de los precios, el compromiso no es viable. 
Solo con la mejora de los precios los clientes al por menor obtienen los buenos precios que se merecen. 
La obligación de ofrecer el mismo precio a todo el mundo haría que la internalización no fuera rentable. 
¿Por qué razón, nosotros que somos los encargados de representar a los ciudadanos de Europa, hemos de promulgar una ley que impida a las empresas ofrecer buenos tratos a sus clientes? 
Por último, es vital que aceptemos las enmiendas de la comisión sobre empresas dedicadas exclusivamente a la ejecución. 
Es necesario modificar la propuesta de la Comisión, ya que de otro modo eliminará las empresas dedicadas exclusivamente a la ejecución al hacer que no sean rentables. 
Creo que los inversores deben continuar si quieren poder tomar sus propias decisiones sobre sus inversiones. 
Es preciso que no estén obligados a adquirir asesoramiento profesional que ni necesitan ni desean. 
Se trata de una reglamentación innecesaria e insto a los diputados a rechazarla igual que ha hecho la comisión parlamentaria. 
Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias al ponente. 
El camino recorrido ha sido largo y, en algunos trechos, arduo, pero hemos llegado a un compromiso que refleja la opinión de toda la Cámara, y deberíamos hacer todo lo posible por que, en la votación de esta semana, deje de cuestionarse este compromiso y se realicen únicamente cambios de orden redaccional. 
Todos aceptamos que en el futuro exista competencia entre las distintas plataformas de negociación, competencia entre los mercados bursátiles y los bancos. 
Por otra parte, no podemos ignorar los criterios específicos, por ejemplo, que en la competencia se apliquen las mismas condiciones a los bancos y a los mercados. 
Esto implica que si tomamos los mercados como fuente de los precios- de precios de mercado significativos- no podemos permitir que esto afecte la liquidez en el futuro y que los mercados dejen de ser significativos. 
En lo que respecta a la transparencia, debemos garantizar que el mercado sea transparente para todos como que lugar en el que se forman los precios, y que todos puedan comprender cómo evolucionan los precios en él. 
Es necesario mantener la oferta y la demanda. 
Ese es el resultado al que llegaron nuestras laboriosas deliberaciones, al igual que la transparencia previa a la negociación. 
Hemos hecho algunas recomendaciones al Comité de Reguladores Europeos del Mercado de Valores (CESR) y a continuación escucharemos con mucha atención los consejos que el CESR tenga a bien darnos. 
Considero sumamente importante que no haya vencedores ni vencidos en este debate. 
Ni la City londinense ni ninguno de los demás centros financieros europeos ha ganado. 
Tampoco podemos decir que los mercados o las sociedades de inversión hayan ganado, sino que todos deberán estar juntos en este mercado en el futuro a fin de atraer a los clientes mediante la mejor oferta. 
Desde una perspectiva alemana también me parece importante que la estructura del mercado tenga en cuenta los factores nacionales. 
Por ello les pido un amplio apoyo para las dos enmiendas presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos a fin de que se siga protegiendo a los pequeños corredores de bolsa alemanes. 
Señor Presidente, Señorías, el informe objeto de debate se refiere a una de las cuestiones más importantes de la unificación económica de Europa, la unificación de los mercados financieros. 
Todos conocemos el principio según el cual un amplio mercado financiero ofrece mayor liquidez y mayor peso económico. 
Asimismo puede ofrecer una mayor competitividad y, por ende, mejores precios para las partes que intervienen en las transacciones. 
De este modo estimula a los inversores y las inversiones, y el incremento de la inversión tiene una importancia económica evidente sobre la que todos estamos de acuerdo. 
Nuestro Grupo pretende lograr el mayor empleo posible, el cual puede crearse mediante el aumento de la inversión. 
La propuesta de la Comisión se basa en la unificación de los mercados financieros, en el denominado «pasaporte europeo» ; en otros términos, ofrece a los bancos de inversiones el derecho a llevar a cabo sus actividades en los 15 Estados miembros, siempre que cumplan las normas de aprobación en tan solo uno de ellos en lugar de cumplirlas en los 15. 
Sin embargo, la Comisión a completado su propuesta con la idea de que, para que un mercado financiero pueda operar realmente sin fronteras, las partes en la negociación deben contar con la misma seguridad, independientemente del lugar de Europa en el que coloquen su dinero. 
Esta idea ha dado lugar a normas de regulación aplicables a todos, normas que la Comisión introduce igualmente para el ejercicio de actividades de forma leal y transparente, la integridad del mercado y los derechos de los inversores a un trato correcto y honesto por parte de los bancos y entidades financieras. 
Las normas siempre regulan intereses en conflicto. 
Estos intereses varían en este momento, debido a que la tecnología y la concentración del capital bancario en grandes sociedades están creando nuevas condiciones, condiciones que hacen que los bancos se conviertan en mercados bursátiles con transacciones internas y que los mercados bursátiles dejen de ser infraestructuras para convertirse en sociedades. 
Así pues, existe el riesgo de que se produzca una fragmentación múltiple del mercado que la Directiva, en una de sus disposiciones más controvertidas, intenta superar obligando a los bancos de inversiones a comunicarse de forma transparente con el mercado tanto antes como después de celebrar sus transacciones comerciales. 
En términos generales, la propuesta de la Comisión ha establecido una vez más un equilibrio aceptable entre los distintos intereses y los avances tecnológicos. 
El debate y las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos refuerzan en general la labor de la Comisión, gracias a la enorme contribución realizada por la ponente, a la que deseo felicitar por sus esfuerzos y su planteamiento conciliador. 
Espero que este planteamiento conciliador se mantenga hasta el final y que las enmiendas propuestas por nuestro Grupo reciban el apoyo de esta Cámara, de forma que el informe pueda aprobarse por una amplia mayoría. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la ponente por su excelente trabajo, pues ha logrado formular un compromiso sostenible contra todo pronóstico. 
Actualmente, los mercados bursátiles establecidos en la UE tienen casi un monopolio sobre la negociación de valores mobiliarios, en particular en determinados mercados nacionales. 
Ahora estamos introduciendo competencia y libertad de elección y, señor Katiforis, una protección sólida de los inversores. 
Quiero hacer algunos breves comentarios sobre los dos artículos más delicados, a saber, los artículos 18 y 25. 
En relación con el artículo 18 consideramos que es importante que la prueba de aptitud se reserve para aquellos servicios en los que se ofrece asesoramiento y no, por ejemplo, para la negociación de valores mobiliarios por Internet. 
Estos clientes han elegido deliberadamente un servicio de corretaje al que no deben pagar por su asesoramiento profesional. 
Esa medida tan solo aumentaría los costes. 
Por ello votaremos a favor de las enmiendas 53, 54 y 55 de la comisión parlamentaria. 
El artículo más controvertido de la propuesta es el artículo 25, que trata de los sistemas internos de negociación y de la publicación de la información sobre precios antes de las transacciones que tienen lugar fuera de los mercados regulados o de sistemas de negociación multilateral (MTF). 
Consideramos que esta disposición encierra riegos, pues reduciría la liquidez del mercado y aumentaría los costes. 
No ha sido posible reunir el suficiente apoyo político para suprimir este artículo, pero creemos que las enmiendas 33, 86, 87, 88 y 89 de la comisión parlamentaria eliminarían los efectos negativos que las disposiciones propuestas en materia de publicación de precios tendrían sobre el mercado. 
Por último, me gustaría preguntar por qué debatimos una propuesta tan importante tan tarde en la noche. 
Señor Presidente, las negociaciones sobre la Directiva de servicios de inversión y mercados regulados ha mostrado una vez más la dificultad que supone reunir las diferentes filosofías y tradiciones europeas en materia de mercados, en particular el modelo continental de los mercados bursátiles, que entretanto han perdido en gran parte su carácter semipúblico y han sido privatizados, y los nuevos sistemas de negociación interna de los bancos de inversiones. 
Permitir que estos dos sistemas coexistan a escala universal y organizar una competencia leal y proteger los intereses de los inversores al mismo tiempo constituye una tarea compleja, extremo que quedará claramente de manifiesto cuando observemos las elevadas sumas que se transfieren cada día y los efectos que la evolución de los mercados financieros tendrán sobre la economía europea y mundial. 
En vista de ello, espero que el compromiso alcanzado tras muy duras negociaciones en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, estimule al Consejo a llegar a compromisos similares, de modo que este importante acto legislativo sobre la creación de un mercado integrado para los servicios financieros pueda adoptarse en este período. 
Creo que hemos intentado tener en cuenta los intereses de todos los participantes en el mercado, entre ellos los de los inversores no profesionales, y que hemos aplicado el principio de transparencia a todos los ámbitos importantes, como pretendía la Comisión. 
Por ejemplo, en interés de la transparencia de precios y de la protección de los inversores es necesario que los contratos limitados a los sistemas internos de negociación, si no pueden ser ejecutados directamente por la entidad correspondiente, puedan transferirse directamente a los mercados regulados, a menos que el cliente se oponga explícitamente a ello. 
Una transferencia expeditiva ofrece las mejores oportunidades para la ejecución del contrato en las mejores condiciones para los clientes. 
Por ese motivo considero que hemos tomado la decisión correcta en esta Cámara, al igual que en los requisitos de publicación contemplados en el artículo 25. 
Espero que con esta Directiva se dé una oportunidad a la competencia de todos los sistemas de negociación sin descuidar la protección de los intereses de los inversores. 
Señor Presidente, el compromiso al que llegamos en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios requirió una ardua labor y gran temple de todos los participantes. 
Quisiera dar las gracias a la ponente por su valioso trabajo. 
Sin su entereza y extrema paciencia no habríamos logrado este compromiso. 
No obstante, me gustaría hacer algunas aclaraciones al respecto. 
La propuesta de la Comisión establece transparencia antes y después de la negociación. 
Dicha transparencia resulta tan costosa como superflua, y evitará que las instituciones financieras inviertan en sistemas internos. 
Implicaría virtualmente el final de la competencia y la norma atípica de la concentración, que acarician diversos Estados miembros- como acaba de exponer el Sr. Bourlanges -, se introduciría por la puerta trasera. 
Resulta lamentable que, a pesar de ello, se establezcan disposiciones en materia de transparencia antes de la negociación. 
En este aspecto, señor Bolkestein, estoy de acuerdo con la Comisión en que dichas disposiciones solo deben aplicarse a los clientes particulares y no deben extenderse a los clientes profesionales. 
No obstante, las entidades financieras dotadas de sistemas internos de negociación deben poder ofrecer a sus clientes mejores precios que los ofrecidos por aquellos que los comunican a través del sistema de transparencia anterior a la negociación. 
Si las entidades financieras logran ofrecer dichos precios, mucho mejor, pues es en interés de los clientes. 
Asimismo, varios diputados desean que la transparencia anterior a la negociación se extienda a los títulos de deuda. 
Yo estoy en contra de ello, ya que los dos mercados presentan estructuras muy diferentes. 
En ese caso, los hinchas del fútbol podrían invertir en títulos de deuda de sus clubes favoritos sin tener que ponderar los riesgos y posibles beneficios, como sucedió en Italia. 
La propuesta de Directiva exige igualmente que las entidades financieras obtengan la autorización de sus clientes para ejecutar las órdenes de estos. 
Considero que resulta excesivo. 
El compromiso adoptado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios va mucho más lejos de lo necesario para crear un mercado único que funcione correctamente para los servicios financieros. 
Lamento decir que la política es el arte de lo posible. 
Actualmente nos encontramos en la primera lectura y quizá quienes estuvieron de acuerdo con la ponente en su primera versión cambien de posición y entonces tal vez podamos formular un mejor texto que el acordado en primera lectura. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera empezar dando las gracias a todos los que han intervenido en este compromiso, comenzando por la ponente y el Sr. Radwan. 
Ha sido una tarea sumamente difícil, pero lo hemos logrado. 
Además, me gustaría dejar claro que el Parlamento desea adoptar esta Directiva en la presente legislatura y que esperamos que este compromiso ayude igualmente al Consejo a llegar a su vez a un compromiso. 
La nueva Directiva sobre servicios de inversión y mercados regulados reforzará el mercado único europeo de servicios financieros. 
¿Por qué necesitamos una Directiva? 
Porque hasta ahora las normas mal armonizadas, el algo grado de burocracia y las disposiciones desfasadas en materia de protección del consumidor han constituido obstáculos considerables para la negociación transfronteriza de valores mobiliarios. 
¿Cuáles son los principales elementos de nuestro compromiso y las nuevas normativas? 
En primer lugar, la protección de los inversores. 
Los inversores deben estar bien informados y las normas para la conducción de las operaciones son uno de los pilares más importantes de la protección de los inversores: las diferencias entre las actividades con asesoramiento y las actividades sin asesoramiento. 
En el futuro solamente se exigirá una prueba de aptitud para las actividades con asesoramiento. 
En tercer lugar, deseamos el mejor servicio posible. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha redactado un texto que resulta aceptable para las entidades financieras, tanto pequeñas como grandes. 
En cuarto lugar, y este es el punto de decisivo, igualdad de condiciones para los bancos que negocian internamente valores mobiliarios y para los mercados. 
En este compromiso se decidió que los bancos ya están sometidos a normas adecuadas en materia de supervisión y transparencia. 
El objetivo consiste en permitir los sistemas internos de negociación, pero no en detrimento de los mercados y de los demás participantes en el mercado. 
Esperamos que este compromiso fomente una competencia más leal entre bancos y mercados bursátiles, competencia de la que el primer beneficiario será el consumidor. 
Quiero pedir a todos ustedes que voten a favor de este compromiso pasado mañana. 
Señor Presidente, le felicito por su resistencia. 
En el breve tiempo que se me ha asignado y en esta hora tan tardía solo puedo formular unos cuantos principios de orientación que determinarán mi disposición para llegar a compromisos y mi voto el jueves. 
Me gustaría plantear dos objetivos. 
En primer lugar, fomentar la inversión privada en la Unión Europea. 
Debemos hacer todo lo posible para aumentar la liquidez en beneficio de las actividades económicas y recuperarnos una vez más de la decadencia económica. 
En segundo lugar, la protección de los pequeños inversores privados. 
Por una parte, mediante la adopción de normas inequívocas que sean objeto de un estrecho seguimiento y, por otra, optimizando las opciones de estos pequeños inversores por lo que se refiere a productos, entidades y métodos de inversión. 
Este último ha punto ha sido el tema de los debates sobre esta Directiva. 
En mi opinión, el pequeño inversor debe poder tener acceso a los mercados bursátiles, así como a su propio banco. 
La negociación interna es una alternativa de pleno derecho al monopolio de los mercados bursátiles, monopolio que me provoca cada vez mayor ansiedad, sobre todo si trasciende las fronteras nacionales y obstaculiza la supervisión nacional. 
Esta alternativa requiere transparencia, pero no debe ir en detrimento de la formación de precios y de la liquidez de los mercados financieros. 
Por lo que se refiere al último punto- el método de legislación- estoy de acuerdo con el planteamiento, basado en el método de Lamfalussy, consistente en delegar diversos aspectos a las autoridades de supervisión y regulación. 
Coincido con todos aquellos que han declarado que es importante llegar a compromisos y estimular al Consejo a que haga otro tanto. 
Señor Presidente, esta Asamblea es rápida demostrando que puede resolver cosas que ni siquiera el Consejo puede. 
Puede que esto nos convenga por lo que pueda suceder en un futuro muy próximo. 
Pero si el plan de servicios financieros ha de salir adelante, hay que poner en marcha esta Directiva. 
No tiene sentido intervenir en las cuestiones de barreras de proteccionismo nacional si miramos hacia atrás. 
Si no vemos lo que está ocurriendo con la situación económica mundial, Europa, su inversión, su potencial de crecimiento, todas las cuestiones sobre planes de acción de capital riesgo del Consejo Europeo de Lisboa serán papel mojado. 
Al igual que en tantas de estas cuestiones, como antes, nosotros los parlamentarios, como en cualquier otra parte, a menudo nos hemos distraído con nuestras propias preocupaciones nacionales a expensas de lo que le ocurre a la economía europea. 
Felicito a la ponente por el trabajo que ha realizado. 
Al actuar como lo ha hecho- estoy siendo impertinente- actúa de la forma más europea posible. 
Como bien sabemos, los mercados cruzan fronteras. 
Me alegra que, como conservadora británica, haya actuado como una europea. 
. 
(EN) Señor Presidente, explicaré brevemente algunos puntos que nos preocupan en las enmiendas propuestas por este Parlamento. 
Respecto a las obligaciones de transparencia de la prenegociación de las empresas de inversión, según el artículo 25, se pueden aceptar, al menos en parte o en principio, todas las enmiendas relacionadas con la transparencia de la prenegociación, es decir, las enmiendas 33 y 86 a 90, pero no estamos convencidos de la necesidad de una mejora de precios. 
No estamos convencidos de que en la forma que se presenta en estas enmiendas, sea necesario o ventajoso para los intereses de los inversores al por menor. 
Consideramos que la exención actual para los derivados y los intermediarios financieros de estos instrumentos debe aplicarse sobre una base consolidada. 
Tal como ya se ha explicado, en las obligaciones relacionadas con las normas de conducta aceptamos- y esto se ajusta a la propuesta inicial de la Comisión- la limitación de la obligación de las empresas de inversión de llevar a cabo una prueba de idoneidad completa únicamente para determinados servicios. 
Lamentablemente, no estamos de acuerdo con una serie de enmiendas relativas a las disposiciones sobre comitología. 
Algunas de ellas son contrarias a los principios expuestos en el informe de los Sabios, en especial el enfoque Lamfalussy. 
Consideramos que la implantación de medidas solo debe incluir normas técnicas detalladas, no principios. 
El propósito de aprobar medidas de nivel 2 sigue siendo el de asegurar una aplicación uniforme de la legislación de la UE en todos los Estados miembros, por lo que cualquier formulación vaga que se sugiera en ese sentido no se puede aceptar. 
Sobre la división de responsabilidades entre autoridades competentes, en el caso de las sucursales, consideramos que para asegurar un funcionamiento correcto del mercado único el principio de la reglamentación del Estado miembro de acogida solo debe aplicarse como excepción para determinar las normas de conducta y registro de datos. 
En este contexto, la Comisión se encuentra en una posición de aceptar un gran número de enmiendas, algunas de ellas en su totalidad, pero también un gran número en parte o en principio y con adaptaciones. 
En resumen, la Comisión puede aceptar 36 enmiendas en su totalidad. 
Asimismo, se pueden aceptar al menos 62 enmiendas tanto en parte como en principio, con algunos cambios necesarios para asegurar la coherencia global del texto. 
Consideramos que hay que rechazar 60 enmiendas. 
Se ha proporcionado por escrito la opinión de la Comisión sobre las enmiendas individuales 
. 
(DA) Hoy he optado en el Parlamento Europeo por votar junto con el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos en relación con el informe del Sr. Olle Schmidt (A5-0210/2003). 
Sin embargo, soy consciente de que la propuesta se ampara en el título IV del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea y por tanto no se aplica a Dinamarca, cf. El protocolo sobre la postura de Dinamarca. 
. 
(DA) Hoy he optado en el Parlamento Europeo por votar a favor del informe del Sr. Kirkhope (A5-0291/2003). 
Sin embargo, soy consciente de que la propuesta se ampara en el título IV del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea y por tanto no se aplica a Dinamarca, cf. El protocolo sobre la postura de Dinamarca. 
Constitución para Europa, Conferencia Intergubernamental 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0299/2003) del Sr. Gil-Robles Gil-Delgado y el Sr. Tsatsos, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa y el dictamen del Parlamento Europeo sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental (CIG) [11047/2003- C5-0340/2003- 2003/0902 (CNS) ]. 
. (ES) Señor Presidente, Señorías, el informe que hemos elaborado mi colega Dimitris Tsatsos y yo se basa en unos criterios políticos muy claros. 
En primer lugar, el Parlamento debe respaldar a su delegación en la Convención, que ha conseguido un buen texto, un texto inteligente, aunque, naturalmente, no sea un texto perfecto porque ningún texto legal lo es. 
Por tanto, a nuestro juicio, no hay que formular propuestas de modificación de ese texto; comprendemos que a muchos colegas les hubiera gustado pedir mejoras en uno u otro punto, pero nuestro criterio ha sido que no debe pedirse ninguna, sino pedir a los Jefes de Estado y de Gobierno que no deshagan ni alteren sustancialmente el amplio consenso obtenido en la Convención. 
No estamos ante un simple trabajo preparatorio, sino ante la expresión de unas soluciones respaldadas por los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo- que representan a los ciudadanos europeos- y por los representantes de los Gobiernos y de los Estados miembros. 
Repito, ante un consenso político que no cabe ni despreciar ni orillar. 
Ciertamente, en algún punto, Señorías, algunos Gobiernos y la Comisión han expresado reservas. 
Sería ingenuo pensar que estos problemas de gran relevancia política no van a ser abordados por la Conferencia Intergubernamental, que ésta va a limitarse a bendecir lo hecho por la Convención. 
Quienes mantienen esta postura están expresando, naturalmente, una posición inicial en una negociación, porque, de no ser así, tendríamos que pensar que estaban en babia. 
Tengo el convencimiento, Señorías, -y expreso, claro está, una opinión a título personal y no como ponente- de que el sistema por el que solo la mitad de los Comisarios votaría constituye un craso error. 
Esa solución debilitaría a la Comisión en el momento en que más necesita ser fortalecida. 
Se trata de una equivocación que debe ser subsanada. 
Con igual claridad digo que no será posible alterar el equilibrio de poder establecido en Niza, de forma que solo uno o dos Estados paguen el precio de un nuevo método de tomar decisiones. 
En la Unión los consensos pueden alterarse, claro, pero con una condición: que se consiga aunar los intereses de todos. 
De no ser así, no se pueden obtener nuevos consensos. 
Los consensos se sustituyen por otros consensos, no por imposiciones. 
Nuestro informe pretende destacar que abordar y resolver esas cuestiones concretas será legítimo si con ello se consigue perfeccionar el consenso democrático hasta ahora logrado. 
Pero no puede ser motivo para empezar de nuevo la negociación constitucional- como si de una tela de Penélope se tratase-. Sres. 
Jefes de Estado y de Gobierno, sería una tremenda equivocación. 
Éste es el principal mensaje político de nuestro informe, pero éste, lógicamente, no podía quedarse ahí. 
Era necesario evaluar las luces y sombras del proyecto de Constitución para que los ciudadanos puedan en su día pronunciarse sobre él y para que quede claro que el Parlamento Europeo acepta y sostiene este proyecto como un compromiso, una transacción realista entre las soluciones ideales que ha venido preconizando y las posibilidades de llevarlas a la práctica en este momento. 
No abandonamos estas metas. 
Dejamos claro que el proyecto representa un paso adelante, un paso importante, pero no renunciamos a lograr en su momento nuevos avances. 
Señor Presidente, Señorías, no quiero terminar esta breve intervención sin agradecer a mi coponente, el profesor Tsatsos, su ejemplar voluntad de consenso y la alta calidad intelectual con que ha contribuido a lograrlo. 
Agradezco, asimismo, a todos nuestros colegas de los distintos Grupos sus valiosísimas aportaciones y su sentido de la responsabilidad. 
Hemos podido trabajar, ciertamente, de una manera muy consensuada porque ya en su día la representación del Parlamento en la Comisión- de acuerdo con los Parlamentos nacionales- hizo un trabajo muy importante de consenso sobre el cual hemos podido nosotros seguir construyendo. 
He hablado de sentido de responsabilidad de este Parlamento. 
Es ese sentido de la responsabilidad del que el Parlamento suele hacer gala cuando se trata de tomar decisiones políticas de auténtica transcendencia. 
Es el que lo ha llevado desde su elección por sufragio universal a ser el motor de la Unión. 
Lo he comprobado en las sucesivas Conferencias Intergubernamentales, en alguna de las cuales he participado muy directamente. 
En este espíritu integrador, constructivo, auténticamente europeísta, confío esperanzadamente al pedir a la Cámara el voto favorable para nuestro informe. 
. 
(EL) Señor Presidente, Señorías, la historia implica desarrollo. 
Ésa es la razón por la cual, gracias a la labor de la Convención, se ha puesto en marcha la historia constitucional de la Unión Europea. 
En el proyecto que les presentamos, mi distinguido y respetado colega, el Sr. Gil-Robles, y yo proponemos que el Parlamento Europeo apruebe las tres posiciones siguientes: 
Primera posición: el Parlamento reivindica el reconocimiento de la institución de la Convención como una victoria propia y como acervo comunitario. 
La preparación de la revisión de los Tratados es el trabajo de un organismo político por primera vez en la historia de la Unión Europea. 
Segunda posición: a pesar de las imperfecciones y deficiencias en el proyecto de la Convención, el Parlamento Europeo, como recalcó el Sr. Gil-Robles, está pidiendo a la Conferencia Intergubernamental que no reabra el debate sobre los compromisos básicos alcanzados en él. 
Si, por el contrario, la Conferencia Intergubernamental se distancia políticamente del proyecto, debilitará nuestra victoria institucional y el resultado de la revisión no se diferenciará en nada, me temo, del fracaso de Niza. 
Desde luego, existen también razones relacionadas con el contenido del proyecto que obligan a respetar el compromiso alcanzado. 
Por ejemplo, los derechos fundamentales, la salvaguarda de los valores fundamentales de la Unión Europea, el Estado social, que culmina en el objetivo del pleno empleo, el fortalecimiento del Parlamento Europeo, la constitucionalización y simplificación del contenido de los Tratados, la protección creciente de la transparencia, la plena utilización de los Parlamentos nacionales, la ampliación de la votación por mayoría cualificada y otros muchos aspectos. 
Tercera posición: el proyecto de Constitución de la Convención también presenta graves deficiencias, como ha puesto de relieve mi respetado amigo, el Sr. Gil-Robles. 
Por ejemplo: en primer lugar, la institución del Presidente del Consejo Europeo no deja incólume el equilibrio entre las instituciones, el funcionamiento de la Comisión Europea ni la paridad entre los Estados. 
Se trata de una institución con carencias democráticas y la subsiguiente abolición de la Presidencia rotatoria daña la paridad entre Estados. 
En segundo lugar, la creación de una Comisión con 25 Comisarios divididos, por decirlo claramente, entre Comisarios de pleno derecho y Comisarios de segunda clase, es- si se me permite la expresión- una monstruosidad. 
Resulta evidente en este caso el intento de arrancar un «sí» a la creación de la institución de Presidente del Consejo Europeo a cambio de un mayor número de Comisarios, si bien de segunda clase. 
En tercer lugar, ha resultado imposible efectuar ningún avance significativo en materia de política exterior y de seguridad que permita a la Unión Europea recuperar su credibilidad política en el ámbito internacional. 
¿No es eso una contradicción? 
Yo creo que no es una contradicción por tres razones. 
Primera razón: los textos constitucionales no son estáticos. 
Se basan en conceptos como libertad, democracia, derechos fundamentales, igualdad, el Estado de derecho, el Estado social, dicho en otras palabras, conceptos cuyo significado está sometido a una evolución histórica permanente a través de la confrontación política y social. 
Nuestras críticas deben entenderse como una contribución a esta evolución. 
Segunda razón: el Parlamento Europeo tendría que haber manifestado su parecer, caso de que volvieran a examinarse estos compromisos. 
Tercera razón: no estamos pidiendo a los ciudadanos europeos que apoyen el texto constitucional porque desconozcan sus inconvenientes, sino a sabiendas de ellos y en razón de sus ventajas. 
Se han presentado dos enmiendas en un intento de incidir expresamente en el carácter cristiano de las raíces históricas de la Unión Europea. 
Por su propia naturaleza, éste es un asunto histórico, filosófico y moral con un fundamento metafísico que, por consiguiente, nos afecta a todos y a cada uno de nosotros. 
Por eso, para finalizar me atrevo a tomar una postura personal: reconozco el papel determinante del cristianismo a la hora de conformar la civilización europea, reconozco la necesidad de preservar la validez de sus enseñanzas; sin embargo, supondría un menoscabo para el cristianismo y una infravaloración de su fuerza persuasiva aceptar que precisa de refrendo constitucional. 
Por tal razón voy a votar en contra de pedir a la Conferencia Intergubernamental que lo consagre en la Constitución. 
Señorías, deseo a la Constitución una singladura larga y segura. 
Le deseo suerte en momentos de zozobra. 
Creo que en su primera escala debe tratar de recuperar su credibilidad política, la credibilidad política de la Unión Europea. 
Esa credibilidad quedó gravemente dañada por culpa de la alianza entre algunos de sus miembros y los Estados Unidos, que tienen que soportar la carga de la invasión ilegal del Iraq bajo el pretexto del terrorismo. 
Por último, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi ponente y presidente, el Sr. Gil-Robles, al excelente trabajo de la secretaría de la comisión y a todos los que han colaborado con nosotros. 
Señor Presidente, Señorías, es un placer para mí exponer ante esta Cámara las directrices que la Presidencia italiana se propone seguir a la hora de dirigir la Conferencia Intergubernamental. 
Gracias además a la contribución esencial realizada por los representantes del Parlamento, la Convención ha escrito una página histórica en el proceso de la integración europea. 
Por primera vez, las instituciones de la Unión Europea, los gobiernos de los Estados miembros y de los países candidatos, los parlamentos nacionales y la sociedad civil han participado en un debate estructurado, global, público y transparente sobre el futuro de Europa. 
La Convención ha llevado a término con éxito una tarea gigantesca dentro del plazo fijado por la Declaración de Laeken, consiguiendo un consenso notable en aspectos vitales que no se habían resuelto en el transcurso de Conferencias Intergubernamentales anteriores, tales como el reparto de competencias, la atribución de personalidad legal a la Unión, la sustitución de la estructura de pilares del Tratado anterior, el fortalecimiento del principio de subsidiariedad, la definición más nítida de la jerarquía de los actos legislativos de la Unión, la participación de los parlamentos nacionales y el nuevo equilibrio institucional de los poderes. 
La Convención ha venido a demostrar, asimismo, que resulta posible preparar y negociar los Tratados europeos de una forma totalmente novedosa. 
El éxito del nuevo método queda demostrado por el hecho de que hasta el último día se han tratado de conciliar las posiciones de todas las partes implicadas acerca de los aspectos más controvertidos. 
El resultado final ha sido la elaboración de un proyecto de Tratado constitucional que tiene el mérito de acoger propuestas y sugerencias de todas las partes de la sociedad política y civil europea, sobre la base de un ambicioso plan para salvar las diferencias surgidas durante Conferencias Intergubernamentales anteriores entre países con más o menos población mayor, así como entre países con diferente disposición frente a una integración aún mayor. 
Los gobiernos tienen ahora la última palabra, según establece el artículo 48 del Tratado. 
Pero esa realidad no nos debe hacer olvidar que se trata de un proceso constituyente único, cuya primera fase ha llegado a su término con la Convención; el proceso entra ahora en la etapa de negociación intergubernamental y concluirá, así lo esperamos, con la ratificación del futuro Tratado constitucional. 
Por consiguiente, se trata básicamente de un proceso de negociación distinto al que precedió a los Tratados de Amsterdam y Niza. 
Tendremos que tenerlo en cuenta cuando definamos los aspectos relativos a la organización y al procedimiento de la Conferencia Intergubernamental. 
En cuanto a la realización de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental a partir del 4 de octubre, el objetivo primordial de la Presidencia italiana será cumplir el calendario fijado en el Consejo Europeo de Salónica. 
Eso significa avanzar con determinación para conseguir un resultado positivo a tiempo para las elecciones al Parlamento Europeo, que se han de celebrar en junio del año que viene. 
Este plan básico ha impuesto uno de los objetivos principales de la Presidencia italiana: dirigir la Conferencia Intergubernamental al más alto nivel político y cumplir el calendario, a fin de lograr para el mes de diciembre un acuerdo global de gran alcance acerca del texto constitucional. 
De esta forma se podría firmar el Tratado Constitucional- una Constitución para Europa, como ha dado en describirlo el Presidente Giscard d ' Estaing- entre el 1 de mayo de 2004, la fecha fijada para la incorporación de los diez nuevos Estados miembros, y las elecciones al Parlamento Europeo. 
Prolongar las negociaciones sobre la Constitución más allá de esas fechas comportaría dos problemas graves de legitimidad y transparencia democrática: por una parte, se perdería gradualmente el legado constitucional de la Convención y, por otra, los ciudadanos europeos votarían en las elecciones al Parlamento Europeo sin conocer el modelo constitucional de la futura Unión. 
La Presidencia se propone, por tanto, salvaguardar la estructura y el equilibrio del proyecto elaborado por la Convención. 
El dictamen del Parlamento, en el texto aprobado hasta ahora por la Comisión de Asuntos Constitucionales, ha supuesto un importante apoyo a nuestros esfuerzos, lo mismo que las alocuciones de los ponentes que han intervenido antes que yo y que han confirmado fehacientemente esa intención. 
Ya hemos expresado nuestra opinión acerca de la inoportunidad de reabrir debates ampliamente discutidos en la Convención; someterlos a una nueva revisión solo puede conducir a unos resultados menos consensuados y menos ambiciosos. 
Así pues, la Conferencia Intergubernamental no tiene que modificar la estructura global y el equilibrio del proyecto del Tratado Constitucional, sino que está llamada, por el contrario, a mejorar y completar aquellas partes del texto que tengan que ser aclaradas, completadas o ampliadas, todo ello con la máxima transparencia y apertura. 
Nuestro objetivo consiste en lograr un buen resultado que cumpla las expectativas de la opinión pública europea y que garantice un funcionamiento eficaz y democrático de la Unión ampliada. 
Dotar a la Unión Europea de una Constitución supone un reto, y no solo para ciertos Estados miembros o para la Presidencia italiana, cuya misión consiste en dirigir el Consejo durante esta fase. 
Representa un desafío para todo el mundo. 
Es un compromiso con nuestros ciudadanos: si no salimos airosos de este desafío, como advirtió el ministro Sr. Frattini a sus colegas en Riva del Garda, representará una derrota para la Unión en su conjunto y un grave revés para nuestro objetivo de convertir a Europa en un líder respetado en la escena mundial como fuerza de paz, democracia, estabilidad y prosperidad. 
Tenemos que advertir claramente que el resultado final no se puede dar, ni mucho menos, por descontado: el proceso puede terminar en una situación de bloqueo o incluso de crisis. 
Quiero dejar bien claro al respecto que la Presidencia italiana no está dispuesta a asumir ningún compromiso que no se atenga al espíritu de los elementos fundamentales del proyecto presentado por la Convención. 
En este contexto, la Presidencia considera que la mayor participación del Parlamento Europeo en los trabajos de la Conferencia Intergubernamental es esencial para preservar el legado constitucional de la Convención y para no volver a caer en los razonamientos estrechos de miras y nacionalistas que produjeron los opacos acuerdos de Niza. 
Durante la última Conferencia Intergubernamental, el Parlamento Europeo participó en el grupo de representantes personales, donde realizó una contribución constructiva y valiosa. 
La Presidencia italiana opina que, dado que esta vez no está prevista la creación formal de grupos de trabajo técnicos preparatorios, parece lógico que el Parlamento participe plenamente en las reuniones de la Conferencia Intergubernamental a nivel de Ministros de Exteriores. 
En cuanto a las reuniones de los Jefes de Estado y de Gobierno, la Presidencia italiana se propone realizar el máximo esfuerzo para garantizar un acuerdo acerca de la forma de implicar mucho más al Presidente del Parlamento y de mantenerle mucho mejor informado que en las Conferencias Intergubernamentales precedentes. 
Las recientes conversaciones en Riva del Garda no se tradujeron en unas directrices consensuadas a este respecto. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno tendrán que tomar, por tanto, su propia decisión al respecto cuando se inaugure la Conferencia Intergubernamental. 
En ese momento, la Presidencia italiana trabajará en las líneas que les acabo de exponer. 
Hoy nos encontramos en vísperas de un suceso de importancia fundamental para la historia de la integración europea. 
El Gobierno italiano es consciente del papel que el Parlamento ha desempeñado en las últimas dos décadas para conseguir una Unión más democrática, más unida y más justa. 
Fue el proyecto de Tratado de Spinelli el que relanzó el proceso de integración europea que- a través del Acta Única y de los Tratados de Maastricht, Amsterdam y Niza- ha desembocado en la consolidación de un mercado único, la adopción del euro, y una soberanía cada vez más compartida en los ámbitos de la política exterior, la justicia y los asuntos internos. 
Al mismo tiempo, vuestro Parlamento, hablando directamente en nombre de los pueblos de la Unión, ha asumido unos poderes de colegislación y vigilancia cada vez mayores y más eficaces. 
Vuestro apoyo será vital en los próximos meses, que serán testigos de la entrada de la Europa ampliada en su etapa constitucional, el punto culminante del largo proceso iniciado por los padres fundadores con los Tratados de París y Roma y que debería llevarnos a una unión cada vez más estrecha entre nuestros Estados y nuestros ciudadanos. 
Esta tradición de mutuo entendimiento refuerza la determinación de la Presidencia italiana a permanecer en contacto constante con el Parlamento Europeo: reflejando ese espíritu, el Presidente de la República, el Sr. Ciampi, se dirigirá a sus Señorías la semana que viene para expresar una vez más su firme creencia en una Europa que constituye el patrimonio común de todas las principales fuerzas políticas, económicas, sociales y culturales de Italia. 
Señor Presidente, Señorías, junto con mi colega y amigo, el Sr. Vitorino, he tenido el honor de participar en todos los trabajos del Presidium de la Convención, junto al Sr. Hänsch y al Sr. Méndez de Vigo. 
Hemos trabajado juntos en una ardua tarea durante los últimos 18 meses. Permítanme, puesto que esta es la primera vez desde que concluyeron los trabajos de la Convención que tomo la palabra en el Parlamento, que les exprese mi gratitud personalmente y en público. 
También quiero dar las gracias a todos los miembros del Parlamento Europeo que participaron en la Convención, así como a sus suplentes y otros que les apoyaron. 
Conviene destacar asimismo el trabajo de supervisión llevado a cabo por la Comisión de Asuntos Constitucionales bajo la dirección del Sr. Napolitano. 
Señorías, como se ha dicho hace un momento, la Convención ha terminado. 
Ha cumplido su contrato. 
Sin embargo, no hay tiempo para la nostalgia. 
Creo además que la nostalgia no es buena consejera en política. 
Desde hoy, la Comisión y el Parlamento deben cooperar de nuevo para encarar el delicado período de la inminente Conferencia Intergubernamental. Debemos trabajar tan arduamente como en el pasado, y afrontar juntos los desafíos del futuro. 
Señor Presidente, espero que la CIG elabore un nuevo y genuino Tratado de Roma. 
Cuando concluya la Conferencia, el Parlamento y la Comisión tendrán que trabajar otra vez codo con codo para conseguir la ratificación del texto. 
Implica que los ciudadanos o sus representantes en cada Estado miembro hagan suyo el texto, si me permiten decirlo así. 
En este contexto, quiero reiterar mi apoyo a la idea de que, llegado el momento, la ratificación de la futura Constitución Europea tenga lugar el mismo día en toda Europa. 
La ratificación, desde luego, deberá realizarse con arreglo a los procedimientos propios de cada país de la Unión. 
Al mismo tiempo, si se fija una misma fecha a escala europea para la ratificación se generará un debate realmente europeo, en lugar de 25 debates nacionales yuxtapuestos. 
Esto podría ser una primicia. 
Con este espíritu he acudido hoy a esta Cámara para participar en el debate del informe del Sr. Gil-Robles y del Sr. Tsatsos. 
Como decía hace un momento, está a punto de comenzar la última CIG. 
Esta no es, no puede ser y no será una CIG como las anteriores. 
No será parecida a las Conferencias de Ámsterdam o Niza. 
Dieron lugar a algunos avances, pero también a muchos pesares. 
Esta CIG es diferente porque puede apoyarse en la labor en profundidad realizada por la Convención. 
Una labor inteligente, como ha dicho el Sr. Gil-Robles, y yo estoy de acuerdo con él. 
Como primer punto de acuerdo entre el Parlamento y la Comisión, quisiera destacar nuestra voluntad común de que esta CIG no ponga en peligro lo que ha sido objeto de consenso en la Convención. 
Además, como usted ha dicho hace un momento, señor Presidente, no conviene romper los importantes equilibrios alcanzados en el proyecto de Constitución. 
El segundo punto de acuerdo se refiere a lo que se ha aceptado en la Convención. 
En pocas palabras, esto significa que los valores, los principios, las instituciones e incluso, a petición de los diputados que han participado en la Convención, los símbolos de la Unión han quedado consagrados en la Constitución. 
También implica la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales, a la que el Parlamento hizo una contribución significativa. 
Asimismo, implica el establecimiento de la personalidad jurídica única de la Unión y la desaparición de la estructura de pilares. 
También está la jerarquía de las normas. 
Otros elementos son la delimitación más clara de las competencias de la Unión y la ampliación de la aplicación del método comunitario y de la codecisión. 
Otro punto de consenso es la elección del Presidente de la Comisión por el Parlamento Europeo. 
Se ha logrado un verdadero progreso en el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
También se han dado avances reales en el campo de la defensa, que espero que se mantengan. 
A este respecto, tuve el honor de presidir el grupo de la Convención dedicado a la defensa. 
Trabajamos en particular en torno a la propuesta de creación de una Agencia Europea de Armamento y la propuesta de una cláusula de solidaridad, que permitiría la ayuda mutua en caso de un ataque terrorista como el del 11 de septiembre, que tuvo tan trágicas consecuencias en Nueva York y Washington. 
Los ataques de esta naturaleza siempre son posibles. 
También nos ocupamos de la cuestión de la creación del cargo de Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, que podrá suplir algo que falta hoy en nuestra Unión, a saber, un lugar donde se construya pacientemente una cultura diplomática común. 
En caso de crisis, Europa será entonces capaz de adoptar posiciones comunes basadas en una evaluación estratégica común. 
Quisiera recordarles las crisis de Yugoslavia y, más recientemente, del Iraq. 
Estos son pues algunos de los principales logros consagrados en la Constitución. 
Ahora bien, señor Presidente, Señorías, estamos igualmente de acuerdo en lo que falta en este proyecto de Constitución. 
Para citar al profesor Tsatsos, estamos de acuerdo en los avances que todavía tenemos que lograr y por los que tendremos que trabajar juntos. 
Por ejemplo, este proyecto no reduce realmente los ámbitos en que el requisito de unanimidad paraliza y seguirá paralizando en el futuro la acción común. 
No dota a la Unión de los instrumentos y procedimientos que necesita en el ámbito crucial de la gobernanza económica, como resulta evidente en estos momentos. 
No prevé la posibilidad de revisar de un modo más flexible las disposiciones constitucionales menos esenciales. 
Por otra parte, la Comisión, como ustedes saben, ha examinado las disposiciones del proyecto de Constitución que afectan a su propia composición. 
Su deseo era proponer una composición mejor que la que actualmente recoge el texto de la Convención. 
Sobre esta cuestión de la composición de la Comisión se han expresado también hace un momento sus dos ponentes, el Sr. Gil-Robles y el Sr. Tsatsos, en este mismo sentido. 
Señorías, somos muchos aquí los que experimentamos una especie de entusiasmo a lo largo de estos 18 meses de trabajo. 
Diría incluso que sentimos una especie de fervor al participar en el éxito de esta Convención gracias a un método abierto y transparente aplicado por primera vez. 
Incluso si no ha llegado necesariamente a todos los ciudadanos europeos, al menos es la primera vez que se ha preparado una gran empresa europea fuera del secreto de una conferencia diplomática. 
Sin embargo, hoy debemos simplemente levantar acta de que se está iniciando una fase nueva y diferente, la de la Conferencia Intergubernamental. 
Pero no nos equivoquemos, la Comisión aborda esta nueva etapa con el mismo estado de ánimo que la Convención, con la misma voluntad de trabajar con ustedes por la realización de prioridades comunes. 
Podemos mejorar, si queremos, el proyecto de Constitución en un número limitado de puntos sin poner en peligro su equilibrio general. 
Podemos aclarar todas las disposiciones de este proyecto, en particular su alcance, para evitar malentendidos o confusiones en el momento de la ratificación del texto. 
Podemos velar, por último, por que la CIG cumpla el trabajo de revisión jurídica que la Convención le ha confiado. 
Pienso sinceramente, Señorías, que haciendo abstracción de las diferencias semánticas, existe entre nuestras dos instituciones el más amplio acuerdo sobre el fondo de la cuestión. 
Tal como la Comisión acaba de indicar en su dictamen adoptado el 17 de septiembre, es esencial que esta CIG no ponga en peligro el equilibrio de conjunto del proyecto de Constitución. 
Permítanme que insista una vez más en que esto es vital. 
También quiero reiterar aquí que el Colegio de Comisarios, y en particular el Presidente, Antonio Vitorino y yo mismo, estamos decididos a prestar nuestro apoyo a la Presidencia italiana para lograr este objetivo común. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, quiero expresar, en nombre de mi Grupo, lo enormemente agradecidos que estamos a los ponentes, el Sr. Gil-Robles y el Sr. Tsatsos, no solo por haber realizado- como era de esperar- un trabajo excepcional, sino porque está pleno de sentido político, cuando afirma que hay cosas con las que no estamos satisfechos, ámbitos en los que se podría haber avanzado mucho más, pero que razones de compromiso y de equilibrio han condicionado el camino que debíamos tomar. 
Creo que éste es un mensaje importante, idéntico al expresado por la Presidencia italiana del Consejo, y por tal razón el Parlamento y la Presidencia italiana del Consejo estarán en condiciones de cooperar de manera constructiva en la Conferencia Intergubernamental. 
Debemos tener claro que este proyecto de Constitución representa una avance considerable en casi todos los ámbitos. 
Mientras que Niza creó únicamente las condiciones formales para la ampliación, esta Constitución crea las condiciones para que resulte viable la Comunidad ampliada, quedando patente dicha viabilidad en su mayor capacidad de acción, sus mejores mecanismos de toma de decisiones y la ampliación del principio de la toma de decisiones por mayoría. 
Ciertamente se podría haber logrado más, pero creo que el progreso resulta evidente. 
Debemos entender que la eliminación del principio de los pilares y la posibilidad de desarrollo inherente en la Constitución modifican la estructura fundamental. 
Creo que también ha quedado notablemente apuntalado el principio democrático. 
El Tratado de Ámsterdam supuso un avance del derecho de codecisión, que nos hallamos ahora en vías de completar al convertir el Parlamento Europeo en una institución con capacidad real para actuar y con poderes reales de codecisión en casi todos los ámbitos del derecho comunitario. 
Además, debemos entender que la apertura al público del proceso legislativo del Consejo puede suponer un salto espectacular en cuanto a transparencia. 
Considero decisivo que tengamos una UE transparente, en la que el ciudadano pueda saber quién es responsable de qué, y pueda reprender y castigar al culpable. 
Opino que, si los ciudadanos no entienden cómo se adoptan las decisiones y quién es responsable de ellas, no podemos esperar que las acaten. 
Espero que la influencia de los ministerios nacionales no sea tanta en este ámbito como para hacer imposible la transparencia. 
Creo que la división de competencias supondría un avance decisivo que nos facilitaría sobremanera saber en el futuro qué ámbitos son competencia de Europa y qué ámbitos no lo son. 
Eso es también importante para que los Estados nación no tengan la sensación de estar perdiendo su identidad en manos de Europa. 
Si las competencias están claramente delimitadas, podrán exigirse mejores procesos de toma de decisiones y una mayor capacidad de acción, y se reducirán las zonas de incertidumbre. 
Todo ello enlaza con el principio de la subsidiariedad. 
En mi opinión, supone un progreso realmente notable, ya que brinda a los parlamentos nacionales la oportunidad y, por tanto, la capacidad de ejercer influencia cuando estimen que se ha violado el principio de subsidiariedad. 
Creo, además, que es tremendamente importante para la salud interna de la Comunidad que los parlamentos nacionales hayan recuperado esta función, sin haber trastocado los niveles ni complicado los procesos de toma de decisiones. 
Resulta igualmente importante acercar Europa a sus ciudadanos, ya que, en el futuro, el Presidente de la Comisión se elegirá por vía de las elecciones al Parlamento Europeo. 
La UE se fundamenta en la ciudadanía y la Carta de los Derechos Fundamentales la consagra como sujeto de la misma, protegida por ella y con capacidad para actuar. 
Creo que esto será muy importante en el futuro. 
Dentro de la Unión Europea, tenemos que garantizar también el equilibrio entre miembros grandes y pequeños, ricos y pobres, nuevos y antiguos, de manera que los países pequeños perciban que el equilibrio en las instituciones de la UE les permita expresar sus puntos de vistas y defender su identidad. 
La fortaleza de los países más grandes radica en su consideración por los más pequeños. 
Considero que tenemos que incluir este término en la ecuación, al igual que tenemos que dejar bien claro que, en ámbitos como la cooperación estructural en materia de defensa yotros ámbitos, aunque algunos vayan por delante, la puerta siempre debe quedar abierta para los que quieran adherirse más tarde, sin interponer en su camino nuevos obstáculos. 
Tiene que quedar perfectamente claro que esta Constitución tal vez sea la última oportunidad que tengamos para hacer realidad una Europa con igualdad de derechos, en vez de una Europa de dos categorías. 
De cara a la ampliación de Europa, es importante que procuremos conseguir esto. 
Permítanme formular una última observación. 
La Unión Europea es también una comunión de valores, como proclaman la Carta de los Derechos Fundamentales y su Preámbulo. 
Si poseyéramos la fortaleza suficiente para asociar el aspecto religioso- en un espíritu de tolerancia- a la palabra «cristiano» , conseguiríamos un avance de interés público. 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señor Comisario, Señorías, en primer lugar les anuncio que cedo la mitad del tiempo de palabra que me corresponde al Sr. Napolitano, Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Sigo sin comprender, después de muchos años, cuáles son los criterios de reparto del tiempo de palabra en este Parlamento, y creo que el Sr. Napolitano, como Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, merecía un tiempo independiente del de los grupos políticos, pero no ha sido así. 
Le ruego transmita este hecho al Presidente del Parlamento. 
En segundo lugar, expreso el apoyo del Grupo Parlamentario del PSE al informe Tsatsos-Gil-Robles. 
Mis compañeras y compañeros, con mayor autoridad, entrarán en el análisis concreto de los aspectos que nos parecen fundamentales. 
Lo que quiero señalar en este lugar es que, después de escuchar al Comisario Barnier y tener conocimiento del documento de la Comisión- que creo que cumple con su responsabilidad, como guardiana de los Tratados, de hacer propuestas y que tiene su importancia de cara al equilibrio institucional- me parece que hay una gran coincidencia entre lo que se dice en este informe, como valoración de los aspectos no bien resueltos, y lo que dice la Comisión. 
Habrá que ver cómo somos capaces de mantener ese equilibrio que todos estamos reclamando como fundamental en el triángulo institucional. 
Haría referencia de una manera muy precisa a la reforma futura de la Constitución. 
El Comisario Barnier ha insistido en que, simbólicamente, tenemos que votar todos el mismo día. 
Con los temas pendientes- para los que se apunta una cláusula evolutiva, la del "rendez-vous", sí tiene sentido buscar soluciones que nos permitan salir de los problemas que tenemos. 
Espero que la Presidencia italiana lo pueda hacer. 
Dicho esto, Señor Presidente, y después de escuchar al Presidente en ejercicio del Consejo, voy a hacer una enmienda "in voce" al texto Tsatsos-Gil-Robles. 
Con la mejor de las voluntades, el Presidente en ejercicio del Consejo nos ha dicho que la Presidencia italiana quiere cumplir lo que prometió en este Parlamento, pero también nos ha dicho, de una manera muy diplomática, que en Riva del Garda no lo consiguió. 
Creo que hay que plantear las cosas con claridad. 
Lo que no vale es que, después de hacer la Convención, nos encontremos en una situación en la que se dice: "Los niños al cuarto, que vamos a hablar de las cosas serias". 
Eso no puede ser. 
No es aceptable desde el punto de vista, no ya de la transparencia, sino de la responsabilidad democrática. 
Por lo tanto, y después de ver también lo que se discutió en Riva del Garda- porque el documento del que hemos tenido conocimiento no corresponde a lo que dice aquí la Presidencia italiana: decir que vamos a ser observadores al mismo nivel que países tan respetables como Rumania, Bulgaria o Turquía no es dar un sitio muy digno al Parlamento Europeo- propondría que, en el apartado 37, se cambiara la redacción y en vez de decir "se acogen con gran satisfacción las garantías dadas por la Presidencia italiana", se dijera "expresa su preocupación y su descontento ante la falta de cumplimiento por el Consejo de las garantías anunciadas por la Presidencia italiana ante el Parlamento". 
Esto corresponde a la realidad de este momento. 
La Presidencia italiana tiene buena voluntad; el infierno está empedrado de buenas intenciones. 
Lo que hace falta es conseguir que nuestra representación sea digna y corresponda a la realidad. 
Concluyo, Señor Presidente, haciendo una propuesta a la Presidencia italiana, para que la transmita al Consejo. 
La mayor parte de los Ministros de Asuntos Exteriores han sido miembros de la Convención. 
Nosotros ya estamos invitando a la Comisión de Asuntos Constitucionales a los diputados nacionales que han sido miembros de la Convención. 
Creo que se podría extender la invitación a los ministros y al Consejo, para tener la posibilidad de debatir en público estas cuestiones, que es lo que reclaman las opiniones públicas europeas. 
Señor Presidente, hemos tenido varias semanas para reflexionar con detenimiento sobre el proyecto de Tratado que deberá establecer la Constitución. 
Resulta gratificante para aquellos de nosotros que hemos sido miembros de la Convención ver que, a pesar de ciertas posturas iniciales, parece ser que la mayoría de los miembros del Consejo Europeo aceptan ahora el resultado de la Convención con pocas reservas. 
Todos comprenden que si la CIG pasa por alto el resultado de la Convención, recaerá sobre ellos la responsabilidad de encontrar soluciones alternativas que comporten un mayor consenso. 
El Primer Ministro Blair merece una congratulación especial por haber renunciado al parecer a posturas anteriores del Gobierno británico en materia de defensa. 
En su reunión de la Cumbre de Berlín durante el fin de semana, dio la sensación de que el Sr. Blair aceptaba las propuestas de la Convención para una cooperación estructurada dentro y fuera de la OTAN, lo que permitiría que un grupo central de Estados miembros capaces progresara en la elaboración de una política de defensa y seguridad común europea, no como último recurso, sino como primera opción. 
Es un homenaje al proceso de la Convención que resista una valoración tan crítica, en especial de esta Cámara, que no es famosa precisamente por su complacencia cuando se trata de estas cuestiones. 
Pueden estar seguros de que la Convención ha examinado todas las opciones, ha depurado todos los argumentos y ha asumido un amplio planteamiento político situando a Europa como centro de interés común de nuestro trabajo. 
Por este motivo, esta resolución exige que el espíritu de la Convención- transparente, pluralista, político- se extienda también a la CIG. 
Estoy de acuerdo con las propuestas del Presidente de que no debería haber grupos de trabajo técnicos. 
Y estoy también muy de acuerdo con sus propuestas de que en la CIG haya una mayor representación del Parlamento Europeo. 
Quizás será posible recuperar este tema la próxima semana en el Consejo de Asuntos Generales antes de la cumbre del 4 de octubre. 
Una CIG con un talante más democrático y un estilo menos diplomático será más satisfactoria y podrá sacar conclusiones con más rapidez. 
Señor Presidente, la Convención ha realizado una tarea importante dotando a Europa del texto de una Constitución que contribuirá efectivamente a la construcción de nuestro futuro. 
Este trabajo tiene que protegerse de los difamadores y los detractores, pero también tiene que seguir mejorándose, porque todavía queda campo para mejorar. Tenemos que rechazar las teorías de quienes no desean modificar nada, pues de lo contrario todo el trabajo hecho se reducirá a nada. 
Comparto y, por tanto, apoyo el enfoque proactivo adoptado por el Sr. Prodi, que percibe el valor del texto pero al mismo tiempo es consciente de los límites y riesgos que pueden derivarse del mismo. 
Más concretamente, voy a referirme a algunas correcciones que considero necesarias y factibles. 
No me refiero a un contenido inadecuado o a unos derechos sociales inadecuados que, como sabemos, son consecuencia del equilibrio de poderes que existe hoy. 
No es casualidad, por ejemplo, que la Asamblea Constituyente que redactó la maravillosa Constitución italiana en los años posteriores a la guerra, tuviera como Presidente al comunista Umberto Terracini, mientras que nuestra Convención está presidida por el respetabilísimo pero enormemente moderado Sr. Giscard d ' Estaing. 
Por tanto, me estoy refiriendo a temas puramente institucionales. 
En primer lugar, un Presidente del Consejo a tiempo completo que ocupe el cargo durante un período prolongado, en vez de una Presidencia rotatoria, acabaría solapándose con el Presidente de la Comisión y sus respectivos trabajos entrarían en conflicto, provocando la paralización y la crisis de las instituciones. 
En segundo lugar, hay que erradicar la votación por unanimidad de todos los ámbitos, ya que el derecho de veto puede, en cualquier momento, bloquear un proceso innovador. 
En tercer lugar, tiene que existir una única política exterior común, acompañada de una capacidad militar europea que sustituya a la OTAN y que nos confiera no solo un papel independiente, sino también una función estabilizadora respecto de la potencia imperialista unilateral que en la actualidad existe y amenaza al mundo. 
Señor Presidente, Señorías, espero que esta Cámara respalde hoy el proyecto de la Convención y que, además, lo haga por amplia mayoría. 
Estamos totalmente de acuerdo en que lo mejor de la Convención es que no ha sido una Conferencia Intergubernamental. 
Ha tenido un carácter eminentemente parlamentario, se ha celebrado en público, ha entablado diálogo con el público y la sociedad civil y ha dispuesto de muchos meses para realizar su trabajo. 
Lo peor de la Convención es que al final ha terminado convirtiéndose en una Conferencia Intergubernamental. 
Su conclusión ha estado marcada por negociaciones y regateos entre bastidores, imponiéndose los intereses particulares de los países a los europeos y esgrimiéndose amenazas de veto. 
La Convención ha tenido éxito cuando se ha sentido libre. 
Ha seguido una lógica constitucional a la hora de elaborar un proyecto sobre el futuro de Europa. 
De él surgió el proyecto de una democracia europea, la Carta de los Derechos Fundamentales, un ordenamiento jurídico republicano para Europa, la capacidad para actuar y la posibilidad de representar un nuevo papel en el mundo. 
El éxito le ha vuelto la espalda a la Convención siempre que se ha doblegado ante las presiones gubernamentales y se ha extraviado en una maraña de intereses contrapuestos. 
Por todo lo cual, no tenemos un contrato social europeo ni un ordenamiento social europeo, demasiadas decisiones se adoptan por mayoría y seguimos contando, entre otras cosas, con leyes promulgadas por el Consejo. 
El tema en cuestión no era lo que podíamos hacer por Europa, sino lo que podíamos denegarle a Europa. 
Muchos gobiernos están solicitando ahora una Conferencia Intergubernamental «auténtica» ; se trata de una amenaza peligrosa, que además se sustenta en una legitimidad muy dudosa. 
En matemáticas, más por menos es menos. 
¿Qué sentido tiene sobreponer a un método tan satisfactorio como la Convención otro tan reiteradamente ineficaz como una Conferencia Intergubernamental? 
El producto, el resultado final, de esta sencilla operación aritmética será una CIG, una «Niza II» , que representará no el máximo común denominador, sino el mínimo común denominador; ¿y no estaban representados los gobiernos en la Convención, además al máximo nivel? 
¿Acaso no impusieron a la fuerza sus posiciones? 
¿No estuvo usted en la Convención, Comisario Barnier? 
¿No dio usted su aprobación a un gran compromiso? 
¿Puede asumir la Comisión la responsabilidad histórica de permitir a los gobiernos que modifiquen unilateralmente este consenso histórico en aras de sus propios intereses? 
Al hacerlo, ¿no está usted permitiendo que las fuerzas de la destrucción se absuelvan de culpa a sí mismas? 
Señor Comisario, su lugar se halla junto al Parlamento Europeo en su lucha a favor de este compromiso. 
Usted tendrá que responder de ello; tal vez se trate del error más grave durante todo su mandato del que le pedirá cuentas la Comisión. 
¿Qué puede hacer la Conferencia Intergubernamental sin destruir ese consenso, sin proseguir-a puerta cerrada- el mismo regateo que presenciamos en Niza? 
Debe aceptar el proyecto de la Convención; debe tratar, dentro del espíritu de la mayoría en la Convención, las cuestiones que los gobiernos bloquearon y sobre las que no existe consenso, especialmente la cláusula de revisión. 
La Convención no pudo alcanzar un acuerdo al respecto; la Conferencia Intergubernamental debería hacer posible que las enmiendas futuras a la Constitución puedan aprobarse por mayoría democrática. 
Además, debería resolver las contradicciones entre la Parte 1 y la 3, que en gran medida son consecuencia de la intervención gubernamental. 
Si prometemos una economía de mercado social en la Parte 1, y a continuación una sociedad competitiva sin restricciones en la Parte 3, no estaremos siendo honestos con los ciudadanos. 
Si prometemos el pleno empleo en la Parte 1, pero solo un nivel elevado de empleo en la 3, será una estratagema que en absoluto inspirará confianza en Europa. 
Si, en este momento histórico, tomamos la decisión equivocada, estaremos sumiendo a Europa en una crisis. 
Si, tras haber destrozado la metodología de la Conferencia Intergubernamental, procedemos a desmantelar y desacreditar la de la Convención, nos quedaremos con las manos vacías. 
¿Qué podremos hacer cuando llegue la crisis? 
Por muy díficil que nos haya podido resultar a todos este compromiso, debemos defender la Convención sobre el futuro de Europa. 
Señor Presidente, Señorías, los defensores más celosos de la Convención quieren que el nuevo Tratado se firme el 9 de mayo del año que viene, fecha del aniversario de la declaración de Schuman de 1950. 
¡Pero prestemos atención a Robert Schuman! 
Sus palabras exactas son las siguientes: «Europa no se construirá de golpe o de acuerdo a un único plan. Se construirá a través de logros concretos que crearán en primer lugar una solidaridad de facto.» 
Repito: no se construirá de golpe o de acuerdo a un único plan. Se construirá a través de logros concretos que crearán en primer lugar una solidaridad de facto. 
Veamos ahora qué tenemos encima de la mesa. 
Tenemos una Convención, cuya elaboración ha exigido, según nos dijo aquí el Sr. Giscard d ' Estaing, 1.800 intervenciones y miles de enmiendas propuestas. Sin embargo, no se ha producido ni una votación. 
Ni un solo voto. Este proceso no ha sido democrático ni en principio ni en la práctica y ha sobrepasado con mucho su mandato. 
¿Qué significaría entonces que las conclusiones de la Convención se impusieran como definitivas, tal como quisieran los ponentes, pasando por alto sin ningún miramiento los poderes y las responsabilidades otorgados democráticamente solo a la Conferencia Intergubernamental (CIG)? 
¿Qué vemos? 
Apreciamos un intento por construir Europa «de golpe» , trastocando un equilibrio que existe desde hace mucho tiempo por medio de un nuevo «plan único». 
Otro golpe contra Robert Schuman. 
Recordemos, además, lo ocurrido hace algunas semanas durante la reunión de planificación de la CIG en Riva del Garda. 
Varios Estados miembros, varios países expresaron reservas notables respecto del texto de la Convención. El Grupo Unión por la Europa de las Naciones ha incorporado esas reservas a las enmiendas que ha presentado a este informe, relativas a la composición de la Comisión, la Presidencia, el papel del cristianismo, etc. 
Estas críticas recibieron un respuesta contundente por parte del Sr. Oskar Fischer en forma de previsiones financieras para el período 2007-13. La prensa interpretó acertadamente la amenaza del ministro alemán como un imprudente chantaje presupuestario. 
¿Qué significa todo esto? 
Supone una negación de los «logros concretos» que gradualmente «crean una solidaridad de facto» Eso era exactamente lo que propugnaba Schuman el 9 de mayo de 1950. 
Por tanto, mi Grupo insta a la CIG a inspirarse sinceramente en el método de Schuman, sin olvidar jamás el 9 de mayo. 
Así pues, quiero hacer un llamamiento a la Presidencia italiana para que no se someta al lenguaje amenazador, a las restricciones, al chantaje por parte de los Estados miembros, sino que fomente los debates abiertos, igualitarios y abiertos. 
Nuestra responsabilidad es evitar que las prisas y las presiones de unos pocos destruyan, en contra de la democracia, el espléndido edificio cuyos cimientos fueron construidos por el Tratado de Roma. 
Señor Presidente, ya previne a la Presidencia italiana acerca de su calendario para la Conferencia Intergubernamental. 
Se han reservado doce días a reuniones durante este otoño para negociar una Constitución de la que poquísimas personas tienen hasta ahora conocimiento. 
Está previsto que se apruebe el 13 de diciembre y se ratifique el 9 de mayo, fecha a partir de la cual podremos acudir a las urnas y participar en los plebiscitos, pero no podremos modificar la Constitución. 
Eso no es justo y en absoluto democrático. 
Los pueblos de Europa no han solicitado por ahora una Constitución. 
Ninguno de ellos han estado debidamente implicados en los planes selectos de la UE para transferir el poder electoral a Bruselas. 
En la Comisión de Asuntos Constitucionales, acordamos, por 22 votos a favor y 3 en contra, invitar a todos los países, siempre que fuera posible, a celebrar un referéndum. 
El Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias apoya plenamente esa decisión. 
Tómese tal decisión ahora, porque solo cuando la gente sabe que tiene que votar los planes es cuando comienza a interesarse por ellos. 
Cuando las cosas se ponen serias, la gente se implica en ellas. 
Si todos los países de la UE deciden celebrar el referéndum simultáneamente con las elecciones al Parlamento Europeo en junio, tendremos la oportunidad de celebrar el primer debate europeo conjunto. 
Entonces se pondrá de manifiesto si podemos alcanzar una conclusión común. 
Espero y creo que los votantes rechazarán el proyecto elaborado bajo la dirección, más bien autoritaria, del Presidente Giscard d ' Estaing, tildado de consenso. 
He reunido 200 firmas para tratar de invertir el procedimiento de manera que pueda comenzar con apertura. 
Mi petición ha sido suscrita por todos los representantes electos de los parlamentos nacionales y apoyada por todos los diputados al Parlamento Europeo, salvo el Sr. Duhamel. 
Ahora bien, el objeto de la petición no forma parte del informe final. 
He recabado 123 firmas para tratar de garantizar que todos los países continúen teniendo Comisarios. 
Pero tal disposición no forma parte del consenso. 
En cambio, hemos obtenido una división de Comisarios con y sin derecho a voto, una propuesta que no se presentó o debatió en la Convención hasta muy al final. 
El principal empeño del proyecto de Constitución consiste en transferir mucho más poder de nuestras democracias parlamentarias a la Bruselas de los funcionarios y los grupos de influencia. 
Pronto resultará imposible para los electorados de nuestros países modificar muchas decisiones que ahora pueden ser revocadas por los votantes en las elecciones. 
Nuestras democracias están siendo recortadas enérgicamente y los parlamentos nacionales están cediendo poder hasta un grado que no es equiparable a la influencia adicional adquirida por el Parlamento Europeo. 
Si se ha de recortar la democracia, por lo menos que la decisión de hacerlo sea aprobada democráticamente por los propios votantes mediante un referéndum. 
Por consiguiente, hagamos un llamamiento a la Conferencia Intergubernamental para que inste a todos los países a celebrar un referéndum. 
Es más, ¿por qué no se preparan dos propuestas diferentes, a saber, una Constitución federal democrática y un proyecto de Tratado para una Europa de las democracias? 
De esta forma podemos dejar sin ningún peligro que los votantes europeos decidan nuestro futuro común. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a lo largo de los últimos días hemos visto a nuestros Jefes de Estado y de Gobierno subir, uno por uno, a la tribuna de las Naciones Unidas, pero Europa no lo ha hecho. 
Creo que esta imagen es suficiente para evitar largos debates y, sobre todo, para decir lo que le falta a esta Constitución. 
Esta Constitución es, sin lugar a dudas, el resultado de un laborioso bricolaje institucional, difícil de explicar y todavía más difícil de comprender y, en consecuencia, poco estimado. 
Se trata de un trabajo complicado, complejo y, me temo, poco eficaz. 
Existen mejoras indiscutibles en cuanto a los sectores internos relacionados con los ciudadanos de Europa o con nuestras vidas- los sectores que se han definido como colaterales- pero el aspecto que esta Constitución no aborda ni resuelve es la definición del papel, la responsabilidad, los recursos y los procedimientos necesarios para convertir a Europa no solo en lo que ya es- una gran potencia económica- sino también en lo que debería ser, un actor político responsable en la escena mundial. 
A esto ni siquiera hemos intentado responder. 
La Constitución transmite la imagen de una Europa introvertida, de una Europa introspectiva que, por supuesto, se preocupa por el bienestar de sus ciudadanos pero que carece de estructuras, procedimientos, compromisos u otras ayudas para asumir sus responsabilidades- que de hecho tiene- más allá de sus fronteras. 
Ni siquiera estamos dotándonos de los instrumentos para responder a esa necesidad de Europa, ese llamamiento a Europa, esa demanda a Europa- que es tan fuerte en tantas partes del mundo, desde el Oriente Próximo hasta las costas meridionales del Mediterráneo -, esa necesidad de valores europeos, para contribuir a un desarrollo esencialmente más justo y más basado en los derechos humanos, civiles y políticos. 
Con esta Constitución nos condenamos a ir, siempre y en todas las instancias, a remolque de los demás, aunque sea a regañadientas. 
Todo es demasiado fácil, pero sobre todo, creo que va en contra del espíritu y los objetivos de Europa y, concretamente, de nuestras obligaciones como europeos frente a ciudadanos que, aunque no sean europeos, son nuestros vecinos. 
Señorías, como federalista de siempre y cada vez más convencida, en aras del realismo político, por amor a la Europa que debiera ser capaz de sacar fuerzas de sus propios éxitos para promover otros éxitos, al menos en los países vecinos, creo que esta Constitución representa una oportunidad perdida, una oportunidad perdida por la que otros habrán de pagar. 
Es posible que nosotros, europeos, mejoremos nuestro nivel de vida, pero otros sufrirán por nuestras acciones mezquinas, nuestra gran mediocridad, precisamente porque hemos decidido seguir siendo meramente una gran potencia económica. 
Eso no es suficiente. 
Eso no es lo que significa ser europeo, al menos para mí. 
Señor Presidente, la Comisión de Control Presupuestario agradece el informe del Sr. Gil-Robles Gil-Delgado y el Sr. Tsatsos y felicita a los ponentes por su trabajo. 
Nuestro dictamen contiene algunos puntos pertenecientes a nuestro ámbito de actuación que nos gustaría aclarar. 
El primero es que, de acuerdo con su condición institucional, el Tribunal de Cuentas debería figurar entre las instituciones citadas en el proyecto de Constitución, y sus funciones deberían detallarse más claramente en el futuro. 
En segundo lugar, los Principios Presupuestarios y Financieros deberían hacer referencia a la aprobación de las cuentas- incluidas las de las Agencias -, para dejar bien patente que es el Parlamento quien ejerce el control democrático. 
En tercer lugar, en cuanto a la designación de un fiscal general europeo, recomendamos, sobre la base de la propuesta original presentada a la Convención por la delegación del Parlamento, que la creación de esa figura del fiscal general se defina claramente, en lugar de dotarla de un carácter opcional, y que el actual principio de unanimidad en el Consejo se sustituya por el procedimiento legislativo, en otras palabras, por una votación por mayoría cualificada. 
Creemos que estas recomendaciones contribuirán a crear una Europa de libertad, seguridad y justicia en la Constitución. 
- (IT) Señor Presidente, Señorías, la evolución del derecho público europeo, desde los Tratados de Westfalia hasta el Tratado de la Comunidad Europea, nos permite aceptar hoy una idea innovadora, anteriormente impensable, de un Tratado constitucional que conjuga características de un Tratado en algunas de sus partes y las de una Constitución, en otras. 
El proyecto que estamos analizando hoy representa un importante paso hacia delante, sobre todo en el campo de la construcción de un espacio único europeo de libertad, seguridad y justicia. 
Es un paso adelante porque en este ámbito se utiliza, mayoritariamente, el método comunitario, un método que debería ser el único para tomar decisiones en una Europa federal, ya que respeta los valores de la democracia y el Estado de derecho, cimentados ambos sobre el principio de que las leyes deben ser aprobadas por representantes de la ciudadanía y, en consecuencia, que las leyes europeas deben ser aprobadas por el Parlamento Europeo. 
Además, respeta el criterio de que las decisiones deben ser aprobadas por mayoría absoluta, lo que realza la unidad, mientras que la unanimidad fomenta las particularidades y las divisiones: allí donde se adopta este método, Europa avance hacia el futuro; allá donde prevalece el poder exclusivo de los gobiernos, Europa retrocede a su pasado, a su pasado trágico. 
Señor Presidente, aunque la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios considera la ampliación del procedimiento de codecisión como algo en principio muy saludable, no creemos que vaya lo suficientemente lejos, ya que quedan excluidas políticas que son vitales para el funcionamiento del mercado interior y la unión económica y monetaria. 
En concreto, lamentamos que la simplificación de los procedimientos reduzca incluso la condición de la consulta conjunta, ya que los procedimientos de cooperación han quedado convertidos en meramente consultivos. 
Por tanto, estamos lejos de sentirnos satisfechos, sobre todo en el ámbito de la política de competencia o la política fiscal, que entrañan una importancia inmediata para el mercado interior. 
Quiero reseñar también que nos hubiera gustado ser testigos del nombramiento de un ministro de Asuntos Económicos que, en particular, nos hubiera permitido- sobre todo en la zona euro- dar un salto cualitativo en cuanto a la forma de conseguir los objetivos de Lisboa. 
Considero también lamentable que no hayamos sido capaces de plasmar en la Constitución los procesos de Lisboa, lo que significa que no cabe describir este nuevo Tratado Constitucional como una auténtica Constitución económica europea. 
Sin embargo, quiero celebrar la forma en que los valores y objetivos de la UE se han vinculado al crecimiento sostenible, el pleno empleo, la solidaridad y la economía social de mercado, la competencia y la libertad. 
Señor Presidente, quiero añadir una nota a pie de página al debate. 
Los privilegios e inmunidades de los diputados al Parlamento Europeo siguen rigiéndose por un protocolo que data de 1965 y que se adecuaba a la Asamblea Parlamentaria que existía entonces. 
En una carta dirigida a los ministros de Exteriores, la Presidencia italiana ha aludido a la posibilidad de revisar los protocolos, algo que juzga conveniente. 
Es una iniciativa que he acogido con gran satisfacción. 
El año tendremos un Parlamento Europeo elegido directamente desde hace veinticinco años. 
Ya va siendo hora de que nuestra situación legal quede regulada en toda Europa. 
Si no es en la Conferencia Intergubernamental, ¿cuándo se va a hacer? 
Por cierto, me es bastante indiferente que estas nuevas disposiciones, tan necesarias, se incorporen al Estatuto o se adopten mediante un acto legislativo primario. 
No me preocupa mucho ese aspecto, lo considero secundario, pero es algo que tiene que hacerse, porque si no se hace, tampoco habrá un Estatuto de los Diputados. 
- (EN) Señor Presidente, es un poco difícil expresar una opinión sobre esto cuando parece ser que la mitad de mis colegas piensan que no tiene ninguna utilidad opinar sobre el tema porque no podemos alterar el texto de la Convención. 
Sin embargo, por si sirve de algo, diré solo lo siguiente. 
En muchos aspectos, la Unión Europea ya ejerce el máximo poder en el ámbito que abarca mi comisión: tenemos capacidad de codecisión y voto por mayoría cualificada. 
Pero podemos extraer algunas lecciones de nuestra experiencia. 
La lección principal que yo destacaría- que no está incluida en el texto de la Convención- es que necesitamos ser mucho más cuidadosos cuando adoptamos una legislación que debe aplicarse. 
Por lo tanto, debemos incorporar en la Constitución o Tratado Constitucional la necesidad absoluta de que las tres instituciones- Comisión Europea, Consejo de Ministros y Parlamento Europeo- aportes evaluaciones del impacto económico de las enmiendas que propongan a la legislación. 
Si no es así, seguiremos adoptando leyes con las que todos los países están de acuerdo, pero que se ignoran en algunos países y que en muchos otros no se pueden pagar. 
Esto adquirirá mayor importancia con la ampliación de la Unión Europea, que incluirá a muchos países muy pobres. 
Tal como están las cosas, si seguimos con las expectativas que estamos creando pero que no podemos cumplir, no haremos ningún favor ni a Europa ni a los consumidores europeos. 
- (EN) Señor Presidente, el sector de la pesca está en crisis. 
La Política Pesquera Común ha sido un miserable fracaso: los principales objetivos de la PPC eran proteger puestos de trabajo y conservar las reservas pesqueras, pero se han destruido miles de puestos de trabajo y las reservas pesqueras se han agotado. 
En nombre de la conservación, nuestros pescadores se han visto obligados a devolver al mar cada año dos millones de toneladas de peces muertos para poder cumplir el programa de cuotas. 
En nombre de la conservación, nuestros pescadores han sufrido bloqueos, paros forzosos, cierres de emergencia, pérdidas de empleo y una reducción de sus ingresos. 
Ahora estamos intentando reformar la PPC y detener el derrumbamiento final del sector en el Mar del Norte y otras zonas clave. 
Por lo tanto, es de vital importancia que se destaque la política pesquera. 
La comisión se alarmó cuando pareció que la Convención vinculaba la política pesquera a la agricultura como simple apéndice. 
Para los cientos de miles de personas que trabajan en el sector en toda la UE, no somos un apéndice de la agricultura: somos un sector importante. 
Por favor, asegúrense de que se respalde nuestra postura a favor de los poderes de codecisión en la Comisión de Pesca. 
Por favor, asegúrense también de que podamos empezar a tener un papel significativo en el futuro del sector. 
. (NL) Señor Presidente, los Tratados deben establecer un fundamento jurídico para la política de turismo europea. 
Esa ha sido durante años la opinión de la mayoría en la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, y quiero añadir que yo no la comparto. 
La razón de mi petición es la siguiente: para un número considerable de regiones en la Unión Europea, la industria del turismo constituye una fuente de ingresos importante, cuando no la más importante, lo mismo que la agricultura o la industria lo son en otras regiones. 
Muchos negocios del sector turístico son pequeñas y medianas empresas que se beneficiarían directamente de las disposiciones relativas a esta categoría. 
No obstante, se espera que una política de turismo europea contribuya al desarrollo sostenible de la industria. 
Las regiones afectadas se harían más prósperas, favoreciendo con ello la cohesión económica y social. 
La Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo quiere solicitar la incorporación al nuevo Tratado de un fundamento jurídico para la política de turismo europea. 
- (DA) Señor Presidente, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades ha tenido desde el principio muchas reservas acerca del trabajo de la Convención, sencillamente por la razón de que solo el 17% de los miembros de la Convención eran mujeres. 
Con independencia de que los delegados se contabilizaran o no junto con los diputados propiamente dichos, el resultado era el mismo. 
Es más, la edad media del Presidium era de 53 años, siendo hombres sus representantes. 
Sólo había una mujer, a la que podría considerarse casi como una rehén femenina. 
Nuestras reservas siguieron intactas cuando vimos el primer proyecto. 
No se hacía ninguna mención a la igualdad o dimensión de género, ni a nada que se le pareciera. 
Afortunadamente, las cosas mejoraron al final. 
La igualdad de género fue declarada uno de los valores fundamentales y quiero aprovechar la oportunidad también para dar las gracias a todos cuantos han contribuido al éxito de la Convención. 
Queda aún mucho por hacer y deseo resaltar que, si el Tratado constitucional se pone en práctica, contiene ámbitos críticos en términos de igualdad de género en los que las cosas distan de ser perfectas. 
Es algo de lo que quiero que sea consciente todo el mundo, la Comisión, el Consejo y los representantes del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, en un plazo de diez días se pondrá en marcha otra Conferencia Intergubernamental. 
Parece que la Unión Europea se encuentra en un estado de CIG permanente. 
En los últimos 16 años hemos tenido el Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam y, más recientemente, el Tratado de Niza. 
En cada caso ha habido un proceso inevitable de integración en un solo sentido, la sensación de que la Unión Europea solo puede ser satisfactoria si adquiere más y más poder. 
Y sin embargo, mientras, los pueblos de Europa han expresado cada vez más desilusión con el proceso político europeo, con una participación cada vez más baja en las elecciones europeas. 
Para nosotros es un dilema y causa de preocupación. 
Esta CIG nos llevará a algo bastante distinto de los tratados anteriores. 
Por primera vez se intentará crear una constitución para la Unión Europea. 
El proyecto de Tratado constitucional refuerza los planes de centralización e integración que ha sido el distintivo del desarrollo europeo en los últimos años. 
Deberíamos volver a los primeros principios. 
En Laeken, los Jefes de Estado y de Gobierno pidieron una mejor definición, más clara, de las competencias de la UE, la simplificación de los instrumentos jurídicos, más democracia, más transparencia y eficiencia, y que las instituciones europeas se acercaran más a los ciudadanos. 
Todo queda muy lejos de lo que ha propuesto la Convención; y ahora se nos pide que aseguremos que la CIG no perjudique en nada a la Convención. 
Volvemos al mismo mensaje de siempre: Europa debe mejorar su integración o corre el riesgo de ir hacia atrás. 
Ha llegado el momento de estudiar la realidad, y quizás lo ocurrido en Suecia ha sido un aviso. 
La Unión Europea corre el riesgo real de apartarse de lo que los ciudadanos de Europa quieren. 
Para los que, como yo y mi partido, creemos en la pertenencia a la Unión Europea y en una Europa de naciones que cooperan estrechamente, con estas ansias de integración que se reflejan en el documento de la Convención se corre el riesgo de una reacción contraria por parte del electorado. 
Temo que Europa llegue a experimentar una crisis de legitimidad. 
Primero el Gobierno británico nos dijo que no había necesidad de constitución. 
Ahora en Gran Bretaña nos dicen que esta constitución es esencial. 
Después nos dijeron que la CIG era un simple ejercicio de orden. 
Después el Sr. Blair en el Reino Unido empezó a señalar frenéticamente que para él había temas de vital importancia en la CIG: impuestos, defensa y seguridad social. 
Pero según los informes publicados durante el fin de semana también ha cambiado de opinión al respecto. 
Mi partido tiene una respuesta simple y democrática al planteamiento retorcido y tortuoso del Primer Ministro y su Gobierno respecto a la CIG, y es ofrecer un referendo al pueblo británico. 
Permitámosles que decidan si realmente desean realizar este nuevo salto hacia una Europa federal. 
Si un referendo es suficientemente bueno para los ciudadanos de Irlanda, España y otros países, creo que también debe ser suficientemente bueno para los ciudadanos del Reino Unido, y las encuestas indican que un 80% de los ciudadanos del Reino Unido lo desean. 
La CIG debatirá un cambio fundamental del equilibrio de poderes entre los Estados y las instituciones de la Unión Europea. 
Me temo que realizar con prisas un cambio constitucional de esta magnitud en una fase tan avanzada del proceso de ampliación puede llevarnos a crear rechazo y desilusión entre los ciudadanos de los Estados en vías de adhesión y de los 15 actuales. 
Finalmente, en este Parlamento tenemos la obligación de representar los intereses de nuestros electores. 
Dando apoyo a la moción para una resolución en su forma original estamos enviando el mensaje de que la elite política sabe lo que es mejor para nuestros electores. 
Es un mensaje peligroso en un año de elecciones. 
Señor Presidente, al margen de los breves comentarios iniciales que escuchamos en esta Cámara el 3 de septiembre de 2003, el Parlamento está en condiciones ahora de emitir una opinión más sustancial sobre el proyecto de Constitución aprobado por la Convención. 
Puede hacerlo gracias al análisis minucioso e imparcial recogido en el informe del Sr. Gil-Robles Gil-Delgado y el Sr. Tsatsos: un análisis que aboga por sacar provecho de todas las innovaciones, el progreso y el potencial que ofrece el proyecto de la Convención. 
Por consiguiente, está claro por qué el Parlamento está apremiando a la Conferencia Intergubernamental para que asuma ya el resultado de la Convención. 
Quiero añadir que somos especialmente sensibles a la importancia y la emoción de este proceso histórico: el alumbramiento de una Constitución europea, que fue el sueño de Altiero Spinelli. 
El proyecto respaldado por él y aprobado por este Parlamento hace casi 20 años sentó las bases con visión de futuro. 
Sin embargo, ello no debe impedir que evaluemos con objetividad el texto elaborado por la Convención, que tomemos nota de sus insuficiencias, contradicciones e incógnitas. 
De hecho, el Sr. Gil-Robles Gil-Delgado y el Sr. Tsatsos no han dejado de señalarlas en su informe, no han eludido la responsabilidad de ponerlas de manifiesto con el debido espíritu crítico. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, el problema de fondo no es que el Parlamento esté disgustado por no haberse aprobado ciertas posiciones o propuestas, sino por el peligro de que la UE no sea capaz de abordar de forma adecuada los desafíos que le esperan. 
Teniendo esto presente, invitamos a la Conferencia Intergubernamental a reflexionar, a estudiar cualquier forma posible de aumentar la coherencia del proyecto de Constitución y prevenir cualquier distorsión del mismo, con el fin de evitar retrocesos en el proceso. 
El Parlamento, por medio de su Comisión de Asuntos Constitucionales, hará un seguimiento de la Conferencia Intergubernamental con la máxima atención y vigilancia. 
El enfoque por el que hemos optado es sumamente constructivo, no acrítico y muy responsable, y creo que no tiene por qué haber una diferencia entre nuestra postura y la de la Comisión, aunque esto no significa negar la distinción entre ambas instituciones ni si independencia. 
La Presidencia italiana puede contar con su esfuerzo conjunto para soportar la presión de los gobiernos que quieren reanudar las negociaciones puesto que, Sr. Antonione, ya han existido negociaciones en la Convención y reanudarlas respecto a las cuestiones fundamentales haría ingobernable la Conferencia. 
Espero que la Presidencia italiana se muestre coherente y firme. 
Señor Presidente, creo que todos los que mostramos nuestra buena disposición ante la Convención debemos decirlo en público. 
Hay algunos que critican la Convención, pero yo creo que la mayoría de los diputados de esta Cámara reconoce que el método de la Convención ha funcionado. 
Es un éxito, y ha venido para quedarse. 
Se ha hablado, en efecto, de un paso democrático hacia delante y eso es algo que debemos resaltar. 
No es perfecto, pero se trata de un avance democrático en comparación con todas las anteriores Conferencias Intergubernamentales. 
Además, el hecho de que hayamos celebrado este debate general constituye una base sólida para la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Algunos pensaban que tendría que haber existido una mayor participación de los ciudadanos. 
Es posible que así sea, pero tal vez no quepa esperar que la gente ande discutiendo tratados constitucionales cuando está sumida en plena vida cotidiana. 
Eso es, de alguna manera, para lo que nos han elegido que hagamos como diputados al Parlamento Europeo. 
No obstante, en esta Cámara hemos establecido una serie de condiciones básicas que permitirían una mayor anticipación de los ciudadanos. 
Mencionaré algunas de esas condiciones. 
En primer lugar, la simplificación facilitaría por sí sola que la gente se interesara por y comprendiera el Tratado y la evolución europea. 
En segundo lugar, hemos provocado ahora una situación en la que han quedado definidos con detalle los valores sobre los que operamos en Europa. 
Es muy bueno que la UE se acerque a los ciudadanos y que estos la conozcan mejor. 
El hecho de que hayamos conseguido especificar los objetivos políticos prácticos de nuestra cooperación tiene también un gran valor para los ciudadanos. 
Creo, asimismo, que en el Parlamento podemos decir con certeza que no existe ninguna región en el mundo que posea tales valores y objetivos sustentando su cooperación política. 
Sencillamente es espléndido. 
El tercer elemento positivo es que se está atribuyendo ahora a los parlamentos nacionales mayor responsabilidad de la que han tenido anteriormente, y el cuarto es, por supuesto, que los diputados europeos estamos ahora obligados, en todos los sentidos prácticos, a efectuar un seguimiento de nuestro trabajo, con independencia del tema. 
Puedo citar, por ejemplo, el informe del Sr. Cashman, que vamos a debatir más adelante. 
Por último, quiero referirme a un asunto que no ha sido mencionado. 
No hemos encontrado solución al problema de nuestras dos sedes. 
No hemos resuelto el aspecto fundamental, a saber, que el Parlamento Europeo debe decidir por sí mismo dónde va a celebrar sus sesiones. 
Ese es, además, un tema que quisiera que la Presidencia italiana estudie. 
Sé que es difícil, pero nunca conseguiremos la debida aceptación del trabajo europeo si los diputados del Parlamento Europeo tiene que andar de un lado para otro como hasta ahora. 
Señor Presidente, a pesar de las posiciones tan polarizadas que hemos adoptado, la Convención ha elaborado un proyecto de Constitución que posee una cierta coherencia interna. 
Como miembro de la Convención, he refrendado el resultado de los procedimientos habida cuenta de su contenido general, aunque, como otros, no he podido dar mi aprobación a todas las declaraciones formuladas. 
Lo que es realmente importante es lo que saldrá de todo esto, por primera vez en la historia de la integración europea, una Constitución europea que establezca un marco de referencia dentro del cual pueden convivir muchos millones de personas en más de 25 estados. 
Considero positivo que la UE en su conjunto se haga más democrática, que se haya avanzado en la separación de los poderes, que se otorguen más derechos al Parlamento y que se implanten los referendos. 
También es muy importante para mí que la UE se haga más social, aunque eso presuponga que nos atengamos a las metas y los valores plasmados en la Parte I. Esto significa, si queremos preservar el mandato social tal como se contempla en el proyecto de la Convención, que la Conferencia Intergubernamental debe resistirse a la insistencia del Banco Central Europeo para que se revise esta disposición. 
Ante todo, la Conferencia Intergubernamental tiene que completar el trabajo que la Convención al final fue incapaz de hacer. 
Es una cuestión de obligación política y legal. 
¿Cómo van a entender los ciudadanos un documento constitucional que les presenta- y sé que estoy exagerando- dos filosofías económicas diferentes: por una parte, la economía de mercado social, el crecimiento económico equilibrado y el pleno empleo; por otra, una economía de mercado abierto con libre competencia y simplemente un elevado nivel de empleo? 
Lo mismo puede decirse de otros aspectos. 
Por eso es importante que se apruebe hoy la enmienda 3 y que esta Cámara transmita un mandato claro a la Conferencia Intergubernamental para que subsane las contradicciones entre la Parte III y la Parte I. 
Quiero manifestar además, en términos inequívocos, mi rechazo de todas las disposiciones encaminadas a desarrollar la Unión Europea como una potencia militar e intervencionista. 
Esa no es la forma de que Europa se emancipe de la hegemonía norteamericana; solo a través de la resolución y de la prevención de los conflictos civiles podrá la Unión Europea convertirse en un aliado respetado en la escena internacional. 
Tampoco es aceptable que la Constitución obligue a los Estados miembros a incrementar su capacidad militar cuando no se dispone de más fondos para seguridad social, pensiones o educación, y cuando el nuevo endeudamiento está alcanzando unas cotas muy preocupantes. 
Creo que la Conferencia Intergubernamental debe guiarse también por los ideales y el espíritu de la Convención. 
Los ciudadanos tienen derecho a contemplar cómo procede la segunda fase del proceso constitucional, razón por la cual los gobiernos deberían celebrar sus sesiones en público y de forma transparente. 
Señor Presidente, hablo aquí en nombre de quienes sueñan en una Europa auténticamente unida de regiones y pueblos, una Europa que no podrá existir con la Constitución propuesta. 
Tal como se afirma en el informe Tsatsos, se trata de un avance importante en el proceso de democratización de la Unión, pero todavía no estamos evolucionando hacia la Europa decisiva y transparente capaz de desempeñar un papel en la escena mundial e inspirar confianza a sus propios ciudadanos. 
La soberanía solo prevalece en unos pocos Estados miembros que hacen alarde de su propia estructura constitucional. 
La diversidad lingüística y cultural solo se reconoce en los Estados miembros que permiten ese reconocimiento. 
Las regiones que poseen autoridad constitucional están siendo testigos del acceso a la UE de unos diez nuevos Estados miembros, algunos de los cuales son más pequeños que sus propias regiones con poderes constitucionales, como Flandes, Escocia, Cataluña, Gales, etc. Estos estados soberanos tal vez tengan menos voluntad de trabajar a favor de la creación de una auténtica Unión. 
Eso es algo que se pondrá en claro dentro de poco en la CIG. 
Pero los estados pequeños también son nuestros aliados. 
Quiero animarles a que contribuyan a defender el resultado que se ha conseguido en esta Convención. 
Al menos se ha logrado un cierto equilibrio en estos textos. 
Existe una cierta unidad en la diversidad, pero debemos seguir, ante todo, defendiendo conjuntamente estos últimos aspectos. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Gil-Robles Gil-Delgado y al Sr. Tsatsos por el informe que nos han presentado hoy. 
El proyecto de Tratado presentado a nuestros dirigentes de la UE en Salónica constituye la base del debate sobre el texto final consensuado por la Unión Europea. 
La gran mayoría de los ciudadanos están de acuerdo en que la Unión Europea debe cambiar los procedimientos que utiliza si quiere convertirse en un organismo político más eficaz en una Comunidad de 25 Estados miembros. 
El debate que tendrá lugar el 4 de octubre será la siguiente fase de estas importantes negociaciones. 
El modelo de toma de decisiones dentro de la Unión se remonta, en parte, a cuando la Comunidad Económica Europea era una organización de seis miembros a finales de los años cincuenta. 
Es una estructura inadecuada en una Comunidad de más de 25 Estados miembros. 
Creo en el principio de igualdad entre Estados miembros grandes y pequeños. 
En concreto, creo que la representación dentro de la Comisión Europea debería basarse en un sistema de estricta igualdad entre Estados grandes y pequeños. 
Apuesto por que cada uno de los Estados miembros de la Unión tenga el derecho a nombrar a un candidato como miembro con plena capacidad de voto en la Comisión Europea. 
También es importante que el papel del Presidente de la Unión Europea / Presidente del Consejo Europeo se especifique claramente en el nuevo Tratado. 
Asimismo, agradezco que el nuevo Tratado defina los poderes entre la propia Comisión Europea y cada uno de los Estados miembros de la Unión. 
Tengo ciertas reservas en cuanto a las negociaciones en la CIG. 
El tema de los impuestos debe seguir siendo exclusivo de cada uno de los Gobiernos de los Estados miembros. 
No creo que el apoyo de los ciudadanos de la Unión a favor de la UE se extienda al ámbito de las decisiones fiscales en Europa. 
Pero, desde que se estableció la Convención Europea, han tenido lugar negociaciones extensivas y debates en todos los elementos de la sociedad de la Unión Europea. 
En los próximos meses debemos encarar esas negociaciones con determinación firme, para que se pueda garantizar un acuerdo sobre el texto del Tratado final, que, esperemos, regirá el funcionamiento de la Unión durante los próximos 50 años. 
Señor Presidente, la votación en Suecia ilustra claramente la situación política y económica en la que, con tres países ricos como el Reino Unido, Suecia y Dinamarca fuera de la zona euro, nos disponemos a emprender la singladura de la Constitución europea. 
Me temo que no va a lograr frenar el proceso que intenta anular nuestro potencial nacional y regional, sino que más bien acelerará la construcción de un superestado europeo gobernado por una tecnocracia apátrida cuyo rumbo será el que le dicte la globalización. 
Una Constitución europea, especialmente hoy día ante el grave desafío que representa China- que, además de sus productos, ha logrado imitar incluso el logotipo de la Unión Europea- debe contemplar la reintroducción de los derechos de aduana y los aranceles para proteger nuestra producción, sobre todo para proteger el sistema de las pequeñas y medianas empresas y nuestra producción agroalimentaria. 
En primer y principal lugar, debe consagrar el valor de la protección y el desarrollo de nuestras identidades culturales para preservar un patrimonio etnocultural, histórico y lingüístico único en el mundo. 
Para nosotros, ciudadanos de Padania, resulta inaceptable que una Constitución europea, en vez de inspirarse en las raíces históricas de Carlomagno, parezca adoptar la relación euro-dólar como su única directriz espiritual. 
Por el contrario, debería reivindicar sus raíces cristianas con orgullo, sobre todo ante el grave peligro de la creciente islamización. 
Además, es inaceptable que no exista ninguna referencia específica a los derechos de los pueblos, aun cuando tales derechos hayan quedado confirmados en diversas resoluciones de la ONU, o, más concretamente, al principio de autodeterminación de los pueblos- inalienable para nosotros, ciudadanos de Padania- y eso ha provocado protestas legítimas por parte de representantes de grupos étnicos no italianos en el Estado italiano, como los sardos y los habitantes del Valle de Aosta y del Alto Adigio. 
Sesenta años después de la Declaración de Chivasso, el documento histórico que marcó el nacimiento del federalismo, redactado el 19 de diciembre de 1943- unos tiempos especialmente difíciles para Europa y para nuestro país- por representantes del Valle de Aosta, los valdesianos y los occitanos, para proteger las culturas regionales contra el centralismo de Roma, no podemos ratificar una Constitución que ignora los derechos de los pueblos y las regiones si pretendemos respetar los ideales de estos antecesores. 
Señor Presidente, la Conferencia Intergubernamental que se iniciará en Roma el 4 de octubre constituye una oportunidad extraordinaria para la totalidad de la Unión Europea, para casi 500 millones de ciudadanos que están exigiendo, por fin, unas instituciones más cercanas a la ciudadanía de lo que han estado hasta ahora. 
Sería un error tremendamente grave permitir que fracase la CIG y no dotar a Europa de su primera Constitución. 
Soy optimista y personalmente estoy convencido de que nadie querrá ser responsable de echar por tierra el trabajo de la Convención y de borrar la esperanza de una Europa políticamente fuerte e independiente por fin, una Europa que pueda desempeñar el papel de la potencia necesaria para equilibrar una situación internacional dominada hoy por los Estados Unidos, con la perspectiva de un incremento del poder de China en el futuro. 
Seamos claros: creemos en una Europa más influyente e independiente de los Estados Unidos pero, al mismo tiempo, un amigo y un aliado de un país y un pueblo que han hecho una contribución decisiva para proteger la libertad y la democracia en nuestro continente. 
Comparto el parecer de la Presidencia italiana y de quienes creen que la estructura aprobada por la Convención no puede modificarse de manera radical. 
La perfección es enemiga de lo bueno: perseguir proyectos irrealizables supondría no alcanzar el objetivo por el que todos luchamos. 
Sería muy grave, como usted ha dicho aquí, Sr. Antonione, que se aceptaran compromisos importantes, y aprovecho esta oportunidad- como diputado del Parlamento Europeo- para agradecer a la Presidencia italiana sus esfuerzos por asegurar la representación de esta Cámara en la Conferencia Intergubernamental. 
Por consiguiente, apoyo la línea adoptada en el informe por el Sr. Gil-Robles Gil-Delgado y el Sr. Tsatsos en cuanto a la necesidad de que el Parlamento Europeo desempeñe un papel importante, y espero que otros países sigan el consejo de la Presidencia italiana y cooperen para refrendar el compromiso adquirido en esta Cámara por el Presidente Berlusconi. 
Obviamente, habrá que efectuar ciertas correcciones en el texto aprobado por la Convención como, por ejemplo, aumentando el número de ámbitos en los que se pueden adoptar decisiones por mayoría cualificada y la necesidad de alcanzar un acuerdo acerca del número y la función de los Comisarios. 
Sería un grave error histórico, Sr. Presidente, omitir toda referencia a las raíces judeocristianas de Europa. 
No estoy diciendo que debamos renunciar a la naturaleza laica de las instituciones; al contrario, estaríamos reforzando esta característica inalienable, recordando el mandato recogido en los Evangelios de «dar al César lo que es del Cesar y a Dios, lo que es de Dios». 
Resulta oportuno evocar aquí las palabras de muchos laicos- y me viene a la memoria el filósofo Norberto Bobbio y el filósofo Benedetto Croce- que hicieron hincapié en el papel y la importancia de las religiones en la historia y el crecimiento de Europa. 
Cómo dejar de mencionar a un gran pintor como Marc Chagall, un pintor europeo, judío, que se dedicó a plasmar la espiritualidad de los europeos, y que afirmaba que los pintores mojaban sus pinceles en ese alfabeto colorista de esperanza que son las Sagradas Escrituras. 
Dirigiéndome ahora a quienes están cerrando filas para oponerse a esta opción, quiero recordar también las palabras del canciller Schroeder, cuando afirmó en el Bundestag que no estaba en contra de incluir una referencia a las raíces judeocristianas en el Tratado Constitucional. 
Una Europa que quiera explorar nuevos horizontes y esté llamada a reunir a nuevos ciudadanos de diferentes religiones, no puede realmente permitirse que sus propias raíces queden borradas. 
Señor Presidente, no podemos explorar nuevos horizontes si no sabemos de dónde venimos. 
Señor Presidente, aunque con unas pocas enmiendas, mi Grupo apoya plenamente la propuesta de resolución que se nos ha presentado, y que han elaborado con tanto acierto los ponentes, el Sr. Tsatsos y el Sr. Gil-Robles Gil-Delgado. 
El gran reto a que nos enfrentamos ahora es que la Constitución sea aprobada en la CIG sin desmantelarla pieza a pieza. 
Por este motivo, nos complace que esta propuesta de resolución que adoptaremos no pida cambios significativos para el proyecto de Constitución. 
Por supuesto, expresa, con razón, algunas críticas: pone de manifiesto las carencias de la Constitución. 
Pero se hace para demostrar que nosotros también nos comprometemos en la obtención de este resultado. 
El paquete que se ha acordado en la Constitución, no obstante, lleva a la Unión Europea hacia delante en diversos aspectos como la democracia, la eficiencia, la transparencia y la comprensibilidad de la Unión. 
Por lo tanto, merece ser adoptado en la CIG. 
Pero nos acechan algunos peligros. 
Algunos gobiernos- España, por ejemplo- se oponen al sistema de doble mayoría en el Consejo y quieren volver al sistema de Niza, que es un sistema complejo, difícil de entender y no muy sensato. 
¿Por qué deberíamos aceptar un paso atrás para permitir que uno o más Gobiernos conserven lo que, francamente, es un sistema injusto? 
Algunos Gobiernos quieren reabrir la cuestión de la composición de la Comisión. 
Yo también tengo algunas dudas sobre la fórmula de la Comisión. 
Sin embargo, reconozco que forma parte de un compromiso más amplio conseguido en la CIG. 
La pregunta clave es: ¿cuál es la solución? 
Si pasamos a tener un Comisario por Estado miembro, y un voto por Comisario, ¿no estaremos convirtiendo la Comisión en una especie de Coreper, un organismo intergubernamental? 
Y no es este el papel que debería tener la Comisión. 
También me opongo a quienes desean hacer referencia a la religión en la Constitución. 
Somos una Unión de diversas religiones, de pluralismo religioso. 
En la Unión hay personas que no son religiosas. 
En la Constitución no deberíamos imponer un punto de vista determinado sobre la religión. 
Sería una especie de imperialismo cultural. 
Finalmente, quiero tratar el tema del referendo. 
No está en manos de la Unión Europea decir a sus Estados miembros qué procedimiento deberían utilizar internamente para ratificar un tratado constitucional. 
Es un asunto que cada Estado miembro debe resolver de acuerdo con su propia constitución y sus tradiciones. 
Por lo tanto, me opongo a la postura del Sr. Evans y otros de que este Parlamento debería decir a los Estados miembros qué procedimiento deben utilizar para ratificar y trataremos de modificar este apartado en este sentido. 
Señor Presidente, a mí me parece positivo que las propuestas de la Convención refuercen la cooperación entre el Consejo y los gobiernos en lo referente a la toma de decisiones de la Unión. 
El eslabón más débil en el nuevo Tratado presentado lo constituyen las propuestas relativas al Consejo. 
Aunque muchas personas se opusieron de antemano a la creación de nuevas instituciones, la Convención propone efectivamente que se establezcan dos nuevas instituciones. 
El Consejo Europeo se considerará una institución independiente y se está proponiendo que tenga un Presidente externo. 
Ambas propuestas son equivocadas. 
El Consejo tiene que ser considerado en el nuevo Tratado como una institución única y como presidente permanente debe elegirse a un primer ministro o a un presidente que esté en ejercicio. 
Las presidencias de los Consejos de Ministros para los distintos ámbitos políticos tienen que repartirse entre los representantes de más de un país. 
Las presidencias deben tener una duración de dos años y medio y los Estados miembros deben recibir un trato imparcial cuando se asignen dichas presidencias. 
Este tipo de reforma del Consejo haría justicia a las propuestas planteadas hace más de un año por el Secretario General del Consejo Europeo, Javier Solana. En la Conferencia Intergubernamental tienen que recibir la debida consideración, tal como propone en la enmienda 28 el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
Señor Presidente, respaldo las lecturas y las propuestas de nuestros dos ponentes. 
Como ellos mismos han dicho, existen aspectos negativos y obstáculos con los que hemos de tropezar en nuestro camino hacia la unificación y que tendremos que superar para emitir un voto informado. 
Uno de ellos es el proceso de reforma. 
Es imposible que la mitad del Tratado, 150 artículos en la Parte III, se considere no revisable, ya que es allí donde tendremos que incorporar las disposiciones que estamos elaborando; en otras palabras, las políticas se convertirán en régimen. 
Eso es imposible. 
Va contra toda evolución política de Europa en cualquier dirección. 
En segundo lugar, no podemos seguir con el presupuesto tal como se está confeccionando actualmente. 
Estamos haciendo un falso truco de magia con algo que se enseña a los estudiantes de primer año de economía. 
¿Cómo podemos tener un presupuesto que dice «aquí tienen su dinero, ahora decidan las políticas que van a implantar» , en vez de decir las políticas que queremos y estudiar luego el presupuesto que se precisa para financiarlas? 
Tercer punto: la propia Convención no aceptó ni, me figuro, la Conferencia Intergubernamental seguirá adelante con la idea de los Ministros de Finanzas. 
¿De dónde ha de emanar la cohesión de la zona euro, la simetría entre política económica y monetaria? 
¿De dónde ha de surgir el núcleo duro de la Unión Europea, si no es de aquí? 
Considero que se trata de un enorme error con el que también nos toparemos en nuestro camino. 
Lo mismo cabe decir de la timidez respecto de los temas de seguridad y defensa. 
Mi respetado amigo, el Sr. Cossutta, ya se ha manifestado sobradamente al respecto, no voy a repetir lo dicho por él. 
Permítanme que comente un último tema, la referencia a las religiones. 
No alcanzo a entender qué religiones pretenden citar como valiosas. 
O por qué tenemos que hacer referencia a la historia verdaderamente importante del cristianismo pero no, por ejemplo, a la historia del librepensamiento. 
O incluso a la del anticlericalismo, que inspiró la Ilustración, que inspiró a revolucionarios, intelectuales y movimientos políticos en Europa. 
O por qué no hemos de mencionar los grandes nombres. 
Para mí, el rostro de Europa es Aristóteles, es Erasmo, es Mozart, es Marx, es Freud. 
¿Vamos a imponérselos a nuestros ciudadanos? 
Dejémosles una elección plural de cara a su futuro y sus carreras. 
Tal vez sea ese pluralismo el verdadero rostro de Europa. 
Señor Presidente, esta Constitución no refleja las ideas, las esperanzas y las aspiraciones de la gente común. 
No dice nada de los puestos de trabajo o el crecimiento económico, y amplía todavía más el déficit democrático. 
El vacío entre gobernadores y gobernados ya es un abismo. 
Quienes desean imponer esta Constitución a los ciudadanos de Europa deberían pararse a reflexionar. 
Si los Gobiernos nacionales intentan aprobarla sin consultar a sus ciudadanos, será una abominación constitucional. 
Y lo que es peor, es muy peligroso porque cuando los ciudadanos se den cuenta de que al votar en unas elecciones generales no van a cambiar nada- porque el poder se ha entregado a otros- ¿qué les va a quedar? 
Solo les queda el recurso a la desobediencia civil, y la desobediencia civil puede convertirse muy fácilmente en conflicto civil. 
Hay que celebrar referendos libres y justos en todos los Estados miembros, de lo contrario vamos a desencadenar el mismo nacionalismo que se supone que la UE debe detener. 
Señor Presidente, quiero ante todo agradecer a los dos ponentes, el Sr. Gil-Robles y el Sr. Tsatsos, su excelente análisis y su informe sobre las actividades de la Convención. 
Doy las gracias asimismo a la Presidencia italiana por su enfoque constructivo y al Comisario Barnier, quien, junto al Comisario Vitorino, ha desempeñado un papel clave en la Convención. 
Para mí, la labor que he realizado en la Convención en nombre de nuestro Parlamento es la acción más importante que he llevado a término durante mi trayectoria profesional en el Parlamento Europeo, que abarca veinte años. 
Trabajar en una Constitución para veinticinco, y dentro de poco quizás treinta, Estados miembros supone colaborar en una parte importante de nuestra historia común. 
Si tenemos en cuenta el pasado violento de Europa, comprenderemos mejor que esto constituye un avance muy significativo en la dirección correcta, un avance que debe traer paz y desarrollo a las generaciones presentes y futuras. 
¿Significa esto que el trabajo realizado es perfecto? 
No, pero la perfección no está en ningún caso al alcance se del ser humano. 
Sin embargo, podemos convenir que la Convención ha conseguido más que todas las enmiendas juntas a los Tratados de Maastricht, Amsterdam y Niza. 
Esa es la razón por la cual debe preservarse el modelo de la Convención en el futuro. 
Ahora sabemos que una Convención logra muchos más resultados que una CIG normal. 
Citaré cinco elementos positivos: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha quedado incorporada a la Constitución, que incluye además una cláusula razonable contra la discriminación. 
Los patrones y los valores constitucionales de la Unión como comunidad de derecho han quedado plasmados de forma eficaz. 
En el contexto de la relación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, la transparencia y los procedimientos democráticos ocupan ahora el centro de atención, y se han concedido poderes concretos al Parlamento para que pueda legislar por codecisión, en virtud de los cuales las decisiones por mayoría se han convertido en la norma. 
Todo el sistema y el proceso legislativo se han hecho mucho más simples y transparentes, con una mayor apertura en el Consejo, gracias a lo cual el Consejo ha adquirido ahora, en mi opinión, el carácter de un Senado. 
El concepto de subsidiariedad queda expresado de manera mucho más eficaz gracias al papel que se les ha asignado a los parlamentos nacionales y regionales en los procesos europeos de toma de decisiones, de manera que las actividades de la Unión pueden acercarse mucho más a los ciudadanos europeos. 
Como ya he dicho, el resultado es bueno, pero no es perfecto. 
Las deficiencias que quiero mencionar son la ausencia de una mayoría cualificada en el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la política exterior, los acuerdos comerciales y las perspectivas financieras. 
Además, opino que cada uno de los Estados miembros debe mantener su propio Comisario. 
Estos fallos, sin embargo, no son tan graves como para impedir que nos sintamos optimistas acerca del documento. 
Espero sinceramente que los Jefes de Gobierno lleguen a un acuerdo sobre esta Constitución antes de Navidades, de forma que podamos disponer de este documento de cara a las elecciones europeas y podamos añadir a la misma las valoraciones positivas de los ciudadanos europeos. 
Sra. Maij-Weggen, ha empezado su intervención dando las gracias a todos por sus aportaciones a la Convención. 
Yo quiero darle las gracias a usted por su aportación a esta Cámara. 
Entiendo que esta es la última vez que tomará la palabra en la Cámara. 
Apreciamos la labor que ha llevado a cabo en los muchos años que ha sido miembro de la misma. 
Señor Presidente, el proyecto de Constitución es bueno para el conjunto de la Unión y para cada uno de sus Estados miembros, porque beneficia a la ciudadanía al hacer a la Unión más eficaz para resolver las aspiraciones de la gente y al hacerlo de forma más democrática, aumentando de este modo su propia legitimidad. 
La Convención ha sido un éxito. 
De forma transparente, ha plasmado en el proyecto de Constitución un amplio consenso, un equilibrio sólido del que son arte y parte este Parlamento, la Comisión, los Parlamentos nacionales y los Gobiernos, lo que hace, sin duda, avanzar a la Unión Europea. 
Estamos en un proceso constituyente, del que la CIG debe ser una etapa, en la que no se debe ni diluir ni rebajar el contenido fundamental de los principales avances del proyecto de Constitución. 
Ahí están la Carta de los Derechos Fundamentales con carácter vinculante, el procedimiento legislativo como regla general, la extensión de la mayoría cualificada, la creación de figuras institucionales- como el Ministro de Asuntos Exteriores- claramente útiles, los avances en justicia e interior y, por supuesto, incluso la Convención como método insoslayable para la futura reforma constitucional. 
Habríamos querido más avances: por ejemplo, una mayor extensión de la mayoría cualificada, que no hubiera excepciones al procedimiento legislativo, un refuerzo del gobierno económico y social, o una ratificación y una revisión constitucional más flexible, pero todo eso podremos conseguirlo en el futuro desarrollo constitucional, en base a correlaciones de fuerzas netamente europeístas. 
Para que la CIG sea un éxito, además, debe solventar bien los problemas que están todavía encima de la mesa. 
Por ejemplo, consiguiendo un equilibrio institucional en el que cada país se encuentre representado adecuadamente, y todos los Gobiernos deben contribuir a conseguirlo, haciéndolo con el mismo espíritu de búsqueda de acuerdo que se dio en la Convención, fortaleciendo el consenso presente en ella y en el conjunto del proyecto de Constitución. 
El Gobierno, la Comisión, los Parlamentos nacionales y nosotros, desde el Parlamento Europeo, tenemos que lanzar un mensaje positivo a la ciudadanía para que apoye esta Constitución y, si es posible, que lo haga a través de referéndum. 
Ciertamente, con el texto de este informe se lanza ese mensaje; por eso, sus ponentes tienen nuestra felicitación y su texto, nuestro apoyo. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del reglamento, con su permiso quisiera llamar la atención de la Cámara sobre el hecho de que en la galería oficial se encuentra hoy con nosotros el Presidente del Partido Demócrata Cristiano de Chile, el Senador Adolfo Zaldívar. 
Como sus Señorías saben, Chile es un país con el que hemos firmado los acuerdos de más largo alcance en materia comercial, y en esta Cámara deberíamos dar la bienvenida de rigor al Senador Zaldívar. 
El Senador es muy bienvenido a esta Cámara. 
Señor Presidente, con la Constitución quedará suprimida la Unión Europea actual y en su lugar se creará una nueva que, según la Constitución, reflejará la voluntad de los pueblos y los estados. 
Sabemos cómo reconocer la voluntad de los estados. 
Está representada por los gobiernos y los parlamentos nacionales. 
La voluntad popular no siempre coincide con la voluntad de los Estados y, para conocerla, no existe otra alternativa que celebrar un referéndum. 
La forma de proceder más equitativa sería organizar uno en cada Estado miembro, por separado pero en la misma fecha. 
Si el objeto del referéndum fuera el proyecto de Constitución de la Convención sin ninguna enmienda, yo votaría en contra y recomendaría a otros votar eso mismo. 
La razón está en que la Convención ha trabajado de forma nada democrática. 
Ha contado con un Presidium, una dictadura al estilo del Politburó, y la Convención no ha votado las más de 6.000 enmiendas presentadas por sus miembros, ni el resultado final. 
La Convención ha supuesto una redistribución de los poderes que favorece a los países grandes y la militarización de la Unión. 
Los Estados miembros pierden su derecho a tener un Comisario permanente con derecho a voto y en el futuro no podrán elegir a su propio Comisario. 
Todos los candidatos a Comisario tienen que estar comprometidos con la causa de Europa, pero ¿qué en qué consiste esa causa de Europa? 
Es la causa del federalismo. 
Se pretende convertir a la UE en una federación, y anoche la Convención, actuando en contra del mandato constitucional otorgado en la Cumbre de Salónica, llegó a aprobar los símbolos de una federación, con su propia bandera, himno y fiesta nacional. 
Bajo la Constitución, la UE quedará militarizada. Eso supone un nuevo tipo de cooperación estructural militar y una declaración, al amparo de la Constitución, de que los Estados miembros se ofrecerán garantías mutuas de defensa colectiva. 
Un alto mando del ejército finlandés ha afirmado que la aceptación de esta declaración metería a Finlandia en la OTAN y eso es algo que nuestra nación no va a tolerar. 
Estas son las razones para decir «no» a esa Constitución. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, la Convención ha presentado sus respuestas a las preguntas planteadas en Laeken en la forma de un proyecto de Constitución. 
Todos somos conscientes y sabemos apreciar la elevada calidad y las nobles ambiciones de tales respuestas. 
No son inconexas, sino que forman un cuerpo, cuyos pies están firmemente asentados en el suelo, y que está dispuesto, con gran pragmatismo, a imaginar un futuro responsable y ambicioso para Europa. 
Las idas que sustentan el proyecto que nos ocupa no son de corto alcance ni experimentales. 
Como Constitución, este texto aspira a permanecer. 
Pero como fruto de la labor humana, no es perfecto ni está pulido. 
Puede y debe mejorarse, siempre que se mantenga su equilibrio básico. 
El informe Gil-Robles- Tsatsos es muy claro a ese respecto. 
La Conferencia Intergubernamental puede y debe dotar al texto de la Constitución de mayor coherencia y mejorar algunas de sus propuestas. 
En este sentido, quiero apoyar lo que ya han manifestado el ponente, Sr. Gil-Robles, y el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Sr. Napolitano, acerca de los problemas que plantea el sistema de dos niveles en la composición y el funcionamiento de la Comisión, que a mi parecer no es deseable porque es ineficaz. 
El Comisario Barnier nos ha hablado hace un momento de nostalgia, advirtiéndonos que no es una buena consejera en política. 
No se me ocurre mejor consejo para los Jefes de Gobierno encargados de aprobar la Constitución en la próxima Conferencia Intergubernamental, ya que el proceso que están supervisando actualmente no se parece a anteriores revisiones de los Tratados. 
La Convención no ha sido una simple fase de preparación, como lo fueron las precedentes. 
Ha dado pie a la consecución de equilibrios y consensos políticos muy importantes, que deben preservarse. 
Así pues, los Jefes de Gobierno tienen la obligación de superarse. Por eso es mucho mayor la responsabilidad que asumen. 
Señor Presidente, la Convención ha sido una reunión de todos los parlamentos y todos los gobiernos con la Comisión. 
La Conferencia Intergubernamental solo es una reunión de todos los gobiernos. 
Está bastante claro que, en este proceso histórico de dotar a Europa de una Constitución, no es la Conferencia Intergubernamental la que está investida de una mayor legitimidad democrática, sino la Convención. 
Por tanto, para mí resultaría totalmente inaceptable que la Conferencia Intergubernamental arruinara la sustancia política y, en consecuencia, los compromisos políticos alcanzados por la Convención. 
Son pocos los que se atreven a expresarlo- aunque el Sr. Voggenhuber lo ha hecho con un lenguaje muy diáfano- pero por la cabeza de muchos ronda el pensamiento de que la cuestión de si la Conferencia Intergubernamental debe modificar los resultados de la Convención es también un problema de poder entre los gobiernos y los parlamentos de la Unión Europea. 
Debe quedar perfectamente claro que cualquier modificación a lo que ha producido la Convención supondría un voto de desconfianza para los parlamentos, que constituían mayoría en la Convención. 
Eso tendría indudablemente alguna repercusión en el proceso de la ratificación, ya sea por los parlamentos o mediante referéndum y, por tanto, en la aceptación pública de la Constitución. 
Comisario Barnier, usted siempre mantuvo una actitud muy progresista en la Convención. 
Hemos hecho muchos trabajos juntos, y los hemos hecho bien, pero ahora estoy decepcionado con la Comisión, que acepta la posición de algunos gobiernos, en lugar de la mayoría de los parlamentos, que se opone a modificar el proyecto de la Convención. 
A mi juicio, eso indica que la Comisión no está al día. 
Tampoco sé cual es el resultado positivo que se supone que tiene que producir la CIG. 
Es fácil imaginar el regateo en que se van a ver inmersos de nuevo, la trata de ganado en que se va a convertir y lo cierto es que las cosas no pueden más que empeorar. 
No tengo mucha confianza en todo ello. 
Por último, el Sr. Dimitrakopoulos y yo fuimos juntos ponentes en Niza, cuando el Parlamento solicitó mucho y obtuvo poco. 
Ahora, con el informe Gil-Robles- Tsatsos, estamos pidiendo poco y esperamos obtener mucho, con lo que quiero decir que esperamos que la CIG no cambie nada, lo cual sería un gran logro. 
Felicito al Sr. Gil-Robles y al Sr. Tsatsos por haber plasmado esto con unos términos tan precisos en el período histórico en que nos encontramos. 
Señor Presidente, señor Antonione, Comisario, Señorías, quiero expresar mi reconocimiento y mi apoyo pleno al contenido del informe que estamos debatiendo. 
Evidentemente, hubiésemos preferido que el texto presentado por la Convención fuera más avanzados en términos del proceso de integración, pero entendemos que el compromiso alcanzado es el único posible, y esto es lo que tenemos que admitir al asentir con la declaración del Presidente Giscard d ' Estaing cuando afirmó, durante la inauguración de los trabajos de la Convención, que nuestra unidad constituye la razón de nuestra existencia. 
Creo que un texto que goza de un respaldo tan amplio no puede ser modificado fácilmente por la Conferencia Intergubernamental, excepto en algunos aspectos menores. 
No obstante, hay un único tema, el tema más importante, respecto al cual tenemos que presionar a la Conferencia Intergubernamental, a saber, las normas de revisión del Tratado Constitucional. 
Si cada una de las enmiendas a la Constitución tiene que depender de la unanimidad de los 25 ó 27- o en el futuro incluso más- Estados miembros, el riesgo estribará en que este gran avance en la historia de Europa servirá en última instancia para condicionar el futuro de Europa y poner fin a sus esperanzas. 
Señor Presidente, comenzaré de la misma manera que muchos de los oradores que me han precedido, dando las gracias a los ponentes. 
El Sr. Gil-Robles y el Sr. Tsatsos han hecho un buen trabajo y por ello apoyamos sus conclusiones básicas, esto es, que el consenso logrado por la Convención no debe volver a cuestionarse. 
Ahora bien, existe un ámbito del trabajo de la Convención en el que no se siguió buscando el consenso, en el que algunos de los «más iguales» en el Presidium impusieron sin ningún miramiento sus intereses y los de los «grandes» de Europa. 
Me refiero a la composición de la Comisión, cuyo resultado no puede contar con el apoyo de los estados pequeños y medianos de la UE. 
Una Comisión en la que todos los Estados miembros no estén plena e igualitariamente representados perdería la legitimidad política que ha convertido a todas las Comisiones precedentes en interlocutores de pleno derecho en la Unión Europea. 
Tal vez sobreviviera como un órgano quizá más eficaz, aunque formado exclusivamente por tecnócratas. 
El Consejo dejaría entonces de formar parte del equilibrio actual y comenzaría a asumir un poder supremo. 
Eso no puede suceder; no debe permitirse que suceda. 
Por el bien de todos los europeos, no solo de los pertenecientes a los Estados miembros pequeños y medianos, necesitamos que la CIG ofrezca una respuesta diferente a la cuestión respecto a la cual el Presidium de la Convención dejó de buscar el consenso de todos. 
Por el bien de todos los europeos, en el futuro necesitaremos una Comisión representativa y madura con un Comisario de cada país, una Comisión con peso específico político y capaz de transmitir a todos los ciudadanos de la UE la sensación de estar igualmente representado en todas las instituciones europeas. 
Eso es lo que tendría que garantizar la CIG; tampoco debería hacer mucho más. 
Señor Presidente, 2004 será el año de la Constitución europea. 
A pesar del escepticismo inicial, la Convención ha conseguido un compromiso admirable. 
La Constitución contendrá seguramente cosas que nosotros, en esta Cámara, hubiésemos preferido distintas. 
Pero el resultado merece nuestro apoyo. 
En primer lugar, quiero manifestar mi sorpresa por el hecho de que algunos, incluido el Gobierno neerlandés, se muestren partidarios de incluir a Dios- el cristianismo- en la Constitución europea. 
Si así se hiciera, ¿a dónde iría a parar la separación entre estado y religión, sobre la que se basa la democracia moderna, el fundamento mismo de nuestra Europa unida? 
¿No está Dios por encima de la ley? 
¿Cómo pueden refrendar este planteamiento los partidos de gobiernos liberales? 
En segundo lugar, ya dijimos en la resolución que todos los Estados miembros debían celebrar un referéndum sobre la Constitución y, en la medida de lo posible, celebrarlo en la misma fecha que las elecciones europeas, como establece la Constitución. 
Yo soy claro partidario de un referéndum. 
Creo que una decisión importante acerca de la Constitución europea no puede dejarse solo en manos de los Jefes de Gobierno. 
Es probable que se celebre un referéndum así en mi país, los Países Bajos, y eso me complace sobremanera, sobre todo ahora que se sabe que más del 80% de la población neerlandesa tiene intención de votar. 
Desgraciadamente, el Gobierno neerlandés parece muy dividido respecto a esta cuestión del referéndum y carece de un perfil europeo nítido. 
Eso no ayuda en nada a nuestros ciudadanos; al revés, los distancia. 
Europa produce muy escasos resultados, no es suficientemente transparente, tiene que pelear con un déficit democrático y en ocasiones interfiere en asuntos que pueden ser resueltos de una manera más próxima a la ciudadanía. 
Esos son precisamente los ámbitos que pretendemos mejorar con esta Constitución, que permite a la Unión Europea funcionar de manera más eficaz y más democrática y que, además, otorga a la UE una dimensión social y política, por todo lo cual solicitamos el apoyo de nuestros ciudadanos en el referéndum. 
Por último, pido a los Jefes de Gobierno, y desde luego también al Primer Ministro neerlandés, que no se enzarcen en análisis de trastienda sobre la Constitución. 
Tenemos que defender los valores básicos, los derechos sociales fundamentales y una mayor democracia, en vez de debilitarlos en aras de los presuntos intereses nacionales, que nos llevarían de vuelta a esta maldita trastienda en Niza, donde el Gobierno presentó un resultado de escasa trascendencia. 
Quiero dar las gracias a los dos ponentes. 
Devolvamos Europa a los ciudadanos. 
Señor Presidente, voy a formular dos observaciones acerca del informe del Sr. Gil-Robles Gil Delgado y el Sr. Tsatsos, que refleja las expectativas, pero también los temores de esta Cámara. 
La primera observación se refiere a la identidad de Europa. 
Citaré las palabras de un gran liberal histórico: «¿Por qué no podemos evitar llamarnos cristianos? ». 
La referencia a las raíces cristianas podría ayudar a fortalecer la naturaleza secular de una política que continúa estando barrenada por la indiferencia y el ansia de poder. 
Sin embargo, lo que estamos invocando para unificar Europa no debe dividirla. 
Estoy realmente convencido de que las referencias a la persona humana y a la paz, la libertad y la democracia, a los derechos humanos y al pluralismo, representan la síntesis en formato constitucional de los valores cristianos y democráticos que inspiraron las acciones de los fundadores de la Comunidad Europea. 
Mi segunda observación se refiere a la revisión futura de un compromiso sobre el que la Conferencia Intergubernamental puede avanzar, sin reabrir el debate acerca del equilibrio institucional propuesto por la Convención. 
El informe condena el hecho de que se siga aplicando la unanimidad de los Estados al procedimiento de revisión de la Constitución y que incluso se prevea hacer lo mismo en el futuro. 
Creo que hay que apoyar el dictamen de la Comisión- mencionado aquí por el Sr. Barnier -, en otras palabras, que la CIG debe allanar el camino a unos procedimientos de revisión más flexibles que no permitan el derecho al veto, al menos en lo que concierne a las disposiciones no esenciales del Tratado. 
Desde 1957 se han producido avances espectaculares en la forma en que las naciones europeas independientes colaboran entre sí. 
Al igual que la fuerza gravitatoria de un planeta atrae todo lo que se le aproxima, el valor de seis estados se ha traducido en un proceso de cooperación que se ha ido difundiendo y haciendo más profundo hasta nuestros días. 
No se vislumbra el final de ese proceso, aunque hayamos empezado a pensar dónde se encuentran los límites de Europa. 
En el mundo empresarial existe la máxima de que «detenerse equivale a retroceder» , lo que, en sentido metafórico, también puede aplicarse a la política. 
Gracias a Dios no estábamos quietos cuando Europa evolucionó en el plano político durante la segunda mitad del siglo pasado. 
Todos nuestros esfuerzos se vieron y siguen viéndose recompensados por la reunificación de Europa en paz y libertad. 
A pesar de muchos y muy diversos problemas económicos, Europa sigue conservando la fuerza de un planeta para atraer a otros y hoy se han pronunciado frases maravillosas al respecto. 
Por medio del Tratado Constitucional, se supone que Europa dará- de hecho tiene que dar- un salto cualitativo para afrontar mejor los retos que le esperan. 
Esta Cámara estaba en lo cierto al denunciar los resultados de Niza por no haber logrado eso y haber dado cabida a los egoísmos nacionales. 
A la Convención se la calificó acertadamente de «constitucional» , ya que su trabajo muestra el camino que tenemos por delante, además y más allá de la cooperación económica. 
Sobre estas premisas, los gobiernos de los Estados miembros pueden y deben demostrar, durante la Conferencia Intergubernamental, si están trabajando con perspectiva de futuro o si se encuentran atrapados en patrones de conducta del pasado que les llevan a aferrarse a egoísmos y patrocinios nacionales. 
El texto actual del Tratado Constitucional señala el camino hacia el futuro. 
Sólo debe modificarse para mejorar lo que ya existe. 
Muchos de nosotros estamos preocupados porque el resultado de Niza no sea suficiente para hacer frente a la ampliación inminente, y esa es la razón por la que- al tiempo que le estoy agradecida a la Presidencia del Consejo por lo que ha dicho- pido a los Gobiernos que hagan todo cuanto esté en sus manos para facilitar la rápida entrada en vigor del nuevo Tratado, de forma que no transcurra demasiado tiempo entre el consentimiento dado por los gobiernos y la ratificación final del Tratado. 
Ahora les corresponde a ustedes, Jefes de Estado o de Gobierno de Europa, decidir si prefieren impulsar a Europa hacia delante o cruzarse en su camino por razones egoístas y nacionalistas. 
Señor Presidente, una enmienda que he presentado junto con otras personas a este informe pedía la confirmación de la naturaleza dual de la Unión, donde los Estados son el componente predominante. 
Demasiado a menudo los ciudadanos europeos no tienen la sensación de que sea así. 
De hecho, se sienten como si se hubiera olvidado su identidad nacional. 
Existen muchas formas de rectificar esto y personalmente creo que la Convención podría y debería haber llegado más lejos en este sentido. 
Sin embargo, a nivel práctico, creo que es esencial que los parlamentarios nacionales y los diputados al Parlamento Europeo colaboren más estrechamente para asegurar una transposición correcta de la legislación. 
La hiperreglamentación es un fenómeno que afecta a todos los Estados miembros en mayor o menor medida. 
En el Reino Unido es especialmente perjudicial, perjudicial para nuestra agricultura, por ejemplo. 
La Directiva sobre mataderos salió de la Comisión en forma de documento de doce páginas, los franceses la redujeron a unas siete páginas muy manejables y los británicos la ampliaron a unas noventa y cinco páginas imposibles de leer. 
Por desgracia, hay muchos otros ejemplos de hiperreglamentación en los ámbitos de la empresa y la industria. 
¿Y por qué la hiperreglamentación afecta más al Reino Unido que a los demás Estados miembros? 
Un motivo importante es que el Reino Unido, al contrario que los demás Estados, no implica a sus parlamentarios en el proceso de transposición. 
Bélgica tiene un Comité Asesor Federal para Asuntos Europeos, formado conjuntamente por parlamentarios nacionales y diputados al Parlamento Europeo. 
Los órganos legislativos alemán y griego tienen mecanismos similares. 
Como diputado al Parlamento Europeo que he sido parlamentario en el Reino Unido, me doy cuenta de lo poco que mis colegas y yo sabíamos sobre los reglamentos procedentes de Europa. 
Los problemas se han deteriorado con el actual Gobierno británico, porque ha reducido los poderes de nuestra Cámara de los Comunes. 
La forma de avanzar pasa por comisiones mixtas formadas por parlamentarios nacionales y diputados al Parlamento Europeo, que supervisen la transposición de la legislación al derecho nacional de cada Estado miembro. 
Sería un paso pequeño pero importante en la dirección correcta, y el hecho de aumentar la cooperación entre parlamentos nacionales y Parlamento Europeo permitiría que los diputados nacionales pudieran participar en el funcionamiento de nuestra Unión. 
Señor Presidente, es evidente que tiene sentido una Constitución europea si realmente es merecedora de tal denominación; como también lo tienen, con toda seguridad, los plebiscitos o referendos por los que aboga incluso el tesorero y director de la campaña electoral del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. 
Pero, ¿qué proyecto tenemos ante nosotros? 
¿Nos proporcionará este proyecto de la Convención unas estructuras que nos permitan tomar decisiones equitativas y, sobre todo, realmente transparentes? 
¿Dará lugar a la separación inequívocamente nítida de los poderes? 
¿Se adoptará un número suficiente de decisiones mediante votación por mayoría? 
¿No impusieron los gobiernos brutalmente por la fuerza sus criterios, tal como ha manifestado uno de los oradores anteriores, el Sr. Voggenhuber? 
¿Saldrán perdiendo los Estados miembros pequeños? 
¿Saldrán ganando solo algunos de los grandes, Sr. Rack? 
¿Será el Parlamento Europeo totalmente representativo de la ciudadanía? 
¿Puede llamar ahora realmente a capítulo a los diferentes Comisarios? 
Si no podemos hacerlo nosotros, ¿pueden hacerlo al menos los electores? 
¿Tienen la posibilidad de elegir directamente a los Comisarios? 
¿Podrán influir los votantes directamente en las decisiones del Consejo? 
En definitiva, ¿habrá una mayor democracia directa? 
John Palmer, del prestigioso Centro Político Europeo, y muchos primeros ministros de las provincias alemanas con diferentes adscripciones políticas, han venido repitiendo machaconamente desde hace años que si se vertebrara un país de igual forma que la Unión Europea, no cumpliría los requisitos, por falta de legitimidad democrática, para convertirse en Estado miembro de la UE. 
¿Subsanará este nuevo proyecto tales deficiencias fundamentales? 
¿No se están quedando al margen nuestras valiosas regiones europeas? 
¿Qué pasa con el derecho de apelación? 
¿Conseguiremos por fin la proximidad a los ciudadanos que tantas veces hemos implorado? 
¿Es tan claro y comprensible el proyecto como para que los jóvenes puedan entenderlo y hacerse una idea de lo que es Europa? 
¿No se traducirá en peleas y regateos constantes entre partidos? 
Una economía de mercado social sólida constituye la clave para la paz social en Europa; ¿contiene la Constitución alguna de las condiciones marco de las que depende eso? 
La respuesta a demasiadas de estas preguntas ha de ser «no». 
Por todo lo cual, los europeos convencidos, entre los que me cuento, tenemos que decir «no» al texto que nos ocupa. 
En cualquier caso, no puede haber democracia sin transparencia y ante este engaño tenemos que responder: «no, gracias». 
Señor Presidente, Señorías, tras felicitar a los ponentes por su labor, creo que es necesario plantear algunas observaciones preliminares. 
Se ha producido un extenso debate acerca de si resultaba necesario, adecuado y correcto introducir una referencia a los valores cristianos- o incluso a Dios- en el texto en cuestión y en el texto que será aprobado. 
Creo que, más allá de los aspectos formales- y yo no lamentaría que se incluyera alguna referencia a los valores cristianos- y al margen de los términos utilizados, es importante señalar que el texto que ha resultado, y que está resultando a medida que evoluciona, respeta estos valores. 
Considero que el texto demuestra un respeto considerable por los valores cristianos: el respeto por la vida humana y el respeto por la dignidad de la vida humana constituyen puntos de referencia en los que se ha trabajado mucho en la Convención. 
Creo importante insistir en que, por encima de las palabras reales contenidas en el texto, se hace referencia a nuestra historia, a la existencia europea, que, por supuesto, ha estado influida por y asociada a los valores cristianos. 
Creo que las distintas etapas recorridas hasta llegar a una Convención, una Constitución, nuevos Tratados, han sido útiles. 
No soy pesimista: al revés, creo que la labor realizada, aunque lenta, ha sido en general fructífera, pese a que todavía queda campo para un ulterior desarrollo. 
A menudo pienso cómo habría sido Europa sin las Instituciones que existen hoy y me acuerdo de cómo era en esencia nuestro continente hace 60 años. 
En consecuencia, debo decir que lo realizado hasta ahora- en términos de la legitimidad directa de los ciudadanos, la búsqueda de caminos para lograr el consenso y la gestión de las instituciones y el consenso- puede considerarse positivo en su conjunto. 
Muchas personas mantienen que sigue existiendo una gran distancia entre las instituciones y los ciudadanos. 
Tal vez esos mismos ciudadanos deban implicarse más en la evolución de Europa; quizá nos corresponda a nosotros reconocer los derechos y garantizar que la aplicación de un principio importante- gasto justificado, burocracia eficaz y suficiente -, salve la brecha existente entre las instituciones y la sociedad civil. 
Señor Presidente, mi alta estima por los ponentes, el Sr. Tsatsos y el Sr. Gil-Robles, no me impide desear que su análisis haya sido tal vez un poco menos prolijo y, para compensarlo, algo más incisivo. Podrían haber hecho mayor hincapié en nuestra satisfacción con el proyecto de Constitución para Europa y, al mismo tiempo, haber advertido a la Conferencia Intergubernamental (CIG) de la responsabilidad que le corresponderá asumir si trata de sustituir el consenso político de la Convención por un consenso gubernamental diferente. 
Todos compartimos esa responsabilidad, ese riesgo, sobre todo quienes, de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos, no pueden aceptar una Europa ampliada carente de una legislación común, o una Europa gobernada de manera estricta por un Tratado de Niza trasnochado. 
Numerosos representantes de los 28 Estados miembros dedicaron 16 meses a estudiar todas las opciones en su búsqueda de un consenso razonable. 
No creo, Señor Presidente, que los diplomáticos europeos puedan hacerlo mejor en poco más de dos meses. 
En cualquier caso, esos diplomáticos han estado implicados en todas las etapas para encontrar soluciones por cuenta de sus Estados miembros, lo que les hace en parte responsables de los resultados de la Convención. 
De la misma forma, no creo que ninguna dosis de modestia política puede ocultar nuestro orgullo al afirmar rotundamente que, al final de la Convención europea, los máximos honores le corresponden al Parlamento Europeo. 
Ningún complejo nacionalista podrá hacernos olvidar lo importante que es la unidad europea para gobernar a los europeos y, por supuesto, para frenar la supremacía- y con demasiada frecuencia la estupidez- de otras partes del mundo. Nuestra unidad se ha convertido así en una herramienta esencial al servicio de la paz. 
Ningún delirio de grandeza ni mediocridad pueden poner en peligro la misión desafiante que representa el destino de Europa actualmente. 
El texto presentado a la CIG constituye un compromiso amplio y profundo. Es posible que suscite todo tipo de sentimientos, pero no se le puede negar su papel de precursor de una nueva Europa, basada en la democracia, los derechos humanos, la igualdad y la solidaridad europea. 
Ese hecho, por sí solo, nos proporciona el valor para apoyarla y para convencer a los ciudadanos de que le otorguen el título de una «Constitución para Europa». 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, aunque Europa se haya hecho más democrática, más transparente y más cercana a sus ciudadanos, decididamente no ha terminado con este Tratado Constitucional. 
Somos un proyecto en el que tenemos que seguir trabajando de forma continua. 
El procedimiento de codecisión se está convirtiendo en la norma, y la unanimidad, en la excepción válida. 
Las competencias legislativas del parlamento de los ciudadanos se están ampliando a más del doble. 
La forma en que los gobiernos nacionales comparten la responsabilidad de las decisiones europeas se está haciendo más transparente, por lo que resultará más difícil hacer acusaciones, y la información proporcionada al público tendrá que ser más honesta. 
Dos de los pilares básicos de la Constitución para la gobernanza son el principio de subsidiariedad y una economía de mercado respetuosa con el medio ambiente. 
Por supuesto, también existen críticas. 
Los aspectos que han sido criticados y que exigen ser enmendados son la propuesta actual acerca de la composición de la Comisión, la votación por unanimidad de los impuestos concernientes al mercado interior y las cuestiones de Política Exterior Común, así como la ausencia de una campaña común de información y de un requisito que contemple la participación de los ciudadanos en el proceso de ratificación. 
Porque Europa necesita una conciencia europea, una conciencia que solo la información puede crear, y porque necesitamos unos ciudadanos informados e implicados, propugno- aunque no exista todavía el fundamento jurídico para ello- la celebración de un referéndum en toda Europa, simultáneamente con las elecciones al Parlamento Europeo. 
Porque tenemos que informar, porque tenemos que convertir a los ciudadanos en partícipes; ¿y qué podría ser más importante que hablar activamente a los ciudadanos sobre la Constitución europea, sobre los derechos fundamentales y las libertades civiles que propugna, y permitir la participación de estos? 
Emplazo a los miembros de la Conferencia Intergubernamental a celebrar un referéndum en toda Europa para introducir el proceso de ratificación y solicito a mis colegas diputados de esta Cámara que apoyen mi propuesta. 
Señor Presidente, quiero centrarme en tres cuestiones: la cuestión de la unanimidad, la referencia a Dios y al cristianismo y las minorías tradicionalmente residentes. 
El trabajo de la Comisión y de los ponentes es indudablemente positivo; por tanto- respondiendo a los pesimistas y a los que siempre dicen «no» -, quiero decir que todavía nos queda mucho camino por recorrer para tener una Constitución definitiva, pero que en comparación con Niza, hemos dado unos pasos que han sido y son pasos de gigante. 
Ahora bien, es necesario hacer algunos cambios en este informe, tal como manifestó ante esta Cámara el Sr. Prodi, cuya opinión comparto. 
El primer punto que quiero comentar es la unanimidad. 
Creo que si exigimos unanimidad también para enmiendas constitucionales de menor importancia, estaremos cerrando la puerta a desarrollos futuros. 
Tenemos que tratar de ser más previsores y más abiertos y por eso apoyo también el espíritu de la enmienda 20, a favor de la cual voy a votar. 
En cuanto a mi segundo comentario, la referencia a Dios y el cristianismo, encuentro incomprensible la postura intransigente de algunos sectores de esta Cámara; de hecho, se contradice con la opinión de la inmensa mayoría de la población. 
En lo que respecta al cristianismo, sobre todo, la omisión de una referencia clara y decidida al mismo en la Constitución equivaldría a renegar de nuestra historia secular. 
El tercer punto atañe a la diversidad lingüística y cultural y a los derechos de las minorías, a los que se hace referencia en la enmienda 22, considerando H. Creo que las minorías aludidas en los criterios de Copenhague deben tener cabida también en este informe. 
Pido a la Presidencia italiana que realice el máximo esfuerzo en este sentido, tanto antes como durante la CIG, y que se asegure de que la Constitución haga también referencia a estas minorías. 
Señor Presidente, voy a ser muy breve. 
Sólo quiero agradecer a todos los diputados que me han precedido y que han realizado una contribución valiosa al debate que nos muestra a todos comprometidos con la creación de una Constitución europea nueva y eficaz. Por tanto, quiero darles las gracias de todo corazón por lo que ha de ser una contribución preciosa al trabajo de la Conferencia Intergubernamental. 
Considero que la Presidencia acierta al no debatir las virtudes de cada tema concreto, ya que los temas serán lógicamente analizados y debatidos durante la propia Conferencia Creo, por otra parte, que es acertado adoptar el rumbo general y las sugerencias relativas a la transparencia en primer y principal lugar, y desde este punto de vista les puedo asegurar que la Presidencia hará cuanto esté en su mano para garantizar la participación de todos los ciudadanos europeos, empezando por la creación de un sitio web especial. 
En cuanto al tema fundamental, que concierne al Parlamento Europeo y respecto al cual el Presidente del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo presentó una enmienda oral, a saber, la participación directa del Parlamento en el trabajo de la Conferencia Intergubernamental, solo puedo confirmar lo que dije en el informe inicial, que la Presidencia es partidaria de hacerlo factible. 
Esto no depende obviamente de nuestra voluntad; podríamos volver a proponerlo e intentar apoyarlo con convicción, ya que estamos seguros de que el Parlamento Europeo puede contribuir de forma decisiva al logro de un resultado positivo cuando se redacte la nueva Constitución europea. 
Pero como no podemos imponerlo por nosotros mismos, solo podemos hacernos eco del mensaje, asumirlo y tratar verdaderamente de conseguir un buen resultado, con la esperanza de que todos podamos estar presentes y contribuir a la consecución de este importante objetivo primordial que es la Constitución europea. 
Señor Presidente, Señorías, les recomiendo sinceramente que aprueben las recomendaciones elaboradas por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Representan un intento de empezar de nuevo y dejar atrás las disputas del pasado. 
Tratan de encontrar una solución al problema de cómo ayudar al pueblo del Iraq después de la guerra y de las competencias de las Naciones Unidas, que deben tomar las riendas progresivamente en esta región para poder conseguir su estabilización permanente. 
Por esta razón, les insto a que rechacen las enmiendas que traten de reavivar las disputas que existían entre nosotros antes de la guerra en el Iraq. 
Se lo debemos a la población iraquí: tenemos que mirar hacia el futuro en lugar de perpetuar las viejas rencillas. 
Por eso, les recomiendo que rechacen todas las enmiendas, salvo la del Sr. Sakellarious sobre el Tribunal Internacional de Justicia, cuya aprobación recomiendo. 
Si lo hacen, alcanzaremos una amplia mayoría en esta Cámara, gracias a la cual la Unión Europea podrá disfrutar de una posición más fuerte cuando acuda a la Conferencia de Donantes, y nosotros podremos asumir una mayor responsabilidad con un talante constructivo. 
-El Sr. Korakas ha pedido la palabra para hablar sobre la observancia del Reglamento. 
Señor Presidente, quiero protestar por la intervención del Sr. Brok. 
Se ha referido a la sustancia. 
El debate ha terminado por hoy. 
Lo que ha dicho confirma exactamente nuestra postura: que se está intentando legalizar la intervención en el Iraq y la ocupación de ese país, y nosotros estamos radicalmente en contra de cualquier actuación de ese tipo... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
-Señor Korakas, no tengo intención de reabrir el debate. 
Señora Berès, como sabe, la decisión la toma la Conferencia de Presidentes. 
Informe (A5-0299/2003) del Sr. Gil-Robles Gil-Delgado y el Sr. Tsatsos, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa y el dictamen del Parlamento Europeo sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental (CIG) [11047/2003- C5-0340/2003- 2003/0902 (CNS)] 
. 
(PT) Resulta totalmente inverosímil que el Parlamento Europeo, en su primera declaración tras la invasión del Iraq por los Estados Unidos y sus aliados, adopte una recomendación que, debido al rechazo de una enmienda presentada por mi grupo, no recuerda- parafraseando nuestra enmienda- que la actual situación de inestabilidad, que constituye una amenaza para el pueblo del Iraq y para la comunidad internacional, es consecuencia del ataque injusto, ilegítimo e ilegal lanzado por los gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido y otros países el pasado 20 de marzo de 2003. 
Es inaceptable que el Parlamento Europeo se niegue, al rechazar una de nuestras enmiendas, a solicitar- y vuelvo a parafrasear- la restitución del derecho internacional, con la retirada inmediata de las tropas extranjeras ocupantes y la asunción por parte de las Naciones Unidas de sus responsabilidades de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de traspasar de inmediato el poder a unas instituciones democráticas, legítimas y realmente representativas, con la convocatoria de elecciones para que el pueblo iraquí recupere su soberanía. 
Merece la pena mencionar, como crítica, que la recomendación acoge favorablemente lo que percibe como «el cambio de actitud de la administración Bush, partidaria ahora de que la comunidad internacional asuma un papel más activo en el proceso de paz y reconstrucción del Iraq» , cuando en realidad se trata, sobre todo, de repartirse los costes de la ocupación y de la resistencia del pueblo del Iraq a esa ocupación. 
Por este motivo hemos votado en contra de la recomendación. 
. (EN) Los diputados al Parlamento Europeo por el Partido Laborista británico se complacen en haber votado a favor de esta resolución, que refleja un auténtico esfuerzo de todas las partes para crear un consenso dentro del Parlamento Europeo respecto al difícil tema del Iraq. 
En un intento de conseguir el máximo apoyo a la cooperación europea e internacional para la reconstrucción del Iraq, su retorno a la paz y la estabilidad y a favor de una total observancia de los derechos humanos y la democracia para sus ciudadanos, no hemos querido presentar ninguna enmienda al texto que en la Comisión de Asuntos Exteriores recibió el apoyo de todos los partidos. 
De todas manera, por muy vital que sea y debe seguir siendo el papel de las Naciones Unidas, es imposible en estos momentos establecer un calendario preciso para la transferencia de la soberanía, o ni siquiera identificar la naturaleza precisa del Fondo Fiduciario antes de la próxima conferencia de donantes. 
Sin embargo, los principios son los que hemos acordado entre todos. 
En cuanto a la referencia en la resolución a un tribunal internacional ad hoc, deberíamos reconocer también la necesidad de que el Iraq desarrolle su propio sistema judicial reformado, en el que se pueda juzgar a los criminales, y que pueda remitir casos a la Corte Penal Internacional. 
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Los diputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra de la recomendación al Consejo sobre el Iraq porque, mientras que no dice ni una sola palabra sobre la invasión y la ocupación, agradece los esfuerzos de la administración Bush para superar la crisis y condena la resistencia del pueblo iraquí, que califica de terrorismo. 
Dos elementos concretos son característicos de esta opinión: 
el apartado 1.8 habla de la necesidad de establecer una fuerza militar y una fuerza policial multinacionales que estén a las órdenes de las Naciones Unidas y reciban la colaboración de la OTAN, sobre la base de un «calendario político» , repitiendo así el argumento de «Bosnia-Herzegovina» (un calendario de seis meses que ya tiene 10 años); 
el Sr. Brok recomendó y consiguió que se votara en contra de todas las enmiendas que solicitaban la retirada inmediata de las fuerzas de ocupación, la asunción por parte de las Naciones Unidas de sus responsabilidades y la devolución de la soberanía al pueblo del Iraq, así como de las enmiendas que hacían referencia a la ilegalidad de la invasión del Iraq y a la falta de pruebas de la existencia de armas de destrucción masiva. 
El hecho de que solo los diputados de la Izquierda Unitaria Europea (45) votaran a favor de estas enmiendas, frente a 420 votos en contra y 68 abstenciones, solo demuestra hasta qué punto son hipócritas esos diputados; mientras hacen gala ostentosamente de que están luchando por los derechos del pueblo iraquí, en la práctica bendicen la ocupación, la opresión y el saqueo. 
Dejemos que sean nuestros ciudadanos quienes les juzguen. 
Señor Presidente, hoy el Parlamento Europeo ha votado sobre una normativa que reducirá el ritmo del avance tecnológico, limitará las opciones del consumidor, aumentará el precio del software y destruirá la industria del software libre y de fuente abierta en Europa. 
Por supuesto, yo he votado en contra. 
No queremos ver una situación en la que un sistema de patentes sin límites pueda ser aprovechado por las grandes empresas para frenar la competencia tecnológica o, lo que es peor, para evitar la publicación de información. 
La experiencia estadounidense nos dice que las patentes de software no fomentan la innovación y la I+D sino que, en realidad, debilitan el mercado y asfixian a las pequeñas y medianas empresas, así como a las que son nuevas en el mercado. 
El software no es una invención y ya está protegido por la ley de derechos de autor, al igual que los libros, las películas y la música. 
Cambiar esto por la obligación de patentar es un receta para entregar el sector del software a los abogados en vez de las personas creativas que han impulsado este boom tecnológico. 
Agradezco que se haya mejorado la Directiva propuesta, pero sigue sin ser suficientemente buena y espero que no destruya el sector del software en Europa tal como lo conocemos. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias en especial a la Sra. McCarthy por su trabajo en este informe tan difícil. 
Me ha sorprendido escuchar algunos de los comentarios que se han hecho sobre su persona, y no los suscribo en absoluto. 
Sin embargo, al final he votado en contra del informe. 
La razón principal ha sido la incertidumbre jurídica que se crea con la imposición de patentar los programas informáticos, sobre todo cuando vemos el rápido avance de la tecnología y las nuevas pequeñas y medianas empresas que están empezando con la creación de paquetes de software específicos para determinados sectores de la industria o los negocios, o simplemente con la creación de nuevos juegos para ellos mismos. 
Hasta ahora todo esto se podía evitar porque se podía colocar una patente en la opción de menú, en la opción de un solo clic o en otras áreas de funcionamiento. 
Como ha dicho la Sra. Ahern, se pueden hacer algunas mejoras, pero la realidad es que debemos tener en cuenta la experiencia de los Estados Unidos, que ha provocado pleitos legales de muchos millones y millardos de dólares incoados por grandes empresas contra pequeñas empresas, lo que ha limitado la innovación, ha impedido el desarrollo de nuevas invenciones y la creación de puestos de trabajo. 
Señor Presidente, yo también he votado en contra de este proyecto de directiva, que es para mí una amarga decepción. 
Es lamentable que el Parlamento haya cedido a las presiones de los Estados Unidos y, sobre todo, a la presión ejercida por las principales empresas de software. 
Es una gran decepción, sobre todo para los consumidores. 
Serán ellos los que tengan que soportar el precio de esta decisión; para ellos significará precios más altos y una menor diversidad de productos, que reducirá su libertad de elección. 
Las patentes de aplicaciones informáticas son un obstáculo para la existencia de una industria europea del software creciente, dinámica y diversificada. 
Los consumidores y los usuarios de software son los que sufren principalmente sus efectos. 
Aumentan la dependencia de gigantes del software como Microsoft, que han obtenido muchas patentes triviales y que recortan de una forma bastante manifiesta la libertad de elección, pero también suponen un grave golpe para el desarrollo de software en Europa, que se está viendo frenado por los monopolios surgidos. 
Esto no solo va en contra de los intereses de los consumidores, sino que también frena la innovación, en lugar de fomentar la competencia y la diversidad en el mercado del software. 
También es una verdadera derrota para Europa como sede de negocios, a pesar de que sus partidarios piensen lo contrario. 
Eso se verá en el futuro, y la decisión que nos ocupa perjudica en gran medida las perspectivas de una sociedad basada en el conocimiento abierta, libre y sostenible. 
Señor Presidente, Señorías, no cabe duda de que la UE tenía que reaccionar ante el enorme incremento del número de solicitudes de patente en este campo, y que no se puede permitir que esas patentes perjudiquen los intereses de las pequeñas empresas de software. 
Sin embargo, lo que propone la Comisión fomenta la dominación del mercado del software por monopolios, ya que las pequeñas empresas del sector no pueden permitirse litigios sobre derechos de patente. 
Una mayor protección de las patentes aumentaría la posición de fuerza de los grandes proveedores de servicios en el mercado y, como consecuencia, significaría que quienes desarrollan software tendrían que pagar tasas, es decir, cánones, por muchas funciones estándar. 
Al final será el consumidor quien pague la factura. 
Debemos celebrar el intento de conseguir una mayor seguridad jurídica mediante la presente Directiva, pero, en este caso, no basta con eso. 
Por una parte, no existe una definición única de la «contribución técnica» necesaria para que se conceda una patente y, por otra, se confunden los límites entre el producto final- que puede patentarse- y el propio software, que no se puede patentar. 
La UE necesita un derecho de patentes que no solo fomente la innovación, sino que también proteja mejor a los inventores que carecen del peso financiero necesario. 
Esta propuesta de la Comisión no garantiza ninguna de las dos cosas, por eso hemos votado en contra de ella. 
El informe y las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador crea un entorno asfixiante para la capacidad creativa de científicos y pequeñas empresas de software y, en último término, solo servirá para favorecer a las enormes empresas que poseen miles de patentes y grandes departamentos jurídicos para ahogar a las pequeñas empresas y, lo que es más importante, al entorno de innovación libre. 
Por lo tanto, la Unión Europea seguirá el camino de apoyo a los gigantes por el que optaron los Estados Unidos. 
Las patentes no deben tener nada que ver con algoritmos ni con métodos comerciales. 
Eso debería haberse dejado claro y la única restricción debería ser en las estructuras técnicas o materiales. 
A pesar de las mejoras introducidas por el pleno, sigue existiendo falta de transparencia, por lo que hemos votado en contra de la propuesta. 
La Directiva que estamos estudiando hoy permite que se patente todo tipo de software. 
El objetivo es obvio: reforzar y consolidar los centros económicos y políticos de poder y el monopolio que ejercen sobre la información y el tratamiento de la información las empresas multinacionales dedicadas al software. 
El resultado es fácil de prever: se asfixiará a las pequeñas y medianas empresas y a los programadores independientes. 
La aprobación de la Directiva supone la aceptación de hecho y de derecho de las exigencias de la gran «industria de patentes» de los Estados Unidos, desalentará la investigación y el desarrollo y obligará a malgastar una enorme cantidad de recursos en procedimientos de protección jurídica, recursos que podrían haberse invertido en innovación tecnológica. 
El procedimiento para proteger las patentes de software tendrá dolorosas consecuencias para los consumidores y usuarios finales, que se verán obligados a pagar los mayores beneficios de los monopolios y, al mismo tiempo, verán limitadas sus opciones, así como su acceso a software mejorado. 
Por todo ello, los diputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra de la Directiva y del correspondiente informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y apoyamos a los que exigen que el software sea gratuito y abierto. 
. (NL) El Vlaams Blok («Bloque Flamenco» ) se opone a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, tras haber comprobado en la práctica que las patentes de software ahogan la capacidad de innovación de las pequeñas y medianas empresas de la industria de la TI. 
Con excesiva frecuencia, esas patentes son utilizadas de una forma incorrecta por gigantes (invariablemente americanos) de la informática con grandes departamentos jurídicos internos para llevar a los «infractores» ante los tribunales. 
Esas prácticas son perjudiciales para la libre competencia, dado que muchas patentes se refieren a software que de hecho es de dominio público. 
La solicitud y obtención de patentes es un proceso caro. 
Las nuevas y creativas empresas de TI europeas tienen razón al no considerar los aspectos jurídicos como parte de su negocio principal. 
Europa cavará su propia tumba si aprueba este informe. 
- (PT) Es lamentable que el Parlamento Europeo no haya aprobado nuestra propuesta de rechazar este proyecto de Directiva que prepara el terreno para la patentabilidad de los programas informáticos, a pesar de que se han aprobado muchas de las enmiendas presentadas a esta Directiva. 
Con ello, el Parlamento Europeo ha hecho un flaco favor a la innovación y al desarrollo tecnológico. 
Parece que todo puede comprarse y venderse en el mundo actual. Cualquier cosa puede convertirse en propiedad privada y usarse en beneficio personal de alguien. 
Hay quienes quisieran que el marketing no solo abarcara la producción, sino también el conocimiento y la propia vida. 
Vivimos una época en la que los descubrimientos- un patrimonio común para todos nosotros- se confunden con inventos. 
Esta Directiva prepara el terreno para la patentabilidad del conocimiento humano, algo a lo que nos oponemos. 
Aunque en la votación final se han aprobado algunas propuestas positivas, la mayor parte de nuestras propuestas han sido rechazadas, algo que no podemos sino lamentar. 
Seguiremos luchando contra esta propuesta de Directiva y contra los intereses de las grandes multinacionales a las que pretende complacer. 
. (EN) Como ponente, he dado mi apoyo al grupo de enmiendas presentadas con el fin de conseguir una definición más clara de lo que es patentable y unos limites para asegurar que el software puro no sea patentable. 
Queda por ver en el análisis de los votos si se ha conseguido este objetivo. 
Esperamos una posición común del Consejo y la Comisión. 
Será difícil de conseguir porque inevitablemente se considerará que las enmiendas del Parlamento van más allá de la situación legal en relación con las patentes de invenciones implementadas en ordenador y es posible que entren en conflicto con nuestras obligaciones respecto al acuerdo sobre los ADPIC. 
Sigo expresando mi preocupación porque esta Directiva de la UE no perjudique la competitividad y la innovación de nuestras mejores y más brillantes empresas europeas, en concreto situando a las empresas y a la industria de la UE en desventaja respecto al mercado mundial. 
Sería una locura que a raíz de las enmiendas del Parlamento nuestras empresas no pudieran proteger sus innovaciones, hacer respetar sus patentes u obtener beneficios por sus inversiones en I+D. Sería contrario a nuestros intereses económicos permitir que los Estados Unidos y Japón dominen los mercados en virtud de su protección de patentes, mientras se margina a las empresas europeas. 
- (NL) En Estados Unidos, las grandes empresas informáticas llevan años intentando proteger sus invenciones de software contra la libre utilización de las mismas por particulares y pequeñas empresas. 
Introducen restricciones técnicas, obligan a los compradores con contratos restrictivos, intentan cobrar enormes indemnizaciones por daños y perjuicios y exigen protección jurídica de las autoridades. 
Son precisamente los usuarios jóvenes y hábiles los que se encuentran cada vez con más restricciones y corren el riesgo de acabar en la cárcel. 
También en Europa, esas empresas están probando formas más eficaces de proteger su monopolio contra el público. 
Al alejarse de lo dispuesto en el artículo 52 del Convenio sobre la Patente Europea, según el cual el software es objeto de copyright y no de patente, la Oficina Europea de Patentes de Munich está intentando ampliar su cometido en la misma línea que el sistema estadounidense. 
Y ha conseguido hacerlo concediendo 30.000 patentes hasta hoy. 
La Comisión Europea y parte de este Parlamento quieren justificar esa ampliación de su cometido con el argumento de que, en realidad, no se produce ningún cambio con respecto a la situación actual. 
Estas acciones están encontrando una gran oposición, y con razón, de quienes se ven perjudicados en sus invenciones, su educación, su trabajo o sus actividades de ocio. 
Comparto esa oposición a los intereses comerciales de los grandes monopolios y he disfrutado trabajando en argumentos contrarios antes de esta votación. 
- (PT) Durante el debate en el pleno, mi colega, el Sr. Mussa, ha dado a entender que la inteligencia no puede patentarse. 
Estoy totalmente de acuerdo con ese principio, ya que no podemos ignorar el hecho de que cualquier aplicación informática es el producto de un proceso mental que permite a un ser humano dar órdenes a una máquina no inteligente para que ejecute una serie de instrucciones. 
Por lo tanto, hablamos de un producto de la mente humana. Patentarlo supondría arriesgarse a reducir nuestra capacidad de investigación e innovación, en vista del número de patentes ya solicitadas, sobre todo por las grandes empresas estadounidenses, que disfrutarían de una especie de «monopolio de la inteligencia». 
Aunque se trata de un campo muy complejo en lo técnico, somos sensibles a las consecuencias económicas y políticas de la propuesta, que perjudicará sobre todo a las pequeñas y medianas empresas de software. Por eso hemos votado en contra ella, a pesar de que se han aprobado algunas enmiendas que van en la dirección correcta. 
- (PT) Una patente es una herramienta diseñada para proteger la inteligencia y fomentar la creatividad mediante la protección jurídica de una creación, en el sentido estricto de la palabra. Los legisladores en esta materia deben legislar sin olvidar ese principio. 
En otras palabras, las patentes no deben utilizarse para hacer exactamente lo contrario. La inteligencia en sí misma no puede patentarse, ni tampoco se pueden utilizar las patentes para ahogar la creatividad, dando lugar, en casos extremos, a «delitos de inteligencia» o «delitos de libre creación». 
No se debe reducir una patente a la categoría de un trofeo para el que antes presente a las autoridades competentes una solicitud de patente concreta. Al contrario, debe ser una recompensa reservada para quienes han creado algo realmente nuevo, así como un incentivo para seguir creando. 
Contraviniendo las disposiciones del Convenio sobre la Patente Europea, esta propuesta de Directiva permite que se autorice la patentabilidad de ideas implementadas por programas informáticos. Eso es ir mucho más allá de las salvaguardas que ya establece el derecho de copyright, y daría lugar al estancamiento de las «inteligencias» y a la creación, con desastrosas consecuencias, de un obstáculo para el desarrollo tecnológico en sí mismo, así como para el desarrollo económico y social. 
La aprobación en el pleno de unas pocas enmiendas, algunas de las cuales he propuesto yo mismo, ha mejorado ligeramente el texto, pero no lo suficiente para conseguir mi apoyo. 
Por eso he votado en contra de la propuesta. 
Además, preferiría que se hubiera rechazado la propuesta y que el proceso volviera a iniciarse a partir de un nuevo informe, como también he propuesto. 
- (SV) El Convenio sobre la Patente Europea aplicable actualmente recibe distintas interpretaciones en los distintos Estados miembros. 
Lo que es evidente es que se considera inseguro desde el punto de vista jurídico y se piensa que produce efectos negativos para el mercado interior. 
Por eso creo que es necesaria una directiva comunitaria. 
La propuesta de una nueva Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador ha suscitado un amplio debate. 
Estamos de acuerdo con las enormes críticas que se han dirigido contra la excesiva ampliación del concepto de patente, ya que sería claramente perjudicial y reduciría la riqueza de la invención. 
Por consiguiente, hemos votado a favor de las enmiendas destinadas a reducir el concepto de la patente. 
En la votación final, hemos votado a favor. 
. 
(PT) Esta propuesta de Decisión pretende proteger la financiación de acciones comunitarias en apoyo de la política de los consumidores para el período 2004-2007, en consonancia con los objetivos y las acciones contemplados en la Estrategia en materia de política de los consumidores aprobada en 2003. 
Por lo tanto, tiene por objeto apoyar a las organizaciones y los organismos que actúan en defensa de los intereses de los consumidores en el ámbito comunitario o nacional. A tal fin se han asignado 72 millones de euros. 
Aunque considero que el paquete financiero debería ser más generoso, apoyo esta iniciativa, que aprobó de forma unánime la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, y que persigue los siguientes objetivos: un elevado nivel de protección de los consumidores; una aplicación efectiva de las normas de protección de los consumidores; una mayor participación de las organizaciones de consumidores en las políticas comunitarias; y la integración de los objetivos de protección del consumidor en todos los demás ámbitos de la política comunitaria. 
No obstante, considero que la entrega de esta ayuda debe ser expeditiva y no burocrática, y que no debe excluirse la ayuda directa a organizaciones nacionales de consumidores, incluidas las cooperativas. 
Es preciso hacer una clara distinción entre las organizaciones que trabajan realmente para promover los intereses de los consumidores y las que se limitan a ser portavoces de los grupos de presión industriales. 
. 
(PT) No teníamos más remedio que votar a favor de este informe, al estar en juego la financiación de un elevado nivel común de protección de los consumidores, una aplicación efectiva de las normas de protección de los consumidores y la participación de las organizaciones de consumidores en las políticas comunitarias, a pesar de que este informe no va más allá de las cuestiones de seguridad del consumidor relativas a productos no alimentarios, la protección de los intereses económicos de los consumidores y la promoción de las organizaciones de consumidores en el ámbito comunitario, así como la participación de esas organizaciones en políticas comunitarias relevantes para sus intereses. 
Nos complace ver que el presupuesto total propuesto para este período se ha incrementado a 72 millones de euros en créditos operativos, es decir, 18 millones de euros anuales, mientras que el total para recursos humanos y otros costes administrativos se ha ampliado hasta 32 millones de euros, lo que supone 8 millones de euros anuales. 
- (PT) He votado a favor de este informe, porque el objetivo del marco financiero que debatimos (para 2002-2007) es aplicar una política de protección de los consumidores, sobre todo a través de la financiación de proyectos de información a los consumidores. 
Esta herramienta será importante para alcanzar los tres objetivos políticos comunitarios fijados por la comunicación de 2002 de la Comisión Europea (la Estrategia en materia de política de los consumidores para 2002-2006). Dichos objetivos son luchar por un elevado nivel común de protección del consumidor y la aplicación efectiva de las normas de protección de los consumidores, así como garantizar que las organizaciones de consumidores participen en las políticas comunitarias. 
A pesar de que las cantidades anunciadas no fomentan grandes cambios fundamentales- sobre todo en lo que respecta a proyectos de envergadura- creo que se está avanzando en la dirección correcta, especialmente en lo relativo a las cuestiones de seguridad de los consumidores en relación con los productos no alimentarios, la protección de los intereses económicos de los consumidores y la promoción de las organizaciones de consumidores en el ámbito comunitario, así como la participación de esas organizaciones en políticas comunitarias relevantes para sus intereses. 
Solo conseguiremos la ciudadanía activa e incluyente que deseamos si los ciudadanos tienen a su disposición los medios para promover sus intereses, colectivos o individuales, y para mejorar la protección efectiva de esos intereses mediante esfuerzos concertados en los ámbitos europeo, nacional y regional. 
Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe Jonckheer porque ahora necesitamos que sea posible, por fin, la concesión de un tratamiento fiscal favorable a los cultivos no alimentarios. 
Debemos acoger con satisfacción la declaración de la Unión Europea que establece como uno de sus objetivos el creciente uso de fuentes renovables de energía, así como la definición, por parte de la Comisión, de objetivos y calendarios vinculantes en su Libro Blanco «Energías renovables». 
Pero para alcanzar esos objetivos se precisan las condiciones y los instrumentos adecuados. 
Si la Unión Europea quiere cumplir sus obligaciones, en virtud del derecho internacional, de reducir los gases con efecto invernadero de acuerdo con los compromisos adquiridos en Kioto, esta Directiva sobre la fiscalidad de la energía debe ser solo uno de los muchos pasos que nos llevarán finalmente en la dirección correcta. 
La utilización de fuentes de energía renovables no solo es neutra desde el punto de vista del CO2, sino que también aporta valor añadido a las regiones y crea puestos de trabajo nuevos y modernos en zonas rurales. 
. 
(PT) La Comisión lleva bastante tiempo intentando crear un régimen comunitario de imposición de los productos energéticos. 
Por lo tanto, este compromiso del Consejo constituye un paso importante en esa dirección, ya que ha conseguido el consenso en torno a una Directiva sobre la fiscalidad energética general, que abarca todas las formas de energía. 
No obstante, el ponente es bastante crítico con los tipos impositivos mínimos acordados, las excepciones y las exenciones fiscales establecidas. 
Tenemos graves reservas sobre esta Directiva. 
Somos partidarios de que se reduzca la carga fiscal que deben soportar los trabajadores, pero la solución no está en la llamada «fiscalidad medioambiental» de la energía o la contaminación. 
La solución pasa por encontrar un nuevo equilibrio fiscal entre los trabajadores y el capital. 
Además, este tipo de impuestos indirectos acaban siendo soportados por los consumidores (usuarios) finales. No son proporcionales a los niveles de renta y penalizan a los hogares con rentas más bajas. 
También hay que evaluar los efectos de los pronunciados incrementos fiscales en el tejido productivo, sobre todo en las regiones menos favorecidas. 
El concepto subyacente de «quien contamina, paga» suscita además graves reservas, puesto que permite contaminar a quien tiene poder económico, lo cual queda patente en la filosofía liberal del comercio de derechos de emisiones. 
La cuestión es que no debemos contaminar. 
La lucha para proteger el medio ambiente y detener la competencia desleal medioambiental debe librarse con la legislación apropiada y una aplicación efectiva de la misma. Para ello se precisa un elevado grado de intervención e inversión estatales. 
. 
(DE) Las cuestiones fiscales son, por su propia naturaleza, muy espinosas. 
Muchas de ellas se deben en buena medida a las grandes diferencias existentes entre los sistemas aplicados en los distintos países; por ejemplo, los países escandinavos utilizan elevados niveles de impuestos para financiar sus muy generosos sistemas de seguridad social. 
Nosotros financiamos las pensiones- por poner un ejemplo- utilizando las contribuciones de los empresarios y de los trabajadores, aunque de forma participativa. 
En la Unión Europea acordamos, a principios del decenio de 1990, aplicar solo tipos mínimos y mantener la exigencia de unanimidad en el Consejo para asuntos relacionados con la fiscalidad. 
Pese a lo delicada que es la cuestión, durante el debate de esta propuesta se han hecho esfuerzos para abolir el principio de unanimidad a partir de 2010. 
Decisiones tan importantes como esas se toman cuando se revisan los Tratados o el Tratado Constitucional y no cuando se consulta al Parlamento sobre una propuesta de Directiva. 
Volviendo a la fiscalidad de los combustibles, los tipos mínimos armonizados para Luxemburgo (y otros Estados miembros) siempre van acompañados de un aumento de los impuestos y, por lo tanto, con un aumento de los precios en la práctica. 
Aunque la situación concreta de Luxemburgo hizo que se le permitiera una derogación temporal, no hay razón para adelantar de 2010 a 2008 la segunda fase de aplicación de los tipos mínimos. 
Estoy segura de que el razonamiento que subyace a la enmienda del ponente es que el medio ambiente saldría ganando si la subida de los precios de los combustibles disuadieran a los consumidores de utilizar sus vehículos. 
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(PT) El Parlamento Europeo ha dado hoy un paso importante hacia una fiscalidad comunitaria de la energía más ecológica, dando luz verde a la Directiva que reestructura el régimen comunitario de fiscalidad de los productos energéticos y la electricidad. 
Espero que la reacción del Consejo sea igual de constructiva y que no se repita el veto que impidió la revisión de este mismo instrumento legislativo en 1997. 
Uno de los objetivos más importantes de la política de desarrollo sostenible es la internalización en la economía de las externalidades medioambientales. 
En otras palabras, el precio de los bienes debe reflejar su coste medioambiental real. 
El mensaje que transmite el precio es esencial para conseguir que tanto los productores como los consumidores reorienten sus elecciones hacia la sostenibilidad. 
Por desgracia, todavía estamos muy lejos de esa situación, razón por la cual la compra de productos ecológicos sigue siendo un lujo y su venta no es suficientemente rentable todavía. 
Celebro que el ponente se haya mostrado partidario de unas normas más ambiciosas y vinculantes y, sobre todo, de la reducción de los impuestos que gravan los productos obtenidos utilizando fuentes de energía renovables, así como el incremento de la presión fiscal sobre los combustibles fósiles utilizados para el transporte. 
- (PT) He votado a favor de este informe, ya que considero que es necesario hacer frente al cambio climático y a las crecientes amenazas para el medio ambiente, utilizando la fiscalidad como una herramienta más para lograr ese fin. 
A pesar de las reservas del ponente sobre el borrador del Consejo que, en su opinión, no cumple las expectativas, creo que dicho borrador representa el consenso más amplio posible dentro del Consejo, teniendo en cuenta que cuando se trata este asunto se debe actuar con cautela y capacidad de compromiso. 
Por lo tanto, mi voto es una respuesta al contenido legislativo del informe, puesto que no comparto en su totalidad las preocupaciones del ponente, que se detallan en la exposición de motivos. En concreto, no estoy de acuerdo con la supresión del requisito de unanimidad en estas cuestiones ni con el refuerzo de los requisitos comunitarios relativos a la fiscalidad de los productos. 
De hecho, aunque obviamente debe haber una mayor coordinación entre los Estados miembros para responder a los crecientes retos medioambientales, la clave está en la aplicación del principio «quien contamina, paga» y no en la imposición de un consenso artificial. 
. (EN) El EPLP ha votado en contra de las enmiendas relacionadas con los cambios fiscales y se ha abstenido en la votación final, en coherencia con su actitud respecto a los impuestos. 
. 
(PT) El acuerdo de pesca con el Gobierno de Mauricio venció el 2 de diciembre de 2002. Las partes habían acordado empezar a renegociar el protocolo anexo al acuerdo. 
Sin embargo, esas negociaciones se pospusieron en vista de que el Gobierno de Mauricio está analizando actualmente el estado de sus poblaciones de peces de agua salada. Por lo tanto, las partes propusieron que el actual protocolo se prorrogara durante un año, manteniendo las oportunidades y la distribución de la pesca entre los Estados miembros. 
Eso significa que ocho buques palangreros portugueses seguirán pudiendo pescar. Por lo tanto, la prórroga es esencial y por eso la apoyo, aunque lamento el retraso con que se ha remitido este protocolo al Parlamento para su estudio. 
Ahora bien, la clave de la cuestión está en crear, lo antes posible, las condiciones adecuadas para celebrar un nuevo acuerdo plurianual. 
De cualquier forma, mi voto a favor no significa que esté de acuerdo con todas las opiniones del ponente. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo acaba de aprobar el informe Andersson sobre la adecuación y la viabilidad de las pensiones. 
Uno de los apartados aprobados ha sido el apartado 16, en el que el Parlamento Europeo solicita que el retraso de la edad de jubilación efectiva se aplique con incentivos- y no, repito, y no- con penalizaciones como una drástica reducción de la cuantía de las pensiones. 
Por lo tanto, el Parlamento Europeo va justo en dirección contraria al Gobierno italiano, que presentó una propuesta según la cual, a partir de 2008, las pensiones de jubilación se retrasarán cinco años con penalizaciones- y qué penalizaciones: las pensiones quedarán totalmente canceladas durante cinco años. 
Eso supondrá una inyección de 25.000 millones de euros a las arcas estatales en 2013, mientras que habrá dos millones menos de puestos de trabajo para jóvenes y desempleados. 
Señor Presidente, no he votado a favor de este informe porque creo que se trata de una cuestión que compete a los gobiernos nacionales de los Estados y a su legislación, sin interferencias de Bruselas. 
. 
(PT) El envejecimiento de la población y los niveles cada vez más bajos de empleo entre las personas mayores amenazan la viabilidad de los sistemas de pensiones. 
Es necesario reforzar urgentemente los sistemas de protección social. 
Los Estados miembros deben colaborar en materia de pensiones aplicando el método abierto de coordinación, con el fin de reducir las diferencias de interpretación derivadas de los acuerdos bilaterales. 
Los estudios realizados sobre la evolución de los sistemas de pensiones demuestran que la clave del éxito está en lograr un equilibrio entre los aspectos económicos y sociales, ya que las políticas macroeconómicas, sociales y de empleo están relacionadas. 
La Estrategia Europea de Empleo y el Fondo Social Europeo pueden hacer importantes contribuciones para promover el empleo continuo y la contratación de trabajadores de más edad. 
Los Estados miembros deben adoptar medidas para evitar la jubilación anticipada y- junto con las empresas, los trabajadores y los interlocutores sociales- fomentar un envejecimiento activo. 
Por último, los Estados miembros deben eliminar de sus sistemas de pensiones toda forma de discriminación por razón de género y las diferencias en la cuantía de las pensiones que reciben las mujeres, que son aún más bajas que las de los hombres. 
. 
(DE) Me agrada especialmente que este informe, que por primera vez somete a un escrutinio sistemático y detallado el compromiso de los Estados miembros de la UE con la adopción de un enfoque común del futuro de la política de pensiones, aborde los problemas de las mujeres de la forma en que yo insistí, con éxito, en la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
Obviamente, tenemos que garantizar que todos los Estados miembros destierren toda discriminación por razón de género de sus sistemas de pensiones. 
Tendrían que haberlo hecho desde que se aprobaron en el decenio de 1970 las Directivas sobre el tratamiento igualitario de hombres y mujeres en cuestiones de seguridad social. 
Aunque con variaciones de un país a otro, las pensiones que reciben las mujeres son entre un 16% y un 45% más bajas que las de los hombres. 
En el caso de las mujeres que se están jubilando actualmente, eso se debe, entre otras cosas, al hecho de que, cuando eran más jóvenes, solo tenían derecho a ganar entre el 80% y el 90% de los salarios pagados a hombres con las mismas cualificaciones. 
Esa discriminación pervive, puesto que las mujeres la padecen al final de sus vidas. 
Tal y como había sugerido, el informe hace también referencia al problema de la protección social de las mujeres divorciadas. 
Ya en 1993, el Parlamento aprobó, a iniciativa mía, un informe sobre los derechos a pensión de las mujeres divorciadas o que viven separadas de sus parejas. 
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
- (NL) El establecimiento de sistemas de pensiones solía considerarse un paso hacia una sociedad civilizada. 
Juntos, asegurábamos nuestro futuro, así como nuestra seguridad en una etapa de la vida en la que ya no seremos productivos. 
En la actualidad, se ha extendido la opinión de que los gastos en pensiones constituyen una carga para la sociedad y de que los mayores explotan a las generaciones más jóvenes. 
Esto no se debe solo a la nueva pirámide de población, que es mucho más estrecha que nunca, ya que hay menos jóvenes en la base y más personas mayores en la parte superior. También se debe a una mentalidad corta de miras, al fomento del egocentrismo individual y a la aparición de planes de pensiones privados. 
Con frecuencia, los jóvenes no se dan cuenta de que van a vivir mucho más allá de su máximo de productividad, ni de que la gente se cansa más rápido porque el trabajo se está convirtiendo cada vez más en una especie de deporte de elite. 
Se está exigiendo tanta productividad a los trabajadores que muchos de ellos están agotados física o mentalmente mucho antes de llegar a la edad de jubilación. 
En muchos casos, los empresarios no quieren contratar a mayores de 55 años. 
Sin embargo, los mayores de 55 son a menudo muy útiles en trabajos voluntarios, desde ofrecer consejos hasta cuidar niños. 
En estas circunstancias, sería más lógico adelantar, en lugar de retrasar, la edad de jubilación. 
Negar una pensión a las personas que ya no pueden soportar la presión del trabajo crea problemas que no se pueden solucionar. 
- (PT) La comunicación de la Comisión sobre la adecuación y la viabilidad de las pensiones analiza los primeros Informes Nacionales de Estrategia presentados por los Estados miembros en materia de pensiones. 
El análisis de la Comisión abarca la adecuación de los sistemas de pensiones, su viabilidad financiera y la necesidad de modernización. 
Ni que decir tiene que celebro la conclusión del ponente en el sentido de que los Estados miembros ya han iniciado sus procesos de reforma y varios de ellos han realizado ya reformas importantes. 
Me alegra poder decir que ese es el caso de Portugal. 
Existe también una clara conciencia de la necesidad de nuevas reformas para salvaguardar la viabilidad a largo plazo de los sistemas de pensiones, que depende de una economía pública saneada. 
Creo que es vital eliminar de este debate cualquier retórica demagógica y acalorada de los que pretenden erigirse en «defensores de los derechos de los trabajadores». 
La falta de viabilidad de muchos sistemas nacionales de pensiones se debe a los cambios demográficos y podemos estar seguros de que, sin duda, provocará daños graves y- salvo que se haga algo para detenerlo- irreparables a todos los trabajadores jubilados, tanto ahora como en el futuro. 
Al igual que el ponente, celebro la estrecha colaboración entre los Estados miembros en este campo. Estoy también de acuerdo con la mayor parte de sus conclusiones sobre los tres objetivos fundamentales- adecuación, viabilidad financiera y modernización de los sistemas de pensiones -, por todo lo cual he votado a favor del informe. 
Señor Presidente, me he abstenido en la votación porque lamento que no se haya aprobado nuestra enmienda sobre la herencia judeocristiana. 
Ni siquiera un profesor de historia marxista puede negar que las raíces europeas son tanto cristianas como judías y que sin ellas Marx y el marxismo no habrían existido, y si Europa da la espalda a Dios, al cristianismo y al judaísmo, se estará alejando de sus raíces solo para verse inundada de materialismo y hundirse. 
La segunda cuestión que quería comentar en relación con esto es que me parece iluso creer que este Tratado puede ponerse en una urna y no volver a enmendarse nunca más. 
Veinticinco gobiernos no se van a reunir para no hacer nada; trabajarán en el Tratado y esperemos que lo mejoren. 
Es de esperar que incluyan en el preámbulo una referencia a nuestras raíces judeocristianas y también que realicen una serie de mejoras en la esfera institucional, como tener un Comisario por Estado miembro, algo que considero igualmente esencial. 
Aunque no queremos que se rechace todo el paquete, hay algunas mejoras concretas que los gobiernos deberían realizar en octubre. 
Señor Presidente, no he votado a favor de este informe, a pesar de estar a favor del texto aprobado por la Convención- en la que participé como suplente- porque ha dejado de lado toda referencia a las raíces cristianas de Europa. 
Además, hay una excesiva tendencia a restringir las votaciones por unanimidad, que es uno de los principios sobre los que se fundó la Unión Europea, incluso cuando tenía otro nombre. 
Creo que la votación por unanimidad es un bastión de la soberanía de los Estados y protege los intereses nacionales que tanto aprecian la mayoría de los grupos políticos italianos. 
Espero que la Conferencia Intergubernamental confirme la sustancia del trabajo de la Convención, a pesar de los rabiosos ataques del Presidente Prodi, que está haciendo todo lo que puede para ponerle trabas. 
Gracias, señor Presidente; aunque no puedo evitarle la molestia de plantear una cuestión de observancia del Reglamento, voy a ser breve. 
No tenía ninguna intención de retener a mis colegas diputados y, en general, la tecnología no me da problemas. 
Quizá mi lentitud ha sido víctima de su asombrosa rapidez. 
En cualquier caso, no se ha registrado mi voto sobre la enmienda 21 al punto 21a del informe Gil-Robles; quería votar en contra de la misma. 
He pedido la palabra porque quiero volver a lo de ayer. 
Celebro el gran número de votaciones nominales que han tenido lugar hoy, lo que significa que voy a estar libre de la sospecha de hablar en interés de mi propio bolsillo. 
Ayer no fue así. 
Hoy, sin embargo, las salidas del edificio del Parlamento han vuelto a quedar bloqueadas por manifestantes, y eso ha hecho que los vehículos tenían que salir por donde normalmente se entra y los que queríamos entrar- he conseguido entrar a las nueve menos 12 minutos, después de haber tenido que volver brevemente a mi hotel- hemos formado una enorme cola. 
Siguiendo con lo que se dijo ayer, quiero volver a solicitar a la mesa que preste alguna atención a la cuestión de cómo se va a garantizar a los diputados del Parlamento Europeo un acceso adecuado cuando tengan que ejercer su derecho de voto. 
Si la mesa no está dispuesta a ocuparse de esto y de informar a los diputados lo antes posible, tendrán que soportar que plantee esta cuestión constantemente en el pleno. 
El Profesor Tsatsos tiene opiniones interesantes, valiosas y progresistas sobre la aventura constitucional de la Unión Europea. 
Si esas opiniones se hubieran trasladado al informe y a la propuesta que ha preparado conjuntamente con su colega, el Sr. Gil-Robles, creo que habría votado a favor. 
Pero en la propuesta prevalece un concepto de aristas limadas, de compromiso a cualquier precio y de un «realismo» que está completamente desprovisto del espíritu democrático de los artículos escritos por el ponente griego. 
Desgraciadamente, el Parlamento Europeo está incluso por detrás de la Comisión Europea en las principales cuestiones institucionales, como, por ejemplo, el número o la función de los comisarios o la presidencia del Consejo. 
Por lo tanto, a pesar de las útiles ideas de la propuesta sobre cuestiones como el papel del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, el desarrollo de la política social o los referendos, me he abstenido en la votación final. 
La propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la introducción de una «Constitución para Europa» pretende dar cobertura parlamentaria a una operación a gran escala para engañar a los ciudadanos. 
Presenta como «constitución» un texto que además de no proteger los logros democráticos, añade, como hemos denunciado muchas veces, nuevos eslabones a las cadenas de los Tratados de Maastricht, de Amsterdam y de Niza que las grandes empresas han utilizando para atar de manos a los trabajadores en los Estados miembros de la Unión Europea. 
La institucionalización de la economía de mercado, la creciente militarización de la UE, en colaboración con la OTAN, que llega incluso a una intervención preventiva con el pretexto de la amenaza terrorista, la redistribución del poder en beneficio de los poderosos y la transferencia, aún mayor, de la soberanía nacional al centro internacional son algunos de los «regalos» que la Conferencia Intergubernamental va a ofrecer a los monopolios. 
El nuevo texto respeta completamente las actuales políticas, el recorte de los logros de los trabajadores, las sucesivas leyes antiterroristas y las intervenciones contra pueblos de todo el mundo. 
Tampoco podemos dejar de notar que el procedimiento antidemocrático seguido para la redacción del texto se está presentando como un modelo de democracia y transparencia. 
El Partido Comunista de Grecia se opone categóricamente a la introducción de una Constitución Europea que refuerce el imperialismo de la UE. 
Confía en la lucha de los pueblos, que demolerán las estructuras de los explotadores y cambiarán radicalmente la sociedad. 
- (SV) El proyecto de Constitución Europea y el proyecto de dictamen del Parlamento son sólidos en términos generales. 
Nos satisface especialmente que el pleno empleo, la transparencia, la igualdad y el desarrollo sostenible figuren como partes esenciales del proyecto de Constitución presentado por la Convención, algo que también es de agradecer en el dictamen del Parlamento. 
Sin embargo, nuestra opinión difiere de la expresada en el dictamen en varios puntos. 
Debería afirmarse que el derecho comunitario prevalece sobre el derecho nacional únicamente cuando la UE tiene competencia legislativa. 
El Parlamento Europeo no puede ser el único órgano parlamentario para la política exterior y de seguridad común. 
Es preciso que se pueda consultar también a los parlamentos nacionales. 
Apoyamos la cláusula de solidaridad del proyecto de Constitución y, en general, tenemos una buena disposición hacia la redacción del proyecto en lo que respecta a la política exterior, de seguridad y de defensa. 
Pero tenemos muchas dudas sobre lo que el proyecto de Constitución denomina cooperación «estructurada» y «más estrecha» , e interpretamos la afirmación de «cooperación estructural» en el dictamen como una referencia precisamente a ese tipo de cooperación. 
Las disposiciones que hacen referencia a la Comisión en el proyecto de Constitución no son sólidas. 
Cada Estado miembro debe tener su propio Comisario con derechos de voto. 
No aceptamos lo que el proyecto de Constitución denomina la cláusula pasarela. Tampoco aceptamos que se cambien los tratados sin unanimidad ni ratificación. 
El requisito de unanimidad no debe suprimirse con carácter general, como propone el dictamen, en las cuestiones de política exterior y de seguridad y política fiscal. 
No se debe fijar una fecha exacta para el final de la Conferencia Intergubernamental. 
La CIG debe poderse tomar el tiempo que necesite, con independencia de la Presidencia. 
- (SV) Hemos decidido abstenernos en la votación final sobre el informe mencionado. 
Nuestra posición se refiere al informe y no al resultado de la Convención en su conjunto. 
Algunas partes del informe se alejan del resultado de la Convención. 
Apoyamos el trabajo de redacción de una Constitución para Europa. 
Hemos apoyado el método de la Convención que, de una forma única, ha cambiado el método de redacción de los tratados comunitarios. 
Estamos a favor de un Tratado consolidado con una distribución de competencias más clara. 
Es bueno que se mejore y se simplifique la toma de decisiones y que los ciudadanos europeos tengan más oportunidades de exigir responsabilidades. 
Apoyamos el compromiso de la Convención a pesar de que, en algunos puntos, se aleja de nuestras posiciones. 
La UE debe tener límites y ser efectiva. 
La Constitución debe marcar claramente el límite entre lo público y lo privado, así como el límite de las competencias de decisión de la UE con respecto a los Estados miembros. 
El Tratado pertenece a los Estados miembros. 
Por lo tanto, es obvio que los cambios en el Tratado tienen que ser aprobados por unanimidad y ratificados por los parlamentos nacionales. 
Eso significa también que tenemos dudas sobre el artículo I-24.4 del proyecto de Constitución. 
Al igual que el Parlamento sueco, el Partido Moderado sueco se opone a una Presidencia permanente del Consejo. 
Tampoco podemos apoyar un movimiento a favor del parlamentarismo a escala comunitaria. 
Creemos que la UE no debe recibir ninguna competencia de decisión en lo relativo a la política social y los impuestos. 
Pretendemos que exista un diálogo activo y no vemos ningún valor intrínseco en que la Conferencia Intergubernamental finalice en otoño. 
. (EN) En nombre del Sr. Antoni Macierewicz: 
Es necesario subrayar el procedimiento no democrático que ha llevado a la Convención a adoptar el proyecto de Constitución. 
Consenso significa acuerdo universal, pero el texto adoptado no gozaba de esta aprobación. 
Es obvio que un documento que se ha redactado incumpliendo los principios democráticos no puede beneficiar ni a los ciudadanos, ni a las naciones, ni a la propia Europa. 
El proyecto de Constitución cambia los principios fundamentales con los que funciona la UE (derecho de veto, derechos de voto de los Estados, representación equitativa en la Comisión Europea, etc. Estos principios han tenido una importancia significativa en la adhesión de nuevos Estados a la Unión. 
Cambiar estos principios es ponerles ante un hecho consumado. 
El proyecto de Constitución pretende establecer un Estado único europeo, en el que las decisiones se tomarán por encima de las cabezas de los ciudadanos y los Gobiernos sin recurrir al referendo como método necesario para expresar la voluntad de los ciudadanos sobre un tema tan fundamental. 
En vez de imponer esta Constitución antidemocrática a los ciudadanos de Europa, deberíamos trabajar juntos para que, de conformidad con los principios democráticos, podamos crear un verdadero acuerdo entre las naciones y los ciudadanos de Europa. 
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(PT) No puedo sino acoger favorablemente el proyecto de la Convención sobre el futuro de Europa y su trabajo, que constituye un hito histórico en el proceso de integración europea. 
Me congratula la preocupación por acercar la Unión a los ciudadanos, ampliar su carácter democrático y mejorar su capacidad de decisión, en el contexto de la ampliación. 
Celebro que se refuerce (aunque de manera poco ambiciosa) el papel de la Unión y su capacidad de acción en la escena mundial, teniendo en cuenta los retos de la mundialización y de la creciente interdependencia. 
Me complace que, por primera vez en la historia de la integración europea, los parlamentos nacionales vayan a tener un papel activo en la redacción de la legislación comunitaria. 
La Unión ha adquirido personalidad jurídica y la muy deseada desaparición de la estructura en pilares ya es una realidad. 
Agradezco la recomendación contenida en el excelente informe del Sr. Gil-Robles de que los ciudadanos europeos sean consultados en un referéndum, preferiblemente celebrado el mismo día que las elecciones al Parlamento Europeo. 
Lamento la desaparición de la Presidencia rotatoria del Consejo y la omisión de una referencia a nuestras raíces culturales e históricas comunes. 
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Sin embargo, creo que esa enmienda tiene razón en lo esencial cuando apunta a una de las debilidades del proyecto de Constitución presentado a la Conferencia Intergubernamental por la Convención. 
La verdad es que este proyecto aporta pocas cosas nuevas a la gobernanza económica de Europa. En concreto, y muy importante, no define cómo deben coordinarse las políticas económicas nacionales, ni revisa los objetivos del Banco Central Europeo para vincularlos más activamente a las políticas de crecimiento y empleo. 
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(DE) Los diputados de la CSU en esta Cámara hemos votado a favor del informe del Sr. Gil-Robles y el Sr. Tsatsos, que recomienda la convocatoria de una Conferencia Intergubernamental sobre el proyecto de Constitución Europea presentado por la Convención de la UE. 
No obstante, creemos que es necesario incorporar una serie de enmiendas al proyecto. 
Solicitamos con carácter de urgencia la incorporación al preámbulo de la Constitución de una referencia a Dios y al cristianismo. 
Puesto que Europa ha tomado su forma del occidente cristiano, sus políticas deben aspirar a poner en práctica valores cristianos. 
Para que la UE pueda reducirse y concentrarse en sus tareas esenciales, solicitamos en concreto que no se amplíen las competencias de coordinación de la política económica y de empleo, para no poner en peligro la libertad, la competitividad y el carácter nacional de las políticas; que no se establezca un fundamento jurídico para la armonización de los servicios de interés general, sobre todo de abastecimiento de agua y alcantarillado; que su competencia en materia de políticas de asilo e inmigración se limite a formular unas normas mínimas, excepto las normas sobre el acceso de nacionales de terceros países al mercado de trabajo; que no se amplíen su capacidad de promoción y coordinación en materia de deportes, energía y protección civil; y que se restrinja su competencia en materia de mercado interior a medidas dirigidas principal y directamente a suprimir obstáculos tangibles. 
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El nuevo texto conseguirá que se atrinchere una forma cada vez más agresiva de capitalismo, que la sociedad se estructure de acuerdo con los principios neoliberales, que todo se comercialice y que las personas queden cada vez más devaluadas. Los aspectos sociales que el texto prometía defender pasarán a ser secundarios y seguiremos avanzando hacia el abismo por el camino marcado por los Tratados de Maastricht y Niza. 
Estamos ante un ataque real contra los principios de la Constitución de la República Portuguesa. 
Estamos ante una amenaza a la soberanía, no solo en términos jurídicos e institucionales, sino también en campos concretos de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. 
Es un intento de echar por tierra cualquier posibilidad de rutas alternativas a la integración europea. 
En lugar de establecer como prioridades absolutas la búsqueda de la paz, el desarrollo y la cohesión social y económica, basadas en un elevado nivel de bienestar para todos, el texto define la paz como una mera posibilidad y no como un objetivo fundamental. Opta por la vía profundamente militarista de la OTAN, ligada al imperialismo estadounidense. 
Creemos que las próximas Conferencias Intergubernamentales deben rechazar la propuesta de la Convención y encontrar formas alternativas de dar una respuesta positiva a los problemas actuales. 
. (IT) No estoy satisfecha con esta resolución: es demasiado larga y difícil de entender para los no iniciados, además de ambigua en un aspecto fundamental, el procedimiento de revisión. 
No basta con lamentar que se conserve la votación por unanimidad y que no se otorguen poderes de ratificación al Parlamento Europeo. 
Las exigencias del Parlamento deben convertirse en un asunto central, porque la única forma de eliminar los aspectos que no nos satisfacen del texto de la Convención es precisamente asegurándonos de que haya un método democrático de ratificación que nos permita avanzar. 
Los ponentes y la mayoría del Parlamento han preferido mantener una posición rígida y equivocada sobre esta cuestión: no es cierto que el procedimiento de revisión forme parte del acuerdo alcanzado por la Convención. 
¡Es prácticamente el único tema sobre el que pedimos que decida la Conferencia Intergubernamental! 
¿Por qué he decidido, entonces, votar a favor de una resolución que no me gusta? 
Porque es preciso mandar un mensaje claro en este momento: la CIG no debe reabrir unilateralmente un debate sobre las cuestiones fundamentales del texto aprobado por la Convención y eso es lo que dice la resolución. 
A partir del 4 de octubre, si la CIG decide reconsiderar lo ya acordado, reanudaremos la batalla sobre su contenido. 
. (EN) He votado en contra de este informe, aunque se han incorporado enmiendas sobre algunas de nuestras preocupaciones en torno al futuro de nuestro continente. 
Debemos recordar que este informe ha sido aprobado en comisión por 18 votos contra 6, con 4 abstenciones, lo que indica claramente que el proyecto de constitución carece de credibilidad, y este informe es su evaluación formal por parte de este Parlamento. 
El proyecto de Constitución no incorpora a la Unión los criterios básicos que podrían constituir un hogar deseable para todo el mundo. 
Como se confirma en el informe, la naturaleza única de la Unión emana de sus Estados miembros y sus ciudadanos. 
El informe, de acuerdo con el proyecto constitucional, no deja espacio para que los pueblos de Europa existan como tales, lo que, en términos prácticos, excluye el reconocimiento de las actuales naciones sin Estado de Europa, como han expresado con toda claridad nuestros colegas catalanes, el Sr. Gasòliba y el Sr. Mayol. 
Naturalmente, esta exclusión satisface al nacionalismo español del Sr. Gil-Robles, pero no se adapta en modo alguno a lo que el Sr. Tsatsos escribió después del Tratado de Niza: «Es entre estos dos polos, de eficacia y de legitimidad, donde la Unión Europea debe encontrar el equilibrio específico que tenga en cuenta el principio fundamental de la Unión en tanto Unión tanto de pueblos como de Estados.» 
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
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(DE) He votado a favor del Tratado Constitucional, a pesar de que tengo varias quejas sobre él, por lo que quiero aclarar una serie de puntos. 
La extensión de la votación por mayoría a nuevos campos es, en una UE en constante ampliación, una decisión que debemos celebrar. 
Considero que la supresión automática de la unanimidad- que, de todas formas, se contempla únicamente en casos excepcionales- para transformarla en una supermayoría cualificada a partir de 2009, es prematura en estos momentos. 
¿Por qué anunciar algo que ocurrirá en 2009? 
Me alegra que este pasaje, que estaba presente en el primer proyecto, haya desaparecido. 
He votado en contra del apartado 22 de la resolución porque considero que la distribución de diputados en el Parlamento Europeo, tal como se contempla en el protocolo de ampliación adjunto al Tratado de Niza, es equilibrada. 
Pero no es aceptable que el número de diputados de Luxemburgo se reduzca a la tercera parte. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Juncker, el Primer Ministro de Luxemburgo, en que las propuestas relativas a la presidencia de los Consejos de Ministros especializados no están claras, es decir, que sigue siendo necesario introducir algunas enmiendas aclaratorias. 
Tampoco es ideal la creación de dos tipos de Comisarios, unos con derecho de voto y otros sin él. 
¿Qué país va a tener un Comisario sin derecho de voto, y cuándo? 
- (NL) El proyecto de Constitución, como muchas constituciones nacionales, está plagado de una preciosa retórica sobre cuestiones como un elevado nivel de protección medioambiental, con solo unos pocos puntos de índole social y el rechazo de la pena de muerte o la discriminación, pero esa no es la razón por la que se concibió inicialmente este texto. 
Los puntos realmente importantes son la confirmación del poder del Consejo, que impide la democracia parlamentaria, la integración de toda la UE en la OTAN y la constatación del carácter capitalista de la economía comunitaria. 
Pronto no habrá espacio para una posición neutral desde el punto de vista militar fuera de la OTAN, como han elegido hasta ahora Suecia, Finlandia, Irlanda, Austria, Chipre y Malta. 
No se trata solo de defender juntos nuestro territorio contra ataques externos, sino también de poder intervenir en defensa de nuestros propios intereses fuera de los territorios de la OTAN y de la UE. 
La Constitución también protege la libertad de empresa y la «competencia libre y pura». 
En la Europa neoliberal, los servicios de interés general en los campos del transporte público, el correo postal, la energía y las telecomunicaciones, dejarán de considerarse tareas comunitarias de vital importancia y se contratarán a empresas con ánimo de lucro. 
Por lo tanto, esta Constitución se va a parecer a la de Cuba o a la de la antigua Unión Soviética, que también querían consolidar un modelo económico y protegerlo de decisiones democráticas que pudieran cambiarlo. 
Si Europa tiene que tener una constitución, este texto no es el correcto. 
Tiene que celebrarse un referéndum sobre esta cuestión en cada Estado miembro. 
. 
(DE) Considero lamentable que la mayoría del Parlamento Europeo no haya apoyado la enmienda del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos para incorporar una referencia especial a nuestras raíces judeocristianas en el proyecto de Constitución. 
Pero incluso con su actual redacción, la Constitución contiene elementos que son importantes en términos de la herencia cristiana de Europa, ya que en el preámbulo se hace referencia a la herencia religiosa europea, y la concepción cristiana de la humanidad se convierte en uno de los principales cimientos de la Constitución con la incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales. 
Además, el artículo 51 del proyecto de Constitución reconoce explícitamente la posición de las iglesias y las organizaciones no confesionales. 
Así que la Constitución contiene referencias importantes a la herencia religiosa europea. 
Con su enmienda, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos pretendían añadir otra importante dimensión a estos elementos. 
Ahora corresponde a la Conferencia Intergubernamental y, por lo tanto, a los Estados miembros, aceptar esta propuesta y añadirla al proyecto de Constitución. 
- (SV) Lamento profundamente que una mayoría del Parlamento Europeo (283 votos en contra, 211 votos a favor y 15 abstenciones) haya rechazado la enmienda 23, presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos, para hacer mención explícita a la herencia religiosa judeocristiana en el preámbulo de la futura Constitución. 
Esta propuesta no debería despertar controversias, ya que se ciñe a un hecho histórico. 
Queremos que cada país, también en el futuro, tenga su propio Comisario, en igualdad de condiciones y con derecho de voto. 
El Parlamento rechaza esto. 
Lamentamos también el apoyo dado por el Parlamento a la creación de un Presidente de la UE, lo que supone suprimir la Presidencia rotatoria del Consejo y, con ella, el derecho de los países pequeños a liderar Europa. 
También soy muy crítico con lo que se ha denominado cláusula pasarela del artículo I-24, que contempla la capacidad de cambiar el proceso de toma de decisiones en el Consejo con una decisión por unanimidad, sin la aprobación de los parlamentos nacionales y sin convocar una Conferencia Intergubernamental en la UE. 
- (SV) No puedo apoyar el proyecto de Constitución Europea por varias razones. 
Soy contraria a la tendencia hacia un estado europeo y recomiendo que continúe la cooperación intergubernamental. 
No puedo apoyar unas propuestas dirigidas a aumentar la cooperación militar, que considero una cuestión nacional. 
Un nuevo estado necesita una constitución, una moneda común, un tribunal de justicia común y una defensa común. 
Recomendar, además, un Presidente, un ministro de exteriores y un ministro de economía comunes, y suprimir el derecho de veto sobre cuestiones de importancia, es avanzar más hacia la creación de ese estado. 
Un cambio tan importante en la dirección tomada por la UE debe someterse a referéndum. 
Los miembros de la Convención, que sin duda han realizado un trabajo excelente, tampoco han sido elegidos democráticamente y las decisiones tomadas en el seno de la Convención, sin ningún tipo de votación, suscitan en sí mismas fuertes objeciones. 
Con esto concluye la votación. 
(The sitting was suspended at 2 p.m. and resumed at 3 p.m.) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la situación en Oriente Próximo. 
- (IT) Señor Presidente, Señorías, estamos muy preocupados por la situación en Oriente Próximo y por los últimos acontecimientos que han sacudido a la región. 
La campaña de asesinatos selectivos emprendida por Israel para eliminar a los líderes de Hamás, los abrumadores y sangrientos atentados terroristas que se repiten en Jerusalén y Tel Aviv, la dimisión del Primer Ministro palestino, Abu Mazen, y los obstáculos que ha puesto a su gobierno el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, la decisión tomada en principio por el Gabinete de Seguridad de Israel de expulsar al Presidente Arafat de los territorios palestinos e incluso la idea propuesta de asesinarle, son elementos de un círculo de violencia que corre el riesgo de entrar en una espiral totalmente fuera de control y de poner fin a cualquier esperanza de devolver la paz a la Tierra Santa. 
Por lo tanto, es preciso detener la escalada de violencia lo antes posible. 
Es necesario que se declare de inmediato un alto el fuego para que pueda reanudarse el proceso de negociación. 
Nosotros estamos comprometidos con el logro de ese objetivo como una prioridad. 
Desde luego, seguimos convencidos de que el único medio para alcanzar una paz duradera y justa basada en las resoluciones y los principios de las Naciones Unidas es un proceso basado en la negociación y en la puesta en práctica, de buena fe, del proceso contemplado en la llamada «hoja de ruta». 
Solo así podrá hacerse realidad la visión compartida por la comunidad internacional de dos estados que coexistan pacíficamente y que respeten tanto el derecho de los palestinos a la autodeterminación como el derecho de los israelíes a vivir en paz y seguridad. 
Además de las medidas diarias necesarias para responder a los imperativos inmediatos, necesitamos también otras medidas más amplias basadas en una visión a largo plazo de una zona de paz, comprensión, diálogo, prosperidad y seguridad, en la que se unan las dos orillas del Mediterráneo. 
Esa será la visión que propondremos en la Conferencia Ministerial Euromediterránea que se celebrará en Nápoles y que esperamos que dé un nuevo impulso al proceso de Barcelona y le permita contribuir a la estabilización y la pacificación de Oriente Próximo y toda la zona. 
Señorías, es de vital importancia que la Unión Europea mantenga una posición coherente en este asunto, una posición que cuente con el pleno apoyo de los Estados miembros y que sea producto de un diálogo continuo y exhaustivo entre los distintos puntos de vista y perspectivas. 
Solo demostrando cohesión y unidad podrá la Unión reforzar realmente su papel y su influencia en el Cuarteto y en la región, algo que esperamos vivamente que suceda. 
En este sentido, hay que recalcar el voto unánime y unido de las 25 naciones representadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York sobre la resolución que exhorta al Gobierno israelí a no poner en práctica su decisión de expulsar al Presidente Arafat. 
¿Cuál debe ser nuestra estrategia? 
En primer lugar, como ya he dicho, creemos que la única forma de conseguir una solución pacífica al conflicto es que los israelíes y los palestinos pongan en práctica la hoja de ruta inmediatamente y de buena fe. 
Por lo tanto, volvemos a adoptar una postura firme, haciendo un llamamiento para que se desmantelen las estructuras terroristas y ambas partes se abstengan de llevar a cabo acciones que no harían más que alimentar la espiral de violencia. 
En segundo lugar, creemos que solo una acción internacional que cuente con un amplio apoyo puede crear las condiciones necesarias para el éxito de la hoja de ruta. 
Por eso siempre nos hemos comprometido, desde el principio de nuestra Presidencia, a conseguir que el papel representado por el Cuarteto (también su papel sobre el terreno) sea más eficaz como impulsor de las negociaciones entre las dos partes, además de reforzar la credibilidad y la autoridad de la acción comunitaria dentro del Cuarteto. 
Aunque los Estados Unidos son el líder indiscutible del proceso, a mi juicio debemos evitar que se queden solos y actúen unilateralmente sobre el terreno: es preciso que se reconozca el papel de la Unión Europea. 
De hecho, no debemos olvidar que los esfuerzos de la Unión Europea para encontrar una solución pacífica al conflicto entre israelíes y palestinos son una de sus prioridades internacionales. 
Esta crisis no solo tiene lugar en las fronteras meridionales de la Unión y desestabiliza a toda la región de Oriente Próximo y el Mediterráneo, sino que también tiene repercusiones negativas más amplias que afectan al diálogo entre civilizaciones y entre religiones y a la lucha contra el terrorismo internacional. 
En el curso de la aplicación práctica de la clara estrategia que acabo de describirles, en consonancia con el firme compromiso que los europeos mantenemos desde hace mucho tiempo, hemos dedicado siempre una atención especial al conflicto entre israelíes y palestinos. 
Señorías, para volver ahora al presente, quiero informarles sobre las iniciativas de la Presidencia italiana en respuesta a los últimos y trágicos acontecimientos que han roto la tregua y han reanudado la terrible espiral de violencia. 
Además de apoyar la acción llevada a cabo por el Sr. Solana, Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, que ha realizado varias visitas a la región, nos hemos mantenido en contacto con los demás miembros del Cuarteto- los Estados Unidos, Rusia y las Naciones Unidas- realizando un seguimiento y evaluando todas las implicaciones de la situación sobre el terreno, con el fin de poder tomar las medidas más apropiadas y oportunas para reanudar el proceso de negociación. 
También nos hemos ocupado de garantizar que el Cuarteto vuelva a reunirse periódicamente a nivel de los Enviados Especiales en cuanto sea posible y que sus ministros se reúnan con ocasión de la semana ministerial en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Los miembros del Cuarteto mantienen la opinión unánime de que es preciso seguir reforzando su papel. 
Hemos explicado a las dos partes del conflicto, a través de distintos canales, que deben tomar medidas concretas e inmediatas para detener la violencia, así como evitar cualquier acción que pueda impedir el regreso a la mesa de negociaciones. 
Los avances conseguidas en las semanas siguientes a la aceptación de la hoja de ruta demostraron que ese es el camino que hay que seguir. 
Pese a todo lo ocurrido, tenemos la obligación de no desanimarnos. 
Sigue habiendo una brecha, una oportunidad para conseguir los objetivos que nos hemos fijado, y la violencia no debe ser un impedimento para que aprovechemos esa oportunidad. 
Esa fue también la idea central de la declaración pública de la Presidencia italiana, en nombre de sus socios y con su aprobación, realizada el 11 de septiembre de 2003. 
Señorías, los líderes palestinos e israelíes tienen una enorme responsabilidad ante sus ciudadanos y ante la comunidad internacional. 
Por lo tanto, esperamos que demuestren un compromiso firme, una mayor decisión y, sobre todo, una gran valentía, sin malgastar ningún esfuerzo en el proceso de paz. 
Es importante que el vacío de poder creado por la dimisión del Primer Ministro Mahmud Abbas (Abu Mazen) se llene sin demora. 
Abu Alá, el Primer Ministro designado, debe formar rápidamente un nuevo gobierno de políticos palestinos respetados que tengan su confianza y la de su pueblo. 
El nuevo gobierno debe seguir el camino marcado por el Primer Ministro Abu Mazen, poniendo fin a la violencia y optando decididamente por la negociación. 
Abu Alá debe también, tan pronto como sea posible y sin más preámbulos, obtener resultados claros y tangibles en el campo de la seguridad tomando medidas decididas contra la violencia terrorista. 
En este sentido, debe ser el nuevo gobierno- con independencia de los miembros del consejo de seguridad nacional que el Presidente Arafat vaya a nombrar- el que asuma todo el control de las fuerzas de seguridad. 
Si toman ese camino, Abu Alá y su gobierno contarán con todo el apoyo de la Unión Europea. 
Deseo reiterar aquí nuestra convicción de que no se puede y no se debe tolerar el terrorismo en modo alguno. 
Como titulares de la Presidencia de la Unión Europea y representantes de la mayoría de la opinión pública de la Unión, condenamos firmemente los atentados terroristas que reivindican las organizaciones extremistas palestinas. 
En la reunión informal celebrada en Riva del Garda a principios de septiembre, los Ministros de Exteriores de la Unión decidieron añadir el brazo político de Hamás a la lista europea de organizaciones terroristas. 
Era preciso tomar esa medida: la Unión Europea se lo había advertido claramente a Hamás en el Consejo Europeo de Salónica; no haber actuado en consecuencia con esa advertencia supondría menoscabar la credibilidad de la Unión como una fuerza con peso en la región. 
Celebro que el Consejo haya podido alcanzar un consenso que ha disipado las dudas de algunos socios y nos ha permitido prestar un apoyo convencido a una posición común. 
También creemos que las reformas que está introduciendo la Autoridad Nacional Palestina para hacerla más democrática, transparente y eficaz, son otra condición necesaria para un Estado palestino pacífico, estable y democrático. 
Esas reformas deben continuar, con el apoyo de la Unión Europea y de la comunidad internacional. 
Señorías, ahora quisiera explicar con claridad la posición de la Presidencia respecto al Presidente Arafat. 
No podemos negar el papel, esencialmente negativo, que ha tenido en los últimos meses, contribuyendo a las divisiones en la cúpula de la ANP, socavando los esfuerzos del Primer Ministro Abu Mazen y provocando su dimisión. 
Su papel histórico y sus responsabilidades hacia el pueblo palestino nos dan derecho a esperar del Presidente Arafat un cambio de postura, apoyando plenamente al Primer Ministro designado, Abu Alá, y condenando claramente la violencia terrorista. 
No obstante, como la Presidencia ha dejado claro públicamente al Gobierno israelí, Arafat es el Presidente legítimamente elegido por los palestinos; obligarle a exiliarse sería inaceptable y un error muy grave. 
La Unión Europea- respaldada por posiciones similares de los Estados Unidos, Rusia y muchos otros miembros de la comunidad internacional- ha pedido a Israel que anule su decisión y que garantice la seguridad física del Presidente de la Autoridad Nacional Palestina: las amenazas de muerte son inaceptables. 
También recordamos al Gobierno israelí la necesidad de actuar con moderación y poner fin, de una vez por todas, a los asesinatos selectivos, que, al margen de cualquier consideración de derecho internacional, se cobran con excesiva frecuencia víctimas inocentes, alimentando con ellos los fuegos de la ira, la frustración y la violencia. 
También hemos exigido a Israel que trabaje más seriamente para mejorar las condiciones de vida de los palestinos en los territorios. 
Por último, hemos recordado a Israel- sin minusvalorar su necesidad de seguridad- que la Unión Europea espera de ella la adopción inmediata de otras medidas concretas contempladas en la hoja de ruta, sobre todo la suspensión de toda actividad de asentamiento en los territorios palestinos, el desmantelamiento de los asentamientos construidos desde marzo de 2001 y la paralización de las obras de construcción del «muro de seguridad» a lo largo de su trazado actual, que va más allá de la «línea verde» y pone en peligro cualquier posibilidad de una solución negociada al conflicto. 
Señorías, la Unión Europea tiene un importante papel que representar en el Cuarteto para infundir nuevo vigor al proceso de negociación en la dirección que he descrito. 
Sin embargo, estos esfuerzos diplomáticos deben llevarse a cabo conjuntamente con acciones sobre el terreno. 
Estamos seguros de que la Unión Europea puede, junto con los Estados Unidos, tener un papel mayor en los sistemas internacionales de control previstos en la hoja de ruta desde su fase 1. 
La posibilidad de una mayor participación europea se debatirá también en la próxima reunión ministerial del Cuarteto en Nueva York. 
Señor Presidente, Señorías, me temo que hemos llegado una vez más a un punto crítico en la crisis de Oriente Próximo; es aún más doloroso porque las esperanzas que objetivamente se crearon en torno a lo que parecía ser una determinación compartida de avanzar pese a las dificultades, sin ahorrar ningún esfuerzo. 
La Historia, sobre todo la de la crisis de Oriente Próximo, nos enseña que es precisamente cuando el proceso negociador está dando sus primeros frutos cuando las fuerzas extremistas radicales, que se oponen a cualquier forma de paz, desatan una mayor violencia. 
Pero precisamente en esos momentos es cuando la comunidad internacional debe presionar a las partes del conflicto para que opten claramente por la mesa de negociación y rechacen el uso de la violencia. 
La Unión Europea se asegurará de que la región y las partes implicadas sientan el peso de sus esfuerzos por conseguir una paz negociada. 
Al tomar este camino, tenemos la esperanza de poder contar con el apoyo del Parlamento, con su larga tradición de estrecho seguimiento de la crisis de Oriente Próximo y de respuesta a ella. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, la situación en Oriente Próximo parece desesperada. 
Tras el derrocamiento del dictador iraquí, todos habíamos esperado que en Oriente Próximo se instaurara un nuevo orden de paz. 
Esa esperanza ha resultado vana y parece que todos los esfuerzos por conseguir la paz, y la aplicación de la hoja de ruta, no han dado ningún resultado. 
Mahmud Abbas ha sido reemplazado por Ahmed Qurie tras solo cuatro semanas en el poder. 
Es cierto que las personalidades son importantes y también sabemos que el Primer Ministro israelí, Ariel Sharon, y el Presidente palestino, Yasir Arafat, son los que toman las decisiones, pero, en esencia, estamos ante una cuestión que afecta a los pueblos de ambos países. 
El Primer Ministro Sharon fue elegido democráticamente; también lo fue el Presidente Arafat. 
No sé si la elección de este último cumple todos los criterios democráticos, pero ha sido elegido. 
También fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, algo que quizás debería animar al Gobierno israelí y a los palestinos a volver al terreno común que el Presidente Arafat compartió en su momento con el Primer Ministro israelí Rabin. 
Todos conocemos los enormes problemas a los que nos enfrentamos. 
En nuestro grupo, somos perfectamente conscientes de que no podemos justificar en ningún caso los atentados suicidas, que desprecian la vida humana. 
Constituyen un abuso de los jóvenes a los que se promete el paraíso y se cobran la vida de otras personas inocentes. 
Provocan un círculo vicioso de violencia; otro resultado de esos atentados son las listas de la muerte de Israel, que no podemos aprobar en absoluto, dado que- como el Comisario Lamy y el Sr. Antonione han dicho- no solo se asesina a los criminales o presuntos criminales cazados, sino también a muchas personas inocentes. 
La política de «ojo por ojo y diente por diente» no solucionará el problema. 
De la misma forma que escuchamos a Hamás y a la Yihad Islámica utilizar el lenguaje del odio, vemos también los actos de ese odio, y todo ello produce una escalada de la violencia. 
No podemos olvidarnos de los asentamientos ilegales de Israel al oeste del río Jordán, que son una constante provocación para el pueblo palestino. 
Permítanme citar algo de la edición del 8 de septiembre del Frankfurter Allgemeine Zeitung: «La retirada simbólica de unos contenedores en los asentamientos ilegales al oeste del río Jordán fue insuficiente para poder convertirse en una experiencia alentadora de éxito para los palestinos.» 
La construcción de un muro incrementa la profunda sensación de humillación constante que tienen los palestinos. 
Debemos intentar conseguir que tanto Israel como Palestina puedan vivir dentro de unas fronteras seguras, y declaramos que todos los pueblos de la región- los israelíes y los palestinos- tienen derecho a la misma dignidad. 
Por eso, a pesar de la aparente falta de esperanza, no existe más alternativa que seguir adelante con los esfuerzos de paz. 
Hablo más a título personal que en representación de mi grupo cuando digo que no creo que sea posible una solución pacífica sin una fuerza de paz internacional. 
Salvo que se utilice una fuerza de paz internacional para mantener a los dos bandos alejados, no creo que pueda alcanzarse una solución. 
Tampoco podemos esperar que los estadounidenses se encarguen de todo. Además, ahora que van a celebrar elecciones en su país, tienen menos margen de maniobra para actuar en esta zona. 
Celebro el objetivo común que hemos establecido aquí, y debemos persistir, como Unión Europea, en nuestros esfuerzos conjuntos con los Estados Unidos, las Naciones Unidas y Rusia. 
Tenemos que persistir en nuestros esfuerzos, por el peligro que entraña este conflicto para la población de Oriente Próximo. 
Señor Presidente, hace un par de semanas un periódico de Londres concertó una reunión entre periodistas profesionales de Israel y Palestina, la primera reunión de este tipo desde que empezó la intifada actual. 
Algunos de los participantes, de ambos bandos, expresaron la creencia de que el suyo era, en realidad, un «conflicto de siglo XXII» : una guerra que duraría cien años, hipotecando la vida de los hijos de sus nietos. 
Un conflicto que tiene la capacidad de agotar el optimismo de los más optimistas exige una vez más mayores reservas de paciencia y compromiso. 
Pero por terrible que sea la situación, no nos podemos permitir desesperarnos. 
Si ambas partes se desvían del rumbo marcado por la Hoja de Ruta hacia la paz y la reconciliación, debemos persuadirles para que vuelvan. 
La Unión Europea debe seguir desempeñando un papel crucial en la búsqueda de la paz en Oriente Próximo. 
Un mayor compromiso con Israel podría ayudarnos en ello. 
Para conseguir la paz se necesita también una Autoridad Palestina fuerte, eficaz y responsable. 
Por este motivo la Unión ha invertido más de 300 millones de euros desde 2000 para mantener a flote la Autoridad Palestina. 
Una Autoridad Palestina eficaz y legítima es esencial para desmantelar a las organizaciones terroristas. 
Los palestinos necesitan también una voz fuerte para negociar con Israel. 
La Unión Europea debe incrementar su apoyo a la reforma financiera de la Autoridad, para ayudarla a distanciarse del terrorismo. 
También hemos aportado más de 30 millones de euros para el trabajo vital de los municipios palestinos en el suministro de los servicios públicos básicos, porque de esta forma se puede luchar contra la desesperación: con agua limpia y aulas, con la promesa de normalidad y paz. 
Podemos lamentar la intransigencia de Yaser Arafat, pero deberíamos recordar que si los palestinos votaran mañana en unas elecciones justas y transparentes, como nos gustaría ver, seguramente le elegirían de nuevo como líder. 
La forma más segura de garantizar este resultado sería que Israel lo convirtiera en un mártir. 
No somos nosotros quienes deben determinar el papel de Arafat en el proceso de paz, y tampoco Israel ni los Estados Unidos. 
Pero, no podemos tener ningún trato con el terrorismo. 
Por este motivo mi Grupo apoya la inclusión de Hamás en la lista europea de organizaciones terroristas. 
Los atentados suicidas se han cobrado un peaje intolerable en vidas israelíes, y los defensores políticos del terror no deben recibir ningún apoyo mientras siga habiendo muertes. 
Ambas partes deben darse cuenta de que no puede haber una solución militar en este conflicto. 
Los asesinatos extrajudiciales de Israel deben acabar, porque solo alimentarán más terrorismo, y no obligan a los palestinos a negociar. 
Israel debe retirar sus fuerzas de los territorios ocupados, y debe poner coto a la construcción de nuevos asentamientos. 
Dos Estados vecinos que conviven en paz, ésta es la única solución viable. 
La existencia de Israel como Estado judío y como democracia exige un Estado palestino. 
Las alternativas son un apartheid palestino o el inexorable eclipse demográfico del carácter de Israel como patria judía. 
La Hoja de Ruta, de la que la Unión Europea fue el principal cartógrafo, así lo reconoce, y mi Grupo sigue plenamente comprometido con su puesta en práctica. 
Señor Presidente, Señorías, «algo huele mal en el Estado de Israel» y, como escribió hace poco tiempo mi amigo Abraham Burg, antiguo Presidente de la Knesset, en The International Herald Tribune, «un Estado que carece de justicia no puede sobrevivir». 
También dijo «debemos retirar todos los asentamientos, todos ellos, y trazar una frontera reconocida internacionalmente entre un Territorio Nacional Judío y un Territorio Nacional Palestino». 
La Unión Europea puede protestar cuanto quiera contra la política adoptada por Sharon; el verdadero cambio tiene que producirse en el propio Israel, donde la población se está dando cuenta progresivamente de que van por mal camino. 
El muro de separación no va a solucionar el problema. 
En Europa sabemos que los muros no son permanentes y que las fronteras no duran para siempre. 
Israel es un amigo que ha escogido un camino equivocado. 
¿Quién puede ayudar a este amigo en estos momentos? 
¿Quién puede presionar al Gobierno de Israel? 
Los Estados Unidos, porque pueden cortar el grifo del dinero. 
Aparentemente, no deberíamos esperar mucho de Washington a corto plazo. 
¿Siguen tomándose en serio la hoja de ruta? 
¿No es el momento de ganarse el respeto del mundo árabe, ahora que la situación en el Iraq se deteriora constantemente? 
El derecho internacional no debe salir perdiendo en la lucha contra el terrorismo. 
Creemos que ambos bandos deben desarmarse. 
La condición de Arafat como representante electo es un hecho inalterable. 
Sin embargo, ha llegado la hora de celebrar una importante conferencia sobre Oriente Próximo, en la que la Unión Europea pueda hablar con una sola voz. 
La paz y la estabilidad solo podrán alcanzarse mediante una solución global. 
Los Estados Unidos nos piden nuestro apoyo en el Iraq. 
La Unión Europea pide apoyo para solucionar el problema de Israel y Palestina. 
Desde luego que es posible, Sr. Poettering, proponer para su debate la idea de una fuerza internacional de paz en este contexto. 
Señor Presidente, existe una gran preocupación, y justificada, en torno a la gravísima situación de Oriente Próximo. 
Las perspectivas de progreso son más débiles que en cualquier otro momento de este año. 
La aplicación de la Hoja de Ruta para la paz en la región se ha detenido casi completamente. 
El alto el fuego anunciado por Yihad Islámica y Hamás ha sido revocado y sus líderes han anunciado nuevos ataques a Israel. 
Las retiradas previstas de los israelíes de algunas ciudades de Cisjordania se han suspendido y el ejército israelí ha actuado contra los palestinos de Gaza. 
El gabinete de seguridad israelí también ha decidido, en principio, expulsar al Presidente Arafat de los Territorios Ocupados. 
Esta decisión ha sido muy criticada, y con razón. 
Los israelíes no han cumplido sus compromisos de desmantelar los asentamientos y detener la construcción de otros nuevos. 
Los palestinos tampoco han sido capaces de cumplir muchos de sus compromisos respecto a la seguridad en el futuro. 
Se siguen levantando nuevos edificios en los asentamientos y alrededor de Jerusalén, y las perspectivas son muy negras para la Hoja de Ruta a menos que se tomen medidas en un futuro inmediato. 
Creo que hay que pensar en medidas imaginativas si queremos que la Hoja de Ruta tenga alguna oportunidad de sobrevivir. 
Ninguna de las dos partes ha cumplido sus compromisos respecto a la Hoja de Ruta hacia la paz. 
Es un tema en el que todos podemos estar de acuerdo. 
El nuevo Primer Ministro Palestino Abu Alaa tiene credibilidad internacional porque es uno de los negociadores palestinos del Acuerdo de Oslo de 1993. 
No podemos disimular que la decisión del gabinete de seguridad de Israel de expulsar al Presidente Arafat de los Territorios Ocupados ha comportado un deterioro de la situación en Oriente Próximo. 
En la actualidad los israelíes insisten en que su negativa a hablar con quienes se reúnen con Yaser Arafat se aplica también a las personas de la Unión Europea. 
Es un tema que tendremos que resolver si la Unión Europea quiere tener un papel eficaz en la zona. 
Creo sinceramente que los esfuerzos para aislar al Presidente Arafat solo conseguirán exasperar las tensiones dentro de la dirección palestina. 
Todo intento por parte de Israel de expulsarlo de los Territorios Ocupados solo deteriorará la Autoridad Palestina e agravará aún más la situación de la seguridad. 
Los dirigentes palestinos han recibido una lista de mensajes sobre seguridad del Gobierno de los Estados Unidos que tendrán que poner en práctica. 
Quiero instar también al Gobierno de los Estados Unidos para que siga impulsando plenamente el proceso de paz y presione a Israel respecto a su compromiso con la Hoja de Ruta. 
Finalmente, agradezco los continuos esfuerzos del Sr. Solana y del Comisario Patten por renovar el alto el fuego en la región. 
Este año ha sido especialmente duro en Oriente Próximo. 
No solo la situación política es cada vez más inestable en el Iraq, sino que además, si no somos todos muy prudentes, la situación entre Israel y Palestina se podría deteriorar aún más. 
Señor Presidente, el sábado 6 de septiembre, Mahmud Abbas, tras dimitir de su cargo de Primer Ministro palestino, compareció ante el Parlamento palestino para rendir cuentas de su breve mandato. 
Lo hizo a puerta cerrada. 
Lo que se sabe de esa reunión a puerta cerrada convierte en una burla cualquier posible aplicación de la llamada hoja de ruta por parte de los palestinos. 
De la acusación del Sr. Abbas se deduce muy claramente que el responsable en este caso es el Presidente de la Autoridad Palestina. 
Mahmud Abbas se comprometió, junto con su Gabinete, a reformar áreas políticas básicas como la coordinación de los servicios de seguridad palestinos y la gestión puramente financiera de los fondos públicos, pero todo fue en vano. 
Todos esos loables intentos fracasaron finalmente como consecuencia del hambre de poder de una persona, el «raïs» Yasir Arafat. 
De ahí la queja de Abbas: «Un ministro palestino tiene mucho menos poder que un subsecretario en cualquier otro país.» 
¿Qué podemos hacer a partir de ahora? 
Oficialmente, el Presidente de la Autoridad Palestina es el interlocutor político adecuado para las instituciones europeas. 
Ante la gravedad de las acusaciones de Mahmud Abbas, ruego tanto al Consejo como a la Comisión que piensen cuáles son las consecuencias. 
Después de todo, ignorar esta autocrítica palestina valiente y honesta hace que el plan de paz en Oriente Próximo sea inverosímil desde el punto de vista político; sobre todo cuando un nuevo Primer Ministro tiene que actuar desde la misma posición de relativa debilidad que Mahmud Abbas. 
Señor Presidente, hace unos días, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con los únicos votos negativos de las Islas Marshall, Micronesia, Israel y los Estados Unidos, aprobó la conocida resolución sobre Arafat. 
Esta resolución, interpretada políticamente, no solo tiene el sentido estricto de lo que Arafat significa y lo que el problema significa hoy, sino que también expresa la exigencia de la comunidad internacional de una solución que ponga fin al punto muerto en que se encuentra una crisis que ha durado 40, 50 ó 60 años, con miles de muertos y miles de asesinados. 
Lo que estamos o no debatiendo hoy no tiene importancia en relación con lo que hay que hacer allí. 
Nosotros somos un órgano político, no juzgamos intenciones. 
En este sentido, solo debemos hablar sobre lo que hay que hacer en términos políticos. 
Estamos hablando sobre una hoja de ruta en relación con lo que está ocurriendo en la región y no vemos la otra hoja de ruta, la ruta de la violencia, la sangre, los suicidios, el asesinato de gente inocente, el muro, etc. 
Estos últimos días ha viajado un nuevo representante de la Unión Europea a la región, el Sr. Otte. 
Pero, por desgracia, no ha sido bien recibido por las filas de Sharon, que se ha negado a recibirle, de la misma forma que se negó a recibir a nuestros otros representantes, porque también querían ver a Arafat. 
Ese no es un dato muy positivo. 
Es preciso que enviemos algunos mensajes positivos. 
El Cuarteto no es suficiente, no es suficiente como un órgano de observación. 
Hay que convertirlo en un grupo operativo, que imponga condiciones y procedimientos. 
De lo contrario, cada vez que vengamos aquí, enumeraremos nuestras quejas, algunos de nosotros desde una posición de seguridad, otros en consonancia con sus simpatías, pero sin ningún resultado final. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con la propuesta realizada por mi honorable amigo el Sr. Poettering de aprobar la presencia de cascos azules internacionales en la frontera entre los dos países, como se ha hecho en otros países. 
Estoy de acuerdo con todas las propuestas que no nos releguen al papel de observadores neutrales, que no nos lleven a la inactividad. 
Estoy de acuerdo con todas las propuestas que, por fin, nos exijan actuar de acuerdo con nuestra responsabilidad, sin limitarnos a esperar y a seguir las instrucciones de los demás. 
Señor Presidente, tengo la impresión de que demasiados oradores en esta Cámara están hablando de la hoja de ruta sin haberla leído y que, por desconocimiento del documento real, están interpretándolo de una forma ambigua. 
La hoja de ruta es un plan dividido en tres fases. 
Todo se resume en el título de la Fase I- Acabar con el terror y la violencia, normalizar la vida palestina y construir las instituciones palestinas- y su objetivo es conseguir el final de la violencia, de inmediato y sin condiciones, por parte de los palestinos. 
Ese es el aspecto más importante y, si no podemos conseguir eso, todo lo demás será ambiguo, incierto y con un ligero tono de sermón. 
Sinceramente, no tiene sentido exigir a Israel que tome nuevas medidas o medidas distintas además de las que ya ha tomado si no se detienen los actos de terrorismo por parte Palestina. 
Ningún país europeo que tuviera que enfrentarse a una serie de atentados terroristas, sobre todo contra civiles desarmados, renunciaría a responder con la fuerza y cualquier medio legal para acabar con la violencia. 
Tampoco me convencen las exhortaciones a mantener al Sr. Arafat en su puesto con el argumento de que es el representante democrático del pueblo palestino, ya que todos reconocen que todavía no existen instituciones democráticas en la comunidad palestina. 
Yasir Arafat es responsable del fracaso de los acuerdos de Camp David y del fracaso de Abu Mazen. 
Creo que los europeos debemos adoptar una actitud más severa hacia su comportamiento si queremos conseguir que cambie de actitud. 
Señor Presidente, Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, un minuto no es mucho tiempo, pero si es para reiterar lo que ya se ha dicho, es tiempo suficiente. 
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Wurtz, pero quiero añadir algo relacionado con nuestro propio mandato. 
Cuando nos enfrentamos a una violencia sin fin que siempre genera más violencia, nos hallamos en una situación que condena a los europeos, los estadounidenses y los rusos a la impotencia, en la medida en que sus opiniones se expresan en un plan de paz conjunto en etapas. 
No hay ningún plan de paz en etapas. 
Lo he leído y no quiero volver a leerlo. 
Porque ¿qué queda de él? 
Lo han hecho trizas entre todos. 
Lo que les pregunto es cómo podemos cambiar de dirección. 
Con esta hoja de ruta, ¿no se nos ha hecho creer en un escenario excesivamente optimista, cuyas premisas no han sido aceptadas por el actual Estado de Israel? 
¿Ha aceptado Israel que a partir de ahora vivirá al lado de un Estado palestino? 
¿Ha abandonado realmente Israel la idea de que los territorios ocupados deben ser gobernados por israelíes? 
Estoy llegando a la conclusión de que no lo ha hecho, sino que lo que pretende es llegar a conseguir dominio militar en la región con el apoyo militar de los Estados Unidos. 
Si eso sucede, no habrá paz. 
Todas las naciones tienen derecho a su propio territorio. 
Considero que es responsabilidad de Europa sentarse con las dos partes para averiguar cuáles son sus verdaderas intenciones y dejar de colaborar con un régimen que utiliza medios militares para erradicar parte de una nación impotente, además de tratar de asesinar a su presidente electo. 
Señor Presidente, para que el mandato de Abu Alá sea más largo que el de Abu Mazen y para que tenga alguna posibilidad de luchar contra el terrorismo, Israel tiene que dejar de provocar a la población palestina todo el tiempo y socavar todos los intentos de poner fin a la violencia por parte, por ejemplo, de Abu Abbas. 
Recuerdo lo que pasó al día siguiente de que éste consiguiera que los líderes palestinos declararan un alto el fuego unilateral. 
Israel asesinó a líderes de Hamás en plena calle, un acto que por supuesto no fue mejor que un atentado terrorista, ya que, cuando se liquida a los líderes de Hamás, se mata también a sus mujeres, a sus hijos y a cualquiera que pase por allí. 
Por supuesto, una fuerza de ocupación tampoco tiene derecho a matar en plena calle a quien participa en la resistencia. 
Creo que Occidente debe dejar totalmente claro que condena los asesinatos perpetrados por Israel con la misma rotundidad con que condena a los terroristas suicidas; hasta que dejemos totalmente claro a Israel que debe detener los asentamientos y hasta que dejemos claro que, mientras imponga a Palestina un dominio caracterizado por la opresión y la violencia, no podrá haber paz, será completamente imposible que un Primer Ministro palestino consiga poner fin a la violencia. 
La última vez que estuve en Palestina con la delegación, se produjeron tres muertes en los pocos días que estuve allí. 
Un niño murió al atragantarse con un hueso de aceituna. 
Había toque de queda, así que ningún médico le atendió y el niño murió. 
Un anciano murió en un control. 
Dijo que tenía problemas de corazón, pero los soldados no le dejaron pasar el control y se limitaron a mirar mientras moría allí mismo de un ataque al corazón. 
Un paciente murió en una ambulancia camino del hospital porque tampoco le dejaron pasar el control. 
Hasta que no empecemos a condenar este tipo de cosas con la misma rotundidad, no habrá paz en Oriente Próximo. 
-Tenemos el honor de dar la bienvenida a la tribuna oficial al Sr. Abdou Diouf, antiguo Presidente de la República de Senegal y secretario general de la Organización Internacional de la Francofonía. 
La Organización Internacional de la Francofonía ayuda con sus actividades a llegar a las personas en el marco del respeto por la diversidad cultural. 
Señor Diouf, bienvenido tanto usted como sus representantes al Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, no hay duda alguna de que nos enfrentamos a una situación catastrófica en Oriente Próximo y, por supuesto, nos preguntamos de quién es la culpa. 
Sería demasiado sencillo atribuir la responsabilidad a un solo bando, pero nos da que pensar que Abraham Burg, un miembro de la Knesset israelí a quien tuvimos el honor de tener en esta Cámara hace tiempo, nos diga que el Israel de hoy tiene que elegir entre el judaísmo radical y la democracia, los asentamientos o la esperanza para ambos pueblos, las engañosas visiones de los alambres de espino, los bloqueos en las calles y los atentados suicidas, y una frontera internacional entre dos Estados, con Jerusalén como capital compartida. 
Creo que lo que nos ha dicho el Sr. Burg nos lleva de nuevo a algo que estuvo presente en el nacimiento de Israel y que podría haberse convertido en Palestina: la decisión de las Naciones Unidas. 
Algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra han dejado claro que tenemos que conseguir que las Naciones Unidas se involucren más, con una fuerza de paz que pacifique la región. 
Esa posibilidad todavía no se acepta, pero espero que la situación no tenga que deteriorarse aún más y llegar a ser más extrema para que aceptemos la participación de las Naciones Unidas y de las tropas de mantenimiento de la paz. 
Permítanme añadir otra observación sobre el terrorismo, en esta ocasión de Avi Shlaim, que escribe en el Herald Tribune de hoy: «El verdadero obstáculo para la paz es Sharon, no Arafat». 
Creo que eso quizá sea ponerlo en términos demasiado simplistas, además de provocativos. 
Comparto la opinión expresada por la Presidencia, en el sentido de que ni Sharon ni Arafat son ángeles de paz y lo que necesitamos son otras personas que sean capaces de conseguir la paz. 
También estoy muy agradecido al Sr. Zimeray por haber traído recientemente a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa a israelíes y palestinos que desean conseguir la paz. 
Tengo dos razones para mantener la profunda convicción que me lleva a detestar el terrorismo; no solo se cobra víctimas inocentes junto con el llamado enemigo, sino que además lleva consigo las semillas de la autodestrucción. 
No me refiero solo a las represalias israelíes; también creo que una sociedad construida sobre la base del terrorismo posee una capacidad inherente de autodestrucción. 
Aunque entiendo por qué la Presidencia está tomando la iniciativa e incluyendo a determinadas organizaciones en la lista negra, me gustaría que el Consejo y la Comisión nos dijeran lo que van a hacer sobre ese vergonzoso muro que rodea Israel. 
¿En qué lista lo van a incluir? 
Lo cierto es que existe otra violencia distinta al terrorismo en su sentido tradicional. 
Quizá deberíamos elaborar una lista de acciones que perjudican la paz, aunque no constituyan actos de terrorismo. 
Comisario, una condición imprescindible para el fin del terrorismo internacional, y por lo tanto para un orden mundial más pacífico, es el cese de las hostilidades entre israelíes y palestinos. 
Hay que romper este ciclo sin fin de ataques y represalias. 
Los dos protagonistas y sus defensores internacionales pueden discutir indefinidamente, y a veces incluso con convicción, para justificar la violencia de sus respectivos bandos. 
Pero es un debate estéril y no propongo que entremos en el mismo. 
Hay que separar a las dos partes, pero las limitaciones normales que imponen la moralidad, la autodisciplina y el Estado de derecho han quedado anegadas en un agitado recipiente de odio y venganza. 
Tal como están las cosas, ninguno de los dos contendientes se mantendrá quieta el tiempo suficiente para que se suavicen estas intensas emociones. 
Se temen y desconfían demasiado unos de otros. 
Está claro que hay que interponer entre ellos a una fuerza internacional, porque literalmente no existe ningún otro modo de mantenerlos separados. 
Esta fuerza debe transmitir confianza a las dos partes. 
Para conseguirlo debe estar formada por los Estados Unidos y la Unión Europea. 
La presencia norteamericana tranquilizará a los israelíes que, con razón, consideran a los Estados Unidos como un aliado leal e incuestionable. 
Los palestinos ven a la UE como un mediador honesto y de confianza. 
Entonces se podrá efectuar una llamada realista a ambas partes para que se contengan mientras la fuerza se organiza y se despliega. 
Simultáneamente, se podría reactivar el proceso de paz tomando como base la denominada Hoja de Ruta, que ha sido aceptada por ambas partes. 
Puede funcionar, si se le da tiempo. 
Habrá tiempo si no hay violencia, y creo que la fuerza internacional podría romper el ciclo de violencia. 
La UE tiene ahora la oportunidad de reivindicar un lugar en el orden mundial actuando como mediador de esta estrategia. 
No hay nada más a la vista. 
Esto tiene la máxima urgencia. 
El premio es mucho más que la paz en Oriente Próximo: es la paz mundial, porque la continuada violencia en Oriente Próximo es un telón envenenado para una gran parte del terrorismo que sigue activo en muchas partes del mundo. 
Señor Presidente, en la Conferencia de Presidentes el Sr. Antonione dijo, con razón, que hay que detener la espiral de violencia. 
La forma de avanzar en este sentido es que ambas partes se sienten alrededor de una mesa. 
¿Qué podrían aportar para superar este punto muerto? 
Quizás Palestina podría revisar la situación de su intifada. 
Es una intifada armada. 
Podrían preguntarse si una intifada debe ser armada para calificarse de intifada auténtica. 
La respuesta es «no». 
La mayor parte de las intifadas son populares y pacíficas. 
Quizás podría renunciar a la violencia convirtiendo su intifada en una intifada pacífica. 
¿E Israel? 
Israel tiene la responsabilidad de permitir que Palestina sea un Estado independiente. 
Palestina no puede ser un Estado independiente si no es económicamente viable. 
Israel podría pensar en ello y revisar su planteamiento para ayudar a Palestina a comerciar con libertad, sin añadir costes y sin utilizar el muro para deprimir aún más la producción agrícola o industrial. 
Queda mucho por hacer si ambas partes pueden hablar. 
Estudiando tan solo estos dos casos sencillos, tienen el éxito al alcance de sus manos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, en los últimos años hemos seguido con la máxima atención los acontecimientos en Oriente Próximo, y creo que hay consenso en nuestro deseo de contribuir a garantizar que se siga la hoja de ruta del plan de paz. 
Sin embargo, creo que eso plantea tres exigencias concretas. 
En primer lugar, en la fase inicial de la hoja de ruta se hace referencia a la necesidad de destruir la infraestructura del terror. 
¿Cómo estamos contribuyendo a esa destrucción? 
Es ahí donde necesitamos nuevas iniciativas, especialmente iniciativas conjuntas con las Naciones Unidas, para poder hacer una contribución positiva también en este campo. 
En segundo lugar, agradezco mucho a la Unión Europea que haya incluido en su lista negra a las secciones civiles de algunos movimientos. 
No obstante, quiero pedir que hagamos ahora lo que la Autoridad Palestina ya ha hecho y bloqueemos sus cuentas, para que no haya ninguna posibilidad de que el terrorismo se financie a través de cuentas bancarias europeas. 
No debemos limitarnos a hacer declaraciones, sino tomar las medidas oportunas. 
En tercer lugar, hay algo que durante muchos años me ha preocupado como miembro de la Comisión de Presupuestos: la cuestión de la forma de la Autoridad Palestina. 
Es un hecho que en la Unión Europea hemos estado gastando mucho dinero y me gustaría ver cómo se consigue algo con él. 
No se nos puede pedir que invirtamos en un sistema que no se corresponde con lo que exige nuestro reglamento sobre presupuestos. 
Al contrario, debemos conseguir que se creen estructuras estables capaces de dotar a un país como Palestina de una administración civil pacífica a largo plazo. 
Señor Presidente, a medida que escuchamos y tomamos parte en este debate, creemos sentir, tras 50 años y siete guerras en Oriente Medio, que corremos un peligro o, lo que es lo mismo, que cada uno de nosotros parece haberse convertido en un maestro menor de la democracia y de la administración del dinero, capaz de aplicar criterios y prejuicios que son nuestros y solo nuestros. 
Puede que no siempre hayamos apreciado el papel desempeñado por Yaser Arafat, igual que casi nunca hemos apreciado el papel desempeñado por Sharon, pero no hay que olvidar que el Presidente Arafat fue elegido democráticamente como presidente de un pueblo despojado de una patria, de su propio territorio y de una existencia en paz. 
Si olvidamos que somos culpables de engreimiento, de ser evasivos y superficiales, 
si condenamos el terrorismo contra Israel con firmeza y con total sinceridad- y lo condenamos con todas nuestras fuerzas y con toda la vehemencia debida- entonces es imperativo que condenemos con igual fuerza y vehemencia la difamación por parte de los medios de comunicación del presidente de un pueblo elegido democráticamente. 
Instamos a la Presidencia a que no solo se limite a denunciar su exilio como algo inaceptable. 
Tenemos también que denunciar la incitación indecente al homicidio por parte de un ministro del gobierno israelí y de un periódico influyente como el Jerusalem Post. 
¿Qué puede hacer Europa? 
¿Limitarse a poner en la lista negra a Hamás? 
No creo que esto sea suficiente. 
Es preciso que seamos firmes sobre tres puntos: hemos de exigir el fin del bloqueo que pesa sobre los territorios palestinos; tenemos que exigir que terminen todas las actividades relacionadas con los asentamientos; y tenemos que pedir la demolición del muro de seguridad, que en la práctica equivale a una anexión de territorio, lo que constituye una violación del derecho internacional. 
Europa ha de invertir en este asunto, y una posibilidad podría ser la de enviar una fuerza de tierra que contribuiría práctica y decididamente a supervisar el respeto de las obligaciones mutuas. 
La única alternativa para la paz es la paz, pero para que ello sea posible Europa debe actuar de forma decidida. 
Señor Presidente, la tragedia del conflicto árabe-israelí no se aleja nunca de nuestras mentes o de las pantallas de televisión, y ahora parece que la Hoja de Ruta, elaborada con tanto detenimiento, ha quedado prácticamente invalidada. 
Se han cometido graves errores. 
Está claro que la Autoridad Palestina no ha podido o no ha querido detener los excesos de los grupos terroristas islámicos y demás, como quedó demostrado con la bomba suicida de Hamás en Jerusalén hace un mes. 
En este contexto, agradezco la prohibición tardía de la UE de que el ala política de Hamás recolecte fondos en su territorio. 
También creo que el hecho de que el Presidente Arafat haya desmentido al Primer Ministro Abu Mazen ha enturbiado aún más las aguas y otorga credibilidad a quienes aseguran que Arafat no tiene ningún interés en realizar el último paso hacia la paz y la seguridad si él no está en el centro del escenario. 
Sin embargo, las veladas llamadas a su asesinato que ha realizado hace poco el Viceprimer Ministro de Israel no han ayudado en nada, ya que ha sido reconocido como presidente electo de la Autoridad Palestina, y esto rebaja el tono moral del debate. 
Nuestro reto es animar a los reformistas e interlocutores moderados entre los palestinos. 
Hace un par de semanas me reuní en Bruselas con un catedrático llamado Nusseibeh, y él es un claro ejemplo del tipo de palestinos que actúan de buena fe y están dispuestos a asumir compromisos, incluso sobre la controvertida cuestión del derecho de retorno y la situación final de Jerusalén. 
Ambos temas se pueden resolver con imaginación y dinero. 
La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para recuperar la Hoja de Ruta que permitirá una solución de dos Estados, con un Estado de Palestina coherente y viable, basado aproximadamente en las fronteras de 1967, y un Israel seguro que coexista en paz con sus vecinos. 
De lo contrario, los fundamentalistas de todo el mundo utilizarán este conflicto para galvanizar al mundo islámico contra Occidente, utilizándolo como pretexto para justificar ataques terroristas en todo el mundo. 
Al contrario que mi colega, el Sr. Cushnahan, todavía no estoy convencido de que una fuerza militar internacional sea la solución para acabar con las hostilidades y avanzar de una vez en el proceso de paz, porque no creo que se pueda reunir jamás a una fuerza totalmente neutral. 
Por cierto, he participado en el grupo de trabajo del Parlamento que supervisa la financiación de la UE a la Autoridad Palestina, que está procediendo según lo previsto. 
Ha sido un ejercicio muy valioso para resolver muchas de las preocupaciones de nuestros contribuyentes sobre las graves acusaciones de apropiación indebida de fondos, y ahora tenemos en marcha los mecanismos apropiados para supervisar la forma en que se gasta este dinero. 
Señor Presidente, la violencia en este conflicto no puede dar ninguna solución. 
Las soluciones hay que buscarlas no por medios militares sino mediante la política y la diplomacia, pero uno de los problemas principales radica en que los líderes de ambos bandos- y subrayo, de ambos lados- se hallan en una posición débil. 
A pesar de ello, parece que todavía existe buena voluntad, como se desprende, entre otras cosas, de la propuesta de liberar a un determinado número de prisioneros de ambos lados. 
La Unión Europea debe ejercer un papel pionero, mucho más de lo que lo ha hecho hasta la fecha. 
Después de todo somos el principal socio comercial de la región. 
Por consiguiente, abogaría en favor de trabajar para la paz desde esta Asamblea, este Parlamento, incluso si el Parlamento parece estar cada vez más dividido en dos campos. 
No nos corresponde a nosotros en el Parlamento Europeo avivar las llamas a través de todo tipo de acciones unilaterales. 
Por el contrario, hemos de utilizar mucho más nuestra voluntad y energía conjuntas en ayudar a establecer la reconciliación y la paz duradera. 
Esta es la labor del Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
Observo, con la más profunda preocupación, la postura cada vez más agresiva del gobierno israelí hacia el pueblo palestino. 
La última serie de amenazas del gobierno israelí de expulsar a Yaser Arafat, que culminó en la sugerencia del Viceprimer ministro de que fuera asesinado, es totalmente inaceptable y despreciable. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha criticado al gobierno israelí a este respecto. 
El veto de los Estados Unidos a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en este sentido (una votación en la que, además, tanto Alemania como el Reino Unido, se abstuvieron) es deplorable. 
La UE no puede simplemente, tal como dice la declaración de la Presidencia de la Unión Europea, expresar «su profunda preocupación» , pedir «al gobierno israelí que se abstenga de cualquier uso de la fuerza y, en particular, de la expulsión del Presidente Arafat» , o considerar al gobierno israelí y al pueblo palestino como iguales. Hacerlo así es imitar la postura de los Estados Unidos. 
Es fundamental que se presione significativamente a las autoridades israelíes con el fin de que termine la ocupación militar, las matanzas, la anexión del territorio palestino, la construcción del muro para controlar los movimientos de los palestinos y, en general, la campaña de puro terrorismo de estado dirigido contra el pueblo palestino. 
Es urgente que se demuestre solidaridad con el pueblo palestino. 
La paz solo llegará cuando el derecho inalienable y ampliamente reconocido del pueblo palestino de tener su propio Estado soberano e independiente sea una realidad. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración del Consejo y de la Comisión sobre los resultados de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Cancún del 10 al 14 de septiembre de 2003. 
Señor Presidente, Señorías, en esta Asamblea, el órgano de la Unión que es plenamente representativo de los ciudadanos, creo que es correcto empezar con el documento que usted, ustedes mismos, aprobaron el 3 de julio de 2003- o sea este año- para preparar la Conferencia Ministerial de Cancún, en la que, entre otras cosas, destacaban ustedes acertadamente que sigue siendo un factor importante que se obtengan resultados positivos de las negociaciones de la Ronda de Desarrollo de Doha para reforzar el crecimiento económico mundial y reforzar el multilateralismo y la gobernanza mundiales. 
Por su parte, el Consejo Europeo tuvo en cuenta estas consideraciones, reafirmando en las conclusiones del CAGRE del 21 de julio de 2003 el compromiso fundamental de la Unión Europea de llegar a una conclusión satisfactoria de la Agenda de Desarrollo de Doha a finales de 2004, siendo la ADD un único compromiso cuya finalidad es obtener un paquete de acuerdos ambiciosos, globales y equilibrados. 
Sobre estas bases, la Unión Europea fue a Cancún, pero- como bien saben- nuestros deseos, esperanzas y compromisos se hicieron añicos en la Cumbre en el clima crispado y tórrido que se produjo por algo más que el tiempo. 
Aun así todos pensamos que habíamos hecho cuanto estaba en nuestras manos durante esos meses, que nuestros preparativos asegurarían que las negociaciones pudieran despegar realmente y que se respetarían los calendarios establecidos en Doha. 
Es, por lo tanto, necesario, en esta fase de reflexión, formularnos una serie de preguntas sobre la Cumbre y los preparativos que hicimos para la misma. 
¿Dónde nos equivocamos? 
En particular, es necesario que nos formulemos esta pregunta ya que Europa, quizás más que ningún otro? y esto habla mucho en nuestro favor, no es una crítica? cree en el multilateralismo, puesto que es el principio que sustenta nuestra Unión de Estados soberanos. 
La labor del Parlamento Europeo, su labor, es la mayor expresión de este principio. 
Antes de que plantee algunas cuestiones, creo que es justo y razonable confirmar ante el órgano de la Unión Europea, que es plenamente representativa de los ciudadanos, que el Comisario Lamy y el Comisario Fischler- quienes deben intervenir después de mí- siempre se han adherido plenamente con prudencia y flexibilidad al mandato que el Consejo Europeo les otorgó, el cual, además, se refleja en gran medida en las demandas contenidas en su resolución. 
Asimismo, como Presidente en ejercicio, puedo asegurar a esta Asamblea que, en todo momento durante la celebración de la Cumbre, en cada reunión mantenida y en todas las medidas- incluidas las medidas bilaterales- que se tomaron o se apoyaron por cada uno de los diputados de la Unión, siempre hubo plena coherencia y consistencia. 
¡Europa trabajó realmente como un solo equipo! 
En términos de Cancún, Europa fue un G-25 auténtico, gracias, en especial, a la aportación considerable de los países candidatos a la adhesión. 
Llegados a este punto, tenemos que intentar responder, aunque no sea tarea fácil, a las tres preguntas que parecen ser más urgentes, y estudiar con ustedes tres escenarios a corto y medio plazo. 
En primer lugar, ¿por qué la Quinta Conferencia Ministerial fue un fracaso? 
En segundo lugar, ¿a quién hay que culpar? 
Y en tercer lugar, ¿hizo Europa todo lo que podía hacer? 
¿Por qué fracasó la Quinta Conferencia Ministerial? 
Ante todo, hemos de entender que las ambigüedades de la agenda para las negociaciones y las cuestiones que no se resolvieron en Doha sirvieron para estrechar el lazo en Cancún, en particular en lo que se refiere a los dos temas principales: la cuestión sobre la agricultura y la de Singapur. 
En ambos casos, las ambigüedades quedaron pendientes en Doha. 
En cuanto al texto agrícola, se introdujo la ambigüedad en demasiados lugares durante la Cuarta Conferencia Ministerial, durante los últimos minutos, en los mismísimos últimos intercambios. 
Asimismo, algo similar ha ocurrido con el aplazamiento de las decisiones sobre las cuestiones de Singapur, que fueron objeto de un debate acalorado en Doha y corrían el riesgo de que las conversaciones llegaran a un punto muerto en ese momento. 
En la Cuarta Conferencia Mundial, estas ambigüedades se resolvieron gracias a la decisión de la presidencia de Qatar de prolongar las negociaciones durante 36 horas más con el fin de tratar precisamente estos asuntos. 
Como ustedes saben, la solución adoptada en ese momento permitió que el tema se introdujera con más o menos eficacia en el compromiso único, pero sin ningún compromiso de negociación específico. 
Esto quiere decir, en palabras claras, que el éxito de Doha es debido con toda probabilidad al grado de necesidad internacional. 
Fue el carácter excepcional de Doha, el hecho de que se celebrara tan pronto tras los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre, lo que hizo que la Cuarta Conferencia Ministerial fuera un éxito. 
Sin embargo, de hecho, podría ser que la crisis de la OMC, que empezó en Seattle, solo se aliviara temporalmente en Doha y que volviera a surgir en Cancún, no por casualidad en relación con estas mismas cuestiones de Doha. 
Se trata de dos cuestiones que son relativamente similares. 
Por un lado, respecto a la agricultura, Europa y los países del hemisferio norte han creado una excepción cultural, que es completamente legítima pero que, todavía hoy, está en conflicto con las esperanzas de los principales países en vías de desarrollo, que nos están realmente acusando de proteccionismo y de distorsionar el mercado. 
Por otro lado, existen las cuestiones de Singapur, las otras cuestiones relacionadas con la gobernanza de la mundialización, que son una prioridad para Europa y los principales países inversores, pero que los países en vías de desarrollo creen que son una invasión de sus derechos, lo que les ha llevado- o al menos a algunos de ellos- a crear también una especie de excepción cultural, al menos por el momento. 
La segunda cuestión, es una pregunta: ¿a quién hay que culpar? 
Las partes negociadoras han de asumir, por descontado, alguna parte de responsabilidad. 
No se reconocieron mutuamente como premisa elemental. 
Más bien al contrario: buscaron a menudo, más que cualquier otra cosa, dividir a la parte contraria. 
Tras el acuerdo de agosto entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre el expediente agrícola y el acceso a mercados de productos no agrícolas (NAMA) , se produjo una fuerte reacción de unos 20 países, liderados por la India, Brasil, China y Sudáfrica e incluyendo a países en vías de desarrollo del Grupo Cairns, que continuó coherentemente durante toda la Cumbre. 
Sin embargo, precisamente este ímpetu inicial- un ímpetu negativo más que positivo, dada la diferencia entre los países involucrados- derivó en una polarización de posiciones que agrió las negociaciones. 
Por los mismos motivos, algunos países africanos intentaron- probablemente sin otra alternativa- tomar una posición nueva y de ataque fomentando iniciativas sobre temas como, por ejemplo, el algodón y ampliando más la distancia entre las posiciones sobre los capítulos tradicionales. 
Básicamente, la OMC tiene un claro problema estructural: la ausencia de una estructura que organice a los negociadores, lo que dio pie a la situación absurda en la que teníamos a una presidencia que primero ampliaba las negociaciones, en Doha? las personas que se hallaban presentes en Doha lo recordarán? durante más de 36 horas y luego, sin embargo, interrumpió la Cumbre en Cancún; luego, las reuniones ministeriales, un ejercicio de prenegociación útil, que, sin embargo, no resolvió las cuestiones planteadas; y por último, el mayor fallo: una OMC que cuenta en estos momentos con 148 miembros y, sin embargo, no dispone de unas estructuras eficaces para la toma de decisiones. 
Inmediatamente después de la Cumbre, el Comisario Lamy habló de organización medieval. 
La historia europea nos enseña que, con el fin de alcanzar el Renacimiento, la era del florecimiento de la civilización, es necesario un esfuerzo común de creatividad y visión política. 
Por lo tanto, es preciso que nos preguntemos ahora, en esta Asamblea, si Europa hizo todo cuanto le era posible. 
Por nuestra parte, diré que nosotros los europeos estábamos bien dispuestos- o, al menos, pensamos que lo estábamos- en especial con la reforma de la política agrícola común, mientras que los Estados Unidos se movían en la dirección opuesta con su Proyecto de Ley Agrícola, pero puede ser que no lográramos hacer entender el mensaje adecuadamente. 
Creo que hicimos un buen trabajo, en particular en lo que se refiere a lo que es más vulnerable, la propia Agenda de Desarrollo, el «Todo menos armas» , las medidas de asistencia técnica y el desarrollo de capacidades, la decisión pionera sobre los medicamentos que salvan la vida, respecto a lo cual dimos muestras de buena voluntad mucho antes que los Estados Unidos. 
Sin embargo, puede que no consiguiéramos explotar todo el potencial de nuestra posición, que era, además, decisiva en numerosas cuestiones. 
Por otra parte, intentamos reducir la distancia cada vez mayor entre la Unión Europea y los Estados Unidos con el acuerdo de agosto, pero hemos de preguntarnos si lo que creímos que era una solución, no era en realidad un error. 
¿Acaso hubiera sido posible, tras un año y medio de guerras comerciales que han provocado que haya aumentado la distancia entre las dos orillas del Atlántico y dividido a los negociadores principales de Doha, remediar la situación con dos acuerdos marco, por importantes que fueran? 
¿Podríamos haber hecho algo más? 
Me refiero, en particular, a la iniciativa del algodón, que, tal como señaló un diputado del Parlamento Europeo en Cancún durante la reunión del Consejo con la asistencia de la delegación interparlamentaria, gradualmente durante el transcurso de la Cumbre, asumió relevancia política y ética, un valor simbólico igual al que habían adquirido los medicamentos que salvan la vida en Doha. 
Si hubiéramos sido más rápidos en involucrar también a los Estados Unidos, en mostrar una mayor disposición en resolver la cuestión, hubiéramos logrado obtener un resultado más satisfactorio. 
Es preciso que regresemos a este punto y volvamos a empezar. 
Hay que retomar este hilo con arreglo a las normas de la OMC y sin que constituya un precedente en otros capítulos de negociación. 
En este momento, estas tres cuestiones abren tres debates. 
Primero, ¿podemos retomar la Agenda de Desarrollo llegados a este punto? 
Naturalmente, no está del todo comprometida, pero su camino es mucho más difícil ahora, lleno de obstáculos y, por lo tanto, forzosamente, más largo. 
Si en las próximas semanas en Ginebra no recuperamos lo que perdimos en Cancún, el proceso no continuará más allá de la fecha límite del 1 de enero de 2005. 
El 15 de diciembre en Ginebra, habrá una especie de revisión a medio plazo, probablemente a nivel de altos funcionarios, que nos dirá algo más sobre esta cuestión. 
Asimismo, a finales del año que viene, los principales negociadores podrían cambiar, en particular, debido tanto a las elecciones presidenciales en Estados Unidos como al final del mandato de esta Comisión Europea. 
Habrá otros negociadores, otras cuestiones, otros calendarios. 
Hasta entonces, es preciso que mantengamos un diálogo, conscientes de su valor, con los nuevos líderes que surgieron de Cancún; reconocer a estos líderes para conseguir forjar unas relaciones negociadoras estrechas y eficaces; continuar la reforma de la política agrícola común y comunicarla mejor; persuadir a otros países industrializados para que emprendan iniciativas en la línea de «Todo menos armas» ; verificar que el acuerdo sobre los medicamentos que salvan la vida se aplique adecuadamente, que el acuerdo está teniendo los efectos deseados, que satisface las necesidades de los más desfavorecidos; extender la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades para impedir que las terceras partes negociadoras empiecen a perder fe en la transparencia y objetivos de la Unión Europea debido al carácter incoherente y fragmentado del mensaje, tal vez. 
No queremos imponer sino persuadir. 
No creemos en el engaño sino en acuerdos claros. 
El segundo debate es sobre las reformas de la OMC. 
¿Podemos reformar la estructura y los temas de la agenda al mismo tiempo? 
¿Cómo y dónde? 
¿Está esto unido quizás a la crisis de las otras organizaciones internacionales, empezando por las organizaciones de Bretton Woods, que no están haciendo su trabajo, y las organizaciones que tratan otros temas- como el empleo, el medio ambiente, y la agricultura- que están saturando la agenda de la OMC? 
La OMC podría estar atravesando una crisis similar a la de la rana de Aesop, ya que corre el peligro de hincharse, tanto por el número de miembros- 148, tal como ya he dicho- y debido a su agenda en continuo crecimiento, frente a, por otra parte, la inercia de otras organizaciones internacionales en temas que son de su propio interés y responsabilidad. 
Me pregunto, y se lo propongo, si no sería adecuado reanudar la iniciativa defendida por la Comisión en 2001, creando un grupo especial que trabaje en la reforma y transparencia de la Organización Mundial del Comercio, para explorar en profundidad las posibles soluciones institucionales para la organización. 
Por último, el tercer debate versaría sobre si no sería necesario ajustar nuestra política comercial de algún modo. 
No es una coincidencia que el representante personal del Presidente Bush, Robert Zoellick, anunciara pocos minutos después del fracaso de Cancún que los Estados Unidos iban a seguir adelante con la creación de la ALCA- Área de Libre Comercio de las Américas- y, en todo caso, con los acuerdos bilaterales. 
Estos grandes continentes están vinculados mediante acuerdos bilaterales muy sólidos. 
Sin socavar el principio del multilateralismo, Europa debe tomar la iniciativa y redoblar su actuación, empezando precisamente con la aplicación del acuerdo UE-Mercosur, sobre el que ya se ha llevado a cabo una gran labor de negociación, por la que rindo homenaje a los Comisarios, y que ahora es necesario que lleguemos a una conclusión rápida y satisfactoria. 
Asimismo, es necesario que también se aplique el acuerdo de Barcelona sobre Euromed. 
Hay acuerdos bilaterales que no minan los acuerdos multilaterales- que deben continuar siendo nuestra prioridad principal- sino que los refuerzan y les abren el camino. 
Brasil- aunque solo, por el momento, con relación al expediente agrícola- ha tomado de forma competente, junto con otros, el liderazgo de los países del hemisferio sur, con la creación del G-21. 
Se trata de un liderazgo fidedigno, democrático y de carácter europeo. 
Hemos de confiar en él y reforzar los lazos históricos, económicos y comerciales con Latinoamérica en su conjunto; esforcémonos en incluir también este objetivo en la agenda del año que viene. 
Quisiera, si me lo permiten, tras este análisis desalentador de las cuestiones negociadoras, finalizar compartiendo con ustedes algo que nos distingue a los europeos. 
Tras oír la noticia sobre el fracaso de la Cumbre de Cancún, un periodista de un prestigioso periódico italiano me formuló una pregunta espontánea, puede que demasiado franca. 
Me preguntó en la conferencia de prensa si habíamos cometido un error al resolver la cuestión de los medicamentos que salvan la vida antes de Cancún, sugiriendo que si se hubiera dejado sobre la mesa de negociación durante la Cumbre, podríamos haber tenido más influencia, más poder negociador. 
Repliqué inmediatamente, interpretando, creo, los valores de nuestra Europa: «Si somos la Unión Europea, los pioneros en el reconocimiento de los derechos civiles y la dignidad humana, es porque creemos que el valor más elevado, la vida, tiene preferencia por encima de las consideraciones negociadoras». 
De hecho, si Cancún sirvió a algún fin es precisamente que podría haber forzado a numerosos países a eliminar barreras para el acuerdo en el período previo de la Conferencia Ministerial. 
De esto, al menos, podemos enorgullecernos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el Sr. Lamy y yo estamos totalmente de acuerdo en considerar que Cancún ha sido, muy a pesar nuestro, una decepción, un fracaso que nos perjudica a todos y que también, naturalmente, es un revés para la agenda de desarrollo de Doha en su conjunto. 
Las partes negociadores ni tan siquiera han llegado a abordar este tema en una ronda final de negociaciones. 
En los meses que precedieron este acontecimiento, se afirmó que el éxito de la ronda de negociaciones en Cancún era en gran parte responsabilidad de la UE. 
Primero se nos dijo que teníamos que reformar nuestra política agrícola común si las negociaciones habían de tener una oportunidad de que fueran positivas. 
Esto es lo que hicimos, y el mundo incluso nos aplaudió por ello. 
Seguidamente, se nos dijo que las conversaciones podrían bloquearse si no resolvíamos nuestras diferencias con los estadounidenses. 
Por consiguiente, en agosto, redactamos junto con los Estados Unidos un documento de compromiso dando a las negociaciones una estructura sólida que prometía que fueran un éxito. 
El balance final es que el fracaso de las conversaciones hace que todos seamos perdedores y, en el análisis final, son probablemente los países en vías de desarrollo los perdedores absolutos de las negociaciones agrícolas. 
Esto es especialmente cierto para los países de G-21, que se oponían en gran medida al enfoque propuesto por el Sr. Pérez del Castillo. 
El paquete que se ofrecía en Cancún habría permitido a los países en vías de desarrollo una mejor integración de sus economías en el sistema del comercio mundial y, en consecuencia, beneficiarse de sus ventajas. 
¿Por qué digo esto? 
Porque el paquete que se ofrecía en Cancún podría haber dado lugar a una reforma racional del sistema de comercio agrícola; habría podido haber dado lugar a recortes drásticos de las subvenciones que distorsionan la competencia, en especial en los países industrializados- lo que constituía uno de los principales objetivos de los países en vías de desarrollo en las negociaciones en materia agrícola- y, entre otras cosas, los Estados Unidos habrían tenido que reformar su política agrícola. 
¿Qué es lo que se ofrecía exactamente? 
En el ámbito de la ayuda interna, las medidas que más distorsionan la competencia, o sea la denominada «caja ámbar» y los pagos «de minimis» , se han reducido drásticamente. 
La caja azul podría haber acabado con ello, mientras había, al mismo tiempo, dotación para trato preferente especial para países en vías de desarrollo, para los que se hubieran seguido autorizando las subvenciones de entrada. 
En el campo de la competencia de las exportaciones, se han propuesto recortes drásticos y medidas disciplinarias para las subvenciones de las exportaciones, créditos de exportación financiados por el estado y la explotación de los excedentes disfrazados de ayuda alimentaria. 
Por primerísima vez, existía la posibilidad de la abolición total de todas las formas de fomento de las exportaciones para un lista completa de productos de gran interés para los países en vías de desarrollo. 
Esto no es todo ni de lejos. 
El éxito en Cancún habría dado lugar a una considerable liberalización del comercio. 
Bastante alejada de sus propuestas sobre el acceso al mercado, lo que era del interés de todas las partes afectadas, la Unión Europea, con los aspectos de desarrollo de la agenda de Doha en mente, hizo una serie de propuestas específicas y de gran alcance relacionadas con estos estados. 
Cuando la delegación de la UE llegó a Cancún, demostró su apoyo a los países en vías de desarrollo y su confirmación de la agenda de desarrollo. 
Resumiré esto diciendo que nuestras concesiones a los países en vías de desarrollo desempeñaron un papel importante en lograr que la Unión Europa, hoy en día, sea con diferencia el importador más importante de productos agrícolas de países en vías de desarrollo. 
El año pasado, importamos de los países en vías de desarrollo productos agrícolas por valor de 35 millardos de euros, lo que equivale a un volumen superior de importaciones que el de todos los Estados industrializados más importantes. 
Hemos adoptado el acuerdo «Todo menos armas» , que abre unilateralmente el mercado de la UE a los cuarenta y nueve países más pobres del mundo, sin exigir a cambio concesiones políticas ni económicas. 
Hemos propuesto que esta concesión se extendiera a nuestros socios de entre los países industrializados y los países más avanzados del mundo en vías de desarrollo. 
Hemos propuesto que los países industrializados garanticen que al menos el 50% de las importaciones agrícolas totales de países en vías de desarrollo no estén sujetas a derechos de importación. 
Otros puntos de la oferta incluían el estudio de la escalada de los derechos de aduana, y los países en vías de desarrollo habrían obtenido una cláusula de protección especial y acuerdos separados para sus productos especializados. 
Por último, el documento redactado por los impulsores dejó otras cuestiones, como las que no están relacionadas con el comercio, abiertas a futuras negociaciones, y se propuso que se ampliara la «cláusula de la paz». 
Por lo que respecta al futuro, considero que es preciso que sigamos por este camino ambicioso, pero también hemos de tener mucho cuidado en evaluar, analizar y planificar cada paso que demos en su recorrido. 
En los próximos meses, hemos de continuar haciendo hincapié en el diálogo constructivo; mientras tengamos que desempeñar un papel central, el éxito, al final, dependerá de todos los miembros de la OMC y también de nuestra disposición para dirigirnos hacia una posición central. 
No cabe duda de que esto exigirá de todos nosotros? tanto los países industrializados como los países en vías de desarrollo? no solo voluntad política sino también voluntad de compromiso. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos está muy decepcionado con los resultados de Cancún. 
Estuvimos allí sentados y seguimos las negociaciones entre una serie de protagonistas, incluyendo a los Estados Unidos, la Unión Europea, el G-21 y los países ACP. 
Seguimos las deliberaciones en materia de agricultura. 
Hicimos concesiones y acabamos sin recibir nada a cambio. 
Creo que se trata de un mal augurio. 
Estamos asistiendo a una recuperación vacilante de la economía mundial. 
Cuestionamos cada vez más el funcionamiento de organizaciones multilaterales y el análisis final es que las víctimas de esta situación son los países menos desarrollados. 
Así pues, no hay ninguna razón para celebrar los resultados de Cancún. 
Esto plantea cuestiones que ya habían sido tratadas por el Comisario y el Presidente en ejercicio del Consejo: ¿por qué fracasó Cancún y a dónde nos dirigimos a partir de aquí? 
Ante todo permítanme dar las gracias a los dos Comisarios y al Presidente en ejercicio del Consejo en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo y- por extraño que parezca- felicitarles por su enorme esfuerzo. 
No hay duda de que el fracaso no fue culpa suya, y mi grupo, por lo tanto, rechaza enérgicamente votar en contra, incluso en esta Asamblea, como si la Unión Europea y, en particular, nuestros Comisarios fueran responsables del punto muerto al que se llegó. 
Al contrario, diré que no se les debe culpar de ningún modo. 
Quisiera extender mi más caluroso agradecimiento al Presidente en ejercicio por su franqueza y cooperación con el Parlamento. 
Sin embargo, es necesario que repasemos juntos una serie de puntos de evaluación. 
En primer lugar, ¿fueron la posición y los resultados de las negociaciones de la UE lo suficientemente claros para las diferentes delegaciones? 
Hemos hablado con numerosas personas en los pasillos, incluyendo diputados y ministros, los cuáles nos pareció que no estaban lo suficientemente bien informados de la posición de la UE respecto al tema agrícola. 
Asimismo, a menudo carecían de los conocimientos necesarios sobre lo que precisamente la Unión Europea tenía que ofrecer. 
Por lo tanto, nos preguntamos si los embajadores de los países de la UE y nuestros propios embajadores no podrían haberse esforzado un poco más en el período previo a la Conferencia, e incluso si el Consejo y los ministros que asistieron se habían empleado a fondo en este sentido. 
Señor Presidente en ejercicio, seguramente recordará que, en una reunión que mantuvimos con usted, le pedimos expresamente que se adoptara un papel más activo. 
Y también, está el tema del G-21. 
Es realmente con buena razón- muchos se han dado cuenta de ello y se ha sabido de nuevo- que Brasil, en particular, ha reclamado un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el debate general. 
Ello ilustra, naturalmente, que se trataba de una iniciativa de tipo geopolítico más que otra cosa. 
Sin embargo, los intereses de los países menos desarrollados se han visto muy perjudicados debido a ello. 
Por lo tanto, creo que la responsabilidad del G-21, en este sentido, es enorme y particular. 
Asimismo, mi grupo se ha sorprendido por el comportamiento de algunas ONG- lamentablemente también financiadas por la UE- respecto a que, en nuestra opinión, el papel que desempeñan con relación a la OMC no es muy constructivo. 
Quizás sea necesario hablar con ellos sobre esto otra vez. 
Por último, una valoración también ha de incluir, por descontado, una evaluación del funcionamiento de la propia OMC. 
Hay que ampliar las reglas del juego. 
Creo que también hemos de verificar si hay que estimular un poco más a nuestros embajadores en Ginebra. 
Necesitaremos preparar más eficazmente la conferencia ministerial que se celebrará a principios del año que viene. 
Necesitaremos proceder más rápidamente con el AGCS, pero también podremos hacer más cosas como Parlamento, y la resolución es, en este sentido, también una invitación. 
Lo que quiero decir a los Comisarios es lo siguiente: seguiremos insistiendo en un enfoque multilateral, ya que no tenemos ninguna otra opción. 
Las relaciones bilaterales solo conducen al sufrimiento de los más débiles. 
Por otra parte, creo que hemos de pensar minuciosamente sobre si- y cuándo- vamos a hacer concesiones otra vez, ya que si no recibimos nada a cambio, creo que estamos negociando en un plano virtual, lo que no beneficia a los intereses de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el Comisario Lamy nos ha preguntado si, tras el fracaso de Cancún, tenemos la intención de optar por un enfoque multilateral o bilateral. 
Si opta por lo que dicen el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo y el Reglamento del Parlamento Europeo, principalmente vamos a actuar de forma multilateral, ya que en una aldea mundial, se trata de una elección entre normas mundiales correctivas para que el comercio mundial sea equitativo, o normativas a la carta, en las que rige la ley de la jungla. 
La ley de la jungla no deja espacio para la agricultura social y respetuosa con el medio ambiente. 
No deja espacio para el desarrollo de África, que solo constituye el 2% del comercio mundial. 
No da ninguna protección contra la competencia desleal a través de la ayuda estatal en Corea del Sur o contra los productos fabricados con esclavos o trabajo infantil que entran en Europa a través de China, por ejemplo. 
Aunque la mundialización brinda oportunidades, también causa ansiedad en nuestros ciudadanos- lo que está plenamente justificado- sobre el futuro de sus puestos de trabajo. 
Es por todo esto por lo que son necesarias normas mundiales de protección. 
No todo puede o debería hacerse a través de la OMC. Se puede conseguir mucho a través de otras organizaciones multilaterales, como la PNUD y la OIT, pero también a través de la protección de los derechos humanos y el derecho de organización de sindicatos independientes. 
Sin embargo, es preciso que se reorganice primero la OMC conforme a este fin. 
Ha de funcionar con más inteligencia, más rápida y democráticamente. 
A nivel práctico, ha de unir más fuerzas con la PNUD y la OIT. 
Desde un punto de vista político, en Cancún hemos asistido al nacimiento de un nuevo orden mundial como respuesta al Iraq y la política de poder unilateral de George Bush. 
El debate político y la cooperación con el G-21 y la nueva Alianza son de la mayor importancia geopolítica para Europa. 
Esto requiere nuevas iniciativas por parte de la Comisión y el Consejo. 
No podemos permitirnos esperar y ver qué es lo que pasa, puesto que los Estados Unidos están llevando a cabo una misión unilateral. 
Es imperativo que Europa busque alianzas con los países en vías de desarrollo basándose en sus valores sociales. 
Juntos podemos tomar iniciativas para reorganizar la OMC y ponerlas sobre la mesa. 
Al mismo tiempo, hemos de continuar nuestras propias reformas agrícolas de manera convincente, y continuar presionando a los Estados Unidos para que actúen del mismo modo. 
En resumen, abogo en favor de invertir conscientemente, hablando en términos políticos, en alianzas a corto plazo con los países en vías de desarrollo en un período corto y evitar situaciones donde los Estados Unidos y Europa se queden atorados en el mismo hueco, ya que de ser así tropezaremos tal como nos ocurrió en Cancún. 
Se requieren medidas que creen confianza si queremos impulsar una nueva coalición mundial de comerciantes equitativos. 
Hay que abolir las subvenciones para las exportaciones en Europa para productos que afectan gravemente a los países en vías de desarrollo. 
Esto no se aplica solo al algodón y al azúcar, sino también a los cereales y la carne. 
Sin embargo, esto debe vincularse directamente con la ayuda para la agricultura multifuncional. 
Además, es necesaria una ayuda financiera reforzada para la transferencia de conocimientos y el desarrollo de la capacidad de la producción en los países en vías de desarrollo, así como prioridades en los contactos políticos y el debate con la nueva alianza. 
Hemos de volver a poner sobre la mesa de negociación el debate con los países en vías de desarrollo sobre dumping social, trabajo infantil y esclavitud. 
Están mucho más abiertos a esta alternativa ahora que se ven cada vez más amenazados por China. 
En resumidas cuentas, necesitamos nuevas iniciativas para volver a encauzar el desarrollo a través de nuevas vías. 
En cuanto a las cuestiones de Singapur, Señor Presidente, quisiera solicitarle que se informe sobre si, además de la intensa preparación técnica para Cancún, que fue perfecta, no debería tomarse una nueva iniciativa para que la presión de las negociaciones se eliminara de los temas y crear, así, un foro más libre para un debate político con los países en vías de desarrollo sobre los pros y contras. 
Después de todo, también saben que la transparencia y las normas les son necesarias, ya que de otro modo deberán enfrentarse a la presión de los grandes bloques comerciales, como los Estados Unidos y China. 
A pesar de toda la decepción en torno al fracaso de Cancún y al llamamiento que hago hoy aquí para invertir políticamente en esta nueva coalición mundial de comerciantes equitativos, también tenemos que mencionar con vehemencia, como un resultado relevante de la ronda de Doha, el acuerdo sobre medicamentos baratos para los enfermos de sida, tuberculosis y malaria en África, Asia y Latinoamérica, así como el compromiso de Europa en esta cuestión. 
Gracias, Comisario Lamy, por cooperar con nosotros tan abierta y directamente. 
Con sus propias responsabilidades, con las que hemos tenido uno o dos enfrentamientos, como por ejemplo, respecto a las cuestiones de Singapur, se ha comportado usted como un verdadero demócrata, igual que lo ha hecho su colega, el Comisario Fischler. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, es evidente la decepción general del fracaso de las negociaciones de la OMC en Cancún, y el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas también opina que este resultado negativo es una oportunidad perdida. 
Sin embargo, en nombre de los Liberales, comparto su punto de vista de que a pesar del fracaso, necesitamos volver a empezar en el ámbito de las negociaciones multilaterales para lograr la liberalización del comercio. 
El bilateralismo pertinaz no es el camino a seguir. 
Además, respaldo las ideas sobre la reorganización de la OMC. 
Está claro que la organización, estructura y mandato de la secretaría en Ginebra no están preparados para organizar y dirigir las negociaciones con eficacia. 
La cuestión que se plantea a raíz de ello es el porqué fracasaron las negociaciones de Cancún. 
En varias ocasiones, en esta Asamblea, se ha culpado a las cuestiones de Singapur de ser la razón. Según parece, la UE fue incluso inflexible en las negociaciones y esta es la razón por la que todo salió mal. 
A mi me parece que es una idea falsa y grave y, en nombre de mi grupo, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Van Velzen, quién también ha hablado de la buena labor realizada por nuestros Comisarios. 
Como miembro de la delegación, me siento agraviado por el hecho de que el tema dominante durante toda la semana fuera la agricultura y que el conocimiento sobre nuestra política agrícola es mínimo en varios países no europeos. 
Las negociaciones sobre las cuestiones de Singapur y el comercio de servicios no empezaron hasta el último momento, y la conferencia se desmoronó medio día más tarde. 
Es, además, lamentable que los países en vías de desarrollo no estuvieran dispuestos a negociar estas cuestiones, ya que son precisamente ellos los que se beneficiarían de un clima de inversiones favorable, una reducción de los gravámenes a la importación y una legislación transparente. 
En este sentido, sacarían provecho de la facilitación del comercio. 
De hecho, son los países en vías de desarrollo los que pagan el 80% de todos los gravámenes a la importación. 
Un rayo de esperanza que vi en Cancún fue el éxito de la Conferencia Parlamentaria, que es de suma importancia para dar legitimidad democrática a la OMC. 
Logramos emitir una declaración final reclamando la instalación de un pilar parlamentario en la OMC. 
Me parece algo muy importante, ya que no podemos dejar la democracia en manos de las ONG. 
Al menos algunas de ellas, una vez más han demostrado el papel discutible que desempeñaron en Cancún aplaudiendo mientras se mantenían al margen cuando las negociaciones habían fracasado. 
¡Y esto cuando los países en vías de desarrollo salían perdiendo! 
Quisiera preguntar a los Comisarios Lamy y Fischler cuál será su primer paso para infundir nueva vida a las negociaciones multilaterales. 
Señor Presidente, en vez de mirar hacia atrás quiero mirar hacia delante. 
Comisario Lamy, en nuestra reunión de esta mañana le he preguntado cuál era la situación de su mandato de Seattle. 
Y me ha contestado que, en estos momentos, no estaba seguro. 
Quisiera dejar lo más claro posible que el mandato que se le dio en 1999, incluso antes de la reunión ministerial de Seattle- sin hablar de las reuniones ministeriales de Doha y Cancún- debe ser declarado nulo y sin efecto. 
No podemos pretender, ahora que han fracasado dos de las tres reuniones ministeriales, que estamos desempeñando nuestras actividades como si no hubiera ocurrido nada. 
En concreto, parece que la UE debe aceptar ahora el veredicto de los países en desarrollo en cuanto a que no quieren negociaciones sobre los temas de Singapur. 
Por lo tanto, debemos abandonar no solo dos, sino los cuatro temas. 
Al mismo tiempo necesitamos avanzar en la eliminación de las subvenciones a la exportación y avanzar mucho más en la respuesta a las preocupaciones de los países ACP y los países menos desarrollados al respecto. 
La declaración de Botswana en nombre de estos grupos dejaba muy claro que los textos revisados quedaban muy lejos de sus expectativas. 
Podemos debatir las causas del fracaso de Cancún. 
Sospecho que mi análisis será bastante distinto de muchos de los que hemos oído esta tarde, pero está claro que el fracaso nos ofrece una oportunidad para iniciar una transformación de pies a cabeza de la OMC. 
Lo que necesitamos ahora es una revisión completa, no solo de los procedimientos de trabajo de la OMC, que con razón usted ha calificado de medievales, sino también de sus normas comerciales, que yo calificaría de imperialistas. 
En muchos aspectos las normas de la OMC no son normas neutrales que se puedan utilizar defensivamente para proteger los intereses de los miembros más débiles. 
Demasiado a menudo las normas institucionalizan el sistema actual de desigualdad mundial. 
Tomemos por ejemplo el principio absoluto del trato nacional que de hecho niega a los países más pobres el derecho a promover sus propias industrias y economías nacionales, un derecho que era indispensable para los países más ricos y que utilizaron impunemente en sus propios procesos de desarrollo. 
Es evidente que necesitamos unas normas justas, acordadas multilateralmente, para supervisar y regular el comercio en interés de la erradicación de la pobreza. 
Pero es mucho más difícil creer que la OMC actual puede dar realmente estos resultados. 
Si queremos recuperar la confianza en el sistema multilateral, debemos invertir mucho más capital político en hacer que sus normas y procedimientos sean auténticamente justos y sostenibles. 
¿Puede decirme si está dispuesto a ello? 
Señora Presidenta, comparto la opinión de la mayoría de los oradores que han intervenido esta tarde sobre el hecho de que el fracaso de las negociaciones ha sido un golpe importante, tanto para la propia OMC como para la economía mundial. 
Sin una mayor actividad comercial, el crecimiento mundial se reducirá y la pobreza mundial aumentará. 
Evidentemente la UE actual e incluso los mercados estadounidenses podrían superar un impulso de la producción, pero son los países en desarrollo quienes se beneficiarían realmente del éxito de Cancún. 
Creo que la OMC en su estructura y sus prácticas de trabajo actuales está muerta. 
Necesitamos dar nueva vida a la ronda. 
Eso está claro, pero primero debemos poner en práctica una organización más manejable que pueda funcionar con 148 miembros, muchos de los cuales no tienen la capacidad técnica ni los recursos para realizar su pleno potencial. 
Y estoy convencido de que la UE debe tomar la iniciativa al respecto. 
Está claro por las declaraciones del representante comercial de los Estados Unidos, Bob Zoellick, que América tiene la intención de avanzar por una vía bilateral. 
Insto a la Comisión a poner en práctica inmediatamente un grupo de trabajo que abarque todos los servicios para superar con propuestas concretas la reforma de la OMC. 
Sé que los colegas del Parlamento están más que dispuestos a contribuir en esta labor. 
Cada una de las instituciones europeas debe asumir su responsabilidad para transmitir este mensaje a nuestros socios de la OMC en relación con la oferta de la UE que sigue sobre la mesa. 
Nosotros, en la UE, ponemos mucho sobre la mesa en beneficio de los países en desarrollo en el ámbito de la agricultura, el acceso al mercado y demás. 
Es especialmente importante efectuar esta actividad diplomática y de información con el denominado Grupo de los 90, que incluye a los países ACP, la Unión Africana y los países menos desarrollados. 
En resumen, es imperativo que la ronda para el desarrollo de Doha vuelva a su cauce si queremos conservar alguna esperanza de que millones de personas del mundo en desarrollo salgan de la pobreza. 
Esto solo ocurrirá si ajustamos en serio las estructuras y los procedimientos de la OMC. 
Si la OMC sobrevive, tendrá que continuar siendo el foco principal de negociaciones. 
Sin embargo, básicamente, se ha jugado un juego político, con la creación de una situación absurda? a la que se ha referido en varias ocasiones el Comisario Lamy en las reuniones mantenidas con la delegación del Parlamento Europeo? en la que, al principio, el debate se ha centrado casi exclusivamente en el tema de la agricultura, que representa solo un 20% del comercio internacional. 
Se trata, en verdad, de una situación absurda, de la que somos en gran parte responsables. 
Cancún fue el escenario de un juego de propaganda, y no hay duda de que no es necesario explicar a los herederos de los Príncipes Metternich y Talleyrand la trascendencia de la propaganda en política internacional. 
Los europeos hemos dado a nuestros «oponentes» , si en algún momento han merecido que se les dé este nombre, una maravillosa oportunidad de discusión y propaganda en bandeja de plata, en lo que respecta a la opinión pública internacional. 
Se ha dicho que hay líneas en rojo en el campo de la agricultura, la abolición- bastante despreciable- de las subvenciones a la exportación con carácter general y un techo máximo para las subvenciones de la caja verde, las cuales, en teoría, no deberían distorsionar el mercado. 
Se ha dicho que, más que cruzar la línea roja, era preferible que las negociaciones fracasaran y esto es lo que ha ocurrido. 
El que una potencia industrial como la Unión Europea esté imponiendo estos límites, estas «líneas rojas» es una de las razones del porqué en estos momentos nos estamos lamentando de un fracaso que afecta a la Unión Europea mucho más de lo que afecta a los Estados Unidos, por ejemplo. 
No hay tiempo para explicar el porqué, en mi opinión, esto es así. 
Precisamente el hecho de que el Comisario de Agricultura- y no estoy intentando hacer juegos de manos con el Sr. Fischler de ningún modo- se encuentre hoy aquí, al mismo nivel que el Comisario Lamy, explicando lo que ocurrió en Cancún, es un indicativo de que algo está mal, de la situación absurda de Europa en lo que se refiere a la política agrícola. 
Naturalmente, esto no es lo mismo que decir que el proteccionismo de la agricultura europea no difiere tanto, a fin de cuentas, del de los Estados Unidos. 
Más bien al contrario: podría ser que, con la reforma de la política agrícola europea, hemos logrado adelantar a los Estados Unidos; los japoneses están causando más daños que nosotros con el arroz. 
Nosotros, sin embargo, estamos pensando en los intereses de Europa. 
Los diputados saben que todas las delegaciones parlamentarias con las que pudimos reunirnos insistieron en centrarse en la cuestión agrícola. 
Tenían sus propias razones para ello: encubrir los aranceles de casi un 90% sobre el tejido de la India. 
Puede que esto sea cierto, pero ¿cómo explicamos a esta gente que queremos unas nuevas normas de inversión? 
Pedimos a los países en vías de desarrollo que impongan normas de competencia y de contratación pública, y luego seguimos subvencionando la carne, el arroz y otras exportaciones. 
Luego podríamos hablar del «Todo menos armas» largo y tendido, Señora Presidenta. 
Hemos prorrogado la abolición definitiva de los aranceles sobre las importaciones de arroz, plátanos y azúcar hasta 2010. 
¿Es esto todo lo que podemos ofrecer a los países en vías de desarrollo? 
Y lo que es más, causando pérdidas de intereses... 
(La Presidenta interrumpe al orador) 
Señora Presidenta, el fracaso de la revisión a medio plazo de la ronda de Doha en Cancún fue una derrota con relación a la aceleración del crecimiento económico mundial. 
También fue una derrota inmerecida para nosotros en la UE; pero por encima de todo fue una derrota para los países en vías de desarrollo. 
El clima que se respiraba cuando comenzó la reunión era cautelosamente optimista. 
La Unión Europea y los Estados Unidos de América habían llegado a un consenso en una apuesta conjunta para reducir las barreras comerciales y las subvenciones agrícolas, y se había llegado a un acuerdo sobre la introducción de medicamentos genéricos para mejorar la asistencia médica en los países en vías de desarrollo. 
¿Entonces, qué es lo que salió mal? 
Si ignoramos la decisión apresurada, en mi opinión, del presidente en el momento en que todos se habían preparado para al menos 35 horas más de negociaciones intensas, existen seguramente muchas razones de porqué salió mal. 
Un hecho nuevo, en lo que se refiere a la reunión de Doha, fue la aparición del Grupo de las 21 naciones. 
Este grupo, tal como ya se ha dicho antes en esta sesión plenaria, no solo tenía metas comerciales sino también objetivos relacionados con la política del poder, como puede ser su oposición a un unilateralismo de los Estados Unidos ya fuera real o imaginario. 
Mientras que estos países hablaban como si estuvieran representando a todos los países subdesarrollados, ellos mismos no estaban dispuestos a abandonar las elevadas barreras comerciales de las que disponen respecto a los países más pobres. 
Es hora de que entendamos, en una escala más universal que solo la europea, que el desarrollo de los países menos desarrollados está empezando a diferenciarse enormemente. 
Asimismo, vale la pena preguntarse qué es realmente un país en vías de desarrollo. 
¿Lo es todavía la India, en su conjunto, o incluso China o Brasil? 
Otros países desarrollados también deberían seguir el ejemplo de la UE y formalizar acuerdos de «Todo menos armas» , tal como hemos hecho con 49 de los países más pobres. 
También hemos de recordar que la UE, además de ser de lejos el mayor donante de ayuda humanitaria, compra, por ejemplo, el 80% de las exportaciones agrícolas de África. 
En cuanto a su forma, la reunión fracasó en su debate sobre las cuatro cuestiones de Singapur. 
¿Por qué, cuando todos los países a nivel individual pueden optar por estar ausentes respecto a esto? 
¿Por qué, cuando se acordó en Doha que también estarían en la agenda? 
Se trató principalmente de una cuestión de calendario. 
En qué medida la oposición a la liberalización del comercio del algodón fue responsable del fracaso de la reunión sigue siendo un misterio, pero con toda seguridad tuvo un papel importante. 
Un gran número de ONG, tal como se ha mencionado aquí, se alegraron de que la reunión fracasara. 
Esperemos que los países subdesarrollados no vuelvan a quedarse atrapados en sus redes tal como ocurrió en Cancún. 
La UE y los Comisarios que negocian en su nombre no tienen nada que ocultar ni de qué avergonzarse. 
La Comisión había trabajado mucho con anterioridad para asegurar el éxito de la reunión, y además usó el espacio del que disponía para la negociación durante la reunión. 
La misión de la UE ha de ser, de un lado, respaldar a la OMC y acelerar las negociaciones y, de otro y por ende, clarificar más a los países subdesarrollados la posición de la UE respecto a la política comercial, ya que parece que todavía no saben de qué se trata. 
Señora Presidenta, señor Comisario, no voy a criticar ni a la Comisión ni al Parlamento Europeo. 
Sólo diré que, personalmente, me he dado cuenta que ocurrió algo importante con el último desmoronamiento de la Conferencia de Cancún. 
Esto no es necesariamente, ni ha de ser, el final de la OMC, sino que significa que la UE y los Estados Unidos deben ajustarse a una nueva situación. 
Hasta la fecha, hemos, de hecho, sido los actores dominantes en la OMC pero, al fijar nosotros mismos la agenda, hemos dado a los países en vías de desarrollo la sensación de que se les excluía y de que no se les tenía la menor consideración. 
Cuando nos preparamos- y nos preparamos muy bien- lógicamente lo hacemos así porque queremos dar lo mejor de nosotros mismos, pero no hemos tenido demasiado en cuenta lo que es mejor para el mundo. 
El momento en que pudimos llevar a cabo esta política ha pasado. 
Hemos de comprender que los países más habitados del planeta, como son China y la India, y grandes países productores, como Brasil, están en el proceso de adquirir un perfil más definido en el mapa del comercio mundial, y los países en vías de desarrollo más pobres están empezando a ser tomados en cuenta. 
Es importante que obtengamos un nuevo mapa del comercio mundial. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, Cancún nos ha mostrado, en primer lugar, que es muy poco realista pedir que los mercados se abran sin tener en cuenta la existencia de graves diferencias sociales. 
Los Estados miembros de la OMC parten de posiciones tan enormemente divergentes que el que todos tengan las mismas condiciones no fomenta la justicia sino que refuerza la injusticia y, por consiguiente, nos aleja del objetivo claro del comercio equitativo, en lugar de acercarnos a él. 
En segundo lugar, existen, naturalmente, enormes diferencias en particular entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo, pero estos bloques están lejos de ser homogéneos, al igual que la Unión Europea ya no es un edificio homogéneo. 
Conociendo cuán difícil es obtener resultados fuera de la Unión Europea, tendríamos que comprender las dificultades incomparablemente más grandes a las que se enfrenta una comunidad de 148 estados. 
En tercer lugar, al negociar, es preciso que siempre nos pongamos en el lugar del partido con quien estamos negociando, es decir, hemos de estar dispuestos a hacer concesiones a nuestros homólogos más débiles sin esperar nada a cambio. 
Si, por el contrario, entablamos negociaciones como si estuviéramos en un bazar, «te doy algo a cambio de otra cosa» , no deberá sorprendernos cuando fracasan. 
En cuarto lugar, debemos entender que la UE solo es una de las numerosas regiones del mundo y, que en el futuro, nuestras decisiones deberán tener en cuenta, en un grado mucho más marcado, los efectos que tendrán a escala mundial. 
O dicho con otras palabras, necesitamos que el impacto de nuestras políticas se evalúe de una forma preventiva. 
Lo que hemos de aprender en quinto lugar de Cancún es que las negociaciones han de llevarse a cabo con más candor y transparencia, permitiendo que la sociedad civil en su conjunto participe en todo el proceso en el momento oportuno. 
¿No es acaso paradójico que la OMC instalara vallas para mantener a sus críticos alejados, mientras se alegó que la misión era la de derrumbar las barreras comerciales para el bien de la población mundial? 
Yo también estuve en Cancún y creo que es totalmente inaceptable que los representantes de los gobiernos, en lugar de buscar el diálogo con los manifestantes, les excluyeran del lugar donde se celebraban las negociaciones. 
Mi sexto punto es que la OMC necesita una estructura organizativa y de toma de decisiones diferente, y es imperativo que se reestructure de modo que los acuerdos multilaterales puedan negociarse más equitativamente y con mayor transparencia. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores Comisarios, Señorías, me encuentro en una posición similar a la del Sr. Daul, según la cual yo también quiero repetir todo lo que ya se ha tratado, pero quisiera decir algo sobre un comentario efectuado por la Presidencia italiana. 
Creo que tenían razón al plantear la cuestión sobre si no seguimos estando realmente en el «proceso post-Seattle». 
Lo expuso de una manera tan clara: de Seattle, vía Doha, a Cancún. 
Creo que esta expresión dice muchas cosas. 
En Seattle teníamos una situación en la que la sociedad civil intentaba, como parte de las campañas antimundialización, formular preguntas que nosotros, en calidad de institución política, puede que no siempre hubiéramos tomado en serio o tratado adecuadamente. 
Este proceso ha continuado y ha conducido a una sensación general de inseguridad, inseguridad no solo limitada a la sociedad civil sino que también se ha adentrado en las instituciones políticas, así como en numerosas sociedades y Estados. 
En Cancún tuvimos la misma sensación respecto a los Estados africanos implicados, y esta sensación ha alcanzado incluso en alguna medida a los países del G-21, quienes naturalmente también intentaron montar una especie de revuelta y romper este monopolio de poder entre Europa y los Estados Unidos y quizás también otras naciones. 
En vista de esto, puede que sería de sentido común que analizáramos un poco más lo que ocurrió realmente y si estamos creando una base razonable para nuestra nueva estrategia. 
No comparto la autocompasión que siento que hay en esta Cámara, este sentimiento al que hemos de culpar de tantas cosas. 
Quiero felicitar a los Comisarios. 
Creo que su estrategia fue la correcta y que no hemos de echarnos todas las culpas por haber fracasado. 
También creo que es preciso que mantengamos abiertas nuestras opciones. 
Realmente no creo que debamos limitarnos a la agenda multilateral, y los diputados que me conocen serán conscientes de ello. 
A veces es bueno tener varias opciones, ya que entonces uno dispone de alguna posibilidad de hacer malabarismos con sus opciones. 
A veces una opción es correcta y, en otras, lo es otra diferente. 
Por lo tanto, estoy a favor de mantener abiertas ambas opciones. 
Asimismo, espero que mi colega diputado de Austria, el Sr. Paul Rübig, se dirigirá a la Asamblea más tarde. 
Lamentablemente, no me queda más tiempo. 
Señora Presidenta, como agricultor que recibe subvenciones agrícolas declaro que no soy imparcial al respecto. 
Pero hoy quiero hablar en concreto en defensa de los países en desarrollo más débiles, especialmente los países ACP. 
Para mí, Cancún debería haber sido la culminación de meses de serio trabajo en comisión, buscando respuestas para las dudas y los temores del mundo en desarrollo. 
Esperar sentarse junto con 148 países y querer llegar a una conclusión va más allá de lo posible, pero creo que Cancún ha marcado un hito. 
Ya han pasado los tiempos en que dos bloques poderosos como la Unión Europea y los Estados Unidos se sentaban en salas llenas de humo, se repartían el botín y lanzaban unas pocas migas al resto del mundo. 
Los países en desarrollo se han dado cuenta de que las cifras tienen fuerza y que utilizar esta fuerza da poder. 
Pero no es solo una cuestión entre el mundo en desarrollo y el mundo desarrollado. 
Hay diversos estratos en ambos grupos. 
Asia, Extremo Oriente y América Latina se encuentran a años luz económicamente de los países ACP. 
El potencial comercial de los países se desarrollará a distintas velocidades. 
El éxito del futuro depende de la flexibilidad del calendario. 
En Cancún se ofrecieron exclusiones temporales (opt-outs) como ingredientes esenciales y deben formar parte de todo plan futuro. 
La capacidad para poner en práctica lo que se ha acordado es un factor clave. 
En estos momentos los países ACP están negociando un acuerdo de cooperación de Cotonú sobre comercio que deberá llegar a buen fin antes de 2008. 
Los acuerdos de cooperación económica y los acuerdos de cooperación económica regionales son la finalidad de estas negociaciones. 
La mayoría de estos países no están preparados para firmar acuerdos comerciales recíprocos o normas sobre la competencia; pero la integración regional les daría fuerza en un mundo globalizado y aumentaría el comercio sur/sur. 
Los países ACP no pueden hacer frente a Cotonú y Cancún a la vez. 
Para ellos Cancún era un paso demasiado largo, y demasiado temprano. 
Debemos efectuar ahora una revisión completa de los procedimientos. 
Señora Presidenta, quisiera decir ante todo que estoy de acuerdo con quienes han dicho que tenemos que mirar hacia el futuro. 
Sin embargo, lo que otros han dicho hoy aquí, que debemos aprender de lo que ha ocurrido, también es importante. 
Mi primer punto es que no deberíamos renunciar a nuestro compromiso continuado con las normas comerciales multilaterales. 
Llegamos a Cancún con una agenda demasiado sobrecargada: los ministros tuvieron enormes dificultados para tratar tantos temas complejos, no resueltos. 
Por lo tanto, el proceso es claramente insostenible. 
El conjunto del proceso de esos pocos días fue prácticamente inútil hasta el sábado cuando apareció el texto revisado, para consternación de los países en desarrollo. 
Cuando llegamos a Cancún tuvimos la sensación- como confirma este texto revisado- de que la visión, la promesa y la ambición de Doha estaba gravemente amenazada, porque temas de fondo como la agricultura, el algodón y los nuevos temas, que eran importantes para los países en desarrollo, simplemente no se trataban. 
Debemos reconocer muy claramente cuál es la percepción de los países en desarrollo. 
No basta con venir a aquí y decir que los países en desarrollo pedían demasiado. 
Podrían sentirse insultados con la implicación de que las ONG pudieron manipular y manejar sus opiniones, como algunos han dicho. 
Dada la proximidad de la fecha de diciembre para la reunión de Ginebra, quisiera preguntarle, señor Comisario, en qué estrategia ha pensado esta vez para construir un puente y crear confianza- con tan poco tiempo para recuperarse después de Cancún- para intentar que tengamos algún éxito. 
Finalmente, en cuanto a los temas de Singapur: ¿Es consciente, señor Comisario, de que el jueves la Ministra de Comercio e Industria del Reino Unido dijo que intentaría concertar una reunión con usted para hablar de los temas de Singapur y asegurarse de que mantiene usted la postura que se asumió en Cancún y que ya no presionaremos en torno a las negociaciones sobre inversión y competencia en la OMC? 
¿Es consciente de que la Ministra británica dijo eso en la Cámara de los Comunes y espera usted que sus mandatos cambien sobre la base de este tipo de declaración? 
Señora Presidenta, la OMC constituye el principal mecanismo imperialista que impone los términos de las multinacionales y la total liberalización y apertura de los mercados del comercio internacional. 
A pesar del aumento del comercio internacional, el resultado es la ampliación de las diferencias entre ricos y pobres. 
El fracaso de Cancún demuestra que la OMC no puede desempeñar este papel sin trabas, lo que sin duda es positivo. 
La resistencia está aumentando tanto en las calles como en las salas de negociación. 
Están apareciendo nuevos jugadores que quieren participar en el juego. 
La oposición intracapitalista se está agudizando. 
La solución no reside en llevar a cabo reformas en una u otra dirección, sino en cambiar los cimientos mismos de la OMC. 
La Unión Europea fue a Cancún tras haber sacrificado los intereses de los pequeños y medianos agricultores. 
La entrevista con el Sr. Lamy deja claro que pretende seguir haciendo sacrificios y estoy esperando una respuesta a la pregunta de hasta dónde llegará. 
Por ejemplo, en el caso del algodón, en que la Unión Europea importa un 70% de sus necesidades, ¿llegaremos a importar el 100% y acabaremos con la industria del algodón en Grecia, España y Portugal? 
Señora Presidenta, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, la agricultura no ha sido el motivo del fracaso de estas negociaciones. 
En mi opinión, su fracaso se debe a la postura maximalista del Grupo de los 21, que ha llegado a la mesa de negociaciones con cuestiones que trascienden la Agenda de Doha. La demanda más sorprendente ha sido la de la eliminación progresiva de la ayuda nacional que causa mayor distorsión, es decir, las cajas azul y amarilla. 
Por primera vez, la Unión Europea ha adoptado una postura asertiva, en la que se encuentra bastante cómoda. Ello se debe a la reforma de la PAC que ha llevado a cabo, así como al acuerdo alcanzado con los Estados Unidos. 
Por desgracia, el Grupo 21 no ha reconocido los esfuerzos de la Unión Europea por adaptar su política agrícola. Este grupo sigue insistiendo en hablar como si la PAC no hubiera cambiado en los últimos diez años. 
LA PAC ha cambiado radicalmente en ese tiempo, pero aún hablan como si la Unión Europea fuese un muro proteccionista, e ignoran el hecho de que en la actualidad la UE es el mayor importador mundial de productos agrícolas. 
A lo mejor el grupo de países africanos que, quizá legítimamente, se mantuvieron en sus trece para defender el algodón, había olvidado que la Unión Europea como bloque se ha esforzado más que nadie en apoyar a los países en desarrollo. Además, el mercado actual de la UE absorbe el 85% de las exportaciones agrícolas de estos países. 
Asimismo, ni siquiera se han escuchado las voces de los países más pobres del mundo, que disfrutan de un acceso totalmente libre a nuestros mercados gracias a la iniciativa «Todo menos Armas». Ello se debe a que han sido totalmente acalladas por los países que también se proclaman subdesarrollados pero cuyos intereses son fundamentalmente diferentes, e incluso opuestos, a los de los países más pobres. 
Creo que no debemos ser masoquistas. 
La Unión Europea ha adoptado una postura muy razonable en estas negociaciones y se ha comportado de forma generosa con los países menos desarrollados. 
Por supuesto, podríamos ir más lejos. 
Sin embargo, verdaderamente puedo decir que se habría alcanzado un acuerdo si todos hubieran adoptado la misma postura flexible y responsable de la Unión Europea. 
-Este debate se está alargando. 
Por lo tanto, pido al Sr. Imbeni y a los oradores que le siguen en la lista de oradores que me disculpen, porque tengo que ceder la palabra al Comisario Lamy. 
Al final del debate, también cederé la palabra al Comisario Fischler. 
Señora Presidenta, tengo la impresión de que los árboles que forman los diferentes aspectos del fracaso de Cancún nos impiden centrarnos con detalle en el bosque. 
El bosque es el mismo que el que causó el fracaso de Seattle hace casi cuatro años, y tiene nombre y apellidos: se llama desigualdad enorme entre países ricos y países pobres, y ausencia de una estrategia acordada para reducir la desigualdad, una estrategia hecha de plazos, políticas, programas, cifras y cantidades. 
Es obvio que esta estrategia no forma parte ni del unilateralismo de Bush- es cierto que existe un estrecho vínculo entre el Iraq y Cancún- ni de ninguno de los acuerdos bilaterales. 
El único método correcto es el verdadero multilateralismo, pero aquí topamos con nuestras limitaciones en las preparaciones de Cancún. 
Este es uno de los ámbitos más débiles de la Presidencia y del trabajo del Consejo. 
Si bien no me está escuchando, quiero decir al Sr. Urso que agradezco su razonamiento honesto así como buena parte de su análisis. 
Sin embargo, ¿cómo nos preparamos para Cancún? 
Mientras el Presidente Bush estaba hablando por teléfono con el Presidente Lula y con el Primer Ministro de la India, ¿qué estábamos haciendo? 
Esta también ha sido una limitación de la Comisión y del trabajo del Parlamento. 
Según las previsiones del Comisario Lamy- apoyado por la mayoría de diputados del Parlamento Europeo- la famosa alianza G-17, que después se convirtió en G-21 y G-24, iba a ser primordialmente táctica, pero por motivos principalmente políticos no ha sido así, y tampoco lo será en el futuro. 
Señora Presidenta, hubiera preferido esperar un poco antes de votar sobre los documentos en esta Cámara. 
En efecto, mañana votaremos sobre un documento bastante decepcionante que no responderá a la pregunta «¿Por qué ha fracasado Cancún? » ni nos orientará sobre la dirección a tomar en el futuro. 
Quiero acabar diciéndole al Comisario Lamy que, si bien la OMC constituye el foro negociador, no está en la Luna ni en Marte. 
Está aquí, y el decorado de las negociaciones es precisamente esta enorme desigualdad que existe y que caracteriza la vida en la Tierra en la actualidad. 
En primer lugar, las posiciones de la Unión Europea y los Estados Unidos han contribuido a que esta conferencia fracase en encontrar soluciones que hubieran hecho justicia a los países en desarrollo. Las posiciones de la UE y de los Estados Unidos ignoran la necesidad de reducir la deuda de los países menos desarrollados, e ignoran los problemas a los que se enfrentan los trabajadores y las microempresas, y las pequeñas y medianas empresas en el seno de la Unión Europea, en los sectores del textil, la confección, el calzado y la agricultura. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias al profesional equipo negociador de la Comisión, Comisario Fischler y Comisario Lamy, porque realmente han hecho todo cuanto estaba en su mano para que la conferencia fuera un éxito. 
Quizás en el futuro deberíamos incorporar una norma según la cual aquel que abandone las negociaciones significa que ha dado su aprobación. 
Esperábamos unas negociaciones duras, rigurosas, pero perdimos a nuestros socios en el camino. 
Dicho de otro modo, los pobres seguirán siendo pobres y los ricos seguirán siendo ricos. 
No hay razón para alegrarse. 
La Sra. Lucas ha dicho antes que los países más pobres deberían tener derecho a fomentar sus propias industrias nacionales. 
¿Se refiere a empresas monopolistas dirigidas por un puñado de ministros preocupados de que las normas de competencia y los acuerdos de protección de la inversión pongan en peligro sus propios activos? 
Habría que implicar más a los parlamentarios nacionales y a los miembros de la oposición, de forma que también se produzca un verdadero debate en los países menos desarrollados sobre quién va a ser rico y quién va a vivir en la pobreza absoluta. 
Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible por fomentar en estos países las pequeñas y medianas empresas, las empresas familiares, estimular la competencia y promover el bienestar, y no me refiero solo al de un puñado de personas que se benefician de la existencia de monopolios. 
Por esta razón, creo que la Conferencia Parlamentaria es muy importante, y como europeos deberíamos situarnos en la vanguardia y asegurar que se celebra un debate transparente y objetivo no solo aquí en Europa, sino también y sobre todo en los países más pobres del mundo. 
Necesitan un debate de este tipo de forma urgente. 
Quiero tratar otro asunto: ¿qué ocurrirá cuando expire la «cláusula de paz»? 
¿Nos enfrentaremos a otra guerra, una guerra comercial mundial en la que los pobres se vuelvan aún más pobres? 
Señora Presidenta, Comisario, un sabio proverbio de los indios Dakota dice: «cuando descubras que estás cabalgando en un caballo muerto, la mejor estrategia es desmontar». 
Las cosas aún no están tan mal con la OMC, pero sin duda lo que ha ocurrido en Cancún es motivo de preocupación. 
Yo también creo que el abandono de las negociaciones es más una victoria pírrica para los países en desarrollo que un éxito. 
Otro punto interesante es la sugerencia de que las negociaciones han fracasado debido a las cuestiones agrícolas. 
¿Cómo es posible, si no se podían llevar a cabo negociaciones sobre agricultura en forma de una ronda oficial? 
Yo también creo que la propuesta de la UE sobre agricultura es totalmente aceptable, incluso si muchos países en desarrollo esperaban algo más. 
Sigue siendo una propuesta excelente. 
Así pues, ¿qué papel han desempeñado los Estados Unidos? 
Al Presidente Bush le ha ido muy bien que no haya habido ninguna negociación en materia agrícola, porque de lo contrario muchos países habrían empezado a comprender la realidad. Se hubieran dado cuenta de quién estaba frenando el proceso y, sin duda, esto habría irritado a la «coalición de voluntarios» y a los que dependen de ella. 
México tenía que romper las negociaciones incluso antes de que empezaran, y además los Estados Unidos están más interesados en los tratados bilaterales que en los multilaterales. 
Sin embargo, quiero decir una cosa más sobre los que creen que ahora necesitan montar una campaña contra las ONG. 
En primer lugar, sobreestiman considerablemente el poder de las ONG y, en segundo lugar, demuestran lo que en última instancia piensan sobre la participación de algunos ámbitos de la sociedad civil. 
Mi consejo es que zanjen este problema peliagudo antes de que provoque su propia caída. 
. 
(IT) Señora Presidenta, solo diré unas palabras, en primer lugar para dar las gracias al Parlamento Europeo por la contribución que ha hecho hoy. 
Treinta y un discursos subrayan la importancia que esta institución- la principal representante de la Unión Europea- concede al principio de multilateralismo que tiene que regir nuestro trabajo. 
Ustedes han afirmado, reiterado y subrayado la necesidad de salvar y reforzar el multilateralismo y, al mismo tiempo, muchos de ustedes han subrayado la importancia de emprender un proceso de reforma de la OMC, que no puede prescindir del reconocimiento de los nuevos agentes bajo ningún concepto. 
Por supuesto, no podemos regresar a los viejos mecanismos del GATT; necesitamos avanzar, reconociendo, como he dicho, que hoy el mundo es multipolar, y esto es cierto tanto para el hemisferio norte como para el sur, como pone de evidencia la creación del G-21- con el que debemos cooperar- constituido principalmente por países en desarrollo que ya están beneficiándose de la mundialización y que, por tanto, se vuelven competidores fuertes y están pidiendo su lugar legítimo- China y Brasil, por ejemplo- mientras hay un mundo en el sur- los países ACP y los Estados africanos- que todavía no se benefician de la mundialización sino que por el contrario, sufren sus consecuencias. 
Así, esta triple necesidad de salvar el multilateralismo, reformar la OMC y reconocer nuevos agentes debería alentarnos a pedir que se inicie un proceso que conduzca a la creación de algunos órganos intermediarios entre la Secretaría y la Cámara, en los que esta nueva representación pueda, por fin, establecer una base común entre agentes que representan zonas geográficas, políticas, culturales, sociales y económicas similares pero diferentes, de forma que puedan crear un foro de alto nivel en el que las cuestiones puedan resolverse antes de que alcancen esa asamblea, que en Cancún parecía una verdadera cacofonía de lenguajes y de posiciones. 
Otro aspecto importante que se ha subrayado se refiere a la cuestión de la comunicación, un problema totalmente europeo. 
Alguien ha señalado que las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel doble y quizás ambiguo, que cambia entre el lenguaje que se habla en Bruselas o en Estrasburgo y los gritos de Cancún y que, al mismo tiempo, la Unión Europea y la Comisión han tenido dificultades para comunicar todo lo que Europa ha hecho durante estos 22 meses y todo lo que hace cada día por el más débil de los débiles. 
A este respecto, a modo de ejemplo, creo que la Comisión llevó dos agregados de prensa a Cancún, mientras que una sola organización no gubernamental llevó al menos a 14. 
Por lo tanto, existe un problema de comunicación, y quizá también de confusión lingüística, que tenemos que aclarar si queremos hacer justicia a la extraordinaria fuerza de la sociedad civil europea, que tiene que expresarse ante todo- aunque no únicamente- a través de sus órganos representativos. 
Por último, me preguntan si es necesario cambiar el mandato o hacerlo más flexible. 
Creo que nuestro deber es llevar sus comentarios al Consejo Europeo, en particular en preparación y en vísperas de nuestro nombramiento el 15 de diciembre, en el que quizá consigamos comprender mejor el impacto de este fracaso en los otros agentes, incluidos los que, quizá de forma inconsciente, se han alegrado demasiado pronto de este fracaso. 
Creo que deberíamos discutir este asunto en los próximos meses con objeto de descubrir si se necesita mayor flexibilidad en las cuestiones de Singapur- como han pedido algunos -, en las cuestiones sociales y medioambientales así como en la política agrícola. 
Por último, con el debido respeto a los límites de tiempo, creo que su contribución en este asunto será importante, por no decir decisiva. 
- (DE) Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en primer lugar quiero agradecerles su contribución a este debate, que ha sido muy importante. 
En primer lugar, una de las cuestiones a debate era si debía darse prioridad al enfoque multilateral o a los acuerdos bilaterales. 
Creo que no hay alternativa. 
El mejor enfoque es el multilateral, y tenemos que adherirnos a él. 
Los acuerdos bilaterales pueden resultar útiles a veces, pero no deben sustituir a un enfoque multilateral. 
Además, no nos podemos llamar a engaño y pensar que solo son difíciles las negociaciones multilaterales. 
También cuesta alcanzar muchos acuerdos bilaterales, por ejemplo los acuerdos con los países del Mercosur o muchos otros. 
Asimismo, creo que sería un error si al cambiar precipitadamente a negociaciones bilaterales cayéramos en la trampa de pensar que abrirían el camino a una situación beneficiosa para ambas partes. 
Con esto quiero decir que no podemos llevar a nuestros países lo que hemos conseguido en unas negociaciones bilaterales y después creer que tenemos ventaja para seguir haciendo demandas en las negociaciones multilaterales. 
Creo que se necesita cierta precaución desde un punto de vista europeo. 
Sin embargo, deberíamos celebrar discusiones directas y negociaciones directas de forma bilateral con estados individuales que son miembros de la OMC con objeto de que entiendan nuestra postura hacia ellos en las negociaciones multilaterales. 
Mi segundo punto es el siguiente: creo firmemente que la reforma de la política agrícola común ha sido positiva. 
Nosotros mismos hemos hecho estas reformas, y me complace recordárselo aquí, porque celebramos ese mismo debate en esta Cámara. 
Dijimos que la sociedad europea pedía reformas, y que por esa razón las necesitábamos. 
Ahora no podemos venir y decir, por ejemplo, que solo estábamos intentando conseguir que la agricultura europea y la política agrícola fueran más sostenibles, porque necesitábamos un argumento para tener éxito en las negociaciones internacionales. 
Sería como empezar la casa por el tejado. 
Por supuesto, esto nos dio flexibilidad en las negociaciones internacionales, pero es evidente que siempre deberíamos llevar a cabo nuestras reformas internas en primer lugar, y después basar en ello nuestro mandato para las negociaciones. 
¿O realmente creemos que esta Cámara está dispuesta a dar a la Comisión un mandato negociador que va más allá de nuestras propias políticas comunes existentes? 
Es inconcebible, nunca funcionaría, y por tanto no nos podemos hacer tales ilusiones. 
Sin embargo, no podemos tolerar un intento de «borrar» simplemente la contribución que estamos haciendo en virtud de nuestras propias reformas, de manera que por ejemplo los compromisos para aplicar reducciones no se basen en la cantidad que acordamos la última vez durante la Ronda de Uruguay, que se tomó como punto de partida en aquel momento, sino que la base sea cualquier medida de apoyo a la distorsión de la competencia que estemos aplicando en este momento. 
Sería injusto para nosotros y también tenemos que dejarlo claro. 
Mi tercer punto es que las ONG han desempeñado un papel principal en este debate. 
Ahora no podemos cometer el error de actuar como si las ONG se hubieran comportado indebidamente y cortar su apoyo financiero. 
Creo que sería absurdo. 
Sin embargo, tenemos que buscar un diálogo con las ONG. 
Tenemos que ocuparnos de ellas y de los argumentos que nos plantean. 
Esto es muy importante cuando pienso, por ejemplo, cuánto puede variar la posición de la misma ONG dependiendo de si hablamos con el departamento responsable de la política de desarrollo o con el departamento responsable de la política medioambiental. 
No podemos hacer lo que han hecho muchas ONG y decir que el sector agrícola europeo tiene que volverse respetuoso con el medio ambiente y que tenemos que disponer de un presupuesto para medidas agro-medioambientales. 
¡Porque si hacemos esto ustedes no pueden venir después y decirnos que cualquier forma de ayuda agrícola es indeseable! 
Esto es incoherente y necesitamos un debate más coherente. 
Asimismo, esto nos permitiría reducir la desconfianza hacia los países en desarrollo, que a veces tienen la sensación de que la complejidad de las negociaciones y las dificultades existentes han sido diseñadas para dificultar el acceso a los que durante años no han tomado parte en estas negociaciones. 
Tenemos que eliminar las barreras. 
En primer lugar, tenemos que volver a los hechos. 
Tenemos que implicar más a organizaciones independientes como la OCDE para conseguir un debate más objetivo. 
Como dicen los agricultores, puedes llevar a un caballo a beber, pero no puedes hacer que beba. 
Asimismo, tiene que existir la voluntad de examinar los argumentos y entrar en un diálogo real. 
Es la única manera de progresar. 
Respecto de la cláusula de paz, permítanme recordarles que en cualquier caso expira a finales de año. 
Si bien esto no significa que todo el edificio de la OMC vaya a tambalearse, cabe la posibilidad de que se critique la forma en que en Europa hemos aplicado nuestros compromisos de la Ronda de Uruguay. 
Asimismo, quiero hacer una advertencia: algunos Estados ven esto como una oportunidad para establecer una variedad de paneles. 
Sería otra manera de socavar el proceso de la OMC. 
Por lo tanto, tenemos que examinar toda esta cuestión muy detenidamente. 
Por último, tenemos que hacer llegar de forma más eficaz nuestra filosofía básica sobre la finalidad de las negociaciones de la OMC. 
El propósito de las negociaciones es que tiene que haber un punto medio en el que las diferentes partes puedan encontrarse. 
Esto no significa adoptar una posición extrema. 
Si no tenemos en cuenta este principio al prepararnos para las negociaciones, el riesgo de fracasar en el futuro seguirá siendo bastante elevado. 
Por esta razón, mi consejo- si no queremos aplazar indefinidamente las cosas, sino extraer conclusiones ahora- es que llevemos a cabo un análisis detallado y debatamos las cuestiones, y después alcancemos una decisión lo más consensuada posible sobre los próximos pasos a dar. 
Ello nos permitirá volver a poner las cosas en marcha, por así decirlo. 
-Tras este debate, he recibido dos propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del Artículo 37 del Reglamento 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración del Consejo sobre la revisión de las redes transeuropeas y el desarrollo sostenible. 
Señora Presidenta, tengo que comenzar informándoles de que lamentablemente mi colega, Sr. Lunardi, ministro responsable de este asunto, está retenido en Roma atendiendo compromisos gubernamentales importantes y, por lo tanto, no podrá tomar parte en este debate. 
En consecuencia, voy a hacer una breve declaración sobre algunas consideraciones relativas a este importante tema. 
En primer lugar, el Consejo confirma su compromiso con la estrategia de desarrollo sostenible establecida por el Consejo Europeo de Gotemburgo de 2001. 
A este respecto, nuestro objetivo es garantizar la sostenibilidad del transporte, abordar los volúmenes de tráfico y los niveles de congestión, ruido y contaminación crecientes y fomentar el uso de medios de transporte ecológicos. 
Asimismo, queremos conseguir la plena internacionalización de los costes sociales y medioambientales. 
Como ha subrayado el Consejo Europeo, una manera fundamental de conseguir este objetivo es desarrollar redes de transporte transeuropeas, dando prioridad, llegado el caso, a la inversión en infraestructura para el transporte público y los ferrocarriles, las vías navegables interiores, el transporte marítimo de corta distancia, las operaciones intermodales y la interconexión eficaz; dicho de otro modo, fomentar el desarrollo de medios de transporte de menor impacto medioambiental. 
Las directrices existentes sobre el desarrollo de las redes de transporte transeuropeas ya identifican, como uno de los objetivos de la red, garantizar la movilidad sostenible de personas y mercancías y, al mismo tiempo, contribuir a alcanzar objetivos comunitarios, en particular en materia de medio ambiente y de competencia. 
A este respecto, la incorporación de preocupaciones medioambientales en la fase de planificación y desarrollo de los proyectos se ha fijado como objetivo prioritario para el desarrollo de la red. 
En general, la Directiva del Consejo 85/337/EEC del 27 de junio de 1985 obliga a los Estados miembros a considerar la protección medioambiental durante el desarrollo y la aplicación de proyectos, y a llevar a cabo evaluaciones del impacto medioambiental. 
Además, hay que llevar a cabo una evaluación del impacto medioambiental de los planes y programas elaborados en la preparación de estos proyectos, en particular los financiados por la Comunidad, conforme a la Directiva 2001/42/EC del 27 de junio de 2001 relativa a la evaluación de los efectos de ciertos planes y programas en el medio ambiente. 
La verdadera libre circulación de mercancías y pasajeros depende de una red de transporte perfectamente integrada, que una las islas y las regiones remotas con las regiones centrales. 
Una red moderna, interconectada e interoperable conlleva un aumento del comercio y de la competitividad de la economía europea en su globalidad, porque se hace un uso más eficaz del transporte. 
Hasta que no se haya construido la infraestructura necesaria y hasta que no haya un marco legislativo adecuado para la gestión eficaz de la red, los conceptos de mercado interior y cohesión territorial de la Unión seguirán siendo incompletos. 
La inclusión de una sección dedicada a la política de las redes transeuropeas en el Tratado de Maastricht ha dotado a la Comunidad Europea de las competencias y los instrumentos necesarios para su desarrollo. 
De conformidad con el artículo 154 del Tratado que establece la Comunidad Europea, la Comunidad contribuirá a la creación y el desarrollo de redes transeuropeas en el ámbito de la infraestructura del transporte, las telecomunicaciones y la energía. 
Ello contribuirá tanto a la creación de un mercado interior como a la cohesión económica y social, si bien para ello necesitamos, en primer lugar, desarrollar la interconexión y la interoperabilidad de las redes nacionales. 
Durante la pasada década, hemos asistido no solo a un aumento preocupante de la congestión del tráfico en las zonas urbanas, sino también a un nuevo fenómeno de congestión de las principales arterias de la red transeuropea. 
Según la Comisión, los costes externos de la congestión causada por el tráfico representan el 0,5 % del PIB de la Unión Europea. 
Esta cifra es aún más alarmante si pensamos que la demanda de transporte continuará aumentando de forma considerable en el futuro. 
Si no tomamos medidas entre ahora y el 2010 para racionalizar el uso de cada medio de transporte y maximizar sus ventajas, solo el volumen de tráfico en la Unión de los15 Estados miembros podría aumentar en un 50% respecto al nivel de 1998. 
Esta tendencia está dañando tanto a los Estados miembros como a los países candidatos, ya que hemos asistido a la caída progresiva de la cuota de mercado de los ferrocarriles y, al mismo tiempo, al aumento de casi un 20% del transporte por carretera entre 1990 y 1998. 
En el nuevo contexto del desarrollo sostenible, el Consejo de Gotemburgo de junio de 2001 exigía que en el futuro se hiciera más hincapié en el desarrollo del transporte ferroviario, marítimo y fluvial. 
En mayo de 2004, 10 países se adherirán a la Unión Europea, mientras Rumanía y Bulgaria lo harán en 2007. 
En vista de ello, necesitamos una nueva infraestructura en los corredores que sirven a otros países para unirlos de manera eficaz a la red transeuropea de los 15 Estados miembros actuales. 
Asimismo, necesitamos mejorar los vínculos entre los propios países. 
Por lo tanto, tenemos que construir una nueva red de infraestructura que una el este con el oeste y el norte con el sur. 
No podemos olvidar que las conclusiones del Consejo relativas a la segunda revisión de la estrategia del Consejo sobre la integración de las exigencias medioambientales y el desarrollo sostenible de la política de transporte, aprobada por los Ministros de Transporte en diciembre de 2002, subrayaban la importancia de analizar las nuevas propuestas políticas desde el punto de vista de su impacto medioambiental y de la capacidad de la Comunidad para reducir el impacto medioambiental causado por el sector del transporte. 
Para apoyar esto, quiero señalar que, en el transcurso de la misma reunión de diciembre del año pasado, el Consejo aprobó el programa Marco Polo, destinado a financiar mejoras de los aspectos medioambientales del sistema de transporte de mercancías. 
El programa establece la financiación de iniciativas para transferir el transporte de mercancías por carretera a otros medios de transporte como el ferrocarril, las vías navegables interiores o la navegación marítima de corta distancia. 
Por tanto, el objetivo de la promoción del desarrollo sostenible mediante esfuerzos de reequilibrio de los medios de transporte a favor de los que respetan el medio ambiente será un criterio esencial para el Consejo, cuando en los próximos meses examine la propuesta de la Comisión relativa a la revisión de las directrices RTE y los proyectos prioritarios que contiene. 
Desde este punto de vista, el Consejo cree que las conclusiones del Grupo de Alto Nivel presidido por el ex Comisario, Sr. Van Miert, siguen el enfoque estratégico de desarrollo sostenible y equilibrado que respeta la protección medioambiental y, al mismo tiempo, procuran reforzar la unidad de Europa a través de la libre circulación de personas y mercancías, respetando la necesidad de reducir las barreras naturales y de mantener un equilibrio entre las rutas este-oeste y norte-sur. 
Considera que la inversión en infraestructura junto con iniciativas de asociación pública y privada adecuadas podría constituir un instrumento altamente eficaz de apoyo al crecimiento económico. 
Desde este punto de vista, es típica la situación de ciertos países que continúan afectados por el problema de los pases y cuyos sistemas de producción continúan sufriendo un daño económico considerable como resultado de ello. 
Por esta razón, tenemos que continuar instando a la Comisión a que resuelva estas cuestiones. 
El Consejo pide a la Comisión que presente su propuesta de revisión de las RTE a la mayor brevedad posible, para que pueda celebrarse un debate político amplio y pueda aprobarse una posición común. 
Señora Presidenta, cuando debatimos esta cuestión cualquiera puede darse cuenta de que en un nivel teórico no tenemos demasiados desacuerdos. 
Todos estamos de acuerdo en que hay que crear redes transeuropeas eficaces que unan la Europa oriental con la occidental y la Europa del norte con la del sur, todos estamos de acuerdo en que hay que abordar la cuestión de la congestión del tráfico, todos estamos de acuerdo en que hay que hacer hincapié en el medio ambiente y en los medios de transporte más ecológicos y todos estamos de acuerdo en que hay que hacer más hincapié en los ferrocarriles. 
El problema llega cuando comenzamos a abordar cuestiones específicas. 
Aquí es donde nos cuesta tomar decisiones. 
Por ejemplo, Ministro, hemos estado hablando de los ferrocarriles durante muchos años, pero el Consejo no se ha distinguido, al menos no en su conjunto, por su intención de liberalizar el transporte ferroviario. 
Porque, sin liberalización y sin interoperabilidad de la red es obvio que los ferrocarriles, que son el medio de transporte más respetuoso con el medio ambiente, nunca podrán conseguir el impulso necesario. 
Lo mismo puede decirse de las obras prioritarias. 
Celebramos el Consejo de Essen. 
Ustedes saben que se aprobaron 14 redes transeuropeas de máxima prioridad y, algunos años después, la mitad de ellas no han avanzado. 
En consecuencia, en numerosas ocasiones hacemos planes sobre el papel. 
Esto es aún más sorprendente si pensamos que algunas de estas obras se refieren a lo que estamos debatiendo ahora, es decir, al respeto del medio ambiente y a la necesidad de abordar la congestión del tráfico en ciertas zonas sensibles de nuestro continente. 
En consecuencia, necesitamos con urgencia que estas declaraciones y todos estos planes sobre el papel encuentren una respuesta en la realidad. 
Y aquí tenemos que examinar la cuestión de la financiación. 
Sin duda, dentro de algunos días la Comisión Europea vendrá a decirnos que propone un nuevo plan para reformar las directrices de la red transeuropea. 
Aprobaremos juntos una serie de obras prioritarias. 
Pero si no financiamos estas obras de manera eficaz, seguro que, cuando el volumen de transporte aumente, al cabo de poco tiempo las cosas serán mucho peores y toda la red europea estará aún más sobrecargada. 
De esta forma también socavamos el desarrollo. 
Por lo tanto, tenemos que ver de qué manera los Estados miembros pueden asumir sus responsabilidades, de qué forma el presupuesto de la Unión financiará las redes europeas de forma más sustancial y qué papel puede desempeñar el Banco Europeo de Inversiones en este sentido. 
Espero que la Presidencia italiana, que parece estar particularmente sensibilizada con esta cuestión específica, logre avanzar en esta dirección porque, créame Ministro, ya se han celebrado debates como éste en otras ocasiones en este Parlamento, pero los resultados no han sido particularmente impresionantes. 
Confío en que usted lleve a la Unión Europea por otro camino. 
Señora Presidenta, Señorías, por supuesto no tenemos que reinventar las redes transeuropeas, porque ya las tenemos. 
Eso sí, han perdido algo de ímpetu, si tenemos en cuenta quién ha estado trabajando en ellas y durante cuánto tiempo. 
Desde 1996 hasta hoy, las RTE han tenido sin duda sus altibajos. 
Al comienzo, o ya en el Consejo de Essen, se consideraban el remedio mágico para la Unión Europea y su desarrollo, hasta que llegó el momento en que nos dimos cuenta de que lo que esperábamos de ellas no era demasiado realista. 
No, creo que las RTE constituyen un instrumento muy importante para la Unión Europea, la cohesión económica, el mercado interior y una política de transporte moderna. 
El Libro Blanco de la Comisión lo volvió a dejar claro no hace mucho tiempo. 
Como europeos, necesitamos una política de transporte técnicamente actualizada- se mencionó GALILEO como un modelo potencial- y sostenible, es decir, que dé prioridad a los ferrocarriles y al transporte marítimo. 
Ahora tendríamos que haber avanzado un pequeño paso más si el Consejo también hubiera aceptado las propuestas de la Comisión, como ha hecho el Parlamento. 
En el año 2002, el Parlamento intentó hacer una pequeña revisión de las redes transeuropeas, a la que el Consejo todavía no nos ha respondido; por el contrario, el Grupo Van Miert ha continuado haciendo su trabajo. 
Así pues, no tenemos que reinventar la rueda. 
El Grupo Van Miert ha hecho su trabajo, implicando a máximos representantes de cada Estado miembro, y sus informes afirman que los Estados miembros están de acuerdo con lo que ellos han pensado y presentado. 
Por lo tanto, ahora le toca a la Comisión incorporar las sugerencias del Grupo Van Miert en una propuesta. 
Dicha propuesta se llevaría ante el Parlamento y el Consejo y, con buena voluntad por parte del Consejo, aplicaríamos de manera relativamente rápida lo que el Grupo Van Miert ha elaborado en términos de proyectos y, también, de instrumentos financieros. 
De hecho, no tengo muy claro por qué estamos debatiendo la cuestión de nuevo. 
Las propuestas y los planes están sobre la mesa. 
Sólo se trata de aplicarlos y mejorarlos. 
Por esta razón no deberíamos poner más presión sobre el tiempo de uso de la palabra disponible. 
Así pues, tenemos una propuesta de la Comisión, el Parlamento está haciendo su trabajo, dejemos que el Consejo- en lugar de posponer la cuestión, si le parece- aplique rápidamente la propuesta para que la revisión de las RTE pueda comenzar con rapidez. 
Señora Presidenta, Señorías, la revisión de las directrices de la red transeuropea, que datan de 1996, era sin duda necesaria, tanto para resolver los cada vez más complejos problemas de infraestructura como para prepararnos para la ampliación. 
El trabajo del Grupo Van Miert es ciertamente exhaustivo, pero no apoyo totalmente su enfoque estratégico, que favorece al norte de Europa en detrimento del sur y del Mediterráneo, una zona que representa una gran oportunidad- así como un importante desafío europeo-- en términos de cohesión económica, cultural y social de los pueblos y países con los que vamos a entablar un nuevo diálogo. 
En consecuencia, si Italia es un puente principal en el Mediterráneo entre el norte y el sur y entre el este y el oeste, no entiendo por qué se ha eliminado de la lista de prioridades tanto el corredor del Adriático como el del Mediterráneo, diseñados para satisfacer las exigencias de intermodalidad e interoperabilidad. 
Sólo queda el puente del Estrecho de Messina, que es un caso aparte. 
Por lo tanto, pedimos a la Comisión que los restituya en los proyectos prioritarios para el 2020, que se esfuerce en mejorar las relaciones entre los sectores público y privado y que aplique los controles. 
Señora Presidenta, queremos dar las gracias al Sr. Antonione por su presencia, pero cuando pedimos este debate queríamos hablar con el Sr. Lunardi y la Comisaria De Palacio: sin embargo, ninguno de ellos se encuentra hoy en la Cámara, y no creemos que se trate de una coincidencia, sino más bien de una clara señal política. 
El discurso de la Presidencia se ha centrado más en el funcionamiento del mercado interior que en la consecución de los objetivos de sostenibilidad, y lo mismo puede decirse de los discursos de los diputados: todos han hablado de transporte, nadie ha mencionado la sostenibilidad. 
Se dice que la revisión de las RTE contribuirá al desarrollo de una red eficaz en términos de calidad y sostenibilidad, pero esto no es necesariamente así y es necesario hacer elecciones políticas específicas. 
En el debate actual sobre la revisión de las RTE no se menciona la incorporación de las preocupaciones medioambientales, y no hay indicios de que se vaya a llevar a cabo una evaluación medioambiental preventiva. 
Hoy, nos enfrentamos al peligro de que la Comisión adelante al 1 de octubre la aprobación de lo que se conoce como la «lista Van Miert» , que establece los planes prioritarios de las RTE para los próximos 20 años. 
El propio Grupo Van Miert ha admitido que debería haber llevado a cabo una evaluación del impacto de los proyectos en el medio ambiente, la biodiversidad, los volúmenes, el transporte y el clima, pero no lo ha hecho. 
¿Quién sino la Comisión tiene que asumir esta responsabilidad? 
Si realmente la Comisión va a tomar sus decisiones antes del 1 de octubre, no tendrá tiempo para ello; solo tendrá tiempo de ratificar la lista Van Miert, que simplemente es el resultado de un regateo entre diferentes gobiernos. 
Creemos que, antes de que se apruebe la lista Van Miert, hay que llevar a cabo una evaluación adecuada del coste-beneficio de las redes transeuropeas propuestas en Essen; tenemos que fomentar un plan europeo de transporte que dé prioridad a la restauración de las líneas existentes, al refuerzo de las redes regionales y a la lucha por la descongestión del tráfico urbano; tenemos que consultar a los órganos y a las autoridades locales conforme al espíritu de la Convención de Aarhus y exponer los intereses de los promotores económicos que están detrás de las grandes infraestructuras. 
Aún queda mucho por decir, pero espero que tengamos otras oportunidades para hacerlo. 
Señora Presidenta, como ponente de las RTE quiero comenzar dando las gracias al Sr. Antonione por su presencia, así como a la Comisaria De Palacio por su trabajo en general sobre este conocido proyecto. 
En los pocos minutos de que dispongo, quiero decir que he sacado dos conclusiones de mi experiencia en el ámbito de las RTE. 
En primer lugar, podemos decir que nos enfrentamos a una quimera, algo que se decidió hace muchos años pero no se aplicó en aquel momento, quizá por falta de recursos o quizá también por falta de voluntad. 
En segundo lugar, se han iniciado una serie de debates en los Estados individuales sobre los diferentes recursos, sobre la legislación de referencia, sobre la cuestión de centrar el proyecto de las RTE en el transporte ferroviario o en los objetivos prioritarios; sin embargo, en última instancia aún hay que terminar 11 de los 14 famosos proyectos originales. 
Por otra parte, gracias al trabajo del Grupo de Alto Nivel Van Miert- y quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión por sus esfuerzos- estamos intentando revisar los objetivos de las RTE y, en particular, los recursos. 
Creo que todos los Estados desean se forma independiente que este proyecto sea importante en términos de expansión de sus economías, de creación de empleo, de creación de una verdadera red a través de las 15 naciones, que pronto serán 25. 
Por lo tanto, es importante destinar más fondos. 
Tenemos que intentar conseguir alrededor de un 30 ó 40% en fondos no reembolsables; nuestro objetivo no pueden ser solo 600 millones de euros anuales, sino entre 6 y 8 millardos de euros anuales durante los próximos diez años. 
Todos esperamos que esto sea posible y creo que, con ayuda de la Presidencia italiana en estos seis meses, podremos conseguirlo. 
Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Sr. Antonione por quedarse con nosotros hasta ahora. 
Tengo que decir que este debate no añade nada nuevo a lo que ya sabíamos porque, si bien es cierto que existe un problema general en lo que respecta al desarrollo sostenible, el hecho es que, en este período, nos encontramos en vísperas de la ampliación, una ampliación parcial, pero importante. 
Habrá 25 países en la Unión Europea y tenemos que prepararnos para lograr unas relaciones más estrechas entre los Estados miembros. 
Unas relaciones estrechas significan intensificar el tráfico y los intercambios culturales, económicos y comerciales, porque los intercambios implican la transferencia de conocimientos y riqueza, lo que permite a Europa abrir sus puertas a ampliaciones sucesivas; el objetivo último es alcanzar la unidad total de nuestro continente. 
Dicho esto, tengo que señalar que el debate de esta tarde está basado principalmente en el trabajo del Grupo Van Miert y, en particular, en las prioridades que se han establecido conforme a criterios que, en mi opinión, tienen que analizarse en profundidad. 
No puedo enumerarlas todas, así que me limitaré a mencionar los 10 grandes corredores transeuropeos planeados y al hecho de que estas infraestructuras se han evaluado, en primer lugar, con referencia a la Unión Europea actual, en lugar de la futura UE, en el sentido de que los países que ya son Miembros han ejercido mucha presión, mientras que los que están llamando a la puerta de la Unión Europea no tienen poder para negociar, con el resultado de que nos encontramos en una posición en la que tenemos que considerar sus necesidades. 
Un ejemplo que no menciono por casualidad: el corredor 8, uno de los dos corredores que conciernen a Italia. 
En la lista de prioridades se le ha dado casi el estatus menos urgente, mientras que se va a abrir un gran puente hacia los Balcanes, cuya población, a pesar de los efectos de la reciente guerra, ya está mostrando un índice de crecimiento acelerado y constituye un modelo para convertir en líderes del desarrollo a comunidades como las del sur de Italia, una zona habitada por 20 millones de ciudadanos que, precisamente a través de las relaciones con los Balcanes y con el Este, pueden desempeñar un papel en el seno de Europa. 
Señora Presidenta, a la espera de noticias que no hemos recibido, le ruego que transmita mis observaciones al menos en forma de recomendaciones y, quizás, de preocupaciones. 
Señora Presidenta, hoy estamos discutiendo las redes transeuropeas, y es una pena que lo estemos haciendo en ausencia de la Comisión y del Consejo. 
Cuando examinamos las cuestiones detenidamente, el hecho es que, según los cálculos, la Unión Europea está perdiendo medio punto porcentual por año en crecimiento económico porque, por ejemplo, la infraestructura no está suficientemente desarrollada y no funciona de forma eficaz. 
Si, además, conseguimos- y es probable- una mejora de entre el 25 y el 50% en nuestra calidad del aire, al menos en bastantes zonas, tendríamos que poner nuestras miras con mayor firmeza en el transporte combinado, es decir, en una combinación de ferrocarril, carretera y mar. 
Cuando la Unión Europea se ha fijado dos objetivos importantes- el primero en Lisboa, relativo a la competitividad de nuestro continente y, el segundo, que desde entonces no se ha aplicado suficientemente, en Gotemburgo, relativo a la sostenibilidad del desarrollo económico en nuestro continente- resulta extraño que ya existan muchas contradicciones en la política de transporte, en términos de muchas inversiones y tendencias muy diferentes y del hecho de que- si bien esperamos que ocurra pronto- hasta cierto punto, las carreteras aún no son solventes a la luz de la Directiva sobre Costes de Carretera. 
Espero que la Comisión examine pronto las propuestas de la comisión presidida por el Sr. Van Miert y presente a este Parlamento una propuesta práctica sobre la forma en que las redes transeuropeas tendrán que desarrollarse en el futuro. 
En primer lugar necesitamos una lista de prioridades y, en segundo lugar, por supuesto necesitamos financiación. El Sr. Goebbels y otros ya se han referido a ello. 
La financiación de créditos no será suficiente. 
Tampoco basta con organizar capital privado, lo cual además resulta muy difícil. 
En la práctica, si no se hace nada por aumentar la inversión pública, una asociación entre el sector privado y el público solo funciona en el caso de muy pocos proyectos- y el Comisario Kinnock ya ha presentado propuestas a este respecto y ha establecido su propio grupo de expertos. 
Creo que, en el caso de proyectos transfronterizos cuidadosamente seleccionados que sean prioritarios en términos de cohesión europea, habría que considerar la posibilidad de permitir exenciones específicas del déficit al estilo Maastricht. 
Las propuestas de la Presidencia en este tema han sido muy problemáticas porque se han redactado en términos demasiado generales, y creo que tenemos que redactarlas de forma más específica. 
Ahora tenemos que pedir a la Comisión y al Consejo que alcancen decisiones y que verdaderamente propongan un concepto de financiación realista. 
-Quiero decir que en este caso el Parlamento solo había pedido una declaración al Consejo, hecho que también se ha señalado en la agenda. 
Por lo tanto, no esperábamos que la Comisión estuviera presente. 
Señora Presidenta, Señorías, es cierto que debíamos celebrar un debate con el Consejo, pero, como muy bien sabemos, tenemos parte de culpa, pues nos hemos extendido en el asunto anterior. 
El hecho sigue siendo, y yo también estoy de acuerdo con los Diputados que han planteado esta cuestión, que es una pena no poder aprovechar al máximo esta oportunidad. 
No tiene mucho sentido celebrar el debate si la Comisión y el Consejo no están presentes, pero al menos que nos sirva para tratar la cuestión entre nosotros; en cualquier caso, quedamos muy pocos en la Cámara. 
Antes de entrar más a fondo en materia, quiero decir a la Sra. Frassoni que yo también quiero que la sostenibilidad sea el núcleo del proyecto y que debería, por decirlo de alguna manera, ser uno de los criterios para determinar lo que queremos hacer. 
No obstante, me preocupa mucho más la naturaleza insostenible de la situación actual. 
Tal y como ha dicho el Diputado socialista, el Sr. Goebbels, no sé si le ha oído usted, Señora Presidenta, en realidad nuestros ciudadanos en estos momentos ya están pagando un elevado precio en términos de calidad de vida y calidad ambiental, precisamente debido a la situación que vive nuestro continente de fallos, atascos de tráfico, sobrecargas de tráfico y la imposibilidad de que el tráfico sea más fluido. 
Dicho esto, sin embargo, también me parece que en esta coyuntura, como Parlamento, deberíamos lanzar una «Operación verdad» si no queremos que el informe Van Miert sea otra quimera o una serie de pequeñas prioridades, porque cuando empezamos a calificar de prioridad 10, 20 ó 25 proyectos que suponen, como todos sabemos, estos elevados costes, es muy probable que ninguno de los proyectos de nuestra lista vaya a recibir un trato prioritario. 
Estoy seguro de que el Parlamento es capaz de llevar a cabo esta «Operación verdad» empezando por hacer que las personas asuman su parte de responsabilidad y preguntándonos a nosotros mismos, si queremos una política de transporte europeo y si queremos una política de infraestructura a gran escala, qué precios estamos dispuestos a pagar por esta política y, en particular, qué estamos dispuestos a elegir. 
De lo contrario, seguiremos celebrando debates prácticamente estériles como este y, sobre todo, seguiremos elevando las expectativas de nuestros ciudadanos y también de algunos de nuestros líderes políticos, y sería y será más perjudicial no satisfacer estas expectativas que no ejecutar un proyecto. 
Por lo tanto, me parece que, mientras esperamos a que la Comisión y, sobre todo, el Consejo, nos explique qué posibilidades reales esconden las intenciones expresadas con tanta claridad por la Presidencia italiana al principio de su mandato, podemos empezar a dar forma a este desafío. 
Si vamos a hacerlo, pongámonos manos a la obra, pero debemos hacerlo adecuadamente y sentarnos alrededor de una mesa a pensar en lo que en estos momentos se puede conseguir. 
El debate queda cerrado. 
(La sesión, suspendida a las 19.40 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0284/2003) , en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización de los documentos del sector público [7946/1/2003- C5-0251/2003- 2002/0123 (COD) ] (Ponente: Sr. W.G. van Velzen). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, puedo decirles que hemos logrado una gran innovación. 
La primera lectura se hizo a las 23.33 el martes por la noche y ahora son las 21.02 del miércoles por la noche, así que hemos avanzado mucho. 
Que yo sepa, esta es la primera vez que un miércoles por la noche se ha hecho una segunda lectura y, por tanto, el jueves la votación. 
El uso de la información del sector público es evidentemente una cuestión muy importante. 
Hemos hablado muy a menudo de la reutilización de la información del sector público, diciendo «en Lisboa se acordó que la Unión Europea se convertiría en la sociedad? 'basada en los conocimientos más competitiva' del mundo». 
Los primeros ministros vuelven a casa con lágrimas en los ojos por haber dicho esto. 
Sin embargo, tan pronto volvemos a la realidad, sentimos una gran ira, porque lo que nos aguarda es una lucha sin fin. 
En la segunda lectura tuvimos que abordar una posición común del Consejo que contenía numerosos comentarios que, hay que decirlo, no tenían mucho que ver con los ambiciosos objetivos acordados en Lisboa. 
Por ejemplo: uno puede pensar que las subastas de frecuencias de tercera generación, por ejemplo el UMTS, han reportado tanto dinero a los Estados miembros que estos dirían: «ahora estamos preparados para poner a disposición del público gratis toda la información posible». 
La verdad es lo contrario. 
Los organismos del sector público simplemente quieren más dinero para utilizar la información del sector público. 
Mis colegas y yo hemos tenido que luchar muy duramente con el Consejo para dar un paso adelante en esta materia. 
Por lo tanto, estoy muy contento de que, de hecho, hayamos podido dar este paso. 
Sin embargo, hemos de aceptar el hecho de que la realidad es mucho más difícil de lo que nos gustaría. 
Naturalmente está la cuestión a la que siempre me refiero. 
Imagínese que es usted un empresario en una pequeña PYME de Italia. 
No lo es, pero imagíneselo. 
Imagine también que quiere usted información del sector público para reutilizarla. 
Piense usted en el escenario de una Unión Europea que pronto va a tener 25 Estados miembros, todos con sus propias listas de activos sin publicar. 
Entonces se encuentra usted con que tiene que utilizar un formulario rosa en un caso y uno verde en otro; en el idioma X en un caso y en el idioma Y en el otro, y como empresario de una pequeña PYME tiene que tener todo esto bajo control constantemente. 
Simplemente, no es posible. 
Por este motivo, a mí también me alegra mucho que por fin hayamos podido convencer al Consejo, también, de la necesidad de contar con una lista de activos que indique explícitamente qué información del sector público está disponible para ser reutilizada y, si puede hacerse en estos días de los objetivos de Lisboa, y a la que también pueda accederse a través de Internet. 
Hemos conseguido lograr esto en la segunda lectura, y me alegro mucho de ello. 
También hemos logrado reforzar notablemente los principios sobre costes planteados por el Consejo y dejar claro que en absoluto es siempre necesario reclamar el reembolso de los costes a los ciudadanos o empresas que quieran utilizar información del sector público. 
Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, cuando a los organismos les incumbe lo que ha privatizado el gobierno y tienen ellos mismos compromisos financieros, entonces no hay otra forma. 
No obstante, es preciso imponer límites expresos a este respecto. 
Este punto ha resultado ser muy difícil, incluso internamente. 
Lo hemos hablado mucho, y, en mi opinión, hemos obtenido un buen resultado. 
El Consejo no quiere utilizar la palabra «información» , solamente quiere hablar de «documento». 
Entonces he preguntado al Consejo si la europea es una sociedad de los documentos o una sociedad de la información. 
Por supuesto, todos han percibido el tono humorístico, y al final hemos alcanzado el compromiso de que podremos mantener la palabra «información» , incluso aunque en el texto de la Directiva se emplee «documento». 
Queríamos una situación donde la información sigue inmediatamente a la petición de solicitud. 
Entusiasmados, dijimos que se precisaban tres semanas. 
Entonces pasamos alrededor de una hora peleando con el Consejo en cuanto a si el plazo tope debería ser de tres semanas o de 20 días hábiles. 
Me convenció el hecho de que en algunos Estados miembros las semanas laborales tienen menos de cinco días. 
Algunos Estados miembros tienen muchos más días de vacaciones que otros. 
Al final lo cambiamos a 20 días hábiles: lo que podría suponer tres o cuatro semanas en un Estado miembro, y aproximadamente cinco semanas en otro, pero ahí está la multiplicidad de la Unión Europea. 
Por último, quiero dar las gracias a mis colegas, en particular por la confianza que han demostrado tener en mí. 
He podido contar con la gran ayuda de la Sra. Read y de la Sra. Plooij-van Gorsel en mis negociaciones en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Gracias a ellas y a la excelente cooperación con la Comisión Europea, lo hemos logrado y, en cualquier caso, podemos presentar un resultado que, a mi entender, cumple nuestras expectativas mínimas. 
En un plazo de tres años vamos a hacer una evaluación, y espero que el Consejo haya avanzado algo y que vayamos a tomarnos en serio los objetivos de Lisboa. 
Quisiera dar las gracias a todos por su confianza y por la ayuda que me han prestado. 
Señor Presidente, la disponibilidad de contenidos es uno de los factores esenciales para el desarrollo de nuevos servicios de la sociedad de la información, en concreto los servicios móviles de tercera generación y más allá. 
En la economía digital los contenidos abarcan todo tipo de información, texto, imágenes y sonidos que se pueden transmitir a través de las redes. 
Es el «agua» que fluye por las tuberías de Internet. 
El progreso de la banda ancha depende esencialmente de la disponibilidad de contenidos adecuados. 
La información del sector público es un recurso de contenidos crucial. 
La reúnen un gran número de organismos del sector público en el desempeño de sus tareas públicas. 
Son ejemplos de ello la información geográfica, la información jurídica y administrativa y la información turística. 
Esta información se puede reutilizar y preparar para prestar nuevos servicios de información. 
Un buen ejemplo de estos servicios es la reutilización de los mapas digitales para aplicaciones móviles. 
Ya tenemos algunos ejemplos en el mercado, pero con esta Directiva serán mucho más frecuentes. 
La Directiva creará seguridad jurídica para las empresas que quieran ofrecer productos de información (a escala europea) tomando como base la información del sector público. 
Estimulará la creación de nuevos servicios de información basados en información del sector público o que la incorporen. 
Los elementos esenciales para conseguirlo son transparencia, no discriminación y competencia leal. 
Me satisface el progreso conseguido desde que la Comisión presentó su propuesta de Directiva en junio de 2002, y cuento con una rápida aprobación y transposición de la Directiva. 
Me gustaría dar las gracias al ponente, el Sr. Van Velzen, por su interés en este tema y por el excelente trabajo que ha llevado a cabo. 
Las enmiendas propuestas a votación en el pleno son fruto de las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo. 
Si todas las enmiendas se aprueban tal como están, será posible ultimar la Directiva en segunda lectura. 
La Comisión puede aceptar todas las enmiendas. Estas enmiendas constituyen una mejora considerable del texto de la posición común. 
Señor Presidente, quiero agradecer a mi colega, al Sr. van Velzen, su encomiable trabajo y la energía que ha dedicado a negociar con los representantes del Consejo cuando se elaboraron las enmiendas de transacción. 
Además, para empezar también quiero dar las gracias a la Comisión y al Comisario Liikanen por su experiencia y contribución, que han posibilitado la existencia de esta Directiva. 
Apoyo las propuestas de compromiso alcanzadas por el ponente con el Consejo, porque de esta forma nos ahorraremos el farragoso y siempre arriesgado debate del Comité de Conciliación. 
El Parlamento Europeo quiere que los Estados miembros apliquen rápidamente esta Directiva, pues cuando lo hagan sus beneficios para el público y para las empresas serán irrefutables. 
El auténtico libre movimiento por Europa no será real hasta que sus ciudadanos y empresas sepan bien qué documentos están disponibles, dónde y a qué precio. 
La armonización también es necesaria en este ámbito. 
Las enmiendas de transacción adoptan una postura en materia de, entre otras cosas, la disponibilidad de documentos públicos, cuando sea posible por medios electrónicos. 
Estoy de acuerdo con el Sr. van Velzen de que sería mucho más lógico y real hablar de información pública en lugar de documentos. 
No todos los documentos se imprimen exclusivamente en papel. 
Hay varios formatos de edición electrónicos que son cada vez más comunes y más que nunca se guardan registros en formato electrónico. 
Es muy importante que el sector público establezca un buen ejemplo a medida que avanzamos hacia la sociedad de la información. 
Muchos documentos públicos consisten por excelencia en ese contenido inteligente y elocuente del que tanto se habla, especialmente en relación con los servicios inalámbricos. 
Los formularios deben estar disponibles en Internet. 
Por lo tanto, los usuarios irán a por diferentes solicitudes, 3G, 4G o 5G, cuando el contenido sea significativo. 
A mí al menos ya no me entusiasma meramente pedir divertidas imágenes para mi teléfono celular. 
Otra cuestión controvertida ha sido cuánto pueden cobrar los organismos públicos por sus servicios o si realmente pueden pedir dinero. 
Desde el principio he promovido la política de que los documentos públicos sean de uso universal y pertenezcan a todos. 
Los organismos y las instituciones pagadas con los impuestos están obligados a hacer el trabajo para el que fueron creados, que es prestar un servicio a sus dueños y a quienes les financian, los contribuyentes. 
Sin embargo, en cuanto a los servicios básicos, materiales y datos, las organizaciones especialistas deben poder recuperar el coste que suponen y establecer un cobro razonable. 
La cuestión de si deberían o no cobrarse incluye un nuevo aspecto cuando hablamos de los servicios personalizados para clientes particulares o, en este caso, ciudadanos de a pie. 
Existen servicios que normalmente suelen cobrarse, y por ellos el sector público también debe poder pedir un precio. 
Un servicio personalizado podría incluir el trabajo de diseño y preparación para producir un mapa, por ejemplo, quizá para una competición de orientación de coches, como ha mencionado el Comisario. 
Recopilar datos básicos de la forma en que quiere un cliente particular, la recopilación de estadísticas, por ejemplo, es un servicio personalizado. 
En tal caso lo únicamente razonable es que el organismo oficial que va a hacer el trabajo especializado cobre por los servicios prestados de acuerdo con la legislación de la economía del mercado normal. 
Es preciso que se pueda mantener los conocimientos técnicos de organizaciones especializadas, realizar el trabajo de desarrollo y desarrollar nueva tecnología con los ingresos obtenidos a través de los impuestos o con estos servicios cobrables, las tareas personalizadas. 
En muchos Estados miembros, varios tipos de conocimientos especializados están ahora en manos de instituciones públicas, por motivos históricos o culturales, por ejemplo. 
Una última palabra: esta área nos llevará a la aplicación de la estrategia de Lisboa. 
Nadie sabe en qué año será eso, pero es un pequeño paso en esa dirección. 
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al ponente, el Sr. Van Velzen, que ha trabajado con ahínco y con su habitual minuciosidad para permitirnos llegar a este compromiso. 
En concreto quiero llamar la atención sobre ciertos puntos incluidos en el compromiso y algunas cosas que, con bastante razón, ya no están incluidas. 
En primer lugar, llamo la atención sobre las necesidades especiales de los servicios comerciales, en concreto del Reino Unido, como el Servicio de Meteorología, el Servicio Oficial de Topografía y Cartografía y el Servicio Geológico Británico que, si no estuvieran protegidos por la capacidad de conseguir un rendimiento razonable por sus inversiones, habrían visto peligrar tanto su labor como sus propios puestos de trabajo. 
En segundo lugar, el método de cálculo del coste forma parte de los criterios. 
Esto es importante para todas las personas y organizaciones que, espero, harán uso de la posibilidad de reutilizar los documentos del sector público. 
Es cierto que las bibliotecas, los museos, las universidades y demás archivos, que hubieran quedado incluidos en la propuesta original, ahora están excluidos de la Directiva. 
Cuando nos dimos cuenta de la gran desventaja que tendrían, estuvimos todos de acuerdo en que dicha propuesta no debía incluirse. 
Cuando asumí el cargo de ponente alternativo de este informe, lo hice con poco conocimiento de lo interesante que sería y de que, muy pronto, quedaría demostrado que la reutilización de los documentos del sector público es un motor económico importante. 
Podemos ver la escasa reutilización que hay en la actualidad, cómo se puede ampliar y lo importante que llegará a ser, como ha dicho el orador precedente, en las conclusiones de Lisboa. 
Quiero llamar la atención también sobre otra cosa, y es la revisión de esta Directiva, en la que espero que este Parlamento se implicará en el futuro. 
Una de las cosas que con razón preocupan a muchos de nosotros es hasta qué punto esta Directiva fomentará la reutilización a escala internacional. 
Si en nuestro período de revisión, cuando la Comisión la lleve a cabo, descubrimos que no ha habido reutilización transfronteriza, o que ha sido muy limitada, es posible que debamos replantear algunos de los elementos de esta propuesta concreta. 
Por lo demás, apoyo la labor del Sr. Van Velzen y el compromiso por el que mi Grupo votará a favor con mucho gusto. 
Esperamos ver en el futuro cómo los frutos de este trabajo aportan un beneficio inmediato- beneficios a largo plazo, beneficios para el empleo y beneficios comerciales- a los ciudadanos de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, yo también, por supuesto, deseo elogiar a mi colega el Sr. van Velzen, por su diligencia como ponente. 
Ha extraído lo mejor de la situación. 
Todos los ciudadanos de Europa tienen derecho a acceder a la información recopilada y almacenada por parte del sector público. 
De hecho, la transparencia por parte del sector publico es algo bueno para la democracia, y la democracia es gratis en Europa. 
Además, la información del sector público tiene un potencial económico significativo. 
La Directiva debería propiciar un comercio activo con la información del sector público en la Unión Europea, como en Estados Unidos. 
Existe un enorme potencial sin explorar, que podría crear un elevado número de puestos de trabajo si se explotara comercialmente, en particular a través de las PYME: pequeñas y medianas empresas. 
Creo que el sector público puede desempeñar aquí la función principal de impulsar un nuevo mercado. 
La Comisión ha presentado una propuesta ambiciosa; pero es evidente que en algunos Estados miembros ha despertado muy poco interés. 
La han moderado tanto que ahora nos preguntamos si el mercado único de la información del sector público funcionará a largo plazo, por no hablar de a corto plazo. 
Ha quedado claro que los Estados miembros no están preparados para que la información del sector público pueda obtenerse gratis, a pesar de hacer muchos aspavientos sobre la eEuropa y la sociedad de la información para todos. 
Tenemos que ir más allá. 
Para que la información sea accesible en general, no hace falta decir que los costes marginales de reproducción y distribución pueden hacerse repercutir. 
Sin embargo, ahora se pueden aumentar los costes con un margen de beneficio «razonable». 
Lo cual es poco deseable, pues da a las autoridades posibilidades ilimitadas de obtener un beneficio: después de todo, ¿quién decide lo que es «razonable»? 
La propuesta de nuevo habla de documentos del sector público en lugar de información del sector público. 
Esto significa que no hay garantía de que la definición también incluya la información reproducida por medios electrónicos. 
Así, los organismos del sector público están tentados a limitar la accesibilidad a los documentos impresos. 
El acceso directo a la información del sector público, preferentemente a través de Internet, reduce la distancia entre las autoridades europeas y los ciudadanos. 
Por lo tanto, habría que animar al sector público a poner todos los documentos posibles a disposición de los ciudadanos en formato electrónico. 
Esta es una condición previa crucial para la creación de la eEuropa: una sociedad de la información para todos. 
Señor Presidente, Sr. Comisario, Señorías, en primer lugar y a estas horas de la noche, quiero agradecer en particular a mi colega el Sr. van Velzen el trabajo que ha hecho como ponente. 
Tal y como esperábamos de él, por muchas otras tareas similares que ha desempeñado, también en la segunda lectura ha estado muy comprometido y ha intentado con éxito que se aprobara su informe. 
Hasta literalmente el último minuto ha estado ajustando los compromisos en colaboración con el Consejo. 
Al igual que la mayoría de esta Asamblea y de mi grupo político, algo de lo que estoy segura, comparto la opinión de que la información pública debería en general ser accesible en interés de todos los afectados. 
Con la aprobación de la presente Directiva vamos a dar un paso sólido y razonable en esta dirección. 
Las autoridades de los Estados miembros cuentan con enormes cantidades de información disponible, acumulada durante largos períodos de tiempo. 
Las personas y las empresas deberían beneficiarse de esta riqueza informativa. 
El acceso general a la información pública puede impulsar notablemente el crecimiento, la competitividad y el empleo en la Unión Europea. 
Con la ayuda de los documentos del sector público, en el campo de la TI se pueden crear nuevos servicios y beneficios. 
En cualquier caso, me parece que esta Directiva permite un acceso muy limitado a los documentos recopilados por las administraciones. 
Por lo tanto, las autoridades también disponen del tiempo necesario para adaptarse a las nuevas condiciones. 
El Consejo y el Parlamento han tenido en cuenta las reservas correspondientes de la primera lectura. 
A este respecto no nos olvidemos de que sigue habiendo diferencias en las tradiciones nacionales de la administración y que estas han de tenerse en cuenta. 
En los casos en que los Estados miembros permiten la publicación de documentos del sector público, la Directiva establece directrices uniformes con una base paneuropea. 
Solamente quiero detenerme en unos pocos campos que cabría destacar en particular. 
Campos sensibles específicos como la investigación, las artes y los documentos que contienen secretos comerciales quedan acertadamente excluidos del alcance de la Directiva. 
Estas reglas de exención garantizan que la Directiva no infringirá los derechos de terceros. 
Cuando los fondos son escasos, en mi opinión, las autoridades también deberían, sin duda alguna, poder reclamar tasas por permitir el acceso a la información, así como un margen de beneficio apropiado. 
No nos olvidemos de que muchas autoridades se autofinancian en parte. 
Además, la tarea de, por ejemplo, recopilar, actualizar y ocuparse de datos de última hora también cuesta dinero. 
Pero es importante mantener un equilibrio apropiado. 
Los costes, por supuesto, no deben suponer barreras excesivas a la reutilización de los documentos, y creo que la Directiva también lo deja claro. 
Para el éxito de la Directiva es muy importante la preparación de listas centrales, que proporcionen a las personas y a las empresas resúmenes rápidos de los documentos disponibles. 
Naturalmente, aquí es donde entra, sobre todo, el uso de Internet. 
Si una autoridad concreta deja de permitir el acceso a los documentos o ya no los actualiza, debería publicar lo antes posible su decisión de no hacerlo. 
Esto supondría para los afectados un mayor margen de seguridad con respecto a la planificación. 
Hay que celebrar el uso transfronterizo de los documentos públicos por el que tanto se ha luchado. 
Sin embargo, no pasemos por alto las barreras lingüísticas existentes que dificultan tanto este uso. 
Creo que sería totalmente contraproducente imponer a largo plazo obligaciones de traducción a los Estados miembros. 
Protejámonos de tendencias de este tipo. 
Por último, he de decir que esta Directiva constituye un enfoque apropiado y bien equilibrado que tiene en cuenta los intereses de las personas y de las empresas, sin ignorar las tradiciones nacionales de administración. 
Por lo tanto, votemos mañana a favor de aceptar esta Directiva. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Sr. van Velzen ha vuelto a demostrar que trabaja con habilidad. 
Lo hace con tanta facilidad e inteligencia que los resultados se desbordan. 
Por ello le quiero dar las gracias. 
Existen muchos tipos de información y la información pública es uno de ellos. 
Está claro que los datos administrativos han de ser gratis para el público y deben poderse obtener en un lugar o portal. 
En cuanto al mundo empresarial, evidentemente pagará para que pueda renovarse cuando se crea la información, obteniendo así un margen de beneficio. 
Este es un ámbito importante. 
Se calcula que la información del sector público vale alrededor de 70 millardos de euros al año y que la industria de la información emplea en torno a cuatro millones de personas en la Unión Europea. Eso es mucho. 
Este mercado vale más de 400 millardos de euros. 
Incluso el valor de la industria de la comunicación móvil va a aumentar próximamente para rondar los 20 millones de euros en cuanto a su contenido se refiere, y se trata de un contenido a una escala muy pequeña. 
Los conocimientos y la información son los factores más importantes en una democracia y una economía. 
El hecho de que estemos saturados de información nos separa de los menos ricos. 
Es un factor de seguridad y un instrumento de guerra. 
La «pobreza informativa» afecta a las mismas personas que la pobreza social. 
¿No ayudaría la posibilidad de un poco de caridad? 
Después de todo, la información no disminuye cuando se distribuye a otros, sin importar cuánta se comparta. 
También quiero preguntar al Comisario si este no podría ser un nuevo elemento de nuestro programa de asistencia al desarrollo: compartir información y conocimientos, porque nunca tendremos menos incluso aunque los compartamos con otros. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0269/2003) , en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa plurianual (2003-2005) para el seguimiento del Plan de acción eEuropa 2005, la difusión de las buenas prácticas y la mejora de la seguridad de las redes y la información (MODINIS) [7948/1/2003- C5-0252/2003- 2002/0187 (COD) ] (Ponente: Sra. Imelda Mary Read). 
. (EN) Señor Presidente, no voy a necesitar cinco minutos, pero esto no quita importancia a este informe, sino más bien al contrario. 
El programa MODINIS pretende crear una base jurídica para la continuación de las actividades de seguimiento del plan eEurope de 2003 a 2005 y para la difusión de las mejores prácticas. 
También permite iniciar los preparativos para el desarrollo de una política europea en el ámbito de la seguridad de la red y de la información. 
Para indicar el tipo de acciones que se van a financiar a fin de alcanzar los objetivos establecidos en el programa, abarca cosas como la recogida de datos, un grupo revisado de indicadores comparativos, estudios para identificar buenas prácticas en Europa, seminarios y estudios, en concreto de cara al ajuste del sector al cambio estructural generado por las tecnologías digitales y la transformación de la sociedad. 
Una actividad interesante con un valor especial es el apoyo al Foro de la Sociedad de Información, formado por expertos basados en la web que estudian los retos que plantea el desarrollo de la sociedad de información y, por supuesto, el programa normal de conferencias, seminarios y talleres. 
Hay muchas más. 
La pregunta para nuestra segunda lectura es: ¿Cómo se va a financiar esto? 
Porque las fechas son cruciales. 
El trabajo va a abarcar el período de 2003 a 2005, y el año 2003 ya está muy avanzado. 
La propuesta original del Parlamento Europeo para este presupuesto era de 25 millones de euros y el dilema con que me enfrentaba era cómo llegar a una especie de compromiso que no se retrasara tanto como para impedir que el dinero llegara a los destinos necesarios. 
Después de algunas discusiones tanto con la Comisión como con el Consejo, he propuesto un compromiso de 21 millones de euros, recordando que esta cifra deberá ajustarse en caso de ampliación. 
Es una buena base para un compromiso, y creo que los colegas de todos los partidos de esta Cámara apoyarán la dotación presupuestaria del mismo. 
Cuando lo hagamos, permitiremos que el programa MODINIS, que se centra con gran detenimiento y rigor en objetivos asequibles, nos ayude a llegar a las metas de Lisboa. 
Apoyo tanto las enmiendas como el informe. 
Señor Presidente, como ha dicho la Sra. Read, el programa MODINIS desempeña un papel central en la puesta en práctica del Plan de Acción eEurope 2005. 
Las políticas de la sociedad de la información de la UE tienen tres pilares. 
El primer pilar es el marco regulador. 
Este Parlamento ha contribuido a la adopción de este marco regulador que entró en vigor el pasado verano. 
El objetivo de este marco es crear un mercado competitivo para que las diversas plataformas tecnológicas compitan y se complementen entre ellas en Europa, ofreciendo servicios de alta calidad a un precio asequible para todo el mundo. 
Este es el primer pilar. 
El segundo pilar es el programa IST- el programa de Tecnología de la Sociedad de la Información -, cuya labor es garantizar que en Europa dispongamos de tecnologías y aplicaciones avanzadas. 
Este segundo pilar es de máxima importancia. 
El tercer pilar es el que vincula a los dos anteriores. 
Es el Plan de Acción eEurope 2005 con el que intentamos difundir las mejores prácticas en toda Europa. 
Este año se han realizado esfuerzos muy satisfactorios, especialmente en el ámbito de la administración en línea y la salud en línea, con dos conferencias ministeriales en las que participaron diputados al Parlamento Europeo. 
Nuestros Estados miembros y regiones están dejando de centrarse únicamente en la tecnología pura y buscan soluciones, viendo cómo la tecnología puede facilitar unos servicios públicos de más calidad, más productivos y más personalizados. 
MODINIS es el instrumento financiero para controlar, comparar y difundir estas mejores prácticas. 
Será importante valorar si las iniciativas nacionales o europeas que tengan lugar en el marco del Plan de Acción eEurope producen los resultados previstos. 
El papel de MODINIS será también financiar acciones preparatorias en el ámbito de la seguridad en la red, como las acciones para mejorar la concienciación de los Estados miembros y el análisis de riesgos de seguridad. 
Las tres instituciones estamos trabajando en el reglamento propuesto que establece una Agencia Europea de Seguridad de la Red y la Información, y tendremos la oportunidad de volver a tratar este tema en uno de los próximos periodos parciales de sesiones. 
De nuevo, quiero dar las gracias a la ponente, la Sra. Read, y a Parlamento Europeo por su apoyo en este tema, como se ilustra en la enmienda presupuestaria a la propuesta. 
Puedo confirmar que la Comisión puede aceptar la enmienda. 
En consecuencia, todo el proceso legislativo se podría acelerar facilitando un acuerdo en segunda lectura. 
Así se permitiría una rápida puesta en práctica del programa MODINIS. 
Espero que prosiga la cooperación en la ejecución de este programa, como ha ocurrido en el pasado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0298/2003) del Sr. Michael Cashman, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001 en el año 2002) [2003/2022 (INI) ]. 
. (EN) Señor Presidente, aunque no sea habitual, quiero empezar dando las gracias a las instituciones y a quienes trabajan en las mismas. 
Se ha puesto algo de moda atacar el proyecto de la Unión Europea y sus instituciones. 
Sin embargo, quiero rendir un sincero homenaje a quienes trabajan en las instituciones y han convertido en realidad los registros y el acceso a los documentos. 
Hoy he leído una carta de una ONG en la que se decía que estaba cansada de felicitar a las instituciones. 
Y esto me desconcierta totalmente. 
Necesitamos felicitar cuando el trabajo es bueno, y fomentar las buenas prácticas para que se extiendan a todos los departamentos, direcciones generales e instituciones. 
Antes de hacer algunos comentarios pertinentes sobre el informe, quiero rendir homenaje a mi colega, la Sra. Maij-Weggen, que este mes abandonará esta Cámara. 
He trabajado muy de cerca con ella en este informe desde el principio, cuando estuvimos ocupados con la elaboración del Reglamento (CE) 1049/2001, y sin su aportación no tendríamos ahora este importante Reglamento. 
Permítanme que empiece con algunos elementos de mi informe. 
No tengo intención de agotar mis cinco minutos. 
Como ponente, es importante escuchar. ¡Y no pocas veces se acusa a los políticos de no hacerlo! 
Quiero plantear dos temas que conviene destacar. 
Necesitamos información más abundante y más sucinta sobre cómo nuestros ciudadanos pueden acceder a este derecho a la información contenida en los documentos. 
Necesitamos una codificación común entre las instituciones para que el proceso de acceso a la información sea más sencillo. 
Al menos en cuanto a la Comisión, que tiene varios registros, yo pediría también que se estableciera un registro único, aunque se trate de una puerta única para acceder a los demás registros. 
Y todavía tenemos que reforzar la noción de que nos estamos haciendo accesibles a los ciudadanos, que quizás no conocen este derecho o no saben cómo utilizarlo. 
También quiero hablar sobre el caso de las exenciones. 
Quiero resaltar que no hay excepciones generales en el acceso a los documentos. 
Todas las peticiones deben considerarse caso por caso. 
Ha habido algunas críticas sobre la negación general a permitir el acceso a los dictámenes jurídicos. 
Cuando caen dentro del proceso legislativo no debería negarse el acceso y, de nuevo, todas las peticiones deben estudiarse caso por caso. 
Las comisiones del Parlamento Europeo- incluso las comisiones no legislativas- deben aplicar el principio de transparencia, y en la actualidad el nivel de transparencia no es uniforme entre las diversas comisiones. 
Existen varios documentos delicados que no se han registrado en las instituciones. 
Y esto debe revisarse. 
Agradezco la opinión y las recomendaciones de la Sra. Maij-Weggen y, en concreto, su punto de vista de que el Defensor del Pueblo europeo debería evaluar el reglamento: cómo funciona y cómo se aplican las exenciones. 
Necesitamos que se aplique una metodología común en cada una de las instituciones y organismos; no olvidemos que los organismos y las organizaciones creadas por las instituciones deben aplicar el reglamento. 
Deberían utilizar un planteamiento común al valorar sus informes anuales, de modo que la comparación fuera más fructífera y productiva. 
Todo lo que he dicho puede implicar que queda mucho por hacer. 
Por supuesto que sí, porque en la Unión Europea aspiramos a poder desafiar a nuestros críticos, a demostrar que están equivocados, a conectar con nuestros ciudadanos y demostrar que podemos estar orgullosos del proyecto de la Unión Europea y celebrarlo. 
No lo hemos hecho bien. 
Tristemente, la perfección suele eludir los esfuerzos humanos, tanto de los políticos como de las demás personas. 
Pero nuestro compromiso para intentarlo está en ese Reglamento (CE) 1049/2001 y en el espíritu de aquellas personas que han trabajado para convertir el acceso en realidad. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por el excelente informe de mi colega el Sr. Cashman y también por el comentario positivo de la Comisaria de Palacio. 
En los últimos años el Sr. Cashman y yo hemos trabajado juntos y mucho en torno a la apertura. 
Esta cooperación siempre ha sido muy positiva, muy constructiva y productiva, y de esa forma también se inicia una buena amistad. 
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha hecho una serie de comentarios sobre la primera evaluación del Consejo, la Comisión y el Parlamento en relación con la ejecución del Reglamento en su primer año. 
Hemos observado que el número de peticiones de acceso a documentos denegadas por el Consejo y la Comisión sigue siendo demasiado elevado como para considerarlo aceptable. 
De hecho, nos gustaría que el Defensor del Pueblo Europeo hiciera para 2004 otra evaluación de la situación, para poder valorar si se puede hacer más mejoras en relación con el artículo 4, por ejemplo, a fin de lograr un acceso a los documentos aún mayor, especialmente en el Consejo. 
Un aspecto importante relativo al Consejo es que hace diferencias entre documentos de los Estados miembros que actúan, por un lado, en calidad de miembros del Consejo y, por el otro, como Estados miembros individuales. 
Esto da lugar a un tratamiento desigual, con notables restricciones en relación con los documentos de los Estados miembros que apenas cuentan con legislación sobre apertura. 
En opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la solución más apropiada es pedir a los Estados miembros que adopten también un gobierno abierto; la Comisión tendría que presentar una directiva sobre esta cuestión. 
Esto es lo que pedimos a la Comisión: estudiar si puede presentar una directiva que garantice que en todos los Estados miembros existe el mismo gobierno abierto. 
Sería positivo para los ciudadanos de los Estados miembros, y también para los ciudadanos que apelan a documentos de la UE, porque significaría que disfrutan del mismo acceso independientemente de que lo hayan solicitado desde Suecia, Grecia o Portugal. 
Esta ha sido mi última intervención aquí en el Parlamento: Quiero dar las gracias a la Sra. De Palacio, así como a la Presidencia por sus amables palabras expresadas al principio de la sesión. 
-Si me permite, señora Maij-Weggen, quiero, con los Diputados, agradecerle el trabajo que ha realizado en el Parlamento Europeo en los últimos años. 
. (DE) Señor Presidente, mi colega el Sr. Cashman ha visto de nuevo sometida a prueba su fama de buen jugador de ajedrez, y sus estrategia de ser perfectamente amable puede ser, de hecho, la llave del éxito. 
Personalmente, me inclino más por la tendencia del «periodista agresivo» y, en mi vida profesional he descubierto que solo se llega a algún sitio yendo directamente al grano y apretando los tornillos. 
En cuanto a su contenido, las diferentes cuestiones ya las ha explicado la Sra. Maij-Weggen, que una vez más se ha detenido mucho en los detalles, esta vez porque ha dado una lista completa de la información que tiene sobre quién deniega el acceso a los documentos- demasiada poca información por su parte en cuanto a «quién» -, dónde y cuándo ha ocurrido, y quién solicita el acceso. 
Como hoy en la Asamblea casi nos sentimos que estamos de celebración, sobre todo por la marcha de la Sra. Maij-Weggen, también hemos reflexionado muy constructivamente cuando decimos: por favor, sedñora Comisaria- y esto va más para el Consejo- no piense que se debe a una falta de interés el hecho de que tan pocos periodistas intenten acceder a los documentos. 
Los periodistas han llegado a pensar que encontrar la documentación que necesitan puede ser como buscar una aguja en un pajar. 
De acuerdo con el periódico Frankfurter Allgemeine de ayer, «Para el público no hay nada más emocionante que aquello que supuestamente no está». 
Con lo cual, la información llega al dominio publico por otras rutas, y se convierte, a veces justificablemente y a veces sin ninguna justificación, en objeto de escándalo. 
¿No sería una idea, que podría usted tener en cuenta hoy, tomarse la molestia de visitar amazon.de o amazon.com? 
Gracias a su método de trabajo, aunque tengas poca o ninguna información, quizá solo una pista en relación con el título de un libro o el nombre del autor, llegas a la página relevante e inmediatamente puedes leer: «Los clientes que compraron este libro también compraron?» 
Con amazon puedes seguir haciendo y acumulando compras, por lo que puede suponerse que, en el caso de la Comisión Europea, sería posible seguir la pista de los documentos en uso. 
Están verdaderamente bien administrados, hasta el punto de que no están al alcance de niños y jóvenes y, si se quiere, tienen un futuro garantizado. 
Por ello, creo que un portal normalizado similar a amazon- que funcione en parte, pero no exclusivamente, por ordenador y que salude a las personas con las palabras «Hola, te encuentras en nuestras oficinas de Bruselas. 
¿Cómo podemos ayudarte? » realmente ayudaría, porque permitiría lograr mucho de lo que hablamos constantemente en esta Asamblea. 
El debate en curso recuerda, en muchos aspectos, a las novedades que rodearon a la Ley de Libertad de Información de finales de los sesenta o principios de los setenta. 
Personalmente sigo siendo partidario del principio de que en realidad basta con tener una idea de que hay algo y que no es preciso hacer un estudio específico. 
Esto todavía está por cumplirse, y sobre ello versará la revisión del próximo año. 
Con todas las buenas intenciones que hemos escuchado hoy, solo podemos ser optimistas en cuanto a su cumplimiento. 
Señor Presidente, yo también deseo elogiar, en particular, a mi colega el Sr. Cashman, así como hacerme eco de su homenaje a la Sra. Maij-Weggen. 
Cada vez más documentos llegan al dominio público. 
Sin embargo, la pregunta es si los ciudadanos pueden encontrarlos. 
No basta con garantizar su acceso. 
La accesibilidad también tiene mucho que ver con una clara estructuración de los datos. 
En este sentido, el Sr. Cashman ha pedido códigos comunitarios y un registro. 
Pienso que es una buena idea. 
La accesibilidad de los datos es un medio extraordinario para poner fin a la imagen negativa que se tiene de la Unión Europea de lejana y burocrática. 
Además, la apertura y la accesibilidad de los datos son aspectos básicos de la democratización. 
Esta mañana hemos votado sobre el informe McCarthy. 
Es un ejemplo de extraordinaria participación de los ciudadanos en la legislación. 
Los ciudadanos han de poder familiarizarse con la fase inicial de la legislación para poder influir en ella. 
El ordenador es un medio increíblemente eficaz de implicar a los ciudadanos de esta forma. 
Un apunte personal: he estado ausente del Parlamento durante tres años y he podido recuperar una gran cantidad de datos por ordenador. 
Sin embargo, también con frecuencia me he quedado encallada en la marisma de enlaces y me he ido con las manos vacías. 
Me parece que debe hacerse mucho más a este respecto. 
El ordenador también representa un método de trabajo más ecológico y con él se ahorra papel. 
Por lo tanto, Comisaria, creo que debemos ponernos a trabajar concretamente para crear programas informáticos fáciles de manejar. 
Este aspecto puede mejorarse, en mi opinión. 
Sin embargo, es una verdadera pena que el Consejo Europeo no esté presente. 
A nuestra puerta llegan innumerables quejas, especialmente relacionadas con la justicia y los asuntos de exterior. 
Tampoco la falta de claridad en torno a qué Estado miembro hace qué concuerda con la apertura, o con la nueva Constitución, lo que hace extensivas las obligaciones a todas las instituciones y organismos. 
Me parece que la propuesta relativa a esta cuestión fue una de las últimas de una serie de buenas propuestas de la Sra. Maij-Weggen y con gran placer la apoyaré. 
Señor Presidente, yo también quiero empezar felicitando al ponente, el Sr. Cashman y a su coponente, la Sra. Maij-Weggen, por su diligente trabajo para mejorar considerablemente este reglamento, aumentar la transparencia y facilitar a las personas el acceso a los documentos de las instituciones. 
El resultado de la revisión llevada a cabo en 2001 es alentador. 
Es evidente que se ha avanzado y se tiende a una actitud más abierta que esperemos contribuya a que la gente haga un mejor uso de sus derechos. 
Sin embargo, el informe del Sr. Cashman demuestra claramente que aún queda mucho por hacer y que todavía existen graves deficiencias. 
Una de estas graves deficiencias es que la creación de sistemas electrónicos adopta la forma de más de un sistema en lugar de un sistema uniforme. 
Agradezco que la Comisaria de Palacio lo haya subrayado, además de la necesidad de un contar con sistema electrónico de manipulación de casos uniforme y coordinado, con el que poder supervisar los casos a lo largo de todo el proceso. 
De lo contrario, será imposible que la gente se familiarice con este proceso. 
Sin embargo, parece que el Consejo interpreta coherentemente con demasiada restricción el artículo 4 del Reglamento, es decir, con respecto a la seguridad general. 
En este sentido hay que hacer algo lo antes posible. 
En la enmienda 2 hemos propuesto cambiar el apartado 4 para que esto sea realmente posible. 
El apartado 16, que versa sobre la armonización de la legislación en torno a la publicidad de la gestión en las administraciones de los Estados miembros, me preocupa un poco. 
No creo que de esta forma vayamos a obtener una mayor apertura y un mayor acceso a los documentos. 
En su lugar, propongo que voten ustedes a favor de la enmienda 3 del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Sr. Cashman tanto por su excelente informe, como por haber conseguido traer al pleno con un apoyo casi unánime un informe extremadamente importante que contiene disposiciones esenciales. 
En mi opinión, además del déficit democrático que todos condenamos, este debate revela la existencia de una discrepancia entre lo que es posible lograr y lo que es necesario. 
Estoy totalmente de acuerdo con la primera parte del discurso del Sr. Oreja Arburúa, pero después parece que da un paso hacia atrás en relación con la necesidad de que los debates de comisión también sean públicos, debates que son más debates propiamente dichos que los debates de la Cámara y que, con toda seguridad, son más un ejercicio político. 
La transparencia y el acceso a los documentos no son solamente un eslogan; equivalen, en primer lugar, al control democrático por parte de los ciudadanos. 
Si examinamos las posibilidades de control democrático del trabajo de las instituciones, vemos que son muy limitadas. 
En el contexto de las grandes políticas- justicia, interior, política exterior, defensa -, el Parlamento Europeo es generalmente un órgano meramente consultivo. 
Los parlamentos nacionales son informados, el Tribunal de Justicia tiene competencias limitadas y, por último, naturalmente, los ciudadanos se benefician del acceso directo a los documentos. 
Por ejemplo, tal y como se ha indicado, no hay justificación ninguna para prohibir que se divulgue qué Estado miembro ha presentado una propuesta particular en el Consejo o qué ha votado. 
Lo consideramos una grave violación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. 
A los ciudadanos, como a nosotros los diputados de parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo, se nos niega el derecho a saber lo que están haciendo sus gobiernos y a expresar una opinión. 
Así, se está impidiendo que la democracia funcione como debiera. 
Además, el propio Defensor del Pueblo Europeo fue quien señaló, en uno de sus informes especiales para el Parlamento, que no tiene sentido mantener en secreto las opiniones jurídicas si no se asemejan a comunicaciones entre abogados y clientes. 
No alcanzo a entender por qué los servicios jurídicos de las instituciones tienen tanto miedo a dar este paso hacia una mayor transparencia y por qué, además, lo ocultan los políticos. 
Otro aspecto positivo del informe es la crítica dirigida a la Comisión por haber dado el visto bueno a la denegación de los Estados miembros a permitir a los ciudadanos que accedan a su correspondencia con la Comisión en el contexto de procedimientos de infracción, mientras que a nuestro parecer el mismo reglamento facilita a la Comisión un instrumento para adoptar decisiones importantes que se está negando a utilizar. 
Nuestro temor reside en que, de esta forma, la Comisión está tapando los delitos de los Estados miembros y, al hacerlo, actúa de forma ilícita. 
Creo que, por ejemplo, en relación con lo que ocurrió con las peticiones de acceso a la correspondencia de España y Portugal relativa a los procedimientos de infracción que la Comisión quiso incoar contra estos países por violar una directiva de fiscalización- dado que la Iglesia Católica está exenta de pagar el IVA -, nada justifica que el público no conozca los motivos por los que los dos países convencieron a la Comisión de archivar el caso a pesar de que se había producido una clara infracción. 
Debemos examinar los casos prácticos para ver lo que es necesario, no solo lo que es posible, en este intento por reconciliar las auténticas necesidades y por subsanar el déficit democrático. 
Señor Presidente, es cierto que ha habido deficiencias, bastantes, en materia de transparencia. 
Sin embargo, ahora puede observarse que las tres instituciones han experimentado una pequeña revolución en relación con la apertura y el acceso público a los documentos. 
Si tomamos 2001 como punto de partida, que es cuando iniciamos una cultura bastante cerrada, observamos que el Parlamento distribuye el 90% de todos los documentos solicitados y la Comisión y el Consejo el 60% y el 70%, respectivamente. 
No obstante, todavía puede hacerse una reflexión sobre este asunto, a saber, el principio básico de que la apertura es la norma y la confidencialidad la excepción. 
Todos lo sabemos, pero quizá la organización no lo haya transmitido bien del todo al público Estoy convencida de que ocurrirá, pero es nuestro deber dar cierto impulso al proceso. 
Es preciso analizar más unas pocas cuestiones que en estos momentos son claves. 
Me alegro enormemente de que el Sr. Cashman adopte una posición inteligente, que también ha apoyado la Sra. Schörling y que comparto. 
Quiero darle las gracias. 
Versa sobre la armonización de la legislación de los Estados miembros. 
No creo que nadie de esta Asamblea realmente quiera contribuir a que haya un menor escrutinio público. 
Por lo tanto, me parece que hay que examinar con detenimiento esta cuestión antes de que se adopten posiciones. 
Es preciso tratar ciertos campos. 
Uno de ellos, que hemos tratado durante mucho tiempo, es la delicada cuestión de las declaraciones de los servicios jurídicos de las instituciones. 
A este respecto estamos esperando una decisión del tribunal. 
Espero que pronto se pueda acceder a ciertos campos y que la clasificación sistemática de documentos no sea estrictamente secreta. 
Un primer paso quizá sea establecer un plazo límite que se impondrá parcialmente a la confidencialidad. 
Es preciso definir ciertas expresiones con mayor claridad para que no se malinterpreten, por ejemplo conceptos como el interés general primordial y cuestiones que son delicadas desde el punto de vista del proceso legislativo. 
Sin embargo, la apertura y el acceso a los documentos están lejos de ser simplemente una cuestión de conceder a la gente derechos formales. 
Tan importante es que las instituciones y sus documentos lleguen a ser realmente accesibles. 
Al fin ahora existe en Europa un evidente y creciente interés sobre cuestiones de la Unión Europea. 
Está despuntando un debate en aumento, pero las instituciones parece que todavía no han conseguido del todo hacer un buen uso de este mayor interés. 
Espero que tengamos más éxito y logremos orientar las instituciones a la gente. 
En este sentido, la legislación sobre apertura está allanando el camino. 
En la última reunión del comité interinstitucional, hablamos de la posibilidad de elaborar material que demuestre el satisfactorio trabajo realizado y las oportunidades de que dispone el público. 
La Unión Europea y sus instituciones a veces están muy lejos de las personas. 
Para que la gente pudiera beneficiarse de los reglamentos sobre apertura, no deberían requerirse experiencia de informática avanzada y conocimientos especializados de cómo funcionan las instituciones. 
A este respecto, aún queda mucho por hacer. 
Tal y como han subrayado muchos oradores a lo largo del debate, solo se precisan registros de fácil manejo. 
Es necesario contar con formas sencillas de hacer un seguimiento del proceso legislativo. 
Hay abundantes páginas y portales informáticos y otras formas diferentes de obtener información, pero los requisitos son objetivo preciso, consolidación, facilidad de manejo, lenguaje sencillo y, por supuesto, un procedimiento simplificado para encontrar material. 
No tiene que ser demasiado difícil. 
Cambiar la cultura institucional de la Unión Europea lleva su tiempo, pero en poco tiempo hemos conseguido mucho. 
Me siento orgullosa de que el Parlamento Europeo sea la institución que marca el paso en cuanto a las cuestiones de apertura se refiere. 
En este sentido deseo especialmente dirigirme al Sr. Cashman y darle las gracias no solo por su informe, sino también por la considerable cantidad de trabajo que ha hecho durante varios años y la amistad a que ha dado lugar todo este trabajo. 
Quiero expresarle mi más sincero agradecimiento a la Sra. Maij-Weggen ahora que está a punto de acabar y decirle que ha sido un verdadero placer trabajar con ella, que he aprendido mucho y he adquirido muchos conocimientos. 
También he aprendido mucho sobre flexibilidad de la Sra. Maij-Weggen, una importante característica de la cooperación europea. 
También hemos desarrollado una amistad. 
Quiero concluir deseándole con franqueza que tenga éxito en su próximo trabajo. 
Señor Presidente, nada podría ser más oportuno que lo que está ocurriendo aquí esta noche. 
Unas pocas salas más allá, diputados al Parlamento Europeo, compañeros nuestros, están leyendo informes sobre lo que ha sucedido con Eurostat, pero han sido silenciados. 
Como eurófilo declarado me duele cada vez que topo con esta cultura de secretismo. 
¿Por qué tantas personas de las instituciones de la Unión Europea siguen creyendo que es aceptable desempeñar actividades públicas sin un escrutinio público total y exhaustivo? 
Una exhortación a la Comisión: no permitan ustedes que el escándalo de Eurostat mancille el buen trabajo que han realizado durante los años históricos de reunificación de Europa. 
Quiero agradecer al Sr. Cashman su informe y el excelente trabajo que ha hecho para abrir la Unión Europea y sus instituciones. 
Quiero comentar unas pocas cosas brevemente. 
Es cierto que hay muchas cosas que evidentemente han mejorado, pero no son suficientes. 
No estamos aquí para felicitarnos unos a otros. 
Las normas sobre transparencia deberían aplicarse a todas las instituciones, incluyendo, por ejemplo, al BCE y a Eurostat. 
Es preocupante que el Consejo haya empezado a descubrir que sus propios métodos de clasificar documentos son estrictamente secretos. 
Se precisan registros más simples y exhaustivos. 
La Comisión debería tener un registro, no varios. 
Es preciso registrar todos los documentos, algo que no ocurre en el presente. 
Ha aumentado el número de denegaciones de peticiones de documentos. 
Este camino no es el correcto y este no es el espíritu apropiado. 
La apertura ha de ser la norma en lugar de la excepción. 
Es importante establecer la cultura de la apertura antes de la ampliación. 
Con esto en mente, hay que instruir al personal de las instituciones de la Unión Europea en el reglamento y convencerles de las ventajas de la apertura. 
Por último, el informe debería arrojar más luz sobre las deficiencias del Parlamento. 
También en esta institución hemos de mejorar. 
Gracias, señor Cashman, rotundamente la apertura es la mejor defensa de la democracia. 
-Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
-De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre el informe (A5-0292/2003) del Sr. Lisi, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en las pinturas decorativas y los productos de renovación del acabado de vehículos, por la que se modifica la Directiva 1991/13/CE [COM (2002) 750- C5-0632/2002- 2002/0301 (COD) ]. 
Señor Presidente, este verano hemos alcanzado temperaturas récord en toda Europa. 
También se han registrado concentraciones de ozono muy elevadas en toda Europa y, por desgracia, ambos fenómenos están vinculados. 
El ozono a nivel del suelo, o bruma fotoquímica, como también se denomina, es el resultado de tres componentes: los COV (compuestos orgánicos volátiles) , NOx (óxido de nitrógeno) y la radiación solar. 
El ozono es un gas agresivo que ataca nuestro sistema respiratorio y daña las plantas, incluso en concentraciones relativamente bajas. 
Los Estados miembros se han comprometido a conseguir reducciones significativas en las emisiones de COV en 2010 para cumplir el denominado umbral nacional de emisiones. 
Como han pedido los Estados miembros, esta propuesta de Directiva apunta a un grupo de productos que contribuyen significativamente a las emisiones totales de COV en Europa, principalmente pinturas y barnices para edificios y productos para la renovación del acabado de vehículos. 
Se considera que limitar el contenido de disolventes en estos productos es la única forma practicable de ayudar a reducir las emisiones de COV y, por lo tanto, la contaminación atmosférica debida a esta importante fuente. 
Para que sea más fácil de comprender, también quiero destacar lo que esta propuesta no pretende. 
El objetivo no es establecer o armonizar medidas para la protección de la salud de los trabajadores ni la salud humana en general. 
Aunque, por supuesto, las medidas que se tomen a escala nacional o comunitaria con este fin obviamente deben respetar los requisitos generales del Tratado, está claro que caen fuera del ámbito de esta propuesta y, por lo tanto, la misma no las restringe ni las modifica. 
Esta propuesta tiene un objetivo más simple y más amplio que es mejorar la calidad del aire que respiramos reduciendo las emisiones de COV, lo que a su vez reducirá la formación de ozono. 
Debemos actuar ahora si queremos que la radiación solar del verano y el buen tiempo resulten un placer y no una fuente de contaminación del aire y una amenaza para la salud humana y el medio ambiente. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, tal y como ha dicho la Comisaria, esta propuesta que tenemos ante nosotros se refiere a la reducción de los disolventes orgánicos en pinturas y forma parte de una estrategia ambiental más amplia, a saber, el intento de cumplir los umbrales de emisión nacionales, en este caso los umbrales de emisión de COV. 
Por lo tanto, la propuesta puede considerarse una de las medidas necesarias para la mejora mundial de la calidad del aire que respiramos, y no podemos negar a esta medida todo nuestro apoyo. 
Precisamente porque creemos firmemente en este objetivo que, tal y como ha señalado la Comisaria, llamó trágicamente nuestra atención este verano, sabemos que redunda en nuestro interés y en el de futuras generaciones garantizar una protección ambiental eficaz. 
Por estos motivos, desde el inicio del proceso legislativo he seguido una línea muy sencilla en este informe: la consecución del objetivo de esta Directiva está estrechamente vinculada a la garantía de la calidad del los productos que cubre la Directiva, en otras palabras, las pinturas. 
La lógica, de hecho, es muy sencilla. 
Existe un umbral por debajo del cual es inevitable que la calidad de los productos disponibles en el mercado caiga, y si la calidad- sin olvidar que, más a menudo que otra cosa, se trata de pinturas que se utilizan como películas protectoras, en particular contra agentes atmosféricos- cae por debajo de un umbral aceptable, el efecto será el opuesto al que deseamos. 
De hecho, a medio y largo plazo aumentarían las aplicaciones de pintura necesarias y, por lo tanto, aumentarían las emisiones. 
Por consiguiente, he intentado llegar a un equilibrio entre lo que es técnicamente posible, sin alejarse por debajo demasiado de un nivel aceptable de calidad, y lo que debe hacerse, justamente por los motivos mencionados. 
Ahora examinaré brevemente las cuestiones esenciales de la Directiva. 
En lo que se refiere al objetivo de la Directiva como tal, los Diputados han tenido diferentes reacciones, en particular en relación con la salud de los trabajadores y ciertas leyes nacionales de protección de los trabajadores. 
Justamente esta noche la Comisión ha explicado que el objetivo de la Directiva es proteger el medio ambiente y hacerlo sin perjudicar o sin que afecte a las medidas existentes adoptadas en el ámbito comunitario o nacional para proteger la salud de los trabajadores, tal y como, además, se indica en el considerando 14. 
A tal efecto, algunos de los Diputados han vuelto a presentar enmiendas en la sesión plenaria, pero, después de los comentarios de la Comisión, reitero que hemos de rechazar esta propuesta de ampliación y votar en contra de las enmiendas, en particular las enmiendas 2, 10, 16, 49, 54, 80 y 82. 
No obstante, apoyo la enmienda 84, que nos ayuda a definir y especificar la finalidad de la Directiva con mayor claridad. 
Asimismo, está el asunto del etiquetado. 
Personalmente, defiendo la propuesta de la Comisión de confiar los requisitos de etiquetado para los productos en cuestión a un comité, sobre todo porque, en vista de los múltiples esfuerzos por parte de la industria de facilitar a los consumidores información clara, el comité puede beneficiarse de examinar las buenas prácticas existentes. 
No me parece apropiado establecer más requisitos, y por este motivo pido a la Asamblea que vote en contra de la enmienda 20. 
Con respecto a lo que se conoce como la lógica de sustitución, expuesta en la enmienda 23, no creo que sea aplicable en este contexto, porque las empresas y el sistema industrial que estamos abordando precisan hechos y certezas, que facilitamos en esta Directiva, precisamente para poder invertir en investigación y desarrollar las fórmulas necesarias para conseguir los objetivos. 
Así, existen numerosas enmiendas relativas a los umbrales, en otras palabras, los porcentajes propuestos por la Comisión y modificados por el Parlamento en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
No me detendré en todos ellos. 
Son propuestas que nos conducen por debajo del umbral aceptable que acabo de mencionar y, por lo tanto, deben ser rechazadas. 
Por último, quiero mencionar otras cuestiones relativas a derogaciones menores para vehículos y edificios históricos, monumentos y similares, que la Comisión ha aceptado y que invito a la Asamblea a aprobar, así como unas pocas enmiendas relativas a la definición de disolventes y sus puntos de ebullición, que tengo entendido van a tratarse también en el debate de esta noche. 
Quiero finalizar agradeciendo a todos mis colegas sus valiosas contribuciones en comisión. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, quiero dar las gracias a mi colega el Sr. Lisi por el informe que ha presentado sobre la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles en pinturas, barnices y productos de renovación del acabado de vehículos. 
Su informe complementa acertadamente la propuesta de la Comisión en muchos ámbitos, especialmente cuando se trata de las delicadas interconexiones entre economía, ecología, protección del consumidor y seguridad en el lugar de trabajo. 
Los compuestos orgánicos volátiles (COV) , en este caso los hidrocarburos, desempeñan un papel considerable en la formación del ozono del nivel del suelo. 
Las emisiones también se forman a partir de componentes de productos que contienen disolventes. 
En muchos Estados miembros, en los últimos años han aumentado notablemente los problemas de salud relacionados con el ozono del nivel del suelo y el smog. 
En el caso de grupos de población sensibles, la contaminación por ozono puede producir irritación de ojos, dolor de garganta y problemas respiratorios. 
En el medio ambiente hay que tener en cuenta los efectos sobre la fotosíntesis. 
Apoyo la iniciativa de la Comisión de introducir medidas de ámbito comunitario para reducir las emisiones de COV. 
Me parece que el enfoque asociado al producto que se ha elegido aquí es básicamente razonable. 
También hay que celebrar el hecho de que el 70% de las pinturas decorativas tienen una base de agua. 
Asimismo, respaldo la ampliación de la Directiva, acordada por una significativa mayoría de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, para incluir sustancias peligrosas además de compuestos orgánicos volátiles presentes en pinturas, barnices y productos de renovación de acabado de vehículos. 
Este enfoque combinaría medidas necesarias en una única Directiva e impediría gastos burocráticos innecesarios. 
Sin embargo, si se incorporan sustancias peligrosas a la Directiva, también han de poderse aplicar real y sosteniblemente las normas mínimas requeridas, es decir, los valores mínimo y máximo. 
Entonces, de lo que hablamos es de protección óptima ambiental y del consumidor sin poner en peligro, en el proceso, la competitividad de nuestra industria de la pintura, ni del comercio de la pintura que está estrechamente ligado a la anterior. 
Dicho esto, los puestos de trabajo también se verían amenazados por el intento, que va más allá de la propuesta de la Comisión, de sustituir las sustancias peligrosas, en su totalidad o en gran medida, para 2010 y a escala europea. 
Se trata de una amenaza contra toda la industria de la pintura, y sobre todo contra las pequeñas y medianas empresas, así como un gran revés para nuestro espacio económico europeo. 
Sin embargo, con vistas a proteger la salud de los usuarios y consumidores, los disolventes orgánicos volátiles no deberían sustituirse por sustancias que son peligrosas para la salud. 
En cualquier caso, es preciso prevenir daños en la salud de los consumidores causados por nuevos ingredientes problemáticos como alérgenos, así como daños internos de larga duración por culpa de componentes altamente volátiles de pinturas decorativas. 
La protección del medio ambiente y del consumidor tienen la máxima prioridad. 
Es necesario que la calidad y la adecuación de los productos para su uso no sufran en el proceso. 
Si se pusiera realmente en práctica el principio de sustitución rápida y completa, tendríamos que aceptar algunas pérdidas básicas de calidad, especialmente en los casos de pinturas y barnices. 
Personalmente, no espero de mí ni de nadie en la Unión Europea que acepte que el barniz de la puerta de una casa privada se descascarille pronto y tan rápidamente como las pinturas de la pared de la fachada de una casa. 
Necesitamos reducir los disolventes y las sustancias peligrosas de pinturas y barnices, pero necesitamos un plan que pueda llevarse a la práctica. 
Es técnicamente imposible reducir la proporción de disolventes orgánicos volátiles a menos de 300 gramos por litro para 2007 y más para 2010, pero es técnicamente posible y razonable reducir la proporción de estas sustancias a 400 gramos por litro para 2007 y a un valor máximo permisible de 300 gramos por litro para 2010. 
Al mismo tiempo, los valores máximos razonables han de aplicarse para limitar los efectos secundarios causados por la inhalación de pinturas y barnices por parte de comerciantes y personal de mantenimiento. 
La finalidad de la Directiva debe ser aplicar medidas prácticas a fin de, a medio plazo, reducir la proporción de disolventes de pintura y barniz en emisiones a escala europea. 
Comisario, Señorías, en primer lugar, quiero decir unas palabras de agradecimiento al ponente por su trabajo en la Directiva sobre pinturas. 
Es una Directiva ambiental importante. 
Los disolventes son una de las principales causas de la formación del ozono, lo que tiene graves consecuencias, sobre todo para la salud pública: las enfermedades y los problemas respiratorios pueden atribuirse a emisiones de compuestos orgánicos volátiles. 
También perjudica a la vegetación y a los cultivos agrícolas. 
Hacemos bien en imponer límites a los disolventes y, en lo que concierne a mi grupo, estos límites podrían ajustarse aún más. 
El estudio realizado por la Comisión revela que el beneficio ambiental podría aumentarse más imponiendo valores límite más ambiciosos. 
Por este motivo, nuestro grupo defiende reducir los valores límite de acuerdo con el estudio llevado a cabo por la Comisión. 
En absoluto estamos de acuerdo con la opinión del ponente y de la oradora anterior de que reducir los disolventes supondría una menor calidad. 
La experiencia en una serie de países ha demostrado que Europa puede seguir teniendo colores hermosos y de calidad incluso con menos disolventes. 
Precisamente por la imposición de límites, la industria de la pintura ha sufrido un período de intensa innovación, cuyo final todavía está muy lejos. 
Estoy convencida de que la innovación también constituye la base del empleo. 
Sin embargo, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos también tiene una objeción de principio. 
La Directiva sobre pinturas no dice ni una palabra de la «enfermedad de los pintores» : como si nadie trabajara con pintura; como si no hubiera pintores que empuñan una brocha día sí, día no. 
La enfermedad de los pintores es un trastorno del sistema nervioso. 
La exposición a los disolventes puede acarrear graves consecuencias como pérdida de memoria, pérdida de concentración y demencia prematura. 
Algunos países han adoptado medidas para proteger a los pintores de esta enfermedad permitiendo los disolventes y promoviendo el uso razonable de la pintura. 
Ningún Estado miembro debería verse privado de esta posibilidad, ni ahora ni en el futuro. 
La Directiva sobre pintura es una Directiva de armonización y sin duda alguna será buena para la industria, que quisiera tener normas claras e inequívocas en el mercado interior. 
Sin embargo, la armonización no debe hacerse a costa de los logros sociales. 
Con esta Directiva los Estados miembros que desean aplicar sus políticas nacionales ya no serán capaces de hacerlo, lo que es totalmente inaceptable para mi grupo. 
Por lo tanto, hemos presentado propuestas para subsanar este error. 
Voy a decirlo muy claro: si el mercado interior implica que los sindicatos están privados del derecho y de la oportunidad de defender mejores condiciones de trabajo, entonces mi grupo dirá «no». 
He de decir que me sorprende bastante que tengamos que hablar de todo esto aquí. 
Durante años la Unión Europea ha venido defendiendo el desarrollo sostenible. 
El punto de partida para el desarrollo sostenible es reconciliar entre sí los aspectos económicos, ambientales y sociales. 
Desde Johanesburgo todo el mundo está de acuerdo con la necesidad del desarrollo sostenible y con la necesidad de expresarlo en forma de política tangible. 
Por desgracia, en este caso, la primera- y la mejor- oportunidad de aunar objetivos económicos, sociales y el medio ambiente, los objetivos sociales no reciben el reconocimiento que merecen. 
Por consiguiente, insto al ponente a examinar de nuevo las diferentes enmiendas que fortalecen los aspectos sociales de la Directiva, y a apoyarlas. 
La capa de barniz social es verdaderamente demasiado delgada como para ofrecer una auténtica protección. 
Habría que poner mucho más énfasis en las condiciones de trabajo. 
Señor Presidente, a pesar de lo que comentaba esta mañana la Sra. Comisaria sobre su vista, he decidido adelantarme en este auditorio tan amplio para poder verla al menos en el debate de esta tarde. 
Hace dos años aprobamos la Directiva sobre límites nacionales de emisión y la Directiva sobre el ozono en el aire ambiente, de las que fui ponente. 
La primera, en concreto, establecía unos objetivos ambiciosos y jurídicamente vinculantes para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. 
Ante nosotros tenemos ahora una medida que exige que la industria de la pintura introduzca cambios en sus métodos de producción que ayudarán a asegurar que se cumplan estos objetivos, al menos en relación con la reducción de los compuestos orgánicos volátiles, uno de los precursores de la contaminación por ozono. 
En mi opinión- y estoy de acuerdo con la Comisaria- es claramente una medida que debería tratar sobre todo el tema de la contaminación del aire en vez de los problemas de salud asociados con quienes utilizan las pinturas. 
Los diputados al Parlamento Europeo se han visto sometidos a grandes presiones por parte de la industria que, en su mayoría, espera unas restricciones menos estrictas en el uso de COV que las que se proponen, y por los ecologistas porque argumentan exactamente lo contrario. 
Me complace que en la comisión se realizaran 110 votaciones y que los demócratas liberales estuvieran en el bando ganador en 103 de ellas, estableciendo el equilibrio entre los dos puntos de vista alternativos. 
Al considerar las enmiendas contradictorias, yo como simple político he puesto mi confianza en los expertos de la Comisión en calidad atmosférica. 
He recibido críticas de diputados supuestamente más verdes por ello, y por no ser suficientemente ambicioso al apoyar los límites objetivo propuestos en el anexo. 
He trabajado con los expertos de la Comisión en calidad atmosférica sobre el tema del ozono y puedo asegurar a esta Cámara que no los encontré poco ambiciosos, más bien lo contrario. 
Después de pensarlo, he decidido no apoyar las enmiendas para elevar a 280 °C el punto de ebullición definitorio de los COV, y quedarme con las normas de la ecoetiqueta. 
Sin embargo, si la Comisión puede proponer una modificación o una derogación que permita la continuación del programa de etiquetado de B& Q en Gran Bretaña, bastante bueno, agradecería algunas propuestas en este sentido. 
Finalmente, algunos de estos ecologistas de las ONG que en realidad pedían la abolición completa de las pinturas basadas en disolventes hace tan solo un par de años, deberían pasar algún tiempo trabajando en la industria y volver con una perspectiva más equilibrada, Ecológicamente hablando, quiero que avancemos más rápido, pero soy consciente de que los lemmings pueden correr mucho y no quiero que la industria europea tenga que emularlos. 
Señor Presidente, los compuestos orgánicos volátiles en los disolventes, que contaminan el ozono, son expulsados por los coches en especial, pero también son liberados cuando se pintan productos de carpintería en el exterior de las casas. 
La Comisión Europea hace bien en proponer una revisión de la Directiva existente, que pretende restringir esta contaminación ambiental. 
Una de sus características sorprendentes es que los plazos para alcanzar los niveles son muy amplios. 
En este caso parece que los argumentos económicos, en particular, han sido decisivos. 
Durante la preparación de esta Directiva revisada quedó claro que existe un conflicto de intereses. 
El movimiento sindical, especialmente la Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera, tiene experiencia en relación con el síndrome psicosomático orgánico de la «enfermedad de los pintores» , causado por el ataque de los disolventes al sistema nervioso central. 
Por ejemplo, en los Países Bajos, un país pequeño, si bien el uso de compuestos orgánicos volátiles ha sido estrictamente restringido por ley desde el 1 de enero de 2002, unos pocos miles de trabajadores siguen sufriendo esta grave enfermedad contraída en el pasado. 
Si allí no aparecen nuevas víctimas, será gracias a los valores límite bajos que fijaron el nivel en un máximo de 100 gramos de disolvente por litro de pintura para una larga serie de productos, y a la sustitución obligatoria por productos alternativos. 
Se teme que los reglamentos armonizados de ámbito comunitario, que no son tan estrictos como los vigentes en los Países Bajos, contribuyan a un renovado aumento del número de víctimas en los Países Bajos. 
¿Qué nos impide establecer en todos los países de la Unión Europea una protección tan buena como la del Estado miembro donde se aplican las medidas más ambiciosas, de forma que los que trabajan con pintura puedan gozar de buena salud en todas partes? 
Los países que aún no han adoptado estas medidas de protección de la salud, y en particular la industria que produce materias primas químicas y la industria de la pintura, se oponen a ajustar de esta forma los reglamentos. 
Los intereses principales de la industria son la armonización y la estabilidad. 
Las multinacionales quieren verse libres de la obligación de adoptar medidas separadas para cada uno de los Estados miembros. 
En su opinión, las normas existentes no se controlan ni se cumplen como debieran, y esgrimen este argumento para rechazar normas más estrictas. 
Además, quieren que los niveles que deben cumplirse se establezcan para largo plazo y no que estén constantemente ajustándose. 
En su opinión, el uso de sustancias agresivas beneficiaría realmente al medio ambiente, ya que reducen la frecuencia con que es necesario volver a pintar. 
También mencionan la confirmación dada por la Comisión Europea y sus funcionarios de que esta Directiva solamente se centraría en las emisiones al medio ambiente y no a la protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores. 
Después de haber contribuido a la consideración de la comisión, a mí también me preocupan dos cuestiones en el pleno. 
Primero, me preocupa la retención de medidas nacionales de protección de los trabajadores cuando los niveles de la Unión Europea no son tan estrictos, y, en segundo lugar, la mejora de los niveles de la Unión Europea que ahora se proponen. 
En una serie de enmiendas propongo que se sigan al menos los niveles del estudio Decopaint. 
Este estudio se realizó a instancias de la Comisión Europea, pero, por desgracia, después no se incorporó a las propuestas. 
Ahora hay tiempo para corregir este error. 
Además, no deberíamos esperar hasta 2010 para reducir los valores límite, sino hacerlo lo antes posible. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, deseo empezar agradeciendo a la Comisión su propuesta de Directiva relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debido al uso de disolventes orgánicos en pinturas y barnices. 
Es una propuesta muy sólida que comportará una notable mejora en lo que a estas emisiones se refiere. 
Acabamos de escuchar a la Comisaria Wallström exponer la necesidad de mejorar la calidad del aire. 
Un aire mejor también significa un medio ambiente mejor, que a su vez significa mejor salud. 
Por tanto, a este respecto la salud automáticamente desempeña un papel en este sentido. 
Quiero dar las gracias al Sr. Lisi por el trabajo preliminar realizado. 
También doy las gracias a mis colegas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
En la comisión celebramos una votación muy positiva, que mejoró la propuesta de Directiva. 
Por ejemplo, me alego de que aprobáramos una enmienda para que las pinturas y los barnices no contengan sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o sustancias tóxicas para la reproducción. 
En su forma actual, se han presentado 84 enmiendas a la Cámara, y yo misma me hago responsable de algunas de ellas. 
Conjuntamente con el Sr. Meijer del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, he presentado, por ejemplo, las enmiendas de 62 a 77, que se centran en los valores límite. 
Nos parece que la Comisión ha fijado un nivel demasiado bajo cuando se trata de conseguir estos objetivos de reducción. 
De acuerdo con el informe Decopaint, al que también hace referencia la Comisión, hay dos alternativas. 
Me pregunto por qué la Comisión ha optado por fijar valores límite más altos que los propuestos en estas dos alternativas. 
Mis enmiendas 79 y 81 se basan en el presupuesto de que en las pinturas se tenderá de forma continuada a que el contenido de compuestos orgánicos volátiles sea cada vez más bajo. 
Por lo tanto, esta Directiva también deberá examinarse en 2008 para poder reducir más los valores límite. 
Asimismo, deseo mencionar la cuestión del punto de ebullición. 
Creo que los debates celebrados últimamente por la industria no sirven de nada. 
Nos parece necesario aplicar la definición basada en un punto de ebullición de 280 grados, recomendada también claramente en el informe Decopaint, porque da a los consumidores una definición precisa. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión Europea se basa en el informe científico Decopaint, que encargó la Comisión Europea y que se elaboró tras una larga y minuciosa investigación. 
Por tanto, tanto mis colegas como yo nos quedamos estupefactos al ver que la Comisión apenas tiene en cuenta las conclusiones de dicho informe. 
Sin ninguna declaración de motivos, se proponen valores límite más nuevos y altos, que no se basan en ninguna investigación. 
No puede saberse en qué se basan. 
Quisiera escuchar una explicación a este respecto de boca de la Comisaria Wallström, pues es inaceptable que la Comisión simplemente ignore las conclusiones del informe Decopaint. 
Por ello he presentado enmiendas a fin de rectificarlo, y apoyaré otras enmiendas que vayan en la misma dirección. 
Después de todo, hablamos de sustancias que suponen un riesgo no solo para el medio ambiente, sino también para la salud pública. 
La exposición a estas sustancias puede perjudicar el funcionamiento cerebral y, en última instancia, producir incapacidad. 
Por ello, varios Estados miembros han adoptado medidas jurídicas a fin de evitar este riesgo. 
Es importante mantener esta protección, incluso en la nueva Directiva. 
La propuesta actual de la Comisión no contempla esta posibilidad y, por tanto, convendría modificarla a este respecto. 
No puede ser que la Comisión tenga como objetivo ofrecer menos protección de la que se da ahora a los trabajadores. 
Es muy importante que estas medidas sigan estando permitidas ahora y en el futuro. 
Por tanto, también apoyo las enmiendas que tienen esta finalidad. 
Por último, quiero añadir que este informe es otra prueba de que el medio ambiente y la salud pública están estrechamente relacionados entre sí, y que, por consiguiente, parece razonable que en el próximo mandato también sea la misma comisión la encargada de ocuparse de estas cuestiones. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente por el trabajo que ha hecho hasta ahora. 
Estoy bastante seguro de que podemos continuar este trabajo y asegurarnos de que al final obtengamos un buen resultado. 
También quiero empezar felicitando a la Comisión. ¡Sí, he dicho bien! 
Cuando empezamos a estudiar esta propuesta, había que tener en cuenta que procedía de las discusiones originales sobre el control de las emisiones de COV de hace algunos años cuando abordamos el problema por primera vez. la emisión de COV procedente de las grandes plantas industriales, de los grandes garajes, de las grandes gasolineras, etc. 
Sí, pudimos tomar medidas para controlar las grandes fuentes, y lo hicimos. 
Pedimos a la Comisión que presentara algunas propuestas para resolver el otro problema que identificamos entonces, que era el de cientos de miles de pequeñas fuentes de toda la Unión en diferentes lugares, en general asociados con el uso de pinturas, pero también muchos otros ámbitos. 
A veces se trata de pequeños talleres de pinturas de coches, a veces es pintura de uso doméstico, a veces son otras sustancias en otros lugares. 
Quiero dar las gracias y felicitar a la Comisión. 
En realidad ha abordado el problema tal como le pedimos que hiciera. 
Ha presentado una propuesta que es muy buena, no perfecta- pero nada lo es jamás- y está asumiendo en serio una propuesta de este Parlamento y actuando al respecto. 
La Comisión también ha reconocido que esa propuesta para reducir las emisiones de COV va a tener un efecto importante en el medio ambiente. 
Va a reducir el ozono a nivel del suelo. 
Va a asegurar que reducimos la incidencia del asma ocasionado por el ozono a nivel del suelo. 
Va a reducir los daños en las plantas. 
Va a reducir otros efectos medioambientales. 
No ha sido fácil presentar esta propuesta. 
Ha puesto de manifiesto una gran cantidad de aspectos técnicos que no habíamos previsto en un principio. 
Damos las gracias a la Comisión por resolver estos temas complejos que no esperábamos. 
El Sr. Davies ya ha mencionado que todavía quedan algunas cuestiones técnicas por resolver. 
No podemos ignorar, por ejemplo, algunos de estos aspectos que todavía tenemos sobre la mesa. 
Pido a la Comisión que acepte las enmiendas propuestas por algunos de mis colegas sobre el tema de la salud laboral y el impacto en la salud de los trabajadores en estas circunstancias. 
Es un tema que no podemos ignorar. Tenemos que abordarlo. 
Deberíamos mencionar también la importancia de mantener un nivel de opciones y competencia en el mercado para los consumidores. 
Por lo tanto, deberíamos seguir manteniendo los criterios técnicos de igualdad para todas las pinturas y no ofrecer una ventaja desleal a las pinturas basadas en agua. 
Pongamos estas opciones a disposición del público. 
Dejemos que el mercado sea libre. 
Que haya algo de competencia. 
Conservemos los criterios de igualdad de etiquetado que ya tenemos. 
Finalmente, debemos reconocer las dificultades reales que supone la aplicación de estas nuevas propuestas en todas las circunstancias y en todas las aplicaciones que encontramos en la amplia gama de opciones que ofrece la Unión Europea. 
Quiero pedir a la Comisión que piense detenidamente en algunas excepciones que hemos planteado aquí: pequeñas cantidades de pintura preparadas de forma tradicional para usos a veces tradicionales, ya sea coches o edificios antiguos. 
Hay muchos edificios antiguos en Gran Bretaña. 
Es un lugar donde quizás tenemos demasiados edificios antiguos, que en algunos casos requieren pinturas especializadas, antiguas, al viejo estilo, para mantener su tejido. 
Les pido que tengan un respeto, no solo por el entorno actual en el que vivimos, no solo por la salud pública, sino también por el entorno antiguo, el entorno construido, el que estamos intentando preservar. 
No sería demasiado doloroso aceptar enmiendas sobre estos temas también y ofrecernos una propuesta redonda de la que todos podamos sentirnos orgullosos, que incluso podríamos llegar a acordar en segunda lectura. 
Señor Presidente, en primer lugar, antes debería haber empezado agradeciendo al Sr. Lisi su trabajo como ponente de esta importante propuesta. 
Pero lo hago ahora y espero que me perdonará por no haberlo hecho antes. 
Permítame que vuelva a la cuestión del objetivo y el ámbito de la propuesta. 
Varias de las enmiendas adoptadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor de este Parlamento están motivadas por la preocupación en materia de protección de la salud de los trabajadores. 
Algunas de estas enmiendas- 10, 16 y 26- pretenden hacer hincapié en que la actual propuesta no limite o menoscabe las medidas nacionales o comunitarias establecidas para proteger la salud de los trabajadores ante la exposición a los disolventes de las pinturas y barnices. 
La Comisión está de acuerdo con el principio en que se basan estas enmiendas. 
Las medidas de protección de los trabajadores caen fuera del objetivo y del ámbito de esta propuesta, y por lo tanto, la propuesta no perjudica a dichas medidas en absoluto. 
La Comisión también está de acuerdo en que podría ser útil aclarar y recalcar este punto directamente en uno de los apartados de la propuesta. 
Sin embargo, y exactamente por la misma razón, la Comisión no puede aceptar incluir varias de las enmiendas que directa o indirectamente pretenden mejorar la protección de la salud de los trabajadores y consumidores frente a la exposición a los disolventes de las pinturas y otros productos incluidos en las propuestas; se trata de las enmiendas 17, 20 y 23. 
La Comisión considera que estas enmiendas, en vez de reducir el riesgo para la salud humana, podrían servir para crear confusión sobre el ámbito de la propuesta. 
Varias de las enmiendas votadas por la comisión parlamentaria- enmiendas 11, 13, 14, 32, 33 y 34- contienen aclaraciones técnicas útiles con las que la Comisión puede estar de acuerdo en mayor o menor medida. 
Como ejemplo, mencionaré la propuesta de que una parte de los COV de la pintura que reaccionan para formar el revestimiento que queda en la superficie pintada no deberían incluirse en la valoración del cumplimiento del valor límite de contenido de COV. 
Es la enmienda 11. 
Tiene sentido desde el punto de vista medioambiental, porque lo que queremos reducir es la parte de compuestos orgánicos volátiles que se evaporan a la atmósfera. 
Pero hay una pega práctica: de momento, no tenemos ninguna norma o método reconocido para calcular el peso de dichos COV que quedan adheridos a la película. 
Hay que establecer una norma de este tipo para que podamos realizar esta deducción. 
La Comisión considera también razonable aceptar que los Estados miembros, en condiciones estrictas y en cantidades limitadas, puedan conceder exenciones para pinturas especiales, como su Señoría ha mencionado, para la restauración y el mantenimiento de coches antiguos y edificios históricos. 
Esto con respecto a las enmiendas 6, 19 y 22. 
En total, la Comisión puede aceptar en mayor o menor grado 20 de las 83 enmiendas sometidas a votación en el pleno de mañana. 
De las 63 enmiendas restantes, que la Comisión no puede aceptar por diversos motivos, la mayoría son de naturaleza puramente técnica. 
Permítanme que haga unos breves comentarios sobre dichas enmiendas y nuestras razones para rechazarlas. 
Cuatro enmiendas- 5, 27, 81 y 83- pretenden obligar a la Comisión a presentar unos valores límite más estrictos o ampliar el ámbito de los valores actuales en una fecha posterior. 
Aparte de la cuestión de principio que afecta al derecho de iniciativa de la Comisión, creemos firmemente que no sería inteligente suponer lo que deberemos hacer dentro de cuatro o cinco años para mejorar la calidad del aire. 
Cuando tengamos los resultados del programa Aire Limpio para Europa (CAFE) dentro de un par de años, estaremos en condiciones de evaluar si hay que tomar alguna medida, dónde y cuál para mejorar la calidad del aire de forma científicamente y económicamente justificada. 
La enmienda 12 propone ampliar el ámbito de la Directiva incluyendo los COV con un punto de ebullición- como han dicho algunos miembros- de hasta 280ºC en vez de los 250ºC propuestos por la Comisión. 
La Comisión no puede aceptarlo. 
En primer lugar, porque los compuestos orgánicos con un punto de ebullición superior a 250ºC tienen una volatilidad muy baja: tardan varios días en secarse y tienen un potencial de formación de ozono muy limitado. 
En otras palabras, desde el punto de vista medioambiental nos preocupan poco. 
En segundo lugar, porque 250º es el punto de ebullición elegido para definir los COV en el programa de ecoetiquetado de la UE. 
Sería incoherente y extraño elegir una definición más estricta para esta propuesta. 
Señor Davies, B& Q/Kingfisher podrá seguir utilizando su programa de etiquetado. 
Nada menos que 36 enmiendas- 36 a 53, 55 a 57, 59 a 63, 65 y 67 a 77- pretenden cambiar los valores límite propuestos por la Comisión. 
La Comisión es consciente de la fuerte presión que se ha ejercido al respecto, tanto por parte de la industria como por parte de las organizaciones ecologistas, de cara a reducir o aumentar los valores límite propuestos por la Comisión. 
Sin embargo, hasta el momento la Comisión no ha recibido pruebas convincentes de que los valores de la propuesta no sean equilibrados, no estén justificados económicamente y no sean técnicamente asequibles dentro de los plazos propuestos. 
Por lo tanto, en estos momentos, la Comisión considera que debe seguir con los mismos valores límite, procedimientos y plazos propuestos. 
Gracias, señora Comisaria, por su explicación. 
Hay una cosa que no entiendo. 
Ha hablado usted de la enmienda 11 y la enmienda 13, que considera usted aceptables. 
Si he entendido bien, la enmienda 11 y la enmienda 13 son totalmente contradictorias entre sí. 
Una permite la inclusión de diluyentes en la definición de disolventes, y la enmienda 11 excluye justamente esta posibilidad. 
¿Podría usted aclararme esto otra vez? 
Es una cuestión bastante técnica, pero es de vital importancia para nuestra lista de votación. 
- (IT) Señor Presidente, mientras la Sra. Comisaria toma nota de este asunto, quiero decir que estoy de acuerdo con la Sra. Corbey. 
Este es exactamente el sentido de la propuesta contenida en la lista de votación propuesta por el ponente: la enmienda 11 y la enmienda 13 son contradictorias. 
No obstante, le diría a la Sra. Corbey que esto se debe a un error de nuestra comisión. 
Por tanto, invito a la Asamblea a que apoye y apruebe la enmienda 11 en contra de la enmienda 13, precisamente para establecer una definición de «diluyentes» coherente con el resto de la legislación. 
Señor Presidente, solo estamos intentando ver si hemos cometido errores al interpretar el contenido de estas dos enmiendas. 
Hemos aceptado las dos en principio y, a nuestro entender, no se contradicen, pero estamos estudiando los detalles del texto. 
Quizás puedan explicarnos mejor por qué las interpretan como contradictorias. 
Creemos que tienen el mismo contenido y la Comisión las ha aceptado en principio. 
-No quiero reiniciar el debate ahora, por ello propongo que prosigamos con nuestro trabajo. 
Mientras tanto, señora Comisaria, nuestros servicios pueden intentar aclarar la situación. 
El debate queda cerrado.. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0275/2003) de la Sra. Jackson, relativa al informe intermedio sobre la contribución de la UE a la ejecución del plan de acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Ssostenible. 
Señor Presidente, la pregunta oral de la Sra. Jackson y el proyecto de resolución propuesta hoy a este Parlamento sobre el mismo tema son muy oportunos. 
Un año después de Johanesburgo debemos conservar el impulso y mantener el liderazgo político en la Unión Europea cumpliendo los compromisos de Johanesburgo. 
Quiero abordar los puntos específicos de la pregunta oral de la Sra. Jackson antes de aprovechar la oportunidad para añadir algunos puntos más generales sobre el seguimiento de Johanesburgo. 
Permítame empezar por el último tema planteado en la pregunta de la Sra. Jackson: qué va a hacer la Comisión para asegurar que el desarrollo sostenible sea un aspecto importante y regular en los próximos Consejos de Primavera. 
Quiero decir tres cosas en respuesta a esta parte de la pregunta. 
En primer lugar, al añadir una dimensión externa a la estrategia de Gotemburgo, las conclusiones del Consejo Europeo significan que la estrategia de desarrollo sostenible de la Unión Europea es el vehículo principal para la puesta en práctica de los compromisos de Johanesburgo. 
En coherencia con este planteamiento, la Comisión tiene intención de seguir abordando el seguimiento de la Cumbre Mundial en sus informes anuales de síntesis para preparar las reuniones del Consejo Europeo de Primavera. 
En segundo lugar, la Comisión también está llevando a cabo una revisión global de la estrategia de desarrollo sostenible que estará preparada para cuando la nueva Comisión asuma su mandato. 
La revisión, que abarca el período hasta 2009, integrará la ejecución del plan de acción de la Cumbre Mundial en la estrategia revisada. 
En tercer lugar, los servicios de la Comisión están preparando ahora un documento de balance sobre el seguimiento de la Cumbre que se presentará a finales de 2003 y que también incluirá propuestas de ulteriores medidas. 
Queremos que el Parlamento se implique más de cerca en el debate sobre la ejecución de los compromisos de la Cumbre Mundial. 
Hablemos ahora de la primera parte de la pregunta oral, que se refiere concretamente a las iniciativas sobre el agua y la energía. 
En nuestro documento de balance sobre el seguimiento de la Cumbre Mundial, la Comisión tiene previsto presentar al Parlamento y al Consejo un informe detallado sobre ambas iniciativas. 
La iniciativa «Agua para la vida» pretende llevar saneamiento y agua a quienes más lo necesitan. 
En la actualidad 2 200 millones de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con la falta de agua, una cifra totalmente inaceptable. 
La iniciativa de la UE se centra en África, pero también abarcará otras regiones. 
Una conferencia ministerial celebrada en Adis Abeba en diciembre de 2003 debería ayudar a desarrollar la propiedad entre todas las partes africanas interesadas. 
La Comisión ha presentado una ambiciosa propuesta para asignar un millardo de euros procedentes del Fondo Europeo para el Desarrollo, para crear un fondo de la UE para el agua. 
Este dinero ya se ha reservado en el presupuesto, pero hasta el momento el Consejo se ha mostrado reacio a liberar los recursos. 
La Iniciativa de la UE de Energía para la Erradicación de la Pobreza y el Desarrollo Sostenible aborda el acceso a unos servicios energéticos asequibles y sostenibles. 
Casi 30 países en desarrollo de los tres continentes se han unido a esta iniciativa. 
Para ponerla en práctica en África la Comisión patrocinará un acto de alto nivel sobre la energía que se celebrará en Nairobi los días 20 y 21 de noviembre de 2003. 
Como en el caso del agua, la propiedad y la concienciación de los países receptores son esenciales para progresar. 
Y también sobre el tema de la energía, la UE ha puesto en marcha además en Johanesburgo la Coalición para la Energía Renovable. La Comisión ha aceptado asumir el secretariado de la Coalición. 
En los próximos meses queremos trabajar intensamente para asegurar que la Coalición se consolide plenamente, a tiempo para la Conferencia Mundial sobre Energías Renovables que se celebrará en Alemania en 2004. 
En cuanto a la parte final de la pregunta oral sobre la consolidación de la gobernanza para el desarrollo sostenible, es evidente que se trata de un requisito esencial para progresar en la ejecución del plan de acción de la Cumbre Mundial. 
En este sentido, el Consejo Europeo ha recalcado la necesidad de reforzar el PNUMA y considerar su perfeccionamiento institucional creando una agencia de las Naciones Unidas para el medio ambiente. 
Es un objetivo importante y nuestra interacción con el PNUMA debe mejorar a partir de ahora mismo. 
A corto plazo debemos ampliar el papel del PNUMA en la ejecución del plan de acción de la Cumbre Mundial. 
Los resultados del Foro Ministerial Mundial sobre Medio Ambiente de febrero de 2003 deberían ayudar a conseguir este objetivo. 
Los resultados fueron muy positivos en cuanto a productos químicos, con una decisión sobre el planteamiento estratégico para la gestión internacional de los mismos, que establece un proceso que debería culminar en una Conferencia Intergubernamental en 2006. 
También se pidió al PNUMA que asumiera un papel activo en la consecución del marco de programas de diez años sobre consumo y producción sostenibles que se acordó en Johanesburgo. 
El Foro Ministerial Mundial se reunirá de nuevo en Corea en marzo de 2004. 
Agua, saneamiento y asentamientos humanos- los tres elementos de la agenda de la CSD para 2004 y 2005- serán el centro de los debates. 
Sin embargo, habrá que abordar también algunos de los asuntos pendientes sobre la gobernanza medioambiental internacional, con temas como la financiación del PNUMA, la consolidación de su base científica y su papel en la aplicación de los acuerdos medioambientales internacionales. 
Y permítanme que aborde algunos de los temas más amplios relacionados con la ejecución del plan de acción de la Cumbre Mundial y que se reflejan en el proyecto de resolución. 
Hace un año vine al Parlamento y les dije que la Unión Europea podía sentirse orgullosa del liderazgo que asumió durante la Cumbre de Johanesburgo. 
También les dije que nuestro lema para la cumbre seguiría guiándonos en la fase de ejecución: de las palabras a los hechos. 
Mi propia valoración es que se está trabajando para poner en práctica nuestros compromisos en las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible, tanto internamente como externamente, pero los acontecimientos, y más recientemente el fracaso de las conversaciones comerciales de Cancún, muestran las dimensiones del reto a que nos enfrentamos. 
En marzo de 2003 el Consejo Europeo fijó un grupo de prioridades para aplicar la estrategia de desarrollo sostenible y los resultados de Johanesburgo. 
La más importante de estas prioridades es la coherencia política entre los compromisos externos y las políticas internas. 
La reforma de la política agrícola y la política pesquera común es un paso en la dirección correcta. 
Sin embargo, se necesitan más esfuerzos en este y otros ámbitos, como el de la energía y el transporte. 
Nuestra credibilidad se verá deteriorada si persisten las tendencias insostenibles o si nuestras políticas tienen impactos nocivos en el exterior de la UE, en concreto en el desarrollo de oportunidades de los países más pobres. 
En cuanto al consumo sostenible y la producción, la UE ha desempeñado un papel clave en la promoción de una amplia variedad de políticas y herramientas, como la prevención y el control integrados de la contaminación, el programa de ecogestión y auditorías, así como instrumentos sectoriales en áreas esenciales como la energía o la agricultura. 
Pero no deberíamos tratar de reinventar la rueda: estamos valorando las medidas y los instrumentos puestos en práctica para identificar lagunas. 
También trabajamos con los Estados miembros para ofrecer una evaluación global a finales de 2003. 
La erradicación de la pobreza ha sido, y seguirá siendo, el centro de los compromisos de nuestra Cumbre Mundial, como lo será la dimensión del desarrollo. 
Es un tema clave si trabajamos para la consecución de todos los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente. 
En cuanto al tema de la financiación del desarrollo, los Estados miembros han pedido a la Comisión que siga de cerca los compromisos asumidos ante la Conferencia de Monterrey. 
Se necesitará un esfuerzo sostenido para cumplir nuestros compromisos en un trasfondo de bajo crecimiento económico y austeridad fiscal. 
Para terminar, permítanme agradecer el apoyo del Parlamento para fomentar que la UE se sitúe al frente a la hora de rendir. 
Hace dos semanas la Comisión Europea adoptó una comunicación sobre nuestra cooperación con las Naciones Unidas. 
Se titulaba: «La opción del multilateralismo» y en ella indicábamos que la UE debía adoptar con decisión un planteamiento de avanzadilla en la negociación y aplicación de iniciativas importantes en los ámbitos del desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la seguridad internacional. 
También hemos pedido a las propias Naciones Unidas que sigan más de cerca un planteamiento basado en indicadores comparativos y unos objetivos claros en el seguimiento de las principales conferencias como la Cumbre Mundial. 
Confío en que pueda contar con el apoyo continuado del Parlamento para seguir en este camino. 
Señor Presidente, en primer lugar yo también quiero dar las gracias a la Sra. Wallström. 
Sé que está muy comprometida con estas cuestiones, y recibimos con satisfacción la información que ha facilitado sobre lo ocurrido tras la Cumbre de Johanesburgo. 
También quiero agradecer al Sr. de Roo su proyecto de una resolución sólida, que votaremos mañana. 
Todos nosotros, o al menos muchos de nosotros, teníamos grandes expectativas antes de Johanesburgo, pero el resultado se ha quedado corto. 
En cierta medida creo que las dificultades tienen que ver con que el trabajo en torno al desarrollo sostenible en cierto modo es contrario a nuestro método tradicional de trabajo. 
En este contexto, se nos pide que trabajemos horizontalmente, es decir, que integremos el objetivo de crecimiento económico a los del desarrollo social y de la protección eficaz y gestión responsable del entorno físico. 
Para empezar, no tenemos un sistema educativo que facilite la comprensión de estas conexiones horizontales. 
Por el contrario, la mayoría de nosotros hemos tenido una educación segmentada. 
De la misma forma, el mundo de la investigación está dividido. 
Todo el mundo habla de cooperación por encima de las barreras que suponen las diferentes disciplinas, pero la amplia mayoría de investigadores son especialistas en materias concretas. 
Hay pocos que sean capaces de estudiar todo el escenario y hay pocos que tienen el don de ver los sistemas como un conjunto orgánico. 
Nuestro método de organizarnos en varios ámbitos de la sociedad también es vertical o está dividido en sectores. 
Podemos tomar este Parlamento como ejemplo. 
Deberíamos tener una comisión de desarrollo sostenible, pero en su lugar estamos divididos en sectores. 
También hay un problema con el conjunto de modelo económico. 
Tiene poco alcance y no nos permite incorporar aspectos a largo plazo o cualitativos del desarrollo. 
Seguimos midiéndolo todo desde el punto de vista del producto nacional bruto, es decir, la producción total de productos y servicios. 
No existe ninguna visión de cómo afecta esta producción, o, lo que es lo mismo, el consumo, al medio ambiente o al desarrollo social. 
No me malinterpreten, en absoluto creo que podríamos resolver estos problemas con un crecimiento negativo o consumiendo menos, porque de lo que se trata es de que dediquemos mucha más atención a las formas, al contenido y a la calidad del crecimiento, no solo a su cantidad. 
Sra. Wallström, este es un gran desafío, especialmente para la Comisión. 
La función de la Unión Europea en el trabajo a favor del desarrollo sostenible es clave, especialmente hoy día que la actitud por parte de la administración de Washington es poco entusiasta. 
Nuestra responsabilidad en este terreno tiene implicaciones para nuestra política interior y para nuestra cooperación con los países pobres. 
En lo que a nuestra propia política se refiere, hemos de ajustar los reglamentos económicos con objeto de que proporcionen suficientes incentivos positivos para una gestión más eficaz de la energía y los materiales. 
Asimismo, tenemos que, paso a paso, dejar de utilizar sustancias que mantienen su toxicidad durante largos períodos. 
Permítanme que dé un ejemplo práctico. 
Cuando se trata del suministro de energía, un aspecto básico en el contexto del Proceso de Lisboa, podríamos aceptar un objetivo ambicioso de reducir el consumo de energía en nuestras economías o, si quisiéramos, de aumentar la eficiencia de la energía, por ejemplo, entre el 2,5 % y el 3,0 % al año. 
Esto es totalmente posible en un nivel puramente técnico, pero no hay voluntad política. 
En lo que a nuestras relaciones con los países pobres se refiere, la Comisaria Wallström ya ha señalado las iniciativas relativas al agua y a la energía. 
Solo me queda esperar que esta cuestión del suministro del agua, con los millardos de euros que le han sido asignados, se resolverá en breve. 
Una forma de hacerlo sería, en realidad, garantizar que se incorpora el Fondo de Desarrollo Europeo, o el FDE, en el presupuesto corriente, algo que en el Parlamento siempre hemos pedido. 
En cuanto a la cuestión de la energía, por desgracia soy bastante pesimista. 
La propuesta presentada es muy sólida, pero no se ha apartado dinero extra. 
Lo realmente necesario, y lo que no sucede en absoluto, es dar prioridad al suministro de energía y a los esfuerzos razonables que se hacen en esta materia, no solo por parte de la Comisión, sino también de los países beneficiarios. 
Quisiera instar a la Sra. Wallström a que intente liberar un importe adecuado de dinero adicional y asignarlo a esta cuestión. 
La resolución en torno a la cual vamos a adoptar una decisión mañana requiere, y refleja este deseo, informes de progreso continuos por parte de la Comisión. 
La Sra. Wallström también ha hecho un comentario a este respecto, lo que me parece excelente. 
Solo espero que se notifique de forma completa y precisa lo que se hace en los países en vías de desarrollo. 
A este respecto en la actualidad carecemos de informes que merezcan llamarse así. 
Carecemos de objetivos e indicadores claros. 
Por ello el debate que celebramos sobre la ayuda que prestamos y la eficacia de nuestro esfuerzo en esta materia tiene un tono muy general. 
Creo que el conjunto de la Comisión necesita comprometerse a desarrollar objetivos e indicadores cuantitativos con los que obtener informes que hagan honor a este nombre. 
Por último, igual que la Sra. Wallström, quiero centrarme en las cuestiones relacionadas con la pobreza. 
Necesitamos más ayuda, pero también una ayuda mejor. 
Para ellos, como ya he dicho antes, se precisan reformas del sistema comercial. 
Desde este punto de vista, lo que ocurrió en Cancún es por supuesto muy poco afortunado 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, ha pasado un año desde la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johanesburgo. 
En nuestra decisión, respaldada sin reservas por mi grupo político, hacemos hincapié en que son necesarias medidas para aplicar el programa de Johanesburgo. 
No es la primera vez que pedimos esto. 
En Johanesburgo, donde muchos de nosotros nos sentimos decepcionados por los resultados, ya que no satisfacían las demandas de la Unión Europea, ya sabíamos lo que era necesario. 
Sin embargo, existe la posibilidad, al menos en el futuro, de acortar las distancias en este terreno si podemos conseguir varios de los objetivos que nos fijamos en Johanesburgo y si podemos realmente conseguir progresos significativos en una serie de materias. 
Reconozco que en estos momentos no damos con las mejores condiciones concretas para nuestra exigencia de que la Unión Europea, en particular, debería, también en el futuro, desempeñar un papel pionero en asuntos de desarrollo sostenible. 
Estoy pensando en los largos debates sobre política de productos químicos y también sobre otras materias relevantes. 
Asimismo, sé que en este terreno no es tanto la Comisión la que echa el freno, sino, sin duda alguna, también los Estados miembros. 
No obstante, tampoco la Presidencia actual, cuyos representantes en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, dieron una triste imagen hace unas semanas, también en relación con la cuestión del desarrollo sostenible, es la mejor publicidad cuando en la actualidad hablamos de este tema. 
Me sorprendió saber que la Presidencia parece no haber comprendido, o no ha querido hacerlo, ni el principio de responsabilidad compartida por parte de los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, ni el principio de diferentes grados de responsabilidad de acuerdo con el cual, si contaminamos, debemos asumir una mayor responsabilidad. 
La Comisaria ya ha mencionado una serie de cuestiones que quiero plantear. 
Nos ha informado sobre las iniciativas del agua y de la energía. 
Me han encantado los informes completos que se han elaborado sobre estas cuestiones, porque los participantes en esta delegación parlamentaria de la Asamblea temían que los proyectos en cuestión fueran demasiado grandes o que, por ejemplo, la energía renovable estuviera poco representada en la iniciativa de la energía y que se acordara un apoyo poco apropiado para las formas tradicionales de la energía. 
Espero que próximamente la Comisión presente una propuesta sobre política de productos químicos. 
Naturalmente, un objetivo de Johanesburgo fue invertir para 2020 la tendencia de los productos químicos peligrosos. 
Me parece que los problemas con la política de productos químicos también demuestran que tener nuestra propia comisión de desarrollo sostenible no nos ayuda a salir de las dificultades. 
Hay debates llenos de detalles, y hemos de examinar una cuestión tras otra y, en cada una de ellas, incluyendo la política de productos químicos, tener en cuenta la necesidad del desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, quisiera centrarme únicamente en el tema del saneamiento, y pido disculpas a la Comisaria por no haberle notificado de antemano algunas de las preguntas que quiero plantear. 
Le estaría muy agradecido si intentara apartarse de las observaciones que ha preparado y quisiera tratar estos temas: 
En Johanesburgo consiguió asegurar, en nombre de la Unión Europea, un acuerdo con objetivos ambiciosos para mejorar el saneamiento para millones de personas en un plazo de tiempo relativamente corto. 
Ha pasado el primer año y ha habido muchas negociaciones y muchos documentos, pero si se desea alcanzar los objetivos, necesitamos ver cientos de pozos, miles de tanques sépticos, decenas de miles de tuberías instaladas cada mes. 
En una reunión en el Parlamento celebrada hoy mismo, la Comisaria ha recordado a los diputados que se ha reservado un millardo de euros para iniciar proyectos y nos ha comunicado que el Consejo había bloqueado la inversión de este dinero. 
Señora Comisaria, ¿podría explicar a esta Cámara si la Comisión ha presentado propuestas específicas para el uso de una parte de este dinero en proyectos para mejorar el saneamiento en los países en desarrollo? 
¿El Consejo ha autorizado alguna inversión o lo ha bloqueado todo? 
¿Su negativa a liberar fondos ha sido universal, ha sido totalmente por acuerdo del Consejo, o ha resultado que algunos Estados miembros han contribuido a bloquear el gasto? 
Finalmente, señora Comisaria, si este fuera el caso, ¿cómo se siente personalmente ante la forma que parece que tiene el Consejo de escapar de los compromisos asumidos por la Unión Europea en una cumbre donde hemos desempeñado un papel de liderazgo del que nos enorgullecemos? 
Señor Presidente, ha pasado un año desde Johanesburgo y once años desde Rio de Janeiro. 
Yo he estado allí. 
En Rio se lograron grandes avances ambientales. 
Se firmaron la Convención sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
Por desgracia, en Rio no se llegó a ningún consenso en relación con los bosques. 
A los países en desarrollo se les engatusó con la solicitud renovada de aumentar los fondos para la ayuda al desarrollo al 0,7 %, pero diez años más tarde en Johanesburgo se observó lo contrario: incluso menos ayuda al desarrollo. 
La Cumbre de Johanesburgo se centró más en los problemas de la pobreza que en los del medio ambiente, y me parece acertado. 25.000 niños mueren en nuestro mundo todos los días. 
Afortunadamente, la Cumbre de Johanesburgo no fracasó como la de Cancún de hace una semana. 
El Sr. Davies ya ha mencionado la cuestión de que la ejecución práctica deja mucho que desear, en particular con respecto a las iniciativas europeas relativas al agua y la energía. 
Sin embargo, menos mal que en el terreno de la energía se dio por primera vez un gran paso. 
Ahora, una coalición de voluntarios intentará promover energía nueva, renovable. 
Eso está bien. 
La Unión Europea ha de aprender a escala internacional lo que ahora está haciendo internamente, despacio y con mucho trabajo, en el proceso de Lisboa. 
Hay que avanzar al mismo tiempo en el plano económico, social y ambiental. 
Hay que hacer varias mejoras al mismo tiempo. 
A escala internacional aún no hemos alcanzado ese punto. 
Sin embargo, nuestro lema verde es: comercio, ayuda y acuerdos firmes a la vez. 
Queremos más comercio justo; pero este asunto por desgracia fracasó en Cancún. 
También es preciso dar más ayuda para obtener agua más limpia, higiene y fuentes de energía renovable para más de los mil millones de ciudadanos de nuestro mundo que hoy día carecen de ellas. 
También se precisan nuevos acuerdos ambientales, en particular para la gestión forestal sostenible. 
No debemos olvidarlo. 
El camino es largo, pero el poder suave triunfará. 
- (NL) Señor Presidente, cuando el año pasado hablamos de los resultados de la Cumbre de Johanesburgo en esta Asamblea, concluí mi intervención criticando el optimismo por los resultados de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, y me preguntaba si mis nietos serían tan optimistas dentro de 20 años. 
Además, entonces dije que el hecho de alcanzar los objetivos debería contribuir al deseado desarrollo sostenible. 
Considero el desarrollo sostenible una expresión de la tarea que Dios ha asignado a la humanidad de adornar y conservar la tierra. 
Es muy importante garantizar un equilibrio entre elementos sociales, económicos y ambientales. 
Además, debemos luchar por lograr este equilibrio no solo para los países desarrollados, sino también para los países en vías de desarrollo. 
Desafortunadamente, este equilibrio no recibió la atención que merecía en la Cumbre de Johanesburgo, porque no se hizo suficiente hincapié en los elementos sociales y ambientales. 
Un año después de Johanesburgo, ya tenemos motivos para preocuparnos por el plan de ejecución. 
Estaría bien que la Unión Europea emprendiera más iniciativas a este respecto. 
Por supuesto, es positivo que nos dediquemos a posibilitar que el Protocolo de Kioto entre en vigor, pero hay que hacer más. 
A los objetivos relativos al agua potable y la higiene, a los productos químicos, a las poblaciones de peces y la reducción de la pobreza, al hambre y la mortalidad infantil deberían seguirles acciones y políticas tangibles. 
Además, tengo mucha curiosidad por escuchar lo que ha hecho la Comisión Europea el año pasado para establecer una política comercial que no dificulte el desarrollo de los países pobres o el medio ambiente. 
Hemos de tener cuidado de no pedir demasiado al mismo tiempo, o de no hacer nada que solamente tenga una relación indirecta con el desarrollo sostenible. 
La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres podría servir de ejemplo. 
No siempre es aconsejable participar, como Unión Europea, en asuntos de carácter marcadamente cultural. 
En cuanto a las violaciones de los derechos humanos, esta es una historia diferente, por supuesto, pero no se encuentra en la esfera del desarrollo sostenible. 
Además, me preocupa el enfoque de la Unión Europea para combatir el sida. 
Estoy convencido de que la fidelidad marital es un medio mucho mejor que todos los tipos de anticonceptivos. 
La práctica ha demostrado que las campañas de fomento del uso de anticonceptivos no son eficaces. 
Las campañas informativas como las que se están llevando a cabo en Uganda tienen mucho más. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, el desarrollo sostenible es un concepto maravilloso. 
Combinar aspectos económicos, ambientales y la dimensión social es una idea poderosa. 
Estos son los tres pilares de un mundo mejor. 
El desarrollo sostenible ha ido desarrollándose con el tiempo. 
Al principio, tenía que ver sobre todo con el medio ambiente, y tenía un aspecto socioeconómico adicional. 
En la actualidad, parece que al medio ambiente se le asigna menos prioridad en las conferencias internacionales y la reducción de la pobreza toma ventaja. 
Mientras que Rio todavía era una conferencia ambiental, en Johanesburgo se abordó todo: agua, sida, escolaridad, energía, pobreza, malaria y medio ambiente. 
Así es difícil llevar a la práctica el desarrollo sostenible, porque, con todos los problemas que abordamos, tenemos la sensación de que nunca podemos hacer todo a la vez. 
En lo que a mí respecta, me parece algo apolítico poner sobre la mesa tantos deseos a la vez sin elegir. 
Para que el desarrollo sostenible sea un poco más específico, tengo dos propuestas. 
Primero, todas las políticas de la Unión Europea deberían pasar por un «examen de Johanesburgo». 
Me parece una buena idea examinar toda nuestra legislación y todas nuestras políticas desde el punto de vista del desarrollo sostenible. primero, las políticas con claras implicaciones externas, pero también asuntos más internos como la Directiva sobre pinturas. 
Un ejemplo es la política climática. 
Nuestros pensamientos se centran principalmente en los aspectos ambientales y los costes económicos; mientras que el aspecto social- la atención a la desigualdad social- ha sido ignorado hasta la fecha. 
Otro ejemplo es la legislación farmacéutica. 
Nos preocupa notablemente nuestra industria, la posición competitiva de las empresas europeas y nuestra propia salud pública, no miramos al resto del mundo. 
Y no debe ser así. 
Un examen de Johanesburgo sacaría este hecho a relucir enseguida, y también nos haría ver los aspectos ambientales de los medicamentos. 
Con el informe sobre embalajes, el Parlamento hizo lo que pudo para que hubiera exportaciones a los países en vías de desarrollo mediante una política de prevención, así como para promover la producción y el consumo sostenibles. 
En cuanto a la legislación alimentaria, abundan los aspectos ambientales y los aspectos sociales. 
La legislación alimentaria actual no pasaría en ningún caso el examen de Johanesburgo. 
Si se demuestra que es posible humanizar el desarrollo sostenible, se producirá un rejuvenecimiento, y este rejuvenecimiento también puede propiciar nueva creatividad. 
Esto me lleva al segundo punto. 
El desarrollo sostenible no solo necesita carne y hueso, sino también una cara. 
Nuestra política exterior común está teniendo dificultades para despegar. 
Cualquiera que reflexione sobre la función de Europa en el mundo, enseguida llega a la conclusión de que estamos demasiado divididos como para encontrar un papel militar que tenga alguna consecuencia para nosotros. 
Entonces, ¿por qué no hacemos mucho más hincapié en un liderazgo público mundial, un liderazgo para que podamos abordar problemas a escala internacional de forma pragmática y consultando con partes interesadas, empresas y ONG? 
Para ello hemos de asignarle recursos y hacerle un hueco en nuestro presupuesto. 
Hay suficientes comisarios en el próximo mandato que podrían desempeñar esta función. Quizá usted, Comisaria, podría avanzar un poco la idea de un Comisario de Johanesburgo y de un examen de Johanesburgo en la Comisión. 
. (EN) Señor Presidente, he escuchado hoy a la Sra. Corbey y ha dicho que el concepto de desarrollo sostenible tiene como una especie de magia, una especie de comprensión, y exige un planteamiento integral. 
Es también un concepto muy difícil porque tiene que traducirse en lo que ha mencionado el Sr. Davies. 
Tiene que traducirse en una cifra concreta de nuevos pozos que hay que perforar o en tuberías que hay que instalar, así como en otros elementos necesarios para un buen saneamiento para las personas pobres. 
Por este motivo me gustan tanto sus preguntas, porque esa es exactamente la manera en que tenemos que proceder ahora. 
¿Qué hemos estado haciendo? 
Como saben, estamos preparando un informe para finales de año en el que se explicará exactamente lo que significa la iniciativa «Agua para la vida» y lo que contiene. 
La discusión con el Consejo hasta el momento ha presentado dificultades para algunos Estados miembros. 
Al Consejo no le gusta la idea de crear un secretariado para el objetivo concreto de un fondo para el agua, aunque quizás debería hacerle esta pregunta al Consejo, porque ¿quién soy yo para decir cómo discute del tema? 
Quizás el Consejo quiere más flexibilidad en el uso del dinero del FED o, por lo menos, así es como yo entiendo el sentido de la discusión que está teniendo el Consejo. 
Sin embargo, cuando hablamos de la iniciativa «Agua para la vida» , abarca tanto el agua como el saneamiento. 
Hay varias iniciativas que van desde contemplar el enfoque de la gestión de las cuencas fluviales, hasta los grandes ríos de Africa, hasta proyectos muy concretos como la perforación de pozos. 
En nuestro informe, que recibirán antes de fin del 2003, verán exactamente lo que se ha conseguido hasta el momento y cómo podemos establecer la propiedad en los países pobres, por ejemplo en África. 
Nos hemos concentrado en África, pero también necesitamos que su gente se suba al tren y permitirles sentir este proyecto como suyo, que pueden trabajar en ello y conseguir buenos resultados No tengo las cifras aquí para darles números exactos, pero los estamos recogiendo ahora para poder explicar con claridad lo que se ha hecho hasta el momento y cómo creemos que deberían diseñarse los próximos pasos. 
El otro problema que tenemos es que quizás nos conocemos demasiado bien unos a otros en nuestros debates sobre desarrollo sostenible. 
Pero este tema debe incorporarse a todos los demás ámbitos políticos. 
Es exactamente lo que su Señoría ha dicho en todos los contextos, desde comercio hasta agricultura, energía o transporte. 
Debemos someter el tema al control de Johanesburgo que ha mencionado la Sra. Corbey. 
Deberíamos poder volver atrás y ver si hemos cambiado la perspectiva temporal o la perspectiva geográfica. 
Por supuesto, seguiremos garantizando que esta política se integre mejor en lo que hacemos y asegurar coherencia política, porque éste es el principal reto. 
No puedo estar más de acuerdo con su Señoría, entre otras cosas que ha mencionado, en cuanto a la necesidad de educación e investigación, que se aplica más allá de las fronteras. 
La próxima oportunidad que tenemos es volver a hablar de ello cuando presentemos el informe y mantener este tema siempre en nuestra agenda común. 
Quiero dar las gracias a sus Señorías por sus intervenciones. 
Señor Presidente, reconozco lo que está haciendo la Comisión para preparar la aplicación de nuestro programa para mejorar el saneamiento. 
Pero no tengo muy claro si la Comisión ha presentado realmente al Consejo propuestas específicas para la inversión de una parte de este millardo de euros, o si esta inversión ha quedado realmente bloqueada. 
Señor Presidente, quisiera indicar al Sr. Davies que sí, que hemos propuesto que debería utilizarse para la iniciativa del agua que abarca lo que he dicho: tanto los proyectos relativos al agua como al saneamiento. 
Nos concentramos en África y abarca toda la gama, desde grandes planes para grandes ríos de África hasta proyectos en zonas rurales como la perforación de nuevos pozos o la construcción de instalaciones de saneamiento. 
Hemos presentado la idea de que el fondo para el agua debería utilizarse con este fin, y el dinero del FED debería reservarse al fondo para el agua. 
Normalmente, los fondos no se reservan de esta forma. 
Y este ha sido el problema con el Consejo. 
Al Consejo no le gusta establecer un fondo concreto y un secretariado para trabajar en la ejecución concreta de este plan y la iniciativa Agua para la vida. 
Por supuesto, esperamos que el Consejo podrá superar estos problemas y los obstáculos que ve, pero esta es la situación en que nos encontramos en estos momentos. 
-Gracias, señora Comisaria. 
Como conclusión de este debate, he recibido una propuesta de resolución presentada de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento. 
Bienvenida 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0229/2003) de Lord Stockton, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo durante el año 2002 [C5-0271/2003- 2003/2068 (INI) ]. 
El Defensor del Pueblo Europeo, el Sr. Diamandouros, tiene la palabra. 
Señor Presidente, gracias por darme la oportunidad de dirigirme a esta Cámara por primera vez como Defensor del Pueblo Europeo y de presentar el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2002. 
El informe abarca la totalidad del último año del mandato del primer Defensor del Pueblo Europeo, el Sr. Söderman, que está presente hoy aquí y que se jubiló en marzo de 2003. 
Me gustaría rendir tributo a sus muchos logros en nombre de los ciudadanos europeos. 
El principal logro del Sr. Söderman es el asentamiento de la institución del Defensor del Pueblo Europeo como una institución eficaz y conocida, que promueve la apertura, la responsabilidad y la buena administración. 
Entre sus importantes logros también se cuentan el código de buena conducta administrativa aprobado mediante una resolución de esta Cámara en 2001, un código de procedimiento para reclamaciones en virtud del procedimiento de infracción del artículo 226 adoptado por la Comisión el pasado año y la abolición de los límites de edad en el reclutamiento de personal para instituciones y órganos. 
Como observador en la convención que redactó el borrador de la Carta de los Derechos Fundamentales, el Sr. Söderman propuso con éxito que la Carta incluyera el derecho a la buena administración. 
En su calidad de observador de la Convención Europea, consiguió que el borrador de Constitución mencione debidamente al Defensor del Pueblo Europeo, establezca unos fundamentos jurídicos para una ley sobre buena administración e informe a los ciudadanos de su derecho a recurrir a los tribunales nacionales. 
También me aconsejó y me prestó un apoyo fundamental para el establecimiento de la institución del Defensor del Pueblo en Grecia. 
Intentaré estar a la altura de las expectativas generadas por sus logros y continuar su trabajo manteniendo y desarrollando aún más la capacidad de la institución para servir a todos los ciudadanos de la Unión con la mayor eficiencia y eficacia posibles. 
El Informe anual de 2002 registra los progresos que se han realizado en la tramitación de las reclamaciones, en la promoción de la buena administración y en los esfuerzos para que los ciudadanos conozcan mejor la institución. 
En 2002 el número total de reclamaciones se incrementó hasta alcanzar las 2 211, siendo el primer año de la historia del Defensor del Pueblo Europeo en que la cifra total superaba las 2 000 reclamaciones. 
La proporción de reclamaciones enviadas a través del sitio web y por correo electrónico siguió aumentando. 
Aproximadamente la mitad de las reclamaciones recibidas en 2002 se enviaron mediante esos sistemas. 
Asimismo, se recibieron más de 3 700 solicitudes electrónicas de información, que fueron debidamente respondidas. 
El Defensor del Pueblo Europeo inició más investigaciones en 2002 que en ningún otro año- un 8% más que en 2001, incluyendo dos investigaciones de oficio- y las resolvió con mayor eficacia. 
Me complace poder informarles de que, al final del año, todas las investigaciones con la excepción de cuatro se habían cerrado dentro del plazo previsto de un año. 
Mi compromiso es mantener y mejorar nuestro servicio a los ciudadanos utilizando los recursos con la mayor eficacia posible y, cuando sea necesario, intentando conseguir un nivel adicional de recursos realista. 
El Defensor del Pueblo Europeo también precisa la cooperación de otras instituciones para responder a las reclamaciones de una forma rápida, completa y correcta. 
El Informe de 2002 contiene muchos ejemplos de casos en los que las instituciones y los órganos tomaron medidas inmediatas para solucionar el problema una vez presentada la reclamación o reaccionaron positivamente a las propuestas y recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo. 
El Defensor del Pueblo Europeo también trabajó mucho en 2002 para incrementar la concienciación pública sobre el derecho de los ciudadanos a presentar reclamaciones, y a hacerlo por vías que suponían una diferencia. 
Elaboramos una «Guía para los ciudadanos» publicada en 11 idiomas. 
Emitimos un comunicado de prensa cada 10 días en promedio y se llevaron a cabo numerosas presentaciones sobre el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo en seminarios y reuniones en los Estados miembros. 
Como antiguo Defensor del Pueblo de mi país, puedo atestiguar que el Defensor del Pueblo Europeo está, sin duda alguna, entre las instituciones de Defensores del Pueblo más conocidas del mundo, y que probablemente es incluso la más conocida. 
Por ejemplo, más de 3.000 sitios web contienen un enlace activo con el sitio del Defensor del Pueblo Europeo. 
A lo largo de 2002, el Defensor del Pueblo Europeo ha llevado a cabo también los preparativos esenciales para la próxima ampliación de la Unión y se ha convertido en una de las primeras instituciones de la UE que llega a los ciudadanos en los idiomas de los países candidatos, tanto por escrito como electrónicamente. 
En estos momentos estamos intensificando los preparativos para gestionar la transición con el fin de tramitar las reclamaciones de los 25 Estados miembros con los menos contratiempos posibles. 
Los preparativos incluyen el reclutamiento de personal jurídico de los nuevos Estados miembros, así como la introducción de una base de datos mejorada para colaborar en la gestión de reclamaciones. 
En los 10 países que pasarán a formar parte de la Unión el año que viene existen ya instituciones de Defensores del Pueblo, que están plenamente integradas en la red de cooperación entre el Defensor del Pueblo Europeo y los Defensores del Pueblo y organismos similares de los Estados miembros. 
La colaboración a través de la red se ha mejorado para todos los miembros, tanto los antiguos como los nuevos. 
Los recursos en línea de la red incluyen ya, por ejemplo, un servicio de noticias diario del Defensor del Pueblo llamado «Ombudsman Daily News» y un activo foro de Internet para el intercambio de información e ideas. 
El objetivo fundamental de la institución del Defensor del Pueblo Europeo, tal y como yo la veo, es contribuir a reforzar la vida democrática de la Unión promoviendo el Estado de derecho, la buena administración y el respeto por los derechos humanos en los Estados miembros actuales y futuros de la Unión Europea. 
Además de reaccionar ante las reclamaciones que se reciben, el Defensor del Pueblo Europeo también debe tomar la iniciativa en la promoción de los valores democráticos, en la capacitación de los ciudadanos y en la ampliación de su abanico de opciones. 
Tomando como base lo que ya se ha conseguido y utilizando plenamente las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, tengo la intención de trabajar en estrecho contacto con la red de Defensores del Pueblo nacionales y regionales para reforzar el papel de las vías extrajudiciales, incrementar la presencia institucional del Defensor del Pueblo Europeo y llegar a todos los ciudadanos de la Unión Europea, viejos y nuevos, para informarles de sus derechos de acuerdo con la normativa legal de la Unión y de la manera en que pueden ejercer y defender esos derechos. 
La resolución adoptada por esta Cámara ayer sobre el informe Gil-Robles/Tsatsos será de gran ayuda para esos esfuerzos, cosa que agradezco. 
Que la Constitución incluyera también una referencia al sistema de recursos extrajudiciales sería un logro real y tangible para los ciudadanos, a quienes con demasiada frecuencia parece que se les deja al margen de la integración europea. 
Me comprometo a luchar incansablemente para conseguir ese objetivo. 
Quisiera dar las gracias a Lord Stockton por su excelente informe y por las constructivas propuestas que contiene. 
También quiero agradecer al Presidente de la Comisión de Peticiones, el Sr. Gemelli, los ánimos y el apoyo que la comisión ha dado y sigue dando al Defensor del Pueblo Europeo en su trabajo. 
Desde que tomé posesión, he sido testigo de la disposición de muchos órganos e instituciones europeos para colaborar con el Defensor del Pueblo Europeo. 
Quisiera mencionar sobre todo el positivo enfoque mostrado por el Presidente de esta Cámara, el Sr. Cox, y por la Comisaria responsable, la Sra. De Palacio. 
Espero continuar esa estrecha colaboración con todas las instituciones y todos los órganos con el fin de mejorar la calidad de la administración de la Unión Europea y de llegar a los ciudadanos. 
Por último, permítanme dar las gracias a todos los diputados de esta ilustre Cámara por su confianza y ofrecerles mi plena colaboración en el trabajo, con frecuencia no reconocido, que llevan a cabo para ayudar a los ciudadanos que tienen problemas. 
. 
(ES) Señor Presidente, Señor Defensor del Pueblo, Sr. Soderman, Señorías, este debate se sitúa en un momento clave, puesto que se refiere a un informe de actividades redactado y presentado por el anterior Defensor del Pueblo, puesto que el Sr. Diamandouros ha asumido sus funciones en el mes de abril de 2003. 
En el anterior debate sobre las actividades del Defensor del Pueblo en 2001, la Comisión también tuvo la ocasión de felicitar al Sr. Soderman, esta vez por su papel de pionero en la instauración del sistema de mediación europea, y no dudo de que vamos a seguir adelante con esa capacidad, esa iniciativa y ese impulso con el Sr. Diamandouros. 
Como su ponente, la Comisión no puede sino alegrarse de la instauración de las redes de Defensores del Pueblo nacionales y regionales, de las mejoras constatadas en el tratamiento rápido de las denuncias, del papel desempeñado en la Convención y de la preparación activa de la ampliación, que ha desarrollado el Defensor del Pueblo. 
Respecto a la gestión de los expedientes de denuncia, la Comisión celebra la Decisión del Parlamento según la cual, en numerosos casos, las autoridades europeas adoptaron las medidas convenientes para encontrar una solución en cuanto se hubiera informado del problema en cuestión y, en otros casos, se obtuvo una solución de mutuo acuerdo. 
La Comisión siempre se ha esforzado en cooperar al máximo con el Defensor del Pueblo en la gestión cotidiana de las denuncias individuales, en interés de los ciudadanos, que es la razón de nuestra presencia aquí. 
Es cierto, sin embargo, que, a veces, hay divergencias de opinión. Pero es lógico, y siempre hay una discusión abierta y constructiva. 
Respecto al código de buena conducta administrativa, al cual se ha referido claramente el ponente, Lord Stockton- al cual agradezco su trabajo tan positivo -, la Comisión está trabajando en ello, pero hay que calcular bien los tiempos. 
El código de la Comisión, que corresponde globalmente y de manera esencial a lo que, en su momento, discutimos y hablamos con el Sr. Soderman, y que el Parlamento asumió, entró en vigor en noviembre de 2001. 
El primer informe de aplicación se redactó, y no ha pasado todavía tiempo suficiente para tener perfecta y acabada idea del funcionamiento del actual Reglamento y, por lo tanto, de sus posibles mejoras. 
Además, hay una segunda cuestión. 
Si el segundo informe de aplicación está en preparación para el conjunto de las instituciones- informe que deberá permitir determinar una común orientación de todas ellas -, hay que recordar que en este momento estamos con una Conferencia Intergubernamental abierta. 
Si el texto adoptado por la Convención en este punto es asumido por la Conferencia Intergubernamental, podríamos tener un fundamento jurídico para lanzar la iniciativa de un código común a todas las instituciones, en un procedimiento de codecisión con participación plena de este Parlamento, mientras que para la situación actual- que les recuerdo se basa en el artículo 308 del Tratado- no hay nada más que un simple dictamen del Parlamento Europeo y, además, la unanimidad. 
En cuanto al acceso a documentos en materia de procedimientos de infracción, no hay que perder de vista que el procedimiento de infracción es una herramienta esencial a disposición de la Comisión, cuyo objetivo es hacer respetar el Derecho comunitario. 
Es imprescindible que la Comisión pueda realizar sus investigaciones y dialogar con los Estados con absoluta autonomía. 
Es necesario dejarle todo el margen de maniobra necesario para el ejercicio de este poder. 
Por tanto, es una cuestión de equilibrio entre las exigencias de transparencia y la necesaria confidencialidad del diálogo entre la Comisión y los Estados miembros. 
Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal ha dado un marco jurídico a la materia, que no se puede ignorar. 
No obstante, para los procedimientos de infracción cerrados, la Comisión ha revisado su práctica y los documentos pueden ser accesibles, en principio, conforme al Reglamento (CE) nº 1049/2001. 
Señorías, quiero reiterar mi agradecimiento al ponente, Lord Stockton, felicitarle públicamente, darle todos los ánimos y garantizar el apoyo desde la Comisión al nuevo Defensor del Pueblo, Sr. Diamandouros, como lo hicimos con su predecesor, pero no puedo concluir mi intervención sin decir algo que creo que es de justicia. 
El Sr. Diamandouros acaba de decir que la principal razón de ser de la institución del Defensor del Pueblo es ayudar a reforzar la vida democrática en la Unión, promoviendo el Estado de Derecho, la buena administración y el respeto de los derechos humanos. 
En ese sentido, todos debemos agradecer al Sr. Soderman su actuación y su trabajo a lo largo de todos estos años, porque, al frente de la institución del Defensor del Pueblo, ha trabajado y ha conseguido esa mejora y ese reforzamiento del Estado de Derecho, la buena administración y el respeto de los derechos humanos en toda la Unión Europea e, incluso, en los nuevos países candidatos, que pronto serán también miembros de nuestra Unión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Defensor del Pueblo, le doy las gracias al Sr. Söderman por encontrarse hoy aquí entre nosotros y por la labor que ha realizado, así como por la felicidad que desprende allá donde va. 
Me alegra que Lord Stockton haya hecho también un comentario al respecto. 
Hemos estudiado el informe anual correspondiente al año 2002. 
Se trata de un informe excelente basado en un trabajo sólido y serio. 
El tono es ligero, tal y como todos esperamos. 
No obstante, permítanme decir, con franqueza escandinava, que no cabe duda de que existen algunos problemas en las relaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Defensor del Pueblo. 
Uno de estos problemas es que la Comisión no ha contestado a varios de los informes que hemos redactado en respuesta a los informes especiales del Defensor del Pueblo. 
Existe una laguna respecto a la cual tenemos que hacer algo. 
Otro problema que debemos solucionar una vez finalizada la Conferencia Intergubernamental es el hecho de que la propuesta de modificación de la Carta del Defensor del Pueblo ha quedado de algún modo estancada. 
Esta propuesta no ha avanzado, ni hemos obtenido las garantías necesarias con respecto al acceso del Defensor del Pueblo a todos los documentos. 
Es preciso que cobremos nuevas fuerzas cuando concluya la Conferencia Intergubernamental. 
Aunque es cierto que se menciona este cargo en el proyecto de Constitución, creo que muchos de nosotros habríamos querido una posición aún más importante para el Defensor del Pueblo como institución. 
En cierto modo, resulta una ironía del destino que nos encontremos hoy debatiendo el informe del Defensor del Pueblo, cuya tarea es la de luchar contra una administración inadecuada, cuando en el resto de la Cámara circulan numerosos rumores sobre la mala administración y Eurostat. 
Por supuesto, no hay motivos para adoptar una postura legal respecto a Eurostat y lo que ha sucedido, pero cabe la posibilidad de preguntarse si las relaciones administrativas entre los distintos organismos supervisores europeos son las adecuadas. 
¿Cómo es posible que el Tribunal de Cuentas no haya detectado errores en Eurostat? 
¿Cómo es posible que el carácter de las comunicaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) al Secretario General de la Comisión sea tan secreto que ni los Comisarios las han llegado a recibir? 
El asunto Eurostat plantea numerosas cuestiones relacionadas con el flujo de información. 
Considero muy conveniente que el nuevo Defensor del Pueblo pueda investigar las relaciones entre los organismos supervisores y los auditores, para comprobar si cumplen los requisitos de una buena administración y una transparencia adecuada. 
Respeto totalmente la independencia del Defensor del Pueblo pero creo, no obstante, que su Oficina debe tener presente esta idea cuando lleve a cabo su trabajo. 
Felicito al recién elegido Defensor del Pueblo por su trabajo. 
Sabemos que ya ha influido positivamente en nuestra administración. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Defensor del Pueblo, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a mi colega, Lord Stockton, por su informe, que cuenta con todo el apoyo de mi grupo. 
Cuando se habla sobre el futuro de Europa y la futura Constitución, se utiliza en ocasiones el símil de una balanza. 
Por un lado, la Unión debe ser democrática y abierta y, por otro, ha de ser eficiente y funcional. 
Es preciso que nosotros, desde el Parlamento, controlemos esta balanza y nos aseguremos de que no se incline en perjuicio del aperturismo. 
Felicito asimismo al primer Defensor del Pueblo Europeo, el Sr. Söderman, cuyo último informe se somete hoy a debate, y le doy las gracias una vez más, en nombre de mi grupo, por la labor que ha realizado durante muchos años. 
En ningún momento ha dejado de insistir en que la transparencia y la apertura son los medios más económicos para garantizar una buena administración y luchar contra el fraude. 
No entraré ahora a discutir la cuestión de Eurostat: acabaríamos yéndonos por las ramas. 
Además, los informes anuales elaborados por el Defensor del Pueblo han demostrado que las reclamaciones de los ciudadanos por una mala administración pueden servir para introducir mejoras tangibles en el funcionamiento de las instituciones. 
En la mayoría de los casos, las instituciones han reaccionado de forma positiva ante los comentarios del Defensor del Pueblo y se han encontrado soluciones para las reclamaciones. 
Pero, en algunas ocasiones, la institución afectada se muestra reacia a modificar las prácticas y normas incorrectas. 
Siendo así las cosas, el Defensor puede dirigirse al Parlamento con un informe especial. 
Actualmente nos enfrentamos a dos asuntos de este tipo. 
Es preciso establecer un Código de Buena Conducta Administrativa común para todas las instituciones. 
El Parlamento ha tomado una decisión al respecto basándose en el informe Perry. 
Aún sigo sin entender dónde está el problema, especialmente para la Comisión, que son precisamente los que deben dar un buen ejemplo en esto. 
¿Por qué esperar a la Conferencia Intergubernamental cuando nosotros mismos podemos tomar la iniciativa? 
El otro informe, cuya ponente ha sido mi colega, la Sra. Lambert, tiene que ver con la protección de datos y su aplicación con la intención de exigir confidencialidad en asuntos que, en realidad, deben ser de dominio público. 
Dos derechos fundamentales se contraponen en este punto: el derecho a la información, por un lado, y el derecho a la protección de los datos personales, por el otro. 
Quiero preguntar a la Comisión, a este respecto, cómo pretende resolver la cuestión y los problemas existentes entre nuestras instituciones. 
Gracias, señor Söderman. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0239/2003) de la Sra. González Álvarez, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año parlamentario 2002-2003 [2003/2069 (INI) ]. 
Señor Presidente, señora Comisaria, deseo igualmente expresar mi más sincero agradecimiento a la Sra. González Álvarez por su amistad y por el excelente trabajo que ha realizado. 
Ya la echamos de menos en el Parlamento. 
Asimismo, doy las gracias a la secretaría de la Comisión de Peticiones por la ardua y satisfactoria labor realizada. 
Con pocos recursos más, se ha hecho mucho más trabajo y hemos tenido un papel bastante destacado. 
Opino que ha sido un año positivo. 
Desde nuestro último debate, el informe del Sr. Perry ha pasado a ser de actualidad. 
Hemos tenido el informe de Lord Stockton sobre el reverendo Owen y el informe de la Sra. Fourtou, que ha obtenido resultados en lo que respecta a los implantes mamarios de silicona. 
También someteremos a debate las cuestiones de la carne de animales silvestres y la esclerosis múltiple. 
Por desgracia, no conseguimos avanzar en lo que se refiere al plan hidrológico español. 
Aún así, todos estamos de acuerdo en que, antes de la ampliación, tenemos que progresar en el ámbito de las peticiones, especialmente al comienzo del trabajo, y aprovechar la oferta de cooperación lanzada hace un año por el Defensor del Pueblo. 
Creo que esto es importante, sobre todo de cara a la ampliación. 
Me preocupan los casos en que las reclamaciones elevadas a la Comisión, en virtud del artículo 226, y las peticiones dirigidas a la Comisión de Peticiones, tienen que ver con las mismas circunstancias. 
Debería existir un código de honor para que la Comisión pueda hacer públicas expresamente para la Comisión de Peticiones sus respuestas a las cuestiones. 
Por último, quiero decir que nuestras peticiones funcionan como una especie de iniciativas de los ciudadanos que formarán parte de la nueva Constitución. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ha sido estupendo iniciar la jornada viendo cómo mis colegas tratan de superarse los unos a los otros prodigando sentidos elogios a mi compatriota, Jacob Söderman. 
Les deseo todo lo mejor a los que continuarán con ese trabajo. 
Como miembro prácticamente nuevo de la Comisión de Peticiones, me ha resultado especialmente interesante la tarea de ponerme al corriente de su trabajo y familiarizarme con su informe anual. 
Precisamente ahora que se debate el futuro de la Comisión de Peticiones, sería estupendo contar con un informe que, una vez leído, nos hiciera darnos cuenta de que no se puede poner suficientemente de relieve la posición especial que ocupa esta Comisión de Peticiones en el conjunto de las comisiones. 
Pero es importante que se promulgue una legislación apropiada a escala comunitaria, especialmente en ámbitos tales como la protección del medio ambiente, donde los problemas no conocen fronteras internacionales. 
¿Pero cómo nos vamos a beneficiar nosotros o el medio ambiente si los Estados miembros aplican la legislación europea solo cuando no entra en conflicto con otros intereses? 
Aunque las autoridades nacionales y, en última instancia, los tribunales, tienen como principal obligación supervisar el cumplimiento de la legislación comunitaria, tiene que existir además una vía europea de recurso para los ciudadanos que no cumplan sus obligaciones. 
Puesto que un ciudadano común no se encuentra generalmente en posición de elevar un caso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que éste lo juzgue, las opciones que le quedan son básicamente la de plantear una reclamación a la Comisión o realizar una petición al Parlamento Europeo. 
Sin duda, la tarea de vigilar la aplicación de la legislación comunitaria en nombre de la Unión Europea corresponde principalmente a la Comisión. Pero tampoco aquí parece muy impaciente por interferir en los asuntos de los Estados miembros. 
Las peticiones presentadas por nosotros, los finlandeses, o por los ciudadanos de los demás países nórdicos, no son muy numerosas. 
Un caso aislado, que amenaza la diversidad de la naturaleza en Finlandia, es el del Proyecto del Puerto de Vuosaari en Helsinki. Este proyecto se sometió a control comunitario tras pasar por todo el proceso de petición, un esfuerzo que las autoridades finlandesas han considerado inútil. 
Vuosaari es un ejemplo de un caso en el que la Comisión ha sido, por una u otra razón, incapaz de intervenir. 
No obstante, al leer el informe de Laura González Álvarez, se puede afirmar que la Comisión de Peticiones ha demostrado ser un medio excelente para garantizar una democracia transparente y obtener unos resultados concretos. 
Señor Presidente, como sus Señorías saben, es costumbre felicitar en nuestros discursos al ponente de un informe. 
Lo hago con sumo gusto en este caso, pero, al igual que el Sr. Gemelli, el presidente de la comisión, quisiera ir más allá de lo convencional y hacer constar en acta mi reconocimiento por el trabajo realizado durante muchos años por la Sra. González en la Comisión de Peticiones. 
Ella y yo procedemos de puntos bastante distantes en el espectro político, pero en la Comisión de Peticiones todos sentimos que compartimos un interés común, con independencia de la nacionalidad o de la política, que es la protección de los derechos de los ciudadanos. 
Sin duda alguna, la Sra. González ha sido una valiente luchadora por los ciudadanos españoles y sobre todo por el medio ambiente de su amado país. 
Con frecuencia se acusa a la Unión Europea de tener un déficit democrático. 
En ocasiones, se trata de una crítica justa, en ocasiones quizás es exagerada, pero la Comisión de Peticiones es una vía muy real por la que los ciudadanos pueden hacer llegar sus reclamaciones a este Parlamento y conseguir que se aborden debida y plenamente. 
A veces digo que en la Comisión de Peticiones «está toda la vida humana». 
Voy a poner unos ejemplos de mi propio país, el Reino Unido. 
Algunos pensionistas británicos se van a España cuando se jubilan- ¡y quién va a culparles por eso! -, pero el Gobierno británico no quería darles la asignación de combustible para el invierno que han pagado durante toda su vida. 
No consiguieron esa asignación hasta que presentaron una petición ante este Parlamento. 
En estos momentos hay un ciudadano alemán viviendo en mi circunscripción que pensaba que tenía derecho a una pensión del Gobierno alemán, que se negaba a pagársela. 
Realizó una petición ante este Parlamento y el Gobierno alemán accedió a pagar. 
Asimismo, le abonaron retroactivamente la pensión desde 1995, una cantidad añadida a su pensión que desde luego es muy bienvenida. 
Los servicios aduaneros británicos intentaron evitar que los ciudadanos del Reino Unido hicieran uso de su derecho de ir a Francia a comprar los buenos vinos por los que ese país tiene una merecida reputación. 
A raíz de varias peticiones, esas limitaciones se han suprimido y se ha dicho a Aduanas del Reino Unido que debe dejar de confiscar, no solo el vino, sino también los coches de ciudadanos británicos. 
La presentación de peticiones es una forma de conseguir que se debatan en esta Cámara diversos asuntos. 
Más tarde debatiremos sobre las peticiones relativas a Lloyd's de Londres. 
También quiero felicitar al personal y a los funcionarios de la Comisión, por sus buenas respuestas a nuestras solicitudes. 
Por desgracia, el Consejo no es tan agradable. 
Miro las sillas vacías que hay allí y veo que aparentemente al Consejo no le interesa ni el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo ni el trabajo de la Comisión de Peticiones. 
Es una vergüenza. 
No es culpa de la Presidencia italiana; es un problema permanente de todos los consejos. 
Antes de ponernos a felicitar a diestro y siniestro, quisiera llamar su atención sobre el problema del código de buena conducta administrativa. 
He oído lo que ha dicho la Comisaria De Palacio. 
Estoy seguro de que tiene buenas intenciones, pero ya es hora de que tengamos un código de conducta administrativa que sea vinculante para las instituciones, no voluntario, y además uniforme para todas ellas. 
No creo que el año 2005 sea una fecha adecuada, ni mucho menos. 
Hemos esperado demasiado para tener este código y, si la Comisión lo adoptara, estoy seguro de que muchos de los problemas a los que se enfrentan las instituciones se resolverían. 
Agradezco su trabajo a la Sra. González. 
Es posible que esta comisión no sea la mayor del Parlamento, pero en lo que respecta a la protección de los ciudadanos es la mejor. 
Señor Presidente, en 1997 una señora inglesa, que tiene tanto miedo que todavía tenemos que llamarla señora X, presentó una petición ante este Parlamento. 
Lo único que hizo fue preguntar si el Gobierno británico supervisaba debidamente a Lloyd's de Londres de conformidad con la Directiva sobre seguros de la UE, la Directiva 73/239. 
La misma pregunta o alegación se ha hecho posteriormente en otras peticiones, algunas firmadas por cientos de «names» y varias firmadas por miles. 
Cuando fui nombrado ponente conocí a la señora X, quien me ha contado su historia. 
She recognised that by investing with Lloyd's and becoming a 'Name' -I should explain, for non-Anglophone listeners, that means a passive external investor whose affairs were managed by Lloyd's as approved agents- she recognised that she was exposing herself to unlimited liability. 
Pero me dijo que la única razón por la que asumió ese riesgo es que creía que Lloyd's se regía por las normas británicas y europeas. 
Este mismo año, Sir Nigel Sheinwald, el Representante Permanente del Reino Unido ante la UE, envió una carta con un tono ciertamente enérgico al Sr. Gemelli, el Presidente de la Comisión de Peticiones, con la que pretendía bloquear el derecho de este Parlamento a abordar los hechos. 
Me complace que nuestros propios servicios jurídicos- que dicen que el Parlamento debe tener mucho cuidado ante los intentos de limitar nuestras facultades por parte de representantes de otras instituciones- han confirmado que no hay nada en las normas que pueda evitar que realicemos una investigación parlamentaria, mientras los términos de referencia sean distintos de cualquier cuestión que esté tramitándose ante los tribunales de un Estado miembro. 
El Comisario Bolkestein va a hablar hoy aquí, pero lo que ha dicho a la Comisión de Peticiones, así como sus acciones, indican claramente que está preocupado por el régimen de Lloyd's Ha enviado largos cuestionarios y ha recibido respuestas. 
Desgraciadamente, esas cartas y sus respuestas nunca se han hecho públicas ni se han puesto a disposición de la Comisión de Peticiones o del Parlamento. 
La pregunta clave que hacen los peticionarios es la siguiente: ¿dispone Lloyd's de las reservas necesarias para cubrir su pasivo, tal y como exige la Directiva 73/239/CEE? 
Para responder a esa pregunta es preciso disponer de una cuenta auditada de las reservas y una estimación razonable del pasivo. 
Quizás el Comisario pueda darnos las cifras, sobre todo en lo que respecta al pasivo antiguo de Lloyd's que intentaron separar en el plan conocido como Equitas. 
Los peticionarios no preguntan a este Parlamento sobre el régimen actual, que el Comisario considera que puede ser satisfactorio. 
Nos han preguntado por el período que va desde 1978, cuando la Directiva debía haber entrado en vigor, hasta 2000, cuando presentaron sus peticiones (en 1997, en el caso de la señora X). 
¿Se aplicó la Directiva en ese período? 
Hasta ahora, la Comisión intenta no decir nada sobre ese período, un período en el que los activos de los peticionarios se embargaron y algunos se vieron abocados a la quiebra, en el que los titulares de pólizas estaban en una situación de riesgo si no había reservas y en el que otras empresas de seguros europeas tuvieron que cumplir lo dispuesto en la Directiva, un período en el que los tribunales ingleses dijeron, en varias sentencias, que Lloyd's no contaba con un sistema para constituir las reservas necesarias. 
En 2000 el juez Cresswell dijo que el catálogo de incumplimientos e incompetencias en los años ochenta por parte de aseguradores, agentes gestores, agentes de socios y otras personas es increíble, y una vergüenza para uno de los grandes mercados de la City. 
No pido al Comisario que tome medidas contra el Gobierno británico por los incumplimientos de ese período. 
Su obligación es hacer que un Estado miembro cumpla la normativa. 
Solo le pido una respuesta autorizada; sí o no. 
Entre 1978 y 2000, ¿aplicó correctamente el Gobierno británico la Directiva 73/239/CEE de la UE sobre seguros? 
Respeto al Comisario, sé que es un hombre sincero. 
Espero que podamos conseguir una respuesta directa. 
El Gobierno británico ha presionado mucho, pero ese no debe ser un argumento para permitir que un gran país se salga con la suya. 
Si la Comisión puede asegurarnos y explicarnos cómo respetaba el régimen la Directiva, esa es una respuesta que podemos dar a los peticionarios. 
Sin embargo, si la Comisión cree que, antes de la adopción de la Financial Services Act, el Gobierno británico no cumplía la Directiva, debe decirlo. 
Tenemos que saber la verdad de lo que ocurrió y por qué se arruinaron miles de personas. 
Espero que la Comisión dé respuestas formales. 
No debería ser necesaria una comisión de investigación. 
Por eso he presentado una enmienda, para conceder a la Comisión seis semanas para dar una respuesta completa, autorizada y escrita a esta Cámara. 
Sin embargo, si esa respuesta no se produce, el Parlamento ha de reservarse su derecho a realizar una investigación completa sobre este lamentable caso. 
Señor Presidente, quiero darle las gracias por esta nueva invitación a dirigirme a la Cámara y a facilitarles el último informe sobre los progresos de las investigaciones de la Comisión sobre este complejo y muy sensible expediente. 
Como sabrán muchas de sus Señorías, esta es en realidad la cuarta vez en que yo personalmente he tenido la oportunidad de debatir el caso con diputados al Parlamento Europeo y, más concretamente, con miembros de la Comisión de Peticiones. 
Además de mis propias comparecencias ante el Parlamento, hemos mantenido al Parlamento plenamente informado sobre la evolución de los acontecimientos mediante informes periódicos, complementados por presentaciones orales realizadas por mi personal en reuniones con la Comisión de Peticiones. 
Asimismo, he respondido a un gran volumen de correspondencia de algunos diputados sobre este tema. 
La Comisión ha intentado, de esta forma, mantener plenamente informado al Parlamento en la medida en que era posible teniendo en cuenta los procedimientos. 
Dados estos amplios antecedentes, no tengo la intención de repasar los antecedentes de este caso. 
En lugar de eso, propondría centrarme en los acontecimientos ocurridos desde la última vez que me dirigí a este Parlamento, en la audiencia de la Comisión de Peticiones del 22 de enero de 2003. 
Mediante carta del 24 de marzo de 2003, la Comisión recibió una exhaustiva respuesta de las autoridades del Reino Unido a la carta complementaria de notificación formal enviada por la Comisión el 23 de enero de 2003, en la que se expresaban algunas preocupaciones pendientes sobre el nuevo régimen regulador para Lloyd's establecido en virtud de la FSMA (Financial Services and Markets Act 2000). 
Tras analizar esa respuesta, así como otras aclaraciones orales y escritas facilitadas por las autoridades del Reino Unido, los servicios de la Comisión consideran que el nuevo sistema normativo es compatible con los requisitos de la Directiva 73/239/CEE, es decir, la Primera Directiva sobre seguros distintos del segundo de vida, modificada. 
Estos requisitos estaban relacionados fundamentalmente con la verificación de la solvencia, los sistemas de auditoría, la suficiencia de los procedimientos administrativos y contables y los mecanismos de control internos. 
Con el fin de respetar los derechos procedimentales de los demandantes, en la segunda quincena de julio mis servicios escribieron a todos los demandantes, así como a los peticionarios que no habían presentado una reclamación formal, explicándoles los resultados de este análisis preliminar e indicándoles la intención de los servicios de proponer el cierre del caso a la Comisión. 
Mis servicios están terminando ahora su análisis de las respuestas recibidas de los demandantes antes de elaborar una propuesta de decisión definitiva sobre el caso por parte del Colegio de Comisarios. 
De acuerdo con el deseo del Parlamento, intentaremos tomar esa decisión tan pronto como sea posible, antes del final del mes de octubre del 2003. 
La mayoría de los comentarios recibidos hacen referencia a la situación anterior, antes de la introducción de la FSMA 2000. 
Como ya he explicado a este Parlamento y a los demandantes, el objetivo de los procedimientos de infracción del derecho comunitario es garantizar o restaurar la compatibilidad del derecho nacional con el comunitario, no decidir sobre la compatibilidad o incompatibilidad del régimen anterior. 
Eso- y se lo digo especialmente al Sr. Perry- deben resolverlo los tribunales nacionales. 
Desde el principio de nuestras investigaciones sobre este complejo y sensible expediente, hemos dejado claro a los demandantes en repetidas ocasiones que cualquier demanda por daños y perjuicios debería presentarse ante los tribunales nacionales. 
De hecho, creo que actualmente un grupo de demandantes ha presentado una demanda de ese tipo ante los tribunales del Reino Unido. 
Por lo tanto, de conformidad con la jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia, la tarea de la Comisión es analizar la compatibilidad del nuevo régimen con los requisitos de las Directivas sobre seguros. 
Durante nuestras investigaciones, el acceso al expediente ha sido un tema que ha suscitado intensos debates. 
Espero que sus Señorías reconozcan, tal y como he dicho en mis comentarios iniciales, que, durante el curso de sus investigaciones, la Comisión siempre ha intentado mantener plenamente informado al Parlamento en la medida de lo posible. 
Como reconoce el informe de la Comisión de Peticiones, la Comisión está obligada por el punto 1.5 del Anexo III al Acuerdo Marco entre el Parlamento y la Comisión, que estipula que la información sobre procedimientos de infracción sigue siendo confidencial hasta que la Comisión haya tomado su decisión definitiva. 
Sin duda, tras la decisión definitiva, la Comisión pondrá los documentos a disposición del Parlamento, sin perjuicio de las demás obligaciones de confidencialidad. 
Suponiendo que la decisión del Colegio de Comisarios sea cerrar el caso, la Comisión facilitará, en respuesta a una petición formal del Parlamento, el acceso al expediente de conformidad con el Acuerdo Marco sin perjuicio del respeto de cualquier requisito de confidencialidad impuesto por el Reino Unido sobre los documentos que ha elaborado. 
Asimismo, el acceso del público en general al expediente se permitirá de acuerdo con los términos del Reglamento (CE) 1049/2001. 
Por último, me gustaría mencionar brevemente una cuestión que, en vista de los amplios contactos que he mantenido con el Parlamento, esperaba que no hubiera sido necesaria. 
Hay personas que dicen que, en el curso de sus investigaciones, la Comisión se ha expuesto a acusaciones de mala administración y demoras innecesarias. 
Lo diré claramente: a pesar de la complejidad y sensibilidad del caso y del considerable volumen de correspondencia recibida, la Comisión siempre ha intentado llevar a cabo sus investigaciones tan rápidamente como era posible realizando una investigación exhaustiva y siguiendo el proceso necesario, a pesar de estar sujeta a verdaderas limitaciones en cuanto a los recursos. 
La petición 318/2000 ocupa siete archivadores de palanca en formato A4. 
La Comisión ha examinado atentamente las reclamaciones y ha mantenido comunicaciones sustanciales y constantes con los demandantes. 
Se hicieron públicas dos notas de prensa, que también se enviaron a todos los demandantes y peticionarios. 
Asimismo, como acabo de decir, de conformidad con las salvaguardas procedimentales que corresponden a los demandantes, los servicios de la Comisión han escrito a todos ellos informándoles de los resultados del análisis previo de la Comisión y solicitándoles sus opiniones. 
Por último, el Sr. Diamandouros, el Defensor del Pueblo Europeo, ha examinado recientemente una acusación de mala administración contra la Comisión, y la ha rechazado. 
En concreto, quisiera recordar respetuosamente al Parlamento que el Sr. Diamandouros estudió concretamente las acusaciones de mala administración de la Comisión en relación con el acceso a los expedientes y el examen del actual régimen regulador, y no el anterior, el régimen anterior a la FSMA. En ambos casos, el Sr. Diamandouros decidió que no se había producido una mala administración. 
He hablado algo más de lo que hubiera querido, pero, dada la importancia del caso y las trágicas historias que lo rodean, quería ser perfectamente claro en mi declaración ante este Parlamento. 
Para terminar, permítame volver a garantizarle, señor Presidente, que la Comisión está dispuesta a cooperar plenamente con el Parlamento. 
Pero esta cooperación debe encuadrarse siempre dentro de los límites legales que le vienen impuestos a la Comisión. 
Como en ocasiones anteriores, estaré encantado de intentar responder a cualquier otra pregunta que tengan. 
Señor Presidente, es muy fácil reaccionar ante las emociones, pero esta Cámara no debería reaccionar ante las emociones, sino ante los hechos. 
Por este motivo voy a votar en contra del informe. 
Creo que es muy selectivo y profundamente defectuoso. 
No hace una valoración equilibrada. 
Las citas utilizadas en el informe son muy selectivas y están sacadas de contexto y, por lo tanto, no resumen fielmente la situación jurídica. 
Hay errores de hecho, por ejemplo en relación con el sistema contable de Lloyd's Las cuentas cerradas no vuelven a la vida, como se sugiere en el informe, sino que, como ocurre con todos los seguros, se hacen reclamaciones contra una póliza una vez que ha vencido. 
El informe afirma que las Directivas no se han aplicado. 
Esa es una opinión, no un hecho probado. 
Asimismo, el informe no detalla los importantes esfuerzos realizados por Lloyd's para reducir las pérdidas de los Names. 
Pero también hubo problemas dentro de la Comisión de peticiones. 
Señalé en repetidas ocasiones que la forma en que el Sr. Perry estaba intentando crear una comisión de investigación no era la correcta, era contraria al Reglamento y también a los Tratados. 
Sir Nigel Sheinwald no intentó bloquear una investigación, sino que indicó, con bastante razón, que cualquier investigación debía cumplir lo dispuesto en el Reglamento y también en nuestros Tratados. 
Permítanme citar la parte relevante de su carta. 
Cree que «no permiten que se constituya una comisión de investigación cuando los hechos alegados están siendo examinados ante un tribunal y mientras el caso siga estando sujeto a procedimientos judiciales». 
Como ha dicho el Comisario, en estos momentos hay un caso ante el Tribunal de Apelación del Reino Unido y por lo tanto debemos tener mucho cuidado y consideración antes de crear una comisión de investigación. 
También en este caso el Sr. Perry ha utilizado comentarios y citas del caso Jaffrey en el Tribunal de Apelación de forma selectiva. 
Podría seguir indefinidamente, pero permítanme tranquilizar al Sr. Perry. 
El Grupo del PSE va a votar a favor de sus enmiendas. 
Creo que esas enmiendas solucionarán algunos de los problemas con los que hemos estado enfrentándonos. 
Por supuesto, estoy satisfecho de que, atendiendo a mi sugerencia, los servicios del Parlamento hayan solicitado otros cambios y, en concreto, la supresión de la insistencia del Sr. Perry en que el apartado 5 de su exposición de motivos se incorporara a la resolución. 
Estos son solo algunos ejemplos concretos de los cambios que han debido hacerse en un informe que contiene muchos errores. 
Si en este Parlamento creamos ante los ciudadanos y los peticionarios expectativas que no podemos cumplir, lo hacemos por nuestra cuenta y riesgo. 
Todo el proceso seguido por el Sr. Perry ha sido sincero, pero creo que está creando expectativas que no podemos cumplir. 
Exige documentos que sabe que no se le pueden entregar. 
Soy el autor del Reglamento 1049/2001. 
El Sr. Perry exige a la Comisión una investigación que sabe que la Comisión no puede llevar a cabo. 
Por último, el Grupo del PSE va a apoyar esto, pero debo decir al Parlamento con toda sinceridad, con la mano en el corazón, que no puedo apoyar este informe y, por lo tanto, no voy a votar a favor del mismo. 
Señor Presidente, al igual que muchos diputados británicos de esta Cámara, he recibido un gran número de cartas personales de personas de mi circunscripción que son peticionarios en este caso. 
Agradezco el tenaz trabajo del Sr. Perry en nombre de esos peticionarios, y confirmo que mi Grupo votará a favor del informe. 
Sin embargo, hay una cuestión más amplia en juego, que afecta al buen funcionamiento del derecho comunitario. 
Durante los dos últimos años, he sido ponente de los informes sobre la aplicación y el seguimiento del derecho comunitario. 
Como Parlamento, luego solicitamos a la Comisión que mejore sus procedimientos de infracción y su trato con los demandantes, pidiendo especialmente que la correspondencia entre la Comisión y los Estados miembros esté disponible. 
Ese es el aspecto que debería, y puede, investigar cualquier comisión de investigación: el desempeño, por parte de la Comisión, de su obligación de supervisión de la aplicación del derecho comunitario. 
Eso no tiene por qué tener algo que ver con los actuales procedimientos en el Tribunal Superior inglés. 
Se trata de conseguir una respuesta para nuestros ciudadanos. 
Cualquier comisión de investigación debería abordar esta cuestión central sobre la eficacia de los procedimientos de infracción. 
Es preciso decir que esta historia data ya de 1997. 
Con el mayor respeto por el Comisario- y respeto al máximo su trabajo- decir que ahora todo está en orden no es enteramente satisfactorio. 
Si la Comisión no puede llevar a cabo su función de guardiana de los Tratados, estamos ante un problema muy grave y todo el marco jurídico de la Unión puede quedar desacreditado y en entredicho. 
Tenemos que dar respuestas a nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, mi grupo apoya el informe del Sr. Perry. 
Los Tratados de la Unión Europea reconocen que puede resultar necesario someter determinadas cuestiones comunitarias al control parlamentario. 
Con esta postura, no se pretende poner en duda el trabajo de la Comisión en lo que respecta a la vigilancia de la correcta aplicación de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros. 
Pero, en ocasiones, la Comisión prefiere no molestar a los gobiernos de algunos de esos Estados. 
Lo que me preocupa es que a veces tengo la misma sensación con respecto a nuestro propio Parlamento, por ejemplo, en el caso del Prestige. 
¿Por qué debemos renunciar a nuestro derecho de denunciar la aplicación incorrecta de la legislación comunitaria por parte de las autoridades y los gobiernos de los Estados miembros? 
La lectura del informe sobre las peticiones relativas a Lloyd's me ha dejado, en primer lugar, con la impresión de que algunos asuntos tienen que aclararse más. 
En segundo lugar, creo que ni el Gobierno del Reino Unido ni la Comisión Europea desean analizar más a fondo este tema, a pesar de su propuesta. 
En tercer lugar, parece que algunos diputados tienen más interés en proteger a sus propios gobiernos que en adoptar una actitud responsable hacia los ciudadanos y demostrar que la ley es la misma para todos. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias sinceramente a nuestro ponente, el Sr. Perry, por su informe sobre las peticiones acerca de Lloyd's que datan de 1997. 
Los problemas, que tuvieron su origen en pérdidas de miles de millones de euros en los años ochenta y noventa, muchas relacionadas con el amianto, solo pueden solucionarse satisfactoriamente mediante la creación de una comisión de investigación. 
Este problema no va a desaparecer por sí solo. 
Es obvio que hace tiempo que deberíamos tener una solución y que la cuestión de las compensaciones no puede dejarse de lado. 
En el centro del asunto está la falta de aplicación correcta de la Primera Directiva de seguros no de vida de 1973 y las posteriores directivas relevantes. 
Muchos inversores quebraron, algunos se suicidaron y tenemos que saber por qué, quién incumplió las normas y por qué se produjo una demora en la aplicación del derecho de la Unión Europea. 
Los peticionarios y demandantes invirtieron en lo que pensaron era un mercado debidamente regulado de conformidad con la legislación británica y europea. 
¿Habrían invertido si hubieran conocido el pasivo oculto? 
Debemos tomarnos en serio las alegaciones de que no se realizó una auditoría de las empresas. 
Si se hubiera hecho, se podría haber descubierto el alcance de las posibles pérdidas. 
Se podrían haber evitado las enormes pérdidas y el innecesario sufrimiento humano. 
Los peticionarios en el caso de Lloyd's no solo proceden del Reino Unido: también los hay de mi país, Irlanda, y también de Dinamarca y Alemania, por no hablar de los inversores que presentaron denuncias ante los tribunales de los Estados Unidos. 
Todavía no hay una solución del problema a escala comunitaria, todavía la Comisión prefiere ver los toros desde la barrera y hablar sobre la complejidad del problema. 
Sea o no complejo, los peticionarios tienen derecho a saber por qué no se han aplicado correctamente las normas comunitarias para la regulación de Lloyd's Es preciso realizar una investigación exhaustiva para responder a todas esas preguntas; después de todo, estamos tratando con inversores que, si se produce una catástrofe, tienen que pagar y pagar hasta el punto de que pueden llegar a perder sus negocios y sus hogares. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Comisario por su cuidadoso, preciso y detallado análisis de este caso. 
Aunque ahora estoy razonablemente satisfecho con el resultado del informe del Sr. Perry, debo, en aras del equilibrio, hacer algunos comentarios. 
La exposición de motivos del Sr. Perry no relata de forma justa y equilibrada las circunstancias que rodearon a las pérdidas de las suscripciones de miembros de Lloyd's en los años ochenta. 
Quisiera mencionar en concreto su selectivo uso del material y el hecho de que no refleja todas las conclusiones del Tribunal de Apelación del Reino Unido en el caso Jaffrey, incluida su opinión de que solo ahora, una vez transcurridos varios años, sabemos que eran insuficientes las reservas establecidas por las compañías sindicadas para cubrir el pasivo relacionado con el amianto en los años ochenta, dada la forma imprevista en que se desarrolló ese pasivo. 
Por supuesto, siento una enorme simpatía por los Names que sufrieron esas pérdidas de aseguramiento, entre los que se encuentran varios amigos míos, incluidos los padrinos de uno de mis hijos. 
Sin embargo, desde que comencé a trabajar en este caso, he sido objeto de un torrente de injurias, incluidas llamadas telefónicas anónimas injuriosas a mi domicilio acusándome de ser un agente pagado de Lloyd's Dado que el 97% de los Names de Lloyd's han aceptado el plan de renovación de 1996 y han podido reducir su pasivo en importes significativos, en general esta cuestión se ha cubierto plenamente. 
Como dicen todos los anuncios: los beneficios del pasado no son garantía de ganancias futuras. 
El enfoque del informe del Sr. Perry y la acusación real de los peticionarios es, si lo entiendo bien, que el Gobierno británico no aplicó correctamente las cláusulas del derecho comunitario sobre seguros en su supervisión de Lloyd's El Gobierno del Reino Unido rechaza esa acusación. 
Por lo tanto, el lugar correcto para decidir quién tiene razón es un tribunal de justicia. 
Eso es exactamente lo que está pasando, ya que ahora hay un caso ante el Tribunal Superior inglés. 
El Parlamento debería permitir que el proceso judicial siguiera su curso y que el tribunal tomara una decisión. 
Mientras tanto, animo a la Comisión a que reaccione ante los problemas expuestos en este informe y a que responda tan ampliamente como sea posible. 
Aunque necesitamos respuestas tan pronto como sea razonable, quisiera advertir del peligro de emitir un juicio apresurado. 
En conclusión, solicito a esta Cámara que apoye el informe modificado del Sr. Perry y que, hasta que el proceso judicial haya concluido, no vaya más allá. 
Señor Presidente, el Sr. Perry ha redactado un informe y nos ha presentado algunos elementos del caso Lloyd. El Comisario nos ha dado hoy una serie de esclarecedoras explicaciones de indudable valor. 
Y el Sr. Cashman refuta la información del Sr. Perry. 
¿Qué surge de todo esto? 
Que nuestra preocupación en este preciso momento no se centra en el fondo de la cuestión y que no somos un tribunal. 
Lo que ahora nos preocupa es esto, y solo esto: tras cinco años de informes, queremos mantener la credibilidad de nuestra comisión y, en consecuencia, nuestro problema es si recibiremos una respuesta definitiva en lo que respecta a si se aplicó o no la Directiva. 
Esa es nuestra única preocupación. 
Aprovecho esta oportunidad para generalizar esta preocupación, ya que hoy se han debatido los informes del Defensor del Pueblo y de la Comisión de Peticiones. 
El asunto Lloyd's llegó a la Comisión de Peticiones a través de las reclamaciones de los ciudadanos. 
Como bien ha dicho el Comisario, el Defensor del Pueblo también estaba implicado en la cuestión de hasta qué punto realizó correctamente su trabajo la Comisión. 
Y, por supuesto, se trata de una cuestión de aplicación del derecho comunitario. 
¿Qué surge de todo esto? 
Que los dos derechos, el de acusación y el de petición, están unidos y que, por tanto, no se deberían debatir por separado. 
En segundo lugar, con estos dos informes se plantea toda la cuestión de la correcta aplicación del derecho comunitario; en otras palabras, se plantea en qué medida se debe someter hoy este informe a un debate conjunto. 
Por consiguiente, propongo al Parlamento, a la Comisión y a sus Señorías que tengamos en cuenta la posibilidad de estudiar estos informes de forma conjunta porque, materialmente, son los únicos informes que tratan directamente sobre los problemas de los ciudadanos europeos. 
Puesto que a todos nos interesa reforzar la participación de los ciudadanos europeos, opino que debemos conceder especial importancia a este debate e incluso propongo que se proclame el día de su debate en el Parlamento como día del ciudadano europeo. 
De este modo podremos mantener nuestra credibilidad y afirmar que velamos realmente por sus derechos. 
Ahora, después de cinco años, lo que pedimos es, cuanto menos, una imagen clara de lo que está sucediendo. 
Lo que queremos es obtener esa imagen clara en un breve espacio de tiempo, ya que puede que el Sr. Cashman no se equivoque. 
De momento no sabemos quien está en lo cierto. 
Y, sin duda, la actitud de la Comisión ha sido negligente. 
Por lo tanto, plantearé una preocupación más general. 
La Comisión de Peticiones suele retrasar sus conclusiones finales porque el procedimiento de la Comisión con respecto a las peticiones es muy lento. 
¿No se podría acortar ese procedimiento de modo que también resultemos más creíbles para los ciudadanos europeos que se acercan a nosotros y nos dicen que llevan dieciocho meses esperando una respuesta? 
Estas son las preocupaciones más generales manifestadas en el debate de hoy y considero que se trata de una oportunidad de oro que debemos aprovechar en beneficio, naturalmente, de la Unión Europea, pero también, y más importante, para demostrar a los ciudadanos europeos que cuentan con nuestro apoyo. 
Señor Presidente, apoyo las propuestas contenidas en el informe Perry, pero antes quiero decir que el Comisario Bolkestein ha dado, en efecto, muchas más explicaciones y datos recientes sobre la materia. 
Ahora bien, tal y como ha resaltado mi colega el Sr. Koukiadis de forma tan acertada y constructiva, aún nos enfrentamos al problema de no disponer de respuestas claras a lo siguiente: la transposición a la legislación nacional, por parte del gobierno británico, de la Directiva que debería haberse aplicado en Gran Bretaña en materia de seguros privados, y que daría cobertura al caso Lloyd's, ha sufrido un claro retraso. 
También existen dudas sobre si dicha transposición ha sido correcta, si se está aplicando debidamente y si su cumplimiento se garantiza de forma sistemática. 
Una larga lista de nombres que son y eran los accionistas- se trata de un régimen muy especial- se vieron obligados, porque no se les informó o porque se les ocultó información debido a las omisiones del Gobierno británico a las que me he referido antes, a utilizar todos sus fondos para pagar indemnizaciones por riesgos asegurados que, según ellos, desconocían. 
Así, muchos de ellos se arruinaron, ya que hablamos de enormes cantidades, mientras que otros se suicidaron empujados por la desesperación. 
Algunas de las víctimas eran compatriotas míos, ciudadanos griegos, cuyas dramáticas protestas se habían ido acumulando desde hacía ya dos o tres años en mi despacho y en la Comisión de Peticiones, a la que también tengo el honor de pertenecer. 
Los esfuerzos realizados por esta Comisión de Peticiones para que la Comisión y el Gobierno británico aclaren completamente este trágico asunto- hemos celebrado una reunión a puerta cerrada- no están dando ningún fruto, al menos no en lo que respecta a informarnos a nosotros. 
No nos ofrecen respuestas suficientes a las preguntas que hemos formulado repetidas veces. Este silencio por parte del Gobierno británico, que se niega a comunicar sus respuestas a la Comisión de Peticiones, ha sido apoyado por la Comisión. 
Por tanto, no podemos formarnos una imagen clara y detallada acerca de la situación de este complejo asunto y de hasta qué punto el Gobierno británico es responsable, por negligencia o abuso, del retraso, la transposición incorrecta o la aplicación errónea de las directivas sobre los seguros privados. 
Los comentarios anteriores, que pueden ser injustos para el Gobierno británico y la Comisión Europea, no parecen haber afectado a ninguna de esas dos instituciones hasta la fecha. 
Los ciudadanos europeos creen que su voz debe ser escuchada. Esta es una oportunidad para restaurar la credibilidad y la validez de la Unión Europea y de nuestra institución ante los ciudadanos. 
Si actuamos sin transparencia y sin tener en cuenta a los ciudadanos, fracasaremos en nuestro papel como institución comunitaria en un momento decisivo del desarrollo global. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero dar las gracias a los tres ponentes por su excelente trabajo, y en especial a la Sra. Laura González Álvarez, a la que echamos mucho de menos en la comisión. 
La función de la Comisión de Peticiones consiste en averiguar si las autoridades nacionales y locales están incorporando y aplicando correctamente las directivas comunitarias. 
Por eso nos vemos constantemente obligados a entrar en conflicto con los ministerios o los gobiernos nacionales y, en ocasiones, la Comisión Europea también pone en marcha procedimientos de infracción. 
Obviamente, esto no favorece al gobierno implicado, pero nosotros estamos aquí- y así es como yo entiendo mi labor en la comisión- para proteger a los ciudadanos. 
Estas peticiones relativas a Lloyd's resultan desagradables, no solo para el Gobierno británico actual y el anterior, sino también para la Comisión Europea, que ya en 1978 dudó a la hora de adoptar medidas en contra del Reino Unido. 
Las circunstancias que rodean el intercambio entre la Comisión y el Gobierno británico en el caso Lloyd's resultan muy curiosas. 
¿Pero en qué consiste el llamado escándalo Lloyd's? 
Lloyd's había captado como socios a varias personas sin avisarles de que tenía que hacer frente a enormes pérdidas por el pago de seguros, principalmente debido a las sentencias dictadas en los Estados Unidos sobre casos relacionados con el amianto. 
La administración de Lloyd's hizo responsable a esas personas del pago de tales pérdidas. 
Como resultado, muchas de ellas vieron desaparecer sus fondos y, con ellos, los únicos ahorros que habían guardado para su jubilación. 
No solo se vieron perjudicados ciudadanos británicos, sino también belgas y alemanes. 
Algunos llegaron a suicidarse. 
Ahora podríamos decir con frialdad: «¡Mala suerte! ». Pero no puede ser así, esa gente confiaba en que el mercado de seguros estaba regulado y creía que se respetaría el derecho británico y comunitario. 
Me encuentro entre dos colegas británicos de gran reputación, Roy Perry y Michael Cashman. 
Aunque celebro enormemente que se haya alcanzado un compromiso, lamento profundamente el hecho de que este informe haya causado tanta agitación política. 
Celebro este compromiso y espero nos permita acercar la justicia a los peticionarios y ayudar a garantizar que no vuelva a suceder una tragedia de este tipo. 
Señor Presidente, voy a intentar ser breve en mi respuesta a sus Señorías y sus preguntas. 
La Sra. Wallis ha preguntado si la Comisión es realmente la guardiana de los Tratados en este caso. 
Quiero contestarle, tanto a ella como a otros diputados, que sí, que lo somos, y que esa es la razón por la que la Comisión ha enviado dos cartas de notificación formal. 
La Comisión no las ha enviado porque sí, sino que tenía razones para hacerlo. 
El Gobierno del Reino Unido ha respondido y ahora, como ya he dicho antes, la legislación respeta el derecho europeo. 
Es la obligación de la Comisión asegurarse de que así sea. 
En el centro de este debate está la cuestión del papel de la Comisión. 
El papel de la Comisión, como he dicho multitud de veces, es comprobar que la actual legislación está en consonancia con el derecho comunitario. 
Voy a poner otro ejemplo que también afecta al Reino Unido. 
El Reino Unido ha dado instrucciones a sus autoridades aduaneras para que confisquen las cantidades de alcohol y cigarrillos que superen lo que considera razonable para el consumo personal. 
La Comisión ha decidido que esas acciones son desproporcionadas para el fin que persiguen. 
Por lo tanto, la Comisión ha enviado dos cartas de notificación formal a las autoridades del Reino Unido, con las que ha comenzado el proceso de negociación y discusión, y las autoridades del Reino Unido han cambiado sus instrucciones, que ahora respetan lo que la Comisión cree que debe hacerse. 
Sin embargo, las personas cuyos coches han sido confiscados todavía no han recibido ninguna compensación por la pérdida sufrida. 
El Sr. Perry y la Sra. Wallis pueden decir que la Comisión debe hacer algo al respecto, conseguir que los que han visto confiscados sus coches reciban una compensación por su pérdida. 
Mi respuesta a esas preguntas sería la misma que mi respuesta en este caso: eso no es tarea de la Comisión. 
Por lo tanto, la cuestión de la compensación por pérdidas previas debe quedar en manos de las autoridades judiciales nacionales y, como ya se ha recalcado esta mañana, en estos momentos hay un pleito ante el Tribunal Superior en Londres. 
Por lo tanto, a pesar de toda la simpatía que siento por las personas que han sufrido estas trágicas circunstancias, algunas de las cuales se han quitado la vida, no puedo ir más allá de lo que me permite la ley. 
Así que no es verdad que, como ha dicho el Sr. Collins, la Comisión esté mirando los toros desde la barrera. 
La Comisión no está viendo los toros desde la barrera, pero no puede traspasar los límites de lo que está autorizada a hacer. 
Eso es lo que quiero decir. 
No se trata de una lucha de David contra Goliat, como ha dicho el Sr. Gemelli, sino de los límites legales de la Comisión. 
El Defensor del Pueblo Europeo ha estudiado la cuestión de la transparencia y no tengo nada más que añadir, aparte de decir que la cuestión de la comisión de investigación es algo que debo dejar al Parlamento. 
No me corresponde a mí juzgar si se dan las circunstancias para que se cree una comisión de investigación, ni si el proceso hasta ahora ha sido correcto. 
Eso debo dejarlo en las manos del Parlamento: respetaré el resultado de sus deliberaciones. 
Señor Presidente, el Sr. Cashman ha hecho varias acusaciones bastante graves en su intervención. 
Admito que ha sido coherente en todo momento al intentar bloquear este informe por todos los medios y a cada paso. 
Solo quiero pedirle a usted que confirme que la acción de la Cámara al recibir este informe es plenamente conforme con el Reglamento y que es aceptable. 
En lo que respecta al apartado 5 sobre la exposición de motivos que acompaña al informe, estoy más que dispuesto a presentar una enmienda oral a mi informe para que esa exposición de motivos, de conformidad con la práctica habitual, no sea incluida en el informe. 
Lo que importa es el informe, pero le agradecería que me confirmara ese punto. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo en que el informe, en su versión actual, es admisible, pero eso se debe a que se realizaron los cambios que tanto yo como los servicios del Parlamento solicitamos y que esos servicios defendieron. 
De conformidad con el orden del día se procede a la votación. 
Seguimos con la votación. 
Informe (A5-0292/2003) del Sr. Lisi, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en las pinturas decorativas y los productos de renovación del acabado de vehículos, por la que se modifica la Directiva 1999/13/CE (COM (2002) 750- C5-0632/2002- 2002/0301 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Propuesta de resolución conjunta 
Este asunto ha sido sometido a nuestro servicio jurídico y al Presidente para que tomen una decisión. 
La decisión del Presidente es que la redacción en la fe de erratas cumple lo dispuesto en el Reglamento y, por lo tanto, es admisible. 
Sin embargo, la redacción original no es admisible. 
(Exclamación del Sr. Pannella) 
Antes de que el Sr. Pannella se anime demasiado- y siempre me gusta ver al Sr. Pannella animado porque es muy entretenido -, no tiene sentido debatir esto porque el Presidente ha examinado la cuestión muy exhaustivamente. 
Ha tomado su propia decisión, a la que me uno. 
Pueden protestar todo lo que quieran, pero mantendré la misma posición. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
(Protestas del Sr. Pannella) 
¡Podemos discutirlo más tarde, Sr. Pannella! 
Ahora ya está aprobado. 
Propuesta de resolución (B5-0403/2003) presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la contribución de la UE al Plan de Ejecución de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0229/2003) de Lord Stockton, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo durante el año 2002 (C5-0271/2003-2003/2068 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0239/2003) de la Sra. González Álvarez, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año parlamentario 2002-2003 (2003/2069 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0203/2003) del Sr. Perry, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre la petición admitida a trámite sobre las peticiones relativas a Lloyd's (peticiones nº 1273/1997, 71/1999, 207/2000, 318/2000, 709/2000 y 127/2002) (2002/2208 (INI)) 
Antes de la votación sobre el conjunto de la resolución: 
Señor Presidente, antes de que votemos sobre el conjunto de la resolución, ¿podría confirmarnos que el Presidente del Parlamento ha decidido que pueden eliminarse las palabras «y la exposición de motivos que la acompaña» en el apartado 5? 
Eso es lo que se ha acordado. 
La versión definitiva del informe no incluirá esas palabras. 
Reitero que el Presidente analizó exhaustivamente la cuestión de la admisibilidad de este informe antes de la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Con esto concluye la votación. 
Representa un avance positivo el hecho de que, en la segunda lectura de este proyecto de Directiva, se haya reconocido que la práctica tradicional en los organismos públicos respecto al uso de la información sobre el sector público ha evolucionado de forma muy dispar, un hecho que debe tenerse en cuenta. 
Asimismo, constituye un avance positivo el reconocimiento del derecho de todo ciudadano, de cualquier persona natural o legal residente en un Estado miembro, a obtener acceso a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. 
No obstante, a la hora de aprobar normas en el ámbito de la reutilización comercial de dichos documentos, es preciso evitar que el mercado establezca los precios. Si se permite que el mercado fije los precios, se logra que estos no suban demasiado, lo cual resulta positivo; pero también significa que algunas partes interesadas pueden tener dificultades de acceso a la información. 
Por lo tanto, es importante que los Estados miembros encuentren formas de proporcionar la información básica sin coste alguno, garantizando su accesibilidad para todos, sobre todo a través de Internet y otros medios accesibles, y prestando especial atención a las personas con discapacidad. 
Reitero mi apoyo a la enmienda propuesta por la Sra. Read a la posición común del Consejo para la adopción de una decisión por parte del Parlamento Europeo y el Consejo sobre el programa plurianual (2003-2005) para la supervisión de eEurope, la difusión de las prácticas más adecuadas y la mejora de la seguridad de las redes y la información (MODINIS). Su intención es garantizar una cantidad mínima de 21 millones de euros para este programa. 
Al Parlamento le interesa contar con iniciativas válidas que dispongan al menos de los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos. 
A pesar de las limitaciones presupuestarias a las que nos vemos sometidos, tenemos que garantizar la eficiencia y la efectividad de las medidas que queremos implantar. 
La Comisión pretende actualizar la legislación que ha regulado los mercados financieros desde 1993, un elemento estructural básico en la creación de un mercado de capitales europeo, el objetivo final del plan de acción de los servicios financieros establecido en la «Estrategia de Lisboa». 
El informe apoya las líneas generales de esta Directiva, a pesar de las diferencias existentes en el modelo de Directiva de servicios de inversión defendido por los grupos de presión que representan a los capitales de inversión- entre un modelo conocido como el «anglosajón» , según el cual las empresas inversoras compiten duramente con las bolsas, respaldando a la Bolsa de Londres y abriendo las puertas a los inversores estadounidenses, y un sistema conocido como el «continental» , más basado en las bolsas y más atractivo para los inversores franceses. 
Lo que está en juego es el dominio del mercado por parte de los capitales de inversión de un país u otro, mientras aumenta el grado de liberalización de dichos capitales y de sus operadores, obteniendo enormes cantidades de dinero a través de fondos de pensiones y la privatización de la seguridad social. 
Al mismo tiempo, las normas más elementales de prudencia y la transparencia de las operaciones están en juego debido a su coste. 
Se supone que este objetivo, que nosotros rechazamos, es eficiente, pero ha contribuido a aumentar la inestabilidad y la volatilidad de los mercados financieros, lo cual afecta a la economía real y tiene consecuencias para el crecimiento económico y el empleo. 
Hoy, más que nunca, circulan por todo el mundo ingentes cantidades de dinero: dinero perteneciente a ahorradores particulares, pequeñas entidades bancarias, compañías aseguradoras y fondos de pensiones. 
Las empresas que operan en los mercados internacionales y que ofrecen una elevada rentabilidad han acaparado una gran parte de ese dinero, con el que han llegado a controlar también los fondos de pensiones. 
Este tipo de empresa no produce nada, pero ha logrado una posición dominante al tender un puente entre los que desean recibir intereses o dividendos y los que necesitan fondos para sus actividades. 
Hace diez años se aprobó una directiva sobre este tipo de servicios de inversión, que ahora tiene que actualizarse. 
La pregunta es cuál es el propósito de esta modernización. 
¿Logrará una mayor protección para los ahorradores y los fondos de pensiones frente a las sociedades financieras o, por el contrario, otorgará una mayor libertad a quienes administran tales cantidades de dinero? 
La ponente desea reducir los trámites burocráticos y los costes, y crea una serie de exenciones a la transparencia que acepta con dificultad. 
La obligación de buscar las mejores operaciones para los clientes, así como de reducir el coste de las transacciones y ofrecer a cada cliente el producto de inversión que más le convenga, queda relegada a un segundo plano. 
Los grandes grupos están divididos por intereses nacionales y, de este modo, las empresas inversoras salen ganando. 
La propuesta de Directiva de la Comisión pretende proteger a los inversores (mediante el establecimiento de unos requisitos armonizados que regulen las actividades de los intermediarios autorizados) y ayudar a las empresas inversoras a operar a escala europea. 
Puesto que se trata de una Directiva marco, se limita a definir las obligaciones generales de alto nivel que deben cumplir las autoridades de los Estados miembros. 
No trata de imponer una estructura de mercado específica, sino que se muestra lo suficientemente flexible como para dar cabida a la diversidad de estructuras de mercado de los diferentes países, al tiempo que facilita y fomenta la innovación en un entorno de cooperación entre las autoridades nacionales. 
Clarifica y completa la lista de instrumentos financieros que se pueden negociar en los mercados regulados y entre las empresas inversoras; actualiza y armoniza las condiciones reguladoras que deben respetar dichas empresas, durante la autorización inicial y posteriormente; y mejora el uso práctico del «pasaporte único» para las empresas inversoras, reafirmando y ampliando el principio en virtud del cual las empresas deben poder operar en toda la Unión Europea si cuentan con la autorización y la supervisión de las autoridades competentes en sus correspondientes Estados miembros. 
La propuesta abordaba- y aborda- cuestiones delicadas y conflictivas, como ya quedó claro durante los debates celebrados en la comisión competente. Sin embargo, en vista del equilibrado compromiso propuesto por la ponente, Theresa Villiers, a quien felicito calurosamente, he votado a favor de ella. 
Los conservadores británicos hemos votado en contra de este informe porque, aunque estamos a favor de buena parte de su contenido- nos complace especialmente ver que los vehículos clásicos y antiguos quedarán exentos -, nos preocupa el principio de sustitución. 
Eso significa que se podría prohibir un producto si se demuestra que otro producto es más seguro y más respetuoso con el medio ambiente. 
El problema es que, en ocasiones, esas decisiones son marginales. 
Asimismo, representa una gran amenaza para la investigación y el desarrollo. 
Las empresas no introducirán productos en el mercado si creen que su producto será retirado del mercado de un plumazo. 
Por último, es muy peligroso para los consumidores, ya que creará una situación de monopolio en el mercado de productos, con las consiguientes subidas de precios. 
Hemos votado en contra para que conste nuestro descontento con este aspecto concreto, un aspecto sobre el que también tendremos que luchar mucho en la próxima Directiva sobre productos químicos. 
Felicito al ponente por el excelente trabajo realizado. 
Me opongo a la enmienda que pretende elevar el punto de ebullición máximo para un compuesto orgánico volátil de 250°C a 280°C. Puesto que eso no supone prácticamente ninguna ventaja para el medio ambiente, y puesto que existe incluso la duda de si cumple con las normas de etiquetado ecológico, esta enmienda puede tener repercusiones muy negativas para las PYME fabricantes de pinturas. 
Felicito al Sr. Lisi por su excelente informe. 
El alto nivel de protección de la salud pública al que aspira la Unión Europea exige una gran precaución a la hora de lanzar al mercado y/o distribuir productos que contengan sustancias peligrosas para la salud humana. 
Por otro lado, este tipo de propuesta promueve los compromisos relacionados con el desarrollo sostenible, la introducción de límites de emisiones nacionales y la adopción de ideas de «conformidad cruzada» (para concienciar más al sector industrial de los problemas del medio ambiente). 
Celebro especialmente que los representantes de las industrias afectadas hayan seguido el desarrollo de este expediente, tan bien llevado por el Sr. Lisi, un acuerdo esencial si queremos que los operadores sean plenamente conscientes, que participen y que asuman sus responsabilidades; después de todo, la propuesta puede afectar a unas 50.000 fábricas en la Comunidad. 
Estoy también de acuerdo con el proceso en dos fases que se propone para reducir el contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) en las pinturas y los barnices decorativos según contempla esta Directiva, ya que deja un tiempo de adaptación suficiente a los sectores afectados. 
También constituye un avance positivo, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, que los Estados miembros puedan establecer e implantar sus propios mecanismos de control de mercado. 
No obstante, la aprobación por parte del Parlamento de algunas enmiendas contrarias a las ideas del ponente me ha llevado a abstenerme en la votación final, aunque he votado a favor de la resolución legislativa. 
El análisis del informe relativo al primer año de aplicación del reglamento es relativamente positivo, habiendo realizado las instituciones europeas grandes avances. 
Celebro que haya aumentado el número de documentos puestos a disposición del público, que se hayan creado registros y que los ciudadanos sean cada vez más conscientes de su derecho de acceso a los documentos. 
Este reglamento resulta importante porque establece nuevos derechos de acceso público a los documentos de las instituciones comunitarias. Al mismo tiempo, representa un avance fundamental hacia una mayor apertura y transparencia en lo que respecta a las actividades de dichas instituciones, reforzando así el principio democrático en el que se basa la Unión Europea. 
Siguen existiendo innumerables problemas, el principal de los cuales es el porcentaje relativamente alto de documentos denegados, ya que el acceso a algunos documentos se niega sistemáticamente. Resulta lamentable que en un 38% de los casos la Comisión justificara ese rechazo argumentando que se trataba de una «excepción sin especificar». 
Es preciso que se adopten las medidas oportunas para lograr un cumplimiento absoluto en lo que respecta a la aplicación del reglamento y para garantizar una transparencia total, así como el derecho que los ciudadanos tienen a acceder a los documentos. 
Este derecho de acceso ha sido ratificado en el proyecto de Tratado Constitucional, que amplía la obligación de transparencia a todas las instituciones, las agencias y los organismos. 
Soy uno de los que considera que el acceso público a los documentos de las instituciones de la Unión Europea conlleva grandes ventajas y, por consiguiente, apoyo las sugerencias del ponente en general, porque pretenden perfeccionar los medios que permiten dicho acceso en la práctica. 
Por lo tanto, me complace comprobar que el análisis de los resultados del primer año de plena aplicación del reglamento sobre el acceso público a los documentos indica que las instituciones europeas han aumentado el número de documentos disponibles al público. 
El acceso público a los documentos acorta la distancia entre las instituciones comunitarias y los ciudadanos de los Estados miembros, fomentando así un mayor interés y conocimiento de los asuntos tratados, al tiempo que confiere más transparencia al trabajo realizado por dichas instituciones. 
No obstante, soy consciente de que, debido al carácter individual de las instituciones comunitarias, el grado de disponibilidad pública de los documentos no es, ni puede ser, el mismo en todas las instituciones. 
Para darse cuenta de eso, basta comparar la naturaleza del Consejo, por ejemplo, con la del Parlamento. 
Por este motivo, y a pesar de que, tal como he dicho antes, considero que el acceso público a los documentos es de suma importancia, he votado en contra de la propuesta. Creo que el ponente se olvida de mi reserva cuando propone un tratamiento equivalente para todas las instituciones, sin tener en cuenta algunos detalles específicos relevantes. 
Es un avance positivo que se intenten alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, entre los que se incluyen los siguientes: erradicar el hambre y la pobreza extrema; garantizar una educación primaria universal; promover la igualdad de género y la participación de las mujeres; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud de las mujeres gestantes; combatir el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades; asegurar la sostenibilidad medioambiental; y promover las alianzas mundiales para el desarrollo. 
Es un avance positivo que se recalque la importancia de los nuevos compromisos establecidos en Johanesburgo, a pesar de su carácter tan limitado. 
Pero no hay que olvidar que el fracaso de las negociaciones de la Quinta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Cancún se debió a la negativa de los países más desarrollados a buscar soluciones justas para los países en vías de desarrollo. 
Siguen ignorando la necesidad de perdonar las deudas a esos países, y anteponen sus propias prioridades, en especial los asuntos de Singapur, a la existencia de un comercio justo y un desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, instamos a la Unión Europea a que no vuelva a retomar los asuntos de Singapur y a que retire inmediatamente todos los requisitos impuestos sobre los demás países durante las negociaciones relativas a los servicios, en particular la liberalización del agua y otros servicios de interés público. 
En el pasado, la costa oeste de Europa se enriqueció a costa de las conquistas coloniales y del control de la economía del Tercer Mundo. 
En lugar de procurar su autosuficiencia agrícola, minera e industrial, los países del Tercer Mundo se vieron obligados a orientar su producción hacia una economía exportadora. 
El Tercer Mundo tenía que suministrar materias primas baratas y, posteriormente, comprar a Europa costosos productos industriales. 
Esta es la fórmula que mantuvo a esos países en la pobreza. 
Desde entonces, han logrado su independencia política: los países latinoamericanos hace casi dos siglos, y los del sur de Asia y África hace medio siglo. 
Ahora están en posición de ofrecer algo de resistencia. 
Ya lo intentaron en la década de 1960 con el Movimiento de los No Alineados. 
Tras un largo intervalo, han vuelto a intentarlo durante la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Cancún. 
No comparto en absoluto la indignación manifestada en esta Cámara por sus actos. 
La Comisión Europea y una gran parte de este Parlamento siguen pensando que las protestas de los países del Tercer Mundo lo único que han logrado es retrasar un avance inevitable hacia el comercio libre internacional y la protección de las inversiones extranjeras, y que todavía tiene que cumplirse los deseos de Europa y de los Estados Unidos. 
Mientras tanto, mantenemos las subvenciones a la exportación para nuestros excedentes agrícolas y para el tabaco cultivado exclusivamente para su exportación. 
Es hora de que demos cabida a otro modelo de desarrollo económico. 
Por los motivos expuestos, he votado en contra. 
Ningún liderazgo puede mantenerse si no resulta creíble. 
Así, un año después de la Cumbre de Johanesburgo, nuestra credibilidad depende ante todo de que los objetivos y los calendarios del plan de aplicación acordados en dicha cumbre se logren mediante la adopción de medidas internas. 
Lo cierto es que, un año después, son pocos los Estados miembros de la Unión Europea que han iniciado la incorporación de los compromisos de Johanesburgo a sus políticas nacionales. 
En segundo lugar, el apoyo a los compromisos de Johanesburgo con unos métodos de supervisión, evaluación y aplicación que sean transparentes y vinculantes depende de nuestra actuación en el extranjero. 
La transparencia y los compromisos son las dos caras de la misma moneda. 
En tercer lugar, es preciso lanzar un debate internacional sobre la reforma de las instituciones. 
Nos enfrentamos a nuevos objetivos y nuevos plazos regidos por viejas instituciones. 
Si deseamos regular la globalización, es fundamental que se reformen algunas de las instituciones actuales- como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y las Naciones Unidas- dotándolas de la ambición social y medioambiental de la que carecen actualmente. Asimismo, es preciso crear nuevas instituciones, como una Organización Mundial del Medio Ambiente y un Tribunal Internacional para los Delitos Medioambientales. 
Felicito a Lord Stockton por su excelente informe sobre el informe anual del Defensor del Pueblo para el año 2002, a quien doy mi apoyo, sobre todo en lo que respecta a la necesidad de que todas las instituciones de la Unión, especialmente la Comisión, aprueben el Código de Buena Conducta Administrativa. 
En este contexto, quiero destacar la importancia del Defensor del Pueblo en el proceso democrático de Europa para garantizar que todos los ciudadanos disfruten del derecho a que las instituciones y los organismos de la Unión gestionen sus asuntos de forma imparcial, justa y dentro de un plazo de tiempo razonable; el acceso de todos los ciudadanos a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión; y el derecho a notificar los casos de mala administración en las actividades de las instituciones u organismos comunitarios (a excepción de la actuación del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus respectivas funciones judiciales). 
Asimismo, felicito al Sr. Söderman al término de su mandato, que con tanto acierto ha desempeñado para reforzar el papel del Defensor del Pueblo Europeo en el proceso de integración europea. 
Señor Presidente, no puedo apoyar el informe Perry. 
Estamos antes una disputa interna de los británicos. 
No deberíamos gastar los impuestos de los ciudadanos del continente para intentar solucionar esto cuando un tribunal británico está ya trabajando en ello. 
Me sorprende mucho ver que los conservadores británicos atacan a una institución británica cuando no creo que los franceses, los españoles o los alemanes hicieran lo mismo con sus propias instituciones nacionales. 
Deberían avergonzarse. 
En segundo lugar, todo esto es fachada para engatusar a los Names- que admito que no están nada satisfechos con esto- haciéndoles creer que pueden obtener algo de todo esto, cuando no es así. 
Esto va a quedar en agua de borrajas. 
Sería mucho más justo para ellos decirles- como he hecho cuando he contestado a las cartas que he recibido- que lo sentimos mucho, pero que no podemos ayudarles. 
No deberíamos estar dando tantas vueltas y haciendo como que sí podemos ayudarles. 
Los diputados del EPLP nos hemos abstenido en la votación del informe Perry porque no creemos que el informe constituya una evaluación equilibrada de los hechos. 
El informe contiene también errores de hecho. 
Señor Presidente, ante todo debemos preguntarnos por qué se debaten en el Parlamento Europeo, en esta Cámara, la cual no está especialmente llena, asuntos relacionados con la defensa europea. 
Me complace especialmente el hecho de que el Comisario Barnier se encuentre aquí hoy, ya que él fue uno de los que planteó el tema de la defensa europea en la Convención. 
Para empezar, quiero explicar brevemente el motivo por el que se abordan cuestiones de defensa en este Parlamento. 
En 1999, los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron crear una fuerza de intervención europea en casos de crisis formada por 50 000 a 60 000 soldados. 
Desde entonces, esta fuerza, que era en realidad una fuerza virtual y no un ejército profesional de la Unión Europea, se ha desplegado en dos ocasiones: primero en una pequeña operación en Macedonia, y después en el Congo bajo un mando principalmente francés. 
Vuelvo ahora al Parlamento Europeo: el día 10 de abril de este año, sobre la base del informe Morillon, el Parlamento Europeo expuso sus opiniones sobre la política de defensa y, concretamente, propuso un plan en dos fases. 
Por aquel entonces nos estábamos preguntando qué lecciones podíamos aprender de Maastricht. 
De Maastricht aprendimos, ante todo, que solo se pueden obtener avances en Europa si se establecen objetivos claros y se fijan plazos para su consecución. 
Se dijo que para el año 2009 tendríamos que haber avanzado lo suficiente como para llevar a cabo una operación de la intensidad y dificultad del conflicto de Kosovo por nuestra cuenta, de forma independiente, o en colaboración con nuestros aliados. 
Como primera medida, el informe Morillon, con el posterior respaldo de una importante mayoría en el Parlamento Europeo, solicitaba la creación de una fuerza de intervención para casos de crisis de 50 000 soldados antes del año 2004, una fuerza permanente que estaría permanentemente disponible para llevar a cabo operaciones de rescate y labores humanitarias. 
Esto es, por tanto, lo que solicita el Parlamento Europeo. 
No obstante, pasaré ahora al tema de la política de armamento: tras las operaciones efectuadas en los Balcanes, la parte norteamericana nos comentó repetidamente que Europa solo gastaba en defensa el 50% del presupuesto americano en defensa, lo cual, medido en términos de eficiencia, representaba solo un 10%. 
¿Por qué? 
En los Estados Unidos existe un único comprador de armamento, el Pentágono. 
En la Unión Europea no existe un solo comprador, sino quince, los cuales compran más o menos las mismas cosas, pero siguiendo diferentes criterios y utilizando métodos distintos. La cooperación en este sector deja mucho que desear. 
Por lo tanto, no contamos en la Unión con un mercado armamentístico común, sino que disponemos de quince submercados. 
Si queremos avanzar y gastar de forma más eficaz el dinero de los contribuyentes europeos en defensa, nuestro objetivo debe consistir ahora en establecer realmente un mercado común. Eso implica derribar todas las barreras comerciales que existen también en este sector entre los Estados miembros. 
Pero si pretendemos acabar con estas barreras al comercio, tenemos que asegurar previamente no solo la existencia de una normativa común sobre la exportación de armamento, sino también la aplicación uniforme de dichas normas por parte de los quince Estados miembros. 
De lo contrario, las exportaciones dentro de la Unión Europea se dirigirán primero a los países con disposiciones menos estrictas, y eso es algo que tenemos que evitar. 
El Código europeo de conducta sobre la exportación de armas constituye, sin duda alguna, nuestro instrumento jurídico más desarrollado. 
Pero se trata solo de un código que solo algunos países han incorporado a sus ordenamientos jurídicos nacionales. 
La primera propuesta de mi informe es que el código pase a ser legalmente vinculante. 
Esta es la primera cuestión. 
Los quince Estados miembros pueden declarar también de forma unilateral que estas disposiciones son legalmente vinculantes. 
Inmediatamente después de esto, tenemos que asegurarnos de que las autoridades de los 15 Estados miembros apliquen dichas disposiciones exactamente del mismo modo, ya que ese es la primera y principal condición para el éxito. 
En segundo lugar, el informe solicita una mayor regulación de la intermediación en el comercio de armas. 
En este sentido, existe una zona gris en la que se realizan negocios con intermediarios que seguramente no tendrían que tomar parte en esta actividad. 
Por eso proponemos la creación de un registro de todos los intermediarios y consideramos necesaria la introducción de un sistema de licencias europeo que regule esta actividad. 
En tercer lugar, señalamos que resulta relativamente sencillo saber quién fabrica armas, lo cual permite saber también a menudo quién es el propietario. 
Sin embargo, no está claro el modo en que pasan de uno a otro. 
Por eso demandamos la creación de un sistema internacional que permita saber quién es el intermediario que ha proporcionado las armas a los usuarios finales. Ya existe una propuesta francesa sobre este asunto. 
Nosotros pedimos que se utilice esa propuesta como base para garantizar un seguimiento completo del recorrido de las armas hasta llegar a los usuarios finales, ya que esa información tiene una importancia decisiva para la seguridad. 
Señor Presidente, el informe tan claro y equilibrado de mi colega, el Sr. von Wogau, merece mi más caluroso agradecimiento. 
Este informe analiza la situación actual y propone una serie de medidas coherentes para el futuro. 
En este sentido es también importante tener en cuenta la ampliación de la Unión, ya que el mercado de armas convencionales sigue centrado en los países candidatos y en otros países con los que comparten fronteras. 
Conviene llevar a cabo sin demora una revisión y armonización de las prácticas de la Unión Europea, además de garantizar el cumplimiento del código de conducta de la Unión Europea en los países que van a convertirse en nuevos vecinos de la Unión y en aquellos con los que ya se ha firmado un acuerdo de estabilización y asociación. 
El ponente ha dicho, con toda razón, que los Estados miembros actuales tienen la culpa de que se faciliten datos detallados sobre las exportaciones a países estables- a otros países de la Unión Europea y a los Estados Unidos de América- y, sin embargo, no se proporcione información alguna sobre las exportaciones a países menos estables. 
La solución propuesta en el informe, basada en una mayor transparencia y un enfoque más multilateral, es la única forma de corregir este problema y de evitar todo comercio de armas que represente una amenaza para los derechos humanos, la estabilidad regional y el desarrollo sostenible. 
En materia de exportación de armamento, resulta esencial desarrollar y armonizar la legislación, así como crear un registro de transacciones y un sistema de licencias. La idea expuesta en el informe con relación a la creación de una agencia europea para el control de las exportaciones de armas debe ser seriamente considerada como una medida lógica para lograr una política europea común de comercio de armas y el establecimiento de un mercado común en este sector. 
La legislación vigente en Finlandia en materia de exportación de armamento cumple las recomendaciones establecidas en el Protocolo sobre armas de fuego de las Naciones Unidas y en el Documento de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre armas pequeñas y ligeras. 
El control de las actividades de intermediación en el comercio de armamento en Finlandia pretende acabar con la trasgresión de las prohibiciones impuestas sobre la exportación de armas por la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, así como por el Código europeo de conducta sobre la exportación de armas y otros compromisos y acuerdos internacionales relativos al control de las exportaciones. 
El objetivo consiste además en evitar la fabricación y el comercio ilegal de armas. 
Por consiguiente, podemos anunciar que mi país apoyará la política propuesta por mi colega, Karl von Wogau. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos apoya el informe del Sr. von Wogau. Yo, por mi parte, quiero dar las gracias al ponente por su acertado análisis sobre los logros y los fracasos de la Unión Europea en el control de las exportaciones de armamento. 
En la Convención y en el proyecto de Constitución se ha dicho que Europa tiene que asumir una mayor responsabilidad en el mundo. 
Nuestra intención manifiesta es la de convertirnos no solo en un gran mercado, sino también en una unidad política que asuma responsabilidades más allá de las fronteras de la Unión Europea. Y el problema de las exportaciones de armas desempeña un papel clave en este terreno. 
Sabemos de algunos casos de comportamiento completamente irresponsable: se exportan armas a regiones en crisis, provocando con ello una escalada de los conflictos, en lugar de reducir o cesar esas exportaciones para tratar de apaciguar los enfrentamientos. 
El comercio de armas es una de las razones por las que los conflictos armados se suelen producir en las regiones más pobres del mundo y, como podemos ver, los ejércitos que se despliegan en esas zonas están formados casi siempre por niños. 
El comercio de armas, al igual que ocurre con el tráfico de drogas y de seres humanos, constituye, como todos sabemos, un negocio de miles de millones. 
Los beneficios son enormes, razón por la cual este turbio mercado resulta tan atractivo para los operadores. 
A pesar de que el código de conducta ha demostrado su valía- se han logrado algunas mejoras -, en el informe se dice que aún se realizan exportaciones a las regiones en crisis que contravienen dicho código. 
Todavía no hemos logrado nuestro objetivo; aún no hemos conseguido controlar totalmente el problema. 
Estoy también de acuerdo con el ponente en que si queremos una política de armamento común- lo cual implica que cada país deje de investigar o fabricar por su cuenta en este sector para emprender estas tareas de forma conjunta a escala comunitaria -, no solo necesitamos un mercado interior común de armas, sino también una política común de exportación de armamento. 
Del mismo modo que contamos con una política común para el comercio de productos normales, tenemos que adoptar una política común sobre la exportación de armas, y estoy de acuerdo con lo decimos en el apartado 3: los datos disponibles son insuficientes. 
Necesitamos datos como el tipo de armas que se distribuyen, el valor total de las exportaciones, el número de licencias rechazadas, e información más precisa sobre el país de destino y el usuario final. De lo contrario, no podremos controlar el mercado ni descubrir las posibles infracciones. 
Los intermediarios en el mercado de las armas son agentes bastante especiales. 
Hemos conocido varios escándalos. 
Como ya he dicho, hay de por medio enormes sumas de dinero. Por eso celebro en especial nuestra propuesta de crear un registro de intermediarios en el comercio de armas y algún tipo de sistema de licencias. 
Es urgente que alcancemos una posición común en esta cuestión y por eso este Parlamento insta al Consejo a que propicie un acuerdo entre los Estado miembros. 
Además, quiero mencionar que la Unión Europea no puede asumir sola esta responsabilidad. 
Necesitamos la colaboración de nuestros vecinos, así como la de Rusia y los Estados Unidos de América. 
Nos congratularía que la iniciativa francesa tuviera éxito. 
Para favorecer la credibilidad de la política exterior de la Unión Europea, debemos respetar nuestros principios también en este sector, por lo que celebro enormemente el informe del Sr. von Wogau. 
Señor Presidente, el informe que estamos debatiendo hace referencia a un problema de extrema importancia estratégica, política y económica. 
En efecto, la fabricación y el comercio de armas generan enormes beneficios para las grandes empresas multinacionales que, gracias a la privatización, controlan actualmente estos sectores. 
Aparte de eso, el suministro de armas asegura a los países productores el control político de los países compradores, tanto por las comisiones que las industrias armamentísticas pagan a los gobiernos de estos países como por el control de su equipamiento. 
Así pues, se están utilizando todos los medios posibles para favorecer la demanda y el consumo de armas, fomentando las tensiones, los conflictos armados, las masacres y las luchas internas entre pueblos. 
La demanda y el consumo de estos productos conciernen también a los países productores. 
De hecho, como sabemos, nuestros gobiernos están reforzando continuamente los mecanismos represivos utilizados para acabar con las crecientes manifestaciones de nuestros ciudadanos contra una política contraria a sus intereses, así como para la prevención de conflictos, la gestión de crisis y la lucha contra el terrorismo. Es decir, para la intervención militar en todo el mundo. 
Todo esto, que se traduce en la militarización constante de la Unión Europea, con una colaboración cada vez más estrecha con la OTAN, requiere enormes cantidades de armamento. 
Por este motivo, el Sr. Solana propone aumentar las fuerzas militares. 
Esta situación supone un grave peligro para los ciudadanos de la Unión Europea y para la humanidad en general en el marco de una rivalidad intra-imperialista. 
Pero satisface el ansia especuladora de la red política-militar-industrial que, especialmente desde el 11 de septiembre, dispone de un control absoluto sobre la política de los Estados Unidos y tiene una influencia cada vez mayor en los países de la Unión Europea. 
El informe sometido a debate, por muy buena que sea la intención del ponente, no hace referencia a estas cuestiones o, más bien, las oculta. 
Como todos los informes anteriores, formula deseos y propuestas que nunca se pondrán en práctica. 
Por esta razón, lo que necesitamos no son códigos de conducta, cuyo cumplimiento depende de la buena voluntad de los Estados miembros, sino la introducción de controles y normas de obligado cumplimiento, así como una reducción gradual de la fabricación, circulación y utilización de armas, hasta alcanzar su prohibición definitiva. 
Debemos convertir las industrias bélicas en industrias para la paz. 
Estas son las demandas del movimiento por la paz, que apoyamos y por las que votaremos a favor del informe. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que comparto la esperanza de que la aplicación a largo plazo del Código de conducta logre reducir la fabricación de armas, pese a que el Sr. von Wogau ha dado a entender en su intervención que el objetivo es reducir el gasto en fabricación de armamento. 
En segundo lugar, debo decir- y le pido al Presidente que envíe una nota al Consejo a este respecto- que esta cuestión está siendo debatida entre el Parlamento Europeo y el Consejo, lo cual significa que es a la Presidencia del Consejo a la que debemos dirigirnos en realidad, ya que ella es totalmente responsable de la aplicación del código. Lamento que no se encuentre representada aquí. 
En tercer lugar, puesto que la Presidencia del Consejo no asume sus responsabilidades con seriedad, opino que sería razonable que la Comisión compartiera esa responsabilidad, concretamente en lo que respecta a los instrumentos integrados. De este modo, el Parlamento Europeo tendría una mayor oportunidad de contribuir a mejorar el código de conducta. 
Uno de los asuntos claves que tenemos que abordar es la creación de un registro europeo de armas con la participación de todos los Estados miembros. Sería un avance importante que se le encomendara a la Comisión estas tareas. 
El problema principal- que esto ya se ha dicho- es que el código no tiene carácter vinculante y, por tanto, no se puede aplicar de forma eficaz. 
En consecuencia, constituye otro problema fundamental que tiene que resolverse urgentemente. 
Además, nos enfrentamos al problema- y también esto se ha dicho ya- de que el código no basta para garantizar un control adecuado del comercio de armas. 
Por eso tiene que crearse urgentemente un registro, primero del producto, segundo de sus movimientos, y tercero de los usuarios finales. 
Tenemos también que crear un registro del uso pretendido de las armas cuando alcanzan al usuario final y, para ello, necesitamos una oficina de vigilancia conjunta en la Unión Europea. 
Todavía mejor sería un servicio de arbitraje, un defensor del pueblo, que se ocupara de las preguntas y de las críticas de los ciudadanos, puesto que las armas pueden seguir llegando a destinos equivocados y porque las armas procedentes de la Unión Europea siguen, todavía hoy, provocando conflictos. 
Creo que ha quedado claro que el problema principal del código sobre el armamento radica en su aplicación. 
En este sentido, estamos todavía bastante lejos de cumplir la normativa vigente. Sabemos que las exportaciones de armas siguen provocando nuevos brotes de violencia en conflictos latentes, contribuyen a la violación de derechos humanos y conducen a situaciones bélicas en regiones donde posteriormente tenemos que invertir más dinero y personal para restaurar la paz. 
Por eso, uno de los principales cometidos de una política exterior y de seguridad común debe ser garantizar el seguimiento y la restricción de las exportaciones de armas, así como imponer las sanciones oportunas a los que violen el código. 
Señor Presidente, señor Comisario, la cosa está clara. 
Se ha hablado acerca de un código políticamente vinculante, pero imposible de aplicar. 
No somos capaces de sacudir las conciencias de nuestros gobiernos. 
Y eso es lamentable porque estamos hablando de armas, que no son artículos de uso cotidiano, pero que con demasiada frecuencia se utilizan como si lo fueran. 
En relación con el informe del Sr. von Wogau, opino que tiene razón al señalar que, en la cuarta oportunidad que hemos tenido de mostrar nuestra reacción ante el informe anual de Consejo, constatamos una vez más, sobre el papel, los avances realizados en los informes y la transparencia. 
Con respecto a la efectividad de los acuerdos, tengo la impresión de que estos se ocupan principalmente de prevenir la competencia injusta y evitar las molestias mutuas. 
Las actividades de intermediación se deben tratar con mayor seriedad. 
He de decir que, en la práctica, no soy tan optimista. 
En lugar de disminuir, el número de exportaciones de armamento europeo va claramente en aumento. 
Muchos consideran que convendría incrementar el gasto militar; nosotros, por el contrario, nos inclinamos a pensar que este gasto debería reducirse. 
El complejo militar-industrial se está organizando para ejercer intensas presiones en Bruselas. 
Numerosas regiones del mundo se siguen viendo inundadas de armas que se utilizan no solo contra la población local, sino también contra nuestras propias fuerzas de mantenimiento de la paz. 
Hace tiempo vi un reportaje de la BBC en el que fuerzas de paz francesas en el Congo Oriental eran atacadas con armas suministradas con la complicidad expresa de Rwanda o Uganda. 
Viendo la lista de proveedores, compruebo que aún existen países europeos que suministran armas directamente o permiten la compra de armamento con ayuda presupuestaria, lo que viene a ser lo mismo. 
Asimismo, quiero señalar que, en las últimas semanas, han llegado al Chad refugiados procedentes de Uganda. 
Las organizaciones no gubernamentales de la zona nos han informado de que la proliferación de armas pequeñas en la región ha sido la causa directa de que estallara el conflicto armado. 
Según leo aquí, se han llevado a cabo investigaciones sobre la forma de suministrar armamento con fines humanitarios. 
Creo que es demasiado pensar que eso pueda llegar a suceder. 
Yo no admito esa posibilidad. 
En mi país, la ley sobre armamento era muy estricta y, por aquel entonces, se prohibía suministrar armas a las regiones en conflicto. 
No obstante, la gente descubrió una oportunidad para exportarlas a Nepal y ahora hasta hemos regionalizado el comercio de armas. 
En Europa puede que se haya aprobado el Código de conducta, pero existe un problema de interpretación y, como ya han apuntado nuestros colegas diputados, existe una amplia zona gris. 
Las regiones de algún modo inestables constituyen, sin duda, los mejores clientes para la exportación de armas, porque los compradores ansiosos no hacen discriminaciones. 
Con independencia de que un país sea rico o pobre, compran armas que aparentemente pagan, si es necesario, incluso con materias primas robadas al propio país, como sucede en el Congo Oriental. 
Señor Presidente, Señorías, en vista de los últimos acontecimientos, quiero expresar la alegría que siento de que Amina Lawal, que había sido condenada a ser lapidada hasta morir en Nigeria por un delito de adulterio, haya ganado el recurso interpuesto y se haya librado de tal condena. 
Creo que la Unión Europea ha tenido algo que ver en este feliz desenlace, ya que ha lanzado una enérgica campaña para evitar que esta espeluznante práctica tuviera lugar. 
Eso me da motivos para mostrarme optimista en lo que respecta a la voluntad de que ahora se debata y discuta este problema con la asociación de países ACP pues, como saben, la tortura constituye una de las aberraciones con las que se tiene que vivir en esos países. 
Por supuesto, ya se ha recordado que la tortura también se ejerce claramente en África y que es preciso erradicar esta práctica. 
Lo que ha sucedido en Nigeria se puede interpretar como una victoria para la humanidad. Nuestra cooperación con los países ACP, que resulta sin lugar a dudas de vital importancia para los miembros de esta Cámara, ha contribuido a tal desenlace, al igual que la resolución del Parlamento Europeo. 
Todo esto viene a demostrar que nuestras políticas pueden lograr resultados reales. 
Pero abordemos este problema desde un punto de vista general: el compromiso de la Unión Europea de velar por el respeto de los derechos humanos y garantizar la inviolabilidad de la dignidad humana es de todos conocido. 
Asimismo, destinamos cantidades astronómicas de dinero para tal fin, pero, desafortunadamente, todos los esfuerzos son pocos para la miseria que reina en el mundo. 
Es por ello que, en nombre de mi grupo, propongo que se cree una reserva adecuada para prevención y rehabilitación en el futuro. 
El mundo realmente espera que la Unión Europea siga actuando como hasta ahora y mantenga su compromiso, un compromiso que no cabe esperar de nadie más. 
Es preciso que los centros de rehabilitación que se han mencionado aquí, tanto dentro como fuera de Europa, tengan la certeza de que su futuro está garantizado. 
No debemos permitir que se vean en una situación en la que tengan que subsistir de la caridad y preocuparse cada año de que tal vez no puedan continuar con su labor, una labor tremendamente importante para las víctimas. 
Quiero hacer hincapié en que no se trata solo de ofrecer a las víctimas un lugar donde refugiarse, un techo: me estoy refiriendo a algo mucho más concreto, a que tengan acceso a asistencia jurídica y a tratamiento psicológico. 
Esto es especialmente importante para las mujeres que, como todos sabemos, son objeto de brutales prácticas de tortura. 
En Bosnia, aunque también en otros países, la opinión pública ha podido comprobar cómo las mujeres son víctimas de violaciones. En estas regiones ese delito se utiliza como un arma política y no supone solo un acto de humillación. 
Las mujeres quedan completamente destrozadas física y emocionalmente, y necesitan un apoyo fiable. 
Se nos pide que ofrezcamos a esta gente una seguridad real y, por tanto, que no solo sigamos la política de la Unión Europea, que sin lugar a dudas es bien acogida, sino que la desarrollemos más. 
Lo diré de forma explícita: esto se aplica a los dos ámbitos, a la prevención y a la rehabilitación. 
Está claro que algunos aspectos se solapan. 
Desde luego, es conveniente comprobar cómo se garantiza la cooperación de forma individual, pero no deberían existir dudas sobre el compromiso de la Unión Europea a proporcionar un refugio para las víctimas de la tortura. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, quiero expresarles en nombre de mi Grupo mi más sincero agradecimiento- y también al Sr. Patten, que no ha podido asistir hoy, y a su equipo- por la excelente disposición de la que han hecho gala en el pasado y que siguen demostrando hoy al sumarse al debate del Parlamento sobre el grave problema que es la tortura. 
Usted mismo ya ha destacado la importante distinción que se hace actualmente entre la rehabilitación de las víctimas, por un lado, y la prevención por otro. 
Es de vital importancia que sigamos comprometiéndonos de lleno con la rehabilitación de las víctimas; pero la partida presupuestaria correspondiente se ha reducido en un 45%. 
Queremos saber si nos puede garantizar que seguiremos contando con los fondos que están disponibles actualmente. 
De lo contrario, nos encontraremos en una desagradable situación, teniendo que competir por recursos presupuestarios los que desarrollan su labor en el ámbito de la rehabilitación con los que trabajan en la prevención, cuando está claro que esta tarea también es absolutamente necesaria. 
Las violaciones sistemáticas como arma de guerra se han convertido, desgraciadamente, en una práctica generalizada. 
Asimismo, parece ser que la situación en que la policía considera normal la tortura para extraer cierta información sigue estando a la orden del día, incluso en países que solicitan su entrada en la Unión Europea, como es el caso de Turquía. 
Resulta inaceptable que la policía considere la tortura un medio normal para conseguir un fin. 
Creo que es especialmente positivo que prestemos parte de nuestra atención a la educación de la policía en este sentido. 
En todo momento, nuestro principio rector se debe basar en unos métodos adecuados, en los que la humanidad sea la principal consideración. 
También quisiera llamar la atención sobre el hecho de que se esté utilizando a los hijos como un arma contra sus padres. 
Me estoy refiriendo al terrible problema de los niños soldados, niños alejados de sus hogares para ser utilizados posteriormente como un medio de opresión, como un arma contra su propio padre y su propia madre. 
Señor Comisario, queremos unir nuestros esfuerzos para evitar esta clase de abominación. 
Esta colaboración es una herramienta importante en la prevención de conflictos, pero también seguimos instándole a que no nos deje perder de vista la rehabilitación de las víctimas 
Señor Presidente, las prácticas de tortura que se dan en terceros países pueden condenarse tranquilamente en esta Cámara; el trato dado a las mujeres por los talibanes es el clásico ejemplo. 
Sin embargo, nadie puede negar que la verdadera prueba sería traducir nuestras palabras en acciones concretas para luchar contra las interminables torturas que se producen en uno de los Estados miembros, el Reino de España. 
Durante los últimos cuatro años, he suscitado esta cuestión en varias ocasiones y nadie en esta Cámara ha reaccionado apoyando mis reclamaciones. 
Especialmente lamentable fue el comportamiento de nuestra anterior Presidenta, la Sra. Fontaine, primero en enero de 2001, cuando solicité una declaración contra el indulto de 15 policías torturadores que ya habían sido condenados en España. 
La Presidenta ordenó que se me retirara la palabra. 
Eso ocurrió dos veces en dos sesiones distintas de esta Cámara durante el mes de enero de 2001. 
El segundo ejemplo se produjo en diciembre de 2001, cuando mostré una fotografía tamaño póster de una mujer torturada y la Presidenta reaccionó de la misma forma. 
Comisario, debemos asegurarnos de que la Unión Europea alza su voz y actúa para responder a cualquier demanda sobre torturas. 
Depende de la Comisión garantizar que los Estados miembros cumplan el derecho comunitario para conseguir credibilidad ante los ciudadanos europeos. 
El realismo político ha llevado a las instituciones europeas a la conclusión de que en estos momentos no conviene hacer nada que pueda poner en peligro la arquitectura política de la Unión Europea. 
Sin embargo, estoy seguro de que la mayoría de los europeos no comparten esta tolerancia ante la tortura. 
No deberíamos pretender que estamos haciendo algo serio para luchar contra la tortura mientras no establezcamos un compromiso más ambicioso, sobre todo denunciando por su nombre a los responsables de la tortura. 
Desgraciadamente, a ese respecto no ha cambiado nada en la Unión Europea a pesar de unos pocos informes valientes. 
Estamos a la espera de propuestas de la Comisión para redactar un texto legislativo sensato para reforzar la afirmación de que la tortura no puede tolerarse en ninguna circunstancia. 
Deben tomarse pronto medidas políticas y jurídicas, porque encontrar soluciones a la tortura es urgente. 
Apoyo plenamente el énfasis de la declaración de la Comisión, aunque en general creo que muchas personas del País Vasco considerarían que no va lo suficientemente lejos para responder a sus preocupaciones. 
Señor Presidente, he pedido la palabra porque no puedo permanecer indiferente ante el discurso del diputado que acaba de intervenir, y creo que no hay ningún diputado español presente para responder. 
No puedo evitar sentirme indignado por lo que acabo de oír, y la mejor interpretación que puedo hacer de sus palabras es que quizá deseaba rendir un extraño homenaje a la virtud. 
Está claro, sin embargo, que no se trata de nada de eso. 
El diputado que acaba de intervenir no condena la tortura; no condena la violencia que desata en España la organización a la que defiende, que se dedica a secuestrar a personas y confinarlas en auténticos zulos, oprimirlas y tratarlas como meros objetos. 
Señor Presidente, no cabe duda de que el Estado español será condenado si lleva a cabo algún acto de tortura. De hecho, ya se han emprendido las correspondientes acciones legales en España contra miembros de la policía y otras autoridades que utilizaron la tortura contra componentes de esa organización. 
Eso es la práctica correcta, una práctica democrática. 
No puedo dejar pasar las palabras de este diputado sin protestar porque, de hecho, lo que ha dicho es justo lo contrario de lo que realmente quiere decir. 
Señor Presidente, en primer lugar, no puedo estar de acuerdo con el procedimiento seguido por el Presidente, por lo que protesto. 
En segundo lugar, denuncio a todos los torturadores, sin excepciones, y me gustaría que nuestros colegas españoles hicieran lo mismo, es decir, denunciar el indulto dado a los torturadores que han sido condenados por torturas. 
El Gobierno español les ha indultado, así que pueden torturar impunemente en España. 
Señor Presidente, yo también, como presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Parlamento Europeo, celebro la liberación de Amina Lawal, la mujer nigeriana sentenciada a muerte, a una horrible muerte por lapidación, debido a los cargos de adulterio que se le imputaban. Asimismo, quiero felicitar a la Comisión y a mi comisión por luchar y por haber podido influir en el veredicto que se ha emitido hoy. 
Hemos ejercido la mayor presión posible. 
Ahora bien, esa mujer no dejará de simbolizar la lucha de todas las mujeres, a lo largo y ancho del planeta, que se esfuerzan por proteger sus libertades fundamentales y los derechos humanos. 
En lo que respecta a la tortura, le felicito calurosamente, señor Comisario, por las iniciativas que ha adoptado, especialmente las relativas a la prevención de la tortura y a la financiación de los centros de rehabilitación para las víctimas. 
No obstante, confío en que me permita filosofear un poco sobre este tema. 
Ya hace dos mil quinientos años en Atenas, Aristóteles hizo especial hincapié en que las confesiones obtenidas por medio de la tortura no podían ser admitidas. 
Otro sabio y retórico griego, Antifonte, advirtió también que las personas sometidas a actos de tortura solo dicen aquello que complace a sus torturadores. 
Naturalmente, nuestra experiencia actual nos ha demostrado que con la tortura se puede obtener cualquier confesión. 
Las víctimas dicen lo que los magistrados encargados de la investigación quieren escuchar y firman lo que sea para acabar con el dolor y la tortura. 
Es un hecho, aunque pueda parecer un tópico, que el 11 de septiembre representó un importante punto de inflexión en el ámbito de los derechos humanos. 
Los actos de violencia y terrorismo, el miedo y la inseguridad hasta entonces confinados a ciertas zonas del planeta, ha pasado a ser una realidad cotidiana en otras muchas, incluido el mundo occidental. 
Señor Comisario, hace unos años emprendimos campañas contra la tortura utilizada por los regímenes dictatoriales y totalitarios. 
Estábamos convencidos de que en el mundo occidental no había lugar para esta práctica. 
Sin embargo, pronto comprendimos que nos habíamos equivocado. 
Nos dimos cuenta cuando vimos a los prisioneros afganos con vendas que le cubrían los ojos y las orejas encerrados entre rejas en la base norteamericana de Guantánamo en Cuba, en condiciones que se podrían calificar de tortura según la opinión de una experta, Maria Kalli, la presidenta griega del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura al que se ha referido anteriormente. 
Al mismo tiempo, nos quedamos horrorizados al escuchar a personas supuestamente ilustradas argumentar que se debería utilizar la tortura en la lucha contra el terrorismo. 
En otras palabras, vamos a volver a debatir un problema que ha sido una realidad durante 2.500 años. 
Sin embargo, no hay duda de que la guerra contra el terrorismo genera incluso más terrorismo. 
Por desgracia, la guerra contra el terror se ha convertido en una guerra contra la libertad, la libertad de viajar con seguridad, de pasear por la calle, de quedar con la gente y de llevar una vida normal y corriente sin la sombra del miedo y el pánico. 
El ejemplo más representativo y reciente de cómo la violencia genera todavía más violencia ha sido el ataque de la sede de la ONU en Bagdad. 
Hoy, las organizaciones humanitarias voluntarias y los defensores de los derechos humanos se encuentran en la línea de fuego, como si ellos fueran terroristas. 
A pesar de ello, Comisario, no deben cesar nuestros esfuerzos por combatir la violencia y proteger a las víctimas. Desde este punto de vista, le felicito por cualquier iniciativa que adopte. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0276/2003) presentada por la Sra. Lulling, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la situación alarmante del sector apícola europeo. 
Señor Presidente, señor Comisario, todos sabemos que la Sra. Lulling no solo es la reina del vino del Parlamento Europeo, sino también la abeja reina. 
Quisiera darle las gracias sinceramente por este compromiso, ya que no debemos olvidar que este asunto ha sido motivo de preocupación en el Parlamento Europeo durante décadas. 
Si nos remontamos al decenio de 1980, el diputado bávaro y paneuropeo, Heinrich Aigner, quien por desgracia ya no está con nosotros, reunió a cientos de apicultores bávaros para infundirles algo de entusiasmo con respecto a este tema. 
Hemos trabajado en este sector durante treinta años pero, desafortunadamente, no hemos hecho grandes progresos. 
Tengo que decir claramente, señor Comisario, que le estoy agradecido por sus respuestas tan acertadas y por tomarse tan en serio este importante problema, dado que el sector se está adentrando lentamente en una crisis ecológica. 
En Bavaria y Austria han perecido numerosas colonias de abejas, no solo por las heladas primaverales, sino también debido a los insecticidas y las enfermedades. Los efectos ecológicos se están dejando sentir muy claramente, por ejemplo en nuestra fruta. 
Por este motivo, estoy convencido de que ahora es el momento de impulsar una actividad que se encuentra seriamente amenazada, ya que está en juego su continuidad en la próxima generación. 
Muchos de los apicultores tienen una avanzada edad, ya que cada vez son menos los jóvenes que están dispuestos a asumir esta ardua tarea, necesaria desde un punto de vista ecológico, principalmente porque las compensaciones económicas son cada vez más escasas. 
Es por ello que quiero proponer claramente- al igual que la Sra. Lulling- la adopción de todas las medidas necesarias para apoyar la comercialización de la miel europea natural frente a la miel procedente de otros países o la miel artificial de bajo coste y sin declarar, con la que hemos tenido que competir repetidas veces. 
También quiero llamar la atención sobre un aspecto que suele ser objeto de burla, pero que reviste una gran relevancia ecológica. En concreto, me refiero a la prima por polinización para las colonias de abejas, de forma que logremos fomentar esta actividad aumentando las ayudas que reciben los apicultores. 
En especial, señor Comisario, quiero agradecerle los ejemplos que nos ha dado de Francia, un país que desempeña un importante papel en este sector. 
Su país también tiene como presidente a un antiguo ministro de agricultura y es una nación que, gracias a Dios, se toma muy en serio la comida sana y la calidad de los alimentos. 
Creo que en Europa deberíamos abordar de una vez por todas este tema, motivo de risa para algunos, ya que representa principalmente un problema de salud y un requisito esencial para el equilibrio del sistema ecológico y el medio ambiente. 
Señor Presidente, responderé brevemente a las observaciones que se han hecho. 
Sepan que la Comisión, contrariamente a lo que se ha podido decir, se toma muy en serio esta pregunta, que la Sra. Lulling ha defendido con vehemencia y competencia y que el Sr. Souchet formuló junto con ella. 
Francamente, si algunos de ustedes tienen la impresión de que no se ha efectuado ningún trabajo científico serio sobre los productos fitosanitarios y las consecuencias de dichos productos sobre las abejas, creo que se equivocan. 
El trabajo sobre las sustancias en cuestión está en curso desde hace varios años. 
La Comisión internacional de relaciones plantas-abejas, que se encarga justamente de estudiar los peligros que amenazan a las abejas, acaba de organizar un simposio internacional en Bolonia sobre este tema. 
Las conclusiones son que el deterioro de la salud de las abejas y el menor rendimiento de las colonias observados en algunos países no tienen con toda probabilidad una causa única y tan simple. 
Otras fuentes potenciales- algunas parasitosis, algunas prácticas agrícolas, las condiciones climatológicas- pueden tener, del mismo modo que los productos fitosanitarios y veterinarios, consecuencias negativas sobre la salud de las abejas. 
Usted, señor Berthu, ha hablado del ecosistema. 
Como fui ministro de Medio Ambiente en mi país, soy sensible a esta cuestión. 
En el simposio que he citado se acordó crear un grupo de trabajo encargado de estudiar el deterioro de la salud de las abejas. 
Este grupo de trabajo informará en el próximo simposio, previsto para 2005. 
Confirmo que la Comisión seguirá esos trabajos de cerca y sacará cierto número de conclusiones concretas. 
El Sr. Posselt, al que agradezco su opinión, ha lamentado que cada vez menos jóvenes se inicien en el bello oficio rural de la apicultura. 
Simplemente quiero confirmarle que los programas nacionales relativos a la miel prevén la financiación de una acción de asistencia técnica para alentar a los jóvenes a ser apicultores y mejorar sus resultados. 
Gracias, señor Comisario. 
La Sra. Lulling desea acertar con el aguijón. 
Señor Presidente, el Comisario ha indicado que la Comisión no dispone de pruebas científicas de la relación entre la mortalidad de las abejas y el empleo de las nuevas generaciones de pesticidas. 
Quisiera decir al Comisario que tengo a su disposición el informe del Comité científico y técnico para el estudio multifactorial de los trastornos de las abejas, citado en mi introducción, y que demuestra dicha correlación. 
Señor Comisario, el informe está a su disposición, y nos volveremos a ver el 9 de octubre cuando debatamos el proyecto de resolución que la Comisión de Agricultura votará la semana que viene como conclusión de este debate. 
Deseo informar a la Cámara de que Lord Bethell me ha notificado su dimisión, con efecto a partir del 30 de septiembre de 2003. 
De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento, la Cámara toma nota de esta vacante. 
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 25 de septiembre de 2003. 
Esta mujer había dedicado 30 años de su vida a ayudar a los enfermos, por lo cual recibió elogios y apoyo por parte de toda la población y de la comunidad islámica. 
Quiero pedirle, señor Presidente, que transmita el pésame de esta Cámara tanto a la familia como a las instituciones italianas por esta muerte repentina y trágica. 
Hoy, en nombre del Parlamento, he emitido una declaración sobre este tema. Le entregaré una copia y me complacerá también ponerme en contacto con la familia de la Sra. Tonelli. 
Hemos pedido a la Sra. De Palacio que venga y lo discuta con nosotros en comisión, pero esto no puede sustituir a una declaración por parte de la Comisión o, por supuesto, vista la naturaleza transfronteriza de lo que ha ocurrido, del Consejo. Tenemos que abordar la cuestión de la seguridad del suministro eléctrico y del mercado único con carácter urgente. 
Solo quería hacer constar mi gran sorpresa de que no podamos discutir el asunto en esta sesión plenaria. Debido a ello, no estamos sirviendo a los ciudadanos de la Unión. 
– Señor Presidente, le pido que intervenga para poner fin a las amenazas contra las vidas de los periodistas Sener Levent y Ali Osman, del periódico turcochipriota por parte de miembros de la organización extremista Lobos Grises en el norte de Chipre. 
y su editor están siendo amenazados con el amordazamiento, y esto es un duro golpe para la libertad de prensa y de expresión en la comunidad turcochipriota. 
Solicito su intervención, con la sensibilidad especial que usted, como periodista veterano, también tiene en cuestiones de libertad de prensa, y de la misma manera solicito que el Parlamento sea informado de modo sistemático por la Comisión Europea y su representación en Chipre sobre cuestiones similares. 
Casi cien mil personas acudieron a ella. Es la primera manifestación en la que más de un tercio de la población- casi el 35% de los habitantes de Aragón, incluidos personas mayores de noventa años y niños menores de un año- estuvo presente para manifestar su rechazo al Plan Hidrológico Nacional. 
Como aragonés, le pido que transmita a la Comisaria Wallström nuestro agradecimiento por la actitud de diálogo y de permanente trabajo que ha manifestado. 
Sin embargo, esta no es la actitud que hemos encontrado en el Presidente del Gobierno español. Le pido que transmita al Presidente del Gobierno español, el Sr. Aznar, nuestro deseo de que modifique esta postura, intransigente y autoritaria, y se siente a dialogar con el legítimo representante de todos los aragoneses, que es el Gobierno de Aragón. 
Señor Presidente, la abrumadora mayoría de los aragoneses no queremos que nos expolien. Por eso defendemos, y defenderemos donde haga falta, nuestra posición de "trasvase, no". 
Si nos atenemos a la reunión inaugural de la Conferencia Intergubernamental en Roma me temo que esté medio vacío. 
Cuando los Estados miembros vuelvan a reunirse para discutir el proyecto de constitución de Europa, deberían recordar la caótica Cumbre de Niza y meditar sobre los costes del fracaso. 
Polonia y España deberían recordar que su intransigencia respecto de la reforma del sistema de votos ponderados en el Consejo constituye una política peligrosa, así como un error de cálculo. 
El sistema de voto por mayoría acordado en Niza es torpe e injusto. 
La Convención rechazó los inestables compromisos de Niza y propuso un sistema de votos más justo y transparente. 
La última vez que lo comprobé, los representantes de los Gobiernos español y polaco habían firmado el resultado de la Convención: ahora tienen que respetar su labor. 
El consenso impulsado por la Convención no se mejorará en Roma. Si destruimos la esencia del proyecto de Tratado, la CIG se prolongará hasta el 2004 y caerá en la farsa diplomática. 
Respecto de la reforma económica y el Pacto de Estabilidad, las burbujas del prosecco se han evaporado hace mucho tiempo. 
Francia aún nos tiene que convencer de que se toma en serio sus responsabilidades. 
Si bien entendemos la reticencia de algunos Gobiernos de enfrentarse a Francia, un Pacto de Estabilidad sin dientes es como un dragón de papel echando llamas de oropel. 
Los ocho Gobiernos que han trabajado arduamente para seguir las normas –pagando a menudo un precio político considerable– tienen todo el derecho a estar consternados al ver que sus vecinos más grandes se toman la negligencia fiscal tan a la ligera. 
Para mejorar y simplificar la legislación necesitamos una consulta adecuada y evaluaciones del impacto empresarial. Resulta frustrante que aún estemos tan lejos de alcanzar unas reglas del juego equitativas en materia de adquisiciones de empresas, y nos queda mucho por hacer para acordar un marco viable con objeto de alcanzar un mercado integrado de servicios de inversión antes de las elecciones europeas. 
Mi Grupo acoge favorablemente la decisión que los Ministros de Hacienda han tomado esta semana de alejar la iniciativa de crecimiento de los proyectos de ferrocarril y carreteras y reorientarla hacia la inversión en innovación, lo que ayudará a cerrar el déficit de investigación europeo. 
En el campo de la Justicia y los Asuntos Interiores, la agenda del Consejo es más ambiciosa. 
El equilibrio que el Grupo Liberal intenta asegurar entre la lucha contra la inmigración ilegal y la creación de un sistema de inmigración legal gestionada parece estar esencialmente ahí. 
Apoyaremos a la Comisión en sus esfuerzos por crear una Agencia de Gestión de Fronteras. 
Por desgracia, la agenda exterior de la Unión no da pie a la celebración. El fracaso de Cancún tiene que redoblar nuestra determinación de asegurar la reforma de la OMC y alcanzar acuerdos comerciales que ayuden a los países más pobres. 
Europa tiene que insistir en que las Naciones Unidas desempeñen un papel principal a cambio de la internacionalización de la situación en el Iraq. 
Y los trágicos acontecimientos de la semana pasada en Oriente Próximo confirman la necesidad de que Europa y América permanezcan implicadas. 
Una nueva Constitución, un Pacto de Estabilidad creíble, una economía revitalizada, una Europa segura y justa en un mundo más estable: estos serían los sabores de una añada verdaderamente excelente:. 
– Señor Presidente, me complace que los líderes de la Unión Europea vayan a abordar por fin el caso de la migración legal, aunque hemos de tener claro que han de ser las naciones y no Bruselas las que establezcan los números o cuotas. El Consejo sigue centrándose principalmente en mantener a la gente fuera de la Fortaleza Europa. 
La cumbre examinará todas las propuestas de desarrollo de bases de datos sobre ciudadanos de la Unión Europea y extranjeros, incluidos los identificadores biométricos. 
Todo esto plantea importantes cuestiones de privacidad y de libertades civiles, pero se ha hecho en secreto y sin control democrático. 
Por último, espero que los líderes rectifiquen su vergonzosa pasividad mostrada hasta la fecha y actúen conjuntamente para asegurar la puesta en libertad o un juicio justo ante un tribunal civil para los 25 europeos de la Bahía de Guantánamo. Se supone que debemos tener una política exterior común y una política de derechos humanos. 
Sería mucho mejor –como son conscientes muchos– que se explicara a los ciudadanos que el objeto de esta iniciativa es garantizar el mismo nivel de protección legal a todos los ciudadanos de la UE, un objetivo que se consigue particularmente con la incorporación de la Carta al Tratado. 
Es un logro muy importante y conviene dejarlo muy claro en el Tratado. 
Precisamente en eso debería centrarse la información divulgada sobre los resultados de la Convención. En cuanto a nuestras relaciones con el mundo exterior, la redacción de la Constitución es también muy importante, porque ningún tercer país debe tener dudas respecto al hecho de que la Unión Europea es una alianza de Estados democráticos constitucionales. 
Permítanme un breve comentario sobre la designación de los Comisarios. Habrán escuchado con frecuencia que todos los países deben tener su propio Comisario. 
Nosotros, como superpotencia civil, podemos realizar una labor preventiva en los países en los que todavía no ha estallado la violencia. 
En este sentido, quiero mencionar Guinea-Bissau, que necesita ayuda urgente en el período previo a las elecciones generales que ahora quiere celebrar, y la ayuda de Europa será a todas luces necesaria. 
Por consiguiente, invito al Consejo y a la Comisión a que consideren la posibilidad de una intervención de paz para mantener la paz en ese país. 
Señor Presidente, he vuelto a pedir el uso de la palabra, muy brevemente, para dar las gracias a todos los diputados que han intervenido en este debate por su importante contribución, en ocasiones crítica, pero, al menos para mí, no por ello menos valiosa, con sus propuestas y directrices para las tareas que nos esperan, tanto con relación a las cuestiones que abordaremos en el Consejo Europeo la semana que viene para tratar de encontrar soluciones a las cuestiones que hemos debatido, como también con relación a la Conferencia Intergubernamental. 
Me complace afirmar también que el informe del Sr. Prodi y el informe que hemos redactado como Presidentes en ejercicio del Consejo Europeo coinciden plenamente. 
Espero que eso sea presagio de un trabajo excelente y de unos buenos resultados. 
Me gustaría concluir mi breve intervención reiterando el compromiso de la Presidencia italiana con el Parlamento Europeo de mantenerlo puntualmente informado sobre la Conferencia Intergubernamental y nuestro deseo de participar en debates conjuntos de la Presidencia del Consejo y el Parlamento, siendo esa también una forma de asegurar el logro de los mejores resultados posibles. 
-el informe (Α5-0313/2003) de la Sra. Frassoni sobre la conclusión del acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, y 
La legislación tiene que mejorar y hacerse más transparente, y esa es una tarea que compete a la Comisión, al Parlamento y también a los Estados miembros. Creo que el acuerdo interinstitucional adoptado en junio es una señal de que la Comisión, el Parlamento y el Consejo son conscientes de esta responsabilidad. 
Los ciudadanos y las empresas siguen soportando una carga administrativa demasiado pesada. Nosotros, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, llevamos mucho tiempo proponiendo que se introduzcan los análisis de impacto económico. 
Los análisis de impacto propuestos por la Comisión, que serían realizados por los mismos funcionarios que redactan la legislación, me recuerdan al Baron von Münchhausen, empeñado en tirarse del pelo para salir de la ciénaga en la que había caído. Como ponente para el análisis de impacto europeo, desde luego que optaré también por un enfoque orientado al análisis independiente. 
El objetivo de reducir la carga administrativa supone también un mayor hincapié en el uso de instrumentos no legislativos, como los acuerdos con los interlocutores sociales y los mecanismos de autorregulación. 
Estoy convencido de que estos instrumentos de regulación tienen un importante carácter complementario en lo que respecta a la legislación comunitaria vigente. 
Aparte de analizar detenidamente las alternativas para la legislación europea, es también importante que la transposición de la legislación comunitaria y la aplicación de la propia legislación nacional de los Estados miembros se realice con más eficacia y se vigile más de cerca. 
Un comentario para terminar: después de este debate del pleno, el informe de Medina-Ortega será remitido de nuevo a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, donde se adaptará al acuerdo interinstitucional. 
Apoyo sin reservas este curso de acción. 
– Señor Presidente, yo también acojo con satisfacción el hecho de que hayamos alcanzado un punto, con este Acuerdo Interinstitucional, desde el que podamos comenzar a cumplir nuestro compromiso de ofrecer una legislación mejor y más simplificada. Quiero felicitar también al grupo de negociadores y, por supuesto, a nuestros ponentes. 
En mi opinión, los consumidores y ciudadanos necesitan saber qué remedio legal pueden esperar de la legislación europea y las empresas necesitan tener claras las normas y prácticas a las que deben aspirar a fin de cumplir la legislación europea. 
Sí, las evaluaciones de impacto reglamentarias pueden ser una herramienta técnica, pero son una herramienta fundamental tanto para implicar a más partes interesadas, como para realizar comprobaciones y balances sobre el ejecutivo, que mejoren no solo la calidad del debate en esta Cámara, sino también nuestra capacidad para pedir cuentas al ejecutivo. 
También podemos utilizar las evaluaciones de impacto para analizar los beneficios de la legislación propuesta, y al mismo tiempo comprobar en qué ámbitos la corregulación, la autorregulación o la pueden ser herramientas válidas. Sé que a algunos de mis colegas les preocupa que las opciones de la puedan deteriorar o anular la prerrogativa de los Parlamentos como legisladores. 
Acepto que existen diferencias culturales entre los Estados miembros en este ámbito, pero también tenemos que aceptar que, en ocasiones, la legislación puede ser inflexible y difícil de modificar, mientras que los códigos de conducta pueden surtir efecto más rápidamente, especialmente por lo que respecta a las prácticas desleales de las empresas. 
La agenda de «Legislar mejor» exigirá un cambio de cultura, de poder y responsabilidad de todas nuestras instituciones. 
No deberá ir en detrimento del Parlamento, sino que, de hecho, deberá reforzar su derecho de escrutinio de la futura legislación. 
Señor Presidente, Señorías, el pasado mes de diciembre, la Comisión aprobó un plan para llevar a cabo una importante reforma del sistema de control de las concentraciones. 
Al mismo tiempo, además del Reglamento, mejoraremos el proceso de toma de decisiones de la Comisión, garantizando que nuestras investigaciones sobre las fusiones propuestas sean más precisas, mejor enfocadas y más respaldadas en análisis económicos sólidos, así como que tengan particularmente en cuenta los derechos de las partes implicadas en la concentración y de terceros. 
Asimismo, somos conscientes del hecho de que el Tribunal de Primera Instancia solicita a la Comisión un alto nivel de prueba. Esto tiene consecuencias claras para la forma en que trabajamos. 
El paquete de reforma del control de las concentraciones se compone de la propuesta de un nuevo Reglamento comunitario y de un proyecto de comunicación que contiene pautas para la valoración de las fusiones horizontales. 
En los últimos meses, además de la preparación de estos documentos, se han adoptado muchas medidas relativas al personal y a la organización interna de la Dirección General de Competencia, en particular la introducción de una nueva figura –el economista jefe de competencia– y procesos tales como el panel de revisión horizontal, con el fin de garantizar una mayor claridad del control durante el análisis. 
La propuesta de un nuevo Reglamento sobre las fusiones se caracteriza por tres elementos principales: en primer lugar, una mayor claridad del criterio sustantivo de evaluación de los posibles efectos de las concentraciones sobre la competencia; en segundo lugar, los aspectos jurisdiccionales, con respecto a los que proponemos la racionalización del sistema de consulta entre la Comisión y los Estados miembros; en tercer y último lugar, se proponen numerosos cambios de procedimiento para dar un poco más de flexibilidad en los plazos para las inspecciones y para la notificación de una concentración, así como la armonización de los poderes de inspección previstos en el Reglamento sobre fusiones con los establecidos en el Reglamento nº 1/2003 que, como bien saben, hace referencia a la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, habiendo sido testigos de una gran variedad de accidentes graves en túneles de la red de carreteras de la Unión Europea, el debate sobre la manera de garantizar un alto nivel de seguridad plantea, una vez más, la cuestión crucial de hasta qué punto la Unión Europea debería establecer normas técnicas específicas y detalladas o, por decirlo de otro modo, qué margen de libertad tiene que haber para diversas formas de adaptarse al cambio. 
En primer lugar, y aparte de toda la flexibilidad implicada en la asignación de los túneles a categorías de seguridad, habría sido recomendable establecer indicadores normalizados para evaluar la seguridad de los túneles, que podrían haberse utilizado para analizar todos los túneles de la Unión Europea, en lugar de solo aquellos que forman parte de las redes transeuropeas; esto habría aportado mayor valor añadido en términos de mejora de la seguridad. 
Por lo tanto, me parece lamentable que el texto ya no contenga la propuesta de la Comisión relativa a la aplicación estandarizada de normas armonizadas para los métodos de trabajo en organismos de evaluación de la conformidad. 
En segundo lugar, está la cuestión estrechamente relacionada de si es correcto que la dirección del túnel, como organización con sus propias funciones, también pueda ser la encargada de investigar los accidentes. 
En tercer lugar, apoyo totalmente la nueva normativa que establece que cuando los túneles abarquen el territorio de dos Estados miembros, será necesario crear organismos de investigación conjuntos para que ejerzan las funciones necesarias. 
Entre ellas incluyo lo que ya ha mencionado el Sr. Swoboda sobre normas adicionales sobre la velocidad de los usuarios del túnel, la distancia entre los vehículos, la utilización de señales particulares, marcas, etc. 
Además de la tecnología moderna, que es definitivamente crucial para el transporte por carretera y en muchos otros ámbitos de la sociedad, está el factor humano. 
Así pues, me gustaría hacer un llamamiento al Consejo –aunque no esté representado aquí– para que alcance una posición final sobre el Reglamento relativo a la armonización de cierta legislación social relacionada con el transporte por carretera. 
De conformidad con el orden del día se procede a la declaración del Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común y la Comisión sobre Oriente Próximo. 
Señor Presidente, Señorías, quiero agradecerles una vez más la posibilidad de participar en una sesión plenaria del Parlamento para hablar sobre un tema de gran actualidad, que preocupa a todas sus Señorías, como es el Oriente Próximo. 
Una vez más, el Oriente Próximo se encuentra en el centro de nuestras preocupaciones. 
Ayer, el Parlamento mostró una vez más su firme voluntad de contribuir de forma activa a los esfuerzos de paz mediante la adopción, por parte de la Comisión de Asuntos Exteriores, de un informe, el informe elaborado por el Sr. Menéndez del Valle, que sin duda será de gran utilidad- ha sido ya de gran utilidad- para todos nosotros, europeos, en la búsqueda de la paz. 
He tenido la oportunidad de hablar en múltiples ocasiones con el Sr. Menéndez del Valle para tratar de conseguir un informe que tuviera todos los ingredientes que permitieran ayudar a encontrar una solución desde la perspectiva europea. 
Señor Presidente, tras unas semanas de respiro, de calma- quizás de calma tensa, de calma desgraciadamente siempre frágil -, los acontecimientos de los últimos días nos recuerdan de manera dramática la realidad de la tensión, la violencia, la destrucción y la muerte que vive la región. 
No quiero, señor Presidente, Señorías, ocultarles un sentimiento de frustración que me embarga a mí también. 
Frustración porque el Oriente Próximo sigue desangrándose, con un goteo interminable de vidas perdidas inútilmente. 
Frustración también porque israelíes y palestinos no han podido, o no han querido, llevar a cabo los compromisos asumidos con toda solemnidad en Akaba hace tan solo unas semanas. 
Frustración porque la tensión regional ha vuelto a alcanzar cotas extremadamente preocupantes. 
Y frustración también porque cada vez son quizá menos los que creen que la Hoja de Ruta que promovió el Cuarteto vaya a ser la solución. 
Frustración, en fin, porque la desesperanza que se ha apoderado ya de tantos árabes y de tantos israelíes pueda instalarse también entre nosotros, responsables políticos, y entre nuestros ciudadanos. 
Sin embargo, señor Presidente, esta frustración no puede ofuscarnos. Muy al contrario. 
La preocupación que todos sentimos y la gravedad de la situación debe empujarnos, debe impulsarnos a mantener el espíritu alerta y a asumir nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades. 
La pregunta que todos y cada uno de nosotros nos hacemos es: ¿qué podemos hacer? 
¿Qué puede hacer la Unión? ¿Sigue teniendo vigencia la Hoja de Ruta? 
¿Existe un peligro de que la actual situación degenere en conflicto regional? 
Estas son preguntas que todos nos formulamos en público y, sin duda ninguna, de forma privada. 
En unos pocos minutos quisiera aportar algunos elementos para intentar dar respuesta a estos interrogantes. 
Empecemos por la Hoja de Ruta. 
La pregunta creo que es legítima. 
Algunos dirán que de poco sirve un repertorio de pasos que hay que dar con arreglo a un calendario, si los que deben tomarlos no tienen la voluntad de hacerlo. 
Cierto es que, sin el concurso de las partes, poco progreso podremos hacer. 
Pero quiero decir también, con toda claridad, aun reconociendo las enormes dificultades a las que nos enfrentamos, que no creo que exista una alternativa a la Hoja de Ruta. 
El objetivo compartido y anhelado de dos Estados- Israel y Palestina- viviendo en paz y seguridad no puede ser abandonado por los trágicos eventos de los días pasados. 
El objetivo de la Hoja de Ruta es ambicioso; debería alcanzarse en el año 2005 con los dos Estados a los que he hecho referencia. 
Se impone, por lo tanto, una implicación mayor si cabe de la comunidad internacional y, en primer término, del Cuarteto. 
Señorías, la Hoja de Ruta fue una iniciativa promovida desde Europa. 
Nosotros también participamos en la concepción y creación del Cuarteto. 
Fuimos capaces de establecer una nueva plataforma política que hiciera posible una implicación directa de los Estados Unidos enmarcada en una acción conjunta. 
El debate sobre quién podría ejercer de dejó de tener sentido. 
A pesar de ciertos comentarios agoreros, el Cuarteto no está agotado y sigue siendo el punto focal para los esfuerzos de paz. 
Se anunció al término del encuentro el compromiso formal de volver a reunirnos antes de que se acabe este año. 
Se acordó también, gracias a la insistencia europea, que nuestros representantes en el terreno- los que viven todos los días allí sobre el terreno -, los representantes especiales, se reúnan de manera regular, lo que nos permitirá contar con una visión consolidada de la situación por todos los miembros del Cuarteto y a adoptar así medidas conjuntas y, en definitiva, lograr una coordinación más estrecha de todos nuestros esfuerzos. 
Sin embargo, Señorías, no es suficiente con proclamar la vigencia de la Hoja de Ruta. 
La única forma de salir del punto muerto en el que nos encontramos es la adopción de pasos concretos, medidas que permitan a las partes ver en el otro una voluntad cierta de avanzar. 
Esas medidas destinadas a crear un mínimo de confianza deben, por otro lado, ser verificables. 
Las lecciones del pasado nos empujaron a insistir durante la gestación de la Hoja de Ruta en la inclusión de un mecanismo de verificación. 
Ahora urge que ese mecanismo se ponga en marcha lo antes posible. 
Abu Alá, el nuevo Primer Ministro de la Autoridad Palestina, acaba de formar, o estará formando en estos momentos, seguramente en circunstancias extremas, un nuevo Gobierno palestino. 
Conozco a Abu Alá desde hace muchos años y me inspira respeto. 
Atesora además una dilatada experiencia forjada en situaciones difíciles. 
Será un Gobierno que deberá asumir rápidamente sus responsabilidades. 
He tenido ocasión de hablar con él prácticamente casi todos los días por teléfono y deberá, sin ningún género de dudas, en el ámbito de la seguridad, empezar a poner orden en los servicios de seguridad palestinos, al igual que ya se ha hecho- y se ha hecho bien- en el ámbito financiero de la mano del ministro Salam Fayad. 
No puede haber, Señorías, tolerancia con los terribles atentados terroristas que, de forma tan dramática y frecuente, castigan a la población de Israel. 
El atentado de Jaifa, en la víspera del, pone una vez más un ejemplo de lo que nunca más debe volver a pasar. 
Y también deberán proseguir las reformas económicas y las reformas sociales en beneficio de su propio pueblo. 
Abu Alá y su Gobierno tendrán nuestro apoyo, el apoyo de Europa activo y decidido en esos esfuerzos. 
Pero para que los esfuerzos del nuevo Gobierno palestino tengan éxito, deberán contar también- y sobre todo- con el apoyo del Gobierno de Israel. 
El Gobierno de Israel también tiene obligaciones esenciales con arreglo a la Hoja de Ruta. 
Señor Presidente, Señorías, no puedo dejar pasar esta sesión sin decir unas palabras sobre la estabilidad regional. 
Nadie debe poner en duda la determinación de la Unión Europea, de sus ciudadanos, de sus Estados miembros y de sus instituciones, de combatir y condenar el terrorismo. 
El Gobierno de Israel tiene no solo el derecho, sino la obligación de tomar medidas para proteger a sus ciudadanos contra el terrorismo, pero, para que esa lucha sea verdaderamente eficaz, debe llevarse a cabo dentro de la legalidad internacional. 
No hay atajos posibles. 
En un área geográfica tan volátil como es el Oriente Próximo es esencial que las acciones de unos y de otros se encaminen a reducir la tensión y no a aumentarla. 
Nuestro amigos árabes también deben mantener su compromiso con los esfuerzos de paz y reactivar la iniciativa lanzada por Arabia Saudita y consagrada por la Cumbre de la Liga Árabe en Beirut, en marzo del año pasado. 
Esta iniciativa es plenamente vigente y el Cuarteto la respalda. 
En definitiva, señor Presidente, Señorías, las próximas semanas van a ser decisivas. 
Todos los miembros del Cuarteto- y muy especialmente los Estados Unidos- deben permanecer comprometidos con el proceso en estas horas. 
El camino hacia la paz va a ser largo y tortuoso. 
Conocemos el objetivo y somos conscientes de las dificultades que a todos nos aguardan. 
La acción de la Unión Europea en el Oriente Próximo debe seguir siendo firme y decidida, pero también creativa y coherente. 
Los próximos días, las próximas semanas, como he dicho, serán cruciales. 
Si el Gobierno del Primer Ministro Abu Alá empieza a hacer sus trabajos, sus deberes en el ámbito de la seguridad, y si el Gobierno de Israel sabe hacer prueba de contención y de generosidad, favoreciendo una disminución de la tensión, la paz tendrá una nueva oportunidad. 
No se debe entregar a los terroristas la llave de las negociaciones. 
Por nuestra parte, seguiremos haciendo cuanto podamos para que el proceso avance en la dirección deseada por todas sus Señorías, por todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y pueda romperse el círculo vicioso en el que actualmente se encuentra. 
Estamos en contacto permanente con las partes, todos los días. 
El representante personal de la Unión Europea está en la región todos los días, y tratamos de hacer lo que está en nuestra mano para evitar que la espiral de violencia continúe y aumente. 
Señor Presidente, Señorías, sabemos todos que la tarea es difícil, pero debemos seguir trabajando día y noche para tratar de evitar que esta situación degenere en una situación sin salida. 
– Señor Presidente, Señorías, como el Alto Representante Sr. Javier Solana acaba de explicar, la situación política en Oriente Próximo ha alcanzado una cota mínima. 
Aparte de la dificultad de aplicar la Hoja de Ruta para encontrar una salida a la terrible situación en la que Oriente Próximo está inmerso desde hace algún tiempo, nuevas amenazas planean en el horizonte. 
Sin embargo, en lugar de lamentarnos tenemos que mirar hacia el futuro, averiguar la razón de nuestro fracaso y ponerle remedio. 
Si aceptamos que la solución de los dos Estados todavía recibir un amplio apoyo, a pesar de la construcción del muro, a pesar del problema de los asentamientos y a pesar de los ataques de Hamás, entonces la Hoja de Ruta tiene que volver a ponerse en marcha. 
Quizá deberíamos reformular el enfoque gradual que hemos elegido, consistente en dejar para el final las cuestiones espinosas. 
Solucionar primero los problemas difíciles –como el de los refugiados y el de la división territorial– puede ayudar a eliminar los obstáculos que están poniendo trabas a la paz. 
Las buenas prácticas provenientes de todo el mundo pueden arrojar un poco de luz sobre la forma de enfocar las cuestiones no negociables. 
Como ha observado el Sr. Menéndez del Valle en su proyecto de informe, cualquier plan de paz depende del compromiso honesto de ambas partes –y yo añadiría, de la comunidad internacional– para aplicarlo. 
Actualmente parece que ese compromiso no existe: por lo tanto, tenemos que restablecer la voluntad política para que la solución de los dos Estados funcione. 
Por parte israelí, los sondeos indican que la mayoría de la población está a favor de la solución de los dos Estados, si bien, según algunos observadores, una gran parte del Gobierno israelí actual no aceptará la creación de un auténtico Estado palestino en Cisjordania. 
Este rechazo a la solución de los dos Estados y el fracaso en la aplicación de la Hoja de Ruta parecen basarse en razones ideológicas o en motivos de seguridad. 
La construcción del muro, la barrera de seguridad, que se adentra profundamente hasta Cisjordania, es consecuencia de ambas escuelas de pensamiento, pero no resuelve las preocupaciones básicas de ninguna de ellas. 
De hecho, tanto palestinos como israelíes se quedarán a ambos lados de la línea divisoria, muchos palestinos serán víctimas de grandes sufrimientos y algunos de los asentamientos se quedarán al otro lado del muro. 
La Unión Europea siempre ha reconocido el derecho de Israel a defenderse, pero la seguridad no consiste solamente en impedir que los terroristas lleven a cabo sus abominables ataques; ante todo, se trata de ganarse los corazones y las mentes de la población. 
La construcción de un muro puede ser una medida aceptable, siempre y cuando se limite al territorio israelí. 
Ahora Israel tiene que aprobar un número suficiente de medidas para reforzar la confianza. 
Tienen que detenerse todas las ejecuciones extrajudiciales y la demolición punitiva de hogares. 
Tienen que derribarse todos los asentamientos periféricos construidos en territorio palestino desde septiembre de 2000, y tienen que detenerse todas las actividades que se llevan a cabo en dichos asentamientos, porque constituyen un obstáculo para la solución de los dos Estados. 
Por parte palestina, el Gobierno parece creer en la solución de los dos Estados, consistente en aceptar la creación de un Estado palestino en el territorio de 1967; sin embargo, entre la población y los grupos de la oposición está ganando terreno el rechazo a esta solución. Hamás y otros grupos no reconocen el derecho de existencia de Israel, como demuestran los terribles atentados suicidas y otros actos terroristas. 
Además, parece existir una creciente falta de capacidad, poder o voluntad para crear instituciones eficaces, especialmente en el ámbito de la seguridad. 
El nuevo Gobierno del Primer Ministro Abu Alá tiene que ejercer un control eficaz de los territorios palestinos, emprender acciones contundentes contra de los que organizan y cometen ataques violentos contra la población israelí, y reafirmar públicamente el derecho de existencia de Israel. 
Es igualmente importante progresar con determinación en la preparación de las elecciones, en la elaboración de la Constitución y en la participación de la sociedad civil en las reformas. 
Es comprensible que la comunidad internacional centre su atención en la cuestión de la seguridad, pero no podemos olvidar la necesidad de reforzar las instituciones y de llevar a cabo reformas. 
Se trata de un aspecto importante, y no podemos perderlo de vista. 
La existencia de instituciones que funcionen bien constituye la base de una estabilidad y una seguridad duraderas tanto para Palestina como para Israel. 
La comunidad internacional tiene que ser más decisiva y formular objetivos contra los que se puedan evaluar los resultados conseguidos por ambas partes, haciendo un seguimiento efectivo en todos los ámbitos, no solo en el de la seguridad, y ofreciendo un apoyo rápido y eficaz de los países donantes. 
¿Hay esperanza? 
Tenemos que convencer tanto a israelíes como a palestinos de que saldrán ganando si superan la terrible situación actual. 
Ambas partes han suscrito la creación de un Estado palestino en Cisjordania y la Franja de Gaza y la garantía de fronteras seguras para el Estado de Israel, por no mencionar la aceptación total de Israel por parte de todos los países de la región. 
Ahora la comunidad internacional tiene que hacer todo lo posible por convencer, alentar y presionar a ambas partes para que cumplan los compromisos que han suscrito. 
– Señor Presidente, señor Solana, señor Comisario, Señorías, nos enfrentamos a una situación muy trágica en Oriente Próximo. 
Todos creíamos que tras la guerra de Iraq se redoblarían los esfuerzos para encontrar una solución a este interminable conflicto en Oriente Próximo. 
Por desgracia, esta esperanza no se ha hecho realidad. 
Parece que nos encontramos en una situación desesperada, y la espiral de violencia sigue intensificándose. 
En nombre de nuestro grupo, quiero afirmar muy claramente que todo atentado suicida es un crimen contra los jóvenes que lo perpetran y un crimen contra los israelíes que mueren en él. 
Esto tiene que quedar muy claro. 
Sin embargo, también afirmamos que los «asesinatos selectivos» , como ha dicho el Sr. Solana –la política del ojo por ojo, diente por diente– no ayudan a conseguir la paz. 
Quiero dar las gracias al Comisario Monti por lo que ha dicho sobre el muro, por su gran habilidad –sabemos que también tiene otras habilidades– pero en particular quiero darle las gracias por decir lo que ha dicho, y por la forma en que lo ha dicho. 
Le estoy sinceramente agradecido. 
Si me permiten hacer un comentario personal, mi compromiso político se remonta a 1962, cuando vi un muro construido en mi propio país. 
Esto es algo que afecta profundamente a las personas. 
Señorías, estoy firmemente convencido de que la construcción de ese muro es una gran tragedia. 
También es una tragedia para Israel, porque no hará más que contribuir al odio y a la repulsa. 
No es una medida que promueva la paz de forma auténtica, ni me parece que vaya a aumentar la seguridad de Israel. 
Asimismo, los asentamientos ilegales son un obstáculo constante para encontrar una solución pacífica. 
Permítanme decir, no solo en mi nombre, sino también en nombre de mi grupo parlamentario, que la construcción de un muro que producirá más odio y más humillación es, en mi opinión, otro argumento en favor de la intervención de una fuerza internacional de paz que separe a las dos partes en conflicto. 
Espero que de una vez por todas se celebre un debate sobre si una fuerza internacional de paz… 
Desde nuestro punto de vista, está claro que el objetivo tiene que ser que Israel exista dentro de unas fronteras seguras. 
El objetivo también tiene que ser un Estado palestino dentro de unas fronteras seguras. 
Instamos a los protagonistas –al Primer Ministro Sharon, al Presidente Arafat y al nuevo Primer Ministro Abu Alá– a que den una oportunidad a la paz y superen sus posibles antipatías personales. 
El diálogo es fundamental y, Sr. Solana, quiero darle las gracias por todo lo que está haciendo. 
Creo que realmente está haciendo lo que ha dicho, y que está trabajando día y noche y hablando con los protagonistas. 
Ahora, por supuesto, hay que seguir avanzando. 
Por muy desesperada que parezca la situación, la vida humana y política nunca es totalmente desesperada, porque si lo fuera, tendríamos que desistir de todos nuestros esfuerzos. 
Por esta razón, la Unión Europea, los Estados Unidos, las Naciones Unidas y de Rusia tiene que hacer un esfuerzo renovado para conseguir que las dos partes reanuden sus conversaciones. 
Quizá tengamos una responsabilidad aún mayor que nuestros amigos americanos. 
Después de todo, siempre pedimos mucho a los americanos. 
Les criticamos cuando hacen algo y les criticamos cuando no hacen nada. 
Como europeos, por una vez tenemos que tomar la iniciativa, en especial porque nuestros amigos americanos tienen otras preocupaciones con el inicio de la campaña de las elecciones presidenciales; y ya sabemos lo importantes que son los grupos en América, sin cuyo apoyo un candidato no puede salir elegido. 
Por consiguiente, los europeos tenemos que emprender una verdadera iniciativa en este ámbito. 
Permítanme concluir haciendo referencia a la cuestión de la dignidad humana. 
No hay ciudadanos de segunda clase. 
Todos somos iguales, y todos somos iguales en dignidad humana. 
Esto es válido para los europeos, los americanos, los palestinos, los israelíes, los chechenios y para todo el mundo. 
En la Unión Europea estamos en proceso de aprobar una Constitución, y esta constitución es un proceso que se apoya en unos valores. 
Creo que los ciudadanos deberían ocupar el centro de nuestra atención, y por esa razón tenemos que aprobar iniciativas capaces de garantizar el respeto a la dignidad de los palestinos y la dignidad de los israelíes, y que ambas naciones tengan la oportunidad de mirar al futuro juntas y en paz, en un sistema democrático. 
Nosotros tenemos que desempeñar un papel fuerte y proactivo en este contexto. 
Estoy sinceramente agradecido al Sr. Solana por su contribución hasta la fecha, y espero que tengamos más éxito en el futuro del que hemos tenido hasta ahora. 
Señor Presidente, me acabo de enterar de la triste noticia del asesinato del Agregado de Prensa de la Embajada española en Bagdad, Don José Antonio Bernal Gómez, y le ruego, señor Presidente, que exprese nuestra condolencia más sentida, en nombre del Parlamento, al Gobierno español. 
También tengo que decir que, en nombre del Grupo Socialista, quiero expresar nuestra condena por el atentado de Haifa y, en un momento además especialmente dramático de la historia de Israel porque fue en la víspera del día del perdón, del Yon Kipur, y también extender nuestra condolencia a todas las familias israelíes y palestinas que están sufriendo este proceso de recrudecimiento de la violencia después de que se hubiera abierto una ventana, un resquicio de esperanza, con la reanudación del diálogo a partir del 30 de abril. 
Apoyamos el contenido del informe Menéndez del Valle. 
Quisiera señalar que si, en muchos temas, los europeos debatimos y estamos divididos, en la cuestión de Oriente Medio, desde la Declaración de Venecia de 1980 hasta hoy, es significativo el grado de consenso y de acuerdo que existe entre todos los países miembros de la Unión Europea y también el amplio apoyo que tienen estas propuestas en el Parlamento Europeo. 
Y a partir de aquí, señor Presidente, y creo que hay también un claro acuerdo, a partir de las observaciones que ha hecho el Alto Representante, el Sr. Solana, y la intervención del Comisario Sr. Monti, yo quiero señalar que tenemos que proseguir nuestro esfuerzo político, diplomático y económico porque la cuestión no es si la Hoja de Ruta vale o no, la cuestión es que tenemos que seguir un camino, que será difícil y peligroso, hacia la paz, porque la Hoja de Ruta o itinerario solo es un medio para llegar a la paz. 
En este sentido nos parece que tenemos que decir a nuestros amigos israelíes que para hacer frente al terrorismo hay que respetar la legalidad internacional. 
El ataque contra Siria después del atentado es inadmisible desde el punto de vista del respeto de la legalidad internacional pues viola la integridad territorial de un país tercero y además aumenta peligrosamente la tensión en uno de los lugares del mundo que menos necesidad tiene de que incremente la misma. 
En conclusión, quiero apoyar la acción, no solo del Alto Representante, sino también de nuestro Representante en Oriente Próximo; creo que el Cuarteto tiene que proseguir su trabajo. 
También debemos contemplar la posibilidad de establecer un mandato internacional con la presencia de una fuerza internacional, sobre el terreno, una fuerza de interposición y de paz, para apoyar precisamente los esfuerzos que tienen que hacer ambas partes. 
Concluyo diciendo, señor Presidente, que no podemos permitir que la Hoja de Ruta fracase. 
No hay que dejar que el fanatismo, el terrorismo y la intransigencia se sobrepongan al sentido común y a una paz justa y digna. 
Señor Presidente, he escuchado muy atentamente las palabras del Alto Representante. 
Es evidente que el tema de Oriente Próximo es nuestra gran preocupación. 
Sin ir más lejos, esta mañana leía en la edición del, un diario de Zurich con un prestigio internacional remarcable, la exigencia de un reparto más rápido de los fondos a las víctimas del holocausto. 
Me dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto? 
Tiene que ver porque estamos todavía hablando de un hecho sucedido en Europa y cuyas consecuencias estamos también hoy debatiendo en el conflicto de Oriente Próximo. 
En el mismo periódico leo que el Congreso de los Estados Unidos prepara sanciones contra Siria. 
No es una contribución para mejorar esta situación. 
Los conflictos no se paran ahí; hace dos días, un ministro del nuevo Gobierno de Abu Alá, se negó a jurar fidelidad a Yasir Arafat, el ministro precisamente de Interior, Naser Yusuf. 
En el mismo sentido, hace también pocos días, Ariel Sharon decía que estaba preparado para atacar objetivos enemigos se encontrasen donde se encontrasen. 
Esto es una amenaza y un riesgo para lo que, precisamente, el Alto Representante ha calificado como la estabilidad de la región. 
Es una amenaza a la estabilidad de la región que, naturalmente, tiene también su respuesta; leo una noticia de ayer difundida en la en la que se decía también que Siria, naturalmente, está preparada para defenderse ante cualquier agresión. 
Nos encontramos, por lo tanto, en una situación especialmente difícil y especialmente complicada. 
El Parlamento Europeo está preparando su posicionamiento a través del informe que ha preparado el diputado Menéndez del Valle. 
Querría destacar de este informe la primera parte, la que se refiere a la aplicación de la Hoja de Ruta como única solución posible al conflicto que en estos momentos está planteado. 
Y se insiste también en un aspecto especialmente importante en el que habría que profundizar: la educación a la paz. 
¿Existe realmente esta educación a la paz en el pueblo palestino y en el pueblo israelí, o es una educación del odio que no lleva a ninguna parte? 
Creo que este es un aspecto también que hay que destacar. 
Lo que pasará después de la aplicación de la Hoja de Ruta y de la Conferencia de Paz, en qué habrá de desembocar, ya se analizará en su momento. 
Hablar en estos momentos de Jerusalén, de la retirada de Israel a las fronteras del 67, de los refugiados... , entiendo que es prematuro. 
Y en este sentido querría también pronunciarme sobre la construcción del muro: fuera de los límites de las fronteras del 67, es una agresión; en el límite de las fronteras puede ser un error, pero en todo caso, si ello contribuye a evitar una sola víctima, creo que su construcción estaría bien empleada. 
Y termino, señor Presidente, con unas palabras del que fue primer Embajador de Israel en el Estado español y también en el Vaticano, Samuel Hadás, cuando dice que la Hoja de Ruta del Cuarteto para Oriente Próximo ofrece la única vía posible, pero que por el momento no es sino un camino laberíntico y, al parecer, sin destino. 
Mientras la comunidad internacional, y muy especialmente la única potencia capaz de ayudar (léase presionar) a las partes a reconducir el proceso de paz, Estados Unidos, "( y yo añadiría aquí que es el Cuarteto el que debe presionar a las partes )" no comprendan que en las circunstancias actuales israelíes y palestinos no están en condiciones de hacerlo por sí mismos, estos seguirán deambulando al borde del abismo ". 
Creo, pues, que la responsabilidad recae en la comunidad internacional y sobre todo en el Cuarteto. 
Creo que este Parlamento debe dar este soporte al Cuarteto y a la Unión Europea en la contribución al proceso de paz de Oriente Próximo. 
– De hecho, señor Presidente, hubiera preferido no hablar esta mañana; hubiera preferido callarme, igual que las mujeres israelíes vestidas de negro que desde 1988 están diciendo en silencio «Detened la ocupación israelí». 
Sin embargo, siento gran estima y respeto por el presidente de mi grupo, Sr. Wurtz, quien me ha pedido que hable, y por mis colegas, pero, sobre todo, porque posiblemente en este caso no sirva para nada un gesto simbólico, de manera que recurriré a las palabras. 
Señor Solana, tengo que decir que me siento frustrada, resentida y, sobre todo, profundamente indignada. 
La indignación es un concepto político, no un estado de ánimo, y estoy indignada porque cada día me siento atrapada en una tela de araña en la que se ahogan y mueren el derecho, la justicia, la libertad y la verdad: perecen en la Danza de la Muerte interpretada por el Gobierno Sharon, Hamás y la Yihad Islámica. 
Por una parte –y no es trivial ni fútil repetirlo– hay un ejército que está ocupando militarmente un país; por otra, el derecho internacional se viola constantemente y ahora lo repetimos como una letanía. 
El derecho internacional tiene que cumplirse, pero no se está cumpliendo ni una sola resolución. 
No dudo en considerar a Hamás y la Yihad como enemigos, aunque como soy contraria a la violencia he eliminado el concepto de enemigo. 
Es claramente un crimen ordenar a jóvenes que se maten o que maten a otros; los que lo hacen son responsables de esas muertes y lo considero un crimen, pero por favor, rompamos esta inercia, esta diplomacia que causa más muertes cada día y contribuye a este crimen. 
Me siento responsable, junto con ustedes, todos ustedes, por lo que está ocurriendo en aquel país, porque no basta con exigir el cumplimiento del derecho internacional. 
Por supuesto, es bueno visitar la zona, y yo también doy las gracias al Sr. Solana y al Sr. Moratinos, pero tengo que decir que, en la reunión del Cuarteto, Marc Otte estuvo ausente por el chantaje de Ariel Sharon en el momento más delicado, cuando estaban reemprendiendo las conversaciones sobre la Hoja de Ruta. 
No estuvimos allí en aquel momento, porque reconocíamos que Ariel Sharon había sido elegido de forma legítima. 
También Yasser Arafat fue elegido legítimamente, y no se le puede acusar de representar el mal. 
No es mi modelo de líder –soy independiente, autónoma y librepensadora– pero hay que admitir que Yasser Arafat lleva tres años prisionero, y eso no es una cuestión trivial. 
Yasser Arafat lleva tres años prisionero y evidentemente no puede asumir el control militar de la zona de Yenín, donde hay tanques israelíes, bulldozers y soldados. 
No puede. 
Puede hacer lo que el Gobierno de Abu Mazen y ahora el de Abu Alá han intentado hacer: llegar a un acuerdo político con todas las fuerzas, entre ellas Hamás y la Yihad, el ala moderada, digamos que el ala que acepta la paz o acepta un alto al fuego total. 
Pero cada vez se asesina a algunos líderes y eso no es algo que diga a la ligera: es realmente cierto. 
Eso es muy importante, y estoy muy agradecida al Sr. Poettering, aunque no quisiera que se sintiera incómodo por lo mucho que le aprecia hoy la izquierda o porque normalmente respondo a los problemas de forma multipartidista. 
Creo que el discurso del Sr. Poettering ha sido maravilloso, directo y perfecto, incluso en la cuestión del muro. 
Comisario Monti, creo que usted debería ir a ver el muro. 
Como ha dicho el Sr. Poettering, el muro separa, destruye y mata la libertad y la oportunidad de comunicarse. 
Ese no es el Estado que queremos para los palestinos y los israelíes: queremos un Estado en el que los palestinos y los musulmanes se comuniquen. 
Ese muro es una obscenidad; es lo que piensan todos. 
Yo lo he visto, fui a verlo el sábado pasado. 
En Adudis, parte el pueblo por la mitad. 
Un artículo del periódico israelí, de Gideon Levi, un periodista increíble, nos cuenta como, para cruzar la calle, los niños tienen que colarse por los agujeros en el cemento: sus delgados cuerpos pueden pasar, pero sus carteras no, y las tienen que lanzar por encima del muro al otro lado. 
Es una obscenidad que tiene que detenerse. 
Estoy convencida de que se pueden hacer muchas cosas; estoy también convencida de que el Parlamento se tiene que tomar más en serio cuando redacta y aprueba resoluciones. 
Estoy cansada de escribir resoluciones y de hacer de mediadora: hay que poner en práctica las resoluciones. 
Llevamos mucho tiempo hablando sobre la necesidad de imponer un embargo de armas y comprobar la aplicabilidad del acuerdo de asociación; y lo que es más importante, hemos decidido la creación de una delegación de alto nivel (y con esto casi acabo) del Parlamento. 
Creo que tenemos que hacerlo; tenemos que seguir la Hoja de Ruta, y hay esperanza... disculpe, señor Cox, disculpen todos; no he escrito mi discurso y he perdido el control del tiempo, pero quiero decir una última cosa: hay una gran esperanza en Palestina y en Israel: hay miles de palestinos que resisten cada día y que no están de acuerdo con las bombas y los atentados, y hay cientos de miles de israelíes que son fantásticos, como los dos pilotos que la semana pasada tenían orden de bombardear Nablús y se negaron. 
Cuando estaban sobrevolando Nablús, los jóvenes pilotos se compadecieron de la población y dieron media vuelta; obviamente, se les ha suspendido de su cargo. 
Eso es extremadamente importante: demuestra que el sentimiento de humanidad está creciendo, y tenemos que hacerlo crecer en nosotros, en los demás y entre los palestinos y los israelíes. 
– Señor Presidente, Señorías, creo que todos estamos unidos en esta cuestión, como han demostrado las intervenciones del Sr. Poettering, del Sr. Barón Crespo y de todos los que han hablado hasta llegar al discurso de la Sra. Morgantini. 
Esta es mi primera observación. 
En segundo lugar, el discurso del Sr. Solana nos provoca sentimientos de desesperación, cansancio, odio e impotencia. 
Siguiendo la línea del Sr. Poettering, creo que en este Parlamento deberíamos tener la fuerza moral de cuestionar el supuesto en el que se basa la Hoja de Ruta que, como ha dicho el Sr. Solana, refleja la idea de un progreso gradual hacia la paz. 
Esta era la idea en Oslo y la idea que se ha mantenido hasta la fecha. Ahora bien, creo que ese enfoque gradual ya no funciona. 
¿Podemos proponer alguna alternativa política a dicho enfoque? 
Según Ami Ayalon, antiguo director de los servicios de seguridad israelíes, y Sari Nusseibeh, presidente de la universidad palestina, primero tenemos que saber hacia dónde queremos ir, para luego crear un impacto político sobre esa base. Si aceptáramos su idea, ¿qué propondría la Unión Europea a modo de impacto político? 
Sugiero lo siguiente. La Unión Europea, es decir todos los Estados representados en el Consejo de Seguridad, propondría una votación solemne sobre el Estado palestino en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tomando como ejemplo la idea de la creación del Estado de Israel. 
La propuesta sería que el Estado palestino recibiera los mismos derechos y responsabilidades que el Estado israelí. 
Tras la aprobación de esta propuesta, la Unión Europea propondría, a través de sus representantes en el Consejo de Seguridad, el envío de una fuerza militar de la ONU para el mantenimiento de la paz entre los Estados israelí y palestino. 
Primero, el Consejo de Seguridad aceptaría la propuesta europea de desarme inmediato de todas las fuerzas militares que no fueran las del Estado palestino en Palestina. 
En segundo lugar, se volvería a dibujar el mapa de ese Estado según las fronteras de 1967. El Consejo de Seguridad concedería tanto al Estado israelí como al palestino dos, tres o cuatro meses para desarmarse y retirar del territorio palestino a todos los colonos residentes fuera de las fronteras de Israel de 1967. 
En tercer lugar, el Consejo de Seguridad decidiría que cualquier modificación de esas fronteras tendría que ser negociada y aceptada por ambas partes. Tras un plazo de tiempo, la comunidad internacional sería responsable de obligar a todos los colonos residentes en el lado equivocado de la frontera a marcharse y de desarmar a todos los grupos terroristas palestinos que no hubieran sido desarmados por la Autoridad Nacional Palestina. 
Finalmente, la ONU decidiría que los refugiados palestinos regresaran solo a Palestina, y los refugiados israelíes –me refiero a los judíos– solo a Israel. 
Lo que propongo es una verdadera conmoción política. Pero si no lo hacemos, seguiremos siempre en el mismo punto, dotados de una fuerza moral extraordinaria, pero impotentes. 
De una vez por todas, tenemos que tomar una iniciativa que tendrá duras consecuencias política y militares para nosotros, pero que es nuestra única oportunidad de ayudar a los palestinos y a los israelíes. 
– Señor Presidente, ¿quién se arriesgará a desafiar, por no decir intentar el desmantelamiento de las organizaciones terroristas palestinas Hamás y la Yihad Islámica? 
El propio Ahemd Quraya, el nuevo Primer Ministro del gabinete de emergencia palestino que juró su cargo el martes, ha dicho que él no lo hará en ningún caso. 
¿Cómo responde a eso, señor Solana, o va a permanecer callado el Consejo ante su petición expresa a la Autoridad Palestina para que desmantele las organizaciones terroristas que operan en las zonas bajo su control? 
¿Quién se atreve a enviar una clara advertencia a los países que están avivando el conflicto entre Palestina e Israel, encabezados por Siria e Irán? 
En lugar de apoyar a Israel en esto, destacados Estados miembros de la UE están arremetiendo de lleno contra el Estado judío. 
¡Por no mencionar las declaraciones europeas en apoyo a Siria que, aunque es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, durante años ha funcionado como campo de entrenamiento y base de redes terroristas libaneses y palestinos! 
¿Es cierto que la Unión Europea va a firmar un acuerdo de asociación con Siria, como el Comisario Patten propuso recientemente en esta Cámara? 
¿Comparten mi opinión de que si lo hace, Bruselas estará enviando un mensaje político totalmente equivocado a una región tan violenta como esa? 
¡Piensen en Jaifa! 
– Señor Presidente, Señorías, la Hoja de Ruta del Sr. Cohn-Bendit resultaría bastante atractiva si este Parlamento no adoptara posturas tan unilaterales. 
Con mucha frecuencia y especialmente respecto al conflicto palestino-israelí, vemos los problemas de una parte, pero nos olvidamos de los de la otra. 
Por ejemplo, nos olvidamos de que la Constitución palestina niega la existencia de Israel; nos olvidamos de que los libros de texto palestinos enseñan que Israel no existe y que su población no existe ni ha existido nunca; nos olvidamos de que, en 1999 o en 2000, la iniciativa de Camp David fracasó debido a la torpeza de Yasser Arafat para negociar y aceptar un compromiso que, quizá, hubiera resultado en una situación muy diferente de la que tenemos hoy; también nos olvidamos de todo lo que nos indigna, porque exigimos mucho a Israel, un pueblo democrático, y porque también podemos exigir mucho a pueblos que no son democráticos, pero que esperemos lo sean algún día. 
Sin embargo, solo podemos concluir que lo que está ocurriendo es una respuesta a unos ataques que normalmente la sociedad no toleraría, pero que se han convertido en el pan de cada día de la sociedad israelí. 
Señorías, Europa está fracasando en su cometido; es incapaz de hacer su trabajo a pesar de los esfuerzos de nuestro Alto Representante, a pesar de los esfuerzos realizados en el Cuarteto. 
No cabe duda de que Europa está retrocediendo y eso puede que sea positivo en retrospectiva, como ha ocurrido en los últimos seis meses, cuando la Hoja de Ruta no ha recibido la aceptación unánime de muchos gobiernos europeos, que posiblemente habrían querido crear divisiones para no aceptar la postura americana. 
Por lo tanto, creo que, si todo esto es verdad, los europeos tenemos que hacer un examen de conciencia. 
Si nuestra perspectiva fuera más equilibrada, más pragmática y más objetiva, ninguna de las partes implicadas nos vería como un factor poco determinante para la resolución del conflicto palestino-israelí. 
Señor Presidente, quería unir mis palabras a las ya pronunciadas aquí pidiendo a la Presidencia que emita un comunicado de solidaridad con las víctimas en Haifa, y más recientemente con la familia del funcionario español acreditado en Bagdad, José Manuel Bernal Gómez, porque todo terrorismo es rechazable venga de donde venga. 
Esta misma semana hemos votado en la Comisión de Asuntos Exteriores, un informe sobre Oriente Próximo del compañero Menéndez del Valle, y quiero anticiparme aquí a la votación durante el próximo período parcial de sesiones diciendo que celebro el esfuerzo de todos los grupos políticos para encontrar enmiendas de compromiso que, en el caso de no ser alteradas en el Pleno, nos van a permitir aprobar un texto por una amplia mayoría. 
No sé qué influencia tendrá en la situación- seguro que menor de la que desearíamos -, pero estoy convencido de que unas resoluciones del Parlamento Europeo, si no tienen un gran apoyo, carecen de relevancia. 
En cualquier caso quisiera expresar que la voluntad de acuerdo, que los grupos parlamentarios han puesto de manifiesto, subraya lo crítico de la situación. 
Después de tres años de Intifada, todos han perdido, salvo los más radicales que han llevado el discurso precisamente a su campo, que es el campo de la violencia. 
En lo que todos coincidimos es en que, tanto palestinos como israelíes, viven hoy peor que hace tres años, sea cual sea el parámetro de comparación que apliquemos. 
Tienen menor bienestar social, tienen menor seguridad, menor libertad, tanto palestinos como israelíes. 
Desde mi punto de vista resulta simplista y, por lo tanto, inútil señalar culpables en uno y otro bando; creo que todos son alícuotamente responsables de la situación a la que hemos llegado- como a dicho la señora Morgantini- y además, es evidente, que entre nosotros hay percepciones y sensibilidades muy distintas respecto al conflicto. 
Pero yo creo que, en lo que la mayoría estamos de acuerdo, es en que no nos gustan los muros, el llamado muro de seguridad. 
Sin duda el Gobierno israelí tiene la obligación de defender a sus nacionales frente al terrorismo, pero seguramente esa no es la vía más eficaz. 
Yo quisiera que los colegas pensaran por un momento sobre cuál sería su estado de ánimo si en sus países, en los últimos tres años, tuvieran prácticamente un atentado terrorista por semana y que a lo largo de esos tres años hubiera casi 500 víctimas civiles. 
Por lo tanto, creo que hay que seguir apostando por el Cuarteto. 
Hoy por hoy no hay alternativa a la Hoja de Ruta y hay que apoyar la política exterior de la Unión Europea. 
Hay que confiar en nosotros mismos. 
Sin duda quisiéramos que esa política exterior tuviera más medios, quisiéramos que tuviera más visibilidad, quisiéramos que tuviera a su servicio un cuerpo diplomático común, pero, en particular en el Oriente Próximo, en ocasiones, esa política exterior tiene más influencia de la que nosotros mismos a veces creemos. 
Señor Presidente, quisiera, antes de nada, agradecer al Alto Representante la atención que, como él mismo ha señalado, ha dedicado a mi informe. 
Vorrei anche ringraziare il Commissario Monti per le sue parole, grazie, Commissario, y, por supuesto, decir que comparto en gran medida las alusiones hechas por el señor Poettering, que son indicativas, evidentemente, del consenso al que se ha llegado. 
He de decirles que el informe que he tenido el honor de redactar lo he titulado significativamente "Paz y dignidad en Oriente Próximo"; creo que son dos palabras suficientemente aclarativas de cómo está la situación y a dónde debemos llegar. 
Diría también que, dado que la Comisión de Asuntos Exteriores ha aprobado por amplia mayoría ese informe, puedo hablar ahora no solo como socialista sino, en lo que respecta a este texto, en nombre de dicha comisión, y lo hago con mucho gusto. 
Quisiera decir que el informe ha logrado el amplio consenso que aquí se ha venido comentando sobre varios puntos relevantes, de los que destaco- por el tiempo escaso de que dispongo- tan solo algunos. 
Por ejemplo, que seguimos deseando, cómo no, que la Hoja de Ruta salga adelante, y pedimos a las dos partes que no la declaren muerta. 
Condenamos el terrorismo, desde luego, pero insistimos en que el plan de paz no debe ser suspendido o bloqueado a causa del terrorismo, porque precisamente para los terroristas esto constituiría un éxito. 
Pedimos al Cuarteto y a las partes que Jerusalén sea declarada herencia cultural y religiosa de la humanidad, doble capital del Estado de Israel y del futuro Estado Palestino que esperamos llegue lo antes posible. 
Solicitamos, asimismo, una presencia internacional en el área y el envío, en tiempo oportuno y sujeto a la aprobación de ambas partes, de una fuerza internacional. 
Creemos, naturalmente, en el derecho de Israel a defender a sus ciudadanos y su seguridad, pero también que el ejercicio de ese derecho ha de estar constreñido por el imperio del Derecho y que, desde luego, los derechos de los ciudadanos palestinos, han de ser asimismo, tenidos en cuenta. 
Invitamos por un lado a la parte palestina a que reorganice las fuerzas de seguridad y a que haga esfuerzos concretos y visibles para desmantelar las organizaciones terroristas y, por otro, a la parte israelí, a que retire su ejército de los territorios autónomos, a que ponga fin a los asesinatos selectivos y a que congele toda actividad de colonización y la construcción del muro de seguridad que aquí, muy adecuadamente, ha sido ya mencionado en varias ocasiones. 
Finalmente, una enmienda del ponente recomienda que para que el caso de que en el inmediato futuro la Hoja de Ruta resultara bloqueada, lo que obviamente no deseamos, y dada la suma gravedad que de ello se derivaría al provocar aún mayores sufrimientos a israelíes y palestinos, se prevean nuevas opciones y, en particular, el establecimiento de un mandato internacional en Palestina, bajo la autoridad del Cuarteto, que comprenda una fuerza internacional sobre el terreno. 
Termino, señor Presidente, esto lo digo a título estrictamente personal: deseo que las acciones bélicas israelíes del pasado domingo contra Siria, que quebrantan el derecho internacional y la racionalidad política, no acaben derivando en algo todavía peor. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Alto Representante por su intervención. 
Lamentamos tener que decir que la gran simpatía que Europa sentía por Israel se ha visto dañada de forma significativa durante el pasado año. 
Esto es lo que se desprende del debate de hoy en esta Cámara, y puede observarse haciendo un seguimiento de los medios de comunicación europeos y escuchando los anuncios de los gobiernos, los parlamentos y los partidos políticos europeos, como el claro rechazo europeo a la decisión del gabinete de seguridad israelí de expulsar a Yasser Arafat de los territorios palestinos. 
Del mismo modo, tenemos que condenar el ataque israelí contra Siria, una acción que infringe el derecho internacional. 
El hecho de que los Estados Unidos estén ahora considerando sanciones en contra de Siria tampoco contribuye a la solución del conflicto en Oriente Próximo. 
Por supuesto, la última tendencia está reflejada aquí en el Parlamento Europeo y, por tanto, en el informe que acabamos de discutir y que ha sido aprobado por una gran mayoría de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Dicho informe contiene probablemente la crítica más dura contra Israel que hemos visto en este Parlamento. 
El Gobierno israelí tiene que retirar sus fuerzas militares de los territorios ocupados y llevarlas a casa. 
Tiene que detener las ejecuciones, y suspender todas las actividades en torno a los asentamientos y la construcción del vergonzoso Muro de Seguridad. 
Quiero dar las gracias al Sr. Poettering por sus claras observaciones sobre el muro. 
Las autoridades palestinas tienen que apoyar de forma clara y firme los esfuerzos del nuevo Gobierno para reorganizar las fuerzas de seguridad. 
Tienen que restaurar el orden público. 
Tienen que demostrar claramente que están dando pasos prácticos y visibles para luchar contra los movimientos terroristas, tienen que aplicar las reformas ya propuestas y tienen que organizar, si es posible, unas elecciones libres, justas y abiertas. 
Sin duda, todos compartimos las frustraciones del Alto Representante, pero tenemos que respetar la Hoja de Ruta del Cuarteto para lograr la paz en Oriente Próximo. 
Tenemos que alcanzar un acuerdo de paz definitivo entre dos Estados iguales, democráticos y soberanos que convivan en paz detrás de unas fronteras seguras y reconocidas sobre la base de la Resolución 242 de las Naciones Unidas de 22 de noviembre de 1967. 
Israel y Palestina no pueden resolver el conflicto sin ayuda del exterior, y la comunidad internacional tiene que seguir presionando a ambas partes. 
Quizá sea también necesario el envío de una fuerza internacional de intervención y observación a la región, una fuerza reunida por el Cuarteto que, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, vigile los acontecimientos y, en consecuencia, garantice que las dos partes cumplan el acuerdo de paz final. 
– Señor Presidente, el muro que el Gobierno israelí está construyendo reducirá los ya pequeños territorios de Cisjordania en un 58%. 
Eso es una abominación en términos económicos y humanos, pero también una verdadera provocación política. 
Califica a todos los habitantes de Palestina de terroristas, lo cual es escandaloso. 
El muro no protegerá a la sociedad israelí de la violencia y la barbarie de los atentados suicidas contra civiles. 
La construcción de este muro hace posible la destrucción del Estado palestino, hace poco probable la seguridad de los dos pueblos y anula cualquier esperanza de paz en Oriente Próximo. 
Al tratar de usar el ataque sobre Siria para vengarse por el atentado de Jaifa, infringiendo el derecho internacional, Sharon ha asumido la responsabilidad de extender el conflicto a toda la región. 
Esta matanza solo acabará si se usa la fuerza. 
La Unión Europea tiene medios para intervenir, si decide hacerlo. 
Por lo tanto, el Consejo tiene que suspender el acuerdo de asociación mientras dure la ocupación. 
Asimismo, la Unión Europea puede pedir la destrucción de ese muro ilegal, de conformidad con la famosa Hoja de Ruta. 
La Unión Europea tiene que impedir que se lleven a cabo las amenazas contra el Presidente Arafat. 
Por desgracia, no lo hará si no se produce una manifestación masiva de solidaridad por parte de los ciudadanos de Europa, consternados por la humillación, la miseria y la desesperación de los palestinos. 
– Señor Presidente, respecto al conflicto en Oriente Próximo seguimos viendo que se adoptan posiciones a favor de Israel y en contra de Palestina, o bien se condena a los israelíes a favor de los palestinos. 
Probablemente hay argumentos a favor de ambas partes. 
Entre otras razones, está el inalienable derecho de defensa de las inocentes comunidades israelíes y la natural aspiración de los palestinos a decidir su propio futuro libremente. 
Es indiscutible que ningún argumento puede justificar las tácticas terroristas que emplean ambas partes en la región. 
Nuestro grupo cree que cualquier esperanza de paz entre israelíes y palestinos reside en la Hoja de Ruta. 
Esta iniciativa, que implica no solo a las partes beligerantes, sino también a los Estados Unidos, a Rusia, a las Naciones Unidas y a la Unión Europea, tiene que mejorarse, pero no puede abandonarse. 
Sus objetivos siguen siendo válidos, porque están encaminados a resolver el conflicto antes de 2005, poniendo fin a la violencia y al terrorismo y permitiendo la convivencia pacífica de un futuro Estado palestino junto a Israel. Esta coexistencia precisa una democracia efectiva basada en la tolerancia y la libertad; pero tenemos que reconocer que esa democracia aún no está implantada. 
Es absolutamente fundamental que volvamos a avanzar siguiendo la lógica del tira y afloja, esperando que las partes cumplan sus compromisos en cada fase. 
No podemos aceptar la situación actual. 
Se han dado algunos pasos positivos y preciosos, a los que se ha respondido con violencia. 
Si no conseguimos crear las condiciones para establecer unos vínculos sólidos de confianza mutua, asistiremos a la muerte de más civiles inocentes y, pronto, a la muerte misma de la esperanza. 
Por lo tanto, la situación actual es inaceptable. 
Y por ello, la Unión Europea, en colaboración con otras partes interesadas, tiene que intensificar la presión para hacer posible y duradera la reanudación del proceso de paz. 
Contrariamente a lo que han dicho algunos colegas aquí, nuestro grupo duda mucho que la solución resida en enviar una fuerza militar de intervención formada por unidades armadas de una coalición de países. 
Por supuesto, no aceptamos la construcción de un muro de separación entre los dos países. 
Pero nos parece inaceptable tratar de sustituir ese muro por una barricada humana, aunque esté bien armada, organizada y autorizada por la comunidad internacional. 
Además, se trataría de una respuesta militar clásica que no resolvería la situación actual, típica de una guerrilla urbana. 
Creemos que toda la fuerza de la presión diplomática europea tiene que ponerse al servicio de este objetivo, para dejar claro a las autoridades palestinas que los despreciables atentados suicidas contra la población civil israelí tienen que cesar de inmediato y para siempre. 
Por otra parte, también es vital garantizar que la respuesta del Gobierno democrático israelí sea contenida, así como advertir a los países vecinos de la región que se abstengan de albergar a grupos terroristas en cuyas bases se alimentan y llevan a cabo actividades criminales. 
Como hemos repetido en numerosas ocasiones, no existe terrorismo bueno, como tampoco existe terrorismo malo. 
Además, ninguna clase de terrorismo puede estar justificada. 
Ni es justificable. 
No podemos tolerar ningún argumento que recurra al terrorismo, porque si lo hacemos reconocemos sus fines como legítimos. 
Allí donde el terrorismo aceche, allí donde extienda sus alas, bajo cualquier forma en que se presente, la Unión Europea no puede dudar en combatirlo. 
Porque estamos plenamente convencidos de que la resolución del conflicto en Oriente Próximo privaría al terrorismo internacional de un poderoso aliado ideológico. 
– Señor Presidente, por supuesto yo también condeno enérgicamente el atentado de Jaifa, pero me complace que el Sr. Solana haya expresado la opinión de que Israel tiene que asumir su parte de responsabilidad en el hecho de que ocurran tales atentados. 
La responsabilidad que Israel tiene que asumir estaba expresada en las exigencias hechas a Israel en el informe del Sr. Menéndez del Valle, que yo apoyo plenamente. 
Sin embargo, me gustaría saber lo que la UE piensa hacer más específicamente para obligar a Israel a cumplir con todas estas exigencias y obligarla, por ejemplo, a detener su terrorismo de Estado que, por supuesto, ha matado a muchos más palestinos que israelíes. 
Mientras en la UE no obliguemos a Israel a cumplir esas exigencias, Abu Alá no tendrá ninguna posibilidad de detener los atentados suicidas palestinos. 
– Señor Presidente, por atroces que sean los atentados terroristas en Oriente Próximo –ya sean atentados suicidas palestinos contra los judíos o asesinatos selectivos israelíes contra los palestinos– no pueden ocultar el fondo del problema. 
Porque, aunque es cierto que no puede haber paz sin seguridad, tampoco puede haber paz sin justicia. 
Con esta línea de pensamiento, ¿cuál es el problema fundamental? 
Es saber si Israel, que en el transcurso de los conflictos ha llegado a ocupar un 72% del antiguo Mandato Británico sobre Palestina, está dispuesta a devolver a los palestinos el 28% restante, para que se funde un Estado libre y soberano. 
Después de treinta y cinco años de ocupación militar, ¿está Israel dispuesta a evacuar esos territorios y devolver el poder a la Autoridad Palestina? 
Si la respuesta es negativa, y por desgracia hay que admitir que hasta el momento nada nos permite suponer lo contrario, entonces la violencia continuará: violencia con represalias, represalias con violencia, colonización con la construcción de un muro. Se librarán nuevas guerras en defensa del principio de represalia. 
Creemos que tanto Israel como Palestina tienen derecho a la seguridad dentro de unas fronteras reconocidas y respetadas, pero no sirve de nada llorar por el número de víctimas si no podemos proponer una solución política. 
Podemos discrepar con las sugerencias del Sr. Cohn-Bendit –ciertamente yo discrepo– pero al menos su plan tiene el mérito de existir. 
Digamos claramente hacia dónde queremos ir. 
Es la condición previa para la resolución de este conflicto. 
– Señor Presidente, Señorías, el Alto Representante acaba de hablar del espantoso y creciente número de víctimas en este territorio entre Israel y los palestinos. 
Desde la Comunidad Europea tenemos que pensar en cómo podemos contribuir a garantizar la restauración duradera de la paz en este acosado territorio. 
La pregunta es la siguiente: ¿Cómo puede contribuir la Unión Europea? 
¿Tiene la Comunidad Europea poder suficiente para contribuir eficazmente? 
La Comunidad Europea es ciertamente poderosa en el ámbito económico, y su contribución económica a la estabilidad del territorio en el pasado supera sin duda la contribución hecha por otros en este ámbito. 
Ahora bien, cuando se trata de tomar decisiones últimas y ofrecer garantías firmes a una y otra parte de que sus pueblos podrán vivir en paz y seguridad en ese territorio por mucho tiempo, la Comunidad Europea en su situación actual es aún demasiado débil para hacer esa contribución vital. 
Por esta razón, yo también quiero hacer una pregunta al Alto Representante, que está trabajando con gran dedicación en esta región: ¿Qué papel desempeña este territorio en la estrategia de seguridad de la Unión Europea, que se está redactando en este momento? 
Señor Solana, soy consciente de que su equipo está trabajando muy intensamente en la estrategia de seguridad. 
Esta estrategia de seguridad también implica al círculo de amigos con los que la Comunidad Europea se está rodeando, así que mi pregunta es: ¿qué prioridad recibirá este conflicto en dicho marco? , y cuando se forme ese círculo de amigos, ¿recibirá suficiente prioridad el terrible conflicto que hoy nos ocupa? 
– Señor Presidente, quiero unirme a los diputados a esta Cámara en la expresión de nuestro profundo pesar por las muertes sufridas por los dos bandos en los recientes atentados perpetrados en el Oriente Próximo. 
Han transcurrido ya más de mil días desde que comenzó la Intifada y 3 000 personas han perdido la vida. 
Es hora ya de poner freno a la matanza. 
El terrorismo es injustificable y los palestinos no pueden conseguir sus legítimas aspiraciones nacionales por medios violentos. 
El apoyo de Europa y del mundo entero a su causa se debilita con cada bomba suicida. 
Israel tiene que cumplir también sus obligaciones poniendo fin a su política de asentamientos, restableciendo la libertad de circulación de los palestinos, abandonando los asesinatos selectivos y asegurando que el muro de seguridad no invada territorios palestinos. 
En este Parlamento Europeo, más que en ningún otro sitio, entendemos las perspectivas de división y temor que representa este nuevo muro de Berlín para las futuras generaciones. 
Comparto plenamente la idea reiterada por el Sr. Solana esta mañana de que la lucha contra el terrorismo tiene que encuadrarse dentro del derecho internacional. 
Le pido que condene como una ilegalidad manifiesta, en virtud de la cuarta Convención de Ginebra, el trato que reciben de Israel los palestinos en los territorios ocupados. 
Acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado por los ministros exteriores de la UE de congelar los activos de Hamás, pero lamento lo mucho que han tardado en tomar esa decisión. 
Señor Comisario, me siento orgulloso de que el mayor programa de ayuda exterior de la UE sea su contribución a la Autoridades palestina. 
Ayer, sin embargo, tuve la oportunidad de hablar con amigos y colegas que trabajan en la ONG UNA International Service, una organización activa en la región. 
Me dijeron que todos los proyectos de desarrollo financiados por la UE se han congelado debido al estado de emergencia en el Oriente Próximo. 
El departamento británico de desarrollo internacional parece haber dicho que el desarrollo en esa región depende del relajamiento de los toques de queda, cierres de fronteras y controles israelíes y su ulterior eliminación. 
Debemos condenar firmemente los ataques del ejército israelí, que desde 2001 han destruido proyectos de desarrollo de la UE por un valor de 25 millones de euros. 
No creo a los que acusan a la UE de subvencionar inconscientemente la ocupación, pero habría que obligar a Israel a pagar más de una indemnización a la Unión Europea por esa destrucción injustificada. 
– Señor Presidente, quiero hacerle una serie de preguntas al Sr. Solana, que también fue Secretario General de la OTAN cuando se intervino en la antigua Yugoslavia. 
- ¿Por qué Milosevic es una cosa y Sharon es otra? 
- ¿Por qué el Gobierno autocrático que existía en la antigua Yugoslavia es una cosa, y el Gobierno de Israel, cuyos miembros hablan oficialmente sobre el asesinato de Arafat es otra? 
- ¿Por qué la LDK es una cosa y la Yihad es otra? 
- ¿Por qué los kosovares, que tienen otros derechos, son una cosa y los palestinos son otra? 
- ¿Durante cuánto tiempo vamos a tener dos tipos de normas y tanta hipocresía? 
- ¿Por qué estamos buscando con lupa centrales nucleares en Irán y nadie nos habla de las armas nucleares que tiene Israel? 
- ¿Por qué existe una alianza internacional y una «tormenta del desierto» cuando Saddam Hussein ataca Kuwait y solo unos insignificantes anuncios cuando Israel ataca Siria? 
- ¿Por qué con el muro de Berlín dijimos «adiós, Lenin» y con el muro palestino decimos «buenos días, Sharon»? 
- ¿Hasta dónde vamos a llegar? 
- ¿Dónde está Europa? 
- ¿Por qué Europa está paralizada? 
- ¿Por qué Europa no tiene voz cuando los Estados Unidos sí la tienen? 
- ¿Por qué Europa no toma una iniciativa específica en las Naciones Unidas para que se envíen fuerzas internacionales a la zona de tensión entre Israel y Palestina? 
– Señor Presidente, los neoconservadores nos advirtieron que su viaje comenzaba en Bagdad. 
Cuando fuimos incapaces de prevenir la guerra de los Estados Unidos en el Iraq, o aún peor, cuando la apoyamos, como hicieron la mayoría de los gobiernos europeos, conocíamos los elevados riesgos para la seguridad que estábamos haciendo correr a esa región, como también sabíamos que la próxima parada después de Bagdad podía ser Damasco. 
No hay más que escuchar el lenguaje de los dirigentes americanos e israelíes, las críticas que durante los últimos meses han dirigido al régimen sirio: apoyo a los líderes baasistas iraquíes, posesión de armas de destrucción masiva, programas de armamento químico, acogida de terroristas. Son los mismos falsos argumentos que en su día sirvieron para justificar la ocupación americana del Iraq. 
Ahora se retoman contra los dirigentes sirios. El Congreso de los Estados Unidos prepara un embargo preventivo contra Siria, e Israel lanza ataques preventivos contra territorio sirio. 
Todos los oradores han condenado los atentados de Jaifa, y por supuesto, yo me uno a ellos. 
Pero hubiera preferido no esperar hasta el discurso del Sr. Barón Crespo para escuchar una condena expresa de la violación por parte de Israel de la soberanía territorial de Siria. 
Del mismo modo, también me hubiera gustado que se recordase lo difícil que es hablar de política exterior europea en un momento en el que algunos países europeos están implicados en la ocupación militar del Iraq. 
– Señor Presidente, tras la incursión israelí en Siria, la primera de esta envergadura desde la guerra de Yon Kippur, en represalia por el horrible ataque perpetrado en Jaifa por una joven suicida, la primera pregunta es saber si corremos el riesgo de entrar en una fase peligrosa para la paz en toda la región de Oriente Próximo. 
Es innegable que entre el Presidente Assad, que se aferra a una postura política rígida y cuya obligación es, por tanto, reaccionar duramente a la grave provocación que constituye un ataque en suelo sirio, y el Primer Ministro Sharon, que, a 13 meses de las elecciones norteamericanas puede sentir que tiene especial carta blanca, hay elementos que podrían aumentar aún más las tensiones y extender el conflicto a toda la región. 
Sin embargo, en este momento asistimos a la modesta y lenta reacción inicial de Damasco, que ha puesto claramente de manifiesto la debilidad global de la posición actual de Siria. 
El poco éxito que ha tenido al someter su caso al Consejo de Seguridad demuestra su aislamiento en la escena internacional, lo que viene a sumarse a su relativo aislamiento regional desde la guerra en el Iraq y a su debilidad militar desde que Damasco dejó de recibir sofisticadas armas vendidas con créditos. 
Con la creciente superioridad militar de Israel, es difícil imaginar a Siria corriendo el riesgo de una escalada militar en los Altos del Golán. 
Por lo tanto, Siria no dudará en atacar en la «línea azul» con intervención de la Hezbolá chiita. 
Esta respuesta indirecta no está exenta de riesgos. 
En esta delicada fase, la diplomacia europea puede desempeñar un papel mediador útil entre las dos partes para evitar la puesta en marcha de otra escalada regional. 
Señor Presidente, señor Secretario-General Solana, el Primer Ministro palestino, Ahmad Quray, excluye categóricamente las medidas y los esfuerzos palestinos para combatir a los grupos terroristas que sistemáticamente sabotean la frágil y extremadamente relativa paz en Oriente Próximo. 
De este modo, el Primer Ministro palestino ha sentado las mejores bases para el pesimismo de todos los que no creen que haya futuro en Oriente Próximo y los que no creen que pueda haber paz. 
Señor Solana, quiero que trate este tema con el Primer Ministro palestino. 
Una de las condiciones previas necesarias para la paz en Oriente Próximo es que los grupos terroristas se desarmen y que cesen sus actividades terroristas. 
Si el Gobierno palestino no desea, ni realmente puede hacer nada respecto de los grupos terroristas en Oriente Próximo, Israel hará algo al respecto. 
Hace casi una semana murieron 19 personas en un atentado suicida en Jaifa. 
En un país democrático como Israel, que es una prueba para el resto del mundo de la existencia de una democracia en Oriente Próximo, cada atentado suicida perpetrado por un grupo terrorista hace a la opinión israelí menos dispuesta a llegar a un compromiso con la Autoridad Palestina y menos dispuesta a ceder tierras a los palestinos. 
Ningún país, tampoco Israel, está obligado a largo plazo a aceptar como vecinos a países que prestan su territorio a terroristas que cometen atentados o a países que no intervienen en contra de tales movimientos en sus territorios. 
La impotencia del Primer Ministro palestino, Ahmad Quray, frente al terrorismo es quizá, en sí misma, totalmente comprensible. 
Es difícil controlar a grupos armados de ese tamaño. 
No obstante, tiene que demostrar, en el plano político y con las medidas que adopte, que esa es su ambición. 
El Presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, tampoco se ha atrevido a intervenir enérgicamente contra los grupos terroristas, a pesar de que Hamás, la Yihad Islámica y otros grupos terroristas están saboteando de forma directa y deliberada el proceso de paz con su solución de los dos Estados asociados, a la cual se adhiere oficialmente el Gobierno palestino. 
Permítanme resumirlo antes de pasar a otra cuestión. 
El Primer Ministro palestino tiene que dejar claro, con palabras y hechos, que no hay cabida para la actividad terrorista en una solución futura de los dos Estados, menos aún en el territorio de la Autoridad Palestina. 
La segunda cuestión que quiero abordar es el uso indebido que se hace de la religión. 
Me refiero a las relaciones entre Occidente y el mundo islámico. 
Es deprimente que los líderes religiosos musulmanes no expliquen con mucha más claridad que los atentados suicidas son incompatibles con una religión de amor, reconciliación y bondad. 
La religión tiene que defender el amor y la humanidad compartida. 
Tiene que defender la reconciliación y el bien, y no la muerte de personas inocentes, como en el caso de los atentados suicidas en Jaifa. 
– Señor Presidente, cada vez que debatimos el problema de Oriente Próximo tras una declaración del Alto Representante, Sr. Solana, tengo la sensación de que cambia los sufrimientos de Tántalo por los de Sísifo, o incluso que sus esfuerzos son como verter agua en el cántaro de las Danaides por una parte y en la del optimismo por otra, un optimismo que se mueve en el reino de la utopía o en el del realismo. 
En cualquier caso, lo que es seguro es que se necesita mucho trabajo para que el sol gire. 
Señorías, la crisis en Oriente Próximo se está agravando. 
Crisis que creíamos acabadas vuelven al Líbano y Siria, y por desgracia el responsable es la persona que ocupa hoy el cargo de Primer Ministro de Israel. 
En cualquier caso, el terrorismo, sea del tipo que sea, siempre es inaceptable y condenable. 
Pero no puede usarse como pretexto para nuevas escaladas. 
Quiero hacer hincapié en las posiciones claras del Comisario Monti y la rarísima unanimidad entre los oradores. 
El panorama está claro. 
La Unión Europea tiene que tomar iniciativas firmes para prevenir el peligro de que el conflicto se expanda y tiene que proponer soluciones específicas y maneras de aplicarlas. 
Tiene que intervenir de forma decisiva y con la fuerza de un tercer agente. 
El papel de árbitro entre los israelíes y los palestinos no basta. 
El papel de árbitro lleva a la neutralidad y la neutralidad en las crisis no es la mejor opción. 
No somos periodistas históricos. 
Ahora tenemos que decidir. 
La Hoja de Ruta, los acuerdos Rabin/Arafat tienen que cargarse de contenido por medio de su aplicación, incluso con la presencia de las fuerzas de las Naciones Unidas. 
Permítanme recordarles el refrán popular: «no se puede hacer una tortilla sin romper huevos». 
– Señor Presidente, nuestra historia es una historia de fronteras cruzadas, una historia de muros derribados tras haberlos levantado. 
Señor Presidente, un muro puede reconstruirse, pero una vida no, y estoy de acuerdo con la Sra. Morgantini cuando dice que no basta con pedir que se respete el derecho internacional. 
¿Permite el derecho internacional que un Estado proteja a grupos terroristas que van a atentar contra la población civil de otro Estado? 
Se lo pregunto. 
Estoy de acuerdo con ella cuando dice que nuestro deber es intervenir y comparto su indignación de que no podemos contentarnos con posturas morales, como hacemos a menudo, posturas que tranquilizan nuestras conciencias, pero Señorías, una conciencia clara es lo contrario a una verdadera conciencia. 
¡Sí, Sr. Cohn-Bendit, necesitamos un impacto político! 
Tampoco puedo permitir que se diga que este muro es igual que el muro de Berlín, como acabo de escuchar. 
Personalmente estoy en contra de este muro porque estoy en contra del trazado que sigue. 
No es lo mismo un muro que divide a una nación en dos que un muro destinado a crear una frontera, aún cuando la frontera sea totalmente discutible. 
Quiero añadir que soy uno de los firmantes de una petición en contra del trazado del muro, sobre todo en Abu Dis. 
Todo el mundo pide que se reinstauren las fronteras de 1967 y me sorprende constatar que hoy se exige enérgicamente lo que ayer se rechazaba con igual energía. 
Al final, los más moderados de entre nosotros estamos pidiendo hoy nada más que una vuelta a los parámetros de Clinton, los parámetros que hasta hace poco tiempo se rechazaban de pleno. 
El Sr. Monti ha dicho muy justamente que Hamás y la Yihad Islámica no han reconocido el derecho de existencia de Israel, como demuestran los atentados suicidas. 
Creo que es una cuestión muy embrollada y que, en realidad, no hay un solo conflicto, sino cuatro. 
La autoridad palestina está librando una guerra por la liberación legítima del Estado palestino y nosotros la estamos apoyando. 
El Estado israelí está librando una guerra por su seguridad. 
También la apoyamos. 
Además se está librando, y tenemos que decirlo, un tipo de guerra colonial por parte de algunos israelíes y algunas facciones palestinas están librando, y tampoco podemos ignorarlo, una guerra para destruir al Estado israelí. 
Si no somos conscientes de estos cuatro conflictos, no podremos entender lo que está ocurriendo. 
Señor Presidente, es fácil condenar los atentados suicidas, pero ¿qué haríamos si estuviéramos en la misma situación? 
¿Qué hicieron aquellos de nuestros padres que vivieron en países ocupados hace 60 años? 
Opusieron resistencia. 
El primer muro que vi fue el Muro de Berlín en 1961. Ahora, Israel está construyendo un muro de la vergüenza. 
Saddam Hussein fue derrocado porque se sospechaba que escondía armas de destrucción masiva. 
La Sudáfrica del apartheid cayó por la opresión racista practicada en el país. 
Sabemos que Israel está enteramente construido sobre la opresión racista. 
La junta militar de Chile cayó en parte porque los políticos estaban siendo asesinados. 
Alemania Oriental, Saddam Hussein, el apartheid y la junta chilena se han ido, pero el régimen opresor de Sharon permanece. 
¿Qué estamos haciendo? 
¿Qué está haciendo la UE? 
No estamos haciendo demasiado. 
Ni siquiera estamos aplicando el acuerdo de asociación. 
Ni siquiera estamos rompiendo las relaciones comerciales. 
¿Por qué no podemos enviar a nuestras fantásticas tropas de paz para proteger al pueblo palestino? 
Israel dejará de existir si continúa la situación actual. 
A menudo se compara Oriente Próximo con el imperio de las cruzadas, que duró 200 años. 
Ya ha transcurrido una cuarta parte de ese período. 
Es posible que Israel continúe existiendo 100 años con ayuda del dinero y las armas americanas y la pasividad de la UE; pero, si nadie interviene, nuestros nietos posiblemente sean testigos de la destrucción de Israel. 
Eso no es algo que desee ver. 
Les aseguro que no sería divertido. 
Intentemos prevenirlo. 
Señor Presidente, en el breve tiempo- cinco minutos- que el Reglamento me confiere, trataré de dar contestación a algunas de las cuestiones más significativas que se han planteado durante la sesión de esta mañana y de expresar una vez más cuál es la posición que tratamos de defender en este dramático conflicto en nombre de la Unión Europea. 
Algunas cosas me gustaría dejarlas claras desde el inicio. 
Entiendo, después de haber escuchado buen número de las intervenciones de los dignísimos representantes del Parlamento, que, en el fondo, todos estamos de acuerdo en que vivimos una situación de enorme gravedad. 
La gravedad no podemos minimizarla. 
La situación es de creciente dificultad y, por lo tanto, tenemos que redoblar conjuntamente los esfuerzos en nombre de la Unión Europea. 
Creo que se puede también subrayar que hay un alto grado de consenso en las distintas intervenciones de los miembros dignísimos de este Parlamento. 
Hay que recordar que todos, o prácticamente todos, han hecho suya la Hoja de Ruta como el mecanismo mejor para llegar al objetivo final de dos Estados: el Estado palestino y el Estado de Israel que, en un tiempo razonable- corto, como está fijado en la Hoja de Ruta -, puedan vivir juntos, en paz y con prosperidad. 
Creo que también podemos decir que hay un gran consenso en la Cámara sobre el riesgo que tiene la posible elevación de la tensión en la región con los últimos acontecimientos, ya sean en Siria, ya sean en el Líbano. 
Y todos deseamos que la temperatura en la región no suba, sino que baje. 
Todos también- o una gran parte de los miembros de la Cámara- estarían de acuerdo en reconocer que la situación, desde el punto de vista del de los Estados Unidos, puede ir a menos. 
El Sr. Poettering ha dicho con toda claridad que el hecho de que entremos en un momento de campaña electoral en los Estados Unidos puede llevar consigo un posible- si puedo utilizar la expresión en inglés- de los Estados Unidos. 
Hay que hacer todo lo posible para que pase todo lo contrario, para que los Estados Unidos sigan comprometidos con el proceso, de la misma manera que la Unión Europea lo va a seguir estando. 
No podemos ser meramente observadores de un proceso que se degrada; no podemos ser meramente parte no activa de un proceso que sigue por un camino cada vez más difícil y peor. 
El Sr. Poettering también ha mencionado el tema del Iraq. 
Me gustaría hacer una reflexión, porque, habiendo visitado todos los países de la región, el tema iraquí afecta sin duda también al problema palestino. 
Cualquier dirigente político árabe con el que se hable a estas horas, en estos días, ve todo un proceso que empieza a ser considerado en el mundo árabe como un proceso antiárabe por parte del mundo occidental. 
Tenemos que ser muy cuidadosos para que ese proceso no genere en las mentes de los dirigentes políticos del mundo árabe la idea de que estamos ante una operación contra el mundo islámico, contra el mundo árabe, por parte del mundo occidental. 
Por lo tanto, hay que tener todos los cuidados especiales para insistir una y otra vez en que no estamos en una lucha contra las civilizaciones ni contra las religiones, sino que estamos en una lucha en defensa de unos valores de paz y de estabilidad en uno y otro campo. 
El Sr. Cohn-Bendit decía- y decía bien- que estamos en un proceso que podríamos denominar "incrementalista". 
Desde el proceso de Oslo, hemos estado en un proceso "incrementalista" y la Hoja de Ruta sigue siendo un proceso "incrementalista". 
El hacer un- como decía él- podría ser una solución. 
No sé si en este momento, Señorías, hay energías políticas suficientes en ambos campos, y energías políticas suficientes en la comunidad internacional, para una operación de fuerte. 
Esta misma noche hemos vivido otro debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas difícil, complicado, que no ha llegado ni tan siquiera a buen puerto, para tomar un acuerdo sobre la situación en Siria. 
Por lo tanto, veo que no hay en este momento suficiente energía- tenemos que hacerla posible, los europeos quizá- para llevar a cabo una operación de sobre el problema palestino que nos ocupa. 
A mí me parece, Señorías, que lo más importante que tendríamos que intentar poner en juego es un proceso de verificación. 
La Hoja de Ruta no se va a poner sola en marcha. 
Sin un proceso de verificación va a ser muy difícil que la Hoja de Ruta pueda llevarse a buen puerto. 
Por lo tanto, hay que tratar de que ese mecanismo de verificación- lo discutimos en la última reunión en Nueva York- sea un mecanismo que pueda implementarse rápidamente. 
Y luego quería referirme a la situación que va a tener lugar durante la mañana de hoy, en la que seguramente habrá ya un Gobierno palestino presidido por Abu Alá. 
Ese Gobierno tiene que tener nuestro apoyo si hace lo que le demandamos que haga, y le tenemos que pedir que haga una lucha seria contra el terrorismo, y que continúe con sus reformas porque son los elementos fundamentales para la constitución de un Estado. 
Estamos haciendo todo lo posible para que en un tiempo razonablemente corto haya un Estado palestino. 
Los elementos fundamentales que determinan un Estado son que tenga unas finanzas únicas- ese esfuerzo se ha hecho y el ministro de Finanzas lo ha conseguido -, pero que tenga también un control sobre las armas. 
Un Estado tiene que tener el control sobre las armas. 
Por lo tanto, todo lo que se pueda hacer desde este momento por parte del Gobierno para tener las fuerzas de seguridad controladas, para que no haya más armas que las legítimas, se lo tenemos que pedir y solicitar al Primer Ministro Abu Alá. 
Por lo tanto, me parece que esto es lo que podríamos y deberíamos hacer ahora como europeos para intentar pasar este momento de crisis, que nos debe llevar hasta un análisis final en el mes de diciembre para ver cómo podemos entrar en el año próximo sabiendo, como sabemos todos, cuáles son los parámetros de la solución. 
Los parámetros de la solución no están muy lejanos de aquellos que han sido mencionados por algunos de los diputados en esta sala en el día de hoy. 
Por lo tanto, quiero agradecer a los señores diputados su colaboración, pedirles que mantengamos los ojos bien abiertos y nuestra pasión bien encendida para no dejar pasar la situación que, desgraciadamente, está aconteciendo en estas horas en un territorio tan cercano para nosotros. 
Me preguntaban que cómo se va a tratar en la estrategia de seguridad el tema del Oriente Próximo. 
Son nuestros vecinos. 
Es nuestro entorno de vecindad. 
Por lo tanto, para nosotros tiene que seguir siendo un elemento fundamental de nuestra preocupación. 
Señor Presidente, Señorías, gracias por la oportunidad que me han brindado y, con sumo gusto, en cuanto tengamos alguna noticia que comunicar al Parlamento, estaré en disposición de venir a participársela a sus Señorías. 
Señor Presidente, quiero hacer unas breves observaciones sobre algunas de las cuestiones que se han planteado en este debate. 
Con respecto a la cuestión de una fuerza de paz que ha mencionado con tanta elocuencia el Sr. Poettering y también, en un contexto diferente, el Sr. Cohn-Bendit y otros, apoyamos todo aquello que pueda ayudar a concebir esperanzas. 
Sin embargo, está claro que las dos partes tienen que llegar a un acuerdo. 
Lamentablemente, no vemos que eso vaya a suceder por varios motivos: la desconfianza de los israelíes respecto a la participación internacional, la imposibilidad de separar a las dos partes por la existencia de asentamientos y la ausencia de garantía de que una fuerza internacional no se verá metida en el conflicto. 
En cuanto al Acuerdo de Asociación con Siria, mencionado por el Sr. Belder, ayudará a promover una participación más constructiva de Siria y nos ofrecerá la oportunidad de tratar cuestiones de interés mutuo. 
Está claro que todos los países tienen que respetar la Resolución 1371 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
El Acuerdo de Asociación incluirá una cláusula sobre cooperación en la lucha contra el terrorismo. 
En cuanto al tema mencionado por la Sra. Vachetta y otros de las sanciones contra Israel, tengo que recordarles que las sanciones económicas pocas veces han tenido éxito. 
La realidad es que no funcionan. 
Lo que funciona es la participación y el diálogo. 
El Acuerdo de Asociación con Israel promueve exactamente eso. 
El diálogo político nos permite plantear todas las cuestiones que nos preocupan. 
Creemos que la suspensión del acuerdo nos privaría de esa oportunidad. 
El Sr. Von Wogau se ha referido al círculo de amigos. 
Nuestra política se basa en la transparencia y la integración. 
Aunque no se trata de una condición política, es evidente que el conflicto actual no permitirá a nuestros socios cosechar los beneficios de nuestra nueva iniciativa. 
Por último, el Sr. Howitt ha mencionado la situación de los programas de la UE sobre el terreno. 
Dadas las circunstancias que rodean al trabajo sobre el terreno, cada vez es más difícil y costosa la entrega de nuestra ayuda, sobre todo en el marco de los proyectos de creación de infraestructuras y de ayuda humanitaria. 
Pero hemos conseguido mantener nuestros proyectos de desarrollo de software, sobre todo los relacionados con la creación de instituciones y reformas. 
Quiero transmitirles el agradecimiento de la Comisión por este debate tan interesante. 
Muchas gracias, señor Monti, por sus palabras. 
– Señor Presidente, según el orden de día teníamos que celebrar un debate sobre la situación de Oriente Próximo y, sin embargo, aparte del discurso de la Sra. Kuntz, solo se ha hablado de Palestina. 
A mi entender, Palestina no es el Oriente Próximo. 
Parece ser que hay un país en Oriente Próximo que ha desaparecido completamente de nuestros radares; el Iraq. 
No intento forzar un debate sobre el Iraq, pero personalmente había preparado un discurso sobre ese país. 
Sencillamente quiero hacer una pregunta que me parece relevante para esta Cámara, tan consciente de los derechos humanos: ¿qué sabemos exactamente hoy, en términos de derecho internacional, sobre la suerte del que fuera director de la diplomacia iraquí, Sr. Tariq Aziz? 
Se trata de una cuestión extremadamente pertinente, que quizá podríamos debatir en nuestra próxima reunión. 
Señor Gollnisch, tomamos nota de sus palabras. 
Ya sabe usted que los diputados intervienen según su saber y entender y parece que hoy se quería discutir, bajo ese epígrafe, el problema de Palestina e Israel. 
Se cierra el debate. 
Persiste en la ocupación militar, la destrucción de infraestructuras, viviendas y otras instalaciones, los asesinatos selectivos y la retención de más de siete mil prisioneros palestinos, entre ellos casi 340 menores, en las cárceles israelíes. Ha seguido violando sistemáticamente los derechos más fundamentales del pueblo palestino, atacando a Siria y desarrollando una campaña de auténtico terrorismo de estado. 
Escuchamos, por lo tanto, con frustración e indignación los discursos de los diputados de esta Cámara que exigen el respeto al Estado de Derecho. 
¿Cómo se puede exigir al Presidente Arafat y al Gobierno palestino que adopten medidas para combatir los actos de terrorismo cuando las fuerzas armadas israelíes están ocupando Palestina? 
La Unión Europea debe proponer iniciativas y medidas prácticas. 
Se debe suspender el Acuerdo de Asociación Euromediterráneo UE-Israel, tal como se solicitó en la resolución del Parlamento Europeo del 10 de abril de 2002 sobre la «Situación en Oriente Próximo». 
La Comisión y el Consejo deben presentar una iniciativa en el marco de las Naciones Unidas, que exija la conclusión de las negociaciones, el reconocimiento del derecho de los palestinos a la dignidad y a su propio estado independiente, el envío de observadores internacionales y la intervención de una fuerza de paz respaldada por la ONU. 
Una vez más, los hipócritas «defensores» de los derechos humanos y de los oprimidos vuelven a guardar silencio hoy. 
Aparte de algunas declaraciones vacías de contenido, no han pronunciado ni una palabra en apoyo del pueblo palestino que lucha por la dignidad de toda la humanidad frente a la brutalidad imperialista. 
Rechazan las propuestas para dejar de financiar y armar al carnicero Sharon. 
Prohíben que se ejerza cualquier presión sobre Israel para que ponga fin a la ocupación y a sus ataques, que son la única causa de las penurias que sufren ambos pueblos. 
Solana, en su calidad de voz de su amo, condena la resistencia palestina, mientras pide a Israel que dé muestras de moderación y generosidad. 
También cita la famosa hoja de ruta que la Autoridad Palestina firmó con una pistola apuntando a su cabeza y que Israel está pisoteando, con objeto de aumentar las presiones y la coacción sobre los palestinos, obligarles a hacer nuevas concesiones y, básicamente, desencadenar una guerra civil palestina. 
Ni una palabra sobre el muro de inspiración satánica destinado a sofocar a Palestina ni sobre los asentamientos criminales y las cínicas amenazas contra el Presidente elegido, Arafat. 
Nosotros denunciamos esa política y expresamos nuestro apoyo sin reservas a la resistencia palestina y al Presidente Arafat. 
Apoyamos a los comunistas palestinos y a todos los ciudadanos de ese país que, como los 27 pilotos y centenares de soldados y oficiales israelíes, tratan de frenar la maquinaria caníbal de Sharon. 
También lanzamos desde aquí un llamamiento a favor de un frente de solidaridad en apoyo de la paz en Oriente Próximo y de la reconciliación entre ambos pueblos, con dos estados independientes y soberanos. 
(1) 
. – Señor Presidente, Señorías, el tema que nos ocupa hoy no es políticamente controvertido; al contrario, está relacionado con la seguridad en el transporte aéreo, que es motivo de preocupación para todos nosotros y para todos los viajeros. 
Aunque no somos expertos, conocemos el transporte aéreo y tenemos experiencia con él. 
Esa experiencia nos indica que no todas las compañías aéreas ni todas las aeronaves son igualmente seguras. 
Actualmente, algunas compañías que prestan poca atención a la seguridad todavía pueden optar por trasladarse a otros aeropuertos donde se aplica un control menos riguroso. 
Esto demuestra la necesidad de una política comunitaria de seguridad aplicable a los aeropuertos. 
En cualquier caso, la Comisión calcula que, aunque la probabilidad de que ocurra un accidente no haya variado desde 1996, la conclusión forzosa, dado el incremento visible del tráfico aéreo, es que para 2015 se producirá un accidente grave cada semana. 
La probabilidad de que ocurra un accidente varía mucho entre las diferentes regiones y continentes. 
¿Sabían ustedes que las compañías aéreas que vuelan a África, Asia, América del Sur y América Central tienen una probabilidad mucho mayor de sufrir accidentes, al menos el doble que la media mundial? 
El riesgo mínimo se da en Europa occidental y Australia, pero aumenta en los países de Europa Oriental, siendo el riesgo cincuenta veces superior al de Europa Occidental. 
Esta Directiva es, por tanto, absolutamente necesaria para armonizar los controles de seguridad que se aplican a escala internacional. 
Es lamentable que todavía no exista una política comunitaria y que este ámbito siga siendo competencia de los Estados miembros. 
También hay que deplorar que los Estados miembros y las compañías aéreas se muestren temerosos de ofrecer al público la información que consideramos necesaria. 
Señor Presidente, de conformidad con el apartado 2 del artículo 144 de nuestro Reglamento, el Grupo Socialista pide la devolución a comisión de este informe por las razones que expuse ayer como ponente del mismo, es decir, la necesidad de adaptar el informe al Acuerdo Interinstitucional. 
De conformidad con el artículo 144, voy a dar la palabra a un orador a favor y a otro en contra. 
– Señor Presidente, apoyo la devolución a comisión, pero quiero decir que se ha sentado un precedente, porque hemos debatido en esta Cámara un informe que no se había actualizado, procediendo luego a su devolución a comisión para la votación. 
Me parece un procedimiento cuanto menos muy extraño, que espero que no se repita. 
– Señor Presidente, se trata de una cuestión muy sencilla. 
Tanto el apartado 11 como nuestra enmienda en su redacción original mencionan las posibles consecuencias presupuestarias «del» aumento del número de acuerdos en un futuro próximo. 
El problema es que, en primer lugar, no podemos saber si se producirá un aumento y, aunque fuéramos capaces de predecirlo, no podríamos saber su magnitud. 
Por consiguiente, lo lógico sería cambiar «del aumento» por «un aumento» , para que quede así: «Pide a la Comisión que elabore un capítulo financiero sólido en lo que concierne a la financiación de los acuerdos de pesca que tenga en consideración las posibles consecuencias presupuestarias de un aumento del número de acuerdos en un futuro próximo.» 
Agradezco la presencia de los diputados que han participado en la votación y les invito a permanecer en el hemiciclo, pues dentro de unos instantes vamos a dar la bienvenida a la Presidenta de la República de Letonia, un país que pronto va a ser miembro de la Unión Europea, para celebrar a continuación una sesión solemne. 
Las explicaciones de voto tendrán lugar después de la sesión solemne. 
La incorporación obligatoria de limitadores de velocidad a vehículos de muy diversos tipos, imponiendo efectivamente un límite de velocidad de 62 millas por hora o menos en toda la Unión Europea, es una medida demasiado drástica. 
Los principales objetivos de la propuesta –aumentar la seguridad en las carreteras y reducir la contaminación ambiental– son muy loables, pero no existen pruebas suficientes de que esta sea la mejor forma de conseguirlos. 
Los diputados conservadores consideramos también inevitable que, a su debido tiempo, se pida la incorporación de limitadores de velocidad a los vehículos privados, lo cual iría más allá de lo que la mayoría de los ciudadanos considerarían aceptable. 
Los dispositivos de limitación de la velocidad incorporados a los vehículos de transporte de pasajeros y de mercancías han demostrado ser muy útiles para mejorar los niveles de seguridad en las carreteras y reducir la gravedad de las lesiones sufridas en caso de accidente, así como los niveles de contaminación atmosférica y de consumo de combustible. 
Por todo ello, apoyo plenamente la propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo, que tiene como finalidad ampliar el campo de aplicación de los requisitos armonizados relativos a los dispositivos de limitación de velocidad o sistemas similares de limitación de velocidad incorporados a todos los vehículos de motor de las categorías M2 y M3 destinados al transporte de pasajeros. Esto contribuirá a mejorar la seguridad y la sostenibilidad del sistema viario, que es un elemento esencial para la puesta en práctica de la futura política de transportes. 
– Señor Presidente, nuestro voto a favor del fondo de solidaridad para cubrir las necesidades de los países y regiones afectados por catástrofes naturales va acompañado de dos deseos y dos recomendaciones. 
En primer lugar, esperamos que el fondo se pueda aumentar lo suficiente en el próximo ejercicio financiero 2004, o por lo menos indiciarlo –como el Sr. Turchi me aseguró que propondría–, pues su exigüidad lo hace absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades de los Estados receptores, como ya se ha constatado este año. 
Por lo que respecta a nuestro segundo deseo, la creación del fondo constituye un primer paso concreto, pero insuficiente por sí mismo. 
No basta con proponerse financiar a los países afectados por catástrofes naturales si a la vez no se contempla también una política seria de previsión y prevención. 
Creemos que ha llegado el momento de que la Unión se plantee la creación de una Agencia Europea de Protección Civil cuya misión sería coordinar y gestionar la prevención de riesgos y emergencias entre los Estados miembros. 
Algunos ejemplos dolorosos ocurridos recientemente en Europa nos recuerdan que las catástrofes y desastres pueden ser de carácter supranacional y que no se puede confiar solo en la generosidad de los voluntarios o en la competencia y los recursos del país directamente afectado. 
Europa debe disponer de recursos humanos, financieros y técnicos suficientes y debidamente preparados para intervenir con celeridad. 
Puede que sea un objetivo ambicioso, pero no es inalcanzable. 
A fin de cuentas, todos los ciudadanos, y no solo los europeos, tienen derecho a la seguridad, un derecho que me parece más fisiológico que constitucional. 
Por consiguiente, queremos llamar la atención de la Comisión y el Parlamento sobre este problema, con la esperanza de no ser los únicos impulsores de la propuesta. 
Como no podía ser menos, he votado a favor del informe, que confirma la movilización del Fondo de Solidaridad a favor de Portugal con la asignación de 48,539 millones de euros –o sea, la cantidad exacta solicitada por el Gobierno portugués– para hacer frente a los efectos de los devastadores incendios de este verano. 
Esta suma permitirá adoptar medidas de urgencia para las poblaciones afectadas por las consecuencias de los incendios, que causaron la muerte de 18 personas y destruyeron más de 403.000 hectáreas de bosque. 
Contribuirá a aliviar los costes sociales ocasionados por la pérdida de puestos de trabajo y fuentes de ingresos, así como por el impacto medioambiental de los incendios, y ayudará a restablecer el potencial productivo de las zonas afectadas. 
La Comisión debe revisar la regulación de los mecanismos de asignación de los recursos del Fondo de Solidaridad, que se creó precisamente para responder de manera eficaz frente a las emergencias. La Comisión debe flexibilizar y simplificar esos procedimientos administrativos comunitarios. 
Finalmente, quiero recordar la necesidad de adoptar medidas de vigilancia y prevención de incendios forestales, además de aumentar los créditos asignados al programa Eje Bosques. 
. 
La delegación portuguesa del Grupo del Partido Socialista Europeo acoge con satisfacción la decisión del Parlamento de otorgar a Portugal 48,5 millones de euros con cargo al Fondo de Solidaridad para contribuir a la recuperación de las enormes superficies de bosques y tierras agrícolas destruidas por los incendios de este año en nuestro país. Queremos destacar, no obstante, que esa suma está muy por debajo de la que sería necesaria, dadas las dimensiones de la tragedia. 
En este sentido, les recordamos que la delegación socialista portuguesa propuso repetidamente la creación de un fondo de este tipo en los debates presupuestarios posteriores a 1999 y apoyamos firmemente la intención del Comisario Barnier de revisar la legislación actual para hacer posible una respuesta más adecuada a catástrofes naturales de esas dimensiones. 
A la vista del modesto montante disponible con cargo al Fondo de Solidaridad, pedimos a la Comisión que haga el máximo uso posible de la cláusula de flexibilidad, puesto que se trata de una causa de fuerza mayor, a fin de permitir la reprogramación de los recursos de los Fondos estructurales y del desarrollo rural para ayudar a la sociedad rural portuguesa con un programa integrado de recuperación de los efectos de la citada catástrofe. 
Apoyo y he votado a favor del informe del Sr. Colom i Naval por el que se autoriza la movilización del Fondo de Solidaridad para ayudar a Portugal. 
La dimensión y la gravedad de la tragedia que asoló a nuestro país justifican la petición de ayuda a la Unión Europea. 
La primera respuesta de la Comisión se limitó a 30 millones de euros, aunque el propio Comisario Barnier reconoció que esa cantidad estaba muy por debajo de las expectativas y las necesidades. 
Acojo con satisfacción la muestra de solidaridad del Parlamento Europeo, su apoyo a Portugal y las dotes negociadoras del Gobierno portugués, en particular las del Secretario de Estado de Asuntos Europeos, el Dr. Carlos Costa Neves. 
La ayuda de 48,5 millones de euros que hemos votado hoy es más justa y más adecuada que la concedida con anterioridad. 
Las repercusiones de los incendios forestales que se extendieron por todo Portugal este verano distan mucho de haber concluido. 
Las fuertes lluvias han provocado corrimientos de tierras e inundaciones que amenazan con agravar las dimensiones de la catástrofe, más allá de las consecuencias medioambientales desde el punto de vista de la erosión del suelo y de los graves problemas socioeconómicos que están sufriendo las zonas del interior del país, donde los bosques eran la principal fuente de actividad económica. 
Las cifras no reflejan el alcance de las penalidades de nuestras comunidades, aunque ilustran la dimensión de la catástrofe, que causó la muerte de veinte personas, destruyó un 5% de la superficie total de Portugal y casi un 11% de nuestra superficie forestal, dejó a 45.000 personas sin ninguna fuente de ingresos y causó daños directos con un coste total de 1.300 millones de euros, casi el 1,12 % del PIB de Portugal. 
Por eso acogemos con satisfacción la movilización del Fondo de Solidaridad para ayudar a Portugal con 48,5 millones de euros, tras la última rectificación de la Comisión a la vista de los nuevos datos recibidos y conforme a la petición que formulamos directamente a la Comisión de Presupuestos. Queremos recordar, no obstante, que la ayuda tendría que haber sido mayor, como nosotros propusimos. 
El montante de la ayuda no se corresponde con el alcance de la tragedia y plantea la necesidad de evaluar y revisar los actuales criterios de movilización del Fondo de Solidaridad. 
La propuesta de la Comisión para conceder estas ayudas dispares con cargo al Fondo de Solidaridad (las regiones afectadas por el desastre del recibirán menos de la quinta parte que Portugal e Italia por sus incendios y terremoto) se debe a las diferentes evaluaciones de daños que los respectivos Gobiernos han realizado y presentado ante la Comisión. 
Ello se debe a una estrategia errónea por parte del Gobierno español de minimizar la catástrofe que, en esta ocasión, nos ha llevado a que las regiones afectadas reciban muchos menos recursos comunitarios de lo que en justicia les correspondería. 
Estos 8,6 millones son la única cantidad adicional que España recibirá por la catástrofe del: los únicos fondos comunitarios hasta ahora han procedido de una reprogramación de fondos asignados previamente a España. 
Se trata una cantidad ínfima comparada con estudios como el de la Fundación Barrié de la Maza, que cifra los daños en torno a 4.000 y 6.000 millones de euros. 
El Gobierno español lo limita a 436 millones. 
Para una catástrofe similar, la del, EE.UU calculó 10.000 millones de dólares. 
. 
Como saben ustedes, Portugal sufrió este verano una plaga de incendios de norte a sur a una escala sin precedentes. 
El fuego arrasó en total más de 400.000 hectáreas. 
Además de las pérdidas económicas, valoradas en 1.372 millones de euros, tenemos que lamentar también la pérdida de las dieciocho víctimas mortales, así como de las fuentes de ingresos y los hogares de 45.000 personas. 
Al margen de las consecuencias humanas y económicas, la tragedia también ha acarreado costes sociales y medioambientales. 
Acabamos de votar a favor de esta muestra de solidaridad de la Unión Europea con las comunidades afectadas a través del Fondo de Solidaridad. 
Quiero sumarme a las palabras del Secretario de Estado, Sr. Costa Neves, para agradecer sinceramente a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo el rápido y eficaz examen de la solicitud portuguesa de la ayuda del Fondo de Solidaridad. 
La aportación del Fondo de Solidaridad será de 48,5 millones de euros. 
No puedo dejar de señalar que esta suma equivale al 8,5 % de los daños totales sufridos. 
Finalmente, permítanme que coincida con la observación del ponente de que los daños causados por esta catástrofe podrían haberse evitado en parte con la adopción de medidas de prevención apropiadas y su aplicación efectiva. 
Por ese motivo, apoyo el incremento en el presupuesto de los elementos del programa Eje Bosques dedicados a la política preventiva. 
El Fondo de Solidaridad difiere, por su naturaleza, de los demás fondos y su finalidad es compensar una parte de los costes públicos incurridos como consecuencia de una catástrofe. 
La ayuda económica concedida para mitigar las consecuencias de catástrofes naturales de grandes dimensiones, como los incendios que han asolado a las comunidades del sur de Europa, debe contribuir a un rápido restablecimiento de las condiciones de vida normales en las zonas afectadas. 
Es de la máxima importancia que la gestión financiera de ese tipo de ayudas se descentralice puesto que, como es sabido, las administraciones locales están más próximas a las catástrofes y se ven más afectadas por ellas. 
En el caso concreto de los incendios ocurridos en mi región, la sierra occidental del Algarve, sería del todo razonable que se invitase a las administraciones locales pertinentes a participar, junto con las organizaciones de la sociedad civil, en la programación y gestión de dichos fondos. 
Por mi parte sugeriría, entre otras cosas, la adopción de medidas dirigidas a la reordenación del uso del suelo, la reforestación con plantas autóctonas y la movilización de los pequeños inversores, con la ayuda de incentivos fiscales o de otro tipo que fomenten la instalación y el mantenimiento de equipos de prevención en las zonas forestales. 
. 
El informe tiene por objeto, entre otras cosas, incorporar al presupuesto los 48,5 millones de euros en ayuda a Portugal movilizados conforme a las disposiciones del Fondo de Solidaridad tras los trágicos incendios forestales que asolaron Portugal este verano. 
El Fondo de Solidaridad se movilizó rápidamente y el presupuesto rectificativo se aprobó con una sola lectura. Eso es muy de agradecer, ya que asegura una ayuda más rápida con cargo al presupuesto de la Unión Europea en respuesta a las peticiones realizadas. 
La cantidad ahora aprobada es, no obstante, claramente insuficiente a la vista del coste de los daños directos, que supera los 1 300 millones de euros, y en particular, el coste total de los daños elegibles, próximo a los 104,3 millones de euros. 
Conviene recordar que, en respuesta a las preguntas formuladas en la Comisión de Presupuestos, la Comisaria Schreyer manifestó su voluntad de revisar las cantidades asignadas a Portugal si la evaluación de los daños resultase ser superior. Eso se haría principalmente a través de un presupuesto rectificativo. 
La Comisaria ha cumplido su palabra al presentar el presupuesto rectificativo tras recibir nuevos datos del Gobierno portugués. 
Ahora le corresponde a este evaluar la situación actual en lo que respecta a las consecuencias de los incendios forestales, teniendo particularmente en cuenta los efectos de las lluvias en las zonas incendiadas. 
.– Como portugués, recuerdo con enorme tristeza la terrible catástrofe de alcance nacional que causó la muerte de muchas personas y destruyó centenares de miles de hectáreas de bosques y tierras agrícolas, a la vez que 45 000 personas perdieron sus bienes y sus puestos de trabajo. 
Los daños directos sufridos por Portugal se elevan a casi 946,489 millones de euros, un montante muy superior al 0,6 % del PIB (en otras palabras, más de 718,12 millones de euros). 
El 4 de agosto de 2003, tras los trágicos incendios estivales ocurridos en Portugal, las autoridades portuguesas anunciaron su intención de presentar ante la Comisión una solicitud de movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. 
Dicha solicitud se recibió oficialmente el 13 de agosto y el Gobierno portugués presentó información adicional el 22 del mismo mes; en septiembre, Portugal manifestó en una audiencia pública que solicitaba una intervención del Fondo de Solidaridad por valor de 48,5 millones de euros. 
Habida cuenta que el Parlamento Europeo sugirió, en su resolución de septiembre sobre las «consecuencias de este verano canicular» , que en el caso de Portugal se debería incrementar la contribución del Fondo de Solidaridad, con objeto de aproximarla más a los montantes elegibles, estimados en 94 millones de euros… 
A pesar de las buenas intenciones, el informe «Legislar mejor» y el Acuerdo Interinstitucional no resultan convincentes. 
En efecto, las bellas declaraciones sobre el respeto de la subsidiariedad contrastan con las propuestas, apoyadas por el Parlamento Europeo, que confían el control último al Tribunal de Justicia. 
En una democracia es inaceptable que el Tribunal de Justicia decida si la oposición de los parlamentos nacionales a una propuesta de la Comisión es válida. 
Además, el mecanismo del acuerdo interinstitucional, cuyo respeto depende de la buena voluntad de las instituciones, atenta de por sí contra la calidad y la seguridad jurídicas que son ostensiblemente el objeto de este ejercicio. 
Los diputados de CPNT del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias no podemos aprobar estos documentos. 
He votado a favor del Informe Frassoni, «Legislar mejor». 
Mientras esperamos la entrada en vigor de la Constitución Europea, que supondrá un progreso indiscutible en lo que respecta a la transparencia de los procedimientos comunitarios y el respeto al reparto de competencias y el principio de subsidiariedad, me parece necesario mejorar el proceso legislador en el marco de los tratados actualmente en vigor. 
El Acuerdo Interinstitucional entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo constituye una buena noticia desde ese punto de vista, puesto que aporta una mayor claridad y coherencia sin dejar de respetar los poderes, los procedimientos y los principios generales de nuestro Derecho positivo. 
Los documentos aprobados por esta Cámara siguen siendo con demasiada frecuencia poco accesibles para los no iniciados. 
Podemos hacerlo mejor. 
El Acuerdo Interinstitucional abre el camino para cumplir la aspiración que ya se mencionaba en el Libro Blanco sobre la gobernanza. 
Ahora solo falta traducir esa ambición a la práctica. 
.– Considero esencial una mejor coordinación del proceso legislador. 
Por eso estoy conforme en gran medida con el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión para mejorar la calidad de la legislación mediante un conjunto de nuevas iniciativas y procedimientos. 
Entre estos quiero destacar el establecimiento de un calendario indicativo de las diferentes fases que conduzcan a la aprobación final de cada propuesta legislativa y el intento de garantizar una mejor sincronización del trámite de los expedientes por los órganos preparatorios de cada rama de la autoridad legislativa. 
Acojo con satisfacción la referencia a la «autorregulación» , que no se contempla en el mandato de la Unión y que ofrece a los interlocutores privados la posibilidad de acordar directrices comunes de ámbito europeo entre ellos y para ellos. 
El proyecto de acuerdo aborda también el tema de una mejora de la transposición del Derecho comunitario al Derecho nacional, con el compromiso de las instituciones de garantizar que todas las directivas establezcan un plazo de tiempo legalmente vinculante y lo más breve posible para su transposición. 
A mi parecer, el resultado de este Acuerdo es bastante equilibrado y cumple el objetivo de mejorar la calidad de la legislación comunitaria. 
Por esto he votado a favor de él. 
El informe adquiere toda una dimensión simbólica por el hecho de que considera la industria espacial exclusivamente en términos de lucha en un mercado competitivo, básicamente con los Estados Unidos. 
Su propósito evidente es ampliar el acceso a los fondos públicos, esto es, al dinero de los contribuyentes, para ayudar a las empresas europeas a conservar o adquirir cuotas en dicho mercado. 
Además, con el fin de mejorar todavía más su eficiencia, recomienda la realización de pedidos desde el sector militar, lo cual permitiría, además, que los fabricantes se beneficiasen de los conocimientos ya adquiridos en este ámbito y se avanzase de este modo hacia la creación de una fuerza militar europea independiente de la de los Estados Unidos; fuerza militar que algunos consideran esencial para desarrollar operaciones que ellos denominan de «mantenimiento de la paz» y que no son más que operaciones para defender los intereses de los fabricantes y financieros europeos. 
Por su claridad, el informe equivale a una confesión: los objetivos de las instituciones europeas no son más que la movilización de los conocimientos y los fondos públicos en interés del capital privado europeo, en el sector espacial como en todos los demás. 
Evidentemente, no podemos dejar de votar en contra de un informe tan marcado por estas únicas preocupaciones. 
He apoyado y he votado a favor de este informe que reconoce los esfuerzos realizados por algunos Estados europeos para garantizar que Europa cuente actualmente con unas políticas espaciales. 
Los resultados conseguidos son impresionantes. 
Con todo, si se quieren evitar serias dificultades y una situación en la que, al final, siga imperando la ley del más fuerte, es necesario avanzar rápidamente hacia una comunitarización controlada, como se está haciendo en el ámbito de la investigación. 
No se trata de «actuar en sustitución de… », sino de permitir que se materialice un valor añadido europeo. 
El espacio va a estar cada vez más presente en todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas. 
Europa tiene que estar presente en el espacio. 
Este será siempre un motor para la innovación industrial. 
El futuro industrial de Europa también depende, por tanto, de nuestra inversión en el espacio. 
Estos son algunos de los motivos por los que he apoyado el informe y he votado a su favor. 
He votado con satisfacción y alivio a favor del excelente informe de mi colega, el Sr. Bodrato, relativo al Libro Verde sobre la política espacial europea. 
Con satisfacción, porque está en juego la autonomía europea: una Europa soberana en el aspecto estratégico tiene que contar con sus propias capacidades militares y espaciales. 
Con alivio, porque esta votación demuestra que las instituciones europeas son conscientes de las preocupaciones de los fabricantes y los políticos ante la reciente degradación económica del sector y la creciente fuerza de nuestros competidores internacionales. 
Europa responderá al reto del espacio si adopta medidas firmes en respuesta al Libro Blanco presentado en diciembre y sus fabricantes emprenden una reestructuración para mejorar su competitividad. 
Para que eso suceda, hay que aumentar las inversiones públicas. 
De lo contrario, nuestros grandes grupos no conservarán su destacada posición en tecnología y recursos humanos y perderemos competencias. 
Tras el apoyo crucial otorgado al programa Galileo y a Ariane V, la presente votación del Parlamento Europeo demuestra que la Unión Europea sabe defender sus intereses estratégicos vitales y, sobre todo, desea contribuir al conocimiento de un universo ante el cual la humanidad no puede permanecer indiferente. 
.– Nosotros sostenemos que una política espacial basada en la cooperación entre los Estados miembros debe tener como fundamento claro e inequívoco la no proliferación de armas y la renuncia al uso del espacio con fines militares y a la carrera armamentística en el espacio. 
Por esto siempre hemos denunciado y criticado el propósito de los Estados Unidos de crear un sistema nacional de defensa antimisiles (o NMD) que militarizaría el uso del espacio y desencadenaría una carrera armamentística con funestas consecuencias para el futuro de toda la humanidad. 
El informe no solo elude las críticas a la militarización del espacio, sino que incluso atribuye un papel central al «Organismo Europeo de Armamento, de Investigación y de Capacidades Militares» cuando propone una cooperación entre este y la Agencia Espacial Europea, a la vez que destaca el «carácter dual de […] las actividades espaciales civiles y militares». 
La resolución apoya también el uso militar de los sistemas de satélites para el desarrollo de lo que denomina eufemísticamente «operaciones de mantenimiento de la paz» , lo cual significa preparar el camino para acciones bélicas, contraviniendo el espíritu de la Resolución 49/74 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 15 de diciembre de 1994 sobre la prevención de una carrera armamentística en el espacio exterior. 
Por esto hemos votado en contra de la resolución. 
La industria espacial europea se encuentra actualmente en una posición económica difícil, hasta el extremo de ver amenazada su supervivencia por el declive del sector de las telecomunicaciones y la dura competencia que rodea a los lanzadores. 
Esto, sumado al hecho de que la Unión Europea se dispone a emprender la mayor ampliación de su historia, con la adhesión de diez nuevos Estados miembros, y al carácter limitado de sus recursos, indica que la Unión debe enfocar mejor sus actividades y concentrarse en un número más reducido de sectores especializados. 
Por esto he votado en contra del informe. 
El artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 4064/89del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas establece las directrices que deberá aplicar la Comisión para evaluar si una concentración entre empresas es compatible o no con el mercado común. 
En lugar del modelo actual, que se concentra sobre todo en la posibilidad de que las empresas adquieran una posición dominante, recomendamos un modelo más flexible (el llamado criterio SLC) , conforme al cual una concentración entre empresas se debe prohibir cuando pueda contribuir a debilitar la competencia o a crear un monopolio. 
Es divertido ver al Consejo, la Comisión, el Parlamento y los Estados nacionales esforzarse en tratar de regular su sacrosanto mercado competitivo. 
En realidad, las concentraciones que todos aspiran a controlar son solo el resultado lógico de esa competencia, en la que los peces más grandes devoran naturalmente a los más pequeños. 
A los trabajadores les es indiferente que sean la Comisión o los Estados nacionales quienes pretendan controlar esas batallas entre los tiburones financieros. 
En cualquier caso, los grupos capitalistas ya dominan la economía y saben cómo influir sobre las patéticas decisiones que adoptan las instituciones europeas o, lo que es peor, incumplirlas o eludirlas. 
Lo que el informe designa como el «control de las concentraciones entre empresas» no tiene otra finalidad que defender los intereses de unos capitalistas frente a otros. 
En ningún momento se plantea controlar las concentraciones de manera que sean útiles para la sociedad y no perjudiquen a los trabajadores ni a los consumidores. 
En ningún momento se mencionan las consecuencias dramáticas para las poblaciones de los cierres de fábricas, las reestructuraciones y los planes sociales que acompañan a las concentraciones. 
Hemos votado en contra para expresar nuestro absoluto rechazo a los planteamientos del informe. 
.– La tendencia a una concentración y centralización crecientes del capital es inherente al sistema capitalista y está impulsada por la primacía de la competencia y la progresiva liberalización e internacionalización del capital. 
La insistencia en fortalecer esa competencia intercapitalista, sumada a la revolución constante de los procesos de producción como fruto del desarrollo tecnológico y de las economías de escala, hace que impere la ley de la supervivencia de los más fuertes, la expulsión de los competidores del mercado y la creación de mercados cada vez más oligopolistas o incluso monopolistas. 
La política de la competencia, en particular el control de las concentraciones, es un intento de autorregulación del sistema y de evitar las vicisitudes de los ciclos económicos y las influencias negativas de las posiciones dominantes o concertadas en los mercados. 
Pero, evidentemente, no puede invertir la tendencia general. 
Aun así, dados los procesos de liberalización en curso y el grado de integración del mercado, han surgido fuertes presiones a favor de la modificación del Reglamento nº 4064/89, por considerar que impone excesivas restricciones frente a la necesidad de crear grupos empresariales fuertes, capaces de competir a escala internacional. 
La propuesta de la Comisión supone un paso más, con nuevos planteamientos sobre la concentración a escala comunitaria. 
El ponente quiere ir aún más lejos. 
Desea que se establezca un concepto más restringido de concentración, por el cual se reduciría al mínimo el control de las concentraciones o la oposición a las mismas. 
También por este motivo rechazamos el informe. 
El Informe Della Vedova refleja la ideología de la Comisión, que la mayoría liberal de esta Cámara ha hecho suya a su manera. 
En efecto, los problemas reales que plantea la aceleración del movimiento mundial hacia la concentración entre empresas se plantean exclusivamente como amenazas para la competencia. 
No se tienen en cuenta como tales los riesgos conocidos para los consumidores (subidas de precios, falta de transparencia, etc.) o para los trabajadores de las empresas en cuestión (despidos en el mercado bursátil, abandono de las actividades y transferencia de la producción a empresas que ofrecen menos prestaciones sociales). 
¡Como si la libre competencia hubiera demostrado ser capaz de hacer frente a dichos riesgos! 
En Francia, las últimas concentraciones entre empresas –de Vivendi a Air France, de Alstom a Péchiney– han demostrado que las instituciones nacionales y europeas están dando una respuesta totalmente inadecuada a las necesidades. 
Sin embargo, a nuestro parecer, estas constituyen justamente el elemento central de interés general. 
Si se tomasen en consideración esas necesidades, ciertamente convendría revisar el procedimiento europeo de control de las concentraciones, pero la alternativa por la que se ha optado aquí sigue siendo prisionera del dogma de la «sana competencia». 
Por esto hemos votado en contra de la resolución, que constituye un insulto para los trabajadores afectados y, de manera más general, para todos los ciudadanos. 
En su trabajo de revisión de la legislación en materia de competencia, la Comisión propone ahora una profunda modificación del Reglamento relativo a las concentraciones. 
Las empresas europeas vienen insistiendo desde hace años –y ahora también se les ha sumado el juez comunitario– en las deficiencias del Reglamento nº 4064/89. 
La excesiva duración del procedimiento de examen de las concentraciones y el carácter impreciso del concepto de posición dominante son solo dos de los aspectos que a todas luces resultaban inadecuados para permitir el desarrollo de unas operaciones que resultan cada vez más necesarias, en interés de la competitividad mundial de las empresas europeas. 
La propuesta de la Comisión, enriquecida con las enmiendas aprobadas por el Parlamento, debe permitir en condiciones normales que los grandes grupos industriales europeos puedan defenderse y competir en un plano de igualdad con sus competidores estadounidenses. 
La Comisión tendrá que demostrar, no obstante, una auténtica ambición europea en la aplicación del nuevo texto y dejar de lado el enfoque contable estrecho de miras que la llevó de nuevo hace poco a rechazar algunas fusiones industriales. 
Un texto jurídico no significa nada al margen de la interpretación que de él se haga. 
Por lo tanto, confío en que la Comisión emprenda su propia revolución cultural y, en particular, que abandone el celo procedimental que tanto daño ha causado a las empresas y a los trabajadores europeos. 
.– Al igual que el ponente, acojo con satisfacción el propósito de la Comisión Europea de proceder a una amplia revisión del sistema comunitario antimonopolista o de la competencia, en cuyo contexto constituye otro paso importante la presente propuesta de Reglamento. 
Varias decisiones recientes del Tribunal de Justicia Europeo han señalado la necesidad de clarificar y simplificar las normas de la competencia, sobre todo a la vista del entorno competitivo que existe en otras partes del mundo. 
En general, tanto los tribunales como la comunidad empresarial destacan la necesidad de que se tengan en cuenta las exigencias de un mercado libre y dinámico, que no debería soportar una carga excesiva de procedimientos prolongados y dificultosos para llevar a cabo transacciones que no son en absoluto ilícitas, sino que forman parte del funcionamiento normal de un mercado libre. 
La reglamentación de los diversos aspectos del Derecho comunitario de la competencia –en particular, las normas relativas a las ayudas estatales, las operaciones de concentración, el abuso de una posición dominante o las acciones concertadas con el fin de distorsionar el mercado– no debe perder de vista en ningún momento las exigencias de una economía libre y abierta con voluntad de regulación ni el grado adecuado de intervención comunitaria en las empresas y en los Estados miembros que, como es sabido, está sujeto al principio de proporcionalidad en este ámbito. 
Puesto que el ponente ha sabido reflejar ambas consideraciones, he votado a favor del informe. 
La Comisión ha consultado al Parlamento Europeo respecto a la propuesta de Reglamento del Consejo relativo al control de las concentraciones entre empresas. 
La Comisión quiere asegurarse de que no se produzca ninguna distorsión de la competencia en el mercado común. 
En consecuencia, es preciso adoptar medidas para evitar las posiciones dominantes y los oligopolios, que corren el riesgo de provocar subidas de precios, una producción regulada y una reducción de la calidad. 
La propuesta de la Comisión es clara y contundente en estos aspectos. 
Muchas de las enmiendas del ponente están encaminadas, en cambio, a suavizar las propuestas de la Comisión, con la justificación de que las concentraciones de empresas son absolutamente legítimas de por sí y no se pueden comparar con los cárteles. 
El ponente considera, por consiguiente, que en el caso de las concentraciones entre empresas no se debe otorgar a la Comisión los mismos poderes de investigación que en el caso de los cárteles. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos considera que la formulación más restrictiva de la Comisión es preferible a la orientación principal de las enmiendas adoptadas por el Parlamento. 
Por esto he votado en contra en la votación final. 
Aunque critique la situación relativa a la transmisión de datos a los Estados Unidos, la resolución acepta, sin embargo, su legislación. 
Ya tenemos una serie de medidas internacionales propias de un Estado policial a las cuales se va a sumar otra más. 
El Consejo de Ministros de Justicia ha decidido autorizar la vigilancia policial en el territorio de otros Estados miembros de los sospechosos desde el territorio de la policía que lleve a cabo la vigilancia. 
Esta medida se autoriza para muy diversos delitos, cuando antes se limitaba a delitos que justificasen la extradición del sospechoso. 
Esos delitos, aparte del terrorismo, el asesinato, el secuestro, la toma de rehenes, el tráfico de seres humanos, el transporte de explosivos y el transporte de residuos tóxicos, también incluyen el robo, delitos graves de carácter sexual y el contrabando de drogas y de sustancias psicotrópicas. 
Las policías francesa y alemana solo tendrán que solicitar autorización a las autoridades griegas o notificarles la vigilancia. 
Es decir, que los cafés de las plazas Omonia y Syntagma van a recordar muy pronto, sobre todo en vísperas de los Juegos Olímpicos, las escenas de una novela de Ian Fleming o de John Le Carré. 
El policía francés vigilará a un carterista, el policía alemán vigilará a un yonqui y el policía griego se limitará a observarles. 
Ya lo vimos en el turbio caso Van, en el que la vigilancia corrió a cargo de extranjeros y que estuvo vinculado al asunto del 17 de noviembre, y ahora volveremos a verles imponer «legalmente» un caos absoluto y un Estado policial europeo, y subvertir la soberanía nacional. 
Me he abstenido en la votación de la resolución sobre la transmisión de datos personales por las compañías aéreas a las autoridades estadounidenses en el caso de los vuelos transatlánticos, con el propósito de localizar a terroristas o autores de delitos graves. 
El Parlamento Europeo solicita, en efecto, en interés de la protección de la intimidad, que dicha transferencia se aplace hasta que se haya celebrado un acuerdo internacional apropiado. 
La intención es laudable, pero los motivos que la inspiran son exagerados y el resultado, desproporcionado. 
Los motivos son exagerados porque la resolución sobrestima los riesgos (los datos no son tan personales, toda vez que las partes interesadas ya los han comunicado a las compañías aéreas) y tiende a limitar las categorías de delincuentes buscados (¿por qué aceptar esa transferencia de datos en relación con la persecución de terroristas, pero no de asesinos o violadores? ). 
La reticencia europea llevaría a prohibir a las compañías aéreas la transmisión de la totalidad de los datos en cuestión, un hecho que las situaría en una posición insostenible y complicaría la importante lucha contra el terrorismo. 
Por consiguiente, opino que deberíamos haber propuesto lo contrario: la aceptación de la comunicación de datos durante un período transitorio, para una vez expirado este, adoptar un acuerdo internacional justo y transparente. 
.– En su reacción frente a los ataques del 11 de septiembre de 2001, la Unión Europea dio pruebas de su solidaridad con el objetivo de los Estados Unidos de prevenir el terrorismo y combatirlo. 
No obstante, por nobles que sean los objetivos, los fines no pueden justificar los medios. 
Los Estados Unidos han adoptado un gran número de medidas destinadas a reforzar los controles fronterizos, como es la exigencia de que las compañías aéreas comuniquen datos del registro nominal de pasajeros. 
En marzo de este año, el Parlamento consideró inaceptable la comunicación de dichos datos sin garantías de un nivel de protección adecuado y de respeto de la normativa comunitaria vigente. 
Las conclusiones de la Comisión indican que la protección de los datos prevista no puede considerarse adecuada (el objetivo que justificaría la obtención y almacenamiento de los datos no está claro; la cantidad de datos parece excesiva y desproporcionada; el período de conservación de los datos es excesivo; los Estados Unidos no aceptan ningún tipo de compromiso; y no existe ninguna posibilidad de recurso por parte de los pasajeros ni tampoco de la propia Unión Europea). 
Por consiguiente, es esencial poner fin a cualquier comunicación de datos que contravenga la normativa comunitaria. 
Es preciso decidir qué datos se pueden comunicar y garantizar la ausencia de cualquier trato discriminatorio y la retención de los datos más allá del período de estancia del pasajero. Los pasajeros deben ser debidamente informados con antelación y deben tener acceso siempre a un procedimiento de recurso rápido y eficaz. 
.– La situación actual, en que las autoridades de los Estados Unidos tienen acceso a los datos personales de los pasajeros transatlánticos (PNR, o) procedentes de los sistemas informatizados de reserva (APIS, o) , es inaceptable. 
Esta situación viola el derecho a la protección de los datos personales, incluida la actual Directiva comunitaria, como reconoce, de hecho, la resolución: 
-el objetivo no queda claro y existe el riesgo de que los datos se puedan utilizar para otros fines, incluida su transferencia a otros servicios de la administración estadounidense; 
-el número de datos exigidos (39 elementos) es incomprensible y desproporcionado; 
-la retención de los datos (durante 6-7 años) no está justificada; 
-los pasajeros no disponen de un medio eficaz de control o de recurso extrajudicial. 
Son inaceptables, asimismo, las amenazas de los Estados Unidos de retirar los derechos de aterrizaje a las compañías aéreas que no cumplan sus exigencias. 
Exigimos que se respete plenamente el derecho a la protección de los datos personales y que no cedamos a las exigencias de los Estados Unidos tratando de establecer derogaciones de las normas que existen en Europa. 
En cualquier caso, aún está por debatir la compatibilidad con dichas normas de la propuesta de introducir los llamados pasaportes de la Unión Europea con incorporados. 
. Es fundamental que hagamos todo lo posible en la lucha contra el terrorismo internacional y el crimen organizado, y para ello se precisa un delicado equilibrio entre los controles y la libertad individual. 
Nuestros aliados en los Estados Unidos se han comprometido seriamente en la lucha contra el terrorismo y nosotros debemos hacer todo lo que sea razonable para apoyarles. 
La presente resolución entorpecería sus esfuerzos y los conservadores británicos no podemos, por tanto, apoyarla. 
Los diputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra de la resolución porque esta no incluye la enmienda que propusimos para prohibir la recopilación de datos personales de los pasajeros y su comunicación a terceras partes, tal como exigen los ciudadanos y también, en parte, el apartado 2 del artículo 6 del Reglamento nº 2299/98 del Consejo. 
La resolución plantea, obviamente, interrogantes en cuanto a lo aconsejable de la medida, a la introducción de elementos biométricos en los nuevos pasaportes de los ciudadanos de la Unión Europea y al acuerdo sobre terrorismo firmado con los Estados Unidos por la Presidencia griega de la Unión, pero solo se proponen correcciones secundarias sobre si los datos se conservarán durante tres o seis años, si deben incluir menos de 39 elementos y si los pasajeros serán informados y tendrán que aceptar que sus datos queden registrados. 
Como si la protección de la intimidad fuese un asunto personal y no una cuestión social y política. 
Nos encontramos ante un intento más de dar una cobertura seudodemocrática y cultivar el autoengaño respecto al papel de la Unión Europea y del Parlamento Europeo dentro del sistema imperialista mundial. 
Lo que les preocupa a los ciudadanos no es si la Unión Europea desempeña un papel de primer o segundo orden, sino que esta, junto con los Estados Unidos, ha emprendido un ataque concertado contra los derechos humanos fundamentales y las libertades democráticas. 
. Las dictaduras son partidarias de detener a los visitantes extranjeros críticos en sus fronteras o devolverles directamente a sus países desde sus aeropuertos. 
Los Estados Unidos también cuentan con una tradición de prohibición de la entrada a quienes consideran sus enemigos o influencias peligrosas. 
La manera más eficaz de conseguir que una persona sospechosa pueda entrar en los Estados Unidos es que una orden de extradición de un juez estadounidense imponga su visita forzosa. 
Las visitas por libre voluntad ya se están viendo afectadas en la práctica por el intento de exigir 39 categorías de datos personales sobre todos y cada uno de los pasajeros de los vuelos transatlánticos, incluida la comida elegida, como forma de saber si una persona es musulmana. 
El 20 de mayo participé en la protesta contra esta medida en el aeropuerto de Schiphol, en los Países Bajos. 
Europa no puede impedir que los Estados Unidos nieguen la entrada a visitantes procedentes del extranjero, pero esto no significa que la propia Unión Europea deba cooperar en la obtención de ese tipo de datos en Europa para los fines de los Estados Unidos. 
Semejante cooperación es y seguirá siendo contraria a las normas europeas en materia de protección de la intimidad. 
Me congratulo de que la Comisión de Libertades Ciudadanas, Justicia y Asuntos Interiores haya apoyado por unanimidad la prohibición de comunicación de datos por las compañías aéreas y a través de los sistemas automatizados de reserva, si esa medida discrimina a quienes no son ciudadanos de los Estados Unidos, los datos se conservan durante largos períodos de tiempo y no existen procedimientos de información o de recurso. 
La resolución del Parlamento Europeo relativa a la altísima tasa de mortalidad de las abejas resulta bastante decepcionante ya que, una vez más, se limita a sugerir tan solo una posible relación entre dichos fenómenos y el uso de los plaguicidas Gaucho y Regent para el tratamiento de las semillas. 
Se propone en ella la realización de nuevos estudios y la creación de un comité de expertos. 
Por lo que respecta a las disposiciones urgentes, se contenta con solicitar, de manera muy general y alusiva, «la adopción de medidas preventivas para combatir la utilización de las nuevas generaciones de productos neurotóxicos remanentes». 
Durante el debate anterior a la resolución, celebrado el 25 de septiembre, ya dije que, actualmente, los últimos estudios realizados y la experiencia práctica de los apicultores revelan la existencia de una vinculación directa entre la mortalidad de las abejas y el uso de dichos insecticidas. 
Lo cual no significa que haya que descartar otras causas, como la contaminación general de las ciudades y el campo. 
Pero esas otras causas no deben servir para encubrir la influencia de los insecticidas. 
Por lo tanto, como medida de precaución, se debe prohibir, al menos provisionalmente, su uso. 
Aunque no deseo sumarme a los partidarios de esperar y ver que pasa, he votado a favor de esta resolución que se ha mejorado con una enmienda del Sr. Souchet. 
.– Apoyamos de manera general la propuesta de resolución, dadas las dificultades a las que enfrentan desde hace años los apicultores de la Unión Europea por la disminución de la cabaña apícola y la consiguiente pérdida de ingresos, agravada por restricciones relacionadas con el clima, la presencia de enfermedades como la varroa y las difíciles condiciones del mercado. 
Además, la cabaña apícola ha disminuido de forma simultánea en algunos lugares como consecuencia, entre otras cosas, del uso de plaguicidas neurotóxicos sistémicos para tratar las semillas de ciertos cultivos. 
Por lo tanto, es necesario encontrar una solución para indemnizar a los apicultores que están sufriendo pérdidas importantes de abejas. 
En Portugal, estas dificultades se han visto agravadas este año por los graves incendios forestales que han arrasado el país. 
Se calcula que el fuego ha destruido más de 5 000 colmenas, sobre todo en el Algarve, Beiras y Trás-os-Montes. 
Las pérdidas directas se elevan a unos 500 000 euros, sin contar los perjuicios derivados de la pérdida de ingresos futuros y de la destrucción de las zonas circundantes, que afecta a la alimentación de las poblaciones supervivientes. 
Por consiguiente, celebro que se haya aprobado nuestra propuesta para que la Comisión realice una evaluación global y adopte las medidas necesarias de apoyo comunitario. 
Quiero manifestar mi agradecimiento a todos los colegas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que me ayudaron a conseguir un consenso para presentar hoy, en el pleno, una resolución en respuesta a la pregunta oral dirigida a la Comisión y al debate celebrado el 25 de septiembre en Estrasburgo sobre las dificultades de la apicultura europea. 
La resolución es muy equilibrada, como demuestra su aprobación por unanimidad en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Espero que esa unanimidad sirva de acicate para que la Comisión responda por fin a las peticiones que formulamos en nuestra resolución. 
Y espero que deje de ignorar el hecho de que los apicultores han tenido que hacer frente durante años a graves problemas asociados a las pérdidas de sus poblaciones de abejas, que en algunos casos se elevan a más del 80% de la cabaña, y con una fuerte disminución de la producción de miel, que se traduce en una pérdida significativa de ingresos. 
En todas las regiones de la Unión Europea son cada vez más los apicultores que abandonan su actividad. 
Los jóvenes no están dispuestos a dedicarse a esta profesión, interesante pero difícil. 
Además, la apicultura –que muchas personas han practicado siempre no solo como fuerte de ingresos, sino también como afición– ya no resulta tan atractiva debido a las dificultades derivadas de las nuevas enfermedades. 
Los apicultores siguen haciendo sonar la señal de alarma. 
Las cabañas apícolas llevan años disminuyendo en unas proporciones que ponen en peligro la polinización. 
¿Cuál es la causa de este desastre sanitario? 
La varroa, un ácaro parásito, es sin duda alguna responsable en parte, como en Alemania, donde en 2002 destruyó un 40% de la población de abejas. 
No obstante, los plaguicidas Gaucho (imidaclopride) de Bayer y Regent (fipronil) de BASF tienen una enorme responsabilidad en esta mortalidad excesiva. 
Aunque la empresa alemana Bayer tuvo la osadía de denunciar, en vano, por «difamación» al antiguo vicepresidente de la Unión de Apicultores de Francia en junio de 2002, los hechos son elocuentes: Cuando se trata con estos plaguicidas los cultivos melíferos de girasol, colza o maíz en las proximidades de colonias de abejas, estas manifiestan graves problemas de comportamiento y mueren de forma masiva. 
El principio de precaución requiere, por lo tanto, la retirada urgente de como mínimo estos dos plaguicidas neurotóxicos, a la espera de que se realicen estudios serios –y ya no –, en los que participen biólogos especializados en la vida de las abejas y representantes de los apicultores. 
Es necesario indemnizar ya a los apicultores que han sufrido pérdidas y acabar con las importaciones poco razonables de miel extranjera, a veces adulterada y siempre ofrecida a precios de. 
– Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de resolución porque intenta dar respuesta a los graves problemas de la apicultura. 
No podemos descartar la posibilidad de que la nueva generación de plaguicidas, aplicados principalmente por el método de inmersión de las semillas, sea perjudicial para el medio ambiente y para la salud pública, sobre todo cuando dichos preparados se emplean en algunos países después de la germinación para combatir ciertas plagas de las plantas, con lo cual sus residuos son más abundantes durante la época de floración y en el producto final. 
Por esto se deberían realizar también controles de las fumigaciones posteriores a la germinación para conocer mejor el efecto de esos preparados y poder adoptar medidas adecuadas que protejan el medio ambiente y la salud humana. 
La aprobación por una gran mayoría de nuestro Parlamento de la resolución redactada por la Sra. Lulling y yo mismo, tras la alarmante información que nos hicieron llegar los apicultores europeos, me llena de satisfacción. 
La resolución tiene la virtud de exponer con claridad el problema de las graves consecuencias para la salud de las abejas y para la alimentación humana que tiene el uso de las nuevas generaciones de moléculas con efectos neurotóxicos potentes para el revestimiento de algunas semillas que se cultivan ampliamente. 
El Parlamento insta a la Comisión a que abandone su inercia y le dirige dos peticiones principales. 
La resolución reconoce que los actuales protocolos de aprobación aplicables a los productos fitosanitarios ya no son adecuados para los nuevos tipos de moléculas que están apareciendo en el mercado y solicita que se actualicen con la incorporación de nuevas pruebas específicas relacionadas con la salud de las abejas y los riesgos de contaminación alimentaria, a la vista de los estudios científicos que indican posibles transmisiones de dichas moléculas a toda la cadena alimentaria. 
La resolución pide asimismo una indemnización para los apicultores que hayan sufrido pérdidas de producción elevadas, así como ayudas para la recuperación de las cabañas apícolas diezmadas. 
Ahora le toca el turno a la Comisión, cuyo objetivo debería ser apoyar la producción de miel europea. 
Acogemos con satisfacción la tendencia de la Unión Europea a descartar los acuerdos pesqueros tradicionales en favor de la conclusión de nuevos acuerdos de asociación de pesca con terceros países. 
Los antiguos acuerdos eran demasiado poco generosos con los países que transferían derechos de pesca a la Unión Europea. 
Es de esperar que la nueva cooperación se traduzca, por una parte, en una pesca más sostenible que tenga en cuenta las necesidades locales de los terceros países y les ofrezca, por otra, la oportunidad de controlar directamente sus pesquerías en el futuro. 
.– He votado a favor del excelente informe de propia iniciativa del Sr. Arlindo Cunha, en nombre de la Comisión de Pesca, que destaca la importancia de una política comunitaria más activa orientada hacia la conclusión de acuerdos pesqueros internacionales. 
En efecto, esos acuerdos permiten el acceso de la flota comunitaria a las aguas de terceros países, lo cual es de vital importancia para la economía de mi país. 
Debo destacar asimismo la importancia específica de tales acuerdos para las regiones periféricas y ultraperiféricas de la Unión Europea en general y el hecho de que, como señala el informe, ofrecen empleo directo a 30 000 personas, además de crear un número todavía mayor de empleos indirectos en industrias auxiliares y de transformación. 
Dichos acuerdos, que representan el 20% del total de las capturas comunitarias, también han contribuido a incentivar el desarrollo de las industrias pesqueras locales y, en la medida en que contribuyen a fomentar la actividad económica y el volumen de transacciones comerciales en los países cosignatarios –por regla general, países en desarrollo–, pueden constituir instrumentos adicionales valiosos para la cooperación y el diálogo con la Unión Europea. 
Estoy de acuerdo con la preocupación expresada por el ponente en el sentido de que dichos acuerdos se deberían regir por los mismos criterios de sostenibilidad, de conservación de las poblaciones de peces y de precaución que presiden la pesca en aguas comunitarias, en particular el Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO – 1995). 
.– (La Política Pesquera Común y las políticas de cooperación al desarrollo de la Unión deben garantizar, por su coherencia, complementariedad y coordinación, el respeto de los principios del desarrollo sostenible y contribuir a la vez indefectiblemente a la reducción de la pobreza en los países en cuestión. 
Es preciso proteger la pesca tradicional de las comunidades locales de las zonas costeras, ya que esta es esencial para un proceso de desarrollo armonioso, a la vez que contribuye a fomentar otras actividades, como el turismo, y el empleo. 
– Señor Presidente, quiero recordar a esta Cámara que en el último período parcial de sesiones celebrado en Estrasburgo, intervine en dos ocasiones sobre el tema del libre acceso de los diputados al Parlamento. 
Todos conocemos la situación presupuestaria en relación con el parque móvil. 
Algunos diputados se han encontrado con que, cuando van muy justos de tiempo, no pueden conseguir un coche y tienen que tomar un taxi y cuando llegan abajo, pese a declarar su condición de diputados, no se le permite subir por las escaleras, con lo cual pierden más tiempo. 
Por este motivo no estuve presente en la primera votación nominal de esta mañana. 
Insto a la Mesa a que se ocupe de este tema de la libertad de acceso de los diputados al Parlamento, tanto si el motivo es una manifestación como si se trata de cualquier otra causa. 
Es un asunto importante. 
Suelo leer regularmente las actas de la Mesa. 
Sé que algunos colegas han escrito cartas con un contenido más o menos importante, pero no he encontrado ningún indicio de que la Mesa haya examinado algunas intervenciones, concretamente la del Sr. Posselt y la mía, ni de que se nos vaya a ofrecer una respuesta razonable y aceptable. 
Muchas gracias por la información, Sr. Wieland. 
Estos asuntos no son competencia de la Mesa, sino del Colegio de Cuestores. 
Evidentemente, transmitiré su observación a nuestros amigos, los Cuestores, y también al Presidente. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(1) 
Es para mí un gran placer y un privilegio dar la bienvenida aquí esta mañana a la Sra. Vaira Vike-Freiberga, la primera Presidenta de Letonia que se dirige a esta Cámara. Señora Presidenta, en la apertura de nuestro último período parcial de sesiones en Estrasburgo, el día 22 de septiembre de 2003, el Parlamento Europeo destacó el éxito del referéndum celebrado en su país sobre la adhesión a la Unión Europea. 
Celebramos no solo el resultado positivo, sino también el alto grado de participación y la gran victoria del «sí». 
Han elegido ustedes la interdependencia inteligente de la ciudadanía, en lugar de la independencia aislada, y nosotros nos alegramos de ello.Hoy quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle su liderazgo personal y su plena dedicación durante toda la campaña. 
Cuando nos reunimos por última vez en su despacho de Riga el 9 de septiembre de 2003, antes del referéndum, me contó usted sus encuentros con pensionistas, estudiantes, agricultores y demás ciudadanos para transmitirles un mensaje positivo de compromiso. 
Le agradecemos ese liderazgo.Señora Presidenta, a comienzos de un mes de octubre como este hace 64 años, su país se vio obligado a acatar los términos de un acuerdo cínico y secreto entre las dos potencias de la época, un pacto que robó la libertad a las tres pequeñas repúblicas bálticas. 
Desde entonces, Letonia, junto con las otras repúblicas bálticas, empezó a vivir una larga pesadilla de deportaciones masivas, opresión y ocupación.Quiero recordar aquí que gracias a la labor realizada por los diputados europeos de la época, el 13 de enero de 1983 el Sr. Otto von Habsburg, Sir James Scott-Hopkins y sus colegas en la Comisión de Asuntos Políticos del primer Parlamento Europeo elegido democráticamente, presentaron una resolución que la Cámara aprobó para restablecer la independencia de Estonia, Letonia y Lituania. 
Eso fue, por supuesto, un gesto simbólico... ... pero creo que contribuyó, con una previsión considerable, a lo que terminaría siendo el éxito de su revolución.Usted misma, señora Presidenta, ha desempeñado un papel fundamental en lo que yo llamaría la «generación transformadora» de políticos en los países en vías de adhesión. 
Usted ha ayudado a que su país recuperara su vocación europea.En noviembre de este año, analizaremos con detenimiento en este Parlamento los informes de seguimiento de la Comisión Europea sobre todos los países candidatos. 
No tengo ninguna duda de que esos informes reflejarán un progreso importante, también en Letonia. 
Estoy también convencido, y estará usted de acuerdo conmigo, de que, sobre todo en lo que se refiere a la creación de una capacidad administrativa y judicial óptima, la propia Letonia puede ganar mucho si mantiene su esfuerzo y si persiste en su empeño, con el Gobierno a la cabeza, de luchar contra el crimen y la corrupción. 
Tiene que intensificar y mantener este esfuerzo de liderazgo. 
Todavía le queda un trecho por recorrer, pero nosotros les acompañaremos en su viaje.Señora Presidenta, sé que su biografía, publicada hace tres días, habla de un camino muy largo y de su regreso final a la tierra que la vio nacer. 
Creo que su historia guarda cierto paralelismo con el de tantas historias y tantos viajes hacia esta nueva Europa del mañana. 
Usted creció en los campos de refugiados de Alemania, fue a la escuela en Marruecos y estudió una carrera universitaria en Canadá. 
De una manera muy humana y personal, su viaje forma parte del viaje de la Europa moderna y eso me da cierta licencia, espero que sin infringir las normas sobre derechos de autor –sobre los que en este Parlamento somos muy exigentes–, para decir: Señora Presidenta, en nombre de la libertad, le damos la bienvenida. 
. (1) Señor Presidente, le agradezco su afectuosa bienvenida y la invitación para dirigirme a ustedes aquí, en el Parlamento Europeo. 
Es un motivo de especial satisfacción para mí poder hacerlo en mi lengua natal, que pronto será una de las lenguas oficiales de la Unión Europea; de manera que voy a pronunciar la primera parte de mi intervención en letón. 
Esta es la primera ocasión en que un Jefe del Estado de Letonia se dirige al Parlamento Europeo. 
Considero un gran honor para Letonia que se le haya brindado esta oportunidad de compartir sus ideas sobre el futuro de nuestro continente en este momento histórico significativo. 
Veo en ello un reconocimiento al pueblo de Letonia por todos los logros conseguidos desde que recuperó su independencia en 1991. 
También quiero agradecer a los diputados a esta Asamblea su convincente voto a favor de la adhesión de Letonia a la Unión Europea. 
Este representó un paso significativo hacia la tanto tiempo ansiada reunificación de Europa. 
Letonia también ha dado un sí rotundo a la adhesión a Europa, con el voto favorable del 67%. 
Nuestro referendo del 20 de septiembre de 2003 fue el último de los celebrados en los nuevos Estados miembros de la Unión Europea. 
El resultado positivo de dicha votación significa que podemos continuar trabajando unidos para reparar la división de Europa derivada de la Segunda Guerra Mundial. 
El día del referendo fue una fecha muy especial para el pueblo de Letonia. 
Debíamos asumir la responsabilidad de nuestro futuro y ante nuestros vecinos. 
Se nos pedía que diésemos una respuesta a los Estados miembros de la Unión Europea, que en la Cumbre de Copenhague habían dirigido el siguiente mensaje a los diez países candidatos: «Construyamos el futuro de Europa juntos.» 
O, como lo expresó Anders Fogh Rasmussen, Primer Ministro de Dinamarca: «Nuestra nueva Europa acaba de nacer». 
Letonia siempre ha sido y seguirá siendo parte de Europa, en el sentido cultural, histórico y geográfico. 
Vivimos y trabajamos conforme a los mismos valores que aprecian nuestros países vecinos: la democracia, la libertad de expresión, el Estado de Derecho y el respeto del individuo. 
Compartimos la misma concepción del mundo en relación con la vida, el medio ambiente y las cuestiones sociales. 
Por esto los más cercanos aliados de Letonia se encuentran en Europa. 
Estamos empezando a colaborar de nuevo con otros países europeos y a defender la percepción, los valores espirituales y el orden mundial que, en nuestra calidad de europeos, compartimos. 
Regresamos a Europa para aportar nuestro conocimiento y experiencia. 
Un conocimiento que, unido a un espíritu innovador y a la capacidad de transformar los descubrimientos científicos en productos con un alto valor añadido, es lo que Europa necesita ahora para llegar a ser competitiva a escala mundial. 
Los científicos letones pueden enorgullecerse actualmente de sus descubrimientos del máximo nivel en el campo de la física y de la química. 
En Letonia hay varios centros de excelencia de nivel europeo en los campos de la nanofísica, del estudio de las propiedades de diversos materiales, de la química y de las ciencias naturales. 
Siempre hemos contado con matemáticos muy competentes y disponemos de un gran potencial en los campos de la informática y la tecnología de la información. 
Científicos letones han estado colaborando desde 1999 en pie de igualdad con sus colegas de los Estados miembros de la Unión Europea. Han estado trabajando en el contexto del Quinto y el Sexto Programas Marco de la Unión Europea para el desarrollo de la ciencia y las tecnologías, y están dispuestos a contribuir a la creación de un Espacio Común Europeo de la Investigación. 
Cabe preguntarse qué espera Letonia de Europa. 
Los letones ven la oportunidad de consolidar de manera irreversible su soberanía en el seno de la Unión Europea y de mantener su identidad, su cultura y su lengua. 
La Unión Europea es una gran familia de naciones democráticas, dentro de la cual se respetan los intereses de todas y cada una de ellas, y donde la solidaridad es la piedra angular de la cooperación. 
El pueblo de Letonia ve en la seguridad y la estabilidad los pilares de su desarrollo. 
Codo con codo con los demás países de la Unión Europea podremos combatir con mayor eficacia amenazas como la delincuencia organizada, la corrupción, el contrabando de mercancías y el tráfico de drogas. 
Letonia será responsable de la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión y esta es una tarea de particular importancia. 
Por esto agradecemos la participación de la Unión Europea en este ámbito, que nos ayudará a mejorar la recaudación de derechos de aduana y de tasas y a combatir más eficazmente el contrabando. 
También estaremos en mejores condiciones de actuar conforme a nuestros intereses en relación con terceros países. 
La adhesión de Letonia a la Unión Europea estimulará un cambio en las actitudes y modos de pensar de la población. 
Los letones van a estar cada vez más expuestos, en su vida cotidiana, al contacto con las numerosas culturas e identidades que existen en la Unión Europea. 
Esto les inducirá a desarrollar una actitud más abierta hacia las demás naciones y una comprensión más adecuada de los intereses de otros países. 
La propia Unión Europea se constituyó cuando la Francia y la Alemania de la posguerra abrieron una nueva página decisiva en su relación. 
La Unión Europea ayudará a Letonia a centrarse más en el futuro, a mirar hacia delante y pensar con vistas al futuro en lugar de permanecer absorta en el pasado, que ha estado plagado de pérdidas, sufrimiento e injusticia. 
Nadie puede cambiar el pasado; solo es posible cambiar el futuro. 
Letonia tiene que llegar a ser un país moderno y económicamente desarrollado, y la Unión Europea nos brindará numerosas oportunidades de crecimiento. 
Para empezar, podremos trabajar y estudiar en todo el territorio de Europa, por ejemplo. 
Será una experiencia excepcional, que luego podremos aplicar en Letonia. 
Evidentemente, es importante garantizar que esas personas regresen a Letonia con la experiencia acumulada. 
La política de la Unión en el ámbito de la ciencia y las tecnologías será inestimable en este aspecto, en particular en lo que respecta a fortalecer a las regiones más débiles y evitar una «fuga de cerebros». 
La ayuda financiera de la Unión previa a la adhesión, junto con el futuro apoyo de los Fondos Estructurales a proyectos en campos como la industria de transformación con un valor añadido y el desarrollo de la ciencia y la investigación, ya están contribuyendo a la creación de una economía basada en el conocimiento en Letonia y servirán para fomentarla. 
También contribuyen a ofrecer incentivos para que las personas con talento permanezcan en Letonia y trabajen allí. 
Una infraestructura avanzada será muy significativa para el desarrollo de una Unión Europea ampliada, en particular en los nuevos Estados miembros. 
Por esto va a ser esencial conectar lo más pronto posible a los nuevos Estados miembros con los actuales. 
Se prevé que el proyecto ejerza una gran influencia sobre el desarrollo de Letonia. 
Confiamos en que este proyecto se ejecute lo más pronto posible. 
El apoyo de la Unión Europea a este proyecto inmenso va a ser crucial para su desarrollo. 
También es muy importante que prosiga la modernización de la red de carreteras de la. 
Para Letonia, es esencial asegurar un desarrollo uniforme en todas sus regiones, así como en sus zonas rurales. 
Nos proponemos dedicar una atención especial a nuestra región oriental de Latgale, la más necesitada de ayuda. 
Tenemos previsto utilizar los Fondos Estructurales de la Unión Europea para abordar las cuestiones antes citadas. 
Nuestro acceso a la Unión Europea va a beneficiar directamente al sector agrario de Letonia y a nuestras zonas rurales. 
También tenemos previsto desarrollar una producción agrícola moderna, sin dejar de conservar los paisajes letones tradicionales locales. 
Señorías, voy a continuar en inglés a partir de aquí. 
Además de contribuir a reducir las disparidades económicas dentro de las fronteras nacionales de Letonia, la ampliación al este de la Unión Europea, junto con la adhesión de los tres Estados bálticos a la OTAN el año próximo, van a tener una enorme repercusión política y económica en toda la región del Báltico, que mejorará de un modo significativo su atractivo general para las inversiones y los negocios. 
La unión de las antiguas y nuevas democracias, de mercados maduros y emergentes, de estructuras establecidas y nuevas alianzas, va a constituir un valor y no una debilidad. 
La Unión Europea se enfrenta, no obstante, con un reto importante: el de reducir las grandes disparidades económicas que aún subsisten entre los actuales y los futuros Estados miembros, y conseguirlo lo más pronto posible. 
En efecto, la Unión Europea solo se habrá completado de verdad y plenamente una vez que se haya eliminado la distinción entre la vieja y la nueva Europa, al menos desde el punto de vista del desarrollo y el bienestar económicos. 
Un camino que pueden seguir los países candidatos para reducir las discrepancias entre la «vieja» y la «nueva» Unión es adoptar modelos de desarrollo de éxito ya probado. 
Pueden aprender tanto de los éxitos como de los errores cometidos por los actuales Estados miembros de la Unión, con objeto de aprovechar plenamente la ayuda disponible de Bruselas. 
Los mecanismos que puede desplegar la Unión Europea para reducir las disparidades regionales son, sin duda, eficaces. 
Sus programas de armonización y sus fondos de desarrollo han generado resultados viables y tangibles y han contribuido mucho a mejorar sucesivamente el nivel de vida de los nuevos Estados miembros, entre ellos Irlanda, España, Portugal y Grecia. 
Los futuros miembros de la Unión, incluida Letonia, entre otros, han registrado tasas notablemente elevadas de crecimiento en los últimos años, así como un saludable incremento de los flujos comerciales y de inversiones. 
Aun así, la mayoría todavía tendrán que proseguir la ardua tarea de reformar sus propias instituciones, consolidar su capacidad administrativa, aplicar las normas de la Unión Europea y combatir la corrupción durante los primeros años de su integración en la zona euro. 
Esto requerirá esfuerzos serios, concentrados y continuados por parte de sus Gobiernos. 
El ritmo de progreso dependerá de la intensidad del esfuerzo invertido y de la solidez de la voluntad política que demuestre cada nuevo Estado miembro. 
Señorías, es una gran satisfacción ver participar a los nuevos Estados miembros de la Unión Europea como miembros de pleno derecho en la Conferencia Intergubernamental que acaba de iniciarse y que Bulgaria, Rumania y Turquía también se sienten a la mesa de negociaciones en calidad de observadores. 
En Letonia interpretamos este gesto importante como una indicación de que el principio de igualdad va a seguir siendo un fundamento primordial de la cooperación entre los países de la Unión Europea. 
Europa no se puede dividir en países miembros grandes y pequeños, antiguos y nuevos, o ricos y pobres. 
Para Letonia, un aspecto fundamental del principio de igualdad es el derecho de cada país a designar un miembro de la Comisión Europea. 
Consideramos que todos los comisarios, sin excepción, deben ser iguales en todos los aspectos y todos deben tener derecho a voto. 
De lo contrario, ¿cómo podrá seguir siendo la Comisión un órgano colegiado que represente los intereses comunes de todos sus Estados miembros? 
Otra manifestación del principio de igualdad, profundamente enraizado en la Unión Europea, se puede apreciar en la Presidencia rotatoria del Consejo de Ministros, que Letonia considera que debería continuar siendo una de las características principales del Consejo. 
Dicha Presidencia rotatoria ofrece a cada Estado miembro, independientemente de su tamaño, la inestimable oportunidad de dirigir y coordinar los trabajos de la Unión. 
El principio de igualdad entre los Estados miembros de la Unión Europea se manifiesta asimismo en varias otras formas exclusivas de integración europea, incluida la de la política monetaria –con la introducción del euro– y la de los asuntos de interior y la justicia, a través del Acuerdo de Schengen. 
Estos aspectos de la Unión deben continuar abiertos a todos los Estados miembros, independientemente del número de habitantes que pueda tener cada país o del montante de los recursos financieros de que disponga. 
Letonia ha examinado atentamente, en este sentido, las propuestas de la Convención en lo que respecta a la política europea de defensa. 
Consideramos que todos los Estados miembros deben tener la misma posibilidad de intervenir en la adopción de las decisiones que afecten a la seguridad de nuestro continente. 
En opinión de Letonia, la división de los integrantes de la Unión en función de sus capacidades militares no contribuiría a la cohesión de la Unión Europea. 
Letonia comparte el deseo común de los Estados miembros presentes y futuros de crear una Unión Europea fuerte y unida. 
Por lo tanto, es esencial que la Unión procure hacer pleno uso de sus instituciones actuales de la manera más eficaz posible y definir con precisión las funciones de cualquier nueva institución que se vaya a crear. 
Cualquier división de competencias entre el Presidente del Consejo Europeo, el Presidente de la Comisión Europea y el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea debe ser clara y absolutamente inequívoca. 
De lo contrario, corremos el riesgo de socavar el actual equilibrio institucional de la Unión. 
Si se llegase a crear el puesto de Presidente del Consejo Europeo, Letonia considera que su mandato principal debe consistir en la coordinación de los trabajos internos del Consejo y la preparación del orden del día de sus reuniones. 
En otras palabras, el nuevo Presidente del Consejo debería asumir las tareas que hasta ahora ha desempeñado el Primer Ministro del país que ocupa la Presidencia de la Unión. 
Puesto que tanto el Presidente del Consejo Europeo como el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea la representarán en el ámbito internacional, es preciso garantizar que sus mandatos no se solapen. 
No debe existir la menor duda en cuanto a los casos en los que el Ministro de Asuntos Exteriores podrá actuar por propia iniciativa y aquellos en los que deberá mantener consultas con el Consejo de Ministros. 
Es preciso dotar a la Unión Europea de procedimientos de adopción de decisiones sencillos y claros, a fin de que pueda operar con el máximo grado de eficacia. 
Letonia apoya la propuesta de la Convención de que se aplique un sistema de votación por doble mayoría, en el Consejo Europeo y en el Consejo de Ministros. 
Este procedimiento sin complicaciones, en el que cada país dispondría de un voto, también sería fácilmente comprensible para los habitantes de la Unión, a diferencia de lo que ocurre con el sistema de votación por mayoría cualificada tal como se define en el Tratado de Niza. 
Letonia considera, no obstante, que dicho sistema de doble mayoría adquiriría la máxima eficacia si se aplicase la paridad entre la mayoría de países y la mayoría de habitantes, que comprenda la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea y la mitad de sus habitantes como mínimo. 
En lo que respecta al número futuro de diputados al Parlamento Europeo, Letonia está firmemente convencida de que no sería deseable reducir de cinco a cuatro el número mínimo de representantes de cada país. 
Semejante medida mermaría significativamente la capacidad de participación de Letonia y otros Estados pequeños de la Unión en el proceso de decisión del Parlamento Europeo. 
Letonia desearía que una Europa fuerte, integrada y unida desempeñara un papel más destacado en la comunidad internacional. 
Esperamos que el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión consiga consolidar una Política Exterior y de Seguridad Común europea, sin dejar de mantener a la vez la estrecha cooperación de la Unión Europea con Norteamérica. 
Más allá de las diferencias de opinión surgidas entre varios países europeos y los Estados Unidos en relación con la crisis del Iraq y otros temas, todos compartimos los mismos valores e ideales fundamentales, que debemos proteger actuando unidos. 
A fin de cuentas, justamente gracias a esa estrecha cooperación transatlántica se ha mantenido la paz y la estabilidad en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 
La Unión Europea ampliada de 25 Estados miembros solo podrá florecer y prosperar si las democracias del mundo se mantienen unidas en defensa de sus ideales comunes. 
Letonia propugna sinceramente que la Unión Europea asuma una mayor responsabilidad en la tarea de garantizar la paz y la seguridad mundiales y considera que la nueva estrategia europea en materia de seguridad constituye un paso en la dirección adecuada. 
Las operaciones de control de crisis de la Unión Europea ya han demostrado que es capaz de contribuir a los esfuerzos multilaterales encaminados a mejorar la seguridad. 
Sin embargo, cualquier medida amplia y seria con vistas a mejorar la seguridad de Europa se debería adoptar en la máxima medida posible en cooperación con los Estados Unidos y los demás aliados de Europa en el marco de la OTAN. 
Las amenazas insidiosas contra la seguridad procedentes del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, el derrumbe de los Estados y los conflictos intestinos requieren una respuesta unida de los países que respetan los principios de la democracia y los derechos humanos. 
Los Estados miembros de la Unión Europea y de la OTAN, junto con sus aliados, han tenido considerable éxito en el desarrollo de operaciones conjuntas de mantenimiento de la paz y han contribuido mucho al restablecimiento de la paz y la estabilidad en la región de los Balcanes. 
El desarrollo de una Política Europea Común de Seguridad y Defensa aportaría a la Unión un potencial adicional para mejorar su cooperación en las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz y la seguridad. 
La próxima expansión de la Unión Europea pone de manifiesto la importancia de sus relaciones con sus vecinos orientales, presentes y futuros. 
Por consiguiente, la política exterior de la nueva Unión ampliada debe procurar consolidar la seguridad y fomentar la prosperidad de las regiones fronterizas de la Unión. 
Letonia, Estonia, Lituania y Polonia pasarán a ser pronto puntos focales directos de las relaciones comerciales y de otro tipo de la Unión con Ucrania, Belarús y Rusia. 
En el marco del desarrollo de las relaciones de la Unión Europea con estos tres países, debemos ofrecer el máximo apoyo posible a los procesos de reforma democrática internos en cada uno de ellos. 
La participación de Rusia en los procesos europeos es esencial tanto para la región del Báltico como para el conjunto de Europa. 
Aun cuando las relaciones entre Letonia y Rusia a veces fueron tensas en el pasado, las transformaciones positivas registradas con la ampliación de la Unión Europea y de la OTAN a la región del Báltico ofrecen una buena base para continuar la aproximación entre Rusia y sus vecinos occidentales directos. 
Letonia desde luego desea promover una mayor cooperación entre la Unión Europea y Rusia desde el punto de vista práctico y pragmático. 
Señorías, con objeto mantener la influencia e importancia de Europa en el mundo actual, tenemos la responsabilidad de sacar el máximo partido del activo principal de este continente que compartimos: su rico entramado de culturas, lenguas y naciones diversas. 
La pluralidad lingüística y cultural de nuestro continente es una fuente inestimable de riqueza que constituye el verdadero núcleo de la integración europea. 
Contribuye a la razón de ser de la Unión Europea tal como se expresa en el nuevo lema propuesto por la Convención sobre el futuro de Europa: «unidos en la diversidad». 
Letonia tuvo que sufrir todo el peso del totalitarismo durante medio siglo. 
Los letones poseen, en consecuencia, con pleno de conocimiento de causa, una comprensión particularmente afinada de lo que significan la libertad de elección y las libertades civiles. 
Por consiguiente, vamos a hacer cuanto esté en nuestra mano para garantizar que siga prevaleciendo un espíritu de tolerancia, comprensión y respeto mutuo entre los pueblos de nuestro continente y ocupe el centro de nuestros esfuerzos para aumentar la cooperación. 
Letonia se constituyó como un estado abierto y democrático desde el momento de su fundación, en 1918. 
Lamentablemente, la gran aspiración del pueblo letón de vivir en libertad en un país próspero y estable se trocó demasiado pronto en una pesadilla. 
El acuerdo secreto entre Hitler y Stalin, concluido en 1939 bajo la forma del infame Pacto Molotov-Ribbentrop, dividió la Europa central y oriental en esferas de influencia alemana y rusa, desencadenó la guerra más destructiva que jamás ha conocido la humanidad y borró los nombres de los tres países bálticos de los mapas políticos del mundo. 
Durante cincuenta largos años, Letonia sufrió dos ocupaciones brutales –la nazi y la soviética– y perdió más de una tercera parte de la población que tenía antes de la guerra. 
La lengua letona fue desplazada progresivamente por otra, la rusa, en la vida pública y cotidiana. 
Los letones, por su parte, estuvieron a punto de convertirse en una minoría en su propio país de origen. 
Letonia heredó, en consecuencia, una pesada carga del régimen de ocupación soviético. 
La política lingüística impuesta por Moscú durante medio siglo tenía como meta la rusificación total de Letonia y la destrucción de su identidad nacional. 
Esa política funesta tuvo consecuencias dolorosas y duraderas que el país está decidido a superar en los próximos años con la ayuda del programa gubernamental de integración de la sociedad letona. 
Sin dejar de respetar plenamente el derecho de todos a conservar su lengua, su cultura y su identidad étnica, un país democrático está también obligado a crear las condiciones que permitan la plena participación de todos sus ciudadanos en la vida política y económica. 
No conozco ningún país del mundo donde dicha participación sea posible sin un dominio adecuado de la lengua nacional, que en nuestro caso se da la circunstancia de que es el letón. 
Quiero destacar que las minorías desempeñaron un papel muy importante en la constitución del Estado letón en 1918 y también en la recuperación de la independencia de Letonia en 1991. 
El Estado letón, por su parte, ha realizado considerables esfuerzos para permitir que las minorías preserven su cultura y su identidad y mantengan sus lenguas y tradiciones. 
En mi país, que solo tiene 2,3 millones de habitantes, más de un centenar de organizaciones de las culturas nacionales minoritarias reciben apoyo financiero del Estado. 
Tras la restauración de la independencia de Letonia en 1991, se ha establecido un sistema nacional de educación, financiado por el Estado, que ofrece a los niños la posibilidad de asistir a escuelas primarias que imparten las clases en letón o en una de las ocho lenguas minoritarias, o sea, el ruso, el ucranio, el polaco, el bielorruso, el hebreo, el romaní, el estonio y el lituano. 
Pocos países del mundo pueden preciarse de semejante logro. 
Esta política letona se basa en la convicción, que ya he expresado antes, de que la diversidad de lenguas y culturas es una de las mayores riquezas de nuestro continente. 
La consecuencia lógica es que el Estado letón tiene una responsabilidad muy especial en relación con la lengua letona, una de las dos únicas supervivientes de la familia de las lenguas bálticas. 
El letón, hablado por menos de dos millones de personas en todo el mundo, constituye por lo tanto un elemento singular de nuestro gran patrimonio cultural europeo. 
El reto y la tarea principal del sistema educativo letón son crear las condiciones para que la nueva generación pueda prosperar. 
La reforma del sistema educativo que se propone llevar a cabo el Estado prevé el mantenimiento de la enseñanza primaria en letón o en una de las ocho lenguas minoritarias antes citadas. 
Pero a partir de septiembre de 2004, los centros de enseñanza secundaria tendrán que garantizar la enseñanza en letón de un 60% de las materias propuestas, como mínimo, si bien conservarán la libertad de decidir qué materias concretas se enseñarán en letón. 
Permítanme que añada que la política letona respecto a las minorías se adecua absolutamente a los criterios internacionales y así lo han confirmado en los últimos años y en numerosas ocasiones la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la OSCE y las Naciones Unidas, al igual que varias otras organizaciones internacionales. 
Señorías, cualquier voluntad colectiva para liberarnos de un pasado totalitario solo podrá tener verdadero éxito si tomamos conciencia de las formas y manifestaciones que puede adoptar el totalitarismo. 
Por esa razón, Letonia expresa su apoyo a la propuesta de resolución presentada el 25 de septiembre de 2003 en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, relativa a la necesidad de una condena internacional del comunismo totalitario. 
Dicha resolución prevé la constitución de una comisión políticamente independiente que se encargue de investigar los crímenes cometidos por los regímenes comunistas en los países de la Europa Central y Oriental durante cincuenta años. 
Una condena internacional –basada en información objetiva y hechos indiscutibles– del totalitarismo comunista y de los asesinatos, deportaciones masivas y otras formas de represión practicadas en su nombre constituiría una aportación inestimable a la definición de los valores básicos que rigen nuestro continente. 
La experiencia de Alemania después de la segunda Guerra Mundial parece indicar que si las fuerzas antifascistas solo hubiesen derrotado al régimen nazi en los campos de batalla, su lucha tal vez hubiese sido en vano. 
Solo el triunfo sobre la ideología nazi totalitaria, que se había implantado en la mente de millones de personas, hizo posible la integración europea y la construcción de lo que ha llegado a ser actualmente la Unión Europea. 
A fin de completar debidamente la unificación de una Europa antaño desgarrada, es necesario tomar posición ahora ante ese otro azote que causó sufrimientos inexpresables a decenas de millones de personas durante decenios. 
Nuestro continente ha sobrevivido durante siglos, durante milenios incluso, a una interminable sucesión de sangrientas guerras y conflictos, que culminaron en las dos guerras mundiales y la limpieza étnica del siglo XX. 
Ahora, por primera vez en la historia, nos encontramos ante la oportunidad de crear, por nuestra propia y libre voluntad, una nueva Europa unida y en paz, estable y próspera. 
Deseo fervientemente que estemos en condiciones de responder a ese reto. 
Espero de todo corazón que estemos a la altura de esa tarea y podamos aprovechar plenamente todas las ventajas y todos los recursos que la historia ha puesto a nuestro alcance. 
Quiero agradecer a la Sra. Presidenta su intervención. 
Su respuesta, Señorías, no precisa comentario. 
Señora Presidenta, usted ha dicho que su país tuvo que soportar una pesadilla. 
Nos alegramos de que ahora podamos viajar juntos de la noche al día en la construcción de un nuevo futuro: una Europa, como usted ha dicho bien, a la que no le importe tanto ser grande o pequeña, vieja o nueva, rica o pobre, como ser una Europa unida. 
–Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 9 de octubre de 2003 (1). 
–Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día, elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 15 de octubre de 2003, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento. 
Se han propuesto los siguientes cambios (1): 
Con respecto al informe del Sr. Queiró sobre material de defensa (A5-0342/2003) , he recibido una solicitud del Grupo UEN para la devolución de dicho informe a la comisión, de conformidad con el artículo 144 del Reglamento. 
– Señor Presidente, he pedido la palabra en relación con la observancia del Reglamento. En nombre de mi grupo, quiero pedir que un informe se devuelva a la comisión, de conformidad con el artículo 154 de nuestro Reglamento. 
Los hechos son los siguientes: tras el debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, se aprobó un informe sobre la política comunitaria sobre materiales de defensa, del que soy ponente y que está en el borrador de orden del día del próximo miércoles. 
La Conferencia de Presidentes había decidido –y ahí está el problema– que este informe debía elaborarse de conformidad con el apartado (a) del artículo 162 del Reglamento, es decir, de conformidad con el procedimiento de cooperación reforzada entre comisiones parlamentarias. 
En tales circunstancias, la Comisión de Asuntos Exteriores estaba encargada de comentar los textos básicos, mientras que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía debía emitir una opinión. 
Por razones relacionadas con la interpretación de este artículo –que, por cierto, es reciente– el informe es, en su nueva redacción, incoherente y distinto del adoptado por la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Con el fin de superar este problema, quiero solicitar que el informe se devuelva a la comisión. 
No hacemos esta petición para cambiar lo que ya se ha aprobado en comisión, ni tampoco deseamos cuestionar la posición de la Comisión de Industria. 
Como he dicho, lo que queremos es conseguir que la opinión de la Comisión de Industria se incorpore de una forma coherente a este informe para proteger la integridad del mismo en su conjunto, algo que no se pudo hacer a su debido tiempo. 
Por lo tanto, pido a mis colegas diputados que apoyen ahora esta solicitud, puesto que mi única intención es contribuir a solucionar el problema –que, por cierto, no se ha debido a ningún fallo por mi parte– de una forma constructiva. 
–Tras la devolución a la comisión, he recibido una solicitud del Grupo PPE-DE y el Grupo GUE/NGL para incluir, después del debate sobre el informe Brok el miércoles, las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la próxima cumbre UE-Rusia, incluida la situación en Chechenia, sin propuestas de resolución. 
– Señor Presidente, la Cumbre UE-Rusia va a tener lugar la semana que viene y en Chechenia acaban de celebrarse unas elecciones que ni con la mejor voluntad del mundo pueden considerarse el tipo de elecciones presidenciales a las que estamos acostumbrados en Occidente. 
Además, Rusia es una gran superpotencia, o por lo menos un gran país, que está muy próximo a nosotros y sobre cuyos asuntos no hemos hablado mucho. 
En esta Cámara hemos dedicado debates independientes a cuestiones que nos afectan mucho menos directamente. 
La situación de la guerra de Chechenia no ha cambiado y exige un debate. 
Por eso, propongo que se celebre un debate independiente sobre esta cuestión y yo, por lo menos, estoy muy a favor de eso. 
Con el debido respeto a los demás debates propuestos, tratan temas bastante menos relevantes para nosotros. 
– () Señor Presidente, Señorías, no creo que se pueda sospechar que nuestro Grupo o yo mismo nos oponemos a un debate sobre Chechenia. 
Sin embargo, considero que si celebramos un debate sobre Chechenia, debemos hacerlo sobre la base de una resolución. 
Esto no tiene sentido: todo el mundo conoce la situación. 
Por nuestra parte, proponemos que se celebre un debate sobre Chechenia sobre la base de una resolución durante el período parcial de sesiones de Bruselas, es decir, dentro de 15 días, pues si de actualidad se trata, habríamos debido mantener ese debate, y votar, en el último periodo parcial de sesiones de Bruselas, mientras que ahora Bolivia me parece, en efecto, el tema de más actualidad sobre el cual el Parlamento Europeo debe tomar postura sobre la base de una resolución. 
Por tanto, no queremos debatir sobre Chechenia sin una resolución y proponemos que el debate tenga lugar en el período parcial de sesiones de Bruselas, con resolución. 
– () Señor Presidente, quizás exista la posibilidad de conciliar las dos posiciones: por una parte, mantendríamos la propuesta conjunta de los dos Grupos sobre Chechenia para el miércoles por la tarde y, por otra, aplazaríamos el punto sobre Bolivia al miércoles por la tarde, es decir, en presencia de la Comisión únicamente. 
Si elegimos esta solución, pienso que podríamos expresarnos sobre Chechenia y manifestar también lo que pensamos de la sangrienta represión que se ha cobrado cerca de ochenta muertos en una semana, se lo recuerdo, en Bolivia. 
(2) 
Señor Presidente, el pasado viernes se produjo un incidente extremadamente grave en Roma, que perjudica a la libertad de información en la Unión Europea: un juez ordenó que se registraran los locales de un importante periódico y que la policía se incautara de material periodístico. 
Me dirijo, en mi calidad de periodista, al Presidente de esta Cámara, que también es periodista. 
La policía estuvo 13 horas en los locales del periódico y se incautó de una gran cantidad de material, aunque el presunto delito era solo el de difamación en un artículo del periódico. 
La decisión del órgano judicial italiano no tuvo en cuenta las decisiones del Consejo de la Unión Europea ni del Tribunal de Justicia Europeo, que en varias ocasiones han dictaminado a favor del derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes. 
A este respecto, quiero mencionar la Recomendación R-2000/7, que el Consejo de la Unión Europea hizo llegar a los Estados miembros el 8 de marzo de 2000, así como la conocida sentencia Goodwin, con la que el Tribunal de Justicia consagró el secreto profesional de los periodistas en el Derecho. 
También quiero resaltar la reciente sentencia 33400, de 15 de julio de 2003, según la cual los registros llevados a cabo en lugares de trabajo para encontrar las fuentes de periodistas constituyen una grave violación de la libertad de expresión; además, el hecho de que el objetivo de los investigadores sea localizar a las personas responsables de filtrar información en los tribunales de justicia no es razón suficiente para justificar la utilización de esos métodos. 
Señor Presidente, ya he presentado una pregunta para tratar de proteger la libertad de prensa, tanto en mi país como en el conjunto de la Unión Europea. 
Solicito al Parlamento Europeo que intervenga en este asunto. 
Señor Presidente, la semana pasada estuve en Rumania, donde actué como observador de los preparativos del referendo. 
Permítanme decir que el referendo ha sido una burla a la aplicación de los derechos democráticos. 
Nunca había visto tanto fraude en los preparativos de un referendo como en Rumania. 
Por ejemplo, se prometió a las personas que participaran en el referendo que el Estado pagaría sus facturas de gas y electricidad y se ofreció a los alcaldes viajes gratuitos a China si apoyaban activamente el referendo. 
Dos horas antes del cierre de los colegios electorales, la participación solo alcanzaba el 45%. 
Además, y posiblemente eso sea lo peor de todo, se habló también de restricciones de la libertad de expresión. Uno no siempre está de acuerdo con las opiniones de determinados partidos, pero si ves como los órganos gubernamentales suprimen sin más la opinión de un importante partido de la oposición, en este caso el PRM, en un sitio web, es evidente que el Parlamento debe iniciar una investigación sobre las irregularidades que se han producido durante la organización de este referendo. 
Sería bueno que tomáramos medidas al respecto, ya que Rumania ha solicitado convertirse en Estado miembro. 
Señor Presidente, el jueves, 9 de octubre, nos comunicó que había recibido la posición común sobre la revisión de la legislación sobre los medicamentos. 
Se trata de una legislación importante, que, de aprobarse la posición común, provocará una importante subida del precio de los medicamentos en algunos países, no solo en los actuales Estados miembros, sino también en los países que entrarán en la UE a partir de mayo de 2004. 
Los Ministros de Sanidad de los 10 países en proceso de adhesión han presentado recientemente una queja contra la posición común y contra la forma en que se ha adoptado. 
Los países candidatos han negociado los tratados y han tomado decisiones sobre la base de la antigua legislación. 
Esta nueva legislación es una bofetada para los gobiernos y los ciudadanos de los diez nuevos Estados miembros. 
De hecho, va a suponer un gran gasto para ellos sin que hayan podido expresar su opinión al respecto. 
Esto no es precisamente un ejemplo de buena gobernanza. 
Ahora, la cuestión es cómo debe responder esta Cámara ante lo sucedido. 
Es preciso que encontremos como sea una fórmula que tenga debidamente en cuenta los intereses de los nuevos Estados miembros. 
El artículo 76 de nuestro Reglamento estipula que en las posiciones comunes se debe hacer referencia a la comisión responsable y a las comisiones cuya opinión se haya solicitado en la primera lectura. 
Considerando las consecuencias posiblemente importantes para los nuevos Estados miembros, sería recomendable también solicitar la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad y Política de Defensa de esta Cámara en la segunda lectura, ya que probablemente esa comisión sea la que mejor pueda formular los intereses de los nuevos Estados miembros. 
Por lo tanto, les ruego que, en estas circunstancias especiales, solicitemos la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad y Política de Defensa. 
– Esto tendrá que someterse a los procedimientos apropiados. 
Su Señoría ha señalado correctamente la ruta que hay que seguir para tratar el problema. 
– Señor Presidente, me complace que en la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas la semana pasada, los 25 Jefes de Estado y de Gobierno conjuntamente felicitasen a Su Santidad el Papa Juan Pablo II con motivo del 25 aniversario de su Pontificado. 
Su Santidad es una de las figuras destacadas de los siglos XX y XXI y ahora nos encontramos en el umbral de la reunificación de una Europa que ha estado dividida durante casi medio siglo. 
El Papa ha desempeñado un papel muy importante en el desmantelamiento de las barreras y el cierre del triste capítulo final de la Segunda Guerra Mundial. 
Espero, señor Presidente, que envíe un mensaje en nombre de esta Asamblea y se una al Consejo Europeo para felicitar al Papa Juan Pablo II y desearle suerte en la continuación de su trabajo en favor de la paz en todo el mundo. 
– Señor Hyland, el pasado jueves le hice llegar un mensaje similar en nombre de la Asamblea. 
– () Señor Presidente, quisiera volver sobre lo que acaba de decir la Sra. Corbey con respecto a la segunda lectura sobre los medicamentos y llamar su atención sobre el hecho de que tenemos que cumplir unos plazos muy cortos y que no se contempla el precio de los medicamentos en esta segunda lectura, como tampoco en la primera. 
Creo, por tanto, que no hay que mezclarlo todo y, antes que nada, que no debemos retrasarnos, dado que la Presidencia italiana finaliza en diciembre y nuestros trabajos concluirán a finales del mes de abril. 
Quisiera llamar su atención sobre este punto: es indispensable que dispongamos lo antes posible de una legislación europea en el ámbito farmacéutico. 
Señor Presidente, hace unos días 22 personas se ahogaron cerca de la costa de una isla siciliana, Lampedusa. 
Procedían de Somalia y cada una de ellas había pagado 1.200 dólares para terminar muriendo en su afán por alcanzar Europa. 
Desde el comienzo del año, 7.000 refugiados han llegado a la costa de Lampedusa, todos huyendo desesperados de lugares que no están tan lejos de Europa. 
Es una tragedia frente a la que posiblemente no podamos ofrecer nada más que rutina y resignación. 
En la Cumbre de Bruselas, algunos de los países europeos más importantes se negaron en redondo a estudiar la conveniencia de establecer cuotas europeas de inmigración legal. 
La Presidencia italiana declaró que las medidas estratégicas para luchar contra la inmigración ilegale debían adoptarse en el ámbito europeo, y no en el ámbito nacional. 
Estamos de acuerdo con eso, pero solo podemos lamentar que la Presidencia haya sido incapaz de superar esas reticencias y conseguir algo más eficaz en las conclusiones de la cumbre que un estudio sobre la relación entre inmigración legal e ilegal, que, con toda seguridad, será útil como estudio, pero que es un instrumento totalmente insuficiente para que Europa reaccione debidamente ante esta tragedia. 
Señor Presidente, quiero llamar su atención sobre el hecho de que, con el cambio de la financiación de las redes de documentación europeas y el cierre de los departamentos de documentación en las delegaciones de los Estados miembros, que se van a fusionar con los correspondientes departamentos del Parlamento Europeo, tenemos problemas para informar y mantener informados a los ciudadanos europeos. 
La información y la documentación no deben reducirse en ningún caso, sobre todo en las fechas previas a las próximas elecciones europeas. 
Por eso le pido que se asegure de que su adecuado funcionamiento quede garantizado para el próximo periodo. 
– Quizás el diputado implicado quisiera ponerse en contacto con mi oficina con respecto a determinados elementos de dicha solicitud. 
Pero permítanme asegurarle que esta preocupación merece toda la atención de la Mesa. 
Existe una política activa y decidida para abordar las cuestiones que usted ha planteado. 
– Señor Presidente, me habría gustado intervenir incidentalmente un poco antes, ya que esto tiene que ver con el orden del día de la próxima semana, pero espero que me permita plantear ahora esta cuestión. 
Se trata de la propuesta de que la Comisión emita el jueves 6 de noviembre de 2003 una declaración titulada «Trabajadores de Ford despedidos en Genk». 
Habiendo trabajado durante casi 30 años en la industria del automóvil, siento una enorme simpatía por los trabajadores de Genk y muchos otros empleados, incluidos aquellos de mi propia circunscripción afectados por reestructuraciones de este tipo. 
Pero esta es una declaración muy concreta. 
Entiendo que la planta de Ford en Genk permanecerá abierta: se trata de ajustar la producción eliminando un turno, ya que Ford quiere adaptar la producción a la demanda. 
Si debatiésemos cada caso de este tipo que se produce en la Unión Europea, estaríamos aquí tratando estas cuestiones todos los días de la semana. 
Por ello le pediría –y espero que sus Señorías me apoyen en esto– que amplíe esta declaración de forma que nos incluya a todos, especialmente a aquellos de nosotros que tenemos electores implicados en la fabricación de vehículos a motor. 
¿Podríamos pedir a la Comisión que hiciese una declaración sobre las perspectivas de empleo en el sector del automóvil de la UE? 
Esto permitiría a los colegas que tienen un interés en Genk exponer sus puntos de vista. 
En este caso la Comisión realmente tiene un interés, pero yo simplemente señalaría que la Comisión no tiene interés en el modo en que una empresa desea adaptar la producción a la demanda. 
Aun así, quisiéramos que planteara las previsiones para un sector crucial como este. 
Por ello me gustaría pedirle, señor Presidente, en mi nombre y en el de otros, que solicite a la Conferencia de Presidentes que inviten a la Comisión a que haga una declaración sobre esta base. 
Sería mucho más satisfactorio para todos participar en este debate. 
–Señor Harbour, puedo plantear esta cuestión a la Conferencia de Presidentes, dado que todavía queda algún tiempo, pero yo personalmente no puedo modificar el orden del día aprobado por la Asamblea. 
– Señor Presidente, quiero también referirme en mi intervención a los dolorosos incidentes que, por desgracia, están haciéndose cada vez más frecuentes en las costas italianas. 
En Lampedusa, como ha dicho otro diputado, todavía siguen contabilizando las víctimas que se ha cobrado el último hundimiento de una embarcación, en lo que fue, sin duda alguna, una verdadera tragedia. 
Culpar a la Presidencia Italiana parecería una forma poco imaginativa y decididamente inusual de abordar la cuestión; es posible que la culpa la tengan los países que no han tenido en cuenta las recomendaciones y el compromiso de la Presidencia italiana, los países que se niegan a adoptar unas normas comunes para controlar la inmigración, replegándose en la torre de marfil de su soberanía. 
Pero nosotros también somos responsables, señor Presidente, y le he pedido la palabra precisamente para hablar de esas responsabilidades. 
El Parlamento está tramitando expedientes sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal, sobre normas comunes de asilo, sobre medidas de integración y sobre la ayuda a terceros países para que puedan organizar campañas de información y disuadir a los ciudadanos que estén pensando en abandonar su país. 
Estos expedientes están todavía en un punto muerto. 
Tenemos que evitar el habitual galimatías de enmiendas y acelerar el proceso: es preciso responder a las crisis con medidas urgentes, no con el habitual e irresponsable ritmo tranquilo de los que dan más valor a la burocracia que a la eficacia de las medidas. 
– Dado que este tema ha sido planteado por dos diputados, quisiera hacer un breve comentario. 
Desde Tampere, en octubre de 1999, la Comisión Europea ha presentado varias propuestas de directiva. 
En todos los casos, hasta ahora, el Parlamento Europeo ha cumplido los plazos. 
Pero en seis de los casos en los que nosotros hemos cumplido, el Consejo de Ministros no lo ha hecho, tal y como he señalado en nombre del Parlamento en la reunión del Consejo Europeo de la semana pasada. 
Algunas de estas cuestiones están pendientes en la agenda del Consejo desde hace más de dos años. 
Efectivamente, existe un problema, pero no en este Parlamento, sino en el Consejo y en los Estados miembros. 
Señor Presidente, en la Unión Europea hay una red de los llamados rurales, que se dedican a informar básicamente en las áreas rurales sobre las políticas agrarias a los ciudadanos de la Unión Europea interesados en este ámbito. 
Hay 138 en colaboración con entidades públicas y privadas, ninguna de ellas con ánimo de lucro, y se han encontrado muy sorprendidas por una decisión de la Dirección General de Prensa y Comunicación de la Comisión Europea, de 29 de septiembre, que les retira la ayuda que tenían para sufragar los gastos de funcionamiento de estos centros o rurales. 
Creo que este Parlamento tendría que expresar su preocupación por que uno de los elementos más importantes que tenemos de acercarnos al ciudadano se vea en estos momentos obstaculizado muy gravemente por esta decisión de la Comisión. 
Le ruego, pues, que intervenga en este asunto y asegure el buen funcionamiento de estos centros, en aras de la información de los ciudadanos de estas áreas rurales y de las políticas agrícolas de la Unión Europea. 
– Podemos encargarnos de esa cuestión, tal y como usted solicita. 
Señor Presidente, la operación para criminalizar las acciones pacifistas sigue en marcha en Grecia, con la puesta a disposición judicial de cinco defensores de la paz que, junto con otros miles, expresaron la oposición del pueblo griego a la sucia guerra imperialista contra el pueblo yugoslavo. 
Una de las acciones organizadas fue el bloqueo de las columnas de vehículos de la OTAN, en la que participaron también los cinco pacifistas. 
Aunque fueron juzgados y absueltos, van a volver a ser juzgados el 29 de octubre. 
Recientemente, se ha condenado también a varios miembros del movimiento sindical Frente Militante Pan Obrero, que se oponían a la violación de los derechos de los trabajadores y los derecho laborales, a las sentencias impuestas a los huelguistas y al hecho de que la práctica totalidad de las huelgas se declaren ilegales o abusivas. 
Hemos presenciado, y seguimos viendo, juicios similares contra sindicalistas agrícolas. 
Estamos ante un intento de aterrorizar a los movimientos populares y frenar su expansión. 
Dicho intento encaja perfectamente en el marco de la abolición de los derechos y las libertades laborales y democráticos y de la imposición del nuevo orden de las grandes empresas en todos los sectores. 
Esa acción tiene que recibir una condena categórica y tenemos que tomar medidas para evitar todo intento de recortar los derechos democráticos, que nos augura un futuro muy pesimista. 
En cualquier caso, esos intentos se encontrarán con una reacción aún más intensa de los trabajadores y de nuestros ciudadanos en general. 
– Señor Presidente, quiero llamar la atención de mis colegas diputados sobre una cuestión muy importante para el futuro de esta institución: el Estatuto de los diputados. 
Según tengo entendido, la semana pasada, la Comisión de Representantes Permanentes devolvió al Parlamento su propuesta de un nuevo Estatuto para someterlo de nuevo a debate. 
Quiero preguntar aquí, en el pleno, cómo piensa actuar el Parlamento a partir de ahora para que podamos aprobar un nuevo Estatuto, más transparente y coherente, antes de las elecciones, y qué procedimiento piensa utilizar para debatir esta cuestión con el fin de que podamos pasarnos a un nuevo sistema, aún mejor, en la próxima legislatura tras las elecciones al Parlamento Europeo. 
Quiero conocer su opinión, en calidad de Presidente, sobre este asunto. 
– Y así será, aunque no inmediatamente. 
Esto merece alguna reflexión. 
– Señor Presidente, un gran número de inmigrantes se ahogaron hace poco en las aguas cercanas a las costas de Sicilia. 
Me pregunto cuándo van a dejar atrás las instituciones de la Unión Europea su despiadada y censurable indiferencia ante trágicas muertes como estas. 
También me pregunto cuándo nosotros, los diputados de este Parlamento, guardaremos como mínimo un minuto de silencio por esas pobres almas que buscaban una vida mejor en nuestros países. 
– () Señor Presidente, quisiera llamar su atención, como ha hecho ya uno de mis colegas, sobre un correo enviado a los distintos Info-Points Europe, informándoles de la pérdida de subvenciones de la Comisión Europea. 
Precisamente cuando nuestro déficit democrático se hace sentir cada vez más, ¿no habría que dar la bienvenida a este tipo de estructura, que funciona en red para satisfacción general, ya que es, en efecto, una herramienta de sensibilización en la idea europea, notable por su proximidad al público? 
Ahora bien, he aquí que en el momento de la ampliación, en vísperas de un año crucial para Europa, se han retirado medios indispensables y vitales a nuestros mejores difusores de información. 
Tenemos que constatar también que nos encontramos en total contradicción con la nueva estrategia de información aprobada en 2002. 
En efecto, si la administración considera que la entrada en vigor, el 1 de enero de 2003, del nuevo Reglamento financiero es condición suficiente para dicha supresión, debe saber asimismo que quebranta la confianza de las asociaciones en el trabajo que puede efectuarse y de las autoridades públicas, que nos representan en este terreno. 
Por ello me gustaría saber cómo será posible, antes de 2004, plantear un sistema de apoyo a esta red y quizás más tarde examinar vías alternativas en que podría seguir funcionando. 
–Con respecto a los comentarios realizados sobre la política informativa, trataré el tema con el Vicepresidente encargado de esto, el Sr. Vidal-Quadras Roca. 
Él es también el interlocutor del Parlamento Europeo con la Comisión sobre la cuestión de la política informativa. 
Entonces podremos responder a las Señorías que han planteado estas preguntas. 
– Señor Presidente, la tarde del sábado, una vez más miles de personas llenaron las calles de San Sebastián en respuesta masiva a la detención de ocho prestigiosos miembros del mundo cultural vasco, en lo que podría considerarse una nueva ronda de represión contra los dos principales pilares de la sociedad vasca: su lengua y su cultura. 
Bajo las órdenes de la Audiencia Nacional española, se mantiene todavía incomunicados en Madrid a todos los arrestados en la sede de la Guardia Civil. 
Entre los detenidos el pasado jueves a las 3 de la madrugada se encontraba el Sr. Joxemari Sors. 
Cuando se cerró hace ocho meses el, único diario vasco, este escribió una carta abierta a las autoridades judiciales españolas afirmando que dicho diario no tenía nada que ocultar, pero mucho que revelar si así se le solicitaba. 
La indefensión de las personas que trabajan para promover la lengua y la cultura vascas demuestra claramente el carácter autoritario de la denominada joven democracia española. 
Señor Presidente, no deja de sorprender que un miembro de esta Cámara, que pertenece a una organización declarada ilegal por ser una prolongación de la banda terrorista ETA, que está incurso en un procedimiento judicial en Francia, que está sujeto a una supuesta utilización irregular de los fondos asignados a los diputados, prevaliéndose de su condición de miembro de esta Cámara y amparándose en esa libertad- libertad que sus amigos de la banda terrorista ETA pisotean todos los días -, trate de justificar lo injustificable. 
Yo habría esperado, señor Presidente, que se hubiese hecho una condena del último atentado de la banda terrorista ETA, que se ha producido este fin de semana, pero es evidente que, de una persona que se sitúa en posiciones de indigencia moral, que no ha sido capaz de condenar el asesinato de una niña de seis años ni ninguno de los crímenes de la banda terrorista ETA, es imposible esperar otro tipo de manifestaciones y de comportamientos que los que se han puesto aquí de manifiesto. 
Los informes procedentes de Azerbaiyán y de Bakú son muy preocupantes. 
La OSCE cree que se produjo un fraude electoral. 
Se acosó a los líderes de la oposición y, tras las elecciones, se produjeron disturbios en los que murieron varias personas. 
Ahora nos empiezan a llegar noticias de que miles de miembros de la oposición han sido encarcelados. 
Quiero pedirle que proteste enérgicamente, en nombre del Parlamento, por lo que está ocurriendo en estos momentos en Azerbaiyán. 
Si Azerbaiyán desea convertirse en un Estado democrático respetado, debe cumplir la condición más básica de la democracia y celebrar elecciones libres y abiertas. 
Creo que debe transmitir ese mensaje al presidente recién elegido, Ilham Aliyev, que también es vicepresidente del Consejo de Europa. 
Digo esto como amigo de Azerbaiyán. 
Soy miembro de comité de la Asociación para la Amistad entre Azerbaiyán y Suecia. 
– Señor Presidente, le ruego transmita este mensaje a las autoridades de Azerbaiyán. 
Esto sería muy útil, ya que escuchan a Europa; quieren ser parte de Europa. 
– Con mucho gusto. 
– Señor Presidente, recientemente se han concedido varios Premios Nobel a personalidades destacadas de las ciencias y la literatura, pero creo que uno en particular merece una mención en este Parlamento. 
El Premio Nobel de la Paz ha recaído esta vez en una abogada iraní, la Sra. Ebadi, que ha luchado sin descanso y con valentía por los derechos humanos y los derechos de la mujer en su país. 
Este premio constituye un enorme impulso para la lucha por la emancipación de la mujer en el Irán, así como para la lucha por la democracia y en contra del gobierno teocrático de los mulás en ese país. 
Por eso, el premio concedido a la Sra. Ebadi ha sido recibido por miles de personas, por miles de demócratas, con múltiples alabanzas a su persona. 
Resultó desafortunado que el presidente del Irán, el supuestamente reformista Sr. Jatamí, minimizara su importancia, diciendo que, después de todo, el Premio Nobel no era tan especial. La sociedad iraní actual está en ebullición. 
Es una sociedad que aspira a la democracia, y lucha por la libertad, la democracia, los derechos humanos y los derechos de la mujer en el Irán. La Sra. Ebadi puede ahora ocupar un puesto al frente de esa batalla. 
Señor Presidente, le agradecería que felicitara a la Sra. Ebadi, ya que este Premio Nobel merece la mención en esta Cámara, por haber recaído en alguien comprometido con una gran causa, una de las causas de esta Cámara, la causa de la democracia, los derechos y las libertades. 
– El aplauso lo dice todo. 
Me comunicaré con la ganadora del premio en nombre del Parlamento. 
– Señor Presidente, conforme al artículo 122 del Reglamento, quisiera decir solamente una cosa sobre los comentarios del Sr. Salafranca hace unos minutos. 
En primer lugar, no confía en mi palabra, por lo tanto no soy una persona digna de su confianza y esto me enorgullece. 
En segundo lugar, no ha dicho que yo mintiese, así que lo que dije era la verdad, la auténtica verdad. 
En tercer lugar, ha dicho que estoy proscrito en no sé cuántas circunstancias, por parte de no sé cuántos tribunales españoles y franceses. sin duda estamos ilegalizados en España, por la joven democracia española que he mencionado antes. 
Pero lamento decirle, señor Salafranca, que no tengo problemas fuera de España. 
Parece que existe una ligera diferencia entre la noción de democracia en España y la que tienen los demás países de Europa. 
Señor Presidente, el Sr. Gorostiaga se ha referido a los eventuales problemas que yo pueda tener en España o fuera de España. 
Quiero decirle- ya que lo ha mencionado y se ha referido a ese hecho- que mi coche particular ha sido volado en el aeropuerto de Barajas por sus amigos de la banda terrorista ETA. 
Y lo que he dicho lo reitero: el Sr. Gorostiaga no ha levantado su voz en este hemiciclo ni una sola vez para condenar los crímenes, los asesinatos, la extorsión y el tiro en la nuca de sus amigos y correligionarios de la banda terrorista ETA. 
Y esa posición me parece una posición de indigencia moral y de una persona que no tiene entrañas. 
Y es una vergüenza, señor Gorostiaga, que usted se prevalga de la libertad que le confiere ser miembro de esta Cámara- libertad que sus amigos de la banda terrorista ETA pisotean todos los días- para hacer aquí sus soflamas, absolutamente impresentables. 
–De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre la recomendación para la segunda lectura (A5-0343/2003) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguimiento de los bosques y las interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus) (8243/01/03 – C5-0292/2003 – 2002/0164 (COD) ) (Ponente: Encarnación Redondo Jiménez). 
Señor Presidente, cuando hace aproximadamente un año votábamos aquí, en primera lectura, el informe de este Parlamento y obteníamos una mayoría suficiente para apoyar las tesis que yo defendí, me sentí fuertemente respaldada por todo este Parlamento. 
En esas tesis constaba la necesidad de la firmeza política que debía demostrar este Parlamento ante la propuesta del Reglamento Forest Focus, que presentaba la Comisión en sustitución de los dos antiguos Reglamentos de contaminación: lucha contra la contaminación en Europa y lucha contra los incendios en Europa. 
En la propuesta que presentaba la Comisión, se añadía a estos dos objetivos- "contaminación" e "incendios" -el estudio de la biodiversidad, del cambio climático y de la retención del carbono. 
La Comisión decía que todo ello debía realizarse con menos dinero- con 51 millones de euros- y que, además, el tema de la lucha contra incendios, en su prevención, pasaría al Reglamento de desarrollo rural. 
De ese modo, este Parlamento abandonaba una codecisión por una simple opinión, sin poder controlar si esos programas se iban a cumplir o no, puesto que se dejaban al criterio de los Estados miembros y pasaban a incluirse en un Reglamento cuyo control por parte del Parlamento se reducía a una opinión. 
Por lo tanto, este Parlamento, políticamente, no podía aceptar esa propuesta, ni pudo aceptarla tampoco cuando se mandó la posición común del Consejo y se discutió y se hizo un pequeño esfuerzo, de medio millón de euros, para pasar de 13 a 13,5 millones por año, que suponía un esfuerzo mínimo a la hora de evaluar nuestros bosques, porque no basta con decir que creemos en ellos, sino que nuestro apoyo se debe traducir presupuestariamente en un incremento mayor, en un esfuerzo mayor, puesto que es el único Reglamento que tenemos para nuestros bosques. 
Hemos celebrado numerosas reuniones, tanto con el Consejo como con la Comisión, para llegar a un acuerdo y que este se traduzca en un compromiso importante, que se va a alcanzar, si Dios quiere, mañana en este Parlamento. 
Se ha recibido una propuesta del Consejo, que ha sido aceptada en el Coreper, donde ya se contemplaban aquellas necesidades primarias y prioritarias que este Parlamento había dibujado en su primera lectura. 
En el artículo 1 se contempla la lucha contra la prevención de incendios en pie de igualdad con el resto de los objetivos del Reglamento "Fores Focus". 
En el artículo 13 se fija el incremento presupuestario, no en la proporción que nos hubiese gustado, pero sí en aquélla que ha sido posible para llegar a este acuerdo entre todos los Estados miembros- hasta 61 millones de euros hasta el año 2006 -; y en el artículo 18 se insta a los Estados miembros a presentar una evaluación del Reglamento antes de finales de 2005 y a la Comisión a que presente nuevas propuestas a partir de 2006. 
Con este acuerdo, alcanzado entre la mayor parte de los grupos políticos de esta Cámara, espero que mañana podamos cerrar este Reglamento en segunda lectura y demos un empuje político a la construcción europea. 
Era muy difícil de entender para los países de la Unión Europea, sobre todo para aquellos que este verano hemos estado ardiendo- Europa por los cuatro costados, pero fundamentalmente los países del Sur -, que la prevención no se contemplara en este Reglamento. 
Su introducción en igualdad de condiciones es una satisfacción para nosotros y quiero agradecer fundamentalmente a la Comisión, a la Comisaria y a Marie Claude Blin sus esfuerzos para lograr este acuerdo; expreso también mi agradecimiento al Consejo, que se ha esforzado tenazmente para que lleguemos a este acuerdo, así como a todos los ponentes alternativos de todos los grupos políticos, que hemos avanzado para que este acuerdo, en segunda lectura, sea posible y tengamos resuelto lo que se nos planteaba como un grave problema: la lucha contra los incendios. 
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a la ponente, la Sra. Redondo Jiménez, por su informe sobre el Reglamento Forest Focus sobre el seguimiento de los bosques y las interacciones medioambientales y por su flexibilidad en la presentación del paquete de compromiso diseñado para alcanzar un acuerdo en segunda lectura. 
Quisiera recordar para qué se concibió el Forest Focus. 
La normativa tiene por objeto establecer sistemas de seguimiento e información para ayudar a proteger los bosques. 
Las buenas decisiones políticas deben basarse en información fiable y creo firmemente que necesitamos un control de los bosques armonizado y global a largo plazo en el ámbito comunitario. 
Esto también es importante para que la Comunidad y los Estados miembros puedan aplicar actividades acordadas a escala internacional. 
Además de esta labor principal de seguimiento, quisiera asegurarles que la Comisión otorga una gran importancia a la necesidad de garantizar la continuidad de las medidas amparadas por las dos normativas anteriores sobre la protección de los bosques frente a la contaminación atmosférica y el fuego. 
Por este motivo, desde principios de verano los servicios de la Comisión han adoptado un planteamiento flexible en respuesta a las preocupaciones expresadas por el Parlamento y los Estados miembros en primera lectura. 
Me complace decir que la Comisión puede estar de acuerdo con el compromiso presentado por el Parlamento y por la ponente, la Sra. Redondo Jiménez. 
() Señor Presidente, quisiera comenzar por expresar mis felicitaciones a la ponente, la Sra. Redondo Jiménez, que ha realizado un trabajo notable, con el apoyo, evidentemente, de la Comisaria Wallström. 
He dicho que notable porque al final, a pesar de nuestras vivas preocupaciones iniciales, hemos conseguido este acuerdo de compromiso con el Consejo. 
El bosque europeo es muy variado: del bosque escandinavo al bosque mediterráneo, encontramos problemas completamente diferentes. 
Este verano, en Europa del sur se registraron catástrofes debidas a la sequía y a la canícula. 
Era importante, por tanto, tener en cuenta la prevención de los incendios. No era algo evidente al principio. 
Como la Sra. Redondo Jiménez ha explicado bien, debemos considerar el bosque en todas sus dimensiones: la dimensión medioambiental con los problemas de contaminación, y las dimensiones económica, turística y social. 
Debemos confrontar las experiencias de unos y otros, aprovechar efectivamente los buenos ejemplos de los países escandinavos en materia de gestión de bosques, pero también contemplar el bosque en el marco del desarrollo rural. 
Sin duda muchos Estados miembros tienen que reflexionar sobre el futuro de sus bosques. 
La prevención de incendios pasa por el mantenimiento de la agricultura en nuestro territorio. 
Los detractores de la política agrícola común deberían reflexionar sobre ello. 
En las zonas de riesgo también hay que desarrollar la información al público. 
Por último, y sobre todo, la reconstitución de los bosques devastados debe llevarse a cabo con inteligencia, eligiendo especies adaptadas al terreno y al clima y más capaces de resistir a los incendios. 
No podemos, pues, sino alegrarnos del nuevo marco financiero 2003-2006, dotado con 61 millones de euros, de los que 9 millones serán asignados a la prevención de los incendios. 
Por fin, vamos a poder ejercer plenamente nuestro poder de codecisión, puesto que en 2006 haremos también una evaluación de lo que hayamos hecho. 
La negociación ha sido muy larga, pero el resultado es importante para Europa. 
A nosotros nos corresponde continuar estos esfuerzos, ya que, como ha dicho la Comisaria, es una tarea continua. 
– Señor Presidente, yo también deseo felicitar a la ponente por este importante trabajo. 
Los bosques son un importante recurso natural y su gestión sostenible es vital, no solo para la diversidad natural y el equilibrio ecológico, sino también para nuestra economía y prosperidad. 
Es importante crear una base de datos común sobre el estado de los bosques y la contaminación medioambiental que supone una amenaza para ellos. 
De esta forma, estaríamos mejor situados para luchar contra las amenazas y proteger nuestros recursos forestales de mayor calidad en el futuro. 
En el debate celebrado en el Parlamento, añadimos la prevención de los incendios forestales al grupo de actividades que se financiarán con el programa, a propuesta de la Comisión. 
Al mismo tiempo, el Parlamento se ha mostrado también dispuesto a incrementar la financiación del programa como parte del compromiso del intergrupo. 
En su posición común, el Consejo se mostró frontalmente opuesto a ambas cuestiones: tanto a la inclusión de las actividades de prevención de incendios como al incremento de la financiación. 
Sin embargo, en los debates se ha producido una evidente convergencia de opiniones. 
El Parlamento, y también la Comisión, han trabajado mucho para acercar al Consejo a la posición del Parlamento. 
Ahora nos queda conseguir que al final se llegue a un consenso. 
Si el compromiso del intergrupo se pone en peligro de alguna forma en la votación de mañana, puede peligrar también la viabilidad de todo el plan, así que espero que la ayuda divina que ha solicitado la ponente esté presente en la votación de mañana. 
También como parte del compromiso, el programa finalizará cuando concluya el año 2006. 
La Comisión debe presentar una propuesta para continuar las acciones dirigidas a proteger los bosques contra la contaminación atmosférica y otros fenómenos que los debilitan. 
No obstante, hay que tener en cuenta la gran diversidad de los bosques europeos. 
Las actividades de prevención de incendios deben enmarcarse en programas regionales para poder abordar los problemas más destacados de cada región y asegurar que las actividades realizadas sean adecuadas para los tipos de bosque y el clima. 
También es importante que los habitantes de una región puedan participar en estos programas. 
Por eso creo que, cuando se trabaje en este programa en el futuro, deben recalcarse muy claramente estas cuestiones, y pienso que los Estados miembros proporcionarán información valiosa antes de que la Comisión presente su propia propuesta para después de 2006. 
Señor Presidente, tengo que felicitar a la Sra. Redondo por esa modificación que ha hecho sobre los bosques. 
Mi grupo y yo vamos a respaldarla, y quiero también elogiar la intervención de la Sra. Wallström tan preocupada siempre y tan sensible con todos los problemas medioambientales, como ha demostrado en sus intervenciones sobre el Estado español y su reparto del agua. 
Yo estoy de acuerdo con todo el informe, considero que es de una sensibilidad importante el aumento de millones para la reconstrucción de los desastres forestales, pero me parece que tiene que haber un control democrático en todos los países del Mediterráneo para que se cumplan verdaderamente las inversiones de este Parlamento en cuanto a información, prevención y repoblación, porque si no, podemos encontrarnos dentro de unos años en el mismo punto de salida, afectados por la situación atmosférica, por la situación de recalentamiento de la tierra y por la mala gestión de los Estados miembros. 
Se ha hablado de la diversidad de los bosques en toda la Unión Europea y, por lo tanto, pensamos que debe hacerse una política forestal común para toda Europa. 
– () Señor Presidente, cambio climático, canícula y delincuencia ecológica: todos estos fenómenos han provocado catástrofes este verano que hay que combatir a todos los niveles, y este informe no es más que una manera de hacerlo. 
A fin de cuentas, los importes en juego son modestos y quizás no merezcan todas esas batallas políticas para llegar a este compromiso. 
Con todo, los Verdes estamos satisfechos con este compromiso que por fin ha salido a la luz. 
Creemos que este informe podría haberse resuelto hace mucho tiempo y nos tranquiliza que, al fin, pueda lanzarse este programa. 
Habría podido comenzar ya en 2002. 
Tenemos que recordar también que las medidas de este programa son transitorias y que los países que no hayan invertido en prevención de incendios harían bien en hacerlo de aquí a la revisión en 2006. 
Deseamos que la Unión encuentre un justo medio, en la próxima revisión, para lograr un equilibrio entre los dos miembros de los países del norte, que defienden la subsidiariedad en materia forestal, y el sur, que quizás tendería un poco a llamar a la puerta de la tesorería europea cuando se planteen problemas. 
Por último, pedimos que, en el marco de los proyectos, la biodiversidad sea un factor de selección, porque, aunque es difícil explicar qué es la biodiversidad, sabemos muy bien lo importante que es en materia forestal. 
Por tanto, cuando se proceda, por ejemplo, a repoblaciones forestales, deberá hacerse restaurando la biodiversidad forestal, que los incendios de este verano han puesto en peligro, si no destruido totalmente. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero aprovechar esta intervención para expresar mi satisfacción con el progreso realizado en el diálogo interinstitucional y el compromiso que creo que se ha alcanzado. 
En su primera lectura, nuestro grupo respaldó plenamente las enmiendas presentadas en el Parlamento, sobre todo las de la Sra. Redondo Jiménez, a quien felicito por su trabajo. Dichas enmiendas se concentraron en tres cuestiones esenciales de este nuevo programa Forest Focus: la necesidad de prestar debida atención a la prevención de los incendios forestales, la necesidad de que el marco presupuestario sea más abierto y la necesidad de prestar una mayor atención al principio de subsidiaridad. 
Por lo tanto, apoyamos la mayoría de las enmiendas, tanto las presentadas por la Comisión como las demás propuestas de los diputados de esta Cámara, algunos de los cuales son miembros de mi propio grupo. 
Acogemos con agrado las noticias de que se ha llegado a un compromiso. Ese compromiso es consecuencia del debate celebrado aquí el pasado mes de febrero en primera lectura y es especialmente pertinente ante la mayor concienciación que existe ahora sobre la cuestión tras los desastres de este verano. 
Solo quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles algunas de las resoluciones que hemos aprobado recientemente. 
En septiembre, el Parlamento Europeo insistió en la necesidad de seguir aplicando una política eficaz de prevención de incendios forestales, además de reiterar que la Comunidad debe promover medidas de vigilancia y prevención, especialmente en el marco del Reglamento Forest Focus. 
Asimismo, esta Cámara insistió en la necesidad de reasignar a la Unión Europea los mismos recursos financieros aprobados en virtud del Reglamento 2158/92 sobre la protección de los bosques comunitarios contra los incendios, en particular para financiar medidas apropiadas de prevención de incendios forestales, como tuberías, cortafuegos, pistas forestales, puntos de acceso y puntos de agua. 
Hace menos tiempo todavía, durante el período parcial de sesiones de octubre, cuando movilizamos el Fondo de Solidaridad, se reiteró este punto. 
Por lo tanto, me alegro de que el Consejo y la Comisión se muestren por fin más receptivos a las continuas peticiones del Parlamento y hayan disipado una de las grandes preocupaciones de la opinión pública europea. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a la Sra. Redondo Jiménez por el sólido trabajo que ha realizado en el Reglamento Forest Focus. 
Permítanme dejar claro que apoyamos plenamente la parte del Reglamento relativa a la protección contra los incendios forestales. 
No obstante, considero que las nuevas partes del Reglamento que hacen referencia a la estrategia del suelo y al estudio de la biodiversidad son cuestiones que competen a cada uno de los Estados miembros. 
La producción forestal en el sur de España y en el norte de Escandinavia no son comparables. 
Finlandia y Suecia poseen conjuntamente el 40% de la producción forestal europea, que es la columna vertebral del mayor negocio de exportación en esos países. 
Suecia cuenta con una ley forestal cuyo centésimo aniversario celebramos este año. 
La mayoría de los bosques están certificados, lo que significa que los propietarios de los bosques se ocupan ellos mismos de proteger la biodiversidad. 
La responsabilidad funciona mejor en el ámbito local. 
Las labor de la Unión Europea en este terreno no se puede controlar totalmente desde Bruselas. 
Las estrategias y leyes forestales nacionales de los Estados miembros deben abarcarlo todo y los propietarios particulares de los bosques deben asumir la responsabilidad de lo que les corresponde por ley. 
– () Señor Presidente, como usted sabe, muchas regiones del sur de Europa se han visto severamente afectadas este verano por incendios forestales sin precedentes. 
En su Resolución sobre las consecuencias de este verano canicular, votada el pasado 4 de septiembre, el Parlamento Europeo votó, por una mayoría muy amplia, una enmienda presentada por iniciativa de mi colega el Sr. Savary, con el apoyo de 31 diputados socialistas, entre los cuales me encontraba yo, que insistía en que se volvieran a dar a la Unión Europea los mismos medios financieros que en el Reglamento relativo a la protección de los bosques contra los incendios en la Comunidad, para financiar, en particular, los trabajos pertinentes de prevención de incendios forestales, como cortafuegos, pistas forestales, puntos de acceso y bocas de agua. 
Permítanme, por tanto, congratularme de que el Consejo, gracias por lo demás a la perseverancia de la ponente, la Sra. Redondo Jiménez, reconozca por fin en parte la validez de nuestros argumentos. 
En efecto, mañana tendremos que pronunciarnos sobre dos enmiendas que nos dan la razón parcialmente. 
Pero ¿es suficiente? 
Los incendios forestales deberían seguir siendo una de nuestras prioridades políticas, uno de los símbolos de la solidaridad entre la Europa del norte y la Europa del sur. 
Deseo pues vivamente que, durante el ejercicio de evaluación de la Comisión en diciembre de 2005, se plantee de nuevo la cuestión de una línea presupuestaria, autónoma y europea, consagrada a la prevención de los incendios forestales, y ello en estrecha cooperación con todas las partes interesadas, en primer lugar los silvicultores. 
Por consiguiente, tendremos que examinar, sin prejuicio de ningún tipo, si la opción tomada hoy no va en detrimento de una política de seguridad general, política que había demostrado una gran eficacia y que constituía una señal visible de la presencia de la Unión Europea en nuestras regiones. 
Señor Presidente, la sustitución en la definición de «ecosistemas forestales» por «bosques» es un paso atrás desde el punto de vista científico, puesto que «ecosistemas forestales» es un término científicamente mucho más completo. 
Además, un ecosistema forestal no lo es únicamente porque mida media hectárea; para que una zona pueda considerarse un ecosistema forestal, tiene que cumplir una serie de criterios y condiciones previas. 
Asimismo, el informe no hace ninguna referencia a los bosques que tienen arbustos y en los que los árboles representan menos del 10%. 
Diez millones de acres de ecosistemas forestales en mi país, que actualmente están protegidos por la legislación griega y que son un bien protegido básico, podrían ser explotados, con incalculables consecuencias para el ecosistema forestal, el subsuelo, la retención de agua y la prevención de inundaciones y el enriquecimiento de la capa freática, de aplicarse la nueva ley, que en esencia adapta la legislación griega a la directiva propuesta, según lo anunciado por el gobierno. 
Ninguna de las llamadas políticas forestales que se han aplicado hasta la fecha –y menciono a mi país como un ejemplo típico de lo que no debe hacerse– ha abordado los problemas básicos de los ecosistemas forestales; más bien al contrario, han contribuido a la privatización de los bosques, de ahí el gran número de ataques de pirómanos, ya que estamos hablando de incendios, la rápida aparición de grandes empresas y la especulación en ecosistemas de gran tamaño e importancia, como los parques nacionales, etc., así como las expropiaciones y recalificaciones, con el fin de aumentar la especulación utilizando los terrenos con fines turísticos y para la construcción de viviendas. 
Por último, se está hablando mucho sobre los ecosistemas forestales, pero son solo palabras huecas; de hecho, la aplicación de políticas y opciones económicas más generales se está endureciendo, con un control más opresivo y una completa indiferencia hacia las peculiaridades y las necesidades reales de los ecosistemas forestales de los Estados miembros, también en este caso al servicio de la especulación de las grandes empresas. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Redondo Jiménez por el espléndido trabajo que ha realizado con la redacción del informe sobre el programa Forest Focus. 
Me parece excelente que la Unión Europea esté dando este importante paso para mejorar el estado de nuestros bosques y apoyar una política forestal mejor y más diversa en todos los Estados miembros. 
Para los países nórdicos, y para Finlandia en particular, los bosques son especialmente importantes para el ocio y la economía, pero también para la conservación de la naturaleza. 
Los bosques de los distintos Estados miembros de la Unión Europea son muy diferentes unos de otros, como consecuencia, por ejemplo, de sus respectivas condiciones naturales. 
La importancia social de los bosques y la principal razón por la que son necesarios difieren también en distintas partes de Europa. 
El verano pasado vimos el tipo de destrucción masiva que causan los incendios forestales. 
Me alegro de que el Parlamento haya prestado atención también a la prevención de los incendios forestales, además de a las actividades de vigilancia. 
En concreto, me gustaría expresar mi apoyo a la enmienda 19, que afecta a la posición del Comité Forestal Permanente. 
En mi opinión, el Comité Forestal Permanente debe participar en este programa y ocuparse de la coordinación de las cuestiones forestales en el ámbito comunitario. 
La próxima ampliación de la UE exigirá también una mejor coordinación de la política forestal. 
Existen grandes diferencias entre los actuales y los nuevos Estados miembros en lo que respecta a la estructura de propiedad de los bosques, así como en la promoción de los bosques privados. 
Por ejemplo, los fineses podríamos ofrecer ayuda experta a los países de Europa Central y Oriental, aprovechando nuestra experiencia en la materia. 
Creo que también hemos de acoger con agrado la enmienda 4, que recalca el carácter multifuncional de los bosques. 
Esa enmienda es importante, como también lo es la enmienda 15 sobre el cumplimiento del principio de subsidiaridad, porque ambas subrayan las diferencias entre bosques y entre nuestras condiciones regionales y climáticas. 
El plan apoya, muy correctamente, las políticas forestales nacionales de los Estados miembros, aunque respeta también las características ecológicas concretas de las regiones más remotas de la UE. 
En el futuro tendremos que enfatizar la importancia prioritaria de las medidas nacionales y de las normas que rigen la gestión de los bosques. 
En mi opinión, la aprobación de normas y reglamentos sobre la gestión de los bosques debe recaer en el futuro en los poderes de decisión de cada Estado miembro. 
En este sentido, deseo también apoyar la opinión de mi colega, Peder Wachtmeister, según el cual el uso sostenible de los bosques y la toma de decisiones forestales son, ante todo, responsabilidad de sus propietarios. 
– Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, nuestros bosques constituyen una parte inestimable e irreemplazable del patrimonio de la humanidad y de todos los seres vivos. 
Protegerlos y conservarlos es esencial para nuestra supervivencia. 
Todos conocemos la importancia de los bosques para el equilibrio del planeta, para la biodiversidad y para la actividad económica, por no hablar de los beneficios estéticos y medioambientales que nos aportan. 
Europa está preocupada por el futuro de sus bosques y debe empezar por dar ejemplo con su manera de proteger las áreas boscosas. Esto vale para toda Europa, desde el Mediterráneo hasta Escandinavia, puesto que los problemas de nuestros bosques no tienen fronteras. 
El Reglamento Forest Focus pretende aprovechar la experiencia de dos reglamentos anteriores con el fin de crear un sistema de seguimiento a largo plazo diseñado para evaluar el estado del ecosistema forestal de la Unión Europea. 
También refleja nobles ambiciones, ya que trata de abarcar campos como la contaminación, el cambio climático, la biodiversidad, los recursos naturales y los suelos. 
El primero de ellos es el recorte de la financiación total para lograr esos nobles objetivos, un recorte que el compromiso alcanzado ha conseguido hacer menos abrumador. El segundo problema es el sacrificio de las medidas de prevención de incendios recomendadas para los programas de desarrollo rural. 
La reintroducción de la dimensión de lucha contra los incendios nos tranquiliza: es innegable que se han hecho avances. 
La Comisión prometió que, cuando presente su comunicación sobre la estrategia forestal, tal y como prevé hacer a finales de este año, incluirá una propuesta sobre planes para la protección contra los incendios. Sobra decir que eso nos parece insuficiente. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, nuestra especial sensibilidad ante el problema de los incendios es comprensible. 
Las imágenes de las enormes llamas que el pasado verano dejaron tras de sí estragos y destrucción, sobre todo en Portugal, siguen muy vivas en nuestra memoria. El recuerdo de esas llamas no se nos borrará fácilmente de la memoria, ni tampoco lo hará de nuestros paisajes. 
– Señor Presidente, sin duda los incendios forestales son una plaga que destruye miles de hectáreas de bosques en la Unión Europea todos los años, sobre todo en los países meridionales. 
Como sabemos, este año no fue una excepción, y la situación alcanzó proporciones trágicas en los países del sur, sobre todo en Portugal, donde murieron 20 personas, 45.000 ciudadanos se quedaron sin la fuente de sus ingresos y se calcula que más del 11% de los bosques fueron arrasados por los incendios. El coste total asciende a más de 1 300 millones de euros en daños directos 
Este desastre demuestra claramente que la Unión Europea tiene que promover medidas para luchar contra los incendios forestales, sobre todo en el ámbito de la prevención. 
Una amplia mayoría del Parlamento Europeo utilizó la resolución del 4 de septiembre sobre las consecuencias de la ola de calor del pasado verano para indicar que era así como veía esta situación. Esa resolución no solo solicitaba más fondos para reforzar el programa Forest Focus, sino también la inclusión en ese programa de medidas de prevención suficientes en consonancia con las acciones contempladas en el Reglamento 2158/92, que dejó de estar vigente el 31 de diciembre de 2002. 
Quiero también recordarles que no todas las medidas de prevención de incendios contempladas en ese Reglamento quedan cubiertas por las acciones forestales estipuladas en el reciente Reglamento 1999/1257 sobre desarrollo rural. 
Digo esto porque la continuidad es importante para las medidas de prevención, que son aún más urgentes en las actuales circunstancias. 
La ponente reitera, con razón, su insistencia de incluir las enmiendas relativas a la prevención que se presentaron en la primera lectura y fueron rechazadas por el Consejo. 
También solicita un incremento de los fondo destinados al programa Forest Focus. 
Se trata de propuestas positivas que este Parlamento debe aprobar una vez más y que yo apoyo. Asimismo, lamento que en el compromiso final no se considerne todas estas medidas de forma conjunta. 
Pienso que la necesidad de preservar el patrimonio de nuestros bosques, unida a la situación de alto riesgo de muchas zonas forestales, obliga al Consejo a aceptar estas enmiendas sobre prevención y financiación presentadas por el Parlamento. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Redondo por su trabajo y sus esfuerzos, así como por la pasión con la que ha defendido lo que resulta obvio. 
Ninguna persona inteligente negaría que el valor de los bosques es incalculable. 
Tienen un valor medioambiental, económico, social, cultural, climático, sanitario y, además, histórico. 
Por lo tanto, cuando se tiene que cuidar algo que no tiene precio, es inaceptable llegar a compromisos en relación con su dimensión económica y las medidas que se toman. 
Permítanme que les recuerde que hace 5 000 o más años, los griegos ya habían puesto el cuidado de los bosques en manos de los dioses, mientras que nosotros pactamos sobre qué fondos debemos destinar –más o menos– a salvar y cuidar este tesoro que nos ha dado Dios y cuyo valor es inestimable. 
En cualquier caso, tenemos que mostrarnos decididos a analizar tanto el estado de los bosques como la información necesaria para identificar las causas de los incendios Para poder salvar los bosques, tenemos que atacar de raíz las causas que los amenazan. 
Tenemos que hacer un esfuerzo para concienciar más a los ciudadanos sobre la forma de cuidar y utilizar los bosques. 
Tenemos que adoptar medidas que para evitar que se declaren incendios o que se propaguen una vez declarados. 
Tenemos que cuidar los bosques y, por último, tenemos que darnos cuenta de que los incendios forestales no se atienen a lo estipulado por el Reglamento Schengen. 
Traspasan fronteras sin ningún tipo de control, y es que los fuegos no conocen fronteras. 
Por eso, se precisa una cooperación muy estrecha y muy eficaz entre los países de la Unión Europea y otros países, y tenemos que ayudarnos mutuamente para conseguir el mejor resultado posible. 
– Señor Presidente, tras los incendios que asolaron Portugal el pasado verano, arrasando más del 10% del país, cada vez es más evidente que ese desastre podía haberse evitado en gran medida con medidas preventivas eficaces. 
Lo cual me hace pensar en el viejo refrán de «más vale prevenir que curar». 
Durante su visita a las regiones afectadas por los incendios, el propio Comisario Barnier llamó la atención sobre esta consideración. 
Ha quedado perfectamente claro que necesitamos sistemas de control, pero lo que necesitamos sobre todo es protegernos de las causas del declive de los bosques. 
Solo estudiando las causas y sus efectos podremos lanzar una campaña eficaz para la prevención de los incendios. 
Por lo tanto, las medidas de prevención tienen como objetivo reducir el tamaño de las áreas afectadas, combatir las causas de los incendios y controlar nuestros bosques. 
La Unión Europea no puede contentarse con realizar un seguimiento de los incendios y tomar medidas cuando ocurre un desastre. 
Lo que se precisa es una política de prevención real. 
Por consiguiente, lo que no debe hacerse es imponer medidas no deseadas a Portugal, sino diseñar medidas tangibles y sólidas compatibles con la estrategia forestal nacional que se está formulando actualmente. 
Por lo tanto, creo que la prevención debe formar parte integral del programa Forest Focus, con independencia del Reglamento sobre desarrollo rural. 
Cuando abordamos una cuestión tan importante como los bosques, uno de los tesoros de Europa, no podemos pensar en escatimar unos céntimos. 
Por eso he propuesto ya que se incrementen los fondos destinados a estas medidas de prevención en el presupuesto general de la Unión Europea, por medio de la perspectiva financiera para el periodo hasta 2006. 
Ninguna medida preventiva podrá ser realmente operativa si no cuenta con el respaldo de unos recursos económicos suficientes. 
Por último, no quiero terminar esta intervención sin felicitar a la ponente, la Sra. Redondo Jiménez, por su sensibilidad a la hora de abordar esta cuestión tan delicada para Portugal. 
. –Señor Presidente, quisiera dar las gracias a sus Señorías por sus interesantes e importantes comentarios. 
Señor Folias, está usted totalmente en lo cierto al decir que no podemos confiar en los dioses para que asuman la responsabilidad sobre los bosques. 
Los sucesos de este verano, con enormes incendios forestales en Portugal y en otros países, lo demuestran. 
Por supuesto, para mí existe una relación con el cambio climático. Creo que los dioses lamentan lo que estamos haciéndole a este planeta y a nuestro clima. 
Es preciso un acuerdo en segunda lectura para garantizar la continuidad de las medidas que se han llevado a cabo durante un período de más de 15 años. 
La pérdida de un año en el control de los incendios forestales y los efectos de la contaminación atmosférica sobre los bosques por supuesto implicaría un vacío de información que solamente podría cubrirse tras varios años de esfuerzos adicionales. 
Esto debe evitarse. 
El enfoque transaccional daría a la Comisión Europea tiempo para reflexionar, conjuntamente con los Estados miembros y los sectores interesados, sobre las formas en que pueden minimizarse los riesgos de incendio y sobre las posibilidades de mejorar las medidas de prevención del modo más adecuado después de 2006. 
En este sentido, quisiera animar a los diputados del Parlamento Europeo a que presten apoyo a la propuesta de compromiso que pretende alcanzar un amplio consenso. 
Quisiera dar una vez más las gracias a la ponente y a todos los diputados. 
– Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0335/2003) del Sr. Maaten, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la calidad de las aguas de baño. 
. –Señor Presidente, el caluroso verano que hemos tenido en toda Europa ha hecho que los lugares de baño fuesen visitados por turistas y lugareños que disfrutan los placeres de bañarse en agua limpia. 
Desgraciadamente, también existen algunos riesgos asociados al baño en aguas naturales. 
Las aguas de baño pueden estar contaminadas por bacterias que provienen de viviendas, hoteles o quizás edificios de oficinas. 
La agricultura también puede ser una fuente de contaminación y el ganado puede contaminar ríos y lagos. 
Debido a ello, en los casos de riesgo los bañistas pueden contraer gastroenteritis, infecciones de oído u oculares, o incluso enfermedades más graves. 
Con el fin de reducir los riesgos del baño, en 1976 se adoptó una Directiva sobre aguas de baño. 
Esta Directiva ha funcionado especialmente bien y en la actualidad casi el 95% de las aguas de baño de Europa se adaptan a las normas de calidad que esta establece, en contraste con tan solo el 60% registrado hace diez años. 
Sin embargo, debemos mirar al futuro. 
La Directiva vigente sobre aguas de baño se basa en normas sanitarias y de higiene de los años sesenta, que han evolucionado desde entonces. 
Las normas sociales también han cambiado y en la actualidad la implicación y la información pública se han convertido en los pilares de la gobernanza. 
El enfoque de tipo legislativo que constituye la esencia de la Directiva de 1976 está anticuado, ya que se basa solamente en el control y la medición, no en la gestión activa y correcta de las aguas de baño. 
Estas son solamente algunas de las razones por las que la Comisión organizó la prolongada y concienzuda consulta al público y a los sectores interesados, y planteó una nueva propuesta para una Directiva sobre aguas de baño, que busca un nivel de protección común y similar para todas las aguas y los bañistas de la UE, ya se trate de centros turísticos principales o lugares de baño locales tradicionales. 
Esta nueva propuesta apoya el concepto de gestión de playas e información y participación pública, pero principalmente defiende unas normas sanitarias más estrictas, gracias a las que nuestros hijos podrán bañarse en aguas más seguras, reduciendo el riesgo de enfermedad asociado al baño. 
. Señor Presidente, como ha dicho correctamente la señora Comisaria, la Directiva actual relativa a las aguas de baño, que data de 1976, está desfasada. 
Es una Directiva inflexible basada en datos obsoletos. 
Pero tenemos que admitir que esta vieja Directiva cuenta con cierta popularidad entre los europeos y, de hecho, la Comisaria tenía razón cuando ha hecho referencia a su éxito. 
Está claro que, gracias a esta vieja Directiva, buena parte de las aguas de baño que no hace mucho estaban contaminadas, están ahora mucho más limpias. 
La propuesta de revisión presentada por la Comisión es más flexible; suprime la inflexibilidad de la Directiva actual y, como tal, constituye una mejora. 
De los 19 parámetros que debían medirse según la vieja Directiva, solo permanecen dos de ellos, lo que en realidad es suficiente para conseguir el resultado requerido. 
Desde 1976, es decir, desde antes de que el Parlamento Europeo fuera elegido por sufragio directo por primera vez, nuestra forma de pensar con respecto al medio ambiente, y también con respecto a temas como la subsidiaridad, ha cambiado mucho, por supuesto. 
Por lo tanto, debemos preguntarnos si es la Unión la que debe decidir la calidad de las aguas de baño, si Europa está mejor equipada que los Estados miembros para tomar esa decisión, y si existe un efecto transfronterizo. 
En el debate inicial de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, puse en duda estos aspectos y tengo que decir que la comisión respondió afirmativamente a todas esas preguntas y reiteró la necesidad de mantener esta Directiva y mejorarla. 
Mi grupo no está de acuerdo con eso y, por lo tanto, ha presentado una enmienda. En cualquier caso, esto nos obliga a reconsiderar la cuestión de la subsidiaridad. 
Además, la propia comisión estaba algo confusa. 
Después de todo, en la Directiva se hace referencia a los intereses del turismo, que ya entran en el ámbito de la Directiva sobre el mercado interior, cuando aquí, como todo el mundo sabe, estamos hablando de una directiva que debe proteger la salud pública. 
Sin embargo, el fundamento jurídico de la Directiva es el medio ambiente. 
En resumen, todo parece bastante confuso. 
En realidad, me pregunto si lo que ocurre es sencillamente que vamos a mantener esa Directiva no porque sea necesaria, sino porque ya la tenemos. 
Es esencial disponer de información. 
No tengo tampoco ninguna duda de que estamos ante un importante cometido europeo: la protección del consumidor y un acceso más fácil a la información para los bañistas y usuarios de las aguas de baño. 
Eso puede hacerse a través de Internet, pero ni yo mismo me llevo siempre el portátil a la playa, así que es preciso buscar alternativas para informar a los bañistas sobre si el agua está limpia o no lo está. 
En este contexto, el sistema de caras sonrientes (), por ejemplo, propuesto en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, me parece excelente. 
Debe proporcionarse información actualizada; es decir, no información del año pasado, sino información semanal, ya que este tipo de información sí podría ser útil para los bañistas. 
Esta información debe estar a disposición de todos. 
Podríamos copiar el ejemplo de la bandera azul. 
Aunque no se trata de una iniciativa comunitaria, es un sistema conocido, popular y eficaz. 
El problema de la bandera azul es que solo se concede cuando se solicita y, por tanto, no está presente en lugares de baño que han tomado la decisión deliberada de no solicitarla. 
Además, las banderas azules cuestan dinero. 
La cuestión es si la calidad de las aguas de baño mejorará simplemente cuando mejore la información. 
Tomemos como ejemplo la bandera azul y veamos de qué forma se ven perjudicados los lugares de baño cuando pierden su bandera azul. 
¿No tendría eso un efecto mejor que el endurecimiento de las normas todo el tiempo? 
En cualquier caso, las normas propuestas, más estrictas que las anteriores, son, a mi juicio, bastante cuestionables. 
Tanto el propio comité científico de la UE como la Organización Mundial de la Salud consideran que es imposible establecer normas de calidad científicas a escala internacional, dadas las enormes diferencias nacionales. 
En consecuencia, esas normas más estrictas son algo cuestionables. 
Sobre todo, lo siento por los gobiernos que dicen estar a favor de normas de calidad más estrictas siempre que ellos no tengan que cumplirlas. 
Según tengo entendido, ese es un argumento que se repite en el Consejo. 
Si dicen que quieren unas normas de calidad más estrictas, de acuerdo. 
Pero, como es lógico, ellos también tienen que cumplirlas. 
Esas normas de calidad más estrictas significan que, por ejemplo en el Reino Unido, o en mi país, los Países Bajos, el 30% de las aguas de baño que todavía se consideran buenas pasarían a ser «malas». 
¿Qué va a hacer entonces la Comisión? 
¿Nos inundará con procedimientos de infracción? 
¿Cerraremos playas? 
¿No es más probable que corramos el riesgo de que esas playas dejen de considerarse aguas de baño, aunque la gente siga yendo a bañarse allí? 
Por lo tanto, la protección de la salud pública no se consigue estableciendo unas normas de calidad más estrictas. 
En este sentido, habríamos preferido también que la Comisión realizara un análisis de coste/beneficio. Por ejemplo, ¿dónde están todos esos turistas enfermos que hacen necesarias unas normas más estrictas? 
Según los científicos, esos turistas enfermos existen, aunque nosotros no hemos visto a ninguno. 
La cuestión es si hemos encontrado una solución para un problema o si hemos creado un problema para una solución que ya teníamos. 
Por supuesto, todavía está por ver si los nuevos Estados miembros pueden cumplir las normas antiguas, por no hablar de las nuevas. 
Por último, quiero decir que celebro el compromiso presentado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Gracias a ese compromiso, se informará mejor a los bañistas y a otros usuarios recreativos, mejorará la calidad de las aguas de baño y se flexibilizará y simplificará la legislación. 
Creo que con las mejoras introducidas por la Comisión, al final tendremos una legislación mejor, si es que Europa debe legislar sobre esta cuestión. 
– Señor Presidente, Señorías, las aguas de baño están provocando un gran oleaje. 
Cada año, al principio del verano, la Comisión realiza un estudio de las aguas de baño, según establece la Directiva de 1976. 
No solo el público europeo toma nota de esta información, sino que también los sitios web correspondientes reciben más de dos millones de visitas. 
Es un hecho comprobado que las aguas de baño están ahora mucho más limpias en toda Europa. 
En 2002, a pesar de las precipitaciones realmente torrenciales y de las inundaciones que se produjeron, un porcentaje tan elevado como el 98,5 % de las aguas costeras europeas cumplían las especificaciones de la Directiva. 
Hay varias razones para revisar la Directiva después de más de un cuarto de siglo. 
Los conocimientos científicos y técnicos han aumentado a un ritmo increíble, la revisión podría aprovechar la experiencia de hasta 26 años de aplicación práctica de la Directiva –dependiendo del tiempo que el país lleve siendo miembro de la Unión Europea–, la Directiva marco sobre el agua debe armonizarse con la Directiva sobre las aguas de baño, la protección de la salud de los bañistas debe seguir mejorándose y, por último, tenemos que seguir trabajando para simplificar la legislación actual. 
Mi grupo comparte la intención de la Comisión de mejorar la calidad de las aguas de baño. 
El baño debe promoverse como una actividad recreativa saludable, al igual que la utilización de las aguas de baño para usos turísticos en todos nuestros Estados miembros. 
Resulta evidente, si tenemos en cuenta los muchos años de experiencia que ya tenemos, que los mayores peligros para la salud humana durante el baño son las materias fecales que llegan a las aguas de baño como consecuencia de un tratamiento inadecuado de las aguas residuales o de las aguas procedentes de explotaciones ganaderas. 
Las nuevas normas pretenden reducir de 19 a 2 el número de parámetros que se miden y considerar a los enterococos intestinales y a como principales indicadores; estas dos normas de calidad serán significativamente más estrictas, pero, por el contrario, los parámetros químicos se descartan y dejarán de medirse, ya que se rigen por otras directivas. 
Por otra parte, se tomarán muestras con menor frecuencia si la calidad del agua se mantiene elevada durante un período de tres años. 
La calidad de las aguas de baño se determinará teniendo en cuenta los cambios ocurridos en los tres últimos años, y no sobre en el último año, de tal forma que los sucesos excepcionales –como, por ejemplo, unas condiciones meteorológicas muy malas– destacarán menos. 
Estos factores reducirían también los costes de la aplicación de la Directiva en los Estados miembros. 
Nuestro grupo considera importante a su vez que se mejore el acceso a la información sobre la calidad de las aguas, así como que se divulgue esa información más ampliamente a través de los medios de comunicación y de Internet. 
Con eso en mente, apoyamos el objetivo de la Comisión y también las enmiendas presentadas a tal fin. 
Ahora bien, nuestras enmiendas pretenden aportar objetividad y simplicidad y, sobre todo, evitar nuevos incrementos de los costes; por lo tanto, no queremos que se incluyan las actividades recreativas, y las políticas de gestión requeridas nos parecen tan exageradas como los perfiles de las aguas de baño recién introducidos. 
Estas medidas contribuirán a simplificar las cosas en la medida en que se encuadren en la Directiva marco del agua; por otra parte, nuestro grupo considera que el principio de subsidiaridad exige que se tengan en cuenta las circunstancias locales y regionales y que se traten con flexibilidad. 
Algunas de las propuestas de la Comisión ya se contradicen con estas consideraciones, pero varias de las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor se contradicen todavía más, de manera que queremos votar en contra de esos puntos. 
Considero importante que todos los Estados miembros hayan acumulado una amplia experiencia y creo que no debemos tratar de reinventar la rueda. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer al Sr. Maaten su constructiva cooperación en este asunto. 
También quiero darle las gracias a la Comisión por una propuesta que me parece muy equilibrada para la nueva Directiva sobre aguas de baño, que tiene en cuenta la evolución ocurrida en los últimos 26 años. 
Creo que es correcto limitar el número de parámetros y también considero que se han fijado unos valores límite adecuados para el contenido bacteriano. 
Creo también que en la comisión hemos aprobado algunas mejoras y quiero llamar su atención sobre algunas de ellas. 
Hemos creado un contexto adecuado con la Directiva marco del agua, y, sobre todo, hemos conseguido que todos los ciudadanos, incluidos los bañistas, puedan acceder a información fiable y legible sobre la calidad de las aguas de baño sin tener que poner enormes banderas en nuestras playas. 
También me parece adecuado incluir otras actividades recreativas, como el windsurf, en la Directiva. 
En los 26 años transcurridos desde la redacción de la primera Directiva sobre aguas de baño han pasado muchas cosas. 
Creo que la nueva Directiva se ha diseñado de forma tal y con un código de práctica tal que los Estados miembros podrán aplicarla razonablemente bien. 
Lo último que quiero recalcar es que una mayoría de los miembros de la comisión llegó a la conclusión de que las playas de baño o las aguas de baño afectadas por esta Directiva deben ser las que atraen a un gran número de bañistas, así que, también en este caso, apoyamos la definición de la Comisión sobre el tipo de aguas de baño de las que estamos hablando. 
Creo que las autoridades nacionales podrán asimismo aplicar razonablemente bien esta norma. 
Quiero prevenirles sobre dos de las enmiendas presentadas. 
La primera es la enmienda 19 sobre contaminación transitoria. 
Según esta propuesta, las autoridades podrían descartar muestras de agua, aunque revelaran contaminación y riesgos para la salud, simplemente si ellas mismas optaran por calificar la contaminación de transitoria. 
Este sistema conllevaría el riesgo de informar a los bañistas de que las aguas de baño en cuestión eran de buena o excelente calidad, aunque en realidad el agua estuviera contaminada. 
Eso sería una deficiencia de la Directiva, así que espero que la propuesta no se apruebe. 
Entiendo que la contaminación transitoria es en parte un problema escocés y creo que, si hay problemas en algunas de las playas escocesas, es Escocia la que debe solucionarlos, en lugar de hacer que se generalice a toda Europa la reducción de la calidad de las aguas de baño. 
La segunda propuesta sobre la que quiero llamar su atención es la enmienda 76 sobre la definición de aguas de baño. 
Es una definición que haría que las autoridades tuvieran que contar a diario el número de bañistas en las playas. 
Tendría que haber más de 100 bañistas al día durante al menos 20 días al año. 
Considero que esta enmienda debe rechazarse por varias razones. 
En primer lugar, supondría dar unas órdenes excesivamente detalladas a los Estados miembros, de una forma totalmente contraria al principio de subsidiaridad. 
En segundo lugar, sería, a mi juicio, prácticamente imposible de llevar a cabo. 
¿Quién iba a contar los bañistas todos los días en las playas europeas? 
Debo decir que, si esta propuesta se aprueba, seremos el hazmerreír de toda Europa. 
Señor Presidente, la calidad de las aguas de baño ha mejorado. 
Las aguas son mejores y están más limpias en los Países Bajos y en el resto de Europa. 
Ahora tenemos sobre la mesa una nueva Directiva sobre aguas de baño con menos burocracia y solo dos parámetros, pero con unas normas de calidad más estrictas, algo que debemos agradecer. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha llegado a compromisos sensatos. 
El Sr. Maaten, el ponente, quería y sigue queriendo suprimir esta Directiva. 
Afortunadamente, los liberales son los únicos que opinan así. 
Europa es más que un mercado y una moneda. 
Los Países Bajos tendrán que hacer un esfuerzo para cumplir tanto la antigua como la nueva Directiva, y tomar medidas en lugar de quejarse. 
El clima más cálido hará que la gente se bañe con más frecuencia y que surjan otros tipos de actividades recreativas en el agua. 
Las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor son buenas, con la excepción de la enmienda 19. 
Por el bien de unos pocos centenares de ovejas escocesas, hay un enorme agujero en la legislación. 
Las explotaciones intensivas en los Países Bajos también sufren la propagación de enfermedades cuando se producen fuertes lluvias. 
En los Países Bajos, las vacas enfermaron y se tomaron medidas. 
Esa debe ser nuestra respuesta, en lugar de un enorme agujero en lo que, permítanme añadir, es por lo demás una buena legislación. 
Señor Presidente, este es un buen momento para debatir la propuesta de la Comisión La antigua Directiva tenía en cuenta unos niveles de contaminación que, afortunadamente, ya no existen. 
Entre el 90 y el 95% de las aguas de baño cumplen las normas de calidad. 
Ya es hora de subir el listón y buscar nuevos retos. 
Por lo tanto, apoyo que se endurezcan las normas de calidad y rechazo la propuesta del ponente de relajarlas. 
Después de todo, incluso con esas nuevas normas de calidad en vigor, uno de cada 20 bañistas contrae alguna enfermedad, así que las normas no son excesivamente estrictas. 
La propuesta de la Comisión contiene también algunos elementos menos satisfactorios, como la definición de «aguas de baño». 
Las aguas se convierten en aguas de baño cuando hay un gran número de bañistas en ellas. 
Pero no se dice claramente qué constituye un gran número. 
Las costas españolas están llenas de cientos de miles de bañistas, mientras que en los lagos fineses solo se bañan unas pocas personas. 
Sin embargo, ambos deben estar incluidos en el alcance de la definición. 
Quizás la Comisión podría explicarnos cómo se debe hacer ese recuento en la práctica. 
Todavía hay que prestar atención a la manera de informar a los ciudadanos. 
El sitio web de la Comisión es, en sí mismo, una buena iniciativa, pero ¿quién se lleva el ordenador a la playa? 
Por eso, la colocación de carteles con información en los lugares pertinentes –aunque exige mucha mano de obra para su mantenimiento– es la mejor solución, porque llegará al mayor número de bañistas. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar calurosamente al ponente por la conclusión de su exposición de motivos. 
Dice que una política de aguas proactiva tiene un efecto positivo en el bienestar de los usuarios de las aguas con fines recreativos, y no puedo estar más de acuerdo con él. 
También vincula esto con un mejor suministro de información a los usuarios recreativos de las aguas. 
Creo que, sin lugar a dudas, la Directiva debe ser revisada en este aspecto. 
Pero si hago un esfuerzo de memoria, me doy cuenta de que seguimos teniendo problemas con la vieja Directiva sobre aguas de baño. 
Recuerdo los prolongados debates en la Cámara Baja holandesa cuando debatimos la introducción de la antigua Directiva. 
Tengo que decir que, todavía hoy, hay pendientes procedimientos de infracción de la Comisión Europea contra los Países Bajos, debido a que la calidad de nuestras aguas de baño interiores no cumple las normas. 
También hay importantes diferencias en Europa. 
En los Países Bajos tenemos 557 aguas de baño interiores designadas como tales, mientras que solo hay 11 en el Reino Unido, nueve en Irlanda y cuatro en Grecia. 
Ahora se está exigiendo una mayor calidad –no tengo nada en contra de unas normas de calidad más estrictas– y el Parlamento quiere ampliar el alcance de la Directiva a todo tipo de actividades recreativas. 
Pero si queremos proteger a escala europea a los usuarios de las aguas con fines recreativos que tragan agua, creo que estamos yendo demasiado lejos, a pesar de que yo querría dar a esos turistas, a esos usuarios de las aguas con fines recreativos o a esos bañistas la mejor calidad posible. 
Con estas normas más estrictas, creo que muchas de nuestras aguas de baño dejarán de ser «aguas de baño» , por lo menos en los Países Bajos. 
Por lo tanto, pienso que debemos volver a analizar bien las enmiendas y preguntarnos qué ganaremos exactamente si las aprobamos. 
Las cosas tienen que mejorar, necesitamos mejor información y una legislación más racional, pero creo que la introducción de normas de calidad más estrictas en estos momentos, dados los procedimientos todavía pendientes, es ir demasiado lejos. 
– Señor Presidente, la propuesta de la Comisión referente a una Directiva sobre la calidad de las aguas de baño será una mejora con respecto a la situación actual, como ya se ha dicho aquí, pero sigue planteando algunos problemas. 
La cuestión sigue siendo cómo tener en cuenta el hecho de que las aguas y las instalaciones de baño varían en las distintas regiones europeas. 
En la propuesta de la Comisión, las zonas de baño quedan dentro del alcance de esta Directiva cuando acuden a ellas un gran número de personas. 
Ya se ha dicho en esta Cámara que es bastante difícil definir lo que significa realmente un gran número de personas: ¿es un gran número donde hay mucha gente o es un gran número donde, por ejemplo, hay 20 kilómetros de playa por habitante y derecho público de acceso? 
Además, ¿cómo definimos una zona de baño y nos aseguramos de que las mediciones y el control de la calidad del agua no se conviertan en algo demasiado burocrático? 
Mi amigo Torben Lund aquí presente considera absurda una propuesta que define una zona de baño según el número de bañistas que acuden a ella, un número según el cual las autoridades tienen que definirla como una zona de baño. 
En mi opinión, es igualmente absurdo que la Comisión lleve a Finlandia a los tribunales por no haber realizado mediciones en una playa que todo el mundo sabe que está limpia y donde se sabe que la calidad del agua es excelente, únicamente porque la definición de una zona de baño conlleva estos problemas. 
Espero que este tipo de flexibilidad se incorpore debidamente a la Directiva, como también espero que se tengan debidamente en cuenta en ella estas cuestiones de salud pública de los ciudadanos europeos. 
– () Señor Presidente, ¿qué es un agua de baño de calidad, y quién debe decidir? 
Estas son las preguntas que se plantean a raíz del informe Maaten sobre la propuesta de directiva relativa a la calidad de las aguas de baño. 
¿Debe Europa legislar en esta cuestión, y sobre qué fundamentos, habida cuenta de que ni la salud pública ni el turismo son competencias comunitarias, sino que siguen siendo competencia de los Estados? 
El único punto positivo a mi entender es una mejor información al público. 
Pero ¿por qué endurecer los umbrales microbiológicos y no prever ningún umbral de calidad química? 
También es importante resaltar la dificultad que plantea censar todas las fuentes de contaminación, en particular en los estuarios, situados a la salida de cuencas hidrográficas de gran superficie drenada por los ríos. 
¿Por qué ampliar la Directiva a las actividades náuticas y de recreo? 
¿Vamos a prohibir, con el tiempo, el surf, el windsurf, el kayak o el remo porque el agua sería inadecuada para el baño? 
Estas actividades se practican a menudo en lugares distintos de las aguas de baño y a veces fuera de temporada. 
¿Por qué centralizar los datos en el sitio de la Comisión, lo cual parece inútil y costoso? 
¿Quién se lleva el ordenador de vacaciones para saber si se puede bañar con total seguridad microbiológica? 
Las radios locales y los tablones de anuncios tradicionales, fáciles de actualizar, bastan ampliamente, a mi entender, para informar al público en general. 
Por último, se roza el ridículo al proponer definir la playa como un lugar habitualmente visitado por más de 100 bañistas al menos durante 20 días en la temporada de baño. 
¿Quién los contará? 
Como de costumbre, nadie habla por supuesto del coste de las operaciones y de las grandes repercusiones económicas que tendría la prohibición del baño. 
No corresponde a la Directiva definir los casos en que se prohibirá el baño, pues esta decisión debe ser competencia exclusiva de los Estados miembros. 
Aunque no levante olas, conviene respetar la subsidiaridad, máxime cuando la Organización Mundial de la Salud acaba de publicar una guía práctica sobre las aguas de baño que podría servir de referencia a los Estados miembros. 
Por ello, apoyaremos la propuesta de rechazar la Directiva. 
– Señor Presidente, quisiera felicitar a la ponente y al ponente alternativo por el trabajo realizado en relación con esta propuesta sensata y encomiable. 
Deberíamos tener presente que se trata de una Directiva sobre aguas de baño, no de una directiva de recreo, por lo que no deberíamos aventurarnos en las aguas más profundas de la navegación y el submarinismo: deberíamos restituirla en su condición inicial de Directiva sobre aguas de baño. 
También es cierto que nos ceñimos a los baños de temporada y no tratamos de abarcar todo el año. 
Deberíamos analizar en qué lugares se baña la gente realmente y si están así designados por los Estados miembros. 
Es sensato simplificar las dos pruebas clave relativas a la salud pública, la de la gastroenteritis y del e-coli. 
Asimismo es importante que exista flexibilidad en los casos en que se produzcan contaminaciones temporales y atípicas. 
Esta es una mejora introducida por la comisión parlamentaria. 
También deberíamos procurar que se preste la debida atención al análisis económico, ya que se trata de grandes sumas de dinero; el coste para mi país sería de 8 800 millones de euros, aunque repartidos a lo largo de 25 años. 
Deberíamos tener presente que la información pública es importante si queremos tener la confianza del pueblo, y la bandera azul se ha ganado dicha confianza: deberíamos tener cuidado de no mermarla. 
Me complace que no hayamos optado por las banderas multicolores. 
Deduzco que ahora vamos a consultar respecto a las caras sonrientes: si al final tenemos la cara feliz y sonriente de la Sra. Wällstrom mirando hacia la playa de Brighton, estoy seguro de que constituirá un gran impulso para la humanidad, pero deberá situarse junto a la bandera azul. 
Por último, la cuestión de la radiactividad quizás no corresponde a este contexto, tal y como sugiere una de las enmiendas. 
Después de todo, hay rocas con radiactividad natural próximas a las playas y no queremos que todo el mundo tenga que ir a nadar con un contador Geiger en su traje de baño, o con un traje de baño que se torne negro si se detecta radiactividad. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión tiene algunas virtudes como, por ejemplo, unos requisitos más estrictos en relación con el contenido bacteriano, con un máximo de 500 por 100 mililitros y 200 enterococos intestinales por 100 mililitros. 
Sin embargo, la frecuencia recomendada para la toma de muestras por la Comisión es insuficiente e inferior a las actuales disposiciones danesas. 
En Dinamarca, la temporada de baños se fija en tres meses. 
La propuesta de la Comisión significaría que el número de muestras que tomamos cada temporada se reduciría de diez a dos. 
Obviamente, eso supondría menos seguridad en la lucha por tener unas aguas de baño limpias. 
Sin embargo, observo con satisfacción que unas cuantas de las enmiendas presentadas por el ponente liberal, el Sr. Maaten, han desaparecido en los debates de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Afortunadamente, ha desaparecido la divertida propuesta del Sr. Maaten sobre la definición de los bañistas y las aguas de baño, así como la propuesta relativa a una colorida gama de banderas sembradas de estrellas en las playas. 
Eso evita que el Parlamento se convierta todavía más en el hazmerreír de los ciudadanos. 
El informe del ponente dio lugar a 124 enmiendas suplementarias de otros diputados del Parlamento Europeo en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, pero las muchas enmiendas a la propuesta del Sr. Maaten demuestran también cómo un grupo político puede malgastar una gran cantidad de tiempo de los diputados del Parlamento Europeo. 
No puedo apoyar la propuesta del informe de incluir otras actividades recreativas en la definición del marco de la Directiva sobre las aguas de baño. 
Señor Presidente, es evidente que la creciente movilidad de los europeos, el turismo y- por qué no decirlo- la moda de bañarse ha hecho que las playas de Europa, las playas de mi país, España, que hace cincuenta años estaban medio vacías, se hayan llenado en este tiempo. Y no solamente de turistas: los propios nacionales se bañan en las playas de su pueblo, cosa que hace cincuenta años no hacían. 
Todo esto, efectivamente, ha hecho que los ciudadanos europeos aspiren a tener calidades semejantes en las aguas de baño, sea el que sea el país en el que disfrutan de ellas o el lugar en el que se bañan. 
Por lo tanto, creo que tiene razón la Comisión al proponer- y me parece realmente muy oportuno- este mayor control de las aguas de baño, mejor información a los usuarios y mejora también de la calidad de las mismas en aquellos casos en que sea aconsejable o necesario. 
La relación entre riesgos de infecciones diversas y calidad de las aguas de baño está más que demostrada. 
Por lo tanto, si mediante esta directiva podemos contribuir a reducir el riesgo de contraer infecciones u otro tipo de enfermedades, habrá merecido la pena el esfuerzo. 
Dicho esto, sin embargo, creo que aquí también hay que aplicar el análisis de coste-beneficio y no pretender matar moscas a cañonazos. 
En este sentido, hay algunos aspectos de varias enmiendas a esta directiva que me parecen totalmente fuera de contexto e innecesarios. 
Uno de ellos es el asunto de los parámetros físico-químicos: no son relevantes para la calidad de las aguas; tan solo lo son los parámetros microbiológicos. 
El resto es estética, pero no salud. 
Introducir estos parámetros complicaría enormemente la aplicación de la directiva y, además, supondría una redundancia con respecto a la directiva marco que ya trata estos temas. 
Respecto a la información, me parece absurdo e inaceptable señalar los dos idiomas concretos en que debe ir una información. 
Creo que cada Estado miembro señalará el idioma o los idiomas más adecuados en este sentido. 
Para terminar, en otro asunto debatido, como fue el de los parámetros, estoy totalmente de acuerdo con que se utilicen los señalados por la OMS y apoyo completamente la postura de mi Grupo. 
– Señor Presidente, la propuesta para la nueva Directiva sobre aguas de baño que estamos debatiendo tiene, por desgracia, el mismo defecto fundamental que la Directiva anterior: una definición muy vaga de lo que significa el término «aguas de baño». 
Eso ha tenido como consecuencia que, hasta ahora, la Comisión haya podido hacer su propia interpretación del concepto, «un gran número de bañistas». 
Por lo tanto, no es satisfactorio en términos de certidumbre jurídica que tampoco la nueva directiva contenga información sencilla y clara. 
Por otra parte, hay que destacar que la Directiva no tiene en cuenta las muy diversas condiciones que se dan en los distintos Estados miembros. 
En Suecia tenemos, por ejemplo, 1.932 millas de costa y 95.700 lagos con una superficie de más de una hectárea. 
Además, en nuestro país existe el derecho de acceso a terrenos privados, lo que en principio significa que cualquiera que viva en nuestro país tiene acceso a esas aguas de baño. 
Apoyar la enmienda 76 sería decir sí a una definición sencilla, clara y también segura desde el punto de vista jurídico. 
Tampoco debería tener un efecto negativo en los Estados miembros cuyas condiciones básicas difieren de las de los países del norte de Europa. 
Por lo tanto, tendría que ser posible aplicar la Directiva en toda la Unión Europea. 
. –Señor Presidente, quisiera hacer algunos comentarios sobre las enmiendas presentadas. 
En primer lugar, agradezco a los diputados sus comentarios, que interpreto como un apoyo a la filosofía básica y la estructura de la propuesta. 
De hecho, tanto el Parlamento como el Consejo confirmaron también su apoyo a la negociación del Sexto Programa de Acción Medioambiental en 2002. 
Asimismo agradezco a los diputados que no hayan cuestionado las normas sanitarias que ha propuesto la Comisión. 
La Comisión no puede aceptar que se reduzca el alcance de la Directiva a través de las enmiendas 5 ó 76. 
Lo que cuenta es la importancia de un lugar de baño para la comunidad local. 
Los ciudadanos de las regiones del norte o no turísticas también tienen derecho a bañarse de forma segura. 
Por lo tanto, la Comisión no está de acuerdo con limitar los bañistas a un centenar por día y a limitar el espacio para los deportes acuáticos a cien metros. 
Aunque la Comisión aprecia que muchos diputados hayan tratado de mejorar la integración de la Directiva marco sobre el agua y la Directiva sobre el agua de baño, la Comisión no puede estar de acuerdo con todas las enmiendas al respecto. 
Las enmiendas 3, 4, 16, 21 y 33 son inaceptables porque crean redundancia entre las dos Directivas. 
El buen estado químico ya se contempla en la Directiva marco sobre el agua y no tenemos que duplicarlo. 
En algunos casos, las aguas pueden ser de excelente calidad para el baño sin hallarse en buen estado ecológico. 
Sin embargo, la Comisión acepta en principio la enmienda 32, que amplía el perfil de las aguas de baño mediante la incorporación de elementos como las características hidrológicas en relación con la Directiva marco sobre el agua. 
Sin embargo, hay que tener presente que las escalas de ambas Directivas son muy distintas. 
La Directiva marco sobre el agua se aplica a las cuencas fluviales, mientras que la Directiva sobre aguas de baño tiene un alcance de carácter muy local. 
La Comisión considera que la base de una buena gestión de las aguas de baño se sitúa en un perfil de las aguas de baño bien documentado y actualizado. 
Por lo tanto, la Comisión no puede aceptar enmiendas como la 43 y 44, que reducen el conocimiento y el control de las aguas de baño. 
La Comisión acoge con satisfacción las enmiendas 8, 11, 14, 17, 18, 20, 34, 35 y 36 sobre la gestión de las aguas de baño, la participación pública y la información al público. 
Sin embargo, la Comisión preferiría dejar en manos de la subsidiariedad la elección de símbolos y logotipos que indiquen la calidad del agua de baño y por lo tanto no acepta las enmiendas 21 y 27. 
Respecto a la enmienda 19, me gustaría decir lo siguiente: la Comisión está abierta a cierta flexibilidad sobre las aguas de baño que sufren una contaminación a corto plazo predecible y gestionable. 
Sin embargo, la flexibilidad no debe socavar la credibilidad de la Directiva. 
Las aguas de baño que padecen incidencias ocasionales y de corta duración deberían identificarse como tales ante el público. 
También es importante para la evaluación de los lugares de baño de la UE que ninguna agua de baño se siga considerando conforme a las normativas si la contaminación no se ha identificado o supervisado adecuadamente. 
En lo que respecta a la enmienda 19, la Comisión rechaza los niveles propuestos en el apartado 2, la exclusión ilimitada de muestras en la letra (a) del apartado 3 y la conformidad casi incondicional que se propone en el apartado 5. 
Lamento que algunas enmiendas comporten un aumento de los riesgos a que se enfrentarán las personas cuando se bañen. 
Las enmiendas 62 y 66 aumentan los riesgos de enfermedad del 5% al 9%. 
La Comisión es consciente de la necesidad de adaptar la legislación a los avances científicos y técnicos y celebra las enmiendas 28, 29 y 30 sobre la revisión y la adaptación de la Directiva. 
En este contexto, la Comisión acaba de lanzar una convocatoria de propuestas dentro del Sexto Programa Marco para la presentación de proyectos sobre técnicas de detección de virus en las aguas de baño. 
En conclusión, la Comisión puede aceptar, en mayor o menor grado, 32 enmiendas de las 76 presentadas. 
Por tanto, espero con interés los resultados de la votación de mañana. 
Quisiera terminar expresando mi agradecimiento al ponente, el Sr. Maaten. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
–De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0290/2003) del Sr. Sacconi, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un mecanismo de seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y la aplicación del Protocolo de Kioto (COM (2003) 51 – C5-0031/2003 – 2003/0029 (COD) ). 
. –Señor Presidente, Señorías, hoy me dirijo a ustedes sabiendo que tenemos sobre la mesa un paquete de compromiso destinado a garantizar un acuerdo en primera lectura. 
El control exacto de las emisiones de gases de efecto invernadero es esencial para que obtengamos una visión general de la eficacia de las políticas de la UE de cara a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y sobre qué más necesitamos hacer para cumplir nuestros objetivos de Kioto. 
Esta decisión constituye un importante paso más en la aplicación del Protocolo de Kioto y para garantizar lo que la Comunidad aporta sobre todos sus compromisos conforme al Protocolo. 
Permítanme transmitir mi agradecimiento al ponente, el Sr. Sacconi, así como a sus colegas del Parlamento Europeo, que han trabajado arduamente para permitir que se alcance un acuerdo en primera lectura sobre esta decisión. 
Alcanzar un acuerdo en primera lectura permitirá que esta decisión entre en vigor rápidamente y sea aplicada por los Estados miembros, y además sería una nueva demostración concreta del compromiso de la Comunidad de tratar los problemas del cambio climático. 
Por último, animo por supuesto encarecidamente a los diputados al Parlamento Europeo a que apoyen este posible acuerdo. 
. 
Señor Presidente, desde 1992 la comunidad internacional, o por lo menos una parte importante de ella, ha tratado de responder y luchar contra uno de los mayores retos medioambientales y económicos a los que se enfrenta la humanidad: el cambio climático. 
Como sabemos, se trata del mayor problema mundial en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental y está teniendo efectos desastrosos, no solo en el clima, sino también en los ecosistemas y en las especies animales y vegetales. 
La Unión aceptó el reto en mayo de 2002, con la ratificación del Protocolo de Kioto, demostrando así que la lucha contra el cambio climático es una de sus prioridades estratégicas. 
En la decisión de ratificar el Protocolo, los Estados miembros acordaron cumplir conjuntamente las obligaciones derivadas del mismo. 
Para garantizar que la Comunidad en su conjunto pueda cumplir satisfactoriamente los compromisos internacionales legalmente vinculantes, se han acordado diferentes objetivos de reducción y limitación de emisiones para cada Estado miembro. 
Por lo tanto, los Estados miembros siguen siendo responsables de presentar datos sobre sus emisiones anuales. 
La propuesta de decisión que estamos a punto de votar establece, por tanto, el marco necesario para garantizar que la Comunidad y sus Estados miembros cumplan las obligaciones de presentación de informes y contabilización de emisiones, mejorando la calidad y la precisión de la información proporcionada sobre políticas y medidas adoptadas y sobre emisiones y retiradas de todos los gases con efecto invernadero, incluidos los aspectos metodológicos. 
Siguiendo la estructura del Protocolo de Kioto y las directrices de la Convención de las Naciones Unidas, se van a cumplir una serie de requisitos de presentación de informes, distinguiendo entre la obligación de presentar informes anuales y periódicos. 
Además, existen dos disposiciones esenciales para el cumplimiento de los compromisos derivados de la Convención y del Protocolo de Kioto. Me refiero a la ejecución y actualización periódica de programas nacionales para limitar o reducir las emisiones de gases y al seguimiento transparente de las emisiones reales y previstas. 
La votación de mañana obligará a los Estados miembros a calcular y enviar a la Comisión datos sobre las emisiones de gases reales y previstas como máximo el 15 de enero de cada año, con el fin de que se puedan evaluar los progresos reales y la Comunidad pueda elaborar informes anuales en cumplimiento de sus obligaciones internacionales. 
Las escasas enmiendas que ha hecho su ponente a la legislación propuesta tienen por objeto conseguir que el mecanismo sea aún más vinculante y eficaz, sobre todo en vista de los últimos y poco alentadores datos que indican un aumento de las emisiones de gases con efecto invernadero en la Unión Europea por segundo año consecutivo. 
Como ha dicho la Sra. Wallström, en relación con las enmiendas propuestas –18, para ser exactos– en las negociaciones informales con el Consejo y la Comisión que se celebraron una vez que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor diera su opinión, se llegó a un acuerdo que incorporaba la esencia de nuestras enmiendas, incluidas las enmiendas de mayor calado político, como, por ejemplo, las relativas al carácter necesaria y obligatoriamente suplementario de la utilización de mecanismos flexibles en relación con los planes de acción internos que cada Estado miembro tenga que introducir y aplicar para alcanzar sus respectivos objetivos de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. 
Por lo tanto, en la votación que se celebrará mañana en esta Cámara presentaremos un paquete de enmiendas sobre las que se ha llegado a un acuerdo. 
Espero que el Parlamento dé un impulso verdaderamente renovado a la medida, permitiendo a los Estados miembros la rápida aplicación de estas nuevas normas. 
Creo que así enviaríamos una clara señal política de cara a un importante acontecimiento, que tendrá lugar el próximo mes de diciembre en Milán, y en el que esperamos que más miembros de la comunidad internacional ratifiquen el Protocolo de Kioto. 
– () Señor Presidente, Señorías, el calentamiento climático es un fenómeno que todos experimentamos a diario. 
La canícula, que nos golpeó duramente este verano, recuerda la gravedad del problema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es urgente buscar soluciones sostenibles al problema. 
Por supuesto, la Unión Europea debe ajustarse a los objetivos de Kioto y, sobre todo, contribuir a garantizar un desarrollo sostenible a las generaciones futuras. 
La propuesta de Decisión que votamos en esta sesión es un elemento importante de la normativa de la Unión Europea en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Aparte del aspecto medioambiental, hay que tener presente que los Gobiernos y los industriales son agentes de primera línea en este ámbito. 
El texto considerado permite implantar un sistema eficaz y fiable de contabilización de las emisiones y las proyecciones, condición esencial para una evaluación europea que pueda repercutirse a escala mundial. 
A día de hoy subsisten demasiadas insuficiencias e imprecisiones. 
Por lo que se refiere a los miembros actuales, todavía carecen de mucha información, principalmente la relativa a los sumideros de carbono. 
La combinación de las preocupaciones medioambientales, los intereses económicos y la reticencia gubernamental es un ejercicio complejo pero relativamente bien logrado en el presente caso. 
No obstante, quisiera llamar la atención de sus Señorías sobre un punto concreto, que es la flexibilidad prescrita por el Protocolo de Kioto en cuanto al año de referencia para la vigilancia de determinados gases. 
Hay que apartarse de la propuesta de la Comisión, que proponía 1990 como único año de referencia, y atenerse al Protocolo, en espera de ver qué enmiendas podrían plantearse, como acaba de decirse. 
Dejando aparte esto, animo vivamente a sus Señorías a que voten a favor de este texto, que aporta un marco jurídico razonable y un calendario adecuado, que aúna flexibilidad y eficacia. 
– Señor Presidente, para empezar quiero dar las gracias a mi colega, Guido Sacconi, por su excelente cooperación en la elaboración del informe que estamos debatiendo. 
El hecho de que, con un poco de suerte, podamos dar por cerrado el debate sobre la Directiva en su primera lectura demuestra que la Unión Europea quiere trabajar seriamente para frenar el cambio climático. 
La Comisión, el Consejo y el Parlamento han mantenido una excelente colaboración y creo que la aportación personal del Sr. Sacconi ha sido importante para ello. 
El Protocolo de Kioto impone a las partes firmantes del mismo la obligación de informar sobre las emisiones. 
La decisión sobre la obligación de presentar informes en la Unión Europea, que data de hace 10 años, ha sido una base importante que nos ha permitido comprobar de una forma fiable cualquier tendencia negativa de las emisiones, así como crear un marco para cambiar esa tendencia. 
Pero no cumple debidamente las obligaciones estipuladas por el Protocolo de Kioto. 
En lo que respecta a la precisión y la división, el procedimiento actual para la presentación de informes no se corresponde, por ejemplo, con la forma en que deberían dividirse según la categoría de actividad de conformidad con la Directiva sobre el comercio de emisiones, que fue adoptada por la Unión Europea el pasado verano. 
Asimismo, se han producido importantes omisiones en el trabajo de los Estados miembros y se ha tenido que completar información que no se había presentado o que era insuficiente, haciendo los necesarios cálculos. 
Con el texto que vamos a aprobar ahora, la calidad y la precisión de los informes mejorará significativamente. 
Al mismo tiempo, se pretende racionalizar la frecuencia con que se presenta la información distinguiendo entre informes anuales y periódicos. 
En el llamado paquete de transacción, el ponente del Parlamento, los ponentes alternativos y el Consejo han acordado que los Estados miembros deben crear sistemas nacionales de inventario lo más pronto posible y, en cualquier caso, antes de que finalice el año 2005, para el cálculo de las emisiones antropogénicas de gases con efecto invernadero según su origen. 
El cumplimiento de los acuerdos de Kioto –tanto la fijación de objetivos absolutos como la vigilancia de su cumplimiento– depende mucho, obviamente, de cómo se ponga en práctica el sistema de inventario. 
Es lamentable que no existan garantías de que esté operativo cuando se realice la primera asignación con respecto al comercio de derechos de emisión en los Estados miembros. 
Es importante que en la votación de mañana se apruebe el total de las 48 enmiendas incluidas en el paquete de transacción, para que los Estados miembros puedan empezar a preparar su incorporación a la legislación nacional cuanto antes. 
A este respecto, quiero expresar una pequeña esperanza. 
De conformidad con el Protocolo de Kioto, las emisiones en el primer periodo de compromiso de Kioto se analizarán sobre la base de la media quinquenal. 
Espero que la Comisión, por ejemplo la Agencia Europea de Medio Ambiente, empiece también a publicar las tendencias de las emisiones sobre la base de una media quinquenal. 
De esa forma eliminaríamos, por ejemplo, las diferencias debidas a fluctuaciones anuales de las temperaturas y la pluviometría al evaluar la distancia que separan a la Comunidad y los Estados miembros de su objetivo. 
Las prácticas actuales provocan unas veces un optimismo injustificado, y otras un pesimismo desmedido, que pueden ser difíciles de entender para los ciudadanos. 
– Señor Presidente, estamos absolutamente obligados a tomar medidas para proponer al Parlamento que se establezca un mecanismo claro y eficaz para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Por lo tanto, apoyo plenamente la propuesta de compromiso que se presentará mañana, ya que es importante que actuemos con cierta urgencia sobre esta cuestión. 
Es una triste realidad que, desde que firmamos el Protocolo de Kioto, los niveles de emisión de gases en Europa hayan aumentado en lugar de reducirse. 
Es hora de que asumamos nuestras responsabilidades. 
Estas responsabilidades residen principalmente en los Estados miembros y es hora, como he dicho, de que asumamos nuestra responsabilidad no solo sobre la salud de nuestra población actual, sino también sobre la protección de nuestro medio ambiente para las generaciones venideras. 
El informe de la semana pasada indica que tres países –Irlanda, España e Italia– acaparan casi la mitad de las quinientas infracciones de las leyes medioambientales de la Unión Europea durante los últimos cinco años. 
Este es un ejemplo de cómo los Estados miembros, después de aprobar directivas y transponerlas, fracasan a la hora de garantizar que se apliquen. 
– () Señor Presidente, en mi propio nombre y en el de mi Grupo, quiero felicitar al ponente, así como a mis colegas de la Comisión de Medio Ambiente, que han sabido trabajar conjuntamente con eficacia para presentarnos unas enmiendas de transacción encaminadas a la aprobación de este informe en una sola lectura. 
El procedimiento de urgencia era indiscutiblemente obligado ante la terrible plaga que representan los gases de efecto invernadero y sus consecuencias en términos de alteración del clima, sin olvidar su impacto sobre los ecosistemas y la biodiversidad. 
Por otra parte, este verano, durante el mes de agosto, pudimos ver sus efectos mortales. 
Felicito también a la Comisión Europea, que nos propone un mecanismo más vinculante de realización de nuestros compromisos de Kioto de 1997. 
Quisiera recordarles que el Protocolo, adoptado el mismo año y ratificado por la Unión Europea en 2002, impone a las partes contratantes unos objetivos en términos de emisiones que deben alcanzarse antes de 2012: una reducción del 8% de las emisiones. 
Queda por precisar, por supuesto, la fecha de referencia para medir dicha reducción, sin desfavorecer a los países que comenzaron antes que los demás sus esfuerzos en este ámbito. 
Los últimos estudios hasta la fecha nos demuestran que, por desgracia, las emisiones han aumentado globalmente desde el año 2000 y, de dar crédito a las previsiones de la Agencia Europea del Medio Ambiente para 2001, las emisiones totales de la Unión Europea de los seis gases que se consideran responsables del cambio climático global serían superiores en un 1% con respecto al año 2000. 
Esto demuestra que hay que endurecer el instrumento jurídico de vigilancia aplicado en la Unión Europea, mediante una Decisión de 1993, y que es objeto de la propuesta que estudiamos y debatimos hoy. 
Se ha confirmado que los Estados miembros son individualmente responsables de las condiciones de su participación en el mecanismo de Kioto. Es una buena cosa, a condición de que se garantice una coordinación adecuada y un control real. 
Mi Grupo aprueba, por supuesto, las nuevas exigencias en términos de mejora de la calidad y la precisión de la información transmitida sobre políticas y mediciones, así como sobre las emisiones y la absorción de todos los gases de efecto invernadero, sin olvidar los aspectos relacionados con la metodología. 
Mi Grupo aprueba también las exigencias en términos de frecuencia de presentación de esta información y me parece igualmente indispensable que la Comisión presente un informe al Parlamento y al Consejo a raíz del examen anual de los progresos previstos, medidos sobre la base de los efectos estimados de las políticas y las medidas de reducción de las emisiones. 
Al igual que el ponente, mi Grupo apoya la petición de aplicación inmediata de la Decisión. 
En efecto, pedimos que este ejercicio se considere de máxima prioridad. 
Es el futuro de la Tierra lo que está en juego, y todas las medidas adoptadas en los demás textos presentes y por venir deberán ajustarse al marco y a las normas fijados en Kioto. 
– Señor Presidente, me complace la propuesta de fijar 1990 como año de referencia. 
Es importante reconocer los tremendos esfuerzos que han hecho Francia y Finlandia para reducir sus emisiones entre 1990 y 1995. 
Esta propuesta sustituye el mecanismo que funciona desde 1993 para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero y la evaluación de los avances hacia el cumplimiento de los compromisos relativos a estas emisiones. 
Estas propuestas reflejan los requisitos de información de los Acuerdos de Marrakesh complementarios al Protocolo de Kioto, incluido el uso de registros y mecanismos flexibles. 
Es esencial garantizar que haya más información disponible sobre los niveles de emisiones en los Estados miembros de la Unión. 
Todos estamos de acuerdo en torno a la importancia de cumplir el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático. 
La temperatura media de la superficie de la Tierra ha aumentado alrededor de 0,06 º centígrados durante el siglo XX. Cada vez es más evidente que gran parte del calentamiento global que se ha producido en los últimos 50 años es atribuible a actividades humanas. 
Estas actividades tienen que ver con la quema de combustibles fósiles y la deforestación, que han provocado emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. 
Queremos que todos los países industrializados toman medidas urgentes para reducir o limitar las futuras emisiones de gases de efecto invernadero. 
Los aumentos de temperatura pueden acarrear graves consecuencias, como la inundación de las zonas costeras y la amenaza para la vida de muchas personas que habitan en comunidades insulares. 
La Unión Europea está aplicando el Programa Europeo sobre el Cambio Climático, que garantizará que la Unión Europea alcance el recorte del 8% en las emisiones entre 2008 y 2012, lo cual constituye nuestro compromiso político conforme al Protocolo de Kioto. 
Felicito al Sr. Sacconi por su informe. 
– Señor Presidente, permítame ensalzar de entrada la contribución que mi colega, el Sr. Moreira da Silva, ha hecho a la Directiva sobre comercio de derechos de emisión y todos los asuntos relacionados con Kioto durante tanto tiempo. 
Ahora ha sido reclamado para servir en el Gobierno portugués. 
Lo echaremos de menos, en particular su competencia en este terreno. 
Esta tarde debatimos sobre una propuesta de revisión de los mecanismos de control establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. 
Son varios los motivos por los que precisamos nuevas normas: el avance científico de la última década, elementos nuevos como los sumideros de carbono, la naturaleza transfronteriza de las emisiones de gases y la necesidad evidente de un planteamiento comunitario, además de la armonización de las normas en este ámbito. 
En otras palabras, tal y como nos ha dicho la Agencia Europea de Medio Ambiente, necesitamos coherencia y transparencia en los informes sobre nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. 
Desde una perspectiva irlandesa, consideramos la propuesta de forma muy positiva. 
Nos interesa tener un sistema estructurado a escala de la UE para que ayude a desarrollar nuestras propias necesidades internas. 
La propuesta también es relevante para la evaluación de los planes de asignación nacional conforme a la Directiva propuesta sobre comercio de derechos de emisión, que actualmente está en trámite. 
Hay cosas que nos preocupan con respecto a los plazos límite. 
Espero que sean prácticos y alcanzables, en lo que respecta a los diversos aspectos de la propuesta. 
Si son prácticos y realistas, entonces será posible insistir en el cumplimiento por parte de todos los Estados miembros, incluso aquellos que tienen dificultades para alcanzar los objetivos en este terreno. 
Si no son prácticos y se aceptan, entonces estaremos dando rehenes a la fortuna a este respecto. 
La situación de Irlanda con respecto a los objetivos de Kioto es, para ser sinceros, bastante negra. 
A Irlanda se le ofrecieron los niveles de 1990 más el 13%. 
La última vez que se analizaron, las emisiones eran ya un 22% superiores a los niveles de 1990. 
Entiendo que el promedio de la UE se sitúa en la actualidad en un 1% por encima. 
Irlanda tiene mucho por hacer en este terreno concreto, y todo lo que pueda ayudarnos a poner en orden nuestras ideas y a cumplir –es nuestro deber como nación– será bien acogido. 
Acojo con satisfacción la propuesta que tenemos hoy ante nosotros. 
. –Señor Presidente, cuando la Comunidad Europea firmó el Protocolo de Kioto, sabíamos que este compromiso requeriría una firme acción en el futuro, y el mecanismo de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea recientemente adoptado es una pieza esencial en este terreno. 
Esta decisión constituye otra pieza clave de ese rompecabezas; por lo tanto, la Comisión puede refrendar totalmente este acuerdo de primera lectura. 
El seguimiento y la información son por supuesto esenciales y puedo asegurar a sus Señorías que también haré todo lo que esté en mi mano para asegurar que comuniquemos a los ciudadanos qué resultados están obteniendo los Estados miembros. 
Naturalmente basamos nuestra información en gran parte en la labor de la Agencia Europea de Medio Ambiente. 
Volveremos sobre este tema, pero nuestra evaluación revela que se trata de un sistema viable y práctico. 
Esto no quiere decir que vaya a ser fácil para los Estados miembros. 
Realmente, este no es el caso, pero tendremos que estar a la altura de nuestros compromisos y me gustaría pedirle al Parlamento que concluya mañana votando las enmiendas con una amplia mayoría. 
De este modo, la Unión Europea y la Comunidad Europea reafirmarán su compromiso con el Protocolo de Kioto y destacarán el compromiso de poner en marcha las medidas necesarias en la lucha contra los problemas del cambio climático. 
Todo lo que hacemos para demostrar que queremos y podemos estar a la altura de nuestros compromisos transmitirá una señal al resto del mundo, y en concreto a cierto país que también queremos que ratifique el Protocolo de Kioto. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
–De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0296/2003) del Sr. Lange, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 97/68/CE relativa a la aproximación de las leyes de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera (COM (2002) 765 – C5-0636/2002 – 2002/0304 (COD) ). 
. –Señor Presidente, Señorías, permítanme en primer lugar dar las gracias al ponente, el Sr. Lange, por la calidad de su trabajo sobre una cuestión técnicamente tan compleja como esta. 
Esta propuesta forma parte de los continuos esfuerzos de la Comunidad por reducir las emisiones a fin de mejorar la calidad del aire con el fin de proteger el medio ambiente y la salud de nuestros ciudadanos. 
El objetivo de esta propuesta es reducir los niveles de emisión de los motores de las máquinas móviles no de carretera a la luz de los avances tecnológicos y la contribución del sector a las emisiones atmosféricas. 
La propuesta también está encaminada a ampliar el ámbito de la vigente Directiva 97/68 para que incluya los motores de los barcos de vías navegables interiores. 
Las emisiones del transporte por carretera convencional siguen reduciéndose; por lo tanto, es conveniente que en paralelo se realicen avances adicionales en el sector de las máquinas móviles no de carretera, a medida que aparecen soluciones técnica y económicamente viables. 
Al mismo tiempo, la Comisión es consciente de la naturaleza global del mercado de los motores que abarca esta directiva y es consciente de los beneficios que supone para la industria alinear los avances con las propuestas normativas paralelas de los Estados Unidos. 
Me complacen mucho los avances que se han hecho en torno a esta propuesta y acojo con satisfacción la importante función que ha desempeñado el Parlamento en el impulso de un acuerdo en primera lectura. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, el título de este informe que usted, señor Presidente, acaba de leer, puede resultar algo incomprensible para los ciudadanos. 
¿De qué estamos hablando? 
Estamos hablando de las emisiones de gases de escape de la maquinaria para construcción, excavadoras, locomotoras y buques para navegación por aguas interiores, y creo que muchos ciudadanos tienen claro que hay que hacer algo al respecto. 
En estos momentos, en cualquier obra que se realice en una calle de una ciudad europea, se permite a la excavadora y a la aplanadora arrojar muchas más emisiones a la atmósfera que al camión que se lleva los escombros, a pesar de que están equipados con el mismo motor. 
Realmente no tiene explicación que el mismo motor, en el mismo lugar, pero instalado en dos máquinas distintas, esté autorizado a producir distintos niveles de emisiones. 
Por lo tanto, está claro que tenemos que hacer algo al respecto. 
También estoy muy satisfecho de que se haya podido negociar con el Consejo, incluso antes de la primera lectura, un compromiso entre los principales grupos políticos con el apoyo de muchos diputados, con el objetivo último de evitar un procedimiento de conciliación. 
Este compromiso se aproxima a lo que decidimos en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Queremos reducir las emisiones de las máquinas que no circulan por las carreteras, y queremos hacerlo en varias fases. 
Haciéndolo, avanzaremos por el mismo camino que han tomado los Estados Unidos, cuya Agencia de Protección Medioambiental presentó, en abril de este mismo año, una propuesta para abordar lo que también es nuestra principal preocupación –los óxidos de nitrógeno y las emisiones de partículas– y en la que se proponían medidas similares a las que hemos debatido. 
Esto me lleva a pensar que hemos tomado el camino correcto, ya que estas máquinas se venden en todo el mundo: reducción de los óxidos de nitrógeno y las partículas en varias fases, incorporando en la última de ellas el requisito indispensable de un filtro de partículas que reducirá significativamente el riesgo para la salud y protegerá a los ciudadanos, sobre todo en las aglomeraciones urbanas. 
También vamos a incluir las locomotoras en esta Directiva. 
Es posible que algunos de ustedes hayan visto, cuando esperaban en una estación, la cantidad de partículas que emite a la atmósfera una locomotora de maniobras diesel cuando avanza y retrocede. 
Creo que ese es otro campo en el que debemos actuar, pero estamos procediendo con más cautela que con las demás máquinas y hemos incorporado un proceso de revisión para garantizar que siguen existiendo soluciones tecnológicas viables. 
Lo mismo cabe decir de los buques para navegación por aguas interiores. 
Creo que en este campo podríamos haber ido bastante más lejos, pero faltó empuje suficiente –no tanto por cuestiones técnicas, sino por consideraciones políticas en el seno del Consejo. 
Decidimos que nos ocuparíamos de garantizar que los motores no se pudieran manipular electrónicamente. 
Hemos comprobado que, como consecuencia de la manipulación electrónica, los resultados de las emisiones de algunos modelos de camiones en los Estados Unidos son muy distintos en condiciones operativas reales de los obtenidos en el ciclo de pruebas realizadas para su homologación. 
Esa posibilidad quedará también excluida. 
Hemos decidido que las emisiones atmosféricas no pueden aumentar significativamente después de realizar el ciclo de pruebas, y que debe prestarse una gran atención a garantizar que esos resultados sigan estando dentro de unos límites razonables en relación con el ciclo de pruebas. 
Creo que hoy podemos dar un importante paso en la dirección correcta. 
También nos hemos asegurado de que los fabricantes que completen las fases anticipadamente puedan utilizar esa circunstancia para incrementar sus ventas. 
Creo que, en definitiva, los consumidores lo tendrán en cuenta como un factor crucial en su decisión de compra, de forma que podrán decir «estos motores cumplen ya la normativa de emisiones que todavía no está en vigor –esa podría ser la máquina que me conviene» , y su pronta introducción en el mercado podría ser una oportunidad de venta para los fabricantes. 
En conjunto, por tanto, ese es el paso que debemos en la dirección correcta. 
Con esa medida estaremos siguiendo la tradición de los muchos y variados textos legislativos que hemos aprobado sobre coches, camiones, motocicletas, sierras mecánicas y segadoras. 
Creo que podemos decir de verdad que estamos escribiendo otro capítulo en la sucesión de éxitos del programa «Aire puro para Europa». 
Gracias a todos los que han contribuido a conseguirlo. 
. – Señor Presidente, apoyo sinceramente al ponente. 
Los miembros de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo nos hemos limitado a examinar los motivos que justifican el informe, dado que no somos científicos medioambientales. 
Por supuesto, el principio de aplicar las mismas normas dentro y fuera de las carreteras es de vital importancia. 
En lo que respecta a la maquinaria móvil que no circula por las carreteras, debemos sacar nuestras conclusiones de la experiencia que ya tenemos con la limpieza de los motores de los camiones. 
Este informe indica claramente que los métodos utilizados pueden aplicarse también a otros motores contaminantes en maquinaria de carretera distinta de los camiones. 
La cuota de emisiones de la maquinaria no móvil se ha incrementado en términos relativos, precisamente debido al éxito de las técnicas de limpieza de motores utilizadas en los camiones. 
A mi juicio, ese es otro argumento más a favor de esta adaptación. 
Pero en un sentido más amplio, se trata también de la reputación del transporte por barco y ferrocarril, del que siempre se ha dicho que es más limpio que el transporte por carretera. 
Si eso es verdad, también deberíamos avanzar en ese campo, proporcionando motores diesel más limpios. 
La tecnología necesaria ya existe y está empezando a estar disponible, razón por la cual se está dando tiempo al sector para que se adapte. Este proceso debe hacerse de tal forma que se ofrezcan incentivos al sector para acelerar la sustitución por motores diesel más limpios y que cumplan las condiciones estipuladas. 
Obviamente, la armonización debe analizarse también en el contexto mundial. 
Estamos hablando de un mercado para un cierto tipo de máquina, y eso también ha recibido la debida consideración en el informe. 
La Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo apoyamos el objetivo de las propuestas del ponente y, en principio, somos favorables a la inclusión en este informe de normas medioambientales para la maquinaria diesel, es decir, para los motores diesel utilizados en el transporte ferroviario cuya capacidad supere los 560 KW. 
En este sentido, la norma que se aplica al resto de sectores debe aplicarse también aquí; es decir, debemos dar un plazo razonable al sector para que, aprovechando los avances tecnológicos, pueda realizar las necesarias innovaciones. 
En resumen, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, puedo decir que las propuestas del Sr. Lange constituyen un paso en la dirección correcta. 
– Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Lange por todo el trabajo que ha realizado en lo que constituye una propuesta técnicamente muy compleja. 
Realmente se ha ganado una gran reputación en la comisión por poseer una excelente comprensión técnica de los asuntos implicados. 
Aunque no estoy necesariamente de acuerdo con las conclusiones a las que ha llegado, lo felicito por todo el trabajo que ha hecho y por su comprensión de las cuestiones. 
Me he opuesto a muchas de las enmiendas que propuso el Sr. Lange en primer lugar a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, pero me complace decir que desde entonces ha dedicado un gran esfuerzo a negociar compromisos con el Consejo, la mayoría de los cuales me complace refrendar. 
Siempre he creído que el planteamiento que deberíamos adoptar con respecto a las Directivas sobre emisiones al medio ambiente debería ser proporcionado. 
Debemos garantizar que los beneficios para el medio ambiente sean siempre equilibrados con respecto al coste. 
En la UE imponemos a menudo enormes costes a las empresas y la industria a cambio de mejoras que a veces son relativamente marginales en cuanto a su efecto medioambiental. 
Me complace apoyar ahora muchos de los compromisos que se han negociado. 
El texto se adapta mucho más a los límites y fechas de nivel 4 propuestos por la EPO de los Estados Unidos. 
El documento establece ahora que el paquete propuesto de valores límite debería adaptarse, en la medida de lo posible, a los avances de los Estados Unidos, de forma que se ofrezca a los fabricantes un mercado global para sus diseños de motores. 
Este es un planteamiento que respaldo enérgicamente. 
El texto programa ahora la fecha de revisión para 2007, lo que proporciona muchas más oportunidades de adquirir experiencia práctica con la tecnología de tratamiento posterior antes de que se confirmen las fases IIIB y IV. 
Dicho esto, no apoyaré las enmiendas 71, 75, 82 y 89, relativas a los motores de sustitución, la clasificación de los motores auxiliares y los motores utilizados en labores de mantenimiento o construcción. 
Dado que la tecnología específica del ferrocarril todavía no se ha desarrollado, desde mi punto de vista, de forma satisfactoria para cubrir los requisitos de las fases 3 y 4, creo que no es posible establecer si podrán cumplirse estos requisitos y cuándo podrán cumplirse. 
Me complace la gran mayoría de los compromisos que el Sr. Lange ha negociado con tanta habilidad y quisiera felicitarle por el trabajo que ha realizado al respecto. 
–Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Socialistas, quisiera felicitar también al Sr. Lange. 
Durante las últimas semanas, y literalmente sin la ayuda de nadie, ha conseguido –eso es un retruécano– resultados asombrosos con el Consejo. 
Ahora tenemos un acuerdo en segunda lectura que probablemente todos podamos apoyar. 
Con un par de reservas, creo que el Sr. Callanan también pondrá alzar su mano a favor de la mayoría de los aspectos, así que creo que obtendremos un resultado muy bueno. 
Este es un paso adelante muy importante en el control de las emisiones en un sector que todavía no se ha tocado. 
Una gran variedad de máquinas móviles no de carretera –equipos de construcción, barcazas y todo tipo de equipos especiales en los que todavía no hemos pensado– pasarán a estar bajo un control razonable, poniendo fin a numerosas emisiones del maloliente humo de gasóleo en todo tipo de lugares extraños en los que originan quejas. 
Se han establecido acuerdos sensatos para los equipos agrícolas de temporada y equipos especiales como los motores de gasóleo empleados para lanzar botes salvavidas en el Reino Unido, todos ellos con un número limitados de horas de funcionamiento anual. 
Creo francamente que las ambiciones del Parlamento, según lo expresado por la Comisión de Medio Ambiente, han superado los deseos de la Comisión y el Consejo, especialmente con respecto a los trenes con motor diesel. 
Este es un ámbito que debemos retomar en el futuro, examinando las circunstancias especiales que prevalecen en los nuevos Estados miembros cuando pasen a formar parte de la Unión. 
Pero ahora estamos llegando a un punto en el que podemos apoyar plenamente, por amplia mayoría, el resultado del trabajo del ponente. 
Lo felicito por sus esfuerzos y espero que en el futuro avancemos en relación con los asuntos pendientes dentro de un plazo adecuado. 
– Felicidades, señor Lange. 
Hace cinco años ustedes necesitaron tres lecturas para sacar adelante el programa de combustibles para coches. 
Ahora, y por eso miro de reojo al Sr. Bowe, se ha llegado a un acuerdo con el Consejo después de la primera lectura. 
¡Eso es excelente! 
La contaminación del aire, en el sentido tradicional de la palabra, pronto será cosa del pasado en Europa, por lo menos cuando hayamos introducido los nuevos motores en coches, en camiones, en motores normales, en sierras mecánicas y ahora también en martinetes, trenes de carga y buques para navegación por aguas interiores. 
La Comisión no quería aprobar hasta dentro de mucho nueva legislación, sobre todo con respecto a trenes y buques para navegación por aguas interiores. 
No obstante, el Parlamento y el Consejo se negaron a ceder y decidieron regular ya estos medios de transporte, puesto que era técnicamente posible. 
Los trenes de carga y los buques para navegación por aguas interiores consumen mucha menos energía, simplemente porque la resistencia es mucho menor. 
Eso significa que el beneficio medioambiental de los trenes de carga y los buques para navegación por aguas interiores ha vuelto a ser lo que solía, y eso es algo que celebramos los miembros del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. 
– Señor Presidente, señor Lange, desde luego somos herederos de una larga tradición en este ámbito de la legislación europea. 
Hemos establecido normas para coches, motos, barcos y sierras mecánicas y ahora le toca el turno a los vehículos que no circulan por las carreteras. 
Esta Cámara se caracteriza por su continuidad, en el sentido de que no es preciso estar de acuerdo con cada palabra, pero siempre tenemos el mismo problema. 
La industria que fabrica la máquina dice: «Lo vamos a solucionar». 
Los usuarios de la máquina dirán seguramente: «Tendremos que usar esta máquina mucho tiempo para amortizar la inversión.» 
Todo esto es comprensible, y por eso creo que el compromiso que hemos alcanzado es el correcto. 
En concreto, el hecho de que hayamos tomado el mismo camino que los americanos significa que vamos por el buen camino en nuestro afán por reducir las distorsiones de la competencia. 
Estoy convencido de que la reducción de los valores de emisión es más cara en una región tan industrializada como Europa que en otros países. 
Nuestro problema es sencillo: cada vez hay más máquinas. 
Es posible que sean cada vez más limpias, pero cada vez su número total es mayor, así que no podemos ser tan optimistas sobre nuestra contaminación del medio ambiente con emisiones de gases de escape como querríamos. 
Aunque me complace que hayamos encontrado una forma de adaptar las normas al ferrocarril hasta cierto punto, sigue apreciándose cierto nivel de discordancia, así que hay dos o tres enmiendas que no me satisfacen mucho. 
Es bastante evidente, no obstante, que si los ciudadanos quieren, a la larga, utilizar estos grandes motores –que no son motores de 80 caballos, sino que llegan a los 600 y 1000 kW, y que producen más emisiones acordes con su potencia – tendrá que rascarse los bolsillos; es preciso que se den cuenta de que tendrán que hacerlo en el futuro y estén preparados para ello. 
Si queda alguna cuestión pendiente, seguro que nuestro lesionado ponente podrá resolverla. 
– Señor Presidente, Señorías, como ya se ha dicho, con esta propuesta continuamos una larga tradición de esta Cámara. 
En el pasado hemos sido muy concienzudos en nuestra lucha por reducir las emisiones de contaminantes de los motores y ahora queremos legislar aparatos estacionarios y máquinas móviles, un área que hasta ahora no se había cubierto. 
Luchar contra esos contaminantes, o conseguir reducirlos, no tiene una profunda influencia en el potencial de contaminación total, pero es importante, ya que esas máquinas y aparatos están muy localizados y normalmente se utilizan durante un periodo considerable de tiempo. 
Eso provoca una fuerte contaminación localizada, que es perjudicial –sobre todo debido a las partículas y los óxidos de nitrógeno– para la salud de las personas, y que debemos tener en cuenta en todo momento. 
Puedo decirle al Sr. Lange que debemos ser más cautos en este punto, que no debemos perder el tiempo presentando soluciones técnicas concretas como si fueran especialmente efectivas para reducir las emisiones contaminantes. 
No solo tenemos que reducir los contaminantes, sino que también tenemos que pensar en reducir el CO2 según se establece en el Protocolo de Kioto. 
Sabemos que la instalación de filtros incrementa las emisiones de CO2. 
Seguramente es aquí donde debe llegarse a un compromiso, de tal forma que, aunque pidamos una reducción, sigamos preguntándonos si tenemos que abordar el problema únicamente desde esa dirección. 
Estoy de acuerdo con la especificación que ha propuesto el ponente, y creo que debemos seguir por ese buen camino. 
Recuerdo que en 1998 se profetizó que la industria petrolera europea se hundiría; sin embargo, acabó adaptándose más rápidamente de lo que habíamos estipulado en el calendario que propusimos. 
Nuestro enfoque es, sin duda alguna, el correcto. 
Soy bastante más prudente en relación con la extensión de esta normativa a ferrocarriles y buques, un campo en el que estoy seguro de que sigue habiendo algunas cuestiones pendientes. 
Estamos tratando de transportar más mercancías por tren y barco. 
Sabemos también que tenemos que abordar la cuestión del transporte público –un sector que hace un uso especial de los vehículos ferroviarios. 
Sin embargo, esos vehículos producen contaminantes y queremos imponerles unas normas, un tema que tendremos que volver a analizar. 
Por eso es bueno que la propuesta incluya a esos vehículos; si no lo hubiera hecho, aprobarla habría sido más difícil. 
De esta forma, podemos llegar a un acuerdo sobre un mínimo común denominador. 
. – Señor Presidente, el compromiso propuesto está bien equilibrado. 
Reconoce los beneficios para la industria de la alineación normativa con los avances paralelos en los Estados Unidos y al mismo tiempo es compatible con la capacidad de la industria para responder. 
También dispone una notable mejora del impacto medioambiental de los motores en aplicaciones no de carretera. 
Es importante que también incluya una cláusula de revisión en 2007 por la que la Comisión evaluará si existe alguna necesidad de ajuste a los niveles de emisión de las fases IIIb y IV y el calendario para su aplicación o derogación. 
Por otra parte, el compromiso propuesto plantea la cuestión del etiquetado y una serie de cuestiones técnicas como el «» y las mejoras de los ciclos de pruebas. 
También reconoce que algunos detalles no pueden ultimarse en este momento y que es mejor dejarlos para la comitología o la revisión. 
A la Comisión le complace mucho el resultado y quisiera dar las gracias una vez más al ponente, el Sr. Lange, por sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo en primera lectura. 
La Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas transaccionales propuestas. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
– De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre la declaración de la Comisión sobre el desguace en la Unión Europea de los barcos de guerra norteamericanos contaminados. 
. –Señor Presidente, la Comisión ha recibido una queja formal de un diputado a este Parlamento contra el Reino Unido, sobre la importación de viejos barcos de guerra a este país. 
Por supuesto, la Comisión escribirá a las autoridades del Reino Unido con carácter de urgencia para comprobar si existe algún problema de compatibilidad con la legislación comunitaria. 
Permítanme asegurar al Parlamento desde el principio que, como Comisaria europea de Medio ambiente, simplemente no creo que tenga sentido remolcar estos barcos contaminados a través del Atlántico hasta el Reino Unido. 
En los Estados Unidos de América ya existen plantas de reciclado. 
Nos preocupa la información recibida de terceros que sugiere que los barcos pueden perder petróleo, PCB y amianto. 
Cuatro barcos han partido ya de los Estados Unidos y les seguirán otros nueve. 
Dos barcos partieron hace dos semanas y dos la semana pasada. 
Un tribunal norteamericano ha dictado una suspensión cautelar sobre los otros nueve barcos y se espera una decisión final. 
Entiendo que las autoridades de los Estados Unidos han aceptado voluntariamente no enviar estos otros nueve barcos hasta marzo del año que viene. 
Si esto se confirma, celebro el aplazamiento, pero creo que debería ser algo más que un simple aplazamiento. 
Todos los barcos deberían permanecer en los Estados Unidos para su desguace ecológicamente correcto, conforme al principio de proximidad. 
De forma más general y aparte de este caso concreto, también me preocupan los problemas medioambientales y para la salud humana relacionados con el desguace de barcos, en concreto las implicaciones para los países no pertenecientes a la OCDE. 
Nuestros cálculos indican que unos 2 000 barcos serán eliminados gradualmente y desguazados a raíz de las secuelas de la catástrofe del y la eliminación gradual de los buques monocasco. 
No podemos trasladar este problema medioambiental a los países en desarrollo. 
El desguace de barcos se realiza a menudo en condiciones que, desde una perspectiva medioambiental, sanitaria y de seguridad, no pueden considerarse idóneas. 
Desgraciadamente, también hay barcos de propiedad o pabellón de la Unión Europea que se desguazan en estas condiciones. 
Las partes del Convenio de Basilea, que trata del control y la gestión de desechos peligrosos, incluidos los barcos viejos, se reúnen esta semana en Ginebra para debatir esta cuestión, entre otras. 
Me reuniré con la secretaría del Convenio de Basilea esta semana para tratar la cuestión, y estoy convencida de que haremos avances en el tratamiento de los problemas a los que nos enfrentamos. 
En un momento en el que estamos comprometidos con el desarrollo de una ambiciosa nueva estrategia europea para proteger y conservar el medio marino, no creo que debamos correr los riesgos asociados al transporte de estos barcos a través del Atlántico. 
Vistos los desastres del y el, necesitamos un planteamiento de cautela para proteger este frágil recurso. 
En conclusión, planteo al Parlamento la pregunta que planteé a las autoridades del Reino Unido la semana pasada. 
¿No tendría más sentido enviar la competencia británica en la dirección opuesta a través del Atlántico? 
– Señora Comisaria, señor Presidente, esta cuestión está oscurecida por una densa niebla del Atlántico Norte. 
Si preguntan a los servicios de inteligencia sobre la situación actual, les plantearán un buen número de interrogantes. 
Permítanme que les diga para empezar que yo –al contrario que usted, señora Comisaria– no me opongo en principio a que los astilleros europeos, que están atravesando una grave crisis, se especialicen en el desguace de miles de barcos procedentes de todo el mundo, y a que lo hagan de acuerdo con unas estrictas limitaciones medioambientales, una situación totalmente diferente de la que se da hoy –lamentablemente– en la India, donde existe la peor competencia desleal imaginable para el medio ambiente, poniendo gravemente en peligro la salud de la población. 
Obviamente no queremos eso, y por eso queremos hacerle muchas preguntas al Gobierno británico. En su ausencia, le utilizaré a usted como portavoz y le preguntaré si se trata realmente de buques de guerra. 
La razón de esta pregunta es que me ha llegado información muy distinta. 
Según se me ha dado a entender, los barcos de guerra solo pueden desguazarse en los Estados Unidos. 
¿O se trata de buques utilizados para fines de transporte y comercio? 
¿Cómo se llevó a cabo la transacción? 
¿Negoció un gobierno directamente con el otro, o participaron intermediarios internacionales? 
Lo que necesitamos saber es por qué no se está realizando el trabajo en los Estados Unidos. 
Trasladar barcos de un lado a otro del Atlántico Norte cuesta dinero, por supuesto, y además ese traslado conlleva grandes riesgos. 
¿Se tuvo en cuenta en los cálculos que alguno de los buques podía hundirse? 
Esa habría sido una catástrofe de tal magnitud que prefiero no hablar de ella. 
Sin que sea mi intención arremeter contra nadie, mi segunda pregunta es si el país de destino de los buques posee las infraestructuras necesarias. 
¿Tiene infraestructuras para poner un buque en dique seco, etc.? Estas, señora Comisaria, son preguntas que usted debe contestar, preguntas de las que usted, como acaba de decir, debe preocuparse. 
¿Se cumple en todo momento la Convención de Basilea sobre la exportación de residuos? 
Sabemos, por supuesto, que los estadounidenses no la han firmado. 
Todas estas preguntas exigen un serio análisis antes de que podamos llegar a una conclusión pero, al fin y al cabo, no quiero excluir la posibilidad de que los europeos ofrezcan estos servicios siempre que se respeten unas normas medioambientales muy estrictas. 
Que un buque sea remolcado o no hasta el otro lado del Atlántico –que sea o no posible hacerlo– son preguntas que deben estudiar los expertos. 
Nuestro enfoque en este asunto debe ser muy crítico, pero centrado en nuestros intereses como continente industrializado y, por supuesto, no podemos aceptar que se confunda con otras cuestiones. 
Todo esto lo he dicho para darles una pista, y espero que los intérpretes entiendan lo que quiero decir con ello. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, estoy muy satisfecha con la declaración de la Comisaria Wallström. 
Mis motivos para ser tan escéptica en toda esta cuestión están relacionados con consideraciones de política medioambiental. 
Como ha dicho la Comisaria Wallström, es extremadamente importante que se aplique el principio de proximidad en este ámbito. 
Supongo que un país como los Estados Unidos debe ser capaz de conseguir el know-how y la tecnología necesarios para desmantelar buques viejos –ya se trate de buques de guerra o de buques comerciales. 
El Sr. Bowe está negando con la cabeza, pero creo que un país que se autodenomina la mejor democracia del mundo debe poder solucionar sus propios problemas. 
Quiero que me diga, señora Comisaria, si este debate incluía alguna referencia a la posibilidad de implicar a países no pertenecientes a la OCDE en los que existe un gran riesgo de que se produzcan enormes daños para la salud y el medio ambiente. 
El principio de «el que contamina, paga» debe aplicarse también en este caso. 
Quiero terminar recalcando de nuevo que estoy muy satisfecha con su declaración y que creo que el principio de proximidad debe aplicarse en un caso tan grave como este. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, estoy encantado de que la campaña que hemos lanzado, junto con unos pocos diputados de nuestro grupo, haya dado sus frutos. 
También estoy muy satisfecho con la declaración que ha hecho la Comisaria, que nos ha llenado de esperanza. 
Sin embargo, temo que el traslado de los dos buques al Reino Unido forme parte de un plan más amplio para establecer una ruta de residuos hacia países como la India y Bangladesh. 
Si se permite que estos buques crucen el Atlántico, se abrirán las compuertas y se sentará un precedente. 
Después de todo, se permitirá legalmente, en contra del espíritu de la Convención de Basilea, el envío de residuos a países que no disponen de una política social o medioambiental adecuada. 
En los últimos años se ha intentado por todos los medios evitar la exportación de residuos y establecer un sistema según el cual los residuos se procesen en el lugar más próximo posible a su origen. 
Permitir que buques crucen el océano de esta forma se contradice de lleno con esa política. 
Se trata de un mensaje muy negativo de los Estados Unidos, que ya han dejado en suspenso varios tratados medioambientales. 
Seguramente ese país dispone de capacidad y competencia suficientes para desmantelar esos buques. 
Pero no solo debemos señalar a los Estados Unidos, ya que cuenta con la colaboración de un Estado miembro de la Unión Europea, que de esa forma se convierte, como mínimo, en un aliado necesario para debilitar la Convención de Basilea. 
Además, ese país ha fijado una ruta de alto riesgo para esos buques, como consecuencia de la cual se pone en peligro a otros Estados miembros. 
Si buscamos otros cómplices, volvemos a encontrarnos con la Organización Marítima Internacional, que ofrece escasa cooperación cuando se trata de obligar a cumplir la Convención de Basilea. 
Ya es hora de las cosas cambien y, para conseguirlo, la Unión Europea debe adoptar una posición unida. 
También Europa exporta buques viejos a países del sur para su desguace, sin procesar antes sus peligrosos residuos. 
En estos momentos circula una lista con 144 buques que ya han llegado a países del sur para su desguace. 
Por lo tanto, confiamos en que la Comisión cree lo antes posible un marco jurídico que ponga fin a estas actividades. 
Queremos solicitar también una política de mantenimiento para los buques europeos al final de su vida útil. 
El 27 de octubre se celebrará una reunión del Consejo de Ministros de Medio Ambiente. Será una buena oportunidad para hacer una advertencia y tomar una iniciativa legislativa. 
– Señor Presidente, tengo un especial interés en esta cuestión, ya que vivo en una isla vecina del Reino Unido. 
Me parece que el Reino Unido está actuando de forma muy irresponsable al formalizar contratos para hacer que barcos de este tipo atraviesen el Atlántico supuestamente para ser reciclados en puertos británicos. 
Uno se pregunta qué pasará con los residuos peligrosos que según se nos ha dicho constituyen una parte importante de esos barcos. 
Se nos ha hecho creer que los cuatro barcos que actualmente están en camino hacia el Reino Unido contienen algo así como más de 300 toneladas de PCB y 600 toneladas de amianto. 
Existen dudas sobre si de hecho el Reino Unido ha incumplido la normativa de la UE. 
La señora Comisaria también ha dicho que ha solicitado a las autoridades del Reino Unido que indiquen si consideran que todavía cumplen las leyes de la UE. 
Entiendo por la información que he recibido que existe el requisito de tratar dichos barcos en un período de 180 días. 
Existe asimismo el requisito de contar con un dique seco disponible para el desguace de estos barcos, pero es improbable que puedan tratarse en un plazo de 180 días y de hecho no existe ningún dique seco disponible para el reciclado de los mismos. 
Señora Comisaria, hay preguntas muy graves en esta situación y no considero que baste con decir simplemente que las ha planteado a las autoridades del Reino Unido. 
¿Cuándo contestarán? 
¿Cuándo se tomarán medidas para proteger a los ciudadanos del Reino Unido, además de los ciudadanos de Irlanda y de los demás países? 
Por último, seguramente oiremos argumentos sobre los puestos de trabajo en el Reino Unido. 
Si analizamos la historia, hemos oído argumentos para no abolir la esclavitud o prohibir el hacer subir a niños por las chimeneas porque se perderían puestos de trabajo si pusiésemos fin a dichas prácticas. 
El medio ambiente es más importante a estas alturas que algunos cientos de puestos de trabajo. 
– Acojo con suma satisfacción los comentarios de la Comisaria Wallström. 
Es apabullante que el Reino Unido permita convertirse en el vertedero de algo que los Estados Unidos no han querido tratar. 
Las autoridades de ese país consideraron que esos barcos son demasiado peligrosos como para desguazarlos en los Estados Unidos y me parece bastante sorprendente que posteriormente se transporten a lo largo de 4 500 millas a través del Atlántico y por aguas de la UE para deshacerse de ellos en el Reino Unido. 
Originalmente, el plan era que estos barcos atravesasen aguas irlandesas, pero de momento parece que ese no es el caso. 
No estamos seguros de si puede haber garantías de que las rutas no se modifiquen, pero independientemente de ello debemos observar nuestro compromiso con la legislación de la UE, al igual que debe hacerlo el Reino Unido, y en particular con la normativa relativa al transporte de residuos. 
Quisiera preguntar a la Comisión si la acción del Reino Unido incumple el apartado 3 del artículo 19 del Reglamento de transporte de residuos y el artículo 4 de la Directiva marco sobre residuos. 
Con relación a Natura 2000, las costas de Teesmouth y Cleveland están clasificadas como zonas de protección especial conforme a dicho programa. 
Esto significa, para la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, que cualquier plan o proyecto no directamente relacionado con el lugar, o necesario para la gestión del mismo, pero que posiblemente tenga un efecto importante sobre el mismo –ya sea de forma individual o en combinación con otros planes o proyectos– será objeto de una evaluación adecuada de sus implicaciones sobre el terreno. 
Quisiera pedir a la Comisión que investigue –o quizás ya lo haya hecho– si el transporte y el tratamiento de estos barcos incumple la legislación sobre Natura 2000. 
Lo que el Reino Unido está haciendo no solo con respecto a sus costas sino también con relación a la UE en su conjunto es totalmente inaceptable. 
Acabamos de debatir sobre la Directiva de aguas de baño y es increíble pensar que estamos aquí hablando de un Estado miembro de la UE que plantea de forma irresponsable una importante amenaza para nuestras aguas de baño y para nuestra industria pesquera. 
¿Qué sucederá, quién compensará a la gente si se produce un accidente, si hay un desastre que afecte a la pesca, el turismo o a cualquier otro aspecto? 
Se trata en realidad de proteger puestos de trabajo que ya existen y de proteger nuestro medio ambiente y nuestra industria pesquera. 
Me complace mucho ver que la Comisión está de nuestra parte, pero debe ejercer más presión sobre el Gobierno británico para que actúe de forma responsable. 
– Señor Presidente, he escuchado con absoluto asombro algunas de las cosas que se han dicho aquí esta noche. 
Es difícil saber si existen datos reales entre tanta ficción. 
Se ha producido una enorme nube de confusión que empieza a tener un aire de hipocresía que no puedo creer. 
Los Estados por cuyas aguas pasen en su camino han sido consultados y se ha tenido en cuenta sus opiniones. 
Estamos haciendo esto bien y lo hacemos porque hace diez años decidimos no arrojar nuestras plataformas petroleras en el Mar del Norte, sino llevarlas a Teesside y a otros lugares y reciclarlas. 
Tenemos esta capacidad. 
Disponemos de los conocimientos. 
Tenemos la capacidad para hacer lo que los norteamericanos no pueden hacer, porque ellos vierten sus plataformas petrolíferas en el Golfo de México. 
La señora Comisaria debería preguntar qué sucederá con los más de 100 barcos que abandonarán las aguas de la UE este año para ser eliminados y destruidos en el Tercer Mundo de forma totalmente inaceptable, en lugar de hacer observaciones sobre lo que los británicos hacen de forma adecuada. 
. – Señor Bowe, eso es exactamente lo que yo he dicho. 
Lo he situado en el contexto más amplio de la responsabilidad que tenemos conforme al Convenio de Basilea: debemos ser capaces de cumplir los requisitos de dicho Convenio. 
Esto forma parte de un contexto mucho más amplio. 
Está usted en lo cierto al señalar la necesidad de disponer de información exacta. 
Por este motivo he escrito al Gobierno y a las autoridades del Reino Unido y también a los Estados Unidos, con el fin de obtener la información correcta. 
Lo que he podido averiguar hasta el momento es que estos 13 barcos forman parte de la flota de reserva de la defensa nacional administrada por el Departamento de Transporte de la Administración Marítima de los Estados Unidos (MARAD). 
También entiendo que todos estos barcos se construyeron entre 1945 y 1967, así que tienen entre 36 y 58 años de edad. 
Se calcula que contienen en total 698 toneladas de PCB y más de 3 300 toneladas de fuel oil, además de una importante cantidad de plomo, cadmio y amianto. 
Estos barcos son propiedad de la administración militar de los Estados Unidos y ya no están en funcionamiento. 
La MARAD ha informado de que muchos de los barcos se hallan en franco estado de deterioro. 
Once de los 13 barcos constan en su lista prioritaria de los 40 barcos en peor estado. 
Esto es lo que he podido averiguar hasta el momento. 
Esperemos hasta que dispongamos de toda la información. 
En un principio, no estoy en contra del traslado de residuos con fines de reciclado. 
Esto forma parte de la legislación vigente. 
Pero en un momento en que hemos luchado tan duramente en las tareas de limpieza tras los accidentes del y el, además de otros accidentes contaminantes acaecidos en el mar, y en que estamos luchando para proteger el medio marino, no considero que esta sea la mejor forma de avanzar, ya que al parecer existen plantas de reciclado en los Estados Unidos. 
Esto es lo que he pedido. 
¿Es esto sensato en términos generales? 
¿Tiene sentido hacer esto, con los riesgos que implica remolcar esos viejos barcos –los más viejos que poseen– que contienen tantas sustancias tóxicas? 
Hasta ahora no hemos iniciado ninguna medida legal contra el Reino Unido. 
Es importante decirlo. Estamos observando el cumplimiento de las Directivas vigentes sobre Natura 2000, la Directiva marco sobre el agua y otras Directivas. 
Por supuesto haremos un seguimiento de la queja que hemos recibido. 
Respondo en calidad de Comisaria de Medio Ambiente. 
¿Es esto lo mejor que podemos hacer en un momento en el que tratamos de proteger nuestros mares, nuestras aguas y nuestro medio marino? 
Si sabemos que existen plantas en los Estados Unidos, conforme al principio de proximidad, ¿por qué no enviar a los expertos en la dirección opuesta? 
Hasta el momento no se han iniciado medidas legales. 
Hemos solicitado más información, pero no puedo ocultar mi opinión sobre esta cuestión concreta. 
– Gracias, Comisaria Wallström. 
El debate queda cerrado. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0336/2003) de la Sra. De Sarnez, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de cara a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y la promoción del entendimiento intercultural mediante la cooperación con terceros países (Erasmus Mundus) (2004-2008) (8644/1/2003 – C5-0294/2003 – 2002/0165 (COD) ). 
– () Señor Presidente, Señorías, hace ahora dos años que todos juntos colaboramos en el nacimiento de Erasmus Mundus. 
Quiero dar las gracias, pues, a la Comisión, al Consejo y a todos mis colegas de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte por el trabajo realizado. 
Con el programa Erasmus Mundus para el período 2004-2008, la Unión Europea va a dotarse de un nuevo instrumento de intercambio y cooperación en el ámbito de la enseñanza superior, con vistas a estrechar los lazos entre las universidades europeas y crear un verdadero espacio europeo de la enseñanza superior, capaz de atraer a estudiantes, docentes e investigadores del mundo entero. 
Quiero recordarles en pocas palabras las principales acciones de este programa. 
La primera consiste en crear 250 cursos de máster europeos, denominados «cursos de máster Erasmus Mundus» , con la etiqueta y el apoyo de la Unión Europea. 
En estos cursos de máster, seleccionados para un período de cinco años, deberán participar como mínimo tres centros de enseñanza superior de tres Estados miembros y conducirán a la concesión de titulaciones dobles o múltiples reconocidas oficialmente. 
Los estudiantes que asistan a estos cursos de máster deberán realizar sus estudios en al menos dos de las tres universidades asociadas. 
La segunda acción consiste en crear becas Erasmus Mundus para 4 200 estudiantes de terceros países en Europa. 
El importe de esas becas es considerable; es del mismo nivel que las becas del programa Fullbright en los Estados Unidos. 
Los estudiantes beneficiarios recibirán en promedio 1 600 euros al mes para cursar un tercer ciclo en el marco de Erasmus Mundus. 
La tercera acción se centra en el personal docente. 
Mil profesores o investigadores del mundo entero podrán viajar a universidades europeas para misiones de enseñanza o de investigación de unos tres meses en promedio. Recibirán para su misión un subsidio de 13 000 euros. 
La cuarta acción consiste en desarrollar cooperaciones entre centros de enseñanza superior de terceros países y universidades europeas. 
Estas cooperaciones se basarán en proyectos comunes de tres años como máximo y contemplarán, en particular, la movilidad de estudiantes y personal docente europeo fuera de Europa. 
La quinta y última acción es la promoción internacional de la enseñanza superior europea. 
Para dar a conocer Erasmus Mundus en todo el mundo, la Unión Europea prestará apoyo financiero a acciones de promoción internacional y a la creación de servicios para facilitar la información y el acceso de los estudiantes de terceros países a las universidades europeas. 
Por último, quiero hacer hincapié en las prioridades que ha defendido el Parlamento Europeo y que han sido aceptadas por el Consejo y la Comisión. 
Primera prioridad: el nombre del programa, inicialmente llamado Erasmus World, ha pasado a ser Erasmus Mundus, lo que facilita que la gente lo identifique con la Unión Europea. 
Segunda prioridad: para preservar la diversidad cultural y lingüística, hemos dado a los estudiantes la posibilidad de aprender al menos dos de las lenguas habladas en los países en que estén situadas las universidades. 
Tercera prioridad: hemos querido que el máster Erasmus Mundus tenga en cuenta no solo la calidad de la formación impartida, sino también la calidad de las condiciones de acogida de los estudiantes. 
Cuarta prioridad: hemos insistido en el reconocimiento de los diplomas y los estudios, reconocimiento indispensable para progresar hacia un espacio europeo de la enseñanza superior. 
Hay que permitir la libre circulación real de los titulados dentro de la Unión. 
Esta verdadera vuelta a Europa que se ofrece a los estudiantes de terceros países podrá beneficiar mañana a los estudiantes europeos que lo deseen. 
Por último, quinta prioridad –quinta prioridad que nosotros, el Parlamento Europeo, hemos defendido–, hemos alcanzado un acuerdo sobre un presupuesto a la altura de las ambiciones del programa. 
El Consejo de Ministros de Educación proponía dotar este programa con 180 millones de euros. 
La Comisión proponía dotarlo con 200 millones de euros. 
El Parlamento ha conseguido, en esta segunda lectura, un presupuesto de 230 millones de euros. 
Quisiera repetir aquí, señora Comisaria, lo mucho que he apreciado el espíritu positivo con que hemos trabajado juntos, Parlamento Europeo, Comisión y Consejo. 
Creo que podemos sentirnos satisfechos de los avances del programa Erasmus Mundus. 
Deseo que Erasmus Mundus tenga el mismo éxito y la misma popularidad que su hermano pequeño Erasmus y que, así, la Europa del conocimiento a la cual aspiramos todos se haga realidad. 
. – () Señor Presidente, antes que nada quiero decir que el trabajo realizado por la Sra. De Sarnez es excelente. 
Es también, y creo que todo el mundo estará de acuerdo con ello, un excelente proyecto, que figura, debo reconocerlo, entre mis proyectos más queridos. 
Tiene por objeto reforzar el atractivo de la educación superior europea en el mundo y también aquí, en Europa; se dirige a reforzar su calidad a través de los cursos de máster europeos, que enlazarán a varias universidades de distintos países de nuestro continente y estarán destinados a estudiantes y universitarios de aquí, en primer lugar, y de todo el mundo, después, sobre la base de la concesión de becas. 
Nos encontramos en la fase de segunda lectura y puedo informarle, señora De Sarnez, de que la Comisión está en condiciones de aceptar las siete enmiendas recogidas en el proyecto de Recomendación. 
Por lo demás, quisiera felicitar al Parlamento y al Consejo por los esfuerzos realizados para encontrar un consenso, un consenso importante porque nos permite acelerar el procedimiento y poner en marcha el programa en 2004. 
Como ya he dicho, la Comisión se asocia plenamente a este consenso, que respeta la esencia de la propuesta y comprende una dotación presupuestaria de 230 millones, digna de un programa PHARE y coherente con la programación presupuestaria elaborada por la Comisión con vistas a la ampliación. 
La Comisión acepta la enmienda 5 relativa al presupuesto, la enmienda 1 que aclara el alcance del concepto de enseñanza superior, la enmienda 2 que hace referencia a la nueva generación de programas, las enmiendas 3 y 6 sobre la exigencia de calidad que deben cumplir los cursos de máster Erasmus Mundus, así como las enmiendas 4 y 7 relativas a la diversidad lingüística, tan cara a nuestro corazón. 
Quisiera decir a la Sra. De Sarnez y a los diputados a este Parlamento que allí donde voy, en la Europa de los Quince o en los nuevos países, o incluso fuera de Europa, todo el mundo está de acuerdo en considerar Erasmus Mundus un proyecto magnífico y todo el mundo ha depositado grandes expectativas en él. 
Estoy segura de que este proyecto contribuirá a la convergencia de nuestros sistemas de enseñanza superior y tendrá una repercusión fundamental sobre su atractivo en el mundo. 
Erasmus Mundus está destinado a convertirse tanto en una referencia de la excelencia académica europea como en un vector de diálogo entre los pueblos. 
Doy las gracias de todo corazón al Parlamento por su colaboración desde el primer momento hasta el último. 
Pienso que hemos puesto en marcha un proyecto maravilloso. 
Corresponde a los universitarios, a los estudiantes y a los profesores hacer que funcione verdaderamente. 
– Señor Presidente, Comisario Reding, hemos estado en una reunión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte hasta ahora, en la que hemos votado sobre tres informes muy complicados. 
Por eso llego sin aliento, pero ha merecido la pena. 
Quiero dar las gracias a la Sra. de Sarnez por realizar su trabajo con tanta determinación y energía. 
Al hacerlo, ha logrado lo que queríamos conseguir: estar en condiciones de iniciar el programa Erasmus Mundus a principios de 2004. 
Su informe hace hincapié en algo que este Parlamento aprecia mucho: la creación de un espacio de aprendizaje europeo, una expresión no podíamos utilizar en relación con Sócrates II. Hoy día creo que todo el mundo habla en esos términos, lo cual es, en mi opinión, muy positivo. 
Estamos devolviendo a Europa a la escena internacional. Europa será más competitiva y más atractiva para los jóvenes procedentes del extranjero. 
Frente a los 180 millones de euros que quería la Comisión, hemos fijado una cifra de 230 millones de euros. 
Nos ha costado mucho conseguir ese incremento, pero creo que refleja las esperanzas que hemos depositado en el programa. 
Para ser realmente atractivo, un programa de ese tipo necesita financiación. 
Hacemos aún más hincapié en el aprendizaje de idiomas y ese es un punto muy importante, porque los estudiantes que vienen aquí estudian en tres países distintos y esperamos que intenten aprender por lo menos dos de los idiomas de esos países. 
Considero que Erasmus Mundus es una excelente continuación del programa Sócrates-Erasmus, y creo que conseguiremos que sea un gran éxito en 2004, el mismo año en el que se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo. 
Espero que, al hacer eso y al demostrar de lo que somos capaces, consigamos que resulte realmente atractivo en la Unión Europea y fuera de sus fronteras. 
Estos estudiantes procedentes de países no miembros de la Unión Europea podrán estudiar en tres lugares en Europa; asimilarán la diversidad cultural de la Unión Europea, aprenderán sus idiomas y difundirán el mensaje europeo fuera de nuestras fronteras. 
Me satisface mucho haber llegado tan lejos. 
– () Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, sucede a menudo en este Parlamento –no voy a sorprender a nadie diciendo esto– que nuestros debates no sean en absoluto apasionantes y que abordemos temas más bien complejos. 
Como presidente de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte y acabando de llegar de una reunión de dicha comisión en la que votamos sin usted, señora De Sarnez, tengo que decir aquí que la Comisión de Cultura ha trabajado en torno al excelente informe de la Sra. De Sarnez con un entusiasmo general y unánime. 
Para ser franco, cuando vimos el documento de la Comisión, encontramos la idea excelente y estuvimos de acuerdo en que en algunos aspectos la Comisión se mostraba casi demasiado cautelosa. 
En primer lugar, en lo que se refiere al presupuesto. Felizmente, estábamos allí para aumentarlo un poco. 
Diré enseguida que la Comisión de Cultura de este Parlamento no considera que esos 230 millones sean suficientes, más bien piensa que habría que incrementarlos. 
Por otra parte, considerando que, en el mundo de hoy, un elevado número de grandes países dan la impresión, debido a las incertidumbres internacionales, de estar cerrados, el hecho de que Europa decida abrirse por completo precisamente en estas condiciones tiene a nuestros ojos una importancia extraordinaria. 
Del mismo modo, hemos querido reforzar, consolidar, grabar en piedra la dignidad de un diploma como el máster de la Unión Europea. 
El texto de la Comisión hacía pensar más bien en unos estudios cualesquiera conducentes a la expedición de un pequeño certificado. 
Hemos querido consolidar ese título, ese máster. 
Además, señor Presidente, nos pareció muy importante endurecer el texto relativo al aprendizaje de dos lenguas extranjeras en el marco que nos ocupa. 
Con respecto a la política lingüística de la Unión, hemos protestado a menudo en esta Cámara contra los Gobiernos que no declaraban obligatoria en su país la enseñanza de dos lenguas extranjeras. 
Todavía los hay. 
Ejerceremos toda la presión que podamos en apoyo de esta política y nos complace haber encontrado ahora una ocasión para hacerlo. 
Quiero decir, por último, que abrir la cultura europea a los estudiantes de todo el mundo me parece una iniciativa maravillosa. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hace un año celebramos la matriculación del estudiante Erasmus un millón. 
Si dependiera de mí, ofreceríamos a muchos más estudiantes de todo el mundo la oportunidad de estudiar en otras universidades. 
También estoy en deuda con la Sra. de Sarnez por el esfuerzo que ha realizado para concluir con éxito su informe. 
Para Europa es importante ofrecer una alternativa sólida a las universidades estadounidenses, a las que acuden la mayoría de nuestros estudiantes europeos en estos momentos. 
Dado que Europa pretende convertirse en la economía del conocimiento más competitiva del mundo, debemos promocionarnos como un centro de excelencia con unos niveles académicos elevados, de tal forma que a los estudiantes extranjeros les merezca la pena venir a estudiar aquí. 
Por diversas razones, siempre he dicho que es especialmente importante que los estudiantes aprendan idiomas distintos al suyo, por lo menos dos. 
Esa es una para cualquier ciudadano de los Países Bajos. 
También favorece la comprensión de otras culturas. 
Celebro ver que esto ha quedado reflejado en su informe. 
El aprendizaje de idiomas no solo ayuda a los estudiantes con titulación universitaria a conseguir una mejor posición competitiva en el mercado laboral, sino que también es una importante aportación a su bagaje cultural y, algo que no podemos olvidar, al entendimiento mutuo. 
No obstante, quisiera hacer una observación sobre este informe. 
El programa está destinado a estudiantes y profesores universitarios de todo el mundo, de ahí su nombre «Mundus». 
En este sentido, quiero solicitar un poco más de atención a las universidades de los países en vías de desarrollo. 
La educación es la mejor arma para luchar contra la pobreza. 
Dando a los estudiantes de los países en vías de desarrollo la oportunidad de estudiar en la Unión Europea, podemos ayudarles a divulgar ese conocimiento en sus propios países. 
Sin embargo, quiero añadir expresamente que, como es lógico, hay que asegurarse de que apliquen sus conocimientos en sus propios países una vez terminados sus estudios. 
Después de todo, el programa no pretende promover la fuga de talentos. 
Para ello se precisa una estrecha cooperación entre las universidades europeas y las universidades de los países en vías de desarrollo, que deben considerar prioritaria la ampliación de los conocimientos y la experiencia de estudiantes y profesores. 
– () Señor Presidente, quisiera expresar mis más vivas felicitaciones a la ponente por su excelente trabajo. 
El programa Erasmus Mundus va a constituir una utilísima prolongación, en el tercer ciclo de la enseñanza universitaria, del programa Erasmus vigente que, como sabe, promueve el respeto y la comprensión intercultural, así como el diálogo entre nuestros distintos pueblos. 
La apertura al mundo que ofrecen los programas Erasmus Mundus es algo extraordinario y permitirá ampliar aún más esta comprensión entre los pueblos. 
Sí, los pueblos, digo bien los pueblos, porque observo que, por desgracia, hoy está de moda hablar de los ciudadanos y eliminar a los pueblos, como hemos visto en el proyecto de Tratado constitucional de la Convención. 
Yo pertenezco a un pueblo, el pueblo catalán, que no coincide por fuerza con el Estado francés ni el Estado español, y me complace recordar aquí que los programas Erasmus Mundus van a favorecer la comprensión mutua entre los pueblos, no solo los pueblos europeos, sino los pueblos de todo el mundo. 
En Cataluña, ya que estaba hablando de Cataluña, hay muchos estudiantes venidos de toda Europa. 
Barcelona es un foco cultural atractivo y el hecho de que el catalán no sea una lengua oficial, por desgracia, sorprende mucho a algunos estudiantes a su llegada a Barcelona. 
Comprueban así que en Barcelona, en Valencia, en Palma o incluso en Perpiñán, los cursos, o algunos cursos, se imparten en catalán. 
En Barcelona la mayoría de los cursos se imparten en catalán. 
Quizás hayan podido ver una película muy inteligente y bien hecha de Cédric Klapisch, «Una casa de locos» , que trata de forma general la vida de los estudiantes Erasmus y evoca este problema lingüístico. 
Creo deseable que todas las lenguas de Europa gocen de los mismos derechos, no solo en los programas Erasmus Mundus, sino también en todas las instituciones europeas. 
– Señor Presidente, Señorías, probablemente en este Parlamento se debaten pocos temas sobre los que haya consenso. 
Espero que el debate de hoy sea una excepción a esa norma. 
Cualquiera que se preocupe por la calidad de la educación en la Unión Europea, a cualquier nivel, estará encantado de que el Consejo y el Parlamento hayan llegado a un acuerdo para poner en marcha un programa cuyo único objetivo es mejorar la calidad de la educación superior en los Estados miembros. 
En el pasado, solo unos pocos elegidos podían ampliar su experiencia en centros de educación superior o universidades extranjeras como parte de sus estudios. 
El hecho de que Europa esté trabajando para ofrecer esta oportunidad a un número cada vez mayor de estudiantes es un progreso que nos entusiasma a todos, con independencia de a qué partido político pertenezcamos. 
Como representante de Flandes, una de las naciones más pequeñas de la Unión Europea, veo con frecuencia que nuestro idioma, el neerlandés, está amenazado en nuestras propias universidades, entre otras cosas porque hay un creciente número de cursos, no solo en Flandes, sino también en los Países Bajos, que se imparten exclusivamente en inglés. 
Por lo tanto, me complace especialmente que el Consejo y el Parlamento soliciten, en su posición común sobre el programa Erasmus Mundus, una especial atención a la promoción del aprendizaje de idiomas entre los estudiantes tanto dentro como fuera de la Unión Europea. 
Ofreciendo a los estudiantes que participen en el programa Erasmus la oportunidad de aprender un mínimo de dos idiomas que se hablen en los países en los que se encuentren los centros de educación superior, podemos cambiar a tiempo la perniciosa tendencia que hemos apreciado sobre todo en los grandes Estados miembros. 
Es muy lamentable que en las últimas décadas haya disminuido el aprendizaje de idiomas, así como los conocimientos de cultura e historia, de los jóvenes europeos. 
Por lo tanto, quiero reiterar que no solo se debe animar a los estudiantes de terceros países a que dominen como mínimo dos lenguas comunitarias. 
Nuestros propios jóvenes europeos deben darse cuenta urgentemente de que un buen dominio de varios idiomas es la mejor garantía para saber apreciar otras culturas. 
También es la mejor forma de mantener en el futuro la rica diversidad de la Unión Europea. 
De esa forma, nuestras universidades y demás centros de educación superior seguirán siendo un escaparate para el resto del mundo, algo de lo que podremos estar orgullosos con toda razón. 
– Señor Presidente, Señora Comisaria, la recomendación para la segunda lectura de la Sra. De Sarnez y las enmiendas que se le han presentado por unanimidad por parte de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, deben acogerse con satisfacción ya que clarifican y mejoran diversos aspectos del programa Erasmus Mundus. 
El acuerdo del Consejo de Educación, Juventud y Cultura sobre que la dotación financiera se fije en 230 millones de euros es importante, ya que esta cifra parece bastante satisfactoria. 
Tan importante como esto es que el programa debe abrir nuevas perspectivas en la educación superior, tanto en Europa como respecto a las relaciones de colaboración de Europa con terceros países. Estas relaciones, además, deben existir no solo para el estudiante sino también para los profesores invitados no europeos. 
Por último, también son importantes la atención que se dedique a los temas lingüísticos y el principio de la diversidad cultural, la etiqueta de calidad y la coordinación entre la educación superior y la formación profesional. 
Todo esto adquiere mayor trascendencia dada la adopción de la medida que posibilita que los participantes en el programa viajen por Europa asistiendo a diferentes universidades. Asimismo, no se ha olvidado el acceso a este mismo programa de los estudiantes europeos. 
Desde el punto de vista de la ampliación, este acuerdo adquiere todavía más sentido, ya que desde este mismo momento se nos brinda la oportunidad de mejorar el alcance y dimensión ya impresionantes de la anteriormente mencionada recorrido de los centros académicos de Europa. 
En estos momentos es necesario concebir una campaña de promoción para disipar las dudas y temores que, según los medios de comunicación, ya han surgido en determinados círculos académicos. 
Sin embargo, siguen existiendo algunas cuestiones fundamentales. 
¿Es esta la forma en que el sistema educativo europeo debe competir en verdaderas condiciones de igualdad con los homólogos de los Estados Unidos, ya sea en términos cuantitativos o cualitativos? 
Por otro lado, a escala Europea, ¿se va a conseguir una distribución más uniforme de los estudiantes entre las universidades de los Estados miembros? 
Solo el tiempo nos dará las respuestas a estas preguntas. 
Por el momento, conviene observar con aprobación que, actualmente, desde el punto de vista de la educación superior, Europa dispone incluso de otra herramienta internacional extremadamente útil, lo que ha dado grandes esperanzas a muchas personas, y con razón. 
– Señor Presidente, señora Comisaria Reding, es alentador que podamos iniciar dos nuevos programas educativos hoy que, aunque desempeñen diferentes funciones y tareas, tienen una meta común, que es lograr que Europa sea más atractiva y, por consiguiente, se despierte un mayor interés por Europa en todo el mundo. 
Ya se ha destacado que el programa, que generalmente se aplica a instituciones de educación superior y a estudiantes de todo el mundo que han obtenido una licenciatura, debe, no obstante, también tener en cuenta la formación profesional, como pueden ser cursos técnicos para expertos y técnicos superiores, que están incluidos en la categoría de «instituciones de educación superior» , y para los que deben redactarse propuestas pertinentes. 
Una cooperación estrecha entre las diversas universidades europeas permitirá incrementar la calidad y la competitividad internacionales. 
El compromiso en el marco financiero de 230 millones de euros solo es esto – un compromiso y nada más– y creo que este programa únicamente logrará alcanzar su meta ambiciosa si todas las partes involucradas –la Unión Europea, los Estados miembros y las universidades– aceptan estos retos y aportan su granito de arena. 
Con toda seguridad, 230 millones de euros por sí solos no serán suficientes. 
Asimismo, hay que dejar claro que estos recursos financieros deben recaudarse junto con otros programas educativos y no hacer uso de los que tienen estos asignados. 
– Señor Presidente, señora Comisaria Reding, quiero felicitar a la Sra. De Sarnez por su excelente informe y darle las gracias nuevamente por su colaboración. 
El Programa Erasmus Mundus únicamente se puede respaldar apasionadamente. 
Por un lado, el valor añadido del programa consiste en la posibilidad de movilidad, en el aprendizaje de idiomas extranjeros así como en intercambios interculturales. 
Por otro lado, Erasmus Mundus acepta, de modo activo y constructivo, los desafíos educativos de la mundialización. 
Es precisamente debido a que el programa está abierto a estudiantes de terceros países por lo que Europa puede distinguirse más en el ámbito de la educación superior. 
En la era de la mundialización, existe competencia para los mejores productos, las mejores ideas y, en especial, para los mejores cerebros. 
Es por esta razón por lo que Europa debe ser más atractiva y competitiva como lugar de estudio y educación. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos en primera lectura del informe en abril de 2003, a mi también me alegra especialmente ver que el Parlamento ha conseguido un éxito notable. 
Con 230 millones de euros en lugar de los 180 millones de euros propuestos, Erasmus Mundus dispondrá de una base financiera sólida. 
Después de todo, ¿qué pueden conseguir programas acertados si no están debidamente financiados? 
Lo que hemos conseguido es encomiable, pero los compromisos actuales y las nuevas iniciativas son del todo inadecuados cuando se comparan con los objetivos de Lisboa. 
Cuando el dinero y los recursos presupuestarios son limitados, no podemos esperar alcanzar cotas de vértigo, pero tampoco puede ser una excusa para impedirnos que alcancemos compromisos políticos con visión de futuro. 
Señorías, la educación es la inversión número uno del futuro. 
¿Queremos ser la zona económica más dinámica y más competitiva del mundo en 2010? 
De ser así, tenemos que saber decidir qué es lo más importante invirtiendo en investigación y formación, y Erasmus Mundus es un paso en la dirección adecuada. 
– Señor Presidente, ante todo quiero agradecer a la ponente, la Sra. De Sarnez, su excelente trabajo sobre el programa Erasmus Mundus. 
Hemos obtenido un resultado que es aceptable no solo por el Parlamento sino también por el Consejo. 
Por una vez, habremos concluido un proceso legislativo del programa plurianual antes de que el programa se supone debe comenzar. 
Es de esperar que esta excepción sea ahora la norma que rija en otros programas debatidos por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. 
Actualmente, la Unión Europea es, de forma evidente, una alternativa mucho menos atractiva que la de los Estados Unidos para los estudiantes de educación superior de terceros países. 
Todos los años, la UE registra unos 100 000 nuevos estudiantes menos que los Estados Unidos. 
Creo que, dentro de cinco años, cuando Erasmus Mundus ya esté de verdad en marcha, se podrá reducir esta cifra. 
El propósito del programa es mejorar la calidad de la educación superior europea con la captación de más estudiantes, aptitudes y conocimientos técnicos hacia Europa. 
Conviene recordar, sin embargo, que las aptitudes y conocimientos técnicos no deben atraerse a expensas de terceros países. 
La cooperación con universidades de terceros países es igualmente importante, por lo que por nuestra parte podemos reforzar el papel de la educación superior en los países que participen en el programa. 
En un plazo de siete meses a partir de ahora, los 10 nuevos Estados miembros que ingresen en la Unión Europea deberán participar plenamente en la aplicación del Erasmus Mundus desde el principio. 
Cuando cambien las fronteras externas de la Unión, para nosotros será importante que utilicemos las aptitudes y conocimientos técnicos que ya tienen los futuros Estados miembros de relaciones de cooperación con, por ejemplo, Ucrania, Belarús y Moldova. 
Creo que la estrecha participación de los nuevos Estados miembros en este programa también contribuirá a que participen en la aplicación de otros objetivos con respecto a la política educativa de la Unión Europea. 
Me satisface el resultado que hemos obtenido respecto a las cuestiones lingüísticas del programa. 
Fomentar la diversidad lingüística es uno de los valores fundamentales de la UE, pero el objetivo del programa Erasmus Mundus no es evidentemente el aprendizaje de idiomas. 
Su finalidad es lograr que la educación superior europea sea más atractiva y, por lo tanto, acojo con satisfacción la formulación a la que hemos llegado. 
– Señor Presidente, Erasmus Mundus mejorará significativamente la calidad de la educación superior en Europa: 250 cursos universitarios europeos, más de 4 000 becas para estudiantes posgraduados, 1 000 profesores visitantes procedentes de terceros países, 4 000 estudiantes, 800 profesores universitarios en 2008, asociaciones entre universidades de terceros países y universidades Erasmus Mundus de Europa; estos son los elementos importantes para potenciar a Europa como un lugar de conocimiento y –tal como ha dicho la Sra. Pack– para crear un espacio europeo de enseñanza. 
Las perspectivas financieras no parecen ser muy admirables; en primera lectura, dejamos claro que los 200 millones de euros no eran suficientes y solicitamos 300 millones de euros. 
Estoy de acuerdo con los demás Diputados de que la propuesta del Consejo de 180 millones de euros es totalmente inaceptable. 
Aumentar la financiación no representa en ningún caso una carga en los programas existentes. 
El compromiso propuesto por la Sra. De Sarnez de 230 millones de euros es sensato y es conforme al nuevo Acuerdo Interinstitucional. 
Creo que la excelente Comisaria Reding está segura de votar a favor de estas perspectivas. 
¿Qué sentido tiene el objetivo altamente ambicioso de Lisboa si no disponemos de un buen número de medidas específicas? 
En Alemania, hemos aprendido por experiencia –y el estudio de Pisa lo ha dejado muy claro– que esto no se obtiene gratuitamente. 
¿Qué sentido tiene si no invertimos lo suficiente en educación en nuestro Estado federado? 
Es la Unión Europea quien debe conceder la marca de calidad de los «MasterErasmus Mundus» , para que podamos entonces identificar claramente una determinada educación superior, con una buena competencia en los idiomas de dos Estados miembros como mínimo. 
Hemos dejado una clara marca política tanto en lo que se refiere a los cursos como en la acogida de estudiantes. 
Creo que hay otro punto que es importante. 
Hay que integrar la formación profesional –como puede ser la de los expertos y técnicos superiores– para que logremos también una uniformidad en educación superior. 
– Señor Presidente, quiero felicitar a la Comisaria y a la Sra. De Sarnez por este programa ambicioso, por este gran paso importante. 
Abrir la Europa de la educación a escala internacional, lo que constituye una iniciativa audaz, promueve el espacio europeo de enseñanza y ahora estamos empezando a mirarlo no de modo fragmentado sino con los puentes que tiene, con la cooperación que tiene, como una zona real. 
Creo que la calidad del programa Erasmus Mundus difiere de todos los programas anteriores, precisamente porque no se basa simplemente en intercambios, en la movilidad; por el contrario, nos da un nuevo sello, un nuevo punto de referencia, al que los miles de estudiantes y los cientos de instituciones educativas que lo utilicen podrán dar su verdadero significado. 
Es muy importante que Europa tenga en estos momentos el valor de abrirse a la competencia, a los idiomas y al entendimiento intercultural. 
Premiamos tanto a las instituciones como a la cooperación entre ellas con este programa, a la vez que fomentamos la excelencia de los estudiantes procedentes de cualquier país, continente o trasfondo cultural. 
Esto quiere decir que fomentamos los valores europeos. 
Creo que se lo debemos a ellos. 
Aún más importante, tenemos que dar algo a cambio a los países de los que proceden los millones de migrantes económicos y creo que lo que estamos dando, estas becas, son la recompensa y confío en que la mayoría de estudiantes vendrán aquí procedentes de estos países en vías de desarrollo. 
Los estudiantes europeos, inoculados de la cooperación con extranjeros, tienen muchas cosas que ganar y mucho que aprender de la cultura que nos aportarán. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a partir de las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0314/2003) , en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, relativa a la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa plurianual (2004-2006) para la integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los sistemas de educación y formación en Europa (programa eLearning) (8642/1/2003- C5-0293/2003- 2002/0303 (COD) ) (Ponente: Sr. Mauro). 
. – Señor Presidente, con el debate de hoy y la votación de mañana, el programa eLearning ve oficialmente la luz. 
Ha llegado el momento de felicitar a las personas responsables de este logro. 
La madre del programa es, sin lugar a dudas, la Comisión Europea, que lanzó la primera acción piloto eLearning con una Comunicación en mayo de 2000, si bien, en ese momento, la acción no estaba financiada por su propia línea presupuestaria. 
Mañana, tras dos años, gracias la labor meticulosa caracterizada por la cooperación entre las instituciones, el primer programa eLearning plurianual se someterá a votación. 
No es difícil, por lo tanto, entender que la medida también tiene un padre, igual que una madre. 
Siempre es más difícil identificar al padre, y sigue existiendo un punto de interrogación en este caso también, pero voy a decir que el papel pertenece por igual tanto al Parlamento como al Consejo. 
Los esfuerzos del Consejo, tanto bajo la Presidencia griega y, de manera más concluyente, bajo la Presidencia italiana, han hecho posible que el Parlamento encuentre una oportunidad importante para sus peticiones y, por lo tanto, asigne al programa eLearning suficientes fondos para que se pueda poner en marcha. 
Este programa plurianual, que se mantiene junto con otros programas históricos como Sócrates y Leonardo, cumple las exigencias de los Consejos Europeos de Lisboa, Estocolmo y Barcelona. 
Los principales objetivos son los de luchar contra la brecha digital mediante la implantación de métodos de alfabetización informática, fomentando campus virtuales, el hermanamiento electrónico entre escuelas, la divulgación de buenas prácticas y la cooperación entre programas comunitarios e instrumentos de acción promovidos a escala nacional. 
Tal como he dicho, el presupuesto del programa se incrementó en 33 millones de euros gracias a lo que quisiera llamar una estrecha cooperación entre las instituciones. 
En lo que respecta al hermanamiento electrónico entre escuelas europeas, de conformidad con los objetivos adoptados en la resolución anterior del Parlamento Europeo, quiero destacar que la formación del profesorado sigue siendo un aspecto prioritario en el programa. 
Me gustaría que reflexionaran sobre el hecho de que, por término medio, un 90% de las escuelas primarias, un 98% de las escuelas secundarias y un 99% de las escuelas profesionales y técnicas de los Estados miembros estaban conectadas a Internet. Sin embargo, únicamente un 39% del profesorado de primaria, un 50% del de secundaria y un 58% del profesorado de las escuelas profesionales y técnicas utilizaban Internet como instrumento docente. 
Este programa es, por lo tanto, muy necesario. 
En realidad, estos promedios ocultan grandes diferencias entre los Estados miembros. mientras que en Dinamarca la cifra media es de aproximadamente un 70%, la cifra correspondiente en Grecia es inferior a un 9%. 
Estas cifras, que ya lo dicen todo, apuntan a dos conclusiones: la primera se refiere a la utilización de Internet como herramienta de enseñanza. 
No se trata únicamente de una cuestión de disponibilidad de infraestructura o de equipamiento escolar, sino de un problema relacionado con la formación de los docentes, la mentalidad y la organización de las escuelas. 
La segunda conclusión hace referencia a la utilización de recursos tecnológicos. 
Por ejemplo, el establecimiento de aulas de formación virtual es una forma de alcanzar la meta de intercambios de buenas prácticas entre profesores de diferentes Estados miembros, tanto desde el punto de vista metodológico como didáctico. 
Por estas razones, he intentando destacar en el informe que el programa eLearning debe dar una mayor importancia al descubrimiento de las modalidades más eficaces que ayuden a los profesores a incorporar el uso de Internet en su docencia y fomentar la diseminación de buenas prácticas en este sector. 
Una vez más, quiero dar las gracias a la Comisión y a todo el personal de la Comisión que han contribuido al éxito de nuestro trabajo. 
. – () Señor Presidente, antes que nada me gustaría agradecer al Parlamento que haya hecho posible el programa eLearningporque este programa se basa en los resultados de las medidas preparatorias y exploratorias a favor del aprendizaje en línea, eLearning, que el Parlamento votó desde 2001. 
El apoyo activo del Parlamento nos permitirá, pues, adoptar este programa en unos plazos récord, menos de un año después de la propuesta de la Comisión, que data de diciembre de 2002. 
Este cortísimo plazo ha podido respetarse también gracias a su ponente, al que quiero expresar mi agradecimiento. 
El Sr. Mauro ha realizado un trabajo notable, sin escatimar esfuerzos. 
Por ejemplo, la formación de los docentes se ha convertido, gracias a él, en uno de los objetivos fundamentales del programa. 
De hecho, sabemos que la formación de los docentes es una de las claves del éxito del programa y que todos los Estados miembros trabajan ya en ello. 
Le estoy agradecida por haber enriquecido el programa en este sentido. 
Señor Presidente, debemos pronunciarnos hoy con vistas a la segunda lectura, y estoy segura de que el Parlamento podrá manifestar su acuerdo. 
El Consejo está de acuerdo con el contenido, incluso con la inclusión de la formación de los docentes. 
Pero como saben, su posición sobre el presupuesto del programa, tal como ha indicado en su posición común adoptada por mayoría cualificada, era inicialmente muy diferente de la del Parlamento. 
Se ha llegado a un acuerdo. 
Ciertamente, todos habríamos sido favorables a un importe más elevado que el propuesto por el Parlamento, pero eso no fue posible. 
Los 44 millones sobre los cuales debe votar su institución representan pues un compromiso, pero un compromiso que permite cerrar el procedimiento ahorrando tiempo y recursos, y lanzar el programa, como estaba previsto, el 1 de enero. 
Creo, señor Presidente, que, sobre esta simple base, debemos decirnos: más vale un poco menos de dinero y poder comenzar enseguida a poner en práctica un buen programa. 
– Señor Presidente, Señora Comisaria Reding, la formación y la educación serán un tema principal en el Consejo, la Comisión y en esta Asamblea, y creo que, si queremos hacer justicia al programa eLearning, para tender un puente en la brecha digital entre los países, regiones y generaciones individuales, ciertamente este informe ha de dar un paso en la buena dirección. 
Todos los sistemas de formación y educación deben acelerar el acceso y el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para mejorar la calidad y reducir las diferencias. 
De nuevo, quiero mencionar los objetivos de Bolonia y Barcelona, que, tal como ya han oído ustedes, podrían, de aplicarse, dar una oportunidad a la zona económica europea y a la zona de enseñanza. 
Lamento tener que decir que, actualmente, la situación en numerosos países –incluida Austria– es tal que el recorte de gastos ha impedido una mayor inversión en la educación de la acordada, y en vez de ello ha dado lugar a recortes en el sector de la educación. 
Lamentablemente, nos estamos alejando cada vez más del objetivo de convertirnos en la sociedad más basada en el conocimiento del mundo en 2013, tal como ya ha indicado el Consejo y ha pronosticado que llevará bastante tiempo. 
Cuando se inician nuevos programas, también deben aplicarse con la determinación necesaria, lo que significa que –tal como realmente lo hace el programa eLearning– han de mostrar signos visibles de éxito al cabo de tres años. 
Creo que es la Unión Europea quien debe dar un impulso visible en este ámbito, lo que desencadenaría una reacción en cadena y haría que la educación fuera nuevamente una prioridad de la mayor importancia en los Estados miembros, de modo que no sea víctima del recorte de costes tal como ha sido el caso hasta hoy. 
Señor Presidente, Señora Reding, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente por su excelente informe. 
Una economía del conocimiento dinámica exige un programa eLearning sólido. 
Quisiera hacer tres observaciones. 
Ante todo, creo que es positivo que la educación primaria también participe en el programa, pero el grupo objetivo también debe incluir personas que no sean gente joven, ya que no debemos olvidar a las personas mayores, o, en este caso, a aquellas personas que viven en regiones más alejadas. 
Son precisamente a estas personas a las que tenemos que sacar de su aislamiento del aprendizaje electrónico. 
A través del aprendizaje permanente, se benefician de este programa y pueden transmitir sus conocimientos y experiencia a las generaciones siguientes. 
Las abuelas pueden chatear en línea con sus nietos, soy una experta en ello. 
En segundo lugar, está el hermanamiento virtual entre las escuelas. 
Existen grandes diferencias entre las diferentes regiones europeas en lo que se refiere al uso de las tecnologías de la información en la educación, y es imprescindible que nos aseguremos de que a las escuelas en desventaja se les da el incentivo para que se atrevan a zambullirse en el aprendizaje electrónico. 
Es de crucial importancia el intercambio de información y de mejores prácticas a través de la plataforma Internet. 
Así es como las escuelas podrán beneficiarse y aprender de los conocimientos respectivos. 
En tercer lugar, es preciso que los países candidatos también participen explícitamente en el programa. 
Por experiencia, sé que existen escuelas que ya han hecho grandes progresos en la aplicación de las TIC en su educación. 
El programa «Únete a los multimedia» ejecutado por Siemens es un caso ilustrativo. 
Formo parte de su jurado, y también es adecuado, Comisaria, que esté vinculado a un premio europeo. 
He asistido a la ceremonia de entrega de premios y me impresionó profundamente lo que se ofrecía, a lo que este premio da un impulso. 
Por último, no solo la cantidad es importante, sino que la calidad debería también ser superior. 
Espero que el sector privado que se ha creado, con el Grupo de la industria del aprendizaje electrónico, puede contribuir a ello de forma significativa. 
La cooperación entre el sector público y privado es un paso necesario hacia una economía del conocimiento dinámico europeo, lo que, finalmente, es nuestro objetivo. 
– Señor Presidente, también yo quisiera felicitar al ponente por su rapidez y eficacia con respecto a este programa y asimismo agradecer a la Comisaria su iniciativa para reconocer las oportunidades ofrecidas por la tecnología de la información. 
Creo que los puntos más importantes, tal y como ha mencionado la señora Comisaria en su intervención, son, en primer lugar, la cuestión de las finanzas: es esencial para cualquier programa poder contar con un presupuesto adecuado y recibir recursos que garanticen que todos podemos beneficiarnos de él. 
En segundo lugar, creo que toda la cuestión del «» es importante, utilizar las mejores prácticas para actualizar áreas que se han quedado rezagadas y garantizar que la brecha digital no se amplíe, porque ahora existen los nuevos analfabetos, gente de un determinado grupo de edad –y no quiero discriminar por motivos de edad al decir esto– que temen la tecnología y sienten fobia a usarla, y que se arriesgan a quedarse rezagados debido a la falta de acceso. 
Nuestros sistemas educativos consisten para nosotros en muchos sentidos en una transferencia de información y conocimientos por parte de los mayores a personas más jóvenes. 
Sin embargo, esta es la única área en la que los jóvenes realmente podrían ser los profesores de las generaciones mayores, dándoles las habilidades y recursos que necesitan para utilizar plenamente las oportunidades que proporciona este nuevo mundo creado por la tecnología de la información. 
Es evidente que las nuevas oportunidades de empleo que se crearán en el futuro estarán basadas en gran parte en la tecnología. 
Es bastante interesante analizar las cifras, que indican que el 70% de los trabajadores que estarán en activo en el año 2010 ya trabajan hoy, pero solamente el 20% de la tecnología que se utilizará en dicho año está disponible en la actualidad. 
También es bastante interesante si se analiza de otro modo: de todos los científicos e inventores que han existido en toda la historia, el 92% viven en la actualidad. 
Así que la velocidad de cambio y los tipos de cambios que se producirán en el futuro serán incluso mayores y más importantes, y nuestra capacidad como seres humanos para asimilar dichos cambios vendrá determinada por las aptitudes, los conocimientos y la información que recibamos mientras tanto. 
– Señor Presidente, los programas de educación anteriores de la Unión han resultado ser un éxito debido a que son programas a escala humana. 
Es de prever que el programa eLearning que ahora se está debatiendo vaya a ampliar esta serie de éxitos. 
El objetivo general del programa es mejorar la calidad y el acceso de los sistemas de educación y formación mediante las tecnologías de información y comunicación. 
Espero que los profesores y los estudiantes desempeñen un papel importante para lograr este objetivo. 
Si logramos tener éxito en esto habrá más posibilidades de llevar a cabo los objetivos del programa. 
El programa eLearning es un buen ejemplo de cómo proyectos piloto pueden reclamar un lugar en la política de la Unión Europea. 
En 2001, el Parlamento Europeo empezó a apoyar la iniciativa de promover el aprendizaje electrónico y, actualmente, tenemos en nuestras manos una propuesta para un programa de acción de cinco años. 
Aunque no hemos logrado aumentar el presupuesto del programa hasta el punto que queríamos exactamente, el ponente, Mario Mauro, puede estar muy satisfecho con la labor que ha realizado. 
El programa eLearning se centrará principalmente en el hermanamiento electrónico entre escuelas. 
Si la interconexión entre escuelas hermanadas se consigue realmente, los escolares de diferentes partes de la UE pueden conocer otros alumnos de la misma edad y aprender acerca de sus vidas cotidianas. 
Si resulta ser un éxito de este modo, el programa podrá reforzar la idea de la ciudadanía de la UE. 
El aprendizaje electrónico ofrece nuevos modelos pedagógicos para la enseñanza y el aprendizaje. 
Según un estudio de la European Schoolnet, el desarrollo de los entornos de aprendizaje interescolar está floreciendo en Europa. 
Los entornos de aprendizaje comercial se utilizan por solo uno de cada tres usuarios de educación virtual. 
Es muy importante que estos esfuerzos individuales sean visibles y disponibles para que otras personas puedan utilizarlos. 
El programa eLearning no lo apoya directamente, pero esperemos que en el futuro también podamos invertir en el desarrollo de contenidos. 
– Señor Presidente, el uso de las TIC aumenta la productividad, cambia la forma en que trabajamos, crea la posibilidad de comunidad de otra forma, facilita el estudio, aumenta la calidad y elimina en gran medida las diferencias geográficas. 
Sin embargo, el problema es la brecha digital, que probablemente afecta a cerca de una tercera parte de nuestra población. 
No les llega la educación ni la formación y no disponen de ordenadores. 
Por este motivo, propongo, Comisaria, que se disponga de fondos, tan directamente como sea posible, para las organizaciones dedicadas a asistir a las personas con discapacidad, a los desempleados, a los pobres y a las personas de edad avanzada, que pueden mantener niveles de educación y formación en sus propios círculos, puesto que la educación y la formación no abarca tampoco a este tipo de personas. 
De este modo, también podrán adquirir y crear una reserva de equipos, ya que la brecha digital es, en la práctica, incluso una forma más amplia de diferencia social. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a partir de las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0319/2003) de la Sra. Hermange, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de la Comisión con vistas a la adopción de una Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar o adherirse, en interés de la Comunidad Europea, al Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños (Convenio de La Haya de 1996) (COM (2003) 348- C5-0302/2003- 2003/0127 (CNS) ). 
. – Señor Presidente, esta propuesta tiene el objetivo de autorizar a los Estados miembros para que ratifiquen el Convenio de La Haya de 1996 sobre la protección de la infancia en interés de la Comunidad Europea. 
Se trata de una decisión derivada de la decisión de 19 de diciembre de 2002 que permitía excepcionalmente a los Estados miembros firmar el Convenio en interés de la Comunidad. 
La propuesta actual tiene que ver con la segunda y última etapa de este procedimiento, a saber, el procedimiento de ratificación. 
El alcance del Convenio, concluido en 1996 dentro del marco de la Conferencia de La Haya sobre derecho internacional privado, es muy similar al del Reglamento del Consejo sobre la responsabilidad de los padres, aprobado por el Consejo el 3 de octubre y que se aplicará en los Estados miembros a partir de marzo de 2005. 
La nueva normativa crea un espacio judicial común en el campo del divorcio y la responsabilidad de los padres. 
Contiene disposiciones específicas para facilitar los derechos de visita transfronteriza para impedir el secuestro de los hijos dentro de la Comunidad. 
Se reconoce de forma general que el Convenio haría una valiosa contribución a la protección de los niños en situaciones que trascienden los límites de la Comunidad, complementando de forma útil la normativa sobre la responsabilidad de los padres. 
La similitud entre los dos instrumentos facilitará la aplicación paralela de los dos instrumentos que comparten el objetivo de ofrecer una mayor protección a los hijos que residen respectivamente en la Comunidad o en terceros Estados. 
La Comisión quisiera expresar su gratitud en general al Parlamento y concretamente a la ponente, la Sra. Hermange, no solo por su continuo apoyo al trabajo de la Comisión en el campo de la responsabilidad de los padres, sino también por su gran esfuerzo en este caso concreto. 
La Comisión es consciente de que el Parlamento ha hecho todo lo posible por agilizar el proceso, incluido el traslado de la fecha de la votación del pleno de diciembre, como estaba originalmente programada, al día de hoy. 
El trabajo de la ponente y de la comisión competente ha tenido lugar por lo tanto bajo una considerable premura de tiempo. 
La Comisión toma nota favorablemente de las enmiendas propuestas y agradece en grado sumo estos esfuerzos, que permitirán al Consejo adoptar esta propuesta a principios de noviembre, al mismo tiempo que la normativa sobre la responsabilidad de los padres, garantizando así el paralelismo entre los dos instrumentos. 
. – () Señor Presidente, Europa tiene la obligación de redoblar continuamente sus esfuerzos por establecer un espacio judicial armonizado, en especial en beneficio de los más débiles. 
El debate de hoy sobre la responsabilidad parental tiene lugar en este marco. 
Se ha consultado al Parlamento sobre esta propuesta de Decisión del Consejo con un plazo muy corto, como ha recordado usted, señora Comisaria, pero que el Parlamento ha aceptado en virtud de la importancia del debate y de las cuestiones en juego. 
Creo que no podemos sino acoger con agrado esta propuesta, ya que este debate sobre la responsabilidad parental es resultado –me atrevería a decir– de la voluntad política de una serie de diputados –entre los cuales destaca mi colega la Sra. Banotti– que, desde 1994, luchan por que los intereses del niño y los derechos del niño entren en este Parlamento. 
Aunque el Convenio de La Haya de 1996 es un instrumento jurídico clásico de Derecho internacional privado, ha sido una gran fuente de inspiración para los redactores del proyecto de nuevo Reglamento en materia de responsabilidad parental. 
Sabemos ahora que los Ministros de Justicia de nuestros respectivos países adoptaron el pasado 3 de octubre este nuevo Reglamento, destinado a evitar interminables batallas judiciales en detrimento de los niños. 
Además, este nuevo texto amplía el ámbito de aplicación de Bruselas II a todas las decisiones que afecten a los derechos de custodia del niño, lo cual nos complace puesto que, en algunos países, en particular Francia y Alemania, los divorcios y separaciones entre parejas binacionales siguen causando conflictos importantes. 
Permitirá asimismo determinar en un solo texto el juez competente para pronunciarse sobre un divorcio o sobre las cuestiones relativas a los niños. 
Va, pues, en la buena dirección. 
No obstante, no hay que olvidar que el espinoso problema de la responsabilidad parental se plantea también fuera de la Unión Europea y con respecto a terceros países. 
Esta es también la razón por la cual apoyo, con el mismo espíritu, la propuesta de la Comisión de autorizar a los Estados miembros a adherirse al Convenio de La Haya. 
Estoy convencida de que este Convenio puede aportar una contribución muy valiosa y un valor añadido real a la legislación comunitaria relativa a la protección de los niños en los casos que rebasan las fronteras de la Comunidad Europea. 
Llamo su atención sobre el hecho de que la superposición de los ámbitos de aplicación de la Convención y del nuevo Reglamento facilitará, estoy segura, la aplicación paralela de ambos instrumentos. 
Como han podido comprobar, no he presentado muchas enmiendas, dado que la propuesta de la Comisión se centra mayormente en cuestiones de procedimiento. 
Creo que el Parlamento Europeo no ha tenido motivos para formular objeciones consecuentes sobre el contenido de la propuesta. 
Se trata de un procedimiento excepcional –como destaco en mi informe–, dado que el Convenio de La Haya estipulaba que solo los Estados miembros soberanos podían ser partes en él. 
Comprobamos aquí la importancia del papel desempeñado por este Parlamento, pues es preciso su dictamen para que los Estados miembros se adhieran al Convenio de La Haya. 
He insistido, señora Comisaria, en los plazos. 
La Comisión proponía un plazo muy largo: el 1 de marzo de 2005. 
Por esta razón, en una enmienda, propuse adelantar la fecha seis meses, al 30 de junio de 2004. 
Pienso que no tendrá inconveniente en ello, sobre todo en interés de los niños. 
Presento asimismo dos enmiendas que permiten hacer referencia, por una parte, a la Carta de los Derechos Fundamentales y, por otra, a los trabajos de la Convención europea. 
Como sabe, en la primera parte del proyecto de texto constitucional, los artículos 3 y 4 disponen que la Unión luchará contra la exclusión y las discriminaciones y promoverá la justicia y la protección social, la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad entre generaciones y la protección de los niños. 
Con este espíritu he propuesto esta enmienda. 
Señora Comisaria, todos sabemos que dictar normas no es suficiente y que no debemos limitarnos a hacer un gesto gratuito, sino que hemos de seguir constantemente los casos concretos que se nos presenten. 
Es necesario, pues, que aseguremos la aplicación efectiva de las normas, pero, dado que su aplicación depende de los Estados miembros, que siguen siendo soberanos al respecto, el Parlamento Europeo deberá velar siempre por que el interés superior del niño siga siendo, de acuerdo por lo demás con las recientes conclusiones de la Cumbre Mundial de la Infancia en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , una consideración primordial, no solo en todas las decisiones judiciales relativas a los niños, sino en todas las decisiones aprobadas por este Parlamento. 
– Señor Presidente, la Sra. Hermange tiene toda la razón. 
Estaba en lo cierto al destacar, en el contexto de su excelente informe, que la esencia de esta cuestión debe ser lo mejor para los niños. 
Como mediadora del Parlamento en estas áreas recibo muchas llamadas telefónicas. 
He hablado con personas muy afligidas que representaban a padres cuyos hijos habían sido secuestrados. 
Me han hablado de la falta de accesibilidad de estos niños y de las dificultades para hacer que vuelvan una vez que han realizado visitas de acceso en otro país. 
El gran valor de esta legislación concreta es que esperamos que muchos países que, debido a sus propios sistemas judiciales, no estuvieron dispuestos a firmar el Convenio de La Haya de 1980 sobre el secuestro transnacional de los hijos, encuentren un camino para firmar esta legislación, garantizando así la devolución rápida y segura de los niños que han sido secuestrados. 
Una buena noticia es que Marruecos se ha convertido hace poco en el primer país islámico que suscribe este instrumento particular de la legislación internacional, por lo que me gustaría felicitar a este país. 
Esperamos que esto siente un precedente para muchos de los demás países islámicos que no consideran, debido al tipo de legislación que poseen –la –, que pueden suscribir el Convenio de 1980. 
También es positivo que hace poco el Consejo haya aprobado el Convenio Bruselas II. Aunque los derechos de los niños no se conservan todavía en el Tratado –y esperamos que sea así finalmente–, ahora contamos con varios instrumentos legales excelentes que deberían garantizar la seguridad y los derechos de estos niños a conocer a ambos padres en caso de ruptura matrimonial. 
El hecho es que conforme al Convenio Bruselas II las decisiones adoptadas por el tribunal del país en el que vive habitualmente el niño son aplicables en el país en el que se le mantiene secuestrado. 
El Convenio de la Haya de 1996 es un instrumento legal excelente. 
Puedo asegurarles, señor Presidente, señora Reding y señora Hermange, que esta noche en La Haya levantarán copas de champaña a nuestra salud. 
Han estado ansiosos por ver los avances en esta cuestión. 
El Secretario General del Convenio de La Haya, el Sr. Duncan, estará totalmente entusiasmado con la rapidez, eficacia y esmero con que la Sra. Hermange nos ha presentado su informe. 
– Señor Presidente, el informe de la Sra. Hermange es en realidad muy importante. 
El reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y las medidas de protección de los niños son tan valiosos que el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo votará sin reservas a favor de todas las enmiendas y del informe de la Sra. Hermange. 
Lo haremos porque sabemos cuán importante es la protección de los niños. 
Como bien saben, soy miembro de un grupo de mediación franco-germano, y conozco las dificultades y los casos lamentables que hemos de tratar. 
Son los niños quienes sufren. 
Votaremos a favor, aunque como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y como ponente o ponente designada para esta Comisión –no pudimos redactar otro informe por falta de tiempo– quisiera hacer algunas observaciones. 
De hecho, quisiera mencionar tres cuestiones, que remití a la Comisión a través del Sr. Gargani, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y también una pregunta formulada por la Sra. Hermange, refiriéndose a la importancia de este acuerdo en relación con el Derecho comunitario. 
Tenemos Bruselas II, hemos redactado legislación para la Unión Europea, y nuestra aportación a esta legislación es, a mi entender, muy meritoria. 
Sin embargo, al mismo tiempo, la Comisión permitió que se debatiera este acuerdo y determinados aspectos sin informar al Parlamento ni darle la oportunidad de participar en su deliberación. 
Esto plantea una cuestión institucional importante respecto a cuál es la relación entre el acuerdo y el procedimiento legislativo europeo y cuáles son los derechos del Parlamento en este asunto. 
Lo que resulta de todo esto es que consentimos esta excepción, ya que creemos que este acuerdo es excepcionalmente importante y no queremos que se castigue a los niños de ningún modo solo porque exista un conflicto interinstitucional potencial. 
Sin embargo, vamos a plantear la cuestión nuevamente a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, ya que no se puede aceptar que los derechos del Parlamento se anulen debido a legislaciones paralelas a escala europea e internacional. 
Al menos esto sería lo más sensato. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera mostrar mi más sincero agradecimiento a la Sra. Hermange por su excelente informe. 
Es sumamente importante que el Convenio de La Haya en materia de responsabilidad parental y la protección de los niños, que data de 1996, se ratifique por el resto de Estados miembros lo más rápidamente posible. 
El Convenio de La Haya y, en particular, el Reglamento en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias en asuntos matrimoniales y en asuntos de responsabilidad parental, que se ha aprobado a principios de mes por los Estados miembros de la Unión Europea, será de gran ayuda en el arreglo de disputas sobre la custodia en Europa. 
En Europa, tenemos un instrumento para ayudarnos a alcanzar resoluciones rápidas y efectivas en litigios sobre la custodia y poder evitar procedimientos legales largos, onerosos y difíciles respecto a las separaciones entre fronteras, los cuales son tan dolorosos para los niños. 
Podemos realmente asegurarnos de que los niños crecen en un entorno tranquilo. 
Me alegra y estoy un poco sorprendida de la excelente acogida que este Reglamento ha tenido en toda Europa. 
Tanto la prensa como las organizaciones de los niños nos han elogiado por lo que hemos logrado. 
El divorcio siempre es una experiencia traumática para un niño, tanto como para los adultos, y si va acompañado de un litigio que dura varios años puede resultar verdaderamente insufrible. 
Con este Reglamento, la UE tendrá, por primera vez, un instrumento mediante el cual se pueden evitar los conflictos que se deriven de legislaciones diferentes en Estados miembros diferentes. 
Naturalmente, no podemos inmiscuirnos en el contenido del Convenio de La Haya en este informe de la Sra. Hermange. 
Por este motivo, quiero preguntar si la Comisión y el Consejo se dan cuenta de los enormes problemas que presenta todo litigio sobre la custodia y el rapto de niños cuando uno de los padres no pertenece a un país de la UE y que no ha ratificado el Convenio de La Haya. 
Todos hemos leído relatos lamentables en la prensa sensacionalista sobre niños raptados, una experiencia angustiosa para los padres y los compañeros de juegos de los niños afectados. 
¿Puede la Unión Europea por sí misma fomentar la ratificación del Convenio de La Haya? 
¿Pueden la Comisión y el Consejo intentar negociar más acuerdos bilaterales de modo que más países puedan suscribir el Convenio de La Haya? 
Conseguiremos mejores resultados si podemos hacer que países no pertenecientes a la UE participen en este mismo acuerdo que ahora nos permite abordar los litigios sobre la custodia en la Unión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a partir de las 11.30 horas. 
(1) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la decisión sobre el procedimiento de urgencia: 
Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la concesión de una ayuda macrofinanciera adicional a Serbia y Montenegro que modifica la Decisión 2002/882/CE por la que se concede una ayuda financiera a la República Federal de Yugoslavia [COM (2003) 506 – C5-0428/2003 – 2003/0190 (CNS)] 
La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ya ha aprobado un informe del Sr. Belder sobre este tema. 
– Señor Presidente, Señorías, en junio de 2003 el Parlamento aprobó por una amplia mayoría un informe del Sr. Belder, en el que solicitábamos que no hubiera más aprobación del Parlamento para el caso sobre ayuda macrofinanciera urgente y que no se concediera más. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea no puede sino asombrarse de que esta mañana hayamos hecho exactamente lo opuesto en un informe del mismo Sr. Belder. 
Señor Presidente, estoy a favor de la declaración de urgencia. 
La solicitud de declaración de urgencia fue aprobada ayer por la práctica unanimidad de los miembros de la Comisión de Industria y hay razones suficientes- con independencia del debate existente sobre el fundamento jurídico- para la aprobación con carácter urgente de esta ayuda macrofinanciera. 
La situación- como todas sus Señorías saben- ha cambiado considerablemente desde el asesinato el pasado mes de marzo del entonces Primer Ministro Zoran Djindjic y la situación económica precisa una rápida respuesta por parte del Parlamento Europeo. 
¿Quiere alguien hablar contra el procedimiento de urgencia? 
– Señor Presidente, no lo entiendo muy bien. 
¿El Sr. Turmes acaba de proponer que se vote a favor o en contra del procedimiento de urgencia? 
No ha quedado muy claro. 
– Mi lengua está un poco trabada a estas horas de la mañana. 
Procedemos a la votación sobre la solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia. 
– Informe (A5-0327/2003) de Georg Jarzembowski, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE del Consejo sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios [8011/3/2003 – C5-0295/2003 – 2002/0025 (COD)] 
– Informe (A5-0325/2003) de Dirk Sterckx, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la posición común del Consejo con vista a la aprobación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los ferrocarriles comunitarios y por la que se modifica la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias y la Directiva 2001/14/CE relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad [8557/2/2003 – C5-0297/2003 – 2002/0022 (COD) ]; 
– Informe A5-0321/2003 de Sylviane H. Ainardi, en nombre de la Comisión de política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la aprobación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 96/48/CE del Consejo relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad y la Directiva 2001/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional [8556/2/2003 – C5-0298/2003 – 2002/0023 (COD) ]. 
– Informe (A5-0441/2003) de Gilles Savary, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una Agencia Ferroviaria Europea (Reglamento de la Agencia) [8558/2/2003 – C5-0296/2003 – 2002/0024 (COD) ]. 
. – Señor Presidente, Señorías, es temprano por la mañana y los que trabajamos en el ámbito de la política de transporte estamos encantados de que se nos brinde la oportunidad de deliberar sobre cuestiones relacionadas con el transporte, al menos por una vez, por la mañana en lugar de hacerlo a las 9 o las 10 de la noche. 
Esperemos que también algunos periodistas asistan a esta sesión en esta ocasión ya que las noches siempre son muy largas, por lo que es un poco difícil cumplir los horarios de inicio programados. 
De todos modos, sin más preámbulos, pasemos al tema que nos ocupa. 
Lo que hoy se debate aquí son unas mejores condiciones para las operaciones ferroviarias en la Unión Europea. 
Mediante tres directivas y un reglamento, buscamos asegurar una mejora de las condiciones en la medida en que los ferrocarriles europeos puedan nuevamente transportar más mercancías y más pasajeros. 
Como ponente de la Directiva sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, permítanme empezar expresando mi mayor satisfacción por la aceptación del Consejo de nuestra posición parlamentaria, que, a diferencia de la propuesta de la Comisión, aboga por la conservación de la Red Transeuropea para el Transporte Ferroviario de Mercancías establecida el 15 de marzo de 2003. 
Desde esa fecha, este primer paso hacia la apertura de la red ferroviaria en los quince Estados miembros de la UE, que abarca eficazmente el 90% de los principales pasillos ferroviarios, ha presentado a las compañías de ferrocarril, independientemente de sus orígenes nacionales, una oportunidad en igualdad de condiciones para usar la red ferroviaria europea para el tráfico internacional de mercancías de la forma que mejor se adapte a las necesidades de los clientes. 
En segundo lugar, el Parlamento está de acuerdo con el Consejo sobre la apertura de las líneas que quedan en la red ferroviaria para el tráfico internacional de mercancías el 1 de enero de 2006. 
Sin embargo, esto representa sin lugar a dudas un gran salto hacia adelante, puesto que, tal como acabo de decir, prácticamente el 90% de la longitud total de vías se abrió al tráfico internacional de mercancías el 15 de marzo de este año. 
Por consiguiente, el Parlamento continúa pidiendo que las redes ferroviarias se abran totalmente a los transportistas de mercancías, tanto nacionales como internacionales, el 1 de enero de 2006 para que toda la red ferroviaria de la UE esté abierta a todos los servicios de transporte de mercancías, tanto nacionales como internacionales, en esa fecha. 
De este modo, podemos realmente lograr alcanzar el objetivo establecido en el Libro Blanco de la Comisión –y estoy agradecido, Comisaria, de que siempre hayamos seguido la misma línea en este tema– para volver a situar en 2010 el transporte ferroviario en su posición de mercado anterior y para transferir tantas mercancías como sea posible a los ferrocarriles. 
Sin embargo, el objetivo es mucho más exhaustivo. 
El Libro Blanco no solo trata sobre el transporte de mercancías, sino de lograr un equilibrio entre las diversas modalidades de transporte en 2010. 
Por esta razón, el Parlamento opina que las redes también deben abrirse al transporte ferroviario de pasajeros. 
Si consideran el aumento en el número de automóviles privados en las autopistas y el crecimiento en el volumen de tráfico aéreo, entenderán que nuestras autopistas y corredores aéreos están cerca de alcanzar el punto de saturación. 
Y es por ello por lo que en esta Asamblea queremos que se abran las redes ferroviarias a los operadores de trenes de pasajeros el 1 de enero de 2008. 
Si no damos este paso, la transferencia del transporte por carretera y del transporte aéreo al transporte por ferrocarril que se prevé para el año 2010 dejará el tráfico de pasajeros intacto. 
Es bastante preocupante ver cómo los transportistas aéreos de bajo coste eliminan la costumbre del transporte ferroviario en Europa. 
Espero, Comisaria, que en los próximos días tendrá algo que decir sobre el aeropuerto de Charleroi en Bélgica, ya que no se puede aceptar que los ferrocarriles tengan pérdidas enormes en su servicio de transporte de larga distancia de pasajeros debido a que compañías aéreas económicas captan a sus clientes y congestionan nuestros espacios aéreos. 
Para resumir, queremos asegurar que el objetivo de un reequilibrio del mercado de transporte en 2010 se aplica también al transporte de pasajeros. 
Algunas personas han destacado repetidamente que la Comisión ha anunciado la presentación de un tercer paquete ferroviario a finales de año, un paquete que incluirá el transporte de pasajeros. 
Esto está lleno de buenas intenciones, Comisaria, pero no nos ayuda de ningún modo, ya que, como bien sabe, si la Comisión no presenta este paquete en diciembre de este año, no podremos aprobar el paquete, ni siquiera darle una primera lectura, antes de que finalice esta legislatura. 
Incluso si conseguimos pasar la primera lectura, la intervención de las elecciones parlamentarias europeas, el nombramiento de una nueva Comisión y la necesidad de reactivar el proceso legislativo, significaría que, de hecho, llevaría de uno a dos años someter un proyecto de ley sobre el transporte de pasajeros y, por lo tanto, no podríamos aprobar un tercer paquete ferroviario antes de 2005. 
Sin embargo, creo que los operadores de trenes necesitan conocer ahora con seguridad si van a poder beneficiarse de un derecho legal de acceso a toda la red. 
Queremos que tengan tiempo para prever las necesidades de las personas que viajan para que podamos realmente efectuar la transferencia de un volumen considerable del tráfico por carretera y aéreo de larga distancia a los ferrocarriles en 2010. 
Por último, la comisión propuso que las opciones existentes que permiten que los Estados miembros autoricen a las compañías distintas de las empresas ferroviarias a solicitar franjas ferroviarias, han de descartarse en favor de una disposición que permita que los consignatarios, los estibadores y otras personas puedan solicitar el uso de franjas ferroviarias junto con empresas ferroviarias en todos los Estados miembros. 
Creemos que hay que esforzarse en lo posible por optimizar el uso de la infraestructura ferroviaria. 
Sabemos que, actualmente, todavía sobra capacidad, incluso en la línea Brenner, y no tiene sentido nuestra queja continua sobre los camiones de gran tonelaje cuando incluso este enlace ferroviario transalpino tiene capacidad de sobras. 
En otras palabras, hemos de permitir que más participantes en el mercado soliciten y usen las franjas ferroviarias disponibles si queremos maximizar el volumen de transporte de mercancías por ferrocarril. 
Permítanme, como portavoz de mi grupo, decir unas pocas palabras anticipándome a los otros dos informes, ya que no tendría sentido sentarme y volver a levantarme de inmediato. 
Quisiera empezar estas observaciones en nombre de mi grupo con la expresión de mi más sincero agradecimiento a los ponentes de los otros grupos. 
Hemos trabajado muy bien juntos, tanto en ocasión de la primera lectura como en la preparación de la actual segunda lectura. 
Si bien la Sra. Ainardi, el Sr. Sterckx, el Sr. Savary y yo diferimos en nuestras posiciones sobre puntos específicos, siempre hemos considerado el paquete ferroviario como un todo integral, de ahí nuestra estrecha cooperación como ponentes. 
Estoy sumamente satisfecho de que todos intentemos seguir la misma línea. 
Se darán ustedes cuenta de que el Consejo ya ha intentado llegar a compromisos para que podamos concluir el proceso legislativo rápidamente. 
El Consejo, junto con los ponentes, ha intentado fundamentalmente reducir el número de puntos objeto de debate entre el Consejo y el Parlamento, a veces aceptando posiciones parlamentarias y a veces proponiendo soluciones intermedias, con el resultado de que el procedimiento de conciliación se centrará en un núcleo de un número considerablemente menor de sesenta o setenta puntos. 
Espero que mañana podamos oír algunas declaraciones acertadas del Consejo relativas a su intención de adherirse a la línea que comenzamos a deliberar la semana pasada. 
Nos interesa reducir el número de puntos polémicos de modo que podamos centrar realmente toda nuestra atención en los problemas principales en las sesiones de conciliación. 
Con este fin, mi grupo examinará minuciosamente el último conjunto de enmiendas a las directivas que integran el paquete ferroviario y el jueves votará en consecuencia. 
Permítanme que haga dos o tres observaciones al informe de Sterckx. 
El Sr. Sterckx ha intentado con mucho ahínco –lo que le agradezco– asegurar que los niveles de seguridad ferroviaria europeos garantizan un elevado grado de seguridad y que no haya posibilidades para la introducción por la puerta trasera de nuevas normas de seguridad nacionales que, a la larga, restablecerían restricciones arbitrarias al tráfico internacional. 
Creo que es sumamente importante que cooperemos con la Comisión para hallar un mecanismo que impida la introducción de disposiciones de seguridad supuestamente fundamentales que, en realidad, han sido concebidas para discriminar a otras compañías de ferrocarril. 
Mi grupo también concede importancia a la formación adecuada del personal de trenes y todo otro tipo de personal de los que depende la seguridad de viajar por ferrocarril. 
Seguimos teniendo un problema aquí, Comisaria, y es el de que una sola directiva dedicada puramente a la formación de maquinistas podría no ser suficiente. 
Es preciso que formemos a todo el personal relacionado con la seguridad con el nivel de cualificación pertinente. 
Apoyo al Sr. Sterckx respecto al último punto que quiero abordar de su informe, un punto sobre el cual, creo, todos estaremos de acuerdo: los certificados de formación del personal no deben perder su validez cuando el personal se traslade de una empresa ferroviaria a otra. 
También necesitamos un mercado único para los maquinistas. 
Necesitamos que exista competencia en todo el ámbito del transporte ferroviario. 
Volvamos ahora al informe Savary. 
El Sr. Savary ha introducido cuidadosamente las nuevas normas presupuestarias, y creo que el Consejo lo respaldará de modo que todas las agencias dispongan de normas presupuestarias uniformes y para evitar una situación en que cada agencia tenga sus propias normas, creando una maraña incomprensible de disposiciones presupuestarias. 
El principal aspecto del informe Savary –y respaldamos al ponente en este punto– es el desequilibrio en la propuesta del Consejo para la composición del Consejo de Administración. 
La propuesta modificada presentada por la Comisión aboga por un Consejo de Administración compuesto por seis representantes del Consejo, cuatro representantes de la Comisión, y seis representantes de los sectores de la industria, que no dispondrán de derecho de voto, en otras palabras, de las empresas ferroviarias relevantes, y usuarios del transporte por ferrocarril. 
En estos momentos, el Consejo propone que todos los Estados miembros estén representados en el Consejo de Administración. 
Esto significará que seis representantes de las partes interesadas, cuatro funcionarios de la Comisión y, a partir de mayo del año que viene, veinticinco representantes del Consejo formarán parte del Consejo de Administración. 
Solo el Consejo podría concebir un esquema tan ridículo y, por lo tanto, respaldamos el punto de vista del ponente de que tenemos que utilizar el procedimiento de conciliación para zanjar la cuestión. 
Gracias, Señor Jarzembowski. 
Quería comentar brevemente su observación sobre la política de transporte que, por una vez, se ha analizado por la mañana. 
Mi respuesta llega de la mano de la Segunda Parte de de Goethe: «» («»). 
. – Señor Presidente, está claro que la seguridad es fundamental. 
La seguridad ferroviaria es buena en la mayor parte de los casos en estos momentos, y es imperativo que continúe siendo buena o al menos tanto como lo es ahora. 
Hago extensivo mi agradecimiento a muchos de mis colegas por su valiosa aportación al debate sobre seguridad, y también a muchas personas de la comunidad ferroviaria, quienes han hecho algunas sugerencias razonables, han mejorado los textos, han señalado algunas dificultades, etc. 
Si se establece un mercado de transporte ferroviario europeo, también ha de existir un sistema de seguridad europeo. 
Lo estamos creando mediante esta Directiva: objetivos comunes de seguridad, un método para alcanzar estos objetivos, y una autoridad de seguridad en cada Estado miembro que utilice un método común para conceder licencias a todas las partes afectadas. 
Siguiendo la posición común del Consejo, mantuvimos una serie de conversaciones, seguidas de mediación por parte de la Comisión con los representantes del Consejo. 
Fuimos capaces de eliminar toda una serie de problemas, ya que existían unas pocas diferencias entre la posición común y nuestra primera lectura. 
He presentado una serie de enmiendas de compromiso sobre estas, que pido a mis colegas que apoyen, incluyendo las enmiendas de compromiso relativas al permiso de conducción para los maquinistas –para lo que hemos encontrado una solución a través de una nueva propuesta de la Comisión– y también relativas a la interoperabilidad. 
También quisiera destacar la importancia del acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales (los sindicatos y las compañías ferroviarias europeas). 
De hecho, quisiera pedir que la Comisión transponga este acuerdo lo más rápidamente posible, de modo que demostremos también que concedemos una gran importancia a la creación de un marco social para nuestras reformas ferroviarias previstas. 
Creo que se trata de un punto importante, y que es preciso, por lo tanto, que se destaque. 
Un segundo punto sobre el que hemos alcanzado un acuerdo se refiere a las comunicaciones y el traspaso de las fronteras lingüísticas, algo sobre lo que he puesto un gran énfasis. 
Si la Sra. Ainardi está de acuerdo, trasladaremos este punto a la Directiva relativa a la interoperabilidad, y entonces, este aspecto también quedará resuelto. 
Sin embargo, existen dos puntos relevantes sobre los que estamos en desacuerdo con el Consejo. 
El primero es la velocidad con la que el nuevo sistema de seguridad debe empezar. 
El Parlamento Europeo quiere avanzar más rápido, y creo que hemos de permanecer firmes en este punto. 
En segundo lugar –tal como ya ha señalado el Sr. Jarzembowski–, trabajar para lograr un sistema de seguridad europeo implica mantener el número de nuevas normas de seguridad nacionales con un mínimo esfuerzo. 
De ahí la importancia del Artículo 8: el papel de la Comisión como supervisora del sistema. 
El Parlamento ha de mantenerse firme en este punto. 
Ya hemos alcanzado un acuerdo con el Consejo en una serie de puntos, pero falta uno, y es necesario que lo negociemos a fondo. 
De hecho, vamos a ver si el Consejo también puede hacer mañana el seguimiento de los puntos sobre los que llegamos a un acuerdo. 
Creo que este acuerdo es posible y debemos esforzarnos para que sea así. 
Quisiera ahora hablar sobre los otros informes y el paquete en su conjunto: es preciso que mantengamos las cuatro directivas en un único paquete. 
Hemos de entrar en el procedimiento de conciliación sobre estas cuatro directivas simultáneamente. 
En general, el Parlamento Europeo está más a favor de un mercado de transporte ferroviario europeo abierto y de compañías ferroviarias europeas que el Consejo. 
El Consejo todavía no va tan lejos, mucho menos que la Comisión y el Parlamento. 
Tenemos que negociar duro en el procedimiento de conciliación para llevar al Consejo lo más cerca posible de nuestra posición. 
La disminución de la cuota de mercado de los ferrocarriles habla por sí sola. nuestros ferrocarriles belgas han vuelto a perder cerca de un 6% del mercado del transporte de mercancías en el primer semestre de 2003. 
Es una evolución muy lamentable. 
Se registra un ligero aumento en el transporte de pasajeros, pero la situación relativa al transporte de mercancías ha dado un nuevo giro para mal. 
Creo que, en especial en nuestro país, el transporte por vías navegables interiores y el transporte por la costa están en disposición de hacerse con esta cuota de mercado. 
Por consiguiente, es importante que los ferrocarriles se defiendan con mayor efectividad, que se aseguren su presencia en el mercado. 
Los ferrocarriles han de ser mucho más eficaces, mucho más dinámicos de lo que ahora son. 
En algunos países lo son, pero en otros no lo son en absoluto. 
Las compañías ferroviarias no deben centrarse en sí mismas. 
Deben centrarse en sus clientes, en las personas que utilizan sus servicios, y han de centrarse en su servicio –asegurarse de que están dando a sus clientes el mejor servicio posible– de modo que estos clientes sigan con ellos o vuelvan a utilizar sus servicios. 
Creo que esto es importante. 
Casi todas las semanas me encuentro con una compañía que dice: «Quisiéramos hacer toda una serie de cosas por tren, pero no es posible. 
Los ferrocarriles son malos, demasiado lentos, demasiado caros, no son fiables». 
En mi opinión, se trata de informes lamentables y es necesario que se haga algo en este sentido. 
Este es el primer objetivo de este paquete de directivas. 
También quiero mencionar que lo que aquí estamos proponiendo no es capitalismo salvaje en los ferrocarriles. 
Categóricamente, este no es el propósito de las directivas que, en estos momentos, tenemos sobre la mesa. 
No se trata de un paquete asocial ni antisocial. 
De hecho, mi petición de ratificar el acuerdo entre los interlocutores sociales se inspiró en la esfera social. 
Este paquete brinda a los ferrocarriles la oportunidad de «volver a tomar» el mercado del transporte. 
El uso que hago de un término militar es deliberado, ya que si los ferrocarriles no recuperan su cuota de este mercado de transporte, vamos a ser testigos de una gran carnicería social. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, llegamos al término de los trabajos parlamentarios e institucionales relativos al ferrocarril. El ferrocarril constituye un desafío enorme para Europa y para el futuro. 
El informe sobre la interoperabilidad tiene por objeto dar coherencia a las Directivas relativas a los sistemas ferroviarios de alta velocidad y convencional. Asimismo propone, significativamente, avanzar hacia una mayor armonización. 
Es una manera en que la Unión puede sacar provecho de los ferrocarriles, permitiendo a los trenes desplazarse libremente por la red europea. 
La decisión de abordar la cuestión del ferrocarril se tomó a partir de la constatación del declive constante del ferrocarril como medio de transporte en Europa. 
Las propuestas de mi informe están destinadas, pues, a favorecer el desarrollo del ferrocarril. El ferrocarril es un medio de transporte sostenible y seguro. 
Además, sitúa a las diferentes zonas en pie de igualdad. 
Tanto a escala europea como en cada Estado miembro, las autoridades públicas deberían emprender una acción decidida en torno a los ferrocarriles. 
Las razones de su retroceso son múltiples y graves, y algunas de ellas no tienen que ver con el propósito mi informe. Una de esas razones es la falta de consideración de los costes medioambientales del transporte por carretera, principal competidor del ferrocarril. 
El retroceso del ferrocarril está asociado también a problemas de financiación. 
En este último punto, me veo obligado a remitirme a lo que he dicho anteriormente, y solo puedo repetir que este aspecto dista mucho de ser satisfactorio. 
Llegará el momento en que habrá que facilitar medios que permitan responder a nuestras ambiciones declaradas. 
Paso a la Recomendación para la segunda lectura de mi informe. 
Aunque hay un acuerdo general en torno a la Posición Común, en el informe se retoman propuestas formuladas por la comisión parlamentaria competente en primera lectura. Esto es progreso. 
Citaré dos ejemplos. 
En primer lugar, está la propuesta de equipar los trenes con aparatos registradores. Con control por satélite, estos dispositivos supondrán una verdadera ayuda a la fluidez del tráfico al asegurar el seguimiento en tiempo real de lo cambios. 
Esta propuesta me la hicieron los ferroviarios al comienzo de la primera lectura y ahora ha sido aceptada por el Consejo. A mi juicio, es un buen ejemplo de las posibilidades que tenemos de mejorar el trabajo parlamentario tomándonos el tiempo para discutir las cuestiones y escuchar a los principales interesados. 
Señorías, quiero llamar también su atención sobre la enmienda presentada con vistas a sustituir la expresión «nivel mínimo de seguridad» por «nivel óptimo». 
Era importante suprimir cualquier ambigüedad en cuanto a la posibilidad de un tipo de armonización «al nivel más bajo» , puesto que, si los niveles de seguridad difieren de un Estado miembro a otro, no se podía permitir que la armonización pudiera utilizarse para rebajar las normas de seguridad a fin de facilitar el acceso a los recién llegados. 
Al contrario, hay que hacer que todos los usuarios de los ferrocarriles respeten el conjunto de las normas necesarias para garantizar una mayor seguridad. 
Paso ahora a otros informes del paquete ferroviario. 
Apoyo las propuestas de mi colega, el Sr. Savary, sobre la Agencia Ferroviaria Europea. 
Creo que las propuestas encaminadas a la representación de todos y cada uno de los actores en el Consejo de Administración de la Agencia me parecen esenciales para el progreso. 
Concedo una gran importancia a la posibilidad de que los trabajadores del sector y sus organizaciones tengan voz en el proceso de elaboración de las especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI). 
Comparto muchas de las propuestas formuladas por el Sr. Sterckx sobre la seguridad. 
Creo que debemos tener en cuenta la situación particular y los conocimientos de cada Estado miembro. Pero al mismo tiempo creo que es importante que nos demos tiempo. 
Por razones históricas, nuestras redes ferroviarias son extremadamente complejas. 
Todo cambio efectivo ha de tener en cuenta el factor humano. 
Quisiera insistir también en el aspecto de las normas nacionales. 
Es fundamental que los Estados miembros conserven el derecho y la posibilidad de mejorar sus condiciones y sistemas de seguridad. Si se les quitara este derecho, se correría el grave riesgo de que todos se redujeran al mínimo común denominador, cuando el objetivo debe ser el de ayudar a todas las redes a incrementar sus niveles de seguridad. 
Por último, nuestro ponente comprenderá que no esté de acuerdo con la modificación de nuestros objetivos, incluida la apertura del sector a la competencia, considerando que esta medida es tan importante como la seguridad. Cada cual tiene su opinión sobre la apertura a la competencia. 
Ocurre que nosotros no estamos de acuerdo en este tema. Pero es una vergüenza mezclarlo todo en una Directiva que tiene como objetivo prioritario la armonización y la mejora de la seguridad. 
Por lo que se refiere al informe del Sr. Jarzembowski, he de decir que no comparto su ansia de liberalización. 
Nos encontramos aún en los comienzos de la transposición de la Directiva anterior y es preciso evaluar su impacto. 
El sector ferroviario tiene tanta importancia social y económica que hay que aplicar el principio de cautela. 
Nadie desea que el ferrocarril europeo sufra los mismos avatares, por no decir catástrofes, que han afectado a otras determinadas redes. 
La liberalización a toda costa implica ciertos presupuestos ideológicos. 
Puede resultar peligrosa y se ha demostrado que tiene consecuencias desastrosas para el ferrocarril, el empleo y la situación social y económica. 
Estos son los motivos por lo que rechazamos las propuestas encaminadas a acelerar la apertura del transporte de mercancías nacional e internacional, propuestas que lamentablemente ha aceptado el Consejo. Puesto que hemos rechazado estas propuestas, está claro que no podemos aceptar la oferta del Parlamento de liberalizar el transporte de pasajeros si el informe es aceptado. 
Todos, o casi todos los principales agentes del sector está unidos en su oposición a este plan. 
Este apoyo a la liberalización es tanto más sorprendente cuanto que las tentativas de crear corredores de transporte de mercancías todavía no han dado resultado salvo en el marco de la cooperación. 
Europa debe aprender de la experiencia. 
También necesita un servicio público ferroviario del que pueda estar orgullosa. 
Esto es, en nuestra opinión, lo que está en juego. 
Por último, sí estoy de acuerdo con la idea del Sr. Jarzembowski de que el paquete ferroviario constituye un conjunto, y si estamos todos de acuerdo en promover el transporte por ferrocarril y en avanzar por esta vía, no creo que esto comporte necesariamente la liberalización. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, antes de nada quisiera expresar mi satisfacción por el avance que representa este segundo paquete ferroviario. Más en general, también me complace el trabajo admirable que se ha llevado a cabo en este periodo a favor del ferrocarril. 
Estoy seguro de que todos nosotros tenemos hoy aquí distintas sensibilidades. 
Sin embargo, a todos nos une la causa común de impulsar el sector ferroviario y devolverle la esperanza. Se trata de convencer a todos los agentes del sector ferroviario de que Europa no pretende poner trabas a los ferrocarriles nacionales. 
En primer lugar, tiene una dimensión técnica muy importante, que se plantea, en particular, en el informe de la Sra. Ainardi. Apoyamos plenamente su informe y yo personalmente lo apoyo sin reservas, en particular porque contempla la implantación de las cajas negras, que es un deseo personal de la Sra. Ainardi. 
El informe Sterckx aborda asimismo cuestiones técnicas, y también es importante porque establece normas de seguridad europeas. Por tanto, no es cuestión de abrir el sector sin tender una red de seguridad. 
En este sentido, tengo una opinión más matizada con respecto a la relación entre las normas de seguridad nacionales y las normas de seguridad europeas. 
Creo que no se puede sacrificar la seguridad en aras de la libertad. 
En el sector ferroviario, la seguridad es evidentemente crucial en todo momento en el trabajo del personal ferroviario. 
Sin embargo, creo que es esencial no utilizar las normas como pretexto para impedir que circulen otros trenes en una determinada red. Personalmente espero que en esta materia se llegue a un acuerdo adecuado que respete el imperativo de seguridad. 
Por último, estos expedientes tienen por primera vez una dimensión social muy grande, que me infunde gran esperanza. 
Comparto la opinión de que se ha hecho mucho más por integrar las carreteras de la Unión Europea que por integrar sus ferrocarriles, y así lo he dicho. 
El motivo por el que el ferrocarril está retrasado es que los trabajadores ferroviarios todavía no han comprendido que también tratamos de integrar al personal ferroviario de la Unión Europea, que beneficiará a todos ellos. 
Ahora bien, se han producido avances significativos. En primer lugar, la creación de la Agencia. 
Este avance se debe a todos los diputados y a la comprensión y al apoyo continuado de la Comisión y el Consejo. La Agencia integrará por vez primera a empresarios y trabajadores. 
Creo que deberíamos sentirnos satisfechos por ello. 
Pienso que esta Agencia debería ser un foro común del sector ferroviario. 
Por esta razón hemos querido integrar en ella a los representantes de los trabajadores y reunir a los usuarios del ferrocarril, a las compañías ferroviarias y a los gestores de infraestructuras. 
Espero que se aprueben las enmiendas 4 y 5. En particular, espero que se mantenga la disposición del artículo 3 sobre la inclusión de los sindicatos en los grupos de trabajo. 
Pienso que esto supone un avance considerable. 
Tanto en el informe Sterckx como en el informe Ainardi se plantea también el principio de la primacía del diálogo social sobre los procesos legislativos de la Unión Europea. 
Siempre que las empresas y los sindicatos se pongan de acuerdo, dentro de un plazo adecuado, se puede evitar la necesidad de legislar. Entonces, la legislación puede elaborarse posteriormente. 
Este texto, por supuesto, también informará la labor de la Comisión. Gracias al acuerdo, la labor de la Comisión tendrá mucha mayor legitimidad que si no hubiera existido. 
Todo esto prefigura, espero, en un futuro bastante cercano, un convenio colectivo de los ferroviarios de toda Europa. Creo que esto dará pie a la liberación de los ferrocarriles de la Unión Europea y conducirá a su rápida integración. 
La liberalización también se plantea. Mi opinión es mucho más matizada al respecto que la del Sr. Jarzembowski. 
No estoy seguro de que resulte muy útil cambiar de planes. 
No estoy seguro de que la liberalización sea la única base para la integración de los ferrocarriles de la Unión Europea. De hecho, creo que lo cierto es todo lo contrario. 
Está claro que es importante asegurar que los trenes puedan circular libremente por todos los Estados miembros. Sin embargo, pienso que todavía deben cumplirse muchas otras condiciones para que el ferrocarril recupere su carta de legitimidad y sea capaz de competir con el transporte por carretera. 
No estoy seguro de que haya que abordar prematuramente la cuestión del transporte de pasajeros. No debemos hacer la vista gorda. 
Para mí, no tiene sentido fijar una fecha cuando no somos plenamente conscientes de las implicaciones, en particular en el plano económico. 
Me temo que nos veamos arrastrados inexorablemente a una colisión de todos los riesgos. Cuanto más se acerquen las elecciones, tanto más posibilidades habrá de que el Consejo rebaje ciertas posiciones. 
Lo lamento, pero hemos de ir juntos en esta dirección, Georg, puesto que todos hemos aceptado que se trata de un paquete ferroviario. 
Sra. Comisaria, quisiera terminar diciendo que otorgamos gran importancia al aspecto presupuestario. 
Me preocupa que la directiva sobre la viñeta europea se quede por detrás de las ambiciones del Libro Blanco. Permitirá que se apliquen políticas fiscales nacionales, lo que ocasionará, probablemente, muchas contradicciones en materia de desgravaciones fiscales y de asignación de estos fondos. 
Yo habría preferido un sistema del tipo suizo para la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, el trabajo sobre el segundo paquete ferroviario ha progresado de manera muy positiva y el primer elemento es que este debate se celebra por la mañana, con luz y taquígrafos, pero, además, con luz del día, y no como suele suceder siempre, en los últimos turnos. 
Por una vez- insisto- no estamos en la sesión nocturna, sino en las horas de verdad, , del trabajo del Parlamento, y esto es una satisfacción. 
Esto da idea, señor Presidente, de la importancia que atribuimos todos a lo que estamos discutiendo y de la importancia que le atribuye este Parlamento. 
En ese sentido, lo primero que quiero es agradecer muy sinceramente al Parlamento el trabajo que a lo largo de todos estos años- como han señalado varias de sus Señorías- hemos estado realizando juntos para intentar impulsar una dinamización, una recuperación del transporte por ferrocarril en la Unión Europea. 
También quiero agradecer muy especialmente a los cuatro ponentes la magnífica labor que han realizado. 
Yo soy de los que habrían preferido que hubiéramos sido capaces de terminar en segunda lectura, pero, en fin, vamos a una conciliación y espero que con el voto de las enmiendas mañana queden suficientemente clarificados, como ya lo están prácticamente, los puntos pequeños que quedan para discutir con el Consejo. 
Creo que, al final, obtendremos un resultado positivo para el sector ferroviario y, por lo tanto, para la sociedad europea, porque a lo largo de todo este tiempo hemos encontrado soluciones a la mayor parte de los problemas que se planteaban, hemos aclarado posiciones y buscado pistas de cómo construir esos equilibrios y esos acuerdos. 
Respondiendo en primer lugar a lo que planteaba el Sr. Savary, quiero decir que en la Comisión (1) no tenemos objeciones que hacer a la mayoría de las enmiendas que presenta en relación con la Agencia Ferroviaria Europea y solo nos oponemos a 5 de las 32 enmiendas, básicamente por motivos de claridad jurídica o para evitar complicaciones o un exceso de burocracia en el trabajo de la Agencia. 
Me parece importante resaltar que la Comisión apoya las enmiendas sobre la composición del Consejo de Administración- a la que se ha referido hace un momento el ponente- y sobre la composición de sus grupos de trabajo, donde, efectivamente, creo que podemos obtener un buen equilibrio. 
Siguiendo con la Sra. Ainardi, quisiera agradecerle el trabajo en un asunto de una alta complejidad técnica, en el que hemos colaborado de manera magnífica, y señalar que la Comisión puede respaldar también las dos enmiendas planteadas por el Sr. Sterckx en el último momento. 
En cuanto a la Directiva sobre seguridad ferroviaria, de cuyo informe es ponente el Sr. Sterckx, el número de enmiendas es bastante elevado y refleja el afán del Parlamento en avanzar más deprisa en este ámbito, y, evidentemente, coincidimos en esa ambición. 
Sin embargo, algunas de las enmiendas planteadas recogen disposiciones que existen en las Directivas sobre interoperabilidad o que figurarán en nuestra propuesta sobre licencias de maquinistas de tren, prevista para finales de este año. 
Otras reducen sistemáticamente los plazos de elaboración de los textos europeos sobre seguridad ferroviaria, que ya habían sido acortados enormemente por parte del Consejo, y ahí creo que no es una cuestión de hacer un trabajo de voluntarismo sino de realismo. 
Ya el Consejo redujo esos plazos respecto a las propuestas iniciales, creo que se ha encontrado un equilibrio y, en ese sentido, no se puede sobrecargar más de lo razonable el trabajo de la futura Agencia si queremos que esta sea un éxito desde el principio. 
Quiero señalar también que aparece el tema de las normas nacionales de seguridad y de su control a nivel comunitario; son las enmiendas más importantes, sobre todo de cara al debate en el Consejo. 
Creo que el ponente ha logrado un buen equilibrio y, por lo tanto, apoyamos sus enmiendas relativas al artículo 8. 
Quiero por ello, una vez más, agradecer el trabajo del Sr. Sterckx. 
En cuanto al informe del señor Jarzembowski quiero señalar que tiene dos partes, una sobre el transporte de mercancías y otra sobre el de pasajeros. 
En lo que se refiere al transporte de mercancías, apoyamos plenamente las enmiendas del Parlamento sabiendo que al final, de todas formas, habrá que llegar a un acuerdo con el Consejo en cuanto a las fechas y a los candidatos autorizados, pero espero que podamos alcanzar un resultado suficientemente positivo. 
En cuanto al transporte de pasajeros, conozco perfectamente la posición del Parlamento, que se manifestó de una manera rotunda en la primera lectura al respecto- cuestión que transmití en su momento al Consejo, dándole toda la importancia que tenía a la primera votación plenaria que hubo en esta Asamblea con motivo de la primera lectura-. 
Esta posición se ha vuelto a mantener en el voto en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, y desde la Comisión somos plenamente conscientes de ello. 
Quiero reiterar una vez más a este Parlamento que participamos del trasfondo de esas enmiendas, pero que en la Comisión lo que tenemos es un compromiso con el Parlamento y con el Consejo para presentar la propuesta de apertura a la competencia del transporte de pasajeros y lo vamos a hacer antes de fin de año. 
Es verdad- como le he escuchado decir, señor Jarzembowski- que, aunque lo presente la Comisión, no vamos a poder discutirlo en este mandato. 
En ese sentido, se podrán iniciar las discusiones, aunque no sé si se podrá culminar la primera lectura. 
Lo que quiero decir a sus Señorías es que, desde la Comisión, vamos a aportar este texto y esperamos que este Parlamento inicie sus trabajos y que- bien este o el siguiente- pueda culminarlos, porque participamos plenamente del hecho de que es importante introducir competencia dentro del transporte de pasajeros y que, además, en el momento en que se establece la red transeuropea, tenemos que dejar de pensar en criterios nacionales de ferrocarril y pasar a pensar en criterios europeos de ferrocarril. 
El ámbito geográfico de referencia es Europa, no ya tal o cual país, sino la red europea. 
Por lo tanto, las distintas compañías que ya existen en los distintos países de Europa deberán tener acceso a esa red europea y, en el momento en que accedan a ellas, competirán entre sí. 
Es la pura ley de la lógica interna de los pasos que hemos dado. 
En el momento en que establecemos una ley europea de ferrocarril, los distintos operadores que existen ya en Europa entran en competencia entre sí. 
En el momento en que el criterio es Europa- y no un país concreto- tenemos automáticamente la competencia. 
No es un problema ideológico, es un problema puramente factual, de lógica interna de las medidas que adoptamos. 
Es una ventaja de construir Europa. 
La seguridad como objetivo y como lema dentro de lo que es el transporte ferroviario, cuestión que hay que mantener al margen de los otros cambios que estamos desarrollando. 
Como conclusión, señor Jarzembowski, le felicito por el trabajo y esfuerzo desarrollados, y participo de la posición de su Señoría, que es la posición de la gran mayoría de este Parlamento, pero no puedo apoyar esas enmiendas. 
Lo único que puedo decirle es que sí aportaremos el texto para la apertura a la competencia del transporte de pasajeros antes de fin de año. 
Para concluir, señor Presidente, quiero- una vez más- agradecer la magnífica labor realizada por los distintos ponentes- Sres. 
Jarzembowski, Sterckx, Ainardi y Savary -, así como por toda la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y por este Parlamento. 
Creo que quedan unos cuantos puntos para la conciliación con el Consejo- algunos de ellos algo más difíciles -, pero esperemos que podamos encontrar fórmulas y que, por lo tanto, podamos culminar este segundo paquete ferroviario que, junto con el primero- que hemos culminado en esta legislatura -, supondrá que esta legislatura habrá, de verdad, llevado el ferrocarril europeo de mercancías al siglo XXI, lo cual es algo muy ambicioso y totalmente necesario para tener un transporte equilibrado y sostenible en Europa. 
– Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, se han amontonado muchas cosas sobre el tema de la reestructuración de los ferrocarriles europeos. 
Hemos de asegurarnos de que el siglo XXI celebre el renacimiento de viajar en tren en Europa; en caso contrario tendremos una red de carreteras totalmente paralizada por el tráfico con todas sus repercusiones en las vidas de las personas, en el medio ambiente y en la economía. 
Naturalmente, los ferrocarriles no pueden ser sinónimo del transporte a larga distancia como lo fueron en el siglo XIX, pero han de ser un eslabón importante en una cadena que comprende todas las modalidades de transporte: aéreo, por carretera, marítimo, por vías navegables y por ferrocarril. 
Para poder desempeñar su papel en esta cadena, los ferrocarriles deben estar a la altura de las tareas que se les exigen. 
Han de estar plenamente integrados en sus propias estructuras, y el concepto grandilocuente del transporte intermodal ha de desarrollarse de modo que los eslabones entre las diversas modalidades de transporte puedan funcionar realmente en la práctica. 
El tiempo apremia, y por este motivo el Parlamento no está satisfecho –y, de hecho, todavía no está lo suficientemente satisfecho– con el calendario original, pero podemos entrever indicios de movimiento, y esperamos que todavía haya más, y muy pronto, les ruego, si ello es posible. 
En consecuencia, nos mantenemos en nuestras primeras propuestas. 
En particular en lo que se refiere al paquete que aborda el informe de la Sra. Ainardi, nos mantenemos en la posición que hemos expuesto, y hemos de insistir en la realización de la interoperabilidad a través de la red. 
Esto, naturalmente, no se puede lograr plenamente a menos que sea un requisito vinculante efectivo para todas las partes de la red ferroviaria y a menos que se den pasos para asegurar que las operaciones de transporte internacional no se vuelvan a obstaculizar otra vez mediante medidas poco sistemáticas. 
En la elaboración y adopción de especificaciones técnicas, hay que tener en cuenta los costes económicos, y prestar atención a que se asegure que se aplican las normas de seguridad necesarias y que se presta la atención debida a las cuestiones medioambientales y sociales. 
Una de las principales condiciones para una red ferroviaria de alta velocidad transeuropea totalmente eficaz y segura es un sistema de comunicación que funcione, en particular entre los que gestionan las operaciones y los que las supervisan. 
Por este motivo, necesitamos un código adecuado de terminología para las comunicaciones operativas. 
En lugar de organizar todo esto sobre la base del denominador común más bajo y de niveles de seguridad mínimos, es preciso que garanticemos el cumplimiento con los niveles de calidad más altos posibles. 
Por último, permítanme, como austriaco, aprovechar esta oportunidad para comentar otro tema que ha sido noticia otra vez estos últimos días. 
Me refiero a la legislación propuesta sobre el sistema de ecopuntos para los camiones de gran tonelaje a través de Austria, que fue el tema del informe Caveri y que en estos momentos ha pasado a conciliación, aunque el proceso de conciliación todavía no ha empezado en serio. 
En este contexto, permítanme apelar urgentemente, en particular al Consejo y a su Presidente en ejercicio, el Sr. Lunardi, para asegurar que los países que están afectados más directamente puedan llegar a un acuerdo sobre una posición común de modo que puedan indicar a todos, incluido el Parlamento, que ya se ha salido del. 
Es necesario que se salga del; en cuanto esto sea así, la cita anterior de Goethe del Sr. Schmid también se podrá aplicar a la cuestión de los ecopuntos, aunque modificándola un poco. «Aquel cuyos esfuerzos nunca cesan conseguirá el éxito». 
– Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, permítanme que empiece felicitando calurosamente a los ponentes por su excelente trabajo y su estrecha cooperación con todos los demás miembros de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
En mi aportación a este debate, quisiera centrarme en el trabajo que el Sr. Jarzembowski ha realizado y enumerar las condiciones en que la liberalización puede realmente tener éxito. 
En lo que se refiere al transporte de mercancías, no existen diferencias entre nosotros; estamos de acuerdo con la necesidad de liberalización y la apertura del mercado del transporte de mercancías, ya que, durante los últimos años e, incluso, en las últimas décadas, el porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril ha caído constantemente. 
No ha sido debido a la liberalización, que se produjo mucho más tarde. 
Al contrario, la liberalización es a buen seguro una respuesta necesaria, aunque insuficiente, a este desarrollo. 
El ámbito del transporte por carretera ha experimentado la mismísima liberalización que queremos ver en el ámbito del transporte por ferrocarril. 
En estos momentos, las fronteras nacionales no son ningún obstáculo para el transporte internacional por carretera en la Unión Europea, ni tampoco las normas técnicas o de seguridad divergentes. 
Sin embargo, el coste externo del transporte por carretera no es asumido por las compañías de transporte, lo que ha jugado a su favor, y se han invertido grandes cantidades de dinero público en la red de carreteras. 
La primacía de la carretera sobre el ferrocarril no se puede considerar como el triunfo de la libre empresa sobre las industrias nacionalizadas, ya que el transporte por carretera no hubiera podido prosperar sin la inversión pública. 
En cuanto al transporte de pasajeros, agradezco encarecidamente a la Comisaria sus observaciones explicativas, y espero que el pragmatismo y lógica de sus argumentos hayan también convencido al Sr. Jarzembowski, quien no es totalmente inmune al tipo de argumentos convincentes que la Comisaria ha aprovechado hoy tan ampliamente. 
Seamos sinceros: el punto crucial no es si las normas entran o no en vigor en 2005; lo que es crucial es que se introduzcan en algún momento en los próximos años. 
En esto, todos coincidimos. 
Mi grupo votará a favor del informe Jarzambowki, pero quisiera dejar muy claro en su nombre que los intentos de liberalizar el transporte de mercancías solo tendrán éxito si van acompañados de una mayor flexibilidad en el transporte de pasajeros. 
El transporte de mercancías ha de tener prioridad por las razones que he expuesto, sujeto a determinadas condiciones. 
El éxito de la liberalización del transporte ferroviario también dependerá de las medidas, como puede ser la armonización de las especificaciones técnicas y de las normas de seguridad. 
Ya se ha hablado mucho sobre este tema, y estamos plenamente de acuerdo con lo que hemos oído. 
Hay que eliminar sistemáticamente los obstáculos que todavía existen para un mercado único europeo. 
Se trata de un reto para los políticos de toda Europa y, en especial, para ambas partes de la industria ferroviaria. 
Lo que me lleva a la segunda condición. 
Hoy en día está de moda implantar reformas que van en contra de los intereses de las personas que están más directamente afectadas por estas, concretamente, los trabajadores. 
Creo que sería mejor si pudiéramos asegurarnos el apoyo de los empleados, en especial de los empleados de los ferrocarriles, en las reformas y los cambios. 
El acuerdo alcanzado hace unos pocos días sobre los permisos de conducción de los maquinistas es una muy buena señal. 
Si asignamos responsabilidad a ambas partes de la industria ferroviaria –empleadores y empleados– sujeto, naturalmente, a la condición de que el incumplimiento al ejercer esta responsabilidad derivaría en una decisión política impuesta, creo firmemente que llegaríamos a una solución efectiva, tal como ha sucedido en el caso de los permisos de conducción para los maquinistas. 
Espero que esto sea en verdad el inicio de una colaboración constructiva entre el personal dirigente de las empresas y los trabajadores de la industria ferroviaria. 
En tercer lugar, la liberalización solo funcionará si se invierten más fondos en infraestructuras. 
Ya se ha hecho referencia al mercado de la energía eléctrica, a la situación en el Reino Unido, por citar un ejemplo. 
Si liberalizamos pero no nos esforzamos en asegurar que existen suficientes incentivos para la inversión, se corre un gran riesgo de que las redes se desmoronen y que se siembren las semillas de la inseguridad. 
Después de todo, el objetivo de la competencia es el de bajar los precios, lo que también reduce los márgenes de beneficios para los operadores de infraestructuras, y el de lograr utilizar mejor y en toda su extensión las infraestructuras. 
Si no se efectúan inversiones públicas compensatorias o de apoyo, surgirán graves problemas. 
Lamento que, tras una tan buena presentación o presentaciones al Consejo por parte de la Comisión, no se haya producido ninguna declaración clara sobre las inversiones en las redes transeuropeas, en particular sobre incentivos adicionales, en otras palabras el 30% que la Comisión busca para proyectos transfronterizos. 
Es preciso que estimulemos a todos los Estados miembros para que aumenten su inversión en la red ferroviaria, con especial énfasis –huelga decir– en las medidas transfronterizas. 
¿Cómo queremos unificar a Europa si no existe una inversión suficiente en las infraestructuras ferroviarias? 
Espero que una declaración sobre este punto llegue próximamente en la cumbre de diciembre, si no es antes. 
Y dejen que reitere mi gratitud a la Comisión, que ha llevado a cabo tanto trabajo preliminar de base. 
Mi último requisito esencial para el éxito de la liberalización es la creación de condiciones paritarias. 
Como ya he dicho anteriormente, una de las numerosas razones por las que el transporte por carretera ha establecido su supremacía es que los usuarios de las carreteras no pagan costes externos, en otras palabras costes medioambientales. 
No pagan ni por el desgaste adicional causado por los vehículos de gran tonelaje ni por los daños ambientales causados por las emisiones de los vehículos. 
La Comisaria ha presentado una Directiva sobre la tarifación de la infraestructura que no creo que sea plenamente satisfactoria, ya que creo que ofrece muy poco margen para la rectificación de este desequilibrio. 
Sin embargo, creo que es alarmante leer sobre lo que ha estado ocurriendo en el Consejo, enterarse cuán poca aprobación y respaldo existen para la posición adoptada por la Comisión. 
Espero que esta Asamblea respalde con mayor firmeza a la Comisión en esta cuestión, y quiero expresar mi agradecimiento una vez más a los ponentes por sus esfuerzos en este sentido. 
El Sr. Jarzembowski ha elaborado un excelente trabajo. 
Ahora lo único que debe hacer es este salto de fe y centrarse en el transporte de mercancías; por encima de todo, es preciso que respalde plenamente la posición de su estimada colega, la Comisaria De Palacio, y entonces llegaremos a una buena decisión. 
–) Señor Presidente, quisiera dar las gracias a los diputados –los ponentes– que han trabajado tanto para poner un paquete coherente sobre la mesa; porque esto es lo que el producto acabado es. 
Desde la semana pasada, he podido ver con mis propios ojos que es posible hacer negocios en los ferrocarriles en Europa. 
He visitado una compañía privada en Rotterdam que ahora transporta la mitad de sus contenedores por ferrocarril: esto significa una cuota de mercado del 50% si se compara con los viejos monopolistas atascados en su manera de hacer. 
Por lo tanto, la entrada de emprendedores privados en el mercado ha contribuido a detener la pérdida comparativa de un modo de transporte. 
Por consiguiente, es preciso que estimulemos a los actores privados para que inviertan en el uso de los ferrocarriles y, así, asegurar su futuro como un modo alternativo de transporte. 
Admiro y respaldo el compromiso del Sr. Jarzembowski de recorrer toda la distancia en ferrocarril y también la aspiración de liberalizar el transporte de pasajeros en 2008. 
Espero que el Consejo lo apruebe. 
Quisiera también advertir, sin embargo, que al hacerlo así no hemos de poner obstáculos a una serie de países en la liberalización del transporte de mercancías. 
Con esto, me refiero en especial a los países como Francia y Bélgica: aunque sus organizaciones están invirtiendo en el extranjero, no permiten que empresas extranjeras desarrollen actividades en sus ferrocarriles. 
Espero que, en enero de 2006, esto sea cosa del pasado, y estoy seguro que lo será. 
La seguridad y la interoperabilidad van de la mano y son también la razón más importante por la que los ferrocarriles tienen el potencial de ser un modo de transporte bueno, rápido y competitivo frente al transporte por carretera. 
Sin embargo, para que así sea han que cambiar muchas cosas. 
He observado que un tren que viaje de los Países Bajos al sur de Alemania –a través de dos países y tres – ha de cambiar siete veces de locomotora. 
Es absolutamente ridículo que se suponga que esto sea la alternativa al transporte por carretera. 
Por lo tanto, me alegra que se haya puesto una propuesta excelente sobre la mesa con la que podremos erradicar este tipo de situaciones. 
Nos permitirá asegurar que disponemos de una formación uniforme en toda Europa, un sistema único y reconocible, que es accesible y también que promueve el viaje directo, lo que incrementará la velocidad real de los ferrocarriles de transporte de mercancías y, con ello, la seguridad y la fiabilidad. 
Por consiguiente, quisiera propugnar que se preste mucha atención a la interconexión de planes de ruta a escala internacional. Esto allanaría el camino a aquellas personas que quieren viajar por ferrocarril para que puedan hacerlo. 
Esto requeriría la interconexión de las rutas. 
Estas cosas no deben organizarse por separado por cada ni por cada país. 
Se requiere un enfoque integrado que lo englobe todo, y creo que es extremadamente importante que esta propuesta esté sobre la mesa. 
A mi entender, esta cuestión sobre la seguridad y la interoperabilidad nos brinda una muy buena oportunidad de lograr que los ferrocarriles sean un modo atractivo de transporte, junto con el transporte por carretera y también junto con el transporte por vías navegables. 
Creo que representa un paso de importancia considerable para el transporte de mercancías en toda Europa. 
– Señor Presidente, el transporte por ferrocarril se inició en sus orígenes por compañías privadas que preveían obtener beneficios con ello. 
Sus líneas ferroviarias no conformaban una red coherente y la mayoría eran inaccesibles a las otras compañías con diferentes tipos de trenes. 
Muchas de estas compañías quebraron o eran conocidas por su servicio de baja calidad que sufría continuas interrupciones. 
Cuando este sistema fracasó, llegaron las compañías estatales e intentaron desarrollar un modelo uniforme para sus países respectivos en la medida de lo posible. 
El transporte por ferrocarril pasó a ser una responsabilidad central del Estado. 
Actualmente, hemos alcanzado una fase en la que se aspira, por un lado, a un modelo europeo uniforme a gran escala, pero al mismo tiempo, se propaga un retorno al modelo del siglo XIX de compañías privadas individuales. 
Es probable que estos dos objetivos sean difíciles de conciliar en la práctica y sean una fuente de tensión constante. 
Los campeones de este modelo ponen como ejemplo para los ferrocarriles, que consideran que han pasado de moda, a las compañías de transporte que han sido objeto de un crecimiento prolífico en el mercado libre, como las compañías aéreas y las compañías de transporte con camiones de gran tonelaje. 
Creen que la libertad de competencia dará lugar al crecimiento y hará que los ferrocarriles sean atractivos para una clientela más amplia que no los ha utilizado hasta ahora. 
Otros temen que la liberalización solo dará lugar a una separación entre actividades rentables y las que producen pérdidas y a recortes en infraestructuras, servicios y personal, lo que resultará en un deterioro de la seguridad y un aumento de las tarifas. 
En su opinión, existen más fundamentos para confiar el transporte transfronterizo de larga distancia a la coordinación efectiva entre las compañías estatales existentes o a una compañía europea individual que hacer sitio a nuevas compañías privadas; y medidas para restringir el transporte aéreo y por carretera no respetuoso con el medio ambiente y la contaminación atmosférica son un buen complemento para ello. 
Los cuatro informes que hoy están en el orden del día son un producto de esta gran diversidad de opiniones. 
Todos tienen en común prever que el transporte por ferrocarril tendrá también otra vez un papel importante en el futuro y que esto representa progreso respecto al tiempo en que los ferrocarriles se consignaron en el museo de las curiosidades del siglo XIX. Sin embargo, existe una gran diversidad de opiniones sobre los medios de conseguirlo. 
El informe Jarzembowski es uno más de la sucesión ilimitada de intentos para conseguir una liberalización mayor y más rápida, no solo para el transporte de mercancías transfronterizas sino incluso para el transporte interior de pasajeros. 
Aunque mi apoyo no pesa mucho en el Consejo, espero que, si una mayoría del Parlamento da su apoyo al ponente, el Consejo limite también este intento en esta ocasión. 
El informe Sterckx pone menos énfasis en el libre mercado, pero su punto de vista es mucho más centralista por lo que el margen que deja es insuficiente para incluir medidas nacionales y regionales. 
Los informes Ainardi y Savary tienen por objeto la calidad para la sociedad, los usuarios y el personal y, por lo tanto, cuentan con mi apoyo. 
– Señor Presidente, Señora Comisaria, junto con toda la infraestructura de comunicaciones y los medios de comunicación, la red ferroviaria es crucial para que la Unión Europea sea una entidad política sin fronteras. 
Este es el caso en estos momentos, como lo ha sido en el desarrollo de Estados modernos durante los últimos 200 años. 
Estos servicios son necesarios para el progreso económico y la modernización, igual que también se requiere, actualmente, la medida de ampliar la red de alta velocidad con el fin de que la actividad económica sea más dinámica y se revitalice. 
Por consiguiente, el paquete ferroviario no solo es una nueva herramienta que posibilita que las compañías privadas lleven a cabo actividades comerciales lo más rápidamente posible, sino que más bien es una herramienta para construir el camino hacia la integración política, económica y social en toda la Unión. Mi grupo rechaza el informe del Sr. Jarzembowski, ya que su planteamiento va en contra de lo que se ha expuesto anteriormente, pero vamos a votar a favor del informe Sterckx sobre seguridad, el informe Ainardi relativo a la interoperabilidad y el informe Savary sobre la Agencia Ferroviaria Europea, que son compatibles con ello. 
Para mí, como gallego, y para todos los habitantes de naciones alejadas del centro geográfico de Europa, estas decisiones del Parlamento Europeo tienen que ser, naturalmente, un camino para que podamos acceder a la comunicación de alta velocidad con toda Europa. 
El plan para la inversión en infraestructura que la Comisión está desarrollando actualmente ha de compartir este objetivo, teniendo en cuenta por encima de todo que los ferrocarriles son más respetuosos con la naturaleza y también más favorables al bienestar social que cualquier otra red de transporte. 
– Señor Presidente, el objetivo de estas propuestas es dar un mayor impulso al sector ferroviario para que pueda ser una alternativa más atractiva y viable con respecto a las demás modalidades de transporte. 
A juzgar por las reacciones habidas con respecto al Libro Blanco, tiene un amplio apoyo. 
La única cuestión que se plantea es cómo se debe llevar a cabo. 
Es necesario un cambio drástico en la actitud en el sector. 
Este paquete, sin duda, tiene el potencial de contribuir a ello, siempre que se desarrolle y se ponga en práctica adecuadamente. 
Un elemento importante es el acceso al mercado. 
¿Quién recibe derechos de usuario, y para qué? 
Para enfrentarnos a la competencia con el transporte por carretera, estibadores y consignatarios exigen libertad comparable. 
Esto viene a decir que las partes involucradas en el transporte de mercancías necesitan acceder directamente a la red. 
Que esto sea aconsejable reclamarlo también para el transporte de pasajeros, a corto plazo, es algo que me atrevo a poner en duda. 
Si damos a los emprendedores esta esfera de acción, es importante que establezcamos claramente las normas sobre uso y seguridad. 
A nuestro entender, el Sr. Sterckx ha puesto el dedo en los ámbitos pertinentes. 
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la mayoría de sus propuestas. 
Lo mismo se aplica a una serie de propuestas incluidas en el informe de la Sra. Ainardi. 
En cuanto al funcionamiento de la Agencia, el desarrollo del ferrocarril en las últimas décadas no ha obtenido los resultados esperados. 
Por consiguiente, la Agencia ha de impulsar una nueva orientación. 
Conviene que consideremos esto cuando se trate de la participación de las diversas partes afectadas. 
Pero a pesar de todo, aquí tenemos un paquete sólido que esperamos que nos permita crear algún margen en que el sector se pueda desarrollar. 
– Señor Presidente, Señorías, el tratamiento que se da a estos informes de una sola unidad denominada «paquete ferroviario» , en los que se abarca diversos aspectos parciales de la cuestión ferroviaria –como puede ser la seguridad en los ferrocarriles comunitarios, el desarrollo de líneas de alta velocidad, la concesión de licencias a las empresas ferroviarias, y la aplicación de cánones por su utilización y adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria– hoy me brinda la oportunidad de llamar la atención del Parlamento, en el transcurso de los debates sobre el sistema ferroviario transeuropeo, sobre el bloque del expediente «Iron Rhine». 
La Iron Rhine es un ejemplo destacado de una línea de transporte europea que es útil para una economía abierta. 
Después de todo, la Iron Rhine en la región del Ruhr de la Alemania interior abre no solo el puerto de Amberes, sino también los puertos de Gante, Zeebrugge y Ostende. 
La Iron Rhine ya existe y ha demostrado su utilidad en el pasado, pero cayó en desuso hace algunas décadas debido a que los costes del ajuste ambiental, como la construcción de túneles en ciertos sitios, eran demasiado altos para que la línea fuera rentable a corto plazo. 
Sin embargo, se trata de un argumento falso tras el que se oculta el gobierno neerlandés cuando bloquea continuamente el asunto. 
Hoy en día, sin embargo, Flandes siente la necesidad de reactivar esta línea de ferrocarril dados los crecientes problemas con el tráfico de contenedores en Flandes, los Países Bajos y Alemania, que crece a un ritmo exponencial. 
Alemania, y en especial el de Renania del Norte-Westfalia, ha estado apoyando a Flandes durante años en esta petición económicamente necesaria. 
Sin embargo, lamentablemente, los Países Bajos llevan a cabo una política de obstrucción en este asunto, dictada por sus propios planes de suministrar al puerto de Rotterdam una conexión moderna con la región de Ruhr a través de la Línea Betuwe abusiva y perjudicial para el medio ambiente, de la que, sin embargo, ningún país europeo obtiene ningún beneficio económico. 
Por lo tanto, durante años, se ha bloqueado la situación de este modo: esto no beneficia a nadie, y solo ha resultado en grandes perjuicios económicos para los puertos flamencos y el tráfico de contenedores. 
Ahora que Europa ha reconocido formalmente la importancia de las líneas ferroviarias transnacionales, quiero expresar mis esperanzas, como flamenco y, de que se dé un paso adelante a escala europea –uno que aporte una solución satisfactoria a todas las partes– en el expediente de la Iron Rhine tan sumamente importante para Flandes. 
El Sr. Sterckx sobre una observancia del Reglamento. 
¿A qué artículo del Reglamento se refiere su comentario? 
– Señor Presidente, quisiera hacer una declaración personal. 
Quisiera señalar que el Grupo del Sr. Dillen –sus predecesores– cuando he propuesto... 
He de informarle de que las declaraciones personales se pueden hacer al final de un debate en vez de durante el mismo. 
Nuestro Reglamento es muy claro al respecto. 
– Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, quisiera felicitar a los cuatro ponentes por la labor realizada y desearles que continúen teniendo éxito, ya que es obvio que el procedimiento de conciliación con el Consejo le va a seguir. 
Para empezar, quisiera centrarme principalmente sobre la cuestión de la liberalización de los ferrocarriles, para hacer una serie de observaciones políticas, ya que creo que en las deliberaciones sobre enmiendas individuales y acuerdos técnicos estamos perdiendo de vista lo esencial. 
Señorías, el transporte marítimo está liberalizado desde hace muchos años. 
El transporte por carretera en Europa está liberalizado desde hace muchos años. 
Lo mismo se aplica al transporte aéreo. 
Creo que esto es una paradoja. 
No hay nada que justifique por qué hay que coartar a los ferrocarriles en particular y por qué no ha de existir una red única y libre competencia a escala europea. 
Quisiera sinceramente que alguien me lo explicara de buena fe, no ocultándose tras los intereses de determinados grupos o compañías, sino sobre la base de las reglas del sentido común. 
Siempre tenemos que tener en cuenta que no podemos hablar sobre un mercado único europeo si no disponemos de una red de transporte única. 
Y a menos que la red ferroviaria también se liberalice, esto no se podrá lograr. 
Y más aún cuando todos los poderes políticos de Europa quieren, al menos en teoría, fomentar el ferrocarril, porque es un medio de transporte respetuoso con el medio ambiente. 
Por consiguiente, es vital que demos pasos valerosos en el ámbito de la liberalización y les diré sinceramente que, si tuviera personalmente que decidir lo que es necesario hacer en el mercado ferroviario, lo liberalizaría mañana mismo. 
Mañana por la mañana, aunque naturalmente tomando todas la medidas necesarias para las normas de seguridad, de modo que tengamos una liberalización de alta calidad sin ningún riesgo para los pasajeros, como es el caso en el transporte aéreo. 
Dicho esto, creo que es absurdo continuar este debate, que sigue aplazando la cuestión y parece una batalla de retaguardia que, a mi entender, solo sirve a determinados intereses. 
Sin embargo, en todo caso, es necesario que actuemos en este tema no basándonos en mis deseos personales sino en el consenso político. 
El Parlamento, durante años en la vanguardia de la liberalización del ferrocarril, tiene toda la razón en insistir sobre las enmiendas efectuadas en primera lectura y espero que, en el marco de la conciliación que seguirá, podremos, junto con la Presidencia italiana, llegar al mejor resultado posible en diciembre. 
Espero que la Comisaria nos ayude con la declaración que ha hecho y que se puede utilizar como refugio final de modo que, inmediatamente después, podamos proceder a liberalizar el mercado ferroviario en lo que se refiere al transporte de pasajeros. 
A continuación, la preocupación permanente del Parlamento, y naturalmente de nuestro grupo, es la seguridad. 
Es por ello por lo que en el informe Sterckx hablamos sobre cajas negras, tal como se utilizan en los buques y los aviones. 
Es por esto por lo que hablamos sobre permisos de conducción europeos para los conductores de trenes y es por esto por lo que en el informe de la Sra. Ainardi planteamos la cuestión de la financiación de la interoperabilidad, ya que queremos una interoperabilidad de alto nivel y no de mínimos, tal como quiere el Consejo. 
Vamos a proceder con este espíritu, esperando que, al terminar la Presidencia italiana a finales de diciembre, tengamos el mejor resultado posible sobre el criterio de la liberalización del mercado ferroviario, no porque lo consideremos un fin en sí mismo, sino porque creemos que es la mejor manera de servir a la economía europea, a los consumidores europeos y a los mismos trabajadores, en la medida que se crearán más puestos de trabajo. 
– Señor Presidente, quiero agradecer a todos los ponentes su labor en un campo complicado pero importante dentro del mundo del transporte, a saber, nuestros ferrocarriles y su futuro. 
Quiero comenzar por el tema del transporte de mercancías y lo que se ha dicho al respecto. 
En el ámbito del transporte de mercancías por ferrocarril, el sector ferroviario se halla actualmente en la antesala de su última oportunidad. 
A menos que todos colaboremos en desarrollar el transporte de mercancías por ferrocarril a escala de toda Europa –incluida la apertura de las redes nacionales, un mayor progreso en cuanto a interoperabilidad y ciertos cambios de mentalidad y forma de trabajar por parte del sector– no habrá transporte de mercancías por ferrocarril que defender o que sea digno de mención en el año 2020. 
Habrá cedido su puesto a favor, sobre todo, de la carretera, con todas las consecuencias que eso comporta. 
Así que esta mañana comienzo con una advertencia amistosa al sector ferroviario de que, a menos que se organice y que todos trabajemos en equipo en el ámbito del transporte de mercancías por ferrocarril, este desaparecerá en el plazo de 20 años más o menos. 
Cualquier acción en este sentido tiene que fundamentarse, desde luego, en la cooperación con las organizaciones sindicales y los interlocutores sociales. Un tema que mi Grupo ha venido propugnando de forma constante desde hace muchos años. 
A este respecto acojo con satisfacción algunos de los acuerdos alcanzados en los últimos tiempos entre la Fundación Europea de la Formación (FEF) y la Comunidad de Ferrocarriles Europeos (CFE) , sobre todo en la cuestión de los permisos de conducción, así como el compromiso por parte de la Comisión de presentar una propuesta sobre este tema a finales del presente año. 
En lo relativo a los pasajeros, yo recomendaría precaución. 
Constato que mi colega el Sr. Hatzidakis propugna «ser audaces». 
Pero el problema al respecto radica en que uno de los países que decidió ser audaz en el tema de sus ferrocarriles hace algunos años fue el Reino Unido. 
El resultado de tal «audacia» fue una privatización chapucera que sembró el caos más absoluto en el sector ferroviario y ha obligado al Gobierno actual a invertir una cantidad de dinero mucho mayor en los ferrocarriles que lo que estaba planeado. 
Pero seguimos sin contar con un servicio mejor. 
Esto no significa que todos nos encerremos dentro de nuestra concha y manifestemos que los ferrocarriles nacionalizados son los únicos válidos. 
Ciertamente no es el caso. 
Pero hemos de asegurar que nadie vuelva a cometer los mismos errores que el Reino Unido. 
La liberalización de la parte relativa a los pasajeros debe realizarse paso a paso. 
A ese respecto, nuestros ponentes han logrado un compromiso equilibrado que resulta aceptable para todo el mundo. 
Todos hemos de tener presente que la explotación del ferrocarril no solo es una cuestión de beneficios –también es una cuestión de seguridad–, sino que además ha de ofrecer un servicio de cierto nivel al público que se supone va a ser transportado de un lugar a otro. 
En resumen, las personas deberían contar más que el beneficio, pero por desgracia no siempre es así. 
Permítanme centrarme brevemente en el informe del Sr. Sterckz, para el que yo he sido ponente alternativo por mi Grupo. 
Quiero darle las gracias por su trabajo y, concretamente, por sus esfuerzos por conseguir una solución de compromiso que resultara aceptable para todos nosotros. 
Además merece una felicitación porque la pelea con el Consejo –realmente todas las peleas de nuestros ponentes con el Consejo– ha convertido su labor en algo especialmente arduo. 
Solo quiero decir que todo el mundo está a favor de la seguridad. 
Ningún político osaría levantarse aquí y afirmar que no cree que la seguridad sea importante, sería un suicidio político. 
Se trata de hallar el equilibrio correcto entre lo que resulta práctico y lo que podemos hacer, así como de asegurar que los niveles de seguridad de que disponemos son los más elevados posible. 
Por desgracia, en nuestros ferrocarriles hemos vivido recientemente situaciones en las que ciertos niveles no eran los que deberían haber sido. 
Doy las gracias una vez más a los ponentes y termino diciéndole al sector ferroviario que este es un momento crucial para todos los ferrocarriles en Europa. 
Para el transporte de mercancías, esta es la última oportunidad. 
Espero que no la desperdiciemos. 
Señor Simpson, quiero felicitarle por su segundo acto europeo esta mañana. 
– Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, quiero dar las gracias a los ponentes por el paquete ferroviario. 
Han llevado a cabo un trabajo excelente con respecto a este tema tan importante. 
Los ponentes han abordado esta cuestión exhaustivamente, han escuchado a los diversos expertos y miembros de las comisiones, han negociado, y han intentado llegar a compromisos viables, manteniendo todo el tiempo la principal meta, que es la de mejorar la competitividad, la seguridad y la compatibilidad de los ferrocarriles. 
La propuesta de una Agencia Ferroviaria Europea concede más apoyo a este objetivo global. 
Ahora es importante que el Consejo no frene la aplicación de estas reformas. 
Nos hemos entretenido demasiado en el desarrollo del ferrocarril. 
Ya es hora de que se establezca una alternativa competitiva con respecto al transporte ferroviario. 
Ahora ya se han formulado, en muchas ocasiones, argumentos para la aplicación del paquete ferroviario. 
El desarrollo del ferrocarril significa que podemos descongestionar las carreteras y fomentar el transporte respetuoso con el medio ambiente. 
Un sistema ferroviario factible y servicios competitivos y con precios moderados son importantes tanto para las regiones congestionadas como para la industria exportadora situada en las regiones más alejadas. 
La apertura de la competencia en el transporte de mercancías y de pasajeros estimulará el desarrollo del transporte ferroviario. Para ello, es preciso crear un paquete viable, con un calendario claro para abrir la competencia en el campo del tráfico de pasajeros. 
Hemos de ser capaces de realizar progresos en los ámbitos de la compatibilidad técnica y de las normas de seguridad así como en otras normativas, de modo que los trenes circulen en toda Europa con rapidez y seguridad, ofreciendo una alternativa competitiva para el transporte tanto de mercancías como de pasajeros. 
El objetivo del Sr. Sterckx de un alto nivel de seguridad en el transporte ferroviario contará, con toda seguridad, con el respaldo de todos. 
El papel de los Estados miembros en la adopción de normas nacionales también será importante. 
No deben ralentizar el proceso del desarrollo a largo plazo, y los Estados miembros tienen que obtener la aprobación de la Comisión para las nuevas normas nacionales. 
Para el bien de la seguridad, también es importante que los trenes vayan equipados con una caja negra y que tanto los datos recopilados por el equipo como la forma en que estos se procesan estén normalizados. 
La tarea principal de la Agencia Ferroviaria Europea será la de fomentar las mejores prácticas y facilitar la cooperación entre los actores del sector ferroviario. 
Los distintos actores del sector ferroviario deben participar en el trabajo de la Agencia, pero no todos los Estados miembros pueden estar representados en el Consejo de Administración. 
Sin embargo, el trabajo de la Agencia ha de tener en cuenta las diferentes condiciones que pueden existir en los Estados miembros. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, a título personal y como miembro del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) , el Grupo de izquierdas del Parlamento Europeo, quisiera recordar del modo más claro posible los principios que deben presidir la evaluación del paquete ferroviario europeo. 
El primer principio es que el transporte ferroviario es un servicio público. 
Debe seguir siéndolo donde todavía lo es, y volverlo a ser allí donde la lógica liberal lo ha cercenado drásticamente como servicio público. 
Únicamente el ferrocarril puede frenar dos tendencias interrelacionadas cuyas consecuencias están muy claras: por un lado, una concentración incontrolada de personas en las zonas urbanas y por otro la desertización del campo. 
Juntas, ambas tendencias devastan nuestro territorio. 
El tercer principio es el siguiente: el transporte ferroviario es la única respuesta efectiva a la demanda rápidamente creciente de transportar cada vez más personas y mercancías. 
También es la única respuesta a la necesidad aparentemente contradictoria pero igualmente importante de preservar nuestro medio ambiente y mejorar la calidad de nuestras vidas. 
Estos tres principios son convergentes y están interrelacionados. Estas son las razones por las que mi Grupo y yo nos oponemos a la privatización forzosa del ferrocarril. 
También nos oponemos a cualquier decisión o medida tendente a regular el sector ferroviario únicamente por las fuerzas del mercado. 
Los países que han tomado ese rumbo están peor que los que no lo han hecho. Están en peores condiciones debido al cierre de líneas ferroviarias. 
Es más, tienen graves problemas de seguridad. 
Sobre la base de estos tres principios, nuestro Grupo se ha opuesto a lo que calificaría de deseo compulsivo de liberalización del Sr. Jarzembowski. 
También por esta razón hemos rechazado la armonización de las redes propuesta en el informe Sterckx. Preferiríamos una armonización menos abanderada de la liberalización. 
Por esta razón hemos apoyado el informe Savary, relativo a la creación de una Agencia Europea del Ferrocarril, en cuyo Consejo de Administración habría representantes de las organizaciones de trabajadores. 
Por último, en virtud de estos tres principios hemos votado a favor de las propuestas de la Sra. Ainardi. Estas últimas harán que se tengan en cuenta los aspectos sociales y medioambientales y se exija un alto nivel de seguridad. 
Tras las decisiones del Consejo después de la primera lectura y las recientes votaciones en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, nos opondremos de nuevo a la liberalización del transporte de mercancías en 2006 y del transporte de pasajeros en 2007. 
Definiremos nuestra postura definitiva sobre el informe Sterckx en función de los resultados de la votación de las enmiendas en el pleno. 
Seguiremos apoyando los informes y propuestas del Sr. Savary y la Sra. Ainardi, que están en consonancia con los principios que defendemos. 
– Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, los Estados nacionales florecieron en el siglo XIX y esto, en parte, fue gracias al ferrocarril. 
Pues bien, entonces, en el siglo XXI, Europa ha de volver a situarse en la vía férrea. 
Es por este motivo por lo que este paquete es tan importante. 
Sin embargo, en el período comprendido entre el debate en primera lectura y este debate, los hechos han demostrado que sigue siendo demasiado pronto para apoyar el sistema ferroviario de alta velocidad del Sr. Jarzembowski. 
Los informes Sterckx, Ainardi y Savary están más en consonancia con las necesidades de hoy en día. 
Mi colega y diputado el Sr. Jarzembowski está impaciente y ya aboga en favor de la liberalización acelerada del transporte de pasajeros. 
Ya estamos viendo en unos pocos países los daños que esto puede ocasionar al transporte ferroviario de pasajeros transfronterizo regional. 
Por ejemplo, se están suprimiendo trenes internacionales convencionales. 
Y por consiguiente, en estos casos, el servicio se está deteriorando. 
A buen seguro no se puede dar el caso de que, en una Europa Unida, el tráfico ferroviario transfronterizo que no sea de TGV, sea mucho más caro o incluso que desaparezca. 
Ya he llamado la atención de la Comisión sobre ello, en una pregunta parlamentaria y, en su respuesta, comparte mi opinión, llamando a esto «una anomalía del mercado interno». 
Intenten explicar esto al electorado. 
Otra cuestión apremiante es la desaparición de la serie de trenes internacionales o el cambio de esta que, por consiguiente, no se identifica. 
Espero que la Agencia Ferroviaria Europea lleve a cabo una evaluación clara de ello, y que incluyamos este aspecto en el debate sobre redes transeuropeas. 
Votaremos en contra de la liberalización prematura sin un marco de medidas que la acompañen. 
El Sr. Simpson ha señalado las posibles consecuencias que se pueden derivar. 
Proponemos esperar a las propuestas que la Comisión va a hacer a finales de este año respecto a la liberalización. 
Este es el punto en el que mantendremos este debate, Sr. Jarzembowsky y espero que todavía podamos aprobar la primera lectura, para que este trabajo no sea en balde. 
Sin embargo, concentrémonos primero en el transporte de mercancías ya que es necesario incluir urgentemente este flujo, que aumenta vertiginosamente, en los ferrocarriles. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, esta reforma radical de los ferrocarriles se basa en una noble idea. 
Inicialmente se trataba de reequilibrar el transporte ferroviario ante el éxito del transporte por carretera. Mientras que el transporte por carretera es menos caro y más práctico en términos de accesibilidad, causa una gran cantidad de contaminación. 
Por mi parte, yo habría preferido una aplicación firme de la interoperabilidad. 
Los defensores del liberalismo se vieron alentados por la propuesta inicial de la Comisión de liberalizar del transporte nacional e internacional de mercancías. Entonces situaron el listón más alto. 
El Parlamento Europeo superó la oferta y se pronunció a favor de la apertura a la competencia del transporte ferroviario de pasajeros en la primera lectura. 
Ante la oposición del Consejo, asistimos ahora a un intento de forzar las cosas en esta segunda lectura. 
Esto es inadmisible, sobre todo cuando no ninguna evaluación del impacto del primer paquete ha demostrado las bondades de una liberalización excesiva. 
Quizá nos daría miedo el resultado. 
Como diputado del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, no puedo suscribir las enmiendas 2 y 7, que llevan la liberalización demasiado lejos. 
Semejante liberalización afectaría especialmente a Francia, donde el transporte internacional de pasajeros supone el 20% del transporte ferroviario de pasajeros, mientras que esta cifra oscila entre el 2% y el 7% en otros países. 
La desertización de las zonas geográficas menos rentables del país es inevitable. 
¿Qué será de la vida en las zonas rurales? Estas apenas interesarán a los operadores privados en busca del beneficio. 
El concepto del transporte ferroviario es el de un valioso servicio público que contribuye a la cohesión social y al desarrollo nacional y regional armonioso. 
Por último, allí donde la liberalización ha sido mal gestionada ha habido, por desgracia, cada vez más accidentes, reflejando una falta de inversión. 
En algunos casos ha sido incluso necesario renacionalizar. 
– Señora Comisaria, Señorías, debemos pronunciarnos en segunda lectura sobre un calendario de apertura a la competencia de los servicios ferroviarios de mercancías. 
En la Posición Común del Consejo se ha fijado la fecha del 1 de enero de 2006 para la apertura de las redes ferroviarias a los servicios de transporte internacional de mercancías y la del 1 de enero de 2008 para los servicios de transporte nacional de mercancías. 
No prevé ningún calendario para el transporte ferroviario de personas. 
Es pues un enfoque caracterizado por la prudencia y la necesidad de proceder por etapas el que ha elegido el Consejo. 
Por otro lado, nuestro ponente propone modificar por completo este calendario, previendo que todo el transporte transfronterizo de mercancías y pasajeros se abra el 1 de enero de 2006, y que todos los servicios en toda la red lo hagan a partir del 1 de enero de 2008. 
Urge abordar el subdesarrollo del transporte de mercancías que afecta a muchos países. El transporte de mercancías suele caracterizarse por la mala calidad del servicio, costes prohibitivos, procedimientos arcaicos y constantes huelgas. 
Esto significa que no se cumplen los horarios. A este respecto, la perspectiva de una apertura convenientemente modulada puede constituir un saludable incentivo para las reformas nacionales, a condición de que se respeten las normas más estrictas en materia de seguridad y no se comprometa la calidad actual del servicio de transporte de pasajeros. 
Pero distingamos bien entre transporte de mercancías y transporte de pasajeros. En muchos Estados miembros, el transporte ferroviario de pasajeros está al servicio del desarrollo nacional y regional. 
También asume una responsabilidad de servicio público que no debe sacrificarse a una liberalización precipitada. 
Se observa ya una tendencia en algunas compañías ferroviarias a trasladar sus obligaciones de servicio público a las autoridades locales. Asimismo suelen descuidar el material y la red que aseguran importantes enlaces entre regiones, para concentrarse exclusivamente en las líneas más rentables. 
Tengamos cuidado de que una apertura prematura no conduzca a agravar esta situación en lugar de mejorarla. Debemos asegurar que esta deriva no se acelere en vez de corregirse. 
Una liberalización prematura encierra el riesgo de crear zonas totalmente desprovistas de servicios ferroviarios y de agravar las desigualdades regionales. 
Esto no es lo que desean los ciudadanos de los Estados miembros. 
Tampoco es lo que desea la Unión Europea. 
Preferimos el sabio enfoque adoptado por el Consejo a las prisas que preconiza nuestro ponente. 
Por esta razón, apoyaremos la Posición Común del Consejo, que prevé que los derechos de acceso a los servicios de transporte de pasajeros se aborden en el marco del tercer paquete ferroviario. 
Señora Presidenta, esta labor se basará en las conclusiones derivadas de una evaluación cuidadosa de los resultados de la primera etapa del proceso. 
En esta evaluación debería prestarse especial atención a la seguridad, las cuotas de mercado y el volumen de transporte ferroviario de mercancías, el estatuto de las empresas y las condiciones de trabajo del personal. 
– Señora Presidenta, permítame comenzar felicitando a todos los ponentes por su labor tan ardua a lo largo de un periodo muy prolongado de tiempo. 
Ha sido muy importante porque se trataba de alentar y no de desanimar el mantenimiento, la seguridad y el desarrollo de nuestro sistema ferroviario en toda Europa. 
La liberalización es sin duda inevitable; es un paso obligado. 
Hay que aliviar el tráfico de las carreteras. 
Trasladar el tráfico de las carreteras al ferrocarril solo puede ser beneficioso de cara al futuro. 
El desarrollo de los trenes de alta velocidad debe acogerse con satisfacción; no debe frenarse. 
En la región de donde procedo –y voy a ser un poco aldeano por unos momentos– tenemos la suerte de contar con algunos enlaces ferroviarios. 
Tenemos el enlace ferroviario entre Belfast y Dublín, pero apenas quedan enlaces en Irlanda del Norte. 
El tren de alta velocidad no constituye una opción para nosotros. 
Podemos estar contentos de contar siquiera con enlaces ferroviarios ordinarios. 
De hecho, se plantean clausurar el importante enlace entre Belfast y el puerto de Larne. 
Simplemente no lo entiendo. 
En una época en la que nos estamos decantando por el ferrocarril, hay personas en mi región intentando cerrarlos. 
Se ha dejado degradar esa línea hasta colocarla en una condición precaria; su seguridad es dudosa y el material rodante da vergüenza. 
Trasladar más volumen de tráfico y de mercancías hacia las carreteras no constituye ninguna solución. 
Esa es una parte de nuestro problema. 
Aunque Irlanda del Norte sea una extensión muy pequeña en comparación con otras regiones europeas, también necesitamos y exigimos ferrocarriles en Irlanda del Norte. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, en primer lugar, me sumo al consenso general- yo diría que completo- de felicitación a nuestros ponentes, que han hecho un trabajo espléndido y la prueba es que, incluso en el último momento, están impulsando las posiciones del Consejo, al pedir más velocidad en distintos ámbitos y actitudes más acordes con lo que necesitamos. 
Pero quisiera comenzar diciendo que la importancia vital del tema que nos afecta hoy solamente la podemos calibrar y observar si tomamos en cuenta cuatro variables. 
La primera de ellas es la situación grave del transporte europeo en estos momentos y las previsiones que todos los estudios nos ponen encima de la mesa. 
Por tanto, no estamos haciendo un proceso de legislación graciable sino un proceso de legislación obligada y urgente. 
En segundo lugar, la variable europea, que la Comisaria ponía encima de la mesa. 
Es imposible racionalizar el transporte europeo sin tener en cuenta la variable europea. 
Ningún Estado, por mucha tradición que tenga, puede pretender resolver sus problemas de transporte al margen de esa hermosa y, por otra parte, importantísima variable. 
Necesitamos la variable europea: los problemas del transporte, en su totalidad, a nivel europeo. 
En tercer lugar, no podemos hacer un análisis estanco. 
Necesitamos también comprender la situación de todos los modos del transporte, puesto que cada uno de ellos tiene que aportar una parte de la solución y el tren está inserto en una situación crítica entre el resto de los modos de transporte del que queremos sacarlo. 
Y, por último, tampoco nos valen cada uno de los modos de transporte, sino la interoperabilidad entre todos ellos. 
Respecto al ferrocarril, espero que sea fundamental e histórico el aliento que va a recibir con estos informes y propuestas, porque, hasta ahora, en Europa han funcionado las directivas, pero no han funcionado los trenes. 
Tenemos que decir que la misión de hoy es salvar al ferrocarril y, por tanto, cualquier otra perspectiva es errónea. 
El ferrocarril se está hundiendo- como el Sr. Simpson ponía en evidencia- y lo que quiere hacer este Parlamento es fortalecerlo, darle vida y recuperarlo. 
Obligadamente a través de una liberalización, porque la época del monopolio ha terminado. 
El monopolio es esperar en la ventanilla a que lleguen los fletes, y la liberalización, ordenada, por supuesto adecuada, socialmente entendida, supone salir a las empresas y a los colectivos a por esos fletes, que son absolutamente necesarios. 
Por tanto, opino que los plazos deberían venir marcados única y exclusivamente por la seguridad, puesto que ninguna de las otras razones tiene peso suficiente para retardar la liberalización del tren. 
Eso sí, la seguridad es vital y en aras de la misma deberíamos aceptar un aplazamiento, pero que nadie se escude en ella para retrasar de manera artificial la entrada en servicio de los distintos tramos. 
Señora Comisaria, estos informes van a poner en evidencia y encima de la mesa lo fundamental de la financiación. 
El tren necesita financiación. 
No existen partidas presupuestarias adecuadas para la financiación. 
El Parlamento hizo una propuesta de creación de un fondo europeo del transporte que habría que revitalizar en las próximas perspectivas financieras. 
Es verdad que la seguridad es el eje fundamental del tren, tanto que, señora Comisaria, le recuerdo que la seguridad también la tenemos muy presente en la carretera y que nos gustaría una iniciativa suya para que la Agencia Europea de Seguridad para la Carretera estuviera encima de la mesa cuanto antes. 
– Señora Presidenta, Señorías, el informe Jarzembowski hace hincapié en la importancia de un desarrollo más rápido de las redes ferroviarias de transporte de mercancías, teniendo en cuenta en particular las cuestiones transfronterizas. 
En este contexto, quisiera llamar su atención sobre la situación insostenible de la línea ferroviaria italiana entre Savona y la frontera con Francia; un enlace ferroviario que conecta la región oriental de Liguria con la Costa Azul. 
Esta línea de una sola vía –repito, una sola vía– es un cuello de botella para el tráfico ferroviario de mercancías y de pasajeros, lo que perjudica considerablemente la economía de la región, que depende del turismo, el cultivo del olivo así como de la producción de flores, frutas y hortalizas. 
La línea de una sola vía también incrementa los riesgos de seguridad y este déficit en el sistema ferroviario repercute en el tráfico por carretera, con problemas de congestión graves y contaminación en una región que está fuertemente orientada hacia el turismo. 
Se ha hablado sobre tender una segunda vía desde los años cincuenta, cuando yo todavía era un niño. 
Desde entonces, la situación no ha cambiado y el aumento del volumen de tráfico la empeora todavía más, incluso la hace insostenible, debido a los retrasos continuos que intensifican y también afectan la sección francesa contigua de la línea. 
Algunas obras relativamente recientes han trasladado algunos tramos de la línea ferroviaria –también de una sola vía– tierra adentro, que recorre la costa y está sujeta, por lo tanto, a la erosión de la costa. 
Esto ha empeorado el estado de las cosas ya que ha provocado más estrangulamientos. 
Concluiré con la esperanza de que, como parte de la revitalización de las redes internacionales de la Unión Europea, se halle una solución rápida antes del 1 de enero de 2006, fecha fijada para la apertura de las redes ferroviarias a todos los tipos de servicios de transporte ferroviario de mercancías. 
– Señora Presidenta, no entraré en la querella que enfrenta al Parlamento Europeo y el Consejo sobre los ritmos de la liberalización del transporte ferroviario, ya que, tanto para unos como para otros, los objetivos son los mismos: hacer de los ferrocarriles europeos una mercancía que reporte grandes beneficios a empresas capitalistas depredadoras como BASF, Ikea y Connex, que es una filial de Vivendi. 
Lejos de sacar lecciones de la liberalización en Inglaterra, Alemania y otros lugares, los informes Jarzembowski y Sterckx solo proponen, de hecho, la aceleración y la generalización de la liberalización. 
A partir de ahora estarán abiertos a la ley de la jungla que rige el mercado no solo el transporte internacional y nacional de mercancías, sino también el transporte de pasajeros. 
La normalización propuesta se hará exclusivamente sobre la base del mínimo común denominador, en detrimento de normas de seguridad de alto nivel y favoreciendo el dumping social, como en el transporte por carretera. 
Por tanto, esta posición ultraliberal debe ser rechazada. 
Adoptarla es dar la espalda de forma duradera a la perspectiva de crear un servicio público europeo del transporte ferroviario. 
Como diputada al Parlamento Europeo, no esperaré a que se anuncien las próximas catástrofes para unir fuerzas a escala europea con los usuarios del ferrocarril y el personal ferroviario para desbaratar estas tendencias. 
– Señora Presidenta, Señora Comisaria, Señores ponentes, muchas gracias por la labor que han llevado a cabo. 
Quisiera, en particular, centrarme en el desarrollo del transporte ferroviario más que en la seguridad, la interoperabilidad y otros aspectos por el estilo. 
En primer lugar, a mí me parece que se trata de informes excelentes. 
La importancia de este desarrollo de los ferrocarriles para el medio ambiente y la seguridad está, por descontado, perfectamente clara. 
El primer paquete ferroviario tenía por objeto la apertura del transporte de mercancías, en especial, a escala internacional, y la fijación de una fecha determinada. 
Hemos luchado duro para ello y, en aquel momento, acordamos que nos mantendríamos al margen del transporte ferroviario de pasajeros hasta que se elaborara un documento separado sobre este tema. 
En mi opinión, el Parlamento se pasa de la raya: en primer lugar, al adelantarse y hablar sobre la liberalización de países a nivel interno y, en segundo lugar y en particular, en lo que se refiere a la liberalización del transporte de pasajeros. 
Si esto es una palanca para las negociaciones, lo puedo entender. 
Sin embargo, a mi entender, deberíamos abandonar estos temas inmediatamente y esperar hasta que la Comisión haga una propuesta tras una evaluación detallada de la situación en una serie de países, en especial en el Reino Unido (privatización) , los Países Bajos y varios otros países. 
Ya empezó con la desregularización y con la división de las compañías. 
Como ingeniero industrial, con conocimientos sobre cómo hay que organizar a las compañías, digo que es necesario, por ejemplo, mantener un riguroso control en el mantenimiento de los materiales y otras cosas. 
Tendríamos que volver a eso. 
Es preciso que primero llevemos a cabo una evaluación y, seguidamente, mantengamos un debate sobre cómo proceder con este tipo de liberalización. 
Apoyo incondicionalmente la posición del Consejo en este sentido. 
– Señora Presidenta, la propuesta que tenemos ante nosotros consiste en completar la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril, aumentando la competencia en aquellos Estados miembros que aún tienen que liberalizar sus mercados. 
En principio, algunos pueden considerar que esto supone una evolución positiva, ya que podría proporcionar al Reino Unido nuevas oportunidades de mercado en otros Estados miembros. 
Sin embargo, incluso mi escasa experiencia me ha enseñado a ser escéptico. 
Aunque el mercado del Reino Unido es en gran medida abierto, de acuerdo con los principios del mercado único, por desgracia no cabe decir lo mismo de otros muchos Estados miembros. 
Francia, Bélgica y Luxemburgo siguen manteniéndose firmes contra la plena liberalización del transporte de mercancías. 
La Directiva sobre seguridad ha creado una Agencia Ferroviaria Europea, de forma que en lo sucesivo todas las disposiciones sobre seguridad nacionales solo se pueden implantar tras la pertinente consulta y notificación a la Comisión, permitiendo así a esta examinar los proyectos de leyes nacionales y ponerlas en duda si lo desea. 
Se esfuma así cualquier posibilidad de implantar cualquier legislación de carácter urgente por parte de los Estados miembros en caso de exigirlo la seguridad de los ferrocarriles nacionales. 
Esto constituye, a mi juicio, otro ejemplo del superestado protector, en el que Bruselas aparentemente siempre lo sabe todo mejor. 
Intenten contárselo a nuestros pescadores y agricultores. 
– Señora Presidenta, Señora Comisaria, Señorías, quisiera aprovechar la ocasión para felicitar a los ponentes por el buen trabajo tan considerable que han llevado a cabo. 
El paquete ferroviario contribuye a la liberalización y modernización del transporte ferroviario en Europa, incluso aunque el trabajo sobre este tema no haya concluido todavía. 
Las nuevas normas de la Unión Europea proporcionan un nuevo marco al sector ferroviario. 
Sin embargo, este sector necesita desarrollar su propia fuerza económica si es que debe contribuir a resolver el tráfico y los problemas de transporte en Europa. 
Si no es así, otras modalidades de transporte terminarán el trabajo. 
Los ferrocarriles todavía pueden aprender mucho de ellos. 
Ante todo, quisiera dar mi opinión sobre el informe del Sr. Jarzembowski relativo al desarrollo de la red ferroviaria. 
Al hacerlo así quisiera darle las gracias personalmente una vez más por su labor como ponente. 
Merece que se le elogie por esforzarse en alcanzar la plena liberalización del transporte de mercancías en 2006. 
En vista de la naturaleza comparativamente internacional de este modo de transporte, su rápida apertura es una evolución lógica de este mercado. 
En cuanto al sector ferroviario europeo, continúa sin existir un auténtico mercado interior a pesar de los esfuerzos realizados en el contexto de la política de transporte común. 
La directiva en materia de ferrocarriles no ha conducido a la apertura total del mercado. 
Los ferrocarriles siguen sin poder competir con el transporte por carretera, por vías navegables ni con el aéreo en la mayoría de casos. 
La enmienda de la Directiva sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios contribuirá, a mi entender, a un desarrollo positivo en este sentido. 
Asimismo, ante todo es preciso que se produzca también un cambio de actitud en el mismo sector. 
El paquete ferroviario actual ofrece la posibilidad de un auténtico mercado del transporte ferroviario europeo. 
Por ejemplo, la concesión a los que se conoce como «solicitantes autorizados» (consignatarios y estibadores) del derecho a usar los servicios de los ferrocarriles es un paso en la buena dirección hacia un uso más eficiente de la infraestructura. 
Los últimos informes de la próxima cooperación entre los operadores alemanes, franceses e italianos de trenes de alta velocidad sobre la construcción de unidades de tren son un indicio de que la cooperación europea se pone en movimiento; y ahora también en el tema de la energía eléctrica. 
Sin embargo, el impulso que existe actualmente respecto al paquete ferroviario no es incondicional. 
El Consejo Europeo hace una distinción más definida que el Parlamento Europeo en este tema entre, por un lado, la liberalización del transporte de mercancías y, por otro, la liberalización del transporte de pasajeros. 
En mi opinión, la liberalización del transporte de mercancías es mucho más importante que la del transporte de pasajeros en este momento. 
La liberalización del transporte de mercancías no debe ser víctima de la lucha entre el Parlamento y el Consejo en este asunto. 
Es de la mayor importancia que dispongamos de un paquete ferroviario completo a finales de año. 
También tengo muy buena opinión del informe del Sr. Sterckx. 
El mantenimiento de normas de seguridad de alta calidad al tiempo que se impide la protección de usos indebidos en nuestro propio mercado es una buena combinación de prioridades. 
También estoy de acuerdo con los informes de la Sra. Ainardi y del Sr. Savary. 
– Señora Presidenta, el debate está muy centrado en la idea de que Europa es un continente. 
Hasta ahora hemos pasado por alto el hecho de que existen partes de Europa que no están conectadas mediante un puente o ni siquiera mediante un túnel ferroviario. 
Yo procedo de una de esas islas, la isla de Irlanda, que no posee un túnel que la una con el resto de Europa ni un puente. 
Por consiguiente, gran parte del debate acerca de la apertura de los enlaces ferroviarios y demás nos es en cierta manera ajeno. 
Dicho esto, contamos con una población de 4 millones de personas y exportamos el 90% de nuestra producción. 
Necesitamos buenos enlaces internos entre nuestros principales centros urbanos y precisamos buenos enlaces hasta nuestros principales puertos para que nuestras mercancías puedan ser exportadas de forma efectiva y eficiente. 
Por esta razón, me interesa bastante la idea expuesta recientemente por la Comisión –y quizá la Comisaria se preste a escuchar lo que voy a decir– en relación con las «autopistas del mar». 
Es algo muy interesante para quienes vivimos en la isla de Irlanda en lo que respecta al transporte y la venta de nuestras mercancías. 
El otro punto que quiero mencionar es que el ferrocarril, como servicio público, es importante internamente para el continente europeo e Irlanda. 
No será posible garantizar el tránsito libre y rápido de mercancías y personas en el continente, o para el caso en la isla de Irlanda, a menos que dispongamos de servicios ferroviarios rápidos, eficientes, seguros y confortables, no solo hasta y desde los principales centros urbanos, sino también con el fin de dotar de cohesión a aquellas partes de nuestro continente donde existe subdesarrollo. 
Los grandes financieros que están interesados en explotar los principales servicios de trenes de cercanías no están interesados, por ejemplo, en dotar de servicios ferroviarios al pasillo occidental de la isla de Irlanda. 
Pero eso es vital si queremos proporcionar algún tipo de desarrollo espacial adecuado para asegurar que la población no se desplace totalmente a la costa oriental. 
Son aspectos que necesitan ser abordados. 
Por ello estoy muy interesado en la idea de la Agencia Ferroviaria Europea propuesta en el informe Savary, ya que existe toda una multitud de aspectos diferentes en este debate sobre ferrocarriles que precisan tratamiento, tanto en términos de la vida comercial de Europa, como de su desarrollo espacial y la evolución de la cohesión. 
Al fin y al cabo, ese es uno de los objetivos del proceso de Lisboa. 
– Señora Presidenta, adoptando el informe Jarzembowski, el Parlamento, en complicidad con el Consejo, continuaría su política de derribo del servicio público en este sector esencial que es el transporte ferroviario. 
En la mayoría de los países de Europa, las infraestructuras ferroviarias se han construido en gran parte con dinero del Estado, es decir, de los contribuyentes. 
Ahora que esas infraestructuras existen, una nube de empresas privadas se abalanzan sobre el sector para poder aprovecharse de ellas. 
Aparte del hecho de que es una estafa, una desviación del dinero colectivo para drenarlo hacia grupos privados, es también un peligro para el futuro. 
La experiencia de Inglaterra ha demostrado que para generar más beneficios, las sociedades privadas reducen el personal, ahorran en infraestructuras, en gastos de mantenimiento, lo que representa un peligro grave para la seguridad de los viajeros. 
Ello conduce además a cerrar estaciones, suprimir líneas poco rentables, incluso si son indispensables para la población a que presta un servicio, que entonces no tiene otra elección que utilizar la carretera. 
Reiteramos nuestra total oposición a las privatizaciones y a la competencia en el transporte ferroviario. 
El transporte público debe seguir siendo un servicio público, cuyo objetivo es prestar el mejor servicio a nuestras poblaciones. 
– Señora Presidenta, Señora Comisaria, Señorías, la crisis en el ámbito del transporte ferroviario no se resolverá con la liberalización sino únicamente con la eliminación de los obstáculos a la competencia leal que son desfavorables a los ferrocarriles. 
Es imperativo que se ponga fin urgentemente al dumping social. 
Es un escándalo que la Presidencia italiana del Consejo no ponga el informe Markov en su orden del día. 
Es un escándalo que se siga sin exigir a los transportistas por carretera y aéreos a pagar la factura de los costes sociales de sus respectivas operaciones de transporte; necesitamos un mecanismo de interiorización en la línea del modelo suizo. 
Por cierto, la gran desaparición de los ferrocarriles no se limita al tráfico de mercancías. 
¿Se dan cuenta de que incluso un servicio de pasajeros explotado de forma privada como el enlace de alta velocidad de Thalys, entre París y Bruselas, no es rentable? 
De hecho, las líneas de pasajeros europeas funcionan, hoy en día, con pérdidas y la liberalización no cambiará esta situación. 
En otras palabras, necesitamos menos ideología y más acción política; necesitamos inversiones en la infraestructura, compensación financiera para el dumping antiferrocarril sobre la base del modelo que tenemos en el ámbito de las fuentes de energía renovables, donde subvencionamos las pérdidas para compensar el hecho de que los productores de energía de fuentes no renovables no pagan el impacto medioambiental que causan y, en tercer lugar, que termine el dumping social. 
– Señora Presidenta, la Unión Europea ha mostrado una vez más su apoyo, en este debate conjunto sobre el segundo paquete ferroviario, a la liberalización de los ferrocarriles para promover una mayor competencia en este sector en crisis. 
En este contexto, creo que una rápida liberalización del sector ferroviario en todos los Estados miembros favorecería esta modalidad de transporte como una alternativa creíble al transporte aéreo y por carretera, y como un medio para combatir la explosión habida en estos sectores, que tiene efectos desastrosos en el medio ambiente y en la planificación regional. 
En mi opinión, esta liberalización solo se puede entender en el sentido amplio de una mayor competencia tanto en el sector del transporte de mercancías como en el de pasajeros y tanto a escala nacional como internacional. 
Esta liberalización significaría que cualquier compañía de transporte ferroviaria comunitaria tendría acceso en igualdad de condiciones a la infraestructura de todos los Estados miembros con fines comerciales. 
Sin embargo, tal como ya he tenido ocasión de destacar, es preciso que luchemos contra un prejuicio ampliamente enraizado: la liberalización del transporte ferroviario no significa que las normas de seguridad no puedan aumentar. 
En realidad, este paquete ferroviario permite que la normativa en materia de seguridad sea más estricta, en particular al armonizar el tiempo de trabajo y los períodos de descanso para los maquinistas y otro personal ferroviario que desempeñe tareas de seguridad. 
Puesto que la tecnología permite niveles de seguridad extremadamente altos, no hay ninguna razón por la que los legisladores tengan que contentarse con aprobar leyes que prevean una menor protección para los pasajeros. 
Por ejemplo, la instalación de cajas negras en los trenes es otra medida de seguridad que apoyo plenamente. 
Puesto que estos dispositivos han demostrado tener claras ventajas en los sectores del transporte aéreo y por carretera, en camiones o autobuses, no puedo pensar en ninguna justificación para que no se aplique la misma tecnología al ferrocarril. 
Insisto que la seguridad ha de ser una prioridad absoluta, y también quisiera expresar mi apoyo a la creación de una Agencia Ferroviaria Europea, que permitirá un mayor grado de interoperabilidad y seguridad en las diversas redes transeuropeas. 
No puedo finalizar esta intervención sin hacer una dura crítica al nuevo plan de proyectos prioritarios de la UE, conocido como el Programa Quick-Start. 
Con vistas a estimular el crecimiento económico en Europa a través de proyectos a gran escala, la Comisión ha redactado una lista de 13 iniciativas, siete de las cuales están relacionadas con el transporte ferroviario. 
Es lamentable que la lista solo beneficie a las redes de transporte del centro de la Unión Europea, excluyendo los enlaces del TGV ibérico entre Lisboa y Madrid. 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, aunque rompe con los hábitos ferroviarios de Europa, hemos aceptado la idea de escindir la utilización del ferrocarril entre empresas que gestionan la red ferroviaria, por una parte, y empresas que utilizan las vías férreas con fines de transporte, por otra. 
La hemos aceptado como una experiencia interesante, porque no se excluye que contribuya a aumentar el volumen de transporte de mercancías –aunque esto no está probado en absoluto–, pero también porque permitirá una comparación más precisa entre el transporte por ferrocarril y el transporte por carretera, que conoce, desde el principio, el enfoque dual que la Comunidad introduce en el sector ferroviario. 
Las mismas razones nos han llevado a oponernos a los esfuerzos incesantes de la derecha por anticipar los posibles parámetros del transporte de pasajeros, la propuesta de la Comisión, los deseos actuales del Consejo de Ministros y, sobre todo, la evaluación de las experiencias por parte de la Comisión, que el Parlamento incluyó en primera lectura en el proyecto de Directiva. 
Este empuje incesante de la derecha hacia la anticipación de la liberalización demuestra lo que nunca hemos dejado de decir, a saber, que para muchos la liberalización no es más que una puerta trasera a la privatización. 
Hemos votado en contra de la anticipación rechazando el informe del Sr. Jarzembowski, y seguiremos haciéndolo. 
A pesar de los numerosos y variados esfuerzos desplegados por el Sr. Sterckx, hemos votado también en contra de su informe sobre la seguridad. 
En efecto, a pesar de las muchas e importantes mejoras, destacadas por mi colega el Sr. Savary, el informe del Sr. Sterckx ratifica lo que el Consejo de Ministros ha aceptado: la subordinación de la seguridad a la rentabilidad. 
Que Europa contribuya a hacer depender –un poco, mucho o apasionadamente, según el caso–, la seguridad de la rentabilidad, cuando se sabe por experiencia que la liberalización incrementa por propia naturaleza los riesgos, dice mucho de la deriva liberal de la construcción europea. 
La aceptación de este concepto es tanto más peligrosa cuanto que, una vez inscrita en el sector ferroviario, se extenderá como un cáncer a las demás modalidades de transporte. 
Por esta razón, entre otras, mis colegas y yo seguiremos oponiéndonos por tanto al informe del Sr. Sterckx. 
Señora Presidenta, no es necesario resaltar la importancia de la votación sobre este segundo paquete ferroviario y, sobre todo, la importancia de garantizar que también el Consejo adopte pronto este paquete. 
Todos creemos que debemos trabajar para asegurar que tenga lugar el cambio necesario en la demanda y en el peso que recae sobre ciertos medios de transporte, por carretera y aéreo en concreto, con el fin de evitar la congestión o los problemas ocasionados por un uso excesivo y la consecuente sobrecarga. 
En cierta medida, es una cuestión de pasar de las intenciones a los hechos y a las propuestas específicas, garantizando precios competitivos, seguridad, fiabilidad y, sobre todo, la provisión de la infraestructura y las inversiones necesarias para mejorar al máximo las alternativas disponibles, empezando por el ferrocarril. 
Aunque es necesario, honestamente debo admitir que nunca había pensado que la apertura del mercado y los procesos de liberalización serían, por sí mismos, la única respuesta, una especie de atajo hacia un milagro. 
Deben cumplir determinadas condiciones: si eliminamos los pretextos ideológicos y la inflexibilidad, debemos reconocer que pueden ayudar a facilitar estos procesos. 
Con determinadas condiciones, por supuesto: sin duda alguna, todos los aspectos de la seguridad, la profesionalidad y la protección social que hay que prever en los procesos de apertura de los mercados y la competencia, son indispensables precisamente para evitar que la competencia vaya en detrimento de estos factores y garantías; de la misma forma, también es necesario aumentar la prestación de servicios universales y servicios de interés público para impedir, una vez más, que la competencia concentre la inversión y los intereses de gestión exclusivamente en áreas de mercado fuertes, donde la demanda es alta, ignorando aquellas situaciones en que la oferta de servicios es crucial, en cambio, para fomentar y conducir hacia procesos de desarrollo, en otras palabras, para responder a lo que es en realidad una necesidad inalienable de servicios de transporte tanto de carga como de pasajeros. 
Con estas condiciones, tiene que haber unos plazos fijos para la liberalización, aunque no demasiado cortos, porque solo con estas condiciones se podrá garantizar que se aporten recursos privados a los proyectos de inversión en infraestructura. 
De lo contrario, podrían verse condenados a retrasarse a causa de las dificultades crónicas que tenemos, como sabemos, para conseguir los fondos públicos necesarios para completar estos procesos. 
Debemos garantizar el principio de reciprocidad en este contexto, como se indica en las enmiendas presentadas ante el Parlamento, porque creemos que así se evitará la distorsión del mercado, que ha ocurrido ya en otros procesos de liberalización. 
Espero que también en nuestras negociaciones con el Consejo se puedan encontrar unas soluciones adecuadas que tengan en cuentas estos principios y estas opciones. 
– Señora Presidenta, Comisaria, Señorías, siempre que hablamos de vías férreas nos vemos obligados a referirnos una y otra vez a la relación entre la prestación de servicios y la liberalización. 
Una vez más debo expresar mi pesar por el hecho de que en el Parlamento no hayamos conseguido nunca debatir este tema de forma global en vez de centrar nuestras deliberaciones en un modo de transporte cada vez, basándonos en el proyecto que estamos considerando. 
Creo que, si hubiéramos podido deliberar de este modo, podríamos haber eliminado ciertos prejuicios que salen a relucir en cada debate. 
En mi opinión, la liberalización es algo que solo puede tener lugar si va acompañada de unas medidas reguladoras auxiliares, y creo que el transporte por carretera ilustra muy bien esta afirmación. 
Estas medidas se refieren a la seguridad, a las condiciones de trabajo, al derecho a practicar un comercio y a otros factores, como la interoperabilidad técnica. 
Es nuestro cometido conseguir que esto ocurra y, en mi opinión, lo que tenemos hoy sobre la mesa es un avance considerable que nos permitirá discutir no solo la liberalización del transporte ferroviario sino también las medidas auxiliares que permitirán satisfacer los requisitos que he mencionado. 
¿Liberalización debe significar dumping social? 
Yo creo que no. 
¿Tiene que comportar pérdida de puestos de trabajo? 
De nuevo, mi respuesta es no. 
¿Y liberalización significa menos seguridad? 
No, en absoluto, como creo que queda perfectamente ilustrado en el informe del Sr. Sterckx. 
El Reino Unido no es un buen ejemplo para nosotros, y nadie en esta Cámara querría seguirlo. 
Lo que hemos presentado aquí se refiere precisamente a lo único que no se hizo en el Reino Unido, es decir una preparación adecuada del proceso de liberalización. 
Y permítanme decir a los eurodiputados de Bélgica y Francia que ya en la actualidad se están perdiendo puestos de trabajo. 
En mi propio país, Bélgica, por ejemplo, la participación de las líneas ferroviarias en el mercado del transporte está bajando; en diez años la cantidad de apartaderos privados ha caído a una tercera parte de su nivel anterior; esto significa que el sector ferroviario no ha demostrado su eficacia y, como resultado, de forma gradual, ha ido abandonando puestos de trabajo. 
En mi opinión, quien nos advierte de que se perderán puestos de trabajo y olvida que ya se están perdiendo ahora, cuando las vías férreas todavía son un sector público, no ha valorado la situación de forma justa y objetiva. 
Debemos agarrar al toro por los cuernos también en nuestros propios países y reconocer que nuestros gobiernos no han subvencionado el ferrocarril de forma suficiente y no hemos ofrecido a nuestros operadores ferroviarios los recursos que necesitarían para organizar la red ferroviaria de mañana a gran escala. 
Debemos reconocer también que las nóminas que estas instituciones tienen que pagar son con mucho demasiado altas y que son los gobiernos de cada país quienes deben intervenir en primer lugar. 
No tengo ningún deseo de obsesionarme con las fechas, pero me gustaría indicar que sería malo para el ferrocarril y para nuestros países que en esta Cámara no se establecieran unos plazos, porque estamos convencidos de que el mapa del transporte del mañana abarcará toda Europa, y este desarrollo no debe pararse en seco con medidas especiales y unas normas especiales en los países pequeños. 
– Señor Presidente, Comisaria, Señorías, me gustaría agradecer a los ponentes y a toda la comisión el trabajo que han realizado. 
La armonización y la liberalización del transporte ferroviario en la UE es un paso importante hacia el objetivo final de transferir más transporte de la carretera a la vía férrea y crear un sistema de transporte intermodal integrado. 
De cara a la próxima ampliación de la Unión, es esencial que los proyectos de red transeuropea que afectan a la parte oriental de Austria se pongan en práctica dentro del plazo. 
Se necesita infraestructura para preservar la calidad de vida de que disfruta la población de estas regiones y para asegurar que sigan estando dispuestos a la ampliación. 
Son proyectos normales, relacionados con las redes viarias y ferroviarias y el programa de mejora del Danubio. 
Unas palabras sobre un tema importante: todos sabemos que cada uno de los Estados miembros tiene sus propias circunstancias especiales y sus propios problemas. 
Por lo tanto, permítanme que de nuevo inste a todos los implicados en las negociaciones sobre los ecopuntos a elaborar un compromiso que sea aceptable para todas las partes. 
En ese sentido coincidimos plenamente en que en una integración geográfica y espacial del ferrocarril en Europa, a través de una red europea, son varios los actores y, por lo tanto, se establece una competencia, que mejorará el servicio, los precios y la calidad, y con ello la competitividad. 
Segundo punto: hacen falta fondos para llevar a cabo las modificaciones tecnológicas que habrá que desarrollar a lo largo de los próximos años y garantizar la realidad de esa red transeuropea donde no haya más fronteras como las que hoy día existen. 
En ese sentido, Señorías, ya las redes transeuropeas actuales, en las nuevas propuestas de modificación de reglamento, consideran este elemento como una prioridad, pero saben ustedes muy bien que en las propuestas que estoy haciendo de cara a las nuevas perspectivas financieras a partir de 2007, propongo que se multipliquen por ocho o por nueve los fondos destinados a estas redes, que superemos los 4.000 millones de euros al año de gastos dedicados y que ahí el sector ferroviario sea una prioridad, y la realización de la red ferroviaria transeuropea, es decir la interoperabilidad, sea una prioridad. 
Tercer punto: la cuestión del factor humano es esencial y ahí aportaremos no solo el tercer paquete ferroviario con el transporte de pasajeros, sino también toda la cuestión de calificaciones como dijimos antes. 
Y para terminar: somos todos conscientes de que en el sector ferroviario la seguridad es absolutamente clave, como en cualquier medio de transporte, pero desde luego el sector ferroviario tiene una enorme tradición que hay que conservar, que hay que mantener, que hay que desarrollar y que hay que extender a esa red europea con criterios compartidos por todos. 
Señora Presidenta, Señorías, con este segundo paquete ferroviario esta Cámara va a contribuir- está contribuyendo -, junto con el primero, a llevar a cabo esa revolución que necesita nuestro ferrocarril si no queremos que sea sencillamente una reliquia del pasado, sino un sistema de futuro al servicio de la sociedad y al servicio del bien común. 
Gracias, Sra. de Palacio. 
Señora Presidenta, quería decir esto hace un minuto, durante el debate, justo después de la intervención del Sr. Dillen. 
En ella, ha defendido con pasión la conexión ferroviaria el «Rin de Hierro» entre el puerto de Amberes y la región de Ruhr. 
Quería señalar que, cuando, hace un año o dieciocho meses, discutíamos una propuesta de la Comisión para ampliar los proyectos TEN –una propuesta que al final no se aprobó, y que ahora ha sido substituida por otra– yo presenté una enmienda para incluir el Rin de Hierro como tema prioritario. 
Solo quería que constara en acta que los predecesores del Sr. Dillen se abstuvieron entonces ante esta propuesta. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Señor Presidente, sin duda uno de los motivos por los que Sus Señorías están tan atentos es que saben que este informe trata, entre otras cosas, sobre Eurostat, aunque no sobre las cuentas bancarias secretas, sino sobre el asunto bastante respetable de una propuesta de reglamento que exigiría a los Estados miembros presentar trimestralmente datos a Eurostat en relación con las transacciones financieras y los activos y pasivos financieros de todas las unidades clasificadas en el sector del gobierno general. 
La propuesta regula la recogida y las características de los datos trimestrales sobre los gastos financieros de cada Estado miembro y el calendario para su transmisión. 
En el contexto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, son datos cruciales, porque constituyen la base de un euro estable. 
En la situación presupuestaria en la que se encuentran varios Estados miembros en la actualidad y en vista de los déficits crónicos que sobrepasan el umbral del 3%, estos datos adquieren una importancia aún mayor como instrumento para medir con exactitud el alcance de los problemas de cara a tomar las medidas adecuadas. 
Los franceses, los alemanes y otros ya están muy familiarizados con esta situación. 
Mi informe contiene una enmienda con la que pretendemos alterar dos puntos de la propuesta de la Comisión. 
En primer lugar, el plazo para la transmisión de los datos trimestrales sobre el gobierno central, el gobierno estatal y el gobierno local y los subsectores de fondos de seguridad social se cambia del 30 de junio al 31 de diciembre de este año. 
Es lógico, porque el mes de junio de 2003 ya forma parte del pasado. 
En segundo lugar, la Comisión deberá tener derecho a conceder una derogación, que no sobrepase los dos años, para la fecha de inicio de la transmisión de estos datos en casos excepcionales. 
Varios Estados miembros pidieron esta extensión en el Consejo, especialmente los países que se adherirán a la Unión el próximo año, porque estos Estados tendrían dificultades para presentar datos fiables a tiempo antes de que puedan adaptar sus sistemas de estadísticas nacionales. 
Sin embargo, esta extensión no impedirá que todos los datos deban transmitirse en su totalidad antes del 30 de junio de 2005. 
Insto a que se adopte esta enmienda, para que podamos evitar una segunda lectura de esta propuesta de reglamento, de lo contrario, el reglamento, que ya ha excedido el plazo, no podría entrar en vigor en el momento oportuno. 
Por supuesto, existe la posibilidad de que algunas personas prefieran seguir trabajando con datos confusos para ocultar la verdadera situación financiera de su país. 
Sin embargo, a los italianos les complacería poder añadir este a la lista de reglamentos que se han adoptado durante su presidencia. 
– Muchas gracias por su aclaración, señora Lulling, ahora sabemos sobre qué vamos a votar. 
Continuamos ahora con la votación. 
– Con esto concluye la votación. 
Este reglamento pretende imponer a los Estados miembros la obligatoriedad de presentar datos trimestrales sobre sus transacciones financieras y su activo y pasivo financieros en el sector del gobierno general. 
La enmienda principal pretende retrasar la primera fecha de transmisión de datos hasta el 31 de diciembre de 2003, para que haya tiempo suficiente de aprobar esta propuesta. 
También garantiza una derogación de dos años para aquellos gobiernos «cuyo sistema nacional de estadísticas requiera grandes adaptaciones». 
Sin embargo, es evidente que este reglamento forma parte de la filosofía que surgió del Consejo Ecofín de 18 de enero de 1999. Con esta filosofía se pretende reunir información estadística para encontrar la mejor forma de controlar y coordinar las políticas económicas, un concepto vinculado, además de a la unión económica y monetaria, al tema del Pacto de Estabilidad. 
Sin embargo, por sí solo, el hecho de tener más información estadística no es nada malo. 
Pero quizás lo sea la forma cómo se recoja o se utilice esta información. 
. – El informe del Sr. Purvis tiene el mérito de poner fin, con suavidad, a un régimen de excepción para Córcega, que nada justifica. 
El Gobierno francés no puede llevar una lucha sin cuartel contra el tabaquismo y al mismo tiempo pedir que perdure en Córcega un privilegio que contribuye a facilitar la adicción a la nicotina, en particular entre los jóvenes. 
Los estanqueros metropolitanos no comprenden tampoco este discurso esquizofrénico, cuando hoy se enfrentan a graves dificultades de supervivencia. 
Intentando salvar 53 puestos de trabajo, el Gobierno francés se hace cómplice de las graves consecuencias para la salud de nuestros conciudadanos que ocasiona el tabaco. 
Se hace culpable de falta de asistencia a quienes tiene el deber de proteger. 
Por ello votaré a favor del informe del Sr. Purvis. 
. – La propuesta de la Comisión, inscrita en el marco de una nueva iniciativa del Gobierno francés encaminada a mejorar el desarrollo económico local, por la que se autoriza a Francia a prorrogar la aplicación de un tipo de impuesto reducido sobre los productos del tabaco en Córcega, no es en absoluto un privilegio concedido a este departamento francés, un departamento que a diferencia de las islas vecinas, no se beneficia ya, lamento decirlo, del estatuto de región del objetivo nº 1. 
Este régimen específico, que permite compensar los sobrecostes de la producción de cigarrillos en la isla, responde, en realidad, a la imperiosa necesidad de salvaguardar un sector de actividad que genera numeroso puestos de trabajo. 
En efecto, la venta al por menor de los productos del tabaco ocupa, en Córcega, a unos 350 minoristas que emplean a un número equivalente de empleados. 
Situar de pronto el impuesto aplicado en Córcega a la altura del que existe en el continente forzaría a la mitad de los minoristas de la isla a cesar pura y simplemente su actividad. 
Por esta razón, no seguiré al ponente, que, al tomar únicamente en consideración el llamado interés del mercado interior e ignorar deliberadamente los problemas asociados a la insularidad, propone un dispositivo fiscal totalmente inadaptado a la situación. 
– En conjunto, estoy a favor de las derogaciones que se presentan a votación en beneficio de las denominadas «regiones ultraperiféricas». 
Estas derogaciones quedan justificadas en nombre del esfuerzo para proporcionar a estas islas un punto de partida que sea más comparable con el del continente, compensándolas por los costes más elevados de transporte a través de largas distancias al centro del Estado del que forman parte, En este caso, este tipo de derogación no es aplicable. 
Lo que es necesario para proteger las Azores o Martinica es mucho menos importante en el caso de Córcega, que no está tan lejos. 
Los cigarrillos se producen en la propia isla y el precio es bajo para los consumidores locales y los turistas. 
El impuesto del 32% es casi la mitad del tipo que se aplica en Francia, y también más bajo que el tipo mínimo del 57% establecido para el conjunto de la UE. 
Esta derogación es un remanente del régimen del Emperador Napoleón I, que procedía de esta isla, desde 1811. 
Seguir con esta derogación hasta finales de 2009 no beneficia a la sanidad pública. 
Pueden estar seguros de que no pretendo regatear a los habitantes de Córcega, que hablan una lengua que no es el francés, una mayor autonomía e incluso el derecho a la secesión, pero no quiero comprar su aprecio manteniendo artificialmente bajo el precio de un estimulante nocivo para la salud. 
He votado en contra de este informe, aunque entiendo su objetivo de prorrogar la aplicación de un tipo reducido del impuesto especial sobre los productos del tabaco despachados al consumo en Córcega. 
He votado simplemente por una cuestión de reglamento: Creo que primero habría que considerar la propuesta original de la Comisión Europea, porque, por supuesto, es el resultado de unas deliberaciones adecuadas en el transcurso de unas negociaciones con los empresarios y los representantes locales del sector. 
Creo que, como en otros casos parecidos, habría que tener en cuenta las necesidades específicas del sector tabacalero en la zona en cuestión, Córcega en este caso, sin perder de vista los principios generales como resultado. 
La propuesta del ponente de iniciar una eliminación gradual del programa de derogaciones, hasta llegar al mismo resultado en 2010, puede parecer razonable en teoría, en términos de eficacia, pero entraría en conflicto con el principio de conceder tiempo a la industria local porque es menos competitiva debido a sus costes de producción, que se ha demostrado que son altos. También tendría un efecto directo sobre la conservación de una cantidad importante de puestos de trabajo. 
– Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi satisfacción por el hecho de que, tras un largo combate y un largo recorrido, hayamos podido, al fin, hacer que prevalezca la razón y salvar la línea presupuestaria relativa a la prevención y la lucha contra los incendios forestales. 
Me parece que habría sido el colmo –y, sin duda, un deshonor– para el Parlamento Europeo, tras el verano de incendios que hemos vivido, especialmente en Portugal, no manifestar nuestra solidaridad con todos los silvicultores de Europa que están expuestos a estos riesgos de incendio. 
Quisiera, pues, dar las gracias a todos nuestros colegas diputados al Parlamento Europeo. 
Por desgracia, ha sido necesario pasar por estas catástrofes y por una resolución, a favor de la cual todos los diputados aceptaron sumarse a los representantes de los países del sur, para que pudiéramos salvar esta línea presupuestaria. 
Espero que, después de 2006, podamos tener una política más generosa aún, porque estos nueve millones –que tampoco deben despreciarse, especialmente cuando estos créditos en parte se desaprovechan– probablemente no basten, dado el enorme desafío que comporta la prevención de incendios en los bosques mediterráneos y en los del sur de Europa. 
Hemos elegido votar a favor de las enmiendas de compromiso de 22 a 33 del informe en relación con el seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus). 
Tenemos grandes dudas en cuanto a incrementar la aportación de la política comunitaria a la silvicultura. 
Creemos que las condiciones básicas dentro de la UE son tan distintas que es cuestionable el valor añadido que tendría una política comunitaria de este tipo. 
Tampoco sería nuestro ideal, en absoluto, que las medidas de prevención contra incendios se mencionaran en este informe, porque estas medidas están fuera de lugar en este programa de seguimiento medioambiental. 
Además, correrían el peligro de robar muchos recursos de otros ámbitos de seguimiento. 
En cambio, la prevención contra incendios forma parte del reglamento de la UE sobre desarrollo rural, y así debe seguir siendo en el futuro. 
La UE no tiene competencia en el ámbito de la política forestal. 
A pesar de ello, el programa adoptado por el Parlamento Europeo significa que el seguimiento de la silvicultura, la biodiversidad y los incendios forestales se está centralizando. 
Nosotros, los moderados, no aceptamos que las competencias de la UE en cuanto a política forestal se concedan por la puerta de atrás. 
Los bosques europeos no se pueden comparar unos con otros. 
Suecia y Finlandia representan en la actualidad un 40% de la producción forestal de la UE. 
En Suecia y Finlandia la silvicultura es el sector más importante económicamente, y no puede ser un asunto europeo. 
En estos países, tenemos una larga tradición de ocuparnos de nuestros bosques de forma económica y ecológicamente sostenible. 
Nuestros bosques no presentan la misma biodiversidad que los bosques del sur de Europa. Y esto tiene que ver con las condiciones básicas naturales, porque el clima es más frío. 
No creemos que exista ninguna razón para centralizar la política forestal. 
Sin embargo, sí podemos apoyar la actividad de prevención contra incendios. 
Al contrario que el aire y el agua, los bosques no son un tema transfronterizo. 
Nosotros, los moderados, seguiremos protegiendo los bosques de Suecia. 
Hemos votado en contra de este informe. 
No creemos que deba desarrollarse una política forestal en el ámbito de la UE. 
Los temas relacionados con los incendios forestales y cómo financiar la lucha contra estos incendios se resuelven mejor en el ámbito nacional o mediante la cooperación directa entre los Estados miembros afectados. 
Es de lamentar que el compromiso adoptado sobre la prevención de incendios forestales y la financiación para el programa Forest Focus no incluyera las propuestas originales de la ponente, a las que dimos nuestro apoyo. 
Ahora, después de la votación en el pleno, el compromiso ha reducido el informe global, que contenía unas enmiendas más profundas y más amplias en cuanto al seguimiento y al desarrollo de unas medidas para la prevención de incendios forestales. 
Como sabemos, el objetivo del compromiso adoptado es asegurar unas negociaciones fructíferas con la Comisión y el Consejo, pero la realidad es que la financiación del programa ha perdido 6 millones de euros, mientras que originalmente se proponía un aumento de 15 millones de euros. 
También es de lamentar que la financiación de las medidas de prevención haya quedado por debajo de los niveles requeridos y no tenga un mandato claro. 
Teniendo en cuenta el desastre que los incendios forestales provocaron en verano, y la necesidad de asegurar que existan fondos suficientes para preservar el patrimonio forestal de la Unión Europea, las reservas del Consejo y de algunos grupos nacionales dentro del Parlamento Europeo son incomprensibles. 
Este compromiso queda muy lejos de la posición adoptada por el Parlamento Europeo en su resolución del 4 de septiembre de 2003, sobre los efectos de la ola de calor de este verano. 
. – Los incendios han arrasado las regiones secas de España, Portugal y el sur de Francia, víctimas este verano de una pluviometría extremadamente baja. 
Otras regiones, como los Vosgos, han sido víctimas también de la canícula. 
Estoy, pues, a favor de la inclusión de la prevención de los incendios en Forest Focus, incluso si la mejor herramienta de lucha contra los incendios sigue siendo, para mí, el Reglamento sobre el desarrollo sostenible. 
Una sección entera del Reglamento trata de la silvicultura, con un subsidio anual de 450 millones de euros. 
En comparación, el presupuesto de Forest Focus parece bien pequeño: tras el compromiso del COREPER, solo se han concedido 61 millones de euros, a lo largo de cuatro años, para financiar acciones en los quince Estados miembros. 
Tan finamente repartida, esta suma no será muy eficaz en la prevención de incendios. 
Más aún cuando a la prevención de incendios se añaden medidas destinadas a «promover la recogida, el tratamiento y la validación armonizadas de los datos; mejorar la comprensión de los bosques... » 
A mi entender, Forest Focus debe complementar el Reglamento reuniendo datos sobre los bosques y no sustituir a dicho Reglamento o competir con él. 
En conclusión, se plantea la cuestión de si conviene adjudicar nuevas atribuciones a un reglamento que ya está insuficientemente dotado desde el punto de vista financiero y sobrecargado de tareas onerosas. 
¿Realmente nos preocupamos por nuestros bosques? 
. 
La cuestión principal planteada durante el debate ha sido: ¿La prevención contra incendios debería quedar cubierta mediante el reglamento sobre desarrollo rural o debería reintroducirse en Forest Focus? 
En realidad, la prevención contra incendios se incorporó en el reglamento sobre desarrollo rural en 1999 (véase capítulo sobre silvicultura). 
Nuestro grupo, Unión por la Europa de las Naciones, defiende el deseo de la ponente de incluir la lucha contra incendios y la prevención bajo el paraguas de Forest Focus, y aumentar de forma considerable el presupuesto correspondiente. 
Aunque algunos Estados miembros, especialmente del norte de Europa, donde las condiciones climáticas excluyen en general el problema de los incendios, han expresado su oposición a esta reinserción, el espantoso espectáculo de los incendios del último verano impone a los eurodiputados el deber de votar a favor de este aumento de las dotaciones y a favor de una «capacidad de lucha contra incendios». 
Por este motivo, he votado a favor de este informe, que considero un compromiso satisfactorio, acompañado de las enmiendas presentadas y adoptadas. 
Este proceso empezó en la primera lectura, que tuvo lugar en febrero. De nuevo, quiero felicitar (y dar las gracias) a la Sra. Redondo Jiménez por su excelente e incansable trabajo. 
También agradezco el gran progreso conseguido en las posturas del Consejo y de la Comisión, un progreso que nos ha permitido conseguir un compromiso satisfactorio basado en proyectos de enmienda defendidos por mi grupo, la Unión por la Europa de las Naciones, entre otros. Estos proyectos de enmiendas dejarán su marca en el texto final del reglamento. 
Recordando los aspectos por los que más hemos luchado en el proceso de adopción de este programa Forest Focus, estos son: una mayor apertura presupuestaria, respeto por el principio de la subsidiariedad, y, sobre todo, la inclusión de la línea sobre prevención de incendios forestales. 
Por supuesto, sería incomprensible que, después de tantos años de medidas positivas con el reglamento anterior, Forest Focus ignorara ahora el ámbito de la prevención de incendios forestales. 
Más que eso, en realidad, sería totalmente intolerable dadas las impresionantes lecciones impartidas de nuevo por el espantoso desastre del verano pasado. 
Yo quería que este reglamento llegara más lejos, pero, considerándolo en conjunto, y teniendo en cuenta la necesidad de evitar perder todo el año 2003 con los retrasos y las incertidumbres del proceso de conciliación, agradezco al Consejo y a la Comisión que hayan escuchado las reiteradas demandas del Parlamento en los ámbitos más importantes. 
He votado en contra del informe porque, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la UE no tiene en realidad, o no debería tener, una política forestal propia. 
El objetivo del informe es, por lo tanto, en primer lugar, asignar fondos de la UE (67 millones de euros o poco más que 600 millones de coronas suecas) a Portugal y España en relación con los incendios forestales que a menudo azotan estos países. 
Es un objetivo legítimo, ciertamente, pero no es competencia europea ofrecer ayuda económica en relación con los incendios forestales en general. 
. – El informe Redondo Jiménez refleja de forma exacta el estado de nuestros bosques, pero lamentablemente no propone soluciones concretas para protegerlos ni para garantizar su vigilancia. 
Como diputada por la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, me siendo indignada por los incendios forestales que destruyeron este verano más de 60 000 hectáreas en Francia, principalmente en Var y Haute-Corse. 
Resulta que la gran mayoría de estos incendios son de origen criminal. 
Conviene, pues, reforzar las sanciones penales contra los pirómanos y los que encargan estas acciones. 
La criminalización de estos hechos delictivos responde a la voluntad de todos los implicados, que coinciden también en que es necesario reforzar la prevención y mejorar la protección de los bosques, patrimonio nacional que tenemos que gestionar en común. 
Creemos asimismo que hay que considerar las actividades humanas en el bosque como un servicio público de interés general y que, por tanto, hay que apoyar financieramente estas actividades habida cuenta de su falta de rentabilidad. 
Convendría también ofrecer ventajas fiscales e incentivos financieros a los propietarios forestales para alentarlos a realizar trabajos de mantenimiento y desbroce. 
Los «silvicultores-bomberos particulares» podrían realizar esos trabajos. 
He aquí una verdadera política de medio ambiente. 
Quisiera terminar con una pregunta: ¿Tendrá derecho Francia, como Portugal, a una ayuda con cargo al nuevo fondo europeo de solidaridad? 
Así pues, en su calidad de Presidente honorario, vino hacia mí, me cogió del brazo y me dijo: «Querido Sr. Fatuzzo, no solo tiene que votar, y yo le aconsejo que vote, a favor del informe de la Sra. de Sarnez que prevé los másters Erasmus Mundus para el intercambio cultural entre jóvenes, sino que además tiene que proponer la fundación de los másters senior Fatuzzus Mundus, repito: para que pueda haber un intercambio cultural entre pensionistas, que estarían encantados con ello». 
¿Seguirá siendo un sueño? 
. 
Después de las negociaciones con el Consejo y la Comisión, la ponente ha presentado enmiendas a su recomendación para segunda lectura, con el fin de asegurar que el programa Erasmus Mundus quedara equipado para conseguir sus objetivos. 
Este programa es un instrumento esencial para el intercambio y la cooperación en el campo de la enseñanza superior. 
Así pues, toda medida que permita ponerlo en práctica con eficacia merece nuestro apoyo. 
Los cursos de máster de Erasmus Mundus deberían ser sinónimo de calidad. 
Por lo tanto, deberían seleccionarse tomando como base la calidad tanto de la formación ofrecida como de la acogida dispensada a los estudiantes. 
Uno de los objetivos principales de este programa es promover la diversidad lingüística. 
Mientras asisten a los cursos de máster, los alumnos deberían tener la oportunidad de utilizar los idiomas de al menos dos de los países donde están situadas las instituciones implicadas en estos cursos. 
El marco financiero para implementar el programa es esencial para su éxito. El Consejo ha aceptado un presupuesto de 180 millones de euros. 
Pero este importe es insuficiente y por este motivo damos nuestro apoyo a la petición de una dotación que ascienda a 230 millones de euros. 
. – Proponer 250 másters europeos interuniversitarios, con etiqueta de calidad («Másters Erasmus Mundus» ) y el apoyo de la Unión Europea, conceder becas de estudios a 4 200 estudiantes de «posgrado» de terceros países, o incluso ofrecer una beca a 1 000 profesores invitados de terceros países a Europa es un gran reto, y el presupuesto debe estar a la altura del mismo. 
Si es evidente que el presupuesto puesto a disposición de este nuevo instrumento no debe gravar en nada el de los programas existentes, no es menos cierto que el presupuesto inicialmente previsto por la Comisión (200 millones de euros) y por el Consejo (180 millones de euros) es demasiado parco para dar todo su alcance a este nuevo instrumento de intercambio y cooperación en el ámbito de la enseñanza superior. 
Ahora bien, el reto es importante: en efecto, no solo se trata de estrechar los lazos entre las universidades europeas, sino también de aumentar la competitividad de la oferta de enseñanza superior haciéndola más atractiva para los estudiantes y profesores del resto del mundo. 
El reto lingüístico está omnipresente: se trata de destacar tanto la importancia de la diversidad lingüística de la Unión como la necesidad de que los estudiantes de terceros países conozcan al menos dos lenguas de la UE. 
Aunque el Parlamento Europeo esté de acuerdo con la Comisión en este tema, quiere aumentar el presupuesto a 230 millones de euros en comparación con la propuesta del Consejo de solo 180 millones de euros. 
Hay que tener en cuenta que este programa va más allá del programa Erasmus estándar, porque abarca a Europa y al resto del mundo, así como cursos de máster y de postgrado. 
Como sabemos, el argumento fundamental propone integrar los sistemas de enseñanza superior europeos para formar un mercado de la enseñanza europeo donde los cursos de postgrado tendrán un papel prominente. 
Por otro lado, ya sabemos por nuestra experiencia en otros proyectos, sobre todo el programa tradicional Erasmus, que los alumnos menos adinerados suelen ser doblemente discriminados y alienados de estos programas, porque los programas no reembolsan todos los costes. 
Mi opinión es que las dificultades encontradas para aumentar el importe de la dotación para este programa demuestran que no hay intención de luchar contra esta discriminación y que se va a conservar un grupo de condiciones a las que nos oponemos. 
Lo que realmente necesitamos saber no es qué universidades impartirán cursos como estos sino quién va a recibir los cursos. 
Los importes asignados a las becas y a la «calidad de la acogida dispensada a los estudiantes» , que ya se ha mencionado, todavía están muy por debajo de lo que se requiere para ampliar la base social de la que se extraen los estudiantes y los profesores de Erasmus. 
Y es algo que nosotros lamentamos. 
He votado a favor de este informe porque creo que las prioridades de una Unión Europea más solidaria, una que piense de verdad en las necesidades del resto del mundo, deberían incluir la mejora de la calidad de la enseñanza superior y la promoción de un entendimiento intercultural a través de la cooperación entre Estados miembros y con terceros países. 
Con este fin, considero que es crucial crear redes de conocimientos y cooperación que trasciendan las fronteras de la Unión Europea, y conceder cualificaciones múltiples que impliquen a varias instituciones de enseñanza superior de distintos Estados miembros. 
La creación de los «cursos de máster Erasmus Mundus» es de gran importancia. Estos cursos establecerán unas normas uniformes de logros y excelencia, con el sello de aprobación de la Unión Europea. 
Erasmus Mundus ofrece realmente «una nueva visión de la enseñanza superior en Europa» , permitiendo que los estudiantes extranjeros realicen un «recorrido por Europa». Cuando se revisen los programas de intercambio existentes, es importante que se tenga en cuenta esta nueva dimensión de la enseñanza superior en Europa. 
. – Lanzamos hoy una señal positiva de apertura y acogida a los estudiantes y profesores de terceros países del resto del mundo al adoptar un nuevo instrumento de intercambio y cooperación en el ámbito de la enseñanza superior. 
El programa Erasmus Mundus ofrece una nueva visión de la enseñanza superior en Europa al permitir que estudiantes extranjeros den una «vuelta a Europa» en dos o tres universidades o grandes escuelas diferentes. 
Con el título de Máster Erasmus Mundus, la formación ofrecida por la Unión Europea podrá ser reconocida fácilmente y en todos los países. 
Los estudiantes tendrán así la garantía de una formación y una acogida de calidad. 
Debemos hacer atractiva nuestra enseñanza superior. 
La promoción de las competencias lingüísticas, antes y durante la estancia de los estudiantes o universitarios de terceros países, debe alentarse con firmeza. 
Esperamos francamente que el Consejo esté de acuerdo con el presupuesto de 230 millones de euros propuesto para este programa, presupuesto que debería estar a la altura de sus ambiciones. 
En efecto, son cerca de 4 000 estudiantes de terceros países y cerca de un millar de profesores los que deberían beneficiarse de este programa de aquí a 2008. 
En mi informe sobre las modalidades de entrada y residencia aplicables a los nacionales de terceros Estados que vengan a cursar estudios, recordaba la declaración de Bolonia de junio de 1999: «la vitalidad y eficacia de cualquier civilización pueden medirse a través de la atracción que ejerce su cultura sobre otros países». 
He estado en París, Sr. Presidente. Una noche en el un cabaret, baile, topless, bailarinas, con plumas, como es habitual. 
Allí, en medio de cientos de bailarinas, aparecía un único bailarín. 
Lo estuve observando: era el Sr. Mauro, que bailaba con la gracia de Fred Astaire y cantaba con la voz de Frank Sinatra. 
Entonces, en un momento dado, pararon la música y el Sr. Mauro, bailarín en el, se volvió hacia mí y me dijo: «hermanamiento electrónico de universidades: es lo que se conseguirá con mi documento.» 
¿Podía votar contra este informe, Sr. Presidente, después de la proeza del Sr. Mauro? 
. 
Es de agradecer que la posición común del Consejo sobre el Programa eLearning perfile las mismas prioridades aprobadas por el Parlamento Europeo en primera lectura. 
Sin embargo, el presupuesto global de 33 millones de euros propuesto por el Consejo para el programa no es satisfactorio. 
Si no hay fondos suficientes, el programa no se podrá aplicar correctamente y será imposible empezar en el momento adecuado. 
Ahora se ha propuesto una suma de 44 millones de euros como dotación mínima. 
Este importe es razonable y adecuado, teniendo en cuenta los objetivos que queremos conseguir. 
El objetivo global es fomentar la integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los sistemas de enseñanza y formación europeos, permitiendo así: 
-un mayor diálogo intercultural; 
-consciencia de las lenguas; 
-desarrollo del aprendizaje a lo largo de toda la vida; 
-intercambio de buenas prácticas. 
He votado a favor porque este programa ofrece el impulso necesario para conseguir la sociedad basada en el conocimiento a que todos aspiramos. 
. – Evidentemente, deseamos que los sistemas de educación y formación saquen partido de las tecnologías de la información y la comunicación, en resumen, de todo lo que promueve el programa europeo- Learning. 
Pero mientras las instituciones europeas prestan gran atención a programas que se presentan como la punta de lanza del progreso, en todas partes en Europa la educación, incluso elemental, de los niños de las clases populares está en regresión. 
Por poner solo el ejemplo de Francia, el analfabetismo aumenta, la capacidad para hablar correctamente y realizar operaciones aritméticas sencillas está en declive. 
La razón es simple: falta de créditos suficientes, escasez de profesores, asistentes docentes y personal de apoyo a la docencia. 
Los Gobiernos prefieren colmar de subvenciones a la patronal reduciendo los presupuestos sociales, entre ellos el de la enseñanza pública. 
Si la alta tecnología progresa quizás un poco en la educación, la enseñanza pública está en regresión por falta de medios. 
Por ello, toda una generación de niños y jóvenes de los medios populares y de la clase obrera se ve privada de una educación mínima, por no hablar de una educación digna de tal nombre y que esté a la altura de la riqueza del continente. Porque en este ámbito, como en todos los demás, son las clases populares las que pagan las opciones antisociales de Gobiernos que únicamente están al servicio de las clases privilegiadas y pudientes. 
Y esto ocurre como respuesta al denominado ejemplo derivado de las experiencias y políticas de países que han ido más lejos por la vía de privatizar escuelas y comercializar la enseñanza. Allí, las empresas que ofrecen estos productos y servicios tienen más experiencia y ya han acumulado un peso económico y una influencia cultural considerables. 
El apoyo que este informe ofrece a medidas que desestructuran los modos de enseñanza formal, y en concreto de la enseñanza, sale a relucir en varios puntos. 
Estas medidas, junto con la escasa financiación de las instituciones educativas, ayudan a desmantelar los sistemas de enseñanza pública. Además, allanan el camino para que las organizaciones privadas suministren métodos de enseñanza informal como el aprendizaje a distancia, cuyo valor como cualificación educativa es insignificante, y también para la contratación de trabajadores formados en estos «sistemas de enseñanza» informales. 
Quedan dudas en cuanto a la composición del comité asesor de la Comisión, aunque, por supuesto, estará formado por «expertos» , burlando así la autoridad representativa de los gobiernos. 
La invasión de programas como Learning, Leonardo, Sócrates, etc., tiende a reducir el espacio de maniobra, la autoridad de cada Estado miembro, de cada institución educativa. Estos programas reducen la finalidad de la enseñanza en sí misma a un papel auxiliar, o la convierten en un simple medio para conseguir otro fin. 
. 
Felicito al Sr. Mauro por la resolución legislativa respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un programa multianual (2004-2006) para la integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los sistemas de educación y formación en Europa (Programa Learning). Apoyo esta resolución sin reservas, especialmente en cuanto a la necesidad de fomentar la integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los sistemas de enseñanza y formación en Europa, mejorando así la calidad de dichos sistemas y el acceso a los mismos. 
También quiero resaltar que creo que los esfuerzos del Parlamento Europeo para aumentar el presupuesto global para este programa multianual son plenamente justificados. Es la única forma de alcanzar los objetivos y las ambiciones del programa. 
Como el ponente, creo que la cohesión social y el diálogo intercultural figuran entre los objetivos de la Unión Europea. Si se fomentan y se consiguen, nos permitirán tender un puente por encima de la «brecha digital» , que se deriva principalmente de una falta de impulso del aprendizaje a lo largo de toda la vida, la velocidad con que avanza la tecnología y las dificultades económicas (y también físicas) de muchos ciudadanos. 
No subestimo la necesidad de reconocer que la enseñanza tiene una dimensión europea, que la dimensión europea justifica una cooperación más estructurada entre los programas y los instrumentos comunitarios, por una parte, y las acciones de los Estados miembros, por otra parte. Pero yo haría una excepción: esta cooperación no puede implicar ninguna interferencia con la libertad de los Estados miembros de determinar el contenido de los programas educativos, de lo contrario, el diálogo entre culturas se verá substituido por un modo de pensamiento único. 
La mejora eficaz de productos y servicios, las garantías de una difusión efectiva y el intercambio de buenas prácticas justifican el apoyo de la propuesta del ponente para modificar el importe de la dotación presupuestaria al programa multianual, y también harán posible promover una integración auténtica de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los sistemas de enseñanza y formación de Europa. 
Me parece bien la creación de campus virtuales europeos y el hermanamiento electrónico de escuelas europeas. Más que declaraciones políticas o conceptos legales e institucionales diseñados a espaldas de las naciones y los Estados miembros, estas medidas ayudarán a la construcción gradual de un espíritu europeo verdaderamente pluralista. 
Ni que decir tiene que he votado a favor. 
Estaba de vacaciones, bañándome en la playa. En la playa, vi al Sr. Maaten, bronceado, gran nadador y surfista, pero todavía eurodiputado y político. 
De hecho, en un momento dado convocó una reunión, y dio una conferencia a unos nadadores jubilados que se habían aglomerado para escucharle. 
Hablaba de su directiva, decía que quería aguas limpias, y todo el mundo le escuchaba. 
Sin embargo, vi que dirigía la vista hacia el mar, donde se encontraban unas bellas bañistas, rollizas como las socorristas de, y las seguía constantemente con la mirada. 
Entonces, tuve una duda: ¿estaría pidiendo aguas más claras y transparentes para poder admirar mejor a las bellezas que nadan en dichas aguas? 
La sospecha persistía, pero al final tuve que votar a favor de la moción. 
,. Hemos elegido votar a favor de las enmiendas 76 y 19 y en contra, por ejemplo, de las enmiendas 5 y 7. 
El motivo es que creemos que la definición de aguas de baño debe ser más simple y clara y permitir el mínimo de interpretaciones posible. 
No es nada satisfactorio para la seguridad jurídica que la directiva no contenga una definición clara y simple. 
Tampoco creemos que la directiva deba abarcar una cantidad inmanejable de zonas de baño. 
Además, nos oponemos a ampliar el ámbito de la directiva para que incluya actividades acuáticas además del baño. 
Esto implicaría unas demandas no razonables para las autoridades locales, que tendrían que tomar también muestras en relación con varios deportes, que pueden tener temporadas mucho más largas que la temporada real de baño. 
Finalmente, quisiéramos que en la directiva se mencionara la contaminación transitoria pero con una definición clara de lo que significa contaminación transitoria, junto con una restricción en el período en que dicha contaminación se permite. 
Dado que los resultados de la votación no eran los que deseábamos en lo que se refiere a estos puntos importantes, hemos elegido votar en contra de la propuesta de directiva en la votación final. 
La calidad del agua es un aspecto medioambiental importante, y por lo tanto era importante y recomendable que la UE adoptara una directiva marco sobre el agua, 2000/60/CE. 
La directiva marco establece el marco general para proteger todo tipo de aguas (agua de ríos y lagos, y las agua costeras y de alta mar). 
Sin embargo, no es importante que la UE tenga una directiva que regule la calidad del agua de baño. 
Es un ejemplo de que la UE es innecesariamente detallista a la hora de regular temas que ni siquiera son de naturaleza transfronteriza. 
En vez de ello deberíamos resaltar la autonomía de las autoridades locales y los Estados miembros en este ámbito. 
No creo que sea realmente necesaria, en todo caso no con tal lujo de detalles. 
Esta es la Europa burocrática en todo su esplendor. 
¿No existe el principio de subsidiariedad para dejar la responsabilidad de la calidad de las aguas de baño en manos de las autoridades nacionales o regionales? 
– Muchos miembros de este Parlamento creen que la UE debería ocuparse menos de la protección de la salud en el lugar de trabajo o la contaminación medioambiental. 
Y quedó claro antes, en el curso de la votación sobre mis propuestas en relación con las substancias nocivas para la salud como el amianto y los disolventes de la pintura. 
La implicación de la UE se limita a ejercer presión para reducir los costes de la atención sanitaria, y a poner en práctica el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que debe apoyar el valor del euro. 
Solo cuando pedí unas medidas de largo alcance para compensar el avance de la nueva enfermedad SRAS, apareció un efímero apoyo a favor de una política más activa. 
Hoy estamos debatiendo la calidad de las aguas de baño, lo que, a primera vista, es el tipo de cosa que debería ser competencia de los municipios y las regiones. 
Sin embargo, ahora que muchas personas se bañan y nadan en lagos y mares lejos de casa, existe una buena causa para introducir unas nuevas normas de seguridad internacional. 
Es notable que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas proponga rechazar el informe sobre este tema que ha presentado el ponente del ELDR y, por supuesto, también la directiva que pretende proteger la calidad del medio ambiente y la salud humana contra la contaminación química y microbiológica. 
Además, se guardan en reserva más enmiendas que pretenden rebajar las normas sobre contaminación, por si esto falla. 
He recomendado que mi grupo emita un «sí» después de que hayan sido rechazados estos intentos de dilución. 
. 
Portugal es sinónimo de sector turístico de alta calidad. En 2003, ciento sesenta y nueve playas portuguesas han desplegado la bandera azul. 
Había 47 solo en el Algarve, incluyendo una playa de río. 
Estos resultados demuestran el elevado nivel de calidad y de compromiso de las autoridades locales en su gestión de la línea costera, especialmente en relación con el saneamiento básico, el abastecimiento de agua y la contaminación. 
Aparte de las mejoras técnicas y científicas en la gestión del agua, nos incumbe a nosotros no olvidar un desarrollo reciente. 
El turismo ha creado nuevas actividades de ocio para los veraneantes. 
Aparte del baño, ahora existen actividades como el surfing, el windsurfing y la vela. 
En el Algarve, estos deportes son cada vez más populares entre los jóvenes. 
Aunque estas nuevas actividades se practican más lejos de la orilla, creo que deberían protegerse en este nuevo régimen. 
Por lo tanto, yo diría que la definición de «bañista» debería ampliarse para incluir no solo a los nadadores en el sentido estricto sino también a quienes practican deportes acuáticos. 
Sin embargo, esto es responsabilidad conjunta de la UE, de sus Estados miembros, de las regiones y de las autoridades locales. 
Las autoridades locales solas no pueden hacer frente a la carga financiera que representa garantizar que el agua siga siendo de gran calidad. Esta carga implica pérdidas financieras en áreas donde la calidad del agua baja temporalmente por debajo de los niveles requeridos. 
A pesar de que he emitido mi voto final en contra de este informe sobre el documento de la Comisión Europea pensado para actualizar una directiva sobre las aguas de baño que se remonta a 1976, no menos, estoy de acuerdo con muchas de las enmiendas presentadas en él. 
En concreto, estoy de acuerdo con la información pública sobre la normativa de la calidad del agua, mediante un sistema simple y universal de señalización, que implicará símbolos. Se encargarán de su aplicación las autoridades pertinentes y las oficinas de información turística, e incluirá puntos donde el agua residual urbana se vierte cerca de las zonas de baño. 
En relación con los idiomas en que se ofrecerá esta información, por otra parte, es de lamentar que el ponente no lleve hasta su fin lógico el principio que formula en este sentido. Creo que es esencial ofrecer esta información en una gama de idiomas, no solo en inglés y francés. 
También he votado a favor del proyecto de enmienda número 19, sobre la cuestión de la contaminación transitoria. 
No puede haber duda de que el tema de la protección de los bañistas es de importancia fundamental para la sanidad pública, y también para la calidad de la acogida que reciben los turistas en Europa. 
Sin embargo, como creo que el texto es demasiado intrusivo y no demuestra suficiente respeto por el principio de subsidiariedad, no he podido defenderlo en conjunto en la votación final. 
Hacer que las normas de la UE sobre el agua de baño sean más estrictas y después ampliarlas a los deportes acuáticos es sintomático de una incapacidad para dejar que las cosas ocurran por sí solas. 
En cambio, debería ser competencia de las autoridades locales y las propias áreas de responsabilidad de los Estados miembros, de acuerdo con el principio de proximidad, porque en muy pocos casos las aguas residuales provocan problemas que traspasan las fronteras nacionales. 
¿Cómo van a funcionar estas normas de la UE mal pensadas, caras y centralistas en términos puramente prácticos, y cómo se van a financiar en un país como Suecia con sus 95.000 lagos y cientos de kilómetros de costa? 
Junto con el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, he votado «no» en la votación final y he apoyado la enmienda número 59 sobre el rechazo de la propuesta de la Comisión en su totalidad. 
De cara a limitar las consecuencias administrativas y económicas de la directiva para las autoridades locales suecas, he firmado la enmienda número 76 que ha sido rechazada: para ser definidas como tales, las zonas de baño en cuestión deben tener «más de 100 bañistas al día durante al menos 20 días al año» y «deben haber sido designadas como zonas de baño por las autoridades competentes». 
– Esta mañana, he volado a Estrasburgo en el avión que sale de Milán Malpensa a las 7.00 horas. 
Un poco adormilado, me he encontrado en un coche con el Sr. Napolitano y el Sr. Fiori, que como yo venían de Milán. 
He entrecerrado los ojos y he tenido una especie de visión. 
¿Sabe qué he visto, Señor Presidente? 
He visto que estábamos en la Europa de 2050: había muchas flores bonitas por todas partes, todos los colores bajo el sol, mucho verde; gente amable, con buen corazón, no había más guerras; todo el mundo vivía feliz entre las flores. 
He parado a una persona que paseaba –y ¡qué coincidencia! era el Sr. Sacconi, el ponente de este informe– quien me ha dicho: «Mire, a pesar de todo lo que se hizo en el pasado, el efecto invernadero ha aumentado, ha crecido y crecido. 
Toda la tierra se ha convertido en un invernadero lleno de flores, como lo que construyen las personas cuando quieren cultivar flores, y, de esta forma, todos los humanos se han convertido en personas mejores.» 
Por lo tanto, he votado a favor de este informe, pero tengo una duda, Señor Presidente: ¿no sería quizás mejor dejar que el efecto invernadero vaya en aumento, y dejar que las cosas sigan su curso natural, incluso con la ayuda de la humanidad? 
La propuesta de la Comisión pretende crear un marco para establecer un mecanismo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero, de cara a aplicar el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
De los diversos aspectos que se tratan, quizás valdría la pena resaltar los siguientes: 
las medidas que fomentan una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de forma racional y objetiva son muy necesarias y positivas, pero igual de importante es resaltar que la reducción como objetivo no debe complicarse ni ser obsesiva; 
la Comisión ha expresado su objetivo de intentar crear las condiciones adecuadas para establecer un mercado de derechos de emisión, mediante un programa de la Comunidad para gestionar las emisiones contaminantes. 
Además, la Comisión quiere centrarse una vez más en supervisar en qué medida cada país está cumpliendo los compromisos del Protocolo de Kioto. El Parlamento Europeo está intentando, de nuevo, parar estos planes, y asegurar que los Estados miembros conserven sus prerrogativas en este ámbito y en relación con sus obligaciones internacionales. 
En resumen, no se puede prever ninguna solución para la grave amenaza de la contaminación del aire sin la investigación necesaria de otras fuentes de energía, como las renovables. 
. – Este nuevo debate sobre los mecanismos de vigilancia de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y sobre la aplicación del Protocolo de Kioto puede no ir más allá de una nueva serie de votos piadosos, si no se adopta una actitud ofensiva y vinculante en esta cuestión. 
Hemos votado a favor de las enmiendas tendentes a hacer que el mecanismo sea más coercitivo y riguroso. Porque la situación climática, como ha demostrado trágicamente la reciente canícula, requiere más que medias tintas. 
Más allá del mero aspecto reglamentario, tenemos el deber de reflexionar sobre modelos alternativos de desarrollo y producción. 
No podemos dejar que el mercado imponga sus leyes y criterios que se centran exclusivamente en la producción. 
Al contrario, tenemos que hacer de estas cuestiones una auténtica opción que refleje la visión de la sociedad como un todo y, por tanto, reflexionar sobre otra política de transportes en Europa, marginando los transportes por carretera, que genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero. 
Hay que desarrollar, a través de políticas públicas continentales, el transporte colectivo por vía férrea, marítima y fluvial. 
Hay que dar un paso más en términos ecológicos, tanto en el proceso de producción como en las formas de consumo. 
Por último, son necesarias otras opciones energéticas, empezando por el ahorro de energía, el abandono de la energía nuclear y la búsqueda de soluciones energéticas no contaminantes y renovables. 
He votado a favor de este informe, que es parte de la estrategia de la Comunidad Europea para cumplir sus requisitos respecto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. 
Quiero recordarles que en Kioto se decidió que en el período entre 2008 y 2012 la Unión debía reducir sus emisiones de gases en un 8% en comparación con los niveles de 1990. 
Adoptar este mecanismo de control, en la forma que aquí se propone, es una condición básica para cumplir los objetivos que la Unión se ha impuesto en términos de sostenibilidad, primero en Copenhague y después en Lisboa. Además, a partir de ahora, adoptar el mecanismo parece una posibilidad más realista, y más asequible en términos prácticos. 
Es bastante cierto decir que solo será posible cumplir los compromisos aceptados en Kioto si la información emitida por cada Estado miembro es completa, puntual, transparente y comparable, y si los sistemas de inventario nacionales se introducen todos a la vez. 
Se ha progresado bastante, pues, gracias a la presentación de enmiendas sobre los métodos analíticos y los procedimientos de cooperación, introduciendo provisiones más precisas (y fiables) sobre la frecuencia de la presentación de datos y exigiendo que se suministren solamente aquellos datos que sean de interés para el ámbito comunitario. 
En resumen, me complace que la Comisión Europea se haya comprometido a presentar un inventario comunitario sobre los gases de efecto invernadero a la Secretaría de la antes mencionada UNFCCC antes del 15 de abril de cada año. 
Señor Presidente, no podía dejar de votar a favor de este importante informe del Sr. Lange sobre la reducción de las emisiones de gases contaminantes. 
Es excelente. He tenido que votar a favor, pero he observado que después del incidente que tuvo lugar en el Parlamento con el Sr. Schulz, el Presidente en Ejercicio del Consejo –el Sr. Berlusconi– no se pierde ni una oportunidad de escuchar a todos los diputados que hablan en esta Cámara. 
Después de escuchar y observar al Sr. Lange, el Sr. Berlusconi ha declarado que había preparado una película en la que le veía como protagonista. 
Pero el Sr. Lange ha tenido más suerte que el Sr. Schulz, porque la película era una nueva versión de, dado el parecido entre el Sr. Lange y Clark Gable. 
¡Ay, cómo he envidiado y envidio al Sr. Lange, que va a formar parte de esta película, una nueva versión de, como un nuevo y romántico Clark Gable! 
¿Podía haber votado en contra, Señor Presidente? 
Dadas las demandas de desarrollo sostenible, que es uno de nuestros objetivos, y la amplia defensa de los requisitos de «ecocondicionalidad» en todos los ámbitos de la actividad económica de la Unión, son necesarios determinados esfuerzos, como los que aquí se proponen, para reducir la contaminación del aire. 
Siempre he sostenido que habría que dar prioridad a una política europea de transporte de mercancías que fomente el ferrocarril y el uso de las vías navegables interiores, junto con los corredores marítimos costeros, en vez de las carreteras principales. 
Además, es importante establecer unos límites más estrictos para las emisiones de gases y partículas contaminantes procedentes de los vehículos que se favorecen en un marco de este tipo, sobre todo de gabarras y locomotoras. 
De esta forma, estos tipos de transporte se erigirán con mayor firmeza como los más benéficos y atractivos. 
Finalmente, como sugiere el ponente, creo que es absolutamente esencial comprender que necesitamos algo más que unos valores límites más estrictos si queremos alcanzar nuestros objetivos de calidad del aire. También necesitamos procedimientos de prueba más realistas, que, por supuesto, exigirán la adopción de unas normas más claras que rijan los métodos con que los operadores reúnen y analizan la información. 
Estas normas son la única forma de evitar distorsiones de la competencia, y entrarán en vigor mediante la creación de un mercado interno basado en un crecimiento auténticamente sostenible. 
He votado a favor de este informe. 
Estoy seguro de que el Sr. Lange estará encantado de saber que se parece a Clark Gable. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. (1) 
(2) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los informes siguientes: 
-A5-0349/2003 del Sr. Mulder, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2004, Sección III, Comisión (C5-0300/2003- 2003/2001 (BUD) ). 
Puedo decirles que el resultado que tenemos ahora respecto al presupuesto, después de la votación en la Comisión de Presupuestos, se parece mucho a las orientaciones presupuestarias que aprobamos a principios de este año. 
¿Cuáles han sido las cuestiones principales hasta ahora desde el punto de vista del Parlamento? 
Queremos que la integración de los nuevos Estados miembros a la Unión Europea sea un éxito. 
La ampliación debe ser satisfactoria, y por este motivo hemos dicho desde el principio que los 25 países debían entrar en un presupuesto único. 
En segundo lugar, hemos dicho que queremos hacer algo para estimular el crecimiento económico, no solo en los nuevos Estados miembros sino también en los antiguos. 
Volveré a hablar de ello más adelante. 
Hemos tomado una iniciativa importante en relación con el desarrollo de las PYME en los nuevos Estados miembros y también en los existentes. 
El tercer punto es que debemos facilitar la integración de los nuevos Estados miembros con los ya existentes en la medida de lo posible. 
Como ya se ha dicho varias veces en debates anteriores, el presupuesto de 2004 tiene varias características especiales. 
Tenemos que presentar un presupuesto para 25 países ahora, cuando todos sabemos que no tendremos una Unión Europea de 25 Estados miembros hasta el 1 de mayo del próximo año. 
Por este motivo, en diciembre votaremos un presupuesto para 15 países, con un anexo técnico para los diez nuevos Estados miembros. 
Y después, durante el próximo año, votaremos un presupuesto complementario para los diez nuevos Estados miembros. 
Otra característica nueva del presupuesto de 2004 es la presupuestación por actividades. 
Le hemos descubierto algunos defectos, que espero que podremos rectificar en el transcurso de este año. 
Especialmente importante en lo que al Parlamento se refiere es que podemos estudiar la medida en que se ponen en práctica los programas y de qué tipo de técnicas de evaluación disponemos. 
En general, hemos votado a favor de un presupuesto económico. 
Se han aumentado los créditos de pago, incluyendo otros créditos de pago, pero en conjunto, creo que este resultado es adecuado para presentarlo, incluso en un momento en que toda Europa está economizando. 
Me gustaría decir otra cosa sobre las diversas rúbricas del presupuesto; en primer lugar, el presupuesto agrícola, rúbrica 1. 
Por supuesto estamos esperando la carta de enmiendas, que deberá emitirse en breve. 
Esperamos que las iniciativas del Parlamento, que se reafirman en este presupuesto y que también se presentaron en resoluciones anteriores, aparecerán también en la carta de enmiendas de la Comisión, que se emitirá en breve: principalmente, los proyectos piloto, o acciones preparatorias, en relación con los indicadores medioambientales, la financiación para las enfermedades de los animales, el desarrollo de vacunas mejores y el desarrollo de una política de calidad para los productos agrícolas. 
Sin duda también quedará claro entonces qué impacto ha tenido el mayor valor del euro en la política agrícola. 
Además, la Comisión de Presupuestos ha votado a favor de varios puntos adicionales: queremos más investigación sobre el bienestar animal, y queremos más alternativas a las plantaciones de tabaco en la UE, entre otras cosas. 
En relación con la rúbrica 2, los Fondos Estructurales, hemos incrementado los créditos de pago, en línea con la cifra que el Consejo ha considerado razonable. 
Lo hemos hecho por dos motivos. 
En primer lugar, los Estados miembros creen que pueden gastar mucho más que lo que propone la Comisión cada año, y queríamos complacer a los Estados miembros. 
En segundo lugar, nos preocupa la lentitud de la aplicación de la política estructural. 
Creemos que aumentar los créditos de pago nos permitirá mejorar en este sentido. 
Me parece que les oigo decir «¿Es adecuado aumentar los créditos de pago en estos momentos?» 
Si estudiamos el valor de los incrementos de los créditos de pago en años anteriores, creo que en realidad es un aumento muy modesto en comparación. 
En cuanto a la rúbrica 3, políticas internas, consideramos que la promoción de las PYME en los nuevos Estados miembros será la iniciativa más importante. 
Es posible hacerlo con una suma de dinero relativamente pequeña. 
Con 33 millones de euros más que en el presupuesto del Consejo, y con el correspondiente efecto multiplicador del orden de 20 a 30, podemos ofrecer a las PYME de la Europa del este bastantes más garantías que las que podrán desarrollar ellos mismos. 
Al mismo tiempo, añadiremos un programa de formación para directores de bancos. 
La rúbrica sobre políticas internas contiene otra reducción respecto a la Comisión, pero un aumento en relación con el Consejo, en cuanto a las medidas que se tomarán en relación con la creciente contaminación marina. 
Existe una Agencia Marítima Europea, que por supuesto tiene que hacer su trabajo, pero hemos considerado necesario limitar las dotaciones propuestas por la Comisión, dado que todavía no existe un fundamento jurídico, aunque esperamos que se pondrá en marcha este año. 
Este año, también hemos prestado bastante atención a las agencias. 
Cada vez aparecen más y más agencias; y todavía van a llegar otras nuevas. 
Queremos un mejor control parlamentario sobre estas agencias. 
Este control de su programa de trabajo se confiará a las comisiones parlamentarias e incluso al propio Parlamento. 
También queremos prestar más atención al organigrama de las agencias, de la misma forma que nos interesamos por el organigrama de la propia Comisión. 
No es nada complicado exigir esto a las agencias. 
Hay que mencionar algunos puntos más en relación con la rúbrica 3. 
En nuestra opinión, el Consejo debe tomar una decisión lo antes posible en relación con la sede de las agencias. 
Reinará una gran incertidumbre al respecto hasta que se haya decidido. 
Creemos que el fraude del IVA debe investigarse más a fondo. 
Los Puntos de Información Europea son un tema de gran preocupación para el Parlamento. 
Debido al nuevo Reglamento Financiero, existe la posibilidad de que algunos de estos vayan a la quiebra –tendrán que cerrar sus puertas– aunque casi todo el mundo en el Parlamento está convencido de que tienen un papel muy útil. 
Finalmente, todos estamos familiarizados con los problemas de Eurostat. 
Hemos puesto en reserva un 25% de los fondos para Eurostat, pendientes del informe final, que prevemos que saldrá a finales de octubre. 
También ha habido mucho debate en relación con la rúbrica 4: la política exterior de la UE. 
Y aquí predomina la situación en el Iraq. 
Nosotros opinamos que hay que hacer algo en el Iraq. 
Hemos introducido una provisión de 30 millones de euros en el presupuesto, y sabemos que la Comisión ha propuesto la suma de 200 millones de euros, cuarenta de los cuales, con toda probabilidad, se pagarán del presupuesto de 2003, y 160 del presupuesto de 2004, seguramente utilizando el instrumento de flexibilidad. 
Además, la Comisión de Presupuestos ha aprobado una enmienda que prevé la asignación de 500 millones de euros para el Iraq. Votaremos sobre ello el próximo jueves. 
El punto de vista que prevalece es que, sea cual sea el programa que se elabore para el Iraq, no debe ser a expensas de los programas existentes en la rúbrica 4: principalmente Afganistán, la lucha contra la pobreza, etc. También opinamos que toda la ayuda al Iraq debe ofrecerse bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
Otro punto en relación con la política exterior y de seguridad común es que 5 millones de euros del importe asignado por el Consejo se han dejado en la reserva. 
Queremos que exista un diálogo sólido con el Consejo sobre el acuerdo que hemos firmado hace poco en relación con la provisión de información. 
Somos conscientes de que el Consejo puede querer un poco más en este ámbito. 
Prestaremos la debida atención a este tema en el Parlamento pero, ante todo, creemos que si se han firmado acuerdos con el Consejo, deben ejecutarse fielmente. 
Todavía tenemos serias dudas sobre esto en la actualidad. 
Quisiera discutir un último punto en relación con el presupuesto, en concreto el gasto administrativo. 
La Comisión ha pedido personal adicional, pero el Consejo solo ha accedido en parte. 
El Parlamento tiene un punto de vista distinto. 
En primer lugar, creemos que la Comisión podría pasar con este personal, en principio. 
Pero antes de dar un «sí» definitivo queremos imponer algunas condiciones: las que se establecen en las resoluciones presupuestarias y en la resolución del propio Parlamento. 
Puedo ponerles algunos ejemplos: la cantidad de plazas vacantes en la Comisión no debe sobrepasar el 4%, los nuevos puestos deben asignarse exclusivamente a ciudadanos de los nuevos Estados miembros; los Comisarios deben respetar el código de conducta que aceptaron al principio de su mandato –especialmente en relación con el, como siempre lo llamamos– y, por último, pero no menos importante, en nuestra opinión la Comisión debe prestar la máxima atención a la ejecución del presupuesto. 
El último punto deja algo que desear, sin embargo, en relación con los proyectos piloto y las acciones preparatorias. 
Mantendremos los ojos abiertos al respecto. 
Finalmente, quiero dar las gracias a mis compañeros eurodiputados, al Consejo y a la Comisión, también en esta ocasión, por la agradable colaboración que he recibido hasta el momento. 
He intentado llegar a un consenso en la medida de lo posible, como corresponde a un ponente, y espero que esta cooperación siga también en el futuro. 
– Señor Presidente, me gustaría comenzar por donde ha concluido el Sr. Mulder, dando las gracias también en primer lugar a todos mis colegas. 
Deseo agradecer concretamente a todos los ponentes alternativos y a todo el personal por su apoyo y sus contribuciones. 
Quiero dar las gracias en especial al presidente, el Sr. Wynn, por su apoyo. 
Este presupuesto concreto es válido para un año histórico, 2004, que será testigo no solo de la ampliación de la Unión Europea a 25 Estados miembros, sino también de las elecciones europeas. 
Mi objetivo principal para este presupuesto ha consistido en equipar a todas las demás instituciones para que puedan afrontar los retos de la ampliación y garantizar el correcto funcionamiento después de que se materialice la ampliación. 
Sin embargo, he de admitir que me siento algo decepcionada por no haberse suscitado las economías de escala que yo había esperado surgieran a raíz de la ampliación. 
Creo que la ampliación ha sido utilizada en determinados casos por parte de algunas instituciones como excusa para crear puestos que no están tan justificados. 
Es una lástima, por tanto, que el Consejo no haya hecho hincapié suficiente en garantizar una mayor eficiencia. 
Como he dicho anteriormente, el Consejo ha sido bastante generoso con todas las instituciones en su proyecto presupuestario y, por consiguiente, el Parlamento ha tenido que proceder a corregir esta situación. 
Me complace decir que mis enmiendas, que han sido aprobadas, se traducirán en mejoras del funcionamiento y en una mayor eficiencia. 
Uno de mis objetivos para este presupuesto ha consistido en incrementar la transparencia y mejorar la cuestión de la responsabilidad. 
A este respecto pido a todas las instituciones que adopten medidas con vistas a alcanzar dichos objetivos. 
Para ello, necesitamos asegurar que sus políticas, procedimientos y sistemas se revisen regularmente, sobre todo en lo relativo al reembolso de las dietas de viaje y manutención. 
Todos los años suele ocurrir que alguna de las instituciones de la UE es acusada de gestionar erróneamente o de carecer de control en la gestión financiera. 
Por consiguiente, es importante que cada una de las instituciones se asegure de tener implantados los procedimientos de buenas prácticas y de gestión financiera. 
En el caso de las dietas, es fundamental que haya unas reglas más claras que gobiernen su reembolso y las acciones a adoptar en caso de infracción. 
En bien de la credibilidad de todas las demás instituciones, es imprescindible hacerlo y que todas las instituciones actúen ahora. 
Además, necesitamos revisar constantemente nuestras políticas y la gestión de los sistemas para garantizar que no haya lugar para el fraude, y lamento que no hayamos efectuado seguido avanzando según habíamos previsto en cuanto a los presupuestos por actividades aprobados por la Comisión. 
Creo que todas las demás instituciones deben hacer lo propio, para garantizar una mayor transparencia y responsabilidad. 
Permítanme citar solo un ejemplo del Parlamento. 
Durante bastante tiempo he estado promoviendo este tema internamente y he visitado el Parlamento sueco para conocer su sistema, en el que han logrado un progreso notable. 
Además analicé algunos temas menores, como el servicio de automóviles para los diputados. 
Hemos estudiado numerosas propuestas de la administración, algunas de las cuales hubieran sido muy ventajosas. 
Pero por desgracia tales propuestas han gozado de una vida muy breve, ya que eran inaceptables para ciertos partidos. 
Por culpa de esta falta de transparencia y de responsabilidad nos hallamos en una situación en la que una mayoría de la Comisión de Presupuestos estaba totalmente en contra de un plan piloto de servicio de automóviles para los diputados. 
El esquema propuesto en su lugar plantea reembolsar a los diputados 50 euros adicionales a la semana en concepto de gastos de taxi. 
Eso es un disparate total, puesto que ya disponemos de una dieta diaria suficiente para cubrir tales gastos. 
Sin embargo, tengo entendido que va a salir adelante a pesar del enorme recelo tanto por mi parte como por la de muchos otros diputados, ya que la Mesa lo ha aprobado. 
Procede de una línea presupuestaria infrautilizada. 
Este tipo de ejemplo de toma de decisiones fragmentaria realmente no da una imagen muy buena del Parlamento y resulta muy perjudicial para la reputación pública de esta Cámara. 
Si dispusiéramos de mayor transparencia y responsabilidad, se evitarían decisiones como la anterior. 
Señor Presidente, cuando intervine en marzo, manifesté mis reservas acerca de la inclusión de la financiación de los partidos políticos en del presupuesto del Parlamento. 
Mi preocupación estribaba en que quedábamos expuestos a ser acusados de aprovecharnos y de que se nos juzgara como afanados únicamente por nuestros intereses políticos particulares. 
Estas preocupaciones parecen haberse visto confirmadas, ya que la financiación de los partidos políticos ha quedado incluida ahora dentro de nuestro presupuesto y el importe sugerido ha aumentado de 4,2 hasta 8,4 millones, a resultas de la enmienda del Sr. Watson. 
Ya se han producido maniobras para sacar de las reservas este importe y asignarlo a la línea presupuestaria, antes de disponer de un juego de reglas nítido que gobierne la asignación de estos fondos y de un código de conducta claro. 
No me interpreten mal. 
Todos deseamos que los partidos políticos europeos dispongan de los medios necesarios para funcionar y para ser independientes del Parlamento y de los grupos políticos. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para recordar a sus Señorías que la idea que sustenta el Estatuto de los Partidos Políticos consiste en aumentar la transparencia, algo que parecen haber olvidado algunos Grupos en esta Cámara. 
Han presentado enmiendas que socavan tal transparencia y que sugieren que este dinero se asigne sin sujeción a condición alguna. 
Les recomiendo encarecidamente que retiren estas propuestas a fin de que podamos establecer un juego claro de reglas y convertir en operativo el Estatuto. 
Otro de los puntos controvertidos, que ya ha sido planteado aquí anteriormente, es la cuestión del seguro de enfermedad de los ex diputados. 
Mi postura al respecto es muy clara. 
He manifestado en ocasiones anteriores que no creo que suponga una correcta utilización del dinero de los contribuyentes y espero que el estudio en curso así lo demuestre. 
Solo me quedan por decir un par de palabras acerca de algunas de las otras enmiendas que han sido presentadas, comenzando con la OMC. 
Me preocupa mucho la idea de hacer extensivo el presupuesto del Parlamento, que está pensado para fines meramente administrativos, a personas no parlamentarias de otras partes del mundo. 
Lo que esta enmienda propone es ampliar la financiación de otros participantes en la OMC con cargo al presupuesto del Parlamento. 
Ya contamos con esa línea en el presupuesto de la Comisión y, aunque soy consciente de que existen problemas administrativos a la hora de conseguir más dinero del presupuesto del Parlamento y del de la Comisión, no creo que constituya razón suficiente para juntarlo todo. 
Considero apropiado que permanezca en el presupuesto de la Comisión. 
Basta con solventar las deficiencias y fallos que aparezcan en el presupuesto. 
A la larga resultaría demasiado gravoso para el Parlamento hacerse cargo de todo, ya que además tendría implicaciones internas en materia de personal y demás. 
En cuanto a la enmienda del Grupo del PPE-DE de asignar a la reserva las retribuciones del Consejo, creo que es lamentable que se nos haya planteado esta propuesta; quisiera recordar a los diputados que tenemos un «pacto de caballeros» en el sentido de no interferir mutuamente en los presupuestos. 
Realmente no entiendo el motivo ni el fin de la propuesta y no he escuchado ningún argumento o razonamiento que la avale. 
No encuentro demasiado útil en esta fase final presentar algo como esto y me gustaría saber algo más acerca del porqué se ha propuesto poner en la reserva este importe. 
Por último, en cuanto a la enmienda sobre las bicicletas por parte de la Sra. Buitenweg, habida cuenta de lo que he dicho sobre los coches, estoy totalmente a favor y creo que todos deberíamos hacer uso de ellas ya mismo. 
En cualquier caso, para terminar diré que unos de nuestros objetivos fundamentales ha consistido en acercarnos más a la ciudadanía. 
También diré que me siento enormemente frustrada por el ritmo de progreso de nuestra política de información y comunicación. 
Y más frustrada aún estoy por los esfuerzos de la Comisión que se pueden traducir, según tengo entendido, en el cierre de muchos de los Puntos Informativos En mi región de los Midlands Occidentales, el ciudadano medio realmente no tiene ni idea de lo que hacemos en esta Cámara. 
Necesitamos hacer más para dar a conocer nuestro trabajo a los ciudadanos, para incrementar su interés por el mismo y aumentar su participación. 
. Señor Presidente, Señorías, aproximadamente dentro de un año un Parlamento Europeo elegido por los ciudadanos de veinticinco Estados europeos discutirá el primer presupuesto de la Unión ampliada. 
El debate se realizará en veinte idiomas. 
El Parlamento tendrá entonces 732 eurodiputados, y será el último presupuesto preparado por la Comisión Prodi, que entonces estará formada por 30 miembros. 
El debate del presupuesto de 2005 podría coincidir con los debates sobre programación financiera para el período de después de 2006. 
A la vez, es probable que los Estados miembros estén ratificando el nuevo Tratado Constitucional de acuerdo con los respectivos procedimientos internos. 
El proyecto de presupuesto general que tienen hoy ante ustedes refleja la enormidad de este reto. 
El presupuesto ha sido elaborado para una UE de quince Estados miembro en lo que se refiere a los primeros cuatro meses de 2004 y para una UE de veinticinco miembros del 1 de mayo en adelante. 
Además, se presenta en un nuevo formato, basado en el principio de presupuestación por actividades, que nos permitirá discernir el coste exacto de las diversas políticas de la Comunidad. 
Con la actual propuesta parlamentaria, el presupuesto para 2004 permitiría unos compromisos financieros que ascenderían a 112 300 millones de euros, en comparación con la cifra de 111 900 millones de euros establecida por el Consejo y la de 112 200 millones de euros propuesta por la Comisión. 
De modo que no se presentan divergencias muy graves. 
De los importes mencionados, una cifra de 12 000 millones de euros se destinará a los diez nuevos Estados miembros. 
De los créditos de compromiso presentes en el presupuesto de 2004, un 79% abarca ámbitos de la política agrícola, como el apoyo a las zonas rurales, y de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. 
Esto representa un aumento del 13% respecto a la asignación de este año a esas rúbricas. 
Dado que la asignación a los Fondos Estructurales se establece en la programación financiera para la UE de 15 miembros y en el Tratado de Adhesión para los nuevos Estados miembros, no hay diferencias entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión en relación con los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. 
Sin embargo, en el ámbito del apoyo a las zonas rurales Sus Señorías votarán el jueves para decidir si hay que sobrepasar el importe establecido en la programación financiera. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que hay que preservar el Acuerdo Interinstitucional. 
En lo que se refiere al gasto agrícola, la Comisión presentará su habitual carta de enmiendas a final de mes para tener en cuenta las últimas tendencias del mercado. 
No tengo intención de anticipar el contenido de dicha carta, porque todavía tiene que ser confirmada por la Comisión, pero puedo indicar que se adoptarán la mayor parte de las propuestas presentadas por el ponente, el Sr, Mulder, que han sido objeto de un intenso debate, especialmente las propuestas de que se asignen fondos adicionales para financiar un estudio que examine si los agricultores de toda Europa podrían asegurarse al menos en parte contra las pérdidas derivadas de enfermedades epizoóticas, y cómo, y que se reserven fondos para la producción de indicadores medioambientales, que tienen un papel cada vez más importante, como saben, en el contexto del proceso de reforma agrícola, así como para que se estudie la posibilidad de introducir una etiqueta de calidad europea. 
Se otorgan competencias para una investigación más intensiva sobre las vacunas marcadoras contra enfermedades epizoóticas dentro de los recursos asignados en el proyecto preliminar de presupuesto. 
Sr. Mulder, ha sabido convencer a la Comisión de la solidez de sus propuestas. 
Confío en que también sabrá convencer al Consejo. 
Ciertamente, me gustaría añadir mis propios argumentos para que el Consejo no rechace estas propuestas solo por el hecho de que se refieren al gasto obligatorio. 
No habría justificación posible para dicho rechazo, ni sería coherente con el espíritu de cooperación constructiva que prevalece. 
En nombre de la Comisión, puedo decir sinceramente que me complace que el Parlamento haya recuperado los 272 nuevos puestos de trabajo que la Comisión pedía para las tareas relacionadas con la ampliación, y que el Consejo había eliminado del cuadro de personal. 
Sobre este punto, permítanme que dirija unas palabras especiales de agradecimiento, no solo al ponente sino también a la Sra. Gill y al presidente de la Comisión de Presupuestos. 
En un principio estos puestos entrarán en la reserva, lo que, por supuesto, considero menos que ideal pero puedo asegurarles que haré todo lo que esté en mis manos para cumplir los requisitos prescritos, de modo que la financiación de estos puestos se pueda liberar en segunda lectura. 
En cuanto a las dotaciones administrativas en el presupuesto, quisiera tratar dos puntos más. 
El primero se refiere a las aportaciones a los partidos políticos europeos, que la Sra. Gill acaba de mencionar. 
Este gasto se incluirá en el presupuesto de la UE por primera vez, ahora que finalmente, me complace decirlo, se ha adoptado el fundamento jurídico para su inclusión. 
Creo que se trata de un acuerdo beneficioso y transparente, pero no estoy de acuerdo con la afirmación de que este gasto debe financiarse aparte de la participación del 20% del Parlamento en la dotación para gastos administrativos. 
Ni que decir tiene que la Comisión seguirá con las negociaciones para encontrar una solución que sea aceptable para todas las partes. 
Mi segundo punto se refiere al nuevo Reglamento Financiero. 
Este resultado tan satisfactorio de nuestra actividad de reforma conjunta implica muchos cambios. 
Estos cambios se reflejan en la nueva división del presupuesto en áreas políticas, y en relación con esto aparece una nueva norma según la cual la ayuda financiera en forma de subvenciones procedentes del presupuesto de la UE a determinadas instituciones, como el Instituto de Florencia, por nombrar alguna, exige un fundamento jurídico. 
Esto significa que ya no basta con que estos importes se introduzcan en el presupuesto; en cambio, tiene que existir un fundamento jurídico para la autorización de dichas subvenciones, y están sujetas también a las nuevas condiciones establecidas en el Reglamento Financiero, que resalta especialmente la necesidad de una toma de decisiones transparente. 
El Parlamento ha realizado todos los esfuerzos posibles para debatir las propuestas de la Comisión sobre las partidas presupuestarias de la rúbrica A-30, que están sobre la mesa desde mayo. 
En el caso del Consejo, sin embargo, el progreso ha sido de todo menos satisfactorio, y quiero aprovechar esta oportunidad para instar una vez más al Consejo a que haga todo lo posible para garantizar que, en la nueva sesión tripartita, podamos prever cuándo se podrá adoptar la legislación pertinente. 
Pido al Consejo que plantee la aplicación del Reglamento Financiero con el mismo entusiasmo que dedicó a su reformulación. 
Como ocurrió el año pasado, la Comisión informará al Parlamento por escrito, durante la primera mitad de noviembre, sobre su valoración de la viabilidad de las medidas que han propuesto, especialmente los nuevos proyectos piloto y las medidas preparatorias. 
Me ocuparé de que en dicha valoración se preste la consideración adecuada a la importancia que esta Cámara otorga a estas actividades. 
Existe otro aspecto importante en el que se establecen unas condiciones justas para el presupuesto de la Unión Europea, en concreto el hecho de que la autoridad presupuestaria deba tomar una decisión conjunta en noviembre sobre la adaptación de los diversos programas de apoyo, las denominadas políticas internas, en la preparación de la ampliación. 
Por supuesto, hay muchos programas importantes, el Programa Marco para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico, el programa YOUTH y el Instrumento Financiero para el Medio Ambiente (LIFE) , por nombrar solo unos pocos. 
Quiero expresar mi gratitud al Sr. Böge y al Sr. Colom i Naval por sus esfuerzos para coordinar el trabajo de todas las comisiones especializadas y, por supuesto, me complace que hayamos llegado a un acuerdo sobre tantas de sus propuestas. 
Esta estrecha colaboración es otro de los motivos por los que puedo decir sinceramente que ha sido un gran placer trabajar con ustedes en la preparación del presupuesto para la Unión ampliada. 
En relación con la ayuda exterior, en el presupuesto de 2004 nos enfrentamos con un nuevo reto porque es nuestra obligación y nuestro deseo hacer que la ayuda europea llegue al pueblo del Iraq. 
Este año hemos invertido 100 millones de euros en ayuda humanitaria. 
Ahora se trata de desempeñar nuestro papel en el esfuerzo de reconstrucción. 
Hemos abordado este punto en nuestras comisiones y en el marco tripartito, y se ha debatido también este tema en el Consejo de Asuntos Generales. 
La Comisión propone una nueva inyección de 200 millones de euros entre ahora y finales del próximo año, además de nuestra ayuda humanitaria. 
Pero esta ayuda no puede desembolsarse en la práctica a menos que mejore la situación respecto a la seguridad, y el paraguas de las Naciones Unidas debe estar disponible para la ejecución de los proyectos. 
En esta Cámara hay todavía opiniones divergentes en cuanto al importe adecuado para la ayuda al Iraq. 
La propuesta de la Comisión ha sido sopesada con detenimiento, y me gustaría recordarles que deberán votar sobre este tema el jueves, un día antes de la conferencia de donantes que se celebrará en Madrid. 
Por este motivo, les insto en nombre de la Comisión, y especialmente en nombre de mi colega el Comisario Patten, a dar a la Comisión un mandato claro que demuestre que la Unión Europea habla con una sola voz en este tema. 
Permítanme que acabe con unas cuantas cifras sobre el volumen del presupuesto general del próximo año. 
La Comisión había propuesto un gasto de 100 600 millones de euros, el Consejo ha propuesto 100 100 millones de euros, y Sus Señorías en el Parlamento probablemente propondrán un volumen de 103 500 millones de euros. 
Así pues, en Europa, la relación entre gasto y PIB en este ámbito oscila entre el 0,09 % y el 1,01 %. 
En los últimos años nunca había habido tan poca divergencia entre nuestras propuestas, y estoy seguro de que vamos a limar estas pequeñas diferencias en el transcurso del procedimiento presupuestario. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, intervengo para fijar la posición de mi Grupo sobre el informe Mulder relativo al proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2004. 
Quiero felicitar al ponente por su tarea de consenso, que siempre es difícil en esta primera lectura, en la que todo el mundo quiere reflejar sus propias prioridades. 
Sin embargo, el ponente lo ha hecho muy bien y hoy presenta un proyecto que goza del apoyo de la gran mayoría de diputados. 
Mi Grupo está contento con el proyecto que se presenta hoy; creemos que recoge en lo esencial la posición estratégica de nuestro Grupo. 
Sobre el incremento de los créditos de pago creo que, de la primera lectura, sale un enfoque moderado. 
Tomamos en consideración la necesidad de los Estados miembros de cumplir con el pacto de estabilidad y la exigencia de absorber el resto liquidado. 
Al mismo tiempo respondemos a las peticiones de los observadores de los nuevos Estados miembros, que quieren elevar los pagos inscritos de acuerdo con las cifras acordadas en Copenhague. 
Eso sí, estas modestas cifras de incremento en créditos de pago deben constituir un umbral para el Parlamento. 
Posteriores rebajas por parte del Consejo, de aquí a la segunda lectura y la conciliación, no son para el PPE-DE objeto de futura negociación. 
En el informe Mulder, sin embargo, mantenemos unas enmiendas que reflejan la posición de nuestro Grupo. 
En primer lugar, está la referencia de las próximas perspectivas financieras a partir del año 2006. 
Aceptamos que la Comisión actual establezca en su seno un debate sobre su próxima configuración, pero consideramos muy prematuro que este debate aporte decisiones al respecto. 
Esto es algo que corresponde a un nuevo Parlamento y a una nueva Comisión, que deben tomar posesión en el año 2004. 
Dicha consideración queremos que figure en la resolución. 
Con respecto al debate de las antiguas líneas A-30, mi Grupo está seriamente preocupado acerca del retraso que en la adopción de las nuevas bases legales puede producirse por la falta de acuerdo interno en el Consejo. 
Necesitamos una posición del Consejo para la conciliación del 24 de noviembre. 
Un retraso en dicho acuerdo puede tener consecuencias muy negativas para las organizaciones que perciben actualmente subvenciones por parte de la Unión. 
En la rúbrica 4, correspondiente a las acciones exteriores, todos los grupos hemos alcanzado un acuerdo muy satisfactorio para salvaguardar las prioridades del Parlamento Europeo en cuanto a las áreas geográficas. 
El anteproyecto de la Comisión se quedaba corto y planteaba dos problemas simultáneos: en primer lugar, distorsionaba la propia estructura del presupuesto, creando un margen que es irreal. 
No se puede decidir sobre las dotaciones de las acciones exteriores de la Unión por criterios meramente contables o de ejecución presupuestaria; los créditos que votamos son señales políticas que la Unión dirige a terceros países. 
En segundo lugar, el Consejo hizo su primera lectura sobre la base de las cifras del anteproyecto, reduciéndolas más aún, si cabe, empeorando el mensaje político e ignorando prioridades tradicionales del Parlamento Europeo. 
Por eso, esta Cámara es soberana, responsable y sabe conjugar perfectamente las prioridades políticas con los niveles deseables de ejecución. 
El margen que vamos a votar el jueves es un margen real, no es un margen virtual. 
Finalmente la enmienda dirá- otras personas hablarán después de mí más y mejor -, pero solo querría hacer una pregunta a sus Señorías: ¿después de la resolución de las Naciones Unidas puede la Unión acudir a la Conferencia de Donantes con una cifra tan escasa como la que la Comisión propone y el Consejo acepta? 
¿Dónde quedaría en este caso la iniciativa política de la Unión si se rechaza la única enmienda presentada? 
– Señor Presidente, Comisaria, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, permítanme que dé las gracias a los ponentes por el trabajo que han realizado este año. 
Creo que hemos sido capaces de incorporar en este presupuesto ciertas cosas que no solo consolidarán lo que ya tenemos y dejarán claro cuáles son nuestras prioridades, sino que dejarán muy claro también que, aunque conservamos lo que ha superado la prueba del tiempo, queremos demostrar un planteamiento flexible para las tareas que nos presente el futuro. 
Permítanme poner como ejemplo nuestro deseo de utilizar más fondos para la prevención de crisis en vez de para la solución de problemas. 
Queremos combatir el fraude del IVA en Europa, para que puedan aumentar los ingresos de la Unión Europea, y no tengamos que extraer de los contribuyentes un dinero que otras personas deberían pagar si fueran honestas. 
El fraude es elevado, y es algo que queremos combatir. 
Estamos todos de acuerdo en que debemos tomar medidas para resolverlo. 
Estamos preparando la Unión Europea para un cambio demográfico y para las demandas que traerá consigo; de todos modos, al precio que sea, lo hemos tomado como una cuestión propia, y queremos más y mejor cooperación en la guerra contra el crimen organizado. 
Este presupuesto refleja nuestro deseo de reforzar y apoyar a Eurojust y Europol. 
En el futuro, esta Unión Europea nuestra seguirá caracterizándose por pequeñas y medianas empresas que dan vida a la economía y a las que queremos apoyar y permitirles disfrutar de las ventajas del mercado interno y utilizarlas al máximo. 
Y esto significa que nuestro grupo ha estudiado muy de cerca las diversas áreas de cara a garantizar que lo que se exige de los Estados miembros –que a su vez tienen problemas con sus presupuestos– no sea más que lo imprescindible y necesario. 
Nos adheriremos a esta línea en cada una de las diversas rúbricas, porque tenemos claro que el marco financiero multianual que hemos establecido después de las negociaciones con el Consejo no es meramente opcional, sino un punto de referencia fijo, y establece los límites entre los que queremos maniobrar. 
En la rúbrica 1B, pues, no defenderemos que se sobrepasen los límites superiores, ni votaremos a favor. 
Aquellos miembros de esta Cámara que quieran hacerlo, deben saber que esta resolución puede ser solo en primera lectura –por lo que puede decirse que no cuenta, porque el recuento se hace al final– pero indica si queremos ceñirnos o no a los límites superiores en este ámbito. 
En cualquier caso no ofreceremos nuestro apoyo a ningún intento de sobrepasar estos límites superiores. 
También en otros ámbitos queremos asegurar que el dinero que tenemos a nuestra disposición se utilice para su objetivo, pero también que se cumpla lo que hemos prometido. 
Permitiremos la contratación del personal que requiere la ampliación. 
Ajustaremos los programas multiuanuales para que no se pierda nada de lo que contienen. 
También nos aseguraremos de que los Fondos Estructurales contengan suficientes créditos de pago para los países candidatos, a quienes deberemos dejar claro que esto significa que, el próximo año, o durante el período que hayamos negociado con ellos, no recibirán ningún euro adicional; solo existe la posibilidad de que se les exonere antes de determinadas obligaciones. 
Pediremos que se incrementen los pagos de los Fondos Estructurales, porque creemos que no se debe tolerar la acumulación de pagos existente. 
Debemos asegurarnos de que se está cumpliendo lo que se ha anunciado y prometido, y que en realidad haremos todo lo que podamos para apoyar a las regiones. 
Por lo tanto, pediremos una financiación adicional, que es también lo que los miembros del Consejo, cada uno de los Estados miembros, dirán que quieren cuando se les pregunte individualmente. 
Tan pronto como el Consejo se reúne como organismo, siempre tiene el problema de conseguir todo el dinero que necesita. 
Así pues, aunque pediremos financiación adicional, como Su Señoría ha dicho antes, por supuesto quedará dentro de los límites de lo necesario. 
La Comisaria Schreyer ha dicho que nunca había habido tan poca diferencia entre sus propuestas y las nuestras. 
El problema principal se encuentra en la rúbrica 4. 
Como ha dicho el Sr. Garriga Polledo, hemos visto que nuestras áreas tradicionales se mantienen, pero esta Cámara tiene ante sí una enmienda sobre la ayuda para el Iraq en la que se piden 500 millones de euros; 500 millones de euros, aunque sabemos de fuentes publicadas muy diversas, especialmente de la propia Comisión, que de ninguna manera será posible administrar estos 500 millones de euros para el Iraq el próximo año. 
No hay estructuras administrativas, y no hay nadie sobre el terreno que pueda canalizar el dinero para un uso adecuado. 
Aunque no existan proyectos a los que asignar el dinero, se nos ha planteado esta cifra de 500 millones de euros, y una gran parte de la Comisión de Presupuestos incluso la ha adoptado. 
A quienes han presentado esta enmienda, yo les digo que, de la misma forma que la implicación en la guerra del Iraq dividió a la Unión Europea, esta enmienda divide a esta Cámara. 
No están interesados en una solución conjunta; más bien quieren que los 500 millones de euros sirvan como advertencia de que podíamos usarlos ahora, y quieren que se les felicite por ello. 
Sin embargo, el dinero debe utilizarse de forma adecuada, porque tenemos que pedirlo a nuestros contribuyentes, que saben que debe encontrarse también en el marco de la Perspectiva Financiera, y que el marco de Perspectiva Financiera no vendrá con el dinero. 
Piden con insistencia que la Perspectiva Financiera se cancele. 
Y esto no lo haremos bajo ninguna circunstancia. 
Estaremos a favor de que se disponga de financiación suficiente, respecto a lo cual la propuesta de la Comisión es muy buena, merece ser tomada muy en serio, y la defendemos sin reservas. 
Insistiremos en que estos fondos se utilicen de acuerdo con un mandato de las Naciones Unidas. 
Apoyaremos al Comisario Patten en su línea, intentaremos que el debate sobre cómo se invierte el dinero se centre en ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas, porque el Iraq debe recibir ayuda, pero en el pasado hemos tenido que ayudar a otros. 
Afganistán no recibió más; recibió menos. 
El Iraq tiene potencial para ser un país rico. 
Darles más de lo que dimos a Afganistán sería un crimen; sería tratar con desprecio a las demás regiones del mundo a las que hemos ayudado en el pasado. 
Bajo ninguna circunstancia emitiremos un solo voto para defender esta enmienda. 
– Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a los ponentes del presupuesto, la Sra. Neena Gill y el Sr. Jan Mulder por su excelente y constructivo trabajo. 
Mi grupo, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, se siente orgulloso de que el Sr. Jan Mulder, que es uno de nuestros miembros, sea ponente general. 
Y por ello queremos dar las gracias, en especial, al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, con quienes llegamos a un acuerdo político sobre el tema al inicio de esta legislatura. 
También quiero expresar la consideración que merece para mí el Presidente de la Comisión de Presupuestos, el Sr. Terence Wynn, y la Comisaria de Presupuestos, Michaele Schreyer, por su cooperación amistosa y experimentada. 
El del año próximo es un presupuesto histórico, porque por primera vez se confecciona para una Unión de 25 Estados miembros. 
En la forma es legalmente vinculante para 15 Estados miembros, pero políticamente el presupuesto se acordará este año para que se pueda aplicar a una Unión de 25 Estados miembros. 
En segundo lugar, el presupuesto se ha elaborado como un presupuesto basado en las actividades. Es algo que el Grupo ELDR pedía reiteradamente desde hace ya mucho tiempo. 
De esta forma podremos controlar con más exactitud los costes asociados con las diversas áreas políticas, la relación del gasto administrativo con el gasto operativo, así como la eficiencia general. 
Es una gran reforma, que a la vez resalta la importancia de la responsabilidad personal, y sentará una base para una posterior gestión por actividades en la Comisión. 
La propuesta presentada al inicio del debate por la Comisión de Presupuestos contiene muchos puntos importantes. 
Me gustaría mencionar algunos. 
En relación con la agricultura, la comisión otorgó a la ayuda a la exportación de ganado vivo una rúbrica independiente. 
Esto significa que estaremos en mejor posición para controlar esta actividad tan controvertida. 
Creo que la rubrica en la que se están enmarcando los créditos para el desarrollo de las vacunas marcadoras es especialmente importante. 
Hasta el momento la Unión Europea ha trabajado según el principio de que, por ejemplo, los animales no deben vacunarse contra la fiebre aftosa, porque entonces no se puede decir si la inmunidad se debe a la infección que extiende la enfermedad o a las vacunas. 
Pero está claro que hay que usar las vacunas para conseguir una prevención duradera de las enfermedades animales. 
Los créditos para el desarrollo rural superan el umbral financiero. 
Nuestro grupo no puede apoyar esta enmienda propuesta por el Grupo PSE porque no es compatible con una buena administración. 
Además no queda claro si estos fondos se podrían utilizar porque ya han entrado en vigor unos reglamentos equivalentes sobre el tema de la financiación. 
Creemos que es inevitable que los créditos de pago de los Fondos Estructurales se vayan incrementando de forma adecuada, para evitar que los compromisos pendientes, o RAL, queden fuera de control, como ha ocurrido hasta ahora. 
El principal problema que tenemos con el proyecto de presupuesto se refiere a la reconstrucción del Iraq. 
Nuestro grupo no puede apoyar la propuesta del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos) y Demócratas Europeos de gastar 500 millones de euros en ayuda para la reconstrucción del Iraq. 
En cambio, estamos dispuestos a apoyar una financiación extra de unos 200 millones de euros además de los 100 millones concedidos en ayuda humanitaria. 
Pero en nuestra opinión, la mayor parte de este dinero –aproximadamente 100 millones de euros– debería financiarse a partir del instrumento de flexibilidad ya que de lo contrario entraríamos en conflicto con las prioridades del Parlamento. 
Existe controversia dentro del Parlamento sobre la ayuda destinada a las organizaciones y los organismos. 
El Grupo ELDR está plenamente a favor de eliminarla porque contraviene el actual Reglamento Financiero. 
Al fin y al cabo, no es más que una especie de favoritismo. 
En nuestra opinión, el Parlamento Europeo no es una comisión o una agencia que deba responder a solicitudes de ayuda o subvenciones. 
Por este motivo deberíamos abandonar este sistema. 
Con estas observaciones, apoyamos los informes del Sr. Mulder y la Sra. Gill. 
– Señor Presidente, Comisaria, he seguido con detenimiento y en nombre de mi grupo el trabajo de los ponentes de presupuesto, el Sr. Jan Mulder y la Sra. Neena Gill. 
Quiero darles las gracias por su diligencia y la transparencia con que han trabajado, aunque nuestras conclusiones para el presupuesto del próximo año no sean las mismas en todos los ámbitos. 
A nuestro grupo le habría gustado que el Sr. Mulder se hubiera acercado un poco a nosotros en la rúbrica 4 del presupuesto, para que hubiera podido adoptarse nuestra propuesta de créditos para Palestina y Timor Oriental. 
En el debate del presupuesto del próximo año también se ha prestado muy poca atención al grave problema de Oriente Próximo. 
A nadie de nuestro grupo le gusta tampoco la propuesta de la Sra. Gill de utilizar una dotación del presupuesto para apoyar a los partidos políticos europeos con fondos del Parlamento. 
En nuestro grupo muchas personas creen que ayudar a los partidos políticos europeos no haría más que limitar la democracia en vez de aumentarla. 
Me gustaría llamar su atención hacia el hecho de que el Consejo haya eliminado de los reglamentos que rigen a los partidos la cláusula que decía que un partido europeo no puede ofrecer fondos a los partidos nacionales en las elecciones nacionales. 
Ahora sí pueden, y esto significa que el dinero de los contribuyentes europeos se gastará en propaganda para las elecciones nacionales. 
Por otro lado, apoyamos las ideas que nos ha presentado la Sra. Gill en la comisión sobre la necesidad de que el trabajo del Parlamento Europeo sea más eficiente. 
Por ejemplo, hay que revisar con detalle el exceso de asignaciones para el servicio de coches del Parlamento este año, y no podemos introducir para el año que viene un nuevo sistema de solicitud de devolución de gastos por el uso de taxis sin que se haya decidido en el pleno. 
También debemos hacer un esfuerzo decidido para defender el Estatuto de los Diputados, para que podamos desechar un sistema que permite reclamar gastos de visaje por motivos que no están claros. 
La mayoría de nuestro grupo critica la asignación de 500 millones de euros en el presupuesto del próximo año para la reconstrucción del Iraq, aprobada en la comisión por un voto del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos) y Demócratas Europeos. 
Esto no es ayuda solidaria para el Iraq, sino para los Estados Unidos de América. 
Parece que en Europa la Derecha se ha postrado a los pies de los Estados Unidos. Quieren compartir los costes de la guerra del petróleo estadounidense de una forma que sobrepasa en gran manera la necesidad de ayuda establecida en 200 millones de euros, como proponía la Comisión. 
De este modo, la Derecha quiere utilizar el dinero que pagan los contribuyentes de la UE para apoyar la guerra ilegal de EE.UU., la ocupación ilegal por parte de los Estados Unidos y el gobierno títere que han establecido en el Iraq. 
Nuestro grupo está dispuesto a debatir las propuestas de la Comisión para ayudar al Iraq, pero rechazamos el gesto político del grupo PPE-DE ante el Presidente Bush y su coalición para la guerra. 
Otros representantes de nuestro grupo expresarán su posición en relación con los problemas relacionados con los Fondos Estructurales. 
Señor Presidente, yo también quiero empezar dirigiéndome a los ponentes en nombre de mi grupo. 
Mis felicitaciones a la Sra. Neena Gill, que ha conseguido resaltar el valor del dinero tanto en el presupuesto como en la resolución. 
Sé que es importante para ella, y comparto su opinión al respecto. 
Al igual que el Sr. Jan Mulder, que en los Países Bajos no sería bajo ningún concepto mi aliado natural, quiero agradecer en gran manera la favorable cooperación que hemos tenido y la apertura que ha mostrado hacia nuestras propuestas. 
No solo considero que esto es un signo de apertura, por supuesto, sino que además es totalmente racional, porque muchas de nuestras propuestas en realidad han sido aprobadas. 
Y le doy las gracias por ello. 
Sin embargo me gustaría concentrarme en determinadas dificultades, porque todavía quedan algunas. 
El jueves votaremos el presupuesto. 
Y tiene que ver específicamente con aquello en que queremos gastar el dinero de la recaudación fiscal y aquello en que no queremos gastarlo. 
Pero parece que el PPE quiere jugar, sobre todo, a la política de los símbolos, ya que no puedo interpretar de otra manera su propuesta de 500 millones para el Iraq. 
La Comisión Europea ha investigado cuánto dinero puede reservar efectivamente la Unión para el Iraq. 
Eran 160 millones de euros para el año próximo, sin contar la ayuda humanitaria. 
Y, por supuesto parece una miseria en comparación con los miles de millones de los Estados Unidos. 
Pero el cheque de Bush cubre también las tropas que tiene desplegadas sobre el terreno y las inversiones para las compañías. 
En su valoración de la capacidad de absorción, la Comisión se refería exclusivamente a la situación de la seguridad en el Iraq. 
Y aquí entran los castillos en el aire del PPE. 
Porque esta propuesta que más que triplica la cifra que propone la Comisión debe ser sobre todo una señal de que los Estados Unidos tienen la situación bajo control, que las cosas están yendo realmente bien en el Iraq. 
Pero de momento es sobre todo una señal de que el PPE no está realmente preocupado por el gasto del dinero procedente de los impuestos. 
Esta generosidad es totalmente opuesta a los planes del PPE para el Afganistán. 
Porque es un país más pobre que el Iraq y con unas oportunidades de desarrollo considerablemente menores. 
Aquí, de repente el PPE establece todo tipo de nuevos requisitos para el gasto de dinero que no son nada prácticos. 
Ya lo saben. 
Pero los afganos recibirán 35 millones de euros menos si la Comisión no consigue frenar el comercio de drogas e imponer un cambio para el cultivo de otros productos. 
Lo más interesante es que el PPE, que suele mantener bajo sospecha natural a la Comisión Europea, ahora, de repente, está totalmente convencido de que la Comisión Europea puede tener éxito allí donde los Estados Unidos han fracasado en la guerra contra las drogas en otros países. 
De modo que es un nuevo ejemplo de la política de símbolos, pero en este caso con unas consecuencias potencialmente peligrosas. 
A los Verdes también se nos critica a veces por jugar a la política de símbolos. 
Me refiero por ejemplo a nuestra enmienda relacionada con la financiación de los fondos estructurales, para que se diga explícitamente que no hay que gastar ningún dinero europeo en proyectos que no sean coherentes con las directivas europeas como la Directiva Hábitat o la Directiva de Aves. 
Superfluamente, la Comisión de Presupuestos lo ha decidido casi por unanimidad, porque es lógico que no se utilice el dinero fiscal para contravenir las leyes, y yo también lo encuentro lógico. 
Si no fuera porque podría darles toda una lista de proyectos en los que en algunos casos incluso el tribunal ha decidido que infringen las directivas europeas. 
Mencionaré solo algunos de los proyectos que reciben dinero de los fondos estructurales: la presa del río Odelouca en el Algarve en Portugal, la presa de Alqueva en Portugal, el proyecto del puente Rücken en Alemania, la cuenca del Ebro en España, el estuario de Boyne en el noreste de Irlanda. 
En los últimos cinco años se han registrado 529 infracciones de la legislación medioambiental europea. 
¡Permítannos en cualquier caso asegurarnos de que esto no ocurrirá con el dinero de los contribuyentes europeos! 
Hace un momento, la ponente Gill ha dado su apoyo a mi enmienda a favor de unas cuantas bicicletas, para que los parlamentarios podamos recorrer distancias cortas de forma más barata y sostenible. 
Y ha hecho mucha gracia, lo que hasta cierto punto es perfectamente comprensible. 
Pero, por supuesto, Sus Señorías no tienen ninguna obligación de ir en bicicleta. 
De la misma forma que yo me negaría a tirar esos 50 euros a la semana, que constituyen nuestra generosa asignación diaria, en un viaje en taxi, Sus Señorías no tienen por qué ir en bicicleta. 
¡Pero den a quienes quieran la oportunidad de hacerlo! 
Ayer dije en la Comisión de Presupuestos que a cambio del apoyo a favor de esta enmienda en esta Cámara me complacería llevar al Presidente de la Comisión de Presupuestos en un paseo de prueba. 
Y aprovecho esta oportunidad para repetir mi promesa en público. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias a los ponentes, a la Comisión, al Sr. Wynn y al personal de Secretaría, excelentemente dirigidos, como siempre, por el Sr. De Feo. 
Señorías, este presupuesto con el que la Europa de los 15 llega a su fin es histórico porque nos lleva, al final, a la Europa de los 25; además, podría considerarse un presupuesto de precampaña para las elecciones. 
Las soluciones que hemos encontrado se aplican a todo y a todos. 
Lo que me preocupa en este caso es qué ocurrirá después, lo que me preocupa es en definitiva la adhesión de diez países. 
¿Cómo nos las arreglaremos después? 
Debemos empezar a pensar en ello desde hoy mismo, esforzándonos por revisar la Perspectiva Financiera, esforzándonos por inyectar nuevos recursos, esforzándonos por revisar a fondo nuestros procedimientos, porque inevitablemente habrá más complicaciones cuando seamos 25 a debatir los asuntos en vez de 15: Debemos empezar hoy, ahora, y no cuando nos encontremos ya en un estado de emergencia o urgencia. 
Quiero resaltar este punto porque podríamos tener graves problemas, independientemente de la alineación política. 
Quisiera centrarme en tres puntos. 
Primero, el Iraq. 
Existe un intenso debate sobre la enmienda propuesta, pero no veo por qué tiene que haber indignación. 
Hemos proporcionado 1 000 millones de euros a Palestina, hemos proporcionado más de 1 000 millones de euros a los Balcanes, también hemos proporcionado mucho dinero, 1 000 millones de euros, a Afganistán. 
No creo que asignar 200 millones de euros y después pedir al día siguiente que esta cifra se aumente a 500 millones de euros sea un agravio, a menos que queramos tratar las crisis internacionales de forma distinta según nuestras valoraciones políticas, lo que no nos afectaría a nosotros políticamente sino que afectaría a los pueblos en cuestión. 
En segundo lugar, ciertamente me gustaría centrarme en la inversión en los TEN, que es importante y que debemos intentar apoyar porque significa desarrollo y puestos de trabajo. 
Por lo tanto, quisiera darles las gracias por defender esta enmienda, pero, dicho esto, me gustaría pedir aún más recursos para intentar que los TEN se conviertan en un instrumento político en toda Europa y no sea una simple decisión técnica. 
En tercer lugar, una de las enmiendas presentadas es extremadamente importante, y quisiera pedir a todos los grupos políticos que la tengan en cuenta: una enmienda sobre el centro de alojamiento para funcionarios discapacitados, el centro. 
Vamos a votar a favor de la enmienda y quiero pedir a todo el mundo que incrementen su sensibilidad por este tema. 
Nos sentiremos orgullosos de ello y conseguiremos inspirar más confianza, ahora y en el futuro. 
Empezaré con algunas observaciones sobre la rúbrica 4, el principal punto de discusión. 
Por supuesto nos parece prematura la propuesta de la Comisión de trasladar el apoyo a Turquía de la rúbrica 4 a la rúbrica 7, el apoyo a la preadhesión. 
Al fin y al cabo, este país no es un país candidato con unas perspectivas concretas de adhesión. 
Después, la ayuda para la reconstrucción del Iraq. 
Nos resulta embarazoso que los diputados de la izquierda, en concreto, no quieran superar la cifra de 200 millones de euros. 
Es una miseria en comparación con los 1.500 millones de euros que se votan en Japón y los 22.000 millones de euros que los Estados Unidos están reservando, además del gasto en el que ya han incurrido para la liberación de dicho país. 
La enmienda del Sr. Wurtz y otros no es nada menos que una bofetada en la cara de cada iraquí que ha sufrido durante años la tiranía de Sadam Husein, el asesino aclamado abiertamente por Arafat y muchos palestinos incluso después de que se dieran a conocer sus atrocidades. 
Además, Arafat ha canalizado cientos de millones hacia cuentas secretas. 
En la medida en que este dinero va a ayudar al terrorismo, no podemos decir a nuestros votantes que la Unión Europea sigue siendo el principal patrocinador de la autoridad palestina. 
En lo que se refiere al informe Gill, estamos de acuerdo con la enmienda número 1 del Sr. Walter. 
Indica correctamente la necesidad de coordinar el apoyo al multilingüismo tanto aquí como en otras instituciones, con las necesidades reales. 
La cultura que rodea a las solicitudes de devolución de gastos de viaje y reuniones en la Comisión de las Regiones sigue preocupándonos en gran manera. 
El auditor interno debe tener ayuda suficiente para realizar su trabajo de forma adecuada. 
Finalmente, pedimos al Consejo que haga honor a todas las modestas peticiones del Tribunal de Cuentas. 
La prevención de nuevos fraudes exige no solo una gestión financiera sólida sino también un gran control externo. 
– Señor Presidente, Comisaria, Señorías, no puedo dirigirme al Consejo porque solo está representado por funcionarios muy dignos, pero espero que la ausencia de la Presidencia sea un buen indicio y signifique que el Consejo está de acuerdo con las disposiciones que el Parlamento va a adoptar y que tendremos una segunda lectura sin controversias y por lo tanto muy simple. 
Yo también quiero dar las gracias tanto a los ponentes por su trabajo y sus conocimientos como a todos los que han participado en este esfuerzo colectivo. 
El Sr. Mulder merece mi agradecimiento por haber dicho, en concreto, que este ejercicio nuestro anual está en peligro de quedar reducido a una ficción política, una serie de buenas intenciones y buenos propósitos. 
Nos hemos convertido en una simple ONG muy cara. Nos permitimos modificar y comentar el presupuesto y hacer recomendaciones que después invariablemente no se ponen en práctica. 
No hay más que examinar los miles de millones de euros que devolvemos cada año a los Estados miembros; lamentablemente, no hay más que mirar el total de compromisos pendientes. 
He tomado nota del compromiso de la Comisaria Schreyer de ofrecernos inmediatamente una respuesta práctica, para que el año financiero 2004 sea un año histórico también en este sentido, en otras palabras, para que pueda haber, por fin, algunas similitudes entre lo que las autoridades presupuestarias deciden y lo que después se hace en realidad con el presupuesto de 2004. 
De los muchos puntos positivos y negativos que podría mencionar, quiero centrarme en la cuestión de la enmienda sobre el Iraq. 
El Sr. Walter nos ha dicho que su grupo, y él mismo, no tienen intención de apoyar esta enmienda. 
Además, hemos leído en los periódicos que el Gobierno alemán ni siquiera estará representado en Madrid, como, de hecho, no lo estuvo en la reunión del Consejo Europeo. 
Esto está empezando a convertirse en un hábito; no sé si también allí estará representado por Francia. 
Sin embargo, no hay ninguna duda de que de cara a la resolución del Consejo de Seguridad y la nueva fase que está empezando, ahora tenemos el problema de que la respuesta de Europa sigue siendo la misma que antes de la resolución del Consejo d Seguridad, que, repito, está entrando en una nueva fase en la que todos los grupos políticos, o muchos de ellos al menos, incluso los hostiles, han modificado sus posiciones. 
Creo que no podemos permanecer inactivos y enviar a la Comisaria Schreyer a la Conferencia con esta suma ínfima y, francamente, ridícula para lo que considero una propuesta importante, que, aunque haga naufragar la Perspectiva Financiera, es, al menos, un intento de conseguir una unidad y una política común, que requiere el apoyo del presupuesto. 
Por este motivo daremos nuestro apoyo a la enmienda. 
Finalmente, sobre el informe Gill, quisiera subrayar lo que la ponente ha dicho sobre la necesidad de proporcionar a los ciudadanos más información, un ámbito en el que nos complace expresar nuestro acuerdo. 
Doy las gracias a la ponente por haber aceptado esta enmienda dirigida a reforzar la política de información electrónica y conseguir que todos nuestros debates se transmitan a los ciudadanos por Internet a partir del próximo año. 
– Señor Presidente, quiero hablar de dos enmiendas presentadas por el Grupo del PPE-DE y rechazadas en comisión, y que ahora hemos vuelto a presentar al Pleno. 
La primera ya ha sido citada repetidamente hoy, y es la relativa a las aportaciones a los partidos políticos europeos. 
La mayoría de las cuestiones que nuestro Grupo propugnaba han sido incluidas en la versión final del apartado, excepción hecha de que existe una reserva sobre el importe total. 
Queremos que se suprima dicha reserva. 
Nos gustaría señalar que, lejos de la supuesta falta de un código de conducta, es seguro que se habilitarán medidas para garantizar la separación entre los tipos de gastos –entre el gasto informativo y el político–, así como un código de conducta aplicable a la utilización de los créditos incluidos en esta rúbrica. 
Queremos que se suprima dicha reserva. 
Es evidente que no va a haber ningún gasto antes de junio del año que viene, es decir, hasta después de la celebración de las elecciones. 
Y debemos confiar en la buena fe de los miembros de los partidos políticos en el Parlamento Europeo. 
El segundo punto es la ínfima partida de 37 000 euros, referente la creación de un puesto de categoría A7 en la oficina de la Comisión en Washington. 
Esta tarde hemos vuelto a escuchar a varios oradores que realmente no están demasiado a favor de las buenas relaciones entre el Parlamento Europeo y el Gobierno estadounidense. 
Esta pequeña inversión tendrá un rendimiento extraordinario en términos de cooperación y entendimiento mutuos, y quisiera rogarles encarecidamente que mejoren la mayoría de un solo voto en la comisión con un voto satisfactorio en el Pleno. 
El tercer punto no es conflictivo. 
Pido encarecidamente al Grupo del PPE-DE, en calidad de ponente alternativo para el informe Gill, que apoye la enmienda presentada por el Sr. Walter en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Se refiere a la necesidad de revisar con detenimiento la cuestión de las actas literales. 
Antes de nada, celebro la labor tan rápida y precisa que realiza el personal del Parlamento para elaborar las versiones literales de las intervenciones en esta Cámara. 
Estas se traducen a los principales idiomas en el plazo de pocos días, pero no es realista esperar que se vayan a producirse traducciones literales completas en todos los idiomas de la Unión Europea ampliada. 
Necesitamos sacar mayor rentabilidad y adaptar los escasos recursos de interpretación y traducción para obtener el máximo provecho. 
Sin lugar a dudas, el camino a seguir son las peticiones individuales, tal como se plantea en la enmienda para hacer frente a necesidades concretas. 
La Unión Europea necesita utilizar la tecnología más novedosa disponible para satisfacer dichas exigencias. 
Preveo que tendrá que haber un sistema de autorización y control, pero eso demostrará las necesidades reales de la gente y proveerá la flexibilidad a que debemos aspirar. 
De esta forma responderemos a los deseos de los ciudadanos europeos, en vez de producir montañas de papel que arrasan los bosques y que corren el riesgo de no ser leídas. 
Mis dos últimas consideraciones se refieren asimismo a los aspectos lingüísticos, en primer lugar al pleno multilingüismo controlado. 
En la enmienda 4, nosotros propugnamos la adopción de medidas específicas por parte de la Mesa y «la evaluación del informe de la Comisión de Presupuestos sobre la base de un documento de trabajo elaborado por su ponente». 
Se trata de un asunto muy importante. 
Implicaría al Centro de Lenguas de Luxemburgo y supondría un refuerzo del teletrabajo. 
Mi observación final se refiere a la consideración del multilingüismo ampliado del nuevo Parlamento. 
Hemos de garantizar la aplicación de medidas adecuadas y concretas para ayudar a los países en vías de adhesión a orientarse con mayor facilidad que la que tuvimos nosotros hace unos años. 
– Señor Presidente, a la vista de algunos de los asuntos que se han discutido en este debate, tengo que estar recordándome continuamente que se trata de la primera lectura. 
Uno de los problemas radica en que el debate se centra en aquello que ya hemos votado en la comisión y seguramente habremos de votar en el Pleno del jueves. 
El resultado final tal vez sea el mismo; pero podría ser diferente en determinados apartados, tal como la categoría 1 b) , para la que en comisión votamos una cifra superior al margen de los 83 millones de euros para las zonas menos favorecidas. 
Mi amigo y colega, el Sr. Walter, ha apuntado que posiblemente se produzca una alteración del voto de su Grupo concreto, en cuyo caso no existiría una mayoría cualificada y, por consiguiente, el problema quedaría resuelto. 
Sin embargo, si se produjera una mayoría cualificada, no debemos olvidar que se trata de la primera lectura y la cuestión podría solucionarse a su debido tiempo. 
Es mucho lo que se ha dicho acerca del tema que esta dominando la categoría 4: a saber, lo que se ha de hacer en cuanto a la financiación del Iraq. 
Con independencia de que aprobemos o rechacemos la enmienda a favor de los 500 millones de euros, no debemos olvidar –como no me canso de decir– que se trata de la primera lectura. 
En cuanto al tema del Iraq, también merece la pena mencionar que el Consejo por primera vez ha invitado al Sr. Brok y a mí a viajar a Madrid para asistir a la Conferencia de Donantes, un ofrecimiento extremadamente generoso y bienvenido. 
Desgraciadamente, ninguno de los dos podemos ir, pero nos sustituirá la Baronesa Nicholson, de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, y la Sra. Jensen, de la Comisión de Presupuestos, por lo que al menos estaremos representados. 
Como Presidente, mi función consiste en acatar la posición de la comisión, no oponerme a ella. 
Soy consciente de que soy un servidor de la comisión e intento reflejar lo que hemos votado. 
Y luego, después de la votación en el Pleno, es mi obligación asimismo reflejar dicha posición. 
A la hora de hablar de los 500 millones de euros, tengo una cierta confusión. 
Sé lo que hemos votado, pero también sé lo que se ha dicho. 
Por ejemplo, cuando el Comisario Patten se dirigió a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y a la Comisión de Presupuestos –la Sra. Schreyer presentó sus excusas, ya que se encontraba en otra reunión a la misma hora–, dejó sentado que 200 millones de euros eran, en opinión de la Comisión, el máximo que podía destinarse, sobre la base de la evaluación de las necesidades. 
Durante la Cumbre de Bruselas de la semana pasada, que he seguido con gran interés, ni un solo Estado miembro ha solicitado una cantidad superior a los 200 millones de euros. 
Cuando el Comisario Patten planteó sus propuestas, señaló que esa era la cifra que presentaría en Madrid en la Conferencia de Donantes. 
También he escuchado esta mañana –y no sé si es cierto– que el Congreso de los Estados Unidos ha rechazado el importe previsto para la ayuda al Iraq por el Presidente Bush. 
La han divido en dos, alegando que la mitad del importe podría concederse en calidad de subvenciones, pero que la otra mitad tenía que ser en forma de préstamos. 
Esta información hay que verificarla, pero es lo que me han contado esta mañana. 
Si no aprobamos los 500 millones de euros y la cantidad de 200 millones es la cifra final acordada por la Comisión, el Comisario Patten también ha afirmado que en el caso de que dicha subvención se invierta de forma rápida y eficiente, la Comisión podría retomar el tema con un presupuesto suplementario y rectificativo. 
Yo preguntaría a la Sra. Schreyer si nos lo puede confirmar. 
Es vital saber –antes de la votación del jueves– si, en el caso de que los 200 millones de euros sean aprobados por el Parlamento e invertidos a continuación con prontitud, la Comisión retomará el tema y destinará más dinero el año que viene, sobre la base de las necesidades. 
No perdamos de vista de que, en el caso de que no se aprueben los 500 millones de euros, nuestra posición se cifra en 30 millones de euros. 
Entonces, lógicamente, tendríamos que estudiar la propuesta de los 200 millones de euros y tengo la esperanza de que, si se rechazan los 500 millones de euros, no decidamos que 30 millones de euros es la cantidad a que nos comprometemos plenamente. 
Espero que todos los Grupos políticos opten por el máximo de 200 millones de euros, si bien repartidos a lo largo de dos años. 
No olvidemos que aún se precisa un acuerdo por codecisión y que el Consejo también tiene que estar conforme con dicha cifra. 
Luego viene el arduo proceso durante la conciliación en torno a la procedencia del dinero. 
Si somos tan ingenuos como para creer que todo él provendrá de la flexibilidad, entonces nos esperan bastantes noches interminables de conciliación cuando haya que negociar el tema. 
– Señor Presidente, tal y como han dicho varias personas, este es, por supuesto, el primer año que trabajamos con un presupuesto por actividades; la idea es que el presupuesto debería reflejar mucho mejor las prioridades políticas y que debería ser más fácil saber dónde invertimos nuestro dinero. 
Sin embargo, me parece que no nos estamos dando cuenta en absoluto de la mejora de este año, porque, como se ha visto en el debate de hoy, naturalmente todavía el presupuesto está dividido en apartados de gastos y todavía debemos respetar los límites fijados para estos apartados de gastos. 
Esto que implica que el trabajo presupuestario sigue siendo un ejercicio muy técnico donde es fácil perder de vista las opciones políticas. 
Espero que, tal y como ha sugerido usted, señor Comisario, la situación mejore en el futuro. 
Por supuesto, es importante, entre otras cosas, que veamos los presupuestos de las agencias, las agencias descentralizadas, en el contexto de las prioridades políticas. 
Evidentemente, es verdad que en la Unión Europea tenemos agencias cada vez más descentralizadas, cada una de las cuales cumple tareas con grandes prioridades políticas, como la seguridad alimentaria o la aprobación de medicamentos. 
Debemos tener cuidado de que la creación de agencias descentralizadas no comporte gastos indebidamente elevados para la Unión Europea, pero naturalmente también hemos de garantizar que estas agencias cuenten con los marcos financieros para poder realmente llevar a cabo las tareas. Por este motivo es importante que hayamos conseguido el presupuesto por actividades. 
Además, estoy de acuerdo con la demanda del Sr. Mulder de una mayor transparencia en el Parlamento y una mayor capacidad por parte de este para controlar los presupuestos de las agencias. 
Tengo un par de cosas más que quiero decir. 
En lo que respecta al presupuesto de este año, quisiera hacer hincapié en que, en relación con la ampliación, hemos destinado más dinero a garantías para préstamos. 
Esto puede consolidar el trabajo del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Europeo de Desarrollo relacionado con el desarrollo del sector bancario en los nuevos Estados miembros, y creo que, a cambio de muy pocos recursos, obtendremos un efecto de amplia distribución y podremos conseguir un crecimiento económico considerable, tal y como hemos escuchado en las audiencias de la Comisión de Presupuestos en torno al trabajo de los dos bancos. 
Por último, pero igual de importante, espero que podamos encontrar una solución al problema de las oficinas de información o lo que se conoce como Puntos de información y centros Carrefour, que, a partir del próximo año, verán recortadas sus subvenciones por problemas con el Reglamento Financiero. 
Espero que podamos encontrar una solución y que la Comisión nos ayude a encontrarla. 
– Señor Presidente, el presupuesto de 2004 será el primer presupuesto de la Europa ampliada. 
La ocasión es buena para dar la bienvenida a los diez nuevos Estados miembros, incluso si las drásticas condiciones de adhesión han impuesto a esos pueblos un tratamiento de choque. 
Pero quiero circunscribirme aquí a una pregunta: ¿está este presupuesto a la altura de los desafíos que la Unión debería afrontar hoy para conseguir un mundo más justo y solidario? 
Cabe la duda y la preocupación. 
Pienso en primer lugar en Palestina. 
¿Cuál es la ambición europea ante la degradación de las condiciones de vida en los territorios palestinos ocupados, ante la magnitud de la destrucción de infraestructuras básicas, en particular las financiadas por Europa? 
Una enmienda de mi Grupo pide a la Comisión que evalúe las necesidades crecientes de la población palestina y cree una línea presupuestaria específica para la reconstrucción y la rehabilitación de los territorios administrados por la Autoridad Nacional Palestina. 
Esta sería, a mi juicio, una señal política fuerte, mientras que la política de Sharon se dirige ante todo a deslegitimar las reivindicaciones de un Estado palestino, sin el cual, sin embargo, no será posible la paz. 
En el mismo espíritu, mi Grupo acoge con satisfacción la presentación de una enmienda de la Comisión de Desarrollo y Cooperación encaminada a garantizar la ayuda al pueblo saharaui y a velar por que esta no se interrumpa. 
La ayuda al Iraq constituirá uno de los puntos importantes del presupuesto. 
La cuestión de los créditos para la reconstrucción del país permite, una vez más, enviar un mensaje político fuerte. 
Pero ¿es el importe de las ayudas el problema de fondo, ya se trate de 200 ó 500 millones de euros? 
No lo creo. 
Lo urgente es acabar con la ocupación. 
La ayuda política para que el pueblo iraquí recupere lo antes posible su soberanía y su libertad de acción es una condición imprescindible para que él mismo pueda cuantificar sus necesidades y organizar los medios para satisfacerlas. 
En efecto, no nos dejemos engañar por la cara oculta de la ayuda norteamericana, que en cualquier caso se cifra en miles de millones. 
La voluntad del Gobierno Bush es, en primer lugar, abrir la puerta a las empresas norteamericanas, que están ya en el puesto de salida para hacer negocios en el Iraq, como se ha anunciado en una reunión reciente. 
Cuenta desde luego con explotar plenamente la legislación actual, que autoriza a las sociedades extranjeras a adquirir el 100 % de las acciones de los distintos sectores de la economía iraquí. 
¿Es así como se satisfarán las enormes necesidades del país? 
Al decir esto, pienso en todos los servicios colectivos, del suministro de agua a la electricidad, pasando por la educación, los servicios sociales y la salud. 
No creo que este sea el camino. 
La idea de que los fondos sean gestionados por la Reserva Federal norteamericana es inaceptable. 
La Sra. Comisaria habla de la necesidad de mejorar la seguridad en el Iraq. 
Pero mientras se desdeñe la soberanía del pueblo iraquí, no se resolverá ninguno de los problemas existentes. 
La votación de la última Resolución 1511 del Consejo de Seguridad atestigua un simbólico retroceso franco-alemán en esta cuestión, simboliza el nerviosismo europeo ante las presiones norteamericanas. 
Sin embargo, la Unión saldría ganando si dejara oír más su voz a favor del riguroso respeto de los intereses del pueblo iraquí, para que recupere su dignidad lo antes posible y, en el ámbito presupuestario, a favor de un fondo multilateral de asignaciones especiales en que las Naciones Unidas ocupen por fin el lugar que le corresponde. 
Para ello, hay que oír la voz de los iraquíes. 
El pueblo iraquí debe ser lo antes posible protagonista de la reconstrucción y de la democratización de su país. 
Europa saldría ganando haciéndose cómplice y partícipe de este proceso. 
– Señor Presidente, quiero dejar constancia de mi elogio por el ingente trabajo realizado hasta ahora en el proceso presupuestario por parte de los ponentes, coordinadores y también por el presidente de la comisión parlamentaria. 
Me complacen gran parte de los resultados de la comisión hasta el momento. 
En una de las partidas presupuestarias menores proponen un aumento destinado al hermanamiento entre ciudades. 
Quiero invitar a la Comisión a poner coto a las refriegas anuales sobre este tema y aceptar que es una partida presupuestaria relativamente pequeña pero muy genuinamente sentida y apreciada y de la que dependen muchas organizaciones comunitarias. 
En cuanto al desarrollo agrícola y rural, apoyo la idea de incrementar la ayuda a las regiones menos favorecidas en las que la producción agrícola se enfrenta a retos muy graves y concretos en términos económicos. 
Me gustaría alentar, en general, acciones para promover el desarrollo rural con vistas a obtener una aplicación más adecuada de los recursos disponibles en las zonas rurales a partir de las subvenciones de la UE, al tiempo que se garantiza la existencia de incentivos para fomentar la cría de ganado y la siembra de cultivos por los métodos más naturales posible. 
En lo relativo a la pesca, me decepciona mucho que el Consejo se mostrara tan remiso a subvencionar debidamente su propio programa de reforma de la PPC. 
Me siento especialmente defraudado por el hecho de que la propuesta del Parlamento de dotar 150 millones de euros adicionales con vistas a combatir algunas de las graves consecuencias económicas y sociales de la crisis actual en las zonas dependientes del «pescado blanco» haya sido bloqueada por Estados miembros, en concreto por el Gobierno del Reino Unido. 
Coincido con quienes han comentado la estúpida propuesta de concedernos a nosotros mismos una asignación adicional para gastos de taxi al margen del proceso presupuestario. 
No alcanzo a comprender cómo va a reforzar ese planteamiento la buena reputación de este organismo o a contribuir a la presupuestación por actividades. 
– Señor Presidente, quiero pronunciarme acerca de un aspecto concreto del proyecto de presupuesto general para 2004, por cuanto está relacionado con el trabajo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la que soy miembro. 
Deseo asimismo felicitar al Sr. Mulder por su labor. 
En cuanto al gasto agrícola, estoy totalmente de acuerdo con que se ha de hacer mayor hincapié en el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la trazabilidad, el bienestar de los animales y la información del consumidor. 
Todos estos aspectos adquirirán una mayor relevancia a lo largo de los años venideros a través de la Política Agraria Común recientemente reformada. 
Nuestros consumidores esperan que la agricultura europea resuelva estos aspectos multifuncionales y nuestros agricultores están dispuestos a hacerlo. 
Sabemos que ello implica unos costes adicionales con respecto a nuestros socios comerciales, pero es un precio que el contribuyente europeo está dispuesto a pagar en aras de la tranquilidad de conciencia Eso es lo que queremos decir cuando nos referimos al modelo europeo de desarrollo agrícola y rural. 
Bien merece la pena defenderlo, sobre todo en el contexto de la OMC. 
El bienestar de los animales es un aspecto que afecta a todo el mundo en el sector. 
A los colegas que pretenden eliminar las restituciones a la exportación para ganado vivo les pediría que volvieran a analizar las implicaciones comerciales de lo que proponen. 
El foro apropiado para debatir este asunto es la OMC, en la que la UE debe asegurar que existe igualdad de oportunidades. 
El «desarme comercial unilateral» es inaceptable. 
No podemos dejar de apoyar a nuestros agricultores mientras los norteamericanos y los demás mantienen sus esquemas de fomento a las exportaciones. 
Tengo tanto interés por el bienestar de los animales como el que más, como lo tienen todos los agricultores y los que están implicados en la actividad exportadora de ganado vivo. 
Que los animales lleguen en perfectas condiciones redunda en beneficio económico del productor y del exportador. 
Siempre habrá demanda de exportaciones de ganado vivo. 
Si en Europa no aprovechamos las oportunidades de mercado existentes en Oriente Próximo y demás lugares, nuestros competidores de Australia y Nueva Zelanda enviarán sus animales por barco desde el otro confín del mundo para satisfacer esa demanda concreta. 
Señor Presidente, como dispongo de muy poco tiempo, me centraré en tres puntos: las subvenciones al cultivo de tabaco, los gastos administrativos de la Dirección General de Medio Ambiente y Natura 2000. 
El proyecto de presupuesto anticipa, a mi entender, la reforma de la organización común de mercado del tabaco, prevista para 2005. 
En cuanto a la reforma total –se habla hoy de una desvinculación total de las ayudas y no ya de un mero ajuste del sistema actual–, no debería tener lugar antes de 2005. 
El cultivo del tabaco sigue siendo una actividad particular, pues concierne a 110 000 familias y genera 400 000 empleos de temporada. 
Reducir o suprimir las subvenciones al tabaco provocaría la desaparición de pequeñas explotaciones familiares diseminadas por todo el territorio y abriría de par en par las puertas del mercado europeo a los productores norteamericanos. 
Esto no es ni deseable para el medio ambiente y la ordenación del territorio, ni beneficioso para la salud de nuestros conciudadanos, que no dejarán de fumar por ello. 
Por lo que se refiere a los gastos administrativos de la DG 11, registran un aumento exponencial, pues han pasado de 58 millones de euros en 2002 a 83 millones en 2004. 
Es un enorme crecimiento del 43% en dos años. 
Todo esto para aumentar el número de funcionarios encargados de registrar infracciones de la legislación medioambiental. 
Si dichas infracciones representan el 45% de las actividades corrientes, es que la reglamentación comunitaria es pesada, poco adaptada y difícil de aplicar. 
Como sucede en el caso de Natura 2000, es contraria a la voluntad de los pueblos, tal como precisó Francia en el Consejo de Medio Ambiente de junio de 2003. 
Pero ¿es necesario crear un servicio de asistencia técnica dotado con 3 millones de euros, que no resolverá ni la dificultad de aplicación ni la financiación después de 2006? 
En nuestra opinión, ese servicio causará más confusión entre los ciudadanos, que ya tienen dificultades para orientarse entre las funciones reservadas a cada escalón: comunitario, nacional y regional. 
¿Acaso no desea la Comisión obtener, de este modo, poder efectivo sobre la aplicación de la Directiva Hábitats, que no es de su competencia? 
Por todas estas cuestiones, no votaremos a favor de este presupuesto. 
– Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, sin duda hay, en este presupuesto europeo de 2004, cambios o novedades: se ha dicho que es un presupuesto para una Europa de veinticinco, con una nueva nomenclatura, basado en actividades, objetivos y fines. 
Pero eso no representa por fuerza un progreso en lo tocante a la legibilidad, cuando tenemos, por ejemplo, 215 actividades en lugar de la anterior distinción entre gastos administrativos y gastos operativos. 
Por otra parte, pronto se añadirá la novedad de la supresión de la distinción entre gastos obligatorios y gastos no obligatorios y, uno de estos días, veremos el presupuesto del Fondo Europeo de Desarrollo (FED). 
¿Podremos ese día seguir aquí, en el Parlamento Europeo, despachando el debate en dos horas y votar sobre un gasto de 100 000 millones de euros? 
Hay aquí un déficit de democracia presupuestaria: ¡basta ver esta Cámara totalmente vacía! 
Hay también otros déficit presupuestarios. 
En primer lugar, déficit de fiabilidad de las previsiones. 
Las cifras de los importes pendientes de liquidar están ahí: de 6 000 a 8 000 millones de euros en créditos no utilizados cada año, es un problema, sobre todo cuando, por otra parte, no hay dinero para los apicultores, para los ganaderos de ovinos, para los pescadores, etc. Déficit también de justicia presupuestaria: cada año –es una trivialidad– Europa tiene sus ganadores y sus perdedores, ¡y siempre son los mismos! 
La España del Sr. Aznar, que da lecciones a todo el planeta de equilibrio presupuestario, cobra anualmente 8 000 millones de euros en regalías, y sin eso no habría equilibrio presupuestario en España. 
Al mismo tiempo, otros países, que son los más, pagan: por ejemplo, Francia y Alemania. 
En Francia perdemos de 2 a 4 000 millones de euros cada año, es decir, ¡el equivalente a una línea de tren de alta velocidad cada año! 
Déficit también de jerarquía de las prioridades presupuestarias: está bien prever 200 millones de euros para la reconstrucción del Iraq, está bien añadir 200 millones para el Afganistán y 240 millones para cubrir los costes de preadhesión de Turquía, pero ¿acaso son esas las prioridades cuando Europa entera no encuentra en 2004 más que 600 millones de euros para construir el equivalente de una decena de kilómetros de línea de alta velocidad? 
¿Debemos gastar 640 millones de euros en el Afganistán, en Turquía, en el Iraq –que nadie nos obligó a destruir– cuando ni siquiera podemos construir trenes de alta velocidad o grandes redes de transporte? 
El presupuesto encierra una perversión de la solidaridad, lo que, a su vez, obedece a un cuarto déficit, que es un déficit de coherencia. 
Esta es una Europa que, en Lisboa, quiere ser la primera potencia mundial del conocimiento, cosa que ya Nikita Jrushchov quería para su país nada menos que en 1960, para adelantar a los Estados Unidos. 
Esta es una Europa de Erasmus Mundus, que quiere ser una universidad mundial, la Europa de las grandes obras a lo Pericles, la Europa de la política exterior universal, un Shiva con mil brazos, en Cotonú o Mercosur, en Asia, en Sudáfrica, «todo menos armas» , para los pobres e incluso para los ricos. 
Ahora bien, esta Europa de dimensiones planetarias tiene un presupuesto provinciano de 100 000 millones de euros, es decir, del 1% del PIB, porcentaje que no aumenta. 
Dada la contradicción entre estas ambiciones planetarias y el irrisorio presupuesto se plantea la cuestión de saber cuál es la verdad de Europa. 
La respuesta está en los presupuestos: cada año, Europa se deshace en grandilocuentes discursos que, en la realidad, se quedan muy cortos en comparación con las necesidades. 
– Señora Presidenta, nuestros dos ponentes nos han planteado sin duda algunos retos, pero quiero centrarme en tres temas concretos: la ampliación, la reforma de la Comisión y, por último, el Iraq. 
Acepto abiertamente, al igual que mi Grupo, que el objetivo primordial de este presupuesto, tal como ha manifestado el Sr. Mulder, es la ampliación. 
Desde el inicio hemos querido garantizar la existencia de un presupuesto completo para los nuevos Estados miembros, así como la puesta en práctica efectiva de los compromisos. 
No obstante, seguimos siendo conscientes de que existirán muchas dificultades en el funcionamiento cotidiano de una UE con 25 Estados miembros, sobre todo en lo relativo a la traducción y la interpretación. 
Esto me lleva a la reforma. 
En mi Grupo creemos que, en lo que atañe a la reforma de la Comisión, realmente tenemos que asegurar que haya signos de que algo ha cambiado desde 1999. 
Por tanto, hemos puesto en la reserva los 272 puestos de trabajo. 
Una de nuestras principales condiciones es que se realice una evaluación de los cambios que se han producido y las acciones que quedan por llevar a cabo. 
El escándalo de Eurostat y los temas relativos a quienes destaparon las irregularidades y la posición de la OLAF demuestran que la Comisión actúa con lentitud a la hora de atajar los problemas. 
Nos gustaría que esta última cuestión se debatiera de forma independiente sobre la base de una pregunta oral durante el período parcial de sesiones de noviembre en Estrasburgo. 
Tal como han puesto de manifiesto otros oradores durante el debate de esta tarde, nuestro Grupo considera que el Iraq constituye el tema principal de nuestro presupuesto para 2004. 
Doy las gracias a quienes han tenido el valor de pronunciarse a favor de nuestra enmienda. 
Existen tres razones para ello: primero, para nosotros esta es una señal política importante hacia el mundo exterior de que Europa está dispuesta a desempeñar un papel significativo en el empeño humanitario y de reconstrucción en el Iraq. 
Aunque el Iraq es distinto del Afganistán, hemos donado 1 000 millones de euros al Afganistán a lo largo de un período de cinco años, y, si tomamos en consideración la propuesta de la Comisión, habremos concedido 200 millones de euros al Iraq durante un período indefinido. 
Sin embargo, leo en –seguramente uno de los periódicos favoritos del Sr. Wynn– que el Gobierno japonés ha comprometido 5 000 millones de dólares estadounidenses a lo largo de varios años para la reconstrucción del Iraq, en contraste con nuestros 200 millones de euros. 
En segundo lugar, a la vista de la votación unánime de la semana pasada en las Naciones Unidas y la revelación por parte de de que los Estados Unidos han dado su consentimiento a que una agencia conjunta del Programa de Desarrollo de la ONU y del Banco Mundial administren los fondos, resulta más sencillo para nosotros en Europa pensar en asignar una mayor subvención a la reconstrucción del Iraq. 
Hemos de reconocer, señor Walter, que algunos países se mostrarán menos eufóricos por culpa de su posición respecto de la guerra, pero considero que ya hemos vuelto esa página, y que quienes miran al futuro en nuestro Parlamento –y de hecho quienes apoyan a los Estados Unidos en momentos de necesidad– apoyarán la enmienda del Grupo del PPE-DE. 
Por último, creemos que esta enmienda en concreto no resulta incompatible con la financiación de otros ámbitos y no afectará a las subvenciones existentes; la propia enmienda hace referencia a ello. 
Señor Wynn, usted ha comentado que la propuesta de la Comisión no está basada en evaluaciones, sino en disponibilidades. 
Creemos que el dinero se necesitará para 2004. 
Usted también ha mencionado que se trata de una primera lectura. 
Realmente tendríamos que estar en condiciones de aprobar nuestra enmienda dentro de los límites de la perspectiva financiera y, caso de que decayera la enmienda, nosotros como Grupo nos reservaremos por supuesto el derecho a considerar si la propuesta de la Comisión es la correcta. 
Por tanto, en este presupuesto queremos preparar a la Unión para la ampliación, queremos garantizar que se pongan práctica las reformas de las instituciones, pero sobre todo, queremos una Europa que desempeñe su papel en el mundo. 
Por eso solicitamos a la Cámara que apoye nuestra enmienda destinando 500 millones de euros para el Iraq. 
Señora Presidenta, este es el último presupuesto que aprobará este Parlamento y, por tanto, quizá también el último que votaremos muchos de nosotros. 
Por ello, me parece que es hora de hacer balance de nuestra labor presupuestaria a lo largo de la legislatura y confieso que mi evaluación no es unívoca. 
Quisiéramos quedarnos solo con aspectos positivos, como las mejoras en el procedimiento presupuestario, en el funcionamiento de nuestra propia Comisión de Presupuestos y en el logro de la primera revisión de las perspectivas financieras desde 1993. 
Pero no podemos olvidar que el peso del presupuesto europeo ha disminuido respecto al PIB, que es manifiestamente insuficiente para los objetivos de la Unión y que, paradójicamente, cada año sobran créditos por baja ejecución. 
Creo que tanto la Comisión como el Parlamento tienen el deber de manifestar su opinión sobre las perspectivas financieras futuras para que la próxima Comisión y el próximo Parlamento lo tomen como base de sus reflexiones. 
A pesar de su escuálido volumen, el presupuesto de la Unión parece omnicomprensivo y agradezco la cooperación del ponente general para hacer encajar nuestras diferentes solicitudes. 
Y así vemos que se contempla desde la protección del cultivo de la avellana a un proyecto piloto para ayudar a las víctimas del terrorismo. 
Quisiera subrayar que los Reglamentos de las OCM o de los Fondos Estructurales deben cumplirse y no es el presupuesto el momento procesal para enmendarlos. 
Ahora bien, si hay algún tema estrella, algún objetivo, Señorías, en este presupuesto 2004, a mi juicio se trata de preparar la Unión a la ampliación, a la integración de diez nuevos Estados y, con la experiencia que me procura el haber sido yo mismo- ya hace unos cuantos años- observador de un país candidato, mi pronóstico es que la integración será un éxito. 
Añadiría que, especialmente, gracias a la tenacidad y ambición del Parlamento, ya que la primera reacción del Consejo fue más propia de contables obsesos que de políticos conscientes del reto histórico que teníamos ante nosotros: la mayor y más difícil ampliación abordada jamás en el proyecto de la construcción europea. 
El Consejo trató de tener todo bien atado y se negó a una revisión de las perspectivas durante bastantes meses y también se ha negado a incluir a los 25 desde el 1 de enero. 
Y, sin embargo, en un alarde de frivolidad y demagogia política con escasos precedentes, algunos han intentado ensombrecer ese objetivo central de este presupuesto presentando una enmienda injustificada que añadiría 500 millones de euros a los créditos ya previstos para el Iraq. 
Señorías, hemos aprobado, y el jueves vamos a aprobar en el Pleno, 100 millones de ayuda humanitaria para ese país. 
La Comisión Europea pide y solo puede justificar 160 millones para el año 2004 para una contribución comunitaria a la reconstrucción del Iraq. 
Les puedo garantizar que muchos de los millones de ciudadanos europeos que se opusieron a esa guerra ilegal que carecía del amparo de las Naciones Unidas no comprenden siquiera que la Unión Europea tenga que hacer algo que no sea ayuda humanitaria en el Iraq. 
Les garantizo que a mí me costará mucho explicárselo a mis ciudadanos- mucho- y solo puedo entender esa enmienda como el deseo de lavarse la mala conciencia de haber apoyado una guerra de agresión ilegal. 
Señorías, no tiene justificación alguna. 
Lo único que se puede justificar es- ahora que hay una Resolución de las Naciones Unidas- contribuir con lo que razonablemente nos propone la Comisión. 
Y además les preguntaré- y sé que el amigo Salafranca está a punto de intervenir- de dónde lo van a sacar ustedes, señores del Partido Popular Europeo. 
¿De Latinoamérica? 
¿De Asia? 
¿De África? 
¿Del Mediterráneo? 
¿De dónde lo van a sacar ustedes? 
Porque ustedes saben perfectamente que no hay créditos en ningún sitio, ni utilizando hasta el final el instrumento de flexibilidad. 
Yo, por lo tanto, les pido que sean responsables y conscientes y que retiren la enmienda, para no hacer el ridículo y para que la Unión Europea tenga un presupuesto que la haga digna de afrontar la ampliación y sea un factor de paz. 
– Señora Presidenta, en vísperas de la conferencia de donantes sobre el Iraq, en calidad de ponente presupuestario para la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, quisiera apoyar las propuestas realistas de la Comisión de liberar otros 200 millones de euros para la reconstrucción del Iraq, además de los 100 millones de euros de ayuda humanitaria previamente prometidos. 
Todos los que estén a favor de más dinero europeo para la reconstrucción deben ir con argumentos a llamar a la puerta de los Estados miembros. 
De hecho, me sorprende que países que en un primer momento defendían con entusiasmo una intervención militar en el Iraq, hoy solo quieran liberar fondos muy limitados o no quieran liberar ni siquiera ningún fondo para su reconstrucción. 
Es puro cinismo tener que concluir que ciertos donantes quieren adelantar préstamos al Iraq como si la deuda del pueblo iraquí no fuera ya suficientemente alta. 
Las condiciones establecidas por la Unión Europea para una contribución financiera para la reconstrucción son imprescindibles. 
Es preciso fortalecer la función central de las Naciones Unidas. 
Por lo tanto, el dinero europeo solo ha de depositarse en un nuevo Fondo Fiduciario que creará Naciones Unidas y el Banco Mundial. 
En segundo lugar, la ayuda no ha de destinarse exclusivamente a proyectos de construcción a gran escala confeccionados a la medida de empresas que mantengan buenas relaciones con la Casa Blanca. 
En tercer lugar, también estoy defendiendo que se utilice el 35% de los créditos anuales para la asistencia sanitaria básica y la educación primaria. 
Sin embargo, la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa no desea que se recauden fondos para la reconstrucción del Iraq a expensas de otros compromisos de la Unión, como los relacionados con Afganistán, Oriente Próximo y Latinoamérica. 
No cumplir los acuerdos perjudicaría gravemente la credibilidad y la fiabilidad de nuestra política exterior, y para mí esto es mucho más importante que las acciones de retaguardia política de este Parlamento. 
– Señora Presidenta, el presupuesto de 2004 es contrario a las bases, es una expresión de la política autocrática de la Unión Europea. 
Otro año más, se presenta un presupuesto que fortalece a grandes empresas y la política imperialista expansionista de la Unión Europea. 
La restricción de las partidas presupuestarias a menos del 1% del PIB comunitario, especialmente cuando está llamada a financiar no solo a 15 sino a 25 países, con mayores requisitos de convergencia, pone de relieve la imagen de la promoción de planes para reestructurar, privatizar y liberalizar los mercados, y de la indiferencia con respecto a las necesidades de los trabajadores, los pobres y las clases urbanas y rurales pequeñas y medianas, a quienes se pide que paguen el precio de la crisis. 
Las directrices generales del presupuesto para 2004 de la Unión Europea consisten en recortar el gasto para los Fondos Estructurales y limitar los fondos para la Política Agraria Común, para poder financiar la política de defensa y seguridad europea represiva y agresiva con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y de abordar la inmigración creando y financiando mecanismos represivos, como el ejército, la policía y los guardias fronterizos europeos, el sistema central de datos personales y otros. 
Se están financiando al amparo de los acuerdos los asesinatos de palestinos a manos de israelíes y se está financiando y legitimando la invasión de los Estados Unidos en el Iraq. 
Se mantiene la austeridad de la filosofía de Lisboa impuesta a los trabajadores y a las clases trabajadoras para servir a los intereses de los monopolios, con una mayor explotación, la violación de los derechos de empleo y de seguro de los trabajadores, un desempleo creciente, la destrucción del medio ambiente y la comercialización continua de la salud, la educación y el bienestar social. 
Este presupuesto rechaza categóricamente las pomposas declaraciones sobre la conversión económica y social y no presenta ninguna redistribución sustancial de los ingresos a zonas menos desarrolladas y a las clases trabajadoras que sufren paro, subempleo y pobreza. 
¡Todo lo contrario! 
Si hay alguna convergencia, esta va hacia abajo, arrastrando sectores más amplios de la sociedad a la pobreza y la penuria. 
Los recortes del gasto comunitario en materia de agricultura, en el marco de la filosofía de la OMC y de acuerdo con los Estados Unidos, se enmarcan en la reforma parcial de la Política Agraria Común. 
Al mismo tiempo, se impone la reestructuración y se ejerce presión a favor de cultivos alternativos, como el cultivo de tabaco y otros productos mediterráneos de los que Europa tiene déficit, a la vez que se promueven los organismos genéticamente modificados por presiones de los estadounidenses y sus multinacionales. 
El presupuesto está financiando el exterminio de los pequeños y medianos agricultores. 
Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia votarán en contra de este presupuesto porque, en lugar de resolver, creará nuevos problemas para los trabajadores, los agricultores y las pequeñas empresas de las regiones, y en lugar de contribuir a la paz mundial, promueve la guerra y la hegemonía imperialista. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, quiero llamar la atención de este Parlamento, como autoridad presupuestaria que es, sobre dos líneas de ayuda financiera distintas a las mencionadas últimamente. 
La primera es la de los proyectos de interés común de las redes transeuropeas de transporte. 
El Tratado de Maastricht impuso a la Comunidad la tarea de contribuir a la creación y al desarrollo de redes transeuropeas de infraestructura de transporte, telecomunicaciones y energía. 
Estas redes se enmarcan en el objetivo general de la cohesión económica y social. 
Al respecto, el pasado día 9 la Comisión presentó ante el Consejo de Ministros su nueva propuesta conteniendo una declaración de proyectos de interés europeos. 
Es una propuesta muy ambiciosa, pero que no cuenta con los recursos necesarios. Por ello, propongo en una enmienda que debe darse prioridad a los proyectos de transporte marítimo y fluvial, al ferrocarril y a las conexiones transfronterizas, pero, sobre todo, a aquellos proyectos en los que los Estados miembros ya estén comprometiendo sus recursos de manera significativa. 
Para esto último véase el informe Van Miert presentado el 30 de junio de 2003, porque hay muchos otros proyectos que vienen figurando desde el Consejo Europeo de Essen de 1994 y hoy, nueve años después, aún no han sido abordados. 
Por ello, planteo que la Comisión pueda exigir la anulación e incluso la devolución de la ayuda asignada a una acción si esta no hubiere finalizado transcurrido el plazo de diez años desde su aprobación. 
No obstante, la Comisión tendría la facultad de no aplicar este plazo cuando se tratara de un proyecto de dimensiones extraordinarias o de un retraso fortuito. 
En segundo lugar, el turismo será pronto la industria de servicios más importante de la Unión Europea. 
La Organización Mundial del Turismo prevé una duplicación del número de llegadas de turistas hasta alcanzar aproximadamente los 720 millones anuales en el año 2020, y los 9 millones de personas a quienes da ocupación se incrementarán entre 2 y 3,5 millones más, para alcanzar los 12,5 millones de empleo. 
Por ello, propusimos que a nivel europeo se asignaran recursos para impulsar la promoción, el seguimiento y la evaluación de una política de turismo ecológica y socialmente sostenible que, sin embargo, fue rechazada. 
Confío en que, de cara al futuro, el Tratado constitucional contemple esta actividad como un objetivo comunitario porque nos afecta a todos, a los prestadores de servicios y a los usuarios. 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Presidente en funciones del Consejo, sus Señorías, quiero destacar dos cuestiones en relación con el Presupuesto para 2004. 
Quiero preguntar a la Comisión si realmente cree que tiene sentido, ahora, a principios del nuevo año, dejar de financiar los Centros de Información Europea, los Carrefours, o, de hecho, el hermanamiento de ciudades. 
Incluso ahora me veo a mí mismo preguntándome si la Comisión realmente cree que la imagen que tienen de ella los europeos es tan buena que puede permitirse el lujo de deshacerse de los pocos que se esfuerzan por Europa en estos ámbitos. 
Realmente estoy a punto de hacerme esta pregunta. 
El hecho es que nosotros, no solo en calidad de Diputados al Parlamento Europeo, nunca dejamos de intentar llevar estas cuestiones adelante y de promoverlas y, sin embargo, la Comisión no hace nada con carácter inmediato para que se mantenga la financiación de estos organismos. 
Me parece que ahí es donde debería hacer algo lo antes posible para que podamos financiar, permítanme decirlo una vez más, los Centros de Información Europea, la red de Carrefours, y también los preparativos para el hermanamiento de ciudades. 
Si la gente ya no está del lado de uno, uno pronto se encuentra muy solo, y a la Comisión esto no le resultará muy agradable. 
Permítanme sacar otra cuestión a colación, la de las agencias. 
En el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos hemos propuesto que el 10 % se destine a la reserva para ellas, y gracias a Dios fue aceptada. 
Se trata de posibilitar un seguimiento de las agencias. 
En muchos otros ámbitos hemos viso con anterioridad cómo ha ocurrido todo esto. 
Procuraremos que para el futuro se garanticen suficientes controles en las agencias. 
Permítanme añadir un comentario político. 
Hasta ahora, he supuesto que la categoría 3 existe para financiar políticas internas. 
Ya hay más de diez agencias en esta área, y poco a poco estoy perdiendo las ganas de financiar más y más administración recurriendo a las partes del Presupuesto que en realidad están destinadas a actividades políticas. 
Esta categoría es para financiar políticas, en lugar de trámites burocráticos, y esto debería quedar claro. 
Solo hay una cosa que quiero añadir a todo lo que el Sr. Elles tenía que decir sobre la cuestión del Iraq. 
Y es que nuestros colegas Diputados de otros grupos que ya están demandando un presupuesto suplementario tendrían que ser lo suficientemente honestos como para votar a favor de nuestra enmienda, y permitirnos así contar con fondos suficientes disponibles para todo 2004 y no tener que pedir fondos adicionales dentro de seis meses. 
Creo que un presupuesto verdadero y transparente implica especificarlo a comienzos de cada año para ver de cuánto dinero se dispone. 
Por último, quiero dirigirme al Consejo. 
El pasado noviembre dedicamos grandes esfuerzos, entre la primera y la segunda lectura, a las negociaciones en torno a la ampliación del derecho del Parlamento a ser consultado en materia de Política de Exterior y Seguridad Común. 
Me ha decepcionado la forma en que las tres Presidencias del Consejo nos han dicho que esta resolución se activaría, por fin, si diéramos 10 millones de euros a la Misión Policial. 
Permítanme dejar totalmente claro que todo esto se reduce a que o accedemos a algo o las negociaciones se bloquean. 
Realmente la situación es mala si el Consejo cree que puede arrancarnos algo haciendo promesas en relación con algo que ya ha sido acordado. 
También quiero apuntar que nuestro grupo siempre ha reivindicado fondos para esta Misión Policial. 
En realidad ya no tengo tiempo de dar las gracias a los ponentes, que es lo que quería hacer, pero lo haré de todos modos. 
Muchas gracias. 
Señora Presidenta, con la entrada en vigor del nuevo Reglamento financiero las subvenciones de la antigua Parte A y algunas de la antigua Parte B del presupuesto, que no contaban con actos de base, requerían la adopción de los mismos para su ejecución. 
Con este fin, la Comisión presentó siete actos de base que están actualmente en discusión en cinco comisiones parlamentarias. 
El objetivo inicial era que estuvieran aprobados para los programas de acción para entrar en vigor a partir de 2004. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos para las siete propuestas, no puedo sino deplorar el retraso de la Comisión en la presentación de las mismas, porque ello implica que las distintas comisiones parlamentarias concernidas estén trabajando también con retraso y contra reloj, y dificulta el respeto a la cooperación reforzada entre comisiones que es de aplicación para este procedimiento. 
Todo ello sin olvidar que algunas de las propuestas entrañan dificultades particulares como es el caso de las preasignaciones, entre otras. 
Por otra parte, si tenemos en cuenta que los distintos grupos de trabajo competentes en el Consejo llevan también un retraso considerable, así como las dificultades que se prevén para lograr un consenso entre Consejo y Parlamento- cuatro de las propuestas van por el procedimiento de codecisión -, hemos de reconocer que, siendo realistas, el panorama no es muy alentador y que, en consecuencia, quizá sea muy difícil cumplir con el compromiso que el Parlamento y el Consejo alcanzaron en la concertación del pasado 16 de julio para que estos fundamentos jurídicos se pudieran adoptar antes de finales de 2003. 
Por ello, la Comisión de Presupuestos a través del informe Mulder, solicita a la Comisión Europea, señora Comisaria, que prevea ya la puesta en marcha de las medidas excepcionales transitorias que permitan asignar las subvenciones en el año 2004, tal y como los contempla en la presentación de sus propuestas. 
Por ello, independientemente del resultado final, en los actos de base respecto al asunto de las preasignaciones, la Comisión de Presupuestos ha mantenido para el presupuesto 2004 en su primera lectura la preasignación en las líneas correspondientes, tal y como se había hecho en los ejercicios precedentes. 
Todo ello permitirá que las distintas asociaciones puedan beneficiarse de las subvenciones en el año 2004 en los mismo términos en que se ha venido haciendo hasta ahora. 
Pero sobre todo la ponente considera que, si se puede contar con un período de transición, podremos preparar en mejores condiciones las negociaciones para el procedimiento de conciliación con el Consejo, así como la segunda lectura, al no ser ya esclavos una vez más del calendario; de lo contrario, todo iría en detrimento no solo del rigor y la responsabilidad con que debe trabajar esta Institución, porque estamos legislando, sino, sobre todo, de los programas de acción y sus beneficiarios. 
Señora Presidenta, haré algunos comentarios en relación con la rúbrica 4. 
Yo siempre he sostenido que las tareas de reconstrucción, rehabilitación, pacificación y democratización del Iraq no deben ser de la responsabilidad exclusiva de los Estados Unidos, sino que competen, o deben competer, a la comunidad democrática internacional. 
Y este Parlamento, señor Colom i Naval, democráticamente decidirá cuál es el monto que quiere asignar a esa prioridad, como ya lo ha decidido en la Comisión de Presupuestos. 
Nuestro grupo político entiende que esa contribución debe ser lo más ambiciosa posible, pero eso sí, sin que ello vaya en detrimento de otras áreas geográficas. 
Esos han sido, señora Presidenta, los términos de la resolución que este Parlamento ha aprobado. 
El Sr. Elles ya ha explicado convenientemente cuál es la forma de financiar esa prioridad sin que se haga en detrimento de otras áreas geográficas. 
Y quiero recordar que la previsión de reducir las otras políticas no proviene de este Parlamento, que lo que ha hecho ha sido incrementar la acción exterior, sino que fue el nicho que se preparó la Comisión precisamente para financiar esta prioridad del Iraq. 
Quiero, señora Presidenta, simplemente reivindicar claramente y llamar la atención de la Comisión sobre el hecho de que este Parlamento quiere ejercer plenamente sus competencias presupuestarias y quiero referirme en concreto a una decisión que ha sido tomada por la Comisión de Presupuestos, relativa a un fondo de solidaridad regional entre Europa y América Latina. 
El Consejo Europeo ha establecido unas conclusiones muy claras sobre la situación en Bolivia. 
Este Parlamento va a celebrar mañana un debate y va adoptar una resolución y, por lo tanto, señora Comisaria, quisiera recordarle que este Parlamento quiere ejercer plenamente sus responsabilidades como brazo de la autoridad presupuestaria y portarse como un Parlamento que debate, que rebate, que ratifica y que rectifica, y que no quiere ser- como decía el Sr. Dell ' Alba- una ONG, ni tampoco un contable, sino que quiere ejercer plenamente sus responsabilidades en el ámbito que le compete, según los Tratados. 
– Señora Presidenta, Señorías, quiero decir unas palabras sobre las líneas generales relativas a las agencias, que he acordado con el ponente general en calidad de ponente permanente para el presupuesto de las agencias. 
Aparte de un pequeño cambio, a la hora de abordar el presupuesto de las agencias de este año, hemos seguido la propuesta de la Comisión y, por norma, hemos restablecido el anteproyecto de presupuesto de la Comisión a fin de tener en cuenta las mayores necesidades de las agencias como consecuencia de la ampliación. 
A este respecto hay que indicar que con esta medida a algunas agencias les ha ido muy bien, mientras que el restablecimiento del anteproyecto de presupuesto ha supuesto que otras aún no hayan recibido los fondos que necesitan para completar con éxito las tareas que les han sido asignadas. 
No obstante, hemos de mantenernos fieles al principio de que es el presupuesto el que determina las actividades y no al revés. 
Es inaceptable que los consejos de administración o los directores de las agencias rebasen sus presupuestos sin la aprobación de la Comisión o de la autoridad presupuestaria. 
En cuanto al proyecto de creación de las agencias y a la propuesta del Sr. Mulder al respecto, quiero señalar que el Parlamento, como parte de la autoridad presupuestaria, debe supervisar mejor las políticas de personal de las agencias, a las que han de aplicarse ciertos principios. 
En primer lugar, y por norma, la agencia, a la hora de contratar personal, debe emplear los procedimientos que suelen aplicarse en la Unión Europea. 
En segundo lugar, al contratar personal especializado, que solamente pueda asignarse a grados superiores, es preciso obtener la aprobación de la autoridad presupuestaria en cada caso individual. 
En tercer lugar, las agencias no deben conceder categoría oficial establecida sin el permiso de la autoridad presupuestaria. 
El objetivo de todo esto es que en última instancia podamos lograr cierto control sobre el aumento del personal y de la inflación de los costes. 
Los Estados miembros ya han anunciado su intención de establecer más agencias todavía, e incluso hoy podemos ver que esto superará el alcance de la categoría 3. 
Quiero pedir a la Comisaria que con sus colegas Comisarios reflexione un poco sobre si no tendría sentido establecer una categoría específica para las agencias, para posibilitar que el control sobre ellas mejore y sea más transparente, así como garantizar el derecho del Parlamento a la co-determinación. 
– Señora Presidenta, en primer lugar, yo también quiero dar las gracias al Sr. Mulder por el trabajo que ha hecho con un equilibrio y un compromiso tales que ha logrado un consenso sustancial en la Comisión de Presupuestos. 
El presupuesto de 2004 es prácticamente la continuación de la estructura de 2003. 
El objetivo principal para el próximo año consiste en proporcionar fondos suficientes y un sistema suficientemente bien estructurado para afrontar no solo el desafío de la ampliación, sino también las nuevas responsabilidades que deberá asumir una Europa ampliada en el escenario mundial. 
Quiero centrarme en unas pocas cuestiones, porque ya se han dicho muchas cosas. 
En particular, quiero mencionar la ayuda que el Parlamento reserva para la reconstrucción en el Iraq, especialmente tras la reciente votación de las Naciones Unidas; la confirmación de su compromiso con Afganistán y la confirmación de que es preciso apoyar y mantener los programas en curso, a pesar de las dificultades actuales; y el principio según el cual es necesario orientar con precisión las ayudas a los países en desarrollo, sobre todo en el caso de objetivos prioritarios como la lucha contra la pobreza. 
Por ello me parece esencial garantizar la conservación de los programas Tacis, LRRD y MEDA, y creo que es necesario un nuevo instrumento para actualizar la política de proximidad y ponerla en práctica. 
Por último, quiero mencionar la protección y la defensa de los niños, especialmente los que son víctimas de guerras y desastres naturales. 
Por último, también quiero dar las gracias a la Comisión, que, una vez más, se ha mostrado muy abierta a trabajar con la Comisión de Presupuestos, y espero que, para el próximo año, hayamos tenido éxito en este desafío. 
– Señora Presidenta, Comisaria, miembros de la Presidencia del Consejo, Señorías, las resoluciones del Presupuesto consisten en poner en cifras a la política que se desea aplicar; se trata de convertir las propias prioridades políticas en una estructura adecuada de cifras que resistirán. 
Este año mi grupo, el del Partido de los Socialistas Europeos, ya ha cosechado un nuevo éxito en el desempeño de su función en esta cuestión. 
A principios del año 2002 acordamos que haríamos de Europa el espacio económico basado en el conocimiento más competitivo y dinámico del mundo, con pleno empleo cualificado y una mayor cohesión social. 
Este, el objetivo de Lisboa, es la estrella que nos guía, y no debemos perderla de vista incluso cuando discutimos sobre las líneas menores del Presupuesto. 
Ahí precisamente, entre estas líneas más bien menores, es donde se encuentra el gasto de nuestros planes de acción, «Europe 2002» y su vástago «Europe 2005» , dirigidos a impedir que las regiones y las personas se queden rezagadas por culpa de los precipitados desarrollos de nuestra sociedad de la información. 
A este respecto, también es importante que dispongamos de suficientes fondos para poder integrar rápida y eficazmente las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones en los sistemas educativos y de formación de Europa. 
Learning, un programa plurianual, no solo trata de favorecer la cohesión social y cubrir las lagunas digitales, sino que también mejora las oportunidades para el aprendizaje durante toda la vida y mejora la dimensión europea en la educación, algo que necesitamos. 
Necesitamos personas que sean innovadoras y tengan movilidad, personas capaces de poner las nuevas tecnologías a trabajar en procesos de producción innovadores. 
La innovación crea nuevos puestos de trabajo, más frecuentemente en pequeñas y medianas empresas, a las cuales es preciso ayudar más. 
Sabemos que las pequeñas y medianas empresas dan empleo a más de la mitad de los trabajadores de la Unión Europea, que producen alrededor de la mitad de la cifra total de negocios en la Unión Europea, y que son innovadoras y están orientadas al crecimiento. 
Todo esto se añade al motivo suficiente que tiene una socialdemócrata como yo para seguir insistiendo en la importancia de ayudar a las PYME, ya sea aplicando las líneas de acción de la Carta europea para las pequeñas empresas, ayudándolas a hacer un buen uso de las nuevas tecnologías, o mejorando su entorno financiero. 
En todo ello hemos de prestar especial atención a las empresas muy pequeñas, las microempresas, incluso a pesar de que la Comisión está resultando ser un poco torpe a este respecto. 
El hecho es que conforman la mayoría de nuestras empresas. 
Nuestra PYME media da empleo a cinco personas. 
A partir de ahora debemos esforzarnos más por lograr los objetivos que nos fijamos en Lisboa, en realidad hemos de esforzarnos mucho más en vista de que vamos a tener, en lugar de solo quince, veinticinco Estados miembros a partir de mayo del próximo año. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señores del Consejo, queridos colegas, en primer lugar mis felicitaciones por el excelente trabajo realizado por el ponente general, Sr. Mulder, y por la ponente, Sra. Gill. 
Tengo la convicción de que el presupuesto 2004 va a contribuir al éxito de la ampliación más transcendental de la Unión y, a pesar de lo que hemos escuchado aquí esta tarde, también albergo la esperanza- porque es lo último que se pierde- de que el ámbito presupuestario reconcilie las discrepancias profundas que hemos sufrido en torno a la intervención en el Iraq. 
Pero quiero decir algo sobre otro tema fundamental: la inmigración. 
Esta ha dejado de ser un tema nacional para, incluso con los aspectos dramáticos, convertirse en una cuestión europea. 
Es imprescindible atender con más recursos esta prioridad política. 
Necesitamos perfeccionar el control de las fronteras, luchar eficazmente contra la inmigración ilegal, que casi a diario deja víctimas en nuestras costas, y necesitamos que los países de origen y tránsito gestionen los flujos migratorios de modo eficaz y en el respeto de los derechos humanos. 
Por eso apoyamos, sin paliativos, el aumento de recursos a programas como y damos la bienvenida al nuevo programa de ayuda financiera y técnica a terceros países en este ámbito. 
Señora Presidenta, me parece también muy pertinente en este debate destacar, como lo han hecho otros colegas, que el presupuesto para 2004 crea una línea destinada a introducir elementos de solidaridad europea en la ayuda a las víctimas de actos terroristas. 
Con este proyecto piloto se reconoce de forma singular a este colectivo de ciudadanos europeos y se da el mensaje político de que la Unión escucha su voz y activa la solidaridad también desde el ámbito presupuestario. 
Por último, señora Presidenta, el proyecto de presupuesto para 2004 está en la línea de austeridad y control de gasto tradicional del Consejo. 
Estamos de acuerdo en que esta política presupuestaria debe contribuir a un crecimiento sano y estable. 
Solo si somos rigurosos, si apostamos por la calidad del gasto y por el impulso de las pequeñas y medianas empresas, acortaremos la distancia frente a nuestro competidor más directo que son los Estados Unidos. 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, señor representante del Consejo, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias a nuestros dos ponentes, la Sra. Gill y el Sr. Mulder, por el método utilizado y por la calidad de su trabajo en este nuevo marco presupuestario. 
Ello nos ha permitido votar un presupuesto para veinticinco países, retomando las prioridades presupuestarias tradicionales y las preocupaciones permanentes del Parlamento, especialmente en relación con nuestras principales políticas tradicionales, pero también con las preocupaciones que expresamos hace ya varios años sobre las microempresas, la información a los ciudadanos y las políticas de justicia, seguridad y solidaridad. 
Dicho esto, los problemas planteados por el proyecto de presupuesto presentado por el Consejo son preocupantes para el futuro, sobre todo el nivel históricamente bajo de los créditos de pago: menos del 1% del PIB, cosa que no veíamos desde hace más de 17 años. 
El Consejo, obnubilado por la salud de las economías nacionales, actúa como un contable, pero ciertamente no como un gestor y menos aún como alguien que tiene una visión del futuro de la Unión Europea. 
La discrepancia entre los acuerdos de codecisión y las consignaciones en el presupuesto, la discrepancia entre los proyectos de relanzamiento económico, el proyecto de sociedad del conocimiento para el conjunto de los 25 países y la realidad presupuestaria restan credibilidad a toda la Unión. 
¿Qué ha sido del espíritu de Lisboa? 
El presupuesto de la Unión Europea no está a la altura de nuestras ambiciones ni de nuestras esperanzas. 
Este año, dos rúbricas no respetan las perspectivas financieras. 
En primer lugar, se han asignado 83 millones de euros de más al desarrollo rural, lo que pone de manifiesto las necesidades creadas por el nuevo enfoque de la PAC. 
No obstante, respetando el rigor presupuestario, propongo que renunciemos a este excedente y preparemos mejor el ejercicio de 2005. 
Por lo que se refiere a la política exterior, el problema es muy distinto. 
La Comisión presenta propuestas para la reconstrucción del Iraq que son razonables y aceptables en términos presupuestarios. 
¿De qué sirve entonces la propuesta de 500 millones de euros si no es para reavivar nuestras divisiones, que nos salen tan caras en credibilidad en la escena internacional? 
Todos los europeos deberíamos encontrar pronto la senda de la sabiduría realista y del respeto mutuo. 
Por último, tengo que recordar la importancia para el Parlamento de las políticas de comunicación con los ciudadanos. 
El grave incidente entre la Comisión y los organismos de información de Europa debilita esta política y pone de manifiesto las dificultades que tiene la Comisión para respetar las prioridades del Parlamento. 
El nuevo Reglamento financiero no debe ponerse en entredicho. 
Permite una mayor transparencia en las relaciones con los organismos que se benefician de subvenciones europeas. 
Dicho esto, las modalidades de aplicación ponen en peligro 300 estructuras de información esenciales. 
Es evidente, por tanto, que hay que encontrar una solución para garantizar la permanencia de su trabajo. 
Este grave incidente exige, no obstante, una observación de fondo. 
¿Por qué no nos alertó a tiempo la Comisión? 
Como cualquier administración, tiene la obligación de informar a los representantes políticos. 
No lo ha hecho a pesar de que el pacto de confianza celebrado durante la aplicación de la reforma administrativa lo preveía. 
Votamos a favor de la confianza y lss dimos los recursos, esperando a cambio la eficacia prometida en la aplicación de nuestras opciones políticas y especialmente de todo nuestro presupuesto. 
Es una condición esencial si queremos desarrollar, en el futuro, auténticas políticas de crecimiento, políticas de solidaridad, políticas de futuro en el marco de una Unión Europea ampliada que quiere ser un éxito en beneficio de todos sus ciudadanos. 
– Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar a los ponentes, la Sra. Gill y el Sr. Mulder, por el excelente trabajo que han llevado a cabo. 
Esperamos mantener el grado de cooperación que hemos logrado, tanto dentro como fuera de esta Cámara. 
En segundo lugar, deseo mencionar que nuestra comisión tiene la voluntad de mantener todas sus enmiendas en esta fase, especialmente las relacionadas con Eurostat. 
Me complace asimismo dar la bienvenida a la propuesta del Grupo del PPE-DE a favor de una pregunta oral a la Comisión para el período parcial de sesiones de noviembre en Estrasburgo acerca del detestable flujo de información en Eurostat, los problemas relacionados con quienes denunciaron las irregularidades, las auditorías que permanecen sin abrir en Eurostat y la falta de responsabilidad política en la Comisión. 
Nos gustaría asegurarnos asimismo de que nuestras enmiendas sobre el Comité de las Regiones se mantengan a la luz de lo que acabamos de leer en el informe de la OLAF en la sala de lecturas confidenciales. 
El informe dice que, en el caso de los contratos de impresión, la investigación reveló una incompetencia sistemática y flagrante en el seno del Comité de las Regiones. 
En lo concerniente al interventor financiero, el aspecto más amenazador para el Comité de las Regiones parece ser la cultura endémica de falta de profesionalidad y de improvisación, donde se prefiere la opacidad a la apertura, por ejemplo a la hora de relatar hechos a la OLAF. 
El Comité de las Regiones tendrá que responder a algunos interrogantes serios. 
Si hubiéramos tenido conocimiento de esos hechos en el momento de presentar las enmiendas que hacen referencia a ellos, mi comisión las habría formulado de modo más tajante, no solo recortando parte del presupuesto del Comité de las Regiones, sino pasando a la reserva una cantidad adicional notable. 
Tenemos además mucho interés en que se apruebe la enmienda presentada por el Sr. Bösch en cuanto a la exportación de ganado vivo y sé que nuestros ponentes están trabajando de forma activa para lograrlo. 
Termino como he empezado, dando las gracias a los ponentes. 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, por supuesto empezaré felicitando a nuestros ponentes, la Sra. Gill y el Sr. Mulder. 
Lo que quiero decirles es lo siguiente: tenemos sobre la mesa el último presupuesto para que se apruebe en esta legislatura parlamentaria, y nuestras mentes cada vez están más centradas en el marco financiero plurianual que guiará nuestra política presupuestaria a medio y a largo plazo. La Comisión está debatiendo las bases de ese marco, y el Parlamento tendrá que emitir su opinión al respecto. 
El informe solicitado sobre esta cuestión por el Presidente Prodi nos produce cierta preocupación, igual que, por supuesto, la importante cuestión de la cohesión económica y social. 
La principal característica del presupuesto de todo Estado federal, que es cada vez más lo que queremos que sea nuestro presupuesto, ha de ser su función redistributiva. 
En una Europa democrática, políticamente coherente y socialmente responsable, esta redistribución solo puede lograrse si la cohesión económica y social es el objetivo central. 
Además, esto es así en aquellos Estados miembros que tienen una estructura más federal, como Alemania. 
El informe Sapir se basa en la premisa de que existe un conflicto entre cohesión y crecimiento. En nuestra opinión esta premisa parece tener una motivación ideológica y una base poco sólida. 
Por propia naturaleza, las buenas políticas de cohesión son buenas políticas de crecimiento económico, de la misma manera que las malas políticas de cohesión son, por propia naturaleza, malas políticas de crecimiento económico. 
Lo preocupante de la forma en que funciona el presupuesto comunitario es precisamente que la redistribución presupuestaria a veces redunda en beneficio de países o regiones más centrales, e incluso de empresas más grandes o multinacionales. Esta tendencia puede comprobarse en las subvenciones a la venta de productos y en los reembolsos de las exportaciones. 
Estas son las áreas que convendría revisar más de cerca; estos son los mecanismos y las distorsiones que debe abordar el próximo marco financiero, y que deben seguir actuando como el principio rector primordial del presupuesto comunitario. 
– Señora Presidenta, yo también quiero ofrecer a los ponentes mi más sincero agradecimiento, y con respecto a la política social yo diría que sigue habiendo una serie de problemas. 
Me alegro de que el programa del Sr. Mulder para las pequeñas y medianas empresas de Europa Central y Oriental también pueda utilizarse para la salud y la seguridad. 
Espero que lo confirme, porque de lo contrario el valor del programa es menor del que yo había pensado. 
Estoy convencido de que no será así. 
Hasta aquí mi primera cuestión. 
Mi segunda cuestión es la de los celebrados 500 millones. 
Tengo aquí en la mano 10 euros y quizá pueda entregárselos al Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Así podrán ofrecerlos a la Conferencia de Madrid, son una miseria, tanta como los 200 millones que están dispuestos a dar en estos momentos. 
Por supuesto, es muy negativo decirle a un país que se encuentra en tales dificultades, un país que podría ser en teoría uno de los países más ricos del mundo y que quizá un día lo sea de nuevo, lo siguiente: «No, podemos daros 200 millones» , aunque la Comisión Europea siempre devuelve el dinero al final de año, «Más es inconcebible y todo el que pida más se comporta de forma irresponsable.» 
Así, parece que estamos preocupados por la contabilidad y no realmente por resolver los problemas. 
Seguro que también podemos aumentar los 10 euros, así nos estamos comportando de forma aún más responsable y entonces quizá todo esté bien. 
Sin embargo, creo que así no estamos cumpliendo con nuestro deber, que así actuamos como contables y no como políticos. 
No obstante, hoy nos hemos reunido aquí en esta Cámara como políticos y, por tanto, también hemos de hablar sobre los verdaderos problemas. 
Por supuesto, puede ser que haya otro motivo, pero hemos de estar preparados para revelar cuál es. 
Me gustaría mucho saber cuál es. 
– Señora Presidenta, por desgracia yo no podría resolver los problemas de los Fondos Estructurales con 10 euros. 
Sin embargo, señora Comisaria, debo decir que, en todo caso, y para empezar con esta cuestión, en la Comisión de Política Regional y Transportes pensamos que la Comisión de Presupuestos ha actuado correctamente en cuanto a la categoría II se refiere, el presupuesto de los Fondos Estructurales, sustituyendo básicamente los importes indicados en el anteproyecto de presupuesto y a veces superándolos. 
Esta fue también nuestra posición cuando dimos nuestra opinión sobre el presupuesto y, por consiguiente, no es necesario que me extienda más sobre esto. 
En lo que al transporte se refiere, si bien celebro el hecho de que los importes del anteproyecto de presupuesto para la seguridad en el transporte hayan sido sustituidos, y para nosotros la cuestión de la seguridad en el transporte es una cuestión de prioridad absoluta, quiero decir que no estamos de acuerdo con la Enmienda nº 553 de la Comisión de Presupuestos, que se refiere a la Agencia Europea de Seguridad Aérea. 
Aquí, en un esfuerzo por limitar horizontalmente los créditos en lo que al personal se refiere, creo que se están creando problemas para el «despegue» de esta agencia, que debe funcionar eficaz y rápidamente a escala europea, de forma que en relación con estas cuestiones haya un contacto con la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos. 
Creo que la Comisiσn de Presupuestos ha ido más allá de lo que debería haber ido en relación con esta cuestión específica. 
Un último comentario sobre las redes transeuropeas. 
Celebramos el hecho de que los niveles del anteproyecto de presupuesto hayan aumentado 5 millones los créditos comprometidos y 52 millones los créditos de pago. 
Quisiéramos tener la esperanza de que se aceptarán estas cantidades. 
También quisiéramos creer que los Estados miembros cumplirán los compromisos que han hecho, incluyendo el último en el pasado Consejo Europeo de Bruselas, de tener como prioridad absoluta la cuestión de las redes europeas. 
– Señora Presidenta, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha propuesto una serie de enmiendas al presupuesto. 
Una de las preocupaciones principales se refería a los recursos asignados a las diferentes agencias e instituciones que realizan tareas estatutarias en nuestro nombre o suministran datos e información estadística. 
No podemos pedir, por ejemplo, que la Agencia Europea de Medio Ambiente proporcione indicadores medioambientales para permitirnos vincular las reformas de la política agrícola común a la consecución de objetivos medioambientales si su presupuesto no es suficiente. 
El año pasado, el Parlamento votó la asignación de recursos para ayudar a solventar los continuos problemas sanitarios en la República de Belarús como consecuencia directa del incidente de Chernóbil en abril de 1986. 
La radiación afecta al 23% del territorio de Belarús. 
En la región de Gomel, que se halla contaminada, viven 2 millones de personas, entre ellas 500 000 niños. 
Las tasas de morbilidad han aumentado de modo espectacular. 
Por ejemplo, el número de niños que padecen cáncer de tiroides se ha multiplicado por cinco. 
La mayoría de los niños ni siquiera había nacido cuando ocurrió el incidente. 
En julio visité Belarús. 
Acudí a los hospitales donde tratan de curar a las víctimas del problema. 
Vi material obsoleto de hace 20 años, equipos de radioterapia de fabricación soviética que estaban averiados y para los que no existen recambios. 
Incluso en el caso de que existieran, el Gobierno no dispone de medios para repararlos. 
No tienen acceso a las fuentes de iridio necesarias para que funcionen tales equipos. 
¿Cuáles han sido, por tanto, las prioridades de la Unión Europea durante los últimos 12 meses en materia de gasto? 
Hemos gastado 180 millones de euros en la ridícula peregrinación a Estrasburgo, hemos tirado 60 millones de euros en el Comité de las Regiones, una tertulia a la que nadie escucha; funcionarios corruptos de Eurostat se han embolsado 5 millones de euros. 
¿Cuánto dinero hemos dedicado a resolver los problemas sanitarios en Belarús? 
Ni un céntimo. 
Se nos ha dicho que la Comisión se propone encargar un estudio. 
Eso no es suficiente. 
Tenemos que atacar los problemas en un país que va a estar pegado a nuestras fronteras en julio del año que viene. 
– Señora Presidenta, yo también quiero empezar elogiando al ponente, el Sr. Mulder, por la forma en que en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural hemos podido trabajar con él. 
No estamos satisfechos con todos los aspectos, pero hemos hecho progresos. 
Queremos enviar un mensaje claro al Consejo. 
Porque la reforma provisional de la política agrícola ha tenido consecuencias de gran alcance para el campo europeo. 
Ahora que esta reforma es un hecho, parece como si el Consejo, piensen en su proyecto de presupuesto, no entendiera lo que significa realmente dicha reforma para los agricultores y la gente del campo de la Unión Europea. 
Lo que se está pidiendo es que la fuerza motriz del campo y de la agricultura resida más en el mercado y que una mayor política rural promueva un mayor dinamismo en el campo. 
Si el campo europeo quiere sobrevivir a esta reforma, entonces es aconsejable utilizar el dinero disponible de forma más adecuada. 
Después de todo, y a modo de ejemplo, una granja lechera media europea solamente renuncia a unos 6 000 euros de ingresos al año. 
En mi propio país es el doble: 12 000 euros. 
La ampliación de la Unión Europea tampoco tendrá el efecto deseado. 
Una nueva frontera externa más larga intensifica los riesgos de enfermedades animales epidémicas, como la fiebre aftosa, la fiebre porcina y la peste aviar. 
Si a esto se añade que los requisitos de seguridad alimentaria, bienestar de los animales y ambientales que en la Unión Europea se imponen al productor son los más estrictos del mundo, entonces es preciso que estemos todos a bordo para estructurar el presupuesto de 2004, de forma que se tenga en cuenta tanto al consumidor como al agricultor. 
Dado el elevado nivel de ambición de la Unión Europea, un pequeño suplemento de consumo en una serie de productos, como la leche y la carne, sería por estos motivos muy fácil de defender. 
Señora Presidenta, como ponente para el presupuesto de agricultura, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural he presentado las siguientes propuestas de cambio para el tratamiento de esta primera lectura. 
Para empezar, nos gustaría que se apartara más dinero para el programa LEADER. 
Lo mismo decimos para el programa SAPAR, muy importante para nuestros nuevos Estados miembros. 
También aplaudiríamos la introducción de una nueva línea presupuestaria para el programa LEADER EAST. 
Además, quisiéramos 23 millones de euros extra para el control y la prevención. 
Asimismo, nos gustaría que se dedicaran 6 millones de euros extra a pagos de promoción por parte de los Estados miembros, en particular para dotar de más fondo a la política impulsada por el mercado. 
Además, 1 millón de euros extra para pagos de promoción por parte de la Unión Europea. 
Con respecto al suministro de información para la política agrícola modificada, quisiéramos que se apartaran 3 millones más. 
Y en el terreno de las enfermedades animales en particular, nos gustaría que se asignaran 12 millones de euros extra a medidas veterinarias y a medidas de bienestar de los animales y de salud pública. 
Asimismo, nos gustaría que se apartaran 18 millones de euros más para el fondo de emergencia de enfermedades animales. 
Señora Presidenta, cuando a finales de septiembre se celebró en el pleno el debate presupuestario anterior, expresé cierta preocupación por los informes sobre las irregularidades en Eurostat. 
Desde entonces la Comisión ha presentado informes sobre las actividades, sin embargo es una pena que estos no aclaren lo que ha ocurrido y quién es responsable. 
A este respecto, es esencial hacer hincapié en el importante papel que ha desempeñado Eurostat en la unión monetaria. 
El Banco Central Europeo depende de estadísticas fiables para poder tomar sus decisiones sobre política monetaria. 
Por tanto, es extremadamente importante que se investiguen sin demora las irregularidades y que se diseñen rutinas correctas de procedimiento, para garantizar que las actividades de Eurostat se centran en la elaboración de estadísticas. 
Además, creo que ya es hora de que emprendamos un debate más general sobre cómo se utiliza realmente el presupuesto de la Unión Europea. 
Quiero llamar la atención sobre algunas de las recomendaciones presentadas en lo que se conoce como informe Sapir, que indica con gran acierto que el presupuesto de la Unión Europea está anticuado. 
El gasto, los ingresos y los procedimientos son incompatibles con la situación actual y futura. 
El informe propone, entre otras cosas, que se reduzcan considerablemente los costes de la política agrícola y regional y que se aparten fondos del presupuesto cuando puedan crear condiciones básicas para el empleo y el crecimiento. 
Todos parecen estar de acuerdo con el hecho de que las pequeñas y medianas empresas son importantes para el crecimiento económico. 
También habría que adoptar medidas para beneficiar a dichas empresas. 
En la futura Unión Europea ampliada, será necesario recortar drásticamente la ayuda agrícola, reformar los fondos estructurales y hacer sitio para el crecimiento a través de la empresa privada. 
Tanto la cuestión de Eurostat como la cuestión de cómo debe el presupuesto de la Unión Europea mirar al futuro tienen que ver con la credibilidad. 
Si se quiere que las personas tengan confianza en la Unión Europea, es vital que no se malverse ni se despilfarre su dinero, sino que se utilice de una forma razonable que beneficie a las personas y al desarrollo de la Unión Europea. 
– Señora Presidenta, yo también quiero sumar mi agradecimiento al Sr. Mulder por la forma en que ha llevado a cabo su trabajo en calidad de ponente del presupuesto este año. 
Voy a respaldar las propuestas presupuestarias para 2004, pero con una cierta dosis de reticencia, y desde luego voy a apoyar las enmiendas a las mismas. 
En concreto, acojo con satisfacción las enmiendas propuestas por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte y pido al Parlamento que piense en organizaciones tales como los parlamentos juveniles y la Joven Orquesta, que realizan una labor maravillosa para los jóvenes, pero necesitan que las subvenciones les sean abonadas de forma puntual y eficiente, cosa que no siempre ocurre. 
Deseo elogiar sobre todo las observaciones de la Sra. Dührkop Dührkop, y la Comisión tiene que resolver la cuestión del fundamento jurídico para que esas subvenciones puedan abonarse el año que viene puntualmente y sin demora. 
Creo que soy el último orador del Parlamento antes del ponente y de la Comisión y quiero puntualizar tres aspectos fundamentales. 
El nivel del presupuesto de la Unión Europea, ligeramente superior al 1% del PIB de Europa, es correcto. 
Al comienzo de mi vida política, un hombre mayor me dijo: «recuerda siempre que cuando levantas la mano para votar a favor de un gasto, de hecho la estás metiendo en mi bolsillo». 
Un penique de cada libra resulta aceptable, un céntimo de cada euro, pero ni uno más. 
En segundo lugar, la Comisión tiene que poner en orden sus cuentas. 
Toda la estupenda labor realizada por los programas de la Unión Europea ha quedado totalmente destruida por culpa de estos continuos problemas contables. 
¿No hay ningún Comisario dispuesto a asumir la responsabilidad y hacer lo que sería decente? 
Mientras no lo hagan, la que saldrá perdiendo será la Unión Europea. 
Por último, tenemos que disponer de un control democrático adecuado. 
El año pasado, por ejemplo, la autoridad presupuestaria aprobó 3 millones de euros para Euronews. 
Ayer mismo me enteré de que hasta la fecha no ha llegado un solo céntimo a Euronews, que es una de las mejores formas que tienen los ciudadanos en la Unión Europea de enterarse de los asuntos europeos. 
Me temo que a la Comisión le trae absolutamente sin cuidado que Euronews fracase. 
Y lo que es peor, esto es pasar por encima de la autoridad presupuestaria, a la que debería hacer todo lo posible por respetar. 
– Señora Presidenta, hemos escuchado a varios oradores hablar en nombre de las comisiones, y quiero saber por qué no tenemos noticias de todas ellas; por ejemplo, no hay ningún orador en la lista para la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Tenía entendido que el procedimiento normal da la oportunidad a un orador de cada una de las comisiones a expresar la opinión de su comisión. 
–Señor Rübig, tomo nota de su observación, pero, como sabe, todos los oradores que han intervenido pudieron hacerlo porque se habían inscrito, o los Grupos los habían inscrito. 
. – Señora Presidenta, quiero agradecer a todos los que han intervenido en este debate y a todos les doy las gracias por las alentadoras palabras y a veces también por las palabras de desaprobación. 
Esto forma parte integral de un debate normal. 
Está claro que no puedo responder a todos. 
Quiero destacar las cuestiones principales. 
En cualquier caso, me han gustado los comentarios de la Sra. Schreyer, quien dice que en comparación con los años anteriores el presupuesto que vamos a votar refleja el menor aumento en comparación con las propuestas del Consejo y de la Comisión. 
Agradezco mucho sus observaciones sobre la aceptación por parte de la Comisión de iniciativas relacionadas con la agricultura. 
Me parece algo positivo. 
Una vez más, espero que el Consejo también las apruebe, pero para estar seguros este Parlamento ha modificado todas las acciones preparatorias y todos los proyectos piloto de la categoría I y de la categoría III en caso de que el Consejo rechazara las acciones de la categoría I. Solo me queda hacer una recomendación: intentar financiarlo con la categoría I. El margen es mayor que en la categoría III. 
El Sr. Garriga y la Sra. Dührkop han expresado su preocupación por los avances del procedimiento de codecisión en cuanto a las líneas A 30, etc. Comparto esta preocupación. 
Espero que a finales de año no nos encontremos en una situación con graves dificultades sobre cómo seguir financiando estos proyectos. 
Me parece que para la reputación de la Unión Europea en general y en interés de todo lo que financiamos es muy importante mantener estos programas. 
Pero no creo que debamos crear leyes apresuradamente. 
Me parece que la Comisión haría bien en reflexionar lo antes posible sobre la posibilidad de un período de transición, para que podamos en cualquier caso seguir financiando estos proyectos que hemos financiado en el pasado. 
En cuanto a las cuestiones mencionadas por varios oradores, deseo, en calidad de ponente, apoyar el mantenimiento de las perspectivas financieras tal y como han sido acordadas. 
Solo puedo expresar la esperanza de que cuando votemos, al menos en lo que concierne a la categoría 1B, no rebasemos estas perspectivas financieras. 
Por supuesto, estoy de acuerdo con Terry Wynn, quien dice que esta es solo la primera lectura. 
Sin embargo, creo que incluso en la primera lectura debemos apoyar en la medida de lo posible este principio. 
El Sr. Dover, que ya no está aquí en la Cámara, ha expresado sus dudas sobre la necesidad de las numerosas lenguas de la Unión Europea. 
Este es un tema recurrente en muchos discursos. 
A mí me parece que simplemente debemos cumplir el Tratado. 
Creo que el Sr. Terry Wynn ha dado una excelente explicación del problema, tanto en cuanto se refiere a la categoría 1B, sobre la que ya he hablado, como en cuanto a la cuestión del Iraq. 
Creo que simplemente hemos de esperar al resultado de la votación y decidir lo que vamos a tener que hacer a partir de él. 
El Sr. Ferber y muchos otros también han hablado de la importancia de los Centros de Información Europea, ya he hablado de ellos yo también. 
También en este asunto creo que la Comisión debe formular rápidamente propuestas, para que no dañemos de forma irreparable estos, porque el público europeo los tiene en gran estima. 
Incluso con nuevos reglamentos financieros necesitamos adoptar medidas para poder mantenerlos. 
En cuanto al Sr. Kuckelkorn, hasta la fecha me ha complacido el nivel satisfactorio de cooperación en relación con las agencias. Espero que esto siga así también en el futuro. 
Dos cosas sobre estas agencias, en torno a las cuales probablemente se tomará una decisión el jueves: destinar el 10 % a la reserva y hablar de los gráficos de organización de las agencias. 
Espero que todo pueda abordarse en estrecha colaboración tanto con él como con las agencias, para que podamos resolver toda esta cuestión antes de la segunda lectura. 
No hay ninguna intención de crear dificultades innecesarias, pero un Parlamento debe ejercer debidamente sus poderes democráticos. 
Señor Bartho Pronk, que ya no se encuentra en la Cámara, puedo confirmar que los fondos de garantía para las pequeñas y medianas empresas también se aplicarán a las pequeñas y medianas empresas que tengan relación con la salud y la seguridad en el trabajo. 
No hay nada que lo impida. 
Por último, Sr. Goodwill, quien se preguntaba por la imposición por nuestra parte a la Agencia Europea de Medio Ambiente de Copenhague de obligaciones extra sin poner nuevos recursos a su disposición. 
Se han celebrado estrechas consultas con la agencia y se ve capaz de cumplir estas obligaciones extra en el marco del proyecto de presupuesto que le entregamos. 
Por tanto, si ellos mismos dicen esto, ¿quién soy yo para darles más dinero? 
De ahí mi punto de vista. 
Espero que se mantenga la buena cooperación con cada uno de ustedes y, una vez más, quiero expresar mi agradecimiento a todos los que han intervenido en este debate. 
. 
Señora Presidenta, Señorías, permítanme empezar dando las gracias al Sr. Mulder por sus amables palabras. 
Es probable que en la siguiente fase del procedimiento de Presupuesto podamos seguir disfrutando de una excelente cooperación. 
Quiero responder brevemente a los comentarios del Sr. Perry sobre cómo se llevan nuestras cuentas. 
Nuestra contabilidad es coherente. 
Año tras año el Tribunal de Cuentas nos confirma que las cuentas reflejan con precisión los recibos, los gastos, los activos y las responsabilidades al final del ejercicio. 
La estamos modernizando, pero esta contabilidad es coherente. 
Como varios oradores han mencionado los Infopoints, permítanme reiterar que lo que está en juego no es la base jurídica. 
En lugar de ser una cuestión idéntica a la de las líneas A-30, para las cuales parece necesario una base jurídica, se trata de canales de información, con respecto a los cuales la Comisión tiene una prerrogativa. 
Esta cuestión tiene varios aspectos, y sé que la comisión los está tratando. 
He de decirle que hay varios miles de Infopoints que funcionan sin préstamos del presupuesto de la Comisión, y no hemos de olvidarnos de ellos. 
La otra cuestión la abordará un grupo de Comisarios cuando preparen la próxima reunión del Grupo Interinstitucional de Información. 
Volviendo sobre las líneas A-30 y las acciones básicas, quiero en particular retomar lo que han dicho varios oradores, especialmente la Sra. Dührkop Dührkop, quien tiene la más dura de las tareas aquí porque ha de intentar demostrar a las comisiones la necesidad urgente de esta base jurídica. 
La poca importancia que da el Consejo a esta cuestión me parece inaceptable. 
Simplemente hemos de tener en cuenta el marco temporal. 
Si ahora se tuviera que adoptar una decisión intermedia, solo para que el Consejo dijera «perfecto, ahora no tenemos que hacer nada» , entonces muy pronto nos veríamos en la situación de que el Parlamento se reuniría por última vez antes de las elecciones europeas sin que hubiera ninguna base jurídica. 
Además, creo que la actitud mostrada por algunos miembros del Consejo, que dicen «Estas subvenciones redundan en interés del Parlamento» , es absolutamente errónea. 
Resulta bastante evidente que también redunda en interés de los Estados miembros garantizar las subvenciones para organismos como los Institutos de Florencia y Brujas, por nombrar solo dos. 
Después de todo, redunda en el interés común europeo, y por este motivo también interesa a todos que se establezcan lo antes posible estas bases jurídicas. 
Permítanme concluir volviendo sobre la importante cuestión de la ayuda al Iraq. 
La división de la Unión Europea en dos frentes en relación con si debería o no haber intervención militar nos colocó en una posición difícil. 
Sin embargo, estamos de acuerdo en que queremos ayudar a las personas de allí no solo con ayuda humanitaria, como hemos hecho este año, sino que los que pertenecemos a la Unión Europea también queremos tener un papel en la reconstrucción. 
Sin embargo, en estos momentos nuestras acciones están sujetas a imponderables. 
¿Quién de esta Asamblea puede decir cuál será la situación dentro de, por ejemplo, seis meses? 
Tal y como están las cosas, la situación es que hace unas semanas las propias Naciones Unidas han retirado su personal del Iraq, por lo que alguien tendrá que ejecutar sobre el terreno toda la ayuda que decidamos. 
Lo que importa, después de todo, es que lo que hagamos es realista. 
Nuestro compromiso con Afganistán, señor Elles, es para cinco años. 
Lo que pretendemos hacer ahora es llegar a un compromiso hasta finales de este año, y le pido que no se olvide de este hecho. 
Si se aprobara la enmienda de los 500 millones, ¿qué compromiso debería formular la Comisión en Madrid en vista de que el Consejo habla al mismo tiempo de 200 millones de euros? 
Si no quiere usted recortar la categoría 4, el dinero pronto tendría que acabar procediendo de una reserva más flexible, y para ello se precisa una decisión conjunta. 
Esto implicaría que la Comisión no podría formular ningún compromiso en firme en Madrid y, por tanto, pido que vuelva a considerar esta cuestión. 
El Sr. Wynn, presidente de la Comisión de Presupuestos, me ha hecho una pregunta específica sobre la posibilidad de un presupuesto suplementario. 
Puedo decirle que es probable que, como consecuencia directa de las dudas de los Estados miembros, haya otra conferencia de donantes, posiblemente el próximo año. 
Por lo tanto, le pediría que reconsidere si es posible o no que el Parlamento, en la fase actual de la primera lectura, haga una declaración sobre el Presupuesto de 2004 exhortando a la Comisión a presentar un informe sobre la aplicación y la evaluación de esta ayuda a mediados del próximo año. 
Si con una situación de seguridad diferente y con la resolución de otras cuestiones políticas es posible proporcionar ayuda sobre el terreno, se podrá estudiar la adopción de una resolución diferente sobre la cantidad de dinero implicada. 
De momento le pido que dé a la Comisión un mandato claro para la conferencia de donantes y que deje totalmente claro que, en lo que se refiere a la ayuda, la Unión Europea y su Parlamento ahora hablan con una sola voz. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
– Señora Presidenta, Comisaria, Señorías, ¿ayuda al Iraq? 
Se habla de 160 millones, 200, incluso de 500 millones como si no fueran nada. 
Sea la cantidad que sea al final, quiero dejar muy claro que los fondos para la ayuda al desarrollo no deben servir para esto. 
La lucha contra la pobreza es el principal objetivo de la cooperación en materia de desarrollo en Europa, para esto debe utilizarse el dinero. 
En mi opinión, la reserva y el instrumento de flexibilidad son las fuentes apropiadas para la contribución europea al Iraq. 
Como ponente he preparado la defensa de la modificación de la nomenclatura de las líneas presupuestarias para la cooperación en materia de desarrollo con Asia y Latinoamérica. 
La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de pobreza, con menos de un dólar al día, siguen viviendo en estas dos regiones. 
Estas líneas presupuestarias han de enmarcarse en la cooperación en materia de desarrollo y no en las relaciones exteriores. 
Es una cuestión de presupuestación por actividades y no de la estructura interna de la Comisión como base para el desglose del presupuesto. 
Otra cuestión son los conocimientos técnicos de las delegaciones de la Unión Europea. 
Si en este aspecto es posible aumentar el nivel a través de la formación y de inversiones extra, no solo lograremos la cifra objetivo del 35 % para la infraestructura social en los países en vías de desarrollo, sino que también podemos garantizar que al menos el 20 % de esta cifra pueda dedicarse a la educación primaria y a la asistencia sanitaria básica. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0279/2003). 
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas a la Comisión. 
En su respuesta con fecha de 2 de octubre de 2003 (P-2694/03) , la Comisión confirmaba las informaciones relativas a la discriminación de empresas de otros Estados miembros frente a las alemanas. 
Entretanto, el Gobierno federal de Alemania ha aplazado la introducción del peaje por tiempo indeterminado. 
Teniendo en cuenta esta información, ¿podría la Comisión señalar si el grupo de trabajo, en su actual composición (representantes de la Comisión, del Gobierno de Alemania, del sector de los transportes y de la empresa Toll Collect) proseguirá su trabajo, para que, en caso de fijarse una nueva fecha para la introducción del peaje, pueda disponerse de un informe exhaustivo sobre las dificultades en la aplicación de este sistema y opiniones sobre posibles infracciones del Tratado? 
En caso de que el grupo de trabajo no pudiese llevar a término su tarea, ¿piensa la Comisión, sobre la base de los conocimientos actuales incoar un procedimiento de infracción contra Alemania, con el fin de obligar al Gobierno federal de Alemania y la empresa que opera el sistema a comprobar que ya no existen las actuales formas de discriminación? 
. 
Señor Presidente, quiero señalar que Alemania notificó a la Comisión su intención de introducir un sistema de peaje, basado en la distancia recorrida por los vehículos de transporte de mercancías, planteando un precio medio fijado en 12,6 céntimos de euro por kilómetro. 
El 6 de marzo, Alemania notificó a la Comisión su intención de introducir un sistema de reembolso del peaje- reembolso, al menos, parcial o de compensación -, basado en los impuestos especiales, que podría permitir la compensación hasta una cantidad de 15 céntimos de media. 
La Comisión tiene que evaluar si la medida notificada es compatible con el mercado común y conforme con la legislación comunitaria aplicable. 
Dadas las dudas que planteaba esta medida, el 23 de julio de 2003, la Comisión decidió iniciar una investigación formal, con arreglo al procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, con el fin de que Alemania y otras partes interesadas pudieran efectuar sus observaciones. 
El 27 de agosto de 2003 el texto fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y la decisión definitiva de la Comisión está prevista para finales de año. 
La Comisión considera que el sistema de peaje podría ser discriminatorio si no se solventaran determinados problemas técnicos antes de su introducción. 
Por ello, la Comisión y el Gobierno alemán constituyeron un grupo de trabajo destinado a examinar los problemas técnicos que planteaba la introducción del sistema de peaje y este grupo está demostrando que funciona bien. 
También quiero señalar que la Comisión ha pedido al Gobierno alemán que se asegure de que la instalación del peaje obstaculiza lo menos posible la libre circulación del tráfico en Europa y que, si se plantearan problemas una vez en funcionamiento, la Comisión tomaría las medidas apropiadas. 
Pero quiero decir, en cualquier caso, que desde la Comisión hemos actuado para defender los Tratados, y que, con el Gobierno alemán, desde finales de agosto o principios de septiembre, hemos establecido unos canales de cooperación que están funcionando de una manera más que satisfactoria. 
– Señora Comisaria, en las diferentes preguntas yo también he destacado que la Comisión ha actuado correctamente en este asunto. 
Solamente me preocupa el hecho de que el peaje haya sido indefinidamente pospuesto y que este grupo de trabajo, que ya ha puesto usted en marcha, también nos haya ayudado a demostrar que existen defectos, y que esto haya propiciado discriminaciones entre diferentes Estados miembros. 
Por lo tanto, quiero preguntar si el grupo de trabajo podrá continuar su trabajo en esta fase de transición. 
En caso negativo, ¿emprenderá la Comisión procedimientos de incumplimiento? 
Está claro que en principio no se pone en duda el sistema de peaje, sino que, entre otras cosas, el aparato de control, que se utilizará para cobrar este peaje para Alemania, es un sistema que, en primer lugar, ha mostrado fallos técnicos y que, en segundo lugar, no estará disponible para todas las empresas. 
En lo que a mí concierne, esto es suficiente para seguir con esta investigación, es decir, la supervisión. 
. 
Quisiera decir que todavía no se ha producido ninguna discriminación, entre otras cosas porque no está en marcha el peaje. 
Lo que quiero señalar es que son las propias autoridades alemanas las que han decidido, en función del incumplimiento de las industrias del consorcio con las que habían acordado la construcción de los aparatos y la puesta en funcionamiento del sistema, y dado que hay fallos detectados, que se aplace la entrada en funcionamiento del peaje. 
El Ministro de Transportes alemán, Sr. Stolpe, me ha asegurado reiteradamente- y los hechos le dan la razón- que no se pondrá en funcionamiento este sistema mientras no sea operativo de una manera normal, sin problemas y sin discriminaciones. 
Por lo tanto, a eso es a lo que me remito. 
– Señor Presidente, Comisaria de Palacio, Señorías, sabemos que el transporte es una cuestión delicada. 
Por lo tanto, me gustaría saber cuál es la verdadera situación en relación con la investigación sobre las bases jurídicas, es decir, las bases jurídicas actuales de acuerdo con el y la disposición de las bases jurídicas pretendidas, por ejemplo, la directiva de los costes de infraestructura, así como las viñetas, el peaje, la fijación de precios de carretera, los ecopuntos, de hecho, absolutamente todo. 
En mi opinión, es muy importante para la estrategia, y para su aplicación en los Estados miembros, mantener el argumento hasta el final e intentar adecuar las medidas actuales y futuras. 
. 
Sr. Rübig, existe actualmente una normativa, llamada Euroviñeta, donde se establecen los criterios según los cuales se pueden establecer unas compensaciones por el uso de ciertas infraestructuras, unos peajes, se les llama. 
Lo que ocurre es que entendemos que esa Directiva no es lo suficientemente clara ni completa y, por ejemplo, no contempla la posibilidad de la financiación cruzada de infraestructuras alternativas, cuestión que parece elemento clave para poder dotarnos de unas infraestructuras adecuadas en la Unión Europea. 
Por ello hemos hecho una propuesta sobre una base jurídica, la base jurídica para los transportes, que se aprueba por mayoría y no reclama la unanimidad. 
Es cierto que la actual Directiva Euroviñeta tiene una base jurídica distinta, que es la base jurídica fiscal; por lo tanto, se considera un impuesto, mientras que en la propuesta que hacemos nosotros ahora, lo que planteamos es una compensación, un pago por los costes producidos por la utilización de una infraestructura. 
Y podemos mantener esa base jurídica, que es la de los transportes, porque hablamos de un pago por una utilización de una infraestructura, siempre y cuando el dinero que se perciba por este concepto no engrose las cuentas del Estado, porque si va a las cuentas públicas, a los presupuestos administrativos, ya sean del Estado o de una Comunidad Autónoma o una región, automáticamente estaríamos otra vez en la base jurídica fiscal y, por lo tanto, reclamaría la unanimidad. 
Por ello, señor Rübig, me parece esencial que conservemos lo que se plantea en esta propuesta: ligar esos ingresos con la utilización de la infraestructura, con el mantenimiento de las infraestructuras y con el sector de los transportes, y no ligar esos ingresos con los ingresos públicos, de las administraciones, porque entonces- insisto- tendríamos que irnos por otra base jurídica y tendríamos que aprobarlo por unanimidad, y no sé si ese sería el mejor camino si de verdad queremos obtener una modificación en la Directiva Euroviñeta. 
En relación con mis preguntas sobre el tráfico de tránsito por Bulgaria y la información que transmití en septiembre de 2001 a la Comisión sobre ciertos extremos en este contexto, he realizado entre el 6 y el 8 de septiembre un viaje por las rutas de tránsito de Bulgaria y Serbia-Montenegro para hacerme una idea de la situación. He podido comprobar que los hechos relatados en las quejas que me habían sido expuestas responden efectivamente a la realidad. 
Según me comentaron algunas personas que hacían la ruta, no son raros los casos en que se sugiere a los extranjeros que abonen cinco euros a los funcionarios de aduanas. 
Si los automovilistas se abstienen de abonar dicha cantidad, corren el riesgo de tener que esperar mucho tiempo en la frontera. 
Asimismo he podido convencerme personalmente de que los funcionarios de policía y aduanas imponen arbitrariamente multas o cobran otros derechos en controles carentes de sentido, con importes que oscilan entre 70 y 200 euros por vehículo. 
Estas prácticas están en abierta contradicción con las normas y procedimientos que se requieren para una adhesión a la Unión. 
¿Podría interesarse la Comisión por estos usos e informar sobre las gestiones que piensa adoptar en la materia? 
. Señor Presidente, señor Ceyhun, la Comisión es consciente de los hechos que describe usted en su pregunta. 
Por desgracia, estos hechos no solo los conocemos en Bulgaria, sino en otros varios países del mundo, y creo que usted sabe tan bien como yo por qué se producen. 
Sin embargo, hemos de recordar que el comportamiento de la policía y de los funcionarios de aduanas, tal y como lo describe en su pregunta, es ilegal; además, constituye un delito penal de acuerdo con la legislación búlgara y ha de ser castigado. 
La Comisión ha celebrado debates periódicos y a fondo con el Gobierno búlgaro sobre estas cuestiones y ha presionado para que se adopten medidas dirigidas a resolverlas. 
No obstante, he de decir que la Comisión no está en absoluto capacitada para emprender investigaciones en casos individuales y, en cualquier caso, esta labor compete a las autoridades nacionales. 
En mi opinión, el problema de la corrupción en un paso fronterizo o en tránsito es una cuestión que, además de considerarse desde el punto de vista del Estado de derecho, también debe considerarse desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción. 
En su cooperación con Bulgaria, la Comisión ha asignado prioridad particular a estas dos cuestiones. 
En mi opinión, todo el sistema de justicia penal de Bulgaria precisa una reforma radical, y esta opinión la comparte el Gobierno búlgaro. 
Ha sido difícil lograrlo y todavía no se ha logrado del todo porque para ello es preciso cambiar la constitución, que ha estado bloqueada durante varios años. 
Este verano estuve en Bulgaria e intervine de forma poco convencional para intentar superar este bloqueo. 
Mi intento tuvo éxito, y ahora se ha aprobado el cambio constitucional, de forma que todos los obstáculos a la reforma judicial necesaria han sido eliminados, y la Comisión va a mantener más conversaciones con las autoridades búlgaras en torno a un amplio apoyo a dicha reforma. 
Además, en cooperación con la Comisión, el Gobierno búlgaro ha elaborado un plan de acción para luchar contra la corrupción, que ahora se irá poniendo en práctica gradualmente. 
Para ello es preciso reformar radicalmente la gestión de los peajes y de la policía y aplicar medidas de control más estrictas. 
El Gobierno búlgaro ha prometido garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un procedimiento de quejas eficaz. 
Mientras tanto, las medidas que se aplicaron el año pasado han propiciado 218 procedimientos disciplinarios contra cuarenta funcionarios de aduanas y 212 acciones contra agentes de policía. 
Hasta la fecha se ha despedido a cuarenta funcionarios de aduanas y a cuarenta y siete agentes de policía. 
La Comisión seguirá haciendo un seguimiento de los futuros desarrollos en este ámbito y hará pleno uso de los instrumentos disponibles para asegurar que Bulgaria se adhiere a las normas internacionales y para ayudar a este país en esta tarea. 
– Señor Presidente, Comisario Verheugen, quiero decir que mientras tanto las autoridades búlgaras me han pedido disculpas, pues yo mismo sufrí esa experiencia con mi pasaporte alemán. 
Ahora quiero dejar de lado esta cuestión porque va a seguir usted trabajando en esta materia y, como muy pronto, este problema se resolverá a ser posible antes de 2007. 
El desarrollo del comercio electrónico ha impulsado la publicidad y la venta de productos farmacéuticos sin receta médica a través de Internet, con el resultado en muchos casos de que se pone en peligro la vida de quienes los obtienen (como ha sucedido recientemente en el Reino Unido con un joven de 24 años). 
Se sabe que en la Unión Europea la aprobación, la publicidad y la venta de productos farmacéuticos están reguladas a través de una legislación estricta, pero sin embargo el carácter universal de Internet permite soslayarla. 
¿Dispone la Comisión de información acerca de la extensión de la venta electrónica legal de medicinas en la Unión Europea? 
¿Dispone de información sobre el suministro total de medicinas a través de Internet, con o sin receta electrónica, dentro y fuera de la UE? 
¿Piensa estudiar este fenómeno en cooperación con las empresas farmacéuticas, la Agencia Europea de Evaluación de los Medicamentos, la Organización Mundial de la Salud y la FDA, con el fin de proponer medidas destinadas a prevenir el peligro para la salud y el fraude a los ciudadanos? 
¿Tiene la intención de realizar una campaña de sensibilización e información a los consumidores a nivel europeo acerca de los peligros que acechan tras la venta de medicamentos a través de Internet? 
. – La legislación comunitaria en materia de medicamentos regula de forma estricta la autorización y la comercialización de los medicamentos, así como su clasificación. 
Lo mismo sucede con su publicidad. 
Sin embargo, el despacho de medicamentos a particulares, es decir, su venta al público por un farmacéutico, no está regulado a escala comunitaria por la reglamentación farmacéutica. 
Por consiguiente, la venta de medicamentos a particulares a través de Internet no se rige por la legislación farmacéutica europea. 
Su venta depende de medidas nacionales, que deben considerarse en el marco de los «principios generales» del Tratado, es decir, los artículos 28 a 30 sobre la libre circulación de mercancías. 
La Comisión no dispone, pues, de datos concretos sobre el alcance de la venta electrónica legal de medicamentos en la Unión Europea. 
Tampoco dispone de datos sobre la cantidad total de medicamentos suministrados a través de Internet dentro y fuera de la Unión Europea, con o sin receta electrónica. 
Esta cuestión podría examinarse asimismo a la luz de la Directiva relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, que establece que, para garantizar un mayor nivel de protección de los consumidores, los Estados miembros pueden adoptar o mantener disposiciones más estrictas, pero compatibles con el Tratado. 
Dichas disposiciones pueden incluir si procede la prohibición, por razones de interés general, de la comercialización en su territorio, mediante contrato a distancia, de determinados bienes o servicios, en particular medicamentos, de conformidad con el Tratado. 
La cuestión de la compatibilidad de las medidas nacionales con el Tratado, es decir, con los artículos 28 a 30, es objeto actualmente del asunto DocMorris NV y Jacques Waterval, pendiente ante el Tribunal de Justicia. 
Se trata principalmente de apreciar la proporcionalidad de las medidas nacionales de esta naturaleza y su justificación con miras a proteger la salud y la vida humanas. 
La venta de medicamentos a través de Internet plantea cuestiones de protección de la salud y cuestiones jurídicas, y la mejora de la información puesta a disposición de los pacientes es justamente uno de los elementos clave de la última comunicación de la Comisión «Una industria farmacéutica europea más fuerte en beneficio del paciente». 
La Comisión se ha comprometido a estudiar la implantación de un marco realista y práctico para la información a los pacientes sobre medicamentos sujetos a receta. 
Además, la Comisión tiene la intención de crear un portal europeo sobre la salud, que podría abordar estas cuestiones. 
No obstante, hay que señalar que es ante todo responsabilidad de los Estados miembros informar a los consumidores sobre los peligros de la compra por Internet y vigilar estas actividades. 
Por consiguiente, la Comisión solo puede actuar en circunstancias muy limitadas. 
– Señor Comisario, por supuesto lamento no disponer de datos más específicos para conocer el alcance y la gravedad del problema. 
Por tanto, permítame decirle que la cifra de negocios del comercio electrónico de productos farmacéuticos supera los 5 000 millones de euros, aunque no sabemos quién vende los productos farmacéuticos. 
Las investigaciones realizadas en torno a esta cuestión han demostrado que se trata de personas implicadas en actividades delictivas. 
Tampoco sabemos de dónde proceden los productos farmacéuticos, porque a menudo no proceden de lugares como los Estados Unidos o Canadá, sino de la India o Brasil, lo que supone que la composición y el contenido del producto farmacéutico son muy perjudiciales y no tienen relación con las indicaciones. 
También existe un circuito de opiniones médicas falsificadas y ficticias que suponen una amenaza para la vida de la persona que acepta el producto farmacéutico. 
Esto también se ha observado en Gran Bretaña. 
Lamentablemente, solo en 2003 más de 600 británicos compraron productos farmacéuticos por Internet. 
¿Realmente debemos permitir esta publicidad, especialmente cuando concierne a edades jóvenes? 
Los productos farmacéuticos que tienen la mayor penetración de mercado a través de Internet son para el sobrepeso. 
Por tanto, afectan a personas de edades muy jóvenes. 
Creo que, independientemente de la legislación nacional, es absolutamente necesario que también en el ámbito comunitario se tomen medidas. 
El Sr. Comisario ha tomado nota de la declaración de la señora diputada, que no es una pregunta. 
Vamos a iniciar la segunda parte de este turno de preguntas, a las que responderán dos comisarios, en primer lugar el Sr. Byrne. 
El pasado primero de julio, el Comisario encargado de Política de los Consumidores declaró ante el Parlamento lo siguiente: " He solicitado a mis servicios que estudien el desarrollo de normas para los preparados cárnicos que limitarían la cantidad de agua que se puede añadir a esos productos y el uso de proteínas animales para aumentar su peso. 
Tengo la intención de analizar el trabajo que han realizado mis servicios con el fin de determinar qué se puede hacer en el futuro. " 
Ahora que han transcurrido unos cinco meses tras aquel debate parlamentario, ¿puede exponer la Comisión el estado de la cuestión y comunicar qué iniciativas concretas ha desarrollado entretanto para proteger al consumidor y sensibilizarlo ante estos casos de fraude en el sector de la carne? 
En primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Staes por formular una pregunta sobre la adición de agua y proteínas a la carne de pollo. 
Este tema se discutió en la sesión del 1 de julio de 2003, por lo que es un buen momento para informar a la Cámara sobre la situación actual de la cuestión. 
Antes quisiera decir unas palabras sobre los antecedentes de este asunto. 
Como es sabido, las autoridades irlandesas y británicas han sacado a la luz pública prácticas fraudulentas encaminadas a aumentar artificialmente el peso de la carne de pollo, añadiendo agua y proteínas a otros ingredientes. 
El proceso se utiliza con el fin de retener una mayor cantidad de agua, un 40% más, que, de hecho, puede llegar incluso al 50%. 
Esa es la razón por la cual he pedido a mis servicios hacer cuanto esté en sus manos para corregir esta funesta situación. 
En sintonía con la propuesta formulada por las autoridades británicas, mis servicios han estado trabajando en una Directiva de la Comisión a fin de que se especifique en la etiqueta la presencia de agua añadida en tales productos. 
El proyecto se ha sometido a discusión con expertos de los Estados miembros y de las partes interesadas. 
Plantea el requisito de incluir «con agua añadida» , así como el porcentaje de agua añadida, en el nombre del propio producto. 
No obstante, sigo opinando que etiquetar los productos a los que se ha añadido agua no es la mejor solución si el agua se ha añadido solo para aumentar artificialmente el peso y, por consiguiente, engañar al consumidor. 
La práctica de añadir agua a los alimentos con el propósito de defraudar al consumidor es abominable. Por ello he vuelto a pedir a mis servicios que estudien si existe alguna posibilidad de erradicar esta práctica de acuerdo con la vigente legislación comunitaria, y en estos momentos se está llevando a cabo esa labor. 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta. 
Quiero hacer unas preguntas suplementarias: Hasta la fecha se ha hablado de estas prácticas de los Países Bajos que se practican en Irlanda y el Reino Unido. 
¿Alguien sabe si estas prácticas también se han producido en otros Estados miembros? 
En el debate del 1 de julio anunció usted que habría mayor cooperación entre los Estados miembros y la Comisión para endurecer los controles sobre los responsables de estos fraudes. 
¿Qué medidas han adoptado ustedes a este respecto? 
Ya ha respondido usted a una serie de otras preguntas que iba a hacerle. 
Pero el 1 de julio también anunció usted que desarrollaría normas para los productos cárnicos. 
En cuanto a la presencia de agua, ya he respondido usted. 
Pero, ¿qué hay de la presencia de otras proteínas, «carne de pollo» que contiene proteínas de vaca o cerdo? 
¿Cuál es la situación en estos momentos? 
¿Puede usted ofrecer alguna perspectiva de una prohibición total de esta práctica? 
Porque creo que la última parte de su respuesta es totalmente cierta: realmente esta práctica es del todo inaceptable y debería haber una prohibición total de estas prácticas. 
¿Tiene usted idea de cuándo podría establecerse esta prohibición y si podría establecerse? 
Se está realizando una labor de investigación conjuntamente con los Estados miembros. 
Estoy en condiciones de decirle que esta práctica parece ser constante. 
Por tanto, existe una preocupación continuada en los Estados miembros y en el seno de la Comisión. 
Se han emprendido una serie de acciones en relación con este asunto, no solo en el terreno de la investigación. 
También he pedido a mis servicios que lleven a cabo un análisis jurídico detallado de la legislación vigente aplicable a este tipo de situación. 
En concreto, he solicitado un análisis de la Directiva del Consejo 71/18/CEE: parece ser que esa legislación proscribe la inclusión de agua o proteínas obtenidas por hidrólisis con el fin de retener el agua. 
Actualmente está sometida a análisis jurídico. 
Tengo la intención, una vez completado dicho análisis, de preparar un comunicado de la Comisión para presentarlo a los Estados miembros. 
Resulta algo precipitado, a estas alturas, facilitar más detalles sobre el desarrollo de la investigación y análisis de la situación jurídica y de la legislación vigente, pero espero estar en condiciones de hacerlo en un futuro relativamente próximo y de presentar una comunicación que pueda someterse a debate en el Parlamento en su momento. 
– Señor Presidente, en relación con el estudio sobre la evolución de normas relativas a productos cárnicos, quiero preguntar al Comisario si también es posible investigar las restricciones relativas a la separación mecánica de la carne y el hueso. 
Por ejemplo, esta restricción, que prohíbe la separación mecánica de la carne y los huesos, parece una locura en cuanto a la carne de aves se refiere. 
Por supuesto, entiendo que sea necesaria para la carne de vaca a fin de impedir que se extienda la encefalopatía espongiforme bovina. 
Sin embargo, he oído que la Comisión tiene previsto establecer una prohibición así también para la carne de ave. 
Esta prohibición supondría elevados costes para la producción de pollo, por ejemplo, y no puede considerarse una actuación racional prohibir totalmente la separación mecánica de la carne y el hueso de ave. 
Puede usted decirnos si esta comunicación que la Comisión va a emitir también tratará de las reglas relativas a productos cárnicos sobre una base más amplia? 
La comunicación de que he hablado tratará de la situación planteada por el Sr. Staes en su pregunta, esto es, se centrará en los temas de la retención de agua en los productos cárnicos –concretamente en las aves de corral– y la inclusión de proteínas obtenidas mediante hidrólisis con el fin de retener el agua en el producto. 
Esa es la finalidad de dicha comunicación. 
En cuanto al otro tema planteado por usted, todo lo que puedo decir es que actualmente estudiamos todas las cuestiones que afectan a la seguridad de los alimentos. 
No puedo darle de momento una respuesta sobre si el tema concreto planteado por usted es una de esas cuestiones, pero es algo de lo que me puedo ocupar. 
Si me remite un escrito sobre el tema, le daré una respuesta más detallada. 
– Quisiera que el Sr. Comisario nos dijera dos cosas. 
En primer lugar, ¿está estudiando límites específicos para el porcentaje de agua que se puede añadir? 
Tenía entendido que estamos considerando ahora un límite superior próximo al 20%, en lugar del 40% y 50% que a veces vemos. 
En segundo lugar, ¿sabe que los autores de este fraude han afirmado en la televisión británica que disponen de métodos infalibles para enmascarar el hecho de que se pueden añadir al producto proteínas de un origen distinto al declarado? 
¿Va a solicitar a la AESA o a un organismo similar que investigue cómo han podido seguir practicándose estos métodos en la forma en que lo han hecho? 
Constituyen un fraude al consumidor y un escándalo para la salud pública. 
Tengo que decirle al señor Whitehead que no apruebo el procedimiento por el cual se retiene agua en un producto con el fin de proporcionarle mayor tamaño, aumentar su peso, de forma que los consumidores sean inducidos a error haciéndoles creer que adquieren mayor cantidad de proteínas de las que realmente están comprando. 
Se trata claramente de una práctica engañosa encaminada a defraudar al consumidor. 
Por consiguiente, no tengo ningún propósito de marcar un límite superior para la adición de agua que, aunque sea del 20%, tenga por objeto engañar al consumidor. 
Sobre la cuestión de si esta proteína se puede enmascarar o no, forma asimismo parte del trabajo en curso. 
Pero en lo que me centro de momento es en la capacidad de la Comisión para sacar adelante una propuesta basada en el fundamento jurídico que pueda existir en la actualidad. 
En otras palabras, ¿existe ahora una legislación vigente que admita una interpretación que implique la prohibición de esta actividad concreta? 
Ese es el punto que me planteo en estos momentos. 
Los demás temas, como bien ha dicho usted, también son importantes y nos ocuparemos de ellos a su debido tiempo. 
Desde hace algunos meses ha invadido las discotecas, librerías y tiendas de venta nocturna belgas un nuevo producto de moda. Es un estuche de cartón en el que se colocan los paquetes de cigarrillos, disimulándose así la advertencia de salud que llevan impresa, cuya superficie deberá abarcar, a partir del 30 de septiembre, el 30% del anverso y el 40%, como mínimo, del reverso de los paquetes, de conformidad con la Directiva 2001/37/CE (1). 
El objetivo de los creadores del producto es evidente: quieren tapar las advertencias legales con estos estuches de colores, y, en un futuro, con publicidad. 
¿Está la Comisión al corriente de esta práctica? 
¿Sabe, además, que se trata de un mercado en plena expansión que afecta a doce de los quince Estados miembros? 
¿Tiene la intención de adoptar, en cooperación con los Estados miembros, medidas tendentes a poner fin a la venta de un producto manifiestamente contrario al espíritu de la Directiva 2001/37/CE? ¿O puede comprometerse al menos a estudiar las posibilidades de adoptar alguna acción legal? 
La Comunidad sigue una política de control del tabaco coherente y completa mediante una legislación que abarca el contenido, el empaquetado y el etiquetado de los productos del tabaco. 
Si bien ha conseguido desarrollar una jurisprudencia sólida sobre el tabaco, se enfrenta a nuevos retos todos los días, que van desde los pleitos hasta la incorrecta aplicación de las disposiciones de esta legislación. 
Su Señoría pregunta si los estuches de cartón en los que se introduce el paquete de cigarrillos con el fin de ocultar las advertencias de salud son contrarios al «espíritu de la Directiva». 
Este tema tiene que ser considerado dentro del contexto de la puesta en práctica de la Directiva sobre productos del tabaco. 
El artículo 5 de esta Directiva exige que el contenido de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono figure impreso en el paquete de cigarrillos y cada paquete individual de cigarrillos tiene que llevar las advertencias de salud generales y adicionales que abarquen al menos el 30% del anverso y el 40% del reverso, con el propósito de informar al consumidor acerca de los riesgos del consumo de tabaco. 
Uno de los propósitos principales de la Directiva sobre productos del tabaco es alertar a los consumidores acerca de los efectos que sobre la salud produce el consumo de tabaco mediante advertencias de salud claras y visibles. 
A este respecto, la Directiva establece que dichos textos no deberán quedar en ningún caso disimulados, velados o separados por otras indicaciones o imágenes o por la apertura del paquete. 
Si el paquete de cigarrillos y el estuche de cartón se venden por separado, se podría argumentar que no se halla en contradicción flagrante con las disposiciones de la Directiva que se refiere a la venta de tabaco y no a la venta de cartón. 
Si el estuche de cartón es adquirido de forma voluntaria por el consumidor, entonces también se trata de una decisión individual tomada por el consumidor que, sin lugar a dudas, es conocedor de los textos y las advertencias de salud pero que, presumiblemente, no desea tenerlos a la vista. 
Así pues, en este sentido queda cumplida la finalidad de la Directiva en cuanto a informar al consumidor acerca de los efectos sobre la salud del consumo de tabaco. 
No obstante, en el caso de que el estuche de cartón sea promocionado directa o indirectamente por los propios fabricantes de cigarrillos y, por ejemplo, se regale en los estancos, incluso cuando se ofrezca o venda por separado, eso puede afectar a las ventas de tabaco, lo que cae dentro del ámbito de la Directiva y pone en peligro su efecto beneficioso. 
Podría interpretarse, como sugiere su Señoría, que es contrario al espíritu de la Directiva. 
La Comisión sabe, por ejemplo, que en algunos casos estos estuches de cartón se venden en establecimientos de tabaco con licencia estatal y que se remiten folletos anunciándolos a las tiendas de tabaco por parte de las mismas compañías de distribución que suministran el tabaco. 
Corresponde a los Estados miembros adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la correcta puesta en práctica de la Directiva. 
La Comisión insta a las autoridades nacionales encargadas de su implantación para que mantengan la vigilancia al respecto. 
La Comunidad posee un poderoso instrumento legal que necesita ser puesto en práctica de forma adecuada. 
La Comisión analizará todas las cuestiones prácticas que surjan de la puesta en práctica de la Directiva e informará al Parlamento antes de finales de 2004. 
– Si he entendido bien al Comisario, hay dos elementos clave en esta cuestión, uno de los cuales sería el deseo hipotético de incluir estos estuches gratuitos en el momento mismo de la venta. 
Creo –no hablo solo a título personal, sino también en nombre de muchos diputados que han llevado esta lucha junto al Comisario durante todo el trabajo que se ha realizado en torno a esta Directiva proactiva e importante– que hablamos de cuestiones vitales y esto hay que decirlo. 
Nuestra posición es, pues, que es muy difícil para nosotros aceptar esta especie de fatalismo jurídico. 
Aunque no todos somos especialistas en leyes, pero tampoco ingenuos, somos totalmente conscientes de que la solución jurídica –y esperamos que la haya– será extremadamente difícil de encontrar. 
No obstante, es también extremadamente difícil admitir que estos pequeños objetos, lúdicos quizás para algunos, pero absolutamente insoportables, y que soslayan, incluso traicionan totalmente el espíritu de nuestra Directiva, se vendan masivamente hoy: 50 000 al día, y solo de una marca, señor Comisario. 
Es, pues, el objeto de moda, un poco en todas partes, en todos los Estados miembros. 
Hablo de doce Estados en mi pregunta, pero el problema se plantea sin duda en todos los Estados miembros y en los países candidatos. 
Pienso, pues, que hay un verdadero trabajo jurídico que hacer. 
Debemos encontrar una solución, tanto más cuanto que la Comisión propone, y la apoyamos en este combate, ir más allá e incluir fotografías. 
Las fotografías exacerbarán aún más esta moda, acelerarán el proceso de venta de los productos y el deseo de eludir la realidad. 
¿Qué podemos hacer si esto ocurre? 
En cuanto al segundo elemento, ¿son los propios fabricantes los que incluyen estos estuches? 
En la mayoría de los casos, no lo son, pero en otros son los fabricantes de encendedores los que los ofrecen, lo que no se aleja mucho. 
Coincido plenamente con las implicaciones de la cuestión que usted plantea, y la última parte de su pregunta plantea si la propia industria del tabaco está implicada en esto o si realmente lo están las tiendas minoristas. 
Como he indicado anteriormente, parecen existir ciertos indicios de que las expendedurías con licencia estatal pueden estar implicadas en esta práctica. 
El grado en que estos productos se venden o se regalan junto con la venta de tabaco es una cuestión a estudiar y resolver, sobre todo en el contexto de la puesta en práctica de la legislación que cae bajo la potestad de los propios Estados miembros. 
Sin embargo, si se tratara de dos transacciones completamente separadas y diferenciadas, una la compra de cigarrillos y la otra en un establecimiento distinto en un lugar aparte, la compra de un paquete como este, donde un individuo es libre de hacer lo que quiera con su paquete de cigarrillos, me parece que en tales casos estamos llegando al punto en la que resulta más difícil establecer una reglamentación. 
Pero como he dicho antes, la realidad es que el comprador del paquete de cigarrillos se habrá percatado, y se habrá puesto en su conocimiento, que esta información está contenida en el paquete de cigarrillos. 
Las fotografías a que usted hace referencia también pueden estar incluidas, caso de que el Estado miembro en cuestión opte por imprimirlas en el paquete de cigarrillos, aunque no es obligatorio hacerlo, y en ese sentido se le habrá transmitido la información al consumidor en la forma prevista por la legislación. 
Así que, hasta ahí no se ha eludido la legislación. 
Pero existen algunos aspectos inherentes a todo esto. 
Uno es asegurar la correcta puesta en práctica de la legislación, y el otro, garantizar que no invadamos la libertad del individuo a hacer lo que le plazca con su propiedad, incluso en circunstancias en las que no aprobaríamos sus actos. 
La Comisión no ignora que, en 2001, el Parlamento Europeo se pronunció a favor de disposiciones que limitan a un máximo de 8 horas o de 500 kilómetros el transporte de los animales destinados al sacrificio o al engorde. 
El Comité Científico de Salud y Bienestar de los Animales establecido por la Comisión ha llegado a la conclusión de que el bienestar de los animales tiende a disminuir proporcionalmente al aumento de la duración del trayecto, por lo que conviene limitar al máximo la duración del mismo. 
Teniendo esto en cuenta, y a pesar de no haber previsto en su propuesta de reglamento un límite máximo para los trayectos, ¿apoyará ahora la Comisión la introducción de dicho límite global máximo si el Parlamento vuelve a solicitarlo cuando apruebe su dictamen sobre la propuesta de reglamento? 
El 16 de julio, la Comisión aprobó su propuesta acerca de la protección de los animales durante el transporte. 
Supone una revisión radical de la reglamentación europea sobre el transporte de animales. 
La Comisión es consciente de que el Parlamento y algunos Estados miembros habían pedido la limitación de los trayectos a ocho horas o 500 kilómetros. 
Sin embargo, debe quedar absolutamente claro que el dictamen correspondiente del Comité Científico no especificaba ninguna limitación concreta de tiempo para el transporte de animales con vistas a mejorar su bienestar. 
La propuesta de la Comisión tiene plenamente en cuenta las opiniones del Comité Científico y toda una gama de consultas realizadas con las partes interesadas. 
La Comisión decidió que la mejor forma para llevar a efecto las conclusiones de este proceso consistía en proponer una duración de los viajes que coincidiera con la normativa en materia de viaje y descanso aplicable a los conductores. 
En consecuencia, uno de mis principales objetivos –la puesta en práctica eficaz de la reglamentación revisada sobre protección animal– se podía alcanzar de una forma mucho más directa. 
Los datos del tacógrafo servirían para verificar el cumplimiento. 
Espero con interés las opiniones del Parlamento acerca de nuestra propuesta, así como el rápido avance en el Consejo. 
Resultaría poco apropiado entrar en especulaciones acerca de cualquier planteamiento concreto a la vista de los respectivos papeles de nuestras instituciones según se establecen en el Tratado. 
– Realmente estoy algo decepcionada, ya que parece existir una gran diferencia entre la normativa para los conductores de camión que transportan animales hasta el Oriente Próximo, y las condiciones en que se mantiene a los propios animales. 
El Comité Científico de Salud y Bienestar de los Animales establecido por la Comisión ha llegado a la conclusión de que el bienestar de los animales tiende a disminuir a medida que aumenta la duración del trayecto. 
Como usted ha señalado, señor Comisario, la posición del Parlamento era de ocho horas. 
Con una jornada de viaje de nueve horas, un período de descanso de doce horas, otras nueve horas de viaje y otras doce horas de descanso, se podría continuar indefinidamente: alcanzaríamos una situación en la que los animales se podrían transportar alrededor del mundo y vuelta a empezar. 
Eso se podría prorrogar hasta que sucumbieran los animales. 
Eso es totalmente innecesario. 
Parece evidente que se supone que tenemos que aspirar a crear un incentivo por el cual los animales sean sacrificados lo más cerca posible de su lugar de origen. 
Tenemos que poner fin a estos trayectos excesivamente prolongados, sobre todo en el caso de que los animales se transporten a lugares tan distantes como el Oriente Próximo. 
Espero que la Comisión reconsidere el contenido de su propuesta y presente un tiempo máximo por jornada, en vez de esta situación en la que los animales pueden estar viajando distancias enormes con ciertos períodos de descanso. 
Eso no basta para garantizar el bienestar de los animales y los científicos efectivamente así lo han puesto de manifiesto. 
Espero que la Comisión lo tenga en cuenta. 
A la larga, tenemos que tomar en consideración el bienestar de los animales y crear incentivos para reducir la necesidad de los transportes a larga distancia. 
Eso no se conseguirá, señor Comisario, creando una situación en la que puedan seguir produciéndose. 
Tomo nota de los comentarios de su Señoría y también del hecho de que ella es la ponente alternativa de la legislación sobre transporte de animales. 
También soy consciente del hecho de que el Parlamento tiene que nombrar todavía al ponente principal; sin lugar a dudas lo hará en breve. 
Entonces se elaborará un informe en la forma habitual. 
El tema será presentado en la Cámara para su debate y las enmiendas que se formulen serán abordadas de la forma habitual por parte de la Comisión. 
Entonces estaremos en condiciones de celebrar un debate completo acerca del tema suscitado. 
Entretanto, he tomado nota de lo expuesto por su Señoría. 
– A la hora de estudiar la legislación, ¿va a tener presente que resulta sin duda deseable una cierta flexibilidad? 
Por ejemplo, si se plantea un periodo rígido de nueve u ocho horas con períodos posteriores de descanso, es posible que nos encontremos a tiro de piedra del destino final. 
En tales casos, sin duda es mejor habilitar una hora o dos más de viaje que un período de descanso de doce horas seguido de un trayecto de una o dos horas. 
Le pido que admita una cierta flexibilidad a la hora de aplicar cualquier disposición relacionada con el transporte de animales. 
Tomo nota de la observación formulada por el Sr. Purvis, es una opinión que ya me ha planteado en alguna ocasión anterior. 
Es uno de una serie de temas que está examinando la Presidencia en su respuesta a esta legislación. 
Por supuesto, en el contexto del procedimiento habitual que se aplica a la promulgación de la legislación, este y otros temas formarán parte previsiblemente del estudio de la propuesta por el Parlamento y el Consejo en forma de enmiendas destinadas a encontrar el camino adecuado hacia delante. 
No es mi función a estas alturas presentar nuevas propuestas, sino responder a cualquier enmienda que pueda ser presentada por esta Cámara o incluso por el Consejo de Ministros. 
Por último, he tomado nota de la observación realizada por usted y, sin lugar a dudas, la debatiremos más adelante. 
– Yo también tengo ciertas reservas acerca de la propuesta sobre el transporte de animales. 
El Reino Unido tiene en la actualidad una derogación de la normativa de la UE por la cual queda prohibida la exportación de caballos y ponis desde el Reino Unido al continente para su sacrificio. 
Como es sabido, el Reino Unido cuenta con un número de rebaños semisalvajes de ponis en New Forest y Dartmoor. 
Tal como lo entiendo, la propuesta sobre transporte de animales que acaba de publicar obligará al Reino Unido a suprimir dicha derogación y permitir la exportación de cientos, si no miles, de caballos y ponis para ser sacrificados en Francia, Bélgica e Italia. 
Creo que es una propuesta absolutamente espantosa, toda vez que Gran Bretaña es un país de amantes de los caballos y dados los valores culturales concretos que el pueblo británico asocia a los caballos y ponis. 
¿Será capaz la Comisión de apoyar la enmienda que me propongo presentar en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, que permitiría al Reino Unido prohibir la exportación de caballos y ponis desde este país para su sacrificio o engorde adicional? 
Conozco las cuestiones que ha planteado usted. 
Sin embargo, existen errores de hecho en la argumentación formulada. 
No existe en este momento tal derogación. 
La derogación que estaba en vigor quedó suprimida en 1995. 
Por consiguiente, sería incorrecto sugerir que el proyecto de normativa actual que está en estudio modifica lo más mínimo la situación anterior. 
Dicho esto, esta mañana he discutido este mismo asunto con su colega, el Sr. Parish. 
Soy consciente de que existe cierta preocupación en el Reino Unido por esta cuestión. 
He expuesto mis opiniones al respecto y me hago cargo de los planteamientos expuestos. 
Esas opiniones merecerán, me imagino, cierta publicidad en la prensa británica de mañana. 
He pedido a mis servicios que estudien este punto concreto a fin de intentar alcanzar un resultado que pueda ser del agrado de usted, al tiempo que garantice que no se violan las reglas de funcionamiento del mercado interior. 
Así pues, el tema está en estudio. 
En junio de 2001, a iniciativa de Suecia, los ministros de Sanidad de los Estados miembros decidieron pedir a la Comisión que elaborara una estrategia común para reducir los efectos nocivos del alcohol. 
Actualmente asistimos a un aumento regular del consumo de alcohol y a un aumento del consumo intensivo de alcohol por parte de los jóvenes en determinados Estados miembros. 
Es un hecho que existe una relación entre comenzar a consumir alcohol a una edad temprana y el fuerte consumo de alcohol, el abuso de drogas y la delincuencia. 
Los problemas relacionados con el alcohol son graves también en varios de los Estados candidatos a la adhesión. 
¿Qué progresos ha realizado la Comisión en la elaboración de una estrategia comunitaria global destinada a reducir los daños relacionados con el alcohol y a establecer un calendario para las diferentes medidas? 
Comparto plenamente la preocupación de su Señoría por esta cuestión tan importante. 
El alcohol es uno de los factores de salud más importantes en la Comunidad. 
Quiero asegurarle que la Comisión, a la hora de seguir desarrollando la estrategia sobre salud pública comunitaria, también se centrará en la reducción de los problemas derivados del alcohol. 
La Comunidad aprobó dos documentos importantes sobre política en materia de alcohol durante la Presidencia sueca en junio de 2001. Las conclusiones del Consejo del 5 de junio de 2001 acerca de la estrategia comunitaria para reducir los problemas derivados del alcohol, a que ha hecho referencia su Señoría, y la recomendación del Consejo sobre el consumo de alcohol por los jóvenes, en concreto los niños y adolescentes (2001/458/CE). 
La Conferencia de Estocolmo sobre Alcohol y Juventud, celebrada en febrero de 2001, supuso un avance notable en la elaboración de dichos documentos. 
Debemos reseñar que, aparte de constituir un asunto importante en materia de salud pública, el alcohol es además un tema controvertido y políticamente sensible tanto en la Comunidad y en cada uno de los Estados miembros. 
Hemos de proyectar cuidadosamente una estrategia comunitaria en colaboración con los Estados miembros. 
Además tiene que basarse en pruebas reales. 
Por tanto, hemos de evaluar las diferentes medidas, así como las distintas situaciones en los Estados miembros. 
La aprobación del nuevo programa de salud pública ha venido a dotar a la Comisión de un instrumento eficiente para elaborar dicha estrategia. 
En primer lugar está previsto completar para finales de 2004 un informe sobre el alcohol en el contexto de la parte informativa del nuevo programa. 
Este informe tratará de los costes económicos y sociales del alcohol, incluyendo las cuestiones de la promoción del alcohol, la protección de los niños y de los jóvenes. 
En segundo lugar, y esperemos que a partir de principios del año que viene, crearemos una red de organizaciones expertas para apoyar la puesta en práctica de las recomendación del Consejo sobre el consumo de alcohol por los jóvenes, así como para seguir desarrollando una estrategia comunitaria sobre el alcohol prevista en la conclusión del Consejo y al que se ha referido su Señoría. 
La Comisión ha creado recientemente un grupo de trabajo sobre alcohol y salud, en el que los representantes de los Estados miembros debaten los diferentes aspectos de la política en materia de alcohol en la Comunidad y, de forma específica, la forma en que los Estados miembros están poniendo en práctica la recomendación del Consejo en cuanto al alcohol y los jóvenes. 
El grupo de trabajo nos permitirá además controlar la situación en los nuevos Estados miembros. 
A finales de 2005 está prevista la presentación de un informe de la Comisión sobre la puesta en práctica de la recomendación del Consejo sobre el alcohol y los jóvenes. 
Este informe evaluará hasta qué punto las medidas propuestas están funcionando de forma eficiente, así como la necesidad de revisarlas o de emprender acciones nuevas. 
La Comisión está estudiando, junto con la región europea de la OMS y los Estados miembros, la posibilidad de celebrar una conferencia sobre alcohol y salud en el año 2005 como seguimiento de la Conferencia de Estocolmo de 2001. 
Los resultados de esta conferencia, junto con el informe sobre la aplicación de la recomendación del Consejo sobre los jóvenes y el alcohol, nos permitirá definir la estrategia que reflejará la situación de la Unión Europea ampliada. 
A la hora de avanzar en el plano comunitario, no debemos olvidar el papel central de nuestros Estados miembros en la respuesta a estos fenómenos. 
Un planteamiento integrado para hacer frente a las cuestiones relacionadas con el alcohol precisa una acción concertada de todas las partes interesadas, incluidas las familias, los colegios, los empresarios, la industria, los publicitarios y los legisladores nacionales. 
El cumplimiento eficaz de la legislación nacional vigente en materias que van desde la conducción bajo los efectos del alcohol hasta los límites de edad para el consumo podría marcar una diferencia significativa. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario por su respuesta. 
Según he entendido esta tarea va a entrar ahora en una fase más intensiva y dará lugar a muchas buenas medidas prácticas. 
Por desgracia, hasta la fecha hemos comprobado que la Comisión ha estado más dispuesta a adoptar medidas para aumentar, en lugar de reducir, el consumo. 
El último ejemplo sucedió el lunes pasado. 
En una opinión tildada de justificada, la Comisión pidió que Suecia revocara su prohibición de la importación privada de bebidas alcohólicas a través de intermediarios independientes, es decir, sin que el comprador tenga que pasar por el monopolio minorista estatal. 
Con esta medida, la capacidad de controlar la edad de los compradores desaparecería, y sería notablemente más difícil deducir el impuesto correcto sobre el alcohol. 
A la luz de todo esto, quisiera plantear otra cuestión al Comisario: si vamos a formular una estrategia sobre este importante problema de salud pública, ¿no sería apropiado que las diferentes partes de la Comisión trabajaran con el mismo objetivo? 
La Comisión no tiene ningún interés en aumentar el consumo de alcohol en la Unión Europea o en los Estados miembros, y sus políticas no van dirigidas a este fin. 
Como le he indicado, las medidas que se están tomando en mi Dirección General y en otras de la Comisión pretenden llegar a una situación en que se pueda reducir el consumo excesivo de alcohol en concreto, sobre todo entre los jóvenes. 
Este fenómeno existe en algunos Estados miembros, no en todos. 
Sin embargo, es un tema de los propios Estados miembros. 
Es una competencia nacional y no sería correcto pretender que las políticas de la Unión Europea fomenten el consumo de alcohol o disuadan del mismo. 
Solo podemos actuar a la luz de las competencias que se nos han asignado a escala de la Unión Europea: este tema es principalmente responsabilidad de cada uno de los Estados miembros, y algunos tienen un problema más grave que otros. 
Aquellos Estados miembros que tengan un problema más grave deberían poner en práctica políticas de ámbito nacional para intentar resolver la situación. 
Aunque ya hemos superado los 30 minutos de preguntas, con el permiso del Sr. Comisario, le vamos a realizar la última. 
En 1988, el Comité científico de la salud y el bienestar de los animales publicó un informe en el que llegó a la conclusión de que el engorde forzoso praticado a la sazón era perjudicial para el bienestar de las aves. 
¿No cree la Comisión que seguir tolerando estas crueles prácticas en la Unión Europea es abominable, máxime cuando estamos intentando convencer al resto del mundo de los elevados estándares de bienestar animal en nuestras explotaciones ganaderas? 
¿Para cuándo podemos esperar que la Comisión presente una propuesta de eliminación de las prácticas de engorde forzoso? 
Agradezco a Su Señoría que haya planteado este tema tan importante y me haya ofrecido la oportunidad de perfilar las ideas de la Comisión en este sentido. 
Su Señoría se refiere en su pregunta al informe del Comité Científico de Salud y Bienestar de los animales en relación con el bienestar en la producción de paté de hígado de patos y ocas. 
Este informe se aprobó en diciembre de 1998 y abarca una amplia gama de aspectos como: los orígenes y la distribución de la producción de paté de hígado; la práctica de la cría y el engorde forzoso; la conducta de patos y ocas; las consecuencias del engorde forzoso, en concreto los indicadores de bienestar; los aspectos socioeconómicos de la mejora del bienestar de los animales utilizados en el sector del paté de hígado; y la investigación. 
Los científicos no estudiaron el tema del engorde forzoso de forma aislada, sino en el marco de toda una gama de factores implicados en la producción del paté de hígado. 
Sin embargo, al reconocer que el engorde forzoso de aves, tal como se practica en la actualidad, va en detrimento del bienestar de dichas aves, el Comité Científico acabó formulando varias recomendaciones. 
El principal objetivo de las recomendaciones es mejorar las prácticas de producción para mitigar el sufrimiento que se pueda evitar. 
Así, según los científicos, los objetivos serían, por orden de prioridad: reducir los índices de mortalidad y morbilidad; disminuir el dolor y el malestar que todos sufren en el proceso; y permitir que los animales puedan llevar una vida con una conducta normal. 
El informe deja claro que para el futuro desarrollo de la producción de paté de hígado es muy importante introducir técnicas alternativas que no exijan el engorde forzoso de forma intensiva. 
Mis servicios han llamado la atención del sector sobre este informe. 
A raíz de ello, el sector está estudiando e investigando mejores técnicas de producción que permitan un mayor bienestar. 
Además, quisiera llamar la atención de su Señoría sobre las dos recomendaciones en el marco de la Convención Europea para la protección de los animales de granja. 
Se refieren específicamente a la protección de los patos y las ocas criados para la producción de paté de hígado. 
Me complace decir que la Comisión ha participado activamente en la adopción de las recomendaciones. 
Estas recomendaciones contienen consideraciones sobre el bienestar para la cría de patos y ocas y, en concreto, para la eliminación progresiva de las pequeñas jaulas individuales para los patos. 
Las recomendaciones reflejan la necesidad de reducir la forma más intensiva de cría, como se recomienda en el informe del Comité Científico al que ya me he referido. 
La Comunidad, todos los Estados miembros y la mayor parte de los países candidatos forman parte de esta Convención y, como tal, se espera que la pongan en práctica. 
En concreto, las partes de la Convención tendrán que informar sobre la situación de la puesta en práctica de estas recomendaciones concretas ante el Consejo de Europa a partir del 1 de enero de 2005. 
La Comisión seguirá muy de cerca la aplicación de estas recomendaciones, que permiten una considerable mejora del bienestar. 
Señor Comisario, gracias por su respuesta. 
Como estoy segura que ya sabe, es un tema que preocupa a muchas personas de la Unión Europea, que seguramente querrán saber que lo estamos tratando con un cierto grado de urgencia. 
Quisiera llamar su atención sobre la Directiva del Consejo 98/58/CE –la Directiva general sobre el bienestar de los animales de granja–, que establece que «no se suministrarán a ningún animal alimentos ni líquidos (... ) que les ocasionen sufrimientos o daños innecesarios.» 
Dado que el engorde forzoso de patos y ocas con medios mecánicos hace exactamente esto, ¿podría la Comisión decirnos si se siente satisfecha con la aplicación de la Directiva 98/58/CE en Francia y Bélgica en concreto? 
La Directiva 98/58/CE también permite que la Comunidad tome medidas para asegurar una aplicación uniforme de las recomendaciones de Consejo de Europa. 
Dado que Alemania y Dinamarca, junto con Polonia, ya han prohibido el engorde forzoso ¿seguirá avanzando la Comisión y propondrá una prohibición directa del paté de hígado para armonizar la legislación de la UE en este ámbito? 
Todo el asesoramiento científico que recibo en relación con este tema se centra en la forma en que tiene lugar el engorde forzoso, es decir, las circunstancias que rodean al engorde forzoso. Si las aves viven en jaulas, por ejemplo, y otras circunstancias y condiciones en las que se crían las aves. 
Es importante resaltar que no disponemos de ningún asesoramiento científico que indique que el engorde forzoso en sí, aparte de las condiciones en las que se mantienen los animales, sea contrario al bienestar animal. 
Este es el dictamen claro que tengo en relación con este tema, y le doy esta respuesta para que la considere. 
En estas circunstancias, me siento satisfecho y creo que la Directiva 98/58 se está aplicando correctamente. 
Creo que el Comisario está en un error en cuanto al hecho de que el engorde forzoso en sí no causa ningún sufrimiento o daño innecesario y no incumple la Directiva sobre animales de granja, como ha mencionado la Sra. Lucas. 
Si se introduce un embudo en la garganta de una oca y se la alimenta a la fuerza con maíz, es imposible que no se le esté causando sufrimiento o daño. 
Es absurdo sugerir que esto no causa ningún daño. 
En segundo lugar, el tribunal supremo israelí ha decretado que el engorde forzoso es ilegal, y esto en un país donde había una gran producción de paté de hígado mediante el engorde forzoso. 
También otros países han decidido que es ilegal. 
La Unión Europea debería hacer lo mismo. 
Está usted negando la realidad de la situación si dice que el engorde forzoso no causa sufrimiento o daños innecesarios. 
Si estudiamos la Directiva, como ha dicho la Sra. Lucas, lo único que podemos hacer es imponer una prohibición de este tipo de alimentación de los animales. 
El dictamen claro que yo tengo en relación con este tema es que los métodos tradicionales de engorde de patos y ocas para la producción de paté de hígado no son contrarios a los criterios de bienestar animal. 
El tema real que debe preocuparnos, y el centro de atención de todas las evaluaciones científicas sobre este tema, se ha relacionado con la cría intensiva, la producción intensiva y el engorde forzoso intensivo de aves de esta forma. 
La prohibición que su Señoría menciona no se basa en el bienestar, sino más bien en la ética, que es un tema distinto. 
Lo que estamos considerando aquí es la cuestión del bienestar animal y el tratamiento de animales y aves en estas circunstancias. 
Tomo nota de lo que ha dicho. 
Es un tema que se discutirá más adelante. 
Muchas gracias, señor Byrne, por su cooperación con el Parlamento esta tarde. 
De acuerdo con el Reglamento, las preguntas 42, 43 y 44 se contestarán por escrito. 
Pasamos a las preguntas al Sr. Bolkestein. 
En un informe elaborado para la Comisión Europea, los comisarios Bolkestein y Patten afirmaban que los EE.UU. no les habían ofrecido garantías suficientes sobre la protección de los datos personales de los pasajeros de compañías aéreas europeas que viajan a dicho país, datos que exigen las autoridades estadounidenses. 
A pesar de lo anterior, continúa vigente la decisión provisional de 5 de marzo de 2003 que permite a las compañías europeas transmitir a las autoridades estadounidenses los citados datos personales de sus pasajeros. 
¿Cuándo se propone suspender la Comisión la decisión provisional de 5 de marzo de 2003, ya que se vulnera de forma evidente la legislación comunitaria sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos? 
La Comisión quisiera empezar aclarando un malentendido en el que parece que se basa la pregunta. 
En la actualidad no existe ninguna decisión ni ningún acuerdo. 
Por lo tanto, no hay nada que derogar. 
Existe una ley estadounidense que obliga a las compañías aéreas que vuelan hacia o desde los Estados Unidos a permitir el acceso al registro de los nombres de sus pasajeros. 
La mayor parte de las compañías aéreas cumplen este requisito. 
Es comprensible si tenemos en cuenta que puede haber consecuencias negativas para estas compañías aéreas y para sus pasajeros si no proporcionan los datos a los Estados Unidos. 
Con la declaración conjunta de febrero se consiguió que los Estados Unidos se comprometieran a trabajar con la Comisión para conseguir el denominado nivel de adecuación en relación con la protección de datos asegurada por los Estados Unidos. 
Su Señoría tiene razón, la Comisión no considera que las medidas estadounidenses conlleven la protección adecuada. 
Pero esto por sí solo no es motivo suficiente para detener el proceso. 
En cambio, la Comisión sigue el proceso con energía con el fin de persuadir a los Estados Unidos de que mejoren sus medidas y se encuentre un nivel de adecuación y un marco legal adecuado para que se pueda proceder a la transferencia de los registros de nombres de pasajeros. 
Como indiqué a la comisión competente del Parlamento el 9 de septiembre de 2003, la Comisión Europea se ha impuesto como plazo máximo la Navidad de 2003. 
– Me temo que el «comprensible» del Comisario es peor que un acuerdo. 
En otras palabras, lo que aquí tenemos es tolerancia y un consentimiento oculto de la Comisión, y del Comisario Bolkenstein en particular, a un incumplimiento de la legislación de la Unión Europea, especialmente las directivas sobre protección de datos. 
Por consiguiente, señor Comisario, mi pregunta es la siguiente: ¿ha tenido usted en cuenta la resolución aprobada por el pleno del Parlamento Europeo hace unas pocas semanas en torno a la lucha contra esta situación? 
Esta resolución recoge el interés del Parlamento Europeo por recurrir al tribunal contra esta postura de la Comisión en este asunto concreto, asunto terriblemente delicado en el que la Comisión está actuando ilegalmente, a la vez que las instituciones de la Unión Europea intentan enseñar a sus ciudadanos a actuar legalmente. 
En respuesta a la pregunta complementaria, quizás debería explicar de nuevo que la Comisión está negociando activamente con el Gobierno de los Estados Unidos. 
La semana pasada estuve en Washington, y durante mi estancia me reuní con el Sr. Tom Ridge, Secretario del Departamento de Seguridad Interior, es decir, el hombre encargado de vigilar que los Estados Unidos sea un país seguro. 
La legislación estadounidense requiere que todos los pasajeros que vayan a los Estados Unidos hayan enviado sus datos personales antes de su llegada. 
Dejando de lado lo que piense la Comisión, las compañías aéreas y, si es preciso, los sistemas de reserva informatizados, facilitan esos datos. 
Esto no es del todo conforme con la legislación europea y, por lo tanto, la situación no es buena. 
La ley europea se expresa en la Directiva sobre Protección de Datos que, dicho sea de paso, todavía no se ha transpuesto a la legislación nacional de varios Estados miembros. 
De todas formas, es una Directiva y su cumplimiento debería ser supervisado por los Estados miembros, no por la Comisión. 
Repito, no es una buena situación. 
Debemos decidir si existe una protección adecuada de los datos en los Estados Unidos, es decir, el denominado «nivel de adecuación». 
Como ya dije a la comisión parlamentaria competente durante la primera mitad de septiembre, todavía no puedo decir que haya adecuación al otro lado del océano. 
Por lo tanto, la situación sigue siendo jurídicamente precaria. 
Y repito, eso no es bueno. 
Su Señoría ha dicho que había un acuerdo secreto. 
No hay nada secreto en absoluto. 
La situación es de una legalidad dudosa, pero la Comisión está conversando con el Gobierno estadounidense para intentar rectificarla. 
En mi última visita a Washington pude conseguir un cierto progreso hacia una solución consensuada, pero todavía estamos muy lejos. 
He dicho al Parlamento que me he propuesto resolver la situación antes de Navidad. 
No sé qué va a ocurrir. 
Espero que llegaremos a un nivel de adecuación en un futuro próximo porque nuestras negociaciones continúan. 
Si no es el caso, explicaré al Parlamento que no hay adecuación y, por lo tanto, propondré que iniciemos una negociación bilateral con los Estados Unidos. 
Necesariamente esto implicaría una derogación de la Directiva sobre protección de datos. 
Existe también otro instrumento legal en forma de reglamento sobre sistemas informatizados de reserva. 
Es un Reglamento y, por lo tanto, la vigilancia de que se cumpla este Reglamento corresponde a la Comisión. 
Y esto forma parte más específicamente de las responsabilidades de mi colega la Sra. De Palacio. 
Los artículos 6 y 11 del Reglamento dicen que se puede exigir que la Comisión interrumpa el flujo de datos si este flujo de datos no es compatible con el Reglamento. 
Pero quiero llamar la atención de sus Señorías sobre el hecho de que detener el flujo de datos, como he dicho antes, puede tener consecuencias graves para las compañías aéreas implicadas. 
Puede significar que todos los pasajeros tengan que hacer cola durante tres o cuatro horas en Washington, Nueva York o donde sea para entregar la información que exigen los estadounidenses, o que se multe a las compañías aéreas con muchos dólares por pasajero, o que se suspendan sus derechos de aterrizaje. 
No son consecuencias insignificantes, y quisiera recordar a sus Señorías las posibles consecuencias que podría tener la interrupción del flujo de datos. 
Dicho esto, entiendo la preocupación del Parlamento. 
También a mí me preocupa, porque me interesa que se respete la ley. 
Estamos trabajando en ello. 
Seguiremos y seguiré informando al Parlamento tan pronto como tenga algo más sustancial que ahora sobre hasta dónde están dispuestos a llegar nuestros socios estadounidenses. 
De conformidad con las prácticas jurídicas nacionales de algunos Estados miembros, es ilegal cambiar el etiquetado de productos farmacéuticos importados paralelamente de manera que tengan el nombre utilizado por el titular de la marca en el país de importación si el producto farmacéutico en cuestión puede venderse en el país de importación con el mismo nombre con el que se comercializó en el país de exportación. Esta norma se aplica independientemente de que el importador paralelo pueda mostrar que, si no se cambia el nombre del producto, el importador se ve privado del 25% del mercado debido a las normas sobre sustitución de medicamentos y a los hábitos de prescripción de los médicos. 
¿Considera la Comisión que es conforme con las disposiciones del Tratado sobre libre circulación de mercancías y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre importación paralela de productos farmacéuticos que los tribunales nacionales justifiquen su decisión de que las prácticas mencionadas son ilegales basándose, por ejemplo, en que la falta de acceso al mercado es únicamente una barrera comercial que los importadores deben intentar superar mediante métodos (en principio, sin restricciones) de comercialización dirigidos a los médicos (a pesar de que los importadores paralelos no tienen acceso al Drug Master File o a datos científico/técnicos equivalentes e independientemente de que el precio del producto esté regulado por normas sobre dispensación de medicamentos? 
En respuesta a la pregunta de la Sra. Riis-Jørgensen, quisiera remarcar que una importación paralela de un producto farmacéutico es una forma legal de comercio dentro del mercado interior, de conformidad con el artículo 28 del Tratado. 
También está sujeta a las derogaciones referentes a la protección de la salud y la vida humanas y a la protección de la propiedad industrial y comercial, de conformidad con el artículo 30 del Tratado. 
El Tribunal de Justicia Europeo ha considerado que la derogación de la libre circulación de productos, justificada por la protección de la propiedad industrial y comercial, solo es admisible a efectos de salvaguardar los derechos que son objeto específicamente de la propiedad. 
El objeto específico de una marca registrada es, en concreto, garantizar al propietario que tiene el derecho exclusivo de usar dicha marca a efectos de colocar un producto en el mercado por primera vez. 
Por lo tanto, la legislación de los Estados miembros que protege los derechos de propiedad industrial y comercial no puede utilizarse para oponerse a la importación de un producto que ya ha sido colocado legalmente en el mercado de otro Estado miembro por parte del propietario de dicho derecho o con el consentimiento del mismo. 
En determinadas circunstancias, los importadores paralelos se ven obligados a reetiquetar los productos farmacéuticos importados en paralelo para tener un acceso más eficaz al mercado del Estado miembro importador, especialmente cuando el uso de diversas marcas registradas por el propietario contribuye a la fragmentación artificial de los mercados entre Estados miembros. 
La fragmentación de los mercados seguiría existiendo aunque el importador solamente pudiera vender el producto en algunas partes de su mercado. 
El tribunal ha decidido que el reenvasado y el reetiquetado no son necesarios si un importador paralelo solo quiere asegurarse una ventaja comercial. 
Según la jurisprudencia del tribunal, el reetiquetado se considera justificado si es objetivamente necesario. 
En cualquier caso, esto debe valorarse sobre la base de circunstancias como las mencionadas en la pregunta, circunstancias que prevalecen a la hora de comercializar el producto farmacéutico importado en paralelo en el Estado miembro importador. 
Está en manos de los tribunales nacionales determinar en cada caso concreto si es objetivamente necesario para el importador paralelo adoptar la marca registrada que se utiliza en el Estado miembro importador para que los productos importados tengan un acceso eficaz al mercado. 
En relación con las medidas nacionales mencionadas en la pregunta, en caso de que la Comisión tuviera más información sobre las circunstancias concretas, se valoraría a la luz de la jurisprudencia del tribunal. 
Por lo que ha dicho, entiendo que si puedo obtener más información sobre este caso concreto, puedo acudir a usted para resolverlo o pasar el asunto a un tribunal nacional. 
Estas son las dos soluciones. 
Si la Sra. Riis-Jørgensen tiene información más concreta en relación con un caso concreto que ha llegado a su conocimiento, la Comisión la recibirá con mucho gusto y efectuará un seguimiento a la luz de la jurisprudencia de los tribunales y tomará las medidas pertinentes. 
La Comisión agradecerá a la Sra. Riis-Jørgensen que le comunique dicha información. 
La Comisión ha investigado las quejas que ha recibido en relación con los contratos de servicios públicos adjudicados por la empresa Trasagua y ha llegado a la conclusión de que esta entidad debe considerarse un organismo jurídico público a efectos de las directivas comunitarias en relación con la coordinación de los procedimientos para la adjudicación de contratos de servicios públicos. 
Por tanto, la Comisión opina que las disposiciones de las directivas sobre contratos de servicios públicos son aplicables a esta entidad cuando adjudica un contrato contemplado en estas directivas, y que el contrato de evaluación del impacto ambiental al que alude Su Señoría debería haberse publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
En una carta dirigida a mí con fecha de 19 de junio de 2003, el Sr. Martínez Fernández, Secretario de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente español, reconoce que este análisis de la Comisión es correcto. 
Y en la misma carta promete que a partir de ahora la empresa Trasagua aplicará en su totalidad las disposiciones pertinentes de las directivas de la CE siempre que adjudique contratos. 
La Comisión desea llamar la atención de Su Señoría sobre el hecho de que el caso de Trasagua ha de situarse en el contexto más amplio de la compatibilidad de las disposiciones españolas para la aplicación del concepto comunitario de organismo jurídico público. 
Después de todo, la Ley española en virtud de la cual se aplican las directivas sobre contratos de servicios públicos no contempla las entidades privadas, incluso aunque se ajusten a la definición de organismo jurídico público a efectos de las directivas comunitarias. 
En este contexto la Comisión en varias ocasiones ha tomado medidas al amparo del artículo 226 por incumplimiento de las obligaciones. 
Por ejemplo, el Tribunal de Justicia hace poco consideró a España culpable de haber aplicado incorrectamente la directiva sobre las obras de construcción de una cárcel. 
Hay otro caso pendiente en el Tribunal relativo al problema más general de la aplicación incorrecta del ámbito referente al personal de las directivas relativas a la coordinación de los procedimientos para la adjudicación de contratos de obras públicas y de contratos de suministro público. 
Además, el 11 de julio de este año la Comisión decidió que España había cometido una infracción por los mismos motivos en virtud de la Directiva 92/50/CEE en relación con la coordinación de procedimientos para la adjudicación de contratos de servicios públicos. 
– Señor Presidente, quiero agradecer al Comisario Bolkestein la claridad de su respuesta. 
También me satisface la respuesta que ha dado, a saber, la declaración de la Comisión de que España ha cometido una infracción por cumplimiento insuficiente de la directiva sobre gasto público. 
Esto reviste mucha importancia porque no es el primer problema en el caso del Plan Hidrológico español, el, y no será el último. 
El hecho es que este plan es enorme y requiere ingentes fondos públicos, además de fondos públicos de la Comisión, para lo que se ha enviado una solicitud que, afortunadamente, no ha sido concedida. 
Quiero insistir al Comisario para que siga actuando con el rigor que ha demostrado en este caso específico, porque es importante, en mi opinión, que España se dé cuenta de que debe cumplir la legislación europea en todos los aspectos, no solo con respecto a las evaluaciones del impacto ambiental, sino también en lo que se refiere a la licitación pública, especialmente en este caso. 
No es una pregunta, el señor Comisario ha tomado nota de su opinión. 
En el presente año, el Comité de Basilea aprobará las nuevas disposiciones sobre fondos propios (Basilea II). 
Independientemente del resultado de las negociaciones de Basilea, quisiera saber cuáles de las ocho exigencias del Parlamento Europeo incluirá la Comisión en su propuesta de directiva y cuándo prevé que se pueda disponer de la misma. 
Las exigencias fijadas en el informe de propia iniciativa son las siguientes: 1) Revisión anual, en relación a la inflación, del límite de 1 millón para la venta al por menor; 2) Eliminación del criterio de diversificación del 0,2 %; 3) Consideración de la situación financiera específica en casos de creación de empresas o traspaso de negocios; 4) Inclusión de los resultados de los estudios de incidencias de las PYME; 5) Estudio de la evolución de los gastos administrativos, derivados de Basilea II, especialmente para los pequeños bancos; 6) Consideración de las garantías reales de cédulas hipotecarias incluso con el método estándar y una ponderación favorable del riesgo; 7) Transparencia de los criterios de solvencia; 8) Evaluación positiva de las actividades investigadoras y gastos de inversión en la fijación de los criterios de solvencia. 
La Comisión quiere dar las gracias al Sr. Karas por sus preguntas, que son importantes y detalladas. 
Los servicios de la Comisión están elaborando una propuesta de directiva relativa a la adecuación de los fondos propios de los bancos y las empresas de inversión. 
Como el Parlamento debe saber, el Comité de Basilea ha anunciado que en breve llegará a un consenso sobre el nuevo Acuerdo de Basilea. 
El acuerdo debería estar ultimado para mediados de 2004 como máximo. La propuesta de la Comisión debería presentarse poco después. 
La puesta en práctica para finales de 2006 sigue siendo un objetivo difícil pero posible. 
Los servicios de la Comisión siguen trabajando firmemente en el desarrollo de una propuesta de directiva de la UE. 
El proyecto de propuesta es en general coherente con el trabajo realizado por el Comité de Basilea, pero establece diferenciaciones adecuadas, si es preciso, para tener en cuenta las especificidades del contexto de la UE, como defiende el Parlamento Europeo. 
En relación con la cuarta pregunta del Sr. Karas, permítanme confirmar que los resultados del estudio sobre las consecuencias del nuevo marco en la economía europea –especialmente en las PYME– estarán disponibles en su debido momento para informar al legislativo de la UE. 
Los detalles técnicos del proyecto de directiva siguen estando sometidos a reflexión y consulta en la Comisión, pero me complace ofrecerles ahora los siguientes elementos en respuesta a las preguntas del Sr. Karas. 
En primer lugar, en relación con su pregunta sobre los préstamos al por menor, el proyecto de directiva debería permitir un amplio uso de los procedimientos de comitología para efectuar los cambios necesarios a la luz de la evolución del mercado, incluidos los ajustes a la inflación. 
En relación con la segunda pregunta, el tercer documento consultivo de los servicios de la Comisión –el denominado CP3 de 1 de julio de 2003– ya no se refiere a un criterio de diversificación específico para distinguir las carteras de préstamos al por menor de las de empresa. 
En relación con las preguntas 3, 7 y 8 sobre los sistemas de clasificación interna de los bancos, en los proyectos de propuesta no se explica cómo deberían desarrollar los bancos sus sistemas de clasificación ni qué factores de riesgo deberían tener en cuenta. 
Como ocurre en la actualidad, los bancos solo han de tener en cuenta toda la información pertinente disponible cuando valoran la solvencia de sus prestatarios, incluidas las inversiones y actividades de investigación que un posible prestatario haya llevado a cabo o tenga previsto llevar a cabo. 
Esto no es nuevo y debemos esperarlo de cualquier banco. 
Independientemente de ello, los servicios de la Comisión han puesto en marcha un proyecto para estudiar formas de promover el uso de sistemas de clasificación que incluyan la valoración de riesgo tecnológico –en otras palabras, las clasificaciones tecnológicas– para que los posibles inversores puedan evaluar los riesgos y las compensaciones específicas que comportan las inversiones en PYME de base tecnológica. 
Pero si un banco quiere utilizar su sistema de clasificación interna a efectos de controlar el capital, su supervisor necesitará en el futuro comprobar la fiabilidad del sistema de clasificación del banco. 
Así mejorará la calidad de los sistemas y las clasificaciones y redundará en beneficio de todas las partes implicadas. 
En cuanto a la pregunta 5, es importante para la Comisión que las nuevas normas sean adecuadas para instituciones de todo tipo y tamaño, especialmente los bancos pequeños. 
El trabajo llevado a cabo en Basilea y Bruselas así lo refleja en diversos aspectos, por ejemplo permitiendo un uso parcial de las metodologías con el fin de evitar cargas innecesarias para las pequeñas instituciones de crédito. 
Finalmente, en cuanto a la pregunta 6, ya se ha reconocido una gama más amplia de garantías subsidiarias en relación con una mejora considerable de los préstamos a las PYME. 
En estos momentos, tanto la Comisión como las autoridades supervisoras de los Estados miembros creen que un mayor reconocimiento de garantías subsidiarias y el planteamiento no estandarizado no estaría justificado por motivos de prudencia. 
Los servicios de la Comisión están buscando una solución para las cédulas cubiertas que refleje adecuadamente el riesgo de estos documentos. 
Pido disculpas por esta respuesta tan pormenorizada, señor Presidente, pero las preguntas también eran muy detalladas y quería responder con la misma moneda. 
– Señor Presidente, Comisario Bolkestein, quiero darle las gracias por una respuesta tan detallada. 
Si le he entendido correctamente, la Comisión, en su propuesta de directiva, tendrá en cuenta todas las cuestiones y exigencias que he planteado en mi pregunta, a excepción de la cuestión de las garantías, en relación con la cual el proceso para formarse una opinión aún no ha concluido. 
Por tanto, quiero preguntarle: ¿qué consecuencias tendrá el aplazamiento del calendario para que el Comité de Basilea adopte una decisión? 
Dice usted que presentarán su propuesta de directiva inmediatamente después; en tal caso, es probable que sea otoño de 2004, lo que deja un período de tiempo relativamente escaso para celebrar debates en el Parlamento y con el Consejo, y un marco temporal muy estrecho para una fase preparatoria antes de que entre en vigor a finales de 2006. 
¿Qué consecuencias tendrá el nuevo acuerdo en el Comité de Basilea y el hecho de que el calendario haya sido demorado casi un año a causa de la indecisión del Comité? 
La Comisión, como sabe el Sr. Karas, no desea más que adherirse al calendario original. 
Es cierto que la divergencia de opiniones al otro lado del océano en relación con la pérdida esperada y la pérdida inesperada ha causado un breve retraso de unos meses. Esto significa que la Comisión no ultimará su propuesta hasta mediados del año que viene, más o menos. 
Será laborioso conseguir que todo esté a punto para ponerlo en práctica a finales de 2006. 
La Comisión hace lo que está en sus manos para mantener el ritmo con los avances de Basilea. 
La Comisión no es miembro del Comité de Basilea; está allí en calidad de observadora y por lo tanto se encuentra en manos del Comité de Basilea en lo que al progreso en la materia se refiere. 
Pero hace todo lo que puede para tenerlo todo listo a tiempo. 
La principal pregunta del Sr. Karas es si la Comisión tomará nota de la cuestión que ha planteado, y por supuesto, la respuesta es afirmativa. 
El Sr. Karas puede estar seguro de que tendremos en cuenta sus opiniones y preguntas. 
– Señor Presidente, Comisario Bolkestein, Señorías, el hecho, por supuesto, es que el Parlamento concluyó el estudio hace tiempo, y nuestra conclusión es que necesitamos urgentemente un programa de formación. 
En el Comité de Presupuestos ya hemos estudiado algo a este respecto y destinamos 6 millones de euros del presupuesto para la formación relacionada con Basilea II. Además, tenemos un proyecto piloto, que esperamos podremos votar a favor el jueves, de 91 millones de euros para la constitución de garantías, porque en última instancia esta constitución es necesaria para la calificación de la solvencia. 
Quisiera saber si todavía es posible incorporar al estudio de la Comisión cómo podemos equipar mejor el programa de formación y cómo podríamos optimizar los preparativos para la introducción de Basilea II en el proyecto piloto con el Banco Europeo de Inversiones y otros bancos europeos. 
La Comisión opina que los programas de formación son importantes y por lo tanto presta la máxima atención a lo que el Parlamento decide y desea hacer en este ámbito. 
No sé si los programas de formación como tales formarán parte de la propuesta que se finalizará más o menos en verano del próximo año. 
Al fin y al cabo, una cosa es el programa de formación y otra la Directiva. 
Pero sin duda la Comisión está más que ansiosa por cooperar y ofrecer al Sr. Rübig el beneficio de su experiencia en el desempeño de actividades de formación, y si tuviera la amabilidad de enviarme una carta en este sentido, yo me tomaría la molestia de procurar que el tema se resuelva de la forma adecuada. 
Consu permiso, señor Comisario, le haríamos una última pregunta. 
El régimen de contratación pública y adjudicación de estudios y el sistema de construcción de obras en Grecia se han calificado reiteradamente de sospechosos, al tiempo que las irregularidades que se observan conllevan retrasos en la ejecución de las obras, deficiencias de construcción, presentación de denuncias ante la Comisión Europea por infracciones del Derecho comunitario (metro de Salónica, central hidroeléctrica de Ilarionas, etc.) y pérdida de recursos comunitarios. 
En concreto, para los contratos de concesión, en Grecia no existe un marco legal, que podría complementar las normas del Derecho comunitario. 
Por el contrario, los contratos citados se rigen por normas ad hoc aprobadas para cada uno de ellos, a resultas de lo cual son frecuentes las denuncias ante la Comisión. 
¿En qué medida son compatibles las prácticas de adjudicación de obras públicas en Grecia con el Derecho comunitario? 
¿Son ciertas las noticias publicadas según las cuales la Comisión Europea ha solicitado la suspensión de los pagos por las adjudicaciones de estudios de obras públicas en Grecia así como la revisión del marco que rige la contratación pública y las adjudicaciones de estudios por infracción del Derecho comunitario? 
¿Hay denuncias sobre los contratos de concesión? En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión para que se respete el Derecho comunitario? 
La Comisión quiere recordar que la Directiva sobre contratos públicos aplicable a las obras públicas fue transpuesta a la legislación griega a mediados de los años noventa y constituye el marco adecuado para la concesión de los contratos de obras públicas en Grecia. 
Independientemente del hecho de que parezca que la correspondiente normativa de la UE se ha transpuesto correctamente, la Comisión examina los casos específicos de posibles irregularidades en la concesión de obras públicas y de obras en general que llegan a su conocimiento, y evalúa, caso por caso, si han incumplido o no la legislación comunitaria. 
En relación con el tema específico de determinados estudios de obras públicas, la Comisión puede confirmar que, en el curso de una misión de control rutinaria sobre el terreno en relación con el proyecto Egnatia, cofinanciado por la UE, en concreto a través de la Red Transeuropea –RTE-T– y los Fondos Estructurales, se han identificado algunos aspectos que demuestran que las prácticas de concesión de contratos de estudios en Grecia pueden no ser compatibles con las normas de contratación pública y, por lo tanto, requieren alguna aclaración. 
La Comisión se mantiene en estrecho contacto con las autoridades griegas para poder valorar estos temas. 
Mientras espera los resultados de la evaluación de la compatibilidad con la normativa sobre contratación pública, y en aplicación del «principio de cautela» , se han suspendido algunos de los pagos, principalmente los relacionados con la línea presupuestaria RTE-T. 
En el caso de que las autoridades griegas competentes no proporcionen pruebas suficientes de la conformidad de las normas o las prácticas nacionales con la legislación comunitaria sobre contratación pública, la Comisión tendrá que abrir un procedimiento de infracción y se suspenderían todos los fondos de la UE relacionados con el tema. 
En cuanto a la última pregunta, en la actualidad la Comisión no está examinando ningún caso relacionado con la concesión de obras públicas, y hasta la fecha no se ha presentado ninguna denuncia sobre este tema en concreto. 
– Agradezco al Comisario la respuesta detallada que ha dado a mi pregunta. 
Quiero preguntarle si, aparte de la Carretera Egnatia, existen otros proyectos que estén siendo controlados en estos momentos. 
En estos momentos no puedo responder a la última pregunta. 
Aparte del caso Egnatia, yo no tengo conocimiento de ningún otro. 
Pero esto no significa que no se esté estudiando ningún caso; simplemente, no tengo conocimiento de ninguno. 
Muchas gracias, señor Comisario, por su excelente cooperación más allá del tiempo comprometido. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nº 50 a 103 recibirán respuesta por escrito. (6) 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0346/2003) del Sr. Rothley, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles (COM (2002) 244- C5-0269/2002- 2002/0124 (COD) ). 
Señor Presidente, muchas gracias por darme la palabra en relación con este tema tan importante. 
Permítanme que empiece dando mis más sinceras gracias al Sr. Rothley, el ponente de este expediente, por su excelente trabajo. 
Permítanme además que resalte que el ámbito del seguro de vehículos automóviles es un ejemplo muy bueno de la eficiente cooperación que existe entre el Parlamento y la Comisión. 
Como sus Señorías saben, la resolución del Parlamento Europeo de octubre de 1995, es decir, hace exactamente ocho años, dio lugar a la Cuarta Directiva sobre el Seguro de Vehículos Automóviles. 
Otra resolución, esta vez de julio de 2001, recomendaba la adopción de una Quinta Directiva sobre el Seguro de Vehículos Automóviles, en gran parte siguiendo la línea de la actual propuesta de la Comisión. 
Quiero dar también las gracias al Parlamento, y en especial al Sr. Rothley, por su planteamiento. 
Con la propuesta de una Quinta Directiva de Seguros para Vehículos Automóviles se pretende introducir una legislación que afectaría a millones de ciudadanos europeos: conductores y posibles víctimas de accidentes, y, por supuesto, compañías de seguros. 
Será más fácil para los conductores obtener un seguro y mejorará la protección de las víctimas. 
Como saben, el objetivo de esta propuesta no es solo actualizar y modernizar la normativa vigente, sino también reforzar el mercado único de los seguros en el ámbito del seguro para vehículos automóviles. 
Hay que actualizar algunos aspectos de las Directivas adoptadas en los años setenta y ochenta, en concreto en relación con la cantidad mínima de cobertura del seguro. 
También hay que llenar lagunas y ofrecer soluciones para los problemas reales que experimentan nuestros ciudadanos. 
Además, el procedimiento establecido en la Cuarta Directiva sobre el Seguro de Vehículos Automóviles para una liquidación rápida y eficaz de los accidentes que tienen lugar fuera del Estado miembro de residencia de la víctima debería ampliarse a cualquier accidente con vehículo automóvil. 
Ahora escucharé los comentarios de sus Señorías. 
Después, si me lo permiten, responderé con más detalle a las enmiendas del Parlamento. 
. – Señor Presidente, Comisario Bolkestein, gracias por sus amables palabras, que merecen mi reconocimiento. 
En este ámbito de la ley de seguros y de la protección de las víctimas de accidentes existe, de hecho, una cooperación excelente entre la Comisión y el Parlamento, y le doy las gracias por ello. 
Con la Quinta Directiva seguimos protegiendo de forma coherente a las víctimas de accidentes partiendo de la Cuarta Directiva. 
Quizá fuera razonable, señor Bolkestein, si no entrara usted en enmiendas individuales en el debate, porque, en cualquier caso, tendremos que debatirlas con el Consejo. 
Quiero plantear una serie de cuestiones para aclarar el contenido. 
Primero empezaré por la cuestión de la jurisdicción. 
Sobre este asunto, en realidad la Quinta Directiva remata muy bien la Cuarta. 
Con la Cuarta Directiva hemos hecho posible que los accidentes en otro país se resuelvan en el país de residencia del perjudicado. 
El 22 de diciembre de 2000, una vez aprobada la Cuarta Directiva, entró en vigor la regulación sobre competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 
Allí se establece que con el seguro de vehículos automóviles el domicilio del acusado pueda considerarse un lugar de jurisdicción cuando existe una acción directa. 
Esto mismo fue posible en relación con los accidentes en otro país gracias a la Cuarta Directiva y con la quinta se aplica a todos los accidentes. 
Esto implica que no solo será posible arreglar extrajudicialmente en el propio país una responsabilidad que surge en otro, sino que también se podrán incoar acciones legales en el propio país. 
No podemos hacer más por las víctimas de accidentes. 
¿Qué más contiene esta Quinta Directiva? 
Se reembolsarán los costes de los procedimientos judiciales que se consideren necesarios y apropiados. 
Cuando el coste de los procedimientos judiciales, por ejemplo, consultas a un abogado, se estime necesario y apropiado, entonces se trata de ofrecer una indemnización. 
Hemos de aumentar el importe mínimo. 
Existe un sistema poco sistemático en la Unión Europea en este ámbito y todos estamos de acuerdo con que, tras veinte años, es necesaria una nueva disposición. 
Ahora, se trata de la cantidad y, evidentemente, hay problemas con esto. 
No es fácil, y lo sé demasiado bien, elevar la cantidad mínima porque esto, naturalmente, también supone un aumento de las primas. 
El compromiso al que llegamos, 5 millones de euros para daños corporales y 2 millones de euros para daños materiales, es un compromiso, que, en mi opinión, los mercados de seguros pueden aceptar. 
A propósito, hay un aspecto relativo a la suma mínima que no hay que pasar por alto, es decir, la protección suficiente de las víctimas de accidentes muy afectadas. 
Me revuelve por dentro la idea de que a una persona de 20 años, que haya sufrido parálisis tras un accidente, pase a depender de la seguridad social al cabo de 20 años, y mientras tanto la parte culpable, eternamente responsable, también se arruine económicamente. 
Por tanto, este compromiso realmente tiene sentido. 
Estamos creando una disposición para remolques sobre vehículos automóviles. 
Esto se menciona en una directiva anterior, pero hay disposiciones completamente diferentes en toda la Unión Europea. 
A menudo se conoce el número de registro del remolque pero no el del vehículo automóvil, y entonces es muy difícil liquidar un siniestro. 
Comisario Bolkestein, quiero mencionar otras dos cuestiones que no hemos aceptado en su propuesta: En primer lugar, la persona responsable de la liquidación de siniestros se encarga de las disposiciones de la oficina de la carta verde. 
No deberíamos llevar a cabo esta fusión, porque es superflua; perjudica un sistema que funciona, que es la oficina de la carta verde. 
También prescindimos de la disposición sobre la protección de viajeros vulnerables; lo que equivale a disponer en relación con la responsabilidad civil. 
Es un problema muy específico y debemos trabajar juntos, la Comisión y el Parlamento, para abordar esta cuestión de la responsabilidad en otra directiva. 
En conjunto, y vuelvo a dónde empecé, la cooperación entre el Parlamento y la Comisión ha sido tan excelente porque hemos celebrado un diálogo europeo de ámbito europeo sobre todas estas cuestiones, entre aseguradoras, asociaciones de automóviles, el Parlamento y las asociaciones de víctimas de accidentes, me refiero al Seminario Europeo de Legislación sobre Tráfico celebrado en Tréveris. 
Precisamente porque hemos trabajado muy duro en esta cuestión y porque hemos debatido mucho, hemos sido capaces de dar con soluciones conjuntas que ayudarán a las víctimas de accidentes. 
Estoy seguro de que en posteriores debates con el Consejo pronto lograremos un resultado. 
En conjunto, todo esto nos ayuda a avanzar y sobre todo nos anima a celebrar un diálogo europeo porque cuando celebramos un diálogo así entonces las soluciones son más fáciles. 
– Señor Presidente, Señorías, en realidad he tomado la palabra en calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior para reconocer el trabajo realizado por el vicepresidente, el Sr. Rothley. Esta propuesta de directiva ha sido desarrollada con gran tenacidad e inteligencia por parte del Sr. Rothley, y quiero reconocerle este mérito aquí. 
Le estamos especialmente agradecidos porque esta directiva llega gracias al artículo 192, que me gusta especialmente, ya que es una iniciativa legislativa indirecta que otorga al Parlamento un papel principal y que también confirma el derecho de iniciativa del Parlamento y de sus Diputados. 
En un ámbito tan delicado, esto produce una ciudadanía europea más eficaz, porque, tal y como ha dicho el Sr. Rothley, es más sencillo obtener una póliza a corto plazo para una estancia europea en otro Estado miembro y obtener un seguro a corto plazo para un vehículo comprado fuera del Estado miembro de domicilio del titular. 
Por consiguiente, será más sencillo comprar un coche en un país de la Unión donde existan las mejores condiciones. 
Creo que esto interesará a muchos ciudadanos europeos, debido al mercado único de seguros del que habla el Sr. Bolkestein y que así se ha establecido, y constituirá un desarrollo valioso y útil para el conjunto de la Comunidad Europea. 
La parte más delicada del informe, que ya ha sido mencionada pero que deseo reiterar, se refiere a los niveles más elevados de cobertura establecidos por los Estados miembros. 
La Comisión fijó un importe de 1 millón de euros por víctima en casos de daños corporales y 500.000 euros por accidente por daños materiales. 
Nos parece que sería más apropiado y flexible 5 millones de euros por accidente por daños corporales y 2 millones de euros por daños materiales, y podría constituir una posición de compromiso. 
Formalmente he de reconocer al Sr. Rothley el mérito por este compromiso, porque ha tenido en cuenta las diferentes situaciones que existen en el mercado de seguros, una vez más con vistas a lograr un mercado único de seguros. 
También ha abordado la cuestión de las costas judiciales. 
Sin embargo, en esta fase no resulta apropiado ampliar la cobertura del seguro a daños sufridos por peatones y ciclistas en accidentes en los que se han visto implicados, porque es un terreno aún más delicado y creo que quizá deba regularse con una medida específica. 
Si, tal y como ha reconocido el Sr. Bolkestein, el Parlamento y la Comisión han colaborado positivamente y de forma útil, espero que el Consejo y la Comisión se tomen muy en serio nuestras enmiendas y que una directiva así pueda ayudarnos a acercar a los ciudadanos de Europa entre sí en una ciudadanía común. 
Espero de verdad que esto suceda, porque el compromiso alcanzado es un equilibrio excelente, que espero la Comisión tenga en cuenta. 
– Señor Presidente, Comisario, gracias por su aclaración y gracias, señor Rothley, por esta propuesta con la que ha hecho usted otra contribución a una mayor consecución del mercado interior. 
Sabemos que es un proceso lento pero constante. 
Incluso aunque pasen veinte años antes de que a la cuarta directiva le siga una quinta, al final llegaremos ahí. 
Estoy seguro de ello. 
Usted, señor Comisario, va camino de lograrlo, y espero que al final lleguemos a esa posición óptima. 
En este caso la legislación sobre seguros también es complicada. 
Yo mismo soy abogado de daños corporales y en el pasado he sufrido en propia carne daños corporales. 
Probablemente esto me haya dado la oportunidad de trabajar aquí. 
Es muy importante poder trasladar esta legislación al país de residencia, porque como parte perjudicada uno siempre afronta muchos problemas con los diferentes sistemas jurídicos. 
Por tanto, a este respecto me satisface enormemente la propuesta tal y como se nos ha presentado. 
Creo que a las compañías de seguros también les complace una armonización ulterior, que les aporta, además, mayor claridad. 
Hace un tiempo establecimos un sistema de carta verde, que la desarrolla aún más en el seno de la Unión Europea. 
Los importes mínimos propuestos por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior me han sorprendido por ser muy elevados, porque en la práctica pocas veces se aplican, si es que se aplican alguna vez. 
Por tanto, en realidad me satisfacen mucho más las propuestas de compromiso del Sr. Rothley, ya que están más orientadas al mercado tal y cual es en realidad. 
Los importes tampoco deben ser demasiado altos, porque, me parece, el cumplimiento se convertiría en un problema. 
Nadie se beneficia de la legislación que no es aplicable. 
Por tanto, quiero declarar una vez más que esta propuesta está más próxima a la realidad que los importes extremadamente altos que se formularon en un principio. 
Por tanto y de nuevo, las propuestas de la Comisión se sitúan en el lado inferior, y considero que lo que ha propuesto el Sr. Rothley es el ideal. 
Los Liberales podemos apoyar esta propuesta. 
Cambiando de tema, en una enmienda he solicitado una mayor armonización en el debate sobre los daños corporales, desde el punto de vista del nivel de invalidez o del nivel del valor de los daños. 
Deduzco de las palabras del Sr. Rothley que actualmente se está preparando un informe de seguimiento a este respecto. 
Me parece que estamos haciendo otra contribución a la consecución del mercado interior, por lo que doy las gracias. 
Recibirá mi apoyo incondicional. 
Señor Presidente, señor Comisario, es triste, pero debemos hacer frente a la realidad de que tenemos en nuestras carreteras demasiados conductores sin una cobertura de seguro suficiente. 
Demasiado a menudo ocurren daños personales y daños materiales, a pesar de que nuestros diversos consejos nacionales de seguridad hacen todo lo posible por reducir estas tragedias. 
Aprecio el trabajo del ponente sobre este tema técnico y estoy plenamente de acuerdo en que el nivel adecuado de cobertura de seguro debería abarcar también el coste de los procedimientos judiciales. 
Son esenciales, y lo correcto es que se consideren daños incluidos en la responsabilidad civil obligatoria. 
Es evidente el conflicto de intereses que surge si la propia aseguradora de la parte o la del contrario lleva a cabo la liquidación. 
Apoyo la propuesta de la Comisión de que el importe mínimo asegurado en caso de daños personales en un accidente debería ser ilimitado. 
Las víctimas de accidentes con daños muy graves como la paraplejia no recibirían cobertura suficiente con un importe máximo de un millón de euros. 
Estoy de acuerdo en que tiene sentido no solo proporcionar una cobertura de 10 millones de euros para los casos más graves, sino también limitar la cobertura a este importe para cada accidente. 
Debería ser extremadamente raro que ocurran dos o más casos de lesiones graves en un solo accidente. 
Debemos dar las gracias una vez más al Sr. Rothley por su sensatez y competencia. 
El hecho de que los accidentes en los diversos países se puedan tratar ahora en el país de la víctima es una gran mejora, y felicito de nuevo al ponente. 
– Señor Presidente, Comisario Bolkestein, Señorías, todos estamos de acuerdo en que esta directiva es importante para los conductores y las víctimas de accidentes europeos. 
¿Por qué es importante? 
En primer lugar, porque permitirá actualizar y mejorar la protección judicial de las víctimas; en segundo lugar, establece un mercado interior de seguros de vehículos automóviles que funciona mejor; en tercer lugar, aumentan los importes mínimos de seguros para daños corporales y daños materiales; en cuarto lugar, porque para los vehículos importados será más fácil cumplir la responsabilidad del seguro hasta que lleguen a su destino; y en quinto lugar porque aclara la responsabilidad del fondo de garantía en el país donde tuvo lugar el accidente para todos los accidentes donde intervengan vehículos automóviles sin matrícula o con matrículas falsas. 
En este debate he hecho tres peticiones principales. 
La primera es el importe mínimo de cobertura para daños corporales y daños materiales, y esto se ha tenido en cuenta en la enmienda, y, al mismo tiempo, dio lugar a un período de transición de cinco años, que es precisamente lo que tenía en mente. 
La segunda petición fue eliminar la introducción en el apartado 2 del artículo 4 de la propuesta de la Comisión, porque, como muchos en esta Asamblea, creo que una directiva de legislación sobre seguros no ha de tratar ninguna cuestión que competa al derecho civil nacional. 
La tercera cuestión va en contra de la innecesaria burocracia y los innecesarios costes adicionales, lo que supone que defendemos el derecho, cuando finaliza una relación contractual, del titular de la póliza a solicitar una declaración de los siniestros, para que no se envíe automáticamente. 
Este cambio lo aplicó la enmienda del Sr. Harbour. 
Por lo tanto, solo me queda celebrar esta directiva. 
Señor Presidente, quisiera unirme a mis colegas y agradecer al Sr. Rothley no solo este informe, sino también la continua campaña que ha realizado durante muchos años, como ha dicho el Comisario, para mejorar el entorno general de los conductores de Europa en materia de seguros. 
Creo que dice mucho a su favor, y es también un honor para este Parlamento. 
Desde que llegué al Parlamento en 1999, he tenido el placer de trabajar con el Sr. Rothley en este tema por el que siento un interés especial. 
Participé en el informe de 2001 y me complace decir que una gran parte de las ideas que surgieron del mismo ahora se incorporan a esta bienvenida quinta propuesta de la Comisión. 
El Sr. Rothley y otros han hablado sobre todo de mejorar la capacidad de los conductores para reclamar los daños por accidentes ocurridos fuera de su propio país. 
Yo quisiera centrarme en otros pormenores. 
Muchos de nosotros hemos tenido que tratar casos de nuestra circunscripción sobre las dificultades de personas que viajan temporalmente a otros países, sobre todo estudiantes o personas que empiezan un trabajo o incluso ciudadanos que quieren realizar estancias de larga duración. Tienen dificultades para que se les amplíe el seguro por esta estancia temporal y para que el seguro se amplíe a 12 meses. 
Creo que es un beneficio muy importante. 
En segundo lugar, en nuestra comisión nos preocupa el mercado interior y la simplificación del régimen que permite a los ciudadanos ir y comprar un coche a otro país y conseguir que su seguro se amplíe para 30 días mientras llevan el coche a casa y lo vuelven a matricular. 
Es una simplificación importante. Hace hincapié en el hecho de que en el mercado interior los ciudadanos esperan poder tener estos derechos más allá de las fronteras sin obstáculos, y este es precisamente el objeto de esta propuesta. 
De forma similar, es un beneficio importante hacer que la compra de un seguro sea más fácil y más competitiva, permitiendo que los ciudadanos puedan pedir sus expedientes de siniestros allí donde hayan tenido un seguro antes, para poder hacer valer un expediente limpio para conseguir un buen descuento en el precio y la cobertura de su seguro. 
En resumen, el Sr. Karas ha hablado de algunas de las mejoras que hemos hecho, y estoy de acuerdo con él en algunos aspectos en los que yo también creo que nos hemos inmiscuido demasiado en las prerrogativas de los Estados miembros. 
Un tema que me ha llamado la atención en los últimos días es el derecho a que las reclamaciones caduquen a los cuatro años. 
En mi país, el Reino Unido, esto va en contra de la normativa nacional. 
Existen buenas razones para reexaminar este aspecto y pienso hablar con el ponente de ello. 
Necesitamos discutir si deberíamos apoyar esta disposición del informe final o pedir a la Comisión y al Consejo que la estudien antes de que vuelva. 
En general es un trabajo excelente. Tiene todo nuestro apoyo y quisiera dar las gracias tanto a la Comisión como al ponente por el trabajo que han llevado a cabo al presentar este gran avance para todos los ciudadanos de Europa. 
– Señor Presidente, Comisario, es preciso completar el mercado interior de seguros y eliminar las barreras que todavía existen en la industria. 
No es casualidad que el Parlamento Europeo haya exhortado a la Comisión a presentar una propuesta para actualizar las normas sobre seguros de automóviles a fin de que el derecho de los ciudadanos de la Unión Europea a vivir, viajar y trabajar en un Estado miembro de la Unión sin ningún problema pueda ser una realidad. 
Seguro que la propuesta de quinta directiva sobre los seguros de vehículos automóviles tendrá el efecto de modernizar y mejorar las normas europeas en este sector. 
Sobre todo será más fácil obtener una póliza a corto plazo que cubra una estancia temporal en otro Estado miembro y obtener un seguro a corto plazo para un vehículo comprado fuera del Estado miembro de domicilio del titular. 
Así, para los consumidores será más fácil comprar un coche en el país de la Unión Europea que reúna las mejores condiciones, lo que contribuirá a estimular la competencia transfronteriza. 
Además, la directiva pretende actualizar los límites de la cobertura mínima de la que deben disfrutar los conductores. Con esta medida los conductores podrán cambiar de seguro más rápidamente. 
Otro objetivo es mejorar la protección de los peatones implicados en accidentes. 
Por último, la directiva permite a los ciudadanos obtener una declaración de sus aseguradores actuales relativa a los accidentes en que se hayan visto implicados para que puedan negociar un nuevo contrato con otro asegurador. 
Es vital evitar el establecimiento de la cobertura mínima en niveles demasiado altos y que rebasen lo razonablemente necesario. 
Si esto ocurriera, el coste repercutiría inevitablemente en el consumidor a través de aumentos notables de las primas de los seguros. 
Los efectos se percibirían especialmente en ciertos países, incluida Italia, donde unas primas más altas ya empiezan a ser objeto de un debate especialmente acalorado. 
Por no mencionar los nuevos países que van a entrar en la Unión, a cuyos ciudadanos y compañías de seguros se exhortará a que satisfagan unos costes que no guardan ninguna proporción con sus niveles económicos. 
Por lo tanto, mi valoración de la propuesta es positiva; sin embargo, hemos de tener cuidado de no ir demasiado lejos para no obtener resultados contraproducentes para los mismos ciudadanos a quienes queremos proteger y ayudar. 
Señor Presidente, es estupendo que el informe elaborado por el Sr. Rothley reciba un apoyo unánime o casi unánime en este Parlamento. 
A menudo se dice que la distancia entre la Unión Europea y los ciudadanos de los Estados miembros es demasiado grande. 
Este es un tema que va a beneficiar directamente a los ciudadanos de Europa y sirve para demostrar que las distancias no son tan grandes como a menudo se dice. 
Hay otro motivo por el que la Comisión se siente muy satisfecha con este informe. 
Los diversos ponentes también han dado las gracias a la Comisión. 
Si la Comisión ha contribuido al informe, lo ha hecho con la convicción de que avanza en la dirección correcta. 
De modo que muchas gracias a todos. 
El Sr. Rothley ha dicho que no es necesario responder y dar la opinión de la Comisión sobre cada una de las enmiendas, porque el debate seguirá. 
Sin embargo, tengo algunos comentarios que hacer y, si están de acuerdo, los entregaré a los servicios del Parlamento para que todo el mundo los vea. (1) 
Finalmente, no se ha planteado ninguna pregunta concreta a la Comisión, por lo que en estos momentos al menos no hay gran cosa que responder. 
La Comisión se siente muy satisfecha con la forma en que avanza el proceso y tiene intención de continuar la excelente cooperación entre la Comisión y el Parlamento que ha marcado este expediente desde sus inicios. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0334/2003) de la Sra. Smet, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la violación de los derechos de la mujer y relaciones internacionales de la Unión Europea (2002/2286 (INI) ). 
. – Señor Presidente, Comisario, Señorías, creo que sabemos muy bien cómo se violan los derechos de las mujeres en todo el mundo. 
Esto sucede sobre la base de una serie de valores, que incluyen la tradición, la cohesión social o el honor de los miembros masculinos de una familia. 
La mutilación genital de las mujeres se considera que mantiene la tradición. 
El asesinato o la mutilación por motivos de honor se consideran una forma de paz en la sociedad y se aprueban la lapidación o el castigo públicos de las mujeres en el contexto del mantenimiento del orden social. 
Afortunadamente, la comunidad internacional demuestra cada vez más su descontento con esta situación, tal y como ha quedado patente en la reacción ante la lapidación de Amina Lawal, en la reacción, que se ha admitido fue tardía, ante el régimen talibán, y las preguntas persistentes sobre la muerte de la fotógrafa Zahra Kazemi en Japón. 
Al mismo tiempo, las campañas por los derechos de las mujeres están teniendo cierto reconocimiento. 
El premio Nobel de la Paz a Shirin Ebadi, la activista en defensa de las mujeres y los niños en Irán, también es una señal muy importante, como la declaración que esta tarde ha hecho el Presidente Wade de Senegal en esta Cámara. 
El Presidente Wade se ha referido especialmente a esta lucha contra la mutilación genital de las mujeres. 
La pregunta que debemos hacernos es si Europa, a través de los diferentes canales de que dispone la Unión Europea, ya está de hecho adoptando una política estructurada en relación con las violaciones graves de los derechos de las mujeres. 
En cualquier caso, ya se ha emprendido una política. 
El Acuerdo de Cotonú con los países ACP hace mención especial de la mutilación genital. 
Además, la referencia expresa en el Presupuesto a que la falta de adopción de medidas para impedir la violencia grave contra las mujeres —y especifica la lapidación, el castigo público, la inmolación y la violación— justifica la suspensión de la ayuda de la Unión Europea. 
Pero esta política de la Unión Europea demuestra muy poca estructura. 
Por este motivo el Parlamento pide que se adopte cierto tipo de sistema. 
¿Qué podría conformar un sistema así? 
Una serie de elementos sancionadores, por ejemplo, la inclusión en los acuerdos comerciales y de cooperación de una cláusula específica que establezca que la violación grave y recurrente de los derechos de las mujeres puede comportar en última instancia la suspensión de la cooperación, es uno de estos elementos sancionadores. 
En segundo lugar, estas sanciones y suspensiones se impondrán cuando los gobiernos sistemáticamente no adopten medidas en los ámbitos legislativo, administrativo y judicial. 
Por supuesto, también podría haber aspectos positivos. 
Por ejemplo, existe la inclusión sistemática en programas de ayuda al desarrollo de proyectos dirigidos a combatir la violencia contra las mujeres o a presionar para que los países socios ratifiquen la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) , y que tengan en cuenta este hecho, así como el protocolo adicional. 
Un ejemplo de esto podrían ser las conversaciones o las negociaciones que se mantienen con Irán. 
Estamos deseos de ver el documento que al final estará sobre la mesa. 
En nuestra opinión, este documento debe hacer referencia expresa a las acciones para contrarrestar la violencia contra las mujeres, a los derechos de las mujeres y también a la CEDAW. 
Otra posibilidad es que la Comisión proporcione personal cualificado para examinar los acuerdos con terceros países desde el punto de vista del género, y en esta actividad también podrían participan organizaciones locales de mujeres de los países en desarrollo. 
Los Estados miembros de la Unión Europea, y también Europa, podrían exigir leyes contra la mutilación genital. 
Además, cuando se concede el estatuto de refugiado, habría que tener en cuenta el hecho de que algunas mujeres huyen de la violencia de sus países. 
La Unión Europea ha elegido como una de sus consignas la protección de los derechos humanos, que incluye los derechos de las mujeres. 
Más que ninguna otra región, se espera que la Unión Europea actúe, en cierto sentido, como la conciencia del mundo a este respecto. 
Quisiera preguntar a la Comisión en qué medida está preparada para adoptar un enfoque más estructurado de la política en relación con este problema. 
He recibido una respuesta positiva a una serie de preguntas que he planteado, pero todas son acciones. 
De hecho, hay poca estructura en la política actual. 
Quisiera empezar saludando a la Sra. Smet, una antigua colega, de hecho una de dos ex colegas míos que participan en este debate. 
Éramos de una añada excelente. 
Quisiera dar las gracias a la Sra. Smet por su trabajo como ponente de este informe. 
Su compromiso político con la causa de los derechos de la mujer es conocido por todos, tanto en la Comisión como en el Consejo. 
Este informe de propia iniciativa plantea una amplia gama de cuestiones. Es una aportación muy valiosa para situar a las mujeres más cerca del centro de la política exterior de la Unión Europea. 
La violación de los derechos de la mujer en los asuntos internacionales es un tema muy grave. Es un tema al que tanto la Comisión como la Unión Europea otorgan gran importancia. 
Solo en este año hemos lanzado tres grandes iniciativas en cuestiones de género, con lo que denominamos el Programa de Acción para la integración del criterio de género en la cooperación al desarrollo por parte de la Comunidad. 
En primer lugar, nos hemos puesto manos a la obra en la elaboración de un manual conciso que establece los principios esenciales y las directrices para la integración de la perspectiva de género en la práctica del desarrollo, y que está dirigido a los funcionarios de la Comisión. 
En segundo lugar, hemos convocado un concurso de ofertas para organizar un programa de formación muy amplio para el personal, tanto en nuestras oficinas centrales de Bruselas como en las delegaciones, incluido también el personal de los países beneficiarios. 
En tercer lugar, hemos lanzado una solicitud de propuestas para apoyar los proyectos de las organizaciones no gubernamentales. 
La Comisión también ha participado activamente en los esfuerzos de la UE por promover los derechos humanos de las mujeres en los foros internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE. 
Por ejemplo, en la última Comisión de Derechos Humanos hemos copatrocinado la resolución sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. 
Como esta Cámara ya sabe, fue presentada por Canadá, y nosotros hemos emitido una firme declaración sobre los derechos humanos de las mujeres en la que se subraya, entre otras cosas, el creciente problema de la trata de seres humanos y las ventajas de la integración de la perspectiva de género. 
Sin embargo, lo que quisiera resaltar hoy es que nosotros creemos que los derechos de la mujer son parte integrante de los derechos humanos en general. 
Y por este motivo quiero expresar las reservas de la Comisión sobre determinadas recomendaciones del informe. 
El elemento que más nos preocupa es la petición de que «el Consejo y la Comisión incluyan en los futuros acuerdos comerciales y de desarrollo, independientemente de la cláusula de respeto de los derechos humanos y además de ella, una cláusula específica que establezca la imposición de sanciones y, en última instancia, la suspensión del acuerdo en caso de violaciones graves y recurrentes de los derechos de las mujeres». 
Como con toda seguridad muchos de ustedes aceptarán, cuando consideramos temas como la igualdad, la no discriminación y la violencia, los derechos de la mujer se abordan mejor en el marco global de los derechos humanos. 
En realidad, como se cita en el informe de su Señoría, la declaración de la Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos Humanos de 1993 perfila claramente que «los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales». 
Además, es importante aceptar que la violencia contra las mujeres a escala nacional es parte integrante de las disposiciones sobre derechos humanos referentes a la tortura y la pena de muerte, que son nuestras prioridades en términos de derechos humanos. 
Asimismo, vale la pena observar que una cláusula independiente sobre los derechos de las mujeres implicaría la necesidad de incluir también en los acuerdos de comercio y cooperación cláusulas individuales sobre otros aspectos de los derechos humanos, como una cláusula sobre los derechos humanos de los niños, o una cláusula sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y las minorías. 
La cláusula sobre derechos humanos es un instrumento dinámico a través del cual podemos avanzar en los derechos humanos de forma positiva. 
La medida del éxito no reside en la frecuencia con que se utilicen las medidas punitivas o la suspensión de acuerdos, sino más bien en los intercambios estructurados sobre derechos humanos que comporten una forma más realista de conseguir los objetivos de la cláusula sobre derechos humanos. 
Al separar los derechos de las mujeres de la agenda global sobre derechos humanos, el Parlamento no estaría sirviendo necesariamente a la causa de los derechos humanos, por muy admirables que sean sus intenciones. 
En realidad, una separación de este tipo comportaría probablemente una disminución de su apoyo en la agenda política. 
Permítanme poner un ejemplo, un caso puntual. 
Quisiera referirme a las negociaciones actuales con Irán sobre el acuerdo de cooperación y comercio. 
El tema de la discriminación de la mujer y la no ratificación por parte de Irán de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es esencial en el diálogo sobre derechos humanos con Irán, y creo que puedo decir que yo tuve un papel destacado en su puesta en marcha. 
Parece que en determinados entornos culturales resulta ventajoso para los derechos de la mujer que entren en la agenda bajo el manto de los derechos humanos en general. 
No estoy explicando esto solo en teoría, solo como resultado de un estudio intelectual o académico. 
He discutido estos temas hace muy poco en Siria con un abogado defensor de los derechos de la mujer, en el contexto de las negociaciones para intentar conseguir un acuerdo de asociación con Siria. 
He hablado de estos temas en Irán, por ejemplo, con las diputadas al Parlamento iraní. 
De modo que son temas sobre los que puedo asegurar a la Cámara que, aunque no esté de acuerdo con lo que se propone, son temas en los que tengo las ideas muy claras. 
Otro instrumento importante para los derechos humanos en relación con los derechos de la mujer es la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. 
El instrumento implica muy activamente a las organizaciones locales de mujeres de terceros países. 
Y aunque la igualdad de género es un tema horizontal en esta iniciativa europea, también han obtenido apoyo muchos proyectos específicos en cuestiones de género. 
Por ejemplo, en la actualidad estamos financiando un proyecto en Egipto, Jordania, Líbano, Cisjordania y Gaza para la ayuda jurídica y la alfabetización, para el asesoramiento a las mujeres víctimas de la violencia y para la campañas de concienciación y la investigación. 
Espero que la Cámara tendrá en cuenta nuestros argumentos de que no es necesario tener una cláusula independiente en los acuerdos de comercio y cooperación, dado que es un ámbito y un tema que ya se aborda plenamente en nuestra agenda de los derechos humanos. 
Espero también que, de lo que he dicho, la Cámara no concluya que no damos la máxima prioridad a temas planteados con toda la razón, como por ejemplo, la mutilación sexual que no he mencionado en este debate. 
Espero que la Cámara no piense que no damos la máxima prioridad posible a estos temas. 
En mi experiencia como ministro de Desarrollo cesado desde hace tiempo, uno de los aspectos esenciales, quizás aspecto más esencial, de la política de desarrollo sostenible es la integración de la perspectiva de género y un trato decente para la mujer. 
Aprendí esta lección por primera vez hace más de 20 años en Pakistán, y he seguido aprendiéndola desde entonces. 
– Señor Presidente, Comisario, Señorías, la cultura y la tradición sirven de pretexto para el sufrimiento continuo de las mujeres como víctimas de la violencia en muchas partes del mundo. 
La mutilación genital femenina sigue practicándose hoy día, así como la lapidación y la explotación sexual. 
Todo esto es inaceptable por dos motivos: estas prácticas constituyen violaciones de derechos humanos fundamentales y son ataques feroces a la democracia. 
Por lo tanto, la Unión Europea debe emplear todos los medios que estén a su alcance para luchar contra estas iniquidades. 
La política exterior de la Unión es uno de estos medios, tal y como ha dejado claro la Sra. Smet en su excelente y valiente informe, por el que quiero felicitarla. 
De hecho, la Unión Europea ha escrito una cláusula sobre el respeto de los derechos humanos y la democracia en todos los acuerdos celebrados con terceros países. 
Sin embargo, todavía no ha sido suficientemente eficaz a la hora de combatir la violencia contra las mujeres. 
Por tanto, se necesitan más determinación y más claridad a la hora de definir los compromisos que deben cumplir los terceros países en el ámbito de los derechos de las mujeres. 
En el futuro es preciso adoptar un enfoque de persuasión e imposición de los acuerdos comerciales y desarrollo. 
Mediante la persuasión, los países que emprendan políticas que tengan resultados eficaces en la lucha contra la violencia dirigida a las mujeres deben ser recompensados mediante el establecimiento de incentivos y acuerdos comerciales más favorables. 
En cuanto a la imposición: mediante sanciones, los países que toleren violaciones graves de los derechos de las mujeres se someterán a la suspensión de los acuerdos que los benefician. 
Sin embargo, en este último caso es preciso valorar con mucho cuidado los posibles efectos negativos que estas sanciones puedan tener sobre las personas. 
Por último, es preciso garantizar que los programas de ayuda al desarrollo incluyan proyectos especialmente orientados a los derechos de las mujeres y a luchar contra la violencia. Estos proyectos deben incluir la participación activa de las mujeres locales. 
De hecho, el cambio de actitud con respecto a estas prácticas debe efectuarse a través de una alianza con las mujeres que han estado o están sometidas a este tipo de violencia y que quieren luchar contra ella. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar, elogiar el informe de la Sra. Smet, que creo que recoge gran parte de las reivindicaciones y reclamaciones procedentes de las organizaciones de mujeres y derechos humanos. 
Es verdad que en cuanto a las declaraciones, en cuanto a las palabras, hemos avanzado mucho. 
Es fácil oír ya en boca de todos los responsables políticos que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que, como tales, hay que protegerlos y hay que defenderlos. 
El único problema es que, después de las declaraciones, cuando tienen que venir los hechos, no sucede nada. 
Los derechos humanos de las mujeres siempre son relativos. 
Relativos a las tradiciones, a la cultura, a las familias; siempre encontramos una cierta relatividad cuando tenemos que aplicar una protección concreta a las mujeres que sufren persecuciones muy graves, que todos y todas conocemos ya, que han sido descritos, cuyos datos están al alcance de cualquiera y que son espeluznantes. 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha aprobado ya unas directrices encaminadas a orientar a los gobiernos a decidir sobre las solicitudes de asilo para garantizar una atención adecuada a las mujeres en los procedimientos para determinar la condición de refugiada, y que las solicitudes por motivos de género sean reconocidas como tales. 
De lo que estamos hablando finalmente es de proteger de verdad, de facto, los derechos humanos de las mujeres a nivel internacional, y tenemos los instrumentos. 
Por alguna razón, es muchísimo más sencillo conseguir un estatuto de refugiado cuando a uno le persiguen por razones políticas que cuando a una la persiguen por razón de su sexo. 
Las mujeres que sufren riesgo de ser mutiladas genitalmente no saben que pueden tener protección internacional, porque nosotros no se lo decimos, porque nunca damos el paso adelante que sería necesario para utilizar realmente los instrumentos de protección jurídica de que disponemos para proteger a las mujeres. 
En el informe de la Sra. Smet se apuntan bastantes ideas que yo creo serán muy útiles a la hora de trabajar con los terceros países en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres, pero es verdad que nos falta uno de los instrumentos, que es, precisamente, la posibilidad de que las mujeres busquen protección dentro de nuestras fronteras, en el marco de nuestra protección jurídica, algo que sí está en cambio a disposición en otras situaciones claramente comparables con aquellas que padecen las mujeres. 
El porcentaje de mujeres perseguidas a las que se les concede el estatuto de refugiada es realmente ridículo. 
Esos son los expedientes que realmente hay que estudiar para saber que nuestras declaraciones deben convertirse en hechos concretos, porque- insisto- en las cartas, en las declaraciones, en las Constituciones, incluso en muchos documentos de este Parlamento y de la Comisión, hemos reconocido que es imprescindible proteger a las mujeres que padecen estas persecuciones. 
Y cuando hablo de estas persecuciones estoy hablando de graves atentados, no de cualquier cosa. 
Estoy hablando de la lapidación, de la mutilación genital, de la quema, de la mutilación con ácido, de los crímenes de honor, de los matrimonios forzosos, de la esclavitud y de la explotación sexual. 
Si todas esas no son razones para proteger desde el punto de vista del Derecho internacional a las mujeres, ¿cuáles son las razones? 
¿Por qué nosotros no damos un paso adelante y acompañamos nuestras declaraciones de hechos concretos? 
¿Por qué no les decimos a las mujeres que no se preocupen, que tienen un lugar al que acudir cuando vayan a ser gravemente agredidas? 
Porque estamos dispuestos a reconocer que esas agresiones son graves violaciones a los derechos humanos, pero no estamos dispuestos, sin embargo, a darles la solución que damos a otras situaciones similares. 
Y no estamos dispuestos por la sencilla razón de que son- somos- mujeres sin poder. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Smet por su trabajo resuelto y persistente sobre los derechos de las mujeres. 
Realmente ha sido admirable. 
También quiero dar las gracias al Comisario Patten por su discurso, aunque debo decir que en realidad me siento más de acuerdo con una larga lista de otras intervenciones que con esta. 
Aquí en el Parlamento muy a menudo hablamos de la defensa de la Unión Europea, de la política exterior y de seguridad, y el Comisario toma la iniciativa en estas materias. 
A este respecto también podríamos decir que la Unión Europea no solo debería ser una potencia económica en el mundo, es decir una fuerza «suave» , sino también una fuerza «dura» , en otras palabras, también debería tener una preparación militar y convertirse, si no en una superpotencia, al menos en una potencia militar. 
No rechazo la idea de que debamos tener una política exterior, de seguridad y defensa común, pero todos y cada uno, y especialmente el Comisario, sabemos que pasará cierto tiempo antes de que esto ocurra. 
No será mañana cuando obtengamos la capacidad militar y el acuerdo en asuntos exteriores y de seguridad de la Unión Europea que todos desearíamos. 
Sin embargo, ya somos una potencia económica. 
Somos un factor potente en el ámbito económico, y creo que esto podríamos explotarlo mucho más de lo que lo hacemos. 
Por supuesto, podemos ayudar a la mitad oprimida de la población, es decir, a las mujeres, que verdaderamente sufren una larga lista de injusticias en varios frentes: en parte en las tradiciones culturales, decididas por hombres; en parte en la violencia cuando los hombres no se salen con la suya; y en parte en el comercio porque los hombres quieren sacar beneficios a expensas de las mujeres; y etcétera. 
Podríamos intervenir y hacer algo más en estos terrenos. 
La propia Sra. Smet ha mencionado el régimen talibán, que no solo ha despojado a las mujeres de los derechos más básicos, como el derecho a la educación, sino de todos los demás derechos. 
En este ámbito la Unión Europea puede hacer algo, pero, ¿hacemos lo suficiente? 
El Comisario dice que estamos haciendo mucho, pero, ¿hacemos lo suficiente y lo hacemos de forma suficientemente sistemática? 
Creo que una de las cosas que podríamos hacer como reacción ante este informe podría ser hablar más sobre si no seríamos capaces de hacer cosas más sistemáticamente, si no sería posible que obtuviéramos informes de la Comisión sobre lo que realmente ocurre en relación con ciertos acuerdos de cooperación, y si alguna vez ocurre algo en la práctica cuando se producen violaciones de los derechos humanos, y no solo de los derechos de las mujeres. 
Señor Presidente, yo también deseo dar las gracias a la Sra. Smet por un trabajo tan sólido. 
Lo bueno de nuestra comisión, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, es que a menudo podemos estar de acuerdo de derecha a izquierda. 
Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en muchas intervenciones anteriores. 
Sin embargo, deseo puntualizar que la opinión de la Sra. Dybkjær de que la Unión Europea debería convertirse en una potencia militar muy fuerte no es compartida por todos los presentes en esta Asamblea. 
No obstante, no es este el tema que hemos de debatir aquí y ahora. 
Ha sido interesante escucharle, Comisario Patten, decir que hace 20 años ya reconocía usted la necesidad de promover los derechos de la mujer como derechos humanos universales. 
El problema es que no todos en su posición, o, en realidad, en posiciones inferiores, han llegado a este concepto. 
Este es en parte el motivo por el que hoy estamos aquí para hablar de un informe como este. 
La Sra. Smet también aborda la crítica interna en nuestros Estados miembros, cuya presencia se siente indirectamente. 
La Sra. Valenciano Martínez-Orozco ha hablado mucho sobre el procedimiento de asilo. 
Yo también podría hablar durante horas sobre cómo, por encima de todo, la deportación de las personas que piden asilo, una vez rechazadas sus peticiones y cuando se les va a echar de nuestros Estados miembros, contraviene todo lo que se enmarca bajo el nombre del tratamiento digno de los seres humanos. 
Quisiera escuchar más palabras sobre la cuestión abordada por la Sra. Smet en el apartado 17 relativo a la participación de las mujeres en los procesos de acuerdos. 
Hace poco ocurrió esto en nuestra comisión, tanto en lo que respecta a mujeres afganas como iraquíes. 
No se ha hecho casi nada en relación con su participación, a pesar de que todos hemos dicho que es un asunto importante. 
También me gustaría mucho escuchar los comentarios del Comisario Patten sobre el apartado 19, a fin de que la Comisión aborde estas cuestiones en todos los foros relevantes, como las reuniones del G8 y las rondas de la OMC. 
– Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Smet por este valiente informe de propia iniciativa. 
No todo el mundo está acogiendo con alegría su informe. 
A muchos de nosotros quizá se nos haya olvidado, en el contexto de las relaciones internacionales y, en particular, en lo que a la cooperación en materia de desarrollo se refiere, que no hace mucho tiempo hablar de derechos humanos era totalmente tabú. 
En el pasado éramos aparentemente tan amables entre nosotros que, durante las negociaciones, la gente ni siquiera decía lo que pensaba sobre la situación de ciertos países. 
Lo que ahora tenemos ante nosotros es, en realidad, una situación radicalmente diferente. 
Espero que en el futuro, al iniciar una negociación ciertos países exista un apartado sobre derechos de las mujeres. 
A menudo oímos decir que los derechos humanos son los derechos de la mujer. 
Debería ser evidente que los derechos de las mujeres son un componente vital en la cooperación en materia de desarrollo. 
En todas las culturas de todo el mundo las mujeres desempeñan un papel específico y decisivo en el desarrollo social y cultural y en el progreso social. 
De acuerdo con mi experiencia, esta necesidad de una política sólida sobre las mujeres se pone de manifiesto en la lucha contra el tráfico de personas y, en especial, en la lucha en nombre de las víctimas. 
¿Por qué es importante este informe y por qué no debería convertirse en un documento simplemente de palabras vacías? 
Quiero recordarles inmediatamente la situación de las mujeres en varios futuros Estados miembros donde se sigue comercializando con las mujeres como si se trataran de muebles. 
Un poco más allá están los Balcanes, donde, en ciertas partes de Albania, sigue vigente hoy día el Kanoun, la legislación popular. 
Este texto, el Kanoun, el código de leyes de Lek Dukagjin, establece que una mujer solo es un saco que se ha hecho para durar cierto tiempo, comparable a un producto con fecha de caducidad. 
Y esto en el contexto de los derechos de las mujeres de 2003. 
Otro ejemplo es la persona encargada en Ghana que me dijo que las mujeres son más rentables que los tomates. 
¿Por qué no comercializar con ellas en ese caso? 
Quizá sea buena idea simplemente enviar este informe a una serie de embajadas, consultados y personas activas en asuntos internacionales, para que la gente conozca lo que contiene y analice el hecho de que un apartado sobre los derechos de las mujeres es un apartado sobre los derechos humanos, y es de vital importancia. 
– Yo también quiero felicitar a la Sra. Smet, incluso aunque sea por que ha logrado preparar un informe sobre la mutilación genital, sobre el castigo corporal, sobre la lapidación, los crímenes por motivos de honor y los matrimonios forzados, sin emplear las palabras «Islam» o «musulmán» ni una sola vez. 
Tendrá usted que perdonarme por ser sarcástico, pero no puedo sino deplorar el hecho de que llamar a las cosas por su nombre y entrar en el meollo del asunto se consideren acciones en apariencia políticamente incorrectas, incluso cuando estamos abordando un problema muy complejo, a saber, el de la falta fundamental de respeto de los derechos de las mujeres en una gran parte del mundo. 
El informe destaca a veces por el uso eufemístico que hace del lenguaje, que, otra vez, solo puedo lamentar. 
Por ejemplo, menciona un patrimonio cultural que concede a los hombres una posición privilegiada, o que impone a las mujeres opiniones y estereotipos tradicionales, pero en ninguna parte del documento se nombra. 
Hemos de preguntarnos quién, de hecho, puede ganar algo con una falta de seguridad tan fuera de lugar. 
El relativismo cultural que prevalece tanto en Europa hoy día va camino de convertirse en un pronóstico correcto de los problemas y, por tanto, constituye más una barrera a una solución fundamental. 
No todos los musulmanes son irrespetuosos con los derechos de las mujeres, al igual que no todos los musulmanes son fundamentalistas. 
Sin embargo, la realidad indica que la opresión de las mujeres, por desgracia, se ha convertido en norma en los países islámicos y en países donde los musulmanes constituyen la mayoría de la población. 
La gravedad de la situación puede diferir entre países o entre regiones, pero la discriminación contra las mujeres se sitúa en la corriente central del mundo islámico y, por tanto, no está relacionada de ninguna forma con la existencia del fundamentalismo, las llamadas minorías. 
Me doy cuenta de que este no es un pensamiento cómodo, sino, por el contrario, un motivo para aplicar las medidas mencionadas en el informe con más determinación si cabe. 
Dicho esto, me puedo identificar en gran parte con el informe de la Sra. Smet. 
Tal y como ha señalado con razón, cuando se cierran tratados con terceros países no basta con introducir una cláusula relativa a las sanciones. 
Realmente es preciso imponer también estas sanciones cuando las violaciones de los derechos de las mujeres están establecidas y si el gobierno local las aprueba, las tolera o incluso las impone. 
El informe indica acertadamente que los Estados miembros europeos deben garantizar que se reconoce toda forma de violencia contra las mujeres y se castiga en sus propios sistemas jurídicos. 
Las mutilaciones genitales tienen lugar incluso en nuestro propio suelo, y a este respecto, existe una forma asociada del problema que merece nuestra atención, en concreto la cirugía para restaurar el himen. 
La demanda de este tipo de operación va en rápido aumento, y puedo predecir que se hablará de si la seguridad social debería empezar pronto a financiar la conservación de unas costumbres tan atrasadas. 
Es lamentable que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades haya decidido al parecer conceder a la cuestión de los pañuelos, el verdadero símbolo de la opresión de la mujer en el Islam, una gran importancia. 
Solo tienen que ir al metro de Bruselas, París o Londres para darse cuenta de lo popular que es el pañuelo en comparación con tan solo diez años atrás. 
El radicalismo del Islam no es simplemente algo que ocurre en Pakistán o Egipto, sino también en nuestras propias grandes ciudades. 
Por tanto, Europea ha de lanzar un mensaje firme de que nuestras normas y valores, como la concesión de los mismos derechos a hombres y a mujeres, no son tema de debate y no deberían serlo. 
Aquellos que no estén dispuestos a aceptar esto ya no son bienvenidos aquí. 
– Señor Presidente, cada año cientos de miles de mujeres son víctimas de una violencia extrema: explotación sexual, violación, castigos públicos, inmolaciones y lapidaciones. 
Ya era hora de que surgiera una iniciativa que abordara estas graves violaciones. 
La Sra. Smet ha presentado un informe excelente, en el que también se contemplan distintos tipos de sufrimiento: psicológico, físico y sexual. 
Apoyo su demanda de que en el futuro se establezcan cláusulas en virtud de las cuales se suspendan las ayudas comunitarias cuando se produzca una violación sistemática y constante de los derechos de la mujer. 
Conviene que estas cláusulas se incorporen a los acuerdos de comercio y desarrollo firmados con terceros países, o de forma bilateral o multilateral dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio. 
Si no se adoptan medidas adecuadas para prevenir la violencia contra la mujer, habrá que aplicar las sanciones oportunas y congelar estos acuerdos. 
La indiferencia internacional ante este problema resulta vergonzosa. 
Esto se aplica a países como al Afganistán, donde los talibanes han considerado a las mujeres como ciudadanos de segunda clase durante años, o como Irán, donde se cometen graves delitos contra la mujer. 
Por desgracia, también se dan casos de este tipo en países no musulmanes, señor Claeys. 
Para obtener más información a este respecto, es preciso que la Comisión establezca contactos con las instituciones y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito local, regional y nacional. 
Otras medidas importantes son las conversaciones y conferencias internacionales y –Comisario Patten– la publicación de una declaración anual por parte de la Comisión acerca de los retrocesos y los avances. 
Hay que lograr que los políticos y los ciudadanos de los países afectados tomen mayor conciencia del problema y mantengan una actitud más vigilante. 
Asimismo, es preciso que en los Estados Unidos se emprendan con más determinación las acciones legales pertinentes contra este tipo de violencia. 
Aunque disponemos de soluciones apropiadas desde hace años, estas no se han aplicado. 
Mis colegas diputados que han intervenido antes que yo ya han hecho referencia a este punto. 
Es necesario cambiar la jurisprudencia de nuestros Estados miembros en relación con este problema, además de prohibir la mutilación genital y luchar con mayor decisión contra el tráfico de mujeres en colaboración con Europol y Eurojust. 
No obstante, la cuestión prioritaria sigue siendo el acceso de las mujeres a todos los recursos disponibles, de modo que puedan disfrutar de sus derechos fundamentales sin ningún tipo de discriminación. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, gracias por brindarnos una vez más la ocasión de hablar de las mujeres. 
En un momento en que acaba de recibir el premio Nobel de la paz una mujer que lucha por los derechos humanos, y los derechos de la mujer en particular, en un momento de intensas reflexiones para lograr un desarrollo más coherente del mundo y para encontrar soluciones a los conflictos, aprovechamos una vez más la ocasión –aunque sea en una hora muy tardía– para recordar la situación tan específica de las mujeres. 
Cada año, miles, incluso millones de mujeres son objeto de actos violentos en todas las formas posibles. 
¿Cuántas voces silenciosas se ocultan detrás de las estadísticas, cuántos aspectos se disfrazan y se esconden detrás de la cláusula de no injerencia o del argumento del patrimonio cultural? 
En la Unión Europea afirmamos que los derechos humanos deben prevalecer sobre cualquier costumbre o filosofía social. 
Pero cuando se trata de relaciones internacionales, que son el objeto de este informe, a menudo se enfrentan dos visiones del mundo. 
¿Debemos limitarnos a hacer una constatación y no escuchar las peticiones de esas mujeres, tanto en su propio país como en su búsqueda de protección por parte del Derecho internacional, que nosotros avalamos? 
¿De qué margen disponemos entonces para afirmar que condenamos esas prácticas y que no nos dejamos engañar? 
Los instrumentos contemplados en este informe atestiguan el excelente pragmatismo de las mujeres en general y de la Sra. Smet en particular, por cuyo trabajo la quiero felicitar. 
Debemos reafirmar que todos los actos violentos cometidos contra mujeres son en sí mismos causa suficiente, para reconocer el derecho de asilo y conceder el estatuto de refugiado. 
Ante esta violencia discriminatoria, hay que utilizar la violencia de la sanción económica, excepto si en nuestro orden de prioridades la vida de las mujeres tiene un valor muy inferior al de los acuerdos de cooperación o tradiciones firmes con una historia muy triste. 
Dejémonos de tantas palabras y tantos papeles e intentemos ser tan pragmáticos como pueden serlo las mujeres en general. 
– Señor Presidente, este texto expresa muchas buenas intenciones contra los actos de violencia hacia las mujeres. 
Sí, es indignante que en el siglo XXI las mujeres puedan ser lapidadas, mutiladas, inmoladas o víctimas de matrimonios forzados, de la esclavitud sexual, de la trata de seres humanos o de los denominados crímenes de honor. 
Pero precisamente el informe no contiene sino buenas intenciones y los anexos relativos a la media docena de países en donde se registran estas prácticas lo dicen todo. 
A pesar de que el respeto de los derechos de la mujer se ha incluido en distintos acuerdos político y comerciales, no solo no ha ocurrido nada en los países afectados, sino que la Unión Europea no ha suspendido los acuerdos que la vinculan con esos países. 
Los derechos comerciales prevalecen sobre los derechos de la mujer. 
En realidad, esas prácticas bárbaras se mantienen con la complicidad, al menos pasiva, de los países supuestamente civilizados. 
Además, si la Unión Europea quiere hacerse paladín de los derechos de la mujer y ser creíble en otras partes, debería mostrarse capaz de imponer a todos los Estados que la componen el reconocimiento del derecho fundamental de las mujeres de controlar su propio cuerpo, incluido el derecho al aborto. 
Señor Presidente, me complace tener la oportunidad esta tarde de debatir sobre la violación de los derechos de la mujer en las relaciones internacionales de la UE. 
Desde siempre, el propio concepto de relaciones internacionales en realidad ha excluido a las mujeres. 
Como describe la profesora Cynthia Enlow, una de las escritoras más eminentes sobre el género en las relaciones internacionales, el valor de las experiencias de las mujeres en la guerra, el matrimonio, el comercio, la prostitución, el trabajo en la fábrica o las tareas domésticas siempre ha sido ignorado por los líderes mundiales y en el ámbito internacional. 
A su vez, esto ha hecho que las relaciones internacionales clásicas sean una de las formas de análisis político más ciegas ante las cuestiones de género. 
Las mujeres de todo el mundo todavía ganan menos que los hombres, incluso aquí en la Unión Europea, donde la diferencia de remuneración entre los géneros todavía afecta a todos los sectores, tienen menos acceso a la sanidad, a la educación y al empleo, y a menudo se les niegan los plenos derechos políticos y económicos. 
A menudo, la violencia contra las mujeres surge de la misma discriminación, y las mujeres no son consideradas iguales a los hombres. 
A su vez, se legitima la violencia de género y se niegan los derechos humanos de la mujer. 
Las mujeres deberían tener derecho a la vida; derecho a no estar sometidas a la tortura; derecho a una protección equivalente en los conflictos armados internos o internacionales; derecho a la libertad y la seguridad de la persona; derecho al amparo de la ley; derecho a la igualdad en la familia; derecho al más alto nivel de salud física y mental, y derecho a unas condiciones de trabajo justas y favorables. 
Incluso en los países de la Unión Europea vemos aún que la violencia contra las mujeres no se trata de forma justa. 
Si pensamos por ejemplo en Italia, que en esos momentos detenta la presidencia de la Unión Europea, en febrero de 1999 el Tribunal Supremo italiano revocó en un recurso de apelación una sentencia judicial que había considerado a un profesor de autoescuela culpable de violar a su alumna de dieciocho años. 
El Tribunal Supremo dijo que la víctima llevaba pantalones vaqueros en el momento del delito y afirmó que los pantalones vaqueros no se pueden quitar ni siquiera en parte sin la cooperación activa de la persona que los lleva. 
El tribunal decidió que la víctima había consentido la relación sexual y que por lo tanto no se podía demostrar que se había tratado de una violación. 
Con actitudes de este tipo, insistir en que el derecho de la mujer es parte integrante de los derechos humanos es vital. 
Como ha dicho mi colega española, en estos momentos se consideran simplemente como un aparte, en vez de formar parte de los derechos humanos. 
Las consideraciones de género deben tenerse en cuenta mediante la integración de la perspectiva de género en todas las actividades. 
Deberíamos agradecer las iniciativas por parte de la Comisión. Sin embargo, siempre queda más por hacer. 
Hay que considerar la iniciativa de incluir una cláusula en el presupuesto de 2003 que declare que la inacción a la hora de evitar y combatir la violencia grave contra la mujer, como la lapidación, el castigo público, la mutilación de genitales, la quema y la violación serán motivo suficiente para suspender la ayuda de la UE. 
En Kenia, en una comunidad concreta, la incidencia de la mutilación genital era del 97%. 
Las esposas se siguen heredando, y las experiencias de violación y abusos domésticos son moneda corriente. 
En Pakistán, la Comisión de Derechos Humanos estimó que en el año 2000 se había violado a una mujer cada dos horas, y cientos de mujeres fueron víctimas de crímenes de honor, violencia doméstica, quemas y asesinato. 
Si empezamos a explorar la naturaleza de la violencia contra la mujer, y el papel de la Unión Europea en las relaciones internacionales, hay presiones que podríamos ejercer para evitar que ocurran estas atrocidades. 
Tenemos una oportunidad para conseguir que las relaciones internacionales asuman su responsabilidad y reconozcan a las mujeres. 
En la Unión Europea tenemos la responsabilidad de hacer respetar los derechos de la mujer en todo el planeta. 
Señor Presidente, supongo que no me equivoco al afirmar que gran parte de lo que hay que decir ya se ha dicho en este debate, pero pienso que es importante que participen en el mismo el máximo de personas posible. 
Creo, en especial, que los hombres deberían participar en este debate, porque es un tema que no afecta solo a las mujeres de nuestra sociedad, sino a la sociedad en su conjunto. 
A todos nos perjudica el hecho de que tantos millones de ciudadanos del mundo no puedan gozar de los derechos humanos básicos. 
En concreto, defiendo el apartado 13 del informe de la Sra. Smet, donde insta a que se conceda la categoría de refugiado a aquellas mujeres amenazadas por el tipo de violencia que ya se ha descrito aquí. 
Es triste que en mi país –y creo que también en otros países europeos– la amenaza de mutilación genital o lapidación o crimen de honor no sea motivo suficiente para conceder la categoría de refugiado. 
Esto tiene que cambiar si de verdad queremos dejar claro que defendemos los derechos humanos de todos. 
Los programas de ayuda al desarrollo de la Unión Europea deberían incluir programas que puedan asegurar que las mujeres participen plenamente en la sociedad. 
Debo decir que no estoy de acuerdo con el Comisario Patten en relación con los acuerdos comerciales. 
Somos bastante afortunados de tener a una persona del calibre del Comisario Patten haciendo esta labor, y es evidente que es un defensor de los derechos de la mujer y de los derechos humanos en general. 
Pero me temo que todo indica que hasta la fecha el planteamiento no ha permitido avanzar de modo significativo hacia el fin de prácticas que tanto prevalecen en los países en desarrollo. 
Creo que debemos empezar a ser más estrictos con la necesidad de aplicar sanciones o suspender acuerdos si queremos progresar en este ámbito. 
Quienes firman acuerdos con nosotros deben poder apreciar que vamos en serio. 
No estoy hablando de suspender un acuerdo a la primera de cambio. Pero allí donde las violaciones de los derechos humanos en relación con los derechos de las mujeres y niños son persistentes, debemos demostrar que somos serios en nuestros compromisos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0286/2003) del Sr. Pitella, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre los Fondos Estructurales: evaluación de los compromisos pendientes de liquidación y de las necesidades para 2004 (2002/2272 (INI) ). 
.– Señor Presidente, Comisario Barnier, Señorías, este informe ofrece una instantánea del problema, identifica un riesgo y esboza algunas soluciones. 
El problema está en los compromisos pendientes de liquidación, por una diferencia que sigue siendo demasiado grande entre los compromisos y los pagos, tanto en lo que respecta a los Fondos Estructurales como también a otros ámbitos. 
Los compromisos pendientes de liquidación constituyen un fenómeno complejo: algunos son de carácter fisiológico y otros patológicos, siendo necesario adoptar medidas frente a estos últimos. 
El riesgo no consiste solo en la posibilidad de que algunas regiones pierdan los Fondos Estructurales que tienen asignados; el riesgo principal radica en la pérdida de credibilidad de la política de cohesión dentro de la propia Unión Europea. 
Creemos firmemente que la Unión y, en mayor medida, la Unión ampliada, necesita una política de cohesión moderna, consolidada y eficaz. 
Las soluciones planteadas, respecto a las cuales parece que nos entendemos bien con el Sr. Barnier, que ha demostrado siempre una actitud abierta al diálogo y el debate, se pueden dividir en dos grupos: soluciones a corto plazo y soluciones a medio plazo. 
Entre las primeras destaca la de ajustar el nivel de los pagos consignados en el presupuesto. 
Naturalmente, esta dotación de recursos debe ir acompañada de una cooperación más eficaz entre la Comisión y los distintos gobiernos, entre los gobiernos y las regiones, y entre las regiones y las administraciones provinciales y locales. 
Además, es preciso intensificar con urgencia el trabajo de supervisión de los nuevos Estados miembros, un trabajo que ya está realizando la Comisión. 
En lo que respecta a las soluciones a medio plazo, conviene que la Comisión presente sin demora sus directrices sobre el reglamento que regirá el próximo período de programación, para así poder establecer de forma clara y comprensible los objetivos futuros y los acuerdos aplicables. 
Para ello, consideramos que hará falta adoptar el siguiente enfoque: en primer lugar, subrayar el papel estratégico de la Comisión, el cual debe articularse en torno a la definición de las prioridades de desarrollo, la coherencia de las medidas con tales prioridades y el control de la eficacia de los sistemas aplicados, si bien correspondería a los Estados miembros la responsabilidad de la ejecución y gestión de las medidas; en segundo lugar, ser directos, claros y precisos y, en relación con este objetivo de simplificación, parece esencial combinar los fondos y confiar la gestión del fondo único a un solo servicio de la Comisión; en tercer lugar, prever que la programación se realice dentro de un marco de colaboración entre la Comisión y el Estado miembro correspondiente; en cuarto lugar, otorgar a la comisión de seguimiento un papel más pertinente, especialmente en lo que atañe a las decisiones relativas al programa y a las modificaciones del mismo; y, finalmente, preservar las medidas para incentivar la aplicación efectiva de las acciones, como la norma n+2 sobre liberación automática de créditos y la reserva para recompensar un resultado positivo. 
Para finalizar, quiero abordar la cuestión de la liberación automática de créditos. 
Queda muy poco para el 31 de diciembre y existe un nuevo plazo. 
Consideramos que conviene seguir aplicando esta norma durante los próximos años, ya que ha tenido sin lugar a dudas un efecto disuasorio muy importante. 
No obstante, tal y como ha señalado el Comisario Barnier, es cierto que existen numerosos casos en que los gobiernos nacionales y las autoridades regionales han adoptado una serie de instrumentos para certificar un 100% del gasto y evitar así la pérdida de fondos. 
Instamos al Comisario Barnier a que intensifique la vigilancia en este sentido y le pedimos mientras tanto que mientras tanto evite que los recursos liberados a través de los denominados «proyectos secundarios» se destinen a un objetivo distinto al de los programas regionales y nacionales. 
Terminaré con un ejemplo: supongamos que el gobierno italiano – por hablar de mi país de origen – recibe fondos para el desarrollo de las infraestructuras de transporte en el sur de Italia y que, tras la liberación de recursos a través de proyectos secundarios, destina esa cantidad a obras de infraestructura en el norte. En un caso, deberíamos intervenir para evitar que esa situación se produjera. 
Confío en que el informe logre un amplio consenso en el Parlamento, ya que daría una extraordinaria credibilidad política a los enfoques contenidos en él. 
. – Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera expresar mi gratitud al Sr. Pittella por el trabajo extremadamente serio y profundo –acorde con su temperamento– que ha realizado personalmente, de forma independiente y rigurosa y sin concesiones. 
Quisiera agradecerle asimismo, señor Pittella, la calidad del diálogo que ha entablado –una vez más sin concesiones, cada cual en su papel– no solo con el Comisario encargado de la política regional, sino también con mis colaboradores. 
El informe que acaba de presentar es fruto de ese diálogo, que se ha desarrollado tanto en el marco de la Comisión de Presupuestos como en el de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, a cuyas invitaciones siempre estoy dispuesto a responder, como usted ha tenido a bien recordar. 
He sido muy feliz de oírle presentar su informe desde dos perspectivas, tanto la histórica –diré unas palabras sobre las cuentas del pasado– como la de la mirada al futuro. 
Pero casi ha insistido más, en sus propuestas y sus ideas sobre la futura política regional, en la necesidad de sacar las enseñanzas del pasado más antiguo y también del pasado más reciente. 
Les recuerdo, Señorías, que a finales de este año 2003 nos encontraremos en una encrucijada de caminos en la que tendremos que liquidar el período anterior, 1994-1999, utilizando determinados métodos y normativas, gestionar lo más correctamente posible el período actual, 2000-2006, con arreglo a otros métodos y otras normativas, y prepararnos, en tercer lugar, para el período futuro a partir de las propuestas que presentará la Comisión a finales de este año en el tercer informe sobre la cohesión, de acuerdo con otros métodos y normativas. 
Por esta razón, señor Pittella, lo que usted sugiere y recomienda será, se lo prometo, muy útil para este informe sobre la cohesión y la preparación del nuevo período. 
En el texto que usted ha presentado, insiste en dos cuestiones importantes. 
Primera cuestión: ¿por qué se observa este año una ejecución insuficiente de los pagos de los Fondos Estructurales y cuáles serán las necesidades de créditos de pago para 2004? 
Segunda cuestión, que ha recordado usted hace un momento: ¿cuáles son los efectos previsibles de la regla n+2 y qué medidas de simplificación deberían aplicarse en el marco de la futura política de cohesión después de 2006? 
En la línea de las intervenciones que ya hice el mes pasado sobre el presupuesto 2004 y en el mes de mayo ante la Comisión de Presupuestos, quisiera aportar, Señorías, algunas respuestas a estos dos grandes puntos a partir de tres puntos. 
Primer punto: ¿dónde estamos hoy? 
En 2003, la ejecución presupuestaria se ha desarrollado correctamente a pesar de algunos imprevistos. 
Por lo que se refiere al período de programación actual, nuestros esfuerzos de simplificación empiezan a dar fruto. 
Los pagos han podido realizarse más rápidamente que antes: 12 000 millones de euros a finales de agosto, frente a solo 9.600 millones en agosto de 2002, lo que representa un verdadero progreso de un año a otro. 
En contrapartida –lo digo de nuevo francamente, porque tengo la costumbre de decir lo que pienso y lo que compruebo–, para el período 1994-1999, es decir, el primer período, el más antiguo, las operaciones de cierre progresan lentamente, demasiado lentamente, y nos enfrentamos a un exceso de créditos. 
Los Estados miembros han enviado sus expedientes en el último minuto, en enero, febrero y a menudo incluso en marzo, cuando el plazo final estaba fijado para el 31 de marzo, y la instrucción de todos esos expedientes, que son varios miles, lleva por desgracia más tiempo del previsto. 
Ahora bien, esta cuestión del cierre de los programas del período 1994-1999 es esencial para lo que llamamos «compromisos pendientes de liquidación» , o RAL. 
Segundo punto: ante esta situación, ¿qué podemos, qué debemos hacer? 
Mi objetivo, señor Pittella, Señorías, sigue siendo reducir al máximo esos «compromisos pendientes de liquidación» a finales del año 2003, y seguiremos reduciéndolos por los dos extremos. 
Por lo demás, le he remitido hoy mismo, señor Pittella, así como a la Comisión de Presupuestos, cierto número de informaciones que demuestran la importancia de esta reducción, por una parte, anulando los compromisos que no deben dar lugar a un pago –están ya en preparación liberaciones de créditos– y, por otra parte, ejecutando real y concretamente los pagos. 
¿Bastará esto para consumir todos los créditos disponibles en el presupuesto 2003? 
No lo creo. 
Por esta razón, la Comisión va a presentar próximamente un presupuesto rectificativo encaminado a anular parte de esos créditos. 
En cuanto a los créditos de pago 2004, no recordaré en detalle lo que dije ante ustedes el mes pasado, sino simplemente la prudencia de nuestro enfoque, habida cuenta de la experiencia de años anteriores. 
No obstante, si los créditos de pago resultasen insuficientes debido a una ejecución más rápida de lo previsto para el período 2000-2006 y a una herencia procedente del período 1994-1999, la Comisión, naturalmente, sacaría las consecuencias. 
He observado de paso su especial preocupación por la buena ejecución de los créditos en los nuevos Estados miembros para 2004-2006, preocupación que comparto plenamente. 
Por otro lado, quisiera observar que una buena ejecución depende de una buena programación y que una buena programación solo podrá llevarse a cabo si la Autoridad Presupuestaria acepta los medios en recursos humanos que hemos solicitado. 
Señor Pittella, al igual que usted, estoy muy deseoso de conseguir una buena programación y un buen uso de los créditos en los nuevos países miembros en 2004-2006, que es un período muy corto: dos años y medio. 
Hace algunos días me he reunido con los Ministros de Hacienda de esos diez países, más Bulgaria y Rumania. 
Ayer, les volví a encontrar en Roma, con los Ministros de los países actuales. 
Añadiré incluso algo muy importante para demostrar que abundo en el sentido que usted preconiza. 
Pienso que la adhesión de esos países, y por tanto el éxito de la ampliación, descansa actualmente en unas normas, leyes y reglamentos que siempre son un poco restrictivos. 
Pero en el ánimo de la mayoría, el éxito de la adhesión en los primeros años reside en el éxito de la política de cohesión, en el hecho de que seamos capaces, con las autoridades de esos países, de utilizar el dinero disponible, que es significativo porque hablamos de 22 000 millones de euros para la cohesión. 
Tercer punto: ¿qué podemos hacer juntos, colectivamente? 
En el futuro inmediato, mantener e incluso mejorar la circulación de la información entre nosotros. 
Soy absolutamente favorable, señor Pittella, al seguimiento que usted propone, incluso si hay aquí y allá modalidades que tendremos que discutir entre nosotros. 
Por lo demás, mi intención es seguir dando muestras de transparencia. 
Por esta razón serán regularmente informados, con una puesta al día varias veces al año, de la evolución de tres parámetros: las previsiones relativas a la aplicación de la regla n+2, que espero mantener para el próximo período, las previsiones de ejecución elaboradas por los Estados miembros, y, por último, la marcha del cierre de los programas 1994-1999. 
Quisiera concluir destacando el interés que presenta esta cooperación para mí y para la Comisión en su conjunto. 
Cuando nos disponemos a adoptar, como acabo de decir, el tercer informe sobre la cohesión económica, social y territorial, y a presentárselo, es evidente –como ustedes mismos no han cesado de recordar– que la buena ejecución de los Fondos Estructurales y de las iniciativas comunitarias es una de las condiciones de la credibilidad de esta ambiciosa política que deseamos preservar y renovar. 
En esto retomaré, señor Pittella, su fórmula de los RAL patológicos, que se distinguen de los RAL fisiológicos. 
Al igual que usted, estoy muy preocupado por la credibilidad, que se asienta en buena medida en nuestra capacidad para utilizar el dinero disponible, para demostrar que lo necesitamos y para probar que se ha utilizado eficazmente. 
Yendo un poquito más allá en mi respuesta, más allá de las observaciones que usted ha hecho y que retomaré probablemente en gran medida en los proyectos de reglamento, la idea que tenemos de la futura política de cohesión es que debe estar más orientada al objetivo de la convergencia y la competitividad para el objetivo nº 1 y el Fondo de Cohesión, y totalmente orientada y concentrada en las ambiciones de Lisboa y Gotemburgo para los objetivos nº 2 y 3, es decir, más globalmente cualitativa y descentralizada en las regiones que no presentan los mayores retrasos de desarrollo. 
Me quedo con su idea, con la que estoy de acuerdo, señor Pittella, de que sería necesario que, en el próximo período, la Comisión pudiese concentrarse en su objetivo estratégico y que sería preciso también responsabilizar más a los Estados miembros y a las autoridades regionales en materia de gestión. 
Esto exige un mejor reparto de la responsabilidad financiera, pero usted también ha hecho, sobre este punto, observaciones y sugerencias que estudiaremos en las últimas semanas de elaboración del tercer informe sobre la cohesión. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, doy las gracias al ponente, el Sr. Pittella, por el trabajo tan importante que ha realizado en relación con esta apremiante cuestión. 
Celebro comprobar que el informe adopta un enfoque muy parecido al adoptado por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo frente al problema de los compromisos pendientes de liquidación con respecto a los Fondos Estructurales. 
Muchas de las cuestiones contenidas en la opinión de nuestra comisión aparecen también reflejadas en el informe. 
El ponente toma debidamente en cuenta los factores que influyen en el sistema, aborda los puntos más problemáticos con talante crítico y propone soluciones para los retrasos. 
Desde mi punto de vista, las soluciones más importantes son la simplificación y la clarificación del sistema. 
Los pagos acumulados de los Fondos Estructurales han alcanzado un nivel alarmante. 
La norma n+2 constituye el principal procedimiento para controlar esta tendencia en el período actual. 
El ponente ha encontrado una forma suficientemente estricta y equilibrada para su aplicación. 
La aplicación de la norma n+2 afronta ahora su primera prueba real, ya que se informará a la Comisión de los pagos solicitados a finales de año y se conocerá su cuantía total. 
Es preciso mejorar el sistema de supervisión de la Comisión y la transmisión de informaciones al Parlamento. 
Uno de los problemas tiene que ver con la escasa fiabilidad de las previsiones de solicitudes de pago de los Estados miembros. 
En un sistema gestionado de forma descentralizada, los Estados miembros tienen la importante responsabilidad de asegurar que el sistema funcione en su conjunto. 
Es hora de que, en el ámbito de la política regional, dejemos de discutir sobre pagos para discutir sobre la calidad y la efectividad de las medidas. 
Esto será posible cuando dispongamos de datos basados en las revisiones intermedias. 
Ante todo, es necesario que los comités de seguimiento deliberen sobre la calidad y los resultados en el ámbito regional. 
La elaboración de un mayor número de informes y la reducción de los trámites burocráticos constituye uno de los principios rectores para mejorar la política regional. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en principio quería comentar algo acerca del absurdo procedimiento que estamos siguiendo al borde de la medianoche, pero luego he visto a todos esos jóvenes que escuchaban con atención y gran concentración y a los que parece que hemos vuelto a fallar. 
Espero que alguien les explique el motivo... 
… por el que hay tan pocos diputados en la Cámara. 
Eso me lleva a preguntarme si tiene algún sentido que sigamos aquí reunidos a altas horas de la noche, ya que los pocos diputados presentes saben lo que pensamos tras haber intercambiado pareceres durante las exhaustivas reuniones preparatorias. 
Supone una falta de respeto hacia el ponente, que ha trabajado con tanto afán en este informe, pedirle que intervenga poco antes de la medianoche ante una Cámara casi vacía. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos apoya su informe. 
Doy las gracias al Sr. Pitella por su excelente cooperación. 
Puesto que ya se han expuesto los problemas, permítanme que llame su atención sobre algunas cuestiones. 
Resulta inadmisible que los ministros nacionales se alegren cuando en Bruselas no se hace uso de los fondos. 
Naturalmente que se pueden alegrar de que se les devuelvan varios millones de euros para destinarlos a determinados fines, pero si eso sucede, habrá fracasado el objetivo para el que se crearon los Fondos Estructurales de beneficiar a las regiones más necesitadas. 
Cuando analizamos la administración de los fondos, no podemos sino criticar la forma en que resurgen viejos problemas ya conocidos. 
Aunque la cofinanciación nacional plantea graves problemas a algunos Estados miembros, tenemos poderosas razones para desear aferrarnos a los principios que en ella subyacen; por otro lado, debemos abandonar los requisitos demasiado complicados, generales, e incluso a veces innecesarios, en el procedimiento. 
Además, la simplificación y la claridad pueden favorecer la utilización de instrumentos de control estrictos, haciéndolos incluso más sencillos. 
Esta es una tarea que corresponde a la Comisión y los Estados miembros. 
Los procedimientos de planificación excesivamente prolongados conllevan retrasos de forma casi inevitable. 
La situación actual en lo que respecta a la salida de fondos resulta inquietante, aunque seguramente no será ninguna sorpresa para las partes implicadas. 
Y esta situación no mejorará cuando la Unión Europea se amplíe con diez nuevos Estados miembros. 
Por eso tenemos que simplificar la coordinación entre los diferentes agentes, para así lograr administrar y utilizar los fondos comunitarios de forma racional. 
– Señor Presidente, aunque nadie duda de la competencia del Comisario Barnier, resulta innegable que una de las características más intrigantes de la política europea es la persistencia de un nivel importante de infraejecución de los Fondos Estructurales, según las cifras del índice de ejecución de los créditos de pago. 
Esto resulta aún más extraño si se tiene en cuenta el hecho de que el primer objetivo de la política estructural es el desarrollo sostenible de la Unión. 
Es cierto que la persistencia de niveles cada vez más altos de compromisos financieros pendientes no implica necesariamente un fracaso en el logro de los objetivos finales de la política de cohesión. 
En cualquier caso, tenemos que lograr esos objetivos –y con urgencia– para que la mayor parte, al menos, de los compromisos de liquidación pendientes no acaben perdidos en los complejos entramados burocráticos de las instituciones o por la incompetencia política y administrativa de los gobiernos de los Estados miembros. 
Además, la responsabilidad se puede y se debe compartir entre dos niveles diferentes de decisión. Se trata de una consecuencia lógica de las diferencias en el desglose de los porcentajes de ejecución que existen entre los países de la Unión y entre los distintos Fondos Estructurales. 
Por lo tanto, el aumento de la eficacia de la política regional y de la gestión de los Fondos Estructurales depende de que se tomen las decisiones acertadas en el plano nacional y, al mismo tiempo, está condicionado por los reglamentos y la eliminación de trámites burocráticos inútiles. 
El informe reconoce, por otra parte, el papel que juega la Comisión en la introducción de medidas de simplificación, aunque añade que dichas medidas son insuficientes y propone, de forma bastante acertada, que se revisen. 
Asimismo, la política de cohesión está en el orden del día y la presentación del informe Sapir significa que no puede evitarse su reconsideración. 
Sin pretender adelantarme a un debate político diferente en este momento, es importante destacar que el modo más rápido y sencillo de presentar una política como superflua es hacer que parezca incomprensible e impracticable de antemano creando para ella la suficiente carga de burocracia y papeleo. 
Por consiguiente, conviene que la Comisión mejore y recalque con urgencia su función estratégica en la definición de prioridades, delegando en los Estados miembros la responsabilidad de aplicar y gestionar los fondos. 
Por este motivo celebro el informe del Sr. Pittella, reconozco la oportunidad del mismo y apoyo sus propuestas. 
– Señor Presidente, Comisario Barnier, Señorías, la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo se ocupan regularmente de supervisar la aplicación de la política regional y estructural europea desde un punto de vista presupuestario y político. 
Durante los años que he venido observando este proceso, siempre ha destacado un problema: la vacilación y los retrasos a la hora de poner en marcha los distintos programas comunitarios, lo cual se refleja en cifras concretas en la evolución de los compromisos pendientes de liquidación. 
El Sr. Pittella ha aclarado esta cuestión de forma precisa en su excelente informe. 
Comisario Barnier, ha dicho usted que confía en que los resultados correspondientes al año 2003 sean mejores. 
Aunque es cierto que se han producido algunas mejoras, le pido que tenga en cuenta que, en lo que va de año hasta el 20 de septiembre, los compromisos pendientes de liquidación correspondientes a los Objetivos 1 y 2 han aumentado. 
El flujo de créditos del programa INTERREG resulta abrumador; el Objetivo 2 es insuficiente. 
Una vez más, los problemas se repiten. 
Cuando se aprobó la agenda de Berlín para el período 2000-2006, la Comisión introdujo una serie de modificaciones en la planificación, administración y aplicación de un gran número de programas. 
Creo que ya podemos constatar que esos cambios han sido insuficientes. 
En una Unión Europea formada por quince Estados miembros, la cohesión económica y social, uno de los pilares de la política comunitaria, se encuentra sometida a una enorme presión. Para qué hablar de lo que puede llegar a suceder en una Unión de veinticinco Estados. 
Si pretendemos afrontar este reto y mantenernos fieles al principio de solidaridad, tendremos que introducir reformas fundamentales en la normativa actual. 
La primera de estas reformas afecta a las economías de la mayoría de los Estados miembros, que atraviesan una situación de crisis. 
La disciplina presupuestaria de los Estados miembros, exigida por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tiene efectos procíclicos. 
La actuación de los gobiernos en lo que respecta a la financiación de los programas nacionales de desarrollo se encuentra limitada. 
Se pueden apreciar lagunas en su capacidad de cofinanciación, lo que aumenta el volumen de fondos europeos no utilizados. 
¿Podemos deducir de esto que los Estados miembros ya no necesitan el dinero? 
No, no podemos. 
La conclusión que hay que sacar es que se debe aumentar la flexibilidad del Pacto de Estabilidad en lo que respecta a las inversiones y a la cofinanciación. 
En segundo lugar, aunque sigo siendo, como siempre, un defensor de la norma «n+2» establecida para el período de planificación actual, pido que se aplique de una forma más flexible. Por ejemplo que, en casos excepcionales, se aplace a una «n+3» o, incluso, que los fondos se destinen a los países y regiones que puedan garantizar una aplicación correcta y puntual de los mismos. 
Hay que evitar que los ministros de finanzas celebren la inyección anual de miles de millones de euros en sus economías nacionales simplemente porque no se han utilizado los fondos comunitarios dentro de los plazos establecidos. 
En tercer lugar, al igual que el ponente, opino que se deben simplificar los reglamentos de aplicación y los relativos a la transferencia de la responsabilidad de garantizar un control y un aprovechamiento adecuado y flexible de los fondos. 
En cuarto lugar, quiero decir que espero que en la evaluación intermedia de la Comisión se haga referencia, especialmente con la idea de elaborar un análisis detallado, a los países, regiones y programas que han contribuido a intensificar el problema de los fondos no utilizados. 
Con las elecciones parlamentarias de 2004 en perspectiva, tenemos que demostrar a los ciudadanos que podemos hacer un uso correcto, eficiente y planificado de los ingresos fiscales. 
De lo contrario, perderemos una de las razones que justifican nuestra propia existencia. 
– Señor Presidente, señor Comisario, parece que el problema del volumen cada vez mayor de compromisos pendientes de liquidación se ha convertido en una característica permanente en el marco de la política de los Fondos Estructurales. 
Este volumen no baja de los 92 000 millones de euros, cifra que equivale aproximadamente a todo el presupuesto comunitario para un año. 
La norma «n+2» es una primera medida necesaria para reducir ese volumen. 
Pero el fin último es, sin lugar a dudas, una mejor alineación de la política de Fondos Estructurales con sus objetivos. 
Esta cuestión resulta aún más apremiante a la vista de la próxima ampliación. 
La Comisión ha presentado una serie de propuestas para abordar los problemas derivados de la aplicación de la política y tratar de hacerla más eficaz. 
Un primer requisito parece consistir en reducir la complejidad y los interminables procedimientos decisorios. 
La clarificación de las normas y la mejora de la coordinación tendrán un impacto igualmente positivo. 
Pero siguen existiendo algunos problemas fundamentales que no se han abordado. 
Quiero mencionar el hecho de que una parte considerable de la ayuda se sigue destinando a regiones relativamente prósperas. 
La situación en Italia constituye un claro ejemplo de ello ya que, aunque el sur del país se halla inmerso en la pobreza, el norte es inmensamente rico. 
Así, de forma global, el PIB de Italia está en torno a la media europea. 
En 2002, la Oficina de Planificación Central de los Países Bajos presentó un estudio en el que se identificaban las posibles causas de la ineficacia de la política de los Fondos Estructurales. 
En resumen, los investigadores llegaron a la conclusión de que dicha política no puede ser eficaz hasta que no se cumplan las cuatro condiciones siguientes: primero, una calidad institucional sólida; segundo, una baja inflación; tercero, una política de gobierno transparente y fiable, y cuarto, un bajo nivel de corrupción. 
Resulta lamentable y sorprendente al mismo tiempo que los cuatro destinatarios principales de los recursos procedentes de los Fondos Estructurales obtengan una puntuación muy baja cuando se aplican los criterios anteriores. 
Por consiguiente, la mejora de la calidad institucional de estos países debe convertirse en un asunto prioritario, aplicable también a los futuros Estados miembros de la Unión Europea. 
De lo contrario, estaremos luchando por una causa perdida, y se producirá un nuevo aumento del volumen de compromisos pendientes de liquidación a partir de mayo de 2004. 
Tenemos que dotar de una mayor coherencia a la política comunitaria que trata de promover el desarrollo económico de las regiones más pobres y reducir las diferencias económicas. 
Por lo tanto, sugerimos que la política de los Fondos Estructurales se centre en el Objetivo 1, al que solo tienen derecho las regiones más empobrecidas. 
Las demás formas de política estructural, en particular las que favorecen a zonas relativamente prósperas, parecen frustrar la movilidad de la mano de obra o distorsionar la competencia con bastante frecuencia. 
Un hecho que también se produce con regularidad es que las autoridades nacionales o regionales presentan sus proyectos menos eficaces a la hora de solicitar ayudas comunitarias. 
Hay que acabar con la reutilización o la transferencia de fondos europeos entre los Estados miembros más ricos. 
Aunque la Comisión ha iniciado una mejora con sus propuestas, es necesario llevar a cabo una reforma profunda, para que las regiones más pobres puedan progresar de verdad. 
La ventaja añadida es que esa mayor coherencia y claridad políticas permitirá controlar las salidas con mayor eficiencia. 
Por último, los Estados miembros podrán también presentar un cálculo fiable antes de la elaboración del presupuesto. 
Después de todo, la acumulación de los créditos de pago se debe principalmente a unos niveles excesivos de créditos de compromiso. 
Si deseamos poner fin a esta acumulación, tendremos que atajar el problema de raíz. 
– Señor Presidente, yo también lamento que se haya infrautilizado la cantidad de 22 000 millones de euros de los créditos de los Fondos Estructurales. 
Mi preocupación aumenta ante el hecho de que, como todos sabemos, los compromisos pendientes de liquidación del período 2000-2006 han superado la cifra de 76 000 millones de euros, corriendo así el riesgo de que los créditos queden liberados en aplicación de la norma n+2. Se trata de una situación vergonzosa si pensamos en los altos índices de desempleo y pobreza que soportan algunos Estados miembros, como Portugal, y en la falta de infraestructuras y servicios sociales, factores esenciales para la inserción social. 
Por ese motivo, los Fondos Estructurales resultan imprescindibles para fomentar una auténtica convergencia, al tiempo que favorecen la redistribución dentro del presupuesto comunitario. Por lo tanto, si no se lleva a cabo la ejecución de esos fondos, no solo se perjudica el objetivo de la cohesión económica y social, sino que además se contribuye a acentuar las desigualdades regionales existentes. 
En consecuencia, hay que atacar las causas de esta situación de dos formas: solucionando los problemas burocráticos mediante la simplificación y la descentralización de las medidas, y sobre todo, eliminando las restricciones presupuestarias impuestas por el Pacto de Estabilidad. Es preciso revisar dicho pacto, sin olvidar que el papel de los Fondos Estructurales resulta aún más importante en el período previo a la ampliación de la Unión Europea. 
La política de cohesión económica y social exige, por tanto, que se revisen estos procedimientos para que así podamos aprovechar de forma efectiva todos los fondos disponibles. 
. – Les ruego me perdonen por abusar de su atención, pero creo que este debate es importante y que muchas observaciones merecen no solo nuestra atención, sino también comentarios y respuestas por nuestra parte. 
El Sr. Pohjamo y el Sr. Van Dam han recordado –también lo había hecho el Sr. Pittella– que es importante utilizar bien la nueva norma n+2 para el programa 2000-2006: a finales de 2002 observamos que no había provocado liberaciones significativas. 
El momento de la verdad llegará a finales de 2003, pues muchos de los programas regionalizados se firmaron en 2001. 
Por mi parte, pienso que esta norma es útil. 
Es una norma de buena gestión. 
Opino también, como el Sr. Pohjamo, que la clave se encuentra en gran parte en la mejora de las previsiones por parte de los Estados miembros. 
Ustedes insistieron en este punto. 
La Sra. Glase ha mencionado la excesiva complejidad de los procedimientos. 
Quiero exponer mi punto de vista, y he de decir otra vez, como le diría al Sr. Markov, que tengo que aplicar esos procedimientos porque están en los reglamentos, que ustedes conocen bien, que se establecieron en Berlín 2000-2006. 
He intentado utilizar todos los márgenes de flexibilidad dentro de esos reglamentos y he encontrado algunos, de los cuales se les informó el año pasado cuando me reuní con los Ministros para proponérselos: estamos viendo ya algunos de los efectos de esas medidas de simplificación y flexibilidad. 
No obstante, no puedo hacer como si las normas de Berlín no existieran. 
Un modo de no tener que hacer estas observaciones en el próximo período –la Sra. Glase ha hablado de una planificación demasiado larga–, es reducir el tiempo de planificación: estoy de acuerdo con esta idea. 
Cuando me nombraron Comisario a finales de 1999, tuve que aplicar este nuevo período. 
¿Qué hice durante uno o dos años, dos años prácticamente? 
Me dediqué a la concertación y la planificación con las regiones y los Estados miembros. 
Durante los dos primeros años del programa, no utilizamos dinero, no emprendimos proyectos, porque esos dos primeros años, 2000 y 2001, se dedicaron a negociar los programas. 
Si he avanzado el debate para el próximo período, si la Comisión propone a finales de 2003 sus orientaciones, y las nuevas políticas de cohesión y los proyectos de reglamento en 2004, es para avanzar en el proceso y, si los Gobiernos, el Consejo y el Parlamento aceptan pronunciarse sobre la futura Agenda, las perspectivas financieras y estas políticas lo antes posible, podremos dedicar el último año de este período 2000-2006, el año 2006, a la concertación, en vez de esperar al comienzo del próximo período. 
La esperanza que tengo –una vez más soy muy prudente– en lo que pretendo, señor Pittella, Señorías, es que tengamos ideas claras sobre el volumen de dinero disponible, sobre las nuevas políticas de cohesión, sobre los nuevos reglamentos suficientemente pronto para dedicar todo el año 2006 a la concertación en torno a los futuros programas y podamos iniciar así los programas y proyectos desde el comienzo del futuro período y no dos años después del comienzo. 
Este es mi objetivo. 
El Sr. Dos Santos y el Sr. Markov han hablado de los compromisos pendientes de liquidación (RAL). 
Yo no he tratado, se lo digo al Sr. Dos Santos, de negar las cifras del Sr. Pittella: he tratado –conozco bien esas cifras– de explicarlas de forma imparcial, porque hay explicaciones. 
Al mismo tiempo, me he dedicado con mis colaboradores a reducir progresivamente esos RAL: por ejemplo, por lo que se refiere al FEDER, los compromisos pendientes de liquidación para el período 19941999 ascendían a 7 000 millones a finales del año 2002; probablemente serán de 3.800 millones a finales de 2003. 
Los hemos reducido prácticamente a la mitad. 
Señor Markov, me ha extrañado una de sus observaciones respecto de la flexibilización de la norma n+2: usted ha hablado de la posibilidad de n+3. 
Si avanzamos en esa dirección, nos arriesgamos a agravar los problemas de utilización y agravar los compromisos pendientes de liquidación. 
Sí, señor Van Dam, me ocupo de la simplificación para el próximo período: quiero reducir el número de instrumentos, quiero reducir el número de decisiones de planificación. 
Propondré sin duda la supresión de la zonificación en el objetivo nº 2. 
Quiero centrar las prioridades y, asimismo, basar los asuntos en los proyectos y aumentar los márgenes de flexibilidad y de reprogramación en el curso del período. 
Estas son las ideas de simplificación sobre las cuales trabajamos. 
Del mismo modo, señor Van Dam, no comparto su impresión sobre los resultados de esta política de los Fondos Estructurales. 
No creo que se pueda hacer así, tan rápidamente como usted ha hecho, una geografía de la mala gestión: conozco casos de mala gestión en países que son miembros de la Unión Europea desde hace mucho tiempo y no solo en los nuevos países del sur. 
No creo que se pueda señalar con el dedo a tal o cual país, donde observo, por otro lado, un esfuerzo global, aunque a veces sea bastante lento, por mejorar la gestión y el control, por modernizar la administración. 
Ustedes me piden que concentremos la próxima política en el objetivo nº 1, en las regiones más pobres o con más retrasos de desarrollo: es lo que propondremos, pero aun así no estoy decidido a suprimir la acción europea en las demás regiones. 
En los países actuales de la Unión, a veces incluso en regiones desarrolladas, hay verdaderos problemas, asociados a deslocalizaciones industriales, a las reestructuraciones, a la pobreza, a la extrema pobreza en las ciudades, asociados a problemas de desertización en algunas zonas rurales. 
No creo que Europa pueda ser indiferente, que la Unión pueda ser indiferente a estos problemas en los quince países de la Unión actual, porque si la Unión es indiferente, si tuviese que concentrar toda su acción presupuestaria en los nuevos países y algunas regiones del sur, entonces no habría que extrañarse de que los ciudadanos se volviesen indiferentes hacia la Unión Europea. 
Toda la política a la que tiendo con esta reforma de los Fondos Estructurales para el próximo período es concentrarla en los grandes objetivos de solidaridad y en la Agenda de Lisboa y de Gotemburgo, ponerla a su servicio, hacer de las regiones, más que espectadoras, cooperadoras de estos objetivos. 
En todo caso, señor Van Dam, le digo con toda claridad que, por mi parte, soy favorable a una verdadera reforma, a veces incluso a una reforma radical: nunca seré favorable a la renacionalización de la política de cohesión. 
El Sr. Piscarreta ha evocado la idea de ir más lejos, como ha hecho el propio Sr. Pittella, en la confianza depositada en los Estados miembros en materia de gestión: sí, estoy dispuesto a ir muy lejos en la descentralización de la gestión, pero ello requiere, naturalmente, que haya un mejor reparto previo de la responsabilidad financiera. 
Mientras la Comisión Europea sea prácticamente la única responsable ante ustedes, la Autoridad Presupuestaria, y ante el Tribunal de Cuentas, estoy obligado a comprobar, controlar y asegurarme de que los sistemas de control son correctos y operativos. 
Probablemente en el espíritu de lo que está escrito en la nueva Constitución europea podremos avanzar hacia un mejor reparto de la responsabilidad y, por tanto, hacia una mayor descentralización. 
Esto es lo que quería responder muy rápidamente, indicando al Sr. Pittella y a cada una y cada uno de ustedes que quedo a disposición de sus comisiones y de la Asamblea plenaria para responder a todas sus preguntas y continuar este diálogo: nosotros lo necesitamos y muchas de las sugerencias que se han hecho en el informe del Sr. Pittella se encontrarán en las propuestas que hará la Comisión, en particular en materia de gestión del futuro período de cohesión, en el tercer informe de cohesión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0345/2003) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios (9714/1/2003- C5-0299/2003- 2002/0152 (COD) ) (Ponente: Sra. Ferreira). 
. – Señor Presidente, señor Comisario, señores representantes del Consejo, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias a mis colegas y a la secretaría de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, así como a los funcionarios competentes de la Dirección General encargada del expediente, por su excelente cooperación. 
En efecto, hemos llegado a este texto, que se someterá mañana a votación, a raíz de un trabajo de cooperación esencial con los distintos Grupos políticos, así como con los representantes de la Comisión y del Consejo. 
Podemos estar satisfechos con este informe, que sitúa en el centro de nuestra preocupación común la protección del consumidor. 
En efecto, al reducir de forma considerable los niveles de ciclamato en las bebidas en virtud de una evaluación del Comité Científico, respondemos a las exigencias de los ciudadanos europeos en materia de protección de los consumidores. 
Que la Comisión se comprometa a reevaluar próximamente todos los edulcorantes es también una decisión que se inscribe en nuestros objetivos, pues, como sabemos, en este ámbito necesitamos datos estadísticos consecuentes y debemos revisar periódicamente nuestras posiciones a la luz de los nuevos datos. 
Comprendo a mis colegas del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, que desean hacer especial hincapié en el aspartamo. 
Pero a este respecto hay que tener en cuenta las recientes evaluaciones realizadas tanto en Francia como en el Reino Unido, y considerar que quizás no proceda singularizar el aspartamo, sabiendo, por supuesto, que de todos modos está prevista su reevaluación en un marco más global. 
Debemos reconocer ahora que también tenemos nuestras debilidades, y el hecho de que no hayamos podido ponernos de acuerdo sobre la definición de los productos de panadería fina demuestra que el trabajo no está en absoluto terminado y que el etiquetado deberá ser objeto aún de futuras legislaciones. 
Este elemento del informe es revelador también del lugar que queremos conceder a los edulcorantes en la alimentación. 
Los edulcorantes son indispensables para tratar determinadas patologías y, en este sentido, he recibido numerosas cartas de personas que padecen diabetes y otras enfermedades y que me comunican su satisfacción por poder variar su alimentación gracias al número creciente de productos endulzados con edulcorantes. 
Por otra parte, el consumo de estos productos entre los europeos puede incrementarse cada vez más si se confirman los numerosos y alarmantes informes que hablan de un número en constante aumento de personas que padecen obesidad. 
Sin embargo, este grave problema de salud pública no puede encontrar respuesta en los edulcorantes, sino en la prevención de la enfermedad. 
Además, algunos estudios han demostrado que el poder endulzante de los edulcorantes genera comportamientos nutricionales que incrementan el consumo de azúcar o de productos azucarados. 
Todos somos conscientes aquí de que la multitud de productos cada vez más azucarados y más variados destinados a los niños tiene mucho que ver en este problema de salud pública. 
Al decir esto, no creo que me aleje del tema que tratamos aquí esta noche, ya que los productos dulces, con o sin edulcorantes, son interdependientes. 
Sé que el Sr. Comisario es especialmente sensible a este problema de salud pública. 
Puede estar seguro de que esta es una prioridad para nosotros. 
En conclusión, diré que se puede considerar que los edulcorantes son útiles y que es la razón por la cual autorizamos, a través de esta legislación, la comercialización de dos nuevos productos. 
No obstante, ahora debemos ocuparnos de que solo sean indispensables para un número cada vez menor de ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo por su colaboración en torno a esta propuesta. 
En concreto, quisiera rendir homenaje a la ponente, la Sra. Ferreira, por su trabajo en este expediente. 
Se han presentado cuatro enmiendas a la posición común. 
La primera enmienda eliminaría la comitología para decidir si una sustancia debe considerarse edulcorante o no. 
La Comisión presentó su propuesta porque una decisión de este tipo es de naturaleza técnica y ya puede asumirse por comitología para todos los demás aditivos, de acuerdo con la legislación vigente. 
La Comisión habría agradecido una herramienta formal para incluir determinadas sustancias en el campo de aplicación de la legislación sobre aditivos alimentarios. Todo en beneficio de la protección del consumidor. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor lo ha rechazado, pero su ponente ha indicado que la propuesta de la Comisión debería considerarse de nuevo cuando se haya estudiado una enmienda de la legislación marco sobre aditivos alimentarios. 
Además, la comisión parlamentaria ha aceptado conceder la comitología para decidir si un edulcorante se utiliza de acuerdo con las Buenas Prácticas de Fabricación, como propone el Consejo. 
En este espíritu de compromiso, la Comisión puede aceptar esta enmienda y, tal como ha sugerido la ponente, presentará de nuevo su solicitud en el contexto de la enmienda de la legislación marco sobre aditivos alimentarios. 
La segunda enmienda exige a la Comisión que presente un informe de situación sobre la reevaluación de aditivos en general y, en concreto, sobre los dos edulcorantes recientemente autorizados. 
Ya se ha aceptado una enmienda similar en el contexto de la enmienda de otra Directiva sobre aditivos alimentarios. 
Por lo tanto, en aras de la coherencia, la Comisión puede aceptar esta enmienda. 
La tercera enmienda se refiere a la transposición de la Directiva. 
Introduce una cláusula para el agotamiento de las existencias de productos que ya no son conformes con la Directiva. 
A este fin se establece un límite de tiempo de 24 meses después de la entrada en vigor de la Directiva. 
La Comisión puede aceptar esta cláusula y aprueba con satisfacción que sea limitada en el tiempo. 
Esta limitación en el tiempo crea seguridad jurídica y facilita el cumplimiento de una cláusula de este tipo. 
La cuarta y última enmienda pide la revisión de la autorización de dos edulcorantes, aspartamo y esteviosida. 
La Comisión no puede aceptar esta enmienda por las siguientes razones. 
A petición de la Comisión, el aspartamo fue reevaluado por el Comité Científico de Alimentación Humana en colaboración con las autoridades de seguridad alimentaria del Reino Unido y Francia. 
A este fin, los científicos revisaron toda la literatura científica publicada desde el último dictamen sobre el aspartamo, que es de unos 150 artículos. 
La opinión resultante, adoptada tan solo en diciembre del año pasado, reconfirmaba plenamente la seguridad del aspartamo y que la ingestión de este edulcorante sigue siendo muy inferior al nivel de ingestión diaria admisible. 
En relación con el etiquetado, la presencia de aspartamo en un producto alimenticio debe constar en la etiqueta, al igual que cualquier otro aditivo. 
Además, el etiquetado de un producto alimenticio que contiene aspartamo debe llevar una advertencia especial para proteger a los consumidores que no toleran este edulcorante debido a algún trastorno metabólico específico. 
Por lo tanto, la Comisión no considera justificable proceder a una nueva reevaluación de este edulcorante ni alterar las normas de etiquetado. 
Y esto nos lleva a la Stevia y el edulcorante que se extrae de esta planta, la esteviosida, que también ha sido examinada a fondo por el Comité Científico de Alimentación Humana. 
El comité tiene serias dudas sobre la seguridad de la esteviosida y no considera que sea aceptable para su uso en alimentos. 
Por lo tanto, la Comisión nunca ha propuesto la autorización de este edulcorante. 
No se ha presentado a la Comisión ningún dato científico que justifique una reevaluación de la esteviosida. 
En resumen, la Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 2 y 3, pero no puede aceptar la enmienda 4. 
– Señor Presidente, permítame comenzar mi intervención expresando mi más sincero agradecimiento a la Sra. Ferreira por su excelente colaboración. 
La revisión de este documento se ha desarrollado de forma excepcionalmente satisfactoria. 
Se ha alcanzado un compromiso equilibrado con el Consejo, compromiso celebrado por muchos y cuya aprobación tendrá lugar mañana si todo va bien. 
Haré tres comentarios relacionados con el debate de lo que constituye, en realidad, una propuesta legislativa secundaria. 
Estos comentarios se deben tener también en cuenta en el futuro. 
Lo que me molesta es que en ocasiones los miembros de esta Cámara tendemos a tergiversar hechos científicamente probados, para así poder adaptarlos a declaraciones o sentimientos de índole política. 
Eso es lo que hace el Parlamento, y me provoca indignación. 
No obstante –y dirijo estas palabras también al señor Comisario, ya que he tenido alguna confrontación a este respecto con sus funcionarios– la Comisión tampoco se libra de esta crítica. 
Su actitud se parece en cierto modo a la de una veleta. 
En mi opinión, debemos ocuparnos de los asuntos que nos remitan sectores científicos independientes, y no solo de aquellos que consideremos aceptables desde un punto de vista político. 
Hasta aquí el primero de mis comentarios. 
El segundo de ellos puede parecer igualmente un poco brusco y se dirige a los panaderos alemanes y austriacos y a los pasteleros italianos. 
Por su culpa, el debate ha resultado especialmente duro, ya que pensaron que pasaríamos por alto sus productos. 
El jueves pasado los llamé por teléfono y les pregunté si se habían leído el documento original de la Comisión. 
Si lo hubieran leído, sabrían que se ha incluido ya una categoría independiente para los productos de valor energético reducido. 
Nos complicaron bastante las cosas en ese sentido, ya que se debatieron muchos aspectos que finalmente resultaron ser innecesarios. 
Por último, quisiera hacer un comentario relacionado con la enmienda 4 propuesta por el Sr. Lannoye. 
En dicha enmienda se solicita, entre otras cosas, la elaboración de un informe sobre la reevaluación de la autorización del aspartamo. 
Eso me parece totalmente innecesario, puesto que la enmienda de transacción 2 se ocupa lo suficiente del asunto. 
Además, tal como ha recordado hace un momento el Comisario, ya se llevó a cabo una exhaustiva evaluación de este edulcorante en diciembre, cuyos resultados debemos respetar. 
No logro entender la razón que lleva al Parlamento a retomar el tema de la seguridad de otro edulcorante, el stevia – al cual acaba también de referirse el Comisario – sobre el que existen pruebas científicas que demuestran lo contrario de lo afirmado en la enmienda. 
En este sentido también, les insto a que se dejen guiar en el futuro por investigaciones científicas independientes y no permitan que les influyan los problemas políticos del momento, porque pienso que solo así lograremos tener la mejor legislación. 
Doy las gracias, una vez más, a la ponente. 
Señor Presidente, me complace en gran manera que este debate se dé en la forma que se está dando. 
Creo que esto demuestra que, en este debate al menos, los edulcorantes también pueden ser una dulce experiencia. 
La ponente ha conducido este debate de forma impecable a través de los escollos que a menudo encontramos en estas discusiones relativamente nimias. 
El problema suele ser que a veces se convierten en el equivalente legislativo de una trampa para moscas. 
Vuelas alrededor y de repente te absorben y te encuentras en grandes dificultades. 
Creo que las tres enmiendas que la Comisión ha aceptado son las correctas. 
Creo que es completamente satisfactorio para nosotros que tengamos un período de revisión, que hayamos evitado los problemas que sospechábamos que vendrían con la comitología, y que, como ha dicho la Sra. Oomen-Rujiten, hayamos podido apoyar y no poner en duda innecesariamente la opinión de los comités científicos. 
Por este motivo creo que la enmienda del Sr. Lannoye era una enmienda que iba demasiado lejos. 
No siempre tenemos que decir, después de una evaluación científica, que no es lo bastante buena y que debería de haber una nueva evaluación inmediatamente. 
Si lo hacemos, devaluamos el trabajo de los comités científicos, introducimos un ambiente de sospecha y acabamos con una propuesta insatisfactoria. 
Por eso me complace que nos hayamos movido en esa dirección. 
Me complace también que se haya reducido el nivel de ciclamatos que se pueden utilizar debido a nuestra gran preocupación por la explotación de los niños y la forma en que consumen una gran variedad de productos edulcorados. 
Finalmente, debo decir a la Comisión en concreto que si en todas las circunstancias pudiéramos abordar estos debates pequeños pero importantes con seriedad y sin el tipo de histeria que a veces mostramos a ambos lados, este Parlamento sería un lugar más feliz y más sabio. 
– Señor Presidente, señor Comisario, yo también quiero felicitar, en nombre del Grupo liberal, a la ponente, la Sra. Ferreira, por su excelente trabajo y su magnífica colaboración durante toda la tramitación de este expediente, que aborda un tema, hay que decirlo, técnico, que no dice mucho a los ciudadanos y que sin embargo debería interesar en el más alto grado a los consumidores, en todo caso a los cada vez más numerosos que lidian contra el azúcar, las calorías, pero también contra las caries dentales en los niños. 
En efecto, hablamos de bienestar al autorizar mañana la comercialización, en toda la Unión, de dos nuevos edulcorantes: la sucralosa y la sal de aspartamo-acesulfamo, dos edulcorantes que presentan al menos tres características comunes: no plantean problemas de seguridad –su inocuidad ha sido confirmada y reconfirmada, ya se ha dicho–, su aplicación es más fácil –disolución más rápida, mayor resistencia a temperaturas elevadas– y además tienen un poder endulzante muy superior al del azúcar tradicional. 
Estas sustancias pueden ser útiles, por tanto, para la alimentación diaria, en particular de los diabéticos y las personas que sufren obesidad. 
Por lo que se refiere al ciclamato, un estudio danés ha demostrado que el consumo excesivo puede ser nocivo para las personas más frágiles, las mujeres embarazadas y los niños menores de tres años. 
Es bueno, pues, que la dosis máxima de ciclamato se haya reducido. 
En cuanto a las tres enmiendas adoptadas en comisión, debemos congratularnos, incluso si hemos tenido que moderar nuestras pretensiones, por el compromiso alcanzado entre las tres instituciones, que nos permite evitar el procedimiento de conciliación. 
El Grupo liberal no votará, en cambio, como en la primera lectura, a favor de la enmienda 4 presentada por el Grupo de los Verdes, que pide la reevaluación de la autorización para el aspartamo. 
Nosotros confiamos en los dictámenes emitidos por el Comité Científico Europeo, un órgano totalmente independiente, así como en los dictámenes emitidos, en múltiples ocasiones, por varias autoridades nacionales, que confirman la inocuidad de este edulcorante. 
No obstante, como algunos testimonios informan de problemas derivados de un consumo excesivo de aspartamo, queremos mantenernos vigilantes, y nuestro ponente ha recordado cómo podemos hacerlo. 
Observo también con satisfacción que la posición común prevé la obligación de etiquetado de la sal de aspartamo-acesulfamo, haciéndose eco así de nuestras preocupaciones, al menos de las expresadas en primera lectura por algunos de nosotros. 
Para concluir, al igual que ha hecho la Sra. Ferreira, me gustaría decir que este debate tiene aspectos un tanto frustrantes. 
No responde sin duda a la cuestión vital, diría que prioritaria, del interés de estos falsos azúcares. 
¿Son realmente interesantes para todos, realmente no presentan peligros para la salud –y hablo aquí en sentido amplio y a largo plazo–, permiten luchar de verdad contra la obesidad o, por el contrario, mantienen el gusto por el azúcar, sea verdadero o falso? 
Son otras tantas preguntas que solo se han zanjado parcialmente, incluso si, y lo recuerdo a modo de conclusión, el Grupo liberal está totalmente satisfecho con los resultados obtenidos con respecto a las cuestiones que se pusieron sobre la mesa. 
– Señor Presidente, el debate de hoy en segunda lectura de la Directiva relativa a los edulcorantes alimentarios es representativo de una tendencia que observo con creciente inquietud y profunda preocupación. 
La Comisión justifica el cambio en términos de los últimos avances tecnológicos y científicos. 
Aunque yo también apoyo el progreso científico, considero que no todo aquello que parece constituir una mejora favorece realmente los intereses del consumidor. 
Me pregunto cuál será el resultado final cuando la industria alimentaria elabore los productos refinando excesivamente las materias primas animales y vegetales y añadiendo miles de aromas artificiales, y sea capaz de llevar estos procesos a niveles extremos. 
Los farmacéuticos, químicos e ingenieros genéticos manipulan cada vez más los productos alimentarios que ingerimos a diario. 
Aunque no puedo tolerar ni toleraré esta situación, resulta evidente que alguien se está enriqueciendo con ella. Por este motivo precisamente, y con el fin de proteger la salud pública, es preciso que las directivas relativas a la alimentación se apoyen en una base científica. 
No obstante, la evaluación de los riesgos resulta cada vez más difícil y problemática debido al aumento tanto de la complejidad del procesamiento como de la variedad de procedimientos y aditivos utilizados. Por otra parte, la legislación se queda desfasada cada vez más deprisa. 
Volviendo específicamente al tema de la recomendación aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, quiero hacer dos comentarios al respecto. 
Apoyo la enmienda 1a en la que se solicita que se vuelvan a evaluar todos los edulcorantes en el plazo de tiempo más breve posible antes de que entre en vigor la Directiva. 
Considero que no se puede rechazar sin más la advertencia realizada por algunos científicos escépticos que relacionan el aspartamo con la aparición de tumores, a pesar de que el comité científico oficial haya dado luz verde al uso de este edulcorante. 
Aunque confío en las decisiones adoptadas por los científicos, opino que hay que tratar con cautela el establecimiento de valores umbral partiendo de una base justificada metodológicamente. 
Apoyo la enmienda 3 porque el establecimiento de una fecha límite definitiva para la distribución de las existencias de productos no autorizados puede evitar que dichos productos se comercialicen rápidamente. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero decir en primer lugar que agradezco sinceramente el trabajo de la Sra. Ferreira. 
Apoyo sus propuestas, por ejemplo en lo que respecta a que no podemos aceptar que la Comisión decida por su cuenta las sustancias que son edulcorantes. 
Tampoco resulta lógico permitir que una sustancia considerada peligrosa y prohibida se venda hasta que se agoten las existencias. 
Se debe anteponer la salud en este caso. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea opina que la enmienda 2 (artículo 1a (nuevo) ) es demasiado general y se centra excesivamente en los nuevos edulcorantes. 
En la enmienda 4 presentada por mi grupo, se pide a la Comisión que presente un informe sobre la reevaluación de la autorización concedida al edulcorante aspartamo. 
Expertos independientes han hecho análisis exhaustivos que cuestionan el hecho de que el Comité Científico sobre Alimentación haya dado luz verde al uso de este edulcorante. 
Según dichos análisis, el Comité Científico ha pasado por alto una serie de investigaciones independientes de importancia crítica, influenciado quizás por la industria alimentaria o los fabricantes de aspartamo. 
No podemos ignorar la existencia de información ante la que debemos reaccionar si deseamos que se aplique el principio de cautela para proteger la salud de los ciudadanos. 
En España se ha publicado hace poco un informe en el que se demuestra que el formaldehído presente en el aspartamo se acumula en las células, pudiendo destruir el ADN y provocar daños, por ejemplo, en el hígado o en el cerebro, especialmente en las personas más vulnerables. 
En palabras de la Sra. Oomen-Ruijten: los vientos políticos soplan tanto de derecha como de izquierda hoy en esta Cámara. 
Pero eso no evitará que los miembros del Grupo de los Verdes/ALE pidamos que se revisen una vez más los argumentos y que se aplique el principio de cautela siempre que existan discrepancias y diferencias de opiniones entre los investigadores. 
Por lo tanto, pido a mis colegas diputados que voten mañana a favor de la enmienda 4. 
Señor Presidente, me uno a las felicitaciones generales a la Sra. Ferreira por haber llegado a lo que es un compromiso bienvenido en esta revisión de la Directiva. 
Sin duda apoyo sus matizaciones finales al texto con las tres enmiendas que ha presentado. 
Sin embargo, debo decir a la Sra. Schörling que no puedo aceptar la cuarta enmienda del Sr. Lannoye. 
No es realista y la intentó ya en primera lectura. 
Cuando la critiqué en aquel momento, su respuesta fue que «demostraba que el conocimiento puede evolucionar y que la evolución a veces nos lleva a cuestionar las autorizaciones que se han dado antes.» 
Bien, muchos organismos reguladores de todo el mundo han evaluado el aspartamo y ninguno ha encontrado pruebas que sugieran que el conocimiento haya evolucionado de tal forma que se deba dudar de las autorizaciones anteriores. 
Por lo tanto, ¿deberemos seguir reevaluando las pruebas hasta que encontremos el resultado que el Sr. Lannoye quiere? 
¿Dónde están las grandes críticas de la opinión del Comité Científico de Alimentación Humana? 
¿Los organismos competentes de algún Estado miembro lo han rebatido? 
¿La Organización Mundial de la Salud lo han rebatido? 
¿A quién debemos creer, a un gran número de organismos reguladores, legalmente responsables de examinar las pruebas de forma objetiva basándose en la ciencia, o, por ejemplo, a la campaña de Internet que hemos visto esta misma semana sugiriendo que el trágico accidente del transbordador de la Isla Staten en Nueva York era debido al aspartamo? 
Este tipo de alarmismo no hace más que deteriorar la confianza de los ciudadanos en los organismos creados para proteger nuestros alimentos y nuestra salud. 
Con un consenso tan amplio de los organismos reguladores, parece una pérdida de tiempo apartar la ya presionada EFSA del trabajo realmente importante en un ciclo interminable de reevaluaciones. 
Existen unos criterios de seguridad en el uso del aspartamo. 
Si examinamos las orientaciones de la Agencia Alimentaria del Reino Unido, dicen que existe un pequeño grupo de personas que no pueden consumir aspartamo. 
Son las personas que sufren una enfermedad congénita denominada fenilcetonuria o PKU y no pueden metabolizar el aminoácido fenilalanina. 
Dado que el aspartamo también contiene este aminoácido, todos los productos que contengan aspartamo se etiquetan debidamente con este fin, como ha dicho el Comisario. 
Es la forma correcta de tratar este tema. 
Ya era hora de que recuperáramos cierta perspectiva en este tema y dejáramos de socavar la labor de nuestros organismos reguladores. 
Ha llegado el momento de escuchar a los científicos y no a los alarmistas. 
Apruebo el informe de la Sra. Ferreira tal como está, con las propuestas del Comisario. 
Espero que ahora sea aceptable para el Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (O-0066/2003- B5-0281/2003) de los Sres.Gargani, Rothley, Lehne y Manders, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, a la Comisión, sobre el régimen alemán de depósito. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en un principio, solo los ciudadanos alemanes tuvieron que soportar lo que se denominó el depósito para envases, que se podría calificar de forma más acertada como el depósito obligatorio. 
Ahora se trata de imponer en toda Europa el enfoque de aficionado adoptado en Alemania y, por este motivo, el Partido Popular Europeo ha apoyado la solicitud del Grupo Liberal de que se incluya esta pregunta oral en el orden del día del Parlamento. 
El Comisario Bolkestein ha declarado con razón en la televisión que los que residimos en Alemania nos encontramos en una situación caótica como resultado del depósito para envases que se nos ha impuesto. 
Aunque en este país existen cinco sistemas diferentes encargados de administrar este depósito, solo abarcan alrededor del 10% de todo el mercado alemán. 
Junto a ellos se pueden encontrar los llamados sistemas individuales, que operan en el ámbito regional o que limitan su acción a determinadas cadenas de supermercados. Ahora bien, como no son sistemas totalmente autosuficientes, lo único que consiguen es fragmentar completamente el régimen de deposito para envases. 
No diré nada acerca de la discriminación que sufren algunas empresas alemanas dentro de su país, ya que – lamentablemente – no se trata de un problema paneuropeo, sino de una cuestión que deberá tratar el Bundestag en Berlín. 
Simplemente hablaré de la discriminación que se produce en Europa. 
El artículo 28, que obliga a todos los Estados miembros a garantizar el libre comercio, se está incumpliendo con bastante descaro. 
La Comisión ha recibido montones de reclamaciones, principalmente por parte de pequeñas y medianas empresas, y, en particular, de negocios con sede en los países del Benelux, Italia, Francia y Austria. 
Aparte de estas reclamaciones, se han producido numerosos problemas en Alemania. 
Se calcula que los consumidores alemanes han perdido alrededor de 500 millones de euros por tener que abonar un depósito en un establecimiento y no haber podido devolver posteriormente los envases en ese lugar y recuperar así su dinero. 
Ustedes, como consumidores, pueden comprobarlo fácilmente. 
Basta con comprar una bebida en una estación de servicio y seguir su trayecto. 
Si no vuelven nunca a esa estación de servicio, no podrán devolver la lata o la botella y jamás recuperarán el depósito abonado. 
De ese modo, en solo unos meses, los consumidores acaban perdiendo la cantidad de 500 millones de euros. 
En Alemania, se calcula que la cifra de puestos de trabajo perdidos a raíz de esta incompetencia ronda los 10.000. 
Debo añadir que no me he inventado estos datos y que tampoco proceden de una organización cualquiera; son cifras del Ministerio Federal de Economía alemán, que forma parte del mismo gobierno federal responsable de todo esto. 
Se prevé que esta estupidez se cobrará otros 15.000 empleos en la Unión Europea. 
Todo lo anterior nos lleva a celebrar la decisión de la Comisión de emprender, hoy mismo, las acciones judiciales oportunas contra la República Federal de Alemania por el incumplimiento de los Tratados. 
Resulta evidente, dicho sea de paso, que las conversaciones telefónicas mantenidas entre Bruselas y Berlín no han surtido efecto y que, obviamente, la llamada del Canciller al Sr. Prodi no ha servido de nada. 
Quizá esto guarde alguna relación con la inclusión de nuestra pregunta oral en el orden del día del Parlamento para esta tarde. También es posible que las deliberaciones de esta tarde hayan acelerado los procesos de reflexión de la Comisión y los hayan aproximado a las propuestas del Comisario Bolkestein. 
Es algo de lo que realmente hemos de alegrarnos. 
No negaré el hecho de que yo mismo tengo dudas acerca de la idea del depósito para envases. 
Si existe una decisión política en el ámbito nacional que determine la creación de un depósito de este tipo, Europa tendrá que aceptarla, pero el país en cuestión tendrá que poner en práctica esa decisión de forma correcta, como ya sucede en varios países. 
Por ejemplo, aunque en Escandinavia existen también sistemas de depósito, son sistemas unitarios con un servicio estandarizado de devolución y sin efectos discriminatorios. 
Para ser claros, el Gobierno federal alemán tiene que decidir si introduce en Alemania un sistema de este tipo adoptando las medidas oportunas a través de reglamentos o leyes, o si simplemente suprime el régimen de deposito para envases. 
Estas son las dos opciones que tiene. 
Si no elige ninguna de ellas, corre el riesgo de terminar ante el Tribunal de Justicia Europeo para responder a las acusaciones de incumplimiento formuladas por la Comisión. Además, se expone a que las partes demandantes constituidas por empresas, fabricantes e incluso consumidores actúen sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y le exijan responsabilidades civiles ante los tribunales alemanes, los cuales podrían seguidamente dirigir una petición al TJE para que emita un fallo preliminar, con la posibilidad de reclamar varios millones o miles de millones en concepto de compensación, de cuyo pago sería responsable el Ministro de Finanzas alemán. 
Esta situación es muy problemática. Por tanto, no puedo sino aconsejar al Gobierno federal alemán que siga las instrucciones de la Comisión y cree un sistema compatible con el mercado interior o suprima el depósito para envases. 
Esta mañana he instado públicamente a la Comisión a que ayude a los consumidores, los fabricantes y los importadores alemanes. 
Me alegro de que lo haya hecho. 
Con esta pregunta pretendemos, sobre todo, demostrar nuestro apoyo a la Comisión en sus esfuerzos por solucionar el caos sembrado por este asunto en Alemania. 
Señor Presidente, la Comisión es plenamente consciente de los temas mencionados. 
Ha analizado la cuestión y puedo comunicar al Parlamento, como ha indicado ya el Sr. Lehne, que esta mañana la Comisión ha decidido enviar una carta de notificación formal al Gobierno alemán porque la Comisión considera que ha infringido el artículo 28 del Tratado y el artículo 7 de la Directiva 94/62/CE. 
Quiero dejar claro que la Comisión no está cuestionando la creación de un régimen de depósito como tal, sino más bien la forma en que se está creando. 
Los motivos son los siguientes: en primer lugar, no existen sistemas de devolución a escala nacional. 
En la actualidad, los dos sistemas que se considera tienen alcance nacional, Lekkerland-Tobaccoland y VFV, tienen una cuota de mercado no superior al 12% de las bebidas que están sujetas a depósito. 
Además, abarcan principalmente pequeños quioscos y cantinas con una superficie de venta inferior a 200 metros cuadrados. 
De acuerdo con la legislación aplicable, estos puntos de venta más pequeños tienen una obligación legal de aceptar la devolución de botellas y latas vacías del «mismo tipo, forma y tamaño» , pero solo de las marcas que venden. 
En segundo lugar, las denominadas soluciones individuales – en alemán– plantean un problema continuo en el comercio intracomunitario. 
Son el resultado directo de la ley alemana según la cual la obligación de los minoristas más grandes de aceptar la devolución de los envases vacíos se aplica solo a los envases del mismo tipo, forma y tamaño que los que venden. 
Hoy existen varias soluciones individuales y plantean graves problemas. 
Esta disposición de la ley alemana induce a las principales cadenas minoristas a obligar a los productores europeos a modificar los envases de sus productos y el Tribunal de Justicia Europeo sostiene que cuando los fabricantes de la UE están obligados a modificar sus envases para comercializar sus productos, este hecho por sí solo constituye una barrera al comercio intracomunitario. 
Se incurre en gastos adicionales y la importación de productos es más onerosa. 
En tercer lugar, los sistemas no son totalmente interoperables. 
En realidad, por una parte, para el mayor número de soluciones individuales no existe obligación legal de aceptar la devolución de envases que pertenezcan a cualquiera de los demás sistemas de recogida, aunque difieran solo ligeramente del que ellos venden. 
Además, en lo que se refiere a la interoperabilidad entre VFV y Lekkerland-Tobaccoland, parece que todavía no se han resuelto algunos problemas técnicos. 
Por ejemplo, todavía no está claro como funcionará la liquidación financiera de los depósitos entre los diversos sistemas. 
Y en cuarto lugar, persiste la «exclusión» y los productos desechables que no son una solución individual no se encontrarán en las estanterías de determinadas tiendas. 
Tenemos pruebas sólidas de que algunas cadenas minoristas importantes de Alemania han «excluido» productos. 
Los importadores de otros países europeos se ven especialmente afectados, porque ellos venden sus bebidas casi exclusivamente en envases desechables por motivos relacionados principalmente con los suministros a larga distancia. 
Quizás en el caso de algunas de las soluciones individuales existentes, algunos importadores bien establecidos no se ven afectados en sus acuerdos protegidos, pero esto no compensa las grandes pérdidas que se producen a causa del considerable descenso de las importaciones de otros Estados miembros a causa de esta fragmentación del mercado alemán para estos productos. 
Por lo tanto, la Comisión ha decidido enviar una carta de notificación formal en la que se plantean esta y otras cuestiones, y ha pedido al Gobierno alemán que responda a estas preguntas y presente una justificación de las medidas tomadas. 
– Señor Presidente, permítame expresar mi más caluroso agradecimiento al Comisario Bolkestein por las críticas fundamentales que ha formulado como experto sobre el sistema alemán y por dejar ver a los demás Estados miembros lo que puede suceder si no se piensa antes de actuar. 
Tengo la impresión de que el Sr. Trittin, a quien he visto un momento esta tarde en televisión, aún no ha captado esta idea. 
Se comporta de forma indiscriminada, sin reflexionar acerca de las posibles consecuencias para Europa. 
El Comisario ha presentado un claro análisis del problema y creo que a todos nos ha de complacer que por fin parezca haberse hallado una solución para el mismo. 
Desde el mes de abril venimos planteando preguntas relacionadas con este asunto. 
El pasado 1 de julio, formulamos varias preguntas sobre esta cuestión durante el debate sobre los residuos de los envases y, señor Bolkestein, la Comisaria Wallström respondió en aquel momento en su nombre para decir que se pondría en marcha una investigación. 
La verdadera pregunta que debe hacerse es la siguiente: ¿por qué hemos tenido que esperar tanto, desde el 1 de julio al 21 de octubre, para que se emprendan acciones legales por incumplimiento? 
Esta medida alemana está perjudicando gravemente a la industria, que se pregunta cuánto tiempo tardará en resolverse el problema. 
Esta situación no afecta solo al consumidor alemán, sino que todos aquellos turistas extranjeros que cruzan las alemanas para pasar sus vacaciones en cualquier punto de Alemania o más lejos sufren las consecuencias del sistema. 
Hay enormes cantidades de dinero que, sencillamente, no se reclaman. 
Los consumidores afectados se preguntan de igual modo cuándo se resolverá el problema. 
En segundo lugar, cuando observo la situación en mi región, la región de Brabante y Limburgo, me doy cuenta de que, especialmente en las zonas con una circulación transfronteriza intensa, hasta las ventas de los pequeños establecimientos que ofrecen refrescos, agua o cerveza, generalmente envasados en recipientes no reutilizables, han disminuido más de un 30% o 40%. 
El Comisario afirma que, en sentido estricto, estos establecimientos pueden reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios en virtud de los procedimientos vigentes. 
Aunque esa posibilidad está muy bien, se trata de pequeñas empresas que no saben cuánto tiempo podrán resistir al haber perdido una parte importante de su actividad comercial. 
El comercio holandés, austriaco, belga y francés depende en gran medida de este mercado alemán. 
Si permanece cerrado durante mucho tiempo, las consecuencias serán muy negativas y podremos resultar nosotros mismos perjudicados. 
Por este motivo, insto al Comisario a que haga todo lo posible para acelerar el proceso y acabar realmente con ese sistema. 
Entre tantas palabras, el Sr. Trittin no ha dejado ver que su intención era esta, así que le pediría a usted que haga todo lo posible por acelerar el proceso. 
Quisiera saber cuál será el calendario propuesto. 
Quiero también darle las gracias por el esfuerzo que ha realizado. 
Debo decir que su adecuada respuesta es muy positiva para el mercado interior en Europa, al que todos apoyamos, ya que no solo beneficia a los consumidores sino que, como es debido, permite a la industria obtener ganancias. 
Señor Presidente, creo que la discusión de esta noche tiene un elemento político interno alemán. 
Es decir, hay una confrontación entre partidos políticos y gran parte de la culpa de que tengamos la discusión esta noche tiene que ver con esos actores alemanes. 
Concretamente, hay que recordar que, en 1991, el Gobierno demócrata-cristiano alemán, siendo ministro Klaus Töpfer, introdujo un reglamento de empaquetados, que en 1998 fue modelado con la Ministra de Medio Ambiente, Angela Merkel, de la CDU, y en 2001 fracasó un intento de mejora de esa reglamentación porque la mayoría de la CDU en el Bundesrat lo empeoró, con lo cual no se pudo establecer un sistema adecuado de restitución de envases. 
En todo caso, creo que el Gobierno alemán ha cogido el toro por los cuernos y está tratando de solucionar un problema que hoy afecta al conjunto de la Unión Europea. 
La pregunta que yo le haría al Comisario es en qué medida la Comisión y las Instituciones de la Unión Europea están incumpliendo su deber cuando no proponen o adoptan una reglamentación de ámbito comunitario que impida esta acumulación de residuos sólidos, que en este momento está haciendo bastante difícil la organización del trabajo- por ejemplo, en las ciudades -, con unos costes enormes para las administraciones locales para disponer de esos recursos. 
Les contaré como anécdota, por ejemplo, que en mi isla, que es una isla pequeña que tiene 300 volcanes, empezamos utilizando un volcán y ya lo tenemos prácticamente lleno y, por este camino, dentro de poco no tendremos volcanes, sino acumulaciones de basuras. 
Me da la impresión, señor Presidente, de que en este momento, y sin perjuicio de que me parece correcto que la Comisión trate de armonizar las medidas, hay que recordar los artículos 174 y 176 del Tratado de la Unión Europea- que están ahí -, que, por un lado, facultan a los Estados para adoptar medidas de mayor protección del ambiente, pero por otro, estimulan a las Instituciones comunitarias a adoptar medidas de carácter general, de forma que un problema tan grave como el que tenemos hoy de la acumulación de residuos sólidos pueda ser solucionado por la única vía racional, que es la vía comunitaria. 
Por tanto, insto al Comisario a analizar la posibilidad de obtener una reglamentación comunitaria que armonice la situación y creo que no debemos limitarnos a utilizar un problema político interno para plantearle dificultades a un Gobierno de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, felicito al señor Comisario por las noticias que nos acaban de llegar por televisión y a las que ha contestado hace un momento. 
Espero que su decisión se haya visto propiciada por esta iniciativa de los liberales, la cual, por cierto, ha contado con el apoyo unánime de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Visto el calendario, sí que parece que ha servido de ayuda. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Medina Ortega en que, en principio, no nos oponemos a un régimen de deposito. 
Si pretendemos implantar un sistema de este tipo, quizá resultara positivo introducir un sistema comunitario armonizado dentro de un único mercado interior, que permitiera a todas las empresas y consumidores de Europa saber a qué atenerse. 
Estamos en contra de un régimen de deposito restrictivo, y el sistema de vales alemán parece más propio de una feria que de una legislación seria. Una feria en la que se tiene derecho a montar varias veces en el tiovivo, pero no se pueden hacer recorridos por Alemania. 
A este respecto, celebramos su anuncio de que va a intervenir para solucionar el problema. 
Quiero preguntarle si cabría la posibilidad de obligar, o al menos suplicar, al gobierno alemán a que suspenda el sistema vigente de forma inmediata. 
Así debería ser en cualquier caso hasta que se implante un sistema de ámbito europeo o al menos un sistema que respete el marco actual y no incumpla el artículo 28. 
Esta es la primera consulta que quería hacer. 
En segundo lugar, quiero que me confirme si es cierto – tal como ha afirmado el Sr. Lehne – que las empresas que han registrado cuantiosas pérdidas, y quizás también los consumidores, podrán recibir las indemnizaciones pertinentes del Gobierno alemán, por ejemplo. 
Espero que con la medida que ha anunciado, los consumidores alemanes puedan en breve elegir libremente productos europeos como el agua Badoit o San Pellegrino, o la cerveza Bavaria. 
Si esto llega a ser posible, confío en que tras diez meses privados de estos deliciosos productos europeos, vuelva a abrirse el mercado comunitario y se pueda consolidar el mercado interior. 
– Señor Presidente, señor Comisario, el Parlamento dejó bastante claro durante el debate del Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente que la defensa de los envases reutilizables se basa en consideraciones de política medioambiental. 
Nuestra experiencia en Alemania prueba que este régimen ha demostrado su función ecológica, ya que se ha logrado reducir el número de envases que contaminan el medio ambiente. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con usted cuando por un lado afirma que no está en contra del régimen de depósito, si bien no logro entender por qué, por otro lado, aplica un doble criterio. 
A mí tampoco me complace la existencia de estas soluciones individuales; a todos nos habría gustado más contar con un régimen estandarizado. 
No obstante, supongo que sabrá que los responsables políticos no son los culpables en este caso; la industria, especialmente los comerciantes, han ejercido una enorme presión. 
Ahora resulta que también se han adoptado soluciones individuales en España y Portugal. 
Quisiera que me explicara, señor Comisario, por qué se permiten este tipo de soluciones en dos Estados miembros mientras que se censuran en otro. 
Al decir que no se opone al régimen de deposito para envases, y que el programa de acción en materia de medio ambiente demuestra que es usted un firme defensor de la reutilización, me pregunto por qué desde la Unión Europea no actuamos conforme a lo que acaba de exponer el orador anterior e implantamos un sistema armonizado, declarando así nuestro deseo de mejorar el medio ambiente y de aumentar la reutilización de los envases; en primer lugar, porque desempeña realmente una función ecológica y, en segundo lugar, porque la reutilización – como todos sabemos – hace más seguros los puestos de trabajo. 
Me pregunto por qué, para evitar residuos, no damos un paso adelante y hacemos obligatorio el uso de envases reutilizables en toda la Unión Europea. 
De este modo existiría alguna coherencia entre sus argumentos. 
Si no adoptamos estas medidas, muchos tendrán la sensación de que realmente estamos aplicando un doble criterio, al permitir soluciones individuales en algunos Estados miembros y no así en Alemania. 
Quiero que conteste a estas preguntas. 
Naturalmente, no puede dar la impresión de que se trata básicamente de montar una campaña contra las decisiones políticas de Alemania en materia de medio ambiente; justo lo contrario, la Comisión tiene que demostrar al mismo tiempo que está a favor de la integración medioambiental. 
Si usted, señor Comisario, se considera un defensor del mercado interior, debe apoyar, en la misma medida que los demás, un enfoque integrado de la política medioambiental. 
Para evitar la acumulación de residuos tenemos que apoyar la reutilización, ya que así se ha decidido en el programa de acción medioambiental y en otras muchas ocasiones en el Parlamento. 
Señor Presidente, todos estamos a favor del reciclado, aunque debe planearse correctamente para que no cause más daños ambientales que los que evita. 
También estamos a favor de la jerarquía de los residuos según la cual lo mejor es prevenir, después lo mejor es reutilizar y reciclar, y al final llega la recuperación de energía. 
Para reciclar, agradecemos los programas de educación de los ciudadanos y los programas voluntarios. 
No tenemos ningún problema con el Gobierno alemán si sigue estas vías, o al menos la vía de Escandinavia. 
Sin embargo, ha elegido una vía impuesta sin tener en cuenta a los clientes ni a los demás países de la UE. 
No se trata solamente de un problema interno alemán: es un problema austriaco, belga, neerlandés, francés, luxemburgués, italiano, sueco y británico. 
Se han perdido mercados y puestos de trabajo y los consumidores son quienes más pierden, ya sea debido al bloqueo de la importación o a la imposibilidad de recuperar sus depósitos. 
Y este programa no representa prácticamente ninguna ventaja para el medio ambiente. 
El incumplimiento de las Directivas sobre el mercado interior es una amenaza para el éxito económico de la Unión Europea y apoyo firmemente la acción del Sr. Bolkestein, esperando que con ello Alemania se ajuste sin demora a la legalidad. 
– Señor Presidente, Comisarios, Señorías, quiero comenzar felicitando al Gobierno alemán por sus aspiraciones. 
Resulta sumamente importante que existan gobiernos progresistas en materia medioambiental, a los que no les asuste adoptar medidas controvertidas. 
Existen razones para criticar el régimen de deposito alemán, las cuales yo comparto, y a las que volveré con más detalle dentro de un momento. 
Pero antes de eso quiero destacar lo importante que resulta tomar decisiones atrevidas, decisiones políticas con las que los consumidores se puedan sentir claramente identificados. 
Llevamos meses hablando de la Directiva sobre envases, tratando de decidir si el objetivo debe ser de un 55% o un 60%, y si se debe implantar el sistema en el año 2008 ó 2007. 
Por lo tanto, el hecho de que un gobierno tenga el valor de romper moldes y correr riesgos es alentador. 
Sin duda, hay uno o dos aspectos criticables, y es cierto que se pueden introducir mejoras en lo que respecta al modo de implantar el sistema, pero quiero decir también que los que han presentado esta pregunta están ahora derramando lágrimas de cocodrilo. 
Durante la revisión de la Directiva sobre envases, se presentaron varias enmiendas destinadas a solucionar los problemas del mercado interior. 
En dichas enmiendas, se proponía autorizar los sistemas de depósito solo si se demostraba que eso favorecía al medio ambiente. 
En otras palabras, era necesario dar una razón convincente de carácter medioambiental que justificara el incumplimiento del marco del mercado interior. 
La enmienda no se aprobó porque el grupo de los liberales y el Grupo del Partido Popular Europeo votaron en su contra. 
El régimen de deposito alemán – en opinión de la mayoría de los ciudadanos de ese país – no es una solución interesante. 
Es mucha molestia tener que devolver los recipientes al establecimiento donde se adquirieron. 
En lo que se refiere a evaluar su repercusión en el empleo y el mercado, hay menos unanimidad. 
El sistema alemán lleva claramente a sustituir las latas por otros envases, lo cual no resulta justo para las industrias afectadas. 
En mi opinión, el cambio se podría justificar si se persiguiera un objetivo medioambiental, pero no es ese el caso. 
En estos momentos, la pérdida de empleo fuera de Alemania representa una carga desmesurada para muchos sectores. 
Aunque la Comisión ha demostrado ser un socio flexible y comprensivo, al final la paciencia puede acabar agotándose. 
Es hora de que se tomen medidas en Berlín y, en consecuencia, también en la Comisión. 
Así ha sucedido esta mañana, con la decisión de la Comisión, por la cual doy las gracias. 
No obstante, necesitamos también una solución política. 
El Tribunal causó una gran conmoción con la Directiva sobre envases al no incluir la incineración de residuos en la recuperación. 
El régimen de deposito alemán puede provocar asimismo un conflicto legal, lo cual nunca es aconsejable desde el punto de vista político. 
Sería difícil explicar algo así a los consumidores que tienen que cargar con las latas o a los trabajadores que pierden sus empleos. 
Para reparar el error político, es preciso que la Comisión, el Parlamento y el Consejo ofrezcan una solución de carácter estructural. 
Ruego a la Comisión que tome la iniciativa por su cuenta y formule una legislación clara. 
Solo entonces se podrá garantizar una actuación inmediata en caso de infracción de la ley. 
Los problemas del régimen de deposito alemán no son un caso aislado. 
El dinero del depósito solía utilizarse como una forma encubierta de proteccionismo a favor de los productos propios del país, comportamiento para el que no vale excusa alguna. 
Señor Comisario, quiero hacerle algunas preguntas más. 
¿Cuáles son, en su opinión, las alternativas disponibles para acabar de una vez por todas con estos problemas? 
¿Se encuentra la Comisión dispuesta a colaborar y a enmendar la Directiva sobre envases a través de un procedimiento rápido, para solucionar así estos problemas? 
– Los envases desechables no son respetuosos con el medio ambiente. 
La carga medioambiental de las botellas de plástico reutilizables es entre dos y tres veces inferior. Por tanto, en este contexto, un régimen de depósito constituye un método apropiado para reducir los desechos. 
En la actualidad, se cobran depósitos por los envases desechables en Suecia, Dinamarca y Alemania. 
La Comisión, los liberales y los demócrata-cristianos no son reacios a la idea de los regímenes de depósito. 
Eso es todo un avance. 
Lamentablemente, el Sr. Lehne se mantiene al margen de este consenso. 
El régimen de deposito se ha implantado también en España y Portugal, aunque solo en algunas zonas. 
Pero la Comisión no ha llevado ni a España ni a Portugal ante el Tribunal Europeo. 
En los Países Bajos tampoco se pueden devolver todas las botellas retornables en cualquier supermercado. 
La Comisión se ha visto presionada por las campañas lanzadas por las empresas y por algunos miembros de esta Cámara. 
Esto demuestra una vez más que la Comisión le da más importancia al mercado interior que al medio ambiente. 
Asimismo, en diez Estados y en unas quince ciudades importantes de los Estados Unidos, se han adoptado soluciones independientes en forma de sistemas de depósito regionales y locales. 
El fracaso del régimen alemán, que no permite la devolución de las latas en cualquier establecimiento, tiene que ver con las campañas de boicot organizadas por grandes sectores de la industria que se oponen al principio de depósito de envases. 
Resulta irónico que, desde el punto de vista histórico, todos estos sistemas se remontan a una ley del año 1991 presentada por un Ministro de Medio Ambiente demócrata-cristiano, Klaus Töpfer, que el ministro actual, el Sr. Trittin, de los Verdes se está limitando a aplicar. 
Alemania terminará por facilitar la devolución del dinero de depósito en diferentes lugares. 
Este régimen de depósito se convertirá entonces en algo muy habitual. 
La Comisión debe proponer, de hecho, que se introduzcan este tipo de sistemas en toda Europa. 
Dejemos que los niños y los mendigos se ganen unos cuantos euros a costa de la holgazanería de sus padres y de sus conciudadanos. 
Es preferible esta situación a la que reina en los Países Bajos, donde se derrochan 80 millones de euros en una inútil campaña publicitaria titulada «Nederland schoon» – Mantengamos limpios los Países Bajos. 
Señor Presidente, sé que es tarde pero quisiera responder brevemente a algunas de las cuestiones que se han planteado. 
La Sra. Oomen-Ruijten me ha preguntado por qué se ha tardado tanto en iniciar un procedimiento de infracción contra Alemania. 
La respuesta es que la Comisión quería dar al Gobierno alemán una oportunidad para explicar sus medidas y reenderezar la situación. 
Se ha intercambiado mucha correspondencia y el Ministro Tritin ha visitado Bruselas. 
Se ha hecho así para que el Gobierno alemán tuviera la oportunidad de cambiar esta situación insatisfactoria. 
La Sra. Oomen-Rujiten ha preguntado también cuánto se tardará en resolver el problema. 
Esto depende del Gobierno alemán. 
En este momento la Comisión no puede hacer nada más que lo que ha hecho. 
El Sr. Medina Ortega ha preguntado por qué no puede haber una solución a escala europea. 
En mi opinión el principio de subsidiariedad establece que, en este caso, dado que no es en realidad una situación transfronteriza, depende de los Estados miembros efectuar las acciones necesarias. 
El Sr. Manders ha preguntado si sería posible que el Gobierno alemán suspendiera la normativa actual. 
Esto es precisamente lo que la Comisión ha pedido al Gobierno alemán que haga. 
Hasta ahora, el Gobierno alemán no ha querido hacerlo y por este motivo la Comisión ha decidido iniciar el procedimiento por infracción. 
Además, el Sr. Manders ha preguntado si sería posible que las empresas entablaran pleitos contra el Gobierno alemán para obtener compensaciones por las pérdidas que han tenido. 
Esto depende de lo que disponga la ley de los Estados miembros en cuestión, en este caso la ley alemana. 
No es obligación de este Comisario pronunciarse sobre la ley alemana y por lo tanto debemos esperar y ver qué ocurre con las empresas que han sufrido pérdidas. 
La Sra. Breyer ha preguntado por qué he hablado mal de las soluciones individuales, las Han provocado el desmembramiento del mercado alemán, y por supuesto esto es contrario al espíritu de mercado interior. 
También ha mencionado a España y Portugal en este sentido. 
No hemos tenido quejas en cuanto a España y Portugal; en el caso de Alemania, hemos tenido quejas de 10 Estados miembros. 
La Sra. Corbey ha dicho que la Comisión debería comprobar que la legislación alemana sea transparente. 
El resultado de los procedimientos por infracción de la Comisión debería ser que la legislación alemana sea más clara. 
De momento, la legislación, y en concreto la forma como se aplica, no es clara en absoluto. 
Finalmente, la Sra. Corbey pide una solución definitiva del problema. 
De nuevo, como he dicho antes, esto depende de la reacción del Gobierno alemán. 
La Comisión no desea nada más que ver una solución definitiva de este problema. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(1) 
La Comisión está en condiciones de aceptar las enmiendas siguientes: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 y 12. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas siguientes: 2, 7, 8 y 13 
La Comisión está en condiciones de aceptar las enmiendas siguientes, en su caso con una nueva formulación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 24, 25, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. 
La Comisión está en condiciones de aceptar las enmiendas siguientes, al menos en principio (20 y 21) o en parte (11, 17 y 18). 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas siguientes: 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 40. 
La Comisión está en condiciones de aceptar las enmiendas siguientes, en su caso con una nueva formulación: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas siguientes: 3, 6, 8, 9 y 12. 
La Comisión está en condiciones de aceptar las diez enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo. 
La Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas 5 y 20, así como las enmiendas 7, 14, 18 y 21 en su espíritu, con algunas adaptaciones de redacción. 
La Comisión cree que estas enmiendas mejorarán el texto de la propuesta. 
Sin embargo, la Comisión no está dispuesta a aceptar ninguna de las otras enmiendas propuestas, por los motivos que se indican a continuación: 
Un primer grupo de enmiendas trata de asuntos relacionados con la legislación civil, política o judicial. 
Aunque la Comisión puede entender la preocupación subyacente que las inspira, van más allá del ámbito específico de las Directivas sobre seguros para vehículos automóviles. 
Es el caso de las enmiendas 4 y 19 sobre la armonización del plazo de prescripción del derecho de acción directa, así como de las enmiendas 8 y 24 que pretenden crear una oficina central en cada Estado miembro que recogería los atestados de los accidentes. 
Las enmiendas 3, 13, 25, 27 y 28, que se refieren a los importes mínimos de cobertura, prevén un importe global por accidente para lesiones personales que la Comisión cree que es demasiado bajo para cubrir los accidentes con varias víctimas. 
Pero estos importes parecen demasiado elevados cuando se trata de accidentes con una o pocas víctimas. 
Por este motivo, la propuesta de la Comisión no indica importes globales por accidente en relación con los daños personales e introduce nuevos importes mínimos que aumentan considerablemente la protección de las víctimas de accidentes sin ignorar la situación del mercado y el nivel actual de protección en los Estados miembros. 
Aunque no se pueden excluir los períodos de transición en este tema, sería prematuro en esta fase de la negociación establecer períodos de transición cuando los correspondientes Estados miembros en el Consejo todavía no los han pedido formalmente. 
En relación con las enmiendas 2, 12 y 22, que pretenden asegurar que el coste de los procedimientos legales quede cubierto por el seguro obligatorio, el sistema de pago de los costes legales en los procedimientos es muy distinto en cada Estado miembro. 
Mientras que en algunos países los abogados pueden percibir un porcentaje de la compensación otorgada por el tribunal a la víctima, en otros este sistema de porcentajes está prohibido. 
La cobertura obligatoria de los costes legales por parte del seguro podría fomentar pleitos abusivos, en vez de la liquidación extrajudicial, y provocar un aumento del coste del seguro en algunos Estados miembros. 
Además, esta cobertura del seguro se solaparía con el seguro voluntario regulado en la Directiva 87/344/CEE sobre la defensa jurídica. 
La Comisión tampoco está en condiciones de aceptar las enmiendas 1, 6, 9 y 23 porque el efecto real de estas enmiendas no está claro. 
Los remolques, independientemente de su peso, ya están cubiertos expresamente por las Directivas de seguros, dentro de la definición de vehículos, y por lo tanto están sujetos a seguro obligatorio. 
No todos los problemas relacionados con la identificación o la matriculación de vehículos se pueden resolver en el marco de una Directiva sobre seguros. 
Las enmiendas 11 y 26, que pretenden mantener la derogación actual para determinados vehículos especiales en las Directivas sobre seguros –que se aplica solo en muy pocos Estados miembros–, no son aceptables a menos que vayan acompañadas de una garantía de que la víctima de los accidentes causados por estos vehículos será debidamente compensada. 
Las enmiendas se basan en la presentación de un justificante de seguro en la frontera, pero dado que después de Schengen ya no hay controles en las fronteras, esto no constituye ninguna garantía. 
Las enmiendas 10, 16 y 17 tampoco se pueden mantener. 
La enmienda 10 permite, en cualquier circunstancia, controles de seguros de vehículos matriculados en otro Estado miembro. 
Esto podría afectar adversamente a la libre circulación de vehículos. 
La enmienda 16, sobre estancias temporales de vehículos fuera del Estado miembro en el que están matriculados, somete la duración de la cobertura del seguro a las leyes nacionales sobre matriculación de vehículos. 
La propuesta pretende asegurar que el seguro se mantenga durante el plazo acordado del contrato sin perjuicio de la obligación de matricular el vehículo, que se basa en la ley fiscal nacional y sigue intacta. 
La enmienda 17 prevé una derogación opcional del criterio de localización de riesgos que puede provocar una confusión administrativa en relación con las autoridades responsables del control de la obligación de asegurar un vehículo. 
La enmienda 15 pretende eliminar la disposición contenida en la propuesta de la Comisión que mejora la protección de los peatones. 
Sería lamentable que el Parlamento Europeo no diera su apoyo a la Comisión en un tema que afecta a los usuarios más vulnerables de la carretera. 
– Señor Presidente, Señorías, es un placer para mí recibir hoy a Su Excelencia el doctor Wade, Presidente de la República del Senegal. 
Es un placer tanto mayor cuanto que se trata de la primera intervención en el pleno de un presidente africano desde el inicio de la legislatura, incluso desde 1999 si se exceptúan las intervenciones de los dirigentes de los países del Mashreq y del Magreb. 
Señor Presidente, durante su larga carrera política se ha ganado el respeto general, tanto en el continente africano en su conjunto como en todo el mundo, y como padre carismático de la oposición parlamentaria senegalesa, se ha convertido en un modelo para los demócratas de todo el continente. 
Durante todos estos años, en ningún momento perdió la fe en el sistema parlamentario, y su determinación de aplicar los principios democráticos jamás flaqueó. 
Dando este ejemplo, inspiró a todos aquellos que creen en la democracia y en el poder de las urnas. 
Su elección para el cargo de Jefe de Estado es señal de que un nuevo viento democrático sopla en África. 
Como Presidente de la República del Senegal, ha trabajado sin descanso a favor de la democracia y de la paz en África. 
Ha sido uno de los fundadores de la Nueva Cooperación para el Desarrollo de África. 
No ha escatimado esfuerzos para resolver los conflictos en numerosos países africanos, de Madagascar a Côte-d’Ivoire, lo que le ha valido el respeto internacional. 
Señor Presidente, el compromiso que ha contraído a favor de la integración regional y del establecimiento de lazos económicos y políticos cada vez más estrechos entre los países de África, a través de la Unión Africana, con el fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres y los hombres que viven en su continente, es un reflejo de las aspiraciones que condujeron a la creación de la Unión Europea. 
El Parlamento Europeo, que se consagra a promover y defender con determinación la democracia en el mundo, se siente honrado al recibir a un hombre de Estado tan eminente, cuya larga carrera política se ha caracterizado siempre por un profundo respeto de los principios democráticos y del Estado de Derecho. 
Tengo el gusto, por tanto, de invitarle, señor Presidente, a hacer uso de la palabra ante el Parlamento Europeo. 
. – Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, quisiera comenzar mi discurso agradeciéndoles muy sinceramente su invitación a dirigirme a su augusta Asamblea. 
Valoro su significado, y los senegaleses y los africanos habrán comprendido perfectamente que este honor se le hace a todo el continente, un continente a menudo ignorado y hoy invitado a expresarse a través de mi modesta persona. 
Pero quisiera darles las gracias también por haber contribuido más de una vez en el pasado a defender mi libertad confiscada, cuando durante los 26 años pasados en la oposición debía hacer frente en ocasiones a un poder poco respetuoso de la democracia y de los derechos humanos, que me interrogaba, me detenía o me metía en la cárcel a su voluntad. 
El Parlamento de Estrasburgo adoptó a menudo resoluciones conminatorias exigiendo mi libertad. 
Esta experiencia tan singular me llevó, en mi calidad de Jefe del Estado del Senegal, a procurar que se adoptaran una serie de disposiciones, en particular en la Constitución, relativas a la protección de las minorías religiosas –con la obligación del propio Estado de protegerlas–, a los derechos de la mujer, incluido por ejemplo el acceso de la mujer a la tierra, pues esto planteaba problemas, a la igualdad de acceso de las mujeres y los hombres al empleo, y otras muchas disposiciones, como las sanciones penales contra la mutilación sexual. 
Quisiera decirles también, en esta breve enumeración de lo que es indiscutiblemente revolucionario, puesto que estas disposiciones no habían existido jamás en ninguna Constitución, que he inscrito en la Constitución el derecho de manifestación. 
En efecto, dado que durante mi travesía del desierto nuestras manifestaciones eran reprimidas a golpe de gases lacrimógenos, hice inscribir en la Constitución de Senegal que todas las comunidades, todos los grupos que tengan algo que expresar puedan salir a la calle a manifestarse con pancartas ,... 
... siempre que respeten la legalidad. 
Quisiera decirles además que la Internacional Liberal va a celebrar su reunión en Dakar y que, por supuesto, la oposición ha aprovechado la ocasión para organizar una manifestación. 
Espero que eso no les extrañe si se unen a nosotros en esa jornada extraordinaria. 
Quisiera, señoras y señores, hacer una intervención bastante rápida, pues tengo previsto facilitarles un documento que recoge todos los detalles necesarios. 
Por consiguiente, abordaré rápidamente la cooperación entre la Unión Europea y el Senegal, la problemática del comercio internacional, la cooperación entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) , la Nueva Estrategia de Cooperación para el Desarrollo Africano (NEPAD) , las relaciones entre la Unión Europea y la Unión Africana, y la paz y seguridad. 
Para comenzar con la cooperación con el Senegal, diré que es ejemplar. 
La Unión Europea es el primer proveedor de fondos del Senegal. 
Interviene en todos los sectores de nuestra economía –sanidad, red de carreteras, agricultura, descentralización– y apoya todos nuestros esfuerzos a favor de un crecimiento sostenible. 
Creo que he dicho suficiente. 
Añadiré simplemente que la cooperación con la Unión Europea, y con algunos países como Francia, así como la ayuda internacional, nos permitieron alcanzar un crecimiento anual del 5,6 % en 2001, lamentablemente frenado por una catástrofe debida a unas lluvias fuera de temporada que azotaron el norte del país. 
No obstante, conseguimos hacer frente a la situación y, en 2002, duplicamos el volumen de inversiones privadas. 
En efecto, he practicado una política liberal –como suele decirse, el movimiento se demuestra andando– para demostrar que, de hecho, el desarrollo debe orientarse hacia la atracción masiva de capitales privados en beneficio de nuestro desarrollo. 
Sé muy bien que muchas personas no están de acuerdo en esta cuestión: volveré sobre ello en seguida. 
Pero gracias a Dios, esta política liberal y activa ha dado sus frutos. 
El año pasado, nuestra producción de maíz fue solo de 100 000 toneladas. 
Entonces, fijé el objetivo de producir un millón de toneladas, y todo el mundo dijo: ¡eso es imposible, es una locura de proyecto! 
Puedo anunciarles que, en el momento que les hablo, hemos alcanzado la mitad de esa producción, es decir, 500 000 toneladas de maíz, algo nunca visto en la historia del Senegal... 
... por no hablar del notable aumento registrado en otras producciones, como el sésamo. 
Quisiera decirles, en lo concerniente a las relaciones con los países desarrollados, que nuestro gran problema, como saben, es el de las subvenciones. 
Solo diré dos palabras, puesto que ya me he expresado al respecto en estamos a favor del comercio libre siempre que sea justo. 
Estamos a favor del libre comercio. 
Sabemos que es imprescindible si queremos desarrollar la economía mundial –no hablo ahora solamente de África o Europa–, como lo es el desarrollo del comercio mundial, de la producción mundial, de los intercambios, etc. Todos lo sabemos, pero solamente funcionará si todo el mundo respeta las normas. 
Por desgracia, los países desarrollados, incluidos los de ustedes, no respetan esas normas debido a las subvenciones, que ascienden a 1 000 millones de dólares por día. 
No soy de los que piden la supresión de las subvenciones. 
Soy bastante realista para saber que los responsables políticos europeos o norteamericanos no pueden decir mañana a sus agricultores: hemos contraído un compromiso internacional, suprimimos las subvenciones. 
No creo que eso sea posible. 
Los Estados Unidos producen cerca del 20% del algodón mundial y sus exportaciones mundiales de algodón ascienden al 39%. 
En 2001, los exportadores de los países africanos situados al sur del Sahara perdieron 302 millones de dólares, dos tercios de los cuales, es decir, 191 millones, corresponden a los países de África Occidental: Benin, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Côte d ' Ivoire, Malí y Togo. 
Son cantidades que pueden parecerles irrisorias, pero que para nosotros son enormes. 
Por consiguiente, mi posición consiste en preconizar simplemente la compensación financiera en espera de la supresión de las subvenciones, ya que todo el mundo dice estar a favor de la supresión. 
De paso por Dakar, el Presidente Bush me dijo: «Estoy a favor de la supresión. 
Si los europeos suprimen las subvenciones, yo las suprimo». 
Y yo le constesté: «Muy bien, señor Presidente, pero mientras usted no las suprima, nosotros tenemos muchas dificultades». 
Por tanto, compensación financiera en espera de la supresión. 
Por lo que se refiere a la Organización Mundial del Comercio (OMC) , en el artículo al que me refiero, me arriesgué, en vísperas de la reunión de la OMC, a decir que más que un acuerdo vinculante y en el que nadie crea, sería mejor no tener ningún acuerdo y tomarse el tiempo de hablar francamente. 
Les digo hoy, francamente, que no creo en la OMC. 
Pienso que las cosas suceden a un nivel tan extendido, tan planetario, que pertenece al mundo de los sueños pretender encontrar puntos comunes a todo el mundo. 
Por ello, recomiendo más bien una competición directa entre continentes o subcontinentes, como la competición entre la Unión Europea y los países ACP o entre la Unión Europea y África. 
Creo en esta fórmula, que inauguramos con ustedes hace mucho tiempo y que abandonamos después para enfocar los debates desde un punto de vista más global. 
Hoy nos damos cuenta de que la mundialización está en punto muerto y que habría que volver a la fórmula Unión Europea-ACP, Unión Europea-África. 
No porque los resultados sean especialmente brillantes, que no es así en absoluto, pero creo en este tipo de mecanismo. 
Creo en un acuerdo como el que firmamos en Cotonú el 23 de enero de 2000, que introduce la intensificación del diálogo político, sin el cual no hay política de cooperación económica, la promoción de un enfoque participativo que implique al sector privado y la sociedad civil, avanzando en la reducción de la pobreza. Racionaliza los instrumentos de cooperación y crea un nuevo marco para la cooperación económica y comercial mediante la celebración de nuevos acuerdos destinados a insertar progresiva y armónicamente todas estas disposiciones en el sistema de comercio mundial. 
Creo en este tipo de acuerdo. 
En cuanto a los resultados, son los que hemos obtenido. 
Resumiré diciendo que, por ejemplo, el acuerdo entre África Occidental y la Unión Europea prevé unos importes del orden de 435 millones de euros, lo que me parece muy insuficiente. 
Dicho esto, hago siempre la distinción entre los principios y el dinero, etc. Es la posición que siempre he defendido en el G8 al decir que, para mí, lo más importante es el compromiso, la voluntad política de afrontar una situación. 
Cómo conseguirlo, es otro problema. 
Algunos dirán que hacen falta 10 000 millones de euros, otros que 5 000, etc. Pero no debemos condenar los mecanismos y los acuerdos simplemente porque nos parezcan insuficientes las contribuciones. 
Diré unas palabras sobre esto dentro de unos minutos. 
Toda África sigue hoy el mismo rumbo gracias a la NEPAD, que es la Nueva Estrategia de Cooperación para el Desarrollo Africano. 
La NEPAD es la fusión entre la Asociación del Milenio para el Programa de Recuperación de África (MAP) , que fue elaborado por mis hermanos Thabo Mbeki, Olusegun Obasango y Abdelaziz Bouteflika, y el plan OMEGA, propuesto por el Senegal. 
¿Cuál es la aportación de la MAP? 
La MAP llama nuestra atención sobre el hecho de que África no es pobre sino que ha sido empobrecida –empobrecida por un proceso de esclavitud de tres siglos, empobrecida por la colonización, empobrecida por un mecanismo internacional que provoca hoy un deterioro de los términos del intercambio– y llama al renacimiento africano. 
El plan OMEGA, del que soy autor, es un plan esencialmente económico; es una construcción que muestra que hay que insistir en las infraestructuras, como ha hecho Europa, como han hecho los Estados Unidos, como ha hecho Rusia, en aquel entonces la Unión Soviética. 
Muestra que sin infraestructuras no se puede desarrollar siquiera la agricultura, porque no se pueden conectar los centros de producción y los centros de consumo o de exportación. 
La NEPAD plantea el principio del desarrollo masivo en África para colmar la brecha que nos separa de los países desarrollados, y pensamos que eso es posible. 
El problema es saber cómo. 
La NEPAD descansa en tres opciones fundamentales que yo denomino parámetros a largo plazo. 
El primero de esos parámetros, está claro, es la gobernanza pública y privada, sin la cual no es posible la propia administración pública, y sin la cual jamás atraeremos capitales. 
El segundo parámetro es la región. 
En lugar de tomar como base los Estados, la NEPAD se basa en el espacio regional, que es más grande y tiene un mercado mayor que permite hacer economías de escala. 
Por último, tercer parámetro, la NEPAD convoca al sector privado. 
A este respecto, debo decir que cualesquiera que sean los esfuerzos de ayuda, de cooperación, etc., los recursos nunca serán suficientes, pero, por el contrario, si se ofrece al sector privado unas buenas condiciones para invertir en África, su intervención tendrá la misma influencia que en el desarrollo de los países desarrollados: Francia, Estados Unidos, Canadá, Japón y otros. 
Detrás de estas tres opciones fundamentales, la NEPAD ha seleccionado ocho sectores, que son las infraestructuras, la educación y la formación, la sanidad, la agricultura, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el medio ambiente, la energía y, por último, el acceso a los mercados de los países desarrollados. 
Cada uno de estos sectores se considera prioritario y hemos elaborado todos los proyectos a escala regional, interregional o continental. 
Queda la cuestión de cómo se financiará todo esto. 
Debo decir a este respecto que Japón ha ofrecido a África, en el mes de mayo, cuando me encontraba de paso en ese país –gesto confirmado recientemente con ocasión de la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África (TICAD) – la condonación de 3 000 millones de dólares de deuda; ha ofrecido 1 060 millones de dólares para infraestructuras, unos 600 millones de dólares para educación y sanidad, y cerca de 400 millones de dólares en apoyo a las empresas japonesas que quieran invertir en África. 
No insistiré en el sector de la sanidad o en el de la educación, pero debo decir que soy de los que están convencidos de que el sector clave del desarrollo es la educación, es la formación. 
Por lo demás, los países asiáticos, como Japón, Taiwán y otros, así nos lo demuestran, pues dedican casi el 70% de su presupuesto a la educación y la formación. 
Malasia consagra a ellas el 35%. 
Desde la alternancia, el Senegal ha aumentado el presupuesto de educación, que asciende hoy al 35%. 
Sueño con rozar el 50% antes de que finalice mi presencia a la cabeza del Estado senegalés. 
Quisiera decir que una de las preocupaciones de la NEPAD es la solidaridad digital. 
Fui invitado a la reunión preparatoria de la Conferencia internacional sobre la sociedad de la información, prevista en Ginebra, y allí propuse el concepto de solidaridad digital. 
Quisiera pedir al Parlamento Europeo que apoye esta idea. 
Por lo demás, tras varias sesiones de trabajo y por recomendación de los expertos, este concepto fue adoptado e inscrito en el proyecto de resolución final de la Conferencia, que se celebrará en Ginebra en el mes de diciembre. 
Se trata de encontrar los medios para ayudar a todos los que están desconectados de la sociedad de la información debido a la carencia falta de equipos –teléfono, Internet, páginas web– para izarlos al nivel de la sociedad de la información, que he definido sobre la base de criterios cuantitativos aceptados por los expertos. 
¿De qué se trata concretamente? 
Se trataría de pagar, sobre una base voluntaria, pues no sería un impuesto, de 2 a 5 dólares por la compra de un ordenador, de 4 a 5 dólares por la creación de una página web. 
Las sumas así reunidas que, según las evaluaciones, podrían ser muy importantes –algunos centenares de millones de dólares, incluso miles de millones de dólares– servirían para comprar equipos en el Norte para equipar al Sur. 
Todo el mundo saldría ganando, es una verdadera situación: las empresas occidentales suministrarían los equipos y nosotros tendríamos esos equipos. 
Quisiera terminar diciendo que nuestra acción en África se inscribe en la perspectiva de la paz y la seguridad, sin la cual nadie puede hacer nada. 
Por desgracia, hoy sigue habiendo numerosos focos de conflicto: cuando se extingue uno aquí, surge otro allá, pero intentamos controlarlos. 
Hemos conseguido controlar los conflictos en Guinea-Bissau, en Liberia, en Côte d ' Ivoire, donde la situación es todavía delicada, y en Sierra Leona. 
Lamentablemente, tenemos motivos de preocupación con respecto a Guinea, Mauritania, en resumen, países en los que se avecinan elecciones. 
Realmente no es muy sabio sacar conclusiones, es más razonable plantear problemas, pero en fin, quisiera terminar expresando una convicción. 
Es una convicción sobre el modo en que podremos salir de esta situación. 
A pesar de todos los programas de ayuda, de condonación o reprogramación de la deuda –se ha inventado todo lo posible–, a pesar de todos esos esfuerzos, a veces da la impresión, sobre el terreno, de que nos encontramos en el siglo XIX. 
La prueba es que todo el mundo está de acuerdo en reconocer hoy la necesidad de luchar contra la pobreza. 
Pero esa pobreza ¿ha estado siempre ahí o ha sido generada? 
Por mi parte, creo que es una pobreza relativa, que no es absoluta. 
Ha sido generada por una relación que ha cambiado entre los países subdesarrollados y los países desarrollados, que se encuentran en un proceso de cambio. 
Las necesidades absolutas de África hoy no son las mismas que en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX. Por tanto, lo que se plantea hoy a través de las relaciones mundiales es el problema de la interdependencia de las necesidades elementales. 
Por tanto, hay que observar, buscar soluciones, sin suprimir por ello lo que existe y que siempre se puede perfeccionar. 
Por todo ello, pienso que hay que recurrir al sector privado, ese sector privado que apoyó el desarrollo de Europa, de los Estados Unidos y del Japón. 
No hay que dejar el país sin reglamentación, pero es preciso crear, a través de reglamentaciones nacionales que todo el mundo deba respetar, la gobernanza, crear la seguridad, o «rentabilidad» , que es la libre transferencia de los beneficios. 
Personalmente, tengo fe en la libertad de mercado, no en un mercado totalmente descontrolado, pero sí libre, lo que me diferencia de algunos liberales que quizás compartan conmigo algunos principios del liberalismo político, de defensa de los derechos humanos, etc. ,... 
… sin aprobar la intervención del Estado. 
Yo pienso que la intervención del Estado es indispensable, primero para suplir las carencias y después, y sobre todo, para actuar en sectores en los que, de todos modos, el capital privado no estaría interesado en participar. 
Este es el mensaje que quería dejarles, un poco provocador quizás porque se me ha dado a entender que, en la Unión Europea, muchas personas no comparten mi punto de vista sobre el libre mercado. 
Se me ha brindado la ocasión de exponerles mi punto de vista y abrir así el debate sobre un problema que es muy importante: el de la elección de la estrategia de desarrollo de un país, incluso de todo un continente. 
– Estimado señor Presidente, usted no solo es un presidente, sino también un sabio africano. 
Además, ha respetado usted el tiempo de palabra que le ha dado el Parlamento Europeo. 
Le doy las gracias sinceramente y le felicito, señor Presidente, por su mensaje enérgico, claro y político. 
Me complace informarles de que por primera vez en una sesión plenaria tenemos tres nuevas cabinas de interpretación en activo. 
Por lo tanto, disponemos de servicios de interpretación a tres de las nuevas lenguas para los debates de hoy: polaco, húngaro y checo. 
Esto no afecta al hecho de que la interpretación completa a todas las nuevas lenguas solo estará disponible a partir del 1 de mayo de 2004. 
Por ello, con estas limitadas instalaciones iremos cambiando de lengua para que todas las nuevas lenguas tengan un acceso equitativo. (1) 
– Señor Presidente, tengo ante mí 26 velas. 
Sé que podrían hacer saltar una alarma contra incendios y, por ello, agradecería que me permitan plantear esta cuestión antes del informe del Presidente en ejercicio del Consejo. 
Quiero pedir al Presidente en ejercicio que se manifieste en relación con una cuestión que no se planteó en la cumbre y que el Grupo de los Liberales considera que debería haberse planteado: la detención continuada sin juicio de 26 nacionales europeos en la Bahía de Guantánamo. 
Estas 26 velas son un símbolo para no olvidarnos de esos detenidos, y espero que esos 26 y todos los 600 detenidos tengan acceso a la justicia. 
En nombre de la Unión Europea quiero pedir a la Presidencia italiana que plantee esta cuestión a la mínima oportunidad que tenga al Gobierno de los Estados Unidos, y que la incluya en el orden del día para la próxima cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
El Presidente en ejercicio se queja de que él mismo es víctima de una injusticia ante la ley y, por ello, debería preocuparle en particular esta auténtica injusticia a una escala mucho mayor. 
Haciendo una excepción, he empezado con esta cuestión de observancia por motivos de seguridad y para eliminar toda posibilidad de que salte la alarma contra incendios. 
Una vez planteada la cuestión, agradezco al Sr. Watson que apague las velas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre los resultados del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 16 y 17 de octubre de 2003, incluido un informe sobre el avance de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. 
He de informar a la Asamblea que en su última visita hace unos meses, el Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Berlusconi, hizo una serie de promesas a la Asamblea en nombre de la Presidencia italiana. 
Cada una de las promesas expresadas al Parlamento en relación con nuestra participación en la Conferencia Intergubernamental se ha cumplido al 100%. 
Nuestros colegas, el Sr. Méndez de Vigo y el Sr. Hänsch, participan en las reuniones de Asuntos Exteriores de la Conferencia Intergubernamental como miembros de pleno derecho, con un nivel de participación sin precedentes para esta Asamblea en relación con esta tarea. 
En segundo lugar, debo indicar que en la medida en que haya una serie de grupos de trabajo técnicos dedicados a algunos aspectos de la Conferencia Intergubernamental, el Parlamento Europeo participará plenamente en el trabajo de cada uno de estos grupos. 
En tercer lugar, la Presidencia del Consejo ha invitado por primera vez al Presidente del Parlamento Europeo a asistir e intervenir en cada una de las cumbres dedicadas a la Conferencia Intergubernamental, primero el 4 de octubre de 2003 en Roma y otra vez la semana pasada en Bruselas. 
Es un nivel de implicación excepcional y sin precedentes. Satisface una petición que hizo esta Asamblea antes de que empezara la Presidencia italiana: con la Convención se estableció un nuevo método, y ahora se precisa una nueva asociación para crear una Europea dotada de una constitución. 
Quiero que conste en acta en nombre de esta Asamblea y en mi nombre el agradecimiento a la Presidencia por cumplir la promesa. 
. Señor Presidente, gracias por recordar que la Presidencia ha cumplido los compromisos que yo personalmente asumí ante la Cámara en relación con la participación de los representantes del Parlamento Europeo en el trabajo de la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, Señorías, me complace poder presentar un informe acerca de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental y del último Consejo Europeo. 
En la inauguración de la Conferencia el día 4 de octubre de 2003, los Jefes de Estado y de Gobierno, junto con el Presidente del Parlamento y el Presidente de la Comisión Europea, aprobaron la Declaración de Roma, que venía a reafirmar el papel estratégico de la integración europea para garantizar la paz, la democracia, la prosperidad y la solidaridad en nuestro continente. 
Quisiera destacar que nuestros esfuerzos han tenido lugar en el marco de una estrecha colaboración con el Parlamento Europeo, tal como ha recordado usted, señor Presidente. 
La participación del Presidente Cox en las reuniones celebradas en Roma y en Bruselas y la intervención del Sr. Hänsch y del Sr. Méndez de Vigo ponen de relieve la importancia histórica del avance constitucional que se va a producir. 
En las reuniones de la Conferencia mantenidas hasta el momento, se ha confirmado la existencia de un amplio consenso en la mayoría de las disposiciones redactadas por la Convención, si bien es cierto que hay algunas diferencias en lo que respecta a las reservas específicas de algunos Estados miembros. 
Consideramos que es fundamental valorar de forma global el proyecto de documento elaborado por la Convención, con la idea de reforzar el papel de cada institución sin alterar el equilibrio alcanzado entre ellas. 
En las próximas semanas sabremos si será posible llegar a un acuerdo durante la Presidencia italiana, la cual, por otra parte, reitera su negativa a apoyar un compromiso descafeinado. 
La propuesta que pretendemos presentar en la segunda quincena de noviembre, con vistas a las últimas fases de las negociaciones, ofrecerá una serie de soluciones encomiables y valiosas que permitirán a la Unión Europea desempeñar una función primordial en la instauración de la seguridad, la libertad y la paz en el mundo. 
En relación con este asunto, permítanme recordarles los avances realizados en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, uno de los pilares del futuro Tratado Constitucional. 
El debate celebrado entre los Jefes de Estado y de Gobierno el pasado 16 de octubre confirmó la existencia de un consenso sobre este tema, un consenso cada vez mayor, diría yo. 
En concreto, la política exterior y de seguridad común resultará más efectiva y creíble si se incluye en un marco totalmente compatible con la relación transatlántica y que la complemente. 
Volviendo al Consejo Europeo de la semana pasada, el trabajo se centró en el crecimiento económico, el fomento de la competitividad y la política de inmigración. 
El debate puso de manifiesto el deseo compartido de mantener una coherencia absoluta con la Estrategia de Lisboa. 
En particular, quiero hacer hincapié en el acuerdo inicial respecto a la Iniciativa Europea sobre Crecimiento: una iniciativa que la Presidencia italiana puso en marcha a principios de su mandato de seis meses y que posteriormente la Comisión ha apoyado plenamente y la ha hecho suya. 
La iniciativa persigue crear infraestructuras de transporte y redes de telecomunicaciones y energía, con una acción paralela destinada a aumentar las inversiones en innovación e investigación. 
La ejecución de estos proyectos, en lo que respecta tanto a la infraestructura como a la innovación y la investigación, tendrá que recibir una financiación mixta del sector público y privado, que desempeñarán un papel importante en este ámbito. 
La Comisión se ha comprometido a emprender con rapidez la definición y el lanzamiento de un paquete de proyectos para su inmediata ejecución, con la posibilidad de aumentar el nivel de cofinanciación con el presupuesto de la Unión Europea. 
Las conclusiones alcanzadas en el Consejo Europeo subrayan además la importancia de que la Unión y los Estados miembros asuman la tarea de mejorar la competitividad del sector de producción europeo en general. 
Este hincapié se demuestra en la solicitud de una rápida aprobación definitiva del Reglamento sobre la patente comunitaria, en la petición dirigida a los Estados miembros para que aceleren el ritmo de transposición de la legislación europea sobre el mercado interior a la legislación nacional y, sobre todo, en el llamamiento para que avancen deprisa en la ejecución del Plan de Acción de Servicios Financieros y finalicen pronto el trabajo sobre la Directiva relativa a las ofertas públicas. 
Asimismo, hemos reiterado el objetivo de invertir un 3% del PIB en investigación e innovación. 
En el Consejo también se ha reafirmado la importancia de la calidad de la legislación y, ante todo, la importancia de la simplificación, la liberalización, la eficiencia y la transparencia de las administraciones públicas. 
Por último, se ha recalcado la importancia de la dimensión social del desarrollo económico europeo. 
En lo que respecta al empleo, esperamos recibir el informe del grupo de trabajo encabezado por Wim Kok, que se debatirá en una Cumbre Social extraordinaria que la Presidencia piensa convocar en vísperas del Consejo Europeo de diciembre. 
Hemos abordado algunos aspectos relacionados con la protección social para hacer más eficaz la coordinación abierta de las políticas de los Estados miembros en este ámbito. 
El objetivo es fomentar y facilitar la modernización de los sistemas de protección social para poder hacer frente al envejecimiento gradual de la población europea y garantizar la sostenibilidad económica de los sistemas de pensiones. 
Nos hemos sentido obligados a abordar este problema de forma conjunta sin interferir, no obstante, en la independencia decisoria de cada Estado miembro. 
Nuestra intención es comparar las respectivas prácticas y definir a continuación unos objetivos comunes que garanticen el éxito del pacto intergeneracional que mantiene la cohesión social en nuestras sociedades. 
El Consejo Europeo ha abordado también algunos aspectos del programa de trabajo realizado en Tampere, Laeken, Sevilla y, finalmente, en Salónica, sobre el asilo y la inmigración. 
Hemos reiterado nuestro compromiso con el enfoque equilibrado seguido hasta ahora y basado en la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, de reforzar el control de las fronteras exteriores y de formular políticas comunes para la acogida y la integración de inmigrantes legales en Europa. 
En Salónica preparamos el programa de trabajo. 
En Bruselas dimos un impulso renovado a algunas cuestiones específicas. 
En lo que respecta al control de las fronteras exteriores, hemos destacado la importancia de las distintas iniciativas conjuntas emprendidas en los últimos meses, cuya coordinación tiene que mejorarse. 
Por este motivo, celebramos la propuesta de la Comisión de crear una agencia para el control de las fronteras que mejore los distintos métodos de cooperación operativa entre los Estados miembros para el control de las fronteras exteriores. 
En cuanto al control de los flujos migratorios, hemos reiterado la importancia de una política común eficaz relativa a la readmisión y la repatriación. 
Por eso hemos instado a la Comisión a que siga firmando acuerdos de readmisión con otros países, y hemos celebrado al mismo tiempo la propuesta de la Comisión de proporcionar la ayuda económica suficiente para el control de las fronteras y las labores de repatriación. 
Creo que el Presidente Prodi va a informar a la Cámara sobre las decisiones adoptadas en este sentido. 
Por último, hemos considerado necesario confirmar, una vez más, lo importante que resulta forjar alianzas constructivas con terceros países, tanto de origen como de tránsito, para asegurar una gestión eficaz de los flujos migratorios. 
Al tiempo que afirmamos el respeto absoluto de las prerrogativas nacionales en un asunto tan delicado como es decidir el número de inmigrantes ilegales admitidos en cada Estado, nos alegramos de que la Comisión haya iniciado un estudio sobre la relación entre la inmigración legal e ilegal. 
Quiero hacer aquí un paréntesis para recordar la tragedia ocurrida recientemente y el horror y la pena que sentimos, así como llamar la atención sobre otros trágicos incidentes que se siguen produciendo en el Mediterráneo, a poca distancia de la costa italiana, lo cual nos afecta aún más. 
La pérdida de tantas vidas, de gente empujada por la desesperación a buscar un futuro mejor, debe animarnos a estrechar de verdad nuestra colaboración mutua para lograr que nunca vuelvan a suceder desastres de este tipo. 
También tengo que insistir aquí en que nuestros principios cristianos nos dictan que debemos hacer todo lo posible para dar a esos inmigrantes una acogida acorde con nuestro nivel de civilización, ya que se trata de personas que abandonan países sumidos en la pobreza para venir a Europa confiando únicamente en sus ganas de trabajar y en la fuerza de sus brazos. 
Creo que todos hemos de reflexionar detenidamente sobre la necesidad de que una Europa civilizada, una Europa cristiana, la Europa de la prosperidad, abra sus puertas y acoja a los que llegan con la sincera esperanza de poderse labrar un futuro mejor para ellos y para sus hijos. 
Señor Presidente, Señorías, en el Consejo Europeo se han considerado además una serie de acontecimientos internacionales que, por su urgencia y relevancia, exigen una respuesta de la Unión Europea. 
Con respecto a la situación en Oriente Próximo, el Consejo ha reiterado su compromiso con la postura sostenida en todo momento por la Unión: por un lado, su condena férrea e incondicional del terrorismo y su firme demanda a la Autoridad Palestina para que demuestre su determinación sincera y práctica a combatir la violencia extremista; y, por otro lado, su llamamiento al Gobierno israelí para que modifique su política de asentamientos e, invocando el derecho legítimo de defensa de sus ciudadanos, evite acciones que puedan provocar víctimas civiles. 
Así, Europa vuelve a manifestar su determinación a contribuir a la aplicación de todos los puntos de la hoja de ruta, resaltando la importancia de crear un instrumento eficaz de vigilancia internacional. 
Hemos confirmado también la necesidad imperiosa de definir un plan económico que reactive la economía de la región –denominado como el plan de recuperación económica de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall– con el apoyo de los países del G8 y de los Estados miembros de la Unión Europea. 
En lo que respecta al Iraq, el Consejo ha acogido con satisfacción la aprobación unánime de la Resolución 1511 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
Dicha resolución ofrece un panorama más alentador para la Conferencia de Donantes, que, como ustedes saben, se celebrará en Madrid el día 24 de octubre de 2003. 
La Unión Europea realizará una aportación inicial de 200 millones de euros, ya consignados en el presupuesto comunitario para el período 2003-2004. 
En este sentido, se ha pedido al Alto Representante de la Política Exterior y Seguridad Común y a la Comisión que formulen una estrategia a medio plazo para las relaciones de la Unión Europea con el Iraq y que presenten un informe de situación antes de marzo de 2004. 
En cuanto a Irán, se ha vuelto a llamar la atención sobre el plazo que se cumple a finales de octubre, fijado por el Consejo Superior del Organismo Internacional de la Energía Atómica, para que el país introduzca garantías específicas en relación con su programa nuclear. 
Se ha pedido nuevamente al Gobierno iraní que firme, ratifique y aplique de inmediato y sin condiciones el Protocolo Adicional sobre Salvaguardas, y que suspenda todas las actividades de reprocesamiento y las actividades relacionadas con el uranio enriquecido. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea ha reiterado su deseo de reforzar la cooperación con Irán. 
La Presidencia italiana se ha mantenido en contacto permanente con Francia, Alemania y el Reino Unido en relación con la visita de una delegación de sus respectivos Ministros de Asuntos Exteriores a Teherán el día de ayer, 21 de octubre. 
La Presidencia ha seguido de cerca los avances de la iniciativa desde su concepción en julio de 2003, al considerarla parte integrante del plan general de acción de la Unión Europea con respecto a Irán. 
Por tanto, celebramos el resultado positivo de dicha delegación. 
Si se confirma este avance, será más fácil crear las condiciones acordadas por el Consejo Europeo de Bruselas que son necesarias para fomentar la cooperación con un socio clave para la estabilidad de la zona. 
Además, el Consejo ha abordado otros asuntos de carácter internacional. 
En primer lugar, el Consejo ha instado en Kosovo a todas las partes implicadas en el diálogo entre Belgrado y Pristina a que participen de forma constructiva en este proceso. 
En lo que respecta a la República de Moldova, hemos pedido que se solucione el problema de Transdniestria y hemos reiterado nuestro apoyo a los esfuerzos de mediación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). 
La Unión Europea sigue con atención los sucesos que acontecen en zonas a las que, pese a su lejanía geográfica, nos unen lazos históricos y culturales. 
Con esto nos referimos a los trágicos acontecimientos que han ocurrido en Bolivia y a los turbulentos preparativos electorales en Guatemala, y manifestamos nuestra preocupación por la violencia y la intimidación que impera en el período previo a las elecciones en ese país. 
Por último, quiero hacer mención a las calurosas felicitaciones extendidas por el Consejo Europeo a Su Santidad el Papa Juan Pablo II con motivo del vigésimo quinto aniversario de un pontificado consagrado a difundir la paz y la solidaridad entre los pueblos. 
El Consejo Europeo ha encargado a su Presidente en ejercicio que exprese, en su nombre, su apoyo y su agradecimiento al Papa, entre otras cosas por la importancia de su esforzada labor en defensa de los derechos civiles. El Consejo considera que dicha labor ha contribuido directamente al hundimiento del régimen de la Unión Soviética y, sin duda alguna, a la caída del muro de Berlín. 
Señor Presidente, Señorías, este es el informe de síntesis de nuestro trabajo. 
Gracias por su atención. 
. Señor Presidente, Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en mi última intervención ante ustedes señalé que, si bien se han establecido los fundamentos, necesitamos actuar de forma rápida y decisiva para sacar a la economía de la Unión Europea de su actual período de estancamiento. 
Por esta razón, la Comisión ha presentado la Iniciativa Europea para el Crecimiento que les expuse a principios de mes. 
Hoy, me satisface decir que el Consejo Europeo ha respaldado nuestras ideas de relanzamiento económico y de estimulación del crecimiento y del empleo. 
La Iniciativa para el Crecimiento es sencilla y práctica. 
No intenta alterar las prioridades de la estrategia de Lisboa, sino reforzar y acelerar su aplicación. 
Sus objetivos principales serán, en primer lugar, eliminar los obstáculos a la coordinación, especialmente los derivados de la burocracia y, en segundo lugar, movilizar los fondos públicos y privados necesarios para financiar algunos proyectos de infraestructura que ya se encuentran sobre la mesa de trabajo, y comenzarlos. 
Por esta razón, estamos preparando una lista de inicio rápido que comprende proyectos de infraestructura e investigación a escala realmente europea. 
Los proyectos seleccionados para la lista de inicio rápido se escogerán a partir de una lista más larga de 29 proyectos presentados a principios de este año. 
Incluirán las principales redes de transporte transeuropeas y otros proyectos de alta tecnología. 
La lista está basada en dos ideas principales: el deseo de producir resultados prácticos de forma rápida y la gran necesidad de garantizar la compatibilidad con los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos propuesto. 
Este deseo de producir resultados tangibles se concreta de tres formas. Primero, se aprovecha el potencial ofrecido por una tasa más alta de cofinanciación europea. 
En efecto, la Comisión ha propuesto aumentar la contribución de la Comunidad a un 30% del coste del componente transfronterizo de cada proyecto. 
Esto conlleva una mayor influencia para movilizar la inversión de capital privado y otras fuentes de capital público. 
Segundo, concentra los recursos en un pequeño número de proyectos maduros. 
El impacto de las inversiones será mayor si, en lugar de dispersarlos, los esfuerzos financieros se centran en aquellos proyectos que están a punto de iniciarse. 
Tercero, selecciona proyectos con el potencial más alto de producir resultados rápidos. 
Esto significa resolver prácticamente las dificultades más complejas, en particular con vistas a la ampliación, generar empleo, estimular el crecimiento y aprovechar el potencial de investigación e innovación tecnológica, sentando las bases para una mejora de la competitividad. 
Por último, la lista de inicio rápido concede gran importancia a la compatibilidad, y los proyectos se han seleccionado en términos de sostenibilidad medioambiental, económica y financiera. 
Sin embargo, en particular la financiación tiene que respetar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y estar en consonancia con el compromiso de mejora de la calidad del gasto, tal como establecen las grandes orientaciones de política económica. 
Llegado este momento, quiero expresar mi reconocimiento por el gran espíritu de cooperación del Banco Europeo de Inversiones, que ha elaborado un plan minucioso para financiar esta Iniciativa y con el que estamos trabajando en total armonía. 
Por supuesto, estos no son los únicos proyectos que se pueden aplicar en el marco de la Iniciativa para el Crecimiento. 
Personalmente, espero que se añadan otros a la lista. 
Esta Iniciativa presenta otros aspectos importantes. 
En primer lugar, define mejor y con más claridad las prioridades y concentra los recursos en los mejores proyectos; coordina mejor la gestión de las fases operativas de los principales proyectos, nombrando un coordinador que ayuda a resolver las dificultades que retrasan la consecución del trabajo; tiene en cuenta el entorno reglamentario y aborda otros factores burocráticos y administrativos que hasta ahora han retrasado la conclusión del trabajo. 
¿Cuál es el próximo paso? 
El Consejo Europeo ha apoyado las ideas de la Iniciativa. 
En efecto, ha dado a la Comisión luz verde para preparar, junto con el Banco Europeo de Inversiones, una propuesta detallada que pueda ser aprobada en diciembre por los Jefes de Estado o de Gobierno. 
El apoyo del Consejo Europeo es muy positivo: los programas, los planes de acción y el consenso están muy bien, pero no producirán inversión de inmediato. 
Para cambiar la realidad, necesitamos voluntad política y un gran empeño. 
Por lo tanto, los próximos meses representan un examen importante para la Unión Europea en este ámbito. 
En otras palabras, si realmente queremos alcanzar los objetivos de Lisboa, tenemos que esperar que el Consejo Europeo de diciembre traduzca las palabras en acciones y aplique nuestras propuestas. 
Señorías, el segundo tema de mi intervención es la Conferencia Intergubernamental. 
Como saben, se prevé que el Consejo Europeo de diciembre en Bruselas apruebe el proyecto de Constitución. 
Esto permitirá la firma de un nuevo Tratado de Roma un poco después, antes de las elecciones al Parlamento Europeo. 
Si la nueva Constitución se tiene que aprobar en diciembre, es esencial que a mediados de noviembre la Presidencia presente propuestas claras que se hayan consensuado. 
Quiero señalar que la Convención ha presentado un paquete de propuestas equilibrado, que contiene algunas innovaciones importantes. 
En general, continuamos considerándolo una buena base para la discusión. 
Por supuesto, la Conferencia Intergubernamental tiene que enfrentarse a las cuestiones que la Convención no ha podido debatir o abordar con suficiente profundidad. 
Sin embargo, sólo tienen que cambiarse algunos puntos del proyecto de Constitución, y las reuniones de ministros del 4 y 13 de octubre han demostrado que muchos de estos puntos se refieren a cuestiones que no corresponde a la Constitución resolver. 
Es más apropiado que se traten en la legislación secundaria o en las normas internas de las diferentes instituciones. 
Esto es muy importante si queremos conseguir conclusiones rápidas y eficaces. 
Hoy, me limitaré a un punto que, sin duda, tiene que abordarse en la Conferencia porque probablemente se trata de un verdadero escollo. 
Como saben, durante la última Conferencia Intergubernamental defendí que las decisiones del Consejo se votaran por doble mayoría simple. 
En efecto, nuestros ciudadanos entenderían un sistema como este de forma intuitiva porque es simple y transparente. 
Asimismo, la toma de decisiones sería más eficaz y racional. 
En este punto, nunca he escondido mi decepción por el resultado de Niza y he hecho todo cuanto ha estado en mi mano para fomentar un sistema sencillo: una mayoría simple de al menos el 50% de los Estados miembros y del 50% más uno de la población. 
El proyecto de Constitución presentado por la Convención propone un sistema un poco más complicado: 50% de los Estados miembros y 60% de la población. 
Esto no es lo que esperábamos pero, en general, creo que se trata de una solución satisfactoria, porque es sencilla y transparente y permite tomar decisiones. 
En términos prácticos, con este sistema las decisiones tienen prácticamente las mismas probabilidades de éxito que con el complejísimo sistema de ponderación acordado en Niza. 
Sin embargo, ahora algunos desearían aumentar al 66% de la población la cifra de mayoría cualificada. 
Tenemos que oponernos con fuerza a esta idea, encaminada a alterar el equilibrio impulsado por la Convención. 
Si examinamos las posibles consecuencias, sería mucho más fácil que una pequeña minoría bloqueara una iniciativa y paralizara toda la Unión. 
Como ya hemos dicho, la composición de la Comisión tiene que reflejar todas las perspectivas nacionales. 
Además, incluso la Convención está favor de una Comisión compuesta por un Comisario de cada Estado miembro. 
Se ha reflexionado poco sobre este punto, pero la propuesta de la Convención es de un Comisario por Estado miembro. 
Sin embargo, la estructura propuesta es complicada y, en mi opinión, inviable. 
Por lo tanto, nuestra propuesta no puede interpretarse como una reapertura del paquete constitucional, porque ya existe un Comisario por Estado miembro, sino como una contribución al compromiso final. 
La prueba es que una mayoría de países están claramente a favor de una Comisión compuesta por Comisarios procedentes de cada Estado miembro de la Unión, que tengan los mismos derechos de voto. 
Esta es la diferencia. 
Esto nos acercaría a una solución equilibrada y políticamente aceptable. 
La Comisión ya ha presentado sugerencias para organizar una Comisión ampliada que garantice un proceso de toma de decisiones eficaz, así como su plena legitimidad. 
Por lo tanto, los que creen que la Comisión intenta introducir un directorio o que nos alejamos de la visión de los padres fundadores se equivocan. 
La Comisión puede desempeñar su papel político sólo si puede afirmar una legitimidad y credibilidad propia, y estas provienen de sus estrechos vínculos con las culturas y las perspectivas nacionales de toda la Unión. 
Por último, es absolutamente esencial abordar un tercer punto: asegurarnos de que la Constitución pueda cambiarse en el futuro. 
En la práctica, somos conscientes de que la Constitución no puede modificarse si 25 o más partes diferentes tienen que acordar y ratificar cambios por unanimidad. 
Cualquier reforma será totalmente imposible. 
Recordemos –y puesto que todos lo han hecho quiero recordar la gran batalla que tuvo lugar durante la redacción de la constitución estadounidense– que si nuestra constitución no puede modificarse, será inviable y se derrumbará a la primera dificultad. 
Una Constitución inflexible es peor que nada. 
Señorías, como hemos visto en estas breves palabras, la Unión Europea necesita una economía dinámica y una Constitución sólida. 
Tenemos que usar toda la fuerza de los grandes Estados y buscar el apoyo de los más pequeños por el bien de todos. 
Tenemos que liberar toda nuestra energía existente y aprovechar nuestros recursos al máximo. 
Cuando hablamos de aprovechar nuestros recursos al máximo también me refiero a los recursos procedentes de la inmigración legal, a la que el Presidente en ejercicio del Consejo ha aludido justamente, a los inmigrantes que forman la mayor parte de la mano de obra para aquellos empleos que nuestros jóvenes ya no quieren desempeñar –no tiene sentido negarlo– y a los técnicos altamente cualificados que nuestra industria y nuestra economía necesita de forma vital. 
Es muy difícil gestionar el fenómeno de la migración, tanto en términos de la necesidad de integrar a los inmigrantes legales, que tienen que compartir los derechos que nuestra sociedad garantiza a todos sus ciudadanos, como en términos de combatir la inmigración ilegal y la nueva trata de seres humanos que viola todos nuestros valores de forma intolerable. 
Los Estados miembros individuales no pueden cargar con esta responsabilidad, sobre todo porque es una carga más pesada para unos que para otros. 
Hoy nadie puede afrontarla de forma satisfactoria, dada la falta de un único enfoque político europeo en la materia. 
La Comisión ha cumplido con su parte y quizás incluso más, porque muchas de nuestras propuestas no han sido aceptadas. 
Teníamos el programa de Tampere y también el de Salónica. 
Ahora nos hemos comprometido a aprobar de forma muy rápida una propuesta para una agencia de control común de las fronteras. 
Esto ya es mucho, y me complace reconocerlo, pero no es suficiente. 
El Sr. Berlusconi ha dejado claro que el problema continúa teniendo consecuencias muy trágicas y que incluso se intensifica. 
Necesitamos un único enfoque político y financiación para aplicarlo. 
Tenemos que definir canales comunes para la inmigración legal y organizar una negociación global sobre esta base con los países de emigración, los países de los que provienen los inmigrantes. 
Además –a fin de mostrarles el alcance de los problemas– estos países necesitan listas legales para poder reforzar las medidas que disuadan los intentos desesperados de los inmigrantes ilegales. 
Tenemos que garantizar a estos países que al menos se puede regularizar una mínima cantidad de su emigración; en otras palabras, tenemos que cooperar entre nosotros. 
Esto no fue posible en el último Consejo, pero la Comisión lo intentará de nuevo porque creemos que es la única manera de gestionar de forma activa la inmigración, tanto legal como ilegal. 
No puedo cerrar los ojos ante estas tragedias recurrentes que se han mencionado. 
No podemos cerrar nuestros ojos ante ellas, y ciertamente la Comisión no quiere hacerlo. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, la Conferencia Intergubernamental ha sido el núcleo de la Cumbre de Bruselas, y nuestro grupo agradece la determinación y buena voluntad de la presidencia italiana por alcanzar un resultado a tiempo para la Cumbre del 12/13 de diciembre. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, queremos alentarle en sus esfuerzos por conseguirlo, porque si la Conferencia Intergubernamental se alarga hasta 2004, existe un riesgo aún mayor de que se abran nuevos capítulos, y en consecuencia no alcanzaremos una conclusión. 
Por lo tanto, le instamos a que haga todo cuanto esté en su mano para alcanzar un resultado bajo su presidencia. 
Estamos a su lado para conseguirlo. 
Respecto de las cuestiones institucionales, pedimos que cualquier solución al problema de la composición de la Comisión sea satisfactoria tanto para los países grandes como para los pequeños. 
Queremos advertir contra el simple reconocimiento de que los países más grandes tienen reivindicaciones, porque los más pequeños también tienen derecho a una representación adecuada, y le deseo que resuelva con éxito esta cuestión. 
Si lo consigue, también será posible resolver la cuestión de la Presidencia del Consejo Europeo y de su composición. 
Respecto de la votación en el Consejo de Ministros, la gran mayoría de nuestro grupo comparte la misma postura; hay una o dos excepciones, pero la gran mayoría está a favor del principio de doble mayoría propuesto por la Convención. 
Opinamos que el Convent nos ha presentado una propuesta en línea con el método comunitario, y debemos permitir que tenga éxito. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, con referencia al Consejo Legislativo, insistimos en la introducción de la transparencia y la continuidad en el trabajo legislativo del Consejo de Ministros Europeo. 
En este ámbito no debemos volver a la antigua diplomacia secreta, en la que no se sabía lo que ocurría tras las puertas del Consejo de Ministros. 
Tenemos que resolver la cuestión de Maastricht, la estabilidad de los precios. 
Si bien la estabilidad de los precios es un elemento constitutivo de la Constitución, el límite del déficit del 3% no se mantiene en ninguna parte, y la obligatoriedad de mantener la estabilidad de los precios sirve de poco si carece de una base explícita. 
Por lo tanto, pedimos que se establezcan unas bases claras y cuantificables con referencia a los protocolos, para que la estabilidad de los precios no exista únicamente en teoría, sino que en términos prácticos también siga siendo un elemento central de nuestra política común. 
Respecto de las fronteras exteriores, me complace que el Sr. Berlusconi, Presidente en ejercicio del Consejo, y el Sr. Prodi, Presidente de la Comisión, hayan alcanzado un acuerdo en cuestiones de inmigración. 
Por supuesto, en la Unión Europea necesitamos proteger nuestras fronteras exteriores, pero nos preocupa que la protección de las fronteras exteriores sólo resuelva una parte del problema, que es profundamente humano. 
El recuerdo de personas enfermas, hambrientas, sedientas, incluidos niños –como los que hemos visto a orillas de la isla de Lampedusa– demuestra que no sólo se trata de la protección de nuestras fronteras exteriores, sino de que esas pobres personas tengan una oportunidad en sus propios países y no se vean obligados a subir a un barco. 
Por esta razón es importante que los controles fronterizos se lleven a cabo dentro de los países de los que emigran esas personas, y que se avance para que los jóvenes tengan un futuro adecuado, bueno y digno en su patria. 
A este fin, la Unión Europea tiene que contribuir en la región mediterránea. 
La palabra «Guantánamo» aparece en mis notas –que ahora puedo repartir– incluso antes de la acción simbólica y expresiva del Sr. Watson en la Cámara. 
Creemos que el uso de la persuasión aborda los problemas principales de forma adecuada. 
No sólo nos preocupan los veintiséis europeos, sino también todos los detenidos en Guantánamo. 
Aunque estamos a favor de combatir el terrorismo, nuestra concepción cristiana del hombre nos enseña que todo ser humano, incluso los peores criminales, tienen derecho a ser juzgados de acuerdo con la ley. 
Por lo tanto, apelamos a nuestros amigos estadounidenses a que acaten los principios de los derechos humanos. 
Pensemos que entre esos 600 detenidos hay cinco o seis que no han hecho nada. ¡Cuánto daño se les está haciendo, y de qué forma tan injusta se les está tratando! 
Este es el quid actual de nuestra actitud europea hacia la pena de muerte. 
Incluso si se ejecuta a una sola persona por equivocación, es razón suficiente para no justificar la pena de muerte. 
Me dirijo a los americanos como alguien que se considera su amigo, y les insto a entender nuestra posición, basada en el Estado de derecho y en la dignidad humana: todos los seres humanos son iguales, cualquiera que sea el color de su piel, su género o su nacionalidad. 
Para acabar, permítanme tratar el tema de la defensa europea. 
Hablo como alguien que ha tenido el placer de trabajar durante diez años como presidente de la subcomisión de seguridad y desarme del Parlamento, cuando apoyábamos la fuerte capacidad defensiva de Europa como miembro de la Alianza del Atlántico Norte. 
Queremos que la Alianza Atlántica esté basada en los pilares gemelos de Europa y América, y pedimos a nuestros amigos norteamericanos que entiendan la razón por la que reforzamos la defensa europea. 
En lugar de oponernos a los Estados Unidos, intentamos complementarnos, y queremos ser fuertes juntos. 
La cuestión central es unirnos para defender nuestros valores comunes. 
Cualquier política europea de defensa común tiene que apoyarse en esta base. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, del informe del Presidente en ejercicio del Consejo sobre la Cumbre de Bruselas se desprende- por decirlo en términos estéticos- un esbozo, un boceto en claroscuro porque se está planteando un desafío muy importante para toda Europa, que es redactar la Constitución y articular también nuestro territorio. 
Por eso tiene lógica hablar al mismo tiempo de Constitución y de redes arteriales y nerviosas- las redes de infraestructura- que organicen algo que es más que un mercado: un proyecto de vida en común. 
En relación con la Conferencia Intergubernamental, tengo que expresar la preocupación de mi Grupo, porque da la impresión de que lo que se está produciendo es una letanía, una repetición de posiciones y no se está entrando a resolver los problemas. 
Tengo que decir que nos preocupa mucho el que la primera decisión que se ha tomado- con la oposición de los representantes del Parlamento- haya sido la supresión del Consejo Legislativo. 
Eso tiene mucha importancia, porque estamos en un Parlamento y, por primera vez, tras haber conseguido un poder legislativo compartido, la primera decisión de la Conferencia es eliminar la posibilidad de legislar conjuntamente con nosotros. 
Por lo tanto, pido que se reconsidere esta equivocada decisión. 
En cuanto al sistema de votación, tenemos un trío de problemas que hay que resolver conjuntamente: la composición de la Comisión, la Presidencia del Consejo y el sistema de votación. 
Ahí tengo que decir que, por parte nuestra, partiendo de que la lógica es cómo se decide conjuntamente- y no cómo se bloquea -, nosotros apoyamos el sistema de doble mayoría, tal como ha salido de la Convención. 
Y llamo la atención sobre un aspecto importante para el Parlamento: no utilicen ustedes los escaños parlamentarios como monos, es decir, como para acabar sus negociaciones. 
Este es un tema mucho más serio. 
En relación con el proyecto de Constitución, también quiero señalar que el tema económico muestra la insuficiencia de una cuestión importante: la regulación de la gobernanza económica. 
Este es un problema muy importante por la estabilidad de precios y también por cómo tomamos decisiones coherentes, no sólo en política monetaria sino también en política económica. 
Por último, el tema de la revisión de la Constitución es absolutamente importante porque no se puede cerrar absolutamente una Constitución. 
Eso la haría absolutamente inútil. 
En relación con Guantánamo- en donde hicimos una audiencia con otros grupos políticos del Parlamento para debatir el tema -, tengo que decir que en este momento tenemos en la Constitución la ciudadanía europea. 
Sin embargo, de acuerdo con la Convención de Ginebra, son los Gobiernos de los Estados miembros los que tienen que defender a los ciudadanos europeos. 
Yo le pido que encarezca a los Gobiernos a que asuman sus responsabilidades. 
En cuanto a la economía, ustedes lo que han hecho es rescatar básicamente el Plan Delors- diez años después -, superar el veto del Consejo Ecofin- que ha tenido bloqueado este plan- y ahora están planteando una serie de acciones que verdaderamente tendrían sentido, incluso con el lanzamiento de un empréstito europeo, porque aquí se habla de lo bien que lo puede hacer el Banco Europeo de Inversiones, pero habrá que ver si el capital privado- que hay mucho- acude. 
Ese es un tema importante que no ha quedado aclarado. 
Tengo que decir, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que en el lenguaje cardenalicio que usted ha utilizado lo que usted plantea son recomendaciones a los Gobiernos nacionales. 
No es el Parlamento Europeo el que frena la patente europea. 
Nosotros no estamos frenando la transposición de las normas: son sus ministros y sus Gobiernos los que tienen que obedecerles. 
Ustedes no tienen que dar consejos, tienen que mandar a sus propios Gobiernos para que ejecuten las políticas que ustedes deciden. 
Esto verdaderamente llama la atención porque es una especie de letanía que se repite sistemáticamente. 
En cuanto al empleo, esperamos con mucho interés el informe Koch y tiene sentido hablar de la cuestión que se lanzó bajo la Presidencia sueca del otoño demográfico europeo en relación con las pensiones y la inmigración. 
Sobre la inmigración y las decisiones del Consejo Europeo de Salónica, yo le quiero decir, señor Presidente, partiendo de que Europa es laica y de que los valores europeos no son monopolio de una sola religión- afortunadamente, por primera vez en la historia -, que nosotros compartimos el pesar y la condolencia por lo que está ocurriendo. 
Tengo que decir también que en su Gobierno hay personas que están ejecutando una labor positiva- y no nos duele reconocerlo -: el Ministro Pisanu está dando muestras de una responsabilidad política seria frente a las actitudes xenófobas y absolutamente intolerables de otros miembros de su Gobierno. 
El Ministro Pisanu está en la línea de lo que hizo otro ministro del Interior de Italia- el Sr. Napolitano -, que fue el que inauguró, precisamente, la política de acuerdos con los países que aportan emigrantes, que es una política que hay que desarrollar, y creo que no es suficiente con hablar de la Agencia de fronteras, hay que hablar de codesarrollo y de cuotas, y tienen que llegar ustedes a un acuerdo en eso. 
Verdaderamente, esa es la línea que tiene sentido de cara al futuro. 
Por último, señor Presidente, además de la afirmación de nuestro Grupo de la importancia del paso adelante en la defensa europea, en las relaciones exteriores quiero decir que mi Grupo se felicita y apoya la decisión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa de este Parlamento de conceder a Kofi Annan, a los caídos de las Naciones Unidas y también en memoria de Sergio Vieira de Mello, el Premio Sajarov. 
Tengo entendido, señor Presidente, según supe en las Naciones Unidas la semana pasada, que el Sr. Kofi Annan ha aceptado venir aquí en el mes de enero. 
Por último, pensando en la llamada Conferencia de Donantes de Madrid, nuestro Grupo apoya claramente la propuesta aprobada por el Consejo Europeo de contribuir con 200 millones de euros. 
Lo único que queremos señalar es que el Senado norteamericano, cuando el Presidente Bush les ha pedido una ayuda, ha dividido la ayuda: la mitad en préstamos y la mitad en donativos. 
Es decir, no tenemos tampoco que actuar más allá de lo que han hecho los norteamericanos que, en principio, han dado un paso adelante volviendo a las Naciones Unidas, pero en una situación en la que cada vez es más preciso que haya un calendario claro para devolver la soberanía al pueblo iraquí. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para informar a la Asamblea de que el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, se dirigirá a nuestra sesión plenaria en Bruselas el 29 de enero de 2004. 
Esperamos con sumo interés su presencia. 
– Señor Presidente, el Grupo de los Liberales de esta Asamblea acoge con satisfacción la iniciativa de la Presidencia italiana de estrechar más los vínculos entre el Presidente de esta Asamblea y la labor del Consejo Europeo. 
Sin embargo, entre los Liberales Demócratas Europeos reina un fuerte sentimiento de decepción por el resultado del Consejo Europeo. 
Nos tememos que esta cumbre será recordada, si es que alguien se acuerda de ella, más por lo que no se ha discutido que por lo que realmente se ha conseguido. 
Una cuestión que no se planteó es la detención continuada, sin acusaciones ni juicio, de 26 ciudadanos europeos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, que antes he mencionado. 
Como símbolo de ellos ahí están delante de mí 26 velas. 
Lamento que el Presidente en ejercicio no haya accedido a mi invitación de decir unas palabras esta mañana sobre le detención de estos ciudadanos europeos y, también, de todos los 600 detenidos. 
A mi Grupo le parece que su detención sin cargos es un escándalo y que es preciso poner remedio a la incapacidad de los líderes de la Unión Europea en la Presidencia del Consejo para mantenerse atentos a esta cuestión. 
Esta Asamblea no está menos preocupada por la situación de Chechenia. 
Las injusticias que se cometen diariamente en nombre de la lucha contra el terrorismo acrecentarán la sed de venganza que alimenta a los que rinden tributo al terror. 
A menos de dos meses de la cumbre de fin de año, para cuando se supone que hemos de alcanzar un acuerdo sobre una nueva Constitución, la Presidencia no tiene tiempo que perder. 
Tememos que se desaproveche una oportunidad para avanzar. 
El programa que se presentó era poco sustancioso, pero los líderes de la Unión Europea han conseguido todavía menos. 
No sé si la Presidencia italiana actuó inteligentemente al no presionar por que se adoptaran decisiones en torno a la Constitución o al hacer ahora propuestas de compromiso en lugar de dejar las cosas para noviembre. 
Quizá sea demasiado tarde; la política, como la naturaleza, aborrece los vacíos. 
La falta de propuestas ha animado a algunos países a retirarse del acuerdo de la Convención, y a Polonia y a España a conseguir audiencia para su interesada nostalgia por los acuerdos descartados de Niza. 
Las cláusulas cruciales sobre defensa común se trataron «durante la cena» , pero aparte del giro que supuso la bienvenida del Sr. Blair a la cooperación estructurada, parece que hemos conseguido pocas cosas aparte de causar a los Estados Unidos una indigestión. 
Tampoco se ha avanzado mucho en materia de reformas económicas. 
Mientras celebramos la iniciativa europea de crecimiento y dejamos de gastar en proyectos superfluos para centrarnos en invertir en investigación y desarrollo, para volver a crecer hay que avanzar en la reforma estructural. 
Nos habría gustado ver al Consejo poner su dinero legislativo donde dice y construir la economía dinámica y abierta que prometimos en Lisboa. 
Los avances en materia de Justicia y Asuntos Interiores han sido limitados; se han hecho escasos avances en las importantes cuestiones de la inmigración y el asilo. 
El único hecho positivo, la creación de una agencia europea para gestionar la seguridad de nuestras fronteras en continua expansión, fue acordado de nuevo con antelación y meramente sobre el papel. 
La otra cara de la moneda es la propuesta de incluir indicadores biométricos en los pasaportes y visados que deberían haber hecho saltar la alarma por las libertades civiles, pero que al parecer no han molestado en absoluto a la cumbre. 
Señor Presidente en ejercicio, hay muchas cosas que dependen de su texto de compromiso de noviembre para la Constitución. 
Será la última vez que eche usted los dados y le deseamos suerte, pues tememos que puede usted necesitarla. 
Quiero recordar a la Asamblea que la semana pasada la Conferencia de Presidentes invitó al Consejo y a la Comisión a hacer declaraciones esta tarde sobre la cuestión de Chechenia. 
Entiendo que esto tendrá lugar en efecto en el curso de la tarde. 
– Señor Presidente, estoy seguro de que todos recordamos la sentida exclamación lanzada aquí por el Sr. Giscard d ' Estaing el pasado 3 de septiembre: «Nunca olviden a los ciudadanos.» 
Está claro que nuestros Jefes de Estado y de Gobierno no han seguido este consejo amistoso. 
La impresión que dan de sus intercambios sobre el proyecto de Constitución es más bien patética y nos retrotrae en el tiempo: estamos de nuevo en Niza. 
No es que los problemas abordados no valgan la pena, pero están completamente desconectados de lo que la mayoría de ciudadanos consideran las cuestiones fundamentales: ¿cuáles son las ambiciones para la futura Unión? 
¿Cómo vamos a responder a las expectativas sociales? 
¿Cuánta voluntad hay para cambiar el curso actual de la mundialización? 
Por tanto, desgraciadamente los debates en curso parecen luchas de poder, carentes de toda visión capaz de capturar la imaginación de la gente. 
Pienso que la idea europea merece francamente algo mejor. 
Algunas observaciones del Presidente de la Comisión, en su carta al Presidente en ejercicio del Consejo, tampoco me parecen capaces de estimular ninguna clase de fervor en torno a Europa en el público en general. 
Sus palabras dan a entender que los ciudadanos europeos sienten cada vez más que es importante para la Unión hacer avanzar las reformas estructurales decididas en Lisboa. ¿De qué reformas se trata? 
¿De las reformas de las pensiones, de la protección social, del mercado de trabajo, de los servicios públicos? Pero es precisamente este tipo de medidas las que levantan cada vez más, de Roma a París pasando por Berlín, a los asalariados, a los jubilados, a los desempleados, contra esta caricatura de armonización europea de las políticas. 
Y ¿qué se supone que hemos de pensar del objetivo declarado en la misma carta, y cito, «de acelerar a escala europea la adopción de medidas que permitan explotar el potencial de los inmigrantes legales, al mismo tiempo que se adopta una posición firme en la lucha contra la inmigración clandestina»? 
¿Traduce este doble proceder realmente la idea de las relaciones Europa-Sur que queremos promover a los ojos de nuestros conciudadanos? 
Sin duda chocará a los jóvenes, que han hecho suya la idea de que otro mundo es posible, un mundo sin predadores y sin fortalezas. 
Estos jóvenes sienten que una política de desarrollo genuina y activa, que haga renacer la esperanza entre los pueblos del Sur, debe fundamentar la solución del problema de la gente que emigra para sobrevivir. 
Pero más en general, ¿no ha llegado la hora de mostrar a toda la opinión europea que un enfoque de la inmigración esencialmente utilitario y centrado en la seguridad conduce a un callejón sin salida, como ilustra la repetición insoportable de dramas como el que acaba de producirse en las aguas que rodean la isla de Lampedusa? 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, por último, y para concluir, quisiera presentarles, en nombre de mi Grupo, una propuesta práctica, constructiva y viable, que les permitiría hacer uno de esos gestos que honran a la Unión a los ojos de nuestros conciudadanos, porque realmente dan vida a los valores que inscribimos en nuestros textos. 
Esta propuesta se refiere a la paz en Oriente Próximo. 
Como saben, hombres y mujeres de una gran valentía, palestinos e israelíes, han trabajado durante dos años en torno a un nuevo plan de paz, sin eludir ninguno de los problemas que bloquearon todas las negociaciones oficiales hasta la fecha. 
Entre ellos figuran personas muy representativas de los ámbitos de la política, el ejército y la cultura, como por ejemplo el ex presidente de la, que todos conocemos aquí, el Sr. Avram Burg. 
Este plan acaba de hacerse público y esta tarde dos de sus creadores, la Sra. Naomi Shazan, ex vicepresidenta de la, y el Sr. Jamal Zakud, del Consejo Legislativo palestino, estarán con nosotros. 
A las cuatro de la tarde presentarán su iniciativa histórica a todos los diputados que lo deseen. 
Antes, les recibirá el Presidente Cox, y quiero darle las gracias por ello. 
Propongo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, que también ustedes les reciban e incluso les honren con su presencia, y que por lo menos el Consejo y la Comisión honren con su presencia la firma solemne de este plan de paz en Ginebra el próximo 4 de noviembre, aniversario del asesinato de Isaak Rabín. 
Esto sería un gesto por la paz, y ¿qué gesto puede ser más revelador de la identidad de Europa en la escena mundial? 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, quizás es cierto que seis meses son muy poco tiempo para avanzar en cuestiones, pero es aún menos tiempo si perdemos el tiempo celebrando reuniones de Jefes de Estado que son meras repeticiones caras de debates ya celebrados en el ámbito de los Ministros de Asuntos Exteriores. 
La Presidencia italiana debería haber presentado algunos documentos concluyentes en Bruselas para intentar resolver cuestiones conocidas desde hace meses. 
Ya se han hecho suficientes cuestionarios: es el momento de dar algunas respuestas. 
A este respecto, quiero mencionar brevemente el Consejo Legislativo. 
Creemos que se trata de una verdadera cuestión de democracia. 
Como el Sr. Frattini afirmó ayer, existe una discrepancia entre lo que están imponiendo algunos gobiernos y lo que desea la gran mayoría de parlamentos. 
El Consejo Legislativo es imprescindible para garantizar el control democrático y la separación de poderes y, hoy, queremos que su gobierno dé garantías sobre esta cuestión. 
La Conferencia Intergubernamental, con su, los debates sobre cifras y porcentajes que tanto recuerdan a las noches de Niza, nos hace añorar la Convención que, aun con todas sus deficiencias, ha debatido con éxito el futuro común de los europeos y cómo gobernarlos. 
Una palabra sobre la tragedia de Lampedusa: no se trata de inmigrantes, sino de refugiados, y hay propuestas sobre el marco jurídico de la inmigración y la definición de refugiado que están almacenando polvo en el Consejo, mientras los diferentes gobiernos continúan intercambiando propuestas. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, encuentre una solución al problema. 
Valdrá mucho más que las palabras. 
El espíritu de Niza también flota sobre la larga lista de puentes y autopistas que la Presidencia italiana y la Comisaria de Palacio quieren darnos. 
Respecto de la famosa lista de redes de transporte transeuropeas, hoy sólo escuchamos los gritos de las dos categorías de interesados: los que lamentan la inclusión de un túnel o corredor particular y los que quieren empezar a construir lo antes posible. 
No hay discusión sobre la calidad o la necesidad de estas inversiones; todos están tratando la cuestión como si se tratara de una cuestión de prestigio nacional. 
Prueba de ello es el mal disimulado intento del gobierno italiano de presionar de forma cada vez menos cortés a Francia, que no está nada convencida de la necesidad del túnel Turín-Lyon. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, es verdaderamente vergonzoso que un país como Italia tenga que regatear un túnel insostenible con una inversión eléctrica dudosa, en particular si tenemos en cuenta la naturaleza verdaderamente poco europea del conflicto de intereses del Sr. Lunardi respecto de este proyecto. 
Impertérritos, continuamos diciendo que lo que serviría para impulsar verdaderamente un crecimiento sostenible desde un punto de vista medioambiental y social en Europa es una especie de Plan Marshall, otro tipo de plan Marshall, que promueva la infraestructura útil pero también las energías renovables, la regeneración del territorio, la investigación y la innovación. 
Cada día, se cierran kilómetros y kilómetros de líneas ferroviarias periféricas en los países que pronto se adherirán a la Unión, dejando a miles de ciudadanos sin transporte: otra prueba del hecho de que los problemas de movilidad no se resolverán con la promesa vacía de las redes transeuropeas. 
Instamos a la Comisión a que no continúe haciendo de mero notario de las demandas de algunos sectores, sino que retome su misión central: buscar los intereses de la Unión. 
Parece que habrá una nueva lista, conocida como la lista de inicio rápido. 
Sin más preámbulo, le decimos al Presidente Prodi que acogemos favorablemente la idea, en particular si esta nueva lista está basada en la calidad del trabajo y en su sostenibilidad social y medioambiental, a diferencia de la lista Van Miert organizada por la Comisaria de Palacio. 
Cabe recordar –puesto que la Comisión y el Consejo parecen haberlo olvidado– que el Parlamento tiene poder de codecisión sobre esta cuestión y tenemos la intención de hacer pleno uso de él. 
Señor Presidente, creemos que la decisión tomada por el Consejo de transferir al Consejo de Competitividad el análisis de la legislación sobre productos químicos constituye una derrota de los que les preocupa la salud de los ciudadanos y una victoria de la gran industria química. 
Está claro que la decisión se ha visto afectada por la reticencia y los retrasos por parte de la Comisión al presentar su propuesta y por la excesiva consideración que ha dado a los lobbies, así como por su grave omisión al incorporar las demandas de la sociedad civil durante una larguísima consulta. 
En 1998 se decidió elaborar una propuesta sobre esta cuestión con el fin de proteger la salud y el medio ambiente, y no para promover la competitividad y el comercio. 
Nosotros continuaremos en esta línea y, junto con las asociaciones medioambientales y de consumidores, estamos dispuestos a luchar por el respeto de todos aquellos trabajadores que continúan enfermando y muriendo en Europa y en todo el mundo. 
El Sr. Watson ha empezado recordando de forma evocadora la terrible situación en Guantánamo, pero quiero subrayar mi decepción por el hecho de que no se ha mencionado a los 11 000 prisioneros, o incluso podemos decir detenidos de los Estados Unidos en Bagdad: no son europeos, pero también tienen derechos. 
Volvemos a repetir nuestra propuesta: tenemos que suspender la entrada en vigor del acuerdo de extradición con los Estados Unidos a fin de presionar a los Estados Unidos sobre esta cuestión. 
Un último punto, Señor Presidente en ejercicio del Consejo: como sabe, el Parlamento Europeo es muy susceptible a la cuestión de los derechos de sus ciudadanos. 
En julio, el Parlamento pedía a Italia que hiciera algo respecto del caso de Adriano Sofri, convirtiéndolo en una cuestión europea. 
Confiamos en que responda a este llamamiento: tiene la capacidad de hacerlo. 
Como europeos, nos parece realmente alarmante que todo el gobierno italiano, así como la voluntad del Presidente de la República estén completamente a merced de los caprichos de un ministro. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores Presidentes, quisiera decir en primer lugar que las críticas que se han hecho a los resultados del Consejo Europeo y de la Conferencia Intergubernamental me parecen exageradas, por no decir inapropiadas. 
Quisiera decir primero al Presidente de la Comisión que, por una vez, estoy satisfecho con sus propuestas, al igual que estoy satisfecho con las propuestas del Consejo Europeo relativas a la iniciativa de crecimiento. 
En efecto, esta iniciativa me parece indispensable, como me parece indispensable asociar fondos privados a los fondos públicos para permitir un mejor desarrollo de nuestra economía. 
Pero para ello sería preciso que todos nuestros países tomasen una serie de medidas encaminadas a favorecer las inversiones privadas y, en particular, habría que velar por que la burocracia de la Comisión Europea y sus consecuencias no viniesen a sumarse a la burocracia de cada uno de nuestros países. 
Dicho esto, considero que es un paso adelante en la buena dirección. 
En segundo lugar, diré que lo que molesta a los oradores que me han precedido, a mí más bien me tranquiliza. 
Quiero decir que hay, por parte de algunos de nuestros colegas, cierta ingenuidad. 
En efecto, hay aquí una mayoría federalista y se expresó con ocasión de la aprobación de los trabajos de la Convención, que fue acompañada de cierta pretensión, por no decir una gran arrogancia, según la cual los Jefes de Estado y de Gobierno, que son de hecho la única fuente de la legitimidad nacional en cada uno de nuestros países, no tendrían derecho a hacer ninguna propuesta de enmienda. 
Del mismo modo, era muy ingenuo por parte de estos diputados federalistas pensar que los países que se adhieren a la Unión Europea se contentarían con un papel menor para sus «casi» comisarios. 
Así que no se sorprendan de los resultados que obtienen. 
Yo coincido con Lenin, que decía que los hechos son obstinados: ¡ustedes se enfrentan a los hechos, así que reconózcanlos! 
Señor Presidente, tras la Cumbre de Bruselas tenemos muchos más cerca una policía de fronteras común. 
Dentro de poco tendremos un control común de las fronteras exteriores en la UE, tal y como lo teníamos desde tiempos antiguos alrededor de nuestro propio país. 
El Estado de la UE avanza según lo planeado, al igual que la Constitución de la Unión Europea. 
Se están llevando a cabo tareas sobre la base del proyecto elaborado por la Convención. 
No obstante, habrá un Comisario de cada país, ya que algunos países no pueden conseguir que se acepte la Constitución si no cuentan con Comisarios nacionales. 
También queremos que sean los propios países los que elijan a sus Comisarios y que exista plena igualdad entre los países a la hora de presidir las reuniones del Consejo de Ministros. 
Existe el riesgo de que se produzcan Presidencias de grupo, con tres o cuatro países dirigiendo la UE entre 18 y 24 meses y, en la práctica, la posibilidad de que el país más grande del grupo asuma las tareas más importantes. 
Sería más razonable continuar con el actual programa de rotación gracias al cual los países se pueden concentrar en ejercer la Presidencia correctamente durante 6 meses. 
Para limitar la carga de trabajo, las formaciones individuales del Consejo y, en concreto, los 297 grupos de trabajo del mismo podrían seleccionar un presidente entre ellos, basándose en una combinación de la rotación equitativa y las cualificaciones personales del presidente para presidir las reuniones. 
Permítanme especialmente advertirles contra las denominadas pasarelas o vías de sentido único, en las que los Primeros Ministros tienen la potestad de definir las fronteras entre la UE y los Estados nacionales y pueden ampliar el ámbito de la cooperación de la UE gracias a la flexibilidad de la cláusula del artículo 17. 
Ellos pueden introducir el procedimiento legislativo ordinario y cambiar de la unanimidad a las decisiones tomadas por mayoría cualificada a través del apartado 4 del artículo 24 y, por ejemplo, con referencia al apartado 8 del artículo 39 en el caso de la política exterior. 
Si se combinan los tres métodos, casi todos los asuntos entrarán dentro de la competencia de la UE. 
En lugar de la petición del Primer Ministro danés de un catálogo de competencias con una clara división de poderes entre la UE y los Estados miembros, por ejemplo, obtenemos un gobierno del Primer Ministro sin restricciones, además de mucha más centralización del poder legislativo en Bruselas. 
Solo nos queda esperar que todos los países de la UE celebren referendos sobre el proyecto de Constitución. 
Es absurdo que el Sr. Blair haya celebrado referendos sobre los parlamentos regionales de Escocia y Gales y el gobierno municipal de Londres, pero que no permita un referendo sobre la primera Constitución escrita de Gran Bretaña. 
Ármese de valor, señor Blair, no basta con celebrar un referendo sobre una nueva Constitución en el Iraq. 
– Señor Presidente, el Sr. Pasqua tiene razón cuando dice que este es el Parlamento Europeo que conoce: este es el resultado de las posturas antieuropeas de De Gaulle, y no la Europa por la que abogó Winston Churchill en Zúrich en 1946, cuando habló de los «Estados Unidos de Europa». 
Aquí tenemos los Estados desunidos de Europa, tenemos burocracias que se destruyen mutuamente y, señor Presidente en ejercicio del Consejo, tenemos un Consejo al que el Parlamento instó en julio que designara a un representante europeo para el Cáucaso y, el 4 de septiembre y de nuevo el 24 de septiembre, a que designara a un representante para el Iraq. 
No vamos a dar nada a Chechenia, que está sufriendo un genocidio, ni para aliviar la situación en el Iraq, aparte del vergonzoso soborno, digno de los comerciantes del sur de Italia, de 200 millones sobre un total de 35 000 millones. 
¡He aquí Europa, esta Europa! 
En lo que respecta a Israel, el Iraq, Chechenia y, estoy seguro, Guantánamo, Europa ruge ante Estados Unidos y rebuzna ante Rusia, China, Chechenia y Vietnam. 
Por tanto, está claro que no puedo decir que estamos culpando demasiado a la Presidencia italiana. 
El proyecto de Constitución, que se nos presentó a bombo y platillo, no es más que una masa amorfa, vacía y pretenciosa, sin ninguna base en el derecho constitucional conocido en todo el mundo. 
En lo que respecta al Estado de derecho y a los Estados liberales, contiene exigencias demasiado ambiciosas y presuntuosas. Ni siquiera pasaría la prueba ahora, en la fase inicial, así que imagínense la eficacia que tendrá llegado el momento de implementarla. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, a pesar de las demandas del Parlamento Europeo, aún no han presentado ustedes un proyecto informal sobre la pena de muerte y ya nos encontramos en la recta final de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
A este respecto, podemos esperar: Israel puede esperar, Turquía puede esperar y nosotros, los federalistas de la gran tradición proeuropea de Italia y muchas otras partes de Europa, podemos esperar también. 
Señor Presidente, con menos pasión que el orador precedente, pero, por lo menos, con igual convicción, quiero decir que tengo un sentimiento de frustración por el desarrollo de la Conferencia Intergubernamental. 
Tengo este sentimiento de frustración, en primer lugar, porque yo creo que se ha perdido el espíritu de la Convención, que consistía en buscar lo mejor para el futuro de la Europa de los 25, y mi admirado amigo el Sr. Pasqua recordaba a Lenin diciendo que los hechos son tozudos. 
Lo son de verdad, porque esos Gobiernos que tienen que aprobar la Constitución estaban presentes en la Convención y participaron activamente en ella. 
Y yo creo que nadie debe ni puede ir contra sus propios actos. 
Frustración, señor Presidente, porque tengo la sensación de que vamos a asistir en los próximos días a un intento de reabrir todos los temas de la Convención. 
La Presidencia italiana ha enviado una propuesta diciendo a los Gobiernos qué es lo que hay que tratar en la Convención. 
La respuesta han sido 150 páginas de propuestas para reabrir casi todos los temas que la Convención trató. 
Incluso hay algo absolutamente paradójico, y es que algunas formaciones del Consejo de Ministros- como el Consejo Ecofin- hacen propuestas, ellos también, para revisar la Constitución. 
Y lo peor de esas propuestas, Señorías, es que ninguna de ellas es ambiciosa, ninguna de ellas va más allá del texto constitucional. 
Son propuestas de rebaja. 
Y a fe que el texto constitucional podía haber sido más ambicioso. 
Le pondré un ejemplo de lo que quiero decir: la Parte IV, que se refiere a la revisión del propio texto constitucional, fue poco tratada en la Convención, por falta de tiempo, e incluso el Presidente Giscard se comprometió a que, después de Salónica, hablaríamos de ella. 
Pues no ha sido así. 
Ahí hay un campo enorme para hacer propuestas concretas. 
Ahora bien, no hay ninguna propuesta concreta en ese sentido. 
También frustración porque el espíritu de la Convención es un espíritu de compromiso, pero compromiso por bloques. 
Y veo que hay propuestas, por ejemplo, que quieren reformar el procedimiento presupuestario. 
Pero este no se puede tomar por separado. 
Es un paquete con las perspectivas financieras y con los recursos propios. 
Y si nosotros, como Parlamento Europeo, aceptamos el paquete, no podremos aceptar ahora que se deje una parte como está y se vulnere lo acordado para el procedimiento presupuestario. 
Por lo tanto, yo creo que la Conferencia Intergubernamental tiene que concentrarse en los verdaderos temas políticos, que están todavía sin resolver, donde no hay consenso entre los Gobiernos y que son muy simples: la presidencia del Consejo y las Presidencias rotatorias, la ponderación de voto y la distribución de escaños en el Parlamento Europeo, y el número de comisarios. 
Las propuestas constructivas- y yo animo a la Presidencia italiana a que las haga- deben presentarse en bloque y no deben ser parcheadas. 
Por eso hoy he vuelto a no entender- y lo digo con preocupación- la intervención del Presidente de la Comisión, cuando dice que está muy bien la ponderación de voto, pero que, en cambio, hay que cambiar el número de comisarios. 
No se pueden parchear las propuestas. 
Habrá que buscar una solución de compromiso y yo espero que la Presidencia italiana lo haga y lo haga pronto. 
Señor Presidente, me centraré únicamente en los asuntos relacionados con la Conferencia Intergubernamental aunque, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ha sido usted muy contenido acerca de este asunto, al igual que lo fueron las conclusiones del Consejo del 16 de octubre, que le dedicó tan solo ocho líneas y media. 
Ayer, sin embargo, el Sr. Frattini y yo pudimos debatirlo en profundidad durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales abierta a los parlamentos nacionales, por lo que quisiera mencionar algunas preocupaciones y críticas expresadas en dicha reunión y de las que el Sr. Méndez de Vigo acaba de hacerse eco. 
Me gustaría dejar una cosa totalmente clara: no hay ningún prejuicio hacia la Presidencia italiana ni nada parecido en el Parlamento. 
Más bien al contrario: sabemos que tenemos una deuda con Italia por contribuir en gran medida a la integración europea en momentos críticos como país fundador. 
El problema de la Presidencia italiana radica en la incapacidad de estar a la altura de esta reputación, siguiendo la más elevada tradición de europeísmo italiano. 
¿Por qué estamos preocupados? 
Porque un número significativo de Gobiernos ha mostrado cierta tendencia a desafiar algunas de las innovaciones más importantes del proyecto de la Convención. 
¿Cómo debemos responder a esta tendencia? 
Esta es la cuestión. 
La forma en que comenzó la reunión ministerial de la Conferencia Intergubernamental nos ha alarmado. 
Sabemos lo que ocurrió, aunque usted no lo haya mencionado, señor Berlusconi. 
El debate comenzó con el nuevo avance introducido por el proyecto de la Convención sobre el funcionamiento del proceso legislativo de la Unión, que ya no debe dispersarse entre las numerosas y distintas configuraciones del Consejo de Ministros, sino que los poderes legislativos deben concentrarse en un único Consejo de Asuntos Generales y Legislativos. 
En una consulta a base de un cuestionario que tuvo lugar antes del debate entre los Ministros de Asuntos Exteriores, un gran número de Gobiernos dijeron «no» , aunque desconocemos sus motivos. 
No obstante, los representantes de todos los Gobiernos que ahora se oponen a esta idea, en su día aceptaron esta innovación en el marco del compromiso general final de la Convención. 
El tema del Consejo Legislativo no es nimio. 
No tengo tiempo ahora mismo para explicar por qué, pero nos encontramos alarmados ante lo que sucedió con respecto al Consejo Legislativo en la reunión ministerial de la CIG. 
No podemos ni debemos considerar que este asunto está zanjado. 
De hacerlo, no nos estaríamos enfrentando a un compromiso inaceptable, sino a la rendición absoluta. 
Además, del mismo modo que, con su rechazo inequívoco, muchos Gobiernos han bloqueado la introducción del Consejo Legislativo, podrían hacer lo mismo con cualquier otro aspecto clave, de igual o mayor importancia, incluido en el proyecto de la Convención. 
Esta manera de hacer las cosas es inaceptable. 
La Presidencia solo debe tener en cuenta las peticiones de modificación para las que exista una justificación clara y a largo plazo. 
Es responsabilidad de la Presidencia mostrar la capacidad necesaria de persuasión y empuje, confiando en la certeza, señor Berlusconi, de que no solo representa la postura de Italia, sino todas las posiciones y agrupamientos que contribuyeron a la conclusión acordada por la Convención. 
Entre estos agrupamientos se incluyen los parlamentos, jamás debemos olvidarlo: el Parlamento Europeo y 28 Parlamentos nacionales, es decir, los representantes directos, legitimados por el voto de los ciudadanos, los pueblos de la Unión. 
El amplio consenso y la buena voluntad desplegados por los Jefes de Estado y de Gobierno durante la reunión inaugural de la CIG en Roma no pueden depender de si los Ministros de Exteriores respectivos empiezan a desmenuzar o trocear el proyecto de la Convención inmediatamente después. 
¡Ojo con la retórica! 
Como usted ya dijo la última vez –y había que decirlo–, los intereses europeos deben prevalecer sobre los intereses nacionales, aunque el peligro evidente radica en el hecho de que ni siquiera prevalecerá la protección de los intereses nacionales fundamentales, sino el mantenimiento de posturas de intereses minoritarios. 
Por tanto, señor Berlusconi, nos tememos que se convierta en realidad la analogía de Hemingway citada por el Sr. Altiero Spinelli en esta Cámara cuando se iba a aprobar su proyecto y comentó que no sabía cuál sería su destino, una analogía utilizada de nuevo recientemente por el Sr. Amato. 
Él ha apuntado que el gran pez que creemos que hemos pescado con el proyecto de la Convención corre el peligro de quedar reducido a las espinas, ya que los tiburones se han comido la carne. 
Debemos hacer todo lo posible por evitar que esto suceda. 
No podía interrumpir una cita de Hemingway, pero insisto a sus Señorías a que se atengan a su tiempo de uso de la palabra. 
Señor Presidente en ejercicio, ¿tendrá éxito la Presidencia italiana en este momento histórico para la integración europea y la Constitución? 
Mi última esperanza sería que maduren los frutos de la Convención y que se cosechen en interés de Europa. 
Permítame consultarle sobre dos reflexiones políticas, ahora que se acercan los dos últimos meses de su Presidencia. 
La primera reflexión es a la vez radical, práctica y simbólica: esperamos que la Presidencia italiana, junto con la Comisión, establezca una base auténticamente europea sobre la que descansen las sanciones, los controles y la financiación en materia de inmigración. 
Confiamos en que habrá más que meras intenciones generales, esperamos que finalmente progrese uno de los países más afectados por esta situación. 
Señor Presidente en ejercicio, también espero una iniciativa del Consejo que usted preside sobre la situación en el Iraq. 
El voto unánime en el Consejo de Seguridad puede llevarnos hacia delante por una nueva vía. 
Los miembros europeos del Consejo de Seguridad han llegado por fin a un acuerdo y ahora el Consejo debe convertir dicho compromiso en una iniciativa: puede y debe existir un retorno al multilateralismo, podemos trabajar juntos en el terreno de la reconstrucción, la crisis humanitaria, la seguridad y la transición democrática hacia la soberanía iraquí bajo el mandato y la dirección de las Naciones Unidas. 
Señor Presidente en ejercicio, como europeo no puedo dejar de expresar mi gran preocupación por la forma en que se está dirigiendo la Conferencia Intergubernamental. 
Ha confirmado usted su intención de concluir la labor antes de diciembre, manteniéndose lo más fieles posible al texto de la Convención sin concesiones sustanciales. 
Sin embargo, parece que hasta ahora la Presidencia italiana se ha limitado a tomar notas y grabar las opiniones positivas y negativas de las delegaciones sobre los distintos temas, con el riesgo, cuando menos, de que se reabran debates sobre asuntos que ya se consideraban zanjados. 
Europa, no obstante, como ha señalado el Sr. Watson, no necesita una Presidencia que se contente con autorizar iniciativas o actuar de árbitro; no necesita listas minuciosas de las diferentes demandas. 
Ha llegado la hora de un liderazgo que proporcione una orientación sabia y con visión de futuro. 
El Presidente Prodi tiene razón: una Constitución inflexible fracasaría sin remedio. 
Por tanto, espero que precisamente Italia, que en 1985 logró lo imposible con la CIG que condujo al Acta Única, en 2003 sepa estar a la altura de sus tradiciones europeístas y ayude a lanzar un texto constitucional que sea lo suficientemente flexible para que resulte tan factible y convincente que constituya un punto de referencia para el desarrollo europeo durante los próximos 50 años. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, debo decir que este debate me parece, francamente, esquizofrénico. 
La política presentada por el Presidente en ejercicio del Consejo solo puede tomarse en consideración si dejamos de lado la situación actual en Europa. 
Habla usted de cambios en el sistema de pensiones a fin de mantener la cohesión social. 
Señor Presidente en ejercicio, basta con mirar a su propio país: todos los sindicatos han convocado una huelga general pasado mañana para protestar contra su política de pensiones, incluidas las organizaciones que firmaron el Pacto por Italia con usted. 
¿No le dice nada el hecho de que todos los trabajadores se opongan a una política concreta? 
¿De verdad no significa esto nada para usted, después de las batallas en Francia, en España, tras el descontento manifestado en Alemania? 
Usted anuncia pomposamente que se va a establecer una Constitución Europea. 
¿No ha notado acaso que el 4 de octubre tuvieron lugar dos manifestaciones europeas importantes en Roma –una organizada por los sindicatos europeos y otra por el movimiento antiglobalización–, en las que criticó enérgica y vehementemente esta Constitución por su falta de resolución y su ambigüedad en las disposiciones relativas a la paz, los derechos y el empleo? 
Posteriormente, en la marcha por la paz entre Perugia y Asís, multitud de personas de distintas culturas, religiones y afinidades políticas exigieron que se cambiase drásticamente la estructura de la Constitución, pidiendo que la primera disposición fuese el rechazo a la guerra. 
No obstante, la guerra continúa en el Iraq y está contaminando el mundo. 
Hoy se ha hecho mención de los presos de Guantánamo y Bagdad. 
También podemos volver la mirada a las medidas que restringen la libertad en los países árabes ante el terrorismo y la guerra. 
No se ha indicado cómo vamos a escapar de este círculo vicioso tan trágico. 
Usted ha mencionado las raíces cristianas de Europa, pero si esas raíces existen, la tragedia del Mediterráneo, que equivale a un desastre humanitario, no sería digna de ellas. 
¿Cómo puede dejar de ver que las políticas de cuotas, la política de inmigración, han fracasado? 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ha hablado usted con solemnidad sobre esta tragedia en la Cámara. 
Sería descortés por mi parte recordarle que Ministros de su Gobierno han afirmado que hay que echar a patadas a estos inmigrantes y devolverlos a sus países. 
Por el contrario, deseo llamar su atención sobre el fracaso de esta política, de una política de control en lugar de recibir a los inmigrantes y crear un modelo de desarrollo distinto. 
Habla usted de una política económica sin darse cuenta por lo visto de que la economía de Europa se encuentra en crisis y en declive. 
Opina sobre medidas y redes transeuropeas, aunque acaba de oír críticas a la calidad de las mismas. 
Sin embargo, ante todo le pregunto cómo piensa enfrentarse a una crisis económica ante la devaluación del dólar, la implacable competencia de los Estados Unidos de América y la competencia como la que proviene de China ¿Cuáles son sus planes para escapar de este círculo vicioso y parar el declive? 
Usted sigue aferrándose a las políticas de Maastricht, las políticas que el Presidente de la Comisión una vez astutamente calificó de «estúpidas». 
Usted solamente puede dar un peso real a su política si deja de lado la realidad. 
La realidad será su perdición. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, por la gran cantidad de temas que se han debatido en la Cumbre, se desprende que el Consejo es plenamente consciente de sus tareas. 
El Consejo desea redes transeuropeas aunque, en la práctica, los Estados miembros obstaculizan la construcción de los escasos kilómetros de vía que facilitarían un poco a los países vecinos la exportación de sus productos. 
Se menciona la necesidad de ofrecer oportunidades de desarrollo a las personas en sus propios países, pero cuando se trata de azúcar o algodón, siempre permitimos que los intereses económicos de un pequeño grupo en nuestra propia población prevalezcan sobre las oportunidades de la gran cantidad de personas que viven en la miseria, que intentan escapar de ella y posteriormente se ahogan en nuestras playas. 
Durante años, hemos debatido sobre el derecho de los palestinos a tener su propio Estado al lado de Israel. 
¿Dónde ha quedado, sin embargo, esta acción eficaz y creíble por parte de la Unión Europea? 
Una vez más, me veo forzada a concluir que tal acción es necesaria, pero ¿dónde está? 
La Unión Europea necesita estructuras más eficaces, a fin de actuar con mayor diligencia, sin que los Estados miembros pongan un palo en sus ruedas. 
Por este motivo necesitamos esta Constitución. 
Siempre hemos anhelado que Europa se convirtiera en un hogar para todos, no solo los ciudadanos y Estados miembros, sino también para los habitantes de regiones que, por motivos históricos, no son Estados miembros. 
¿Por qué no ven ustedes a Europa como un gran mosaico de culturas, pueblos y regiones, en donde cada persona debería tener la oportunidad de progresar? 
Debemos controlar en mayor medida nuestro destino común, lo que no debe verse frustrado por la política de prestigio o la falta de visión de algunos Estados miembros. 
Queremos una Constitución Europea que sea de verdad un nuevo tratado, que proporcione un futuro nuevo y más brillante a los pueblos de Europa y que además garantice a las regiones acceso al Tribunal de Justicia si ven infringidos sus derechos. 
Señor Presidente en ejercicio, la acoge con agrado la decisión del Consejo de adoptar una política de defensa, reforzando así la ya consolidada relación de cooperación con la OTAN, y subraya, en relación con la labor de la CIG, la necesidad de que todos los Estados miembros cuenten con un Comisario con derecho a voto; si Europa se enfrenta al reto de acabar con el terrorismo, debe ser capaz de proteger todo su territorio y a cada uno de sus ciudadanos, aunque también debe promover la paz, justicia, libertad, democracia y el desarrollo en aquellos países en los que la violencia y el hambre obligan a millones de personas a convertirse en refugiados. 
Las tragedias que han tenido lugar en las costas de Italia exigen que el Consejo decida otorgar el derecho al asilo a los refugiados políticos, un asunto que ha estado paralizado durante demasiado tiempo. Asimismo el Consejo debe condenar claramente a los Gobiernos que no respetan los derechos humanos, que no invierten recursos para combatir el hambre y que no son capaces de desenmascarar a las organizaciones terroristas y fundamentalistas presentes en su territorio. 
Europa debe realizar mayores esfuerzos por resolver la crisis de Somalia, que desde 1991 ha causado la muerte de miles de refugiados desesperados, primero en el Océano Índico y ahora en el Estrecho de Sicilia. 
No eran inmigrantes cualesquiera: ¡eran somalíes, señor Presidente en ejercicio! 
Debe usted convocar otra Conferencia de Nairobi, por tanto, y concluirla con un pacto federativo entre los Estados somalíes que traiga la democracia y la lucha contra el fundamentalismo, el terrorismo y la pobreza. 
Las personas cuyos nombres aparecieron en las listas de organizaciones terroristas publicadas después del 11 de septiembre no deben ser socios consultivos de los Estados individuales ni para la Unión. 
El Consejo, cuya decisión de crear una agencia para la administración común de las fronteras acogemos con agrado, debe promover un nuevo modelo de cooperación según el cual se facilite ayuda para beneficiar a los ciudadanos y se condene a quienes nieguen los derechos humanos. 
Además, el Consejo debe pedir clemencia para los condenados a muerte de acuerdo con la ley, como la joven iraní que ha sido condenada a muerte por matar a un hombre que estaba violándola. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, las cumbres europeas son tan elevadas que sin duda se encuentran en la estratosfera, a tantos años luz de las realidades cotidianas de Europa. 
Se disputan ustedes, señor Prodi y señor Berlusconi, la paternidad de una iniciativa de crecimiento, es vieja historia de la vida política europea desde hace más de 20 años que poco a poco perderá toda sustancia. 
Como de costumbre, parece que el Sr. Pasqua estará decepcionado. 
Pero ustedes no han dicho ni una palabra, hablo del Consejo, sobre lo que ha asfixiado el crecimiento europeo y va a impedir cualquier recuperación, en la zona euro en primer lugar: la increíble «panoplia política» , esa política increíblemente estúpida, que condena a la zona euro a la vez al rigor monetario y al rigor presupuestario. 
Habríamos esperado que el Consejo dijera algo sobre la ascensión del euro, que hunde nuestras importaciones y hace de Europa, de la zona euro, el eslabón débil de la economía mundial. 
¿Las cuestiones monetarias solo se pueden plantear en el G8, con las consecuencias que ello comporta? 
A propósito de la Constitución, y sin prejuzgar los resultados, me parece que la Conferencia Intergubernamental (CIG) está devolviendo a Europa a su egocentrismo institucional, sin que la opinión pueda comprender lo que está en juego, cosa que supo evitar la Convención, se piense lo que se piense de los resultados de sus trabajos. 
Entonces, señor Berlusconi, usted que ha sabido ser creativo en su país y renovar la vida política inventando por favor, innove en Europa e invente el referendo europeo, ya que, cualquiera que sea, en el fondo, el peso relativo de los Gobiernos, del Parlamento o de la Comisión en la futura arquitectura europea, lo que falta, lo que podemos llamar el eslabón perdido, son los ciudadanos: el único modo de asociarlos a esta construcción, incluso si hay un riesgo, es el referendo. 
Espero que, con respecto a este tema, surja de la CIG una resolución más firme que de la Convención. 
Señor Presidente, afortunadamente las declaraciones del Sr. Berlusconi acerca de la trágica situación humanitaria en Lampedusa han sido corroboradas por los hechos. 
Le he pedido al Presidente Cox que envíe una misión del Parlamento Europeo a dicha isla. 
Europa puede ir allí y a otros lugares para ver, por ejemplo, la labor realizada por la policía italiana, los y guardacostas, a los que he visto en sus barcos patrulla compartiendo raciones de comida y agua y a menudo dándoselas a estos pobres desgraciados en el mar, transportados por repugnantes traficantes hasta nuestras fronteras. 
No obstante, además del deber de tomar medidas humanitarias, los Estados y la Unión Europea deben formular una advertencia seria, firme y clara a los dirigentes de los países de origen de los inmigrantes, quienes son los responsables morales por no combatir este tráfico de carne humana, como es el deber de todos los países civilizados. 
Ayer, el Alto Representante de uno de estos países africanos fue nuestro invitado de honor; incluso le aplaudimos. 
Se trata del líder de uno de los países que aún debe ratificar y concluir los acuerdos de readmisión, tan necesarios y que suponen la garantía real de una política que luche de verdad contra el tráfico de inmigrantes ilegales. 
Celebramos encarecidamente la decisión de la Unión Europea de incluir indicadores biométricos, fundamentales para la identificación en visados, permisos de residencia y pasaportes. 
Por tanto, de igual forma esperamos que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior cumpla en la medida de lo posible al plazo de 2003 para alcanzar un acuerdo acerca de las propuestas del Consejo encaminadas a tomar esta medida tan urgente. 
Me temo que las actividades de los anteriores Gobiernos de izquierda italianos se han caracterizado por el miserable robo a gran escala de las gentes de África. 
Deseo tranquilizar al Sr. Barón Crespo, garantizándole que nos haremos cargo de que cese este tipo de racismo, tan perjudicial y humillante para estas personas. 
Trabajaremos con la máxima transparencia para proporcionar ayuda al mundo en desarrollo. 
Nunca más se debe utilizar esta ayuda –como, siento decirlo, ha ocurrido en el pasado y de lo que deberíamos avergonzarnos– para hacer negocios o, aún peor, a modo de financiación ilegal de los partidos políticos en Italia u otros países, quizás europeos. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, me gustaría comentar brevemente dos asuntos. 
Considero que la Presidencia italiana ha realizado una labor encomiable en cuanto a la Constitución y me gustaría animarle a llevar el espíritu de la Convención hasta la ronda final de negociaciones. 
A la vez, no debemos olvidar que conceptos como el de transparencia, democracia y eficacia no son solo bonitas palabras, sino que significan algo palpable. 
Por este motivo hay que intentar, con respecto a la transparencia y al Consejo Legislativo, que los Gobiernos consideran irrelevantes, pero que para nosotros es una cuestión significativa, ya que el Consejo es nuestro socio en el proceso legislativo, que este Consejo Legislativo funcione realmente de manera que saque las cosas a relucir y asegure de este modo el control público. 
Independientemente de las dificultades que implica, hay que buscar una formulación abierta al respecto para que no se excluya la posibilidad de futuros avances en esta dirección. 
La cuestión de la eficacia se refiere a la Comisión, y no sería malo que se pudiera mantener intacto el sistema de la Convención tal y como está en la actualidad, con la posible adición del derecho de voto para todos. 
Aunque comprendo plenamente las posturas de Polonia y España, les pediría que en el Consejo se mantuviera el sistema de toma de decisiones tal y como lo ha propuesto la Convención, aunque buscando alguna forma adecuada para compensar a estos Estados, de modo que los sacrificios no recaigan en una sola parte. 
En este aspecto tampoco debemos perder de vista la necesaria eficacia. 
Las críticas a Niza en esta Cámara se centraron en los métodos de toma de decisiones en el Consejo, lo que no debemos olvidar. 
Permítanme un comentario final sobre la Convención. 
Recientemente, los Estados Unidos de América han puesto de manifiesto que tienen problemas con una política europea de seguridad y defensa. 
Creo que la Convención ha sido muy clara en su formulación, en el sentido de que la cooperación estructural está abierta a todos y que no se pretende menoscabar la pertenencia a la OTAN. 
Esto puede mejorarse si es preciso, pero si no existe cooperación estructural en este terreno, si no hay una vanguardia para dar una solución al respecto, en algún momento se establecerá una unión de defensa en el continente europeo, ajena a la Unión Europea y muy alejada de nuestros vínculos con la OTAN. 
Sepan los norteamericanos, los británicos y otros que la alternativa sería mucho peor para sus intereses y que, por tanto, deben apoyar el enfoque de la Convención a este respecto. 
No solo debemos hablar sobre la Constitución, sino también sobre las fronteras de Europa. 
Creo que por el momento no se ha debatido lo suficiente sobre la. 
Debemos aclarar que una que mira hacia el este implica la necesidad de crear una segunda opción aparte de la plena integración. 
Únicamente si somos capaces de fijar límites –lo que implica, en términos de ampliación, que debemos evitar que la UE se amplíe demasiado para que no se desborde– podremos avanzar el desarrollo de la UE tal y como es en la actualidad. 
Por este motivo la segunda opción, en forma multilateral y paralela al estatuto de Estado miembro de pleno derecho, debe estar a disposición de los países que no se nos van a unir en los próximos diez años, ya sea por falta de interés o de capacidad para ello; de este modo, dispondríamos de algo parecido al «Espacio Económico Europeo». 
Les pediría que mostraran alguna iniciativa real en este terreno durante los próximos meses. 
– Señores Presidentes, Señorías, las cumbres se suceden y una es muy parecida a la otra. 
Las reuniones de los Jefes de Estado y de Gobierno producen conclusiones cuyo contenido concreto es por lo general inversamente proporcional a su longitud. 
Las conclusiones del Consejo Europeo recuerdan cada vez más las pomposas resoluciones del Soviet Supremo, felizmente desaparecido. 
Hace tres años, sin embargo, Europa sufrió un sobresalto: Lisboa. 
Pero la bella ambición de Lisboa se ha evaporado, incluso si se sigue recitando como fórmula mágica que Europa debe convertirse en la economía del conocimiento más competitiva, bla bla bla. 
De hecho, nuestra Unión no se dota de medios que estén a la altura de su ambición. 
¿Cómo hacer comprender a nuestros conciudadanos que estamos construyendo Europa con un presupuesto comunitario que gira en torno a un punto escaso del producto interior bruto común? 
El presupuesto federal de los Estados Unidos redistribuye más del 30% del PIB norteamericano. 
Incluso los suizos, que tienen la fama de ser relativamente tacaños, redistribuyen el 15% de su PIB a través del presupuesto confederal. 
Los presupuestos de los Estados miembros no pueden compensar el presupuesto comunitario insuficiente. 
Tras tres años de recesión suave, prácticamente todos los Estados deben hacer frente a un problema de disminución de los recursos. 
Se enfrentan bien a un endeudamiento creciente, bien a una reducción de sus gastos de inversión, y a veces a ambas cosas al mismo tiempo. 
Las inversiones públicas han caído, en la Unión Europea, a cerca de un mísero punto de porcentaje del PIB. 
Los Estados Unidos llegan al el 3%. 
Según los servicios de la Comisión, un 1% de inversión genera un crecimiento adicional del 0,6 %. 
Los Estados de la Unión no volverán al camino del crecimiento sano limitando los gastos de inversión y amputando el poder de compra de los ciudadanos europeos. 
El Presidente Berlusconi acaba de hablarnos de la necesidad de relanzar el crecimiento y la competitividad en Europa. 
En este contexto, acabamos de redescubrir las redes transeuropeas (RTE). Pero ¿dónde está el dinero para financiarlas? 
El Presidente Berlusconi nos habla vagamente de cofinanciación con cargo al presupuesto comunitario. 
El Presidente Prodi habla de un efecto palanca, gracias a que el 30% del coste de los transportes transfronterizos se pagan con cargo al presupuesto de la Unión. 
Pero el documento de la Comisión sobre la iniciativa de crecimiento europea solo menciona un redespliegue de los créditos existentes, pero no habla ni de un euro más. 
Como no se pueden gastar dos veces los mismos créditos, el hecho de utilizar los créditos de los Fondos Estructurales o incluso los del Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo para financiar las RTE no aportará crecimiento adicional. 
Es trágico. 
Europa descuida los gastos de futuro, es decir, los gastos en educación, en investigación, en infraestructuras. 
La Cumbre de Bruselas ha concluido con votos piadosos. 
Se nos dice ahora que se tomarán decisiones concretas los días 12 y 13 de diciembre próximos. 
Mi Grupo, señor Presidente, juzgará la Presidencia italiana por esas decisiones concretas. 
Para ayudar a la Presidencia, sugerimos una relectura de Jacques Delors. 
¿Por qué no financiar las RTE mediante un gran empréstito europeo? 
La capacidad de endeudamiento de la Unión Europea está intacta. 
La zona euro se ha convertido en un mercado interior en el que cerca del 90% de los intercambios se realizan entre los países socios. 
¿Por qué no atreverse con una política de relanzamiento que sería inoperante en cada país tomado de uno en uno, pero que podría producir resultados reales si se aplica en toda Europa? 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, en su informe ha descrito usted una Europa imaginaria que, si fuera real, también nosotros querríamos. 
Por otro lado, podemos ver que está preparándose usted para la adopción de una Constitución que silenciará, debilitará y condicionará a las instituciones de Europa. 
Además, cada vez más está doblegando la voluntad de Europa a los deseos norteamericanos y soviéticos. 
Al menos en esta ocasión, nos gustaría que dejara usted de lado la ambición personal y pensara en el interés colectivo. 
Deje de intentar a toda costa darse el gusto de firmar el proyecto de la Constitución Europea que bloquea la posibilidad de futuras modificaciones, degrada las funciones de la Comisión y paraliza la toma de decisiones unánime en el Consejo. 
Le pedimos que, al menos mientras sea Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, se abstenga de malvender el papel de Europa en el mantenimiento de los derechos humanos, incluso cuando estos se ven pisoteados por los norteamericanos en Guantánamo o los rusos en Chechenia, todo por pasar un fin de semana en Camp David con el Presidente Bush o de viaje por Cerdeña con el Presidente Putin. 
Hable claro sobre estos asuntos si es que tiene el coraje, siempre y cuando no suponga que tiene un conflicto de intereses en este terreno. 
Señor Berlusconi, han pasado cuatro meses desde que la Conferencia de Salónica le confió la elaboración del proyecto de Constitución y, transcurrido ese tiempo, aún no hay indicios de que se puedan superar las conocidas diferencias existentes en algunos puntos fundamentales, como la discusión de si el voto del Consejo debe ser unánime o no, acerca de la composición de la Comisión o, incluso menos, con relación a las políticas económica y social o exterior y de defensa, en la que las fuerzas militares europeas complementarían a las de la OTAN y, por tanto, estarían subordinadas a los Estados Unidos en lugar de ser independientes. 
La Presidencia italiana no ha hecho nada y, a todos los efectos, ha demostrado ser incapaz de lograr resultados tangibles. 
Resulta vergonzoso el silencio imperante con respecto a sucesos trágicos en cuestiones internacionales, comenzando por la situación en el Oriente Próximo. 
No habrá paz, no se pondrá fin al terrorismo que todos condenamos mientras Israel siga ocupando los territorios palestinos, mientras siga en pie el vergonzoso muro separador. 
La ONU está paralizada por los vetos estadounidenses. 
La Presidencia italiana debe hacer algo. 
Los sermones no sirven para nada. 
Es el deber de Europa actuar con gran determinación, reconociendo formalmente la existencia del Estado de Palestina y favoreciendo la presencia de una fuerza de mantenimiento de la paz que pueda garantizar el respeto de las fronteras de ambos Estados, así como la aplicación de los acuerdos por la paz. 
En cuanto al Iraq, debemos exigir la retirada inmediata de las tropas ocupantes. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, se dice que la Unión estará basada en los principios de la democracia moderna y, sin embargo, son los Gobiernos de los Estados- es decir, el Consejo Europeo- quienes van a decidir el contenido del Tratado Constitucional. 
Y ello se llevará a cabo enmendando la plana a la Convención, que fue lo más parecido a una asamblea constituyente que, en todo caso, representaba mejor a los ciudadanos. 
Según los principios democráticos, la soberanía reside en el pueblo y no en los gobiernos ejecutivos. 
Pero no acaba ahí lo antidemocrático de esta Unión. 
Por mucho que se prevea aumentar las competencias legislativas del Parlamento Europeo, seguirán siendo los Gobiernos de los Estados en los Consejos quienes darán el visto bueno a las leyes y reglamentos europeos que luego serán obligatorios para todos. 
Por ello, yo pido que no exista un Consejo de Ministros legislativo sino una segunda Cámara territorial europea, cuyos miembros sean designados por los Parlamentos de los Estados y de las entidades constitucionales legislativas. 
Esa sí que sería una Europa democrática. 
Por otro lado, me parece una incoherencia pretender cambiar en el artículo 1 del Tratado la referencia actual a los pueblos por la de los ciudadanos cuando las Constituciones de los Estados se consagran a sus respectivos pueblos y en los artículos 5 y 8 se señala el respeto a la identidad de los Estados miembros. 
– Señor Presidente, la mayoría de las declaraciones realizadas aquí están dominadas por la indiscutible importancia política de la labor de la actual Conferencia Intergubernamental (CIG). 
No obstante, entre otras cosas vale la pena reiterar las referencias a la recuperación de la economía europea que, beneficiándose del final de una mejora del clima económico mundial, ha logrado aplicar una serie de propuestas clave en el marco de la iniciativa para el crecimiento europeo, con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones y la implicación del sector privado, como ya se ha mencionado anteriormente. 
El énfasis dado al problema de la administración de las fronteras comunes de la Unión merece también nuestra atención, con vistas a mejorar la seguridad de los ciudadanos. 
Resulta sin lugar a dudas fundamental definir políticas para controlar los flujos migratorios y la inmigración ilegal en particular. 
Si se combate la inmigración no autorizada, también se combaten las redes a través de las cuales pasa el tráfico de seres humanos, así como la actividad delictiva asociada. A la vez, como ya ha dicho usted, señor Presidente, se generan condiciones en las que los inmigrantes legales pueden ser acogidos generosamente e integrados como es debido en la sociedad de nuestros países. 
No obstante, la labor de la CIG domina la agenda, por lo que pensamos que ahora es un buen momento para recordar la gran responsabilidad política de la Presidencia italiana y los representantes gubernamentales que se esfuerzan actualmente por llegar a un acuerdo acerca de la revisión de los Tratados. 
Sin ánimo de menospreciar la labor realizada por la Convención –en la que he participado–, el hecho es que la revisión de los Tratados comenzó, para ser exactos, en el momento en que se inauguró la Conferencia Intergubernamental. 
A pesar de tener estas palabras siempre presentes, respetamos los Tratados actualmente en vigor. 
Por este motivo, el Consejo de Salónica consideró que la Convención era una buena base para el debate y no un hecho consumado a la espera del sello ministerial para su aprobación. 
A este respecto, y para concluir, esperamos de la CIG que, al finalizar su tarea, presente a los Parlamentos nacionales y los ciudadanos de los Estados miembros un tratado revisado cuyas cláusulas básicas mantengan el principio de equilibrio institucional que desde el principio ha permitido que los intereses y la igualdad de los Estados miembros sigan siendo compatibles con las necesidades de integración europea. 
– Señor Presidente, el Presidente Berlusconi ha destacado hace un momento, y cito, «la importancia histórica del paso constitucional que estamos a punto de dar». 
Y sin embargo, las primeras reuniones de la Conferencia Intergubernamental dan la impresión de dejar de lado el tema. 
En ellas se discute sabiamente sobre cuestiones de mecánica institucional, complejas pero a fin de cuentas secundarias, y todavía no se ha dicho ni una palabras del tema primordial: el principio mismo de una Constitución para una entidad superior, que se parece mucho a un superestado, con sus procedimientos de decisión supranacionales y su primacía absoluta del Derecho europeo. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno soslayan así la cuestión central: ¿por qué una Constitución? 
¿Se trata solo de una operación de aclaración de los Tratados? 
¿Se trata más bien de una etapa casi final de la construcción del superestado europeo? 
¿Responde ese superestado a las necesidades de una Europa ampliada? 
¿No sería la geometría variable una solución más adecuada? 
Todas estas preguntas fundamentales, que se escamotean de la vista del público, deberán plantearse algún día, esperémoslo, al menos con ocasión de los referendos de ratificación. 
Pero cuanto más tarde llegue ese día, señor Presidente, más brutal será el despertar. 
– Señor Presidente, nosotros los Conservadores británicos tomamos nota de las palabras del Sr. Berlusconi sobre la necesidad de relanzar la economía europea. 
Señor presidente en ejercicio, ha mencionado usted la competitividad, el crecimiento económico y la liberalización. 
Son todas ellas palabras bienvenidas, pero también son palabras muy manidas en declaraciones anteriores del Consejo. 
La cuestión es si esta vez estas palabras se traducirán en acción. 
Por desgracia, parece que de nuevo Europa está más interesada en la retórica que en la verdadera reforma necesaria para impulsar el proceso de Lisboa. 
La necesidad de una verdadera y profunda reforma económica estructural es apremiante. 
¿Qué pruebas hay de que los Estados miembros han emprendido acciones concretas para aplicar dicha reforma? 
El presidente ha hablado de su compromiso con la ejecución del plan de acción de los servicios financieros, pero la realidad es que bajo esta Presidencia los Estados miembros acaban de frustrar todo avance con respecto a la Directiva de servicios de inversión. 
El bajo crecimiento y el desempleo siguen siendo cuestiones cruciales para Europea: son cuestiones que solamente pueden abordarse en su totalidad mediante la aplicación de una decidida voluntad política de actuar sobre la debilidad estructural de la economía europea. 
Pero de nuevo Europa prefiere seguir adelante con la reforma constitucional e institucional, en lugar de adoptar medidas prácticas que establezcan una verdadera diferencia en las vidas diarias de nuestros constituyentes. 
Seguramente, el referendo sueco contenía un mensaje para todos nosotros. 
¿Se le ha prestado atención? 
El mensaje de Suecia más bien parece haber llevado a algunos Estados miembros a una renovada convicción de que no hay que dar a los votantes la oportunidad de expresar sus opiniones sobre las grandes cuestiones europeas. 
Por supuesto, en España, Portugal, los Países Bajos, Dinamarca e Irlanda el electorado podrá opinar sobre la constitución en un referendo y me ha complacido saber que el Primer Ministro de Francia, el Sr. Raffarin, ha dicho que es necesario celebrar un referendo en este país. 
Por este motivo la semana pasada nos sentimos un poco confusos por la actitud del Gobierno británico en torno a la cuestión de un referendo en el Reino Unido. 
De hecho, el Gobierno parece hallarse sumido en un caos absoluto con esta cuestión: altos funcionarios informan en el Reino Unido de que rechazar un referendo es insostenible; un subsecretario de Exteriores mantiene la puerta abierta hasta que el Sr. Blair la cierra de golpe. 
El ochenta por ciento de los británicos quieren manifestarse en un referendo sobre esta Constitución. 
Ayer, mi partido en el Reino Unido lanzó una petición en nuestro Parlamento en este sentido. 
Los cambios fundamentales en la relación entre la Unión y los ciudadanos de Europa propuestos en el proyecto de Tratado no tendrán legitimidad sin el consentimiento de los ciudadanos. 
Hay otra cuestión que a mi juicio ha causado en los últimos días una verdadera preocupación en el Reino Unido: el futuro de la defensa europea y la alianza transatlántica. 
Nuestros aliados norteamericanos han expresado una sincera preocupación en torno a las propuestas de defensa del proyecto del Tratado. 
El Embajador de los Estados Unidos ante la OTAN ha dicho hace poco que constituyen la mayor amenaza para el futuro de la OTAN. 
El Primer Ministro británico opina lo contrario, que no haría nada por debilitar a la OTAN, pero naturalmente se trata del Primer Ministro que aseguró a los británicos que la Constitución es un mero «ejercicio de limpieza». 
Francia y Bélgica siguen queriendo que se cree una estructura militar separada con un nuevo cuartel general en Bruselas. 
Esto nos parece un desafío a la supremacía de la OTAN en la defensa europea. 
Quiero dejarlo claro, que conste en acta nuestra posición clara e inequívocamente. 
Consideramos que la OTAN el cimiento de la defensa europea y toda iniciativa que pretenda crear una estructura paralela en el marco de la Unión Europea socava esta arraigada y probada alianza. 
– Casi ni me atrevo a recordarles que en el año 2000 acordamos que nos convertiríamos en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo para el año 2010. 
Después de tantos debates y tan pocos avances, parece haberse convertido en una broma de mal gusto. 
Este informe del Consejo demuestra una vez más que necesitamos reducir la carga administrativa para la industria. 
Nadie tendrá problemas para estar de acuerdo con esto sobre el papel, pero ¡somos de verdad conscientes de lo que implica esto en la práctica? 
En los Países Bajos, Gerrit Jan Zalm, Ministro de Economía, ha establecido un sitio web llamado, con el fin de que las empresas especifiquen las dificultades exactas que encuentran para llevar a cabo su actividad. 
Le pido, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que haga lo mismo en la Unión Europea. 
Debemos dar a las víctimas la oportunidad de expresarse. 
Solo si tenemos una visión seria de las cargas administrativas podemos empezar a trabajar. 
Para concluir, señor Presidente, en su última visita a este Parlamento percibí su gusto por las bromas, por lo que entiendo que las promesas que hizo a Ucrania acerca de la adhesión de este país a la UE son una muestra de su original sentido del humor. 
Sin duda primero debemos tener éxito con la actual ampliación y solo después podremos pensar en hacer nuevas promesas. 
– Señor Presidente, Señorías, mientras algunos afirman que los Gobiernos de Europa están desmembrando gradualmente el compromiso que la Convención ensambló laboriosamente en torno a la Constitución, otros sostienen la legitimidad de la modificación por su parte del proyecto de la Convención. 
Para quienes estuvieron en Ámsterdam y Niza, la Cumbre de Bruselas supone más de lo mismo. 
En todo caso, no podemos negar el hecho de que los representantes de los Parlamentos nacionales tuvieron que ver en el consenso que la Convención estableció minuciosamente. 
Las señales enviadas desde Bruselas me dejaron pensativa. 
Puede que los Gobiernos de Europa no hayan avanzado en absoluto, aunque afirman que están progresando en la dirección correcta. 
El Canciller Federal alemán, el Sr. Schröder, permite que el Presidente francés Chirac lo represente. 
Aunque en Europa sabemos que nada se puede hacer sin París y Berlín, ¿era realmente necesario montar tal exhibición de fuerza para desairar a quienes advierten contra un directorio franco-alemán? 
Por último, está la iniciativa para el crecimiento, que ha hecho correr mucha tinta pero no ha comportado acción alguna desde la resolución de Essen –permítanme recordarles que esta data nada menos que de 1994–, lo que significa que es preciso elaborar un programa de arranque rápido a tiempo para la cumbre de diciembre, enumerando los proyectos RTE que hay que llevar a cabo. 
Esto deja abierta la cuestión de cuánto dinero aportará la UE a los proyectos RTE y de si el Pacto de Estabilidad sustituirá al Pacto de Crecimiento o viceversa. 
A mi entender, el crecimiento es imposible sin estabilidad, ya que al fin y al cabo las deudas de hoy son impuestos para mañana. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, en mi intervención me centraré principalmente en la labor de la Conferencia Intergubernamental, que sin lugar a dudas es la pieza clave de la Presidencia italiana del Consejo, y queremos animar a la Presidencia italiana a que la complete antes de que termine el año, ya que esta es la única forma de asegurar que, después de la ampliación, Europa podrá seguir emprendiendo acciones de forma transparente y aceptable para sus ciudadanos. 
Se trata de una enorme tarea que los Jefes de Estado o de Gobierno deben asumir en el interés de Europa. 
Así que yo también deseo pedir al Consejo y a los Jefes de Estado o de Gobierno en su conjunto que tengan plenamente en cuenta el punto de vista europeo y la responsabilidad que tienen hacia Europa en las negociaciones, y que no se enreden en asuntos nacionales insignificantes. 
Ya vimos en la última Conferencia Intergubernamental en Niza hacia dónde nos puede arrastrar esto y que no representa el espíritu europeo que necesitamos desesperadamente. 
Los ciudadanos tienen grandes expectativas y el Consejo asume grandes responsabilidades. 
De esta forma, la Convención produjo un resultado sorprendentemente positivo. 
En mi opinión, se presenta una base excelente para las deliberaciones que van a tener lugar ahora en la Conferencia Intergubernamental. 
Sin embargo, es preciso hacer algunos comentarios críticos al margen de todos los aspectos positivos. 
En primer lugar, me parece correcto y adecuado que hallemos un lugar en el preámbulo de este Tratado para incluir el legado cristiano que ha conformado este continente como ninguna otra cosa, es el broche que lo mantiene unido. 
A pesar de todo el ruido que quiera hacer el Sr. Cohn-Bendit al respecto, no podrá negar que también sus raíces se encuentran en el legado cristiano de este continente. 
Al reaccionar de esta forma, demuestra que estoy en lo cierto. 
En segundo lugar, debemos considerar si la Convención, en la parte 3, ha sobrepasado sus límites al transferir determinadas tareas al nivel europeo, tareas antes inexistentes y que no deberían aparecer ahora. 
A título de ejemplo, citaré los servicios de interés general. 
Si entiendo bien el concepto de subsidiariedad, el nivel europeo no tiene que intervenir en los servicios de interés general, ni en la coordinación de la política social y económica. 
Desconozco el valor añadido que pueda aportar Europa en este terreno, donde es muy probable que un poco más de subsidiariedad y competitividad entre los Estados miembros beneficie al mercado interior en cuanto a la consecución de los objetivos de Lisboa. 
Lo mismo se puede decir de las normas para acceder a los mercados laborales nacionales. 
Se trata de asuntos cuya responsabilidad recae sobre los Estados miembros y el público espera que las respuestas a sus preguntas provengan de estos y no del nivel europeo. 
Si resolvemos también estos problemas, al final tendremos un Tratado que merezca realmente el apoyo de los ciudadanos de toda Europa. 
Lo más decente que el Consejo puede hacer es asumir su responsabilidad como representante de los ciudadanos de Europa. 
– Señor Presidente, Señorías, lo correcto sería que el proyecto de la Convención llegara a la conclusión de que tenemos muy poca Europa en lugar de demasiada. 
Por este motivo necesitamos coordinación no solo en la política económica y financiera, sino también en la política social y de empleo. 
Opino que la iniciativa para el crecimiento e inversión que ahora debatimos deja patente la debilidad de nuestra idea de cómo hay que organizar el crecimiento y el empleo. 
Por este motivo, invito al Consejo y a su Presidente a que se expresen de forma más definida sobre estos enfoques que deseamos adoptar. 
Considero positivo volver a las medidas de modernización de infraestructuras y pensar sobre la energía y el medio ambiente en lugar de tan solo el transporte. 
Me parece oportuno que recapacitemos sobre la investigación y desarrollo, aunque sobre todo debemos iniciar una ofensiva de cualificación en todos los Estados miembros de forma simultánea, ya que no podremos impulsar el crecimiento sin gente preparada, ni podremos convertirnos en una sociedad basada en el conocimiento en la que todo el mundo pueda participar. 
Por ello hay que hacer todo lo posible por abastecernos de servicios sociales que funcionen y que deben, en concreto, ayudar a reconciliar la vida familiar y laboral, ya que la mujer es indispensable si deseamos alcanzar la mayor tasa de empleo que necesitamos. 
Suecia, Dinamarca y Finlandia han demostrado cómo se puede llevar a cabo todo esto. 
La Unión Europea no carece de fondos y no me refiero únicamente al BEI o las demás opciones disponibles. 
No puedo dejar de pensar en la forma en que, en esta Unión Europea, se evade el pago del IVA por importe de unos 100 000 millones de euros al año, aparte de otros impuestos. 
Esto significaría más que estos 220 000 millones de euros en diez años, lo que nos permitiría iniciar algo que funciona realmente. 
Por tanto, ha llegado el momento de que no hagamos como su propio país esperando amnistías fiscales; debemos coordinar la asistencia mutua de las autoridades fiscales para frenar la escandalosa actividad delictiva transfronteriza, como la facturación fraudulenta, el mercado de automóviles y teléfonos móviles y el uso de la evasión de IVA como medio para financiar otras actividades turbias; debemos frenar y poner fin a todo ello de una vez por todas. 
– Señor Presidente, no es posible sorprenderse sinceramente de la lentitud con que avanza la apertura de esta fase de la CIG. 
Simplemente hay que confiar en que, como los Primeros Ministros han tenido más tiempo para reflexionar sobre el resultado de la Convención y sobre la peor calidad de sus propias propuestas, estarán más cerca de aceptar el resultado de la Convención y de venderlo a sus poblaciones. 
Una cuestión que me preocupa especialmente es la falta de un programa claro para examinar la Parte III. La CIG es sin duda una maravillosa oportunidad para renovar y modernizar los capítulos políticos, algunos de los cuales, como la Política Agrícola Común, datan de hace 50 años. 
Si la Parte III no puede reformarse debidamente, la CIG debe, al menos en la Parte IV, intentar suavizar los futuros procedimientos de revisión para la Parte III. 
– Señor Presidente, en el Consejo Europeo de Bruselas, los dirigentes europeos renunciaron evidentemente a la idea de instaurar cuotas de inmigración por nacionalidades. 
Esta decisión, que se produce tras las declaraciones del Sr. Fini, favorable al derecho de voto de los extranjeros en Italia, así como las del Sr. Prodi, que desea mantener su compromiso a favor de la integración mediante la obtención de nuevos derechos civiles y políticos, demuestra la complicidad y la participación activa de los actuales dirigentes de Europa en el proceso de apertura de las fronteras a la inmigración legal y, así, finalmente a la colonización masiva de Europa. 
Estas políticas irresponsables nos conducirán inevitablemente a la pérdida de nuestras identidades nacionales, a la comunitarización étnica de las sociedades europeas y a la pérdida de la unidad nacional, garante de la paz civil. 
Pero sabemos que, felizmente, la colonización de Europa no se llevará a cabo sin unas legítimas, sanas y saludables reacciones por parte de sus ciudadanos. 
Señor Presidente, la verdad es que a la Presidencia italiana no le ha correspondido una agenda fácil. 
Voy a referirme a tres puntos. 
En primer lugar, el alumbramiento difícil de la Constitución. 
Esperamos con impaciencia las propuestas que la Presidencia en ejercicio va a realizar para tratar de superar las cuestiones pendientes en la segunda quincena de noviembre y celebramos que se nos haya dicho que esas propuestas van a situar el problema en una perspectiva global. 
Entiendo por global, señor Presidente en ejercicio del Consejo, una solución que pueda afectar al conjunto de las Instituciones, que pueda recabar el acuerdo de todas las Instituciones, también de todos los Estados miembros- algunos de los cuales han anunciado ya la celebración de referéndum- y de todos los Estados nuevos- que también han celebrado referéndum en otro contexto-. 
Creo, señor Presidente, que este es un dato del problema que conviene no soslayar. 
La segunda dificultad que tiene la Presidencia italiana es cómo recuperar la senda del crecimiento sostenible y de la creación de empleo. 
Señor Presidente de la Comisión, crecimiento sí, pero estabilidad también. 
Celebramos la propuesta de la iniciativa del crecimiento de la Comisión, según la cual las infraestructuras han de desempeñar un papel fundamental, porque se suele decir, señor Presidente, que cuando la Europa de las infraestructuras, la Europa de la construcción, va bien, va bien la construcción de Europa. 
Esto por una sencilla razón: la integración de los mercados no es sólo una noción política o jurídica sino, sobre todo y eminentemente, una noción física. 
De ahí la importancia fundamental de las infraestructuras, que- al ser sistemas inertes- hacen irrecuperables los retrasos acumulados. 
O Europa resuelve de una vez por todas el problema de las infraestructuras o tendrá que renunciar para siempre a sus aspiraciones de convertirse en el espacio más competitivo en el año 2010. 
La última dificultad a la que me quería referir en esta intervención es la de cómo restaurar las relaciones con los Estados Unidos tras la crisis del Iraq y tras los acontecimientos del 11 de septiembre. 
Creo, señor Presidente, que tenemos que poner el acento no en lo accesorio sino en lo fundamental. 
Lo fundamental es una historia compartida, unos valores comunes que rechinan- como nos han recordado nuestro presidente, Sr. Poettering, y otros -, en asuntos como Guantánamo y la pena de muerte, y también en una pasión común por la libertad. 
Tenemos una magnífica ocasión en estos momentos de dar una visión unida de nuestro proyecto de Unión Europea en la próxima Conferencia de Donantes porque- como tuve ocasión de decir ayer en el debate sobre el presupuesto- la rehabilitación, reconstrucción, pacificación y democratización del Iraq no es una tarea que deba corresponder a la responsabilidad exclusiva de los Estados Unidos, sino a la comunidad democrática internacional. 
Señor Presidente, decía al principio de mi intervención que la Presidencia italiana no tiene una agenda fácil. 
Pero es evidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que sin metas difíciles no hay cumbres que valga la pena remontar. 
Por eso, señor Presidente, quisiera desearle suerte y aciertos a la Presidencia italiana en los meses decisivos que le quedan. 
Señor Presidente, en primer lugar quería empezar diciendo que Cataluña, de donde vengo, junto a Aragón, el Rosellón y los territorios colindantes, sufren aún por la falta de voluntad o la mala voluntad demostrada por los Gobiernos español y francés y las otras autoridades responsables para desarrollar las infraestructuras que permitirían, efectivamente, eliminar la frontera pirenaica. 
Es un ejemplo de estupidez y miopía- un ejemplo más- ya que una eurorregión aún más dinámica y potente en esta zona reportaría beneficios a todos. 
Espero que el anuncio hecho por el presidente Prodi de aumentar en un 30% el financiamiento de los tramos transfronterizos de las redes europeas ayude a los Gobiernos a ser consecuentes con las conclusiones del Consejo que ellos mismos firman. 
El desarrollo de la Europa libre sin fronteras es una cara de la moneda; en el reverso, está la gestión de las fronteras exteriores y la circulación de las personas. 
Ahí hay idéntica cicatería y falta de ambición. 
Celebro que el Consejo reitere la visión global del fenómeno migratorio adoptado en el Consejo Europeo de Salónica; es importante, pero ya se trató en el Consejo Europeo de Tampere la admisión, la residencia, la integración, el control de las fronteras y la creación de dinámicas positivas en relación con la inmigración para los países de acogida y origen. 
Un programa legislativo y una acción política coherente y clara que haga más atractivo ir al consulado que echarse al mar están sobre la mesa desde hace años, igual que tenemos un programa europeo para ofrecer justicia y seguridad a los ciudadanos europeos a partir de la cooperación entre los Estados miembros, cuya pieza clave es la orden de búsqueda y captura europea. 
Señor Presidente del Consejo, ¿de qué hablan ustedes en los Consejos? 
¿Cómo pueden hacer declaraciones genéricas de lucha contra el crimen cuando lo que esperamos es que nos digan cómo, cuándo y de qué manera van ustedes a adoptar las propuestas que tenemos encima de la mesa, y si van a ser efectivas en la fecha prevista en todos los Estados miembros? 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, se ha dicho que esta cumbre también estaba repleta de las llamadas decisiones. 
Me pregunto qué piensan los ciudadanos de Europa de una organización que, cumbre tras cumbre, sigue tomando decisiones que los Jefes de Estado ni siquiera consiguen que cumplan sus propios Ministros. 
¿Existe alguna proporción entre costes y resultado? 
Presidente Berlusconi, usted ha tenido la oportunidad de poner coto a estas resoluciones sin sentido tomadas en la cumbre y lamento que no lo haya hecho. 
Subrayo también que he criticado a Presidencias anteriores sobre el mismo tema. 
Para mí es importante que las cumbres se reformen radicalmente de modo que las personas vuelvan a tener confianza en la UE y sus instituciones. 
Presidente Berlusconi, en su intervención ha hecho usted hincapié en los valores cristianos. 
Uno de los valores cristianos que pienso que todos, independientemente de su denominación, debemos profesar es el de aliviar el sufrimiento en la medida de lo posible. 
Por tanto, me preocupan los numerosos intentos que se están realizando para detener las nuevas investigaciones sobre ingeniería genética en que se hace uso de todo tipo de células madre. 
Promover esta investigación es reducir el sufrimiento. 
Señor Presidente, quiero dirigir dos mensajes al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo y al Sr. Presidente de la Comisión. 
El primero es que no podemos ni debemos finalizar este debate sin un compromiso político serio y riguroso, para acabar, de una vez por todas, con las muertes, la explotación y el tráfico de seres humanos, en definitiva, con las terribles tragedias humanas que, en la frontera sur del Mediterráneo, vivimos día a día. 
Compromisos y no palabras. 
A la oleada de 528 emigrantes que hace unos días desembarcaron en las costas andaluzas y en las Islas Canarias, hay que añadir también los aproximadamente 70 que, según parece, han muerto al intentar llegar a las costas de Sicilia. 
Y es muy posible que hoy o mañana sigamos añadiendo cifras a esta siniestra lista. 
El segundo mensaje es que la Unión Europea, como tal, no puede afrontar políticas comunes de inmigración y asilo sin que los acuerdos que los Estados miembros adoptan, bien en interesantes reuniones como la que ha tenido lugar en La Baule, que pueden dar lugar al inicio de una cooperación reforzada en este ámbito, bien en las propias del Consejo de Ministros, no se reflejen después en políticas solidarias que lleven a compartir cargas y responsabilidades, tanto desde el punto de vista económico como del de medios humanos y materiales. 
Por eso entiendo que hay que materializar también, por ejemplo, la necesidad de crear un fondo europeo para la repatriación de inmigrantes ilegales. 
Hay algunos países, como por ejemplo el mío, España, que soportan un alto coste en los casos de repatriación. 
Dicho esto, es absolutamente necesario contar también con una actitud mucho más responsable de los países de origen y tránsito, y muy especialmente de quienes se privilegian de unos acuerdos de asociación que se deben cumplir en todos sus términos y no solamente en los económicos. 
No está de más que, por parte de la Comisión y del Consejo, en el marco de esos acuerdos, se haga una llamada exigente y contundente a países que, como en el caso de Marruecos o Túnez, son el origen de los trágicos sucesos a los que me he referido. 
– Señor Presidente, las comparecencias del Sr. Berlusconi en esta Cámara son destacables en muchos aspectos. 
Hoy, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ha logrado usted hablar durante 19 minutos y 39 segundos durante los cuales ha opinado mucho sobre el crecimiento económico, la competitividad, la innovación, la política industrial, para volver al aumento de la competitividad y la política exterior. 
En todo esto podemos estar de acuerdo. 
Sin embargo, en 19 minutos y 39 segundos no ha podido decir ni una palabra, ni siquiera una sílaba, sobre el tema de la política medioambiental o la sostenibilidad. 
Podemos agradecerle al Sr. Prodi, Presidente de la Comisión, por pensar a todas luces en lo que son formas indudablemente menos simplistas y por gozar además de buena memoria, ya que él sí mencionó que las políticas de la Unión Europea siempre deben guiarse por el principio de sostenibilidad, y nos ha recordado a todos el proceso de Lisboa, del que estoy segura que usted también tiene algún recuerdo. 
El proceso de Lisboa significa que las políticas de la Unión Europea deben, por supuesto, capacitarla para competir, teniendo en cuenta al mismo tiempo los criterios medioambientales y de sostenibilidad. 
Se las ha apañado usted para insertar en las Conclusiones del Consejo una declaración sobre política industrial, en que las consecuencias de toda la legislación de la UE propuesta sobre empresas deben tenerse en cuenta mediante una evaluación de impacto exhaustiva y con ayuda de un buen ejemplo ha propuesto inmediatamente empezar con la política sobre productos químicos, que sorprendentemente usted desea tratar en el Consejo de la Competencia en lugar del Consejo de Medio Ambiente. 
Supone una gran sorpresa –sin lugar a dudas, uno de los momentos más sorprendentes de la semana– y no solo para mí, sino también para sus compañeros del Consejo. 
Por este motivo, señor Berlusconi, le pregunto si es consciente de que la política medioambiental no es solo algo que hacemos porque somos buenos o quizás porque queremos intentar hacer las cosas de una forma ecológica; más bien tratamos de implantarla porque hace que nuestra industria sea competitiva y porque nos permite legar a nuestros hijos hereden nuestro planeta y nuestro entorno inmediato, y quizás porque nos permite mantener las buenas condiciones de vida que disfrutamos. 
Cuando compareció usted por última vez ante esta Cámara, le pregunté si tenía intenciones de utilizar su fuerza y un poco más de energía para hacer avanzar las medidas medioambientales de la Unión Europea. 
No me ha respondido usted a esta pregunta. 
Espero que lo haga ahora y que defina su postura acerca de los aspectos ecológicos de sus políticas y la forma en que personalmente evaluaría los recursos, así como los progresos que ha conseguido hasta el momento. Precisamente es importante que señale lo que entiende por éxito en términos ecológicos y si ha conseguido hasta la fecha algún tipo de éxito en materia de política medioambiental. 
Señor Presidente, resulta siempre difícil resumir o evaluar en dos minutos un Consejo con una agenda completa como el último que ha tenido lugar en Bruselas. 
Voy a hablar del contexto económico, también con referencia a muchas de las intervenciones de esta mañana. 
Es un hecho que algo no es correcto en nuestro análisis, que hay algo erróneo en alguna parte. 
Acabamos de finalizar una cumbre mundial de la Organización Mundial del Comercio que no ha dado los resultados esperados, «fracaso» sería la manera más realista de describirla; nuestro enfoque multilateral de las políticas comerciales se encuentra actualmente en una profunda crisis; debemos volver a determinar si los requisitos de Doha aún carecen de base o si la evolución de Doha nos llevará a tomar otras posturas. 
Al mismo tiempo, actualmente en Europa los niveles de inflación están controlados en lo esencial: diría que los precios de la energía se encuentran aceptablemente estabilizados y las condiciones del mercado financiero no son negativas. 
Por tanto, la pregunta es: ¿por qué no hay recuperación? 
La recuperación económica depende de una serie de factores que solo pueden incidir en un contexto europeo. 
Es cierto que actualmente estamos reinterpretando un modelo keynesiano reajustado a los tiempos modernos, aunque en dicho modelo necesitamos acelerar las reformas estructurales. 
Cuando hablamos de reformas estructurales, nos enfrentamos también a la carga y la tarea política de dejar a un lado los privilegios de posición que en estos momentos suponen un peso con respecto al desarrollo económico. 
Las propuestas de Bruselas son concretas e interesantes. 
Hemos aprendido que la política constituye una tarea que debe producir resultados a diario y que se construye sobre la base del esfuerzo y trabajo cotidianos. 
El 12 y 13 de diciembre creo que veremos concretado en propuestas definidas gran parte de lo discutido en el Consejo de la semana pasada. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted, señor Presidente de la Comisión, ha hablado de «pasar de las palabras a los hechos». 
En efecto, se trata de aplicar las decisiones en lugar de anunciarlas, y pasar de la ampliación a la integración. 
No solo para los medios, sino también para muchos de nosotros en esta Cámara, la cumbre tuvo más de retórica que de sustancia. 
No voy a negar que lo atribuyo a la fecha en que tuvo lugar. 
Catorce días después de la reunión de Roma, ¿qué nuevos avances se pueden esperar en el frente constitucional? 
¿Qué clase de respuesta esperaba la Comisión sobre su iniciativa para el crecimiento en vista de la insuficiente preparación de esta y el hecho de que la UE no dispone de política industrial ni económica? 
¿No es quizá necesario combinar los programas económicos de los Estados miembros y la iniciativa para el crecimiento en un paquete con capacidad financiera real, así como establecer quién hará qué y cuándo en Europa a fin de lograr los objetivos que hemos acordado conjuntamente? 
He mencionado que los anuncios deben dejar paso a la aplicación de las decisiones tomadas. 
No necesitamos nada nuevo. 
Queremos que Europa sea fuerte en el mundo y que, internamente, se estructure en líneas subsidiarias. 
Queremos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; acatémoslo y apliquémoslo. 
Tenemos el concepto de mercado interior; hagámoslo realidad de una vez por todas. 
Contamos con una política de competencia; hagamos que las barreras a la competencia se eliminen en todos los Estados miembros. 
Tenemos los objetivos fijados en Lisboa, Gotemburgo y Barcelona; ahora necesitamos programas operativos para aplicar las decisiones y no más anuncios. 
En segundo lugar, tenemos ante nosotros una base equilibrada para tomar decisiones acerca de la Constitución. 
Todos sabemos qué puntos quedan por resolver. 
Aunque los servicios de interés general están sujetos al principio de subsidiariedad, forman parte del modelo social europeo y por tanto necesitan una derogación del derecho en materia de competencia. 
Los retrasos no ayudarán a resolver estos problemas. 
Podemos cumplir el calendario, puesto que los asuntos están aún sobre la mesa. 
En tercer lugar, decimos «sí» y «no» a un referendo, con lo que queremos decir «sí» o «no» a un referendo nacional sobre la reforma. 
Para concluir, le planteo una pregunta. ¿Entonces por qué no empezamos a reconsiderar también este asunto? 
Yo digo «sí» a un referendo en toda Europa, «sí» a una campaña de información en toda Europa, «sí» a un resultado en toda Europa. 
Esto significa que la mayoría de los Estados y de los votos decidirán en lugar de nacionalizar un proyecto europeo. 
– Señor Presidente, el informe del Consejo empieza con un breve párrafo sobre el Tratado Constitucional. 
Está claro que apenas no hay avance alguno del que informar al respecto. 
En cualquier caso, en algunos aspectos se escuchan comentarios no tan positivos. 
Resulta difícil ampliar primero y solo después ir al fondo. 
Lo habíamos anticipado todo el tiempo. 
La creciente fijación en el ideal de lo que se denomina soberanía nacional e intereses nacionales provoca propuestas centradas principalmente en la idea de cómo podemos frustrar el proceso de toma de decisiones en Europa. 
Esta es la idea central de la mayoría de los intentos de cambiar el resultado de la Convención. 
Algunos desean mantener el derecho de veto, mientras que otros quieren reducir a esta minoría de bloqueo, a la vez que hay quienes desean estructurar la Comisión de forma que todas las objeciones relacionadas con el proceso de toma de decisiones del Consejo vuelvan a la Comisión. 
Esto debilitaría a la Comisión, convirtiéndola en un órgano de prejuicio nacional. 
Por último, en cuanto a las declaraciones del Sr. Karas, todos nos enfrentamos a esos referendos nacionales que, en conjunto, constituyen una herramienta no democrática de toma de decisiones, ya que una pequeña mayoría de un solo país puede provocar que toda Europa quede estancada. 
Si eso es democracia, apaga y vámonos. 
Todo ello está en contradicción con las intenciones de los fundadores de la integración europea, quienes lograron iniciar esta gigantesca innovación gracias a su amplia visión europea. 
Si se hubieran quedado en un mosaico de intereses nacionales de mira estrecha, Europa se habría reducido a una plataforma de juego de poderes, violenta o no, según el caso. 
Tenemos que seguir llamando a las cosas por su nombre. 
Un Comisario que no puede dar prioridad a los intereses de Europa sino sus propios intereses nacionales es un Comisario corrupto que hay que deponer. 
El Parlamento no se puede ver reducido a un grupo de recaderos de los Gobiernos de los Estados miembros. 
Después de todo, somos representantes directos de los ciudadanos europeos. 
Me entristece que en algunos nuevos Estados miembros los líderes no distingan, por razones demagógicas, entre el papel de Bruselas y el de la Moscú soviética. 
Esperamos que la ampliación, que durante mucho tiempo ha sido nuestro más profundo deseo, reforzará considerablemente la idea de Europa, puesto que ese es el objetivo. 
– Señor Presidente, Señorías, el hecho de que las nuevas fronteras exteriores deban ampliarse, con las consiguientes presiones migratorias, me lleva a acoger su marco como prioridad para reforzar el espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Me agrada la elección que ha hecho del enfoque multidisciplinario para tratar este punto, incluida la seguridad de las fronteras exteriores y los procedimientos acelerados de asilo, junto con medidas para tratar la inmigración, reforzando la legal y combatiendo la ilegal. 
No obstante, quisiera hacer algunos comentarios concretos, empezando con uno sobre la administración de las fronteras exteriores. 
Si deseamos tener una gama completa de proyectos para gestionar las fronteras exteriores de forma novedosa, con muy altos niveles aplicados en todas partes, se necesita coordinación. 
La Comisión y el Consejo han propuesto ahora el establecimiento de una nueva agencia, pero se plantea la pregunta de dónde ubicarla. 
No estoy a favor de someter de nuevo nuestras competencias a una agencia sobre la que no tenemos control; por el contrario, prefiero que una unidad coordinadora –que también se puede llamar agencia– se establezca dentro de la Comisión, donde podría funcionar con eficacia. 
Así que le pido que, cuando juzgue las opciones, considere esta. 
Mi segundo comentario tiene que ver con la política de repatriación. 
Si desea reunir políticas creíbles sobre el asilo y la inmigración legal, debe combatir la inmigración ilegal y el abuso del asilo, por lo que también necesita una política común de repatriación. 
Así pues, le animo a que en el futuro concluya acuerdos de repatriación, no solo con Estados como Macao, sino de hecho también con los Estados de los que podemos esperar la mayoría de inmigrantes. 
Es lo que esperamos y contará con nuestro apoyo en esta tarea. 
Además, le ayudaremos en la labor de proporcionar información a la población de estos países, lo que representa la mejor forma de evitar el tráfico de seres humanos. 
Finalmente, le pido que ejerza mayor presión sobre los Estados miembros para que por fin apliquen las directivas sobre los procedimientos de asilo y el estatuto del refugiado, de forma que podamos de una vez por todas asegurar que se tomen decisiones y que se cumplan los procedimientos con rapidez, y que los refugiados obtengan ayuda sin demora. 
– Señor Presidente, deseo comentar brevemente las declaraciones del Presidente en ejercicio del Consejo sobre política exterior y el resultado del Consejo. 
No podía evitar tener la esperanza de que el Consejo le prestase atención a la situación en Oriente Próximo y lamentase la forma en que esta se ha deteriorado. 
Es lo que ha hecho, apelando a que ambas partes renuncien a la violencia e imponiéndoles una política de moderación. 
Hoy, señor Presidente del Consejo, le invito a que haga todo lo posible, ya sea a través de canales oficiales o no, para dar apoyo real a todas las iniciativas de paz provenientes de Palestina o Israel. 
Entre otros asuntos, me refiero aquí a los denominados acuerdos de Ginebra, una espléndida iniciativa de quienes se han visto implicados profundamente en todo este complejo proceso. 
Permítame hacer una excepción aquí y citar al escritor israelí Amos Oz, que ha afirmado lo siguiente sobre estos acuerdos de Ginebra: «Desde la Guerra de los Seis Días estamos tan cerca de los palestinos como un carcelero lo está del prisionero que lleva esposado a su mano. 
Un carcelero con la muñeca esposada a la de un prisionero durante una hora o dos es cuestión de rutina. 
Pero un carcelero que se esposa a un prisionero durante treinta y seis largos años ya no es un hombre libre. 
La ocupación también nos ha robado a nosotros la libertad». 
En mi opinión, estas palabras expresan con claridad la necesidad de que la Unión Europea también contribuya de alguna forma a poner fin a este estado de falta de libertad, que esta situación ha hecho que prevalezca en la propia Israel, y el hecho de que los acuerdos de Ginebra nos ofrecen un buen ejemplo. 
Los últimos días, sin embargo, han demostrado también que el conflicto en Palestina y la situación en el Iraq se encuentran más estrechamente conectados de lo que hemos expresado repetidamente en esta Cámara. 
Aunque, señor Presidente del Consejo, actualmente existan muestras de júbilo ante la adopción unánime de la resolución de las Naciones Unidas, no debemos abandonar los objetivos que esta Cámara ha buscado siempre en relación con la política hacia el Iraq: un papel destacado de las Naciones Unidas y una progresiva pero rápida y claramente definida transferencia de poderes de los norteamericanos, de las fuerzas armadas, a los iraquíes. 
El Iraq pertenece a los iraquíes, y debe quedar claro, sin ambigüedad y con relativa rapidez, que la Unión Europea desea aplicar este principio y ponerlo en práctica. 
No estoy muy satisfecho con la forma en que se produjo el acuerdo con el Irán. 
Habría preferido si se hubiese llegado a un acuerdo con el Sr. Frattini, Presidente del Consejo de Asuntos Exteriores, junto con el Sr. Solana, Alto Representante. 
Sin embargo, debemos sentirnos satisfechos de que los tres Ministros de Asuntos Exteriores europeos pudieran llegar a un acuerdo con el Irán. 
Se pueden alcanzar acuerdos sin guerra, por medios pacíficos, mediante negociaciones con países que muestren resistencia, y debemos alegrarnos de que este acuerdo tan importante con el Irán parezca haber llegado ahora a buen puerto. 
– Señor Presidente, durante los debates de la Convención los pesimistas predijeron un resultado negativo, en el mejor de los casos un retraso que pondría en peligro el objetivo de dotar a la nueva Europa de su primera Constitución en un corto espacio de tiempo. 
En su lugar, las cosas han ocurrido como todos sabemos: al final ha prevalecido la política, ha prevalecido el sentido de responsabilidad y Valery Giscard d´Estaing, a pesar de las críticas iniciales, ha conseguido su objetivo. 
Hoy, en esta Cámara, algunos pesimistas han hecho predicciones negativas sobre el resultado de la CIG. 
Naturalmente, nadie cree que el trabajo de la Conferencia Intergubernamental no vaya a encontrarse con obstáculos. 
Nadie cree que todo vaya a ser fácil, pero estoy convencido de que al final, como en el caso de la Convención, prevalecerá el interés europeo. 
Por esta razón soy optimista, y estoy convencido de que esta Presidencia hará que Europa avance de forma significativa. 
¿Cómo no acoger con satisfacción la declaración del Primer Ministro español, Sr. Aznar, o cómo no acoger con igual satisfacción algunas afirmaciones del Presidente Chirac? 
La política es mediación, no propaganda; es la capacidad de llegar a la meta dentro del plazo previsto. 
Por lo tanto, estoy convencido de que esta Presidencia conseguirá los objetivos que se ha propuesto: Europa tendrá, antes de las próximas elecciones europeas, su primer Tratado constitucional, fruto del valioso trabajo de la Convención y también fruto del trabajo del Parlamento. 
La participación activa del Parlamento en los debates de la Conferencia Intergubernamental constituye un resultado muy positivo, y esta elección demuestra que la Presidencia italiana ha mantenido sus promesas hechas en esta Cámara. 
Cabe subrayar la importancia de la referencia a nuestras raíces judeocristianas en el preámbulo de la Constitución. 
Señor Barón Crespo, no se trata de una cuestión de monopolio, sino de todo lo contrario; no podemos rechazar la contribución que el cristianismo ha hecho al crecimiento y al desarrollo moral y social de este continente. 
Me refiero a los valores que la Madre Teresa de Calcuta encarnaba y practicaba: valores que tanto creyentes como no creyentes compartimos. 
Cuando hablamos de la importante y difícil cuestión de la inmigración, Europa no puede desoír el grito de dolor de millones y millones de africanos. 
África, con sus tragedias, constituirá la prioridad de las próximas décadas. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, sus palabras confirman que el enfoque a esta gran emergencia es el adecuado. 
¡Continúe! 
Como muchos colegas diputados han afirmado hoy en esta Cámara, Europa –toda Europa– tiene que asumir la responsabilidad, en términos políticos y económicos, de la organización y protección de las fronteras. 
Repito que el camino emprendido por la Presidencia italiana es el adecuado. 
Por esta razón, tenemos que alentarlo y apoyarlo, igual que tenemos que apoyarlo, señor Bertinotti, respecto de la política de desarrollo. 
¿Cómo podemos considerar un aumento de la competitividad de nuestras regiones sin poner en marcha grandes infraestructuras destinadas a desarrollar el mercado interior y a crear empleo? 
Continúe también con las decisiones relativas a Lisboa: sin una reforma seria de los sistemas de protección social nuestros jóvenes no tendrán ninguna esperanza. 
La Alemania socialdemócrata ha emprendido este camino, al igual que la Francia de centro-derecha. 
Por lo tanto, no se trata de elecciones hechas por una u otra parte, sino de una cuestión de previsión política. 
La decisión de fomentar la investigación también es positiva: era una promesa hecha en esta Cámara en julio, y se ha mantenido; al igual que es una promesa la lucha contra la delincuencia organizada. 
Me complace ver que el Sr. Schulz lee los periódicos italianos con atención. 
Permítanme complementar su reseña de prensa con algunas noticias. 
Es bien sabido que, respecto del Fiscal Europeo, el gobierno italiano y la Presidencia actual han decidido adherirse al texto que la Convención ha presentado a la Unión Europea. 
Respecto de la orden europea de detención, también es bien sabido –está en la prensa italiana– que el proyecto de ley que modifica la normativa italiana en línea con la decisión marco prevista en el ámbito europeo ya ha sido presentado en el Consejo de Ministros y se discutirá pronto, antes de presentarlo al Parlamento para su aprobación antes del 31 de diciembre de este año. 
Por lo tanto, en conclusión creo que esta Cámara, a pesar de algunas intervenciones deliberadamente provocativas relativas a la afiliación política, está alentando a la Presidencia italiana a avanzar en el camino que ha emprendido. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los diputados que han intervenido. 
Hemos tomado buena nota de todos los discursos; los tendremos en cuenta durante los 50 días laborables que tenemos ante nosotros antes del Consejo Europeo de mediados de diciembre. 
Muchos sectores han hecho observaciones relativas a los logros y al trabajo de esta Presidencia. 
Sólo quiero señalar que es realmente difícil –y personalmente lo he experimentado– abordar todas las cuestiones que comporta una Presidencia en el poco tiempo disponible; sobre todo porque este plazo de tiempo se reduce, en la práctica, a sólo cuatro meses para el segundo semestre del año. 
En julio y agosto intentamos celebrar reuniones con los Jefes de Estado o de Gobierno, pero fue virtualmente imposible y nos limitamos a la posibilidad de conversaciones bilaterales. 
Por lo tanto, en términos de jornada de trabajo efectiva, para una Presidencia con este mandato, quedan cuatro meses durante el segundo semestre del año. 
Después llega el período navideño, con el consiguiente adelanto del último Consejo Europeo al 1 y 13 de diciembre, por lo que realmente queda muy poco tiempo disponible. 
Esto significa que tenemos que examinar atentamente la propuesta en el proyecto de Tratado Constitucional, que contempla la posibilidad de renovación de las presidencias que duran dos años y medio. 
Esperamos que sea posible encontrar un Presidente influyente que pueda representar con autoridad a nuestra Unión en la escena internacional, y que disponga del tiempo necesario para gestionar los sistemas de rotación según los que funciona el Consejo Europeo, lo que por supuesto no puede hacerse en un espacio de tiempo demasiado corto. 
Sin embargo, les recuerdo que durante este período la Presidencia italiana ha intentado cumplir con sus responsabilidades. 
Para intentar explicarles la cantidad de cosas que tiene que hacer una Presidencia, les contaré lo que hemos hecho: hemos celebrado más de 42 reuniones con representantes de gobiernos de países comunitarios y países candidatos; hemos zanjado varios viejos contenciosos que ninguna Presidencia había conseguido resolver; hemos presidido 26 reuniones del Consejo Ministerial, junto con todo el trabajo que tiene que hacer el Presidente en ejercicio del Consejo en persona para la preparación de estos Consejos Europeos en los diferentes sectores y para la coordinación de los mismos Consejos; hemos aprobado 17 reglamentos y directivas; hemos concluido tres procesos de conciliación con el Parlamento Europeo, que hacía algún tiempo que estaban en marcha; hemos comenzado la revisión técnica de los textos aprobados por la Convención –esto conlleva varias reuniones, y casi siempre de noche para el Presidente en ejercicio del Consejo; hemos celebrado ocho Consejos de Asociación y Cooperación, incluidos Armenia, Georgia, Jordania, Túnez y demás; hemos celebrado 10 cumbres y troikas, y además, esta semana iré a China; hemos celebrado 30 reuniones COREPER junto con todas las reuniones preparatorias; hemos celebrado 15 reuniones de trabajo con representantes de los Estados Unidos, Rusia, los Balcanes, Latinoamérica y otros países; por último, hemos celebrado más de 800 reuniones de grupos de trabajo. 
Por lo tanto, la futura Presidencia de la Unión Europea tiene que estar muy estructurada y tiene que asignarse a alguien con la juventud y la energía necesarias para mantener este nivel de obligaciones. 
Señor Schulz, yo soy demasiado viejo para este tipo de cosas, pero de todos modos se lo agradezco. 
Respecto de la Conferencia Intergubernamental, quiero señalar que se inició hace 18 años. 
La Presidencia ha iniciado un debate, que se ha abierto aunque ha sido breve, y que no puede impedirse. 
De hecho, me parece inconcebible en un colegio de Jefes de Estado o Gobierno negar a un gobierno la oportunidad de exponer la posición de su país sobre un tratado constitucional. 
La tarea de la Presidencia era escuchar, ampliar cada tema de discusión y posteriormente será condensar todo esto en una propuesta global, que es exactamente lo que estamos preparando. 
Las cuestiones aún pendientes se refieren principalmente a cuestiones institucionales: el sistema de votación de mayoría doble, la composición de la Comisión –como se ha señalado ampliamente aquí– la revisión del Tratado Constitucional con la posible extensión a otros ámbitos de la votación por mayoría cualificada. 
Dentro de algunas semanas, cuando hayamos completado el estudio detallado, pero repito, abierto y transparente de todas las cuestiones que tenemos ante nosotros, espero elaborar una propuesta global. 
Mi responsabilidad es contactar, de forma bilateral, con los responsables de los diferentes países para discutirla, probablemente en una reunión informal del Consejo Europeo entre el 15 y el 30 de noviembre y, finalmente, tener la propuesta final preparada para mediados de diciembre. 
Por supuesto, está claro que Europa y sus ciudadanos esperan un Tratado Constitucional de alta calidad; es decir, un producto final a la altura de los desafíos a los que tendremos que responder cada vez más. 
No podemos aceptar compromisos que reduzcan la capacidad de la Unión Europea de tomar decisiones de forma rápida y eficaz; por lo tanto, no podemos concebir que la defensa de los intereses individuales nacionales –que sin embargo es justa y comprensible– nos impida obtener el resultado constituyente necesario para consolidar la integración de Europa, que se amplía y unifica con un número creciente de nuevos Estados miembros. 
En diciembre, cuando la propuesta global de la Presidencia se haya estudiado, ampliado y discutido, habrá llegado el momento de decidir. 
Pediremos a todos que apoyen, con responsabilidad clara y transparente, un proyecto constituyente completo que, repito, tiene que ser alto y noble. 
De lo contrario, los ciudadanos europeos serán llamados a votar en junio sin conocer las nuevas instituciones y su confianza en la Unión Europea y en su progresiva integración se perderá o se verá muy reducida. 
Esta integración es un factor decisivo para cumplir el reto de hacer que Europa sea capaz de liderar la escena internacional, capaz de dirigirse, con dignidad, a cualquier otra potencia internacional en términos de igualdad, capaz no sólo de reforzar la democracia, la libertad, el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos, sino también de difundir estos recursos por todo el mundo. 
Vale la pena reflexionar sobre este punto porque todos nos hemos comprometido, de nuevo recientemente con la Declaración del Milenio, a dar comida, agua, sanidad y educación a todos los que no disponen de estos recursos. 
Se trata de recursos materiales importantes pero sabemos bien que, si no vienen precedidos por el primer recurso, la libertad –que comporta la democracia como forma de gobierno– no hay ninguna posibilidad de proporcionar y garantizar estos recursos a largo plazo a aquellos ciudadanos del mundo que aún están privados de ellos. 
Creo que al evaluar los artículos finales del Tratado Constitucional –como he hecho durante estos últimos días y noches–, hemos de tener claro que este Tratado estará en vigor durante los próximos 10, 20 años, y que tiene que dar a nuestra Unión, como sede de la civilización más antigua, como grupo de Estados y ciudadanos que se identifican con un patrimonio común de valores, principios, culturas y civilización la oportunidad de ser protagonista en el mundo, de llevar a cabo, junto con otros países y no en conflicto con otros países, la tarea de exportar al mundo precisamente el importante recurso de la libertad y la democracia, que por si sola puede garantizar el bienestar de los ciudadanos, y que por si sola puede garantizar de forma eficaz un futuro verdaderamente pacífico para todo el mundo. 
Hay otras cuestiones más específicas, como la del Fiscal Europeo, a las que el Sr. Tajani ya ha respondido en parte. 
Tenemos que acatar el proyecto de Tratado Constitucional. 
Respecto de la dimensión medioambiental, quiero señalar que el párrafo 24 de las Conclusiones incluye la dimensión medioambiental en el proceso de crecimiento como factor que actuará de catalizador de la innovación y la modernización en sectores clave como la energía y el transporte. 
En conclusión, quiero recordarles que, en efecto, ya hemos obtenido resultados tangibles, y esto nos permite confiar en futuras deliberaciones de la Conferencia Intergubernamental. 
Hemos obtenido resultados en un ámbito en el que las divisiones parecían insalvables: la defensa europea. 
El trabajo de este Consejo Europeo –que tomará forma tangible en el trabajo del Consejo en diciembre– ha motivado la comprensión de todos los países de la Unión Europea, incluidos los 10 nuevos países que se adherirán, de que no puede haber una verdadera política exterior europea que tenga peso y autoridad si no estamos respaldados por una fuerza de defensa europea independiente. 
También se ha aceptado el sistema de cooperación reforzada –o cooperación estructurada, según el caso–, un sistema que permite a ciertos países que tienen mayor capacidad militar, y la posibilidad e intención de gastar en defensa, unirse, pero bajo tres condiciones muy claras. 
En primer lugar, que esta cooperación esté siempre abierta a todos los Estados miembros de la Unión Europea que deseen participar en ella; en segundo lugar, que los criterios y las normas según los cuales esta cooperación se pone en marcha no sean fruto de una decisión hecha por los Estados miembros que inicialmente establecieron esta cooperación, sino que sean aprobados por el Consejo Europeo. 
En diciembre se decidirá si esta aprobación –y espero que no– se da por votación unánime o por mayoría cualificada. 
La tercera condición es que la defensa europea no se considere una alternativa a la OTAN, sino un complemento a la misma, que aún constituye uno de los pilares que ha garantizado la paz y la seguridad en Europa durante medio siglo. 
Les prometo que afrontaremos los últimos 50 días laborables con la mayor dedicación y, respecto del Tratado Constitucional, con una idea clara en mente. 
No podremos cerrar –sólo por el orgullo y la satisfacción– la Conferencia Intergubernamental bajo la Presidencia italiana. 
Esto nunca ha ocurrido antes, porque las cinco últimas Conferencias Intergubernamentales se abrieron bajo una Presidencia y siempre se cerraron bajo otras Presidencias. 
Nosotros también, a pesar de que estamos intentando llegar a una conclusión y a pesar de que sabemos que los ciudadanos europeos serán llamados a las urnas la próxima primavera y que, por tanto, tenemos que hacer todo lo posible, incluso más aún, por darles a conocer los papeles y el ámbito general dentro del que tendrá que funcionar el Parlamento. Los diputados del Parlamento, a quienes tendrán que elegir, nunca decidirán firmar un compromiso, un Tratado Constitucional, que no pueda garantizar a Europa, y por extensión a sus ciudadanos, el cumplimiento de lo que creemos tiene que ser su función en los próximos años. 
Por lo tanto, la Presidencia italiana hará todo lo posible por concluir el trabajo antes de diciembre, pero no permitirá que este trabajo produzca un texto constitucional debilitado, que favorezca los intereses de los Estados individuales en lugar de defender el interés común de todos nosotros, que por supuesto es el bien común. 
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Señor Presidente, Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, quiero darles las gracias a todos por este debate, que ha resultado muy interesante y nos ha dado ideas para nuestra acción futura. 
Agradezco al Sr. Berlusconi su deseo de cerrar la Conferencia Intergubernamental con un texto poderoso y no debilitado, así como que haya subrayado la necesidad de un sentido de continuidad en las instituciones, y la dificultad de esta rotación continua y rápida. 
La Comisión es consciente de su tarea de garantizar la continuidad del trabajo institucional de la política: así lo hemos hecho de forma reiterada durante los últimos años, con lealtad y dedicación, y esta misma noche me reuniré en Dublín con el Primer Ministro irlandés, precisamente para garantizar esta continuidad y para que el trabajo que estamos llevando a cabo no quede fragmentado por los continuos cambios que se producen. 
Volviendo a las cuestiones que tenemos que tratar, quiero hacer algunas reflexiones muy sencillas. 
Muchas intervenciones se han referido a la cuestión de la composición de la Comisión. 
Quiero aclarar una vez más que el proyecto de Convención ya incluye un Comisario por Estado miembro. 
Lo que no aceptamos es que la mitad sean Comisarios efectivos y la otra mitad Comisarios fantasma; pero ya hay un Comisario por Estado miembro. 
Tenemos que hacer que todos los Comisarios sean visibles con los mismos poderes y capacidad para establecer una política europea. 
No es cierto que un Comisario por Estado miembro represente los intereses nacionales: me complace afirmar que en la Comisión actual, los Comisarios no representan el interés nacional sino el interés común. 
El Sr. Bonde ha mencionado un segundo problema de gran interés. 
Tengo que decir que me ha sorprendido un poco que se declare a favor de un referendo en cada Estado miembro, porque yo creía que estaba de acuerdo con el principio de subsidiariedad, según el cual cada país elige el método con el que aprueba su Constitución. 
Si necesitamos un referendo –como dijo el Sr. Karas hace algún tiempo– entonces deberíamos celebrar un referendo europeo. 
Así pues, todo tendría un significado diferente: bastaría la Constitución tal y como se ha decidido, aprobada por un referendo europeo, y adquiriría un significado infinitamente superior, sería algo totalmente diferente. 
Realmente les invito a reflexionar sobre ello. 
Sé perfectamente que suena demasiado bien para ser cierto, pero hay momentos en la historia en los que una decisión de este tipo basta para cambiar la cara y la vida de nuestras instituciones. 
Tercera cuestión: la calidad de las inversiones. 
La calidad de las inversiones ha aumentado, y quiero aclarar que la lista de inicio rápido no va a crear prioridades y exclusiones. 
No es esto lo que pretendemos; al contrario, queremos identificar los proyectos más maduros, más transnacionales, más susceptibles de movilizar rápidamente recursos y confianza. 
Señora Frassoni, la confianza significa sobre todo sostenibilidad social y medioambiental, en línea con las políticas de la Comisión que, no nos olvidemos, durante los últimos meses ha intentado establecerse en un ámbito tan delicado como la política energética, dedicando una gran parte de nuestros recursos a la investigación del hidrógeno y las energías alternativas. 
Además, se ha planteado la delicadísima cuestión de la protección y la salud del medio ambiente y de la industria química. 
En efecto, hemos tenido que hacer compromisos, en especial en un momento económicamente difícil: no lo excluyo, porque tenemos que hacer compromisos cada día, pero garantizo a la Sra. Frassoni que estamos en la vanguardia –muy en la vanguardia– del mundo, con los sustanciales costes que esto comporta. 
Sin embargo, queremos estarlo, como lo estuvimos en Kioto, porque sabemos bien que, como Unión Europea, tenemos que asumir una responsabilidad distinta de la responsabilidad que asumen los países individuales, las naciones individuales. 
Asimismo, como Unión Europea tenemos que asumir la responsabilidad –y estoy mirando la gran vela aún encendida delante del Sr. Watson– respecto de la cuestión de Guantánamo, y me asocio a las preocupaciones expresadas sobre el estado de los prisioneros. 
Sin caer en juicios simplistas, puedo decir que, si un caso de este tipo ocurriera en el seno de la Unión Europea, probablemente se analizaría dentro del ámbito del procedimiento establecido en el artículo 7. 
Sin embargo, hoy también tenemos que reconocer que los detenidos en los Estados miembros son precisamente detenidos en los Estados miembros, y tenemos que dejar claro en términos prácticos que esperamos que los propios Estados defiendan con energía los derechos de estos ciudadanos. 
Por último, para concluir las cuestiones de política exterior, el Sr. Wurtz ha hecho un llamamiento muy fuerte al Plan de Ginebra. 
Estoy encantado, porque es la primera vez que una iniciativa práctica viene propuesta por los palestinos y los israelíes y no por las iniciativas –si bien muy valiosas– del Cuarteto y los órganos externos. 
No serán representantes de los gobiernos de ambas partes, pero son representantes de una gran talla intelectual y moral. 
Quiero recordar al Presidente del Parlamento la habilidad con la que el portavoz de la Knesset, Abraham Burg ha dirigido la Knesset israelí en momentos difíciles y el entusiasmo que ha provocado con sus discursos, sus discusiones y sus comentarios críticos. 
Contribuirán, espero que de forma decisiva, a la paz en Israel y les aseguro que nosotros estaremos preparados para acogerla con la delicadeza necesaria en estos casos. 
Es obvio que se trata de un proceso palestino e israelí, no de un proceso dirigido por las potencias mundiales relacionadas con Israel y con los palestinos; estamos esperando un mensaje de estos sectores que nos permita alcanzar juntos la paz en Oriente Próximo. 
Respecto de la inmigración, el Sr. Brok ha mencionado la política europea que ha llamado «Europa ampliada» ; yo prefiero llamarla el anillo de la política de la amistad, es decir la política de tener a nuestro alrededor –desde Moscú, desde Rusia hasta Marruecos– países con los que tenemos una relación estrecha y sólida basada en la amistad. 
Es la aplicación de la «seguridad blanda» , de la política de seguridad que Europa ha confiado al diálogo, a los vínculos económicos y culturales. 
Tenemos que situar la cuestión de la inmigración en este contexto. 
Ya hemos dado dos grandes pasos adelante: cooperación en la vigilancia –que realmente constituye un avance– y la agencia que coordina nuestra actuación. 
El Sr. Pirker ha hecho dos objeciones legítimas respecto de la agencia y del peligro de duplicarla. 
Sin embargo, precisamente queremos garantizar que sea un órgano al servicio de las instituciones europeas para poder coordinar nuestra actuación. 
Esta es la primera parte, ¡pero no es suficiente, no basta! 
Se trata de un medio de defensa interna, pero necesitamos una iniciativa para gestionar y mantener a los inmigrantes en sus países de origen. 
Por lo tanto, tenemos que alcanzar un doble acuerdo con estos países sobre la protección y el control de los inmigrantes, dándoles la posibilidad de interactuar y al mismo tiempo de sacar un provecho de ello. 
La política de cuotas, rechazada por el Consejo, quizás en parte porque el término «cuota» es inadecuado, es absolutamente esencial. 
Lo llamaría un acuerdo con estos países para garantizarles un nivel de emigración mínimo para que nos ayuden a proteger nuestras fronteras. 
No hay alternativa: si vivimos entre países amigos, conseguiremos resolver este trágico problema; si no vivimos entre países amigos continuarán enviándonos emigrantes de forma hostil, explotándoles, y ya no sabremos qué posición o qué decisiones tomar. 
Deberíamos recordar esto: una defensa suave y pasiva al comienzo, y después una acuerdo activo con estos países. 
Por último, muchos de ustedes han planteado la cuestión justamente, el miedo de caer en las garras de una crisis económica. 
Se trata de un problema serio y grave, que se une a las preocupaciones que han expresado los gobiernos alemán, francés y británico conjuntamente sobre el riesgo de una desindustrialización europea. 
No podemos olvidar que se trata de una cuestión muy grave, sobre la que todos tenemos que reflexionar y trabajar en el futuro porque no podemos aceptar soluciones proteccionistas que empeoren la situación. 
Juntos, tenemos que aplicar las lecciones de Lisboa a esta nueva situación, dando a Europa el impulso que necesita. 
Los fundamentos de nuestra economía son fuertes, y son mucho más fuertes que los de las economías que actualmente nos están sermoneando y diciéndonos como proceder. 
Sin embargo, recordemos que las reformas estructurales a las que el Sr. Fiori ha aludido justamente en su discurso no bastan, si bien son necesarias. 
Necesitamos energía y coordinación entre nosotros, un sentido de misión, de lo que cada uno espera de la política europea. 
Estamos viviendo una situación totalmente absurda: nuestros gobiernos y países esperan de nosotros una política industrial, una política financiera, una política de investigación común y coordinada que nos libere de las garras de la crisis económica; los ciudadanos lo esperan, los gobiernos lo esperan, pero cuando llega el momento de dar los pasos necesarios para resolver la crisis y alcanzar estos objetivos, los intereses nacionales, el miedo y el conservadurismo nos impiden actuar. 
Hemos estado viviendo en esta situación absurda durante demasiado tiempo; tenemos que encontrar una salida, y los ciudadanos europeos están pidiendo al Parlamento y a la Comisión que resuelvan esta situación. 
Tenemos que hacerlo juntos. 
– Señor Presidente, no es posible volver sobre este debate y no quiero abusar de la buena voluntad de los presentes en la Asamblea. 
Simplemente deseo pedir a la Presidencia y a la Comisión que expliquen por qué deberíamos esperar que los votantes de Europea voten a favor de Europa si en la Comisión y en el Consejo no mostramos la solidaridad y el compromiso suficientes para defender los derechos que ha hecho suyos nuestro continente. 
Quiero dar las gracias a todos los que han intervenido en el debate de hoy, que ha constituido un intercambio de puntos de vista reflexivo, sereno y templado. 
El debate queda cerrado. 
– Las conclusiones del Consejo Europeo del 16-17 de octubre 2003 revelan que los Jefes de Estado o de Gobierno persisten en la misma política neoliberal, y demuestran una total indiferencia hacia los problemas socio-económicos. 
Es inadmisible que continúen dando prioridad al fomento de la competitividad de las empresas sobre la base de una mayor liberalización y privatización, de mayores cortes salariales y menor flexibilidad, en lugar de resolver los problemas de empleo, pobreza y exclusión social. 
Incluso la llamada «Iniciativa Europea para el Crecimiento» fracasará mientras se mantengan las limitaciones impuestas por la política monetaria. Estas limitaciones también comportan el riesgo de que la financiación de los grandes proyectos acabe dependiendo de los caprichos de los mercados financieros. 
El Pacto de Estabilidad tiene que revisarse más que nunca, teniendo en cuenta el empleo, la educación, la formación y el desarrollo sostenible. 
En cuanto a la Conferencia Intergubernamental, es preocupante lo que se ha puesto de manifiesto, en especial el inadmisible chantaje financiero practicado por algunos Estados miembros, que amenazan con bloquear el presupuesto comunitario a fin de obtener un acuerdo basado en la llamada Constitución Europea. 
Asimismo es lamentable que el Consejo no haya puesto en marcha las medidas necesarias para acabar con la ocupación del Iraq, y para garantizar que el pueblo iraquí pueda afirmar su derecho inalienable de determinar su propio futuro y explotar sus riquezas. 
Señorías, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer extensiva una cálida bienvenida al Sr. Olivier Kamitatu Etsu, Presidente del Parlamento de transición de la República Democrática del Congo, quien, junto con una delegación de dicho Parlamento, se nos ha unido en la tribuna oficial. 
Les deseo una estancia fructífera en Estrasburgo. (1) 
– Quiero informarles de algo que nuestro Presidente ha dicho esta mañana en la apertura, en la que sin embargo no estaban presentes todos los diputados en la Cámara. 
Es importante y digno de mención: por primera vez, durante esta sesión disponemos de tres nuevas cabinas de interpretación. 
Para el debate de hoy disponemos de interpretación en tres nuevas lenguas: polaco, húngaro y checo. 
Los canales son los siguientes: el 12 para el checo, el 13 para el húngaro y el 14 para el polaco. (1) 
A continuación se procede a las votaciones. 
Señor Presidente, solicito la palabra unos minutos para pedir el amparo de la Presidencia y explicar la situación claramente irregular que se ha producido en este informe. 
Una enmienda de mi Grupo, votada favorablemente por la inmensa mayoría de la comisión, ha desaparecido sorprendentemente del texto que hoy se somete a votación. 
Esa enmienda solicitaba el reconocimiento del derecho de asilo para las mujeres que sufren graves persecuciones y violaciones de sus derechos humanos. 
Por esta razón, señor Presidente, y en nombre de mi Grupo, le ruego que pospongamos la votación del informe Smet hasta que los Servicios de la Cámara clarifiquen esta situación que consideramos de la máxima gravedad. 
.– Señor Presidente, tras largas negociaciones se ha corregido el texto. 
Paso a leer esta corrección y quiero preguntar a los diputados socialistas si en última instancia refleja lo que han pedido. 
Si no es así, estoy de acuerdo en que se devuelva. 
Voy a leer en voz alta el texto del párrafo 13, porque ha habido una serie de dificultades, en parte porque se han borrado secciones del texto. 
«Pide a los Estados miembros que, a la hora de examinar la concesión del estatuto de refugiado, tengan en cuenta las persecuciones o el temor a persecuciones y a actos violentos que pueden padecer las mujeres por motivos de género.» 
– Señor Presidente, en apoyo a la intervención de la Sra. Valenciano, y en vista de que realmente se trataba de una violación significativa del procedimiento, quiero apoyar su propuesta, que no implica referir el informe a la comisión, sino simplemente retrasar la votación para que puedan clarificarse las cuestiones. 
Apoyamos la posición de la Sra. Valenciano, que es totalmente correcta en términos del procedimiento. 
Someteré a votación la solicitud de la Sra. Valenciano de posponer la votación. 
– Señor Presidente, más abajo, en la lista de votaciones, hay una votación sobre varias resoluciones relativas a la pregunta oral sobre las profesiones liberales. 
Quisiera pedir que esto se eliminara del orden del día y se aplazara hasta el próximo período parcial de sesiones de Bruselas. 
Esto también se ha acordado con el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Queremos intentar encontrar una resolución de compromiso en lugar de votar estas resoluciones contradictorias. 
Someteré a votación la solicitud para posponer la votación. 
. 
Los recientes escándalos alimentarios ilustran con claridad la situación de riesgo en la que se encuentra la seguridad alimentaria, dado que una obsesión por los beneficios, combinada con una falta de control, y muy a menudo una legislación permisiva, parecen tener prioridad sobre las preocupaciones de salud pública. 
Los aditivos alimentarios, los «números E» que a menudo vemos en las etiquetas de los productos alimentarios, vienen al caso por medio de la industria agrícola y de productos alimentarios. Desde conservantes a colorantes, todos tienen un propósito específico y deberían estar controlados de modo efectivo a fin de evaluar el riesgo que suponen para la salud pública. 
La Directiva Marco 89/107/CEE sobre aditivos alimentarios incluye la adopción de directivas específicas con el fin de armonizar el uso de las diferentes categorías de aditivos en los productos alimentarios. 
En este contexto se han presentado enmiendas a la Directiva 94/35/CE sobre edulcorantes utilizados en los productos alimenticios. 
Por lo tanto, apoyo las dos propuestas principales del Parlamento Europeo. La primera de ellas prohíbe el comercio y el uso de edulcorantes que no están conformes con la legislación comunitaria revisada hasta que se agoten las existencias, mientras que la segunda retira el poder de la Comisión para decidir si una sustancia es edulcorante o no hasta que se revise la legislación marco. 
El objetivo de este informe es actualizar el modo de empleo de ciertos productos, a la luz de los estudios científicos disponibles sobre los efectos secundarios nada deseables que estas sustancias pueden tener en los humanos y la ingestión diaria aceptable establecida por el Comité científico para la alimentación. 
Al igual que la ponente, no veo por qué la Comisión debería tener responsabilidad para decidir si una sustancia es edulcorante o no hasta que la Directiva Marco 89/107/CE sobre aditivos alimenticios se revise. Estoy de acuerdo en que los poderes de la Comisión en este ámbito puedan ampliarse solo cuando la ya citada Decisión Marco se revise, que será durante este año, como ha afirmado la Comisión. 
La propuesta de que la Comisión redacte un informe señalando el progreso realizado en las reevaluaciones de todos los aditivos en los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta directiva debería acogerse con satisfacción, como también debería hacerse con la medida diseñada para evitar el abuso de excepciones temporales para productos que no cumplen con esta legislación. 
He votado a favor. 
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Quiero aprovechar la votación para señalar lo siguiente: 
En primer lugar, mi acuerdo con las propuestas del Parlamento Europeo sobre márgenes de compensación superiores. 
En segundo lugar, este requisito no debería tener como resultado primas superiores para los ciudadanos, dado que las compañías de seguros disponen de un gran margen de maniobra, junto con las medidas que propone la Presidencia italiana para mejorar la seguridad de las carreteras y reducir los accidentes de tráfico en las mismas. 
En tercer lugar, la importancia de que el asegurado tenga una reclamación prioritaria sobre los acreedores en caso de bancarrota de una compañía de seguros. 
Esta directiva tiene como objetivo modernizar directivas anteriores sobre el seguro de vehículos automóviles. 
La propuesta no solo busca armonizar a nivel comunitario las distintas disposiciones de legislación nacional, sino también fomentar la libre circulación de bienes y personas. 
Las directivas anteriores establecían un requisito para que todos los vehículos comunitarios tuvieran un seguro de responsabilidad civil, para que se otorgaran certificados de seguro válidos en todos los Estados miembros, para que estuvieran asegurados obligatoriamente todos los ocupantes del vehículo, para el establecimiento de fondos de garantía y la famosa carta verde. 
Como vengo de un país que, lamentablemente, tiene una de las peores tasas de seguridad en la carretera, uno de los niveles más bajos de cobertura y de daños surgidos de seguro obligatorio de vehículos automóviles, acojo con satisfacción cualquier iniciativa que tenga como objetivo reforzar la protección de las víctimas de accidentes de tráfico por medio de seguro obligatorio a través de procedimientos más rápidos y niveles más altos de cobertura mínima, siempre que la capacidad de los Estados miembros de ir más allá no se vea amenazada. 
A la vez que apoyo las propuestas originales del ponente de incrementar la cantidad mínima asegurada a 10 millones de euros por accidente de daños corporales, y a 5 millones de euros por accidente de daños materiales, lamento el hecho de que esta posición se haya visto sustituida por un compromiso que incluye cantidades inferiores. 
El Sr. Rothley es un caso excepcional de social-demócrata. 
Siempre hace lo contrario de lo que se esperaría que hiciera un miembro de su grupo. 
En junio, su mayor logro fue que aseguró un salario considerablemente más alto para todos los diputados del Parlamento Europeo, quitando a los excesivamente pagados alemanes e italianos. 
Años antes de esto, había afirmado que su intención de hacerlo era aumentar la dignidad del Parlamento. 
Ahora, como ponente, propone en su enmienda nº 15 excluir a los peatones y a los ciclistas de la cobertura por daños corporales en el seguro de responsabilidad jurídica de los conductores independientemente de si el conductor es culpable o no. 
Su razón es que esto tiene que ver con un problema delicado y muy controvertido, que se regula mejor con un instrumento jurídico aparte. 
Si este instrumento legal aparte fuera a existir al mismo tiempo que esta directiva, entonces su argumento no tendría ningún error. 
No obstante, el Sr. Rothley sabe muy bien que esta Cámara no tiene el derecho de iniciativa. 
Si fuéramos a rechazar este componente, necesitaríamos esperar a ver si la Comisión era capaz de presentar esta propuesta por separado. 
Si esta propuesta se presentara, el Sr. Rothley anticipa otros posibles problemas. 
De esa manera, el partido más débil se queda en situación de desventaja. 
Esa es la razón por la que rechazo la propuesta. 
He votado a favor. 
Esta nueva propuesta de quinta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles tiene como objetivo modificar las directivas existentes eliminando lagunas y resolviendo los problemas prácticos que tienen los ciudadanos de los Estados miembros. 
De hecho, las primas de seguro que cubren estancias temporales en otros Estados miembros y los seguros a corto plazo que cubren a vehículos comprados fuera del Estado miembro de residencia de sus dueños son mecanismos jurídicos que la Comunidad no trató en el pasado, como lo fueron la actualización de las disposiciones existentes sobre la cantidad de cobertura mínima de que deberían disfrutar los conductores y una mayor protección para los peatones y los ciclistas implicados en accidentes. 
Sobre otro asunto, uno de los aspectos más importantes de este informe tiene que ver con volver a establecer los niveles mínimos de garantías por daños personales y daños materiales, en el contexto de la tendencia más amplia de promover los derechos de las víctimas. 
También merece mi apoyo el reconocimiento del derecho de todos los Estados miembros a solicitar que los conductores de ciertos tipos de vehículos (remolques, maquinaria agrícola, etc.) posean una prueba válida de cobertura de seguro mientras conducen ese vehículo en su territorio. 
A diferencia de la Comisión, el Parlamento Europeo se pronuncia a favor de la compensación basada en cada accidente y no en cada persona herida. 
Como resultado, el nivel de compensación por persona sería la mitad en el caso de un accidente en el que hubiera dos heridos. 
Sería como si solo hubiera habido un herido. 
Lo encuentro raro, de hecho, bastante absurdo. 
Y por esa razón he votado en contra de la postura del Parlamento Europeo y, en cambio, he apoyado la de la Comisión. 
. Los diputados conservadores al Parlamento Europeo conceden una gran importancia a la responsabilidad parental y a la protección de los niños. 
Desgraciadamente, es inevitable que la Comunidad Europea trabaje a favor del establecimiento de un espacio judicial común. 
Sin embargo, nos parece que la responsabilidad parental debe seguir siendo el derecho de un padre o de una madre dentro del ámbito de competencias de cada Estado miembro y, por tanto, no podemos apoyar un informe que otorga al Consejo el derecho a ordenar a los Estados miembros que cedan su autonomía en este ámbito. 
. 
Acojo con satisfacción el acuerdo político logrado por el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores relativo al proyecto de reglamento sobre el reconocimiento y la ejecución en la Comunidad de las resoluciones judiciales en materia matrimonial y responsabilidad parental basadas en las reglas comunes de competencia y, en particular, sobre los asuntos relativos al regreso del niño, subrayando que el interés supremo del niño constituye una consideración fundamental en todas las resoluciones judiciales relativas a los niños. 
No obstante, la adopción formal de este reglamento solo puede tener lugar cuando se adopte una decisión que autorice a los Estados miembros a ratificar el Convenio de la Haya de 1996 en interés de la Comunidad. 
Este es el trasfondo de la iniciativa que hemos debatido hoy y su carácter urgente. 
Su objetivo es autorizar a los Estados miembros a ratificar o adherirse a ese Convenio respecto a la responsabilidad parental y a las medidas para la protección de los niños (la Comunidad no puede formar parte del Convenio de la Haya). Por lo tanto, corresponde a los Estados miembros tomar las medidas necesarias para permitir a la Comunidad unirse al convenio. 
Al hacerlo, acercaremos la Unión Europea a los ciudadanos, y sobre todo a los desafortunados que experimentan la angustia de la separación o el divorcio, que ya representan una tragedia sin empeorar el asunto afectando a los derechos y el bienestar de los niños. 
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Estoy de acuerdo con el punto de vista de la ponente de que la ratificación o adhesión de los Estados miembros al Convenio de La Haya de 1996 ayudará a proporcionar una mayor protección de los derechos de los niños respecto a la responsabilidad parental, para que, como dice la ponente, «en todas las resoluciones judiciales relativas a los niños, el interés supremo del niño constituya una consideración fundamental». 
Acojo con satisfacción las propuestas dirigidas a asegurar que el Convenio entre en vigor lo antes posible. 
Sin embargo, no tengo nada que ver con el pensamiento federalista que apoya este informe. 
En particular, debo señalar lo irónico e inexplicable que es sugerir que los Estados miembros necesitan la autorización del Consejo a fin de ratificar o adherirse a este Convenio. 
Estoy con la ponente cuando afirma que el establecimiento de un ámbito judicial armonizado y normalizado es un elemento de importancia vital en el avance de la integración europea en el ámbito de la responsabilidad parental. 
Esta propuesta es un paso interesante en esa dirección. De hecho, tiene como objetivo autorizar a los Estados miembros a ratificar o adherirse al Convenio de La Haya en interés de la Unión Europea, solventando el problema técnico de que solo los Estados soberanos pueden formar parte de ese Convenio. 
El significado de todo esto es que el Convenio de La Haya está relacionado con la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños, y ha sido la principal inspiración del futuro reglamento del Consejo sobre responsabilidad parental, que el Consejo está todavía debatiendo. 
No obstante, estoy en desacuerdo con la ponente cuando intenta basar sus argumentos en el apartado 2 del artículo 24 de la Carta de Derechos Fundamentales. 
La consideración del interés supremo del niño debería ser invocada por su alto valor intrínseco, no porque se exija en un texto que, en cualquier caso, carece de cualquier valor jurídico en este momento. 
No obstante, puesto que se trata de garantizar que, en todas las resoluciones judiciales relativas a los niños, el interés supremo del niño constituya una consideración fundamental, apoyo las propuestas de la ponente. 
. – La Convención de La Haya entró en vigor el 1 de enero de 2002 y se refiere a la competencia, la legislación vigente, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. 
Lo esencial por tanto es ahora que los Estados miembros hagan todo lo necesario para que la Unión cumpla la Convención. 
La Unión Europea trabaja a favor de la creación de un espacio judicial común basado en el principio del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales. 
Debemos velar por que toda decisión se tome en el interés superior del niño. 
Nuestro deber es proteger a los niños, que son los ciudadanos adultos de mañana. 
Nuestra sociedad solo podrá progresar para el bien de todos si somos capaces de velar por la educación de nuestros hijos, si somos capaces de velar por su desarrollo físico y psíquico. 
Trabajar por los derechos del niño es trabajar por los derechos humanos, protegerlos contra la violencia, en particular la violencia institucional, y esto los preparará para un mundo de paz. 
.Quiero aprovechar la votación para señalar lo siguiente: 
En primer lugar, mi preocupación por las posturas tomadas en la reunión del Consejo el 21 de octubre en Roma por parte del Reino Unido, los Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Alemania, que están a favor de reducir las subvenciones regionales. 
En segundo lugar, la necesidad de que la ampliación no funcione en contra del potencial de desarrollo de las regiones de los 15 Estados miembros de la Unión. 
En tercer lugar, la importancia de que las islas del Egeo adquieran los mismos privilegios que las regiones remotas de la Unión. 
Acogemos con agrado la mayor eficiencia de la administración de los Fondos Estructurales. 
Al mismo tiempo, pensamos que sería arriesgado administrar los recursos en un único fondo, como se recomienda en el informe del Sr. Pittella, porque podría hacer desaparecer los proyectos más pequeños. 
En cambio, debería darse prioridad a la armonización de las reglas relativas al uso de los fondos. 
. 
Felicito al Sr. Pittella por el informe que ha elaborado. Esto contribuye al complejo debate sobre los Fondos Estructurales. 
No obstante, quiero llamar la atención sobre dos puntos en los que el enfoque de la ponente difiere del mío, y que me llevaron a presentar dos proyectos de enmienda para los que pido el apoyo de esta Cámara. Las enmiendas son: 
enmienda al apartado 23 de la propuesta de resolución: Quiero reiterar la gran importancia de mencionar el principio de legítimas expectativas, en relación con la elegibilidad de los anticipos concedidos por los Estados miembros a los beneficiarios finales y su inclusión en las solicitudes de reembolso recibidas antes del 31 de diciembre de 2002. 
Los principios de solidaridad, flexibilidad y efectividad se complementan en lugar de competir los unos con los otros. 
enmienda a la letra b del apartado 35 de la propuesta de resolución: de acuerdo con el principio de simplificación, y sobre la base de uno de los objetivos de mejora de la utilización de los fondos, propongo que se provea la oportunidad de analizar si una combinación de los fondos y la centralización del modo en que están gestionados ayudaría a mejorar su eficiencia. 
Todo esto dependerá del curso que sigan los acontecimientos, que nos permitirá decidir más tarde si dicho análisis es apropiado. 
Este informe realiza un examen exhaustivo y preocupante de varias cuestiones unidas a la aplicación de los Fondos Estructurales. 
Estos fondos constituyen un sistema para la redistribución de la riqueza mediante el presupuesto comunitario con vistas a reducir las disparidades de desarrollo existentes entre los Estados miembros y a incrementar la cohesión económica y social. 
Durante años, han realizado progresos visibles para conseguir estos objetivos. 
Sin embargo, está claro que el retraso al aplicar los Fondos y los instrumentos e iniciativas correspondientes está empeorando cada vez más. Esto se debe, en gran parte, a dos factores. 
Por una parte, a menudo los Fondos no están disponibles de manera efectiva hasta que el próximo período de programación está en marcha, mientras, por otra parte, los procedimientos son largos y complicados. Por lo tanto, la Comisión Europea tiene que tratar estas cuestiones más detenidamente y considerar la realización de cambios más ambiciosos en los procedimientos, combatiendo la aprobación y aplicación tardía de los programas y la naturaleza engañosa de las predicciones financieras. 
Según los objetivos de la estrategia de Lisboa de 2000, debe mejorarse la efectividad de los Fondos Estructurales, y en especial, la coordinación entre los distintos departamentos de la Comunidad, las administraciones nacionales y regionales. 
Tal y como se propone en el informe, es muy importante encontrar un equilibrio entre medidas de simplificación deseables y los controles necesarios para alcanzar la cohesión económica y social, teniendo también en cuenta el reto actual de la ampliación. 
Por eso he votado a favor. 
. 
No podría estar más de acuerdo con las propuestas del Comité de Expertos Independientes y el Parlamento Europeo en que, en cada Estado miembro, una única dirección general debería ser totalmente responsable de la aplicación de los Fondos Estructurales. 
Esto mejoraría la coordinación entre los distintos departamentos de la Comunidad y las administraciones nacionales y regionales implicadas. 
También quiero señalar la necesidad de concentrar más fondos en la calidad de los proyectos y en el impacto real de los Fondos Estructurales en las regiones implicadas. 
Con esto concluye la votación. 
(2) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0348/2003) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la PESC, incluidas sus implicaciones financieras para el Presupuesto general de las Comunidades Europeas – 2002 (7038/2003 – C5-0423/2003 – 2003/2141 (INI) ). 
. – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, quiero realizar una serie de comentarios a modo de introducción a este informe anual sobre la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Tiene como punto de partida los dramáticos acontecimientos de la guerra del Iraq y el efecto que tuvieron en la cohesión interna de la Unión Europea, en las relaciones trasatlánticas y también en la situación dentro de las Naciones Unidas y la OTAN, al igual que en el orden internacional en su conjunto. 
Lo que importa ahora, en nuestra opinión, es que veamos la crisis asociada con la guerra en el Iraq como una oportunidad, y aceptemos el reto de establecer Europa, de una vez por todas, como actor importante de política exterior. 
Europa debe dejar de ser un observador en asuntos de política mundial y convertirse en participante. 
La convención constitucional creó el marco institucional dentro del cual puede hacerlo creando la posición del Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, haciendo posible la cooperación reforzada en el ámbito de la defensa y también estableciendo la agencia europea de armamento. 
Estas propuestas representan un mínimo absoluto, y no debe permitírsele a la Conferencia Intergubernamental restringirlas. 
Esperábamos mucho más respecto a los procedimientos de votación del Consejo y al derecho del Parlamento a ser informado y consultado, y así, a la luz de una política proactiva de prevención de crisis, creemos que es necesario, en el futuro, que estemos informados e implicados desde las primeras fases de advertencia y planificación de las operaciones de crisis bajo la PESD. 
Tanto la PESC como la PESD necesitan un marco institucional eficiente, pero eso no será suficiente; tiene que añadírsele un contenido político. 
Para esto es la doctrina de seguridad europea presentada por el Sr. Solana, y este informe ofrece cuatro razones por las que apoya su enfoque. 
La primera es que Europa debe encontrar su camino hacia una clara priorización de sus intereses y objetivos de política exterior y de seguridad, definirlos conjuntamente y también designarlos geográficamente, como hemos hecho con el punto 8. 
La segunda es que una estrategia de seguridad europea debe compensar el enfoque militar cerrado en el modo de pensar actual por parte de la administración estadounidense con un enfoque exhaustivo de la seguridad que incluya esfuerzos políticos, económicos, sociales e interculturales para mitigar y resolver conflictos. 
En tercer lugar, una doctrina de seguridad europea solo puede desarrollarse sobre la base de un multilateralismo efectivo y dentro del sistema de las Naciones Unidas, estando en consonancia con las experiencias históricas y los intereses políticos de sus Estados miembros. 
En cuarto lugar, aunque la prevención y resolución de conflictos por medios no militares siempre será el centro de cualquier estrategia de seguridad adoptada por la Unión Europea, la credibilidad de la política exterior y de seguridad europea depende, en el análisis final, de la calidad de sus capacidades militares y de la voluntad política de desplegarlas en caso de conflicto. 
¿Cuáles son nuestras prioridades de política exterior en el contexto de un concepto europeo de seguridad? 
Aunque las relaciones trasatlánticas todavía tienen un lugar privilegiado entre ellas, Europa llevará el mismo peso como socio para los Estados Unidos solo cuando los Estados miembros reúnan la voluntad política para supeditar sus propios intereses nacionales específicos a los de los de la Comunidad. 
También seremos capaces de reforzar organizaciones como las Naciones Unidas o la OTAN solo si Europa y los Estados Unidos hablan con una sola voz. 
Debe dársele un nuevo aire al debate estratégico entre Europa y los Estados Unidos; esa es otra razón por la que el documento del Sr. Solana es tan importante. 
Incluirá temas como la estabilización, la reconstrucción y la construcción de un Estado en el Iraq, una estrategia común para Irán y, hablando en términos generales, posibles modos de impedir la proliferación de armas de destrucción masiva y las tácticas a adoptar cuando se trate con regímenes represivos y dictatoriales y Estados disfuncionales. 
Una tarea primordial que queda es la de llevar la paz a Oriente Próximo como parte del Cuarteto, donde nos tiene que quedar claro que el Cuarteto, en vez de estar presente simplemente en el papel, quizás debería trabajar junto en la región. 
No hay duda de que Europa seguirá estando comprometida con los Balcanes occidentales y en Afganistán, cualesquiera que sean los muchos problemas evidentes en ambas zonas, y a pesar de que no podemos sino ser abiertamente pesimistas acerca de nuestras posibilidades de éxito cuando se trata de construir adecuadamente un Estado aceptable en el último. 
Mucha más atención se le ha de prestar al sur del Cáucaso, que está convirtiéndose en una de las regiones vecinas menos estables y en esto tendrán un gran papel las relaciones con Rusia. 
Con la ampliación, las fronteras exteriores de la Unión se están acercando más a las zonas de crisis del este y el sureste. 
Es de la máxima importancia que se establezcan zonas de seguridad en Europa, y que se desarrolle una política efectiva para el trato con los vecinos; por lo tanto, nuestras deliberaciones deberían centrarse mucho más en ideas como el «Espacio Económico Europeo plus» y otras de este tipo, como también en la consideración de las maneras especiales en que la región mediterránea puede estabilizarse. 
Por último, quiero explicar nuestras críticas al informe anual del Consejo. 
Cualquiera que coja este volumen de 200 páginas observará que se parece más a un inventario de tienda que a una revisión política anual. 
Antes, las cosas no estaban tan mal. 
Un informe así no es útil cuando se trata de dirigir el diálogo entre el Parlamento y el Consejo. 
Debe hacerse más político, como lo fue una vez, con evaluaciones claras y establecimiento de objetivos. 
Por esa razón solicitamos la continuidad del Alto Representante en el futuro, para que nos proporcione un informe escrito sobre el progreso realizado en cuanto a la puesta en práctica de los principios de seguridad de Europa. 
Permítanme terminar haciendo un comentario sobre el trabajo de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Este informe anual será el último en la vida del Parlamento actual. 
Muestra las posturas de los grupos políticos, que coinciden hasta un punto notable, cosa que no había ocurrido desde que se eligió este Parlamento. 
Eso es otro fruto de la constructiva colaboración de esta comisión, por lo que quiero expresar mi gratitud a los miembros de la comisión y a su personal. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, Señorías, he escuchado los comentarios del Sr. Brok con gran interés y aprecio enormemente lo que ha dicho. 
Permítanme empezar con este punto: el Sr. Brok tiene mucha razón al afirmar que recientemente ha surgido una nueva situación en relación con la crisis del Iraq, que ha tenido un impacto tan grande y sin precedentes en nuestra política exterior común que algunos observadores creen que arroja dudas sobre la supervivencia de la PESC. 
En este contexto, quiero decir que estoy totalmente en desacuerdo con la noción de que el Iraq ha destruido nuestra Política Exterior y de Seguridad Común. 
Más bien lo contrario: la mejora experimentada por los Estados miembros acerca de las divisiones creadas por la crisis del Iraq y el compromiso que hemos alcanzado de superar el bloqueo existente han demostrado, en todo caso, el extremo hasta el cual todos en Europa estamos comprometidos con una política exterior común. 
Mi segundo punto es que la Política Exterior y de Seguridad Común se enfrenta ahora a un verdadero reto sistémico en forma de ampliación, o, como nos gusta llamarlo, de reunificación de la Unión Europea. 
Si somos incapaces de encontrar soluciones institucionales, existe un riesgo de que las situaciones de bloqueo que hemos experimentado se repitan. 
Mi tercer punto tiene que ver con el papel de la Unión en el escenario mundial. 
No se puede negar que la Unión posee intereses mundiales, que ciertamente no se limitan a los intereses económicos, y que debería estar preparada para defender los valores que inspiran y son el centro de las vidas y normas de vida de nuestros pueblos. 
Sin embargo, mi pregunta es la siguiente: ¿está la Unión dispuesta a ser considerada una potencia mundial y es capaz de ello? 
Creo que, incluso si disponemos de recursos limitados y, por tanto, deberíamos ser selectivos acerca de los lugares de intervención, no obstante, redunda en el beneficio más amplio de Europa adoptar un enfoque mundial en cuanto a nuestro análisis y nuestro esfuerzo en política exterior. 
Es importante reconocer que los resultados de la Unión en el ámbito de política exterior son positivos, y el informe Brok lo confirma. 
Voy a limitarme a mencionar el progreso realizado al establecer una capacidad militar europea y nuestras experiencias iniciales al respecto tanto en conjunción con la OTAN –y un ejemplo de ello es la Antigua República Yugoslava de Macedonia– como actuando por cuenta propia, como en el caso de la República Democrática del Congo. 
También quiero mencionar la contribución de la Unión a la estabilización de los Balcanes y al proceso de reconstrucción tanto económica como democrática de los países de esa región. 
Quisiera también recordarles el apoyo concedido a las Naciones Unidas en un momento en el que el papel de dicha organización estaba siendo cuestionado. 
Como europeos, hemos reiterado la validez de un enfoque multilateral de la resolución de la crisis, y como objetivo más ambicioso, la aplicación de un multilateralismo efectivo como medio de impedir, y si es necesario, oponerse a las violaciones del derecho internacional. 
También quiero mencionar la significativa acción realizada por la Unión y sus Estados miembros en respuesta a los retos mundiales a los que nos enfrentamos hoy en día: el combate del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Simplemente he mencionado algunos ámbitos importantes a modo de ejemplo, para demostrar que en varios casos hemos tenido éxito al pasar a la acción después de las palabras y los compromisos. 
Sin duda, estoy de acuerdo con el informe del Sr. Brok en este punto, no es suficiente para satisfacer las demandas de los ciudadanos de Europa y de los terceros países. 
El Consejo de Ministros es consciente de esto, y estamos trabajando para alcanzar soluciones en dos ámbitos: efectividad institucional y el establecimiento claro y preciso de prioridades estratégicas. 
En cuanto a la efectividad institucional –sobre la que ya ha hablado en esta Cámara hoy el Presidente Berlusconi– puedo confirmar que, en la Conferencia Intergubernamental defenderemos el marco presentado por la Convención, sin ningún retroceso, como una base apropiada para el trabajo de la CIG. 
En relación con el segundo ámbito, la estrategia, como saben, se solicitará que el Consejo Europeo previsto para diciembre de 2003 apruebe un documento que incluya la estrategia de seguridad de la Unión. 
Es un texto ambicioso que proporcionará un marco para todo el interés y el compromiso invertidos en nuestra Política Exterior y de Seguridad Común. 
La estrategia señalará las amenazas a las que se enfrenta actualmente la Unión Europea, pero también necesita identificar los ámbitos de cuya estabilidad depende nuestra seguridad. 
Esta estrategia podrá guiarnos en la identificación de los recursos necesarios para poder convertirnos en productores de seguridad, como nos gusta decir, y dejar de ser consumidores de seguridad. 
Por esta razón la Presidencia italiana está ansiosa por promover una cooperación fructífera entre nuestra política exterior común y las actividades de las organizaciones internacionales que están activas en el ámbito de la seguridad. 
Estoy pensando, primeramente en la OTAN y la OSCE, pero lo que es totalmente vital para nosotros es el papel de las Naciones Unidas. 
El 24 de septiembre, la Presidencia italiana y el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, firmaron una declaración conjunta ONU-UE en Nueva York como base de cooperación tanto en ámbitos militares como civiles de la gestión de la crisis. 
Señorías, creo que todos deberían reconocer la necesidad de tomar una acción preventiva, más que de reparar el daño resultante de una crisis que ya ha explotado. 
Por tanto, la prevención se está convirtiendo en un componente clave de las relaciones exteriores de la Unión. 
Esto deriva y está caracterizado por el uso coordinado de los recursos de los Estados miembros, que están disponibles en interés común, y los propios recursos de la Unión, que están gestionados por la Comisión Europea. 
En consecuencia, tenemos que aprovechar todos los recursos que la Unión puede explotar en situaciones de crisis. 
Tenemos instrumentos que nos permiten ejercer influencias culturales, económicas, políticas y ahora también militares. 
La Unión puede y debería comprometerse, más que ninguna otra organización internacional, a atajar las causas subyacentes de los conflictos ayudando a eliminarlas a través de la acción preventiva. 
Estamos adoptando una política basada en la influencia y la incentivación a fin de fomentar el progreso de la integración regional y superar las situaciones causadas por la falta de entendimiento y la inestabilidad. 
Este es el modelo acertado sobre el que hemos construido la Unión Europea, y es por esta razón por la que estamos convencidos de que es un modelo que vale la pena recomendar a nuestros socios exteriores. 
En particular, quiero mencionar los Balcanes occidentales, una región sensible que merece especial atención. 
Estamos esforzándonos por aumentar nuestras actividades de cooperación respecto a esa región, y también respecto a la costa sur del Mediterráneo, y, permítanme recordarles, respecto al subcontinente latinoamericano. 
Sobre el mismo tema, quiero señalar que el beneficio del establecimiento de relaciones de tratado con la Unión Europea es, de hecho, uno de los principales incentivos de las agrupaciones regionales. 
Por tanto, nuestra política de seguridad cuadra con nuestra política de ayuda al desarrollo en cuanto a objetivos, pero no deberíamos imaginarla como sustituta de la política de ayuda al desarrollo o permitir sacar recursos de ella. 
Como sabemos, el informe del Sr. Brok subraya que el interés de la Unión debería centrarse en las regiones vecinas. 
Aunque he mencionado los Balcanes y la región mediterránea, quiero subrayar que las dificultades que prevalecen en Oriente Próximo no han debilitado nuestra determinación: la Unión puede y debe contribuir de manera importante a la identificación de una solución pacífica y a la garantía internacional de paz. 
La Presidencia, el Alto Representante y la Comisión se esfuerzan constantemente por alcanzar este resultado, y las conclusiones finales del Consejo Europeo de la semana pasada los han animado. 
El Consejo también ha confirmado la posición de la Unión respecto a otras dos cuestiones internacionales de importancia vital: Iraq, donde la Unión está comprometida a contribuir al esfuerzo de reconstrucción, e Irán, a quien hemos animado muy activamente a dar el paso decisivo para cumplir con los requisitos del Organismo Internacional de la Energía Atómica. 
Tan solo ayer, la República de Irán dio el paso positivo de aceptar estos compromisos, con el apoyo total de la presidencia. 
Sin duda, esto es algo que hemos fomentado y que acogemos con satisfacción. 
Otro ámbito de interés para la Europa ampliada son sus fronteras orientales. 
Estoy pensando en nuestra política de buena vecindad hacia Ucrania, Belarús, Moldova, y un poco más hacia el este, la Federación Rusa, a la que volveré esta tarde cuando discutamos la próxima Cumbre de Roma del 6 de noviembre. 
Quiero concluir mis comentarios refiriéndome a una relación estratégica que todavía reviste una importancia fundamental para nosotros en Europa: la relación trasatlántica. 
Es evidente que todos los Estados miembros siguen concediendo gran importancia a las relaciones con los Estados Unidos. 
Personalmente, también creo que podemos superar los recientes fracasos de entendimiento. 
La renovación de esta relación ha sido confirmada por las recientes y costosas decisiones tomadas en las Naciones Unidas. 
Estoy convencido de que este es el caso, porque las relaciones euro-atlánticas se nutren de una historia común, de un enorme endeudamiento en términos de liberación y libertad –especialmente para nosotros los italianos– y también de valores e ideales compartidos y de acciones comunes reflejadas en la PESC. 
Nuestro compromiso común en los Balcanes, combatir el terrorismo y combatir la proliferación: estos son ejemplos y pruebas de acción común. 
Señor Presidente, Señorías, el Sr. Brok ha redactado propuestas para el trabajo futuro. 
Quiero volver a darle las gracias, y estoy de acuerdo con sus sugerencias y propuestas. 
La construcción de Europa no tiene precedentes en la historia, ni en cuanto a su ambición política ni en cuanto a sus mecanismos institucionales. 
Quiero concluir mi discurso diciendo que existen básicamente cuatro ámbitos en los que podemos trabajar, que sólo voy a mencionar por motivos de brevedad. 
El primer ámbito es el desarrollo de la voluntad política de alcanzar la integración, el distintivo de la cual será cada vez más la política exterior y la política europea de defensa común. 
En este ámbito, los parlamentarios de los Estados miembros tendrán un papel esencial, y por ello espero que esta Cámara siga proporcionando apoyo y direcciones. 
El segundo ámbito es una estrategia para las actividades exteriores de la Unión, que se base en el documento que vamos a presentar en diciembre. 
El tercer ámbito está relacionado con mecanismos de toma de decisiones apropiados y efectivos. 
Trataremos ese tema en profundidad en la Conferencia Intergubernamental. 
El cuarto y último ámbito es el de los recursos. 
Aunque lo he dejado para el final, es crucial. 
Debemos hacernos con los recursos necesarios para alcanzar la política exterior que necesitamos. 
La alternativa, que no me gusta, sería reducir nuestras ambiciones. 
Tenemos unas disposiciones presupuestarias limitadas para la financiación de la PESC, y aunque hemos tenido un pequeño aumento en 2003, sin duda necesitamos hacer mucho más. 
La Presidencia italiana entiende y apoya la solicitud del Parlamento Europeo de que se le conceda información puntual, si no anticipada, sobre las actividades en las que el Consejo Europeo planea embarcarse. 
Sigo comprometiéndome a apoyarles en esto. 
. Señor Presidente, quiero felicitar al ponente por su excelente informe que, como él ya sabe, he disfrutado mucho leyendo. 
No quiero repetir en los cinco minutos de que dispongo todos los puntos planteados con tanta elocuencia y exhaustividad por la Presidencia italiana, pero estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el Ministro. 
Me centraré muy brevemente en cuatro puntos e intentaré ceñirme a mis cinco minutos. 
En primer lugar, quiero decir algo sobre los acuerdos institucionales. 
Todos sabemos que los acuerdos institucionales actuales que apoyan y facilitan la infraestructura para la PESC son, utilizando un término técnico habitual en la Unión Europea, «subóptimos». 
Y todos sabemos que los cambios de los acuerdos institucionales, el tipo de cambios propuesto en la Convención y de los que se discute en la CIG, pueden contribuir a crear voluntad política para hacer las cosas de forma más eficaz. 
Pero los cambios institucionales nunca pueden ser un sustituto de la voluntad política. 
Nuestros desacuerdos en relación con el Iraq no se debieron a la falta de acuerdos institucionales suficientes. 
No nos pusimos de acuerdo en relación con el Iraq por una falta de voluntad política suficiente. 
También es justo decir que no importa lo mucho que mejoremos los acuerdos institucionales, cuestión que ha mencionado la Presidencia: no podemos pagar las facturas con acuerdos institucionales. 
Si queremos tener una influencia más efectiva a escala internacional, si queremos que los Estados Unidos nos vean como gente que pone su parte en el campo de la seguridad, hemos de enfrentarnos al hecho de que necesitamos hacer más y necesitamos gastar más. 
Todos los sondeos de opinión muestran –y este es un interesante reflejo del debate actual en Europa– que nuestros votantes de Europa quieren que Europa hable con una voz política más alta en el escenario internacional. 
Pero, desafortunadamente, casi no hay ningún país cuyos votantes estén dispuestos a gastar más dinero en seguridad para ayudar a sostener ese mayor papel europeo. 
Por lo tanto, hemos de abordar la laguna actual que existe entre el debate sobre los acuerdos institucionales y el debate sobre la voluntad política y los recursos. 
En segundo lugar, quiero mencionar la seguridad y la definición de la seguridad. 
Todos sabemos que la seguridad debe definirse en términos mucho más amplios de lo que ha sido la práctica habitual en el debate sobre política exterior. 
Una de las grandes ventajas del proyecto de estrategia de seguridad que ha planteado el Alto Representante es que demuestra que la seguridad es algo más que municiones guiadas con precisión y capacidad de transporte aéreo. 
Tiene que ver con cuestiones que van desde la salud pública y las enfermedades hasta el terrorismo, el crimen organizado, todas las cuestiones en las cuales en la Unión Europea tenemos de hecho la competencia para desarrollar una política más coherente y amplia de relaciones exteriores de lo que es posible en muchos Estados miembros y en muchos Estados nacionales. 
Por lo tanto, en mi opinión es muy importante que, cuando vayamos a construir un servicio exterior conjunto, nos aseguremos de que combinamos las fuerzas del Pilar I y del Pilar II en la gestión y la aplicación de la PESC. Sería un grave error que, por un lado, aisláramos al Ministro de Exteriores de la Comisión, o, por otro lado, que hiciéramos cosas que dieran a la gente motivos para sospechar que la Comisión está demasiado implicada en cuestiones de la PESC. 
Por tanto, al diseñar el servicio exterior conjunto, hemos de asegurarnos de utilizar la fuerza tanto del Consejo como de la Comisión para tener la mayor influencia posible en los problemas exteriores. 
El tercer punto que quiero plantear versa sobre la importancia de la asociación transatlántica. 
Sabemos que en el período previo a la intervención militar en el Iraq Europa estuvo amargamente dividida. 
He dicho antes que esto no me ha sorprendido del todo, ya que las cuestiones que afrontábamos en el Iraq eran muy complejas y tremendamente graves. 
También sabemos que a pesar de estas divisiones, en general, la mayoría de las cosas que queremos lograr como europeos son más fáciles de obtener si colaboramos con los Estados Unidos, y hay que decir también que la mayor parte de lo que quieren conseguir los Estados Unidos es más fácil de alcanzar si cooperan con la Unión Europea. 
Espero que así sea ahora en el Iraq con la reconstrucción. 
Desde esta Asamblea me marcho a Madrid a la Conferencia sobre la Reconstrucción del Iraq, igual que la Presidencia. 
Creo que la Presidencia podrá anunciar un compromiso de la Unión Europea para el primer año de la reconstrucción en el Iraq que será mayor que la promesa que hicimos en Tokio para Afganistán. 
Me parece que en los próximos meses vamos a comprometernos más en el Iraq de lo que hicimos en aquella ocasión. 
Vamos a asignar 200 millones de euros del presupuesto europeo además de los 100 millones de euros que ya hemos solicitado para ayuda humanitaria. 
Me parece que la cifra que hemos propuesto del presupuesto es una cifra responsable: creo que es una cifra seria. 
No nos ha obligado a agotar toda nuestra flexibilidad del próximo año o a tomar dinero de otros programas importantes. 
Considero que es mucho más importante que vayamos a Madrid a respaldar los esfuerzos de la reconstrucción con una contribución seria que con una contribución que no sea más que una mera reacción política. 
La cuarta cuestión es que a menudo hablamos de multilateralismo eficaz y a veces se nos pide que los definamos. 
Me parece que lo que hemos visto en las últimas 24 horas en Irán es un buen ejemplo de multilateralismo eficaz. 
En el Irán nos hemos embarcado en una política de compromiso duro pero constructivo. 
Compromiso no significa abandonar ningún principio. 
Tenemos ideas muy firmes sobre la situación de los derechos humanos en el Iraq. 
Tenemos ideas muy firmes sobre el terrorismo. 
Tenemos ideas muy firmes sobre las armas nucleares. 
Pero hemos estado dispuestos a tender una mano de amistad a Irán, reconociendo que es una gran civilización preislámica. 
También reconocemos, y esta es mi opinión, que la demografía en el Irán está de parte de la democracia, lo que brinda a Irán la oportunidad de entrar en la comunidad internacional y no quedar fuera de ella. 
Por ello, la visita de ayer me parece un excelente ejemplo de todo lo que podemos lograr en Europa cuando trabajamos juntos, y creo que es particularmente importante reconocer que Francia, Alemania y Gran Bretaña, así como los demás Estados miembros, tienen que dar ejemplo trabajando juntos. 
Espero que este tipo de esfuerzo combinado se dé más a menudo, utilizando tanto los recursos que pueden proporcionar los Estados miembros, como los recursos que hemos acordado compartir y las competencias que hemos aceptado compartir. 
Espero que este tipo de cooperación eficaz se haga realidad. 
Espero que no haya demasiada guerra institucional. 
Estoy convencido de que las cuestiones que hemos de abordar en la escena internacional son demasiado serias para que eso ocurra, tal y como deja claro este excelente informe. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, quisiera seguir con las primeras observaciones del Comisario Patten en las que ha pensado en voz alta sobre cosas como Acuerdos Interinstitucionales y voluntad política, y ha subrayado su importancia. 
A la vez que en esta Cámara deberíamos debatir los asuntos de manera más profunda, también pienso que los Acuerdos Interinstitucionales pueden ayudar a unir la voluntad política y permitir resultados. 
Por esta razón la opinión de la Comisión de Presupuestos ha reflejado su interés particular en la cuestión que el Presidente en ejercicio del Consejo ha planteado al final de su discurso, la de cómo manejar el presupuesto de la Unión Europea, y cómo está la situación en cuanto al derecho del Parlamento de ser informado, no como cuestión puramente técnica, sino porque necesitamos estos debates sobre prioridades políticas. 
Podemos celebrar dichos debates únicamente si conseguimos que la información esté en posesión del Consejo en una fase temprana, información que se va a discutir en los grupos de trabajo del Consejo, y de los cuales surgirá un resultado en muchas fases, antes que tener que esperar hasta que el Consejo haya tomado su decisión y todo lo que quede por hacer sea aprobarla. 
Les estoy agradecido por comprometerse a poner esta información a disposición del Parlamento. 
Tratamos con diferentes socios, dependiendo del asunto, y esta es una cuestión en la que el Parlamento y la Comisión trabajan juntos muy a menudo. 
En cuestiones de relaciones exteriores, el Parlamento, como institución, siempre tiende a apoyar a la Comisión en su trabajo, y también tiende a estar dispuesto a proporcionar más dinero. 
En el procedimiento presupuestario, como en los demás aspectos, el Consejo a veces ralentiza las cosas, y creo que es aquí donde se puede alcanzar una nueva relación triangular. 
Después se ha referido al tema de las Naciones Unidas, y la Comisión solía adoptar un enfoque muy técnico al respecto y apoyaba sus proyectos, pero no había debates sobre la política. 
De hecho, la Comisión incluso conseguía elaborar un documento sobre la relación de la Unión Europea con las Naciones Unidas que no hacía referencia alguna al Parlamento como autoridad presupuestaria. 
Creo que ya hemos llegado a una nueva fase de diálogo con el Comisario Patten. 
También en nuestras relaciones con las Naciones Unidas necesitamos establecer prioridades políticas, y estas necesitan ser discutidas por el Consejo y el Parlamento en sus respectivos procedimientos presupuestarios. 
Por esta razón, este informe anual, junto con las declaraciones del Alto Representante, representa un paso adelante beneficioso. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario, creo que el informe del Sr. Brok no es tanto un informe como un manifiesto, un manifiesto acerca de la forma que debería tomar la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, y un manifiesto que también aborda las otras cuestiones importantes a las que se enfrenta la Unión, como la delimitación de sus fronteras finales. 
Este es un tema muy actual, ahora que, como ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo, con el regreso de 10 países al pliegue europeo la Unión se va a ampliar de una manera que no se concebía ni se esperaba hace unos años. 
De los muchos países que esperan unirse a la Unión, quiero subrayar aquí la importancia de Ucrania, un país entre dos mundos, el europeo y el eslavo, que redundaría en nuestro beneficio admitir en la Unión Europea. 
No digo eso porque haya visitado ese país como miembro de una delegación del Parlamento Europeo. 
El informe Brok –como acaba de decir mi colega– proporciona una evaluación excelente del informe anual del Consejo, que no contiene más que un simple balance desprovisto de todo análisis político en profundidad y que apenas identifica alguna prioridad. 
Sin embargo, si en el poco tiempo de que dispongo puedo añadir algo, por poco que sea, al informe Brok, entonces quiero apoyar la propuesta realizada por el Sr. Wuori en una enmienda por la que África oriental debería añadirse a los ámbitos prioritarios mencionados en el informe. 
No podemos pasar por alto el importante papel que desempeña por mediación en los conflictos de Etiopía-Eritrea, Somalia y Sudán, un papel que incluye sacrificios enormes y dificultades por parte de Italia, cuya autoridad estaba debidamente reconocida. 
Italia ha fomentado la participación creciente de la Unión Europea en la gestión de dichas crisis, y creo que es apropiado y necesario incluir a África oriental en los ámbitos prioritarios de la Política Exterior y de Seguridad Común, incluidos de manera específica en el párrafo 8 del informe Brok. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, quiero empezar extendiendo las felicitaciones de mi grupo al Sr. Brok por su informe, que es, como siempre, muy equilibrado y –como su presidencia de la comisión– muy circunspecto, a la vez que transmite un mensaje claro. 
Sin duda, esto es un arte, pero el Sr. Brok demuestra su dominio una y otra vez. 
No obstante, hoy quiero empezar de modo distinto, ya que quiero subrayar que nuestro propósito primordial es promover los intereses de Europa, y esto no debe ocultarse de ninguna manera. 
La única cuestión es hasta qué punto coinciden nuestros intereses con los de otros, y con qué frecuencia son paralelos. 
Especialmente en cuestiones de seguridad, pero también en muchos otros ámbitos, podemos ver los intereses de Europa paralelos a los de otras regiones. 
Si utilizamos el concepto de seguridad que el Comisario Patten ha puesto de nuevo ante nosotros hoy –lo cual sería apropiado– veremos cómo somos muy capaces de tener en cuenta las aspiraciones de otras regiones cuando defendemos apropiadamente nuestros intereses. 
Una de las cosas que se discutieron y se subrayaron hace bastante tiempo en el debate sobre la presidencia fue la cuestión de los refugiados. 
Espero que lo que se dijo se apoye con actos, quiero decir, que actuaremos en los países en los que la gente se ve obligada –o la obligan– a huir, y ayudaremos a impedir que los refugiados inunden Europa de la manera en que lo están haciendo. 
Eso redunda en nuestro beneficio, pero también en el beneficio de estas personas, porque les damos la oportunidad de una vida próspera en su propio país, del que no tendrán que escapar. 
Para estar seguros, necesitamos socios en esta política. 
Los estadounidenses son, sin duda, nuestros socios privilegiados, pero todavía tenemos que reforzar y desarrollar nuestras relaciones con otras regiones como Rusia, China y la India, si queremos cultivar esta sociedad de modo adecuado. 
Este es el caso respecto a una cuestión en la que se centrarán nuestros debates en los próximos meses, y sobre la que el Sr. Laschet está finalizando un informe, y es la reforma de las Naciones Unidas. 
Cualquiera que –como nuestro grupo en su conjunto– quiera que las Naciones Unidas encuentre su propia justificación, cualquiera que apoye totalmente el enfoque multilateral, también debe presionar para que las Naciones Unidas se reformen de manera que se hagan más efectivas a la vez que sigan siendo representativas. 
Todos los de este grupo que se opusieron a la intervención de los Estados Unidos en el Iraq deben, no obstante, reconocer que también fue –y subrayo el también– debido al fracaso de toda la estructura de las un día modernas Naciones Unidas por lo que las cosas llegaron a tal estado, y por lo que no realizamos un intento multilateral de cambio de régimen en el Iraq en una fase anterior, cuando habría sido el momento apropiado para hacerlo. 
Cualesquiera que sean las críticas hechas a nuestra propia política exterior y de seguridad, tenemos, como he dicho antes, motivos para estar orgullosos. 
Se ha hecho referencia a Irán. 
Aunque institucionalmente hablando las cosas podrían haber sido mejores, eso fue un gran logro, pero es el éxito lo que cuenta, así que quedémonos con él. 
Quiero expresar de forma especial mi más profundo agradecimiento al Comisario por la política de los Balcanes. 
Cuando consideramos lo que hemos alcanzado en los Balcanes en los últimos años, y cómo hemos conseguido llevar la paz, eso es una señal muy positiva. 
Sin embargo, también significa que Europa tiene que hacerse cargo de sus propias responsabilidades. 
Si estamos preparados para hacernos cargo de nuestras propias responsabilidades en nuestro propio campo, entonces podemos alcanzar el éxito. 
– Señor Presidente, las buenas noticias de hoy son que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, por una gran mayoría, una resolución que solicita que Israel pare de erigir el llamado muro de seguridad. 
La resolución llega a solicitar que las partes del muro que ya se han construido se derriben. 
Las malas noticias de hoy son que, a pesar de la decisión de las Naciones Unidas, Israel sigue construyendo el muro. 
En el informe que estamos debatiendo, el Parlamento Europeo considera que llevar la paz a Oriente Próximo es la tarea más importante que puede compartirse con los Estados Unidos, junto con Rusia y las Naciones Unidas. 
Además, reiteramos nuestro apoyo incondicional, con el que la decisión de las Naciones Unidas está espléndidamente de acuerdo, para la ejecución de la hoja de ruta. 
Hoy también podemos, junto con el Comisario Patten, deleitarnos con el hecho de que la jerocracía en Irán va a permitir inspecciones exhaustivas y a abstenerse de producir uranio para su uso en armas nucleares. 
La aceptación final por parte de Irán de las inspecciones nucleares siguió a una visita de los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y Gran Bretaña, un acuerdo internacional del que la Unión Europea puede llevarse el mérito. 
Hoy estamos debatiendo un informe sólido, y eso es algo que también quiero agradecer al Sr. Brok. 
Se trata de un informe muy conciso, pero no es corto, y solo dispongo de un poco de tiempo para mencionar algunos de los puntos que considero importantes. 
La relación EE.UU.-OTAN es bastante fundamental para la estructura de seguridad europea, y debemos apoyar el desarrollo de una cooperación reforzada en el ámbito de la defensa. 
A Asia y China en particular no se les ha prestado tanta atención en el informe como quizás se habría deseado. 
Las crecientes tensiones en las relaciones entre China y Corea del Norte son causa de preocupación, pero lo que es más preocupante es, sin duda, el hecho de que Corea del Norte no vaya a eliminar paulatinamente su programa de armas nucleares. 
Esto lo consideramos una amenaza considerable para la estabilidad en Asia. 
También debe mencionarse la cuestión de Taiwán en este contexto. 
En una institución democrática como esta, debemos lamentar la falta de progreso en este asunto. 
Taiwán es un país democrático y pacífico, pero los taiwaneses no pueden vivir de la misma manera que la gente de otros países libres y democráticos, teniendo en cuenta la manera en que se está comportando su vecino. 
Quiero solicitar un nuevo diálogo entre China y Taiwán y que la UE presione más por una solución al conflicto. 
– Señor Presidente, no hay duda de que el Sr. Brok, en su informe, ha resumido cuidadosamente la opinión de la mayoría de esta Cámara en cuanto al problema de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Simplemente tengo algo que decir que no va a sorprender a nadie, y es que mi grupo no está incluido en esa mayoría. 
Sin embargo, me gustaría aclarar que creo que es necesario que la Unión Europea persiga una política exterior común, de hecho, en partes, una política exterior en las líneas comunitarias. 
Sin ella, tal y como muestra el ejemplo expuesto por el Sr. Andreasen, será difícil o imposible que el mundo nos conceda una audiencia. 
Quiero subrayar que algo positivo del informe, en mi opinión, es que define como alternativa real un nuevo enfoque para la seguridad y pone el énfasis en el multilateralismo. 
Sin embargo, su tendencia real no tiene el rigor que necesita para distinguirse de algo que considero motivo de preocupación. 
Quiero subrayar dos ejemplos. 
En primer lugar, lamento la incapacidad de la comisión de abordar el problema del mantenimiento, la defensa y el desarrollo posterior del sistema de desarme y seguimiento de las armas. 
¿Cómo vamos a poner fin a la continua proliferación de armas de destrucción masiva si nuestro propio proyecto de constitución nos obliga a formar nuestras propias capacidades o potencial militar, como las que no se encuentran en ninguna constitución del mundo ni se han encontrado nunca? 
En efecto, estamos comprometiéndonos al rearme en lugar de fijarnos objetivos de desarme. 
La actitud estadounidense hacia el control de las armas biológicas y químicas, el Tratado sobre la prohibición de ensayos nucleares y su amenaza de retirarse del hacen de esta una cuestión muy actual. 
El segundo problema es que el informe subraya explícitamente la necesidad de formar capacidades militares, a pesar de la concentración europea de enfoques civiles para la prevención de conflictos. 
En Europa podemos ver actualmente ejemplos positivos de cómo los conflictos no han escalado hasta la guerra, uno de los cuales es el Cáucaso. 
¿Por qué no analizar estas experiencias y aplicarlas en general? 
Que estemos empezando por fin un debate serio sobre la estrategia de seguridad de la Unión Europea es algo que acojo con gran satisfacción, pero es lamentable que este debate todavía sea, en su conjunto, un asunto interno en el que el público en general no esté implicado. 
Solicito al Consejo y a la Comisión que incluyan al Parlamento en el debate más de lo que ha estado hasta ahora, más que enfrentarnos a conceptos ya formados. 
Señor Presidente, según mi grupo, un elemento crucial del informe Brok es la toma de conciencia de que la Unión Europea es, y debería ser, un actor importante en el escenario mundial. 
Sin embargo, si eso es lo que hace la Unión Europea, debería hacerlo de manera diferente a los Estados Unidos. 
La Unión Europea no debería intentar ser una superpotencia militar, sino, yo diría, una superpotencia civil. 
Estos puntos están machacados en el informe, y de manera correcta. 
Nuestra fuerza debería radicar en la diplomacia, el comercio y la prevención de conflictos. 
Estos son y siguen siendo los elementos centrales de la política exterior común. 
Que no haya dudas sobre esto: la capacidad militar forma parte de esto. 
La Unión Europea debería ser capaz de hacer más de lo que está haciendo en este momento, pero debería ser capaz de hacer algo distinto de los Estados Unidos. 
Esto significa, por ejemplo, que la primera prioridad debería ser, como se afirma en el informe, formar nuestra propia fuerza de intervención rápida y no centrarnos en la Fuerza de Respuesta Rápida de la OTAN. 
Esto también significa –y aquí no estoy totalmente de acuerdo con el Comisario– que un gasto más efectivo de lo que estamos pagando en defensa en este momento debería ser la Prioridad Número Uno. 
No puedo explicar a mis electores que tenemos que gastar más en defensa si saben que el gasto actual es tan ineficaz. 
Cualquiera que siga la discusión en los medios de comunicación podría ser perdonado por pensar que la esencia de la discusión entre la UE y la OTAN eran los cuarteles generales. 
Vamos a ser bastante claros sobre esto: no se trata de cuarteles generales. 
Los Estados Unidos tienen miedo de que la Unión Europea desarrolle su propia visión alternativa, y venga con un análisis alternativo de lo que es la seguridad, un análisis y una estrategia que se desviará de la de los Estados Unidos. 
Les insto a que no desistan debido a esta resistencia que proviene del otro lado del océano. 
Los Estados Unidos no se beneficia de tener un seguidor obediente. Sin embargo, se beneficia de tener un socio de confianza con su propia visión. 
Esto significa que el control democrático parlamentario debería formar parte de esta visión. 
Podemos hablar todo lo que queramos sobre cualquier visión, pero si no hay un seguimiento parlamentario en marcha, y si las finanzas son la única preocupación de principio a fin, entonces esta visión no se hará realidad. 
Señor Presidente, en mi país a veces se oye la útil advertencia de no tirar nunca los zapatos viejos hasta que los hayas sustituido por unos nuevos. 
Les insto a que no cambien a la OTAN por tales aspiraciones militares inciertas apreciadas por una serie de Estados miembros de la UE. 
Mientras tanto, esta ambición de defensa a este lado del océano produce una división interna europea renovada, así como una tensión transatlántica fresca. 
Comparto totalmente la gran preocupación de EE.UU. sobre la cohesión y el futuro de la OTAN, dado el camino autónomo militar tomado por el Presidente Chirac y el Canciller Schröder. 
Las ideas ambivalentes sobre la seguridad en París y en Berlín se reflejan totalmente en el informe Brok: ¡nada menos que la UE como organización de seguridad complementaria de la OTAN! 
El informe Brok es suficientemente honrado para reconocer que las capacidades militares actuales de la UE no son adecuadas para operaciones de paz. 
En resumen, preferiría que la OTAN cuidara de nuestra seguridad en Europa –dentro del contexto de la OTAN– en lugar de dejar que los Estados miembros de la UE puedan mostrar lo que valen como aliados leales. 
Señor Presidente, tras el derrumbamiento de las dictaduras comunistas en el antiguo bloque oriental, el mundo no se ha convertido precisamente en un lugar más seguro. 
Como ha señalado Samuel Huntington, progresamos después de la Guerra Fría, de un mundo bipolar a uno multipolar, y más que nunca, lo que importa es identificar amigo y enemigo, y, por tanto, las amenazas con que nos enfrentamos. 
Como se ha señalado correctamente, el terrorismo, las armas de destrucción masiva y los Estados mal gobernados son las tres amenazas más importantes de Europa. 
También quiero añadir a esta lista la presión demográfica de un Islam incontrolable y que nos invade. 
Por tanto, Europa tiene que proporcionar un sistema de defensa y seguridad eficaz y bien desarrollado. 
Esto requerirá voluntad política, al igual que inversiones. 
En ese respecto, tenemos que finalizar con cierto sentido de vergüenza porque los presupuestos medios de cada soldado en Bélgica son tres veces más bajos que en los otros Estados miembros europeos. 
El gobierno belga ya ha anunciado que no va a aumentar el presupuesto de defensa durante su presidencia que, de hecho, acaba de empezar. 
Por lo tanto, es una señal de hipocresía por parte del gobierno belga si quiere tomar la iniciativa en el desarrollo de un sistema de defensa a nivel europeo por una parte, mientras se niega a aceptar las consecuencias y obligaciones que conlleva. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, a mí también me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento al Sr. Brok por su astuto y muy equilibrado informe. 
Estoy satisfecho por algo que aclara en él, que es que no es suficiente que produzcamos una estrategia de seguridad Europea como respuesta constructiva a la de los Estados Unidos; al contrario, también tenemos que demostrar cómo se alcanza. 
Por eso necesitamos un plan de dos fases del tipo propuesto en el informe Brok con la formación de una fuerza de intervención de crisis europea para operaciones de evacuación y tareas humanitarias como primer paso. 
Lo que nos preocupa actualmente es nuestra relación con los Estados Unidos y especialmente su reacción a estas propuestas y a las realizadas por la Convención, que ha planteado la idea de un compromiso de defensa mutuo para los países de Europa. 
Esto preocupa a los Estados Unidos, que toman una actitud crítica hacia ello, como lo hacen –vehementemente– hacia la propuesta de una cooperación reforzada entre una serie de países europeos. 
Entonces se hizo una propuesta para que la agencia de armamento europea combinara nuestras capacidades, y nuestros amigos y aliados del otro lado del Atlántico se opusieron. 
Hay una cosa que tenemos que dejar clara aquí: por una parte, nuestros amigos piden que desarrollemos nuestras capacidades para desempeñar un papel de seguridad mundial mayor y para realizar nuestra contribución en este ámbito. 
Si queremos hacerlo, tenemos que combinar nuestras capacidades y eso, al fin y al cabo, es de lo que tratan estas propuestas. 
Entonces, tenemos que tener claro y aclararle a los estadounidenses que si combinamos nuestras capacidades en Europa, no solo se hace para beneficio de Europa sino también para el de los Estados Unidos. 
Señor Presidente, quiero darle las gracias al Sr. Brok por su equilibrado informe, que se ha hecho legendario. 
Su informe constituye una prueba de cuánto ha cambiado la situación mundial desde el año pasado. 
Entonces los ataques terroristas estaban en nuestras mentes, mientras que ahora el enfoque está en la invasión del Iraq. 
El ponente nos recuerda los abismos que se han producido entre los Estados miembros de la Unión Europea, cuyas relaciones trasatlánticas se han hecho muy tensas y que han afectado a distintos miembros de la OTAN en grados diferentes. 
Sin embargo, el Sr. Brok cree que ahora es necesario redefinir el papel de Europa, y quizás aprovechar la crisis política provocada por la guerra para hacer de la Unión un actor político con credibilidad y poder en la escena de la política exterior. 
Sin duda, los medios para alcanzar este objetivo están relativamente mal definidos: algunos Estados miembros nuevos y sus vecinos han descubierto de nuevo América y sus promesas de garantías políticas y económicas. 
Por esta razón, es aconsejable no olvidar el deber de los Estados miembros de abstenerse de intervenir en asuntos internacionales sobre la base de posiciones nacionales unilaterales hasta que la Unión Europea haya tenido la oportunidad de definir una postura común europea. 
Sin duda, no tengo tiempo para entrar en muchos detalles, pero el futuro de nuestra política exterior está ligado a la Constitución Europea; el veto puede arruinar los planes de paz más ambiciosos, como hemos oído esta mañana. 
Los objetivos de política exterior y de seguridad común de la Unión Europea dependen de su capacidad de equiparse con recursos militares, con el resultado de que solo podemos prever operaciones de un coste relativamente bajo. 
Quizás tengamos que contentarnos con eso, aunque en última instancia, no creo que podamos. 
La Brigada franco-alemana sola, una Fuerza de Reacción Rápida importante, podría haber sido suficiente para frenar la crisis de los Balcanes en 1991, como el Sr. Frattini también ha dicho hoy. 
Tenemos que insistir: además de los pequeños pasos adelante que hemos dado… 
Señor Presidente, el informe Brok llega en buen momento, en vista de que el debate sobre defensa europea ha tomado impulso en los últimos meses. 
Lo que solía ser competencia exclusiva de la OTAN o era una cuestión de soberanía nacional cada vez pertenece más a la Unión Europea. 
A finales de 2000 en Niza, la cooperación reforzada en el ámbito de la defensa estaba todavía mantenida a raya, pero hoy hay un consenso cada vez mayor en este ámbito. 
Las operaciones de la UE en Bosnia, Macedonia y África oriental han demostrado que Europa tiene una responsabilidad geopolítica. 
Como también indica claramente el informe Brok, nuestro propio cuartel general europeo es una condición para la defensa europea independiente y eficaz. 
Me parece de gran importancia para más Estados miembros, actuales y futuros, unirse al proyecto de defensa europeo de Bélgica, Luxemburgo, Alemania y Francia. 
Solo así puede una fuerza europea de esa clase poner fin a la duplicación inútil de esfuerzos de defensa entre los Estados miembros. 
Solo entonces podemos destruir la imagen de Europa como gigante económico pero enano político y gusano en términos militares. 
Estoy convencido de que esta es la gran oportunidad de la UE para desempeñar un papel positivo promoviendo la paz mundial e intentando dejar de ser unos Estados Unidos de hombre pobre, con su militarismo y filosofía de violencia. 
En cambio, la UE debería desarrollar una política alternativa y no violenta de paz. 
Lamentablemente, el informe Brok está impregnado de una superconfianza tradicional en intervenciones militares como única manera de traer la paz. 
¿No debería la UE aprender de los fracasos de los Estados Unidos en el Iraq y Afganistán? 
¿No debería el Parlamento Europeo recordar sus propias decisiones en líneas diferentes, por ejemplo, las recomendaciones al Consejo, adoptadas ya en 1999, de establecer un cuerpo de paz civil europeo? 
El Consejo ha ignorado esta recomendación durante diez presidencias. 
El Parlamento Europeo también debería apoyar firmemente las conversaciones prometedoras que están en marcha entre el Gobierno de Pekín y los representantes del Dalai Lama. 
Puede hacerlo aprobando la enmienda nº 10, que repite la antigua solicitud de que la UE nombre un representante especial para el Tíbet. 
A través de la gente con la que tengo contacto como Vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con la República Popular de China y como miembro del Grupo de todos los partidos para el Tíbet del Parlamento Europeo, tengo contactos en los dos frentes. 
Por lo tanto, sé que tanto Pekín como el Dalai Lama acogerían con satisfacción una fuerte iniciativa por parte de la UE sobre este tema. 
– Señor Presidente, he aquí un nuevo informe Brok, inspirado en los mismos principios y animado por la misma intención, que es la creación de una política exterior común. 
El Sr. Brok sigue sin darse cuenta de que los intereses de los Estados europeos divergen y en consecuencia sus políticas son incompatibles, y que la política común, que fue instituida, hay que recordarlo, hace más de 12 años con el Tratado de Maastricht, será uno de los más viejos chistes que hayan inspirado la perspectiva federalista europea. 
Por lo demás, rara vez se habrá visto en la historia a tantos personajes honorables manchar tanto papel y gastar tanta energía para alcanzar ese fin extraño y patológico que consiste en hacer desaparecer el propio país. 
Pero, felizmente, esas quimeras siguen siendo irrisorias y todavía no se han realizado mínimamente. 
Detengámonos, sin embargo, en lo que dicen esos sueños y lo que está sucediendo aquí tan claramente. 
Definen una verdadera concepción del mundo y, diría incluso más, un verdadero miedo al mundo. 
En un primer momento, el Sr. Brok, considerando que el Consejo y la Comisión son incapaces de definir auténticas prioridades, se pone a hacerlo él mismo eligiendo lo que denomina, en el artículo 7, las «fronteras exteriores inmediatas» , es decir, el Este y el Sur. 
Al mismo tiempo, se felicita por el hecho de que las operaciones de crisis realizadas en el marco de la política exterior común se hayan apoyado en la estructura de programación y de mando de la OTAN –es una cita del artículo 30– y preconiza por supuesto una mayor cooperación con la OTAN. 
¿Qué visión del mundo se desprende de ello? 
Si la Unión Europea debe aplicar su principio de «la Unión hace la fuerza» , ha de hacerlo en contra de los Estados situados en su periferia, en el Este y sobre todo en el Sur y, correlativamente, debe hacerlo, según el Sr. Brok, mediante una relación cada vez más estrecha con los Estados Unidos en el marco de lo que denomina el «espacio euroatlántico». 
En resumen, Europa se construiría de modo que apoyara la unidad del mundo blanco desarrollado contra todo lo que es diferente, lo que lo rodea y que considera una amenaza. 
¿Es esta, señor Brok, la política exterior y de seguridad común? 
¿Cómo hacer creer a los ciudadanos que Europa tiene el objetivo de contrarrestar la potencia norteamericana, cuando, manifiestamente, su único propósito es reforzar la unidad del mundo blanco frente a un Sur que considera una amenaza? 
¿No se ve que los turiferarios de la política exterior común son también los más partidarios de esperar los acontecimientos y que el centro de ese espacio euroatlántico nunca ha sido mejor llamado «la Casa Blanca» , es decir, la casa de los blancos, unida, felizmente acurrucada frente a las amenazas del mundo. 
Pues bien, Señorías ,... 
– Señor Presidente, el informe Brok sobre las opciones fundamentales de la PESC es realmente muy interesante y solo le falta una cosa: mencionar que hay naciones en Europa y que esas naciones, al menos las más grandes, quieren seguir desempeñando un papel en la escena mundial. 
Así lo demostró ayer mismo el viaje a Teherán de los Ministros de Asuntos Exteriores británico, alemán y francés, que consiguieron meter en vereda las actividades nucleares del Irán. 
En una palabra, el informe Brok concibe demasiado la PESC en términos de construcción de una entidad unificada, cuando habría que pensarla más en términos de geometría variable y sinergia de las políticas nacionales. 
El mismo reproche podría hacerse, aunque en menor grado, al actual proyecto de Constitución examinado por la CIG. 
Crea la figura de un responsable de asuntos exteriores de la Unión, denominado de forma muy reveladora «ministro» , apoyado en una diplomacia europea y no dotado de una doble gorra como se ha dicho, sino de una triple gorra: la de Alto Representante de la PESC, la de Vicepresidente de la Comisión para las Relaciones Exteriores y la de Presidente del Consejo de Ministros de «Asuntos Exteriores». 
Esta acumulación de responsabilidades va a provocar... 
– Señor Presidente, este es un intento excelente del Sr. Brok de pasar revista a todas las controversias y puntos problemáticos del mundo. 
El documento tiene cosas positivas que decir sobre el debate de la Gran Europa y los nuevos vecinos y, en particular, sobre la necesidad de reconocer el potencial de la pertenencia de pleno derecho a la Unión Europea de estos vecinos que son claramente europeos, a saber, Ucrania, Moldova y Belarús. 
Hoy doy la bienvenida al Parlamento a la Sra. Timoshenka, líder de la oposición ucrania. 
Hace hincapié en la cooperación en materia de seguridad y defensa, cosa que es excelente, pero, en mi opinión, lo estropea todo al lamentar el continuo principio de unanimidad y al solicitar la votación por mayoría cualificada en asuntos exteriores, lo que haría peligrar la soberanía nacional. 
Reivindica acertadamente medidas más estrictas de la Unión Europea y del G8 contra la proliferación de armas de destrucción masiva, que puede considerarse la mayor amenaza de todas. 
Sin embargo, me convence menos la necesidad de un Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea o una agencia de armamento, y me parece que las propuestas de miniunión de defensa de Bélgica, Francia, Luxemburgo y Alemania son pura y llanamente una postura antiamericana posterior a la Guerra del Golfo, que socava la OTAN y es ridícula sin la participación militar del Reino Unido. 
También me preocupa la petición de reformas de las Naciones Unidas. 
Hace tiempo que debieron acometerse, pero no si significan que la Unión Europea va a ocupar un escaño que sustituirá al escaño permanente del Reino Unido. 
Llevo mucho tiempo pensando que es preciso defender que la India sea miembro permanente del Consejo de Seguridad y, posiblemente, también Japón y Brasil. 
Celebro la voluntad de estrechar más la cooperación con Latinoamérica en general. 
Asimismo, tengo problemas para incluir la PESC en el presupuesto comunitario, ya que la política de defensa es en última instancia un indicador de la soberanía nacional y puede implicar que mueran personas por su país. 
Por lo tanto, debería permanecer bajo control parlamentario. 
Por último, tengo mis dudas acerca de la necesidad de una Asamblea Parlamentaria EUROMED y un banco EUROMED, que será caro. 
Además, la mayoría de estos países no son verdaderas democracias que funcionan a pleno rendimiento con parlamentos debidamente elegidos. 
– Señor Presidente, la aplicación de la política exterior y de seguridad común de la UE supondrá tener que pasar de palabras a actos. 
La Conferencia Intergubernamental que está ahora en marcha tendrá que crear estructuras que posibiliten la acción y la toma de decisiones efectiva. 
El Secretario General del Consejo de la Unión Europea, Javier Solana, merece nuestro apoyo mientras diseña una estrategia sobre la que se basará la política exterior y de seguridad de la Unión. 
Tendrá un papel fundamental la creación de un cordón de países vecinos gobernados apropiadamente en las fronteras exteriores de la Unión. 
La propuesta de la Comisión sobre la nueva política de vecindad está siendo debatida en el Parlamento. 
El hecho de que los futuros Estados miembros estén trabajando activamente en la iniciativa por una «Europa más amplia» es un punto positivo. 
Necesitaremos sus capacidades, su experiencia y sus opiniones en el desarrollo de las relaciones con Rusia, Ucrania, Belarús y Moldova. 
Las propuestas de una política exterior y de seguridad común que están siendo discutidas por la CIG son una extensión lógica de las decisiones alcanzadas en la Cumbre de Helsinki sobre la mejora de las capacidades de gestión de crisis de la UE. 
Sin embargo, hay que decir que todavía estamos muy lejos de una situación en la que la UE pueda ofrecer a sus Estados miembros garantías de seguridad militar. 
No hay necesidad de tomar una postura negativa del hecho de que algunos Estados miembros estén progresando más rápido que otros en el ámbito de la cooperación para la defensa. 
Al mismo tiempo, tenemos que insistir en que la cooperación reforzada debería estar abierta a todos. 
Estamos a favor de la creación de un sistema internacional basado en el multilateralismo, como se menciona en el informe del Sr. Brok. 
El refuerzo del papel de las Naciones Unidas tendrá una importancia clave aquí. 
Estoy satisfecho de que mi propio Grupo del Partido Socialista Europeo haya tomado un enfoque muy especial sobre cómo mejorar el modo de actuación de las Naciones Unidas. 
El multilateralismo también implica mantener relaciones trasatlánticas. 
Tras los desacuerdos sobre la guerra del Iraq, ahora debemos mirar hacia delante. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario Patten, quisiera restringir mis observaciones a nuestras relaciones con China. 
Mi grupo apoya la opinión planteada por la Comisión en su excelente documento político sobre la nueva relación entre la UE y China; también estamos muy agradecidos al Consejo por haber aclarado su postura el 13 de octubre. 
A la vez que creemos que la República Popular de China es un socio estratégico significativo para la Unión Europea y que las dos partes deberían comprometerse a formar relaciones entre ellas, compartimos la preocupación del Consejo de que la situación actual de los derechos humanos en China, especialmente por lo que respecta a las libertades fundamentales civiles, culturales y políticas, no cumple con las normas internacionales que la misma China reconoce. 
Este es el caso en el Tíbet. 
Entonces, al igual que el Consejo, solicitamos que comience un diálogo serio entre China central y los representantes del Dalai Lama. 
A la vez que apoyamos inequívocamente la política de «una sola China» , nos unimos al Consejo al solicitar que comience un diálogo constructivo entre la República Popular de China y la República de China de Taiwán. 
Los conflictos a través de los estrechos deben resolverse por medios pacíficos, y los cohetes –que podrían ser vistos como una amenaza– deben ser retirados de las provincias costeras de China. 
El gran interés del Parlamento por tener relaciones más estrechas con Taiwán, incluido un marco multilateral, es una cuestión que consta. 
Señor Comisario, espero que la Sexta Cumbre UE-China el 30 de octubre en Pekín tenga éxito en el sentido en que la Comisión y el Consejo se han referido en sus declaraciones. 
Comisario Patten, le deseo suerte en lo que será la primera reunión de alto nivel entre representantes de la UE y el nuevo liderazgo de China, con la esperanza de que podamos empezar de nuevo sobre la base que acabamos de discutir. 
Le deseo lo mejor. 
– Señor Presidente, esta Asamblea no debería dejar sin respuesta el comentario del Sr. Coûteaux en este debate sobre la unidad blanca, así como tampoco la insistencia indudablemente no deliberada en la respuesta al terrorismo en los países islámicos, en el apartado 74 de la resolución. 
El terrorismo constituye una amenaza procedente de todos los países del mundo, independientemente de la religión. 
Los prejuicios raciales minan la seguridad y no deberían influir en nuestra política de seguridad. 
El Parlamento busca desempeñar un papel de apoyo a una Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea más fuerte y eficaz, y felicito al Sr. Brok por las firmes declaraciones de principio en respuesta al informe anual que nos presenta hoy. 
Es necesario fortalecer las relaciones transatlánticas, crear capacidades de defensa de la Unión Europea en el contexto de la cooperación reforzada entre la Unión Europea y la OTAN y defender claramente el principio de multilateralismo en las relaciones internacionales. 
Hoy no quiero centrarme en las ya comentadas diferencias de opinión sobre cuestiones de la resolución que se derivan del proyecto de Constitución de la Unión Europea: las competencias del Ministro de Exteriores, la comunitarización, el voto por mayoría cualificada, la creación de un cuartel general de defensa específico de la Unión Europea o una cláusula de solidaridad duplicada de defensa mutua. 
Pero quiero insistir a todos los diputados que el Parlamento ya ha encarecido a los Estados miembros a ceñirse todo lo posible al proyecto de la Convención, y quizá esta disciplina debería aplicarse a esta Asamblea a la hora de formular nuevas exigencias en este momento. 
Sin embargo, quiero aducir que, a la vez que apoyamos la iniciativa de la Gran Europa y los nuevos vecinos, esto no debe utilizarse para reducir la influencia mundial de Europa. 
En el apartado 8, ¿es verdaderamente África occidental más vital para los intereses de la Unión Europea que África central o África austral? 
La diplomacia europea no puede ser tan importante a la hora de resolver posibles conflictos nucleares entre India y Pakistán, como lo es, así lo esperamos todos encarecidamente, a la hora de avanzar en el proceso de paz de Oriente Próximo. 
Nunca he apoyado el principio de «no en mi patio trasero». 
Me uno a mis colegas en la crítica a quienes quieren renunciar a la responsabilidad mundial en el ámbito de las relaciones internacionales. 
Esto debe incluir la garantía del apoyo político de la Unión Europea a la paz, la democracia, los derechos humanos y el desarrollo en todo nuestro mundo interdependiente. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a nuestro colega el Sr. Brok por el trabajo realizado. 
En efecto, este informe contiene muchos elementos y desarrolla una visión del papel europeo en las relaciones internacionales que es también, en lo esencial, la nuestra, tanto por lo que se refiere a la afirmación del multilateralismo como a la jerarquización de las prioridades de Europa en materia de política exterior o también en lo que respecta a las tomas de posición sobre Oriente Próximo. 
Si tuviéramos tiempo, podría citar otros muchos ejemplos. 
No obstante, hay un punto que me gustaría abordar, y es la cuestión de las prerrogativas parlamentarias en materia de política exterior. 
Al igual que usted, considero que la información al Parlamento Europeo debe mejorar. 
Un acuerdo reciente entre el Consejo, la Comisión y nuestra Asamblea así lo prevé, y debe aplicarse plenamente. 
No obstante, tengo mis reservas con respecto a las exigencias más extremas del informe. 
La historia ha revelado muy a menudo que una política exterior eficaz se aviene mal con unos poderes parlamentarios amplios. 
Una asamblea es un lugar de debate y discusión y, en su caso, de decisión. 
El tiempo parlamentario es en esencia un tiempo largo, mientras que una política exterior debe conducirse día a día. 
Además, el Parlamento es también, a veces, un lugar de conflicto entre grupos forzosamente heterogéneos. 
Ahora bien, creo que, en la expresión de su política exterior, una colectividad debe mostrarse lo más unida posible. 
Señalemos por lo demás que, en todos los países democráticos, el papel de los parlamentos nacionales en materia de política exterior obedece a normas particulares. 
Mi último comentario es que el aumento de las prerrogativas parlamentarias no contribuiría a que la política exterior de Europa resultara más comprensible. 
No hagamos un embrollo de competencias que complique más la comprensión de nuestra acción por los ciudadanos europeos. 
Concluiré resaltando que, con respecto a la PESC, no me parece sensato reivindicar la igualdad de derechos con las demás instituciones de la Unión. 
Planteemos preguntas, formulemos, si procede, recomendaciones, pero no lleguemos a reivindicar el poder de emitir dictámenes conformes en asuntos de política exterior. 
Por lo que se refiere a la PESC, como también a las demás materias, quedémonos con las sabias propuestas de la Convención. 
– Señor Presidente, nos ha tocado vivir un momento histórico que ha demostrado que Europa se beneficiaría de hablar con una voz única y hacerse con herramientas comunes diplomáticas y militares. 
Mientras Europa conseguía hacerse con instituciones capaces de concretar su destino colectivo, la guerra en el Iraq ponía al descubierto la inmensa distancia que aún hay que recorrer. 
La introducción en el proyecto de Constitución de una nueva figura, el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea con una, dos o tres gorras, por tomar prestado el lenguaje colorista del Sr. Berthu, nos da motivos de esperanza. 
¿Hará su trabajo esta institución? 
¿Disfrutará de poderes efectivos? 
Sinceramente, espero que sí. 
No podemos aceptar que la integración europea contenga dos esencias distintas y separadas: una económica que incluya la integración, y una política, en el sentido firme, tradicional, que choque con ella. 
Esta dicotomía no existe en realidad y no tiene lugar en la naturaleza de la integración europea. 
Si se les planteara la cuestión, los ciudadanos de Europa se mostrarían mayoritariamente a favor de las políticas exteriores y de seguridad común. 
Entonces, los legisladores europeos no corren el riesgo de que se les acuse de tomar posiciones en la vanguardia, separados de la opinión pública, avanzando hacia la seguridad y la defensa europea. 
Los ciudadanos de Europa quieren sentirse seguros frente a la amenaza de la violencia, exterior o interior, pero no quieren ser los vasallos de ningún poder unilateral, aunque aparezca en la guisa de aliado. 
Puede que todos ellos sueñen con el plan de paz perpetua de Immanuel Kant, pero saben que el camino es duro y que, históricamente, el optimismo ingenuo tiene un alto precio. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, estoy agradecido de que el informe subraye la importancia del equilibrio y del gobierno democrático en nuestras regiones vecinas. 
Añadiría que únicamente la creación de una sociedad civil formará la base de la democracia y la seguridad. 
La estabilidad se produce por la división de Estado y justicia, y es por eso por lo que es difícil. 
Sin duda, es apropiado subrayar la importancia del papel de las Naciones Unidas en los conflictos internacionales. 
Los Estados que poseen alta tecnología pueden atacar en cualquier parte, incluso ha ocurrido, y también de manera precipitada. 
De esa manera ellos mismos –o nosotros mismos– podemos crear crisis en lugar de proporcionar soluciones. 
La noción de un centro de defensa cerrado es extraña, intrigante e incluso aterradora. 
¿Qué forma especial de inseguridad ha resultado en estos países cuyos vecinos son otros Estados de la UE? 
En mi propio país no hemos sido conscientes de ningún déficit de seguridad, a pesar de que tenemos una frontera con Rusia de más de 1 000 kilómetros de larga y los rusos del otro lado de la frontera superan a los finlandeses en una proporción de 30 a 1. 
Sin duda, la cooperación para la defensa debe estar abierta a todos los que así lo deseen, del mismo modo que lo ha estado la unión económica y monetaria. 
La manera de enfocar los problemas internacionales tiene que ser en forma de gestión de crisis civil. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el análisis contenido en el informe de la situación tras la guerra del Iraq, pero no con todas las conclusiones. 
Es verdad que hay que combatir las nuevas amenazas y los riesgos de seguridad, sobre todo, por medio de estrategias políticas con vistas a luchar contra la pobreza, protegiendo los derechos humanos y promoviendo la democracia. 
Eso, a su vez, requiere esfuerzos para detectar los conflictos a tiempo y resolverlos por medios políticos, diplomáticos y económicos. 
La UE dispone de estos medios, y son ellos los que deberían incrementarse, y no los recursos militares. 
Sin embargo, no comparto la opinión de que la credibilidad de la política exterior y de seguridad de la UE dependa de los recursos militares de la UE. 
Ni tampoco apoyo la cooperación creciente dentro de la política de defensa, que creo que debería ser objeto de decisiones unánimes. 
Ni puedo apoyar la propuesta de que las operaciones militares comunes deban ser financiadas mediante el presupuesto comunitario y que la UE deba, a largo plazo, adquirir su propio presupuesto de defensa. 
Ni puedo apoyar la idea de una defensa militar común del territorio europeo. 
Las operaciones de paz, como se discute en el párrafo 34, son medidas de acuerdo con el artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, medidas militares directas, y solo pueden tomarse tras decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Es tarea de la UE prevenir guerras, no hacer planes para dirigir guerras. 
La defensa militar es, y debería ser, una cuestión nacional. 
Eso es especialmente importante para Suecia y otros países neutrales. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11:00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la próxima Cumbre UE-Rusia, incluida la situación en Chechenia (6 de noviembre de 2003). 
. – Señor Presidente, Señorías, me complace mucho explicar claramente la posición de la Presidencia acerca de las relaciones entre la Unión Europea y la Federación rusa, especialmente porque, en unos días, el 28 de octubre, estaré en Moscú, junto con la troika europea, para examinar con el Sr. Ivanov las perspectivas para la Cumbre Unión Europea-Federación Rusa prevista para Roma el 6 de noviembre. 
En primer lugar, quisiera decir que la Presidencia cree que las relaciones UE-Rusia deberían tener una importancia estratégica y que por lo tanto, interesa a la Unión Europea desarrollar estas relaciones en una sociedad estrecha. Ahora existe una base para ello en el acuerdo de cooperación y sociedad, que fue objeto de una de las primeras estrategias conjuntas redactadas por la Unión Europea, y fue actualizada con la Declaración de San Petersburgo. 
Creemos que redunda en nuestro propio beneficio fomentar el proceso de reforma comenzado por la Federación rusa y su movimiento hacia unas relaciones más estrechas con la Unión Europea. 
Probablemente todavía existen fuerzas que operan dentro de la Federación rusa que, quizás furtivamente –por así decirlo– se oponen a esta integración progresiva de la Federación en las estructuras europeas; pero por otra parte esa integración es un objetivo que el Presidente Putin comparte firmemente. 
Por esta razón debemos animar a los que desean apoyar y promover una relación más estrecha y positiva con la Unión Europea. 
La Declaración de San Petersburgo fue un punto de inflexión importante en nuestras relaciones con Moscú y marcó un camino que la Presidencia pretende seguir, con el asentimiento de la Comisión y el apoyo de los Estados miembros: debemos proporcionar contenido a esta relación privilegiada y estratégica de socios que pretendemos tener con la Federación rusa. 
La Declaración de San Petersburgo marcó el camino para crear cuatro espacios comunes. 
Este enfoque, que apoyamos, forma la base para el trabajo que se llevará a cabo en la próxima cumbre de 6 de noviembre. 
En cuanto al espacio económico común, en primer lugar, estamos esperando que el grupo de trabajo de alto nivel finalice su trabajo. 
El Comisario Verheugen tendrá una reunión final con su homólogo ruso, el Viceprimer Ministro Sr. Khristenko, el 28 de octubre. 
Entonces deberíamos alcanzar un acuerdo final sobre el concepto actual de espacio económico común y las cuestiones operativas que surgen de él. 
Esperamos –y estamos trabajando para ello– poder acordar un compromiso común para perseguir un nivel de integración de nuestras economías todavía más alto, a través de una mayor liberalización del comercio y una mayor convergencia en términos de reglamentos. 
En paralelo, la Unión Europea está implicada en las negociaciones para que Rusia se una a la Organización Mundial del Comercio. 
Las conversaciones se encuentran en una fase muy avanzada, aunque aún quedan algunos problemas por resolver: me refiero, especialmente, a los precios de la energía y al acceso al mercado de servicios. 
El Comisario Lamy habló recientemente con el Consejo sobre este asunto y se le dio un fuerte ánimo para que siguiera con las negociaciones. 
Somos conscientes de que la pertenencia de Rusia a la Organización Mundial del Comercio es una condición esencial para un espacio económico común genuino. 
En cuanto al espacio de seguridad exterior común, estamos preparando un proyecto de declaración conjunta que establezca los criterios, principios y objetivos de colaboración en el ámbito de la gestión de la crisis, que debería incluir el uso de los recursos militares y de los recursos civiles. 
Esperamos que a través de esta declaración conjunta podamos enfocar nuestra cooperación en este ámbito de especial importancia para las acciones exteriores de la Unión. 
En el frente del espacio de seguridad interior común, podemos informar de una buena colaboración, especialmente en la lucha contra el crimen organizado. 
Estamos en la última fase de la firma del acuerdo entre la Europol y el Ministro de Interior ruso, y esperamos poder informar sobre el evento en la cumbre de 6 de noviembre. 
Manteniéndonos en el ámbito de la seguridad interior, Rusia nos había pedido que examináramos un nuevo esquema de derogación del visado para visitas cortas. 
Somos conscientes de que esta es una petición que puede establecerse de medio a largo plazo, pero primero han de cumplirse una serie de precondiciones por parte rusa. 
Las conversaciones con las autoridades rusas sobre este tema ya han empezado, y esto es alentador en cualquier caso; un grupo de trabajo ya se reunió, el 13 de octubre, para tratar este asunto. 
Concedemos importancia a la conclusión de las negociaciones sobre los visados y también las del acuerdo de readmisión: este es un ámbito especialmente importante, yo diría una de las condiciones para examinar, sobre todo, la petición de Rusia de abolir los visados de corta estancia. 
Mientras tanto, esperamos poder informar sobre el progreso, incluso, como se podría decir, «bajo los reglamentos actuales» , sin cambiar las reglas. 
Algunos Estados miembros, incluida Italia, ya han establecido acuerdos bilaterales, y otros han afirmado su intención de hacerlo. 
La Presidencia pretende, sin duda, trabajar hacia una postura común que pueda absorber en la medida de lo posible los acuerdos bilaterales. 
Por último, el espacio común de cultura y educación: aquí tenemos que trabajar mucho más, porque ha habido pocos logros hasta ahora. 
No obstante, entre los puntos positivos puedo mencionar el hecho de que la Federación rusa se ha unido recientemente al llamado «proceso de Bolonia» , un mecanismo de colaboración que promueve el acuerdo sobre títulos académicos y la armonización de los currículos universitarios. 
Es una evolución importante. 
También debo mencionar la posibilidad de renovar el acuerdo de cooperación en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y también la perspectiva de incluir a la Federación rusa en ciertos programas comunitarios del sector de la cultura y la educación, algo que la Presidencia italiana está fomentando. 
En relación con las conclusiones de San Petersburgo, hay un aspecto sobre el que existen diferencias de opinión: el modo en el que el Consejo de Sociedad Permanente opera. 
Por parte rusa, siguen interpretando la Declaración de San Petersburgo como que el consejo debería reunirse no solo con diferentes ropajes dependiendo de los distintos temas tratados, sino también en el formato 25 + 1. 
Por parte europea, la creencia, en cambio, es que el consejo debería operar principalmente según la fórmula de la troika, incluso si la troika se abre a otros miembros que puedan estar interesados. 
Espero tratar este tema con mayor profundidad durante mi visita a Moscú el 28 de octubre. 
En nuestras conversaciones con Moscú, seguiremos manteniendo nuestras posiciones de principio y nuestras preocupaciones en cuanto a la protracción de la crisis de Chechenia y el respeto por los derechos humanos. 
El partido que se está jugando en Chechenia tiene un significado que se extiende mucho más allá de ese territorio: su resultado, ya sea positivo o negativo, se sentirá en todo el Cáucaso y afectará a la seguridad en general del continente. 
Hemos demostrado el apoyo de la Unión Europea a la amplia iniciativa de reforma constitucional que el Presidente Putin ha lanzado a través de la adopción de una nueva constitución, aprobada por una amplia mayoría en referendo popular. 
También hemos apoyado la aprobación de una ley de amnistía que será importante a la hora de promover el proceso de reconciliación. 
En las consultas presidenciales de 5 de octubre de 2003 vimos otro paso en la reanudación gradual de la vida normal política y administrativa en Chechenia. 
Hoy reiteramos nuestro apoyo al enfoque institucional del Presidente Putin y a la solución política que incluye a los sectores cada vez más amplios de la población chechena que no están relacionados con el terrorismo y que, por tanto, tienen derecho a tomar parte en el proceso de reconstrucción democrática. 
Paralelamente a la reforma constitucional, de hecho, creemos que se pueden mejorar las prácticas actuales de derechos humanos en la región y las relaciones entre la población chechena y sus administradores. 
También vamos a reiterar nuestro interés y apoyo a las autoridades rusas para que logren la puesta en libertad rápida y segura del representante de Médicos sin Fronteras, Arjan Erkel, que fue secuestrado en el Cáucaso en agosto de 2002. 
Por último, durante la Cumbre, pretendemos subrayar la urgencia de que todos los implicados, incluida la Unión Europea y Rusia, redoblen sus esfuerzos por alcanzar una solución a los conflictos actuales en la esfera ex-soviética. Me refiero a Transdniéster y el sur del Cáucaso, especialmente Nagorno Karabaj y el sur de Ossetia. 
Con la ampliación de la Unión y la creciente proximidad de nuestras fronteras, la Unión se ha hecho bastante más sensible a esto que anteriormente, puesto que afecta directamente a la seguridad del continente. 
Al mismo tiempo, reconocemos la gran responsabilidad a la que Moscú tiene que enfrentarse y la gran contribución que puede realizar buscando soluciones que sean satisfactorias para todas las partes implicadas. 
No vamos a escatimar esfuerzos o apoyo moral en esta dirección. 
Señor Presidente, le estoy muy agradecido al Ministro por su completa y clara explicación de las perspectivas para la cumbre con la Federación Rusa. 
Revisar nuestras relaciones con Rusia con ocasión de las próximas cumbres es, por supuesto, una buena práctica arraigada en el Parlamento. 
El Parlamento recordará que fue informado por el Comisario Verheugen en el período parcial de sesiones antes de la Cumbre de San Petersburgo, y ahora nos encontramos en la fase de aplicación de sus conclusiones. 
Tenemos puestas cinco grandes expectativas en la Cumbre de Roma, a las que ha aludido la Presidencia. 
En primer lugar, queremos llegar a un entendimiento común con Rusia en torno al enfoque de la creación de espacios comunes, haciendo hincapié en la naturaleza estratégica de las relaciones entre Europa y Rusia. 
Deberíamos ponernos de acuerdo en el modo hacerlo, por ejemplo redactando un documento conjunto que contenga objetivos específicos, alcanzables a medio plazo, basándonos en el acuerdo de asociación y cooperación y teniendo en cuenta la iniciativa de la Gran Europa. 
En segundo lugar, queremos intensificar las discusiones sobre el impacto de la ampliación. 
Redunda en interés de Rusia que el acuerdo de asociación y cooperación se amplíe paso a paso a los Estados miembros que están a punto de ingresar, sin discriminación. 
Se trata de una formalidad, una formalidad que queremos dejar bien atada para el 1 de mayo de 2004. 
Sin no lo logramos, tendremos que acordar la aplicación del acuerdo de asociación y cooperación sobre una base provisional, como en 1997. 
En tercer lugar, tomaremos nota de los informes sobre el Espacio Económico Europeo y el diálogo sobre energía, de los que la Presidencia ha hablado con cierto detalle. 
He pasado 18 meses trabajando con el Viceprimer Ministro Khristenko en torno al Espacio Económico Europeo. 
Estamos en lo que podría llamarse la fase conceptual. 
Espero que para la cumbre haya dado sus frutos. 
En cuarto lugar, espero que podamos alcanzar un acuerdo con Rusia sobre las formas de abordar los desafíos comunes. 
Para ello hay que abordar los problemas principalmente en los campos de la Justicia y Asuntos Interiores y el medio ambiente. 
Por ejemplo, pediremos otra vez a Rusia que ratifique el Protocolo de Kioto lo antes posible, y pediremos a Rusia que intensifique la cooperación en torno a la seguridad nuclear y marítima, en torno al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 
En quinto lugar, estamos dispuestos a acordar una declaración conjunta sobre la cooperación en materia política y de seguridad, incluida la gestión de crisis. 
En particular, la Unión Europea espera que Rusia dé señales positivas de que está dispuesta a cooperar en torno a la región de Transdniéster de Moldova. 
También estamos listos para examinar las formas de intensificar la cooperación en materia de protección civil, a fin de hacer un mejor uso de las estructuras existentes. 
Lograr estos resultados, y quizá inusitadamente he subestimado la cuestión, no va a estar libre de obstáculos. 
La Presidencia ha mencionado dos ejemplos. 
Uno en relación con el Consejo Permanente de la Asociación y el otro en relación con los requisitos de visados y la negociación de un acuerdo de readmisión. 
Al plantear todas estas cuestiones, la Unión Europea recordará la importancia de los valores comunes que sustentan las relaciones entre la Unión Europea y Rusia y que son cruciales con respecto a Chechenia. 
La Comisión ha seguido los recientes desarrollos en Chechenia. 
Como ya sabrá el Parlamento, nosotros somos partidarios de una solución política del conflicto y apoyamos todos los esfuerzos reales por establecer una paz duradera. 
Acogimos con satisfacción el referendo constitucional de marzo, que esperamos desemboque en una solución pacífica, política, del conflicto creando una plataforma para el verdadero diálogo, la restauración del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. 
En nuestra opinión es esencial que la población de Chechenia reconozca la legitimidad de las elecciones presidenciales celebradas el 5 de octubre. 
Pero la celebración de las elecciones ha planteado muchas cuestiones relativas, entre otras, al proceso apropiado y al acceso a los medios de comunicación. 
Además, hay preocupantes informes sobre continuas violaciones de los derechos humanos. 
Que quede claro: condenamos el terrorismo en todas sus formas y reconocemos la integridad territorial de Rusia. 
Pero también insistimos en el respecto de los derechos humanos y el procesamiento de quienes hacen caso omiso de estos derechos. 
Como mayor donante de ayuda humanitaria a la región, la Comisión pide a Rusia una vez más que elimine todos los obstáculos para la prestación de dicha ayuda y pedimos garantías de que las personas desplazadas en el interior vuelvan a Chechenia sobre una base estrictamente voluntaria. 
Espero que al presentar otra vez estas cuestiones a los funcionarios rusos obtengamos una mejor respuesta que la que nos han dado en ocasiones anteriores cuando las hemos planteado. 
En julio el Parlamento solicitó a la Comisión que estudiara cómo apoyar la reconciliación y la rehabilitación. 
Es lo que estamos haciendo, pero la condición previa más importante para la ayuda, en concreto la seguridad, esta vez simplemente no se ha cumplido. 
De hecho, la situación de la seguridad en Chechenia se ha deteriorado, si es que ha existido, desde el pasado marzo, y sería difícil siquiera hacer una valoración de las necesidades, por no hablar de empezar a trabajar. 
Somos totalmente conscientes de las conclusiones de la reunión de septiembre de la Comisión de Cooperación Parlamentaria UE-Rusia y estamos deseando tener pronto una nueva resolución sobre las relaciones UE-Rusia tras el informe Oostlander de diciembre de 2000. 
Personalmente, espero que para cuando haya dejado mis responsabilidades actuales, mis notas de intervención para las reuniones con mis interlocutores rusos no contengan casi todos los mismos puntos que hace cuatro años. 
– Señor Presidente, Rusia es ahora y con mucha diferencia el país más significativo con el que la Unión comparte frontera. 
Esa frontera, que tiene 1.200 kilómetros de larga, se duplicará cuando la Unión se expanda por los países bálticos. 
Rusia es todavía una propuesta modesta en términos económicos, siendo su PIB algo mayor que el de los Países Bajos, pero su potencial económico se puede decir que es enorme. 
La Unión ya ha reforzado su cooperación en materia de energía en la dirección de Rusia, como hemos oído decir al Comisario, lo cual es vital si pretendemos encontrar un sustituto para las fuentes de energía del Mar del Norte, que se están acabando, y evitar depender únicamente de las fuentes de energía de Oriente Próximo. 
Sin embargo, la riqueza incomparable de Rusia en bosques, al igual que las reservas de Siberia de metales preciosos y de colores, por ejemplo, será una de las razones del alza de Rusia en los próximos años, siendo la otra sus grandes logros en las ciencias y altos niveles de capacidad y experiencia. 
En opinión del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, Rusia es ahora y será en el futuro nuestra región vecina más importante, cualquiera que sea la definición geográfica que se aplique a la cooperación con las regiones vecinas. 
En nuestra opinión, la Unión tiene que utilizar todos los medios económicos e intelectuales que tiene para intentar ayudar al avance de una economía de mercado estable, el desarrollo de la democracia y ver el Estado de derecho establecido y enraizado en Rusia, porque cualquier otro tipo de Rusia, si sigue siendo una superpotencia nuclear, también sería la mayor amenaza de seguridad potencial a la Unión. 
Rusia y el resto de Europa están unidas por el destino. 
«No hay una gran Europa sin Rusia ni una gran Rusia sin Europa» fue el lema empleado por nuestro partido, que estaba liderado por el actual Presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, y el grupo de trabajo de Rusia sobre las fuerzas progresivas a principios de los 90. 
Sin embargo, nuestros intentos de cooperación con Rusia no deben eclipsar el hecho de que ahora insistimos en un mejor cumplimiento de los derechos humanos y la libertad de expresión que antes en Rusia. 
Esto no solo en Chechenia, sino también y sobre todo en la región de Chechenia y a la guerra y la destrucción que todavía continúa en Chechenia. 
Los conflictos ya no se resuelven con armas, sino con decisiones políticas. 
Los Estados Unidos de América pueden verlo también en el Iraq y Afganistán. 
Por eso solicitamos que Rusia muestre una iniciativa política y una apertura mayores y que haga un uso considerablemente mejor de las organizaciones internacionales en soluciones más abiertas a los problemas de Chechenia, como el Comisario Patten también dijo aquí en su discurso relativo a las cuestiones de seguridad en la región. 
Señor Presidente en ejercicio, no estamos convencidos de que las recientes elecciones y referendos se realizaran de manera honrada. 
Se ha producido una democracia aparente para cubrir la verdad, no para revelarla. 
En mi opinión, la impresión del Consejo de un desarrollo positivo, que el Sr. Frattini sugirió que había, no está de acuerdo totalmente con la verdad, y nos dimos cuenta de que existían ligeras pero obvias diferencias en las posturas presentadas aquí por el Comisario Patten por una parte y el Presidente en ejercicio por otra. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, las relaciones entre la Unión Europea y Rusia han mejorado, pero no lo suficiente. 
Vale la pena recordar que casi el 40% de las exportaciones de Rusia vienen a la Unión Europea. 
Tan solo el 6% van a los Estados Unidos de América. 
Ahora se estima que tras la ampliación esa cifra aumentará hasta un 60%. 
Al mismo tiempo, la dependencia de la Unión de los recursos de Rusia es creciente: esa podría ser la perspectiva para el gas natural, por ejemplo, en la próxima década. 
También es en Rusia donde el crecimiento económico es el más rápido del mundo estos días. 
El Presidente ruso ha establecido dos objetivos en su campaña de elección: en primer lugar, crear un poder central fuerte basado en el Estado de derecho, y en segundo lugar extender el crecimiento económico a los amplios sectores de la población de Rusia que son pobres. 
Redunda en beneficio de la Unión Europea que Rusia pueda resolver sus enormes problemas, desde su amplia escala de pobreza a los derechos humanos, libertad de los medios de comunicación y la guerra en Chechenia. 
Queremos ver que la cooperación económica, política y cultural también puede ayudarnos a tener un impacto en los problemas de Rusia. 
También hemos probado el aislamiento de Rusia. 
En su tiempo fue un regalo para Stalin, que bajó las persianas y empezó a matar a su propia gente. 
Ahora es importante que la sociedad civil de Rusia, que está en su infancia, tenga nuestro apoyo. 
Esto es precisamente lo que muchos rusos esperan obtener de nosotros. 
¡No los dejemos solos en el empeño! 
El liderazgo ruso afirma que a menudo escuchan los mensajes que vienen de la Unión con más detenimiento del que lo hacen entre ellos. 
Estos objetivos servirán para permitir a Rusia unirse a la Organización Mundial del Comercio tan pronto como sea posible. 
El Acuerdo de Asociación y Cooperación debería revisarse para que esté en consonancia con las necesidades de hoy. 
En cuanto a Chechenia, diría que las elecciones fueron problemáticas, como lo han sido las anteriores, y la Comunidad ha sido incapaz de aceptarlas. 
Proponemos una conferencia y un arbitraje internacional respecto a esta cuestión y también que se permita el acceso a la región a organizaciones de ayuda rápidamente. 
– Señor Presidente, el proyecto único más grande entre la UE y Rusia es la creación de una zona económica común europea. 
Ha sido difícil hacerlo realidad, puesto que ha sido una cuestión de un proyecto bilateral entre la UE y Rusia. 
Al mismo tiempo, ambas partes han estado desarrollando relaciones de cooperación con otros Estados. 
Así, Rusia ha concluido recientemente un acuerdo con Ucrania, Belarús y Kazajstán sobre la formación de una zona económica común. 
La UE tiene acuerdos separados con estos países. 
En mi opinión sería sensato probar y juntar estos mecanismos de cooperación estableciendo un espacio económico de cooperación más amplio y multilateral, con la participación no solo de la UE y Rusia, sino también de Ucrania, Belarús y Kazajstán, así como cualquier otro de los países de reciente indstrialización que lo deseen. 
En su caso se podría tomar como modelo el Espacio Económico Europeo, establecido entre la UE y la AELC. 
Un mecanismo acordado en este sentido serviría muy bien a la política de la Gran Europa que desarrolla actualmente la UE. 
La nueva y más amplia política europea de la UE también ofrece oportunidades para el desarrollo de la cooperación transfronteriza donde la UE comparte frontera con Rusia. 
La propuesta de la Comisión de un nuevo instrumento financiero para la cooperación con los países vecinos eliminará los problemas que hemos tenido armonizando los sistemas financieros internos y externos. 
Las autoridades rusas deben familiarizarse con el nuevo marco financiero a tiempo para que estemos seguros de que va a funcionar bien desde un principio. 
Por último, mis saludos van al Gobierno ruso. 
¿Pueden garantizar la aplicación de los derechos humanos en Chechenia y hacerlo lo mejor que puedan para alcanzar una solución pacífica a los problemas de esta región? 
Señor Presidente, es vital mantener una cooperación estrecha con Rusia si la comunidad internacional quiere obligar al Irán a restringir la aplicación de la energía nuclear a objetivos exclusivamente civiles. 
Confío en que el Consejo y la Comisión transmitan este mensaje de forma clara al Presidente Putin. 
Después de todo, lo importante en este momento es que se cumplan las concesiones otorgadas ayer al Irán. 
En este contexto, también me gustaría abordar una queja formulada por el Presidente Putin, según el cual las empresas rusas han sufrido la imposición de sanciones por haber abastecido el sector nuclear del Irán. 
Sin embargo, de acuerdo con las fuentes de Putin, las empresas europeas y norteamericanas quedaron impunes tras haber realizado las mismas transacciones. 
Me gustaría preguntarles al Consejo y a la Comisión si esta seria acusación sobre la contribución europea es cierta. 
Quisiera ofrecer al Consejo y a la Comisión un segundo elemento igualmente urgente para la agenda de la cumbre. 
En el Golfo de Kerch, el conflicto fronterizo entre Ucrania y Rusia corre el riesgo de descontrolarse. La causa inmediata es la construcción de un dique desde la península rusa de Taman hasta la isla ucraniana de Tuzla en el golfo de Kerch. 
Nosotros, desde Europa, debemos hacer un llamamiento urgente a ambas partes para que esta delicada disputa territorial se resuelva de forma pacífica. 
Asimismo coincido con lo que ha dicho el Sr. Staes sobre la solicitud de que Europea haga todo lo posible en relación con lo que le ha ocurrido a Arjan Erkel. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, lo lamento, pero la política que defienden hoy ustedes dos ya no es únicamente una política vil e irresponsable, sino que es además una política criminal, ya que lo que está haciendo, señor Presidente en ejercicio, es criminalizar a un pueblo entero. 
Usted los ha presentado como un pueblo terrorista; los Ministros de Asuntos Exteriores de los cinco mayores países de la Unión Europea, que se reunieron en París la semana pasada, prometieron intercambiar información sobre los campos de entrenamiento del terrorismo internacional en Chechenia. 
A nosotros, la opinión pública, nunca nos han dado la menor prueba de su existencia. 
Ha hablado usted de los terroristas chechenos presentes en Afganistán, pero nunca se ha encontrado a ningún checheno en Afganistán; también dijo lo mismo sobre Irak, pero nunca se ha encontrado un solo checheno en Irak, vivo o muerto. 
Esta es una operación idéntica a la que se llevó a cabo en los años treinta, cuando un pueblo entero fue presentado como un pueblo de plutócratas. Bien, ahora, día tras día, usted presenta a los chechenos a la opinión pública europea y del mundo entero como un pueblo terrorista. 
Lo hace porque le resulta práctico. Le resulta práctico por la política que está llevando a cabo con, que es de gran interés para el Sr. Blair; con, que es de gran interés para el Sr. Oostlander; con, que es de gran interés para el Presidente Prodi o el Sr. Berlusconi; con, que es de gran interés para el Presidente Chirac; y también con otras empresas, por supuesto. 
Eso es lo que está haciendo, con el fin de promover una política de interés propio, ciertamente no una política de veracidad. 
Quiero comenzar diciendo que nuestra relación con Rusia es increíblemente importante. 
Ojalá dispusiera de más tiempo para hablar de este asunto, pero quiero concentrarme en lo más urgente, a saber, la cuestión de Chechenia. 
Se trata de un conflicto concreto, pero sin embargo existen muchas analogías. 
En muchos ámbitos vemos cómo las grandes potencias entran en conflicto con grupos de población con diferentes identidades nacionales. 
Por supuesto, es fácil decir que se debe hacer esto o aquello, pero creo que existe un modelo del que aprender. 
Podemos empezar mirándonos a nosotros mismos: la UE y Europa. 
Históricamente, tenemos mucha experiencia con conflictos de este tipo. 
Un ejemplo actual es el de Irlanda del Norte, donde estamos empezando a encontrar una solución. 
Otro ejemplo es el País Vasco. 
Ningún europeo puede pensar ya que los conflictos en el País Vasco o Irlanda del Norte pueden resolverse por medios militares. 
Hay que buscar soluciones políticas. 
Hay que encontrar formulas que sean aceptables para ambas partes y, naturalmente, esto también se aplica a Rusia y Chechenia. 
Esto es algo en que debemos insistir con todas nuestras fuerzas. 
Hay que buscar soluciones pacíficas, y estas deben basarse en el respeto de la autodeterminación por parte de los pueblos en cuestión. 
En términos prácticos, el modo de resolver este conflicto en particular es algo que las partes deben discutir y acordar. 
Nadie puede resolver el conflicto por ellos. 
El punto de partida, sin embargo, debe ser la autodeterminación por parte del pueblo. 
La democracia debe contar con el apoyo del pueblo, en lugar de imponerse desde arriba. 
Moscú no puede dictar soluciones. 
Si el pueblo ruso no se da cuenta de esto, se hará mucho daño tanto a Rusia como a la futura cooperación entre Rusia y la UE. 
Señor Presidente, ya hemos debatido sobre Chechenia en una serie de ocasiones en esta Cámara, y es importante mencionarlo. 
Al mismo tiempo, me gustaría subrayar lo acertada que es la política de doble vía con respecto a Rusia. 
Después de todo, estamos tratando posibilidades de cooperación completamente distintas, las cuales, a su vez, tienen su efecto en la cultura política rusa. 
Es precisamente en esta cultura política rusa en la que encaja Chechenia como una zona en la que, ciertamente, en su día se creó un Estado que fracasó, una especie de agujero negro en la Federación Rusa, donde Rusia no tuvo otra opción que actuar. 
La forma en que esto se ha hecho, no obstante, nos repugna. 
Deberíamos considerar si sería posible que nosotros –quizás en la persona del Sr. Solana– criticáramos la intervención militar rusa en dicho país hasta tal punto que Rusia se viera obligada a cambiar su estrategia. 
El entrenamiento militar, el sistema de aquel aparato militar y la estrategia empleada en Chechenia encajan dentro del antiguo modelo de gobierno con vara de hierro. 
Ese modelo solo acarrea terrorismo y desemboca en actos suicidas desesperados. 
Estos son los acontecimientos que hemos presenciado desde bastante cerca en Chechenia. 
Si se le pregunta al comandante en jefe en activo si existe alguna alternativa a esta guerra de guerrillas o si se conoce tal método alternativo, su respuesta es que el Ministerio conoce otros métodos, pero duda de que vayan a servir de algo sobre el terreno. 
Esto demuestra que los rusos no pueden apreciar por qué en Europa nos preocupamos tanto por Chechenia. A pesar de esto, es extremadamente importante que nos mantengamos vigilantes en este sentido, porque una de las áreas que ha mencionado el Presidente en ejercicio del Consejo, a saber, la seguridad internacional, está relacionada con ello. 
Por lo tanto, no debemos olvidar a Chechenia. 
Comparto la opinión de los demás que dicen: Señor Presidente en ejercicio del Consejo, con todo el debido respeto por su persona cuando llama la atención sobre el caso de Arjan Erkel –con respecto al cual sería fantástico que pudiera resolverse durante su Presidencia–, debe recordar que la situación en Chechenia es más trágica de lo que usted la ha pintado. 
El Sr. Patten tiene razón: la situación de la seguridad en esa zona es abominable; ni siquiera los trabajadores que prestan ayuda humanitaria podrán trabajar seguros. 
Por ello, es vital que hagamos todo lo posible por convencer a los militares rusos, y por tanto también a los políticos rusos, de que modifiquen su comportamiento en Chechenia. 
– Señor Presidente, en el pasado, en cuestiones relacionadas con Chechenia, la Unión Europea ha dirigido la mayor parte de sus llamamientos a favor de una resolución pacífica del conflicto a Rusia, más que a ambas partes. 
Únicamente cuando los Estados Unidos se convirtieron en víctima de ataques terroristas selectivos, que también temía Europa, comenzamos a tener una visión más matizada de la situación. 
Este enfoque realista debe ser acogido con satisfacción, y en la cumbre con Rusia hay que reforzarlo. 
Me parece, señor Comisario, que la Unión Europea no siempre podrá excluir la cuestión de la CEI del debate que desea sobre el Espacio Común Europeo, sino que tendrá que afrontarla. 
Aunque se mantenga una opinión crítica sobre las posibilidades que tiene dicha cuestión en el diálogo político sobre la resolución del conflicto con Rusia y dentro de Rusia en relación con Chechenia, la UE tiene opciones, y debemos hacer uso de ellas, principalmente para proporcionar ayuda con fines humanitarios y de cara a la reconstrucción, de forma que el desgraciado pueblo checheno pueda recibir ayuda real. 
– Señor Presidente, la cumbre del 6 de noviembre será diferente no solo porque Rusia es actualmente el quinto mayor socio comercial de la Unión Europea, sino porque a partir del próximo mayo será su vecino. 
Los países que van a ingresar ya están calentando motores, tal y como ilustran las preocupaciones de Lituania por el controvertido yacimiento petrolífero D-6 en el Mar Báltico y las objeciones de Letonia a las fuertes críticas por el tratamiento que da a su minoría rusa, que el año que viene casi se elevará a un millón en la Unión Europea entre las repúblicas bálticas. 
Dentro de poco tiempo la Unión Europea importará uranio ruso. 
Hay planes para sincronizar las dos redes de suministro eléctrico. 
Cada vez se presiona más a Rusia para que ratifique Kioto, ya que de lo contrario el tratado está muerto. 
A cambio, Rusia querrá el apoyo de la Unión Europea en su intento de entrar en la OMC, donde existen muchos problemas sin resolver, desde su doble precio del gas hasta los impuestos a la exportación y las tasas discriminatorias de transporte pagadas a Aeroflot para sobrevolar Siberia. 
Hace poco se planteó la cuestión de la fijación de precios del crudo ruso en euros. 
Sin duda alguna son los mercados los que deben decidirlo, no los Gobiernos. 
Celebro la cooperación formal con Europol y la OLAF y espero que los rusos puedan viajar sin visado una vez resuelta la cuestión del acuerdo de readmisión de los migrantes ilegales. 
Estamos acostumbrados a los abusos que se achacan al presidente Putin en relación con Chechenia, donde la reciente victoria del Presidente Kadyrov ha sido calificada de carente de pluralismo, y siguen dándose abusos de los derechos humanos. 
Pero, ¿qué quieren los que atacan a Rusia? 
¿Un Estado fallido, delincuente, independiente en el Cáucaso con vínculos con Al Quaeda, que exporte el crimen organizado a la Unión Europea? 
Primero hay que restablecer el orden público. Solo entonces puede prevalecer la verdadera democracia. 
Solamente Rusia puede hacerlo. 
Hace poco, Rusia firmó un polémico acuerdo, en mi opinión lamentable, sobre el espacio económico único con Ucrania, Belarús y Kazajstán, pero al mismo tiempo ahora percibimos la peligrosa posición militar de Rusia y las amenazas de invasión a raíz de la disputa por la isla de Tuzla en el Mar Negro. 
Espero que esto pueda resolverse amistosamente. 
Espero que algún día se emprendan los preparativos para un espacio económico único del tipo de un mercado libre con la Unión Europea y Rusia unidas como una gran entidad económica. 
– Señor Presidente, me ha escandalizado lo que ha dicho el Sr. Frattini sobre Chechenia. 
Con esas declaraciones entra usted en contradicción con lo que la mayoría de esta Cámara ha pensado y ha dicho durante años, y también contradice la posición que durante años ha adoptado la mayoría de mi partido, el Partido Popular Europeo, en este Parlamento. 
Hemos defendido la libertad y los derechos humanos en Chechenia, donde Rusia está librando una brutal guerra colonial, cuya segunda parte fue inaugurada por el Presidente Putin en el curso de la campaña electoral más sangrienta de la historia. 
Desgraciadamente, el Sr. Putin no va a resolver el problema, ya que él mismo es una parte sustancial de este. 
Al intentar considerar el problema desde el punto de vista de los intereses de Rusia, uno descubre relativamente rápido que los intereses de Rusia y de Chechenia son, de hecho, idénticos. 
Rusia está sufriendo problemas económicos; en Chechenia se están malgastando miles de millones sin sentido en una guerra inútil y sangrienta. 
En Rusia, la democracia y el Estado de derecho están en declive y, como ha descrito con mucha fuerza Yelena Bonner, la viuda de Andrei Sajarov, la guerra en Chechenia se está tomando como una oportunidad para restablecer las viejas estructuras. 
Rusia está sufriendo un proceso sustancial de remilitarización y el retorno de elementos de los servicios secretos, aspectos que también se derivan esencialmente de Chechenia y de la guerra que se está librando allí. 
Rusia está sufriendo el terrorismo y el crimen organizado. 
Como muy acertadamente ha apuntado el Sr. Oostlander, la guerra en Chechenia no está haciendo nada para eliminar estos problemas, sino que los está agravando. 
Por lo tanto, se puede decir que aquellos que se comprometen con la libertad en Chechenia y con su liberación también se están comprometiendo en última instancia con la libertad y la liberación de Rusia. 
A largo plazo, Rusia tendrá que reconocer que la única solución para sus problemas es que Chechenia se convierta en una democracia real, y tenemos que ver que el problema es que el supuesto referendo que se ha celebrado allí tiene por objeto legitimar a una persona que fue y es un villano, más que un socio legítimo en el diálogo, a saber, el presidente Masjadov. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, un simple vistazo a los temas seleccionados para la próxima cumbre con Rusia revela proyectos tan importantes y honorables como el apoyo a los medios de comunicación independientes en el plano nacional, regional y local, la integración de Rusia en un espacio común económico y social europeo, la cooperación en la lucha contra el crimen internacional y la inmigración ilegal, la cooperación en el campo de la seguridad nuclear y la ratificación del Protocolo de Kioto, y una serie de otras cuestiones. 
Recuerdo, en este contexto, un artículo escrito por el gran maestro de ajedrez ruso Garry Kasparov, en la víspera de la visita del Presidente Putin a los Estados Unidos, artículo igualmente relevante ante la inminente cumbre entre Rusia y Europa. 
La primera frase decía algo parecido a esto: «Vladimir Putin viene a los Estados Unidos como un gran amigo de la democracia, del Estado de derecho y de los derechos humanos, ¿cierto? », tras lo cual Kasparov responde inmediatamente a la pregunta retórica con un polémico «No, falso». 
Continuó con una auténtica filípica en la que enumeraba situaciones de negligencia y mala conducta, argumentando, por ejemplo, que la democracia rusa es solo fachada; que la prensa y los medios de comunicación deben seguir a pies juntillas la línea oficial, que en realidad no se está llevando a cabo la liberalización de la economía, que potenciales rivales en las próximas elecciones presidenciales han sido detenidos bajo acusaciones espurias de delito económico y que las elecciones en Chechenia fueron una parodia. 
No deseo ascender al Sr. Kasparov de gran maestro de ajedrez a vara de medir para juzgar todas las cosas, pero aunque pensemos que exagera –lo cual era su intención–, su artículo debe hacer que agucemos los oídos. 
No debemos ocultar los asuntos desagradables. 
Chechenia es una herida abierta y las elecciones tan ampliamente manipuladas no han hecho nada para curarla. 
Así pues, ¿qué deberíamos exigir? 
Deberíamos reclamar, en primer lugar, que se pusiera fin a la ilegalidad de las acciones del ejército ruso, o nunca será posible conseguir la confianza del público. 
En segundo lugar, la democracia ha de asentarse sobre una base amplia. 
En este punto, sería deseable que, durante la cumbre entre la UE y Rusia, se recordara al Kremlin cuál es su responsabilidad fundamental, ya que en cualquier caso es el Presidente Putin quien, según la constitución rusa, debe garantizar los derechos humanos en el conjunto de la Federación Rusa. 
. – Señor Presidente, agradezco a todos los miembros que han hablado y han expresado opiniones, algunas de las cuales merecen breves comentarios, así como afirmaciones con las que honestamente no puedo estar de acuerdo. 
En primer lugar, como ha dicho el Sr. Patten –yo había mencionado que las actividades del Consejo y de la Comisión siempre han ido en paralelo y en pleno entendimiento–, ya se han expresado dudas sobre ciertos momentos de las elecciones presidenciales en Chechenia, y nuestros amigos rusos también han dicho claramente en varias ocasiones que Europa está siguiendo de cerca la situación dentro de Chechenia y la de los derechos humanos. 
Al mismo tiempo, creo que es bastante acertado –y la Presidencia lo confirma– que hayamos seguido alentando el enfoque de reforma constitucional que ha adoptado el Presidente Putin y que él mismo confirma y mantiene. 
En ningún momento de mi discurso, que además se encuentra disponible para todo aquel que quiera verlo –como de hecho solo he oído en el discurso de un diputado–, en ningún momento he dicho nada que pueda interpretarse como que considero que todo el pueblo checheno sea terrorista. 
He dicho justo lo contrario: He dicho de forma muy clara que la Presidencia espera y desea que los cada vez más numerosos y amplios sectores del pueblo checheno que no están relacionados con el terrorismo deben participar en el proceso constitucional. 
Lo repito: No creo de ningún modo que todo el pueblo checheno sea terrorista. 
Sin embargo, aunque sin duda debemos tratar este punto –es decir, la participación de un amplio espectro de la sociedad civil chechena en el proceso constitucional– en la cumbre con la Federación Rusa, también debo dejar claro que no puede haber ningún tipo de justificación para aquellos individuos –independientemente de cuántos sean– que perpetren actos terroristas o sirvan de bombas humanas para matar a civiles inocentes. 
En este punto, los europeos siempre hemos estado unidos y espero que lo sigamos estando. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la iniciativa a favor de una moratoria universal sobre la pena de muerte en el marco de las Naciones Unidas. 
. – Señor Presidente, el 10 de octubre de 2003, con ocasión del Día Mundial contra la Pena de Muerte, realicé una declaración pública en nombre de la Unión Europea que afirmaba claramente lo siguiente: «La Unión Europea llama a los países que aún no han abolido la pena de muerte a que al menos introduzcan una moratoria como primer paso hacia la abolición total». 
Esta, repito, es la declaración que yo mismo adopté hace solo unos días en nombre de la Unión Europea. Este texto fue aprobado por todo el mundo. 
Digo esto porque incluso antes de ese momento, como representante del Gobierno italiano, puedo decir que Italia siempre ha estado firmemente convencida de que la batalla por la abolición de la pena de muerte tiene un gran valor político e idealista, además de una vertiente humanitaria muy importante. 
Creo que todos los europeos estamos seguros de que el proceso que conduce a la abolición total de la pena de muerte es irreversible, pero este proceso debe ser gradual. 
Esta es la razón por la que debemos preguntarnos cómo deberíamos actuar en términos prácticos para que el sacrificio de la vida humana que inevitablemente conlleva la pena de muerte sea eliminado para siempre. 
Estas son las preocupaciones que han llevado a la Presidencia italiana a aceptar la invitación de esta Cámara y de muchos otros Parlamentos, incluido el de mi propio país, de proponer a los Gobiernos de los países europeos una iniciativa de resolución de la Unión Europea sobre la moratoria, que deberá presentarse ante la actual Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. 
El Sr. Berlusconi habló en este mismo sentido en este Parlamento el 2 de julio de este año; este compromiso se basa en las preocupaciones que todos compartimos, como refleja el informe y la resolución sobre los derechos humanos en el mundo, aprobados por el Parlamento Europeo el 4 de septiembre. 
Los ciudadanos se han preguntado: ¿Es compatible propugnar la abolición total de la pena de muerte –repito, es compatible– con una iniciativa como la moratoria, que se basa en la voluntad de los Gobiernos de no aplicar la pena de muerte en la práctica en sus países? 
También hay consideraciones más estrictamente políticas. 
¿Existe un grado suficiente de acuerdo, se ha preguntado la gente, para que se adopte la resolución en la Asamblea General? 
¿En qué grado podría afectar una posible derrota al futuro de la campaña por la abolición total de la pena de muerte? 
Si los datos realmente confirman que existe una tendencia a la expansión del frente abolicionista, nos preguntamos: ¿Merece la pena correr ahora el riesgo de que fracase la iniciativa –dada la incertidumbre con respecto al resultado–, o tal vez sería mejor esperar a que nuestra posición se haya consolidado aún más? 
Estas son las preguntas que se han formulado. 
La Presidencia italiana ha pensado detenidamente en estas cuestiones, porque está claro que Europa no puede ni debe aparecer dividida o mostrar incertidumbre en un tema tan importante y delicado como este. 
Hemos sopesado los pros y los contras. 
Hemos movilizado a toda nuestra red diplomática para intentar entender, para tener una idea –por así decirlo– de las intenciones de voto de cara a una posible resolución de moratoria. 
El resultado de este estudio, que se ha llevado a cabo en todas las oficinas diplomáticas, parece indicar que es posible que la Asamblea General apruebe un texto adecuadamente formulado, aunque, por supuesto, no tenemos plena seguridad al respecto. 
El hecho sigue siendo, sin embargo, que muchos países cuya historia parece indicar que deberían estar a favor de una resolución de este tipo no han expresado su posición sobre nuestra cuestión, y no deberíamos pasar por alto el riesgo de que, si se presentan enmiendas al texto de una resolución como esta, el frente unido de los países que lo apoyan podría sufrir algunas deserciones importantes en el momento de la votación. 
La Presidencia italiana –y el Gobierno italiano a nivel nacional– es muy consciente de la exigencia formulada por este Parlamento, el Parlamento Europeo, tal como, en Italia, somos conscientes de la misión que el Parlamento italiano nos ha encomendado de presentar una resolución sobra una moratoria ante la Asamblea General. 
Por otra parte, tenemos muy claro que muchos Gobiernos dentro de la Unión Europea están aún bastante sorprendidos y se preguntan cuál es la mejor manera de conseguir este objetivo que todos compartimos. 
Estamos convencidos de que la iniciativa europea de presentar una resolución ante la Asamblea General llegaría en buen momento políticamente, y moralmente sería muy valiosa. Hemos trabajado y seguimos trabajando para que la cuestión siga siendo objeto de examen y de prudente evaluación por parte de los Ministros de Exteriores. 
Somos conscientes de que la preocupación por un posible fracaso –pese a un sentimiento general positivo– sigue prevaleciendo sobre cualquier inclinación a presentar la resolución. 
Nosotros, como Gobierno italiano, mantenemos este compromiso a escala nacional, pero, como Presidencia europea, Italia sigue esperando que el resultado de esta prudente evaluación sea una decisión europea de seguir adelante con la presentación de la resolución. 
Esta sería una decisión coherente con el compromiso europeo de oposición a la pena de muerte. 
Por ello vuelvo a hacer un llamamiento a favor de una prudente evaluación. 
Sé que el tiempo apremia y que esta evaluación ha de llevar a una decisión de forma muy rápida. 
Espero que se tome una decisión conjunta de todos los países europeos de compartir la responsabilidad de presentar una resolución de este tipo –lo que sería de lejos la mejor opción–, o bien una decisión europea que deje el terreno libre para iniciativas sobre este tema por parte de los países europeos, incluido quizás el Gobierno italiano actuando a nivel nacional. 
Si la iniciativa viene de Europa, ciertamente tendrá mayor fuerza; si viene de los Gobiernos de los países europeos, con toda seguridad tendrá menos fuerza, pero será igualmente importante. 
Todavía estoy esperando que los representantes de los Gobiernos europeos –les remitiré un recordatorio– me transmitan su juicio y su opinión final sobre una de estas soluciones posibles dentro de muy poco tiempo. 
Señor Patten, esta no es la primera vez que habla usted a la Asamblea sobre esta cuestión. 
Señor Presidente, tiene usted toda la razón cuando dice que ya he hablado varias veces ante el Parlamento sobre la pena de muerte, y he de decir que en alguna ocasión, cuando al principio solía hacer discursos en un Parlamento sobre la pena de muerte, mis opiniones no cosecharon un apoyo tan unánime. 
Me acuerdo de cuando voté a favor de la abolición de la pena capital en varias partes de las Islas Británicas, no siempre con mucho apoyo. 
La primera acción que llevé a cabo cuando era un opresor colonial fue abolir la pena capital en Hong Kong. 
Así que a este respecto estoy «en forma» , como dirían los entrenadores de fútbol. 
Permítanme disculparme directamente por el hecho de que no podré quedarme durante todo el debate. 
He de coger un avión a Madrid para ir a la Conferencia de Donantes del Iraq que empieza mañana por la mañana, donde, por supuesto, la Presidencia también estará representada. 
Espero que el Parlamento me dispense por esta descortesía, pero mi colega el Sr. Fischler se sentará aquí para informarme de todo lo que yo debería escuchar después en el debate. 
Asimismo, espero que el Parlamento me perdone si gran parte de lo que digo sigue los pasos elegantes de la Presidencia. 
Quiero plantear muchas cuestiones idénticas, pero a mi manera. 
El Parlamento sabe que trabajamos sistemáticamente por la abolición universal de la pena de muerte. 
En el proceso hacia este objetivo, allí donde la pena de muerte todavía existe reclamamos que su ejecución se reduzca progresivamente, insistimos en que en todo caso se ejecute con la mínima crueldad. 
La Unión Europea también presiona, cuando procede, a favor de una moratoria. 
Hemos elaborado directrices internas para las gestiones y declaraciones sobre la pena capital, cuando procede, en foros multilaterales y ante terceros países. 
En la cumbre europea con China del año pasado, el entonces Primer Ministro de China, Zhu Rongii, afirmó: «Ustedes solo hablan de estas cuestiones a los países más pobres, ¿no?» 
Le señalé que la primera vez que recordaba que hubiéramos planteado la cuestión fue a los Estados Unidos. 
Así que esta cuestión –he de decir que el Secretario de Estado de los Estados Unidos se quedó ligeramente sorprendido– se la planteamos a todos. 
El Parlamento Europeo es un oponente tradicional de la pena de muerte y ha servido de instrumento para promover este proceso. 
El Parlamento ha declarado en el pasado que considera la pena capital, y cito, «una forma inhumana, medieval, de castigo, impropia de las sociedades modernas». 
Se ha emprendido una serie de iniciativas para garantizar que la abolición de la pena de muerte se convierta en elemento clave de la política europea de derechos humanos. 
Sobre la base de este firme objetivo de la política europea, en los últimos años hemos presentado con éxito resoluciones en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en torno a la pena de muerte, tal y como ha dicho el Presidente en ejercicio. 
La séptima resolución consecutiva se aprobó en Ginebra el 24 de abril. 
Esta resolución contiene algunos nuevos elementos significativos. 
En particular, exhorta a los países a no realizar ejecuciones en público o de forma degradante y a garantizar que se ponga fin inmediatamente a toda aplicación de medios de ejecución especialmente crueles o inhumanos, como la lapidación. 
Si bien el apoyo a las resoluciones sobre la pena de muerte en la Comisión de Derechos Humanos ha aumentado, hay que decir que la oposición también se ha intensificado. 
La resolución aprobada en Ginebra recibió el apoyo de 24 países, mientras que 18 votaron en contra y 10 se abstuvieron. 
Sin embargo, el hecho de que 63 países firmaran una declaración desvinculándose de la resolución demuestra el fuerte desacuerdo de muchos países. 
He pensado que sería útil recordar estos hechos en el contexto del debate de hoy sobre una resolución que solicita una moratoria sobre la pena de muerte en la Tercera Comisión de la Asamblea General. 
Antes de presentar cualquier resolución, una primera consideración debería ser si este texto recibirá el apoyo suficiente para que lo apruebe la Asamblea General. 
Se hizo circular un texto que claramente reclamaba el establecimiento de una moratoria y la aplicación de ciertas salvaguardias. 
Este proyecto suscitó una protesta inmediata de los países que mantienen la pena de muerte, incluidos Egipto, la India y Singapur. 
La iniciativa europea fue objeto de fuertes ataques y se nos veía como si pretendiéramos imponer nuestros valores a otros Estados soberanos. 
Al final, el texto fue retirado. 
Esto fue lo que ocurrió en 1999. 
No tenemos indicios de que la Asamblea General vaya a mostrarse actualmente más favorable a la resolución sobre la pena de muerte. 
Al parecer, mientras que los antiabolicionistas de la línea dura se han resignado a que haya nuevos textos de la Comisión de Derechos Humanos sobre esta cuestión, seguirán resistiéndose firmemente a todos los esfuerzos por asegurar una resolución de la Asamblea General. 
Todo ello provocaría más debate y más división. 
Por consiguiente, la Unión Europea ha decidido luchar contra la pena de muerte en la Comisión de Derechos Humanos más que en la Asamblea General. 
No obstante, una cuestión más fundamental es si una resolución que pide una moratoria favorecería al objetivo europeo de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. 
La Presidencia ha pedido que la propuesta europea no vaya tan lejos como pedir la abolición de la pena de muerte, sino una moratoria sobre la ejecución de este castigo. 
Como la resolución presentada por la Unión Europea en la Comisión de Derechos Humanos pide a los países la abolición total de la pena de muerte y, mientras tanto, el establecimiento de una moratoria sobre las ejecuciones, corremos el riesgo de que piensen que aguamos la postura europea al no mostrar el mismo nivel de exigencia en la Asamblea General. 
Además, les diré que algunas organizaciones no gubernamentales se han dirigido a mí a este respecto. 
En julio de este año he tenido el placer de reunir a un seminario especial para ONG de derechos humanos en Bruselas. 
En el contexto de esta reunión, la coalición mundial de ONG en contra de la pena de muerte, que incluye a Amnistía Internacional y a muchas otras organizaciones de prestigio, presentaron su propia visión. 
El mensaje de este grupo fue pedir a la Unión Europea que se abstuviera de presentar una resolución sobre la pena de muerte en la próxima Asamblea General. 
Estas ONG señalaron en particular que, como no hay señales de que las tensiones políticas se hayan disipado desde 1999, esta iniciativa podría generar un debate altamente politizado y contraproducente en la Asamblea General. 
En su opinión, otro fracaso en la Asamblea General podría reforzar la posición de los países que mantienen la pena de muerte. 
Doy mucha importancia a la competencia de muchas ONG de renombre con las que trabajamos. 
También desempeñan un papel relevante como socios en el marco de proyectos que aplicamos al amparo de la iniciativa europea para la democracia y del programa de derechos humanos. 
A iniciativa de esta coalición de ONG, también por primera vez el l0 de octubre celebramos, si puede utilizarse este término, el Día mundial contra la pena de muerte. 
La Comisión Europea seguirá respaldando campañas concebidas para lograr una moratoria sobre la pena de muerte y las ejecuciones y, finalmente, la abolición del castigo capital en todo el mundo. 
El año pasado se asignaron cerca de 4,9 millones de euros al amparo de la iniciativa europea a proyectos encaminados a sensibilizar al público europeo de países que mantienen la pena de muerte. 
Entre los métodos empleados se incluía la educación pública, el trabajo de calle para influir en la opinión pública, estudios sobre el cumplimiento de mínimos en los sistemas de ejecución de la pena de muerte en los países que la aplican, la información y el apoyo de estrategias para la sustitución de la pena de muerte y los esfuerzos por asegurar el acceso de los presos del corredor de la muerte a niveles apropiados de defensa jurídica, así como la formación de abogados. 
En los últimos meses también han ocurrido cosas positivas que cabría destacar. 
En enero, el Gobernador Ryan de Illinois decidió conmutar las sentencias de muerte de 156 prisioneros en el corredor de la muerte. 
Gracias a la entrada en vigor el 1 de julio del Protocolo 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos, la aplicación de la pena de muerte no solo está prohibida en tiempos de paz, sino también en tiempos de guerra. 
Por último, el Presidente de Armenia conmutó en julio todas las penas de muerte pendientes por la de cadena perpetua, y después, en septiembre, ratificó el Protocolo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, con lo que abolió la pena de muerte. 
Permítanme que repita que nos tomamos esta cuestión en serio, y me alegro de colaborar con la Presidencia, que también se lo ha tomado en serio con notable habilidad y buen juicio político. 
Vamos avanzando, pero deberemos invertir tiempo e insistir, así como contar con el apoyo continuo de este Parlamento si queremos lograr nuestro objetivo, que es ver la pena de muerte confinada a los libros de historia como forma de castigo que no debería tener cabida en el mundo moderno. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, gracias por describir los esfuerzos que están realizando actualmente. 
La posición de la Unión Europea está muy clara; todos nos oponemos sin reservas a la pena de muerte y esa es la razón por la que la resolución presentada conjuntamente por esta Cámara es relativamente corta. 
La cuestión fundamental y principal es saber qué táctica deberíamos adoptar para avanzar de la mejor forma. 
¿Debemos dirigirnos a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y exigir la abolición en dicho foro, o bien debemos pedir solo una moratoria en la Asamblea General de Naciones Unidas? 
El Comisario Patten ha perfilado muy bien cómo podemos proceder sin perder de vista nuestro rechazo fundamental de la pena de muerte. 
Se podría casi decir que hay una pequeña distorsión: la mejor solución es por supuesto la abolición de la pena de muerte; la segunda mejor solución es una moratoria; la peor de todas las malas soluciones es que sigan existiendo castigos como la lapidación hasta la muerte o incluso otras formas más crueles de ejecución, y la segunda peor solución es exigir que las personas sean ejecutadas «humanamente». 
Por lo tanto, debatir esta cuestión es algo casi perverso. 
Yo creo, sin embargo, que el enfoque que el Parlamento le está pidiendo al Consejo acabará siendo viable, y dicho enfoque implica que la Unión Europea se presente como un frente unido a la hora de pedir, en la Asamblea General, una moratoria sobre la pena de muerte. 
Creo que todos los Estados que pertenecen a las Naciones Unidas saben cuál es la postura de la Unión Europea en este asunto. 
La solicitud de una moratoria en este momento no significa que vayamos a perder de vista el objetivo general. 
También creo que sería acertado que esta propuesta fuera presentada por la Unión Europea en su conjunto. 
No creo que fuera correcto que uno u otro Gobierno obstruyera el proceso y evitara la acción conjunta de la UE. 
Aún en relación con este asunto, me interesaría conocer la postura de nuestros candidatos a la adhesión. 
Como norma general, este asunto debería incluir a dichos países. 
Creo que una iniciativa de este tipo tiene más peso y su efecto tendrá un alcance mucho mayor si es adoptada por veinticinco países. 
Como de hecho menciona nuestra resolución, cada uno de los Estados miembros también debe, en la medida de sus posibilidades, intentar hablar con países individuales y convencerlos de que apoyen al menos una moratoria. 
Creo que esa sería la mejor forma de proceder en nuestro caso. 
Deseo a la Presidencia toda la suerte del mundo en sus negociaciones para lograr este fin. 
Estoy seguro de que esta Cámara, con su resolución, secundará casi unánimemente este planteamiento. 
– Señor Presidente, quiero decir a modo de introducción que resulta bastante extraño que todo debate que mantenemos sobre la pena de muerte se vea empañado por una particular falta de franqueza. 
Hace algunos meses escuchamos con incomodidad similar a algunas personas que hablaban de Cuba con tono de exasperación, mientras que en relación con la China, con sus 3 138 ejecuciones en un año, seguimos escogiendo las palabras educadamente, que se reducen en ocasiones a un balbuceo avergonzado cuando se pide a Europa que hable del uso cada vez más frecuente, a veces industrial, de la pena capital en los Estados Unidos u otras democracias que dan en llamarse liberales y que siguen utilizando la horca, como Taiwán, Tailandia, Japón y la India. 
No quisiera que esta timidez política se combinara ahora con una seria omisión sobre el compromiso que la Presidencia del Consejo adoptó formalmente ante este Parlamento el 2 de julio de este año, a saber, el de presentar una resolución sobre una moratoria en la ejecución de la pena capital ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Recordemos –y debemos recordárselo al Ministro Frattini– que esta resolución apareció como una de las prioridades de la Presidencia italiana en su programa de política exterior, y sabemos –por sentido común y también por experiencia– que la moratoria es el primer paso político hacia la abolición de la pena de muerte. Todo lo demás es mera fantasía. 
La fecha límite para presentar un texto para esta resolución es el 7 de noviembre, pero hasta ahora no hay signos de tal resolución. 
Tras muchas décadas de debate ruidoso y en ocasiones estéril, sería irresponsable haber anunciado tan importante iniciativa política hace cuatro meses tan solo para ceder ante las presiones de aquellos que no quieren que las Naciones Unidas se pronuncien en contra de la pena de muerte. 
¿Riesgo de fracasar? 
Yo pienso más en el deber de luchar, el deber de luchar políticamente que debe asumir la Unión Europea. 
En conclusión, ya que el Presidente en ejercicio del Consejo parte hacia la China, también debemos encomendarle la tarea de recordar a aquel país que, ante el valor de la vida humana no puede existir jerarquía ni oportunismo político, ni siquiera con respecto a la China. 
Señor Presidente, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recoge el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. 
El año pasado, 31 países violaron este importante artículo, que apoya todo lo humano y lo vivo y promueve una sociedad civilizada y humana. 
Treinta y un países pensaron que tenían derecho a quitar la vida a sus propios ciudadanos. 
Según Amnistía Internacional, un total de 1 526 personas fueron ejecutadas en 31 países, mientras que 3 284 personas fueron condenadas a muerte en 67 países. 
Algo más del 80% de las ejecuciones tuvieron lugar en tres países: la China, el Irán y los Estados Unidos. 
Señor Comisario, señor Ministro, ustedes conocen estos datos. 
La China es el peor de todos ellos. 
Sin embargo, es muy trágico tener que colocar a los democráticos Estados Unidos en la misma lista que a las dos dictaduras. 
Soy un sincero amigo de los Estados Unidos, y esto me duele mucho. 
¿Cómo se explica que un país democrático y civilizado como los Estados Unidos continúe aplicando la pena de muerte? 
En los Estados Unidos, el número de ejecuciones aumentó hasta 71 el año pasado, frente a las 66 del año anterior. 
De hecho, no creo, señor Presidente, que muchos estadounidenses sean conscientes de que los Estados Unidos no cumplen los requisitos para convertirse en miembro de la UE, y estoy convencido de que hay que influir en los Estados Unidos para que cambie de actitud. 
Esto se lo pondría mucho más difícil a otros países de la Liga de la Muerte. 
¿Es posible que el pueblo estadounidense sea menos abierto a los hechos que nosotros los europeos? 
Miles de personas inocentes han sido condenadas a muerte y ejecutadas. 
¿Es posible que el pueblo estadounidense sea menos humano que nosotros? 
No, no es cierto, pero en ese caso, se necesitan líderes más valientes que deseen y se atrevan a iniciar el debate en pos de la justicia y de la dignidad humana. 
¿Es posible, señor Comisario y señor Ministro, ponerse a regatear cuando se trata de la abolición total de la pena de muerte? 
Lo dudo. 
Creo que en este terreno necesitamos un enfoque muy claro. 
Esta revuelta popular en contra de la pena de muerte, cuyo primer paso es una moratoria mundial, debe contar con el apoyo sin reservas de toda la UE y de la Presidencia italiana. 
Señores, no deben vacilar en esta cuestión. 
Es su responsabilidad, señor Ministro y señor Comisario. 
La pena de muerte debe ser abolida. 
Esto no es negociable. 
– Señor Presidente, Señorías, antes de nada, creo que hay que congratularse de que la lucha de los abolicionistas consiguiera, en algunos decenios, en algunas generaciones, imponerse como una de las reivindicaciones prioritarias de la opinión pública a favor de los derechos humanos. 
Cuando en 1961, abolicionistas como Martin Luther King hablaban de la abolición de la pena de muerte, parecía una utopía. 
Después, una generación como la mía fue sensibilizada por la política seguida en mi país, cuando François Mitterrand y Robert Badinter abolieron la pena de muerte en 1981. 
Hay que tener en cuenta también que países de los que se pensaba que no abolirían la pena de muerte tan pronto –entre ellos Turquía y países candidatos a la adhesión– han logrado hacerlo poniendo en ello un poco de voluntad política, sobre todo después de nuestra sesión en esta Cámara en junio de 2001. 
Por tanto, creo que en esta materia, en lugar de hablar de tácticas, es mucho mejor hablar de convicciones políticas y de voluntad en apoyo de dichas convicciones. 
En efecto, cuando nuestro colega, el Sr. Ari Vatanen, participa en el rally París-Dakar con una insignia en la que figura el lema «No a la pena de muerte» , sensibiliza a todo un continente. 
Por cierto, como decía la Sra. Catherine Trautmann, lo que está en juego es nuestra capacidad de domeñar nuestros instintos de venganza. 
Cuando nos movilizamos, una mujer que ha tenido hijos fuera del matrimonio en Nigeria se libra de la pena de muerte. 
Estoy convencido de que movilizándonos de nuevo, hoy, conseguiremos sacar del corredor de la muerte en los Estados Unidos a un hombre que se llama Mumia Abu-Jamal y que fue encarcelado únicamente porque es negro, porque era periodista, porque hablaba en nombre de los que no tienen voz y porque criticaba las arbitrariedades de la policía racista de Filadelfia. 
Pensando en todas esas personas, me digo hoy que debemos reflexionar. 
Cuando se trata de la pena de muerte, no es cuestión ni de negros ni de blancos, sino del color de la sangre. 
Por ello, en mi opinión, no debemos extraditar personas a países en los que sabemos que les espera la pena de muerte. 
En particular, pienso con emoción en los conciudadanos nuestros que se encuentran en este momento en Guantánamo, porque no sabemos en qué condiciones pueden acabar. 
Señorías, lo que se precisa es voluntad política y no tácticas. 
– Señor Presidente, uno de los grandes ámbitos de tensión histórica de nuestra era es la batalla entre la soberanía estatal y los derechos humanos universales. 
El poder tradicional de los gobernantes soberanos aparece sobre todo como el derecho a decidir sobre la vida y la propiedad de sus súbditos. 
En una era de Estados nacionales, hemos fracasado en el intento de librarnos de dos graves y persistentes violaciones de los derechos humanos fundamentales, a saber, la pena de muerte y el extendido uso de la tortura. 
Es excelente que la Unión Europea, cuya propia soberanía exterior es tan débil, considere los derechos humanos un elemento central de su política exterior, encaminado a la eliminación de estas dos graves lacras, especialmente ahora que el concepto de seguridad armada domina la remodelación del nuevo orden mundial. Al mismo tiempo, resulta preocupante que la violencia contra los propios ciudadanos de un país se esté convirtiendo en un asunto de relativa importancia. 
Un Estado que mata y tortura nunca debería tener legitimidad internacional. 
La cuestión crucial que el sistema de las Naciones Unidas tiene que abordar es el conflicto que he mencionado al principio. 
De hecho, se considera que el lado fuerte particular de la organización universal es el respeto de los derechos humanos, pero al mismo tiempo su Carta está firmemente anclada a la noción de soberanía estatal. 
Por lo tanto, se sitúa en un punto en el que se encuentran dos épocas y dos diferentes visiones políticas del mundo. 
Creo que este es el momento propicio para dar este paso y hacer todo lo posible por conseguir una moratoria que deje en suspenso la pena de muerte en todo el mundo como paso previo a su eliminación de una vez por todas y para siempre. 
El plan supondrá asumir riesgos diplomáticos y de otras clases, pero el objetivo hará que merezca la pena. 
– Señor Presidente, Señorías, a pesar de los repetidos llamamientos desde muchas instancias para que la defensa de los derechos humanos se refleje en la abolición de la pena de muerte, no solo hemos asistido a un aumento de las condenas a muerte en algunos países durante los últimos años, sino que además los sistemas de ejecución se han vuelto más crueles, con la utilización de métodos bárbaros. 
Al pedir una moratoria sobre la pena de muerte, la desea mencionar como mínimo, simplemente a título de ejemplo y basándose necesariamente en los datos parciales facilitados por Amnistía Internacional para el año 2002, que solo en el Irán, la Arabia Saudita y el Sudán tuvieron lugar 113, 48 y 40 ejecuciones, respectivamente, sin mencionar las 1 060 de la China. 
A la luz de estos datos, mientras que mantenemos la necesidad urgente de una moratoria sobre la pena de muerte, debemos pedir con el mismo fervor a la Unión Europea y a las Naciones Unidas que intervengan en relación con estos países en los que los castigos impuestos no están asociados a normas laicas, sino a culturas o tradiciones de carácter fundamentalista de cualquier estructura. 
Más aún, a la vez que mantenemos el derecho de todo individuo a la libertad religiosa, debemos declarar firmemente que la aplicación de la en un Estado o en parte de un Estado no puede ser aceptada por los Estados miembros de la Unión Europea. 
Esta es la razón por la que la moratoria sobre la pena de muerte debe venir acompañada de sanciones que Europa debe imponer a aquellos Gobiernos que no acepten la moratoria y continúen aplicando la pena capital con crueles técnicas como, por ejemplo, la lapidación hasta la muerte. 
Una de estas sanciones que querríamos que se impusieran sería la suspensión de las relaciones comerciales con dichos países, es decir, seguir ayudando a los ciudadanos en la medida de los posible, pero no seguir traficando, si me permiten el término, con aquellos países cuyos Gobiernos continúen violando conscientemente los derechos humanos. 
Europa no puede imponer sus leyes y su concepto de democracia a otros países, pero tampoco puede seguir manteniendo relaciones comerciales efectivas con Gobiernos que se basan en la violación de los derechos humanos fundamentales, ya que en dichos países la pena de muerte no solo es un castigo infligido por los tribunales o llevado a cabo por el verdugo, sino que se trata de un castigo que se inflige cada día por medio del hambre, la desesperación y la violencia que empuja a poblaciones enteras a buscar refugio en otros lugares e incluso, como viene sucediendo en Somalia desde 1991, a morir en las aguas del Océano Índico o del Canal de Sicilia. 
Por último, la pena de muerte es también un castigo que los terroristas imponen de manera continua mediante el asesinato de civiles desarmados. 
Por consiguiente, actualmente no hay esperanzas de obtener una moratoria sobre la pena de muerte si no imponemos también sanciones a aquellos que aplican leyes inhumanas y fundamentalistas y que también encubren actos terroristas. 
Ha llegado el momento de que la Presidencia italiana presione al Parlamento para que realice un gesto simbólico y pedir al Irán que perdone a la joven condenada a muerte por matar al hombre que la estaba violando. 
La intervención de Europa en este asunto podría dar nuevas esperanzas a muchas mujeres oprimidas por la visión extremista e inhumana de demasiados Gobiernos. 
– Señor Presidente, se me han concedido 90 segundos como presidente de y representante del Partido Radical Transnacional, que lleva décadas luchando por que por fin –y me dirijo al Presidente Frattini– expresemos nuestras convicciones en lugar de hacer gimnasia verbal en torno a convenciones de una manera indigna. 
En 1994 perdimos solo por 8 votos en la ONU, a causa de la preocupación de Singapur y otros Estados de que aquellas propuestas de moratoria mermaran la soberanía nacional. 
Hasta la fecha, 33 Estados se han hecho abolicionistas y han aplicado la moratoria. 
La Presidencia italiana ha proclamado y sigue proclamando en voz alta y clara sus convicciones en esta batalla, para luego aprovechar cada oportunidad, cada día en esta basura de pretextos y excusas, cada oportunidad para ir en contra de sus compromisos. 
Señor Presidente en ejercicio, estamos librando esta batalla para que se haga honor a las convicciones que aceptamos o decimos aceptar, al menos en un mínimo grado, en nuestro país, si es posible, y también en Europa –con o sin usted–, y para que dejemos de adaptarnos vilmente a convenciones insensatas y erróneas. 
Mi tiempo se ha acabado, pero me temo que en su caso lo que se le está acabando es la credibilidad y la decencia. 
Espero que aún no sea así, pero está usted en peligro y nos pone a nosotros en peligro de perder nuestra decencia y nuestra credibilidad. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, yo sí creo que es fundamental que la Presidencia italiana, en nombre- claro- de la Unión Europea y de sus Estados miembros, presente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una propuesta de resolución pidiendo la adopción de una moratoria universal sobre las ejecuciones capitales. 
Y, es más, creo que tenemos la obligación de presentarla. 
La prudencia no puede hacernos olvidar nuestro compromiso con la defensa del derecho a la vida ni nuestra responsabilidad de trabajar para reforzar la cooperación internacional con vistas a conseguir la abolición total de la pena de muerte en el mundo, porque la pena de muerte constituye una violación del derecho fundamental a la vida, con el agravante- como dice Amnistía Internacional- de que esta violación no sólo no se oculta ni se niega, sino que forma parte de las leyes del país que la aplica. 
Y si un país no respeta el más fundamental de los derechos, ¿con qué autoridad va a exigir a los ciudadanos el respeto de los demás derechos y sobre qué bases cimentará este país la democracia y el Estado de Derecho si permite por ley violar el primero y más fundamental de los derechos, el derecho a la vida? 
Por ello, para la Unión Europea, el combate por la abolición de la pena de muerte y el combate por la democracia y el respeto de los derechos humanos son y deben ser un mismo combate. 
Es cierto que se ha avanzado en este sentido y que hoy son ya muchos menos los países que siguen manteniendo en su legislación la pena capital, pero aún estamos lejos de su total abolición, como nos recuerdan con demasiada crueldad las estadísticas. 
Por eso la Unión Europea, para ser coherente con los valores sobre los que se fundamenta, debe hacer del combate contra la pena de muerte una prioridad, no sólo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino también en sus relaciones con los países terceros que todavía no la han abolido, cualesquiera que sean los lazos que pueda tener la Unión con estos países o su importancia estratégica o comercial, porque nadie puede atribuirse el poder de decidir sobre la vida y la muerte de un ser humano. 
Señor Presidente, me gustaría hacer unos breves comentarios para que todo quede absolutamente claro en este asunto, que reviste gran importancia para la Presidencia italiana. 
En muchos discursos he oído el llamamiento a la Presidencia italiana a que presente la resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en nombre de la Unión Europea. 
Lo que no he oído –aunque espero que el Parlamento sea capaz de establecerlo en sus deliberaciones– es cualquier alusión a la situación que creí que era mi deber mencionar en mi discurso. 
No hay, y lo reitero, no hay acuerdo unánime entre los Estados miembros de la Unión Europea de que la Presidencia italiana presente una resolución en nombre de Europa. 
En vista de este desacuerdo, tenemos dos opciones: o bien el Parlamento pide a la Presidencia del Consejo que presente un documento en nombre de la Unión Europea, aun cuando no todos los miembros de la UE estén de acuerdo –esta es la primera opción–, o bien se afirma claramente que Italia, incluso estando al frente de la Presidencia de la Unión Europea, puede presentar una resolución sin el acuerdo de algunos Estados miembros –y sin que esto se considere, no obstante, una grave violación del espíritu de cohesión que debe mostrar la Unión Europea–. 
Italia, como nación, está a favor de hacerlo, pero está a favor de hacerlo –repito– cuando esté completamente claro, dentro del marco de la Unión Europea, que no todos los Estados miembros están a favor, no de una moratoria, ya que todos estamos a favor de la moratoria, ni de la abolición, porque todos estamos también a favor de la abolición, sino de que se presente una resolución en estos momentos. 
Como creo que ahora he sido más claro, diré que la Presidencia italiana no solo está a favor, sino muy a favor de presentar una resolución en nombre de Europa, pero si Europa no está unida en este asunto, ¿podemos presentar una resolución –sin duda no en nombre de Europa– que diga que Europa está dividida en torno a esta cuestión? 
Estoy dispuesto a cumplir esta exigencia cuando el Parlamento diga lo que piensa al respecto. 
– Señor Presidente, Señorías, lo siento, pero no he comprendido lo que se nos ha respondido. 
No he comprendido nada de lo que se nos ha respondido, todavía no sé si la Presidencia va a defender o no nuestras reivindicaciones. 
Propongo que comente esta cuestión con el Presidente en ejercicio del Consejo. 
La votación tendrá lugar mañana. 
El debate queda cerrado. 
. – Periódicamente se repite aquí la exigencia de una moratoria universal, pero ¿cuándo se pondrá en práctica efectivamente? 
La buena voluntad europea ya no basta. 
La abolición de la pena de muerte debe considerarse un elemento esencial de las relaciones de la UE con terceros países. 
En el mundo, algunos países siguen practicando este crimen de Estado. 
Esta barbarie perdura en concreto en Japón, en China, en los Estados Unidos, en Arabia Saudita, en Irán, donde prosiguen las ejecuciones. 
Peor aún, entre 2001 y 2002, el número de ejecuciones aumentó. 
Resulta imposible seguir callando ante este «asesinato administrativo» , sobre todo cuando es ejercido por la mayor potencia del mundo, que pretende imponer su orden y sus valores al resto del planeta. 
Es imposible aceptar que la única solución al crimen y a la violencia sean el crimen y la violencia mismos. 
Al igual que la recién creada Asociación Mundial de Parlamentarios Abolicionistas y de acuerdo con la petición que circula por el mundo a favor de la abolición, la Unión Europea debe ejercer todas las presiones necesarias para asegurar que las Naciones Unidas adopten una moratoria que conduzca rápidamente a la abolición de la pena de muerte. 
Hay hombres y mujeres olvidados en los corredores de la muerte, y Mumia Abu-Jamal es uno de ellos. 
Es urgente prevenir lo irreparable. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0279/2003). 
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas al Consejo. 
La pregunta n° 1 no recibirá respuesta porque su asunto ya figura en el orden del día del presente período parcial de sesiones. 
El Parlamento Europeo pide, por considerarlo fundamental, la creación de una Escuela Europea de Policía y de una protección fronteriza común de las fronteras exteriores. 
¿Cuál es el calendario para el desarrollo ulterior de estos proyectos y cuándo decidirá el Consejo la sede definitiva de la Escuela Europea de Policía? 
En el año 2002, la Comisión presentó una Comunicación sobre la gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea, que presentaba una panorámica completa de la futura gestión de fronteras. 
De nuevo en 2002 se presentó en Roma un estudio de viabilidad, dirigido por Italia, sobre la creación de una fuerza policial fronteriza. 
En el siguiente mes de junio, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior adoptó un plan para la gestión de las fronteras exteriores que constituyó la base de la futura actividad en este terreno. 
Sobre la base de estos documentos, ese mismo año, en Sevilla, el Consejo Europeo especificó medidas prioritarias y pidió la creación de un órgano común de expertos en fronteras exteriores, compuesto por los jefes de los servicios de control fronterizo de los Estados miembros y encargado de coordinar las medidas contenidas en el plan. 
Más aún, esta medida facilitaba la rápida implementación de operaciones conjuntas en las fronteras exteriores y el comienzo inmediato de proyectos piloto. 
Estas operaciones y proyectos han sido implementados o han estado implementándose desde el año 2002 y 2003. 
En junio de 2003, el Consejo Europeo de Salónica decidió, como saben, crear un Órgano Común de Expertos en Fronteras Exteriores para hacer más eficaz esta estrategia. 
Este órgano ha sido creado y está funcionando en el Consejo. 
En las conclusiones de Salónica, el Consejo invita a la Comisión a examinar la necesidad de crear nuevos mecanismos institucionales, incluida una estructura operativa europea, para mejorar la cooperación operativa en la gestión de las fronteras exteriores. 
Los días 16 y 17 de octubre en Bruselas, el Consejo Europeo acogió con satisfacción la intención de la Comisión de presentar una propuesta de creación de una Agencia Europea de Gestión de Fronteras, con el fin de mejorar la cooperación operativa, a tiempo para que el Consejo pudiera alcanzar un acuerdo político sobre los elementos principales de la agencia a finales de 2003. 
Esta propuesta se inspirará en la experiencia del Órgano Común de Expertos en Fronteras Exteriores. 
Más aún, el Consejo Europeo tomó nota del estudio realizado para la Comisión sobre fronteras marítimas e invitó al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior a elaborar un programa de trabajo para esta cuestión, que deberá adoptarse a finales de este año. 
Por último, en relación con la academia de policía europea, esta se creó mediante la Decisión del Consejo de diciembre de 2000, comenzó a funcionar en 2001 y temporalmente está ubicada en Dinamarca. 
La decisión sobre su ubicación permanente dependerá de las recomendaciones del Consejo Europeo. 
– Gracias, señor Frattini, por su respuesta, que ha sido muy buena y concreta, y también por el gran trabajo que ha realizado la Presidencia italiana del Consejo en este campo. 
Solo tengo dos preguntas complementarias concretas. 
En primer lugar, ¿redactará el grupo de expertos en fronteras que ha mencionado un informe escrito en el curso de este año o a finales del mismo, o tardará incluso más tiempo? 
Esta es la primera pregunta. 
Mi segunda pregunta tiene que ver con la Academia de Policía. 
¿Cree usted, en relación con la ubicación de los distintos cuerpos, muchos de cuyos aspectos siguen estando abiertos, que este paquete podrá resolverse antes del fin de la Presidencia italiana, o no será posible solventarlo antes de este año, al igual que el asunto de la Academia de Policía? 
Aún no se ha tomado una decisión con respecto a la ubicación de la agencia, por lo tanto no puedo decir si será la Presidencia italiana la que examine la totalidad del paquete. 
Sin embargo, puedo decir que el Órgano Común de Expertos en Fronteras Exteriores informa y seguirá informando regularmente, ya que está claro que todo el trabajo preparatorio para la futura agencia se basará, como he dicho, en la experiencia de este grupo de trabajo. 
Esta es la razón por la que apreciamos la cooperación entre la Comisión y el Consejo, en particular a partir de los próximos meses. 
– Señor Presidente, actualmente un equipo de expertos en control fronterizo está operando en Finlandia. 
Incluye a unos pocos oficiales. 
Si esta agencia conjunta de policía fronteriza se ubicara en otro lugar fuera de Finlandia, ¿hay intención de trasladar también a dicho lugar al equipo de expertos fineses? 
Dicho de otro modo, ¿tiene planes el Consejo en este momento en relación con el futuro de este equipo de expertos en fronteras que actualmente está operando en Finlandia? 
El principio en que nos basamos es el de una agencia europea que coordine todas las operaciones. 
Lógicamente, por lo tanto, se tendrá en cuenta la experiencia de los grupos de trabajo. 
Ni que decir tiene que aún no hemos examinado los aspectos técnicos de esta coordinación. 
El Parlamento Europeo, año tras año, ha señalado a la atención la situación dramática y preocupante de los presos recluidos en cárceles europeas a través de sus informes sobre derechos humanos en la UE; asimismo, ha solicitado repetidamente al Consejo y a la Comisión la adopción de unas normas mínimas en materia de derechos humanos y libertades fundamentales de los presos en la UE. 
El Presidente del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, Roberto Castelli, en nombre de la Presidencia italiana del Consejo, anunció durante las audiencias de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores que se llevaría a cabo una investigación sobre la ejecución de las penas y los sistemas penitenciarios. 
En un artículo aparecido el 7 de agosto de 2003 en el "Corriere della Sera", Castelli manifestó que se había conseguido "promover una iniciativa para la definición de normas mínimas de habitabilidad en las instituciones penitenciarias europeas". 
¿Puede el Consejo explicar detalladamente la mencionada iniciativa, indicando las etapas previstas, la situación en que se encuentra y los objetivos, así como enviar los documentos correspondientes al Parlamento Europeo? 
¿Tiene el Consejo la intención de elaborar una decisión marco al respecto, único instrumento capaz de garantizar que tales normas posean un carácter vinculante y sean respetadas de manera efectiva? 
Puedo informar al Sr. Dell’Alba de que el Consejo no ha recibido ni una propuesta ni una iniciativa legislativa sobre esta cuestión. 
A pesar de ello, siendo consciente de la importancia de la cuestión, la Presidencia italiana abordó el tema de la ejecución de las condenas a prisión en la reunión informal de los Ministros de Justicia celebrada en Roma el 13 de septiembre de 2003. 
Como ve, estamos esperando avances en este debate, iniciado por la Presidencia. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ha hablado usted como tal y ha respondido en esta su función como si no fuera también representante del Gobierno italiano. 
La pregunta del Sr. Turco decía exactamente lo siguiente: que su colega, el Sr. Castelli, también Presidente en ejercicio, pero miembro de un Gobierno de un Estado miembro y como tal capacitado para presentar la propuesta a la que se refiere, anunciada el 7 de agosto en el y en una audiencia parlamentaria, y según la cual el Gobierno italiano o él mismo personalmente tenía la intención de lanzar una iniciativa para definir las condiciones de vida mínimas en las prisiones europeas. 
Como creíamos que era una excelente idea y dado que el Parlamento ha estado pidiendo durante años al Consejo que hiciera precisamente eso –y yo añadiría ahora la idea de extender el derecho de los diputados italianos a visitar las prisiones a los diputados al Parlamento Europeo–, me gustaría preguntar si puede confirmar esta intención en esta Cámara en nombre de la Presidencia italiana. 
No creo que pueda responder como representante del Gobierno italiano. 
Solo puedo decir, como representante de la Presidencia, que este debate comenzó, como dije antes, en una reunión informal de los Ministros de Justicia. 
Sin duda, pronto habrá avances y resultados que, por el momento, no estamos en condiciones de predecir, dado que el debate comenzó el 13 de septiembre, hace menos de un mes. 
Hace algunos días, Turquía firmó con el régimen de ocupación del norte de Chipre un acuerdo marco de unión aduanera. 
Teniendo en cuenta que Turquía no tiene derecho a firmar acuerdos comerciales con países terceros sin la aprobación de la Unión Europea — tanto más cuanto que la firma de este acuerdo con el pseudo-Estado de Denktash constituye un auténtico gesto de provocación frente a la Unión Europea y a la república de Chipre, que se convertirá en miembro de pleno derecho de la Unión Europea en 2004 —, ¿puede indicar el Consejo si la firma de este acuerdo constituye una contribución positiva de Turquía a los esfuerzos desplegados para resolver el asunto chipriota, a lo que Turquía se había comprometido con fundamento en el acuerdo de Helsinki y de la asociación Unión Europea-Turquía? 
La Unión Europea ha expresado su preocupación a Turquía en relación con el acuerdo marco sobre la unión aduanera con la República Turca del Norte de Chipre y, en particular, ha afirmado que, por encima de las implicaciones legales y comerciales, la firma de dicho acuerdo reduce los esfuerzos para resolver la cuestión de Chipre y va en contra del espíritu del plan elaborado por el Secretario General de la ONU, Kofi Annan. 
La Unión Europea ha tomado nota de la respuesta del Gobierno turco, con la que se encuentra satisfecha, en el sentido de que ha decidido no ratificar y no aplicar este acuerdo, considerado incompatible con la unión aduanera con Turquía. 
La Unión Europea espera que Turquía cumpla su decisión y que retire las actuales medidas comerciales con el Norte de Chipre, ya que violan la unión aduanera entre Europa y Turquía. 
– Quiero agradecer al Presidente en ejercicio su respuesta. 
Sin duda es un paso, pero no es suficiente. 
Este acuerdo está firmado por el Primer Ministro turco, el Gobierno turco, y se encuentra en el Parlamento; simplemente no va a someterse a votación. 
Me gustaría preguntarle al Presidente en ejercicio si la Unión Europea pedirá que se cancele este acuerdo directamente, ya que constituye una provocación para el régimen de Turquía como país candidato y para la unión aduanera entre Turquía y la Unión Europea. 
Puedo confirmar que seguiremos instando a Turquía a que no ratifique el acuerdo y, sin duda, un acuerdo no ratificado es un acuerdo nulo en términos legales, en el sentido de que no puede y no debe ejecutarse. 
Creo que debemos comprobar que Turquía actúa conforme al compromiso adquirido y esperamos y confiamos en que todo salga bien. 
El 19 de agosto de 2003, el Gobierno de Zimbabwe reclamó las existencias de alimentos procedentes de las organizaciones de ayuda humanitaria para repartirla él mismo. 
Las organizaciones de ayuda humanitaria han mostrado su preocupación al respecto dado que, ya con anterioridad, el régimen del presidente Mugabe ha sido acusado de hacer depender el reparto de la ayuda alimentaria de las afinidades políticas: la oposición queda simplemente excluida del mismo. 
La hambruna afecta en estos momentos a más de tres millones de personas en Zimbabwe. Las organizaciones de ayuda humanitaria temen que esta cifra aumente a cinco millones para finales del presente año. 
Se teme además que dicho problema se vea agudizado por la reforma agraria prevista. 
Según el sindicato agrícola Commercial Farmer's Union, alrededor de 2.900 explotaciones agrícolas (la mayoría en manos de agricultores blancos) deberán cesar su actividad. 
Según informaciones aparecidas en prensa, en las próximas semanas se espera la llegada de un gran cargamento de grano procedente de la UE. 
¿Qué medidas se han adoptado para evitar que esta ayuda alimentaria pueda ser utilizada con fines políticos y para que dicha ayuda llegue directamente a los afectados por la hambruna? 
El Consejo está preocupado por el deterioro de la situación alimentaria en Zimbabwe y se opone a cualquier tentativa de condicionar el suministro de ayuda alimentaria a criterios políticos. 
La política de ayuda alimentaria de la Unión Europea y su gestión se rigen por un Reglamento del Consejo de 1996, según el cual la Comisión adopta todas las disposiciones necesarias para que se apliquen adecuadamente los programas y acciones de ayuda alimentaria. 
A este fin, los Estados miembros y la Comisión se facilitan mutuamente la ayuda necesaria y cualquier información útil. 
En su posición común del 18 de febrero de 2002 sobre Zimbabwe, el Consejo expresó serias preocupaciones en torno a la situación que se vive en dicho país, en particular los nuevos brotes de violencia, e impuso nuevas sanciones a Zimbabwe. 
Esta posición común se ha prorrogado hasta el 20 de febrero de 2004. 
Según las directrices de la Unión sobre la distribución de alimentos en Zimbabwe, acordadas por la Comisión y por los Jefes de Misión de Harare en 2002, la gestión y distribución de alimentos se basan en la necesidad y no en criterios políticos. 
La distribución imparcial de ayuda será un compromiso conjunto llevado a cabo en consulta con las principales partes interesadas. 
Esto asegurará una selección participativa y transparente de los beneficiarios. 
Cada programa de distribución contará con un sistema de control independiente para gestionar la selección, distribución, vigilancia y posibles quejas. 
La Unión Europea ha albergado serias preocupaciones ante la publicación, por parte del Gobierno de Zimbabwe, de la nueva política relativa a las actividades de las organizaciones no gubernamentales que proporcionan ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo. 
Hacia finales de septiembre de 2003, el Gobierno de dicho país ha firmado Memorandos de Acuerdo con Euronet y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) sobre los principios de distribución de alimentos y ha realizado algunos esfuerzos para aclarar cómo pretende aplicar la nueva política con respecto a las actividades de las ONG. 
Tras estos acontecimientos, los Estados miembros acordaron que los Jefes de Misión lanzaran una iniciativa de amplio alcance en las principales capitales, a excepción de Harare, para informar a los socios regionales de la Unión Europea de las preocupaciones en relación con los asuntos de suministro de alimentos y ayuda humanitaria en Zimbabwe. 
La Presidencia está preparando actualmente el mandato para dicha iniciativa. 
La Unión continuará siguiendo de cerca el desarrollo de la crisis alimentaria, con la esperanza de que el Gobierno de Zimbabwe respete, de hecho, los principios humanitarios de los recién firmados Memorandos de Acuerdo. 
Señor Frattini, ¿podría darme una respuesta concreta a la pregunta de si el Consejo tiene la intención de actuar siguiendo los dictados del Sr. Mugabe y, tanto si lo hace como si no, pretende seguir proporcionando ayuda directa a las ONG que operan en Zimbabwe? 
¿O vamos acaso a seguir las directrices dictadas por el Gobierno de Zimbabwe y entregar la ayuda alimentaria directamente a los órganos gubernamentales? 
Mientras tanto, quizás le interese saber que la situación en dicho país se ha deteriorado más aún, en el sentido de que ahora también existe escasez de fertilizantes para la producción de alimentos, y escasez de combustible, entre otras cosas. 
La situación, por lo tanto, está empeorando cada vez más. 
Estoy un poco preocupado de que la respuesta sea insuficiente si lo único que se va a hacer es mantener las sanciones existentes hasta el mes de febrero de 2004 inclusive. 
En la reunión celebrada en Verona el 23 de agosto de 2003 entre la Presidencia del Consejo y el Canciller alemán, Gerhard Schroeder, se debatió la idea de crear un servicio de guardacostas de la UE (tal como se informa en la publicación Sunday Times de 24 de agosto de 2003). 
A la vista de esta iniciativa, ¿podría tener cuenta el Consejo la propuesta sobre esta materia presentada por el autor de la pregunta a la Convención sobre el Futuro de Europa (CONV 150/02) ? Sería interesante conocer la opinión de la Presidencia del Consejo sobre esta propuesta. 
Como el Sr. Cushnahan sabe por la respuesta del Consejo a su anterior pregunta, se encargó a la Comisión que llevara a cabo un estudio de viabilidad para mejorar los controles en la fronteras marítimas tras la adopción del plan extensivo de lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos en febrero de 2002. 
El informe contiene algunas recomendaciones sobre las formas de mejorar los controles fronterizos y se refiere a la posible creación de una estructura operativa. 
La Comisión envió este informe al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 12 y 13 de septiembre de 2003. 
El Consejo está estudiando este informe para extraer las posibles conclusiones. 
Estas acciones dan testimonio de la importancia que el Consejo otorga a la cuestión del control de las fronteras marítimas. 
Estamos convencidos de que la gestión de las fronteras exteriores debería tener una dimensión europea sustancial si queremos tener éxito y avanzar en la aplicación de medidas que ya han sido definidas por el Consejo y cuya meta es combatir la inmigración ilegal y la delincuencia asociada. 
– Celebro el hecho de que la Presidencia italiana esté interesada en el concepto de servicio de guardacostas europeo y reconozca la fragilidad de nuestras fronteras marítimas, en lugar de estar, como ha ocurrido en el pasado, exclusivamente preocupada por las fronteras terrestres. 
Si bien soy consciente de la propuesta de la Comisión, ¿no admite la Presidencia que la cuestión del tráfico ilegal de seres humanos no es el único problema de nuestros mares? 
Los delincuentes han utilizado nuestros mares de muchas formas para ejercer sus malas artes, que incluyen el tráfico ilegal de drogas y el contrabando de tabaco. 
Además, hay que tener en cuenta los problemas causados por las catástrofes marítimas. 
También hemos tenido grandes problemas con la contaminación marina, el paquete del y, más recientemente, el desastre del. 
¿Admite asimismo la Presidencia que, dada la falta de poblaciones de peces en nuestros mares con respecto a la pesca, hay muchas cosas que un servicio de guardacostas europeo podría hacer en la misma línea que el servicio de guardacostas de los Estados Unidos? 
¿No va siendo hora de lanzar la propuesta de un enfoque polifacético, que no solo se ocupe de la cuestión del tráfico ilegal de seres humanos, sino que abarque todos estos aspectos? 
Si abordamos las preocupaciones de los ciudadanos europeos, siempre tratamos de dar mayor relevancia a Europa. 
Si planteáramos una propuesta definitiva para abordar estos problemas, podríamos hacer que Europa fuera muy relevante a la hora de afrontar los verdaderos temores de los ciudadanos en toda una serie de ámbitos. 
En los últimos diez años se han encontrado en Ciudad Juárez, México, más de 320 cadáveres de mujeres y niñas; el número de mujeres y niñas desaparecidas en distintas ciudades mexicanas es de 4 476, de una media de edad de entre 14 y 16 años. 
La falta de efectividad de las investigaciones por parte de las autoridades mexicanas aumenta la desprotección de estas mujeres, que sufren la más grave violación de sus derechos fundamentales. 
Además, las autoridades mexicanas incumplen las recomendaciones y el plan de acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas, así como los compromisos adquiridos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de las Naciones Unidas. 
¿Puede el Consejo trasladar al Gobierno de los Estados Unidos de México la alarma suscitada por los hechos acaecidos en Ciudad Juárez y otras ciudades mexicanas y solicitar asimismo información sobre las acciones emprendidas? 
¿Piensa prestar el Consejo, en el marco del Acuerdo de Cooperación con México, la ayuda necesaria para contribuir con las autoridades mexicanas al esclarecimiento de tan graves hechos? 
Los derechos de las mujeres y la cuestión de las desapariciones forzadas son una fuente de especial preocupación para la Unión Europea. 
Según la ley internacional y sobre la base de los principios éticos y constitucionales comunes a todos los Estados miembros de la Unión Europea, hemos instado a los Gobiernos a que cumplan las resoluciones y decisiones de la ONU y ejecuten todas las normas, leyes y programas cuyo fin sea garantizar que las mujeres disfruten plenamente de sus derechos y libertades fundamentales en pie de igualdad con los hombres. 
La Unión Europea supervisa y debate regularmente con las autoridades mexicanas sobre la situación de los derechos humanos en México y sobre el cumplimiento de los compromisos del país de acuerdo con el Derecho internacional. 
La Unión acoge con satisfacción el claro compromiso con los derechos humanos para todos adquirido por el Gobierno del Presidente Fox y su promesa de considerar este asunto una de las prioridades de su Gobierno. 
Acogimos favorablemente la cooperación de México con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Sin embargo, de acuerdo con algunas fuentes, las buenas intenciones del Gobierno y el nuevo enfoque aún no se han convertido por completo en resultados tangibles. 
La reciente reestructuración llevada a cabo por el subsecretario para la democracia y los derechos humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores mexicano, así como la reciente decisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de cancelar el proyecto de Defensor del Pueblo que había sido financiado por la Iniciativa Europea de Derechos Humanos, han causado gran preocupación. 
México fue elegido uno de los tres países prioritarios de América Latina que se beneficiarían de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos durante el periodo 2002-2004. 
Las autoridades mexicanas deberían renovar su compromiso de avanzar en el campo de los derechos humanos en cooperación con los socios internacionales, incluido el importante programa del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México. 
La Unión Europea continuará supervisando la situación de los derechos humanos y discutirá el asunto con las autoridades mexicanas en la primera oportunidad que tenga, que será la reunión del Comité Conjunto de Asociación que tendrá lugar el próximo noviembre bajo la Presidencia italiana. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, el problema que ha planteado en la contestación a mi pregunta me complace a medias. 
Porque, desgraciadamente, en los últimos diez años- como muy bien saben -, en concreto en Ciudad Juárez, han aparecido más de 320 cadáveres de mujeres y niñas. 
Asimismo, han desaparecido más de 4.470 mujeres y niñas de entre 14 y 16 años. 
Por ello, me gustaría que, aparte de la gestión que vaya a hacer el Consejo con México en relación con el Acuerdo, se examinaran qué acciones concretas- puesto que no estamos hablando de una violación de derechos humanos en general, sino que es un hecho muy concreto que afecta a la desaparición y muerte de muchas mujeres y niñas, concretamente en Ciudad Juárez- ha emprendido México para intentar averiguar estos hechos, y, por otro lado, si es posible y el Consejo lo permite, ver qué ayuda piden las autoridades de ese país para que la comunidad internacional contribuya a esclarecer estos hechos, que son muy graves. 
Durante este último verano se ha producido un gran aumento de la inmigración clandestina con pateras en la frontera sur de la UE. Los pocos servicios existentes se encuentran desbordados ante el cambio de rutas de las pateras y sin capacidad para afrontar la enorme dimensión que está adquiriendo este problema. 
Ante la próxima presentación al Consejo, por parte del Comisario Vitorino, de determinados informes (Argo y Ulises) y balances sobre este tema e instando a que se contemplen entre las nuevas medidas la atención a las costas de Granada (España) cuya situación se ha agravado al extremarse la medidas de contención en la zona de Tarifa, ¿podría indicar el Consejo qué medidas prevé para mejorar esta situación? 
La cuestión, que tan trágicas consecuencias ha tenido, de la llegada de las llamadas «pateras» con tantas personas desesperadas que vienen a probar suerte en Europa, ha resurgido de nuevo. 
El Consejo Europeo de Salónica invitó a la Comisión a examinar la necesidad de crear nuevos mecanismos institucionales, incluida una estructura operativa europea –acabo de mencionar este punto– para mejorar la cooperación operativa en la gestión de las fronteras exteriores. 
Como he dicho anteriormente, el fin no es otro que aprobar la puesta en marcha de una agencia europea especializada en este campo en el Consejo Europeo de diciembre. 
El Consejo recuerda, además, que, en el contexto del plan de gestión de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea ya se han creado algunas operaciones conjuntas para controlar y reducir la inmigración ilegal por vía marítima. 
En junio de 2003 se presentó un informe final sobre el progreso de la aplicación de este plan para la gestión de las fronteras exteriores, con evaluaciones de los resultados, tras lo cual se envió al Consejo de Salónica. 
Sobre la base de esta experiencia y de las sugerencias realizadas por parte del Centro Europeo de análisis de riesgos, las medidas existen y se lanzarán nuevas operaciones. 
Entre ellas, quisiera centrarme tan solo en el proyecto llamado «Neptuno» , que comenzó en el mes de septiembre de 2003, hace tan solo unas semanas. 
Esta operación conlleva el desempeño de actividades de vigilancia y supervisión conjuntas en el centro y este del Mediterráneo, y en ella participan varios Estados miembros y países candidatos a la adhesión. 
Yo destacaría que este es tan solo un ejemplo importante al que espero que se unan otros en breve. 
Es más, me gustaría llamar la atención de la Sra. Izquierdo Rojo sobre la importancia de la cooperación con los países de origen y de tránsito. 
Esta cuestión forma parte de un enfoque amplio y completo de la inmigración que resulta equilibrado e integrado. 
Debemos asegurarnos de que creamos condiciones para el desarrollo en los países de origen y de tránsito a fin de evitar el flujo de personas desesperadas hacia Europa. 
En este sentido, se prestó especial atención a la creación de una red de oficiales de enlace, que será aprobada formalmente a finales de 2003, y cuyo trabajo consistirá precisamente en crear una red de apoyo a las iniciativas europeas para regular todo el fenómeno de la inmigración. 
Quiero agradecer al Presidente en ejercicio del Consejo su contestación y las medidas adoptadas por el Consejo. 
No obstante, pienso que no las adopta el Consejo con la agilidad que la situación precisa, porque estamos hablando de que, como pronto, se adoptarán medidas a comienzos de 2004 y habrá que esperar un plazo de un año o más hasta que se pongan en práctica. 
Nosotros lo venimos advirtiendo desde hace tiempo. 
Se trata de medidas de atención urgente y específica para que se puedan poner a disposición de estos seres humanos los servicios de atención necesarios. 
En este sentido, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿no podría usted concretar algo sobre esa financiación necesaria para adecuar los servicios de atención a aquellas zonas donde están llegando las pateras, donde están llegando los inmigrantes? 
¿No puede usted concretarme algo con carácter inmediato? 
Solo puedo decir a la Sra. Izquierdo Rojo, como ya he dicho antes, que al menos uno de estos programas ya está, de hecho, en marcha: se llama «Proyecto Neptuno» , comenzó en septiembre de 2003 y comprende actividades que ya se están llevando a cabo. 
En cuanto a la financiación, la Sra. Izquierdo Rojo sabe perfectamente que es la Comisión la que decide y delibera sobre las condiciones. 
Tomaré nota de estas preocupaciones, que personalmente comparto, y también se las transmitiré a la Comisión. 
Casi la mitad de los diputados y de los suplentes de la Convención sobre el futuro de la Unión Europea y el proyecto de Constitución de la UE han firmado un llamamiento pidiendo que los ciudadanos de los diferentes Estados miembros puedan decidir la aprobación o el rechazo de la propuesta definitiva de la Conferencia Intergubernamental a través de referendos nacionales. 
¿Cuál es la posición del Consejo con respecto a la idea de ofrecer a los ciudadanos de cada Estado miembro la posibilidad de expresar su opinión sobre la Constitución de la UE prevista aplicando una forma de democracia directa como son los referendos nacionales? 
¿Considera el Consejo que esto supone una oportunidad para que los ciudadanos aumenten sus conocimientos sobre el desarrollo de la UE? 
El Sr. Sacrédeus ha abordado un tema que no incumbe al Consejo ni a la Presidencia del Consejo comentar: la organización de consultas populares a nivel nacional y, por lo tanto, la competencia de los Estados miembros. 
Hemos expresado nuestra posición, que evidentemente podría ser la posición de cada Estado miembro individual de la Unión Europea; cada uno tiene leyes distintas en materia de consultas populares. 
Hay Estados en Europa que no contemplan los referendos y otros que están a favor de la posibilidad de celebrar referendos europeos en el proyecto de Tratado Constitucional. 
Son todo ideas y propuestas que ni la Presidencia ni yo podemos juzgar ni comentar ahora. 
La cuestión extremadamente delicada e importante de la aprobación popular del proyecto de Tratado es asunto de los Estados miembros, y cada uno de ellos tiene leyes distintas al respecto. 
Por lo tanto, no es una cuestión sobre la que el Consejo pueda dar su opinión. 
Es más, puedo manifestar una esperanza y una opinión que sean exclusivamente mías, quizás un sueño, ciertamente no una situación práctica viable en el futuro próximo, como la de un referendo europeo, en el que todos los ciudadanos de Europa den su opinión sobre el proyecto de Tratado en el mismo día. 
Califico esto de idea personal y de sueño porque soy consciente de que será difícil ponerlo en práctica. 
Quiero agradecer muy sinceramente al Ministro de Exteriores italiano, el Sr. Frattini, y a la Presidencia del Consejo su respuesta. 
Creo que es extremadamente importante para Italia, como país que ocupa la Presidencia, tener su propia opinión y, por lo tanto, que la Presidencia del Consejo sirva de modelo. 
Creo que es muy importante aumentar el grado de conocimiento y de compromiso y centrarse más en asuntos europeos dentro de la política nacional, tanto en Italia como en Suecia. 
Mi pregunta complementaria al Sr. Frattini se refiere a cómo considera la Presidencia del Consejo el hecho de que cada vez más Gobiernos y Parlamentos de distintos países digan ahora que desean celebrar referendos sobre el proyecto de Constitución Europea. 
Mi segunda pregunta complementaria es la siguiente: ¿Ven ustedes posibilidad de que Italia pueda tomar tal decisión como ejemplo para otros países y Gobiernos? 
Responderé muy brevemente, y por supuesto la respuesta es «sí». 
Nosotros estamos a favor de cualquier iniciativa que dé fuerza y legitimidad popular al actual proceso constitucional, pero esta es una opinión favorable y una visión que, como usted muy bien ha dicho, señor Sacrédeus, no puede imponer soluciones a los sistemas constitucionales de otros países. 
Señor Frattini, acabamos de oír sus opiniones y queremos darle las gracias. 
Creo que están muy claras. 
Me gustaría preguntarle si en las evaluaciones que se han realizado hasta la fecha y en las propuestas presentadas por Estados miembros individuales para establecer el texto de la Convención, o más bien el Tratado Constitucional, ha habido evaluaciones o si se han incluido ideas sobre los referendos propuestos. 
He entendido, y sabemos, que nuestros sistemas no establecen referendos derogativos, ni existe la posibilidad actualmente de someter este Tratado Constitucional a una evaluación similar. 
¿Hay alguna idea sobre el referendo propuesto o no? 
Puedo decir al Sr. Ebner que no ha habido ninguna propuesta en este sentido. 
Mi opinión personal –y subrayo que es personal– es que cualquier idea que enriquezca la legitimidad popular del nuevo tratado será interesante y valiosa, pero, por supuesto, algunos sistemas nacionales pueden celebrar referendos de este tipo y otros sistemas no. 
Puedo decir, sin embargo, señor Ebner, que en el transcurso de los trabajos para la Conferencia Intergubernamental nadie presentó estas ideas. 
– Señor Presidente, quiero preguntar sobre el próximo gran «referendo» europeo, a saber, las elecciones al Parlamento Europeo del 13 de junio del año que viene. 
¿Qué contempla hacer la Presidencia para aumentar la participación de los votantes ese día, y para incrementar también su comprensión de la Unión Europea? 
Seré muy breve en mi respuesta al Sr. Rübig. 
Esa es una competencia que compartimos con la Presidencia irlandesa, que tendrá el honor y el deber de dirigir el Consejo a partir del 2 de enero. 
Mi opinión es que, para convencer a los ciudadanos de la importancia de las elecciones europeas, debemos obtener buenos resultados a la hora de redactar el Tratado Constitucional. 
Intentaré explicar esto a la inversa: si no alcanzamos un acuerdo sobre el Tratado Constitucional para finales de año, esto constituirá una poderosa arma para desanimar a los ciudadanos de ir a votar porque enviaremos a la opinión pública un mensaje de crisis en nuestro ideal europeo. 
Lo primero que debemos hacer, por lo tanto, es demostrar que tras los muchos y largos meses de duración de la Convención y de la Conferencia sobre el debate constitucional, hemos alcanzado un acuerdo sobre el Tratado. 
Este será el primer signo. 
Recuerdo a los señores diputados que se trata de hacer preguntas que sean complementarias a la que se ha realizado. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas n° 10 y 11 recibirán una respuesta conjunta. 
A la vista del estudio de las propuestas formuladas por la Presidencia italiana sobre la financiación de las Redes transeuropeas, ¿a qué apoyos financieros podrían recurrir las regiones ultraperiféricas, desfavorecidas por su situación geográfica e insularidad, para compensar los perjuicios que resultan de su aislamiento con respecto al núcleo continental de la Unión Europea? 
Teniendo en cuenta el carácter periférico de Irlanda, en particular sus zonas septentrionales y occidentales, y la necesidad de garantizar el acceso rápido y asequible a los mercados continentales de una amplia gama de bienes y servicios, ¿considera el Consejo que la adaptación de la Comisión de las directrices para la red transeuropea de transporte contribuirá a fomentar el desarrollo económico y la cohesión en el oeste de Irlanda? 
Para responder a esta pregunta voy a referirme a la declaración del Consejo sobre las redes transeuropeas, que presentamos el 24 de septiembre durante la última sesión plenaria en Estrasburgo. 
En cuanto a las regiones más alejadas, es justo decir que se encuentran en desventaja por su ubicación geográfica y por el hecho de que son islas, tal como reconoce el apartado 2 del artículo 299 del Tratado. 
La cuestión debe tratarse, de hecho, no solo con palabras, sino también mediante una acción de apoyo significativa. 
Estas regiones, con una población total de 3,8 millones de habitantes, recibieron 7 200 millones de euros durante los dos primeros periodos de los Fondos Estructurales, lo que significa que cada habitante de estas regiones recibió un 33% más que los habitantes de las regiones del Objetivo 1. 
En 2002, la Comisión propuso un Reglamento para aumentar la financiación de las redes transeuropeas. 
Esta propuesta aún se está debatiendo, pero el Consejo está esperando que se envíe una nueva propuesta que modifique la Decisión sobre las directrices de la Comunidad para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, adoptada por la Comisión el 1 de octubre de 2003, hace tan solo unos días. 
El Consejo tendrá que estudiar el alcance de la nueva propuesta. 
La Vicepresidenta de la Comisión, la Sra. de Palacio, explicó la propuesta al Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía el 9 de octubre de 2003. 
El Consejo dio un mandato a sus órganos, tras haber recibido la propuesta de la Comisión, para que iniciaran el trabajo pertinente con el fin de adoptar una decisión política sobre esta cuestión lo antes posible. 
La Presidencia italiana considera una prioridad la mejora de las redes transeuropeas; los objetivos incluyen la adopción de la propuesta mencionada y un estudio de otras posibles fuentes de financiación para estas redes. 
La última reunión del Consejo Europeo hizo que se llevase a cabo un concurso de propuestas con vistas a eliminar todos los obstáculos técnicos, jurídicos y administrativos para las redes transeuropeas, sobre todo en relación con las secciones transfronterizas, asociaciones mixtas públicas y privadas y proyectos de innovación, investigación y desarrollo. 
La Comisión clarificará por lo tanto los principios sobre el tratamiento contable nacional de las asociaciones mixtas públicas y privadas para garantizar una mayor transparencia, incluido el registro de garantías estatales en las cuentas nacionales y de conversión en valores. 
Más aún, el Consejo Europeo invitó a la Comisión y al BEI a presentar informes finales sobre la Iniciativa de Crecimiento, en particular para desarrollar una mejor coordinación de los procedimientos entre la financiación del BEI, los Fondos Estructurales, las partidas presupuestarias de las redes transeuropeas y el Sexto Programa Marco. 
Les comunico, para su información, que el Sr. Frattini debe partir a las 7 en punto de la tarde y me han pedido la palabra en esta pregunta, además de los dos diputados interpelantes, el Sr. Ebner, el Sr. Crowley y el Sr. Rübig. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, he formulado la pregunta antes de que la Comisión adoptara su propuesta sobre las redes transeuropeas, pero fue motivada por una muy oportuna propuesta de la Presidencia italiana, que parece que está dando frutos, tanto en la aprobación por parte del Consejo de esa propuesta, como por la incorporación del transporte a la isla de Sicilia, que supone el reconocimiento de la peculiaridad especial de las regiones insulares. 
El Sr. Presidente en ejercicio del Consejo ha puesto de relieve la especialidad de las regiones ultraperiféricas, basada en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE, pero, al ver los proyectos aprobados por la Comisión, noto que solamente hay uno al que podrían acogerse las regiones ultraperiféricas, que es el de las autopistas del mar. 
Quizás podrían también acogerse al proyecto de las redes de telecomunicación, pero lo que llama la atención en ese informe es que no aparece la menor referencia a este tipo de regiones, y la experiencia en la Unión Europea muestra que, si no hay una referencia específica en esos proyectos a las regiones ultraperiféricas, probablemente, el reforzamiento de las redes de comunicación continentales no redunde de ninguna manera en beneficio de estas regiones. 
Por eso yo le pediría a la Presidencia del Consejo, de acuerdo con las propias manifestaciones que ha hecho, que el Consejo tomara en cuenta esta situación especial. 
– Como el Sr. Medina Ortega, yo también quiero decir que no se está haciendo lo suficiente a favor de las regiones ultraperiféricas. 
En Irlanda, por ejemplo, la red de entrada y salida del país suele considerarse suficiente, pero la parte oeste de Irlanda es aún más periférica y remota, y este problema no lo aborda la política actual de la Comisión. 
No hay ninguna línea ferroviaria que conecte las regiones del oeste de Irlanda: todas las redes conducen a Dublín, que no es periférica. 
Ya existe un enlace ferroviario en el oeste, pero no se utiliza porque la política no es suficientemente firme como para poner en marcha esta red en las regiones periféricas del oeste de Irlanda. 
Me veo obligado a recordarles que es un turno de preguntas complementarias, no de declaraciones ni de explicaciones de por qué se ha presentado una pregunta, porque esta tarde estamos reincidiendo en esa cuestión. 
Les ruego que se lean el Reglamento. 
– Me gustaría preguntarle al Sr. Frattini si, cuando se refiere a las zonas menos favorecidas, esto no solo debería entenderse como regiones más alejadas, sino también las zonas montañosas, ya que esas zonas también están en desventaja por razones geográficas. 
Me complace responder a la última pregunta del Sr. Ebner, aunque, por supuesto, también he tomado nota de otros comentarios que he oído. 
Me gustaría decirle al Sr. Ebner que la Presidencia reconoce la importancia de destacar en particular las regiones montañosas, puesto que durante la redacción del proyecto de Tratado Constitucional recibimos algunas propuestas que pedían el reconocimiento de la naturaleza especial de las regiones montañosas. 
Estas propuestas son unas de las pocas que la Presidencia ha acordado discutir y, por lo tanto, se han añadido a la agenda para el debate que tendrá lugar dentro de poco entre los Ministros de Asuntos Exteriores. 
Debo decir, pues, que reconocemos la seriedad de la cuestión. 
– Señor Presidente en ejercicio, en su respuesta a las preguntas originales ha afirmado usted que hay que ponerse manos a la obra para examinar las barreras técnicas, jurídicas y administrativas con respecto a las redes transeuropeas. 
En particular, ha mencionado usted dos cosas: las asociaciones del sector público y privado con respecto a la financiación y el modo de llevar a cabo el registro de las garantías gubernamentales. 
Ya nos hemos encontrado con situaciones en que las asociaciones del sector público y privado quedan incluidas en las necesidades de préstamos gubernamentales, que las sitúa dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que afecta a las necesidades de préstamos del Gobierno. 
Seguramente se trata de un error, ya que invertimos en infraestructura que es esencial para el crecimiento económico a fin de crear una economía más fuerte y un entorno de crecimiento estable. 
¿Tiene usted propuestas específicas con respecto a las asociaciones del sector público y privado y cómo pueden utilizarse al margen del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para beneficiar a las redes transeuropeas? 
Puedo decir, Sr. Crowley, que este es un tema que evidentemente se está estudiando. 
Como ha mencionado usted, incluimos esta clara referencia en la decisión del Consejo Europeo de la semana pasada, y está claro que estamos estudiando cómo compatibilizar este mecanismo con el Pacto de Estabilidad, que está confirmado como un principio fundacional. 
Como el Sr. Prodi ha dicho esta mañana, la Comisión está llevando a cabo un estudio amplio, para el Consejo Europeo de diciembre, en torno a un plan específico y bien construido, que también incluirá una recomendación para el inicio inmediato de la infraestructura transeuropea. 
– Señor Presidente, me gustaría saber en qué situación nos encontramos en cuanto al calendario para las redes transeuropeas. 
El paquete económico se encuentra ya sobre la mesa. 
Ha anunciado que los Ministros están a punto de reunirse. 
¿Cuándo se crearán realmente los fundamentos jurídicos? 
Solo puedo responderle diciendo que nos hemos marcado un objetivo para el comienzo del programa. 
El inicio de dicho programa, incluido el primer crédito de 5 000 millones de euros para los llamados proyectos de arranque rápido, será aprobado por el Consejo Europeo de diciembre. 
Por lo tanto, en ese momento también contaremos con el marco jurídico necesario. 
Señor Frattini, debo pedirle permiso para que conteste una última pregunta, que de hecho es quíntuple, ya que, por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas n° 12, 13, 14, 15 y 16 recibirán una respuesta conjunta. 
El Gobierno de los Estados Unidos tiene encarcelados, tras un juicio carente de las mínimas garantías procesales, a cinco ciudadanos cubanos (Gerardo Hernández, René González, Fernando González, Tony Guerrero y Ramón Labañino) residentes en Florida con la misión de luchar contra el terrorismo de los grupos mafiosos que atentan contra Cuba y su población. 
Se está produciendo una grave violación de lo estipulado en la Convención sobre Derechos Humanos al estar sometidas estas personas a unas condiciones de encarcelamiento muy duras y sufrir aislamiento, malos tratos e incomunicación. 
¿Tiene conocimiento el Consejo de esta situación? 
¿Sabe el Consejo que estas personas tienen prohibidas las visitas de sus esposas e hijos de corta edad desde hace varios años? 
¿No estima el Consejo que la insistencia de los Estados Unidos en oponerse a liberar a estos ciudadanos y devolverlos a su país, así como en prohibir toda comunicación con sus familias, supone un grave atentado contra la Convención sobre Derechos Humanos? 
El Gobierno de los Estados Unidos tiene encarcelados, tras un juicio carente de las mínimas garantías procesales, a cinco ciudadanos cubanos (Gerardo Hernández, René González, Fernando González, Tony Guerrero y Ramón Labañino) residentes en Florida con la misión de luchar contra el terrorismo de los grupos mafiosos que atentan contra Cuba y su población. 
Se está produciendo una grave violación de lo estipulado en la Convención sobre Derechos Humanos al estar sometidas estas personas a unas condiciones de encarcelamiento muy duras y sufrir aislamiento, malos tratos e incomunicación. 
¿Estima el Consejo que está dentro de la legalidad y el respeto de los derechos humanos el que estas personas no tengan derecho al contacto con sus familiares más directos, a saber, esposas e hijos? 
El Gobierno de los Estados Unidos tiene encarcelados, tras un juicio carente de las mínimas garantías procesales, a cinco ciudadanos cubanos (Gerardo Hernández, René González, Fernando González, Tony Guerrero y Ramón Labañino) residentes en Florida con la misión de luchar contra el terrorismo de los grupos mafiosos que atentan contra Cuba y su población. 
Se está produciendo una grave violación de lo estipulado en la Convención sobre Derechos Humanos al estar sometidas estas personas a unas condiciones de encarcelamiento muy duras y sufrir aislamiento, malos tratos e incomunicación. 
¿Qué opinión le merece al Consejo el trato que estas personas están recibiendo en las cárceles norteamericanas? 
El Gobierno de los Estados Unidos tiene encarcelados, tras un juicio carente de las mínimas garantías procesales, a cinco ciudadanos cubanos (Gerardo Hernández, René González, Fernando González, Tony Guerrero y Ramón Labañino) residentes en Florida con la misión de luchar contra el terrorismo de los grupos mafiosos que atentan contra Cuba y su población. 
Se está produciendo una grave violación de lo estipulado en la Convención sobre Derechos Humanos al estar sometidas estas personas a unas condiciones de encarcelamiento muy duras y sufrir aislamiento, malos tratos e incomunicación. 
¿Cree el Consejo que la situación de incomunicación e indefensión de estos ciudadanos cubanos en las cárceles norteamericanas es acorde con lo dispuesto en la Convención sobre Derechos Humanos? 
El Gobierno de los Estados Unidos tiene encarcelados, tras un juicio celebrado sin las mínimas garantías procesales, a cinco ciudadanos cubanos (Gerardo Hernández, René González, Fernando González, Tony Guerrero y Ramón Labañino) , residentes en Florida. 
Las pésimas condiciones de detención y la indefensión jurídica en las que se encuentran estas personas producen una grave violación de los derechos humanos. 
¿Tiene conocimiento el Consejo de esta situación? ¿Sabe el Consejo que estas personas están incomunicadas y tienen prohibidas las visitas de sus esposas e hijos de corta edad desde hace varios años? 
¿No estima el Consejo que esta penosa situación no puede perdurar y que las autoridades de los Estados Unidos deben garantizar, como en todo Estado de Derecho, un juicio justo a estas personas? 
Puedo decir que el Consejo es ciertamente consciente del juicio y del encarcelamiento de cinco ciudadanos cubanos residentes en Florida desde 2001, así como de las preocupaciones expresadas por los representantes de organizaciones no gubernamentales sobre las condiciones de su detención. 
El Consejo no ha debatido las condiciones de dicho juicio. 
En cuanto a la posición del Consejo y de la Comisión sobre Cuba, quisiera remitir a los eurodiputados que han presentado preguntas al debate celebrado en esta Cámara a principios de septiembre, ya que las condiciones y las posturas no han cambiado desde entonces. 
Muchas gracias, señor Frattini, por la rapidez y claridad de su respuesta. 
Pero, aparte de agradecerle la información, la pregunta complementaria que quiero hacerle es la siguiente: cuando ocurrió el triste y condenable suceso- que nosotros también condenamos- de las sentencias a muerte en Cuba por parte del Gobierno y la Justicia cubanos, todo el mundo criticó y condenó- incluido el Consejo Europeo- esa actuación del Gobierno de Cuba; entonces, ¿por qué ante esta situación en que familiares de presos cubanos no pueden ver a los presos que están en las cárceles de Florida, con lo que se violan todos los derechos humanos, no adoptan ustedes la misma conducta que en el caso del mes de marzo y se preocupan por los derechos humanos, sea quien sea el que esté padeciendo estas privaciones y violaciones de los derechos humanos? 
Señor Marset Campos, solo puedo decir que en este punto no estoy expresando –y no tengo la intención de hacerlo– mi opinión personal. 
Puedo confirmar que el Consejo, aunque conocedor de la situación, decidió no examinar o abordar las condiciones o la situación relativa a este juicio. 
Así están las cosas. 
Por otra parte, sin embargo, en cuanto a la violación de los derechos humanos y las condenas impuestas por el Gobierno cubano, la Unión Europea, como saben, ha expresado una postura concreta y unánime, contando con el apoyo del Parlamento. 
Esta es la situación con respecto a este tema. 
Por supuesto, tomaré nota de sus preocupaciones y de las medidas que han solicitado y las transmitiré tal como han sido formuladas. 
Acabamos de saber que el Consejo conoce, pero no ha examinado, las condiciones del juicio. 
También sabemos que el Consejo ha prestado una atención especial al hecho de que los tribunales cubanos han condenado a cerca de 70 agentes estadounidenses. 
¿Qué responderá el Presidente en ejercicio si se le acusa, no a él sino al Consejo, ya que responde en nombre del Consejo, de hipocresía abierta, de tener dos tipos de pesos y medidas y del hecho de que la Unión Europea supera a Estados Unidos en su agresión a la Cuba socialista? 
¿Qué responderá si alguien acusa al Consejo de lo que nosotros acusamos abiertamente a la Unión Europea? 
Señor Frattini, les voy a dar la palabra según el Reglamento a las tres personas; son tres minutos y terminamos la sesión. 
Mi colega, el Sr. Alyssandrakis, ha planteado la cuestión. 
No tengo más preguntas. Me siento satisfecho con lo que se ha expresado. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la pregunta que quisiera formular es la siguiente: Tuve la ocasión de hablar con la madre de uno de los prisioneros y con la esposa de otro. A ambas mujeres se les ha denegado el permiso de visita. 
No se permite a los presos ningún contacto con sus familias. 
Yo quisiera preguntarle: ¿No es esto, en su opinión, una violación de la Convención de Derechos Humanos? 
¿No cree que la Unión Europea y el Consejo están aplicando actualmente un doble rasero? 
Creo que es hora de tomar una posición clara mediante la condena de este aspecto de la política de la administración estadounidense. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, quisiera preguntar si los derechos humanos son universales o solamente son selectivos para ciertos países. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas n° 17 a 33 recibirán respuesta por escrito (1). 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0351/2003) del Sr. Menéndez del Valle, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre paz y dignidad en Oriente Próximo. 
Señor Presidente, antes de nada quisiera expresar mi satisfacción y agradecimiento a todos los colegas que conmigo se han esforzado en lograr el consenso alcanzado en este informe, un informe que lleva como significativo título "Paz y Dignidad en Oriente Próximo". 
Lejos, desgraciadamente, estamos de la paz, y la humillación- que no dignidad- está a la orden del día en las atormentadas tierras de Israel y Palestina. 
Sin embargo, el informe que contemplamos pretende, en su letra y en su espíritu, que más y más voces, más y más conciencias se alcen allí y aquí en pro de ese doble objetivo: dignidad y paz, al que podemos y debemos añadir estabilidad para la región y prosperidad para sus pueblos. 
Cierto es- como el informe señala- que no se ha logrado establecer un clima de mutua confianza entre las partes y que, en los últimos tiempos, los enemigos de la paz han erigido múltiples obstáculos y pretextos con el fin de hacer inviable la Hoja de Ruta, pero nuestro deber es continuar intentando que se consiga a plazo inmediato, y a medio y a largo plazo. 
De ahí que- a riesgo de ser tachados de utópicos- el informe exija a los Gobiernos de ambas partes y a los del conjunto de países de Oriente Próximo la aplicación de una nueva política educativa basada en el concepto de educación por la paz y dirigida a fomentar la tolerancia y la comprensión mutua entre las diferentes culturas y religiones. 
No obstante- y mientras ello se alcanza- debemos hacer frente a la imponente realidad, y lo hacemos condenando la violencia terrorista de sectores palestinos, así como el uso excesivo por parte israelí de la fuerza militar contra el pueblo palestino. 
Lamentablemente, esta última mención resulta especialmente oportuna estos días, e insisto, lamentablemente. 
Como hoy editorializa el diario israelí- y cito textualmente -, "el lunes, mientras Sharon pronunciaba un discurso vacío, ausente de toda visión política realista, helicópteros israelíes bombardeaban Gaza alcanzando a varios terroristas, pero también matando e hiriendo a muchos civiles palestinos inocentes"; práctica odiosa que no es aislada y que- escribe- "el ejército de Israel ha manifestado que va a proseguir". 
Algo- digo yo- que lleva al editorialista- producto obvio de una sociedad democrática como la israelí- a advertir al Gobierno y al ejército de Israel de que " no deben, con esa política, minar los estándares éticos que Israel ha adoptado a lo largo de los años. 
Si eso sucede, una seria división se producirá en la sociedad israelí, dado que la opinión pública dejará de confiar en sus líderes políticos y militares ". 
Por cierto, en el mencionado discurso del lunes, el Primer Ministro de Israel se ha mostrado ante la Kneset como ardiente defensor de la Hoja de Ruta. 
Eso sí, con las 14 enmiendas presentadas no al Cuarteto, sino oficiosamente a la Administración norteamericana. 
Alarmado, al parecer, el Primer Ministro por la resonancia que está teniendo el denominado Acuerdo de Ginebra, iniciativa de paz surgida de esfuerzos conjuntos israelo-palestinos, Sharon ha afirmado que la Hoja de Ruta es la única esperanza de avanzar hacia la paz con los palestinos. 
Pues bien, manos a la obra. 
Pero, de momento, nos daríamos por satisfechos si cumpliera lo que el informe- en ejercicio de consenso- le solicita en el párrafo 2: retirada de su ejército de los territorios autónomos palestinos, fin de los asesinatos selectivos y congelación de toda actividad de colonización y de construcción del muro de seguridad. 
"No es necesario dormir para tener pesadillas", rezaba una pintada en el Muro de Berlín. 
Catorce años después de su destrucción, otro muro provoca pesadillas en Palestina. 
Y mientras Sharon, en el discurso del lunes, manifiesta haber ordenado que ese muro se acelere, anoche, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 144 Gobiernos votaron pidiendo a Israel que detenga y dé marcha atrás a una obra que todo el planeta- salvo Israel y los Estados Unidos, que votaron en contra- considera en contradicción con el Derecho internacional. 
El informe aborda diversos temas candentes. 
Por ejemplo, sobre la base de la necesaria constitución de un Estado palestino viable y democrático, pide a las autoridades palestinas que afronten con realismo el llamado derecho al retorno de los refugiados, de modo que pueda pactarse una solución realista. 
Aún así, como europeo- insisto y termino -, naturalmente apoyo hasta el final la Hoja de Ruta, pero el informe recomienda que, para el caso de que en un futuro inmediato esta Hoja resultara bloqueada, y dada la suma gravedad que de ello se derivaría al provocar mayores sufrimientos a israelíes y palestinos, se prevean nuevas opciones y, en particular, el establecimiento de un mandato internacional bajo la autoridad del Cuarteto en Palestina, que pueda comprender, incluso, una fuerza internacional sobre el terreno. 
. Señor Presidente, el Sr. Patten ha tenido que coger un avión a Madrid para acudir a la Conferencia de Donantes del Iraq, por lo que yo expresaré la opinión de la Comisión. 
Quiero felicitar al Sr. Menéndez por este exhaustivo informe sobre la situación en Oriente Próximo. 
También deseo felicitarle por mostrar una gran diligencia y diplomacia a la hora de reunir diversas opiniones, a la vez que nos sigue ofreciendo un informe muy sustancioso. 
Cuando su Señoría empezó a trabajar en el informe «Paz y dignidad» , había esperanzas de que la Hoja de Ruta fuera la solución a la desgracia que se ha apoderado de Oriente Próximo durante tanto tiempo. 
A pesar de los recientes contratiempos, hemos de buscar la forma de salir y explorar soluciones que permitan mejorar la situación. 
La resignación y el fracaso no son opciones, en interés de nuestros vecinos, nuestros socios y todas las personas de la región. 
La solución de dos Estados sigue siendo la solución más aceptada. 
La Hoja de Ruta nos muestra el camino, pero lo que necesitamos es la determinación política de las partes y la comunidad internacional para encontrar ese camino. 
Hay muchos que intentan explorar soluciones innovadoras para resolver primero cuestiones peliagudas, como las de los refugiados y Jerusalén. 
Es lo que han hecho un grupo de palestinos e israelíes. 
Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar la experiencia de estas personas. 
Los Acuerdos de Ginebra demuestran que las cuestiones difíciles pueden discutirse y resolverse, a pesar de lo dolorosas que puedan resultar para ambas partes. 
Pero además, los Acuerdos de Ginebra demuestran que sigue habiendo gente admirable a ambos lados del conflicto que, en medio de la actual tragedia y caos, han mantenido su voluntad y se han animado a buscar alternativas positivas y pacíficas. 
Hay otras iniciativas que merecen elogios similares, como la campaña ciudadana del Sr. Nusseibeh y A. Ayalon, quienes presentaron sus ideas a esta Asamblea hace unas semanas y que ahora han logrado reunir más de 80 000 firmas. 
El informe Menéndez acierta de pleno cuando indica que todo plan de paz depende de la voluntad política y del compromiso honesto de las partes. 
¿Está dispuesto el Gobierno israelí a aceptar la solución de dos Estados, siendo Palestina un verdadero Estado viable? 
¿Están los palestinos dispuestos y son capaces de ejercer las funciones gubernamentales en todos los terrenos, incluida la seguridad? 
Los palestinos deben ejercer un control efectivo, tomar medidas visibles y efectivas contra los que realizan y planifican ataques violentos contra israelíes, y confirmar de nuevo públicamente el derecho a la existencia de Israel. 
Es igualmente importante seguir adelante con la preparación de elecciones, la constitución y la participación de la sociedad civil en la reforma. 
La preocupación por la seguridad se esgrime como justificación de la barrera de separación dentro de Cisjordania. 
Pero si se lleva a cabo tal y como se ha proyectado en documentos oficiales y en la especulación de los medios de comunicación, los palestinos vivirían en varios enclaves que no están conectados y que están aislados del mundo exterior. 
Además, la ruta proyectada implicaría separar a un gran número de palestinos de sus escuelas, hospitales y otros servicios, e incluso de sus medios de vida. 
No es demasiado tarde para que Israel lo cambie. 
Y ayer mismo, incluso algunos ministros del Gobierno israelí criticaron la muerte de civiles inocentes durante las recientes operaciones militares israelíes en Gaza, uno de los ataques aéreos más duros desde hace meses. 
Israel debe plantearse realmente estas preocupaciones ampliamente expresadas. 
El informe se dirige directamente a la Comisión en relación con varias cuestiones. Permítanme comentarlas brevemente. 
El apartado 31 se refiere a las futuras elecciones en Palestina. 
La Comisión ya ha puesto fondos a disposición de la Comisión independiente para las Elecciones Centrales. 
En las próximas semanas podría iniciarse el trabajo preparatorio para las elecciones. 
El Primer Ministro palestino tiene previsto celebrar elecciones en junio del próximo año. 
Estamos dispuestos a empezar con el censo electoral ya el próximo mes. 
Pero las actuales restricciones de movimientos, el aislamiento entre comunidades, imposibilitarían prácticamente la preparación de las elecciones y una campaña electoral propiamente dicha. 
En el apartado 38, el informe reclama una evaluación de las necesidades económicas y financieras. 
La Autoridad Palestina se esfuerza en estos momentos por impulsar la estabilización y la recuperación económicas. 
Está previsto que a mediados de noviembre se celebre una conferencia internacional de donantes para Oriente Próximo. 
También tendremos la oportunidad de hablar con el Banco Mundial y el FMI acerca de las perspectivas de ayuda económica sobre la base de un presupuesto palestino para 2004. 
Este año la Comunidad va a destinar cerca de 245 millones de euros a los palestinos, bien a través de la ayuda a la Autoridad Palestina, bien a través del OOPS y ONG. 
Es la ayuda más elevada per cápita del mundo y se basa en el supuesto de que se está fraguando un Estado palestino viable que merece nuestra ayuda. 
Naturalmente, nuestra ayuda es vital por motivos humanitarios y para lograr un mínimo de actividad económica. 
También ha contribuido a sentar algunas de las bases institucionales de un Estado palestino. 
Pero debemos dejar claro que si la situación continúa deteriorándose, no vamos a financiar simplemente la ocupación de los territorios palestinos por la Fuerza de Defensa Israelí. 
El apartado 40 habla de los libros de texto. 
La Comisión no participa directamente en esta cuestión. Pero nos hemos reunido con varias partes afectadas para facilitar el diálogo entre palestinos e israelíes. 
Asimismo, hemos planteado la cuestión en la reunión del Comité Conjunto UE-OLP celebrada en junio y observaremos de cerca los esfuerzos de la AP por frenar las instigaciones. 
En este contexto, permítame mencionar que la última invitación a presentar propuestas de proyectos al amparo de la Asociación para la Paz de la UE se centra en iniciativas para frenar la violencia y la incitación a la violencia. 
En el apartado siguiente se afirma con razón que la educación para la paz es uno de los pilares del camino hacia una solución pacífica del conflicto. 
La ampliación de TEMPUS a los territorios palestinos y la firma del acuerdo científico con Israel, garantizándole la misma categoría que los Estados miembros de la UE, son solo dos ejemplos de nuestro apoyo as este concepto. 
En cuanto al fondo internacional mencionado en el apartado 59, quiero mencionar que la comunidad internacional ha venido haciendo contribuciones del orden de 1 millardo de euros al año durante los últimos tres años. 
Los informes del Banco Mundial indican que incluso si se doblara esta contribución el impacto sería mínimo. 
Solamente mejorando la situación de la seguridad y el restablecimiento de la libertad de movimientos mejoraría significativamente la situación. 
Estoy de acuerdo con el apartado 64 de que los programas regionales MEDA deberían utilizarse plenamente con la finalidad de aprovechar los posibles beneficios de la cooperación regional y transfronteriza para el proceso de paz. 
Los debates en el contexto de la iniciativa de la Gran Europa tendrán en cuenta este aspecto. 
De hecho, la paz, la dignidad y la seguridad son la base para un futuro mejor en Oriente Próximo. 
Redunda en interés de nuestros socios, pero también en el nuestro. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar dando las gracias al Sr. Menéndez del Valle por su buena colaboración en este informe. 
Se trata de un tema que incluso podría dividir a esta Cámara, ya que si se incluyeran las propuestas de cada uno, se establecerían posiciones diametralmente opuestas. 
Seguiremos presentando estas posiciones en nuestros artículos y nuestros discursos, pero, en esta situación en la que la paz y la dignidad en Oriente Próximo son esenciales, es importante que este Parlamento contribuya con un informe que haga justicia a los grandes valores de la paz y la dignidad. 
En mi opinión, el conflicto en Oriente Próximo es un conflicto de oportunidades perdidas, que comenzó en 1947-48 tras el plan de partición de la ONU, seguido de la no creación de un Estado palestino bajo la ocupación de Jordania en 1967, y continuando con lo que podría haberse logrado durante el mandato del Presidente Clinton justo antes del año 2000, a saber, el proyecto que entonces el Primer Ministro Barak intentó iniciar con sus interlocutores palestinos y que posteriormente fracasó. 
Por lo tanto, creo que el objetivo (el fin último de todo el proceso) está claro para todos: habrá un Estado palestino, los israelíes tendrán que retirarse de los territorios ocupados, y ambas naciones tendrán que convivir en paz, tal como los alemanes y los franceses también aprendieron a hacerlo tras siglos de guerras. 
La cuestión es: ¿cuántas víctimas tendrá que haber hasta que eso ocurra? 
Por ello veo la situación actual como el resultado de la Intifada que comenzó en el año 2000, cuando de pronto la gente ya no creía en los acuerdos prometidos por ambas partes en Oslo y a los que la Unión Europea ha contribuido hasta la fecha con miles de millones de euros de ayuda. 
En cambio, ellos pensaron que el recurso a la violencia les permitiría acercarse al objetivo que he descrito. 
Pero la sociedad también cambia en un proceso que usted ha descrito. 
La sociedad israelí es hoy en día más de derechas que hace unos años. 
Muchas personas activas en el movimiento pacifista, que tuvieron reuniones secretas con Arafat en los años ochenta y noventa y que estaban amenazadas por procedimientos penales, ahora nos dicen que no quieren volver a hablar con él, que ya no confían en él, porque cada semana explota una bomba en una ciudad israelí. 
Me imagino que nuestras sociedades también cambiarían si hubiera atentados suicidas en Roma, Bruselas, o Berlín a diario. 
Supongo que nuestras sociedades también se volverían de derechas y reaccionarias en un escenario así. 
Por lo tanto, debemos preguntarnos cuál es la salida a esta situación. 
La Hoja de Ruta, que implica una cooperación entre el Cuarteto –Estados Unidos, Unión Europea, Naciones Unidas y Rusia– es definitivamente el enfoque acertado. 
Todos hemos de ver que no podemos estar divididos en este asunto, y que pretendemos seguir dando nuestro apoyo a este proceso. 
En este sentido, creo que vamos a un paso por delante, ya que somos más exigentes, ahora que el Consejo también dice que el brazo político de Hamás es una organización terrorista, porque hablamos más claramente, también sobre el muro de seguridad y cómo este altera los territorios. 
Sí, ahora nos hemos hecho más exigentes. 
Espero que podamos incluir a la región en su totalidad, y que Siria y el Irán y todos los países que financiaron el terrorismo durante tantos años reconozcan ahora que deben trabajar para la paz si quieren ser socios de la Unión Europea. 
Este informe, desde mi punto de vista, realiza importantes propuestas positivas para contribuir al proceso. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a nuestro colega, el Sr. Menéndez del Valle, por su excelente informe, que cuenta con un amplio consenso. 
Sus sugerencias y recomendaciones dan totalmente en el clavo. 
Aplicadas sin demora, traerían de inmediato la paz a los torturados pueblos de Israel y Palestina. 
Todos conocemos los obstáculos para la paz. 
En una enmienda, rechazada en comisión, Arafat era calificado de obstáculo; me habría sentido tentado de votar a favor de esa enmienda si su autor hubiera asociado Arafat y Sharon, y mi adhesión habría sido completa si hubiera precisado que la pareja Bush-Sharon constituye, en la actualidad, la garantía del mantenimiento del mortal y del inmovilismo en Oriente Próximo. 
A causa de ese inmovilismo, los dos pueblos se hunden cada día un poco más en la locura asesina y en la miseria. 
Avraham Burg, ex presidente de la, a quien hemos recibido y aplaudido aquí mismo, acusa al Sr. Sharon de matar a la nación israelí destruyendo sus valores. 
Hoy «somos un Estado que creamos colonias bajo la batuta de una camarilla corrupta, que se burla de los deseos de los ciudadanos y del Derecho». 
En efecto, la ocupación, la segregación, los embargos, la humillación, los asesinatos selectivos, las demoliciones a golpe de buldózer, el muro son solo los signos visibles de un profundo desprecio del hecho nacional palestino y de su no reconocimiento. 
«Aunque se matara a mil terroristas al día, nada cambiaría» , dice también Avraham Burg. 
Entonces, señor Presidente, ¿no habría que empezar por implantar el respeto del Derecho internacional? 
Este es pisoteado ahora abiertamente e Israel deberá aceptar inequívocamente la retirada de su Ejército de los territorios ocupados y el desmantelamiento de las colonias ilegales. 
Esta aceptación proporcionaría una perspectiva política al pueblo palestino, reforzaría el poder de sus dirigentes y les permitiría erradicar el extremismo y el terrorismo. 
Por supuesto que existe una alternativa a la política de Sharon: dicha alternativa es defendida, en Israel, por miembros de la izquierda y de la sociedad civil agrupados en torno a Yossi Beilin, Avraham Burg, Ami Ayalon y Amram Mitsna. 
Hay que desear que la Unión Europea, ya que no los Estados Unidos, apoye abiertamente su iniciativa, la única capaz de frenar el proceso actual de demolición. 
La Unión tendrá una buena oportunidad para hacerlo el 4 de noviembre, con ocasión de la firma del Pacto de Ginebra por los partidarios de la paz. 
El 4 de noviembre, lo recuerdo, es el aniversario del asesinato de Isaac Rabin. 
¿No podría ir el Presidente del Consejo a Tel-Aviv y Ramala junto con el Sr. Powell, el Sr. Kofi Annan y el Sr. Ivanov, y no volver hasta haber cumplido su misión, es decir, haber llevado a buen término la aplicación irreversible e irrevocable de la Hoja de Ruta? 
Vayan al centro de la actividad y tomen esta iniciativa, para generar el golpe de efecto del que hablaban aquí mismo, el 9 de octubre, los Sres. Poettering, Barón Crespo y Cohn-Bendit, cada uno a su manera. 
La Unión Europea, los Estados Unidos, las Naciones Unidas y Rusia poseen cada uno los medios para imponer la razón. 
Los han utilizado en otras partes, tienen el deber de utilizarlos ahora, antes de que todo Oriente Próximo sea arrasado. 
Señor Presidente, señor Comisario, hace pocos días, el 16 de octubre, el Primer Ministro de Malasia, Mahathir Mohamed, en la Cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica, declaraba que los judíos controlan el mundo por poderes. 
Un importante rotativo francés calificaba que, en nombre de un antisionismo, proclamado lejos del conflicto israelo-palestino, renace una nueva forma de antisemitismo normalizado. 
El conflicto de Oriente Próximo, sin embargo, no es ajeno a todos estos problemas y estamos todos pendientes de este conflicto y de este problema. 
Nos encontramos ahora ante un informe sobre paz y dignidad en Oriente Próximo. 
El informe ha sido elaborado por el ponente Menéndez del Valle, que ha realizado- a mi entender- un esfuerzo notable que le agradecemos, aunque no comparta algunas de sus conclusiones. 
Esta tarde hemos tenido la ocasión de oír a dos figuras de la región: Naomi Chazan, israelita, y Jamal Zaqoud, del Consejo Nacional Palestino, que, después de las conversaciones del Mar Muerto, desean presentar el conocido como Acuerdo de Ginebra. 
Son excelentes personas- las hay en ambas partes -, su voluntad es excelente, pero, naturalmente, ambos están lejos en estos momentos de los poderes políticos, que son los que, en realidad, rigen los destinos de Israel y Palestina. 
Decía que el informe ha sido elaborado con dificultades, porque el primer documento fue fechado en 21 de mayo y el acuerdo de la Comisión no llegó hasta el 9 de octubre. 
Es un informe que incide sobre la primera fase de la Hoja de Ruta y creo que es positivo que el Parlamento se pronuncie sobre ella, porque es el único camino. 
Habla también de la educación para la paz, que es un hecho intemporal y necesario siempre. 
En cambio, yo creo que cuando discrepo del informe es en la segunda parte, cuando desea planificar lo que serán la segunda y la tercera fase de esta aplicación. 
Yo creo que es prematuro en estos momentos entrar a definir una serie de cuestiones que serán seguramente problemáticas: cuáles deberán ser las fronteras finales, cómo deberá ser la política de los refugiados, qué deberá hacerse en Jerusalén. 
Creo- sinceramente- que es prematuro hablar de ello en estos momentos. 
Ahora lo prioritario es lograr que cesen los muertos en aquella región. 
Creo- y lo lamento- que este informe no será una contribución efectiva al proceso de paz, porque no será igualmente aceptado por las partes en conflicto y, en este sentido, la Unión Europea no aumentará su prestigio y su autoridad moral en la zona, tan necesarios en estos momentos. 
Señor Presidente, nuestro Grupo, Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, apoya totalmente el informe del Sr. Menéndez del Valle y valoramos muy positivamente el esfuerzo hecho y las distintas sugerencias aportadas por los diferentes grupos políticos en la Comisión de Asuntos Exteriores; por ello consideramos que diputados como este hacen falta en el Parlamento Europeo. 
La Unión Europea tiene ahora la necesidad de hacer valer su voz en el conflicto que más repercute en nuestra estabilidad actual y futura. 
Hemos asistido al fracaso rotundo de la dinámica de Sharon, apoyada por los Estados Unidos, consistente en usar la violencia al máximo bajo la forma de terrorismo de Estado, situándose al mismo nivel condenable que el terrorismo de los grupos suicidas palestinos. 
Nosotros en España, donde padecemos el terrorismo asesino de ETA, tuvimos una vez la tentación de recurrir al terrorismo de Estado y aquello se saldó con más violencia e incluso con una cierta legitimación moral de los violentos, por lo que hubo que volver a la senda del respeto al Estado de Derecho, mucho más eficaz y digna. 
La actual situación de espiral de violencia da más credibilidad tanto a la Hoja de Ruta como a la iniciativa del próximo 4 de noviembre, en Ginebra, de un grupo esforzado y valiente de israelíes y palestinos que no se resignan, que saben que toda violencia, en uno u otro lado, es un fracaso para todos, y que representan la esperanza de que la única solución aplicada a la Hoja de Ruta sea la existencia de dos Estados: Israel, patria de los judíos, Palestina, patria de los palestinos. 
El respeto de un pueblo por el otro y viceversa, el reconocimiento de los derechos de los refugiados, la bicapitalidad de Jerusalén para ambos Estados, terminar con la ocupación injusta de Palestina por parte de Israel, terminar y desmantelar los asientos israelíes y, sobre todo, eliminar el muro de la vergüenza que tanto recuerda a los guetos, todo ello dentro del respeto al Derecho internacional y a la ONU, que por cierto, fue la que patrocinó la creación del Estado de Israel. 
Señor Presidente, al igual que el Sr. Poos, he leído el artículo de Abraham Burg, también publicado en Suecia, en el que el Sr. Burg afirma que la nación de Israel se basa en la corrupción y la opresión. 
También dice que un Estado sin justicia que aplasta a la mayoría palestina no puede ser considerado la única democracia en Oriente Próximo. 
El Sr. Burg apela a los amigos de Israel para que intervengan. 
Ha llegado la hora de que dejemos de tratar a Israel como a una democracia normal, porque es una potencia y un Estado ocupante que viola el Derecho internacional. 
En este sentido, debemos intervenir con mucha mayor fuerza. 
Por supuesto, debemos dar nuestro apoyo a la iniciativa Beilin-Abed-Rabbo y utilizar los recursos a nuestra disposición. 
El Parlamento nos ha pedido en varias ocasiones que suspendamos el acuerdo de asociación. 
¿Por qué no aborda esta cuestión el Comisario Liikanen? 
En su lista incluye muchas cosas positivas que la UE ha hecho para fortalecer a la Autoridad Palestina, pero debemos recurrir a métodos más contundentes. 
Evidentemente, condenamos la violencia, pero la violencia en forma de resistencia a la ocupación está, de hecho, permitida por el Derecho internacional. 
Mi país ha evitado la ocupación, pero muchos de ustedes viven en países donde el pueblo se ha levantado para resistirse a la ocupación. 
Queremos evitar la violencia, por lo que nos oponemos a cualquiera de sus formas. 
Sin embargo, la violencia de la resistencia y de la opresión no puede compararse directamente con cualquier otra porque son dos cosas distintas. 
La violencia israelí es la violencia de la opresión y la ocupación, y es además ilegal. 
Por ello debemos intervenir. 
En este momento estamos desarrollando una capacidad militar en la UE. 
Por muchas razones he albergado dudas en relación con este asunto, pero ¿por qué no enviamos nuestras fuerzas de protección a los palestinos? 
Quieren protección, y la necesitan. 
Sería la primera prueba de fuego para la UE en lo que respecta a esta capacidad militar y su utilización para buenas causas o para otras cosas. 
Protejamos a los palestinos. 
Señor Presidente, el informe que tenemos ante nosotros es indudablemente un documento bien intencionado. 
Es muy largo, y no le falta ni un elemento de comprensión o de equilibrio en sus apreciaciones. 
Se puede decir de forma justificada que es un informe muy largo, considerando que hay muy pocas cosas nuevas que decir. 
La totalidad del mismo podría resumirse con las palabras del considerando A: «Considerando que ha llegado el momento de poner fin a la violencia y el terror generalizado existente sobre el terreno ya desde mucho antes de la puesta en marcha del Plan de Partición de las Naciones Unidas de 1947 y de la fundación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948». llegado el momento de poner fin a la violencia.» 
Muy cierto, ya que este conflicto lleva azotando la región varios miles de años. 
Es positivo que el Parlamento Europeo crea saber exactamente lo que hay que hacer, pero no es especialmente positivo que esto no pueda y no vaya a hacerse. 
Sería útil conservar este informe, ya que también podrá utilizarse el año que viene, el siguiente y así año tras año, ya que nada de lo que contiene saldrá adelante. 
En los últimos días se ha publicado otro documento, que contrasta con este informe por ser más interesante. 
Este documento se titula «Informe sobre Desarrollo Humano 2003 de la Región Árabe» y ha sido publicado por el PNUD, es decir, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Este amplio informe, escrito por investigadores árabes, explica por qué la situación en Oriente Próximo sigue descarrilada. 
Es una crónica de la supresión a gran escala del conocimiento, la libertad política y la libertad de expresión que caracteriza al mundo árabe. 
Es también una crónica del lavado de cerebro que se realiza a los niños y del modo en que las mujeres se ven privadas del control de los asuntos que les conciernen. 
Es una crónica de 270 millones de personas que viven en la oscuridad de la Edad Media. 
Debatamos la paz y la dignidad en Oriente Próximo a la luz del informe del PNUD. 
Para hacerlo, es necesario realizar un esfuerzo mucho mayor que las extravagantes pero en última instancia vacías ofertas que ha realizado el Parlamento en su propio informe. 
Es además una cuestión urgente, porque la bomba de relojería está a punto de estallar en Oriente Próximo. 
Señor Presidente, en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, el ponente y yo hemos cruzado nuestras espadas en varias ocasiones. 
Lo hemos hecho, por cierto, de forma pacífica y, espero sinceramente, también de forma digna. 
Las palabras clave de «paz y dignidad» son lo que el Sr. Menéndez del Valle está intentando conseguir en la región permanentemente ensangrentada de Oriente Próximo, un compromiso honorable que me gustaría compartir con él. 
Veo dos enormes obstáculos que bloquean la Hoja de Ruta hacia la paz y la dignidad en Oriente Próximo, y creo que el ponente los subestima en gran medida. 
Son el impulso de los islamistas de destruir el Estado judío de Israel, así como la intervención en la región, lo cual provoca que el conflicto palestino-israelí prosiga su escalada. 
En el último año, Israel y sus ciudadanos se han enfrentado a la fatal combinación de estos dos factores. 
Para citar solo un ejemplo: el movimiento terrorista islamista, Hezbolá, íntimamente ligado a Siria y a la República Islámica del Irán, lleva años creando de forma activa su propia red terrorista en Cisjordania. 
Por lo tanto, de nuevo pregunto de manera urgente al Consejo y a la Comisión, cuáles son las conclusiones que obtienen de esto a la hora de firmar acuerdos de asociación y comercio con los países que acabo de mencionar. 
Después de todo, ambas instituciones europeas están a favor de combatir el terrorismo internacional. 
Señor Menéndez del Valle, permítame una vez más cruzar mi espada con usted. 
Al final del apartado 25, usted expresa la esperanza de poder recibir lo antes posible al nuevo Primer Ministro palestino en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa de nuestro Parlamento. 
¿Por qué pasa por alto a su homólogo israelí? 
Invitar a ambos me parece un enfoque parlamentario que tendría un efecto más equilibrado, pacífico y digno en el conflicto de Oriente Próximo. 
Señor Presidente, hay que tener presente el hecho de que se trata de un informe muy serio y explícito, que refleja una cultura profundamente europea y, yo diría, ancestral: la cultura de Múnich, la cultura de Vichy, la cultura de Mussolini, la cultura del Gran Muftí de Jerusalén. 
Esa es la cultura venerable que está representada aquí. 
Hay algunos aspectos interesantes a los que quiero referirme en el minuto y medio de que dispongo, y cito: ‘[«La preocupante situación actual en el Iraq es un factor más de desestabilización en Oriente Próximo, lo que hace aún más urgente y necesaria una perspectiva concreta de paz… Por degracia… »] Por desgracia, señor Menéndez del Valle, por supuesto, usted es un huérfano de Sadam Husein. 
El Oriente Próximo era más estable antes, pero sigamos avanzando. 
Constituye un dato interesante que, al cabo de tres años de, el 60% de la población palestina sobreviva con menos de dos dólares al día. 
Dos dólares al día, señor Menéndez del Valle, es lo que su PAC, su Europa, concede a cualquier cuadrúpedo nacido entre Finlandia y Sicilia meridional. 
Sin embargo, lo que usted viene a ofrecer aquí es paz: nada de trabajo, ni siquiera dignidad. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Balder, que ha intervenido antes que yo. 
El PNUD, que algo entiende de esta materia, ha planteado un problema: el derecho a la democracia. 
El pueblo israelí elige; a usted no le gustan sus elecciones, y a mí tampoco me gustan, pero ¿quiere arrebatárselas? 
Queremos la democracia para los palestinos, pero ¿para cuáles de ellos? 
Usted propugna elecciones inmediatas, como las de Camboya, que para vergüenza suya, aplaudió, y ahora se están cometiendo asesinatos, tal como predijimos. 
Lamento, señor Presidente, haber consumido un segundo o dos de más, pero sé, y no por hoy, que trabajo en un Parlamento que emana por línea directa de Vichy, con un vago eco de los parlamentos del Extremo Oriente europeo: usted sabe a los que me estoy refiriendo. 
– Señor Presidente, en la exposición de motivos de este informe, el Sr. Menéndez del Valle indica que en relación con el conflicto entre israelíes y palestinos se han celebrado demasiados debates y en este Parlamento se han aprobado demasiados informes. 
Por lo tanto, me pregunto qué sentido tiene el informe y si es realmente útil, especialmente porque no adopta una posición verdaderamente objetiva, tal y como hemos oído decir al ponente esta noche. 
Pero, francamente, gracias a las enmiendas aprobadas en comisión, ahora está más equilibrado que antes. 
El tema es la petición de que se aplique urgentemente la Hoja de Ruta, una cuestión con la que todos podemos estar de acuerdo. 
Pero tengo problemas con la frecuente insistencia del ponente en que la Unión Europea desempeñe un papel más importante. 
Propone la introducción del euro, un mandato internacional en Palestina y el despliegue de una fuerza internacional sobre el terreno. 
Parece haber cierta prisa indecente en el intento de inventar funciones para eventuales fuerzas militares de la Unión Europea, que se contemplan en algún otro plan y tienen poco que ver con el proceso de paz en Oriente Próximo. 
Hemos de recordar que las fuerzas de vigilancia y observación de las Naciones Unidas llevan en Oriente Próximo 50 años y han fracasado particularmente en la prevención del conflicto y del terrorismo. 
La experiencia nos dice que una fuerza internacional no garantiza la paz, sino que da cobertura a su violación. 
No olvidemos que esta zona de Oriente Próximo estuvo durante unos 26 años, a partir de 1922, bajo un mandato, el de la Liga de Naciones. 
Fue entonces cuando las Naciones Unidas dividieron la zona en un Estado judío y un Estado árabe. 
El problema fundamental es que, con la honorable excepción de Egipto y Jordania, el Estado árabe y otros de Oriente Próximo se han negado a reconocer la existencia del Estado de Israel. 
Un elemento clave de la fase III de la Hoja de Ruta es que el Estado árabe acepte relaciones completamente normales con Israel. 
Hace tiempo que debería haberlo hecho, y en este aspecto Irán también tiene algo que decir. 
Los Estados árabes también han contribuido, junto con las Naciones Unidas, a institucionalizar la cuestión de los refugiados palestinos, alimentando el odio, la inestabilidad y el terrorismo durante más de 50 años. 
Se siguen manteniendo vivas expectativas poco realistas El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas empezó a cubrir las necesidades vitales básicas de los refugiados palestinos en 1950 y ahora tiene en nómina a más de 4 millones. 
¿Por qué, en nombre de la humanidad, los Estados árabes han permitido que se mantenga esta situación? 
–Señor Presidente, venimos de lejos, si puedo decirlo así, y nos hemos alejado mucho del primer proyecto del ponente, que adoptó un enfoque global y que por falta de equilibrio no aportaba gran cosa a la causa de la paz. 
Quiero decir que el informe debatido, enmendado y más moderado que se nos propone aquí me alivia, y me satisface incluso en muchos puntos. 
Doy las gracias al ponente por haber aguado su vino, si puedo usar esta expresión. 
Pero no se ha dicho ni una palabra aquí al respecto, ni sobre las declaraciones antisemitas, escandalosas y sin precedentes a este nivel, del Primer Ministro malayo. 
Estamos muy lejos del equilibrio que han preconizado otros oradores que me han precedido, en particular el Sr. Poos. 
Una palabra para concluir, señor Presidente, sobre los acuerdos suizos, de los que me congratulo por supuesto, como me congratulo de cualquier iniciativa por la paz. 
Una cuestión, sin embargo, para terminar: ¿por qué no aplaudimos a Taba en la misma medida, donde se pusieron sobre la mesa prácticamente las mismas propuestas, pero en aquella ocasión formuladas por el Gobierno israelí electo? 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Menéndez del Valle, así como a todos los miembros de la Comisión que han trabajado en la elaboración de este documento que, realmente, es producto de una cultura europea, pero de una cultura europea que tal vez sea el Renacimiento y demás, pero ciertamente no es la que se ha mencionado antes. 
Creo que el sueño de la razón, como bien dijo Francisco de Goya, engendra monstruos y a veces pienso que esos monstruos, que son de hecho la consecuencia de la deshumanización de la humanidad, habitan entre nosotros. 
Percibo en esta Cámara incapacidad para entender el sufrimiento de los demás, incapacidad para entender que el tiempo se está agotando y que, mientras hemos estado debatiendo durante meses y años qué soluciones adoptar, la realidad es que sigue muriendo gente en Palestina y en Israel. 
La falta de humanidad que percibo aquí es de las que no comprenden el sufrimiento diario que significa vivir bajo la ocupación militar, la injusticia que padecen los niños. 
Por supuesto que se habla del dolor y el sufrimiento de los niños israelíes aniquilados por bombas humanas, pero, por el amor de Dios, tenemos que detener eso y empezar a percibir las cosas como son. 
Existen resoluciones de las Naciones Unidas que no se han llevado a la práctica. 
Comencemos a pensar en esas cosas y a vivirlas, ver a la gente, ir a los sitios y comprender. 
Por eso he dicho que el sueño de la razón engendra monstruos. 
Estoy plenamente de acuerdo con el informe, que es muy importante y pone de manifiesto con suficiente claridad su rechazo a la violencia, pero que proclama con igual claridad el derecho a vivir en paz, a construir. 
El tiempo es breve y considero enormemente importantes dos iniciativas. 
Hoy hemos tenido entre nosotros a Naomi Kazan y Jamal Zakut; tendremos aquí también a Yossi Beilin y a Yasser Abed Rabbo. 
Esos son los valientes, la gente que tiene el valor de decir: construyamos, trabajemos, planifiquemos; como también son valientes todas esas voces israelíes –las que deberíamos escuchar–, como las de los pilotos que se negaron a lanzar bombas. 
Son cosas que tienen una gran importancia. 
Existe un problema de extrema gravedad: el muro. 
El Sr. Poettering lo dijo también en la última sesión parlamentaria: el muro es una ignominia. 
El muro es destructivo, pero sobre todo constituye un anexión de territorio. 
No se puede anexionar un territorio, colonizarlo y propugnar luego la paz. 
Sólo puede haber paz cuando existe respeto mutuo. 
Con este informe estamos emitiendo una clara señal y creo que debemos proseguir en esta dirección. 
– Señor Presidente, Señorías, como saben, la situación en la Palestina ocupada es desastrosa. 
El número de pobres se ha triplicado. 
El pueblo palestino pasa hambre, cuando no muere bajo las balas israelíes. 
En Israel también, la crisis social y económica se agrava, y ni siquiera se salvan las comunidades más vulnerables. 
La situación en el Iraq es otro factor más de desestabilización de la región. 
El Consejo Europeo de los días 16 y 17 de octubre ha reafirmado que la región mediterránea reviste una importancia crucial. 
Hay que apoyar, pues, el proceso democrático, ayudar al desarrollo social y económico, y reforzar el diálogo político para que la paz se construya al fin en la región. 
Como nos confirma nuestro colega en su informe, no existe ninguna solución militar. 
Debemos salir de esta espiral de violencia y recuperar la senda de la negociación y del respeto del derecho. 
Debemos imponer a Israel el fin de esta colonización y esta ocupación militar que engendran el terror. 
Es igualmente urgente ejercer todas las presiones posibles, incluidas las económicas y comerciales, no solo para frenar la construcción de este muro estilo, sino también para destruirlo. 
Este muro es una catástrofe humana y ecológica, pero también una afrenta a los valores que defendemos. 
Estas acciones son contrarias a los compromisos contraídos en la Hoja de Ruta. 
Es nuestra responsabilidad alentar todas las iniciativas de paz. En esto debemos conceder un interés especial al plan de paz denominado «acuerdo suizo». 
Nos parece moderado y equilibrado, aunque sea doloroso para muchos, a los que se les pide que acepten más compromisos. 
A pesar de su insuficiencia en la cuestión de los refugiados, es necesario para devolver la confianza y la esperanza a los dos pueblos. 
Lo hemos repetido a menudo: solo la existencia de dos Estados democráticos, soberanos y viables, que se reconozcan en las fronteras de 1967, con Jerusalén como capital, permitirá cimentar la justicia y la dignidad indispensables para la paz y contemplar un futuro con posibilidades reales. 
Este acuerdo permite restablecer la legitimidad del Derecho internacional. 
Debemos hacer todo lo posible para que sea apoyado por el Cuarteto, y en particular por los europeos. 
Quisiera confiarles mi temor, mi temor a ver una nueva esperanza decepcionada, que dé paso a un radicalismo aún mayor, que solo serviría a los intereses de quienes prefieren la fuerza al Derecho y la guerra a la paz. 
Tenemos una grave responsabilidad política: debemos asumirla ante la Historia y ante el mundo, y debemos romper este silencio, que nos haría cómplices de este nuevo crimen contra la humanidad. 
Por último, quisiera rendir tributo la valentía de las fuerzas progresistas israelíes y de todos aquellos que se niegan a ejecutar misiones que consideran ilegales y en las que se mata a civiles. 
Debemos expresarles toda nuestra solidaridad. 
Para concluir, debemos hacer hincapié en las misiones civiles, en las que las organizaciones internacionales desempeñan un papel moderador y protector: por su acción sobre el terreno, realizan con éxito una diplomacia ciudadana, allí donde nuestra diplomacia internacional es incapaz de intervenir. 
Debemos pedir a la Comisión y al Consejo que intervengan ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se envíe una fuerza de interposición y de protección del pueblo palestino, de su patrimonio y de su medio ambiente. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Menéndez del Valle por su informe y, especialmente, por el hecho de haber presentado una enmienda que tiene en consideración el Acuerdo de Ginebra. 
El hecho de que este acuerdo se convierta en un punto de inflexión histórico, como sinceramente espero que lo haga, o en un fracaso, va a depender ahora totalmente de la acogida que le otorgue la población israelí y de las reacciones internacionales, especialmente la de la Unión Europea. 
Disponemos por primera vez de un plan unificado que aborda todos los problemas del conflicto: la división de Jerusalén, los derechos de los refugiados palestinos, el Monte del Templo y el Muro de las Lamentaciones, los asentamientos y la forma en que se han trazado las fronteras. 
Este acuerdo tal vez consiga rescatar la prácticamente difunta Hoja de Ruta. 
Según lo que se haga con el Acuerdo de Ginebra, se hará lo mismo con la paz. 
Lo más importante de todo es que la composición de la delegación palestina, que representa una muestra transversal amplia de la jefatura palestina, ha facilitado ahora a Sharon los interlocutores para la negociación que según él no existían y así se lo había hecho creer a la población israelí. 
Ahora la UE tiene que apoyar decididamente el Acuerdo de Ginebra. 
Se ha venido a demostrar que sigue viva el ala pacifista israelí, que ahora tiene la oportunidad real de salir fortalecida. 
Tanto el pueblo israelí como el palestino desean la paz. 
El Acuerdo de Ginebra parece el camino más seguro para alcanzarla. 
– Señor Presidente, el proceso de Oslo ha muerto, la Hoja de Ruta está en punto muerto, el engranaje de la violencia mantiene el Esta violencia ha franqueado un escalón más, especialmente peligroso para la región y doloroso para la población civil. 
Estamos lejos de las piedras de la primera Intifada: les ha sucedido el terror de los atentados suicidas contra la población civil israelí, y a este terror se responde con el recurso sistemático a armas inteligentes de destrucción selectiva, que matan, también ellas, a civiles, esta vez palestinos. 
Se ha instalado una especie de equilibrio del terror, las perspectivas de solución política tienden a desaparecer y se cuentan los muertos. 
En estas condiciones, la iniciativa israelo-palestina de Ginebra tiene el mérito de volver a situar la paz en el centro del debate. 
Sus protagonistas, para intentar romper con la sensación de ineluctabilidad del engranaje de la violencia, optaron por la audacia, rompiendo así con la parálisis preelectoral norteamericana y la atonía estructural europea. 
En lugar de proponer pequeños pasos, el «pacto de Ginebra» aborda de frente los problemas de fondo, cuidadosamente evitados tanto en el Acuerdo de Oslo como en la Hoja de Ruta, pero sigue el enfoque esbozado en Taba. 
No hay tabúes, se tratan los puntos más controvertidos: Jerusalén, los Santos Lugares, en particular la explanada de las Mezquitas, o el monte del Templo, que se situaría bajo soberanía palestina, el reconocimiento de Israel, la renuncia al derecho de regresar a Israel de los refugiados de 1948 y sus descendientes, el Estado palestino viable, las colonias y el reparto territorial. 
Añadiré a este respecto que el paralelismo que hacía hace un momento el ponente entre el muro de Berlín y el muro israelí no me parece pertinente: el primero partía en dos a un único Estado, cuya división artificial jamás reconocimos; el segundo, incluso si se puede discutir su trazado, puede considerarse el esbozo de una frontera entre dos Estados, que sin duda deseamos ver instaurados en lugar de la situación actual de ocupación. 
Los autores israelíes y palestinos del Acuerdo de Ginebra han considerado que las tensiones son hoy tan fuertes que para incitar a los dos protagonistas a romper con la lógica de represalias en que se encierran, es más fácil presentar un plan de paz global que definir pequeños pasos en materia de seguridad, que crearían aún más malentendidos. 
Ciertamente, la base política que sustenta este plan es sutil: sus autores son bastante poco representativos, reconozcámoslo, de las opiniones públicas israelí y palestina. 
Por tanto, debemos fijarnos en el método que se ha elegido: el de no eludir los objetivos finales. 
Debe tener prioridad el fondo de las propuestas. 
Nuestro debate de esta noche, señor Presidente, puede contribuir a ello. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no pasa ni un día sin que Oriente Próximo se sumerja algo más en la espiral de terrorismo y violencia. 
Por eso está más que justificado que se haga un llamamiento a favor de la paz y la dignidad en Oriente Próximo. 
Resulta aplicable a todos por igual, tanto a los israelíes como a los palestinos. 
Sin lugar a dudas, ha llegado el momento de buscar una salida a una situación desesperada. 
Pero los signos externos no son muy alentadores. 
El Proceso de Oslo ha acabado en nada y la Hoja de Ruta del Cuarteto corre el riesgo de quedar atascada en esa tierra de nadie del odio y la desconfianza. 
Lo que estamos presenciando todos los días es una jefatura palestina evidentemente dividida, que no puede o no quiere sofocar el terrorismo con eficacia, una jefatura que no condena las bombas suicidas como los ataques asesinos que realmente son. 
Por otra parte, tenemos reacciones militares y reacciones excesivas que reivindican tanto las vidas de los inocentes como las de los culpables, pero que no contribuyen en nada a resolver el problema. 
La barrera de seguridad constituye una expresión a la vez de poder y de impotencia y, bajo ninguna circunstancia, debería adelantarse al trazado de una frontera definitiva. 
Como es natural, existen planes de paz, como el Acuerdo de Ginebra y otras iniciativas, que acogemos con satisfacción en este Parlamento. 
Solo tienen un inconveniente: parecen ser, por lo menos hasta ahora, el programa de una minoría. 
El objetivo político de dos Estados –el israelí y el palestino– conviviendo en pacífica coexistencia tiene que seguir siendo la aspiración de todos los medios políticos y diplomáticos. 
No pueden darse pasos que suponga un retroceso hacia un protectorado internacional para Palestina, y tampoco puede producirse la suspensión del Consejo de Asociación, que es y debe seguir siendo un puente importante para el diálogo. 
Aunque el informe del Sr. Menéndez del Valle ha quedado notablemente mejorado con las enmiendas propuestas por mi Grupo, voy a recomendar a mi delegación que se abstenga en la votación. 
Después, es moralmente condenable, porque pone en el mismo plano a los terroristas y a las víctimas del terrorismo. 
Y da la impresión de que para algunos la idea de que los judíos deban responder en vez de no hacer nada y dejarse matar como en los viejos tiempos es chocante y escandalosa. 
Por último, es políticamente estéril, porque encierra a Europa en una posición de impotencia, al no poder ser considerada imparcial y, en consecuencia, apta para desempeñar un papel mediador. 
Esta es la razón de que, antes incluso de que se haya aprobado, y lo será por desgracia, sea posible prever el destino de este informe: se unirá a los innumerables otros planes y textos que han nacido muertos. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo felicitar al ponente por el trabajo que ha realizado, ya que no ha debido de ser una tarea sencilla. 
Como siempre he afirmado, falta un elemento en la Hoja de Ruta. 
Los sucesos del último fin de semana y de esta semana han puesto de manifiesto de nuevo que la Hoja de Ruta no puede conducir a la paz sin ayuda externa. 
Se está barajando la idea de una intervención de la OTAN en la zona. 
No soy un entusiasta de la OTAN, pero cualquier cosa es mejor que asistir con los brazos cruzados. 
Entre las víctimas se cuentan ya hasta personal médico. 
La violencia mutua desafía toda imaginación. 
A mi parecer, lo que está ocurriendo en Haifa es terrible. 
Hemos visitado la zona con la delegación y lo que está ocurriendo allí es absolutamente terrorífico. 
Se necesita una fuerza de pacificación para organizar el desarme de todos los grupos de la resistencia, como se hizo en Bosnia. 
Sin embargo, el Primer Ministro Sharon sólo aceptará esta medida bajo la presión de los Estados Unidos, presión hasta ahora inexistente. 
La única alternativa es un cambio de política o del Gobierno de Israel que pueda traer consigo el nuevo plan de paz de Ginebra. 
El debate de esta cuestión está tomando cuerpo en Israel. 
El plan exige sacrificios importantes, así como valor, por ambas partes. 
Ahora bien, tenemos que saltarnos ciertos pasos de la Hoja de Ruta; o nunca alcanzaremos nuestro objetivo. 
Como vicepresidente de la delegación para Israel de esta Cámara, apoyo este nuevo plan de paz y por ello me gustaría estar presente cuando se firme. 
Nuestro Grupo solicita el apoyo del Parlamento al artículo 13 b) , que someteremos a votación mañana. 
Esta tarde, el Parlamento ha dado la bienvenida como invitados a dos de sus instigadores y el interés suscitado ha sido abrumador. 
Estas personas son portadores de esperanza en estos días de inquietud. 
El próximo mes vendrá a visitarnos una delegación de la Knesset y sería bueno que organizáramos un debate conjunto sobre este asunto. 
Quiero terminar con las palabras de Naomi Chazan, que ha dicho esta tarde: para estar a favor de Israel, hay que estar a favor de Palestina y viceversa. 
Solo la creación de un Estado palestino viable puede traer la paz. 
Señor Presidente, he de reconocer las dificultades que tiene elaborar un documento en una situación de estrés y de cambio de situación permanente en el Oriente Medio y, por tanto, actualizar el documento es sumamente difícil en esta situación convulsa y trágica, sabiendo además que el talante de Menéndez del Valle es siempre acercarse con un espíritu abierto o, por lo menos, conseguir que triunfe el sector "bueno" -pudiéramos decir- de las cosas y de la vida. 
Sin embargo, aunque en este documento se pretende aplicar la Hoja de Ruta, y su eje principal sea impulsar el proceso de paz, me parece que no es un documento objetivo. 
En la valoración de los hechos observo muchas asimetrías en favor de la Autoridad Palestina, posición que va a contribuir a enturbiar y debilitar el papel de Europa en las futuras negociaciones, ya que si pretendemos contribuir a la paz, debemos tener credibilidad en los dos sectores y ser reconocidos como tales. 
Para mí la asimetría se refleja, por ejemplo, en las sucesivas condenas al Gobierno de Israel y los grandes silencios sobre el comportamiento de la Autoridad Palestina, y repito, los grandes silencios. 
Por ejemplo, en el apartado 4 se dice que se felicita a la Autoridad Palestina por haber aceptado pública e incondicionalmente la Hoja de Ruta, cuando sabemos- y nos consta- que Arafat, después de haber rechazado la paz en Taba, se ha negado a aceptar cualquier medida que pueda mermar su poder, tanto en lo referente a la organización de un sistema único de seguridad como a la cesión de poderes a Abu Mazen primero y, ahora, al designado Ministro Abu Alá. 
Es más, se sabe que algunos de los atentados recientes, con alto número de víctimas, están relacionados directa o indirectamente con los mártires de Al Aqsa y el escenario de la Mucata, y no acuso a nadie. 
Y me preocupan sobre todo algunos párrafos que sólo van a servir para fortalecer las tensiones y disminuir la credibilidad de Europa, como, por ejemplo, la ambigüedad a la hora de condenar el terrorismo palestino y la voluntad manifiesta de separarlo absolutamente de los entornos de la Autoridad Palestina o de alianzas aún peores, más peligrosas que las que se hacen entre partidos democráticos a plena luz, documentadas a través de la extrema tolerancia con los terroristas, y la falta de una política de seguridad firme, clara y transparente. 
Pero además, al margen de algunas condenas a los métodos israelíes- que apruebo en el documento, como la construcción del muro, que no puedo aceptar, o la agresividad de las respuestas armadas en territorio palestino, así como la destrucción de infraestructuras y otras formas de debilitar el nivel de vida palestino -, me parece que el texto no insiste suficientemente en el compromiso de Palestina por aceptar la democracia y construir un Gobierno capaz de asumir las responsabilidades. 
Y en la primera parte de la Hoja de Ruta está el desarrollo de las bases de un sistema democrático. 
– Señor Presidente, en primer lugar, acojo con satisfacción los loables esfuerzos del ponente en un ámbito tan delicado. 
Es cierto que hace falta paz en seguida –es urgente–, es cierto que hay que mostrar la perspectiva, ya se ha dicho, y que hay que rehumanizar este debate y evitar convertir a las partes en monstruos. 
Esto se ha dicho, hace un momento, con una gran dosis de humanidad. 
No obstante, quisiera hacer algunas breves observaciones sobre este informe, no sin antes sumarme a las protestas que se formularon contra las declaraciones racistas del Primer Ministro malayo. 
Quiero que nuestra Asamblea tome nota de ellas y adopte iniciativas enérgicas al respecto. 
Quisiera expresar asimismo mi más firme indignación con lo que acaba de decir el Sr. Gahrton para justificar la violencia terrorista, y decir que la ocupación, si es condenable –es discutible, y me incluyo entre los que hacen muchas críticas a la política israelí a este respecto–, no justifica el terrorismo, y no lo justificará nunca. 
El terrorismo es un crimen contra la humanidad, es el mal absoluto, no tiene equivalente y debe ser condenado. 
Me gustaría mucho saber cuál es el vínculo entre los jóvenes que mueren en las discotecas o las personas que son asesinadas en los restaurantes y la ocupación. 
Me parece que la comparación es absolutamente indigna. 
Personalmente, me parece vomitiva. 
Quisiera volver a las tres observaciones que me inspira este informe. En primer lugar, y ya lo he dicho, el terrorismo no puede ponerse en el mismo plano que las críticas que legítimamente pueden formularse contra la política de Israel. 
Son dos cosas independientes, diferentes en la jerarquía moral, en la jerarquía del mal. 
Quisiera citar después las sanciones, y en particular la ruptura del acuerdo de asociación. 
La ruptura de este acuerdo constituye una sanción contra un pueblo, y, cuando nuestra Asamblea pedía el levantamiento del embargo contra el Iraq para no penalizar a un pueblo por los actos de sus dirigentes, considero que no se debe sancionar al pueblo de Israel cuando acabamos de aprobar un acuerdo de asociación con el Líbano, que, en términos de ocupación, tiene muchas cosas que decir, pues es un país que está ocupado, anexionado por Siria, aunque no lo denunciemos. 
Por último, mi tercera observación se refiere al mandato internacional, que nos retrotrae 50 años. 
Quisiera recordar que lo que ayer rechazamos apasionadamente hoy se reclama apasionadamente: las fronteras de 1967, la división de Palestina en dos, o los criterios de Clinton. 
Eso lo que se pide hoy después de haber puesto la mesa patas arriba. 
Señor Presidente, creo que las Actas ponen de manifiesto mi rechazo a todo tipo de violencia. 
Como Verde y pacifista, evidentemente rechazo toda violencia, pero también observo que el derecho internacional establece una distinción entre la violencia por parte de fuerzas de ocupación y las formas de resistencia practicadas por los pueblos oprimidos en las colonias y en los países ocupados contra las potencias ocupantes. 
Sin embargo, personalmente soy pacifista y prefiero presenciar la utilización de métodos no violentos incluso contra una potencia ocupante. 
Eso es algo que se puede constatar en las Actas y es la postura que adopto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11:00 horas. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no repetiré la excelente introducción de mi colega el Sr. Langen, que sitúa claramente el contexto de nuestro informe. 
Hace algunos años, en Lisboa, la Unión Europea se fijó el objetivo de convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico duradero, acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión social. 
Este objetivo, estoy convencida de ello, concierne en primera instancia a la industria, en particular a la industria manufacturera, pues la base industrial es, en efecto, la espina dorsal, el auténtico motor económico del crecimiento en la Unión Europea. 
Por esta razón, la comunicación de la Comisión que está en el origen de este informe reviste una importancia crucial. 
Debemos acogerla con agrado. 
Sin embargo, en los últimos años nos parecía que se había olvidado un poco a la industria manufacturera, mientras toda la atención se centraba en el sector de los servicios o el sector de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
Por otra parte, desde hace varios años no se hablaba ya de la política industrial como tal. 
Esta comunicación plantea en última instancia la cuestión de saber qué pueden hacer los poderes públicos europeos por nuestra industria. 
Según la Comisión, la política industrial debe tener un único objetivo: la competitividad. 
Esto no carece de lógica. 
De hecho, en una economía mundial cada vez más abierta, la industria europea solo tendrá futuro si es capaz de integrarse con éxito en la economía planetaria. 
Todavía tenemos que entendernos sobre qué es la competitividad. 
Mantengámonos fieles al espíritu de Lisboa y de Gotemburgo. 
El enfoque equilibrado de tres pilares –económico, medioambiental y social– debe guiarnos absolutamente en nuestro análisis de la competitividad. 
Ya que la competitividad europea debe ser, en efecto, la de la investigación, la cualificación, la formación de la mano de obra, la productividad, el respecto del medio ambiente y, por último, la de la calidad de las relaciones sociales. 
En cambio, cualquier búsqueda de la competitividad a través de la reducción continua de los costes, en particular salariales, o mediante una actitud laxa ante el medio ambiente, sería completamente ilusoria. 
En cuanto a los medios para alcanzar este objetivo, sabemos que la política industrial es fruto de la interacción de políticas en múltiples ámbitos: investigación, formación, política de competencia, mercado interior, fiscalidad, empleo y asuntos sociales, y muchas cosas más. 
Mientras que la acción de la Unión Europea en muchos de estos ámbitos es considerable, resulta fundamental ver cuál es el mejor modo de coordinar los distintos instrumentos para crear una auténtica estrategia industrial para la Unión Europea. 
En la comunicación de la Comisión se plantean las preguntas acertadas, pero no se ofrecen suficientes respuestas concretas. 
La comunicación abre un auténtico debate, como veremos esta tarde. 
El Consejo se ha expresado ya. 
El Parlamento lo hará a través de este informe. 
Se trata, por supuesto, de hacer que este ejercicio sea útil, como ha dicho mi colega el Sr. Langen, garantizando el seguimiento, que debe traducirse en medidas concretas. 
Por ello, pedimos a la Comisión que concrete las ideas expresadas en esta comunicación en un plan de acción, que después someterá para su aprobación al Consejo y al Parlamento. 
Este plan de acción debe articularse, en particular, en torno a los ejes siguientes. 
En primer lugar, la incorporación de los objetivos de política industrial en todas las políticas comunes de la Comunidad, en especial la política de competencia y de control de las ayudas estatales. 
En segundo lugar, hay que incluir entre los objetivos la armonización de los sistemas nacionales de fiscalidad, que tienen una repercusión negativa sobre el mercado único. 
En tercer lugar, este plan debe prever asimismo un esfuerzo considerable de simplificación administrativa para la apertura de nuevas empresas. 
En cuarto lugar, debe ocupar un lugar central la cuestión de la investigación y de su rentabilidad óptima en beneficio de la industria y de la innovación. 
Evidentemente, la cuestión del 3% que hay que consagrar a la investigación, así como la de la patente europea, distan mucho de ser desdeñables. 
En quinto lugar, no pueden omitirse las cuestiones relativas a la financiación de las empresas, en particular de las PYME y del capital riesgo. 
En sexto lugar, se trata de integrar la dimensión del diálogo social en la aplicación de la política industrial: una buena política industrial solo puede hacerse en concertación con las empresas y los representantes de los trabajadores, y no ciertamente contra ellos o sin ellos. 
Por último, como otros elementos cruciales que deberíamos mencionar son la enseñanza, la formación y la cualificación: los recursos humanos o el capital humano son, en efecto, cada vez más importantes para la competitividad industrial. 
Por ello, propongo que la Unión Europea lance una iniciativa ambiciosa, como la fijación de un objetivo cifrado de gastos que deben consagrarse a la formación a lo largo de toda la vida. 
Por otra parte, merece la pena destacar el papel desempeñado por los grandes proyectos industriales europeos, con la participación de operadores privados y esfuerzos públicos, a imagen de Galileo, en sectores clave, como las energías alternativas o renovables, las nanotecnologías, el espacio y el acero. 
La iniciativa de las plataformas tecnológicas no me parece un paso en la dirección acertada. 
Además, todos somos conscientes de la necesidad de una buena red de transporte, de energía y de comunicación para sacar provecho de todas las potencialidades del gran mercado único europeo. 
En el momento de la ampliación de la Unión a regiones peor comunicadas, se impone una reflexión sobre la necesidad de aumentar de forma significativa los recursos disponibles para la financiación de las grandes obras necesarias. 
Me parece que el Consejo Europeo de la semana pasada confirma este punto de vista. 
Una buena política industrial europea no solo debe aprovechar las oportunidades abiertas por los nuevos sectores de futuro, sino ser capaz también de anticipar las mutaciones de los sectores tradicionales, a fin de gestionar del mejor modo posible las reestructuraciones, tanto desde la perspectiva social y territorial, como desde el punto de vista económico. 
La Comisión ha trazado un análisis sectorial. 
Es una evolución notable y bienvenida con respecto al enfoque meramente horizontal. 
No obstante, sería deseable que no nos quedáramos en el análisis sectorial, sino que este sirviera de base para una acción sectorial. 
El tema de la política industrial está, pues, en el centro de nuestros debates. 
Basta leer las conclusiones del último Consejo Europeo. 
Espero, al igual que mi colega, que superemos la fase de las declaraciones cautivadoras y que pasemos a una acción decidida y fructífera. 
. En primer lugar, quiero agradecer a ambos ponentes, la Sra. Zrihen y el Sr. Langen, su excelente trabajo. 
Permítanme empezar por la política industrial antes de pasar al espíritu empresarial. 
Es importante saber que comparten ustedes la opinión de que es preciso situar la industria de fabricación de nuevo en lo más alto de la agenda política. 
La fabricación impulsa el crecimiento del sector servicios. 
Por lo tanto, también sigue siendo tan importante como siempre en la economía del conocimiento y los servicios. 
Debemos adoptar un enfoque equilibrado del desarrollo sostenible, donde los tres pilares, el económico, el social y el ambiental, estén equilibrados y avancen en paralelo. 
Si fallamos con la economía, si no tenemos empresas competitivas, peligra el conjunto del desarrollo sostenible. 
Si el desarrollo económico es deficiente, no alcanzaremos los objetivos sociales y ambientales. 
Ni que decir tiene que esta competitividad se basa, sobre todo, en los activos específicos de Europa, como los recursos humanos cualificados y los avances tecnológicos, dos aspectos que su informe destaca con acierto. 
El proyecto de informe también reclama proseguir con la acción para materializar las ideas contenidas en la comunicación. 
Permítanme resumir brevemente lo que ha hecho hasta la fecha la Comisión, antes de volver sobre nuestra visión del futuro. 
En primer lugar, en cuanto al proceso de criba, este consiste en examinar las diferentes políticas de la Unión Europea que contribuyen a los objetivos de la política industrial y la forma de mejorar o reforzar esta contribución. 
El proceso de criba ya se ha puesto en marcha. 
Ya hemos identificado una serie de ámbitos políticos en que podrían mejorar mucho las sinergias. 
Les daré tres ejemplos: la política regional, que puede movilizarse más sistemáticamente para promover una cultura de innovación y para facilitar la gestión del cambio industrial; la política de empleo, donde el diálogo social, a nivel horizontal y sectorial, puede desempeñar un papel importante ayudando a abordar las cuestiones de la política industrial; y la política de investigación y desarrollo, donde la aplicación del llamado «plan de acción del 3%» tiene relevancia directa desde el punto de vista de la política industrial. 
Con respecto a la política industrial a nivel sectorial, la Comisión está reuniendo un paquete de actividades para abordar la dimensión sectorial de la competitividad industrial. 
La Comisión fortalecerá la base analítica de nuestra política mediante la supervisión constante de la competitividad sectorial, así como el análisis a fondo de sectores seleccionados. 
Cuando sea necesario se propondrán iniciativas específicas encaminadas a mejorar la situación competitiva de los sectores. 
Ya estamos trabajando en torno a una serie de iniciativas específicas, sectoriales, por ejemplo en el campo de los productos farmacéuticos, el aerospacial y la estrategia en materia de biotecnología, entre otros. 
El sector textil es uno de los primeros sectores que está siendo objeto de un análisis competitivo a fondo del tipo descrito en la comunicación. 
La próxima semana la Comisión aprobará una comunicación sobre los desafíos futuros del sector textil y del vestido. 
Sé que hay muchos diputados al Parlamento para quienes esta es una prioridad muy importante. 
Al mismo tiempo, las industrias marítimas también serán objeto de una iniciativa de este tipo y la semana que viene se presentará el programa «Leadership 2015». 
La Comisión preparará una comunicación sobre esta base. 
Además, hemos lanzado una plataforma de tecnología sobre el futuro de las tecnologías y sistemas móviles en Europa. 
El informe estará listo en enero. 
Estos son solo ejemplos de cómo las políticas horizontales y las soluciones sectoriales verticales se complementan mutuamente. 
Volviendo ahora sobre el futuro, la Comisión deberá informar de los pasos que ha dado para aplicar las ideas y los principios contenidos en la comunicación. 
Es lo que vamos a hacer a principios del año que viene. 
Hemos de abordar con más detalle y de forma más operativa cuestiones como por ejemplo: la movilización de las instrumentos políticos apropiados para tratar las consecuencias industriales de la ampliación; la dimensión internacional de la política industrial, por ejemplo en el contexto de la iniciativa de la Comisión «Gran Europa, Vecindad». 
Hemos de profundizar en las reflexiones sobre cómo mejorar el vínculo entre la política industrial de la Unión Europea y las políticas industriales de los Estados miembros. 
En este campo los Estados miembros conservan el grueso de las responsabilidades. 
Actualmente, la Comisión trabaja en torno a una estrategia de competitividad integrada a petición del Consejo de Competitividad. 
Espero que podamos presentarla en noviembre. Combinará varios elementos, como la política de I+D, el mercado interior y la política de competencia, con la política industrial. 
La necesidad de garantizar una estrecha coordinación entre estos diferentes campos políticos es evidente. 
Espero que podamos seguir contando con la ayuda del Parlamento en nuestros esfuerzos por garantizar que la política industrial permanece entre los primeros puntos de la agenda política de la Unión Europea. 
En épocas de desafíos económicos somos más serios. 
Este debería ser el enfoque permanente que adoptamos con respecto a la industria. 
En cuanto al espíritu empresarial, estoy de acuerdo con todo lo expresado por el Sr. Langen en su intervención. 
La promoción del espíritu empresarial y la creación de empresas es esencial para crear competitividad europea. 
A fin de comprender mejor cómo podríamos explotar el potencial empresarial de Europa y de contribuir a establecer una agenda europea para la política empresarial, publicamos el Libro Verde «El espíritu empresarial en Europa». 
Exhorta a los responsables políticos nacionales y regionales, a organizaciones empresariales, asesores, académicos y grupos de reflexión a expresar sus opiniones y propuestas en una consulta subsiguiente. 
Esto planteó una serie de cuestiones con respecto a dos asuntos de Europa que, en mi opinión, son cruciales. 
Primero, ¿por qué tan poca gente monta un negocio cuando un número relativamente alto de personas expresa su reconocimiento y respecto por el espíritu empresarial? 
¿Por qué tan pocas personas hacen un esfuerzo por sí mismas? 
En segundo lugar, ¿por qué tan pocas PYME europeas consideran que el crecimiento es una oportunidad en lugar de un puro riesgo? 
Necesitamos que más personas monten empresas y necesitamos más PYME que quieran crecer. 
La consulta llamó la atención de numerosos interesados de toda Europa y de fuera de sus fronteras. 
Ahora trabajamos sobre un plan de acción basado en esta consulta. 
El plan de acción se presentará a finales de este año. 
Esperamos configurar el Plan de acción en torno a tres prioridades: en primer lugar, reducir las barreras para los empresarios europeos existentes, una cuestión que interesa especialmente a las PYME; en segundo lugar, liberar la ambición de estas empresas por crecer; y en tercer lugar, promover más iniciativas empresariales nuevas. 
El Plan de acción propondrá una serie limitada de acciones básicas que emprenderán tanto la Comisión como los Estados miembros. 
El papel de los Estados miembros es fundamental. 
En muchos ámbitos políticos donde se precisa acción, la competencia reside en el nivel nacional o regional. 
Es preciso poner en marcha mecanismos de seguimiento apropiados y medidas de apoyo para desencadenar o supervisar los avances. 
Para ello es necesario basarse en los mecanismos de notificación existentes o adaptados, como el informe de aplicación de la Carta, que hemos debatido hoy aquí. 
Espero con impaciencia el debate de hoy en la Asamblea, aunque sea entrada la noche. 
Invito al Parlamento Europeo a apoyar esta importante iniciativa. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en nombre de la Comisión de Presupuestos deseo recordar que los objetivos de Lisboa deben seguir constituyendo la prioridad de las políticas económicas y sociales de la Unión, sobre todo en vísperas de la ampliación, y que es indispensable, por tanto, que los Estados miembros pongan a disposición del presupuesto de la Unión Europea los recursos necesarios para la realización de estos objetivos. 
Si observamos que la ejecución de estas líneas presupuestarias es, desde el punto de vista cuantitativo, generalmente aceptable –las tasas de ejecución son perfectas–, no siempre sucede lo mismo con la calidad de la ejecución presupuestaria, en particular en lo que se refiere a las muy pequeñas empresas y los sectores artesanos. 
Nos parece –y ustedes saben que lo hemos dicho varias veces– que la Comisión tiene dificultades para encontrar vías de canalización de fondos hacia este tipo de empresas, ya sean los fondos del Banco Europeo de Inversiones para las inversiones normativas, medioambientales y en nuevas tecnologías, ya sean los fondos experimentales, especialmente en materia de derecho laboral en la empresa. 
Por consiguiente, es muy importante para nosotros colmar este vacío, pues la muy pequeña empresa y los sectores artesanos representan más del 90% de las empresas europeas y son a la vez las creadoras de empleo y las fuentes de innovación que ustedes desean. 
Todas estas empresas participan, pues, de forma activa en la realización de los objetivos de Lisboa y en el espíritu de dichos objetivos. 
Estos empresarios, hombres y mujeres, merecen una atención especial por parte de la Comisión, dada su importancia para la estabilidad del tejido socioeconómico, la continuidad del empleo y los riesgos que asumen. 
Estas iniciativas no son solo asunto de individuos dispuestos a asumir riesgos, son también fruto de un entorno general que ofrece condiciones de igualdad de oportunidades. 
También nos corresponde a nosotros suscitar el espíritu empresarial creando unas condiciones favorables para la creación de negocios. 
Espero que, en los años que vienen, podamos poner los medios para alcanzar estos objetivos, que son indispensables para realizar nuestra gran visión dinámica del desarrollo económico de la Unión. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la política industrial está hoy en el orden del día: comunicación de la Comisión, conferencia del Sr. Prodi, carta común de los Sres. Chirac, Schröder y Blair, deliberaciones del último Consejo Europeo. 
Solo puedo decir que ya era hora. 
En efecto, nuestros compatriotas están preocupados. 
Tienen la sensación de que, día a día, nuestro tejido industrial se deshace. 
Comprueban con amargura que demasiadas empresas cierran o se marchan, a menudo a Extremo Oriente, a veces a un Estado miembro vecino o a los futuros Estados miembros. 
¿Qué hace Europa, nos preguntan, qué hacen ustedes? 
Esta preocupación me parece fundada y la pregunta legítima: ¿no hablamos de economía social de mercado, de cohesión social? 
Ellos juzgan la situación sobre la base de nuestros loables objetivos. 
Por ello, hay que felicitar a la Sra. Zrihen por su informe de iniciativa: es un tema difícil. 
La ponente ha recogido lo esencial de las opiniones de las comisiones consultadas y en particular de la nuestra, la de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
No puedo reprochárselo, pero esto conduce a veces a algo parecido a un inventario a lo Prévert, y lo que se pide a la Comisión, la pobre, es a veces también que haga milagros. 
Tanto más cuanto que hay muchos obstáculos a una política industrial eficaz y que esos obstáculos, algunos de esos obstáculos, no son de su competencia. 
El primer obstáculo parece ser una fe excesiva de la Unión en los mecanismos del mercado. 
Un proteccionismo moderado, intervenciones públicas más generosamente aceptadas, la distinción entre competencia y predación deberían poder corregir los efectos perversos de la mano misteriosa. 
Un segundo obstáculo lo constituyen las diferencias fiscales y sociales. 
El dumping social y fiscal planea desgraciadamente sobre la Unión. 
Pero esta es, en lo esencial, una cuestión en la que la soberanía de los Estados miembros sigue siendo total: mientras no haya armonización, la competencia no podrá ser equitativa. 
Un tercer obstáculo es la escasez de gastos en materia de investigación y de inversión: estamos en el 1,07 % del PIB cuando los japoneses se sitúan, al parecer, en el 3%. 
Por último, no me parece seguro que la ampliación sea el remedio a todos nuestros males. 
Nuestro discurso a este respecto quizás sea demasiado optimista. 
Ante todos estos obstáculos y dificultades, no puedo sino desear buena suerte y ánimo a la Comisión y a nosotros mismos. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes de nada, quisiera dar las gracias a mi colega la Sra. Zrihen por el excelente trabajo realizado y celebrar al mismo tiempo la voluntad común del Consejo y de la Comisión de contemplar de nuevo la política industrial como una de las preocupaciones esenciales de la Unión Europea. 
En efecto, no olvidemos que residen en ella los propios cimientos de la construcción europea. 
Nuestro destino comunitario se selló, de hecho, con la integración de los sectores industriales clave de entonces, el carbón y el acero. 
Pero, desde entonces, nuestras ambiciones en materia de política industrial han sido muy insuficientes, pues ha prevalecido el enfoque comercial, el de la competencia y el libre comercio, con efectos positivos, lo admito. 
Pero uno de los resultados es que, en el contexto de las grandes mutaciones industriales que experimentamos y que son ineluctables, la falta de anticipación sobre los efectos inducidos, en particular con respecto al empleo, ha sido total, y las olas de despidos colectivos observadas en todas partes en la Europa de los Quince lo atestiguan, como se acaba de destacar. 
Esto afectará mañana a los países que entran en la Unión Europea si no reaccionamos. 
Las ambiciones que declaramos en materia de crecimiento, de mejora cuantitativa y cualitativa del empleo, y de cohesión social, por recordar los objetivos de Lisboa, exigen que se defina una nueva política industrial para la Unión. 
Es esta una baza crucial tanto para el empleo como para la cohesión social y territorial de la Unión. 
Todos los interlocutores sociales están dispuestos a participar en la definición de esos objetivos, y ello en el marco de un auténtico plan de acción, como preconiza el informe. 
Quisiera resaltar dos puntos importantes para la Comisión de Empleo, y en primer lugar la cuestión de la competitividad industrial. 
Es capital, y no puede limitarse a la mera dimensión de la reducción de costes, como algunos parecen pensar. 
Es un concepto compuesto, que debe integrar plenamente los principios que fundamentan el modelo social europeo, en concreto todos los factores sociales mencionados por la Sra. Zrihen hace un momento, y que no voy a repetir. 
Estos factores son algo distinto de cargas objetivas. 
Son factores productivos de pleno derecho, que deben gozar de la misma atención que el desarrollo de la investigación y la aplicación de las nuevas tecnologías. 
El segundo punto se refiere a la necesidad de promover una política industrial integrada: grandes proyectos europeos, plataformas tecnológicas, etc., deben ir parejos con enfoques territoriales que tengan en cuenta el equilibrio de los territorios y la coherencia con las políticas de empleo, ya sea en el marco del método abierto de coordinación o de procedimientos más vinculantes, como parece desear el Sr. Langen. 
Para concluir, quisiera decir, señor Presidente, Señorías, que la ausencia de una política industrial, y por tanto de los efectos positivos que cabría esperar de ella, es una de las razones de la pérdida de confianza creciente de muchos de nuestros conciudadanos europeos en nuestras instituciones, incluida la nuestra, que se supone les representamos en sus intereses más legítimos, el primero de los cuales es el empleo. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, durante cinco años estudié Gestión Empresarial y en todo ese tiempo descubrí una máxima que ha regido toda mi carrera: a final del año, el saldo tiene que ser positivo. 
Esto significa que la empresa tiene que ser un saldo a su favor, pero también significa que uno mismo tiene que tener un saldo positivo, por el bien de su propia familia y autoestima. 
Durante quince años trabajé como herrero y durante ese tiempo aprendí que no sólo es cuestión de mantener un saldo positivo, sino la cuantía de ese saldo. 
En otras palabras, ¿qué capital puede inyectarse en la empresa? 
¿Está satisfecha la familia con los ingresos obtenidos y qué seguridad de cara al futuro puede conseguirse con el esfuerzo personal? 
En realidad, a la hora de analizar los ingresos de los empresarios, tenemos que distinguir tres factores: En primer lugar está la remuneración justa de su trabajo. 
Si alguien trabaja 40, 50, 60 u 80 horas semanales, tiene que aplicarse una base salarial equitativa. 
En este sentido, creo que el empresario debe recibir el mismo trato que cualquier trabajador, en el sentido de que el salario mínimo debe estar siempre exento de impuestos. 
El empresario ha invertido un capital. 
El Libro Verde no dice nada acerca del hecho de que el capital propio debería producir intereses y sobre el tratamiento fiscal que debería recibir. 
En última instancia, el empresario soporta el riesgo, el riesgo de la multitud de responsabilidades que tiene que asumir. 
– Señor Presidente, quiero felicitar a ambos ponentes por este excelente informe. 
Tal y como hemos escuchado, el desafío actual que afronta la Unión Europea consiste en identificar factores básicos para crear un clima que favorezca el éxito de las actividades empresariales. 
La actitud de las personas con respecto al espíritu empresarial varía mucho en toda la Unión Europea, tal y como ha indicado el Comisario Liikanen, aunque en promedio la Unión Europea no carece de propietarios de empresas. 
En Lisboa, la Unión Europea se comprometió a ser más competitiva y dinámica, pero este compromiso sigue siendo un concepto abstracto y la práctica va muy por detrás. 
Si bien apoyo totalmente los objetivos de Lisboa, necesitamos un compromiso más firme por parte de los Estados miembros. 
Y es evidente que el espíritu empresarial desempeña un papel protagonista en todo esto. 
Sin embargo, debemos saber que la actuación de Europa a este respecto sigue siendo menor en comparación con la de los Estados Unidos y Australia en cuanto al número de nuevas empresas. 
Está claro que si la Unión Europea quiere cumplir los objetivos de Lisboa de empleo y prosperidad, la situación de los empresarios deberá mejorar. 
Una forma de hacerlo es abordar la cuestión de las barreras principales. 
Muchas empresas se enfrentan a barreras como por ejemplo barreras culturales y sociales, barreras impuestas a golpe de reglamento, tanto en la legislación de la Unión Europea como en la nacional, el acceso a las finanzas y a la educación y la formación y, por supuesto, algunos de los efectos negativos de los medios. 
Me preocupa que estas barreras perjudiquen actualmente la contribución potencial, tanto económica como social, de las pequeñas empresas dentro de la Unión Europea. 
Pero ¿por qué es importante este espíritu empresarial? 
En mi región, en los West Midlands, he observado que las PYME nos brindan la oportunidad de implicarnos en cuestiones de productividad y competencia y, al mismo tiempo, nos dan las herramientas para capacitar a grupos desaventajados, para reducir la exclusión social y contribuir a la regeneración. 
Pero no podemos considerar esto como un fin en sí mismo. 
Ha de ser un medio que conduce a un fin, y es importante que el espíritu empresarial se centre en unos objetivos. 
Gracias a este espíritu las nuevas empresas son más eficaces y más dinámicas, y no dejan de esforzarse. 
Ya se han dado algunos pasos para eliminar algunas de las barreras que afrontan los empresarios. 
No obstante, debemos marcar más el rumbo de la Comisión y los Estados miembros en muchas de las cuestiones. 
Me preocupa el hecho de que el estigma del fracaso entre los empresarios, aunque está ampliamente reconocido como un problema en Europa, no se aborda eficazmente. 
El espíritu empresarial es sobre todo una mentalidad, y es muy difícil legislar a favor de una mentalidad. 
No se puede obligar a las personas a convertirse en empresarios, pero podemos legislar y crear el marco adecuado. 
Hemos escuchado al Sr. Langen decir que los ciudadanos de la Unión Europea tienen más aversión al riesgo que sus homólogos norteamericanos. 
Tenemos que fijarnos en otras comunidades de la Unión Europea para asegurarnos de que aprendemos las lecciones. 
Hace un par de meses presidí una conferencia en nombre de la Comisión para implicar a empresarios de minorías étnicas. 
Es un buen método para aprender por qué ciertas comunidades tienen mayor espíritu empresarial que los europeos. 
– Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al Comisario Liikanen y a mis colegas ponentes por su contribución. 
En efecto, hay que tener la valentía de decir que existe un riesgo muy grave de desindustrialización. 
El deseo de construir una industria potente latía en el corazón de la CECA y, después, de la Comunidad Económica Europea. 
Pero desde hace más de 10 años no tenemos política industrial. 
¿Cómo no recriminar una posición profundamente sesgada, que opone la construcción del mercado único al papel del Estado, la acción horizontal a la acción sectorial? 
Cada uno de nuestros Estados miembros gestiona como puede sus reestructuraciones. 
No existe ninguna preocupación por promocionar el sistema productivo europeo considerado como un todo. 
La definición de una política industrial se convierte así en una cuestión de interés público. 
Debemos convertirlo en una opción social. 
Sin un relanzamiento de la industria, no es posible recuperar el crecimiento europeo. 
Sería estúpido contar solo con los servicios, pues son la innovación y la productividad, en la industria y en torno a ella, las que crean el valor añadido necesario para el crecimiento de los servicios. 
Si las políticas nacionales siguen divergiendo, Europa no podrá servir de campamento base a nuestras empresas en la mundialización, y no se superará el desafío de la competitividad. 
Así pues, estoy por el espíritu empresarial, sin ninguna duda, pero pienso que la empresa solo podrá desarrollarse si creamos las condiciones colectivas para el crecimiento en Europa. 
Esta es la ventaja del plan de acción que se nos ha sugerido, la necesidad de proyectos europeos sectoriales, de una revisión de las directrices de política de competencia y de las ayudas comunitarias, de una política comercial más favorable al desarrollo de nuestra capacidad para crear cooperaciones en torno a las comunidades territoriales. 
Por lo que se refiere a las pequeñas empresas en particular, no basta con crearlas. 
El problema de Europa es que no crecen. 
Por último, es bueno medir las repercusiones antes de legislar, pero tampoco hace falta regular en exceso. 
Lo importante ahora es intentar construir líderes europeos para sentar los cimientos de un desarrollo sostenible. 
Terminaré con unas palabras sobre el método. 
La recuperación no es posible sin participación, y llamo pues al diálogo estratégico entre los interlocutores sociales, las autoridades públicas y las instituciones comunitarias. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en Europa necesitamos una política industrial, pero una política industrial orientada hacia el futuro, es decir, una política industrial verde. 
Los Verdes agradecen a la Sra. Zrihen que haya recordado que Europa descansa en tres pilares: el medioambiental, el social y el económico. 
Observamos que no pocos de nuestros amigos conservadores, algunos liberales, y por desgracia también algunos socialistas, intentan olvidar, u olvidan, Gotemburgo y la necesidad de integrar el medio ambiente. 
No podemos volver al cientifismo del decenio de 1960 y a las políticas industriales que no integraron la evaluación de riesgos y la ecología, que constituyen el verdadero fundamento del siglo XXI. 
En este sentido, los Verdes deseamos una política de investigación mejor orientada y esperamos mucho, y con impaciencia, del documento de la Dirección General de Medio Ambiente sobre las tecnologías medioambientales, que se nos ha prometido para diciembre, porque una de las respuestas a los futuros mercados mundiales son las tecnologías medioambientales. 
Otra cosa que necesitamos es cohesión social. 
Un punto con respecto al cual existe una verdadera línea divisoria en nuestra Asamblea es que algunos creen que desorientando a gran parte de los ciudadanos europeos se puede crear creatividad. 
Los Verdes creemos que la fuerza de Europa reside en su tejido y su cohesión social: debemos preservarlos. 
Otra cosa que debemos mantener y desarrollar es el sector no comercial. 
Está absolutamente claro que el sector comercial se apoya en el no comercial y que Europa está a dos velas en lo que se refiere a una política del sector no comercial en ámbitos como la educación, las infraestructuras y la creatividad. 
Por último, la política en materia de comercio mundial. 
Creo que con la India, China y Rusia vivimos un nuevo momento de la política mundial: en efecto, son países que tienen un nivel de educación muy bueno; por tanto, van a tener ingenieros, y estos estarán durante decenios mucho peor pagados que los nuestros. 
¿Cómo haremos frente a esta realidad en un mundo donde solo vamos a poner por delante la competencia en vez de las cooperaciones? 
– Señor Presidente, celebro los esfuerzos de la Comisión por abordar la necesidad de promover la actividad empresarial en la Unión Europea. 
El Libro Verde sobre el espíritu empresarial en Europa aborda muchas de las cuestiones importantes y señala el camino hacia el crecimiento esencial y la creación de empleo tan necesarios estos días. 
Este es un elemento básico de la estrategia de Lisboa: intentar ser para el año 2010 la región económica basada en el conocimiento más competitiva y más dinámica. 
El índice internacional de empresarios indica claramente que existen carencias en la Unión Europea que es preciso abordar. 
En el Consejo Europeo de la semana pasada se discutió sobre la agenda de Lisboa, y yo en particular acojo con satisfacción las cuestiones principales que se trataron: inversión en capital humano, innovación, investigación y desarrollo, y cualificaciones. 
Como representante público procedente de una de las regiones europeas más periféricas, me ha animado leer en las conclusiones del Consejo que se han reconocido las necesidades especiales de estas regiones. 
Es preciso prestar especial atención a las necesidades de las PYME innovadoras que operan en el ámbito tecnológico, así como a las transferencias de tecnología a regiones periféricas. 
En la nueva sociedad de la información, ser de la periferia no es necesariamente una desventaja. 
Si se instala la infraestructura adecuada, especialmente la banda ancha, y se invierte lo suficiente en impartir formación para adquirir cualificaciones, entonces las regiones como el oeste y el norte de Irlanda pueden competir en igualdad de condiciones con las zonas centrales. 
Tal inversión es crucial para el potencial del crecimiento europeo. 
Si queremos alcanzar nuestros objetivos de Lisboa, debemos centrarnos en movilizar la inversión y establecer las condiciones reglamentarias correctas. 
Hemos de facilitar infraestructuras para la investigación, como parques científicos, innovación industrial, proyectos de investigación y desarrollo, y tecnologías de la información y la comunicación. 
Además, los Estados miembros tendrán que trabajar para cumplir el objetivo del 3% del presupuesto fijado por la Comisión. 
Para concluir, lo que necesitamos es un enfoque común que tenga en cuenta toda una serie de ámbitos políticos. 
Estoy convencido de que el pequeño proyecto local es el que ofrece el mayor potencial y de que nuestro objetivo en especial debe ser la mejora del marco para las pequeñas y medianas empresas. 
– Señor Presidente, señor Comisario, no nos hagamos ilusiones: muchas personas son totalmente conscientes y entienden la importancia de las PYME en Europa, lo mismo que reconocen que los elevados impuestos y la excesiva carga burocrática están ahogando el crecimiento de nuestras empresas. 
Pero cuando se trata de ir al grano, muchos políticos –nacionales y europeos– olvidan lo que se supone que tienen que defender y a final votan a favor de un aumento de los impuestos, una mayor burocracia y disposiciones legales más complejas. 
Esa es una de las principales razones por las que las pequeñas y medianas empresas no están creciendo de la forma que cabría esperar. 
La propuesta de resolución que hoy nos ocupa sobre las reglas de mercado para los trabajadores autónomos constituye un ejemplo vivo de este juego con las cartas marcadas. 
Pretende actuar en defensa de los intereses de los afectados, pero en realidad, busca exactamente el efecto contrario. 
Lo más probable es que esta iniciativa suponga un importante freno tanto para el acceso al mercado como la puesta en marcha de empresas autónomas nuevas y más pequeñas. 
Considero que el aplazamiento de la votación de hoy sobre esta propuesta es un signo positivo de que algunos de nuestros colegas diputados se han percatado de esta hipocresía y están tomando algún tipo de medida en su contra, abogando por unas mejoras auténticas para las pequeñas y medianas empresas. 
Señor Presidente, señor Comisario, la realización de la estrategia de Lisboa de cara a mejorar la competitividad de nuestras empresas es un elemento clave para el relanzamiento de la economía y para preservar el modelo social europeo. 
Alcanzar este objetivo requiere la existencia de un amplio y dinámico tejido empresarial compuesto fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas, ya que estas son las que mejor pueden adaptarse a los desafíos de un entorno en constante proceso de mutación y, en consecuencia, responder a las preocupaciones de los ciudadanos en materia de empleo. 
Para asegurar el mantenimiento de este tejido no basta, sin embargo, con garantizar el buen funcionamiento, por ejemplo, del mercado interior, o con una política comercial que asegure una apertura de los mercados terceros en condiciones de reciprocidad, ni con una política industrial que tenga en cuenta las necesidades específicas de los distintos sectores, por importante que todo esto sea. 
Déjeme, en este sentido, señor Comisario, mostrar mi satisfacción por el anuncio que ha hecho de una próxima comunicación sobre el sector textil y de la confección. 
Además de todos estos aspectos a los que me refería, hay también que incentivar el espíritu empresarial y promover la creación de empresas y de un clima favorable que les permita desarrollarse y crecer; sin empresas no hay tejido empresarial posible. 
De ahí la oportunidad del Libro Verde de la Comisión y del informe Langen, objeto de este debate, por cuyo excelente trabajo también quiero felicitar al ponente. 
Hay que reafirmar, en efecto, la importancia y el valor de las pequeñas y medianas empresas en tanto que pilar básico de la economía europea y propiciar el establecimiento de un entorno que garantice la adecuada formación de los empresarios, estimule la creación de empresas, favorezca su crecimiento, promueva su competitividad y elimine los obstáculos legislativos, administrativos y fiscales que dificultan la actividad empresarial en la línea de lo que muy acertadamente propone el informe Langen. 
De lo contrario, los objetivos de Lisboa, que- no lo olvidemos- deberían conllevar la creación, de aquí al 2010, de 15 millones de puestos de trabajo y una mayor cohesión social, se verán reducidos a meros deseos imposibles de alcanzar. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Unión Europea necesita una política industrial. 
La ampliación la hace más necesaria si cabe y esta política no puede reducirse a la mera política de competencia. 
En efecto, la política de competencia no puede responder por sí sola ni a los desafíos sociales y al riesgo de relocalizaciones brutales a zonas de baja fiscalidad y bajos costes salariales, ni a la ambición de una industria de excelencia e innovación que incorpore un alto nivel de saber hacer y de valor añadido y proporcione numerosos puestos de trabajo de calidad. 
Esta ambición de excelencia debería ser nuestra ambición tanto para los Estados miembros actuales como para los países candidatos. 
Hay que rechazar una especie de fatalismo según el cual Europa estaría abocada a desindustrializarse o a ver cómo las industrias se concentran en los países de la Europa central y oriental. 
A esta visión de renuncia y a la ilusión de una economía europea que solo se mantendría fuerte a condición de que se concentrase en los servicios, pero que perdería muchos lados fuertes tecnológicos, creo que no se puede oponer únicamente el espíritu empresarial, como ha dicho el Sr. Herzog, sino que hay que oponerle auténticas estrategias industriales que la comunicación de la Comisión apenas deja entrever. 
Una auténtica política industrial debe apoyarse en grandes proyectos y en estrategias sostenidas en sectores en los que se combinen, por ejemplo, esfuerzos de investigación y desarrollo y la creación de líderes europeos. 
En particular, suscitando agrupaciones, se podrían crear líderes capaces de actuar a escala mundial y que arrastrasen a todo un sector de PYME generador de empleo. 
Ahora bien, hasta aquí, esto se hace –cuando procede– primero sobre la base de iniciativas intergubernamentales y no comunitarias. 
Se piensa en Airbus, en las industrias de defensa, en Arianespace, cuando hay otros muchos ámbitos –por lo demás, ustedes acaban de mencionar varios– en los que habría que actuar de forma más intensa y enérgica. 
Creo que corresponde a la Comisión tomar iniciativas al respecto, aunque es cierto que hay que reconocerle las competencias para ello. 
Quizá deberíamos tener un comisario de política industrial junto al comisario de la competencia. 
Por último, como ha dicho la Sra. Zrihen, esta política industrial, incluso desde el punto de vista de la competitividad, debe inscribirse en una visión social. 
En este plano, no pueden eludirse cuestiones esenciales. 
Mencionaré la armonización fiscal, las condiciones para la armonización social, en particular tras la ampliación, y la representación de los trabajadores en los grandes grupos europeos, sin la cual no habrá verdadero diálogo social. 
A este respecto, la revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos sigue bloqueada. Sin embargo, fue votada por el Parlamento. 
Mencionaré, por último, la política de formación a lo largo de toda la vida. 
Acabaré en este punto destacando que en nuestras empresas, en nuestros países, es más fácil dar medios de formación a las personas que poseen ya un nivel de cualificación muy alto que a las personas menos cualificadas. 
Por ello, espero que nuestra Asamblea vote por una amplia mayoría a favor del informe de la Sra. Zrihen y que la Comisión tome nota de ello. 
– Señor Presidente, el Sr. Langen ha hecho un gran servicio a las empresas europeas con su informe. 
Tendrá todo mi apoyo, pero lo que necesitamos sobre todo, si queremos que Europa cree un entorno favorable al espíritu empresarial, es un cambio completo de actitud ante el éxito y el fracaso. 
En Norteamérica, el vagabundo que pasa junto a la espléndida mansión del magnate aspira a igualarle. 
En Europa es probable que suelte un comentario insidioso o pida al Gobierno que le obligue a pagar tantos impuestos que tenga que cerrar el negocio. 
La envidia y el menosprecio son el enemigo del éxito y de una economía empresarial satisfactoria. 
En Norteamérica, al empresario que fracasa se le da crédito para intentarlo y ganar experiencia para la próxima vez. 
Ayudarán al quebrado a recuperar su autoestima y a tomar la decisión de volver a intentarlo. 
En Europa se le abandona en un limbo jurídico y financiero. 
Se le ridiculiza y avergüenza, se limitan sus oportunidades para un segundo intento. 
Rara vez la persona innovadora, el inventor o la persona emprendedora posee todos los medios financieros y las aptitudes empresariales necesarias para un éxito completo y duradero. 
Aquí es donde el «business angel» , el consejero amigo, el administrador no ejecutivo resulta esencial. 
Por este motivo me alegra en particular que el apartado 34 del informe del Sr. Langen destaque el papel de los «business angels» (redes locales de inversores privados). 
Por este motivo pido al Parlamento en pleno que apoye la enmienda 7, que expresa nuestra preocupación por la tendencia a perseguir a los administradores no ejecutivos que constituyen un elemento tan básico en una empresa de éxito. 
Seamos comprensivos con los fracasos honrados. 
Animemos a hacer un primer intento, un segundo, la voluntad de seguir intentándolo. 
Elogiemos el éxito y alegrémonos de ver los premios del éxito en nuestros ciudadanos más emprendedores. 
Solo entonces lograremos una verdadera cultura empresarial en Europa. 
– Señor Presidente, en países como India, China, Tailandia y Argentina, el nivel de espíritu empresarial demostrado es realmente notable. 
Por el contrario, en la gran mayoría de los Estados miembros de la UE reina una actitud pesimista con aversión al riesgo como consecuencia de los sombríos datos económicos y las muchas reformas anunciadas, pero no llevadas a la práctica. 
Europa sería más capaz de competir en la esfera internacional si tuviera muchas más empresas de nueva creación, por ejemplo. 
El Sr. Langen ha presentado un excelente análisis del Libro Verde la Comisión y ha propuesto mejoras notables. 
Aprendamos de las buenas prácticas, por ejemplo de Irlanda, que se encuentra a la cabeza del mundo en creación de nuevas empresas, gracias a una burocracia sucinta, un sistema fiscal sencillo y la promoción activa del espíritu empresarial. 
Sin embargo, no sólo debe proporcionarse apoyo para la creación de nuevas empresas. 
Las empresas ya existentes, los artesanos y los negocios familiares también necesitan ser promocionados, un aspecto que el informe sólo toca de refilón. 
Estamos a favor de un plan de acción para promover el espíritu empresarial, que debe presentarse antes de que finalice 2003, con propuesta factibles, un calendario cerrado, y la Carta Europea de las Pequeñas Empresas como elemento integrante. 
Pregunten a un experto, el Presidente de PYME Global, nuestro colega diputado Sr. Rübig. 
Hablemos claro: las empresas necesitan un acceso directo y sin complicaciones a financiación, desde la dotación de capital riesgo hasta préstamos del BEI y el FED. 
Necesitan exenciones fiscales durante todo el período de puesta en marcha y, para cuando surjan problemas más adelante, precisan moratorias fiscales y burocráticas. 
Precisan la necesaria transferencia de innovación y tecnología y, como muy bien ha señalado nuestro amigo, el Sr. Purvis, necesitan la ayuda de los ángeles empresariales. 
Conozco a muchos de ellos. 
También necesitamos apoyo para la creación de redes europeas. 
Ante las crecientes cifras de desempleo, no podemos perder más tiempo. 
Tiene que crearse un marco político en el que las empresas puedan volver a actuar realmente con espíritu empresarial. 
Si tanto los gerentes como los trabajadores tienen perspectivas de futuro claras, estarán dispuestos a aceptar una mayor flexibilidad y movilidad. 
. – Señor Presidente, es tarde y todavía quedan puntos por tratar, así que solo quiero agradecer una vez más a los ponentes, la Sra. Zrihen y el Sr. Langen, su excelente trabajo y también a sus Señorías por sus contribuciones. 
Estudiaremos todo esto detenidamente en el trabajo de seguimiento de la comunicación sobre política industrial y en el plan de acción para el espíritu empresarial. 
Por lo tanto, espero verles de nuevo en esta Asamblea a principios de invierno del año que viene. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11:00 horas. 
. 
Acojo la iniciativa de la Comisión relativa al Libro Verde sobre el espíritu empresarial con especial agrado y felicito al ponente, Sr. Langen, por el trabajo minucioso y coherente que nos ha presentado para su votación. 
Tenemos que dejar bien claro que, si el espíritu empresarial no se desarrolla a un ritmo rápido en la UE, habrá que olvidarse de los objetivos de Lisboa por ahora. 
Solamente con el desarrollo del espíritu empresarial podrá combatirse el azote del desempleo e incrementar la riqueza de la UE en beneficio, sobre todo, de los menos favorecidos. 
Para lograrlo, los gobiernos tienen que simplificar ahora los trámites burocráticos, crear unos sistemas fiscales proclives a las empresas y esforzarse por crear un clima empresarial moderado en el que puedan surgir y desarrollarse nuevas empresas. 
Los bancos tienen que dejar de oprimir a las pequeñas y medianas empresas y han de asumir un papel constructivo de asesores y defensores. 
Por último, la percepción social que ha venido cultivando durante años la ideología de izquierdas, en el sentido de que los beneficios son el demonio y el enemigo de la sociedad, debe abandonarse de forma inmediata y definitiva. 
Se ha de llegar al convencimiento general de que los beneficios significan una recompensa para la persona que realiza un esfuerzo, que asume riesgos, que trabaja día y noche, y que tiene ambición y capacidad para mejorar el mundo. 
El beneficio es la fuerza impulsora que genera el espíritu empresarial y se traduce en el progreso de los individuos, los pueblos y los Estados. 
– Las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel esencial en términos de dinamismo, innovación y empleo en todo el mercado interior europeo. 
Por ello, me complace el reconocimiento creciente y cada vez más visible que nuestro Parlamento concede a estos agentes clave de la economía europea y, en particular, la Comisión de Industria, que ahora no desaprovecha ninguna ocasión para impulsar este fenómeno. 
El informe de mi colega, el Sr. Langen, destaca el papel de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, que ha permitido mejorar concretamente el Libro Verde de la Comisión sobre «El espíritu empresarial en Europa» , entre otras cosas a través de numerosas enmiendas que defendimos con mis colegas del PPE. 
Por último, el espíritu que anima a los creadores de empresas, grandes o pequeñas, se define de forma que sea posible adoptar medidas aptas para simplificar las disposiciones administrativas asociadas tanto a la creación como al funcionamiento de la empresa, a su transmisión y a las desgravaciones fiscales indispensables. 
Sin embargo, queda mucho por hacer, como la elaboración de un pliego de condiciones europeo para las empresas, una mayor representación de las PYME en las instancias de reflexión comunitarias, dispositivos de ayuda a su internacionalización, etc., y espero por supuesto que nuestro trabajo prosiga en este sentido. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0330/2003) de la Sra. Angelilli, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Exteriores, sobre indemnización a las víctimas de delitos. 
Señor Presidente, comisario Vitorino, Señorías, el tema de este informe que estoy a punto de presentar es la propuesta de la Comisión relativa a una Directiva del Consejo sobre indemnización a las víctimas de delitos. 
Esta iniciativa es consecuencia del Libro Verde sobre indemnización a las víctimas de delitos con el que, en septiembre de 2001, la Comisión comenzó a promover el debate de este tema y que, hace un año, fue objeto de un informe, del que tuve el honor de ser la ponente, y también de una resolución del Parlamento. 
En varias ocasiones durante los debates celebrados en esta Cámara sobre la justicia y la lucha contra la delincuencia, se ha puesto de manifiesto que el sistema judicial europeo se concentra de modo casi exclusivo –y yo diría, que bastante acertado– en las penas, los castigos y el control. 
Este sistema se ocupa, sólo de forma secundaria, de la rehabilitación y la reintegración social de los presos y, de forma más general, de una política de prevención de la delincuencia. 
Al final de esta lista, lamento tener que decirlo, se encuentran las víctimas de delitos: ciudadanos inocentes a los que, pese a haber sufrido lesiones, a veces graves, se les niega, con demasiada frecuencia, una protección y una indemnización suficientes. 
Así pues, tenemos que colocar la protección de las víctimas en el lugar central que le corresponde en el debate sobre la justicia. 
El problema que más urge solucionar es la existencia de notables discrepancias entre los sistemas nacionales de indemnización, con diferencias enormes en la cuantía de las indemnizaciones y a los trámites necesarios en cada uno de los Estados miembros. 
Este tipo de situación no puede juzgarse compatible con los principios que sustentan la creación de un único espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Se han hecho grandes progresos a lo largo de este año. 
La Unión Europea ha seleccionado posibles metas a perseguir, ha criticado las dificultades que plantean los diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, ha identificado las distintas clases de necesidades de las víctimas de delitos y ha establecido las medidas comunitarias mínimas que han de llevarse a la práctica. 
El avance más esperado e importante es, sin embargo, el deseo de formular ahora una estrategia legislativa vinculante, a escala comunitario para perseguir activamente los objetivos de la política de Tampere. 
Gracias a esta Directiva, podrá darse un primer paso hacia la armonización de los ordenamientos jurídicos europeos de Derecho penal en lo referente al trato de las víctimas de delitos, garantizándoles, con todo el respeto debido al principio de subsidiariedad, atención suficiente, reconocimiento del apoyo que necesitan y reparación del daño sufrido, aún en el caso en que la persona causante del delito no haya sido identificada, haya desaparecido o se declare insolvente. 
La identificación de unas categorías comunes para definir las víctimas de delitos, los beneficiarios de la indemnización si la víctima ha fallecido y los trámites y formalidades comunes para el pago constituyen, por tanto, el fundamento jurídico mínimo que la Unión Europea tiene que proporcionar para que no vuelva a darse el caso de que la cuantía de la indemnización o la posibilidad de recibirla dependa del lugar de residencia o del sitio donde se cometió el delito. 
Por eso, aunque en líneas generales estoy de acuerdo con todo lo que ha propuesto la Comisión, hemos añadido una descripción más explícita que la contenida en el texto original del tipo de daño por el que debe concederse una indemnización y los plazos fijados para su pago. 
Hemos especificado un umbral mínimo de exclusión de la indemnización; hemos propuesto, al objeto de evitar dificultades lingüísticas, la introducción de fórmulas y traducciones armonizadas, cuando proceda, en un lenguaje que resulte inteligible para la víctima. 
El objetivo prioritario es garantizar el principio fundamental de no discriminación para todos los ciudadanos y residentes legales en la Unión y el deseo de limitar, en la medida de lo posible, los efectos y sufrimientos para las víctimas de daños injustos, que se convierten en víctimas por segunda vez cuando se les niega apoyo por culpa de unos sistemas de indemnización impropios o, a veces, inexistentes. 
Quiero finalizar, señor Presidente, dando las gracias a mis colegas diputados que han contribuido al buen resultado de este trabajo. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, uno de los objetivos primordiales de la Unión Europea es garantizar la libertad de movimiento. 
Pero esa libertad de movimiento sólo se puede practicar si la Unión aprueba todas las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos, especialmente si se convierten en víctimas de un delito, con independencia de su nacionalidad dentro de la UE y también del Estado miembro en el que se haya cometido el delito. 
A los ciudadanos de la Unión Europea les gusta viajar y lo hacen con frecuencia, trabajando en otros Estados miembros y ejerciendo además su derecho a la libertad de movimiento dentro de la UE de muchas otras formas. 
Cualquier ciudadano puede ser víctima de un delito o un atentado terrorista en un Estado miembro diferente al suyo, o en su propio país. 
Hasta ahora, las legislaciones nacionales han discrepado ampliamente, como ha explicado la Sra. Angelilli. 
En otras palabras, dos personas que hayan sido víctimas de un delito en circunstancias muy parecidas, pero en dos Estados miembros diferentes, pueden recibir una indemnización muy dispar por un daño similar, y en un caso extremo, puede que no reciban ninguna indemnización. 
Por eso, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata–Cristianos) y Demócratas Europeos, acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión y agradezco a la Sra. Angelilli su informe, que pretende establecer unas reglas para las víctimas de actos delictivos o atentados terroristas intencionados dentro de la Unión Europea. 
Con la entrada en vigor de esta Directiva, todos los ciudadanos de la UE y todas las personas que sean residentes legales en la UE recibirán una indemnización apropiada si se convierten en víctimas de un delito. 
Esto significa igualmente que cualquiera que sea víctima de un delito dentro de la UE tendrá derecho a acudir a las autoridades de su propio Estado miembro para solicitar ayuda. 
Eso garantiza un acceso más fácil de las víctimas a indemnización, aunque el delito se haya cometido fuera del propio Estado miembro de ese ciudadano. 
Garantiza que las víctimas de delitos disfruten al menos de una protección e indemnización adecuadas, algo que, paradójicamente, todavía no recibe la debida consideración en muchas jurisdicciones y ordenamientos de Derecho penal. 
Estoy convencida de que este informe obtendrá el apoyo de una mayoría importante de la Cámara en la votación de mañana y me alegro de que así sea. 
Señor Presidente, quiero felicitar, en primer lugar, a la ponente, Sra. Angelilli, por el informe que hoy estamos debatiendo. 
El alto grado de consenso alcanzado en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores es sin duda fundamental en una materia tan importante como la que hoy estamos debatiendo, que es la indemnización a las víctimas de los delitos. 
Los sistemas judiciales y penales de los Estados miembros de la Unión Europea no dedican a la víctima del delito la atención adecuada, es más, con frecuencia no prevén para esta una protección e indemnización adecuadas. 
Esta realidad ha hecho que, en los últimos años, criminólogos y responsables de la política penal hayan dedicado una atención particular a la situación de la víctima del delito, en el marco de la infracción penal, y a la protección de sus intereses. 
Considero que el informe que aprobamos en noviembre de 2000, sobre el estatuto de la víctima en el proceso penal, fue el primer paso en esta legislatura para subsanar este problema. 
Esto constituyó un paso importante para conseguir cubrir un inmenso vacío legal, que suponía, en mi opinión, una discriminación para los millones de ciudadanos que libremente circulan por la Unión Europea, sujetos al riesgo de ser víctimas de algún delito, pero que se enfrentan a la existencia de 15 fronteras penales, que, en la práctica, se han mostrado incapaces de proteger sus derechos. 
Celebro que hoy estemos más cerca de poder garantizar la indemnización a la víctima, no sólo para atenuar en la medida de lo posible el daño y los sufrimientos padecidos, sino también para apaciguar el conflicto social producido por el delito y facilitar la aplicación de una política penal racional y correcta. 
Quiero subrayar también que, aunque la reparación o indemnización debería corresponder a la persona que ha cometido el delito, como responsable directa del daño, en la práctica, una indemnización integral por parte del autor del delito raramente se consigue, bien porque este no ha sido identificado, bien porque ha desaparecido o es insolvente. 
Es necesario, como he indicado en las enmiendas que se aprobaron, limitar los efectos injustos que resultan de los diferentes niveles de indemnización actualmente existentes en los Estados miembros y garantizar que los ciudadanos de la Unión Europea perciben una indemnización adecuada por los daños sufridos cuando han sido víctimas de un delito en cualquier parte del territorio de la Unión. 
Este apoyo a la víctima debe comportar dos tipos de medidas que se complementan. 
En primer lugar, la ayuda material, psicológica, sanitaria y social y, en segundo lugar, la reparación de los daños causados, tanto materiales como inmateriales, a la víctima o a las personas que dependan de ella. 
Sin duda, esto supondrá un gran avance, en aras de lograr los objetivos políticos que la Unión Europea asumió en la Cumbre de Tampere y en el Plan de Acción de Viena. 
La creación de un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia y el ejercicio del derecho a la libre circulación no serán posible si la Unión no adopta las medidas necesarias que protejan al ciudadano cuando es víctima de un delito en cualquier parte de su territorio, independientemente de su nacionalidad, y que le indemnicen por los daños sufridos. 
Esta iniciativa de la Comisión Europea y el trabajo del Comisario Vitorino son, en mi opinión, el camino adecuado para conseguirlo. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una vez más tenemos encima de la mesa una medida dirigida a la creación un espacio de libertad, seguridad y justicia, una medida que intenta dar respuesta a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. Es el gran objetivo que nos hemos marcado y que ha de permitir a todos los ciudadanos la protección de su integridad, el acceso a la justicia y la garantía de sus derechos, con independencia del lugar en que se encuentren, y tan fácil como si estuvieran en su propio país. 
Es importante establecer unas normas mínimas para las indemnizaciones estatales, además de mejorar el acceso a esas indemnizaciones en situaciones transfronterizas, creando así una garantía de último recurso para las víctimas que no puedan acceder a una indemnización por cuenta del delincuente o por otros medios. 
Sabemos muy bien que las víctimas a menudo no consiguen obtener una indemnización por parte de los delincuentes, ya sea porque estos carezcan de medios suficientes, porque hayan desaparecido o porque no lleguen a identificarse nunca. 
Queremos evitar que las notables diferencias existentes entre los Estados miembros generen variaciones injustificables en las indemnizaciones a que tienen derecho los ciudadanos, simplemente por haber sido víctimas de un delito en un lugar o en otro de la Unión Europea. Eso resultaría incomprensible, sobre todo a la luz de la existencia de un espacio común de libertad, seguridad y justicia. 
Por consiguiente, acojo con satisfacción esta propuesta de Directiva, así como el informe de la Sra. Angelilli. Esta propuesta no pretende armonizar, sino introducir unas normas mínimas que permitan a aquellos Estados miembros que lo deseen mantener o introducir disposiciones que sean más favorables para las víctimas de tales tragedias. 
En primer lugar, debe aplicarse el principio de territorialidad, de forma que el Estado miembro donde se haya cometido el delito sea responsable de abonar la indemnización. Al mismo tiempo, la víctima debe tener derecho a presentar su solicitud de indemnización a las autoridades de su Estado miembro de residencia, evitando con ello que se convierta en víctima por segunda vez. 
Quiero insistir en la necesidad de respetar los principios de justicia social y de instar a todos los Estados miembros a que indemnicen no sólo a sus propios ciudadanos, sino también a otras víctimas de la violencia cometida dentro de sus fronteras, tales como trabajadores inmigrantes, estudiantes, turistas y demás. 
– Señor Presidente, es verdad que hay pocas cosas que interesen tanto a los ciudadanos como sentirse seguros en el país donde viven o residen. 
No tiene ningún sentido que promovamos la libre circulación de trabajadores por la Unión Europea si nuestros ciudadanos no se sienten protegidos frente al crimen, independientemente del país en el que se hallen. 
Si los ciudadanos de la Unión Europea han de creer en la Unión Europea, y. sinceramente, hoy día algunos no lo hacen, es esencial que confíen en que van a recibir el mismo nivel de protección frente al delito y el mismo tratamiento como víctimas de delitos que esperarían obtener en su propio país. 
Como ya han dicho otros, esta legislación no pretende limitarse a ayudar a alguien que ha tenido la desgracia de ser víctima de un delito, sino intentar garantizar que haya coherencia. 
Ser víctima de un delito ya es bastante malo, pero los problemas de tortura personal y emocional continuarán si no reciben una compensación justa y apropiada. 
Esto es aún más importante cuando sabemos que los sistemas jurídicos varían de un país a otro, y los métodos y las tareas de las diferentes fuerzas policiales y las medidas que adoptan no son las mismas en todos los países. 
Aplaudo esta propuesta. 
Creo que establecerá un organismo central en los propios países de los ciudadanos que recurrirá al Estado cuando se haya producido el delito para obtener una compensación en su nombre. 
No debemos olvidar que los delitos violentos pueden producirse en cualquier lugar, en cualquier país. 
Es correcto y apropiado que hagamos todo lo posible por enderezar el sistema a fin de asegurarnos de que funciona a favor del ciudadano y de la víctima de un delito. 
Señor Presidente, Señorías, antes de nada quiero agradecer a la Sra. Angelilli la gran calidad de su informe y expresar mi satisfacción por el apoyo que esta Cámara ha prestado a esta iniciativa, basada, como todos ustedes saben, Señorías, en el artículo 308 del Tratado, y que goza de un apoyo tan amplio en el Parlamento. 
Acojo con satisfacción las enmiendas a la propuesta de la Sra. Angelilli y comparto el razonamiento subyacente. En relación con estas enmiendas, sólo quiero llamar la atención sobre el hecho de que, a mi entender, el Parlamento debe preservar el espíritu de una iniciativa como esta, basada en unas normas mínimas comunes. 
A mí también me gustaría ser más ambicioso, pero quiero advertir a la Cámara que un exceso de ambición puede hacer que esta iniciativa resulte difícil de aprobar, y yo quisiera que se aprobara lo antes posible. 
Por esta razón, y para no retrasar más las cosas, la Comisión no va a presentar una propuesta modificada, sino que optará por el compromiso de pelear para respetar la intención que subyace en la inmensa mayoría de las enmiendas al proyecto de la Sra. Angelilli, 53 de un total de 77, durante las negociaciones con el Consejo de cara a la aprobación de esta propuesta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11:00 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0326/2003) del Sr. Robert J.E. Evans, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la prevención y represión del tráficos de órganos y tejidos humanos. 
. – Señor Presidente, en los últimos años el progreso científico ha convertido los transplantes de órganos humanos en Europa occidental en un procedimiento médico rutinario con un índice de éxito del 99%. 
Sin embargo, la grave escasez de donantes significa que muchos pacientes siguen muriendo innecesariamente. 
Para combatir esta escasez, por desgracia se ha producido un fenómeno repugnante: el comercio ilícito de órganos humanos. 
Existen varios casos bien documentados de ciudadanos de la Unión Europea que han viajado a países más pobres del mundo en busca de soluciones vitales para sus problemas de salud. 
El llamado «turismo de transplante» , por el que ciudadanos ricos de la Unión Europea, pacientes ricos de la Unión Europea, compran órganos de donantes vivos en países en vías de desarrollo, sigue aumentando y es algo que me parece absolutamente repugnante. 
Reconozco que alguien que se esté muriendo porque le falla el riñón esté desesperado. 
De hecho, esa misma persona es víctima de los fallos del sistema actual. 
Pero no se puede admitir que alguien con dinero pueda comprar una vida mejor para sí mismo a costa de la salud de otra persona. 
Pero no nos confundamos: si bien en muchos casos un donante sano vivo puede quedar bien tras una operación, en muchos otros casos la salud del donante puede verse gravemente afectada. 
En 14 de los 15 países de la Unión Europea ya es ilegal que los ciudadanos compren un órgano de otra persona. 
Por lo tanto, si lo prohibimos en nuestros propios países, ¿por qué va a considerarse aceptable comprar órganos humanos en otros países? 
No permitimos, pongamos por caso, que alguien del sur de Inglaterra vaya a Escocia a comprar un riñón, ni tampoco es legal que un parisino vaya a Marsella para lo mismo. 
Por tanto, ¿por qué va a aceptarse que un europeo vaya a la India o a Pakistán o, de hecho, que un ciudadano de la Unión Europea vaya a Moldova o a Ucrania? 
Sé que esta noche puede haber un gran consenso en torno a este debate, pero también sé que existen puntos de vista alternativos en mi país y, ciertamente, en otras partes. 
Además, muchos de nosotros hemos leído informes en los medios de comunicación internacionales sobre supuestos grupos de delincuentes que trafican y asesinan, e incluso hay supuestos o acusaciones de que se crían niños para después extraerles sus órganos. 
El sistema de Schengen, que aplaudimos, facilita sin embargo la libre circulación de los grupos de delincuentes por la Unión Europea, donde pueden sacar provecho de las diferencias jurídicas entre los Estados miembros. 
La celebrada adhesión de los nuevos Estados miembros a la Unión Europea permitirá abordar cuestiones transfronterizas como el tráfico ilícito con más eficacia. 
No obstante, si la zona de libre circulación se amplía, es fundamental que haya normas comunes como estas a fin de garantizar que los grupos de delincuentes no puedan seguir explotando las diferencias entre las leyes de los Estados miembros en beneficio propio. 
Mi informe también exhorta a la Comisión a evaluar la viabilidad de una amplia Directiva de la Unión Europea que regule el uso legal de órganos para transplantes, incluida una base de datos de órganos disponibles legalmente y la creación de una base de datos de toda la Unión Europea de pacientes que precisen un transplante de órganos. 
Los Estados miembros también pueden plantearse la posibilidad de sustituir la práctica actual por la que los ciudadanos optan por donar sus órganos cuando mueran por una práctica que destinara sus órganos a transplantes médicos, a menos que lo hayan rechazado expresamente. 
Sin duda alguna insistiré al Gobierno británico para que estudie esta posibilidad. 
La propuesta griega que tenemos hoy sobre la mesa expone definiciones comunes de delitos que deben incluirse en el ámbito del tráfico de órganos humanos. 
Establece una pena mínima de diez años de cárcel para los delitos cometidos en circunstancias agravantes e introduce un elemento de extraterritorialidad, por el que se considera que las personas que intentan adquirir órganos de ciudadanos de terceros países, incluso de fuera de la Unión Europea, cometen un delito con arreglo a la ley de la Unión Europea. 
Apoyo los objetivos principales y los principios de la propuesta griega. Sin embargo, propongo algunos cambios. 
Quiero añadir al título las palabras «partes de órganos y tejidos» , eliminando así toda posible ambigüedad. 
Además, añadiendo la palabra «ilegal» se elimina toda posibilidad de que los fines médicos legítimos se vean negativamente afectados. 
Si el título se modifica para especificar que la propuesta solo concierne al tráfico ilegal, entonces también habría que incluir en la propuesta los órganos reproductores y embrionarios y los tejidos y la sangre. 
Además, no creo que los donantes vivos deban considerarse penalmente responsables. 
No parece apropiado que la Unión Europea criminalice a un donante que, en la mayoría de los casos, ha sido convencido o sometido a coacción por redes delictivas con la esperanza de escapar de su extrema pobreza. 
Con estas observaciones y las enmiendas propuestas que he presentado, recomiendo este informe a sus Señorías y espero que tantos de ustedes como sea posible puedan mañana dar su apoyo a este informe. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Evans por su exhaustivo informe sobre una cuestión tan delicada. 
La Comisión comparte la opinión del ponente de que el tráfico de órganos y tejidos humanos constituye una grave violación de derechos fundamentales y en particular de la dignidad humana y la integridad física. 
La prevención y el control del tráfico de órganos humanos es una cuestión muy compleja, tanto ética como técnicamente, y exige un estudio y un debate profundos. 
Considero que su contribución a este debate ha sido crucial. 
Quiero felicitarle no solo por el informe, sino también por el hecho de que este debate contribuirá definitivamente a aclarar algunos de los elementos básicos de esta iniciativa emprendida por el Gobierno griego. 
En primer lugar, la exención de responsabilidad del donante; en segundo lugar, la inclusión de una referencia a la comisión deliberada de los delitos; y en tercer lugar, que es preciso dejar claro que la ganancia financiera también comprende toda ventaja similar y que ciertos tipos de pago son aceptables. 
Pero quiero llamar su atención sobre la necesidad de reflexionar más sobre dos cuestiones específicas. 
Observo que se ha propuesto borrar la lista de partes del cuerpo exentas de la aplicación de la iniciativa del texto original. 
Me parece que es una cuestión que merece ser estudiada, en particular porque se aplican exclusiones similares al amparo del protocolo del Consejo de Europa en relación con el transporte de órganos y tejidos de origen humano. 
La exclusión de ciertas partes del cuerpo sigue siendo objeto de debate y la Comisión hará un seguimiento muy detenido de esta cuestión en el debate en curso. 
También me parece que algunos de los textos propuestos en relación con la cuestión de la jurisdicción, en particular la jurisdicción compartida, podría abordarse mejor en el contexto de una iniciativa horizontal. 
Con respecto al contexto más amplio de esta iniciativa, me parece que el informe solicita, tal y como acaba de decir el ponente, más acción con respecto al uso jurídico de órganos para el transplante, especialmente la escasez de órganos. 
La Comisión está de acuerdo en que la escasez de órganos es un gran obstáculo, y me alegro de informarles de que mi colega David Byrne está actualmente recopilando información sobre la base de un estudio reciente relativo a la situación actual de los transplantes de órganos en los Estados miembros, los países a punto de entrar en la Unión y los países candidatos. 
Una vez concluido, la Comisión podrá evaluar si se considera necesaria otra iniciativa para valorar la base jurídica y el alcance de esta propuesta. 
– Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al Sr. Robert Evans por su informe. 
Ha abordado un asunto muy importante y las actividades de las bandas criminales dedicadas al tráfico de órganos humanos constituyen uno de los peores ejemplos de delincuencia organizada. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor apoya la iniciativa griega, y hemos planteado una serie de puntos adicionales, la mayoría de los cuales han sido aceptados por la comisión encargada. 
Nuestra preocupación primordial es dejar aún más clara la repercusión que puede tener para la salud pública la propuesta de la Presidencia griega. 
En segundo lugar, creemos que existe en este contexto una relación con la legislación que estamos negociando actualmente con la Comisión y el Consejo, y que trata de la cuestión de la calidad y la seguridad de las células y los tejidos. 
En esta caso también, el Parlamento votó por amplia mayoría que se rechazara todo comercio de células y tejido no modificados. 
A diferencia de la Comisión y del Consejo, creemos que existe también un fundamento jurídico en ese caso, por lo que podemos debatirlo, en parte, en el procedimiento de codecisión. 
La Comisión ha vuelto a dejarlo muy claro. 
Estoy de acuerdo con el ponente y no comparto la opinión del Comisario en lo referente a las excepciones. 
No debemos permitir ninguna excepción en este texto. 
Por cuestión de principios, todo tipo de comercio con células y tejidos debe estar penalizado por la ley. 
Sin embargo, necesitamos unas disposiciones más precisas en este ámbito, y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ya presentó una moción que, desafortunadamente, fue rechazada por la comisión encargada. 
No obstante, mañana la vamos a presentar de nuevo a votación en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Cristiano–Demócratas) y Demócratas Europeos. 
Nos gustaría establecer una distinción clara. 
Creemos que siempre que exista de por medio un beneficio económico, el comercio de órganos y células y tejidos no modificados deber estar prohibido. 
Sin embargo, subrayo la expresión «células y tejidos no modificados» , ya que si se producen medicamentos a partir de células y tejidos, la industria tendrá que recuperar las inversiones realizadas en el desarrollo de dichos medicamentos, razón por la cual tenemos que ofrecerles la oportunidad de vender esos productos. 
Por tanto, les pido que apoyen la enmienda 49 presentada por el grupo del Partido Popular Europeo (Cristiano–Demócratas) y Demócratas Europeos en aras de clarificación. 
– Señor Presidente, el comercio despreciable e ilegal de órganos humanos merece nuestros esfuerzos por abordarlo. 
En su informe, el Sr. Evans lo hace y añade cuestiones útiles que complementan a las planteadas por el Consejo en la propuesta inicial. 
Sin embargo, junto con mi colega el Sr. Liese, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, he presentado enmiendas suplementarias con vistas a aclarar el texto. La más importante se refiere a las penas. 
Nos ha parecido necesario enviar el mensaje correcto a los traficantes y a los donantes. 
Por este motivo, hemos propuesto que se restablezca la letra d) del apartado 2 del artículo 2. Este apartado establece que es un delito punible recibir o pedir dinero por la extracción de órganos. 
Mi comisión eliminó esta propuesta, pero me parece que debería incluirse en el texto para desalentar la donación de órganos no regulada siempre que sea posible. 
A fin de evitar penalizar a quienes ya han sufrido bastante a través de la donación de órganos para su explotación, hemos propuesto insertar una disposición según la cual las penas pueden reducirse en ciertas circunstancias. 
Los delincuentes organizados no deberían aprovecharse de personas ingenuas u oportunistas para crear un mercado de órganos poco seguros y no regulados. 
Es mucho más preferible fomentar la donación de órganos legal y legítima. 
Por este motivo, quiero subrayar la importancia de la donación de órganos voluntaria. 
La causa subyacente al tráfico de órganos es una falta de órganos disponibles. 
Solamente en el Reino Unido, esta noche hay 5 700 personas esperando un transplante, pero cada año se realizan menos de 3 000 transplantes. 
El año pasado, cerca de 400 personas murieron en el Reino Unido en espera de un transplante. 
La ofensiva en la Unión Europea contra el tráfico de órganos debe ser paralela a campañas informativas sobre la donación de células y tejidos de órganos a escala europea. 
Debemos animar a los ciudadanos europeos a inscribirse en planes de donantes nacionales y a expresar sus deseos a sus familias o representantes legales. 
Durante muchos años he llevado mi carné de donante. 
Apoyo activamente la campaña de donantes de órganos del sistema nacional de salud. Animo a otros a apoyar campañas similares en sus Estados miembros. 
Es un terreno en el que podemos cooperar unos con otros para lograr el resultado más importante, el de salvar muchas vidas. 
Señor Presidente, creo que la iniciativa del Gobierno griego de presentar un propuesta sobre la prevención y represión del tráfico de órganos humanos es muy importante si queremos combatir este escándalo de tráfico en los bazares con órganos humanos y, sobre todo, erradicar las actividades de las redes internacionales de crimen organizado que se dedican a secuestrar y asesinar, especialmente niños, para vender sus órganos. 
Pienso que el informe elaborado por el Sr. Evans, además de apoyar los objetivos básicos de la propuesta griega, los amplía y proporciona válvulas de seguridad para no desalentar a los donantes. 
Todos sabemos que en los últimos años ha disminuido el número de trasplantes realizados en la Unión Europea. 
En Grecia, el plazo medio de espera para recibir un trasplante de riñón es superior a los 8 años. 
El problema más acuciante afecta principalmente a los trasplantes de hígado y corazón. 
En estos casos, sabemos que muchos pacientes fallecen a la espera de un trasplante. 
Esta situación, lógicamente, es aprovechada por el crimen organizado, que ofrece una solución que pasa por el turismo de trasplante y las negociaciones con complejas redes de tráfico. 
Es un secreto a voces que los mayores bazares de órganos operan en la India, Brasil, Sudáfrica, China y el Pakistán. 
Sin embargo, también están apareciendo fenómenos notables de especulación y violación de la dignidad humana en la Unión Europea y en los países candidatos, que aprovechan las dificultades económicas de los grupos más desfavorecidos para que prosperen las actividades ilegales y repugnantes de oscuras redes. 
Además, hay que tener muy en cuenta la repercusión que todo ello tiene en la salud pública, como pone de manifiesto la oportuna enmienda. 
Estoy también de acuerdo con la enmienda del Parlamento Europeo en el sentido de que el tráfico afecta asimismo al derecho de los ciudadanos a la igualdad de acceso a los servicios sanitarios y debilita la confianza en el sistema legal de trasplantes. 
Necesitamos, sin lugar a dudas, una postura común de la Unión Europea respecto a la armonización del Derecho penal, que varía de un Estado miembro a otro, a las sanciones estrictas y a la cooperación internacional para combatir el repugnante fenómeno del tráfico de órganos humanos. 
Pero al mismo tiempo tenemos que adoptar medidas para informar y sensibilizar a la opinión pública. 
Seguro que no existiría comercio ilegal de órganos humanos si un número mayor de ciudadanos estuviera dispuesto a donar sus órganos y tejidos una vez muertos. 
Por eso son necesarias las campañas de información a escala nacional y europea para convencer a los ciudadanos de hacerse donantes y comunicar ese deseo a sus familiares y allegados con suficiente antelación. 
La aprobación de una Directiva comunitaria creará el marco legal adecuado para dar un nuevo enfoque al problema de las miles de personas que se mantienen a la espera de un trasplante de órganos. 
Señor Presidente, Señorías, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Sr. Evans por su informe. 
Creo que se trata de una iniciativa importante de la Presidencia griega, como ya han manifestado algunos de los diputados que me han precedido. 
La escasez de donantes es una parte importante del problema. 
En mi país, por ejemplo, hay escasez de donantes de órganos desde hace veinte años. 
Además, no todos los donantes son válidos. 
En la mayoría de los casos, tiene que producirse la muerte cerebral del donante, pero el corazón tiene que seguir latiendo. 
En consecuencia, muchos donantes no sirven. 
Durante mucho tiempo, las víctimas de accidentes de tráfico han sido, y siguen siendo, una fuente de donantes, pero su número está disminuyendo, lo que no hace sino agudizar el problema. 
Pero eso no debe conducir jamás al comercio ilegal de órganos humanos. 
El tráfico de seres humanos, incluidos mujeres y niños, con la intención de extraerles los órganos es demasiado horrible para expresarlo con palabras. 
Siempre son personas pobres y desvalidas de países pobres, pero también de China y la India. 
Algunas de ellas aceptan la extirpación de órganos con la esperanza de poder mejorar su existencia, mientras que de otras simplemente se aprovechan. 
Es muy conveniente que esta situación se regule. 
En este contexto, es una verdadera desgracia que la Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina de 1997, que entró en vigor en 1999, sólo haya sido ratificada hasta el momento por Dinamarca, España y Portugal. 
Mi país debe tomarse esto muy en serio. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas opina que la única forma de proteger la dignidad humana es formulando una estrategia coordinada y específica para poner fin al comercio ilegal de órganos. 
Esperamos que esta propuesta contribuya a ese fin. 
Y por todas estas razones estamos a favor de la propuesta. 
Señor Presidente, el transplante de órganos, partes de órganos, tejidos y células puede salvar vidas y constituye un método importante para el tratamiento de muy diferentes trastornos y enfermedades. 
En el futuro, el transplante de células, por ejemplo, jugará un papel cada vez más importante en la medicina normal. 
El trasplante de células madre adultas es un ejemplo que viene al caso. 
Pero existen dos aspectos que la Unión Europea debe regular en este contexto. 
El primero de ellos es la garantía de calidad y seguridad de las donaciones y trasplantes, y el segundo es la prevención del comercio de órganos, tejidos y células. 
El primero está siendo objeto de estudio en el informe Liese, el segundo en el informe que hoy nos ocupa y que, en resumidas cuentas, merece nuestro apoyo incondicional. 
Es bueno poner coto a estas prácticas inmorales. 
Es bueno que el informe exija que se dedique más atención a promover la donación voluntaria. 
Pero no podemos apoyar el informe en un aspecto: consideramos también punible –tal como, de hecho, se dice en la iniciativa griega– el ofrecimiento y la aceptación de dinero a cambio de órganos, tejidos o células. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11:00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre la situación en Bolivia. 
. Señor Presidente, la Comisión ha seguido muy de cerca y con creciente interés los dramáticos y trágicos sucesos que sacudieron Bolivia la semana pasada. 
Deploramos el hecho de que murieran 80 personas y de que hubiera cientos de heridos en los violentos enfrentamientos en El Alto, La Paz y otras ciudades, y aprovecho esta oportunidad para expresar mis condolencias a las familias afectadas. 
Tenemos la firme esperanza de que los responsables de las muertes y lesiones no queden impunes. 
Lamentamos la cadena de acontecimientos que condujeron el viernes pasado a la dimisión del ex presidente González Sánchez de Lozada, elegido democráticamente. 
Sin embargo, celebro la transición ordenada que ha desembocado en la asunción de la presidencia de la República de Bolivia por parte del Vicepresidente Carlos Mesa Gisbert, en cumplimiento de las disposiciones de su constitución. 
Mi colega, Chris Patten, hizo una declaración el lunes deseando al Presidente Mesa un gran éxito en un momento que todos estamos de acuerdo en considerar especialmente crucial en la historia de Bolivia. 
La Comisión ha pedido a todos los bolivianos que colaboren con espíritu abierto y constructivo para encontrar soluciones consensuadas a muchos de los desafíos que afronta su país. 
Nos comprometemos absolutamente a prestar ayuda a las autoridades bolivianas durante el período de la transición. 
Los últimos acontecimientos han resaltado la necesidad de adoptar medidas para garantizar la participación eficaz de los ciudadanos de Bolivia en una gobernanza democrática y constitucional. 
En este contexto, la Comisión ya está lista para dedicar recursos, basándose en su larga tradición de cooperación con Bolivia, a fin de apoyar medidas que puedan mejorar la capacidad de los agentes clave para prevenir y controlar el conflicto en este complejo y dividido país. 
Antes de la escalada de la crisis durante el mes pasado, de hecho la Comisión ya mostró su preocupación por la posibilidad de que surgieran más brotes del grave y violento conflicto que sufre Bolivia tras los acontecimientos del 12 y 13 de febrero de 2003, cuando la policía provocó disturbios en respuesta a las propuestas presupuestarias del ex presidente y los consiguientes choques arrojaron un resultado de 33 personas muertas y casi 200 heridos. 
Haciendo uso de su mecanismo de reacción rápida, la Comisión lanzó una misión de evaluación del conflicto, que concluyó su trabajo de campo a finales de junio de 2003. 
En consecuencia, estamos pensando en recurrir a la línea presupuestaria del mecanismo de reacción rápida, hasta 1 millón de euros, y en estudiar ideas y propuestas de medidas concretas a corto plazo en relación con la prevención y el control de conflictos, que esperamos debatir pronto en estrecha coordinación con el nuevo Gobierno del Presidente Carlos Mesa. 
Estamos especialmente interesados en apoyar medidas que pudieran fortalecer la capacidad del Congreso y el Senado a fin de responder con eficacia a las numerosas y a menudo polémicas demandas de ciudadanos bolivianos antes de que se vuelvan incontrolables y desemboquen en más episodios de conflictos violentos. 
La Comisión también quiere estudiar con el nuevo Gobierno la posibilidad de reorientar una parte limitada de estos fondos que aún no se han asignado, procedentes de nuestro sobre de documentos de estrategia nacional para 2000-2006 a un programa a más largo plazo, centrado explícitamente en la prevención de conflictos. 
Los últimos acontecimientos y su dramático desenlace demuestran la necesidad de que la Unión Europea siga fortaleciendo su arraigada cooperación con Bolivia para promover el respeto y la confianza en los principios democráticos, para contribuir a la recuperación económica desesperadamente necesaria y para apoyar los esfuerzos de Bolivia por mitigar la pobreza y eliminar la exclusión social. 
Señor Presidente, ante los graves hechos que se han producido en Bolivia, creo que no habría nada más peligroso que enfocarlos desde una perspectiva simplista o demagógica, lo cual nos llevaría a cometer graves errores de interpretación. 
Creo que para enfocar este problema de forma correcta, habría que partir de dos premisas: en primer lugar una situación de desigualdad, de exclusión social y de pobreza lacerantes. 
No olvidemos que Bolivia es el país más pobre de América del Sur, con una democracia inacabada, imperfecta, lejos de lo que debe ser una democracia efectiva y funcional, y tampoco hay que olvidar, señor Presidente, la larga tradición de golpes militares en ese país. 
Estos datos, entre otros, crean un caldo de cultivo muy favorable para la aparición de populismos sustentados en la frustración social, que han sido muy bien descritos por alguien tan poco sospechoso como el escritor- y en algún momento de su vida, político- Mario Vargas Llosa, después de las frustradas privatizaciones en la ciudad peruana de Arequipa. 
El hecho cierto es que- como nos recuerda también Vargas Llosa- se está produciendo una especie de renacimiento del populismo, como consecuencia del fracaso de ciertas reformas de apertura y privatización, presentadas en algunos casos de forma falaz como neoliberales, y la alternativa no es otra que el viejo modelo nacionalista y estatista de desarrollo hacia dentro, al que- junto a las dictaduras- deben estos países parte de su marginación y de su miseria. 
Por eso es importante, señor Presidente, en mi opinión, ser capaz de distinguir, pues muchos piensan estar dando una batalla contra la corrupción y por la justicia pero, en realidad, se puede estar librando también una batalla en favor de más atraso y más pobreza. 
Eso es lo que pasaba precisamente en Arequipa y aunque los dos supuestos no son exactamente iguales, hay consecuencias de ese fenómeno peruano que quizás podrían explicar, aplicarse o extrapolarse a la experiencia boliviana. 
Hay dos elementos preocupantes en la situación: uno son los tres meses que el líder de la oposición y cultivador cocalero, Evo Morales, les ha dado para la resolución de la situación en el país, y el otro, la celebración de un referéndum sobre la privatización o la venta del gas. 
Yo creo que la Unión Europea, como decía muy bien el señor Comisario, tiene que hacer un llamamiento a la moderación y a la cordura, de modo que se dé paso a un diálogo constructivo entre todos que permita generar un clima de confianza y entendimiento. 
Creo también, señor Presidente, que debemos reiterar nuestro firme y decidido apoyo al sistema democrático, al Estado de Derecho y al orden constitucional y expresar nuestras condolencias también- como ha hecho la Comisión- al pueblo y al Gobierno de la República de Bolivia, por la pérdida de vidas humanas. 
Pedimos también en la resolución de compromiso, el envío de una delegación de este Parlamento a la República de Bolivia para analizar la situación sobre el terreno y subrayar la necesidad de incrementar los esfuerzos de reconstrucción física, política, social y económica del país para hacer posible la gobernabilidad. 
Valoramos positivamente los esfuerzos que ha anunciado la Comisión, pero creemos que esos esfuerzos tienen que incrementarse en la medida en que la movilización de una cantidad de un millón de euros es absolutamente insuficiente, habida cuenta de la situación de pobreza que atraviesa ese país y pensamos que los fondos que ha pedido este Parlamento, y que están inscritos en el presupuesto de la Unión Europea para el año 2004, para constituir un fondo de solidaridad regional, podrían ser un instrumento muy útil para hacer frente a crisis como las que tan lamentablemente ha vivido estos días Bolivia. 
Señor Presidente, el 17 de octubre pasado, el Consejo Europeo de Bruselas incluyó en sus conclusiones una declaración sobre Bolivia, que constaba de cuatro puntos. 
En esa declaración se decía, entre otras cosas, que el Consejo Europeo reiteraba su apoyo al Gobierno de Bolivia, elegido democráticamente, en sus esfuerzos por encontrar una solución pacífica y constitucional a la crisis actual, y añadía que el Consejo Europeo hacía un llamamiento a las fuerzas políticas, sociales y económicas de Bolivia para que renunciaran a la violencia y entablaran un diálogo responsable y constructivo con el Gobierno de Bolivia. 
Esto se decía en el momento en el que, como ha reconocido el propio Comisario, Sr. Vitorino, el Gobierno de Bolivia había sido responsable de la muerte de más de 80 ciudadanos y de lesiones a cientos de personas y daños materiales a sus pertenencias. 
En aquellos días yo leía con vergüenza que la Unión Europea, junto con el Gobierno de los Estados Unidos, era uno de los pocos apoyos que le quedaban al Presidente que actuaba de esta forma tan irresponsable, después de haber tratado de enajenar los escasos recursos naturales del país. 
La pregunta que yo le hago a la Presidencia, representada por la Comisión en este momento, y a la que no sé si podrá responderme, es qué tipo de información tenía el Consejo Europeo al adoptar esta declaración, cuando ese mismo día, sin que todavía se hubieran podido traducir al castellano las declaraciones del Consejo, el Presidente de Bolivia estaba presentando su carta de dimisión al Congreso Nacional Boliviano. 
¿Qué tipo de representación tenemos? 
¿Es que no hay comunicación entre la Comisión y el Consejo? 
¿Es que la Comisión no sabía lo que pasaba? 
¿Cómo adoptó el Consejo esta declaración sin contar con la Comisión? 
Es decir, no se puede actuar de una manera tan irresponsable, porque la Unión Europea, en este caso, ha hecho el ridículo. 
Ha hecho el ridículo ante la opinión pública y- repito- me daba vergüenza leer en los periódicos que estábamos, junto con el Gobierno estadounidense, apoyando esta declaración. 
Pero los estadounidenses fueron más inteligentes, porque, cuando vieron que la cosa estaba mal, antes del 17 de octubre, le dijeron a Sánchez de Lozada que se fuera. 
Señor Presidente, perdón por el exabrupto, pero realmente la indignación que siento en este momento es bastante grande, porque es inadmisible que nuestra Unión estuviera apoyando este tipo de política. 
Quiero añadir que estoy de acuerdo con el Sr. Salafranca en que es el momento de serenarse, de apoyar al nuevo Gobierno de Bolivia, de hacer todo lo posible por que este Gobierno salga adelante, y le agradezco al Sr. Comisario la información que me da sobre las ayudas de emergencia. 
Ahora bien, creo que no bastará con las ayudas de emergencia. 
Bolivia es el país más pobre de América del Sur. 
Hay millones de campesinos que viven en situación de miseria. 
Hay una situación realmente lamentable y creo que a este país hay que ayudarle de una manera muy especial, evitando caer en los errores del pasado. 
No podemos robarle a esta pobre gente el único recurso natural que le queda, después de habernos llevado de Bolivia primero la plata y luego el estaño. 
Señor Presidente, la verdad es que la Unión Europea se ha caracterizado, casi siempre, en su relación con América Latina por una actitud favorable a la solución pacífica y negociada de todo tipo de conflictos, así como por procurar que las relaciones comerciales, sociales y políticas tengan especial cuidado con el respeto a los derechos humanos y la eliminación de la pobreza y de las desigualdades. 
Por eso, el reciente conflicto surgido en Bolivia revela todos los aspectos que caracterizan esta situación. 
Se puede establecer una relación directa entre la intervención abusiva e inaceptable de los Estados Unidos, con su injerencia en la pasada campaña electoral a favor de Sánchez de Lozada y en contra de Evo Morales, y la posterior entrega vergonzante de gas boliviano a los norteamericanos, arruinando aún más al país más pobre de América. 
Nuestra resolución común trata de intervenir positivamente, reforzando la democracia, defendiendo el derecho del pueblo a sus propios recursos energéticos y condenando el recurso a la violencia excesiva por parte del Gobierno anterior contra los manifestantes. 
Nuestro Grupo también critica al Consejo por esas declaraciones- a las que también ha aludido el Sr. Medina- y propone tres enmiendas que- pensamos- mejoran el propio texto común. 
En primer lugar, se reclama del Presidente dimitido que responda ante la justicia boliviana por los delitos que haya podido cometer en el ejercicio de su mandato. 
Por otra parte, pensamos que la Unión Europea y sus Estados miembros deberían actuar coordinadamente en las instituciones financieras internacionales para resolver el grave problema de la deuda externa boliviana. 
También pensamos que hay que reclamar a las autoridades que den información a las familias de las personas desaparecidas y que se libere rápidamente a los que hayan sido detenidos de forma abusiva. 
Y, por último, creemos que conviene dirigirse a la Organización de Estados Americanos para que se tomen medidas para proteger la vida de los dirigentes sociales amenazados, como el propio Evo Morales. 
He recibido 5 propuestas de resolución sobre este tema de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento. (1) 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11:00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0341/2003) de la Sra. Stihler, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre las medidas para la recuperación de poblaciones de bacalao [COM (2003) 130 – 2003/2104 (INI) ]. 
. – Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, permítanme comenzar dando las gracias a la Sra. Stihler por su informe. 
El lunes, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) publicó su nueva recomendación científica para 2004 y se ha visto obligado, lamentablemente, a confirmar el estado desastroso en que se encuentran las poblaciones de bacalao, incluidas las aguas del oeste de Escocia, el Canal de la Mancha oriental, el Skagerrak y el Kattegat. 
El CIEM ha aconsejado suspender la pesca de esas cuatro poblaciones. 
Eso nos plantea, por supuesto, un gran dilema. 
¿Está justificado que basemos nuestra decisión únicamente en el argumento del CIEM a favor de la recuperación de las poblaciones, lo que se traduciría en tener que prohibir no solo la pesca del bacalao, sino también de muchos otros peces, y llegado el momento, y en miles de pescadores sumidos en el olvido? 
¿O podríamos encontrar una salida mejorando nuestros planes para la recuperación de las poblaciones, de manera que, aunque estas se recuperasen más lentamente y siguieran existiendo algunos elementos de incertidumbre, sería menor el número de pescadores obligados a abandonar su profesión? 
Es una decisión ciertamente difícil, pero es una decisión que tendremos que adoptar antes de poder aprobar cualquier tipo de plan para la recuperación de las poblaciones de bacalao. 
El informe que hoy nos ocupa tiene un carácter general y constituye una buena base para un plan de recuperación de las poblaciones de bacalao que nos asegure la posibilidad de volver a unas condiciones normales de gestión. 
Comienza por identificar el límite inferior, por debajo del cual los científicos consideran que una población está en peligro de extinción. 
El plan contiene formulas para calcular los totales aceptables de capturas (TAC) sobre la base de las estimaciones científicas de las poblaciones actuales. 
Si la población es mayor que el límite superior, los TAC se fijarán de forma que la población pueda aumentar un 30% durante el año siguiente. 
Se imponen a los Estados miembros limitaciones sobre el esfuerzo pesquero, en proporción a su participación en el total de capturas permitidas de bacalao. 
Establece asimismo medidas para mejorar la inspección y el control de los buques cuyas actividades pesqueras estén sujetas al sistema de gestión; con disposiciones relativas a la notificación previa y el requisito de desembarcar el bacalao en los puertos designados. 
Señor Presidente: la cuestión de la recuperación de la población de bacalao es importante, pues afecta no solo a mi país, Escocia, sino también al resto del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. 
La semana pasada, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) nos advirtió de que la población de alevines de bacalao del Mar del Norte observada a principios de 2003 se encontraba en su nivel más bajo de los últimos 20 años. 
A todos nos preocupa que se repita lo que sucedió en Terranova, adonde el bacalao nunca ha regresado, y el consejo del CIEM es escueto: «Estas poblaciones de bacalao se encuentran a un nivel tan bajo que debemos recomendar la suspensión total de las capturas como última medida de defensa». 
La suspensión de las capturas significa no pescar en el Mar del Norte. 
La propuesta de la Comisión establece una serie de medidas que, de aplicarse, permitirán según ella la recuperación de esta valiosa población en un plazo de cinco a diez años. 
La Comisión no es la única que propone este objetivo. 
La propuesta de la Federación de Pescadores Escoceses para la recuperación del bacalao publicada ayer señalaba asimismo que: «la recuperación del bacalao en su nivel de abundancia histórico sigue siendo un importante objetivo de los pescadores, ya que el restablecimiento de la pesca del bacalao transformaría la economía de toda la pesca demersal». 
La propuesta de la Comisión pretende lograr una población de tamaño mínimo absoluto, establece directrices para la fijación de los totales admisibles de captura (TAC) , introduce un límite de pesca basado en kilovatios por día y aborda la cuestión del seguimiento, inspección y control de la gestión de la pesca. 
En mi calidad de ponente he intentado decir a la Comisión que es necesario hacer todo lo posible por asegurar la recuperación de las poblaciones. 
No podemos utilizar un enfoque uniforme para todas las zonas comprendidas en el plan. 
Necesitamos un enfoque flexible basado en evaluaciones científicas que permita que continúe la captura de otras especies. 
En las zonas en que pueda demostrarse que la pesca de otras especies no afecta negativamente a la recuperación del bacalao, dicha pesca debe continuar, y es necesario investigar plenamente la idea de la gestión espacial. 
En materia de investigación, debemos considerar atentamente la interacción entre el bacalao y otras especies de peces comerciales, como el eglefino y la pescadilla. 
En estas prácticas deben participar tanto los pescadores como los científicos. 
El impacto de la pesca industrial requiere asimismo una minuciosa investigación. 
Constantemente recibimos mensajes contradictorios a este respecto y necesitamos claridad. 
Los consejos consultivos regionales son cruciales para el futuro de una política de pesca sostenible de la UE. 
Si queremos alcanzar nuestros objetivos en materia de recuperación del bacalao, debemos colaborar con los pescadores. 
Me complace que la propuesta de la Comisión presentada esta semana establezca un programa para la creación de estos consejos consultivos regional y su forma de trabajo; dos tercios de los miembros de estas nuevas organizaciones provendrán de quienes trabajan en el sector pesquero. 
Espero que podamos mejorar el diálogo y la cooperación entre todas las partes interesadas a fin de garantizar un futuro sostenible para este sector. 
Por lo que se refiere al impacto socioeconómico de estas medidas, la propuesta de la Comisión no va suficientemente lejos. 
Algunas de las comunidades afectadas más directamente se encuentran en zonas apartadas realmente en la periferia de la Unión Europea. 
El Parlamento ya ha reconocido la importancia de las cuestiones socioeconómicas en su resolución de marzo de 2003. 
Para ser justos, hay que decir que lo mismo han hecho los Estados miembros. 
El ejecutivo escocés ha concedido 50 millones de libras, de las cuales 40 millones están destinadas al desguace y 10 millones a paliar el efecto socioeconómico directo. 
Sin embargo, debemos tener muy claro que corresponde a las autoridades nacionales y regionales aprovechar las posibilidades existentes para ayudar a este sector en estos tiempos difíciles. 
Me gustaría que los Estados miembros llevaran a cabo evaluaciones del impacto socioeconómico que tendrá el plan de recuperación. 
Con estos informes podríamos evaluar los problemas y reducir los posibles efectos negativos. 
Me gustaría que los Estados miembros las tuvieran listas un año después de la aplicación de este programa. 
La limitación del esfuerzo pesquero debe regirse por el principio de proporcionalidad. 
El período de referencia debe tener en cuenta los daños que ya ha sufrido el sector debido a los procesos de desguace. 
En materia de control de las inspecciones, necesitamos ampliar la vigilancia por satélite de los buques, como se propuso en el informe de la Cámara de los Lores de mayo de 2003. 
Esta parece una medida sensata y me complace que la Comisión tenga la intención de presentar una propuesta por separado sobre la vigilancia por satélite. 
A modo de conclusión diré que el plan revisado para la recuperación del bacalao será doloroso para la industria pesquera y las comunidades que dependen de ella. 
No es cuestión de infligir un daño menor o siquiera de no causar sufrimiento alguno si las medidas aplicadas no logran el resultado deseado. 
Si no se logra la recuperación de esta población, el resultado será, en todo caso, una agravación de las dificultades socioeconómicas. 
La prioridad debe ser el éxito de la recuperación de la población. 
Lo que se requiere es un paquete de medidas eficaces que reduzcan al mínimo los sufrimientos impuestos a este sector. 
Señor Presidente, valoro el plan de recuperación propuesto por la Comisión para las poblaciones de bacalao mermadas. 
Eso significa que la Comisión está cumpliendo sus compromisos en materia de política pesquera común. 
Agradezco también el trabajo y el informe de la Sra. Stihler, así como la cooperación que tanto ella como yo hemos disfrutado, en mi caso como ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
La enmienda de la comisión, según la cual el principio de precaución exigiría la adopción de medidas drásticas y ofrecería los Estados miembros la oportunidad de tomar medidas suplementarias a las habituales para proteger y preservar las poblaciones, ha sido aprobada por la Comisión de Pesca, y eso me complace. 
Como hemos oído antes, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) va a presentar mañana su informe anual sobre las poblaciones de peces en nuestros océanos. 
Una vez más se recomienda una moratoria total, lo que debería convencer a los indecisos de la necesidad real de tomar medidas. 
Sabemos que el Consejo, que no puede ocultar la cabeza debajo el ala por más tiempo, tiene que actuar y aprobar este plan. 
Se trata de la cuarta versión que la Comisión presenta al Consejo. 
Aunque estoy satisfecha con la propuesta de la Comisión y considero que representa un paso en la dirección acertada, me hubiera gustado que se incluyera también al Mar Báltico, porque sabemos que las poblaciones de bacalao están también amenazadas allí. 
La Comisión Internacional de Pesca del Mar Báltico ha presentado además en octubre nuevos planes, que parecían muy razonables. 
Por eso retiré mis enmiendas relativas al Mar Báltico en la Comisión de Pesca. 
En una reunión posterior celebrada en octubre, la Comisión Internacional de Pesca del Mar Báltico se apartó de sus propios principios en cuanto a lo que se debería hacer. 
Ha ignorado por completo las opiniones científicas y afirma que las capturas son un 45% mayores de lo que los asesores internacionales pretenden. 
Eso es muy grave. 
El hecho de no aplicar las medidas recomendadas por los asesores internacionales supone un despilfarro de los recursos pesqueros. 
El grupo de asesores está formado por 1.600 científicos de 19 países, y hacer oídos sordos a sus recomendaciones es muy contraproducente para el desarrollo de las comunidades pesqueras y el auge de la industria. 
En el Mar Báltico podríamos haber pescado tres veces más de lo que estamos haciendo ahora. 
Adoptemos hoy en esta Cámara una decisión realmente acertada, como espero que también se adopte en el Consejo y la Comisión. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar a la Sra. Stihler por su informe y darle las gracias por su ardua labor en esta cuestión tan controvertida. 
Como se nos ha dicho una vez más, el CIEM ha declarado que las poblaciones de bacalao se encuentran en un estado de colapso tan grave que recomienda la suspensión total de la pesca de bacalao en el Mar del Norte, el Mar de Irlanda y el Oeste de Escocia. 
Afirma que los años de estrictas medidas de conservación no han logrado reconstituir las poblaciones y que tan solo el cierre total de esos caladeros permitirá una recuperación significativa. 
Por supuesto, sabemos por propia experiencia que cuando los científicos vuelven a pedir el cierre total de los caladeros de bacalao, también incluyen prácticamente el cierre de los caladeros de eglefino, pescadilla, platija y gamba, en los que se producen capturas accidentales de bacalao. 
Permítanme ahora que le diga con toda claridad esto al Comisario Fishler, porque si se acuerdan nuevos recortes en la reunión del Consejo de diciembre de este año, ello significará el final de la flota de pescado blanco del Reino Unido. 
Y no me refiero a recortes drásticos como los del año pasado, sino a cualquier recorte. 
Las dos rondas anteriores de desguace masivo han reducido la flota británica de pescado blanco en un 40%. 
Los trabajadores de los puertos y el personal auxiliar que viven de la flota de pescado blanco se encuentran al borde de la quiebra. 
Cualquier nuevo recorte sería fatal. 
Significaría que, incluso si se recuperasen las poblaciones de bacalao, no habría pescadores británicos para capturarlas. 
No pretendo atacar a los científicos. 
Nada se gana matando al mensajero, pero este último informe del CIEM destaca una vez más la vital importancia que tiene escuchar la opinión de los pescadores, así como la de los cerebritos. 
El año pasado, los científicos nos dijeron que la población de eglefino estaban menguando. 
Los pescadores dijeron que no era así. 
Y ahora, los científicos están de acuerdo en que existen unas 400 000 toneladas de biomasa de eglefino en desove. 
Así pues ¿quién tiene la razón? 
Permítanme decir igualmente que al parecer los científicos no se escuchan entre sí a la hora de llegar a sus grandes conclusiones. 
Según un nuevo estudio científico elaborado por la respetada Fundación Sir Alistair Hardy, de Plymouth, que viene haciendo un seguimiento del Mar del Norte desde hace 70 años, las poblaciones de plancton de aguas frías, del que se alimentan las crías de bacalao, se han desplazado cientos de millas hacia el norte debido a un aumento sin precedentes de las temperaturas del agua. 
Quizá esto explique por qué existe una gran abundancia de bacalao capturado en las Islas Feroe, Islandia y Noruega, pero no quede nada en el Mar del Norte. 
Así pues, por el amor de Dios, escuchemos a los pescadores al igual que a los científicos. 
Los pescadores tienen un gran interés comercial en la recuperación de las poblaciones de bacalao, pues es la única manera de que nuestros pescadores puedan ganarse decentemente la vida en el futuro. 
Señor Presidente, el Grupo socialista se congratula por el hecho de que, finalmente, la Comisión, siguiendo la petición de este Parlamento, presente un plan de recuperación específico para el bacalao, separado del plan de recuperación de la merluza, ya que, como siempre hemos manifestado, la situación de los respectivos stocks es bastante diferente. 
Como apunta la ponente, mi colega la Sra. Stihler, desde hace tres años el Consejo Internacional para la Explotación del Mar viene señalando que las poblaciones de bacalao del Mar del Norte y del oeste de Escocia sufren un grave riesgo de derrumbamiento total. 
El Grupo socialista pide a la Comisión que promueva los mejores dictámenes científicos posibles para conocer en todo momento el estado de cada recurso en cada caladero y así, sobre la base de estos dictámenes científicos rigurosos, poder proceder a planes de recuperación, que supondrán o no medidas drásticas que- no podemos olvidarlo -, cada vez que se toman llevan consigo el desguace de barcos, el paro para pescadores y otros trabajadores dependientes del sector pesquero, y representan además un duro golpe para aquellas comarcas europeas más dependientes de la pesca. 
Por lo tanto, en nuestra opinión, el criterio de precaución ha de ser un criterio residual a tomar en cuenta solo cuando no sea posible disponer de dictámenes científicos fiables y seguros, pero en absoluto puede suplantar a estos dictámenes científicos. 
Las comunidades pesqueras- lo decía el Sr. Stevenson hace un momento- exigen una postura clara, tanto de la Comisión como del Parlamento, en favor de dictámenes científicos previos, seguros y bien fundamentados, que tengan en cuenta las opiniones del sector y que, además del estado de los recursos, calculen y evalúen las consecuencias socioeconómicas de las medidas de preservación, y ello hace ya mucho tiempo que se lo venimos pidiendo a la Comisión. 
La sobrepesca es un factor determinante, pero no es el único al que se puede atribuir el problema de la escasez de recursos. 
Conocer las causas resulta fundamental si queremos que los planes de recuperación- este plan para el bacalao u otros futuros- acierten en sus objetivos, ya que si nos limitamos a reducir las capturas y no atacamos otras causas diferentes de la sobrepesca- y se me ocurre mencionar la ruptura de la cadena trófica o la contaminación de los mares -, quizás nos encontremos con que habrán pasado los años y las poblaciones de peces no habrán aumentado. 
Necesitamos conocer los efectos sobre la población de bacalao del Mar de Irlanda y del Mar del Norte de la extracción de más de un millón de toneladas de pescado de otras especies diferentes del bacalao, especies que sirven, sin embargo, de alimento al bacalao. 
Necesitamos conocer también el impacto de la pesca industrial sobre otras poblaciones de mersales, porque quizás ahí obtendremos la respuesta al declive del bacalao y de la merluza. 
Queremos que la Comisión investigue acerca de las causas que han llevado a este colapso de la especie. 
Apoyamos la idea de un plan de recuperación que haga posible el restablecimiento del stock y mi Grupo respalda por ello que el cambio anual más grande, al alza o a la baja, en cualquier TAC, no supere el 15% tras el primer año de aplicación del plan de recuperación. 
Señor Presidente, comenzaré apoyando lo que ya han dicho otros colegas. 
En mi opinión, el informe sumamente claro y completo de la Sra. Stihler mejora la propuesta de la Comisión en tres aspectos importantes. 
En primer lugar, introduce una mayor flexibilidad al permitir modificar a las zonas geográficas contempladas y ofrecer un mayor número de días-kilovatio en respuesta las medidas técnicas adecuadas. 
En segundo lugar, pide la elaboración de algunos informes; en particular, sobre los efectos de la pesca industrial, sobre el impacto socioeconómico del Reglamento y sobre el grado de realización de los objetivos del Reglamento. 
En tercer lugar, propugna la implicación directa de los consejos consultivos regionales. 
Acogemos favorablemente el reciente anuncio hecho por la Comisión de su propuesta de crear estos organismos y esperamos que se avance rápidamente al respecto. 
Estas medidas, junto con el énfasis puesto en que las limitaciones del esfuerzo pesquero sean proporcionadas entre los Estados miembros y en la mejora de la vigilancia por satélite, resultan indispensables para que nuestras atribuladas comunidades pesqueras reciban positivamente este Reglamento. 
Sin embargo, debemos ver más allá del Reglamento y buscar otros medios para contribuir a la recuperación del bacalao y para pasar a una pesca sostenible en general. 
Las propuestas de la Federación de Pescadores Escoceses a favor de una gestión espacial merece una detenida consideración a este respecto. 
Aunque los escoceses son los más afectados, el impacto es mucho más amplio, pues se extiende a los pescadores irlandeses, daneses y neerlandeses, y podemos aprender unos de otros. 
Un ejemplo de ello es la autovigilancia que están realizando estos últimos. 
Una vez más, esto demuestra la gran importancia del papel que pueden desempeñar los consejos consultivos regionales. 
Espero que esta Cámara apruebe este informe, que pretende que el Reglamente resulte un instrumento mucho más eficaz que el que conforma la propuesta original. 
Señor Presidente, mi Grupo apoya las propuestas de la Comisión. 
Desde hace muchos años resulta evidente que el bacalao necesita recuperarse de la excesiva presión a la que ha sido sometido por la pesca moderna. 
Al igual que muchas otras especies, las poblaciones se encuentran muy por debajo del nivel sostenible, lo que ha provocado enormes problemas socioeconómicos en las comunidades costeras. 
Hay quien ha perdido de vista la cuestión que nos ocupa y pone el carro delante del caballo. 
Los problemas socioeconómicos se deben a un problema ecológico. 
Si resolvemos dicho problema resolveremos los problemas socioeconómicos, en lugar de proceder en dirección contraria. 
Durante muchos años se han realizado capturas excesivas, debido a que los TAC se han fijado en un nivel demasiado alto y porque no se han seguido las recomendaciones básicas de los científicos. 
El Consejo pidió la presentación de una propuesta para un plan de recuperación, que la Comisión presentó en 2001, pero al parecer el Consejo aún no tiene el valor de adoptarlo. 
Esta es la cuarta tentativa. 
La propuesta tiene muchas buenas ideas, como el esbozo de las condiciones en las que se puede permitir la pesca, las normas para decidir sobre las capturas con diversos niveles de abundancia de poblaciones, el intento de mejorar los requisitos de control y vigilancia y una gestión inicial del esfuerzo. 
El comunicado de prensa del CIEM del pasado lunes, que ya ha mencionado la Sra. Stihler, muestra que las poblaciones están en grave peligro. 
Esto ilustra claramente el riesgo de fijar cuotas excesivamente altas, como ha estado sucediendo durante años y sigue haciéndose. 
El año pasado, varios TAC se fijaron en niveles superiores a los recomendados por el CIEM. 
Un ejemplo extremo de ello es el mar del Norte, en el que los TAC establecidos durante los últimos diez años fue en promedio un 28% superior a las recomendaciones científicas. 
¿Resulta sorprendente que estas poblaciones se encuentren ahora en una situación precaria? 
El CIEM habla de establecer un límite claro, pero los Ministros, el sector y muchos políticos parecen esconder la cabeza en la arena, y ese es el problema. 
De hecho, los Ministros deben abandonar esta posición opuesta a la innovación que consiste en ignorar las recomendaciones de los científicos, y asumir dichas recomendaciones. 
Se afirma que la reforma de 2002 está permitiendo que la política pesquera común adquiera una base sostenible. 
Se han hecho algunos avances, como un mejor control gracias a una mayor cooperación entre los Estados miembros y la posibilidad de limitar el esfuerzo pesquero, además de los límites clásicos impuestos a la cantidad de las capturas y la aceptación de un enfoque cautelar que resulta esencial. 
Pero no todo es positivo. 
Los POP, que abordaremos más adelante en esta sesión, han desaparecido y no se exige ninguna reducción. 
Todo ello parece bien en el papel, pero depende totalmente de la voluntad política de aplicarlo. 
La Comisión está haciendo un esfuerzo sincero por mejorar las cosas, y como siempre los Verdes apoyarán a la Comisión. 
Sin embargo, existe un nivel crucial para la supervivencia de las poblaciones. 
Sin embargo, en el Mar de Irlanda la propuesta de la Comisión permitiría la pesca con una población inferior a 6 000 toneladas, cuando la CIEM recomienda el cierre hasta que las poblaciones hayan alcanzado este nivel. 
Es vital que la Comisión siga las recomendaciones del CIEM a la hora de proponer los TAC de estas poblaciones para el año que viene. 
No podemos seguir ignorando al CIEM. 
La Sra. Stihler ha mencionado la situación del Canadá. Eso será lo que sucederá aquí si no adoptamos una posición de progreso. 
Señor Presidente, aprovecho la oportunidad que ofrece el informe Stihler para recordar a esta Cámara que la Política Común de Pesca ha evolucionado mucho en los últimos 20 años y ahora es una política comunitaria de pleno derecho con objetivos concretos. 
Sin embargo, el proyecto de futuro tratado no recoge disposiciones separadas relativas específicamente a la PCP. 
En las conclusiones de la Convención, la política de pesca ha sido degradada a un simple accesorio de la Política Agrícola Común, en lugar de reconocer abiertamente que tiene una existencia distinta y separada. 
Pido a sus Señorías que recalquen antes sus Gobiernos nacionales la necesidad de encontrar una fórmula para rectificar este error, mediante la definición de los objetivos concretos de la Política Común de Pesca en la versión definitiva del futuro tratado. 
Esto no deshará nada de lo hecho, ni afectará a los equilibrios en última instancia. 
Aún queda tiempo. «Querer es poder». 
Felicito a la Sra. Stihler por su excelente informe, que apoya la dinámica principal de los planes de la Comisión, como lo haría yo o cualquiera con el mínimo interés por la conservación. 
Sin embargo, al igual que la Sra. Stihler, creo que debe haber mayor flexibilidad. 
En las decisiones debe haber mucha más participación local. 
Los Estados miembros y los consejos consultivos regionales deben poder proponer modificaciones en lo referente tanto al ámbito geográfico del plan, como a las disposiciones concretas destinadas a reducir el esfuerzo pesquero. 
Y advierto a la Comisión de que se harán preguntas y se exigirán respuestas si este programa de recuperación se utiliza como una especie de operación encubierta para introducir un programa secundario de desguace. 
Señor Comisario, ¿podría confirmar esta mañana a esta Cámara que propondrá una indemnización adecuada para compensar algunos de los efectos socioeconómicos de esta propuesta? 
Eso es lo que esperan oír de usted mis pescadores y los de las comunidades remotas de la periferia de Europa. 
¿A qué se debe que los menos culpables tengan que llevarse la peor parte de estas y otras propuestas presentadas en nombre de la conservación? 
– Señor Presidente, señor Comisario, si queremos evitar que el bacalao del Mar del Norte desaparezca totalmente, necesitamos con urgencia una campaña para «salvar al bacalao». 
La cuestión es cómo salvarlo. 
En su plan definitivo para la recuperación del bacalao, la Comisión introduce un sistema de limitación sobre el esfuerzo pesquero. 
Este sistema viene demostrando su utilidad desde hace tiempo en los Países Bajos con los «días de pesca» , un sistema que permite un control eficaz de la presión pesquera. 
No obstante, el plan tiene también las inevitables desventajas. 
Solo es aplicable a buques de eslora superior a diez metros, aún cuando hay buques menores que también se dedican a la pesca del bacalao. 
Lo mismo cabe decir de la pesca deportiva. 
La pesca industrial, que normalmente realiza numerosas capturas accesorias de bacalao, no se ve prácticamente afectada. 
La proporcionalidad de las medidas propuestas no queda clara. 
El plan de recuperación debería ser un freno menor para la actividad de los pescadores cuyas capturas accesorias de bacalao son reducidas, que para la actividad de los pescadores cuya contribución al problema es comparativamente mayor. 
Dicho sea de paso, el efecto de las diferentes modalidades de pesca solo puede calibrarse con precisión si también se desembarcan los descartes. 
No existe ninguna propuesta en este sentido. 
– Señor Presidente, es una suerte que la Comisión haya aceptado finalmente la idea de separar el bacalao de la merluza, cuando inicialmente quería tratar las dos especies en el mismo plan de recuperación, lo que no habría permitido tener en cuenta las características específicas de cada una de estas dos poblaciones. 
El dispositivo extremadamente drástico que propone la Comisión a largo plazo –cinco a diez años– se basa en un diagnóstico especialmente alarmista elaborado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM). 
Ahora bien, dos tipos de consideraciones arrojan serias dudas sobre la calidad científica y la objetividad de este diagnóstico. 
El primero es la falta de consideración de las observaciones realistas de los profesionales, que afirman que ha habido un desplazamiento geográfico del bacalao hacia la parte septentrional del Mar del Norte, una migración que se atribuye al calentamiento, importante e indiscutible, de las aguas. 
Este fenómeno no es analizado por los científicos, que se centran exclusivamente en las capturas efectuadas por los pescadores. 
Es un problema general que afecta a toda de la política pesquera común (PPC) , y es una suerte que la Comisión de Pesca haya pedido a la Evaluación Científica y Tecnológica (STOA) , por iniciativa mía, que nos facilite elementos de apreciación de las incidencias del calentamiento climático sobre las reservas pesqueras. 
Esta insuficiente credibilidad de los dictámenes científicos preocupa por lo demás al Consejo, que acaba de decidir consagrar créditos más generosos para mejorarlos. 
La falta de consideración de las observaciones de los pescadores pone de manifiesto también la ausencia de una articulación adecuada entre las dos fuentes de información, la científica y la profesional. Es otro defecto capital de la PPC, reconocido incluso por la Comisión, que quiere ver en los futuros comités consultivos regionales transnacionales el futuro lugar de confrontación de estas dos categorías de datos. 
Y cuando la calidad de los datos es insuficiente, sabemos bien lo que pasa: los científicos se escudan en el principio de cautela, interpretándolo de forma maximalista, y la Comisión trata de sobrepujas, protegiéndose cada cual lo más ampliamente posible. 
La segunda consideración que lleva a preguntarse por la calidad de las evaluaciones del CIEM es que en todas se exime sistemáticamente a la pesca harinera de cualquier incidencia significativa sobre las poblaciones de bacalao. 
Es extraño, por no decir más, que el CIEM pase totalmente por alto un tipo de pesca que tiene una incidencia clara, habida cuenta de la magnitud de los tonelajes capturados y de la naturaleza de los objetivos, sobre el estado de las reservas de bacalao. 
El ponente aborda este punto, pero de forma demasiado tímida. 
Aunque supongo que es un primer paso. 
Por lo demás, es prácticamente el único punto en que el informe se despega ligeramente de las propuestas iniciales de la Comisión, ya que en lo esencial se limita a avalarlas tal cual, sin hacer un análisis crítico de las mismas ni proponer correctivos. 
Estamos un tanto sorprendidos de que un informe parlamentario se haga tan poco eco de las verdaderas angustias de las comunidades, que se van a ver muy duramente afectadas por este plan, comunidades a las que, sin embargo, representamos. 
Los profesionales de la pesca afectados están especialmente preocupados por la aplicación del nuevo instrumento previsto por la reforma de la PPC, la reducción del esfuerzo pesquero. 
Este punto esencial habría merecido ser ampliamente debatido y criticado en esta Cámara, pues se trata del arquetipo de los planes de recuperación, que van a generalizarse. 
No porque sustituya a un mal instrumento, costoso e ineficaz, los POP, el esfuerzo pesquero es un buen instrumento. 
La Comisión quiere ponerlo en práctica antes de haber demostrado de forma convincente su pertinencia y su viabilidad. 
Es extremadamente preocupante que el cálculo de la reducción del esfuerzo pesquero conduzca en la práctica a disculpar los rebasamientos de cuotas, las capturas ilegales, el, en detrimento de los que respetan sus cuotas. 
Este procedimiento, señor Presidente, no se cuestiona para nada en el informe, al que, por consiguiente, no podemos apoyar. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, la Comisión acabó aceptando la propuesta que hicimos en su día desde el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos de que tratase diferentemente y en propuestas distintas la merluza y el bacalao, por tratarse de situaciones no bastante, sino muy diferentes. 
Nos alegramos de ello y nos alegramos también del informe- por el que felicitamos a nuestra ponente, la Sra. Stihler -, a pesar de que en su día se opuso a nuestras enmiendas para diferenciar ambas especies. 
El tiempo nos ha dado la razón. 
Los planes de recuperación son cuestiones muy serias y delicadas, que hay que tratar con el mayor conocimiento científico posible y con el mayor apoyo posible, también, del sector implicado, por su importante impacto socioeconómico. 
Sin la participación de científicos y pescadores, bien directamente o bien a través de los comités consultivos regionales- como se propone en el informe- no es posible hacer una propuesta real, creíble y transparente, lo que es válido no solo para el bacalao, sino para cualquier otra especie y sector implicado en la misma, como es el caso de la merluza, a cuyo sector esperamos escuchar próximamente en nuestra comisión. 
Abogamos por esa concertación y también queremos hacer un llamamiento a la Comisión Europea para que adapte el vigente Reglamento (CE) nº 2792/1999 por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca, a fin de que los planes de recuperación lleven siempre implícitas medidas socioeconómicas cofinanciadas por la Unión Europea para paliar las consecuencias negativas que supone para el sector implicado la adopción de estos planes de recuperación. 
Es lo mínimo que podemos pedir para que los pescadores afectados acepten y cumplan los planes previstos- se produzcan estos en aguas comunitarias o no comunitarias- siempre que afecten a las flotas europeas, como ha sido el caso reciente del propuesto plan de recuperación de fletán en las aguas de la NAFO. 
Para todos estos casos debe preverse ya, con carácter general, un mecanismo compensatorio en el marco del Reglamento mencionado, por lo que pedimos al Comisario Fischler- al que agradecemos su presencia- que haga una propuesta a este Parlamento en este sentido. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Sr. Stevenson, Sra. Stihler, Señorías, quiero ante todo pedir a la Sra. Stihler y al Sr. Stevenson que hagan llegar mis más profundas condolencias a los pescadores de las Islas Shetland y de Escocia en su conjunto, así como a los pescadores de todas las regiones de Europa que se ven afectados directamente por esta tragedia. 
Nuestro conocimiento y nuestra experiencia hasta la fecha. especialmente en las costas de Terranova, no son muy alentadores. 
Es más, no podemos excluir la posibilidad de que hayamos rebasado el punto de no retorno, el punto más allá del cual ni las medidas más radicales serán capaces de garantizar la supervivencia de la pesca del bacalao en el futuro. 
Señorías, solo les puedo decir que, al tiempo que compadecemos a las víctimas de este desastre, tenemos que extraer las conclusiones acertadas del mismo. Tenemos que garantizar que nuestros recursos biológicos dejen de ser esquilmados en virtud de una política pesquera común irracional y que esta tragedia no vuelva a producirse jamás en ningún otro lugar de Europa. 
Ayudado y alentado activamente por la Comisión, el Consejo ha abierto hace poco la mayor parte de la Zona Económica Exclusiva de las Azores y ahora amenaza con autorizar métodos pesqueros predatorios, incluido el arrastre de fondo en gran parte de esa zona. Eso se opone a la voluntad democrática de este Parlamento y a la opinión de la comunidad científica de toda Europa. 
Aprobando esta medida, la Comisión ha dado un paso que puede llevar a que se repita la tragedia que hemos presenciado en el Mar del Norte, esta vez en zonas de la Dorsal del Atlántico Central que hasta ahora han estado protegidas satisfactoriamente contra la depredación. 
Así pues, necesitamos con urgencia una nueva política pesquera que recoja en el Derecho comunitario los convenios de derecho marítimo internacional, el derecho a la propiedad según se define en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el principio de precaución, siempre predicado y nunca practicado. 
Necesitamos una política pesquera que haga algo más que recitar obituarios después de adoptar unas medidas que ni permiten ni alientan una pesca sostenible. 
Señor Presidente, una vez más debatimos este tema sobre un telón de fondo de depresión, temor e inquietud en las comunidades pesqueras, sobre todo en Escocia, ante una falta casi total de confianza en la capacidad de la Unión Europea para gestionar la pesca, pues no tendríamos que hacer frente a tantas crisis si la gestión europea hubiese sido un éxito, ¿no? 
¿Quién tiene mayor interés en que las poblaciones recuperen niveles sostenibles? 
Los pescadores y las comunidades pesqueras, y únicamente ellos. 
Entonces ¿por qué consideran que sus opiniones, sus intereses y, sobre todo, sus recomendaciones se ignoran a la hora de tomar decisiones de gestión? 
Desde una perspectiva escocesa resulta imposible justificar o aceptar la evidente desigualdad de las últimas decisiones en materia de gestión. 
Los escoceses utilizan los mayores tamaños de malla de toda la Unión Europea y, aún así, son los que sufren los mayores recortes en sus capturas, mientras que los que utilizan mallas más pequeñas salen mejor parados. 
Una vez más nos enfrentamos a la amenaza de un cierre total de los caladeros de eglefino, pescadilla, gamba y otras especies supuestamente relacionadas con el bacalao. 
Y sin embargo, nadie habla de reducir la pesca industrial destinada al consumo no humano. 
Estoy pensando en votar contra el informe Stihler, no porque esté en contra de su contenido que, después de todo, ha quedado configurado en gran parte por mis enmiendas aprobadas en comisión, sino en señal de protesta ante la probabilidad de que la Comisión lo ignore de todas maneras. 
Después de todo, en numerosas ocasiones se ha señalado que la consulta a los consejos consultivos regionales no es jurídicamente vinculante. 
En todo caso, no se creará uno a tiempo para adoptar un plan para la recuperación del bacalao. 
Todos sabemos que los resultados de las deliberaciones del Consejo sobre este tema probablemente hagan caso omiso igualmente nuestros puntos de vista. 
Muy a menudo los Estados miembros son acusados, incluso por la Comisión, de ignorar la ciencia en su determinación de defender sus intereses nacionales en el Consejo. 
Tan solo me gustaría que Escocia tuviera un Gobierno que defendiera sus intereses nacionales en el Consejo de Pesca. 
En diciembre pasado, el entonces Secretario de Estado de Pesca del Reino Unido continuó con una larga tradición consistente en votar activamente contra los intereses de Escocia en el Consejo de Ministros, y el nuevo Secretario de Estado, el cual finalmente esta semana visitó Escocia, donde tiene su base un 70% de la flota pesquera británica, dijo a las comunidades pesqueras que debían ser realistas, supongo que pidiéndoles que aceptaran que vendrán más tiempos duros, porque sabe que no hará nada para ayudarles. 
Las dificultades sociales y económicas que sufren las familias de las comunidades costeras escocesas son muy reales. 
Conocen las realidades de las recientes decisiones y los efectos que han tenido para ellas. 
Resulta totalmente inadmisible que el Gobierno británico no tenga la más mínima intención, una vez más, de hacer algo que no sea aumentar estas dificultades. 
– Señor Presidente, señor Comisario, acabo de estar en Sicilia con una delegación de pesca. 
Allí también se me preguntó con frecuencia cuál era la mejor forma de hacer frente al grave peligro que corren los recursos y la consiguiente amenaza de cese de toda actividad pesquera. 
Hoy considero que los políticos no podemos generalizar a la hora de responder a preguntas como esas. 
Si digo que no, que un recurso amenazado no debe quedar excluido de la pesca, tengo que contar con que ese recurso no dure demasiado, por lo que le queda poco tiempo de ser explotado, con la inevitable consecuencia de un deterioro de la situación socioeconómica. 
Si, por el contrario, digo que sí, que el recurso debe quedar excluido de la pesca, tal vez se favorezca la recuperación de la población, pero también se perderán muchos puestos de trabajo en el sector pesquero y en las empresas que dependan de él, que ya nunca se recuperarán, y puede ocurrir que esas regiones pierdan unos conocimientos que nunca retornarán allí. 
Si queremos combatir eficazmente las amenazas que acechan a los recursos, especialmente al bacalao –cuya gravedad hay que reconocer– al tiempo que tenemos en cuenta todas las consecuencias de nuestras acciones, ahora más que nunca estoy convencida que nuestra necesidad primordial radica en una estrategia general para el desarrollo de las regiones costeras, lo cual implica una acción concertada, la voluntad política de proteger los recursos, y la confección y utilización de una lista de control que sea vinculante para todos. 
Lo que bautizado como estrategia tiene que implicar a todas las partes interesadas: biólogos, investigadores de ecosistemas marinos y activistas medioambientales, así como políticos en las localidades, en las capitales y en Bruselas, y por último aunque no menos importante, pescadores e industrias de transformación del pescado. 
Todos ellos tienen que asumir su parte de responsabilidad. 
Lo mismo que he solicitado la creación de lo que se denomina una cadena de responsabilidad en el ámbito de los accidentes marítimos, pido que se implante otra en este ámbito también. 
Recomiendo que el anterior planteamiento estratégico se lleva adelante con acciones de este tipo. 
¡Toda la información que tenemos apunta a que faltan cinco minutos para la medianoche! 
Señor Presidente, aunque sean cuestiones que no solo afectan a la especie del bacalao, quiero denunciar que varios reglamentos pesqueros europeos no consideran la discriminación que los pescadores vascos y los del Estado español vienen sufriendo desde la adhesión a la Comunidad Europea. 
Todavía hoy se pretende mantener esa injusticia limitando su acceso al denominado Irlandés, que se quiere redefinir como zona sensible del Mar de Irlanda. 
Estoy de acuerdo con que se cuiden las zonas sensibles, pero las oportunidades deben ser iguales para todos. 
Por otro lado, para el cálculo de la base de datos que servirá de referencia para la asignación futura de los kilowatios/día de esfuerzo pesquero permitido, no se han tenido en cuenta las paradas temporales que hicieron nuestros buques en pasados años, y de forma voluntaria, para permitir la autorrecuperación de las especies piscícolas. 
Otros no pararon, se aprovecharon de lo que pescaron y ahora incluso se les beneficia, teniéndoles en cuenta aquellas toneladas que capturaron. 
Ya es hora de que en la Europa de la libertad y el mercado común se legisle con equidad y no existan unos pescadores de primera clase y otros de segunda. 
Señor Presidente: estoy seguro de que estos aplausos no se deben a que estoy a punto de hablar. 
Permítame antes que nada felicitar a la ponente por su informe tan oportuno. 
No cabe duda de que tendremos nuestra habitual disputa justo antes de Navidad en torno a los TAC y las cuotas, y ya podemos vislumbrar el camino que conduce a ella. 
Desde hace mucho tiempo –de hecho, hasta donde alcanza mi memoria– ha existido un problema con las poblaciones de bacalao y al parecer somos incapaces de encontrar una solución, pues resulta evidente que hasta ahora nuestros esfuerzos no han dado resultado. 
Los científicos nos dicen que todo lo hecho hasta ahora no ha funcionado. 
Los pescadores nos dicen que los científicos no tienen razón. 
Y como ya he dicho antes en esta Cámara, estamos atascados en el medio, tratando de determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. 
Es evidente que hasta ahora no hemos acertado, y creo que debemos preguntarnos si los científicos tienen razón. 
¿Hemos logrado algo con lo que hemos hecho hasta ahora? 
Tengo que preguntarle, señor Comisario, porque en la Zona 7a del Mar de Irlanda, donde faenan los pescadores de Irlanda del Norte, los caladeros de desove han estado cerrados durante los últimos cuatro o cinco años a fin de permitir que prosperen las nuevas larvas. ¿Qué se ha logrado, según los científicos? 
Sin duda debe haberse logrado algo o, al menos, deberíamos saber si se ha conseguido alguna respuesta. 
El reciente informe del CIEM provocará un desastre total para el sector del pescado blanco en el Reino Unido en su conjunto y seguramente destruirá la flota de Irlanda del Norte. 
Creo que necesitamos un planteamiento más regional. 
Creo que necesitamos la contribución de los ciudadanos a nivel regional y debemos examinar otras medidas que ayuden a la recuperación del bacalao. 
Tenemos que considerar los efectos que tendrán sobre otras especies de peces. 
Soy consciente de que no es fácil y de que se enfrenta usted a un problema muy difícil, Sr. Fischler. 
Sin embargo, la Política Común de Pesca no facilita las cosas y usted no puede resolver este problema a menos que tenga a los pescadores de su parte. 
Eso es lo que tiene que intentar, porque son el elemento más importante de este problema, son parte de él y son los que más van a sufrirlo. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Stihler por su informe sobre la propuesta de la Comisión para regular la recuperación de las poblaciones de bacalao y merluza. 
Esta propuesta comprende las zonas de TAC, la gestión del esfuerzo pesquero a través de los días pasados en el mar –sobre la base del tamaño de la población, lo que coincide con el principio de cautela– y, por supuesto, el Capítulo 4, que trata sobre todo de las medidas para controlar, vigilar, inspeccionar y examinar el sistema de gestión del esfuerzo pesquero. 
Si deseamos lograr la recuperación de las poblaciones, todas las partes interesadas deben participar, en última instancia, en un planteamiento ascendente. 
Suponiendo siempre que los científicos hayan buscado dicha población en las zonas correctas. 
Las partes interesadas deben gestionar toda la zona a través de los consejos consultivos regionales, de lo contrario nunca colmaremos la profunda brecha que existe actualmente entre los pescadores y los científicos. 
El plan de acción propuesto, la estructura común de inspección y cualquier organismo destinado al control de la pesca deben implicar a todas las partes interesadas a fin de introducir un código de conducta armonizado para las inspecciones. 
Para ello deben intervenir los pescadores, las autoridades nacionales y los científicos, y el informe Figueiredo abordará esta cuestión más tarde. 
En relación con el resultado del Consejo de Pesca de la semana pasada sobre el: ¿Podría el señor Comisario indicar claramente, para que conste en acta, cómo procederá para que no aumente el esfuerzo pesquero en la tan delicada zona sudoriental de lo que era el? 
Ahora se ha excluido esta zona, calificándola de zona de conservación, lo que implica una reducción considerable del, que ahora solo abarcará la zona sudoccidental. 
En última instancia, el objetivo debe ser una pesca sostenible mediante una gestión regional, mediante una gobernanza más abierta de la Política Común de Pesca y contribuyendo a superar la desconfianza y el escepticismo. 
Necesitamos urgentemente la gestión regional integrada de los caladeros del Mar de Irlanda. 
Resulta imposible mantener la situación actual. 
Estoy a favor de la creación de la Alianza del Mar de Irlanda, y les deseo mucho éxito para que ofrezcan resultados positivos a sus vulnerables comunidades costeras. 
Estoy de acuerdo en que no necesitamos, como han dicho otros diputados, pescadores de primera y segunda clase. 
Pero desgraciadamente, con el sistema de gestión de cuotas de la Política Común de Pesca, eso es precisamente lo que tenemos: pescadores de primera y segunda clase. 
Algunos deberán mantener amarrados sus barcos, mientras observan a pescadores de otras nacionalidades pescar en sus propias costas. 
Esa es la perspectiva a que se enfrentan los pescadores del sur y el este de Irlanda en este momento. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente, mi colega la Sra. Stihler, por su informe. 
Espero que en su próximo maratón, creo que en Nueva York, tenga tanto éxito como con este informe. 
La situación de la pesca del bacalao saldrá también ganando. 
El problema de las poblaciones de bacalao es bien conocido; solo cambia nuestra forma de enfocar el problema. 
Por una parte, el CIEM sugiere ahora que deberíamos detener toda la actividad pesquera y, por otra, los biólogos canadienses afirman que no tiene sentido, que con eso no se conseguirá la recuperación de las poblaciones de bacalao. 
Eso significa que el problema es espinoso y solo se puede solucionar con una auténtica cooperación constructiva entre la Comisión, las regiones y el sector pesquero. 
A este respecto, es enormemente importante contar con los esfuerzos y la implicación de los pescadores. 
Resulta casi imposible abordar este tipo de problema sin otorgar una posición fuerte a las organizaciones de los pescadores: con la gestión conjunta de cuotas, el intento de reducir al máximo las capturas accesorias, y buscando juntos la forma de contrarrestar las consecuencias de las limitaciones impuestas sobre el esfuerzo pesquero. 
En este sentido, sería conveniente que la Comisión destinara una dotación generosa de los Fondos Estructurales para ayudar a las regiones afectadas de lleno por la reducción de la pesca del bacalao. 
Tal vez pudieran utilizarse esos fondos para atraer nuevos empleos a dichas regiones. 
Quiero mostrar una vez más mi apoyo al planteamiento de la Sra. Stihler y espero que la Comisión se tome este informe muy en serio. 
Señor Presidente, Señorías, señora ponente- la felicito -, la Comisión Europea está lanzando desde hace algunos meses una serie de acciones de gran calado para la recuperación de los recursos de pescado que se encuentren en fuerte deterioro. 
Hasta ahora los planes se han centrado en los recursos de bacalao y de merluza del norte y, aunque próximamente habrá otras propuestas que afectan a otros stocks, como la merluza del sur, hoy le toca al restablecimiento de los stocks de bacalao. 
Creo, señor Comisario, que la propuesta de la Comisión tiene algunas lagunas. 
La primera, la carencia de instrumentos para hacer frente a las repercusiones socioeconómicas que se derivarán de los planes de recuperación de los caladeros. 
Quiero destacar las consecuencias que tendrán los planes de recuperación en las zonas o regiones costeras dependientes de la pesca. 
Por eso, en un plazo prudente- no más de un año, por supuesto -, la Comisión Europea debería presentar un informe, acompañado de propuestas para paliar las repercusiones sociales y económicas de las medidas adoptadas, con base en los datos que comuniquen los Estados miembros. 
No se trata, señor Comisario, de no defender la recuperación de los stocks, sino de defender a los pescadores y a sus familias. 
El CIEM ha dado a conocer esta semana su último dictamen sobre la situación de los stocks de varias especies y ningún optimismo resulta de su examen. 
Independientemente de que la Comisión debería contrastar los diferentes dictámenes científicos, no basta con cargarse de razón ante este tipo de propuestas con repercusiones graves y de muy diverso tipo- el social, el primero -: hay que reclamar que se pongan sobre la mesa medidas compensatorias para evitar situaciones traumáticas en las regiones dependientes de la pesca, para los pescadores y para sus familias. 
Creo, finalmente- y termino, señor Presidente -, que la implicación del sector debe ser el tercer requisito imprescindible para el éxito de las propuestas de recuperación de los stocks. 
. – Señor Presidente, Señorías, tras haber asistido con enorme atención a este debate, quiero decirle a la Sra. Doyle que este quizá no sea el momento para discutir cómo pensamos poner en práctica el Reglamento de «las aguas occidentales». Ya tendremos otras oportunidades para hacerlo. 
Quiero responder a las preguntas formuladas explicando la posición de la Comisión frente a las distintas enmiendas. 
Me resulta imposible aceptar la enmienda 1 por cuanto propone unas medidas drásticas que no se basan en el principio de precaución, sino en el hecho de que las poblaciones de bacalao se encuentran por debajo de los niveles biológicamente seguros y, por tanto, están en peligro de extinción. 
Sin embargo, puedo aceptar sin problemas la enmienda 2, aunque recomendaría una redacción más clara, indicando que el esfuerzo pesquero debe limitarse en proporción a las capturas de los Estados miembros. 
La enmienda 4 ha sido una sorpresa para mí, ya que, como ustedes saben, he hecho un llamamiento a los Estados miembros en varias ocasiones para que nos informen del impacto socioeconómico del plan de recuperación. 
También les he pedido que nos comuniquen cualquier necesidad económica adicional que puedan tener. 
La Comisión, lamentablemente, no ha recibido respuesta alguna a estas preguntas. 
Asimismo, he llamado la atención de los Estados miembros sobre el hecho de que pueden reprogramar los fondos del IFOP para ayudar a este sector. 
Ninguno de ellos ha hecho uso de esta posibilidad. 
La enmienda 5 es superflua, ya que la Comisión puede, en cualquier caso, proponer cambios a las zonas geográficas en cuestión. 
Pasando a la enmienda 6, he de decirles que estas medidas técnicas pueden, en caso necesario, complementar las restricciones sobre el esfuerzo pesquero, pero no las pueden sustituir. 
La enmienda 7 es superflua, ya que si los buques pesqueros no están ni en la lista 1 ni en la lista 2, carecen de permiso para desembarcar capturas de las especies mencionadas. 
El esfuerzo pesquero se calcula sobre la base de la lista que figura en el artículo 9. 
La enmienda 8 no funcionará porque la definición de «días de ausencia del puerto» tiene que coincidir con la recogida en otros reglamentos. 
Pienso que la enmienda 9 no procede, ya que los sistemas de control por satélite tendrán que estar instalados a partir de 2005 en todos los buques con eslora mayor de 15 metros. 
Aunque me veo obligado a rechazar la enmienda 11, al mismo tiempo quiero decir que el CIEM está a punto de finalizar su estudio de la influencia de la pesca industrial en los ecosistemas y tomaremos buena nota de todas las conclusiones que se deriven del mismo. 
Puedo aceptar los dos primeros apartados de la enmienda 12, pero tengo que rechazar el tercero. 
No podemos obligar a los Estados miembros a habilitar fondos para amortiguar el impacto socioeconómico. 
La enmienda 13 me parece muy buena, ya que es necesario efectuar la revisión anual de especies que propone. 
Me veo obligado a rechazar la enmienda 14. 
No es necesaria una nueva definición de las tareas de los consejos consultivos regionales, ya que están claramente especificadas en el nuevo Reglamento Marco. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
A continuación se efectuará la votación. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Señor Presidente, como se acordó en la reunión de concertación presupuestaria de 16 de julio, me gustaría recordar que el Parlamento deberá publicar un cuadro correspondiente a los importes de la UE de 15 Estados miembros y de la UE de 25 Estados miembros para cada línea presupuestaria. 
Tengo entendido que usted está dispuesto a enviar una carta al Consejo en la que se recoja dicho cuadro. 
Por consiguiente, no será necesario incluir el cuadro como parte integrante de la resolución. 
En segundo lugar, tengo que anunciar una corrección técnica. 
En varias enmiendas se consigna una línea presupuestaria incorrecta debido a problemas informáticos. 
Esta corrección solo introduce las líneas presupuestarias correctas y, por supuesto, no modifica el contenido de las enmiendas. 
(1) 
También quiero proponer tres enmiendas orales. 
En relación con la enmienda 797 sobre el Cuerpo civil europeo de pacificación, quisiera proponer que se añadan las siguientes observaciones. «Este crédito se destina igualmente a la financiación de un estudio de viabilidad sobre la creación de un cuerpo civil europeo de pacificación dedicado que vaya más allá de la ayuda humanitaria en sentido estricto». 
La enmienda 649 sobre la línea presupuestaria 070308 se modifica del siguiente modo. Se suprimen las siguientes observaciones: «Parte de este crédito podrá asignarse a la Academia Europea del Medio Ambiente Urbano de Berlín, respetando lo dispuesto en el Reglamento Financiero». 
La enmienda 754 sobre la línea presupuestaria 15060103 se modifica del siguiente modo. 
Se añaden las siguientes observaciones: «Estos 150 000 euros se destinarán a una subvención para la Academia Europea del Medio Ambiente Urbano de Berlín» y los importes se aumentan en la misma cantidad, es decir, en 150 000 euros. 
. Señor Presidente, es posible que la enmienda 709 tenga que ser objeto de una adaptación técnica para reflejar el resultado de la votación de hoy. 
Esta enmienda pretende compensar el coste de las enmiendas adoptadas a fin de que el Parlamento se ajuste al límite del 20% que se impuso para la Rúbrica 5. 
Se han vuelto a presentar una serie de enmiendas que habían sido rechazadas en la Comisión de Presupuestos y, si se adoptan estas, su coste deberá ser compensado mediante la correspondiente adaptación de la enmienda 709. 
Con esto concluye la votación sobre el presupuesto. 
Deseo hacer constar en acta, en nombre de sus Señorías, nuestro agradecimiento a los servicios del Parlamento. 
El Sr. Dunstan y sus compañeros estuvieron hasta las 3 de la madrugada preparando esta votación. 
– Señor Presidente, si he entendido esto bien, aquí dice que vamos a asignar 8,4 millones de euros a los partidos políticos. 
Ahora parece, por lo que la Cámara ha resuelto, que la línea marcada como «p.m.» es una partida pro memoria. 
Votar eso ahora iría en contra de lo que el Pleno ya ha votado, y por eso pregunto si ese es realmente el caso. 
. Señor Presidente, el Sr. Walter tiene toda la razón, ya que, en la votación anterior, votamos en contra de la enmienda consistente en destinar estos 8,4 millones de euros a la reserva o a esta línea. 
Por consiguiente solo nos queda un p.m., por lo que no podemos mantener el texto de este apartado en su versión actual. 
En opinión del ponente, al parecer este es un requisito adicional a la vista de las votaciones anteriores. 
. Señor Presidente, permítame hacer una pequeña observación, pues uno o dos diputados han formulado una pregunta, aunque en el último momento, sobre una parte de la terminología. 
La expresión «tráfico ilegal» se utiliza o añade para garantizar –o al menos eso esperamos– la claridad lingüística y evitar toda ambigüedad. 
Si en el informe se mencionan los órganos, sangre y tejidos humanos es necesario garantizar que el comercio legal que exista, por ejemplo, con sangre, esperma o tejidos humanos no se vea penalizado o castigado. 
Sin embargo, no se propone en absoluto que exista un comercio o tráfico legal de órganos humanos, todo lo contrario. 
Esa es la finalidad del informe y espero que ahora haya quedado claro. 
(2) 
– Señor Presidente, en el epígrafe 8, este documento afirma que los Balcanes Occidentales no forman parte de Europa, lo cual carece bastante de sentido. 
Pido al ponente que aclare este punto, pues de lo contrario no podré votar a favor del informe. 
No me tiente a estas horas, señor Posselt. 
Me gustaría felicitar al ponente por su informe y también por su silencio magistral a modo de contribución. 
(3) 
. – Señor Presidente, lo siento, pero el hecho es que la tecnología no siempre está a punto aquí. 
Quería señalar, por lo que se refiere al apartado 2 de la enmienda 8, que propongo sustituir en el texto original las palabras «todas las iniciativas» por «las iniciativas». 
De este modo, quizás podríamos realizar un voto conjunto. 
. – Señor Presidente, por lo que se refiere al apartado 11, propongo una enmienda oral con vistas a sustituir las palabras «energías alternativas» por las palabras «energías renovables». 
Señor Presidente, lamento que dos enmiendas, que eran muy importantes para dar una señal política al sector textil- tan preocupado ante los retos a los que tiene que hacer frente en 2005- y para la industria en general- que tiene también una gran preocupación ante la entrada de China en la OMC -, no hayan podido aprobarse por falta de una mayoría cualificada, ya que podían haber servido- como digo- de señal política a estos sectores, ya de por sí muy preocupados. 
Entiendo que es una falta de coherencia de todos aquéllos que han votado en contra. 
Al mismo tiempo, quiero explicar también que he querido votar a favor de un aumento del presupuesto en relación con la reconstrucción del Iraq- aunque estuve en su momento y sigo estando en contra absolutamente de la guerra -, porque entiendo que no podemos seguir castigando al pueblo iraquí, máxime teniendo en cuenta las graves insuficiencias en servicios básicos para la población que ya existían. 
. – Una vez más, el Parlamento Europeo acaba de aprobar en el anteproyecto de presupuesto una partida «3710 – Contribuciones a favor de los partidos políticos europeos» , dotada para que conste. 
En efecto, desde hace varios años, nuestra Asamblea desea ardientemente financiar a los partidos políticos denominados «europeos» con fondos públicos. 
Pero era imposible por falta de fundamento jurídico. 
El Tratado de Niza aportó oportunamente uno (apartado 4 del artículo 191 del TCE) , pero todavía hace falta el reglamento de aplicación. 
Ahora bien, este no es fácil de redactar, pues se pretenden introducir burdas discriminaciones entre los partidos políticos «integracionistas» y los demás, pero también entre los partidos políticos estrictamente europeos y los que, desde una base nacional, trabajan a escala europea. De este modo se contradice con el apartado 4 del artículo 191 del Tratado, incluso modificado por Niza, que da una definición amplia de los beneficiarios de la financiación, puesto que contempla los partidos «a escala europea» , contrariamente a lo quiere hacer creer la redacción actual de la partida 3710. 
Para evitar este nuevo escollo, el proyecto de Constitución Europea introduce una nueva modificación: contempla sutilmente los partidos políticos «de dimensión europea» (apartado 4 del artículo 45 de la parte I). 
Pero, por desgracia para los federalistas, este texto todavía está muy lejos de ser adoptado. 
Los Diputados del Partido Liberal danés en el Parlamento Europeo, el Sr. Busk y la Sra. Riis-Jørgensen, han votado en contra de la enmienda 338 durante la votación del presupuesto de la UE para 2004. 
Consideramos que resulta impropio defender la producción de tabaco en Europa. 
Ahora bien, la aprobación de la enmienda 338 no sería sino una mera formalidad, ya que la UE seguiría estando obligada a proporcionar la ayuda. 
Por el contrario, creemos que se debe decidir la supresión de la ayuda como parte de una reforma global de los sistemas de subvención agrícola de la UE. 
. – Hay que acoger favorablemente el restablecimiento de la línea agrícola, así como el significativo esfuerzo previsto a favor del desarrollo rural, a la inversa de lo que sucede con la inadmisible reducción de créditos solicitada en detrimento del sector del tabaco, un sector eminentemente frágil en términos de empleo. 
En el terreno internacional, la muy grave situación del Iraq y la ayuda que debe aportarse a su atormentada población, como a sus infraestructuras duramente castigadas, exigen recordar algunos principios e ideas simples. 
La política exterior solo puede depender de la soberanía de las naciones. 
En lo que se refiere a la ayuda de la Unión a la reconstrucción del Iraq, el Consejo de Ministros, al igual que la Comisión Europea, están de acuerdo en reconocer que un crédito de unos 200 millones de euros hasta finales de 2004 sería la contribución necesaria y suficiente para la reconstrucción del país, sin tener en cuenta la ayuda alimentaria y de urgencia, teniendo en cuenta, por cierto, que según estas instituciones, la capacidad de absorción del país es limitada. 
Además, la contribución de la Unión Europea, en función de las necesidades del pueblo iraquí, debe definirse en el marco de un acuerdo político preciso sobre las condiciones de su aplicación, en el que se reconozca un papel esencial a las Naciones Unidas. 
– Señor Presidente, Señorías, me complace enormemente que la Cámara no haya aprobado, a pesar de todo, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo que proponía suprimir 40 millones de euros para la exportación de reses vivas. 
Nosotros también nos oponemos a las subvenciones a la exportación para el transporte de reses vivas para sacrificio, pero esta enmienda indiscriminada, que no distingue entre ganado de cría o de producción y reses para sacrificio, resultaba lamentablemente poco afortunada. 
Si bien me alegra sobremanera que la enmienda no haya obtenido el apoyo de la mayoría, quiero dejar claro que este tipo de enmiendas son perjudiciales para la agricultura, sobre todo en las regiones menos favorecidas. 
. – Tampoco este año nos reconocemos en las orientaciones generales del presupuesto comunitario. 
El proyecto de presupuesto es tanto más preocupante cuanto que, a partir del 1 de mayo de 2004, será el de una Europa de 25. 
Esto se traduce en un aumento significativo del presupuesto, con más de 112 000 millones de euros en créditos de compromiso. 
Pero los ciudadanos de los Estados que, como Francia, contribuyen más, no verán ninguno. 
Al contrario, serán víctimas de las insuficiencias de la PAC y de la redistribución de la dotación general para las acciones estructurales. 
Para los miembros de Chasse-Pêche-Nature-Traditions del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias (EDD) , en vez de poner el presupuesto francés bajo tutela, Europa haría mejor en poner freno a su propio gasto compulsivo. 
El proyecto de presupuesto para 2004 confirma la tendencia a reducir el tamaño del presupuesto, manifestada desde 1997. Este proyecto de presupuesto es el equivalente a menos del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad, a pesar de ser el presupuesto de la ampliación, con unos mayores requerimientos en términos de cohesión social y económica, y a pesar de la recesión económica que sufre la UE. 
Gracias a la aprobación de la Agenda 2000, el marco financiero restrictivo del Consejo de Copenhague y las consecuencias de las restricciones impuestas por el Pacto de Estabilidad, que afectan directamente a la ejecución del presupuesto, el procedimiento presupuestario se ha convertido en un lugar de negociación en el que se discuten asuntos intrascendentes y donde la política que se persigue es la de las transferencias, los recortes y las redistribuciones de fondos. Todos ello reduce la transparencia presupuestaria. 
Lamentamos que se haya rechazado la creación de una partida presupuestaria de 20 millones de euros para la reconstrucción de Palestina, dado el deterioro de las condiciones de vida e infraestructuras que sufre el pueblo palestino. 
Sin embargo, acogemos con agrado la aprobación por parte del Parlamento de nuestra propuesta solicitando a la Comisión que mantenga el nivel de la ayuda concedida a Timor Oriental, teniendo presente la necesidad continua de reconstrucción en dicho país y los compromisos internacionales que se han contraído con él. 
Por consiguiente, hay que subsanar el recorte injustificable del 70% propuesto por la Comisión, que ha eliminado la partida presupuestaria específica para Timor Oriental. 
El 23 de octubre de 2003 voté a favor del presupuesto en primera lectura del Parlamento Europeo y a favor del informe del Sr. Mulder (A5-0349/2003). 
En este sentido, quiero insistir en que no puedo apoyar las partes del presupuesto referentes al Estatuto de los Diputados y la subvención de los partidos políticos europeos. 
Señor Presidente: durante la mayor parte de este año, la Junta de Cuestores ha intentado modificar el presupuesto, con el apoyo de la mesa, a fin de ampliar la cobertura del seguro de enfermedad de los antiguos diputados siempre que estos hayan estado al menos durante dos legislaturas en el Parlamento Europeo, tengan al menos 60 años al abandonar este último y el coste de dicho seguro sea repartido de la misma manera que el de los funcionarios del Parlamento, salvo que, además, los antiguos diputados pagarían una prima equivalente a unos cinco años de cotizaciones a dicho seguro. 
De este modo, esta categoría de ex diputados quedaría en la misma situación que el personal con la misma antigüedad. 
En este presupuesto de muchos millones de euros, la Sra. Gill ha intentado frustrar cada vez que ha podido esta modesta medida comparativamente poco costosa. 
Su actitud hacia sus antiguos compañeros de mayor edad ha sido cruel, vindicativa e hipócrita, pues al tiempo que los condena a una vejez dolorosa y enfermiza, no tiene las mismas reservas cuando se trata de sus propias ventajas. 
Reto a la Sra. Gill a que nos diga si hace uso del plan privado de reembolsos por gastos de enfermedad y si se beneficia o no del plan de pensiones voluntario del Parlamento. 
La actitud de la Sra. Gill ha sido y sigue siendo una vergüenza. 
Espero que ahora suavice su actitud, pero me temo que espero en vano. 
El 23 de octubre de 2003 voté a favor del presupuesto en primera lectura del Parlamento Europeo y a favor del informe de la Sra. Gill (A5-0350/2003). 
En este sentido, quiero insistir en que no puedo apoyar las partes del presupuesto referentes al Estatuto de los Diputados y la subvención de los partidos políticos europeos. 
El 23 de octubre de 2003 voté a favor del presupuesto en primera lectura del Parlamento Europeo y a favor del informe de la Sra. Gill (A5-0350/2003). 
Con respecto a eso, he apoyado la adquisición de los edificios en Estrasburgo y Luxemburgo para el Parlamento Europeo, porque a la larga reducirá los costes que conlleva el «doble domicilio» y ahorrará así el dinero de los contribuyentes europeos en forma de impuestos. 
Quiero recalcar que sigo oponiéndome a que el Parlamento Europeo tenga dos sedes y que soy de la opinión que la adquisición de los edificios no afectará a la decisión de permitir que el Parlamento Europeo trabaje y vote en un solo lugar. 
Esa decisión corresponde a los Jefes de Estado y de Gobierno, tras la cual se podrían vender los edificios a un precio ventajoso si fuera necesario. 
The priorities of the Community’s criminal justice system have always been the perpetrators of crime and the handing down of punishments on the basis of the crime committed. Se ha prestado escasa atención a las víctimas, que están sujetas a diferentes sistemas nacionales de indemnización con graves dificultades de coordinación y aplicación de la ley en el caso específico de los delitos transfronterizos. 
Por tanto, resulta importante establecer unas normas mínimas que definan los términos «víctima» y «delito» , concretando qué personas pueden reclamar una indemnización si fallece la víctima y decidiendo los métodos y formas de pago. 
A mi parecer, la creencia de la ponente en la importancia central de garantizar una indemnización es particularmente llamativa. 
La indemnización es vital no solo para aliviar, en la medida de lo posible, el daño y el sufrimiento causados, sino para resolver el conflicto social creado por el delito y facilitar la aplicación de una política criminal verdaderamente racional. 
Una sociedad que dice salvaguardar los derechos individuales debe también asegurar la protección de sus ciudadanos a título individual. 
Felicito sinceramente a la ponente por su excelente trabajo. 
He votado a favor. 
. – Nos hemos abstenido sobre este informe, como también sobre los otros dos relativos a la pesca. 
Estamos a favor de la recuperación de las poblaciones de peces amenazadas de desaparición. 
Esto ha sido muy productivo para los armadores y las empresas transformadoras, cuyos precios de coste no han dejado de bajar. 
Como las reservas de pescado disminuían al mismo ritmo, las autoridades acabaron por alarmarse y entonces decidieron reducir las flotas de pesca. 
Los pequeños pescadores pagaron el precio, y los contribuyentes también, que subvencionaron ayudas para que los grandes armadores siguieran prosperando, puesto que el desarrollo sostenibleque se producía era el de sus beneficios. 
Las medidas previstas por las instituciones europeas o los Estados nacionales consistirán en medidas indecisas, de las que se afirma en un informe que han sido saboteadas por los grandes armadores con la complicidad de los Estados de la Unión Europea, y en medidas cuyo efecto principal es dañar a las poblaciones que dependen de la pesca. 
Rechazamos toda medida que, so pretexto de preservar la naturaleza, destruye las condiciones de existencia de los pequeños pescadores que viven de lo que ganan. 
Como ha venido apuntando el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) desde finales de 2000, las poblaciones de bacalao del Mar del Norte corren un grave peligro de extinción. Eso supone una amenaza seria para el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos, pero también para los pescadores y sectores de la flota afectados por esas capturas. 
El Consejo de diciembre de 2002 propuso un plan de recuperación definitivo para estas poblaciones de bacalao, cuyo objetivo era garantizar su recuperación hasta los niveles de precaución aconsejados por los científicos en un plazo de cinco a diez años. 
Por otro lado, tiene que existir un equilibrio entre las actividades planeadas y hay que tener presentes las consecuencias socioeconómicas. Todo lo cual exige medidas para reembolsar los costes sufridos por los sectores de las flotas y las regiones pesqueras que dependen de tales capturas, así como garantías de que las partes más interesadas en la recuperación de las poblaciones –los pescadores, en otras palabras– desempeñen un papel preferente. 
Parece obvia la necesidad de garantizar la financiación que tales medidas demandan, al tiempo que resulta necesario movilizar el instrumento de flexibilidad y revisar las perspectivas financieras. 
. Acojo con agrado el informe presentado por mi colega, la Sra. Stihler, que aprueba y mejora la propuesta de la Comisión para hacer frente a la grave disminución de las poblaciones de bacalao en aguas comunitarias, como indica el informe científico del CIEM. 
Este informe acepta que son necesarias medidas urgentes de conservación, pero que estas deben ir compensadas con medidas encaminadas a proteger los intereses económicos y sociales de los pescadores y trabajadores auxiliares. 
Toda posible prohibición de la captura de bacalao no debe convertirse en una prohibición general de la pesca de pescado blanco. 
Si bien resulta importante que no se realicen capturas accidentales significativas de bacalao al pescar otros pescados blancos, es necesario aplicar un criterio de selectividad a las zonas excluidas de la pesca general a fin de que los pescadores puedan capturar especias que no estén en peligro. 
La propuesta de la Comisión de elaborar un plan de recuperación para las poblaciones de bacalao en el Mar del Norte y en las aguas colindantes, se produce en respuesta a unos datos que apuntan a que las poblaciones en cuestión están al borde de la extinción. 
La actividad pesquera disminuiría en consecuencia, afectando a las comunidades pesqueras de las costas oriental, occidental y septentrional de Irlanda, el norte de Escocia y las islas escocesas septentrionales y occidentales. 
Estas zonas son periféricas y muy vulnerables, ya que existen escasas posibilidades de diversificación para la economía local y el acceso a los mercados es restringido. 
En consecuencia, puesto que este informe trata de equilibrar la necesidad de alcanzar los objetivos marcados de recuperación de las poblaciones, con el impacto socioeconómico en el sector pesquero y las comunidades que tanto dependen de esta industria, no puedo sino apoyarlo. 
Creo que el hincapié que el informe hace en la flexibilidad y la participación local –en concreto, tal como sugiere la ponente, la participación de los pescadores y de los consejos consultivos regionales– para la recuperación de las poblaciones es crucial a este respecto. 
También es interesante la propuesta de redactar un informe sobre el impacto de la pesca industrial en las poblaciones de bacalao, que continúa siendo un asunto controvertido. 
Ya habíamos tenido en Estrasburgo casos de legionelosis, pero ahora estamos asistiendo a un brote de liberalismo particularmente peligroso. 
Pienso en el informe Jarzembowski y me extraña que hayamos votado a favor de una liberalización acelerada no solo del transporte de mercancías, sino también del transporte de viajeros, a pesar de las advertencias de la Comisión y del Consejo y a pesar de que la mayoría de las empresas ferroviarias no están preparadas. 
Lo hacemos sin conocer la evaluación solicitada por la Comisión, lo hacemos cuando sabemos que tendrá consecuencias importantes desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la calidad del servicio prestado a los ciudadanos. 
Considero que la votación del Parlamento hoy es totalmente irresponsable y que ha sido dictada por intereses nacionales y por la proximidad de elecciones. 
Hemos dejado que las citas electorales influyan en nuestros votos. 
– Señor Presidente, aunque el informe Jarzembowski constituye ciertamente un hito en el camino hacia un mercado ferroviario europeo, quiero decir que en general nos queda mucho por hacer en materia de política ferroviaria europea, y deseo recalcar ante todo el absoluto abandono de las líneas que enlazan el este con el oeste y el oeste con el sudeste. 
Creo que la unificación de nuestro continente, un proceso que ya está en marcha, confiere una importancia primordial al enlace ferroviario que va desde París, pasando por Estrasburgo y el sur de Alemania, hasta Viena y Budapest, así como el trayecto desde Stuttgart hasta Praga. 
Nuestros debates sobre política ferroviaria me causan la impresión de que muchos de sus responsables no tienen nada claro que está en juego bastante más que si se abre al tráfico esta o aquella región; se trata en verdad de un gran proyecto de transporte denominado «unidad europea». 
Lo que hemos logrado hasta la fecha es, a lo sumo, fragmentario, y quiero hacer un llamamiento, sobre todo al Consejo, los gobiernos y los Estados miembros, para que destinen fondos suficientes a la política ferroviaria. 
Creo que esta política no solo tiene una enorme importancia económica, sino que la unificación de Europa en su conjunto no será posible a menos que, de una vez por todas, hagamos una ingente labor de ampliación de las rutas que unen el este con el oeste. 
Aunque esas rutas conectan entre sí a las regiones más importantes de Europa Central, es lamentable que no lleguen a enlazar la mayoría de las capitales nacionales. 
Por tal razón, muchos Estados que centran toda la atención en su capital –Alemania, por ejemplo– las consideran demasiado periféricas. 
. – He votado en contra de la propuesta de generalización de la liberalización del transporte ferroviario en Europa. 
Aunque los efectos de la Directiva 2001/12 sobre los derechos de acceso a la red transeuropea de transporte ferroviario de mercancías no han podido evaluarse, por estar en proceso de transposición en los Estados miembros, la Comisión Europea y el Sr. Jarzembowski proponen acelerar la liberalización completa del transporte ferroviario. 
Es simplista pretender que la pérdida de competitividad del ferrocarril se debe a la falta de liberalización. 
No ha sido necesario liberalizar el transporte ferroviario de viajeros para desarrollar líneas competitivas y seguras. 
La cooperación entre operadores, en lo que se refiere al Thalys, funciona. 
Lo que falta en Europa es una política industrial, es el desarrollo de cooperaciones entre operadores de servicios públicos, son presupuestos de inversión de los Estados miembros y la Unión en las redes transeuropeas. 
A pesar de las mejoras que se han aportado, el informe del Sr. Sterckx ratifica lo que el Consejo de Ministros ha aceptado: la subordinación de la seguridad a la rentabilidad. 
Apoyo el informe Savary sobre la creación de una Agencia Ferroviaria Europea que cuente en su Consejo de Administración con representantes de las organizaciones de trabajadores y que tenga en cuenta los aspectos medioambientales, sociales y de seguridad, conforme con las propuestas de la Sra. Ainardi. 
El rechazo a la enmienda propuesta por mi Grupo respecto a esta posición común, que ha sido aprobada en sesión plenaria por el Parlamento Europeo, nos produce pesar. 
Una mayoría tanto del Parlamento como del Consejo pretende liberalizar este sector y ampliar su ámbito de actuación para incluir también las redes nacionales de transporte ferroviario de mercancías, aunque los diputados de esta Cámara parecen tener más prisa. 
El Parlamento insiste en que los servicios de transporte de mercancías (internacionales y nacionales) y los servicios internacionales de transporte de pasajeros deben tener acceso a las redes ferroviarias de aquí al 1 de enero de 2006. 
El Consejo propone esa fecha límite para los servicios internacionales de mercancías, y el 1 de enero de 2008 como fecha límite para que abrir la infraestructura de todos los Estados miembros a todo tipo de servicios de transporte ferroviario. No ha efectuado ninguna previsión para los servicios internacionales de transporte de pasajeros. 
El Consejo pide a la Comisión que presente, antes del 1 de enero de 2007, un informe sobre la aplicación de la Directiva, haciendo especial referencia al funcionamiento de las distintas organizaciones implicadas; los cambios en el mercado, las tendencias en el tráfico internacional, las actividades y la cuota de mercado de todas las partes afectadas; el impacto global en el sector del transporte; el impacto en los niveles de seguridad en cada Estado miembro; y las condiciones de trabajo en este sector en cada Estado miembro, algo que este Parlamento no está dispuesto a aceptar. 
. 
El segundo paquete ferroviario, lo mismo que el primero, pretende crear un mercado interior común para el transporte por ferrocarril. 
Siguiendo el ejemplo de los sectores de las telecomunicaciones, correos, electricidad y gas natural, la idea es dejar las redes a merced de la competencia y reducir así los precios para los consumidores. 
Esta línea de pensamiento es básicamente válida y debe llevarse a la práctica, pero no de golpe como pretenden algunos de mis colegas diputados. 
No todas las compañías ferroviarias son iguales; el que algunas sean pequeñas y otras grandes no se puede atribuir únicamente a que unas sean más eficientes que otras, sino también a que unas más que otras han disfrutado desde un principio de una posición de monopolio en un mercado más amplio. 
Si se abrieran los mercados con excesiva premura, el resultado sería una distorsión injustificable e injusta de la competencia que beneficiaría a los antiguos monopolios en los Estados miembros más grandes. 
Aunque abogo por la liberalización de las redes ferroviarias, el proceso debe hacerse de acuerdo con un calendario que permita a todas las partes implicadas, ya sean compañías o trabajadores, prepararse para la nueva situación. 
No se puede imponer una fecha límite más temprana para apertura de las redes ferroviarias al tráfico nacional de mercancías –2006 en lugar de 2008–, ni tampoco se puede imponer una fecha tope para el tráfico nacional de pasajeros, habiéndose sugerido el año 2008. 
Estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo que plantea, en línea con el ponente, la conveniencia de acelerar la liberalización del mercado ferroviario, proponiendo el principio de 2008 como fecha límite para la liberalización total de los servicios nacionales de pasajeros. 
Apoyo igualmente otras enmiendas propuestas, que hacen una contribución positiva a la recuperación del sector ferroviario y establecen una relación equilibrada entre las modalidades de transporte de mercancías y de pasajeros, ajustándose a los principios contenidos en el Libro Blanco sobre política europea de transportes. 
Espero, por tanto, que este sea un paso más hacia el objetivo de un auténtico mercado ferroviaro interior, que además reducirá la densidad del tráfico por carretera en nuestras autopistas, y en particular el ingente volumen de mercancías transportadas en camiones pesados. 
. 
A la hora de valorar el paquete ferroviario que hemos votado hoy, y que cuenta con todo mi apoyo, hay que tener siempre presente la geografía de la Unión Europea. No debemos olvidarnos de los territorios periféricos de los actuales Estados miembros y de los nuevos países de la ampliación. 
Portugal no debe quedar excluida del sistema de redes transeuropeas de transporte ferroviario. 
El Gobierno portugués se muestra indeciso, admitámoslo, pero la Unión no tiene que ser tan permisiva y debe centrar su atención en el cumplimiento de un calendario para las infraestructuras generales de la Unión. 
El propósito de esta Directiva es implantar unos objetivos comunes de seguridad (OCS) y unos métodos comunes de seguridad (MCS). Según el Consejo, debe garantizarse el mantenimiento de un alto nivel de seguridad, y su mejora siempre que sea razonablemente factible, teniendo en cuenta la competitividad de la modalidad de transporte ferroviario. 
Esta exigencia de competitividad, junto con el requisito de que el mercado interior funcione correctamente, sustenta todo el contenido de esta Directiva. 
Hemos votado en contra de buena parte de las enmiendas porque el objetivo de unos ferrocarriles más seguros no se logrará a través de las propuestas del Parlamento Europeo, ya que estas últimas se limitan a establecer unas normas mínimas a escala europea e impiden a los Estados miembros establecer unas normas diferentes a escala nacional sin el consentimiento de los otros Estados. Además, la nueva normativa no debe poner en peligro la libre circulación de los trenes. 
Pero una vez más el Parlamento Europeo ha adoptado una postura poco comprometida, a la que nos oponemos. 
Creo que es necesario introducir medidas para armonizar los reglamentos sobre seguridad de los diferentes Estados miembros, para mejorar la seguridad del sistema ferroviario de la Comunidad e, indirectamente, mejorar la prestación del servicio ferroviario internacional. Esa es la razón por la que he votado a favor de este informe. 
Desde hace tiempo he mantenido que existe una necesidad urgente de conceder mayor prioridad al transporte ferroviario a costa del transporte por carretera en todas sus modalidades, principalmente el transporte de mercancías pesadas a grandes distancias. 
El buen historial de seguridad del transporte europeo por ferrocarril viene a confirmar constantemente, de primera mano, la validez de este razonamiento. Además, una política así supondría un alivio automático de nuestras sobrecargadas autopistas y autovías, que están plagadas de accidentes. 
La liberalización de los servicios ferroviarios supondría una contribución notable a este proceso, si bien la supervisión y el control del cumplimiento de las normas de seguridad, y especialmente el mantenimiento de las infraestructuras, seguiría siendo prerrogativa de las administraciones públicas. 
Como tuve ocasión de manifestar durante la votación en primera lectura, apoyo también la introducción de un certificado de seguridad para las empresas de este sector y para los gerentes de las infraestructuras, la pertinente formación de todo el personal, el pleno acceso a información de seguridad para todas las empresas ferroviarias y el uso de una lengua común de trabajo en el transporte ferroviario internacional. 
La finalización total de esta propuesta de Directiva por parte de la Comisión Europea, con vistas a acelerar la puesta en práctica de la interoperabilidad entre los diferentes participantes en el sistema ferroviario europeo, está también directamente vinculada a la creación de la Agencia Ferroviaria Europea, de la que se ocupa el informe Savary. 
Este hecho constituye otra buena razón que viene a sumarse al ingente cúmulo de argumentos válidos a favor de la creación de la Agencia Europea antes mencionada, y permitirá alcanzar un elevado grado de armonización técnica. 
Con la valiosa ayuda de esa Agencia, podrán coordinarse mejor las inversiones en proyectos transfronterizos realizadas por los distintos Estados miembros, controlar la puesta en práctica de las especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI) , fijadas por la Asociación Europea para la Interoperabilidad Ferroviaria (AEIF) y subvencionar la implantación de dichas ETI. 
El escaso número de enmiendas –solo seis, y además insustanciales– a la posición común de la Comisión presentadas por la comisión parlamentaria especializada es un claro indicio del consenso general que ha existido en torno a esta cuestión. 
Por eso he votado a favor. 
Celebro que el Consejo haya aprobado de la propuesta del Parlamento Europeo para que las organizaciones de trabajadores y usuarios participen en las labores de la Agencia, especialmente en su Consejo de Administración, pero hay que permitir que estos organismos designen a sus respectivos representantes, en vez de que sean nombrados por la Comisión. 
El Parlamento quiere, naturalmente, que los representantes de las organizaciones de los trabajadores participen en los grupos de trabajo que después formularán las recomendaciones y no solo, como sugiere el Consejo, en el proceso posterior de consulta. 
A diferencia de la propuesta de la Comisión y el Parlamento, el Consejo quiere que el Consejo de Administración de la Agencia cuente con un representante de cada Estado miembro. 
El Parlamento apoya la propuesta de solo seis representantes del Consejo, una posición a la que nos oponemos. 
En cuanto a los seis representantes de las compañías ferroviarias, los gerentes de infraestructuras, la industria ferroviaria, los sindicatos que representan a los trabajadores, los usuarios de mercancías transportadas por ferrocarril y los pasajeros de los ferrocarriles, respectivamente, el Consejo apoya la propuesta de la Comisión de que sean designados por la Comisión. 
Las ventajas de establecer una Agencia Ferroviaria Europea para que colabore con la Comisión Europea en la consecución de una mejor coordinación entre los distintos agentes implicados en el sistema ferroviario y en la creación de una comisión permanente para estimular el debate mediante recomendaciones y opiniones, quedaron claramente ilustradas en los resultados de la votación que se celebró en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo: cuarenta y cuatro votos a favor y solamente dos abstenciones. 
Su creación está justificada de modo aún más convincente por la cada vez mayor liberalización del sector y la futura emisión de normas de seguridad uniformes en todos los Estados miembros. 
Por otra parte, si se divulgan adecuadamente, sus actividades de consulta, propuesta y observación podrían dar lugar a una mayor conciencia de los enormes beneficios del transporte ferroviario entre los Estados miembros y los ciudadanos de Europa. 
La comisión se opone a incluir en el consejo de administración de la agencia a representantes del Consejo procedentes de todos los Estados miembros. Es probable que esta representación sea importante y por lo menos debería implicar a todos los países que cuentan con extensas redes ferroviarias o forman parte de las redes transeuropeas. 
Las tareas descritas en el informe del Sr. Savary y en parte también en el informe del Sr. Sterckx son urgentes. 
Sin embargo, es dudoso si es necesaria una nueva agencia, cuando en su lugar sus tareas podrían ser desempeñadas por la Comisión y mediante intercambios y consultas en reuniones entre representantes del sector ferroviario de los Estados miembros. 
De este modo sería necesaria una agencia menos y se gastarían menos impuestos. 
Si las cuestiones ferroviarias se tratasen en la Comisión, el estudio de estos temas podría abandonarse cuando ya no se precisen. 
Es más difícil cerrar una agencia, en parte debido a su valor simbólico para el país de acogida. 
Los demócrata-cristianos suecos destacan la necesidad de coordinación y cooperación en el sector ferroviario europeo, pero siguen cuestionando la necesidad de una agencia permanente que trate los asuntos del sector. 
. 
Me preocupa la aparición de este rentable pero repulsivo fenómeno, que amenaza la integridad física de los individuos. 
Se ha convertido en un área de actividad privilegiada de las redes organizadas que explotan las divergencias y las lagunas existentes en los sistemas legales de los Estados miembros a expensas de los grupos más vulnerables, como es el caso de los niños –es chocante el número de raptos que se producen en Brasil y Guatemala– y las personas que viven en condiciones de extrema pobreza. 
Con la próxima ampliación, en 2004, todavía es mayor la urgencia de una acción a escala europea, ya que existe el riesgo potencial de que se abran rutas comerciales lucrativas, especialmente hacia y desde Hungría y la República Checa. 
Lo que se necesita es un planteamiento integral comunitario, definiciones armonizadas de los crímenes relacionados con el tráfico de órganos y tejidos humanos y las sanciones aplicables. 
Es importante que se introduzca un elemento de extraterritorialidad, para impedir que las personas traten de comprar órganos ilegalmente fuera del territorio de la Unión. 
Debemos tratar las causas subyacentes de estos delitos: la grave escasez de órganos disponibles para el transplante, que se debe en gran parte a la falta de información pública. 
Varios estudios demuestran que una gran mayoría de ciudadanos afirman que estarían dispuestos a donar sus órganos una vez muertos, pero solamente una pequeña minoría expresa formalmente su consentimiento. 
. Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia hemos votado a favor del informe Evans porque confirma la trágica situación que prevalece actualmente en el tráfico de órganos y promueve medidas para fortalecer la donación de órganos, única esperanza para la salvación de miles de pacientes que pierden la batalla a la espera de un trasplante. 
Sin embargo, queremos señalar que la falta de financiación de las campañas de información encaminadas a superar la reticencia, la aversión y las nociones preconcebidas hace que el número de donantes sea limitado y refuerza el repulsivo y especialmente lucrativo fenómeno del tráfico de órganos humanos. 
Nos enfrentamos a la pero explotación y criminalidad: el rapto y el asesinato de personas, especialmente jóvenes y niños, con el fin de quitarles sus órganos y venderlos. 
El empobrecimiento absoluto que experimenta la gente los fuerza a vender sus órganos a astutos intermediarios. 
El vergonzoso pero altamente beneficioso «turismo de trasplante» que se está desarrollando ilustra la intensidad y el alcance del problema y aporta una clara prueba del vínculo que existe entre este terrible delito y las actividades legales de las grandes empresas, de la explotación de los países menos desarrollados y sus pueblos en particular. 
Sin embargo, cuando la salud se convierte en un objeto de comercio y explotación, cuando las grandes clínicas privadas obtienen enormes beneficios de grupos de pacientes que necesitan un trasplante, no pueden existir cláusulas ni condiciones para salvaguardar la transparencia en la donación de órganos. 
El meollo de la propuesta que se está debatiendo es la idea de que el cuerpo humano no debería constituir una fuente de beneficio. Por esta razón he votado a favor de esta iniciativa griega. 
Siempre me he opuesto a todo acto de cualquier tipo que constituya una amenaza para la integridad de las personas, pero especialmente cuando se trata del beneficio fácil a expensas de terceros vulnerables. 
También celebro esta iniciativa porque debo admitir que es fácil para los traficantes operar en países de la UE, debido a la libre circulación en el territorio comunitario. 
Las normas deben ser muy claras y todas estas actividades ilegales deben penalizarse y castigarse. 
Sin embargo, el comercio de órganos y tejidos humanos es legítimo cuando se destina a fines médicos, dentro de un marco muy estricto y cuidadosamente regulado. 
En esa medida, apoyo la propuesta del ponente de cambiar el título de la decisión marco por el de «tráfico ilegal de órganos, partes de órganos y tejidos humanos» , por considerar que ese comercio legítimo y estrictamente regulado es conveniente y legal (por ejemplo, el de productos como el esperma, la sangre y sus derivados, etc.). 
También considero ventajosa la solicitud a la Comisión de crear bases de datos. Una de estas bases de datos será de órganos legalmente disponibles, y a ella podrá acceder el personal médico de toda la UE. 
. – Desde hace algunos años, el tráfico de órganos de origen humano se ha desarrollado mucho. Se ha organizado una trata de seres humanos con el fin de extraer órganos de donantes vivos. 
Pacientes de la Unión Europea compran órganos a donantes de terceros países, aprovechando así su desamparo ante la extrema pobreza. 
En este contexto, hemos de acoger con satisfacción la propuesta de Decisión marco. 
La donación de órganos de personas vivas constituye una fuente real de abusos y a menudo significa una explotación de la miseria. 
Por consiguiente, solo podrá recurrirse a donantes vivos en última instancia, cuando el trasplante de órganos de personas muertas sea imposible. 
He presentado, pues, una enmienda que prevé el castigo de cualquier extracción de órganos de donantes vivos que no mantengan con el paciente una estrecha relación personal, tal como la define la ley. 
A falta de dicha relación, las donaciones solo podrán efectuarse en las condiciones definidas por la ley y previa autorización de una instancia independiente adecuada. 
La donación de órganos de donantes vivos debe estar muy regulada y vigilada para proteger a las personas vulnerables y evitar la explotación de seres humanos a fin de obtener sus órganos, que es una práctica inaceptable. 
.Una vez más la cumbre ha cargado sobre los pueblos el peso de una agravada política contraria a los intereses de la gente común. 
Tras haber tratado de superar su oposición secundaria a la «constitución europea» , centraron su atención en la economía y el desarrollo ulterior de la represión y las relaciones exteriores, u no dejaron de felicitar al Papa por sus 25 años de servicio a Dios. 
Tal y como declararon los líderes de la UE, la recuperación económica depende de la aceleración de las reformas estructurales y el aumento de la flexibilidad del mercado laboral, es decir, de condiciones de empleo todavía más duras para los trabajadores. 
También hablan de «modernizar» los sistemas de protección europeos y repiten que los sistemas de pensiones se ven amenazados por los acontecimientos demográficos, en otras palabras, por la esperanza media de vida. 
Con el fin de reforzar todavía más los monopolios, han anunciado nuevos e importantes proyectos en las redes de transporte y telecomunicaciones. 
Una vez más los derechos democráticos se encuentran en su línea de fuego. 
Con el pretexto de controlar las fronteras y la inmigración, están introduciendo elementos «biométricos» en los visados y los pasaportes. 
Solicitan una estrecha colaboración policial y judicial con el pretexto del terrorismo. 
Celebran la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Iraq inspirada por los Estados Unidos y han declarado que están listos para contribuir a la «estabilidad» de ese país. 
La resolución insta a la actual Conferencia Intergubernamental a que adopte «disposiciones mejoradas» para el título IV del proyecto de Constitución de la Convención que, por ejemplo, trata del procedimiento a seguir para modificar una Constitución que se adopte en el futuro. 
Queremos destacar que dicha «mejora» no debe conducir a que desaparezca el requisito de ratificación por parte de todos los Estados miembros en caso de modificación. 
También queremos destacar que podemos apoyar el establecimiento de una autoridad de administración de fronteras, pero que no deseamos ver ninguna estructura operativa ni otra forma de cooperación operativa. 
. – El Consejo Europeo de los días 16 y 17 de octubre eliminó de sus conclusiones la idea de una política de inmigración basada en cuotas, tal como había propuesto la Presidencia italiana. 
Lo lamentamos sinceramente, ya que una política de ese tipo habría representado un primer paso hacia un control de la inmigración, puesto que, para aplicar cuotas, primero es necesario poder contar y controlar. 
Entre los oponentes, el Sr. Chirac, en nombre de Francia, se declaró «hostil al principio mismo de las cuotas» , a riesgo de parecer vacilante ante la idea misma de limitar la inmigración. 
Otros oponentes tenían mejores razones: en efecto, la Comisión manifestó su intención de utilizar la iniciativa para construir una política europea integrada de cuotas, retirando a los Estados sus competencias para determinar el número de trabajadores inmigrados que pueden acoger. 
Además, quería ofrecer cuotas adicionales a los terceros países que aceptasen readmitir en su territorio a sus emigrantes llegados ilegalmente a Europa. 
Un extraño trato, recompensar a los que nos perjudican, cuando es su estricto deber readmitir a sus emigrantes ilegales. 
No es sorprendente en estas condiciones que algunos Estados hubieran preferido sabotear la política de cuotas. 
. – El Consejo Europeo de Bruselas se anunciaba sin mucho aliento ni esperanzas. 
El informe que nos ha hecho la Presidencia del Consejo y el informe de la Comisión Europea confirman la absoluta mediocridad de un Consejo que no estuvo a la altura de los objetivos, particularmente en el terreno social y de empleo. 
Por lo que se refiere a la Conferencia Intergubernamental y al proyecto de Constitución, se reafirma por desgracia que los debates, y por tanto las posibles transacciones de última hora, se refieren y se referirán únicamente a la ponderación de los votos en el Consejo y al número de comisarios europeos. 
Estamos muy lejos de las auténticas cuestiones sociales y ciudadanas, que requerirían un marco constitucional nuevo, diferente del marco liberal que caracteriza el proyecto presentado por Valéry Giscard d ' Estaing. 
En su estado actual, incluso modificado al margen, es un proyecto que no me conviene. 
. El reciente Consejo Europeo de Bruselas se centró en cuestiones económicas. 
Las deliberaciones giraron sobre todo en torno al funcionamiento de la economía de la UE y la mejor manera de estimular el crecimiento mediante un aumento de la inversión y la realización de reformas estructurales. 
Si tomamos las decisiones adecuadas en este momento, podemos lograr que la economía de la Unión Europea crezca y prospere en el futuro. 
Sabemos que la economía europea ha sufrido recientemente una desaceleración. 
Tenemos que estar en condiciones de aplicar toda la agenda política establecida por el proceso de Lisboa. 
Para seguir siendo competitivos, las ventajas de las nuevas tecnologías tienen que extenderse a todas las regiones europeas. 
Me felicito del compromiso asumidos por los dirigentes de la UE de mantener un enfoque multilateral para las cuestiones comerciales. 
Es importante que la UE emprenda el proceso de reforma de las pensiones a fin de poder estar en condiciones de pagarlas en el futuro. 
Me complace la designación del Sr. Jean Claude Trichet y le deseo mucho éxito en sus graves responsabilidades a la cabeza del BCE. 
En el ámbito internacional, los dirigentes de la UE se centraron, con toda la razón, en temas como el Iraq y el futuro papel de las Naciones Unidas. 
Resulta asimismo evidente que las negociaciones sobre las disposiciones del nuevo tratado de la UE se están acelerando un poco. 
. – Liberales, conservadores y socialdemócratas europeos nos presentan una resolución común inaceptable sobre los resultados del Consejo Europeo de Bruselas. 
No podemos compartir su autismo político frente a la endeblez de las conclusiones del Presidente Berlusconi. 
No podemos avalar que la Conferencia Intergubernamental sobre el proyecto de Constitución se desarrolle a puerta cerrada, sin tener en cuenta a los 450 millones de ciudadanos europeos. 
Es necesario que cese este atraco a la democracia. 
Es necesario urgentemente un referendo europeo y, si los pueblos lo deciden, otro proceso constituyente. 
No podemos negar la agravación de la situación económica y social de los asalariados: el 10% de ellos, es decir, 15 millones de personas, carecen de empleo. 
Una ley europea debe prohibir los despidos bursátiles. 
No aceptamos que Europa subcontrate la represión de la inmigración clandestina a terceros países. 
Queremos que se respeten los derechos humanos, empezando por el derecho de asilo, la libre circulación y el libre establecimiento. 
Y, por último, condenamos la actitud de la Unión Europea en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, al menospreciar al Sur, a los campesinos y a los asalariados del mundo. 
Hacemos un llamamiento a la ruptura con la lógica antidemocrática, liberal y militarista de la construcción europea debatiendo sobre una Europa necesaria y diferente en el Foro Social Europeo de París, el próximo mes de noviembre. 
– Señor Presidente, lamento tener que tratar un tema que constituye una cuestión interna de Grupo, pero el martes nuestro Grupo acordó con el ponente que se enmendaría este punto 8, dado que está redactado de forma que puede inducir a error. 
El hecho de que esto no se hiciese obligó a una serie de diputados, incluida la Sra. Pack y yo mismo, a votar en contra de este informe basándonos en que su desacertada redacción daba la impresión de que los Balcanes Occidentales, Belarús, Ucrania y Moldova se encontraban entre las regiones vecinas de Europa y no de la Unión Europea. 
Sin embargo, no cabe duda de que estos Estados forman parte de Europa y es evidente que los Balcanes Occidentales también tienen la perspectiva de adherirse –de hecho, desde Salónica también tienen el derecho de adhesión–, tan pronto como cumplan los criterios de la Unión Europea. 
Por lo tanto, me opongo al modo en que esta redacción sitúa los Balcanes Occidentales en el mismo nivel que África Occidental y el sur del Cáucaso. 
Eso no tiene mucho sentido. 
Sin embargo, supongo que la expresión «Balcanes Occidentales» no significa Croacia, ya que esta Asamblea, basándose en una enmienda que yo junto con otros conseguí introducir en otro informe del Sr. Brok, decidió el 9 de abril de este año considerar a Croacia candidata a la adhesión en 2007. 
El informe es bueno en muchos aspectos. 
Por ejemplo, es importante señalar que se está preparando una estrategia de seguridad para la UE en el marco del sistema de las Naciones Unidas. 
La importancia de la legislación internacional se destaca en varios pasajes. 
Se deja claro que, con el fin de poder combatir las nuevas amenazas y los riesgos para la seguridad a que se enfrenta Europa, deben existir estrategias políticas para luchar contra la pobreza y a favor de la protección del clima, la protección de los derechos humanos y la promoción de la democracia y el Estado de derecho. 
Al mismo tiempo, hay aspectos del informe que no podemos aceptar. 
Queremos mantener el principio de unanimidad en la toma de decisiones sobre política exterior y de seguridad, y rechazamos rotundamente una defensa común del territorio de Europa. 
Es más, no queremos asistir a un aumento de los recursos militares ni que la Comunidad se dote de su propio presupuesto de defensa. 
Por lo tanto, no podemos votar a favor del informe. 
. – He votado en contra del informe Brok, que quiere transformar la PESC en una política supranacional unificada, ignorando las realidades nacionales. 
Por otra parte, como decía en mi intervención anterior, cuando el Presidente de sesión me quitó la palabra por superar en 10 segundos el tiempo de intervención, mientras que el Sr. Brok pudo superar su tiempo todo lo que quiso, el «Ministro de Asuntos Exteriores» que aplicaría esta política de acuerdo con el proyecto de la Convención agruparía las competencias de la Comisión, del Alto Representante y de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
Desempeñaría pues funciones muy diferentes, conducentes a un formidable mezcla de estilos. 
En su discurso introductorio ante la Conferencia Intergubernamental, el 4 de octubre de 2003, el Presidente del Parlamento Europeo llamaba a evitar «toda confusión entre las funciones» de la Comisión y el Consejo, temiendo por lo visto la intrusión del nuevo Presidente del Consejo Europeo. 
Pero el hecho de que el Vicepresidente de la Comisión encargado de las relaciones exteriores presida el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores parece no suscitar las objeciones de nadie. 
Pedimos que el «Ministro» de Asuntos Exteriores no presida el Consejo correspondiente y que, por el contrario, tenga responsabilidades claramente delimitadas. 
. – Se supone que este informe justifica el establecimiento de una política exterior y una fuerza militar comunes en Europa, con la pretensión de garantizar la seguridad europea 
Pero las únicas guerras recientes en que han estado implicados uno o varios países de Europa, en el Iraq, en el Afganistán, en Côte-d’Ivoire, son guerras de bandidaje contra países de los que es ridículo afirmar que hayan amenazado la seguridad de Europa. 
Independientemente de que las potencias europeas las libraran juntas o por separado, estas guerras no pretenden en absoluto defender a la población de la Unión, sino a garantizar los intereses de sus clases pudientes. 
Por otra parte, el informe puede declinar la palabra «multilateralismo» en todas las lenguas europeas, pero no es menos cierto que son los refunfuños de pequeñas potencias imperialistas a las que la potencia principal, los Estados Unidos, no deja otra elección que alienarse detrás de Washington o refugiarse en enojos impotentes. 
La casi ruptura de la Unión Europea en relación con la guerra en el Iraq no es accidental. 
Muestra hasta qué punto la Unión Europea es una colección abigarrada de Estados con intereses contradictorios en muchos ámbitos. 
Rechazamos «las opciones fundamentales» que se describen en este informe, que no se toman en función de los intereses de los pueblos, sino en contra de ellos. 
Este informe es el resultado de un amplio consenso entre las fuerzas políticas de la derecha y los socialdemócratas en torno al desarrollo de la política exterior y de seguridad común y la militarización de la Unión Europea. 
Entre los numerosos aspectos que justifican nuestro rotundo rechazo de este informe, quisiera destacar los siguientes, que no constituyen ninguna sorpresa: 
– el informe «acoge con satisfacción» la «estrategia europea de seguridad» presentada en el Consejo Europeo de Salónica. Esta estrategia sanciona abiertamente la doctrina de la intervención militar, de acuerdo, además, con el nuevo papel estratégico de la OTAN; 
– el informe habla de militarizar la UE en interés de las denominadas «relaciones transatlánticas» , buscando una «asociación» entre la UE y los Estados Unidos para dominar y dividir el mundo; 
– «acoge con satisfacción que el fortalecimiento de la capacidad militar» se haya consagrado como objetivo en la denominada «Constitución Europea» , y que se haya establecido una Agencia Europea de Armamento como puntal esencial en el proceso de militarización de la UE. 
También trata de limitar la soberanía de cada Estado miembro en el campo de la política exterior, haciendo referencia a la supuesta «obligación constitucional» de cada Estado miembro a impedir que se adopte una postura nacional antes de que la UE haya tenido la oportunidad de establecer una postura europea. 
Por lo demás, este informe imita las posturas de los Estados Unidos sobre la mayoría de las cuestiones que actualmente dominan la escena mundial. 
. Como expliqué en el debate de ayer, los diputados europeos del Partido Laborista británico desean una fuerte Política Exterior y de Seguridad Común. 
Esta necesidad se pone de manifiesto en el éxito de la misión común llevada a cabo esta semana en Irán, y se ve subrayada por la desesperada necesidad de que Europa mantenga su presión a través del Cuarteto que supervisa el Proceso de Paz del Próximo Oriente. 
Sin embargo, tenemos que recomendar que no se introduzcan más cambios en la propuesta de constitución para la UE, cambios que, en nuestra opinión, no contribuirían a la consecución de nuestros objetivos. 
Los Gobiernos europeos no aceptarán el método comunitario ni la votación por mayoría cualificada en materia de PESC, ni un Ministro de Asuntos Exteriores integrado únicamente en la Comisión. 
La introducción de una cláusula sobre la solidaridad defensiva de la UE o el establecimiento de un cuartel general de planificación y gestión por separado puede duplicar innecesariamente a la OTAN. 
Los Gobiernos de los Estados miembros de la UE que son militarmente neutrales rechazarán tales exigencias, por encima y más allá de otras. 
Apoyamos firmemente un organismo de defensa, pero este debería concentrarse en constituir capacidades militares entre los Estados miembros, y no en la adquisición de equipos para una fuerza de defensa de la UE independiente, la cual ni siquiera ha sido propuesta. 
En general, esta cuestión depende de la voluntad política, y no simplemente de acuerdos institucionales, y es en este ámbito en el que el Parlamento –y este informe– pueden tener su mayor impacto. 
. Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia votan en contra del informe Brok sobre los principales aspectos y opciones básicas de la PESC, debido a que apoya todas las opciones imperialistas agresivas e intervencionistas de la Unión Europea para la acción independiente o complementaria en estrecha colaboración con la OTAN y los Estados Unidos de América en nombre del Parlamento Europeo. 
Acoge con satisfacción la propuesta de la «Convención» de consagrar estas opciones en la «Constitución Europea». 
Apoya el ya conocido y peligroso memorando militarista del Sr. Solana, presentado en la cumbre de Halkidiki en junio, adoptando los tres objetivos estratégicos propuestos, como golpes preventivos («con el fin de reaccionar mediante la prevención de conflictos antes de que se produzcan las crisis» ). 
Promueve como prioridad la ambición de aceptar la responsabilidad conjunta con los Estados Unidos «por la paz, la estabilidad, la democracia, la tolerancia y el desarrollo sostenible en el mundo». 
Sin embargo, conociendo las teorías de dominación del mundo de los Estados Unidos, está claro que el objetivo de la UE no es este, sino el de repartirse el botín y subyugar a los pueblos. 
Las quejas formuladas por el Parlamento de que se le está dejando al margen constituyen simplemente la hoja de parra que oculta la orientación militarista del informe. 
Por lo tanto, es necesaria la movilización inmediata y dinámica de los pueblos en contra de estas opciones para detener el avance de los invasores. 
. –El informe propuesto sobre la política europea de seguridad común se supone que preconiza una política transparente, basada en el multilateralismo y en un enfoque global de la seguridad que no sea puramente militar. 
Pero en la práctica, afirma que esta política de la Unión Europea «depende también, en definitiva, de su capacidad militar y su disposición a utilizarla». 
Es más, considera el refuerzo de las relaciones entre la UE y la OTAN «un elemento importante del desarrollo de un plan europeo de seguridad». 
Por último, «acoge con satisfacción las medidas adoptadas por la Unión Europea en la lucha internacional contra el terrorismo». 
El multilateralismo propuesto se queda pues en mera fachada; se ha readaptado la vieja visión imperialista de una misión civilizadora de Europa, compartida con los Estados Unidos y con opciones militares. 
Nuestra visión es la opuesta. 
La guerra debe rechazarse definitivamente como medio para resolver los conflictos. 
Hay que conceder prioridad a los presupuestos sociales, y no militares. 
Y rechazamos que, en nombre de una lucha muy selectiva contra el terrorismo, que deja de lado el terrorismo de Estado, se ataquen todas las libertades. 
Corresponde pues a los pueblos imponer otra política de seguridad colectiva, basada en la solidaridad Norte-Sur de los explotados contra la guerra y la miseria. 
El ponente, el Sr. Brok, vierte la acusación de que el informe del Consejo sobre la política exterior en 2002 es simplemente un ejercicio contable que enumera acciones, sin opiniones sobre los objetivos, las prioridades ni el pago de los costes. 
En su informe, aprovecha la oportunidad para expresar él mismo lo que el Consejo no dice. 
Cuando habla de la influencia sobre las regiones vecinas, no hace distinciones entre los posibles futuros Estados miembros de la UE de la antigua Yugoslavia y la antigua Unión Soviética, por una parte, y las esferas de influencia deseadas en África Occidental y Oriente Próximo por otra. 
La capacidad de acción de la UE se vería beneficiada por la abolición del principio de unanimidad de los Estados miembros y la dotación de mayores poderes para el futuro Ministro de Asuntos Exteriores europeo. 
Un superestado europeo unido y poderoso es un socio importante de las Naciones Unidas, que deben reformarse radicalmente, en parte en beneficio de los intereses europeos. 
A partir de 2004, la fuerza de intervención europea debería tener una tropa de 5 000 hombres disponibles permanentemente para operaciones humanitarias y de rescate, la cual, para 2009, debería estar preparada para luchar en guerras en cualquier lugar de Europa conforme al modelo de Kosovo. 
Es aconsejable que exista un frente unido con los Estados Unidos. 
Agradezco al Sr. Brok su claridad. 
Dado que su modelo difiere notablemente de mi forma de pensar, votaré en contra de este informe, aunque sí estoy de acuerdo con él en un punto. 
Si la UE no combate las violaciones de los derechos humanos en Chechenia, la consecuencia será la formación de un nuevo semillero de terrorismo extendido. 
. – La monotonía de estos informes anuales solo tiene parangón con su optimismo irrefrenado. 
En efecto, ¿cómo es posible atreverse a hacer, tal como propone este informe, un balance globalmente positivo de la PESC en 2002, cuando, en el conflicto del Iraq, Europa se mostró incapaz de elegir entre, por un lado, la sumisión sin concesiones a los imperativos de la política exterior norteamericana, querida por los representantes de la «joven Europa» , y, por otro, la política de independencia iniciada por los representantes de la «vieja Europa»? 
Que las cosas estén perfectamente claras: aunque considero que en ocasiones la política exterior norteamericana se pone en práctica de forma discutible, no la condeno en absoluto, al menos en sus fundamentos. 
Lo que deploro, en cambio, es la ceguera de los federalistas europeos que, en vez de sacar enseñanzas de la crisis, se obstinan en una vía sin salida esperando aprovechar «la oportunidad y el reto que supone la crisis exterior derivada de la guerra del Iraq para participar en la escena internacional como un actor de peso». 
Semejante incomprensión de los resortes de la alta política, semejante negación de las realidades geopolíticas hacen augurar nuevas y graves desilusiones. 
Como sucede con la mayoría de informes que abarcan toda la gama de puntos de vista sobre una cuestión concreta –en este caso la política exterior de la UE–, consideramos que algunas de las conclusiones a las que se ha llegado en este caso merecen nuestro apoyo, aunque no podemos estar de acuerdo con otras. 
Por supuesto, así es la naturaleza de los textos de compromiso. 
Estamos de acuerdo con conclusiones como las relativas a la cooperación transatlántica, que aparecen en varios párrafos, o las relativas a la necesidad de definiciones claras de las prioridades y las amenazas, con vistas a evitar posibles crisis. 
Entre los aspectos en los que no estamos de acuerdo, quisiera destacar los instrumentos de política propuestos para la Unión, incluido el Ministro de Asuntos Exteriores europeo, la intensificación de la cooperación en política de defensa y la votación por mayoría cualificada en la Política Exterior y de Seguridad Común. Mantengo un punto de vista reservado y cauteloso respecto a estos temas, entre otras cosas porque se están debatiendo en la Conferencia Intergubernamental. 
Dado que no quiero distanciarme de posiciones con las que estoy de acuerdo ni apoyar aquellas a las que me opongo, he optado por la abstención. 
Algunas de las importantes propuestas del ponente con respecto a la futura Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) merecen mi firme apoyo, en concreto el notable refuerzo de las relaciones transatlánticas y la necesidad de una participación cada vez mayor por parte de la Unión Europea como un todo en la escena mundial. 
También estoy de acuerdo con la afirmación de que existe la necesidad de definiciones comunes por parte de los Estados miembros de la Unión Europea de determinadas cuestiones relativas a la seguridad y la defensa, como son las amenazas, los intereses y los objetivos estratégicos. 
Sin embargo, me distancio del fantasma de una PESC que pretende operar conforme a un sistema de mayoría cualificada, bajo un Superministro de Asuntos Exteriores, bajo un Directorio, incluso si este fantasma se esconde tras la cooperación reforzada. 
No estoy de acuerdo con un sistema conforme al que se desprecia la soberanía nacional y se cuestiona el derecho de los Estados miembros a la independencia y a la autodeterminación. 
Estas y otras propuestas, recuerdo, se encuentran entre la serie de opciones básicas que actualmente se discuten en la Conferencia Intergubernamental. 
Por estos motivos, me he abstenido. 
Celebro la iniciativa de presentar una propuesta de resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que actualmente se celebra en Nueva York, que solicita que se adopte una moratoria universal sobre la pena de muerte. 
Esta iniciativa contribuirá a la futura abolición de la pena de muerte en todos los países del mundo. 
Miles de hombres y mujeres comparten esta aspiración, al tiempo que el número de países que han abolido la pena de muerte de sus sistemas legales aumenta continuamente. 
La abolición de la pena de muerte constituye un importante paso hacia la civilización, que debe extenderse a todos los países. 
Es igual de importante eliminar la política de doble rasero utilizada con tanta frecuencia por el Gobierno de los Estados Unidos. 
. – El informe Menéndez del Valle sobre las vías hacia la paz en Oriente Próximo apoya acertadamente la Hoja de Ruta de abril de 2003, que debería conducir a la existencia de dos Estados vecinos, Israel y Palestina, democráticos, soberanos, viables y que vivan en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas. 
Añade incluso buenas propuestas, como la proclamación de Jerusalén «Patrimonio Cultural Religioso de la Humanidad, doble capital del Estado de Israel y del futuro nuevo Estado Palestino» , dotada de un estatuto jurídico internacional que respete todas las religiones (apartado 53). 
Sin embargo, me he abstenido sobre este informe, lamentándolo mucho, porque una vez más se tiende a situarlo todo en un mismo plano, los atentados terroristas palestinos y las réplicas militares israelíes. 
Se felicita incluso a la Autoridad Palestina por haberse adherido a la Hoja de Ruta, cuando Yasir Arafat apoya en secreto a las organizaciones terroristas. 
Por último, este informe condena el «muro de seguridad» construido por Israel, cuando, precisamente, este muro debería constituir una separación necesaria en el proceso de emergencia del Estado palestino. 
El trazado del mismo puede discutirse, sin duda, pero esto es un detalle que debe negociarse si es preciso, sin poner en entredicho el principio mismo. 
. –Un futuro de «Paz y Dignidad» para Oriente Próximo exige que los dos pueblos, israelí y palestino, puedan coexistir con los mismos derechos, en particular el de disponer cada uno de un Estado independiente. 
Esta posibilidad está bloqueada desde hace decenios por el Estado de Israel, que sigue una política de opresión del pueblo palestino. 
Durante los últimos años, esta política ha adoptado la forma de terrorismo de Estado, tan abyecto como el terrorismo individual que ha engendrado en el lado palestino, pero con medios muy diferentes. 
Frenar el terrorismo de Estado de Israel para frenar el terrorismo individual y abandonar la política de asentamientos son condiciones previas para cualquier proceso de paz que, además de los derechos democráticos, deberá garantizar a las clases trabajadoras la posibilidad de salir de la miseria. 
Los Estados Unidos, pero también Europa, disponen de medios para presionar a los dirigentes de Israel, que tienen una necesidad vital de apoyo económico, político y militar de las grandes potencias. 
Si estas quisieran, podrían obligar a Israel a abandonar su política de opresión y expolio. 
Hemos votado a favor de las enmiendas relativas al Acuerdo de Ginebra, no específicamente por su contenido, sino por solidaridad con quienes, israelíes y palestinos juntos, luchan por que cese una situación catastrófica para los dos pueblos. 
. Los problemas de Oriente Próximo nunca están alejados de nuestra visión política ni deberían estarlo. 
En el fondo la cuestión es que contamos con una Hoja de Ruta para alcanzar la paz en Oriente Próximo y todos debemos trabajar juntos para aplicarla en su totalidad. 
No va a ser fácil de ningún modo, en particular si tenemos en cuenta el nivel de violencia que hemos observado recientemente en esta región. 
El Gobierno israelí no ha cumplido su obligación de desmantelar los asentamientos y de congelar la actividad de los asentamientos. 
Los palestinos no han sido capaces de cumplir muchos de sus compromisos en la crucial cuestión de la seguridad. 
Ya he señalado que las dos partes de este conflicto deben realizar gestos imaginativos. 
La Unión Europea tiene un importante papel político que desempeñar para volver a poner en marcha el proceso de paz en Oriente Próximo; y sin duda podría desempeñar el papel de mediador imparcial en la región. 
Seguiré instando a la Presidencia italiana del Consejo a que haga uso de todos los medios diplomáticos a su alcance para volver a poner en marca el proceso de paz en Oriente Próximo. 
. 
La propuesta de resolución del Parlamento Europeo trata de equilibrar las recomendaciones y críticas dirigidas a las partes del conflicto palestino-israelí. 
Sin embargo, este objetivo no se ha conseguido del todo. 
De hecho, algunas de las críticas principales dirigidas al Estado de Israel están fuera de lugar en la economía del texto, porque no se mencionan las acciones que dieron lugar a las mismas y las correspondientes intervenciones están «justificadas». 
Me refiero, por ejemplo, a la condena de Israel tras su ataque a bases terroristas en Siria, sin que se haga una referencia directa al acto terrorista que lo precedió. 
También está mal fundamentada históricamente la crítica a la construcción por parte de Israel de un muro divisorio que las autoridades israelíes consideran una simple «barrera de seguridad». 
Por todos estos motivos, no he votado con la mayoría del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sino que he optado por abstenerme. 
. Señor Presidente, este es un informe serio y equilibrado, cuyo mérito corresponde a nuestro ponente, el Sr. Menéndez del Valle. 
Como siempre debe hacer, el Parlamento rechaza la violencia de todas las partes, como única manera de apoyar la Hoja de Ruta para alcanzar la paz en Oriente Próximo. 
Los diputados europeos del Partido Laborista británico apoyamos plenamente este proceso y la votación de este día en el Parlamento. 
Tan solo nos hemos abstenido en dos cuestiones de orden técnico. 
Sí, creemos que ambas partes deben respetar los Acuerdos de Asociación que han celebrado con la Unión Europea, pero no consideramos que la amenaza de una inminente suspensión de dichos acuerdos sea una medida constructiva en este momento. 
De forma similar, aunque no excluimos la posibilidad de que se envíe una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el futuro, creemos que resulta poco realista pedir dicha fuerza en este momento, algo que sin duda no será aceptado dentro de la propia región. 
Esta posición no pretende quitar méritos a una importante labor política, y el Parlamento Europeo puede estar orgulloso de la contribución que estamos haciendo en la actualidad en apoyo de la paz, la justicia y la seguridad de Israel y Palestina. 
. Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia no votarán a favor del informe porque sostiene que la Hoja de Ruta es la única y definitiva solución para la desescalada en Oriente Próximo. 
Sin embargo, Israel, envalentonado por el apoyo unánime de los Estados Unidos y la connivencia de la UE, viola todos los acuerdos, intensifica la criminal política genocida contra el pueblo palestino, continúa colonizando territorios palestinos y levantando el muro de inspiración fascista que dividirá Palestina y la convertirá en un gueto. 
Si finalmente se levanta este muro, anexionará el 58% del territorio de Cisjordania, atrapando a 600 000 palestinos y la tierra más fértil. 
En otras palabras, destruirá objetivamente toda posibilidad de fundar un Estado palestino independiente. 
Esta ambición por parte de Israel es totalmente acorde con los planes del imperialismo estadounidense en Oriente Próximo, de los que Israel constituye el brazo ejecutor. 
Con el pretexto de la campaña antiterrorista, la UE también se compromete a apoyar a Israel, pese a cualquier antagonismo interimperialista. 
El informe que estamos debatiendo, a pesar de algunas propuestas positivas del ponente, que trata de parecer «objetivo» , básicamente no se define. 
En un esfuerzo por apaciguar al invasor, objetivamente lo envalentona. 
Estamos rotundamente del lado del pueblo palestino que lucha por un Estado independiente y, al mismo tiempo, del lado de las fuerzas de Israel que se oponen a la política delictiva de Sharon, entendiendo que sin un Estado palestino no puede haber un Estado israelí. 
Hace diez años, el mundo entero esperaba que sería posible resolver el conflicto entre Israel y Palestina de forma pacífica a corto plazo. 
En lugar de disputarse mutuamente el derecho a existir y obligar a los pueblos vecinos a emigrar, vivirían de forma pacífica uno junto a otro a partir de entonces, sin humillaciones, obstáculos ni temor. 
Sin embargo, los extremos de ambas partes vieron otra oportunidad de sembrar las semillas del odio. 
El miedo a la violencia del otro hace que las personas opten por la senda de la violencia. 
La mayoría de los habitantes de Israel aceptan un Estado palestino, pero en casa dan el poder gubernamental a un oponente de dicho Estado, porque ve en él su mejor oportunidad para protegerse de la violencia palestina. 
En Palestina, grupos como Hamás y la Yihad Islámica han adquirido poder porque la gente cree que, en cualquier caso, nunca podrá llegarse a un acuerdo con el poder ocupante, que se está apoderando de cada vez más tierras para los asentamientos y la construcción de un muro. 
Parece que debido a ello nunca habrá esperanza para las relaciones entre Israel y Palestina. 
El 12 de noviembre, los poderes moderados de ambos países se reúnen en Ginebra para presentar una solución definitiva negociada para una paz justa. 
Por suerte, este informe apunta en esa misma dirección, pero es importante que una mayoría significativa del Parlamento Europeo apoye hoy enérgicamente el plan de paz mediante la aprobación de la enmienda 11. 
Desde hace mucho tiempo, este Parlamento está preocupado por el deseo de contribuir a que concluya el conflicto en Oriente Próximo. 
Cabe decir que esta Asamblea es unánime en su deseo de un «acuerdo de paz firme y definitivo» que garantice la convivencia de judíos, musulmanes y cristianos. 
Desgraciadamente, el diálogo constructivo motivado por este objetivo común ha dado lugar a un sectarismo propio de otros lugares. El resultado han sido monólogos encadenados que poco contribuyen a la resolución efectiva de este problema. 
Es importante que permanezcamos totalmente imparciales y objetivos sobre esta cuestión, resistiendo la tentación de abordarla de forma grandilocuente. 
Lamento profundamente que esta cuestión siga siendo rehén del faccionalismos y la propaganda radical que, por encima de todo, menoscaban la credibilidad del Parlamento Europeo y hacen que se menosprecien sus resoluciones. 
Equiparar el terrorismo con la acción de un Estado democrático soberano en la defensa de sus ciudadanos constituye una inversión inexcusable de los principios que deberían presidir una evaluación independiente de las causas y efectos de este conflicto, con la certeza de que la paz para ambas naciones deberá conseguirse no mediante la búsqueda de culpables, sino a través de la justicia, la estabilidad y el honor. 
A través de las votaciones de los apartados individuales he podido ayudar a mejorar el equilibrio general del texto. 
Me he abstenido en la votación final. 
Los Demócratas Cristianos Europeos del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos hemos votado en contra de la propuesta (ahora aprobada con 191 votos a favor, 179 votos en contra y 39 abstenciones) del apartado 66, sobre un «mandato internacional en Palestina, incluida una fuerza internacional sobre el terreno». 
Esto habría anulado los avances de varias décadas. 
El apartado 18 es poco claro, dado que los actos terroristas cometidos por terroristas palestinos suicidas no se distinguen de las acciones cometidas por el ejército israelí. 
El considerando G describe el plan de paz del Cuarteto para Oriente Próximo como una oportunidad sin igual para que Occidente recupere su credibilidad a los ojos de la opinión pública árabe e islámica. 
Esto es no entender la cuestión. 
El plan de paz no tiene más objetivo que el de alcanzar la paz y la reconciliación entre israelíes y palestinos. 
.Se está promoviendo el espíritu empresarial como el nuevo ideal de la UE, que resolverá los problemas del estancamiento económico, el desempleo y demás. 
Por ello se está haciendo un esfuerzo, entre otras cosas, por trasladar la responsabilidad sobre el crecimiento del nivel social al nivel personal. 
El desempleo, por ejemplo, se está interpretando como una falta de espíritu emprendedor por parte de las personas desempleadas, en lugar de un elemento consustancial del capitalismo. 
Tanto el texto de la Comisión Europea como el informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, son otros tantos himnos de este nuevo ideal. 
La Comisión propone tres pilares para la acción: derribar las barreras que dificultan el desarrollo de las empresas, equilibrar los riesgos y los incentivos y promover una sociedad que valore la iniciativa empresarial. 
En otras palabras, propone la plena exención de responsabilidad de las empresas y dinero barato, y garantiza que las inversiones aportarán excesivos beneficios y una campaña de propaganda a todos los niveles (educación, medios, etc.) con el fin de persuadir incluso a los faltos de experiencia de que deben rendir culto al espíritu empresarial o al menos a los empresarios. 
El informe continúa en la misma dirección. 
Por supuesto, no nos sorprende que la capitalista UE deifique el espíritu empresarial. 
Sin embargo, nuestros ideales y nuestros principios no nos permiten aceptar semejante planteamiento. 
Distinguimos entre las acciones personales y las colectivas y entre la empresa capitalista generadora de beneficios y la que opera en beneficio de la sociedad en su conjunto. 
Por este motivo, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia han votado en contra de los informes. 
. – Se puede comprender que el Parlamento y la Comisión se ocupen de los problemas que experimentan las pequeñas empresas en Europa y, en particular, el sector artesanal. 
Pero los textos de que tratamos aquí nos arrastran a un mundo virtual, una construcción ideológica que glorifica el mercado. 
Así, el Libro Verde sobre el espíritu empresarial y este informe, que lo comenta, parten del presupuesto de que «los empresarios son la fuerza impulsora de la economía social de mercado». 
Los asalariados, manifiestamente considerados la fuerza de la inercia, sabrán como interpretarlo. 
Por otra parte, el Libro Verde no oculta lo mal que piensa la Comisión de las «rigideces que afectan a la flexibilidad laboral». 
Y el informe Langen pide que se emprendan iniciativas que «pongan fin de forma definitiva a mentalidades del pasado que insisten en culpabilizar la acción empresarial y demonizar el beneficio empresarial». 
Y sin embargo, en la «vida real» , es sin duda la búsqueda del máximo beneficio por las grandes empresas la que aplasta a los pequeños subcontratistas. 
Les imponen los precios más bajos y los ritmos más altos, lo que repercute sobre los salarios y sobre las condiciones de trabajo de los asalariados en situación precaria. 
De esto, los textos propuestos no dicen nada, sino que retoman la rancia cantinela de la reducción necesaria de las cargas sociales. 
Hemos votado, pues, en contra de este informe sesgado y parcial. 
Felicito al Sr. Laguen por el excelente informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo sobre el espíritu empresarial, la innovación y las PYME, que apoyo, especialmente respecto a la necesidad de fomentar el espíritu empresarial en la Unión Europea. 
También quisiera destacar el hecho de que el cambio estructural de la economía, asentado en actividades basadas en el conocimiento en el sector servicios, creará nuevas oportunidades de negocio. 
Por lo tanto, la Unión y los Estados miembros deben duplicar sus esfuerzos por fomentar el espíritu empresarial y la iniciativa en dicho sector, prestando especial atención a animar a los potenciales empresarios en zonas menos favorecidas, sobre todo las zonas ultraperiféricas. 
. – Incluso si no estoy del todo de acuerdo con el contenido del Libro Verde de la Comisión, como tampoco con el informe parlamentario –lamento en particular que no se profundice más en la cuestión de las pequeñas y medianas empresas–, celebro que la Unión se consagre resueltamente a la problemática del espíritu de empresa, y espero que los Estados miembros sigan este ejemplo. 
En un momento en que Europa está al borde de la recesión, todo el mundo debe comprender que la recuperación de nuestras economías sobreadministradas pasa inevitablemente por la promoción de la libre empresa y de la iniciativa privada. 
En esta perspectiva, es necesario, en efecto, modificar las mentalidades: las de los ciudadanos, que demasiado a menudo tienen una imagen negativa de la creación de empresas; las de las autoridades públicas sobre todo, que por razones ideológicas crean a regañadientes las condiciones para una verdadera «revolución empresarial» , negándose a aligerar el peso administrativo sobre las empresas y a reducir la presión fiscal. 
Es urgente devolver a aquellos que lo deseen los medios, el gusto y la libertad de crear riqueza. 
Los socialdemócratas suecos estamos de acuerdo con gran parte del informe, pero quisiéramos señalar nuestra postura ante una política tributaria común. 
Apoyamos la idea de los niveles mínimos para determinados impuestos, por ejemplo el impuesto de sociedades y el impuesto sobre el capital, porque esto facilitaría la aplicación de una política en el mercado interior. 
Mediante una política tributaria parcialmente común, podríamos, por ejemplo, hacer que las actividades nocivas para el medio ambiente resultasen más caras. 
Sin embargo, queremos destacar que nos oponemos a la armonización del impuesto sobre la renta. 
En el futuro deberían ser también los Parlamentos nacionales los que legislasen sobre los impuestos sobre la renta. 
. – La propuesta de la Comisión ha llegado a tiempo: en vísperas de la ampliación, los ciudadanos se preocupan por las posibles consecuencias de una Europa de 25 países para su vida, empezando por su empleo. 
Mientras las políticas europeas cantan a menudo la gloria de las PYME y de la flexibilidad, al mismo tiempo que adoptan si se tercia medidas que hacen la vida imposible a las PYME, como la patente de programas informáticos, celebro una iniciativa que reconoce que las industrias siguen siendo importantes agentes económicos y sociales. 
Celebro igualmente el trabajo de la ponente, que destaca la importancia de una política que sea social y medioambiental, optando por situar su texto en el contexto de los tres pilares del desarrollo sostenible y en el de las conclusiones de las Cumbres europeas de Lisboa y Gotemburgo. 
La derecha ha intentado suprimir esos acentos, felizmente sin éxito. 
Los profundos cambios por venir en el tejido industrial representan otras tantas ocasiones de reducir el impacto medioambiental de determinadas actividades. 
Por desgracia, quedaba en el texto un apartado –contra el cual ha votado el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, porque en él se consideraba que las pilas de combustible y el hidrógeno son energías alternativas–, que pedía que se invirtiera en nanotecnologías, sin ningún marco legal ni idea alguna sobre sus consecuencias sanitarias y medioambientales (basta pensar en las consecuencias de los OMG) y que se invirtiera en la industria de la seguridad y la defensa. 
Dejando aparte este apartado, los Verdes apoyarán este informe. 
. – En Europa, decenas de millones de trabajadores se encuentran en una situación de desempleo total o parcial. 
Pero, según la ponente, todo iría casi a pedir de boca, pues ello estimula la «competitividad». 
El «dumping social» del Este europeo, que menciona, tiene una realidad: el hundimiento del nivel de vida de los trabajadores y, paralelamente, la comercialización masiva aquí y los beneficios excesivos que obtienen las empresas occidentales presentes en Europa del Este. Porque grandes grupos capitalistas occidentales se han apoderado de las empresas de Europa central. 
Otras han «deslocalizado» su producción a Centroeuropa, y a veces la transfieren después a países aún más pobres, sembrando la desolación tras ellos. 
¿Desaparecerá la industria textil de la Europa Occidental? 
La industria francesa de la confección ha perdido 134 000 puestos de trabajo desde 1986. 
Pero sus accionistas no han perdido nada. 
Esta «modernización del aparato productivo» , conun 65% menos de trabajadores, según los patronos del sector, no ha afectado a su volumen de negocios. 
Prohibir los despidos, so pena de requisa de las empresas que obtengan beneficios, sería la única política industrial que protegería a los trabajadores. 
Muchas empresas, que despiden para explotar en otros lugares, siguen obteniendo beneficios. 
Sus beneficios acumulados deberían servir para mantener los salarios, sin perjuicio de repartir el trabajo entre todos. 
. – Como militante de siempre de una Europa industrial y, por tanto, de una política industrial europea, he apoyado y seguido con interés el excelente trabajo de la Sra. Zrihen. 
Habría preferido, por supuesto, que fuera mucho más allá en los medios empleados (inclusive en el marco constitucional) , así como en las cuestiones de medio ambiente, sin olvidar las dimensiones social y humana. 
La correlación de fuerzas políticas y económicas en Europa y en el Parlamento ha limitado por supuesto nuestros logros. 
Por todo ello, el paso dado es mérito de la Sra. Zrihen, y puesto que va en la buena dirección, he apoyado su informe. 
. – Este informe tiene al menos un aspecto positivo: sugerir que todavíaexiste una política industrial europea. 
Por fuerza hemos de constatar que son muchos los que, empezando por los trabajadores de las empresas europeas afectadas por la crisis económica, dudan de la voluntad de Europa de preservar nuestro tejido industrial. 
Es cierto que la industria europea debe centrarse en sus lados fuertes: alto nivel de cualificación de la mano de obra, importante capacidad tecnológica y de investigación, dominio de los procesos de producción «limpios» , etc. 
Pero ¿basta con decir esto? 
Hasta ahora, los análisis se multiplican, pero no surge nada concreto. 
Lo que es más grave: nuestras empresas, sujetas por el collar de un Pacto de Estabilidad que no hace ninguna distinción entre inversiones productivas y gastos improductivos en el cálculo de la deuda pública, sometidas a un control tan riguroso como abstracto por parte de la Comisión en materia de ayudas estatales –pensemos en el asunto Alstom– o de concentraciones de empresas, carecen claramente de medios para competir eficazmente con la industria norteamericana, que sí goza de un apoyo permanente por parte de su Gobierno. 
Las industrias europeas, los empresarios, necesitan, más que informes, una voluntad política clara. 
Ahora bien, este informe no responde a esta urgencia. 
He votado a favor de este importante informe. 
A raíz de la comunicación de la Comisión Europea, ha incluido en la agenda de hoy y, de nuevo, en la agenda europea, la cuestión decisiva de la futura política industrial en Europa, especialmente en el contexto del actual proceso de ampliación. 
Los cambios se ensalzan actualmente en la política industrial de la Unión, que en la actualidad afronta las consecuencias de la introducción del euro y de la ampliación. Realmente es preciso encontrar un nuevo planteamiento para la política industrial, que gire alrededor de las siguientes prioridades: mantener los esfuerzos en el campo de la educación, la formación y la capacitación, reducir los obstáculos fiscales, aumentar la inversión en investigación e innovación, garantizar la calidad de las infraestructuras (transporte, comunicaciones y energía) , facilitar la financiación de las empresas y el diálogo social, flexibilizar los procedimientos para la puesta en marcha de empresas, etcétera. 
Solamente será posible alcanzar los objetivos establecidos en la estrategia de Lisboa y avanzar hacia la armonización en una Europa ampliada, basada en los actuales estándares laborales de la Unión, si se respetan estas distintas consideraciones. 
Por último, es realmente crucial mejorar, fomentar y prestar asistencia a la parte emprendedora de la industria, buscando siempre la eficacia económica al tiempo que la eficacia social y humana. 
La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha preparado un informe equilibrado y por lo tanto he votado a favor del mismo. 
El informe constituye un paso adelante en la consecución del ambicioso objetivo de la estrategia de Lisboa de convertir a la UE en la economía más competitiva y dinámica del mundo basada en el conocimiento, con un crecimiento económico sostenible y más y mejores oportunidades de empleo. 
En una situación en la que muchos de los Estados miembros de la UE se están debatiendo con importantes preocupaciones económicas, especialmente Alemania y Francia, que no están cumpliendo los requisitos del Pacto de Estabilidad del euro, este objetivo parece bastante distante. 
Por lo tanto, debemos celebrar que se haya comenzado a debatir sobre la situación de las cuestiones industriales con relación a este objetivo. 
A pesar de todo, la industria es el eje de la economía europea. 
El informe también demanda que los sistemas fiscales nacionales se armonicen, ya que, tal como indica, estos «afectan negativamente al mercado único». 
Los demócrata-cristianos suecos no estamos de acuerdo con esta redacción, ya que las decisiones sobre la política tributaria son de competencia nacional. 
Por ello he votado en contra del apartado 1d. 
. En un momento en el que los líderes de la UE, en su reciente cumbre de Bruselas, expresan su apoyo al «gobierno de Bolivia elegido democráticamente» y hacen un llamamiento a la población a que se abstenga de todo acto de violencia, Sánchez de Lozada ha dimitido como presidente y se ha ido a Miami en busca de refugio entre sus amistades. 
El levantamiento popular en Bolivia, con docenas de víctimas como consecuencia de la violenta represión sangrienta, ha sido un arrebato de los reprimidos: los trabajadores, los agricultores y los nativos. 
Han reclamado un lugar bajo el sol, han decidido defender la riqueza natural de su país del saqueo por parte de monopolios extranjeros y del neocolonialismo de los Estados Unidos. 
Una vez más, el pueblo se alza en protagonista de la historia. 
Una vez más se demuestra que el adversario, por muy fuerte que pueda parecer, no es invencible. 
Aunque la resolución del PE contiene varios juicios correctos, adopta una posición bastante neutral hacia el levantamiento popular. 
Por este motivo los diputados al PE del Partido Comunista de Grecia nos hemos abstenido de votar. 
Al mismo tiempo, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Bolivia y toda Latinoamérica, además de nuestra firme convicción de que la reciente victoria no será la última. 
. – Esta Resolución pretende apoyar el régimen democrático de Bolivia, pero en sus propios considerandos afirma que, en este país, el más pobre de América Latina, los campesinos, los obreros y los desempleados están en gran medida excluidos de la vida política y, por otra parte, que este supuesto régimen democrático acaba de masacrar a los pobres que se manifestaban contra el entonces Presidente de la República. 
Pues bien, para nosotros, la única democracia que ha existido durante algunos días en Bolivia es la democracia directa ejercida por el pueblo, que ha demostrado que, a pesar del Ejército, a pesar de la represión, es capaz de expulsar a un Presidente de la República al que la mayoría no quiere. 
Bolivia es un ejemplo, no por su régimen, sino por la reacción de su pueblo. 
Condeno rotundamente la ola de brutal represión desatada por el ejército boliviano bajo las órdenes del ex presidente del país, Gonzalo Sánchez de Lozada, que ha dejado docenas de muertos y miles de heridos. 
La lucha del pueblo boliviano ha evolucionado durante los últimos meses, convirtiéndose en un levantamiento popular cuya demanda principal es una garantía de que Bolivia y su pueblo mantenga la soberanía sobre los recursos energéticos del país. 
Esta lucha provocó la dimisión del Presidente Sánchez de Lozada. 
Es esencial que las perspectivas y las oportunidades abiertas por esta importante victoria para el pueblo de Bolivia permita que se materialicen sus más profundas y legítimas aspiraciones. Es especialmente importante que el país tenga el pleno control de sus recursos naturales, especialmente los energéticos. 
También es esencial avanzar hacia el fin de las políticas capitalistas neoliberales que han ocasionado la pobreza y las dificultades sufridas por una gran mayoría de la población. 
Estas deben ser sustituidas por políticas que respondan eficazmente a las necesidades de los trabajadores y el pueblo de Bolivia y mejoren sus condiciones de vida. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(6) 
–De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0331/2003) de la Sra. Figueiredo, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la Comunicación de la Comisión «En pos de una aplicación uniforme y efectiva de la política pesquera común» [COM (2003) 130 – 2003/2104 (INI) ]. 
– Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, en la Comisión de Pesca hemos estudiado y debatido las propuestas de la Comisión para que se aplique un plan de acción de 2003 a 2005, con el objetivo de garantizar el control del acceso a las poblaciones de peces y su explotación en todas las fases de la cadena pesquera conforme a un régimen que combine normas claras con un único procedimiento de supervisión, que debería aplicarse tanto en la fase de captura como al transporte y la comercialización de los productos pesqueros. Dicho régimen debería generar resultados que puedan compararse de forma adecuada, sea cual sea la nacionalidad del operador y sea cual sea el servicio de inspección nacional responsable. 
Existe un consenso general en el Parlamento Europeo y el sector pesquero sobre la necesidad de mejorar la coordinación de las actividades de inspección y seguimiento en el ámbito comunitario, racionalizar los recursos y establecer prioridades, especialmente en áreas en las que es necesaria una mayor cooperación entre los Estados miembros, es decir, en áreas internacionales regidas por organizaciones regionales de las que la UE es parte contratante. 
También se considera aconsejable presionar por adelantado con estas medidas que tienen por objeto armonizar procesos y objetivos, basándose en la experiencia adquirida con los años por los distintos Estados miembros, sobre todo en la cooperación transfronteriza, teniendo siempre presente el papel de las autoridades nacionales en el seguimiento y la evaluación de las actividades de inspección y control en diálogo con el sector y las autoridades nacionales, sin perder de vista las diferencias regionales objetivas ni socavar el papel específico de cada Estado miembro. 
Tal y como hemos destacado en varias ocasiones en el informe, la aplicación eficaz de la política pesquera común depende, en primer lugar y principalmente, de la aceptación de las normas que rigen la pesca por parte de los pescadores, además de su cumplimiento, cosa que aumentará si se permite a las organizaciones de pescadores participar en el proceso de toma de decisiones a todos los niveles. 
Creemos que este es un aspecto especialmente importante. 
Sin embargo, es igual de importante tomar medidas para conseguir un uso más eficaz de los recursos de control e inspección nacionales en pesquerías seleccionadas o en unidades de población. Estas medidas deben ser examinadas y debatidas por todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones de pescadores, los productores, los armadores y las autoridades nacionales. 
Sin embargo, quisiéramos llamar la atención sobre los altos costes del uso de la nueva tecnología, que es importante en este ámbito y en la mejora de las medidas de inspección y vigilancia. 
Ahora bien, dado que dicho uso de la nueva tecnología puede requerir una inversión muy importante, debe facilitarse una financiación suficiente en el presupuesto comunitario, además de prestar apoyo a los Estados miembros que lo necesiten. 
Respecto a la intención de la Comisión de presentar una propuesta para crear una estructura conjunta de inspección, basada principalmente en una Agencia Comunitaria de Control de la Pesca, con vistas a garantizar la coordinación de la inspección nacional y los recursos de vigilancia, insistimos en que la Comisión debe emprender, en coordinación con los Estados miembros, un estudio de viabilidad sobre la base más amplia posible, con respecto al establecimiento de una estructura organizativa para la inspección y vigilancia comunitaria. Este estudio debería incluir, sobre todo, un análisis comparativo de costes y beneficios y la consideración de un mejor uso de los medios nacionales y las implicaciones prácticas en términos materiales, financieros y de recursos humanos. 
También solicitamos a la Comisión que explore modelos de cooperación a escala comunitaria en el campo del control y la aplicación que puedan ofrecer una alternativa a la propuesta de crear la mencionada agencia o estructura conjunta, y que bien podría costar menos. 
Por lo tanto, insistimos en la necesidad de dicho estudio antes de que se tome ninguna decisión posterior. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera concluir dando las gracias a todos aquellos que han colaborado en la preparación de este informe. 
. Señor Presidente, la Comisión desea dar las gracias en primer lugar a la Sra. Figueiredo por su excelente informe y por el apoyo que presta a la Comunicación que les hemos presentado. 
Tras la reforma de la política pesquera común, los Estados miembros y la Comisión deben hacer todo lo necesario por garantizar una aplicación correcta de las nuevas normas en vigor. 
Para alcanzar este objetivo común, todos estamos, creo, perfectamente de acuerdo con la necesidad de intensificar la cooperación en materia de control. 
Desde este punto de vista, la Comunicación de la Comisión define una estrategia de cooperación y coordinación entre los Estados miembros y a escala de la Unión, que contempla lo que puede hacerse tanto a corto como a medio plazo. 
Lo que hemos concebido como un plan de acción, tiene por objeto establecer una estrategia coherente para hacer más eficaces las actividades de inspección y vigilancia de los Estados miembros –se trata, en efecto, de cuestiones de su competencia– y proponemos en particular tres grandes ámbitos de acción. 
En primer lugar, la definición de prioridades de inspección para las poblaciones más amenazadas. 
Este enfoque deberá hacerse extensivo después a otras actividades, como las relativas a la pesca de las especies altamente migratorias en el Mediterráneo o el desembarque de buques que practiquen pescas ilícitas. 
El segundo gran ámbito de acción consiste en la adopción de programas de seguimiento específicos y transparentes adaptados a las características de cada actividad de pesca. 
Nuestra propuesta es que todas las autoridades nacionales afectadas participen en la elaboración de los programas, que cubrirán la inspección y la vigilancia en el mar y, por supuesto también, el control de los desembarques y de la comercialización. 
El tercer ámbito es la intensificación de la cooperación para hacer más uniformes y eficaces el control y la aplicación de las normas. 
La experiencia demuestra que una cooperación puntual o voluntaria es insuficiente, en particular en lo que se refiere al acceso a la información, la cooperación en el ámbito operativo y el seguimiento de las irregularidades e infracciones. 
Coincidimos con la industria en que los procedimientos de inspección deben armonizarse. 
Por tanto, ya no basta con una cooperación voluntaria; a partir de ahora, es necesaria, en nuestra opinión, una estructura organizativa a escala comunitaria: de ahí este estudio de viabilidad al que proponemos asociar a los Estados miembros y los medios interesados –en primera línea de los cuales figuran, por supuesto, los pescadores y sus comunidades, como acaba de decir la Sra. Figueiredo–, con la idea de crear una estructura común de inspección a través de una agencia de control comunitario de la pesca. 
Este estudio de viabilidad se realizaría pensando en una agencia responsable de la organización y el despliegue de todos los medios de inspección y vigilancia en función de las prioridades que se establecieran a escala comunitaria. 
En conclusión, el diálogo en torno a esta Comunicación no plantea ningún problema y agradecemos de nuevo a la Sra. Figueiredo sus palabras y su apoyo. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos y escasos colegas, voy a ser muy breve y quiero comenzar felicitando a nuestra ponente, la Sra. Figueiredo, por su informe. 
La aplicación uniforme de la PCP en todos los Estados miembros es un reto importante, sin duda, y por ello hay que felicitar también a la Comisión Europea por su propuesta. 
No hay ninguna política pesquera buena si no existe un control real y eficaz en el que debe participar también el propio sector pesquero. 
Las nuevas tecnologías permiten un mejor y mayor control, y hay que ponerlas al servicio de la mejora del cumplimiento de la política pesquera común. 
Este control no debe referirse exclusivamente a la pesca en sí misma, sino que también- y esto es muy importante- debe extenderse a las restantes fases de la misma, es decir, a la cadena de comercialización, transporte, venta etc., incluyendo también los controles en los propios establecimientos de hostelería. 
Por lo tanto, estamos todos de acuerdo en que se necesita más homogeneidad, más racionalidad, más medios y más presupuesto. 
El tiempo que me resta lo voy a dedicar a hacer unos breves comentarios al informe de la Sra. McKenna pues, aunque nuestro grupo parlamentario había pedido que se realizara un debate conjunto de estos informes, no ha sido así. 
Felicito a la ponente y me congratulo de que, tanto en el informe anual de la Comisión como en el del Parlamento, se destaque que hay cuatro Estados miembros tan solo que han cumplido al 100% los requisitos exigidos por los correspondientes, y ello en todos los segmentos de flota. 
Esos Estados son: Finlandia, Dinamarca, España y Portugal. 
Es decir, que hay 11 Estados que no los cumplen, y eso es lo más importante a mi juicio, junto al hecho claro- y permítaseme que así lo señale como español- de que figura España. 
Con ello salgo al paso- y quiero que quede claro- de algunos intentos destinados a difamar y a desprestigiar al sector pesquero español; sin embargo, España es uno de los cuatro únicos Estados- insisto- que cumplen los planes de reducción de flota- y me parece necesario subrayarlo aquí- frente a otros Estados y por lo tanto frente a otros representantes de otros Estados miembros que son incumplidores. 
Señor Presidente, la comunicación que estamos debatiendo en pos de una aplicación uniforme y efectiva de la política pesquera común resulta sugerente y nos hace plantearnos cuestiones que van más allá de la propia PCP. 
El objetivo que se plantea- la aplicación coherente de la política pesquera común- debería extenderse al conjunto de las políticas comunitarias y, más aún, de las políticas de la Unión Europea y de las de los Estados miembros. 
Exigimos coherencia y no contradicción entre las distintas políticas comunitarias y también entre los distintos aspectos de la PCP. 
Hay que orientar todas las acciones de la política pesquera común hacia un objetivo común, el de la pesca sostenible, único medio de hacer posible una actividad pesquera duradera. 
Pero las otras políticas de la Unión- como la industrial o la medioambiental- tienen también que contribuir a la preservación de los recursos. 
Las instituciones comunitarias se han convertido, por mor del principio de subsidiariedad, en una maquinaria legislativa que depende, para su ejecución, de los Estados miembros, lo que quiere decir que esta aplicación uniforme y efectiva depende de la buena voluntad de estos. 
Del mismo modo que también dependen de estos las infracciones y su cumplimiento o incumplimiento. 
Las infracciones a las normas comunitarias aumentan, lo que las deteriora y las hace cada vez menos efectivas. 
Al mismo tiempo, también aumentan las voces que reclaman la renacionalización o regionalización de políticas comunitarias como la PCP. 
Sin embargo, quiero recordarles que el proyecto de Constitución Europea enuncia cuatro competencias exclusivas de la Unión y que una de ellas es, precisamente, la gestión de los recursos pesqueros. 
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo se congratula de que la Comisión plantee la creación de una estructura común de inspección. 
Hemos solicitado esta estructura común en repetidas resoluciones, como la adoptada con ocasión del Libro Verde para la reforma de la PCP y, por ello, la Comisión tiene el respaldo del Parlamento. 
En España, el Conde de Romanones- que era ministro en la época de la Restauración, a comienzos del siglo XX- decía: "al Parlamento las leyes, dejadme a mí los reglamentos". 
Pues bien, el objetivo de una pesca sostenible no se alcanzará ni a base de leyes ni a base de reglamentos, que son necesarios pero insuficientes. 
Resulta imprescindible implicar, por una parte, a los Estados miembros y, por otra, a todos los agentes que participan en el sector- en el sentido más amplio, incluyendo la comercialización- para que podamos cumplir con este objetivo. 
Y la acción no puede limitarse- como comprobamos en cada reunión de la Comisión de Pesca- al marco comunitario, ya que muchos de los problemas de nuestra pesca encuentran sus causas en el ámbito internacional, y es en esa dimensión donde se pueden encontrar soluciones. 
La cooperación entre las diversas administraciones resulta, pues, básica si queremos llevar la PCP a buen puerto. 
Y las administraciones regionales y locales que, a menudo- como en la comercialización -, son las encargadas de aplicar las normas comunitarias, deben sentirse también partícipes de la toma de decisiones. 
– Señor Presidente, tenemos ante nosotros un buen informe, y yo también quisiera subrayarlo. 
Es muy importante que tengamos normas uniformes y procedimientos de seguimiento uniformes. 
Esto es esencial si queremos una competencia justa en Europa. 
También creo que es importante que el seguimiento se organice a escala internacional en la medida de lo posible, de forma que el norte, el sur, el este y el oeste tengan la misma sensación sobre la realización del seguimiento. 
Quisiera destacar que existen muchos planes, que todos queremos el cambio estructural, pero me gustaría añadir que la financiación de esto debe ser temporal. 
No debemos conceder una asignación permanente a la aplicación de estos cambios estructurales. 
También quisiera decir algo más sobre la aplicación práctica en el futuro. 
Creo que los cambios son necesarios y solamente pueden lograrse si las organizaciones de pescadores están dispuestas a cooperar. 
Existen suficientes ejemplos individuales de esto en la Unión Europea, pero hay demasiado poca estructura. 
Quisiera también abogar por algo que la Asociación de Pesca de la Comisión del Mar del Norte ya ha introducido, a saber, permitir que en los barcos pesqueros también naveguen biólogos. 
Esto implica que ya no pueden perder el barco, ya que lo siguen en su propio bote. 
Debemos garantizar que la ecología y la economía compartan el mismo futuro; los cambios también pueden hacerse mucho más efectivamente si existe voluntad. 
Por lo tanto, quisiera llamar la atención sobre este sistema y también reclamar otra vez nuevos métodos mejorados: es decir, la investigación sobre sistemas acústicos para la distinción de especies de peces y una revisión de la situación relativa a las capturas accesorias, ya que es muy importante que tengamos una idea no solo de la captura principal, sino también de la captura accesoria. 
Por lo tanto, es importante que también podamos registrarla mediante el desembarco de la captura y el registro durante el mismo de todo lo que sale. 
Así es como se hace una verdadera contribución al futuro de la pesca. 
Además, a modo de conclusión, quisiera hacer un breve comentario más: también sería útil que los derechos fuesen transferibles en el futuro. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la pesca es un tema sensible, como los conflictos de todo tipo: es un sector con tradiciones muy fuertes, pero en el que bandidos y piratas de toda calaña vienen a alterar la paz. 
Mis felicitaciones pues a la ponente por la claridad y la valentía de su informe. 
En efecto, las actividades secretas e ilegales, la pesca furtiva y el comercio clandestino ponen en peligro la actividad de todos los pescadores profesionales. 
Esta actividad solo será política y socialmente serena y económicamente rentable si los controles son eficaces, equitativos, claros, transparentes e idénticos en todos los Estados miembros de la Unión. 
Sin embargo, hoy son manifiestamente insuficientes. 
El refuerzo de los mismos pasa por su racionalización y modernización. 
Hay que desarrollar controles de posicionamiento por satélite y mejorar los libros de a bordo, debiendo cada Estado poner a disposición medios humanos y materiales consecuentes y suficientes. 
Los Estados son responsables de los controles, usted lo ha recordado; deben seguir siéndolo. 
Pero deben mejorar y reforzar dichos controles, correspondiendo a la Unión Europea coordinarlos y a los servicios especializados de la Comisión encargados de la pesca evaluar la repercusión de la mejora. 
Quizás sea necesario, si la repercusión de estos controles sigue siendo insuficiente, y solo en ese caso, pensar en una estructura común de inspección, que se apoye en particular en una agencia comunitaria de control de la pesca. 
– Señor Presidente, puedo decir que mi Grupo y yo valoramos muy positivamente el informe de la Sra. Figueiredo. 
Nuestra política pesquera común es tan fuerte como su eslabón más débil. 
Esto significa que el seguimiento es especialmente importante, porque solamente a través de una gestión de cuotas eficaz podremos llevar una política pesquera común acertada también en el futuro. 
Por este motivo, he presentado varias enmiendas, también en nombre de mi Grupo, que la Comisión de Pesca y la ponente han asumido, por lo que les doy las gracias. 
Deben eliminarse las diferencias entre los métodos de seguimiento de los Estados miembros. 
Por este motivo, abogamos firmemente por una oficina comunitaria que controle la aplicación de la PPC. 
Esta política también se beneficiará del hecho de estar firmemente arraigada en la sociedad y de gozar de la confianza del propio sector. 
Por lo tanto, hemos defendido la posibilidad de establecer organizaciones de productores transnacionales. 
Permitiendo la coordinación transfronteriza obtenemos proporciona un sistema de pesca sostenible sobre una base más amplia. 
Los esfuerzos de los pescadores al respecto son indispensables. 
En este sentido, quisiera llamar la atención una vez más sobre el sector del camarón. 
Durante años, este sector tuvo un sistema de pesca sostenible ampliamente elogiado. 
Sin embargo, intervino una autoridad nacional de los Países Bajos en asuntos de competencia, lo que provocó su fin repentino. 
En nombre de mi Grupo, quisiera pedir encarecidamente, inclusive a la Comisión, que el Comisario Fischler se comprometa a permitir estas organizaciones de productores. 
Esto se plantea en una enmienda que he presentado y que ha aprobado la Comisión de Pesca. 
En gran medida y demasiado a menudo, las iniciativas de otros Comisarios parecen frustrar al Comisario Fischler al respecto. 
Me refiero concretamente a los Comisarios Monti y Bolkestein, cuyas carteras incluyen la política de competencia. 
Una planteamiento excesivamente liberal por parte de una sección de la Comisión no debe frustrar la posición social de los pescadores y la situación medioambiental en el Mar del Norte. 
En este sentido el informe también me complace mucho. 
La Comisión haría bien en darse cuenta de que los esfuerzos de las organizaciones de productores pesqueros en particular, incluidas las transfronterizas, serán indispensables para que exista en el futuro un enfoque realmente riguroso de la cuestión de la pesca. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias a la Sra. Figueiredo por su excelente informe y su constante y ardua labor en el seno de la comisión parlamentaria. 
Un control y seguimiento adecuados de la Política Común de Pesca y la aplicación equilibrada de sus normas son, sin duda, la única manera de devolver algo de credibilidad a esta política común tan desacreditada. 
Sin embargo, tengo que decir que cualquier nuevo sistema de control necesitará la cooperación del sector, de los propios pescadores. 
Los pescadores están perdiendo rápidamente el poco respeto que les merecía esta desacreditada política. 
En la misma semana en que el CIEM publicaba su último informe, en el que pedía el cierre total de los caladeros de bacalao situados alrededor de Gran Bretaña e Irlanda, el Consejo de Ministros abría el y la zona económica exclusiva alrededor de las Azores y Madeira, permitiendo así la virtual libertad de pesca en algunas de las zonas de desove y crianza de peces en aguas europeas. 
Esta decisión se basó en presiones políticas, y no tiene su motivo en la conservación, sino en la política. 
Son decisiones como esta las que han hecho que toda la PCP haya caído en descrédito. 
¿Cómo pueden creer nuestros pescadores que sus interminables dificultades se hacen en nombre de la conservación, cuando ven que se toman decisiones que, como esta, van en contra del sentido común? 
Asimismo, ya es hora de que la Comisión haga frente a la vergüenza que significa que cada año se devuelvan al mar dos millones de toneladas de pescado sano en aras de la conservación. 
La opinión pública ya no tolerará este despilfarro innecesario que se ha convertido en símbolo del fracaso de la PPC. 
Doy las gracias a la Sra. Figueiredo por intentar infundir vida al cadáver de esta desacreditada política, pero me temo que es demasiado tarde para su reanimación. 
. Señor Presidente, creo que las palabras que acabamos de oír confirman tanto la calidad de los trabajos de la Sra. Figueiredo como el pleno acuerdo y la convergencia entre los puntos de vista de la Comisión y del Parlamento sobre este tema. 
Haré una excepción con respecto a las últimas palabras del Sr. Stevenson, cuyo diagnóstico sobre el estado de la política pesquera común no comparto, pero sin duda comprenderá que la opinión de la Comisión no se aproxime en absoluto a la suya. 
En cuanto a la cuestión de los camarones, que ha planteado el Sr. Maat, tomamos nota por supuesto, y sin ninguna duda el Sr. Fischler hablará de ello con sus colegas, incluso, si es necesario, con el Sr. Monti. 
– Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar después del debate de los puntos relativos al artículo 50 del Reglamento. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0332/2003) de la Sra. McKenna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el informe anual de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los resultados de los programas de orientación plurianuales de las flotas pesqueras a finales de 2001 y sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los resultados intermedios de los programas de orientación plurianuales de las flotas pesqueras a 30 de junio de 2002 [COM (2002) 446 – COM (2002) 483 – 2002/2262 (INI) ]. 
. La Comisión desearía, en primer lugar, dar las gracias a la Sra. McKenna por su informe y por el trabajo que ha realizado sobre este tema. 
En general, señora McKenna, coincidimos con su análisis de los programas de orientación de las capacidades de la flota, lo que en nuestra jerga denominamos POP, y en este caso POP IV. Por lo demás, como usted sabe, hemos aplicado las lecciones de aquella experiencia a la reforma de la política pesquera común para subsanar las deficiencias que usted destaca y que se habían hecho evidentes a los ojos de todos. 
Compartimos asimismo su recomendación de no financiar más la exportación de los buques de pesca a terceros países: como sabe, esto lo sugerimos en nuestra propuesta de reforma. 
El Consejo ha diferido su aplicación algo más de lo que deseábamos, pero lo esencial es que, después de 2004, no serán posibles las exportaciones de buques de pesca con ayuda pública. 
En cambio, en un punto no compartimos su juicio sobre las nuevas herramientas de gestión de la flota que se decidieron en la reforma de la política pesquera común: usted parece considerar que las nuevas herramientas no permitirán reducir el exceso de capacidad de la flota comunitaria. 
Quisiera recordar brevemente los dos avances principales de esta nueva política de gestión. 
El primero es el régimen de entradas y salidas de los barcos de pesca –es una innovación que no fue aceptada con agrado ni por la profesión ni por los Estados miembros– y este régimen se combinará con la prohibición de sustituir las capacidades de pesca que se han abandonado con financiación pública, nacional o comunitaria. 
A raíz de ello, nuestra flota se reducirá de forma progresiva. 
La segunda medida son los regímenes de limitación de capturas. 
Evidentemente, es un componente esencial de los planes de recuperación de las reservas pesqueras y, al limitar las capturas, reforzamos los esfuerzos de reducción del exceso de capacidad. 
Partimos pues de un análisis, en gran medida común con el suyo, de las deficiencias del pasado y consideramos que las medidas adoptadas con ocasión de la reciente reforma de la política pesquera permitirán responder, en gran medida, a las preocupaciones que usted expresa en su informe. 
. – Señor Presidente, este informe trata sobre la revisión de los Programas de Orientación Plurianuales realizada por la Comisión. 
Desde un punto de vista técnico abarca el período que finaliza el 30 de junio de 2002, pero puesto que el Parlamento no va a elaborar un informe sobre la situación final al 31 de diciembre, haré algunos comentarios sobre la situación hasta dicha fecha. 
Esta es la cuarta generación de POP, una serie de programas que se remonta a 1983. 
Dichos programas pretendían establecer cierto control sobre el tamaño y la distribución de la flotas de la UE. 
En total han tenido una duración de 20 años. 
Si consideramos que su objetivo era lograr un equilibrio sostenible entre los recursos y su explotación, y a la vista de las recomendaciones del CIEM de estos últimos días, podemos concluir sin temor a equivocarnos que han sido un rotundo fracaso. 
A favor de la Comisión podemos decir que ha propuesto un recorte mucho más completo e importante de la capacidad de la flota que el que el Consejo ha podido aceptar. 
Por ejemplo, los objetivos acordados para la totalidad de la flota de los Estados miembros eran tan modestos que la flota comunitaria en su totalidad ya era menor que los objetivos generales, incluso antes de que entrase en vigor el POP IV. Algunas flotas no necesitaban recorte alguno. 
Sin embargo, al finalizar el programa en diciembre de 2002, tan solo cinco de los 13 países habían cumplido los objetivos establecidos para los distintos segmentos de su flota. 
Uno de ellos fue España, que a menudo ha sido criticada en esta Cámara. 
No cabe duda de que los Estados miembros no emprendieron con decisión este ejercicio. 
Y ahora se suprimen los propios POP. 
Si bien reconocemos que resultan ineficaces y de difícil gestión, al menos tenían por objetivo la reducción de la capacidad de la flota. 
La pretendida reforma que ha venido a sustituirlos ni siquiera hace eso. 
Se ha asignado a cada Estado miembro una capacidad determinada de tonelaje y kilovatios para sus buques de pesca, pero no se exige la reducción de dicha capacidad. 
Como señaló el propio Comisario, únicamente si se utilizan fondos públicos se exige la reducción de la capacidad. 
Y puesto que las poblaciones de peces están disminuyendo más rápidamente que las flotas pesqueras que las captura, el futuro no parece muy brillante para los peces ni para las comunidades costeras ni para las personas que viven de la industria pesquera. 
Este hecho va a producir una importante crisis socioeconómica, que ya asoma en el horizonte. 
Como ha dicho el Sr. Stevenson, van a sufrir interminables dificultades. 
Pero esto solo sucederá si no nos damos cuenta en dónde reside el problema y de la manera de resolverlo. 
Puesto que el Sr. Lamy es el Comisario responsable del comercio, quizá le interese saber la forma en que la UE comercia libremente con los buques de pesca. 
Entre 1998 y 2001, al menos 746 buques fueron exportados a terceros países. 
Esta cifra podría ser varias veces superior, pero en vista de que los buques ya han abandonado la flota, la Comisión no tiene ni idea de lo que ha sucedido con ellos. 
Simplemente fueron desguazados. 
De esos 746 barcos, al menos 38 fueron exportados directamente a países que ofrecen pabellones de conveniencia. 
Incluso existen ejemplos de armadores que recibieron financiación del IFOP para exportar a países de pabellón de conveniencia. 
Incluso el Sr. Lamy tendría que admitir que resulta difícil un comercio más liberalizado que ese. 
Otro de los problemas que plantea la gestión de los POP por parte de la Comisión se refiere a las aguas extraterritoriales de la Unión Europea. 
Hace unos cuantos años, la Comisión permitió que un buque de tamaño considerable, el, se uniera a la flota irlandesa, con la consecuencia de que otro buque, el, fuese exportado a Panamá, país con pabellón de conveniencia. 
Supuestamente, esta exportación se debió a que los caladeros de Mauritania están o estaban repletos de peces. 
Este año, la Comisión hizo un favor similar a los neerlandeses. 
Esta vez permitió la inscripción del equivalente de tres en el registro neerlandés para pescar las mismas especies frente a Mauritania. 
Sin embargo, las recomendaciones científicas de la propia Comisión propugnan que no se aumente el esfuerzo pesquero en esa zona, por lo que no comprendo cómo puede justificarse esta medida. 
Recompensar a quienes transgreden la ley constituye un grave problema. 
¿Qué hizo la Comisión? 
Contribuyó a su legalización. 
Hizo legal una situación ilegal. 
E hizo lo mismo en el caso neerlandés. 
Y ahora ha legalizado una situación ilegal. 
De esta forma envía una señal a cualquier persona que desee hacer otro tanto, invitándola a que infrinja la ley, la ignore, y la Comisión le ayudará a final de cuentas. 
Esta es una señal que la Comisión no debe enviar. 
Resulta evidente que la Comisión se inclina por satisfacer las demandas de los armadores de estos enormes buques pelágicos. 
Y los beneficiados no son las pequeñas comunidades costeras, sino las grandes empresas. 
Me consterna el Comisario Byrne, quien se inclinó para ayudar al armador del, el mayor buque pelágico del mundo, para obtener esa licencia de pesca. 
Considero que violó sus obligaciones de Comisario al actuar a favor de un hombre de negocios de su propio país. 
Habría que investigar igualmente estos hechos. 
Me gustaría saber cuántos otros Comisarios se inclinan por facilitar intereses comerciales concretos en detrimento de los intereses de la Comunidad en su conjunto. 
– Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la ponente por el informe final que está sobre la mesa y que también ha sido enmendado con acierto. 
Quisiera hacer un comentario de carácter más bien político: ella pertenece a un Grupo que regularmente hace un llamamiento a la desobediencia civil en gran número de ámbitos, pero observo que ahora adopta una postura muy respetuosa de la ley. 
Cuando un empresario hace algo mal, algo incompatible con las normas, debe imponerse inmediatamente un castigo. 
Creo que este es un buen debate de por sí: es posible debatir incluso con la izquierda europea sobre las cuestiones en que deberíamos seguir o no al Gobierno. 
Se trata de un inciso. 
Estoy de acuerdo con la ponente en que es correcto enterrar los programas de orientación multianuales. 
Cuatro generaciones de POP no han conseguido producir nada; este no es el modo de plantear la política pesquera común. 
De hecho, me he opuesto a este planteamiento desde que me incorporé al Parlamento, y me complace que la Comisión lo reconozca, al igual que la ponente. 
Por otra parte, no debemos quedarnos de brazos cruzados. 
Es evidente que existe un exceso de capacidad y hay que hacer algo al respecto. 
Sin embargo, existen más medios que el de simplemente reducir el tamaño de una flota. 
Con esto me refiero al uso de los «días en el mar». Podemos limitar el número de días de faena en mar. 
Por otra parte, puede existir un mejor control de las cuotas mediante la gestión conjunta de las mismas por parte de organizaciones de productores. 
Existen algunas buenas posibilidades y de hecho quisiera pedir al respecto que la Comisión maximice el uso de las posibilidades existentes en su política antes de recurrir a otras nuevas. 
Sin embargo, al mismo tiempo quisiera expresar mi apoyo a la política de la Comisión en este tema, dado que es importante que establezcamos un mejor control del tamaño de la flota, posiblemente incluso con respecto a la sustitución de los barcos de menor tamaño por otros de mayor tamaño en nuestras flotas. 
Con barcos de mayor tamaño a menudo es posible faenar en el mar más días y en ocasiones eso no comporta un mayor tonelaje, pero sí una mayor pesca real. 
A este respecto, este instrumento –los días en el mar–, combinado con una reducción de la capacidad de las flotas, realmente podría ser un instrumento muy eficaz para conseguir un planteamiento muy productivo y también la pesca sostenible. 
Una vez más, nuestro Grupo puede refrendar la dinámica general de este informe, incluso con las enmiendas, y espero con interés la respuesta del Comisario. 
. Señor Presidente, también en este caso las palabras que acabamos de oír confirman mi diagnóstico sobre la historia de estas poblaciones y sobre la necesidad, que creo fue sido perfectamente reconocida en la reforma de la pesca el año pasado, de pasar a otros sistemas. 
Es lo que hemos hecho, creo, con una voluntad claramente expresada por la Comisión y por los Estados miembros, que después de muchos debates acabaron por aceptar esta lógica. 
Por lo que se refiere a la observación de la Sra. McKenna sobre las autorizaciones adicionales concedidas a los neerlandeses para 2003, responderé que la Comisión aceptó en efecto aumentar sus segmentos pelágicos, pero con la condición de que respetasen los compromisos que todos hemos contraído en esta zona no atlántica, y ello con vistas a evitar que se sobrepasen las capacidades de captura que hemos fijado. 
Solo con esta condición se aceptó la autorización a la que ha hecho referencia. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar después del debate de los puntos relativos al artículo 50 del Reglamento. 
Los POP resultan imprescindibles para alcanzar un nivel de recursos que haga de la pesca una actividad sostenible y con futuro en la UE. Hay que sancionar sus incumplimientos. 
Pedimos a la Comisión que exija su cumplimiento íntegro por parte de todos los Estados miembros. 
Aceptar otra cosa supondría un premio para los infractores de las normas comunitarias. 
No entendemos cómo se puede seguir transigiendo con el comportamiento de ministros de Pesca que aprueban normas en el Consejo, para luego incumplirlas o negarse a proporcionar datos acerca del cumplimiento. 
Los recursos pesqueros, el sector pesquero comunitario y las regiones dependientes de la pesca estarían en mejor situación si la PCP respondiera a una lógica socioeconómica a largo plazo, sin enfoques contradictorios. 
No cabe subvencionar la construcción de barcos para después invertir en su desguace: sería más racional permitir su exportación a un tercer país, en el marco de una cooperación entre el sector pesquero comunitario y el de los países en vías de desarrollo. 
El Grupo Socialista apuesta por una política a largo plazo que combine la adecuación de la flota a los recursos con el mantenimiento de una actividad pesquera sostenible. 
Queremos un futuro con peces y pescadores. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral (O-0065/2003 – B5-0280/2003) del Sr. Jové Peres, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión sobre la reforma de las organizaciones comunes de mercado del tabaco, el algodón y el aceite de oliva. 
Señor Presidente, en primer lugar cabe señalar la diferencia de tratamiento que la Comisión aplica a los distintos sectores contemplados en su Comunicación. 
Mientras que para el azúcar se contemplan tres alternativas, para el aceite de oliva, el tabaco y el algodón se apunta hacia una sola posibilidad. 
Estas tres producciones tienen en común su concentración geográfica, el empleo intensivo de mano de obra y la dependencia de otras actividades económicas asociadas. 
En el tabaco y el algodón también es notable el elevado número de explotaciones de pequeña dimensión. 
Dada esta situación, es de prever un fuerte impacto sobre estas tres producciones, y, en particular, sobre la evolución de la superficie de cultivo, el número de explotaciones, el empleo y la actividad económica de las zonas de producción. 
La Comisión ya ha reconocido que en el caso del algodón se corre el riesgo de que el cultivo desaparezca, y, por ello, ha propuesto un desacoplamiento parcial de las ayudas. 
Sin embargo, y a pesar de que concurren circunstancias semejantes, esta posibilidad no se ha previsto para el aceite de oliva ni para el tabaco. 
En el caso de que se diera una reducción o desaparición de las superficies de cultivo, y particularmente para el caso del tabaco, me gustaría saber qué alternativas contempla la Comisión ante el deseo no formulado de ver desaparecer este cultivo. 
También me gustaría saber cuál es la evolución que la Comisión prevé en las importaciones de tabaco, y si piensa que su consumo se reducirá con la desaparición de este cultivo. 
La Comunicación de la Comisión también presenta otros problemas de gran calado jurídico. 
En el caso del aceite, el Reglamento (CE) n° 1638/98 del Consejo que modificaba la organización común de mercados en el sector de las materias grasas establecía que "Los olivos adicionales y las superficies correspondientes plantados con posterioridad al 1 de mayo de 1998, no podrán dar lugar a una ayuda a los oleicultores". 
Sin embargo, la Comunicación de la Comisión apunta a que las ayudas al aceite de oliva se calcularían en función de las ayudas percibidas en el período 2000-2002. 
El olivar empieza a producir cinco años tras haber sido plantado, y solo llega a la plena producción diez años después de la plantación. 
Es decir, los olivos plantados entre 1990 y el primero de mayo de 1998, aún teniendo derecho a la percepción de las ayudas, según la propuesta que nos hace la Comisión en su comunicación, contarían con unos derechos inferiores a los del resto de los olivares. 
Esto hace surgir serias dudas sobre la conformidad de las líneas apuntadas por la Comisión con el principio de seguridad jurídica. 
Del mismo modo, en el Reglamento de 1998 del Consejo se establecían Cantidades Nacionales Garantizadas cuya superación implicaba penalizaciones, y, por lo tanto, menor percepción de las ayudas. 
De este modo, los olivos plantados desde 1988 y hasta el primero de mayo de 1998, verían igualmente disminuidos sus derechos a la percepción de las ayudas en caso de aplicarse el enfoque anunciado por la Comisión en su Comunicación. 
También en este caso podemos entrar en colisión con el principio de seguridad jurídica y de igualdad de trato de todos los productores. 
Me gustaría saber, señor Comisario, qué opina la Comisión acerca de estas cuestiones y si no ve el riesgo de que alguno de los productores afectados ataque el Reglamento en el Tribunal de Justicia y lo deje sin efecto. 
La OCM del algodón deriva del protocolo 4, anexo al Acta de adhesión de Grecia, y, por ello, tiene fuerza de Tratado. 
Su apartado 2 dice: “Se establece un régimen en la Comunidad destinado sobre todo a mantener la producción de algodón en las regiones de la Comunidad donde sea importante para la economía agrícola, permitir una renta equitativa para los productores y estabilizar el mercado para la mejora de las estructuras a nivel de la oferta y de la comercialización ". 
En el apartado 2.1 dice: “se establece un régimen en la Comunidad destinado sobre todo a mantener la producción de algodón en las regiones de la Comunidad allí donde sea importante para la economía agrícola” , y, por último, en el apartado 3: “El régimen previsto comprende la concesión de una ayuda a la producción”. 
Con la ayuda apuntada por la Comisión, no se podrá mantener la producción en unas regiones de la Unión donde el entramado social es económicamente frágil. 
Además, los efectos del desacoplamiento de las ayudas se oponen a los apartados que cité del Acta de adhesión de Grecia y a lo acordado en 1979 y ratificado en 1986 en textos que son fuente primaria del Derecho Comunitario. 
Señor Comisario, ¿piensa la Comisión, en tanto que guardiana de los Tratados, que su propuesta es conforme con ellos? 
Por último, Señor Presidente, permítame expresar mi sorpresa ante el hecho de que el Parlamento Europeo no haya dado su opinión sobre la Comunicación de la Comisión mediante una resolución. 
Si la Comisión envía una comunicación al Parlamento Europeo, lo mínimo es dar una respuesta a sus contenidos. 
En segundo lugar, es una decisión que carece de precedentes. 
Hasta ahora, el Parlamento Europeo siempre había respondido con un informe o con una resolución a las comunicaciones previas a las reformas de las OCM. 
. Señor Presidente, como acaba de decir el Sr. Jové Peres, hemos puesto sobre la mesa una nueva etapa del proceso de reforma de nuestra política agrícola en lo que se refiere al algodón, el aceite de oliva y el tabaco, con la idea de aproximarlos al régimen general, que es ahora el de la política agrícola común, con los mismos objetivos: no ya apoyar la producción, sino las rentas de los productores, mediante la transferencia de una parte importante de los gastos actuales asociados a la producción hacia un sistema de pago único por explotación. 
Como se ha dicho hace un momento, es cierto que los sectores del algodón, del aceite de oliva y del tabaco tienen sus características específicas, que sus producciones se concentran en regiones que, por lo general, presentan retrasos de desarrollo; por esta razón, la Comisión ha tenido en cuenta los efectos económicos, sociales y medioambientales de un desacoplamiento total en estos sectores. 
Empezando por el algodón, hemos calculado el porcentaje de ayuda transferido al nuevo pago único desacoplado, que es del 60%, de forma que se mantenga el cultivo del algodón al mismo tiempo que se permite a los productores obtener márgenes semejantes a los de cultivos competidores. 
Pero, por otro lado, para reducir las secuelas negativas para el medio ambiente, proponemos límites máximos de superficie, que son en efecto inferiores a las superficies plantadas durante el período de referencia para la asignación del nuevo pago por superficie. 
Cabe esperar por tanto cierta disminución de la actividad asociada al algodón y somos conscientes de que esta reforma exigirá esfuerzos de adaptación por parte del sector. 
Por ello, hemos propuesto también que pueda ir acompañada de medidas de desarrollo rural. 
Por tanto, tendrá un impacto, y ese impacto deberá ir acompañado de medidas de desarrollo rural. 
Por lo que se refiere al aceite de oliva, actualmente intentamos también conciliar, por una parte, una mayor orientación hacia el mercado y una mayor estabilidad de las rentas de los agricultores y, por otra, la preservación de los olivares en caso de que presenten una clara ventaja social y medioambiental. 
Por ello, hemos previsto que los Estados miembros conserven el 40% de las ayudas actuales para efectuar pagos asociados a la producción, de forma que puedan financiarse ayudas, en forma de dotaciones nacionales, para preservar los olivares que presenten el interés del que acabo de hablar. 
Estas ayudas se destinarán a cubrir los gastos de mantenimiento de los olivares, al margen de cualquier apoyo a la producción o a la cosecha. 
Porque somos conscientes de la diversidad de situaciones regionales, pensamos que es bueno que los Estados miembros tengan la facultad de establecer el nivel de las primas, a fin de adaptar el importe unitario de la ayuda en función de la situación local y de modo que se concentre allí donde sea más necesaria. 
Con respecto al tabaco, por último, nuestras propuestas se fundamentan también en un estudio de impacto detallado. 
Hemos analizado todas las implicaciones directas e indirectas de la actual organización común de mercado, desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista del impacto de las diversas opciones sobre las rentas agrícolas y sobre el empleo en las distintas regiones que cultivan tabaco. 
Hemos consultado a los productores, hemos consultado a los representantes locales de las regiones de producción con ocasión de un foro que reunió a todas las partes implicadas, y hemos llegado a la conclusión de que es necesario reorientar la producción de las explotaciones de cultivo del tabaco. 
No olvidemos que incluso en la actualidad los ingresos de muchas explotaciones no cubren los costes de producción variables. 
Nuestro estudio demuestra también que esta reorientación de la producción puede tener, evidentemente, una repercusión negativa sobre el empleo en los sectores que están asociados hacia arriba y hacia abajo a la economía del tabaco, aunque no tenemos una evaluación precisa de su impacto global y localizado. 
Sin duda, la producción de tabaco es importante hoy para la economía de determinadas regiones y, sin duda, su desaparición tendrá consecuencias desde este punto de vista, consecuencias que esperamos limitar. 
Por esta razón, a diferencia de lo que se ha previsto para el algodón o para el aceite de oliva, adoptamos un enfoque específico que consiste, en primer lugar, en desacoplar íntegramente los casos de las pequeñas explotaciones –aquellas cuya producción es inferior a 3,5 toneladas–, con el objetivo de garantizar de inmediato a estas pequeñas estructuras el mantenimiento íntegro del apoyo a la renta de que disfrutan actualmente. 
Después, por lo que se refiere a la reestructuración, proponemos financiaciones adicionales, mediante la transferencia de una parte de las financiaciones actualmente consagradas a la ayuda a la producción a favor de una dotación de reestructuración, que vendría a incrementar los fondos actuales de desarrollo rural de las regiones de producción para apoyar su diversificación. 
Esta reprogramación, en cierto modo, que consiste en utilizar el dinero existente a favor de la reestructuración, forma parte de las propuestas de la Comisión, quedando entendido que correspondería a los productores y a los responsables de las regiones afectadas definir las medidas más adecuadas dentro de la gama disponible de instrumentos de «desarrollo rural». 
Por consiguiente, nuestras propuestas en estos tres sectores tienen en cuenta tanto las normas generales, que esperamos que sean ahora las de la política agrícola común, como las características específicas. 
Estos tres sectores son muy diferentes de los otros grandes cultivos, son muy diferentes unos de otros, y nuestras propuestas están encaminadas a reflejar esta diversidad, aunque permaneciendo en la línea de nuestros principios generales. 
Señor Presidente, en este debate me referiré exclusivamente a la alarma creada por la Comisión entre los cultivadores europeos de tabaco como consecuencia de su desquiciada propuesta de reforma del sector. 
Cabe preguntarse: ¿tan difícil es entender al Presidente del Consejo de Ministros de Agricultura, el ministro italiano Giovanni Alemanno, cuando destaca la importancia social del mantenimiento de este cultivo, especialmente en España, Grecia o Italia? 
Lo que sí va a aumentar, con toda seguridad, son las importaciones de tabaco hacia la Unión Europea. 
Esto es lo que defiende el Presidente del Consejo de Agricultura, y algo semejante opina el Ministro español del ramo y también las autoridades de mi región, Extremadura, una de las que más va a sufrir este zarpazo social si se consuma. 
Recordaremos una vez más que las consecuencias, letales para tal región, pueden afectar a unas 20.000 familias, con pérdidas de renta rondando los 200 millones de euros. 
Tampoco cabe olvidar que no se ha encontrado cultivo alternativo, como no sea el erial. 
Resumiendo: si la Comisión lo tiene bien estudiado- como ha intentado demostrar el Comisario -, con rigor, debería estar en condiciones de decirnos, por ejemplo, a cuánto ascenderá la caída del consumo de tabaco en la Unión una vez realizada la reforma, o cuáles serán las medidas arancelarias que proporcionará para restringir las importaciones de tabaco en la Unión. 
Me imagino que la Comisión habrá tomado buena nota de lo ocurrido esta mañana en este hemiciclo durante la votación de los presupuestos. 
La Cámara ha dicho no a las enmiendas 723 y 338, que intentaban drásticas reducciones de las primas para el tabaco. 
El Parlamento ha sido sensible una vez más al daño social que se infringiría, reduciendo las primas, a muchas familias campesinas europeas que no tienen- repito- otra alternativa. 
Quiero pensar, dada la sensibilidad del Comisario de Agricultura, que habrá encajado este mensaje político. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión nos ha presentado una comunicación para la reforma del sector del azúcar, tabaco y algodón, pero tengo que decir, aunque aquí ya lo ha dicho el Sr. Jové, que la discriminación de nuevo en el tratamiento de las reformas de las producciones mediterráneas queda claramente constatado en este debate. 
En el sector del azúcar, tenemos un documento de opciones sobre el que vamos a discutir y a trabajar en la Comisión de Agricultura, y sobre el que este Pleno se va a pronunciar, mientras que en relación a la propuesta de las otras tres producciones mediterráneas, la única posibilidad de debate de esta comunicación se produce hoy por medio de una pregunta oral que ni tan siquiera va a poder ser objeto de una resolución por este Pleno. 
No parece que el distinto tratamiento formal tenga ninguna justificación, pero el distinto trato y la discriminación se producen no solamente por la forma, sino también por el fondo. 
La política agrícola comunitaria ha iniciado un proceso de transformación de los instrumentos de apoyo a los precios hacia un apoyo a la renta- proceso que, según la propia Comisión, concluye con el desacoplamiento en 1992 -; por lo tanto estamos hablando de períodos de transición de 15 o 17 años. 
Sin embargo, en estos tres sectores- algodón, aceite y tabaco -, tenemos que hacer el cambio de una forma brusca: un cambio radical de una ayuda vinculada directamente a la producción a una ayuda totalmente desacoplada. 
No tiene ninguna justificación el que no podamos hablar con la Comisión de un período transitorio adecuado a los cambios. 
La importancia del empleo en estos sectores de los que estamos hablando es vital, y no solamente en los empleos que genera el cultivo, sino en los empleos asociados a la industria de transformación, a los servicios y a la riqueza generada en las zonas rurales. 
La pérdida de producción y el abandono de la producción de estos sectores generará consecuencias económicas terribles y ayudará a que haya un éxodo rural de unas magnitudes muy grandes. 
Por lo tanto, le pido a la Comisión que sea flexible, que podamos hablar de distintas opciones en las propuestas planteadas, que nos presente estudios de impacto- le recuerdo al Comisario que en el sector del algodón no tenemos estudio de impacto -, y que sean también flexibles a la hora de hablar de los períodos transitorios de adaptación que estos sectores necesitan. 
No quiero acabar mi intervención sin pedirle al señor Comisario que en el sector del algodón- del que soy ponente -, después de la reunión de Cancún, la Comisión explique claramente qué es lo que significa la producción de algodón comunitaria en el mercado mundial. 
Producimos el 0,5 % de la producción mundial de algodón, no tenemos restituciones a la exportación- ninguna restitución- la importación es libre, está exenta de aranceles, e importamos el 80% del algodón que consumimos en la Europa comunitaria. 
Señor Presidente, desde el principio quisiera señalar que, si se aplican las nuevas propuestas de la Comisión, estas representarán un golpe de gracia para los productos mediterráneos. 
El medio rural griego y tres de los productos básicos del país, que cultivan el 75% de los agricultores, recibirán un golpe mortal para servir a los nuevos planes y compromisos de la PAC, la OMC y la ampliación de Unión Europea, en otras palabras, las instrucciones de las grandes empresas y las multinacionales, que ordenan que se acabe con el cultivo del tabaco, se reduzca el cultivo de algodón, se abandone la producción del aceite de oliva, productos en los que la Unión Europea es muy deficiente. 
Son indiferentes a las consecuencias, que serán dolorosas no solo para los agricultores, sino también para los trabajadores de la industria procesadora, los almacenes, etc., además de toda persona relacionada profesionalmente con estos productos y numerosas empresas de pequeño y medio tamaño activas en estos sectores. 
La Comisión propone de forma cruel que no haya vuelta atrás para la prohibición del cultivo del tabaco y las ayudas para 2013. 
La crónica de una muerte anunciada antes de Gotemburgo. 
Con el pretexto de proteger la salud, está eliminando el cultivo de tabaco europeo, a los agricultores dedicados al tabaco y, en el caso de Grecia, toda actividad que rodea a la agricultura, el comercio y el procesado de tabaco que, como saben, se centra principalmente en grupos pequeños en zonas problemáticas de montaña. 
Una gran hipocresía y cinismo, ya que al mismo tiempo no propone eliminar las industrias tabacaleras europeas que, por supuesto, seguirán importando tabaco sin elaborar de terceros países y especulando con la fabricación y la exportación de cigarrillos. 
Se pide a la Unión Europea, con 370 millones de ciudadanos, que deje de financiar 347 000 toneladas de tabaco, mientras que los Estados Unidos, con 263 millones de ciudadanos, siguen aumentando su producción a 586 000 toneladas, que en gran parte se importa a la Unión Europea. 
Lo que es obvio es que los cultivadores de tabaco recibirán menos dinero, lo que en el futuro se denominará el desacoplamiento de las subvenciones, pero en la práctica serán escasas prestaciones de desempleo y seudocompensaciones para abolir el cultivo de tabaco en la Unión Europea. 
En lo que respecta al algodón, y para que los cultivadores de algodón no se engañen a sí mismos, la Comisión establece de forma clara en su informe introductorio que la nueva reforma de la OCM se realiza porque el objetivo de reducir el precio y reducir las zonas cultivadas y la producción, previsto en la reforma del 2001, no se ha conseguido todavía. 
En dos años, el cultivo de algodón en Grecia se ha visto reducido en 70 000 hectáreas, con una importante reducción del precio del algodón y en los ingresos de los productores, debido al aumento de los gravámenes de corresponsabilidad y a todas las medidas absurdas encaminadas a prohibir y limitar el número de hectáreas cultivadas y el rendimiento por hectárea. 
Un total de 250 000 toneladas de la producción griega de dos años no recibieron ninguna ayuda y solamente obtuvieron el precio internacional que, como sabemos, establecen las multinacionales. 
Los mismos precios que obtienen los países en desarrollo, por los que supuestamente la Unión Europea hace todo lo que puede. 
Sin embargo, la Comisión exige reducciones todavía mayores conforme a una nueva reforma desastrosa. 
Estableciendo el criterio de «porque yo lo digo» , ha fijado un techo muy bajo, de 34 000 hectáreas para Grecia y recortes similares para España y Portugal, en una apuesta por reducir el techo todavía más con las medidas que está adoptando. 
Las propuestas de la Comisión para el algodón incluso anulan el Protocolo IV, como ha mencionado el Sr. Jove Peres, del Acta de Adhesión de Grecia a la CEE sobre cuya base se establece la garantía de un precio mínimo para los productores. 
Ni siquiera un producto probadamente saludable, como es el aceite de oliva, escapa a la eterna política antiagrícola de la Unión Europea. 
Se están empleando argumentos hipócritas e infundados para eliminar la agricultura dedicada al aceite de oliva. 
Un espíritu de hipocresía y mofa a expensas de los agricultores dedicados al cultivo del olivo prevalece en las propuestas incluidas en el informe de la Comisión sobre el aceite. 
Tras haber planteado que existe un grave riesgo de reducir el cuidado de los olivos a gran escala, mientras que los que escribieron e inspiraron las propuestas son evidentemente conscientes de lo que sucederá con ellos, se proponen medidas que conseguirán lo que, en teoría, no desean que suceda, en otras palabras, el desacoplamiento del 60%. 
Estos tres productos mediterráneos son víctimas de la reforma a medio plazo de la PAC, que está ahogando a la agricultura. 
La catastrófica PAC se está convirtiendo en un mecanismo incluso más eficaz para eliminar a los agricultores, especialmente los de pequeño y mediano tamaño. 
La constante referencia a la protección del medio ambiente sirve de coartada para reducir la producción agrícola. 
La hipocresía se hace evidente con la campaña contra el tabaco, más que contra el tabaquismo, en un momento en que se están promoviendo los cultivos modificados. 
Estas propuestas no están abiertas a modificaciones ni mejoras. 
Por este motivo, si no se retiran en su forma actual, se presentarán contra la oposición combativa y luchadora del mundo agrícola con el fin de impedir su aplicación. 
Señor Lamy, cuando usted expresó su postura, comentó que también había llegado a un acuerdo con los productores. 
La única cosa que usted no hizo fue llegar a un acuerdo con los productores, los verdaderos productores. 
Usted llegó a un acuerdo con aquellos que no tienen nada que ver con la producción, nada que ver con los productos y, principalmente, llegó a un acuerdo con las multinacionales. 
Señor Presidente, señor Comisario, parece que todos aquí tenemos claro que los productos de los que estamos hablando tienen un alto componente social. 
Lo tienen claro la Comisión, el Parlamento y los afectados. 
¿Cuál es el objetivo fundamental de las ayudas agrícolas? Conseguir un nivel de renta suficiente para que nuestra gente del medio rural no se vaya a las ciudades o a las zonas más ricas de Europa. 
Pero, ¿por qué? 
Porque buscamos dos principios fundamentales: el equilibrio territorial en Europa y el evitar problemas de despoblación y problemas- como bien conocemos en mi tierra, Aragón- de desertización del medio rural. 
Señor Comisario, esto es lo que debemos tratar de conseguir con toda la Política Agrícola Común y, sobre todo, en estos tipos de cultivos donde el componente social es muy importante. 
Si conseguimos que la gente del medio rural se asiente en la población, se asiente en su territorio, evitaremos tener en Europa zonas desérticas. 
Señor Presidente, señor Comisario Lamy, llevo ya mucho tiempo- por cierto, sin éxito- tratando de que la Comisión me diga el número de puestos de trabajo que se van a perder en el sector productivo del tabaco en rama, en su industria manufacturera y en los sectores indirectamente afectados. 
Ayer pregunté específicamente a la Comisión y hoy he recibido su respuesta, en la que me vuelven a contestar que la reforma no va a tener un impacto negativo en los ingresos de las explotaciones. 
Y hoy, señor Comisario, vuelve la Comisión a decirnos que tampoco va a tener un impacto en los ingresos de los productores, pero siguen sin decirnos nada sobre la pregunta de cuál va a ser el efecto sobre el empleo. 
Usted, señor Comisario, ha dicho incluso que no hay una evaluación precisa. 
Lo mismo me han respondido por escrito, a pesar de que dicen que ha habido 14 Direcciones Generales que han estudiado el efecto. 
Señor Comisario Lamy, yo creo que es irresponsable hacer una reforma de este calado sin conocer las consecuencias sobre el empleo en un sector que tiene 100.000 puestos de trabajo directos y 500.000 indirectos que pueden estar- ustedes lo saben- en riesgo. 
Señor Comisario, los productores en mi tierra, en Extremadura, están indignados. 
Creen- y con razón- que la reforma es brutal, radical e injustificada, que van a ser sacrificados en un altar que está lleno de malas interpretaciones y que les está poniendo en situación insostenible. 
¿No dijeron ustedes en junio que la reforma se haría considerando la situación social de las zonas más desfavorecidas? 
¿No hubo un compromiso político en junio, pedido por el Parlamento y por el Consejo, para que el Sr. Fischler olvidara el maximalismo del desacoplamiento total y ahora vengan a desacoplar totalmente la OCM que es más intensiva en puestos de trabajo? 
Señor Comisario, le pido- como han hecho otros colegas- que reflexionen y que, antes de aprobar estos reglamentos, tengan en consideración la angustia de estas familias, el futuro de estas regiones, que no deben ser sacrificadas en el altar de la hipocresía, que tan bien escribió un francés ilustre: el Sr. Molière, en su famoso "Tartufo". 
Señor Comisario Lamy, usted ha escuchado aquí las preocupaciones de mis colegas diputados y simplemente me gustaría hacer una observación. 
El ancestral desequilibrio entre la producción de cultivos mediterráneos y la producción de cultivos en el resto de Europa necesitaban un planteamiento distinto, mientras que nos enfrentamos a la reforma de la producción de cultivos mediterráneos tras el fracaso de Cancún y con vistas a la ampliación. 
Nuestras preocupaciones aumentan, con el temor de que estos dos procesos puedan ejercer una presión adicional e insoportable sobre nuestros cultivos mediterráneos. 
De hecho, nuestras preocupaciones son muy serias con respecto al tabaco, aunque todo el mundo ha incorporado el principio de la Unión Europea de proteger la salud: estas medidas ocasionarán una agitación económica y social extrema y tendrán la consecuencia de que las importaciones de tabaco extranjero aumenten al 100%, por lo que realmente considero que estaría bien una mayor cautela. 
Quisiera centrar mis comentarios en uno de los tres cultivos de los que estamos hablando, ya que creo que se trata de un caso de acoplamiento forzoso. 
Cada uno de estos productos es de hecho especial y merece ser tratado de forma independiente, sin meter a todos en el mismo saco. 
Me refiero en particular al aceite de oliva. 
Por supuesto, existe el deseo de reducir la necesidad de apoyo basándose en la cantidad producida. 
Sin embargo, quisiera tomarme la libertad de destacar que este condimento mejora el consumo de alimentos en todo el mundo, y dado que es un producto saludable, existe una demanda cada vez mayor del mismo. 
Por lo tanto, considero que tenemos dos problemas importantes: garantizar una red de seguridad para los ingresos e impulsar las políticas de calidad. 
Trataremos estas propuestas después de la propuesta legislativa. 
Muy acertadamente, usted nos remite a las decisiones de los diversos Estados, pero también debemos considerar varios criterios generales como el empleo. 
Yo le pregunto: ¿cómo puede conciliar los incentivos a la calidad de este cultivo con la posibilidad actual de mezclar el aceite de oliva con otras grasas? 
Es esta posibilidad de mezcla la que origina una caída en picado de los precios y constituye un golpe para los agricultores. 
. Señor Presidente, permítame decir unas palabras para responder a las observaciones que se han hecho. 
Observo que la lista de oradores implica que solo se hayan expresado diputados al Parlamento que tienen reservas sobre estas reformas. 
Empezaré por el tabaco. 
Ya se debatió este tema hace poco más de una decena de años, en esta misma Asamblea, y tengo algunos recuerdos personales al respecto. 
Nos preguntábamos si no deberíamos revisar nuestras opciones dadas las tensiones que podían observarse aquí y allá entre la política agrícola y la política sanitaria. 
Por tanto, este debate no es repentino: no nos ha cogido de improviso, hace años que reflexionamos sobre ello, y ustedes, en el Parlamento, llevan años discutiendo de ello. 
Creo que la Comisión habría sido hipócrita si no hubiera sacado conclusiones de esos debates que mantenemos desde hace años, y creo que sacamos conclusiones de forma clara. 
En este caso proponemos una reconversión, una reestructuración de este cultivo a favor de cultivos alternativos. 
Se ha tomado una opción clara. 
Sabemos que esto exigirá esfuerzos considerables a cierto número de productores de tabaco hoy, en ambos extremos de la escala, pero ponemos sobre la mesa las propuestas, incluidas las financieras, que permiten realizar esta reestructuración, sobre cuya necesidad hemos debatido, una vez más, durante los últimos años. 
No ocurre lo mismo con el aceite de oliva y el algodón, en los que el objetivo no es reestructurar, reconvertir o dirigir estas producciones, o a estos productores, hacia otras producciones. 
Deseamos que se mantengan algunos cultivos algodoneros y muchos olivares en la Unión Europea, para evitar el despoblamiento o la desertización de las zonas afectadas, pero también para corregir los efectos de los sistemas de ayuda actuales, ya sea sobre el nivel de producción, ya sea sobre el medio ambiente, ya sea sobre las finanzas de la Unión Europea. 
Por esta razón, la Comisión ha puesto sobre la mesa una opción, de algún modo intermedia, que no va tan lejos en el desacoplamiento como la adoptada en Luxemburgo este año para otras producciones. 
En efecto, para tener en cuenta la sensibilidad particular de cierto número de estas regiones, no hemos ido tan lejos como en teoría habríamos podido ir, y se lo puedo garantizar por haber participado en los debates de la Comisión sobre las propuestas al respecto de nuestro amigo, el Sr. Fischler. 
Mi tercera observación se refiere a la diferencia de trato con el azúcar. 
Señora Rodríguez Ramos, puede estar usted segura de que la reforma de la organización común de mercado del azúcar se ha iniciado, pues hemos puesto sobre la mesa tres opciones, que constituyen la primera fase de un debate que debe tener lugar, porque, a decir verdad, tiene lugar sobre el fondo por primera vez, lo que, recuerdo, no es el caso ni del tabaco, ni del algodón, ni del aceite de oliva. 
Las propuestas formales de la Comisión llegarán el año que viene, cuando haya podido celebrarse el debate sobre las tres opciones con los principales interesados. 
Por último, diré al Sr. Jové Peres, que se preocupaba por las consecuencias sobre las ayudas a los olivos según su año de plantación, que entiendo que no es un verdadero problema dado que, al haberse rebasado de todos modos las cantidades máximas garantizadas, ello no repercute sobre el importe de las ayudas en cuestión. 
– Gracias, señor Comisario. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 50 del Reglamento). 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la propuesta de Resolución (B5-0434/2003) , en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre las violaciones de derechos humanos y del Estado de Derecho en Burundi. 
Señor Presidente, la resolución que vamos a debatir sobre Burundi parte de una situación en la que, desde hace 10 años en que fue asesinado el primer Presidente democráticamente elegido, el señor Ndadaye, Burundi ha estado sumida en una guerra civil con carácter de enfrentamiento étnico que, desgraciadamente, ha causado casi 300.000 muertos. 
En estos momentos hay en marcha un proceso de paz liderado al principio por el presidente de Tanzania, Julius Nyerere, y luego por Mandela, que prevé el cese de los enfrentamientos armados, un calendario electoral, un proceso de transición a la democracia, el establecimiento de un sistema de reparto equitativo del poder y una presidencia rotatoria cada 18 meses entre hutus y tutsis, contemplado todo ello en el Acuerdo de Paz de Arusha de agosto de 2000, del que ha salido el actual Gobierno de transición. 
Entre los días 22 y 27 de junio pasado, una delegación de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, nos trasladamos a Burundi; posteriormente, el 9 de julio de 2003, el Presidente de la República de Burundi compareció ante la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
El 8 de octubre se consiguió un acuerdo para la aplicación efectiva del alto el fuego entre el Gobierno y la principal facción de las Fuerzas para la Defensa de la Democracia, dirigida por Pierre Nkurunziza; sin embargo, desgraciadamente, han seguido existido enfrentamientos armados entre algunos grupos como el FDD y el FNL. 
La Unión Africana ha enviado una fuerza de mantenimiento de la paz (AMIB) formada por 3.000 soldados etíopes sudafricanos y mozambiqueños cuya misión es ayudar al desarme, a la desmovilización y a la reintegración de la sociedad de las tropas rebeldes. 
Además, la misión de mantenimiento de la paz debe facilitar la entrega de la ayuda humanitaria a la población de las zonas en guerra y a la población desplazada. 
Los últimos soldados de la AMIB llegaron este domingo a Burundi. La financiación de la AMIB procede de los Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña y Mozambique. 
Sin embargo, sabemos que hay dificultades financieras para su mantenimiento. 
También continúan los problemas en el sur de Kivu y persisten estos enfrentamientos, siendo una amenaza para la paz en la región. 
La Unión Europea suspendió la cooperación con Burundi en enero de 1997, pero posteriormente, dando respuesta a las negociaciones de paz, la Comisión reanudó esta ayuda humanitaria con 48 millones de euros en un programa de rehabilitación destinado, fundamentalmente, al retorno de desplazados, a la desmovilización y a acciones de justicia y reconciliación, y con 2 millones de apoyo institucional al Ministerio de Economía. 
En el año 2001, durante la Conferencia de París, se asignó otra cantidad de 150 millones de euros, incluyendo un plan de ECHO y de ayuda ACNUR para el retorno de refugiados burundeses en Tanzania. 
En estos momentos la ayuda de la Unión Europea disponible para Burundi es de 285 millones de euros, más los fondos que se le asignen procedentes del noveno FED. 
Queremos recordar con esta resolución a las autoridades burundesas el papel importante que creemos que deben tener las mujeres para participar en el proceso de paz y alentamos también a todos los países vecinos de Burundi a que apoyen este proceso de paz. 
Y nos gustaría poder felicitarnos de esta situación de paz en este pequeño país centroafricano. 
– Señor Presidente, aunque nuestro Grupo apoya esta resolución –muy equilibrada pese a las numerosas enmiendas, que todos aceptamos–, creemos que lo que se necesita para resolver adecuadamente este problema es sobre todo un proceso realista a largo plazo. 
Durante mucho tiempo, en esta región, la tierra de los grandes lagos, hemos presenciado conflictos muy violentos, que han llegado incluso al genocidio y a las expulsiones masivas, los cuales, si simplemente aplicamos remedios a corto plazo, solamente seguirán repitiéndose. 
Por eso importa que comencemos por aclarar la terminología, ya que las palabras que utilizamos aquí con frecuencia no son las mismas que se utilizan en la región. 
Hablamos en términos de ejércitos, partidos o refugiados, pero estos son, por norma, grupos étnicos con apariencia de ejército, partido o refugiados. 
Lo que importa en primer lugar es que se establezca algún tipo de equilibrio estable entre los grupos étnicos, asegurando que todos ellos participen en la vida política y estén representados en las fuerzas armadas, en la administración y, como plantea acertadamente la enmienda, sobre todo en el sistema judicial. 
Este es el punto en que es muy importante que procedamos con tacto y sensibilidad, en lugar de adoptar un papel magistral y acusatorio, ya que los malentendidos y los prejuicios étnicos nos condujeron también a los europeos a pasarnos siglos enteros rompiéndonos las cabezas unos a otros, y estas cosas siguen sucediendo todavía hoy en Europa. 
Entonces realmente debemos afrontar esta labor con la debida sensibilidad y humildad; no podemos esperar que gentes que estaban haciéndose cosas terribles unas a otras hace tan solo unos años o meses pueda, en tan solo unos meses, comportarse como si nada. 
Por eso necesitamos este proceso; aunque no podemos perder tiempo para ponernos manos a la obra, necesitamos sensibilidad, necesitamos tiempo y necesitamos estar presentes. 
Por este motivo necesitamos que haya funcionarios, abogados y también oficiales de las fuerzas armadas que actúen como asesores para ambos bandos. 
– Señor Presidente, el desdichado pueblo de Burundi sigue pagando con matanzas periódicas, con detenciones arbitrarias, con torturas, las oposiciones étnicas constantemente avivadas por los jefes de bandas armadas, oficiales u oficiosas, pero suscitadas y mantenidas, hay que recordarlo, durante decenios por la antigua potencia colonizadora belga y por la potencia tutelar francesa. 
La Resolución prodiga consejos moralizantes y paternalistas a los dirigentes de Burundi, a los líderes de las facciones y a sus vecinos. 
Pero haría falta algo más que consejos, ya que las potencias europeas tienen una responsabilidad abrumadora con respecto a lo que ha pasado y lo que pasa todavía en Burundi, al igual que tienen una responsabilidad más general ante toda África, de la cual Rwanda y Burundi son en cierto modo tristes símbolos. 
Tienen una responsabilidad abrumadora por haber arruinado a África con la trata de esclavos, con el pillaje colonialista y, después, con otra forma de pillaje, que todavía perdura. 
Mientras el Parlamento Europeo formula consejos moralizantes, los grandes grupos capitalistas británicos, franceses, belgas, y otros muchos, siguen sacando su prebenda incluso de los países más pobres, y la poca información que se filtra de numerosas zonas de África donde se conjugan conflictos étnicos y riquezas minerales demuestra que es muy raro que detrás de los señores de la guerra locales no se encuentren grupos capitalistas intentando apoderarse de las riquezas que guarda el suelo; unas riquezas que, en lugar de mejorar la suerte de la población local, le traen desgracia. 
Pero si Europa quisiera, podría aportar una ayuda suficiente para que los refugiados pudieran volver y la población de Burundi disponer de viviendas y unas condiciones de vida aceptables, construir infraestructuras, hospitales, escuelas, creando de ese modo puestos de trabajo. 
La Resolución hace, ciertamente, alusiones a una ayuda, en particular para la reconstrucción económica del país, pero habla mucho más de la financiación de las fuerzas africanas de restauración y mantenimiento de la paz o incluso del envío de una misión de altos cargos de ejércitos europeos para reunirse con sus homólogos del Ejército regular de Burundi. 
Ahora bien, en la vecina Rwanda, hace algunos años, la presencia de altos cargos del Ejército francés no solo no impidió el genocidio, sino que lo alentó y quizás armó incluso a los verdugos. 
Así que no será sin duda esta Resolución, incluso si surte efecto, la que hará desaparecer las huellas de sangre que la presencia del gran capital europeo ha dejado en Burundi y, más en general, en el continente africano. 
Señor Presidente, cuando consideramos las interferencias históricas y coloniales de muchos países europeos en diversos lugares del mundo, como por ejemplo en Burundi, resulta de suma importancia que celebremos aquí este debate sobre Burundi, país en el que las fuerzas gubernamentales son responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos. 
Entretanto, grupos armados siguen ejecutando, mutilando, secuestrando y torturando ilegalmente a civiles con fines políticos. 
Además, los beligerantes en Burundi siguen reclutando, en ocasiones por la fuerza, a niños soldados. 
Como acordamos en diciembre pasado y ya se ha dicho aquí, es imperativo que Burundi aplique un alto el fuego estable y auténtico entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes, como paso previo para una paz significativa y duradera. 
Nosotros, los miembros del Grupo Verts/ALE, hemos pedido asimismo una reforma del cuerpo judicial y del ejército, como se establece en los Acuerdos de Arusha firmados en 2000, y que se ponga fin a la impunidad de aquellos que continúan cometiendo violaciones de los derechos humanos. 
Asimismo invitamos al Gobierno de ese país a que cree una Comisión de Verdad y Reconciliación, como han pedido tantos miembros de la sociedad civil. 
Pedimos al Gobierno que ratifique el Convenio sobre la Corte Penal Internacional. 
Reconocemos igualmente que Burundi necesita ayuda de la comunidad internacional, sobre todo ayuda financiera para la reconstrucción económica del país, para el mantenimiento de la paz y para promover un gobierno que funcione dentro de la legalidad. 
La UE debe estar a la altura de este desafío. 
Pero también debemos ser conscientes de que se ha hecho muy poco por detener el flujo de armas, muy bien documentado, que alimenta los conflictos y provoca violaciones generalizadas de los derechos humanos, no solo en Burundi, sino también en muchas otra partes del mundo. 
Esta debe ser una prioridad para la UE, pues no podemos permitir que se envíen armas a países en los que estas provocan violaciones tan extendidas de los derechos humanos. 
Para ser honestos, en primer lugar no debemos vernos implicados en el tráfico de armas. 
Señor Presidente, el Protocolo de Pretoria infunde nuevas esperanzas al proceso de paz en Burundi, y la UE debe apoyar firmemente, junto con la comunidad internacional, los esfuerzos que realiza el Gobierno interino para restaurar la estabilidad y el derecho. 
Reconstruir la unidad nacional y la reconciliación tras estos largos años de guerra civil resulta indispensable para garantizar que se reconozca a los individuos y comunidades que han sufrido brutales violaciones de los derechos humanos, y reciban una indemnización. 
Por ello apoyo la creación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación, como las creadas, por ejemplo, en Sudáfrica o Sierra Leone. 
Dicha comisión permitirá que se identifiquen e investiguen los casos de violaciones extremas de los derechos humanos cometidas por todas las partes. 
Asimismo ofrece su apoyo a las víctimas para que estas recuperen su dignidad y puedan cerrarse las heridas y procederse a la rehabilitación. 
Juzgar a los acusados con arreglo a procedimientos legales fortalece el Estado de derecho y es crucial para poner fin al círculo vicioso de venganza al que dieron lugar las innumerables violaciones y asesinatos cometidos con impunidad. 
Y una Comisión de la Verdad y Reconciliación también ayudaría a promover los derechos humanos y a sentar las bases de la construcción de la paz y de una reconciliación duradera entre las comunidades de Burundi. 
. Señor Presidente, nosotros, al igual que la Sra. Sauquillo Pérez del Arco, hemos acogido con cierto optimismo la noticia de la celebración del Acuerdo de Pretoria entre el Gobierno de transición y el grupo armado hutu, el FDD. 
En efecto, este Acuerdo constituye, a nuestro entender, un paso importante hacia la consolidación del proceso de paz en Burundi. Muestra que una parte importante de los agentes locales están dispuestos a respetar el Acuerdo de Arusha como marco para el proceso de paz. 
Al igual que el autor de la Resolución que debatimos esta tarde, estamos preocupados por la exclusión del proceso del último grupo rebelde, el FNL, y consideramos que hay que seguir alentando toda iniciativa que promueva las negociaciones entre el FNL y el Gobierno de transición de Burundi. 
¿Qué hemos hecho hasta ahora? 
En lo esencial, hemos acompañado lo más de cerca posible el proceso de paz, desplegando cierto número de instrumentos para el apaciguamiento del conflicto y la promoción de la reconciliación, ya se trate de ayuda alimentaria o de contribución financiera al despliegue de los observadores de la Unión Africana, y, en espera del establecimiento de la facilidad de apoyo a la paz, preparamos, en colaboración con la Unión Africana, un proyecto de urgencia para mantener la paz en Burundi por un importe de unos 25 millones de euros. 
Por lo que se refiere a la reconstrucción económica de Burundi, trabajamos en ella con un programa de rehabilitación que asciende a poco menos de 50 millones de euros, programa destinado a la rehabilitación física de las infraestructuras económicas y sociales, que, desgraciadamente, la guerra civil, aquí como en otros lugares de África, ha destruido. 
El pasado mes de agosto firmamos, con cargo al noveno FED, un programa indicativo nacional con Burundi por importe de unos 70 millones de euros, una parte del cual se destina evidentemente a la reconstrucción de las instituciones políticas de la fase de transición. 
Por consiguiente, apoyo al proceso de paz y contribución sustancial a la reconstrucción del país son sin duda los dos objetivos que la Unión debe seguir fijándose, en nuestra opinión, para acompañar los escasos progresos que observamos en el proceso de paz en este país, que desafortunadamente sigue trastornado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término de los debates. 
– B5-436/2003 presentada por los Sres. Van den Berg y Corbett en nombre del Grupo del PSE; 
– B5-0449/03 presentada por la Sra. Frahm y el Sr. Vinci, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
Señor Presidente, no sin razón la resolución que estamos tratando afirma que el Turkmenistán del Presidente Niyazov «tiene uno de los peores sistemas totalitarios del mundo». 
Como diputado de esta Cámara, me froto los ojos con sorpresa cuando veo que el Presidente francés Chirac califica a la figura llamada Turkmenbashi de «padre de todos los turcomanos» y «mi mejor y gran amigo». 
Así lo hizo el 13 de octubre con motivo de la presentación de las cartas credenciales del Embajador francés en Ashjabad. 
En su carta al Presidente Niyazov, el Presidente Chirac expresó también el deseo de consolidar y profundizar las estrechas relaciones entre Francia y Turkmenistán. 
Aparentemente, en París, los intereses por el petróleo y el gas natural tienen prioridad sobre todo lo demás. 
Simplemente compárenlo con nuestra resolución. 
¿Qué era eso que decíamos sobre una única voz europea? 
Mientras los Estados miembros de la Unión Europea debaten el hecho innegable de la tradición cristiana de Occidente, los cristianos sinceros de Turkmenistán tienen que temer por sus vidas cada día. 
Realmente saben y es su consuelo que Dios vela por Su iglesia en todas partes. 
Sin embargo, este aspecto no cambia el hecho de que tenemos una responsabilidad política hacia sus opresores. 
Consejo y Comisión, por favor, escuchen su llamamiento. 
Sr. Presidente, hoy en Europa y en cualquier parte del mundo civilizado es jueves, pero, irónicamente, en Turkmenistán es el «Día de la Justicia». 
Ahora bien, este debate no versa sobre la vida en Turkmenistán, sino sobre la justicia para el pueblo turcomano. 
El Presidente Niyazov ha cambiado de nombre. 
Ha dado a los meses del año el nombre de sus héroes nacionales, empezando por sí mismo y su madre. 
Ha construido espléndidos palacios, ha erigido estatuas de sí mismo, mientras que su pueblo permanece en la pobreza. 
Desde 1985 ha gobernado como un tirano. 
En noviembre del año pasado se produjo la peor de las represiones tras un atentado contra su persona. 
Turkmenistán se ha convertido en un país de tortura y encarcelamiento, de muertes en prisión, de intolerancia hacia las opiniones políticas y religiosas. 
La prensa está amordazada, las organizaciones defensoras de los derechos humanos están prohibidas y la oposición ha tenido que exiliarse. 
En nuestra resolución figuran nombres y exigimos la liberación de esas personas, que se ponga final a los malos tratos en aquellos casos en que estas personas estén aún vivas, y que la Cruz Roja pueda visitarlas. 
Sin embargo, estas personas no son más que la punta de un iceberg que debe ser denunciado. 
Confío en que la Comisión haga precisamente eso. 
Nuestra Delegación para Asia Central abarca todos los países de Asia Central y Mongolia. 
En el pasado mes de mayo visitamos Uzbekistán, el hermoso e histórico país de Tamerlán. 
Se nos hizo sentir bienvenidos y observamos algunas mejoras en la situación de los derechos humanos, y una voluntad de apertura. 
Sin embargo, dos días después de nuestra partida, el Sr. Ruslan Sharipov fue detenido. 
Ruslan Sharipov es un periodista que ha escrito sobre la corrupción de la policía y el Gobierno. 
Fue detenido acusado de conducta homosexual, conducta tipificada en ese país en virtud del artículo 120 del Código Penal, algo que contradice lo dispuesto en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) , que ha sido ratificado por Uzbekistán. 
El 28 de agosto, varios hombres enmascarados secuestraron y golpearon brutalmente a su abogado de oficio, Surat Ikramov. 
En el mes de septiembre, el Sr. Sharipov logró sacar de la prisión una carta en la que afirmaba ser objeto de malos tratos y amenazas en prisión por parte de la policía y los funcionarios penitenciarios. 
En septiembre se redujo la acusación de que es objeto, pero solo se redujo. 
Nunca debió haber sido acusado. 
Debe ser liberado ahora y pedimos a la Comisión que intervenga en este caso. 
Durante nuestra estancia en Uzbekistán nos reunimos igualmente con el Embajador británico, el Sr. Craig Murray. Se trata de un diplomático audaz que nos contó la verdad como él la veía. 
Quizá fue poco prudente al hacerlo, pero actuó correctamente. 
En una reunión celebrada en Tashkent el 17 de octubre declaró lo siguiente: «Creo que la gente nace con un instinto para la libertad y que la libertad y la democracia llegan de forma natural a la gente en todos los lugares en que tienen una oportunidad». 
Ahora bien, el Gobierno británico no aprobó ni elogió esta declaración. 
Le ordenó regresar al Reino Unido para recibir tratamiento. 
Pido a la Comisión que emita una petición diplomática de «habeas corpus» dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, en la que se pida que se reinstale a este buen hombre en su cargo, con lo que saldrán ganando, no solo el pueblo uzbeko y sus dirigentes, sino también la buena reputación de la diplomacia británica. 
Señor Presidente, la claridad de la resolución sobre la que vamos a votar no deja nada que desear. 
Como ya han dicho otros diputados, Turkmenistán tiene «uno de los peores sistemas totalitarios del mundo». 
La situación en otros países de Asia Central es quizás un poco mejor, pero en ellos la situación de los derechos humanos es también abominable. 
¿Significa esto que Europa debe ignorar a Asia Central? 
Mi respuesta es «no» y por dos motivos. 
El primero son los objetivos estratégicos. 
Ignorar a esta región no servirá. 
El interés de Europa no es dejar que estos países, que exportan corrupción e inestabilidad además de petróleo y gas, sigan siendo «Estados delincuentes». 
También existe un segundo motivo, que es la necesidad –ya mencionada por algunos colegas diputados– de hacer negocios con respecto a las grandes cantidades de petróleo y gas en esta región. 
Sin embargo, para algunos políticos y tristemente también para algunos colegas diputados, esto significa que tenemos que hacer negocios en primer lugar y por encima de todo, y que simplemente deberíamos mencionar los derechos humanos, pero en ningún caso centrar demasiado la atención en ellos. 
No repitamos los errores del pasado cuando, debido a nuestra necesidad de petróleo de Oriente Próximo, nos mantuvimos impasibles con respecto a las violaciones de los derechos humanos en Arabia Saudita. 
Es cierto que Europa necesita petróleo y gas, incluso de esta región, pero esto también significa que aquellos países nos necesitan, y esto nos proporciona la oportunidad de dar prioridad a la situación de los derechos humanos –para mejorarlos, concretamente– en nuestras negociaciones con estos países y solamente después de eso hablar del petróleo. 
Con relación a la política de la UE en Kosovo me gustaría decir: «normas antes que petróleo». 
– Señor Presidente, lo que tengo que decir complementa lo que ha dicho mi colega el Sr. Bowis. 
Ambos somos miembros de la Delegación para Asia Central, y es en parte gracias a él y a su gran compromiso que podemos volver a incluir en la agenda este tipo de cuestiones. 
Me gustaría comenzar hablando de Turkmenistán. 
Sigo siendo ponente de un nuevo acuerdo de cooperación entre la UE y Turkmenistán. 
El Parlamento, junto con la Comisión, ha afirmado que realmente no quiere firmar este acuerdo, ni quiere debatirlo. 
Hay varios motivos para ello. 
Como ya han dicho el Sr. Bowis y otros diputados, está muy claro, vista la situación actual, que ese régimen es inaceptable. 
Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que pensar sobre lo que podemos hacer por los ciudadanos de Turkmenistán. 
Creemos que el Parlamento debe reclamar urgentemente que la Cruz Roja pueda visitar de nuevo a los prisioneros en cualquier caso, que podamos reanudar un buen contacto con las ONG y que estas ONG vuelvan a tener cierta libertad en estos países. 
Debemos romper una lanza por los ciudadanos –incluidos los políticos y los activistas de los derechos humanos– que están actualmente en prisión. 
Debemos romper una lanza por la libertad de culto. 
Es muy absurdo que solamente cierta forma del islam y solamente la Iglesia Ortodoxa gocen todavía de cierto grado de libertad, o en cualquier caso todavía disfruten de cierta protección, mientras que los demás grupos, tanto cristianos como no cristianos, carezcan de dicha protección. 
Esto es inaceptable, porque el pueblo y la religión van de la mano. 
Con respecto a varios de los demás países mencionados, quisiera señalar que, en la primavera de este año también debatimos una resolución sobre Kazajstán. 
Esto dio lugar a conversaciones intensas entre nuestra delegación y las delegaciones parlamentarias de Kazajstán y se introdujeron mejoras en varios puntos. 
Sin embargo, todavía estamos decepcionados en varios aspectos: los procedimientos legales, la libertad de prensa y también la libertad de organización. 
Espero que estos primeros pasos que Kazajstán ha dado en la dirección correcta no sean los últimos, sino que la continuación de las presiones, incluso por parte de la Unión Europea, conduzca a una mejora de la situación en ese país. 
Quisiera pedir encarecidamente un nuevo acuerdo de cooperación con Tayikistán. 
Afortunadamente, la Comisión también está preparando en la actualidad un acuerdo para dicho país, lo cual es muy positivo, ya que debemos mantenernos próximos a estos países. 
El Sr. Bowis ha descrito ya la situación en Uzbekistán y no tengo nada que añadir. 
Queda Kirguistán. 
La actual resolución plantea acertadamente varias críticas, pero al mismo tiempo se trata de un país que merece nuestro apoyo, porque está tratando, con altibajos, de construir una democracia a pesar de no tener recursos ni petróleo. 
Debe haber críticas cuando estas estén justificadas, pero aún más importante es prestar apoyo cuando este es necesario. 
También quisiera expresar a la Comisión mi esperanza de que, en los próximos años, cuando se trate de Asia Central, la Unión Europea otorgue quizás un ligero apoyo adicional a un país como este, en particular, que no tiene petróleo ni recursos. 
. Señor Presidente, la Comisión Europea comparte la preocupación que acaban de expresar sus Señorías con respecto a la inobservancia por Turkmenistán de sus obligaciones en materia de derechos humanos y democracia, ya se trate del carácter, evidentemente no equitativo, de los juicios contra presos políticos, ya se trate de los malos tratos que, como es público y notorio, se infligen a esos presos, ya se trate, por otro lado, de los graves atentados cometidos en lo referente, por ejemplo, a la libertad religiosa, sobre los cuales tenemos la misma información que ustedes. 
Así pues, nuestro diagnóstico converge: la situación es grave desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos. 
Consideramos que, a pesar de ello, sigue siendo importante mantener el diálogo con el Turkmenistán, a fin de evitar el aislamiento total del país, que, en nuestra opinión y en las circunstancias actuales, sería probablemente peor aún desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos, al que nos consagramos. 
Por lo que se refiere a los demás países del Asia central –Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán–, que acaban de mencionar, seguimos insistiendo, tanto a escala de la Unión Europea como por parte de cada Estado miembro, en que se respeten las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y lo hacemos en el marco del acuerdo de asociación y de cooperación. 
En cuanto a la relación bilateral entre la Unión y estos países, lo hacemos también, y lo hemos hecho públicamente en relación con todos los problemas de la democracia en Asia Central, coordinándonos con otras instancias internacionales que trabajan con nosotros en este tema, ya se trate de las Naciones Unidas, o de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) , o bien de la Comisión de Derechos Humanos. 
Compartimos pues, plena e íntegramente, las preocupaciones que acaban de expresarse y que constan en la propuesta de Resolución. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término de los debates. 
– B5-0435/03 presentada por el Sr. Collins, en nombre del Grupo UEN; 
– B5-0437/03 presentada por el Sr. Swoboda y la Sra. Carrilho, en nombre del Grupo del PSE; 
– B5-0439/03 presentada por la Sra. Astrid Thors, en nombre del Grupo ELDR; 
– B5-0448/03 presentada por el Sr. Marset Campos, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
– B5-0451/2003, presentada por el Sr. Mann, en nombre del Grupo del PPE-DE; 
– B5-0467/2003, presentada por el Sr. Messner y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE. 
Señor Presidente, el reciente fracaso del alto el fuego en Nepal y la violencia que se desató a continuación han provocado enormes pérdidas de vidas y numerosos heridos. 
Para alcanzar una paz duradera en Nepal, una sociedad abierta y democrática, y progreso y prosperidad para todos, todas las partes deben respetar el armisticio del 19 de enero, así como el código de conducta que fue firmado tanto por los insurgentes maoístas como por el Gobierno el 13 de marzo de 2003. 
El anuncio efectuado ayer de que los rebeldes maoístas ya no realizarán asesinatos políticos ni destruirán instalaciones o infraestructuras públicas no es sino una gota de esperanza. 
Desgraciadamente, desde la ruptura de la tregua han muerto 211 personas. 
Debemos apoyar y promover la democracia y el Estado de derecho en países como Nepal. 
La reciente apertura de una Delegación de la CE en Katmandú constituye una grata mejora para las relaciones y la cooperación entre la UE y Nepal. 
Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance sobre el terreno para ayudar a quienes sufren directa e indirectamente estos disturbios. 
Deberíamos aumentar nuestra ayuda financiera a Nepal y asegurarnos de que el principal objetivo sea la erradicación de la pobreza y la prestación de servicios sanitarios y educativos de carácter universal. 
Estas causas subyacentes del conflicto deben seguir siendo el objetivo de toda la ayuda a la cooperación de la UE destinada a este país. 
La Comisión debe colaborar con Nepal a lo largo de todas las fases del conflicto, desde suministrar ayuda humanitaria a las personas que sufren, hasta asegurarse de que se pongan en marcha programas de resolución y prevención de conflictos para impedir nuevos actos violentos. 
Me complace que en la resolución se pida el nombramiento de un representante especial de la UE para Nepal. 
Dicho representante podría dedicarse a prestar ayuda a los campos de refugiados de ciudadanos de Bután. 
La decisión del ACNUR de suprimir progresivamente la ayuda a estos campos resulta preocupante y se produce en un momento en que Nepal necesita más ayuda y no menos. 
Si bien Nepal ha dado refugio a numerosos refugiados tibetanos y butaneses a lo largo de los años, la deportación de 18 ciudadanos tibetanos a su país de origen hace unos meses constituye un acontecimiento preocupante. 
Es necesario garantizar el bienestar de todos los refugiados. 
La paz en Nepal solo se logrará a través del proceso democrático. 
La UE debe contribuir a este proceso y ayudar a los nepaleses a construir un futuro mejor. 
– Señor Presidente, el alto el fuego acordado el 29 de enero de este año en Nepal entre el Gobierno y los maoístas ha durado solamente siete meses. 
Ya en marzo, ambas partes recibieron un código de conducta, tras lo cual fueron liberados de prisión los líderes rebeldes. 
Tres rondas de negociaciones bastaron para que los maoístas abandonasen su exigencia de abolición de la monarquía. 
El Gobierno elaboró un marco para la reforma del Estado; mientras hablo tengo en mi mano su hoja de ruta y sus objetivos. 
Se prevén mesas redondas con todas las partes, además de elecciones inmediatas al Parlamento nacional, nuevas estructuras de autogobierno regional, la introducción de la economía de mercado de derechos a la educación y al empleo para los grupos étnicos y las personas con discapacidades, todo lo cual se suma para formar un paquete sustancial. 
Sin embargo, en agosto de 2003, los maoístas pusieron fin al alto al fuego. Desde entonces trescientas personas han sido asesinadas, veinticinco de ellas solamente en el último fin de semana, y los actos de intimidación, extorsiones, graves combates y asesinatos se han convertido en sucesos cotidianos en Nepal. 
Por primera vez se ha secuestrado a extranjeros y se ha disparado contra turistas. 
En este país, tan dependiente del turismo, la situación se vuelve más trágica. 
El Grupo del Partido Popular Europeo hace un llamamiento a los maoístas para que renueven el alto el fuego de una vez por todas y vuelvan a la mesa de negociaciones. 
Si ambas partes necesitan un mediador externo, la UE es muy capaz de desempeñar este papel. Los europeos disfrutamos de un alto grado de aceptación en todo el sudeste asiático. 
Por lo tanto, solicitamos al Consejo que nombre a un embajador especial en Nepal con el que, señor Comisario Lamy, la Comisión debe reforzar las relaciones de la UE. 
Un primer paso importante sería aumentar el personal complementario en la nueva oficina de Katmandú. 
Aunque poner fin a la guerra civil es la principal prioridad, en ningún caso debe descuidarse el respeto de los derechos humanos. 
La democracia debe ampliarse, deben aplicarse reformas aceptables para el pueblo llano y las minorías deben ser tratadas con respeto, especialmente los refugiados butaneses en los campos que visitó la delegación SAARC del Parlamento, cuya financiación por parte del ACNUR evidentemente ya no es segura. 
Las minorías también incluyen a refugiados del Tíbet, que se han visto obligados a abandonar su país temiendo por sus vidas y que atraviesan Nepal en su camino hacia la India. 
Conforme a la información que he obtenido, la entrega a los chinos de dieciocho tibetanos fue un suceso excepcional; esperemos que sea el único. 
El Gobierno de Nepal debe garantizar que se impedirán las deportaciones y que a todos los refugiados de Bután y el Tíbet se les garantizará protección conforme a los acuerdos internacionales sobre derechos humanos. 
– Señor Presidente, Señor Comisario, la población de Nepal ha conocido la pobreza y un despiadado sistema de castas durante siglos, además de un Gobierno que no ha podido ofrecer ninguna solución. 
Esto dio lugar a un fértil caldo de cultivo para una sublevación maoísta que se cobró 7 000 vidas. 
En enero de este año se acordó un alto el fuego, al que se puso fin en agosto, pero las negociaciones concluyeron entonces inmediatamente. 
Desde entonces, una vez más conforme a las fuentes de las que dispongo, se han producido más de 800 muertes, principalmente maoístas y agricultores pobres y aldeanos. 
La muerte, el 13 de octubre, de cuatro estudiantes atrapados en el fuego cruzado entre los maoístas y el ejército constituye la última atrocidad. 
El Gobierno de Nepal recibe suministros de armas de los Estados Unidos de forma masiva, ayuda de la India, ayuda militar del Reino Unido y de otros países, y armas de Bélgica, que incluso enmendó su ley sobre las armas con el fin de poder suministrarlas. 
Más de la mitad de los ingresos con los que sobrevive el país provienen ahora de la ayuda exterior. 
El Gobierno carece de legitimidad democrática, el poder recae en el Rey y el ejército. 
Gracias a estos suministros de armas, el Gobierno ha optado evidentemente por parar el diálogo y por lo que se conoce como la solución militar: acabar con los rebeldes y los llamados rebeles –aldeanos pobres– por la fuerza de las armas. 
Los derechos humanos se pisotean con impunidad en el proceso, tal y como constató sobre el terreno el representante británico, sir Jeffrey James. 
Deben utilizarse todos los medios posibles en un intento de que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones. 
Debe suspenderse el suministro de armas, y aquellos que piensan que las armas pueden ser la solución en este caso no verán más que la total destrucción del país. 
Se engañará todavía a más niños para que dejen sus hogares y sean reclutados como niños soldados; se matará todavía a más agricultores en sus campos; habrá todavía más matanzas en general. 
Entretanto, este pueblo se ha cansado. 
Ahora tenemos una delegación allí. 
¿Tomaremos ahora auténticas medidas y aprovecharemos también nuestros esfuerzos para volver a la paz? 
¿O seguiremos prestando ayuda con una mano y suministrando armas con la otra, mientras cerramos los ojos al hecho de que el Gobierno, por supuesto, está utilizando ese dinero para pagar esas armas? 
Me pregunto qué tipo de juego hipócrita estamos jugando. 
. Señor Presidente, la Comisión celebra y aprecia la iniciativa del Parlamento de hacer pública una Resolución cerca de dos meses después de la repentina interrupción de las negociaciones de paz en Nepal, que, como acaba de decir la Sra. Maes, se iniciaron a raíz del alto el fuego de enero de este año. 
Como por desgracia sabemos, no se ha llegado a ningún consenso en torno a una solución duradera, y consideramos que el papel de los partidos políticos y de la sociedad civil debe integrarse mejor en el proceso de paz, sin lo cual no existe ninguna posibilidad seria de restaurar la confianza. 
Esto nos parece una condición previa indispensable para dar una base popular a las negociaciones de paz, y estamos dispuestos a apoyar la petición de una mesa redonda que reúna un amplio espectro de representantes de los partidos y de la sociedad civil y permita avanzar más en la búsqueda de una solución a esta crisis. 
En cambio, en esta fase, consideramos que cualquier medida adicional, del tipo de mediación directa en el proceso de paz, no es adecuada mientras no pueda basarse en un amplio consenso entre las distintas partes implicadas. 
Sus Señorías han hablado en sus intervenciones de la situación de los refugiados: ciframos su número en más de 100 000, deploramos la lentitud de los progresos realizados en el proceso de verificación de estos refugiados y, con vistas a su repatriación y asentamiento, vamos a seguir suministrar provisiones a los campos y apoyando el papel del Alto Comisionado para los Refugiados. 
Varios de ustedes han destacado la necesidad de dotar a nuestra oficina de Katmandú de más recursos. 
Estamos dispuestos a ello, dentro del límite, claro está, de los medios presupuestarios de que disponemos y que, como saben, vienen determinados en gran medida por esta Asamblea. 
Por último, por lo que se refiere a la cuestión de la venta de armas, es evidente para nosotros que no hay ninguna esperanza de solución armada o militar a este conflicto. 
Nos mantendremos especialmente vigilantes ante la cuestión del respeto del código de conducta de las exportaciones de armas, que, como saben, conllevan obligaciones específicas, que también se aplican a nuestros Estados miembros. 
– Señor Presidente, me ha complacido oír hablar a la Sra. Stihler, y también que varios diputados socialistas hayan vuelto a unirse a nosotros, ya que tratamos dos importantes aspectos sobre derechos humanos sin que el segundo Grupo más fuerte de esta Asamblea dijese nada sobre ellos. 
Ya me preocupaba que el Grupo hubiese dejado de existir o hubiese abandonado su política de derechos humanos. 
Simplemente quisiera preguntar, en caso de que ya no necesiten su tiempo de intervención, si el Reglamento permitiría que nos pasasen su tiempo en el futuro. 
Se lo agradeceríamos mucho. 
No se preocupe, señor Posselt, no hay peligro de que no nos demos cuenta de su presencia. 
El debate conjunto queda cerrado. (1) 
– De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. (1) 
– Con esto concluye la votación. 
No estamos de acuerdo con el informe por los siguientes motivos: 
En primer lugar, porque las medidas propuestas pretenden proteger y reforzar la política pesquera común de la UE, con la que no estamos de acuerdo debido a las restricciones que plantea a la producción, destinadas sobre todo a las pesquerías de pequeño y mediano tamaño, especialmente en países como Grecia. 
Por otra parte, se nos pide que apoyemos un control absurdo en el que el controlador y el controlado sean la misma persona. 
En segundo lugar, debido a que el plan de acción a corto plazo y, lo que es más importante, la creación de una estructura conjunta de inspección y control son medidas para la mayor implicación de la UE en el sector pesquero, lo que significa mayores restricciones para las políticas pesqueras nacionales y medidas nacionales que tienen en cuenta las peculiaridades y requisitos nacionales. 
Al mismo tiempo, la estructura conjunta de inspección propuesta también plantea numerosas cuestiones, en las que también surgen cuestiones de soberanía nacional en las aguas territoriales de los Estados miembros. 
. – Nos hemos abstenido sobre este informe, al igual que sobre los otros dos relativos a la pesca. 
No podemos sino estar a favor del deseo de recuperar las poblaciones de peces que están amenazadas, en particular las poblaciones de bacalao, tal como se preconiza en otro informe debatido durante esta sesión, pero no podemos confiar para ello ni en las instituciones europeas, ni en los Estados nacionales. 
En efecto, o bien ello se traduce en medidas débiles, que un informe afirma que han sido saboteadas por varios Estados miembros de la Unión Europea, con el resultado de que las poblaciones de peces de varias especies siguen disminuyendo de forma dramática; o bien conduce a medidas, calificadas de indispensables para salvar la naturaleza, pero que tienen como efecto principal, si no único, atacar a la población, como en el caso que nos ocupa, que vive de la pesca. 
Y esto, hay que subrayarlo, sin que los grandes armadores tengan nada de qué temer, sino todo lo contrario, como demuestra el balance de los programas de orientación plurianuales de las flotas pesqueras, presentado en esta sesión. 
¿Qué sentido tendría contar con una naturaleza preservada si su precio es la desdicha de los hombres, en todo caso de la mayoría de ellos, de los que viven de su trabajo? 
Si la Comisión desea agrupar todos los recursos nacionales de control e inspección en una Agencia Comunitaria de Control de la Pesca con el fin de someterlos a un único procedimiento de control y con miras a establecer una Estructura de Inspección Conjunta, debería definir claramente qué poderes pertenecen a la Comunidad y cuáles pertenecen a los Estados miembros, tal y como subraya la ponente. 
Dichas definiciones son sumamente importantes dado que, hasta el momento, el principio aceptado ha sido que los Estados miembros son responsables de la supervisión de la actividad pesquera. 
Teniendo en cuenta las profundas implicaciones legales de las propuestas de la Comisión –recuerden que el control y el seguimiento de los aspectos de la política pesquera común están en algunos casos garantizados también por medios militares– y sus elevados costes, la sugerencia de la ponente de que se realice un estudio de viabilidad con relación a esta propuesta, en coordinación con los Estados miembros, es igualmente sensata. 
Como sostienen varios Estados miembros, expertos y organizaciones, este estudio debería examinar modelos alternativos para la cooperación comunitaria en este campo. 
También debe darse prioridad a la preocupación de la ponente de que los representantes del sector deberían participar en las diversas fases del proceso de toma de decisiones. 
Por ultimo, reitero la absoluta necesidad de que se establezca de una vez por todas una política pesquera común (PPC) jurídicamente independiente, ya que, sin ningún motivo aparente, la PPC hasta el momento solamente se ha mencionado en los Tratados con relación a los «productos agrícolas» y en el contexto de la política agrícola común. 
Incluso aunque aceptemos que los objetivos de reducir la flota pesquera no se han conseguido en la práctica, lo cual lo se aplica en el caso de Grecia, por ejemplo, en donde hemos tenido una reducción de la flota y una reducción en las pesquerías en beneficio de las importaciones y la acuicultura, no tenemos motivos para lamentar el fracaso de los programas de orientación multianuales. 
Esto se debe a que estos programas iniciaron las restricciones sobre la producción de pesquerías de pequeño y mediano tamaño, como en Grecia, teniendo como consecuencia una reducción de las pesquerías, el deterioro del equilibrio de comercio de las pesquerías y las desgraciadas repercusiones para las poblaciones de las zonas costeras. 
No estamos en desacuerdo con los controles sobre la capacidad pesquera de la flota, pero no estamos de acuerdo en que estén a cargo de la política pesquera común expresada conforme a los programas de orientación multianuales. 
Por el contrario, creemos que los arreglos necesarios deberían hacerse bajo responsabilidad de cada Estado miembro, tomando medidas de conformidad de acuerdo con los datos científicos reales de otras agencias, tales como la FAO, con relación al estado de las poblaciones de peces, etcétera. 
En ninguna circunstancia estamos de acuerdo con la cesión de esta responsabilidad a órganos supranacionales como la UE, ya que su política tiende a reforzar todavía más a las grandes empresas también en el sector pesquero, golpeando a las empresas pesqueras de pequeño y mediano tamaño con la retirada y el desguace de barcos, medidas a favor de la acuicultura y demás. 
. La sobrepesca en las aguas europeas ha hecho que los científicos propongan ahora una prohibición total de la pesca del bacalao y límites estrictos para otras especies como la platija. 
Hasta ahora, las advertencias de los científicos han caído en saco roto en las reuniones anuales de diciembre de los 12 Ministros de Pesca. 
A raíz de ello, nos vemos amenazados por la misma situación que se produjo hace diez años en las costas de Canadá (Terranova). 
En estas aguas se pescó hasta el último bacalao e incluso diez años después sigue sin haber bacalao que pescar. 
Las comunidades pesqueras del este de Canadá no sobrevivieron. 
La UE ha tratado durante años de reducir la capacidad de la flota de los pescadores europeos. 
Sin embargo, esta reducción se ha producido en la práctica. 
Los problemas de sobrepesca en Europa se están trasladando al resto del mundo, ya que cada vez más pescadores europeos explotan las poblaciones de peces de las aguas de otros continentes. 
Todo comenzó en Irlanda hace unos años, cuando un superarrastrero, el, debía ser desmantelado. 
En su lugar, este superarrastrero navega ahora con bandera panameña para la misma empresa irlandesa en las aguas de países en desarrollo. 
En la actualidad hay tres superarrastreros que no han sido desmantelados por los Países Bajos; estos barcos explotan ahora las poblaciones de peces de las aguas de la costa de África Occidental, con bandera neerlandesa. 
Miles de pequeños pescadores africanos están desapareciendo y pronto la producción en la costa africana occidental también disminuirá. 
La respuesta del Gobierno neerlandés será entonces enviar estos superarrastreros todavía más lejos. 
Las advertencias de los científicos con respecto a la sobrepesca mundial no se toman en serio: ni por parte del Gobierno neerlandés ni por parte de la Comisión Europea. 
Hace un año, en la Cumbre Mundial sobre el desarrollo sostenible de Johanesburgo (septiembre de 2002) , las autoridades neerlandesas y europeas firmaron hipócritamente declaraciones según las cuales debía ponerse fin a la sobrepesca mundial antes de 2010, pero en realidad las autoridades neerlandesas y europeas están trasladando los problemas ocasionados por la sobrepesca en las aguas europeas a los países en desarrollo. 
Agotar los océanos del mundo escondiendo la cabeza en la arena: no encuentro otra forma de resumirlo. 
– Señor Presidente, no quisiera prolongar el debate, pero debe de ser usted consciente de que el lema del «Control 16» ha pasado a ser un chiste común en la Cámara. 
Debido a un hecho que usted posiblemente pueda investigar –aunque una vez más creo que no es usted la persona idónea para que le explique el caso–, durante el último período parcial de sesiones pedí a la secretaría de la Asamblea que prestase atención a las circunstancias en las que se reexamina una votación cuando uno o varios diputados solicitan que se haga. 
Ni entonces ni ahora he recibido notificación alguna de la secretaría. 
A menudo hablamos sobre la dignidad del Parlamento, pero esto también implica que la secretaría nos dé una respuesta a esta cuestión. 
Es evidente que el artículo 19 del Reglamento ya contempla esta cuestión. 
Sin embargo, pediré a la Conferencia de Presidentes que le dé una respuesta. (2) 
Declaro interrumpido el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 23 de octubre de 2003. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a la tribuna oficial a una serie de distinguidos visitantes que nos acompañan hoy. 
Nos complace mucho la presencia esta tarde del Sr. Mejdahl, presidente del Folketing danés. 
También nos acompañan diputados de la Comisión de Asuntos Europeos del Riksdag sueco, a los que quiero dar la bienvenida en nuestra Cámara. 
Como bien saben, esta tarde tendremos nuestro intercambio de puntos de vista con el Comisario Verheugen acerca de los informes de seguimiento de la Comisión sobre los países en vías de adhesión. 
Sé que esa es la razón por la que hoy nos acompañan varios invitados distinguidos, embajadores incluidos. 
Les doy la bienvenida. 
Quiero destacar en particular la presencia en la tribuna del negociador jefe rumano y Ministro en funciones para la integración europea, y del Sr. Theodor Stolojan, líder de la oposición rumana: también nos complace mucho su visita. (1) 
Se ha distribuido un corrigendum del orden del día de las sesiones de los días 5 y 6 de noviembre. Se han propuesto los siguientes cambios: 
He recibido dos peticiones contradictorias, de conformidad con el artículo 144 del Reglamento, de devolver a comisión el informe del Sr. Wuermeling sobre los créditos a los consumidores (A5-0310/2003) : el Grupo del PSE pide que sea devuelto antes del debate y el Grupo ELDR pide que sea devuelto al comienzo de la votación. 
A menos que se alcance un consenso –en forma de petición conjunta de los Grupos– solo puedo proponer a la Cámara que celebremos una votación sobre estas peticiones en su momento. 
Señor Presidente, creo que es un buen principio tratar de evitar todo trabajo y confusión innecesarios. 
Creo que los que estamos presentes en esta Cámara somos representativos. 
Propongo, por tanto, que votemos de inmediato su devolución a comisión. 
Señor Presidente, esa ha sido una astuta propuesta de la Sra. Thors. 
Si ahora se une a nosotros en la votación para la devolución inmediata a comisión, se resolverá toda la cuestión de forma brillante. 
Entiendo, por la ronda de aplausos, que eso es lo que le gustaría a la Cámara, en cuyo caso esta tendría que cambiar el Reglamento, porque no me permite hacerlo. 
La votación deberá celebrarse en el momento que he señalado anteriormente. 
Por eso les ruego que estén aquí al comienzo del debate, para asegurarse de que su opinión sea tenida en cuenta. (1) 
– Señor Presidente, quiero referirme a algunas observaciones desagradables, falsas y personales realizadas por el Sr. Balfe tras la votación sobre el presupuesto el mes pasado en Estrasburgo. 
El Sr. Balfe pidió una ampliación del seguro médico de los ex diputados, petición que fue rechazada por la Comisión de Presupuestos. 
Como una de las ponentes del presupuesto para 2004, me considero servidora de este Parlamento cuya principal responsabilidad es defender las decisiones tomadas por esta Cámara y, en este caso, también las de la Comisión de Presupuestos. 
Mi principal objetivo ha sido garantizar que se emplee bien el dinero de los contribuyentes europeos y el deseo de mantener la reputación y la dignidad de esta Cámara a los ojos de la opinión pública europea. 
En primer lugar, la acusación del Sr. Balfe contra mí de que he frustrado completamente la decisión tomada por la Mesa es una acusación contra toda la Comisión de Presupuestos, porque todas sus peticiones fueron sometidas a votación. 
En segundo lugar, el Sr. Balfe mencionó –y cito textualmente– la «medida comparativamente poco costosa». 
Se trata de una sorprendente declaración, dado que según los cálculos iniciales superaría de lejos el millón de euros y ya nos gastamos 60 000 euros en un estudio para determinar las cifras reales: eso no son pequeñeces. 
En tercer lugar, con respecto al uso de los planes existentes por parte de los actuales diputados, tengo que decir que estoy completamente perpleja. 
¿Propone el Sr. Balfe que haya transparencia para todos los diputados de la Comisión de Presupuestos o quiere establecer un registro para todo el mundo? 
¿Propone modificar el plan actual? 
¡Sin duda, no le preocupa el coste! 
Sugiero que presente propuestas para el presupuesto del año que viene, para que podamos realizar cualquier modificación necesaria. 
Finalmente, en nombre de todos mis colegas de la Comisión de Presupuestos, quienes, en mi opinión, se toman sus responsabilidades muy en serio, quiero decir que estas acusaciones no son dignas de alguien que ocupa un cargo importante en esta Cámara –como es el del Cuestor–, y creo que desprestigian no solo a esta Cámara, sino también a su cargo. 
– Señor Presidente, quiero aclarar que la Mesa pidió a la Comisión de Presupuestos que emprendiese ciertas acciones, cosa que la Sra. Gill, como ponente del presupuesto, podría haber hecho. 
Ella se negó a hacerlo. 
La Mesa pidió que los diputados que tuvieran más de 60 años al jubilarse, que hubiesen servido durante al menos dos legislaturas al Parlamento Europeo y que estuviesen dispuestos a pagar –al igual que todo el personal– un tercio de los costes del plan, pudieran acogerse –como sucede con todo el personal de esta institución– a un seguro de enfermedad si no contaban con un seguro nacional adecuado. 
La Mesa, que en esto se mostró unánime, presentó una petición muy humana. 
No creo que la Sra. Gill, como ponente del presupuesto, reaccionó de una manera amistosa, humana ni razonable ante esa petición. 
Ahora se realizará un estudio y espero que cuando esté ultimado, la Comisión de Presupuestos, que se gasta millones de libras en proyectos de naturaleza muy dudosa... 
... se dé cuenta de que también tiene una obligación con respecto a los diputados de mayor edad y a menudo enfermos de esta Cámara, que han hecho mucho por ella, y de que esos diputados están dispuestos a pagar por tener un seguro, que es más de lo que cualquiera de nosotros –los actuales diputados– estamos dispuestos a hacer. 
Espero que la Comisión de Presupuestos reconsidere esta cuestión, aunque insisto en que todo lo que tenía que haber hecho la Sra. Gill era aceptar la recomendación de la Mesa –no de este Cuestor– y someterla a votación en esta Cámara. 
Si cree que la Comisión de Presupuestos es superior a la Cámara, le sugiero que se estudie las leyes de nuevo. 
. Afortunadamente, los diputados que se encuentran hoy aquí están sanos, no enfermos. 
Prosigamos pues, con un saludable respeto por nuestro orden del día. 
Señor Presidente, yo también quiero ser breve. 
El orden del día de mañana incluye la votación de una resolución sobre las profesiones liberales. 
El hecho de que el Parlamento no se reuniera la semana pasada significa que no se ha podido alcanzar un compromiso a su debido tiempo, por lo que pido que se posponga la votación hasta el siguiente período parcial de sesiones de Estrasburgo. 
El Sr. Medina Ortega y el Sr. Rothley están también de acuerdo con que se haga eso. 
Gracias. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con la propuesta del Sr. Lehne ya que, efectivamente, no hemos llegado a un acuerdo sobre el texto de la propuesta de resolución común entre los diferentes Grupos políticos. 
. Si hay consenso al respecto, así lo haremos. 
Señor Presidente, quiero volver a la cuestión del orden del día y del informe del Sr. Wuermeling. 
Hemos pensado en cómo podríamos resolver este problema de una vez por todas sin cambiar el orden del día y hemos llegado a una conclusión con la que creo que hasta la Sra. Thors estará de acuerdo. 
Propongo que el informe del Sr. Wuermeling se adelante al primer punto del orden del día; les pido que lo anuncien ya y les notifico aquí y ahora que seguidamente propondré su devolución inmediata a la comisión. 
Señor Presidente, Señorías, quiero decir que apoyo plenamente la propuesta de celebrar ahora la votación sobre la devolución. 
No se les puede pedir a los diputados que acudan a esta Cámara media hora antes de la medianoche solo para decidir si tiene que debatirse o no una cuestión. 
Cualquier mayoría sería fortuita. 
Tal cosa no se corresponde con la importancia de esta propuesta. 
Pero al mismo tiempo, les pido que me cedan la palabra, para que pueda oponerme a esa devolución sin debate. 
. Esto refleja precisamente el dilema en el que me han puesto los Grupos. 
Si sigo la lógica del Sr. Schulz y pierde la votación, con lo que el informe Wuermeling pasa a ser el primer punto del orden del día, esto trastocaría totalmente el plan de trabajo previsto para hoy. 
No haré caso de esa propuesta. 
Sin embargo, si, mientras seguimos adelante con el orden del día, los diputados llegan a un consenso y me presentan una propuesta común al término del primer punto, la someteré a la Cámara y podremos proceder de acuerdo con ella. 
Si no se alcanza un consenso, procederemos tal como se ha indicado anteriormente. 
Señor Presidente, ayer estuvo usted en Berlín, igual que yo. 
Fue usted de visita oficial al Parlamento alemán, acompañado de representantes de los Grupos del PPE-DE y del PSE. 
¿Ha olvidado usted, señor Presidente, que hay otros Grupos en este Parlamento que también podrían haberle acompañado? 
¿Por qué le acompañaron solo los dos Grupos más grandes? 
No lo comprendo y me gustaría que me diera una respuesta. 
. Ayer y el lunes estuve de visita oficial en Berlín y en el Bundestag, en nombre de este Parlamento. 
Ayer por la tarde, me dirigí a cada uno de los Grupos políticos del Parlamento alemán, incluidos los Verdes y los Liberales, los Socialdemócratas y los Demócrata-Cristianos. 
Yo no invité a ningún Grupo de aquí a que me acompañase, pero la oficina de protocolo del Bundestag informó amablemente a diputados de esta Cámara de mi visita. 
Los diputados alemanes que desearan asistir a cualquier parte de la visita eran libres de hacerlo. 
Por supuesto, señor Cohn-Bendit, al igual que usted, no estaban obligados a hacerlo. 
Era una cuestión opcional para usted y para los demás, no para mí. 
Hice una visita como Presidente, pero la visita estaba abierta a quienes quisieran unirse a ella. 
Los diputados que asistieron a partes de la visita o a las diversas reuniones de los Grupos políticos fueron bienvenidos. 
No tenían la obligación de estar allí y no estaban acompañando al Presidente en la visita. 
Señor Presidente, quiero pedir a la Comisión que explique la encuesta del Eurobarómetro que se acaba de publicar y que sitúa a Israel a la cabeza de la relación de Estados que constituyen una amenaza para la paz mundial, por delante del Irán, Corea del Norte y los Estados Unidos, los tres países que ocupan la segunda posición. 
En primer lugar, ¿cómo es posible que un cuestionario en el que se presenta una lista de amenazas para la paz incluya a Israel y a los Estados Unidos, e ignore al terrorismo internacional, sea palestino o de cualquier otro tipo? 
Pero por encima de todo, ¿cómo es posible mezclar Estados bellacos y democráticos en una lista de supuestas amenazas para la paz? 
Lo que me asusta de todo esto es la confusión mental de los encuestadores, equiparable solo a la de los encuestados que no diferencian y parecen condenar el uso de la fuerza en todas las situaciones, ya sea en caso de agresión por un Estado bellaco, de terrorismo internacional o de defensa legítima de un Estado democrático. 
Semejante desarme moral constituye una de las peores noticias posibles para el futuro de la Europa que emerge de esta encuesta de opinión. 
Señor Presidente, yo también comparto la preocupación expresada por muchos diputados de esta Cámara y por otras personas respecto a la propia encuesta y a la forma en que se ha organizado. 
Espero que los Grupos políticos y la Comisión puedan darnos más explicaciones porque, si Europa quiere tener alguna influencia, si Europa quiere ser un líder en los asuntos internacionales, tiene que actuar, sin lugar a dudas, con mayor precaución. 
Cuando se hacen preguntas, conviene saber quién las hace y por qué las hace y, sobre todo, una vez conocidos los resultados, lo normal es no darlos a conocer a la prensa –y a ciertos periódicos– antes de informar al Parlamento y al público en general. 
Aparte de eso, señor Presidente, quiero condenar brevemente lo que sucedió ayer en mi país, donde se produjo un grave ataque contra un puesto de. 
Todos los indicios apuntan a un acto de insurección y anarquía, relacionado también con los acontecimientos ocurridos en España, donde se han detenido a algunos terroristas o seudoterroristas italianos. 
Creo que todos los europeos debemos tomar medidas porque no podemos subestimar esta amenaza terrorista, aunque los resultados de la acción policial, como las intervenciones de la policía italiana para detener a varios peligrosos asesinos –o por lo menos, acusados de asesinar a Marco Biagi y Massimo D´Antona– pueden considerarse indicios positivos. 
La acción para la que pido la participación del Parlamento es el compromiso colectivo de combatir este grave fenómeno que azota a toda Europa. 
Señor Presidente, me tomaré la libertad de volver por un momento a la cuestión de la encuesta del Eurobarómetro. 
Creo que el Parlamento debe escuchar lo que la Comisión tiene que decir, en lugar de enterarse por la sala de prensa o por los periodistas; la Comisión, en la persona del Sr. Prodi o de cualquier otro Comisario, debe venir aquí, como es prerrogativa nuestra, y explicarnos los motivos de esa encuesta, que ha aparecido en todos los periódicos –con razón– y que desde luego ofrece una imagen negativa, cuando no pesimista, de nuestra Unión Europea. 
– Señor Presidente, no quiero entrar en el contenido de este particular sondeo de opinión, aunque habría sido verdaderamente acertado que el sondeo hubiese preguntado qué piensa la gente sobre el Estado palestino y sobre la Organización para la Liberación de Palestina. 
No es malo, sin embargo, que la gente conozca lo que piensa Europa. 
En general, yo pediría a la Comisión que publique información –de esta o de cualquier otra naturaleza– acerca de las opiniones de los europeos, para demostrar la importancia de la opinión en nuestro continente. 
Mr President, I wish to speak to the same topic. 
Mi Grupo ha considerado, por supuesto, los efectos que han tenido estas publicaciones y cifras. 
Hablando en su nombre, quiero celebrar en términos generales el deseo que ha expresado usted de incluir el tratamiento de este tipo de encuestas de opinión y la manera de redactar las preguntas en el orden del día de la Conferencia de Presidentes. 
Creo que ese es el lugar que le corresponde desde un principio, porque es muy difícil debatir a fondo en una sesión plenaria una encuesta de opinión de cuyo fundamento y antecedentes generales solo tengo un conocimiento fragmentado, derivado de las referencias aparecidas en la prensa. 
Antes de aventurarme a dar una opinión, diría que es conveniente y apropiado que la consideremos en su totalidad. 
Además, quiero advertirles que no debemos aprobar encuestas de opinión solo cuando sus resultados nos convengan. 
Como sufrido socialdemócrata alemán que soy, puedo decir que esa siempre es una empresa arriesgada para cualquier político. 
Las encuestas de opinión, sean cuales sean las preguntas que se hagan, pueden hacernos sentir intranquilos a veces. 
No podemos discutir aquí, en esta sesión plenaria, si las preguntas tienen o no ese tipo de efecto sugestivo o si las respuestas dadas son o no de nuestro agrado. 
Después de todo, ¿quién sabe cuál habría sido el resultado si se hubieran formulado otras preguntas? 
Por consiguiente, les aconsejo que no tomen decisiones precipitadas ni realicen evaluaciones prematuras; limitémonos en cambio a incluir esta cuestión en el orden del día de la Conferencia de Presidentes y debatamos con la Comisión las actividades del Eurobarómetro en su conjunto. 
Señor Presidente, haciéndome eco de las intervenciones de mis colegas, el Sr. Berthu y el Sr. Dell Alba en particular, quiero decir que posiblemente sea conveniente que pongamos fin a estas encuestas y no pidamos la opinión a los ciudadanos porque, si se la pedimos, corremos el riesgo de que nos la den, y si dicha opinión es claramente contraria a la corriente predominante y políticamente incorrecta, será muy desagradable para el estamento político europeo. 
Además, en una democracia existe también una formalidad que hay que pasar en este área, que son las elecciones, y quiero advertir que son extremadamente peligrosas. 
En cualquier caso, podrían despertar, por ejemplo, como ocurrió en junio, un mayor interés por la corriente política que yo represento. 
Me pregunto si no habría que suprimir también las elecciones y así quizá los ciudadanos europeos cambiarían también tan pronto como empezaran a tener pensamientos negativos o tan pronto como impidieran aparentemente el progreso de la democracia europea. 
– Señor Presidente, he regresado recientemente de Sri Lanka, donde continúo participando en el proceso de paz a petición de las partes implicadas. 
Como quizá sepan sus Señorías, las conversaciones de paz están suspendidas desde abril. 
Durante mi visita me pareció particularmente alentador que los LTTE –o los Tigres Tamiles, como se les conoce popularmente– hayan dado a conocer sus propuestas de autogobierno provisional. 
De hecho, supone un paso muy importante por su parte. 
Es la primera vez que han presentado propuestas de conjunto. 
Lo más importante de esto es que el portavoz jefe de los LTTE, el Sr. Tamilchelvan, afirmó que este Gobierno provisional no era precursor de un Estado independiente. 
Esto permitió que se retomasen las negociaciones con el Gobierno, aunque existen grandes diferencias entre ambas partes. 
Desafortunadamente, en las últimas 48 horas, la Presidenta Chandrika Kumaratunga, que pertenece al partido de la oposición, ha destituido a cuatro Ministros clave, ha disuelto el Parlamento y declarado el estado de emergencia. 
En mi opinión, esto supone una amenaza para el proceso de paz. 
Teniendo en cuenta que en esta Cámara apoyamos el proceso de paz y que, junto con nuestros interlocutores internacionales hemos destinado 4.500 millones de dólares a mantenerlo, y recordando también la importancia del bipartidismo en el proceso de paz irlandés, quiero pedirle, señor Presidente, que inste a los dos principales partidos de Sri Lanka y a los Tigres Tamiles a que apoyen la reanudación de las negociaciones, con el fin de garantizar que se alcance una paz permanente en ese agitado país. 
– Señor Presidente, quiero hablar sobre la reciente crisis en Sri Lanka. 
El Sr. Cushnahan ha señalado de forma convincente que, en un momento en el que es posible, tras 23 años de guerra civil, alcanzar la paz en el país, la Presidenta ha declarado el estado de emergencia, después de que los grupos rebeldes de los Tigres Tamiles presentasen propuestas de paz. 
Usted, señor Presidente, el Sr. Poettering y otros diputados de esta Cámara se han reunido con el Primer Ministro, que, en estos momentos, está reunido con el Sr. Bush en Washington. 
El Parlamento debería ser restituido en Colombo. 
No existe ninguna justificación para la prórroga del Parlamento, ni para la declaración del estado de emergencia, ni para enviar tropas a las calles. 
El Parlamento Europeo bien puede pedir que se reinstaure la democracia, el Estado de derecho, el Parlamento y el Gobierno en Sri Lanka. 
Señor Presidente, ayer me sentí sorprendida y horrorizada cuando leí los cargos de Amnistía Internacional contra Sudán, donde un tribunal especial ha sentenciado a un niño de dieciséis años acusado de un robo a mano armada a la llamada «amputación cruzada» , que consiste en amputarle la mano derecha y el pié izquierdo. 
Amnistía Internacional ha denunciado al sistema judicial sudanés y su código penal, que contiene penas como la amputación y la muerte por lapidación, y ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que impida la ejecución de la sentencia de este joven de dieciséis años. 
Creo, señor Presidente, que tanto nuestro Parlamento como usted personalmente tienen que intervenir para recordarle a Sudán que ha firmado el Acuerdo de Cotonou sobre el respeto de los derechos humanos. 
Se precisa nuestra intervención directa. 
– Señor Presidente, voy ha hablar de la misma cuestión que acaba de plantearse. 
Espero sinceramente que escriba al Gobierno sudanés para sugerirle que ponga fin inmediatamente a estos salvajes castigos: no solo con respecto a este delito, sino para todos los delitos. 
No pueden continuar aplicando la y estos terribles y horrorosos castigos. 
Señor Presidente, existe una grave cuestión humanitaria respecto a la cual tiene usted que intervenir y espero que intervenga. 
El 27 de julio de 2003, un petrolero, el, con un piloto local al timón, encalló a la entrada del puerto de Karachi. Fue una grave catástrofe ecológica. 
Se vertió una gran cantidad de petróleo al puerto. 
Desde entonces, las autoridades paquistaníes han prohibido a los siete miembros de la tripulación abandonar Pakistán. 
En el caso del, las autoridades españolas persiguieron a los responsables aplicando el principio de «quien contamina, paga» ; es decir, al capitán de buque, pero no al resto de la tripulación. 
No se puede echar la culpa al cocinero, ni al encargado de la limpieza. 
Pero en el caso del, se retiene a siete marineros, la mayoría de ellos griegos. 
Además, el 17 de agosto, cuando ya había ocurrido el desastre, un equipo de una empresa de salvamento llegó a Pakistán, y el jefe, el Sr. Nikos Papas, está siendo también retenido por las autoridades de Pakistán, pese a no ser miembro de la tripulación del. 
Lo único que hicieron fue tratar de salvar el buque y limitar el desastre. 
Me gustaría que interviniera usted. 
Tenemos un rehén aquí. 
El Ministro de Pakistán está en Bruselas hoy; va a cenar con el Sr. Solana y el Sr. Patten. 
Tenemos que intervenir en esta cuestión. 
Señor Presidente, quiero llamar su atención sobre el proyecto de la Rosia Montana Gold Corporation. 
Este proyecto, relacionado con la explotación de una mina de oro en el centro de Rumania, plantea tres tipos de problemas. 
El proyecto, que ya está en marcha, plantea un problema social y humanitario porque supondrá el reasentamiento de unas 2.000 personas y la demolición de 900 viviendas; y plantea un problema medioambiental porque contempla, en particular, la instalación de un depósito de sedimentación de 400 hectáreas para residuos de cianuro, necesario para el tratamiento intensivo de los minerales. 
Una empresa australiana ya está utilizando está técnica en Baia Mare desde hace casi dos años, y ha causado un desastre ecológico en el Danubio. 
Es un problema que afecta también al patrimonio histórico: después de unos 15 años de explotación, el valle, que también contiene restos arqueológicos de la ocupación romana, habrá desaparecido y con él, muchas iglesias, cementerios y monumentos históricos. 
La ejecución del proyecto está pendiente de la autorización medioambiental que tiene que dar el Gobierno rumano. 
Sabiendo que Rumania tiene que cumplir sus compromisos como país candidato a la adhesión a la Unión Europea, ¿es aceptable que recurra a métodos de extracción que ponen en peligro a la población y al medio ambiente? ¿Deben tolerarse métodos que ya solo se utilizan en el mundo en vías de desarrollo en un país que está a punto de ingresar en la Unión Europea? 
Les agradecería a los diputados que van a viajar a la zona a principios de diciembre que evalúen la magnitud exacta de los daños irreparables que causará la ejecución de ese proyecto. 
. En efecto, el Parlamento se encargará de esta cuestión a través de una delegación. 
Esa visita ya ha sido aprobada por la Conferencia de Presidentes. 
Señor Presidente, Señorías, desde el 12 de agosto, fecha de su secuestro, no hemos tenido noticia del Dr. Arjan Erkel y no sabemos lo que le ha sucedido. 
Fue secuestrado en Mukala en Dagestan y no se ha hecho nada para liberarlo. 
Creo que el Parlamento Europeo y la Unión Europea deben intervenir no solo para obtener información y exigir su liberación, sino también para proteger a las organizaciones que prestan servicios voluntarios en territorios donde la situación sanitaria es absolutamente vergonzosa. 
Señor Presidente, quiero recordar que el 2 de julio de 2003, la Presidencia italiana se comprometió ante el Parlamento a presentar una moratoria sobre la pena de muerte ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Dicho compromiso se reiteró el 23 de octubre con una resolución aprobada por unanimidad por el Parlamento. 
Hoy nos hemos enterado por la prensa de que el Gobierno italiano ha decidido no presentar la resolución ante las Naciones Unidas. 
Le pido, señor Presidente, que transmita nuestra decepción a la Presidencia y que mantenga el punto 3 de nuestra resolución, que contempla el debate de los resultados y de la evaluación en cualquier caso. 
Aunque creo que esos resultados son muy importantes, siguen exigiendo un debate. 
De hecho, la Presidencia italiana está aquí, ha escuchado sus comentarios y espera poder tomar nota de la resolución. 
Este punto del orden del día queda cerrado. 
. Señor Presidente, con respecto a mi informe, se pretende que todos aceptemos la devolución del informe a la comisión sin más debate y sin una votación. 
No obstante, quiero aprovechar esta oportunidad para explicar brevemente lo que contiene el informe y lo que pretende conseguir. 
Esta es una de las pocas propuestas que afectará directamente a todos los ciudadanos de la Unión Europea en su vida cotidiana y lo hará en un aspecto muy delicado: su bolsillo. 
La Directiva les afectará si pagan con tarjeta de crédito, si alquilan un coche, si compran una televisión a crédito o si se les produce un descubierto en su cuenta bancaria. 
En este momento, en la Unión Europea, los contratos de créditos al consumo actualmente en vigor ascienden a cerca de mil millones de euros. 
Por es de vital importancia que el Parlamento trate esta cuestión con la máxima precaución y con un gran sentido de la responsabilidad. 
En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior tenemos la impresión de que la propuesta de la Comisión no hace justicia a la importancia de esta cuestión. 
No se ha evaluado el efecto que tendrá la propuesta de impedir el acceso de los más desfavorecidos a los créditos, puesto que se aplican unos criterios de solvencia mucho más estrictos que pueden hacer que los que más necesitan créditos no puedan obtenerlos. 
Tampoco se ha considerado en qué medida esta propuesta puede producir un aumento de los tipos de interés de los créditos al consumo. 
La Directiva relativa a los productos químicos, por ejemplo, es muy discutible, pero al menos sabemos lo que nos va a costar, cosa que no ocurre con esta. 
Tampoco se han analizado los efectos que tendrá la restricción prevista de estos créditos en el consumo de la Unión Europea, teniendo en cuenta que el 13% de ese consumo se financia mediante créditos al consumo. 
Por eso la Comisión de Asuntos Jurídicos ha tomado un camino poco habitual, admitámoslo, y ha recomendado a la Comisión que retire la propuesta, la revise teniendo en cuenta todos estos puntos –mi informe contiene casi otros treinta– y reconsidere toda la cuestión antes de volverla a someter a debate. 
Puedo entender por qué algunos diputados dicen, después de que la Comisión haya declarado que no está dispuesta a retirar la propuesta –el Sr. Prodi lo ha dicho por carta, el Sr. Byrne lo ha repetido ni se sabe la de veces– que no tiene ningún sentido celebrar otra votación en sesión plenaria sobre esta cuestión. 
La cuestión que se plantea es, en realidad, si tiene algún sentido en estas circunstancias volver a encomendar a la Comisión la preparación de una propuesta. 
Hablando por mí, tengo poca confianza en que sus departamentos responsables vayan a proponer algo que encontremos más manejable. 
Espero que no les importe que les hable en términos tan personales. 
En cualquier caso, ante la negativa de la Comisión de reconsiderar la propuesta, estoy de acuerdo en que debemos redactar de nuevo toda la Directiva. 
En realidad no considero que esa sea una de las funciones de esta Cámara –se supone que nosotros tomamos decisiones políticas en lugar de redactar artículos– pero si la Comisión se muestra tan obtusa en esta cuestión, nosotros tenemos una obligación constitucional, una obligación que asumiremos para dotar a Europa de una legislación moderna, flexible y capaz de fomentar la competitividad en materia de créditos al consumo. 
Muchas gracias. 
. Así pues, la propuesta es devolver este informe a comisión sin debate. 
Me gustaría darle las gracias, señor Wuermeling, y a todos los colegas por haber ayudado a resolver esa cuestión. 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la comunicación de la Comisión sobre un informe de seguimiento detallado y un documento de estrategia de la Comisión sobre los progresos realizados por los países candidatos a la adhesión. 
Como ya he señalado anteriormente, hoy tenemos muchos invitados distinguidos en la tribuna para seguir este punto. 
Les doy la bienvenida. 
También me complace la presencia hoy aquí del Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, y del Comisario Verheugen. 
Sé por mis numerosos contactos para la preparación de este debate que el Comisario Verheugen está decidido a conseguir que estos informes sean aprobados por el Colegio de Comisarios una vez que los haya presentado a esta Cámara. 
Lamento que, debido a que otras personas distintas del Comisario Verheugen no hayan respetado los procedimientos correctos, ustedes ya hayan leído en la prensa, en los últimos días, gran parte de lo que van a escuchar hoy aquí. 
De hecho, ayer se publicó ampliamente en algunos periódicos franceses. 
Esto no es una crítica al Comisario Verheugen, porque sé que estaba decidido a seguir los procedimientos acordados entre esta Cámara y la Comisión. 
Lamento que esta tarde no vayamos a escuchar por primera vez lo que debería ser una importante comunicación de fin de año entre nuestras instituciones. 
. Señor Presidente, Señorías, representantes de los países candidatos, la máxima prioridad de mi Comisión, su prioridad absoluta, está a punto de hacerse realidad. 
En menos de seis meses seremos testigos de la mayor ampliación en la historia de la Unión. 
La presencia en esta Cámara de representantes de los países que ingresarán en la Unión el año que viene es una prueba tangible de la importancia que tiene este acontecimiento. 
En primer lugar, permítanme que exprese mi gran admiración por los Gobiernos y los pueblos a los que ustedes representan. 
En los últimos años, hemos movido cielo y tierra para adaptar sus sistemas jurídicos y administrativos al acervo comunitario. 
Estas reformas demuestran su fuerte deseo de libertad y democracia. 
De hecho, han realizado ustedes una revolución silenciosa que les ha llevado a ingresar en la Unión Europea con la cabeza bien alta, orgullosos de sus logros. 
Antes de finalizar las negociaciones de adhesión el año pasado, anuncié que la Comisión presentaría un informe sobre la preparación de los países candidatos unos seis meses antes de la fecha de su adhesión. 
Hoy estoy aquí, junto con el Comisario Verheugen, al que quiero agradecer su excelente trabajo, para presentarles dicho informe. 
El Informe detallado de seguimiento aprobado por el Colegio esta mañana es fruto de un largo y concienzudo trabajo de la Comisión, que ha vigilado y apoyado los preparativos de los países candidatos durante años. 
Se basa en los 10 informes preparados por la Comisión, uno sobre cada país, que están a disposición de todos ustedes. 
Para la elaboración de dichos informes han participado expertos de la Comisión en los distintos sectores del acervo. 
Serán también los últimos informes de este tipo que la Comisión prepare sobre los países candidatos, aunque realizaremos un seguimiento de las cuestiones pendientes en los próximos meses. 
Esto significa que ya hemos dejado atrás la fase previa a la adhesión. 
A partir de ahora, la Comisión empezará a ejercer su papel institucional habitual como guardiana de los Tratados con respecto a los nuevos Estados miembros también. 
Dentro de un momento le pediré al Comisario Verheugen que explique con detalle las conclusiones de la Comisión contenidas en el Informe detallado de seguimiento, pero primero quiero hacer algunos comentarios generales. 
La fecha oficial para la adhesión de los diez nuevos Estados miembros es el 1 de mayo de 2004, pero la perspectiva de la ampliación ha tenido ya efectos positivos. 
Para muchos países, la Unión Europea se está convirtiendo cada vez más en un referente del desarrollo de la sociedad civil y la vida política. 
Ningún otro agente –y repito, ningún otro– de la escena internacional puede jactarse de lo mismo. 
El motivo está claro. 
La Unión ha conseguido hacer realidad los ideales más elevados: paz, sobre la que hemos fundado nuestra Unión; democracia, que defendemos con todas nuestras políticas; mayores oportunidades para la prosperidad económica y solidaridad con las regiones y los grupos más desfavorecidos. 
También está claro por qué nuestro modelo tiene hoy tanto éxito. 
Por sí solos, nuestros países estarían a merced de entidades políticas y económicas más grandes y poderosas, pero unidos, podemos dirigir el proceso con el debido respeto a la democracia y a la dimensión humana. 
Estoy convencido de que la adhesión de los nuevos Estados miembros el año que viene no planteará grandes problemas relacionados con la transposición del acervo comunitario en lo que respecta al mercado único o a las otras políticas comunitarias. 
Por supuesto, quedan todavía algunas cuestiones sin resolver, que se mencionan claramente en el informe, algunas de ellas muy importantes, pero estoy convencido de que todos estos países sabrán superar los últimos obstáculos que les quedan. 
Los diez Gobiernos son perfectamente conscientes de que una deficiencia en cualquier ámbito les privaría de los beneficios de la adhesión en ese sector, en términos tanto de transferencias económicas como de acceso al mercado. 
Si sigue habiendo problemas después de la adhesión, la Comisión cumplirá con su obligación, como siempre hace, y tomará las medidas necesarias. 
En cualquier caso, insisto, no preveo ningún obstáculo importante para la conclusión de este proceso. 
De hecho, todas las cuestiones que hemos identificado son manejables y tenemos los instrumentos adecuados para ello. 
Además, a todos nos interesa que la Unión Europea absorba esta ampliación lo más deprisa y más suavemente posible, porque existen muchas otras cuestiones a las que tiene que enfrentarse y muchos otros objetivos que tenemos que conseguir, entre ellos la Conferencia Intergubernamental y el correcto funcionamiento de nuestras instituciones en una Unión ampliada, la estrategia de Lisboa, la nueva Perspectiva Financiera, la conclusión del proceso de ampliación y la política del círculo de amigos, la política de una Europa ampliada. 
Esos serán los verdaderos retos para la Unión ampliada de 25 Estados miembros. 
Por lo tanto, una de nuestras tareas será la continuación del proceso de ampliación. 
Como he dicho a menudo, se trata de un proceso continuo, inclusivo e irreversible. 
Nuestro objetivo común es concluir el proceso de adhesión de Bulgaria y Rumania en 2007. 
Estos dos países han hecho también este año progresos importantes, y el Comisario Verheugen va a decir también unas palabras al respecto. 
Las negociaciones de adhesión con Bulgaria y Rumania han avanzado considerablemente y es el momento de pensar en un marco para su conclusión. 
Estas negociaciones tienen que basarse en los mismos criterios que cumplen todos los demás países y sobre todo, por supuesto, en lo que se conoce como el principio del mérito propio. 
A principios del año que viene, la Comisión indicará la manera de finalizar las negociaciones presentando la propuesta de una oferta económica para la adhesión de Bulgaria y Rumania. 
Todos estamos de acuerdo en que esas negociaciones no pueden depender del resultado del debate de la nueva Perspectiva Financiera ni del debate de las futuras reformas –siempre hemos mantenido estas cuestiones separadas– y, para evitar que eso suceda, tenemos que tomar como referente el marco financiero creado ya para los diez países candidatos. 
En esto cuento con el apoyo del Parlamento y con su plena participación en la siguiente fase del proceso. 
El año que viene será decisivo para Turquía. 
De hecho, esa será una de las últimas grandes decisiones que tendrá que tomarse en el actual mandato de mi Comisión. 
Habrá que evaluar el progreso que ha hecho Turquía en el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague y recomendar si deben iniciarse o no las negociaciones de adhesión. 
Permítanme que deje una cosa clara a este respecto: será la Comisión la que presente el informe regular sobre Turquía y la recomendación en otoño de 2004. 
Ese fue el compromiso que adquirí en Copenhague el año pasado y cumpliremos nuestra promesa. 
Hemos seguido muy de cerca la evolución de Turquía el año pasado. 
Se ha hecho un progreso considerable que demuestra la determinación del Gobierno turco a mover cielo y tierra en su esfuerzo por cumplir los criterios políticos de la adhesión. 
En el futuro seguiremos de cerca el progreso en aquellos ámbitos que todavía tienen que mejorarse, tanto en lo que se refiere a la legislación como al respeto de los nuevos derechos y libertades adquiridos por la población turca gracias a las reformas emprendidas. 
Por último, quiero reiterar el deseo de la Unión de que Chipre ingrese como un país unificado. 
No hemos perdido la esperanza de que así suceda. 
Está claro que a Turquía también le interesa resolver este conflicto rápidamente, porque así evitará que la cuestión de Chipre se convierta en un obstáculo para sus propias aspiraciones. 
La cuestión puede resolverse todavía antes del 1 de mayo del año partiendo de la propuesta del Secretario General de las Naciones Unidas. 
Todas las partes afectadas tienen que contribuir a este proceso y la Comisión está dispuesta a ayudar de todas las formas posibles. 
Señor Presidente, Señorías, antes de terminar, quiero mencionar a la región balcánica. 
Croacia ha presentado ya su solicitud de adhesión y la Comisión está ahora analizando las respuestas de Zagreb –un enorme número de respuestas–, al cuestionario que les enviamos a principios de verano. 
Otros países de la región piensan seguir el ejemplo de Croacia en breve. 
Nuestra respuesta a estos países tiene que ser perspicaz y larga de miras, dejándoles claro que las perspectivas de adhesión son verdaderas y que nos comprometemos a acompañarles en este camino común, aunque sin pasar por alto los estrictos criterios que siempre hemos adoptado. 
Señor Presidente, Señorías, la historia ha hecho justicia a la visión de los padres fundadores de Europa: los Seis originales que acababan de salir de una guerra son ahora 25 –países libres y fuertes– y serán, sin duda alguna, más de 30 en el futuro. 
Dentro de unos meses, nuestra familia tendrá 10 nuevos miembros. 
Su entusiasmo contribuirá a reforzar nuestra Unión y a dotarla de nuevos horizontes. 
Tenemos que seguir ampliándola y, juntos, trabajando todos juntos, podremos consolidar y afianzar más aún los valores que la sustentan. 
Señor Presidente, con su permiso, cedo ahora la palabra al Comisario Verheugen, al que quiero agradecer una vez más su extraordinariamente astuto trabajo y su firme compromiso con este proyecto. 
. Señor Presidente, Señorías, cuando concluimos las negociaciones con los diez países candidatos hace un año, lo hicimos partiendo del pronóstico de que esos diez países estarían debidamente preparados para la fecha de la adhesión, lo que significaba cumplir todas las obligaciones contraídas durante las negociaciones. 
Ese es el motivo del seguimiento: saber si dicho pronóstico fue o no acertado. 
El informe detallado de seguimiento que la Comisión ha aprobado hoy es el último. 
Se han presentado otros dos informes previos, que han tenido efectos muy positivos, y debo decirles que, después del debate en esta Cámara, cabe esperar, por supuesto, que los medios de comunicación se centren en los puntos respecto a los cuales hayamos identificado alguna deficiencia. 
Por eso, me parece necesario empezar situando las cosas en perspectiva. 
En primer lugar, no tuvimos que volver a examinar la mayor parte del acervo comunitario, porque durante el proceso de negociación quedó patente que se habían cumplido todos los requisitos. 
Ni siquiera le echamos un segundo vistazo. 
Solo volvimos a considerar los sectores en los que quedaron algunas cuestiones pendientes durante las negociaciones y en los que se habían adquirido compromisos. 
Dividimos esta parte del acervo en 140 sectores de muy diversa importancia, algunos de los cuales contenían centenares de actos jurídicos, mientras que otros solo uno, y digo eso como ejemplo del volumen implicado. 
El seguimiento de 1.400 sectores en total ha sido una tarea ingente; ha sido un esfuerzo colectivo de la Comisión en su conjunto, un esfuerzo que, en los últimos meses, ha exigido el trabajo de muchos cientos de personas, pero tengo que decir también que se ha hecho un trabajo muy importante y que en las anteriores ampliaciones no se había podido hacer este tipo de seguimiento. 
Tengo que decirles que nunca se había hecho algo así en la historia de la UE, y es importante que lo sepamos si queremos evaluar ahora debidamente el resultado de todo ello. 
Hemos comprobado que, en los 1.400 sectores que han sido objeto de seguimiento, los preparativos se están desarrollando perfectamente y con arreglo al calendario en el 70% de los casos, y eso no necesita más comentarios. 
En el otro 27% de los casos hemos identificado algunas cuestiones puntuales que siguen pendientes, pero que, en general, no constituyen un motivo de preocupación. 
El proceso ya está en marcha y, según nuestro pronóstico, todo estará listo el 1 de mayo de 2004. 
Eso significa que queda un 3% de sectores –en concreto, 39 de 1.400 – en los que hemos encontrado graves omisiones y retrasos que solo podrán solventarse con dificultad. 
En esos casos, les estamos diciendo a los futuros Estados miembros que tienen que actuar con decisión y con la máxima urgencia para cumplir a tiempo los requisitos antes del 1 de mayo de 2004, de manera que también esos sectores queden perfectamente reglados. 
Los 39 sectores con problemas se reparten entre los diez países. 
No les recomiendo que traten de establecer un orden; el hecho de que Polonia tenga diez de esos sectores no significa que su situación sea peor que la de los otros. 
La sencilla explicación de eso es que una gran parte de los problemas afectan solo a Polonia, porque el tamaño de los otros países significa que algunos de los problemas no les atañen. 
Creo que el resultado final es muy equilibrado. 
Solo quedan sin resolver unos pocos capítulos del acervo y estimamos que los problemas podrán resolverse en todos los países incluso antes del 1 de mayo de 2004. 
De lo contrario, y este punto es muy importante, la Comisión tendrá que adoptar las medidas oportunas mucho antes del 1 de mayo, y tenemos varias opciones posibles. 
Podemos aplicar las medidas de seguridad que ya se contemplan en el Tratado. 
Podemos aplicar las medidas de seguridad específicas que se contemplan en el Tratado de Adhesión; podemos incoar procedimientos de infracción; podemos recurrir a intervenciones administrativas. 
Tenemos, pues, varias opciones y hoy se ha alcanzado un acuerdo en la Comisión según el cual cada Comisario, en sus respectivas esferas de responsabilidad, debe hacer el seguimiento de todas las cuestiones pendientes y proponer, en su caso, las medidas necesarias mucho antes del 1 de mayo. 
Yo creo y espero que esas medidas no lleguen a ser necesarias, porque en la mayoría de los casos las consecuencias adversas que pueden derivarse de la no resolución de estos problemas afectarían solo a los nuevos Estados miembros, no a la Comunidad como tal. 
Por ejemplo, se ha planteado la cuestión de si existen estructuras que permitan el pago íntegro de los fondos para ayudas a la agricultura. 
Si no existen las estructuras administrativas adecuadas para ello, el resultado será que los fondos no podrán transferirse y el Gobierno culpable de esa negligencia terminará soportando una presión interna considerable cuando los agricultores no puedan recibir esas ayudas directas. 
Por lo tanto, yo creo que todos esos casos se resolverán antes del 1 de mayo de 2004. 
Sabiendo que esta Cámara presta una especial atención a la seguridad alimentaria, puedo decirles que existen una serie de problemas también en este ámbito y que nuestra posición no ha cambiado, es decir, que no permitiremos la entrada al mercado interior de ningún alimento que no cumpla nuestras normas, y con eso me refiero a nuestras normas de higiene. 
Por ese motivo, las medidas necesarias sobre seguridad alimentaria se tomarán a más tardar en febrero, para garantizar que los productos que incumplan la normativa no puedan acceder al mercado interior. 
Pero esos casos son relativamente pocos, y los ciudadanos no deben formarse la idea de que un país ha actuado mal en un ámbito en particular solo porque algunas empresas no cumplan toda la normativa. 
Resumiendo, entonces, hemos llegado a la conclusión de que las instituciones y las políticas seguirán funcionando a partir del 1 de mayo de 2004, que no se esperan trastornos apreciables y que, aunque no podemos descartar, por supuesto, la posibilidad de que surjan problemas, serán manejables en todos los aspectos. 
Así pues, se augura un buen resultado. 
Apoyo sin reservas y me sumo a las expresiones de agradecimiento de la Comisión por ese buen resultado y a la mención que acaba de hacer el Presidente Prodi a los importantes logros de los Gobiernos, los Parlamentos y los ciudadanos de los países candidatos. 
Dicho lo cual, permítanme que hable sobre Bulgaria, Rumania y Turquía. 
Seré relativamente breve. 
Tanto Bulgaria como Rumania han hecho progresos importantes. 
Quiero insistir especialmente en que Bulgaria ha conseguido por fin poner en marcha la reforma de su sistema judicial, que se había identificado como un grave problema durante su evaluación. 
Quiero destacar la valoración más positiva que ha recibido Rumania en términos de los criterios de la economía de mercado. 
La Comisión ya dice que Rumania puede considerarse una economía de mercado, siempre que el proceso de reforma continúe como hasta ahora, lo que suponemos que sucederá. 
Eso implica un reconocimiento de las importantes reformas económicas que ha conseguido ya Rumania y la considerable estabilidad macroeconómica que manifiesta. 
Volviendo a como se desarrollarán las cosas con relación a Rumania y Bulgaria, la Comisión no recomienda desvincular estos dos procesos. 
Nuestro objetivo es la adhesión de esos dos países, juntos, en la Unión Europea en 2007, aunque sigue siendo válido el principio de que ningún país debe verse obligado a esperar a otro. 
Si resulta que durante el proceso actual se comprueba que los dos países progresan a velocidades diferentes, tendremos también que poder concluir las negociaciones en fechas diferentes. 
Si bien podemos alegrarnos de que estos dos países se muestren dispuestos a terminar las negociaciones antes de que la actual Comisión agote su mandato, somos muy prudentes en lo que se refiere a este tipo de declaraciones. 
Agradecería también que el Parlamento hiciera lo mismo y no diera todavía ninguna fecha, limitándose a confirmar 2007 como el año de la adhesión. 
Para que se cumpla esa fecha, el trabajo sobre el tratado de adhesión tendrá que haber terminado antes de que finalice 2005. 
Eso significa que la fecha tope para concluir las negociaciones será en torno al verano de 2005, siempre que el país en cuestión cumpla realmente todos los requisitos exigidos. 
En conjunto, creo que esta perspectiva es favorable. 
No obstante, quiero volver a animar decididamente a estos países para que hagan un claro esfuerzo por mejorar su gobernanza política y económica; y me refiero en particular a la corrupción y a la lucha contra los delitos económicos. 
Eso es también importante en términos del clima de inversión en los dos países y de su atractivo para los inversores. 
Hemos tratado de no prejuzgar nada en lo que respecta a Turquía, y puede especularse si el informe que la Comisión ha presentado hoy hace alguna declaración sobre la decisión que tendrá que tomarse el año que viene. 
Hemos tratado por todos los medios de no hacer eso, sino de dar a Turquía un trato justo y objetivo, y eso significa que tenemos que atestiguar y reconocer el importante hecho de que las reformas se están desarrollando mejor y más deprisa, tanto en la esfera política como económica. 
Pero significa también que tenemos que decir la verdad y reconocer que en muchos aspectos no respetan todavía nuestras normas ni cumplen nuestros requisitos, y que esas cuestiones tienen que resolverse. 
No tiene sentido mantenerlas en silencio. 
He observado que Turquía ha reaccionado con cierta sorpresa, porque una de las consecuencias de la filtración –que es lamentable y, desde mi punto de vista, totalmente inaceptable–, es que conozco las reacciones de los países candidatos incluso antes de aprobar los informes, y la reacción turca tiende al estupor. 
Seguro que esperaban una evaluación algo más favorable. 
Por eso quiero reiterar con toda claridad que, aunque reconocemos enteramente los progresos de Turquía, tenemos que advertir que los turcos siguen teniendo problemas con algunas cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales, que la disposición de Turquía a regirse por los dictados del Tribunal de Derechos Humanos sigue siendo problemática y que existen graves problemas, sobre todo, en la puesta en práctica de reformas que ya se han decidido. 
Existe un importante déficit de transposición aquí; el Gobierno también lo reconoce y quiere hacer algo al respecto. 
El Presidente Prodi se acaba de referir al problema de Chipre. 
Yo también tengo que referirme a él, porque quiero informarles de que la Comisión ha dado hoy un paso más, un paso nuevo que puede motivar cierta controversia. 
En nuestro documento de estrategia, hemos vinculado el deseo de adhesión de Turquía con la cuestión de Chipre. 
Para que no haya ningún malentendido y teniendo también en cuenta las reacciones turcas, permítanme que les explique que esa no es una condición. 
Tenemos que adherirnos estrictamente a las conclusiones de Helsinki, según las cuales esa no es una condición. 
Es la constatación de un hecho. 
Lo único que decimos es que el fracaso en la resolución del problema de Chipre representaría un importante obstáculo para las ambiciones europeístas de Turquía. 
No es más que la constatación de un hecho, pero no niego, por supuesto, que esa constatación adquiere relevancia política cuando aparece un documento de estrategia como este, y puedo decirles también que este mensaje político, esta relevancia política, es deliberada. 
La Comisión quiere dejar claro que cree en esa conexión política y quiere, por tanto, animar a Turquía a adoptar una postura más proactiva para resolver el problema de Chipre basándose en el plan de las Naciones Unidas. 
Estoy firmemente convencido de que las elecciones en la parte turca de Chipre serán una buena oportunidad y tendrán como consecuencia inmediata una mayor presión sobre todos los partidos para salir de una situación en la que están bloqueados desde hace tiempo. 
Pienso que un mensaje de este tipo por parte de Europa ayuda al actual Gobierno turco, ya que le da un sólido argumento en contra de las facciones turcas que se interponen al progreso, sobre todo respecto al tema de Chipre. 
Eso era algo que quería explicarles, ya que los próximos días se celebrará un amplio debate internacional sobre esta cuestión. 
Siempre hemos dicho que el proceso de adhesión pretende ser un catalizador para resolver el problema de Chipre y tenemos que aprovechar, creo, todas las oportunidades disponibles para resolver la anacrónica situación de un futuro Estado miembro de la Unión Europea que tiene que vivir entre alambradas de espino y tropas de las Naciones Unidas desplegadas para proteger a dos grupos étnicos enfrentados entre sí. 
Para nosotros como europeos, eso es sencillamente inaceptable, es indigno de nosotros... 
… y por eso la Comisión ha decidido dar este paso. 
Al ser esta la última ocasión en que la Comisión podrá presentar unos informes tan detallados al Parlamento, permítanme que termine mi intervención volviendo a agradecerles muy, muy calurosamente su cooperación, que siempre ha sido constructiva, fructífera y digna de confianza. 
. Quiero dar las gracias a la Comisión por esos informes. 
También quiero recordar a sus Señorías que ahora no vamos a celebrar un debate sobre el fondo. 
Estos informes irán a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, los ponentes elaborarán sus propios informes y después se celebrará el debate. 
Señor Presidente, Señorías, todos podemos alegrarnos de haber llegado tan lejos como hemos llegado, y por eso quiero expresar mi más caluroso agradecimiento a la Comisión, a su Presidente Sr. Prodi, y al Comisario Verheugen. 
Dicho eso, trataré de ser breve. 
Se ha mencionado el material publicado. 
Me parece intolerable que ciertas cosas se filtren a la prensa sin que el Parlamento tenga los documentos en cuestión. 
Comisario Verheugen, ¿a qué atribuye usted eso? 
Ahora mi segunda pregunta. 
Aunque le animaría a trabajar para que los países candidatos sigan cumpliendo con sus compromisos, le pregunto también si no debemos darles buen ejemplo, por ejemplo en materia de estabilidad política. 
¿No tenemos que hacer nosotros todo lo posible para cumplir los Tratados y dar buen ejemplo a nuestros futuros socios en la Unión Europea? 
Mi tercer comentario tiene que ver con Turquía. 
Todos celebramos mucho que Turquía haya decidido tomar este camino. 
Los turcos son nuestros amigos y aliados, ¿pero no tenemos también que distinguir entre lo que se dice en teoría y lo que se hace en la práctica? 
En cuanto a la adhesión de Turquía, le pido que considere la posibilidad de otro tipo de relación, como sería, por ejemplo, una asociación privilegiada. 
La mayoría de nuestro Grupo es partidaria de establecer una relación buena y estrecha de vecindad, fundamentada en una asociación privilegiada. 
Señor Poettering, no puede estar usted más enfadado que por esas filtraciones de información. 
Permítanme que diga con toda seriedad que posiblemente sea un punto débil en los procedimientos de la Comunidad el hecho de que la Comisión tenga que recibir tantos documentos confidenciales antes de tomar una decisión. 
Tan pronto como los documentos abandonan mi despacho, a menudo se producen filtraciones. 
Sabía que ocurriría esto. 
Cuando, a las seis de la tarde del pasado viernes, de conformidad con las normas de la Comisión, tuvimos que entregar los documentos, no tuve ninguna duda de que mi fin de semana se había terminado, ¡y así fue! 
Esta mañana he dicho a la Comisión que no quiero contar cuántas interferencias políticas he tenido que soportar en los últimos días, por parte de los Jefes de Gobierno y de los Ministros de Exteriores de todos los Gobiernos, porque no quiero dar la impresión de que la Comisión soporta ese tipo de presiones. 
El verdadero problema de esas filtraciones es que limitan la capacidad de acción de la Comisión. 
Hemos sido incapaces de hacer ninguna modificación hoy, porque todos y cada uno de nosotros podríamos haber hecho comparaciones entre lo que ha sucedido hoy y lo que queríamos en un principio. 
Eso es muy triste, señor Poettering, y no puedo darle ninguna explicación. 
Es un caso de negligencia de algunas personas en el cumplimiento de sus deberes. 
Los intentos realizados hasta ahora para descubrir a los responsables han fracasado una y otra vez, y ya no tengo ninguna confianza de que tengan algún éxito. 
Lo único que puedo hacer es pedir al Parlamento que disculpe esta conducta claramente impropia de algunos miembros del personal que no conozco por su nombre, pero que espero que ustedes disculpen. 
Estoy también de acuerdo con respecto a la segunda cuestión. 
Si comparáramos el número de problemas que se han identificado en los nuevos Estados miembros con el número de procedimientos de infracción entablados contra los actuales Estados miembros en un año cualquiera, descubriríamos una discrepancia sorprendente. 
El hecho es que el número de infracciones de los Tratados que cometen los actuales Estados miembros todos los años es muchas veces superior al número de problemas que hemos identificado ahora. 
Comparto plenamente su opinión de que, si pudiéramos medir a los actuales Estados miembros por el mismo rasero que aplicamos a los candidatos a la adhesión, posiblemente obtendríamos resultados sorprendentes en una u otra área, ya fuera en el área a la que usted se ha referido –la disciplina macroeconómica– o posiblemente en otras también. 
Lo que ha dicho sobre el tema de Turquía no es nada nuevo para mí; es un punto de vista que yo respeto. 
Sabrá usted que se trata de un área en donde la Comisión tiene un claro mandato del Consejo, y que tiene que actuar en consecuencia. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer solo un comentario. 
Se necesita y tiene que haber un debate sobre los principios que sustentan la adhesión o no adhesión de Turquía. 
¿Qué mejor sitio que en esta Cámara? 
¿Qué mejor que entre los ciudadanos europeos? 
Estoy plenamente de acuerdo con eso. 
Lo único que pido es que, en ese debate, no perdamos nunca de vista el hecho de que los europeos tenemos un interés directo en que Turquía sea una democracia perfectamente desarrollada, un país plenamente desarrollado con un Estado de derecho que respete los derechos humanos y proteja a las minorías. 
Si tenemos eso siempre en cuenta, no me parece que ese debate necesario e inevitable pueda hacer ningún daño. 
– Señor Presidente, solo quiero señalar que las filtraciones no ayudan al objetivo de la Comisión de participar en las decisiones en materia de política exterior y de seguridad. 
Acojo con satisfacción lo que ha dicho hoy la Comisión. 
Es un paso importante y también agradezco las palabras del Comisario Verheugen, asegurando que la Comisión emprenderá acciones si no se alcanzan progresos en esos 39 ámbitos. 
En primer lugar, el Comisario envió cartas de advertencia a los países candidatos este mismo año. 
¿Indica su respuesta que ellos también responderán a estas propuestas que nos ha presentado? 
En segundo lugar, con respecto a Rumania, en cuyo caso hubo una ligera vacilación en sus palabras, ¿hasta qué punto los historiales previos de Rumania, en que prometía mucho y ofrecía poco, cuentan en su contra, a pesar de los progresos que ha realizado en los últimos dos o tres años? 
Finalmente, quiero preguntar al Comisario por las negociaciones secretas de las que habla todo el mundo, las negociaciones paralelas para ampliar el Espacio Económico Europeo a los países en vías de adhesión. 
¿Cómo van exactamente las negociaciones sobre el Espacio Económico Europeo? 
Señor Titley, los dos informes de seguimiento que hemos presentado en la primera mitad de este año han dado resultados positivos. 
Al mismo tiempo, hemos identificado algunos problemas que nos han llevado a enviar lo que llamamos «cartas de alerta» , eso que en mis días de colegio en Alemania se llamaba «carta azul» –creo que en inglés se llama «carta roja» – y que siempre contenía la amenaza de que si no te ponías a estudiar en el acto, corrías el riesgo de repetir curso. 
Los resultados son muy interesantes. 
Casi la mitad de los casos que hemos identificado se han resuelto ya, de manera que no aparecen en el informe de seguimiento final. 
Ahora escribiremos también a los Gobiernos, y sé que, en todos los casos, las opiniones de la Comisión serán aceptadas –nadie discute eso– y que todos los Gobiernos colaborarán, por lo que creo que podremos resolver los problemas. 
Algunos Gobiernos, por ejemplo, me han dicho que ya se está preparando la legislación relevante. 
Sin lugar a dudas, se ha demostrado que el seguimiento es un buen método para ayudar al progreso. 
Lo único que puedo decir en respuesta a su comentario sobre Rumania es que la estabilidad política y económica que hemos visto en Rumania en los últimos dos años se mantiene y que, gracias a ello, Rumania está actualmente en una posición muy buena para conseguir el objetivo que persigue. 
– Señor Presidente, felicito al Comisario por haber situado a los países en vías de adhesión en un punto en el que se plantean menos de 40 preocupaciones graves de los 140 elementos del acervo. 
La mayoría de esas preocupaciones corresponden al ámbito de la legislación sanitaria y alimentaria o de la administración pública. 
Sin sacar a la luz las preocupaciones, ¿confía el Comisario en que se podrán superar los obstáculos antes del próximo mes de mayo? 
Por otra parte, con respecto a Bulgaria y Rumania, está surgiendo una diferencia clara. 
Quiero preguntar al Comisario si dará una señal clara de que Sofía ha preguntando acerca de los requisitos finales de la Unión y si será severo con los rumanos con respecto al enorme progreso que Rumania todavía tiene que hacer. 
Acojo con satisfacción las observaciones del Comisario sobre Turquía. 
Las reformas del Gobierno del Primer Ministro Erdogan son reales y deben ser bienvenidas. 
Estas reformas deberán aplicarse plenamente; señor Comisario, tiene usted razón al exigir más, particularmente con respecto a los derechos políticos y a Chipre. 
Sin embargo, debemos reconocer los enormes progresos de Turquía y espero que la Comisión se comprometa a buscar todos los recursos posibles para trabajar con Turquía, con el fin de ayudarla a que consiga la adhesión. 
Señor Watson, soy –por así decirlo– moderadamente optimista respecto a que todo se resolverá. 
Aunque no podamos descartar la posibilidad de que surjan contratiempos en un caso u otro, insisto en que todos los problemas que surjan podrán aislarse y no producirán ningún daño global en el mercado interior, la Política Agrícola, o el mercado alimentario en su conjunto. 
Si me permiten pasar a hablar sobre Rumania y Bulgaria, desde luego que a Rumania le queda mucho camino por recorrer, pero no hay duda alguna de que en los dos últimos años ha avanzado mucho. 
Bulgaria y Rumania recibieron una señal económica cuando nos comprometimos a presentar el paquete financiero en el primer semestre del año, es decir, durante la Presidencia irlandesa y, además, muy a principios de año. 
Ya he debatido en profundidad con el Ministro irlandés de economía cómo puede tratarse esta cuestión. 
Las dificultades políticas y técnicas que plantea el paquete financiero para Bulgaria y Rumania me parecen manejables, ya que pretendemos utilizar los mismos métodos, los mismos principios y las mismas normas que utilizamos con los Diez. 
No estamos proponiendo un nuevo paquete para Rumania y Bulgaria, sino que vamos a extrapolar, por así decirlo, lo que ya hemos hecho antes con los Diez. 
Esa es también la única posibilidad que tenemos si las órdenes que tenemos son que el paquete financiero para Rumania y Bulgaria no afecte a la próxima Perspectiva Financiera, la cual, a su vez, tampoco debe afectar a la conclusión de las negociaciones con Rumania y Bulgaria. 
Por eso no podemos hacer más que elegir la misma metodología que ya habíamos elegido para los Diez. 
No creo, por tanto, que sea tan difícil ni quiero descartar la posibilidad de que seamos capaces de hacer un progreso perceptible en este ámbito durante el primer semestre de 2004. 
– Señor Presidente, el Comisario no ha respondido a mi tercera pregunta sobre la adhesión de estos 10 países al Espacio Económico Europeo. 
Puede que haya decidido no responder, pero también puede que se le haya olvidado. 
Me gustaría obtener una respuesta. 
. El Comisario le responderá en su próxima intervención. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar calurosamente al Comisario Verheugen. 
En Alemania existe un «Canciller de la Unidad» y también un «Comisario para la Unificación de Europa». 
Mis más sinceras felicitaciones por esto. 
Celebro en particular que, en su informe, haya dado una clara prioridad a los criterios políticos con respecto a Turquía. Ese es un punto importante. 
Es evidente que el progreso realizado es importante para la población turca. 
Creo que debemos decirlo con un sentimiento de gratitud. 
En segundo lugar, tengo que deducir de su informe que está algo decepcionado con lo que ha sucedido en la realidad. 
Yo también lo estoy, como poco. 
Pensé que se habría hecho más de lo que se ha hecho en realidad, sobre todo en lo que respecta a la situación del ejército; al menos así se deriva de su informe. 
Estas son cuestiones con graves implicaciones. 
Su optimismo respecto a los diez países que ingresarán en la UE el 1 de mayo está motivado por aspectos secundarios que todavía pueden resolverse. 
Creo que el gran paso hacia un Estado constitucional democrático –que todavía tiene que darse en la práctica– es de tal magnitud que difícilmente podemos esperar que se complete de aquí a un año. 
Corríjame si me equivoco, señor Comisario, ¿pero es diciembre de 2004 la fecha a partir de la cual ya no nos tomaremos en serio nuestra comunidad política de valores, o la fecha en que caerá la guillotina sobre la adhesión de Turquía? 
En ese sentido, creo que dicha fecha está produciéndonos cada vez más ansiedad. 
¿No sería preferible, por tanto, en relación con Turquía, que nos centrásemos en un progreso basado en programas, o directrices, en el camino a un estado constitucional democrático? 
Señor Presidente, respecto al tema del Espacio Económico Europeo, señor Titley, ruego a Liechtenstein, en interés del funcionamiento de dicho espacio, que no relacione la firma del Tratado con problemas que surgen del pasado de Europa, sino que trate de dialogar con la República Checa para resolver esas dificultades. 
En la actualidad estamos trabajando muy duro para proponer al Principado de Liechtenstein y a la República Checa una posible solución al problema. 
No puedo saber todavía si lo conseguiremos o no, pero lo estamos intentando, estamos haciendo todo lo posible, aunque, evidentemente, nunca se sabe. 
Estoy de acuerdo con usted, señor Oostlander, en que precisamente en el aspecto militar era donde habíamos esperado un mayor progreso en Turquía. 
Existen dos cuestiones que me preocupan especialmente. 
La primera de ellas es que el personal militar turco sigue formando parte de las autoridades supervisoras que controlan parcelas importantes de la vida civil, como el Consejo Nacional de Educación o el Consejo Nacional de Radio y Televisión. A los militares no se les ha perdido nada allí. 
También sucede que una gran parte del presupuesto turco para defensa no está sujeta a control parlamentario, y el hecho de que un presupuesto no esté sujeto a control parlamentario es un claro indicio de déficit democrático. 
No hay ninguna duda al respecto. 
No creo que necesitemos nuevos raseros para Turquía, ni un plazo nuevo o cualquier otra cosa. 
La propia Turquía decidirá si la evaluación final será o no favorable. 
De ella depende que presione para que continúen las reformas y, como el Sr. Poettering ha dicho con acierto, para que se pongan en práctica y podamos evaluarlas. Las condiciones políticas que rigen la adhesión ya se han cumplido. 
El plan de trabajo está claro: una decisión a finales del año que viene. 
La Comisión acometerá esta tarea con seriedad, equidad y objetividad, y no eludirá su responsabilidad. 
– Señor Comisario, Señorías, en nombre de mi Grupo, es un placer sumarme a las felicitaciones que ha recibido el Comisario y todos aquellos que le han ayudado, pero existe una cuestión que todavía nos preocupa. 
En algunos países candidatos existen una serie de sectores, y a menudo son esos mismos ámbitos de la política los que exigen un mayor esfuerzo. 
Me refiero, por ejemplo, a la discriminación en el ámbito de la política social y el empleo, el derecho al asilo y la justicia. 
Me vienen a la cabeza algunos problemas específicos, que llaman particularmente la atención a nuestros ciudadanos de la UE, y supongo que también a los ciudadanos de esos países. 
Les estoy hablando de cosas como la discriminación contra los romaníes, la prostitución infantil y el tráfico de seres humanos. 
Si estas cuestiones no reciben una atención prioritaria para que se resuelvan antes de la adhesión, ¿qué medios tenemos para influir en ellas después de la adhesión? 
En este sentido, citaré textualmente unas palabras que son suyas: esos países serán ya miembros de la Unión Europea, y como usted ha dicho en su introducción, tendremos muy poca influencia sobre ellos. 
Señora Maes, ha planteado usted algunas cuestiones muy delicadas, y le daré una respuesta muy clara. 
En primer lugar, respecto a la integración política, económica y social de las minorías, Europa tiene problemas no solo con los romaníes. 
Podría citar como ejemplo otros colectivos que en algunos Estados miembros sufren también una discriminación similar. 
No son solo, por tanto, los países del sudeste de Europa los que tienen problemas con la integración de la minoría romaní, sino también otros Estados miembros perfectamente establecidos tienen problemas con la integración de sus minorías nacionales. 
En lo que respecta a los romaníes, han sido y siguen siendo, como saben ustedes, el principal foco de atención del trabajo previo a la adhesión, y en ningún caso consideraremos que un país está preparado para la adhesión hasta que no haya formulado y puesto en práctica una estrategia viable para su integración. 
Sin embargo, ya he dicho muchas veces en esta Cámara que sería totalmente ilusorio creer que el problema de la discriminación y de los romaníes puede resolverse antes de la adhesión en el sentido de que no exista ya más discriminación; se trata de un reto al menos para toda una generación. 
Lo que razonablemente podemos conseguir es, precisamente, que se formule y ponga en práctica una política contra la discriminación, y creo que eso es algo que ya hemos conseguido. 
En cuanto a las otras cuestiones, como la prostitución y el tráfico de mujeres y niñas, hemos declarado repetida e enérgicamente que son actividades prohibidas, por supuesto, en todos esos países. 
No podemos decir que exista un vacío en la legislación, pero sí en su aplicación. 
Pero permítanme añadir algo más, ya que, sobre todo en los últimos tiempos, las cuestiones que tanto me preocupan se han hecho evidentes en los puestos que vigilan las fronteras checo-alemana y checo-austriaca. 
Cuando hablamos de prostitución o incluso prostitución infantil, siempre hay dos caras. 
Por un lado están los que ofrecen sus servicios o se ven obligados a ofrecer sus servicios, pero por el otro están los que demandan esos servicios. 
Siempre he estado a favor y siempre he dicho que la cuestión tiene que abordarse desde las dos caras. 
No creo que la podamos resolver si solo la abordamos desde el ángulo de esas desgraciadas mujeres, niñas y niños, que sufren abusos sexuales o de otro tipo. 
También tiene que abordarse desde el ángulo de los que se presentan como clientes, que crean la demanda y también una oferta. 
– Señor Verheugen, comprendo su enfado con los medios de comunicación. 
Quiero hacerle tres preguntas: en primer lugar, en los medios de comunicación polacos se han anunciado 51 casos de infracción, cuando en el Parlamento se habla de la necesidad de mano dura. 
Posiblemente también tenga usted que utilizar mano dura en su área, pero cuando la mano dura se dirige contra los ciudadanos, la cosa se complica y no solo se ven afectados los funcionarios. 
Tengo la impresión de que aumentará la carga social en Polonia; el viento sopla en contra del Gobierno. 
La segunda pregunta que quiero hacerle es: ¿qué piensa usted sobre los procesos regionales en los países candidatos? 
En Praga hay un 3% de desempleo, en la zona industrializada del norte de Moravia el paro llega al 30%. 
Mi tercer comentario es que queremos buenas asociaciones. 
Acabamos de hablar sobre los romaníes y, si queremos establecer una buena asociación con Rusia, tendremos que resolver la cuestión de las minorías rusas en los Estados bálticos con mayor coherencia y seriedad, sin reservas políticas ni discriminación, sino de una forma que realmente conduzca a una solución. 
Señor Presidente, señor Modrow, lamento no haber entendido su primera pregunta o su primera acusación. 
No entiendo lo que quiere decir con los 51 casos y con una mano dura. 
No me resultan familiares ni esa cifra ni las palabras que ha elegido. 
En lo que respecta a Polonia, creo que ha demostrado que es capaz de cumplir los criterios que rigen la adhesión y la aplicación del acervo comunitario, y el Gobierno polaco está trabajando duro para solucionar los problemas encontrados, que son nueve, no cincuenta y uno. 
En cuanto a las diferencias regionales en desarrollo, esa es una cuestión que la Comisión se toma muy en serio y sobre la que informamos periódicamente, y estamos incluyendo esas diferencias regionales de desarrollo en la estrategia para los fondos estructurales que aplicaremos a todos esos países el año que viene y que debe ayudar significativamente a reducir esas diferencias entre regiones. 
En el caso de la minoría rusa en los países bálticos, señor Modrow, no estoy de acuerdo con usted en que la cuestión se esté abordando de una manera poco adecuada. 
Por el contrario, creo que la Comisión está llevando esta cuestión extremadamente bien, pero que existen fuerzas nacionalistas en la Duma rusa que hacen un planteamiento irresponsable del problema. 
Puedo darle más detalles si así lo desea. 
En cuanto a la situación de la minoría rusa, hemos sido rigurosos en asegurar que Estonia y Letonia cumplan la legislación correspondiente, como ya la están cumpliendo. 
Eso no significa que no puedan seguir mejorando. 
En las conversaciones que mantuve la semana pasada en Moscú con el Presidente Putin y el Ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sr. Ivanov, y otros destacados dirigentes, les dije que podemos y queremos que sigan mejorando, pero que los dos países cumplen ya, en términos generales, la legislación europea en materia de minorías. 
– Señor Presidente, Comisario Verheugen, quiero expresar en primer lugar mi gratitud por el excelente trabajo que se ha realizado. 
Dicho lo cual, quiero formular una pregunta específica sobre Chipre y Turquía. 
Celebro mucho las aclaraciones contenidas en el informe de progreso respecto al hecho de que la no resolución de la cuestión de Chipre constituya un obstáculo. 
Creo que también es muy difícil de imaginar el inicio de las negociaciones con un país que, al mismo tiempo, está ocupando parte del territorio de la UE, como sucederá según establece el Derecho internacional a partir de mayo del año que viene. 
Eso me lleva a formular una pregunta específica: actualmente a los ciudadanos turcos se les entrega, en masa, pasaportes para el Estado declarado ilegalmente en el norte de Chipre, cuya finalidad es, por un lado, cambiar la situación demográfica y, por otro, impedir una victoria de la oposición. 
Esa es la situación actual. 
Aunque no reconozcamos estas elecciones, sabemos que el resultado influirá mucho en lo que suceda en el futuro. 
Creo que serán también muy importantes para Turquía. 
La pregunta concreta que quiero hacerle es, por tanto: ¿Cree que podemos influir sobre Turquía en este terreno y dejar claro que queremos poner fin a esa situación? 
Señor Presidente, señora Rothe, estamos hablando, en el fondo, de unas elecciones parlamentarias en un país que no reconocemos. 
Ahora bien, esas elecciones son políticamente importantes, sobre todo este año. 
He comentado con satisfacción las garantías que me ha dado la parte turca en el diálogo de que Turquía no permitirá que nada ensombrezca esas elecciones. 
La situación que nosotros, y muchos otros, describimos indica, no obstante, que ya se han ensombrecido. 
Ha habido un claro intento de manipular las listas electorales, para tratar de conseguir el resultado deseado. 
Las posibilidades de influir en el proceso electoral son muy limitadas. 
Tengo entendido que estas elecciones están siendo vigiladas por medios de comunicación independientes y también por organizaciones no gubernamentales independientes, que periódicamente informarán sobre ellas para que pueda formarse una opinión pública europea que ejerza presiones. 
Este, señor Presidente, es uno de los casos en que el Parlamento puede hacer más que la Comisión y me gustaría que supiera aprovechar la oportunidad. 
Sé que usted ya la ha aprovechado. 
– Señor Presidente, como ha dicho el señor Comisario, dado que Polonia es el mayor de los países en vías de adhesión, es natural que tenga más problemas y preocupaciones más serias que nadie. 
¿Sería justo decir, como dicen muchos polacos, que –en algunos casos al menos– parte del problema relativo a la administración integrada y al sistema de control se debe a que Bruselas está retrasando el gasto en las necesidades finales del sistema? 
¿Sería justo decir eso? 
Señor Presidente, me está pidiendo demasiado, porque no puedo, como es lógico, darle información sobre cómo funciona la asistencia técnica en casos particulares, sobre todo porque se trata de un procedimiento muy específico. 
Lo que sé sobre este sistema es que teníamos noticias de la existencia del problema desde hace casi un año y medio y que, en un principio, las autoridades agrarias polacas respondieron con mucha vacilación, para luego decidir un cambio de estrategia, que motivó un retraso considerable. 
Si tienen ustedes evidencias de que el personal de la Comisión asesoró mal o dio información falsa, les pido que me lo hagan saber, ya que me gustaría indagar en el tema. 
No tengo noticias de que haya sucedido algo así. 
Pero estoy dispuesto a reconocer una cosa: lo que ha pasado ahora es una prueba más de que nuestras estructuras administrativas son tan increíblemente complicadas en algunos ámbitos que un país candidato no puede, aunque quiera, satisfacer esas demandas en un espacio de tiempo relativamente corto. 
Eso es especialmente cierto en el sector agrícola. 
Sabemos también por experiencia que el programa Sapard está siendo el más difícil de todos los programas previos a la adhesión, porque es el que impone mayores demandas sobre los nuevos miembros y porque, de todos los sistemas, es el más complicado y el que conlleva más obligaciones. 
Reconozco que se trata de un sistema extremadamente complicado, pero que si quieren discutir quién es responsable de que existan o tengan que existir unas estructuras tan complejas en este sector, es un debate muy diferente, eso es un tema muy diferente. 
– Señor Presidente, voy a aprovechar esta intervención para referirme expresamente a Hungría, un país que he podido observar en mi calidad de ponente para esta Cámara. Quiero hacer algunas aclaraciones complementarias sobre las conclusiones que he tenido ocasión de leer, aunque destacando primero el elevado grado de incorporación del acervo comunitario a la legislación húngara y a las instituciones nacionales, un dato que, por supuesto, comento con satisfacción. 
La primera pregunta que quiero hacer se refiere a la llamada «ley de estatuto» , la ley que se aplica a los húngaros residentes en países vecinos: ¿qué dice de la situación actual, señor Comisario? 
¿Cree realmente que se ha respetado el compromiso de consultar a los países vecinos antes de modificar esa ley? 
La segunda pregunta hace referencia a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, que ya ha tenido usted ocasión de mencionar antes, señor Comisario: ¿qué puede decirnos de la conducta de las autoridades húngaras durante sus investigaciones y la causa contra los escándalos financieros de elevado perfil, que usted conoce, señor Comisario, y que se han descubierto recientemente en ese país? 
En concreto, ¿qué comentarios le merecen las críticas del Gobierno húngaro a las autoridades supervisoras financieras que, por supuesto, son independientes del Gobierno de ese país? 
Señor Queiró, no creo que fuera buena idea que la Comisión retomara las cuestiones relacionadas con la Ley de residencia húngara. 
Desde hace mucho tiempo he tratado de ayudar, con la máxima discreción, a todos los países afectados para evitar los conflictos que pueden derivarse de dicha ley. 
Mientras tanto, hemos llegado a un punto en el que se ha alcanzado un acuerdo entre Rumania y Hungría y las conversaciones entre la República Eslovaca y Hungría todavía no han concluido. 
Recomiendo encarecidamente que no se interfiera en estas conversaciones, puesto que es una oportunidad para que dos Estados hablen y actúen como buenos vecinos. 
Si necesitan nuestra ayuda, la tendrán. 
Pero por ahora, los dos países están hablando entre sí y creo que esas conversaciones darán fruto antes o después. 
Y aunque no lo den, el Derecho comunitario prevalecerá en esta cuestión a partir del 1 de mayo de 2004, eliminando en cualquier caso todas las diferencias de tratamiento por motivos de nacionalidad. 
La otra pregunta es una cuestión muy complicada relacionada con los conflictos internos que existen en Hungría. 
No creo que se trate en este caso de un problema sistemático, es decir, de un problema que podría considerarse como una prueba de que Hungría no cumple las condiciones de la adhesión. 
Más bien se trata de conflictos internos generalizados y con una enorme carga emocional. 
No creo que me corresponda entrar en un conflicto así y dar mi opinión sobre él. 
Es como si me entrometiera en los conflictos nacionales de los actuales Estados miembros. Ahora tenemos que entender que los nuevos Estados miembros han dejado atrás la etapa en la que se sometieron a una cierta vigilancia. 
Ya no me siento en absoluto responsable de los conflictos internos de esos países. 
Observarlos y juzgarlos es ahora tarea del Parlamento, del Consejo, pero al poder ejecutivo no le corresponde, desde luego, juzgar lo que hacen un Gobierno y un Parlamento libremente elegidos. 
Les ruego que entiendan que no quiero que la Comisión empiece a entrometerse en la política interna de un futuro Estado miembro. 
– Señor Presidente, Comisario Verheugen, creo que los informes son muy equilibrados y exactos. 
Con respecto a Rumania, quiero añadir que hasta hace poco hemos visto medidas visibles contra la corrupción, y eso debe considerarse como algo positivo. 
Hay una cuestión que le pido que considere detenidamente, señor Comisario, concretamente la extensión de algunos aspectos de la delincuencia organizada a países vecinos. 
Eso causa grandes problemas y le pido, señor Comisario, que inste de verdad a Rumania a hacer algo para evitarlo, en su propio interés. 
En cuanto a Turquía, su informe me ha parecido muy equilibrado, y la cuestión de Chipre se ha planteado bien. 
Quiero preguntarle, señor Comisario, si quiere unirse a mí y quizá pedir a todos los partidos representados en esta Cámara que no conviertan a Turquía es un tema de la campaña electoral para las próximas elecciones europeas, porque me temo que algunas fuerzas pretenden utilizar «A favor o en contra de Turquía» como lema de su campaña en 2004. 
Espero que esté de acuerdo conmigo en que las cosas no deben ser así. 
Gracias. 
. Señor Comisario, ¿quiere hablar acerca de las próximas elecciones al Parlamento Europeo? 
Como sabe, señor Swoboda, todos los partidos representados en este Parlamento tienen plena libertad para escoger cualquier problema europeo como tema central de su campaña. 
Lo he dicho muchas veces: no puedo evitar ni evitaré que se plantee en las elecciones un tema de importancia tan capital para el futuro de Europa como es la posible adhesión de Turquía. 
En el fondo, ¿dónde lo van a plantear si no es a sus electores antes de unas elecciones? 
Tal como yo concibo los fundamentos de la democracia, los ciudadanos tienen derecho a que se discutan con ellos estos temas. 
Eso lo tengo muy claro y, por tanto, no voy a criticar a nadie. 
Solo puedo repetir lo que acabo de decir, que el debate debe tener lugar de tal forma que no se haga ningún daño, se tenga siempre en cuenta el interés europeo común y los ciudadanos sepan que queremos algo de Turquía. 
Lo que queremos de Turquía es que por su situación política, estratégica y geográfica asuma tareas de seguridad en nuestro nombre, tanto en el terreno político como económico, que nadie más en el mundo está en posición de asumir. 
Necesitamos a Turquía de nuestro lado. Y eso se le tiene que decir también a los ciudadanos. 
– Señor Presidente, en primer lugar, con respecto a la cuestión de la disponibilidad de sus informes, quizás la Comisión podría demostrar su cortesía a este Pleno facilitando una copia provisional a los ponentes de esta Cámara en lugar de los medios de comunicación. 
Hablo como ponente para Bulgaria, un país que se unirá a la Unión Europea en 2007. 
Espero que se tomen todas las medidas posibles para completar las negociaciones en 2004, preferiblemente antes de mayo de 2004. 
De este modo, se enviaría un mensaje muy importante al pueblo búlgaro. 
A pesar de que la Comisión afirma con razón que el proceso de adhesión de Bulgaria se basa en el principio de los «méritos propios» , también ha dicho que está comprometida con un tratado de adhesión común para Bulgaria y Rumania para finales de 2005. 
Bulgaria no debería tener ningún problema en ese sentido y espero que Rumania cumpla también ese objetivo, pero no me gustaría pensar que las aspiraciones de Bulgaria podrían verse de algún modo truncadas por una ralentización del progreso de su vecino del norte. 
Finalmente, con respecto a Chipre, estoy de acuerdo en que existen grandes posibilidades de que las dos comunidades alcancen un acuerdo global, pero esto exige buena voluntad y flexibilidad de partes y, de hecho, que la Comisión presione a ambas partes. 
Señor van Orden, me limitaré a repetir algo que ya he dicho. 
Tengo que disculparme por las irregularidades y la negligencia en el cumplimiento del deber de las que se ha acusado a personal que no conozco, pero no puedo reconocer que se hayan cometido negligencias que me hayan llevado a mí mismo a cometer una infracción y a incumplir las normas de la Comisión. 
Les pido que lo entiendan. 
Entregamos el documento a todos los ponentes –y a ustedes– unos minutos después de ser aprobado por la Comisión. 
Les pido, no obstante que evalúen el progreso en el diálogo personal regular que mantienen conmigo como hicimos con frecuencia el año pasado. En cuanto a Bulgaria y Rumania, estoy de acuerdo con ustedes. 
Un país no debe esperar a otro, y eso es algo que también nosotros garantizamos, pero actualmente no existe ninguna necesidad ni ningún motivo para considerar la desvinculación de esos dos países en su proceso de adhesión. 
. Quiero dar las gracias al señor Comisario por esos informes y a todos los colegas que han participado hoy. 
Este punto del orden del día queda cerrado. 
El informe de la Comisión sobre los progresos realizados por los países candidatos a la adhesión contiene una impresionante lista de «advertencias» , que sin duda alguna permitirán a esos países conocer de antemano la faceta más disciplinaria de Europa. 
Pero eso era inevitable desde el momento en que no optamos por el método de adhesión más sensato, que nosotros ya propusimos en 1992 y que consistía en crear una gran confederación política y exigir seguidamente a los países de Europa Oriental que suscribieran todas las políticas comunitarias a medida que así lo dictaran progresivamente sus intereses o capacidades. 
El Consejo, a propuesta de la Comisión, prefirió una fórmula de adhesión con una sola fase en lugar de un sistema unificado, que conduciría implícitamente a un super Estado, y ahora vamos a sufrir las consecuencias, porque no es ni técnica ni políticamente viable. 
Es también sorprendente que el país candidato que más críticas recibe, a menudo por razones triviales, sea Polonia, cuando en realidad es el país más libre y con más empuje de la Conferencia Intergubernamental. 
En cuanto a Chipre, la Comisión está empezando a hacerse preguntas sobre la ocupación turca. 
No es demasiado pronto. 
Tenemos que exigir a Turquía que retire sus tropas de inmediato. 
– Lamento el hecho de que la prensa diera detalles precisos anteayer sobre el contenido del informe que nos está presentando esta tarde a los diputados: no me parece que este tipo de cosas se corresponda exactamente con lo que debe ser el funcionamiento democrático de las instituciones. 
Nos ha dicho que esta tendencia lamentable es difícil de controlar, y eso me preocupa. 
Además observo que en el informe sobre los preparativos de la adhesión, Turquía recibe el mismo tratamiento que los otros candidatos, los diez más dos, pareciendo así, en contra de lo que usted ha dicho, que se anticipa a la decisión que el Consejo tomará al final de 2004 sobre esta cuestión. 
Finalmente, observo que, antes de que los diez países se hayan incorporado a la Unión Europea, se están ya viendo amenazados por cláusulas de salvaguarda y reprendidos seriamente por la Comisión, quien, además, adopta una postura esquizofrénica, alarmando sistemáticamente a los países candidatos y, al mismo tiempo, pidiéndoles que crean en sí mismos. 
¿Es realmente necesario que los países candidatos pasen por una prueba así? 
¿No revela esta torpeza de la Comisión un error metodológico fundamental que ha impedido que las características específicas de cada país se tomen debidamente en cuenta en el proceso de ampliación, un error que corre el peligro de tener consecuencias de largo alcance? 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y la Comisión: Informe de progreso sobre la Conferencia Intergubernamental. 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, celebro la oportunidad de presentar en esta Cámara un informe de progreso sobre el proceso de reforma constitucional de la Unión Europea. 
La Presidencia italiana cree firmemente que solo con el apoyo del Parlamento Europeo podrán resolverse los numerosos problemas que tenemos y alcanzar un acuerdo político antes de diciembre. 
Por ese motivo, y sin alejarnos de la posición tradicional de Italia, hemos tratado de que el Parlamento Europeo participe al máximo en la Conferencia Intergubernamental. 
La Convención sobre el futuro de Europa fue una innovación que puso en marcha el proceso actual de reforma de los tratados. 
El texto del Tratado propuesto por la Convención es el resultado de algo más que de la negociación intergubernamental. 
De hecho, adopta su forma gracias a una serie de contribuciones constructivas y a un debate estructurado, global, público y transparente sobre el futuro de Europa. 
Por primera vez en la historia de la integración europea, el proceso ha contado con la participación activa de los Parlamentos nacionales y también de los representantes de la sociedad civil. 
Por tanto, la importancia política del éxito conseguido no puede verse dispersada ni diluida por el trabajo de la Conferencia Intergubernamental. 
Por su parte, la CIG es responsable de mejorar y complementar las secciones del Tratado en las que no se haya conseguido pleno acuerdo. 
Cualquier otra solución se vería como un intento de debilitar el método democrático y transparente iniciado con el trabajo de la Convención Europea. 
Si así sucediera, sería un paso hacia atrás que nuestros ciudadanos difícilmente podrían entender o justificar. 
Esta es la idea que subyace al objetivo principal de la Presidencia italiana, que es alcanzar un acuerdo político global sobre el texto de la Constitución en diciembre. 
De esta forma podrá firmarse el futuro Tratado Constitucional –una Constitución para Europa como el Presidente Giscard d´Estaing lo llama– entre el 1 de mayo de 2004, que es la fecha prevista para la adhesión de los 10 nuevos Estaos miembros, y las elecciones al Parlamento Europeo. 
Prolongar las negociaciones sobre la Constitución más allá de esas fechas comportaría dos problemas graves de legitimidad y transparencia democrática. 
Por una parte, se perdería gradualmente el legado constitucional de la Convención y, por otra, los ciudadanos europeos votarían en las elecciones al Parlamento Europeo sin conocer el modelo constitucional de la futura Unión. 
La Presidencia italiana no se dejará negociar un compromiso diluido que supondría un retroceso respecto a la propuesta de la Convención solo para conseguir un consenso en cuestiones controvertidas. 
Nuestro objetivo es conseguir un buen resultado que satisfaga las expectativas de los ciudadanos europeos y sea capaz de garantizar un funcionamiento eficaz y democrático de la Unión en el futuro. 
Dotar a la Unión Europea de una Constitución es un reto no solo para algunos países o para la Presidencia italiana, que tiene el honor de presidir el Consejo durante esta etapa tan especial, sino para todos nosotros. 
Se lo debemos a nuestros ciudadanos. 
Si no aceptamos este reto, la Europa reunificada también fracasará y, con ella, la Unión Europea como una fuerza de estabilidad y prosperidad en todo el mundo. 
El fracaso nos convertirá a todos en perdedores. 
Después de la ceremonia inaugural del 4 de octubre, comenzó el verdadero trabajo de la CIG. 
Como no podía esperarse menos, las cuestiones más complejas han sido, con diferencia, las relacionadas con asuntos institucionales, sobre todo las relacionadas con la composición de la Comisión, los procedimientos de elección y las competencias del Presidente del Consejo Europeo, la posición del Ministro de Asuntos Exteriores y el cálculo de las mayorías cualificadas. 
Estas cuestiones se han examinado en las reuniones de la CIG celebradas en la primera mitad de octubre. 
En la reunión ministerial del 27 de octubre se amplió el alcance del debate para incluir cuestiones que no se habían abordado, o se habían abordado solo marginalmente, en anteriores reuniones. 
En particular, se consideraron los siguientes temas: las configuraciones de la presidencia del Consejo, la extensión de la votación por mayoría cualificada y los asuntos no institucionales, con especial referencia a las disposiciones económicas y financieras. 
En el debate se confirmó que los Estados miembros tienen posiciones diferentes y que las propuestas contenidas en el texto del Tratado Constitucional presentado por la Convención están básicamente equilibradas. 
Quedó también patente que volver a debatir aspectos específicos del texto del Tratado solo conduciría a reiterar posiciones conflictivas, y no a alcanzar nuevos consensos. 
Del resultado de la reunión pueden extraerse las siguientes conclusiones. En primer lugar, se aprecia una convergencia gradual de opiniones respecto a la configuración de la futura presidencia del Consejo, aunque el asunto tiene que revisarse en el contexto de una propuesta detallada que abarque todas las estructuras institucionales de la futura Unión Europea ampliada. 
La gran mayoría de los Estados miembros se oponen a la creación de un Consejo Legislativo. 
La Presidencia italiana ha tomado debida nota de esta oposición, pero hará todo lo que esté en su mano para asegurar que el Consejo Legislativo se mantenga en el Tratado, al menos como opción de futuro y, por tanto, como posible desarrollo del sistema del Consejo. 
En segundo lugar, se confirma que los Estados miembros siguen teniendo posiciones divergentes con respecto a la extensión de la votación por mayoría cualificada. 
A la vista de lo cual, la Presidencia considerará qué herramientas debe adoptar para alcanzar el consenso, particularmente en cuestiones delicadas y cruciales como la fiscalidad, los recursos propios, la cooperación en materia de justicia penal y la cooperación policial. 
En cualquier caso, el proyecto de la Convención sigue constituyendo la base para alcanzar un acuerdo equilibrado y ambicioso. 
En tercer lugar, el número obviamente excesivo de aspectos no institucionales planteados por los Estados miembros era claramente incompatible con el calendario de la CIG que se estableció en Salónica y que los Jefes de Estado y de Gobierno confirmaron en Bruselas. 
En consecuencia, la Presidencia examinará estas cuestiones adoptando un enfoque selectivo, e identificará las áreas en torno a las cuales parezca estar formándose un consenso diferente a la dirección tomada por el texto de la Convención, y las áreas que necesiten aclaraciones técnicas y editoriales. 
Corresponderá entonces a los Estados miembros decidir si quieren o no insistir en cuestiones secundarias específicas y, en su caso, remitirlas a los Jefes de Estado o de Gobierno. 
Sobre la base del texto de la Convención y el trabajo de los Ministros de Asuntos Exteriores, la Presidencia elaborará una propuesta detallada centrada en el paquete institucional y la cuestión de la defensa. 
La propuesta tratará de reflejar las demandas de los países candidatos a la adhesión. 
Ahora bien, seguirá teniendo como punto de partida el texto de la Convención y tratará de conseguir unos compromisos al menos tan ambiciosos y valiosos como los propuestos por la Convención. 
Estamos dispuestos a considerar posibles ajustes, pero seguimos oponiéndonos rotundamente a un texto más débil o que suponga un retroceso. 
Con toda probabilidad, el futuro de la Constitución Europea depende del resultado de estas negociaciones. 
Por consiguiente, en vista de lo mucho que está en juego, todas las partes deben adoptar una postura flexible en esta tarea de sentar las bases para la Unión Europea del siglo XXI. 
Tenemos que abandonar unos intereses estrechos de miras y renunciar a la idea de conseguir una rentabilidad justa, por la que todas y cada una de nuestras concesiones tengan que verse compensadas por un beneficio de magnitud similar. 
Este planteamiento es –o sería– contrario al mismo concepto de la integración europea y, de aplicarse sistemáticamente, amenazaría con debilitar los cimientos de la Unión. 
Aunque la equidad es un requisito previo imprescindible para cualquier acuerdo constitucional, nadie debe detener el proceso actual de integración. 
Los que decidan actuar de este modo tendrán que prepararse para que la historia, sus socios europeos y, sobre todo, sus conciudadanos, les juzguen. 
La aprobación de la nueva Constitución será un éxito para todos o un fracaso para la Unión. 
No puede haber un conflicto sustancial entre los intereses nacionales y europeos. 
. Señor Presidente, señor Ministro, Señorías, en este debate que lleva por título «informe de progreso» sobre la Conferencia Intergubernamental –con hincapié en la palabra «progreso» – tengo que decir, para ser sincero, que la Comisión está preocupada. 
El 24 de septiembre de 2003 expresé la esperanza ante esta Cámara de que la Conferencia supondría un progreso, que podría ajustar y mejorar algunos puntos, aclarar otros y evaluar el proyecto de Constitución en el que todos hemos trabajado –y trabajado bien, creo– en el marco de la Convención. 
Quiero decirles que el proceso de evaluación está avanzando bajo la dirección del Sr. Jean-Claude Piris en el Consejo, con la participación de los servicios jurídicos del Parlamento y de la Comisión. 
Para ser sinceros, el trabajo de la Conferencia Intergubernamental no ha conseguido por ahora ningún progreso en el aspecto político. 
Es más, hoy mi impresión, la impresión de mi amigo y colega, el Sr. Vitorino y, sin duda alguna, la impresión de nuestros propios representantes, el Sr. Hänsch y el Sr. Méndez de Vigo, es que esta Conferencia Intergubernamental puede suponer un paso atrás. 
Señorías, de ahora en adelante tenemos que poner fin a las excusas que algunos países han empezado ya a esgrimir. 
Nadie pone en duda el método: era necesario dejar tiempo a los Gobiernos nacionales para que debatieran el resultado de la Convención. 
Ahora ha llegado el momento de que tomen una decisión. 
Nadie ha sugerido que la Presidencia italiana tenga la culpa. 
Puedo atestiguar que se ha dedicado con tesón y empeño a la tarea de alentar el debate y propiciar la convergencia. 
Ha aceptado siempre y sin reservas el resultado de la Convención como punto de partida. 
El Sr. Antonione ha hecho referencia hace un momento al Consejo Legislativo, respecto al cual hemos observado un retroceso general. 
Con relación a este punto, todos ustedes han sido testigos de lo que he dicho sobre la Presidencia italiana, su empeño en preservar el resultado de la Convención, mejorarlo e impedir que se pierda, hasta donde sea humanamente posible. 
Por tanto, quiero rendir homenaje, en particular, a la presidencia del Consejo de Ministros, en la persona del Sr. Frattini, por su esfuerzo y dedicación. 
Nadie pone en duda el trabajo de la Convención. 
Como todos sabemos, no solo ha sido útil, sino también totalmente aprovechable. 
La Convención ha cumplido con su mandato e incluso ha ido más allá, presentando a los Jefes de Gobierno un texto completo y coherente. 
Por último, nadie cuestiona tampoco las funciones que desempeña la Comisión y el Parlamento. 
Hoy en la Conferencia Intergubernamental, ayer en la Convención, trabajamos juntos y estamos de acuerdo más veces de las que discrepamos. 
En cualquier caso, siempre ha existido un diálogo sincero entre nosotros. 
Seré sincero, pues: lo que debe cuestionarse en la situación actual de bloqueo de la Conferencia Intergubernamental es la postura de algunos Gobiernos que quieren actuar como si no hubiera habido una Convención durante 18 meses, que quieren volver a abrir todas las cajas de Pandora, una detrás de otra, que se niegan ahora a aceptar lo que ellos mismos habían aceptado otras veces, ayer mismo en la Convención, sobre la gobernanza económica, por ejemplo, o sobre la función del Parlamento Europeo en el procedimiento presupuestario de la Unión. 
Si no abandonan esa postura, llegaremos a un punto muerto. 
Les pondré solo dos ejemplos. 
En primer lugar, la votación por mayoría cualificada. 
Todas las cartas están sobre la mesa. 
Se conocen todas las posiciones. 
Todos sabemos que si se mantiene el requisito de unanimidad para un tema, estaremos casi seguro condenados a la impotencia colectiva. 
Solo existe una solución para esa situación, ya que somos muchos alrededor de la mesa –dentro de poco 25 y algún día, 30– y dicha solución pasa por extender la votación por mayoría cualificada a la mayoría de las cuestiones. 
Tenemos que tomar una decisión aquí y ahora y no retroceder bajo ningún concepto respecto al importante avance que ha supuesto el texto de la Convención. 
El segundo ejemplo es la actualización de las políticas comunes en la tercera parte de la Constitución. 
Es inconcebible que tratemos de redactar un texto perfecto, definitivo, que nunca más tengamos que volver a cambiar, en tan solo unas semanas de Conferencia Intergubernamental. 
Lo importante –porque los tiempos van a cambiar, porque la sociedad europea y mundial va a cambiar– es la capacidad de adaptación de estas políticas a las necesidades de la Unión, a las necesidades de la sociedad a medida que estas cambian. 
Lo importante, por tanto, es dotar de mayor flexibilidad al mecanismo de revisión de la tercera parte, por lo menos en algunos ámbitos. 
Señorías, quiero reiterar aquí, en nombre de la Comisión, que la única posibilidad de que la Conferencia Intergubernamental sea corta y decisiva es que los Gobiernos respeten el equilibrio general de la Constitución conseguido por la Convención. 
En cuanto al resto, esperamos que los Gobiernos nacionales asuman sus responsabilidades: la responsabilidad de resolver sin demora, como usted ha dicho, señor Ministro, algunas cuestiones que ya se han debatido en profundidad; la responsabilidad de dotar a la Constitución de la flexibilidad y de las salvaguardas que le permitan adaptarse a los nuevos tiempos. 
Hemos llegado a un punto en el que todas las cartas están sobre la mesa. 
Ahora tenemos que celebrar un debate y tomar una decisión, que es diferente a conciliar posiciones nacionales. 
La Comisión está dispuesta a hacerlo, en las mismas condiciones que ya expuse hace un mes: mejorar el proyecto de Constitución en algunos puntos, sin poner en peligro su equilibrio global; clarificar todas las disposiciones para evitar malos entendidos o confusiones cuando se ratifique el texto; y realizar lo que yo llamaría un ejercicio de perfeccionamiento jurídico que le ha sido encomendado por la Convención. 
Señorías, creo que la credibilidad de este método de la Conferencia Intergubernamental está en juego por última vez. 
Digo esto porque ya he participado en tres Conferencias Intergubernamentales desde Amsterdam. 
Cada año se demuestra que el método es menos capaz de hacer que la Unión avance. 
La Conferencia de Maastricht reveló un objetivo común. 
La Conferencia de Amsterdam tuvo un resultado útil pero incompleto. 
Tras laboriosas negociaciones, la Conferencia de Niza consiguió, al final, un compromiso temporal complejo sobre las cuestiones que no se habían resuelto en Amsterdam. 
Y aquí estamos hoy con el peligro de llegar a un punto muerto en esta Conferencia Intergubernamental, pese al importante progreso que ha supuesto la Convención en la consecución de un importante y ambicioso objetivo. 
Señorías, cuando se aprobó el proyecto de Constitución, algunas personas trataron con lírica el tema de lo que llamaban el «espíritu de la Convención». 
En realidad, para los que participamos en la Convención y seguimos estando orgullosos de haberlo hecho –entre ellos muchos de ustedes– el espíritu que presidió el trabajo fue más europeo que internacional. 
Todo lo que quiero en esta coyuntura es que ese espíritu europeo vuelva a cernirse sobre el trabajo de la Conferencia Intergubernamental. 
Cuando termine esta Conferencia Intergubernamental, los Gobiernos de una Europa por fin reunificada no tendrán ya que actuar con sensatez. 
Señor Presidente, creo que tiene un alto valor simbólico el que, después del debate sobre la ampliación, sobre la reunificación política del continente, tengamos este debate sobre la refundación política del continente, que debe terminar con la aprobación de la Constitución europea; me parece que ambos están unidos y, como bien ha dicho la Presidencia italiana, es necesario que así sea para que podamos ir a las elecciones del año 2004, precisamente, sobre la base de una Constitución europea. 
Yo dije el otro día, señor Presidente, que me parecía que, hasta la fecha, los debates de la Conferencia Intergubernamental producían una cierta frustración, y lo explicaba, al igual que Klaus Hänsch, diciendo que los debates que estábamos viendo eran una repetición de los que habíamos tenido durante la Convención. 
No había nada nuevo y- como también ha dicho Michel Barnier con mucho acierto- todo lo que venía era una rebaja respecto a lo obtenido. 
Debo decir también que debemos encontrar en ello motivos de satisfacción, porque al final significa que la Convención realizó una buena labor y si ahora los Gobiernos vuelven a presentarnos lo que ya entonces nos presentaron, eso significa que lo que entonces apoyamos era la solución que obtenía un mayor consenso. 
Yo quiero referirme a un tema que ha sido el objeto de la última reunión a nivel ministerial y que nos ha causado, a los representantes del Parlamento, una gran preocupación. 
Me refiero a la pretensión que ha tenido el Consejo de Ministros ECOFIN de hacer una serie de propuestas que, en último término, significaban deshacer completamente el compromiso logrado por la Convención sobre el Título VII de la Constitución sobre las finanzas de la Unión. 
Se trataba de un compromiso largamente meditado, en el cual intervinieron cuatro grupos de trabajo presididos por los señores Amato, Hänsch, Christophersen y Méndez de Vigo. 
Un compromiso que se asentaba sobre tres ideas clave, que han sido la bandera de este Parlamento en los últimos diez años: obtener mayor democracia, obtener mayor eficacia y obtener mayor transparencia. 
Y ese compromiso se asentaba también sobre dos ideas: la primera era que en lo que respecta a los ingresos tuvieran la última palabra los Gobiernos, puesto que, a fin de cuentas, provenían de los ciudadanos de la Unión; y la segunda, que en lo que respecta a los gastos la última palabra la tuviera el Parlamento Europeo, la representación de esos mismos ciudadanos de la Unión. 
Y así, sobre la base de los trabajos de esos cuatro grupos de trabajo, hicimos esa propuesta de compromiso que tiene tres patas; la primera se refiere a los recursos propios: los recursos propios serán decididos por los Gobiernos y sometidos a ratificación de los Parlamentos nacionales; la segunda son las perspectivas financieras: el Acuerdo Interinstitucional se incorpora a la Constitución y se aprobarán en su momento, tras las del 2006, por mayoría cualificada del Consejo y con la aprobación del Parlamento Europeo; y, en la tercera, el presupuesto: la última palabra la tiene el Parlamento en lo que se refiere al capítulo de gastos, habiendo desaparecido la distinción, que siempre nos ha parecido muy pintoresca, entre gastos obligatorios y no obligatorios, pero es una aprobación sometida a frenos y cortapisas, puesto que para tener la última palabra, este Parlamento debe contar con una mayoría de 3/5. 
Quiero decir con todo esto, Señor Presidente, que estamos ante un acuerdo sobre tres patas, y a este Parlamento- y lo saben sus Señorías muy bien -, por supuesto, le parece que la ratificación por los Parlamentos nacionales de los recursos propios es algo que debería pertenecer al pasado y también que el marco financiero plurianual debería ser algo sometido al procedimiento legislativo ordinario. 
Quiere esto decir que nosotros, en aras del compromiso, hemos cedido porque nos ha parecido que el principio "los ingresos, la última palabra la tienen los Gobiernos; el gasto, el Parlamento" tenía sentido. 
Quiero dejar bien claro que este Parlamento ha cedido en aras del compromiso y, por tanto, me parece que en estos momentos el hecho de que ese compromiso, que es una de las piezas claves del texto constitucional, sea puesto en cuestión y se intente difuminar alguna de las partes de esas tres patas, me parece un sinsentido. 
Me parece un sinsentido que, además, desde el punto de vista político para este Parlamento, y lo quiero decir con toda claridad, será totalmente inaceptable. 
Para nosotros será una línea roja. 
Y así lo hemos dicho en la última reunión de la Conferencia Intergubernamental, así lo ha aceptado también la Presidencia italiana y, mientras preparaba estas líneas, Señor Presidente, me ha llegado una nota de la agencia Ansa donde el Sr. Tremonti, Presidente en ejercicio del ECOFIN, dice, y lo voy a leer en italiano:. 
Bien, pues hagamos caso al Sr. Tremonti y mantengamos el compromiso en el tema de las finanzas. 
Señor Presidente, he escuchado con atención las declaraciones del Presidente en ejercicio del Consejo, quien ha expuesto unos argumentos generales que creo que puedo apoyar, pero preferiría centrarme en algunas cuestiones prácticas, sobre todo porque el Sr. Antonione ha pedido el apoyo del Parlamento Europeo. 
Para obtener ese apoyo que, además, estamos dispuestos a dar, tiene que dialogar con las posiciones del Parlamento Europeo. 
El 21 de octubre se celebró una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que participó el Ministro de Asuntos Exteriores italiano en representación del Presidente en ejercicio. 
Quiero llamar la atención del Sr. Antonione y de la Cámara sobre dos puntos una vez más. 
Estamos totalmente a favor de mantener la referencia al Consejo Legislativo, la concentración de la función legislativa del Parlamento Europeo en el Consejo, que es un punto importante, una gran innovación del texto de la Convención. 
Ahora, el Sr. Antonione nos dice que ha tomado nota del hecho de que la mayoría se opone a eso. 
Quiero expresar mis dudas una vez más respecto a este enfoque: no se pueden tomar decisiones simplemente contando los números de votos a favor y en contra. 
En ocasiones tengo hasta la impresión de que las opiniones de 28 Gobiernos forman parte de la ecuación, cuando solo 25 tienen derecho a dar una opinión, porque tres son meros observadores. 
En la Convención se hicieron análisis, se intercambiaron impresiones, se buscaron soluciones, se debatieron los puntos a favor y en contra de cada solución y, por último, se llegó a un compromiso. 
No podemos aceptar que la Conferencia Intergubernamental se limite a contar los votos a favor y en contra. 
El Sr. Antonione se ha comprometido –y aprecio la importancia de su gesto– a mantener la cuestión abierta. 
No sé exactamente cuál será el resultado de todo esto, pero pedimos enérgicamente que no se suprima este punto. 
El segundo punto hace referencia al procedimiento de revisión de los Tratados. 
El Sr. Antonione no lo ha mencionado hoy, pero el Sr. Frattini se había comprometido ante nuestra comisión a considerar la elaboración de una propuesta italiana que fuera más allá del texto, algo que no se acordó en la Convención y que, por tanto, no es vinculante para ninguna parte. 
Corremos el peligro de encontrarnos en la absurda situación de volver a debatir cuestiones ya resueltas en la Convención con un compromiso, pero ser incapaces de debatir cuestiones respecto a las cuales no se alcanzó ningún acuerdo en la Convención, como, por ejemplo, el procedimiento de revisión. 
No sé si la Presidencia italiana pretende incluir también este tema en la propuesta detallada que piensa presentar la tercera semana de noviembre, pero reitero nuestro firme compromiso a luchar para que se incluya. 
Por último, el Sr. Antonione no ha mencionado la cuestión planteada por el Sr. Méndez de Vigo: es inaceptable que algunas configuraciones sectoriales del Consejo de Ministros produzcan enmiendas en el texto de la Convención. 
– Señor Presidente, el resultado del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas también me preocupa mucho. 
Ayer, uno de sus principales miembros, el Ministro de Hacienda británico, atacó las propuestas de la Convención al afirmar que amenazaban con instaurar un estado federal con una política fiscal centralizada. 
Se trata de una acusación burdamente falsa, que demuestra un lamentable prejuicio contra el trabajo de la Convención. 
Así pues, el Ecofin trata de subvertir el paquete relativo al sistema financiero. 
Parece que sus propuestas reaccionarias pretenden pasar de la mayoría cualificada a la unanimidad permanente con respecto a las perspectivas financieras y también eliminar el derecho de aprobación del Parlamento. 
Pretenden abandonar la ley ordinaria en favor de la ley del Consejo y que el Parlamento deje de tener la última palabra sobre el presupuesto. 
Una consecuencia segura de esto sería el incremento del gasto total del presupuesto. 
Sin ser capaz de vencer por votación a los Estados miembros molestos y puede que codiciosos, la Unión se verá obligada a enfrentarse a largas discusiones públicas, que terminarán en costosas concesiones. 
En efecto, los Ministros de Hacienda están intentando que este Parlamento deje de participar en las decisiones presupuestarias. 
Están imponiendo la autocracia del Tesoro sobre la democracia parlamentaria. 
La competencia sobre los presupuestos es una función principal, una competencia central desde hace mucho tiempo de los Parlamentos de todos nuestros Estados miembros. 
Si se permite que las propuestas del Consejo Ecofin prosperen en la CIG, este Parlamento quedará reducido a una mera farsa. Los autócratas habrán vencido a los demócratas. 
– Señor Presidente, como miembro que he sido de la Convención, tengo que decir que estoy extremadamente sorprendida de lo que está sucediendo en la Conferencia Intergubernamental. 
Solo hay que leer la nota de la Presidencia, documento 37, cuyo contenido me parece increíble. 
Solo la relación de enmiendas propuestas al texto de la Convención ocupa 20 páginas. 
Cuando veo eso, tengo inevitablemente la impresión de que algunos Gobiernos no se han tomado en serio la Convención, porque ¿cómo puede explicarse de otro modo que esos mismos Gobiernos que apoyaron el consenso de la Convención hayan presentado todas esas enmiendas? 
Lamento decir que solo los puntos conflictivos referentes a los temas institucionales llegan ampliamente a oídos de los ciudadanos: el número de Comisarios o la cuestión de las mayorías del Consejo. 
Estas cuestiones son, sin lugar a dudas, importantes; en este sentido no podemos volver, creo, a Niza. 
Además, quiero decir también con claridad que espero que la Conferencia Intergubernamental haga como la Convención y rechace cualquier intento de incluir una referencia a Dios en el Tratado Constitucional. 
El artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales garantiza plenamente el derecho de todo el mundo a la libertad de culto. 
Así debe ser. No se puede utilizar la Constitución para dividir a los ciudadanos de la Unión Europea en religiosos o no religiosos: eso no se puede permitir bajo ningún concepto. 
Cualquier paso retrógrado respecto a los derechos del Parlamento sería también inaceptable, sobre todo considerando los poderes presupuestarios que tiene esta Cámara. 
Creo que los que proponen eso demuestran un cierto grado de desconexión respecto a una Europa democrática. 
En la Convención me comprometí a hacer a la UE más social, puesto que lo que esperan los ciudadanos, y con toda razón, es una Europa social. 
Es precisamente aquí donde creo que a la UE le queda mucho por hacer. 
Me sorprende cuando políticos importantes de mi país declaran que el texto de la Convención es peligroso desde el punto de vista reglamentario o cuando el Deutsche Bank anuncia que el predominio de los objetivos sociales en el texto de la Convención debilita la estructura económica de la UE. 
Me pregunto a mí misma qué está haciendo la Conferencia Intergubernamental en este terreno. 
¿Rechazará esos ataques contra el progreso del texto? 
¿Cómo resolverá las discrepancias entre la Parte III y la Parte I? 
Política y jurídicamente hablando, es fundamental que las disposiciones sobre la política económica y monetaria contenidas en la Parte III sean consecuentes con las disposiciones básicas contenidas en la Parte I. Les garantizo que nadie entenderá, ni aprobará desde luego, la existencia de dos filosofías económicas en el texto de la Constitución: por una parte, una economía de mercado social, un crecimiento económico equilibrado y el pleno empleo; por otra, una economía de mercado abierto con libre competencia y un alto nivel de empleo. 
El Parlamento tiene que prestar mucha más atención a todas estas cuestiones. 
Dicho lo cual, que conste que dirijo estos comentarios también a mi propio Gobierno. 
En lugar de abstenerse en la votación de las enmiendas, debería oponerse en la Conferencia Intergubernamental para que los objetivos sociales establecidos en la Parte I puedan aplicarse también con claridad y sin errores a la Parte III del Tratado Constitucional. 
Señor Presidente, Señorías, la Conferencia Intergubernamental, cuando apenas acaba de empezar, evoca la imagen de un montón de billetes de banco tirados al aire en una zona repleta de transeúntes. 
Todo el mundo se pelea por conseguir un billete; el texto de la Convención se está tratando como si fuera una cacería en la que todos quisieran llevarse alguna pieza a casa. 
Llegados a este punto, me pregunto de dónde debe emanar la constitución europea. 
¿De los ciudadanos? 
¿De sus representantes directamente elegidos –los parlamentarios–, o de las oficinas de los gabinetes y los Gobiernos nacionales? 
Algún día tendremos que responder a esta pregunta ante la Historia y ante los ciudadanos de Europa. 
La Conferencia Intergubernamental ha encontrado su propia respuesta: de ellos debe emanar la Constitución europea. 
En Salónica prometieron que no abrirían la caja de Pandora. 
Pero la caja de Pandora se ha abierto y podemos ver cómo se propagan los viejos males de Europa, los egoísmos nacionales y las aspiraciones de unilateralismo en las respectivas instituciones. 
¿De dónde más pueden venir estos males que estamos viendo? 
En su primera reunión, el Consejo Legislativo suprimió el elemento de separación de poderes y la naturaleza pública de la legislación, sin debate alguno. 
Los Ministros de Economía estuvieron de acuerdo: menos derechos para el Parlamento, menos publicidad, menos derechos para la Comisión. 
Ellos son los únicos legisladores. 
Ellos –y solo ellos– poseen soberanía presupuestaria a puerta cerrada. 
La votación por mayoría cualificada –un avance importante en el proyecto de Constitución– se está también cuestionando en muchas áreas. 
Doble mayoría en el Consejo, uno de los mejores principios de la Convención: una ley se aprueba con la mayoría de los Estados y la mayoría de los ciudadanos. 
Eso es comprensible, eso es legítimo. 
Se le ataca por no adaptarse a su lucha de poderes. 
Otro paso adelante: Euratom. 
Se bloqueará un gran avance para la reforma de este tratado obsoleto. 
El Banco Central Europeo, que está obligado por la Convención a respetar los valores y objetivos europeos, se verá eximido de estos valores por solidaridad. 
Los ataques son feroces. 
El principio es: más poder para los Gobiernos, menos democracia, menos derechos para los ciudadanos y menos información para el público. 
Tenemos que responder ante eso, y si los Parlamentos no hacen nada, la Constitución europea será una mala constitución. 
– Señor Presidente, señor Antonione, señor Comisario, Señorías, las noticias que nos llegan de la Conferencia Intergubernamental (CIG) hablan de discrepancias y dificultades. 
A ningún observador imparcial y objetivo le puede sorprender eso. 
Solo los que divulgan la falsa idea de que se ha alcanzado un supuesto consenso en la Convención pueden fingir estupor. 
Todos sabemos que los resultados de la Convención no pueden aceptarse como un consenso democrático en ningún sitio donde se conozcan y respeten los principios democráticos, donde se celebren votaciones. 
Ahora tenemos una dura prueba de lo contrario en el propio carácter de la CIG, la única institución que cumple los Tratados y posee legitimidad democrática y jurídica para tomar decisiones. 
Todos los que tratan de debilitar la CIG, los que siguen insistiendo en debilitarla, han tomado el camino equivocado. 
Saludo a la Presidencia italiana y agradezco la dedicación con que ha realizado este trabajo. 
Hoy está claro como el agua que la culpa de cualquier posible fracaso no será de esta Presidencia, sino de los que insisten en forzar la cuestión, en pasar por alto los derechos legítimos de los Estados miembros y en debilitar la democracia y el Estado de derecho. 
De todo ello destacaría el poco afortunado discurso inaugural de Jacques Chirac, que fue seguido por la poco oportuna intervención de Gerhard Schoreder, tratando de utilizar el chantaje económico para evitar los debates en la CIG y utilizando los fondos comunitarios para amenazar a algunos Estados miembros. 
Este es el peor comienzo posible que podría tener la conferencia, ya que marca un tono muy negativo y alejado del talante positivo y la buena voluntad de la Presidencia italiana. 
No sé si alguien se habrá sentido intimidado, pero todo eso merece una rotunda condena. 
¡Esa no es la forma correcta de proceder! 
Por otra parte, el Canciller alemán parece haber ablandado sus dogmáticas posiciones iniciales y ha declarado hace unos días durante una visita a Bratislava que podría estar dispuesto a aceptar los firmes llamamientos a que la Comisión esté compuesta por un Comisario por cada Estado miembro, todos ellos con los mismos derechos. 
Celebro esas declaraciones, son chispas de esperanza y gestos prometedores. 
Espero que esas declaraciones sean sinceras y se extiendan a otros puntos de nuestra agenda: respeto al principio de la subsidiariedad, garantías expresas de respeto a la primacía del derecho constitucional nacional, transparencia en las actividades legislativas del Consejo, reconocimiento en el preámbulo de nuestras raíces cristianas, mantenimiento de una presidencia rotativa o búsqueda de una solución satisfactoria a los problemas causados por la inadecuada duración de cada mandato, eliminación de deslices terminológicos como «Ministro para Asuntos Exteriores» o «Constitución para Europa» , supresión o estricto racionamiento de las cláusulas de flexibilidad o para no engañar al sistema de revisión de los Tratados, etc. 
Cuanto más nos apartemos de los dictados de un Gabinete, aunque se llame a sí mismo Presidium, más éxito tendrá la CIG. 
La CIG fracasará únicamente si la inflexibilidad de algunos «peces gordos» les hace «pequeños» , les hace querer prescindir de equilibrios que son esenciales para la búsqueda generosa de la integración europea. 
Cuanto más respete y promueva la CIG el sagrado principio básico de la igualdad entre los Estados miembros, cuanto más atienda con prudencia y realismo a la opinión pública actual sobre la identidad nacional y la identidad europea, más apoyo conseguirá. 
Convendría recordar al Presidente francés que el resultado de su diplomacia, de su Presidencia europea, fue el propio Tratado de Niza. Eso puede ayudarle tanto a él como a otros a calmar los excesivos nervios que exhiben con tanta frecuencia. 
Niza es el Tratado vigente. 
Más que eso, es el Tratado que ni siquiera está todavía plenamente en vigor. 
Así pues, no hay ninguna prisa, ningún drama, ningún motivo para desesperarse o angustiarse. 
Niza es ese consenso alternativo que tantas personas invocan; es también, por ahora, el único consenso real, el Tratado que hemos preparado para enfrentarnos al principal reto que nos plantea el futuro: la ampliación. 
Así pues, no antepongamos el calendario al fondo de la cuestión. 
La reforma de los Tratados tiene que ser una buena reforma, una reforma duradera, una reforma que nos deje a todos tiempo para hablar y escuchar, para alcanzar verdaderos consensos, para conseguir y afianzar una unanimidad auténtica y duradera. 
No puede ser una reforma precipitada, condenada a fracasar ante la primera dificultad, como le está pasando ahora al texto de la Convención. 
Creemos que la Unión Europea no debe fallar. 
La Unión Europea no puede fallar. 
– Señor Presidente, acaban de publicarse los resultados de la Convención Europea en una serie de magníficos libros de tapas azules, pero son totalmente ilegibles. 
No hay glosario. 
¿Quién es responsable en el Consejo de enviar gruesos libros en todos los idiomas, sin glosarios que permitan localizar los puntos de particular interés? 
Como contribuyentes, pagamos miles de millones de euros a las numerosas oficinas de información de la UE que, sin embargo, utilizan el dinero para hacer propaganda en lugar de suministrar información seria. 
Es extraño que sea mi oficina, y no las instituciones, la que tenga que preparar ediciones de fácil lectura del proyecto de Constitución que los ciudadanos, incluidos los políticos, puedan entender. 
Hemos anotado muchas referencias cruzadas en los márgenes, para que no haya que saltar adelante y atrás para ver si es necesaria la unanimidad o la mayoría cualificada. 
Hemos subrayado todas las palabras clave para que el proyecto de Constitución pueda hojearse rápidamente, y hemos preparado un exhaustivo glosario por orden alfabético para que puedan buscarse palabras como «subsidiariedad» , «religión» y «defensa» y encontrar rápidamente los lugares en los que aparecen. 
Además, nuestro trabajo está disponible en Internet gratuitamente y en todos los idiomas. 
No toda la información está disponible en todos los idiomas, pero las partes más importantes se pueden descargar desde mi página web, cuya dirección es «bonde.com». 
Asimismo, hemos preparado unas mil definiciones que contienen vínculos relevantes con la página web «euabc.com» , y cualquiera puede descargarlos gratuitamente en su ordenador y pedir que los cambios futuros se le envíen de forma totalmente automática a través del correo electrónico. 
Esta es una tarea que debería haber realizado el Consejo. 
En su lugar, han incumplido un acuerdo alcanzado con nosotros en el Foro de la Democracia y han publicado el proyecto de Constitución sin adjuntar la declaración de minorías. 
Tenemos un acuerdo clarísimo con Giscard d ' Estaing y John Kerr. 
Hemos firmado el documento que describe el resultado general a cambio de que se publique la declaración de minorías, para que los ciudadanos europeos puedan elegir libremente entre las visiones de la mayoría y las minorías de Europa. 
Insto al Consejo a que garantice la publicación de la declaración de minorías junto con el proyecto de Constitución, y me complace poner a disposición del Consejo y de forma gratuita nuestras ediciones de fácil lectura. 
Resulta extraño que los que estamos en contra del proyecto de Constitución tengamos que pagar por su publicación para que también pueda leerse. 
– Señor Presidente, el Comisario Barnier ha presentado una situación desoladora y ha expresado la preocupación de la Comisión, que muchos comparten, por la forma en que se está llevando a cabo el trabajo. 
Nos ha dicho que no es culpa de la Comisión, que desde luego no es culpa de la Presidencia italiana, que tampoco es culpa de la Convención, y menos aún del Parlamento. 
Entonces me gustaría saber de quién es la culpa. 
¿De Estonia? 
¿De Polonia? 
¿Del Sr. Aznar, que prefiere el método de Niza al propuesto por la Convención? 
Comisario Barnier, ¿no somos todos un poco culpables de haber tratado este asunto con tan poca determinación que, por supuesto, una vez abiertas las puertas, una vez que se ha podido decir que la Convención ha hecho mal esto o aquello –empezando por la Comisión– y todos se han precipitado a seguir el ejemplo de la Comisión respecto a un texto que, con toda probabilidad, es el mínimo común denominador, existía el riesgo de que todos se precipitaran e intentaran cambiarlo para peor? 
Lo cierto es que perdimos nuestra oportunidad en Niza, perdimos nuestra oportunidad en Ámsterdam y, en mi opinión, perdimos nuestra oportunidad en Maastricht; perdimos la oportunidad –que el Parlamento pidió una vez y después se olvidó– de insistir en que primero teníamos que profundizar – ¿se acuerdan del famoso concepto de profundizar antes de ampliar? – y el debate de hoy demuestra que estamos lejos de alcanzar las intenciones expresadas al inicio de la Presidencia italiana, que el Parlamento aún expresaba en septiembre. 
Ahora me pregunto si, tal como están las cosas, no sería oportuno que la Presidencia italiana hiciera balance de la situación. 
Es cierto que ustedes han asumido una serie de compromisos, pero uno de ellos era proponer la moratoria a las Naciones Unidas y, sin embargo, ayer se nos dijo que esto no iba a hacer. 
Se comprometieron a concluir los seis meses con el compromiso sobre la Convención, pero la Presidencia italiana –Italia, un país fundador– tiene un deber consigo misma, con su historia. 
Si tuviéramos que terminar aprobando un texto debilitado, creo que lo menos que la Presidencia italiana debería hacer es evitar que el texto se convierta en un batiburrillo que perjudique más que beneficie a los intereses de la Unión. 
Puesto que así están las cosas, puesto que no tenemos un proyecto digno y potente capaz de soportar una gran resistencia, un proyecto federalista en la línea del que Altiero Spinelli propuso a esta Cámara hace 20 años, puesto que no tenemos una visión firme que nos inspire, no resulta sorprendente que todos se mantengan en sus trece sobre cuestiones secundarias. 
Los Radicales celebraremos una convención el 13 y 14 de noviembre de 2003 sobre este tema, con la esperanza de que, sobre la base de una reflexión en la que puedan participar muchos de nosotros, tanto aquí como en otros sitios, quizá podamos adoptar una posición en el sentido de que el Parlamento pueda rechazar el texto si las negociaciones van realmente mal. 
– Señor Presidente, Señorías, el trabajo de la Conferencia Intergubernamental hasta la fecha nos inquieta y preocupa. 
Imaginen la situación: una Convención que hace sonreír a la gente –o en todo caso, que no se la toma muy en serio– consigue, a pesar de todos los límites políticos y geográficos y de las más dispares instituciones de las que ha salido, elaborar un proyecto de constitución convincente y equilibrado sin tener que votar sobre nada, y ahora nos encontramos con que la Conferencia Intergubernamental rompe en pedazos ese mismo proyecto, y lo destruye sin dar la más mínima pista sobre la forma en que pretende alcanzar un resultado positivo. 
Resulta muy curioso que ninguna de las propuestas discutidas en la Conferencia Intergubernamental suponga un avance, sino que todas representan un retroceso comparadas con el proyecto de la Convención. La Conferencia Intergubernamental ha dado marcha atrás. 
Los Jefes de Estado o de Gobierno se han convertido en el guardafreno de la Unión Europea. 
¡Hemos regresado a Niza! 
De hecho, la declaración más sorprendente proviene de los Ministros de Hacienda. 
Simplemente quieren «gubernamentar» los poderes presupuestarios de este Parlamento. 
Quieren impedir que el Parlamento tome parte en las decisiones presupuestarias. 
¿En qué escuela aprendieron los fundamentos de la democracia? 
¿Acaso no saben que el sistema parlamentario constituye el pilar de la democracia y que los poderes presupuestarios del Parlamento constituyen el pilar del sistema parlamentario? 
No por el bien de los poderes de sus diputados, sino por el bien del control democrático que el Parlamento tiene que ejercer de forma clara. 
Con esta propuesta, los Ministros de Hacienda traicionan una concepción predemocrática del sistema parlamentario. 
A propósito, en esta Unión Europea los favores más costosos siempre se han otorgado en reuniones ministeriales a puerta cerrada, y no en el debate público sobre el presupuesto celebrado en este Parlamento. 
Por eso el Parlamento tiene que mantener sus poderes presupuestarios. 
Quiero explicar algunas expectativas que tenemos de la Conferencia Intergubernamental y dirigirlas a la Presidencia del Consejo, cuyo trabajo, que hasta la fecha ha sido ciertamente muy positivo, queremos apoyar. 
En primer lugar, esperamos que se alcance un acuerdo antes de finales de este año. 
Esto es técnicamente posible. 
No hay muchos artículos sobre los que debatir, solo algunas cuestiones institucionales clave. 
En segundo lugar, la Conferencia Intergubernamental tiene que dejar Niza atrás. 
Los Jefes de Estado o de Gobierno que llevaron a esta Unión por el oscuro camino de Niza tienen que volver a sacarla de allí. 
En tercer lugar, hay que lograr un equilibrio entre los intereses nacionales, que a veces resultan estrechos de miras pero que básicamente son legítimos y el bienestar de la Comunidad Europea; dicho de otro modo, los Jefes de Estado y de Gobierno no solo deben buscar el bienestar de sus Estados miembros, sino que también tienen que demostrar un sentido de la responsabilidad por la unificación de Europa, porque lo que el Consejo ideó en Niza no solo es injustificable en términos democráticos, sino también incomprensible para cualquier persona racional. 
Un nuevo Tratado tiene que ser de fácil comprensión; es la única manera de conseguir la transparencia y la proximidad a los ciudadanos por las que estamos luchando. 
– Señor Presidente, este Parlamento ha advertido una y otra vez del peligro de desenmarañar el Tratado bocadito a bocadito. 
Incluso advertimos a la Comisión de que no presentase sus propuestas, bastante razonables, dado que si uno empieza pegando un bocadito al proyecto de la Constitución, después vendrá otro y esa será la excusa para que alguien más llegue con otra propuesta, y así sucesivamente. 
En el último debate, advertimos contra la propuesta de los Gobiernos español y polaco de recuperar la fórmula de Niza para la votación en el Consejo, una propuesta bastante interesada, si se me permite decirlo. 
Ahora vemos que las cosas han ido más allá, cuando un consejo sectorial se despierta de repente –tras meses de negociaciones y discusiones sobre estos mismos temas, una vez que la Convención ha finalizado– y cuando queda poco para la CIG quiere entrar pisando fuerte y modificar el proyecto de Constitución. 
También quiere recuperar, no lo que ya está en el Tratado, sino algo peor que los Tratados actuales, con respecto a las competencias del Parlamento Europeo. 
Francamente, es inadmisible. 
Por otra parte, quiero plantear que, en muchos casos, los puntos que han señalado ni siquiera han sido aprobados por sus propios Gobiernos al comienzo de la CIG como cuestiones sobre las que desearían hablar en ese foro. 
Son puntos nuevos y, por lo tanto, tenemos el problema de que parecería que nuestros Gobiernos –al menos en algunos casos– están divididos con respecto a esta cuestión. 
En estas circunstancias, invitaría a la Presidencia a que rechace las exigencias de este consejo sectorial. 
Invito a todos mis colegas de esta Cámara a que digan a sus Gobiernos, cuando estén de vuelta a casa, que no tenemos ninguna duda en lo que respecta a estos temas. 
Les alentaría a que aportasen cierto sentido común a las posiciones de sus propios Gobiernos y a que recuperásemos la línea de negociación más prudente, que es la que parece que la mayoría de los Gobiernos –al menos los de los seis Estados miembros originales y del Reino Unido– van a tomar al comienzo de la CIG, para permitir que este proyecto de Constitución sea aprobado en su forma actual, aunque con algunos ajustes técnicos. 
Eso es a lo que deberíamos aspirar. 
– Señor Presidente, ni las celebraciones ni la palabra «constitución» pueden esconder la esencia antipopular del nuevo Tratado, que añade otro eslabón a la cadena que ata a los ciudadanos desde Maastricht, Ámsterdam y Niza. 
Un nuevo Tratado, que viene a salvaguardar la política antipopular, pro-monopolio e imperialista de la Unión Europea, que redistribuye el poder favoreciendo a los que ya son fuertes, que aumenta las desigualdades entre los Estados miembros, que institucionaliza el neoliberalismo y la subyugación al mercado, que complementa a los mecanismos represivos y promueve la militarización de la Unión Europea hasta el punto en que adopta la doctrina de una acción militar preventiva con la excusa del terrorismo. 
Las opiniones contrarias expuestas en la Conferencia Intergubernamental son secundarias, en el sentido de que nadie discute la militarización, la represión o la cesión de la soberanía. 
Los desacuerdos se ciñen a la forma exacta de redistribución del poder. 
Los ciudadanos no necesitan una Constitución europea. 
Casi ni siquiera necesitan una Unión Europea. 
Estamos seguros de que reaccionarán a través de referendos, allí donde se celebren, porque al pueblo griego nunca se le ha consultado ni se le consultará ahora, y en su lucha diaria. 
– Señor Presidente, comparto la opinión ya expresada por muchos colegas en esta Cámara. 
Quiero decir que durante la Convención, en la que tuve el honor de participar como suplente, respeté las posiciones de los representantes del Gobierno del Reino Unido, aunque no siempre estuve de acuerdo con ellas. 
Dejaron clara su posición, a veces adoptaron una postura impopular, pero en general se mantuvieron firmes y alcanzamos una conclusión y cerramos compromisos. 
A veces me habría gustado que hubiesen tomado una postura diferente, por ejemplo, una postura más firme en relación con los apartados sobre pesca en las partes I y III, reajustadas insatisfactoriamente. 
Como el ha señalado valientemente Sr. Corbett, si bien los Gobiernos podían haber manifestado reservas o presentado opiniones diferentes en cuestiones cruciales de la discusión en la Convención, no dijeron nada. 
Tanto el Sr. Duff como el Sr. Méndez de Vigo han señalado que estas cuestiones se debatieron ampliamente y no insuficientemente en la Convención. 
Ahora, de repente, en la cuestión central del presupuesto, el Consejo Ecofin y, mucho me temo, el Ministro de Hacienda británico, afirman que el conjunto de la propuesta de la Convención no tiene sentido y que hay que establecer un orden completamente nuevo. 
Sin duda, esta es la peor forma imaginable de hacer las cosas. 
Critico al Gobierno británico –no es el único Gobierno culpable–, pero todos deberíamos pedir a los Gobiernos implicados que se pongan de acuerdo para concluir esta cuestión de forma razonablemente rápida y sobre la base de la Convención. 
– Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en que los procedimientos de toma de decisiones en el seno de las instituciones de la UE han de racionalizarse para tener en cuenta a los diez nuevos países que se adherirán a la Unión el próximo mes de mayo. 
Tenemos que reformar la manera en que tomamos decisiones en una Comunidad Europea más amplia, pero también tenemos que garantizar la protección de los principales intereses nacionales en el contexto de la puesta en marcha de un nuevo Tratado de la Unión Europea. 
Por ejemplo, desde una perspectiva irlandesa, me preocupan una serie de cuestiones. 
En primer lugar, el mantenimiento del control nacional eficaz sobre la política fiscal es una cuestión a la que tanto el Gobierno irlandés como otros Gobiernos europeos siempre han concedido la máxima importancia. 
Las negociaciones llevadas a cabo en la cumbre de Niza respecto de esta cuestión garantizan la unanimidad para las decisiones sobre cuestiones fiscales en el ámbito europeo. 
Creo que los Gobiernos nacionales y las autoridades locales controlan mejor las cuestiones fiscales que una Unión Europea centralizada. 
En segundo lugar, aunque se refuerza la eficacia de la lucha contra la delincuencia transfronteriza, me preocupa la propuesta de extender el voto por mayoría cualificada a cuestiones relativas al derecho penal. 
Creo que se trata de una propuesta ineficaz porque no tiene en cuenta las diferentes tradiciones jurídicas de los diferentes Estados miembros. 
En tercer lugar, en el ámbito de la seguridad y la defensa, es importante no imponer a Irlanda nuevas obligaciones que amenacen nuestra política tradicional de neutralidad militar. 
El Gobierno irlandés y otros Gobiernos de la UE tienen que ser discretos en el ámbito nacional sobre su participación en cualquier operación militar futura. 
Por último, pido encarecidamente que los Estados miembros más pequeños mantengan el derecho de nombrar un miembro para la Comisión Europea. 
– Señor Presidente, el Presidente en ejercicio del Consejo ha comenzado su discurso diciendo que la CIG no puede debilitar las propuestas de la Convención, porque se han alcanzado por un método democrático. 
No entiendo de qué clase de democracia se trata, porque la Convención no tenía un mandato democrático para redactar una Constitución, no era representativa de la opinión pública y, además, no celebró ninguna votación. 
Debe tratarse de una nueva clase de democracia servida con una salsa europea. 
De hecho, las últimas reuniones de la CIG han demostrado que algunas delegaciones nacionales están comenzando a hacerse preguntas legítimas. 
En primer lugar, la extensión de la votación por mayoría a cuestiones esenciales como el control de las fronteras, la fiscalidad, las perspectivas financieras, el derecho penal y los servicios de interés económico general no debería ser posible, o por lo menos que lo fuera solo a cambio de una red de seguridad, por ejemplo un derecho de veto para cada democracia nacional, ejercido por su Parlamento nacional o por referendo. 
Me refiero a un derecho de veto practicable, y no a un derecho desproporcionado, como el derecho de secesión, que obviamente no es factible en los debates habituales de la Unión. 
Tampoco podemos permitir, tal como están planteadas, las cláusulas puente que permiten transformar procedimientos que exigen una decisión unánime en procedimientos que exijan una decisión mayoritaria sin pasar por una revisión oficial; dicho de otro modo, sin necesidad de pedir una ratificación solemne en el ámbito nacional. 
Este tipo de disposición está hecha a la medida para fomentar la introducción de una Europa gobernada por supuestas elites que engordan a costa de las naciones. 
Si se aprueban estas cláusulas puente –y hay muchas en el proyecto de la Convención–, la próxima revisión de los Tratados sería probablemente la última. 
Después de esto, solo sería necesaria la opinión del Consejo Europeo, y no la opinión de las naciones. 
Es verdaderamente inadmisible. 
– Señor Presidente, la Conferencia Intergubernamental no ha sido solo un foro para aprobar oficialmente la Convención, como temían los Gobiernos al principio y esperaba el Parlamento, y esta CIG parece haberse convertido en una verdadera CIG. 
Sin embargo, es importante que las ideas fundamentales de la Convención no se rechacen durante el trabajo de la CIG. 
Lo más importante de la CIG son los buenos resultados y no el cumplimiento del calendario. 
En este momento es evidente que existen problemas prácticos con el calendario. 
La CIG solo dispone de unas cinco semanas más y las cosas no han avanzado a la velocidad prevista. 
Las cuestiones en las que se ha alcanzado un consenso son versiones inferiores de las propuestas equilibradas presentadas por la Convención. 
Me refiero, por ejemplo, a la supresión del Consejo Legislativo. 
La propuesta de la Convención respecto de la ponderación de votos tiene que mantenerse. 
En mi opinión, se trata de un compromiso justo tanto para los países grandes como para los pequeños. 
Es necesario abandonar el complicado sistema de ponderación de votos establecido por el Tratado de Niza para no bloquear la toma de decisiones en la UE. 
Tenemos que recordar que en la Convención se hicieron concesiones a los Estados miembros que son grandes en número de habitantes y se acordó que una decisión necesitaría el apoyo de tres quintos de los ciudadanos de la UE. 
Pero al mismo tiempo se garantizaba que algunos Estados miembros grandes, como el bloque mediterráneo, no podrían alcanzar la minoría cualificada necesaria para bloquear decisiones con la formación de alianzas. 
Es imperativo que se rechacen las propuestas de España y Polonia, porque alteran el equilibrio de poder entre los Gobiernos de los Estados miembros. 
Si se tiene que llegar a un compromiso sobre la propuesta de la Convención, debe hacerse de otra manera, es decir con el modelo 50-50 que exige el apoyo de la mitad de los Estados miembros y la mitad de la población para apoyar una decisión. 
En el futuro es probable que cada Estado miembro disponga de su propio Comisario con derecho de voto. 
Se han exagerado mucho las imágenes y teorías terribles sobre una Comisión demasiado grande y bloqueada y unos Comisarios ociosos. 
Estoy segura de que podemos encontrar ámbitos de trabajo útiles para los 25 Comisarios. 
Además, la organización racional del trabajo y la jerarquización de diferentes rangos basada en un sistema rotativo organizado de forma justa influirá en la manera de hacer las cosas en la práctica, si es necesario. 
. – Señor Presidente, el Sr. Méndez de Vigo me telefoneó la semana pasada para informarme de las propuestas del Ecofin, y el Sr. Hänsch acudió a nuestra comisión el pasado lunes. 
En ambas ocasiones, me quedé mudo de asombro por lo que me dijeron. 
No puedo creer que el Consejo asuma las propuestas del Ecofin en el ámbito presupuestario. 
Como británico, puedo decir que, en la cuestión de los recursos propios, entiendo por qué lo hace. 
Otra cuestión es que tenga o no razón. 
Respecto de las otras dos cuestiones de las perspectivas financieras y el procedimiento presupuestario, realmente ha ido demasiado lejos. 
Semejante actuación neutralizaría a este Parlamento. 
No necesitaríamos una Comisión de Presupuestos si estas cuestiones se acordaran en la CIG. 
Sinceramente, sería como si nos castraran con unas tijeras oxidadas. 
No necesitamos este tipo de «dominación» por parte del Consejo. 
El Parlamento ha hecho un gran esfuerzo por intentar alcanzar un acuerdo en la Convención, y el Consejo también afirma haber hecho lo mismo. 
Pero lo que hemos hecho es aceptar las perspectivas financieras consagradas en el Tratado. 
En este momento, si rompemos el Acuerdo Interinstitucional, volvemos al Tratado, que da mucho más poder y autoridad al Parlamento. 
Hemos sacrificado esto para alcanzar un acuerdo, porque es un enfoque más cooperativo y significa que trabajamos junto en colaboración. 
Sin embargo, el Consejo no coopera, sino que coacciona. 
No podemos permitir que continúe haciéndolo y tenemos que esforzarnos por prevenirlo. 
– Señor Presidente, permítame decir ante todo que, como ciudadano del Estado español, me opongo rotundamente a todas las posiciones adoptadas por el Sr. José María Aznar en la votación del Consejo. 
En segundo lugar, permítame mencionar tres problemas concretos. Su resolución ayudará a mejorar el texto del Proyecto de Constitución, destacando aspectos importantes de carácter político, cultural e institucional de la Unión, sin por ello alterar la orientación básica de la labor de la Convención. 
El primer problema es la necesidad de restablecer explícitamente las circunstancias reales de nuestros pueblos en la definición de la Unión, definiéndola como una unión de Estados, pueblos y ciudadanos. 
Al final del texto del proyecto se menciona el destino y el bienestar de los pueblos de Europa como objetivos de la Unión Europea. 
El segundo problema es el reconocimiento en la Constitución de la existencia dentro de la Unión de nacionalidades constitucionales, Estados federados, etc., con competencias ejecutivas y legislativas: de hecho, poderes de Estado. 
El tercer problema es afirmar de forma clara y precisa que la Unión es una unión social. 
En cualquier caso, espero que la Constitución de la Unión llegue a reconocer algún día a las naciones de Europa sin Estado, como Galicia, Escocia y otras, para que no se vean forzadas a luchar para reivindicar sus propios Estados, siendo esta para ellas la única forma práctica de estar representadas como naciones en la Unión Europea. 
– Señor Presidente, el proyecto de Constitución contempla acertadamente la constitucionalización del proceso de Lisboa, y fue realmente un logro de este Parlamento Europeo intentar y dar a la Unión Europea un perfil que combina la reforma económica, el crecimiento, el pleno empleo y la cohesión social, y los valores subyacentes del proyecto del Tratado también son una prueba de este objetivo. 
Sin embargo, lamentablemente, los instrumentos para alcanzar estos objetivos de la Unión Europea son muy débiles. 
Se menciona la coordinación, y con razón, pero precisamente debido a que la nuestra no es únicamente una unión monetaria, sino también una unión económica y una unión política, no nos hemos detenido a reflexionar suficientemente sobre la necesidad de tener en cuenta no solo la interdependencia de las economías nacionales, sino también las circunstancias sociales de nuestros ciudadanos. 
Lamento mucho que no hallemos gran cosa, en todos estos ámbitos, sobre la forma en que hay que dar legitimidad democrática a las decisiones políticas o que aborde esta cuestión con carácter prioritario. 
Esto constituye en sí mismo una especie de fracaso del tratado de la Convención. 
Pero cuando oigo que los Ministros de Hacienda llaman a la Conferencia Intergubernamental a que haga incluso menos de lo que prevé el proyecto, se trata de un paso atrás que esta Asamblea no puede permitir. 
Y hay algo más que no tenemos que permitir. 
El Parlamento Europeo está dispuesto a aceptar que no tenga que dar necesariamente su opinión sobre cada innovación tecnológica en ámbitos incluidos en el procedimiento de codecisión, y está dispuesto a permitir que haya legislación secundaria, pero solo a condición de que en esta Unión los comités de expertos no puedan ocultar y cambiarlo todo a puerta cerrada, y por esta razón hay que incluir también el artículo 35 entero en el Tratado Constitucional que resulte de la Conferencia Intergubernamental. 
Esto también forma parte de la democratización de la política económica y monetaria. 
– Señor Comisario, permítame situar sus comentarios en un contexto menos formal que este. Nos ha dicho usted que no es necesario pedir al pavo que se prepare para la Navidad, y esto es justo lo que estamos haciendo. 
La CIG ha alcanzado los límites de sus competencias. 
Para este Parlamento, lo que en estos momentos es esencial es mantener el equilibrio logrado en la Convención. 
Prefiero la palabra «equilibrio» que «compromiso». 
A mí me parece que existe un espíritu de la Convención, un espíritu europeo que reina sobre este CIG, y espero que este espíritu nos permita identificar la fase de escucha por la que pasamos ahora como la fase que nos permita confirmar que, si todos perseveramos en nuestros argumentos individuales hasta su conclusión lógica, nuestro proceso de toma de decisiones colectivo llegará a un punto muerto. 
Si esto fuera así, y si esta fase de escucha simplemente está ahí para que todos podamos defender nuestros argumentos hasta su conclusión lógica y así confirmar que estamos llegando a un punto muerto, entonces todavía hay esperanzas para nosotros. 
Por otro lado, me temo que si no logramos dar este paso, corremos el riesgo de retroceder. 
Como bien saben, en mi país el debate está subiendo de tono. 
En mi partido, algunas personas ya han decidido decir que sí, mientras que otras ya han decidido decir que no, y otras prefieren esperar y ver qué ocurre. 
En última instancia podría producirse un cambio de posición, no solo con respecto al texto de la Convención, sino también respecto al Tratado de Niza, en lo relativo al voto por mayoría cualificada, las competencias del Parlamento en asuntos presupuestarios o la introducción de un umbral del 66% de la población como definición de la mayoría cualificada. 
Francamente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, lo que queremos es que esta CIG se concentre en los asuntos que realmente están en el orden del día, y estos temas, tal como el Sr. Napolitano nos ha recordado, son los temas que la Convención no ha tratado, es decir, la cuarta parte. 
Sobre este punto, me da mucho miedo el. 
Parece ser que existe un cierto grado de audacia, y precisamente esta radica en el equilibrio de la Convención propuesta. Esta audacia consiste en utilizar la cláusula pasarela como cláusula de revisión. 
Lo que yo propondría a ambos es que estudien la opción de introducir un tercer párrafo en el apartado 3 del artículo IV-7, que se redactaría –al menos en espíritu, si bien la forma jurídica tendría que confirmarse– de este modo: «El Consejo Europeo, por iniciativa propia o a petición del Parlamento Europeo, podrá decidir por unanimidad autorizar a la Conferencia Intergubernamental a adoptar las enmiendas al Tratado, estableciendo la Constitución por mayoría supercualificada y prever su ratificación en las mismas condiciones». 
– Señor Presidente, la Conferencia Intergubernamental está demoliendo el éxito de la Convención. 
Casi era de esperar que esto sucediera, ya que este método basado en los egoísmos nacionales y sectoriales es en realidad bastante distinto de la labor de la Convención, que ha intentado captar el interés europeo. 
Es muy sorprendente que ahora los Gobiernos empiecen a atacar al Parlamento Europeo y sus derechos. 
La pérdida del consejo legislativo supone para este Parlamento la pérdida de un socio en la tarea de legislar. 
Debido a ello, la tarea legislativa va a resultar debilitada. 
La reducción de las competencias presupuestarias de este Parlamento es un ataque a la mismísima legitimidad de los Parlamentos. 
Los Parlamentos se crearon para ejercer el control democrático de las finanzas públicas, y todo aquel que cuestione estos derechos, los derechos presupuestarios del Parlamento Europeo, está atacando a la democracia en la Unión Europea, y no solo el Parlamento Europeo, sino también todos nuestros colegas de los Parlamentos nacionales tienen que manifestarse en contra de ello. 
En realidad, los consejos sectoriales no desempeñan ningún papel en la Conferencia Intergubernamental, y el intento del Consejo Ecofin está dirigido no solo contra la Convención, sino también contra la cumbre de Salónica. 
En Salónica se dijo que son los jefes de Estado o de Gobierno y los Ministros de Asuntos Exteriores quienes negocian, no los consejos sectoriales, y lo único que puedo hacer es apelar a la Presidencia italiana a resistir esos intentos. 
No deben permitirlo y tienen que prestar más atención a los consejos sectoriales que la que prestan a las propuestas políticas de los servicios jurídicos. 
Propuestas técnicas, sí, pero veo que aquí se presentan propuestas políticas, incluso en el ámbito de la política de defensa, como por ejemplo para descartar la cláusula de asistencia mutua, para descartar la cooperación estructurada. 
Todo esto es un cambio sustancial. 
La Convención creó un buen clima. La Conferencia Intergubernamental está generando un mal ambiente y podemos prescindir de ello en un año tan importante como 2004. 
– Señor Presidente, Comisario, Señorías, solo en un tono irónico o con sentido del humor –pues, tal como dijo Rabelais, lo que distingue al ser humano es su capacidad de reír– podemos hablar de progresos en el trabajo de la Conferencia Intergubernamental. 
Sería más acertado hablar de pasos atrás que de progreso. 
Sin embargo, el fracaso de la Conferencia Intergubernamental en dar a la Unión Europea una Constitución que haga honor a su nombre sería, con toda seguridad, una gran decepción para los ciudadanos de Europa, que se sentirían claramente defraudados. 
De hecho, la abrumadora mayoría de europeos han aceptado la idea de la Constitución por su importancia simbólica y por su capacidad de movilizar a los ciudadanos. 
Sin embargo, la Constitución está al caer y es muy posible que se apruebe el 5 de diciembre y se firme en Roma, la Ciudad Eterna. 
Todo lo que los Estados miembros deben hacer es aceptar el proyecto que salió a la luz en la Convención y renunciar a la idea perjudicial de volver a redactarla o de echarla por tierra. 
Algunos Estados parecen realmente querer ser negativos acerca de Europa; países que están obsesionados con el hecho de que son grandes o, a la inversa, que son pequeños. 
Algunos países solo reclaman derechos y no mencionan las obligaciones, y otros están más preocupados en crear minorías de bloqueo que mayorías funcionales. 
Si esto es así y si prevalece el interés nacional egoísta, ¿cuál será la suerte del espíritu europeo y del idealismo histórico asociado a la integración europea? 
Esto sonará como su toque de difuntos y los hundirá para siempre. 
Yo, como muchos ciudadanos europeos, también quiero tener una Constitución que sea más federal, más social y que abarque una auténtica política exterior y de defensa común. Por lo tanto, hay que legitimar esta Constitución, tal como se merece un texto constitucional, por los ciudadanos, a través de un referendo. 
Sin embargo, acepto y apoyo el texto actual, que supone un avance enorme, tanto en la forma como en el contenido, y que anuncia una nueva era de constitucionalismo europeo. 
Por lo tanto, digo: «¡Viva la Constitución! ». 
. 
Señor Presidente, quisiera empezar agradeciendo a todos los diputados que han hablado por su valiosa aportación al proceso de redacción del nuevo Tratado Constitucional. 
Es bastante evidente que estas contribuciones, por críticas que sean, solo pueden ayudarnos en nuestra tarea a quienes presidimos, como Presidencia en ejercicio, la labor de la Conferencia Intergubernamental. 
Sin embargo, quisiera intentar tranquilizarles sobre lo que parece ser un escollo, lo que parecen ser problemas entre el CIG y el Parlamento Europeo. 
No intento decir que no hay problemas –he destacado algunos en mi intervención inicial–, pero tenemos también que entender que, en esta fase del debate en la CIG, los países están intentado, necesariamente, aferrarse a determinadas posiciones en las negociaciones, entre otras cosas por razones estratégicas. 
Para ser franco, creo que cada uno de nosotros conoce, y tenemos alguna que otra experiencia en negociaciones, que este tira y afloja, típico en las negociaciones, significa que las posiciones pueden, a menudo, parecer estar bastante alejadas hasta el último momento. 
Estoy seguro de que incluso los diputados al Parlamento Europeo que asisten a la CIG pueden confirmar que todos han manifestado la intención en la CIG al menos de encontrar una solución que cumpla los plazos establecidos por el Consejo Europeo de Salónica, lo que permitirá que se firme el nuevo Tratado Constitucional antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, y todos quieren realmente que no sea una solución descafeinada. 
En este sentido, puedo confirmar el compromiso de la Presidencia italiana de asegurar que no se desarrollen realmente situaciones que pudieran conducir al final a un resultado insatisfactorio. 
Asimismo, en el proceso democrático que, aunque cuestionable –en el sentido de que muchos lo cuestionaron– se someterá a escrutinio, ya que, como todos sabemos, el producto final de la Conferencia Intergubernamental será evaluado por los Parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo y, en algunos casos, incluso por los ciudadanos en referendos, esta será la evaluación definitiva y real de la labor de la CIG. 
Por lo tanto, pronosticar un fracaso en esta etapa, diciendo que no se avanza y que las cosas están prácticamente paralizadas, sería tan inexacto como, para ser franco, muy poco útil. 
Sería erróneo por los motivos que acabo de exponer: este es un momento de maniobras estratégicas que hay que ver como tales y, creo, que no han de verse bajo otro prisma, por la sencilla razón de que la idea no es resolver un punto cada vez, ya que entonces podríamos decir a cada paso: «Esto se ha debatido y ha quedado resuelto» ; la idea es entender que, cuando uno está embarcado en una empresa tan compleja, únicamente podemos mirar el cuadro en su conjunto y, por lo tanto, al final de los debates, podremos equilibrar la propuesta que vamos a presentar como Presidentes en ejercicio, que espero sea aceptada lo más ampliamente y en la mayor medida posible. 
Muy brevemente, quiero centrarme en una serie de puntos, aquellos que han merecido mayor atención, ya que, naturalmente, no dispongo de tiempo para responder a todos. 
En lo que respecta al Consejo Legislativo, que es una de las cuestiones que los oradores han planteado con mayor frecuencia, como Presidentes en ejercicio, a petición del Parlamento Europeo, con el compromiso dado por el Sr. Frattini, tal como señaló el Sr. Napolitano, en la audiencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, informamos de ello en la reunión inicial de Roma el 4 de octubre, y volvimos a proponerlo en la última reunión de la CIG de Ministros de Asuntos Exteriores a pesar de que habíamos detectado que existía una oposición política clara y extendida. 
No tuvimos éxito, pero hemos mantenido el debate abierto sobre este asunto, teniendo en cuenta que la labor de la Convención, por un lado, y las exigencias del Parlamento Europeo, por otro, son suficientes para que este asunto ocupe un lugar en la propuesta final. 
Es un compromiso que el Sr. Frattini contrajo justo al final de los debates de la última reunión de la Conferencia Intergubernamental. 
En cuanto a los procedimientos para la revisión del Tratado Constitucional –punto que la Convención no abordó–, las personas que han participado en la CIG saben muy bien que la Presidencia italiana también ha propuesto abrir un debate sobre esta cuestión, que, también en este caso, hay momentos en que llevar a cabo el trabajo es una tarea difícil, tanto en lo que se refiere a la forma –debido a que el punto a tratar no estaba incluido en el orden del día– como al contenido, ya que se ha puesto en marcha un análisis en profundidad que no es poca cosa: abre un debate sobre si aquello en lo que estamos trabajando es realmente una Constitución. 
Algunos países han empezado a decir que, si es una Constitución, entonces se trata de algo totalmente diferente y que no han dado nunca a nadie autorización para debatir una Constitución. 
Por lo tanto, entenderán ustedes que todo esto no es exactamente un proceso de los más sencillos que hay que pilotar, pero el Sr. Frattini, que preside la labor de la CIG, ha mantenido también abierto el debate sobre esta cuestión, diciendo que espera que pueda haber una reflexión sobre el asunto con carácter general en un intento de entender que cuanto más efectivo sea el proceso que empleemos para hallar una solución, más fácil será modificar los acuerdos firmados cuando llegue el momento. 
También nos hemos comprometido a volver sobre este asunto. 
Por último, respecto al tema que han dicho ustedes que debe constituir una prioridad, que sin duda es sumamente importante, la contribución del Ecofin, únicamente puedo reiterar lo que ha dicho el Sr. Frattini, en el sentido de que la Presidencia italiana no acepta ningún tipo de propuesta presentada por ninguna configuración del Consejo, ni siquiera del Ecofin. 
No acepta este tipo de propuestas porque son inaceptables en lo esencial y, por lo tanto, respaldo a todos los diputados que han admitido que son inaceptables sobre la base de que hemos defendido plenamente este principio. 
Naturalmente, en este sentido, si tal como ocurrió en el contexto del debate de la Convención alguien propone puntos que según la también se han debatido en el Ecofin, estamos obligados a abordarlos y debatirlos. 
Sin embargo, les puedo asegurar que, en lo que se refiere a la Presidencia italiana, tenemos la intención expresa de garantizar los derechos de los Parlamentos y no solo del Parlamento Europeo, sino de los Parlamentos en general. 
Estamos hablando de la nueva Constitución o Tratado Constitucional –llámenlo como quieran, pero este es el espíritu con el que presidimos los debates de la Conferencia Intergubernamental– y está muy claro que, si falta o incluso si se reduce el papel que desempeñan el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, no solo no haremos ningún favor al futuro Tratado Constitucional, sino que también perjudicaremos a los ciudadanos de Europa. 
Por consiguiente, sobre esto creo que puedo comprometerme, en nombre de la Presidencia italiana, a esforzarnos por garantizar los derechos que creemos han de defenderse a toda costa, y a la vez tener en cuenta los deseos de los demás. 
. El debate queda cerrado. 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0312/2003) de la Sra. Sanders-ten Holte, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la cooperación de la Comunidad con los países de Asia y América Latina y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2258/96 (COM (2002) 340- C5-0368/2002 2002/0139 (COD) ). 
. – En algunas partes del mundo, a veces se olvida que esta Asamblea es un órgano colegislador. 
El Reglamento ALA vigente se adoptó hace diez años como Reglamento para los países de Asia y América Latina. 
Desde entonces, si bien el Parlamento ha exigido expresamente dos Reglamentos separados para dos regiones muy diferentes, la Comisión ha vuelto a presentar una propuesta mediante la cual quiere actualizar el Reglamento vigente y pretende, al mismo tiempo, incorporar el Reglamento sobre la ayuda a poblaciones desarraigadas, que expirará a finales del año que viene. 
Hay quien pensará que esta resolución parlamentaria no ha existido jamás. 
Por lo tanto, la Comisión de Desarrollo y Cooperación propone, a través de enmiendas, dividir el Reglamento en dos Reglamentos separados y, como ponente, quiero transmitirles su mensaje. 
Huelga decir, aunque deberá producirse una amplia consulta con el Consejo sobre este asunto, que todo el mundo tiene claro que hay que hacer una distinción. 
Ahora quisiera centrarme en el contenido. 
La Comisión quiere un «marco legislativo ligero» para sus actuaciones en el ámbito de la cooperación para el desarrollo en las dos regiones. 
En este caso, se ha convertido de hecho en un marco realmente muy ligero. 
Tal como establecían los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el objetivo principal de la cooperación para el desarrollo es la lucha contra la pobreza y su erradicación definitiva. 
No logro encontrar esto claramente expresado en la propuesta de la Comisión, que tampoco incluye otros objetivos, como la educación, la asistencia sanitaria, el medio ambiente y la democratización. 
Por lo tanto, mi primera propuesta es reservar el 35% del gasto a infraestructura social, cosa que hemos incluido regularmente en el presupuesto desde 2001. 
Al menos un 20% de este importe debería gastarse en asistencia y enseñanza primarias, ya que hasta la fecha estos Objetivos del Milenio se han visto muy postergados. 
En segundo lugar, la educación, en particular, es un instrumento muy importante en la lucha contra la pobreza. 
Todos tienen derecho a recibirla y deben tener acceso a todas las formas de educación, independientemente de su origen, género o edad. 
Un número de pobres desproporcionadamente grande de los países en vías de desarrollo son mujeres, pero a menudo son esas mismas personas a quienes se niega este derecho. 
Son las porteadoras de agua. Por lo tanto, voy a exigir enérgicamente la integración de la cuestión de género, e incluso que se preste una mayor atención a las mujeres y a las niñas, no solo en educación y atención sanitaria, sino también en las esferas sociales, económicas y, en especial, en las políticas. 
Como miembros de pleno derecho de la sociedad, han de poder desempeñar un papel en su funcionamiento. 
Otro punto importante es el de la participación. 
El fracaso de las negociaciones de la OMC en Cancún vuelve a subrayar claramente que los países en vías de desarrollo exigen la plena participación. 
No la tienen, ni a nivel gubernamental ni en los niveles inferiores. 
Por lo tanto, es sumamente importante que se consulte a todas las partes interesadas en la redacción de los documentos estratégicos, los programas indicativos anuales y los planes de acción anuales para la cooperación para el desarrollo. Con esto no solo me refiero a los órganos del Gobierno a nivel local, regional y nacional, sino también los parlamentarios de estos países, las ONG, el sector privado, así como todos los demás actores que participan en la sociedad civil. 
Conocen sus propias necesidades como ningún otro y, por lo tanto, pueden dar una indicación clara de aquello que es necesario. 
Esto también fue una petición clave que nos hicieron personas de esos ámbitos. 
Solo así se puede establecer una forma de implicación de los diferentes ámbitos de la política y acciones de cooperación para el desarrollo para las personas en cada nivel. 
Es importante que esta Asamblea participe, tanto ahora como en el futuro, como colegislador de la política de desarrollo europea. 
Por consiguiente, la Comisión ha de presentar ante el Parlamento los documentos estratégicos a los que me he referido. 
A mí me parece evidente que, en este contexto, no solo se tiene que dar una descripción de las prioridades sectoriales e intersectoriales, así como los objetivos específicos, sino también de los resultados previstos a partir de indicadores de rendimiento adecuados. 
Como neerlandesa y liberal, concedo un gran valor al gasto útil y efectivo del dinero de los contribuyentes. 
Esto solo se puede comprobar si se establecen indicadores claros y objetivos. 
Por último, quisiera subrayar aquí una vez más que la cooperación de la Unión Europea con Asia y América Latina exige un marco legislativo moderno, en el que tanto la lucha contra la pobreza como contra la desigualdad tengan su propia dinámica. 
Quisiera agradecer calurosamente a mis colegas parlamentarios su cooperación. 
Hemos mantenido debates excelentes y, aunque no siempre han desembocado en un acuerdo, creo que el debate sobre este tema ha de considerarse que ha tenido un valor excepcional a la luz de nuestro objetivo común. 
. – Señor Presidente, la Comisión ha presentado una propuesta de un Reglamento sobre la cooperación con los países de Asia y América Latina. La duración es indefinida, aunque el Marco Financiero está definido para el período 2003-2006. 
Esta propuesta prevé un aumento general de la cooperación con estas regiones y hace hincapié en las normas y procedimientos comunes a seguir, como pueden ser la aplicación de procedimientos y procesos de toma de decisiones. 
Se trata de un texto que da a la Comisión un alto grado de flexibilidad, ya que no contiene directrices políticas ni operativas. 
En cuanto a los fondos disponibles, la Comisión sugiere un marco financiero para 2003 a 2006, que se dividiría a razón de un 60% para Asia y un 40% para América Latina, y que asciende a un total de 3 793 millones de euros. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos, he presentado algunas enmiendas que creo que son fundamentales. 
A pesar de que la rúbrica IV «Política Exterior y Desarrollo» del presupuesto se enfrenta a limitaciones financieras, creo que las sumas que la Comisión ha propuesto son compatibles con el límite financiero. 
Sin embargo, quiero insistir en la necesidad de mejorar la aplicación de la cooperación, en concreto al traducir las asignaciones prometidas en pagos efectivos para estas regiones. 
Para estas dos regiones, el problema de los compromisos pendientes (RAL) asciende a 3 450 millones de euros. 
También he propuesto redondear el importe total a 3 800 millones de euros para tener en cuenta que el presupuesto 2003 se aprobó, entretanto, en un nivel superior que el que había propuesto la Comisión. 
Por último, he sugerido que, desde el punto de vista presupuestario, sería preferible no introducir sublímites para las dos regiones, ya que esto limita la flexibilidad. En vez de ello, el Reglamento ha de tener un marco financiero general. 
Por lo tanto, es crucial que la Unión Europea contribuya a erradicar la pobreza, fomente el desarrollo sostenible y asegure el respeto de los derechos humanos, los derechos de las minorías y los derechos de los indígenas, y contribuya a la democracia, la gobernanza y a la lucha contra las desigualdades. 
También quiero manifestar que la Comisión de Presupuestos ha votado a favor de la creación de un fondo de solidaridad para esta región, que, creo, será una iniciativa extremadamente positiva. 
Señor Presidente, las normas que regulan la cooperación de la Unión con los países de Asia y América Latina datan de hace diez años. 
En diez años se han producido algunos cambios en el mundo. 
En Asia, algunos países han avanzado en la consolidación de sus democracias y han experimentado un impulso en su desarrollo. 
Por desgracia, en otros de estos países asiáticos, la situación ha empeorado en todos los órdenes de la actividad política, económica y social. 
En América Latina, después de una década de avance democrático, la de los 80, y otra de reformas económicas, las sociedades de todos los países, con alguna señalada excepción, viven una profunda crisis económica y social. 
En ambas regiones el combate contra la pobreza no solo no ha logrado éxitos destacables, sino que más bien, al contrario, en Bangladesh y en Haití, en Afganistán y en Bolivia la pobreza engulle cada vez a más segmentos sociales. 
En algunas ciudades ya trágicamente conocidas por su precariedad, como Calcuta, no hay espacio para el optimismo, pero en otras, como en Tucumán, nada menos que en la Argentina, la pobreza y el hambre- hambre crónica en la población infantil- son hechos nuevos desconocidos hasta ahora. 
Por tanto, creemos que es oportuna, y lo celebramos, la propuesta que la Comisión nos hace con este Reglamento que modifica y actualiza los hasta ahora vigentes. 
Este Parlamento, en el párrafo 61 de su Resolución de 15 de noviembre de 2001 se pronunció en favor de una división de la propuesta inicial de la Comisión, una aplicable a Asia y otra para América Latina. 
Esta es la única objeción que expresamos ante la propuesta que hoy debatimos, que no es ciertamente una objeción menor, pero quiero destacar que en el fondo de la cuestión compartimos y apoyamos la propuesta de la Comisión. 
Compartimos los objetivos que recogen nuestro compromiso con la lucha para la erradicación de la pobreza, no solo en términos de financiación y cofinanciación de proyectos para estimular el desarrollo, sino centrando la prioridad en la educación, en la sanidad y en el fortalecimiento de la sociedad civil para el fortalecimiento de la democracia, de la transparencia y del buen gobierno, sin el cual ni la democracia se fortalece ni el desarrollo deseable alcanza sus objetivos. 
Compartimos el marco financiero, el creciente protagonismo que se atribuye a los países receptores de nuestra cooperación, así como los pasos que se dan en el proceso de desvinculación de la ayuda en la dirección apuntada por los reglamentos recientemente aprobados. 
Todo esto es lo que pretendemos conseguir con nuestras enmiendas. 
Discrepamos en una cuestión formal a la que nosotros no podemos renunciar por coherencia con nuestra filosofía y con nuestra concepción de una política europea para áreas tan prioritarias para nosotros como Asia y América Latina. 
No es, Sr. Patten, una cuestión de prestigio político, ni de dar prioridad a una región sobre otra, como frívolamente ha llegado a decir un colega nuestro en estas últimas horas. 
A lo largo de estos largos meses de tramitación parlamentaria hemos dialogado con miembros de numerosos Gobiernos concernidos, con sus embajadores aquí en Bruselas, y con muchas, con muchas ONG que trabajan tanto en Asia como en América Latina. 
Todos, repito, todos, sin excepción, sin una sola excepción, nos han manifestado que prefieren dos reglamentos: uno para Asia y otro para América Latina. 
Si decimos, y la Comisión dice también, que quiere adoptar el principio de coparticipación en nuestra cooperación desde el momento en que se establecen los programas y no solo en la fase de gestión y ejecución de un proyecto, no parece coherente hacer ahora lo contrario. 
Hoy, mañana al votar, puede iniciarse un procedimiento de codecisión en el que el Parlamento ni quiere ni puede renunciar a sus prerrogativas y en el que entendemos que existe un margen para la negociación con el Consejo. 
Termino felicitando a la ponente, mi colega y amiga la Sra. Sanders-ten Holte, que ha trabajado muy bien, que lo ha intentado todo, que lo ha hecho muy bien y le agradezco a usted, Sr. Patten, su disposición para el diálogo en el que espero poder seguir avanzando en los próximos meses. 
Señor Presidente, Señor Comisario, cuando en 1988 el Parlamento Europeo, actuando como autoridad presupuestaria, consiguió que los fondos destinados a la cooperación con América Latina y Asia se asignaran a líneas presupuestarias diferentes, se produjo un paso decisivo en la regionalización de las relaciones exteriores comunitarias; orientación que se ha ido consolidando como la más acorde con la idea de especificidad y funcionalidad que rige la política comunitaria y como la más eficaz en términos de desarrollo. 
Ahora, en el ejercicio de sus competencias legislativas, le toca a este Parlamento pronunciarse sobre la modificación del Reglamento ALA que cubre la cooperación con ambas regiones conjuntamente. 
Coherentes con esta trayectoria, de la que es un ejemplo el voto unánime del Parlamento al informe Salafranca sobre una asociación global con América Latina, en la Comisión de Desarrollo y Cooperación, en la Comisión de Asuntos Exteriores y en las Delegaciones para América Central y Mercosur, nos hemos pronunciado de manera abrumadoramente mayoritaria a favor de la existencia de dos reglamentos diferenciados: uno para Asia y otro para América Latina. 
Mañana habrá un voto tan histórico y significativo para ambas regiones y para Europa como el que llevó a la división de las líneas presupuestarias. 
El Grupo Socialista apoya la existencia de dos reglamentos diferenciados por coherencia con una larga marcha que culmina ahora; porque creemos que América Latina y Asia merecen ser tratadas por lo menos igual que el resto de las regiones en desarrollo- y, en este sentido, tanto representantes políticos como de la sociedad civil de las dos regiones nos han hecho llegar su voluntad de contar con sus propios reglamentos y programas -; porque estamos convencidos de que los beneficios para las poblaciones de ambas regiones, objetivo último de los reglamentos, serán muy superiores a las dificultades administrativas que teme la Comisión- al fin y al cabo, estas dificultades se limitarían a un desdoblamiento saludable del actual comité ALA y a una reafectación del personal -; y por último, porque respetamos profundamente nuestra propia capacidad legislativa. 
La señal política que con estos dos reglamentos lanzamos a las poblaciones de Asia y de América Latina es particularmente alentadora en estos tiempos de ampliación, de escoramiento europeo hacia el Este y de disminución de fondos de cooperación para atender otras situaciones, quizás más urgentes pero no más necesarias. 
Por último, señor Presidente, quiero señalar que con las enmiendas aportadas al contenido de los reglamentos, por las que felicito calurosamente a la Sra. Sanders-ten Holte y al secretariado de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, mejorará sensiblemente la calidad de nuestra contribución a la lucha contra la pobreza y se consolidarán las señales políticas lanzadas en las regiones entre la Unión Europea y América Latina y la importancia de fortalecer las acciones de la Unión Europea en el continente asiático. 
– Señor Presidente, la revisión de este Reglamento nos ha dado mucho que pensar. 
Ante todo, teníamos el acuerdo de cooperación propuesto que, según se dijo, parecía más un acuerdo de libre comercio que un programa de desarrollo. 
Esto no nos sorprende demasiado, ya que forma parte de la política europea actual, encaminada a un cambio de pensamiento subyacente a la política de desarrollo comunitaria. 
Sin embargo, en este Reglamento hemos logrado reintroducir el desarrollo sostenible, junto con objetivos sociales y medioambientales. 
En particular, un 10% del presupuesto destinado a este programa tiene que asignarse a la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales y un 35% a infraestructuras sociales y sanitarias. 
Los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías y de los pueblos indígenas y la eliminación de desigualdades también son principios rectores de la política europea de cooperación en estas regiones. 
Finalmente, hemos asegurado que la sociedad civil participe en la definición de los planes de desarrollo plurianuales. 
Por lo tanto, la reducción de la pobreza tiene que ser el primer objetivo de los programas nacionales que se negociarán entre cada país y la Comisión. 
Dado que no se va a consultar al Parlamento, ha sido necesario introducir algunas directrices en una etapa temprana, y esto es lo que hicimos en la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Ruego a sus Señorías que no cuestionemos, por motivos institucionales, un texto que presenta, por fin, un contenido político. 
¿Por qué proponer dos Reglamentos, uno para Asia y otro para América Latina, en lugar de un único Reglamento dividido en varios capítulos? 
Sería mejor que defendiéramos un aumento general de la ayuda en lugar de indagar cuál de los dos continentes va a obtener más. 
Por mi parte, es indiferente si el dinero se asigna a Asia o a América Latina, siempre y cuando llegue a los más pobres. 
Por esta razón queremos tener un control parlamentario. 
Lamentablemente, hemos gastado una ingente cantidad de energía y hemos perdido un montón de tiempo en una discusión que me parece trivial, dada la dimensión de los retos que tenemos que afrontar en Asia y América Latina. 
Creo que lo esencial es luchar por el contenido de estos Reglamentos, el contenido de estos capítulos, el contenido que les hemos dado hoy, ya que esto es lo que las personas tanto de Asia como de América Latina esperan hoy de nosotros. 
– Aunque aplaudo la forma en que la ponente ha aclarado el objetivo del Reglamento para Asia y América Latina, la pregunta relativa a la lucha contra la pobreza es la siguiente: ¿dónde está el valor añadido comparado con la cooperación nacional para el desarrollo? 
En la lucha contra la pobreza existe el riesgo de que haya Estados miembros que dupliquen sus esfuerzos. 
El propósito del Reglamento podría, por lo tanto, indicarse de forma más clara. 
En cuanto al desarrollo de la capacidad comercial, el aspecto complementario es claro. 
Es complementario a la cooperación para el desarrollo y está relacionado con la política comercial europea. 
En segundo lugar, el Fondo de Solidaridad Birregional que se propone en el informe no es deseable. 
Un fondo ha de tener objetivos bien definidos. 
La solidaridad sugiere un sentido de implicación entre las personas que toma cuerpo en contextos sociales, próximo a los ciudadanos y basado en una conciencia interior: piensen en la caridad enseñada por Cristo. 
Sin embargo, en un contexto intercontinental, esta caridad se expresa a través de acciones políticas específicas y organizaciones de cofinanciación. 
En este caso, un fondo de solidaridad no es adecuado. 
Por cierto, doy las gracias a la ponente, mi compatriota, por sus esfuerzos a favor de una buena causa. 
Señor Presidente, creo que al Comisario, Sr. Patten, le consta el compromiso y el apoyo que siempre he procurado mantener en mis acciones en favor de la Comisión. 
No soy de los diputados que piensan que la Comisión es un areópago de burócratas apátridas, sino todo lo contrario, una institución clave en el proyecto de construcción europea. 
Pero le consta también al Comisario que ese apoyo y ese compromiso no es un apoyo y un compromiso que se pueda entender como un cheque en blanco. 
El Parlamento tiene derecho a tener su opinión, y creo que no sería un Parlamento que mereciese ese nombre si no ejerciese, responsablemente, eso sí, sus competencias, controlando democráticamente a la Comisión, invistiéndola y siendo un Parlamento que debate, que rebate, que ratifica y que rectifica. 
Ése es, exactamente, el ejercicio en el que nos encontramos en este momento, un ejercicio en el que el Parlamento ejerce sin complejos sus atribuciones en el marco de las competencias que tiene concedidas por los Tratados y, sobre todo, en un ámbito en el que estamos actuando bajo el principio de la codecisión. 
Es difícil encontrar, señor Presidente, un informe en el que se haya producido un consenso mayor dentro de esta Cámara, un consenso que se manifiesta en una propuesta que pide un reglamento para Asia y otro para América Latina, por entender que las especificidades de estas dos regiones quedan mejor contempladas en un reglamento aparte para cada una de ellas. 
Por ser coherentes, como decía la Sra. Sauquillo, con las prescripciones presupuestarias existentes y también por darle a América Latina y a Asia el mismo tratamiento que se le da a otras regiones y, por lo tanto, evitar cualquier tipo de discriminación. 
Decía que se ha producido un consenso difícilmente repetible en este Parlamento, porque se ha pronunciado en este sentido el Pleno de la Cámara, se ha pronunciado la Comisión de Asuntos Exteriores, se han pronunciado las delegaciones competentes y se ha pronunciado, en el mismo sentido, la comisión competente para el fondo, que es la Comisión de Desarrollo y Cooperación, y no por un margen estrecho, sino por 26 votos a favor y 2 abstenciones, una de ellas de la ponente. 
Quisiera decir que el otro aspecto que el Grupo de la ponente cuestiona- por la vía de las enmiendas- es la constitución de un fondo de solidaridad birregional. 
Y sorprende, señor Presidente, porque es una iniciativa que ha sido ya avalada en el Pleno por todos los Grupos políticos, incluido el Grupo de la ponente; una iniciativa, señor Presidente, que ha sido avalada desde el punto de vista reglamentario, que no supone dinero adicional alguno, que ha sido aprobada por la Comisión de Presupuestos en el presupuesto 2004, que es una iniciativa que se sitúa en el contexto de las prioridades de la próxima cumbre Unión Europea-América Latina, a celebrar en México el año que viene, donde no tenemos grandes propuestas que poner encima de la mesa. 
Y sobre todo, señor Presidente, sorprende por el hecho de que es una iniciativa que tiende a evitar que los progresos que se han producido en los ámbitos de la convivencia y de la democratización se puedan poner en peligro por la fragilidad social, como ha demostrado recientemente el caso de Bolivia. 
Pero lo que más sorprende, señor Presidente, es que uno de los argumentos que se utiliza y que se invoca como argumento de autoridad para rechazar esta propuesta es la posición del Consejo de Ministros, como si la Comisión Europea tuviese que responder ante el Consejo de Ministros y tomase más en serio las posiciones del Consejo de Ministros que las posiciones de este Parlamento. 
Estamos, señor Presidente, ante un caso muy significativo en el que este Parlamento se juega una parte de su credibilidad, una parte de su prestigio y una parte de su estima como institución. 
Por eso, señor Comisario, le invito a que si mañana la Cámara ratifica la propuesta en los términos aprobados por la Comisión de Desarrollo, la Comisión lo acepte, no como una manifestación de prepotencia, sino como una manifestación de coherencia, no como una desautorización de la Comisión, sino simplemente como el ejercicio normal de las competencias que en el equilibrio institucional que establecen los tratados, tiene asignadas este Parlamento. 
– Señor Presidente, me gustaría sumar mi voz a las muchas felicitaciones que ha recibido la ponente. 
Hoy ha presentado un informe excelente y muy claro. 
Creo que el informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación conforma el contenido del Reglamento –o, como todos preferiríamos, de los Reglamentos– de un modo mucho mejor. 
El informe de la Sra. Sanders-ten Holte muestra claramente que de lo que se trata no es simplemente de incorporar el comercio en las estrategias de desarrollo para una futura cooperación con estas dos regiones del mundo, sino que hay que exponer claramente que el objetivo es luchar contra la extrema pobreza, y si somos serios sobre estas estrategias de desarrollo, hemos de incluir a la sociedad civil de los países afectados. 
Las medidas exigidas por la Comisión de Desarrollo y Cooperación, independientemente de la distinción que se haga respecto a si se han previsto para Asia o para América Latina, dejan muy claro que es necesario disponer de dos Reglamentos en el futuro. 
No hace falta ser un experto en los países enumerados en los anexos, que se beneficiarán de estos Reglamentos o los proyectos respaldados, para darse cuenta de las enormes y tremendas diferencias que existen entre las dos regiones y, por consiguiente, la necesidad de dos Reglamentos. 
También quiero dar las gracias a la ponente, quien en realidad siempre ha compartido esta opinión, por adoptar una postura tan clara en esta ocasión. 
Por mi experiencia en otros ámbitos y otras negociaciones con la Comisión, creo que si obtenemos una mayoría convincente a favor de dos Reglamentos en el pleno de mañana, sería un buen punto de partida para las negociaciones con la Comisión y esta cambiaría de postura en esta importante cuestión. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que creo que existe toda una serie de aspectos positivos en la propuesta de la Comisión. 
Al mismo tiempo, quiero hacer hincapié en que la ponente, la Sra. Sanders-ten Holte, ha realizado un trabajo excelente. 
Bajo su liderazgo, hemos podido llegar a un acuerdo, durante la lectura en comisión, sobre un determinado número de añadidos y cambios que hacen que la legislación esté más centrada en las cuestiones relacionadas con la pobreza. 
Me alegra especialmente el objetivo de aproximadamente un diez por ciento destinados a los esfuerzos en el ámbito del medio ambiente. 
Con demasiada frecuencia, las cuestiones medioambientales quedan ocultas en la labor a favor del desarrollo. 
Tenemos una lista larga de problemas, en particular en Asia, que hay que abordar cuando se habla tanto de contaminación como de proteger los recursos naturales básicos. 
Una mayoría de los pobres en las zonas rurales son, de hecho, dependen más de lo que podríamos llamar «producto de biomasa bruto» , es decir, lo que produce la naturaleza, que del «producto interior bruto» , es decir, lo que produce la economía. 
Luego tenemos la controversia de si necesitamos uno o dos Reglamentos para Asia y América Latina. 
Soy consciente de que el Parlamento quería dos Reglamentos, pero creo que la Comisión tiene unos argumentos muy sólidos a favor de su propuesta. 
En los últimos años se han puesto en marcha una serie de medidas para que la organización de la cooperación para el desarrollo sea más eficiente, y sería extraño si ahora complicamos esto con dos Reglamentos y, por así decirlo, obstaculizamos la simplificación de los procedimientos que ya están en curso. 
Creo que la Sra. Sanders-ten Holte ha hecho una propuesta excelente para un Reglamentos dividido en dos capítulos. 
No me convence el argumento de que los países son, en apariencia, tan diferentes. 
Tenemos un único marco para la cooperación con los países ACP y funciona admirablemente. 
El Sr. Salafranca Sánchez-Neyra podrá hablar de sus 26 votos a favor frente a los cero votos en contra pero, si escucha lo que se dice en los pasillos, oiría que un gran número de sus colegas están ahora muy preocupados con la posibilidad de que abramos un conflicto en este tema. 
Por lo tanto, quiero instar a sus Señorías, independientemente de lo que digan los líderes de los Grupos políticos, para que voten en contra de las enmiendas que plantean dos Reglamentos diferentes. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Comisión y, de nuevo, a la ponente por la excelente y a menudo muy difícil tarea que ha llevado a cabo. 
Creo que la función de este Parlamento es estar a favor de normas y procedimientos más sencillos, así como garantizar que entendemos la necesidad de una toma de decisiones oportuna y eficaz en la programación. 
Este tiene que ser el núcleo de todo el proceso de reforma que seguimos desafiando y pidiendo. 
Y, sin embargo, en este debate escuchamos una y otra vez propuestas para que compliquemos y dificultemos los procedimientos, los programas y las cuestiones de las que tiene que ocuparse la Comisión. 
Además, en lo que respecta al reglamento técnico y jurídico, pienso que no tiene ningún sentido proponer que desempeñe la función de los documentos estratégicos nacionales en los países con los que trabajamos o la función de los programas indicativos nacionales con los que trabajamos. 
Es una contradicción total con lo que se supone que debería hacer un reglamento que tiene una base financiera y jurídica. 
En mi opinión, la creación de dos reglamentos separados simplemente no tiene sentido y socavaría los esfuerzos que estamos realizando por racionalizar y clarificar nuestros programas. 
El Sr. Salafranca ha hablado de credibilidad, y nuestra credibilidad como Parlamento corre peligro si no entendemos las cuestiones a las que nos enfrentamos. 
Nuestra estrategia tiene que ser trabajar bien con Latinoamérica y con Asia y aplicar los mismos principios fundamentales de nuestro programa de desarrollo. 
Tampoco se puede justificar el argumento a favor de transferir fondos de Asia a Latinoamérica, en especial porque conocemos la pobreza desesperada de 800 millones de personas en Asia. 
La comunicación de la Comisión sobre política de desarrollo en 2000 nos pedía centrar nuestra atención en la erradicación de la pobreza. 
Por lo tanto, es totalmente inadecuado que ahora, en 2003, pidamos un reglamento que separe dos partes que funcionan muy bien juntas y que repita, reproduzca y complique nuestros esfuerzos por erradicar la pobreza. 
Pido al Parlamento que sea realista y constructivo para que nuestro importante trabajo en estas dos regiones pueda continuar y crecer. 
– Señor Presidente, quiero comenzar felicitando a mis colegas españoles de todas las tendencias políticas por su entusiasmo en los temas relativos a sus antiguas colonias. 
Sin embargo, desearía que a veces mi país defendiera sus intereses nacionales de la misma manera que parecen hacer mis colegas españoles, independientemente de la política. 
Dicho esto, el Sr. Rod ha preguntado por qué no tenemos dos reglamentos para poder enviar el dinero allí donde estén los pobres. 
Bien, los pobres están en Asia. 
Y son 800 millones. Si está previsto que los dos reglamentos envíen el dinero donde están los pobres, ¿por qué transferimos 247 millones de euros de Asia a Latinoamérica? 
Ya sé que el Parlamento Europeo es conocido por llevar la contraria, pero este es un ejemplo extraordinario de la manera en que lo hemos vuelto a hacer. 
Necesitamos una legislación sencilla que podamos entender, que nuestros votantes puedan entender, para poder conectar con nuestro electorado. 
Crear dos reglamentos duplicados, pasar por todo el proceso, por la enorme cantidad de burocracia y, al mismo tiempo, pedir a la Comisión que simplifique sus procedimientos, que descentralice, es una gran contradicción. 
Siento decirlo, pero ¿estamos considerándolo para ser simpáticos con los españoles? 
Tengo que decir que la mayor parte del tiempo soy muy simpático con los españoles, pero en esta ocasión no lo seré. 
. Señor Presidente, como sabe la Cámara, la propuesta de la Comisión está encaminada a sustituir al actual Reglamento sobre Asia y América Latina por un marco jurídico nuevo, sencillo y moderno, coherente con los principios que inspiran la reforma de la ayuda exterior. 
Esto ya se ha hecho para otras regiones. 
Ahora ha llegado el momento de que nuestros países asociados en Asia y América Latina se beneficien de las ventajas de esta reforma. 
Desde el inicio, ha quedado claro que en el Parlamento había algunos recelos respecto de la premisa y la naturaleza del nuevo Reglamento. 
He pasado más tiempo discutiendo estos recelos y este acto legislativo que ningún otro del que he sido responsable desde que soy Comisario. 
No recuerdo haber celebrado más reuniones, haber tenido más discusiones en la Comisión o más conversaciones en el Parlamento. 
Siento un gran respeto por aquellos interlocutores que no están de acuerdo conmigo. 
Su Señoría el Sr. Salafranca sabe mucho sobre el tema, pero mi simpatía y mi intelecto en esta ocasión están con los que han hablado en la última parte de este debate, que también saben mucho sobre ayuda al desarrollo: su Señoría la Sra. Kinnock, su Señoría el Sr. Whitehead y su Señoría y amigo mío, el Sr. Deva. 
Permítanme comentar algunos de los principales argumentos. 
En primer lugar, algunos sectores de esta Cámara han pedido enérgicamente dos reglamentos en lugar de uno. 
En segundo lugar, como demuestran muchas de las enmiendas presentadas, también se desea encarecidamente un Reglamento más detallado. 
Quiero responder a estas dos cuestiones, y reiterar la posición de la Comisión sobre la forma del Reglamento. 
La Comisión concede gran importancia a un Reglamento y. 
¿Por qué un Reglamento sencillo? 
Para cumplir los principios básicos de la reforma de la ayuda externa, que requiere flexibilidad para adaptar la cooperación a las necesidades específicas de nuestros socios mediante documentos de estrategia nacionales. 
Esta es la política que el Parlamento ha apoyado con entusiasmo. 
Para evitar la proliferación de instrumentos jurídicos y la multiplicación de procedimientos y comisiones; en suma, para ser más eficaces. 
Asimismo, para cumplir el Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la labor legislativa, que pide la simplificación y reducción del volumen de legislación. 
Aún tengo que escuchar un solo argumento sobre la razón –las normas y los objetivos son los mismos para ambas regiones– por la que dos reglamentos separados serían mejor que uno. 
Como ya he dicho en varias ocasiones, creo que resulta difícil creer que la gente se pondría a bailar de contenta en las calles de La Paz o incluso alrededor de las embajadas latinoamericanas de Bruselas si tuviéramos en cuenta las opiniones de algunos diputados a este Parlamento y apoyáramos que hubiera dos reglamentos. 
Las referencias a otras regiones con sus «propios» reglamentos –Tacis y CARDS, por ejemplo– no son, a mi juicio, convincentes, porque los objetivos de estos reglamentos no son los mismos que los de la política de desarrollo establecida en el artículo 177 del Tratado y que se aplican tanto a Asia como a América Latina. 
Las diferencias entre las dos regiones tampoco justifican estos dos reglamentos, como demuestran la similitud e incluso la uniformidad de las enmiendas propuestas para cada región. 
Pero volvamos al contenido de las enmiendas, y a las cuatro cuestiones más importantes en las que deberían centrarse nuestras discusiones posteriores. 
En primer lugar, el objetivo general es la reducción y erradicación de la pobreza. 
Algunas de las enmiendas subrayan como objetivo primordial la reducción y erradicación de la pobreza. 
No podría estar más de acuerdo. 
Sin embargo, tiene que haber un margen para el apoyo amplio a las relaciones comunitarias globales con Asia y América Latina, incluido el apoyo a la capacitación para ayudar a nuestros socios en su lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal, la trata de seres humanos y el crimen internacional. 
En segundo lugar, un tema que, por ejemplo, mi amigo el Sr. Deva ha comentado en términos técnicos: la cuestión de la asignación de recursos financieros entre América Latina y Asia. 
La propuesta de la Comisión intenta respetar, para el período 2000-2006, el equilibrio 60/40 de créditos para Asia y América Latina que ha prevalecido durante las perspectivas financieras anteriores. 
Los acontecimientos en Afganistán y las promesas de ayuda internacional hechas allí por la Unión Europea han trastocado ligeramente este equilibrio. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que Asia aún cuenta con el mayor índice de pobreza del mundo, donde alrededor de 800 millones de personas, o unos dos tercios de los pobres del mundo, viven con menos de un dólar al día. 
Asimismo, es importante tener en cuenta que el presupuesto comunitario en Asia asciende a 0,15 euros per cápita, frente a 0,45 euros para América Latina. 
Sobre esta base, es difícil defender una transferencia de recursos de Asia a América Latina. 
Por supuesto, si la autoridad presupuestaria nos diera más dinero para la ayuda externa a Asia y América Latina, me complacería proponer al Parlamento maneras de gastarlo, pero no creo que las Navidades lleguen antes este año. 
En tercer lugar, la cuestión del Fondo de Solidaridad para América Latina. 
El apoyo a programas sectoriales vinculados a la salud, la educación y la reducción de la pobreza en los países y regiones más pobres de América Latina podría conseguirse mediante los instrumentos de programación y aplicación que tenemos a nuestra disposición. 
Crear un fondo, buscar la participación de otras instituciones financieras y acordar normas que rijan el fondo y su gestión no solo sería una pérdida de tiempo, sino también un proceso complicado y engorroso. 
La Comisión no dispone de los recursos humanos para esta tarea. 
En cuarto y último lugar, la cuestión de los objetivos sectoriales y los criterios de referencia. 
El Parlamento propone la introducción de una serie de objetivos sectoriales en el Reglamento: un 35% para infraestructura social y, dentro de este porcentaje, un 20% para la educación básica y la sanidad; otro 10% para el medio ambiente y hasta un 15% para la sociedad civil. 
Todo esto suma casi un 60% de los créditos que serían «preprogramados». 
Como saben los diputados de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, el acuerdo actual sobre un criterio de referencia del 35% para infraestructura social se alcanzó hace dos años tras muchas discusiones, en las que yo mismo tomé parte, entre representantes de la Comisión y la Comisión de Desarrollo. 
No pretendo reiniciar aquellas discusiones, y por supuesto la intención de la Comisión es mantenerse totalmente fiel a aquel acuerdo. 
Sin embargo, quiero subrayar que este acuerdo no tiene la intención de añadir nuevas condiciones, en particular el 20% para educación básica. 
Además, esto contradice el principio de propiedad de los países y la esencia misma de la reforma, que implica que la programación no puede predefinirse mediante un Reglamento. 
El problema –al menos el del 35% propuesto para infraestructura social– es bastante teórico, porque en los actuales documentos estratégicos nacionales de Asia y América Latina ya se ha destinado un 50% y un 46%, respectivamente, a infraestructura social. 
En conclusión, quiero agradecer sinceramente a nuestra ponente, la Sra. Sanders-ten Holte, sus valientes esfuerzos por salvar diferencias. 
Realmente ha hecho un esfuerzo maravilloso, y seguro que ha habido momentos en los que hubiera deseado ser ponente de un Reglamento diferente. 
Invito al Parlamento a que apoye las propuestas de la Comisión. 
Las discusiones informales con el Consejo –lo digo a título informativo– han mostrado un apoyo firme a la propuesta de la Comisión, y una gran disposición a ir en esa dirección. 
Ante todo, los intereses de las poblaciones necesitadas de Asia y América Latina deberían alentarnos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para la adopción rápida de un nuevo marco jurídico de alta calidad en materia de cooperación. 
Señor Presidente, he pedido la palabra por alusiones personales sobre la base del artículo 122 de nuestro Reglamento. 
Me quería referir al comentario que ha hecho el Sr. Wijkman en relación con los votos por los que se aprobó la propuesta de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, que fueron 26 votos a favor y 2 abstenciones. 
El Sr. Wijkman no ha contestado esos resultados, pero se ha referido a que la opinión en los pasillos probablemente fuera otra. 
Yo quisiera decir, Señor Presidente, que soy muy respetuoso con las opiniones de todo el mundo, pero que en democracia lo que cuenta son los votos. 
Por lo que respecta al señor Comisario, que se ha referido también a este modesto diputado y que ha declarado que no se le ha dado ningún argumento que le convenciese de la necesidad de los dos reglamentos, yo quisiera decirle al Sr. Patten- que es un buen amigo mío- que creo que no ha entendido bien el estado de la cuestión. 
Creo que no es a la Comisión a quien hay que convencer de la bondad de los argumentos, sino al Parlamento porque, señor Comisario, le recuerdo que es la Comisión quien responde políticamente ante este Parlamento, y no el Parlamento ante la Comisión, y que estamos en un procedimiento de codecisión en el que se supone que el Parlamento tiene algo que decir. 
Señor Presidente, me he sentido absolutamente vejada por la intervención que ha tenido el compañero Deva, puesto que ha insinuado que no luchábamos por la erradicación de la pobreza, sino que como españoles teníamos otro tipo de intereses. 
La verdad es que me he sentido mal y me sentiría también mal si no lo manifestase aquí, puesto que estamos trabajando juntos en la Comisión de Desarrollo por erradicar la pobreza: erradicar la pobreza en Asia y en América Latina. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto: 
-del Informe (A5-0358/2003) , de la Sra. Prets, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de organismos activos a escala europea en el ámbito de la juventud (COM (2003) 272- C5-0257/2003- 2003/0113 (COD) ). 
-del Informe (A5-0357/2003) , de la Sra. Pack, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de organismos activos a escala europea y el apoyo a actividades específicas en el ámbito de la educación y la formación (COM (2003) 273- C5-0255/2003- 2003/0114 (COD) ). 
-del Informe (A5-0359/2003) , de la Sra. Iivari, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de organismos activos a escala europea en el ámbito de la cultura (COM (2003) 275- C5-0262/2003- 2003/0115 (COD) ). 
. Señor Presidente, Señorías, en 2002 las tres instituciones europeas colaboraron en la tarea de redactar un nuevo Reglamento financiero, con lo que tenemos un marco claro para las subvenciones mediante las cuales apoyamos un gran número de organizaciones europeas excelentes en los ámbitos de la cultura, la juventud y la educación. 
De ahora en adelante, toda decisión en materia de financiación deberá tener su justificación en un fundamento jurídico. 
Esta obligación se impone, en particular, en aquellas subvenciones que, hasta este momento, han sido financiadas con cargo a rúbricas que, debido a su posición en la nomenclatura presupuestaria, solían tratarse como gasto administrativo y, de este modo, se podían pagar sin necesidad de un fundamento jurídico. 
Los cambios introducidos en la nomenclatura presupuestaria por el nuevo Reglamento financiero significan que a este tipo de subvenciones no se les puede ya dar el tratamiento de gastos administrativos y, por lo tanto, exigen un fundamento jurídico. 
Ha sido esta nueva obligación lo que ha llevado a la Comisión, en la primavera de este año, a presentar siete propuestas de nuevos fundamentos jurídicos. 
Estas siete propuestas, que abarcan siete ámbitos diferentes, iban acompañadas de una Comunicación de la Sra. Schreyer en la que proponía el contexto común que justificaba la presentación de estas propuestas y los elementos esenciales utilizados para asegurar una respuesta similar, entre una propuesta y otra, a los problemas comunes a los que se enfrentan estos sectores de actividad. 
Señor Presidente, la votación de hoy se refiere a tres de estos siete fundamentos jurídicos. Es necesario tratar este asunto con carácter de urgencia, en particular dado que los textos en cuestión se adoptan mediante el procedimiento de codecisión. 
Agradezco al Sr. Rocard que se haya dado cuenta de la urgencia que revisten y por asegurarse de que la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, que preside, pudiera examinar rápidamente las propuestas de la Comisión. 
Sin embargo, el cambio de un enfoque presupuestario a otro puede causar graves dificultades financieras, cuyas consecuencias podrían ser drásticas para la Europa de la cultura, la juventud y la educación si los colegisladores no llegan a un acuerdo lo más pronto posible. 
Las propuestas que les ha presentado la Comisión tienen por objeto asegurar una transición suave e ininterrumpida del antiguo sistema al nuevo, y hemos intentado con todas nuestras fuerzas redactar textos que reproduzcan ampliamente las normas de aplicación detalladas de 2003, con el objetivo de asegurar esta continuidad fundamental y no perder ninguna de las ventajas a obtener, en cuanto a la gestión adecuada de los fondos públicos teniendo en cuenta este nuevo Reglamento financiero. 
Desde este punto de vista, las bases jurídicas propuestas han de considerarse un ajuste técnico, aunque es muy tentador aprovechar esta oportunidad para adornarlas con innovaciones y mejoras. 
Sin embargo, en este caso, lo mejor es enemigo de lo bueno, en especial si estos añadidos comprometen todo este asunto a los ojos del Consejo. 
Teniendo esto presente, las propuestas de la Comisión se han redactado sobriamente, con el propósito esencial de preservar el acervo, dándole al mismo tiempo una estructura legal acorde con el nuevo Reglamento financiero. 
Quiero pedirles que no se alejen demasiado de las propuestas de la Comisión y que se esfuercen en lo posible por asegurar que estos fundamentos jurídicos se puedan adoptar lo más rápidamente posible. 
En el caso del fundamento jurídico de la «cultura» , incluso hay menos margen de flexibilidad, ya que el Consejo ha tomado una decisión unánime, pero es necesario que conservemos algo de flexibilidad, no solo en el ámbito de la cultura, sino también en el de la juventud y la educación, puesto que hay que decir que estos tres ámbitos son fundamentales para el desarrollo de Europa. 
Hay que explorar todos los medios posibles para alcanzar un compromiso si nos permiten que estos procedimientos concluyan rápidamente. 
En realidad, a partir del 1 de enero de 2004, si no existen fundamentos jurídicos, será prácticamente imposible que podamos prestar apoyo financiero a todos estos organismos que contribuyen al vigor creativo, cultural e intelectual de Europa. 
En otras palabras, es fundamental que se llegue a un acuerdo en primera lectura si hay que pagar a estos organismos en enero de 2004. 
En los tres casos, la propuesta de la Comisión ha cumplido las estipulaciones del Reglamento financiero, y sobre esta base quiero explicar la posición de la Comisión sobre las enmiendas contenidas en los tres informes. 
Quisiera dar las gracias a la Sra. Iivari, a la Sra. Prets y a la Sra. Pack por la cuantiosa labor que han llevado a cabo en torno a estas medidas, cuyo carácter crucial conocen muy bien. 
Observamos que la duración de los programas –cinco años para cultura y educación, y tres años para juventud– ha despertado reacciones diversas. 
Aceptamos de buen grado la enmienda 16 en el ámbito de la cultura, que propone acortar la duración del programa propuesto a tres años si con ello se puede lograr un acercamiento entre las diversas instituciones involucradas, a fin de poder concluir los procedimientos. 
Sin embargo, rechazamos la enmienda 8 relativa a la juventud, e insisto sobre el hecho de que 2006 ha de ser la fecha límite, ya que en 2007 queremos establecer un nuevo programa de juventud que dará un trato preferente a la participación de las organizaciones juveniles europeas. 
Existe una conexión entre las cuestiones de duración y presupuesto en los tres casos. 
La enmienda 17 en el ámbito de la cultura, que reduce el presupuesto, sería aceptable si se adoptara la enmienda 16, que reduce la duración del programa. 
Asimismo, si la duración no se modifica, la enmienda 11 en el ámbito de la juventud, que propone un aumento del presupuesto, se puede aceptar para hacer frente a los retos que plantea la ampliación. 
En cuanto a la educación, podemos aceptar en parte, o en espíritu, un grupo de enmiendas, a saber las enmiendas 4, 6, 8, 9, 10 y 11, que pretenden modificar, mediante enmiendas presentadas en el marco del proceso presupuestario para 2004, el importe total de la financiación y los porcentajes mínimos y máximos de esta financiación reservada para cada actividad en el programa. 
Según el pensamiento subyacente al Reglamento financiero, el objetivo a largo plazo es invitar a todos los que lo deseen a presentar propuestas, con excepción de la famosa «asignación de fondos» , el método que a veces se emplea ahora para asignar subvenciones. 
Para facilitar la transición hacia el enfoque que plantea el Reglamento financiero, la Comisión ha fomentado un sistema mixto, que consiste en invitaciones a presentar propuestas y las asignaciones presupuestarias para la Parte 2 del fundamento cultural. 
Por lo tanto, aceptamos la enmienda 18 en el ámbito de la cultura, pero nos vemos obligados a rechazar las enmiendas 5, 15, 19, 20 y 23, que se alejan demasiado de la situación que estamos intentando rectificar. 
Desde este punto de vista, los criterios tienen que estar claros, o aclararse más. 
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la enmienda 10 relativa a la juventud, pero no estamos de acuerdo con la enmienda 1 en el ámbito de la cultura, que se desvía demasiado del Reglamento financiero en que redefine las organizaciones con fines de interés general europeo. 
En este sentido, no podemos aceptar la enmienda 5 en materia de educación, que se refiere a la Federación Internacional de Casas de Europa (FIME) , y que pretende incluirla en la lista de organismos amparados por la Acción 1, ya que, por un lado, FIME desempeña el papel de un intermediario en la redistribución de subvenciones, lo que la excluye del campo de acción definido por el Reglamento financiero, y por otro lado, se ha puesto en marcha una auditoría de las actividades subvencionadas por la Comisión en los últimos años a la luz de la experiencia pasada. 
Sin embargo, quiero explicarles que la Comisión ya ha empezado a retirar gradualmente las actividades de colaboración preferente con redes independientes como la FIME. 
Asimismo, se ha invitado a FIME, al igual que las Casas de Europa que están asociadas a la misma, a responder a las invitaciones de la Comisión para que presenten propuestas, tanto a nivel central como nacional, a través de los representantes pertinentes. 
Toda invitación para presentar propuestas exige un jurado de expertos formado, en función de cada caso, por expertos externos o funcionarios de la Comisión, para garantizar su objetividad y transparencia. 
Hay toda una serie de enmiendas que lo tienen en cuenta y exigen que se informe al Parlamento con antelación sobre el contenido de toda invitación a presentar propuestas, antes de que la Comisión los haga públicos, o sobre el principio, las normas de aplicación detalladas o la composición del jurado. 
Señor Presidente, mientras apoye estos principios, la Comisión no puede aceptar estas enmiendas, que no corresponden a las disposiciones relativas a las relaciones entre las instituciones establecidas en la decisión de comitología, o que interfieren con las competencias de ejecución de la Comisión. 
Son las siguientes: en materia de cultura, las enmiendas 11, 21 y 22; en materia de educación, las enmiendas 13, 14 y 15, y en materia de juventud, las enmiendas 15, 22 y 23. 
Sin embargo, estamos de acuerdo con la enmienda 17 sobre la juventud, que propone que se informe al Parlamento todos los años sobre la aplicación de nuestro programa «Juventud». 
Desde luego, la Comisión impone la obligación a aquellas personas que han recibido una subvención europea de que lo den a conocer adecuadamente. 
Aunque comparto la opinión del Parlamento sobre este punto, nos parece que es más apropiado que esta obligación de publicidad se incluya en el anexo. 
Por este motivo, la Comisión acepta la enmienda 12 sobre la cultura, pero no puede aceptar la enmienda 3. 
La misma situación implica que, en materia de juventud, aceptamos la enmienda 20, pero rechazamos la enmienda 6, y, en cuanto a la educación, aceptamos la enmienda 12 pero rechazamos la enmienda 2. 
Es norma del Reglamento financiero que se aplique un reducción gradual a las ayudas operativas renovadas con carácter anual. 
Esta reducción gradual no siempre se entiende adecuadamente, y se ha intentando, en varios lugares, pasarla por alto. 
No podemos aceptar las enmiendas 13 y 14 en materia de cultura, que tratan de suprimir la reducción anual. 
La única excepción que el Reglamento financiero reconoce incluye casos en que los beneficiarios tienen las características de un órgano que busca objetivos de interés general europeo según la definición de este Reglamento. 
Hay tres enmiendas en materia de juventud, a saber, las enmiendas 5, 18 y 19, que pretenden limitar el programa a organizaciones juveniles que poseen este tipo de características, y esto lo aceptamos. 
Por otro lado, otras enmiendas van mucho más allá en la dirección contraria, y no podemos aceptar ni la enmienda 24 sobre la juventud ni la enmienda 24 sobre la cultura, que proponen un aumento considerable del ritmo de reducción gradual. 
Señor Presidente, voy a comentar rápidamente las enmiendas con las que está de acuerdo la Comisión y que pretenden aclarar o simplificar el texto, o reforzarlo siguiendo las líneas propuestas por la Comisión. Estas son, en materia de cultura, las enmiendas 2, 4 y 8; en materia de educación, las enmiendas 1, 3 y 7; y en materia de juventud, las enmiendas 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13 y 16. 
Además, la Comisión se ve a sí misma como embajadora cultural, tal como se propone en la enmienda 9 relativa a la cultura. 
Me he limitado –y ruego que me excusen por haber hablado durante tanto tiempo– a mencionar las enmiendas más delicadas que se han propuesto en los tres informes. 
Ahora quiero invitarles a hacer cuanto esté en sus manos para asegurar que el apoyo que la Unión da a la Europa de la cultura, la educación y la juventud no experimente un eclipse. 
En esta fase de los procedimientos, es vital que se llegue a un acuerdo entre los colegisladores si el sistema ha de volver a ponerse en marcha a principios de 2004. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, está usted en lo cierto al decir que disponemos de poco tiempo y que hemos de esforzarnos para que los proyectos puedan ponerse en marcha y que las partes afectadas puedan obtener sus recursos. 
Este también es mi primer punto de crítica, ya que el tiempo que se nos ha dejado es muy, muy corto. 
Si hemos de realizar nuestra labor a fondo y bien, necesitamos tiempo, de otro modo las cosas nos alcanzan y nos adelantan y entonces es cuando recurrimos a soluciones provisionales con las que finalmente nadie está de acuerdo y que no gustan a nadie. 
Quiero pedirles que en el futuro se prevea para este tipo de asuntos y decisiones importantes un calendario adecuado, ya que lo que ahora tenemos aquí son personas que están siempre encima de nosotros y el resultado es que cedemos, ya que queremos que las organizaciones obtengan sus recursos y sus subvenciones, aunque todavía hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo. 
El hecho de que el acto jurídico todavía no esté disponible es lamentable y ya está teniendo repercusiones. 
Ya escasean los fondos, como por ejemplo para los programas de hermanamiento, en que el primer tramo no se puede pagar; y también campañas informativas en los Estados miembros que han de frenar considerablemente sus recursos. 
En una época en que nos hallamos a las puertas de la ampliación y necesitamos más información que nunca, creo que este tipo de repercusiones están definitivamente fuera de lugar. 
Por lo tanto, creo que hay una necesidad urgente de ofrecer soluciones de transición para que los programas puedan continuar si se presentan dificultades, y que los ciudadanos europeos no se vean entorpecidos en sus actividades previstas y que la confianza que es, en cualquier caso, tan sumamente difícil de crear no se vea minada al mismo tiempo. 
En cuanto a los tres informes de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, que son objeto del debate de hoy, creo que se pueden abordar y tratar juntos fácilmente, pero su contenido es totalmente diferente y, por consiguiente, no podemos resolver gran parte de ellos a la vez. 
Por ejemplo, la intención que subyace a la propuesta de armonizar programas de acción con respecto a la proporción de cofinanciación, el principio de degresividad y, en particular, la igualación de su duración hasta 2008 es buena, pero no hay manera de que funcione en la práctica. 
También estoy en contra de tener un tipo de cofinanciación uniforme del 20% en los tres ámbitos. 
Muchas organizaciones, en particular en el ámbito de la educación, reciben una ayuda tan pequeña que toda reducción adicional las descalificaría del todo y no merecería ni siquiera la pena coger un lápiz para rellenar un impreso de solicitud. 
Un tipo del 20% para las organizaciones juveniles es el máximo que se puede conceder, ya que la falta de patrocinio hace que a las organizaciones les resulte muy difícil continuar sus actividades actuales. 
Respecto al principio de degresividad, que se ha fijado en un 2,5 % a partir del tercer año, asignando el dinero ahorrado, en particular, a nuevos proyectos para los nuevos Estados miembros, también creo que es una simple gota en el océano. 
Estoy convencida de que está bien integrar el programa de acción para la juventud en el nuevo programa «Juventud» a partir del 2007, puesto que con seguridad aportará grandes ventajas a los jóvenes y a las organizaciones juveniles. 
El propósito de prestar apoyo a las organizaciones juveniles que operan a escala europea incluyen el fomento del diálogo internacional entre los jóvenes, obtener información sobre temas relevantes para un público lo más amplio posible y ofrecer oportunidades educativas informales. 
La ayuda de la UE a organizaciones brindará a los jóvenes no solo la oportunidad de cooperar en asuntos que les afectan a ellos y a sus intereses, sino que les ofrecerá todo, todo el amplio espectro de políticas europeas y la dimensión asociada. 
Creo que han de incluirse en todas las fases del debate. 
En lo que se refiere a la aplicabilidad geográfica, creo que el principio de una Europa más amplia también ha de aplicarse a las organizaciones juveniles. 
Apoyo la participación de organizaciones juveniles de la Unión Europea, los Estados miembros, los países de la AELC y del EEE, los países de los Balcanes y determinados países de la Comunidad de Estados Independientes. 
Pero no creo que las actividades de las organizaciones que trabajan con socios de fuera de estos países hayan de limitarse, en modo alguno, siempre que reciban el apoyo de sus propios Gobiernos y organizaciones. 
Para quitar aspereza a las decisiones administrativas, la Comisión tiene que brindar a los solicitantes la oportunidad de corregir errores formales en un determinado plazo de tiempo a partir de la presentación de la solicitud. 
También conviene que todas las organizaciones que han sido financiadas con cargo al presupuesto de la UE lo indiquen en sus respectivas páginas principales o lo citen en sus informes anuales. 
Esto se aplica a los tres programas, tanto para dar una visión general de las actividades de las organizaciones como para que el valor añadido europeo sea visible. 
Hay que prestar más atención a la educación, la juventud y la cultura; no deben ser objeto de una simple mención o servir de relleno en los discursos. 
El futuro de Europa yace en una juventud de mentalidad abierta, a quienes se les dé una oportunidad a través de instituciones y organizaciones educativas reforzadas para crear una Europa de prosperidad social común, cuyos cimientos serán la aceptación de la diversidad cultural y el diálogo con el arte y la cultura. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, necesitamos disponer de actos jurídicos básicos que permitan a la Comisión proceder con arreglo a principios claramente definidos al aprobar y gestionar ayudas. 
El ordenador, es decir, la Comisión, necesita estas directrices para cumplir tanto el Reglamento financiero como los deseos de la autoridad presupuestaria, a saber, el Parlamento. 
Sin embargo, lamento mucho, señora Comisaria, que el tiempo nos apremie, de lo cual no somos responsables. 
La Comisión aprobó este acto a finales de mayo y no hemos podido examinarlo antes, y creo que volvemos a tener problemas por esta premura de tiempo. 
No había ninguna necesidad, ya que estaba claro, incluso antes de que se aprobara el Reglamento financiero, que las ayudas actuales de la Parte A habían de sustituirse por programas plurianuales y, por lo tanto, es imposible entender por qué razón la propuesta llegó tan tarde. 
Nos hacen pagar las consecuencias de algo que no es culpa nuestra. 
¿De quién será la culpa si los beneficiarios no obtienen ninguna subvención a principios del año que viene? 
La Comisión nos señalará a nosotros y también es posible que lo haga el Consejo. 
Pero no es culpa nuestra. 
Nos gusta trabajar con esmero. 
En esta ocasión, una vez más, no lo hemos podido hacer. 
Hemos de esforzarnos en lo posible por asegurar que no vuelva a ocurrir, pero lo decimos cada vez y he de volver a decirlo ahora. 
Tenemos tres informes, que la Sra. Prets ha mencionado, y estoy de acuerdo con gran parte de lo que ha dicho. 
Los tres informes incluyen instituciones y asociaciones que actúan como embajadores culturales de Europa en el sentido más amplio y que promueven y fomentan el legado cultural común de Europa. 
Durante años, esta Asamblea ha apoyado a todas estas organizaciones; incluso ha fundado algunas de ellas. 
Las que se han constituido recientemente no lo saben, naturalmente, al igual que la Joven Orquesta, el Colegio de Europa, el Instituto Universitario Europeo de Florencia, la Academia de Derecho Europeo de Tréveris, la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias, los centros de la red de información y documentación Mercator, o el Foro Juvenil Europeo. 
Hasta este momento, estas organizaciones han realizado la labor de suministrar información y trabajar por la integración de Europa. 
Esto también incluye algo que no hemos creado, pero cuya existencia agradezco y todos ustedes realmente deberían agradecer también: la red FIME, que ha estado trabajando para la integración europea durante 50 años en 118 casas de 32 países europeos. 
Por este motivo no puedo comprender lo que lamentablemente ha considerado usted que era necesario decir; supongo que se vio obligada a actuar así por aquellos que hoy le han facilitado información totalmente errónea. 
En mi opinión, hemos de decir que la FIME trabaja bien, que los resultados de la auditoría a la FIME fueron excelentes a principios de este año, que se volvió a someter a la FIME a una auditoría hace tres semanas, que solo consistió en pedirles que llevaran todos sus archivos –300 de ellos– a Bruselas para que se inspeccionaran allí. 
La FIME ha dicho que permitirá que se examine todo adecuadamente, según lo estipulado en un acuerdo con la Comisión. 
A resultas de todo esto, la DG Prensa ha dicho que nada estaba bien. 
Solo puedo decir que lo que no estaba bien era su información. 
Prometimos a FIME 2,2 millones de euros en el último ejercicio económico. 
Este año, no ha recibido ningún importe de ese dinero, nada, solo porque una de las casas de la FIME, la de Aviñón, cometió un fraude de 200 000 euros. 
Esos 200 000 euros se habrían podido descontar de los 2,4 millones y, entonces, la FIME hubiera podido seguir trabajando. 
Si la Comisión se aplicase a sí misma las normas que ha aplicado a la FIME en este caso, hace tiempo que ya no ocuparía su cargo. 
He tenido que decir esto porque simplemente estoy furiosa. 
Lamentablemente, mi adversaria es ahora la Sra. Reding, quien no puede hacer nada sobre este asunto. 
Ha repetido lo que se le ha dicho que diga y solo puedo decir que lo que se le ha dicho que diga no corresponde a los hechos. 
Esto pueden comprobarlo los tribunales. 
En cuanto a la opinión de nuestro Grupo sobre el tema de las asignaciones: estamos a favor de la asignación de fondos. 
Vamos a votar a favor. 
Estamos en contra de la degresividad. Por lo tanto, también vamos a votar en consecuencia. 
Quiero decir una vez más en relación con la asignación de fondos en este tema que me alegra que la Comisión haya propuesto mantener las asignaciones de fondos. 
No dudo de que si ha procedido de este modo es porque sabe que nosotros, como diputados al Parlamento Europeo, estamos más próximos a los ciudadanos que los funcionarios que ocupan cargos en Bruselas, y saben que sabemos lo que puede ser importante tanto política como culturalmente en estos casos concretos. 
El Reglamento financiero no puede primar sobre una ley básica o sobre esta autoridad presupuestaria. 
Esto no puede ser y, por lo tanto, creo, como también ha dicho nuestro servicio jurídico, que la asignación de fondos es acertada. 
Espero que juntos lo consigamos, ya que creo que nos aproximará más a nuestro deseo común de acercar a los ciudadanos a Europa, de encontrar realmente el alma de Europa, que lo que otros han propuesto aquí. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, lo siento, pero no puedo realmente defender mi informe en apoyo de redes a escala europea en el ámbito de la cultura. 
Mis principales propuestas han sido rechazadas por un escaso margen en la votación en comisión. 
Espero que el Parlamento sea capaz de corregir la situación en la votación de mañana, sobre todo porque la propuesta de la comisión para continuar la práctica de la asignación de fondos en la financiación de organizaciones culturales contraviene el Reglamento financiero, de conformidad con una opinión del departamento jurídico del Parlamento. 
Me asombra que incluso la Comisión de Presupuestos esté decidida, de modo tan manifiesto, a contravenir el Reglamento financiero. 
Hasta este momento, he defendido el trabajo de la Unión para los ciudadanos en muchos contextos, ya que se basa en la ley y no en el poder de los más fuertes. 
Ahora no sé qué decir. 
La propuesta de la Comisión de un programa de acción comunitario para promover organizaciones que actúen en el ámbito de la cultura nació de la necesidad: el cambio a un presupuesto basado en las actividades ha hecho que sea inevitable. 
Las organizaciones culturales europeas financiadas anteriormente con cargo a la Sección A relativa a gastos administrativos necesita un fundamento jurídico para poder mantener la financiación. 
El cambio nos brindará una oportunidad única de crear un programa de acción para redes que funcionen a escala europea en el ámbito de la cultura, en el que se puedan determinar los criterios de la financiación y se pueda organizar el apoyo de la UE a las redes tal como dispone el Título 6 del Reglamento financiero, que subraya la importancia de los principios de transparencia e igualdad de trato. 
La propuesta de la Comisión que está a debate abarca no solamente las organizaciones culturales a escala europea financiadas con arreglo a la línea presupuestaria anterior A-3042, sino también la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias y los centros de la red de información y documentación Mercator, financiados con arreglo a la línea presupuestaria A-3015, así como las subvenciones con arreglo a la línea presupuestaria A-3035 concedidas para la conservación de los campos de concentración nazis como monumentos históricos. 
A tal efecto, hay que destacar que los problemas con el informe no se refieren a estos puntos: lo más esencial para la financiación de la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias y los monumentos conmemorativos de los campos de concentración es que el fundamento jurídico entre en vigor a principios de año. 
Se ha hablado aquí de la prisa, pero creo que si queremos podemos obtener algunos resultados con bastante rapidez. 
Las diferencias de opinión relativas a la financiación de organizaciones que actúan en el ámbito de la cultura están relacionadas con tres aspectos: En primer lugar, el proceso de aplicación y la práctica de la asignación de fondos del Parlamento se contradicen. 
En segundo lugar, hay la cuestión de cuál va a ser la duración del programa. 
Dado que el Consejo de Educación, Juventud y Cultura, que debe decidir por unanimidad sobre esta cuestión y según la información de que dispongo, opina categóricamente que el programa tiene que durar hasta 2006 y no hasta 2008, he presentado una enmienda sobre este asunto. 
Creo que sería una muy buena idea que la financiación de organizaciones culturales formara parte del nuevo programa de cultura que actualmente se está preparando. 
El tercer problema está vinculado a la degresividad respecto a los importes de las subvenciones. 
Sobre este punto también estoy en desacuerdo con la mayoría de la comisión. 
Creo que se puede aceptar una disminución pequeña y gradual para poder hacer hueco también a las nuevas organizaciones. 
Hemos de tener presentes cuestiones como la ampliación de la UE. 
Asimismo, las enmiendas que he presentado sugieren que, por falta de tiempo, la lista que ha decidido la Comisión de Presupuestos podría acabar de elaborarse el año que viene. 
De este modo, la continuidad, que es necesaria, queda garantizada. 
Entonces, el procedimiento de aplicación para 2005 podría dar comienzo oportunamente a principios de año. 
También propongo que la financiación plurianual sea posible y que se introduzca un añadido en los criterios de financiación que garanticen la financiación, entre otras cosas, de las orquestas europeas. 
Estas propuestas fueron derrotadas en la votación en comisión, aunque sin duda redundan en interés de las organizaciones culturales. 
Hasta ahora, el debate sobre la propuesta de la Comisión ha sido, en muchos sentidos, una experiencia que amplía los horizontes, aunque no sea del todo edificante. 
Dado que estoy a favor de un procedimiento de aplicación abierto, he querido que la práctica actual, arbitraria e incoherente, fuera abierta y basada en normas claras. 
Actualmente, en nuestra lista figuran organizaciones que en realidad ya ni siquiera existen. 
También hemos de tener presente la división del trabajo interinstitucional. 
La Comisión formula una propuesta y aplica la voluntad del legislador. 
El Parlamento es el legislador y, en mi opinión, no debe intentar ejercer ningún poder ejecutivo. 
Dado que el Proyecto de Constitución de la Unión Europea reconoce al Parlamento como primer legislador, este ha de respetar su función. 
Señor Presidente, como ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos para las tres propuestas que nos ocupan hoy, quisiera, en primer lugar, expresar aquí hasta qué punto la aplicación del artículo 162 bis del Reglamento del Parlamento Europeo- cooperación reforzada entre comisiones- ha quedado una vez más vacío de sentido. 
Nadie pone en duda que los aspectos de la cofinanciación y la degresividad son competencia de la Comisión de Presupuestos. 
Sin embargo, la Comisión de Cultura sometió a votación y rechazó la enmienda de la Comisión de Presupuestos sobre estos dos aspectos, apoyándose en el argumento de que era contradictoria con los otros elementos del informe. 
Aquí está el quid de la cuestión, y no solo en lo que se refiere a los tres informes que tratamos hoy, sino al procedimiento de cooperación reforzada en general. 
Este procedimiento pretende facilitar la cooperación entre las comisiones competentes y reforzar el papel de la comisión competente para emitir opinión. 
Pero si desde un principio no se dispone del tiempo suficiente para facilitar esta cooperación y si, además, basta con que en la comisión competente para el fondo se presente una sola enmienda en contradicción con la que ha presentado la comisión competente para emitir opinión, el artículo 162 bis queda automáticamente anulado. 
Y esto es precisamente lo que ha sucedido en la Comisión de Cultura, con la opinión emitida por la Comisión de Presupuestos. 
Es decir, que después del artículo 162 bis, pasamos automáticamente a aplicar el artículo 162, o sea, a emitir una opinión normal y corriente. 
Estoy convencida de que es el propio artículo 162 bis el que contiene la trampa, y que tal y como está redactado actualmente solo sirve para crear conflictos innecesarios entre comisiones en lugar de favorecer la cooperación entre las mismas. 
Por lo tanto, creo que es indispensable que, de cara al futuro, la Comisión de Asuntos Constitucionales examine este artículo, bien sea para su revisión, bien para su completa eliminación. 
Volviendo al fondo de las propuestas, quisiera centrarme en dos aspectos: la cofinanciación y la degresividad, que son los que más problemas han planteado. 
Se trata de dos aspectos fundamentales en el sistema general de la concesión de subvenciones porque permiten corresponsabilizar al beneficiario en la correcta ejecución de la subvención y permiten, igualmente, que las organizaciones no dependan únicamente y exclusivamente de la subvención comunitaria para funcionar, favoreciendo así su implantación en el futuro. 
Además, la degresividad permite que el dinero que se recupera por esta vía se pueda, en este caso, utilizar para subvencionar a nuevas asociaciones, especialmente las de los países de la ampliación. 
Por ello, la Comisión prevé en sus propuestas la cofinanciación y la degresividad en la concesión de todas estas subvenciones. 
Sin embargo, no puedo dejar de expresar mi extrañeza por el hecho de que la Comisión haya aplicado en estas tres propuestas, que dependen de la misma Dirección General, distintos porcentajes, tanto de degresividad como de cofinanciación. 
Si en el artículo 109 del Reglamento Financiero se consagra la igualdad de trato como uno de los principios de concesión de las subvenciones, no se justifica que asociaciones que tienen el mismo objetivo pero que actúan en distintos campos sean tratadas de distinta manera. 
La enmienda que aprobó la Comisión de Presupuestos pretendía que todas las asociaciones que recibieran una subvención bajo el ámbito de los siete programas- en función de los distintos grupos de asociaciones identificados- tuvieran los mismos derechos y obligaciones en los aspectos de la cofinanciación y la degresividad. 
Además, en el caso de la cofinanciación, no se trataba de poner porcentajes fijos, sino de establecer unos mínimos que permitieran luego a la autoridad ejecutiva aplicar los porcentajes en función de las necesidades o posibilidades reales de cada asociación. 
Y quiero subrayar que no se trataba de un intento de armonización, sino de la aplicación de ese principio de igualdad de trato. 
Por su parte, la Comisión de Cultura elimina la degresividad en sus tres propuestas al considerar que todas las asociaciones susceptibles de recibir una subvención son de interés general europeo, amparándose en la derogación prevista en el apartado 2 del artículo 113 del Reglamento Financiero. 
En mi opinión, se trata de una interpretación demasiado amplia y no puedo por menos que poner en duda que todas estas asociaciones sean realmente de interés general europeo. 
La Comisión de Cultura parece que ha interpretado el mantenimiento de la degresividad por parte de la Comisión de Presupuestos como una especie de castigo a estas asociaciones cuando, en realidad, ello favorece- junto con la cofinanciación y como ya dije antes- su implantación de cara al futuro, pues en ningún sitio está escrito que estas subvenciones se conceden 
Por el contrario, el día en que, por un motivo u otro, se agote ese grifo, todas las asociaciones podrían verse en un serio aprieto. 
Por último- como ya señalé en mi intervención sobre las subvenciones en el pasado Pleno -, la falta de tiempo ha afectado implacablemente a todo este procedimiento. 
El tiempo condicionó a la propia Comisión en la presentación de sus propuestas y el tiempo ha condicionado, igualmente, las propuestas enmendadas que hoy presentamos al Pleno. 
Cualquiera que las haya estudiado se habrá dado cuenta de que existe más de una contradicción. 
Supongo que todos somos culpables y víctimas de esta situación, pero lo que más me preocupa es saber hasta qué punto la posición del Parlamento Europeo saldrá reforzada tras el voto de mañana, porque lo que tenemos, conjuntamente, por delante es una conciliación difícil con el Consejo, ya que este no parece dispuesto a ceder en aquellos puntos que considera fundamentales, como la preasignación, la cofinanciación y la degresividad, o la dotación financiera de los programas. 
– Ante todo, quisiera agradecer a las ponentes la buena labor realizada. 
Aunque no están presentes en este momento, podrán leerlo en el Acta. 
Como Liberal, me alegra que la Comisión haya presentado la propuesta de crear un marco legal para las subvenciones en los ámbitos de la cultura, la educación, la formación y la juventud. 
Los procedimientos que se han seguido hasta la fecha no siempre han sido una garantía de transparencia y calidad, que, en resumidas cuentas, son dos requisitos imprescindibles si Europa quiere ser la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo. 
Es importante que la Comisión tenga esto presente cuando lance las diferentes convocatorias de propuestas. 
Necesitamos criterios claros para la concesión de subvenciones a organizaciones y proyectos, que deberán darse a conocer claramente, para que los solicitantes sepan a qué atenerse. 
Hay que llevar a cabo la selección de organizaciones y proyectos con mucho esmero y no hay que dejarla en manos de la propia Comisión. 
Por esto he empezado a defender que participen expertos independientes. 
En los Países Bajos, tenemos un Consejo de Cultura. 
Se trata de un consejo asesor que presta un asesoramiento fundamento al Ministro, quien actúa conforme a los consejos que recibe, a menos que haya buenos motivos para no hacerlo. 
Puedo imaginar que también se podría establecer esto para la selección de organizaciones que desarrollan sus actividades culturales a escala europea. 
Es un procedimiento mucho más puro que la forma en que se procede en este momento. 
Sin embargo, ahora la cuestión que se plantea es si hay que asignar fondos o no. 
Tradicionalmente, mi Grupo no ha estado a favor de la asignación de fondos, pero las organizaciones seleccionadas han de poder confiar en que existirá una cierta continuidad. También he defendido esto en mi Grupo. 
A mi entender, la opción de llegar a acuerdos marco de asociación plurianuales es una buena manera de conseguirlo, pero hemos de cuidar de que estas subvenciones no se mantengan hasta el final de los tiempos. 
En consecuencia, mi Grupo aboga por introducir el principio de degresividad, que debería empezar a aplicarse a partir del tercer año. 
Según mis cálculos, con una degresividad anual del 2,5 %, según propone la Comisión, se podrá prestar apoyo a las organizaciones durante otros cuarenta años más o menos. 
Sin embargo, esto es un compromiso considerable para nosotros e incluso para nuestros nietos. 
Por ello, los Liberales proponemos que sea del 10%. 
De este modo, las organizaciones pueden confiar en que recibirán subvenciones durante trece años. 
De este modo se crea entonces la posibilidad de prestar apoyo a nuevas organizaciones que, a la vista de la ampliación, no deberían quedar fuera de juego. 
La continuidad, combinada con un margen para la innovación, ese es mi lema. 
Por desgracia, el año que viene nos enfrentamos a un problema, y es que se prevé que los programas de acción sigan adelante el 1 de enero de 2004, es decir, en unas pocas semanas, y todavía no se ha organizado nada. 
Las organizaciones que han recibido subvenciones hasta la fecha corren el riesgo de que se queden al margen en 2004. 
Los Liberales quieren impedir que esto ocurra, y debido a ello es preciso que se establezca un acuerdo de transición. 
Por último, quiero indicar brevemente que no solo los procedimientos de asignación han de ser transparentes, sino que los asuntos han de tratarse con prontitud y eficiencia. 
Lo he dicho antes, pero quisiera repetirlo aquí: esto es importante y se aplica a los tres programas de acción. 
– Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a las tres ponentes, en especial a la Sra. Pack, ya que justo antes de que comenzara nuestra sesión, ha demostrado que tras la aspereza de su voz política se esconde una voz dulce y melódica, y esto es sumamente importante. 
Quiero decir que esta reforma, con la adición de los términos jurídicos, era necesaria, es importante y mejora el orden de los trabajos. 
Sin embargo, quiero expresar una serie de preocupaciones. 
Estas preocupaciones se refieren tanto al hecho de que determinadas agencias permanentes reciban fondos comunitarios como al procedimiento para seleccionar las agencias que no son permanentes. 
Temo que corremos el riesgo de crear determinadas agencias que consumen el presupuesto comunitario y de complicar la tarea que se podría llevar a cabo a través de ellas. 
Por otro lado, al otorgar a la autoridad presupuestaria una parte importante de la decisión relativa a estas agencias, que no son permanentes, creo que reducimos la transparencia y los criterios adecuados para seleccionar a los beneficiarios. 
Quiero expresar mi especial preocupación con respecto al programa «Juventud». 
Creo que el Foro Juvenil Europeo está muy distanciado de la nueva generación y de las agencias relacionadas con el mundo real de la juventud. 
Me temo también que los criterios a aplicar a las agencias seleccionadas, según los cuales, por ejemplo, se puede seleccionar a una agencia con un objetivo de interés general europeo en el ámbito de la juventud o un objetivo que forma parte de la política de la Unión Europea, hacen que castremos a los jóvenes. 
Deberíamos aceptar y fomentar que se discuta y se formulen preguntas acerca de las políticas de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, agradezco enormemente a la Sra. Comisaria que pase de puntillas por un campo de minas, que camine con pies de plomo y, por supuesto, que haga todo lo posible por ver que rescatamos algo de los programas de primera clase que hemos organizado durante muchos años. 
Todos sabemos en esta Cámara y en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte que el trabajo de la Unión Europea tiene que llevarse a cabo tanto desde dentro de las instituciones como desde fuera. 
Afortunadamente, hay muchas organizaciones honradas y trabajadoras que están haciendo un gran esfuerzo por promover la Unión Europea y la cooperación. 
En particular, los Consejos Europeos, la Joven Orquesta Europea, el Foro Europeo de la Juventud y Modelo de Parlamento Europeo. 
La Unión Europea y el Parlamento Europeo han apoyado a estas organizaciones durante muchos años mediante subvenciones votadas por el Parlamento. 
Parece increíble que en el año de la ampliación y de la aprobación de una nueva Constitución –sin mencionar las elecciones europeas– estemos pensando en reducir o cancelar la financiación de estas emblemáticas instituciones. 
Quiero decir a la Sra. Dührkhop que siempre podemos encontrar maneras de gastar el dinero en burocracias, jurados y procedimientos administrativos. 
Tenemos que encontrar la manera de hacer llegar el dinero a la gente que realmente hará algo bueno con él. 
La organización de una orquesta con músicos procedentes de los mejores conservatorios de Europa requiere mucha organización y planificación. 
¿Cómo se puede reservar una sala de conciertos si no se sabe que se va a disponer del dinero? 
Algunos de estos procedimientos simplemente anularán este esfuerzo. 
Si la Unión Europea no puede o no quiere organizarse para proporcionar asistencia, ¿por qué debería hacerlo cualquier otra organización? 
Por lo que respecta a la política de degresividad, normalmente estoy de acuerdo con la Sra. Sanders-ten Holte, pero la degresividad sencillamente demuestra la falta de visión de las personas que soñaron con esta política, una absoluta falta de visión, que contrasta fuertemente con la visión de los padres fundadores de Europa. 
– Señor Presidente, quiero disculparme por la ausencia de otras dos diputadas de mi Grupo, la Sra. Ahern y la Sra. Echerer, que no pueden estar presentes esta tarde. 
Deseo expresar mi agradecimiento y gratitud a la Sra. Sanders-Ten Holte, pero sobre todo a la Sra. Prets, aunque no esté presente, por su excelente trabajo en este informe, que demuestra una gran comprensión de las necesidades y objetivos de las ONG juveniles. 
En una sociedad cada vez más individualista, el papel que desempeñan las ONG juveniles en la implicación de los jóvenes en la sociedad civil es crucial. 
Como ha dicho el en su último documento político, las ONG juveniles constituyen factores sociales que promocionan a los jóvenes; constituyen ambientes para el aprendizaje no formal y, por tanto, son particularmente adecuadas para que los jóvenes aprendan sobre la toma democrática de decisiones, la comprensión intercultural, la automotivación, la gestión de proyectos, la resolución de conflictos y la organización de cualificaciones, entre otras cosas. 
Las actividades de las ONG juveniles dependen en gran medida de subvenciones. 
Por esta razón, acojo favorablemente que todas las organizaciones juveniles, incluida y otras ONG juveniles internacionales, queden excluidas del principio de degresividad, lo que significaría una reducción del 2,5 % en sus fondos desde el tercer año en adelante. 
La garantía de un presupuesto para estas ONG es la mejor manera de apoyar sus actividades y aumentar su eficacia y esfuerzos en la creación de una generación de jóvenes más implicados socialmente. 
Asimismo, apoyo la propuesta de mejorar el grado de satisfacción del usuario respecto del proceso de solicitud de subvenciones. 
En la actualidad es demasiado complicado. 
Por lo tanto, apoyo plenamente la enmienda 16 de la Sra. Pack, que da a los solicitantes la oportunidad de corregir errores después de presentar sus solicitudes. 
Esto reducirá el número de solicitudes rechazadas por razones técnicas. 
Asimismo, espero que una importante mayoría apoye el excelente informe de la Sra. Pack, a fin de garantizar una base jurídica para financiar de forma eficaz las ONG juveniles internacionales. 
– Señor Presidente, el programa de acción para la educación y la formación refleja la necesidad de establecer una base legal adecuada para otorgar subvenciones a las organizaciones comprometidas a escala europea en los ámbitos de la educación y la formación. 
Quisiera que el programa apoyara los esfuerzos por aumentar la conciencia de los jóvenes sobre el sistema político, y por supuesto, la promoción y el desarrollo cívico, si bien ya sé que las escuelas no están incluidas en estos programas particulares. 
Quisiera escuchar las opiniones de la Comisaria en relación con la importancia de subrayar este aspecto, que es particularmente importante en la sociedad irlandesa actual. 
El programa plurianual abarcará el período 2004-2008 y, como sabemos, está valorado en 129,62 millones de euros. 
¿Sería un periodo más corto más beneficioso para permitir una revisión más temprana y tener en cuenta los fenómenos derivados de la ampliación? 
Apoyo firmemente los esfuerzos por concluir esta cuestión de forma satisfactoria, para que el nuevo programa no se siga retrasando. 
La Comisión aprobó las propuestas en mayo de 2002 y, por tanto, en términos realistas no podemos esperar las primeras subvenciones antes del final del verano de 2004. 
Comparto la opinión de la ponente sobre la transparencia. 
Creo que cualquier beneficiario de subvenciones europeas tiene que estar obligado a indicar en un lugar destacado –en páginas web, memorias anuales o incluso en papel con membrete– el hecho de que está recibiendo subvenciones de la UE. 
– Señor Presidente, no quiero repetir lo que otros diputados han dicho, especialmente mi colega la Sra. Dührkop, únicamente quiero realizar una advertencia en relación con dos de los informes que tienen delante de ustedes. 
Durante este mes la Comisión de Presupuestos celebrará una reunión de conciliación con el Consejo sobre varios temas, uno de los cuales será conseguir un acuerdo general sobre los ámbitos en los que tenemos codecisión. 
Hay siete ámbitos en total, tres de los cuales están en el orden del día del pleno de esta semana. 
En la Comisión de Presupuestos –especialmente gracias a la labor de la Sra. Dührkop, que ha trabajado de manera muy diligente– hemos intentado llegar a un acuerdo sobre estos informes. 
Sin embargo, ahora nos encontramos con que dos de los informes nos están causando graves problemas. 
Si la enmienda 19 al informe Prets y la enmienda 14 al informe Ilvari salen aprobadas, tendremos verdaderos problemas a la hora de la conciliación. 
De hecho, estoy seguro de que el Consejo y la Comisión afirmarán que los informes violan el Reglamento financiero. 
Si el Parlamento rechazara estas dos enmiendas, facilitaría mucho las cosas. 
Tengo que advertir que si estas dos enmiendas salen aprobadas, yo, como Presidente de la Comisión de Presupuestos, lo consideraría una violación del artículo 63 bis del Reglamento. 
En otras palabras, tendremos en cuenta el Reglamento financiero y las consecuencias presupuestarias. 
Durante la votación intervendré para pedir al Parlamento que apoye una enmienda oral para garantizar que estos dos informes se ajusten al Reglamento financiero. 
Esperemos que cuando llegue la conciliación podamos llegar a un consenso en todos los informes y no solo en cinco de los siete. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, yo también quisiera felicitar a las tres ponentes de los informes que estamos debatiendo esta noche, a la Sra. Pack, la Sra. Prets y la Sra. Iivari. 
En primer lugar, me voy a referir al informe relativo al programa de la juventud y quisiera decir que lo considero muy positivo porque propone, entre otras cosas, acercar las instituciones de la Unión Europea a los jóvenes, y creo que es esto un gran acierto porque no tenemos que olvidar que ellos son el futuro de Europa y ellos son los que mejor nos tienen que conocer. 
Por otro lado, es muy importante que se puedan transmitir las opiniones de esta gente joven a todos los miembros que conformamos esta Cámara y a las demás personas que están en las instituciones europeas, porque a la hora de tomar decisiones es muy importante conocer sus opiniones. 
Y es que dar estabilidad y continuidad a los programas de la juventud, siempre y cuando se respete- por supuesto- el principio de subsidiariedad, es fundamental para su buen funcionamiento. 
En cuanto al informe que se refiere a la educación y a la formación, quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo en la búsqueda constante de la calidad de la enseñanza y de la educación, y me parece fenomenal que esto se promueva a un nivel europeo. 
Pero quisiera añadir, de manera general para los tres informes, que tenemos que darle más importancia a la educación, a la juventud y a la cultura, porque aunque aquí decimos siempre que son temas de muchísima importancia, luego la gran realidad es que esto no se ve reflejado en los presupuestos de la Unión Europea. 
Y al no verse reflejado en los presupuestos, es muy difícil que nuestros votantes nos crean cuando lo decimos. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el tema que estamos examinando parece ser de carácter técnico, a primera vista y, sin embargo, esconde una dimensión política muy seria, ya que se refiere a la financiación de organizaciones que, conforme a la redacción repetida en las exposiciones de motivos de los tres informes, «refuerzan el mensaje europeo» y actúan en tres ámbitos cruciales: juventud, educación y cultura. 
Pero ¿para qué gastar cerca de 40 millones de euros al año durante cinco años para reforzar el llamado «mensaje europeo»? 
Pues porque parece ser que la publicidad y la promoción llevadas a cabo tanto por los servicios de la Unión Europea como por los Estados miembros para convencer a los ciudadanos de las ventajas de Europa no son suficientes. 
Ni tampoco los fondos en estos tres sectores de intercambios educativos y programas especiales para los ámbitos de la juventud y la cultura. 
Las experiencias diarias de los trabajadores, el desempleo, las dificultades, el ataque a sus derechos y la comercialización de todo demuestran exactamente lo contrario. 
Por consiguiente, se está creando un mecanismo multifacético que incluso quiere involucrar y sobornar a organizaciones y fundaciones independientes. 
Sin querer subestimar el trabajo de algunas de estas organizaciones, no podemos sino identificar determinados casos típicos de financiación, como la del Foro Juvenil Europeo, que es un intento de intervenir directamente en el movimiento juvenil en una tentativa de impedir la radicalización de los jóvenes. 
De la acción en el ámbito de la educación se eligió la financiación para la enseñanza sobre integración europea en universidades, la financiación de fundaciones que fomentan la política de la Unión Europea, incluso la formación de jueces nacionales en Derecho comunitario. 
El Partido Comunista de Grecia se opone categóricamente a la creación de mecanismos de propaganda cuyo objetivo es ocultar el carácter contrario a los intereses de la gente común de la Unión Europea. 
Por esta razón tenemos que votar en contra de las tres propuestas, sin entrar en el debate sobre los detalles. 
– Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a los ponentes y voy a centrarme en una cuestión, de hecho en el ámbito de la cultura y el informe de la Sra. Pack. 
Ni que decir tiene que estamos rotundamente a favor de una base jurídica transparente y segura, pero tenemos que preguntarnos, en el tema que nos ocupa, ¿en qué medida una política cultural europea común será todavía posible con este procedimiento, o si nos estamos centrando exclusivamente en un procedimiento y los ciudadanos ya no cuentan tanto? 
Tomen como ejemplo el programa de acción para fomentar organizaciones activas a escala europea en el ámbito de la cultura. 
Existen dos estructuras de financiación, dos conjuntos de normas, una para las denominadas organizaciones permanentes y otra para las no permanentes, que funciona por convocatorias. 
Solo se trata de que queremos promover tantas nuevas iniciativas como sea posible a partir de las asignaciones presupuestarias actuales. 
Pero la forma en que se propone aquí y que se decidió en particular por el Consejo en primera lectura hace que ya no sea posible incluir iniciativas europeas que realmente merecen este apoyo como organismos permanentes. 
Tal como menciona el informe, hay la Oficina Europea para Lengua Minoritarias, que se supone que es uno de estos organismos permanentes, pero no puede ser el único en toda Europa que tenga el derecho a ser un organismo permanente de este tipo. 
La Joven Orquesta Europea, el Instituto Universitario Europeo de Florencia, la Academia de Derecho Europeo de Tréveris, el Colegio de Brujas: ¿qué tipo de propuesta se supone que hagan? 
¿Cuántas Jóvenes Orquestas Europeas han de existir para asegurar un apoyo suficiente? 
En caso de que haya alguna duda, tenemos que unirnos a la Comisión para litigar con el Consejo a fin de que el apoyo a estas sea realmente posible. 
. Señor Presidente, he escuchado con suma paciencia todo lo que se ha dicho. 
Sin embargo, quiero volver a la realidad. 
¿Cuál es esa realidad? 
Se ha decidido un nuevo Reglamento financiero, sometiéndolo a votación en el Parlamento Europeo. 
Este nuevo Reglamento financiero tiene consecuencias. 
El Parlamento era consciente, cuando votó a favor de este Reglamento, que tendría consecuencias. 
Ahora, una de estas consecuencias es la imposibilidad de continuar financiando determinados organismos tal como se les financiaba en el pasado. 
Este es el problema. 
Por lo tanto, hemos tenido que encontrar una solución. 
La solución más fácil hubiera sido simplemente que hubiéramos aplicado el Reglamento financiero y, seguidamente, cerrado la puerta y esto hubiera puesto el punto final. 
Sin embargo, la Comisión, debido a que le importan los organismos activos en el ámbito de la juventud, la educación y la cultura, no ha elegido el camino más fácil. Ha elegido el más difícil. 
En otras palabras, a pesar del nuevo Reglamento financiero intentamos asegurar que podamos seguir financiando estos organismos, y así lo hemos hecho, ya que la propuesta que se encuentra sobre la mesa nos permite ahora seguir financiando el Colegio de Europa de Brujas, el Instituto Universitario Europeo de Florencia, la Academia de Derecho Europeo de Tréveris, el Instituto Europeo de la Administración Pública de Maastricht, el Centro de Derechos Humanos de Venecia, las cátedras de Jean Monnet, etc. También nos permite financiar –no voy a leer toda la lista, Señor Presidente– las orquestas, la Academia Coral, Europa Cantate, la Fundación Yehudi Menuhin, la Youth Academy Foundation, Europa Nostra, Pueblos de Artistas, Europalia, Euroballet, la Fundación Pegasus, la Boniface Memorial Foundation, etc. Hay docenas de ellas, Señor Presidente. También nos permite seguir financiando los Foros Juveniles y las organizaciones juveniles. 
Lo lamento, pero cuando oigo que todas estas cosas ya no se van a financiar, me pregunto qué es lo que he estado haciendo durante los últimos meses para intentar continuar la financiación a pesar de un Reglamento financiero que ya no permite este tipo de financiación. 
Creo que es muy desagradable por parte del Parlamento decirnos que recibió la propuesta demasiado tarde. 
El Parlamento recibió la propuesta en mayo, y estamos en noviembre. 
¿Por qué el Parlamento no recibió la propuesta hasta mayo? 
Podría haberlo recibido un mes o dos antes. 
No lo recibió en ese momento porque durante esos meses la Comisión hacía lo imposible por proteger a organismos culturales, organismos educativos y organismos juveniles, y para poder proceder en la dirección deseada por el Parlamento Europeo, para prestar asistencia a aquellos beneficiarios que el Parlamento ha seleccionado, con acierto, de manera que pudieran cambiar de un sistema a otro sin solución de continuidad. 
Esto es lo que hemos estado haciendo durante los meses anteriores a mayo. 
¿Qué queda ahora por hacer? 
Lo que queda por hacer es que el Parlamento llegue a un acuerdo con el Consejo, ya que todos nuestros servicios jurídicos nos han dicho que la asignación de fondos, idea del Parlamento, no será posible. 
Ha sido gracias a la Comisión, a su asiduidad, y a la manera en que siguió adelante para poder hallar una solución intermedia, que ha sido posible garantizar la asignación de fondos del Parlamento. 
El nuevo Reglamento financiero no prevé la asignación de fondos. 
Por lo tanto, Señorías, tengamos los pies firmes sobre la tierra. 
Si hemos tardado tanto, fue porque era preciso que encontráramos soluciones a una situación imposible, soluciones que serán en interés de nuestros organismos en el ámbito de la cultura, la educación y la juventud. 
Ahora el Parlamento ha de someter a votación las enmiendas. 
El presidente de la Comisión de Presupuestos lo ha dejado bien claro: tanto si el Parlamento vota a favor de as enmiendas que contarán seguramente, en el procedimiento de codecisión, con el acuerdo del Consejo, en cuyo caso a partir de enero todos estos organismos con los que estamos comprometidos recibirán su dinero, o vota a favor de enmiendas que nunca van a recibir el apoyo de nadie, en cuyo caso, en enero, los organismos a los que acabo de referirme, y hay docenas y docenas de ellos, no recibirán ningún dinero. 
He hecho todo cuanto estaba en mis manos, señor Presidente, para hacer posible una solución. 
Espero que el Parlamento y el Consejo, por su parte, también se esforzarán en lo posible por asegurar que la solución se pueda aplicar a partir de enero de 2004. 
Señor Presidente, ¿permitiría una pregunta a la Comisión, aunque no esté estrictamente contemplado por el Reglamento? 
De forma muy excepcional, hágala en quince segundos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en la misma propuesta de la Comisión se prevén medidas transitorias para las tres propuestas que estamos discutiendo. 
Entonces, aunque no se llegue a un acuerdo con el Consejo, ¿me podría explicar cómo es que hay un riesgo de que algunas organizaciones no tengan financiación? 
. Señor Presidente, el riesgo es evidente. 
Quiero decir a su Señoría que si no hay acuerdo en el procedimiento de codecisión, si hay un retraso, si hemos de empezar a deliberar sobre todos los detalles otra vez desde el principio, no se va a tomar ninguna decisión antes de la fecha límite de enero de 2004. 
Puede que lleguemos a una decisión en primavera o en verano. 
No lo sé, pero sé que durante este tiempo no será posible pagar a los organismos en cuestión, ya que sin fundamentos jurídicos nadie va a firmar nada para que se efectúe un pago. 
Hasta ahí está todo muy claro. Sería ilegal, y nadie va a aceptar la responsabilidad de hacer algo ilegal. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0279/2003) de la Sra. Karamanou, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre las mujeres en la nueva sociedad de la información (2003/2047 (INI) ). 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, seguramente sabrán que la falta de acceso a las nuevas tecnologías y el analfabetismo digital están evolucionando cada vez más hacia nuevas formas de exclusión social que ponen directamente en peligro a las mujeres. 
Hasta la fecha hay pruebas que han desvelado que existen enormes diferencias entre ambos sexos tanto en el ámbito de la educación como en el mercado laboral. 
El informe que he elaborado en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades empieza enumerando las razones, como por ejemplos los estereotipos sociales y los prejuicios culturales, que limitan las opciones de las jóvenes y levantan barreras a sus carreras profesionales, lo que da lugar, en general, a consecuencias negativas en la economía debido a un uso irracional de los recursos humanos. 
Durante la última década, sabemos que se han creado tres millones de nuevos puestos de trabajo, de los cuales 1 600 000 han sido ocupados por mujeres. 
Sin embargo, cabe destacar que más del 60% de los nuevos puestos de trabajo creados pertenecen al sector de la alta tecnología, en el que las mujeres están menos representadas en los niveles superiores de la especialización técnica y en el nivel de la toma de decisiones. 
De ahí que el desarrollo económico en el campo de las tecnologías modernas en las circunstancias actuales esté exacerbando las desventajas estructurales y ampliando la diferencia entre hombres y mujeres. 
El mercado laboral sigue estando dividido por género, con los hombres dominando en las nuevas tecnologías y las mujeres en los puestos de trabajo con menor remuneración que exigen una menor especialización y ofrecen menos seguridad. 
En el campo de la investigación y de la ciencia, no solo están mucho menos representadas, sino que solo están presentes en unos pocos campos científicos y totalmente ausentes en otros, mientras están menos representadas de forma notoria en toda la jerarquía científica y tienen menos oportunidades de asegurar una financiación para la investigación. 
De los 500 000 investigadores que trabajan en la industria en Europa, solo 50 000 son mujeres. 
En el sector público, las universidades y los centros de investigación, el porcentaje fluctúa entre una cuarta parte y una tercera parte, pero en puestos de trabajo superiores de responsabilidad, el porcentaje es inferior a un 12% para las mujeres. 
En la investigación industrial, la situación es incluso peor, y el sector de las nuevas tecnologías parece ser el peor de todos. 
Un mejor acceso de las mujeres a la investigación contribuiría sin duda a enriquecer los métodos, los temas y los contenidos científicos. 
De modo similar, en el ámbito de los medios de comunicación, no existe ninguna representación o participación de mujeres periodistas en posiciones de responsabilidad administrativa, mientras no se presta ninguna atención a la cuestión de la discriminación contra las mujeres e imágenes de mujeres, que no tienen nada que ver con la realidad, se proyecten a menudo en los medios de comunicación. 
Al mismo tiempo, Internet sigue estando dominada por los hombres y dirigida principalmente a los hombres, lo que da pie a la discriminación. 
Hay estudios que muestran que existen diferencias en la forma en que hombres y mujeres utilizan los servicios de Internet. 
De modo similar, tenemos pruebas preocupantes sobre el pequeño porcentaje de usuarias de Internet en los países en vías de adhesión. 
Para incrementar el número de mujeres que reciben educación y formación en las nuevas tecnologías, mi informe propone que se incluyan ordenadores y acceso a Internet en la escuela primaria a una edad temprana, para estimular a las jóvenes a que tomen lecciones en un sentido positivo. 
Los estudios demuestran que el contacto con la ciencia y la tecnología a una edad temprana puede hacer cambiar la actitud de las mujeres antes de que el estereotipo empiece a condicionar su conducta. 
La Estrategia de Lisboa y las directrices de empleo tienen que aplicarse para limitar la división laboral entre hombres y mujeres, la concentración de mujeres en determinadas profesiones con requisitos de cualificación bajos, salarios bajos y nulas perspectivas de ascenso. 
Por este motivo conviene que tanto la Comisión como los Estados miembros contraigan el compromiso, con pleno uso de los Fondos Estructurales y, en particular, el Fondo Social, de la formación en las nuevas tecnologías, en especial con respecto a la entrada o vuelta al mercado laboral de las mujeres, siempre en el contexto de los objetivos de Lisboa. 
Al mismo tiempo, es necesario poner en marcha las políticas y programas de igualdad entre hombres y mujeres cuyo objeto es, en concreto, la formación profesional, el aprendizaje permanente, la compatibilidad entre la vida profesional y la vida privada y el reparto igualitario de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, lo que facilitará el acceso de las mujeres a la sociedad de la información. 
Hay que prestar especial atención a los contenidos de los programas multimedia, para que promuevan imágenes positivas de mujeres, como el rendimiento asombroso de mujeres en todos los niveles de educación. 
Instamos a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que promuevan la plena participación de las mujeres en igualdad de condiciones en los medios de comunicación, incluidos los sectores de la administración, planificación, gestión, educación y proyección. 
Al mismo tiempo, conviene que se adopten políticas que mejoren las condiciones laborales en los nuevos sectores, como el teletrabajo. 
Hay que prestar especial atención a la mejora del acceso de las mujeres a Internet y las nuevas tecnologías con la creación de una infraestructura extensa y con el suministro de equipos técnicos en las zonas rurales y suburbanas, que hoy en día están mal servidas, en especial en las zonas más pobres y en los países en vías de adhesión. 
Todas las políticas de la Unión Europea tienen que promover una estrategia para garantizar la infraestructura básica que suministrará acceso, equipos y conexiones a todas las casas, escuelas, edificios públicos y bibliotecas. 
Con el fin de luchar contra la exclusión social, hay que dar prioridad a los grupos vulnerables de niñas y mujeres, inmigrantes, personas con discapacidad, marginadas, madres solteras, mujeres del campo, etc. De modo similar, es necesario que la Comisión recopile estadísticas adicionales sobre las diferencias estructurales en el sector de las TI, para que puedan investigar la participación real de las mujeres, su representación y las tendencias en el mercado laboral. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades destaca que, hasta este momento, se ha ignorado completamente la dimensión de género en el sector de las nuevas tecnologías. 
Por este motivo, en el marco de la Cumbre mundial de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información que se celebrará en Ginebra en diciembre de 2003, pedimos a la Comisión y al Consejo que presenten propuestas estratégicas prácticas y contribuyan a la incorporación de políticas horizontales para la igualdad entre hombres y mujeres. 
La economía digital brinda tanto oportunidades como desafíos a las mujeres, desafíos que difieren de los de los hombres y se basan en sus diferentes roles y lugares en la familia y la sociedad. 
La integración de la dimensión de género en el desarrollo de las nuevas tecnologías no solo plantea la cuestión del acceso, la participación cuantitativa y la representación en igualdad de condiciones de las mujeres; también plantea un cuestión mucho más profunda y brinda una oportunidad para una evaluación crítica de la cultura de la sociedad de la información, con sus valores, estrategias y objetivos de desarrollo y la participación de recursos humanos. 
Espero que mi informe contribuya al diálogo público sobre el tipo de sociedad de la información que queremos. 
. Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias a la Sra. Karamanou por el trabajo que ha realizado en este informe sobre las mujeres en la nueva sociedad de la información. 
Como sabemos, la mundialización y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han cambiado espectacularmente todos los ámbitos de la vida social y profesional de Europa. 
Más de la mitad de la población activa utiliza ordenadores en sus vidas profesionales, un 40% de los europeos utilizan Internet y, en los últimos cinco años, más del 60% de los nuevos puestos de trabajo que se han creado en la Unión lo han sido en sectores de alta tecnología. 
De estas cifras salta a la vista un hecho: los trabajadores que no poseen la educación necesaria para usar las nuevas tecnologías no serán realmente necesarios. 
Se han realizado avances en el campo de la igualdad entre hombres y mujeres, con casi tantas mujeres (46%) que utilizan ordenadores como hombres (54%) , y la situación es similar en lo que se refiere a Internet. 
Sin embargo, la diferencia entre hombres y mujeres aumenta en los grupos desfavorecidos. 
Las nuevas tecnologías ofrecen nuevas oportunidades de empleo y en las vidas laborales de las personas, incluido el teletrabajo que, al menos en teoría, pueden ayudar mejor a los hombres y las mujeres a conciliar la familia con la vida laboral. 
Aunque las mujeres parecen estar actualmente más interesadas en el teletrabajo, todavía no lo utilizan ampliamente, por lo que aún hay mucho que hacer en este ámbito. 
Los hombres ocupan dos terceras partes de todos los puestos de trabajo en los sectores de las nuevas tecnologías. 
Solo el 15% de los profesionales de este sector son mujeres, y las cifras son más o menos las mismas en el ámbito de la educación. 
En algunos países, menos del 30% de las mujeres siguen cursando estudios sobre las nuevas tecnologías en la enseñanza superior. 
Las mujeres representan el 19% de los doctorados en informática, y el porcentaje de mujeres que montan sus propios negocios es mucho más bajo. 
En el mundo de los negocios, cuanto más alto se sube en el escalafón de la toma de decisiones, menos mujeres se encuentran en el sector de la nuevas tecnologías de la información, aunque creo que esto es lo que ocurre hasta cierto punto en todos los sectores. 
En este contexto, la Estrategia de Lisboa, la Agenda Europea de Política Social y la Estrategia Europea de Empleo han desempeñado un papel considerable en el fomento del acceso de las mujeres a la sociedad de la información, incluidas todas las medidas adoptadas por los Ministros de Educación a escala nacional y europea. 
Por el mismo motivo, la Estrategia marco sobre la igualdad entre hombres y mujeres estimula un enfoque orientado hacia la empleabilidad y el acceso de las mujeres a puestos de trabajo en el sector de las nuevas tecnologías. 
Una serie de otros programas financiados por la Comunidad también fomentan la igualdad entre hombres y mujeres y los interlocutores sociales tienen que desempeñar un papel clave en prestar apoyo a la participación de las mujeres en la sociedad de la información. 
Si queremos conseguir resultados, está claro que todas estas políticas necesitan consolidarse, y en este terreno el papel de la Comisión es crucial, pero todas las partes implicadas en todos los niveles han de aprovechar la oportunidad que representa la nueva sociedad basada en el conocimiento para asegurar que los hombres y mujeres están representados por igual en el sector. 
A mi juicio, toda futura acción ha de girar en torno a tres prioridades. 
En primer lugar, se ha centrar en encontrar un lugar para las mujeres en todas partes y en todas las situaciones sociales. 
En segundo lugar, hay que hacer hincapié en la educación y la formación. 
En tercer lugar, hay que trabajar para mejorar la tasa de empleo de las mujeres y el porcentaje de mujeres que crean sus propios negocios en el sector de las nuevas tecnologías. 
Tal como he dicho al principio de mi intervención, es necesario que se preste especial atención a las mujeres que corren el riesgo de verse excluidas de la sociedad de la información, incluidas las mujeres de más edad, a las desempleadas o con ingresos bajos, mujeres inmigrantes o con discapacidades y, por encima de todo, mujeres que no han recibido suficiente educación. 
Hay que establecer la infraestructura necesaria en las ciudades y a nivel local y regional. 
La mejora del acceso a las conexiones de banda ancha puede impedir la exclusión tanto en las zonas urbanas como rurales. 
El acceso a las nuevas tecnologías en todos los ámbitos no debe limitarse a ayudar a las mujeres a encontrar nuevos puestos de trabajo. 
Mediante la promoción de nuevos métodos de trabajo, nuevas formas de organizar el trabajo, este tipo de acciones también creará las condiciones necesarias para llevar un cambio en las prácticas de empleo actuales. 
Ya he mencionado el teletrabajo, pero la calidad del trabajo y el grado de satisfacción laboral también pueden mejorarse. Por último, podría integrar en mayor medida a las mujeres en la población activa. 
Es crucial incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral para alcanzar los objetivos establecidos en Lisboa y la mejora considerable de creación de empresas podría significar un cambio real en la situación de las mujeres. 
Es necesario que mejoremos el papel que se da a las mujeres en el terreno del protagonismo, la supervisión y gestión en las TIC y los sectores de los medios de comunicación, mediante el suministro de la asistencia necesaria a las mujeres que crean sus propias empresas, la financiación de proyectos y la cooperación en la aplicación de planes de acción, en particular en los sectores basados en el conocimiento, apoyando campañas de sensibilización y estimulando a las mujeres a que aprovechen las oportunidades laborales en el sector de las nuevas tecnologías, una vez se han formado. 
Hemos de establecer condiciones que permitan que todas las mujeres participen en el empleo, incluidas las madres con hijos de corta edad, las mujeres de edad y mujeres con discapacidad. 
Para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, hay que mejorar la representación de mujeres en el mercado, pero esto no basta en sí mismo. 
Las mujeres también han de desempeñar un papel principal en los órganos de toma de decisiones y en la sociedad en general. 
Respecto a las nuevas tecnologías, los cambios reales en el terreno de la igualdad entre hombres y mujeres solo serán verdaderamente efectivos cuando las mujeres también ocupen cargos superiores en este sector. 
Señor Presidente, Señorías, esta acción exige colaboración y acción práctica. 
Aumentar la participación de las mujeres en la sociedad de la información es una cuestión que concierne a todos. 
Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo, los Gobiernos, las autoridades locales y regionales, los sindicatos y los empresarios comparten todos esta responsabilidad, que la Comisión espera que todos respalden. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el tema de debate de esta tarde no es simplemente un aspecto de la vida profesional moderna de las mujeres; es especialmente importante para el desarrollo de la Unión Europea, el éxito de los objetivos de Lisboa y, sin duda, el futuro de las propias mujeres. 
El mundo entero se está convirtiendo en una sociedad de información, y nuestra experiencia demuestra que los estados, las regiones y los ciudadanos más familiarizados con estas nuevas oportunidades tienen mayores oportunidades de empleo y avance. 
Por ese motivo las nuevas tecnologías no constituyen por sí mismas un sector del mercado con un aumento constante del empleo, pero sí que afectan al desarrollo de otros sectores. 
La Unión Europea va por detrás de los Estados Unidos en materia de investigación y uso de nuevas tecnologías. 
No obstante, incluso dentro de la Unión Europea existen discrepancias entre los Estados miembros, entre las regiones, y lamentablemente entre los dos sexos, tal y como han señalado la ponente y la señora Comisaria. 
Mi distinguida amiga Anna Karamanou ha tomado una iniciativa muy positiva al redactar un informe sobre este tema; un informe que favorecerá la comprensión del problema y de la necesidad de tomar medidas adecuadas y eficaces con una cooperación adecuada en el ámbito europeo, nacional y local. 
Las propuestas de la ponente aluden a una gran diversidad de políticas para promover la participación de las mujeres en el mundo de las nuevas tecnologías, políticas referentes al lugar de trabajo, al mundo de los negocios y al mundo de la educación, y señalan con razón que para alcanzar ese objetivo, las mujeres tienen que participar en la planificación de las decisiones sobre las políticas relevantes. 
Quiero referirme en particular el hecho de facilitar el acceso a Internet de las amas de casa, porque eso les hará más fácil la vida a las propias mujeres. 
En el ámbito comunitario, la media varía sensiblemente: el 48% de los hombres y el 38% de las mujeres tienen conexión en casa. 
La experiencia nos dice que el acceso de las mujeres podría tener muchos beneficios para la sociedad. 
Y como este es el año de las personas con discapacidad, quiero referirme en particular a las iniciativas tomadas por las madres para tratar los problemas de salud de sus hijos. 
Hoy podemos encontrar sitios web en Internet donde las madres intercambian experiencias y promueven soluciones hasta un extremo impresionante. 
Sirva de ejemplo la Fundación para la Dispraxia, fundada en 1987 por dos madres inglesas, Stella White y Marion Owen. Sus nombres son dignos de mención. 
Hoy, esta iniciativa es un punto de referencia para las madres y un ejemplo seguido en varios países europeos y en otros lugares, en Canadá y en Japón, donde hay madres que están creando sitios web similares con resultados positivos y específicos en la aplicación de nuevos métodos para tratar los problemas de salud física y mental de sus hijos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0344/2003) de la Sra. Roure, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la Iniciativa de la República Helénica con vistas a la adopción del Reglamento del Consejo sobre la creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración (9870/2003- C5-0260/2003- 2003/0817 (CNS) ). 
. – Señor Presidente, las conclusiones del Consejo Europeo de Salónica de 19 y 20 de junio expresaron la necesidad de acelerar el trabajo para adoptar, antes de finales de 2003, un instrumento jurídico cuyo propósito sea la creación oficial de una red de funcionarios de enlace de inmigración (FEI). 
La idea es que todos esos funcionarios de enlace de inmigración de los Estados miembros, situados en el mismo país extranjero, trabajen juntos con eficacia, mediante redes, para contribuir gradualmente a la gestión coordinada e integrada de nuestras fronteras exteriores. 
El Reglamento propuesto por Grecia es necesario para crear un marco que formalice y refuerce la cooperación informal que ya existe entre los funcionarios de enlace. 
La situación ideal sería que hubiera funcionarios de enlace comunitarios «de inmigración» con sus propias obligaciones, que estuvieran formados y pagados por la Unión, pero lamentablemente todavía no existe ni jurisdicción ni presupuesto para que existan y algunos Estados siguen sin estar convencidos. 
Los funcionarios de enlace simbolizan la representación exterior de los Estados miembros, y algunos no consideran favorable que se pierdan sus prerrogativas nacionales. 
Mientras tanto, esta nueva propuesta de Reglamento es, en mi opinión, un paso hacia una mayor transparencia. 
Los funcionarios de enlace desempeñarían básicamente tres tipos de tareas: ayudarían a prevenir la inmigración ilegal y a combatir a los traficantes, ayudarían a devolver a los inmigrantes ilegales y contribuirían a la gestión de la inmigración legal. 
Sin embargo, este último punto todavía es bastante vago, puesto que la forma que podría adoptar esa gestión no se establece en ninguno de los artículos del Reglamento, pese a que a mí me parece una cuestión crucial. 
Esta es una deficiencia que tiene que remediarse y, de hecho, al contrario de lo que algunos querrían hacernos creer, los extranjeros no son peligrosos; son ellos los que están en peligro. 
Las personas que abandonan a su país, a sus amigos y a su familia para migrar a la Unión Europea lo hacen por razones significativas que a menudo son cuestión de vida o muerte. 
Probablemente cualquiera de nosotros, si estuviera en las mismas condiciones económicas, sociales, psicológicas y emocionales, haría lo mismo. 
Tenemos, por tanto, que divulgar información sobre las posibilidades de inmigración legal en los países implicados. 
Y para hacerlo, creo que todos tenemos que tener clara nuestra política de inmigración, cosa que actualmente no ocurre. 
Tenemos también que advertir a la gente del peligro de caer en manos de traficantes sin escrúpulos o de verse envueltos en una red de comercio de esclavos. 
No obstante, para que estas medidas sean realmente efectivas, solicito a los Estados miembros que se aseguren de no ser ellos mismos la causa de ciertas actividades ilegales. 
Para ello, en mi opinión, deben actuar en dos frentes, el primero de los cuales es la situación de los trabajadores temporales. 
Los estudios del mercado de trabajo negro en la agricultura europea demuestran que las horas extraordinarias no remuneradas y el uso de métodos ilegales de contratación de mano de obra para la agricultura, que a veces rozan la esclavitud, están aumentando en los Estados miembros. 
A menudo, las cadenas de distribución importantes presionan a los productores, quienes a su vez recurren a trabajadores desempleados e ilegales, y es impensable que aceptemos contratos que sitúan a los trabajadores al margen de la ley. 
Quiero insistir en que, muy a menudo, el endurecimiento de la legislación reduce el número de trabajadores legales y aumenta el número de trabajadores ilegales, a quienes de ninguna manera impide entrar. 
Además, es crucial que evitemos relacionar la inmigración con el crimen organizado. 
Los inmigrantes ilegales no son criminales, sino seres humanos que no han tenido la suerte de nacer en el sitio apropiado. 
Por lo tanto, sería conveniente delimitar más claramente el papel de los funcionarios de enlace, los funcionarios de enlace «de inmigración» , los funcionarios de enlace de aeropuertos, los asesores en documentación, los asesores técnicos y los servicios consulares, todos los cuales se ocupan de cuestiones relacionadas con la inmigración, y también parece apropiado definir el ámbito de la actividad de los funcionarios de enlace y delimitar sus tareas con precisión. 
Por otra parte, debe existir una cierta armonización, aunque solo sea parcial, de la formación que se les exija. 
Algunos FEI entrevistados cuando se estaba redactando el informe de la Presidencia danesa ven esto como una condición para la creación de una auténtica red. 
La formación se impartiría normalmente a través de seminarios y talleres, que tendrían la ventaja innegable de fomentar el contacto personal, la verdadera esencia de una red. 
En conclusión, quiero reiterar que en ningún caso debe verse la inmigración como una amenaza. 
En ningún caso debe verse a los inmigrantes ilegales como criminales. 
Ellos son las víctimas, porque han tenido la mala suerte de haber nacido en un país difícil. Son las víctimas porque están desesperados y buscan compasión. 
Si la Unión Europea es incapaz de entender eso, perderemos la esperanza en el progreso y en un mundo civilizado. 
– Señor Presidente, Señorías, en su comunicación de noviembre de 2001 sobre una política para combatir la inmigración ilegal, la Comisión establecía, en el capítulo sobre las medidas propuestas para controlar la frontera exterior de la Unión, la necesidad de una red de funcionarios de enlace de inmigración. 
La Comisión opina que esta red tiene que garantizar el intercambio de información necesario entre los funcionarios de enlace de inmigración y también la coordinación que los Estados miembros tienen que desarrollar con terceros países para trabajar juntos en el ámbito de la política de inmigración europea. 
Los planes de acción aprobados por el Consejo sobre inmigración ilegal y sobre la gestión de nuestras fronteras exteriores, al igual que las conclusiones de los Consejos Europeos de Sevilla y Salónica, expresan también la necesidad de crear esa red. 
Por ello, la Comisión ve con buenos ojos la iniciativa aprobada por el Gobierno griego de presentar esta propuesta. 
Compartimos la idea, como ha destacado la ponente, Sra. Honeyball, de que algunas de las disposiciones contenidas en esta iniciativa, en particular las relativas al sistema de intercambios de información entre funcionarios de enlace, son en ocasiones demasiado vagas. 
Pero en conjunto creemos que el texto proporciona una buena base de trabajo para estructurar y coordinar mejor la cooperación con terceros países en el ámbito de la inmigración. 
Esta coordinación se hará todavía más importante en el futuro cuando se aprueben los nuevos requisitos de la política de visados emitidos en terceros países. 
Cuando este Reglamento se apruebe, los funcionarios de enlace de inmigración destinados a terceros países tendrán que formar redes efectivas de cooperación en el ámbito local o regional sobre la base del precedente positivo establecido por la red creada en los Balcanes occidentales por iniciativa del Reino Unido y que ha obtenido resultados positivos en la regulación de la inmigración desde esa región hasta los Estados de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Comisión de Asuntos Exteriores ha debatido la propuesta de un Reglamento relativo a la puesta en marcha de una iniciativa de la República Helénica, como se decidió en la cumbre de Salónica, sobre la importante cuestión social y política de la inmigración ilegal. 
La Comisión de Asuntos Exteriores ha aceptado por unanimidad algunas enmiendas, la mayoría de las cuales también han sido aceptadas por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, y espero que sean también aceptadas por el Parlamento, que mejoran el Reglamento. 
Ya se había tratado la cuestión en la Unión Europea en Consejos anteriores, pero sin llegar nunca a un acuerdo, lo que significa que nuestro debate de hoy ratifica positivamente un deseo político de la Unión Europea. 
Esta Directiva, pese a no lograr un resultado final en conjunto y una respuesta política completa a la cuestión, es, no obstante, un primer paso importante. 
De alguna manera, traslada esta política al ámbito comunitario y crea perspectivas para mejoras futuras. 
Espero que las propuestas de la Comisión de Asuntos Exteriores mejoren el Reglamento, haciéndolo más transparente y democrático, con la garantía del control parlamentario y una cooperación que respete el orden jurídico en los países que implanten estas redes. 
Dichas redes permitirán una mejor gestión de los recursos que la Unión Europea ha destinado a esta cuestión, mejorará las relaciones entre la Unión Europea y los países en los que operen las redes y posiblemente facilite la política exterior de la Unión Europea unificándola en este ámbito y haciéndola transparente para los países, facilitando así nuestras relaciones con ellos. 
Además, puesto que la inmigración ilegal va acompañada de otras actividades criminales e ilegales que violan los derechos humanos básicos y rebajan la dignidad humana, como el tráfico de mujeres y drogas, el comercio moderno de esclavos, etc., la correcta aplicación de este Reglamento prestará también un servicio positivo. 
Señorías, constantemente somos testigos de como miles de personas se ahogan en nuestras costas o en nuestros ríos fronterizos, se asfixian en contenedores, se mueren en el litoral mediterráneo, en el Canal o en montañas inaccesibles. 
Espero que la correcta aplicación de este Reglamento, junto con otras políticas complementarias para desarrollar y democratizar los países de origen de los inmigrantes ilegales, mejoren de manera significativa el problema social y político más profundo que afecta a nuestras sociedades y crea un caldo de cultivo para el racismo y la xenofobia, lo cual es un insulto para los valores humanitarios y democráticos de la civilización política y social europea. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente por su trabajo y agradecerle además la buena relación que ha tenido con el ponente de este Grupo al admitir muchas de las enmiendas y propuestas que hemos hecho en comisión. 
Yo creo que- y coincido con ella- esta propuesta es importante, y la creación de esta red de funcionarios de enlace es importante, sobre todo en tanto en cuanto hemos decidido- y lo hemos hablado aquí muchas veces- la importancia que tiene la comunicación y la estrategia de comunicación en los países de origen de la emigración, informando sobre las vías de entrada legal y sobre los peligros y engaños que hay alrededor de la inmigración ilegal. 
Quiero recordar que en este mismo Parlamento se aprobó recientemente una Resolución sobre la estrategia de información y comunicación para la Unión Europea, y que en el considerando N se decía que se consideraba la política de inmigración y el respeto de los derechos humanos como una prioridad para la política de información de la Unión, y se pedía además a la Comisión que sus oficinas en los países de origen de la emigración fueran, en parte, una antena que informara en esos países de las vías de acceso legal a Europa y de los peligros que conllevaba la inmigración ilegal. 
Por lo tanto, creo que las enmiendas que se han introducido en este sentido en el informe de la ponente son especialmente importantes, y obligan a la Comisión a participar, de alguna manera, en las reuniones de los funcionarios de enlace, y dándole la oportunidad de informar a los ciudadanos de esos países de origen de la emigración de las vías de entrada legal y de los peligros de la inmigración ilegal. 
Por otro lado, creo que quizás una de las enmiendas que presenta la Comisión de Asuntos Exteriores es un poco exagerada en cuanto a que esto pudiera ser el primer paso para la creación de un servicio exterior de la Unión, pero sí es cierto que estos funcionarios de enlace, con el apoyo de las oficinas de la Comisión en cuanto a la información y la coordinación, son, sin duda, un primer paso para la creación de esta política de inmigración comunitaria que todos queremos. 
Queremos, de esta forma, que en los países de origen de la emigración vean a Europa como una única región y que la oficina de la Comisión actúe como coordinador, de alguna manera, de la política de inmigración que todos queremos que tenga la Unión Europea. 
Por último, creo que es importante- y así se lo quiero decir al Comisario- aceptar que los países que no tengan representante en los países de origen de la emigración puedan delegar su labor en funcionarios de enlace de otro país que sí tenga representación en ese país. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hemos expresado en varias ocasiones nuestra preocupación por el hecho de que las fronteras exteriores de la Unión constituyan uno de los lazos más débiles del sistema para crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Por ello apoyamos todas las iniciativas que puedan contribuir a reforzar el control de las fronteras exteriores de la Unión, que es crucial. 
Como ha recordado el Comisario Vitorino, el Consejo Europeo de Sevilla propuso la creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración y en las conclusiones de Salónica quedó patente la necesidad de acelerar el trabajo de adopción de un instrumento jurídico antes de finales de 2003. 
De ahí el informe que estamos debatiendo hoy, y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a la Sra. Roure por su trabajo. 
Ya existe una cooperación informal entre los funcionarios de enlace de inmigración, y el propósito de esta iniciativa es dotar a dicha cooperación de un marco que la formalice y la refuerce. 
Esta red de funcionarios puede y debe contribuir a prevenir la inmigración ilegal y a combatir este fenómeno, para ayudar al retorno de los inmigrantes ilegales y a la gestión de la inmigración legal. 
Queremos desarrollar una política proactiva en materia de inmigración legal y, al mismo tiempo, combatir eficazmente la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. 
Una vez más, debo lamentar que, como el tráfico de seres humanos forma parte del tercer pilar, no puede incluirse en este Reglamento como parte de las responsabilidades de los funcionarios de enlace. 
Una vez más, estamos ante una situación absurda debido a la división de cuestiones entre los tres pilares, una distinción que, como siempre, carece de sentido y es contraproducente. 
También quiero subrayar que la prevención de la inmigración ilegal exige la existencia de canales legales de inmigración y campañas de información correctamente dirigidas que sean capaces de disuadir a todos aquellos que estén pensando en abandonar su país. 
Podemos y debemos evitar más tragedias como las que todavía están frescas en nuestra memoria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0361/2003) del Sr. Hernández Mollar, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, con una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre normas mínimas en materia de garantías procesales para sospechosos e inculpados en procesos penales en la Unión Europea (2003/2179 (INI) ). 
. 
Señor Presidente, señores comisarios, Señorías, desearía iniciar mi intervención resaltando la importancia y el significado de la recomendación que hoy debatimos. 
Lo que tenemos hoy entre manos es la primera iniciativa, en forma de Libro Verde, para reflexionar, junto con otros estamentos, sobre la futura propuesta de decisión marco que regulará- como su título dice- las normas mínimas de garantías procesales para los sospechosos e inculpados en los procesos penales en la Unión Europea. 
El nivel de cooperación judicial entre los Estados de la Unión Europea, tanto en el ámbito civil como en el penal, está alcanzando cotas que hace años eran inimaginables. 
Niveles que alcanzarán su máxima expresión cuando, a comienzos del año 2004, entre en vigor la orden de detención europea, según está previsto y a pesar de algunas dificultades que parece haber todavía en algunos Estados miembros. 
Es por ello que en este momento en que avanza la construcción de un espacio de libertad, de seguridad y de justicia europeo, y crece la preocupación por el terrorismo, la criminalidad organizada y la inmigración ilegal, se produce un aumento de la cooperación entre las instancias policiales y judiciales de los Estados miembros y se hace imprescindible dejar de obviar por más tiempo las necesarias garantías de las que deben disfrutar los sospechosos e inculpados en los procesos penales para que su derecho a un juicio justo e imparcial esté garantizado en todo momento. 
El propósito de las recomendaciones que hoy debatimos no es, pues, otro que alcanzar una cierta unificación de las prácticas procesales en los Estados miembros, sobre la base de los derechos establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, y en el marco de la convergencia jurídico-penal que hoy día se está alcanzando en la Unión Europea, basada en el reconocimiento mutuo, calificado como piedra angular de la cooperación judicial en materia civil y penal de la Unión por el propio Consejo Europeo de Tampere. 
Fue en este mismo importante Consejo Europeo en el que se sentaron las bases que han dado pie a que estemos hoy aquí hablando de garantías procesales mínimas para los sospechosos y acusados en los procesos penales dentro de la Unión, ya que en él se insistió en la necesidad de realizar una labor en torno a los aspectos del derecho procesal con respecto a los cuales se considera necesario contar con estándares mínimos comunes para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, respetando los principios jurídicos fundamentales de los Estados miembros. 
El Libro Verde explica las razones por las que se han acotado sus propuestas a los cinco derechos que constan en el mismo: asistencia letrada, traducción e interpretación, comunicación de derechos, protección de sospechosos y acusados vulnerables y asistencia consular. 
Me pregunto, señor Comisario, señor Presidente, si no habría sido también quizás útil haber hecho algún tipo de reflexión sobre los tipos de delincuencia que interesan a todos o a la mayoría de los Estados, lo que, de alguna manera, habría complementado la necesaria unificación de prácticas procesales. 
Se dejan para posterior ocasión- y aprovecho para preguntar al señor Comisario cómo van los trabajos en este sentido- las condiciones de obtención y validez de las pruebas, las sentencias en rebeldía y la regulación de la libertad provisional pendiente de juicio, cuestiones estas que algunos Grupos se han empeñado en incluir en la recomendación a pesar de que no es ese su objeto. 
En mi opinión, el planteamiento que se ha seguido en la elaboración del Libro Verde es sensato, porque sigue siendo una realidad inconmovible que la jurisdicción penal es el núcleo duro de la soberanía de los Estados, muy poco dúctil, por tanto, a la hora de establecer procedimientos y sistemas sustantivos comunes. 
Y aunque la idiosincrasia de cada sociedad europea y su propia cultura jurídica deben considerarse como factores de esta resistencia, no es menos cierto que el proceso penal es un sistema de límites al Estado que mide la calidad del mismo como Estado de Derecho y el respeto al ciudadano, algo que esta Cámara, como expresión última de su voluntad, no puede dejar de defender. 
Es por tanto, indudable, la oportunidad de la propuesta, algo que no puede llevarnos a pensar que los instrumentos aprobados hasta ahora- como la orden europea de detención- hayan supuesto ninguna merma de las garantías y derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, pero que, sin embargo, sí hace necesario que los avances en este sentido deban complementarse con una cierta unificación de las garantías procesales. 
Al hilo de esto, debo pronunciarme en el sentido de rechazar las dos enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes y el de la GUE, que pretenden condicionar la entrada en vigor de la orden de detención a la de la Decisión marco sobre garantías procesales. 
Y ello teniendo en cuenta que el plazo previsto para la entrada en vigor de la euroorden es enero de 2004 y porque en sí misma la orden de detención se fundamenta en la confianza recíproca de los distintos sistemas judiciales de los Estados miembros, independientemente de que sea absolutamente necesario que cuanto antes y con urgencia se pongan en marcha los estándares mínimos que desarrollará la Decisión marco. 
Con ello he querido resaltar el punto más controvertido y que ha suscitado mayores divergencias entre algunos Grupos políticos. 
Por último, no quiero dejar pasar en cualquier caso la oportunidad de agradecer a los Grupos políticos el apoyo prácticamente unánime que este informe ha recibido en la comisión y que espero que se reproduzca mañana. 
Señor Presidente, deseo felicitar al ponente, el Sr. Hernández Mollar, por su excelente informe. 
La Comisión comparte su opinión acerca de la importancia crucial del establecimiento de unas normas mínimas comunes sobre garantías procesales. 
Esto es esencial para asegurar la confianza mutua que forma la base de las medidas establecidas en el programa de reconocimiento mutuo, del cual la orden de detención europea fue la primera en lograr el acuerdo político. 
Es necesario un conjunto común de normas mínimas sobre salvaguardias para asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea de forma equivalente en los 25 Estados miembros. 
La Comisión ha planteado una propuesta de decisión marco como medida de seguimiento del Libro Verde si las ideas principales que hemos planteado merecen el apoyo de este Parlamento. 
En el Consejo Europeo de Tampere se contempló una medida de este tipo, de ahí las referencias a la protección de los derechos de los individuos. 
De hecho, esta medida no va más allá de las disposiciones vigentes, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 
Subrayará lo que a escala de la UE se considera esencial para un juicio justo y hará que las medidas de reconocimiento muto funcionen mejor, ya que los Estados miembros estarán más dispuestos a aceptar que otros Estados miembros han previsto medidas de protección adecuadas. 
En cuanto a la recomendación realizada por el ponente para incluir disposiciones que rijan otros derechos fundamentales, como el derecho a la fianza o las reglas sobre la admisibilidad de las pruebas, la Comisión explica en el Libro Verde que estos dos importantes ámbitos serán objeto de medidas separadas a fin de hacerles justicia. 
El trabajo sobre el derecho a una fianza, que también incluye las condiciones de la detención, constituye el tema central de una medida del programa de reconocimiento mutuo y será tratada de modo más apropiado como cuestión aparte. 
Incluso puedo comunicar a sus Señorías que la Comisión ha presentado un cuestionario a los Estados miembros sobre este asunto específico. 
Ya hemos recibido las primeras respuestas y vamos a presentar una primera evaluación de las mismas al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, que se va a reunir mañana por la mañana aquí en Bruselas. 
El programa de trabajo de la Comisión para 2003 incluye una comunicación sobre el tema. 
En el programa de trabajo para este año hay también un Libro Verde sobre la aproximación, ejecución y reconocimiento de las sanciones penales en la Unión Europea. 
Está diseñado para asegurar la igualdad de trato de los condenados en la Unión Europea para que, por ejemplo, los que estén sentenciados en un Estado miembro distinto del suyo no se vean discriminados a causa de su nacionalidad extranjera. 
En cuanto a la justicia en el tratamiento de las pruebas, este ámbito es demasiado extenso para tratarlo en un Libro Verde que ya propone varios derechos, como hace el actual. 
Por tanto, la Comisión decidió dedicar más tiempo a este tema y realizar un estudio específico tan pronto concluyera la primera etapa del trabajo de garantía procesal. 
La Comisión ya ha empezado a trabajar en un estudio de garantías de equidad en la compilación y el tratamiento de las pruebas. 
Esto incluirá, entre otros, el derecho al silencio, el derecho a oír testigos, el problema de los testigos anónimos, el derecho a la revelación de pruebas exculpatorias, el modo de entender la presunción de inocencia, dónde existen circunstancias en las que la carga de la prueba puede invertirse, y muchos otros aspectos del derecho probatorio. 
Esta es una de las cuestiones más complejas del derecho penal. 
En cuanto al principio, se está discutiendo en los organismos apropiados del Consejo una iniciativa presentada por la anterior Presidencia griega, que será discutida mañana en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 
Finalmente, la Comisión ha preparado recientemente un cuestionario sobre las condiciones de los presos en la Unión Europea y lo ha enviado a las autoridades competentes de los Estados miembros. 
Las respuestas a este cuestionario ya están llegando y representan una fuente de información útil que se tiene en cuenta en el proceso de elaboración de los dos Libros Verdes mencionados sobre la prisión preventiva y la aproximación, el reconocimiento mutuo y la aplicación de sanciones. 
– Señor Presidente, he tomado la palabra para subrayar la importancia de este Libro Verde –porque creo que es mi deber hacerlo– y, por tanto, para felicitar al Comisario Vitorino por la contribución que ha realizado con este Libro Verte a la construcción de un espacio de libertad y justicia. 
También me gustaría darle las gracias al Sr. Hernández Mollar por incorporar la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que fue fruto de un profundo análisis, un debate a fondo y un gran conocimiento del tema. 
Nos acaba de reiterar que tenemos que solicitar firmemente un procedimiento penal que proporcione una ley penal sustancial, porque solo así podremos ofrecer salvaguardas para conseguir, en efecto, lo que nosotros consideramos que es un nivel mínimo de fiabilidad y garantías mínimas. 
La intención de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior al presentar esta opinión fue recalcar y subrayar la necesidad de proteger la libertad de los acusados. 
Somos conscientes de que las instituciones se describen a sí mismas en tales términos, que en la civilización jurídica prevalece el Estado de derecho, y que estas garantías son esenciales y representativas de un juicio justo, que ha sido objeto de numerosos debates y que, en mi opinión, debe ser nuestro objetivo último en lo que respecta al procedimiento. 
El Libro Verde supone un giro importante, Comisario Vitorino, un giro radical desde unas posturas que no son muy democráticas, dando prioridad a los poderes de la investigación y a la investigación en sí, también de forma supranacional. 
El Fiscal europeo para la protección penal contra el fraude es un ejemplo de ello, como ya he dicho en otras ocasiones en esta Cámara y con ocasión de otros debates. 
Ya se han mencionado todas las disposiciones contenidas en esta medida, pero el derecho a la defensa inmediata, el derecho a la asistencia, la garantía del idioma y otras cuestiones similares constituyen los elementos principales de esta medida, y lo vuelvo a subrayar. 
Tenemos que insistir no solo en la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros, sino también en el reconocimiento definitivo de las decisiones penales en firme, y la Comisión de Asuntos Jurídicos está trabajando en esta dirección. 
Resumiendo, señor Presidente, tenemos que asegurar que el nivel de protección de los derechos sea mayor, no menor. 
Para ello, hay que tener en cuenta las garantías proporcionadas por algunos Estados miembros y asegurar que Europa en su conjunto centre su estrategia en esa dimensión y esos derechos. 
La Europa de los derechos y las libertades así lo exige. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero empezar felicitando al ponente, el Sr. Hernández Mollar, por el mérito, la calidad y la enorme utilidad de su informe. 
Para construir un espacio de libertad, seguridad y justicia, tienen que respetarse y garantizarse en su totalidad los derechos fundamentales de los ciudadanos y aplicar debidamente los principios que rigen un juicio justo. 
Esta iniciativa constituye, por consiguiente, un paso importante para la creación de un auténtico espacio europeo de justicia mediante la definición de un conjunto de normas de base en el ámbito de las garantías procesales en los Estados miembros. 
Es un intento de asegurar una protección homogénea en toda la Unión de los derechos individuales de los acusados, sentenciados o condenados en procesos penales. 
La adopción de estas normas comunes es crucial para aumentar la confianza y la fe que los ciudadanos y las autoridades judiciales de un Estado miembro puedan tener en los ordenamientos jurídicos del resto de Estados miembros. 
El instrumento judicial comunitario en el que se basarán estas normas comunes tiene como objetivo mejorar las garantías procesales en todo el territorio de la Unión sin rebajar el nivel de protección que está garantizado en los distintos Estados miembros. 
El Sr. Hernández Mollar ya se ha referido a algunos de los ámbitos relevantes, pero me gustaría destacar la asistencia jurídica, el derecho a un intérprete o traductor, la protección de las categorías especialmente vulnerables –como los menores de edad, las personas con discapacidad, los analfabetos–, la asistencia consular y el deber de informar a todos de sus derechos. 
El problema con estas normas no es, en muchos casos, que no existan, sino que se aplican mal. Por consiguiente, las decisiones marco tienen que contener sanciones y disposiciones que puedan aplicarse con efectividad, y contemplar otros derechos fundamentales de los sospechosos y los acusados además de los que ya se han mencionado. 
En este contexto, el PPE-DE votará, por supuesto, a favor del informe Hernández Mollar. 
– Señor Presidente, creo que la propuesta de resolución contenida en el informe del Sr. Hernández Mollar mejora considerablemente el Libro Verde de la Comisión sobre garantías procesales, gracias a la contribución de las numerosas enmiendas presentadas por todos los Grupos políticos. 
Así pues, quiero darle las gracias al Sr. Hernández Mollar por su trabajo. 
Como he dicho, mejora considerablemente el informe, no solo porque la resolución pide claramente que se adopte una decisión marco sobre unas normas de base comunes y porque indica también los elementos que siguen faltando –como la propia Comisión reconoce– para que exista un sistema completo de garantías mínimas comunes que asegure los derechos básicos europeos, entre ellos el derecho a un juicio justo. 
La lista de estos derechos debe extenderse a las cuestiones relacionadas con la admisibilidad y la apreciación de la prueba, los criterios de prisión preventiva, las condiciones reales de detención, así como el derecho de apelación, que es especialmente importante en términos de libertad individual. 
La contribución principal del proyecto de resolución es la descripción detallada del contenido específico de los derechos ya examinados por el Libro Verde: asistencia y defensa jurídicas, que tienen que ser gratuitas para todos aquellos que las necesitan y ser prestadas por profesionales expertos; garantía de una interpretación total y adecuada cuando los detenidos hablen otros idiomas; y derecho a asistencia consular y a una protección adecuada para las personas vulnerables, especialmente –aunque no solo ellos– los menores de edad. 
Después, es especialmente innovadora e interesante la propuesta de una declaración por escrito de los derechos de los sospechosos y los acusados, que se entregaría al acusado o al sospechoso en el primer contacto con las autoridades en procesos en los que estuvieran implicados, y que tendría que estar disponible en varios idiomas. 
Como sabemos, todos los Estados miembros tienen que acatar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia, con su compleja jurisprudencia, vigila que se respete el Convenio, pero eso no es suficiente. 
Las diferencias irreconciliables entre los sistemas, los procedimientos, y las tradiciones jurídicas propiamente dichas originan problemas que minan la confianza que los ciudadanos europeos tendrían que tener en los sistemas jurídicos de los Estados miembros si se pretende desarrollar la necesaria cooperación basada en el reconocimiento mutuo de las medidas judiciales de los distintos países en un territorio sin fronteras interiores. 
En este sentido y para garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos, es urgente que se introduzca una normativa europea común para establecer a escala europea el alto nivel de garantías procesales que Europa se enorgullece de garantizar a todos – ciudadanos y no ciudadanos– los que entran en contacto con sus sistemas judiciales. 
Por lo tanto, puedo decirles que mi Grupo va a votar a favor del informe Hernández Mollar. 
– Señor Presidente, mi Grupo está encantado con el informe y por ello queremos felicitar al ponente, Sr. Hernández Mollar, por su trabajo. 
También quiero felicitar a la Comisión por sus esfuerzos en este ámbito, y espero que mantenga un alto nivel de ambición, tanto en lo que se refiere a la decisión marco última sobre unas normas de base para los derechos de los sospechosos, como en lo relativo a las decisiones que tendrán que tomarse con posterioridad. 
Sinceramente confío en que podamos presentar propuestas sensatas en un futuro próximo, también respecto a los métodos de investigación, admisibilidad y apreciación de la prueba. 
Mi Grupo considera que los acuerdos europeos en materias de este tipo son vitales, porque los Estados miembros decidieron en Tampere reconocer mutuamente sus respectivas decisiones judiciales y aplicarlas sin condiciones. 
El ejemplo más claro de esto es la orden de detención europea, a la que se han hecho varias referencias. 
Eso significa que los Estados miembros tramitan casi automáticamente sus respectivas solicitudes de extradición, sin verificar si las pruebas se han obtenido legalmente o sin comprobar si el sospechoso tiene garantizado un juicio justo de acuerdo con las normas del estado que extradita, porque todo esto se hace sobre la base de la confianza. 
Señor Hernández Mollar, usted ha afirmado que esta confianza existe, pero creo que esta confianza, que es especialmente deseable en un contexto político, no existe en grado suficiente o no está suficientemente afianzada. 
Por ejemplo, mirándolo desde la perspectiva de mi propio país, ha habido muchas protestas contra una sentencia dictada a un holandés en Austria sobre la base de la declaración de un solo testigo y en contra de la larga detención de observadores de aviones británicos y holandeses en Grecia. 
Habrá ejemplos similares también en otros países. 
Esto demuestra lo importante que es que primero alcancemos acuerdos respecto a las normas de base para los derechos de los sospechosos antes de empezar a extraditar a nuestros propios nacionales de esta manera, sin imponer más condiciones. 
Por ello, les insto a que reconsideren nuestra enmienda. 
Sé que muchos Estados miembros quieren plantear objeciones y que están un poco nerviosos por la decisión marco europea sobre el derecho procesal. 
Me parece lamentable y también incomprensible. 
Me imagino que se debe a las interferencias innecesarias de Bruselas, pero me parece absurdo que ellos mismos hayan dado ya ese paso de una orden de detención europea, que es una medida de muy largo alcance para la cooperación europea en la esfera judicial, y se nieguen ahora a restablecer el equilibrio entre represión y derechos civiles, cuando deberían adoptarse acuerdos de derechos civiles también a escala europea. 
Por lo tanto, nos corresponde a los diputados de este Parlamento garantizar la protección de esos derechos civiles y restablecer el equilibrio. 
– Señor Presidente, en vísperas de la entrada en vigor de la orden de detención europea, el Parlamento está expresando la opinión que le merece una comunicación de la Comisión Europea sobre garantías procesales y derechos de defensa. 
A pesar de sus esfuerzos, señor Comisario, todavía no se ha presentado formalmente la decisión marco prevista sobre este tema, y en sus debates iniciales, se ha comprobado que el Consejo está muy dividido acerca de la necesidad y el contenido de los derechos armonizados de defensa. 
Este es el contexto en el que estamos funcionando, y en este contexto, queremos señalar la postura adoptada por el Ministro de Justicia italiano, que después de apoyar personalmente la orden de detención europea en el Consejo, afirmó que la consideraba inconstitucional en su forma y un error total en cuanto a contenido. 
Creo que no habrían existido motivos jurídicos o políticos para estas preocupantes declaraciones si la Comisión y el Consejo hubieran escuchado las peticiones del Parlamento relativas a la armonización de los derechos procesales. 
Sin embargo, me temo que es demasiado tarde y que la orden de detención europea entrará en vigor en un clima europeo marcado por la reticencia y los retrasos en su aplicación por parte de los Estados miembros. 
A pesar del excelente trabajo del Sr. Hernández Mollar y teniendo en cuenta los argumentos de peso planteados por el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, Sr. Gargani, los diputados radicales solo votarán a favor de la propuesta si se aprueban las enmiendas que solicitan que la entrada en vigor de la orden de detención esté sujeta a la aprobación de unas garantías procesales. 
– Señor Presidente, en primer lugar existe un debate sobre si la Unión Europea debería discutir cosas en relación con normas comunes de derecho procesal. 
Sin embargo, en realidad también tenemos que darnos cuenta de que recientemente se ha promulgado un montón de legislación opresiva –una de las cosas que se ha mencionado esta noche es la orden de detención europea– y como mínimo necesitamos algo que sirva de contrapeso para garantizar los derechos de los sospechosos y los acusados en los procedimientos penales. 
Esto se acerca a la garantía de que, por ejemplo, exista algún tipo de norma en los métodos de investigación. 
También tiene que existir una garantía en muchos Estados miembros en relación con el derecho a la fianza: creo que la gente debería tener este derecho. 
Como han mencionado muchos oradores, sabemos que en muchas situaciones existen problemas en cuanto al acceso a representantes legales antes y durante los juicios. 
Tenemos que asegurarnos de que no sea así. 
Hay que hacer algo para garantizar los derechos de los sospechosos, porque al fin y al cabo son sospechosos: no han sido condenados y por lo tanto sus derechos deberían estar protegidos. 
Cuando tenemos en cuenta el hecho de que la Unión Europea ha aprobado un montón de legislación represiva recientemente sin debate público alguno o participación real de los ciudadanos de los Estados miembros, lo mínimo que podemos hacer es garantizar la protección de los derechos de las personas. 
Lo mismo vale para la interpretación y la traducción de muchos acusados. 
Esta es la situación existente en muchos países a raíz de la legislación que se ha promulgado bajo capa de combatir el terrorismo. 
Muchas de estas personas que son sospechosas no tienen derecho a una interpretación o traducción adecuadas, y por tanto, no se les puede garantizar el derecho a un juicio justo, o el derecho a la presunción de inocencia hasta que no se demuestre fehacientemente su culpabilidad. 
A menos que en la Unión Europea garanticemos la protección de este tipo de medidas, no podemos impulsar ninguna legislación opresiva más. 
Como se ha mencionado aquí en relación con la orden de detención europea, antes deberían cumplirse determinadas condiciones previas. 
En realidad, yo no estoy a favor de la orden de detención europea, pero al menos hay que establecer unas garantías mínimas antes de que la Unión Europea acuerde nuevos actos legislativos. 
En los últimos meses y años, la Unión ha infringido los derechos básicos de las personas, que están recogidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. 
La presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo son elementos básicos a los que todo el mundo debería tener derecho en una democracia. 
Señor Presidente, voy a ser muy breve. 
En primer lugar, quiero reiterar mis felicitaciones al Sr. Hernández Mollar por su informe y decir que todo lo que respecta al trabajo sobre las pruebas se hará en 2004. 
Esto se afirma claramente en nuestro programa legislativo, y eso es lo que he dicho a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores durante nuestro diálogo estructural sobre las prioridades del año que viene. 
Paralelamente, puedo decir que el Libro Verde sobre la fianza está listo y tendrá que ser discutido por la Comisión. 
Al Sr. Turco quiero decirle que ni siquiera me atrevo a imaginar lo que se habría dicho si yo hubiera presentado la Decisión Marco antes de consultar la opinión de este Parlamento sobre el Libro Verde: lo primero es lo primero. 
A condición de que mañana voten ustedes a favor con respecto al Libro Verde le puedo asegurar, señor Turco, que la Decisión Marco ha llegado. 
Le puedo asegurar que no hemos estado durmiendo, pero si apoya nuestras ideas, el instrumento legislativo está listo para ser presentado al Consejo. 
Por último, esta no es la mejor hora del día para estar en desacuerdo con la Sra. Buitenweg o la Sra. McKenna sobre la orden de detención europea. 
Este ha sido un punto tradicional de diferencia entre nosotros. 
No obstante, voy a decir claramente que yo no llamaría a una orden de detención europea «legislación opresiva». 
No pretendo adherirme a tal enfoque porque la legislación cuyo objetivo es reforzar la aplicación de la ley no puede considerarse simplemente legislación opresiva. 
Puede que exista un mal uso de la legislación, y por eso precisamente estamos adoptando estas normas mínimas sobre garantías procesales. 
Esa es también la razón por la que tenemos un programa ambicioso para unir la legislación de los Estados miembros en lo que respecta a garantías procesales. 
Espero que mañana el Parlamento apoye el informe del Sr. Hernández Mollar. Eso ayudará a la Comisión a evitar parte de la resistencia expresada por algunos Estados miembros en lo que respecta a esta iniciativa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0360/2003) del Sr. Blak, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2001: 1. de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (C5-0102/2003 – 2003/2046 (DEC) ); 2. de la Agencia Europea de Medio Ambiente (C5-0098/2003 – 2003/2044 (DEC) ); 3. del Centro de Traducción de los órganos de la Unión Europea (C5-0100/2003 – 2003/2045 (DEC) ); 4. del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (C5-0096/2003 – 2003/2043 (DEC) ); 5. del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (C5-0094/2003 – 2003/2042 (DEC) ). 
– Señor Presidente, esta es la primera vez que vamos a aprobar la gestión de estas cinco agencias, y es una situación nueva a la que ambas partes tienen que acostumbrarse. 
En primer lugar, las agencias tienen que rendir cuentas al Parlamento, y eso con lleva unas obligaciones. 
He mantenido un diálogo constructivo con varias de las agencias. 
He mantenido reuniones beneficiosas y útiles con la Agencia de Salud y Seguridad en el Trabajo en Bilbao, el Observatorio Europeo sobre el Racismo en Viena, la Agencia de Medio Ambiente en Copenhague y, especialmente, el Centro de Estudios Empresariales en Turín. 
Todas estas agencias merecen un elogio especial por su enfoque tan proactivo. 
Quiero recomendar que aprobemos la gestión de todas ellas. 
Con ninguna de ellas tenemos problemas pendientes de importancia. 
Ahora bien, tenemos un problema pendiente con la Agencia de Medio Ambiente, que ha firmado varios contratos con empresas que a su vez habían firmado contratos con empresas de Eurostat y que están siendo investigadas actualmente por el servicio de auditoría interna de la Comisión por su implicación en el escándalo Eurostat. 
El informe final del servicio de auditoría interna confirma que los contratos de la Agencia de Medio Ambiente con esas empresas son motivo de gran preocupación. 
El servicio ha prometido investigar el asunto más a fondo y eso es algo que obviamente nos complace. 
En general, puede decirse que todas las agencias se encuentran en fase de transición, y que tienen que ajustarse al nuevo Reglamento Financiero. 
Las distintas agencias han elegido modelos diferentes, pero un elemento común a todas ellas es que ahora son responsables del control financiero. 
Ya no habrá un control externo, independiente, de las agencias. 
Eso es algo que en el Parlamento hemos aceptado como parte del nuevo Reglamento Financiero. 
No obstante, me preocupa que se produzca un vacío de control. 
El servicio de auditoría interna de la Comisión no tiene absolutamente ningún recurso para vigilar las transacciones individuales. 
El Sr. Muis dejó esto bien claro en una reunión de la Comisión de Control Presupuestario. 
El servicio de auditoría interna no tiene recursos para investigar los procedimientos de control en las agencias. 
El Tribunal de Cuentas efectúa muy pocos controles. 
Por lo tanto, dependemos en gran medida del correcto funcionamiento de los controles internos de las agencias. 
Corresponderá a los futuros ponentes de la aprobación de la gestión evaluar si el sistema funciona en la práctica. 
No obstante, en este preciso instante quiero añadir una advertencia. 
Las agencias no tendrán interventores financieros. 
La figura del auditor interno, que actúe como consultor, es estupenda ahora al principio, cuando las agencias se disponen a crear nuevos sistemas, pero a la larga es mucho mejor tener un interventor financiero que un consultor. 
El Parlamento tiene que influir más en el nombramiento de los directores de las agencias, y celebro que hayamos solicitado a la Comisión la presentación de una propuesta antes de diciembre de este año. 
Eso es algo que aprobamos por unanimidad en la comisión. 
Se han transferido a las agencias muchas tareas importantes, por lo que también tenemos que asegurarnos de que las dirijan personas competentes. 
Por ello, estoy a favor de consultar al Parlamento el nombramiento de los directores. 
Posiblemente no esté tan a favor como algunos de mis colegas diputados de que el Parlamento apruebe él mismo a todos los directores de uno en uno, porque entonces estaríamos concediendo demasiada importancia a las agencias. 
Ni siquiera aprobamos a los Comisarios de uno en uno, pero si, por ejemplo, prosperara la propuesta de mi estimado colega diputado, Sr. Bösch, para que participáramos directamente en su nombramiento, no tendría nada en contra. 
Ahora bien, mi recomendación es que votemos a favor de la enmienda del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas que propone que el Parlamento sea consultado, pero que la Comisión tome la decisión. 
Soy muy consciente de que puede que mis colegas diputados se opongan a esta enmienda, creyendo que se le otorgaría demasiado poder a la Comisión si tuviera que decidir por sí sola, pero en realidad creo que es principalmente tarea de la Comisión nombrar a su propia gente. 
No debemos implicarnos en demasiadas decisiones internas de micro gestión. 
En cambio, debemos dedicar nuestras energías a hacer un seguimiento de la Comisión, y de eso hay una necesidad absoluta, visto el modo en que se ha desarrollado el escándalo Eurostat y el modo en que todos los Comisarios están negando cualquier forma de responsabilidad política y culpan al sistema. 
Básicamente debemos preguntarnos si, al fin y al cabo, somos lo suficientemente buenos para controlar estas agencias y si, en general, tenemos necesidad de todas ellas. 
Esta es una cuestión sobre la cual han acordado realizar un análisis de coste-beneficio. 
Quiero concluir diciendo que el Centro de Estudios Empresariales de Turín ha sugerido que podría realizar fácilmente más tareas, en lugar de crear más agencias. 
Escuchemos lo que dice, y esperemos que la Comisión nos escuche a nosotros. 
. Señor Presidente, la Comisión se ha comprometido a satisfacer, en la medida de lo posible, las peticiones del Parlamento sobre cuestiones recurrentes como las propuestas de la Comisión encaminadas a promover un mejor funcionamiento de los órganos comunitarios. 
Los órganos comunitarios descentralizados tienen misiones específicas de acuerdo con sus respectivos reglamentos de constitución. 
Cualquier modificación o adición de tareas requeriría una enmienda de los actos jurídicos que establecen la agencia, lo cual requiere seguir un procedimiento legislativo que a veces entra dentro del ámbito de la codecisión. 
La Comisión considera que la composición de los consejos de administración de las agencias es una cuestión transversal que debería abordarse en la estela de su comunicación sobre el marco operativo de las agencias reguladoras europeas. 
A la vista de la ampliación, la comunicación se pronuncia a favor de un consejo de administración de tamaño reducido con una composición que refleje el equilibrio entre las funciones ejecutivas a escala comunitaria y la competencia de los órganos ejecutivos de los Estados miembros. 
La Comisión está esperando una respuesta a esta propuesta por parte del Consejo y del Parlamento antes de tomar una decisión final. 
En esta comunicación, la Comisión proponía el nombramiento de un director, según el caso, por parte del consejo de gestión o por parte de la Comisión. 
El Parlamento debería estar implicado en este nombramiento. 
De momento este documento está siendo examinado por el Parlamento Europeo y el Consejo. Una posible acción en este ámbito debería emprenderse a la luz de las próximas discusiones con estas instituciones. 
En cuanto a la propuesta del auditor interno, según el Reglamento financiero, el auditor interno de la Comisión ejercerá exactamente los mismos poderes en las agencias que reciben apoyo financiero comunitario que en la Comisión. 
Solo dos agencias que no reciben subvenciones de la Comisión quedan al margen, las de Angers y Alicante. 
En cuanto a la propuesta de utilizar la experiencia de la Fundación Europea de Formación en relación con programas como Tempus y el Erasmus Mundus, según el nuevo Reglamento financiero la Comisión puede solicitar que la asistencia técnica se delegue en las agencias existentes. 
Sin embargo, el recurso a una agencia no exime a la Comisión de las obligaciones que le impone el Tratado, especialmente la de aplicar el presupuesto bajo su propia responsabilidad. 
Por lo tanto, debe ser capaz de circunscribir la acción del organismo responsable de las tareas de asistencia técnica y mantener un control real sobre su operación y en especial de sus órganos de gobierno. 
Los órganos de gobierno de las agencias descentralizadas se componen de representantes de los Estados miembros: la Comisión está en minoría y se cuestiona si esto le permite ejercitar el nivel exigido de responsabilidad y control. 
De acuerdo con las disposiciones del reglamento marco sobre agencias ejecutivas, la Comisión se plantea actualmente la posibilidad de crear una agencia dedicada a ayudar en la aplicación de programas comunitarios en el ámbito de la educación y la cultura, como Sócrates, Leonardo da Vinci, Juventud, etc.