¡Que molesta e incómoda es la democracia! 
Bastante parecida a la población irlandesa, cuando se celebra un referéndum: nunca se puede confiar en que se comporte como Dios manda. 
Así, pues, resulta mucho más fácil crear otra institución europea y librarse de un asunto tan lioso. 
Administrativamente cómodo puede ser, pero democracia no es. 
Pero es simbólico de la experiencia de la Unión Europea. 
Dado el asunto de aviación de que se trata en este caso y con la debida deferencia para con el ponente, sólo puedo concluir con una expresión intraducible de los ingleses: "¡ Qué tropa para un Messerschmidt !" 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, al igual que mi colega Ojeda Sanz ha felicitado al colega Collins por su excelente informe, me permito felicitar al colega Schmitt por su también excelente informe. 
Señora Comisaria, en lo que se refiere a la seguridad de los vuelos, una vez que el mercado interior se ha creado ya hace mucho tiempo y los demás Comisarios habían dejado de lado el tema, usted nos ha presentado ahora esta propuesta para la determinación de normas comunes para la navegación aérea y para la creación de una Agencia europea para la seguridad de los transportes aéreos. 
De este modo podemos sustituir por fin las regulaciones aprobadas hasta ahora de un modo burocrático entre los Estados miembros por unas normas unitarias europeas con participación del Parlamento. 
Por fin podemos crear un auténtico espacio de seguridad europeo en el cielo europeo. 
Esperamos que la seguridad aumente, en especial mediante un control estricto y unitario. 
Apoyamos por ello su propuesta. 
Las enmiendas de la Comisión pretenden, tal como ha dicho con razón el colega Schmitt, fortalecer la independencia de la Agencia europea para la seguridad en el transporte aéreo sin debilitar por ello su responsabilidad parlamentaria personal. 
Esperamos que esta nueva agencia pueda iniciar su actividad con tanta rapidez que certifique el nuevo símbolo de la industria aérea europea, el nuevo Airbus380, que es una obra conjunta de muchos empleados, ingenieros y trabajadores en los Estados europeos, este símbolo de la autonomía de la industria aérea europea, como el primer avión común para el espacio aéreo europeo. 
Si lo logramos, entonces creo que habremos logrado un gran éxito tanto para la industria aérea como para la seguridad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, voy a referirme en particular al informe Collins. 
Quiero felicitar a nuestro colega por el trabajo realizado y también a la Comisión por habernos presentado este informe sobre la defensa de los derechos de los pasajeros del transporte aéreo. 
Estamos abordando un asunto que interesa cada vez a más personas, más europeos, pues cada vez hay más pasajeros de viajes aéreos. 
Pero también hay una insatisfacción en aumento respecto de los transportes que se nos ofrecen y las condiciones en que se desarrollan. 
Compete al Parlamento Europeo y a la Comisión defender los intereses de los europeos que viajan en los transportes aéreos. 
Lo que es cierto es que los problemas que los pasajeros afrontan no dependen sólo de las compañías aéreas, dependen también de los aeropuertos y debemos afrontar esas dos situaciones. 
Actualmente, los aeropuertos parecen estaciones de metro en las que la densidad de las personas es tal, que no hay comodidad alguna y tampoco se siente gran seguridad. 
En relación con el transporte, los pasajeros exigen seguridad, pero también exigen conocer previamente las condiciones de transporte. 
Y yo agradezco al Sr. Collins que haya aceptado muchas de las propuestas de enmiendas que hemos hecho a su informe, porque creo que, en realidad, ha sido útil haberlas introducido. 
Es necesario que los pasajeros conozcan a priori y puedan comparar las condiciones que se les ofrecen en los transportes. 
No sólo los precios, sino también las condiciones de seguridad, la comodidad- las distancias entre los asientos, por ejemplo- y también, por ejemplo, la calidad del aire (uno de los aspectos de los que se ha hablado es el de que los vuelos se han transformado en vuelos para no fumadores, es verdad, pero, para reducir los costos de los transportes aéreos, se han reducido las condiciones de seguridad contra la contaminación). 
Creo que debemos afrontar con mucho ímpetu este problema y quisiera preguntar también a la Comisaria Loyola de Palacio si mantiene su intención de presentar, de aquí al final de este año, una legislación a ese respecto y cuál será. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Collins por su informe, que aporta una transacción sensata- creo yo- a la propuesta de la Comisión. 
Como la aviación es la forma de transporte más reglamentada, acojo con beneplácito el compromiso de la industria, acordado en Lisboa el pasado mes de mayo, de aplicar el compromiso voluntario de servicio a los pasajeros. 
No cabe duda de que ése es el medio mejor de avanzar, pues una reglamentación excesiva sería extraordinariamente perjudicial para la industria de la aviación a escala europea y, en particular, en el Reino Unido y daría como resultado nuestra pérdida de competitividad. 
El informe es explícito al decir que el deseo de proteger a los pasajeros no debe dificultar la competencia, al tiempo que el acuerdo voluntario es amplio y detallado en los sectores que necesitan mejorar. 
Espero que la Comisión se abstenga de presentar propuestas legislativas, pues es adecuado y lógico que se conceda a la industria el tiempo suficiente para aplicar plenamente ese acuerdo. 
Un pequeño detalle del informe del Sr. Collins: el Reino Unido es el único país que tiene una prescripción vigente sobre el grado mínimo de inclinación de los asientos, por lo que la Unión Europea podría- creo yo- seguir ese ejemplo. 
Pasando al informe Schmitt, debemos felicitar al Sr. Schmitt por haber aclarado y mejorado las propuestas de la Comisión, aunque aún abrigo profundas reservas respecto de varios aspectos. 
No obstante, creo que existe coincidencia general en que hace falta un órgano paneuropeo, en particular en la esfera de la fabricación de aeronaves, aunque sigue existiendo ambigüedad en relación con las normas de la OACI, según las cuales tanto la certificación particular de las aeronaves como los cambios y modificaciones en su diseño son competencia claramente de los Estados en que estén registradas. 
Por último, pese a haber preguntado a la Comisión en varias ocasiones, seguimos sin ver claro el futuro papel de las autoridades nacionales de la aviación civil, las JAA, pues el reglamento propuesto no define sus parámetros. 
Además, creo que en esta fase se debería centrar la atención en lograr la aplicabilidad uniforme de las normas de la OACI, las JAA y Eurocontrol aún vigentes. 
La CE no debe crear distorsiones paralelas y no deseadas del marco actual de seguridad basado en las disposiciones de la OACI. 
Espero con interés la respuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, acojo con beneplácito las propuestas para conceder derechos legales a los pasajeros, el aumento de la indemnización por dejar a los pasajeros en tierra y el derecho al reembolso de los vuelos retrasados. 
La idea de nuevas normas sobre los contratos entre los transportistas y los consumidores es no sólo digna de beneplácito, sino también necesaria desde hace mucho. 
El retraso del vuelo es un trastorno. 
La denegación de información sobre la causa del retraso, con pocas disculpas o indemnización, es inaceptable. 
Es de esperar que con el apoyo de las compañías aéreas y la labor llevada a cabo por el Sr. Collins en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, la situación cambie ahora para mejor. 
Nunca podemos dar por descontada la seguridad en la aviación. 
Hoy mi colega la Sra. Cerdeira me ha contado el trágico accidente ocurrido la semana pasada de un viejo CN-235 militar, convertido para uso civil, en un vuelo de Melilla a Málaga, con víctimas mortales. 
Expreso mis condolencias y las de la Sra. Cerdeira a los familiares de las víctimas. 
Respecto de las contribuciones del Sr. Titford, he supuesto que hablaba a título personal. 
Sólo personas con una idea estrambótica de la vida y una perspectiva política peculiar pueden minimizar la importancia de la seguridad en la aviación en pro de sus objetivos nacionalistas. 
Nunca se debe usar la seguridad como arma arrojadiza. 
Condeno al Sr. Titford por hacerlo. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, en primer lugar, quiero felicitar a la Comisión y, en especial, a la Comisaria por las diferentes e importantes iniciativas que presenta en este sector. 
Quiero, asimismo, felicitar a los ponentes Sr. Collins y Sr. Schmitt, por el magnífico trabajo que ambos han realizado y recordar alguna idea que me parece importante en este tema. 
El dossier de protección de los pasajeros es, junto al del cielo único, de la seguridad y de la protección del medio ambiente, un dossier importante para el transporte aéreo, para los pasajeros y también para la imagen de la construcción europea de cara a los ciudadanos. 
Todos somos conscientes de la importancia de este medio de transporte y también de la contradicción que existe entre la Europa del aire y la Europa de la tierra: mientras fronteras clásicas están desapareciendo, nos encontramos que en el sector aéreo siguen subsistiendo estas fronteras. 
Por ello, iniciativas como las que aquí discutimos, tienen hoy gran importancia para nuestros ciudadanos. 
Yo vengo de las Islas Baleares, donde la dependencia del avión- como ustedes perfectamente saben- es altísima. Y sé lo que es sufrir el caos de un aeropuerto o los interminables retrasos. 
Por ello considero loable el intento de la Comisión de buscar un equilibrio entre la legislación y los compromisos voluntarios que involucren tanto a las compañías aéreas como a los aeropuertos y a las autoridades portuarias, sin olvidar al sector turístico. 
Esta comunicación es ambiciosa e intenta buscar ese equilibrio entre las necesidades de establecer garantías para los pasajeros y asegurar un transporte aéreo eficiente y competitivo. 
Hay que conseguir hacer llegar el mensaje al usuario y que éste conozca bien sus derechos reconocidos por la ley cuando surgen problemas con los vuelos. 
Lamento la situación de bloqueo en que se encuentran, en el seno del Consejo, varias de las iniciativas en este sector y, espero que se llegue a los acuerdos convenientes para poder avanzar sin demora. 
Al hilo y al recordatorio del terrible accidente que sufrió la semana pasada un avión procedente de la ciudad española de Melilla, quiero terminar felicitando a la Comisión y al Sr. Schmitt por los trabajos realizados sobre la propuesta por la que se crea la Agencia Europea de Seguridad Aérea. 
Creo que informes como el del Sr. Schmitt podrán en el futuro, si no evitar, desde luego, sí reducir de forma importante estos terribles accidentes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, al referirnos al informe Schmitt, debemos felicitar a la Comisión por su propuesta, que refleja una demanda del Parlamento y, por supuesto, al ponente por su labor tan importante. 
Puntos básicos de una agencia como la que estamos debatiendo son la independencia en la acción y la efectividad, elementos que, en este caso concreto, existen. 
Sin embargo, siendo ponente para la creación de una agencia similar, de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, que recientemente hemos debatido en esta Sala, y consiguientemente, habiéndome ocupado de un tema semejante, pero también intentando evitar la repetición de puntos de vista que ya hemos oído, considero que es la oportunidad de insistir en el punto de vista general, es decir, que las normas que rigen mecanismos administrativos semejantes deben ser semejantes. 
Esta cláusula evidentemente lógica no se aplica siempre en los textos del la Unión Europea, ni siquiera en los textos de nuestro Parlamento puesto que, como todos sabemos, en cada ocasión el texto definitivo depende de muchas coincidencias en los distintos órganos de debate, y especialmente del momento de la votación. 
Por ejemplo, la propuesta de nuestra comisión parlamentaria, que preponderó en la Sesión Plenaria en relación con el Consejo de Administración de la Agencia Europea de Seguridad Marítima es completamente distinta de la propuesta correspondiente en el caso que debatimos hoy, para cuya mejora, por supuesto, se han presentado enmiendas. 
Igualmente son distintas las propuestas de la Comisión. 
Semejantes dudas se podrían formular en muchos puntos de muchos de nuestros textos legislativos, algo de lo que no pueden presumir los servicios competentes y los órganos competentes de la Unión, sin exceptuar, claro, al Parlamento. 
Basándome en lo anterior, creo que la Comisión puede avanzar en un control comparativo de tales textos, de modo que llegue a propuestas de legislar disposiciones semejantes para casos semejantes, dejando de lado las antítesis injustificadas. 
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar al Sr. Collins por su excelente informe y, de hecho, por aceptar mis enmiendas sobre los aspectos relativos a la salud del transporte aéreo. 
Brenda Wilson es una ciudadana de mi circunscripción del Gran Manchester que es una activa defensora del Instituto de Salud en la Aviación, organización que trabaja en el nivel internacional para mejorar la salud de los pasajeros de viajes aéreos. 
Padeció la tragedia de que su hijo Neil muriera de una trombosis venosa en las extremidades inferiores después de un corto vuelo a Benidorm. 
Los resultados de las investigaciones son ambiguos. 
La Organización Mundial de la Salud va a dedicar siete millones de libras esterlinas a la investigación y esta noche yo pido a sus Señorías que se comprometan con un estudio de la Unión Europea para descubrir las posibles relaciones entre la trombosis venosa en las extremidades inferiores y los viajes aéreos y adoptar medidas preventivas. 
También pido a la Comisión que adopte la idea, que figura en mi enmienda, de mejorar la información sobre la salud y los avisos sobre la salud por adelantado en los billetes. 
Así los pasajeros, como consumidores que son, podrán ejercer su capacidad de elección: tal vez no beber, tal vez tomar aspirinas tres o cuatro días antes de volar o llevar esos nuevos calcetines que con su presión contribuyen a la regulación de la corriente sanguínea en las piernas. 
No hay por qué ser alarmistas. 
Sabemos que los viajes en avión son seguros, pero existe un pequeño riesgo para algunos pasajeros a los que se les pueden formar coágulos en la sangre. 
Tenemos el deber para con nuestros pasajeros europeos de aumentar nuestros conocimientos e investigaciones científicas a ese respecto. 
Quisiera que se nos asegurará que ahora se responderá a nuestra petición de investigación y se celebrarán, con carácter prioritario, reuniones con la industria para examinar la cuestión de las mejoras en los avisos sobre la salud en los billetes. 
Somos partidarios de las acciones voluntarias, pero, si es cierto que las compañías aéreas conocen desde hace treinta años los riesgos de trombosis venosa en las enfermedades inferiores, tal vez necesitemos medidas legislativas. 
. Señor Presidente, quiero decir, en primer lugar, que estamos discutiendo dos iniciativas de naturaleza diferente. 
Una de naturaleza legislativa, referida a la creación de un Agencia Europea de Seguridad Aérea. Otra, relativa al informe del Parlamento sobre la comunicación de la Comisión respecto a la protección de los derechos de los pasajeros del transporte aéreo. 
Quiero felicitar muy sinceramente a los dos ponentes. 
Empezaré por la iniciativa relativa a la creación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Igualmente quiero felicitar al Sr. Schmitt, ¡cómo no! , por su trabajo. 
Al proponer reglas comunes en el ámbito de la aviación civil y la creación de una Agencia Europea de Seguridad Aérea, la Comisión ha tenido presente el objetivo de conseguir un nivel alto y uniforme de seguridad, que es un elemento clave en el transporte aéreo. Y quizá el máximo y el primero de los derechos de los pasajeros. 
Un nivel de seguridad sobre la totalidad del territorio de la Unión Europea y también de una mayor protección medioambiental. 
Este sistema de reglas comunes tendrá también, como efecto, la promoción del mercado interior y el refuerzo de la competitividad de la industria aeronáutica europea y, desde luego, es una pieza importante para el proyecto Airbus. 
De ahora en adelante, bastará un certificado único para poder ofrecer sus productos en la totalidad del mercado europeo, mientras que el acceso a los mercados externos se simplificará, gracias a la celebración de acuerdos que permitirán la armonización y el reconocimiento mutuo de los certificados. 
La propuesta que ustedes examinan hoy constituye, por tanto, un avance considerable, sobre todo si se tienen en cuenta los objetivos que persigue; pero también se trata de una verdadera innovación, en materia de integración comunitaria, si tenemos en cuenta que, hasta ahora, el sector de la aviación civil se ha visto muy influido por la soberanía de los Estados y de la cooperación intergubernamental- cuestión que ha sido señalada antes por los oradores-. 
En lo que concierne a la aplicación de los objetivos de la Comunidad, se otorga a la Comisión la facultad de adoptar las normas técnicas y los procedimientos administrativos adecuados. 
La creación de esta Agencia especializada tiene el propósito de asistir a la Comisión en sus tareas de ejecución; pero esta Agencia también dispone de poderes propios, ya que, en algunos casos, sustituirá a las administraciones nacionales en la expedición de los certificados de conformidad de los productos con la normativa comunitaria- insisto, para el proyecto Airbus es clave, como decía hace un momento el Sr. Jarzembowski -, y, en otros, supervisará la expedición de certificados por las administraciones nacionales. 
Las comisiones del Parlamento que han trabajado sobre este texto han entendido la importancia del envite y les agradezco su apoyo a la propuesta de la Comisión. 
En lo que se refiere a las enmiendas presentadas, les anuncio que la Comisión puede suscribirlas en su gran mayoría, pues mejoran y aclaran nuestra propuesta inicial. 
De hecho, muchas de ellas se parecen a las observaciones efectuadas por el propio Consejo y así quedarán recogidas en la propuesta modificada consolidada, sea en parte, sea, en algunos casos, con ligeras adaptaciones de estilo. 
La Comisión, además, puede subscribir sin reservas el refuerzo de los poderes del director ejecutivo, al que se refería el ponente en su intervención, así como las disposiciones sobre el control presupuestario de la Agencia. 
En cambio, no podemos aceptar algunas de las enmiendas propuestas. Voy a citarlas con sus números y a explicar por qué. 
En primer lugar, no nos parece oportuno incluir los ingresos de la Agencia y, por ende, la totalidad de su presupuesto en el presupuesto de la Unión Europea. 
Esta decisión iría en contra de la flexibilidad de gestión que deseamos para este órgano. 
La Comisión no puede, por lo tanto, sostener las enmiendas 4 y 56. 
Hay enmiendas que amenazarían con producir una cierta confusión, dificultades en su aplicación o se situarían fuera del contenido de la proposición y, por lo tanto, deben ser rechazadas. 
Me refiero a las enmiendas número 3, 15, 17, 19, 28, 29, 54 y 65. 
Igualmente deseo señalar que la 5 y la 62, que se refieren al campo de aplicación del Reglamento, tampoco podemos aceptarlas tal cual aunque, en este caso, podemos aceptar como compromiso el presentar propuestas en el año siguiente a la adopción del Reglamento, con respecto a las operaciones aéreas y las licencias del personal. 
Con respecto a los otros ámbitos, no podemos aceptar excluir definitivamente los aeropuertos. 
Sólo podemos admitir que se presenten posteriormente propuestas en estos ámbitos. 
Respecto a la publicación de los resultados de las inspecciones de las administraciones nacionales, recogida en las enmiendas 24 y 30, la Comisión no la considera conveniente en la medida en que se trate de informaciones confidenciales, posibles bases de procedimientos de infracción. Se ajusta, por otra parte, al Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso al público a los documentos de las instituciones comunitarias. 
También he de hacer hincapié en cuanto a las enmiendas relativas a la independencia de la Agencia y, concretamente, las 21, 32, 42, 43, 45, 53, 64, 70 y 71. 
Todos queremos que sea un órgano independiente cuando actúe en ámbitos técnicos, pero ello no significa que pueda escapar a todo tipo de control político. 
Deseamos una independencia con respecto a los administrados, o los distintos lobbys que puede haber en este sector, como es natural, que son muy activos, y no una independencia respecto a las instituciones comunitarias porque, insisto, tiene que haber un control político en cualquier caso. 
Por ello, la Comisión no puede aceptar las sugerencias que tienden a reducir su poder de control sobre la Agencia. 
Sin embargo, la enmienda 36, que refleja la voluntad del Parlamento de no participar en el consejo de administración de la Agencia, nos parece totalmente adecuada, si así lo considera el Parlamento. 
La labor en curso en su institución, así como en el Consejo, demuestra que vamos hacia un consenso en casi todos los puntos de este expediente, salvo en el de la influencia respectiva de los Estados y de la Comunidad en el control de la Agencia. 
Así pues, para la Comisión es importante conseguir el apoyo del Parlamento en este tema. 
Permítanme felicitar de nuevo a su ponente y darles las gracias por el excelente trabajo que han realizado. 
Respecto a la comunicación de la Comisión sobre protección de los derechos de los pasajeros, en primer lugar, quiero felicitar al Sr. Collins, por haber realizado un informe minucioso y estimulante, que he leído con gran interés. 
De dicha lectura he sacado la conclusión de que el Parlamento y la Comisión coincidimos en gran medida. 
Ambas instituciones damos una alta prioridad a la protección de los pasajeros y coincidimos en que esa protección se debe garantizar por dos vías, que no son contradictorias, sino complementarias. Una, los acuerdos voluntarios de las compañías aéreas; otra, las normas legislativas de obligado cumplimiento. 
En fin, voy a resumir brevemente las acciones previstas para el próximo curso y que, como verán, recogen plenamente lo que son sus inquietudes y sus planteamientos. 
En primer lugar, el seguimiento de los compromisos voluntarios. 
Coincidimos plenamente en que esos acuerdos deben contemplar un mecanismo de supervisión de su cumplimiento si deseamos que de verdad sean efectivos y funcionen y que, por lo tanto, sean creíbles para los viajeros. 
En los próximos meses se trabajará concienzudamente sobre las medidas de supervisión, además de sobre la resolución de litigios fuera de los tribunales. 
He tenido una reunión incluso con las compañías aéreas, a las que dije muy claramente que éste es un aspecto clave- y creo que podemos conseguir soluciones aceptables para todo el mundo. 
Además, los pasajeros necesitan estar bien informados en cada momento, desde el momento en que planifican su viaje hasta el vuelo mismo, como decía hace un momento el Sr. Ojeda. 
Las compañías aéreas se han comprometido seriamente a mejorar la información de acuerdo con sus compromisos voluntarios. 
En cuanto a los informes de los consumidores donde se compara el rendimiento de las compañías aéreas, pronto pondremos en marcha un experimento para probar métodos y examinar después la legislación a la vista de la experiencia adquirida. Es clave. 
Algunos intereses de los pasajeros son tan importantes que hay que defenderlos con derechos legales. 
Concretamente, pretendemos proponer al Parlamento y al Consejo legislación en dos ámbitos concretos: denegación de embarque y anulación de vuelos. 
Respecto al primer asunto, hemos elaborado un proyecto y ahora lo estamos mejorando, gracias a las observaciones de las diversas partes interesadas. 
El segundo asunto se refiere a los contratos de las compañías aéreas con sus clientes. 
A finales de año presentaremos un documento de consulta y, tras recibir las reacciones correspondientes, elaboraremos una propuesta. 
En el documento prestaremos gran atención a los derechos de las personas con discapacidad, cuestión que ha sido también resaltada por algunas de sus señorías, y esperamos la rápida adopción por parte del Parlamento y del Consejo del reglamento, para que se apliquen las normas del Convenio de Montreal sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en la Comunidad, de modo que estas nuevas normas entren en vigor para finales del año que viene. 
Por último, me referiré a algo que ha sido resaltado por distintos oradores y, en último lugar por la Sra. McCarthy y que a todos nos preocupa: los problemas de salud de los pasajeros. 
Consideramos esencial evaluar a fondo y exhaustivamente los riesgos de los viajes en avión. 
Por eso estamos financiando la investigación sobre las condiciones de cabina dentro del Quinto Programa Marco y considerando cómo apoyar mejor los estudios sobre la trombosis venosa profunda iniciados por la Organización Mundial de la Salud. 
Quiero decirles que me he dirigido personalmente por carta a todos los presidentes de compañías aéreas para resaltar este problema y pedirles que, con los conocimientos de que se disponen, se adopten ya medidas para paliarlo. 
En cualquier caso, aunque ambas iniciativas llevarán un cierto tiempo, proporcionarán bases sólidas para la formulación de políticas y mantendremos a sus señorías perfectamente informados. 
Para concluir, señor Presidente, diré que me alegra comprobar la coincidencia de sensibilidad por parte del Parlamento y de la Comisión y que el otro día en un vuelo de una compañía, que se retrasó más de veinte minutos, se nos comunicó que teníamos derecho a un viaje gratuito en la misma compañía durante un mes en el mismo trayecto, precisamente porque había habido un retraso de más de veinte minutos, según las condiciones que ellos recogen en su contrato. 
Quiero decirles con ello que ya en este momento nuestra preocupación, nuestras acciones, las del Parlamento, las de la Comisión, están teniendo consecuencias concretas para los ciudadanos, para los usuarios, para los consumidores. 
Señor Presidente, simplemente una rápida pregunta a la Comisaria: en varias ocasiones hemos declarado en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo que seguimos sin ver claro el futuro papel de las autoridades nacionales de la aviación civil y las JAA, pues el reglamento propuesto no determina sus parámetros. 
Agradecería mucho una respuesta de la Comisión al respecto. 
Puede que no sea posible esta noche, pero quisiera que se me aclarara esa cuestión. 
. Señor Presidente, va a haber un momento en que van a coincidir y convivir las dos instituciones: EASA y GAA. 
En GAA quedarán residualmente unas competencias, por ejemplo, respecto a personal; pero, con el tiempo, se incorporarán a EASA. 
Es decir, habrá un momento en que coincidan ambas instituciones, pero sólo de una manera transitoria. 
En cualquier caso, le puedo enviar a su señoría los detalles concretos al respecto. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Vehículos pesados que transitan por Austria 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0266/2001) del Sr. Swoboda, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 862- C5-0769/2000- 2000/0361 (COD) ) por el que se modifica el Protocolo nº 9 del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia en lo que respecta al sistema de ecopuntos para los vehículos pesados que transitan por Austria. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, sin duda siempre es difícil tener que redactar un informe sobre el propio país pues quizás uno sea demasiado subjetivo. 
Yo intento en cualquier caso exponer las cosas de algún modo objetivamente. 
Tengo que comenzar diciendo con toda claridad que Austria, cuando negoció sobre la adhesión con la Unión Europea, expresó el deseo de que el contenido y el sentido del Tratado de tránsito se recogiesen en un protocolo, por lo que son parte de la adhesión y de la relación contractual con la Unión Europea. 
El Tratado de tránsito tiene sin duda una especial importancia pues el transporte de tránsito en Austria- y esta es una situación única en toda la Unión Europea- no sólo tiene una elevada proporción en el transporte total- hasta el 80% en algunos tramos- sino que debido a la situación geográfica y al hecho de que el país es relativamente pequeño, contribuye a una carga relativamente fuerte del medio ambiente, en especial, de las zonas sensibles. 
Además, es un sector que prácticamente no crea un valor propio. 
Está claro, que a la larga, el transporte de tránsito no se puede separar de los demás tipos de transporte. 
Por ello, esta regulación de tránsito tiene una fecha de expiración relativamente temprana, a saber, a finales del 2003. 
A la Comisión no le gusta este Tratado. 
Comprendo que no le guste a alguien, pues desde un punto de vista de política de transportes no es lo óptimo. 
La Comisión ha intentado de diversos modos torpedear este Tratado. 
Por un lado, ha dicho que el mecanismo de sanciones es demasiado estricto. 
Le doy la razón en cuanto al fondo y lo comprendo. 
Por ello, he tenido en cuenta lo que ha solicitado al respecto Uli Stockmann y en el punto 2 c) se encuentra que como Parlamento somos de la opinión de que se debe encontrar un método mejor, más elástico. 
La Comisión ha dicho entonces que los cálculos no funcionan en Austria correctamente. 
No puedo enjuiciar esto, es una cuestión de constatación de hechos. 
En la comisión hemos acordado exigir que la Comisión se ocupe de que tenga lugar un cálculo correcto pues, naturalmente, no quiero defender cálculos incorrectos. 
Pero la Comisión ha dicho entonces: el mecanismo de sanciones no nos gusta, el cálculo no nos gusta y si no lo logramos de este modo entonces estamos también en contra del límite cuantitativo superior. 
Pero está claro que el límite cuantitativo superior para el tránsito de camiones era de antemano parte del Tratado. 
En una valoración provisional del Tribunal Europeo de Justicia se dice asimismo que esto era un elemento esencial de la regulación de tránsito. 
Tampoco es cierto, como la Comisión ha opinado, que esto sea un estímulo negativo para emplear vehículos más ecológicos. 
Cualquier empresario está en una mejor posición si emplea vehículos más ecológicos pues tiene que utilizar menos puntos ecológicos. 
Por ello, esta es una regulación que motiva a los empresarios para emplear vehículos más favorables, es decir, más ecológicos. 
Por esto motivos, no comprendo totalmente porqué se fuerza este ataque contra una relación contractual existente que, por lo demás, expira en corto tiempo. 
Señora Comisaria, además no comprendo que esto pase en una situación en la que la Comisión sabe que Austria debe contar con una intensa multiplicación del transporte de tránsito como consecuencia de la próxima ampliación. 
Le puedo entregar gustosamente el estudio de un instituto económico independiente, que ha constatado que hasta el año 2015- sin duda se trata de un largo período de tiempo- se debe contar con una multiplicación por cuatro o por cinco del transporte de tránsito. 
Es decir, en esta situación en la que se sabe que la población es muy sensible en lo que afecta a las cuestiones de transporte, modificar en esta situación una relación contractual existente para crear quizás durante un año o año y medio otra situación, es para mí totalmente incomprensible. 
Quiero decir de nuevo que desde nuestra perspectiva no se trata de adoptar una nueva regulación. 
No se trata de introducir nuevas limitaciones. 
Sólo se trata de que una relación contractual existente debe preservarse pues se aplica el principio de confianza cuando se concluyen tratados. 
Me permito repetirlo, sobre todo se trata de que en unos tiempos sensibles en los que se trata de la ampliación, no se eche leña al fuego pues se sabe exactamente los efectos que puede tener. 
Mi recomendación es, naturalmente, aceptar mañana el informe tal como ha sido aprobado en la comisión- si bien reconozco que con una mayoría muy justa, si es que se puede hablar de mayoría. 
Señora Comisaria, sé que no va a poder estar de acuerdo pero, sin embargo, le quiero rogar algo: para el caso de que el Parlamento decida otra cosa- lo que puede pasar fácilmente- y rechace mi solicitud, ¿puede recapacitar en no aplicar esto "por la fuerza"? 
¿Puede tomar como causa la precaria y sensible situación en este país, que es también importante para las negociaciones con los candidatos a la adhesión, y buscar una solución a largo plazo y no imponer por la fuerza una solución a corto plazo? 
, ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. (DE) Señor Presidente, en la votación sobre la supresión de la cláusula del 198% se trata de mucho más que solamente un deseo medioambiental de Austria. 
Sólo en segundo término se trata de la carga de tránsito de una región alpina sensible. 
En primer término se trata de que existe un Tratado en vigor entre Austria y la Unión Europea. 
Con su propuesta de reglamento, la Comisión intenta suspender unilateralmente este Tratado en vigor y se quiere que el Parlamento Europeo proporcione la legitimación de este procedimiento injusto. 
Si aprobamos esta propuesta, promoveremos una quiebra contractual en detrimento de un Estado miembro de la Unión. 
Esto puede y tendrá como efecto que se pierda la confianza en los Tratados concluidos y, en consecuencia, en la seguridad jurídica de la Unión Europea. 
En el año 1994, precisamente los habitantes de la región alpina afectada se pronunciaron con gran mayoría a favor de una adhesión a la UE, confiando en la validez de lo firmado. 
Si votamos a favor de esta suspensión injustificada de la cláusula de protección, fomentaremos los rencores contra la Unión y lograremos que la población salga de nuevo a las carreteras para bloquearlas. 
En este sentido, le ruego encarecidamente que apoye el informe del Sr. Swoboda o que- ante la situación de tormenta inminente- no le deje a la intemperie. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, el Grupo del Partido Popular Europeo (demócrata cristianos) y de los Demócratas Europeos va a votar a favor de la propuesta de la Comisión. 
Los motivos de ello son, en primer lugar, que casi se ha alcanzado el objetivo del sistema de puntos ecológicos. 
El objetivo era la reducción de las emisiones totales de CO2 por tonelada de los camiones en tránsito por Austria en un 60% hasta finales del 2003. 
El año 2000 habíamos alcanzado ya el 56%, es decir, estamos en la vía correcta para alcanzar hasta el 2003 este objetivo marcado en el Tratado. 
En segundo lugar, el sistema de puntos ecológicos no se ve atacado en si por la propuesta de la Comisión. 
Se mantiene el objetivo de una reducción del 60%. 
La Comisión está a favor expresamente de una prosecución del sistema de puntos ecológicos. 
Solamente se quiere eliminar la llamada regla del 108%. 
Esta regla se opone al objetivo en si del sistema de puntos ecológicos, es decir, la protección del medio ambiente mediante una reducción de las emisiones de NOx. 
Con ella se elimina el estímulo para comprar y emplear camiones menos contaminantes. 
La cláusula del 108% marca un límite superior para los viajes de tránsito y prevé sanciones en caso de sobrepasarse. 
Pero esta cláusula solamente tiene efecto si los camiones han emitido en un año un 8% menos de emisiones. 
Esto es una contradicción en si misma. 
Por ello, todo esto no tiene sentido. 
En tercer lugar, mediante la reducción de los puntos ecológicos, el tráfico de tránsito por los Alpes no se reduce en total. 
O se traslada a Suiza o se utiliza el truco de declararlo como tráfico bilateral a y desde Austria o de llevarlo a cabo con camiones de la Europa oriental que, debido a otro tipo de autorización, no están obligados a los puntos ecológicos. 
En total, esto hace que en Austria no se logre una reducción adicional de las emisiones de NOx. 
En cuarto lugar, las sanciones de la regla del 108% son desproporcionadamente elevadas. 
El sobrepasamiento de 100.000 desplazamientos en el año 1999 se ve penalizado con un recorte de 150.000 desplazamientos en el año 2000. 
Un último punto al que quiero referirme: la duda de si un derecho primario- en este caso el Tratado de Adhesión- puede ser modificado por un derecho secundario, es decir, la propuesta de reglamento de la Comisión sobre la que hoy debatimos, la considero injustificada. 
El protocolo nº 9 prevé explícitamente para el año 2001 una revisión del sistema de puntos ecológicos. 
Por tanto, la propuesta de la Comisión es conforme a derecho. 
Por estos motivos, estoy a favor de suprimir la regla del 108% y aceptar la propuesta de la Comisión sin modificaciones. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, el sistema de puntos ecológicos se acordó en el marco de la adhesión de Austria a la UE. 
Hablamos así pues de un Tratado en vigor que expira el 2003. 
El objetivo era- lo que se ha mencionado- el empleo de camiones más ecológicos en el tránsito de los Alpes a través de Austria y reducir la emisiones de NOx en relación al año 1992 en un 60% y esto ya casi se ha logrado. 
En el acuerdo se determinó además un límite máximo de desplazamientos de tránsito, la llamada cláusula del 108%. 
La Comisión quiere ahora suspender esta cláusula hasta finales del 2003. El ponente, Hannes Swoboda rechaza la propuesta de la Comisión y yo apoyo esta posición aunque aquí existe un conflicto entre intereses austríacos y, p. ej., también alemanes. 
Nuestro objetivo debe ser el de actuar en el sentido de una política europea de transportes, es decir, disponer para las regiones ecológicamente sensibles de un mecanismo de control. 
Sin embargo, quiero llamar la atención sobre tres problemas que he reflejado en mis tres enmiendas. 
Por un lado, se trata de un cálculo correcto del número de desplazamientos. 
En varias partes se han expresado dudas sobre la exactitud de las estadísticas pues en ellas se incluyen también en parte los desplazamientos bilaterales. 
Por ello, hay que adoptar las medidas necesarias para que se haga un cálculo correcto de los desplazamientos y que las sanciones no se impongan erróneamente. 
De este modo llego al segundo punto, las sanciones. 
En 1999 los desplazamientos de tránsito se sobrepasaron en 100.000, lo que condujo a una reducción de los mismos en 150.000, es decir, a una "sanción". 
Me parece que el actual mecanismo de sanciones es excesivo y erróneo ya que afecta a las diversas empresas de transporte aunque se refiere a la actuación estatal. 
Aquí existe necesidad de intervenir. 
Tercer y último punto: nuestro objetivo de política de transporte es lograr un sistema de transportes sostenible que permita la movilidad de modo permanente. 
Pero la Comisión no ha logrado hasta ahora presentar un concepto global coherente para el área de los Alpes a partir del 2003. 
Esto es urgentemente necesario. 
Señor Presidente, señora Comisaria, aun teniendo en cuenta todas las preocupaciones que el ponente Sr. Swoboda y otro colegas han expresado en orden al mantenimiento de los compromisos que la Unión adquiere cuando firma los Tratados, pienso que en este caso específico es preciso votar a favor de la propuesta originaria de la Comisión. 
Ésta es la indicación que mi Grupo va a seguir mañana en su conjunto. 
Y esto porque el ensayo hecho en estos años debe ser utilizado, por contra, para definir ya desde ahora una estrategia coherente en materia de tránsito por el sistema alpino que, en perspectiva, se base en el traslado lo más amplio posible de la carretera al ferrocarril. 
El sistema actual se ha revelado sustancialmente eficaz, dado que el objetivo fundamental se ha alcanzado o está en vías de alcanzarse, mientras que se revela ineficaz, mejor dicho, en algunos casos diría que va en contra del incentivo de convertir en más ecocompatibles los medios que atraviesan Austria, así como de difícil, por no decir, distorsionada aplicación y, por consiguiente, hace que la cláusula, aunque apreciable en su intención, parezca efectivamente poco útil. 
Creo que no se plantean graves dificultades y que existe un respeto sustancial al acuerdo en el momento en que el objetivo que se quería alcanzar se ha alcanzado y que la cláusula no ha de ser aplicada porque no nos ayuda en este momento. 
Al contrario, debe ser utilizada y aplicada como otras para armonizar distintos sistemas que hemos de utilizar al definir, en perspectiva, una manera más correcta de atravesar todo el sistema alpino. 
Confío y confiamos en que se pueda tener en cuenta también esto en el próximo Libro Blanco tanto favoreciendo la elección de esos ejes ferroviarios que esperamos desde hace demasiado tiempo como estableciendo medidas tarifarias que permitan, a través de una mejor imputación de los costes de infraestructura, incentivar condiciones que sean más coherentes con el respeto al sistema alpino en su conjunto. 
Señor Presidente, estimada Comisaria, estimadas y estimados colegas, el colega Swoboda, nuestro ponente, y también el colega Kronberger son los dos austríacos. Esto no es naturalmente ninguna casualidad y ambos han expuesto la situación interior austríaca con todo detalle. 
Sin embargo, creo que no se trata exclusivamente de un problema austríaco. 
En este informe y mañana en la votación se trata de una decisión de enorme alcance. 
No intento ahora- ni lo quiero- enfrentar al mercado interior con la competencia, la política de medio ambiente o la de transportes. 
En mi opinión, se trata de dos puntos. 
En primer lugar, repito el deseo de mis colegas: un Tratado no se debe finalizar unilateralmente al modo de Bush. 
En segundo lugar, se trata de ver lo serio que nos tomamos nuestra política de medio ambiente y de transportes. 
¿Con que seriedad la aplicamos y con qué eficiencia la queremos impulsar? 
No se trata pues solamente de la reducción del óxido de nitrógeno en la autopista del Brénero. 
Necesitamos un concepto coherente de transportes para la totalidad de la región de los Alpes así como una internacionalización de los costes externos. 
Mientras no exista una verdad sobre los costes, la carretera seguirá siendo más barata. 
Ni el transporte combinado ni el ferrocarril pueden concurrir. 
La totalidad de la sensible área de los Alpes necesita de nuestro apoyo según el Convenio de los Alpes. 
Las ciudadanas y ciudadanos no sólo de estas sensibles regiones confían en el Parlamento Europeo y en el sentido de la responsabilidad de todos los diputados. 
Señor Presidente, esta cuestión se refiere a mucho más que sólo un problema de tráfico. 
Se trata de cómo la Unión Europea actúa con las promesas efectuadas a los recién llegados, de los derechos de sus Estados miembros más pequeños y de otros intereses que no son sólo económicos. 
Durante años, Suiza y Austria han protegido sus valles de los Alpes del ruido y de la contaminación del aire causada por el tráfico de camiones en tránsito. Una protección cuyo interés aumenta en la medida en que se incrementa esta forma de transporte irrespetuosa con el medio ambiente 
Con el ingreso de Austria en la Unión Europea, se acordó un compromiso por el que se permitía a este Estado miembro mantener esta protección parcial a fin de reducir en un 60% las emisiones de NOx en el período comprendido entre 1992 y 2004. 
También otros se benefician de estas medidas, ya que así se fomenta la limitación del transporte o se traslada a las conexiones ferroviarias que son mejores para las personas y el medio ambiente. 
El punto de partida consistió en no esperar a que hubiera una técnica más limpia, sino en basarse en la competencia para restringir el transporte a partir de la fijación de límites. 
Siete años después de este compromiso, la Comisión ha intentado eliminar unilateralmente ese derecho de Austria y permitir ampliamente el tráfico norte-sur, también si ello implica una superación de la frontera del 108%. 
Si la Unión Europea trata así a sus Estados miembros más pequeños, eso ocasionará antipatía y resistencia. 
El Grupo de Izquierda Unida respalda al ponente en su repulsa de este ataque de la Comisión, de los Estados miembros grandes y de los grandes grupos de empresas de transporte. 
Señor Presidente, la cantidad y el reparto de algunos ecopuntos en Austria, y también el propio sistema de ecopuntos, ocasionan una acalorada discusión con duros enfrentamientos cada vez entre los detractores y los partidarios. 
Ahora sucede de nuevo. 
Cuando Austria se convirtió en miembro de la Unión Europea, se acordó un acceso limitado al tráfico de tránsito de mercancías hasta finales de 2003. 
La Comisión quiere que desaparezca una de las partes de este acuerdo. 
El ponente considera que la terminación unilateral (parcialmente) del protocolo nº 9 sin que existan alternativas aceptables, supone una ruptura de los compromisos acordados. 
El sistema actual de Austria no carece de defectos. 
La no inclusión de grandes grupos de usuarios de las carreteras en la medición de las emisiones no contribuye a dar una imagen clara de las emisiones causadas por el tráfico de tránsito. 
Además, todavía no se ha materializado la obligación de ofrecer suficientes alternativas a ese tráfico para el paso de los Alpes. 
Estoy convencido de que Europa no puede estar sin transporte, pero tampoco sin una naturaleza sana en la que, al final, vivimos todos. 
De ahí que respalde, en general, las iniciativas para limitar las emisiones y en las zonas naturales sensibles, en particular. 
El rechazo de esta propuesta de la Comisión no se produce por sí misma, sino que se sitúa en este marco. 
Sí surge la pregunta de cuál será después de 2003, cuando el sistema de ecopuntos desaparezca, el futuro del tráfico de tránsito por Austria. 
Es necesaria una política para las zonas sensibles a fin de abordar de forma edificante la contaminación de los Alpes. 
En tanto exista esta carencia habrá medidas ad hoc, que raramente son constructivas. 
De ahí que pida a la Comisión que adopte el tan largamente esperado Libro Blanco sobre esta materia. 
En resumen, considero incomprensible, en tanto no exista una política más amplia para las zonas sensibles, que se adopten medidas unilaterales de las que no se espera que favorezcan la movilidad duradera. 
Señor Presidente, estimados colegas, hablo como austríaca pero también como europea. 
Les voy a exponer tres motivos. 
Primero: el Tratado del tránsito era parte de una promesa de la Unión a Austria. 
La promesa era la siguiente: la sensible región de los Alpes no se va a ver desbordada por una avalancha sin fin de tráfico de tránsito. 
Los austríacos confiaron en la palabra de Europa. 
El 66% de los ciudadanos votaron a favor de la adhesión. 
Si se aprobase la presente propuesta de la Comisión se rompería dicha promesa. 
Les hablo como europea. Este es el tipo de cosas que hace que surjan las lamentaciones cuando de nuevo un referéndum en algún lugar de Europa sale mal. 
Segundo: el Tratado de tránsito y, con él, la cláusula del 108%, de cuya eliminación se trata, es parte integrante del Tratado sobre la adhesión a la Unión europea. 
Es decir, el Tratado de tránsito es derecho primario. 
Les planteo una cuestión de conciencia: ¿qué valor tiene un Tratado si el Parlamento Europeo puede socavar el derecho primario mediante una votación? 
Esta es una cuestión básica, no sólo austríaca sino europea. 
En tercer lugar, quiero plantearles una pregunta a todos ustedes: ¿qué valor tienen las palabras sobre el papel? 
Cito el artículo 6 (nuevo) del Tratado de Amsterdam: "Las exigencias de la protección del medio ambiente se tienen que incluir a la hora de determinar y ejecutar las políticas comunitarias que se mencionan en el artículo 3 como, por ejemplo, la libre circulación de mercancías". 
La votación de mañana es el baremo en el que se va a medir la seriedad con que esta Asamblea se toma el objetivo del artículo del Tratado de Amsterdam. 
O bien Señorías, ¿es que la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible son aquí solamente declaraciones de labios afuera? 
En el partido de mañana juegan la libre circulación de mercancías contra la protección del medio ambiente y esta es una cuestión básica europea. 
Por ello, les ruego que voten favorablemente al informe. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, estimadas y estimados colegas, aquí hay que aclarar una cosa: la tesis de que la Comunidad quiebra el derecho comunitario es sencillamente un sinsentido. 
El derecho comunitario prevé adaptaciones y aquí se propone en un único punto adaptar una situación. 
No se trata en absoluto de quiebra del Tratado. 
Si la diputada liberal se queja de que no tratamos el medio ambiente correctamente y exige protección para el mismo, entonces planteo la siguiente pregunta a la colega austríaca: ¿cuándo vais a poner a disposición el dinero para construir el túnel del Brénero? 
Entonces haréis algo por el medio ambiente. 
Estamos demasiado atrasados en la puesta en práctica del túnel de base del Brénero. 
Esta es la única solución real para el tránsito por los Alpes. 
Estimada colega, no debe soltar aquí frases grandilocuentes sino impulsar la planificación del túnel de base del Brénero y poner el dinero a disposición. 
Esta sería su tarea en un Gobierno en el que está representada. 
No nos cuente historias. 
El colega Stockmann ha dicho muchas cosas acertadas como que el objetivo principal, la reducción de las emisiones de NOx- se ha alcanzado ya casi y que la cláusula del 108% es desproporcionada e inexacta. 
Señor Stockmann, si mañana vota con nosotros a favor de la propuesta de la Comisión, alcanzará exactamente lo que quería alcanzar. 
Puedo comprender que no quiera enfrentarse a su ponente austríaco, pero recapacite cómo va a votar mañana. 
¡Vote a favor de la propuesta de la Comisión! 
Quiero realizar aún dos breves observaciones. 
Si se conservase la cláusula, esto conduciría solamente a que se modificase el volumen de transporte que no se transporta realmente sino que los desplazamientos de tránsito que ya no son posibles se sustituirían por un desplazamiento con una empresa al interior de Austria y con otra empresa fuera de Austria. 
Es decir, se dividiría el tránsito, se tendrían más gases de escape y más costes para el consumidor. Esta no es la solución. 
La solución es la construcción del túnel de base del Brénero para llevar a largo plazo el transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril. 
A favor de esto tenemos que luchar. 
Señor Presidente, permítame en primer lugar expresar mi opinión favorable a las razones del Sr. Swoboda, así como al rigor del trabajo que ha realizado. Al mismo tiempo estamos profundamente convencidos de la bondad del objetivo fijado en el Protocolo en cuestión: la protección del medio ambiente de Austria en el sistema alpino. 
La Comisión pretende conservar este objetivo y estamos convencidos asimismo de que, como sugiere la propuesta de reglamento a la Comisión, la cláusula del 108% se ha de suprimir. 
Me limitaré muy rápidamente a expresar dos perplejidades. 
La primera es de orden lógico: la cláusula entra en vigor a partir del número de tránsitos, independientemente de las prestaciones ecológicas de los vehículos, por lo que vehículos más ecológicos significan más ecopuntos ahorrados, más tránsitos acumulados y un riesgo más alto de sobrepasar el techo del 108%. 
La consecuencia es una paradoja: los operadores no están motivados a escoger vehículos menos contaminantes. 
La segunda perplejidad es de orden práctico: el sistema de comprobación no es fiable, el techo crítico resultaría superado en un 0,6 %, 10.000 tránsitos, pero según un estudio de la Comisión hay 92.000 vehículos que han entrado en Austria y no han salido. 
Nos encontramos ante un sistema que ha mostrado su absoluta falta de fiabilidad: no se ha probado el límite del 108%, las sanciones son absolutamente excesivas, 150 derechos de tránsito menos por superar el techo del 108%. 
Señor Presidente, estas son las razones técnicas y objetivas por las que la delegación italiana votará a favor de la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, a largo plazo nuestras ideas no difieren tanto unas de otras. 
Los planes futuros de la Comisaria competente pretenden los mismo que todos queremos y necesitamos, a saber, unas reglas de transporte especialmente ponderadas para áreas especialmente sensibles. 
Precisamente esta era también la intención del acuerdo de tránsito entre la antigua Comunidad y el país candidato Austria, que se encontraba en todos los aspectos ante las puertas de la casa común. 
Las soluciones elaboradas hace diez años escasos y los compromisos encontrados a la sazón para el tránsito a través de los Alpes han funcionado también de modo general. 
A pesar de todos sus puntos flacos, el sistema de los puntos ecológicos ha conducido a una clara mejoría en la situación con el óxido de nitrógeno, tan problemático para el medio ambiente. El límite superior con la regulación del 108%, del que se trata ahora, ha cumplido al menos algunas de las funciones de la red de seguridad que se perseguían a pesar de una serie de problemas. 
¿Porqué rescindir ahora antes de tiempo y en esta situación de partida para un breve período de tiempo una parte esencial de lo acordado? 
Las personas en Austria se plantean esta pregunta y no encuentran una respuesta. 
A no ser que se quiera acabar con las limitaciones del tráfico de tránsito precisamente en áreas sensibles de los Alpes. 
Creo que no haríamos un buen servicio a la futura política de transportes europea si ahora a causa de unas anomalías y conflictos relativamente pequeños pusiésemos en peligro el objetivo común a largo plazo o incluso lo perdiésemos de vista. 
Por ello, me parece correcta la posición que emitió hace dos meses la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, reconozco que con una mayoría muy justa. 
Esta posición de la comisión podría ser un buen impulso para realizar nuevos esfuerzos y encontrar juntos soluciones aceptables en lugar de plantear a Austria y a sus ciudadanos unos graves problemas emocionales y políticos. 
Todos contra Austria: esto no debe ni puede ser. 
Todos a favor de una buena solución en la cuestión del transporte en Europa que apunte hacia le futuro. 
Este debe ser nuestro objetivo y espero que mañana logremos unos buenos resultados en la votación para garantizarlo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, no es correcto, creo, dividir a los partidarios de la propuesta de la Comisión y los contrarios entre quien tendría interés en el medio ambiente y quien, en cambio, no. 
Es un error en que no debemos caer, y me permito decir con afecto a los diputados austríacos: la suya no es una representación de la realidad útil a sus conciudadanos. 
Todos nosotros estamos preocupados por la salvaguardia y la protección medioambiental y el problema de los puertos alpinos, entre otras cosas, no afecta sólo a Austria, sino también a una gran parte de un territorio sensible como el alpino de la parte italiana. 
¿Por qué digo esto? 
Porque en la propuesta de la Comisión, que compartimos y apoyamos, encontramos la misma preocupación medioambiental. 
Se ha dicho que el sistema de ecopuntos no se modificará porque ha dado resultados y se vuelve a confirmar. 
Por el contrario, se ha observado- y esto no se puede negar- que el sistema del techo, en realidad, castiga, como se ha dicho, a los transportistas que quieren adoptar comportamientos ecocompatibles, mientras que incentiva comportamientos incorrectos, como sus Señorías saben muy bien, así como algunos comportamientos fraudulentos: por ejemplo, muchos camiones entran con cartas de porte, descargan en Austria y luego se vuelven a marchar, en consecuencia, no están sujetos a la cláusula de los puntos. 
Todo esto no beneficia el medio ambiente, ni tampoco el sistema de transportes. 
Cierto, existe también un problema de movilidad que se ha de garantizar, existe un problema de competencia de las empresas de transportes que se ha de garantizar, pero existe ante todo un problema medioambiental. 
Les ruego que hagan suya la preocupación que en la propuesta de la Comisión se muestra respecto de la cadena medioambiental. Estoy de acuerdo con todos ustedes, pero, evidentemente, hay que encontrar, de cara al futuro, soluciones duraderas y definitivas que nos protejan realmente de estos riesgos. 
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero agradecer al Sr. Swoboda el trabajo realizado, dicho lo cual tengo que decirle que no puedo coincidir con su planteamiento ni con lo que afirma en su informe, porque el Protocolo es rotundo. 
El artículo 11 del Protocolo nº 9 habla de contaminación de NOx. En ningún caso menciona el ruido ni otro tipo de contaminaciones. 
El objetivo del artículo 11 es limitar las emisiones de gas, las emisiones de NOx, en ningún caso otro tipo de contaminaciones, que se podrían haber recogido, pero que, en su día, no se recogieron y no se aceptaron. 
Es más, cuando el artículo 11 contempla la revisión- y con esto quiero contestar a lo que se ha dicho aquí- la Comisión no pretende ni avasallar ni pasar más allá de aquello a lo que el Derecho nos obliga a todos, sino mantenerse estrictamente en el ámbito de lo que se contempla en el artículo 11 del Protocolo nº 9 del Acta de Adhesión, a saber la revisión, para ver precisamente cómo ha evolucionado, y se plantea que se propongan medidas equivalentes con el objetivo de reducir las emisiones de NOx. 
Léanselo. 
He pedido el texto para leérselo textualmente. 
No lo tengo aquí y lo lamento, pero les puedo citar parte del texto que dice que autoriza, conforme al artículo 71- codecisión- al Consejo y ahora al Parlamento- después de las últimas modificaciones del Tratado es codecisión- a adoptar medidas en un marco comunitario que- cito textualmente- "garanticen una protección equivalente del medio ambiente, en particular, una reducción de la contaminación del 60%". 
Señorías, les quiero decir que nosotros no pretendemos avasallar ni ir más allá de lo que dice el Protocolo nº 9 del Acta de Adhesión de Austria. 
Entiendo que pueden tener dificultades, lo entiendo muy bien, y entiendo que Austria tiene problemas de tránsito, como los tienen otros países que, además, pueden tener otro tipo de problemas. 
Y entiendo también que regiones como las alpinas y algunas otras especialmente sensibles de la Unión Europea pueden y deben ser objeto de una especial protección en cuanto al transporte y, muy especialmente, al transporte viario. 
Pero no Austria en su conjunto. 
Y este Protocolo se refiere a Austria en su conjunto. 
Las regiones alpinas son una parte de Austria, pero no sólo de Austria. 
En ese sentido, el principio de los ecopuntos- lo decimos muy claramente- ha sido positivo, ha reducido las emisiones de NOx en más de un 50%. 
No hemos alcanzado el techo del 60%, pero se han reducido en más de un 50%. 
Y lo decimos, aunque no adquirimos compromisos concretos, que queremos proponer, y así se dice en el Libro Blanco, -que espero que en breve puedan leer sus Señorías- sobre política de transporte, que para zonas especialmente sensibles como los Alpes hay que tomar medidas para limitar los posibles efectos nocivos para el medio ambiente. 
El sistema de ecopuntos concretamente puede quizá ser una de las soluciones. 
Puede ser. 
No digo que sea la solución, pero puede ser una solución. 
Ahora bien, ha de ser un sistema de ecopuntos- y aquí llego al último argumento- que de verdad funcione. 
Porque ése es el problema, señor Swoboda, y aquí es donde yo tampoco coincido con su Señoría. 
Su Señoría dice que con el 108% los transportistas siguen teniendo interés, actualmente, en mejorar la calidad medioambiental de sus camiones. No señor. 
Ya no tienen ningún interés, porque si tienen el 108% como techo, para qué van a mejorar, si con el número de viajes han alcanzado un techo que ya no pueden mejorar con la reducción de las emisiones, dado que no pueden pasar más veces so pena de sufrir una penalización. 
En este momento, las dos cláusulas son contradictorias y por eso se propone su supresión. 
Si queremos seguir mejorando las emisiones, tenemos que retirar la cláusula del 108%, porque si no lo hacemos algunos de los mejores camiones se podrán retirar del tránsito por Austria porque resulta que sobran ecopuntos y faltan derechos de tránsito con ese 108%. 
Ello puede llevar a utilizar camiones que contaminen más. 
No importa: ya nadie tiene interés en mejorar la calidad de sus emisiones porque tienen el techo del 108%. 
Por eso se propone que se suprima. 
Señor Presidente, Señorías, partiendo de la base de que siempre puede haber diversas interpretaciones jurídicas, yo eso siempre lo puedo admitir, me parece que lo que dice el artículo 11 del Protocolo nº 9 es que se haga una revisión, que se propongan medidas equivalentes y que el objetivo son las emisiones de NOx. 
Y que, si queremos seguir mejorando las emisiones de NOx, la única posibilidad es suprimir el techo del 108%, porque si mantenemos ese techo, no hay ningún incentivo para que mejore la calidad medioambiental en cuanto a emisiones por parte de los transportistas europeos que transitan por Austria. 
Pido, por lo tanto, al Parlamento que apoye la propuesta de la Comisión y que rechace- lo siento, señor Swoboda, por primera vez no coincidimos- la propuesta del Sr. Swoboda. 
Señor Presidente, cuando uno pierde, pierde sencillamente. 
Tengo que aceptarlo si la decisión es así. 
Pero, señora Comisaria, usted ha subrayado hoy en varias ocasiones que tiene que proponer una solución equivalente. 
Pero quiero decir muy claramente que usted no ha propuesto una solución equivalente. 
Por lo tanto, no se refiera a la situación jurídica. 
Señor Presidente, quiero subrayar que la Sra. Comisaria ha citado correctamente. 
Una revisión del Tratado solamente es posible y conforme a derecho si se marcan medidas equivalentes. 
Por favor, ¿cuáles son? 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Cooperación cultural en la Unión Europea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0281/2001) del Sr. Ruffolo, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre cooperación cultural en la Unión Europea. (2000/2323 (INI) ). 
. (IT) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, esta propuesta de resolución surge de algunas simples pero no obvias constataciones. 
La primera es la constatación de un defecto de coordinación entre los programas culturales de la Unión, especialmente los incluidos en CULTURA 2000, así como los incluidos en los programas financieros financiados con los Fondos estructurales. 
La segunda es sobre todo la constatación de un vacío entre los programas gestionados en el ámbito de la Unión y las políticas culturales nacionales a partir de la pura y simple información recíproca. 
Una respuesta positiva a estas dos constataciones llega de dos reconocimientos: el primero es que el principio de subsidiariedad no solo no excluye la cooperación, sino que la exige. 
Dicha cooperación no debe interpretarse como un proteccionismo cultural mojigato, sino en sentido positivo y activo, como encuentro fecundo de culturas distintas. 
El segundo reconocimiento es que la diversidad de las culturas nacionales y regionales constituye la riqueza y la característica específica de la civilización europea. 
Por eso, como lema del informe se ha elegido la frase "unidad de la diversidades". 
Está claro, la cultura europea no es una unidad homogénea: es un conjunto de culturas distintas, cada una con sus raíces históricas y su espacio de irradiación; estoy por decir que es una sinfonía en el sentido técnico musical del término, ya que se desarrolla a través de consonancias y disonancias: una sinfonía no creada, sin embargo, por un único compositor, sino resultante del curso de la historia, a través de dramáticos conflictos y ocasionales masacres religiosas, nacionales e ideológicas. 
Sin embargo, hoy por fin converge en unos valores humanistas comunes de libertad, equidad y, aunque no de hermandad- lo que sería demasiado pedir- al menos de tolerancia solidaria: unos valores que se reconocen en un espacio común, que se diferencian tanto de las culturas marcadamente comunistas como de las fundamentalistas, y que se alimentan de las grandes tradiciones cristianas, liberales y socialistas. 
Por otra parte, una cultura europea común era aceptada desde los tiempos de Tomás Moro y de Erasmo de Rotterdam, cuando Erasmo iba, a lomos de una mula, a Oxford para llevar a su amigo el Elogio de la locura. 
Existía una lengua franca, pero no la unión monetaria, por lo que a su regreso le secuestraron las esterlinas que había ganado honradamente. 
Hoy ya no hay viajes a lomos de una mula porque usamos los aviones, ya no existe una lengua franca, pero están nuestros excelentes traductores simultáneos. 
En definitiva, se dan todas las condiciones materiales para que la cultura europea pueda difundir por el mundo su mensaje de paz y civilización, para que los europeos puedan poner en marcha una rica cooperación en el ámbito cultural. 
Dicha cooperación se afirma, mejor dicho, se invoca en los Tratados y en los discursos oficiales, pero la intendencia no sigue como podría y debería. 
Es más, las decisiones concretas terminan contradiciendo clamorosamente las declaraciones solemnes, las decisiones y las no decisiones, como esa desacertada de Niza que ha obligado a la política cultural europea a la paralización. 
La presente propuesta de resolución es un intento de reaccionar ante esta paralización y de promover pragmáticamente la cooperación entre los Estados europeos en el ámbito cultural, empezando por las obvias exigencias de la adopción de un lenguaje común, de estadísticas comparables, de una información recíproca, de un sistemático intercambio de opiniones, de una selección de las mejores prácticas y de la apertura de zonas en las cuales parece más conveniente y oportuno adoptar actitudes y políticas comunes. 
Espero ardientemente, señor Presidente, que la Comisión, al adaptar los compromisos a los propósitos, dé a la resolución el seguimiento que ésta augura y ponga el problema de la cultura y de la cooperación en el centro de la gran empresa europea. 
Somos distintos y estamos unidos al tiempo: ésta es una ocasión para demostrarlo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el informe del Sr. Ruffolo prevé una mejor y más profunda cooperación de los Estados miembros en lo relativo a sus políticas culturales. 
Pero tiene otro mérito que conviene subrayar: la política cultural de la Comisión, en particular en la ejecución del programa-marco "Cultura 2000", debería evitar un cierto margen de fluctuación de los criterios de selección de las candidaturas. 
La Comisión se ve inundada todos los años con propuestas de la más diversa naturaleza, los recursos de que dispone son irrisoriamente limitados y hay innumerables agentes y operadores cuyas propuestas válidas acaban desechadas por culpa de las limitaciones conocidas. 
La Comisión está intentando actualmente encontrar metodologías que aborden mejor, a su juicio, a esos problemas. 
Oportunamente se examinará el seguimiento de "Cultura 2000" y tendremos ocasión de pronunciarnos. 
Ahora bien, el funcionamiento de los instrumentos previstos en el informe del Sr. Ruffolo acabará aportando a la Comisión datos más precisos sobre las políticas culturales de los Estados miembros y sobre las necesidades culturales que sienten. 
Una política cultural en el nivel europeo deberá tener en cuenta esos elementos para formular sus objetivos e intercalar sus criterios de selección de las candidaturas. 
Conviene no olvidar que estamos hablando de una política europea de la cultura y no de políticas nacionales. 
Por lo demás, en los Fondos estructurales se tienen en cuenta en gran medida estas últimas, por lo que tiene sentido tener en cuenta la doble naturaleza de los recursos de que se trata, pero separar metodológicamente los ámbitos de incidencia de una política europea de la cultura, por un lado, y del conjunto de las políticas nacionales, por otro. 
Por eso, en el plano europeo las instituciones deberían ocuparse fundamentalmente del significado de la herencia cultural común a toda Europa y saber evitar la confusión con las políticas nacionales que aplican los Estados miembros, sin perjuicio, claro está, del estímulo al diálogo multilateral entre sus creaciones contemporáneas. 
Una política cultural europea debe contribuir a poner dinámicamente el inmenso y multiforme patrimonio cultural de Europa al alcance de sus ciudadanos. 
Señor Presidente, acojo con beneplácito lo que todos convendremos- creo yo- en considerar un trabajo ejemplar. 
Ahora tenemos un programa amplio sobre el posible funcionamiento de la política cultural en la Unión. 
El ponente ha trabajado particularmente bien con el promotor de esa política y de esas medidas legislativas en la Comisión Europea. 
Quisiera formular unas observaciones al respecto. 
En primer lugar, debemos reconocer en esta Asamblea y en otras instancias que las industrias creativas y del conocimiento han llegado a ser fuerzas impulsoras en nuestra nueva economía mundial y que las aptitudes que necesitamos en ellas han pasado a ser decisivas para los resultados de nuestra economía europea. 
Más aún: las necesidades sociales y filosóficas que tenemos de dominar la cuestión cultural resultan fundamentales para garantizar estabilidad en nuestro mundo globalizado. 
Eso significa que debemos reconocer la importancia de la financiación de las actividades culturales. 
Debemos afrontar algunas cuestiones muy difíciles: por ejemplo, una parte cada vez más pequeña de nuestra economía en el nuevo mundo globalizado es la agricultura. 
La Política Agraria Común, tal como la conocemos, recibe una cantidad inmensa de nuestros fondos. 
Para reconocer la primacía de la economía del conocimiento y la información en la nueva economía mundial, tenemos que afrontar la realidad y examinar prioridades diferentes para nuestros fondos. 
Todas las medidas que propone el informe Ruffolo son viables, pero, para aplicarlas, debemos velar por que haya cooperación entre las instituciones y en los diferentes niveles de las administraciones. 
Eso significa que debemos examinar, por ejemplo, los Fondos estructurales y la forma como supervisamos la cantidad de fondos que se dedican a actividades culturales. 
Recientemente, un funcionario de la Comisión me dijo que no podríamos hacerlo. 
He de informarlo de que lo único que necesita hacer es ir a cualquiera de los municipios de la Unión y le dirán cómo hacerlo. 
Para eso están los funcionarios. 
Podría incluso examinar los documentos relativos a la programación única para hacerlo. 
Cuando tenemos que hacerlo, es posible hacerlo. 
Lo digo no para ofender a la Comisión o a su personal, sino para insistir en que la cooperación es necesaria a fin de lograr lo que el Sr. Ruffolo, de forma tan ejemplar, ha expuesto. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Ruffulo por su gran trabajo y compromiso con este informe. 
Permítanme recordar que también a instancias del Sr. Ruffulo se elaboró una comparación estadística de las actividades culturales de los Estados miembros. 
Un documento muy interesante y relevante. 
Al Grupo Liberal no le cabe ninguna duda de que la cultura es elemento fundamental de la identidad comunitaria. 
En el ELDR pensamos que el respeto y el fomento de la diversidad lingüística y cultural y de la herencia cultural común son un factor esencial para la integración y desarrollo de la personalidad del individuo. 
Deseamos una política cultural europea que de ningún modo aspire a la homogeneidad sino que ofrezca la identidad que surge del encuentro entre las diferencias. 
Una política que contribuya a la cohesión social y que es esencial para la pertenencia a una ciudadanía europea. 
La política cultural es uno de los pequeños ámbitos políticos de la Unión y así creemos también que debe seguir siendo. 
La Unión debe utilizar sus energías en los ámbitos centrales, el mercado interior, la política económica, la política de inmigración y de asilo, y por ello debemos ser también muy reacios a iniciativas, por lo demás, bien intencionadas en materia de política cultural. 
Permítanme también recodar que nuestras poblaciones desean que la toma de decisiones tenga lugar lo más cerca posible de los ciudadanos. 
Esto fue lo que el señor Presidente de la Comisión, Romano Prodi, subrayó hoy ante esta Asamblea. 
La Unión no debe participar en el gobierno al por menor de Europa, que queda mejor en manos de los países miembros. 
De ahí que el Grupo Liberal haya presentado enmiendas para la retirada total de las conclusiones 8 y 10. 
Pensamos que son conclusiones que tienen como objeto ampliar el campo de acción del artículo 151 del Tratado y no queremos contribuir a ello. 
También pensamos que las propuestas chocan con el principio de subsidiariedad, lo que tomamos muy en serio, y por último pensamos que no es el momento para la ampliación de los marcos económicos para las actividades comunitarias en materia de política cultural que contiene la propuesta. 
El Grupo Liberal no puede respaldar el informe si las conclusiones 8 y 10 o las enmiendas de compromiso que a él se han añadido son aprobadas. 
Señor Presidente, muy buenas tardes y bienvenidos al primer canal europeo de la cultura. 
No, bromas aparte, ¿qué puedo decirles en un minuto? 
Intento quizás quitar argumentos a los escépticos. 
No se trata aquí de injerencias en las políticas nacionales de la cultura. 
Tampoco se va a poner en marcha una nueva oleada de armonizaciones sino que más bien se trata de decir con claridad a la mayoría de las y los políticos que no empleen más la subsidiariedad como un veto. 
Si se toman en serio que la cultura es uno de los módulos más importantes para la integración pacífica de Europa, entonces deben seguir también los hechos. 
Intentamos superar las cosas conjuntamente en muchísimos campos. 
¿Porqué la cultura debe lograrlo sola? 
Sería ya por fin hora de realizar una inversión común de Europa en la cultura- la palabra me gusta más que subvención, pues no se trata sólo de apoyo financiero. 
Permítanme que sobrepase mi tiempo de intervención para expresar mi respeto y agradecimiento a todos los colegas que desde hace muchos años, mucho tiempo antes de que yo viniese aquí, luchan con paciencia por impulsar esto. 
Les quiero expresar mi agradecimiento por cada milímetro y yo seguiré luchando por cada milímetro. 
Señor Presidente, creo que, en el fondo, el mejor cumplido que se puede hacer al Sr. Ruffolo es formular la pregunta que me parece sintomática; es decir, la pregunta relativa al presupuesto, señora Comisaria. 
Si él dice que contamos con el 0,1 % del presupuesto comunitario para la cultura, cuando sabemos que la Europa de la cultura avanza, ¿qué ocurre con los Fondos estructurales europeos, como lo manifestaba la Sra. O ' Toole? 
Desearía saber, y creo que el Sr. Ruffolo también desearía saberlo, cuál es el importe de los Fondos estructurales europeos destinado a la cultura, lo que eso representa y lo que eso significa para una Europa de la cultura en construcción. 
Si la Europa de la cultura está efectivamente en construcción, valoremos entonces las proposiciones del Sr. Ruffolo, que propone cambiar quizá el Tratado, que propone un observatorio cultural. 
Pero posiblemente también podamos proponer una política cultural, y me gustaría saber su opinión sobre las cooperaciones reforzadas, sobre la ampliación de la mayoría cualificada; en resumen, sobre todo lo que puede estructurar lo que se denominaría una política cultural en Europa, de manera concreta y no abstracta. 
Nada de grandes discursos, ha dicho la Sra. Echerer, y estoy de acuerdo; pero yo desearía un esbozo lo más claro posible de los gastos presupuestarios para el sector cultural. 
Es bien sabido que cada vez que se viaja a algún lugar en Europa se nos informa que la financiación no procede de este o de aquel programa, sino de esos famosos Fondos estructurales. 
¿Por qué no podemos saber lo que ocurre con dichos Fondos estructurales? 
Sería quizá la mejor prueba y el mejor argumento para que nuestros colegas que no se interesan por la cultura nos apoyen en nuestro proyecto cultural. 
Señor Presidente, estimada señora Comisaria, quiero felicitar al colega Ruffolo por haber adoptado la iniciativa pues si no se hubiese esforzado tanto no tendríamos en absoluto ningún informe de propia iniciativa, ni podríamos manifestarnos al respecto ni exigir tampoco ningún crédito del presupuesto. 
Así pues, muchas gracias. 
El informe se ha aprobado con gran unanimidad, llega en el momento oportuno y supone además un desafío político para todos que se ocupan de ello. 
Espero que sean muchos a todos los niveles. 
La creación de un Observatorio para la Cooperación Cultural así como el proyectado plan trianual sobre cooperación cultural, van a ser a la postre el baremo en el que se podrá comprobar la seriedad con que los políticos se esfuerzan en todos los planos por la preservación y ampliación del espacio cultural europeo. 
También estoy contento de que se hayan recogido dos puntos que yo ya traté en 1992, señora Echerer, en mi informe sobre la situación de los artistas. 
En aquella ocasión pedí que se fomentase más intensamente el mecenazgo, entre otros medios, mediante unas desgravaciones fiscales más elevadas. 
Pedí- y lo he hecho ahora de nuevo- que se elaborase por fin un estudio sobre la aproximación del tratamiento fiscal de las obras artísticas y el trabajo de los artistas. 
Tanto la cohesión social como la pertenencia a la ciudadanía europea precisan de una política cultural europea y siempre hay que subrayar de nuevo la extraordinaria diversidad que tenemos. 
La obra de construcción europea ha dejado tras de si hace ya tiempo la dimensión económica y técnica. 
Son absolutamente necesarios los trazos de una política cultural común así como la política de formación común para hacer que el espíritu de Europa brille de nuevo, pues ha estado demasiado tiempo orientado a objetivos económicos y cubierto por una capa muy gruesa de polvo burocrático en todos los niveles, el local, regional, nacional y también europeo. 
Los ciudadanos exigen actualmente más cosas bonitas. 
Estas cosas bonitas les aumentará también la atracción por Europa y un poco más de cultura cuesta también un poco más. 
Dediquemos para ello algo más del presupuesto.. 
Señor Presidente, estamos ante un gran informe de iniciativa tan importante que, a mi juicio, sólo le ha faltado titularse "Bases para una política cultural común", porque podrán serlo si el Consejo recibe nuestras peticiones con sensibilidad. 
Se defiende en todo momento nuestra diversidad cultural. Y eso está bien porque se trata de un patrimonio europeo importante. 
El propio ponente, en frase lúcida, ha definido la situación europea como la unidad de las diversidades. 
Pero, ¿no les parece a los miembros del Consejo que es hora también de hablar de lo que es común en nuestras culturas, de buscarlo, de poner en valor sus componentes comunes, modos de vida, costumbres, valores compartidos, conocimientos, arte, desarrollo científico? 
¿No creen que es hora de proclamar que sí existe una cultura europea, de desarrollar políticas culturales conjuntas y de fijar objetivos comunes para todos nuestros Estados miembros? 
En un mundo globalizado y ante el peligro de adoptar pasivamente una determinada cultura hegemónica, la convergencia cultural en el seno de la Unión Europea constituye un gran fortalecimiento político al que no debemos renunciar. 
A los nacionalistas que, desde dentro o desde fuera, niegan el futuro de la Unión Europea porque, según dicen, no tenemos una identidad común, hay que responderles con Levy Strauss: "ni falta que hace, porque tenemos algo más fuerte: una comunidad de destino". 
Sirvan estas opiniones, señor Presidente, para felicitar al colega Ruffolo por habernos recordado tan brillantemente el camino que debemos recorrer en materia cultural. 
Una observación final. La petición de que se instale una obra artística en las infraestructuras y equipamientos financiados con fondos comunitarios persigue no solamente la protección y la difusión del arte en Europa, sino que los ciudadanos sepan y recuerden que tal aeropuerto o tal autovía o tal ferrocarril, o lo que sea, es de origen comunitario, circunstancia que hoy, lamentablemente, suelen ignorar. 
. (IT) Señor Presidente, esta resolución es la primera iniciativa legislativa del Parlamento en materia cultural basada en el artículo 192 del Tratado y se diferencia de las demás resoluciones aprobadas por el Parlamento en el ámbito cultural no solo por los contenidos, sino también por el procedimiento, ciertamente el más autorizado actualmente admitido por el Tratado. 
La resolución llega en una etapa delicada de la Unión Europea, en vísperas de importantes reformas institucionales. Por lo tanto, se ha de considerar como una indicación y una contribución del Parlamento al debate sobre el futuro de Europa. 
Y si tal es así, usted, señor Presidente, permitirá que yo, sin fingimientos, en mi calidad de presidente de Comisión, esta noche anticipe mis felicitaciones al ponente- cosa que en general hacemos como cláusula de cortesía cuando votamos- porque considero realmente que se trata de una gran resolución, de un paso adelante que el Parlamento está a punto de dar. 
En efecto, en mi opinión, la falta de coordinación desde el punto de vista de los programas culturales, subrayada por el ponente es el dato importante para hacer crecer a Europa y, como el Sr. Ruffolo decía, la cultura ha desempeñado hasta la fecha un papel mucho más secundario que la economía. 
Todo esto demuestra que Europa se puede hacer, señora Comisaria, más que con la economía, solo con una gran iniciativa cultural de la que el Parlamento debe tomar nota hasta el fondo. 
Esta resolución, precisamente porque ha sido querida y, creo, debatida unánime y apasionadamente por la comisión, ha sido querida por el ponente y ha sido debatida y querida por la comisión en su conjunto, creo que muestra un despegue, una diversidad, una nueva razón de este Parlamento que se inserta en una estrategia que nos debe llevar, desde el punto de vista cultural, a la unidad de las diversidades culturales de esta gran Europa, para poder tener un porvenir en una verdadera estrategia en los próximos años. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 0.10 horas) 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, esta intervención es relativa a un asunto emanante del Acta en lo que respecta a la distribución del informe prometido por el Sr. Kinnock en respuesta a mi pregunta oral del lunes, punto sobre el que trató la Asamblea ayer por la tarde. 
Quisiera confirmar que dicho informe está disponible. 
Lo he recibido por correo electrónico del despacho del Sr. Kinnock, pero por lo que a mí me consta, aún no ha sido distribuido oficialmente a los diputados. 
Sé que el Sr. Kinnock tenía mucho interés en que todos dispusiéramos del informe lo antes posible por lo que me permito pedirle, una vez más, que adopte las disposiciones necesarias su distribución. 
Sobre el mismo asunto, permítame preguntarle, señor Presidente, en nombre de todos los diputados a este Parlamento, si sería posible que se elaborara un informe similar al que ha elaborado la Comisión sobre la evolución de las reformas en materia de recursos humanos en lo que respecta al trabajo en curso con el personal del Parlamento. 
Actualmente, nos encontramos en una situación en la que sabemos menos sobre la marcha de las reformas en materia de personal de esta Asamblea que en el caso de la Comisión. 
Permítame pedirle que trate sobre este punto con sus colegas y adopte las medidas oportunas para que se presente, lo antes posible, a esta Asamblea una declaración y un informe sobre la evolución de estas reformas tan importantes que recibieron el firme apoyo de la Asamblea cuando ésta aprobó mi informe el pasado año. 
Respecto a la primera parte, yo estaba presente cuando la Presidenta le aseguró que el informe del Sr. Kinnock sería distribuido. 
Pediré a los servicios competentes que se aseguren de que se distribuye el documento. 
Respecto a la segunda parte, la Mesa del Parlamento se reúne esta noche. 
Lamentablemente no estaré presente, pero pediré que la Mesa trate sobre ello esta noche. 
(El Acta queda aprobada) 
ECHELON 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0264/2001) del Sr. Gerhard Schmid, en nombre de la comisión temporal sobre el sistema de interceptación ECHELON, sobre la existencia de un sistema de interceptación mundial de comunicaciones privadas y económicas (sistema de interceptación ECHELON) (2001/2098 (INI) ). 
Señor Presidente, Señorías, hace ya más de un año que el Parlamento Europeo creó una comisión extraordinaria encargada de comprobar la existencia de un sistema de interceptación de comunicaciones, operado primordialmente por el servicio secreto americano y que presenta las siguientes características: opera a escala mundial y permite interceptar cualquier tipo de comunicación telefónica, por fax o correo electrónico en Europa. 
Un grupo de Estados, del que también forma parte el Reino Unido, o sea, un Estado miembro de la UE, opera este sistema que, tras el fin de la guerra fría, se utiliza sobre todo para el espionaje económico. 
Este sistema recibe, según se ha dicho, el nombre cifrado de ECHELON. 
La investigación encomendada era una tarea muy difícil, señor Presidente, ya que el Parlamento Europeo no tiene acceso- bajo ninguna circunstancia- a los documentos de los servicios secretos de los Estados miembros de la UE y menos aún a información detallada sobre la actividad de los servicios secretos americanos. 
Aun así, después de un año de meticulosas indagaciones podemos comunicar al Pleno sin ningún resquicio de duda lo siguiente: en primer lugar, los servicios secretos no disponen en ninguno de los Estados miembros de un sistema de defensa que permita interceptar cualquier tipo de comunicaciones en Europa. 
¡Esta afirmación pertenece al ámbito del periodismo creativo! 
Su aproximación a la realidad no es mayor por el hecho de que, lamentablemente, se recoja en un estudio encargado por el Parlamento Europeo, lo cual le ha conferido algo así como sello de calidad. 
En este contexto lo importante no es lo que cada uno crea. 
Las telecomunicaciones están sujetas a las leyes de la física y si no se tiene acceso a los medios de comunicación, tampoco se pueden interceptar las comunicaciones, ¡y no existe una física mágica privativa de los servicios secretos! 
Sin embargo, en segundo lugar, existe sin duda alguna un sistema de interceptación, que presenta las características siguientes: opera a escala mundial a través de una asociación de Estados adscritos al llamado "Acuerdo UK-USA", esto es, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 
No se trata de una combinación casual; dicho acuerdo defensivo tiene sus raíces históricas en la Segunda Guerra Mundial. 
Básicamente, sólo tiene acceso a las comunicaciones intercontinentales a través de un satélite de comunicaciones o de cables submarinos que desembocan en los países antes citados. 
Por consiguiente, las comunicaciones en el interior de Europa apenas se ven afectadas, mientras que el sistema afecta sin lugar a dudas a las comunicaciones con los Estados africanos, los Estados árabes y América latina, por ejemplo. 
No sabemos en qué medida pueden interceptar las embajadas los mensajes radiados en su entorno próximo, pero es evidente que éstos no constituyen la parte más importante de la actividad de contraespionaje. 
A diferencia de las operaciones policiales de escucha, que siempre tienen como blanco una persona o un grupo de personas claramente definido, el sistema de interceptación que nos ocupa opera de manera distinta. 
Capta todas las comunicaciones a las que tiene acceso y las introduce en un ordenador, el cual las filtra en función de un catálogo de palabras clave que el servicio de información considera interesantes. 
El sistema opera, por lo tanto, como una aspiradora y los servicios de información establecen el filtro. 
El dispositivo de búsqueda puede interceptar números de teléfono, voces de objetivos destacados, el contenido de los mensajes de correo electrónico y de los telefaxes mecanografiados. 
Con la tecnología disponible, dicho dispositivo no permitirá captar en un futuro inmediato los faxes manuscritos y las comunicaciones orales, que por lo tanto también se encuentran a salvo de ser escudriñadas por un servicio secreto. 
Por otra parte, se dispone de indicios de que el sistema recibe el nombre cifrado de ECHELON. Su nombre es, sin embargo, lo de menos. 
Se podría llamar "Rumpelstilzchen"; ¡lo que nos preocupa es lo que hace! 
Estos son los resultados y quiero añadir que no se trata de meras afirmaciones. 
Podemos demostrarlo mediante una cadena de indicios tan sólidos que se tendrían en pie ante un jurado. 
Quien desee conocer más detalles, no tendrá más remedio que leer el informe. 
De momento, como prueba, bastará señalar que si hubiésemos escrito alguna falsedad, pueden dar por seguro que los servicios de información de los Estados aludidos nos hubiesen desmentido públicamente con gran fruición. 
Sin embargo, no lo han hecho y esto ya es significativo de por sí. 
¿Cómo valoramos estos resultados? 
Un criterio de evaluación necesario ha de ser qué hacen en la práctica nuestros propios servicios de información. 
Un criterio que, sin ser el único, también se debe aplicar si se desea debatir honestamente el asunto. 
La mayor parte de los servicios de información de la mayoría de los Estados de la UE utilizan el sistema de control estratégico de las telecomunicaciones. 
En segundo lugar, en la valoración también interviene, como es natural, la finalidad con que se utilice el sistema. 
Sin embargo, la valoración tiene que ser distinta si el sistema se utiliza para espiar empresas, con objeto de obtener ventajas para la propia economía. 
En tercer lugar, a pesar de todo, el objetivo no justifica los medios. Es decir, que no sólo nos preocupa el objetivo, pues cualquier escucha, cualquier interceptación concreta constituye una violación de la esfera privada. 
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo expresa con toda claridad. En pocas palabras, dichas condiciones son que la interceptación debe tener un fundamento jurídico y no debe ser arbitraria. 
Por lo tanto, es preciso sopesar el daño causado por la violación de la esfera privada en función del objetivo que se persigue. La interceptación debe ser previsible, es decir que los ciudadanos y ciudadanas deben conocer la existencia de un sistema de esas características. 
En cambio, en el caso de los servicios secretos se trata, según ellos, de una violación de los derechos humanos. Yo comprendo muy bien que alguien declare que, por consideraciones políticas, no desea que los servicios secretos actúen así. 
El espionaje económico no es, desde luego, un objetivo admisible. 
Ahora bien, todos los servicios de información se ocupan también de cuestiones económicas. Como por ejemplo la evolución de los mercados financieros y de materias primas. 
La mayor parte de los servicios practican el espionaje económico en este sentido. 
Pero lo que aquí se critica no es esto. 
El problema se plantea cuando no se indaga sobre circunstancias generales, sino que se hacen llegar detalles a la industria del propio país a fin de que obtenga una ventaja competitiva. 
Una actuación de este tipo entre Estados de la UE sería, además, contraria al Derecho comunitario, pues constituye una forma de ayuda estatal no autorizada. 
En el ámbito internacional, representa algo más que un acto poco amistoso y entre aliados, ¡es un escándalo! 
Por lo demás, la interceptación de comunicaciones no es el método preferido del espionaje económico, en el que por regla general se utilizan los medios tradicionales. 
Sin embargo, existen casos aislados en los que se puede aplicar con éxito este instrumento. 
Los Estados Unidos han sido el blanco principal de las críticas. 
Por su parte, siempre han negado que comuniquen directamente a las empresas estadounidenses la información obtenida por los servicios de información. 
Sin embargo, han reconocido que interceptan los detalles de las comunicaciones en el caso de los grandes contratos internacionales. 
El argumento y la justificación aducida es que las empresas europeas ofrecen sobornos y tienen que defenderse contra ello. 
Con toda la cordialidad y cautela, es preciso cuestionar este proceder. 
En primer lugar, sabemos que las empresas americanas también ofrecen sobornos. 
Cuando se analiza la corrupción existente a escala internacional, éstas ocupan un lugar central en las actividades de soborno. 
En segundo lugar, un convenio ha prohibido entre tanto esta práctica en el marco de la OCDE y los Estados miembros de la UE han incorporado esta prohibición a la legislación nacional. 
Que los Estados Unidos de América, con mentalidad de cowboy, continúen empeñados en aplicar, a pesar de todo, la ley del más fuerte, resulta inconciliable con la idea de que estas cuestiones se pueden resolver por medio de instrumentos jurídicos internacionales. 
En tercer lugar, si es cierto que los servicios americanos no practican el espionaje económico detallado, ¿por qué en los Estados Unidos de América no existe ninguna ley que prohiba esta práctica? 
¿Cuál es la razón? 
El verdadero problema político reside en el fondo en que, en el contexto del debate público, las gentes de Europa consideran a los Estados Unidos de América capaces de semejante práctica. 
Esto pone de manifiesto un problema político de desconfianza básica. 
¡Esta desconfianza tiene que desaparecer! 
Hemos elaborado una gran cantidad de propuestas, también en lo que se refiere al control de nuestros servicios, a la suscripción de un Código de Conducta entre los Estados de la UE y otras medidas por el estilo. 
No obstante, finalmente nos encontramos ante un problema central muy simple. 
Los ordenamientos jurídicos nacionales garantizan la protección de la esfera privada. Sin embargo, las comunicaciones tienen un carácter cada vez más internacional. 
No existe un Estado mundial que la proteja. 
Tenemos que crear instrumentos jurídicos internacionales que permitan salvaguardar la esfera privada- es uno de los numerosos problemas de la globalización- también en este ámbito. 
Más allá de esto, subsiste un segundo problema, al que hago referencia al comienzo del informe. 
Allí figura una frase latina que dice: Sed quis custodiet ipsos custodes, es decir, ¿quién vigila al vigilante? 
¡Este sigue siendo el eterno problema! 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, la Presidencia ha acogido con interés la propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre el sistema de interceptación ECHELON y escuchará el debate con atención. 
Me alegro de que el Parlamento estudie esta cuestión a fondo. 
La presente iniciativa se inscribe en el marco de la tradicional tarea de control democrático que corresponde a las asambleas legislativas. 
Refleja las preocupaciones de muchos ciudadanos de la Unión Europea respecto a dicho sistema. 
Además, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que durante todo el tiempo en que el Parlamento ha venido desarrollando sus actividades en este ámbito la Presidencia del Consejo se ha mostrado dispuesta a colaborar lealmente con él. 
Las Presidencias portuguesa, francesa y sueca accedieron a la invitación del Parlamento y expusieron su punto de vista sobre este tema, tanto en las sesiones plenarias como en las reuniones de su Comisión temporal. 
Mi presencia aquí se enmarca en esta misma línea. Es por eso por lo que asisto al debate sobre el informe y la resolución de la Comisión temporal y quiero dejar claro que la inquietud del Parlamento cuenta con toda mi simpatía. 
Como saben, en griego- por citar una lengua clásica- la palabra simpatía significa "compenetración". 
La constatación de que los órganos parlamentarios de mi propio país también se han ocupado de la interceptación de comunicaciones- los dos informes parlamentarios belgas enviados al Sr. Schmid y mencionados en su informe son testimonio de ello- me reafirma en mi convicción de que se trata de un problema político complejo a la vez que importante. 
Espero que comprendan, no obstante, que como Presidenta del Consejo debo ceñir mi reacción a aquellos aspectos que estén relacionados con el Consejo o con la Unión en general. No me incumbe a mí pronunciarme en nombre de o respecto de Estados miembros concretos. 
Son conocidos los principios básicos que deben regir cualquier sistema de interceptación de las comunicaciones. 
El artículo 8 del Convenio europeo de los derechos humanos, artículo que la Unión debe respetar en los términos del artículo 6 del Tratado por el que se instituyó la propia Unión, establece que cualquier persona goza del derecho a que se respete su vida privada. 
Según este mismo artículo, y también según la jurisprudencia permanente del Tribunal, no puede haber injerencia de una autoridad pública en el ejercicio de este derecho sin que esa injerencia esté prevista por la ley, que sea necesaria para realizar los objetivos enumerados de forma limitada y que respete el principio de proporcionalidad. 
Basándose en estos principios, el Consejo "Justicia y Asuntos Interiores" de los días 29 y 30 de mayo de 2000 reafirmó con respecto a la red ECHELON su adhesión al respeto por los derechos fundamentales y las libertades de las personas. 
También señaló que si bien un sistema de interceptación de las telecomunicaciones puede ser un instrumento importante para luchar contra la criminalidad y garantizar la defensa de la seguridad nacional, no debería sin embargo en ningún caso utilizarse para obtener ventajas de tipo comercial. 
Estos principios quedaron también traducidos en el Convenio del 29 de mayo de 2000, convenio relativo a la ayuda mutua judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
El artículo 20 de este Convenio fija así las condiciones en las cuales la interceptación de telecomunicaciones puede verse autorizada en el marco de la cooperación entre Estados miembros en materia penal. 
(FR) El respeto por la vida privada constituye también uno de los derechos consagrados por la Carta de Derechos Fundamentales aprobada en Niza a finales del pasado año. 
El artículo 7 de la Carta dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su vida privada y familiar, su domicilio y sus comunicaciones. 
El Consejo está, evidentemente, dispuesto a que se respeten plenamente estas disposiciones. 
Hay que señalar que el Reglamento 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal por parte de las instituciones y órganos comunitarios, demuestra ya la voluntad común de las instituciones comunitarias de asegurar la protección de las personas contra el uso abusivo de datos personales. 
(NL) El derecho al respeto de la vida privada y la protección de datos están íntimamente ligados. 
Además, somos conscientes de que, debido a la continua evolución tecnológica, una protección eficaz de los datos personales no puede limitarse a las fronteras de la Unión, sino que ha de adquirir una dimensión mundial. 
Por eso, la Unión intenta asimismo fomentar un diálogo con terceros países así como un diálogo transatlántico con los Estados Unidos y Canadá. 
El pasado mes de mayo ya tuvo lugar una primera reunión de expertos en materia de sistemas legales para la protección de datos en Bruselas, bajo la Presidencia sueca. 
Durante una reunión de los responsables de Justicia y Asuntos Interiores celebrada el pasado 17 de julio, en la que participaron altos funcionarios estadounidenses, tanto la Presidencia como su socio transatlántico reconocieron la necesidad de lograr un acuerdo en este terreno. 
Está previsto que se convoque un segundo encuentro bajo la Presidencia belga, esta vez por invitación de los Estados Unidos, a fin de sentar las bases para futuros acuerdos. 
Con el informe Schmid de la Comisión temporal sobre ECHELON el Parlamento ha contribuido de forma cualitativa y plenamente satisfactoria al ejercicio de reflexión de la Unión Europea. 
Podríamos decir que el Parlamento y el informe Schmid han creado una mayor conciencia respecto al problema que nos ocupa. 
El Consejo y la Presidencia, cada uno dentro de los límites de sus competencias, harán todo cuanto esté a su alcance para garantizar al cien por cien el respeto de la vida privada y la protección de datos, dentro y fuera de la Unión. 
No cabe duda de que en el futuro la comunicación electrónica será cada vez más frecuente. 
Las comunicaciones revisten carácter privado por definición, por lo que es preciso salvaguardar su confidencialidad. 
Por tanto, no podemos aceptar, por razones de principio, que las comunicaciones sean interceptadas sin motivos legítimos convincentes y sin que los espías estén sujetos a un control democrático. 
La Presidencia belga considera la seguridad de las redes informáticas y de la información como un objetivo absolutamente prioritario. La política correspondiente se fundamenta en concreto en la comunicación de la Comisión COM (2001) 298 que, por una parte, llama la atención sobre la necesidad de combatir la delincuencia cibernética y, por otra, insiste en la necesidad de proteger los datos en el ámbito de las telecomunicaciones. 
Dicha comunicación abre nuevas pistas, y la Presidencia belga piensa seguir por ese mismo camino. 
En primer lugar, queremos avanzar en la elaboración de un sistema de alerta e información destinado a eliminar los riesgos inherentes al uso de la informática. 
Más en concreto, la Presidencia está dando los pasos necesarios para que el Consejo de Telecomunicaciones previsto para el próximo 15 de octubre acabe formulando un objetivo común unívoco. De este modo, el Consejo de Telecomunicaciones de diciembre podrá elaborar un plan de acciones detallado, así como un calendario en materia de seguridad electrónica. 
Aparte de eso, seguiremos estudiando los avances logrados por los Estados miembros en el ámbito de la seguridad del sistema en el marco de la ejecución del plan de acciones e-Europe 2002. 
Los Estados miembros han lanzado diversas iniciativas con idea de animar a los ciudadanos y a las empresas a utilizar material informático seguro. 
Por otra parte, el VI Programa marco de investigación, que en este momento es objeto de debate en el Consejo, debería asimismo prestar especial atención a todos los aspectos relacionados con la seguridad de las redes informáticas y la seguridad de las telecomunicaciones. 
(FR) El nuevo examen de la legislación en materia de telecomunicaciones contiene también disposiciones que actualizan la normativa Europea relativa a la protección de los datos personales y de la vida privada. 
Muy pronto, esta Asamblea deberá pronunciarse en primera lectura sobre este importante texto. Éste contiene, entre otras, disposiciones generales sobre la confidencialidad de las comunicaciones así como sobre el principio general de supresión de datos de tráfico y de localización vinculados a esta comunicación. 
Este principio general se ve, por supuesto, matizado por la posibilidad de la que disponen las autoridades encargadas de la seguridad pública y de la lucha contra la criminalidad de exigir el acceso a estos datos en cada caso. 
Saben ustedes que el debate sobre el almacenaje de dichos datos está aún abierto. 
Para terminar, quisiera decirles unas palabras sobre la cuestión de las operaciones de información. 
En la declaración de compromiso de capacidad militar anexa a las conclusiones del Consejo europeo de Niza, los Estados miembros reconocieron que serían necesarios esfuerzos importantes en el ámbito de las informaciones para que la Unión disponga de ventaja en la información de nivel estratégico. 
La propuesta de resolución de este Parlamento insiste en la necesidad de un control democrático sobre las operaciones de información que se desarrollarían en el marco de la Unión Europea. 
Se trata en este caso de un principio general que no podemos más que suscribir. 
En concreto, y en estos momentos, la Presidencia considera que si bien debería desarrollarse una capacidad igual de información en el seno de la Unión, convendría examinar qué modalidades deberían aplicarse para asegurar un control democrático de estas actividades. 
Estas modalidades deberían, evidentemente, tomar en consideración la particularidad del ámbito de las informaciones que exige, para funcionar de forma eficaz, una confidencialidad de las informaciones recogidas. 
En resumen y para concluir, señor Presidente, quisiera felicitar de nuevo al ponente por su excelente trabajo y desearles un debate interesante. 
Me quedaré para escucharles. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, cuando tuve que explicar, no hace mucho, el trabajo de nuestra comisión sobre el asunto ECHELON, cité el ejemplo siguiente. 
Imaginen que son un comisario de la policía judicial y diversas personas acuden a ustedes y les informan de un ataque terrorista con bomba, cometido por cinco personas. 
En el supuesto lugar de la acción se encuentran dos posibles víctimas, pero éstas guardan silencio. 
Los cinco sospechosos tampoco dicen nada. 
Lamentablemente, al principio tampoco se encuentra el arma del delito y se ignora cómo se desarrolló la acción. 
Un caso sumamente difícil, en suma. 
Del mismo modo, al principio algunos periodistas nos dijeron que existía un sistema mundial de interceptación de comunicaciones, llamado ECHELON, operado por los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que permitía interceptar y examinar las comunicaciones telefónicas, por fax y por correo electrónico en todo el mundo. 
Los ciudadanos, empresas e instituciones eran objeto de una vigilancia sistemática. 
¿Qué resultados se han alcanzado al cabo de un año de investigaciones? 
En mi calidad de comisario, yo diría que los cinco sospechosos se encontraban efectivamente en el lugar de los hechos, pero el arma no era una bomba, sino un arma de precisión. 
Todos los presentes podían utilizarla, pero los indicios señalan a un solo culpable de una actuación delictiva. 
Las víctimas nos han dado pistas para aclarar los hechos, pero no están dispuestas a comparecer ante los tribunales y, en consecuencia, estos indicios lamentablemente no son suficientes para dictar condena. 
No obstante, es imprescindible mantener bajo vigilancia a los sospechosos y adoptar otras medidas preventivas. 
Hablando claro, esto significa que existe una cooperación entre los Estados citados en relación con el sistema de espionaje. 
El nombre del mismo es irrelevante, pero podemos llamarlo tranquilamente ECHELON. 
Éste sólo puede interceptar, sin embargo, las comunicaciones civiles realizadas a través de satélites Intelsat. 
Sólo una ínfima parte de las telecomunicaciones mundiales y una parte aún más reducida de las comunicaciones privadas discurren por esa vía. 
Además, este tipo de actividades de los servicios secretos están toleradas internacionalmente, siempre que sean necesarias para salvaguardar la seguridad internacional. 
Los indicios sugieren, sin embargo, que los Estados Unidos también utilizan los datos interceptados para otros fines que no son la protección de los intereses del Gobierno nacional. 
Los servicios americanos han reconocido haber interceptado las comunicaciones de las empresas europeas que compiten por la obtención de grandes contratos extranjeros, según alegan porque éstas ofrecen sobornos. 
Los protocolos secretos se remiten acto seguido a las embajadas americanas, con objeto de que los embajadores correspondientes puedan presionar a los Gobiernos adjudicadores de los contratos a fin de contrarrestar dichos supuestos intentos de soborno. 
Al mismo tiempo, en el Ministerio de Comercio de los Estados Unidos existe un advocacy center, que mantiene una red de alcance mundial a través de las embajadas, cuya única misión es ayudar a las empresas estadounidenses a conseguir grandes contratos. 
De ello se desprende fácilmente la sospecha de que los Estados Unidos realizan un espionaje ilícito al servicio de la competencia. 
Lamentablemente, las empresas afectadas guardan silencio por temor a que su imagen salga perjudicada. 
Yo quiero agradecer al ponente y a su equipo que no hayan cedido a los cantos de sirena de los Verdes y también de la izquierda de la Asamblea que intentaban inducirle a escribir la novela de una conjura. 
Su informe es serio, objetivamente fundamentado y nombra a las pruebas y los indicios por su nombre, sin prejuzgar. 
Las conclusiones tal vez se queden cortas para algunos, pero agotan las posibilidades legales a nuestra disposición. 
Sólo a escala mundial será posible conseguir una protección frente a las actividades ilegales de los servicios secretos no europeos. 
Por lo que se refiere a nuestro propio ámbito de responsabilidad, es necesario cerrar, en particular, las fisuras en la protección de los asuntos reservados en la Comisión. 
A diferencia del Consejo o del Banco Central, ésta se encuentra al nivel de la Edad Media en lo que respecta a las técnicas de protección de datos y de la información reservada. 
Hasta ahora, se han subestimado aparentemente por completo los riesgos procedentes del exterior de Europa en este aspecto. 
Por consiguiente, pedimos a la comisión competente que elabore un informe de propia iniciativa. 
Exhortamos a nuestros amigos británicos a que, puesto que forman parte de Europa, controlen con eficacia y conforme a los principios del Estado de derecho la actividad de espionaje americana desarrollada desde su territorio contra objetivos europeos; lo contrario constituiría una infracción contra la legislación europea en materia de protección de datos. 
Quiero expresar una vez más mi sincero agradecimiento al ponente por la colaboración mantenida y estoy convencido de que el informe obtendrá el apoyo de una abrumadora mayoría de la Asamblea. 
Señor Presidente, hace algo más de un año que la Comisión temporal sobre ECHELON y otros sistemas mundiales de interceptación inició su trabajo. 
En aquel entonces se dudó de que esta comisión fuera capaz de cumplir el mandato que le había sido conferido por el Parlamento dentro del plazo previsto. 
Mi correligionario Gerhard Schmid acaba de presentar el informe que recoge los resultados del trabajo llevado a cabo por la Comisión temporal. 
En nombre de mi Grupo quisiera expresar nuestro enorme aprecio por los esfuerzos realizados no sólo por el ponente sino también por el presidente de la comisión, el Sr. Coelho, a lo largo del pasado año. 
En el informe se ha probado por primera vez que ECHELON existe. Se trata de un sistema mundial de interceptación de comunicaciones internacionales mediante teléfono y mensajes basado en la colaboración entre cinco países. 
Queda asimismo de manifiesto que hay otros países, entre ellos la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, que también se sirven de sistemas de interceptación de telecomunicaciones internacionales. 
Sin embargo, al mismo tiempo el informe acaba con el mito de que ECHELON y otros sistemas similares permiten interceptar toda conversación telefónica y leer todo mensaje de fax o correo electrónico. 
Ello resulta imposible desde el punto de vista técnico, aparte de que en la mayoría de los casos se trata de países democráticos en los que las actividades de los servicios secretos están sujetas a serias restricciones, al menos con respecto a sus propios ciudadanos. 
La información que han venido publicando los gobiernos de los Países Bajos y Alemania durante la investigación llevada a cabo por la Comisión temporal sobre ECHELON revela que los sistemas de interceptación de telecomunicaciones internacionales se utilizan sobre todo como instrumento de trabajo en la lucha contra el terrorismo internacional, el tráfico de seres humanos, el tráfico de drogas, el tráfico ilegal de armas y para garantizar el respeto de los embargos internacionales. 
Es algo que nadie pone en solfa, siempre y cuando estas actividades sean sometidas a un control democrático y político satisfactorio y no atenten contra las normas internacionales y nacionales destinadas a proteger la intimidad de los ciudadanos. 
El inútil secretismo, el misterioso comportamiento de los servicios secretos y la falta de claridad de muchos gobiernos impiden que los sistemas de interceptación de telecomunicaciones internacionales puedan ser utilizados de forma transparente. 
Por todo ello, es imprescindible que los derechos fundamentales, tal y como constan en la Carta Europea, incluyan una normativa clara y vinculante que garantice la protección de la esfera privada de todos los ciudadanos europeos. 
A este respecto hemos de esforzarnos para que la normativa estricta que se aplica actualmente en la mayoría de los países en el marco de la interceptación de las comunicaciones de los ciudadanos nacionales se extienda en breve a todos los ciudadanos de la UE. 
El ejercicio de un control democrático y político eficaz sobre las actividades de los servicios secretos y, por tanto, también sobre la interceptación de comunicaciones telefónicas internacionales forma parte integrante del derecho de cada Estado a defenderse de atentados externos contra la seguridad de sus ciudadanos o su estructura democrática. 
Se impone un cambio de mentalidad. 
Es inevitable que determinados aspectos del trabajo realizado por los servicios de inteligencia no se puedan dar a conocer, pero hay otros muchos que sí aguantan la luz de la transparencia y de la democracia. 
Sólo los países que adoptan ante sus ciudadanos una actitud abierta y honesta respecto a sus servicios de inteligencia serán capaces de ofrecer la colaboración necesaria a escala europea y podrán contribuir a la constitución de una capacidad europea en materia de inteligencia en el marco de una política exterior y de seguridad común eficaz. 
A este fin, la tradicional desconfianza de los servicios de inteligencia hacia las personas ajenas a sus asuntos y la también tradicional defensa a ultranza de los intereses nacionales deben transformarse en una colaboración que eclipse por completo el acuerdo entre el Reino Unido y los Estados Unidos en el que se fundamenta ECHELON, no sólo porque en el Consejo Europeo de Helsinki se acordó la creación de una capacidad europea en materia de inteligencia como parte integrante de una fuerza de intervención europea, pero sobre todo porque la lucha contra el terrorismo internacional y el tráfico de seres humanos, por citar algunos problemas, supone un esfuerzo común de todos los países de la UE. 
Por cierto, aquí conviene lanzar una advertencia. Una colaboración europea más avanzada en el ámbito de la recogida de información- que, por otra parte, también reviste una enorme importancia de cara a la posición que ocupa la Unión Europea en el marco aliado de la OTAN- obligará al Gobierno británico a elegir: o bien continúa optando por la colaboración transatlántica, o bien participa plenamente en la colaboración a escala europea. 
Una opción a medias no sólo carecería de credibilidad, sino que, además, resultaría inviable desde el punto de vista práctico. 
En el curso de la investigación llevada a cabo por la Comisión temporal sobre ECHELON no hemos obtenido ninguna prueba de que la esfera privada de los ciudadanos sea violada intencionadamente o de que los sistemas mundiales de interceptación de telecomunicaciones internacionales sean utilizados deliberada y específicamente para el espionaje industrial mundial. 
Las preguntas directas a grandes empresas europeas tampoco han aportado ninguna respuesta en este sentido. 
Sin embargo, las observaciones formuladas en el bando estadounidense han puesto de manifiesto que, en determinados casos, los datos obtenidos casualmente sí se utilizan. 
Quien pesca arenque suele capturar también algún que otro salmón, y ese salmón no se devuelve siempre al mar, sino que en ocasiones acaba en el plato. 
Quien dispone de información confidencial hace bien en protegerla. 
A este respecto, la Unión Europea y los Estados miembros han de ofrecer su ayuda facilitando consejos, desarrollando equipos y programas informáticos amigables de encriptación y, sobre todo, sensibilizando a los ciudadanos. 
Espero que el informe de la Comisión temporal sobre ECHELON contribuya sustancialmente a este fin. 
Señor Presidente, Señorías, debo felicitar en nombre de mi Grupo al ponente, Gerhard Schmid, por su excelente informe. 
Llega a la conclusión de que existe un sistema de interceptación mundial de las comunicaciones en el marco del acuerdo USA, que sin duda tiene el nombre de ECHELON, que se utiliza para interceptar las comunicaciones privadas económicas pero no militares, que la capacidad técnica del sistema no es quizá tan grande como algunos habían supuesto, pero que se impone la prevención. 
Al contrario de lo que afirman algunas opiniones minoritarias, el ponente no se ha mostrado más preocupado por el espionaje económico que por las escuchas individuales. 
Efectivamente, no propone menos de ocho medidas concretas relativas al refuerzo de la protección de los derechos de los ciudadanos en el marco de diversos tratados internacionales, e invita a los Estados miembros y al Consejo a adoptar al menos siete medidas específicas en el ámbito de la acción legislativa nacional en materia de protección de los ciudadanos. 
Sin duda, se proponen algunas medidas específicas a favor de las empresas, pero éstas son menos incisivas y tienen un alcance menos importante que las medidas relativas a las escuchas individuales. 
Como ciudadana de un país cuyo servicio de información es sin duda bastante tímido comparado con los de sus grandes vecinos o aliados, me parece sin embargo ilusorio y vano proponer la supresión de los servicios secretos. 
Existen y seguirán existiendo. 
Conviene por tanto extraer conclusiones políticas y buscar soluciones a este nivel: vigilar la actividad de estos servicios, someterlos a un control jurisdiccional y parlamentario, dictar normas uniformes de protección de los ciudadanos en función del nivel nacional más elevado, y ello en todo el territorio de la Unión. 
En esta óptica es necesario también ver las propuestas de los párrafos 16 y 17 de la resolución. 
Efectivamente, con el refuerzo de la política europea de seguridad y defensa y la implicación creciente de la Unión Europea en la prevención y la gestión de las crisis, la colaboración de los servicios de información se incrementa y, más pronto o más tarde, la Unión deberá dotarse de una capacidad de información europea autónoma. 
Esto no es concebible más que teniendo en cuenta un sistema de control democrático. 
En lo que respecta a ECHELON, la resolución exige expresamente a Alemania y al Reino Unido que subordinen la autorización de interceptación de comunicaciones por parte de los servicios de información de Estados Unidos en su territorio a la condición que se haga respetando el Convenio relativo a los derechos humanos y la jurisprudencia del Tribunal de derechos humanos. 
Lejos de haber pretendido distraer de forma sistemática, nuestro ponente ha puesto los puntos sobre las íes, ha respondido plenamente al mandato que se le había confiado en la comisión temporal ECHELON y ha proporcionado a este Parlamento un instrumento que le permite proseguir sus trabajos en interés de la protección de los ciudadanos. 
Señor Presidente, acogemos con satisfacción el hecho de que el informe reconozca y acepte la existencia de ECHELON. 
Es algo que el Grupo de los Verdes declaró hace mucho tiempo ante este Parlamento y ahora hemos sido vindicados. 
No obstante, el informe no saca ninguna conclusión política. 
Por otra parte, es sumamente hipócrita porque critica el sistema de interceptación ECHELON, precisamente cuando nos proponemos establecer un servicio secreto europeo. 
En otras palabras, no es que este sistema represente un problema en sí mismo, sino que la UE quiere poder hacer lo mismo y disponer de su propio sistema. 
El informe, ingenuamente, da la impresión de que todo estará bien si disponemos de algún tipo de control democrático. 
Es un hecho de sobra conocido que en ningún lugar del mundo existe un mecanismo de servicios secretos eficaz de control público y de sus actividades antidemocráticas. 
Por su propia naturaleza, no es posible controlar los servicios secretos y, por consiguiente, nosotros, como diputados a este Parlamento, que nos jactamos de preocuparnos por los derechos humanos y las libertades públicas fundamentales, deberíamos cuestionar su existencia. 
Pero, por el contrario, el informe sirve para legitimar un servicio secreto europeo que, inevitablemente, infringirá los derechos fundamentales del mismo modo que lo hace el sistema ECHELON. 
La comisión temporal y el informe se centran, principalmente, en la amenaza a la competencia industrial europea y en la amenaza que representa el espionaje industrial. 
Pero no es ésa la cuestión principal y fundamental. 
Lo que aquí está en juego, y que en el presente informe brilla por su ausencia, es que nadie podrá ya comunicarse de manera confidencial. 
Ésta es la auténtica amenaza para todos nosotros. 
El espionaje político representa una amenaza mayor que el espionaje económico. 
En la prensa británica han aparecido recientemente noticias que apuntan a que los dirigentes europeos han dado instrucciones a la policía y a las agencias de inteligencia para que coordinen sus esfuerzos para identificar y seguirle la pista a los manifestantes anticapitalistas. 
Esta medida dará luz verde a los servicios secretos para poner bajo vigilancia a personas cuyas actividades son totalmente democráticas y legales. 
Ámbitos políticos y sociales pasarán a ser delictivos. 
La policía y los servicios secretos tendrán acceso a información muy confidencial sobre personas sin que éstas puedan hacer nada ni tener ni ningún control. 
El informe no escatima esfuerzos para esconder bajo la alfombra los peligros de este tipo. 
Asimismo, pasa por alto los planes que se están urdiendo en la UE sobre el sistema de interceptación Enfopol. 
En nuestra categoría de diputados al Parlamento Europeo, debemos exigir que se protejan las libertades y el derecho a la intimidad de las personas, tal y como establece el artículo 8 del Convenio Europeo y el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, y que las personas no estén obligadas a vivir bajo un control permanente en el que fuerzas desconocidas tengan acceso a cualquier comunicación que hagan. 
Por último, el informe saca del atolladero al Reino Unido. 
Como mínimo, el informe debería haber pedido que el Reino Unido se desvincule de la gestión del sistema ECHELON y, además, debería haber pedido a Alemania que cierre la base de interceptación que se encuentra en su territorio. 
A estos Estados miembros, que están colaborando, se les ha sacado completamente de apuros. 
Señor Presidente, ECHELON en cuanto sistema indiferenciado de interceptación de comunicaciones, de datos y de documentos existe y representa un notable avance. 
Desde ahora en adelante, las Instituciones de la Unión, especialmente los representantes del Consejo y de la Comisión, ya no podrán decir que son noticias de prensa incontrolables. 
Sin embargo, existe una incoherencia entre lo que se ha probado y las conclusiones del informe, ya que hay un notable quebrantamiento del derecho fundamental al respeto de la vida privada establecido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (CPDH) y en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europa. 
En realidad, el sistema, debido a sus potencialidades técnicas, desvirtúa la relación de proporcionalidad que, precisamente según el artículo 8 del CPDH, debe existir entre la interferencia en la vida privada y el interés a tutelar con la interceptación. 
Esto es aún más grave si cabe porque hoy, gracias a estas potencialidades técnicas, las interceptaciones se realizan por parte de un tercer país en el territorio y en perjuicio de los ciudadanos de los Estados de la Unión, sin ninguna posibilidad de cualesquiera controles judiciales, administrativos o parlamentarios. 
Otro problema es que uno de los países del sistema ECHELON es el Reino Unido, miembro de la Unión Europea, mientras que otros Estados miembros, como Alemania, han puesto a disposición su territorio para instalar en él antenas, estaciones de escucha y demás. 
En definitiva, el grupo de países anglófonos gestores de ECHELON hace lo que quiere con la vida privada de los ciudadanos europeos, como se reconoce expresamente en el apartado 26 de la exposición de motivos que también la Sra. Flesch ha citado, es decir, que existe una conculcación del artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 
Sin embargo, en lugar de confiar, como se dice en mi país, "las ovejas al lobo", había que afirmar al menos el quebrantamiento de este artículo por parte del Reino Unido y reconocer asimismo la incompatibilidad de la participación del Reino Unido en el sistema ECHELON con los compromisos adquiridos en virtud de los Tratados europeos. 
La protección eficaz de los derechos fundamentales en Estados Unidos es esencial para la credibilidad y la legitimidad democrática de su país. 
Una vez más, sin embargo, se ha elegido y desaprovechado una ocasión, al menos para nosotros, de afirmar un principio democrático. 
Para otros, en cambio, en un momento histórico en el cual se ciernen grandes nubarrones sobre el derecho a disentir en la Unión Europea y a escala mundial- Génova nos enseña- no se podía siquiera pensar en suprimir o cuando menos tratar de modificar y de atenuar un sistema de escucha indiscriminado, un sistema entre los más útiles para el control social y para la posible represión. 
Señor Presidente, el derecho fundamental a la vida privada, tan solemnemente proclamado en nuestros Tratados y en la Carta de Derechos Fundamentales, con este informe y con la falta de conclusiones apropiadas, se queda en un derecho sobre el papel, mejor dicho, se queda en un derecho de papel. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, quisiera señalar especialmente la competencia y talento del ponente, Sr. Schmid, así como la de nuestro presidente de comisión, que ha dirigido los debates y los trabajos de forma extraordinariamente cordial. 
Pero no podemos aceptar la conclusión política de este informe y, por consiguiente, votaremos en contra, y solicito al máximo de diputados que hagan lo mismo. 
Efectivamente, este informe ha puesto en evidencia- acabamos de recordarlo- un sistema de espionaje americano, realizado por los americanos con la complicidad de dos países miembros, violando el artículo 6 del Tratado de la Unión, violando también las reglas más elementales del respeto por la vida privada y con una intensa actividad de espionaje económico en beneficio de las empresas americanas. 
Nuestro informe ha podido demostrar que se realizaron una serie de operaciones de espionaje que afectaron a las empresas europeas Siemens, Dassault, Philipps, Thompson, Airbus, infligiendo así golpes muy duros al empleo de los trabajadores europeos, a nuestra balanza comercial europea y a las industrias de defensa de nuestros países. 
La mayoría anglosajona de esta Asamblea ha preferido la solidaridad atlantista a la europea. 
Lo lamentamos, pero este informe no responde a dos preguntas fundamentales. 
La primera: una vez establecido que al menos un país, el Reino Unido, es cómplice, violando el Tratado de la Unión, de una actividad de espionaje contra Europa, ¿qué sanciones hemos de adoptar? 
Primera pregunta y primera no-respuesta. 
Segunda pregunta: los trabajos de nuestra comisión han demostrado ampliamente que en tanto estemos en un sistema OTAN, en tanto no podamos deshacernos de los medios técnicos y logísticos de la OTAN, no podría producirse una política europea y de seguridad común independiente. 
Lo lamentamos. 
La conclusión de este informe produce simplemente consternación. 
Señor Presidente, como ciudadano europeo, mucho más que como diputado, quisiera expresar humildemente mi indignación por la forma en que se han desarrollado los trabajos de la comisión. 
La comisión ha trabajado conculcando sistemáticamente el Reglamento parlamentario, conculcando el derecho de acceso del público a los documentos. 
Esta gestión de los trabajos, sin menospreciar el esfuerzo del presidente Sr. Coelho y del ponente Sr. Schmid, ha sido necesaria no para proteger la seguridad europea- que en este ámbito es un concepto abstracto- sino para ocultar la responsabilidad de los Estados miembros de la Unión. 
En el informe se afirma con absoluta certeza que ECHELON existe, que espía sistemática y masivamente a los ciudadanos y a las empresas de los Estados miembros de la Unión y que del sistema forma parte el Reino Unido, sin embargo, no se le condena abiertamente, puesto que las interceptaciones sistemáticas y generalizadas, filtradas con motores de búsqueda, ya las lleva a cabo Alemania, mientras que Holanda que, evidentemente, dispone de la tecnología, se está organizando legislativamente para hacerlo. 
Del informe resulta que ECHELON es la metáfora de quien no reconoce al ciudadano el derecho a la vida privada y la subordina a la seguridad nacional, puesta en peligro ante todo por la incapacidad de los responsables políticos de prever, prevenir y gobernar las amenazas. 
Así las cosas, del informe aflora, como solución concreta e inmediata, la invitación dirigida a empresas y ciudadanos de encriptar los documentos, como si no se conociera la indisoluble relación entre el desarrollo de sistemas criptográficos, criptoanalíticos y las técnicas de interceptación. 
Señor Presidente, en la opinión minoritaria debería estar la única respuesta política que se puede dar y que pasa sustancialmente a través del control democrático. 
Señor Presidente, la Comisión temporal sobre ECHELON ha realizado un estudio pormenorizado respaldado por prácticamente todos los componentes del espectro político, al menos en lo que al análisis se refiere. 
Por el contrario, la propuesta de reforzar la colaboración europea en el ámbito de las actividades de información es un tema más sensible. 
El informe debería haberse limitado a subrayar que en virtud de la colaboración en materia de defensa y seguridad corresponde a los Estados miembros proteger la intimidad de sus ciudadanos. 
Ya que en el marco de este informe resulta imposible tener en cuenta todas las consideraciones políticas habría sido preferible no incluir las observaciones acerca de la conveniencia de una cooperación reforzada. 
Hasta la fecha la actual posibilidad de intercambiar información no ha tenido demasiado éxito. 
Con todo y con eso, la protección de la intimidad ya está causando problemas y existen enormes diferencias entre los diferentes Estados. 
Por tanto, es de suponer que la implantación de un intercambio de información coherente a corto plazo planteará una serie de dudas. 
El principal motivo de la creación de la Comisión temporal fue el miedo al espionaje industrial. 
No hay razón para dudar de que los objetivos militares y de seguridad sean absolutamente prioritarios para los servicios de inteligencia. 
Como era de esperar- ya que, al fin y al cabo, se trata de actividades desarrolladas por servicios secretos- no existe prueba alguna de que los Estados Unidos realicen labores concretas de espionaje industrial. 
Por otra parte, los resultados tampoco corroboran la acusación de soborno lanzada contra Europa por parte de los Estados Unidos. 
Esta falta de mecanismos de control pone de manifiesto la importancia de los sistemas de encriptación eficaces. 
Aunque la discreción sea inherente a las actividades de los servicios de inteligencia hace falta un mayor control. 
Así por ejemplo, los Estados miembros han de velar por el respeto del mandato de los servicios de inteligencia. 
Por eso mismo he presentado una enmienda destinada a proteger las comunicaciones contra la interceptación indiscriminada. 
Enfocando nuestros esfuerzos sobre este tipo de interceptaciones podremos hacer un intento por prevenir posibles abusos. 
A ello están obligados todos los Estados miembros en virtud del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. 
Dicha obligación no se aplica únicamente a sus propios ciudadanos. 
Tampoco pueden consentir que sus servicios de inteligencia atenten contra el derecho a la intimidad en el extranjero. 
Por otra parte, conviene considerar la posibilidad de celebrar acuerdos similares en un contexto más amplio, empezando por los Estados Unidos. 
Señor Presidente, Señorías, cinco breves notas: la primera para agradecer a todos cuantos han colaborado con empeño para la consecución de este resultado final: los especialistas y técnicos a los que invitamos y los que nos hicieron llegar sus estudios y opiniones por carta y por correo electrónico, los coordinadores de los Grupos políticos y los diputados, el personal de nuestra comisión, que han prestado un apoyo de gran calidad a nuestro trabajo y el ponente Gerhard Schmid, que ha hecho un trabajo excelente y ha dado prueba una vez más de sus grandes cualidades humanas y políticas. 
Con un ponente de esa categoría ha sido fácil presidir esta comisión. 
Segunda: ECHELON existe, con ese nombre o cualquier otro. 
El Parlamento Europeo no debe abrigar dudas al respecto. 
Tercera: ECHELON entraña un riesgo, un riesgo grave de mala utilización de esa red, un riesgo que es comercial, que compromete el concepto de fair trade, pero un riesgo también para las libertades de los ciudadanos. 
La misma Unión que proclamó la Carta de Derechos Fundamentales y que la adoptará- espero- con fuerza vinculante no puede mostrarse negligente a ese respecto. 
Cuarta: hay que mejorar la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos, hay que ser más eficaz. 
Cuando nos trasladamos a los Estados Unidos, tuvimos la buena acogida del Congreso y la hostilidad del Gobierno. 
En el informe figuran diversas recomendaciones que son importantes. 
Europa y los Estados Unidos deben cooperar lealmente (subrayo: lealmente) en nombre de los valores comunes que indiscutiblemente tienen. 
Y, por último, hay 44 recomendaciones. 
Una vez desmentido que, como vaticinaban algunos, la comisión no iba a presentar nada concreto, proponemos a este Pleno 44 recomendaciones. 
Subrayo la necesidad de reforzar el Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo relativo a la protección de la intimidad en la sociedad de la información, la necesidad de control parlamentario y jurisdiccional de la actividad de los servicios secretos, la necesidad de generalización de métodos de defensa como el uso de la criptografía y las firmas digitales, la necesidad de que las propias instituciones europeas den ejemplo de utilización de dichas tecnologías. 
Y, por último, la petición expresa a los países de la Unión de que en el futuro procuren que en la utilización de su territorio por servicios de información, suyos o de terceros países, se respete el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Señor Presidente, ante todo debemos dar las gracias al Sr. Schmid por su excelente trabajo. 
Me parece justo destacar su trabajo por dos motivos. 
Por un lado, ha sido un trabajo enorme, sin embargo, también creo que hay motivos para elogiar al Sr. Schmid por que precisamente no se ha dejado caer hacia los aspectos que podríamos calificar de más sensacionales. 
Resultaba tentador en este asunto, sin embargo, se ha ceñido a los datos reales y verdaderos. 
Hemos destapado la existencia de ECHELON, lo que naturalmente pone de relieve el dilema de que por un lado los países tengan un legítimo interés en protegerse, entre otros medios, mediante la intervención de las comunicaciones, a sí mismos y a sus ciudadanos de posibles agresiones y del terrorismo y de que por otro lado los mismos ciudadanos y empresas necesiten protegerse del abuso de esta misma vigilancia. 
Y creo justamente que el informe del Sr. Schmid, que hoy debemos aprobar, mira hacia el futuro e incluye buenas propuestas de iniciativas. 
Sólo puedo destacar algunas, pero sobre todo la obligación de que los Estados miembros elaboren un código de conducta que garantice la protección de los ciudadanos y de las empresas en toda Europa tal y como se desprende de la Carta de Derechos Fundamentales. 
También me parece acertado señalar la necesidad de llegar a un entendimiento y alcanzar un acuerdo entre la UE y los EE.UU. para que se respete mutuamente la protección de los ciudadanos y empresas. 
Necesitamos normas internacionales tan firmes en este ámbito como sea posible. 
La necesidad de un control parlamentario y de un control judicial sobre los servicios de información de los países miembros queda asimismo subrayada y finalmente me parece importante en cuarto lugar que nos comprometamos tanto por parte de la UE como por parte de los Estados miembros a garantizar a los ciudadanos información completa sobre los riesgos que hay de interceptación de las comunicaciones y sobre cómo pueden protegerse mejor los ciudadanos y las empresas de este abuso. 
Quiero decir que gracias a este informe los países miembros ya no pueden esconder la cabeza bajo el ala en esta cuestión. 
Ya no pueden decir que es sólo algo que conocen por la prensa. 
Ahora hace falta que los países asuman la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y a sus empresas de las violaciones. 
Señor Presidente, estimados colegas, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, ECHELON existe. 
Ya se ha afirmado esta mañana de todas las maneras posibles. 
Ahora bien, deben ser conscientes de que esto sólo ha salido a la luz gracias a la perseverancia de este Parlamento. No olvidemos que las preguntas que yo formulé al respecto al Consejo y a la Comisión en 1997 no fueron en absoluto tomadas en serio. 
Ahora la situación ha cambiado sustancialmente. 
El Gobierno de los Países Bajos ha dado a conocer un informe en el que queda de manifiesto que ECHELON existe y el Consejo también ha manifestado que suscribe nuestras observaciones. 
Los Estados Unidos, por su parte, han reconocido públicamente que el 5% de todos los datos recogidos para fines económicos procede de fuentes no abiertas. 
Se estima que esta información aporta a las empresas estadounidenses unas ganancias de más de 7.000 millones de dólares en concepto de contratos. 
Por ello, es fundamental que se celebren acuerdos a escala mundial, preferentemente en el marco de la Organización Mundial del Comercio. 
La encriptación ocupa un lugar primordial en el debate sobre la protección de los ciudadanos y las empresas. 
La protección de la intimidad a través de la legislación solamente se hace efectiva si ésta se respeta. 
La observancia de la ley plantea serios problemas en el caso del espionaje transfronterizo. 
Por eso, es imprescindible que la información se encripte, aparte de que los ciudadanos deben tener acceso a los recursos necesarios para defenderse contra el espionaje. 
Por todo lo anterior, Señor Presidente, me gustaría que el Comisario Liikanen expusiera sus propuestas relativas a la elaboración de una normativa complementaria o la adopción de medidas concretas en esta materia, porque está claro que todo cuanto sea posible desde el punto de vista tecnológico acaba haciéndose realidad. 
Señor Presidente, no es ningún secreto que el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea quiso crear un instrumento de investigación más potente, una comisión de investigación, pero la mayoría de nuestro Parlamento no se atrevió a dar ese paso. 
En su lugar se constituyó una comisión temporal, lo cual ya es un logro. 
Si bien es cierto que una comisión de investigación posiblemente hubiera sacado a la luz más cosas puedo afirmar a posteriori que mi Grupo no se siente decepcionado por la falta de datos, sino por las conclusiones. 
En determinados casos, las escuchas pueden estar justificadas, pero la escucha indiscriminada de las comunicaciones de nuestros ciudadanos y organizaciones no gubernamentales es contraria al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, porque tal actuación no es adecuada por definición. 
Aunque se haga referencia al CPDH en las conclusiones no se dice explícitamente que ECHELON atenta contra los derechos de los ciudadanos. 
Tampoco aparece por ningún lado que el Reino Unido y Alemania deben dejar de ofrecer facilidades a ECHELON. 
Por supuesto, el mundo no cambia de la noche a la mañana a raíz de una votación celebrada en nuestro Parlamento, pero ello no significa que dicha votación sea insignificante: hemos de distinguir claramente entre lo que es aceptable y lo que no lo es. 
El Parlamento de los Países Bajos tratará en breve la ley sobre los servicios de inteligencia y seguridad, en la que se legitiman actividades del estilo de ECHELON. 
Cada vez más gobiernos intentan reducir el atraso informativo que los separa de otras autoridades sumándose a la interceptación masiva e indiscriminada practicada por éstas. 
Nos corresponde a nosotros detener este efecto de bola de nieve con declaraciones políticas unívocas que condenen la violación de los derechos humanos. 
De lo contrario, me veré obligada a votar en contra. 
Señor Presidente, el informe votado por la mayoría de los miembros de la comisión temporal tiene al menos el mérito de reconocer la existencia de la red ECHELON, a pesar de los silencios culpables de las autoridades americanas. 
Personalmente, no he votado a favor por el carácter irrisorio de sus conclusiones. 
Efectivamente, ECHELON es uno de los componentes esenciales de un verdadero pulpo que es la NSA, es decir, una red de espionaje mundial que da empleo a unas 90.000 personas y que es técnicamente capaz de proceder a cientos de millones de escuchas diarias. 
Verdadera máquina de guerra contra las libertades individuales, este sistema lo controlan sólo ocho personas, entre ellas el presidente de Estados Unidos: la "banda de los ocho", como nos ha dicho con cinismo el presidente de la comisión de control del Congreso. 
Creada en la época de la guerra fría, esta red de espionaje económico y político tiene como función defender lo que algunos se atreven a llamar el mundo libre. 
Y es en este estado de ánimo y no sin irritación como nos han recibido en Washington: "¿ Por qué vienen a buscarnos las vueltas cuando con nuestro dinero, nuestro ejército y nuestro servicio de espionaje defendemos los mismos valores ?", unos valores que, por ejemplo, hacen que ahora en el visado de entrada a Estados Unidos, la pregunta "es usted comunista" se haya sustituido por "es usted terrorista". 
Se comprende así por qué ningún Estado o ninguna empresa haya denunciado nunca las actuaciones de ECHELON, ciertamente un reconocimiento de deuda por servicios prestados. 
Es conocido que Inglaterra y Alemania sirven de enlace a este sistema siendo miembros de la Unión Europea y signatarios de todos los convenios sobre derechos humanos. 
Pero otros países como Francia mantienen las mismas prácticas. 
No se responde a ECHELON con buenas palabras o medidas técnicas de encriptado, sino mediante una verdadera información y movilización popular sobre decisiones sociales, pero también sobre la aplicación estricta de los derechos elementales que contienen los convenios de derechos humanos. 
El espionaje económico es el destino de una sociedad de beneficio y de competencia; el espionaje político es la consecuencia de una sociedad no democrática y es este problema de fondo el que plantea el sistema ECHELON. 
A la globalización policial de las escuchas debe responder la globalización de la vigilancia y de la intervención popular e insisto en decir que las leyes europeas actualmente están mejor hechas para proteger a las personas contra el espionaje económico que contra el espionaje individual. 
Es una concepción de Europa, pero no la comparto. 
El informe de la Comisión temporal expresa una combinación de poder e impotencia que invita a la reflexión y así podemos verlo en la cita preliminar de uno de los grandes satíricos de la antigüedad, Juvenal, quien plantea la peliaguda y muy profunda pregunta: "¿ quién vigila a los vigilantes ?". 
Todos parecemos estar de acuerdo en que la principal conclusión de la comisión es la importante demostración de que este Parlamento puede alcanzar un cierto poder. 
Ha logrado ahora- es la principal conclusión- reunir una documentación absolutamente convincente de que este sistema de vigilancia de alcance mundial existe realmente, pero esto ya lo sabíamos de antemano. 
La comisión ha reunido y registrado la documentación que de hecho ha estado ahí durante décadas, en cualquier caso para aquél que está dispuesto a investigar en estos temas, no obstante, la sólida documentación recogida es valiosa. 
Constituye lectura obligada para cualquier demócrata. 
Sin embargo, en este punto nos encontramos con cierto sentimiento de impotencia. 
Primero por la documentación de la que hemos de prescindir. 
En la conclusión se señala que es "sorprendente e incluso inquietante que numerosos responsables comunitarios oídos, concretamente Comisarios europeos, hayan declarado no tener conocimiento del asunto". 
Esta opinión es lo más cerca que puede llegarse a constatar que los responsables en la Comisión se escudan detrás de un muro de silencio y de una amnesia selectiva. 
Más claramente: están mintiendo. 
¿Lo oyó, señor Comisario? 
Y luego la sensación de impotencia se manifiesta en la triste conclusión de que no existe ningún control eficaz en las constituciones nacionales. 
Hay un anexo en el informe que incluye una relación de los controles parlamentarios y judiciales existentes en los Estados miembros. 
En varios Estados miembros no existe ningún control ni parlamentario ni judicial y en otros, por ejemplo, el país del cual procedo, Dinamarca, existe un sistema formal que ha demostrado en la práctica su incomprensible falta de eficacia. 
La triste respuesta a la pregunta "¿ quién vigila a los vigilantes ?" es: Nadie. 
Señor Presidente, creo que si en alguna ocasión hay que felicitar a un ponente y al presidente de una comisión temporal es precisamente en esta, por haber elaborado un informe que, como se dice en mi país, está hecho contra viento y marea. 
Los resultados del trabajo de la Comisión temporal sobre el sistema de interceptación "ECHELON", desde mi punto de vista, transmiten una señal política importante y es que las instituciones europeas y, en especial, la Comisión deben velar mucho más por la propia seguridad de sus comunicaciones y que los Estados miembros y la Unión Europea tienen que articular un nuevo marco jurídico para proteger a sus ciudadanos y garantizar que la privacidad de sus comunicaciones no sufra peligro como consecuencia de la interceptación de las mismas porque disponen de medios y potencial tecnológico para hacer un uso inadecuado de ellas. 
Hoy en día, el correo electrónico, la telefonía móvil, las videoconferencias o Internet han hecho añicos, a nivel mundial, las fronteras físicas entre países. 
Y lo que es aún más grave, la delincuencia organizada utiliza estos medios para su propio provecho e incluso financiación. 
Al hilo de esto surge una pregunta: ¿por qué no orientar todo este potencial de interceptación de comunicaciones de que, como se ha demostrado, disponen los países que forman el llamado sistema ECHELON, para combatir a los terroristas, a los traficantes de drogas, o a las mafias organizadas que trafican con seres humanos, en lugar de utilizarlo para una competencia internacional entre Estados a todas luces desleal? 
Ningún Estado miembros de la Unión Europea debe cooperar en otra cosa que no sea defender los intereses de sus ciudadanos, sean de carácter económico, social o político, ya que lo contrario sería una falta de lealtad con los compromisos adquiridos en los Tratados y, muy especialmente, con la reciente Carta de los Derechos Fundamentales proclamada por los quince Estados miembros en la Cumbre de Niza. 
Señor Presidente, yo también deseo felicitar al ponente Gerhard Schmid y a otros colegas de la comisión. 
Como decía el Sr. Schmid, estas instrucciones le resultaron muy difíciles en un inicio. 
No olvidemos que la elaboración del presente informe fue el resultado de las presiones de un periodismo bastante descabellado en diferentes países y de las afirmaciones sensacionalistas, inverosímiles y fantásticas que, en su mayoría, sirvieron para debilitar la propia causa que los propios autores intentaban defender. 
La sorpresa del presente informe es el hecho de que muy pocas de estas acusaciones son corroboradas. 
Han sido varios los oradores que esta mañana se han referido al papel del Reino Unido en este asunto. 
El informe reconoce que todos los Estados de la Unión Europea y del resto del mundo necesitan algún tipo de interceptación para proteger la seguridad nacional, salvaguardar su economía y luchar contra la delincuencia. 
Eso no es nada excepcional. 
Todos los Estados miembros lo hacen y cooperan entre sí y con otros países democráticos amigos. 
Por ejemplo, para contrarrestar las amenazas terroristas debemos colaborar con los que disponen de los conocimientos adecuados y pueden ayudar. 
Sé que los Estados Unidos están ayudando a España en sus actuales dificultades. 
El Reino Unido también está ya en condiciones de garantizar que todas las operaciones llevadas a cabo en su territorio se llevan a cabo con el pleno conocimiento y el consentimiento del Gobierno del Reino Unido y están sujetas al Derecho británico. 
Esto significa- espero que la Sra. McKenna esté escuchando- que toda esta actividad es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Espero que podamos acallar algunas afirmaciones y acusaciones que aún siguen circulando sobre lo que ocurre en el Reino Unido. 
Asimismo, el Reino Unido respalda por completo las conclusiones alcanzadas en el Consejo en el sentido de que las interceptaciones de las telecomunicaciones no podrán utilizarse, bajo ninguna circunstancia, para obtener ventaja comercial. 
Se han hecho varias acusaciones antes de la publicación del informe. 
Un colega, que ya ha abandonado el hemiciclo, las ha repetido hoy pero, como testificará el Sr. Schmid y como demuestra el informe, no existe ninguna prueba que demuestre dichas acusaciones. 
Expreso mi agradecimiento al ponente por su informe tan exhaustivo y al Sr. Coelho por presidir la comisión. 
También quiero dar las gracias al Sr. ponente por su estupendo trabajo. 
Quiero darle las gracias por haber puesto al descubierto estas actividades y por haber encontrado un adecuado equilibrio en su informe. 
No habría ayudado el posterior desarrollo de los acontencimientos que el Parlamento se hubiera lanzado en todas las diversas direcciones posibles. 
Éste es uno de los mejores ejemplos de que el Parlamento Europeo puede marcar diferencias, de que puede realizar un trabajo que de otro modo no podría haberse realizado puesto que los parlamentos no podrían hacerlo por separado y es un buen ejemplo de la existencia de un espacio común que puede funcionar en Europa y que puede redundar en beneficio de todos los ciudadanos. 
El propósito de este trabajo puede resumirse sucintamente en tres puntos. 
En caso afirmativo, ¿qué hace? 
Y ¿son precisas iniciativas democráticas? 
Podemos concluir que el sistema existe. 
Algunos dicen que tal cosa la sabíamos de antemano, sin embargo en una Sociedad de Derecho también es necesario presentar pruebas. 
Podemos concluir asimismo que se intervienen ilegalemente las comunicaciones privadas y empresariales, y ante este trasfondo el Parlamento Europeo propone una larga serie de iniciativas sobre qué puede hacerse. 
Ante todo, instaurar un mayor control democrático. 
En este sentido me alegró oír hoy la intervención ante esta Asamblea de la Presidencia del Consejo. 
Da esperanzas de que algo sucederá tanto en los Estados miembros como en la Unión. 
Pues resulta verdaderamente asombroso el grado de ignorancia mostrado por los representantes del poder al afirmar que nunca han oído hablar del sistema aunque hay mucho escrito mucho al respecto. 
De no haber sido por el Parlamento Europeo, podrían seguir en su ignorancia y es ahora una forma bastante especial de déficit democrático que ni se oiga no si lea. " 
¿Quién vigila a los vigilantes? ". 
Sí, el pueblo, y la democracia no funciona por lo que los representantes del pueblo deben ser sustituidos. 
Señor Presidente, ya se ha repetido un par de veces: o sea que ECHELON existe. 
Lo que ahora debemos preguntarnos es: ¿qué existe con ECHELON? 
Con ECHELON existe un sistema de vigilancia que representa un atentado masivo y a escala global contra los derechos fundamentales, no sólo en lo que respecta a las comunicaciones industriales, sino a cualquier modalidad privada de comunicación. 
Esto es lo que resulta realmente escandaloso de ECHELON, este atentado contra los derechos fundamentales. 
¿Cómo se pronuncia, sin embargo, ahora el Parlamento Europeo al respecto? 
El mensaje del informe viene a decir, de hecho: condenamos este sistema porque lo operan sobre todo los Estados Unidos y funciona demasiado bien. 
¿Qué medidas se proponen como respuesta? 
Como respuesta se propone la creación de un servicio secreto de la UE. 
Además, como sabemos, también existen unos protocolos de vigilancia, como ETST, y unos planes de vigilancia europeos, que se han dado a conocer bajo el nombre de ENFOPOL. 
Todo esto tampoco se menciona en el informe, a pesar de que éste tiene, de hecho, como tema este atentado contra los derechos fundamentales a través de la vigilancia estatal. 
Yo creo que- si nos limitamos a hablar, como han hecho algunos hoy aquí, de las posibilidades de controlar a los servicios secretos y a decir que si éstos están sometidos a un control democrático, el problema también quedará resuelto- basta observar el mundo y los servicios secretos que existen, para advertir que el control democrático todavía no ha funcionado nunca. 
Yo no conozco ningún país donde funcione. 
En vistas de lo cual, no me parece una solución. 
Una última observación sobre el tema de la política exterior, que ya se ha mencionado varias veces. 
Si se crea un ejército de la UE, la consecuencia lógica es que también habrá que contar con un servicio secreto europeo. 
Esto supondría, no obstante, a mi parecer- y yo me opongo a ambas cosas -, una militarización de la UE. 
Si se creyese seriamente en la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, habría que suprimir los servicios secretos y también las organismos de vigilancia y reconvertir sus servicios. 
Tal vez entonces los antiguos empleados de los organismos de vigilancia pedirían asesoramiento a los piratas informáticos sobre los procedimientos verdaderamente eficaces de defensa frente a los atentados estatales contra los derechos fundamentales. 
Señor Presidente, el pueblo fuera de esta Asamblea ha de estar muy sorprendido por lo que está pasando. 
En primer lugar, llegamos a la conclusión de que ECHELON existe y después, esta Asamblea elegida políticamente decide no presentar conclusiones políticas. 
A continuación, llegamos a la conclusión de que se ha producido una violación de la intimidad y posteriormente el Parlamento Europeo, que por lo demás habla de garantizar los derechos de los ciudadanos, elige trasladar la responsabilidad de garantizar estos derechos de la UE y de los Estados miembros al ciudadano medio, quien debe entonces protegerse a sí mismo mediante la encriptación de sus comunicaciones. 
Finalmente, se constata que Gran Bretaña y Alemania participan en esta cooperación de modo diferente y aún así el informe recomienda una cooperación aún más estrecha en asuntos de inteligencia sin extraerse ninguna consecuencia con respecto a los dos Estados miembros que contribuyen a violar nuestros derechos, al contrario, pueden participar libremente en esta cooperación. 
Creo que el Parlamento Europeo ha desaprovechado una oportunidad para señalar que piensa en serio en los derechos de los ciudadanos. 
Hace falta más que discursos solemnes y caros documentos. 
Hace falta también acción y esta acción está totalmente ausente del informe. 
Por ello no podré respaldarlo. 
Señor Presidente, doy las gracias al ponente Gerhard Schmid, al Sr. Von Boetticher y al Sr. Coelho, presidente de la comisión, por el excelente trabajo que han realizado. 
ECHELON resultó ser menos amplio que lo que nos imaginábamos y el asunto ha perdido dramatismo. 
Sin embargo, el debate en torno a ECHELON ha contribuido a aumentar la conciencia sobre este tipo de asuntos, lo que era muy necesario. 
Las escuchas y el espionaje militar son fenómenos que no podemos ni queremos suprimir en tanto exista terrorismo y amenazas contra la Unión y sus ciudadanos. 
Se han hecho avances en el desarrollo de un sistema de seguridad general que no amenace algunos principios fundamentales. 
No existen pruebas que indiquen que Estados Unidos haya dañado la competencia global mediante la divulgación de información sobre algunas empresas. 
Por el contrario, el informe demuestra nuestra necesidad de desarrollar sistemas de protección y de codificación. 
Me ha satisfecho especialmente la clara postura en relación con el soborno. 
En concordancia con la red que se propone, parece evidente que la colaboración en el ámbito comunitario en esta materia debe contar con estaciones de control nacionales. 
Los trabajos de la comisión en torno a ECHELON han contribuido a acercar nuestras posiciones, en gran medida gracias a las especiales cualidades del ponente Gerhard Schmid. 
Señor Presidente, yo tuve la oportunidad de participar en los trabajos sobre el sistema ECHELON como representante de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos- un cambio de aires muy satisfactorio- y ahora quisiera concentrarme en algunos aspectos jurídicos e institucionales. 
Debo felicitar al ponente, pues hoy nos ha presentado un informe excepcional, tanto por su metodología como por su contenido. 
Yo también describiría como excepcional el eco que ya ha tenido, mucho más allá de las fronteras de la Unión Europea. 
Hace muy poco, tuve ocasión de discutirlo con algunos representantes destacados del Senado de los Estados Unidos. 
Para empezar, éstos conocían bien el informe- un hecho muy excepcional en el caso de los informes del Parlamento Europeo- y, en segundo lugar, no sólo no discutieron sus resultados, sino que también confirmaron explícitamente su denominación con la clave ECHELON, por ejemplo. 
Un gran cambio con respecto a la situación de hace sólo algunos meses y de los últimos años, cuando nuestros esfuerzos para aclarar el asunto ECHELON toparon con muchos oídos sordos, también en la Unión Europea. 
Las respuestas evasivas y de desentendimiento ante nuestras preguntas que recibimos de algunos comisarios, anteriores y actuales, como Bangemann y Bolkestein, por ejemplo, y también del Consejo de Ministros, llenan gruesos volúmenes de nuestras bibliotecas particulares. 
Por esto, es aún más de agradecer- y quisiera resaltarlo muy especialmente- la actual colaboración constructiva de los comisarios Liikanen y Vitorino. 
Por esto, yo también tengo la confianza de que la Comisión nos ayudará a emprender efectivamente los pasos jurídicos concretos que proponemos en el proyecto de resolución, en particular los pasos jurídicos encaminados a mejorar la protección de los ciudadanos y ciudadanas y de las empresas europeas, la propuesta concreta de un protocolo anexo al Convenio de Derechos Humanos europeo, que precise el artículo 8, la necesidad de alcanzar un acuerdo con los Estados Unidos y muchas otras cosas. 
Yo quiero exhortar a los Estados miembros a que se abstengan de participar en actividades ilegales- si éstas llegan a tener lugar -, que mantengan un control democrático más adecuado sobre sus servicios secretos y que se tomen más en serio la protección jurídica de los demás ciudadanos de la UE y no únicamente de los propios. 
Señor Presidente, agradezco al ponente este excelente informe. 
La conclusión más importante puede parecer simple: ECHELON existe. 
Sin embargo, hemos tardado mucho tiempo en poder afirmarlo. 
Permítanme destacar dos aspectos del informe. 
En mi opinión, no se hace suficiente hincapié en la integridad personal y en la protección a los individuos. 
Por eso me ha parecido bien que el ponente haya mencionado especialmente estos aspectos en su intervención. 
Tal como se ha señalado, los intereses económicos de las empresas son muy importantes, pero también hay que considerar otros factores. 
De acuerdo con determinados indicios, el sistema de control no sólo se emplea en el espionaje industrial sino también para escuchas de individuos y organizaciones. 
ECHELON tiene capacidad para interceptar las comunicaciones por medio de correo electrónico, fax y teléfono. 
El periodista británico Duncan Campbell señala que ECHELON incluso interviene las comunicaciones de Amnistía Internacional y Cruz Roja. 
Si esto es verdad, me parece sumamente grave. 
Como se ha dicho anteriormente, en este caso la UE y los parlamentos y gobiernos nacionales tendrían que actuar. 
Tal como ha señalado el Presidente del Consejo, en un estado de derecho la protección a los individuos debe estar siempre en primer lugar. 
Mi segundo comentario se refiere a la codificación. 
La codificación es la única protección eficaz contra las intervenciones a las comunicaciones. 
Las técnicas de codificación están aún en pañales y existen muchas trabas para la exportación de sistemas civiles de codificación. 
El amplio intercambio de información existente en Europa hace necesaria la existencia de estándares y normas comunes para la codificación. 
Las instituciones comunitarias deben actuar coordinadamente en esta materia. 
Señor Presidente, quiero decir que comparto tanto la indignación como las dudas y la crítica que han expresado muchos de mis Sres. colegas aquí sobre los países del sistema ECHELON que, por supuesto, por lo que el informe Schmitt demuestra, no es una novela policiaca. 
Sin embargo, Presidente, permítame concentrarme en un punto: si lo he entendido bien, el ECHELON da a algunos Estados miembros de la Unión Europea- a un Estado miembro y quizás a más- la posibilidad de ir a reuniones de los órganos más elevados de la Unión Europea conociendo de antemano la táctica negociadora, las posturas y la estrategia que han formado los gobiernos de otros Estados miembros. Pregunto: si es así, entonces ¿qué valor tienen las decisiones finales? 
¿Qué confianza podemos tener en ellos? ¿En qué medida es, como dicen nuestros amigos británicos, "biased", y cómo es posible que admitan estas cosas los jefes de Estados y de gobiernos de los demás Estados miembros? 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, me gustaría muchísimo escuchar su opinión. 
Señor Presidente, ¿cuánto vamos a esperar para ver, en el futuro, las memorias de algún presidente de los Estados Unidos o de algún dignatario británico, para ver en qué medida se beneficiaron políticamente del sistema ECHELON y cómo se divirtieron a nuestra costa? 
Señor Presidente, confieso que me ha sorprendido un poco la escasez de tiempo de uso de la palabra atribuida a nuestro excelente presidente, nuestro colega Coelho, que ha dirigido estos debates difíciles con vigor y con una objetividad absoluta. 
Gracias también a nuestro colega Schmid que, con toda evidencia, ha trabajado mucho en este expediente aunque yo no esté de acuerdo con algunos puntos de su informe. 
La resolución plantea un problema de fondo. 
Señala la existencia del sistema ECHELON, puesto en marcha por Estados Unidos con la participación principalmente del Reino Unido. 
Señala también el problema de la compatibilidad de la participación de un Estado miembro de la Unión en el sistema ECHELON con el derecho europeo. 
Este problema es real en los casos en los que ECHELON se ha utilizado para fines de espionaje económico o industrial y retomo el punto F de nuestra resolución, que dice que si el sistema se ha utilizado de manera abusiva para espiar a la competencia, se ha cometido una falta en la obligación de lealtad y atenta contra la idea de un mercado común en el que la competencia es libre, si un Estado miembro participa en una actuación de ese tipo está violando el derecho de la Unión. 
Este punto me parece fundamental y por ello, a pesar de su riqueza, este informe me deja un sentimiento mitigado. 
En particular no acepto que se trivialice la utilización del territorio de un Estado miembro por un Estado tercero- aunque sea amigo- con el argumento de que otro Estado miembro, en este caso Francia, tendría medios para dotarse de un sistema de interceptación planetario. 
No se trata en absoluto de la misma situación y ello no formaba parte del mandato de la comisión ECHELON. 
En un momento de conflictos económicos en ocasiones muy duros, el espionaje industrial es sólo un instrumento y quizá lleguemos a reflexionar para que no se aplique con naciones aliadas un vocabulario de guerra, y menos aún con Estados miembros de la Unión. 
Estamos en condiciones de esperar medidas y acciones de prevención a nivel del, o de los Estados miembros concernidos, del Consejo y de la Comisión. 
Señor Presidente, en mi calidad de miembro de la comisión temporal sobre ECHELON, deseo dar las gracias al Sr. Schmid por el enorme e importante trabajo que ha realizado para recoger y organizar una cantidad de información realmente ingente, plagada de dificultades técnicas. 
La relación y el amplio informe que prepara sobre todo las conclusiones constituyen una importante aportación del Parlamento a la defensa de la libertad de los ciudadanos y de las empresas europeas. 
Sus resultados principales ya han sido presentados por el Sr. Schmid, motivo por el cual no los voy a repetir en mi intervención, a pesar de que no todas las conclusiones son coherentes con algunos de los datos probados en el informe, como recalcaba el Sr. Di Lello. 
Para aumentar la eficacia del informe y teniendo en consideración la defensa no solo de las empresas, sino sobre todo de la vida privada de los ciudadanos, me permito sugerir una vez más tanto al Sr. Schmid como a sus Señorías que se incluyan en él algunas enmiendas presentadas por el Sr. Di Lello y otros, específicamente las enmiendas. 12, 20, 21, 22 y 30. 
Dichas enmiendas han sido rechazadas por la comisión temporal, pero creo por una preocupación de realismo. 
En efecto, se ha considerado que una forma de interceptación global, masiva e indiscriminada como la de ECHELON, basada única y exclusivamente en el reconocimiento de algunos términos clave, a través de motores de búsqueda, era indispensable para luchar contra el terrorismo y la delincuencia. 
Ahora bien, las enmiendas que recomiendo aprobar dicen, por el contrario, clara y razonablemente, que dichas interceptaciones, en cuanto contrarias al principio de legalidad y de proporcionalidad que debe regular toda intervención sobre la confidencialidad de las comunicaciones, son inadmisibles. 
Puede que en el futuro tengamos que modificar las leyes en cuestión, a causa del desarrollo de las tecnologías informáticas, pero por ahora ésta es la situación. 
Incluir las enmiendas citadas en el informe Schmid puede contribuir de manera decisiva a lograr que los ciudadanos europeos se identifiquen con él plenamente y a que no resulte tan mermada la credibilidad de las Instituciones Europeas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, doy las gracias al Sr. Gerhard Schmid por el enorme trabajo que ha realizado. 
La interceptación de llamadas y el espionaje son formas inadmisibles de violación de la privacidad de las personas y contravienen el artículo 8 del Tratado Europeo para la protección de los Derechos Humanos. 
Al acabar la Guerra Fría, un sistema colosal en todo su apogeo se puso a buscar nuevas misiones. 
Por lo visto, se ha pasado de espiar al enemigo a espiar a los amigos. 
Igual le ocurrió a la OTAN al derrumbarse el sistema comunista, pues los inventores de escenarios hostiles, cuantiosamente remunerados, no tardaron en buscar nuevas misiones, y parece ser que las han encontrado. 
Incluso llega a dar la impresión de que en Estados Unidos sigue existiendo, en cierto modo, ese ambiente bélico. 
Ahora piensan crear un escudo antimisiles contra una amenaza bastante difícil de encontrar. 
Asimismo, algunas de las últimas acciones egoístas de la nueva Administración de los Estados Unidos nos desconciertan en esta Europa pluricultural. 
¿Qué es lo que está ocurriendo allí? 
Quizás debamos asomarnos de nuevo por allí, dado que tan sólo la tercera parte de nuestros colegas norteamericanos tiene sacado el pasaporte. 
Bien es sabido que no son viajeros muy asiduos. 
Yo pienso que ahora tenemos que llegar a un acuerdo estable, a nivel de los Tratados, comprometiéndonos a no espiarnos mutuamente en materia económica, y también hay que conseguir que nuestro amigo y principal socio comercial, Estados Unidos, se adhiera a este principio. 
Al mismo tiempo, debemos prepararnos para estar en condiciones de velar por que la privacidad de los ciudadanos de la Unión Europea no sufra peligro. 
En tercer lugar, nosotros aquí, desde las comisiones parlamentarias correspondientes, debemos estar continuamente pendientes de que esto no ocurra. 
Se trata de una labor muy importante que debemos realizar. 
Señor Presidente, que tras finalizar la guerra fría y tras la caída de los dos polos, muchos servicios nacionales de espionaje ampliaron su campo de acción al sector comercial e industrial es un hecho. 
Por supuesto en esta actividad se han distinguido los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y nuestro Reino Unido creando el sistema ECHELON, tal como nuestra comisión ha verificado gracias a la labor excepcional de nuestro colega, el Sr. Schmitt, y también de los coordinadores. 
En mi opinión, el sistema ECHELON constituye uno de los mayores escándalos de todas las épocas. 
Un escándalo político, económico, de violación masiva de los derechos humanos y de las normas de la democracia. 
Por eso, toda planificación para afrontar sistemas de espionaje del tipo ECHELON deberá poner a los gobiernos y a los organismos internacionales ante sus responsabilidades. 
El fomento del mercado mundial deberá estar acompañado por ciertas garantías jurídicas, tanto para proteger la intimidad como las normas de la competencia sana. 
A nivel nacional y europeo se debe mejorar la seguridad de las estructuras de información, así como aplicar un control parlamentario y judicial del funcionamiento de los servicios secretos más efectivo, de modo que no se altere la confianza de los ciudadanos en la sociedad de la información. 
Finalmente, las empresas europeas deberán desarrollar mecanismos de protección con una revisión de su funcionamiento interno, con la información y la formación de su personal y con el uso de programas de protección de su comunicación electrónica. 
La competencia sana de las empresas deberá ser la piedra angular de la economía mundial. 
En todo caso, los servicios de información deberán funcionar basándose en el respeto de los derechos fundamentales, tal como están descritos en la Carta y en el artículo 8 del Convenio europeo para la protección de Derechos Humanos. 
Ya es hora de que por fin se dé una respuesta a la pregunta de los ciudadanos europeos sobre quién nos va salvar de los salvadores. 
Señor Presidente, tengo muy fuertes reservas respecto al carácter blando y a veces reticente del informe, porque infravalora los peligros del control global de las telecomunicaciones y no propone adecuadas medidas autónomas de defensa para Europa. 
En teoría, la Unión Europa podría sin lugar a dudas negociar un protocolo de acuerdo que permita a los Estados miembros utilizar estas informaciones, pero por el momento y desde ahora la Unión debe pensar en protegerse autónomamente con un sistema criptográfico diferente de los actuales, por ejemplo, el modernísimo sistema HERMES creado por la investigación europea, con teletransporte de punto a punto para que los datos no puedan ser captados por los satélites espía. 
El informe parece eludir esta pregunta concreta: ¿Acaso la utilización de las informaciones reunidas a través de ECHELON por los servicios de seguridad de uno de los Estados miembros, el Reino Unido, puede constituir casos concretos de espionaje a ciudadanos o empresas europeas y en beneficio de los Estados Unidos? 
Son preguntas que nos debemos formular, ya que el mismo Congreso norteamericano se ha planteado el problema de si la vigilancia de ciudadanos estadounidenses llevada a cabo por la NSA no constituye una práctica anticonstitucional. 
Se ha dicho y hay que repetirlo que incluso organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Greenpeace, y hasta personalidades fuera de toda sospecha, como la Madre Teresa de Calcuta, han sido interceptadas por el sistema ECHELON. 
Esto da que pensar. 
El presidente de STOA, el que fue nuestro colega Pompidou, observaba que muchas empresas europeas ya han sufrido las consecuencias de ECHELON, pero no lo denuncian porque continúan y deben continuar tratando económicamente con los Estados Unidos. 
Entonces nos preguntamos: ¿Qué protección jurídica existe a favor de las empresas europeas frente a estos perjuicios? 
¿Qué posibilidades tienen de demostrarlos? 
¿Qué financiación se asigna- añado- a la investigación europea en sectores estratégicos e importantes como la criptografía? 
Son preguntas a las que el informe no contesta. 
Señor Presidente, antes de dar por cerrado el debate, yo quisiera expresar, en primer lugar, mi agradecimiento al presidente de la comisión. 
Hasta ese momento no nos conocíamos, pero a los pocos días ya estábamos colaborando como si llevásemos años haciéndolo. 
Esto no es habitual ni se puede dar por descontado. 
Yo se lo agradezco muy sinceramente. 
También quiero manifestar mi agradecimiento a los miembros de la comisión. 
No siempre coincidimos, pero siempre reinó un clima perfecto desde el punto de vista humano y la colaboración fue constructiva. 
Tampoco esto se puede dar por descontado en esta Asamblea. Yo se lo agradezco muy sinceramente. 
Quiero expresar asimismo mi agradecimiento a la secretaría, a su jefe, a los demás colaboradores y a las numerosas personas que nos han ayudado ofreciéndonos consejos e información. 
En el informe se menciona a algunas de estas personas. 
Hay otras, cuyo nombre no se indica en su propio interés. También les estamos, sin embargo, igualmente agradecidos. 
(Aplausos) 
Lucha contra el terrorismo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0273/2001) del Sr. Watson, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el papel de la Unión en la lucha contra el terrorismo (2001/2016 (INI) ). 
Señora Presidenta, tengo el honor de presentar a la Asamblea este informe en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Se estimó oportuno que el presidente de la comisión intentara la aprobación de la Asamblea de un informe sobre un asunto que necesita le apoyo por un amplio consenso. 
Como liberal demócrata, considero los actos terroristas como la única categoría de delito que niega la democracia. 
Estos actos son concebidos para destruir la base misma de la sociedad civil, y agradezco a los colegas de la comisión su respaldo a este punto de vista y a nuestras consiguientes recomendaciones. 
Hay quien ve mi informe como una respuesta a los actuales ataques terroristas en la Península Ibérica. 
Comparto la profunda preocupación de aquellos que reconocen estos ataques como una herida abierta en el sistema de gobierno de Europa y, en nombre de la comisión, les hago extensivo mi más profundo pésame y mi solidaridad. 
No obstante, en mi opinión, mi análisis y mis recomendaciones deberían ser ni más ni menos que una respuesta a la situación que reina en la zona, así como a situaciones similares que han existido y, en algunos casos, continúan representando una amenaza, en Irlanda del Norte, en el Reino Unido, en Córcega, en Francia, en Alemania, en Italia u otros países que han sufrido ataques de grupos de ideología terrorista. 
El terrorismo no es un fenómeno nuevo, pero hoy presenta muchos aspectos y características nuevos. 
Las conexiones entre terroristas de diferentes países han pasado a formar parte del calado de la delincuencia organizada a escala internacional. 
En agosto obtuvimos pruebas de los contactos entre los terroristas de Irlanda del Norte y sus homólogos en Colombia. 
Estas conexiones aumentan la capacidad de aquellos que utilizan el terror con fines políticos para encontrar armas, intercambiar ideas sobre técnicas y escapar al brazo de la ley. 
El terrorismo se inspira también en nuevos motivos y nuevas armas. 
Algunos grupos de protección de animales lanzan campañas para aterrorizar a las personas, a veces con escaso fundamento, que participan en experimentos con animales vivos. 
Algunos grupos de protección del medio ambiente atacan a las personas que participan en exploraciones o explotaciones de yacimientos petrolíferos. 
El terrorismo informático y el terrorismo ambiental son características preocupantes del mundo de hoy. 
Los anteriores intentos de sociedades democráticas de atajar esta amenaza han tenido resultados desiguales. 
Un ámbito en el que han fracasado rotundamente es el de la cooperación internacional entre las agencias responsables de velar por el cumplimiento de la ley o las autoridades judiciales. 
En el caso de la Unión Europea, los artículos 29 y 31 del TUE establecen las herramientas necesarias para mejorar dicha cooperación pero, sin embargo, los gobiernos titubean a la hora de hacer uso de las mismas. 
Aunque parezca extraño, esta reticencia no tiene razón de ser en una Unión que está basada en los valores de humanidad y dignidad, las libertades, la igualdad y la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y las libertades y el Estado de derecho. 
La decisión de los Estados miembros de convertir la Unión en un ámbito de libertad, seguridad y justicia debería servir de base para intentar atajar con urgencia el creciente desafío terrorista. 
El rechazo incondicional de las organizaciones terroristas y del terrorismo debería propiciar un conjunto coherente y vinculante de políticas coordinadas y un espíritu de cooperación entre los gobiernos a todos los niveles. 
La cooperación entre Francia y España o entre Gran Bretaña e Irlanda ha mejorado durante los últimos meses y, sin embargo, no se han aprovechado las oportunidades que ofrece el Tratado de Amsterdam para emprender una acción más eficaz. 
Quisiera expresar mi agradecimiento a los diputados pertenecientes a todos los partidos por el generoso asesoramiento y la asistencia que me han prestado en la elaboración del presente informe. 
El informe cuenta con un amplio consenso de opinión. 
Me alegra que rechace la introducción de leyes y procedimientos excepcionales. 
Dichas medidas no deberían ser necesarias; a menudo privan a los gobiernos de superioridad moral y pueden descender hasta casos de terrorismo auspiciado por el Estado. 
Aquí radica el peligro en potencia para la democracia. 
Cuando el Estado no está dispuesto a perseguir rigurosamente las acciones delictivas de soldados o policías culpables de tortura, su legitimidad es escasa. 
No obstante, estoy en contra de la enmienda 2, que podría ser interpretada como justificación del terrorismo, y de la enmienda 1, que retrasaría la acción en esta lucha. 
Creo que los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros de la UE tienen la capacidad de garantizar la justicia. 
Esto no quiere decir que las condiciones judiciales no puedan ser más estrictas. 
Podrían serlo, y el endurecimiento de las mismas es uno de los principales retos de la Unión. 
A menos que estemos dispuestos a confiar en nuestros respectivos sistemas judiciales y prácticas democráticas, cada vez será mayor el número de familias que se verán privadas de sus seres queridos a medida que personas inocentes pierden su vida a manos de los que asesinan por motivos políticos. 
En este sentido, mi informe hace un llamamiento al Consejo de Ministros para que adopte normas mínimas y castigos comunes relativos a la lucha contra los actos terroristas, la supresión de los procedimientos formales de extradición de las personas que sean sospechosas o hayan sido condenadas por delitos de terrorismo y el establecimiento de una orden europea de búsqueda y captura con vistas a luchar contra los grupos terroristas. 
Es posible que algunos consideren estas medidas extremas. 
Creo que todas ellas están justificadas en la lucha contra un tipo de delito concebido para destruir la democracia basada en el Estado de derecho, y espero que la Comisión y el Consejo respondan sin perdida de tiempo a este llamamiento de que se adopten medidas. 
Señora Presidenta, con este Pleno estamos reiniciando un curso político, que se nos presenta con tareas que podíamos denominar históricas: en los próximos meses tenemos que lanzar una reforma constitucional de la Unión, vamos a poner en práctica la utilización del euro, vamos a afrontar los capítulos más importantes de unas negociaciones que concluirán con una ampliación, sin precedentes, de la Unión Europea. 
Sin embargo, para miles de ciudadanos europeos éstos son debates estratosféricos. 
La preocupación fundamental de estos ciudadanos, hoy, consiste en que sus niños reciban en el colegio una formación plural y abierta; en poder pasear por las calles de su pueblo sin peligro; en poder manifestar públicamente lo que piensan; en poder ejercer su derecho de voto en libertad; en poder asumir un cargo de representación popular, sin poner en peligro su vida ni la de su familia. 
Y esos miles de ciudadanos europeos esperan, con razón, que desde las administraciones locales, nacionales y europeas se les aseguren sus derechos fundamentales. 
Por eso me parece imprescindible que las instituciones comunitarias, además de ocuparnos de la constitución, del euro, de la ampliación, demos respuesta a lo que, por ejemplo en España, los ciudadanos europeos que allí vivimos consideramos nuestra primera prioridad: la lucha contra el terrorismo, es decir, por la libertad, por el respeto de los derechos humanos, por el Estado de Derecho que los españoles hemos construido después de cuatro décadas de dictadura. 
La creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia es lo que pretendió el Consejo Europeo de Tampere en octubre de 1999. 
Hemos de agradecer a la actual Presidencia belga que lo haya colocado como una de sus prioridades, y desde luego valoramos el encomiable trabajo del Comisario Sr. Vitorino, que espero encuentre en este debate respaldo para hacer uso de su capacidad de iniciativa legislativa. 
Yo creo que el Parlamento Europeo, la Cámara de representación de los ciudadanos europeos, tenía una particular responsabilidad en esta tarea, que nuestra Presidenta, Nicole Fontaine, ha asumido con una decisión y valentía, que quienes directa o indirectamente han sufrido el terror nunca podrán olvidar. 
Estoy seguro de que sus sucesores tendrán esa misma actitud. 
Por eso creo también que podemos estar razonablemente satisfechos al votar hoy un informe sobre el papel de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo, de cuya importancia da prueba el hecho de que su ponente sea el propio Presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Graham R. Watson. 
Nuestro colega se presenta a este Pleno con un texto aprobado en comisión por una amplísima mayoría, como él mismo ha dicho, que contiene consideraciones tan fundamentales como la afirmación de que el diálogo democrático ha de fundarse en el respeto mutuo y la no violencia, o el reconocimiento de la deuda que la sociedad tiene con las víctimas de los actos terroristas y sus familias. 
Al aprobar este informe formulamos una serie de recomendaciones que, de llevarse a la práctica, nos van a permitir elaborar una tipificación común en la Unión Europea del delito de terrorismo; adoptar el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales; sustituir los procedimientos formales de extradición por una orden europea de busca y captura para aquellos delitos que merecen una especial repugnancia social. 
Por supuesto el terrorismo, pero también la trata de seres humanos, los delitos contra los niños, el tráfico ilícito de drogas y de armas, la corrupción, el fraude y el crimen organizado. 
Señora Presidenta, desde el más absoluto respeto a todos los Grupos parlamentarios, con independencia de su orientación política y, por supuesto, a la libertad de voto de sus Señorías, yo me permitiría ahora pedirles su apoyo al informe, porque ésta es una cuestión fundamental que está por encima de las disputas partidistas. 
Con el desarrollo de las medidas que en él se proponen, la justicia dispondrá de más instrumentos para garantizar las libertades fundamentales, sobre los que se fundó la construcción de Europa y que hoy el terrorismo ha limitado para miles de europeos. 
Señora Presidenta, empezaré por agradecer particularmente al Sr. Watson, ponente, y naturalmente a todos los miembros de la Comisión de Libertades Públicas su trabajo, su cooperación y su impulso en este informe que hoy vamos a estudiar y defender primero, y votar después. 
Hoy, Señorías, me siento feliz como vasca, como española y como europea. 
Feliz porque Europa ha entendido que cuando ETA viola los derechos humanos, cuando el fascismo organizado vasco practica el crimen xenófobo y la limpieza ideológica, cuando esta organización terrorista, que es hoy en España el último rescoldo del franquismo, sigue actuando, teniendo su corazón en la propia Europa, el problema no lo tenemos las víctimas directas, los que vivimos con escolta, los que no pueden figurar en las listas electorales, los que tienen que vencer su miedo para escribir diariamente o para hablar en los medios de comunicación. 
El problema lo tiene Europa, el problema es un problema de la democracia europea en su conjunto. 
Por eso, la democracia europea reacciona también en su conjunto y reacciona uniéndose para vencer al terrorismo. 
Me siento feliz porque Europa ha comprendido que es hora de hacer algo más allá de las palabras, algo más allá de las declaraciones importantes, algo más que colaboración bilateral, importante también. 
Hace ya mucho que es hora de habilitar los instrumentos necesarios para poner a los delincuentes, a los terroristas, a los fascistas a disposición de la justicia para, definitivamente, detener a los criminales, para poner en marcha todos los instrumentos necesarios que hagan que las instituciones democráticas europeas sean más eficaces en la consecución de ese fin. 
Es una felicidad, también para mí, comprender que Europa ha descubierto que, cuando hay delincuentes sueltos, cuando hay criminales organizados atentando contra los derechos humanos, contra las libertades y la vida de los ciudadanos, la primera decisión política que se ha de tomar es hacer lo posible para poner a los criminales a disposición de la justicia. 
Hacemos lo que tenemos que hacer para que todos los ciudadanos vivan en libertad, independientemente de su ideología, de sus creencias, de su origen, de sus apellidos, de su cultura de origen; lo que tenemos que hacer para defender- si me permiten ustedes- el concepto mismo de ciudadanía europea: los derechos humanos. 
El informe Watson y sus recomendaciones no son solamente un compromiso contra ETA: son un compromiso por la democracia. 
El objetivo es vencer a ETA, pero el compromiso fundamental es defender la democracia en toda Europa. 
Defender que en todos los lugares de Europa se viva en libertad, en pluralidad, sea posible convivir. 
Y en un lugar de Europa, particularmente en el País Vasco y en España, la organización fascista ETA pone en riesgo la convivencia y la pluralidad. 
Se dice que habrá problemas en la parte operativa, que algunos países tendrán problemas para armonizar sus legislaciones. 
El Presidente Verhofstadt dijo aquí, cuando hizo su primera intervención, que quienes no crean en la utopía no merecen llamarse europeos. 
Creo que la voluntad política, que ha sido capaz de poner en circulación una moneda única, será capaz de poner en circulación instrumentos únicos también para combatir el terrorismo. 
Pero permítanme, Señorías, que termine haciendo también una consideración desde mi carácter no sólo de europea, sino particularmente de vasca y de española. 
Como vasca y como española, como hija de una generación de ciudadanos españoles demócratas que perdieron la guerra contra Franco y que resistieron cuarenta años de dictadura, creo, Señorías, que, en este acto de hoy, Europa hace un acto de reparación histórica, porque durante muchos años, durante mucho tiempo los demócratas españoles hemos sentido la soledad, la indiferencia, la distancia de Europa. 
Lo sentimos muchas veces durante el franquismo y lo sentimos muchas veces- se lo aseguro- durante estos años de lucha contra el fascismo de ETA, de nuestra lucha por la democracia y por la libertad. 
Hoy se salda una deuda de indiferencia y me siento muy orgullosa de compartir con ustedes este momento. 
Permítanme, Señorías, que les agradezca como vasca, que les dé las gracia como vasca por esta decisión. Que se las dé en mi nombre pero, sobre todo, en nombre de mucha gente sencilla, anónima, que cada día lucha por la libertad, que resiste el miedo para ir en las listas electorales, que resiste el miedo para escribir. 
En nombre de la gente que no tiene la oportunidad de hablar porque ETA les ha quitado definitivamente la palabra. 
En nombre de todos ellos, muchas gracias y enhorabuena a todos por este acto de hoy. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero, naturalmente, felicitar a Grahan R. Watson, por su excelente trabajo, su importante y difícil informe. 
El Sr. Watson no ha teorizado, sino que ha tenido en cuenta lo que nos aflige y, en particular, ha ido directamente a lo que nos aflige por parte de ETA, y a lo que afecta a la sociedad vasca, a la sociedad española y, en mi caso, a la sociedad catalana. 
Su condena total y su apelación a la necesidad de respeto a las víctimas, a los afectados, debe ser una constante en nuestras declaraciones y en nuestro posicionamiento. 
Yo quiero destacar de este informe, en primer lugar y claramente, el hecho de que se planteen importantes medidas de acción positivas para el ámbito jurídico y policial: el establecimiento de normas mínimas, el establecimiento de una forma de extradición, el reconocimiento de las resoluciones judiciales, la ejecución de las órdenes de busca y captura y la aproximación de legislaciones nacionales. 
Creo que estas actuaciones mejoran la importante y prioritaria actuación jurídica y policial. 
En el espacio de tiempo de que dispongo creo que también debo resaltar que el informe no ha renunciado a importantes valores en la lucha contra el terrorismo en Europa. 
Es muy importante que en el Considerando N se haya incorporado que las ideologías son legítimas si se enmarcan dentro de los valores y del respeto democrático. 
Es importante que en el Considerando O vuelva a aparecer la expresión "diálogo democrático" como fundamento y como respeto mutuo y no violencia. 
Y es importante que en los Considerandos R y S se diga que las medidas deben tener limitaciones por parte de los Estados para que no se produzca ningún abuso de la norma jurídica. 
Creo que todo esto es importante, por el equilibrio que supone la prioridad y la eficacia en la actuación y el respeto a los valores europeos. 
Tengo que mencionar mi satisfacción, porque esto cambia la resolución, aprobada por declaración escrita en septiembre de 1999 y en la que expresé mi prevención- aunque la firmé- a que hubiera desaparecido la expresión diálogo democrático. 
Con este informe la Unión Europea recupera plenamente sus valores en este tema, porque paz, entendida como exclusión de violencia, por una parte, y diálogo, por otra, son un binomio imprescindible para la Unión Europea, dentro y fuera de Europa. 
Europa cuando va a cualquier parte, fuera, o dentro, lo hace con este binomio "paz y diálogo democrático" y evidentemente, como insisto fuera y dentro, no quiero citar ningún ejemplo, porque no quisiera que un ejemplo mío provocara comparaciones que alteraran lo positivo de este informe y de este debate. 
Estoy muy satisfecho de que este informe pueda aprobarse y de que sea una eficaz herramienta para la resolución de este grave problema, que afecta a muchas personas. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, estamos debatiendo un informe sobre el terrorismo. 
En consecuencia, yo quisiera examinar qué se entiende por terrorismo, por qué se considera algo malo y por qué a menudo también se aduce para legitimar la injerencia del Estado en el ámbito de los derechos fundamentales. 
Con este objeto, he observado qué se designa aquí como terrorismo. 
Se incluye, por ejemplo, el tráfico de drogas. 
La decisión sobre qué drogas se consideran ilegales o legales es, como todos sabemos, relativamente arbitraria y tampoco se puede deducir de consideraciones de política sanitaria, por ejemplo. 
Muchas personas de esta cámara también consumen drogas con profusión. 
Ya sé que el texto se refiere a las drogas ilegales. 
Sólo quiero señalar que toda sociedad tiene también sus drogas, siempre ha sido así y seguramente siempre lo será. 
La criminalización no nos ayudará a avanzar. 
También se menciona, por ejemplo, la trata de seres humanos. 
Si con ello se hace referencia al contrabando de personas, que a menudo se pone en el mismo saco, es preciso recordar que en la UE se reconoce el derecho de asilo a personas que tuvieron que entrar ilegalmente, porque hemos hecho de Europa una fortaleza y la gente tiene que arriesgarse a buscar ayuda, de los contrabandistas de personas, por ejemplo. 
Si el término se refiere a la trata de seres humanos propiamente dicha, o sea, a la privación de sus derechos fundamentales y el trabajo forzado, entonces es preciso preguntarse por qué en el informe que acabamos de votar se habla tan poco de la protección de las víctimas o de las personas objeto de la trata. 
Ésta sería, en efecto, el medio más adecuado para acabar con una práctica como es la trata de seres humanos. 
En un punto del informe se dice que el tráfico ilegal de armas y de drogas también es terrorismo. 
Ya me he referido a las drogas; en cuanto a las armas, yo considero que el tráfico de armas es ilícito, pero- lo que es mucho más grave-también es ilegítimo. 
Yo sólo me pregunto: ¿únicamente el tráfico ilícito de armas es ilegítimo? 
¿No lo es también el comercio legal de armas? 
¿No son también terrorismo los bombardeos de civiles con bombas de la OTAN, que les causan la muerte o secuelas para toda la vida? 
Hay personas que protestan contra ello, que adoptan medidas, por ejemplo la desobediencia civil. 
Estas personas saben perfectamente que esto es ilegal. 
No está tan claro que también sea criminal. 
En efecto, como también se dice aquí, muchas personas están hartas de los fraudes y la corrupción del Estado y se resisten contra ello, y esto se pretende calificar ahora como terrorismo. 
Si no se acepta siquiera la enmienda de los Verdes, en el sentido de que se definan los derechos fundamentales de las personas con un nivel común de protección en la UE, no nos quedará más remedio que votar en contra el informe, por mor de los derechos fundamentales. 
Señora Presidenta, quisiera ante todo dar las gracias al Sr. ponente por el trabajo realizado en torno a un problema de actualidad tan grave como el terrorismo que está viviendo una terrible época de recrudecimiento. 
Quizás nos habíamos hecho ilusiones de haber vencido esta plaga que había ensangrentado Europa durante muchos años. 
Tal vez el terrorismo actual es más difícil de combatir porque es menos ideológico, más sensacionalista, porque no se esfuerza en buscar contenidos, sino que se basa todo en la violencia, precisamente para desestabilizar las instituciones y para aterrorizar a la opinión pública. 
¿Cuál puede ser entonces el papel de este Parlamento? 
De una parte, interrogarse sobre las causas de ese malestar y de esa inadapación social y cultural que, evidentemente, desemboca en el terrorismo y, de otra, ante todo debería tratar de prevenir los fenómenos de terrorismo, de anticiparlos, de identificar desde su principio los primeros avisos. 
Contamos con muchos medios: muchos bancos de datos, instrumentos legislativos y policiales; sin embargo, demasiado a menudo, ante el surgir o la transformación de los grandes fenómenos delictivos, como los ligados a la droga, a la pedofilia, a la trata o explotación de seres humanos, así como, obviamente, al terrorismo, este Parlamento es cogido siempre por sorpresa y acaba llegando tarde, incapaz de definir acciones preventivas eficaces. 
Ha sido así también respecto de esos grupos violentos, a menudo en contacto con realidades terroristas que se han introducido en los movimientos, pacíficos y legítimos, contra la globalización. 
Por lo tanto, bienvenidas sean las medidas preconizadas en el informe para atajar el fenómeno, en particular la orden europea de busca y captura y la supresión del procedimiento formal de extradición. 
Y termino, señor Presidente, recordando que- sólo para poner un ejemplo- todavía hay ciudadanos italianos que formaron parte de las Brigadas Rojas, que fueron condenados por homicidio de carácter terrorista hace casi veinte años y que desde hace casi veinte años están huidos a otros Estados europeos, pese a las repetidas peticiones de extradición. 
Señora Presidenta, Señorías, he escuchado con atención el informe Watson que comparto en sus líneas principales, aunque se me ocurre preguntarme y se nos ocurre preguntarnos con frecuencia: ¿Qué es el terrorismo? 
A lo largo del debate se ha apuntado la necesidad de definir qué es hoy el terrorismo. 
Creo que la propuesta objeto del informe se refiere al terrorismo europeo no solo aquel tan despreciable que, lamentablemente, se desarrolla en la España de hoy, porque si es cierto que ese método es despreciable, entonces hay que decir que igual de despreciables son los métodos manifestados en otros Estados europeos por movimientos que tienen otras finalidades bien distintas. 
Italia vivió una época terrible, durante la cual tuvimos que asistir a los asesinatos de militantes en sus sedes, de jóvenes en sus plazas, de niños quemados vivos en sus casas, en nombre de una ideología que últimamente ha causado el asesinato del asesor del Gobierno D ' Antona y que con frecuencia conlleva, como ha ocurrido, objetivamente la muerte de jóvenes en el ámbito de manifestaciones que desembocan en una violencia ciega, que nada tiene que ver con las batallas contra la globalización de los mercados. 
Por lo tanto, bienvenida sea una política coordinada entre los Estados europeos que excluya las odiosas leyes especiales que se han revelado como verdaderos instrumentos de persecución política cuando se trataba de golpear a unos y que luego se han revelado como instrumentos de complacencia cuando se ha tratado de proteger a otros, como acaba de decir el Sr. Angelilli. 
Bienvenida sea la orden europea de busca y captura, pero con tal que se empiece enseguida y se haga seriamente; con tal que los Gobiernos sean invitados a hacerlas efectivas enseguida y a procurar que, desde los próximos meses, se evite ver en nuestras plazas lo que ocurrió en Génova hace algunos días. 
Señora Presidenta, el informe describe de manera muy gráfica los riesgos del antiguo y también del nuevo terrorismo, la amenaza que éste supone, pero también la impotencia de las instituciones tradicionales frente a estas amenazas en Europa. 
Permítanme que tal vez discrepe en un solo punto: yo diría que la amenaza del terrorismo en realidad no tiene relación alguna con la sociedad democrática- aunque ésta sea con frecuencia el blanco del terror -, sino que se trata de una amenaza muchísimo más amplia que afecta a todas las personas, independientemente de las condiciones políticas bajo las que vivan. 
Por esto resulta tan difícil definir con precisión el concepto de terrorismo y tal vez tampoco sea tan importante, sino que es preferible partir de una definición de los actos terroristas, que describa la amenaza que suponen contra las personas individuales y grupos de personas. 
Un acuerdo a escala europea es la condición previa necesaria para mejorar la coordinación de las medidas, entre las que sin duda también es importante la agilización de las extradiciones que propone el informe. 
La declaración del artículo 29 del Tratado de la Unión, que califica al terrorismo como una forma de delincuencia, también debe ser vinculante para todos los Estados miembros de la UE, cuyos representantes políticos justifican, en consonancia sus ideas políticas, ciertas acciones violentas dentro o fuera de la UE. 
Recuerdo los debates sobre el conflicto en Oriente Medio, cuando algunos colegas manifestaron inesperadamente comprensión hacia las actividades terroristas de uno u otro bando, aun cuando fuesen claramente obra de comandos asesinos y atentados contra la población civil. 
Además del requisito organizativo de la cooperación entre las instituciones competentes, la lucha contra las actividades terroristas también requiere voluntad política. 
La amenaza contra personas inocentes jamás tiene justificación. 
Señora Presidenta, si algo ha caracterizado la elaboración de este informe sobre el terrorismo ha sido no sólo el rigor y el saber hacer del ponente, a quien quiero felicitar expresamente, nuestro querido colega Watson, sino también la predisposición y el entendimiento de casi todos los Grupos políticos de esta Cámara para reflejar no sólo el rechazo y la condena del terrorismo, su entorno y los medios que utiliza, sino también para consensuar los instrumentos jurídicos de que a nivel europeo debemos dotarnos para combatir y perseguir los delitos propios de la actividad terrorista y de la delincuencia organizada. 
Podemos afirmar sin reservas, sin duda alguna- yo al menos no la tengo -, que con la aprobación de este informe estamos ante un pacto europeo contra el terrorismo. 
Porque, para los ciudadanos europeos, la violencia y el terror son absolutamente incompatibles con la democracia, el diálogo y las reglas del juego que los Estados democráticos de la Unión Europea nos hemos dado para convivir en paz y, en especial, para resolver absolutamente todos- y subrayo absolutamente todos- nuestros problemas y diferencias de la naturaleza que sean. 
El nacionalismo o la independencia que utilizan como señuelos organizaciones terroristas como la ETA en España sólo esconden de verdad la realidad de un oficio cuyo único objetivo es sembrar el terror, desestabilizar la democracia y asesinar, sin discriminación, a niños, jóvenes o mayores, de cualquier oficio o profesión. 
Otro argumento que avala este informe es la urgente necesidad de poner al día los instrumentos jurídicos que un nuevo espacio sin fronteras, como es el de la Unión Europea, debe tener para que los violentos y los grupos terroristas no encuentren más facilidades en sus acciones delictivas que los policías y jueces en perseguirlos o castigarlos. 
Porque, señora Presidenta, señor Comisario, es un contrasentido que existan barreras y fronteras para jueces y policías y que, por ejemplo, las bandas criminales se organicen en un país de la Unión Europea, cometan atentados en otro y luego regresen para protegerse en una legislación que es obsoleta y contradictoria con un espacio común de seguridad, libertad y justicia. 
Y de aquí la precisión de las cuatro recomendaciones, que son la columna vertebral del informe. 
Es cierto, que España y su Gobierno están especialmente interesados en lo que aquí resolvamos hoy, pero también lo han de estar países como Francia, Bélgica, Italia o el Reino Unido o el resto de los países de la Unión, porque la raíz del terrorismo está en la violencia, su financiación, los medios tecnológicos que utiliza y el reclutamiento de jóvenes a los que con dinero y odio se les educa para matar. 
Y esto es un problema, Señorías, que supera las propias fronteras de la Unión Europea. 
Vuelvo a insistir en la urgencia de las propuestas y en la urgencia de que vayamos articulando de verdad un nuevo espacio donde sólo quepamos y nos movamos quienes queremos vivir en paz y en libertad. 
El Comisario Vitorino tiene el respaldo político de esta Cámara. 
Esperamos, de verdad, con mucho interés sus propuestas. 
Señora Presidenta, por razones a veces difícilmente confesables Europa se encuentra desarmada ante el terrorismo. 
La mayoría de los Estados no dispone de legislación antiterrorista, las penas de cárcel son variables de un Estado a otro y la persecución de los criminales fuera del territorio donde se cometió el crimen sólo es posible- cuando lo es- mediante el mecanismo de extradición, siempre sujeto a las limitaciones de la reciprocidad y la constitucionalidad de cada uno de los Estados miembros. 
De ese modo, la malla resulta ancha en Europa para el terrorismo. 
Por fortuna, el Tratado de Amsterdam, el Consejo de Tampere y nuestro Comisario António Vitorino han logrado avances en la cooperación judicial en Europa. 
En esa línea, el Parlamento Europeo recomienda al Consejo, en este informe excelente del Sr. Watson, normas mínimas para la definición de los elementos constitutivos del delito y sus sanciones, substitución de la extradición por el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, formulación de una orden europea de busca y captura que no deje a los criminales reírse de los tribunales de justicia y las policías y normas de aproximación en materia de indemnización. 
Señora Presidenta, además de esos aspectos de naturaleza penal y jurídica, es necesario también que prejuicios intelectuales y juicios históricos superados no sigan enmarcando el terrorismo en una visión heroica y romántica de lucha por la libertad. 
La libertad se garantiza en los Estados de derecho, que hoy son, por fortuna, todos los Estados de la Europa Comunitaria. 
François Mitterrand nos enseñó que el nacionalismo es la guerra. 
Y hoy presenciamos, muy cerca de todos nosotros, ante nuestros ojos, en nombre de culturas, lenguas, regionalismos y religiones, asesinatos, muertes y violencia que Europa no puede tolerar. 
O Europa confía en sus valores o se diluye en sus antítesis. 
El terrorismo es el arma decisiva de la locura y del fanatismo étnico, religioso o cultural. 
Es lo contrario de la libertad y de la vida. 
Empujémoslo, con la fuerza y con la violencia de la ley, afuera de Europa. 
Señor Presidente, pertenezco y represento al Partido Nacionalista Vasco, el partido que viene gobernando en el País Vasco ininterrumpidamente desde hace más de veinte años. 
Un partido que, reivindicando la personalidad propia, la soberanía y el derecho de autodeterminación de los vascos, sin embargo, rechaza y condena tajantemente el recurso a la violencia y al terror como instrumentos para conseguir cualquier objetivo político y, mucho más, condena el inadmisible terrorismo de Estado, que también hemos padecido los vascos, procedente de los aparatos del Estado español. 
Como es obvio, en nuestra sociedad y también en la española, tenemos una especial sensibilidad con respecto a las cuestiones formuladas por el Sr. Watson en su difícil informe sobre el papel de la UE en la lucha contra el terrorismo y, en términos generales, estamos de acuerdo con el contenido del informe y también con las enmiendas presentadas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y el mío propio de los Verdes/Alianza Libre Europea. 
En Irlanda del Norte tuvieron la suerte de contar con el apadrinamiento decidido del senador norteamericano Mitchell, lo cual llevó a los acuerdos de Viernes Santo y a un verdadero proceso de paz, a pesar de las luces y sombras que jalonan su recorrido. 
¿Hasta cuándo habremos de esperar los vascos para que Europa tome conciencia de que en sus manos está la paz, de que debe impulsar, propiciar y arbitrar un diálogo democrático y sincero entre las partes enfrentadas? 
Esta sería la mejor receta que el Parlamento Europeo podría recomendar contra el terrorismo y para conseguir la paz. 
Valoro especialmente el considerando O del informe, que recoge con mucha certeza que el diálogo democrático fundado en el respeto mutuo y la no violencia es el mejor remedio para resolver los conflictos, lo cual rectifica anteriores resoluciones de este mismo Parlamento Europeo. 
Lo que lamento es que haya fracasado el intento de reflejar esta misma idea en las recomendaciones finales. 
Por ello, tengo que considerar este documento como incompleto e insuficiente. 
Pero, a pesar de esta insuficiencia comentada y después de haberlo meditado, voy a votar a favor del informe Watson para dar una oportunidad al considerando O, es decir, al diálogo democrático para resolver nuestro conflicto. 
Señor Presidente, ha sido una feliz coincidencia por el bien de la democracia que hayamos celebrado el debate anterior sobre la red ECHELON. 
La posición hipócrita de los Estados miembros respecto a la violación de los derechos de los ciudadanos, que han subrayado varios oradores, puede ayudarnos en nuestro análisis del informe sobre terrorismo. 
El informe, muy lamentablemente, pasa por alto el terrorismo de Estado. 
Pero lo que es aún más lamentable es el hecho de que no se incluya ninguna recomendación específica sobre el fomento de medidas que permitan el diálogo político para la resolución de conflictos. 
A pesar de ello, lo más probable es que esta Asamblea apruebe el presente informe. 
Luego le llegará el turno, señor Comisario Vitorino, de presentar un documento que ya ha negociado, principalmente, con las autoridades españolas y francesas. 
El lunes me referí a las víctimas de la guerra sucia española. 
Permítanme evocar ahora la memoria del periodista Fernando Pereira. 
Como saben, murió víctima de la acción del servicio secreto francés contra Greenpeace. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, si conseguimos que el Parlamento Europeo adopte por una amplia mayoría las recomendaciones del Consejo, no sólo emitiremos una señal, sino que también habremos dado algunos pasos muy decisivos contra un terrorismo que menosprecia y destruye a las personas y es enemigo de la democracia, como el que existe particularmente en España, pero también en otros países de Europa. 
Los Estados miembros de la Unión Europea deberán aplicar, no obstante, el paquete de medidas que propone el Sr. Watson y que abarca desde la armonización de la legislación hasta la indemnización a las víctimas, pasando por la asistencia jurídica y la orden europea de detención, no sólo contra las formas hasta ahora conocidas de terrorismo, sino también contra las nuevas formas de terror, como las que pudimos ver en las últimas cumbres y que es de temer que se repitan en futuros acontecimientos de ese tipo. 
No se ha debatido sobre la seguridad de los ciudadanos inocentes que se han visto expuestos a la violencia, ni sobre la protección de las propiedad contra la destrucción por obra de activistas violentos y destructivos, no se ha hablado de los policías gravemente heridos, ni tampoco de la indemnización de las víctimas, ni de la cooperación policial internacional. 
También se ha hablado muy poco del trasfondo, del entorno de simpatizantes, de las fuentes de financiación, de los artífices políticos de esas acciones violentas. 
Ha sido un debate estrecho. 
Este terror que ahora amenaza con rebrotar revela, sin embargo, el riesgo de que se desarrolle un terrorismo internacional, globalizado, que no participa realmente en el debate necesario sobre la globalización, sino que únicamente lo utiliza como vehículo para ejercer el terror contra el Gobierno, contra el Estado, contra todas nuestras condiciones democráticas, en suma. 
Yo espero, por lo tanto, que respondamos con toda la firmeza contra el terrorismo hasta ahora conocido, pero que también actuemos con toda la energía contra estas nuevas formas de terrorismo, en interés de los ciudadanos, de la seguridad y la estabilidad de nuestros países y de la Unión Europea, y que recordemos a las muchas personas que ya han sido víctimas de este terrorismo. 
Yo les ruego a todos que apoyen masivamente este paquete de medidas, excelentemente elaborado, no sólo en interés de España, sino en interés de Europa y de la estabilidad y la seguridad de las personas 
Señor Presidente, seguro que todos coincidimos en que el terrorismo constituye uno de los desafíos más peligrosos a los que debe hacer frente nuestra sociedad. 
Es un fenómeno con estructuras de alcance mundial. Por consiguiente, sólo se puede combatir con eficacia también a escala internacional. 
La lucha contra el terrorismo incluye también la defensa de los derechos humanos y de la democracia. 
Los cobardes ataques y asesinatos terroristas que hemos presenciado en los últimos tiempos, sobre todo en España, demuestran que es necesario seguir avanzando en la cooperación europea contra los terroristas. 
El terrorismo internacional, que cuenta con el apoyo de algunos dictadores o de regímenes fundamentalistas islámicos, sólo se puede combatir de manera razonable mediante la cooperación a escala europea entre las autoridades nacionales competentes. 
Nuestra Asamblea también debe asumir su responsabilidad aprobando el informe sobre el papel de la Unión en la lucha contra el terrorismo y dejando claro nuestro respaldo unánime al mismo. 
Dicho esto, yo quiero dar las gracias por el excelente trabajo que ha realizado el ponente. 
Nuestras propuestas tienen como finalidad crear las condiciones para una cooperación eficaz entre los Estados miembros a escala europea, de manera que ETA no pueda cometer ningún asesinato más en España. 
Señor Presidente, el terrorismo es la destrucción de la democracia. 
No puede existir un diálogo fructífero con el terrorismo criminal porque encarna una mentira. 
La liberación de presos terroristas y el intento de sobornarlos con puestos en gobiernos amañados es una exaltación del terrorismo y no lo está eliminando. 
Irlanda del Norte es un ejemplo, con la puesta en libertad de todos los presos terroristas de ambos bandos, a pesar de que no se ha decomisado ni una sola arma a ninguna de las partes. 
Las atormentadas víctimas del terrorismo brutal han caído en su mayoría en el olvido. 
Acojo con satisfacción el llamamiento que hace el informe a favor de medidas en este sentido para velar por los intereses de dichas víctimas atormentadas, así como su énfasis en la necesidad inmediata de garantizar que no existe ningún santuario para el terrorismo en esta Unión Europea. 
Es imprescindible que se adopten medidas en este sentido. 
Señor Presidente, el presente informe es de la máxima importancia para los ciudadanos de Europa. Este informe debería tener la mayor difusión posible en toda la Comunidad. 
Es un informe complejo y difícil que debería tener un claro impacto sobre todos y cada uno de los ciudadanos, de manera que comprendan exactamente qué es lo que el Parlamento intenta alcanzar en su nombre. 
Hace honor al presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, el Sr. Watson. 
Votaremos en favor, aunque lo haremos con reservas respecto a muchos de los apartados y recomendaciones. 
Sin duda revisaremos el tema tras la consulta a nuestros Parlamentos nacionales y asociaciones ciudadanas. 
Debemos definir con exactitud y precisión qué entendemos por terrorismo. 
No podemos confundir el terrorismo con protestas pacíficas, con las protestas legales y legítimas de los ciudadanos. 
Hay una serie de apartados sobre los que tenemos reservas, pero a pesar de dichas reservas, que probablemente revisaremos en posteriores debates y negociaciones sobre el tema, votaremos a favor del presente informe. 
Felicito al Sr. Watson y a todos los que han participado en la elaboración de este informe. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Watson deja al descubierto la incapacidad y el callejón sin salida al que ha llegado la Unión Europea en la represión del fenómeno del terrorismo, que se recrudece sin cesar. 
Esta debilidad se debe, tanto al cambio de la naturaleza del terrorismo y a que se hace más fuerte con medios tecnológicos y económicos modernos, como a la insuficiencia de la colaboración judicial y policial de los países miembros y a la falta de un marco legislativo común. 
En Grecia se ha votado este mes de mayo una nueva ley antiterrorista en un intento de mejorar y de sistematizar la lucha contra el terrorismo sin violar los derechos fundamentales ni los principios del Estado de Derecho. 
Con todo, la lucha contra el terrorismo, ya sea en Grecia, o en España, es un tema que afecta a toda la Unión Europea. 
La Carta de los Derechos Fundamentales deberá ser el punto de referencia al emprender cualquier nueva iniciativa. 
Es decir, en ningún caso el aumento de la actividad criminal de los grupos terroristas debe ser la coartada, tanto en el ámbito nacional como europeo, para tomar medidas que no son acordes al espíritu del Estado de Derecho y de los principios democráticos. 
Sin embargo, para las injusticias del terrorismo, el Consejo tendrá que anular inmediatamente los procedimientos de adopción para adoptar el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones penales, incluso sobre resoluciones anteriores a la resolución judicial final, tal como propone el informe. 
Pero aparte de estas medidas, es valiosísma la prevención del terrorismo, mediante políticas de educación, sociales, etc. que eduquen a los ciudadanos, y especialmente a los jóvenes, en el valor del diálogo y en el rechazo de cualquier forma de violencia. 
Señor Presidente, en primer lugar, permítame aprovechar la oportunidad para felicitar al Sr. Watson por la elaboración del presente informe. Es un informe muy equilibrado y muy bueno. 
El terrorismo ha sido uno de los principales problemas en el mundo occidental, y en Europa ha sido algo frecuente, sin ninguna duda, desde la Segunda Guerra Mundial. 
Se ha demostrado que unos cuantos con dedicación pueden chantajear a la mayoría. 
Debemos reconocer el hecho de que no ha existido cooperación plena entre los Estados miembros. 
En Irlanda del Norte hemos vivido esa realidad de una manera muy dolorosa durante más de 30 años. 
Si los terroristas tienen un refugio seguro, seguirán floreciendo porque tienen un lugar al que retirarse. 
Debemos poner fin a los santuarios. 
Tengo algunas reservas en el sentido de que si se suprime la extradición, lo que se cree en su lugar puede no ser eficaz. 
Si abolimos el proceso de extradición, lo que quiera que sea que lo sustituya deberá funcionar y deberá demostrarse que funciona, especialmente entre los Estados miembros. 
Los Estados miembros deben tener la libertad de proteger a sus ciudadanos. 
Creo que cada gobierno de los Estados miembros tiene el deber de proteger al inocente y no a los autores de la violencia. 
Debe existir la máxima cooperación para lograr este objetivo. 
Vemos también que existe cooperación terrorista en todo el mundo. 
Las recientes detenciones de tres activistas del IRA en Colombia demuestra con toda claridad hasta qué punto el terrorismo se extiende por todo el mundo y cómo los terroristas cooperan en el desarrollo de armas nuevas y mejores. 
Debemos reconocer asimismo que muchas organizaciones terroristas participan en el crimen organizado, el narcotráfico y muchas otras formas de actividad delictiva normal. 
Utilizan determinadas palabras y seudónimos. Amenazan a las comunidades en las que viven. 
Debemos reconocer a las víctimas. 
Debe existir el reconocimiento mutuo. 
Nadie tiene derecho a asesinar en un intento de alcanzar un objetivo político. 
Debemos recordar también que es fácil aterrorizar: tengo experiencia en este asunto. 
Pero créanme, es mucho más difícil construir la paz después del terrorismo. 
Señor Presidente, los actos terroristas pretenden debilitar la democracia y los valores fundamentales sobre los que se está construyendo Europa. 
Por ello es necesario- y así lo hemos entendido- reforzar la lucha contra el terrorismo y crear los mecanismos e iniciativas que refuercen la cooperación entre los Estados miembros, habida cuenta, además, del recrudecimiento de las acciones terroristas en el seno de la Unión Europea. 
Asimismo, los Estados miembros deberán fomentar entre los jóvenes un compromiso de rechazo a cualquier forma de violencia. 
De las cuatro principales recomendaciones que recoge este informe (la definición sobre el delito de terrorismo y penas aplicables, supresión del procedimiento formal de extradición y aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones penales, la orden europea de busca y captura) , quisiera destacar precisamente la última referida a la indemnización a las víctimas del terrorismo que, quizás, ha sido la menos señalada por mis colegas, y subrayar, en este sentido, que esta Cámara ya aprobó, el 24 de noviembre de 2000, un informe del que tuve el honor de ser ponente, donde se determinó, por primera vez, la definición de víctima y su protagonismo en el proceso penal. 
Para terminar, quiero resaltar que, si somos capaces de desarrollar las recomendaciones de este informe, habremos dado un paso importantísimo en el desarrollo del espacio común europeo de justicia, libertad y seguridad. 
Señor Presidente, quiero comenzar agradeciendo el trabajo de Graham R. Watson, explicitando el papel que la Unión Europea tiene que desarrollar en contra del terrorismo. 
Y quiero también agradecer la actitud personal de la presidenta del Parlamento, Nicole Fontaine, en la apertura de esta sesión, por su gesto de recibir a la familia de una víctima del terrorismo, el Concejal de Unión del Pueblo Navarro, José Javier Múgica, cuya viuda y tres hijos estaban presentes en el hemiciclo y que me piden que transmita su agradecimiento a toda la Cámara y a su Presidenta. 
Este Parlamento ha conseguido ser una avanzadilla en la lucha europea contra el terrorismo. 
Fue la primera Cámara que puso por escrito la recomendación de que era necesario aislar políticamente a los partidos políticos que no condenan el terrorismo. 
Y ha sido quien ha conseguido reunir más de 400 firmas de miembros de esta Cámara en un compromiso público para luchar contra el terrorismo de ETA. 
Ahora estamos ante el informe Watson, del que quiero destacar la necesidad de que, cuanto antes, dispongamos en la Unión de una orden europea de busca y captura, y se suprima de una vez el procedimiento formal de extradición para estos delitos de terrorismo. 
Porque el terrorismo, y en concreto el terrorismo de ETA, afecta a todos los ciudadanos europeos y no sólo a las víctimas, sino también a miembros de esta cámara. 
Lamento que no esté aquí presente la señora Bárbara Dührkop, por causa de enfermedad. 
Ella misma podría decirnos cómo ETA le arrebató a su marido, el senador Casas. 
También mi propia mujer y su familia han sido objeto de tres atentados, que se cobraron la vida de un policía. 
Y otros miembros podrían hablar también de sus sufrimientos. 
En España y en otros lugares de Europa sufrimos el terrorismo. 
Nosotros ya no nos dedicaremos a teorizar, porque somos conscientes de que, como propone el informe Watson, tenemos que obligar a los Estados miembros a ponerse de una vez de acuerdo, porque el terrorismo constituye la mayor vulneración de los derechos humanos que tenemos los europeos. 
Señor Presidente, Señorías, de este informe deseo subrayar sus rasgos de extrema concreción, de realismo y de gran actualidad. 
En efecto, aquí no se habla solo del terrorismo de las bombas, sino de un sistema de terrorismo menos explosivo, muy difundido, encubierto por fuerzas políticas cuyo objetivo evidente es la lucha contra los sistemas democráticos. 
Lo dicen claramente los considerandos E, F y G, en los que se recalca el recrudecimiento del terrorismo en Europa, en casi todos los Estados, y se habla de una profundo cambio de la naturaleza del terrorismo, pero se habla, sobre todo en el considerando G, de la presencia de redes internacionales dotadas, se dice así, de apoyo logístico y financiero. 
Pues bien, es precisamente lo que ocurrió en Génova durante los días del G-8. 
Las organizaciones terroristas internacionales utilizaron los Black Block instrumentalizando algunas organizaciones auténticamente pacifistas, pero con la cobertura de grupos de falsos pacifistas y de sus líderes complacientes, apoyados a su vez por los partidos de la izquierda italiana y europea, la misma que ayer les ofreció incluso la plataforma del Parlamento Europeo para lanzar sus delirantes eslóganes contra el Gobierno italiano y contra los valores de la democracia y del respeto a las ideas de las personas, valores que este Parlamento respalda e impulsa. 
También esto, señor Presidente, Señorías, es terrorismo velado pero eficaz. 
Lo dicen de forma explícita el considerando M y la recomendación 3 y lo documenta asimismo, en sentido negativo, la enmienda 2 presentada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, en la que se pretende hacer decir a este Parlamento- en el caso de ser aprobada esta enmienda- que cuando existe un correcto funcionamiento de la estructura democrática y constitucional, entonces no hay terrorismo. 
Pues bien, de esta manera se tildaría de países no democráticos, no constitucionales, a España, a Irlanda y tal vez a Italia, cuyos Gobiernos son víctimas, señor Presidente, Señorías, y no responsables del terrorismo. 
Y éste también es terrorismo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, también yo comienzo felicitando al Sr. Watson por el excelente informe que nos ha presentado. 
Tiene razón cuando subraya la necesidad de medidas efectivas, claras y rápidas para prevenir y combatir cualesquiera actos de terrorismo, sea cual fuere su forma o tipo de manifestación. 
Rechazamos y condenamos todos los actos de terrorismo, que son intolerables por la violencia ciega que los caracteriza y afectan en su mayoría a ciudadanos inocentes. 
Somos conscientes de que constituyen uno de los más temibles desafíos que se plantean a nuestras sociedades. 
Y la verdad es que, en el transcurso de los últimos años, la Unión Europea ha registrado un aumento de actos de violencia y terrorismo. 
Ese aumento revela que los medios clásicos de cooperación judicial y policial no son suficientes, en particular si tenemos en cuenta que continuamente surgen nuevas formas de terrorismo, como en los casos del terrorismo informático o medioambiental. 
Sabemos también que esos actos son cada vez más resultado de la actividad de redes organizadas a escala internacional que acaban sacando provecho de las diversas limitaciones jurídicas y la diversidad de las legislaciones nacionales. 
Es lamentable que la mayoría de los Estados miembros no disponga de legislación específica en esa esfera: sólo seis Estados miembros, entre ellos Portugal, disponen de legislación específica y de esos seis sólo cuatro, entre los que figura una vez más Portugal, han adoptado una definición del concepto de terrorismo en su legislación. 
El Tratado de Amsterdam, al adoptar el principio de solidaridad en la lucha contra el terrorismo, vino a brindar nuevas posibilidades para una acción coordinada de la Unión Europea. 
Y, con los compromisos asumidos en Tampere, el terrorismo pasa a estar integrado en el planteamiento global de la lucha contra la delincuencia. 
El informe en debate merece nuestro apoyo, en particular en la medida en que propugna la aproximación y la armonización de las legislaciones de los quince Estados miembros. 
Señor Presidente, hablar en penúltimo lugar- el honor de cerrar lo tendrá el comisario Vitorino -, me exime de hacer muchas consideraciones, que han sido hechas por quienes me han precedido en el uso de la palabra- que lo han hecho muy bien-. 
Yo voy a hacer solamente dos consideraciones. 
Una a quienes han dicho que lo que estamos votando hoy, este procedimiento de orden de busca y captura, elimina la extradición; no es así en absoluto; acompaña la extradición, en algunos crímenes que son especialmente odiosos, como es un crimen de terrorismo, precisamente para que la Unión Europea sea más eficaz. 
Y voy a dar mi segunda consideración, señor Presidente. 
Yo creo que si miramos hacia atrás, y nos situamos en 1992, cuando este Parlamento dio su voto favorable al Tratado de Maastricht, vemos que había un gran espacio en los temas de justicia e interior ubicados en el tercer pilar. 
Era una gran innovación que la Unión Europea fuera a ocuparse de temas que habían estado siempre en el corazón de los Estados. 
Ha pasado muy poco tiempo desde entonces, prácticamente siete años, desde que Maastricht entró en vigor, y, sin embargo, ¡cuánto se ha avanzado! 
Se ha avanzado no solamente desde la solidaridad europea para un problema puntual, el del terrorismo de ETA, que es extraordinariamente importante y que políticamente tiene una importancia radical; pero se ha avanzado también haciendo Europa. 
Esta es la manera de caminar juntos en Europa y de atender, como se ha dicho aquí, a las preocupaciones reales de los ciudadanos. 
Por tanto, además de agradecer la solidaridad europea, quiero decir que este informe Watson- y felicito al ponente, que ha realizado un enorme esfuerzo -, constituye también un hito muy importante, en ese camino que, desde este Parlamento Europeo, todos estamos emprendiendo juntos para construir Europa. 
Señor Presidente, Señorías, la Unión Europa y sus Estados miembros se basan en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en la garantía de la dignidad de la persona humana y la protección de los derechos de las personas y las instituciones, consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Todos esos derechos pueden resultar afectados por los actos de terrorismo. 
En un marco de democracia plena, como la que existe en la Unión y en sus Estados miembros, nunca se pueden justificar los actos terroristas, sea cual fuere el lugar en el que se cometan o el objetivo apuntado. 
Nunca se deben considerar los actos de terrorismo delitos políticos o delitos relacionados o inspirados por motivos políticos. 
Nunca se debe considerar el terrorismo una forma de resolver un problema que una persona o un grupo pueda tener, independientemente de su naturaleza. 
Durante los últimos años Europa ha registrado un aumento, en el interior de sus fronteras, de la actividad terrorista caracterizada por una profunda modificación de la naturaleza de los actos cometidos. 
Las repercusiones reales o potenciales de los ataques armados son cada vez más devastadoras y mortales como consecuencia de la evolución tecnológica registrada en el sector de las armas y los explosivos. 
Están surgiendo nuevas formas de terrorismo resultantes del continuo y rápido desarrollo de las tecnologías de la información, de los registros electrónicos y del equipo informático. 
Los terroristas pueden sacar provecho de las diferencias existentes en el régimen jurídico de varios Estados miembros y de las dificultades que existen para proceder a su extradición, sobre todo cuando el acto no está reglamentado en el Estado requerido. 
Como se ha dicho varias veces durante el debate, ese aspecto subraya el carácter inadecuado de las formas tradicionales de cooperación judicial y policial para luchar contra el terrorismo. 
Por eso, hoy más que nunca, es necesario adoptar medidas para luchar contra el terrorismo elaborando propuestas legislativas destinadas a sancionar actos semejantes. 
La condena del terrorismo en el plano político ha sido asumida constantemente por las instituciones de la Unión Europea, en particular por el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. 
Por desgracia, con inusitada frecuencia hemos tenido que afirmar esa posición de la Unión en vista de las acciones terroristas de la ETA en España. 
Nuestra solidaridad para con el pueblo español y, en particular para con las víctimas del terrorismo en España, es inequívoca y constante. 
Hay que complementar esa solidaridad con acciones más eficaces. 
Por eso, el artículo 29 del Tratado de Amsterdam se refiere específicamente a la acción común en tres ámbitos: una cooperación más estrecha entre fuerzas policiales, autoridades aduaneras y otras autoridades competentes, incluida Europol, una cooperación más estrecha entre las autoridades judiciales de los Estados miembros y una aproximación, cuando sea necesario, de las disposiciones del derecho penal. 
Conforme al artículo 2 del Convenio Europol, el terrorismo forma parte de las competencias de Europol. 
De conformidad con la letra b) del artículo 31 del Tratado de la Unión y con las conclusiones de Tampere, en las que se decía que se abolirían los procedimientos reglamentarios de extradición entre los Estados miembros en los casos de personas que intenten escapar a la justicia y se los substituiría por una simple transferencia, la Comisión ya ha anunciado su intención de presentar una iniciativa destinada a suprimir los procedimientos reglamentarios de extradición entre Estados miembros en el caso de ciertos tipos de delitos y crear una "orden europea de busca y captura" con vistas a luchar no sólo contra el terrorismo, sino también contra otros delitos odiosos de naturaleza transnacional. 
Del mismo modo, la Comisión tiene la intención de proponer una aproximación de la legislación penal en materia de actos de terrorismo, de conformidad con la letra e) del artículo 31 del Tratado de la Unión Europea, no sólo para recoger las formas clásicas, sino también las nuevas formas de terrorismo. 
Por último, el acto de dirigir, promover, apoyar o pertenecer a un grupo terrorista debe también estar sujeto a una tipificación común. 
Complacen a la Comisión las preocupaciones del Parlamento en cuanto a la protección de las víctimas del terrorismo y tiene la intención de presentar, durante el corriente semestre, un Libro Verde sobre la indemnización a las víctimas del delito en general y del delito de terrorismo en particular en el ámbito de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, Señorías, en conclusión, la Comisión se identifica con los principios del excelente informe del Sr. Watson, a quien quisiera felicitar efusivamente, y las directrices del proyecto de recomendación que el Parlamento está examinando hoy. 
A raíz de los trabajos que hemos venido desarrollando desde hace varios meses, en estrechas consultas con todos los Estados miembros- subrayo: con todos los Estados miembros- y no sólo con algunos, la Comisión tiene la intención de proponer al Parlamento y al Consejo, en el corriente mes de septiembre, las iniciativas legislativas referentes a la armonización del delito de terrorismo, a la aprobación de la orden de busca y captura europea y a la substitución de los procesos de extradición por mecanismos de entrega expedita para ciertos tipos de delito, entre ellos el de terrorismo, con lo que dará cabal cumplimiento- no me cabe duda- a las solicitudes del proyecto de recomendación de sus Señorías. 
Muchas gracias, señor Comisario Vitorino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Señora Presidenta, además de agradecer al señor Comisario la intervención que acaba de hacer, quiero solicitar a la Presidencia que, para reforzar el gesto que hemos hecho con este debate, se proceda a votar el informe Watson en primer lugar. 
No en último lugar, como está situado. 
Tengo la sensación, señor Barón Crespo, al oír los aplausos, de que la Asamblea está totalmente de acuerdo con esta propuesta y puesto que no se han producido objeciones, comenzaremos el turno de votaciones con la votación del informe Watson. 
Bienvenida 
Señora Presidenta, tengo que insistir en un asunto que ya he tratado varias veces en estas cuestiones de orden. 
Desde la última sesión plenaria que celebramos en este Parlamento, han muerto en las playas españolas, intentando encontrar trabajo en Europa, treinta personas procedentes del continente africano. 
En ese mismo periodo de tiempo han sido detenidas otras 2.800 y creo que ya es hora, señora Presidenta, de que, desde este Parlamento, nos preocupemos de este problema tan fundamental, que nos debería avergonzar a todos y que requiere una acción de este Parlamento. 
VOTACIONES 
Señora Presidenta, el considerando M se refiere claramente a la definición del concepto de acto terrorista que propone el Consejo de Europa. 
Además, no es la única ocasión en la que el informe hace referencia a dicha definición. 
Pues bien, pido que la versión neerlandesa del considerando M se ajuste plenamente a la definición mencionada. 
El texto neerlandés debería decir: "... aduciendo aspiraciones separatistas... ", y no sólo :"... aduciendo separatismo... ", porque la formulación actual no establece una relación entre violencia y aspiraciones, en tanto que este vínculo sí queda de manifiesto en la definición del Consejo de Europa. 
. Totalmente, Sra. Maes, puedo asegurarle que velaremos para que todas las versiones lingüísticas estén bien armonizadas. 
Es muy importante respetar el rigor de las palabras. 
(El Parlamento aprueba la recomendación) 
Procedimiento simplificado- Procedimiento sin informe 
Propuesta del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 685/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 334- C5-0273/2001- 2001/0138 (COD) ), de 4 de abril de 2001, sobre la distribución entre los Estados miembros de las autorizaciones recibidas en virtud de los Acuerdos entre la Comunidad Europea y Rumanía por los que se establecen determinadas condiciones para el transporte de mercancías por carretera y el fomento del transporte combinado 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) 
Recomendación (A5-0268/2001) de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo sobre la propuesta de decisión del Consejo (8010/1/2001- C5-0317/2001- 2001 / 0032 (AVC) ) sobre la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Rumanía por el que se establecen determinadas condiciones para el transporte de mercancías por carretera y para el fomento del transporte combinado (ponente: Sr. Hatzidakis) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0281/2001) del Sr. Ruffolo, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte sobre la cooperación cultural en la Unión Europea (2000/2323 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0279/2001) del Sr. Schmitt, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 95- C5-0663/2000- 2000/0246 (COD) ) por el que se establecen normas comunes en el ámbito de la aviación civil y se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0266/2001) del Sr. Swoboda, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 862- C5-0769/2000- 2000/0361 (COD) ) por el que se modifica el Protocolo nº 9 del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia en lo que respecta al sistema de ecopuntos para los vehículos pesados que transiten por Austria 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Propuesta de resolución (B5-0538/2001) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la ampliación de la Unión Europea 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0251/2001) de la Sra. Carlsson, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Estonia a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 704- C5-064/2000- 1997/2177 (COS) )) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0252/2001) de la Sra. Schoredter, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Letonia a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 706- C5-0606/2000- 1997/2176 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0253/2001) del Sr. Souladakis, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Lituania a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 707- C5-0607/2000- 1997/2178 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0254/2001) del Sr. Gawronski, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa sobre la solicitud de adhesión de Polonia a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 709- C5-0609/2000- 1997/2174 (COS)) 
Señora Presidenta, quisiera proponer al Pleno que apruebe una enmienda oral al informe sobre Eslovaquia. Reza como sigue- leo el texto alemán -: 
Lamenta no haber conseguido alcanzar un compromiso con vistas a una reestructuración de los distritos administrativos que también sea aceptable para los representantes de la minoría húngara. 
(NL) Señora Presidenta, formulo esta propuesta porque creo que puede contar con un apoyo ampliamente mayoritario. 
Lo he consultado también con el ponente. 
Señor Oostlander, esta enmienda, ¿se situaría por tanto al inicio del informe y la votaríamos inmediatamente? , ¿No se incorpora a otra enmienda? 
Depende de lo que opinen los Verdes. 
Si ellos desean votar primero su enmienda la presente enmienda podría someterse a votación después, ya que se trata de una versión más débil. 
Voy a consultar al ponente, Sr. Wiersma. 
. (EN) Señora Presidenta, habida cuenta de la formulación de la enmienda y dada nuestra preocupación por las negociaciones en curso en Eslovaquia sobre la descentralización regional, apoyamos esta enmienda; también en el contexto del conocimiento de que continúan las negociaciones y las conversaciones sobre las competencias de estas provincias. 
Todos esperamos que el Gobierno de coalición de Eslovaquia encuentre una solución a todo el paquete de descentralización regional. 
En este marco, como ponente, apoyo esta enmienda. Espero que mi Grupo siga mi ejemplo. 
Señora Presidenta, si he entendido bien, la enmienda del Sr. Oostlander guarda relación con nuestra enmienda 3. 
En ese caso, nosotros la retiraríamos y su formulación oral sería la que figuraría en el texto. 
Bien, es una propuesta que me parece totalmente aceptable. 
(La Asamblea da su acuerdo a la toma en consideración de la enmienda oral) (El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0257/2001) del Sr. Queiró, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Hungría a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 705- C5-0605/2000- 1997/2175 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0258/2001) del Sr. Van Orden, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el informe periódico 2000 de la comisión sobre los progresos realizados por Bulgaria en la vía de la adhesión (COM (2000) 701- C5-0601/2000- 1997/2179 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0259/2001) de la Sra. Nicholson, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Rumanía a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 710- C5-0610/2000- 1997/2172 (COS)) 
Señora Presidenta, quiero hacer una aclaración sobre mis observaciones de ayer relativas a mi informe para evitar cualquier malentendido sobre la adopción, entre países, de niños rumanos por parte de familias españolas durante los últimos diez años. 
Puedo afirmar categóricamente que la amplia mayoría de estos casos ha sido tramitada plena y debidamente por las autoridades españolas y por las familias en cuestión. 
De hecho, sé que muchos de estos casos han tenido un final feliz, algunos de los cuales son del conocimiento de mis colegas españoles aquí en este Parlamento. 
Puedo añadir que las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea han actuado con total corrección en este delicado asunto y que ninguno de ellos ha actuado con mayor rigor que las autoridades españolas. 
Agradezco a los colegas españoles aquí presentes que me hayan hecho saber la necesidad de aclaración y, en particular, al Sr. Gil-Robles Gil-Delgado y al Sr. Salafranca Sánchez-Neyra. 
Espero poder continuar la fructífera cooperación con todos mis colegas españoles en este Parlamento en el futuro. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0260/2001) del Sr. Volcic, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Eslovenia a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 712- C5-0612/2000- 1997/2181 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0261/2001) del Sr. Poos, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Chipre a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 702- C5-0602/2000- 1997/2171 (COS)) 
Señora Presidenta, a diferencia de mi colega Wiersma hablaré simplemente en neerlandés. 
Se ha colado un error en la lista de votaciones, ya que la enmienda 16 del Grupo Liberal es idéntica a la enmienda 9 de los Verdes. 
Así lo hemos acordado, de modo que, en mi opinión, resultaría más cómodo votar ambas enmiendas a la vez para que no haya confusión. 
No hay objeción por parte del Grupo de los Verdes, por tanto, someto a votación las enmiendas 16, del Grupo Liberal, y 9 del Grupo de los Verdes, aclarando que el ponente es favorable. 
Antes de la votación de la enmienda 5 del Grupo de los Verdes 
Señora Presidenta, quisiéramos presentar una enmienda oral a la enmienda 5. 
Desearíamos sustituir los términos "desencadenada por los disturbios y los actos de violencia a comienzos de los años sesenta" por los términos "que ha seguido a los disturbios". 
La finalidad de esta enmienda oral no es otra que disipar cualquier malentendido que pudiera justificar la invasión de Chipre por parte de Turquía. 
¿Hay alguna objeción a la toma en consideración de la enmienda oral? 
Señora Presidenta, en mi intervención sobre este informe me equivoqué a la hora de citar las enmiendas que pedí que se aprobaran. 
Las enmiendas que recomiendo que se voten son las enmiendas 16, 17, 18, 19 y 22. 
Éstas son las enmiendas que constan en la documentación de la sesión. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
EXPLICACIONES DE VOTO 
Informe Watson (A5-0273/2001) 
Señora Presidenta, mi Grupo ha votado a favor del informe Watson, que es un informe excelente y muy exhaustivo. 
Pero el informe propone cambios radicales que pueden representar problemas a algunos Estados miembros, en particular, a aquellos que se encuentran en primera línea del terrorismo. 
Sin una definición clara y aceptada mutuamente del terrorismo, los Estados deberán poder adoptar cualquier medida que estimen oportuna para dar respuesta a estas serias amenazas. 
No obstante, ello no impide que los Estados miembros identifiquen los ámbitos en los que existen dificultades para la cooperación entre los Estados miembros y encuentren el modo de mejorar dicha cooperación. 
Es necesario introducir medidas eficaces para prevenir la formación y las actividades de grupos violentos en Europa y la colaboración entre estos grupos. 
Elogio al Sr. Watson por su informe. 
Señora Presidenta, he votado en contra del presente informe porque no hace ninguna mención del terrorismo de Estado. 
Considero que el Parlamento Europeo ha cerrado los ojos al hecho de que el terrorismo de Estado actúa con impunidad y que la Unión Europea rechaza los principios fundamentales por los que se supone que debemos luchar. 
El informe Watson sobre la toma de iniciativas en el ámbito de la Unión Europea para luchar contra el terrorismo encierra posturas excepcionalmente peligrosas para el movimiento popular y para las libertades democráticas. 
Esta iniciativa, como nos dice el Sr. ponente, tiene como objetivo que todos los Estados miembros instituyan un marco legislativo mínimo relacionado con el concepto del crimen del terrorismo y con las penas previstas. 
El Sr. ponente considera una verdad indudable que la Unión Europea ha conquistado un nivel tal de funcionamiento democrático que recurrir a cualquier otra medida aparte del "diálogo democrático" y la "solución de los conflictos debe ser resuelto a través de los cauces previstos" debe penalizarse. 
Solicita a los Estados miembros que tomen medidas efectivas para prevenir la formación de grupos "violentos" así como la aparición y mantenimiento de un "entorno de apoyo a los terroristas". 
Creemos que la descripción referida hace evidente que el fin de toda esta palabrería no es otro que aterrorizar y someter a cuantos se oponen a la lucha violenta que ha desencadenado el sistema capitalista mundial, especialmente desde el derrumbamiento del sistema socialista. 
Con la excusa de la justa oposición al terrorismo individual, de inspiración a menudo sospechosa, se intenta reprimir violentamente, si es posible desde el origen, las luchas de los pueblos de Europa, que afortunadamente se están desarrollando, en contra de las políticas antipopulares y del nuevo orden imperialista, tal como están reflejadas tanto a nivel nacional como europeo (por ejemplo Niza, Goteborg y, especialmente, Génova). 
Aún podemos oír las voces de algunos funcionarios de gobiernos europeos que identificaban a los manifestantes con criminales y terroristas. 
Ahora se está intentando fortalecer aún más y armonizar el arsenal penal de los Estados miembros en relación con el terrorismo. 
Esperamos en breve la prohibición y penalización de las manifestaciones y de todo tipo de desobediencia política. 
A una lógica de este tipo remite la reciente decisión unánime del Consejo de Justicia y de Asuntos Internos de la Unión Europea que se reunió al eco de las manifestaciones de Goteborg y un poco antes de las manifestaciones de Génova. 
¿Es que abolir el derecho de reunión y la represión violenta de las movilizaciones de Goteborg y de Génova no son actos terroristas? 
¿Los dos muertos del terrorismo de estado de los estados sueco e italiano no son víctimas de actos terroristas que deberían ser indemnizados? 
La Presidencia belga ya ha comenzado los preparativos de forma intensiva para una lucha aún más violenta contra el "pueblo- terrorista" con vistas a las manifestaciones programadas para la Cumbre de Laeken (Bruselas). 
Nuestro país pertenece a aquellos que han adquirido recientemente una legislación especial para la supuesta lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. 
Se trata de una ley que fue aprobada por una veintena de diputados que se encontraban en el hemiciclo y que constituye una amenaza directa contra las libertades democráticas que el pueblo griego ha conquistado con su lucha y sacrificio, una ley que anula derechos fundamentales y que pone en el punto de mira de la arbitrariedad estatal la política y la acción sindical. 
Frente a esta ley se manifestó toda una gama de personalidades democráticas, sindicales y de otras organizaciones sociales. 
Por las razones expresadas anteriormente, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe. 
Señora Presidenta, ante todo le agradezco la amabilidad mostrada al invitar a los diputados presentes a escuchar mis diecisiete- que en realidad son dieciséis, explicaciones de voto, también porque en el texto de modificación del Reglamento se ha presentado una enmienda antiFatuzzo, orientada a limitar a tres el número máximo de las explicaciones de voto en nuestras sesiones. 
En consecuencia, acepto con gusto su invitación a los diputados para que escuchen las explicaciones de voto del Sr. Fatuzzo que hoy empiezan con el informe Watson sobre el papel de la Unión Europa en la lucha contra el terrorismo. 
El Partido de los Pensionistas, al comunicar que ha votado a favor a través de mí, sugiere que, para luchar realmente contra el terrorismo, se acuerde el más absoluto silencio de la prensa y de la televisión sobre los actos terroristas. 
Los terroristas piden la amplificación de sus crímenes y los medios de comunicación no deben consentirlo. 
Se han de aprobar directivas que establezcan el silencio de la prensa y de la televisión sobre los actos terroristas. 
La resolución Ruffolo sobre la cooperación cultural en la Unión Europea contiene muchas propuestas y enmiendas positivas en la primera consideración de la Comisión, como: 
la disposición de un 1% del presupuesto comunitario para obras de arte y culturales, 
el informe anual de la Comisión sobre la política cultural de la Unión Europea, 
los programas trienales de cooperación cultural, 
la fundación de un observatorio de cooperación cultural, 
la convergencia del IVA. 
Con esta oportunidad debo subrayar que un problema capital y pendiente en la cooperación cultural de los Quince es la retención ilegal, por parte del Reino Unido en el Museo Británico, de los frisos del Partenón. 
El Parlamento Europeo ha expresado su apoyo a la devolución de los frisos a Grecia mediante la adopción formal, hace pocos años, de la declaración escrita Lomas. 
Creo que debemos ser más activos en este sentido. 
. (EN) Los procedimientos de extradición entre los Estados miembros no pueden desaparecer en la práctica sin que existan unas normas mínimas comunes sobre Derecho procesal que garanticen los derechos fundamentales. 
El rechazo de la enmienda del Grupo Verts/ALE, en la que se pedía que los Estados miembros debían alcanzar un acuerdo en estos términos, significa que el informe, que es serio e importante, falla por su base. 
Esto tiene una importancia tan fundamental para los ciudadanos europeos que, lamentablemente, me ha impedido votar a favor del presente informe. 
Nos hemos opuesto al terrorismo en razón de los medios utilizados pero también porque sus autores pretenden generalmente imponer un régimen opresivo a su propio pueblo. 
Sentimos sin embargo hastío ante la hipocresía del informe que, si bien ataca a los grupos terroristas, aleja de su campo al terrorismo de Estado cuando representa, o ha representado, una realidad de los Estados que se dicen democráticos y que participan hoy en la Unión europea. 
Por tomar como ejemplo el caso de Francia, cuando hay generales que reivindican actos de tortura y asesinatos cometidos durante la guerra contra el pueblo argelino para impedirle que se liberara de la opresión colonial, ¿no es eso legitimar el terrorismo? 
¿O es necesario perdonar este tipo de ignominias aunque sea con el silencio, con el pretexto de que esos actos de terrorismo se han cometido a la vista e incluso bajo las recomendaciones de las más altas autoridades del Estado? 
Y, ¿cuántos cometió el Reino Unido en India o en Kenia antes de la descolonización? 
¿Cuántos está cometiendo hoy el Reino Unido en Sierra Leona? 
El informe no apunta ni una palabra sobre este terrorismo de Estado que no es mejor que el terrorismo de los grupos pequeños. 
Por el contrario, tiene el cinismo de enumerar, en los aspectos a combatir, las "concepciones ideológicas extremistas" o el "apoyo intelectual", lo que evidentemente abre la puerta a todos los atentados a la simple libertad de opinión. 
Quisiera manifestar mi apoyo a este informe de propia iniciativa que exhorta a los Estados miembros de la Unión Europea a una mejor coordinación en la lucha contra los actos terroristas. 
A lo largo de los últimos años, la Unión Europea ha vivido un recrudecimiento de las actividades terroristas en su suelo, actividades que no han dejado fuera a ningún Estado. 
Los medios clásicos de cooperación judicial y policial se revelan generalmente como insuficientes para luchar contra esta nueva forma de terrorismo que resulta de la actividad de las redes organizadas a escala internacional, establecidas en varios países, que aprovechan los errores jurídicos de la territorialidad de las persecuciones y que disfrutan en ocasiones de apoyos logísticos y financieros poderosos. 
Necesitamos condenar estos actos que traumatizan a familias enteras y producen un clima de terror en las regiones más especialmente afectadas. 
Pero necesitamos ante todo formular propuestas concretas con el fin de poner fin a estos actos odiosos. 
Éste es el objeto de este informe. 
Entre las propuestas más interesantes citaremos: 
la creación de un "mandato europeo de busca y captura" para la lucha contra el terrorismo, en el marco de la acción contra la delincuencia, ya sea organizada o no, el tráfico de seres humanos y los delitos contra los niños, el tráfico ilícito de drogas y de armas, la corrupción y el fraude, 
la instauración de normas mínimas a nivel europeo relativas a la definición de los delitos así como de las sanciones aplicables en el ámbito del terrorismo. 
la supresión de los procedimientos formales de extradición y la adopción del principio de reconocimiento mutuo de las decisiones penales en lo que respecta a los delitos de terrorismo, 
la adopción de instrumentos jurídicos pertinentes con el fin de aproximar las legislaciones nacionales en materia de indemnización a las víctimas de delitos terroristas. 
Al igual que al ponente, me parece también primordial trabajar en la prevención de los actos terroristas. 
En este sentido, los Estados miembros deben continuar poniendo en práctica políticas educativas y sociales orientadas a combatir cualquier forma de exclusión social, económica y cultural. 
La pobreza y la falta de educación contribuyen a crear un terreno favorable explotado por todos los integristas. 
Ya no podemos cerrar los ojos ante actos que amenazan el futuro democrático de nuestras sociedades. 
. (EN) Los Conservadores británicos hemos votado a favor del informe Watson para transmitir el mensaje de que no daremos cuartel en la lucha contra el terrorismo y, en particular, para solidarizarnos con nuestros colegas que participan en la actual lucha contra los terroristas, particularmente de ETA. 
No obstante, a pesar de que los Conservadores tenemos una larga y orgullosa trayectoria en la lucha contra el terrorismo, nuestra preocupación por la injerencia indebida y la politización de un procedimiento jurídico adecuado data igualmente de mucho tiempo atrás. 
Nos preocupa que la ampliación de la competencia comunitaria en este ámbito afecte a la capacidad de los Estados miembros de adoptar las medidas que consideren necesarias para atajar este problema. 
Consideramos que es prematuro conceder a Europol competencias de gran alcance y seguimos convencidos de que las diferentes tradiciones jurídicas nacionales indican que el camino a seguir debe ser el de la cooperación, y no la armonización. 
Nunca, bajo ninguna circunstancia, daremos amparo a los que intentan utilizar la fuerza para socavar las instituciones democráticas legítimas. 
Lamento que me haya sido imposible apoyar la petición de unanimidad parlamentaria sobre el presente informe. 
En mi calidad de miembro del Grupo de los Verdes, mi camino preferido es siempre el de la no violencia y creo que no existe ninguna justificación en absoluto de la violencia como medio para introducir cambios en un Estado democrático. 
Allí donde existe la opción de las urnas, no existe aquélla de la violencia. 
Acojo con satisfacción las distinciones que se hacen en el apartado T en relación con terceros países. 
Mi voto negativo no debe interpretarse como apoyo al terrorismo, sino que está basado en un factor clave. 
Me refiero al tema del reconocimiento mutuo de decisiones sobre asuntos penales. 
A menos que se aprueben una normas mínimas comunes sobre el Derecho procesal, no deberíamos seguir adelante con esto. 
No podemos utilizar la lucha contra el terrorismo para debilitar los procedimientos jurídicos y las garantías democráticas que difieren entre los Estados miembros. 
El Parlamento ha optado por no aprobar la enmienda 1 que habría exigido el establecimiento de dichas normas mínimas. 
Debo reconocer también una inquietud subyacente respecto a respaldar un informe que omite algunos aspectos como el terrorismo de Estado, la proscripción de algunas organizaciones que actúan en países no pertenecientes a la UE y el fundamento para dichas decisiones y, asimismo, la ausencia de una definición del "terrorismo medioambiental". 
No obstante, la falta de un compromiso con unas garantías jurídicas mínimas es el factor decisivo que me ha llevado a votar en contra del informe. 
. (EN) He decidido votar a favor de esta reforma, a pesar de que tengo muchas reservas sobre el efecto que tendrán algunas de las recomendaciones. 
Lo hago con la esperanza de que asistamos a una cooperación significativa entre los Estados miembros en la erradicación de la violencia y el terrorismo. 
Los Unionistas del Ultster han estado en contra de la violencia durante décadas y lo seguirán estando en el futuro. 
Asistimos a la globalización de los terroristas con la detención en Colombia de tres activistas del IRA. 
Esto nos demuestra lo mucho que se ha extendido el terrorismo y sus consecuencias. 
Informe Ruffolo (A5-0281/2001) 
Señora Presidenta, hace dos semanas, me encontraba en Verona. 
Fui a la Arena de Verona y escuché una bonita ópera de Giuseppe Verdi, La traviata. 
Hasta entonces nunca tuve la ocasión de asistir directamente- y lo lamento- a una ópera. 
El espectáculo era y es tan bonito que creo justo que toda Europa se beneficie de estos productos culturales. 
Por lo tanto, bienvenidos sean informes como el del Sr. Ruffolo que prevén la cooperación cultural. 
Evidentemente, no sólo Italia debe dar a conocer sus actividades culturales, sino también los demás 14 Estados de la Unión Europea y los 12 países candidatos a la adhesión. 
En su exposición de motivos, el informe solicita a la Comisión y a los Estados miembros un compromiso mucho más fuerte a favor de la cultura. 
Hay razones, efectivamente, ya que afirma además que en el año 2000 no se asignó a la cultura, por cierto junto con el sector audiovisual, más que el 0,1 % del presupuesto comunitario. 
Pero, ¿qué entiende el informe por esos términos de "cultura europea" que aparecen incesantemente en la pluma de los autores? 
Más allá de lo que esta expresión tiene de ambigüedad, ¿en qué se distingue de la cultura universal, rica por la aportación de todos los continentes? 
En uno de sus considerandos, el informe sitúa en el contexto cultural ámbitos como los derechos de autor y su explotación, la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, el derecho a la competencia internacional (financiación de obras cinematográficas, precio único del libro, subvención al teatro, concentración de los medios de comunicación, etc.). 
Se pretende hablar de cultura cuando en realidad se trata de mercados si no de negocios. 
Sin embargo, no menciona cuestiones elementales. 
El simple acceso a la cultura, ¿está asegurado a todos aquellos que viven en el marco de la Unión? 
¿Han podido disfrutar de una escolaridad a la medida de sus posibilidades? 
Estas preguntas no interesan a las autoridades europeas, demasiado preocupadas como están por regular la competencia en el "business" cultural. 
Me felicito por el hecho de que el Parlamento Europeo, instancia representativa de las aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas europeos, haya hecho uso de su derecho de iniciativa para alentar a la Comisión Europea a proponer medidas concretas en el ámbito de la cultura. 
Efectivamente, desde 1974, ha señalado la importancia de desarrollar una política cultural a nivel comunitario. 
Y con razón, la cultura es un elemento fundamental de la identidad de la Unión Europea, constituye la base sobre la cual se unen los pueblos, se reconocen y viven el sentimiento de pertenecer a un mismo espacio. 
No se trata por supuesto de promover una política cultural europea que tienda a la uniformidad. 
Se trata al contrario de poner en valor la diversidad cultural y lingüística, así como el hecho de compartir un patrimonio común. 
En un momento en el que nuestros conciudadanos tienen dudas sobre el proyecto europeo, necesitamos trabajar para reforzar el sentimiento de ciudadanía europea. 
Se trata de una cuestión previa necesaria a la elaboración de una constitución europea. 
En esta óptica se incluye el informe del Sr. Ruffolo, que señala varias pistas. 
Solicita a la Comisión: 
presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de recomendación en la que ésta se comprometa a someter a estas dos instituciones un informe anual sobre las políticas culturales de la Unión Europea y de los Estados miembros, y donde ella invite a los Estados miembros a contribuir de forma activa en la elaboración y realización de un plan trienal de cooperación cultural; 
reunir, con vistas a la evaluación y la revisión del programa marco "Cultura 2000", un segundo Forum de la cultura que, sobre la base de la presente resolución, redefina los valores, los objetivos y las formas de la cooperación cultural europea; 
efectuar un estudio sobre la posibilidad de aproximar, a nivel comunitario, los principios por los que se rige el trato fiscal de las obras de arte y del trabajo artístico; 
reafirmar, con respecto a la próxima cumbre de la OMC, la posición de la Unión Europea. 
Terminaré recordando que, como ponente para el sexto Programa-marco de investigación y desarrollo (PCRD) , he propuesto enmiendas orientadas a reforzar la investigación en el ámbito cultural. 
. (DE) Una ampliación de la cooperación cultural a escala europea es deseable y debemos acogerla con satisfacción. 
Yo he votado a favor del informe Ruffolo porque estoy convencido de que el fomento de la cooperación cultural contribuye al enriquecimiento mutuo. 
El conocimiento de otras culturas promueve el entendimiento mutuo entre los pueblos en beneficio de la paz. 
No debemos dejar de contemplar también la cultura y la lengua de las y los emigrantes de Europa y yo pido que la Unión Europea también apoye con ayudas financieras su actividad cultural. 
La cooperación cultural en Europa es un aspecto fundamental para una integración europea más profunda. El conocimiento de las diferentes culturas servirá sin duda de base para que los ciudadanos y ciudadanas puedan construirse una identidad europea. 
Esto me parece particularmente importante, dado que éstos todavía se sienten muy distanciados de Europa. Europa se encuentra en la lejana Bruselas. 
Europa se caracteriza por su diversidad cultural, además de por su unidad. 
Esta diversidad constituye un valor incalculable y favorece la convivencia pacífica en Europa. 
Yo abogo por que las gentes de Europa no sólo coexistan unas junto a otras, sino que también convivan. 
Informe Schmitt (A5-0279/2001) 
Señora Presidenta, usted sabe que de un tiempo a esta parte el número de personas mayores y de pensionistas crece continuamente, hecho del que me alegro también como representante del Partido de los Pensionistas. 
Estos mayores y pensionistas cada vez más numerosos viajan por el mundo, en particular en la Unión Europea, y cada vez con más frecuencia utilizan el avión para sus desplazamientos. 
Me han manifestado varias quejas del trato en los aviones, de los horarios, de los retrasos y, por lo tanto, no puedo dejar de aplaudir y votar a favor de un informe cuyo objetivo es mejorar la calidad del transporte aéreo. 
La cuestión de la coherencia y homogeneización de las reglas de seguridad en el transporte aéreo se plantea actualmente de forma aguda. 
Al haberse desarrollado considerablemente el tráfico aéreo, las cuestiones de seguridad deben tratarse con una atención especial. 
No discutimos esta necesidad. 
Sin embargo, no estamos a favor de la creación de la Agencia europea de la seguridad aérea (AESA) de acuerdo con las bases propuestas. 
Sus desafíos se sitúan claramente de parte de la profundización del mercado internacional. 
La AESA acompaña a la liberalización del espacio aéreo y es un instrumento en la guerra de normas con Estados Unidos. 
Más que coherencia se trata de competencia. 
La AESA se convierte en un paso obligado en la desregulación anunciada en el transporte aéreo; el personal y los servicios de navegación se verán también posteriormente afectados por las decisiones de esta agencia. 
Por el momento, este personal ha sido informado o consultado, pero jamás reconocido como experto. 
En un momento en el que se están produciendo reestructuraciones masivas y despidos en AOM, Sabena y Swissair, entre otras, esto resulta inquietante. 
Esta agencia debe concentrarse en una única misión: la seguridad, integrando a los trabajadores en sus trabajos y homogeneizando por arriba el acervo de cada Estado europeo. 
. (DE) El informe del colega Schmitt cuenta con el apoyo de la mayoría de mi Grupo. 
Las ventajas que ofrece la creación de una Agencia de Seguridad Aérea de ámbito europeo, en vez de contar con quince organismos nacionales, son indiscutibles. En efecto, ésta permitirá unificar 
los procedimientos de autorización 
las normas de seguridad aérea y de protección del medio ambiente 
las disposiciones en materia de seguridad relativas a productos, personas e instalaciones 
y contar al mismo tiempo con un interlocutor reconocido ante las autoridades extranjeras del transporte aéreo. 
Las tareas de la Agencia han quedado definidas claramente: redactar informes técnicos, prestar apoyo técnico a la Comisión, elaborar los actos necesarios, llevar a cabo inspecciones e investigaciones, controlar la aplicación de las normas, elaborar y financiar proyectos de investigación, y cooperar con terceros Estados. 
En la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo se aprobaron otras enmiendas importantes, que consolidan la independencia de la Agencia con respecto a la Comisión y a la vez también definen su obligación de informar al Parlamento Europeo. 
Mi Grupo también considera importantes las disposiciones encaminadas a mejorar la transparencia. 
La Agencia estará sujeta 
al procedimiento presupuestario general 
a las normas comunitarias contra el fraude 
y a auditorías externas periódicas. 
Por todas estas consideraciones hemos votado mayoritariamente a favor. 
- (NL) La aviación corre el grave riesgo de sumirse en un caos peligroso. 
Habida cuenta de que diversas compañías se agolpan para adueñarse de las líneas más concurridas, ofreciendo tarifas dispares y servicios desiguales, es de suponer que el número de casos de negligencia e improvisación es superior al que se registra en el transporte de personas por carretera, un sector que, hasta la fecha, sigue siendo relativamente controlable. 
A esto se añade que el aire se llena cada vez más, de modo que se multiplica el número de situaciones en las que no se producen accidentes de puro milagro. 
Además de ser peligrosa, la aviación es malsana, como demuestran los casos de trombosis registrados en pasajeros condenados a estar inmovilizados durante horas en un espacio mínimo. 
Por todo ello, apruebo la propuesta de crear un órgano capacitado para implantar en Europa, de forma unívoca, la mejor normativa posible en materia de seguridad. 
Si doce años de 'Autoridades Aeronáuticas Conjuntas' nos parecen poco y deseamos constituir un órgano nuevo susceptible de alcanzar el máximo nivel de protección de conformidad con las disposiciones de la Unión Europea, hemos de preguntarnos si es conveniente que esta nueva Agencia Europea de Seguridad Aérea sea independiente de la Comisión Europea. 
Por otra parte, no puede servir de pretexto para introducir posteriormente una desregulación del tráfico aéreo en beneficio de lo que se conoce con el nombre de "cielo único", dejando las actividades en materia de seguridad aérea en manos de empresas concurrentes, desmantelando los servicios de control existentes y permitiendo a las compañías aéreas que reduzcan aún más su plantilla. 
. (EN) Quisiera mostrar mi satisfacción por el informe del Sr. Schmitt, que pide el establecimiento de una Agencia Europea de Seguridad Aérea con vistas a mejorar la seguridad en el aire. 
Si esta propuesta prospera, se creará un alto nivel de seguridad uniforme en la aviación civil con requisitos comunes en materia de seguridad. 
Son muchos los beneficios, financieros así como de orden práctico, los que pueden alcanzarse con la creación de una agencia paneuropea y única de seguridad aérea: si conseguimos sustituir los diferentes procedimientos nacionales de regulación y certificación por un sistema único y uniforme europeo, se evitarán diversas asimetrías. 
En última instancia, esta medida permitirá aminorar costes, normalizar procedimientos y, lo que es más importante, reducir los trámites y la burocracia. 
De hecho, resulta más fácil supervisar un sistema de seguridad que quince. 
Es muy importante que los pasajeros se sientan seguros cuando viajan en las compañías aéreas, y el establecimiento de normas comunes europeas sobre la aviación civil contribuirá a alcanzar este objetivo. 
Informe Swoboda (A5-0266/2001) 
Señora Presidenta, el Sr. Swoboda ha presentado un texto sobre el tránsito de camiones por el territorio de Austria, en particular por los valles, por los maravillosos parajes que hay en Austria y que todos nosotros conocemos o quisiéramos conocer. 
Estoy a favor de que la Unión Europea se emplee a fondo a fin de que el ruido y la contaminación de los camiones y de otros medios de transporte se aborden con mayor determinación, si cabe, para que el aire sea limpio y puro, especialmente en las zonas residenciales y turísticas frecuentadas por personas mayores y pensionistas. 
Señor Presidenta, voy a presentar mi explicación de voto en relación con el informe Swoboda. 
El problema del eje transversal alpino al que hace referencia el informe Swoboda afecta primordialmente a Austria, pero también a toda la ruta del Brennero. 
El problema que allí se plantea es que, con la propuesta y los planteamientos de la Comisión, se ha perdido mucha credibilidad en la zona comprendida entre Verona y Munich, dado que se pretende modificar unilateralmente las disposiciones legales del Acuerdo. 
Nosotros estamos a favor de que se establezcan unas limitaciones ecológicas. 
Y estamos a favor de que se adopten medidas que tengan en cuenta a las personas y las empresas que allí operan y su derecho a la igualdad de trato. 
Pero es preciso que las disposiciones legales del Acuerdo se sigan respetando también en el futuro. 
. (IT) En Austria y en Suiza, de acuerdo con Europa, rigen limitaciones para los camiones pesados y se prevén nuevas vías férreas, en construcción o en proyecto. 
Esto forma parte de la red transeuropea de transportes que prevé la Turín-Lyon como alternativa a la carretera. 
La Comisión ha indicado el recorrido para ese túnel Aosta-Martigny, relanzado por los habitantes del Valle de Aosta, de conformidad con el Protocolo sobre transportes del Convenio de los Alpes firmado por los Estados y que será suscrito por la Comisión. 
Ahora hay un test para determinar su voluntad, o sea, los túneles del Mont Blanc y de Fréjus: el primero cerrado al tráfico tras la tragedia, mientras que en el segundo se ha multiplicado el tránsito de camiones pesados. 
Las poblaciones de los valles de acceso han expresado incomodidad y preocupación con peticiones, en el valle de Chamonix, de bloqueo de los camiones pesados o, en el Valle de Aosta, de contigentación. 
En los Alpes Occidentales faltan límites al tráfico pesado. 
Italia y Francia deben establecerlos- recuerdo mi proposición de ley a la Cámara de los Diputados- de acuerdo con las comunidades locales e informando a Europa para que ésta modifique la red transeuropea de transportes y lo explicite en el Libro Blanco de la Comisión que se ocupará también de los tránsitos alpinos. 
Hay que acordar medidas para los túneles viarios entre Italia y Francia para encontrar una solución homogénea a los Alpes, con vistas a la reapertura del túnel del Mont Blanc. 
. (DE) Los diputados del Parlamento Europeo abajo firmantes, miembros de la delegación del Partido Popular Austríaco/Partido Popular Europeo, nos hemos pronunciado hoy unánimemente en contra de la propuesta de la Comisión por la que se suprimiría anticipadamente y sin sustituirla por otra disposición la llamada cláusula del 108%, por la que se limita el número de viajes en tránsito, establecida en su momento en el contexto del Protocolo nº 9 relativo al sistema de ecopuntos para los vehículos pesados que transiten por Austria. 
Este proyecto de la Comisión es contrario a la letra y el espíritu de las disposiciones que entonces se negociaron. 
Nosotros insistimos en que éstas se deben seguir aplicando y hemos contribuido con nuestro voto a favor de las letras a-c del apartado 2 de la Resolución legislativa a que, en las futuras medidas que se adopten en busca de soluciones eficaces y duraderas a la problemática del tráfico en las llamadas regiones sensibles- y, por lo tanto, también en Austria y en la zona alpina -, se intente alcanzar un consenso entre todas las instituciones europeas, la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. 
. (DE) La conclusión del informe del colega Hannes Swoboda sobre la propuesta de la Comisión relativa al sistema de ecopuntos para los vehículos pesados que transiten por Austria- por la que se rechaza el documento presentado por la Comisión- cuenta con mi pleno apoyo y también el de los demás colegas de mi Grupo. 
Suscribimos la exposición de motivos del ponente, en el sentido de que deben mantenerse las limitaciones cuantitativas para el tránsito por carretera a través de Austria, puesto que todavía no se han conseguido los objetivos iniciales del Protocolo nº 9 sobre el tráfico por carretera y ferrocarril, así como sobre el transporte combinado. 
Éstos eran reducir las emisiones de nitrógeno, la contaminación acústica y los riesgos para la seguridad viaria. 
Por el contrario, se observa una tendencia al incremento de los viajes en tránsito, que sólo en la ruta principal de camiones, el corredor Brennero-Inntal, aumentaron en un 16% entre 1993 y 2000, y en un 52% -o sea, ¡580.188 viajes! -en el caso del tránsito a través de Austria. 
En el punto de medición de Vomp, de la autopista A12, se supera constantemente el valor límite de 40 microgramos por metro cúbico de aire, incluido el margen de tolerancia, establecido en la UE para las emisiones de NO2. 
Lo mismo sucede en otros valles alpinos por los que discurren las rutas de tránsito. 
Por consiguiente, a pesar de una cierta reducción en las emisiones de sustancias nocivas como resultado de las mejoras técnicas introducidas en los camiones, las emisiones totales de CO2 han aumentado en Austria.. 
Para alcanzar los objetivos originarios de reducción continuada y permanente de las emisiones de substancias nocivas es imprescindible, por lo tanto, limitar también el número de viajes en tránsito de los vehículos pesados. 
Por esto nosotros apoyamos que se rechace la propuesta de la Comisión. 
Yo quisiera hacer una propuesta en el contexto del presente debate. Habría que considerar la posibilidad de establecer vías de circulación paralelas al ferrocarril para el tránsito de camiones a través de Austria, según el modelo de Suiza. 
Propuesta de resolución sobre el proceso de ampliación (B5-0538/2001) 
Señora Presidenta, en relación con los informes sobre la ampliación- no sólo el informe del Sr. Brok, sino también aquéllos sobre los distintos países candidatos- resulta interesante comprobar que el Sr. Brok haya reconocido el rechazo del Tratado de Niza en Irlanda. 
Ha confirmado lo que venimos diciendo desde el comienzo, que básicamente el Tratado de Niza no es necesario para la ampliación. 
La ampliación puede seguir adelante sin el Tratado de Niza. 
Es deplorable que nuestro propio Gobierno esté intentando que las personas cambien de opinión. 
En relación con los informes sobre la adhesión de los respectivos Estados, siento gran preocupación por el énfasis que se pone en el aspecto de la seguridad exterior común, por el hecho de que se esté obligando a los países a integrarse en la OTAN. 
El informe sobre Malta, por ejemplo, lamenta que Malta esté dividida respecto a la adhesión. 
Creo que corresponde a los propios malteses decidir si quieren integrarse o no. 
Si existe una división clara, en ese caso debería existir la libre elección. 
En Malta se está poniendo a Irlanda como ejemplo de cómo es posible ser miembro de la Unión Europea y alcanzar un maravilloso éxito económico y seguir siendo neutral. 
Todo eso es falso. 
Debemos dejar de tentar con zanahorias artificiales a los Estados candidatos y ser sinceros. 
Irlanda ha dejado de ser neutral. 
Coopera en la política exterior y de seguridad común. 
El éxito económico de Irlanda no es debido únicamente a la UE, como le dirán muchos expertos en economía. 
Señora Presidenta, al hablar del proceso de ampliación de la Unión Europea en general, debo decir que he votado a favor. 
El Partido de los Pensionistas es favorable a la ampliación de la Unión Europea por dos motivos: el primero y más importante es que los Estados del centro y del este de Europa han vivido durante cincuenta años bajo la dictadura que no les hizo respirar y que merecen ser escuchados en su solicitud de estar, como nosotros, en Europa El otro motivo, señora Presidenta, es que ya hay mucha gente mayor y muchos pensionistas en la Unión Europea actual. 
Con la adhesión de estos países candidatos, se convertirán en muchos más y a mi no puede sino alegrarme tener una Europa con muchos pensionistas que quizás en el futuro podrían votar al Partido del los Pensionistas. 
El debate que se acaba de celebrar en esta Asamblea sobre la próxima ampliación de la Unión Europea nos ha producido una triple satisfacción. 
En primer lugar, se comprueba que desde 2004 una decena de países candidatos sobre doce (con excepción probablemente de Rumanía y Bulgaria) podrían convertirse en miembros al mismo tiempo. 
Los diputados del MPF piensan que se trata de una excelente noticia que producirá una pequeña recuperación después de una espera demasiado larga. 
En segundo lugar, hemos registrado un cambio de tono con respecto a los países candidatos, a los que ahora tratamos como Estados dignos de respecto. 
La resolución votada señala incluso que "la Unión Europea debe velar para no atentar nunca contra la dignidad de los pueblos de los países candidatos formulando exigencias inoportunas". 
Denunciamos con frecuencia la actitud altiva, incluso despreciativa, de los federalistas, que exigían a los países del Este el abandono de su soberanía. 
Esperemos que esta nueva evolución vaya más allá de un cambio de vocabulario. 
Finalmente, tercer motivo de satisfacción, parece que el párrafo 10 de la resolución significa la aceptación de una Europa más flexible, constituida por círculos diferenciados. 
A nuestro juicio se trata de una posición más realista, a reserva sin embargo de que los círculos en los que figure Francia no estén dominados por el ultrafederalismo: eso sería admitir la flexibilidad para la totalidad en contrapartida a una rigidez incrementada por un subconjunto, lo cual sería ilógico. 
La resolución votada contiene también, sin embargo, pasajes insatisfactorios, incluso inaceptables: por ejemplo, es contradictorio pedir al mismo tiempo un mejor control de las fronteras exteriores de los países candidatos y una flexibilización de su política de asilo; no es demasiado responsable apelar a una aplicación de la política estructural a "la totalidad de la Unión" después de la ampliación, cuando sería necesario más bien concentrarla, por un período limitado, en los nuevos países miembros; resulta inaceptable afirmar que la lección que hay que extraer del referéndum irlandés es la necesidad de encontrar un método de revisión de los tratados susceptible de sortear oposiciones así (considerando E). 
Parece que el cambio de tono no llega todavía al respeto por las democracias nacionales cuando dicen no. 
. (DA) Para que no exista ninguna duda de nuestra positiva predisposición a la adhesión de los nuevos países candidatos hemos votado a favor del informe. 
No obstante, hay aspectos especialmente criticables en el informe y en las negociaciones para la ampliación en su conjunto. 
Especialmente el punto E "... los ciudadanos de Europa no comprenden la tarea histórica de la Unión de aportar paz, seguridad y prosperidad a todo el continente, ", salta a la vista por soberbio. 
Durante las votaciones votamos en contra en la votación nominal, pero en principio no somos contrarios a que se modifique el procedimiento por el que se modifican los Tratados de la Unión. 
No obstante, nos produce ciertos reparos que la modificación propuesta tenga consecuencias prácticas para el resultado que se alcance con un eventual modelo de convención. 
No obstante, es positivo que en el punto 2 se hable de "desarrollar posibilidades alternativas por bien de la seguridad". 
Detrás de una presentación que se pretende optimista, la descripción que los informes ofrecen de los países de Europa del Este- que constituyen la gran mayoría de los candidatos de la Unión- es sombría. 
"Nivel inquietante de la corrupción", "superpoblación de las prisiones", "enorme tráfico de mujeres y niños para la prostitución y explotación sexual", "tasa de desempleo elevada", "situación de pobreza", "medio ambiente gravemente degradado", "perspectivas económicas poco prometedoras", "aceleración de la propagación del virus VIH", opresión de las minorías, discriminación con respecto a los cíngaros, éstas son algunas de las expresiones utilizadas con respecto a algún país del Este, incluso, algunas de ellas, con todos. 
A pesar de todo, el informe se felicita de que avancen las privatizaciones- incluso en el sector de la salud, apartando de la asistencia médica a una parte importante de la población- y que las inversiones extranjeras así como las exportaciones estén incrementándose en muchos de esos países. 
El regreso de estos países al capitalismo salvaje y la influencia creciente del gran capital occidental se traducen ya en un incremento considerable de las desigualdades sociales. 
Sin embargo, aparte de algunas amonestaciones moralizadoras, lo que los informes piden a los gobiernos de estos países es en primer lugar que se eliminen los últimos obstáculos a la penetración de capitales extranjeros y que se incremente "la flexibilidad y la movilidad del trabajo", es decir, imponer a sus clases trabajadoras una explotación aún más intensa. 
Como partidarios de una Europa totalmente unificada de un extremo al otro del continente, no hemos votado en contra de la ampliación. 
Nuestra abstención manifiesta nuestra oposición a los informes de dominación que la Unión Europea intenta imponer a esos países con la colaboración de las clases privilegiadas de estos últimos, así como a la política antiobrera impuesta con el pretexto de la ampliación. 
. (DA) No hemos votado a favor de la resolución del Sr. Brok. 
La resolución refleja un desarrollo de la cooperación europea que no respaldamos. 
Así, no creemos que el desarrollo de una defensa común redunde en beneficio ni de los actuales ni de los futuros Estados miembros y somos contrarios a implicar a la OTAN en una resolución relativa a la ampliación de la UE. 
Pensamos que la resolución pasa por alto con demasiada ligereza los problemas que Schengen provoca a varios países candidatos, por ejemplo, en lo que respecta a la cohesión regional en forma de intercambios comerciales y relaciones de otra índole con estados vecinos situados fuera de la Unión, incluida la cuestión del futuro de Kaliningrado, que no recibe un tratamiento serio por parte del señor ponente. 
Además, la resolución apenas se ocupa de los problemas que plantean los regímenes transitorios que la UE exige, por ejemplo, relativos a la libre circulación de los trabajadores. 
Tal régimen prolongará por un lado el problema de la mano de obra ilegal procedente de países candidatos en los actuales Estados miembros y por otro lado, dará a la población de los países candidatos la sensación de ser miembros de segunda clase de la UE. 
Además, pensamos que la resolución peca de debilidad cuando trata los fondos agrarios y estructurales. 
Celebramos que el señor ponente subraye la necesidad de incluir tanto el medio ambiente como las consecuencias sociales de los reglamentos, sin embargo, si queremos que la ampliación sea justa, un ajuste menor en estos dos ámbitos fundamentales está lejos de ser suficiente. 
Por último, la arrogancia del autor ante la población resulta absolutamente incomprensible y queremos hacer hincapié en el derecho de la población de cualquier país a decidir por sí misma. 
Las contradicciones de esta propuesta de resolución, que fue objeto de 31 propuestas de enmienda, demuestran que hay grandes divergencias sobre la perspectiva de la ampliación y los fines que se pretenden. 
Los dirigentes de la Unión Europea asumieron compromisos ante los países candidatos que ahora no sólo tardan en cumplir, sino que, además, crean exigencias inadmisibles que pueden poner claramente en entredicho objetivos que proclaman y que efectivamente debían ser las grandes líneas de orientación de las negociaciones de la adhesión, como la paz, el desarrollo y la prosperidad de todos los pueblos, teniendo en cuenta el principio de la cohesión económica y social. 
Pero, si bien, en la resolución votada por la mayoría del Parlamento Europeo se afirma, por un lado, que "en circunstancia alguna se podrá herir la dignidad de los ciudadanos de los países candidatos con exigencias insensibles de la Unión Europea" y se reconoce la necesidad de corregir algunos aspectos discriminatorios aprobados en Niza, por otro lado, une inadmisiblemente la ampliación de la Unión Europea con la OTAN; se congratula de la conclusión de los acuerdos sobre la liberalización del comercio agrícola y pide la prosecución de las liberalizaciones teniendo en cuenta las obligaciones actuales y futuras en el ámbito de la OMC, mientras que en el aspecto social abre el camino a períodos de transición en la libre circulación de personas, con lo que respalda las posiciones alemanas y austríacas de impedir la legalización de trabajadores de los países candidatos durante siete años, cosa que rechazamos. 
Asimismo, no aborda adecuadamente la cuestión del futuro presupuesto de la Unión Europea, pese a saber que hay grandes desigualdades en los niveles de desarrollo, no sólo entre los países de la Unión Europea, sino también entre la media de los 15 Estados miembros actuales y los doce países candidatos a la adhesión, cosa que no podemos aceptar. 
Es que avanzar hacia la cohesión económica y social exige una profunda revisión de las perspectivas financieras y un refuerzo importante de los fondos comunitarios para mantener, como mínimo, los apoyos actuales a los países de la cohesión, incluido Portugal, y apoyar en gran medida el desarrollo de los países candidatos. 
En este proceso de ampliación, el Consejo pone en el mismo plano a los doce candidatos sin tomar en consideración las características específicas de los candidatos procedentes de la Europa del Este, cuando se les impone un cambio global del sistema que hace de esta ampliación una cuestión cualitativamente diferente de cualquier otra ampliación anterior. 
Así, la Unión Europea pide a cada candidato que pruebe su capacidad para hacer frente a la competencia destruyendo su medio ambiente, su sistema de protección social y los medios para una verdadera política de modernización y de pleno empleo, desarrollando así la pobreza y el desempleo. 
Lejos de continuar dando testimonios de satisfacción a aquéllos que han privatizado más y reducido sus gastos presupuestarios, sería necesaria una auditoría de los efectos socioeconómicos reales, una moratoria de las privatizaciones, una ayuda pública al desarrollo, la redefinición de un proyecto europeo de sociedad para la Unión Europea abierto al Este y al Sur, que proteja el empleo, el medio ambiente, la salud y el nivel de vida. 
En lugar de ello, la Unión Europea se prepara para recibir a estos nuevos países como miembros de segunda zona, conminados a aplicar el acervo comunitario y excluidos de las consecuencias de la PAC y también de los Fondos Estructurales. 
Los pueblos deben ser consultados con carácter previo principalmente mediante referéndum y Europa debe comprometerse a respetar su respuesta, cualquiera que ésta sea. 
Por ello, no hemos votado a favor de la continuación del proceso de ampliación en estas condiciones. 
(FR) Si duda se trata de una gran aventura la ampliación. Pero se ve rebajada hasta aquí al rango de una OPA de tipo comercial o de una fusión de sociedades en lugar de ser el acontecimiento histórico máximo de encuentro de los pueblos cristianos que se reúnen en el momento en que el adversario secular vuelve a amenazar al Sur. 
Con esta forma de medir el campo de la libertad y la luz contra el campo del oscurantismo integrista, Ucrania y la Rusia centinela adelantada de Occidente hubieran tenido además su lugar. 
La expresión "de acervo comunitario" es el resumen de este hundimiento técnico irrisorio de una cuestión política en la cumbre. 
En unos treinta capítulos, de la agricultura a la fiscalidad pasando por el medio ambiente, las PYMEs, la educación o los transportes, las legislaciones de los países candidatos y sus administraciones, sus sociologías e incluso su moral han pasado la criba de una mirada policial que debe recordar a esos antiguos países de moral proletaria prácticas penosas no olvidadas aún. 
Así, un Estado ve como se le reprocha, como obstáculo a su adhesión, su marco penal que reprime una práctica sexual. 
Muchos se ven sermoneados por sus fraudes y actos de corrupción, como si el IVA europeo no fuera desde 1993 un factor de un fraude fiscal masivo. 
Y Malta ve cómo se le reprocha el hecho de que atraiga a muchas empresas deslocalizadas por su régimen fiscal privilegiado. 
Como si Irlanda no lo hubiera hecho y como si Estados Unidos no practicaran ese sistema a una escala enorme con los FESC; condenados por la OMC pero tolerados por la Europa que desciende todos los "escalones" de su sumisión al Imperio. 
En ningún momento la ampliación sirve de ocasión para un diálogo de experiencias y un intercambio de logros. 
Polonia observa así, con toda la razón, que su acervo agrícola vale el acervo de una Europa de 8 millones de animales abatidos por la fiebre aftosa o la EEB y de las 136.000 personas que incubarían la enfermedad mortal de Creutzfeld-Jakob atípica. 
En lugar de enriquecerse y preservar el patrimonio de biodiversidad vegetal y animal de estos países del Este, sin hablar de su patrimonio de vínculos sociales que aún no ha roto el salvajismo ultracapitalista, la Comisión envilece esta cita histórica con una anexión sin condiciones. 
Lo que permite comprender por qué el expediente se le ha confiado a un comisario alemán y el informe del Parlamento Europeo a un diputado casualmente también alemán. 
Cierto es que las cosas están así más claras. 
Hay ampliación, pero como en 1990, es de nuevo alemana. 
El paréntesis de 1945 se cierra. 
El Imperio se reconstituye. 
La Mitteleuropa está ahí. 
Eterna en su geografía y su historia. 
- (NL) El Sr. Brok parte de la idea de que existe un vínculo entre la OTAN y la Unión Europea. 
Es cierto que hace poco se ha logrado persuadir a Polonia, la República Checa y Hungría para que entren en la OTAN con la perspectiva de que ello facilitaría su incorporación a la UE. 
Sin embargo, ese planteamiento no tiene en cuenta que en la actualidad cuatro Estados miembros de la UE, Irlanda, Suecia, Finlandia y Austria, no sólo no pertenecen a la OTAN, sino que, además, no tienen ninguna intención de adherirse a ella. 
Me opongo a la idea de que la OTAN se considera como un marco de colaboración militar entre cinco Estados miembros, a saber, los EEUU, la Unión Europea, Canadá, Noruega y Turquía. 
Es más, me parece que los puntos de vista del Sr. Brok no sólo crean un problema en el seno de la OTAN. 
Es muy probable que la ampliación de la UE refuerce los contrastes nacionales, tanto más cuanto que un gran número de las empresas del Este no cumplen el acervo comunitario en materia medioambiental y, a cambio, ofrecen como mucho mano de obra barata durante un tiempo, a imagen y semejanza de México. 
Por una parte, los nuevos Estados miembros experimentarán los problemas de la antigua RDA y, por otra, tendrán que hacer frente a dificultades similares a las de México, el patio trasero pobre de los EEUU. 
El optimismo del Sr. Brok desemboca en una Europa llena de problemas pendientes, entre otras razones por hacer caso omiso de todas las cuestiones sociales. 
En el momento en que los Estados miembros de la Unión europea elaboran por fin, tras la catástrofe del Erika, un dispositivo más vinculante en materia de seguridad marítima- un ámbito en el que el interés común es evidente -, no se puede más que lamentar que el lugar reservado a este tema esencial en las diferentes resoluciones relativas a los países candidatos directamente afectados sea tan discreto. 
Todos tenemos en la memoria las imágenes de los restos del Erika y la mención de su puerto de amarre: la Valeta. 
Todos sabemos que las flotas mercantes de seis países candidatos figuran en la "lista negra" del Memorándum de París. 
Además de Turquía, recuerdo que se trata de Malta, de Chipre, de Letonia, de Rumanía y de Bulgaria. 
La adopción por esos países de los paquetes Erika I y del Erika II y su compromiso en controlar la cuestión de la acogida de los pabellones de conveniencia deben constituir una prioridad en las negociaciones de adhesión. 
La seguridad de nuestras regiones costeras depende de ello. 
Informe Carlsson (A5-0251/2001) 
Señora Presidenta, hace poco, este verano, estuve de vacaciones en Estonia. 
Allí vi a un pescador- a pesar de ser verano, ahí arriba en el norte, hacía mucho frío- que pescaba en el Mar Báltico. 
Me detuve para charlar con él y me enteré que era un pensionista que trataba de pescar algún pez para redondear su pensión. 
"¿ Pero por qué ?" le pregunté. 
"¿ Acaso no disfrutáis de una buena pensión ?" 
"Lamentablemente" me contestó, "nuestras pensiones son muy bajas." 
Por lo tanto, espero que nos preocupemos de la cuantía de las pensiones de todos los países de la ampliación, de Estonia en especial. 
. (DA) He votado en contra de los informes relativos a la ampliación de la Unión Europea puesto que el verdadero objetivo político del proyecto de ampliación comunitario gira en torno al sometimiento económico y político de la población de los países candidatos. 
Se trata de integrar a un grupo de países y no de verdaderas negociaciones entre partes iguales. 
Una estrategia de paz y bienestar a largo plazo tendría como objetivo abrir los mercados comunitarios en lugar de plantear exigencias poco razonables de inscripción de una amplia obra legislativa sobre la cual los países candidatos no tienen ninguna influencia. 
La tarea más importante para el Movimiento Popular contrario a la UE es internacionalizar la oposición popular al proyecto global comunitario y trabajar por una Europa libre con múltiples y abiertas posibilidades cooperación que no queden inutilizadas por la burocracia supranacional y opaca de la UE. 
. (FI) Como explicación de voto, quiero indicar, en primer lugar, que en lo concerniente a las votaciones de hoy sobre los informes relativos a la ampliación, comparto los puntos vista expuestos por la Sra. Patricia McKenna sobre los factores de Política Exterior y Seguridad Común implicados en la ampliación. 
Aprovecho también para confesar que voté por error a favor de la enmienda 4 presentada al informe Carlsson, aunque lo cierto es que yo rechazaba dicha enmienda por considerarla discutible desde el punto de vista de la estabilidad de la región. 
Informe Schroedter (A5-0252/2001) 
Señora Presidenta, también he votado a favor de la adhesión de Letonia a la Unión Europea. 
En los países del Báltico, señora Presidenta, hay muchos tesoros de la cultura que seguramente a muchos pensionistas e incluso a muchos jóvenes que viven en toda la Unión Europea les gustaría visitar. 
Tener en la Unión Europea, por lo tanto, ampliada a Letonia, la posibilidad de ver estas obras maravillosas tanto de la naturaleza como del ser humano, no deja de ser positivo. 
Informe Souladakis (A5-0253/2001) 
Señora Presidenta, Lituania tiene el gran problema de la energía y del desempleo. 
He votado a favor, sin embargo, pido que la Unión Europea intervenga con ayudas más consistentes, incluso financieras, para luchar contra la falta de energía y de trabajo en el Estado de Lituania. 
Informe Gawronski (A5-0254/2001) 
Señora Presidenta, Polonia debe ser el primer país candidato en entrar en la Unión Europea. 
Debería ser el primero porque la revolución pacífica que ha llevado al Este europeo al mundo democrático, al mundo de las democracias, comenzó precisamente en Polonia, como todos recordamos, a raíz de la acción de Solidarnosc y de la presencia de un Papa polaco. 
En consecuencia, he votado a favor y espero que pronto estén aquí en el Pleno los representantes de los polacos. 
Como miembro de la Comisión paritaria mixta Unión Europea/Polonia, me alegra poder manifestarme sobre el informe del Sr. Gawronski. 
Se trata efectivamente de un análisis sobre el estado de las negociaciones de adhesión con Polonia y de verificar el respeto por los criterios de Copenhague (condiciones a cumplir a nivel político, económico, y en materia de aplicación del acervo comunitario). 
Por lo que respecta a Polonia, el Gobierno ha dado prueba de su voluntad de poner en práctica las reformas necesarias que le permitan integrarse lo más rápidamente posible en la Unión Europea. 
Queda claro que a priori este país estará en condiciones de participar en las próximas elecciones europeas de 2004, algo de lo que me alegro. 
Persisten sin embargo algunos problemas recurrentes y principalmente el de la agricultura. 
Es indispensable llegar a un acuerdo de compromiso entre las autoridades polacas y la Comisión sobre la participación del país en la Política Agrícola Común y, sobre la base de las propuestas del Comisario Fischler, de practicar un phasing in de los pagos directos, lo que integraría gradualmente al sector agrícola polaco en el sistema comunitario. 
Me parece igualmente necesario volver a una cuestión que no se ha mencionado en este informe ya que provocaba demasiadas polémicas. 
Me permito sin embargo recordar el doloroso problema de la restitución de las propiedades confiscadas con posterioridad al segundo conflicto mundial. 
Soy muy consciente de que es especialmente difícil para las autoridades polacas resolver este problema tanto en el plano financiero como emocional. 
Sin embargo, debe producirse el debate para llegar a una solución equilibrada que respete al máximo todas las susceptibilidades. 
Finalmente, es necesario señalar los esfuerzos del Parlamento polaco para adaptar el derecho nacional al acervo comunitario. 
Resulta evidente que ello puede traducirse en medidas que compliquen la vida de las personas en sus aspectos cotidianos. 
Una política de información y de comunicación debe por tanto acompañar a dichas medidas para convencer a los polacos de las ventajas de la adhesión a la Unión. 
Sea como sea, insisto en el hecho de que para todas las poblaciones de los países miembros así como para las poblaciones de los países candidatos, el coste de la ampliación en todos los sentidos del término no supone nada en comparación con el coste de la no-ampliación. 
Todos tenemos una responsabilidad histórica. 
Este informe "exhorta" a Polonia a acelerar la aplicación efectiva y verdadera del acervo comunitario con el fin de poder respetar los compromisos que ha asumido y disfrutar totalmente de las ventajas que producirá posteriormente la adhesión a la Unión Europea. 
Pero, ¿cuál es realmente el contenido del acervo comunitario al que puede aspirar la población y en especial los campesinos polacos? 
Apoyamos sin duda la exigencia de todos los países candidatos, principalmente Polonia, a que no se les trate como miembros de segunda zona. 
Pero las reformas de la PAC y de los Fondos Estructurales comprometen mucho más que estrechos cálculos presupuestarios. 
La agricultura incluye desafíos máximos para la satisfacción de necesidades y derechos fundamentales, desde el derecho a la soberanía alimentaria hasta las cuestiones de salud y de medio ambiente, pasando por los equilibrios y empleos regionales. 
Los países candidatos como Polonia deberían estar plenamente asociados a la redefinición de una política agrícola europea diferente. 
En cuanto al aparato industrial polaco, sufre plenamente esta carrera a Europa que ha hecho pasar a este país del rango de favorito a la adhesión al de un no favorito. 
Efectivamente, las recetas aplicadas han dejado a regiones enteras destruidas con un nivel de desempleo oficial de un 16%. 
El fracaso socioeconómico de Polonia será el de las recetas llamadas "liberales" impuestas por la adhesión. 
Ésta es la razón por la cual no hemos votado a favor del informe. 
Informe Jürgen Schröder (A5-0255/2001) 
Señora Presidenta, el Sr. Fatuzzo no se encuentra aquí solo, así que puede sentirse reconfortado. 
Los diputados al Parlamento no solemos retrasarnos para el almuerzo, pero yo quisiera explicar por qué voté en contra de los informes Schröder y Nicholson of Winterbourne. 
Naturalmente, quiero darles la bienvenida al club de la UE con los brazos abiertos a estos países, tanto a Chequia como a Rumanía, pero quiero protestar ante la actitud que el Parlamento muestra hacia la energía nuclear. 
Nuestra misión no es dar consejos a países independientes sobre cómo éstos deben gestionar sus asuntos energéticos, y atentamos contra nuestra propia credibilidad cuando, incansablemente, abordamos la energía nuclear desde un planteamiento populista, olvidando los hechos concretos. 
Por ejemplo, se han realizado numerosas inspecciones por parte de expertos internacionales en la central de Temelin, y ésta cumple todos los criterios internacionales. 
¿Por qué razón habría que desmantelar esta flamante central nuclear? 
Mientras tanto, en Rumanía existen centrales térmicas de carbón construidas hace 40 años- son casi tan viejas como yo -, así que sería sensato que allí se construyera una moderna central nuclear canadiense. 
No cabe sino constatar que cuando estos países candidatos se percaten de nuestras ideas en materia nuclear, no sólo se les atragantará la comida, sino también las emisiones de carbono. 
Señora Presidenta, deseo unirme a los comentarios que acaba de hacer el Sr. Vatanen. 
Tampoco yo he apoyado el informe Jürgen Schröder, especialmente, porque los apartados 43 y 44 cuestionan la terminación de la central nuclear de Temelin y, es más, contradicen el anterior apartado 42, en el que se acoge favorablemente el Acuerdo Melk entre la República Checa, el Gobierno austríaco y la Comisión Europea de diciembre de 2000. 
El contenido de dicho acuerdo y, en particular, las investigaciones sobre la evaluación del impacto medioambiental que se acordaron, se han llevado a cabo en su mayor parte. 
Tras haber examinado la información, no existe ningún motivo de seguridad por el que no deba procederse a la puesta en funcionamiento del reactor número 1. 
Como consecuencia de esta contradicción en el informe, no le he dado mi apoyo. 
Señora Presidenta, la República Checa ha solicitado su adhesión a la Unión Europea y yo he votado a favor. 
El apartado 7 de las páginas 7 y 8 del informe dice que, para reducir el déficit, la República Checa debe reformar su sistema sanitario y su sistema de pensiones. 
No estoy de acuerdo con este punto. 
La salud y las pensiones no deben servir para hacer cuadrar los presupuestos de los Estados. 
La salud y las pensiones de los ciudadanos deben ser la última partida a retocar del presupuesto del Estado. 
Antes hay que proceder a través de una buena administración. 
. La delegación española del PPE-DE ha votado favorablemente el informe de la Baronesa Nicholson sobre la adhesión de Rumania a la Unión Europea a la vista de las explicaciones dadas por la ponente en lo que se refiere a la adopción de niños rumanos por familias españolas, explicaciones que agradece cordialmente. 
Considera que de este modo puede atenderse con más efectividad la preocupación de los futuros padres y madres españoles que han cubierto con toda seriedad los trámites necesarios para la adopción y que se han visto fuertemente alarmados por las medidas de revisión o de paralización de los expedientes adoptadas recientemente. 
La delegación española del PPE-DE está siguiendo activamente la aplicación de esas medidas y realizará todas las gestiones necesarias con las autoridades rumanas y comunitarias para proteger los derechos de los niños que han de ser adoptados mediante la introducción de disposiciones que cierren cualquier posibilidad de que, al amparo de la adopción, se encubran casos de tráfico de niños, así como los derechos de los padres que generosamente quieren adoptar y que para ello vienen realizando toda clase de sacrificios. 
El informe "se muestra preocupado por el crecimiento del déficit presupuestario que, una vez deducidos los ingresos por la privatización en 2001, podría alcanzar el 7% del PIB e invita al Gobierno checo a poner en práctica las reformas absolutamente necesarias de los sistemas de salud y de jubilación"... y "recuerda que la consolidación presupuestaria no debe realizarse en condiciones que comprometan el objetivo a medio plazo de la cohesión social según el modelo social europeo, al tratarse en particular de la lucha contra la pobreza y la exclusión social". 
Y, en la parte opuesta de la ideología europea, el ponente añade como para responder a la presión de las manifestaciones de Praga contra la cumbre del FMI y del Banco Mundial, que "es urgente proceder a inversiones públicas de futuro con el fin de mejorar la protección social, la salud pública y la educación"... 
Esta esquizofrenia va a incrementarse entre proclamaciones de buenas intenciones y recetas "liberales" orientadas a las privatizaciones generalizadas y a la competencia. 
Refleja el rechazo a extraer un balance efectivo de un fracaso y de recetas disgregadoras. 
Solicitamos la moratoria de estas políticas y de los criterios de construcción europea que no imponen medios que deterioren los niveles de vida y las necesidades básicas. 
Por estas razones no hemos votado a favor de este informe. 
. (DE) La Delegación liberal ha votado afirmativamente el informe sobre la adhesión de la República Checa. 
No obstante, yo quisiera volver a dejar clara nuestra posición con respecto a los puntos 42-44 del informe. 
El "proceso Melker" iniciado entre Austria y Chequia no ha logrado hasta el momento los resultados deseados. 
No se han alcanzado los objetivos previstos. 
Sólo se podrán conseguir resultados satisfactorios si el tema de Temelin se traslada del plano bilateral al plano europeo. 
Por lo tanto, es necesaria una iniciativa europea a favor del cierre de Temelin, con la participación de la Comisión y los Estados miembros, que se encargue de elaborar un calendario y considere las posibilidades de financiación del abandono definitivo. 
. (FI) En lo que concierne al informe Schröder, debo señalar que las centrales nucleares peligrosas no son asunto interno de ningún país. 
Por ello, es importante que se hayan aprobado los apartados 43 y 44 del informe, relativos a la central de Temelin. 
Cabe esperar que con ello se transmita el mensaje adecuado al Gobierno checo y que la alternativa cero también sea tomada en serio a la hora de reflexionar sobre el futuro de Temelin. 
Informe Wiersma (A5-0256/2001) 
Eslovaquia ha solicitado entrar en la Unión Europea y está progresando en la transposición del acervo comunitario. 
El Partido de los Pensionistas ha votado a favor de la adhesión de este país y debo evidenciar con satisfacción que, tal como consta en la página 14 del informe, Eslovaquia ha autorizado el uso de muchas lenguas regionales en su República. 
Éste es un ejemplo que deberíamos imitar en todos los Estados miembros. 
- (NL) Desafortunadamente, los informes por países apenas prestan atención al riesgo de que los candidatos del Este vuelvan a la antigua situación de antes de 1940. 
En aquel entonces eran el patio trasero pobre de Occidente que exportaba minerales y productos agrícolas baratos para financiar así la importación de productos industriales costosos. 
Sólo la protección de su mercado contra la importación distorsionante y devoradora de divisas les ha permitido proteger su industria y garantizar la subsistencia de sus ciudadanos durante 40 años. 
Si no consentimos que los nuevos Estados miembros se amparen en una sólida protección no podrán defenderse contra la venta de tierras y empresas a habitantes de países más fuertes desde el punto de vista económico y contra las importaciones de dichos países. 
De este modo, estarán abocados a la pobreza y al atraso por mucho tiempo. 
Además, en estas circunstancias es fácil que los electores de los países candidatos se sientan atraídos por las fuerzas políticas que abogan por la protección de la autonomía nacional, la identidad nacional y la economía nacional. 
Este peligro acecha sobre todo a Eslovaquia, un país con una economía débil y una mayoría de minorías roma y húngara no demasiado queridas, donde la pobreza no sólo inspira aversión hacia la UE, sino que incluso provoca conflictos internos. 
No nos damos cuenta de que debajo del proyecto de ampliación de la UE se encuentra una bomba de relojería. 
Informe Quieró (A5-0257/2001) 
También he votado a favor del informe sobre el proceso de adhesión de Hungría a la Unión Europea. 
En este informe, que comparto totalmente, quisiera no obstante que se dijera que los ciudadanos húngaros, al igual que todos los demás ciudadanos de los Estados de Europa, deberían ser informados de que, al adherir a la Unión Europea, tendrán la ventaja de poder sumar a los años de trabajo prestados en el Estado en que viven los años de trabajo prestados, en su caso, en otros Estados. 
La adhesión a la Unión Europea, por lo tanto, podrá suponer pensiones mejores y más altas. 
La Unión Europea prometió a Hungría una entrada rápida en Europa. 
Sin embargo, las promesas jamás se han cumplido. 
Por ello, el informe insiste "(... ) en la necesidad de fijar fechas firmes para la conclusión de las negociaciones y para la adhesión, ahora que el Tratado de Niza se ha firmado, de forma que se contribuya a evitar la emergencia de fenómenos de decepción incluso de descontento en el seno de la sociedad húngara". 
Pero la decepción está generalizándose. 
Efectivamente, tiene como origen los plazos, pero también los sacrificios que por todas partes se intenta que pasen como píldora amarga que prepara un mañana mejor en el seno de la Unión Europea- algunos países deben tragar esta píldora sin tener la seguridad de que se convertirán en miembros de pleno derecho de la UE. 
El temor de que las poblaciones asocien regresión social y criterios de ajuste estructurales impuestos por el FMI o por la UE modifica los discursos. 
El informe "se felicita (... ) por el aumento de aproximadamente el 60% del salario mínimo nacional e invita al Gobierno húngaro a estimular la firma de convenios colectivos por sectores de actividad", pero la sustancia de las medidas sociales preconizadas está además, cuando el informe "toma nota de la adopción de un nuevo código laboral basado en el principio de flexibilidad y movilidad del trabajo cuyo objetivo es la adaptación de las normas y de la organización del mercado de trabajo a las necesidades dictadas por el crecimiento económico... ", en una lógica liberal que no aceptamos para los nuevos candidatos más que en la Unión Europea tal como es ahora. 
Por estas razones, no hemos podido votar a favor del informe. 
A pesar de haber votado, como es natural, a favor del informe, tengo que hacer constar mi desacuerdo respecto de su conclusión nº 13, resultante de la aprobación de una enmienda presentada en comisión. 
En ella se pide al Gobierno húngaro que suprima las disposiciones del Código Penal, en particular el artículo 199, que discriminan a los hombres y a las mujeres homosexuales. 
Si en el plano de los hechos se tratara de eso, la citada conclusión no merecería reparo alguno. 
Pero resulta que, después de la consulta a las autoridades húngaras, se me informó de que la disposición penal a que nos referimos se refiere sólo a las relaciones homosexuales con intervención de menores de 18 años. 
No se trata, por tanto, de una norma de discriminación sexual, sino de protección de menores, lo que cambia completamente el sentido de mi posición. 
A consecuencia de ello, tras solicitar su votación por separado, he votado en contra del párrafo a que me refiero. 
También Bulgaria ha solicitado la adhesión a la Unión Europea. 
Señora Presidenta, me preocupa extraordinariamente la situación política en este país. 
Espero que el rey Simeón que se ha convertido en jefe de Gobierno de la República de Bulgaria, pero que por sí solo no cuenta con la mayoría en el parlamento y ha conseguido liderar al país llevando al Gobierno a ministros de la comunidad turca y a ministros de la comunidad comunista, pueda asimismo completar a la mayor brevedad la incorporación del acervo comunitario, de modo que el país consiga formar parte cuanto antes de la Unión Europea ampliada, posiblemente entre los países de la primera "oleada", y no de la segunda, que entrarán en la Unión Europea. 
Informe Nicholson of Winterbourne (A5-0259/2001) 
Señora Presidenta, he votado en contra del informe Nicholson porque el apartado 20 intenta retrasar la terminación del segundo reactor nuclear de Cernavoda. 
Se trata de un reactor nuclear "CANDU" de diseño occidental. 
No entraña repercusiones en materia de seguridad. 
El apartado 20 del informe pide la creación de una estrategia sobre energía renovable. 
Esa estrategia ya existe. Ha sido financiada con cargo al programa PHARE. 
Me sorprende que una comisión como la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa parezca no conocer este hecho. 
Por este motivo he votado en contra del informe Nicholson. 
Este extremo, en particular, era inexacto, innecesario y una provocación para un país que intenta unirse a nosotros. 
Me gustaría que las personas que están en contra de la energía nuclear y forman parte de estas comisiones se dieran cuenta de que este constante afán de criticar a los países candidatos sobre este asunto no está favorece en absoluto nuestras relaciones con ellos. 
Señora Presidenta, he votado a favor del ingreso de Rumanía en la Unión Europea. 
Y ello no solo por los motivos- aunque también- contenidos en el informe, sino porque no puedo olvidar la relación existente entre Roma y Rumanía. 
Es sabido que Rumania es una comunidad de personas integrada en su mayor parte por los descendientes de las legiones romanas que habían establecido allí un gran campamento. 
Todo el mundo sabe que la lengua que hablan los rumanos es una lengua latina, a diferencia de las lenguas de todas las demás regiones. 
Pues bien, estos vínculos me han convencido aún más, si cabe, para comprometerme y ser favorable al informe, por otra parte, tan positivo, sobre la situación de Rumanía. 
Espero que este país recupere cuanto antes el tiempo perdido respecto a los demás países que han solicitado la adhesión a la Unión Europea. 
- (EN) Recientemente, un equipo de la televisión rumana me preguntó si yo estaba sugiriendo seriamente que las condiciones de las instituciones infantiles en Rumania podían poner en peligro su solicitud de adhesión a la UE. 
Estos jóvenes periodistas estaban muy sorprendidos por la enorme preocupación que muchos de nosotros sentimos por todos los aspectos del cuidado de los niños en Rumania. 
Nuestra preocupación por el tráfico de niños precisamente cuando el mundo llega hasta las puertas de ese país buscando niños quedó oculta ante la desesperación de padres que buscan niños para adoptar y los claros indicios de que muchos de los que han facilitado el tráfico comercial de niños se vieron involucrados en la política de Rumania e, incluso, de aquellos países cuyos nacionales estaban presionando a favor de la adopción abierta, en particular los Estados Unidos. 
La Baronesa Nicholson ha puesto de relieve estos temas en su excelente informe, y con su profunda preocupación ha alertado, por fin, a las autoridades rumanas, y esperemos que su informe propicie los cambios radicales necesarios para proteger a los niños. 
En lo absoluto, no podemos más que estar de acuerdo con la nueva estrategia decidida en el Consejo Europeo de Helsinki los días 10 y 11 de diciembre de 1999, orientada a abrir las negociaciones con todos los países candidatos de la Europa del Este. 
Pero no a cualquier precio. 
Mientras continúa la degradación social del país y en ninguna parte se ha concluido el proceso de reforma, el ponente se atreve a decir que " Rumanía disfruta actualmente de oportunidades de progreso rápidas no alcanzadas en los tiempos actuales. 
Una dirección política firme, señales económicas excepcionales, una visión clara del proceso de reformas... "pero las intenciones reales aparecen más allá: al adoptar en 2002 la decisión de invitar a Rumanía a convertirse en miembro de la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN aportaría una valiosa contribución a la estabilidad regional; saludo los esfuerzos realizados por Rumanía para cumplir las condiciones necesarias para la adhesión a la OTAN, y ello en particular esforzándose por reestructurar su sector militar y adaptar su política de defensa". 
Rumanía tiene grandes posibilidades de ver que se le presenta la OTAN como sustituto a la adhesión a la Unión Europea, que será cada vez menos considerable por el hecho de que las reformas aumentan las diferencias de desarrollo y por tanto el coste explosivo de la integración. 
Pero se le pide a pesar de todo a Rumanía que se prepare... para la entrada en la OTAN. 
Por estas razones, no hemos podido votar a favor de este informe. 
Informe Volcic (A5-0260/2001) 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe que reconoce la situación de aproximación de Eslovenia a la Unión Europea. 
Dentro de dos días, el próximo sábado, seré recibido en Ljubliana por el viceministro de Asuntos Exteriores. 
¿Por qué? 
Porque forma parte del Partido de los Pensionistas de Eslovenia, y éste será el primer encuentro del Partido de los Pensionistas representado en el Parlamento Europeo con uno de los muchos Partidos de los Pensionistas que existen en los países candidatos a la adhesión. 
Entre estos el primero es el esloveno y espero que este partido, que está consiguiendo que Eslovenia esté a punto de entran en Europa, se una conmigo en los esfuerzos para mejorar la vida de los pensionistas de toda Europa. 
. (IT) Muy a su pesar la delegación de Alianza Nacional en el Parlamento Europeo votará en contra de la adhesión de Eslovenia: pesar porque creemos en los sentimientos democráticos y europeístas del pueblo esloveno, un pueblo que, estamos seguros, dará una contribución importante a la construcción de una Europa cada vez más capaz de encontrar la unidad en la acción política y económica y capaz de erigirse en intérprete de las diversidades históricas y culturales de sus pueblos. 
Sin embargo, hoy Alianza Nacional no puede votar a favor de la adhesión de Eslovenia por la indiferencia que el Gobierno esloveno muestra hacia las legítimas y antiguas reivindicaciones de los exiliados italianos. 
Esta indiferencia reduce nuestras esperanzas que, no obstante, seguimos abrigando en la confianza de que cuanto antes el Gobierno esloveno se dé cuenta de que el concepto de democracia pasa también por el reconocimiento y la indemnización de los daños y de los sufrimientos que en el pasado se causaron a muchos ciudadanos de lengua italiana. 
La adhesión de la República Chipriota a La Unión Europea ciertamente tiene características especiales en relación con la adhesión de los países de Europa oriental. 
La adhesión de Chipre tiene mayor peso e importancia, porque puede ser la pértiga para la solución justa de la cuestión de Chipre basándose en las decisiones de las Naciones Unidas y puede hacer desaparecer una amplia tensión que soporta el clima político en el Mediterráneo oriental, especialmente tras el ataque a la parte norte de la isla por parte de las tropas turcas, que continúan su bárbara ocupación, durante más de un cuarto de siglo. 
La adhesión no se hará a costa de ninguna de las comunidades de la isla y es característico que, a pesar de la postura contraria de Turquía y del régimen Dektas, la mayoría de los turco-chipriotas, tal como se ha publicado en un reciente artículo del periódico turco RADIKAL, se declaran a favor de la anexión de la República Chipriota a la Unión Europea en un 90%. 
La resolución Poos es correcta, equilibrada y políticamente acertada. 
Si el Consejo siguiese esta dirección del Parlamento Europeo, en lugar de echarse atrás constantemente ante las presiones de la clase dirigente turca, tendríamos resultados positivos y rápidos, tanto para la República de Chipre como para las comunidades greco-chipriota y turco-chipriota. 
Informe Poos (A5-0261/2001) 
Lo único positivo del informe de la comisión provisional sobre el sistema de espionaje ECHELON es que admite la existencia de tal sistema y la posible existencia de otros sistemas semejantes. 
Sin embargo, intenta restarle importancia, infravalorando sus posibilidades y su repercusión más general. 
Lo peor de todo es que el informe pretende legalizar la recogida de informaciones personales o de otra naturaleza, considerándola hasta un medio lícito en el marco del desarrollo de una política de seguridad y de defensa de la Unión Europea, para satisfacer las necesidades de la fuerza de intervención rápida para la lucha contra el "terrorismo" etc. Además, considera indispensable la cooperación de los servicios de inteligencia de los Estados miembros de la Unión Europea. 
De todas formas, "insta a todos los Estados miembros a que examinen y en caso necesario adapten su propia legislación en relación con la conformidad de las actividades de los servicios de inteligencia con los principios fundamentales establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". 
El informe habla de "un sistema de supervisión y control democrático" del seguimiento e ¡"insta a las comisiones nacionales de control de los servicios de inteligencia a que en el ejercicio de sus competencias en materia de control concedan gran importancia a la protección de la vida privada, independientemente de que se trate de la vigilancia de ciudadanos del propio Estado, de otros ciudadanos de la UE o de ciudadanos de terceros países"! 
Muestra cierta inquietud por el espionaje industrial, evidentemente para proteger los superbeneficios de los monopolios. 
En cualquier caso, el informe propone la encriptación de mensajes como principal medida de protección. 
Estas posturas son indignantes en extremo y son una provocación frente a la exigencia elemental de protección de la intimidad, de la actividad sindical y política. 
Intentan convencernos de que debemos vivir con el seguimiento, con la expedientación electrónica del Tratado de Schengen, bajo la supervisión de la Europol, y trasladar la obligación de la protección a cada uno de nosotros. 
Por todas estas razones, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe. 
También al informe sobre Chipre he dado mi voto favorable. 
Este verano, señora Presidenta, además de haber estado en los mares del Norte, fui de vacaciones a Chipre. 
Repartí mi tiempo entre la región griegochipriota y la región turcochipriota. 
Fui a la playa y me puse moreno. 
Primero estuve con una preciosa chica griegochipriota y luego de una preciosa chica turcochipriota. 
No encontré ninguna diferencia entre la primera y la segunda parte de mis vacaciones: fueron unas vacaciones muy bonitas tanto en Chipre del Norte como en Chipre del Sur. 
Por lo tanto, espero que la adhesión de Chipre a la Unión Europea tenga lugar lo antes posible. 
He votado en contra de la propuesta de resolución sobre el sistema ECHELON porque, en mi opinión: 
Primero, se infravalora la importancia y el papel de un sistema de interceptación mundial, que dirigen los Estados Unidos y en el que participa un país comunitario, el Reino Unido. 
Segundo, incluye constataciones que no pueden estar completamente documentadas, como que no se utiliza con fines militares. 
Tercero, el enfoque de la resolución sobre el tema de la legalidad para la recogida de información deja el campo abierto para continuar tan peligrosamente indiferentes ante este sector extremadamente peligroso. 
Cuarto, legaliza la posibilidad de que los Estados Unidos continúen, por supuesto bajo condiciones insuficientes, sus incursiones espías en el interior de la Unión Europea. 
Quinto, en lugar de solicitar el acuerdo sobre la transparencia y sobre el control político sobre las actividades de los servicios secretos, flirtea con la idea de la creación de un euro-ECHELON como debe ser. 
. (EN) Valoro la ardua tarea que mi amigo y colega Jacques Poos ha realizado en la elaboración de este informe, pero lamento no poder votar a favor del mismo en la votación final. 
Si se hubieran aprobado las enmiendas presentadas por mi amigo Andrew Duff, habría podido apoyar el informe. 
Durante estos últimos años, Europa ha sido testigo y ha aceptado la separación de la República Checa y Eslovaquia, la disolución de la antigua Unión Soviética y la división gradual de Yugoslavia. 
Y sin embargo, parece que somos incapaces de aceptar los derechos de la población turca de Chipre de que se le reconozcan sus derechos a una administración separada e incluso, si eso no es posible, el derecho a separarse de la República de Chipre y seguir el camino de la autodeterminación como uno de los países más pequeños del mundo. 
Los turcochipriotas tienen tanto derecho a la autodeterminación como los griegochipriotas. 
Durante muchos años, los griegochipriotas han buscado la "enosis" (unión) con Grecia. 
Los turcochipriotas tienen el mismo derecho, aunque personalmente preferiría la opción de dos Estados iguales unidos por algún tipo de federación "bizonal" o "bicomunal" en el seno de la Unión Europea. 
Chipre es actualmente el país candidato más avanzado en sus negociaciones con la Unión Europea (23 capítulos cerrados provisionalmente de 29) , y se puede por tanto prever sobre el papel la adhesión a partir de 2004. 
Pero en la práctica, ésta va a plantear problemas importantes en razón de la ocupación ilegal de la parte Norte de la isla (el 37% del total del territorio) por parte de Turquía desde 1974. 
La Unión Europea considera que el Gobierno chipriota de la parte sur representa a la totalidad de la isla de acuerdo con el derecho internacional, y que éste negocia por tanto la adhesión para todos los habitantes. 
Tiene razón, ya que actuar de otra manera sería reconocer una modificación de la frontera impuesta por la fuerza. 
Pero el resultado podría ser la inclusión en la Unión de una zona cerrada (ya que las comunicaciones están cortadas, salvo con Turquía) , donde no se respetan los derechos humanos (el Tribunal Europeo ha condenado de nuevo a Turquía el pasado 10 de mayo por su comportamiento en Chipre) , y donde la situación económica escapa a todas las normas. 
El informe Poos que acaba de aprobar esta Asamblea declara con toda la razón que si Turquía decidiera anexionarse el Norte de la isla, "ella misma acabaría con su candidatura a la Unión Europea". 
Pero si no lo anexiona y se niega a retomar las negociaciones, es decir, si persiste la situación actual, ¿qué se hace? 
Al menos, sería necesario decir que la actitud de Turquía no corresponde a lo que se espera de un país que se pretende candidato a la Unión. 
. (DE) En primer lugar, yo quiero felicitar al ponente Jacques F. Poos por su informe. 
Ha sido una gran satisfacción para mí que la Comisión de Asuntos Exteriores hiciese suya mi petición central de que la transposición del acervo comunitario en el ámbito de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres se considere un requisito ineludible para la adhesión. 
Debo expresar, no obstante, mi disgusto y el de la Comisión de Derechos de la Mujer por el hecho de que otras peticiones concretas no hayan encontrado acogida. 
En este contexto, yo quisiera destacar que la tasa de actividad de las mujeres chipriotas es muy inferior a la media comunitaria. 
Se deben adoptar medidas destinadas a favorecer el acceso de las mujeres a la formación profesional y al empleo, así como a mejorar la situación de las mujeres en el mercado laboral, y promover políticas que permitan conciliar mejor la actividad laboral y las obligaciones familiares. 
También lamento que Chipre no haya participado en el programa comunitario sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Justamente porque Chipre se considera el país más avanzado en lo que se refiere a la negociación de los capítulos relativos al acervo comunitario; deseamos que se confirme la participación de Chipre en dicho programa en el marco del primer programa nacional para la adopción del acervo comunitario. 
En los últimos años, los Estados miembros de la Unión Europea han incorporado el concepto de integración de la perspectiva del género en el conjunto de las políticas (gender mainstreaming) a sus principales políticas y reformas. 
Con vistas a la futura adhesión de Chipre a la Unión Europea, sería conveniente su homologación al nivel alcanzado en los actuales Estados miembros, así como que los problemas de la diferencia de trato por razón de género se traten en el marco del programa Karolus de intercambio de funcionarios nacionales. 
Finalmente, también quiero señalar que, si bien Chipre cuenta con leyes destinadas a combatir el tráfico de mujeres y la violencia doméstica, todavía se requieren progresos en ambos ámbitos. 
- (NL) Por desgracia, no puedo respaldar el informe POOS, puesto que en él se sostiene que el Gobierno de la parte sur, de habla griega, está autorizado para mantener negociaciones sobre la adhesión de Chipre a la UE en nombre de la parte norte, de habla turca. 
En los años cincuenta yo compartía la opinión de que un Chipre indiviso e independiente era preferible a un Chipre dividido entre Grecia y Turquía a raíz de la descolonización. 
Desafortunadamente, el Estado único chipriota constituido en 1960 no resultó viable y se desmoronó ya en 1964. 
Durante mis visitas a Chipre en 1964 y 1966 pude comprobar cómo los militares extranjeros mantenían separadas las zonas habitadas por los diferentes grupos étnicos por orden de las Naciones Unidas mucho antes de que, en 1974, Turquía ocupara la parte norte de la isla. 
No espero que el repliegue del ejército dé lugar a que la minoría de habla turca vuelva a supeditarse a la mayoría de habla griega. 
La única posibilidad de encontrar una solución pacífica con carácter voluntario pasa por la constitución de una confederación. 
Si la UE se compromete a arrebatar a la población turca la parte norte de la isla después de cuarenta años estallará la guerra. 
Pues bien, yo me opongo a esta guerra y a la consiguiente división entre ganadores y perdedores. 
Informe Stenzel (A5-0262/2001) 
Señora Presidenta, también he votado a favor del informe sobre Malta y he visto que el apartado 8 de la página 7 del informe dice: "Pide a Malta que introduzca una legislación contra la discriminación, según lo previsto en el artículo 13 del Tratado de Amsterdam". 
Señora Presidenta, le estamos pidiendo a Malta algo que en Italia, por ejemplo, no existe. 
En Italia existe una discriminación entre las personas discapacitadas y enfermas de más de 65 años que no tienen derecho a una pensión, y los enfermos de menos de 65 años que sí tienen derecho a una pensión. 
No veo qué diferencia hay entre un discapacitado de más de 65 años y un discapacitado de menos de 65 años. 
Informe Collins (A5-0249/2001) 
Éste último informe se refiere a la comunicación sobre la protección de los pasajeros que utilizan el avión. 
En este caso, señora Presidenta, me ha ayudado el pensionista Roberto Roberti que, mientras bajaba conmigo del avión, aquí en Estrasburgo, me dijo: " ¡Qué asiento tan malo hemos tenido en el avión! 
Yo quisiera que en el avión nos sirvieran jamón de Parma, spaghetti al pesto de Génova, polenta de Véneto, tomates perfumados de Nápoles ". 
Bueno, es hora de comer, señora Presidenta. 
¿Cómo podía terminar mejor que con este "¡ Buen provecho !"? 
Hemos aprobado varios puntos de este informe susceptibles de mejorar la protección de los pasajeros del transporte aéreo, pero no hemos votado la totalidad ya que: 
intenta exonerar a las compañías aéreas de toda una serie de fallos de funcionamiento trasladando la culpa a los aeropuertos y al control aéreo, cuando se trata de todo el funcionamiento mismo del transporte aéreo en su conjunto según las reglas del beneficio que provoca perjuicios a los pasajeros; 
la desregulación y la liberación del sector aéreo, lisonjeadas de forma falaz por el informe, han acelerado la carrera por el beneficio y por tanto los perjuicios que se deducen de ello, tanto para los pasajeros como para los trabajadores del transporte aéreo. 
Es reírse del mundo hacer como que se cree, tal como escribe el informe, que la protección de los pasajeros podría mejorarse sin que ello afectara a la competitividad y contando con el compromiso voluntario de las compañías. 
. (SV) Queremos comunicar que hemos votado en contra del informe Collins, no porque nos opongamos a que se informe a los consumidores o porque consideremos que es un tema intrascendente, sino que porque, en nuestra opinión, esta materia no debe ser tratada en el Parlamento Europeo. 
. (DE) El tráfico aéreo europeo está aumentando con gran rapidez y se prevé que esta tendencia se mantenga en los próximos años. 
La protección de los usuarios de los servicios de transporte aéreo, los pasajeros, y la salvaguardia de su seguridad y su salud, así como de sus derechos como consumidores, adquieren una importancia creciente con el aumento del tráfico aéreo, habida cuenta que las nuevas modalidades de reserva y adquisición de billetes a través de Internet, además de ventajas, también conllevan algunos riesgos. 
La propuesta de la Comisión que ha motivado el informe mejora la protección de los pasajeros aéreos, en particular en lo que respecta a la información sobre el ejercicio de sus derechos en su calidad de tales. 
A la vez también concede a las compañías aéreas la posibilidad de suscribir compromisos voluntarios con los aeropuertos. 
Yo acojo con especial satisfacción la consolidación prevista del marco jurídico para la protección del consumidor, ya que éste incluye la adopción de normas claras, de obligado cumplimiento y que podrán servir de fundamento para acciones judiciales, que todas las compañías aéreas deberán respetar. 
La experiencia indica que un marco jurídico de este tipo es necesario para ayudar al usuario individual a hacer valer de sus derechos en caso de disputa.. 
Lo cual no significa que me oponga por principio a los compromisos voluntarios; sin embargo, preferiría que en el contexto de las relaciones entre las compañías aéreas y los aeropuertos también se estableciesen unas normas que puedan servir de fundamento para acciones judiciales. 
Pero no será así. Por lo tanto, es preciso preguntarse quién controlará el cumplimiento de los compromisos voluntarios y quién intervendrá en caso de incumplimiento y con qué medios. 
Por estas consideraciones, nosotros apoyamos asimismo la petición del colega Collins de que, en caso necesario, la Comisión elabore más adelante propuestas adicionales para abordar los problemas que no se hayan podido resolver de manera satisfactoria desde el punto de vista del interés de los consumidores en el marco de los compromisos voluntarios. 
Por consiguiente, en nombre de mi Grupo, yo voy a votar afirmativamente el informe Collins. 
. (EN) Acojo con gran satisfacción el informe del Sr. Collins que hace un llamamiento a la Comisión Europea para que destine fondos de investigación para estudiar los riesgos que existen para los pasajeros aéreos de largas distancias. 
Habida cuenta de la actual inquietud por los riesgos para la salud que encierran dichos vuelos de larga duración, como trombosis, el presente informe llega en un momento oportuno. 
El informe llega incluso a recomendar medidas adicionales encaminadas a proteger los derechos de todos los ciudadanos europeos, como aquéllos con discapacidades. 
Apoyo plenamente esta medida. 
Asimismo, la recomendación del informe de designar a un defensor de los pasajeros aéreos de la UE, al que los pasajeros puedan presentar sus quejas cuando tengan problemas con las compañías aéreas, contribuiría a la protección de los ciudadanos europeos que han tenido problemas con las compañías aéreas europeas. 
Por último, el llamamiento a favor de simplificar la presentación de quejas facilitaría y desmitificaría el procedimiento de presentación de quejas para los ciudadanos europeos. 
Sería una victoria de los ciudadanos normales contra las grandes empresas. 
Informe Schmid (A5-0264/2001) 
Hemos votado en contra de este informe no solamente para denunciar su complacencia con respecto al sistema ECHELON, sin la ridícula esperanza de que el Parlamento Europeo pueda pesar en la decisión de los que lo han puesto en marcha, sino sobre todo para denunciar todo el sistema de relaciones entre Estados, así como entre grupos financieros e industriales cuyo espionaje universal no es más que una de sus muchas consecuencias. 
La rivalidad entre las grandes potencias en sus esfuerzos concurrentes para imponer al mundo sacrificios onerosos tiene como instrumento el espionaje político y militar. 
El secreto industrial y comercial que preconizan todos los defensores del orden capitalista con el fin de ocultar a sus propias poblaciones las múltiples maneras de apropiarse y derrochar la riqueza social tiene como complemento inevitable el espionaje industrial. 
Todas estas prácticas, compartidas por todos los Estados que tienen los medios, atentan contra las libertades democráticas y los derechos de la persona. 
El informe no se preocupa en el fondo más que por proteger a los industriales europeos contra el obstáculo que representa el descubrimiento de sus pequeños secretos por sus competidores americanos mediante el sistema ECHELON. 
Incluso las modificaciones que aportan algunas enmiendas que hemos votado no cambian nuestra oposición a la totalidad del informe, ni nuestra falta de acuerdo con todas las posiciones minoritarias de las cuales las más inocentes no difieren del texto mayoritario más que en el deseo irrisorio de mejorar, controlar o moralizar un sistema que no es controlable ni moralizable. 
Y no nos colocamos ciertamente como defensores de la "lógica libre mercado" que no es más que la ley de la jungla. 
Fui de los que firmaron a favor de una comisión de investigación. 
En una preocupación por la eficacia, me adherí a la comisión temporal. 
Hoy no lo lamento. 
Nuestra comisión (de la que yo era miembro) ha hecho un buen trabajo y M. G. Schmid, su ponente, ha sido especialmente competente. 
Hace algunos meses, la mayoría de los responsable políticos negaban simplemente la existencia de ECHELON. 
A principios de septiembre del año 2001, todo el mundo (o casi) reconoce que esta red americana de espionaje ilegal abarca una buena parte del mundo y "vigila" los mercados de empresa y, ¡la vida privada de los ciudadanos! 
Sin duda, este sistema es menos "especializado" de lo que podría temerse, pero existe y, ¡es intolerable! 
El ponente propone medidas. 
Puedo comprender a algunos de ellos que son demócratas verdaderos. 
Pero no acepto lecciones de los que, en especial en la extrema derecha, se preocupan por las libertades individuales "como de su primera camisa". 
Lo importante, lo fundamental para mí es que el expediente está "en la plaza pública". 
Tanto en las negociaciones de la OMC, como en el desarrollo de las nuevas tecnologías o en la investigación (ver mis enmiendas al sexto PCRD) , ya nada será realmente como antes. 
Ya nadie podrá decir que no lo sabía. 
Con el excelente informe Schmid que votaré, nuestro combate en este ámbito no hace más que comenzar. 
. (DA) Hemos votado en contra del informe de la Comisión temporal sobre el sistema de interceptación ECHELON. 
El informe presenta un aspecto positivo, pero demasiados aspectos negativos. 
El aspecto positivo es que la comisión constata la existencia de ECHELON. 
Entre los aspectos negativos cabe subrayar especialmente los siguientes tres puntos: 
1. 
A pesar de la conclusión de la comisión sobre la existencia real de ECHELON, no se ha logrado presentar consecuencias políticas concretas. 
En nuestra opinión, esto es lo mínimo que cabría esperar en una asamblea elegida políticamente. 
2. 
La comisión ha optado por centrarse en la intervención ilegal de las comunicaciones de empresas privadas y subestima totalmente la grave violación del derecho a la intimidad, como está recogido, por ejemplo, en la Convención Europea de Derechos Humanos. 
Y la comisión no extrae en este punto más conclusiones políticas que el compromiso de la Convención de Derechos Humanos de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos también redunda en beneficio del ciudadano medio, al que se exhorta a que se proteja a sí mismo de la interceptación ilegal mediante la encriptación de sus mensajes. 
3. 
La comisión constata que un Estado miembro participa en la cooperación ECHELON relativa a la interceptación ilegal de las comunicaciones, pero aquí tampoco se extrae ningún tipo de consecuencia política. 
Al contrario, se pide que se impulse la creación de una cooperación común europea en temas de información. 
Una cooperación, en la que Gran Bretaña, el país que participa en ECHELON, puede participar libremente si así lo desea. 
Consideramos decepcionante el resultado del trabajo de la comisión. 
El Parlamento Europeo no ha cumplido con su responsabilidad de potenciar los derechos humanos. 
La lucha en favor de los derechos humanos alcanza por lo visto su apogeo cuando hay que pronunciar discursos solemnes. 
Cuando llega la acción concreta, entonces los derechos de los ciudadanos se ven eclipsados por la industria privada. 
El informe de la Comisión temporal sobre el sistema de interceptación del Parlamento Europeo sobre el caso ECHELON afirma que no subsisten dudas sobre la existencia de un sistema de interceptación mundial de comunicaciones que funciona con la participación de los Estados Unidos, del Canadá, Australia y Nueva Zelandia, pero procura minimizar su alcance y capacidad y no extrae todas las graves consecuencias resultantes de la existencia de un sistema de interceptación indiferenciada de comunicaciones, por lo que hemos votado en contra. 
Es inaceptable que se mantenga una red que recoge y trata, de forma secreta y sin control alguno, informaciones que pueden ser de todo tipo, en particular político, económico y militar y violan de forma flagrante el derecho fundamental al respeto de la vida privada, consagrado en el articulo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, por lo que se plantea la necesidad del desmantelamiento completo de esa red de dimensión mundial de interceptación de telecomunicaciones. 
Aunque en el informe se indican algunas medidas en el sentido del desarrollo de sistemas y adopción de métodos de protección, en particular de la intimidad, frente a ese sistema (y a otros semejantes... ) , y se habla de medidas de cooperación entre los Estados miembros (necesariamente en el nivel judicial y no de recogida de informaciones, a partir de un análisis de las circunstancias particulares de cada caso, bajo el control de los tribunales) o también de medidas de control de los sistemas de información, en particular en el nivel de los parlamentos nacionales, lo que subyace es que el sistema va a continuar y podría llegar a crearse un sistema de información en el nivel de la UE integrado en la PESC y en la PECSD, cosa igualmente inaceptable. 
Es incomprensible que, en el marco de las conclusiones del informe, ni siquiera se haya solicitado al Reino Unido que se disocie del sistema ECHELON y a Alemania que cierre la base de interceptación situada en su territorio. 
Es de lamentar que la UE se preocupe más del espionaje industrial que de las escuchas individuales y afronte con buen ánimo que en algunos Estados miembros haya un sistema de espionaje de otros Estados miembros, con la participación y el posible control de terceros países, en particular de los EE.UU. 
. (EN) Habida cuenta de que el Parlamento se ha limitado voluntariamente en la naturaleza de la investigación, son muchos los aspectos del informe que deben ser acogidos con satisfacción. 
Me complace que se haya reconocido la existencia de ECHELON y que se haya reconocido asimismo la necesidad de acuerdos internacionales transparentes. 
No obstante, son 3 las causas principales por las que he votado en contra del informe. 
En primer lugar, creo que los Estados miembros que participan en ECHELON deben retirarse de este sistema turbio y no democrático- el informe no deja claro este extremo. 
En segundo lugar, creo que en este informe se aprueba de manera solapada que la UE debe contar con un sistema de inteligencia integrado en la PESC. 
Creo que la PESC representa una amenaza para las libertades tales como el libre acceso a la información y la intimidad de las personas. 
Sabemos que, cualesquiera que sean las garantías sobre el papel, éstas no siempre se cumplen en la práctica. 
En tercer lugar, no está claro cuáles serán las implicaciones de sistemas de este tipo para los individuos. 
Aunque el informe insiste en la necesidad de protección de la intimidad y la supervisión de los servicios secretos, ¿qué pueden hacer los individuos? 
Ya no podrán comunicarse con confianza. 
No existe ninguna solución real. 
Por consiguiente, no puedo apoyar el informe. 
La principal consecuencia del voluminoso informe del Sr. Schmid es que casi nos hace olvidar casi la cuestión inicialmente planteada. 
Efectivamente, ni el talento del ponente, ni la cortesía del Presidente de esta comisión pueden hacer que olvidemos que la estrategia seguida durante todos esos trabajos fue claramente la de sumir el fondo del asunto en un debate general en el que, desde juicios morales sobre la actividad de los servicios secretos en consideraciones inciertas sobre complejas tecnologías, se ha intentado hablar de todo, de todo el mundo salvo de ECHELON y de los que contribuyen a que funcione. 
Estas cuestiones de fondo- en un periodo de la construcción europea a la que en este punto le falta aliento- habrían merecido sin embargo que se les reservara un mejor destino que este silencio desconsolado. 
También hemos de planteárnoslas de nuevo. 
En primer lugar, en la medida en que se ha comprobado la participación de Estados miembros de la Unión Europea en ECHELON, ¿se ha producido, sí o no, en este asunto una violación caracterizada del Tratado de la Unión? 
En caso de respuesta afirmativa, ¿Qué sanciones se piensa aplicar? 
Ha respondido usted en el informe afirmativamente a la primera pregunta. 
Pero, ¿qué consecuencia ha extraído? 
Ninguna, ya que no ha abordado el doloroso pero lógico problema de las sanciones, ni siquiera para explicitar su rechazo a recurrir a ellas. 
Se respira por tanto con tranquilidad en Londres y en Berlín, ya que una infracción caracterizada de los principios de los Tratados no provoca ni siquiera una amonestación de este Parlamento sin embargo tan dispuesto a emocionarse con el mínimo ataque contra el estado de derecho en cualquier rincón del mundo. 
En segundo lugar, ya que de nuestros trabajos se deduce que la Unión Europea en materia de defensa y de seguridad no puede comprometer ninguna operación de envergadura sin el apoyo técnico y logístico de la OTAN, ¿es serio lanzar las bases de un sistema europeo equivalente a ECHELON sin proceder previamente a una clarificación política relativa a las relaciones entre los Estados europeos miembros de ECHELON y la Unión pero sobre todo entre la Unión y la OTAN? 
Porque el fondo de su malestar está ahí: en tanto que su alineamiento técnico y financiero con la OTAN sea también evidente, la pretendida solidaridad europea cederá el paso a una solidaridad atlántica, secuela de la guerra fría, contraria a la existencia de una política europea de defensa y de seguridad común independiente. 
Más claro, y al final, la mayoría de este Parlamento- esa misma que adoptó medidas preventivas "de apartheid" contra el nuevo Gobierno austríaco democráticamente elegido, o que consideraba seriamente poner bajo vigilancia al Gobierno de Silvio Berlusconi- se exime de adoptar medidas contra Estados miembros que se ha demostrado prestan su concurso a una actividad que contraviene las disposiciones del Tratado, daña gravemente a las empresas europeas y amenaza permanentemente las libertades individuales. 
Lo menos que se puede decir es que hay incuestionablemente dos pesos, dos varas de medir, y que la simple equidad nos autoriza a calificar este asunto de verdadero escándalo. 
Sin embargo, por una vez, hubiéramos podido a la vuelta de los verdaderos problemas revelados por ECHELON, mantener un auténtico debate sobre los fundamentos y objetivos de la construcción europea: hubiéramos podido aprehender a las naciones europeas tal como son, con su historia y sus fidelidades propias. 
Hubiéramos podido preguntarnos sobre el tipo de Europa que queríamos construir. 
La respuesta proporcionada así por defecto- la de una Europa de la niebla y de lo no dicho, que consiente de forma cobarde su sumisión a la ley del más fuerte- produce para muchos consternación. 
- (NL) Hace unos años aún se negaba expresamente la existencia de ECHELON, ya que se trataba de una organización secreta, y el objetivo de esa discreción absoluta era que la gente no supiera que existía tal organización. 
Obviamente, este estado de cosas es totalmente contrario a la toma de decisiones democrática, la transparencia, el control por parte de los ciudadanos y la protección del individuo. 
Se ha dado un paso importante al reconocer públicamente que uno de los Estados miembros de la Unión Europea lleva colaborando desde hace tiempo con los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda en una red de espionaje mundial, lo cual puede perjudicar también a personas, organizaciones y empresas dentro de la UE. 
Por desgracia, el informe saca muy pocas conclusiones de todo esto. Acepta que, como consecuencia del resultado de la Segunda Guerra Mundial y el consiguiente papel dominante de los Estados Unidos en la parte occidental de Europa, se hayan celebrado acuerdos de esta índole y que éstos continúen vigentes. 
La conclusión debería ser que el Reino Unido tiene que elegir entre la UE y ECHELON, que la colaboración en este sistema por parte de residentes de los Estados miembros de la UE es motivo de sanciones, que los sistemas de espionaje similares existentes en otros Estados miembros se suprimen y que se dejan de escuchar las conversaciones telefónicas. 
Debido a la actitud pasiva de la mayoría de dos tercios de este Parlamento legalizamos la Europa de los espías. 
Es algo con lo que no estoy de acuerdo. 
. (IT) Un voto en contra, con toda la fuerza de la indignación: jamás nos hubiéramos imaginado ser espiados como europeos, como ciudadanos libres, como empresas económicas, no solo por nuestro aliados de la OTAN, sino incluso por nuestros socios europeos. 
El comportamiento del Reino Unido requeriría una investigación aparte para comprender hasta el fondo no solo las responsabilidades del Gobierno, sino también qué sentimiento une el Reino Unido al resto de la Unión Europa e incluso si existen este sentimiento y esta voluntad política. 
Nos formulamos algunas preguntas: ¿Por qué, al existir este sistema de espionaje, no ha sido utilizado para impedir los actos de violencia que se han producido durante las Cumbres internacionales, las últimas de las cuáles han sido las de Goteborg y Génova? 
¿Qué dirán el Reino Unido y Alemania a los ciudadanos europeos para explicar su traición? 
¿Es posible que la ralentización de una cohesión europea, cada vez más descafeinada política y culturalmente y débil económicamente, dependa también de las noticias recibidas y difundidas a través de ECHELON? 
Son interrogantes importantes para los cuales sería oportuna una comisión de investigación. 
Mi oposición al proyecto de resolución elaborado sobre la base del informe de la comisión temporal de este Parlamento sobre el sistema de interceptación de las comunicaciones ECHELON está motivada por dos razones esenciales. 
Por una parte, la propuesta de convenio entre la Unión Europea y los Estados Unidos no parece pertinente ya que, por encima de las buenas intenciones, correría un importante riesgo de quedar sin efecto práctico. 
Por el contrario, si ECHELON es susceptible de constituir, como pretenden sus promotores, un instrumento multilateral eficaz en materia de lucha contra la criminalidad organizada, el terrorismo, el tráfico de drogas y de armas, así como el blanqueo de dinero, en ese caso no se trata de un convenio de buenas intenciones mutuas lo que hay que firmar con Estados Unidos. 
Lo que hay que negociar es la posibilidad para cualquier Estado que desea asociarse a una cooperación internacional activa en estos ámbitos esenciales, de adherirse al sistema ECHELON que se convertiría entonces en un sistema abierto. 
Por otra parte, el proyecto de resolución es el pretexto para abordar una multiplicidad de temas perfectamente extraños al objeto propio de la comisión temporal. 
En medio de este maletín heteróclito se ha deslizado en el punto 5 la obsesión federalista de ver a la próxima CIG otorgar a la Carta de derechos fundamentales un carácter vinculante y actuar de manera que ésta constituya una base jurídica para recursos, como si las actuales protecciones aseguradas por las Constituciones nacionales como por las declaraciones universales y europea de los derechos humanos fueran nulas y de nulo efecto. 
Se trata en este caso de un verdadero desvío del debate comprometido sobre ECHELON que no puede admitirse. 
. (IT) La delegación socialista italiana y otros colegas socialistas, especialmente franceses, se han abstenido de votar sobre el informe Schmid. 
Es lo mismo que he hecho yo y deseo aclarar las razones de mi voto, pues tengo fundadas razones que creo son compartidas por mis colegas. 
Encuentro del todo incomprensible, por no decir escandaloso, que el Parlamento Europeo, y especialmente el Grupo del Partido Socialista Europeo del que formo parte, haya rechazado, entre otras, algunas enmiendas- las señalé en mi intervención a lo largo del debate: las enmiendas 16, 17, 18, 19 y 22- expresamente orientadas a recalcar que las interceptaciones masivas e indiscriminadas como las que realiza ECHELON suponen una clara violación de los derechos humanos reconocidos por el CPDH y por los demás convenios internacionales. 
Al rechazar dichas enmiendas, con el acuerdo de la mayoría de los socialistas, el Parlamento ha admitido implícitamente- sin darse quizás perfecta cuenta de ello- que de ahora en adelante las comunicaciones privadas de los ciudadanos europeos podrán ser escuchadas por ECHELON y sistemas similares durante todo el día, sin ningún respeto a los principios de legalidad y proporcionalidad reconocidos por el CPDH y por nuestra Carta de Derechos. 
Espero que el Consejo y la Comisión, más sensibles a la exigencia del respeto a los principios reconocidos por los Tratados, corrijan esta peligrosa deriva. 
(La sesión, interrumpida a las 13 h 43mn, se reanuda a las 15 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la reunión del G8 en Génova. 
Señora Ministra, le cedo la palabra en nombre de la Presidencia en ejercicio del Consejo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, desde 1999 se organizan manifestaciones masivas con motivo de cada reunión internacional importante. 
Vimos cómo se juntaron miles de manifestantes de todo el mundo con ocasión de una reunión de ministros en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los encuentros del FMI y el Banco Mundial y la reunión del Foro Económico Mundial en Davos. 
Desde finales del pasado año las reuniones del Consejo Europeo también están siendo objeto de masivas acciones de protesta. 
Pensemos en Niza y Goteborg. 
La reciente reunión del G8 en Génova volvió a levantar protestas masivas. 
Si estas manifestaciones no fueran acompañadas de actos de violencia tan sólo deberíamos reflexionar acerca de las respuestas a las preguntas y preocupaciones formuladas por los manifestantes y quienes los apoyan. 
Por desgracia, las manifestaciones en Niza, Goteborg y Génova iban acompañadas de mucha violencia, a pesar de que los organizadores de las manifestaciones se distanciaron de estas agresiones. 
Aparte de las molestias causadas a los habitantes de las ciudades donde se celebraron dichas reuniones y manifestaciones, aparte de los daños materiales ocasionados en viviendas y mercancías, varias personas resultaron heridas durante los enfrentamientos y, lo que es mucho más grave, murieron dos manifestantes. 
Estamos dispuestos a entablar un diálogo constructivo con la sociedad civil, con las ONG, con todo el que exprese de forma pacífica su preocupación por la mundialización, pero rechazamos y condenamos la violencia que ha deslucido totalmente las últimas manifestaciones. 
Señora Presidenta, señoras y señores, la Unión Europea debe aportar una respuesta doble a los acontecimientos que acabo de recordar. 
Por una parte, debe prevenir la violencia, sea cual sea su forma, con el fin de preservar el espacio de libertad, de seguridad y de justicia que es la Unión, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también de hecho. 
Más allá de esta preocupación esencial, debe también dar respuesta a las inquietudes e interrogantes que expresan aquellas y aquellos que asisten a manifestaciones. 
Como ustedes sin duda alguna saben, el Consejo "Justicia y Asuntos Interiores" abordó el primero de estos asuntos en la sesión del 13 de julio, mientras que el Consejo "Asuntos Generales" trató el segundo aspecto el 16 de julio pasado. 
El Consejo de Ministros de Justicia e Interior se ha pronunciado a favor de una estrecha cooperación internacional basada en los instrumentos jurídicos existentes, y que recurra a instrumentos tales como las disposiciones del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen y la Acción Común del 26 de mayo de 1997 relativa a la cooperación en materia de orden público y de seguridad en el ámbito público. 
Sin embargo, no deja de ser cierto que, en cualquier caso, la responsabilidad del mantenimiento del orden público en el territorio de los Estados miembros de la Unión queda bajo la competencia exclusiva de las autoridades de cada uno de ellos. 
El Consejo no está capacitado para tomar posiciones en una materia en la que el Tratado no le ha otorgado competencia. 
Quiero asegurarle al Parlamento que mi país se dejará guiar por el deseo de la prevención, antes que por una voluntad de represión. 
El Consejo "Asuntos Generales" ha subrayado, y cito, "la necesidad para la Unión Europea y sus gobiernos que son elegidos democráticamente de interpretar la dimensión política de la mundialización y de responder a las inquietudes que ésta genera para gestionar adecuadamente los cambios estructurales que se están produciendo, con el fin de contribuir al progreso político, social y económico de la Comunidad Internacional". 
En este contexto, y sigo citando, " los ministros consideran que es útil perseverar en el diálogo constructivo sobre la mundialización y sus efectos que se mantiene con los agentes sociales, las ONG y los demás representantes de la sociedad civil. 
Hay que implicar a los parlamentos en este diálogo. 
La Comisión y el Consejo harán pública una argumentación muy detallada del papel que la Unión Europea juega en este sentido, un papel positivo, como ya se ha visto. 
El Consejo considera que el debate político sobre la mundialización y el diálogo con la sociedad civil suponen para la Unión Europea una labor necesaria para influir en los efectos de la mundialización y sacar todo el partido posible de sus ventajas. 
El Consejo insiste en la necesidad de mantener un diálogo más profundo con los países en vías de desarrollo para tener en cuenta sus inquietudes ". 
La Presidencia de la Unión, Señora Presidenta, tiene un interés particular en estas cuestiones, y, a lo largo de las próximas semanas, el Primer Ministro belga, Guy Verhofstadt, expondrá sus ideas personales en una carta abierta que será muy ampliamente difundida. 
(NL) Al igual que diversos miembros del Parlamento Europeo pertenezco a la generación que estaba terminando sus estudios y abriéndose camino en el mundo laboral cuando se produjo una ola de protestas, en parte procedente de los Estados Unidos pero con rasgos genuinamente europeos. 
Aunque la tradición sitúe los hechos en el año mágico, 1968, este movimiento contestatario ya se estaba gestando tiempo atrás y seguiría dando coletazos años más tarde. 
Fue una época fascinante, rebosante de ideas, propuestas y acciones. 
No me lo hubiera perdido por nada del mundo. 
Por otro lado, también recuerdo muy bien la vergüenza ajena que sentí por quienes tenían la misma edad que yo ahora y aseguraban que estaban de nuestra parte, que nos comprendían perfectamente y que estaban totalmente de acuerdo con nosotros. 
Por tanto, no cometeré el mismo error, pero sí digo claramente, en nombre de la Presidencia y a título personal, que la contestación en sí es positiva. 
El pensamiento único, cualquiera que sea, no tarda mucho en volverse estéril. Además, la historia no tiene fin, a pesar de lo que Marx, Engels y mucho más tarde Fukuyama pudieran pensar al respecto. 
Como Presidenta del Consejo no me aventuraré a entrar en una discusión ideológica, pero sí quiero subrayar que corresponde a las organizaciones internacionales o incluso mundiales controlar y regular la mundialización, y que la Unión Europea es un claro ejemplo de ello. 
Por eso, es paradójico que los contestatarios se rebelen precisamente contra estas instituciones y organismos. 
Así por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio no fomenta la anarquía económica y comercial, como algunos parecen pensar, sino que organiza y regula el comercio, establece normas válidas para todos y funciona sobre la base del consenso de todos los Estados miembros, que en este momento son ya más de 140. 
(FR) Señoras y señores, sería indecente pretender que la mundialización del comercio, la globalización de la producción industrial y la monetarización de la economía no presentan más que ventajas. 
Sería falso afirmar que la aparición y el desarrollo de las nuevas tecnologías han sido únicamente beneficiosos. 
Hemos de reconocer que estos desarrollos provocan nuevas escisiones, nuevas exclusiones. 
A la ya tradicional brecha entre pobres y ricos, que se aplica tanto a los individuos como a las naciones, viene a sumarse, en el núcleo mismo de nuestras sociedades y entre las naciones del mundo, la brecha que separa a los que tienen acceso a las nuevas tecnologías de los que no lo tienen, o de los que carecen de la formación necesaria para utilizarlas. 
En la medida en que la discusión plantea todos estos interrogantes, es nuestro deber aportar respuestas. 
En la medida en que el debate es ideológico, por ejemplo, en la medida en que arremete contra el capitalismo, es evidente que las respuestas variarán en función de nuestros respectivos posicionamientos ideológicos. 
Por el contrario, lo que considero indiscutible, por encima de las diferencias ideológicas, es la cuestión del control de la globalización. 
¿Cómo sacar el máximo partido de ella? 
¿Cómo minimizar los perjuicios que provoca? 
¿Cómo evitar las exclusiones y conseguir que el mayor número posible de personas se beneficie de sus ventajas? 
A nuestras sociedades, y sobre todo a las instancias políticas de nuestras sociedades, es a quien corresponde aportar respuestas. 
Más allá de las normas necesarias para regularla, la mundialización exige una política voluntarista de los miembros de la Comunidad Internacional para preservar la paz internacional, para compartir mejor los beneficios inherentes al desarrollo del comercio mundial, para que se respeten más los principios de justicia, de democracia y de respeto a los derechos humanos. 
En este contexto, las organizaciones internacionales, y en particular las Naciones Unidas, deben desempañar el papel que había previsto su fundador. 
La Unión Europea está particularmente bien preparada para afrontar la mundialización. 
Es, de alguna manera, la prefiguración a escala europea de un modelo de planificación de la mundialización. 
La Unión ha podido conciliar la creación de un mercado interior con el respeto a las normas en materia de equidad social y de medio ambiente. 
Es, si ustedes quieren, un modelo en la materia. 
Que sea blanco privilegiado de la polémica es otra paradoja más. 
Por tanto, a la Unión Europea y sus instancias les espera una inmensa tarea de clarificación. 
Ya les he dicho que tenemos la intención de ponernos a ello, pero esto sólo es posible en un contexto pacífico, exento de violencia. 
(Aplausos) 
. (EN) Señora Presidenta, me complace presentar, en nombre del Presidente de la Comisión, un informe sobre la Cumbre del G7/G8 celebrada en Génova. 
El Presidente de la Comisión tomó parte, del 20 al 22 de julio del presente año, en la Cumbre del G7/G8 junto con el actual Presidente del Consejo Europeo, Guy Verhofstadt. 
La Cumbre adoptó varias decisiones importantes. 
No obstante, los medios de comunicación centraron su atención, principalmente, en los acontecimientos que tuvieron lugar fuera de la misma, en las calles de la ciudad. 
Estos acontecimientos han confirmado la necesidad de que el G8 emprenda un diálogo real con la sociedad civil y los países no miembros. 
Los manifestantes deben tener la oportunidad de expresar sus opiniones. 
Es un derecho inalienable que no sólo está garantizado por ley, sino que además es defendido en la práctica. 
Muchas personas sienten un malestar real por varios aspectos de la globalización y debemos prestar atención a sus inquietudes. 
No obstante, la violencia desfigura cualquier manifestación, incluso aquélla que obedece a una causa honorable. 
No podemos permitir que manifestantes pacíficos, que expresan sus temores e inquietudes reales, sean molidos a palos del mismo modo que aquellos que cometen actos de violencia. 
Para combatir la violencia, ya sea en Goteborg o en Génova, debemos mejorar la cooperación europea en el ámbito de la ley y el orden. 
El Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores trató sobre estos temas a finales de julio, y los hechos en Génova demuestran la urgencia con la que debemos adoptar medidas. 
Pero quisiera recordarles a todos que, en virtud del artículo 33 del Tratado, la responsabilidad del mantenimiento de la ley y el orden recae principalmente en los Estados miembros. 
Los Estados miembros reconocen, sin embargo, que es necesario mejorar la cooperación entre sus autoridades policiales y judiciales para poder garantizar el orden público en las reuniones del Consejo Europeo y acontecimientos semejantes. 
Las decisiones del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores tenían como fundamento las actuales estructuras y los instrumentos jurídicos en vigor, lo que significa que no se creará ninguna institución específica para que se ocupe de estos asuntos. 
No hace falta decir que la Comisión siempre ha hecho hincapié en la necesidad de que todas las acciones policiales y judiciales respeten los derechos civiles y humanos de los ciudadanos y la legislación que garantiza la protección de la intimidad y el respeto de las libertades públicas. 
Debemos reflexionar sobre cómo dar una respuesta política a los doscientos mil manifestantes de Génova. 
La Comisión cree firmemente que la Unión debería fomentar un diálogo activo de buena fe con las organizaciones que ejerzan pacíficamente sus derechos a la libre expresión y a la congregación. 
Creemos que el Parlamento Europeo debería desempeñar un papel primordial en el fomento del diálogo. 
Los manifestantes desean que atajemos el creciente abismo entre los hemisferios norte y sur de nuestro planeta. 
Un abismo creado por la desigualdad, la pobreza, la enfermedad y la guerra. 
A pesar de nuestros esfuerzos e, incluso, de algunos logros durante los últimos cuarenta años, prevalecen las trágicas desigualdades y la injusticia social, y tenemos aún un largo camino hasta llegar a superarlas. 
Éste es un reto no sólo del G8, sino también de nuestra Europa en los años y décadas venideros. 
La Unión debe apoyar a los dirigentes políticos, especialmente de África, que están a favor de la democracia. 
Debe impedir el tráfico ilegal de armas entre el Norte y el Sur. Y debe aplicar políticas que refuercen las economías de las naciones más pobres. 
Políticas como la iniciativa "Todo excepto armamento", que ha abierto nuestros mercados a productos procedentes de los países menos desarrollados, son un buen ejemplo de este enfoque. 
Afortunadamente, la opinión pública muestra hoy una preocupación cada vez mayor por el rumbo que ha tomado el mundo, y las personas reconocen que esta desigualdad entre el Norte y el Sur no puede tolerarse. 
La Comisión es muy consciente de la creciente importancia de la sociedad civil y está deseosa de involucrar a asociaciones de ciudadanos y ONG en la elaboración y aplicación de las políticas de la UE. 
Como dijo ayer el Presidente de la Comisión, durante el debate en este Pleno sobre la gobernanza, la Unión sigue siendo la única respuesta concreta, práctica y democrática a la globalización. 
Por ello es necesario que las instituciones europeas operen sobre la base de cinco principios fundamentales: apertura, participación, transparencia, eficacia y coherencia. 
Debemos emprender un diálogo abierto y sistemático con la sociedad civil e involucrar a todos los interesados en la elaboración de las políticas de la Unión. 
Asimismo es necesario reforzar la voz de la Unión e influir en el mundo, de manera que Europa haga una contribución mayor a la prosperidad y la estabilidad internacionales. 
Las instituciones multilaterales son la clave para aprovechar la globalización, pero, naturalmente, hacemos hincapié en que queremos contribuir a la reforma de las organizaciones multilaterales, hacerlas más abiertas, más transparentes y más democráticas. 
En este sentido, en Génova tuvo lugar una reunión de especial importancia- la reunión "de contacto" con los dirigentes de varios países no miembros. 
Fue una reunión muy fructífera, que permitió a importantes representantes de países del Sur expresar sus puntos de vista con toda franqueza y libertad y discutir abiertamente con los Jefes de Estado y de Gobierno del G8. 
Como resultado, el G8 decidió que África sería uno de los principales puntos del orden del día de la reunión que se celebrará el próximo año en Canadá. 
La Comisión, por su parte, puede sentirse satisfecha con varias de las decisiones adoptadas en Génova. 
Los documentos sobre comercio, seguridad alimentaria, cambio climático y enfermedades contagiosas, así como el énfasis que se puso en África, reflejan, en general, las contribuciones preliminares de la Comisión a la Cumbre. 
Sobre comercio, hubo acuerdo unánime sobre la necesidad de lanzar una nueva ronda de conversaciones en la conferencia ministerial que se celebrará en Doha en noviembre. 
Este punto de vista fue reiterado la semana pasada en Ciudad de México. 
Durante el debate sobre el comercio, el Presidente Putin declaró que Rusia estaba dispuesta a seguir el ejemplo dado por la Unión Europea con su iniciativa "Todo excepto armamento". 
Respecto a la seguridad alimentaria, la parte europea insistió con éxito en que la Comunicación final debía incluir una referencia al principio de cautela. 
El G8 celebró un largo debate sobre el cambio climático que allanó el camino y permitió que, unos días más tarde, se alcanzaran conclusiones en Bonn, conclusiones sobre las que creo que ha tratado el Parlamento en este período parcial de sesiones. 
La Cumbre ha proporcionado asimismo la oportunidad de lanzar un fondo mundial para la salud. 
El objetivo de este fondo internacional, que no estará limitado a los países del G8, es contribuir a la reducción de la pobreza a través de la lucha contra el problema del sida, la malaria y la tuberculosis. 
La Comunidad, por su parte, se ha comprometido a proporcionar 120 millones de euros. 
Al igual que en todas las ocasiones en que la actual Presidencia de la Unión la ostenta un Estado que no es miembro del G8, la Unión estuvo representada en la cumbre por el Presidente del Consejo y por el Presidente de la Comisión. 
Este arreglo en tándem dio excelentes resultados y me complace poder hacer aquí hincapié en ello. 
Somos conscientes de que en un futuro será necesario modificar varios aspectos del G8 y de que no se trata únicamente de una operación de estética. 
La Comisión, por su parte, fomentará la vuelta al espíritu original de las reuniones del G8. 
De hecho, en Génova se adoptó la decisión conjunta de reducir el tamaño de las delegaciones, y la reunión que se celebrará en Canadá el año próximo será mucho más sencilla y- esperamos- más eficaz. 
Señora Presidenta, he escuchado con cierta satisfacción las declaraciones del Consejo y de la Comisión porque por fin se ha comenzado a abordar el tema fundamental del G8. 
En efecto, a lo largo de estas semanas se ha tratado de hablar de cuestiones de orden público y habrá manera de abordar también esto. 
Sin embargo, se ha hablado muy poco de los resultados, en mi opinión, positivos de la Cumbre de Génova en lo que se refiere a la lucha contra el hambre en el mundo, contra la pobreza y contra el sida. Unos resultados positivos de una Cumbre dirigida por Italia que por fin reunió en torno a una misma mesa al Presidente de Estados Unidos y al Presidente de la Federación Rusa: era algo impensable, por lo tanto, se ha lanzado un fuerte mensaje de paz desde las sedes del G8. 
Hubiéramos querido comenzar este debate sobre los contenidos de la Cumbre en este Parlamento, antes de la Cumbre, pero se nos impidió porque nuestra propuesta fue rechazada por muchos Grupos parlamentarios de la izquierda. 
Estamos convencidos de que por primera vez, como decía el Comisario Vitorino, el G8 asistió a un intenso debate sobre temas concretos entre los líderes de los países más industrializados del mundo y los líderes de los países africanos hablando de cuestiones concretas e implementando un proyecto de cooperación respecto a la propuesta de unión africana que fue ilustrada por los demás países de cara a una acción de asociación con dichos países. 
Se ha emprendido una acción de reducción de la deuda respecto a 23 países por un valor de 50 millardos de dólares, el 70% del total. 
Se ha puesto en marcha un proyecto dirigido a la modernización de los países del Tercer Mundo, lo que es muy positivo. 
Se alcanzaron resultados concretos y positivos y luego se ha tratado de convertir la Cumbre del G8 única y exclusivamente en una cuestión de orden público. 
Hay mucho que decir acerca de lo que ocurrió, y de las instrumentalizaciones que se hicieron también en este Parlamento que no debe convertirse en una palestra en que se discuten los grandes temas nacionales, ni en el lugar donde se importan los debates nacionales. 
Ciertamente no se puede contestar- y lo debemos decir claramente- la globalización con manifestaciones que son lícitas cuando no hay actos de violencia, pero no se puede contestar la globalización, no se pueden contestar las Cumbres con manifestaciones violentas agrediendo a la policía. 
Las investigaciones de las autoridades judiciales italianas demuestran que existen responsabilidades también de ciudadanos europeos de la Unión que llegaron a Italia desde fuera para organizar manifestaciones violentas. 
Y termino, señor Presidente, confirmando la solidaridad con las fuerzas del orden italianas y señalando la necesidad de una mayor cooperación entre las fuerzas de policía, entre los ministros de Interior, una cooperación que quizá no fue suficiente con ocasión de la Cumbre del G8 y en la que tendremos que trabajar intensamente. 
Por último, estimo ridículas las propuestas presentadas en este Parlamento para someter a Italia a observación, ya que creo que Italia no merece lecciones de democracia de ninguna fuerza política que se sienta en el Parlamento. 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, el Grupo Socialista ha solicitado este debate por dos razones. 
La primera es porque las conclusiones y el trabajo de la Cumbre del G8 quedaron oscurecidas porque se planteó el debate en términos de orden público. 
Y tengo que agradecer especialmente al Sr. Vitorino que nos haya hablado de los resultados de una Cumbre cuya agenda fue elaborada por un Gobierno, el del Olivo, en Italia, fue discutida en el Parlamento Europeo- Sr. Tajani, usted estaba haciendo campaña municipal, pero se discutió aquí- y, además, hemos pedido una resolución sobre este debate que ha sido contestada y negada por el PPE. 
No entendemos que quieran hablar y se nieguen a que haya una resolución. 
Pero en cualquier caso, Señorías, lo que sí quiero señalar es que nosotros dijimos claramente que el Presidente de la Comisión y el Presidente del Consejo estaban en la foto de Génova y lamentamos que no hayan tenido tiempo para venir a este debate si lo consideraban tan importante. 
Y tengo que señalar que hay algunos avances positivos. 
El comisario Vitorino se ha referido a ellos. 
Diría que en la condonación de la deuda no se ha avanzado mucho. 
El fondo sobre el sida, la malaria y la tuberculosis es un paso positivo, aunque no suficiente todavía. 
África debe ser una prioridad; la voluntad de flexibilidad de los acuerdos TRIPS también, y la iniciativa "Todo menos las armas" así como la extensión del sistema de preferencias generalizadas son aspectos de los que los europeos podemos estar orgullosos y deberíamos de valorar más. 
Asimismo, también, nuestra posición firme sobre Kioto que, a pesar de la resistencia norteamericana, nos ha permitido llegar a una solución en Bonn. 
Creo que como Parlamento debemos pedir cuentas de eso y debatir porque, además, mi familia política, el Partido Socialista Europeo, que es miembro de la Internacional Socialista (nosotros somos internacionalistas y estamos globalizados desde el siglo XIX) , es una organización que está presente en 160 países del mundo, y no es sólo una organización del hombre blanco, es decir, es una organización de todos los continentes. 
Por eso, el tema de la globalización, que en nuestro último congreso de la Internacional en París llevó, hace dos años, a una resolución sobre los desafíos de la globalización, debe ser para nosotros un elemento permanente de la política europea. 
Por último, una reflexión sobre las cuestiones de orden público. 
Mi Grupo ha dicho, desde el principio, que está a la espera de que concluya la investigación que se está llevando a cabo en el Parlamento italiano sobre estos temas, porque respetamos el Parlamento de una democracia importante que es miembro de la Unión Europea. 
Ello no nos impide que manifestemos una posición muy crítica en relación con los derechos de los ciudadanos europeos recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales. 
No hay políticas de orden público que restrinjan para todos los ciudadanos- y lo digo mirando a la Presidencia belga- los derechos de manifestación y de expresión. 
Lo que tiene que hacer una política de orden público responsable es garantizarlos, no reprimirlos. 
Así como no se puede prohibir el fútbol cuando se combate a los hooligans, no se deben limitar los derechos porque haya núcleos pequeños de provocadores vandálicos. 
Una última petición, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías: invocar la sociedad civil se ha convertido en algo tan general que es casi imposible hacer un discurso político sin hablar de la sociedad civil. 
Pero lo que no acabo de entender es que se diga que se va a hablar con la sociedad civil y, luego, se coloca una coma y se dice: "Hombre, y también con el Parlamento". 
La sociedad se hace civil cuando elige a sus representantes y, por lo tanto, el primer deber del Presidente del Consejo y del Presidente de la Comisión, cuando van a estas cumbres, es venir al Parlamento y rendir cuentas. 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, los sucesos ocurridos en la última Cumbre del G8 en Génova nos pueden inducir a poner en segundo plano las verdaderas y grandes cuestiones que están sobre el tapete. 
En consecuencia, me detendré en estas últimas pasando por alto algunos aspectos que, aun siendo importantes, se debatirán en todo caso en nuestra Comisión de Libertades Públicas y respecto a las cuales es conveniente esperar la opinión del Parlamento italiano que ha constituido una comisión de investigación ad hoc. 
No cabe duda de que en el futuro este Parlamento podrá abordar la cuestión con pleno conocimiento de causa, aunque ya desde ahora se puede estigmatizar y condenar toda forma de violencia sea cual sea su origen, como instrumento de resolución de las cuestiones. 
Entretanto es absolutamente necesario que hoy este Parlamento debata, y seguidamente defina una línea política clara, los grandes temas de la globalización y se comprometa a encontrar las formas concretas para condicionar el proceso de mundialización procurando que su objetivo final sea la construcción de un nuevo humanismo plenario que ponga en el centro de la historia la dignidad del ser humano, en lugar de los grandes intereses financieros. 
En este sentido, la globalización, lejos de ser un ineluctable instrumento de aflicción, resulta ser una gran ocasión para poder cambiar realmente los equilibrios del planeta y vencer las terribles plagas que afectan a una gran parte de la humanidad, por las cuales en los tiempos que vivimos ninguno de nosotros puede sentirse seguro de su inocencia moral. 
A pesar de tener en cuenta las decisiones, apreciables para la humanidad, adoptadas en la Cumbre del G8, no se puede aceptar fácilmente la sustancial indisponibilidad a intervenir aun parcial y gradualmente en el modelo de desarrollo: éste es el punto que continúa centrándose en el consumismo y en el mercado salvaje, en vez de en principios compartidos de solidaridad y participación. 
Por lo tanto, la cuestión fundamental sigue siendo la instancia política e institucional aceptada por todos que pueda guiar el proceso de mundialización y que, evidentemente, no puede ser sólo el G8. 
Con relación a este tema, es preciso darse prisa para evitar daños irreparables, porque hay que partir del reconocimiento de que la globalización de la política, o sea, el control democrático de los procesos de mundialización, avanza a un ritmo exasperantemente lento respecto a lo que ocurre en otros sectores. 
Hoy no existe una receta preestablecida, pero, a mi modo de ver, se podría partir de las propuestas del Nobel de la Paz del año 1996 que ve una cumbre permanente que reúna a la Unión Europea, al G8, al Banco Mundial, al grupo de los 77 países en desarrollo, a la ONLUS y a las empresas para lanzar y gestionar un gran Plan Marshall a escala planetaria que se base en una estrategia universal compartida. 
Alguien habla de utopía, pero utilizando las palabras de Tomás Moro, padre de nuestra Europa: "Sin ella, ¿qué sería nuestra política ?" 
Señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, creo que la Cumbre del G8 de Génova habrá sido un momento importante en nuestra vida política y habrá probablemente marcado un punto de inflexión en la vida política europea y mundial, por desgracia no por los compromisos que los países más ricos del planeta han asumido conjuntamente para dar respuesta a los graves problemas que afectan a los países más pobres- y subrayo el hecho de que los desequilibrios Norte-Sur nunca han sido tan acusados -, sino más bien por el propio contexto de esta Cumbre. 
El Sr. Vitorino, con razón, ha recordado un cierto número de decisiones, o en todo caso de orientaciones, establecidas durante esta Cumbre, pero creo que no hay que darles una importancia que no tienen. 
Es cierto que ha habido un tímido reconocimiento de la pertinencia de suavizar la deuda de los países más pobres, pero ahí ha quedado la cosa. 
También es cierto que se ha creado un Fondo Mundial para la lucha contra las enfermedades infecciosas, pero con una financiación global considerablemente insuficiente, ya que se le ha concedido una dotación de 1.300 millones de euros, mientras que el Secretario General de la ONU considera que serían necesarios 10.000 millones. 
Sin embargo, nada indica que exista una voluntad común de corregir las desigualdades, en concreto materializando el objetivo que ya se prometió hace tiempo de dedicar el 0,7 % del Producto Interior Bruto a la ayuda al desarrollo. 
Ya no se ha vuelto a hablar de ello. 
A cambio, los participantes han recordado con énfasis su fe en las virtudes del mercado, del librecambio, del desarrollo de las nuevas tecnologías de ingeniería genética y en las reglas del comercio internacional. 
A fecha de hoy, lanzar una nueva ronda de la OMC es ciertamente un deseo de la Unión Europea, pero, ¿es ésta la respuesta a los problemas derivados del carácter no equitativo de las reglas de la OMC? 
Efectivamente, las reglas para la toma de decisiones en la OMC no son equitativas, en el sentido en que penalizan a los países más pobres con respecto a los ricos, aunque sólo sea por el acceso limitado de los países pobres a los elementos que permiten participar correctamente en las decisiones. 
Por tanto, no hay ninguna respuesta, ninguna apertura real a las reivindicaciones y a las protestas de las decenas de miles de manifestantes, y más en general de un amplio sector de la opinión pública europea, que rechaza o pone en entredicho una mundialización que es esencialmente financiera y comercial. 
No se pone en tela de juicio la mundialización como tal, sino su carácter esencialmente financiero y comercial. 
En consecuencia, considero necesario que la Unión Europea tome iniciativas concretas al respecto, empezando por dejar de practicar el autismo frente a las voces contestatarias. 
En este sentido, me alegra que el gobierno belga haya propuesto debatir la tasa Tobin durante la próxima Cumbre Ecofin. 
Creo que es una buena iniciativa, que debería dar lugar a otras iniciativas similares. 
Pero también, y sobre todo, hay que establecer un diálogo real con los parlamentos: el Sr. Barón Crespo tiene razón, el Parlamento es al fin y al cabo el primer representante de la opinión pública, es evidente. 
Por tanto, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales deben ser lugares dónde los gobiernos expliquen sus iniciativas. 
Pero, además de a los parlamentos- ya no estamos en el mundo político clásico de hace medio siglo -, hay que hablarle a las asociaciones, hablarle a la sociedad civil organizada. 
Muchas asociaciones han expresado ideas importantes y argumentos serios, no escucharlas es un error político. 
Como cada uno de los que estamos aquí, lamento que exista la violencia y condeno la violencia de los manifestantes de los Black Blockers, pero no puedo dejar de condenar al mismo tiempo la inaceptable actuación de las fuerzas policiales italianas, que han ultrajado los derechos humanos en Génova. 
Señora Presidenta, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, mi Grupo, muy presente en Génova, pidió desde el día siguiente a la finalización del G8 la inscripción de este debate en el orden del día de esta sesión de reapertura. 
Muy a la defensiva, la mayoría conservadora de nuestra Asamblea ha impedido que este debate pueda culminar en una resolución que permita a nuestro Parlamento pronunciarse. 
En cambio, no podrá impedir que los graves interrogantes planteados por los acontecimientos de Génova reaparezcan constantemente, de una u otra forma, en nuestra agenda política a lo largo del periodo que se presenta: el post-Génova no ha hecho más que empezar. 
Uno de los interrogantes planteados por Génova se refiere a la propia legitimidad del G7, G8, concebido en la práctica como un directorio de los grandes del mundo. 
No voy a hablar de ello hoy. 
Otro de los temas que Génova ha lanzado a la palestra es naturalmente esta problemática de la violencia, y en concreto la inusitada represión con que se ha castigado a manifestantes pacíficos, acorralándolos hasta la propia sede del Foro Social de Génova. 
Ayer, tomamos la iniciativa, a la que se sumaron el Grupo de Los Verdes, la asociación Altac y parlamentarios socialistas, de organizar un gran debate sobre este asunto, con el coordinador del Foro Social de Génova, el Sr. Agnoletto. 
Los gravísimos acontecimientos que se recordaron o se concretaron en este foro nos confirmaron en nuestra convicción de que habrá que aclarar a fondo el desarrollo de los acontecimientos que condujeron a la tragedia y a las exacciones que ya conocemos, así como la cadena de responsabilidades en las reglas y los valores a los que la Unión Europea se remite. 
Por lo demás, he propuesto que constituyamos aquí mismo un comité de seguimiento que trabaje de forma coordinada con parlamentarios italianos, con el Foro Social de Génova y con otros colaboradores que deseen contribuir a sacar toda la verdad a relucir. 
En la misma línea, hemos reiterado nuestro apoyo a los actores del movimiento social que no piensan permitir que su mensaje sea distorsionado por actos violentos del tipo Black Block fácilmente manipulables por nuestros adversarios. 
Así pues, no permitiremos que este magnífico compromiso ciudadano en plena expansión sea desacreditado, e incluso criminalizado. 
Esto me lleva al tercer, y quizás para nosotros principal, punto del post-Génova: las respuestas políticas que sabremos o no aportar a las interpelaciones de estos hombres, de estas mujeres y de esta miríada de jóvenes que son catalogados muy erróneamente como anti-mundialistas, cuando, en la mayoría de los casos, aspiran a una mundialización democrática y solidaria. 
En un momento en que la Unión Europea debate su futuro, su ambición en la escena mundial y sus relaciones con la sociedad civil, nosotros, por nuestra parte, no creemos que estas interpelaciones sean una amenaza a conjurar, sino más bien una oportunidad que hay que aprovechar para que Europa se mueva. 
Señora Presidenta, los positivos resultados del G8 deben comprometer a nuestros Gobiernos a cumplir los acuerdos tomados para luchar contra la pobreza y regular la globalización. No debe ocurrir, como en el pasado, que los compromisos adquiridos no se respetan o se aplazan demasiado tiempo. 
Las dos terceras partes del mundo viven en condiciones de extrema pobreza. 
Nuestras ayudas deben beneficiar a las poblaciones y no propiciar el enriquecimiento económico y político de los Gobiernos que han contribuido a aumentar la miseria de sus pueblos y continúan impidiendo el respeto a los derechos humanos. 
Queremos acciones especificas y condicionadas a la realización de verdaderas iniciativas en beneficio de las poblaciones, lo cual también nos induce a tratar de replantear el concepto de mundialización. 
¿Puede existir una vía europea? 
¿Se puede impedir que la globalización se convierta en un boomerang que golpea siempre a los más pobres? 
Lamentablemente, en Génova los acontecimientos relacionados con el orden público, según algunos medios y cierta política, han relegado a segundo plano los temas debatidos y las orientaciones definidas por los líderes de la Cumbre. 
Sin embargo, por primera vez y también en presencia de los representantes del Tercer Mundo se abordaron temas que revisten una importancia capital para el futuro pacífico de la humanidad. 
Lamentablemente, también las legítimas opiniones de los manifestantes pacíficos se han visto ensombrecidas por la violencia globalizada de aquellos cuyo trabajo es alborotar. 
Frente a la guerrilla urbana que repitió los actos de violencia perpetrados con ocasión de las Cumbres de Niza y de Goteborg, debemos afrontar dos problemas candentes: primero, ¿cómo garantizar el respeto a la democracia en ocasiones similares? 
O sea, nos debemos preguntar cómo se tendrán que organizar las futuras Cumbres que se celebrarán en los Estados europeos, al objeto de garantizar que la reunión entre los representantes de las distintas instituciones sean productivas y no fuente de polémica estéril y violenta; segundo, ¿cómo debemos actuar política y culturalmente para impedir que las legítimas manifestaciones de protesta se conviertan en acciones de violencia organizada e instrumental? 
¿Existe un espacio jurídico dentro del cual es posible que INTERPOL desarrolle una función de prevención y de control contra la difusión de la violencia y del terrorismo? 
Asimismo, a la vista de la invitación del Comisario Vitorino a una mayor cooperación para prevenir la violencia, nos preguntamos cómo es posible que ECHELON que, con la ayuda del Reino Unido, escucha todo lo que ocurre en Europa, no haya advertido y ayudado para impedir que se perpetraran los actos de violencia, primero de Goteborg y después de Génova. 
Interrogantes inquietantes que volveremos a abordar. 
Italia la que necesita ser sometida a observación, sino esa parte de Europa que habla de los derechos humanos en este Pleno y luego deja que esos mismos derechos sean violados, así como la bondad interesada de cierta izquierda que añora la violencia como método de convencimiento. 
Señora Presidenta, Señorías, hoy es necesario que ante todo Europa actúe para permitir que se alcancen los objetivos establecidos en Génova y que sus Gobiernos no instrumentalicen para fines de política interna acontecimientos dolorosos que deberían afrontarse de común acuerdo. 
Es preciso que Europa vuelva a encontrar el sentido de Unión Europea y no de faccionalismo individual. 
Señora Presidenta, con respecto a las respuestas políticas a la globalización, les pedimos que no nos obliguen a elegir entre Génova y Durban, entre el G8 de algunas de las mayores democracias occidentales, el G8 de Génova y la Cumbre de la ONU de Durban. 
Seguramente escogeríamos el G8 de Génova más que los foros internacionales donde las dictaduras de este mundo tienen la mayoría, el poder decisorio y terminan con decisiones que son propias de una conferencia racista más que de una conferencia sobre el racismo. 
La alternativa es que no podemos sentirnos satisfechos por el método del G8 ni por el método de esta Unión Europea. 
Pensamos que las democracias occidentales deben relanzar el método de la democracia y del Estado de Derecho y no han de jugar a la defensiva, sino al ataque relanzando la iniciativa de globalización de los derechos y de la democracia. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, tras tantos años de campaña, si existiera realmente una voluntad concreta de esta Unión Europea, no debería ser posible que no se haya ratificado todavía el estatuto del Tribunal Penal Internacional. 
No debería ser posible que aún no se haya aprobado en el ámbito de la ONU la moratoria universal sobre la pena de muerte. 
Es con respecto a esto que las democracias occidentales han de contraatacar. 
En cuanto al G8, estas Cumbres deben ser públicas y no se trata de cooptar a los representantes de las organizaciones no gubernamentales o de cooptar a los representantes de los países más desfavorecidos. 
Se trata de que los parlamentos y todos los ciudadanos se hagan cargo de todos estos problemas, de transmitirlos en directo a través de los medios audiovisuales y de Internet y de hacer participar a todos los ciudadanos en las actividades de estas Cumbres internacionales, así como de relanzar el modelo democrático y del Estado de Derecho. 
En mi opinión, esta es la alternativa para mejorar los G8 y esta Unión Europea y es la alternativa a aquellos que piden que en el centro del gobierno de la globalización haya instituciones en las cuales las peores dictaduras de este mundo continúan teniendo el derecho de veto. 
Señora Presidenta, he pedido la palabra para protestar enérgicamente contra quien ha lanzado una acusación muy grave contra las fuerzas del orden italianas. Una acusación de la que no tiene pruebas ni fundamentos. 
Evidentemente, su Señoría desconoce la realidad y, por lo tanto, pido que se elimine del Acta o que el Parlamento Europeo extraiga en su Pleno las consecuencias de una afirmación tan dura que creo que no se debería permitir en este hemiciclo. 
Señor Ferri, no era una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, al agradecer a la Presidencia belga y al Comisario Vitorino su introducción, quisiera formular dos consideración de carácter político. 
Primera consideración: pienso que todo el mundo es consciente del por primera vez activo y fuertemente presente papel desempeñado por la Unión Europea en la Cumbre del G8. 
Si es cierto que, probablemente, sus resultados se hubieran podido mejorar desde el punto de vista concreto, como ha recalcado algún diputado, voy a citar las palabras de un político que no pertenece a mi cultura pero que muchos conocen en este Pleno: "Los largos caminos comienzan con pequeños pasos". 
Y en Génova, sin duda, se ha establecido un método de trabajo totalmente nuevo respecto a todas las demás Cumbres del G8. 
Segunda consideración: pienso que en este Pleno todos tienen como objetivo una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, y nosotros basamos nuestra perspectiva de trabajo y política en el consenso, en la democracia y en la ley. 
Ahora bien, en la Cumbre de Génova y en los mensajes que han aflorado después a través de los medios de comunicación, lo que me preocupa es el intento de negar la democracia representativa que es algo que considero inaceptable. 
Puede pertenecer a la cultura de algunos, sin embargo, debemos rechazar la violencia porque la violencia va en contra de nuestra manera de relacionarnos entre personas, pero sobre todo debemos creer en una construcción absolutamente diferente de esta oposición frontal e irreductible. 
Termino con dos breves apuntes de actualidad. 
Nosotros no quisimos la resolución porque, como seguramente recordará algún colega, en julio queríamos llevar a cabo un debate para, como Parlamento Europeo, ir preparados junto con el Consejo y la Comisión a la Cumbre de Génova. 
No se nos permitió: sólo tuvimos tiempo para una pregunta oral. 
Segundo punto: pienso que, conociendo, entre otras cosas, el equilibrio de algún orador que me ha precedido, antes de lanzar dardos o emitir juicios sobre la actuación de las fuerzas del orden en Italia, esperaría las conclusiones de la investigación que la magistratura está llevando a cabo en este momento. 
Señora Presidenta, el desarrollo del G8 en Génova ofrece elementos de reflexión a los Gobiernos, especialmente a los ocho protagonistas, pero también a la Comisión y al Consejo, a las Instituciones, a los partidos y al movimiento dentro del cual se ha abierto una interesante reflexión que pone en tela de juicio la misma definición de antiglobalización. 
Éste no es el momento adecuado para afrontar los problemas de seguridad o de orden público que, como se ha recordado, van asumiendo una dimensión europea y exigen respuestas eficaces y al tiempo respetuosas de los derechos como el derecho a la libertad de reunión y de manifestación recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Oportunamente la Comisión de Libertades Públicas de nuestro Parlamento ha tomado la decisión de elaborar una recomendación al Consejo de Asuntos Interiores antes de la próxima reunión de noviembre. 
Sin embargo, no podemos dejar de expresar aquí nuestro profundo dolor por la pérdida de una joven vida humana, la de Carlo Giuliani, y una condena inequívoca de la violencia que también en Génova han protagonizado grupos minoritarios, así como nuestra preocupación por los episodios inútilmente represivos en aras de la seguridad de los ciudadanos a cargo de sectores de las fuerzas del orden. 
Sobre todo esto se está llevando a cabo una investigación tanto en el Parlamento italiano, como por parte de la magistratura. 
Nosotros mismos podremos disponer de la misma en breve. 
Volviendo al fondo de la agenda hay que decir que el G8, como reunión informal, corre el riesgo de crear expectativas que casi nunca se traducen en compromisos concretos. 
No obstante, gracias también a la atención que el movimiento ha conseguido crear en torno a estas Cumbres, parece ineludible el problema del papel de los países más desfavorecidos y un compromiso más convincente en cuanto a la deuda, la pobreza, el comercio, la lucha contra las enfermedades y el medio ambiente. 
En conclusión, si el movimiento tiene la responsabilidad de reflexionar sobre su futuro empezando por las formas de lucha y sobre el riesgo de desembocar en derivas proteccionistas confusamente agitadoras, le corresponde a la Institución la obligación de gobernar los procesos globales que hasta la fecha han primado concentraciones económicas y rentas especulativas y aumentado diferencias e injusticias intolerables. 
El próximo compromiso en el cual la Unión Europea y la Comisión tendrán otra responsabilidad muy distinta respecto al G8 será la nueva ronda de la Organización Mundial de Comercio. 
La propuesta de la Comisión Europea "Todo menos las armas" sale reforzada de la comunicación final de Génova. 
Nos corresponde a nosotros llevarla adelante con coherencia en la relación con nuestras opiniones públicas y con los países desfavorecidos, excluidos de los flujos del comercio mundial. 
Señora Presidenta, intervengo en nombre de Italia de los Valores, movimiento político italiano miembro del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, que estaba en Génova y vio lo que ocurrió. 
En síntesis, evidenciamos la sustancial ineficacia de cumbres como la del G8, tal como han sido planteadas hasta ahora. 
Nunca como en Génova se ha demostrado que este tipo de manifestaciones de fuerza y de poder de los grandes de la tierra no son más que una representación escénica que no sirve para aliviar el hambre del mundo y para mejorar la igualdad entre los pueblos, si no van acompañados de actos concretos de condonación de la deuda, de redistribución de la riqueza, de protección de los derechos sobre las materias y de eliminación de toda explotación de los países del Tercer Mundo. 
Segundo: junto con muchísimas personas que ejercían el legítimo y justo derecho de expresar su pensamiento también estaban en Génova muchos provocadores e infiltrados que utilizaron la manifestación para llevar a cabo actos de violencia injustos e injustificados y denigrar de este modo tanto a los gobernantes como a los manifestantes. 
Contra ellos- y éste es el tercer punto- y respecto a ellos es necesario que también este Parlamento lance un claro y unívoco mensaje de desaprobación y reproche: son ellos los criminales que encendieron la mecha de la violencia. 
Cuarto: frente a ellos los órganos de prevención, control y represión previstos por el Gobierno italiano fracasaron lamentable y parcialmente su misión. 
Fracasaron por exceso y por defecto al tiempo: defecto de actividad de información, de inteligencia y de protección preventiva; exceso de represión sólo por parte de algunos sectores de las fuerzas del orden, pero por desgracia hubo actos de represión que se podían y debían haber evitado. 
Por último, esta manera de actuar es, sin duda, condenable, pero no con referencia a cada uno de los miembros de las fuerzas del orden en particular, sino con referencia a quien dio las ordenes o debía dirigir y coordinar las actividades tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista policial. 
Todo esto no se hizo y lo lamentamos. 
Esperamos con tranquilidad la opinión de la magistratura y del Parlamento italiano y confiamos en que en el futuro no haya más actos de violencia. 
Señora Presidenta, la señora Ministra ha iniciado su declaración hablando de su generación. 
Yo pertenezco a esa generación que en Italia se llama "del reflujo" -soy demasiado joven tanto para el 68 como para el 77- y me enseñaron a considerar a la policía y a los carabineros como aquellos que garantizan la seguridad de las personas y que hicieron posible la derrota del terrorismo en Italia. 
Por lo tanto, para mí el elemento más sorprendente y más chocantes de los acontecimientos de Génova ha sido ver como dentro de las fuerzas del orden bastó una tontería, un mero cambio de Gobierno, una campaña denigratoria del movimiento anti G8, una organización insuficiente y una banda de hooligan violentos para que volviera a aparecer en algunos de ellos- subrayo, en algunos de ellos- la voluntad de convertirse en instrumentos de represión ciega y profundamente estúpida. 
Ésta, señor Tajani, Comisario Vitorino, es una cuestión europea y no nacional. 
La fisura que de Niza a Goteborg, en Génova y quizás, mañana, en Laeken- aunque las palabras de la señora Ministra nos permiten ser optimistas- se está creando, con razón o sin ella, que lo queramos o no, entre las personas que piensan de buena fe en trabajar por un mundo mejor y las instituciones- policía, parlamento gobierno -, es un problema que nos debe preocupar a todos, tanto a la izquierda como a la derecha. 
Estoy convencida de que si la cooperación entre las policías se hubiera aplicado de manera eficaz y respetuosa del derecho individual, si la libertad de circulación fuera un verdadero derecho, una prioridad igual que la libre circulación de capitales, si la Carta de Derechos Fundamentales hubiera entrado en el ADN de todos nosotros, quizás no habrían ocurrido los peores sucesos de Génova. 
Por eso, creo que para evitar otras Nizas, otras Goteborgs, otras Génovas es preciso hacer dos cosas: la primera es echar luz. 
En Italia la magistratura y la comisión parlamentaria de investigación ya están trabajando en ello. 
Aquí debemos hacer una valoración concreta de las formas a través de las cuales se ha desarrollado la cooperación entre las policías europeas y llegar a saber si se han violado o no las Cartas de Derechos Fundamentales en cuanto al trato de los detenidos. 
La segunda y última cosa, señora Presidenta, es saber si la suspensión de las disposiciones de los acuerdos de Schengen puede justificar la prohibición indiscriminada y colectiva de la libre circulación. 
Éstas son las cosas que debemos hacer aquí, y espero que las hagamos todos juntos. 
Señora Presidenta, la reunión de Génova del G8 no ha dado fundamentalmente nada a las poblaciones pobres del Tercer Mundo: la verdad es ésta. 
Ante todo se despreció la solicitud de Kofi Annan de un fondo por un importe mínimamente adecuado y no de una limosna para la lucha contra el sida. 
Las exigencias de los gobernantes de Occidente de ser los gobernantes del mundo y sus agencias de gestión librecambista de la economía mundial son, de Seattle en adelante, objeto de crítica y de oposición activa de un movimiento de miles de organizaciones, de millones de personas y también de Estados- pienso en Sudáfrica- que reivindican un modelo alternativo de globalización, democrático y orientado a satisfacer las necesidades a menudo dramáticas de las poblaciones, sobre todo del Tercer Mundo. 
Por lo tanto, a Génova, llamadas por el Foro social de Génova- o sea, por un millar de organizaciones pacíficas y no violentas, la mitad de ellas italianas- acudieron 300.000 personas para manifestar su desacuerdo y objetivos alternativos. 
Todos ustedes han visto a través de los medios de comunicación las fotos y los reportajes de lo que sucedió en Génova. 
¡Son pruebas, señor Ferri! 
He leído los periódicos y he escuchado la televisión. 
A algunos cientos de gamberros, de 600 a 800 según la propia policía italiana, se les dejó recorrer Génova, aunque se sabía donde estaban alojados, y destruir tiendas, bancos y mobiliario urbano, mientras las fuerzas de policía se ensañaban de la manera más brutal contra los manifestantes pacíficos. 
Irrumpieron en los lugares donde estos dormían y les pegaron; arrestaron a cientos de chicos y chicas y en los cuarteles de la policía fueron pegados, insultados sometidos a vejación y obligados a permanecer durante horas de pie con los brazos apoyados contra la pared y las piernas abiertas, obligados a cantar himnos fascistas y a alabar a Mussolini. Por último, las chicas fueron amenazadas de violación. 
Estuve en Génova en esos días y fui testigo de los todoterreno de la policía lanzados a toda velocidad y de las cargas policiales contra los cortejos pacíficos y del lanzamiento sobre miles de personas indefensas, entre las cuales estaban niños e inválidos, de cientos de gases lacrimógenos. 
Después estuve en las cárceles donde habían sido trasladados cientos de chicos y chicas italianos, españoles, alemanes, austríacos, suecos, suizos, de 18 a 20 años, y recogí su testimonio: todos, digo todos, habían sido pegados, insultados, torturados, muchos tenían puntos de sutura en la cabeza, y todo esto había ocurrido en los cuarteles tras su detención. 
Los procesos autoritarios de la derecha tienen una historia en Europa. 
De esta historia forman parte, junto con factores de fondo, acontecimientos accidentales y la complicidad o la desidia de las derechas moderadas, liberales y católicas. 
La actitud que aquí emerge, de infravaloración por parte del Consejo, así como de una parte de las fuerzas políticas representadas en este Parlamento, respecto al camino general dramáticamente manifestado en Génova que está tomando Italia es, por lo tanto, permítanme decirlo, irresponsable no solo con respecto a la democracia sino con respecto a estas mismas fuerzas. 
Por mucho menos, por la palabrería de Haider, los demás 14 Estados de la Unión sometieron a observación e impusieron sanciones a Austria. 
Señor Vinci, también había, todo sea dicho, las cargas contra la policía y no sólo los excesos de la policía que yo he condenado. 
Sin embargo, ésta no es la cuestión que quiero abordar ahora. 
Por el contrario, hay un aspecto que nos aúna a todos y es: ¿Qué puede hacer Europa? 
Señora ministra de Asuntos Exteriores, usted decía que Europa puede ser un modelo de cara a los problemas de la futura globalización. 
Es cierto, señora ministra de Asuntos Exteriores, pero, digámoslo con franqueza, no es esta Europa. 
Ciertamente la Europa de los derechos humanos, de la que hemos sido impulsores, la Europa del respeto a las minorías y a las diversidades, la Europa del no a la pena de muerte que atiende a las inquietudes de la inmensa mayoría, posiblemente de la parte mejor de la humanidad. 
Pero las atenderías realmente si Europa tuviera una voz y un instrumento para expresar con fuerza esta idea en el mundo. 
La Europa dividida no tiene nada que ver. 
El G8 no daba la idea de una Europa capaz de tener peso en las decisiones. 
El G8 ha dado al mundo la idea de la gran superpotencia y de una Europa dividida, débil e ineficaz porque está dividida. 
Éste es el verdadero problema con el que nos enfrentamos. 
Si queremos que Europa responda a los retos de la globalización, avancemos por la vía de la construcción de la unión política y para dar a Europa una sola voz. 
Si en una Cumbre del G8 no hablaran cuatro Estados europeos, sino única y exclusivamente alguien en nombre de toda Europa, dejaría de existir una gran América y muchos pequeños Estados: habría dos voces con el mismo peso. 
Señora ministra de Asuntos Exteriores, su Gobierno en Laeken podría dar una gran contribución a este camino presentando y planteando un proyecto de Constitución que no sea ajeno a la realidad de los problemas, como ahora lo es el debate, sino que haga en pocos años, después del euro moneda común y después del problema de la globalización, un instrumento para que Europa hable con una sola voz y con una sola unidad política en el mundo. 
Señora Presidenta, mis queridos colegas, los acontecimientos de Génova revelan varias cosas. 
La primera, y disculpen lo que voy a decir, con relación a los dirigentes europeos o mundiales, europeo-mundialistas, que estaban atrincherados en esa ciudad, conduce a la constatación bastante simple de que aunque gobiernan mal, se protegen bien. 
Sin embargo, la segunda no nos lleva a suscribir las formas brutales, deliberadamente violentas, de las contra-manifestaciones que se organizaron, y que no provocaban tanta indignación en sus filas por estar instrumentalizadas en contra de los partidos de la derecha nacional. 
Cuando se dirigen contra los militantes nacionales flamencos, italianos, franceses, alemanes, o contra cualquier otros, a todo el mundo le parece muy bien, y no faltaban dirigentes del partido socialista francés que alentaran y organizaran lo que se denominaba el hostigamiento democrático. 
Hasta el día en que- al igual que en la fábula del burlador burlado- los propios dirigentes socialistas son los que reciben las pedradas. 
Efectivamente, los sangrantes acontecimientos de Génova demuestran que la propuesta contra la globalización no refleja una propuesta moral que nace de un deseo de redistribuir más equitativamente riquezas del planeta. 
En realidad, lo que hoy está en juego, como lo ha estado en el pasado, es un asunto político e ideológico. 
Lucas Casarini, líder del movimiento blanco, lo afirmó en una entrevista concedida a "La Repubblica". 
Negri, condenado por insurrección armada contra el Estado italiano, y actualmente en situación de semi-libertad, lo ha explicado en un libro. 
Estas personas ya no son socialistas internacionales, proletarios internacionales, pero siguen siendo internacionalistas. 
La población de Seattle no representa a los pobres de todo el mundo; es un instrumento político que se dirige contra el mundo occidental. 
En Génova, ha desencadenado su ataque partiendo del núcleo mismo del imperio que pretendía destruir, pero, en realidad, al mundialismo liberal se opone dialécticamente otra forma de mundialismo igualmente subversiva. 
No apoyamos ni a uno ni a otro, la verdadera respuesta consiste en defender las identidades nacionales. 
Señora Presidenta, después del espíritu de Rambouillet del primer G5, hemos pasado a los tristes acontecimientos de Génova y muchos comienzan a pensar que, al perder el viejo y proficuo carácter de encuentros reservados, estas Cumbres se han convertido en demasiado grandes, masivas y burocráticas. 
La Comisión se ha referido a ello hace unos momentos y no cabe duda de que éste es un tema que debe abordarse más a fondo. 
En estas ocasiones, sin embargo, muchos de nosotros han comprendido también que en este Parlamento existen fuerzas capaces de instrumentalizar incluso las tragedias, como lo ha sido el muerto de Génova. 
Y esto con tal de alcanzar sus objetivos políticos, o sea, deslegitimar al Gobierno de centroderecha en Italia. 
Para conseguir este resultado utilizan al Parlamento Europeo, organizan en este Parlamento como, por ejemplo, ayer reuniones con exponentes de movimientos antiglobalización que lanzan ridículas y falsas acusaciones y ofenden a un Estado miembro de la Unión definiéndole democráticamente incompleto y susceptible de ser puesto bajo observación. 
Lamento que en estas manifestaciones participen activamente incluso colegas italianos- me basta nombrar al Sr. Vinci- que quizás no se dan cuenta de que desacreditan no tanto al Gobierno de centroderecha, sino a todo su país. 
Mi pregunta es obvia y banal: si en Italia detentase el poder un Gobierno de izquierdas, ¿acaso habría habido la misma movilización de fuerzas en este Parlamento, con peregrinajes de nuestros colegas diputados que nunca había soñado con ir a Cumbres anteriores, pero que- mira por donde- estaban en Génova? 
Espero que las protestas de Génova y de otros lugares no consigan impedir, como corren el riesgo de hacerlo, que los líderes de este mundo puedan continuar hablando entre ellos. 
Señora Presidenta, nosotros, los socialistas, nos oponemos a la globalización como sinónimo de la ley del más fuerte, pero estamos a favor de una globalización con rostro humano. 
La interrelación y la interdependencia entre los pueblos del mundo adquieren cada vez más importancia. 
Por eso no tiene ningún sentido que nos atrincheremos tras fronteras arbitrarias nacionales, europeas u otras. 
Ahora bien, también está la otra cara de la globalización. 
El comercio mundial florece, pero los países más ricos ganan 37 veces más que los países más pobres y, a pesar de que el comercio mundial haya crecido sustancialmente en los últimos años, la brecha entre ricos y pobres no ha hecho más que aumentar. 
Una de cada cinco personas que viven en esta aldea global aún no tiene acceso a la educación y a la sanidad. 
Precisamente porque vivimos en una aldea global esa desigualdad nos afecta a todos. 
Europa- es decir, la Comisión, el Consejo, el Parlamento y los Estados miembros- debe hablar con una sola voz. 
Eso es posible y, por tanto, somos capaces de desempeñar un papel crucial. 
En tanto que primera potencia comercial del mundo estamos llamados a tomar la iniciativa. 
Hemos de defender nuestro modelo social europeo dentro y fuera de nuestras fronteras, asumiendo nuestra responsabilidad y respaldando propuestas sociales nuevas y soluciones innovadoras. 
Por ejemplo, tenemos que prestar apoyo a los países pobres que aspiran a una producción barata de medicamentos baratos contra el sida. 
Tenemos que facilitar el éxito de esta lucha y defender los derechos de estos países. 
Al tomar iniciativas propias demostramos que queremos comprometernos de verdad. 
Sobre todo en una época en la que los Estados Unidos amenazan de vez en cuando con dar la espalda al multilateralismo, escudándose tras un muro de interés propio, es fundamental que Europa desempeñe un papel activo a escala mundial. 
¿Pero en qué consiste ese papel y cuál es esa acción? 
Cito algunos avances enormemente prometedores: "Todo menos armas", nuestro programa de acción contra el sida y las iniciativas de Jospin y Schröder relativas a la Tasa Tobin. 
¿Están la Comisión y el Consejo dispuestos al menos a someter este tipo de iniciativas a un análisis riguroso y piensan apoyarlas? 
También me detengo en nuestros propios puntos débiles: la negativa a llevar a cabo una rápida reforma de la agricultura. 
Por otra parte, es cierto que el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, prevé 120 millones de euros para nuestro Fondo Mundial para la Salud, pero no olvidemos que sacamos ese dinero de nuestro propio presupuesto. 
No es ningún regalo. 
Por cierto, ¿dónde están las propuestas del Parlamento? Me imagino que esa medida requiere aún una aprobación formal. 
Nosotros, aquí en el Parlamento, somos partidarios de que se conceda más dinero, no queremos regalos pagados de nuestro propio bolsillo. 
Pienso asimismo en los Estados miembros que no emplean el 0,7 % de su PNB en ayuda al desarrollo. 
Si Europa desea mantener buenas relaciones con quienes abogan por una globalización con rostro humano, si quiere escuchar con atención, dando ejemplo a aquellos que participan preocupados en las manifestaciones, tendrá que demostrarlo a través de unas acciones y una política propias. 
Creo que ése es el eje en torno al cual debe girar la asociación con los países en vías de desarrollo. 
Al mismo tiempo, sienta las bases para el éxito de una nueva ronda en el marco de la OMC. 
Ahora bien, esta Europa es distinta a la Europa que se pone del lado de los pocos que se aprovechan. 
Si realmente pretendemos que el derecho valga para todo el mundo tenemos aquí en Europa una excelente oportunidad para lograrlo entre todos. 
Este es el camino por el que quieren ir los socialistas. 
Señora Presidenta, Señorías, la ausencia de democracia y de una dimensión social en el proceso de integración europea genera conflictos. 
¿Cuál es nuestra respuesta? 
Un número incontable de jóvenes han estado esperando durante todo el verano esta primera sesión del Parlamento Europeo. 
En Génova conocieron un Estado y una Europa que les dejaron profundamente traumatizados. 
Este trauma se intensifica con cada día que pasa sin que demos una respuesta adecuada. 
¿Cuál es la respuesta del Parlamento? 
El Sr. Poettering felicitó al Sr. Berlusconi el primer día. 
Los demócratacristianos y la derecha de la Asamblea han rechazado la resolución y han dejado clara su intención de rechazar también la creación de una comisión de investigación. 
Deberían tener claro con qué se están identificando: excesos policiales en el uso de la fuerza, malos tratos sistemáticos, torturas incluso, en las cárceles y durante la detención, centenares de detenciones arbitrarias, abusos sexuales, consignas nazis en las comisarías. 
Yo estuve una semana en Génova. 
Visité las cárceles. Me entrevisté con los responsables y levanté acta durante diez horas de las declaraciones de personas que fueron torturadas y maltratadas de manera sistemática, una parte de ellas durante treinta horas. 
¡Ustedes quieren esconder todo esto debajo de la alfombra! 
Sí, los demócrata cristianos han dejado en manos de la derecha italiana el debate de hoy. 
Uno de ellos ha tenido el descaro de afirmar que no hay pruebas. 
Señorías, aprueben la creación de una comisión de investigación y les presentaremos baúles llenos de pruebas de los centenares de casos de torturas, malos tratos, ataques y excesos de la policía. 
Este es un tema que no afecta sólo a la policía italiana, pues esos jóvenes han estado esperando en toda Europa esta primera sesión, con la confianza de que los guardianes de los derechos fundamentales ocupan los escaños de esta Asamblea y ésta no permanecerá callada y no hará causa común con el Gobierno derechista de Italia. 
Permítanme que añada un comentario amargo en mi calidad de austríaco. 
¿Qué habría ocurrido si esta Cumbre inaudita hubiese tenido lugar hace un año en Austria? 
Un muerto, 500 heridos, 470 personas detenidas y encarceladas, un 90 % de las cuales han tenido que ser puestas en libertad por falta de pruebas, porque la policía las detuvo arbitrariamente en un radio de 50 km. a la redonda de Génova y las acusó con pruebas manipuladas. 
Esto tiene una dimensión europea y esta Asamblea debe responder... 
(La Presidenta interrumpe al orador) 
Señora Presidenta, francamente, los resultados políticos del G8 han sido casi nulos, mejor dicho, negativos y, de cualquier modo, todo se vio ensombrecido, como ya sabemos, por los violentos enfrentamientos. 
Reiteramos aquí nuestra más dura protesta contra el Gobierno italiano y las fuerzas de policía, tolerantes y permisivas con los violentos y feroces con los inocentes. 
Europa ha podido juzgar y ha juzgado con desconcierto e indignación las atroces imágenes de actos típicos del Tercer Mundo, de persecuciones al estilo chileno por parte de un Estado miembro de la Unión. 
Asimismo reiteramos aquí nuestra firme condena contra la violencia salvaje de algunos sectores de manifestantes, así como nuestra firme crítica a aquellos organizadores que de palabra rechazan la violencia, pero que, de hecho, no supieron ni quisieron romper toda relación con los predicadores y los partidarios de la violencia pertenecientes al movimiento. 
Toda tolerancia al respecto juega a favor de los enemigos de la causa de los pueblos y toda ingenuidad de quien, al creer que basta con tener razón para que se afirme la razón, no se preocupa de frenar, de aislar y de excluir a los violentos de toda ralea, no es un mérito, sino que lleva consigo un fruto venenoso, es un verdadero boomerang respecto a la necesidad de extender y ampliar el gran movimiento contra la globalización neoliberalista. 
Señora Presidenta, el Parlamento Europeo debe ser muy equilibrado cuando sobrepone su debate a las responsabilidades de los parlamento nacionales para no dar la impresión de interferir en la realidad de los distintos Estados en un sentido o en otro. 
Comparto la opinión del Consejo y de la Comisión sobre el G8 con sus luces y sombras, sin embargo, me pregunto: ¿Por qué cada vez que se organizan Cumbres internacionales, de Seattle a Goteborg, en Génova, estallan conflictos que amenazan el orden público como si se tratase de luchar contra un tirano invisible? 
Debemos reflexionar sobre esta paradoja y abrir un diálogo con los jóvenes volviendo a asignar un papel a la política. 
La violencia se debe rechazar sin titubeos. La violencia es incompatible con la democracia. 
El extremismo es muchas veces la cuna de la violencia. La magistratura italiana, en la que confiamos plenamente, está llevando a cabo una investigación sobre los actos de violencia de Génova. 
Sin embargo, existe una cuestión política, hay distintas maneras de defender a las Instituciones. 
No hay que confundir a los Black Block que buscaban la violencia con quien ejercía su derecho a manifestarse por las calles. 
La confusión alimenta una espiral que produce nueva violencia y siembra el terrorismo. 
En estas situaciones es muy difícil hacer respetar la ley sin utilizar la fuerza, pero ésta es la responsabilidad de los Gobiernos. 
Para aislar a los movimientos extremistas el punto de partida es la autoridad moral de las instituciones nacionales y europeas y la capacidad de demostrar el pleno respeto a los derechos de ciudadanía. 
Señora Presidenta, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores va a hacer una recomendación sobre la propuesta que nos presentó el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior para asegurar el orden público durante las reuniones. 
Vamos a valorar la necesidad de defender la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Desde el Tratado de Niza, el Parlamento Europeo tiene el deber de ejercer el derecho de vigilancia del respeto a estos derechos y así nos lo concede el Tratado. 
Debemos ejercer, además, el control democrático de las medidas de seguridad propuestas por el Consejo, de su proporcionalidad y de su eficacia. 
No voy a lanzar acusaciones a la policía italiana, pero creo que suspender el derecho de circulación de unos cuantos ciudadanos y permitir la entrada de la gente que protagonizó lo que protagonizó en Génova puede ser tachado, por lo menos, de poco eficaz y poco eficiente. 
Todo esto lo vamos a hacer. 
Pero creo que hoy, señora Presidenta, lo que sobre todo debemos reclamar a las instituciones europeas es una reacción política ante una situación que no es una catástrofe natural, ante la que se puede presentar un plan de protección civil, como parecía hacer el ministro Duquesne hace unos días ante nuestra comisión, sino un fenómeno político ante el que hay que reaccionar. 
Y esa reacción debe venir también y sobre todo del propio Parlamento Europeo. 
Tenemos en este Parlamento la obligación de crear espacios de mediación política ante una demanda que cada vez está adquiriendo más fuerza, y debemos hacerlo sobre todo porque la Unión Europea dispone de esta institución elegida democráticamente. 
Es la única organización internacional que la tiene y, ante la sensación difusa de falta de posibilidad de ejercicio de la demanda política en ese espacio internacional, nosotros debemos ser capaces de dar un paso adelante y de ofrecer este espacio en el plazo más breve de tiempo, esperando que las otras instituciones hagan lo propio. 
Señora Presidenta, a pesar de lo que se ha dicho anteriormente al otro lado de la Asamblea, es evidente que la policía ejerció sistemáticamente la tortura física y psicológica en Génova. 
Al igual que otros, lamento que no tengamos delante una resolución en la que pudiéramos expresar nuestra total condena de la brutalidad policial y de la violencia del Bloque Negro en Génova, nuestra convicción de que los responsables deben ser puestos a disposición de la Justicia, nuestro compromiso de defender el derecho a protestar pacíficamente y nuestra determinación de esclarecer la creciente evidencia de que gran parte de la violencia y de los daños contra la propiedad desencadenados en Génova fue obra de agentes provocadores. 
Pero tenemos ante nosotros otra tarea que es la de analizar a fondo las razones por las que 300.000 personas decidieron, en su tiempo libre y corriendo con sus propios gastos, acudir a Génova, del mismo modo que cientos de miles acudieron a Seattle, a Goteborg y otros lugares para protestar por la continua carga de la deuda de los pobres, las crecientes y grotescas desigualdades entre ricos y pobres y el creciente control de las empresas sobre muchos aspectos de nuestras vidas. 
Esto significa que debemos reconocer el hecho de que las políticas económicas neoliberales de la Unión Europea son, en realidad, parte del problema y no la solución. 
Por ejemplo, es la UE la que despiadadamente está impulsado la agenda para la celebración de una nueva, ambiciosa y exhaustiva ronda de conversaciones en Doha en noviembre, ante la oposición de la mayoría de los países en desarrollo y de los movimientos sociales de todo el mundo. 
El Comisario Vitorino ha dicho que hubo acuerdo en México el pasado fin de semana. 
Pues bien, puede que haya habido acuerdo entre los países de la "Cuadrilateral", pero ciertamente no obtuvo el respaldo de los países africanos, de los países menos desarrollados, de la India, Malasia, Indonesia, y la lista continúa. 
Asimismo, en la mayoría de los Estados miembros de la UE, el nivel de asistencia oficial al desarrollo sigue estando muy por debajo del objetivo fijado por las NU y, en contra de la declaración de Goteborg, el Consejo propone en su presupuesto para 2002 un nuevo recorte del 3,2 % de los compromisos en materia de ayuda exterior, en comparación con el presupuesto del año pasado. 
Como diputados al Parlamento Europeo, tenemos la responsabilidad de garantizar que los ciudadanos de la Unión Europea pueden continuar disfrutando del derecho a protestar pacíficamente. 
Asimismo tenemos la responsabilidad de escuchar aquello contra lo que se están manifestando y de responder, porque si no lo hacemos, no debe sorprendernos que siga creciendo la reputación de las instituciones de la UE de estar alejadas y desvinculadas. 
Señora Presidenta, fui a Génova invitado por el Foro social de Génova y me quedé sorprendido porque no había visto nunca una conducta similar de la policía, y eso que yo llevo desde 1966 en España luchando por la democracia y por la libertad. 
Ni siquiera en la dictadura del franquismo se comportó la policía como he visto en Génova. 
Más parecida es la situación que viví el 11 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile cuando se produjo el golpe de Estado de Pinochet. 
Esto plantea un problema grave para la Unión Europea: garantizar que igual que se puede reunir el G8, se pueda reunir el conjunto de personas, de jóvenes que quieren un mundo distinto de forma democrática. 
Ésa es la responsabilidad de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. 
Por ello, pienso que hemos de velar por avanzar en la democracia y la libertad para todos. 
Señor Presidente, cuando todavía no se ha aclarado totalmente la violencia policial ejercitada contra los manifestantes anti-mundialización durante la reciente Cumbre del G8 de Génova, los testimonios coinciden en afirmar que la muerte del joven manifestante Carlo Giuliani no es fruto de un simple atropello policial. 
Asimismo, los métodos utilizados por las autoridades italianas no parecen deberse únicamente a una policía desbordada por las actuaciones de los alborotadores, actuaciones que por supuesto condenamos. 
¿No difundió la cadena privada italiana Sette imágenes que mostraban a personas vestidas de Black Blocks que hablaban tranquilamente con los policías antidisturbios, y que después se marchaban? 
Aunque no sea muy favorable para los partidarios de un planteamiento restrictivo de la soberanía de los Estados, hay que afirmar que los acontecimientos de Génova no quedan circunscritos al ámbito de los asuntos interiores de Italia, sino que conciernen directamente a las instituciones europeas, y entre todas ellas al Parlamento Europeo en primer lugar, porque es elegido por sufragio universal. 
De entrada, afecta a Europa porque la Unión no debe ser simplemente un escalón de la mundialización liberal, sino también un espacio de libertad en el que los ciudadanos tienen derechos garantizados por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y, más recientemente, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. 
Por ello, cuando ciudadanos de todas las nacionalidades se unen para ejercer su libertad colectiva, su libertad de opinión y su derecho a manifestarse, la Comunidad Europea tiene el deber de garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos. 
En segundo lugar, Europa no puede permanecer pasiva ante procedimientos de manipulación tan preocupantes. 
Europa no puede tolerar que un gobierno aplique en su seno métodos tan incompatibles con los valores de democracia y de libertad que son los suyos. 
Finalmente, como demócratas, queda bajo nuestra responsabilidad no afianzar la amalgama entre las actuaciones violentas de una minoría de activistas y la lógica pacifista de miles de contestatarios de la mundialización liberal, porque, por su parte, la Unión debe convertirse en el motor de una mundialización democrática y solidaria. 
Lamento el rechazo de la propuesta destinada a presentar una resolución del Parlamento Europeo. 
Me hubiera gustado que se creara una comisión de investigación. 
Junto a un cierto número de mis compañeros socialistas y de otros colegas, tomaré parte activa en el grupo de seguimiento y de vigilancia mencionado por Francis Wurtz, y examinaremos con detenimiento las conclusiones de la comisión de investigación italiana. 
Señor Presidente, es natural que el intento del capital monopolístico de imperar mundialmente, ahora que además ya no existe el miedo de la parte contraria al cuartel socialista, la política antipopular que golpea a los trabajadores de los países desarrollados y saquea la riqueza del tercer mundo, estimado colega- no se ría, causen reacciones populares. 
A pesar de los esfuerzos por manipular y desorientar, como los que hemos oído aquí al Consejo y a la Comisión sobre la implicación en el diálogo con la sociedad civil, estamos seguros de que este movimiento va a hacerse aún más radical, se va a volver aún más contra el sistema capitalista. 
En paralelo a la manipulación, se aplica también la cruda violencia policial, como sucedió en Goteborg y especialmente en Génova. 
Sin infravalorar la responsabilidad del gobierno italiano, subrayamos que la represión de Génova ha nacido y crece en la Unión Europea, con el Tratado de Schengen, la cooperación policial, las decisiones del Consejo del 13 de julio, los preparativos para reducir las manifestaciones en Bélgica. 
En cualquier caso, la historia nos ha enseñado que por muy fuertes que sean los represores, por mucha violencia que utilicen, las víctimas de la represión, al final, son más fuertes. 
Señor Presidente, estimados colegas, muchos de ustedes han insistido en la necesidad de abrir un diálogo con la sociedad civil en general y con este Parlamento y los parlamentos nacionales en particular. 
Pues bien, precisamente porque la Presidencia- no solamente yo, sino también el Primer Ministro belga- se toma tan en serio este diálogo, el Primer Ministro me ha delegado para que represente aquí a la Presidencia hoy. Obviamente, no me ha enviado para que me limite a pronunciar una breve declaración, sino que también he venido a escuchar con atención todas sus intervenciones, sin alterarme, aun cuando no esté en absoluto de acuerdo con algunas de ellas. 
Pero eso son gajes del oficio. 
Por tanto, he escuchado con mucha atención todas las contribuciones a este debate, independientemente de que fueran aportadas por la izquierda, la derecha o el centro. Nos inspiraremos sin duda en algunas de sus sugerencias. 
Si bien es cierto que después de Goteborg el Primer Ministro belga afirmó que las fuerzas de orden público y las fuerzas armadas de mi país han adquirida una experiencia amplia y prolongada en materia de manifestaciones, habida cuenta de que en la capital belga pueden llegar a registrarse más de 2.000 acciones de protesta al año, nadie debe pensar que no nos tomemos en serio la situación. 
Yo dije- por supuesto a título personal- que el número que se montó en junio y que volvió a repetirse hace algunas semanas, creando una zona herméticamente cerrada con motivo de una cumbre, en realidad me parece un espectáculo atroz. 
Por supuesto, también me horrorizaron los actos de violencia callejera. 
Considero absolutamente dramático y trágico que estas manifestaciones se hayan descarrilado hasta el punto de causar la muerte a algunos jóvenes manifestantes, como hemos podido ver con nuestros propios ojos. 
Ello no puede volver a ocurrir, tenemos que prevenirlo. 
Hay pocas, muy pocas razones, por las que merece la pena perder la vida. 
Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a manifestarse; por supuesto, todo el mundo tiene derecho a participar en una manifestación; por supuesto, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera en la forma que le parezca, pero es inaceptable que el ejercicio de este derecho conduzca a la muerte u ocasione lesiones físicas o psíquicas. 
Por todo ello, pueden estar seguros de que adoptaremos las medidas oportunas de cara a las reuniones del Consejo previstas para los próximos días y semanas. 
Mi bautismo tendrá lugar mañana por la noche, y espero que no sea un bautismo de fuego. 
Mañana por la noche dará comienzo en Brujas la reunión informal de los ministros de Comercio Exterior y seguirán otras muchas. 
Estamos haciendo todo lo posible por mantener el justo equilibrio entre apertura y accesibilidad, pero ello no obstante, velaremos por la seguridad y evitaremos situaciones límite como las que se han vivido últimamente. 
Es algo que quisiera dejar muy claro. 
Por lo demás, señor Presidente, estoy convencida de que el debate sobre la globalización tan sólo acaba de empezar y de que nos seguirá ocupando durante un largo tiempo. 
Como es obvio, no estaremos siempre de acuerdo en todo- ya lo he advertido -, pero eso tampoco es necesario. 
Para que el debate resulte fructífero es fundamental que, además de escuchar lo que dice el otro, hagamos un esfuerzo por comprender lo que dice el otro. 
He señalado, por ejemplo, que el orden público y la forma en que se mantiene incumben exclusivamente a los Estados miembros. 
Eso es cierto, pero también he dicho al comienzo de mi discurso que en el seno del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores se adoptarán todas las medidas oportunas, dentro de los límites establecidos por las competencias de la Unión y los instrumentos existentes, para evitar en lo posible el recrudecimiento de la violencia. 
Volveremos sobre este tema en el turno de preguntas, de modo que podré aclarar algunas cosas en mis respuestas. 
Somos partidarios del diálogo y más aún del diálogo constructivo, pero para ello no basta con escucharnos el uno al otro, sino que, además, tenemos que hacer un intento por comprender lo que dice el otro, sobre todo cuando no estamos de acuerdo con ello. 
Señoras y señores diputados, de entrada, creo que este debate nos lleva a reconocer la necesidad de estructurar el debate político sobre la regularización de la mundialización. 
Y, sobre este punto, considero que la Comisión ha hecho varias sugerencias acerca de "cómo estructurar este debate". 
Reconocemos- he insistido en decirlo muy claramente- que el Parlamento Europeo, que los representantes elegidos por los europeos juegan un papel primordial en la estructuración de este debate. 
Como hay que abordarlo con una cierta humildad, todos nosotros buscamos respuestas, pero nadie puede decir, para nuestra tranquilidad, que tiene todas las respuestas a la complejidad del asunto al que todos nos enfrentamos. 
Por ello, respondiendo al Sr. Barón Crespo, tengo interés en subrayar que el Presidente Prodi deseaba verdaderamente estar hoy presente en este debate. 
Tenía la intención de participar en él si se hubiera mantenido en el orden del día del Parlamento Europeo en el momento previsto inicialmente, es decir, esta mañana. 
Sin embargo, el Parlamento ha cambiado el orden de sus asuntos a tratar, y el Sr. Prodi ha tenido que volver a Bruselas para la Cumbre con al República Popular China, lo cual le ha impedido estar hoy aquí presente, por lo que tengo el honor y el placer de acompañarles en este debate. 
Mi segunda observación se refiere al fondo. 
Creo que la Comisión ha trabajado satisfactoriamente con el Parlamento en cuanto a la esencia de las decisiones de Génova. 
He de decirles que compartimos el enfoque global. En nuestra opinión, ha habido progresos, ha habido decisiones positivas que han sido tomadas en el G8. 
Evidentemente, son insuficientes. 
La dotación financiera del Fondo para la lucha contra las enfermedades es ciertamente insuficiente, estamos de acuerdo, pero al menos tenemos el mérito de participar en su financiación. 
Del mismo modo, lo que no entiendo- tengo que decírselo muy sinceramente- es que, en el marco de la negociación de una nueva organización mundial del comercio, se nos pueda reprochar el que seamos favorables a una visión puramente librecambista del comercio mundial. 
Trabajamos en estrecha colaboración con el Parlamento, y lo que intentamos es fijar contenidos para la negociación que también tengan directamente en cuenta cuestiones como el equilibrio medioambiental, la agenda social, los intereses de los países menos desarrollados. 
Así, creo que las conclusiones de México son totalmente coherentes con la política que preconiza la Comisión para la regularización de la mundialización. 
Finalmente, respondiendo a la Sra. Frassoni, quiero dejar claro que hay que interpretar las palabras que he pronunciado en su sentido más estricto. 
Lo que he dicho, que por cierto es lo que dice el Tratado, artículo 33, es que el mantenimiento del orden público compete en primer lugar a los Estados miembros. 
Pero reconozco que hay una dimensión europea en la cuestión del orden público. 
En 1997, el Consejo aprobó una acción conjunta en materia de mantenimiento del orden público. 
Quizás en aquel momento no se le prestara demasiada atención al contenido de esta decisión, pero existe, y las conclusiones del Consejo "Justicia y Asuntos Interiores" del 13 de julio se basan en esta acción conjunta de 1997. 
Esta acción conjunta contempla una cooperación policial y una cooperación judicial en materia de mantenimiento del orden público a escala europea, situándolas en el marco del Convenio Europol. 
Estamos ante un texto legislativo que es el texto reglamentario de la cooperación europea en materia de mantenimiento del orden público. 
Además, tenemos los Acuerdos de Schengen. 
A este respecto, en cuanto a la reunión de Génova, he de decirles que se trataba, digámoslo así, de una acción conjunta de los "dos gobiernos italianos": efectivamente, fue promovida por el gobierno anterior, y ha sido culminada por el nuevo. 
Por lo tanto, queda claro que la neutralidad de la Comisión está fuera de toda sospecha en el debate italo-italiano. 
Pero la verdad es que el gobierno italiano ha respetado sus obligaciones derivadas de los Acuerdos de Schengen, con la reintroducción de los controles fronterizos con ocasión de la reunión del G8 en Génova. 
Evidentemente, en materia de control de la aplicación de los Acuerdos de Schengen, existen competencias tanto de la Comisión como del Parlamento Europeo. 
Son competencias cuyo alcance es limitado pero eso, señora Frassoni, sería objeto de otro debate. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Comunicaciones electrónicas y lucha contra los delitos informáticos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0270/2001 del Sr. Cappato, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 385- C5-0439/2000- 2000/0189 (COD) ) relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas; 
A5-0284/2001 de la Sra. Cederschiöld, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y Asuntos Interiores, sobre la estrategia para la creación de una sociedad de la información segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de información y la lucha contra los delitos informáticos. 
(IT) Señor Presidente, es una lástima que después de un día entero de debates sobre materias en las que el Parlamento carece de competencia legislativa, se hable sólo por la tarde y luego por la noche de las cosas respecto a las cuales, en cambio, somos legisladores. Es algo así como un vicio de degeneración parlamentaria y de alguna manera tendríamos que tratar de resistir estas tentaciones filomediáticas. 
Dicho esto, la propuesta de directiva de la Comisión Europea supone un importante trabajo y una contribución en aras de la defensa de los derechos y también de las libertades en la red y no sólo en lo que se refiere a las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos en Europa, y por esto nos felicitamos del trabajo que se ha realizado. 
Sin embargo, debo hacer presente que la propia Comisión debería, en mi opinión, tener más en cuenta que las dificultades y las demoras en la aplicación de las directivas en los Estados miembros pueden conducir a que contemos con legislaciones europeas cada vez más concretas y específicas que en cierto modo van a remolque del progreso tecnológico; sin embargo, luego nos encontramos actualizando una directiva del año 1997, de hace cuatro años, cuando esta directiva aún no ha sido aplicada por todos los Estados miembros: una directiva específica respecto a una directiva general de 1995 tampoco aplicada por los Estados miembros. 
Probablemente, por lo tanto, es este método legislativo el que debería volverse a replantear. 
Dicho esto, sin embargo, estoy convencido de que se garantizan y determinan normas importantes para proteger la vida privada de todos los ciudadanos europeos que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos y su ponente han respaldado y aprobado totalmente en comisión. 
Ahora quisiera detenerme en dos puntos, quizás los políticamente más controvertidos: el del poder de las autoridades públicas y estatales de acceder a los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea y el relativo a la cuestión de los mensajes comerciales no solicitados. 
En cuanto al primer punto, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos ha hecho suya la voluntad de la Comisión Europea de no dar esa especie de carta blanca, un cheque en blanco que algunos Estados de la Unión quisieran para poder interceptar y acceder a los datos personales de los ciudadanos de la Unión, por ejemplo, accediendo a los datos reunidos por las compañías telefónicas. 
La Comisión Europea tiene razón en insistir y en mantener este punto. 
Confiamos en que nos respalde también en cuanto a la otra solicitud, formulada por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de limitar todas las excepciones a las directivas y a las normas europeas que no sean totalmente excepcionales, basadas en una ley específica y accesible al público y limitadas en el tiempo. En consecuencia, hemos hecho constar en el informe la prohibición de la vigilancia generalizada. 
Considero importante que la Comisión Europea pueda respaldar esto último, puesto que creo que el mayor peligro para la vida privada de los ciudadanos es precisamente la omnipotencia del Estado a la hora de acceder a los datos personales. 
Con respecto al otro punto- las comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas- he preferido, y la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos me ha respaldado, no aceptar la propuesta de la Comisión Europea de imponer un sistema europeo armonizado de opt-in, sino dejar a los Estados miembros la elección entre el sistema opt-in y el opt-out. 
En efecto, creo que ambos sistemas son ineficaces a la hora de luchar contra el llamado spamming: los verdaderos spammer que atascan los buzones de correo electrónico son personas que lo hacen de manera fraudulenta, con direcciones escondidas y, en consecuencia, no tienen ningún interés en respetar ni el opt-in ni el opt-out. 
En la prohibición llamada opt-in veo un peligro para la libertad de expresión de quien ejerce el comercio legalmente. Para la libertad de expresión no es tan fácil separar los mensajes comerciales de los mensajes no comerciales, ya que pueden haber textos de prensa o políticos patrocinados y, como tales, se podrían tratar como mensajes comerciales. 
Creo asimismo que hoy existen instrumentos de autorregulación, filtros y tecnologías que pueden resolver el problema de manera mucho más flexible y eficaz que las salas de los tribunales. También los costes que el consumidor debe soportar, precisamente con la liberalización de las telecomunicaciones que la Comisión Europea fomenta en las demás directivas del paquete, están destinados a bajar. 
En consecuencia, con las tarifas planas, con la conexión a través de banda ancha, también el problema de los costes se convierte en cada vez menos importante cuando la conexión es de pocos minutos. Por eso, ante los posibles riesgos del sistema de opt-in, nos hemos opuesto a un único sistema europeo armonizado. 
. (SV) Señor Presidente, diariamente estamos expuestos a los riesgos de la delincuencia informática. 
Nos ocurre cada vez que compramos con tarjetas de crédito, cuando levantamos el auricular del teléfono, cuando abrimos nuestro correo electrónico o cuando viajamos en avión. 
Pueden ser delitos tradicionales que se cometen con ayuda de las tecnologías de la información: pornografía infantil, falsificaciones, xenofobia, comercio con drogas, personas, órganos y armas, etcétera. 
Sin embargo, también hay nuevos delitos contra el buen funcionamiento de la sociedad: la divulgación de virus informáticos, los accesos ilegales, hacking, los ataques de Denial of Service, etcétera. 
Los métodos tradicionales para combatir la delincuencia no son suficientes, aunque la delincuencia on-line es tan ilegal como la off-line. 
La delincuencia amenaza a la sociedad con nuevos métodos basados en plataformas digitales. 
Los delincuentes se aprovechan de las diferencias existentes en las legislaciones de los países miembros, obligando a la UE a cerrar sus filas. 
Es necesario contar con definiciones comunes que nos permitan resolver los conflictos de competencia, que se coordinen las normas procesales y penales y que se reconozcan recíprocamente los procedimientos de instrucción de los sumarios. 
Queremos que Europol y Eurojust sean más eficaces, pero también queremos poner límites más claros. 
Actualmente se hacen exigencias polémicas sobre escuchas, registros y almacenamiento de las comunicaciones. 
En esta materia, la comisión exige que se respeten derechos fundamentales tales como el secreto postal y telefónico. 
La comisión exige también que se prohiban los atropellos a la integridad personal, salvo en los casos en que las medidas cumplan con alguno de los siguientes requisitos: ser necesaria, tener justificación, ser la única solución posible, ser proporcionada al delito, estar sometida a plazo y ser decretada por un tribunal. 
Nadie quiere una sociedad controlada. 
En la Unión Europea seguiremos nuestra propia meta de ofrecer acceso barato a Internet a todos los ciudadanos, lo que conlleva que no podemos traspasar los costes a las empresas. 
Queremos incentivar la colaboración voluntaria y por ese motivo hemos propuesto la creación de un foro abierto, en el que las experiencias de las diferentes partes pueda crear efectos sinérgicos; un foro en el que pueda crecer la comprensión, la conciencia sobre estos problemas y se busquen las mejores soluciones. 
La industria, las autoridades judiciales y los consumidores podrían crear en este foro un código de conducta y desarrollar sistemas de detección temprana y de manejo de crisis. 
En un foro de esta naturaleza podrían desarrollarse técnicas de prevención y medidas de protección. 
También es necesaria una coordinación en el seno de la UE para impedir que nuestras medidas se desvanezcan en el ámbito mundial. 
Hay que invitar a los Estados miembros y a los países candidatos a desarrollar tácticas comunes y una línea comunitaria consecuente en órganos internacionales como la ONU, la OCDE, el Consejo Europeo y el G8. 
La comisión dio su apoyo unánime al mensaje del informe, esto es, que cuando se discuten medidas cada vez más eficaces para combatir la delincuencia informática hay que respetar la integridad y la vida privada de los ciudadanos. 
Finalmente, un sincero agradecimiento a todos los que han participado en la preparación de este informe; ustedes son muchos y ha habido que conciliar muchos intereses antagónicos. 
Me referiré brevemente a dos enmiendas que se han incorporado al informe. 
Es posible que sean de carácter muy técnico. 
Una de ellas tiene por objeto incluir la palabra terrorismo. La comisión la aceptó unánimemente como una enmienda verbal que después, por alguna razón, no aparece en el texto que se ha enviado al Pleno. 
Es obvio que la palabra "terrorismo" debe estar presente en un informe sobre cybercrime. 
También queremos cambiar el término "labeling". 
Se propone este cambio ya que "labeling" tiene menor alcance que "certification". 
La palabra que usamos en sueco, "märkning", resulta poco adecuada cuando se le traduce. 
Éste es, por tanto, fundamentalmente un asunto de traducción. 
Ahora me referiré al informe Cappato. 
Puesto que no dispongo de mucho tiempo me concentraré en el debate sobre opt-in-/opt-out. 
Es muy prematuro abolir la subsidiariedad en este momento y obligar a todos a abandonar el status quo que implica libertad de elección para implantar en su lugar una cláusula opt-in. 
Se nos podría criticar por exceso de reglamentación. 
Podríamos vernos enfrentados a un nuevo debate absurdo, como el del largo de los pepinos, que implicaría una crítica al afán comunitario por reglamentarlo todo. 
Esto podría afectar a las futuras normas en el campo de las tecnologías de la información, además de hacer inconsecuente la legislación actual, ya que estaría en contradicción con dos importantes directivas en este campo. 
También podría verse lesionado el debate sobre asuntos constitucionales ya que podría dañarse la credibilidad de la UE. 
Lo mismo vale para el Parlamento Europeo, si adoptamos posturas inconsecuentes. 
Estamos en medio de un proceso de desarrollo tecnológico, con filtros y bandas anchas, que puede hacer que el debate sobre opt-in-/opt-out dentro de tres años haya perdido su actualidad. 
Pienso que no es bueno quedarse en posiciones anticuadas y, al mismo tiempo, suprimir la libertad para elegir algo mejor. 
Una solución opt-in para Europa no elimina los spam, ya que gran parte de éstos provienen de fuentes ajenas a la UE. 
Estados Unidos, por ejemplo, no ha armonizado su legislación. 
Opt-in implica que habría que fijar los límites entre la información comercial y la información destinada a la sociedad y a las organizaciones de voluntariado. 
Además, podría trabar el desarrollo de los periódicos digitales y crear problemas para las empresas pequeñas que tendrían que almacenar información por si son denunciadas ante los tribunales y ¿cómo se fijarían las penas? 
Finalmente, señor Presidente, los políticos no tenemos que legislar en cuanto vemos un fenómeno que no nos gusta. 
Los políticos no siempre sabemos lo que más conviene a los individuos y a las empresas en un momento determinado. 
Los políticos tenemos que acelerar el desarrollo y la divulgación de los productos técnicos que eliminan los spam y las exigencias de control, tal como lo señala la enmienda de la Sra. Palacio Vallersundi. 
Por último, los políticos debemos defender la libertad de expresión en lugar de limitarla innecesaria y descuidadamente. 
, ponente de opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
(DE) Señor Presidente, en relación con el tema de la protección de datos, que ya se ha debatido antes, y a propósito de las observaciones de la Sra. Cederschiöld, yo he tenido noticia a través de muchos foros y de muchos otros medios de comunicación, a través de Internet y por correo electrónico, de que entre las usuarias y usuarios se ha creado una gran expectación. 
En realidad, también resulta lógica si se aclara el principio de las listas de inclusión y de exclusión (opt in y opt out) con el ejemplo de una carta. 
En efecto, en realidad las listas de exclusión significan lisa y llanamente que los correos electrónicos se cobran contra reembolso, es decir, que las usuarios y usuarios pagan la tarifa de acceso a Internet. 
Yo también me preocuparía. No quiero decir que sea un planteamiento inadecuado, sino que yo votaría a favor de un sistema de listas de inclusión en el ámbito del correo electrónico. 
Por otra parte, yo creo que el mayor problema de la directiva estriba en lo que ésta no regula, a saber, la vigilancia estatal, que se excluye explícitamente. 
Yo creo que ésta constituye el mayor riesgo para los derechos fundamentales en la Unión Europea y esta es, de hecho, la finalidad de los derechos fundamentales: proteger a los ciudadanos y ciudadanas frente al Estado. 
Este aspecto queda excluido. En consecuencia, la directiva resulta forzosamente insuficiente. 
En los demás aspectos, la directiva ofrece un nivel de protección muy adecuado. 
Sin embargo, si a ello se le suma la posición del Parlamento sobre los delitos informáticos y su posición sobre el terrorismo, es evidente que se están metiendo muchas cosas en un mismo saco y se están criminalizando, por ejemplo con el lema: "Todo lo que es ilícito fuera de la red, también debe serlo en la red." 
En realidad, esto ya es así, para ello no necesitamos una directiva sobre los delitos electrónicos. 
Nadie me ha aclarado todavía para qué la necesitamos en realidad, qué nuevas normas se introducirán, qué nuevos delitos se definirán que hasta el momento aún no estén cubiertos. 
Por esto yo pienso que todo el tema del delito electrónico se está utilizando fundamentalmente para legitimar nuevos atentados contra los derechos fundamentales. 
Antes de acabar, yo quisiera recordar un aniversario que se cumplió hace dos días. Hace cien años se prohibieron las máquinas de escribir en Turquía. 
¿Por qué? 
Porque se temía que las personas se pudiesen comunicar anónimamente, sin que fuese posible identificar su letra, y esto abriría de par en par la puerta a las acciones delictivas. 
Esto se quiso impedir prohibiendo las máquinas de escribir. 
¡Tal vez deberíamos retomar la idea! 
. (EN) Señor Presidente, acojo con satisfacción la estrategia de la Comisión sobre el delito informático. 
Como ha dicho la Sra. Cederschiöld, se trata de un ámbito muy controvertido y difícil que plantea interrogantes sobre cómo regular Internet sin sofocar por ello su desarrollo; y también de problemas importantes relativos a la vigilancia de actividades delictivas, la invasión de la intimidad y la protección y retención de datos, aunque debemos tener presente que los delincuentes informáticos no respetan nuestra integridad personal. 
Asistimos actualmente al creciente fenómeno del denominado flujo de datos- el caso de los piratas informáticos que interceptan sistemas informáticos para hacerse con grandes cantidades de datos de tarjetas de crédito. 
El Reino Unido soportó el pasado año un coste total por valor de 300 millones de libras esterlinas, lo que supuso un incremento del 55% sobre 1999. 
Necesitamos sistemas más seguros si queremos infundir confianza en los consumidores para que utilicen Internet. 
Señor Comisario, quiero que, en su estrategia, dé prioridad a frenar la preocupante expansión de la pornografía infantil en Internet. 
Debemos tomar medidas drásticas contra la explotación sexual de niños. 
Una vez más, la pornografía infantil transfronteriza ha experimentado un fuerte incremento. 
En el Reino Unido han sido detenidos los miembros del denominado "Wonderland Club", un círculo de pedofilia que operaba en Internet y que, según pudo saberse, tenía sitios en 12 países europeos. 
En mi región, la "Greater Manchester Obscene Publications Unit" [unidad que persigue las publicaciones obscenas en la zona metropolitana de Manchester] ha conseguido asestar un duro golpe a la pedofilia con el nuevo software de rastreo de Internet. 
Es el motivo por el que, respaldados por muchas organizaciones de defensa del niño de toda la Unión Europea, estamos pidiendo una serie de acciones. 
Queremos que estudie la posibilidad de involucrar a las compañías de tarjetas de crédito y a los proveedores de servicios de Internet para que apoyen la creación de listas negras de los sitios que trafican con contenido pornográfico ilegal. 
Queremos más teléfonos de urgencia durante las 24 y atalayas electrónicas. 
Queremos que se cree un sistema europeo de clasificación de proveedores de contenidos inocuos para niños en Internet y la aparición de mensajes de que el contenido es apto para menores. 
Queremos que se bloquee la pornografía infantil en los grupos de noticias. 
Queremos una mayor participación de Europol en la persecución de los pedófilos cibernéticos y mayor cooperación entre las fuerzas policiales europeas. 
La Unión Europea debe intervenir para garantizar que los pedófilos cibernéticos no disponen de ningún santuario en Europa. 
Nuestro mensaje, por consiguiente, es que estamos intensificando nuestra acción y cerrando dichos sitios web. 
Queremos, señor Comisario, que adopte medidas en este ámbito. 
Señor Presidente, quisiera decir que tanto la Comisión como la Sra. ponente afrontan el tema de una forma muy equilibrada y con sangre fría y, desgraciadamente, la realidad virtual, aparte de sus puntos positivos, engendra también, no crímenes virtuales, sino materiales, reales, que debemos solucionar sin realizar una caza de brujas. 
Debemos estar preparados para prevenirlos y castigarlos según vayan apareciendo. 
Es imprescindible combinar la seguridad de las infraestructuras y la lucha contra el crimen con el respeto de las libertades y la protección de los datos personales. 
Y esto es algo que no debemos olvidar bajo ningún concepto y que debe permanecer en una relación equilibrada. 
Ciertamente es necesaria la coordinación a nivel internacional y ciertamente es indispensable que el papel de los Estados miembros y de la Unión Europea funcione en los organismos internacionales con la estrategia adecuada, porque solos no podemos solucionar el problema. 
Internet es internacional y como tal debe afrontarse. 
Ciertamente es necesario definir más exactamente los distintos tipos de crimen. 
No podemos hablar en general y tampoco podemos pensar que los crímenes que hoy se consideran los peores, pornografía o los hakers o el racismo, lo sean también el día de mañana. 
El crimen comercial es también muy importante, y creo que en este punto es necesario cooperar con la industria y los bancos, de modo que las soluciones sean las más adecuadas realmente. 
Un tema importante relacionado con todos los demás, es la propiedad intelectual, que corre un gran riesgo, y que puede ser a costa de los autores y de los productores de nuestra cultura. 
Creo que hace falta una protección funcional y no medidas exageradas que sean un obstáculo para el funcionamiento de Internet. 
Se interrumpe en este punto el debate y se reanudará a las 21.00 horas. 
Presentación por el Consejo del proyecto de presupuesto general- 2002 
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación por el Consejo del proyecto de presupuesto general 2002. 
Señor Presidente, con este discurso pretendo reanudar el diálogo entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria, es decir, el Parlamento y el Consejo. 
Se inició en el marco del Acuerdo interinstitucional a través de una serie de encuentros tripartitos y una reunión de consulta celebrada en julio, el día en que el Consejo estableció el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2002. 
Soy consciente de que en las últimas reuniones de su Comisión de Presupuestos muchos miembros han deplorado los resultados de este diálogo, ya que resulta difícil interpretarlos como tales, por lo que uno comienza a preguntarse cuál es el sentido de todo esto. 
Quisiera formular dos observaciones al respecto. 
En primer lugar, es importante que el diálogo entre los miembros del Consejo y del Parlamento se considere como el inicio de la discusión entre ambas ramas de la autoridad presupuestaria. 
Aun cuando no aporte resultados inmediatos, continúa ejerciendo influencia sobre las deliberaciones del Consejo durante los meses posteriores, hasta el final del procedimiento presupuestario en diciembre. 
Por lo demás, es cierto que los preparativos del Consejo con vistas a la sesión de julio ya se hallaban en avanzado estado de elaboración en el momento de la consulta y que ya se han encontrado soluciones de compromiso para un gran número de problemas surgidos entre los propios Estados miembros. 
Pero también es cierto- sin duda serán conscientes de ello- que el paquete más comprometido del proyecto de presupuesto ya ha sufrido la influencia de los puntos de vista del Parlamento Europeo de los que tenemos conocimiento a través de los numerosos contactos mantenidos con esta institución. 
Dichos contactos se entablan ya en febrero y marzo en la reunión tripartita informal celebrada en la capital de la Presidencia y se prosiguen a diferentes niveles hasta el Consejo de julio. 
Les aseguro que el proyecto de presupuesto que ustedes tienen delante podría tener otro aspecto muy distinto sin ese diálogo permanente. 
Hoy quisiera subrayar que la Presidencia belga concede especial importancia a la buena colaboración con el Parlamento. 
Por eso mismo explicaré cómo se han venido desarrollando los trabajos del Consejo que han conducido al presente proyecto de presupuesto para el año 2002, sobre la base del cual ustedes prepararán durante los dos próximos meses su primera lectura. 
Para empezar quisiera esbozar las directrices que han guiado al Consejo en la elaboración de este proyecto de presupuesto. 
En primer lugar, el proyecto de presupuesto se ajusta plenamente al Acuerdo interinstitucional del 6 de mayo de 1999 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario. 
El Consejo estima harto importante que se respete cada uno de los techos anuales en materia de gastos, tal y como han sido fijados en las perspectivas financieras, de conformidad con la reciente decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adaptación de las perspectivas financieras en relación con la ejecución del presupuesto y la adaptación técnica a la evolución del PNB y de los precios llevada a cabo por la Comisión. 
El Consejo ha conseguido, en la medida de lo posible, que quede suficiente margen por debajo de la cantidad máxima establecida para cada categoría, con excepción de las categorías 2 y 7. 
En segundo lugar, el Consejo ha tenido en cuenta las orientaciones presupuestarias para el año 2002 adoptadas en el pasado mes de marzo. 
Sin duda se habrán dado cuenta de que es la primera vez que el Consejo adopta conclusiones de esta índole. 
Me parece un planteamiento sano. Significa un paso más en dirección a una mayor transparencia y, por tanto, a una mejora del debate presupuestario. 
Ya hace tiempo que ustedes adoptan orientaciones presupuestarias que marcan la pauta de sus debates durante todo el procedimiento presupuestario. 
La Comisión hace lo mismo; cada año establece sus prioridades. 
El Consejo se ha cerciorado de que las diferentes medidas de la Unión Europea se financien adecuadamente de acuerdo con los recursos financieros disponibles y dentro de los límites marcados por los importes máximos recogidos en las perspectivas financieras. 
A este fin el Consejo ha tenido en cuenta en el ámbito de los créditos de compromiso la valoración de las posibilidad de ejecución de los mismos. 
Por último, el Consejo ha prestado especial atención a la evolución de los créditos de pago, reduciendo y controlando su crecimiento con respecto a 2001, sin perder de vista las posibilidades de ejecución y el ritmo de pagos previsto en relación con los importes pendientes de pago y los requisitos presupuestarios nacionales. 
Quisiera destacar que estos esfuerzos de moderación se reparten entre los gastos obligatorios y los gastos no obligatorios. 
Además, aprovecho la ocasión para recordarles que el Consejo considera oportuno que la Comisión presente una vez más, tal y como hizo el pasado año, una nota rectificativa con la propuesta de incluir en el presupuesto definitivo para el año 2002 una estimación del remanente disponible procedente del año 2001. 
De acuerdo con todo ello, el proyecto de presupuesto para el año 2002 prevé un importe en concepto de créditos de compromiso por valor de 99.009 millones de euros, es decir, un incremento del 2%, y un importe en concepto de créditos de pago por valor de 95.598 millones de euros, es decir, un incremento del 2%. 
El proyecto de presupuesto que les hemos remitido se basa en un compromiso que nos permite financiar todas las políticas y prioridades de la Unión Europea sin pedir demasiados sacrificios a los Estados miembros, que están realizando un gran esfuerzo por contener sus finanzas públicas, dejando cierto margen, en concreto respecto al techo de la categoría 3 de las perspectivas financieras y de la categoría 4, lo cual debe abrir la posibilidad de hacer frente a nuevas prioridades. 
El Consejo ha concedido créditos de compromiso para acciones estructurales a un alto nivel con arreglo a los compromisos adquiridos en el marco de las conclusiones del Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999 y del Acuerdo interinstitucional de mayo de 1999. 
Las obligaciones contraídas en el presente proyecto de presupuesto y los programas adoptados en el marco de la codecisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo se ajustan a la programación acordada entre todos. 
El Consejo ha estudiado con mucho detenimiento los gastos administrativos. 
Ha intentado satisfacer en lo posible las necesidades de las diferentes instituciones, habida cuenta de los rasgos específicos y el objetivo común de lograr un incremento moderado de los gastos administrativos. 
Me reafirmo en mi convencimiento de que el Parlamento seguirá el mismo camino en lo que queda del procedimiento presupuestario. 
En este sentido, el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo durante la reunión celebrada el 20 de julio con objeto de elaborar una declaración común es una buena señal. 
Ambas instituciones han convenido en instar a los Secretarios Generales de las instituciones a que elaboren un informe para la autoridad presupuestaria que incluya un análisis plurianual correspondiente a la categoría 5. Se someterá a debate en el Consejo de Presupuestos de noviembre. 
Dicho informe debe recoger las economías de escala derivadas del refuerzo de la colaboración interinstitucional, así como las propuestas de ahorro necesarias para no rebasar el techo de la categoría 5, entre otras razones con vistas a la preparación de la ampliación. 
No concluiré esta presentación general del proyecto de presupuesto para el año 2002 sin comentar dos puntos importantes respecto de los cuales el Consejo ha adoptado una actitud expectante por no disponer aún de una serie de elementos que se darán a conocer definitivamente en una fase posterior del procedimiento presupuestario. 
Se trata en concreto de las crisis de la EEB y de la fiebre aftosa, por una parte, y del Acuerdo de Pesca con Marruecos, por otra. 
En lo que a la financiación de las consecuencias de la EEB y la fiebre aftosa se refiere, el Parlamento Europeo y el Consejo lograron durante su reunión del 20 de julio un acuerdo sobre una declaración común. En dicho acuerdo las dos ramas de la autoridad presupuestaria toman nota de la necesidad de prever un margen suficiente respecto al límite máximo de la subcategoría 1A de las perspectivas financieras, tal y como se fija en el proyecto de presupuesto, a fin de poder satisfacer las necesidades existentes en el ámbito de la EEB y la crisis de la fiebre aftosa. 
Emplazan a la Comisión a que presente un análisis pormenorizado de dichas necesidades y que las satisfaga, utilizando para ello en primer lugar los créditos remanentes del ejercicio 2001 e incluyendo en segundo lugar los créditos necesarios para el año 2002 en su nota rectificativa de otoño. 
Con respecto a las consecuencias financieras de la no renovación del Acuerdo de Pesca con Marruecos y la financiación de la reestructuración de la flota pesquera afectada, el Consejo ha declarado que volverá a estudiar la situación en el marco de la nota rectificativa del año en curso que ha de presentarse en virtud del Acuerdo interinstitucional. 
Por todo lo anterior, el Consejo ha mantenido el anteproyecto de presupuesto presentado por la Comisión en lo que al Acuerdo Internacional de Pesca se refiere, al tiempo que ha instado a la Comisión a que utilice estos créditos únicamente para otros acuerdos de pesca. 
Aprovecho la ocasión para recordarles que, de conformidad con el Acuerdo interinstitucional, los créditos destinados a los acuerdos internacionales de pesca se clasifican como gastos obligatorios, independientemente del lugar que ocupen en la línea presupuestaria, en la reserva o en una línea presupuestaria BA. 
No pretendo ofrecerles una descripción exhaustiva del proyecto de presupuesto. 
La encontrarán en la extensa exposición de motivos que les ha sido enviada. 
A cambio, explicaré más en detalle, es decir, por categoría de gastos, las propuestas formuladas por el Consejo en su proyecto de presupuesto para el año 2002. 
Por lo que se refiere a la categoría 1 de las perspectivas financieras en materia de gastos agrícolas, el proyecto de presupuesto toma en consideración las consecuencias de las decisiones del Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999 acerca de la reforma de la política agrícola común. 
Ello no obstante, el Consejo ha reducido las cuantías asignadas a la subcategoría 1A de las perspectivas financieras relativa a la política agrícola común en 200 millones de euros en total en comparación con los importes correspondientes propuestos por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto. 
Este recorte no se anticipa a las deliberaciones sobre la nota rectificativa contempladas por el Acuerdo interinstitucional con objeto de tener en cuenta la evolución de los mercados y la marcha de las negociaciones sobre las diferentes organizaciones comunes de mercado. 
Se trata antes que nada de una reducción lineal que excluye las líneas presupuestarias relativas a las consecuencias de la EEB y la fiebre aftosa, así como las líneas referidas a las organizaciones comunes de mercado objeto de negociaciones. 
Por lo demás, como ya he dicho, el Consejo no ha respetado la propuesta de la Comisión de reservar mil millones de euros para paliar las consecuencias de las crisis de la EEB y la fiebre aftosa ampliando el margen. 
El Consejo prefiere esperar a la nota rectificativa de este otoño. 
Ello significa que en primera lectura del Consejo los gastos derivados de la política agrícola común experimentan un incremento del 2,3 % respecto al año 2001. 
En lo que a los gastos en materia de desarrollo rural se refiere el Consejo ha mantenido los créditos propuestos en el anteproyecto de presupuesto, incorporando al presupuesto toda la subcategoría 1B de las perspectivas financieras. 
El Consejo ha incluido toda la categoría 2 de las perspectivas financieras, dedicada a las medidas estructurales, en el presupuesto en concepto de créditos de compromiso, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999. 
Por lo demás, el Consejo ha aceptado casi íntegramente la cuantía asignada a los créditos de pago que se recoge en el anteproyecto de presupuesto, al tiempo que los programas de iniciativa comunitaria tan sólo han sufrido un recorte por valor de 375 millones de euros en razón del aparente retraso que va a experimentar su ejecución. 
Respecto a la financiación de la categoría 3 de las perspectivas financieras, que se centra en la política interior, el Consejo se ha comprometido a financiar adecuadamente los programas plurianuales. 
Por eso mismo, ha aceptado las cantidades solicitadas por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto, en concreto aquellas que se refieren al Programa marco de investigación y desarrollo en materia de redes transeuropeas. 
Por el contrario, el Consejo ha restringido los créditos de compromiso y los pagos destinados a las líneas presupuestarias que no se basan en programas plurianuales y a las agencias, guiándose por las previsiones acerca de la evolución de los precios. 
En el marco de esta categoría quisiera señalar que el Consejo ha introducido en primera lectura en su proyecto de presupuesto una serie de créditos destinados a la puesta en marcha de Eurojust y el sistema SIS2 de Schengen, concretamente en las líneas presupuestarias previstas para ello en el anteproyecto de presupuesto de la Comisión. 
Como ven, al final el Consejo ha conseguido que su proyecto de presupuesto cubra satisfactoriamente las prioridades pertenecientes a la política interior que se contemplan en la categoría 3 de las perspectivas financieras. 
Ha creado un margen de precaución por valor de 110 millones de euros que incluso supera el margen fijado en el anteproyecto de presupuesto de la Comisión. 
Confiamos en que este aumento permita financiar las prioridades del Parlamento, algunas de las cuales han sido mencionadas por su ponente, entre ellas el aprendizaje electrónico y la inmigración. 
A continuación me detendré en la financiación de las medidas externas de la Unión Europea que se recogen en la categoría 4 de las perspectivas financieras. 
A este respecto el Consejo se ha atenido en buena parte al anteproyecto de presupuesto de la Comisión. 
Ha mantenido las asignaciones más importantes y se ha limitado a introducir recortes mínimos en los créditos de compromiso y de pago. Las reducciones se reparten geográficamente entre unas pocas líneas presupuestarias. 
Además, como ya he señalado antes, el Consejo ha mantenido íntegramente los créditos destinados a los acuerdos internacionales de pesca. 
Por último, deploro que durante la reunión de consulta del 20 de julio no se haya alcanzado ningún acuerdo sobre el importe en concepto de créditos que ha de preverse para la política exterior y de seguridad común. 
Por tanto, el Consejo ha incorporado a su proyecto de presupuesto las cantidades establecidas en el anteproyecto de presupuesto de la Comisión. 
Debo reconocer que no entiendo muy bien por qué algunos solicitan una reducción de las cuantías asignadas a la política exterior y de seguridad común. 
Coincidirán conmigo en que estas cantidades son ya inferiores a las de 2001 y que resultan muy modestas. Se trata del mínimo necesario para garantizar que Europa pueda desempeñar un papel prominente en la escena mundial, especialmente en aquellas regiones afectadas por las crisis que conocemos todos. 
El deseo de disminuir estas cuantías podría resultar enormemente perjudicial para la credibilidad de la Unión Europea, y no creo que sea ésa su intención. 
Por tanto, espero que las demás fases del procedimiento presupuestario y, muy en particular, el resultado de su primera lectura pongan de manifiesto que ustedes han tenido en cuenta mis argumentos- que son los argumentos del Consejo -, y que lleguen a la misma conclusión que yo respecto a la pertinencia de las cuantías propuestas en el anteproyecto de presupuesto de la Comisión. 
Como podrán comprobar, el Consejo se ha esforzado por asignar recursos adecuados a las diferentes prioridades establecidas en el ámbito de las medidas externas de la Unión Europea. 
Con todo y con eso, el Consejo ha introducido un margen de 100 millones de euros debajo del techo de la categoría 4 de las perspectivas financieras, lo cual les permitirá confirmar sus prioridades en esta sección. 
A la hora de elaborar el proyecto de presupuesto en materia de gastos administrativos, de acuerdo con la categoría 5 de las perspectivas financieras, el Consejo ha optado, como ya he dicho, por satisfacer en la medida de lo posible las necesidades de las instituciones, teniendo en cuenta sus rasgos específicos. 
En lo que concierne a las solicitudes de ampliación de personal de la Comisión el Consejo continúa prestando apoyo a las reformas. En primera lectura aprobó la creación de 78 nuevos puestos. 
El 20 de julio no se pronunció sobre los 239 puestos restantes. 
Lo hará a la luz de la decisión acerca de la normativa relativa al cese definitivo en sus funciones de los funcionarios de la Comisión. 
En el proyecto de presupuesto queda un margen de 53 millones de euros debajo del techo de la categoría 5 de las perspectivas financieras a fin de hacer frente a nuevas necesidades en el ámbito de los gastos administrativos, con especial atención al sistema de vigilancia europeo en materia de protección de datos. 
Concluiré este resumen de las diferentes categorías de gastos con algunas observaciones acerca de los gastos relativos a la ayuda de preadhesión. 
En este caso, el Consejo ha mantenido la cuantía solicitada por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto respecto a los créditos de compromiso. 
En lo que a los créditos de pago se refiere, el proyecto de presupuesto prevé un fuerte incremento del 20,9 % respecto al pasado año, tras adaptar el importe propuesto por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto reduciéndolo en 380 millones de euros. 
Dicho incremento demuestra que para el Consejo, al igual que para el Parlamento Europeo y la Comisión, estos gastos son prioritarios. 
No quiero poner fin a esta presentación del proyecto de presupuesto del Consejo elaborado el 20 de julio sin subrayar que me comprometo a llevar a buen puerto el actual procedimiento presupuestario. Pretendo alcanzar un acuerdo durante las deliberaciones previas al Consejo de noviembre, tal y como sucedió el año pasado. 
Deseo, por tanto, que las negociaciones presupuestarias continúen llevándose a cabo con este mismo espíritu, de modo que podamos elaborar un presupuesto comunitario para el año 2002 que nos facilite los recursos necesarios para responder a las prioridades y los inminentes retos que le esperan a la Unión Europea. 
Para finalizar, quisiera manifestar mi gratitud hacia los dos ponentes, el Sr. Costa Neves y la Sra. Buitenweg, por su constructiva contribución. 
, presidente de la Comisión de Presupuestos. (EN) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Comisario Liikanen- alegro de verle. 
La Comisaria Schreyer dijo que no estaría disponible y que usted la sustituiría. 
Es como en los viejos tiempos. 
Apuesto a que se alegra realmente de estar aquí. 
Gracias, señor Presidente en ejercicio, por sus amables palabras, pero para serle sincero, me ha decepcionado mucho el resultado de su primera lectura y, especialmente, el modo en que se desarrolló la conciliación. 
Quizá nos mimaron el año pasado durante la Presidencia francesa, que al menos hizo algunas concesiones, pero este año hemos vuelto a lo habitual. 
Llevo 12 años haciendo la misma intervención- aunque no la hice el año pasado- para decir que éste es un presupuesto para la primera lectura del Consejo que realiza el Coreper y que los políticos no han aportado nada al mismo. 
Intentamos que el Consejo adopte decisiones políticas, presentamos todos nuestros argumentos y lo hacemos durante horas (disfrutamos, entretanto, de un almuerzo muy agradable) , pero no llegamos absolutamente a ninguna parte. 
Es un diálogo de sordos. 
Hablamos y hablamos, pero no conseguimos cambiar en absoluto la posición del Consejo. 
La diferencia entre nuestras dos instituciones es que nosotros actuamos como debe hacerlo un Parlamento. 
Un Parlamento debe elaborar un presupuesto que refleje sus prioridades políticas. 
No utilizamos fondos por el mero hecho de utilizar fondos. 
Examinamos las prioridades políticas y luego decidimos cuánto debe destinarse a las mismas. 
El Consejo, por otra parte, sólo quiere mantener el gasto en el mínimo estricto, sin tener en cuenta cuáles serán las consecuencias o los costes. 
Intentamos tratar sobre temas como la leche en los colegios. 
Presentamos nuestro argumento. 
Hablamos sobre los problemas con los Fondos estructurales. 
Respecto a las políticas internas, la agencia de medicamentos y los medicamentos "huérfanos" fueron uno de los temas mencionados. 
En el PRS del pasado año acordamos con el Consejo incrementar la financiación de los medicamentos "huérfanos", pero ¿qué hace el Consejo este año? 
Lo ha reducido en 1,9 millones. 
Sencillamente, no tiene sentido. 
Cuando hablamos de intentar sacar a Chipre y Malta de la categoría 4 y situarlos donde les corresponde, el Consejo no está interesado. 
Y luego, cuando hablamos de compensación porque no disponemos de un acuerdo de pesca con Marruecos, es aquí donde realmente entramos en negociaciones serias, porque, una vez más, no ha ocurrido nada. 
Intentábamos demostrar que si queremos crear fondos en la categoría 2, el Consejo necesita nuestra aprobación, a menos que quiera sacarlos de los actuales Fondos estructurales. 
Seamos claros sobre los fondos de la categoría 4 para el acuerdo pesquero con Marruecos. 
Están en la reserva. 
En lo único que llegamos a un acuerdo fueron dos declaraciones anodinas, una sobre agricultura y otra sobre la categoría 5, pero el Parlamento hizo una declaración unilateral sobre la pesca. 
Le recordaré una parte, porque cuando usted ha hablado de examinar la letra de la enmienda y decidir qué hacer, de conformidad con el Anexo IV de IIA, únicamente pueden considerarse gasto obligatorio los importes consignados en el presupuesto para acuerdos ya concluidos por la Comunidad. 
En consecuencia, los importes asignados a la reserva- y esa suma colosal de 125 millones de euros está en la reserva- para acuerdos que aún no han sido concluidos se consideran no obligatorios. 
Puede que el Consejo quiera discutir sobre ello, pero nosotros no vemos ningún motivo de discusión. 
Nosotros tendremos la última palabra sobre lo que se hará y puede estar seguro de que no será una compensación, en el sentido de que mantenemos esto dentro o lo sacamos para crear la misma suma de dinero en la categoría 2. 
Es algo sobre lo que debemos hablar. 
Debemos ser serios respecto al presente presupuesto, examinar el gasto, especialmente en la categoría 5. 
¿Qué vamos a hacer respecto al gasto administrativo, especialmente en relación con la ampliación? 
La declaración sobre intentar que las Secretarías Generales estudien el modo en que las instituciones pueden aunar sus esfuerzos está muy bien, pero existe un problema mucho mayor. 
Nosotros hemos sugerido que la autoridad presupuestaria examine la relación coste-beneficios en el seno de las instituciones de la Unión. 
Usted ni siquiera ha respondido a eso. 
Sólo espero que antes de nuestra primera lectura y también de la segunda lectura del Consejo celebremos negociaciones serias y una conciliación seria y que al final de las mismas alcancemos algunos acuerdos serios sobre un presupuesto con el que todos podamos sentirnos satisfechos. 
Lo único de lo que no podrán acusarnos- y no estoy diciendo que usted lo haya hecho, pero muchos de sus colegas en el Consejo parecen pensarlo- es de que nuestro único deseo sea aumentar el gasto al máximo para poder financiar los proyectos que consideramos prioritarios, mientras que el Consejo quiere ser prudente en extremo. 
Nosotros somos sumamente prudentes. 
Somos sensatos en nuestros planteamientos, pero queremos hacerlo como equipo. 
Queremos actuar como una autoridad presupuestaria, y no volver a los viejos tiempos en los que el Consejo aprobaba el gasto obligatorio, nosotros aprobábamos el no obligatorio y, llegado diciembre, disponíamos finalmente de un presupuesto. 
Esperemos que este año mejoremos respecto a lo que considero que no ha sido un buen comienzo hasta llegar a un entendimiento mucho mejor entre nuestras dos instituciones. 
Si la actual Presidencia belga se parece en algo a la Presidencia belga anterior, cuando elaboré el presupuesto de 1994, me sentiré sumamente feliz. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Comisario, en los meses que nos separan de diciembre tenemos mucho trabajo por hacer en busca del entendimiento necesario en cuanto al próximo presupuesto. 
Las posiciones de las instituciones europeas están por ahora distantes en aspectos muy relevantes. 
Por lo que se refiere al Parlamento Europeo, hay condiciones previas que atender: primero, garantizar rigor y transparencia en el presupuesto y en su ejecución; segundo, tomar posición sólo si y en la medida en que dispongamos de la información necesaria. 
En este marco, conviene una vez más dejar totalmente claras las objeciones que seguimos abrigando. 
En el ámbito de la agricultura, necesitamos información sobre los resultados ya conseguidos con la última reforma de la Política Agraria Común, las repercusiones a medio plazo de las crisis de la EEB y la fiebre aftosa, lo que impide la rápida entrada en funcionamiento de la nueva autoridad en materia alimentaria y también las perspectivas de evolución de esas cuestiones a corto y medio plazo. 
En cuanto a los Fondos estructurales, queremos estar seguros de que el presupuesto dispondrá de los medios necesarios para proceder al pago rápido de los compromisos asumidos. 
Necesitamos que, conforme a las propuestas presentadas, se paguen en el mismo año más del actual 1% de los compromisos por asumir en 2002. 
En la esfera de las políticas internas- categoría 3- comprobamos que nuevos gastos con nuevas acciones y nuevas entidades van surgiendo y el importe global se va manteniendo. 
Claro, que el margen se va reduciendo. 
En cuanto a la acción exterior de la Unión Europea- categoría 4 -, las nuevas necesidades son evidentes y no se pueden atender a costa de la reducción en compromisos antes asumidos, ya sea mediante cortes en las asignaciones comprometidas o mediante retraso en la satisfacción de los pagos, como está sucediendo. 
Entretanto, se presupuestan asignaciones para el acuerdo de pesca con Marruecos, que, como todos sabemos, no se hará, con lo que se pretende congelar, de hecho, 125 millones de euros en una categoría en evidente dificultad. 
Por ser un gasto no obligatorio, estoy seguro de que el Parlamento asumirá también en este caso sus responsabilidades. 
En la categoría 5, gastos administrativos, se limita, por un lado, el contenido y el ritmo de la reforma de la Comisión y, por otro, se duplican los gastos en materia de seguridad y defensa y se pretende afrontar la ampliación sin desembolso de importes suplementarios, al contrario de lo que establece el acuerdo interinstitucional. 
En cuanto a los gastos de preadhesión, los pagos están retrasados y no se ve que con esta propuesta se pueda modificar esa situación. 
La ejecución de presupuestos anteriores no es como para dejarnos tranquilos en cuanto al futuro. 
Frente a anunciadas dificultades para satisfacer algunos compromisos antiguos y nuevos, ¿cómo es posible aceptar que en 2001 se hayan devuelto a los Estados miembros prácticamente 10.000 millones de euros que no se utilizaron? 
Por un lado, se debate sobre si más euros o menos euros y, por otro, queda sin utilizar el 12% del presupuesto de 2000, lo que por sí solo da idea perfectamente de que el Parlamento debe hacerse cargo de un control cada vez mayor de la ejecución del presupuesto. 
Sólo decidiremos en materia agrícola en la medida en que conozcamos la situación presente y tengamos perspectivas en cuanto a su evolución. 
No podemos aceptar el nivel de pagos que se nos propone, tanto más cuanto que queremos recuperar los retrasos del pasado sin poner en entredicho el presente. 
Queremos una determinación clara y objetiva de prioridades, así como metas en todo el presupuesto. 
Discrepamos de la presupuestación de asignaciones de las que sabemos de antemano que no se utilizarán. 
Es necesario determinar expresamente los gastos ya en curso resultantes de la ampliación. 
Esperamos la reforma efectiva de la Comisión y el correspondiente aumento de eficacia. 
Queremos, en una palabra, asumir plenamente las responsabilidades que tenemos como Autoridad Presupuestaria, que se desprenden de nuestra propia razón de ser: la representación de quien nos elige. 
Eso es lo que haremos, sin dejar de reafirmar enteramente la disposición a colaborar en busca de las mejores respuestas para las cuestiones pendientes. 
Señor Presidente, algunas cosas se aprenden deprisa. 
No hay que ser un experto en presupuestos para presentir que el Consejo pretende meter la tijera en las líneas presupuestarias. 
El Consejo no cabe en sí de satisfacción porque nadie sabe reducir gastos como él. 
Por cierto, el Ministro de Hacienda de los Países Bajos, colega suyo, acaba de declarar públicamente que el Parlamento Europeo es el gran derrochador de los dos brazos de la autoridad presupuestaria. 
A juzgar por las disputas que se producen durante el procedimientos presupuestario parece tener razón. 
El Parlamento suele estirar un poco más las propuestas del Consejo, no porque quiera desplumar al contribuyente, sino porque procura ser una autoridad fiable, porque se siente obligado a garantizar que las obligaciones y las responsabilidades europeas se lleven a la práctica. 
Es importante que la retórica y las promesas se conviertan en hechos, y, por lo general, eso requiere mucho dinero. 
Ya verán cómo el Ministro Zalm nos reprocha cualquier día de éstos que la construcción de otro edifico parlamentario nuevo es un auténtico despilfarro. 
Por todo ello, quiero advertir al Consejo que no venga a contarnos sus penas. No nos olvidemos de que muchas de estas decisiones fastuosas se adoptan en las cumbres europeas. 
Pongamos por ejemplo la Cumbre de Niza. 
En dicha cumbre las deliberaciones sobre el número de votos en el seno del Consejo se prolongaron hasta altas horas de la madrugada. 
En realidad no se trataba sino de un voto más o menos, pero para aliviar el dolor de los perdedores se repartieron generosamente escaños del Parlamento, lo cual también dice mucho sobre el aprecio que nos tiene el Consejo. 
Prefieren tener más votos a puerta cerrada que diputados en el Parlamento. 
Este regateo nos deparará sin querer 32 nuevos colegas. El número total de diputados incluso puede llegar temporalmente a 800. 
Esos miembros necesitan asistentes y oficinas, algo que, obviamente, no estaba previsto cuando comenzaron a construir los edificios actuales. 
¿Se piensa alguna vez en estas cosas durante las cumbres? 
Porque, al final, nos corresponde a nosotros pagar los platos rotos. 
Por eso mismo, propongo que al término de las cumbres europeas no sólo se publiquen las conclusiones políticas, sino también una estimación aproximada de las consecuencias financieras. 
Invito a la Presidencia a que se pronuncie sobre este tema. 
Mi segunda observación se refiere a los gastos del propio Consejo. 
Dentro de la categoría 5- los gastos administrativos- el Consejo es la institución que más crece, lo cual aumenta aún más la tensión que ya existe en esta categoría. 
Para el Consejo las perspectivas financieras son sagradas y, por eso, opta por trasladar determinados gastos que en otras condiciones hubiera incluido con mucho gusto en su propio presupuesto a la categoría 3, por ejemplo 3,5 millones para Eurojust y casi 1 millón para Schengen. 
Por consiguiente, el Parlamento Europeo dispone de menos espacio para establecer sus propias prioridades en esta categoría. 
Pero yo soy optimista: esta situación también tiene sus ventajas puesto que en cierto modo redunda en beneficio de la transparencia, al tiempo que, indirectamente, también sale reforzado el control democrático. 
Ahora bien, el hecho de que los gobiernos sólo nos concedan este control con tal de salvar el Acuerdo interinstitucional y ahorrar un poco de dinero demuestra claramente cuáles son sus prioridades. 
No me parece demasiado acertado que Eurojust se incluya en la categoría 3. 
Entiéndanme, no pretendo incorporar Eurojust al presupuesto del Consejo, pero sí a la categoría de los gastos administrativos. 
Habida cuenta de la naturaleza de estos gastos es la solución más lógica, como también reconoció el Consejo tácitamente durante las deliberaciones tripartitas. 
Espero que por lo menos alcancemos un acuerdo sobre el principio de que los gastos de funcionamiento pertenecen a la categoría 3 en tanto que los gastos administrativos entran a formar parte de la categoría 5. 
O tal vez el Consejo acabe poniéndose un poco nervioso debido a la presencia cada vez mayor de actividades de funcionamiento en su propio presupuesto. 
Ya se ha dicho que el Consejo tiende a reducir sistemáticamente los gastos propuestos como si de un reflejo automático se tratase. 
Terry Winn tiene toda la razón: nosotros hemos decidido estudiar los gastos de forma radical, averiguar qué gastos faltan, si es mejor proceder de otra manera, si las competencias de las instituciones se superponen, si las tareas de las oficinas se solapan. 
El Consejo no ha hecho lo mismo, lo cual me extraña sobremanera, puesto que desde esta perspectiva se puede ahorrar mucho. 
Por tanto, nosotros seguiremos a la busca de recortes radicales. 
Ahora bien, al Consejo sí le gusta regatear, y no tiene siempre en cuenta las necesidades reales. 
Por falta de tiempo citaré un solo ejemplo. Se trata del proceso de reforma de la Comisión. 
Es un asunto prioritario, tanto para el Parlamento como para el Consejo. 
Ello no obstante, el Consejo ha aprobado tan sólo 89 de los 317 puestos solicitados. 
Y con ello no quiero decir que no pueda adoptar una actitud crítica hacia el proceso de reforma o que esté obligado a aceptar todos los proyectos sin haberlos visto. 
En este momento está a la espera de las consecuencias de la normativa relativa al cese anticipado. 
Habida cuenta de todo lo anterior me pregunto si el Consejo no está esperando simplemente a que nosotros asumamos la responsabilidad, porque entonces será de nuevo el Parlamento el que aporte el dinero que haga falta. 
Ahorrar es bueno siempre y cuando ustedes permitan que las instituciones hagan su trabajo. De lo contrario, los ciudadanos de la Unión, los contribuyentes, tendrán una verdadera razón para sentirse decepcionados. 
Este punto queda cerrado. 
Turno de preguntas (Consejo) 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0594/01): 
Asunto: Investigación de irregularidades en Europol El martes 12 de junio, el Consejo anunció que se estaba examinando el funcionamiento de Europol. 
Una de las cuestiones fundamentales es la procedencia de la tecnología de la información en la que se basan los sistemas de Europol Eurint y Europolis. 
Al parecer, es posible que Europol esté utilizando tecnología de la información robada. 
¿Puede confirmar el Consejo si es cierto que los sistemas de información de Europol, Eurint y Europolis, se basan en la tecnología patentada Polygon, de la empresa Polygeneses de Munich, o si esta tecnología está integrada en dichos sistemas? 
En caso afirmativo, ¿desde cuándo la utiliza Europol y de qué forma ha adquirido esta tecnología y/o los derechos de utilización de la misma? 
Quisiera contestar de la siguiente manera a la pregunta del diputado Bart Staes. 
Para empezar, el Consejo reconoce que respecto a Europol le corresponde una responsabilidad de índole general. 
Sin embargo, la ejecución de los contratos es una cuestión que incumbe en primer lugar a los servicios competentes de Europol. 
De ahí que en este momento el asunto esté siendo estudiado por el Director de Europol, bajo la vigilancia del Consejo de Administración. 
Ello no obstante, al Consejo le ha llegado la información de que todos los contratos firmados por Europol en aquella época están siendo analizados por una oficina externa independiente a raíz de una decisión adoptada por el Consejo de Administración de Europol. 
La investigación sobre el supuesto robo de software y su eventual uso ha sido transmitida al Fiscal en La Haya para que sea objeto de un análisis más detenido. 
En Alemania se ha abierto una investigación judicial paralela. 
Resumiendo, hemos de esperar los resultados de las diligencias judiciales para poder facilitar más detalles. 
Por otra parte, quisiera llamar la atención de su Señoría sobre el hecho de que el fraude se detectó gracias al funcionamiento- bastante eficaz, por cierto- de las estructuras de control actualmente existentes, porque, de lo contrario, no habría salido a la luz. 
Doy las gracias a la Sra. Neyts por su extensa contestación. 
Se trata de una respuesta muy concreta a una pregunta muy concreta, pero también quisiera enfocar el asunto desde un punto de vista político. 
Aunque la Sra. Neyts sostenga que el fraude que nos ocupa fue detectado gracias al control interno, en la opinión pública y en gran parte del mundo político prevalece la sensación de que el control democrático ejercido sobre Europol es insuficiente, al margen de que se están lanzando diversas propuestas para intensificarlo. 
Así por ejemplo, se considera la posibilidad de adaptar Europol al Reglamento sobre OLAF y en el Parlamento belga circula la idea de constituir en Europol, a imagen y semejanza del modelo belga, un comité P y un comité I encargados de la vigilancia de los servicios policiales y de inteligencia. 
¿Cree la Sra. Ministra que existe la posibilidad de que se abra próximamente un debate sobre este tema en el seno del Consejo y de las instituciones europeas, de modo que podamos tranquilizar a los ciudadanos respecto al control democrático ejercido sobre este importante servicio policial, independientemente de que se encuentre aún en estado embrionario? 
Quisiera contestar a su Señoría- y confío en que lo entienda- que preferimos esperar a que esas incipientes ideas sin duda interesantes se concreten. 
Pregunta nº 2 formulada por (H-0595/01): 
Asunto: Discriminación en el reparto entre las diferentes flotas estatales de las reducciones de capturas de pesca decididas por el Consejo de Ministros En el reparto de las reducciones de capturas de pesca decididas por el Consejo de Ministros llevado a cabo el pasado 18 de junio entre las diferentes flotas estatales se cometió una grave discriminación que afecta especialmente a la flota española y, más concretamente, a la gallega, obligada a dejar en la inactividad centenares de buques mediante medidas que no se aplican a centenares de buques franceses e irlandeses. 
¿Qué razones pueden justificar que la flota española, y dentro de ella la gallega, sea continuamente objeto de medidas para reducir su actividad con la excusa de la conservación de los recursos, mientras que estas medidas no se aplican otros países? 
. (EN) Puedo decir a su Señoría que el 18 de junio del presente año, el Consejo de Pesca no adoptó ninguna decisión respecto a la pesca de la merluza. 
No obstante, en base al estado crítico en que se encuentran los recursos de bacalao y merluza, como ponía de manifiesto la Comunicación de la Comisión de 12 de junio, y a la recuperación de los recursos de bacalao y merluza presentada al Consejo, la Comisión adoptó, el 14 de junio, un reglamento de emergencia por el que se establecen medidas para la recuperación de los recursos de la merluza nórdica. 
El apartado 2 del artículo 2 del Reglamento de la Comisión prevé eximir a buques de menos de 12 metros de eslora que utilicen una malla de menos 100 mm de una cuota máxima del 20% de merluza de la captura retenida, a condición de que los barcos- no la captura- vuelva a puerto en un plazo de 24 horas. 
El 22 de junio, España solicitó al Consejo una enmienda a esta disposición. 
El 20 de julio, el Consejo tomó nota de que no existía mayoría para enmendar dicha disposición, tal y como proponía España. 
Señora Presidenta, señora Presidenta del Consejo, creo que sólo la discriminación que padecen las flotas del sur de Europa, de Portugal y del Estado español- y en particular de Galicia -, explica la discriminación concreta de que estamos tratando. 
Efectivamente, las instituciones de la Unión Europea consideran también esas flotas intrusas en los mares que son de todos nosotros y la discriminación se produce por la aplicación del principio de estabilidad relativa que, por ejemplo, otorga a un país del Norte el 40% de las capturas que se hagan en los mares comunitarios, mientras que España y Galicia cuentan sólo con el 6%. 
En consecuencia, preguntamos de nuevo: ¿qué posición tiene el Consejo respecto de la necesaria comunitarización de los derechos de pesca en las aguas de la Unión Europea, conforme a los principios consignados en los Tratados? 
. (EN) Señor Presidente, sólo puedo decir que supongo que el Estado que presentó la enmienda volverá sobre el tema, y el Consejo lo someterá a debate una vez más. 
Es todo lo que puedo decir en estos momentos. 
Señor Presidente, aprovecho esta ocasión, en que está presente la Presidencia del Consejo, y que dice que va a volver a estudiar este tema, para decir que la excusa de la conservación de un recurso como la merluza, sin informes científicos suficientes y contrastados, es el origen de la discriminación de la flota española, a la que nos estamos refiriendo aquí. 
La Comisión nos ha dicho en la Comisión de Pesca que esta discriminación se debe a razones sociales en favor de Gran Bretaña y Francia, y que ese es el motivo de la excepción. 
Mi pregunta es, señora Presidenta, por qué no defiende la Comisión, y en este caso, el Consejo, mayoritariamente y por razones sociales, a España, y en concreto a una región del Objetivo número uno, como es Galicia, y, por tanto, más necesitada, cuyos pescadores faenaron tradicionalmente en esas aguas que ahora son comunes. 
Unos pescadores que, por razones sociales, no duermen en casa, debido a la enorme distancia que tienen que cubrir. 
Si sociales son las razones, le pido, por favor, que se tomen en cuenta las que amparan a los pescadores españoles. 
. (EN) Sólo puedo decir, tras haber pasado cinco años muy agradables e interesantes en esta augusta Asamblea, que soy consciente de que se trata de un asunto serio y delicado. 
Tengo en cuenta esos factores. 
No dudamos que estos cinco años, en que usted ha formado parte con nosotros de la Asamblea, le ayudarán a trasladar al Consejo Europeo este problema tan grave. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 3, 4, 5 y 6 serán contestadas conjuntamente. 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0599/01): 
Asunto: Fuerzas de reacción rápida de la UE en Suecia En relación con la caótica situación que se produjo en Goteborg con ocasión de la cumbre de la UE en junio de este año, que dio lugar a enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, se han oído sugerencias en diversos Estados miembros en el sentido de que se utilicen las fuerzas de reacción rápida de la UE para gestionar disturbios y situaciones de crisis civiles. 
El Sr. Anders Mellbourn, jefe del Instituto de Política Internacional de Suecia, declaraba, por ejemplo, al periódico Dagens Nyheter el 24 de junio que: 
" Probablemente esto significa que la policía debe completarse con algún tipo de fuerzas de gendarmería que combinen competencias policiales y militares. 
Para estas misiones no se necesitan soldados de remplazo sino soldados profesionales o policías con formación militar. 
Es necesaria la colaboración operativa de la policía y de las fuerzas militares de varios Estados miembros. [... ] 
No es fácil para la UE reunir una fuerza de intervención permanente de 5000 policías para la gestión de crisis civiles. 
El diálogo para la prevención de conflictos debe completarse con una intensificación de la actividad en el ámbito de los servicios de inteligencia. 
Todo esto es necesario para contribuir de forma eficaz a la solución de conflictos y situaciones de crisis en los Balcanes o en Oriente Medio. 
Pero también es necesario- aunque cabe esperar que sólo en muy pocas ocasiones- para gestionar crisis domésticas en Suecia o Estados miembros del entorno. " 
¿Piensa también el Consejo que en el futuro las fuerzas de reacción rápida de la UE deben utilizarse dentro de la Unión en situaciones similares a la que se produjo en Goteborg? 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0676/01): 
Asunto: La Cumbre del G-8 y la seguridad de las cumbres y otras conferencias de importancia equivalente Pocos días antes de que se produjeran los lamentables incidentes de Génova durante la Cumbre del G-8, los quince ministros de Asuntos Exteriores confirmaron por unanimidad las decisiones de los ministros de Interior acerca de la "seguridad de las cumbres de la Unión Europea y otras conferencias de importancia equivalente". 
¿Puede indicar el Consejo si las autoridades italianas solicitaron la creación de un grupo de policías o funcionarios de los servicios de información para actuar de enlace, procedentes de los mismos Estados miembros de donde procedían los grupos de manifestantes violentos (artículo 1 b) , así como el recurso a todos los medios jurídicos y técnicos para lograr un intercambio más estructurado de información sobre los manifestantes violentos, a partir de los expedientes existentes en los distintos Estados miembros (artículo 2 d)? 
En caso afirmativo, ¿respondieron acaso los gobiernos de los Quince, y cuáles? 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0678/01): 
Asunto: Violación de las libertades democráticas y de los derechos humanos fundamentales en Génova Las decisiones adoptadas por unanimidad por el Consejo acerca de la adopción de medidas de represión con vistas a la Cumbre de Génova, han supuesto para el Gobierno italiano una cobertura política de todo lo ocurrido. 
Una vez más, han prevalecido la violencia y la brutalidad de los mecanismos de represión. 
Tras el baño de sangre en que se vieron envueltos las manifestaciones en Goteborg, se produce un nuevo baño de sangre en Génova al que se suma la actuación aún más cruenta de la policía y del ejército italianos contra pacíficas manifestaciones antiglobalización en las que los manifestantes expresaban su oposición a las decisiones que estaban siendo adoptadas, en ausencia y en perjuicio de los pueblos, por el G-7+1, la Unión Europea y otros organismos de carácter políticoeconómico. 
Las conclusiones de dicha Cumbre son muertos, numerosos heridos, expulsiones y detenciones masivas, brutales violaciones de las libertades democráticas y del propio principio comunitario de libertad de circulación. 
Dado que en esta Cumbre participaron también los Jefes de Estado de los cuatro países más grandes y poderosos de la Unión Europea, y que las declaraciones tanto de la Presidencia belga como de otros Gobiernos de la Unión sobre los acontecimientos de Génova hacen presagiar una escalada de la violencia y una represión sangrienta de las manifestaciones con ocasión de las próximas cumbres, y en primer lugar la de Laeken, 
¿puede indicar el Consejo si es consciente de la tremenda responsabilidad política que conllevan las decisiones relativas a las medidas de represión que adoptó los días 13 y 16 de julio, y tiene acaso intención de suspenderlas, dado que éstas están en flagrante contradicción con las libertades democráticas y los derechos humanos como la libertad de circulación, de reunión y de opinión, que fueron tan brutalmente vulnerados en Génova? 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0687/01): 
Asunto: Futuro de las cumbres europeas tras los incidentes de Goteborg y Génova Después de los incidentes ocurridos durante la cumbre europea de Goteborg y la reunión del G-8 en Génova, ¿cómo se plantea el Consejo el futuro de tales cumbres, teniendo en cuenta en especial los esfuerzos por organizar estas reuniones únicamente en Bélgica? 
¿Qué consecuencias de índole organizativa, pero también de contenido en relación con el volumen de los órdenes del día se van a extraer? 
. 
(FR) Señor Presidente, queridos colegas, estas cuestiones están muy directamente relacionadas con el debate que esta tarde hemos mantenido sobre el G8 de Génova y sobre todo lo que ha rodeado a la reunión del G8. 
Me gustaría recordarle a los honorables parlamentarios la posición unánime del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros sobre el asunto de la seguridad de las reuniones del Consejo Europeo y de otros actos que pueden tener un impacto similar. 
El Consejo ha recordado que uno de los objetivos de la Unión Europea es mantener y desarrollar la Unión como espacio de libertad, de seguridad y de justicia. 
Dentro de un espacio de estas características, los ciudadanos deben disfrutar del derecho a expresar libremente su opinión y a reunirse pacíficamente. 
Sin embargo, sería conveniente que estos derechos se ejercieran en unas condiciones en las que la seguridad de todos los ciudadanos y de sus bienes no se viera amenazada. 
A este respecto, el pasado 13 de julio, el Consejo y los representantes de los gobiernos de los Estados miembros expresaron su pesar por los actos de aquellos que atentan contra estos derechos democráticos fomentando, organizando y participando en actos violentos durante manifestaciones públicas. 
En el contexto de reuniones de importancia, y con el fin de garantizar la aplicación de estos principios, el Consejo y los representantes han recordado que no solamente hay que establecer un diálogo con las organizaciones no gubernamentales, los interlocutores sociales y la sociedad civil, sino que también hay que recurrir, y se recurrirá, a las posibilidades que ofrecen los instrumentos jurídicos y las instancias existentes en el marco de la Unión Europea. 
En particular, les recuerdo aquí, tal y como lo ha hecho un poco antes que yo el Comisario Vitorino, las disposiciones del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen y la Acción Común del 26 de mayo de 1997 relativa a la cooperación en el ámbito del orden y de la seguridad públicos. 
La idea es que la task force de los responsables de los servicios policiales de la Unión Europea debería poder contribuir en gran medida a la materialización de la cooperación entre las autoridades policiales de los Estados miembros. 
Por otra parte, esta task force no tiene absolutamente nada que ver con lo que el autor de una pregunta ha denominado una unidad policial común en el marco de una acción de gestión de la crisis llevada a cabo por la Unión Europea. 
Con ocasión de sendas preguntas planteadas respectivamente por los Sres. Krarup y Korakas durante la última sesión de este Parlamento en julio de 2001, y la última sesión de preguntas, tuve la oportunidad, en nombre del Consejo, de detallar las medidas adoptadas por el gobierno sueco con ocasión de la Cumbre de Goteborg. 
Del mismo modo, en una carta fechada el 11 de julio de 2001, el gobierno italiano ha dado a conocer, siguiendo los procedimientos vigentes, las medidas adoptadas en virtud del artículo 2, párrafo 2, del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen. 
Durante la reunión del Consejo del 16 de julio de 2001, los ministros se declararon a favor de una mayor cooperación internacional para garantizar, por un lado, el ejercicio del derecho a expresarse y por otro lado, que las manifestaciones públicas de este tipo puedan desarrollarse y efectivamente se desarrollen de forma pacífica. 
Sin embargo, no deja de ser cierto que, en cualquier caso, la responsabilidad del mantenimiento del orden público en el territorio de los Estados miembros de la Unión compete a las autoridades de cada uno de ellos. 
El Consejo no está facultado para tomar partido en una materia que no forma parte del ámbito de competencias que le son concedidas por los tratados. 
Le agradezco mucho a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo lo extenso de su respuesta. 
Pero quizás, en esta extensión, se haya perdido un poco mi pregunta concreta, porque el Consejo no parece tan unánime como nos lo ha presentado. 
Por ejemplo, hubo protestas del Gobierno griego ante el italiano por el hecho de que decenas de ciudadanos griegos no pudieron entrar en Italia y fueron enviados de vuelta en el mismo barco antes de la reunión de Génova. 
Mi pregunta, para la que querría una respuesta de la Sra. Ministra, es: las medidas previstas para la formación de un grupo de policías o oficiales de servicios de inteligencia que funcionen como asociaciones de los Quince y las medidas previstas para el intercambio de informaciones sobre los expedientes de personas consideradas como alborotadores, ¿se materializaron antes de la reunión de Génova o no? 
¿Hubo colaboración entre los Quince en este sector? 
. 
(FR) Señor Presidente, queridos colegas, de entrada, creo que he dicho- aunque sea de forma bastante diplomática- que el Consejo no debe tomar partido en cuanto a la forma en que un país miembro, un Estado miembro, ha organizado el mantenimiento del orden público en su territorio, porque no está facultado para ello. 
Evidentemente, esto no impide que un Estado miembro pueda perfectamente manifestar su postura con respecto a otro Estado miembro, lo cual, efectivamente, ha sucedido. 
Pero esto queda fuera de las competencias del Consejo. 
En cuanto a su segunda pregunta, antes de contestarle debería informarme y contrastar la información. 
Lo único que sé es que, evidentemente, en el marco de la lucha contra lo que se ha denominado "el fenómeno hooligan" de los grandes acontecimientos deportivos, hay autoridades policiales que han comenzado a colaborar en el intercambio de información sobre personas para las que existe la certeza de que han sido reiteradamente autores de disturbios, incluso de hechos más graves, durante grandes manifestaciones deportivas. 
Eso lo sé. 
¿Ha habido algo comparable en previsión o en prevención de posibles disturbios durante reuniones de instancias de la Unión Europea? No lo creo, pero debería informarme al respecto, cosa que pienso hacer. 
La Sra. Ministra ha dicho que deberá informarse mejor para informarnos a nosotros. 
¿Quiere decir esto que recibiré una respuesta por escrito cuando disponga de estas informaciones? 
El Consejo contesta según su leal saber y entender, usted puede, si desea, volver a formular la pregunta. 
Señor Patakis, ¿desea reformular su pregunta?. 
No ha contestado la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo a la pregunta que he formulado y quisiera repetirla, después de referir que, por la incursión de la policía en las oficinas de algunas organizaciones en Lieja, y también por la postura del Sr. Ministro del Interior de Bélgica en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, parece que la Presidencia belga no tiene buenas intenciones ante las manifestaciones que tendrán lugar en Laeken. 
Pregunto, ¿nos puede confirmar la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo que no se va a hacer uso de la violencia y de la represión como ocurrió en Goteborg y en Génova? 
. 
(FR) Señor Presidente, queridos colegas, de nuevo hemos de hacer la distinción entre las respuestas que doy como Presidencia del Consejo, que no pueden extralimitar las competencias de éste- esto tiene que quedar claro -, y las que, por otra parte, pudiera verme obligado a dar en calidad de miembro del gobierno belga. 
En primer lugar, es habitual, incluso más que habitual, forma parte, creo yo, del deber de cualquier miembro del gobierno, no hacer comentarios sobre sumarios judiciales que están abiertos. 
En segundo lugar, queridos colegas, cuando, esta tarde, he expresado la postura de la Presidencia sobre el G8 y he tratado cuestiones destinadas a garantizar que tanto estas reuniones como las manifestaciones en el exterior se desarrollen adecuadamente, he dicho y he insistido en que la intención y la firme voluntad del gobierno belga es la de conciliar el derecho a manifestarse con el mantenimiento del orden público, así como prevenir los actos violentos como los que hemos sufrido tanto en Goteborg como en Italia. 
Hacemos todo lo que está en nuestra mano para alcanzar este resultado. 
Espero que todo el mundo se esfuerce en aportar su contribución personal, recurriendo a todas las opciones disponibles. 
Señor Presidente, he seguido con interés sus explicaciones, pero quisiera volver a recordar mi pregunta, la pregunta nº 6: ¿Qué consecuencias, no en lo que respecta a la intervención de la policía, sino de índole organizativa y también de contenido se van extraer con vistas a las cumbres del Consejo de la UE? 
En particular, desearía saber si también se están planteando, como en el caso de las cumbres del G8, una reducción tanto del número de participantes como del orden del día. 
Si en el futuro las cumbres se van a celebrar únicamente en Bélgica, ¿se está considerando una localización específica? 
¿Existe ya algún planteamiento al respecto y, en caso afirmativo, en qué sentido? 
. 
(FR) Primer elemento: el Primer Ministro de mi gobierno ya ha mencionado que estaba reflexionando, y que presentaría propuestas para una revisión del funcionamiento del G8. 
Segundo elemento: el Primer Ministro Verhofstadt ha enviado una carta a sus colegas de los otros catorce gobiernos para pedirles que limiten las delegaciones que envíen o que participen en el Consejo de Laeken. 
Les recuerdo que para el Consejo Europeo de Gand, ha optado por una fórmula muy restringida. 
Tenemos la intención de ir en esta línea precisamente porque intentamos aprender lo más posible de lo que nosotros mismos hemos vivido en Goteborg, en Génova, o en ambas ciudades. 
De alguna forma se puede entender el pánico suscitado entre los representantes, permítaseme la expresión, del gran capital y, entre ellos, también a la Presidencia de hoy, por el recrudecimiento de la reacción de los trabajadores de nuestros países frente a las políticas antipopulares y al nuevo orden imperialista. 
Quisiera apuntar a la Sra. portavoz del Consejo que, en Génova, el ataque no fue en contra de "bloc noir", sino contra cuantos se manifestaban pacíficamente. 
El ataque a las oficinas del Foro Social, que era el organizador de las manifestaciones, fue un ataque que demuestra que el objetivo no eran los provocadores que estaban conversando con las unidades de represión, sino quienes organizan la lucha de los pueblos frente a la política predominante del G8 y de la Unión Europea. 
Las declaraciones del Ministro del Interior de Bélgica a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores del Parlamento Europeo nos inquietan, señora portavoz del Consejo. 
El ataque a las oficinas de Lieja, que usted conoce, nos intranquiliza y nos tememos que en Laeken tengamos un frente aún más salvaje. 
Queremos que se comprometa a que no habrá reacciones similares contra el derecho de los trabajadores de nuestros países a manifestarse y a expresarse. 
Vamos a acudir masivamente a Laeken para protestar por la política aplicada por la Unión Europea. 
¿Nos va usted a tratar como se nos trató en Génova? 
. 
(FR) Permítanme en primer lugar decir que rechazo categóricamente el juicio de intenciones que el honorable- sigo calificándolo de honorable- miembro le hace a la Presidencia belga y al gobierno belga. 
Este juicio de intenciones es totalmente injustificado, y quiero pedirle que retire lo que acaba de decir, en la medida en que supone, precisamente, un juicio de intenciones. 
A lo largo del día, he respondido con serenidad, y hemos tratado muy extensamente estas cuestiones. 
No me queda más que repetir lo que ya he dicho. 
Además, tomo buena nota de la voluntad que han expresado ustedes de venir a manifestar- espero que de forma pacífica- lo que piensan del funcionamiento de las instituciones de la Unión. 
Si es de forma pacífica, no nos plantea ningún problema. 
Por otra parte, desearía tranquilizar a todo el mundo diciendo que no es cuestión de pánico, sino de preparar las cosas lo más cuidadosamente posible para evitar que se repita lo que ya sabemos, pero también porque, y no hace falta que se lo recuerde, queridos colegas, mi país, por desgracia, ha vivido tragedias que han sido provocadas o que han ocurrido durante importantes acontecimientos deportivos, hace ya más de quince años, y queremos, cueste lo que cueste, evitar de una vez por todas que esto se repita. 
Y además, también quiero indicar que durante los campeonatos deportivos que se celebraron el pasado verano- Euro 2000 -, demostramos que, tras la tragedia que acabo de mencionar, hemos aprendido la lección y que aplicamos un control riguroso a la organización de este tipo de eventos que implican el desplazamiento de un gran número de personas. 
No es cuestión de pánico, es cuestión de una preparación muy cuidadosa. 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0601/01): 
Asunto: Shannon como cuartel general de respuesta a las emergencias naturales o medioambientales En su reunión de los días 28 y 29 de mayo de 2001, el Consejo acordó mejorar y coordinar la intervención de protección civil de la Unión Europea en caso de emergencias naturales, tecnológicas, radiológicas o medioambientales de envergadura mediante el establecimiento de un sistema común de comunicación de emergencias, una formación común y la movilización rápida de equipos de evaluación/coordinación y de equipos de intervención. 
¿Consideraría el Consejo la posibilidad de situar el cuartel general operacional de este plan de protección civil en Shannon, que, entre sus muchas instalaciones, cuenta con un aeropuerto internacional de primera magnitud que podría utilizarse para transportar recursos y provisiones para las intervenciones en terceros países y que podría encargarse de recabar la información sobre sueros y vacunas a la que hace asimismo referencia la Decisión del Consejo? 
El 29 de mayo de 2001 el Consejo definió una posición común respecto a la propuesta de decisión por la que se establece un mecanismo comunitario destinado a facilitar la cooperación reforzada en el ámbito de las intervenciones realizadas en el marco de la protección civil, salvo tramitación del parecer emitido por el Parlamento Europeo el 14 de junio pasado y a condición de que el Parlamento retire algunas de sus reservas. 
Entretanto las instancias del Consejo han alcanzado un acuerdo definitivo sobre el tema, excepción hecha de la revisión jurídica y lingüística del texto y, como ya he dicho, la retractación de las reservas parlamentarias. 
El texto de la propuesta de decisión- doc. 10483/01- puede consultarse en el sitio web del Consejo. 
La propuesta aboga por la creación de un centro de observación e información encargado de centralizar tanto las solicitudes de intervención como las intervenciones mismas y conectado con los puntos de contacto indicados por los Estados miembros. 
La función de dicho centro consiste en alertar equipos de evaluación y coordinación así como equipos de socorro previamente designados y constituidos. 
Además, la propuesta tiene por objeto instaurar programas de formación, centralizar la información sobre sueros y vacunas y fomentar el uso de las nuevas tecnologías. 
A diferencia de lo que cree su Señoría, no está previsto agrupar el material de intervención en un único lugar puesto que será facilitado directamente por los Estados miembros. 
La ejecución de este mecanismo quedará en manos de la Comisión, que para ello contará con el apoyo de un comité. 
Corresponde, por tanto, a la Comisión determinar dónde se ubicará el centro de observación e información así como los demás servicios necesarios para la puesta en práctica del mecanismo. 
En otras palabras, llegado el momento habrá que formular esta pregunta a la Comisión. 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0605/01): 
Asunto: Medidas ante la quiebra empresarial La Comisión, como parte de su programa destinado a las empresas y a la iniciativa empresarial, organizó un seminario titulado "Daring to risk going bust" sobre cómo hacer frente a la quiebra empresarial. Se trata igualmente de una respuesta a las disposiciones recogidas en la Carta de la pequeña empresa, que fue acogida con satisfacción por el Consejo de Feira. 
¿Cuál es la opinión del Consejo sobre la repercusión de la legislación en la quiebra empresarial, sobre la necesidad de medidas de apoyo destinadas a los empresarios en riesgo de quiebra y sobre las posibilidades de un nuevo comienzo tras la quiebra, que fueron los temas principales desarrollados en los talleres paralelos? 
Recuerdo a su Señoría que el Consejo Europeo subrayó durante su reunión celebrada en Santa Maria da Feira los días 19 y 20 de junio pasados que las pequeñas empresas constituyen el eje de la economía europea. 
Son una importante fuente de empleo y un excelente caldo de cultivo de nuevos conceptos de empresa. 
A fin de reforzar sus recomendaciones el Consejo llamó la atención sobre algunos puntos, entre ellos la idea de que la iniciativa razonada encierra un riesgo, una posibilidad de fracaso, que ha de considerarse necesariamente como un aprendizaje. 
En general, el Consejo ha adoptado siempre una actitud positiva ante la simplificación de la normativa relativa a las empresas. 
El seminario al que se refiere su Señoría fue organizado conjuntamente por el Ministro de Economía y la Comisión Europea durante los días 10 y 11 de mayo de 2001. 
El Consejo no se pronunció sobre los resultados del mismo. Por eso insto a su Señoría a que se dirija directamente a los organizadores con el ruego de que le informen al respecto. 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento a la Presidenta en ejercicio del Consejo por su respuesta, si es que podemos catalogarla como tal. 
La cuestión específica que yo planteaba en mi pregunta, y que yo creía que sería evidente, era que a raíz del repentino enfriamiento de la economía de Estados Unidos y de otras partes del mundo, cada vez es mayor la presión a que se ven sometidas las pequeñas y medianas empresas en un mercado muy estricto y rigurosamente competitivo. 
Por ello me pareció esperanzadora la actitud de la conferencia "Daring to risk going bust" porque nos proporcionaría cierta experiencia para conocer las principales causas que llevan a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas, al tiempo que se reconoce que dichas empresas son el mayor motor de crecimiento de la economía general de la Unión Europea y crean algo así como el 82% del empleo y representan el 74% de toda la producción. 
De aquí mi pregunta a la Presidenta en ejercicio del Consejo sobre cuál era la posición del Consejo: ¿qué medidas pueden adoptarse para garantizar la continuación de este sector tan fuerte? 
En particular, ¿cómo pueden los empresarios aprender de los errores y fracasos, y si fracasan una vez, que se les aliente a continuar y aprendan de dichos errores? 
. (EN) Habida cuenta de que su Señoría ha repetido la pregunta que nos había dirigido con anterioridad, sólo puedo repetir la respuesta que he dado. 
Lo siento. 
El pensamiento avanza como demuestran las conclusiones a las que he hecho referencia. 
El seminario es una iniciativa más. 
Espero que, en algún momento, usted o algunos de sus colegas inviten a la Comisión a que adopte una serie de medidas. 
Sé que el Consejo atribuye una gran importancia a las pequeñas y medianas empresas y reconoce que éstas constituyen la espina dorsal de nuestras respectivas economías y de nuestra economía europea en general. 
Pregunta nº 10 formulada por (H-0607/01): 
Asunto: Prioridades en el sector pesquero durante la Presidencia belga ¿Expondrá el Consejo, durante la Presidencia belga, sus prioridades para el sector pesquero tomando en consideración las necesidades particulares e únicas de los países periféricos como Irlanda, que tiene bajo su jurisdicción el 11% de las aguas comunitarias pero sólo el 4% de las cuotas comunitarias? 
. 
(FR) La Presidencia belga se esforzará por llevar a buen puerto el debate que tiene lugar en el seno del Consejo sobre el Libro Verde que la Comisión ha dedicado a la reforma de la política común de pesca. 
Otras prioridades se refieren a la prórroga de los programas de orientación plurianuales y a la recuperación de las reservas amenazadas. 
Le prestaremos una especial atención a la cuestión de los descartes en alta mar. 
Los especialistas saben de qué se trata; si lo desean, se lo explicará cuando haya una pregunta. 
En cuanto a, textualmente, "las exigencias únicas de Irlanda", conviene recordar que las posibilidades de pesca se reparten entre las naciones que practican la pesca según el principio de la estabilidad relativa, y que la extensión de la zona de pesca de un Estado miembro no supone en sí misma un criterio para el reparto de estas posibilidades. 
A pesar de todo, Irlanda disfruta de un trato preferencial en el apoyo financiero de la Comunidad para la aplicación de las medidas de control, de inspección y de vigilancia. 
Tomo nota de que la Presidenta en ejercicio del Consejo ha hecho referencia a las negociaciones que espera que tengan un final fructífero y positivo. 
Yo añadiría que espero que sea además un final justo. 
Asimismo, me complace que haya hecho referencia a los descartes. 
Esto debe ser una prioridad de primer orden porque son demasiados los peces que se descartan después de haber sido cargados a bordo- y para entonces es demasiado tarde. 
Quisiera preguntar a la Presidenta en ejercicio del Consejo si estaría dispuesta a tomar en consideración la iniciativa adoptada en Irlanda y el Reino Unido en relación con las medidas técnicas de conservación, y asegurarse de que todos los países realizan esfuerzos para intentar garantizar que no se cargan a bordo los peces pequeños. 
Usted ha hecho referencia a que no pueden tomarse en consideración la estabilidad relativa y circunstancias especiales únicas. 
Llevamos ya 20 años y si continuamos con el mismo principio que teníamos en 1983, los países pequeños como Irlanda se verán perjudicados. 
Debemos ser pragmáticos en este aspecto. 
El Consejo, el Consejo de Ministros, la Presidencia deben tomar en consideración que en Irlanda, las regiones costeras no tienen ninguna otra alternativa como fuente de empleo. 
Es una zona periférica, una zona de Objetivo 1. 
Esas regiones merecen ser tomadas en consideración. 
Quisiera pedir a la Presidenta en ejercicio del Consejo que mantenga un talante abierto. 
. (EN) Señor Presidente, puedo garantizar a su Señoría que- si me permite la expresión- tendré en cuenta las observaciones que ha hecho. 
Señor Presidente, como pregunta complementaria, ¿le preocupa a la Presidencia el hecho de que existan tantas centrales eléctricas, en particular, alrededor del Mar del Norte y en el norte de Europa, donde, cuando extraen agua para refrigerar la central, destruyen grandes cantidades, literalmente miles de millones de diminutas criaturas flotantes que algún día se convertirían en peces? 
¿Estaría dispuesta la Presidenta en ejercicio del Consejo a investigar esto e intentar conservar los recursos de peces, muchos de los cuales son destruidos durante su infancia? 
. (EN) Espero que su Señoría no espere que yo investigue eso personal y físicamente. 
Una vez más, es una consideración que tendremos en cuenta. 
No era exactamente una pregunta directa sobre política de pesca, pero la amabilidad de la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo nos permite pensar que toma muy buena nota y que también se va a tratar este problema en el Consejo. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta 11 decae. 
Pregunta nº 12 formulada por (H-0611/01): 
Asunto: Utilización de la energía derivada del hidrógeno en el transporte urbano y rural A principios de este año, la Comisión anunció su apoyo al lanzamiento de un proyecto de demostración sobre la utilización de energía derivada del hidrógeno en los autobuses en Islandia, que no es un Estado miembro de la UE, pero que realiza importantes avances en el transporte urbano sostenible. 
Teniendo en cuenta el compromiso de la UE de apoyar el Protocolo de Kioto, así como su constante apoyo al desarrollo sostenible, ¿garantizará el Consejo que el positivo apoyo de la UE a este proyecto, que es el primero de una serie de demostraciones de autobuses de células de combustible que se realizarán en Europa en los próximos años, tenga la máxima prioridad, puesto que la energía derivada del hidrógeno es auténticamente una energía con nivel cero de emisiones? ¿Garantizará también que este proyecto de demostración se amplíe a proyectos de transporte rural y no sólo a proyectos de transporte urbano? 
. 
(FR) Señor Presidente, estimados colegas, el 6 de junio de 2001, el Consejo dio su acuerdo político en una posición común relativa a la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 6º programa de actuación en materia de medio ambiente. 
De este texto, cuya versión ultimada está formalmente adoptada y será presentada al Parlamento a finales de este mes o a principios del que viene para la segunda lectura, se deduce que el Consejo pretende apoyar firmemente las energías renovables. 
En cuanto al proyecto concreto mencionado por el honorable miembro, le corresponde a la Comisión, en el marco de sus competencias propias, organizar proyectos-piloto o de demostración y, llegado el caso, presentarle al Consejo propuestas adecuadas. 
Doy las gracias a la Presidenta en ejercicio del Consejo por su respuesta positiva y que haya expuesto la posición actual con respecto a mi pregunta. 
Los combustibles alternativos han sido un punto recurrente del orden del día de este Parlamento durante varios años, pero no parece que estemos más cerca de un resultado práctico. 
Es evidente que la energía derivada del hidrógeno representa una alternativa a los combustibles fósiles, pero existen otras alternativas posibles, como la bioenergía, que es muy importante para un uso sostenible del suelo. 
¿Podría la Presidenta en ejercicio del Consejo poner al día a la Asamblea respecto a la investigación en estos ámbitos y cuándo cabe esperar un avance innovador positivo en el ámbito de los combustibles alternativos? 
. (EN) Debo confesar a su Señoría que, por mi vida, no puedo responder a su pregunta. 
Lo único que puedo hacer es remitirle a la Comisión que, entre sus competencias, tiene la obligación de seguir muy de cerca este asunto y de supervisar todo lo que ocurra. 
La Comisión está en mucho mejores condiciones de ofrecerle una respuesta completa a su pregunta. 
Pregunta nº 13 formulada por (H-0619/01): 
Asunto: Impuesto europeo No ha quedado claro qué quiere decir Bélgica, país que actualmente preside la Unión Europea, cuando se refiere a la posible creación de un impuesto europeo. 
¿Cuáles son los planes del país que ejerce la Presidencia y en qué fundamento jurídico basa su proyecto de creación de un impuesto europeo como fuente de recursos propios de la Unión Europea? 
. 
(FR) Durante el Consejo Ecofin del 10 de julio de 2001, la Presidencia belga se refirió específicamente a la idea de una financiación directa del Unión Europea. 
En honor a la verdad, debo decir que las reacciones no fueron unánimemente entusiastas. 
Dicho esto, en cuanto al futuro de la Unión, lo que la Presidencia desea es, de entrada, examinar y, posteriormente, a más largo plazo, prever la posibilidad de financiar directamente una parte del presupuesto comunitario sin que por ello se incremente la presión fiscal en su conjunto. 
La cuestión de la financiación de la Unión, tanto de la financiación indirecta, que ya conocemos, como de una eventual financiación directa, es una de las líneas de reflexión sobre el futuro de la Unión. 
Señor Presidente, le preguntaría a la Sra. Ministra del país que ejerce la Presidencia del Consejo si se ha dado cuenta de que, en la votación realizada en julio, el Parlamento no prestó su apoyo a la propuesta de establecer un impuesto europeo. 
. (EN) La Presidencia toma nota de ello, gracias. 
Pregunta nº 14 formulada por (H-0621/01): 
Asunto: Retirada del aceite de orujo de oliva En relación con la inmovilización cautelar en España de todo el aceite de orujo de oliva y su urgente retirada de los comercios. 
¿Cumplía este aceite la normativa europea sobre el aceite de orujo? 
¿Se trata de una contaminación accidental o bien es consecuencia de un proceso habitual de fabricación? 
¿Fue la devolución de una partida de aceite exportada a la República Checa la que reveló un excesivo nivel de benzopireno? 
¿Qué otras partidas se exportaron y a qué países? 
¿Se conocía la presencia de esta partida desde el pasado mes de mayo? 
¿Será reparado el daño causado? 
¿Qué se va a hacer con el aceite retirado? 
De conformidad con la información facilitada a la Comisión y sus servicios competentes, de la que también ha tenido conocimiento el Consejo, el aceite de orujo de oliva se retiró del mercado español después de que el Gobierno de España pusiese en marcha el 4 de julio de 2001 el sistema de intercambio rápido de información para el control de situaciones de emergencia dado que en el aceite se habían detectado hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). 
Según parece, la contaminación se produjo durante un proceso de fabricación habitual, un proceso que encierra asimismo el refinado del aceite. 
En el proceso de combustión que acompaña a la desecación de los residuos de las olivas se libera benzopireno. 
La legislación comunitaria no establece ningún límite máximo para el contenido de HAP en los alimentos. 
Sin embargo, el Comité Científico de Alimentación Humana, que es competencia de la Comisión, evalúa en este momento las consecuencias de los HAP para la salud, a fin de fijar el valor máximo admisible para la absorción de dichas sustancias a través de la alimentación humana. 
Habida cuenta de que los servicios competentes aún no han concluido su trabajo su Señoría coincidirá ciertamente conmigo en que el Consejo no es la instancia más indicada para tratar esta pregunta. 
Por tanto, le insto a que se dirija a la Comisión con el ruego de que le proporcionen información complementaria. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, le agradezco mucho su respuesta técnicamente tan rigurosa a esta pregunta, que también he formulado a la Comisión. 
Pero ¿sabe el Consejo que ha sido la precipitación y la incompetencia de la ministra lo que ha provocado pérdidas de más de 14 000 millones de pesetas, con consecuencias económicas desastrosas? 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, cuando son los propios ministros los que provocan la crisis con su improvisación e ineficacia, ¿está previsto que sean ellos los que asuman el coste? 
Si el Gobierno español sabía que había una partida tóxica desde mayo, ¿por qué lo ha ocultado durante un mes y por qué después de un mes ha dado la señal de alarma? 
¿Por qué se lo ha comunicado a la Unión Europea tan tarde y tan mal? 
¿Ha habido coordinación con la Unión Europea? 
¿Sabe el Consejo que, una vez lanzada la alerta en la gestión de esta crisis alimentaria, se ha producido un auténtico caos a causa de la impopular ministra popular? 
¿A qué países se había exportado esto? 
. 
(FR) La Sra. Izquierdo sabe perfectamente que la Presidencia del Consejo debe estar por encima de los Estados miembros y también por encima de las discrepancias políticas e ideológicas. 
Por tanto, comprenderá que no puedo contestar a las preguntas que acaba de plantear, por las razones que he indicado. 
Me gustaría simplemente hacer una observación general a título personal. 
Cuando miembros de un gobierno, sea cual sea, no reaccionan con suficiente rapidez ante problemas relativos a productos alimentarios o a otros productos de consumo, se les reprocha su falta de agilidad. 
Cuando actúan porque creen que existen indicios suficientes para tomar medidas, se les reprocha el que hayan provocado un caos y pérdidas financieras. 
¡En los tiempos que corren, queridos colegas, ser ministro no es nada agradable! 
Comprendemos que la Sra. Neyts-Uytebroeck ahora no es diputada, no es una colega, es ministra; entonces, es explicable que hable de los problemas de los ministros. 
Tiene la palabra para una pregunta complementaria la Sra. Ayuso González. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, puedo compartir la preocupación de la señora diputada que le ha hecho la pregunta, pero dicho esto, quisiera aclarar que el orujo es un subproducto de la aceituna que se produce después de obtener el aceite de oliva y, además, que de cada 100 kilos de aceitunas se obtienen 20 litros de aceite de oliva y 1,6 de aceite de orujo. 
Por lo tanto, estamos hablando del 8% de la producción y que, además, tiene un consumo muy escaso. 
Como usted muy bien ha dicho, señora Presidenta, el problema ha surgido por el método de extracción del aceite de orujo, y por eso se encontraron trazas de benzopireno en el aceite de orujo y, ante la falta, como usted también ha dicho, de una regulación europea que marque unos límites, el Ministerio de Sanidad español procedió, aplicando el principio de precaución, a retirar este aceite de la circulación. 
Hoy se han modificado las técnicas de extracción y se puede obtener aceite libre de benzopireno. 
En estos días están teniendo el mismo problema en Italia, por los mismos motivos. 
Por eso, yo le quiero preguntar al Consejo si va a impulsar de alguna forma que se cubra esta laguna legislativa, para que haya unos límites admisibles en la alimentación humana porque, como bien se dice, "el veneno es la dosis, no la sustancia en sí misma" y este es el principio básico de la toxicología. 
. 
(FR) En cuanto a las observaciones y a las preguntas que acaban de ser formuladas, puedo decir dos cosas. 
Permítanme en primer lugar recordarles que el portavoz del Sr. Byrne, Comisario responsable de los asuntos sanitarios, ha dicho, para evitar malentendidos, que no era cuestión, textualmente, "de que los Estados miembros tomen medidas contra el aceite de oliva virgen procedente de España- dado que no plantea absolutamente ningún problema -, porque no se ve afectado por la contaminación de benzopireno, ya que su proceso de elaboración es totalmente distinto". 
En segundo lugar, Señora, ya le he dicho que el Consejo Científico dependiente de la Comisión está precisamente llevando a cabo un estudio para determinar cuáles serían los porcentajes máximos admisibles de lo que se denominan hidrocarburos aromáticos policíclicos. 
Por tanto, el estudio se está realizando, y no me cabe duda de que la Comisión le presentará propuestas al Consejo, el cual procederá a analizarlas. 
Pregunta nº 15 formulada por (H-0623/01): 
Asunto: Información de los ciudadanos griegos sobre el euro Escasos meses antes de la implantación oficial del euro, una encuesta del "Eurobarómetro" efectuada en Grecia entre finales de marzo y principios de abril de 2001 reveló que un 47,8 % de los griegos tienen la sensación de que saben "poco o muy poco" sobre el euro, mientras que un 25,5 % afirmó no saber nada acerca del tema. 
Declaran los menores conocimientos al respecto las personas de edad superior a 55 años, de las que un 36% no sabe nada sobre la nueva moneda y sólo un 16% afirma estar suficientemente informado. 
Debe señalarse que un 42% de los ciudadanos griegos con bajos ingresos se manifiesta por entero desinformado sobre el euro, mientras que 4 de cada 10 griegos ignoran que Grecia pertenece a la "zona euro". 
¿Cómo valora el Consejo los resultados de esta encuesta? 
¿Cuáles son los correspondientes índices de información en los restantes países de la "zona euro"? 
¿Qué conclusiones se extraen en lo referente a la eficacia de la campaña de información sobre la nueva moneda que emprendieron tanto el Gobierno griego como los 11 gobiernos restantes? 
¿Qué repercusiones negativas entraña la- al parecer- insuficiente preparación de la aceptación psicológica del euro por los ciudadanos, y qué riesgos para la cohesión y la estabilidad monetaria entraña la falta de información práctica y preparación organizativa, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas? 
Se trata de una pregunta muy amplia y confío en la capacidad de síntesis de la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo. 
. 
(FR) Señoras y señores, a escala ministerial, el Eurogrupo hace balance mensualmente de los preparativos para la adopción del euro. 
Durante la reunión celebrada el 4 de junio, los ministros, el Presidente del Banco Central Europeo y el Comisario competente analizaron los preparativos para la introducción de los billetes y de las monedas en euros el próximo 1 de enero. 
Se alegraron al comprobar que se han conseguido progresos esperanzadores al respecto, especialmente por el hecho de que los consumidores están cada día más sensibilizados. 
Recordaron su intención de intensificar las campañas de comunicación durante el segundo semestre, para contribuir a que el cambio de moneda se desarrolle satisfactoriamente. 
En este contexto, los ministros reafirmaron su deseo de velar por que la conversión de todos los precios, tarifas y cánones que quedan bajo la autoridad de sus gobiernos no afecte a los precios o tenga una mínima repercusión para los consumidores. 
Los ministros han invitado a los comerciantes a cumplir el compromiso de respetar las prácticas éticas que establecieron en la declaración común de los representantes de los consumidores y de los comerciantes europeos, adoptada el 2 de abril de 2001, y a hacer todo lo posible por garantizar la estabilidad global de sus precios tras la conversión en euros, transmitiendo claramente este compromiso a sus clientes. 
Los ministros también observaron que varios Estados miembros habían intensificado la vigilancia sobre los precios, y que los órganos competentes controlaban las prácticas en materia de conversión de precios. 
Los ministros consideran que la doble denominación durante todo el periodo de doble circulación tiene una importancia crucial para permitir que los consumidores puedan verificar los precios simultáneamente en euros y en su moneda nacional. 
A este respecto, han animado a los consumidores a familiarizarse más con los precios indicados en euros, y a seguir comparando cuidadosamente los precios entre competidores, en especial de aquí a fin de año y durante el periodo de doble circulación. 
Muchas Gracias, señora Ministra, por haberme dado una respuesta más amplia. 
Yo preguntaba en especial sobre Grecia. 
Pero quisiera decir que los datos con que contaba en mi pregunta los había formulado mucho antes de que se me contestase. 
Hay un cambio positivo en este sentido. 
Con todo, según los datos recientes de Eurostat, también ha aumentado la intranquilidad porque muchos van a aprovechar la oportunidad para subir los precios de bienes y de servicios, algo que va a perjudicar principalmente a las categorías más susceptibles de los contratantes, como son las personas mayores, los menores de edad, los que tienen una formación menor, los emigrantes, los disminuidos psíquicos. 
Y todo esto se facilita por el hecho de que, por lo menos en mi país, la equivalencia 1 euro= 340,75 dracmas no nos permite a todos realizar cuentas momentáneas, como será necesario todos los días, y a todas horas. 
Por eso pregunto si, aunque sea en el último momento, el Consejo ha pensado en la solución más simple para todos, que es la siguiente: que cada Estado miembro encargue y reparta calculadoras de bolsillo baratísimas para el cambio de los euros a la moneda nacional de cada país, de manera que, el ciudadano menos informado de todos, o el más incapaz pueda constatar inmediatamente qué paga, qué cobra o quién pretende robarle. 
Esto no es una pregunta, señor Marinos. 
Hemos escuchado con mucha atención su declaración sobre los problemas que puede plantear en Grecia, a su juicio; pero, no puede haber contestación. 
Señor Marinos, si la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo le quiere contestar de alguna manera, yo no me opongo, naturalmente, tiene la palabra. 
Pero considero, como Presidente, que no ha habido una pregunta complementaria, ha habido una explicación suya. 
Es una pregunta, señor Presidente, y no está relacionada sólo con Grecia, sino con el conjunto de los países, no sólo con Grecia. 
El mismo problema lo van a encontrar los contratantes de los otros países. 
En su declaración, yo no he advertido esta pregunta. 
De todas formas, la Sra. Presidenta, ahora, con esta aclaración, si considera que puede contestar muy brevemente a esta pregunta, tiene la palabra. 
. 
(FR) No recuerdo haber leído esta pregunta en el texto de la pregunta oral de nuestro colega. 
Lo único que sé es que los ministros que son miembros de Ecofin, y concretamente los que forman parte del Eurogrupo, han decidido lanzar una campaña muy intensiva, que irá intensificándose a partir de ahora, porque han pensado que si empezaba antes del verano, su efecto corría el riesgo de evaporarse durante ese periodo, y que habría que empezar de nuevo. 
Por tanto, se va a lanzar una campaña. 
Creo que se va a hacer en dos niveles, es decir, una campaña a escala de la Unión, que será reforzada por campañas desarrolladas por los Estados y por los distintos gobiernos nacionales. 
En cuanto a las calculadoras de bolsillo, no puedo decirles si forman parte de la campaña a nivel del Eurogrupo. 
Están incluidas en un cierto número de campañas nacionales, pero, en su país, quizás haya que intentar hacer un esfuerzo en este sentido si efectivamente no se han previsto. 
Señor Presidente, señora Presidenta, usted mismo ya conoce el caso del billete de cien francos belgas, que equivale aproximadamente a dos euros. 
En Grecia existe el billete de cien dracmas, que equivale sólo a 0,5 céntimos. 
Es decir, que de hecho estamos acostumbrados a una moneda que obliga a manejar mucho papel. 
Por esto, mi pregunta es la siguiente: ¿Cree usted posible que algún día podamos disponer de billetes de uno y dos euros, visto que por el momento la denominación más baja corresponde al billete de cinco euros? 
En los países del Sur, existe justamente una preferencia considerable por los billetes frente a las monedas. 
. 
(FR) Todas estas cuestiones han sido ampliamente debatidas en las comisiones competentes de este Parlamento, en el Pleno, en el Consejo correspondiente. 
Las decisiones ya han sido tomadas, están confirmadas y reconfirmadas, y serán ejecutadas, llevadas a la práctica tal y como se han adoptado y tal y como su Parlamento ha tenido ocasión de evaluarlas y de dar su opinión al respecto. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, generalmente, cuando regreso a Bérgamo desde Bruselas, llego muy tarde y me voy a tomar una pizza. 
El pizzero, mientras hablaba conmigo sabiendo que soy diputado europeo, me dijo: "Ahora que entrará en vigor el euro, pondré el precio en euros y lo redondearé para que sea más alto que el precio actual en liras italianas". 
¿No habría sido mejor sacar un reglamento para que, en el momento del cambio, no se registraran subidas del precio de los bienes respecto al de los últimos tres meses, por ejemplo, antes de la entrada en vigor del euro? 
. 
(FR) Me gustaría responderle al honorable miembro que, por lo que yo sé, eso es así. 
Y si ciertas personas, en ciertos países, en determinadas regiones, no respetan estas disposiciones, los servicios responsables de la inspección y del control de los precios deben tomar las medidas que sean necesarias. 
Esto es así en mi país. 
Supongo que sucederá lo mismo, que debería suceder lo mismo, en todos los países que se integrarán en el euro el próximo 1 de enero. 
Evidentemente, querido colega, podría ser impertinente y preguntarle lo que le contestó usted al pizzaiolo. 
Le contesté que mencionaría lo que me había dicho y se lo preguntaría al Presidente en ejercicio del Consejo y que luego le daría la repuesta. 
Señor Fatuzzo, tiene usted que esperar a que el presidente del Pleno le dé la palabra. 
Es una aclaración que nos ha alegrado la tarde a todos. 
Pregunta nº 16 formulada por (H-0624/01): 
Asunto: Ley sobre "sectas" y sus repercusiones en la libertad y respeto de religión en Europa En uno de los Estados miembros de la UE, Francia, existe una ley en materia de religión en la que el concepto "secta" desempaña un papel central respecto a las pequeñas Iglesias y comunidades religiosas. 
Esta ley deja un gran margen a la libre interpretación y discreción de los tribunales, lo cual la convierte en un instrumento poco adecuado y que crea inseguridad jurídica. 
Por ello, las Iglesias católica y protestante de Francia han criticado esta ley, así como el Consejo de Europa para los Derechos Humanos, señalando la limitación que representa para derechos y libertades fundamentales como la libertad de religión y la libertad de asociación. 
¿Cuál es la posición del Consejo, desde la perspectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales proclamada en Niza, ante esta ley, teniendo en cuenta sobre todo que esta ley puede servir de inspiración a varios países candidatos, entre ellos la República Checa, al elaborar nuevas leyes en materia de religión? 
¿No corremos el riesgo de perder el respeto por la elección de la concepción de la vida y creencias religiosas de nuestros conciudadanos, con el consiguiente aumento de la intolerancia, si todos o algunos de los Estados miembros de la UE adoptan leyes que ilegalizan o supervisan activamente determinadas formas de Iglesias o comunidades religiosas, y no se debería subrayar en vez de prohibir el buen trabajo y los ideales de las Iglesias? 
Quisiera contestar al Sr. Sacrédeus que en realidad el Consejo no está capacitado para pronunciarse acerca de su pregunta. 
Ello no obstante, le recuerdo la declaración 11, aneja al Acta final del Tratado de Amsterdam, sobre el estatuto de las iglesias y las organizaciones no confesionales. 
La declaración reza como sigue: " La Unión Europea respeta y no prejuzga el estatuto reconocido, en virtud del derecho nacional, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros. 
La Unión Europea respeta asimismo el estatuto de las organizaciones filosóficas y no confesionales. " 
Doy las gracias a la Presidencia belga por su respuesta. 
La Unión Europea es una unión de valores comunes. 
Esos valores- no la codicia o el dinero, sino que una cultura y un concepto común de la condición humana- nos unen a todos los europeos. 
Me refiero en este caso a la legislación francesa, que contiene el denigrante término sectaire. 
Me refiero a la poca claridad y a la arbitrariedad que implica el propio término, al hecho de que la legislación no es precisa sino que dice: cuando las personas estén sometidas a sumisión, a presión o a técnicas destinadas a cambiar su capacidad de razonamiento, podrán aplicarse penas de hasta cinco años de cárcel o multa de cinco millones de francos. 
Quiero subrayar que la Iglesia católica y muchas otras Iglesias francesas son muy escépticas respecto a esta ley. 
¿No están en juego la dignidad humana y la democracia? 
Pregunta nº 17 formulada por (H-0626/01): 
Asunto: Torturas infligidas a seres humanos por su orientación sexual Los casos de torturas y malos tratos infligidos a quienes mantienen relaciones con personas de su mismo sexo han aumentado de forma dramática y se ven agravados por la tolerancia generalizada frente a este tipo de delitos y la reticencia de las víctimas a exponerse. 
El reciente informe de Amnistía Internacional describe el sufrimiento de los miles de seres humanos que sufren torturas y malos tratos, son víctimas de agresiones sexuales y se ven sometidos por la fuerza a tratamiento médico y psiquiátrico. 
En el informe se incluyen casos documentados de unos 30 países, mientras que en más de 70 países las relaciones entre personas del mismo sexo se consideran delito 
¿Qué se propone hacer el Consejo para que en una Europa que coloca en lugar preferente el respeto a la diferencia y la identidad sexual de la persona dejen de ocurrir hechos similares? 
. 
(FR) Señor Presidente, señoras y señores, el Tratado de la Unión Europea dispone, en su artículo 6, párrafo primero, que la Unión Europea se basa en los principios de libertad y de democracia, en el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. 
Este mismo artículo especifica, en el párrafo 2, que la Unión respeta los derechos fundamentales tal y como están garantizados por el Convenio Europeo de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y tal y como se derivan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, como principios generales del derecho comunitario. 
A este respecto, el artículo 3 del citado Convenio Europeo "prohibe que nadie sea sometido a torturas o a castigos o tratos inhumanos o degradantes", mientras que su artículo 14 establece que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por el Convenio debe quedar garantizado sin distinción alguna, en particular sin distinción alguna basada en el sexo. 
El artículo 13 del Tratado fundacional de la Comunidad Europea especifica que, en el límite de sus competencias, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y tras consultar al Parlamento Europeo, puede adoptar las medidas necesarias para luchar contra cualquier discriminación basada específicamente en el sexo o en la orientación sexual. 
Deseosa de actuar más enérgicamente y de forma más coordinada a escala nacional, la Unión Europea adoptó el pasado mes de abril unas orientaciones para su política frente a países terceros en cuanto a la tortura y a otros castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes, confirmando así la importancia capital que tiene esta cuestión en su política de los derechos humanos. 
Estas orientaciones representan para la Unión un instrumento de intervención en los casos de tortura, y de multiplicación de sus esfuerzos encaminados a reforzar aún más el respeto a las normas internacionales. 
Quisiera agradecer a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo su respuesta, que en gran medida me ha satisfecho. 
Además sabemos que la Unión Europea es muy sensible en los temas relacionados con el respeto de los derechos humanos y dicha sensibilidad está expresada mediante los Tratados y el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos. 
Sin embargo, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, si alguien lee el reciente informe de Amnistía Internacional sobre las torturas de las que son víctimas miles de personas a causa de su orientación sexual, siente que lo que hacemos en la Unión Europea no es bastante. 
Recientemente la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha emprendido una iniciativa para animar a denunciar las torturas y las violaciones de los derechos humanos debidas a la identidad sexual. 
¿Piensan ustedes emprender una iniciativa de este tipo en el ámbito de la Unión Europea? 
Pregunta nº 18 formulada por (H-0628/01): 
Asunto: Acceso del público a los documentos del Consejo Tras adoptar la legislación relativa al acceso del público a sus documentos, el Consejo se fijó el 30 de mayo del presente año un plazo de seis meses, hasta el 3 de diciembre de 2001, para llevar a cabo las medidas preparatorias al respecto. 
Estamos ya a primeros de septiembre, lo que quiere decir que ha transcurrido la mitad del plazo de seis meses que se impuso el Consejo. 
¿Avanzan al ritmo previsto los preparativos? 
Si no es así, ¿desearía el Consejo recibir ayuda del Parlamento, Institución abierta al público desde hace muchos años? 
Pregunta nº 19 formulada por (H-0630/01): 
Asunto: Mayor transparencia En mayo de 2001 se adoptó el Reglamento relativo al acceso del público a los documentos de la UE. 
Las nuevas normas entrarán en vigor dentro de seis meses. 
¿Puede indicar el Consejo a qué tipos de documentos que antes eran confidenciales podrá acceder el público en virtud de las nuevas normas de transparencia? 
Como ya se ha dicho con motivo de la pregunta oral H-0545/01 formulada por su Señoría, el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, entrará en vigor el próximo 3 de diciembre. 
Hasta entonces las solicitudes de acceso a los documentos del Consejo presentadas por los ciudadanos se tramitarán sobre la base de la Decisión 93/731/CE relativa al acceso del público a los documentos del Consejo. 
Cada una de las instituciones implicadas está adoptando las medidas oportunas para garantizar que el nuevo reglamento se aplique de hecho a partir del próximo 3 de diciembre. 
De conformidad con el artículo 15 del reglamento están llamadas a constituir un comité interinstitucional que vaya en busca de la mejor práctica, resuelva posibles contenciosos y discuta sobre la futura evolución del acceso del público a los documentos. 
Por lo que al Consejo se refiere, los servicios competentes están deliberando acerca de las medidas que han de adoptarse y el calendario que debe regular la ejecución de las mismas, a fin de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos que les son atribuidos más claramente en virtud del nuevo reglamento. 
Se adoptarán las medidas oportunas para que pueda respetarse la fecha del 3 de diciembre. 
En lo que concierne a los diferentes tipos de documentos accesibles al público puedo comunicar a su Señoría que en la actualidad los ciudadanos pueden solicitar cualquier documento del Consejo de conformidad con la Decisión 93/731/CE de 20 de diciembre de 1993 relativo al acceso del público a los documentos del Consejo. 
A continuación se decide si el documento solicitado puede ser proporcionado al solicitante, dependiendo del contenido y habida cuenta de las normativas de excepción recogidas en el artículo 4 de la decisión. A esta fin las peticiones son examinadas minuciosamente caso por caso. 
El apartado 1 del artículo 1 de la Decisión 93/731/CE, modificada por la Decisión 2000/527/CE del Consejo de 14 de agosto del año pasado, estipulaba, sin embargo, que cuando se presentara una solicitud de acceso a un documento clasificado como secreto absoluto, secreto o confidencial en el sentido de la decisión del Secretario General del Consejo de 27 de julio de 2000 y relativo a cuestiones de seguridad y defensa de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros o a la gestión militar y no militar de crisis, se informaría al solicitante de que dicho documento no entra en el ámbito de aplicación de la Decisión 93/731/CE. 
Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que esta declaración no ha sido incluida en el Reglamento (CE) nº1049/2001 antes mencionado, que entrará en vigor el próximo 3 de diciembre. 
Sin embargo, el artículo 9 del reglamento estipula que las solicitudes de acceso a los documentos sensibles ahí descritos recibirán un trato especial. 
Por ejemplo, dichas solicitudes solamente podrán ser tramitadas por personas con derecho a tener conocimiento de dichos documentos. 
El Reglamento (CE) nº 1049/2001 parte del mismo principio general que la Decisión de 1993, en el sentido de que los documentos solicitados se examinan caso por caso. 
El acceso sólo puede ser negado en virtud de la normativa de excepción contemplada en el artículo 4 del reglamento. 
Además, el Consejo se comprometió mediante su Decisión de 9 abril de 2001, por la que se hacen accesibles al público determinadas categorías de documentos del Consejo, a hacer públicos a través de Internet toda una serie de documentos, en concreto aquellos que están relacionados con los trabajos legislativos. 
Con ello el Consejo se anticipó a la entrada en vigor del reglamento en lo que al apartado 3 del artículo 12 se refiere. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a la Presidenta en ejercicio del Consejo por haber ofrecido tantas respuestas durante este Turno de preguntas. 
Es posible que haya batido un récord. 
No sé cuál es el récord, pero usted ha estado excelente. 
En segundo lugar, tomo nota de su declaración de que este procedimiento se iniciará el 3 de diciembre. 
Todos en el Parlamento y el público en general estamos encantados de oír eso y le agradezco su respuesta tan completa. 
Permítame preguntar solamente: ¿será el siguiente paso abrir al público las reuniones del Consejo cuando éste esté legislando, de manera que podamos ver qué hace? 
Entonces existiría auténtica democracia en el Consejo. 
¿Será ése su siguiente paso? 
. (EN) Me temo que para poder hacer antes debe celebrarse una CIG, por lo que su Señoría deberá esperar algún tiempo. 
Pero como ha podido oír de mi respuesta, se está avanzando a buen ritmo y ya veremos. 
No citaré al antiguo Primer Ministro belga cuando tuve la osadía de formular esta sugerencia en mi propio Parlamento nacional, pero puedo decírselo en privado más tarde. 
Las cosas van avanzando y ahora nos toca aguardar y no perder la esperanza. 
Doy las gracias al Consejo de Ministros por esta cabal respuesta, pero me gustaría que se hiciese una aclaración. 
¿Es posible dar ejemplos de documentos que habiendo sido secretos serán públicos por la aplicación de las nuevas reglas? 
Me refiero a ciertos documentos que ustedes tengan la esperanza de que se hagan públicos. 
Sólo podremos hablar de éxito y de mayor apertura cuando sepamos de qué tipo de documentos realmente se trata. 
. (EN) Veo que he fracasado en mi intento de convencerle de que realmente se han hecho algunos progresos. 
Sugiero a su Señoría que vuelva a presentar preguntas sobre este asunto a comienzos del año próximo o en el transcurso de diciembre. 
Probablemente estaremos en condiciones de darle una respuesta más detallada que la que podemos ofrecerle ahora porque las nuevas normativas aún no están en vigor. 
Se han hecho progresos. 
He intentado convencerle de ello. 
Señor Presidente, quisiera protestar por la forma en que está dirigiendo este debate. 
Ha definido, en general, todas las preguntas complementarias como declaraciones y no ha permitido que la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo nos conteste. 
Ha hecho lo mismo con el Sr. Marinos, con el Sr. Sacrédeus y conmigo. 
Creo que se han formulado preguntas concretas y debería dejar, por lo menos, que la Sra. Presidenta nos contestara. 
Si no tenía una respuesta para nuestra pregunta, podría simple y llanamente decirnos que no hay contestación alguna. 
Es la primera vez que, por lo menos yo, veo que un Presidente interviene de tal forma como lo ha hecho usted anteriormente y que define, como ha definido, nuestras preguntas y nuestras posturas. 
Le agradezco su observación, la tomo muy en cuenta; pero el Reglamento dice explícitamente que solamente se pueden hacer preguntas complementarias, no declaraciones. 
De todas formas, yo no impido que la Sra. Presidenta en ejercicio conteste a lo que crea conveniente, aunque no haya pregunta. 
Siempre tiene la oportunidad. 
Pero usted misma y la interpretación de la intervención del Sr. Marinos- por lo menos la interpretación a varias lenguas, porque lo he consultado -, no incluía ninguna pregunta sino una declaración amplia. 
Esta Presidencia no ha conculcado ni la letra ni el espíritu de este turno de preguntas cuya finalidad es hacer preguntas concretas y recibir contestaciones lo más concretas posibles. 
La invito a que lea los artículos del reglamento relativos al turno de preguntas. 
Vamos a hacer, fuera ya del tiempo, dos preguntas a la Sra. Presidenta, para que lo sepan los colegas: las preguntas 20 y 21; las demás serán contestadas por escrito. 
Pregunta nº 20 formulada por (H-0635/01): 
Asunto: Las elecciones en Kosovo ¿Qué tipo de apoyo presta el Consejo a la celebración de las primeras elecciones por sufragio universal directo en Kosovo? , y ¿cuáles son a su juicio las perspectivas de esta región? 
. 
(FR) Las elecciones del próximo 17 de noviembre supondrán sin duda un acontecimiento importante para el futuro de Kosovo y permitirán que la participación directa de la población y de los dirigentes políticos locales en el funcionamiento del marco constitucional provisional establecido por la MINUK se incremente. 
Desde esta perspectiva, el Consejo considera que es esencial que estas elecciones se desarrollen sin irregularidades, siguiendo las normas europeas y con la participación de toda la población, en particular de la minoría serbia de Kosovo. 
Sin embargo, el Consejo de la Unión Europea no interviene en la preparación directa de estas elecciones. 
Efectivamente, esta organización ha sido confiada a la OECE, al Consejo de Europa y al tercer pilar de la Misión de Naciones Unidas para Kosovo, más conocida por la abreviatura de MINUK. 
A pesar de ello, todos los Estados miembros contribuyen de manera importante al presupuesto que se ha destinado a este fin a través de la OECE y del Consejo de Europa, y están también preparando el envío de observadores, siempre dentro del contexto de la OECE y del Consejo de Europa. 
Señor Presidente, en primer lugar, yo quisiera preguntar si la Unión Europea no apoya al menos activamente- como hace en todos los demás lugares- la financiación de medios de comunicación independientes, la formación de políticos, el respaldo a los partidos democráticos y la consolidación de las instituciones. 
Esto es, de hecho, lo que hacemos en todas partes y me parecería incomprensible que no lo hiciésemos en Kosovo. 
En segundo lugar, desearía preguntarle si, una vez que se hayan celebrado las elecciones en Kosovo, el Consejo tiene previsto establecer contacto directo con las personas que salgan elegidas, con objeto de que las fuerzas moderadas que saldrán vencedoras- pienso yo- tengan efectivamente éxito y no se vean desbordadas de nuevo por las fuerzas radicales. 
. 
(FR) En cuanto a la organización de las elecciones, creo haber dado todos los elementos y todas las informaciones de que dispongo. 
En lo relativo al esfuerzo por estar presentes y por mantener contactos muy frecuentes con las autoridades, los dirigentes y las personalidades que juegan un papel relevante en Kosovo, sabe usted perfectamente que ha sido siempre y que sigue siendo una prioridad para la Unión Europea. 
A título personal, le diría que quizás sea más sensato evitar tomar partido antes de las elecciones, evitar decir demasiado claramente a quién nos gustaría ver ganar estas elecciones. 
Creo, ciertamente, que nos hemos sentido varias veces amargamente decepcionados en esta región de Europa, y que en Kosovo, hay que confiar en la democracia, sin dejar de observar atentamente lo que está pasando y lo que seguirá ocurriendo tras las elecciones, que todos nosotros esperamos se desarrollen sin incidentes. 
Señor Presidente, tengo escrita mi pregunta y le voy a mandar una fotocopia del texto junto con la traducción para que pueda confirmar más fácilmente lo que le he preguntado a la Sra. Ministra. 
Pero quisiera decir que no deseo dar la impresión de que estoy regañando con usted. 
Le estimo y respeto, en especial como Presidente. 
Me he hallado en repetidas ocasiones que ha dirigido el turno de preguntas y no tengo ninguna queja. 
Pero quisiera añadir, para demostrar que había una pregunta, que la Sra. Ministra ha dicho que la pregunta complementaria que he formulado no estaba incluida en el texto de mi pregunta. 
Así pues, quisiera decirle y preguntarle como Presidente: Primero resulta que he formulado una pregunta, segundo, ¿las preguntas complementarias deben repetir lo que se preguntó en el primer estadio o completar la primera pregunta mediante otro contenido, por supuesto sobre el mismo tema? 
Este es un punto que le ruego que me aclare, ya que tiene usted mucha más experiencia que yo en los temas del Reglamento. 
Tiene usted toda la razón, señor Marinos. 
La pregunta complementaria no es la misma, como su nombre indica, es una pregunta complementaria. 
Lo que pasa es que a través de las interpretaciones no nos dábamos cuenta de que era una pregunta, pero usted la ha realizado, todos le hemos entendido muy bien y le agradecemos su cooperación y su valoración. 
Muchas gracias. 
Pregunta nº 21 formulada por (H-0637/01): 
Asunto: Aprobación del Reglamento sobre Dibujos y Modelos ¿Cuándo está prevista la aprobación del Reglamento de Dibujos y Modelos? 
El Consejo ha alcanzado ya un acuerdo unánime sobre prácticamente todos los aspectos de la propuesta de reglamento. 
Queda por zanjar una cuestión sobre la cual la Presidencia está manteniendo contactos bilaterales con algunas delegaciones. 
Esperamos que, de este modo, podamos salvar en breve este último obstáculo. 
Comprenderá que en esta delicada fase de las negociaciones no puedo facilitar más información. 
Señor Presidente, lo haré en forma de pregunta, para no incitar a las objeciones, muy fundadas, como siempre, por parte de la Presidencia. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, la verdad es que no entiendo las razones por las que omite la aclaración sobre ese punto que queda pendiente, porque la verdad es que no alcanzo a comprender cuál puede ser ese punto. 
En su día, en la regulación de dibujos y modelos en este Parlamento, cuando se trató de la Directiva, había determinados puntos que eran conflictivos, por ejemplo la cláusula de reparación, pero una vez que, con la participación muy directa del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo, se obtuvo un compromiso sobre esa determinada cláusula, que se ha reflejado en la propuesta de la Comisión y que ha sido aceptada como tal por parte del Parlamento Europeo, no entiendo cuál puede ser ese punto conflictivo. 
Tampoco entiendo, como se ha dicho, que pueda haber otros puntos conflictivos que en su momento retrasaron la aprobación del Reglamento de marcas, como eran los relativos a la lengua, al procedimiento, o a la ubicación de la Oficina para la armonización del mercado interior, porque eso ya se solucionó con el Reglamento de marcas. 
Y ahora esta propuesta de reglamento de diseño, las normas de procedimiento, las lenguas de procedimiento y la competencia de la Oficina de armonización del mercado interior son temas ya resueltos. 
Por lo tanto, no entiendo cuál es ese punto y, a pesar de su invitación, le agradecería que me lo aclarara. 
. 
(FR) No puedo decirle más que lo que acabo de decir. 
No siempre es necesario entender la legitimidad ni compartir la legitimidad de las reservas que puede hacer un determinado Estado miembro sobre un aspecto concreto para constatar que, no obstante, se han hecho reservas, que se mantienen y que es difícil allanarlas. 
De nuevo, antes de fin de año, la Presidencia hará todo lo que esté en su mano para que estas reservas desaparezcan. 
Es todo lo que puedo decir en esta fase del proceso. 
Muchas gracias, Sra. Presidenta en ejercicio. 
Con esta contestación termina este debate. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 22 a 36 serán contestadas por escrito. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.13 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Comunicación del Presidente 
En aplicación del artículo 74 del Reglamento, la Presidencia ha de proceder al anuncio siguiente: 
Se han recibido del Consejo las posiciones comunes siguientes, que figurarán en el acta de hoy, así como los motivos que han conducido a adoptarlas. 
El plazo de tres meses de que dispone el Parlamento para pronunciarse comienza a contar a partir de mañana 6 de septiembre de 2001. 
Comunicaciones electrónicas y lucha contra los delitos informáticos (continuación) 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, no voy a referirme a todos los aspectos que se propone regular la propuesta de directiva de la Comisión sobre la protección de datos en el ámbito de las comunicaciones electrónicas. 
La mayor parte de las propuestas son adecuadas y necesarias, y cuentan con nuestro apoyo. 
Lo mismo puedo decir del trabajo que ha realizado el ponente Cappato, a quien quiero felicitar. 
Sin embargo hay un punto que está suscitando mucha discusión. 
¿Cuál es nuestra posición con respecto a la publicidad comercial directa a través del correo electrónico? 
En estos momentos, en Europa hay cuatro Estados miembros que han establecido el sistema de las listas de inclusión (opt in) , que prohibe el envío de mensajes electrónicos comerciales no solicitados y sólo los autoriza con el consentimiento previo del ciudadano. 
La mayor parte de los restantes Estados miembros han optado por la alternativa de las listas de exclusión (opt out) , en la que el ciudadano que no desee recibir correo electrónico comercial debe inscribirse en las llamadas listas Robinson. 
Es decir, que ahora tenemos dos alternativas. Las enmiendas 42, 43 y 44 de la comisión competente y del ponente apuestan por la solución de las listas de inclusión como norma mínima y se completan con la enmienda 61, según la cual esta disposición se deberá reconsiderar al cabo de tres años. 
Los países que hasta ahora aplican el sistema de las listas de inclusión, podrán mantenerlo como un plus de protección respecto a la norma mínima. 
Las enmiendas 53, 60 y 62 propugnan la introducción inmediata de las lista de inclusión, como norma de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros. 
Existen buenos argumentos tanto a favor de las listas de inclusión como de las listas de exclusión y a lo largo del debate todavía tendremos ocasión de escuchar muchos de ellos, expresados seguramente con toda la pasión. 
También yo debo reconocer que más bien soy partidario de las listas de inclusión. 
Sin embargo, actualmente sólo existe una alternativa seria, que es la primera modalidad, o sea, las listas de inclusión como norma mínima; es decir, que se mantenga el status quo en los Estados miembros. 
¿Por qué es así? 
En primer lugar, hace un año, en la Directiva sobre el comercio electrónico, también optamos por las listas de inclusión como norma mínima, que en cualquier caso se deberá revisar al cabo de tres años. 
Sería absurdo, incoherente y contradictorio que al cabo de un año justo pretendiésemos adoptar en esta directiva una norma definitiva, ya sea en forma de las listas de inclusión o de las listas de exclusión.. 
En segundo lugar, actualmente nadie puede prever cómo evolucionará exactamente la situación. 
Nadie puede decir qué ventajas y desventajas demostrarán tener ambas modalidades durante los próximos dos años. 
Las prácticas comerciales, la demanda de información de los ciudadanos y también su necesidad de protección están experimentando transformaciones rapidísimas. 
Todavía no se puede prever cómo responderá el comercio a las nuevas oportunidades que ofrece la publicidad directa por correo electrónico. 
Las comparaciones con la anterior publicidad por correo, aun siendo inmediatas, no son pertinentes. 
Mantengámonos fieles a nuestra posición anterior y esperemos, sin precipitarnos, a ver qué sucede con lo que tan sabiamente- y por una abrumadora mayoría, todo sea dicho- decidimos en esta Asamblea en la Directiva sobre el comercio electrónico: las listas de inclusión como norma mínima, la posibilidad de que los Estados miembros opten por las listas de exclusión y el seguimiento de ambos procedimientos. 
Señor Presidente, la comunicación de la Comisión Europea sobre la sociedad de la información segura complementa las anteriores iniciativas, en particular el plan de acción global para la Europa telemática, y exigirá más intervenciones en un sector que está en continuo desarrollo. 
El informe de la Sra. Cederschiöld aprueba esta iniciativa y la enriquece con medidas legislativas adecuadas y con sugerencias de instrumentos de cooperación para aumentar la eficacia de la lucha contra los delitos informáticos y garantizar un equilibrio entre las exigencias de prevención y de castigo del delito y el respeto a los derechos de libertad de los ciudadanos. 
Este equilibrio que está garantizado por la Carta de los Derechos Fundamentales debe ser siempre el objetivo que orienta la labor de la Unión Europea, y también por esto el amplio y preciso informe Cederschiöld merece nuestro pleno apoyo. 
Asimismo también valoramos positivamente la propuesta de directiva de la Comisión tendente a una protección más actualizada de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y a no dejar las cosas como están, pues es necesaria una armonización. 
El informe Cappato propone, por un lado, integraciones útiles a la directiva que refuerzan los límites puestos a la intervención de las autoridades públicas en la vida privada, especialmente en lo que se refiere a las formas de vigilancia electrónica generalizada, de las que se ha hablado esta mañana. 
Por una parte, se debe compartir, aunque, lamentablemente, en este sector nuestros poderes legislativos no existen. 
Por otra, sin embargo, el informe Cappato reduce la protección de la intimidad de los ciudadanos que ofrece la propuesta de directiva, precisamente allí donde tenemos competencia legislativa. 
La Comisión propone que los datos relativos a las direcciones electrónicas y a los teléfonos móviles de los ciudadanos europeos se puedan incluir en guías públicas y difundirse a través de la red sólo si los interesados han dado previamente su consentimiento. 
El informe Cappato, por el contrario, propone que las direcciones electrónicas y los datos relativos a los teléfonos móviles se incluyan en las guías públicas y que cada interesado pueda pedir y obtener que se supriman de ellas. 
La misma diferencia- ya lo hemos escuchado- afecta a la regulación de las comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa. 
La Comisión Europea propone que los mensajes no puedan ser enviados sino a quien haya dado su consentimiento, como hoy sucede para los fax. 
El informe Cappato propone que se pueda adoptar asimismo el sistema opt-out. 
Si se considera la rapidez con que una lista de direcciones de correo electrónico puede difundirse a través de la red y ser conocida por un número ilimitado de personas interesadas en enviar mensajes no solicitados y si de considera el coste en tiempo y en dinero de la eliminación de estos mensajes no deseados y de la solicitud a los distintos remitentes de que dejen de enviarlos, se obtiene la medida de la carga que supone para los ciudadanos europeos la adopción del sistema opt-out. 
Es una perspectiva que podría desalentar, desincentivar la difusión del uso de la red y del comercio electrónico. 
En un divertido artículo un periodista italiano escribía: " Me pensaba que había comprado un móvil y me he encontrado con un tamagochi, ese juguete japonés que se ha de cuidar como a un niño. 
Mi compañía telefónica no me deja nunca solo, me envía muchos mensajes, como un adolescente y me pregunta si quiero participar en un concurso, si estoy enterado de los nuevos descuentos, me saluda cuando voy al extranjero y me da la bienvenida cuando regreso a mi país ". 
Piensen que pasará cuando su número de móvil y su dirección de correo electrónico serán conocidos no solo por su proveedor, sino por todos los posibles proveedores del mundo que ya no se limitan única ý exclusivamente a vender bienes, sino incluso quieren que su marca guste, seduzca y apetezca. 
Si queremos que el comercio electrónico tenga futuro no podemos imponer a los consumidores que empleen su tiempo en borrar mensajes no deseados o en contactar a sus remitentes para rogarles que les dejen en paz. 
No hay ninguna razón para no garantizar al correo electrónico la misma protección del fax. Un elevado nivel de protección de los derechos garantiza asimismo una mayor confianza de los consumidores. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, para los liberales la libertad de expresión y la libertad de elección son un bien precioso, pero no a cualquier precio. 
La recepción de correo electrónico resulta mucho más comprometida para el receptor que la recepción de folletos e impresos de papel. 
Los costes anuales sufridos por los receptores llegan fácilmente a 10 mil millones de euros, por no decir nada de la pérdida de tiempo. 
Necesitamos, por tanto, una pegatina que ponga "No, gracias", como en el caso de los folletos de papel. 
Personalmente me inclino por la autorregulación empresarial, pero ha quedado demostrado que en la práctica la denominada solución opt-out no resulta viable. 
Por eso el Grupo Liberal respaldará la propuesta de la Comisión, en la que se apuesta por el modelo opt-in. 
En este mismo momento el Congreso de los Estados Unidos también está estudiando una propuesta legislativa de tipo opt-in que abre el camino a la celebración de acuerdos mundiales satisfactorios, lo cual es imprescindible en esta era de comunicaciones sin fronteras. 
La recepción de correo no deseado no se limitará a Internet. 
El sector de la telefonía móvil desempeñará un papel cada vez más importante, ocasionando costes elevados a las empresas y los consumidores, al tiempo que la infraestructura se volverá muy vulnerable. 
Mi segunda observación se centra en el almacenamiento de los datos relativos al tráfico. 
En este marco me remito con mucho gusto al debate sobre ECHELON de esta mañana. 
En mi opinión supone una violación de la intimidad el que estos datos se guarden más tiempo del estrictamente necesario. 
De este modo, el comercio electrónico no gozará nunca de la imprescindible confianza del consumidor. 
Por último, estimados colegas, se impone una armonización de las normas existentes dentro de la Unión. 
No olvidemos que nuestras empresas de telecomunicaciones operan a escala europea, por lo que necesitan normas uniformes a fin de acabar con la inseguridad jurídica. 
Por eso, la subsidiariedad no aporta una solución adecuada a este problema. 
Señor Presidente, el derecho a la libertad de expresión otorga a las empresas el derecho a exponer sus mercancías a través de Internet. 
Ello no significa, sin embargo, que puedan obligar a la gente a leer sus mensajes. 
Recibo con frecuencia publicidad no solicitada en mi buzón de correo electrónico. 
En más de una ocasión he tenido que pelearme con formularios redactados en inglés, recorriendo todos los pasos hasta que, al final del todo, podía darme de baja de la lista de correo. 
Y esto es algo que no se consigue siempre. 
El sistema opt-out es malo para el consumidor puesto que para borrarse de la lista depende de la buena voluntad de la empresa. 
Además, darse de baja requiere mucho tiempo y los gastos corren a cargo del consumidor. 
Se suele afirmar que las buenas empresas destinan su correo a un público selecto. 
Ahora bien, con esta afirmación los partidarios dan por supuesto que existe un número sustancial de empresas malas que son un auténtico desastre. Es más, desde el punto de vista técnico y en términos de marketing puede ser perfectamente justificado que yo reciba información sobre ropa de bebé, pero me niego a bajar a mi pantalla peleles o pañales si los costes corren a mi cargo. 
El hecho de que la información se envíe con arreglo a los criterios del marketing no quiere decir que sea bienvenida o que se trate de un fenómeno limitado. 
Si los mensajes publicitarios no deseados se disparan en el futuro me temo que mucha gente acabará dando la espalda al acceso público a Internet y al correo electrónico. 
Entonces la libertad de expresión estará en peor situación. 
Señor Presidente, quisiera unirme a las felicitaciones a los ponentes por su trabajo. 
Evidentemente, todo el ámbito de las nuevas tecnologías nos ha presentado numerosos problemas además de un sinfín de oportunidades. 
Lamentablemente, sin embargo, al igual que ocurre con la mayor parte de las nuevas oportunidades, éstas han sido secuestradas en gran medida por personas con intenciones delictivas que las utilizan con fines ilícitos. 
Por consiguiente, nos incumbe a nosotros velar por el establecimiento de controles y medidas adecuados, no en lo que respecta al acceso, sino para garantizar a los padres la certeza de que estas nuevas tecnologías no presentan ningún peligro para sus hijos y también la existencia de cooperación entre los cuerpos policiales de todos los Estados miembros. 
Acojo con satisfacción el hecho de que los informes contemplen las funciones de Europol y también de Eurojust, así como entre los Estados miembros. 
También acojo favorablemente el establecimiento de un foro sobre la delincuencia cibernética. 
Éste es un ámbito importante en el que podemos aunar a todos los operadores, incluidos los fabricantes de equipos, que pueden crear determinadas cosas que pueden sernos de ayuda. 
Por último, es un plan progresista que pongamos nuestra mirada en la cooperación con los Estados Unidos de América y otros países de todo el mundo para garantizar que esta nueva tecnología se utiliza en beneficio de toda la humanidad y no sólo de aquéllos que quieren eludir nuestras estructuras jurídicas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, antes que nada quisiera felicitar al ponente por su informe, aunque en nombre del Sr. Westendorp, el presidente de la Comisión de Industria, debo poner reparos al procedimiento aplicado. 
Se acordó hacer uso de un Procedimiento Hughes reforzado, pero este pacto no ha sido respetado. 
No entraré en detalles. 
De nuevo la Comisión de Industria no ha querido detener el debate debido al carácter urgente del tema tratado, pero ello no obstante, estamos decididos a manifestar enérgicamente nuestra disconformidad. 
Señor Presidente, a fin de cuentas se trata de dos importantes decisiones políticas. 
En primer lugar hemos de apostar durante un tiempo determinado por una solución opt-in, una solución opt-out o un sistema mixto. 
La segunda cuestión tiene que ver con la naturaleza y el almacenamiento de los datos relativos al tráfico. 
Personalmente soy partidario del sistema opt-in. Les facilitaré algunos argumentos a favor de esta opción. 
La Sra. Plooij ya ha hecho referencia al estudio de la Comisión Europea en el que se pone de manifiesto que sólo los ciudadanos europeos han perdido mundialmente unos diez mil millones de euros debido al correo comercial no solicitado. 
Considero aún más grave que el apoyo de los ciudadanos a la sociedad del conocimiento esté menguando. 
La gente está harta de que aparte de los dos mensajes electrónicos bienvenidos de personas allegadas aparezcan en su buzón otros 74 mensajes no deseados. Y para colmo, tienes que pagar por ello. 
Señor Presidente, esta situación es una auténtica fuente de irritación. 
Tanto es así que en Estados Unidos ha dado lugar a un nuevo concepto: marketing previo consentimiento del destinatario. Las empresas te preguntan previamente si deseas algo. 
Se trata de un sistema de autorregulación que habría de aplicarse asimismo en Europa. 
Sin embargo, nosotros nos hallamos aún en una situación de atraso, de modo que hemos de empezar por introducir cierto orden. 
Por eso, la enmienda de la Sra. Palacio está justificada, aun cuando haga referencia al año 2006. 
En 2006 podremos pasar, en efecto, a la autorregulación, pero de momento hemos de apostar por el sistema opt-in. 
Señor Presidente, mi tercera objeción es que casi todo el mundo se comunica a través del correo electrónico. 
Fíjense, cuando cruzamos la frontera con Francia o Luxemburgo recibimos todo tipo de mensajes de bienvenida. 
No sabemos con qué fin, porque no tenemos la impresión de que signifiquen algo, pero los recibimos y eso cuesta dinero. 
Imagínense que en esta sala nos llegue cada dos minutos un mensaje de pequeños y medianos empresarios bienintencionados sobre un producto nuevo. 
¿Quién lo pagará, señor Presidente? 
Ahí está el problema, y requiere una profunda reflexión. 
El cuarto argumento a favor del sistema opt-in, señor Presidente, es que la mayoría de los Estados miembros- entretanto ya no son cuatro, sino siete- ha optado por este modelo. 
Señor Presidente, se trata de una cuestión de principios, e insto a la Comisión a que se pronuncie al respecto. 
¿Por qué se admiten dos sistemas para el comercio electrónico y aquí no? 
Tengo entendido, señor Presidente, que la razón fundamental está en que en el caso del comercio electrónico los artículos armonizadores se han eliminado, no se han tenido en cuenta y, por tanto, se han puesto entre paréntesis. 
Ahora bien, la presente directiva gira expresamente en torno a la armonización. 
Surge otro problema. ¿Qué ocurre en la práctica cuando unos Estados miembros se deciden por el sistema opt-in y otros aplican el sistema opt-out? 
¿Cómo funciona esta solución en la práctica? Desde luego los mensajes electrónicos no discriminan un sistema de otro en las fronteras. 
A mi parecer, corresponde a la Comisión referirse a los gastos y a la pregunta de si ambos regímenes jurídicos pueden coexistir. 
Mi último comentario está relacionado con las posibilidades de localización e investigación. 
Dado que los proveedores no funcionan como departamentos de investigación criminal las restricciones en materia de contenido y duración a las que está sujeto el almacenamiento de los datos relativos al tráfico revisten una importancia fundamental. 
Por eso, las enmiendas presentadas al respecto han de evitar que los ciudadanos tengan la sensación de que se vuelva a introducir un sistema ECHELON disfrazado a través del correo electrónico y la telefonía móvil. 
. (IT) Señor Presidente, con relación al procedimiento seguido para aprobar mi informe, el Sr. Van Velzen ha hecho referencia a una hipotética violación del procedimiento. 
Pido a la Presidencia que aclare este punto de cara al debate de mañana, porque no quiero que exista esta confusión. 
Si se ha violado el procedimiento sería conveniente que se anulara el trabajo realizado infringiendo un procedimiento. Si el procedimiento se ha respetado, entonces se ha respetado. 
Creo que esto es lo mínimo que le debemos al Pleno. 
Personalmente, en mi condición de ponente de la comisión competente para el fondo, no he sido consultado nunca por ninguna otra comisión. Si se hubiera tratado de un "procedimiento Hughes reforzado" -que no lo es- se me tenía que haber consultado. 
Con todo, y al no ser un experto en procedimientos, pido que se compruebe si se ha violado el procedimiento. De ser así, los resultados deben ser anulados. 
Señor Cappato, la Presidencia toma nota de lo que acaba de exponer. 
Estimado señor Comisario, estimados amigos, en primer lugar agradezco a la Sra. Cederschiöld y al Sr. Cappato el excelente trabajo realizado. 
Estoy segura de que el foro que respalda la Comisión y la Sra. Cederschiöld nos mostrará nuevas facetas y nuevos problemas. 
Además, el debate político posiblemente no será el acostumbrado. 
Esto se deduce claramente incluso del actual debate sobre comunicación electrónica. 
En mi opinión, la propuesta de la comisión sobre almacenaje de datos en relación con el tráfico es más clara. 
Una minoría del Grupo liberal opina que hay que esperar y ver cómo funcionan esos sistemas y que hay que aplicar el principio de subsidiariedad. 
Apoyamos la enmienda 61 sobre una cláusula de revisión. 
Nuestra posición es humilde. 
No creemos que ninguna de estas propuestas será decisiva, sino que serán los ciudadanos conscientes los que dirán la última palabra. 
Creo que muchos de los que decidirán mañana en esta Asamblea no saben que el problema del spam está regulado en gran medida en la directiva de protección informática. 
En el Reino Unido, por ejemplo, el 44 por ciento de los e-traders no saben que están contraviniendo esta directiva. 
Además, la gente no sabe qué servicios pueden conseguir. 
Creo que lo más importante es que los consumidores tengan una conducta responsable y consciente. 
En mi país tenemos opt-in, pero nada podemos hacer, por ejemplo, con las personas que utilizan los cambios de dirección. 
Estamos recibiendo constantemente diferentes formas de spam. 
Me pregunto si en el futuro se nos exigirá la creación de una especie de registro de direcciones. 
Quiero formular una pregunta a la Comisión: ¿Cómo piensan tratar este asunto en el marco del diálogo transatlántico, en el diálogo global? 
¿Cuánto hay de verdad en lo que se dice sobre la postura de EE.UU.? 
Se dicen muchas cosas diferentes. 
Muchos dicen que la administración del Sr. Bush todavía no quiere hacer nada, que es prematuro, que se quiere esperar y ver el desarrollo tecnológico. 
Además, ¿qué reglas se aplicarían si una empresa europea se dedicase al spam fuera de la UE: la directiva sobre comercio electrónico o esta directiva? 
Señor Presidente, quisiera centrar mis observaciones esta noche en el informe de la Sra. Cederschiöld. 
Es el motivo por el que me encuentro aquí, tras haberlo seguido de cerca en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Quisiera elogiar a la Sra. Cederschiöld por el modo en que ha sabido incorporar tantas opiniones de las diferentes comisiones en un informe muy exhaustivo, y también felicitar a la Comisión por esta iniciativa. 
Creo que éste es un documento muy valioso que representa todo un reto. 
Uno de los problemas del informe es la enorme cantidad de material y posibles acciones que contiene, por lo que será necesario establecer prioridades. 
Por ello, esta noche quisiera limitar mi intervención al que creo que es un problema crucial que debe ser examinado a corto plazo: toda esa cuestión de cómo podemos fomentar el desarrollo del comercio electrónico utilizando estas herramientas, buscar solución al tipo de problemas comerciales que algunos colegas ya han comenzado a intentar frustrarlos, en mi opinión, pasando de forma prematura al rígido sistema de opt-in al que hacen referencia. 
El mercado del comercio electrónico se encuentra en una fase muy incipiente y está aún poco desarrollado. 
No queremos ahogarlo con algunas de las cosas sobre las que estamos hablando. 
Aunque deberemos ocuparnos de los temas de seguridad. 
Un informe muy importante elaborado la semana pasada por la Asociación de empresas británicas, la CBI, demostraba claramente que tanto las empresas como los consumidores son reacios a incorporarse al mercado del comercio electrónico porque les preocupa la seguridad. 
Las empresas, en particular, las pequeñas y medianas empresas, sienten preocupación por la vulnerabilidad de sus negocios al fraude y a las transacciones fraudulentas. 
Quisiera sugerir a la Asamblea que una de las cosas en que debemos trabajar es asegurarnos de que las pequeñas y medianas empresas se benefician de la presente resolución. 
A los consumidores les preocupa involucrarse en transacciones porque temen por la seguridad de sus pagos. 
Éstos son los temas espinosos que debemos resolver. 
Debemos combinar eso con un régimen que permita a las PYME usar el comercio electrónico de una manera práctica y eficaz. 
Por ello combinaré mis observaciones sobre ambos informes diciendo que creo que estamos siguiendo el camino adecuado con la Sra. Cederschiöld y el camino adecuado con el Sr. Cappato. 
Señor Presidente, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen repercusiones fundamentales en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la propia economía de nuestras sociedades. 
Resulta imprescindible, así, que haya una protección rigurosa contra posibles abusos o incluso actos delictivos. 
Hablamos de la ciberdelincuencia, ya sea en el nivel de los derechos fundamentales y la intimidad de los ciudadanos o en el de los servicios de interés general, las transferencias bancarias, inversiones, fraudes con tarjetas de crédito, entre otros. 
Así, tiene razón el Sr. Cedershiöld cuando defiende una estrategia europea que sea coherente y que, por un lado, garantice la libertad y refuerce la seguridad de los servicios y las infraestructuras de información y, por otro, luche contra las actividades delictivas que afectan no sólo a los intereses de los ciudadanos individualmente considerados, sino también al propio interés público. 
Tenemos también en debate el informe del Sr. Cappato, al que aprovecho para felicitar por el trabajo que ha hecho, relativo al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones. 
Fue un informe que mereció un gran debate y que intenta encontrar un equilibrio entre la protección de la vida privada, los aspectos jurídicos y los intereses de la industria. 
Aparte de las cuestiones relacionadas con la intervención de los Estados miembros en la dirección de las investigaciones criminales, la gran cuestión tiene que ver con el spamming. 
Me complace la posición expuesta por el Sr. von Boetticher en nombre del PPE. 
Pero no quisiera dejar de añadir una expansión personal: desde el punto de vista de la defensa de los intereses de los consumidores, estoy más próximo a la propuesta de la Comisión que a la del Sr. Cappato, más próximo a la solución de opt in que a la de opt out. 
Ahora bien, la cuestión que se plantea es la de si es eficaz, sobre todo si sólo la adoptara la Unión Europea. 
A este respecto se plantea una cuestión que tiene que ver con la relación de la Unión con otros interlocutores, a la que, por lo demás, ya se ha hecho referencia en este debate. 
Creo que ninguno de nosotros deseará sin lugar a dudas un sistema de correo electrónico cada vez menos utilizable por estar inundado y bloqueado por innumerables mensajes de ese clase, no solicitados y, no pocas veces, de gusto dudoso. 
Señor Presidente, Señorías, estamos hablando del correo electrónico, del spamming y de otras cuestiones muy diversas. 
Yo creo que, en principio, habría que diferenciar tres ámbitos: las comunicaciones entre empresas (from business to business) , de la empresas al cliente (from business to customer) y entre clientes (from customer to customer). 
A continuación deberíamos reflexionar también sobre los principios. 
Yo no creo que cada forma técnica de comunicación requiera necesariamente una solución específica. 
Todos conocemos el principio del buzón, donde se puede poner un adhesivo. 
Todos hemos aprendido a manejar el teléfono, el teléfono celular, el servicio de mensajes breves, el correo electrónico. 
Yo creo que es realmente necesario que consideremos qué principio queremos que informe en el futuro el uso de esta tecnología, de esta oferta de información y de esta publicidad. 
Evidentemente, también en este ámbito es preciso considerar las diferentes escalas de valores. 
Conozco personas que dicen que desean recibir toda la información posible sobre todos los sectores posibles. Luego ya decidirán por sí mismas qué desean conservar y qué no. 
Otros dicen que sólo desean recibir la información que hayan solicitado personalmente. 
Lo que también se designa como "compromiso de prestación" (Hol- und Bringschuld). 
Yo creo que debemos examinar detenidamente este aspecto. 
En lo que respecta a la "guerra cibernética" y a los delitos informáticos, deberíamos concentrarnos en tres aspectos: debemos impulsar la investigación y desarrollo en este ámbito, particularmente en el centro de Ispra, en las proximidades de Milán. 
Yo creo que queda mucho por hacer en este aspecto, también en lo que respecta a los dispositivos básicos de seguridad de la Comisión y el Parlamento. 
Tenemos que considerar qué modalidades de formación y perfeccionamiento profesionales podemos ofrecer en este ámbito, en lo tocante a escuelas técnicas superiores y cátedras universitarias, por ejemplo. 
Yo creo que es necesario desarrollar actividades en este contexto. 
Tenemos que reflexionar sobre la infraestructura de seguridad que se debería ofrecer en el futuro en el ámbito de los equipos físicos y los soportes lógicos. 
Antes de acabar, quiero añadir que también considero importante un reparto de competencias. 
Las autoridades procesales, los tribunales y los operadores responsables deberían trabajar todos con "cuatro ojos" a fin de evitar que se pueda hacer un uso indebido del sistema. 
. 
(EN) Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Cappato y también a la Sra. Thors, al Sr. Bakopoulos y a la Sra. Schröder, pertenecientes a las distintas comisiones del Parlamento Europeo que han contribuido a este informe. 
Comenzaré por el informe Cappato. 
Me complace que el Parlamento debata ahora sobre esta importante directiva que constituye un elemento fundamental del paquete de reformas normativas de las comunicaciones electrónicas. 
Ello nos permitirá intentar minimizar el retraso de procedimiento de que es objeto la directiva sobre la protección de datos, en comparación con el resto del paquete. 
Quisiera también centrarme en dos temas a los que se han referido numerosos diputados. 
Primero, si el envío de correo electrónico no solicitado debe depender del consentimiento previo expreso del destinatario (solución opt-in) y la cuestión de la retención de datos sobre tráfico con fines policiales. 
Parece desprenderse del debate que en esta Asamblea existe división de opiniones sobre la propuesta relativa a la solución opt-in, para el envío de correo electrónico no solicitado. 
Es comprensible puesto que se trata de una cuestión compleja y los argumentos de ambas partes del debate tienen sus razones. 
No obstante, estoy convencido de que la propuesta de la Comisión a favor de la solución opt-in es la mejor, básicamente, por dos razones. 
Primera, el mercado interior necesita una solución armonizada, una normativa simple y clara para toda la UE. 
Tiene especial importancia en un sector económico en el que no existen fronteras, como es el caso del comercio electrónico en Internet. 
El Sr. van Velzen me ha preguntado si es posible aplicar la subsidiariedad en este ámbito. 
Quiero ser perfectamente claro. 
Es jurídicamente imposible que los países a favor de la solución opt-in apliquen su sistema respecto al correo procedente de países a favor del opt-out [la solución que permite el envío mientras el destinatario no se pronuncie en contra]. 
La existencia de ambos sistemas no es posible porque el régimen de opt-out anularía cualquier sistema de opt-in. 
Podemos hablar de subsidiariedad, pero en la práctica no puede funcionar con ambos sistemas. 
El sistema opt-out, en especial, invalidaría el sistema opt-in. 
La segunda razón es la cuestión de los costes, a la que se han hecho múltiples referencias. 
Es muy difícil justificar que los destinatarios de correo electrónico comercial no solicitado deban pagar por unos mensajes que no desean recibir. 
Resulta incómodo recibir material publicitario impreso de la forma tradicional en el buzón, pero al menos no hay que pagar por él. 
El destinatario no paga a la imprenta ni paga el transporte. 
La comercialización por correo electrónico es posiblemente la única forma de marketing en la que el destinatario soporta la mayor parte del coste. 
Por otra parte, la eliminación de correos electrónicos no solicitados de los servidores de correo entraña un coste considerable para los proveedores de acceso a Internet. 
Por este motivo, los proveedores de acceso a Internet están claramente a favor de la solución opt-in. 
Por último, debemos recordar que Internet está pasando a la modalidad del móvil. Está comenzando ahora con mensajes SMS. 
Pero la presente legislación afectará a la totalidad del correo electrónico que, en un futuro, llegará a los aparatos móviles. En este caso, las consecuencias serían aún más perjudiciales que cuando recibimos dichos mensajes en un PC. 
Imagínense el móvil en su bolsillo sonando continuamente para anunciar la llegada de otra oferta comercial que no podemos rechazar, pero no queremos apagar nuestro móvil porque queremos estar conectados con nuestros allegados. 
Por otra parte, los mensajes en los móviles pueden suponernos además un coste aún mayor si el abonado viaja continuamente como hace la mayoría de los que nos encontramos aquí esta noche. 
Nosotros estamos, prácticamente, siempre de viaje. 
Con la llegada de Internet móvil, los costes y las molestias de comunicaciones no solicitadas experimentarán por tanto un importante aumento. 
La Sra. Thors ha formulado dos preguntas. 
En primer lugar, la situación en los Estados Unidos. 
He tenido el privilegio de tomar parte en muchas negociaciones en este ámbito con miembros del Senado y del Congreso de los Estados Unidos. 
En la actualidad existen aproximadamente 60 propuestas en el Congreso sobre este asunto. 
En general, se reconoce que el actual sistema opt-out presenta muchos problemas, pero las soluciones varían. 
Hay quien apuesta por soluciones opt-in, hay otros que presentan diferentes planes para que se establezcan normas estrictas, como la imposición de sanciones a las empresas que no eliminen el nombre del destinatario tan pronto como éste lo solicite. 
No puedo decir que exista una solución sencilla, la actual práctica de opt-out es objeto de críticas. 
Hay miembros poderosos del Senado y del Congreso que defienden la solución opt-in. 
Sus Señorías tendrán ocasión de contactar con estas personas, especialmente cuando el Comité sobre Internet del Congreso visite Europa en las próximas semanas. 
En cuanto a la aplicabilidad del régimen opt-in fuera de Europa, el Acuerdo del GATT permite a sus miembros adoptar medidas para aplicar su legislación en el ámbito de la protección de datos dentro de su territorio. 
Sobre esta base, la UE puede exigir a empresas no establecidas en la UE que respeten su legislación de opt-in. 
El Sr. Coelho ha preguntado si eso es difícil de controlar. 
En el mundo en que vivimos es muy difícil elaborar legislación que sea impermeable al 100%. 
Pero estoy seguro de que la solución opt-out será mucho más difícil de controlar que la solución opt-in. 
No existe ningún sistema armonizado. 
Existen cientos de miles de bases de datos, prácticas, operaciones privadas, y si hay alguien optimista, le invito a que lo intente. 
Podría, por ejemplo, comenzar por enviar una carta a todas las empresas cuyo material ya no desea recibir y luego comprobar cuántas retiran su nombre durante los días siguientes y cuántas responden a su solicitud. 
Es algo que cualquiera puede intentar. 
Yo lo he hecho y no me siento optimista. 
El régimen opt-in es una solución jurídica uniforme. 
Existen algunas dificultades, pero estoy seguro de que son menos que con el actual régimen opt-out. 
Por estos motivos, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 19, 41 y 42. 
No obstante, sabiendo lo difícil que es esta cuestión y la división de opiniones que existe en la Asamblea, debemos buscar soluciones de compromiso y yo quiero ser abierto y constructivo en este asunto. 
Por consiguiente, acogemos favorablemente las enmiendas de compromiso 53 y 62 porque son constructivas. 
La Comisión está dispuesta a buscar soluciones en las líneas de dichas enmiendas, pero a condición de que se modifique la redacción y se racionalicen dentro del marco jurídico en vigor. 
El segundo tema importante al que deseo referirme es la retención general de datos sobre tráfico con fines policiales. 
En este ámbito, tengo la impresión de que la Comisión y el Parlamento Europeo están en la misma línea. 
La directiva en vigor sobre la protección de datos de las telecomunicaciones establece que los datos sobre tráfico deberán ser eliminados en cuanto dejen de ser necesarios para la provisión del servicio y a efectos de la facturación. 
Por otra parte, existe una cláusula que hace referencia a las razones por las que Estados miembros pueden adoptar medidas jurídicas específicas haciendo una excepción de este principio en casos excepcionales. 
Estas razones incluyen, entre otras, la seguridad nacional, la defensa, la investigación y el seguimiento de una causa criminal. 
Ya hemos tratado hoy sobre estos temas en la Asamblea. 
Habida cuenta de que los derechos garantizados en las directivas en vigor y propuesta tienen como base el artículo 8 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos- relativo a la protección de la intimidad del hogar, de la vida familiar y de la correspondencia- toda excepción deberá ser conforme a las normas establecidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. 
Cómo argumentábamos esta mañana durante el debate sobre ECHELON, es importante que las normativas, tanto para los ciudadanos como para el Estados, sean perfectamente claras y precisas en lo que respecta a los derechos y las obligaciones en este ámbito tan delicado. Por consiguiente, la Comisión puede apoyar la enmienda 4, que refuerza el texto del considerando sobre este punto. 
No obstante, la Comisión no está a favor de copiar el mismo texto en el artículo 15, tal y como propone la enmienda 50, porque puede sobrepasar el fundamento jurídico de la directiva. 
En definitiva, de las 62 enmiendas presentadas al Pleno, la Comisión puede apoyar 35 en su totalidad. 
Estas enmiendas son 1 a 4, 7 a 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21 a 29, 31 a 35, 37, 39, 45, 49, 51, 52, 56 y 57. 
Otras siete enmiendas que pueden ser respaldadas en parte o en principio, a condición de que se modifique su formulación, son 5, 46 a 48, 53, 60 y 62. 
Anteriormente me he referido a dos de estas enmiendas. 
Pero hay 20 enmiendas que la Comisión no puede apoyar: 6, 11, 13, 16, 19, 20, 30, 36, 38, 40 a 44, 50, 54, 55, 58 y 59. 
Respecto al informe Cederschiöld, quisiera expresar mi agradecimiento a sus Señorías por el talante constructivo con que han enfocado la comunicación de la Comisión sobre la delincuencia cibernética y la seguridad de las infraestructuras de la información. 
Deseo, en particular, expresar mi agradecimiento a la ponente, Sra. Cederschiöld, y también a la Sra. McCarthy y a la Sra. Zorba, ponentes de opinión de las comisiones que han contribuido. 
El informe identifica temas clave que deben ser estudiados más a fondo. 
Muchas de las recomendaciones que contiene el informe se ajustan al actual punto de vista de la Comisión sobre el desarrollo de políticas para luchar contra el delito informático y mejorar la seguridad. 
No obstante, debo decir que hay una recomendación que no es aceptable para la Comisión, se trata de la recomendación 5 relativa a la transferencia a la Comisión de las responsabilidades sobre la protección de datos y la concentración de la responsabilidad de varias otras tareas en divisiones separadas. 
Es una cuestión de organización interna de la Comisión que debe ser dejada enteramente al criterio del Presidente de la Comisión. 
Respecto a las demás recomendaciones, a condición de que aún no formen parte de planes de desarrollo de políticas, la Comisión las examinará detenidamente y estudiará hasta qué punto pueden ser incorporadas en próximas o nuevas iniciativas. 
Como saben, esta comunicación fue emitida en enero de este año. 
Estuvo patrocinada conjuntamente por el Comisario Vitorino y por mí. 
Ésta ha sido la primera declaración sobre una política integral de la Comisión Europea en el ámbito del delito informático. 
En marzo, la Comisión organizó una audiencia pública. 
Más de 400 personas acudieron a Bruselas para asistir a este acontecimiento, lo que demuestra el gran interés del público por participar en este debate. 
A continuación, la Comisión presentará en breve una propuesta sobre una decisión marco para luchar contra los graves ataques a que son sometidos los sistemas de información. 
Esta iniciativa trata sobre acciones como la piratería informática, los ataques a la negación de servicios y la propagación de virus. 
En junio, la Comisión publicó una comunicación sobre la seguridad de las redes y de la información, que he presentado detalladamente esta mañana a la Asamblea. 
Dicha comunicación trata sobre medidas preventivas de organización y técnicas, y es complementaria a la decisión marco sobre investigaciones criminales ex post. 
A nivel técnico, dentro del Programa sobre tecnologías de la sociedad de la información, la Comisión está fomentando la investigación y el desarrollo para conocer y reducir las vulnerabilidades y alentar la difusión de conocimientos. 
Estos proyectos de tecnologías de la sociedad de la información se centran, en particular, en el desarrollo de tecnologías encaminadas a crear confianza. 
La primera iniciativa legislativa anunciada en la comunicación ya ha visto la luz: una propuesta sobre una decisión marco que incluye medidas para luchar contra la pornografía infantil. 
Comparto plenamente las firmes condenas expresadas esta noche sobre este asunto en la Asamblea. 
La comunicación anuncia un foro en el que las partes interesadas tendrán la oportunidad de debatir sobre los distintos temas para encontrar un equilibrio adecuado entre la seguridad de la red, las competencias de los responsables de velar por el cumplimiento de la ley, la protección de la intimidad y la prioridad económica. 
Un debate abierto es de vital importancia para llegar a un enfoque político eficaz, coherente y equilibrado y para garantizar la confianza entre los ciudadanos europeos. 
La confianza de los usuarios guarda una estrecha relación con el despegue del comercio electrónico y con el éxito de la sociedad de la información. 
El informe del Parlamento Europeo marca un hito importante en este debate sobre políticas. 
Señor Presidente, el Sr. Comisario ha dejado claro por qué, en su opinión, los sistemas opt-in y opt-out no pueden funcionar en paralelo en la presente directiva. 
Pero debo hacerle otra pregunta. 
Para mi Grupo es de la máxima importancia conocer por qué es posible en la directiva sobre el comercio electrónico. 
Quizá el Sr. Comisario pueda respondernos a esta pregunta. 
. 
(EN) La razón es que la directiva sobre el comercio electrónico excluye todos los aspectos relativos a la protección de datos. 
Es el motivo por el que se trata sobre ello en un contexto diferente en la directiva sobre la protección de datos y en la presente directiva. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Aplicación de las normas sobre competencia 
. 
(EN) Señor Presidente, de todos los temas sobre los que hemos debatido esta semana, ninguno tendrá mayores repercusiones sobre la riqueza económica de Europa que la reforma de la política de competencia. 
La competencia justa y abierta constituye los cimientos sobre los que descansa el mercado único europeo y de ella depende el crecimiento de las economías europeas. 
Por este motivo debemos mantener nuestra determinación de erradicar a los monopolistas y a aquellos que participan en oscuras maquinaciones anticompetitivas para fijar los precios o acordar la repartición del mercado. 
Estas acciones no sólo perjudican los intereses de los competidores comerciales, sino que además son una estafa a los consumidores y debilitan la economía competitiva dinámica de la que dependen nuestros futuros intereses económicos. 
Pero todos debemos reconocer también que las armas del Comisario Monti para atajar dichos abusos, lamentablemente, han quedado desfasadas. 
El Libro Blanco de la Comisión sobre la reforma de la política de competencia ponía de relieve estas dificultades. 
El procedimiento, de 40 años de antigüedad basado en el artículo 17 del Reglamento, se había convertido en un ejercicio meramente burocrático. 
La Comisión quiere un cambio radical que devuelva la aplicación de la legislación en materia de competencia de la UE a las autoridades nacionales, con el fin de dar un nuevo enfoque a sus esfuerzos por erradicar los cárteles y el abuso de poder del mercado. 
El Parlamento dio su aprobación a estos objetivos. 
Pero expresamos abiertamente nuestra preocupación por temas importantes como la necesidad de seguridad jurídica. 
También apuntamos al posible peligro de que la reforma propicie la aplicación inconsciente o incluso una nueva nacionalización de la política de competencia, lo que destruiría el mercado único. 
Se trataba de preocupaciones reales manifestadas por muchos diputados, así como por importantes sectores de la comunidad empresarial de toda Europa. 
Reconozco y comparto dichas preocupaciones, y algunos colegas y representantes de la patronal europea siguen compartiéndolas hoy. 
No obstante, creo que el Comisario Monti ha tenido en cuenta realmente nuestras preocupaciones, como refleja la propuesta de la Comisión. 
En primer lugar, quiero llamar la atención sobre el artículo 3 del Reglamento, que de manera inequívoca establece que en los casos que afecten al comercio entre Estados miembros se dará prioridad a la legislación europea en materia de competencia. 
Es el requisito principal del mercado único, requisito que ha obtenido el firme apoyo de todas las partes en nuestros debates en comisión. 
Para nosotros, el mantenimiento del artículo 3 forma parte fundamental de esta reforma. 
Reconocemos que puede haber algunos Estados miembros que intenten diluir sus repercusiones. 
Consideramos que el artículo 3 es un elemento tan esencial de la reforma que deseamos que se nos vuelva a consultar si el Consejo obliga a la Comisión a introducir modificaciones significativas a este artículo. 
Hemos presentado varias enmiendas con vistas a mejorar el funcionamiento de esta reforma radical. 
Hemos encontrado, por ejemplo, escaso apoyo fuera del "Bundeskartellamt" [Oficina federal alemana antimonopolio] al nuevo plan de registro en virtud del artículo 4 que, en nuestra opinión, es una pérdida de tiempo y carece de sentido. 
Queremos su eliminación. 
Hemos presentado una serie de enmiendas para mejorar la seguridad jurídica de las empresas, que incluye la ampliación del artículo 10- modificaciones que han obtenido un amplio respaldo de las empresas. 
Hemos pedido garantías adecuadas sobre las competencias de la Comisión en relación con la aplicación de soluciones de naturaleza estructural. 
Hemos sugerido que las sanciones que las autoridades nacionales impongan en virtud del Derecho de la UE sean las que establece la legislación comunitaria. 
Asimismo hemos propuesto modificaciones de las disposiciones de transición y sobre la realización de una revisión regular. 
También hemos batallado con el problema del tratamiento de las comunicaciones procedentes de los asesores jurídicos internos. 
Me siento en deuda con mi colega el Sr. Rovsing por la atención que ha dedicado a este asunto. 
En las distintas partes de la Unión Europea existen normas diferentes en vigor. 
Hemos intentado garantizar que se reconoce el nivel profesional de los abogados internos, al tiempo que no obstaculizan la investigación minuciosa por parte de la Comisión de posibles infracciones. 
En la votación en comisión he indicado que, posiblemente, esta situación quedaría resuelta con una declaración de la Comisión que explique el tratamiento que se da a dichas pruebas en la aplicación de sanciones de la Comisión. 
El Sr. Rovsing y yo comprendemos ahora que el Comisario Monti pueda tener en mente realizar una declaración en dichos términos, en cuyo caso, nuestro Grupo ya no considerará adecuado el mantenimiento de la enmienda 10. 
Este debate ha puesto de relieve asimismo otros temas importantes, aunque más amplios, de la reforma de la política de competencia. 
Acogemos con satisfacción el dinamismo que el Comisario Monti ha puesto en sus instrucciones. 
"Supermario", como lo han llamado los medios de comunicación, ha tomado la iniciativa, y lo ha hecho no sólo a la hora de presionar en favor de una reforma radical en Europa. 
Ha estado en el centro de las tendencias hacia una coordinación mundial de las políticas de competencia y de su cumplimiento. 
Estamos seguros de que en una economía cada vez más globalizada será necesaria una reforma radical como ésta. 
Pero también creemos en controles y balances y queremos que el Tribunal de Justicia revise a fondo las acciones de la Comisión. 
Nuestra comisión agradece al Comisario Monti su compromiso de diálogo real y fructífero. 
Pero reiteramos nuestro objetivo de que el Parlamento siga avanzando hacia la plena codecisión en lo que respecta a estos asuntos. 
El interés de mis colegas parlamentarios en temas de política de competencia no se limita únicamente al ejercicio teórico de abogados mercantiles. 
En un mundo cada vez más globalizado, reconocemos que la competencia efectiva es el motor necesario para el crecimiento de las economías europeas, y el bienestar de las personas que nos han enviado aquí para que las representemos depende de una competencia justa y abierta que impulse dicho crecimiento. 
Señor Presidente, Señorías, mi posición es parecida a la del Sr. von Boetticher en el debate anterior. 
No voy a entrar en detalles en mi intervención en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores y Mercado Interior. 
El informe del ponente Evans nos parece plenamente satisfactorio y acertado, y le felicitamos por ello. 
Las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y que la comisión competente para el fondo a hecho suyas refuerzan los planteamientos del informe del ponente. 
Voy a citar sólo un ejemplo: la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior pide, en el nuevo texto, que en el futuro las decisiones se hagan públicas? respetando, evidentemente, el secreto comercial? , no que puedan hacerse públicas, como parece desprenderse del texto anterior. 
Algunos Estados miembros reconocen la existencia de una relación confidencial privilegiada entre el asesor jurídico y su cliente. 
Ésta forma parte de las realidades jurídicas aceptadas en la mayoría de Estados miembros. 
En cualquier caso, para sincerarse a fondo, las personas necesitan contar con una persona de especial confianza, trátese de un médico, de un abogado o también, en un contexto religioso, de un sacerdote. 
La enmienda 10 garantiza esta relación tradicional entre el asesor jurídico y quien busca asesoramiento jurídico, incluidos también los llamados in-house lawyers, los asesores internos. 
El Comisario tal vez nos asegurará que la información obtenida en el contexto de dicho asesoramiento jurídico no puede tener efectos agravantes. 
Sin embargo, a mi parecer, no siempre sirve de gran cosa que se limite la pena máxima y luego se diga: "Hasta su asesor jurídico le recomendó que no procediera de ese modo. Puesto que no siguió su consejo, esto se debe considerar un agravante". 
Es una explicación razonable, pero yo quiero señalar que resulta insuficiente, ya que en el fondo los hechos sólo se pueden considerar realmente probados a partir de la información obtenida por el asesor jurídico. 
Esto resulta inconciliable con la independencia de dicho estamento profesional y con el principio de la confidencialidad de la relación entre el cliente y su abogado. 
A mi parecer, es preciso decidirse por lo uno o lo otro. 
"Un poco embarazada" es una respuesta que no es de recibo en este contexto. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo, yo quiero expresar mi agradecimiento al ponente, que ha elaborado un excelente informe, en el cual se acogen favorablemente las propuestas de la Comisión y se presentan las medidas complementarias que propone la comisión competente, y que él acaba de exponer también aquí. 
Por todo ello, ¡muchísimas gracias! 
Todos sabemos que las normas de la competencia se remontan a 1957 y el Reglamento nº 17, a 1962, y que todo el marco de condiciones ha cambiado desde entonces. 
Por un lado, nos enfrentamos con el fenómeno de la globalización y, por el otro lado, la Unión Europea de los seis pasará a ser en el futuro una UE de los 25. Personalmente, me parece bien que el sistema centralizado, en el que la competencia de aplicar los artículos 81 y 82 estaba reservada exclusivamente a la Comisión, se transforme en un sistema descentralizado. 
Éste no debe conducir, no obstante, a una renacionalización de las políticas en el ámbito de la competencia. 
La prevalencia del Derecho europeo sobre el Derecho nacional ya lo previene, por otra parte, en la práctica y yo espero que la presente propuesta haga posible una competencia justa y unas condiciones de competencia equitativas, la seguridad jurídica de todas las empresas, una aplicación uniforme de la política de competencia, una simplificación según el principio de la "ventanilla única", la coordinación entre las autoridades nacionales en materia de competencia, a mi modo de ver autónomas, y una estrecha interrelación entre las autoridades y tribunales nacionales y la Comisión, así como una división clara de competencias entre las autoridades y tribunales nacionales en lo que respecta a la aplicación de la legislación europea en materia de competencia y de monopolios, mientras la Comisión seguirá siendo la guardiana de los Tratados y de este modo dispondrá de más tiempo para ocuparse de los verdaderos problemas, o sea, del control de las fusiones y los monopolios. 
Yo les felicito sinceramente por haber tenido el valor de impulsar un cambio y desearía ver reforzada esta orientación también en otros ámbitos. 
Señor Presidente, creo que por renuncia de otro miembro de mi Grupo, se me ha acumulado un tiempo adicional de uso de la palabra. 
En cualquier caso no voy a agotarlo. 
Verdaderamente, señor Presidente, tenía razón el ponente, Sr. Evans- al que felicito por su informe- cuando decía que este es un tema muy importante, aunque también es cierto que las cuestiones relativas a la reforma del procedimiento en materia de competencia no suscitan el interés de los ciudadanos, con toda la importancia que puedan tener para el mundo económico. 
Pero, personalmente, tengo que confesar que, para mí, participar en la reforma de las reglas de procedimiento en materia de competencia supone una satisfacción personal especialmente importante. 
Porque participar, aunque sea de forma muy modesta, en el proceso de derogación del Reglamento 17 de 1962, contra el que he librado una larga y antigua batalla y sobre el que he escrito repetidas veces de forma muy crítica, me resulta- y tengo que confesarlo aquí- tremendamente gratificante. 
Pero a la hora del entierro de esa norma- que bien enterrada esté -, que siempre he juzgado desdichada, en este momento, quizá, con el respeto que se debe tener a los muertos, se debe hacer un responso un tanto más justo reconociendo lo que ha podido tener de bueno a lo largo de la historia. 
El Reglamento 17 tuvo su sentido en el momento en que fue aprobado, es decir, en el año 1962, en el que estaba naciendo la aplicación del Derecho comunitario de la competencia, lo cual podría justificar una centralización de los poderes en la Comisión, para una Comunidad, de seis países con menos de 200 millones de habitantes. 
Pero el problema del Reglamento 17 no fue ni su elaboración ni las normas que establecía en el momento de su elaboración. 
Su problema ha sido su mantenimiento a lo largo de cerca de cuarenta años, cuando las condiciones habían cambiado radicalmente. 
Cualquiera que tuviera contacto con los procedimientos de la Comisión en materia de competencia era consciente de la insatisfacción que suponía su aplicación. 
Finalmente- y afortunadamente- la Comisión ha optado por rendirse a la evidencia y promover la derogación de ese Reglamento, sustituyéndolo por una norma más actual, en línea con lo anunciado en su momento por el Libro Blanco sobre la modernización de las normas comunitarias en materia de competencia. 
En el informe elaborado sobre el Libro Blanco, este Parlamento ya tuvo ocasión de pronunciarse en sentido positivo, si bien es cierto que en algunos casos, con ciertas matizaciones. Estas matizaciones estaban relacionadas tal vez con las reticencias de algunos miembros de algún país que habían influido decisivamente en la elaboración de su sistema nacional, y habían influido fundamentalmente en lo que había sido del Reglamento de procedimiento. 
Obviamente, esas reticencias no eran las mías. 
Considero que las nuevas orientaciones en el campo del Derecho comunitario de la competencia constituyen no solamente un magnífico esfuerzo para modernizar ese Derecho comunitario sino además un esfuerzo realizado en la dirección correcta. 
Hoy se nos presenta una propuesta de texto normativo que, en buena medida, responde a cuanto se había anticipado en el Libro Blanco. 
Y también, en cierta medida, recoge algunas de las observaciones que en su momento hizo este Parlamento. 
Es cierto que en algunos aspectos la propuesta de reglamento nos ha sorprendido con extremos que no se habían anunciado en el Libro Blanco. 
Me refiero, en concreto, a lo establecido en el artículo 7 sobre la posibilidad de adoptar medidas estructurales como consecuencia de una decisión recaída en un expediente de conductas prohibidas. 
Se trata, ni más ni menos, de adoptar medidas tales como el troceamiento de las empresas, particularmente de aquellas que hayan hecho un uso abusivo de su posición dominante. 
Son estas unas medidas, como sus Señorías saben, habituales en el Derecho estadounidense. 
Ahí está el caso Microsoft y el famoso de las siete hermanas, el troceamiento de la empresa petrolera Rockefeller, posibilidades que resultan tremendamente novedosas en el Derecho europeo. 
Por mi parte apoyo sin reservas esa medida; y las matizaciones que se han introducido por vía de enmienda en este Parlamento constituyen simplemente una manifestación de un deseo de que esa facultad se use con prudencia, como indudablemente va a hacer la Comisión. 
Tal vez es cierto que en otros aspectos la propuesta de la Comisión no se ajusta plenamente a lo aprobado en su día por el Parlamento Europeo. 
En concreto en su día este Parlamento se manifestó en favor de una verdadera norma de procedimiento que regulara los principios lógicos de cualquier norma procesal, aunque fuera simplemente incorporando los usos que la propia Dirección General de la Competencia, había introducido a lo largo de cerca de cuarenta años. 
En ese sentido, la propuesta de la Comisión ha sido más tímida que en otros aspectos, pero, en cualquier caso, si se aprueban las enmiendas contenidas en el informe Evans, o bien las que todavía mantiene este Grupo parlamentario, ese defecto se podrá corregir. 
Hay otros puntos en los que quizá la satisfacción deja de ser completa. 
Es cierto que no hay un estándar único en materia de garantías del procedimiento o derechos de defensa. 
Pero a quienes venimos de un país en el que a los procedimientos sancionadores administrativos se aplican, por garantía constitucional, los mismos principios que en el procedimiento penal, y se conceden los mismos derechos a las personas físicas que a las personas jurídicas, nos gustaría que ese estándar, que ese nivel de garantías hubiera sido elevado de acuerdo con las enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos que no han sido incorporadas al texto. 
Pero, al fin y al cabo, en mi país se dice que lo mejor es enemigo de lo bueno y, sin ninguna duda, este es un buen Reglamento al que estamos prestando nuestro apoyo. 
Efectivamente, tenía usted acumulado el tiempo de la Sra. Randzio-Plath, un total de seis minutos, que usted ha recibido. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente, Sr. Evans, por su positiva y constructiva cooperación que ha dado como fruto un buen informe. 
Ha sido un gran placer colaborar contigo. 
El objetivo fundamental de la revisión a la que se está sometiendo la legislación sobre competencia es mantener una buena política de la competencia. 
Precisamente este verano hemos visto en Dinamarca la importancia de una política de la competencia eficaz. 
A este respecto me gustaría elogiarle y darle las gracias, señor Comisario Monti, por su intervención activa en el caso SAS/Maersk, el caso de la gran compañía aérea, con el que nos hemos divertido durante las vacaciones de verano, y en el que se ha puesto en evidencia la existencia de un cártel ilegal e impuesto una elevada sanción. 
Sin su intervención y la de la Comisión, el caso nunca habría llegado tan lejos y nunca se hubiera ayudado a los consumidores. 
Por ello estoy satisfecha con el artículo 3 de la propuesta de la Comisión, que establece claramente que es el derecho de la competencia comunitario y no el de los Estados miembros el que se aplica en los casos transfronterizos relacionados con la competencia. 
Para el Grupo Liberal resulta fundamental que no se lleve a cabo una renacionalización de la política comunitaria de la competencia. 
No es naturalmente ningún secreto que somos muchos quienes estamos preocupados ante la posibilidad de que la propuesta de la Comisión conduzca a una renacionalización y con ello a una socavación del mercado interior, lo que afectará mayormente a las pequeñas y medianas empresas e irá en perjuicio de los consumidores. 
Por ello ha de prometernos, señor Comisario Monti, que vigilará muy estrechamente a las autoridades nacionales de la competencia, yo le aseguro que le vigilaré a usted, señor Comisario, y vigilaré que cumpla con nuestras expectativas, lo que sí ha hecho hasta la fecha. 
Por ello también me gustaría romper una lanza para que se asignen más recursos a la autoridad de la Comisión en materia de competencia y así no corramos el riesgo de que la política de la competencia quede diluida siendo asumida por los países miembros. 
En el caso de que el Consejo, tal como se rumorea, rechace el artículo 3, quiero exhortarle, señor Monti, a que retire su propuesta global y comience de nuevo. 
Sin el artículo 3 la propuesta resulta inaceptable para el Grupo Liberal. 
Los titubeos del Consejo con respecto al artículo 3 demuestran con toda claridad la enorme importancia de que el Parlamento disponga de derecho de codecisión en la política de la competencia. 
Así lo ha exigido el Parlamento durante los últimos años y con la próxima Conferencia Intergubernamental puede llegar la hora de actuar. 
Señor Presidente, al igual que los colegas que han intervenido antes que yo, apruebo el principio de la reforma de la política de la competencia propuesto por la Comisión. 
Soy partidario de la descentralización. 
El sistema centralizado actual, el atasco de los expedientes, son hasta cierto punto arbitrarios. 
No garantizan la seguridad jurídica. 
Pero, en mi opinión, la reforma amplificará necesariamente un aspecto condenadamente interesante, el de la clarificación y la evolución de las normas. 
Y aquí es donde tengo algunas discrepancias. 
El artículo 3 es evidentemente esencial. 
Establece la supremacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional cuando las prácticas son susceptibles de afectar al comercio entre Estados miembros. 
Pero esto no es aceptable sin una clarificación. 
Por ejemplo, tratándose de servicios de interés general o de otros elementos esenciales para los Estados y las regiones, estoy convencido de que hacen falta reglamentos de excepción. 
Como mínimo, la Comisión deberá- tal y como propone el Comité Económico y Social- presentar una comunicación interpretativa al respecto. 
El artículo 10 es otro artículo importante. 
Concretamente, prevé la posibilidad de que la Comisión haga observaciones a los Estados por razones de interés público comunitario. 
Aquí también las clarificaciones son indispensables. 
Jonathan Evans subraya el caso de las grandes inversiones. 
Precisamente aquí habría que mencionar también los servicios de interés general. 
Dos últimas observaciones. 
El ponente tiene razón al recalcar que es contradictorio poner fin a la notificación previa y establecer un registro. 
Creo que hay que eliminar el registro. 
Tiene razón al desear una convergencia de los derechos nacionales. 
Aquí radica todo el problema. Esto supone que se respeten las culturas de los demás y que se alcance un cierto equilibrio entre la competencia y las normas sociales y medioambientales, entre las que se encuentra el servicio de interés general. 
Por tanto, acudan ustedes al informe Langen y a otros informes. 
Señor Presidente, señor Comisario, los radicales italianos van a votar a favor del informe del Sr. Evans que ha realizado un excelente trabajo. 
Pienso que las medidas que estamos debatiendo constituyen un serio intento de afrontar un ineludible problema, el del riesgo de que la Comisión acabe sumergida por las notificaciones y pienso que es justa y valiente la elección de acometer esta reforma de la descentralización en las autoridades y los tribunales nacionales. 
La alternativa podía haber sido crear una estructura desmesurada, hiperburocratizada en su Dirección General, especial y evidentemente, con vistas a la ampliación. 
Ciertamente sólo la experiencia nos dirá si vamos hacia un incomprensible mosaico o hacia una situación en la que se garantice la certeza del Derecho y, yo diría, la unicidad del Derecho en el ámbito del mercado único europeo. 
Con todo, creo que el intento debe respaldarse, así como que hay que saludar muy favorablemente la eliminación de la obligación de notificación y de autorización y la introducción del principio de excepción que me parece un principio mucho más liberal, especialmente en un ámbito- el de las autoridades de regulación, incluso de la competencia- que corre el peligro de ser un nuevo y diferente instrumento de intromisión estatalista en las dinámicas del mercado. 
Seguramente éste no es el caso de la Comisión, sin embargo, muchas autoridades- pienso, por ejemplo, en algunos bancos centrales que continúan teniendo, de hecho, poderes antitrust en el mercado del crédito- corren a mi modo de ver, este riesgo y a veces van incluso más allá. 
En conclusión, señor Comisario, creo que el reforzamiento de los poderes sancionadores e investigadores de la Comisión, si bien están contenidos en la propuesta, exigen adecuadas garantías procesales y en materia de procedimiento- este punto se plantea en la exposición de motivos del Sr. Evans- sobre todo en una situación como la europea, en la cual la Comisión reúne tanto la función, diríamos, de investigación como la de juzgar, ya que no estamos en un contexto en el que el juez es un tercero. 
Ciertamente existen los recursos, las sentencias son apelables, pero creo que en cuanto a esto, en cuanto a las garantías para las partes implicadas en los procedimientos, deben asegurarse las máximas garantías. 
Señor Presidente, ayer, cuando intervine ante esta Asamblea para tratar sobre el tema de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, observé que los medios utilizados para hacerla realidad era la integración gradual de los sistemas nacionales. 
Naturalmente, como cabía esperar de mí como dirigente de un partido que pone la soberanía nacional por encima de las tendencias integracionistas de la UE, me opongo firmemente a este proceso de integración gradual. 
Hoy, bajo el título diferente de reforma de las normas sobre la competencia, descubro que tengo ante mí exactamente lo mismo- un nuevo intento de la Comisión de llevar a cabo la integración gradual de los sistemas nacionales. 
Pero lo que hace que este intento sea especialmente siniestro es que nos lo quieren vender bajo la pretensión seductora y totalmente engañosa de que la reforma- como se anuncia en el Boletín Informativo- pretende liberar al personal, sobrecargado de trabajo, del Departamento de Política de Competencia de los asuntos rutinarios para que pueda concentrarse en casos más importantes de comportamientos contra la competencia. 
Aunque una de las consecuencias de la presente propuesta podría ser facilitar la vida de los funcionarios de la Comisión, el modo en que se está llevando a cabo consiste en otorgar a las autoridades de competencia de los Estados miembros poderes limitados para aplicar las normas sobre competencia, lo que hasta ahora era monopolio de la Comisión. 
Pero estas autoridades no son independientes, como se afirma, ni pueden intervenir libremente. 
Se les conceden licencias para actuar en nombre de la Comisión de acuerdo con las normas comunitarias, bajo la supervisión de la Comisión ante la que son responsables. 
La Comisión quiere que las autoridades de competencia formen una red en cuyo centro se encuentre la Comisión. 
En otras palabras, la Comisión quiere que los funcionarios de los diferentes Estados miembros, cuyos salarios pagan los Estados miembros y que trabajan en edificios del Gobierno con cargo a los Estados miembros, utilicen los servicios proporcionados y pagados por los Gobiernos de los Estados miembros y trabajen no para los Estados miembros que los financian, sino para la Comisión que ejecuta la legislación comunitaria. 
Sorprendentemente- y es una reflexión sobre cuán superficial es el punto de vista y el conocimiento de tantos comentaristas- esto se considera y se presenta como subsidiariedad y descentralización. 
Es cualquier cosa menos descentralización. 
Es todo lo contrario; absorber a funcionarios de muchos países en un vasta trama centralizada. 
Eso es lo que es la red: todos trabajando para la única autoridad central- la Comisión. 
En cuanto a la subsidiariedad, no se trata de que los Estados miembros adopten sus propias decisiones y gestionen sus propios asuntos a nivel local. 
Es la Comisión la que gestiona los asuntos de los Estados miembros, utilizando los recursos y los servicios de dichos Estados miembros como si fueran suyos propios. 
Esta situación, al parecer, es aplicable asimismo a los tribunales que verán las causas en los Estados miembros. 
A pesar de que nominalmente son tribunales de los Estados miembros y sus costes de funcionamiento corren a cargo de los Estados miembros, son- como nos ha recordado el ponente con total claridad- tribunales de Derecho comunitario que están sujetos al sistema judicial comunitario. 
En otras palabras, los funcionarios de los Estados miembros no son los únicos que son absorbidos por las fauces de la Comunidad, sino que los tribunales también lo son. 
Todo esto se está haciendo en nombre de la eficacia. 
Convendría recordar que la forma de gobierno más eficaz es la dictadura centralizada. 
Y la menos eficaz es la democracia. 
Por consiguiente, en cuestiones importantes, la eficacia es la enemiga de la democracia. 
Temo que por el supuesto bien de la eficacia estemos sacrificando algo mucho más valioso- la propia democracia en el corazón de nuestras naciones- en aras de la tecnocracia centralizada que es la Comisión. 
No se trata de integración sino más bien de asimilación. 
Todo esto acabará mal. 
Señor Presidente, existe consenso general sobre la clara necesidad de una reforma de algunas normas sobre la competencia y, especialmente, de su aplicación práctica. 
El Reglamento nº 1017 viene aplicándose, con sólo una pequeña modificación, desde los años sesenta. 
Por consiguiente, es comprensible que la aplicación continuada de dicho reglamento en su forma actual haya dejado de ser coherente con la supervisión eficaz de la competencia. 
Debemos servir mejor a nuestros consumidores con normas sobre la aplicación actualizadas. 
En mi opinión, en un período de 30 años de aplicación, la ley de competencia de la CE ha llegado a un punto en el que la descentralización no sólo es posible, sino necesaria. 
Todos conocemos la carga de trabajo que soporta la DG de Competencia, y comprendemos que debemos hacer algo para reducir dicha carga o incrementar drásticamente los recursos de Bruselas. 
Al mismo tiempo, oímos que nuestros electores nos recuerdan que debemos respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y que debemos evitar la centralización de todo el proceso de toma de decisiones en los burócratas de Bruselas. 
En esta cuestión, estoy completamente en desacuerdo con el Sr. Titford. 
Con la reforma que está en camino podemos alcanzar muchos de nuestros objetivos. 
El cese del actual sistema de notificación previa debería ser beneficioso para las empresas y dejar disponibles más recursos a la Comisión para que se concentre en infracciones más graves. 
La notificación ex ante no debería ser sustituida por un sistema de registro oneroso. 
No obstante, el cambio al nuevo régimen no será una tarea fácil. 
Es de la máxima importancia garantizar que los asuntos de competencia en el seno de la UE son tratados de forma similar en todos los Estados miembros. 
Existen muchas situaciones específicas en las que la seguridad jurídica podría representar un peligro. 
Personalmente, a muchos colegas de los Estados miembros más pequeños y a mí nos preocupan las definiciones de posición dominante en el mercado. 
Las empresas de los Estados miembros- especialmente de los Estados miembros más pequeños- deben tener las mismas posibilidades de crecer en el mercado único y alcanzar una posición estratégica para competir con rivales de todo el mundo. 
La decisión de la Comisión de decir no a la fusión Volvo/Scania fue un ejemplo de una situación en la que la definición del mercado relevante fue quizá demasiado estrecha. 
La Comisión no debería declarar que el mercado es nacional o regional si existen pruebas inequívocas de que no es así. 
Señor Presidente, puedo decir que la población danesa llevaba mucho tiempo sin oír hablar tanto de la UE como en el último par de semanas y debemos dar las gracias al señor Comisario Monti por ello. 
Su trabajo contra los cárteles ha sido noticia de primera plana durante un par de semanas, ha sido tratado a fondo en la televisión y en la radio, y ha llevado a un debate entre la población y en el Parlamento. 
Le doy las gracias por ello y he observado que desde todas partes se ha respaldado la actuación del señor Comisario, podemos decir que el derecho de la competencia ocupa ahora un lugar bien conocido entre la población danesa. 
Gracias por ello. 
Con respecto a la enmienda 10 ha habido deliberaciones entre el señor Comisario y sus colaboradores y ante todo, mis colaboradores y un servidor. 
Hemos tomado nota de la necesidad de que la Comisión tenga acceso a todos los documentos para que la Comisión pueda utilizar eficazmente sus competencias y perseguir a los cárteles que no cumplen las leyes. 
Estoy de acuerdo en que es necesario; sin embargo, las direcciones y los consejos de administración de las empresas precisan que sus expertos puedan facilitarles un asesoramiento real e independiente sin que deban temer por ello que algo salga mal más tarde porque ya la dirección o el consejo de administración hagan algo en contra de su consejo, esto no debe suponer mayor pena. 
Tengo entendido por el Sr. Comisario Monti y por sus colaboradores que éste es un punto de vista que él comparte y por ello el Grupo PPE, como ha dicho el Sr. Evans, votará en contra de la enmienda 10, si el Sr. Comisario emite tal dictamen. 
Le doy las gracias al Sr. Comisario por su buena colaboración y por el gran trabajo que generalmente hace y que tiene enorme trascendencia, sobre todo para los países pequeños. 
. (IT) Señor Presidente, me satisface que en el informe elaborado por el Sr. Evans la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios subraye la importancia de la reforma como medio para garantizar la aplicación de las normas sobre competencia en una Comunidad ampliada. 
Agradezco personalmente al Sr. Evans el aprecio mostrado a la Comisión, el empeño con el que ha abordado este tema y la gran calidad de su informe. 
Más en general, deseo agradecer al Parlamento Europeo y a todos aquellos que han intervenido esta tarde el apoyo y el gran impulso que el Parlamento ha dado a la Comisión durante y después de los debates sobre el Libro Blanco. 
Debo decir que nuestra propuesta de reglamento ha sacado mucho provecho de las observaciones, de las críticas y de los estímulos que ha recibido de las comisiones y de este Pleno. 
El principal objetivo de la reforma es crear un sistema de aplicación más eficaz en beneficio de los consumidores, de las empresas y de la economía europea en general. 
Al abolir el actual sistema de notificación y autorización y la competencia exclusiva de la Comisión en la aplicación del apartado 3 del artículo 81, la Comisión y las autoridades nacionales de la competencia podrán concentrar sus esfuerzos en la lucha contra las infracciones más graves. 
La creación de una red de autoridades de protección de la competencia nos permitirá coordinar nuestros esfuerzos y utilizar lo mejor posible los recursos respectivos. 
La premisa indispensable para el éxito de esta cooperación es que todas las autoridades de competencia apliquen más ampliamente las reglas comunitarias, de lo contrario, la red prevista sería sólo una caja vacía. 
Esto es fundamental si queremos crear condiciones homogéneas de competencia para las empresas del mercado común y si queremos evitar una renacionalización de la política comunitaria en materia competencia. 
En consecuencia, aprecio sinceramente el hecho de que el informe, señor Evans, apoye plenamente y con convicción la propuesta de la Comisión contenida en el artículo 3, orientada a convertir el Derecho comunitario en materia de competencia en la única normativa a aplicar en los casos que puedan perjudicar el comercio entre los Estados miembros. 
Se trata de una propuesta cuyas implicaciones son muy amplias y que encuentra resistencias por parte de los distintos Estados miembros en el seno del Grupo de trabajo del Consejo. 
Sin embargo, sigo estando convencido del sólido planteamiento lógico de la propuesta y les puedo asegurar que la Comisión será muy firme con respecto al objetivo de instaurar una uniformidad de condiciones para los acuerdos que puedan perjudicar el comercio entre los Estados miembros. 
Señor Presidente, ahora quisiera abordar algunas de las principales cuestiones específicas que se han planteado empezando por el secreto profesional. 
La eficaz aplicación de las normas sobre competencia está estrechamente ligada a la capacidad de la Comisión de conseguir las pruebas de las infracciones. 
Nuestros poderes están estrechamente ligados a las pruebas documentales. 
Nos basamos mucho en las inspecciones in situ para hallar los documentos que demuestren la existencia de carteles. 
Por lo tanto, cualquier cambio que reduzca la eficacia de nuestras inspecciones tendría graves consecuencias en la posibilidad de aplicar las normas sobre competencia y en la eficacia de las mismas. 
En consecuencia, estoy profundamente preocupado por la enmienda que extendería el secreto profesional a los abogados vinculados laboralmente a las empresas. 
Sin embargo, quisiera evitar malentendidos en un punto: la Comisión es perfectamente consciente del positivo papel que los abogados con contrato laboral pueden desempeñar a la hora de aconsejar a las empresas en cuanto al cumplimiento de las normas sobre competencia. 
Dicho papel asumirá una mayor importancia en el contexto del nuevo régimen, en el cual las empresas deberán llevar a cabo más sistemáticamente una autovaloración de sus acuerdos, al objeto de establecer en particular la conformidad con las condiciones de exención previstas en el apartado 3 del artículo 81. 
No obstante, la cuestión del secreto profesional para los abogados internos se plantea esencialmente en el marco de inspecciones tendentes a establecer la existencia de restricciones graves que no pueden cumplir las condiciones del apartado 3 del artículo 81. 
En este contexto, la reforma propuesta por la Comisión no modifica para nada la situación actual. 
En consecuencia, hay que seguir teniendo en cuenta que, a diferencia de los abogados externos, los abogados internos son empleados de la empresa y dependen de su dirección y se encuentran en una posición de dependencia funcional y, en su caso, en una situación de conflicto de intereses entre la lealtad hacia el empresario y el cumplimiento de las normas éticas. 
Asimismo, las comunicaciones internas entre el abogado interno de una empresa y su empleador son tan numerosas e inseparables del asesoramiento de carácter estrictamente empresarial- distinto del asesoramiento jurídico- que el derecho al secreto profesional para los abogados internos de las empresas podría crear un fuerte potencial de cara a ocultar documentos probatorios. 
Si las comunicaciones entre los abogados internos de una empresa y los demás trabajadores se convirtieran en reservadas, los poderes de la Comisión para la aplicación de las normas se verían seriamente comprometidos. 
Con respecto a esta problemática específica, he tomado nota de las indicaciones facilitadas hace unos momentos por los Sres. Evans y Rovsing, tendentes a favorecer una solución de compromiso. 
Por mi parte, les puedo asegurar que si se rechaza la enmienda 10, la Comisión renunciará a considerar las pruebas contenidas en dichos documentos como circunstancia agravante en la determinación de las sanciones pecuniarias. 
En este caso, puede comprometerme a proponer a la Comisión el siguiente dispositivo: "En los casos futuros la Comisión, al determinar la cuantía de una sanción pecuniaria a imponer a una empresa, no considerará como circunstancia agravante, de conformidad con las orientaciones para el cálculo de las multas impuestas de conformidad con el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, la existencia de pruebas que demuestren que los abogados internos de la sociedad habían advertido a la dirección de la ilegalidad de la conducta objeto de la decisión de la Comisión." 
Espero que este esfuerzo pueda llegar a ser un punto de encuentro entre la Comisión y aquellos que piden que se extienda el secreto profesional a los abogados internos de las sociedades. 
El informe Evans afirma justamente la importancia de la certeza del Derecho para las empresas. 
Las normas y su aplicación deben ser suficientemente previsibles. 
Una aplicación más amplia de las normas comunitarias por parte de las autoridades competentes en el ámbito de una red de estrecha cooperación será un gran avance para garantizar esta previsibilidad respecto a la situación actual, en que dieciséis autoridades de competencia aplican legislaciones diferentes. 
La Comisión reconoce que en algunos casos puede existir la legítima necesidad de una aclaración respecto de cada caso, y las orientaciones, las líneas directrices y la jurisprudencia existente no siempre facilitan respuestas. 
Sin embargo, es fundamental evitar cualquier norma que pueda implicar que se vuelva a aplicar el sistema de notificación. 
La enmienda propuesta al artículo 10 plantea preocupaciones al respecto. 
La misma establece, a título de complemento y de aclaración, que la Comisión puede tomar decisiones que establezcan que no existe violación de los artículos 81 y 82, en particular cuando los acuerdos impliquen un riesgo financiero o una considerable inversión de capital. 
Esta enmienda sería aceptable sólo si la Comisión no estuviera obligada, en la práctica, a tomar decisiones de falta de infracción en todos los casos en que están en juego inversiones considerables. 
La Comisión considera que el enfoque mejor para garantizar la previsibilidad en cada caso es introducir un nuevo instrumento: la adopción de dictámenes. 
La Comisión se ha comprometido a introducir un sistema de este tipo que le permite emitir dictámenes motivados escritos en los casos en que existan lagunas en las normas vigentes y en el proceso de toma de decisiones. 
Al decidir si emitir o no un dictamen, el nivel de las inversiones constituirá asimismo uno de los criterios relevantes. 
Mi impresión es que el sistema propuesto para la formulación de los dictámenes será acogido favorablemente por el mundo empresarial. 
Armonización de los procedimientos y de las sanciones: la propuesta de la Comisión se basa en el enfoque tradicional que deja a los Estados miembros la facultad de determinar los procedimientos y las sanciones para la aplicación del Derecho comunitario. 
Concuerdo con el informe Evans en que es deseable que haya procedimientos y sanciones comunes, pero ni Roma ni la Comunidad se hicieron en un solo día. 
Nuestro enfoque está orientado a introducir, en primer lugar, un marco sustancial dejando para una etapa posterior la posible introducción de procedimientos y sanciones comunes. 
Una vez adquirida la experiencia del funcionamiento de este sistema, será más fácil determinar los ámbitos que plantean problemas prácticos y elaborar normas para afrontarlos eficazmente. 
El último punto que quisiera mencionar, señor Presidente, se refiere a los jueces nacionales. 
Estoy convencido de que serán plenamente capaces de aplicar las normas comunitarias sobre competencia en su conjunto, también porque ya están desempeñando un papel fundamental en la aplicación del Derecho comunitario. 
Tampoco debemos olvidar que, para garantizar una aplicación coherente de las normas, la propuesta prevé en particular que la Comisión, junto con las autoridades nacionales que garantizan la competencia, tenga la facultad de presentar observaciones, como amicus curiae en el ámbito de los procedimientos seguidos ante los jueces. 
Los poderes propuestos permitirán a la Comisión proteger el interés público en la aplicación eficaz y coherente de las normas llamando la atención de los órganos judiciales sobre importantes cuestiones relativas a su interpretación y aplicación. 
En el respeto de la independencia de los jueces, evidentemente, los órganos judiciales no estarán vinculados por las observaciones del amicus curiae y, en todo caso, serán libres de someter cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. 
Somos conscientes de que la reforma propuesta podrá exigir que los jueces adquieran nuevas competencias. 
De hecho, la aplicación de las normas sobre competencia puede ser una materia compleja. 
Por lo tanto, concuerdo plenamente con el Sr. Evans en que la cuestión de la formación de los jueces exige una atenta consideración. 
La Comisión puede contribuir en el fondo aportando recursos materiales y humanos. 
Estamos examinando asimismo la posibilidad de cooperar con las autoridades nacionales en esta materia y de facilitar fondos a partir de los programas de formación existentes. 
Termino, señor Presidente, expresando al Parlamento Europeo mi sincero agradecimiento por el camino que estamos recorriendo en este terreno tan complicado pero, como muchas intervenciones han puesto de manifiesto esta noche, muy cercano al interés vital de la economía, así como de cada uno de nuestros ciudadanos que ustedes representan. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0269/2001) , del Sr. Andria, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el establecimiento de un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros. 
. (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el proyecto de informe que someto a su atención parte de la propuesta de Reglamento del Consejo nº 1969/99 por el que se establece un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros. 
El artículo 119 del Tratado establece que el Consejo podrá conceder ayuda mutua en caso de dificultades o incluso sólo de amenaza de dificultades en las balanzas de pagos, al objeto de no comprometer el correcto funcionamiento del mercado común. 
Dicho mecanismo podrá ser activado por el Consejo sobre la base de la iniciativa del Estado miembro afectado por una situación de dificultad o sobre la base de la iniciativa de la Comisión. 
Al menos en el planteamiento que se quiere dar, dicho mecanismo debe distinguirse ante todo por la rapidez de intervención y, como respuesta al préstamo recibido, por la adopción de todas las medidas de política económica aptas para restablecer una situación sostenible de la balanza de pagos. 
Desde su entrada en vigor el 25 de junio de 1988, el mecanismo no ha tenido una gran aplicación y se ha utilizado sólo en dos ocasiones: en 1991, para la concesión de un préstamo de 2.200 millones de euros, de los que se desembolsaron sólo 1.000 millones, y en 1993 por un importe igual a 8.000 millones de euros, de los que sólo se desembolsaron los primeros tramos. 
Parece evidente que muchas posibilidades europeas ofrecidas a los Estados miembros no se utilizan totalmente y se ha de recordar asimismo la falta de utilización de los Fondos estructurales por parte de algunos Estados miembros. 
Quizás serían oportunos mayores conocimientos a fin de instar y de responsabilizar a los adheridos a aprovechar mejor las posibilidades que se ofrecen. 
Volviendo al proyecto de informe, hay que evidenciar que, a raíz de las conclusiones adoptadas por el Consejo ECOFIN del 13 de octubre de 1997 y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento vigente, la Comisión ha presentado al Consejo y al Parlamento Europeo un informe con miras a mantener este instrumento. 
A este propósito, hay que apuntar que dicha actitud se puede reconducir al hecho de que, al ser posible la utilización di dicho mecanismo sólo por los Estados acogidos a una excepción, con la ampliación dicha eventualidad podría verificarse repetidamente. 
Con todo, se ha considerado oportuno reducir de 16.000 a 12.000 millones de euros el límite máximo- enmienda 2, considerando 8 -; el Consejo toma la decisión consultando también al Parlamento Europeo- enmienda 3, artículo 9- y examina cada dos años y no cada tres- enmienda 4, artículo 11- la adecuación del mecanismo. 
Por lo tanto, cabe la posibilidad de posteriores modificaciones incluso del límite máximo. 
Apoyamos asimismo la enmienda de la Comisión de Presupuestos- enmienda 1, considerando 6 bis (nuevo) -por el que se establece un mecanismo de protección contra todo riesgo eventual en materia de incumplimiento y las correspondientes solicitudes de garantía. 
A tenor de la verdad, consideramos que dicha posibilidad es muy remota. 
Con vistas a la ampliación los países candidatos no han escatimado esfuerzos para poner en orden sus cuentas y las balanzas de pagos. 
El presupuesto comunitario está protegido contra los préstamos concedidos a terceros países mediante el mecanismo del Fondo de Garantía. 
Se puede considerar un mecanismo similar pero con un menor compromiso financiero incluso en el caso de financiaciones a países acogidos a una excepción. 
Las conclusiones son las siguientes: primero, los préstamos concedidos se garantizan en un 100% directamente por el presupuesto comunitario; segundo, el riesgo de incumplimiento, que no se puede excluir nunca, queda cubierto por una mecanismo de protección adecuado; tercero, el instrumento establecido debería tener una mejor y mayor utilización con la etapa de ampliación europea; cuarto y último, la administración de los préstamos confiada al Banco Central Europe que sustituye a la Comisión anteriormente encargada. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Partido Socialista Europeo apoya la actual propuesta de la Comisión en la medida en que ésta pretende simplificar y modernizar el mecanismo único de apoyo financiero a las balanzas de pagos de los Estados de la Unión Europea que no pertenecen a la zona del euro. 
El hecho de que sólo tres países- Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca- vayan a beneficiarse de ese mecanismo, así como el de que sólo se haya utilizado dicho instrumento dos veces desde la fecha de su entrada en vigor en junio de 1988 justifican una reducción de los importes globales previstos para los préstamos de 16.000 a 12.000 millones de euros. 
Otras propuestas también merecen nuestro apoyo, como la posibilidad de que la Comisión haga operaciones de swap, el reconocimiento del papel del Comité Económico y Financiero y la necesidad de compatibilizar el mecanismo de apoyo con una posible apertura, a muy corto plazo, de una línea de crédito por el Banco Central Europeo. 
Ahora bien, se plantean tres problemas sobre los cuales quisiera oír la posición del Comisario Pedro Solbes Mira. 
Primero: con la propuesta de aplicar este mecanismo a los países de la ampliación, ¿no será posible, en efecto, la aparición de desequilibrios en las balanzas de pago de los futuros Estados miembros, dadas las substanciales reformas estructurales que se deberán llevar a cabo para hacer posible la adhesión? 
Por eso, hay que prever desde ahora mismo mecanismos para afrontar esas situaciones. 
Segundo: ¿deberá y podrá ese mecanismo pasar a aplicarse a los países candidatos a la ampliación ya en el período de preadhesión? 
Por último, ¿cuál es la ventaja de que pase a ser la Comisión y no el Banco Central Europeo la que gestione esos préstamos? 
Con el agradecimiento a las respuestas que quiera darnos el Comisario, felicito al Sr. Andria por el presente informe. 
. Señor Presidente, muchas gracias al Sr. Andria por su informe sobre la modificación del Reglamento referente al mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros. 
En sus intervenciones sus Señorías han planteado una serie de dudas y de cuestiones que me gustaría clarificar. 
La primera duda, fundamental, es: ¿se puede extender este mecanismo a los Estados candidatos? 
Ustedes saben, y en su informe se expone claramente, que no se puede aplicar exactamente el mismo modelo a los países candidatos. 
Este sistema se aplica a los países miembros. 
Otra cosa es si podemos aplicar este mecanismo a los países candidatos una vez que hayan firmado los acuerdos de adhesión y antes de la ratificación de los mismos. 
Es decir, en el momento en que sea necesario avanzar más en los procesos de adaptación estructural de sus economías. 
¿Quiere decir esto, sin embargo, que los países que son candidatos no tienen ningún sistema de apoyo para resolver posibles dificultades en ese ámbito? 
Indudablemente no. 
Seguimos aplicando el sistema de ayuda macrofinanciera que se puede aplicar a los países candidatos, lo mismo que se aplica a cualquier país tercero. 
Pensamos que esa es la lógica del modelo y pensamos que si modificamos el sistema, intentando dar un tratamiento especial a los países candidatos en el momento de la negociación, no sólo introduciríamos una indefinición respecto de a qué países lo aplicamos, sino que también introduciríamos dudas en los mercados financieros si el proceso de liberalización de los movimientos de capital pudiera generar riesgos que nos llevaran necesariamente a poner en marcha un mecanismo de compensación de los mismos. 
Por eso, según la Comisión, es mucho más lógico mantener el sistema tal como se aplica actualmente, teniendo la garantía de que, sin duda alguna, si hay países candidatos con problemas, se les aplicará el sistema de apoyo macrofinanciero. 
Pensamos que cualquier otro modelo plantearía más confusión en el mercado financiero y crearía más problemas, en lugar de ayudar a resolver las dificultades. 
El segundo punto que han planteado sus Señorías es el problema de en qué medida el nuevo modelo que se pone en marcha puede afectar negativamente al presupuesto comunitario. 
Creo que aquí no hay ninguna dificultad. 
Ustedes saben bien que tenemos un modelo distinto de las garantías, ya nos refiramos a la ayuda macrofinanciera a países terceros, ya lo hagamos respecto de ayudas a largo plazo dentro del marco comunitario. 
Es cierto que prestamos ayuda macrofinanciera a algunos países terceros con dificultades. 
Es cierto también que la llevamos a cabo en cooperación con otras instituciones financieras internacionales y aplicando programas que han sido pactados por las mismas. 
La experiencia es que el tipo de dificultades de impagos en general no se produce. 
Sin embargo, hay un riesgo, escaso, pero que no se puede desdeñar. 
Por esta razón se puso en marcha el fondo de garantía que nos permite hacer frente a esas dificultades en casos de impagos. 
Es necesario poner en marcha un fondo de garantía equivalente para las ayudas a largo plazo a los Estados miembros de la Unión. 
En nuestra opinión, esa situación no es razonable ni ahora ni en el futuro. 
Cuando estamos hablando de ayudas o préstamos a largo plazo a países miembros de la Unión Europea, de lo que estamos hablando es, indudablemente, de países con estructuras financieras sólidas, encajados dentro de las obligaciones comunitarias y, por lo tanto, sin riesgo alguno desde el punto de vista de impagos. 
¿Los países candidatos tendrán más riesgos que los actuales países miembros en el momento en que sean miembros de la Unión Europea? 
En mi opinión, no. 
El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ampliación va a implicar, entre otras cosas, una cooperación en los sistemas de supervisión que nos permitirá, no sólo ayudarles a modificar y a mejorar sus sistemas financieros, sino también a tener todas las garantías necesarias para que su situación sea semejante a la de los actuales países miembros. 
Por lo tanto, no pensamos que sea necesario modificar el sistema en este sentido. 
Creemos que cuando se les aplique el sistema, los países candidatos serán ya miembros de la Unión Europea y, por lo tanto, no será necesario ningún esquema especial de garantía. 
Si tuvieran que recibir ayudas macroeconómicas mientras son países candidatos, se les aplicaría el mismo modelo empleado para la ayuda macrofinanciera. 
El tercer problema que han planteado sus Señorías es: ¿quién debe efectuar este tipo de ayudas, el Banco o la Comisión? 
Este está siendo objeto de un debate técnico. 
No está resuelto, aunque, sin embargo, no creo que sea el problema mayor; cada uno de los modelos tiene sus ventajas y sus inconvenientes, según su coherencia y su agilidad, y espero que se encuentre una solución en el Consejo. 
Sin embargo, para la Comisión no es el problema mayor. 
Último punto que plantean sus Señorías: ¿en qué medida el Parlamento Europeo puede estar implicado en la concesión de estas ayudas a medio plazo a la balanza de pagos? 
El mecanismo que actualmente se ha puesto en marcha se basa en una idea fundamental: la urgencia. 
Cuando hablamos de situaciones de dificultad de balanza de pagos estamos hablando de decisiones que se tienen que tomar con gran rapidez. 
En segundo lugar, con un soporte técnico suficiente que permita que los mercados financieros evalúen de forma positiva la decisión que se adopta. 
En cuanto a la urgencia, en el modelo actual establece que lo adopta el Consejo a propuesta de la Comisión y previo informe del Comité Económico y Financiero. 
Creemos que ese modelo nos permite responder a la urgencia y nos permite conseguir también el respaldo técnico necesario para que los préstamos o los apoyos sean valorados de forma positiva por el mercado. 
¿Debe participar el Parlamento Europeo en este modelo? 
En mi opinión no es casual que en el Tratado no se incluya al Parlamento Europeo como institución que es consultada previamente. 
Creo que es consecuencia, precisamente, de esa idea de urgencia. 
Pero esto no debe suponer en ningún caso que el Parlamento Europeo no tenga derecho a recibir toda la información y a saber qué decisiones se adoptan y por qué. 
En mi opinión, podríamos mejorar el sistema dando información al Parlamento Europeo tan pronto como estas decisiones sean adoptadas, para que pueda conocerlas en detalle, sepa por qué se adoptan y conozca todo su contenido. 
Indudablemente, la posibilidad de revisar el Reglamento en el futuro, en dos o tres años, tampoco es para nosotros un problema mayor y, evidentemente, en los casos de revisión del Reglamento el Parlamento Europeo tiene que seguir desempeñando su papel como hasta ahora. 
Querría agradecerles a todos ustedes su participación en este tema, que a veces es árido, pero yo creo que también es fundamental para todos. 
Debemos estudiar los mecanismos que, como ustedes han dicho, nos permitirán tener una válvula de seguridad en el caso de que se pudieran presentar dificultades en algún Estado miembro en el futuro, como consecuencia de la ampliación, dificultades que deberán resolverse de forma eficiente, utilizando al máximo los procedimientos que tenemos incluidos en el Tratado. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Limitación de la comercialización y el uso del éter de pentabromodifenilo 
. 
(FR) Señor Presidente, Señor Comisario, queridos colegas, desearía ante todo manifestar mi total agradecimiento a todos los colegas que han intervenido en los debates sobre mi informe en comisión, y concretamente a los ponentes ficticios de los distintos Grupos Políticos, la Sra. Oomen-Ruijten, el Sr. Bowe, la Sra. Schörling y el Sr. Sjöstedt. 
Así pues, tenemos sobre la mesa una propuesta de modificación de la Directiva "Sustancias peligrosas" de 1976, que propone prohibir la comercialización y el uso del pentabromodifenilo. 
¿De qué se trata exactamente? 
El pentabromodifenilo es un producto retardador de llama, que se emplea en un 95 % en la fabricación de espuma elástica de poliuretano para la industria del mueble principalmente, y para el relleno. 
Se utiliza, por ejemplo, en los reposa-cabezas de los coches o en las espumas de protección y de embalaje para los objetos eléctricos y electrónicos. 
En cuanto al pentabromodifenilo, de entrada, su nocividad para nuestro medio ambiente y nuestra salud está clara, meridianamente clara. 
Un primer estudio realizado en 1998 por las autoridades suecas descubre una alta concentración de esta sustancia en la leche materna. 
Dos advertencias del Comité Científico relativas a la toxicidad y la eco-toxicidad y el medio ambiente, fechadas en febrero y en junio de 2000, ponen de relieve el perjuicio que podría causar el pentabromodifenilo, el vertido de esta sustancia en el medio ambiente, como sustancia persistente y bio-acumulable. 
Por tanto, riesgo para el medio ambiente, y riesgo para la salud humana. 
Todas las opiniones coinciden. 
En consecuencia, es totalmente lógico que la Comisión haya propuesto en enero de este año prohibir la comercialización y el uso del pentabromodifenilo. 
Y, en mi opinión, es igualmente lógico que nuestra Comisión de Medio Ambiente haya confirmado, con su voto, esta prohibición. 
Segunda sustancia, el octabromodifenilo, que se ve directamente afectado por la directiva debido al porcentaje de residuos de pentabromodifenilo que contiene cuando es comercializado. 
El octabromodifenilo se utiliza principalmente como retardador de llama en los accesorios de plástico y en el material de oficina. 
En este caso, la Comisión ha preferido remitirse a las conclusiones finales del estudio de evaluación de riesgos que, para esta sustancia, aún no está terminado. 
Por tanto, se ha limitado a autorizar un tope máximo del 5 % en el porcentaje de residuos de pentabromodifenilo presentes en el octabromodifenilo. 
He de precisar que la Comisión de Medio Ambiente no comparte esta postura. 
Creemos, efectivamente, que es del todo contradictorio prohibir de entrada el pentabromodifenilo y autorizar su presencia en cantidades significativas- a nuestro entender, así deben considerarse- en la composición de otros productos químicos, de otras sustancias. 
Además, les diría que las primeras conclusiones relativas al estudio de evaluación de riesgos que se está realizando, a las cuales he podido tener acceso, son negativas y demostrarían la nocividad de este producto tanto para el medio ambiente como para la salud pública, aspectos que están siendo analizados respectivamente por los expertos ingleses y franceses a los que he consultado con detenimiento sobre el tema. 
Ante estos distintos elementos, la Comisión de Medio Ambiente, Señor Presidente, ha presentado una enmienda que pretende ampliar la prohibición de comercialización también al octabromodifenilo, en estricta aplicación del principio de precaución. 
¿He de recordarles que la precaución consiste en no esperar a que exista un elemento de prueba absoluto, que aquí sería el resultado final del estudio de evaluación, cuando elementos suficientemente serios y tangibles demuestran que una sustancia podría tener consecuencias dañinas para la salud y para el medio ambiente? 
Esto es precisamente lo que ocurre con el octabromodifenilo. 
Finalmente, en tercer lugar, -nunca hay dos sin tres -, tenemos el decabromodifenilo, un retardador de llama de la misma familia, que en realidad representa el 80 % de esta familia de bromados y que tiene múltiples aplicaciones, no solamente en los equipamientos eléctricos y electrónicos, sino principalmente en los productos aislantes, para la construcción y textiles. 
Hay que especificar que el decabromodifenilo es la única de estas tres sustancias que no se menciona para nada en el texto de la Comisión. 
Sin embargo, creo que es difícil, incluso realmente imposible- insistiré en ello más adelante- hacer abstracción del decabromodifenilo, considerando que en la enmienda 4 de mi informe reclamo un sistema de evaluación de los riesgos por familia, y no individualmente, sustancia por sustancia. 
Por coherencia, la Comisión de Medio Ambiente ha ampliado el campo de aplicación del texto a todos los polibromodifenilos. 
Así, respeta a pies juntillas la votación que nuestra Asamblea ha realizado muy recientemente sobre la Directiva "Equipamientos eléctricos y electrónicos". 
A la espera de contar con elementos concretos sobre el estudio de evaluación de riesgos del decabromodifenilo, que aún no ha finalizado, la enmienda 16 que he presentado conjuntamente con los Grupos PPE y Socialista propone, en esencia, prohibir el decabromodifenilo a partir del 1 de enero de 2006, salvo que el estudio de riesgo arroje un resultado de alguna forma positivo y concluya que el decabromodifenilo no plantea ningún problema. 
Se trata de una especie de cláusula de reversibilidad. 
Y ya que hablamos de las enmiendas, quiero precisar que estoy en contra de la enmienda 9, que pretende modificar el título de la propuesta para ampliar la inmediata prohibición de comercialización al decabromodifenilo. 
Realmente, no tengo ninguna oposición de fondo, filosófica, a las enmiendas 12, 13 y 14, pero prefiero el texto original de la Comisión. 
En cuanto a las otras enmiendas presentadas por el Grupo de Los Verdes y de la Izquierda Unitaria, considero que mi informe ya tiene en cuenta las críticas vertidas en la enmienda 11 sobre la extrema pesadez y la lentitud de los procedimientos de evaluación de riesgos y de control de las sustancias existentes. 
Ya lo he mencionado brevemente hace un momento. 
Para concluir, el grupo de trabajo del Consejo sobre "Sustancias peligrosas", que se reunirá dentro de una semana, fijará las grandes orientaciones que serán adoptadas por el Consejo "Mercado interior" del próximo 27 de septiembre. 
Espero que favorezcan una aproximación de las posturas del Parlamento y de la Comisión. 
Espero también, y estoy convencido de ello, que sea absolutamente factible finalizar la adopción de esta vigesimocuarta propuesta de modificación de la Directiva "Sustancias peligrosas" en segunda lectura. 
Señor Presidente, con su permiso quisiera comenzar felicitando a la Sra. Ries por su magnífico y sólido informe. 
Hoy hablamos de las limitaciones de la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos, en concreto de materiales ignífugos como el éter de pentabromodifenilo. 
Las evaluaciones de riesgos- lo acaba de señalar la Sra. Ries- han demostrado que el uso de éter de pentabromodifenilo entraña riesgos para el medio ambiente y la salud pública puesto que este material ignífugo bromado se emplea en la fabricación de muebles y tapicería. 
Por eso, estamos obligados a prohibir la comercialización y el uso de pentaBDE, así como de todos los productos que contengan esta sustancia, en interés de la salud pública y el medio ambiente. 
Dado que disponemos de otros materiales ignífugos dicha prohibición no aumentará los riesgos de incendio y ambientales. 
Señor Presidente, además de la sustancia penta se comercializan otros dos materiales ignífugos bromados, a saber, decaBDE y octaBDE. 
El octa se utiliza principalmente en artículos de plástico para oficinas, así como en componentes de electrodomésticos. 
El Parlamento ya se pronunció a favor de una paulatina prohibición de todos los PBDE en aplicaciones específicas hacia enero de 2006 con motivo de la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 
Actualmente se está llevando a cabo la evaluación de riesgos para el octaBDE y el decaBDE, y está previsto que los resultados del estudio se sometan al Comité Científico de Toxicología, Ecotoxicología y Medio Ambiente antes de que finalice el año. 
Habida cuenta de que por el momento no existen conclusiones negativas sobre el decaBDE, el Grupo del PPE sostiene que la prohibición de esta sustancia debe ser revocable. Dicho de otro modo, ha de supeditarse a los resultados de la evaluación de riesgos que se darán a conocer antes de que finalice el año. 
Sin embargo, en el caso del octaBDE coincido con la Sra. Ries en que el uso de esta sustancia debe prohibirse ya, a pesar de que la evaluación de riesgos no haya concluido aún. 
No olvidemos que los primeros resultados hechos públicos de las evaluaciones de riesgos para el octaBDE llevadas a cabo en el Reino Unido con respecto a las consecuencias para el medio ambiente y en Francia con respecto a las consecuencias para la salud pública demuestran que dicha sustancia entraña serios riesgos para la salud humana y el medio ambiente. 
Por tanto, el principio de cautela nos impide aplazar la prohibición de este material hasta que se den a conocer los resultados finales del estudio. 
Señor Presidente, en interés de la salud, la protección de los ciudadanos europeos, la protección del medio ambiente y la preservación del mercado interior es fundamental que sobre la base de los resultados de las evaluaciones de riesgos para las sustancias ignífugas bromadas publicados hasta la fecha, y en virtud del principio de cautela, queden tajantemente prohibidos el pentaBDE y el octaBDE, así como el decaBDE si las conclusiones de la evaluación de riesgos para esta sustancia que se darán a conocer antes de que finalice el año demuestran que el decaBDE es fuente de preocupación. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a la ponente por el informe, que ha sido difícil en términos de alcanzar un equilibrio entre las ventajas de lo que a todas luces es un tema de gran importancia- y muy inmediato- como es la seguridad contra incendios, y el problema más difícil y a más largo plazo de futuros daños para la salud pública y el medio ambiente. 
Las sustancias que son objeto del presente informe tienen propiedades beneficiosas claras y demostradas porque retrasan la combustión de materiales y productos tales como los muebles rellenos de espuma. 
No obstante, también tienen propiedades negativas importantes. 
Son bioacumulativas en animales, en el medio ambiente en general y han sido detectadas incluso, como ya se ha dicho, en la leche materna. 
La adopción de medidas sobre estas sustancias, en opinión de muchos diputados a este Parlamento, ha sufrido grandes retrasos debido a la lentitud con que avanza la evaluación de riesgos realizada en virtud del Reglamento sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes de 1993. 
Seguimos a la espera de los resultados definitivos y de la publicación de las evaluaciones de riesgos de algunas de estas sustancias. 
Espero que la Comisión tome nota de esto. 
Las conclusiones generales son claras. 
Es necesario controlar estrictamente estas sustancias que pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente. 
No podemos pasar por alto, sin embargo, sus ventajas tan reales y positivas en términos de una reducción considerable de la cifra anual de víctimas mortales de incendios fortuitos. 
En este sentido, quisiera acoger favorablemente el informe. 
Apoyo las enmiendas a dicho informe que permiten que se siga utilizando el isómero más estable, es decir, el decaBDE, hasta que la sustancia haya sido sometida a una evaluación exhaustiva sobre los riesgos y sus usos y se hayan evaluado los riesgos reales y dispongamos de conclusiones al respecto. 
Recomiendo el informe a la Asamblea. 
Señor Presidente, me alegra sinceramente que tanto la Sra. Ries, ponente, como el tratamiento en la Comisión de Medio Ambiente hayan hecho más rigurosa la propuesta de la Comisión sobre productos ignífugos con bromo. 
Es sabido que el pentabromodifenilo, el octabromodifenilo y el decabromodifenilo son resistentes, tóxicos y, desde que se han encontrado productos ignífugos con alta presencia de bromo en la parte alta de la cadena alimenticia, biológicamente acumulables. 
Gracias a las investigaciones medioambientales se ha podido determinar que el decabromodifenilo también tiene esta facultad de acumulación Por eso hay que prohibir todo este grupo de sustancias. 
El principio de cautela impone que actuemos de inmediato, sin esperar el estudio de riesgos que se está realizando, tal como se propone en la enmienda 16. 
El decabromodifenilo está presente en el 80 por ciento de los productos ignífugos con bromo. 
La espera hasta el año 2006 para su prohibición significaría la emisión de toneladas de sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente, lo que obviamente se opone al principio de cautela. 
Por eso abogo por la aprobación de la propuesta del Grupo de los Verdes para prohibir inmediatamente todo el grupo de sustancias ignífugas con bromo. 
Señor Presidente, estimados colegas, me sumo con mucho gusto a las felicitaciones dirigidas a la Sra. Ries. 
Todos los oradores han coincidido en afirmar que se trata de un expediente harto difícil porque están en juego muchos intereses y porque este tema involucra a importantes grupos de presión, por no decir nada de la seguridad en materia de incendios y la protección y el futuro del medio ambiente a largo plazo. 
Éter de pentabromodifenilo. 
¿Qué importa el nombre? 
Se trata de materiales ignífugos bromados, pero también de un tema muy relevante desde el punto de vista social. 
Los oradores anteriores han explicado claramente cuáles son las consecuencias para el medio ambiente y la salud pública. 
De conformidad con un reglamento de hace siete años sobre evaluación de riesgos el octaBDE y el decaBDE ocupan el primer lugar en la primera lista de sustancias consideradas de interés prioritario para ser sometidas a una evaluación de riesgos. 
Dichas evaluaciones aún no han concluido. 
Dado que dichas sustancias tienen fama de ser peligrosas para el medio ambiente retrasaríamos innecesariamente una mejora en materia de protección de la salud humana y del medio ambiente si esperáramos las conclusiones de esta evaluación de riesgos aparentemente interminable. 
Aunque personalmente hubiera preferido una prohibición inmediata de los materiales ignífugos bromados- y mis colegas lo saben- el compromiso goza de mi pleno apoyo porque también es aceptable. 
Opta por una prohibición inmediata del pentaBDE y del octaBDE y una prohibición del decaBDE en 2006, a menos que se demuestre la inocuidad de esta sustancia, lo cual es sin duda un matiz importante. 
Este expediente pone asimismo de manifiesto que estamos a caballo entre la política tradicional basada en la evaluación de riesgos y la nueva política química que estamos estudiando en este momento y que debe acelerar la realización de los análisis. Además, es preciso subrayar que la responsabilidad correspondiente ya no recae sobre la Comisión y los propios Estados miembros, sino sobre los fabricantes. 
El presente expediente vuelve a demostrar que la actual política química, que consiste en realizar análisis sustancia por sustancia, requiere demasiado tiempo y dificulta seriamente la protección del hombre y del medio ambiente por parte de las autoridades. 
Por todo ello, insistimos en la necesidad de llevar a cabo una reforma urgente de dicha política, tal y como se está haciendo a través del Libro Blanco sobre la política en materia de sustancias químicas. 
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(EN) En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a los diputados por su interés en esta propuesta y, en particular a la Sra. Ries, ponente, por su trabajo constructivo. 
El pentaBDE es un material ignífugo utilizado en la fabricación de espuma de poliuretano para muebles y tapicería. 
Representa un riesgo para el medio ambiente, es bioacumulable y ha sido encontrado en la leche materna. 
En respuesta a los resultados de una evaluación de riesgos de conformidad con el Reglamento sobre la evaluación y el control del riesgo de las sustancias existentes, la Comisión presentó, en enero del presente año, una directiva sobre la prohibición de la comercialización y el uso del pentaBDE. 
La directiva presentada por la Comisión cubre todos los usos del pentaBDE y los artículos que contienen esta sustancia. 
Es una aplicación del principio de cautela, habida cuenta de la alarma despertada por la presencia del pentaBDE en la leche materna procedente de fuentes no identificadas. 
Se han analizado detenidamente los costes y las ventajas de las restricciones propuestas. 
Existen alternativas adecuadas, tanto en términos técnicos como económicos. 
Quisiera hacer hincapié en que la propuesta no tendrá como resultado un incremento del riesgo de incendios o mayores peligros para el medio ambiente. 
Creo que es una medida proporcional. 
La propuesta de directiva no sólo prevé la protección del medio ambiente y de la salud de los consumidores y trabajadores, sino que además preservará el mercado interior. 
Introducirá normas armonizadas en los Estados miembros. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas del Parlamento que ampliarían el alcance de la propuesta de directiva para incluir la prohibición de otras sustancias, como por ejemplo, el octaBDE y el decaBDE (enmienda 1, segunda parte de la 2 y enmiendas 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15). 
Estas otras sustancias podrían ser objeto de una propuesta posterior de la Comisión una vez que hayan finalizado las evaluaciones de riesgos y se haya analizado la disponibilidad de sustitutos seguros. 
La Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas que introducirían prohibiciones del octaBDE y el decaBDE a partir del 1 de enero de 2006 si las evaluaciones de riesgos no llegan a la conclusión de que las sustancias no presentan ningún motivo de preocupación (enmiendas 8 y 16). 
En consecuencia, estas sustancias quedarán terminantemente prohibidas a partir de 2006 si las evaluaciones demuestran que existen motivos de preocupación o quedarán totalmente exentas de regulación si las evaluaciones demuestran que no existe ningún motivo de preocupación. 
La Comisión es partidaria de un enfoque más matizado, lo que significaría que las medidas podrían entrar en vigor mucho antes de 2006. 
La finalización de las evaluaciones de riesgos y los análisis de disponibilidad de alternativas seguras permitirían identificar los usos preocupantes y adoptar rápidamente las medidas oportunas. 
En caso necesario, podría aplicarse el principio de cautela para prohibir dichos usos. 
Habida cuenta que se espera que las evaluaciones finalicen en otoño de 2001, las medidas que se adopten podrán entrar en vigor mucho antes de 2006. 
La Comisión tampoco puede aceptar la enmienda relativa a los procedimientos para la evaluación de riesgos en virtud del Reglamento 793/93 (enmienda 4). 
Esta enmienda sobrepasa la presente propuesta de restringir la comercialización y el uso del pentaBDE. 
La Comisión puede aceptar, en principio, suprimir la excepción de estas restricciones al éter de octabromodifenilo de calidad técnica, siempre que contenga menos de un 5% en masa de derivado pentabromado de difenil éter (primera parte de la enmienda 2 y enmienda 5 de la Comisión de Medio Ambiente) , porque la nueva información de los fabricantes indica que es posible producir octaBDE sin pentaBDE. 
Resumiendo nuestra posición, la Comisión puede aceptar la enmienda 5. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 1 a 4 y 6 a 16. 
No obstante, la Comisión puede apoyar, en principio, la primera parte de la enmienda 2. 
Deseamos mantener el diálogo con el Parlamento y estoy convencido de que podemos llegar a una solución constructiva. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Sangre humana y sus componentes 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0272/2001) del Sr. Nisticò, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre normas de calidad y de seguridad para la recogida, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana. 
(IT) Señor Presidente, señor Comisario, en primer quiero expresar mi agradecimiento más sincero a la presidenta, Sra. Caroline Jackson, por la preferencia que ha dado a este informe. Asimismo quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los ponentes en la sombra, con los cuales ha habido una excelente relación de cooperación, así como a los responsables de la Comisión, a los representantes de las distintas asociaciones y a todos los colegas que con sus cualificadas enmiendas han contribuido a mejorar esta importante y delicada directiva. 
La directiva llena un vacío que existía hasta ahora en Europa en lo referente a las normas de calidad y de seguridad de la sangre. 
El objetivo de la presente directiva es fundamentalmente la protección de los donantes y de los receptores y por fin permite contar con normas iguales para todos los Estados miembros que garanticen el máximo nivel posible de calidad y seguridad de la sangre, de sus componentes y derivados no solo de la sangre disponible en los Estados de la Unión Europea, sino también de la sangre importada de terceros países. 
En la directiva se prevé una actualización continua, al menos una vez al año, de las pruebas de laboratorio para la identificación de agentes patógenos, de naturaleza bacteriana, vírica u de otros agentes infecciosos, así como una actualización de las tecnologías más sofisticadas en aras de una más eficaz y segura esterilización de la sangre y de sus componentes. 
Se prevén asimismo recomendaciones a los Estados miembros para potenciar la investigación científica en este sector. 
La presencia de una nueva directiva europea que establece las mismas normas de calidad en cada uno de los Estados miembros permitirá la libre circulación de la sangre y de sus componentes en el ámbito de los Estados de la Unión Europea y la desaparición de restricciones indeseadas a los desplazamientos de los donantes de un Estado a otro. 
Deben aplicarse normas elevadas de calidad y seguridad durante todas las etapas del proceso de transfusión, de la toma al control mediante pruebas específicas de laboratorio, a la recogida, tratamiento, conservación, distribución y utilización de la sangre humana entera y de sus componentes. 
Por lo tanto, la garantía de calidad y de eficacia debe aplicarse a la idoneidad de los donantes de sangre y de plasma y de sus componentes, así como a los centros de medicina de la transfusión, a la cualificación y formación del personal médico, técnico y de enfermería y a un sistema de rastreabilidad de la sangre desde el donante hasta el receptor. 
En cuanto a la persona responsable, el Parlamento Europeo ha previsto que posea un título de doctor en medicina, preferentemente con una especialización en hematología o en medicina de la transfusión u otra especialidad médica afín. 
Al objeto de comprender mejor la importancia del control en cada etapa del proceso, lamentablemente, cabe recordar las terribles reacciones adversas que se han registrado y que esperamos que en el futuro dejen de registrarse como, por ejemplo, el sida, los casos de hepatitis viral de tipo B y C u otras infecciones, a veces mortales, de tipo choque anafiláctico o septicemia. 
La Comisión ha aceptado la propuesta del ponente de retirar los anexos, al ser estos una materia extraordinariamente delicada que se tiene que actualizar periódicamente mediante un mecanismo simple y flexible. 
Por último, gracias a las numerosas enmiendas del Parlamento, se ha reforzado el principio en virtud del cual todas las donaciones deben ser voluntarias y no remuneradas. 
Sin embargo, señor Comisario, opino que el interés primordial sigue siendo el de proteger las necesidades y las exigencias de los pacientes. 
En efecto, en el caso de que inmediata y taxativamente se prohibieran las formas de incentivación a favor de los donantes, habida cuenta del número, por desgracia, todavía limitado de donantes y de la falta de autosuficiencia de sangre en Europa, se podrían registrar enormes dificultades para los pacientes con riesgos incluso mortales. 
La carencia de sangre y de plasma es un problema bien conocido en Europa. 
A dicho fin, espero que el Pleno apruebe la enmienda del Partido Popular Europeo- Demócratas Europeos y del Grupo Liberal que, por un lado, protege el principio de voluntariedad y gratuidad de las donaciones pero, por otro, permite una etapa de transición de cara a la aplicación de dicho principio. 
Una enmienda oral del Sr. Lisi señala que, antes de finales de diciembre de 2008, todas las donaciones deberán ser voluntarias y no remuneradas. 
Dicho principio debe ser un objetivo cuyo logro deberá alentar cada uno de los Estados miembros con la necesaria gradualidad, al objeto de evitar posibles efectos catastróficos para el ser humano. 
Por lo que se refiere a la sangre importada- enmienda 43- sería oportuno precisar que los criterios a los que hace referencia esta enmienda deben concernir a la calidad y seguridad de la sangre. 
En conclusión, señor Presidente, la garantía de normas elevadas de calidad, eficacia y seguridad de la sangre, según se establece en la directiva, ofrecerá a los ciudadanos de la Unión Europea una mayor tranquilidad en lo que se refiere a los posibles tratamientos con sangre, así como una mayor confianza en las Instituciones europeas y en las autoridades nacionales. 
Señor Presidente, la adecuada regulación y, por tanto, la seguridad del sistema de aprovisionamiento de sangre revisten una gran importancia para la salud de los ciudadanos europeos. 
Por eso acojo muy favorablemente esta Directiva por la que se establecen normas de calidad y seguridad para la recogida, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes. 
Felicito con mucho gusto al Sr. Nisticò por su informe, así como por la forma en que ha mejorado la estructura de la propuesta legislativa. Sin embargo, hay un punto que no puedo suscribir. 
En mi opinión- y también en opinión del Sr. Nisticò- hay dos importantes principios a los que Europa debería atenerse y que yo he defendido siempre en los debates, desde 1989 aquí y antes en los Países Bajos. 
¿Cuáles son estos principios? 
Además del autoabastecimiento de sangre en la Unión se trata de la donación voluntaria y gratuita de sangre y sus componentes. 
Señor Presidente, de las enmiendas se deduce que se podría ofrecer una pequeña remuneración a los donantes por tomarse la molestia de donar. 
En los últimos tiempos se ha hablado mucho del principio de no pagar nada. 
Quisiera formular algunas observaciones al respecto. 
En primer lugar deseo subrayar que para mí la seguridad de la sangre y de los productos derivados es absolutamente prioritaria. 
Es algo que no se puede pasar por alto. 
La donación voluntaria y no remunerada es una cuestión de seguridad, no es sólo un acto de generosidad humana. 
La seguridad de la sangre procedente de donaciones gratuitas es superior a la de la sangre obtenida a través de otro tipo de donaciones. Ello ha quedado demostrado en estudios científicos llevados a cabo en diversos países, no sólo en los Países Bajos. 
Ahora bien, en caso de que se produzca una falta de determinados productos, por ejemplo de aquellos que se necesitan para los pacientes hemofílicos, no hay ningún reparo en que esta deficiencia se cubra con la importación de otra sangre. 
Señor Presidente, una modificación de este principio alterará el funcionamiento de los bancos de sangre públicos existentes en algunos Estados miembros. 
Siento tener que decir, señor Nisticò, que, a mi modo de ver, este principio se ha retocado demasiado en el compromiso elaborado por usted... 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la Comisión porque ésta ha presentado ahora una propuesta que recoge las nuevas disposiciones del Tratado de Ámsterdam relativas a la fijación de normas de calidad y de seguridad para la sangre humana y sus componentes. 
No obstante, también quiero dar las gracias al Sr. Nisticò por el trabajo realizado en el informe. 
Me parece que ha hecho un trabajo estupendo y celebro que a través de la Comisión de Medio Ambiente podamos contribuir a mejorar la directiva. 
Con las mejoras propuestas por la Comisión de Medio Ambiente podemos ofrecer una mayor seguridad y asegurar una mejor calidad de la sangre, desde su extracción hasta su distribución inclusive. 
También creo que recalcamos cuestiones esenciales. 
Ante todo que la sangre no es una mercancía sometida a las normas habituales para el libre comercio. 
Con respecto al autoabastecimiento me parece también importante que se diga que con estas normas damos prioridad en cada país y en la UE en su conjunto a la cuestión del autoabastecimiento. 
Las donaciones de sangre de la propia población son claramente la mejor solución y por ello quiero exhortar a que todos los países establezcan un gran cuerpo de donantes que consideren un deber personal y social la donación de sangre y plasma para ayudar a otros individuos de su propia sociedad. 
Muchos países ya han implantado semejante cuerpo de donantes. 
Se puede crear de hecho semejante cuerpo y no existe así ninguna disculpa para los países que aún no lo hecho. 
Sólo hay que ponerse en marcha. 
Si se tiene este gran cuerpo de donantes, se dispone también de mayor cantidad de sangre, y con ello de la posibilidad de asegurarse un verdadero autoabastecimiento con la mejor calidad de sangre. 
Esto me lleva asimismo a decir unas cuantas palabras sobre la cuestión de si debe ser no remunerada, que es la gran cuestión en este tema. 
Pienso que la donación de sangre debe ser no remunerada tal y como recomienda también el Consejo de Europa en sus directrices y tal y como recomendó la Comisión de Medio Ambiente. 
Creo que debemos recalcar este punto por dos razones. 
En primer lugar, la ética. 
La sangre, los tejidos y órganos de un individuo en mi opinión no deben ser una mercancía. 
Ésta es una razón. 
Y la otra razón es que el que la donación de sangre sea no remunerada dará la mejor seguridad y la mejor calidad. 
Numerosas investigaciones demuestran que la sangre donada no remunerada tiene mejor calidad que otra sangre y me parece que debemos decir las cosas como son: El cuerpo de donantes basado en la donación voluntaria y no remunerada es un cuerpo distinto al que se crea cuando hablamos de la donación remunerada. 
A este respecto me alegra mucho ver el amplio respaldo que la Comisión de Medio Ambiente ha dado a la definición del Consejo de Europa de la donación voluntaria y gratuita. 
Hay partes de la industria que han cabildeado intensamente en contra de la donación de sangre no remunerada y que como es habitual también han empujado por delante suyo a los pacientes en su cabildeo. 
Me parece de mal gusto y creo que la industria en realidad contribuye de forma bastante cínica a evitar la situación ideal para los pacientes que deben recibir la sangre, es decir, que la sangre y el plasma hayan sido donados gratuitamente y por lo tanto provengan de un cuerpo de donantes fijo y estable. 
Me parece que invita a la reflexión el hecho de que en los países donde está implantada la donación no remunerada mediante un cuerpo de donantes grande y estable seamos de hecho autosuficientes en sangre y plasma. 
No obstante, me gustaría añadir a lo dicho por el Sr. Nisticò que celebro la enmienda oral, que se ha anunciado como la enmienda 75 del Sr. Nisticò, y que en mi opinión no existe nadie aquí que pudiera soñar con llevar a un paciente a una situación en la que no se pudiera tener sangre o plasma. 
Naturalmente que todos los pacientes podrán disponer de ella, sin embargo, creo que servimos mejor a los pacientes dejando que la donación sea no remunerada y con ello garantizando la mejor calidad de sangre. 
Señor Presidente, por mi parte, desearía ante todo felicitar al ponente, el Sr. Nisticò, por el rigor y la calidad de su trabajo, por su talante abierto y cooperador con los ponentes ficticios. 
Esta directiva es esencial. 
Establece por primera vez en la legislación comunitaria exigencias de calidad y de seguridad para los productos sanguíneos, tanto para los que se destinan a transfusiones como para los que se transforman en medicamentos. 
Hay que señalar también que permite la libre circulación de los donantes y de los productos sanguíneos dentro de la Unión. 
Por tanto, yo diría que el texto es ambicioso y globalmente satisfactorio. 
Añadiría que las principales mejoras introducidas por el voto de la Comisión siguen siempre la misma línea: el refuerzo de las medidas de control y de inspección en toda la cadena de transfusión, con el fin de proteger a los donantes de los errores humanos y a los receptores de los riesgos de exposición a donaciones eventualmente contaminadas. 
Dicho esto, existe otra amenaza que se cierne hoy sobre los pacientes: la escasez de plasma y de derivados plasmáticos en la Unión. 
Este es el motivo de que el Grupo Liberal se oponga a la obligatoriedad absoluta e inmediata de la gratuidad de la donación, es decir, a las enmiendas 55 y 56, que, dicho sea de paso, parecen igualmente ir en contra de cualquier idea de subsidiariedad. 
En primer lugar, porque lo que está en peligro no es la donación no remunerada. 
En ningún momento hemos puesto en entredicho el principio del voluntariado, ni el irremplazable papel social que desempeña el donante altruista. 
Por tanto, lo que se pone en tela de juicio no es la donación no remunerada, sino esta gratuidad obligatoria. 
Y además, y por encima de todo, porque estas enmiendas ignoran olímpicamente las preocupaciones de los pacientes. 
Hemos consultado a fondo a pacientes que están especialmente preocupados- y esto es un eufemismo- por la creciente dependencia frente a las importaciones americanas, sobre todo de plasma, concretamente a personas hemofílicas que saben por experiencia que la gratuidad no les ha protegido en absoluto de las contaminaciones víricas. 
Por tanto, conseguir lo mejor no significa necesariamente que la situación mejore. 
Es claro, evidente, imperativo, que la sangre no debe ser una fuente de riqueza. 
Esto lo decimos, lo repetimos varias veces, en varios considerandos, en la enmienda de transacción que hemos presentado junto con el PPE. 
Es una objetivo que queda bajo la responsabilidad de los Estados miembros en las condiciones y en los plazos previstos por esta enmienda 75, pero hacer de esta gratuidad una condición absoluta para donar sangre sería una catástrofe para los pacientes, y me refiero efectivamente a los pacientes y no a los empresarios, Señor Lund, porque hemos consultado y escuchado largamente a los hemofílicos en concreto. 
En realidad, lo que importa es que la sangre sea de la mejor calidad, y la directiva intenta que lo sea, pero yo les pregunto a ustedes: ¿de qué servirían la calidad y la seguridad sin disponibilidad de sangre? 
Les recuerdo que en Europa hay 7 millones de donantes sobre un total de 360 millones de ciudadanos. 
Ya termino, Señor Presidente, y por ello invito a todos los Grupos Políticos a apoyar esta enmienda de transacción que garantiza el pleno acceso de los pacientes a la sangre y a sus medicamentos, una sangre y unos medicamentos que salvan cada día miles de vidas. 
Señor Presidente, hace mucho que esperamos una directiva sobre la calidad de la sangre, indispensable para garantizar la seguridad de los donantes y de los receptores a escala europea. 
Desde este prisma, el informe de mi colega Nisticò, enriquecido por las múltiples enmiendas aprobadas en comisión prácticamente por unanimidad, obedece a la idea de una mayor protección de la salud humana, exigiendo en particular un mayor control médico de los donantes e incrementando la responsabilidad de los médicos y de los organismos implicados en todas las etapas del proceso, de la extracción al almacenamiento y a la fase de transformación de los derivados sanguíneos. 
Como acabamos de ver, queda pendiente una cuestión sobre la que no nos ponemos de acuerdo: gratuidad o remuneración de las donaciones. 
Estamos muy apegados al principio de la donación de sangre gratuita, que se obtiene fácilmente en numerosos países europeos, y no podemos aceptar que se ponga en entredicho por dos razones esenciales. 
En primer lugar, desde un punto de vista ético, no podemos defender la idea de vender sangre, ni ningún otro componente del cuerpo humano. El cuerpo humano no es una mercancía. 
Además, nos sorprende extraordinariamente el hecho de que haya empresas que puedan obtener beneficios de la donación de sangre gratuita. 
En segundo lugar, la remuneración de la donación puede ser contraproducente en términos de calidad. 
Los donantes, movidos por el afán de lucro, pueden verse abocados a negar sus eventuales problemas de salud, lo cual puede tener consecuencias dramáticas para la de los receptores. 
La reciente noticia de que cientos de miles de chinos padecen actualmente el SIDA por haber vendido su plasma es la trágica ilustración de este riesgo, y no queremos que esta misma situación pueda producirse algún día en Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Sr. Nisticò ha presentado un excelente informe, cuyo contenido yo suscribo plenamente. 
Es necesario unificar con esta directiva la situación en los Estados miembros en lo que respecta a la seguridad y calidad de la sangre y el plasma sanguíneo. 
Esto requiere la aplicación de métodos de análisis y de prueba idénticos que incorporen los avances científicos más recientes. 
Personal cualificado debe garantizar unas condiciones de seguridad óptimas tanto para el donante como para el receptor. 
Un sistema de seguimiento e identificación transparente garantizará la rastreabilidad de la sangre a lo largo de todo su recorrido, desde el donante al receptor y viceversa. Esto también contribuirá a minimizar el riesgo de infecciones. 
La donación voluntaria y no remunerada de sangre es un principio fundamental que se debe mantener. 
A diferencia del Sr. Lund, yo pienso que en el ámbito de la seguridad no existe una relación directa entre la donación remunerada o no remunerada y la seguridad o la calidad. 
Lo determinante es la selección de los donantes y la solvencia de los análisis. 
No obstante, no se debe excluir la posibilidad de que en el futuro se decida pagar una compensación a los donantes de plasma en la Unión Europea. 
Europa sólo alcanza a cubrir un 50% de sus necesidades de plasma. La diferencia se cubre, por lo tanto, con plasma procedente de los Estados Unidos, donde los donantes reciben una compensación. 
La nueva directiva tampoco debe impedir la importación de plasma de donantes que han percibido una compensación. Esto provocaría inmediatamente restricciones en el suministro, también en el caso de los medicamentos elaborados a partir del mismo. 
El plasma es necesario para la producción de medicamentos vitales, como por ejemplo el factor de coagulación 8 y el factor de coagulación 7 para los enfermos con problemas sanguíneos y la inmunoglobulina para la prevención de infecciones en pacientes con inmunodeficiencia congénita. 
Una restricción del suministro pondría en peligro la salud de incontables pacientes. 
Yo les ruego que tengan presente esta circunstancia en el momento de la votación. 
Señor Presidente, la seguridad y la calidad de los productos sanguíneos nunca han sido tan importantes. 
Todas las semanas oímos en toda la UE historias y más historias sobre este tema. 
Creo que todos los diputados queremos tener la certeza de que en los Estados miembros existe un grado de seguridad y de calidad de la sangre y de sus productos derivados en todo el proceso de transfusión sanguínea. 
Para nuestros ciudadanos esto significa que en el caso desafortunado de que, por ejemplo, alguien sufra un accidente durante las vacaciones y necesite una transfusión, existan garantías de que la calidad y la seguridad son las mismas tanto si se encuentra en una isla griega o escocesa. 
Como todos sabemos, el principal ámbito de diferencia entre los diputados ha sido sobre la cuestión de si los productos derivados de la sangre deben ser remunerados o no. 
Creo que la opción preferible debería ser que la sangre se done con carácter voluntario. 
Como resalta la "European Blood Alliance", las donaciones voluntarias y no remuneradas de sangre y de componentes sanguíneos se consideran un regalo de los ciudadanos sanos a aquéllos necesitados. 
Pero lo que es más importante, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE prohíbe convertir el cuerpo humano y sus partes en una fuente de ingresos financieros. 
Nuestro Parlamento y las instituciones han defendido sistemáticamente las donaciones voluntarias no remuneradas. 
Está demostrado que la preponderancia de virus y enfermedades transmisibles a través de la sangre es mucho más alta entre los donantes que son remunerados que entre aquellos a los que no se les paga. 
No obstante, hay una cuestión que me gustaría destacar. 
Me refiero a la enmienda 43. 
En Escocia y el Reino Unido tenemos un problema específico con la ECJ. 
Muchos hemofílicos y personas con inmunodeficiencia dependen de derivados de la sangre procedentes de los Estados Unidos, la causa es que en Escocia y el Reino Unido ya no utilizamos plasma procedente de donantes del Reino Unido para elaborar productos sanguíneos debido a la ECJ y dependemos de las importaciones de plasma sanguíneo de los Estados Unidos. 
La enmienda oral a la enmienda 43 defendida por la Sra. Korhola es muy oportuna. 
Espero que los diputados la apoyen mañana. 
Para terminar, la seguridad y la calidad de la sangre y de sus derivados es una cuestión importante que debemos solucionar. 
Quizá en la segunda lectura, el ponente podría organizar, fuera de esta Asamblea, la oportunidad de que los diputados donemos sangre. 
Al fin y al cabo, como diputados, deberíamos dar ejemplo. 
Donar sangre es un acto positivo de ciudadanía. 
Señor Presidente, un amigo mío así como su esposa viven con el SIDA porque él recibió sangre contaminada en una transfusión y luego, sin saberlo, contagió a su esposa. 
Conozco los riesgos y peligros y la importancia de la calidad y la seguridad de nuestros abastecimientos de sangre. 
Es por ello por lo que acojo con satisfacción la presente propuesta, en particular, el trabajo de mi colega el Sr. Nisticò. 
Pero sería trágico que dicho trabajo se viera arruinado por una enmienda, una enmienda que vendría a agravar la notoria escasez de grupos sanguíneos y plasma poco comunes. 
Sería una tragedia en un sentido muy real porque la OMS señala que en el mundo existen 80 afecciones principales de inmunodeficiencia y se estima que entre 50.000 y 90.000 personas en nuestra Europa padecen dichas afecciones. 
Para la mayor parte de estas afecciones existe tratamiento y la mayoría de las personas que las padecen pueden llevar una vida bastante plena, pero únicamente si cada tres semanas durante toda su vida reciben una inyección de inmunoglobulina, que es un derivado del plasma humano y es lo que les mantiene con vida. 
Europa utiliza 7 millones de litros al año y 4 millones de litros provienen de donantes remunerados. 
Naturalmente, todos preferimos que las donaciones sean voluntarias. 
En el Reino Unido son todas voluntarias, pero en el Reino Unido, como hemos oído, no existe plasma procedente de donantes de productos sanguíneos del Reino Unido debido al riesgo, en teoría, de que la variante de la ECJ se transmita a través de la sangre. 
Tampoco podemos aceptar el plasma de otros países de Europa. 
No importa si se trata de bancos de sangre o bancos de plasma de Europa- no podemos aceptar plasma de países de la UE en los que se han dado casos de EEB o de la variante ECJ, por lo que debemos recurrir a otros países, y nosotros, entre otros, dependemos principalmente del suministro de los Estados Unidos. 
El Ministerio de Salud del Reino Unido ha dicho que no existe ninguna fuente alternativa posible. 
Ni que decir tiene que dichas importaciones incluyen donaciones remuneradas y no existe ninguna prueba en absoluto que demuestre que éstas son menos seguras que las no remuneradas. 
La enmienda 43 prohibiría la importación de dicho plasma que, literalmente, permite salvar vidas, y pido encarecidamente el apoyo de esta Asamblea a la enmienda de compromiso del ponente. 
Señor Presidente, la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas de calidad y de seguridad para la recogida, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes es excepcionalmente oportuna, a la vista de los cambios registrados en los últimos tiempos en el campo de la medicina y de la salud pública. 
Al adoptar nuevas normas aspiramos, en principio, a la modernización del marco legislativo para cubrir regiones que no cubre la legislación comunitaria, reforzando los requisitos sobre la idoneidad de los donantes de sangre y de plasma así como la creación de un sistema de calidad en los centros de donantes de sangre a nivel comunitario. 
Quisiera subrayar dos temas, sobre los cuales he intentado mejorar el texto de la Comisión con el objeto de reforzar la seguridad tanto para el donante como para el receptor de la sangre o de sus componentes. 
Estoy refiriéndome a la enmienda 33, mediante la cual, en los centros de donantes de sangre, el responsable debe tener, como mínimo, el título de medicina y preferentemente la especialidad de hematología o una especialidad médica relativa. 
El segundo punto importante es que hoy hacemos frente a una importante carencia de sangre. 
En mi país la demanda ha aumentado y aproximadamente tres de cada diez enfermos necesitan sangre y, a pesar del aumento de la oferta de sangre de los voluntarios, la necesidad de importar ha aumentado. 
Con la enmienda 75 intentamos que no sea absoluta la prohibición de los incentivos para la donación, porque tanto médica como científicamente es un error el dogmatismo en un tema tan importante como es la salud. 
El deseo de la donación de sangre voluntaria no debe expresarse de forma absoluta. 
Se les debe dar a los Estados miembros y a los centros de donantes de sangre la posibilidad de cubrir la recogida, la verificación, el almacenamiento y la distribución de grupos sanguíneos escasos, así como de sus componentes con incentivos cuando sea necesario. 
Quisiera dar mi enhorabuena a mi colega, el Sr. Nistico, porque ha realizado una labor realmente excepcional y animar a que se apruebe la enmienda 75 que, verdaderamente, respetando el principio de la donación de sangre voluntaria, deja la posibilidad a los Estados miembros y a los centros de donantes de sangre de cubrir las posibles necesidades y, consiguientemente, es del todo correcta médica y científicamente. 
Señor Presidente, la presente discusión sobre la posible remuneración de las donaciones de sangre, suscitada por el extraordinario informe de nuestro colega, Sr. Nisticò, tiene múltiples aspectos, tratándose de una cuestión ética y práctica de mucha más gravedad de la que puede inferirse de este debate. 
Presenté una enmienda conjunta con la Sra. Grossetête sobre la donación gratuita de sangre, y ésta fue aceptada por la comisión parlamentaria. 
Apelo a todos los diputados para que se siga manteniendo esta posición. 
Muchas autoridades y asociaciones de pacientes han hecho llamamientos al Parlamento para que no permitamos la comercialización de las donaciones de sangre. 
Ante todo, nos encontramos con riesgos en materia de seguridad. 
La autorización de fórmulas de remuneración alteraría la naturaleza del grueso de donantes y aumentaría el riesgo global: los estudios comparativos al respecto demuestran que el estado de salud de los donantes remunerados es más precario. 
Aquí se ha hecho hincapié en la importancia de los análisis, y con razón. 
Pero en lo que se refiere, por ejemplo, al VIH, la enfermedad presenta una fase de letargo en la que el virus no aparece aún en las pruebas. 
También se trata de un riesgo ético. 
Quiero subrayar que a nosotros también nos incumbe la responsabilidad sobre cómo el resto del mundo pueda plagiar nuestras prácticas. 
Si nosotros permitimos que se haga negocio con una parte del cuerpo humano, la sangre, debemos tener presente que los países en desarrollo seguirán el ejemplo de Europa. 
Esto no sólo dará lugar a la aparición de abusos, sino también a un aumento de los riesgos. 
Ya conocemos el caso de China, donde ocurrió una catástrofe total en relación con la calidad de sangre como consecuencia de la remuneración a los donantes de sangre de enormes cantidades de dinero al cambio local. 
En Austria, una retribución de 200 chelines a los donantes es una cantidad simbólica, pero en los países de Europa Oriental representa una suma importante. 
¿Es esto lo que realmente queremos para los demás y para nosotros mismos? 
Muchos países de la UE han firmado la Convención relativa a la ética biológica (Convention of the human rights and biomedicine) , en la que se prohíbe inequívocamente el aprovechamiento para fines económicos del cuerpo humano y de sus partes, incluida la sangre. 
No discuto la necesidad de plasma, y su escasez es una realidad. 
Sin embargo, es una deshonestidad moral justificar la entrega de este sector a las fuerzas del mercado bajo el pretexto de la escasez de plasma. 
De hecho, la enmienda 17 ofrece las garantías suficientes para restituir los gastos causados por las donaciones de plasma, tales como una gratificación por el tiempo perdido de trabajo y los costes de desplazamiento. 
Asimismo, quiero pedir el apoyo de todos los colegas para la enmienda oral que presentaré a la enmienda 43. 
Esta enmienda permitiría hacer excepciones en los casos en que la escasez de plasma represente un problema realmente insuperable. 
Señor Presidente, tenemos aquí dos cuestiones principales: una es el aprovisionamiento adecuado y la segunda es el aprovisionamiento seguro. 
Para los cientos y miles de hemofílicos y para todos esos pacientes que padecen toda una serie de enfermedades de inmunodeficiencia, se trata de cuestiones de vida o muerte con las que deben enfrentarse cada día. 
Aunque reconozco- y nadie de esta Asamblea la niega- la necesidad de fomentar la cultura de las donaciones voluntarias como norma, como actitud en todos nuestros Estados miembros, ruego a esta Asamblea que no excluya específicamente las donaciones remuneradas. 
No las excluyamos para los grupos sanguíneos poco comunes ni para el tan escaso plasma y sus productos derivados en caso de que sea necesario pagar por ellos para garantizar un aprovisionamiento adecuado. 
No es cuestión de 'en caso de que exista escasez de aprovisionamiento'. 
Esa escasez ya existe. 
Actualmente, entre el 40 y 50% de los productos derivados del plasma que utilizan cada año los pacientes europeos proviene de donantes de plasma que son compensados por su tiempo y por las molestias de este lento proceso. 
Estos productos derivados del plasma, en particular en el Reino Unido e Irlanda, son importados en su mayoría de los Estados Unidos y provienen de donantes remunerados. 
Las enmiendas a esta directiva, que fueron sometidas a votación y aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente, tendrán repercusiones importantes sobre la salud pública. 
Impedirán la remuneración de donantes en cualquier circunstancia y descartan la importación de plasma y sus productos derivados procedentes de donantes remunerados. 
Ya no existe ninguna justificación por motivos de salud pública para imponer el requisito absoluto de que todas las donaciones sean no remuneradas. 
Fue el caso en los años setenta y ochenta, pero ha dejado de serlo gracias a nuestro proceso de control y esterilización. 
Señor Comisario Byrne, me gustaría dirigirle, a usted específicamente, una pregunta a la que quizá pueda responder en su réplica: ¿violan las enmiendas aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente el Derecho comunitario, en particular, los distintos apartados del artículo 152? 
Llamo su atención sobre el apartado 5 del artículo 152 que previene que la acción comunitaria afecte a las disposiciones nacionales sobre la donación de sangre. 
¿Violan realmente las enmiendas la legislación de la UE? 
Las organizaciones de médicos y las organizaciones de pacientes de toda Europa nos están pidiendo que no excluyamos específicamente las donaciones remuneradas. 
Felicito al Sr. Nisticò por su excelente trabajo y recomiendo la enmienda 75 que restablece el equilibrio. 
Señor Presidente, me siento obligada a aclarar una cosa. 
La Asociación de Pacientes Hemofílicos de los Países Bajos se dirigió a mí con el ruego de que defendiera el principio de gratuidad. Ello significa, por tanto, que los oradores que se han pronunciado en sentido diferente sí apuestan por la seguridad y actúan por orden de sus asociaciones de pacientes. 
. 
(EN) Señor Presidente, permítame decir, en primer lugar, que estoy muy agradecido por todo el trabajo realizado sobre esta importante y ambiciosa directiva. 
Importante, porque constituye nuestra primera directiva basada en las nuevas y reforzadas disposiciones del artículo 152 del Tratado, y ambiciosa porque es un elemento crucial de nuestra estrategia integral en el ámbito de la salud. 
Antes de pasar a los detalles de la directiva que hoy tenemos sobre la mesa, permítanme rendir homenaje a la fructífera y valiosa labor del Consejo de Europa en el ámbito de la seguridad de la sangre. 
Nuestra propuesta de directiva está basada en dichos logros. 
Esta nueva directiva cubrirá el ámbito de la sangre y de sus componentes que no son considerados productos medicinales en la medida en que garantizará niveles comparables de calidad y seguridad a lo largo de toda la cadena de transfusiones sanguíneas en todos los Estados miembros. 
Asimismo, la directiva establece disposiciones a nivel comunitario sobre un sistema de calidad de los Centros de Medicina de la Transfusión y sobre la formación del personal de dichos centros. 
Me complace observar que las enmiendas que hoy han sido sometidas a debate apoyen, en general, buena parte del enfoque básico de la Comisión en lo que se refiere a cuestiones relacionadas con la seguridad de la sangre y a cómo deben abordarse dichas cuestiones a nivel comunitario. 
Agradezco la valiosa contribución del Parlamento Europeo. 
La mayor parte de las enmiendas constituyen mejoras, aclaraciones y ampliaciones útiles del texto, y expreso mi agradecimiento al Sr. Nisticò y a todos sus colegas por su contribución. 
Podemos aceptar en su totalidad 29 enmiendas. 
Hay además otras 23 enmiendas que incluyen ideas valiosas que podemos respaldar, pero que en su formulación actual no son del todo aceptables. 
El motivo es que contienen puntos específicos relevantes que no son compatibles con el enfoque de la directiva o que entrañan dificultades jurídicas o técnicas. 
Con tantas enmiendas, no es factible que haga comentarios específicos sobre cada una de ellas. 
En consecuencia, me centraré en cuatro ámbitos clave, en los que hay varias enmiendas que no podemos aceptar y sobre los que creo que será de utilidad aclarar cuál es la posición de la Comisión. 
Primero, las cuestiones éticas. 
Todos estamos de acuerdo en que el principio de la donación de sangre voluntaria y gratuita tiene un enorme valor ético. 
Como ha dicho la Sra. Stihler, la Carta de los Derechos Humanos de la UE establece que no se podrá sacar provecho financiero de las partes del cuerpo humano como tal. 
Por consiguiente, acojo con satisfacción y apoyaré activamente cualquier contribución que la Comunidad pueda hacer con vistas a la aplicación integral de este principio. 
Pero debemos analizar detenidamente todos los aspectos de esta cuestión. 
Estoy decidido a garantizar que esta nueva directiva no contribuya de manera involuntaria a la escasez de terapias que salvan vidas humanas. 
El aprovisionamiento de sangre y de sus derivados, tales como el plasma utilizado para productos médicos, es una cuestión de vida o muerte para muchos pacientes, como han señalado muchas de sus Señorías. 
Gran parte del plasma utilizado para dichos productos médicos en Europa no proviene de donaciones que puedan considerarse 'voluntarias y gratuitas' en el sentido estricto del término, y es difícil encontrar el modo de sustituir dichas donaciones a corto plazo. 
Existe el peligro evidente de que una prohibición de dichas donaciones podría provocar una seria escasez de estos productos. 
En consecuencia, considero prematuro prohibir de hecho cualquier donación que no se ajuste plenamente a la definición de 'donación voluntaria y gratuita' prevista en la enmienda 17 y, en este sentido, estoy de acuerdo con el Sr. Nisticò y con las intervenciones de la Sra. Ries, Sra. Müller, Sr. Bowis y Sra. Doyle. 
Respaldo sus puntos de vista y acepto lo que han dicho en relación con esta cuestión. 
Por otra parte, tengo dudas sobre el fundamento jurídico de una disposición que determine el modo en que deben realizarse las donaciones, asunto que ha sido planteado también por la Sra. Doyle. 
El artículo 152 del Tratado establece que las medidas comunitarias 'no afectarán a las disposiciones nacionales en materia de donaciones... '. 
Parece cuestionable que la obligación de aceptar únicamente donaciones voluntarias pueda justificarse en términos de una mayor seguridad. 
Especialmente en el ámbito de los productos derivados del plasma, actualmente la seguridad depende mucho más de las sofisticadas pruebas de detección y de las medidas de desactivación. 
Por lo tanto, se podría denunciar ante el Tribunal de Justicia una disposición semejante por falta de un fundamento jurídico adecuado o por razones de subsidiariedad. 
Por estas razones, sólo puedo aceptar en parte las enmiendas 55 y 56. 
Como ya he indicado, estoy dispuesto a discutir cualquier solución que deje claro que la aplicación integral del principio de donación voluntaria y gratuita es un objetivo fundamental de la Comunidad a largo plazo. 
Las enmiendas 1, 3, 7, 8, 12, 60 y 61 están encaminadas a introducir, de un modo u otro, declaraciones o requisitos de niveles éticos más elevados. 
Todos ellos merecen ciertamente ser discutidos y estudiados detenidamente, pero desde nuestro punto de vista, realmente no son adecuados para esta directiva porque o bien no están directamente relacionados con sus objetivos o no tienen ningún fundamento jurídico en el Tratado. 
Algunos de ustedes han afirmado que las donaciones remuneradas encierran mayores riesgos desde el punto de vista de la seguridad. 
Muchos de ustedes han hecho referencia a estudios. 
Todo el asesoramiento que recibo apunta a que se trata de estudios antiguos. 
Todos los estudios modernos sostienen lo contrario. 
Habida cuenta de lo que he dicho anteriormente en relación con otras medidas de seguridad, como las pruebas de detección y las medidas de desactivación, éstas proporcionan el nivel de seguridad necesario teniendo en cuenta este debate en particular. 
Hay quien ha sugerido también que en caso de escasez de aprovisionamiento podríamos recurrir a las importaciones, pero debo señalar que las importaciones provendrán de donaciones remuneradas, por lo que esto debilita el objetivo último que se desea alcanzar. 
La Sra. Ries ha mencionado también que asociaciones de hemofílicos se han puesto en contacto con ella, observación que han hecho también otros diputados. 
Debo decir que mis servicios y yo mismo hemos sido contactados por asociaciones de hemofílicos, entre otras, que nos animaban a no seguir adelante con la eliminación de las donaciones de sangre remuneradas. 
Quisiera instar al Parlamento a que tenga este punto muy en cuenta cuando medite sobre la intención de su voto sobre este asunto mañana, así como los puntos de vista que estoy manifestando al respecto. 
Respaldo plenamente y estoy completamente de acuerdo con los puntos de vista de muchos de los diputados que han intervenido sobre este asunto. 
El siguiente tema que quiero abordar es el alcance de la directiva. 
La última parte de la enmienda 13 así como la enmienda 72 están encaminadas a ampliar el alcance de la directiva a la recogida y comprobación de la sangre y sus componentes como materia prima para la fabricación de productos médicos. 
La Comisión puede aceptar esto en principio, pero debe mantenerse la claridad jurídica en lo que se refiere a los respectivos ámbitos de aplicación de la presente directiva y de la Directiva 89/381/CEE sobre la sangre y los productos derivados del plasma. 
Por consiguiente, habrá que revisar la redacción de ambas enmiendas a la luz del compromiso final que deberá acordarse con el Consejo. 
Otras enmiendas introducen el término 'productos derivados de la sangre' en el texto de la directiva; no podemos aceptarlo porque se presta a ser confundido con el término 'productos médicos'. 
Permitan que sea claro: todo aquello fabricado a partir de la sangre y utilizado en terapia humana debe entrar bajo la presente directiva o bajo la Directiva 89/381/CEE en vigor. 
Si existe alguna duda, la Comisión se replanteará las definiciones utilizadas. 
El tercer punto es relativo a las normas técnicas. 
El ponente propone suprimir de la directiva los anexos técnicos y que las normas técnicas se adopten más tarde mediante comitología. 
Agradezco este enfoque y estoy muy agradecido por el impulso que esta postura ha dado al trabajo de la Comisión. 
Como sabrán los diputados, es algo sobre lo que ya he hablado en el Parlamento y me alegra sobremanera que se adopte este enfoque en esta ocasión. 
Si el Consejo acepta esta solución, mis servicios comenzarán inmediatamente a elaborar propuestas sobre las normas técnicas con vistas a garantizar su aprobación antes de la entrada en vigor de la directiva. 
Permitan que les garantice que mis servicios no intentarán reinventar la rueda cuando preparen la adaptación regular de las normas técnicas conforme al progreso científico y técnico. 
Haremos pleno uso del trabajo innovador del Consejo de Europa. 
No sería viable ampliar y complicar más estos procedimientos en un ámbito en el que es necesario tomar decisiones sin pérdida de tiempo para proteger la salud pública. 
Por este motivo, sólo puedo aceptar en parte las enmiendas 68 y 71, y no puedo aceptar la enmienda 69. 
No podemos aceptar las enmiendas 39 y 41, relativas a otra directiva o a las normas ISO como punto de referencia de las normas introducidas en virtud de la presente directiva. 
Cuando la Comisión proponga normas actualizadas, tendrá en cuenta todas las normas importantes externas y de la UE sin excepción. 
Mencionar unas sí y otras no podría dar lugar a problemas jurídicos en la aplicación, u obligar a la Comunidad a aplicar normas establecidas al margen de su marco jurídico. 
Tampoco podemos aceptar la enmienda 22 que introduce una definición de rastreabilidad, que en mi opinión no sólo es demasiado general, sino que además no está cubierta por el Tratado. 
La enmienda 44, que introduce un sistema universal de identificación de donantes, que es a un tiempo costoso y demasiado ambicioso e innecesario, tampoco es aceptable. 
Por último, la cualificación del personal del Centro de Medicina de la Transfusión. 
La enmienda 33 restringiría la formación de la 'persona responsable' a la de un doctor en medicina. Eso es demasiado restrictivo y no puede ser aceptado. 
La 'persona responsable', de acuerdo con la propuesta, debe ocuparse de la administración y gestión en relación con la aplicación de la directiva y no tiene responsabilidades médicas per se. 
Pero, una vez más, los Estados miembros son libres de imponer requisitos adicionales en lo que respecta a la cualificación de la 'persona responsable'. 
En resumen, por las razones que he expuesto, 19 enmiendas no son aceptables. 
Se trata de las enmiendas 1, 3, 6, 7, 8, 12, 19, 20, 22, 30, 33, 39, 41, 44, 47, 60, 61, 69 y 73. 
52 enmiendas son aceptables en su totalidad o en parte. 
Las 23 enmiendas siguientes son aceptables en parte: enmiendas 2, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 27, 28, 32, 35, 43, 46, 55, 56, 62, 66, 67, 68, 70, 71 y 72. 
Las 28 enmiendas restantes pueden ser aceptadas en su totalidad, incluida la enmienda 75, la denominada 'enmienda de compromiso'. 
Permítanme, para terminar, reiterar mi agradecimiento por toda la labor constructiva realizada por el ponente y la comisión, así como por todos los presentes. 
Muchas de las enmiendas mejorarán la propuesta. 
Respecto a los elementos en que persisten dificultades, la Comisión está dispuesta a colaborar para encontrar soluciones cuanto antes. 
El hecho de que la Comisión pueda aceptar en su totalidad o en parte 52 de las 71 enmiendas demuestra nuestra buena disposición a tener en cuenta la importante contribución política del Parlamento y nuestra confianza de que juntos sacaremos adelante este importante objetivo y conseguiremos su rápida adopción. 
Señor Presidente, seré muy breve. 
A propósito, parece intencionado que debamos debatir sobre sangre precisamente en torno a la medianoche y a la hora del hombre lobo, pero dejémoslo estar. 
Precisamente a las 12.00 oí decir al señor Comisario Byrne- pero puede ser un fallo de traducción por lo que me gustaría que lo repitiera- que no cree que haya una mejor calidad y seguridad vinculada a la sangre procedente de un cuerpo de donantes estable y voluntario, tal como sabemos en algunos de los países miembros, frente a la sangre obtenida de individuos que complementan sus ingresos con la donación de sangre. 
Me sorprende que el señor Comisario de Salud Pública vea la situación de esta forma, por lo que espero que el señor Comisario desmienta lo que yo he dicho aquí. 
Hay certeza absoluta de que la sangre del cuerpo de donantes voluntarios y estables formado por ciudadanos que gustosamente se ponen con su sangre a disposición del beneficio de su prójimo en la sociedad presenta una mejor calidad que la sangre obtenida de individuos que quieren complementar sus ingresos mediante la donación de sangre. 
Les rogaría que no reabrieran el debate, porque en este momento lo máximo que ustedes pueden hacer es pedir alguna aclaración o hacer alguna pregunta al Comisario. 
Señor Comisario, tiene usted la palabra. 
. 
(EN) Señor Presidente, lamentaría mucho escandalizar al Sr. Lund y, si me permite explicar lo que opino al respecto, quizá pueda disipar sus preocupaciones. 
En vez de ponerlo en los términos que lo ha puesto usted, yo diría que no puede deducirse necesariamente que la sangre procedente de transfusiones remuneradas sea menos segura que aquélla procedente de donaciones gratuitas, y los estudios realizados últimamente sobre este asunto tienden a apoyar esta teoría. 
Se ha hecho referencia a algunos estudios que sostienen lo contrario, pero según he podido saber, se trata de estudios antiguos, y la opinión más moderna coincide con el punto de vista que acabo de exponer. 
. (IT) Señor Presidente, quisiera confirmar lo que acaba de decir el Comisario Byrne con gran competencia, seriedad y profesionalidad. 
No es un factor de seguridad si el donante es voluntario o no: la seguridad- y lo ha reiterado muy perfectamente el Sr. Trakatellis, otro hombre de ciencia- depende de la calidad y de la sofisticación de las pruebas. 
Hoy nos preocupan los priones porque aún no existen pruebas muy avanzadas. Existe sólo un trabajo publicado en la revista Nature. 
Confío en que pronto, gracias a ese mecanismo flexible y rápido de actualización, también estas pruebas puedan garantizar una sangre segura, pero ciertamente esto no depende del hecho de que alguien sea voluntario o se le incentive. 
Muchas gracias Sr. Nisticò. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 00.13 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, como demócrata, obviamente, uno tiene que aceptar decisiones aunque no le gusten. 
Pero ayer se aprobó una resolución ambivalente en relación a mi informe. 
Después de haber debatido sobre los fundamentos jurídicos de esa decisión y de haber presentado las correspondientes observaciones acerca de los mismos, observaciones que no han recibido ninguna respuesta de la Comisión, este Pleno decidió ayer aprobar la propuesta legislativa de la Comisión, y, a continuación, se aprobó una resolución que la rechaza. 
Todo esto está recogido en el apartado 11 del Acta. 
Quisiera solicitar una aclaración según el artículo 148, párrafo 3, a la Comisión de Asuntos Constitucionales respecto de esa resolución tomada ayer por el Parlamento, por dos razones: primero porque necesitamos una aclaración de la situación planteada, es decir, cuál de las dos decisiones es la que vale. 
Y segundo, porque necesitamos de cara al futuro una reglamentación relativa a este tipo de situaciones. 
Pues si, como se oye, lo que va a suceder en este caso es que la administración corrija una votación, esto no me parece del todo correcto. 
La corrección estaría justificada, creo yo, si la Comisión de Asuntos Constitucionales así lo decidiera. 
Me remito al artículo 148, párrafo 3. 
Pido a la Comisión de Asuntos Constitucionales de este Pleno que aclare la situación y que reglamente el modo de proceder en estas situaciones en el futuro. 
Señor Swoboda, comprendo los motivos de su solicitud. 
Pienso que será necesario que la Presidenta reflexione atentamente sobre su solicitud para valorar si atenderla o no. 
Así, a voz de pronto, no puedo contestarle sí o no. 
Me parece una descortesía decirle no, pero sería precipitado por mí parte darle una respuesta en este momento. 
En el caso de acogerse su solicitud, la comisión encargada debería ser la de Reglamento que actualmente es la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
(El Acta queda aprobada) 
Defensor del Pueblo / Código de conducta administrativa 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0280/2001 del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2000 (C5-302/2001- 2001/2043 (COS) ); 
A5-0245/2001 del Sr. Perry, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el Informe especial sobre el Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo (C5-0438/2000- 2000/2212 (COS) ) relativo a su investigación por iniciativa propia sobre la existencia y el acceso público al un Código de buena conducta administrativa en las instituciones y órganos comunitarios; 
A5-0240/2001 de la Sra. Almeida Garrett, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la modificación del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo (1999/2215 (ACI) ). 
Señor Presidente, Señorías, quisiera felicitar al Defensor del Pueblo y a sus colaboradores por el trabajo que han realizado durante el año 2000, y quisiera también presentar algunos datos que justifiquen el porqué de esta felicitación, de esta valoración, datos que ponen de relieve que el Defensor del Pueblo es una institución europea imprescindible. 
Si en el año 1995 hubo 298 casos, en el 2000, año al que se refiere mi informe, hubo 1732. 
Hubo también, como es lógico, una serie de casos que no fueron al final competencia del Defensor del Pueblo. 
Pero la creciente conexión, que debe ampliarse aún más, entre los distintos defensores del pueblo de los Estados europeos posibilitó que los distintos casos y denuncias se dirigieran finalmente a la instancia adecuada. 
El Defensor del Pueblo se dedica exclusivamente a los ciudadanos, pero a veces se le quieren atribuir otras competencias. 
El Defensor del Pueblo se ha referido ya a mucho de lo que yo he tratado en mi informe. 
Hay que felicitarse por la disminución del periodo de trabajos administrativos preparatorios. 
El Defensor del Pueblo es un ejemplo de cómo debería ser el trabajo administrativo a nivel europeo. 
El 83% de las denuncias se referían a la Comisión. 
No la estoy haciendo culpable. 
Por razón de la distribución de competencias queda claro a quién se quiere denunciar. 
Aunque lo que sí me parece interesante es la concentración de las denuncias. 
Un 28% se refiere a la falta o negación de informaciones, esto es, a cuestiones de falta de transparencia, y otro 24% son retrasos evitables. 
Juntos son más de la mitad de las denuncias concentradas en esas dos áreas. 
Esto es, señora Comisaria, el ámbito de la buena gobernanza. 
Estos serían las áreas donde con cero euros se podría lograr un mejora de la administración europea. 
Me parece extraordinariamente relevante, y esto debe decirse con toda claridad en un Parlamento, que la Comisión se haya olvidado de consultar, sobre el tema del Libro Blanco de la gobernanza, al profesional específico a nivel europeo: al Defensor del Pueblo. 
Por eso le pregunto, señora Comisaria, ¿hasta qué punto se está tomando en serio la mejora de la administración a nivel europeo? 
No necesitamos libros blancos, tenemos un Defensor del Pueblo que todos los años recibe denuncias por parte de nuestros conciudadanos y conciudadanas. 
Se necesita sencillamente voluntad política, y no diferir la toma de decisiones mediante libros blancos, estudios y quién sabe qué cosas se encargarán todavía. Se necesita otra administración. 
Esto se desprende claramente de este informe. 
Me he permitido dedicar el apéndice del informe a algunos casos. 
Señora Comisaria, eso es un submarino. 
Usted conoce la importancia que los submarinos tuvieron para la Comisión anterior y lo que sucedió. 
Que se necesiten docenas de intervenciones del Defensor del Pueblo para que un submarino reciba finalmente un certificado de trabajo por parte de la Comisión dice poco en favor de la nueva Comisión. 
Si ésta no ha podido admitir la existencia de submarinos hasta el año 2000, ¿a quién quiere usted convencer de que la Comisión va a tomarse en serio la transparencia y- esto lo digo como socialista- la protección de los derechos de los trabajadores? 
En estos casos, que deben ser vistos críticamente, quisiera pedir a nuestros defensores del pueblo que hagan un follow up aún más estricto para ejercer un poco más de crítica, pues sino todo se queda en pura lisonja y nadie me cree. 
Señor Södermann, le pediría a usted además, como ya he escrito en el informe, que presente un informe especial sobre el tema del acceso a documentos o datos. 
Por lo demás, no me queda sino felicitarle por su trabajo. 
Quisiera incluir en esa felicitación a sus colaboradores. 
Creo que su trabajo es una piedra fundamental para el desarrollo de la Unión Europea, y espero que siga usted trabajando como hasta ahora. 
Señor Presidente, esta semana hemos estado debatiendo muchísimos asuntos importantes: la ampliación de la Unión, la futura gobernanza de la Unión y las medidas contra el terrorismo, entre otras. 
No quiero que nadie piense que las cuestiones que abordamos en el debate conjunto de esta mañana no son de la mayor importancia. 
La Unión Europea es un gran ideal. 
Las instituciones son, sin duda, respetables y los funcionarios de las instituciones intentan cumplir con sus funciones de manera responsable. 
Como el propio Defensor del Pueblo ha dicho esta mañana, desgraciadamente las instituciones europeas no gozan de la más alta reputación entre nuestros ciudadanos. 
Es esencial, por tanto, que se adopten todas las medidas para garantizar la calidad de la administración de los asuntos europeos por parte de las instituciones de la UE. 
En el Parlamento contamos con la Comisión de Peticiones y con el Defensor del Pueblo para examinar las acusaciones de mal funcionamiento de la administración. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje a Herbert Bösch por su trabajo en el informe sobre el Defensor del Pueblo, a mi colega en el último informe, Felipe Camisón, por su trabajo de la Comisión de Peticiones y a la Sra. Almeida Garrett por su trabajo sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo. 
Necesitamos un nuevo acuerdo marco para que también los Estados miembros presten una mayor atención a las obligaciones que les corresponden en virtud de los Tratados de la UE. 
Deberíamos, asimismo, hacer constar nuestro agradecimiento al Defensor del Pueblo y a su personal por la calma y la eficacia con que desempeñan sus funciones. 
No debe de ser fácil ser el departamento de quejas de Europa. 
Exige unas habilidades especiales y el Sr. Söderman nos ha demostrado que las tiene en abundancia. 
Pasando a mi informe, en el que se propone un código de buena conducta administrativa, diré que ha tenido una larga gestación y que en el anterior Parlamento tanto yo mismo como la Sra. de Esteban presentamos informes proponiendo un código de buena conducta administrativa. 
Doy las gracias a los ponentes de la Comisión de Derechos de los Ciudadanos y de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en particular al Sr. Dehousse, que han indicado una vía procedimiental que podría permitirnos, y espero que lo haga, lograr este código. 
Para que el código sea plenamente eficaz hay dos principios esenciales. 
Primero, debe tener una base jurídica. 
La buena administración es un derecho, no un privilegio, y el código debe ser uniforme para todas las instituciones. 
Es necesario que los ciudadanos sepan en qué posición se encuentran y cuáles son exactamente sus derechos al tratar con las instituciones. 
El derecho a una buena administración está recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. 
Pero, sin este código, la carta no sería más que palabras. 
Este código da contenido a la Carta de Derechos Fundamentales. 
Es un concepto que se recoge en leyes similares de la mayoría de los Estados miembros. 
En España, por citar un ejemplo, la ley sobre procedimiento administrativo de 1992 exige que las autoridades traten a los ciudadanos con respeto y cooperación. 
Alemania mediante su ley contra prácticas injustas, que data de 1909, impone a sus funcionarios el buen ejercicio de sus funciones. 
La Unión Europea debe ahora seguir estos pasos con su propio código de conducta administrativa. 
Valoro el que la Comisión, en particular, pero también las demás instituciones, hayan adoptado y estén aplicando sus propios códigos voluntarios. 
Éstos son buenos dentro de sus límites pero no van lo bastante lejos y han de ser obligatorios en lugar de voluntarios. 
Existen, sin embargo, algunas diferencias entre el código propuesto, según la actual redacción del Defensor del Pueblo, al que espero esta Asamblea dé su respaldo, y los códigos actualmente en vigor. 
Me referiré sólo a una de estas diferencias, cual es, la exigencia de que cuando de produzca un error, el funcionario responsable tenga que disculparse ante el ciudadano que haya sufrido el resultado. 
La disposición a pedir disculpas nunca viene mal, por eso yo apoyo particularmente esa disposición del texto. 
En conclusión, los parlamentarios británicos como yo solemos estar en contra de las constituciones escritas. Son ajenas a nuestra tradición. 
Muy a menudo nos parece que se centran en dar el poder a los que tienen la autoridad y en pasar por alto los derechos del ciudadano. 
Pero, desde la Carta Magna de 1215 hasta nuestra carta de los ciudadanos de los años noventa, en Gran Bretaña hemos acogido favorablemente los códigos que recogen los derechos de los ciudadanos. 
Espero que los europeos vean en esto una contribución a la buena gobernanza de Europa que incluso los parlamentarios británicos pueden apoyar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Defensor del Pueblo, recientemente la Carta de Derechos Fundamentales reconoció a todos los ciudadanos europeos el derecho a la buena administración. 
Y ése es para nosotros un objetivo fundamental de la construcción de Europa. 
Y, como tal, es un territorio que nos une a todos, en el que todos- funcionarios y políticos, administrados y administradores- estamos en el mismo lado. 
Desde 1994 los ciudadanos europeos tienen su Defensor del Pueblo y saben que pueden contar con él y con su intervención competente y autorizada, en la defensa de sus derechos y en la búsqueda inteligente e incansable para contribuir a corregir y mejorar la actuación de la administración comunitaria. 
En esa medida el Defensor del Pueblo ha podido contar siempre con el apoyo de este Parlamento. 
A lo largo de los últimos años y mediante la presentación de informes anuales podemos ver la afirmación cada vez más visible de esa aún joven institución y los resultados cada vez más consistentes y voluminosos de su noble actividad. 
Hoy ha llegado la hora de presentar a Sus Señorías algunas modificaciones de su estatuto. 
No se trata, evidentemente, de revolución alguna. 
El tiempo ha demostrado- y la práctica seguida por el Defensor del Pueblo constituye ejemplo de ello- que ha desempeñado siempre los poderes y las competencias que se han atribuido con vistas a la consecución del objetivo fundamental de su actividad, en la búsqueda incesante del fortalecimiento de los procedimientos administrativos idóneos de la Unión Europea. 
De lo que hoy se trata aquí es sólo de la adaptación del articulado del Estatuto al nuevo ambiente normativo que, por fortuna, ha ido dando pasos importantes con vistas a la construcción de una verdadera Europa de los ciudadanos, fortaleciendo la urgencia de una administración moderna, cada vez más abierta y transparente. 
Al aclarar los poderes de investigación del Defensor del Pueblo, al darle todos los medios de acceso a los documentos y a la obtención de la verdad, estamos seguros de mejorar las condiciones de funcionamiento de la administración y estrechar la proximidad de los ciudadanos a las diferentes instituciones europeas. 
Una última palabra, señor Presidente, sólo para referirme al único asunto que a veces nos ha dividido y que hoy va a ser objeto de presentación de una enmienda a mi informe, que no podré apoyar. 
Tiene que ver con la posibilidad de que el Defensor del Pueblo oiga también a los miembros de las instituciones o, más concretamente, a los de la Comisión. 
Estoy convencida de que la mayoría de esta Asamblea comprenderá que, dada la tenue frontera que a veces existe entre actos políticos y actos administrativos, el Parlamento reivindique para sí el monopolio de la fiscalización política de los miembros de la Comisión, como competencia propia de quienes fueron elegidos directamente por los ciudadanos y que reconozca que ese poder no es siquiera delegable. 
Y con el reconocimiento de esa concepción común este Parlamento, y su ponente en particular, esperan de la Comisión, y en particular de la Comisaria Loyola de Palacio, su opinión favorable y del Consejo la aprobación de las enmiendas que hoy proponemos. 
. (IT) Señor Presidente, quiero en primer lugar felicitar al Defensor del Pueblo por la labor que ha realizado con extrema competencia y también y ante todo en defensa de los derechos de todos los ciudadanos de la Unión. 
Quiero asimismo expresar mi agradecimiento a la Sra. Almeida Garrett porque ha sabido construir con gran destreza su posición y ha conseguido una mediación inteligente. 
Como siempre, la sociedad avanza y las leyes van detrás del progreso, incluso rápido, de la sociedad y, en consecuencia, existe una lentitud de la ley respecto a las costumbres. 
Por lo tanto, considero justo que el Defensor del Pueblo haya propuesto una modificación del artículo 3 de su Estatuto que data de los años 90. 
Sin embargo, estimé, con otros colegas de la Comisión de Peticiones, que era algo excesiva la solicitud de modificar el artículo 3 que se refería en particular a la obligación de los miembros de las Instituciones comunitarias de prestar testimonio. 
Y esto porque existe una dificultad y una divergencia, también jurídica en lo que al control de las prácticas administrativas y al control de los actos políticos de los miembros de las Instituciones se refiere. 
En consecuencia, era necesario mantener un mayor equilibrio, a pesar de que no había ninguna voluntad de frenar la que podía ser una actividad de investigación, en pos de la claridad y sobre todo en defensa de la cercanía y de la transparencia que son pilares fundamentales de los Tratados de la Unión. 
Considero que la solución adoptada, con una revisión parcial a la que ha contribuido también el Defensor del Pueblo con su última carta, en la que acepta las posiciones de la ponente Sra. Almeida Garret y de la Sra. Comisaria, es la mejor solución posible y que en el futuro se pueda proceder adecuadamente, en el respeto a la normativa comunitaria, también a una revisión más sistemática y más jurídica del propio Estatuto, siempre en función de ese principio de proximidad y de transparencia que debe regular- y es deseable que se mantenga- la cercanía de los ciudadanos europeos a las Instituciones comunitarias. 
Señor Presidente, Señorías, con la proclamación de la Carta se dio un paso importante para los ciudadanos de la Unión Europea aunque todavía se discuta el estatuto jurídico alcanzado con la misma. 
En todo caso, la continuación de este importante proceso necesitará más esfuerzos en todos los ámbitos. 
Con la Carta se ha fijado una tríada, además de otras cosas importantes, para los ciudadanos europeos, que se refleja en los tres informes presentes: peticiones, defensor del pueblo y buena administración. 
Por eso hay que felicitar a los autores de este informe que tengo el honor de presentar, Bösch, Almeida Garrett y Perry. 
Han dado un paso importante para fijar la tríada mencionada. 
Falta la creación de una infraestructura más, una red para enraizar estas instituciones en la ciudadanía. 
Será muy interesante ver cómo será esa red en todas sus ramificaciones. 
El derecho conoce muchos instrumentos para llevar a la práctica derechos jurídicos: constituciones, leyes, reglamentos, decretos y así hasta las más simples instrucciones. 
Para todas rige el principio de que, cuanto más general es la formulación de los mismos, más arriba hay que situarla en esta jerarquía, y cuanto más específica, más abajo. 
Por eso está bien que hayamos presentado un código de buena conducta administrativa, y es correcto que la Comisión recoja el guante y presente un reglamento al respecto. 
Pero en la aplicación concreta debemos estar atentos a lo que finalmente ponga en ese reglamento. 
En Alemania hubo una vez una disposición que decía que a partir de 80 cm de profundidad, el soldado tenía que empezar a hacer movimientos natatorios. 
Si esto se traslada a una constitución, entonces los cabaretistas arremeterían contra ella. 
Por eso, muy sensatamente, esa disposición no figura en la constitución alemana sino en las instrucciones del servicio militar. 
Creo que es importante organizar bien la administración. 
Esto no significa sólo asegurar una toma correcta de decisiones, sino que concierne también a la cuestión de cómo la administración se le presenta al ciudadano, o, a veces, a sus negocios. 
Esto es muy importante. 
Una administración moderna significa que el ciudadano no es un peticionario frente a la administración, sino un cliente. 
Una administración moderna significa que ella misma no se conciba como autoridad, sino como prestadora de servicios. 
Para eso está, y el ciudadano tiene fundados derechos para esperar recibir buenos servicios. 
Señor Presidente, me gustaría empezar felicitando a los miembros de mi comisión, Sr. Bösch y Sr. Perry, y también a la Sra. Almeida Garrett por sus informes. 
Felicito igualmente al Sr. Söderman por su defensa permanente e incansable de la ciudadanía europea. 
El planteamiento de estos informes se basa en la necesidad de crear un sistema de transparencia y entendimiento de tal modo que los ciudadanos de la Unión Europea puedan confiar en que cuando tengan una queja legítima pueden recurrir al Defensor del Pueblo o a la Comisión de Peticiones, dependiendo de la naturaleza de su problema. 
Es importante que aclaremos al público las distintas funciones de las dos instituciones y que exijamos una mayor publicidad y una política de información más eficaz tanto para la secretaría del Defensor del Pueblo como para el proceso de peticiones ante el Parlamento. 
Respaldo totalmente la opinión de que es necesario incorporar la Carta de Derechos Fundamentales a los tratados de la Unión, para ampliar los derechos de los ciudadanos europeos. 
Para ser la más progresista combinación de Estados, debemos asegurarnos de que nuestras instituciones son plenamente democráticas y responsables y de que se garantizan y defienden los derechos individuales y colectivos de todos. 
Felicito al Defensor del Pueblo, en particular, por exponer sucintamente- quizá uno de los pocos que lo han hecho en el ámbito europeo- la razón que subyace al fracaso del referéndum irlandés, que es la brecha entre los administradores y los administrados. 
No hay, a mi juicio, duda alguna, en absoluto, de que esto es así y de que ha suscitado todo tipo de preocupaciones. 
El informe Bösch elogia la cooperación entre el Parlamento y la Comisión de Peticiones y la secretaría del Defensor del Pueblo así como el inestimable procedimiento de remitir las quejas a la Comisión de Peticiones cuando escapan a su ámbito de competencia. 
Acojo favorablemente la propuesta del Defensor del Pueblo de una más estrecha relación de trabajo entre la Comisión de Peticiones y su Secretaría en relación con las implicaciones jurídicas de algunos de los casos que se nos plantean. 
El informe Perry es otro importante trabajo y, como ha dicho el Defensor del Pueblo, es apropiado que el Sr. Perry, el autor del informe, tenga un papel por haber iniciado la idea misma del código de conducta a escala europea. 
Es esencial que se aplique un código de conducta común a todas nuestras instituciones, para que los ciudadanos no se vean desconcertados o embaucados por la respuesta de nuestras instituciones a sus problemas y quejas. 
Señor Presidente, estos tres informes, en general, suponen un firme refrendo a la función de la Secretaría del Defensor del Pueblo y también a la persona que ocupa el cargo en la actualidad y mi Grupo felicita calurosamente al Sr. Söderman por su trabajo. 
Es evidente que el Defensor del Pueblo, reforzado por la Carta, desempeña una papel cada vez más fuerte y significativo en la protección a los ciudadanos frente a los abusos del ejecutivo. 
Hemos presentado una enmienda al Artículo 3 del Estatuto, que situaría a los miembros de la Comisión y a los parlamentarios, al igual que a los integrantes de las agencias de la Unión, como Europol, bajo la esfera del Defensor del Pueblo. 
La Comisión se opone a esta reforma alegando que implica una interferencia política, pero nosotros creemos que el Defensor del Pueblo es perfectamente capaz de distinguir entre mal funcionamiento de la administración y políticas defectuosas. 
El derecho a investigar la conducta de los responsables últimos de la administración constituye parte esencial de una buena gobernanza y un complemento necesario, no un sustituto, del trabajo de este Parlamento en el ejercicio del control democrático respecto del Colegio. 
En la mayoría de los Estados miembros, si no en todos, los ministros están sometidos a preguntas del defensor del pueblo nacional y sería una lástima que la exigencia de las normas europeas sobre buena administración fuera inferior que la de la de las normas establecidas en nuestros Estados miembros. 
De hecho, en nuestra opinión, debería ser superior. 
Señor Presidente, hablamos hoy aquí de ciudadanía europea y de los derechos de esos ciudadanos europeos. 
Creo que nuestro ponente, Sr. Perry, apoya claramente un código de conducta que refleje el propósito de quienes redactaron el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales, el derecho de los ciudadanos a una buena administración. 
Ese código exige claramente buena conducta administrativa de todos: de instituciones y de funcionarios, y exige asimismo que se aplique uniformemente en todas las instituciones. 
Ese código debe tener la mayor difusión, la mayor transparencia, el mejor acceso posible a los ciudadanos. 
Debe facilitar la cercanía y credibilidad de las instituciones europeas (creo que nos falta aún mucho camino por recorrer en ese sentido) y debe aplicarse sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, color, origen étnico, lengua o religión. 
Recuerdo a este propósito, señor Presidente, que a una compañera nuestra, alemana, de origen kurdo, -muy morena y de ojos negros -, incluso en esta institución, se le pide la tarjeta con más- diría yo- "diligencia" que al resto de los diputados, porque no parece diputada. 
Si eso ocurre aquí, en este Parlamento, ¿qué puede ocurrir fuera de él? 
Por lo tanto, es muy importante que el código de conducta se aplique sin discriminación alguna. 
Creo que hay que felicitar a las agencias que ya han adoptado ese código de buena conducta propuesto por el Defensor del Pueblo, y aprovecho para felicitar a éste por su trabajo. 
Creo que el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a la que pertenezco, sabemos muy bien, por las quejas de los ciudadanos, que aún estamos lejos de que las instituciones comunitarias resulten creíbles y cercanas a estos ciudadanos y que está en nuestra mano facilitar ese acercamiento y esa credibilidad. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo, quisiera mencionar la modificación propuesta del artículo 3 del estatuto del Defensor del Pueblo, es decir, quiero hablar del informe de la Sra. Garrett. 
Dar acceso a todos los documentos clasificados que emanan de un Estado miembro sin el consentimiento de dicho Estado, incluso cuando se trata de documentos que pueden tratar asuntos diplomáticos o de defensa, nos parece un precedente muy peligroso, sobre todo si esta revisión de cierto modo se impone a los Estados miembros. 
El resultado perverso de esta medida, si se aprueba, sería evidentemente que los Estados miembros se verían incitados a retener los documentos clasificados en lugar de comunicarlos a uno u otro órgano comunitario. Esta es la razón por la que mi Grupo no puede suscribir a esta propuesta. 
Ahora, en lo relativo al informe Bösch, no compartimos totalmente el optimismo del Sr. Bösch sobre el análisis de la actividad del Defensor del Pueblo Europeo. 
Efectivamente, el trabajo de los servicios del Sr. Söderman parece realmente notable teniendo en cuenta cuán modestos sus medios. 
Sin embargo, poco más de 1700 quejas recibidas en 2000, de las que sólo 297 fueron declaradas procedentes no demuestra una buena administración por parte de las instituciones de Europa, demuestra ante todo la falta de información de los ciudadanos sobre sus medios de defensa contra algunos aspectos de la eurocracia de Bruselas. 
En lo relativo al contenido de las quejas registradas, esencialmente contra la Comisión, nos parecen sintomáticas: se niega información, falta de transparencia, retraso de pago, abuso de autoridad, injusticia e incluso discriminación constituyen en lo esencial las quejas y reclamaciones. 
A mi juicio, es conveniente continuar la reflexión sobre el fondo de estas quejas. 
Señor Presidente, señor Söderman, hace más de diez años propusimos la implantación de la figura del Defensor del Pueblo europeo. 
Luchamos largamente por brindarle un estatuto adecuado para que el Defensor del Pueblo pudiera acceder a controlarlo todo. 
Esta batalla se perdió, pero ahora debe retomarse. 
El estatuto debe ser revisado de modo que el Defensor del Pueblo tenga derecho a examinar cualquier documento antes de que deba pronunciarse en un caso. 
El Defensor del Pueblo debe respetar naturalmente el derecho a la intimidad y otras exigencias lógicas sobre confidencialidad, pero debe tener derecho a examinarlo todo. 
Si los funcionarios de la Comisión pueden valorar ellos mismos que quieren que se controle, entonces no hablamos de un Defensor del Pueblo, hablamos de la función de un relaciones públicas. 
La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo tiene el mismo problema. 
La propia Comisión decide qué quiere que se controle. 
El propio Tribunal de Cuentas no tiene derecho a controlar completamente a la Comisión. 
El Presidente ha comunicado en la comisión que él tampoco tiene derecho a examinar todos los justificantes. 
El Sr. Prodi debería comenzar por aquí, en lugar de lanzar nuevas promesas vacías sobre más transparencia y cercanía a los ciudadanos. 
El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Justicia han realizado un buen trabajo en favor de más transparencia. 
Jacob Söderman se ha ganado nuestro aplauso, sin embargo, el nuevo reglamento sobre transparencia no será un gran avance para la transparencia, corremos el riesgo de retrocesos directos. 
Por ello hace falta apostar nueva y activamente por el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Comisión de Control Presupuestario. 
Una serie de miembros activos de la Comisión de Control Presupuestario han emprendido acciones judiciales contra la Comisión y a éstos debe respaldarlos todo el Parlamento. 
El Tribunal de Cuentas no debe aceptar una sola negativa al examen de un justificante. 
Si aún así sucede, el Parlamento debe hacer constar que no otorgará la aprobación de la gestión- y estimado señor Defensor del Pueblo, ¿por qué no acudir a la opinión pública y al Tribunal de Justicia con una negativa de acceso a un documento que tú consideras injustificada? 
Señor Presidente, puede parecer una pugna por una pequeña cuota en la tupida red de contratos de la Unión Europea, pero creo que con lo que tenemos que tratar ahora constituye un tema fundamental más que simplemente una cuestión de diferencias culturales. 
Se pone una vez más de manifiesto que el mundo no ha conseguido todavía hacer llegar a Europa los principios de la Ilustración tal y como la Constitución americana y el Freedom of Information Act han llegado a la práctica jurídica de Norteamérica debido a que, desgraciadamente, la Ilustración se detuvo desgraciadamente ante la tradición administrativa francesa. 
Esa sensación me han dejado las diferentes intervenciones. 
Es amarga la experiencia de ver que la Unión Europea sigue estando allí donde estaba cuando el proyecto para la creación de un defensor del pueblo el 17 de diciembre de 1992. 
Pero bueno, ahí estamos, y creo que sería hora de que empecemos ya de una vez. 
Si tantas quejas hay de ciudadanos con problemas con las instituciones de la UE es porque, en definitiva, aquí se sigue silenciando y practicando el secretismo. 
Lo que propone el informe Garrett, que, pienso, debe ser apoyado, es tan sólo un primer paso. 
Primero debería ser el Defensor del Pueblo quien consiga acceso a todos los documentos, y luego los ciudadanos. 
Necesitamos urgentemente la reversión de la carga probatoria. 
Le pediría incluso al Defensor del Pueblo que en un futuro nos diga qué documentos le han sido negados pese a haberlos solicitado bajo secreto sumarial, de manera que mediante la reversión de la carga probatoria podamos lograr que ahí realmente haya democracia y tengamos el mayor acceso posible a los documentos y a las publicaciones de las sesiones del Consejo. 
Pues estoy convencido de que no puede haber democracia sin transparencia. 
Señor Presidente, yo acojo favorablemente todos estos informes pero me centraré esta mañana en el informe Bösch que destaca el trabajo tan importante realizado por el Defensor del Pueblo que avanza en el respeto de la idea de transparencia y gobernanza abierta. 
Es de esperar que esto muestre a los ciudadanos que las instituciones europeas se esfuerzan verdaderamente por actuar en interés de la gente y que los casos de mal funcionamiento de la administración van a ser castigados siempre. 
Evidentemente, los poderes del Defensor del Pueblo son limitados, pero me complace que el informe demuestre que el Defensor del Pueblo hace todo cuanto puede en la mayoría de los casos en nombre del juego limpio. 
El grueso del informe del Defensor del Pueblo comprende una relación detallada de las quejas que se le han presentado sobre mal funcionamiento de la administración de las instituciones europeas, de las investigaciones que su Secretaría ha realizado y de las medidas adoptadas, incluyendo, por supuesto, los resultados. 
Sin embargo, muchas de las quejas dirigidas al Defensor del Pueblo siguen refiriéndose a actos de las autoridades nacionales, sobre los que el Defensor del Pueblo europeo no tiene competencia, y muchas quejas demuestran no merecer acción alguna. 
El número de casos en los que la intervención del Defensor del Pueblo ha resultado satisfactoria para la persona que planteó la queja indica que ha desarrollado modos eficaces de conseguir que las instituciones europeas cumplan con sus recomendaciones. 
Los informes especiales del Defensor del Pueblo, basados en su derecho a plantear preguntas por iniciativa propia, suponen una importante aportación a la interpretación y desarrollo del derecho comunitario. 
Acojo de modo particularmente favorable el hecho de que, en la redacción de la Carta de Derechos Fundamentales, el Defensor del Pueblo haya instado firmemente a que la Carta reconozca el derecho de los ciudadanos a una administración transparente, responsable y servicial. 
Los órganos comunitarios tienen el deber de configurar el derecho y las políticas comunitarias de un modo tal que sean beneficiosos y comprensibles para los ciudadanos. 
El Movimiento Popular contra la UE, al que represento, ha trabajado desde el primer momento a favor de un control eficaz por parte del Defensor del Pueblo de las instituciones comunitarias. 
Nunca hemos albergado ilusiones de que esta garantía de seguridad jurídica escandinava que es el Defensor del Pueblo fuera a revolucionar la burocracia comunitaria, pero sí veríamos como un avance que el Defensor del Pueblo pudiera abrir algunos caminos transitables en la jungla comunitaria. 
El Defensor del Pueblo no lo tiene fácil. 
Arreglárselas con la inercia de los sistemas comunitarios requiere considerable paciencia. 
La muy moderada propuesta del Defensor del Pueblo de un código de conducta de buena práctica administrativa para cada institución ha sido recibida con esta combinación de buena voluntad verbal y pasividad práctica que puede bloquear cualquier avance en la práctica, y las actuales limitaciones en el acceso del Defensor del Pueblo a la información de los datos relevantes de los casos que tramita- se trata del artículo 3 del estatuto- son sencillamente escandalosas. 
No obstante, el Defensor del Pueblo es paciente. 
Las instancias y peticiones reciben carpetazo en las instituciones, sin embargo, esto no hace abandonar al Defensor del Pueblo. 
El molino muele despacio, pero creo que muele. 
Podremos respaldar un reglamento sobre una buena práctica administrativa y no es la palabrería desdentada de la Comisión, sino el propio borrador del Defensor del Pueblo. 
Semejante reglamento no revolucionará las administraciones, para ello son precisos cambios fundamentales en la cultura administrativa, y tal cosa no tiene lugar de un día para otro, no obstante, las normas pueden contribuir al desarrollo de la seguridad jurídica y de la transparencia. 
De forma análoga respaldamos la propuesta por la que se modifica el artículo 3 cuyo verdadero significado hoy es que las instituciones pueden negarse a facilitar al Defensor del Pueblo los datos que le son necesarios para su labor de control. 
No me parece que la propuesta vaya lo suficientemente lejos, sin embargo, los pequeños avances son mejores que nada. 
Le deseo suerte a Jacob Söderman. 
Señor Presidente, el debate conjunto de estos tres informes es muy significativo. 
Deberá convertirse en patrimonio común la convicción de que la labor del Defensor del Pueblo no es simplemente importante, sino que es crucial para la adecuada construcción de la Unión Europea. 
Esto, desgraciadamente, no lo saben todavía muchos de nuestros colegas. 
Es una gran suerte el hecho de que esta responsabilidad esté en manos de una persona experimentada, el Sr. Söderman, con más que demostrado entusiasmo por su trabajo. 
He sido redactor del informe sobre la aplicación del derecho comunitario y he visto muy de cerca los grandes problemas causados por el mal cumplimiento del derecho comunitario. 
No es un problema jurídico, sino social, porque conduce a un mal funcionamiento de la sociedad civil europea, y político, porque expresa el grado de madurez del orden legal europeo que pretendemos. 
Al mismo tiempo, he visto el gran papel desempeñado por el Defensor del Pueblo al servicio del normal funcionamiento del orden legal comunitario. 
Basta recordar que la mayor parte de las infracciones del derecho comunitario han sido detectadas gracias a la institución de la reclamación. 
El segundo aspecto que quisiera resaltar en relación con el papel regulador del Defensor del Pueblo es que el derecho de reclamación y petición tiende a convertirse en un procedimiento de conciliación y solución pacífica de conflictos, única vía para la resolución poco costosa y flexible de los litigios y para el descongestionamiento del Tribunal de Justicia. 
Sin embargo, cueste lo que cueste, y por encima de todo, hay que encontrar el modo de reducir considerablemente el tiempo de tramitación de las reclamaciones. 
Para concluir, señor Presidente, quisiera señalar, por lo que respecta al código deontológico, que éste ha de ser aplicado uniformemente, en lo que se refiere a sus principios generales, por todas las instituciones; sólo en lo que se refiere a las particularidades propias de cada institución éstas deben aplicar su propio código de buena conducta. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Defensor del Pueblo por el gran trabajo que hace garantizando los derechos de los ciudadanos en el sistema comunitario. 
La institución del Defensor del Pueblo es una institución muy importante y es importante que todos la vigilemos constantemente y nos aseguremos de que pueda desarrollar sus actividades, también a la luz del nuevo desarrollo. 
El propio Defensor del Pueblo mencionó que la distancia entre ciudadanos y UE es muy grande. 
Hablamos mucho al respecto pero en realidad hacemos muy pocas revoluciones para cambiar esta situación. 
Uno de los motivos que provoca también el que los ciudadanos no entiendan el sistema comunitario es por supuesto la forma absolutamente incorregible en la que nos hemos organizado con sedes físicas en Luxemburgo, Bruselas y Estrasburgo, y me parece que cabe preguntarse si- no obstante, ésta sí es en parte la propia decisión del Defensor del Pueblo- el que el Defensor del Pueblo tenga su sede aquí en Estrasburgo resulta muy conveniente. 
A mí no me lo parece. 
Me parece que da a entender muy fácilmente que se asigna al Defensor del Pueblo una posición secundaria con respecto al resto de instituciones comunitarias, a las que debe controlar, pero también reformar, y creo que quizá esto puede contribuir a crear más conflictos. 
Por lo demás, voy a mencionar un par de ámbitos. 
El primero es el Libro Blanco. 
El mismo Defensor del Pueblo hizo mención a él. 
Me parece un muy buen ejemplo de que cuando el Defensor del Pueblo no se relaciona diariamente con la Comisión, entonces no es mencionado en el Libro Blanco que el señor Presidente Prodi presentó el otro día, lo que de otro modo habría sido obvio. 
En segundo lugar me gustaría decir que creo que hay muy pocos casos. 
Sé bien que el Defensor del Pueblo lucha con el tiempo, pero no entiendo que no haya más casos si se piensa en el enorme tamaño del aparato institucional del que estamos hablando. 
También quiero decir en tercer lugar, y me parece muy importante, que el Defensor del Pueblo ha hecho un esfuerzo por lograr que los países candidatos dispongan de defensor del pueblo. 
Será sumamente importante cuando tengamos a los nuevos países candidatos que también garanticemos que entienden qué es una buena práctica administrativa toda vez que en realidad no disponen de experiencias concretas de nuestra forma de administrar las cosas. 
En cuarto lugar, celebro que el Defensor del Pueblo haya adoptado el sistema de correo electrónico y trabaje enérgicamente con él para que tengamos verdaderos casos y no sólo casos basura. 
Señor Presidente, yo también acojo favorablemente los informes y, refiriéndome en concreto al informe de la Sra. Almeida Garrett, comparto las propuestas de ampliar el derecho del Defensor del Pueblo de acceder a todos los documentos. 
Acojo de un modo particularmente favorable el cambio propuesto en relación con el carácter de los documentos que emanan de los Estados miembros. 
En la Comisión de Peticiones y en otros lugares, estamos encontrando dificultades con esta pregunta: ¿a quién pertenece la información? 
Es crucial que el Defensor del Pueblo disponga del acceso más amplio posible y yo estoy de acuerdo con los comentarios de mis colegas sobre la necesidad de una mayor transparencia. 
Sólo lamento que no planteáramos esa cuestión con mayor vigor cuando el Parlamento celebró su propio debate del acerca del acceso a los documentos confidenciales. 
El informe del Sr. Perry también es importante, especialmente en la definición que hace de las instituciones y en el énfasis que pone en la disposición a cooperar e informar. 
Otras administraciones podrían aprender de esto; también acojo favorablemente la ampliación de la no-discriminación propuesta en su enmienda al Artículo 5. 
Señor Presidente, una año más da gusto leer el informe anual del Defensor del Pueblo. 
Me parece que sigue el camino correcto y resulta muy satisfactorio leer que el Defensor del Pueblo ha obtenido los documentos que ha solicitado. 
Espero que esta práctica se contagie al resto del sistema comunitario pues así debe ser. 
Sólo con la transparencia garantizamos que puedan ser combatidos el fraude y las irregularidades y que los políticos disfruten de una mejor imagen entre la población. 
Podríamos haber tenido más necesidad del Defensor del Pueblo en un caso en Inglaterra en el que Lloyd's ha estafado a miles de personas lo que ha provocado una larga sarta de tragedias tales como suicidios, etc. Percibimos cierta opacidad en el gobierno inglés, en el Consejo y en la Comisión y sería útil que el Defensor del Pueblo pudiera ayudarnos más en este caso. 
Creo que la Comisión de Peticiones debería tener mayores competencias. 
Quizá sea una de las comisiones más importantes pues en el sistema comunitario es a la que el hombre de a pie puede acudir y presentar un caso. 
De ahí que resulte también sumamente importante que exista una comisión poderosa que pueda ayudarle cuando presente un caso. 
Quiero decir que cuando escuché a mi compañero, la intervención de Ole Krarup, me quedé muy sorprendido. 
Por supuesto, incluía las indirectas que cabe esperar cuando uno es contrario, sin embargo, conociendo como conozco a Ole Krarup, tenemos aquí una prueba de que adora este sistema, de que realmente piensa que es excepcionalmente bueno, pero que no quiere reconocerlo del todo. 
Creo que por este camino el propio Ole Krarup acabará manifestando que necesitamos la UE. 
. Señor Presidente, Señorías, ante todo quiero felicitar a los ponentes y al Sr. Söderman por el trabajo que han hecho y que me brinda la oportunidad de discutir con sus Señorías temas de índole institucional muy importantes para el buen funcionamiento de la Unión Europea y, precisamente, de cara a los ciudadanos, esos ciudadanos que tenemos que ser capaces de mantener lo más próximos que sea posible a las instituciones de la Unión. 
Empezaría por el informe Bösch, el informe anual de actividades del Defensor del Pueblo Europeo para el año 2000. 
Quiero reiterar, una vez más, el agradecimiento y el reconocimiento de la Comisión por el trabajo excelente que realiza la institución del Defensor del Pueblo Europeo y, desde luego, muy especialmente la figura del propio Defensor del Pueblo, el Sr. Söderman, que, indudablemente, lidera el trabajo y que es, en gran medida, el motor y la explicación de los resultados y de las buenas consecuencias que está teniendo la realidad del Defensor del Pueblo que- digámoslo claramente- cada día es más conocido por los ciudadanos europeos. 
La tarea del Defensor del Pueblo se centra en la mala administración y la Comisión está obligada a mejorar su gestión y la calidad de sus servicios en beneficio de los ciudadanos. 
Con esta perspectiva, la Comisión comparte las preocupaciones manifestadas por el ponente y, especialmente, la necesidad de acoger lo mejor posible y dar los mayores recursos posibles tanto al Defensor del Pueblo como a la Comisión de Peticiones. 
Un aspecto del informe Bösch que nos afecta especialmente es el seguimiento que debe darse a los comentarios críticos. 
El año pasado creamos, dentro de la Comisión, un procedimiento nuevo de examen sistemático de las conclusiones que debemos sacar de los casos tratados por el Defensor del Pueblo. 
Entiendo que estamos mejorando claramente el análisis, la aprobación y, por lo tanto, la colaboración con el Defensor del Pueblo. 
Para ilustrar este seguimiento, permítanme que les dé dos ejemplos: primero, como consecuencia de la iniciativa del Defensor del Pueblo, la Comisión ha aceptado, a partir del 1 de julio de 2000, el acceso de los candidatos a las pruebas escritas de sus oposiciones. 
Aquí, Señorías, no estamos diciendo palabras vacías, sino hablando de hechos concretos. 
A alguno de sus Señorías le rogaría que viera un poco más de cerca lo que de verdad se hace. 
Sus Señorías critican de manera muy importante a la Comisión. 
Y está muy bien que se critique a la Comisión cuando hace cosas que no son correctas; lo que pasa es que la crítica genérica, criticar la labor de la Comisión porque sí, en mi opinión, no ayuda a nada, ni a la propia Comisión ni al conjunto de las instituciones ni a la idea de Europa en los ciudadanos. 
Hay que hacer críticas cuando nos las merecemos. 
E intentaremos mejorar en todos los casos y, desde luego, siempre las estudiaremos, las analizaremos, las valoraremos y las tendremos en cuenta. 
Otro caso que voy a citar es la libertad de expresión de los ciudadanos y la supresión del límite de edad para la contratación de personal. 
La Comisión, por ejemplo, apoya políticamente estas orientaciones, pero son cuestiones que van más allá de nuestras propias capacidades y que tienen que ver con las otras instituciones. 
Tienen que ser objeto de un acuerdo interinstitucional, por ejemplo, para cambiar la cuestión de las edades en la contratación del personal. 
Nosotros lo apoyamos, lo aceptamos y estamos dispuestos a discutirlo con las otras instituciones, pero habrá que ver si éstas están de acuerdo en aceptar este planteamiento del Sr. Söderman que, desde luego, nosotros compartimos. 
Me voy a centrar ahora en el informe del Sr. Perry sobre el código de buena conducta administrativa. 
El Sr. Perry destaca la función crucial de estos códigos de buena conducta para garantizar un servicio de elevada calidad para los ciudadanos europeos. 
Son medios importantes para convertir el derecho a una buena administración, prevista en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en una guía operativa para el personal de las instituciones europeas. 
Por este motivo, la Comisión acogió con gran satisfacción la investigación que realizó el Defensor del Pueblo Europeo sobre la existencia de estos códigos. 
Es más, la Comisión cooperó estrechamente con el Sr. Söderman durante la elaboración de su código de buena conducta administrativa, que está aquí y que recoge gran parte- no diré que el 100% pero, sí, desde luego, muchas- de sus sugerencias y de sus aportaciones. 
Reitero mi agradecimiento al Sr. Söderman por su posición siempre positiva de intentar hacer propuestas que mejoren las cosas. 
Hemos tenido plenamente en cuenta las disposiciones contenidas en el proyecto del código del Defensor del Pueblo entre los diferentes códigos adoptados por las instituciones y los organismos europeos. 
El código de la Comisión es, ciertamente, el más próximo al modelo que nos proponía el Defensor del Pueblo, no sólo en lo relativo a su contenido y naturaleza jurídica, sino, también, en que vincula a nuestros funcionarios. 
Hay una cosa que sí querría decir a sus Señorías: no confundamos elementos. 
El Libro Blanco de la buena gobernanza es mucho más que una reforma administrativa. 
La reforma administrativa está en marcha, es responsabilidad del Comisario Kinnock, ya se han dado pasos positivos muy importantes en ese terreno- y sus Señorías hasta ahora han coincidido con la Comisión en esa valoración-. 
Tenemos que culminarla. 
Estamos en ello. 
El Sr. Kinnock está trabajando muy a fondo en ello. 
Pero eso es una cosa y la buena gobernanza es otra. 
El Libro Blanco de la buena gobernanza es mucho más que una reforma administrativa, es un planteamiento orientado a elucidar cómo recoger mejor, cómo aproximar mejor, cómo integrar mejor distintos elementos dentro de la cadena de responsabilidades en nuestra compleja sociedad. 
Es un problema que se plantea no sólo para las instituciones de la Unión Europea, sino en todos nuestros países, en todas las democracias avanzadas, una sociedad cada día más compleja con unos medios tecnológicos cada día más reales que hacen que la información fluya mucho mejor y que abren nuevas posibilidades, y donde, además, las formas de organización de la ciudadanía son, también cada día, más complejas. 
Ahí es donde está el Libro Blanco: cómo se enmarca todo ello en el juego institucional europeo. 
Eso es mucho más que una reforma administrativa. 
Por lo tanto, no confundamos la reforma administrativa con el Libro Blanco de la buena gobernanza que está preparando la Comisión, bajo la dirección del Presidente Prodi. 
Al igual que el Sr. Perry y el Sr. Söderman, la Comisión deplora- y se lo quiero decir al Sr. Perry muy claramente- la existencia de una gran variedad de códigos de distinta naturaleza jurídica. 
Ello no contribuye ni a la coherencia ni a la claridad jurídica. 
No obstante, hay que tener en cuenta, antes de dar más pasos, como se nos solicita en el informe del Sr. Perry, que conviene ver qué es lo que dan de sí los códigos de buena conducta puestos en práctica o aprobados recientemente- en la Comisión hace diez meses, en el Consejo en el mes de julio de pasado, justo antes del verano- y, por lo tanto, en nuestra opinión todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre la realidad de estos nuevos códigos de buena conducta. 
En ese sentido, a finales de este año, ya empezaremos a elaborar un informe, sobre todo en cuanto al código de buena conducta de la propia Comisión, que ya tendrá un año de aplicación. 
Pero cuando ya dispongamos de información suficiente, la Comisión podrá considerar si de verdad se prepara una propuesta legislativa sobre un reglamento horizontal o no. 
Para ello nos hace falta disponer de más información y, por ello, no tomamos ahora ninguna posición al respecto. 
En cuanto al informe de la Sra. Almeida Garrett, quiero decir que es indudablemente, desde el punto de vista institucional, el más sensible. 
Sin embargo, mi intervención sobre este informe debe ser breve, pues el artículo 195 del Tratado da a la Comisión tan sólo una competencia para emitir un dictamen- que además no es vinculante. 
Pero creo que es importante que se oiga cuál es nuestra opinión. 
La primera cuestión es felicitar a la Sra. Almeida Garrett por su magnífico trabajo. 
He tenido ocasión, además, de pronunciarme sobre este asunto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y de destacar que el estatuto actual ha funcionado bien. 
La Comisión ha dado curso a las investigaciones por iniciativa del Defensor del Pueblo- lo acabo de señalar -, por ejemplo, en el caso del código de buena conducta y, de manera general, la Comisión responde de forma constructiva y- agradezco al Sr. Söderman que lo haya resaltado- respetando los plazos a las solicitudes de información del Defensor del Pueblo. 
La Comisión de Asuntos Constitucionales propone tres modificaciones. 
En cuanto a la supresión de la excepción del secreto para el acceso a los expedientes, ya he tenido ocasión de señalar que la Comisión nunca ha recurrido a esta excepción en las veinte solicitudes de acceso presentadas por el Defensor del Pueblo. 
Cierto es que podríamos caer en la tentación de adecuar el Derecho al hecho y aceptar la postura adoptada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero, por otra parte, puesto que todo ha funcionado bien, tenemos también el derecho de preguntarnos si de verdad es imprescindible modificar este punto. 
Tenemos que dar, en todos los casos, prueba de prudencia sobre una cuestión delicada, debido al papel de la Comisión y al tipo de temas que trata en este momento y que, en función de la evolución de la construcción europea, van a ser muy variados y cada día más delicados. 
Igualmente, podríamos encontrar problemas con los gobiernos de los países miembros de la Unión. 
La estructura de la Unión Europea, asentada en tres pilares, hace que la función de la Comisión, como por otra parte el papel del propio Parlamento, sea diferente en función del pilar de que se trata. 
Por eso, la Comisión volverá a tratar estas cuestiones de manera más detallada en el dictamen que debemos emitir y que remitiremos en breve al Parlamento, cuando adopte una posición definitiva sobre el texto aprobado. 
En cuanto a la supresión del principio según el cual el testimonio de los funcionarios se presta en nombre de la administración de la que dependen, la Comisión no es dogmática, pero consideramos que es importante que los funcionarios no se manifiesten puramente a título personal, sino que representen y presenten los elementos y explicaciones de un asunto del que están a cargo. 
En cuanto al resto, deben atenerse a las obligaciones que derivan de su estatuto. 
Y sí quiero señalar que, como antigua parlamentaria, aparte de como miembro de la Comisión, participo plenamente de la posición de la ponente Sra. Almeida Garrett sobre las diferencias en cuanto a las responsabilidades políticas y administrativas y en cuanto a la responsabilidad del Parlamento Europeo respecto a lo que son las responsabilidades políticas, que son las que tenemos los comisarios y, no sólo los comisarios, sino los miembros de las otras instituciones. 
Respecto al acceso a los documentos procedentes de los Estados miembros convendría, como decía hace un momento, ser coherentes con el nuevo Reglamento (CE) nº1049/2001 sobre acceso del público a los documentos. 
El principio de recabar la autorización previa del Estado queda recogida en el apartado 5 del artículo 4 del Reglamento, así como en el acuerdo marco con el Parlamento. 
La declaración 35, aneja al Acta Final del Tratado de Amsterdam, va en el mismo sentido. 
Señor Presidente, para concluir, reitero mi felicitación a todos los ponentes y mi agradecimiento al trabajo enormemente constructivo del Sr. Söderman, que nos ayuda mucho, porque, desde luego, la crítica- y hay que saberlo muy bien- es un acicate para mejorar cada día y además aporta soluciones. 
Ya hemos avanzado, respecto al código de buena conducta, en el asunto de los procedimientos de infracción, en cuanto a la libertad de los funcionarios, entre otros. 
En ese sentido, quiero decir a sus Señorías que muchas cosas son criticables, porque no hay nada perfecto, pero que, cuando vamos más allá y criticamos sin fundamento, la crítica puede incluso perder su propio valor o, por lo menos, debilitarse. 
. 
(EN) Señor Presidente, hay varias cuestiones, entre ellas dos que se han planteado en el informe de la Sra. Almeida Garrett, que intentaré clarificar. 
En primer lugar, se ha suscitado la cuestión de la audiencia a los Sres. Comisarios como testigos y del problema que surgió en la Comisión de Asuntos Constitucionales donde había personas que opinaban que podría haber dificultades para establecer una línea divisoria entre el control político del Parlamento Europeo, la responsabilidad política de los Comisarios y la responsabilidad administrativa de dichos Comisarios. 
Muchos miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales pensaban que esto era muy difícil de resolver. 
Es muy importante entender que la Comisión es el órgano ejecutivo y que, en teoría, es la administración de la Unión, la que tiene el contacto con el ciudadano. 
Evidentemente, los Comisarios tienen funciones administrativas. 
En relación con ellas hemos recibido algunas quejas y los Comisarios siempre han respondido de forma muy correcta. 
Por consiguiente, para evitar más debates y confusión sobre este asunto, se podría eliminar del texto y, como ha dicho el ponente, un día podría no ser necesaria la respuesta por escrito. 
Me gustaría subrayar que OLAF tiene derecho a oír a los Comisarios y en eso se inspiraba mi propuesta. 
En segundo lugar, acerca de la cuestión de todos los documentos. 
La idea de que el Defensor del Pueblo tenga derecho a ver todos los documentos responde a que los ciudadanos carecen de tal acceso. 
La confianza en el trabajo del Defensor del Pueblo se basa en el hecho de que los ciudadanos aceptan que no pueden tener acceso a todos los documentos pero necesitan saber que el Defensor del Pueblo tiene ese derecho, en caso necesario. 
En esto se funda su confianza en la actuación del Defensor del Pueblo. 
Se teme a veces que el Defensor del Pueblo pueda conocer secretos de estado. 
Después de doce años como defensor del pueblo, nunca en un caso de mal funcionamiento de la administración he tenido que pedir documentos sobre asuntos verdaderamente secretos. 
No conozco ningún caso en el que un defensor del pueblo haya filtrado documentos. 
No obstante, debe existir el principio de que el Defensor del Pueblo tiene el derecho a ver los documentos. 
Aquí hemos tenido algunos problemas de interpretación y ambas partes hemos perdido tiempo. 
El Sr. Prodi pidió un debate sobre el Libro Blanco y eso lo que he intentado iniciar. 
Es muy importante que el Libro Blanco se discuta porque todavía queda camino que recorrer. 
Espero que ese camino conduzca a propuestas más concretas. 
En cuanto a la crítica sobre el escaso número de quejas, sobre la publicidad del trabajo de la institución del Defensor del Pueblo y sobre las muchas quejas que escapan a su ámbito de competencia. 
En primer lugar, nuestro mandato reside por completo en el ámbito de la Unión Europea. 
Esto puede resultarles difícil de comprender a los ciudadanos cuando encuentran problemas con el derecho comunitario. 
Van a una Oficina de Información del Parlamento o a una Representación de la Comisión, cogen nuestro impreso y nos dirigen su queja. 
Intentamos rectificar la situación. 
Es posible que esto limite el número de quejas pero este número ha ido aumentando a lo largo de los años. 
Sobre la cuestión de dar publicidad al trabajo del Defensor del Pueblo, diría que somos más conocidos que muchos defensores del pueblo en la esfera nacional, y que sus señorías pueden, sin duda, hacer mucho para explicarles a los ciudadanos el derecho de petición y el derecho a quejarse ante el Defensor del Pueblo. 
Después de todo, son ustedes quienes se reúnen con los europeos ahí fuera. 
Son ustedes quienes tienen contacto con el público. 
Si informan a la gente de tales posibilidades, éstas serán mucho más conocidas. 
Muchos de ustedes ya lo han hecho y les estoy agradecido. 
Es para mí un verdadero honor haber tenido la posibilidad de tratar estos asuntos. 
Estoy muy agradecido por los comentarios de la Sra. de Palacio y de todos ustedes y les agradezco mucho su trabajo. 
Muchas gracias, señor Söderman. 
Se levanta la sesión. 
La votación se celebrará a las 12.00 horas. 
Deliberaciones de la Comisión de Peticiones 2000-2001 
De conformidad con el orden del día se procederá al debate del informe (A5-0236/2001) del Sr. Camisón Asensio en nombre de la Comisión de Peticiones sobre los trabajos de la Comisión de Peticiones durante el año parlamentario 2000-2001 (2001/2010 (INI) ). 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera agradecer y felicitar al Sr. Camisón por el trabajo a la vez minucioso y con perspectivas de futuro que ha proporcionado con su informe. 
Gracias a él, nuestros compañeros pueden darse cuenta de las expectativas de los ciudadanos de la Unión y, como consecuencia, de la tarea de la Comisión de Peticiones. 
Las situaciones en las que se encuentran los peticionarios son a menudo kafkianas. 
Eso es lo que se desprende de la lectura de algunos casos mencionados por el Sr. Camisón. Trátese de problemas de reconocimiento de diplomas, de discriminación, de cobranza, de retirada de matrícula, la complejidad es tal y los bloqueos tan evidentes que el ciudadano se siente totalmente impotente. 
La acción conjugada de nuestra comisión y de la Comisión Europea permite, al tratar los problemas, corregir lo que se percibe como una injusticia, sin embargo, la Comisión de Peticiones puede ir más lejos. 
Puede asociar a los ciudadanos a la elaboración de reglamentaciones comunitarias. 
El pasado 13 de junio, tuve el honor de presentar a votación en el Parlamento un informe sobre los implantes de silicona. 
Ahora bien, este informe es un ejemplo de la utilización, lamentablemente demasiado rara, de los apartados 1 y 4 del artículo 175 del Reglamento que dicen especialmente que la comisión competente puede decidir elaborar informes sobre las peticiones que ha declarado procedentes y, llegado el caso, presentar propuestas de resolución para ser votadas en el Parlamento. 
Eso es lo que sucedió con el informe cuya responsabilidad me incumbía. 
En efecto, este informe se llevó a cabo a raíz de dos peticiones que recogían más de 1000 firmas. 
Sin embargo, ésta fue solamente la segunda vez, desde la creación de la Comisión de Peticiones, que una resolución votada por el Parlamento era el resultado de las reivindicaciones directas de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Como lo recomienda el apartado 18 del informe del Sr. Camisón, nuestra comisión recurrió en este caso a STOA para llevar a cabo un análisis científico de los problemas experimentados por los peticionarios. 
La utilización reforzada del artículo 175, idea defendida por el ponente, debe permitir a nuestra Comisión de Peticiones hacer una relación directa entre los problemas de los ciudadanos y el conjunto de los diputados. 
Se trata, a mi juicio, del reconocimiento político de estar realmente a la escucha de los ciudadanos y es una de las vías con futuro de la Comisión de Peticiones. 
Señor Presidente, el hecho de que la Comisión de Peticiones haya recibido más de 10.000 peticiones desde su creación demuestra claramente la importancia práctica de la Unión Europea para sus ciudadanos. 
El trabajo de la Comisión de Peticiones ha dado lugar, con frecuencia, a una conclusión satisfactoria para el ciudadano afectado y ha supuesto, en algunos casos, cambios en la legislación nacional y en la práctica de los Estados miembros. 
Los aspectos que presentan mayores dificultades para las personas y los grupos de ciudadanos siguen siendo la protección social, la asistencia sanitaria, la fiscalidad y el reconocimiento de las cualificaciones académicas, en particular, para ciudadanos que trabajan en un Estado miembro que no es el suyo propio, por ejemplo en regiones fronterizas. 
También se plantean quejas en materia de medio ambiente en el caso de grandes obras cuando se cree que los constructores y, en algunos casos, las autoridades correspondientes están pasando por alto sus repercusiones sobre el medio ambiente y sobre el modo de vida de las personas en las zonas afectadas. 
Ha habido muchos éxitos. 
Por ejemplo, el peticionario irlandés al que, estando en posesión del título de profesor de instituto superior del R.U., se le negó el derecho a solicitar un puesto en un colegio público. 
La Comisión asumió este caso en nombre del peticionario y de la Comisión de Peticiones y finalmente ganó el caso, tras una fuerte resistencia de las autoridades alemanas. 
Éste es el tipo de éxito que puede lograr la Comisión de Peticiones y necesitamos más recursos para que esta comisión pueda hacer su trabajo eficazmente. 
Señor Presidente, tengo que empezar diciendo que yo aprecio mucho el trabajo de la Comisión de Peticiones. 
Sé que no es una comisión que tenga mucha influencia en este Parlamento, no todo el mundo la aprecia igual y, sin embargo, creo que el trabajo en la Comisión de Peticiones es, quizá, de los pocos que nos permite tener un contacto directo con los ciudadanos y hacer que las instituciones sean más cercanas a ellos mismos. 
Estoy muy de acuerdo con el informe del señor Camisón Asensio. 
Creo que recoge la preocupación de quienes trabajamos directamente en esa Comisión de Peticiones y, por lo tanto, vamos a votar a favor. 
Pero quisiera destacar algunos de los problemas prácticos y reales con los que nos encontramos.... 
(Interrupción del Sr. Marinos) Lo siento mucho, señor Marinos. 
Decía que trabajamos bien en la Comisión de Peticiones y que es muy importante. 
Primer problema real: tenemos una buena relación con la Comisión Europea; la Comisión Europea y el Defensor del Pueblo colaboran estrechamente con la Comisión de Peticiones. 
No tenemos, por el contrario, ningún tipo de cooperación con el Consejo y hay muchas, muchas peticiones en las que el Consejo tendría algo que decir y sentimos mucho que nunca esté presente. 
Este es el primer problema que tenemos. 
Segundo problema: Agilidad y decisión en las peticiones. 
Yo trabajo mucho en la Comisión de Peticiones en relación con los problemas medioambientales; es normal, porque también trabajo en la Comisión de Medio Ambiente, lo que ocurre a veces, con los problemas medioambientales es que si se tarda mucho en dar una respuesta, las decisiones que se tomaron en el país y que dieron lugar a la petición son ya irreversibles para el medio natural y los peticionarios pierden la paciencia. 
Por lo tanto, ese es también uno de los problemas: una mayor rapidez, una mayor eficacia en la respuesta. 
Yo sé perfectamente que a veces los Estados miembros son muy conscientes de que un retraso en las respuestas puede facilitarles a ellos sus decisiones políticas, y eso es lo que ocurre en ocasiones; no es la Comisión quien tiene toda la responsabilidad, son los Estados miembros que tardan en responder. 
La Comisión de Peticiones, como decía antes, es una comisión muy importante para mí y, sin embargo, tiene pocos medios personales, jurídicos- esto va dirigido, naturalmente, a nuestra propia institución- y técnicos, y los necesita. 
Hay una propuesta del señor Camisón Asensio que me parece muy correcta. 
Y que consiste en que cuando haya una tardanza enorme en la respuesta a los ciudadanos, debe pedirse a la Presidencia del Parlamento que haga pública esta tardanza y el problema que se causa a los peticionarios, que bastante tienen con aprenderse el Derecho comunitario y recopilar toda la documentación. 
En definitiva, señor Presidente, creo que debe haber una labor de educación e información respecto al derecho de petición de los ciudadanos, porque es un derecho de ciudadanía. 
Recuerdo que en la legislatura pasada hubo hasta una propuesta de hacer desaparecer la Comisión de Peticiones y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades; bueno, pues yo me pronuncio en favor de que ambas comisiones tengan un gran futuro en este Parlamento, porque permiten, por lo menos, acercar a los ciudadanos a nuestro trabajo. 
Señor Presidente, al estudiar el excelente informe de mi estimado colega Sr. Camisón Asensio, uno piensa que podría apoyar casi todo y añadir casi nada. 
Me limito a señalar y resaltar el hecho imperdonable de que la Comisión de Peticiones sea provocadoramente ignorada por el Consejo de Ministros, ninguno de cuyos miembros- ni siquiera ningún representante- se ha dignado jamás a colaborar con nosotros. 
Y es natural. 
Los ciudadanos europeos recurren a la Comisión de Peticiones, cuando no encuentran justicia, por lo general para denunciar precisamente las ilegalidades- o los errores u omisiones- en que incurren los ministros y sus servicios, y su protesta o reclamación es ignorada. 
Precisamente por esto, la Comisión de Peticiones junto con el Defensor del Pueblo se han convertido en el refugio de quienes se consideran injustamente tratados o de aquellos ciudadanos conscientes y activos que intentan impedir las ilegalidades, la injusticia, la destrucción del medio ambiente. 
Por ello la Comisión de Peticiones requiere más atención por parte del Parlamento Europeo y más medios para posibilitar intervenciones más eficaces. 
Es cierto que la Comisión colabora estrechamente con nosotros, pero topa frecuentemente también ella con la indiferencia de los servicios nacionales y los obstáculos que éstos interponen sistemáticamente. 
De este modo se eternizan los asuntos pendientes, y caen en el desánimo los ciudadanos europeos que demandan nuestra ayuda. 
Por todo ello y con toda razón afirma el informe Camisón Asensio que deben instituirse obligatoriamente plazos breves para una tramitación más rápida de las peticiones. 
Al mismo tiempo, debe instituirse un procedimiento de publicación de las reclamaciones y de la inacción o los obstáculos interpuestos por parte de las autoridades denunciadas en los países correspondientes. 
De este modo los ciudadanos dispondrán de la única arma temida por los poderes culpables: la publicidad que les pondrá en evidencia ante sus electores. 
Y una propuesta cuya adopción creo que tendría enorme transcendencia: legislar, bajo ciertas condiciones, un procedimiento de medidas cautelares que pueda suspender inmediatamente las infracciones en curso de la legislación comunitaria cuando haya peligro de desastres irreparables para el medio ambiente o el patrimonio cultural. 
Porque el interminable proceso hasta la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia no tiene en esos casos valor alguno, desde el momento en que el mal ya está hecho y no tiene solución. 
(IT) Señor Presidente, al final de este debate, quisiera dar las gracias a todos los ponentes- Sres. Bösch, Perry, Almeida Garrett, Sbarbati y Camisón Asensio- y a todos los colegas que están trabajando en la institución de las peticiones. 
Asimismo quiero dar las gracias al Defensor del Pueblo Europeo que, desde su punto de observación, conduce una acción en defensa de los ciudadanos. Ciertamente trabajamos juntos y lo hacemos también para la ciudadanía europea, porque la institución de la ciudadanía europea encuentra un defensor ferviente en el Parlamento que, desde este punto de vista, es la Institución más autorizada. 
Hemos avanzado mucho y por eso tengo que reconocer a la Comisión Europea su especial sensibilidad, demostrada mediante la preparación con la que los funcionarios exponen los informes en la Comisión de Peticiones. 
Por otro lado, también los ciudadanos europeos son más numerosos y recurren a las peticiones para plantear problemas personales, sociales o medioambientales: tenemos el deber de contestarles de manera exhaustiva y satisfactoria, cada vez menos platónica y con respuestas superficiales. 
Con sus peticiones los ciudadanos descubren el camino que la Unión debe recorrer todavía antes de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. 
Ciertamente no pensamos que tenga que haber una homologación llana y amorfa en la Unión Europea, es más, pensamos ante todo que las diferencias culturales se han de armonizar asumiendo dichas diferencias como una verdadera riqueza de las Instituciones. 
Hemos iniciado un período de reforma, de defensa y de reforzamiento de la institución de las peticiones y con este período de reforma pensamos poder defender mejor a los ciudadanos y, al mismo tiempo, hacer conocer mejor las Instituciones europeas a este pueblo que se va ampliando cada vez más. 
. Señor Presidente, Señorías, este debate también, lo mismo que el precedente, se ocupa de las relaciones de las instituciones europeas con los ciudadanos. 
En ese sentido, quiero felicitar al Sr. Camisón Asensio por su informe, donde subraya que las peticiones permiten a los ciudadanos dar a conocer a la vez sus aspiraciones legítimas y las deficiencias inherentes a la legislación comunitaria, y desde este doble punto de vista la Comisión, desde luego, está interesada en el trabajo que sus Señorías realizan. 
Y como decía antes la Sra. González, yo creo que la Comisión de Peticiones en este Parlamento, -permítanme que lo diga desde fuera- lo mismo que las de otros Parlamentos donde he estado (el Parlamento de mi país, por ejemplo, que es el que mejor conozco) , cumplen una función importantísima para acercar precisamente a los ciudadanos a las instituciones en general. 
Pero también son importantes para el trabajo de los propios parlamentarios, para saber cuáles son las preocupaciones, las sensibilidades y las cuestiones que inquietan a una parte importante de la ciudadanía. 
Este año no han sido sólo los servicios de la Comisión los que han cooperado con esta comisión, sino que también nosotros, los propios comisarios, nos hemos preocupado de cooperar de manera activa con sus Señorías. 
Así, quiero agradecer al Sr. Gemelli la referencia que ha hecho porque, es cierto, tanto el Sr. Kinnock como el Sr. Liikanen, la Sra. Wallström o el Sr. Bolkestein, han participado en sus trabajos, han estado personalmente discutiendo, explicando, e intentando aportar razones, posibilidades o soluciones a preocupaciones que les eran manifestadas desde la Comisión de Peticiones en función de las reclamaciones o de las quejas que ante ella habían planteado distintos ciudadanos. 
En ese sentido, creo que queda patente la importancia que atribuimos en la Comisión al trabajo que sus Señorías realizan. 
Dentro de esta misma óptica- y he tenido ocasión de pronunciarme anteriormente sobre este tema- la Comisión responderá de la manera más abierta y constructiva posible a su deseo de reforzar esta cooperación. 
Sé que los plazos en que contestamos a veces a algunas de las informaciones que nos solicitan constituyen un problema, pero sus Señorías saben muy bien que cuando hemos tenido algún problema, normalmente- por no decir en el 100% de las ocasiones- dicho problema radicaba en que la Comisión dependía de la información que debía suministrar un Estado miembro. 
Son administraciones distintas. 
Nosotros no tenemos ninguna capacidad coercitiva para forzar a los Estados miembros a que nos envíen cierto tipo de información, exceptuada la presión política. 
Ésta la realizamos y la ejercemos- igual que sus Señorías- cuando denunciamos que tal o cual Estado no ha contestado o dificulta la contestación por parte de la Comisión. 
Lo único que puedo decir es que la Comisión seguirá intentando obtener que los Estados de la Unión actúen con la mayor celeridad posible en su contestación a las informaciones que solicitamos, precisamente para poder responder adecuadamente a las preocupaciones que sus Señorías nos trasladan y que, en ese sentido, intentaremos seguir colaborando al máximo con sus Señorías. 
Se levanta la sesión. 
La votación se celebrará hoy a las 12.00 horas. 
Azúcares y preparados destinados a la alimentación humana 
Señor Presidente, se nos pide, al finalizar la mañana, iniciar un debate sobre directivas relativas al desayuno. 
Es un poco tarde, pero voy a arriesgarme de todos modos a hacerlo. 
Ante todo, recuerdo que es la segunda vez que se nos consulta sobre este expediente. 
En efecto, durante la precedente legislatura, el Parlamento se manifestó sobre las propuestas de la Comisión relativas a la simplificación de directivas verticales sobre el azúcar, la miel, los zumos de frutas, la leche y las confituras. 
Resulta que el Consejo tomó mucho tiempo para finalizar el expediente y finalmente introdujo modificaciones significativas en las propuestas iniciales de la Comisión. 
Esta es la razón por la que hoy se nos consulta de nuevo. 
Reitero, pues, que se trataba de simplificar las directivas. 
El punto de vista de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor es sin duda alguna compatible con este objetivo, pero consiste también en estar vigilantes para no disminuir las exigencias de calidad en nombre de la simplificación, y sobre todo no comprometer la buena información del consumidor. 
Todas las enmiendas introducidas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, que en buena parte procedían del ponente, van en esta dirección. 
Quisiera recordar que el consenso del Consejo limita evidentemente nuestro margen de maniobra, ya que simplemente se nos consulta, es decir, que más allá del voto que emitamos el día de hoy, el Consejo tendrá, a fin de cuentas, las manos completamente libres para decidir. 
No obstante, creo que las enmiendas logran mejorar los textos de acuerdo con la óptica que acabo de precisar: calidad de los productos, información correcta del consumidor. 
Voy a pasar en revista las diferentes directivas para dar los elementos esenciales. 
Ante todo, en relación con los azúcares, hay un pequeño problema de definición. 
El Consejo, con toda razón, definió un azúcar que es cada vez más utilizada, la fructuosa, pero omitió dar una definición del azúcar moreno, que él llama "sucre brun" o sucre roux ". 
Por tanto, la enmienda del Parlamento está destinada a pedir una definición en los textos. 
Es preciso imponer un determinado plazo, pero es preciso que la Comisión presente una propuesta de definición. 
Este elemento parece elemental. 
El segundo expediente, el de la miel, es sensible en la medida en que la miel es un producto de gran calidad, generalmente artesanal, y que ha provocado muchos problemas de comercialización en los años anteriores, en la medida en que a menudo se encuentran mezclas de mieles y a la introducción en el mercado de la Unión Europea de mieles cuya calidad no está garantizada. 
Por tanto, se trata de ser vigilantes en lo que respecta a las definiciones y el etiquetado. 
La Comisión propone añadir una nueva categoría de miel, la miel filtrada. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor propone no aceptar esta propuesta, ya que la miel filtrada es de hecho una miel cuyo origen floral no puede controlarse. 
La mayor parte de las veces ha perdido el polen que permite este control, lo que impide una buena definición del producto y va en contra de una garantía de calidad para el consumidor. 
Por tanto, proponemos no aceptar esta propuesta. 
En lo relativo a las sustancias peligrosas que podrían encontrarse en las mieles de uso industrial o "miel de pâtisserie", pensamos que su presencia debe prohibirse. 
Se trata de mieles de una menor calidad, claro está, que se utilizan como materia prima en algunos preparados en la industria agroalimentaria, pero de ninguna manera se trata de aceptar la presencia de sustancias peligrosas. 
Por tanto, hay una enmienda de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor en esta dirección. 
Tercer expediente: el de los zumos de frutas. 
Creo que la mayoría de las enmiendas apuntan, no a modificar profundamente la propuesta de la Comisión y el Consejo, sino más bien a precisar los textos y a evitar quedarse a la deriva. 
Me explico: una lista no exhaustiva de tratamientos y sustancias autorizadas en la fabricación del producto, tal como se prevé, no nos parece satisfactoria. 
Es preciso dar una lista positiva. 
Por tanto, pedimos que la Comisión presente, en un determinado plazo, una lista positiva de adyuvantes de filtración y de precipitación así como adyuvantes de absorción autorizados. 
Una lista positiva significa que las sustancias que no figuran en la lista están prohibidas. 
A fin de cuentas, esto nos parece más claro y más positivo para el consumidor. 
Una enmienda pide también que no se utilicen fungicidas para la conservación de la fruta destinada a la fabricación de zumos, sino que se autorice únicamente una conservación mediante frío. 
En lo relativo al cuarto expediente, las leches, no hay ninguna propuesta de modificación. 
El texto que se nos propone nos parece totalmente satisfactorio. 
Para las confituras, yo personalmente volví a introducir una enmienda que no fue aceptada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, pero que es importante para mí. 
Se trata de no aceptar la utilización generalizada de un aroma químico en las confituras y "marmalades", a saber, la vainillina. 
No sirve estrictamente para nada, salvo para modificar el gusto. 
Señor Presidente, ya hace casi cinco años que el Consejo nos consultó sobre la propuesta de simplificar siete directivas verticales en materia de productos para la alimentación humana. 
El objetivo de aquellas propuestas fue que se simplificaran las regulaciones existentes, que contenían unas disposiciones exageradamente detalladas, o que se sustituyeran por directivas que sólo recogerían unas normas fundamentales. 
De esta manera serían más viables y concordarían mejor con las directivas horizontales. 
Me parece un objetivo loable que se ciñe a lo que la gente, tanto los consumidores como otros ciudadanos interesados, espera de nosotros. 
Lo que constatamos es que la directiva en materia de cacao y otros productos de chocolate, que antes formaba parte también de este paquete y que tenía que pasar por el procedimiento legislativo más largo, el procedimiento de codecisión, ha podido ser redactada como primera de todas. 
Las otras cinco directivas del paquete de las siete, las cinco que hoy son objeto de debate, nos llevarán finalmente más de cinco años hasta que se hayan simplificado. 
Nos preguntamos si no deberíamos buscar otras formas de trabajo, otras maneras de toma de decisiones, porque creemos que los ciudadanos esperan otra cosa de nosotros. 
Señor Presidente, el Grupo Parlamentario del PPE quisiera felicitar al ponente por su labor. 
No se le puede culpar con toda seguridad por el retraso que se ha producido, sino que se debe al hecho de que el Consejo haya modificado algunos apartados en su esencia lo que nos obligó a volver a presentar informes. 
En nombre del Grupo Parlamentario del PPE puedo decir que compartimos el punto de vista del informe tal como se presentó en la votación en la Comisión de Medio Ambiente. 
Lo compartimos excepto en el apartado referente a los zumos de fruta. 
A este respecto, nuestra opinión difiere de la que queda recogida en el informe, pero esto ya se puso de manifiesto en la Comisión de Medio Ambiente. 
Por lo tanto, me parece que no debería entrar en más detalles acerca de nuestros motivos, razones y matices de nuestra discrepancia. 
No obstante, Señor Presidente, no quiero ocultar que en nuestro Grupo Parlamentario hemos mantenido un debate muy serio con motivo de estos informes, y quisiera emplear el tiempo de mi turno de palabra que me queda para abordarlo, sobre la pregunta si de verdad le corresponde al Parlamento debatir estas medidas tan detalladas entre todos sus 626 miembros. 
Me parece que esto nos va a acarrear problemas. 
Ya estamos recibiendo críticas al Parlamento desde fuera. 
Esto no quiere decir que haya que menospreciar la legislación en materia de alimentación. 
Sabemos de sobra que los detalles son también muy importantes, pero nos preguntamos seriamente si con un nivel técnico tan alto somos los más indicados para tomar una decisión y si un Parlamento con 626 miembros se tiene que ocupar de unas medidas de tanta envergadura técnica. 
La cuestión que nos hemos planteado es: ¿no deberíamos avanzar hacia una diferenciación de la legislación, una sobre la que se tiene que pronunciar el Parlamento y otra que se encomienda al poder ejecutivo? 
El debate sobre esta cuestión dista mucho de estar cerrado, y me gustaría que se hiciera también fuera del Grupo Parlamentario del PPE. 
Señor Presidente, en 1998 este Parlamento aprobó las cinco directivas que se están estudiando hoy con enmiendas. 
Se nos han vuelto a someter simplemente porque hay algunos cambios en el procedimiento de la comitología. 
Constato con satisfacción que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor no tiene objeciones al procedimiento revisado. 
Propone, sin embargo, nuevos cambios en el texto de la propuesta de directiva. 
La finalidad de las directivas es simplificar las normas que regulan la composición y el etiquetado. 
Por consiguiente, deberíamos evitar complicar las cosas. 
Se ha alcanzado un acuerdo político sobre esta cuestión después de largas y arduas negociaciones y deberíamos, por tanto, evitar a toda costa que se reabran esas negociaciones. 
Estoy de acuerdo con los cambios que añaden claridad a los textos pero que no cambian la esencia. 
Uno de los casos en cuestión es la inclusión de la definición de azúcar moreno. Esto constituiría una protección añadida para los consumidores. 
En relación con los zumos de fruta, los cambios propuestos a los tratamientos y sustancias corresponderían mejor a la legislación horizontal que regula estos tratamientos. 
La sugerencia de introducir tres nuevos nombres de productos para los zumos de fruta no está en consonancia con las propuestas que se están debatiendo actualmente sobre el Codex. 
Además, sólo servirá para reabrir el debate en su conjunto. 
No creo que los cambios materiales, en caso de que esta Asamblea los aprobara, vayan a lograr nada. 
Sólo servirán para retrasar el procedimiento. 
Si eso ocurre, al final serán los consumidores los que perderán. 
Señor Presidente, creo que hablar hoy de alimentación no es nada fácil y si además se tratan aspectos estrictamente técnicos como los abordados por el Sr. Lannoye, la complicación aumenta. 
Estamos de acuerdo con el informe del ponente, menos en el punto planteado por la Sra. Thyssen. 
Sin embargo, la reflexión que quisiera hacer no se refiere específicamente al informe, sino más bien a la valoración que este Parlamento debería hacer en los próximos meses sobre el futuro método legislativo. 
También en este informe hemos encontrado algunos puntos en los cuales hemos o exasperado las posiciones o intervenido en legislaciones ya abordadas durante los últimos dos meses, y en este sentido pienso, por ejemplo, en los problemas del agua. 
Estimo que una producción legislativa coordinada es muy útil para esta Institución. 
Otro aspecto en el que quisiera insistir es la excesiva regulación a la que sometemos nuestra producción legislativa y que no encuentra una respuesta en nuestros Estados miembros. 
En los Estados miembros se afronta toda una serie de aspectos a través del método de las circulares. 
En cuanto al informe que elaboramos el año pasado con la Comisión, deberemos hacer una reflexión muy profunda sobre estos temas porque no pienso que a un consumidor que va a comprar miel, aunque la etiqueta sea clara, se le plantee enseguida el problema entre la miel producida en la colmena y la miel filtrada. 
Por eso, puesto que nuestro cometido es estar super partes, con una producción legislativa comprensible por parte de los ciudadanos de Europa, tal vez convendría hacer alguna reflexión en los próximos meses. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera utilizar el breve tiempo de que dispongo para decir algo sobre el punto 3 de la Directiva sobre zumos de frutas. 
Hoy estamos apostando decididamente por más transparencia y más informaciones al consumidor. 
Un consumidor adulto e informado mediante descripciones y etiquetas, puede decidir él solo lo que debe comprar. 
Se deben encontrar reglas estrictas, comprensibles por todos, claras e inequívocas. 
Denominaciones como zumo, zumo de frutas, néctar, zumo de frutas procedente de concentrados o con contenido de frutas hacen que el consumidor no pueda reconocer y valorar fácilmente la verdadera calidad y el modo de producción de un determinado producto. 
En 1975, la Directiva de zumos introdujo por primera vez para uso del consumidor el término "zumo" o lo ha resaltado fuertemente, de manera que el consumidor se ha acostumbrado a él. 
Zumo y zumo de concentrados son, al final, el mismo producto. 
La denominación "zumo de concentrados" se refiere sólo al método de producción y no al contenido, que, finalmente, ha de ser el mismo. 
La denominación añadida "con concentrados" resulta, en mi opinión, confusa. 
Las denominaciones de los productos deben estar claramente definidas y deben ser sencillas y comprensibles. 
No debemos evitar calificaciones añadidas si son necesarias, pues la confusión no protege al consumidor. 
Las enmiendas 18, 19 y 25 representan un endurecimiento no comprensible de la situación legal actual, especialmente para la industria productora de zumos, y creo que deben rechazarse. 
Así pues, ¿por qué no la fruta destinada a la producción de zumos? 
Igualmente, los criterios de la Directiva sobre aguas destinadas al consumo deben valer también para el agua destinada a la producción de zumos. 
Por tanto, Señorías, les pido que voten objetivamente a favor de una Directiva que será de ayuda a los consumidores y adecuada también para el productor. 
Señor Presidente, comparto algunas de las reservas de la Sra. Thyssen sobre lo que se nos pide hacer aquí y sobre el grado de pericia con el que lo hacemos. 
El Sr. Lannoye sabe que cuenta con mi respeto, pero lamento tener que decir que me temo que estamos repitiendo algunos de los errores del debate sobre la directiva del chocolate y la decisión de rebautizar a algunos productos. 
Las enmiendas del Sr. Lannoye han originado confusión, en nombre de la pureza, en la cuestión de la miel. 
Estoy de acuerdo con él en cuanto al zumo de frutas y aplaudo, desde luego, sus motivos. 
Pero hay varios Estados miembros en los que es muy común filtrar la miel para eliminar restos de insectos, granos de arena y fragmentos de polen. 
No he oído ningún argumento convincente de que este daño al producto añada sustancias no deseadas y, de hecho, tenemos hoy ante nosotros otras enmiendas que piden la eliminación de sustancias orgánicas de algunas mieles. 
El Consejo había alcanzado una postura sensata al respecto y no he visto ninguna prueba- y lo he comprobado con nuestra propia Agencia de Normas Alimentarias (Food Standards Agency) -de que exista alguna preocupación real acerca del contenido. 
Existen otras formas de localizar el origen de la miel y de determinar el contenido de polen, a las que el ponente ha hecho referencia. 
Por último, me gustaría referirme a lo que en varios Estados miembros se llama "miel de panadero", la cual se redefinirá, si el ponente se sale con la suya, como "miel industrial". 
Tal cosa no existe. 
Quisiera pensar que se trata de un error de traducción inconsciente, pero esta fraseología derogatoria probablemente no sea accidental. 
No basta con poner un adjetivo y un nombre para que una expresión tenga sentido. 
Si yo describiera al Sr. Lannoye, a quien estimo, como un "belga industrial", sería una frase sin sentido. 
Deberíamos utilizar una descripción real que se entienda en toda la Comunidad, no una inventada. 
No se trata de un producto que sirve sólo para engrasar máquinas industriales. 
Es un producto que la gente conoce y en el que tiene confianza y que es seguro para los consumidores. 
Señor Presidente, señor Comisario, por razones de tiempo me voy a referir solamente a la Directiva sobre los zumos de frutas. 
La propuesta de la Comisión es lo suficientemente buena como para no ser enmendada. 
Tengo que aplaudir especialmente la introducción que ha hecho de la doble definición de zumos procedentes de concentrados y zumos de frutas, porque ello colabora a informar al consumidor. 
Precisamente por esto, tengo que manifestar mi desacuerdo con la enmienda 29, que suprime el texto de la Comisión, y apoyar la enmienda 30, que profundiza en el mismo tema remitiendo al Anexo I. 
También tengo que expresar mi rechazo total a las enmiendas 18, 19, 23 y 25. 
La primera se refiere a la prohibición de la utilización de fungicidas en los tratamientos postcosecha. 
Hay que saber que en Europa la fruta se recoge, en principio, para ser destinada al mercado fresco y sólo tras una selección en función de la calidad y el calibre, se sabe qué partidas van a ir a fresco y qué partidas van a ir a su transformación. 
El límite máximo de residuos para la fruta fresca está ya fijado en la Directiva 97/41/CE, y eso se basa en estudios rigurosos calificados como seguros para el consumidor. 
Creo que la misma Directiva es igualmente válida para el zumo, la fruta fresca o el zumo hecho en casa o el zumo envasado. 
Además, los tratamientos postcosecha son necesarios para garantizar las condiciones óptimas de almacenamiento, transporte y distribución y- repito lo que ya dije aquí- el veneno es la dosis, no la sustancia en sí misma. 
En cuanto a la calidad de las aguas para añadir a los concentrados, también tenemos otra Directiva, la 98/93/CE, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano incluida la industria alimentaria. 
Por último, la enmienda 23 pretende introducir una lista positiva de sustancias autorizadas y no es lógico que haya que definir más sustancias que las que ya están autorizadas en las Directivas 89/109/CEE y 90/128/CEE relativas a los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los productos alimenticios, porque ello impediría a la industria de zumos una adaptación ágil a los avances tecnológicos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, temas como la alimentación o la protección del consumidor se han vuelto muy sensibles. 
Encierran, además, un gran contenido de inseguridad. 
El informe debía iluminar este tema y así ha sido gracias al esfuerzo del Sr. Lannoye. 
Pero creo que tanta exactitud y tantos detalles pueden ser peligrosos, y, en este sentido, apoyo lo que ha dicho la Sra. Thyssen. Deberíamos distinguir aquí cada vez más, también por lo que respecta a nuestra actividad, entre afirmaciones políticas y reflexiones técnicas. 
Estamos sobrepasados no tanto porque nuestro CI medio sea bajo, sino porque el saber técnico específico no existe, sencillamente porque se presupone demasiado y luego resulta difícil distinguir lo que es lobbying de lo que no es sino sensata actividad profesional. 
Creo también que debemos estar atentos, en la regulación de las descripciones detalladas de las etiquetas, de no caer en una furia etiquetadora- como ocurrió con los zumos de frutas, sector en el que, no obstante, se terminó llegando a un compromiso- que mediante dobles explicaciones y aclaraciones acabó confundiendo al consumidor. 
Si esto sigue así, pronto tendremos que poner la fórmula química en las etiquetas de las botellas de vino, lo que no facilitará la venta del producto. 
Me alegro y felicito a todos aquellos que han contribuído a que en el informe sobre zumos se llegase a acuerdos en el tema de los fungicidas, del agua añadida, del zumo de concentrados y de los aromas, y espero que para el caso de la miel sea imposible la ocultación de su procedencia. 
Pido a sus Señorías que en la votación estén atentos al respecto. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en lo relativo a la directiva sobre los zumos de frutas, quisiera manifestar que estamos de acuerdo con la propuesta del Consejo, que nos parece ir en la buena dirección, es decir, la protección efectiva de los consumidores a los que debe proporcionarse una información clara, fácilmente comprensible y objetiva permitiéndoles elegir con todo conocimiento de causa, tanto en términos de calidad como de seguridad alimentaria. 
Por otra parte, los costes de producción superiores en relación con el esfuerzo y la calidad de garantía deben reconocerse claramente a nivel del etiquetado. 
Existen actualmente, ya sea sin concentrado o a base de concentrado, dos grandes categorías de zumos de frutas que corresponden cada una a una naturaleza de productos específicos y a un procedimiento de elaboración propio. 
Sin embargo, en materia de etiquetado, la práctica actual no permite a los consumidores distinguir claramente entre estas dos categorías. 
Con el propósito de hacer desaparecer este motivo de confusión en la mente del consumidor sobre la naturaleza real del producto que compra, la Presidencia finlandesa propuso introducir dos definiciones sencillas, claras y objetivas. 
El término "zumo de frutas" se reservaría a los zumos sin concentrado, los zumos hechos con concentrado debían, por su parte, tener una denominación de venta conforme a sus características. 
De este modo, el consumidor que busca un producto más auténtico y más natural podrá encontrarlo fácilmente en el estante bajo la clara denominación "zumo de frutas" sabiendo que está dispuesto a pagar el precio correspondiente a las cualidades específicas relacionadas con este producto, mientras que el consumidor que prefiere un producto más normalizado y económico podrá dirigirse con todo conocimiento de causa hacia un zumo a base de concentrado sin que haya ambigüedad respecto a su naturaleza ni a sus características propias. 
La definición de estas dos categorías de zumo, correspondientes a dos denominaciones diferentes, nos parece constituir, señor Presidente, un verdadero progreso en la información al consumidor, y es por ello que la apoyaremos. 
Señor Presidente, también por cuestiones de tiempo hablaré solamente de la propuesta de los zumos. 
Como ya han dicho los oradores que me han precedido en el uso de la palabra, estimamos que la propuesta del Consejo supone un claro avance al establecer esa clara diferenciación entre el zumo de fruta fresca y el zumo concentrado. 
Es sumamente positivo porque añade una información completa al consumidor sobre dos productos con propiedades y formas de producción claramente diferenciadas. 
En este sentido, no podemos admitir ninguna enmienda que suponga desvirtuar total o parcialmente esta distinción que se establece de forma clara en el texto del Consejo. 
Por otra parte, tampoco podemos aceptar las enmiendas orientadas a la eliminación de la utilización de la fruta procedente del mercado en fresco, lo que sucedería si admitiéramos la prohibición del tratamiento postcosecha. 
La utilización de esta fruta supone y posibilita la obtención de un producto saludable y de gran calidad y seguridad alimentaria para el consumidor, así como la absorción de excedentes de materia prima agrícola, que evita un gran deterioro y contaminación medioambiental. 
Por lo tanto, votaremos y aprobamos claramente la propuesta del Consejo. 
Estimamos que la mayoría de las enmiendas presentadas en comisión con el propósito de aclarar o mejorar la situación no hacen sino añadir mayor confusión. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, quisiera felicitar en primer lugar a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y especialmente a usted, señor Lannoye, porque como ponente ha examinado los proyectos del Consejo para las cinco Directivas verticales mencionadas. 
Estas Directivas se refieren a los distintos tipos de azúcares usados en la alimentación humana, a la miel, a zumos de frutas y a productos alimentarios semejantes; a determinadas clases de leche condensada y de leche en polvo para consumo humano y a las confituras, jaleas, mermeladas y cremas de castañas usadas para consumo humano. 
La Comisión celebra que el Parlamento se atenga a la línea señalada por el Consejo respecto de la comitología y está de acuerdo con que el procedimiento de la comisión asesora se sustituya por el de la comisión reguladora. 
Respecto de las enmiendas a los cinco proyectos del Consejo, la Comisión constata que el Parlamento ya fue consultado en 1996 sobre las correspondientes propuestas de la Comisión y que en las sesiones de 14 de enero de 1998 y de 4 de mayo de 1999 adoptó una postura al respecto. 
Aunque algunas de estas enmiendas me parezcan muy razonables desde un punto de vista técnico y las considere bien formuladas, debo, no obstante, señalar que aquí estamos tratando de proyectos del Consejo, como ya se ha dicho, y no de propuestas originarias de la Comisión, y que estas enmiendas conciernen a los proyectos del Consejo y no a las propuestas de la Comisión. 
Por ello debo decir que, lamentablemente, la Comisión no puede aceptar las enmiendas propuestas en el informe. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
Se levanta la sesión. 
La votación se celebrará hoy a las 12.00 horas. 
(Se levantó la sesión a las 11.49 horas y se reanudó a las 12.00 horas.) 
Señor Presidente, no quisiera atrasar mucho tiempo la votación. 
Esta mañana, acogiéndome al artículo 148, párrafo 3, he elevado una protesta contra el Acta. 
Según el artículo 148, párrafo 3, el Parlamento debe, si se da el caso, decidir sobre ello. El Parlamento no ha decidido. 
Quisiera saber realmente qué ha pasado con la protesta que elevé. 
En segundo lugar quisiera referirme a lo siguiente: ayer, en relación con mi informe, tomamos la decisión de aceptar la propuesta de la Comisión. 
En una resolución legislativa hemos decidido rechazar la propuesta de la Comisión. 
Esto fue corregido por los servicios por un "acepta la propuesta de la Comisión", que es lo que figura en el Acta. 
En el párrafo 4 se puede leer todavía una frase que contradice la primera decisión, porque dice: "debe mantenerse el límite superior", lo que hemos rechazado al principio. 
En vista de estas contradicciones que siguen estando en el Acta provisional actual he pedido a la Comisión de Asuntos Constitucionales que se ocupe de modificar en términos generales el Reglamento de modo que quede claro qué sucede si surgen tales contradicciones. 
Quisiera señalar tan sólo que sobre la protesta que realicé conforme al artículo 148, párrafo 3, no se ha decidido nada. 
Supongo que el Acta no habrá sido aprobada por lo que respecta a ese punto y que tan sólo lo será en algún momento posterior. 
Señor Presidente, Señorías, el Sr. Swoboda está cometiendo un error, por lo que pido que estudiemos la cuestión con sumo detalle. 
El Parlamento ha aprobado ayer algo ligeramente contradictorio, repito, ligeramente contradictorio. 
Hemos aprobado con una amplia mayoría de 303 votos contra 253 la propuesta de la Comisión sobre sistemas de transporte. 
En la propuesta figura que el actual límite superior debe ser eliminado. 
Esto lo ha aprobado el Parlamento con una clara mayoría. 
Según mi opinión, la inclusión del párrafo 4 se debió a un faux pas de algunos colegas, pero en realidad no es una contradicción de contenido, porque en el párrafo 4 se pide a la Comisión que mantenga un límite superior hasta que se agote el sistema de ecopuntos. 
Por tanto, hemos decidido claramente en un acto legislativo aprobar la propuesta de la Comisión. 
Si el Consejo lo aprueba, entonces perfecto. 
Espero que lo haga. 
La segunda petición del párrafo 4 es un tema sobre el que la Comisión debe reflexionar. 
Lo que al final haga, si propondrá un nuevo límite superior o no, es cosa suya. 
Pues no pedimos el viejo límite superior, como se ve si se lee la segunda parte del párrafo 4, sino que dijimos que la Comisión debía estudiar si había que poner un nuevo límite superior que respondiera a criterios razonables. 
Pero este faux pas ha sido dado con respaldo mayoritario. 
Así pues, esto significa que sólo se solicita a la Comisión que reflexione sobre ello y que exprese su opinión al Parlamento cuando haya terminado el periodo de reflexión. 
La posición clara del Parlamento fue, es y sigue siendo- y, por tanto, no hay nada que corregir, señor Swoboda- la siguiente: ayer, mayoritariamente, aprobamos la propuesta de la Comisión. 
Quisiera que esto quede claro nuevamente. 
Señor Swoboda y señor Jarzembowski, veo que cuanto más hablan más se acercan sus posiciones. 
Haremos una investigación profunda y nos pondremos en contacto con ustedes. 
VOTACIONES 
Señorías, tras haber hablado con los servicios competentes no quisiera ahora fijar definitivamente la posición de la Comisión. 
La Comisión quisiera reservarse el derecho de examinar la cuestión nuevamente. 
Tiene la palabra el ponente, el Sr. Cappato. 
A usted le corresponde elegir lo que se va a hacer. 
Puede comunicar al Parlamento si mantiene su propuesta y entonces procederemos a la votación sobre la resolución legislativa y si no, se puede devolver el informe a la Comisión. 
Señor ponente, expónganos su opinión. 
. (IT) Señor Presidente, en mi condición de ponente, quisiera pedir a usted y al Pleno que, por razones de orden lógico, aceptaran mi propuesta de someter a votación la enmienda 75 antes de las enmiendas 55 y 56, ya que la enmienda 75 está orientada a sustituir las enmiendas 55 y 56. 
Asimismo habrá una enmienda oral a la enmienda 75 que presentarán los Sres. 
Lisi y Santini y que merece mi apoyo, así como la enmienda 43 presentada por los Sres. Tannock y Korhola, con la que también estoy conforme. 
Señor Presidente, la cuestión que plantea aquí el Sr. Nisticò de si modificar el orden de votación ha sido discutida, creo, los últimos diez días con el Sr. Nisticò y llegamos hace mucho tiempo a la conclusión que se desprende de la lista de votaciones, por lo que no entiendo por qué el Sr. Nisticò plantea ahora esta cuestión. 
Las enmiendas 55 y 56 deben ser votadas claramente antes de la enmienda 75 y ha existido acuerdo al respecto durante mucho tiempo. 
No obstante, parece que el Sr. Nisticò quiere seguir intentando crear dudas al respecto. 
No lo entiendo. 
Señor ponente, puedo ser muy claro al respecto. 
Debemos aplicar también aquí el Reglamento y el orden de votación, que los servicios han vuelto a estudiar antes de que usted tomara la palabra, es el correcto y es al Presidente a quien le corresponde resolver en caso de duda. 
Por lo tanto, estimo que vamos a mantener este orden de votación. 
. (IT) Señor Presidente, el motivo de mi intervención era el de pedir al Pleno que se expresase, puesto que el Pleno es soberano y, por lo tanto, puede modificar un orden que puede considerar ilógico. 
En consecuencia, insisto en someter mi propuesta a votación, al objeto de saber quien está a favor y quien en contra. 
Señor Nisticò, usted estaba hablando de dos cosas distintas. 
Sobre la enmienda de transacción discutiremos después. 
Usted podrá presentarla luego para que la Asamblea decida si la aprueba o no. 
Pero las decisiones sobre el orden de la votación son al fin y al cabo competencia del Presidente. 
Asumo esta competencia y mantengo la votación, tal como me han asesorado también los servicios. 
Se trata de un orden razonable. Insisto, podemos abordar la enmienda oral luego cuando corresponda. 
Señor Presidente, el Sr. Nisticò ha dicho que se trataba de una enmienda oral a la enmienda 43, que es una de las que pretende usted tratar en bloque. 
Si la enmienda oral se refiere a la enmienda 43 que está comprendida en el conjunto, entonces sí la puede presentar y terminaremos con esta cuestión antes de que se proceda a la votación. 
. (IT) Exacto. 
El Sr. Tannock va a dar lectura a dicha enmienda. 
La enmienda oral sobre la enmienda 43 se puede presentar ahora. 
Señor Presidente, la enmienda oral que he propuesto a la enmienda 43 del Sr. Lund pretende sustituir el párrafo segundo de la misma. 
He llegado a un acuerdo con la Sra. Korhola sobre un párrafo que lo reemplace. 
Dice así: "En caso de escasez de algunos productos derivados del plasma, y exclusivamente en lo que se refiere a la importación a la UE desde países fuera de la UE, los Estados miembros pueden permitir exenciones a la directiva siempre que se cumplan los requisitos de calidad y seguridad establecidos." 
Esto es absolutamente esencial para salvaguardar los intereses de los hemofílicos europeos que dependen, a veces, de productos derivados del plasma de Factor VIII importados que pueden contener sangre donada o vendida procedente de los Estados Unidos. 
Por tanto, esto es absolutamente esencial si no queremos poner en peligro las vidas de hemofílicos británicos y de otros países. 
Cuenta con mi apoyo y con el de la Sra. Korhola. 
Entiendo que el Sr. Lund también lo respaldará. 
Después de la votación sobre las enmiendas 55 y 56. 
Todos conocemos el procedimiento en cuanto a la presentación de las enmiendas orales y debo preguntar al Pleno si hay alguna objeción. 
Si hay doce miembros o más en contra, se rechaza. 
Ahora les pregunto si se adopta esta enmienda. 
Veo que hay más de doce miembros con alguna objeción. 
Por consiguiente, se rechaza la enmienda oral. 
Les quiero proponer que abordemos esto de forma práctica, que votemos luego sólo sobre la enmienda 43. 
Y ahora procederemos a la votación conjunta sobre las 60 enmiendas de la Comisión menos la enmienda 43. 
Señor Presidente, a pesar de haberla solicitado, lamento que usted no me haya concedido la palabra antes de la votación de las enmiendas 55 y 56, puesto que la finalidad de la enmienda oral era permitir que, antes de votar las enmiendas 55 y 56, el Pleno pudiese evaluar la conveniencia de apoyar la enmienda de transacción contenida en mi propuesta. 
En este punto, al haber decaído la primera parte porque, lamentablemente, no se me ha concedido la posibilidad de intervenir, es totalmente inútil que se presente la enmienda oral que se refería a la primera parte. 
Lo lamento porque si hubiésemos aceptado la inversión del orden, como había propuesto el ponente, habría podido presentarla. 
He tratado de hacerlo antes de que el Pleno votara: no he conseguido intervenir y éste es el resultado. 
Señor Von Boetticher, en las votaciones no podemos mantener debates sobre el contenido porque así son las normas. 
Usted mismo sabe también que la Asamblea es muy consciente del contenido de las enmiendas. 
Señor Duff, no puede usted entrar en detalles sobre el contenido. 
No se trata de que se mantenga aquí un debate constitucional. 
Si quiere, puede tomar la palabra para decir algo muy breve sobre el orden pero no sobre el contenido. 
Señor Presidente, al no poder hablar sobre el contenido, sólo diría que el comentario anterior desde los bancos del PPE en esta Asamblea es una completa tontería. 
Señorías, es hora de que procedamos a la votación. 
Señor Presidente, antes no he querido interrumpir la votación, pero me gustaría volver al informe Nisticò. 
El Dr. Tannock nos ha informado de la preocupación por el suministro de sangre y de productos derivados del plasma para los hemofílicos cuando tal suministro procede del exterior de la Unión. 
No estoy bien informado sobre los hechos pero mi impresión ha sido que esta intervención se basaba en hechos susceptibles de comprobación y no simplemente en una cuestión de preferencia política. 
Cuando se trata de legislación que afecta directamente a la salud humana debemos poner una gran atención y cuidado. 
Le ruego, Señor Presidente, que solicite a los servicios que preparen una nota sobre los hechos en este asunto para que podamos informar a nuestros colegas de los Grupos. 
Señor Cox, naturalmente pediré a los servicios que comprueben todo. 
Esto se hace siempre y más si usted lo solicita explícitamente. 
EXPLICACIONES DE VOTO 
Informe Cappato (A5-0270/2001) 
Señor Presidente, cierro los ojos y qué veo. 
Estoy en Venecia, la ciudad más bonita del mundo: hay luna, están las góndolas y estamos en el Canal Grande, cocina italiana, spaghetti con tinta de sepia, champagne francés Dom Pérignon y una rubia maravillosa que me trae recuerdos de juventud. 
De vuelta a casa, sin embargo, gracias a la poca protección de los datos personales y de la intimidad, me encuentro con las maletas en la puerta: mi mujer se había enterado de todo. 
Es por esto, señor Presidente, que he votado a favor. 
Pero ¿era realidad o sueño lo que he dicho? 
En los Países Bajos hay mucha gente que pone pegatinas en los buzones para advertir que no quieren correo comercial. 
Se ha ido aceptando paulatinamente que no es de buen gusto, e incluso que no se tiene derecho a hacer caso omiso de esta advertencia. 
Este sistema se viene llamando un "opt out", que consiste en que el destinatario debe indicar si no quiere seguir recibiendo este correo. 
Un "opt in" sería aún mejor para lo cual haría falta una comunicación en que se indicara que sí se desea recibir correo comercial. 
En la comunicación electrónica hay aún más razones para impulsar este "opt in". Esto evitaría que se molestara al consumidor que recibe y tiene que eliminar después estos mensajes indeseados, que encima está pagando. 
Además, el correo electrónico se está sobrecargando con este exceso de publicidad y, por lo tanto, se hace inviable para una comunicación fiable. 
La Comisión propone introducir acertadamente un "opt in" en el artículo 13. 
Sin embargo, el punto de vista del ponente, que opta por un "opt out" me asusta porque de esta forma el consumidor sólo quedará liberado de estas molestias cuando haya protestado explícitamente. 
Aparte de esto, ya ha habido muchas malas experiencias con los compromisos de empresas que ganan su dinero con el marketing directo. 
La intimidad de la vida privada que la directiva intenta proteger con tanta razón se ve gravemente amenazada por la postura del Sr. Cappato. 
Señor Presidente, me gustaría ofrecer explicaciones del voto en dos informes reunidos: en los informes Cappato y Cederschiöld. 
He votado en contra de ambos informes. 
Existe un gran peligro, primero, en relación con el mantenimiento indiscriminado de información sobre los usuarios. Esto plantea graves cuestiones acerca de los derechos civiles. 
Los delitos cibernéticos suponen una situación en la que están surgiendo nuevas formas de delinquir. 
La falta de atención a los derechos civiles, la falta de atención al derecho básico a la intimidad de las personas se está pasando por alto. 
Esto entraña un gran peligro de que en el futuro tengamos una sociedad en la que la gente tenga miedo de comunicarse y de usar las tecnologías modernas porque saben que sus comunicaciones se interceptan, se escuchan y están en manos de personas que no tienen ningún derecho a las mismas. 
Antes de empezar a pensar en establecer legislación sobre estas materias, deberíamos, en primer lugar, garantizar que los derechos y libertades fundamentales de las personas están protegidos. 
Ambos están consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en los Tratados de la UE. 
Se está acentuando el uso de argumentos para asustar como la cuestión de la pedofilia, el terrorismo, las drogas o el tráfico de armas. 
Son asuntos muy emotivos. 
La gente está dispuesta a permitir que se establezcan leyes y que se introduzcan medidas opresoras porque está preocupada por estos temas. 
El que yo haya votado en contra no significa que no me preocupen estas cuestiones. 
Pero, en primer lugar y por encima de todo, debemos proteger los derechos civiles básicos de las personas recogidos en el derecho internacional. 
No deberíamos pasarlo por alto. 
¿Qué tipo de sociedad tendremos si se pasan por alto los derechos fundamentales con el fin de luchar contra otros delitos? 
Existen muchas similitudes entre los dos. 
Tenemos que recordarlo. 
Informe Nisticò (A5-0272/2001) 
En este informe hay aspectos polémicos, como, por lo demás, en la propia propuesta de la Comisión. 
Como dice la ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, tal vez fuera preferible que las dos directivas se fundiesen, es decir, la propuesta actual relativa al tratamiento de datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones electrónicas y la directiva sobre el servicio universal. 
Por otro lado, la propuesta de la Comisión de conferir a los empleadores el derecho a ejercer una vigilancia sobre sus empleados es una cuestión complicada y muy delicada. 
Asimismo, los mensajes electrónicos en bloque y no solicitados (el llamado spamming) constituyen otro motivo de preocupación para el que conviene encontrar una solución satisfactoria. 
Por eso, merece toda la atención la posición de la DECO, que apoya la propuesta de la Comisión, encaminada a volver obligatorio el consentimiento previo opt-in para el correo electrónico no solicitado, pues parece el que más garantías ofrece a los consumidores europeos de poder elegir para recibir, o no, el correo spam, procurando evitar que sean bombardeados por mensajes electrónicos no solicitados, de carácter publicitario, excepto en caso de que hayan dado su consentimiento al respecto. 
. 
Lo contrario, un régimen de consentimiento previo u "opt-in" sería totalmente ineficaz. 
Si la UE legisla para intentar restringir el envío de correos electrónicos, ya sea con mensajes políticos, de publicidad o de colecta de fondos, se seguirán mandando los correos electrónicos a destinatarios dentro de la UE, pero desde fuera de la UE. 
De hecho, me tienta la idea de crear un pequeño negocio en algún lugar soleado, como una isla del Caribe, desde donde enviaría a la UE un número ilimitado de correos electrónicos remitidos por empresas de la UE a cambio de una jugosa tarifa. 
Esta empresa no podría existir en la UE. 
La bienintencionada UE, si elige el consentimiento previo, hará dos cosas perjudiciales: pondrá en desventaja a las empresas de la UE frente a sus competidores mundiales y conseguirá que puestos de trabajo de la UE se trasladen a otros países. 
Se dice que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. 
Es necesario controlar el "spam", pero sólo puede controlarse mediante una legislación y una cooperación global. 
. (SV) Disiento de la opinión de mi Grupo en relación con las normas sobre envío a los consumidores de propaganda no deseada por medio del correo electrónico. 
La propaganda por esta vía es, en general, incómoda para los consumidores, ya que toma tiempo abrirla y desecharla. 
Además, contribuye a la difusión de virus por Internet. 
También los consumidores asumen los costes relacionados con la recepción y lectura de la propaganda. 
Por estas razones, opino que sólo una eficaz solución del tipo opt-in puede proteger a los consumidores frente a la propaganda no deseada. 
Mi postura en este asunto ha influido mi voto en la votación final de este informe. 
Informe-Ries (A5-0271/2001) 
Schörling (Verts/ALE) , por escrito. (SV) Los productos ignífugos con bromo se encuentran incluso en la parte más alta de la cadena alimenticia. 
Esto fue comprobado por primera vez en un estudio sueco que demuestra que los productos ignífugos con alta proporción de bromo, considerados más peligrosos que los que tienen una proporción menor, también son biológicamente acumulables, ya que estaban presentes en huevos del halcón peregrino. 
El estudio demuestra que los huevos de los halcones peregrinos en libertad contienen 400 veces más productos ignífugos con bromo que los de los ejemplares que viven en jaulas. 
Es sabido que estos productos son biológicamente acumulables ya que se encuentran en aves, peces y mamíferos, pero hasta ahora se creía que la alta proporción de bromo no era perjudicial. 
Los productos con alta proporción de bromo tienen moléculas de mayor tamaño y por eso se creía que era más difícil que penetraran en la membrana celular de los organismos vivos. 
Ahora se ha demostrado que eso es erróneo. 
Éste es un gran problema de salud y medioambiental, puesto que los productos ignífugos con alta proporción de bromo han sustituido a productos que tenían una baja proporción de esta sustancia y porque el decabromodifenilo está presente en el 80 por ciento de todos los productos ignífugos. 
El Grupo de los Verdes votó por la prohibición inmediata de todo el grupo de penta, octo y decabromodifenilo. 
El principio de cautela y los nuevos descubrimientos que se han realizado así lo imponen. 
La mayoría del Parlamento optó por esperar el estudio de riesgos que se está realizando en torno al decabromodifenilo. 
Esto significa que se seguirá vertiendo toneladas de sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente, lo que, a nuestro juicio, se opone a las intenciones del principio de cautela. 
Señor Presidente, el Partido de los Pensionistas está totalmente a favor de las normas que regulan las donaciones y distribución de sangre. 
Los pensionistas participan muy activamente en las asociaciones que en toda Europa se ocupan de la donación de sangre. 
Por lo tanto, bienvenido sea este excelente, perfecto y exhaustivo informe de mi amigo, el Sr. Nisticò, sobre el cual he votado a favor. 
Señor Presidente, en Italia hay un refrán que dice: "La risa hace buena sangre", y nosotros quisiéramos que esta sangre que se distribuye fuera buena. 
Por lo tanto, creo que está bien que alguna vez continúe haciendo reír a alguien, porque hace buena sangre y ayuda también a alcanzar el objetivo de esta directiva. 
El problema de la verificación y control tanto de la sangre para transfusiones como de los donantes ha sido objeto repetidamente de la atención del Parlamento Europeo; de hecho hay profusión de resoluciones desde 1993. 
La opinión pública sigue estando seriamente preocupada a causa de la criminal irresponsabilidad mostrada por las autoridades sanitarias en diferentes países de la Unión Europea. 
La propuesta por parte de la Comisión de modificación de la directiva 89/381/ÅÏÊ se propone el objetivo de reforzar tanto la calidad cuanto la seguridad en las normas de recogida, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de la sangre y sus diferentes elementos. 
Es importante la posibilidad de que los países miembros puedan imponer normas aun más estrictas y el hecho de que la circulación de sangre entre los 15 no se rija por las reglas del mercado interior. 
Voto el informe Nisticò porque insiste en la dirección de las normas más rigurosas, se orienta en contra de la comercialización de la sangre humana, procura la provisión de la sangre necesaria a través de redes de donantes voluntarios- por razones de mayor seguridad- que pondrán fin la dependencia de la Unión Europea de proveedores extracomunitarios. 
Votamos en favor de este texto tal como quedó después de las modificaciones propuestas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor del Parlamento Europeo. 
Y votamos en contra de todas las enmiendas susceptibles de poner en peligro o restringir la donación de sangre de manera voluntaria y no retribuida. 
Lamentamos solamente que el informe no prevea la obligación formal para las empresas de conceder el tiempo necesario a sus asalariados para dar su sangre y suprimir los molestos procedimientos de autorización que desaniman a las personas de buena voluntad. 
Nos oponemos al conjunto del sistema económico cuyo motor es el afán de lucro. 
Las ganancias obtenidas directamente o indirectamente del comercio de los órganos del cuerpo humano, de sus células o de sus tejidos, es una de las manifestaciones más abyectas de este sistema, expresión del hecho de que la sociedad no ha salido de la barbarie. 
La directiva europea sobre las normas de calidad y de seguridad para la recogida, el control, la transformación, el almacenamiento y la distribución de sangre debía ser modificada con el fin de incrementar la protección de los donantes y de los receptores. 
La seguridad de los receptores merece tener mejores garantías tanto gracias a la rastreabilidad de todo el proceso de transfusión como por la garantía de un personal altamente cualificado en el conjunto de los centros de transfusión sanguínea de Europa. 
Una mayor seguridad aumenta la confianza respecto al sistema de abastecimiento lo que, en consecuencia, alienta a los donantes a donar su sangre. 
Sin embargo, esta directiva también debe recordar los principios. 
La sangre no es una mercancía. 
La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea precisa, por otra parte, que está prohibido hacer del cuerpo humano una fuente lucro. 
Por ello, es preciso que afirmemos con toda claridad el principio del carácter gratuito de las donaciones. 
Gracias a la donación, el ciudadano cumple con un acto de solidaridad. 
Ello implica, como lo han sostenido los socialistas europeos, que la sangre y los componentes sanguíneos sólo provengan de donantes voluntarios. 
. (IT) No puedo sino expresar mi voto favorable al informe del Sr. Giuseppe Nisticò. 
Y ello porque desde hace tiempo casi todos los ciudadanos y los expertos veníamos advirtiendo la necesidad de normas comunitarias que fijaran reglas ciertas también en el delicado sector de la recogida, control, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre y de sus componentes, puesto que se trata de un sector en el que la extrema urgencia de satisfacer la necesidad terapéutica no debe ir nunca separada de las razones del control y de la prevención. 
Todas estas argumentaciones han sido excelentemente desarrolladas por el Sr. Nisticò, también en virtud de su competencia profesional. 
En definitiva, éstas son las razones que me llevan a compartir el planteamiento global del informe y, en consecuencia, a votar a favor del mismo. 
A mí también, como a numerosos compañeros, me abordaron las organizaciones de donantes de sangre preocupadas por las posibles modificaciones de la legislación existente en este ámbito. 
Todo el mundo está de acuerdo en lamentar, con toda razón, la penuria de sangre y de plasma en el seno de la Unión Europea al mismo tiempo que insiste en el hecho de que de ninguna manera hay que bajar la guardia en lo relativo a la calidad de estos productos, tanto más cuanto que las necesidades de la Unión Europea están cubiertas, en un cincuenta por ciento, ¡por importaciones! 
La presente directiva, enmendada por el Parlamento, modifica, integra y completa la legislación que rige actualmente en Europa las normas de calidad y de seguridad para la recogida, el control, la transformación, almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes. 
Se trata de adoptar prescripciones más estrictas relativas a la admisibilidad de los donantes y los exámenes médicos preventivos que se les practica, así como de establecer un sistema de calidad a nivel comunitario en los centros de transfusión sanguínea. 
Todo ello se completaría con un sistema equivalente de control y aceptación en los Estados miembros. 
Por último, se definirían normas comunes en lo relativo a la formación del personal y la rastreabilidad de la sangre del donante al paciente. 
Naturalmente, estas medidas no impedirán que los Estados miembros mantengan o establezcan medidas de protección más estrictas. 
Por lo demás, es deseable reducir la dependencia de la Unión Europea respecto a las importaciones de sangre o de componentes sanguíneos procedentes de terceros países. 
Par ello, es preciso realizar campañas de información destinadas a los donantes potenciales. 
Sin embargo, en modo alguno hay que imaginar un sistema de retribución para estos productos. 
El informe del Parlamento Europeo hace hincapié con toda razón en la importancia del carácter voluntario de la donación de sangre al mismo tiempo que admite que cabe destacar la contribución social de los donantes y el carácter meritorio de las donaciones que efectúan. 
Por tanto, en mi calidad de donante de sangre y militante de la causa de la donación de sangre, voté en favor de este informe. 
. Durante muchos años he seguido en el Parlamento italiano los problemas de la donación de sangre, incluso mediante la creación de un verdadero grupo de diputados adscritos a la AVIS, la principal organización de voluntarios que opera en Italia. 
A lo largo de los años nuestra labor se ha centrado en la aprobación y en las sucesivas propuestas de mejora de la llamada "Ley de la sangre" 
Desde entonces me he formado la opinión de que una creciente armonización europea de la normativa del sector es indispensable de cara no solo a una ciudadanía europea que obliga a una misma actitud ante los problemas de la salud humana en Europa, sino también porque las normas comunes son indispensables para hacer frente a graves enfermedades- sida, EEB- y a un mercado de la sangre a escala mundial que ha de tener en cuenta asimismo el progreso científico (sangre artificial, sangre humana producida por células estaminales). 
Las modificaciones de la directiva que nos ocupa satisfacen a quien, como yo, siempre ha luchado por el reforzamiento de las políticas públicas a favor de la donación voluntaria gratuita. 
Quizás se hubiera podido hacer algo más previendo la asignación de recursos destinados a promover iniciativas en favor de la donación voluntaria de sangre, pero hay que reconocer que se ha dado un gran paso adelante. 
Es importante que se reafirme, como hace este informe, que el cuerpo humano o sus partes no pueden ser objeto de comercialización, en la que queda incluida, naturalmente, la sangre humana, independientemente del estado en que se encuentre. 
Varias organizaciones de donantes, incluida la Asociación de Defensa de los Usuarios de Sangre de Portugal y la Federación Internacional de Donantes de Sangre apoyan esa posición, incluidos los diversos aspectos positivos del informe que significan un avance para incentivar al voluntariado de sangre en los diversos Estados miembros de la Unión Europea. 
Un elevado número de donantes es determinante para posibilitar la autosuficiencia en cada uno de los Estados miembros, aunque deba también existir el principio de solidaridad entre los Estados miembros, siempre que sea necesario y posible. 
Como se afirma en el informe, se pretende que los donantes den sangre a titulo gratuito, y así es como debe ser, el sistema de abastecimiento de sangre no puede ser comercial. 
El tratamiento de sangre debe ser, en todas las etapas, la prestación de un servicio a los servicios de salud de cada uno de los Estados miembros, en beneficio de los donantes. 
Igualmente positivas son todas las propuestas que mejoran la actual Directiva 89/381, en particular en las esferas de los niveles de calidad y seguridad de las diversas fases de recogida, tratamiento, almacenamiento y distribución de la sangre. 
Voté en favor de este informe. 
Las iniciativas recomendadas por este informe permitían, lo pienso y lo espero, evitar los desastres que hemos conocido, especialmente en Francia, con el asunto de la sangre contaminada. 
No podemos ocultar a nuestra reflexión este desenlace trágico que tanto nos ha marcado. 
De este modo, nos corresponde, a escala europea, establecer normas elevadas para la calidad de la sangre y la seguridad a la hora de recolectarla. Ser exigentes sobre las condiciones de almacenamiento y de rastreabilidad así como imponer reglas estrictas de control. 
La sangre no es un bien como los demás. 
No es un bien comercial y nada debe hacernos derogar esta idea. 
Sigo oponiéndome firmemente a todo uso comercial de la sangre humana y soy favorable al principio de la donación voluntaria y no retribuida. 
Por razones éticas, ante todo: nuestro Parlamento, y especialmente su Comisión de Genética, se refiere en numerosas ocasiones a la ética. 
Ahora bien, ¿nos lleva la ética a instaurar una retribución de la donación de sangre? 
¿Debe la relación entre médico y donante basarse en la confianza o en una relación únicamente financiera? 
Tratándose de ética, hemos votado una Carta de Derechos Fundamentales en la que se estipula claramente que está prohibido lucrarse con el cuerpo humano. 
La coherencia debe formar parte de nuestro compromiso político. 
Luego, por razones científicas: los estudios han demostrado que la seguridad del abastecimiento parece mejor garantizada por la práctica de la donación no retribuida, que la sangre así recogida es menos susceptible de transmitir enfermedades infecciosas. 
En una directiva cuyo objeto es la calidad y la seguridad de la sangre, esta constatación científica no puede ser ajena a nuestra reflexión. 
Por último, por razones culturales: en Francia- y el apoyo de diversas asociaciones que se pusieron en contacto conmigo me lo demuestra- no podemos aceptar la idea de una retribución de la donación de sangre, especialmente por las razones que mencioné anteriormente. 
(Se acorta la intervención en aplicación del artículo 137 del Reglamento) 
Informe Evans (A5-0229/2001) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, el ponente de este informe que modifica las normas sobre competencia, el Sr. Jonathan Evans, se suele sentar a mi lado en este magnífico Parlamento. 
Él me ha convencido de la bondad de su informe sobre el cual he votado a favor; sin embargo, en mi condición de representante de los pensionistas y del Partido de los Pensionistas, debo decir que sería oportuno que las pensiones tuvieran las mismas normas en toda Europa si queremos que exista una verdadera competencia entre los productos que se hacen en Europa. 
Si el coste del trabajo, en el que está incluido el coste de las pensiones, es diferente- es más alto en Italia y más bajo en Alemania y en Holanda- la competencia es desleal. 
Debemos tener normas sobre las pensiones que sean iguales en toda Europa. 
Señor Presidente, Señorías, he rechazado el informe Evans porque rechazo una renacionalización de la política de competencia en Europa. 
Si en un futuro la Comisión se termina desprendiéndose de su monopolio arbitral, no tendremos una reforma del régimen legal de la competencia, sino un cambio de sistema. 
Si en un futuro la Comisión, en el marco de ese cambio de sistema, acaba limitándose tan sólo a vigilar los abusos contra la competencia, entonces esto me parecerá totalmente peligroso. 
Si en un futuro los tribunales de la Unión Europea promulgasen sentencias en el marco del derecho a la competencia, entonces creo que ya no podríamos hablar de una política de competencia europea uniforme, y menos con el trasfondo de la ampliación de la Unión Europea. 
Una oficina antimonopolio europea sería la solución de futuro. 
Creo que debemos ir en esta dirección. 
En este informe se analiza una propuesta de reglamento relativa a la ejecución de los artículos 81 y 82 del Tratado que la Comisión ha presentado con el objeto de crear una verdadera política común de la competencia, con una aplicación más uniforme, que permita descubrir de forma eficaz los problemas, eliminando el régimen de notificación hoy existente, fortaleciendo los poderes básicos de la Comisión, pero descentralizando la competencia en materia de la aplicación de la política a autoridades nacionales independientes que pasarían a trabajar en red con la Comisión. 
Para que no queden dudas de que la Comisión no pretende la renacionalización de la política, presenta el articulo 3 del reglamento, en el que garantiza la primacía del derecho comunitario sobre el nacional, es decir, la aplicación del derecho comunitario por las autoridades y los tribunales nacionales. 
Por lo demás, en toda la propuesta de la Comisión hay una posición clara de fortalecimiento de sus poderes, como resulta claro en el articulo 7, que, sin embargo, el informe del Parlamento Europeo procura mitigar. 
Pero lo que queda es ese apresuramiento de la Comisión por reformular la política de la competencia antes de la ampliación fortaleciendo sus poderes de intervención y supranacionalidad. 
Como el informe del Parlamento procura establecer algunas balizas y refrenar las ambiciones de la Comisión, nos hemos abstenido en su votación. 
Señor Presidente, el Sr. Andria que es muy amigo mío y del Partido del los Pensionistas, me ha convencido para que votase a favor de su importante informe que prevé la posibilidad de prestar dinero a los Estados de la Unión Europea que no utilizan la moneda única, el euro, para sanear sus balanzas de pagos eventualmente en dificultades. 
Dentro de muy poco tiempo, espero, esto interesará a todos los Estados que han solicitado su adhesión a la Unión Europea, a los doce Estados que están a punto de convertirse en miembros de la Unión y que confío en que lleguen a serlo pronto; sin embargo, debo decir al Sr. Andria lo siguiente: "Señor Andria, así saneamos la balanza de pagos de los Estados europeos, pero ¿no puede encontrar un sistema para que los pensionistas puedan sanear su propia balanza de pagos ?" 
El martes hubo un debate profundo sobre el posible ingreso de doce nuevos Estados miembros. 
La economía de la mayoría de estos estados es demasiado débil en comparación con la de los Estados miembros actuales. 
No es de esperar que estos nuevos Estados miembros adopten con celeridad el euro como único medio de pago legal. 
Como mucho el euro conseguirá en estos estados una posición como segundo medio de pago, al lado de la moneda nacional, con un valor de cambio fluctuante. 
En el mejor de los casos el euro se convertirá en el medio de pago de los ricos y de los extranjeros, más o menos parecido al papel que tiene el dólar americano en muchos países. 
Por lo tanto, la consecuencia de la ampliación será que va a haber un fuerte aumento del número de Estados miembros que soliciten una ayuda financiera para su balanza de pagos. 
Por esta razón, no estoy de acuerdo con la bajada simultánea del máximo de los préstamos que se pueden solicitar de 16 a 12 millardos de euros. 
La Comisión todavía no ha hecho ninguna propuesta concreta sobre cómo pueden participar los nuevos Estados miembros. 
Sí estoy de acuerdo con que se traspase la responsabilidad de la gestión del mecanismo de préstamos del Banco Central Europeo a la Comisión Europea. 
Tiene que haber un órgano político accesible con esta responsabilidad financiera, y el Banco no lo era. 
Informe Lannoye (A5-0217/2001) 
Señor Presidente, tras la aprobación de esta directiva del Sr. Lannoye que he apoyado con mucho gusto, mi desayuno ya no será el mismo. 
Disfrutaremos y disfrutaré por fin de un desayuno europeo, un verdadero desayuno europeo, porque habrá azúcar más europeo, miel europea, zumo de fruta europeo, leche europea y, por último las mermeladas tendrán sabor a Europa. 
¿Acaso podremos disfrutar de una Europa más dulce sin esta directiva presentada por el Sr. Lannoye y respaldada por mí? 
¡Gracias, señor Lannoye, y gracias a Europa! 
Cumbre sobre el cambio climático (RC B5-0539/2001) 
Meijer (GUE/NGL) , por escrito. 
(NL) De la segunda cumbre sobre el cambio climático de Bonn han salido dos extremos. 
Por un lado, tienen razón los que dicen que el acuerdo al que se ha llegado era lo máximo que se podía conseguir. 
Por otro lado, el resultado es menor que el peor compromiso posible al que se temía llegar en la cumbre anterior de La Haya en noviembre de 2000. 
Entonces reinó el temor de que había que hacer concesiones a los EEUU para poder conseguir un acuerdo mundial. 
Dentro de los Estados miembros de la Unión Europea se discutió sobre la elección entre dos posibilidades. 
Una era la de no ceder para poder mantener así las reducciones acordadas en Kioto. 
La otra era buscar una alternativa que fuera aceptable para los americanos y aceptar lo inevitable: una modificación a la baja de los objetivos. 
Como observador en esta cumbre me sumé durante los debates en la sesión plenaria a la tenacidad de los Ministros de Medio Ambiente francés y alemán del partido de los Verdes. 
Desde que el nuevo Presidente americano se niega a firmar ningún acuerdo, parece que se ha esfumado la resistencia contra lo que entonces se podía conseguir. 
Para que no se descolgaran Japón y Australia se ha pagado ahora un precio más alto de lo que exigía el año pasado EEUU. 
El vencedor se llama Bush y dentro de diez años nos avergonzaremos de este acuerdo insuficiente. 
Estos últimos años, la actualidad ha puesto de relieve diversos escándalos alimentarios y los consumidores exigen, con toda razón, estar informados sobre los productos que compran. 
Las informaciones transmitidas al consumidor deben ser lo más claras posibles y lo más inteligibles, al mismo tiempo que se evita multiplicar las categorías. 
Asimismo, para los zumos de frutas, la denominación de venta no debe implicar ninguna confusión. 
Por tanto, se hace imperativo señalar al consumidor la diferencia entre un zumo de frutas fresco y un zumo de frutas obtenido a partir de concentrado. 
Estas dos denominaciones distintas permitirán al comprador elegir un producto con todo conocimiento de causa. 
Asimismo, algunos zumos de frutas se producen mezclando zumos de frutas frescos y zumos obtenidos a partir de concentrado. 
Indicar únicamente una mención "zumo de frutas fresco" constituiría un engaño para el consumidor. 
Es importante que el etiquetado incluya en este caso una mención complementaria que indique que el producto final se compone igualmente de concentrado. 
La denominación "a base de concentrado (s )" o "elaborado parcialmente a base de concentrado (s )" debe pues figurar directamente debajo de la denominación y el tamaño de los caracteres de esta mención deberá ser suficiente para garantizar la información del consumidor. 
Este dispositivo es igualmente válido para los néctares elaborados a partir de concentrado. 
Estas decisiones están destinadas a informar de la manera lo más clara posible al consumidor, pero también a no perjudicar a los productores. 
Efectivamente, los procesos de fabricación de estas dos categorías de productos presentan diferencias técnicas, económicas y organolépticas. 
La producción de zumo de frutas fresco exige una gran calidad de tratamiento de los productos, especialmente durante las fases en las que se exprimen y pasteurizan, mientras que la producción de zumos de frutas obtenidos a partir de concentrado no implica las mismas exigencias. 
Informe Cederschiöld (A5-0284/2001) 
Hace ya cuatro años, intervine en este recinto a propósito de la directiva vertical relativa a la miel, cuyo ponente fue también el Sr. Lannoye. 
Una de mis principales preocupaciones en ese expediente era, en esa época, el etiquetado. 
En efecto, intenté demostrar que el etiquetado de un tarro de miel debía ante todo informar al consumidor sobre el origen y la calidad de esa miel, y ello con el fin de evitar que una miel importada de quién sabe dónde y conteniendo o sin contener quién sabe qué polen no fuera confundida con una miel de calidad producida por nuestros apicultores. 
Hoy nos ocupa, otra vez, la calidad de la miel. 
Mi objetivo es llamar su atención sobre la propuesta de la Comisión relativa a la posibilidad de filtrar la miel para retirar de ella el polen, lo que desapruebo con toda firmeza. 
Efectivamente, el polen es el único indicador del origen de la miel. 
Felizmente, las enmiendas propuestas por nuestro ponente evitan inducir en error al consumidor que ya no podría conocer el origen de la miel ni su composición exacta si se filtrara para retirarle el polen. 
Por tanto, sin estas enmiendas, ya no habría ninguna garantía en lo relativo a la calidad de la miel, el consumidor ya no podría distinguir las mieles de calidad de su región en relación con las mieles industriales de ultramar, sometidas a la técnica del filtrado desde hace mucho tiempo. 
Además, una miel podría, según la directiva, contener polen "A" en un 20% y 80% procedente de 8 tipos de polen. 
Sobre la etiqueta sólo se inscribiría "Miel de polen A" mientras que la versión inglesa de la directiva propone en efecto el término "mainly" para describir la composición y la presencia del polen contenido en la miel. 
Esta palabra "mainly" indica que ha de estar compuesta principalmente de este polen, pero no necesariamente en un porcentaje superior al 50%. 
(N.B. la traducción alemana "überwiegend" y francesa "essentiellement" reflejan que ha de contener esencialmente más del 50%). 
Por tanto, se hace posible mezclar diferentes tipos de néctar, sin que un néctar esté presente en más del 50%. 
Podría imaginarse una miel con un 20% de néctar A, mientras el 80% restante está constituida de 8 variedades diferentes de néctar. 
(Se acorta la intervención en aplicación del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(EN) Después de más de cinco años en trámite, por fin hoy hemos votado la propuesta de directiva del Consejo relativa a las mermeladas, confituras y gelatinas de frutas y al puré dulce de castañas. 
Estoy encantada de que el Parlamento haya dejado intacta la exención del Consejo sobre las galletas, lo cual significa que las preferidas de los británicos, como las jammy dodger, no estarán dentro del ámbito de aplicación de la directiva. 
Las jammy dodger son una institución en Gran Bretaña y muchas personas en el R.U. temían que la directiva supusiera la prohibición de esta galleta. 
Es bueno ver que no todas las tradiciones e instituciones británicas están bajo la amenaza de Bruselas. 
Me abstuve de votar sobre la resolución común relativa a la conferencia de Bonn sobre el cambio climático. 
En efecto, presenta un balance demasiado entusiasta del acuerdo negociado. 
Resulta difícil creer que éste último "da un nuevo impulso" a Kyoto, constituye un "instrumento esencial" de una "estrategia mundial contra el calentamiento del planeta" y representa "una señal muy alentadora para todos los ciudadanos preocupados por la globalización". 
De hecho, sería preciso dar la alarma: nueve años después de Río, no se ha aplicado ninguna medida efectiva y las ambiciones mostradas por los Estados se han diluido de manera singular. 
El acuerdo de Bonn incluye puntos positivos, tales como el rechazo de presentar la energía nuclear como "limpia". 
Pero marca un nuevo retroceso de cara a los que están a favor del "mercantilismo total", lo que sólo puede inquietar y no tranquilizar a los "ciudadanos preocupados por la globalización". 
La resolución común se mantiene muy ambigua sobre esta cuestión esencial. 
El apartado 9 "lamenta" el lugar concedido en Bonn a los "sumideros de carbono" y a los "mecanismos flexibles". 
Sin embargo, el apartado 6 propone que la conferencia de 2003 sobre el clima tenga como tema estos "mecanismos" (el sistema internacional de negociación de derechos de emisión) y no las indispensables políticas públicas que exige el combate contra el caos climático. 
El mero hecho de que se haya obtenido un acuerdo en Bonn con Japón, Australia, Canadá y Rusia no debería esconder hasta qué punto el contenido de este acuerdo está lejos de responder a la urgencia de todo lo que se encuentra en juego. 
Señor Presidente, lamento tener que intervenir tan a menudo, pero he escuchado que se han presentado unas enmiendas antiFatuzzo al Reglamento, orientadas a limitar a tres las explicaciones de voto en cada sesión y, por ello, me veo obligado a no desaprovechar en estos últimos días la posibilidad que me ha quedado de formular estas explicaciones. 
Pues bien, he votado a favor de este informe Cederschiöld porque uno de los peores peligros que nos amenazan son los delitos informáticos. 
Sin embargo, me pregunto: ¿Por qué no podemos pagar a unos asesores, criminales de la información, para que nos desvelen los secretos de los delitos informáticos y así luchar mejor contra esta fea costumbre que tienen demasiadas personas en Europa? 
Informe Bösch (A5-0280/2001) 
Señor Presidente, estoy totalmente a favor de la labor del Defensor del Pueblo Europeo y de lo que, según consta en este informe, ha realizado a lo largo de estos años. 
Lo cierto es que muchos ciudadanos europeos no conocen sus derechos, no saben lo que pueden hacer en virtud de las directivas europeas y, ante todo, piensan que las directivas y los reglamentos europeos no son europeos. 
Están convencidos de que se trata de leyes italianas, y creo que esto no es bueno. 
Por lo tanto, propongo al Defensor del Pueblo Europeo que insista y a nuestro Parlamento que acepte mi propuesta de poner el título "ley europea" a las directivas y a los reglamentos europeos que incorporan a las leyes nacionales. 
Informe Almeida Garrett (A5-0240/2001) 
Informe Perry (A5-0245/2001) 
Dehousse (PSE) , por escrito. 
(FR) El informe del Sr. Perry señala el final feliz y constructivo de 15 meses de trabajo tranquilo y continuo del Parlamento Europeo. 
El 11 de abril de 2000, el Defensor del Pueblo Europeo, Sr. Jacob Söderman, presentó al Parlamento un proyecto innovador, el de un código de buena conducta administrativa aplicable a todas las instituciones y a todos los órganos de la Unión Europea. 
Este es el código que acaba de aprobarse esta mañana. 
Para llegar a este resultado, con el asentimiento prácticamente unánime del Parlamento Europeo, fue preciso salvar varios obstáculos. 
Ante todo, como la mayoría de las asambleas legislativas, fue preciso evitar un conflicto de competencias entre nuestras diferentes comisiones ya que, según el enfoque, cuatro de ellas podían declararse competentes en lo que atañe al conjunto de la propuesta. 
A continuación, era preciso encontrar una base jurídica sólida e indiscutible para la adopción del código. 
A esto se dedicó la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado interior, por encima de las diferencias y las oposiciones clásicas de los Grupos y las más discretas, pero no menos punzantes, de las nacionalidades. 
Me alegro de haber podido contribuir a ello mediante una opinión muy abierta a la expresión de esta amplia mayoría constructiva. 
Hoy, el Parlamento Europeo ha querido a la vez fortalecer y simplificar los derechos de los ciudadanos europeos de cara a la acción administrativa de la Comunidad. 
Lo ha logrado, ya que el código aprobado contiene importantes novedades, cuya importancia se irá descubriendo paulatinamente. 
Sin embargo, la simplificación es igualmente importante ya que evita una parcelación al infinito de los derechos de cada ciudadano, de los derechos que en realidad perderían su importancia si difirieran según cada instancia. 
Me alegra mucho haber podido participar mediante mi voto favorable a este avance significativo de la ciudadanía europea. 
Señor Presidente, he soñado con el Sr. Söderman. 
Sí, también con él. 
Estabamos cenando, pero no era el Sr. Söderman de ahora, sino un Sr. Söderman joven, muy joven. 
Eramos amigos y, mientras charlábamos, me hacía una confesión: "Mi sueño, señor Fatuzzo, es llegar a ser un día, cuando sea mayor, Defensor del Pueblo Europeo, porque quisiera poder controlar lo que hacen las Instituciones europeas y, en el caso de existir algún administrador no honrado, quisiera poderle descubrir y lograr que todos los ciudadanos europeos pudiesen disfrutar de las leyes europeas". 
Pues bien, señor Presidente, por fin el sueño que el Sr. Söderman tenía en mi sueño se ha hecho realidad con la aprobación de esta directiva. 
Informe Camisón Asensio (A5-0236/2001) 
Aunque el texto habla "del fortalecimiento de la democracia" y menciona "un halo de transparencia" y a pesar de que su objeto es conceder al Defensor del Pueblo un mayor acceso a los documentos oficiales, todo su espíritu está marcado por la preocupación de preservar el "secreto profesional" de las informaciones a las que el Defensor del Pueblo pudiera tener acceso. 
En lugar de dar mayor transparencia a las instituciones y a su funcionamiento, la función del Defensor del Pueblo sólo sirve para disimular que no son en lo más mínimo transparentes para la gran mayoría de la población. 
Por tanto, no votamos en favor del informe. 
Y, si tampoco votamos en contra, se debe únicamente a que las autoridades oficiales francesas se inmiscuyen contra el acceso un poco más flexible- ¡únicamente del Defensor del Pueblo! -a los "documentos clasificados", en nombre de la Europa de la Defensa y piden que se rechace el informe. 
Nosotros reafirmamos nuestra oposición tanto al secreto comercial e industrial como a los pretendidos secretos de Estado que están menos hechos para proteger al Estado contra un Estado tercero que para disimular las maniobras, incluidas las más indignas, de las instituciones estatales a los ojos de su propia población. 
. (SV) En la votación de hoy he dado mi apoyo al decidido fortalecimiento del Defensor del Pueblo Europeo. 
La propuesta plantea la modificación del artículo 3 del Reglamento del Defensor del Pueblo, de modo que éste pueda tener acceso a los documentos secretos de la Unión. 
Además, se propone que todos los funcionarios de la Unión estén obligados a testificar de manera veraz y completa y se suprime la obligación de lealtad con el empleador. 
De esta manera, los funcionarios deben buscar la verdad y amparar a los ciudadanos, más que velar por su propia institución. 
Es un considerable avance en materia de apertura y de control democrático en el ámbito de la Unión. 
Señor Presidente, en la página 8 del informe del Sr. Camisón Asensio se dice: "El ciudadano tiene derecho a exigir que los retrasos en orden a sus derechos sean perseguidos eficaz e inmediatamente". 
Esto es algo muy positivo. 
El Partido de los Pensionistas aprueba y yo personalmente he aprobado este informe, pero me pregunto: ¿Acaso conseguiremos realizar lo que he leído en el informe y que es justo, en el momento en que nuestros quince Estados pagan las pensiones? 
Hay muchos Estados en los cuales las pensiones se pagan con retraso, incluso con varios años de retraso, a veces con décadas de retraso. 
También nosotros, en cuanto Europa, debemos emplearnos a fondo con el fin de intervenir para que estos retrasos dejen de existir. 
(La sesión, interrumpida a las 13.22 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad y urgencia. 
Zimbawe 
Empezamos con el debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
(B5-0549/2001) del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la situación en Zimbabwe; 
(B5-0554/2001) de los Sres. Cox, Mulder y Haarder, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Zimbabwe; 
(B5-0571/2001) de los Sres. Lucas y Maes, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Zimbabwe; 
(B5-0581/2001) del Sr. Andrews, en nombre del Grupo UEN, sobre la agravación de la situación en Zimbabwe; 
(B5-0582/2001) de los Sres. Van Orden y otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación en Zimbabwe; 
(B5-0583/2001) de los Sres. Bertinotti y Herman Schmid, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Zimbabwe; 
(B5-0592/2001) de los Sres. Kinnock y Van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Zimbabwe. 
Señor Presidente, es realmente increíble que Zimbawe, que antes era un país tan próspero y un granero potencial para el sur de África, se halle ahora de pronto sumergido en un caos económico y político. 
Con el pretexto de acometer "reformas agrarias" los denominados "veteranos" saquean y ocupan arbitrariamente las granjas de propietarios blancos. 
Estos bandidos no descartan ningún tipo de violencia mientras que la policía se queda de brazos cruzados riéndose mientras presencia las escenas crueles de intimidación e incluso de asesinato de ciudadanos honrados. 
Asimismo, miles de ciudadanos, en su mayoría labradores negros, se quedan sin sus puestos de trabajo y se les echa de sus casas. 
A pesar de que el poder jurídico ha manifestado que estas actividades son ilegales, continúa el pillaje. 
Ahora vemos que esta campaña de intimidación se está cebando también con el poder jurídico mismo. A consecuencia de ello algunos magistrados independientes han dimitido. 
La prohibición de publicar noticias "inciertas" que pueden provocar pánico y desesperación se utiliza cada vez más para controlar a la prensa libre. 
Al líder de la oposición Morgan Tsvangirai le fue dictado auto de procesamiento a principios de este año por haber infringido esta misma ley. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar esta oportunidad para subrayar la propuesta de nuestro colega Van Orden de proponer a este político como candidato para la concesión del premio Sajarov. 
Por otra parte, el director de este terrorismo de estado es el septogenario dictador Robert Mugabe. 
Está justificando sus fechorías haciendo apología de una nueva lucha por la libertad, una lucha contra el "capitalismo malvado" y contra "blancos malos". 
Su vicepresidente, Joseph Msika, ha dado incluso un paso más. Hace poco declaró que los blancos no eran seres humanos. 
Me parece que sobra cualquier otro comentario. 
Está cada vez más claro que los excesos de Mugabe le quitan cualquier credibilidad como líder nacional y regional. 
No obstante, a este Presidente que se está aislando tanto le quedan algunas amistades. 
En la fiesta nacional de la revolución libia del fin de semana pasado Mugabe era el invitado de honor más importante de Gaddafi. 
Unos días antes el anfitrión Gaddafi le había concedido a Mugabe un crédito en concepto de petróleo de 360 millones de dólares y un regalo de un millón de dólares para las arcas electorales de su partido. 
Esta resolución conjunta tan clara solicita al Consejo y a la Comisión que tome medidas concretas contra esta política criminal del régimen de Mugabe. 
Ningún Estado miembro debería eludir su responsabilidad en esta cuestión. 
Señor Presidente, a lo mejor hay otras personas en esta Cámara que visitaban como yo a menudo Zimbawe a principios de los años ochenta y que pudieron descubrir qué país era. 
Era un país lleno de esperanza, cuya guerra civil había acabado y que miraba hacia un futuro en que las divisiones entre blancos y negros dejarían de existir. 
Si miramos ahora lo que se ha conseguido en estos veinte años, sólo vemos caos, pobreza, amenaza de hambrunas futuras, ninguna libertad de prensa y sobre todo una falta total de democracia. 
Está claro que Europa no puede contemplarlo ahora de brazos cruzados, como tampoco lo hizo antes. 
Pero creo que Europa debería animar a África a que condene la actitud de Mugabe, porque si no tenemos cuidado esta situación se puede extender a otros países de la región. 
¿De qué posibilidades disponemos según mi Grupo Parlamentario? 
En primer lugar la suspensión de cualquier tipo de ayuda. 
No obstante, la ayuda alimentaria sería otra cuestión. Si las noticias son ciertas, la autosuficiencia de Zimbawe ya corre un serio peligro o está a punto de correrlo. 
Si esto ocurre, habrá que prestar ayuda en forma de alimentos, aunque ésta naturalmente no puede ser repartida por los órganos gubernamentales porque si no ya se sabe qué va pasar. 
Esta ayuda tendría que ser repartida por organizaciones independientes. 
Asimismo, nuestro Grupo Parlamentario quiere que se investigue qué tipo de sanciones podemos aplicar contra Mugabe en persona y su clan. 
¿Podemos hacer algo con las posesiones que tienen en Europa, como la congelación de sus cuentas bancarias, etcétera? 
En último lugar, quisiera que la Comisión investigara si es verdad el rumor de que las personas procedentes de Zimbawe, que estudian en universidades y escuelas europeas gracias a unas becas, fueron sobre todo seleccionadas de los círculos afines a Mugabe y sus compinches. 
¿Es cierto todo esto y en caso afirmativo, qué piensa hacer la Comisión al respecto? 
Señor Presidente, Zimbawe es un país que hace unos años despertó tantas esperanzas que se llegó a decir que África y el régimen post-apartheid de Sudáfrica deberían tomar como ejemplo a Zimbawe como país exitoso. 
La gran desgracia es que el Sr. Mugabe ha prolongado su permanencia en el poder de forma desorbitada y que él mismo ha olvidado arreglar la cuestión de la reforma agraria. 
La manera en que lo hace ahora supera cualquier pesadilla imaginable y lleva a su país a la ruina. 
Por lo tanto, me siento muy decepcionada de que Zimbawe siga implicado, a pesar de toda la miseria que se ha infringido al país, en la guerra de la República Democrática del Congo. 
Estoy muy decepcionada de que las ocupaciones de tierras que ahora está viviendo este país, sean la causa de que todo el sistema económico esté desequilibrado y que un país que en principio es muy capaz de producir sus propios alimentos, pase ahora hambre. 
Mientras tanto, mucha de la esperanza que despertó Zimbawe se ha esfumado. 
Por consiguiente, me siento muy decepcionada por la postura de la Unión Europea que no consigue adoptar una postura conjunta ni tomar las medidas adecuadas para que el régimen del Sr. Mugabe pase a la historia y que se devuelvan las esperanzas de llegar a una nueva era. 
Señor Presidente, el Parlamento va a votar hoy la quinta resolución sobre Zimbabwe de los últimos 18 meses. 
Si el Consejo y la Comisión no se sintieron movidos a actuar antes, sin duda, ahora es el momento de hacerlo, antes de que el régimen de Mugabe destruya toda esperanza del que es, potencialmente, uno de los países más prósperos de África. 
La vulneración del estado de derecho, los terribles abusos de los derechos humanos que se inflige a todas las capas de la población en Zimbabwe y la catastrófica situación económica se han puesto de manifiesto y se han intensificado. 
La oposición política al régimen de Mugabe ha sido la primera en recibir los ataques de los militantes de Zanu-PF. 
La prensa de la oposición ha sido bombardeada y periodistas clave han sido objeto de frecuentes ataques. 
Los políticos de la oposición del Movimiento para el Cambio Democrático y sus seguidores han sido blanco especial del acoso, la intimidación violenta, la prisión arbitraria y el asesinato. 
En las últimas semanas, muchos parlamentarios y dirigentes del partido han escapado por poco de la muerte después de ataques violentos. 
Esto no es una riña familiar entre Gran Bretaña y Zimbabwe. 
El régimen de Mugabe es un factor desestabilizador para África central y su historial en cuanto a derechos humanos constituye una preocupación internacional. 
El colapso económico de Zimbabwe está arrastrando a países vecinos. 
En los dos últimos días, han visitado este Parlamento importantes activistas negros de la oposición que han insistido en que la crisis no tiene nada que ver con la tierra, sino con el deseo de Mugabe de aferrarse al poder. 
Se enfrenta a la derrota en la elección presidencial del próximo año y está intentando atajarla con una campaña salvaje de intimidación brutal contra sus oponentes políticos. 
Debemos reconocer que las normas democráticas, la protección del derecho y los derechos humanos fundamentales se han abandonado en Zimbabwe para todos los elementos de la población. 
Se necesita un enorme valor para defender la democracia, la libertad y la libre expresión en tales circunstancias. 
Morgan Tsvangirai, líder del opositor MDC desde 1999, personifica esa valentía y la lucha por la verdadera libertad en Zimbabwe y merece un reconocimiento internacional por su postura. 
Yo esperaba que estuvieran con nosotros aquí esta tarde altos representantes del Consejo. 
Esta resolución se dirige en particular al Consejo porque se van a celebrar diversas reuniones de alto nivel en las próximas semanas. 
¿Puedo tener la garantía de que hoy la secretaría hará llegar nuestra resolución la Presidencia para que pueda plantearse en la reunión informal de ministros en Genval, cerca de Bruselas, este fin de semana e incluirse formalmente en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales del 8 de octubre? 
Señor Presidente, después de haber saqueado Zimbabwe durante un siglo de dominación colonial, después de haber explotado a sus clases trabajadoras, de expoliar las tierras a sus campesinos, el Reino Unido dejó como herencia una situación donde las mejores tierras seguían perteneciendo a algunos miles de ricos granjeros blancos. 
Las grandes potencias no tuvieron nada que criticar al carácter dictatorial y a la corrupción del régimen de Zimbabwe hasta que su dictador, Mugabe, no empezó- para conservar su poder- a hacer algunos gestos demagógicos poniendo en tela de juicio los privilegios de los granjeros blancos. 
Por otra parte, Francia, menos ligada a esta categoría de privilegios, continúa apoyando, sin escrúpulos, a la dictadura. 
La fingida indignación de todos aquellos que, aquí, protestan contra la violencia del régimen de Mugabe, parece, en estas condiciones, ser sobre todo una manera hipócrita para defender a un puñado de privilegiados contra el derecho de vivir de millones de campesinos de ese país. 
Incluso si algunas ocupaciones de tierras efectuadas por los grupos de campesinos pobres se llevan a cabo con violencia, no representa sino una pequeña fracción de la violencia que se les impuso para expoliarlos. 
Por nuestra parte, expresamos nuestra protesta contra el régimen de Mugabe, a la vez contra su carácter dictatorial y su corrupción, pero también porque esta dictadura continúa protegiendo las escandalosas desigualdades sociales y a los privilegiados de una capa restringida de la que forma parte su camarilla y los ricos granjeros blancos. 
Sin embargo, nosotros no nos asociamos a esta resolución común de la que rechazamos tanto la letra como el espíritu. 
Corresponde a la población de este país arreglar sus cuentas con Mugabe y su dictadura. 
No corresponde a los cómplices de la minoría privilegiada y aquellos que han dirigido o sostenido la violencia colonial dar lecciones de moral a este país. 
Expresamos por encima de todo nuestra solidaridad con la población trabajadora de Zimbabwe y nuestro apoyo a su derecho de poseer la integridad de las tierras, sin retroventa ni indemnización. 
Señor Presidente, debo decir a la anterior oradora que, como británico, puedo confirmar que mis antepasados no tuvieron absolutamente nada que ver con la opresión o represión del pueblo de Zimbabwe. 
Me gustaría dejar claro que ni yo ni mi familia somos en modo alguno culpables de connivencia con nada de lo que ocurrió en la época colonial. 
Es muy importante que reconozcamos que esta resolución que estamos debatiendo hoy llega en un momento muy importante. 
Es una oportunidad de que el Presidente Mugabe tome, de una vez por todas, la decisión de dar un paso atrás, como claramente ha dicho el Sr. Van Orden. 
Además de las negociaciones que se están celebrando en estos momentos en Abuja entre los ministros de asuntos exteriores de la Commonwealth, existe una serie de iniciativas de la Unión Europea como la intención del Ministro de Asuntos Exteriores belga, en representación de la Presidencia, y del Sr. Solana, el alto representante, de visitar los países del sur de África. 
Están en marcha también otras iniciativas. Algo muy importante: dentro de tres semanas aproximadamente saldrá el equipo encargado de preparar la participación de la Unión Europea- esperemos- en las elecciones presidenciales de marzo. 
Esto es tremendamente importante. 
Pero si al final todas esas iniciativas fracasan y da la espalda a la voluntad de la comunidad internacional de dialogar con él, será el momento de valorar lo que está ocurriendo. 
Quisiera decirle a la Sra. Maes en particular que uno de los motivos por los que el Consejo y la Comisión no han querido emprender una acción urgente, como quizás hubieran querido algunos parlamentarios, es el peligro de que lo que busque Mugabe sea una excusa para declarar el estado de emergencia en Zimbabwe y poder, así, suspender las elecciones, detener el proceso democrático y suprimir a la oposición oficial y a cualquier oposición por parte de la prensa y de los medios de comunicación. 
Tenemos que entender las potenciales repercusiones que cualquier cosa que la Unión Europea, o la Commonwealth, haga para afrontar lo que está ocurriendo en Zimbabwe. 
El momento determinante será el 8 de octubre en que está prevista la celebración el Consejo de Asuntos Generales. 
Si llegado ese momento no se hubiera hecho ningún avance, si e diálogo hubiera fallado, si vemos que es un procedimiento inútil, entonces, es esencial que adoptemos las llamadas sanciones inteligentes. 
Restringiríamos los visados a todos los colaboradores de Mugabe y a su gobierno e identificaríamos a las personas con cuentas bancarias en el extranjero y congelaríamos sus activos. 
Ésas son sanciones inteligentes que no van a perjudicar a la pobre gente de Zimbabwe pero que perjudicarían, sin duda, a esos nacionales de Zimbabwe a los que les gusta mucho venir a Londres a comprar en Harrods o a visitar a sus hijos que están en las escuelas públicas británicas. 
Éste es el tipo de cosas importantes que la Unión Europea puede hacer. 
Igualmente, tendremos que estudiar la posibilidad de suspender la ayuda al desarrollo porque así es cómo el Acuerdo de Cotonou indicaría que debemos proceder. 
En ese momento, tendríamos que expresar la opinión del Parlamento, como decimos ahora, de que se han hecho avances insuficientes en cuanto a la confiscación de tierras, a la violencia política, y a todas esas cosas que otros han señalado. 
Por último, yo apoyo las palabras de Morgan Tsvangirai, el líder del partido de la oposición, quien esta mañana en la BBC se mostraba muy duro con Mugabe, y acabaré citando textualmente lo que ha dicho: "El Presidente Mugabe ha violado claramente todos los principios de la Commonwealth y de todas las demás organizaciones internacionales por lo que ahora debería quedar aislado de la comunidad internacional." 
Señor Presidente, en un minuto se puede decir muy poco, pero yo estoy de acuerdo con lo que el Sr. van Orden, la Sra. Kinnock y muchos otros oradores han dicho. 
Yo estuve en lo que entonces era Rhodesia en los años sesenta y había mucha injusticia en ese país en aquella época. 
Pensábamos que se trataba de un líder liberal, serio e inteligente. 
Por desgracia, cuando vemos el actual caos y la amenaza del hambre y de la destrucción de la economía, no podemos sino lamentar el hecho de que no haya estado a la altura de las esperanzas que teníamos puestas en él. 
Estoy de acuerdo en que las sanciones inteligentes constituyen el modo de proceder porque la gente corriente de Zimbabwe ya está sufriendo profundamente mientras ven cómo su país se desintegra en el caos. 
Insto a todos los colegas a que apoyen esta resolución. 
Señor Presidente, hay 4.500 granjeros de origen británico, holandés, alemán y griego que son propietarios de 8,3 millones de hectáreas de tierra en Zimbabwe. 
Nueve granjeros blancos y 360 trabajadores negros de las explotaciones agrícolas han sido asesinados en el caos de los últimos meses. 
Miles de agricultores negros han perdido sus trabajos y sus hogares y no se puede trabajar en las granjas. 
Zimbabwe depende del éxito de la agricultura y la aportación de estos granjeros es vital para sostener su economía. 
Hay dinero disponible procedente del gobierno del Reino Unido en virtud del Acuerdo de Lancaster House y los granjeros blancos están dispuestos a ceder el 80% de su tierra para asentar a las familias negras. 
Mugabe debe aceptar esta solución. 
En 1970, Tanzania nacionalizó las plantaciones de agave, las empresas y las propiedades, destruyendo su sector privado. 
Lo mismo ocurrió en Uganda en 1972, cuando se expulsó a los asiáticos, y las economías de esos dos países han estado en quiebra desde entonces. 
Yo comprendo de verdad a los granjeros y trabajadores de las granjas de Zimbabwe porque mi familia fue víctima de una confiscación y nacionalización similar. 
Mi familia ha vivido en Tanzania durante 166 años, mucho más tiempo que muchos granjeros blancos en Zimbabwe. 
Compramos la tierra a Deutsch-Ostafrika en 1876 y todavía tenemos una escritura del título sobre la misma. 
Perdimos nuestra tierra y propiedades mediante nacionalización sin compensación y yo sé lo que eso significa. 
Comparto el dolor de la silenciosa mayoría negra de Zimbabwe, que sigue viviendo en la pobreza. 
Los más pobres de Zimbabwe no quieren disparar, matar, saquear y quemar cosechas. 
Están hambrientos y desempleados. 
Necesitan comida, educación, sanidad, empleo y vivienda. 
La visión y la calidad de personas como Nelson Mandela son las que, al fin, han marcado para África el ejemplo de que la reconciliación, la cooperación, la democracia y el respeto de todas las personas, con independencia de su color, es la única forma de gobernar un país en desarrollo y la única forma de ayudar a los más pobres a liberarse de la pobreza y la enfermedad. 
El Presidente Mugabe debe imitar al Sr. Mandela y aceptar la reconciliación y la democracia, permitir que los granjeros blancos prosperen y sigan explotando la tierra y aceptar que Zimbabwe pertenece al pueblo de Zimbabwe y que nadie tiene el derecho a privarle de una vida digna basada en la paz y la democracia. 
Señor Comisario, el Consejo, la Comisión y el Parlamento son totalmente conscientes de la situación que se vive en Zimbawe. 
Ninguno puede decir que no sabía nada. 
El Consejo, que ahora permanece pasivo, se está haciendo cómplice. 
Es un escándalo que ayer, en la sesión del grupo de trabajo "África" del Consejo en Bruselas tampoco se llegase a ningún acuerdo. 
Evidentemente, para la Presidencia África es una prioridad sólo de labios para afuera. 
Desgraciadamente, Francia es cabecilla de un grupo de países que, evidentemente, siguen otra agenda. 
Porque cómo podría entenderse de otro modo que todos los países finalicen o reduzcan sustancialmente la cooperación económica y que Francia, en cambio, la eleve. 
Pido a los Estados miembros de la UE que quieran ser más activos que ejerzan una mayor colaboración ante la entrada en vigor del Tratado de Niza, y quisiera recordar a Francia y a otros países que cabalgarían sobre el caballo equivocado si ahora de facto permanecen pasivos. 
Creo, estimada señora Kinnock, que el Sr. Mugabe no necesita acuerdos o peticiones de este Parlamento para decidirse a declarar el estado de excepción. 
Lo hará, probablemente, en cualquier caso, porque, si se celebran, perderá las elecciones. 
Señor Presidente, yo formé parte de la misión de observadores que estuvo en Zimbabwe, al igual que el Sr. Gahler y otros parlamentarios. 
Quisiera refutar el mito de que aquí de lo que se trata es de la tierra y de la propiedad de la tierra: se trata de política. 
Tiene que ver con el hecho de que Mugabe sabe que si ellos obtuvieran los mismos votos que recibieron el año pasado en las elecciones generales, perdería una elección presidencial. 
Está expulsando a los granjeros y a los trabajadores de sus granjas, de las circunscripciones, para que no puedan registrarse como votantes. 
No tiene que ver con las potencias coloniales. 
Esas granjas están bien dirigidas, proporcionan iglesias, escuelas y tratamiento hospitalario en esas zonas. 
Las comunidades se unen. 
El 70% de Zimbabwe se basa en la agricultura y la economía está siendo destruida. 
Necesitamos que se impongan sanciones inteligentes al Presidente Mugabe. 
Él no está haciendo caso de los gestos conciliatorios. 
Tenemos que actuar y tenemos que hacerlo ahora. 
Como pusieron de manifiesto los diputados que acaban de intervenir, Zimbabwe está atravesando con toda claridad una crisis grave, que podría desembocar en un hundimiento económico y un conflicto político en condiciones sociales extremas, al borde de la situación de urgencia humanitaria. 
Nuestro análisis es semejante al de la mayoría de ustedes: el Gobierno de Zimbabwe tiene como único objetivo seguir en el poder, incluso si para ello se viera obligado a acabar de destruir un país que era considerado, todavía hace poco, como una de las economías y democracias más sólidas de Africa. 
Por tanto, el Gobierno de Zimbabwe, que razonablemente habría podido evitar esta crisis, es claramente responsable de esta dramática situación. 
Nuestro objetivo político, el de la Unión Europea- varios de entre ustedes lo han recordado- es la celebración de elecciones presidenciales. 
El principal objetivo de la Unión, son las elecciones presidenciales en 2002, y en las mejores condiciones posibles para permitir el cambio, como se dice convencionalmente. 
Por tanto, la posición de la Unión, si ese es el objetivo, debe ser buscar un equilibrio entre el hecho de evitar que no sirva de pretexto para decretar una ley marcial, que tendría por efecto aplazar las elecciones que deseamos, por una parte y, por otra, la observación de las elecciones presidenciales de 2002 para la Unión constituye, a nuestro juicio, la prioridad absoluta. 
En lo relativo a lo que han dicho en sus intervenciones sobre la aplicación del artículo 8, es decir el diálogo político (artículo 8 de Cotonou) , apoyamos que se continúe el diálogo político, al mismo tiempo que subrayamos, como ustedes, que ningún proceso sustancial se ha realizado en este diálogo en el curso de los últimos meses. 
Nos queda una vaga esperanza, es decir, la próxima visita de una Presidencia a los países implicados en la crisis congolesa, un acontecimiento que quizás podría reavivar este diálogo. 
Tratándose de la etapa siguiente, que consiste en la aplicación del artículo 96 de Cotonou, que requiere la consulta y la adopción de medidas apropiadas, como se dice también convencionalmente, el Consejo examinará esta cuestión a principios de octubre, naturalmente con nuestra participación, y nosotros decidiremos entonces si damos o no ese paso. 
En lo relativo al impacto de esta situación sobre la cooperación al desarrollo, deseamos poder mantener los programas que la Comunidad financia en Zimbabwe, especialmente en el sector sanitario y educativo, teniendo en cuenta la naturaleza humana y social de estos programas, con el fin de no castigar a la población ya afectada tan seriamente por la crisis económica. 
Todo ello se desarrolla, como todos ustedes lo han dicho, en un contexto económico y social sumamente preocupante. 
Este año, se experimenta en Zimbabwe un déficit de cereales que ya se ha presentado en otras ocasiones y que debería poder manejarse si sólo existiera el déficit de cereales y sus consecuencias sobre la población. 
No obstante, la grave inestabilidad que prevalece en el país, la crisis económica y los conflictos sociales que allí tienen lugar son un factor importante de una inseguridad alimentaria que creemos, en estas condiciones, corre el riesgo de agravarse. 
Por tanto, esta interacción entre la situación alimentaria, el déficit agrícola, en este caso de cereales, el contexto económico y el contexto político, es la que conlleva los gérmenes de un drama probablemente todavía más grave que el que vivimos actualmente y que debemos hacer todo lo posible por evitar. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Fiebre aftosa 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
(B5-0548/2001) del Sr. van Dam, en nombre del Grupo EDD, sobre la fiebre aftosa; 
(B5-0553/2001) de los Sres. Martinez y otros, en nombre del Grupo TDI, sobre la fiebre aftosa; 
(B5-0555/2001) de Sr. Mulder, en nombre del Grupo ELDR, sobre la fiebre aftosa; 
(B5-0563/2001) de los Sres. Goepel, Sturdy y Maat, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la fiebre aftosa; 
(B5-0573/2001) de los Sres. Lucas y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la fiebre aftosa; 
(B5-0580/2001) de los Sres. Berlato y Hyland, en nombre del Grupo UEN, sobre la fiebre aftosa; 
(B5-0584/2001) de los Sres. Jové Peres y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la fiebre aftosa; 
(B5-0593/2001) de los Sres. Garot y Adam, en nombre del Grupo PSE, sobre la fiebre aftosa. 
Señor Presidente, las regiones de Oene, Kootwijkerbroek, Mayenne, Cumbria y Northumberland se han hecho famosas en Europa. 
Son las regiones donde personas y animales han sufrido los efectos de la epidemia de la fiebre aftosa. 
Sin embargo, el sufrimiento no se limitó sólo al brote de fiebre aftosa en si, sino que se extendió por las normas dictadas por la UE para combatir esta enfermedad, es decir el sacrificio masivo de todas las reses en las granjas contagiadas y en un radio alrededor de ellas. Fue un enfoque que sólo está basado en el afán de salvaguardar unos mercados de exportación lejanos. 
Es un razonamiento extraño cuando la Unión Europea importa incluso carne de reses vacunadas de Argentina. 
Sin embargo, se habría podido evitar mucho sufrimiento en los últimos meses si la Comisión se hubiera mostrado dispuesta a aceptar la vacunación preventiva. 
Parece que en Francia y en los Países Bajos se ha controlado la crisis. 
Por desgracia, esto no ha ocurrido en el Reino Unido. 
El sufrimiento de granjeros y animales sigue allí con toda su virulencia y las cifras nos dejan aturdidos: desde las nueve de esta mañana se han detectado 2.005 nuevos casos. 
Asimismo, se han registrado veinte casos recientes en Northumberland donde no hubo ninguno nuevo en los últimos tres meses. 
En el Reino Unido se sacrificaron cuatro millones de animales debido a la fiebre aftosa y un millón y medio más por problemas medioambientales relacionados con la crisis. 
Permítanme que les hable de forma muy clara: esto no es una pérdida de unidades de producción, sino que se trata de una destrucción de criaturas. 
Me sorprende que el gobierno británico no haya considerado hasta ahora la posibilidad de la vacunación. 
El argumento de que se quiere conservar los lucrativos mercados de exportación ya no convence con el invierno ya a la vuelta de la esquina. 
En las circunstancias actuales el Reino Unido ha perdido en todo caso estos mercados para mucho tiempo. 
Espero sinceramente que el gobierno británico escuche a Sir William Stewart de la British Association of Science que dice que la vacunación tiene que ser un elemento fundamental en la lucha contra la fiebre aftosa y que debería haber sido empleada mucho antes. 
El Reino Unido ya no es la isla que era antaño. 
Tiene contactos intensivos con el continente europeo por los muchos desplazamientos de personas, animales, coches y camiones. 
Esto hace que la situación del Reino Unido sea muy amenazadora para la agricultura en toda Europa. 
Los actuales controles, también en la frontera neerlandesa, son tan mínimos que seguro surgirán problemas. 
Por lo tanto, hago un llamamiento al Consejo y a la Comisión para que adopten las medidas de prevención oportunas para evitar una nueva propagación de la fiebre aftosa en el continente europeo, para no infringir un sufrimiento innecesario a las personas ni a los animales. 
Por último, hago nuevamente un llamamiento a la Comisión para que modifique su política de no-vacunación sobre la base de la incontrolable crisis en el Reino Unido. 
Señor Presidente, señor Comisario, en esta epizootia de fiebre aftosa, existen zonas oscuras de orden técnico, certezas políticas e interrogaciones estratégicas. 
En relación primeramente con las zonas oscuras, ¿cómo lejos de los focos endémicos conocidos- Turquía, Asia, Tracia, para Europa- la fiebre aftosa, su virus, pudieron llegar, nadando quizás, a Gran Bretaña, una isla? 
Por qué este rechazo dogmático de una vacunación que es sin embargo eficaz. 
Francia tuvo, en los años 1950, antes de la vacunación obligatoria de 1961 a 1991, hasta 300.000 focos anuales que han desaparecido con la vacunación obligatoria. 
¿Por qué, en un mismo país, tuvimos tanto el virus de la fiebre como el prión de la vaca? 
Preguntas que llegan a certezas políticas, si no a enseñanzas. 
En ambos casos, la EEB y la fiebre aftosa, las autoridades británicas reaccionaron tarde y se vieron superadas, porque el ultraliberalismo de los años Thatcher sólo dejó a 220 veterinarios en comparación con 8.000 en Francia. 
Al igual que para un país en vías de desarrollo, Australia, Canadá e incluso el ejército francés tuvo que enviar veterinarios a Gran Bretaña. 
A falta de veterinarios, no hay red de epidemiovigilancia, de ahí la propagación. 
Fue el ultraliberalismo también lo que llevó a cerrar los mataderos y que hace que, desde Carlisle, desde el Muro de Adriano, desde Northumberland, se paseen a los corderos hasta el Sur y los difundan. 
Se difunde el virus en Gran Bretaña y, después de la supresión de fronteras, se difunde también en Francia. 
La libre circulación es la libre contaminación. 
Tercera certeza puesta en evidencia por un informe de investigación del Parlamento francés de junio de 2001: son las compras clandestinas a precios de remate- menos de 90 euros el cordero para la fiesta musulmana de Aïd el Kebir- las que contribuyeron a la difusión del virus. 
Sin embargo, a la par de estas certezas, hay preguntas para la Comisión. 
Y está bien que sea el Sr. Lamy, el estratega, quien está aquí. 
Ante todo, ¿no termina el sistema de indemnización en Gran Bretaña poor convertirse en una prima a la contaminación? 
Se ha dejado entender que la remuneración ventajosa hacía que quizás se tuviera interés en tener animales contaminados. Tanto más cuanto que, colectivamente, cuatro millones de animales sacrificados, en su mayoría ovinos, permite purgar los excedentes. 
Y, por último, Nueva Zelandia, primer exportador mundial, ¿no tiene interés en ver aumentar su parte potencial de mercado en Europa a medida que se sacrifican animales? 
Y, si en relación con el tratado sobre Echelon, pudieron entenderse entre anglosajones, también se pueden intercambiar servicios. A mí, Gran Bretaña, el exceso de retribución individual, a ustedes, Nueva Zelandia, la posibilidad de exportar más. 
El grupo de Cairn estaría contento. 
Sería conveniente que el Sr. Lamy nos aclare este tema. 
Señor Presidente, no ha habido ninguna crisis en Europa que haya influido tanto a la opinión pública, especialmente en los Países Bajos, como la de la fiebre aftosa. 
La gran cuestión es, y desconozco si la Comisión puede responderla, cuál es la explicación de la Comisión de porqué la fiebre aftosa golpea sin cesar al Reino Unido. 
En mi opinión, no es un problema en exclusiva de las autoridades británicas mismas. 
A fin de cuentas, cada contribuyente europeo paga una parte para solucionar la crisis. 
¿La Comisión ha obligado a Inglaterra a que aplique, por ejemplo, la vacunación? 
Me parece que el ejemplo que se ha dado en los Países Bajos ha sido exitoso y ¿porqué no se podría repetir en otros países europeos? 
Pasemos a otra cuestión. Una de las causas de la crisis es la importación ilegal de carne en Europa. 
Por lo visto, la vigilancia en las fronteras exteriores dejó mucho que desear. 
Mi pregunta a la Comisión es: ¿qué ha pasado desde entonces con las fronteras exteriores? 
¿Qué ha cambiado con respecto a la situación de hace, pongamos, seis meses? 
¿Por qué no empezamos a hacer controles como en los Estados Unidos y en Australia donde el control de la importación es muy riguroso? 
Hasta ahora no he visto ningún control parecido en ninguna parte de Europa. 
Quisiera hacer otra pregunta. Creo que la opinión pública en el futuro no va aceptar más sacrificios de reses a gran escala. 
El desarrollo de la vacuna marcadora podría ser una de las soluciones. 
La Comisión ya ha avanzado algo en esta materia pero ¿podría hacer aún más para que dispongamos lo antes posible de esta vacuna marcadora, con sus métodos de diagnóstico correspondientes con el fin de evitar el sacrificio de más animales? 
Por último, quisiera saber algo sobre el aspecto financiero de esta cuestión. 
La situación en Gran Bretaña es especial por el factor "rebate", pero ¿cuánto gastos ha habido hasta ahora según la Comisión? 
Señor Presidente, el campo británico se encuentra en este momento en una crisis total. 
Tengo ante mí un documento que dice que el gobierno británico admite su incapacidad para cumplir con los plazos exigidos para el sacrificio de los animales infectados. 
Dice, además, que el control de la enfermedad, como ha dicho mi colega, ha fracasado porque ahora están apareciendo nuevos brotes en el centro de Gran Bretaña, en el centro de la región donde pensábamos que lo habíamos eliminado. 
Hemos fracasado en el control y tampoco hemos proporcionado los controles fronterizos necesarios. 
El pasado domingo, conduje desde mi granja en North Yorkshire hasta Estrasburgo. 
Nadie me preguntó si transportaba carne y no hubo control fronterizo alguno para comprobar mi vehículo. 
No había puntos de desinfección. 
Sólo había una alfombra en medio de la calzada y eso era todo. 
Quisiera decirle al Sr. Lamy, que es el hombre verdaderamente importante aquí hoy, que estamos ante una situación en la que Inglaterra es el basurero de Europa. 
Estamos importando alimentos de estos países. 
Debemos analizar esto. 
Por último, ¿podría el Sr. Comisario considerar la posibilidad de una investigación pública sobre el modo en que se ha gestionado este asunto? 
Señor Presidente, yo lamento mucho que ésta sea la segunda vez en seis meses que tengamos que debatir la fiebre aftosa en esta Asamblea. 
El motivo de este debate, como dice la Resolución Conjunta, es que las medidas adoptadas por el gobierno del R.U. para controlar la enfermedad han fracasado, que están apareciendo nuevos brotes y que hay un riesgo muy real de que se extienda de nuevo a Europa continental. 
Tenemos que preguntarnos por qué el gobierno del R.U. ha fracasado y por qué, en particular, rechaza permanentemente la idea de la vacunación preventiva ante las crecientes peticiones de las comunidades rurales que desean adoptarla. 
Está más claro que nunca que la prioridad del R.U. no es el modo de vida de los pequeños agricultores, ni siquiera la industria turística y la economía rural, sino simplemente nuestras exportaciones de carne y el deseo de volver a obtener de nuevo el estatus de exportación libre de fiebre aftosa lo antes posible. 
Pero incluso esta triste justificación económica de un sacrificio selectivo a tal escala no se sostiene. 
Según la Unión Nacional de Agricultores (National Farmers ' Union) , el R.U. gana tan sólo 630 millones de libras esterlinas al año con las exportaciones de carne y productos lácteos. 
Compárese con el coste estimado de 9 mil millones de libras para toda la comunidad rural como consecuencia de la epidemia de fiebre aftosa. 
Yo acojo favorablemente el llamamiento que hace esta resolución a favor de un análisis completo de rentabilidad entre las diversas medidas de control de la enfermedad, para que podamos comparar las pérdidas sufridas con el régimen del sacrificio selectivo con las que se hubieran producido con una estrategia de vacunación. 
Estoy seguro de que los resultados demostrarán que el enfoque del R.U. no sólo era inhumano sino también antieconómico. 
Instamos a la Comisión a que revise la estrategia de la UE en la defensa por todos los medios del estatuto de fiebre aftosa y a que reconozca que el sacrificio y destrucción de animales sanos es inhumano e ineficaz. 
Señor Presidente, yo represento a la región del noroeste de Inglaterra donde se produjo el primer brote y que recientemente se ha visto afectada por nuevos brotes. 
Lamento muchísimo que no hayamos sido capaces de acordar un texto consensuado en esta ocasión. 
La razón es sencilla. El Considerando A acusa al gobierno del R.U. de fracaso en el control del brote de fiebre aftosa. 
En realidad, no se trata de un ataque al gobierno del R.U. sino a todos los que han luchado muy heroicamente contra la enfermedad desde finales de febrero: los propios ganaderos, los veterinarios, los científicos, los funcionarios, la policía, los militares, muchas agencias rurales diferentes, todos los cuales han participado. 
En concreto, los ganaderos del Valle de Allendale, escenario del brote reciente, creían que habían tomado todas las medidas necesarias para evitar la enfermedad. 
El fracaso en el control da a entender que el brote debería estar ya terminado. 
Pero el promotor de la resolución no explicó cuándo y por qué medios eso se podía haber logrado. 
Nadie prometió nunca, ni siquiera sugirió, que el brote habría finalizado en este momento. 
En su punto culminante había entre 40 y 50 casos al día. 
A pesar del reciente brote en Allendale, la media es ahora de dos o tres casos al día. 
Si esto no indica un grado de control, verdaderamente estamos ante un grave problema, algo que ninguno de nosotros imaginó nunca. 
Es importante también recordar que desde el propio inicio, el gobierno del R.U. ha facilitado una completa información a los otros Estados miembros y ha seguido el asesoramiento del Comité Veterinario Permanente. 
En este sentido, podemos señalar el considerable éxito de los mecanismos que funcionan dentro de la Unión Europea. 
Un comentario sobre la vacunación. 
Yo le sugeriría al Sr. van Dam, el primero que ha hablado acerca de esta resolución, que quizás tendría que solicitar el puesto de científico jefe en el Reino Unido. 
Sin duda parece aportar al debate sobre vacunación una autoridad y convicción que superan con mucho la del actual titular del cargo, el Profesor David King, que esta misma mañana en una emisión de radio decía que no podríamos estar seguros de que la vacunación hubiera servido de algo. 
En los Países Bajos, los animales también fueron sacrificados y hay un problema cuando se sugiere que la vacunación realmente salva la vida del animal. 
Esto no necesariamente es así; ¡pero yo no sé cuando queda vacante el puesto! 
Señor Presidente, mi colega Adam dice que el enfoque del gobierno británico es un gran éxito. 
Pero este gran éxito del enfoque de la fiebre aftosa vuelve a causar a muchos granjeros del continente europeo noches de insomnio. 
¿Se puede hablar entonces de una política exitosa? 
Las medidas tomadas allí con respecto a la fiebre aftosa no solamente son insuficientes, porque no se aplica por ejemplo la vacunación y la vacunación en círculos, sino también porque el Consejo y los miembros del Consejo actúan de forma irresponsable con el peligro que acecha desde el Reino Unido. 
Me parece que lo más sencillo del mundo es colocar esteras de desinfección en puertos y aeropuertos y efectuar controles estandarizados en tierra para intentar controlar así el problema. 
Esto es lo que pedimos a la Comisión y al Consejo con insistencia. 
Señor Presidente, en mi propio país se reduce considerablemente la compensación financiera destinada a los granjeros cuando resulta que han cometido algún error y en su granja se ha contraído la enfermedad. 
Pero al mismo tiempo parece que muchos ministros no se dan por enterados porque no hacen nada en los controles fronterizos para luchar contra el peligro de la fiebre aftosa del Reino Unido. 
Me parece un asunto muy serio que tanto la Comisión como el Consejo deberían atajar. 
Señor Presidente, nadie duda de la gravedad de la epidemia de fiebre aftosa en el R.U. Creo que ha sido la peor epidemia de esta enfermedad que se ha visto en el mundo. 
Nadie puede dudar de las drásticas medidas que se han tenido que emplear para frenarla. 
Los dos brotes actuales demuestran que la enfermedad va a estar con nosotros muchos meses. 
No podemos, por un lado, decir que la contención es demasiado drástica debido a la política de sacrificio y, por otro, decir que es demasiado blanda porque ha permitido que la enfermedad continuara. 
No calculamos de antemano eficazmente la extraordinaria cunatía de la circulación de animales, particularmente de ovejas, en febrero de 2000 y posteriormente. 
La primera de las tres investigaciones que se han emprendido en el R.U. tendrá que analizar esto y quizás también el papel de un tipo de subvención de la PAC en el fomento de algunas de estas formas de circulación de animales. 
Facilitamos una información eficaz a nuestros vecinos holandeses, franceses e irlandeses y para ellos funcionó. 
Deberíamos estudiar cómo funcionó su contención y por qué. 
La vacunación, en mi opinión, tiene que ser una de las opciones que la investigación pueda recomendar si llega a esa conclusión. 
Por último, un comentario para el Sr. Sturdy, que ha pedido una investigación pública europea. 
Cuando tuvimos una sobre la EEB, no mostró tanto entusiasmo. 
Pero la EEB era una enfermedad nueva. 
Había un verdadero elemento de ocultación de algunos de los factores que dieron lugar a esa enfermedad y, en particular, del factor europeo y del hecho de que siguiéramos exportando carne infectada a Europa continental durante años después de que la hubiéramos prohibido para nosotros. 
Esa fue una auténtica investigación europea. 
La epidemiología de este brote no está en duda. 
Creo que nuestros amigos deberían aceptar que los británicos tienen que poner su propia casa en orden y, que si eso supone dar una dimensión pública a las investigaciones, eso puede hacerse en el R.U. No es igual que lo ocurrió con la EEB: hemos cumplido con nuestro deber por nuestros vecinos. 
Esperamos que ahora ellos tengan confianza en nosotros y dejen que nos ayudemos a nosotros mismos y que examinemos adecuadamente todos los remedios para que esta terrible enfermedad pueda eliminarse. 
Señor Presidente, ni la EEB ni la fiebre aftosa son enfermedades inglesas, sino un problema europeo. 
En vista del sacrificio de millones de animales, de los daños y de la aniquilación de existencias de muchas explotaciones ganaderas, tampoco se adapta a la lucha política partidista. 
No puedo recordar con claridad cómo los laboristas en el tiempo de la EEB se lanzaron contra el Gobierno conservador; ahora son los conservadores los que están tentados de atacar a los laboristas. 
Pero aunque haya habido negligencias por parte del Gobierno, lo que están haciendo aquí no resulta constructivo. 
Hemos presentado un Reglamento relativo a la alimentación con harinas animales para casos concretos: los residuos animales. 
Si hubiese estado vigente entonces, no hubiésemos tenido el problema de la EEB. 
Y lo mismo vale para la fiebre aftosa. 
La Comisión debe modificar su estrategia. 
En Holanda se está realizando exitosamente una cadena de vacunaciones, pero se hace contra la opinión reinante en la UE y en la Comisión. 
No quiero que usted lo facilite, sino que consiga que desarrollemos otra estrategia y que la aseguremos mediante la negociación política. 
Debemos distanciarnos de esa estrategia confusa de "libre de fiebre aftosa" o "libre de peste", y hablar esto con nuestros socios. 
Necesitamos un reglamento sobre alimentación animal o sobre eliminación de restos alimenticios. 
Lo que ha hecho ahora el Consejo, a saber, prohibir sólamente, no ayuda nada. 
Los restos deben ir a parar a alguna parte, y no podemos limitarnos a amontonarlos en fosas porque entonces nos topamos de nuevo con el problema de la necesidad de un tratamiento adecuado. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el número de casos de fiebre aftosa está subiendo nuevamente. 
La fiebre aftosa, como sabemos, es inocua para el ser humano, pero el virus es muy contagioso para los rumiantes y genera enormes pérdidas económicas. 
En vista de los nuevos casos de infecciones pido nuevamente al Consejo y a la Comisión que apoyen la vacunación en detrimento del sacrificio de las reses. 
En Europa hemos de cambiar la perspectiva con que consideramos la lucha contra las infecciones animales, y, en este sentido, la resolución de hoy me parece muy equlibrada. 
Las medidas de prevención de infecciones son sólo una cara de la moneda. 
La fiebre aftosa, en vista de la cantidad de viajes turísticos y de negocios que se realizan en el mundo, es un peligro en acecho. 
Los controles en los aeropuertos para evitar introducir y extender la infección deben ser más rigurosos. 
Los ganaderos y los consumidores tienen dificultades con los problemas éticos que plantea la actual política de vacunaciones. 
Estamos ante consecuencias fatales. 
Debemos abandonar de una vez la política de no vacunación. 
Necesitamos vacunas preventivas. 
Necesitamos utilizar sensatamente las vacunaciones en cadena, y deberíamos dar señales desde el ámbito político de que en el terreno de la protección, esto es, del desarrollo de vacunas adecuadas, la ciencia está yendo por delante. 
Para caracterizar rápidamente la situación a nivel de la Unión, actualmente no se aplica ninguna restricción a causa de la fiebre aftosa en la Unión, con excepción de Gran Bretaña y ello, desde el 25 de junio de este año, treinta días después de sacrificar y destruir al último animal vacunado en los Países Bajos. 
Por tanto, en catorce de los quince Estados miembros de la Unión, más Irlanda del Norte, tuvimos una situación más bien favorable, que es el resultado de la puesta en práctica y la aplicación eficaz de medidas de lucha contra la fiebre aftosa a nivel comunitario. 
Corro el riesgo de contrariar a la Sra. Lucas mencionando un momento el punto de vista internacional, y desde ese punto de vista, esperamos firmemente que las medidas adoptadas por Francia, Irlanda y los Países Bajos van a permitir obtener el estatuto necesario de parte de la Oficina Internacional de Epizootias, antes de permitir a terceros países levantar las restricciones comerciales que todavía existen. 
Visto que posiblemente, -y sobre este punto, tranquilizo a la Sra. Lucas- este elemento no sea lo esencial, volvamos al caso del Reino Unido que, efectivamente, sigue siendo preocupante puesto que el 3 de septiembre apareció el foco número 2000. 
La situación en Gran Bretaña, incluso si permanece estable desde hace casi tres meses, nos inquieta debido a esta persistencia de los focos infecciosos en el interior o a proximidad de zonas sujetas a restricciones. 
Muchos de ustedes mencionaron los casos más recientes en el Condado de Northumberland, zona de aparición inicial de la epidemia: son preocupantes ya que fueron señalados tres meses después de la desaparición de la enfermedad. 
Sin embargo, el período durante el que ha persistido un pequeño número de focos es excesivo y la Comisión exigió de las autoridades británicas la intensificación de sus medidas de erradicación. 
En efecto, tenemos la presión del tiempo, ya que las cosas se hacen cada vez más difíciles en otoño y en invierno, debido tanto a las condiciones meteorológicas como a las costumbres de desplazamiento de los animales en el curso de este período. 
La evolución actual de la enfermedad atraviesa claramente una fase crítica. 
No es el momento de disminuir los controles. 
Como se ha dicho, y varios de entre ustedes lo han destacado, se empiezan a ver, en este período del año, desplazamientos de rebaños y éstos son objeto de diversas manipulaciones y, por tanto, es preciso, a nuestro juicio, reducir al estricto mínimo los movimientos de los animales. 
La Comisión lo ha hecho saber a los interesados. 
En relación todavía con el Reino Unido, las estructuras complejas de la producción bovina, la ausencia, en el cordero, de señales clínicas y el hecho de que la propagación en el seno de los rebaños sea lenta, son otros tantos factores que complican el problema y que nos imponen recurrir a pruebas de laboratorio cuyas capacidades disponibles ahora son suficientes. 
¿Cuál es, pues, la opinión de la Comisión? 
No diremos que la situación es satisfactoria, no lo es en este caso preciso, pero el riesgo de propagación a los demás Estados miembros es hoy día mucho más bajo de lo que era en los meses de marzo y abril, en el momento en que alcanzó su pico, ya que el conjunto de las restricciones impuestas, especialmente en materia de movimiento de animales y de productos no tratados procedentes de Gran Bretaña, están todavía vigentes. 
Procedemos a controles regulares sobre el propio terreno, el primero de los cuales remonta a finales del mes de agosto, con el fin de asegurarnos de que las autoridades británicas toman las medidas adecuadas. 
Otras regiones, a veces importantes, de la Gran Bretaña nunca han sido afectadas por la enfermedad y es preciso que, en el seno del comité veterinario, se continúe la reflexión con el fin que pueda preverse, en estas zonas y en el momento oportuno, cuando la situación lo permita, la reanudación de los intercambios bajo condiciones estrictas. 
A este respecto, seremos sumamente prudentes ya que la experiencia del Northumberland nos recuerda que el riesgo existe hasta en las zonas donde la enfermedad parecía estar controlada. 
Para volver un instante al asunto de los terceros países, si la Sra. Lucas me lo permite, un determinado número de países han conservado, con respecto a los productos europeos, medidas discriminatorias que van más allá de las normas internacionales en vigor y trabajamos sobre esta cuestión con algunos de nuestros socios comerciales. 
Muchos terceros países han levantado progresivamente las prohibiciones un poco extensivas con las que habían empezado; en cambio otros, como los Estados Unidos, Canadá e incluso algunos países candidatos a la adhesión tardan en levantar las restricciones que mantienen equivocadamente todavía hoy. 
Vamos a continuar trabajando, siendo en este ámbito nuestra base el acuerdo sanitario y fitosanitario de la OMC. 
De una manera más general, subrayemos que, ante todo, esta crisis ha tenido ya desde ahora importantes repercusiones sobre el presupuesto comunitario. 
Hemos decidido conceder una dotación de 4.000 millones de euros a los cuatro Estados afectados este año, y las últimas previsiones tienen en cuenta una probable contribución financiera de la Unión de poco más de mil millones y medio de euros. 
Vamos a tomar las disposiciones necesarias desde el punto de vista del procedimiento presupuestario. 
Indiscutiblemente, se trata de una situación excepcional, no sabemos prever en el presupuesto epizootias de tal alcance y, por tanto, nos va a ser preciso proceder a ajustes. 
Este es un aspecto de la cuestión. 
Un segundo aspecto es evidentemente el perjuicio causado a la imagen de nuestra producción; ahí está, ahora, después de sacrificar a casi 4 millones de animales. 
En tercer lugar, el problema, como se ha dicho, también existe fuera de la Unión Europea y tenemos algunas preocupaciones serias después de la reciente aparición de un foco en la Tracia turca. 
Por último, por parte de la Comisión, deseamos poder obtener para el futuro algunas enseñanzas en lo relativo a la gestión de crisis de este tipo para mejorar el dispositivo reglamentario y legislativo actual. 
Por ejemplo, previendo un determinado número de exigencias suplementarias sobre los intercambios intracomunitarios de pequeños rumiantes, como la restricción del número de paradas que es probablemente donde se inicia primero. 
A continuación, trabajamos sobre una propuesta relativa a la identificación y registro de los ovinos y caprinos, así como sobre otra propuesta relativa a la introducción de productos animales para los viajeros. 
Trabajamos también en la dirección del ajuste de nuestros procedimientos de control durante la aparición de una epizootia de este tipo. 
Ahora tenemos, a mi juicio, la experiencia suficiente. 
No nos hagamos ilusiones, el fortalecimiento de las legislaciones y los dispositivos, por necesario que sea, no bastará por sí solo a impedir la reaparición de tal epidemia. 
También se requiere mejorar el funcionamiento de los servicios veterinarios en el interior de los Estados miembros y, sin duda alguna, modificar las prácticas de producción. 
Termino con un punto sobre el que varios de ustedes han llamado nuestra atención en el curso del debate y que es la cuestión de la vacunación. 
En lo relativo al uso de la vacunación llamada "en anillo" alrededor de los focos, quisiera recordar a aquellas y aquellos de ustedes que ponen a la Comisión en tela de juicio por esta razón al preguntar por qué la Comisión no ha impuesto la vacunación de urgencia, que la vacunación, en nuestro orden jurídico actual, marcado por algunas formas de subsidiariedad, es competencia, dígase lo que se diga, de las autoridades nacionales. 
Por tanto, existe un procedimiento que permite al Estado miembro afectado que lo desee, recurrir a la vacunación y es así como se hace. 
El dispositivo existe y está a la disposición de los Estados miembros, pero no es responsabilidad de la Comisión. 
Creo responder de este modo claramente a las preguntas del Sr. Van Dam, del Sr. Martinez, del Sr. Mulder y de la Sra. Lucas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Derechos humanos 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Mauritania- (B5-0545/2001) de los Sres. Rod, Maes e Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Mauritania; 
(B5-0556/2001) del Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación de los derechos humanos en Mauritania; 
(B5-0565/2001) del Sr. Khanbhai, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la violación de los derechos humanos en Mauritania; 
(B5-0579/2001) del Sr. Turchi, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación en Mauritania; 
(B5-0585/2001) de los Sres. Sjöstedt y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Mauritania; 
(B5-0594/2001) de los Sres. Carlotti, Napoletano y Van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Mauritania; 
República Togolesa 
(B5-0546/2001) de los Sres. Rod, Isler Béguin y Maes, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Togo; 
(B5-0557/2001) del Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre la condena de prisión pronunciada contra un responsable de la oposición en Togo; 
(B5-0566/2001) de los Sres. Schwaiger y otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la condena de prisión pronunciada contra un responsable de la oposición en Togo; 
(B5-0578/2001) del Sr. Turchi, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación en Togo; 
(B5-0586/2001) de los Sres. Morgantini, Sylla y Cossutta, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la condena de prisión pronunciada contra un responsable de la oposición en Togo; 
(B5-0595/2001) de los Sres. Carlotti y Van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Togo; 
Reino de Camboya 
(B5-0558/2001) del Sr. Maaten, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Camboya y la preparación de las elecciones locales de 3 de febrero de 2002; 
(B5-0564/2001) del Sr. Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre Camboya; 
(B5-0572/2001) de la Sra. McKenna, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Camboya; 
(B5-0587/2001) de los Sres. Sjöstedt y Frahm, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Camboya; 
(B5-0596/2001) de los Sres. Lage, Carlotti y Van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre la preparación de las elecciones locales en Camboya; 
Refugiados afganos que solicitan asilo político en Australia- (B5-0559/2001) de los Sres. Malmström y Olle Schmidt, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación de 438 refugiados afganos a bordo de un carguero noruego sobre las costas australianas; 
(B5-0570/2001) de los Sres. Boumediene-Thiery y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre los refugiados afganos del carguero ' Tampa " que solicitan asilo político en aguas australianas; 
(B5-0577/2001) de la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo UEN, sobre los refugiados afganos que solicitan asilo político en Australia; 
(B5-0588/2001) de los Sres. Ainardi y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los refugiados afganos del carguero ' Tampa " que solicitan asilo político frente a la costa australiana; 
(B5-0597/2001) de los Sres. Van den Berg y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación de 438 refugiados afganos a bordo de un carguero noruego sobre las costas australianas; 
(B5-0601/2001) de los Sres. Tannock, Van Orden y Sacrédeus, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre los refugiados afganos frente a las costas de Australia; 
Atentado contra un tren en la República de Angola- (B5-0544/2001) de los Sres. Maes, Lucas e Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Angola; 
(B5-0560/2001) de la Sra. Malmström, en nombre del Grupo ELDR, sobre el ataque de un tren en Angola; 
(B5-0567/2001) del Sr. Cunha, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el ataque de un tren por el UNITA en Angola; 
(B5-0576/2001) de los Sres. Ribeiro e Castro y Queiró, en nombre del Grupo UEN, sobre Angola; 
(B5-0589/2001) de los Sres. Miranda y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el ataque de un tren en Angola; 
(B5-0598/2001) de los Sres. Lage y Van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Angola. 
Mauritania 
Señor Presidente, la disolución, en octubre de 2001, del principal partido de oposición en Mauritania, la Unión de Fuerzas Democráticas/Nueva Era, y el arresto y luego la condena a cinco años de prisión, después de un juicio sumario, del dirigente del partido del Frente Popular, Chbih Melainine vuelve a poner en tela de juicio los principios fundamentales de la democracia, que sin embargo afirma la Constitución de Mauritania. 
Sin embargo, ¿cuál es el valor de esta Constitución? 
No existe ninguna libertad de asociación para los partidos políticos. 
El partido verde, que introdujo sus estatutos hace ya varios meses, sigue sin ser reconocido y ni siquiera ha recibido el acuse de recibo de su petición. 
Ahora bien, estas maniobras antidemocráticas se desarrollan la víspera de las elecciones legislativas y locales, previstas en octubre. 
No tenemos ninguna garantía sobre esas elecciones, puesto que no existe una comisión electoral independiente. 
Para nosotros, la liberación de Chbih Melainine es una condición previa a la celebración de elecciones en octubre, al igual que el restablecimiento de todos los partidos de oposición. 
Pedimos que las elecciones se pospongan con el fin de permitir la participación de todos estos actores políticos. 
Con el propósito de restablecer la democracia y garantizar la organización de elecciones libres y equitativas en Mauritania, pedimos al Consejo y a la Comisión que consulten al Gobierno, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 96 del Acuerdo de Cotonou. 
También en este país el poder judicial está totalmente al servicio de los dirigentes políticos. 
Hace poco sus Señorías los jueces condenaron, en un juicio que fue una farsa, a los adversarios políticos más importantes del presidente a una pena de nada menos que cinco años de prisión. 
Los políticos encarcelados estuvieron primero incomunicados y luego se les llevó a una prisión a 800 kilómetros de la capital de modo que apenas pueden recibir visitas. 
Aparentemente, no hay nada que hacer contra estas prácticas. 
Apenas hay organizaciones pro derechos humanos que funcionen allí. 
Mientras que los países occidentales tienen que pedir disculpas por el tráfico de esclavos de sus antepasados en Durban, la esclavitud en Mauritania no ha dejado de existir. 
En el sistema de castas muchas personas son siervos por nacimiento. 
No reciben enseñanza, no reciben un céntimo por sus trabajos forzados y no pueden casarse sin el permiso de su amo. 
Según estimaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores americano de hace unos años quedarían todavía unos 90.000 esclavos en Mauritania. 
Este país abolió oficialmente en 1983, repito, en 1983, la esclavitud y fue el último en el mundo, pero sigue todavía afanándose por esconder esta cruel realidad al mundo entero. 
Va siendo hora de que la Unión Europea utilice la vía del procedimiento de consulta del artículo 96 con Mauritania. No podemos prestar ayuda y mantener unas relaciones comerciales intensivas como si no pasara nada. 
Hemos de prepararnos para una farsa de elecciones en una farsa de democracia. 
Señor Presidente, Mauritania es un vasto país y casi el 90% de su territorio es desierto. 
El agua es un recurso escaso y sus 2,2 millones de habitantes son pobres y viven en zonas rurales. 
Depende de sus exportaciones de mineral de hierro y de pesca- sólo dos productos. 
En mayo de este año me invitaron visitar Mauritania a la cabeza de una pequeña delegación de parlamentarios y así lo hice. 
Pasé una semana con diputados, con todos los ministros, con el Presidente Taya, con la sociedad civil y con ONGs. 
Viajamos por todo el país; una estancia de una semana en Mauritania es mucho tiempo. 
La Sra. Sudre y la Sra. Langenhagen vinieron conmigo. 
Me impresionó lo que el Presidente Taya había realizado a lo largo de los años en un país tan pobre como éste. 
Estoy asombrado- y quiero ponerle en evidencia a él y a su gobierno, y así lo haré en la Conferencia ACP cuando asistan sus delegados- de que se produzca ahora este triste caso del encarcelamiento de la oposición. 
No hay motivo para ello, no hay necesidad. 
Él es bastante fuerte, es bastante popular. 
Lo ha hecho bien. 
Puede hacerlo bien sin encerrar a la oposición. 
En cuanto a la esclavitud, está de hecho prohibida en el Islam y Mauritania es un país musulmán. 
Hay moros, hay negros, y varias mezclas de ambos. 
Yo no vi ningún esclavo, aunque eso no quiere decir que no los haya. 
Lo que haré, sin duda, es poner en evidencia al gobierno de Mauritania en la Conferencia ACP para que esta práctica no continúe y para que se permita a la oposición actuar libremente de tal modo que pueda exigirse responsabilidad a los ministros. 
Es mejor para el presidente del país y para la gente del país. 
Señor Presidente, la situación en Mauritania, efectivamente, es cada vez peor. 
Estamos hablando de un país que está en el marco ACP de relación con la Unión Europea y que, además, aspira, desde su actual estatuto de observador, a formar parte como miembro pleno del proceso de Barcelona. 
Y tenemos la obligación de recordar a las autoridades de Mauritania que es imposible, desde la Unión Europea, considerar, por ejemplo, que ese país adquiera un estatuto de miembro de pleno derecho en el proceso de Barcelona si la democracia no se convierte en una realidad, si los derechos humanos se siguen violando y, es más, si se sigue manteniendo la fecha de unas elecciones municipales y legislativas que, tal y como están las cosas en estos momentos, tendrán lugar el próximo mes de octubre sin ningún tipo de garantías. 
Evidentemente, mal pueden concurrir a esos comicios partidos disueltos o líderes de la oposición encarcelados que, por otra parte, tampoco tendrían donde expresarse, porque la prensa o es gubernamental o, sencillamente, no existe. 
No quiero pensar cuál debe ser la situación de ese único diputado, que no pertenece al partido del Gobierno, en una asamblea de 79 escaños, pero puedo imaginar que si en las elecciones se eligiera a algún opositor- cosa que no sucederá -, en poco tiempo pasaría probablemente del Parlamento a la cárcel. 
De manera que creo que, efectivamente, la Unión Europea tiene que poner en marcha lo que está previsto en el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú. 
Mauritania baja la ya de por sí reducida media de democracia y derechos humanos existente en el Magreb. 
Pero, evidentemente, es un caso más en un continente como África, en el que la violación de los derechos humanos es continua. 
Un país en el que no el dictador de turno, sino efectivamente el dictador de siempre, el Presidente Mauya Uld Sid ' Ahmed Taya, el que acaba de darle un puntapié a la mesa de juego que habían establecido con la mediación de la Unión los opositores y el Gobierno para unas elecciones en condiciones, elecciones, por otra parte, retrasadas sine die. 
Creo que la Unión debe actuar con contundencia. 
Togo 
Señor Presidente, hace dos años, mi primera intervención en este recinto tuvo ya por objeto condenar la situación en Togo. 
Desde entonces, aunque los bien intencionados afirman que todo está camino de arreglarse, Togo sigue viviendo en un marasmo político del que está lejos de salir. 
La democracia sigue siendo una utopía huidiza. 
Los derechos civiles así como los derechos humanos son constantemente violados. 
Y creo que la pasividad de los gobiernos de los países de la Unión no hace nada para promover el cambio. 
Las condenas periódicas del Parlamento siguen siendo retóricas y sin efecto. 
Ultimamente, la cantidad concedida por la Comisión para la organización de nuevas elecciones- cuatro mil millones de francos CFA- fue considerada insuficiente por el Gobierno que aprovechó para retrasar una vez más estas elecciones legislativas tan esperadas. 
Violando completamente sus compromisos precedentes, el Presidente Eyadema y su Gobierno prevén incluso modificar la Constitución para permitirle volverse a presentar. 
Por último, una de las figuras de la oposición, el Sr. Yawovi Agboyibo, fue detenido y condenado, hace un mes, por motivos falsos. 
La realidad, es que había denunciado el terror ejercido en las regiones donde la oposición es dominante, terror que se expresaba mediante violaciones y exacciones que llegaban hasta el asesinato de los oponentes. 
El Sr. Eyadema parece menos dispuesto que nunca a cumplir con sus obligaciones en relación con su pueblo y sus compromisos ante la comunidad internacional. 
También en ese caso, el Parlamento debe condenar firmemente estas exacciones, exigir la celebración de elecciones libres en las fechas previstas y pedir al Consejo y a la Comisión que se inicien consultas, de conformidad con el artículo 96 del Acuerdo de Cotonou. 
¿Cómo te mantienes 34 años en el poder en África? 
Prohibiendo partidos de la oposición o impidiendo su funcionamiento y encarcelando a los adversarios que tienen seguidores o que se teme que los van teniendo. 
A continuación, se manipula la prensa en su totalidad y el que critica abiertamente al presidente termina, si es afortunado, en una celda o bajo tierra, si tiene menos suerte. 
Además, las manifestaciones en la calle se reprimen violentamente y la clase política está compuesta de lacayos obedientes al presidente que funcionan mediante un sistema de favores y castigos. 
Asimismo, hay un ridículo culto a la persona del jefe de estado que le debe convertir en una especie de semidios. 
Hasta el presidente francés Chirac fue manipulado de tal forma que condenó a Amnistía Internacional en lugar de pronunciarse sobre las violaciones de los derechos humanos en Togo. 
El asesinato de los adversarios del régimen sigue impune. 
Lamentablemente, es algo que ocurre muy a menudo en los países africanos y no sabemos muy bien qué hacer. 
El abuso de poder sin paliativos impide el desarrollo y mantiene la pobreza. 
La Unión Europea suspendió con razón la ayuda en 1993, pero resulta que la situación no ha mejorado. 
Al contrario, hace poco se metió en la cárcel al líder de la oposición y defensor de los derechos humanos Agboyibo por seis meses porque había ofendido supuestamente al presidente. 
Además, su excelencia tiene un ejército privado de mil soldados para enfatizar sus argumentos. 
Togo ha solicitado ayuda financiera para poder celebrar unas elecciones parlamentarias en octubre. 
La cuestión es si no estamos cofinanciando la organización de una farsa democrática, exclusivamente ideada para dar cobertura legal a los gobernantes actuales. 
El presidente Eyadema ha anunciado que respetará la constitución y que dimitirá en 2003, pero ¿por qué vamos a dar credibilidad a una persona que lleva mintiendo ya 34 años para mantenerse en el poder? 
Señor Presidente, Zimbawe, Mauritania, Togo, parece que el proceso de democratización está en el camino de vuelta. 
En efecto, algunos líderes se muestran extraordinariamente creativos a la hora de eliminar a sus adversarios políticos y de esquivar las reglas democráticas. 
Uno de ellos es el general Eyadema de Togo. 
En las últimas elecciones de 1998 no tuvo reparos en poner fin al escrutinio de los votos y autoproclamarse de nuevo como presidente. 
A continuación hubo un periodo de represión sangrienta, durante el cual se asesinó a cientos de personas según Amnistía Internacional. 
Una comisión internacional confirmó estos hechos aunque hasta la fecha no ha habido persona que haya tenido que responder ante nadie ni que haya sido condenada. 
Al contrario, la represión continúa. 
La última víctima es el líder de la oposición Agboyibo. 
En una juicio de farsa fue condenado el mes pasado a una pena de seis meses de prisión inculpado por haber difundido información falsa. 
Me he encontrado varias veces con Yawovi Agboyibo en su domicilio y tengo una gran admiración por la manera en que, poniendo en peligro su propia vida, sigue defendiendo los derechos humanos y el reestablecimiento de la democracia en su país. 
Está claro que hay que parar de alguna forma a este régimen. 
Mantener la suspensión de la ayuda es una manera, pero me parece que tenemos que atrevernos a preguntarnos si un país como Togo puede tener sitio en las conferencias de los países ACP y de la Unión Europea. 
Sin embargo, el problema estriba en que algunos Estados miembros europeos, al igual que hacen con Zimbawe, siguen su propia agenda por intereses comerciales o de otro tipo y que torpedean de esta manera la estrategia europea con respecto a Togo. 
No basta que se pongan unos bonitos principios en un acuerdo. 
Se tienen que aplicar consecuentemente y eso también rige para un país como Francia. 
Señor Presidente, la resolución pide la liberación de Yawovi Agboyibo, oponente del dictador Eyadema. 
Por esta razón, sostenemos esta resolución, pero afirmamos que aquellos que aprueban la política de las grandes potencias occidentales están muy mal situados para indignarse hoy, ya que esta dictadura que oprime al pueblo de Togo desde 1967 sólo ha podido mantenerse con el apoyo de las grandes potencias, y más particularmente con el de Francia. 
Cabe entonces interrogarse sobre la utilidad de una resolución votada por el Parlamento, si luego se recibe al dictador con honores en los palacios gubernamentales y si continúa cobrando los subsidios que le permiten comprar armas para mantenerse en el poder. 
Camboya 
Señor Presidente, señor Comisario, está claro que la situación política en Camboya es ahora más tranquila que nunca y también está igual de claro que el país dista de ser una democracia auténtica. 
Sigue haciendo falta mucho apoyo en el lento camino hacia la democracia, y las elecciones locales constituirán un momento importante en este proceso. 
El Partido Popular de Camboya, que gobierna en el país, es un partido comunista de vieja usanza y eso quiere decir que como partido está implicado directa o indirectamente en todo, en cualquier sector, a cualquier nivel. 
Por lo tanto, no es de sorprender que considere las elecciones locales como una amenaza y que las haya aplazado en repetidas ocasiones. 
Por este motivo, es esencial que sigamos ejerciendo una presión internacional al gobierno para que se consiga crear un periodo sin violencia antes de que se celebren las elecciones y para que se reabra el proceso del censo electoral. 
Este censo electoral lo manejan los jefes de las aldeas, que son designados por el comité central del Partido Popular de Camboya, y no hay nada más fácil que otorgar estos certificados a las personas que están a favor del gobierno, y denegárselos a los adversarios. 
El líder de la oposición, el parlamentario Sam Rainsy, tuvo el lunes pasado un encuentro in situ con un representante de la Comisión Europea, que manifestó en esta conversación que estábamos muy satisfechos con la labor del Comité Electoral Nacional. 
Bueno, Señor Presidente, me parece que eso está por ver. 
Hemos de mirar con lupa lo que hace este Comité Electoral Nacional, porque ahí está la clave de la limpieza de las elecciones. 
Creo que la Unión Europea tiene pocos motivos para sentirse orgullosa de la manera en que cumplió su papel de observador en las últimas elecciones de Camboya y esta vez debemos hacerlo muchísimo mejor. 
Señor Presidente, Cambodia tuvo un pasado muy oscuro que en este caso fue sangriento. 
En aquel tiempo, casi tres millones de personas fueron mártires de una ideología marxista. 
Había dos líderes que encarnaban la esperanza en la libertad: Son San, el gran demócrata que solía visitarnos aquí en Estrasburgo y que ya ha muerto, y el rey Sihanouk, que hoy es un hombre mayor y enfermo. 
Por eso es importante renovar ese país desde la raíz y promover a gente joven y democrática. 
Esto sólo puede hacerse desde los municipios, desde la raíz, mediante elecciones municipales. 
Por ello es importante que apoyemos y fortalezcamos a muchos candidatos a las municipales, que vigilemos que las elecciones sean limpias y que controlemos de manera eficiente que no se produzcan manipulaciones en los censos. 
Respecto del Tribunal de Justicia Penal, debemos decir claramente que no se trata de buscar venganzas, sino de establecer el derecho. 
A los criminales del futuro hay que decirles claramente que los actos violentos, el genocidio y los asesinatos en masa serán perseguidos sin contemplaciones desde el Estado de derecho, sea quien sea el responsable de los mismos. 
Necesitamos una amplia participación cambodiana en el Tribunal Internacional de Justicia para que no sea un tribunal extranjero sino también del pueblo cambodiano. 
Señor Presidente, Camboya será siempre recordada como el país de los "Killing Fields" cuyo periodo de terror sigue arrojando una sombra sobre el país. 
También ahora, con las elecciones a la vista, resulta que el proceso electoral no es un camino de rosas. 
Al contrario, hay restricciones impuestas a la oposición, hay cada vez más violencia y el censo electoral se ha dado por terminado, de modo que un 30% de los electores ni siquiera puede participar en las elecciones. 
Asimismo, se acusa una falta de garantías legales en el tribunal especial y así hay un largo etcétera. 
Sin embargo, constituye un desafío en esta época que se haga todo el esfuerzo desde la Unión Europea, desde los países democráticos para vigilar este proceso y guiar a este país hacia la democracia. 
Sería bueno que se diera por lo menos una garantía, una cosa concreta: que se reabra el proceso de censo electoral para que no se pierda de antemano la esperanza de obtener unos resultados auténticamente democráticos. 
Refugiados afganos en busca de asilo en Australia 
Señor Presidente, la crisis que ha surgido con motivo del buque con refugiados afganos cerca de Australia, nos vuelve a recordar el problema de los refugiados afganos. 
En los últimos 20 años millones de personas han huido de Afganistán y, según la organización de derechos humanos de la ONU, unos 6,2 millones de afganos están ahora registrados como refugiados. 
Cuando abandonan el país, llegan generalmente primero a los campos de refugiados en Pakistán e Irán donde viven en circunstancias horrendas. 
Pakistán ya no puede acoger a más refugiados y los devuelve a Afganistán. 
Fuera de los campos de refugiados aguardan los denominados agentes de viaje que mandan a los refugiados que poseen dinero a otros países y el viaje más barato a un país occidental es ahora mismo un viaje a Australia, que viene a costar unos 6.000 euros. 
Señor Presidente, este flujo de emigrantes no cesará si no logramos acoger a los refugiados cerca de Afganistán y es allí donde nosotros como Unión Europea tenemos que emplear los fondos. 
Allí es donde se puede solucionar el problema. 
Mientras se viva allí en circunstancias horribles, el deseo de huir a países occidentales no cesará. 
Señorías, los avatares de los refugiados afganos en su desesperado viaje hacia una vida con más futuro parecía abocar en una historia con tintes negros de no haber sido por la actuación del capitán del carguero noruego Tampa. 
No sólo salvó a esta gente del barco que se estaba hundiendo, sino que también siguió después de forma consecuente consideraciones humanitarias. 
Gracias a este tipo de ayuda humanitaria a gente necesitada podemos seguir creyendo en un futuro mejor. 
Por este motivo, nuestro Grupo Parlamentario cree que tiene que haber una obligación legal para que se desembarque a los polizones en el primer puerto donde se atraca en concordancia con el Convenio de 1957 sobre polizones. 
Como consecuencia del choque entre los diferentes sistemas jurídicos los desafortunados refugiados están a merced de los gobiernos que intentan pasarse la responsabilidad del uno al otro. 
Lamentablemente, hemos de comprobar que Australia ha actuado todo menos dignamente. 
Primaron los intereses políticos locales en lugar del respeto por los derechos humanos. 
Debido a su actuación, Australia apoya y financia la fuente de la problemática a la que se enfrenta el país. 
Se presta demasiada poca atención a las causas. 
La gran responsabilidad de este drama la tiene el régimen talibán, que está destruyendo sistemáticamente su propio país, que está asesinando mentalmente a su población, por lo que los éxodos se han convertido en una tónica inevitable. 
En esta cuestión tenemos una responsabilidad política y humanitaria internacional. 
Hubiéramos preferido que Australia hubiera empleado su peso político para condenar el régimen de Afganistán e impulsar así a la comunidad internacional a que hiciera algo constructivo. 
Señor Presidente, creo que cualquiera de nosotros puede entender que se huya de Afganistán. 
No sólo por el carácter represivo y fanático de un régimen que mantiene a las mujeres y a las niñas sin educación, sin poder trabajar y sin siquiera poder acudir al médico, sino también por la degradación de la situación económica que ese régimen fanático está causando en el país. 
Por lo tanto, comprendemos perfectamente a las cerca de 500 personas que intentaban huir, con riesgo de su vida, y que se encontraron con el muro erigido por un país como Australia, un país rico que podía haberles acogido sin problemas desde el primer momento. 
Creo que aquí hay que saludar el coraje del capitán del carguero noruego, Arne Rinnan, quien, sin pensar en las consecuencias y guiándose exclusivamente por consideraciones humanitarias, recogió inmediatamente a quienes corrían peligro de ahogarse. 
En cambio, hay que criticar duramente a un país que, como cualquiera de los nuestros, estaba obligado a acoger un barco que navegaba en sus aguas con cerca de 500 personas en una situación tan precaria como la de estos refugiados. 
Deben establecerse normas que impidan ese tipo de situaciones. 
Ya sé que no es fácil, que los refugiados son cada vez más numerosos, que la pobreza se extiende y es la causa de que muchas personas busquen una vida mejor, pero creo que la actitud que Australia ha tenido no debe ser imitada por ningún país con ningún grupo de refugiados que, amparados en la Convención de las Naciones Unidas del año 1951, soliciten poder sobrevivir. 
Señor Presidente, estábamos negociando la propuesta de resolución sobre los refugiados afganos cuando, en estos días precisamente, un barco turco se ha acercado a las aguas de Grecia, se ha arrojado a 350 personas al mar, se ha recogido a 215 de ellas y todavía hoy se buscan a ciento y pico, de las que no se sabe si se han ahogado o han podido salvar su vida. 
Precisamente, un antiguo Comisario europeo y antiguo miembro de este Parlamento, el actual Ministro de la Marina Mercante griego, Christos Papoutzis, ha puesto de relieve la irresponsabilidad del Gobierno turco al permitir que se produzca una situación así. 
Estamos, como ha dicho mi colega- que acaba de hablar -, en un proceso universal de mundialización. 
El fenómeno de la inmigración ilegal no está limitado a una zona del planeta, concretamente la Unión Europea está siendo objeto en este momento de la llegada de multitud de inmigrantes, y aprovechando que está aquí el Comisario Lamy, que se ha preocupado tanto por los problemas de la mundialización, creo que estamos ante un aspecto del fenómeno de la globalización o mundialización. 
Al igual que los capitales y las mercancías se desplazan libremente, parece que también las personas quieren desplazarse libremente. 
Como ha dicho la señora González Álvarez, no es un tema de fácil solución, pero creo que algo podríamos hacer desde aquí en muchos niveles. 
El nivel más general, sería el de una regulación de la economía internacional que incluyera los movimientos de población. 
Y en niveles más concretos se trataría de una actuación, por parte de las instituciones de la Unión Europea, para tratar de regular esta inmigración ilegal. 
Precisamente esta semana, este verano, en la isla en la que yo habito, hemos visto pasar los cadáveres de los inmigrantes ilegales arrojados desde las pateras en las que llegaban por los patrones marroquíes que forman verdaderas mafias. 
La pregunta que habría que hacer a la Comisión es qué medidas está preparando la Unión Europea para actuar en su propia esfera y qué medidas propone en el ámbito internacional. 
Creo que tenemos que actuar en nuestro propio ámbito, en el ámbito de los países vecinos, países como Turquía y Marruecos que nos envían inmigrantes ilegales, y en el ámbito internacional estableciendo una reglamentación de carácter general. 
No creo que la responsabilidad en la cuestión de los refugiados afganos se pueda endosar exclusivamente a Australia. 
Hay una responsabilidad, por ejemplo, también, del Gobierno indonesio: de aquí salió el barco originario, la tripulación era indonesia, todo empezó en aguas bajo jurisdicción indonesia y parece que nadie se acuerda, en este momento, de reclamar ese tipo de responsabilidades. 
Creo que en este caso se requiere una actuación internacional y creo que sería una magnífica ocasión para que la Comisión Europea tomara una iniciativa, repito, no sólo en el ámbito más próximo de nuestros vecinos sino también en el ámbito internacional, con el fin de lograr una regulación de los flujos migratorios y de la inmigración ilegal. 
Señor Presidente, en agosto el carguero noruego Tampa rescató a 433 afganos y a cuatro indonesios miembros de la tripulación de un pesquero que había partido de un puerto indonesio. 
Al capitán se le dio permiso para dirigirse al puerto indonesio de Merak, tras lo cual los pasajeros le sometieron a coacción amenazando con suicidios y le obligaron a dirigirse hacia aguas australianas. 
Se cree que muchos de esos pasajeros salieron de un campo de refugiados de Paquistán, pagando cada uno de ellos alrededor de 4.500 libras esterlinas para que les llevaran ilegalmente a Australia. 
Al parecer, la tarifa para Alemania está ahora en 7.000 libras y para Gran Bretaña, el destino preferido, en 10.000 libras. 
El gobierno australiano estaba plenamente facultado para ejercer su derecho soberano, conforme al derecho del mar, a asegurar sus fronteras negando el acceso del barco a aguas australianas. 
Tampoco son de aplicación las obligaciones que le corresponden en virtud del Convenio de Ginebra de 1951 hasta que un demandante de asilo esté realmente dentro de su territorio. 
El propio convenio, establecido antes de la época de los viajes en avión baratos y en masa, fue una respuesta a los horrores del nazismo y tenía como finalidad proteger el principio del asilo. 
Sin embargo, como todos sabemos, cada vez abusan más de este principio inmigrantes sin recursos económicos que pasan por varios países seguros pero pobres con el fin de llegar a los países ricos e instalarse allí, lo cual puede dar lugar a tráfico de personas, a prostitución y a puestos de trabajo en la economía sumergida. 
En Gran Bretaña, más de 100.000 personas solicitaron asilo el año pasado y la gran mayoría de estas solicitudes eran infundadas. 
Pero para los delincuentes que trafican con personas sigue siendo rentable ejercer sus actividades porque las apelaciones pueden alargarse durante años e incluso cuando no prosperan no se deporta a casi nadie a su país de origen. 
El problema de Australia también es nuestro problema. 
Necesitamos afrontar urgentemente a la necesidad de asegurar nuestras fronteras y expulsar a quienes entren ilegalmente. 
Existe una preocupación generalizada. 
La UE debería desarrollar urgentemente nuevas políticas en esta materia. 
También tenemos que ejercer una fuerte presión sobre aquellos países que se niegan a volver a admitir a sus propios ciudadanos. 
De hecho, tenemos que volver a negociar totalmente el Convenio de Ginebra de 1951 y pensar de nuevo. 
Yo alabo la sólida y valiente postura en este asunto del Primer Ministro de Australia, el Sr. Howard. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo insta al régimen talibán de Afganistán a facilitar las actividades de las organizaciones de voluntariado para proporcionar ayuda humanitaria urgente y alimentos a la población afgana. 
¿Por qué huye la gente masivamente de Afganistán? 
¿Qué clase de gobierno existe en ese país? 
La organización humanitaria Shelter Now Organisation ha sido expulsada del país, viéndose obligada a suspender sus actividades. 
Ocho de sus miembros, de los cuales cuatro son ciudadanos comunitarios- de Alemania- dos de EE.UU. y dos de Australia, han sido puestos a disposición de los tribunales de Kabul por supuestas actividades misioneras cristianas. 
El fiscal pide la pena de muerte para ellos. 
Dieciséis afganos también están siendo procesados en conformidad con las leyes musulmanas y corren el riesgo de ser ajusticiados por haber abandonado el islamismo. 
Chris Patten, Louis Michel y Javier Solana están actuando para proteger a esas personas. 
Señor Presidente, quisiera comenzar diciendo que no puedo estar de acuerdo con nadie que sugiera que las solicitudes de la mayoría de las personas que se tramitan en el sistema del Reino Unido resultan ser fraudulentas. 
Me gustaría distanciarme de declaraciones como esa. Falsean la postura del pueblo británico que no comprende el tipo de actitud al que hemos asistido aquí esta tarde. 
Nos complace que después de ocho días de permanecer sentados bajo lonas al calor del sol y dentro de contenedores, los refugiados afganos estén ahora al menos en unas condiciones razonables a bordo de un barco en un largo viaje hasta Port Moresby en Papúa Nueva Guinea. 
Ha sido un incidente tremendamente trágico y ha sido terrible ver su sufrimiento y pensar en él. 
Pero, más que cualquier otra cosa, nos enseña que el sistema de solicitud de asilo de hace cincuenta años promovido por Naciones Unidas ya no funciona. 
Cruje bajo la presión del movimiento masivo de 21 millones de inmigrantes al año. 
La desesperación de las personas en el Tampa es evidente. 
Sugerir que la gente realiza una acción de este tipo a la ligera es ridículo. 
Asumen riesgos terribles para sus vidas y las vidas de sus hijos para escapar de la persecución o de la penuria. 
Cruzan mares en balsas hinchables, viajan aferrados a trenes como el Eurostar o a aviones jumbo. 
El sufrimiento de los refugiados del Tampa debería, al menos, llevar a todos los estados a los que representamos aquí a volver a pensar en el modo en que aplican el Convenio de NN.UU. sobre los Refugiados de 1951. 
Por último quisiera decir que lo primero que hemos de intentar es asegurarnos de que son los estados, y no los delincuentes organizados, los que determinan dónde acaban finalmente los refugiados. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una vez más hablamos de Angola en este Parlamento. 
Las noticias son frecuentes y siempre tristes. 
La última se refiere a un ataque, el domingo pasado, a tres vehículos de pasajeros en Kuanza meridional en el que murieron decenas de personas y que aún no ha sido reivindicado. 
Antes había habido el ataque al tren reivindicado por la UNITA, que hoy condenamos y que causó más de dos centenares de muertos. 
Son vidas desperdiciadas, sangre inocente que brota, violencia que no podemos dejar de condenar. 
Condenamos hoy a la UNITA con la misma independencia con que en febrero del año pasado condenamos al MPLA y al Gobierno de Angola por la persecución de periodistas. 
Pero más importante, y más útil, que condenar a quien tercamente sigue haciendo la guerra y criticar a los dos bandos, que merecen sin duda nuestra crítica, porque persiguen una vía de confrontación, puede ser fomentar la paz. 
Este Parlamento debe contribuir a dar aliento a todos cuantos en Angola están hartos de la guerra y quieren un futuro mejor. 
Junto con muchos otros colegas, y, en particular, el Sr. Ribeiro e Castro he firmado la propuesta de concesión del Premio Sajarov al Sr. D. Zacarias Kamuenho, arzobispo de Huambo y Presidente de la Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé. 
Hago un llamamiento a todos para que mediante ese gesto podamos fortalecer a quienes en Angola quieren la paz. 
Señor Presidente, los hediondos ataques terroristas que la UNITA de Savimbi viene cometiendo en Angola, primero en Caxito, después contra un tren, después contra autobuses, escuelas, hospitales, merecen una condena más firme, entre otras cosas porque afectan fundamentalmente a la población civil. 
Estamos ante algunos de los actos terroristas más violentos y condenables de que se tiene memoria. 
Y, por eso, consideramos que tampoco el Parlamento Europeo puede dejar de manifestar el más vehemente repudio sumándose a la comunidad internacional y, en particular, a las restantes instituciones comunitarias en la reprobación inequívoca de semejante barbarie. 
Entretanto, y por si quedaran dudas, esos actos vienen a corroborar de forma brutal la corrección de las posiciones sucesivamente adoptadas por la comunidad internacional que, al unísono, han pedido y decidido el aislamiento y la sanción de la UNITA. 
Esta organización ya antes había dado suficientes pruebas de estar en el centro de las responsabilidades por la dramática situación que alcanza a ese país y a su pueblo, en particular rechazando los resultados electorales, impidiendo el desarme de sus fuerzas, haciendo la guerra y, más en general, no acatando e impidiendo la aplicación de los acuerdos por ella misma firmados. 
Pero ahora, con semejantes actos de vandalismo, deja una vez más al desnudo su verdadera faz, por lo que ya no hay lugar a dudas, por pequeñas que sean, sobre la naturaleza y los objetivos de esa organización. 
Y, por eso mismo, mucho menos hay lugar para posiciones equívocas, en particular por parte del Parlamento Europeo. 
Como también resultan inaceptables cualesquiera posiciones o iniciativas, en particular por parte de los amigos de la UNITA, como el diputado Sr. Ribeiro e Castro, encaminadas a blanquear, a desculpabilizar o a desviar las atenciones de las enormes responsabilidades de la UNITA en la tremenda situación que Angola viene viviendo y también y en particular las encaminadas a colocar al Gobierno legítimo de Angola en pie de igualdad con semejante organización terrorista. 
Por lo demás, ahora resulta más evidente que nunca que no hay vía para la paz en Angola que no pase obligatoriamente por la inequívoca responsabilización de la UNITA, por su aislamiento político y diplomático, por el fin de la venta y la compra de los diamantes que la sustentan y por su desarme definitivo. 
Dicho esto, sólo unas breves palabras sobre la propuesta de resolución que vamos a votar en seguida. 
Consideramos que su aprobación, a pesar de algún que otro dispositivo que no cuenta con nuestra aceptación, pero que no es esencial, constituye un paso positivo con vistas a permitir que el Parlamento Europeo vuelva a adoptar su posición tradicional de alineamiento con la comunidad internacional y con las demás instituciones comunitarias a este respecto. 
Pero subrayo en particular la acertada calificación que la resolución adopta al tildar de terroristas esos actos que la UNITA viene cometiendo últimamente. 
Es el calificativo acertado y se deberán extraer de él todas las consecuencias. 
Señor Presidente, quisiera responder a una referencia de carácter personal que considero inaceptable y en este marco insultante. 
Repudio totalmente y con la mayor vehemencia la torpe insinuación, más aún, la afirmación totalmente vergonzosa e indecorosa, procedente de los escaños del Partido Comunista, que tienen las mayores responsabilidades en la guerra de Angola, de que yo sea amigo de la UNITA. 
Quiero decir con toda claridad que condeno con toda vehemencia los atentados contra las víctimas civiles, pero soy consciente de la situación de Angola, no presto servicios a los señores de los diamantes, ni a los señores del petróleo, ni al poder corrupto que existe en Angola y que es muy responsable de lo que sucede y del sufrimiento de los angolanos. 
A su Señoría debería darle vergüenza lo que dice y lo que hace, sobre todo porque es presidente de la Comisión de Desarrollo y debería hacer una contribución más responsable para fomentar el cese del fuego y el diálogo, que es lo que los angolanos nos piden. 
Señor Presidente, estuve ausente del debate porque participaba en la Conferencia de Presidentes. Sin embargo, vinieron a informarme que un miembro de mi Grupo, el Sr. Miranda, fue literalmente agredido verbalmente por otro diputado. 
Pienso que son métodos inadmisibles. 
Es más que una puesta en tela de juicio personal, por lo que desearía, señor Presidente, que pueda darle la palabra al Sr. Miranda y que su aclaración figure en el acta. 
Señor Wurtz, usted no estaba presente. 
El Sr. Miranda ha sido el primero en atacar al resto de colegas. 
Le he cedido brevemente a nuestro colega la palabra para que replique. 
Con eso está el caso resuelto, porque temo que si ahora el Sr. Miranda dice algo, el Sr. Ribeiro e Castro también tendrá algo que decir, y así podemos pasarnos todo el día. 
Los dos han dispuesto del uso de la palabra para hablar del tema. 
Empate 1 a 1. 
Exactamente, señor Presidente, es una cuestión de orden. 
Creo que el señor Presidente no debe de haber estado suficientemente atento cuando dice ahora que he sido yo el primero en atacar al Sr. Ribeiro e Castro. 
No es verdad. 
En su intervención, anterior a la mía el Sr. Ribeiro e Castro ya se había referido a mí de forma totalmente inadmisible y resulta que el señor Presidente no ha puesto reparo alguno a ello. 
Como se recordará, ha dicho que yo he manipulado a la opinión pública, que he manipulado a la prensa, que he intentado instrumentalizar a este Parlamento, se ha referido en particular a que soy presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Ahora bien, lo que he dicho en mi intervención y que ha dado pie para la respuesta del Sr. Ribeiro e Castro, ha sido tan sólo que algunos amigos de la UNITA, en particular el Dr. Ribeiro e Castro, habían adoptado algunas iniciativas. 
Ahora bien, quiero decir, señor Presidente, que eso para mí no es ofensa alguna, porque es público y notorio que ese partido, el del Dr. Ribeiro e Castro, tiene claras vinculaciones políticas con la UNITA. 
Y con ese sentido exacto me he referido yo a ello. 
¡Nada más! 
Y por eso mismo lo que se ha dicho... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, quisiera decir como cuestión de orden, que el Presidente ha actuado de un modo totalmente correcto, porque el Sr. Ribeiro e Castro no ha defendido a UNITA, sino que ha firmado una enmienda donde la critica. 
La ha criticado en una intervención y el presidente ha intervenido para que se le responda en su ataque personal. 
Por tanto creo que el presidente ha actuado de modo absolutamente correcto. 
Se levanta la sesión. 
La votación se celebrará a las 18.30 horas. 
Minas antipersonas 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0542/2001 de los diputados Van Orden y Van Hecke en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Democracia Cristiana) y de los Demócratas Europeos; 
B5-0561/2001 de los diputados van den Berg y Sakellariou en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo; 
B5-0568/2001 de los diputados Haarder y otros en nombre del Grupo del Partido de los Liberales y Demócratas Europeos; 
B5-0575/2001 de los diputados Maes y McKenna en nombre del Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea; 
B5-0590/2001 del diputado Segni en nombre de la Unión para la Europa de las Naciones; 
B5-0599/2001 de la diputada Bonino y otros 
sobre medidas para promover un compromiso por parte de agentes no estatales dirigido a la proscripción completa de las minas. 
Señorías, el problema de las minas no es sólo un problema de los estados. 
Mucho tiempo después de haber firmado la paz, y espero que se produzca esto alguna vez en Angola, quedan allí los campos que no se pueden pisar porque están llenos de minas que ponen en peligro a personas inocentes. 
En 1997 se firmó un acuerdo por el que se prohibieron las minas antipersonas que fue firmado por 149 países. 
Muchos países lo han ratificado pero hay 52 que no lo han hecho y entre ellos no los más pequeños. 
Uno de los grandes problemas es que las minas no sólo las colocan los ejércitos regulares, sino también los grupos terroristas y los movimientos rebeldes. 
Por eso es importante que se les incite también a ellos para que dejen de utilizar minas antipersonas. 
Para una institución oficial como la nuestra es difícil implicar a los interlocutores no gubernamentales en las negociaciones, pero es bueno que nosotros como institución oficial insistamos a los países para que no adquieran más minas antipersonas y que apoyemos a aquellas ONG que se esfuerzan por convencer a las organizaciones terroristas y movimientos rebeldes de que dejen de utilizarlas. 
A este propósito me refiero al "Llamamiento de Ginebra" que hemos podido escuchar en nuestro propio Parlamento esta semana. 
Señor Presidente, pienso que todo el mundo está en contra de las minas antipersonas. 
Por ello, quisiera expresar mi sorpresa ante el hecho de que esta resolución se dirija a otros protagonistas que los Estados. 
Ahora bien, si las minas se producen y utilizan, es con la autorización de los Estados, por lo tanto, es a los que correspondería comprometerse a que las minas no sean ni producidas, ni utilizadas, ¡ni siquiera entiendo el título de tal resolución! 
Para mi, la única interpretación es que el Parlamento se alía de este modo a las grandes potencias y a los Estados nacionales. 
Las minas antipersonas matan, todos los días y en muchos países. 
Las minas antipersonas constituyen una amenaza mortal todos los días en muchos países. 
Sólo en Camboya hay ya más de 35.000 personas heridas por minas y estas son las que han sobrevivido. 
Cada día se eliminan minas y cada día se ponen. 
El acuerdo contra las minas antipersonas de 1997 ha sido ratificado por 19 países y firmado por 141. 
Entre los países que no lo han firmado están Rusia, Yugoslavia, pero también un país como Finlandia que utiliza las minas para proteger la frontera con Rusia. 
Por supuesto esto es lo más económico y de esta forma los gastos de defensa pueden bajar. 
Lo entendemos. 
Sin embargo, si Finlandia utiliza este argumento ¿por qué no lo pueden hacer otros países también? 
Por lo tanto, quisiera hacer un llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para se obligue tanto a los actuales y futuros miembros, como a los países que reciben fondos de la Unión Europea, a que firmen dicho acuerdo. 
Señor Presidente, hablo en nombre de mi colega, el Sr. Van Orden, que está ausente hoy pero que durante muchos años ha estado directamente implicado en la tarea de derrotar el azote de las minas anti-personas. 
La mayoría de los Estados miembros ya no tiene minas anti-personas en los arsenales operativos de sus fuerzas armadas. 
De hecho, estas armas han estado prohibidas durante los últimos cuatro años. 
Sólo las fuerzas armadas irresponsables, como las de la antigua Yugoslavia, y los grupos armados de actores no estatales que combaten en guerras civiles y en sublevaciones siguen utilizando estas espantosas armas. 
Por definición, dichos grupos no son parte del Convenio de Ottawa de prohibición de minas. 
Esta resolución llama la atención sobre este hecho e intenta buscar vías para influir en estos grupos. 
Ello exige un análisis muy prudente porque hemos de tener mucho cuidado de no dar a entender algún tipo de reconocimiento de la legitimidad de estos grupos o de sus acciones. 
No deseamos desviar los recursos de la UE de la tarea prioritaria de limpieza de minas y de asistencia a las víctimas de las minas. 
Queremos poner este asunto en conocimiento de todos los estados parte en el Convenio de Ottawa que se reunirán en Managua, Nicaragua, este mes. 
Señor Presidente, la posición del Parlamento Europeo en contra de las minas antipersonas y a favor de su prohibición total se ha expresado ya claramente en varias resoluciones. 
El resultado de Ottawa se debe al trabajo de determinadas ONG especializadas. 
Creo que en la próxima reunión de los países signatarios del Convenio que se va a celebrar en Managua, la Unión Europea debería contribuir a que firmen y ratifiquen el Convenio más países, hay 52 que no lo han firmado y muchos que no lo han ratificado aún. 
También debe contribuir a que se aporten más recursos para el desminado total, ya que las minas aún enterradas están produciendo muerte y mutilaciones en todo el mundo, y se debe exigir a las partes implicadas- agentes estatales y no estatales- que lleguen a un acuerdo para la prohibición total de dichas minas. 
Finalizo, señor Presidente, pidiendo reconocimiento y apoyo para el trabajo de las ONG que, como la iniciativa lanzada por la organización humanitaria "Llamamiento de Ginebra" y otras, van a contribuir a que desaparezca un arma tan letal y tan odiosa como son las minas antipersonas. 
Señor Presidente, ¿qué estamos haciendo? 
Creo que esa es la pregunta que se plantea y a la que ustedes nos piden responder. 
Pues bien, ante todo, nos hemos dado un marco de reglamentaciones para la Unión, y la aprobación antes del verano de dos reglamentos dedicados a la lucha contra estas minas nos dota de instrumentos jurídicos de los que dispondremos de ahora en adelante para iniciar intervenciones eficaces y coordinadas. 
A continuación, vamos a participar activamente al lado de la Presidencia, en la reunión de los Estados partes en el Convenio de Ottawa, a finales de este mes, en Nicaragua, reunión que consideramos importante ya que vamos, naturalmente, a debatir sobre los desafíos que implica la eliminación de las minas antipersonas, compartir la experiencia concreta de todos aquellos que se han involucrado en esta acción, como la mayor parte de entre ustedes lo ha deseado, hacer presión sobre los Estados que todavía no han firmado este convenio. 
A nuestros ojos, el objetivo sigue siendo el mismo y estamos determinados a alcanzarlo logrando que se prohíba universalmente la producción, el almacenamiento, la transferencia y la utilización de las minas terrestres antipersonas. 
La realización de este objetivo y la eliminación del riesgo al que los millones de minas que todavía han de extraerse de las zonas de conflicto en el mundo entero exponen no solamente a las vidas humanas, sino a las actividades económicas, incumben principalmente a los Estados y a los gobiernos. 
En efecto, lamentablemente, a veces sucede que los actores no gubernamentales utilizan también minas terrestres antipersonas en los conflictos interiores o entre Estados y, por tanto, también tienen responsabilidad en los sufrimientos y la desolación que causan las minas entre la población y la sociedad. 
La experiencia ha demostrado, y ustedes lo han dicho, que debemos explorar nuevos medios para asociar a los actores no gubernamentales a estas acciones de lucha contra las minas terrestres y hacerlos adherir al objetivo de una prohibición completa de estos dispositivos. 
Desde este punto de vista, este llamamiento de Ginebra constituye una iniciativa con intenciones loables, pero debemos asegurarnos de que las futuras iniciativas de esta naturaleza se inscriban efectivamente en los esfuerzos ya considerables emprendidos por la comunidad internacional. 
Como están ustedes al tanto, la campaña internacional para prohibir las minas terrestres ha tomado la forma de un movimiento mundial que la Unión Europea ha apoyado desde el principio. 
Esta campaña internacional, en colaboración con un determinado número de acuerdos gubernamentales y no gubernamentales, ha elaborado normas, programas de acción, que vienen a completar las reglamentaciones internacionales ilustradas por el Convenio de Ottawa. 
Por tanto, deseamos que a la par de este marco reglamentario internacional, se inscriban iniciativas que refuercen las acciones realizadas en el seno de los Estados y de la sociedad civil, y estamos dispuestos a apoyarlos. 
Es preciso analizar detalladamente este llamamiento de Ginebra y alentar a sus iniciadores para que coordinen estrechamente sus actividades con el ICBL y con otros acuerdos de primer plano, a fin de hacer lo necesario para que el conjunto de las fuerzas que se movilizan en esta dirección no corra en ningún momento el riesgo, visto el alcance de lo que se encuentra en juego, de dispersarse. 
Todavía queda mucho por hacer para consolidar las exigencias y los objetivos ambiciosos definidos por el Convenio de Ottawa. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Se levanta la sesión. 
La votación se celebrará hoy a las 18.30 horas. 
Sequía en América central 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0547/2001 de los diputados Salafranca Sánchez-Neyra y García-Margallo y Marfil en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Democracia Cristiana) y Demócratas Europeos; 
B5-0562/2001 de los diputados Díez González y otros en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo; 
B5-0569/2001 de los diputados Sánchez García y Gasòliba i Böhm en nombre del Grupo del Partido de los Liberales y Demócratas Europeos; 
B5-0574/2001 de los diputados Mayol i Raynal y otros en nombre del Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea; 
B5-0591/2001 de los diputados Marset Campos y otros en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea /Izquierda Verde Nórdica; 
B5-0600/2001 de los diputados Queiró y Ribeiro e Castro en nombre del Grupo Unión para la Europa de las Naciones 
sobre la sequía en América Central. 
Señor Presidente, no perderé parte del minuto que me corresponde en convencer a sus Señorías de las gravísimas consecuencias que ha tenido la secuencia de catástrofes naturales que se ha producido en América Central. 
Sí perderé parte de mi tiempo diciendo que eso ha tenido consecuencias a corto plazo. 
Para ser muy breve: un millón y medio de personas pasan hambre en la región, sin olvidar las consecuencias, a largo plazo, sobre el desarrollo sostenible y sobre los efectos climáticos. 
Hasta ahora hemos reaccionado desde las instituciones europeas intentando paliar las consecuencias a corto plazo: con ayudas de emergencia o con envíos de alimento, que apenas han servido para paliar el hambre en la región. 
Hasta ahora hemos sido incapaces de dar respuesta a las necesidades o carencias a largo plazo. 
Con esta resolución se pide a la Comisión, en primer lugar, que tenga en cuenta estas necesidades al elaborar el presupuesto del año 2002. 
En segundo lugar, que ponga en marcha acciones que sirvan para acelerar o impulsar una política de desarrollo sostenible en materia de desarrollo agrícola, que sirvan para prevenir la sequía y las consecuencias a largo plazo, que he mencionado anteriormente. 
Y, en tercer lugar, me remito al apartado 4, relativo a una política de cooperación con la región a largo plazo que sirva para remediar necesidades que he subrayado anteriormente. 
Señor Presidente, la verdad es que la zona de la región de Centroamérica sufre ya desde hace demasiado tiempo. 
Primero fueron los escuadrones de la muerte y los gobiernos de ultraderecha. 
Luego, conquistada la democracia gracias a la mediación de la Unión Europea, ha habido gobiernos corruptos; luego se registraron las catástrofes ocasionadas por el huracán Mitch, los terremotos, y ahora, esta sequía, que supone, como se ha dicho, hambre, miseria y muerte para cientos de miles de personas. 
La Unión Europea debe distinguirse por un comportamiento solidario diferente al de otros, no solamente aprobando presupuestos en esta circunstancia, sino, como se ha dicho, también para los próximos años, presupuestos importantes y necesarios, que eliminen las causas y las consecuencias de esta sequía. 
Yo elaboré el informe sobre la reconstrucción en Centroamérica después del huracán Mitch, y he comprobado que la corrupción existente en la zona impide que la ayuda llegue directamente. 
Por ello recomendamos que la ayuda que prestemos llegue de la manera más directa posible a través de ayuntamientos y de ONG democráticas. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, cada día nos llegan imágenes escalofriantes de nuevas tragedias que asolan el mundo: pueblos arrasados, niños que mueren de hambre o de enfermedad, refugiados sin refugios, inmigrantes que vagan por el mundo buscando una oportunidad para la vida... 
Pero hay tragedias que persisten cuando ya nadie habla de ellas, que se agravan y enquistan aunque no abran los informativos. 
Uno de esos casos archivados en nuestra memoria selectiva de primer mundo es la situación de Centroamérica y los dramáticos efectos de la sequía que le asola desde hace más de tres meses. 
Una desgracia que se ceba en una región, como se ha dicho, ya debilitada por constantes catástrofes naturales, más allá de las políticas, y que cuenta con una estructura social y económica sin los más mínimos recursos para resistir. 
El Salvador ha decretado el estado de emergencia y Guatemala declaró ayer mismo el estado de calamidad pública, en un intento verdaderamente desesperado de combatir la hambruna. 
La sequía ha destruido en la región la mayor parte de los cultivos y el hambre afecta ya, como se ha dicho aquí, a millones de personas. 
Todo esto en un área en la que un elevadísimo porcentaje de sus habitantes viven en situación de pobreza o pobreza extrema. 
El programa mundial de alimentos de Naciones Unidas nos daba la voz de alarma hace bien poco, anunciándonos que de seguir así en la situación actual, sólo podrá satisfacer durante apenas tres meses las necesidades de la mitad de los ciudadanos más afectados. 
Por eso llamo la atención particularmente sobre la recomendación contenida en el apartado 4 que en relación con la del apartado 3 busca comprometer nuestras decisiones en materia de ayuda al desarrollo, de forma que tengan como objetivo combatir los problemas estructurales. 
Sólo así, invirtiendo en desarrollo sostenible en las zonas más sensibles del mundo podremos prevenir y paliar en la medida de lo posible los efectos de las catástrofes naturales, porque habremos invertido nuestra ayuda y nuestros recursos en la vertebración y el fortalecimiento de la población, les habremos hecho más fuertes para soportar las consecuencias de algunos fenómenos que ni siquiera nosotros, los del primer mundo, podemos evitar. 
Señorías, es hora de que Europa sea capaz de dar cañas, de enseñar a pescar en vez de repartir pescados. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. 
En todo caso, nosotros, la delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de la América Central estuvimos en El Salvador en el mes de julio y pudimos ver las consecuencias que habían tenido los terremotos y el huracán Mitch. 
De hecho hay un programa de la Unión Europea muy importante de rehabilitación de institutos en aquella zona; pero, en este momento, lo peor de todo, de lo que ya nos advirtieron en julio, es lo que está ocurriendo con la sequía. 
Yo creo que debemos prever dos tipos de ayuda: una ayuda inmediata, para evitar el hambre, y una ayuda a más largo plazo, para trabajar por un desarrollo sostenible; porque el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático considera que, cada vez más, terremotos, inundaciones y sequías van a ser habituales, y ello precisamente en la parte más pobre del mundo, en la que peor puede soportarlo. 
Por lo tanto, yo creo que la Unión Europea debe utilizar las dos vías: la ayuda inmediata, que nos solicitaron cuando estuvimos allí en el mes de julio, y la ayuda a más largo plazo, para prevenir lo que está ocurriendo. 
También nos preocupa, la distribución de la ayuda. 
Ha de ser muy bien controlada por los servicios de la Comisión Europea que se encuentran in situ, para que llegue a los verdaderamente afectados. 
Evidentemente, la Comisión está muy consciente de la situación a la que alude esta resolución. 
La sequía actual que afecta a estos países es sin duda la peor desde la provocada por El Niño, en 1997. 
No obstante, en el momento actual, nos parece exagerado comparar la situación a la que dejó el huracán Mitch. 
Los contactos son permanentes entre los servicios de la Comisión y los representantes de los países de América Central y consideramos, conjuntamente con los representantes de estos países con los que trabajamos, que la situación es efectivamente muy preocupante, pero que se encuentra, en esta etapa, bajo control y que no parece que deba persistir durante mucho tiempo debido a la vuelta de las lluvias en la mayoría de las zonas afectadas por la sequía. 
Si las lluvias vuelven a corto plazo, ello no debe impedirnos reflexionar sobre las verdaderas causas de esta crisis que han de imputarse, y creo que todos ustedes lo han dicho, a factores coyunturales, pero sobre todo estructurales, entre los que se cuenta el descenso de los ingresos procedentes de los productos de base, y especialmente el café, el carácter probablemente inadaptado de las políticas agrícolas o el acceso cada vez más difícil para muchas familias rurales a los insumos de la producción, por no hablar de la pobreza que indiscutiblemente reina en todos esos países. 
En lo relativo a la vigilancia, si puedo decir, a corto plazo, la Comisión y la Unión han mantenido una red de antenas que permite vigilar la situación alimentaria en todas las regiones sensibles. 
Una de estas antenas está situada en América Central y nos permitirá ser advertidos en tiempo real con el fin de intervenir si es necesario. 
El fondo del problema, es decir, las causas estructurales de la inseguridad alimentaria en la región, es efectivamente el verdadero problema al que tenemos que enfrentarnos a medio y largo plazo: todos ustedes lo han dicho. 
Uno de los primeros elementos de la solución es, desde nuestro punto de vista, el desarrollo rural, que ya es una prioridad de la acción y la cooperación de la Unión en la mayoría de los países afectados y que deseamos reforzar aún más gracias a la reunión de los esfuerzos, trátese de la ayuda a los gobiernos locales para que concentren su política de desarrollo en este aspecto- y tenemos la posibilidad de hacerlo -, o del apoyo a los proyectos de organizaciones no gubernamentales o de comunidades locales destinadas a diversificar la producción y la distribución de las cosechas y a crear ingresos familiares de otro tipo. 
Ya sea la coordinación con otros donadores internacionales- los Estados miembros, las instituciones de Bretton Wood- o, por último, ya sea la introducción de programas de reducción de la pobreza en los países afectados. Como ustedes, estamos convencidos de que debemos hacer frente a las urgencias a corto plazo, pero que el problema está muy arraigado y que es preciso dedicarse a las causas fundamentales si queremos evitar que vuelvan a producirse semejantes consecuencias. 
Señor Presidente, en la versión española de la resolución sobre los refugiados afganos frente a la costa de Australia hay un error, que le señalo para que lo corrijan los servicios de la Cámara. 
En el considerando E falta una línea, ya que se habla de "permitir a los solicitantes de asilo solicitar asilo en Australia una vez" y debe decir "llegados al territorio australiano". 
Bastaría simplemente ajustar este texto a las demás versiones- he visto la inglesa, la francesa y la alemana-. 
Lo señalo para que los servicios de Cámara se ocupen de su corrección. 
Señoría, confío plenamente en usted en esta cuestión porque conozco sus extraordinarios conocimientos de las otras lenguas. 
Se corregirá. 
Me han asegurado que en español será ampliado. 
Se levanta la sesión. 
La votación se celebrará a las 18.30 horas. 
Agricultura de montaña 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0277/2001) del Sr. Ebner en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre 25 años de aplicación de la reglamentación comunitaria en favor de la agricultura en las zonas de montaña. 
Señor Presidente, Señorías, el informe sobre los 25 años de aplicación de la reglamentación comunitaria en favor de la agricultura en zonas de montaña figura en el orden del día del parlamento Europeo en un momento en que nos aproximamos al Año Internacional de las Montañas de 2002. 
Por ello, el año pasado se planificaron actividades a nivel internacional, nacional y local para promover el desarrollo sostenido de las zonas de montaña. 
El objetivo principal de este año contempla la concienciación y el conocimiento de los ecosistemas de montaña, de su dinámica y de su funcionamiento, la promoción y la conservación de la herencia cultural de las comunidades de montaña y la conservación y desarrollo sostenible de los recursos de las regiones montañosas para asegurar la calidad de vida hoy y en un futuro. 
Finalmente, las zonas montañosas ocupan un 30% de la superficie total y representan el 20% de las superficies cultivadas de la Unión Europea. Están habitadas por un 10% de la población de la UE. 
Estoy convencido de que la Unión Europea deberá tomarse el año próximo como un aliciente para considerar de manera concreta los intereses de estas regiones y para reconocerlas como un espacio vital irrenunciable. La calidad de vida en estas regiones debe ser conservada y protegida. 
Los flujos migratorios procedentes de las mismas también deben ser frenados totalmente. 
Este informe es de facto la posición del Parlamento sobre el Año de las Montañas y debe servir de base y catálogo de peticiones para la Comisión y el Parlamento. 
En el presente informe, que ha sido aceptado prácticamente por toda la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, pedimos esencialmente una estrategia global de la UE en favor de las regiones montañosas. 
Así, el informe contiene numerosas propuestas novedosas y, según mi opinión, muy concretas, para las que pido, pues, su voto favorable. 
Se pide a la Comisión en primer lugar que en lo que queda de año presente una comunicación que detalle las actuaciones que la UE va a emprender con motivo del Año Internacional de las Montañas. 
Sería conveniente que esa comunicación contuviese un plan general para las zonas afectadas que abordase su situación después de 2006 así como la ampliación. 
Ello dará lugar a una revisión de la Directiva 268/75 y a sus correspondientes modificaciones. 
Igualmente quisiera aclarar que este plan necesario deberá configurarse considerando el principio de subsidiariedad. 
A pesar de dificultades y problemáticas que a menudo son semejantes entre sí, las zonas de montaña presentan cada una diferencias y peculiaridades propias y por ello no puede haber una receta universal. 
Los problemas comunes pueden abordarse mejor de manera transnacional. 
En mi informe propongo un planteamiento que contempla por igual los siguientes ámbitos: agricultura y zonas de bosques, transporte, turismo, recursos energéticos e hídricos, planificación regional del territorio, protección de los espacios naturales y conservación del legado cultural común.. 
Brevemente sobre algunas peticiones que se encuentra en el informe. 
La agricultura: Se pide que se profundice en el segundo pilar de la política agraria y con ello en el desarrollo del espacio rural, para lo que hay que tener en cuenta la función protectora de la agricultura respecto del medio ambiente y del paisaje así como también su carácter multifuncional. 
La búsqueda de estrategias comunes para la solución de problemas bajo la forma de convenciones regionales, la elaboración y actualización de criterios y datos sobre zonas montañosas así como la financiación de proyectos concretos y dirigidos a las zonas afectadas por parte del VI Programa Marco; la construcción de las infraestructuras básicas necesarias así como la formación continuada y la actualización de conocimientos para que la población pueda mantener un nivel adecuado de información, la ampliación de las redes de transporte en las zonas montañosas atendiendo al principio de sostenibilidad para asegurar que las zonas en cuestión se afiancen como espacios económicos, naturales y vitales. 
Esto significa que, por ejemplo, los caminos de acceso a los corrales y a los pastos sean transitables y que, a la vez, el tráfico circule por carreteras más amplias construidas según la más estricta compatibilidad ecológica. 
Finalmente hay que decir que la necesidad de un tratamiento especial de las zonas montañosas es importante también por lo que se refiere a la ampliación. 
El próximo Año de las Montañas es un momento ideal, señor Comisario, Señorías, para confrontarse con la propuesta de mañana de manera concreta. 
Ustedes, Señorías, mediante su voto favorable, y especialmente usted, señor Comisario, así como toda la Comisión, pueden realizar una aportación esencial a ese desarrollo llevando a la práctica las propuestas que se recogen en mi informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera felicitar antes de nada al Sr. Ebner por su informe por iniciativa propia. 
Es un informe que apoyo plenamente. 
En vista del hecho, que ya ha mencionado el Sr. Ebner, de que alrededor del 30% de la superficie de la UE son regiones de montaña y que en algunos Estados miembros como por ejemplo Austria la proporción alcanza el 50%, apoyo y aplaudo este informe. 
La importancia del ecosistema de las montañas es una herencia cultural. 
El mantenimiento de los recursos y su explotación económica sostenible es muy importante para muchas regiones de Europa. 
La preservación de las montañas, de los bosques, de las aguas, del equilibrio ecológico y de la biodiversidad deben ser tematizados de manera global. 
Muchos problemas pueden ser resueltos mejor de manera conjunta y transcendiendo las fronteras. 
En este contexto quisiera resaltar el carácter multifuncional de la agricultura y de la economía forestal, carácter que será también muy importante tras la ampli7ación de la Unión. 
Tanto las personas que viven en zonas de montaña como los turistas que buscan allí entretenimiento y reposo, valoran su paisaje natural y la cultura que le es propio. 
Por ello debemos encontrar los alicientes adecuados para que las personas quieran quedarse a vivir y a trabajar allí. 
Debemos prevenir las consecuencias ecológicas y socioeconómicas de la emigración y del despoblamiento. 
La economía sostenible que practican los agricultores de montaña no sólo produce alimentos importantes, sino que produce además algo muy importante para toda la humanidad. 
Las Naciones Unidas han declarado con razón el año 2002 como el Año de las Montañas. 
Creo que es importante que Europa adopte una posición al respecto y que la Comisión presente lo antes posible una comunicación que contenga una definición lo más clara posible que incluya criterios como por ejemplo altura, pendiente y vegetación disminuída para abordar los distintos problemas de toda Europa, y que proponga también los planteamientos pertinentes en cuanto a estrategias y mecanismos de subvención. 
Señor Presidente, el informe Ebner le va a ofrecer a la Comisión la posibilidad de seguir una pauta muy buena para elaborar su comunicación ante el Año Internacional de las Montañas 2002. 
Pero dentro de sus múltiples y, yo creo que muy valiosas propuestas, quisiera llamar la atención respecto de algunas cuestiones que en esta próxima celebración de las bodas de plata de la agricultura de montaña deberían recibir una muy especial y a veces nueva atención. 
Me refiero, en primer lugar, al papel que debe reconocerse a las mujeres en esta nueva agricultura multifuncional de montaña. 
Para ellas, se exige hoy en día un nuevo tratamiento que tiene poco que ver con su obsoleta marginación en la PAC tradicional. 
Esta propuesta se recoge en el apartado 19 del informe Ebner, pero si se quiere hacer bien, señor Fischler, es necesario un tratamiento coordinado. 
En la nueva agricultura de las zonas de montaña las mujeres son actualmente protagonistas de muchas facetas importantes, tanto en su dimensión agrícola como en la del turismo o en el desarrollo rural o en el turismo rural o en las nuevas tecnologías, en las políticas artesanales, en las comerciales y en las económicas. 
Espero que sepa comprender, señor Comisario, que sus potencialidades pueden ser enormes. 
En segundo lugar, llamo la atención respecto de la propuesta contenida en el apartado 22 y que se refiere también a otro problema candente de hoy, el de las políticas migratorias. 
Se propone que las zonas de montaña que padecen despoblación puedan servir como zonas de acogida para la reabsorción de inmigrantes dentro de una adecuada programación socioeconómica. 
En tercer lugar, señor Comisario, opino que deben tomarse medidas de compensación para evitar que las zonas de montaña reciban menor ayuda estructural que la que reciben actualmente como consecuencia de la ampliación. 
Esto hay que evitarlo, porque la ampliación no debe tener, en ningún caso, un impacto negativo en estas zonas. 
Por último, creo que sería muy conveniente la promoción de las pequeñas y medianas unidades agrícolas mediante una modulación de ayudas favorables al empleo. 
Espero, señor Comisario, que, si realmente quiere darle un nuevo impulso y una nueva estrategia a la agricultura de montaña, tenga en cuenta estas propuestas. 
Señor Presidente, Señorías, agradezco mucho al Sr. Ebner el trabajo realizado y también le agradezco que haya aceptado mis enmiendas al texto. 
El informe habla por sí mismo: es completo y exhaustivo y además tiene la virtud de incluir la agricultura de montaña en un contexto más global y más amplio que los problemas de la montaña. 
Para lograr una verdadera política europea, creo que es justo recordar aquí este aspecto, con ocasión del Año Internacional de las Montañas 2002. 
Señor Comisario Fischler, cierto que la Agenda 2000 menciona la agricultura de montaña, sin embargo, todo se convierte en más complicado en las fases de ejecución, por ejemplo, cuando las regiones italianas notifican leyes de intervención para las zonas de montaña, por ejemplo, en materia de zootecnia o incluso de catástrofes naturales ya ocurridas. 
Pues bien, su Dirección de Agricultura se convierte en un órgano de control del fondo y de la legitimidad, inicia un largo carteo hecho de solicitudes minuciosas de detalles y hacen falta al menos seis meses o más para obtener respuestas definitivas que con frecuencia están inspiradas en la cerrazón, con el empleo a veces de las normas de competencia que parecen negar siempre la singularidad de la agricultura de montaña. 
Esto, antes o después, especialmente en las zonas alpinas de la Unión- Suiza, qué suerte tiene, se ocupa de la montaña sin esta red de controles- podría dar lugar a una tendencia antieuropeísta. 
Por esto, señor Comisario, le pedimos que difunda los principios de este informe sobre la agricultura y que recuerde, no por casualidad, que la Unión ha firmado el Protocolo sobre Agricultura del Convenio de los Alpes. 
Señor Presidente, señor Ebner, enhorabuena. 
Un informe magnífico. 
Igual que en un vidrio ustorio, en la agricultura de montaña puede verse claramente lo que pasa cuando se intenta superar una forma de economía sostenible y adecuada al territorio. 
Pero su informe tiene también un lado negativo: sólo se refiere a una parte. 
Es interesante que este Pleno, mejor dicho, los que todavía permanecen aquí y que representan a las mayorías, entienda mayoritariamente las advertencias y las muchas buenas propuestas que contiene. 
La sostenibilidad, realmente, se debería pedir para toda la agricultura en general, pero entonces no habría consenso, por lo que el consenso sobre la sostenibilidad de la agricultura de montaña sirve en realidad de coartada. 
Lamento mucho que así sea. Esto no debería desmejorar la utilidad de este informe. 
Lo votaremos, naturalmente. 
Pero nos gustaría ampliar esa discusión a toda la agricultura para lograr una explotación económica de la tierra y sus recursos adecuada al lugar y sostenible. 
Señor Presidente, más allá de la ya acostumbrada declaración de buenas intenciones del informe, el dato de que el nuevo reglamento funcionará en el marco de la Agenda 2000 no deja ningún margen de optimismo sobre la posible mejora de la lamentable situación actual ni sobre las garantías de supervivencia de los agricultores, pequeños y medianos cultivadores en su mayoría. La consabida orientación del informe hacia una mayor liberalización de la producción agrícola, hacia la concentración de la tierra y de la producción en cada vez menos manos, tendrá como resultado la aceleración del marasmo económico y social de las de las zonas de montaña. 
La propuesta de compensar la reducción de la ayuda comunitaria a estas zonas con la aplicación de medidas nacionales y regionales supone en la práctica el abandono absoluto de las zonas de montaña por parte de la Unión Europea y el intento de transferir a los países miembros incluso esta miserable e ineficaz ayuda de los últimos 25 años. 
Esta transferencia tendrá consecuencias muy negativas en países, como Grecia, con un alto porcentaje de zonas montañosas y un reducido presupuesto nacional. El resultado será la imposibilidad de ayudar a estas zonas con partidas del presupuesto del estado. 
Además, semejante propuesta introduce la nacionalización de la financiación de políticas que promueve la Unión Europea, lo que significa que los países más pobres se verán obligados a aplicar la antiagraria política comunitaria, sin contrapartidas ni medidas de apoyo, pagando de su bolsillo. 
Del mismo modo, la propuesta de rechazo de la abolición de las cuotas lecheras en las zonas de montaña, con la justificación de la baja competitividad y el elevado coste de producción, pone de manifiesto la absoluta ausencia de criterios sociales, así como la exasperante hipocresía de las proclamas de la Unión Europea en favor de la preservación del equilibrio medioambiental, puesto que se adoptan las mismas medidas restrictivas para la ganadería de montaña y para la ganadería industrial, cuando son por todos conocidas sus diferencias tanto en lo que respecta al medio ambiente como en lo que hace a la salud pública. 
Con estrechos criterios neoliberales, con la lógica del beneficio y la competencia, las zonas de montaña están condenadas al marasmo y al abandono. 
Por estas razones, señor presidente, votaremos en contra del informe, porque pensamos que las medidas concretas que se proponen, funcionando en el marco general de la Agenda 2000 y desde la lógica de la llamada competitividad, no sólo no impedirán, sino que acelerarán el marasmo económico y la desolación de las zonas de montaña, con terribles consecuencias económicas, sociales y medioambientales. 
Señor Comisario, sin llegar todavía a 2002, y su Año Internacional de las Montañas, todos estamos aquí de acuerdo, los veinte diputados que quedamos, en proteger la agricultura de montaña que representa, según se dice, el 20% de nuestra superficie. 
Yo mismo vengo de una región en donde hay montañas, trashumancia de corderos. 
De hecho, es una agricultura de ensueño, sobre todo para la Comisión Europea. 
Abarca el aspecto rural, forestal, la biodiversidad, el medio ambiente, se lucha contra la erosión de los suelos, se hace calidad, mieles, carnes, frutas, turismo, se hace hincapié en la calidad de vida y, sobre todo, no se hace productivismo. 
No se hace nada intensivo, no molestamos a los Estados Unidos en los mercados mundiales del trigo, las oleaginosas, las proteínas animales. 
En el fondo, la agricultura de montaña es la multifuncionalidad sin las cantidades. 
Este el modelo austriaco que la reforma de la PAC de 2006 quiere generalizar en toda Europa, incluso en las llanuras. 
En el fondo, es Sissi campesina la que, acompañada de nuestro Comisario, el Sr. Fischler, saltaría entre los almiares, las campanas de los rebaños, las marmotas, las praderas acariciando vacas de raza rara, mientras que los tejanos del Sr. Bush tendrían el monopolio del mercado de la carne. 
Entonces, sí a la agricultura de montaña, en las montañas, pero no a una Europa agrícola reducida en las negociaciones de la OMC, a parques naturales con agricultores que Mike Moore disfrazaría de personajes de Walt Disney y que se encargarían de divertir a los turistas anglosajones conservando los paisajes. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. Ebner por un informe muy completo y estimulante. 
Podríamos volver a este asunto más tarde de otro modo y elaborar presupuestos y una propuesta más ajustada y exhaustiva sobre cómo dar eficacia a los ideales expresados en este informe. 
Hemos de tener en cuenta también que se producirá un conflicto. 
En primer lugar, está la cuantía de nuestro presupuesto y la ampliación, que supondrá también un aumento de las zonas montañosas de la Unión Europea, mientras que, a su vez, rechazamos destinar recursos a financiar las propuestas muy idealistas de este informe que la mayoría de esta Asamblea suscribiría. 
En algunos lugares de la Unión Europea actualmente hay gente que conduce dos horas para ir a trabajar y dos horas para volver a casa y viven en zonas superpobladas. 
Todos los suministros públicos se utilizan en exceso, mientras que en otras zonas estamos cerrando servicios públicos. 
Las carreteras están infra-utilizadas, estamos suprimiendo comisarías de policía y cerrando pequeñas iglesias y colegios. 
Nosotros, en la Unión Europea, no deberíamos cometer el error que cometieron los estadounidenses. 
No deberíamos abandonar vastas zonas rurales, en las que la actividad humana se desvanecerá. 
Estas montañas no serán atractivas si no hay pueblos, si no hay diversas escenas de granjas y de ganado y de gente que vive allí. 
No ofrecerán los alicientes turísticos que necesitamos en el futuro. 
Si permitimos que esto ocurra, será lo mismo que lo que hicimos en mi país hace cincuenta años cuando cerramos nuestros ferrocarriles. Lo lamentaremos dentro de cuarenta o cincuenta años. 
Si perdemos estas zonas como hábitats de seres humanos y de todo lo que va con ellos, Europa será mucho más pobre y lo lamentaremos. 
Deberíamos luchar en el marco de la Unión Europea puesto que los Estados han fracasado individualmente. 
Estuve en Escocia este verano y vi hasta qué punto las Tierras Altas se han visto despojadas de su población. 
Gran Bretaña se ha empobrecido por ello. 
Si permitimos que esto ocurra en otros lugares tendremos una Europa mucho más pobre. 
Deberíamos volver a este asunto más adelante y hacer propuestas firmes sobre los recursos presupuestarios que nosotros, como Unión, podríamos utilizar para este fin. 
Señor Presidente, las cifras mencionadas por algunos colegas han documentado ampliamente que en este Pleno la montaña es la minoría más minoría que todas las demás. 
Somos sólo más del 5% de los habitantes, de los ciudadanos europeos pero, como también queda probado por la historia institucional del Parlamento Europeo, en cincuenta años de Unión Europea ésta es sólo la tercera vez que el término "montaña" y una propuesta de resolución sobre la montaña entran en este Pleno. 
La primera fue en 1983: su autor fue el entonces diputado, Sr. Colleselli, natural del Cadore, del norte de Italia. 
La segunda vez, quince años después, me tocó a mí el honor y la tarea de volver a someter la problemática de la montaña a este Pleno, con un informe, aprobado el 23 de octubre de 1998, titulado "Nuevas estrategias para la montaña en Europa". 
Mi informe se basaba en la montaña en su conjunto, en la globalidad de sus problemas, para concluir que el eje de todo era y continuaba siendo, también en ese caso, la agricultura de montaña. 
El informe Ebner- y felicito al ponente por su concreción- proyecta hacia delante esta dimensión, abre un horizonte más amplio y puedo decir que parte exactamente de la conclusión del informe anterior para señalar que precisamente del sector agrícola puede partir la salvación de la montaña que aquí todos estamos invocando. 
Sin embargo, una vez más nos damos cuenta de que la agricultura por sí sola no puede conseguirlo. Por eso, también en el informe del Sr. Ebner se plantean propuestas que implican a todo el mundo que pertenece a la vida de montaña: los transportes, las infraestructuras, el turismo, el ecosistema. 
No obstante, hay un elemento más que debemos proteger y salvaguardar: el elemento vital de la montaña, señor Comisario, que es y siguen siendo el ser humano. 
En Europa la edad media de los empresarios agrícolas- y usted lo sabe- ronda los 50 años y en la montaña la agricultura cuenta con empresarios que superan los 60 años. 
Éste es un índice negativo para el futuro de la montaña. 
Debemos volver a darle interés y confianza, además de recursos. 
Es necesario ante todo reconocer con coraje, señor Comisario, que una especificidad como la "agricultura de montaña" existe: hagámoslo con convicción mientras existe también la montaña. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, la Comisión le ha dado siempre al tema de la agricultura de montaña una gran importancia y tiene también un gran interés en ella. 
Felicito, pues, a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y especialmente al ponente, el Sr. Ebner, por su iniciativa para presentar este informe relativo a los 25 años de aplicación de las reglamentaciones comunes en favor de la agricultura en las zonas montañosas. 
Partiendo del informe Santini sobre una nueva estrategia dirigida a la agricultura en zonas montañosas del año 1998 y en vista del Año Internacional de las Montañas de 2002, el informe Ebner pone el acento en la importancia de las zonas montañosas para la Unión Europea. 
Especialmente se resalta la importancia de la protección del medio ambiente, la necesidad de conservar los espacios naturales atractivos, la producción de productos de calidad o la urgencia de conservar la herencia cultural. 
Se recalca también que la posibilidad de supervivencia de las zonas montañosas supera ampliamente el mero marco de la agricultura, pues depende además de otro tipo distinto y variado de factores. 
Este planteamiento pone de manifiesto que nos interesan los mismos temas. 
La funcionalidad es también el elemento central de la nueva política de desarrollo rural, una política que va dirigida a promover un tipo de agricultura en la que se reconozcan todas las funciones y todos los servicios: todas las funciones que los agricultores realizan para nuestras sociedades. 
Es ésta una parte constitutiva esencial del modelo europeo de agricultura, y puedo asegurarles, para responder a algunas de las observaciones planteadas en el informe, que la Comisión se va a comprometer en la defensa de esos aspectos en las negociaciones de OMC. 
En el informe se pide a la Comisión que diseñe una estrategia global para la agricultura de las zonas montañosas tanto para los Estados miembros como para los candidatos. 
Pues bien, en este punto, debo decir, se da una diferencia de criterio entre el planteamiento de la Comisión y el del informe. 
Debo recordarles que la nueva política agraria empezó a aplicarse el año pasado. 
Pusimos en primer plano la subsidiariedad y posibilitamos así que los Estados miembros estableciesen sus propias prioridades y sus propios planes de desarrollo rural o que en sus planes para utilizar los fondos estructurales incorporasen las medidas que considerasen más apropiadas para impulsar de la manera más eficaz el desarrollo de sus regiones y para paliar sus defectos y dificultades específicas. 
Este planteamiento descentralizado, que, por lo demás, rige también los programas SAPARD, permite adecuar muy bien los programas de desarrollo rural a las zonas de montaña teniendo en cuenta además la diversidad que hay entre esas mismas zonas- por ejemplo, los Pirineos necesitan un trato distinto al de los Alpes. 
Se pide, pues, un desarrollo sostenible tanto por lo que atañe a los problemas socioeconómicos como por lo que concierne a las exigencias medioambientales de cada zona concreta. 
En lugar de fijar nuevamente un eje central, se debería discutir detalladamente con todas las instituciones y organismos de la Unión, con los Estados miembros, las regiones, las comunidades locales, los agentes económicos y sociales, las Organizaciones No Gubernamentales y los científicos la mejor forma de aplicar la política dirigida a las zonas de montaña. 
En este contexto quisiera referirme a que la Comisión, el 31 de enero de este año, aprobó el segundo informe relativo a la integración económica y social que, entre otras cosas, plantea el tema de las prioridades para una desarrollo duradero y equilibrado de las zonas montañosas tras la ampliación así como el tema de una mayor necesidad de cohesión, a la vez que invita a debatir sobre ello. 
Este informe brinda muchas posibilidades para impulsar el desarrollo de regiones atrasadas. 
Por tanto, la aportación de la Comisión al Año Internacional de las Montañas tendrá como objetivo dar a conocer mejor nuestros mecanismos de apoyo al desarrollo. 
La Comisión organizará un seminario en la segunda mitad del 2002 por iniciativa del Comisario Barnier y mía propia cuyo objeto será presentar las posibilidades que la política de la Comunidad brinda a las regiones montañosas, para así, además, hacer propaganda de ellas. 
Ustedes y todos los que estén interesados en ello están invitados. 
Volviendo al presente informe quisiera destacar que es perfectamente posible apoyar singularizadamente la agricultura de las zonas montañosas con la actual legalidad, mediante, por ejemplo, pagos compensatorios, que son la base de nuestro apoyo a estas regiones y lo seguirán siendo, ayudas al medio ambiente, a la economía forestal, a la elaboración y a la fabricación, y, en el ámbito del turismo, a la diversificación. 
Quisiera recordarle también, señora Rojo, que en las disposiciones para la elaboración de planes de desarrollo rural está previsto que se haga referencia expresa a programas específicos para mujeres y que todos los programas de desarrollo rural contengan un capítulo dirigido especialmente a las mujeres. 
Las organizaciones comerciales comunes reciben el mismo trato que los programas de desarrollo rural. 
Se tiene en cuenta también las peculiaridades de la agricultura extensiva, especialmente en zonas de montaña, bien mediante medidas específicas adaptadas a sus peculiariedades- por ejemplo, primar la explotación más extensiva de la ganadería vacuna o la producción de carne ovina o caprina- o bien mediante un margen de acción añadido que permite a los Estados miembros apoyar zonas a su elección. 
La Comisión, siguiendo el midterm-review, abordará el tema del tratamiento especial propuesto en el informe de los agricultores respecto de las cuotas lecheras. 
Finalmente, en relación a los fondos estructurales, no deberíamos olvidarnos de que el 95% de las zonas montañosas están dentro del objetivo 1 o del objetivo 2. 
Pueden, pues, recurrir a todas las reglamentaciones cuyo objeto sea el apoyo de zonas o regiones y los Estados miembros pueden dirigir sus medidas individualizadamente a las distintas exigencias que se les plantean, trátese de redes de transporte y de tráfico o de servicios fundamentales para la población o de apoyo a actividades económicas. 
Además, fundamentalmente, las ayudas nacionales están autorizadas, como el diputado Caveri ha señalado. 
Pero en este caso sigue siendo necesario que recibamos notificación, porque eso da a las regiones a) la seguridad de que las medidas aplicadas se adecúan al derecho de la UE, y porque b) no puede permitirse que se dé una competencia ilegal entre ellas. 
No puedo referirme aquí a todas las propuestas del informe, pero espero que el seminario que organizará la Comisión con motivo del Año Internacional de la Montaña sea oportunidad suficiente para abordar todas ellas. 
Hasta entonces, la Comisión, dentro de sus competencias y en ejercicio de su iniciativa legal, examinará con mayor detenimiento las conclusiones del informe para continuar el diálogo que hoy hemos comenzado. 
Estoy seguro de que lograremos resaltar aún más el carácter especial de las zonas montañosas y su importancia para Europa. 
Muchas gracias, señor Comisario Franz Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Educación "de base" de los niños en los países en desarrollo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0278/2001) del la Sra. Kinnock, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la educación básica en los países en desarrollo en el contexto de la Sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la infancia de septiembre de 2001 (2001/2030 (INI). 
. (EN) Señor Presidente, como usted indicaba, este informe pretende centrarse en la verdadera oportunidad que la Conferencia Especial de NN.UU. sobre los Niños y los Derechos de los Niños, que se celebrará este mes, ofrece a este Parlamento de centrarse en un modo fundamental con el que podamos hacer frente a la pobreza global. 
Es para nosotros una oportunidad no sólo de dar un mayor relieve a esta cuestión sino también de hacer un llamamiento a la acción. 
Permítanme que les señale cuáles son los objetivos: educación gratuita y obligatoria para todos, reducir a la mitad el analfabetismo de los adultos en el 2015, eliminar las disparidades de género en las escuelas primaria y secundaria en el 2005 y ampliar las oportunidades de aprendizaje de los adultos y los jóvenes y las mejoras en la calidad de la educación que se ofrece. 
Estamos bastante cansados de oír hablar de objetivos de desarrollo. 
Están establecidos y son interminables. 
Sabemos los "porqués" de todas estas preocupaciones sobre el desarrollo. 
Lo que preguntamos ahora desde la Comisión de Desarrollo y Cooperación es "cómo" vamos a cumplir esos objetivos. 
La cuestión está en el corazón mismo de la estrategia global sobre la pobreza que debatimos en nuestra comisión. 
La UE tiene, sin duda, un papel clave y central que desempeñar aquí. 
El año pasado se asumieron compromisos claros en Dakar, Senegal. Pero no estamos obteniendo estrategias prácticas ni de la UE ni de nadie en realidad. 
Yo he sido profesora durante 30 años, principalmente de educación primaria, por eso creo que está bastante justificada mi pasión por analizar las causas de esta crisis. 
Una de cada seis personas de la población mundial es analfabeta funcional. 
Ciento treinta millones- uno de cada cinco- del número total de niños no reciben ningún tipo de educación primaria. 
Una estadística terrible es que dos tercios son niñas. 
Su situación educativa es terrible. 
Muchos habrán visto a niños intentando aprender sentados bajo un árbol sin ni siquiera una pizarra que ayude al profesor. 
Cuando hablamos de tecnología de la información estamos hablando a menudo de niños que ni siquiera han tenido nunca un lápiz en las manos, no digamos sentarse al teclado de un ordenador. 
En estas escuelas, además, la calidad de su educación se ve con frecuencia afectada por el hecho de que no se les enseña en su propia lengua. 
Existe una relación evidente entre analfabetismo y pobreza de rentas. 
Las rentas medias de un país reflejan muy claramente los niveles de acceso a la educación. 
Existe una relación evidente entre la mortalidad infantil y el nivel educativo de los padres. 
Un aumento del 10% de las inscripciones de niñas en la escuela primaria supondría una mejora sustancial de las tasas de mortalidad infantil y maternal. 
Y aun así, vemos que la ayuda que los países desarrollados destinan a educación básica se recorta drásticamente en los presupuestos de todo el mundo. Es sólo un 1% del total. 
Los propios países en desarrollo no dan una importancia suficiente a la educación. 
El subcontinente indio gasta menos del 1% del PNB en educación. 
En cuanto a la UE, espero que el Sr. Comisario esté de acuerdo en que no es bastante. 
Espero que no vaya a decir en su intervención que todo esto se va a incorporar a los procedimientos existentes. 
Necesitamos una respuesta del Sr. Comisario sobre la forma en que pretendemos cumplir los objetivos. 
Me gustaría oír cómo pretende mejorar la coordinación de los programas indicativos nacionales de Cotonou y sobre nuestra participación en el comité directivo que trabaja sobre la educación en África. 
Sé también que existe una promesa de comunicación de la Comisión sobre educación básica durante la presidencia belga. 
Me gustaría saber cuándo podemos esperar tenerla. 
Permítanme referirme sólo a una o dos cuestiones. 
Por supuesto, a la prioridad en las niñas, y sospecho que la Sra. Junker hablará sobre ello. 
Las últimas en entrar, las primeras en salir; eso es lo que ocurre con las niñas. 
Las niñas tienen una posición social baja y, por tanto, no es prioritario escolarizarlas. 
Me gustaría ver mucha más formación en los ministerios de los países en desarrollo y programas concretos que garanticen la escolarización de las niñas. 
El impacto del VIH es enorme. 
Hay millones de huérfanos a causa del SIDA en el mundo en desarrollo y en un país como Zambia hay más profesores infectados anualmente con el VIH de los que pueden formar para destinarlos a sus escuelas. 
Son, sin duda, cuestiones fundamentales que hemos de discutir. 
¿Existe un compromiso político suficiente en las actuales circunstancias para que todas las niñas estén escolarizadas en el 2005? 
La realidad, y espero que así se admita muy claramente en la Conferencia de NN.UU. dentro de dos semanas, es que, según van las cosas, todos estos objetivos son inalcanzables. 
Cumplir el objetivo de educación primaria universal parece tremendamente difícil. 
Me gustaría que la Comisión me explicara el modo en que su trabajo para intentar cumplir estos objetivos incluye a las ONGs y a la sociedad civil y a todas aquellas personas implicadas en la Campaña Global para la Educación. 
Es una campaña muy activa y dinámica y con mucho éxito. 
Yo esperaría que la Comisión Europea estuviera muy vinculada a ellos pero sospecho que no es así. 
Según la Campaña Global para la Educación, los objetivos educativos requerirían 8.000 millones de dólares estadounidenses al año. Esto equivale a cuatro días de gasto militar global y a 9 minutos de especulación internacional con las monedas. 
Es un precio que merece la pena pagar. 
Las actuales injusticias que acabo de describir son insostenibles y, desde luego, indefendibles. 
Señor Presidente, señor Comisario, es justo que empiece mi intervención en nombre del Grupo del PPE felicitando a la Sra. Kinnock por su excelente informe, y por el apasionamiento con que lo está defendiendo. 
Las propuestas de este informe, junto con la resolución que aprobamos en la pasada sesión de julio, entiendo que constituyen la mejor aportación que este Parlamento podía hacer a la sesión especial de la Asamblea de Naciones Unidas dedicada a la infancia, porque es indudable que, desgraciadamente, el tema de la educación sigue siendo la gran asignatura pendiente de la cooperación al desarrollo, y ello a pesar de las solemnes declaraciones, de los compromisos asumidos en las distintas conferencias internacionales que se han ocupado de esta cuestión. 
Las cifras sobre los millones de niños sin escolarizar, que nos ha recordado muy bien la Sra. Kinnock, hablan en este sentido por sí solas. 
Y si grave es que tantos millones de niños y de niñas se vean privados del derecho fundamental a la educación, más grave es que, a causa de la vulneración de este derecho, millones de personas se vean sumidas en la pobreza y el subdesarrollo. 
Porque la clave de la prosperidad y del progreso, sobre todo en el contexto de la sociedad de la información y de la comunicación en el que hoy nos movemos, se halla en el nivel de educación a que tiene acceso la población. 
El convencimiento de que de no abordarse con determinación la cuestión de la educación en los países en vías en desarrollo, no sólo no lograremos erradicar la pobreza, sino que aumentará la brecha entre los países ricos y los países pobres, ha llevado, es cierto, a situar la educación en el centro de la estrategia global para erradicar la pobreza. 
En este sentido, hay que reconocer que la Conferencia de Dakar sobre educación para todos representó un gran paso adelante, pero un paso que no conducirá a ninguna parte si no se pasa a la acción, si, de acuerdo con lo aprobado en Dakar, no se adopta rápidamente una iniciativa mundial concretada y encaminada a elaborar las estrategias y movilizar los recursos que se necesitan para proporcionar un apoyo eficaz a los esfuerzos realizados en el plano nacional- como se dice en uno de los compromisos de Dakar. 
La Unión Europea, como principal donante y en la medida en que ha hecho de la solidaridad y la defensa de los derechos humanos una dimensión esencial de su acción en la escena internacional, tiene la responsabilidad de promover en estrecha coordinación con los demás donantes, incluidos el Fondo Monetario y el Banco Mundial y con la participación de la sociedad civil, estas estrategias y, con ellas, las políticas encaminadas a superar los obstáculos que impiden el acceso de los niños y las niñas a una educación de calidad. 
Y la Unión Europea tiene la obligación política y moral de destinar los recursos financieros necesarios para conseguir una educación gratuita para todos de aquí al año 2015. 
Todo ello en la línea de las excelentes propuestas que contiene el informe Kinnock y que reflejan tanto el sentir prácticamente unánime de la Comisión de Desarrollo como el sentir de mi Grupo también. 
Pero conseguir este objetivo requiere, además, proceder de manera urgente sea a condonar, sea a reconvertir la deuda de los países en vías de desarrollo a cambio de destinar los fondos liberados a programas de educación. 
Requiere responsabilizar a los propios países en vías de desarrollo y estimularlos con medidas incitativas, si es necesario, a que cumplan los compromisos asumidos en Dakar y den prioridad absoluta a la educación. 
Y, sobre todo, requiere aumentar las dotaciones financieras y conseguir, en la línea de los que promueven la campaña para una educación para todos, que se destine al menos el 8% de la ayuda oficial al desarrollo y a la educación básica. 
Sólo con unos recursos acordes con la magnitud de los retos a los que hay que hacer frente, será posible ganar la batalla del analfabetismo en el mundo. 
Acabo diciendo que sólo así será posible que millones de niños puedan ejercer el derecho fundamental a la educación, una educación gracias a la cual podrán abrir las puertas al progreso y llegar un día a ser hombres y mujeres libres. 
Señor Presidente, el informe de mi compañera Glenys Kinnock es uno de los que hemos seguido con mayor interés y cariño en el Grupo socialista. 
El texto proporciona cifras, a menudo tan escandalosas, que deberían resultar poco tranquilizadoras para nuestras conciencias, porque, en definitiva, lo que se pone de manifiesto es la incoherencia de casi todos los que afirmamos la importancia que la educación de los niños tiene para el éxito de cualquier proceso de desarrollo. 
Sobran declaraciones reconociendo que la educación infantil en el mundo subdesarrollado es una de las principales condiciones para que esos países puedan iniciar su liberación de la situación de injusticia y de atraso en que se encuentran. 
El informe de la Sra. Kinnock recoge los numerosos compromisos contraídos al respecto por la comunidad internacional en varias ocasiones. 
La última, la conferencia mundial sobre educación que tuvo lugar en Dakar el año pasado. 
Pero el informe es también un compendio y una denuncia de incoherencias e irresponsabilidades. 
Incoherencia e irresponsabilidad de los países desarrollados que, contra lo prometido, no sólo no han aumentado sus programas en favor de la educación y atención de los niños en el mundo en desarrollo, sino que han rebajado su esfuerzo en este ámbito. 
E incoherencia e irresponsabilidad de los países del Sur que, salvo poquísimas excepciones siguen postergando la educación de sus ciudadanos más jóvenes ante otras prioridades como el gasto militar que, en la mayoría de los casos, se mantiene por encima de lo que se invierte en educación. 
La resolución que vamos a votar no debería quedarse como otras tantas en papel mojado. 
Llamamiento a la coherencia y a la responsabilidad, constituye un auténtico manifiesto que nuestro Parlamento tendría que impulsar como objetivo de la Unión Europea en la materia que aquí nos ocupa. 
Pero además, este informe debería ser referencia para la actuación de la Unión y de muchos Estados europeos, miembros o candidatos a la integración, en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas que tendrá lugar en Nueva York dentro de unos días. 
Allí estará Glenys Kinnock que hablará con claridad, con la convicción que todos le reconocemos y con la fuerza que le dará el apoyo con que aquí aprobemos sus propuestas. 
Documentos como éste son la mejor manera de responder con propuestas concretas a una globalización que, por estar centrada principalmente en el mercado, está generando desigualdades, pobreza y exclusión a niveles planetarios y por ello está generando también la repulsa de mucha gente en todo el mundo. 
Para terminar, damos las gracias y felicitamos a Glenys por su trabajo, será importante cumplir lo que aquí se expone, pero convendrá, por lo pronto, difundir ampliamente el informe. 
Se contribuirá así a convencer y a orientar a muchos, y a elevar la credibilidad del Parlamento Europeo entre los ciudadanos de Europa. 
Y se contribuirá también a que algunos fuera de nuestro territorio recuperen la confianza en nosotros y su propia esperanza. 
¿Qué nos puede enseñar la práctica diaria de la enseñanza en los países en vías de desarrollo? 
Sobre todo que no se da la prioridad que se merece a la enseñanza básica. 
Un buen sistema educativo gratuito es esencial para el desarrollo. 
Hay todavía 900 millones de personas que son analfabetas. 
Se corre el peligro de que los objetivos de Dakar no se alcancen en absoluto. 
Por eso hacen falta nuevos impulsos al más alto nivel, pero sobre todo empezando por Europa, Estados Unidos y Japón. 
Se necesita urgentemente una iniciativa estratégica con una planificación realista y más fondos. 
Creo que hay que elaborar un programa indicativo por cada país. 
La Unión Europea ha prestado hasta ahora muy poca atención a la enseñanza. 
Es demostrable que el argumento de que otros donantes ya se ocupan de ella es incorrecto. 
Por otra parte, la culpa del retraso del desarrollo educativo no la tienen solamente los donantes. 
Hay muchos países en vías de desarrollo que le dan apenas prioridad. 
Es para poner el grito en el cielo que se gaste en África dos veces más en equipamiento militar que en el sistema educativo. 
Si India sigue dedicando menos del 1% del PIB a la educación, no habrá nunca desarrollo en ese país. 
El informe de la Sra. Kinnock es excelente. 
En efecto, habrá que prestar atención especial a las niñas, a los niños que abandonan la escuela muy pronto y a los antiguos niños soldado. 
Los derechos fundamentales de los niños sólo se respetarán cuando los adultos sepan sacar las conclusiones políticas adecuadas de los sistemas educativos deficientes. 
Señor Presidente, está claro que no disponemos de suficiente tiempo para debatir el excelente informe de la Sra. Kinnock como sería debido. 
Le quiero decir que comparto su escepticismo sobre los grandes congresos donde se reúnen personas con trajes caros y grandes "pro diems" para hablar sobre unas prioridades de las que luego se olvidan inmediatamente, mientras los presupuestos destinados a la educación de los países más pobres bajan y el número de niños condenados a vivir en el analfabetismo sigue subiendo. 
Tengo realmente la sensación de que algunos países aplican la política de algunos gobiernos del siglo XIX: mantener a la población en la pobreza y en la ignorancia, así tampoco van a molestar mucho. 
Este es el motivo estratégico que encuentro en el clamoroso descuido de la enseñanza básica. 
Esta enseñanza primaria ha tenido también en nuestros propios presupuestos destinados a la ayuda al desarrollo una prioridad demasiado escasa. 
Afortunadamente, mis colegas ya han dicho muchas verdades al respecto. 
Por lo tanto, me limitaré a hacer algunas sugerencias en relación con dicha enseñanza recogida en el informe de la Sra. Kinnock, que son muy pertinentes. 
Los niños no se pueden excluir por razones de falta de recursos, porque de lo contrario se les condena a vivir en la calle y serán explotados en trabajos infantiles, etcétera. 
Al contrario, incluso deberíamos dar una beca a los niños de familias pobres para que puedan ir al colegio, recorrer los kilómetros de distancia, pagar su uniforme, etcétera. 
En segundo lugar, habrá que pagar a los maestros, deben recibir una formación y han de percibir un sueldo que les permita vivir decentemente sin tener que dejar a los niños abandonados a su suerte porque tienen que sacar más dinero en otro sitio para poder alimentar a su propia familia. Está claro que habrá que elaborar unos planes de acción nacionales. 
Tengo mayores expectativas de los gobiernos que son conscientes del problema, pero nosotros deberíamos demostrar nuestra disposición a ayudar a estos gobiernos a que se aumente su capacidad de gestión. 
Estamos rodeándoles en exceso con nuestros especialistas y ONG tan caros, sin prestar realmente ayudas a las deficientes infraestructuras educativas de estos países. 
Sin embargo, esto no quita para que se espere de la UE que actúe de forma concreta aparte de formular palabras bonitas. 
Señor Presidente, Señorías, hay que celebrar el informe de la Sra. Kinnock porque es un excelente trabajo. 
Aquí hay que denunciar déficits educativos deprimentes, especialmente en mujeres y niñas a las que se niega la educación más elemental. 
Pero también hay casos para la esperanza, y de ellos hablaré a continuación. 
El Gobierno de Mali, que como es sabido es un país pobre de la zona de Sahel, ha desarrollado un programa político ambicioso. 
Se aborda en él la descentralización y se propone una reforma educativa general. 
Los niños y las niñas de Mali deben recibir, si es posible en su lengua materna, una buena educación escolar. 
Pero esto es más fácil de decir que de hacer, porque no hay maestros formados para enseñar en las lenguas regionales ni hay un número suficiente de ellos, por no hablar de la escasez de libros. 
Y esto no se puede hacer de un día para otro, ni siquiera se puede empezar ya cubriendo zonas. 
Pensemos tan sólo en los grupos nómadas del desierto. 
Deberían buscarse para ellos formas especiales de escuela y de enseñanza, por poner un ejemplo. 
Esto es un reto educativo enorme que es asumido gustosamente por muchas organizaciones de apoyo. 
Una ayuda importante, especialmente para regiones poco pobladas, puede ser la radio. 
En Mali, al igual que en otros países emergentes, se han establecido en los últimos años muchas emisoras locales y regionales que pueden ser aprovechadas para dar una formación descentralizada sobre la base de cassettes producidas centralizadamente. 
En el Outback australiano, la enseñanza por radio es perfectamente normal desde siempre. 
En África, los métodos electrónicamente adaptados así como las escuelas móviles pueden contribuir notablemente a la superación del déficit educativo. 
Merece la pena que la cooperación al desarrollo de la Unión Europea asuma el reto de utilizar estos nuevos métodos. 
Señorías, la Comisión celebra la resolución presentada en relación con la próxima sesión especial de la ONU y le felicita a usted, señora Kinnock, por un informe tan completo como el suyo. 
Usted destaca en él con razón, entre otras cosas, la necesidad urgente de tomar medidas para aplicar el Marco de Acción de Dakar. 
La Comisión ha acordado también conceder alta prioridad a los ámbitos de educación y salud para el año 2002. 
El bienestar de los niños es un deseo fundamental y un objetivo prioritario. 
Un objetivo que queremos desarrollar junto a políticas sectoriales como la de educación y la de salud. 
Los temas que están relacionados con esto se mencionaron ya el año pasado en la Declaración del Consejo y de la Comisión sobre política de desarrollo de la UE en el contexto de la lucha contra la pobreza. 
También juegan un papel central en el Acuerdo de Cotonou. 
La Comisión ha aumentado también el apoyo al sector educativo y ha concentrado sus medidas en los últimos años en la escuela básica y, especialmente, en la primaria. 
Para ello, la Comunidad ha aumentado mucho la trasferencia de recursos en comparación con otros sectores. 
Además, la mayoría de los programas de apoyo a la escolarización primaria contienen cláusulas especiales en favor de las niñas para contrarrestar la posible discriminación de género. 
Sobre las reflexiones y recomendaciones especiales que conciernen a la Comunidad, hay que señalar lo siguiente: en primer lugar, el sector de la educación tiene una importancia decisiva en la estrategia de lucha contra la pobreza, lucha que constituye el objetivo principal de la política de desarrollo de la Comunidad. 
La Comisión comparte la opinión de que hay que definir objetivos concretos, de que en la lucha contra la pobreza hay que incluir aspectos relativos a la educación y de que también hay que incorporar a la sociedad civil. 
Este punto de vista es defendido por la Comisión también en las negociaciones con países emergentes cuando se trata de la lucha contra la pobreza. 
Para la Comisión es muy importante jugar un papel activo en esas negociaciones para promover los objetivos internacionales de desarrollo. 
En segundo lugar, en Dakar la Comunidad asumió una obligación formal al ratificar la supervisión de la Declaración sobre Educación para todos basada en la Declaración General de los Derechos Humanos y el Acuerdo sobre Derechos de los Niños, según la cual la educación es un derecho humano. 
La Comisión se ha adherido también a la petición de que "los países que se comprometan seriamente en favor de la educación, no tendrán obstáculos debidos a la falta de medios para la realización de ese objetivo." 
La Comisión comparte la opinión del Parlamento Europeo de que una mejor coordinación y una mayor complementariedad de las medidas de la Comunidad con la acción de los Estados miembros con ayuda de grupos expertos en materia educativa así como una intensificación de la colaboración con la UNESCO y la Unión para el Desarrollo de la Educación en África son decisivas para aumentar la efectividad de la cooperación comunitaria. 
Con este fin, la Comisión colabora con la UNESCO, especialmente por medio del apoyo prestado por la UNESCO en su tarea de coordinación de la educación para todos los miembros. 
Además, la Comisión participa en el grupo de trabajo que se creó para la aplicación del Marco de Acción de Dakar. 
Por último, apoya los objetivos de Educación para todos en sus negociaciones sobre las estrategias de los países ACP para el noveno FED. 
Por lo que atañe a la difícil cuestión de crear un fondo global para la educación básica, la Comisión piensa que un fondo tal, debido a los procedimientos de la Comisión para la programación y ejecución de las ayudas, no es una solución viable. 
Pero la Comisión no rechaza por principio una iniciativa global como la prevista en el Marco de Acción de Dakar, aunque sus modalidades de ejecución deberían ser discutidas detalladamente. 
En tercer lugar, el tema de los derechos de los niños está estrechamente relacionado con la problemática de los géneros en general. 
Los objetivos educativos referidos a los niños y especialmente a las niñas no pueden ser realizados completamente si la posición de la mujer en las familias de muchas sociedades no es igual a la del hombre. 
La Comisión, por tanto, es decididamente partidaria de dedicar especial atención a la educación de las niñas en los países emergentes. Está preparando un plan de acción relativo a la equiparación de los géneros con esa intención. 
Y contempla, además, temas relacionados con la especificidad de género en todos los programas de educación propios. 
Muchas gracias, señor Comisario Franz Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a continuación. 
VOTACIONES 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación sobre problemas de actualidad, urgencias y especial importancia. 
Informe (A5-0277/2001) del Sr. Ebner, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre 25 años de aplicación de la reglamentación comunitaria en favor de la agricultura en las zonas de montaña (2000/2222 (INI) ). 
Señor Presidente, en el apartado 11 de la página 10 hay un error de texto en la parte que se refiere a la viticultura. 
En la versión italiana hay una contradicción en la antepenúltima línea donde se dice que los costes de implantación de los viñedos de llanura y de montaña no tienen que ser distintos. Por el contrario, el sentido del trabajo en comisión y, como es obvio, el sentido de las enmiendas presentadas es que para la implantación de viñedos de llanura y de montaña se han de comparar los costes con los de los viñedos de colina. 
Una agricultura que depende cada vez más del mercado mundial intentará producir de la forma más barata, en detrimento de la calidad del trabajo, de la naturaleza, del medio ambiente y del bienestar de los animales. 
Las regiones menos productivas serán las primeras que se abandonen. 
Son las regiones que han estado deshabitadas durante mucho tiempo, porque requieren un mayor esfuerzo para poder subsistir. 
La gente que finalmente sí se estableció allí eran en muchos casos los parias de la sociedad como ex presidiarios, minorías étnicas y los perdedores de las guerras por tierras fértiles. 
Las regiones menos productivas donde se establecieron estos desafortunados, no están solamente ubicadas en las zonas montañosas, sino también en los bajos "wetlands", o sea, marismas antiguas cuyo subsuelo está compuesto de turba, una sustancia vegetal húmeda que, cuando se seque, encoge y desaparece. 
Entretanto, los campesinos en las montañas y "wetlands" desempeñan un papel importante en la conservación de los espacios naturales, las actividades relacionadas con el ocio y la gestión del agua. 
No obstante, en un mercado libre y desprotegido tienen sus días contados. 
En los lugares donde viven y trabajan la naturaleza no volvería a sus orígenes, sino que se degradaría de forma alarmante. 
Me parece que la mecanización y destrucción de parajes para hacerlos más eficientes no es una alternativa aceptable. 
Por este motivo, doy mi apoyo a las medidas de ayuda propuestas, pero sí tengo una objeción si estas quedan limitadas exclusivamente a las zonas montañosas. 
vamos a pedir a los servicios que hagan un lifting y tengan en cuenta su observación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0278/2001) de la Sra. Kinnock, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la educación básica en los países en desarrollo en el contexto de la Sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la infancia de septiembre de 2001 (2001/2030 (INI) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe Ebner (A5-0277/2001) 
Informe Kinnock (A5-0278/2001) 
Coincidimos al autor del informe en la exigencia de que "todos los niños y niñas reciban una educación básica obligatoria y gratuita de buena calidad" hasta la edad de 15 años. 
Sin embargo, incluso en los países de Europa, donde existen leyes en este sentido, la gratuidad es esencialmente formal ya que no incluye el material escolar, lo que afecta negativamente a los niños de las capas desfavorecidas, sin hablar de las aulas con un número excesivo de alumnos y la falta de equipo en las escuelas de los barrios populares. 
Estos males afectan con una violencia mucho más grande a los países subdesarrollados, incluso cuando la escolarización es obligatoria allí. 
El informe pretende que "abordar la crisis de la educación es una de las estrategias más efectivas de que disponemos para romper el ciclo de la pobreza". 
Es poner la realidad cabeza abajo. 
Si no se logra "romper el ciclo de la pobreza", es decir, si no se cesa de despojar a los países pobres y empobrecer a sus poblaciones trabajadoras, incluso los discursos mejor intencionados seguirán siendo meros discursos e incluso seguirá negándose un mínimo de educación a millones de niños en los países pobres. 
Nuestro voto positivo significa que estamos de acuerdo con las intenciones expresadas únicamente con estas condiciones. 
Queda cerrado el turno de votaciones. 
Declaro suspendida la sesión del Parlamento Europeo. 
(Se suspende la sesión a las 18.55 horas) 
Atentados terroristas en los Estados Unidos 
Señorías, abro esta reunión extraordinaria con la emoción y la tristeza que nos produce a todos un horror que parecía inconcebible. 
Esta reunión tiene lugar ante todo para manifestar nuestra solidaridad con el pueblo americano, que acaba de ser golpeado por un terrorismo salvaje, para expresar nuestra compasión para con las víctimas, cuya cifra, sin duda alguna, será terrible, y para expresar nuestro apoyo a todos aquellos que se movilizan con tesón para intentar salvar aún algunas vidas. 
Ayer mismo he expresado esta solidaridad al Presidente Bush, en nombre mío y en el de todo el Parlamento Europeo, para transmitirle que los europeos están junto a los Estados Unidos en la prueba dramática que vive su pueblo. 
Al igual que cuando el terrorismo golpea en un país miembro de la Unión Europea cada uno de nosotros se siente implicado, yo siento ese mismo sentimiento de rebeldía e indignación ante estos monstruosos atentados. 
Hoy compartimos el dolor de los americanos. 
No sólo se acaba de atacar a esa gran democracia que tanto se esforzó para ayudar a Europa a recuperar su libertad, sino que también han sido atacados los valores sagrados de la vida y la democracia. 
Esta fecha del 11 de septiembre de 2001 no podrá ser borrada de la memoria de la humanidad, y al mismo tiempo que nos exige conservar nuestra sangre fría, también nos reclama la más estrecha cooperación de todos los países que rechazan el terrorismo, para que tanto los autores de estos crímenes abominables como quienes les hayan apoyado sean identificados, perseguidos, detenidos y juzgados y para que el terrorismo ciego sea erradicado de la superficie del globo. 
Esta fecha supone igualmente el compromiso de la comunidad internacional para resolver pacíficamente los conflictos que alimentan y sustentan el fanatismo. 
Más allá de las declaraciones, más allá de una respuesta común al terrorismo, respuesta que nosotros deseamos, todos los actores del escenario internacional deben asumir sus responsabilidades. 
Ha llegado la hora de una acción decidida, y estoy convencida de que se requieren decisiones urgentes de la Unión Europea. 
Me congratulo de la presencia entre nosotros del Sr. Primer Ministro Verhofstadt, del Sr. Ministro Michel, del Sr. Presidente de la Comisión, Romano Prodi. 
La Unión Europea sólo será creíble si se dota de una política común de lucha contra el terrorismo. 
La Comisión Europea y el Parlamento Europeo se han pronunciado claramente en tal sentido, concretamente en nuestro último período parcial de sesiones. 
Desearía que el Consejo examinase esas propuestas lo antes posible. 
Tras el Consejo Europeo de Tampere el espacio europeo de libertad, de seguridad y de justicia ha conocido, ciertamente, algunos tímidos progresos, pero éstos no están a la altura de las exigencias. 
Es necesario avanzar rápidamente. 
Aun cuando la presencia de la Unión Europea también se ha afirmado en el escenario internacional, ya sea en Oriente Medio, en Durban o incluso en la Ex República Yugoslava de Macedonia, los acontecimientos de ayer demuestran, si fuese necesario, la necesidad absoluta de poner en marcha lo antes posible una política europea de defensa y una política exterior y de seguridad realmente común. 
Para impulsar adecuadamente todas estas orientaciones debería convocarse un Consejo Europeo extraordinario, puesto que, como sabemos, la Historia no espera. 
Les invito, Señorías, a guardar un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas. 
(La Asamblea, de pie, guarda un minuto de silencio) 
. (IT) Señora Presidenta, señor primer ministro, señoras y señores diputados, esta mañana la Comisión se ha reunido en sesión extraordinaria. 
Tras haber guardado un minuto de silencio, hemos debatido los distintos aspectos políticos de esta horrible tragedia que compiten directamente a la Comisión. 
Esta tarde, en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Asuntos Generales, he subrayado lo necesario que es manifestar la solidaridad de toda Europa con el pueblo norteamericano y adoptar una posición común europea sobre todos los aspectos de estos trágicos acontecimientos. 
La Comisión está consternada por estos bárbaros actos criminales y ya ha expresado su conmoción a las víctimas y a sus familiares y su solidaridad con el pueblo norteamericano. 
Nuestra cooperación con los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo es necesaria más que nunca y ha de perseguirse. 
En los próximos días la Comisión examinará las ulteriores propuestas de intervención a fin de combatir cada vez más eficazmente el terrorismo. 
La estructura económica y social de nuestros Estados es, por fortuna, fuerte y resistente. 
Por ello, nosotros, incluso en estas tristes circunstancias, seguimos estando tranquilos y confiados y no permitiremos al terrorismo que nos divida ni permitiremos al terrorismo dividir al mundo, como es su intención y como lo demuestran sus acciones. 
En este momento se imponen algunas consideraciones sobre el papel de Europa. 
Con este acto criminal se ha pretendido lanzar un ataque contra todos nuestros valores comunes y contra la propia libertad. 
Se trata de un acontecimiento tras el cual ya nada será lo mismo. 
Por ello, frente a esto hay que expresar con fuerza la solidaridad y la amistad con el pueblo y el Gobierno norteamericanos, y las Instituciones y los Gobiernos europeos van a trabajar en estrecha cooperación con nuestros amigos norteamericanos y con los demás países amigos en estos dramáticos momentos y en el futuro. 
Sin embargo, existe una dimensión estrictamente europea. 
Los dramáticos acontecimientos a los que hemos asistido recalcan una vez más la necesidad de una Europa unida, fuerte, determinada, solidaria, que proteja la libertad y que salve la paz, en Europa y en el mundo: una Europa que actúe unida junto con los países que comparten los mismos objetivos, que actúe unida en pos de la protección y de la promoción de los valores de libertad y solidaridad, unos valores que constituyen el fundamento de nuestra democracia cuyo guardián es este Parlamento. 
Por ello, hago un llamamiento para que la tragedia de ayer acompañe nuestras reflexiones sobre estos acontecimientos. 
De hecho, nuestros ciudadanos podrán garantizar la paz y la estabilidad para sí mismos y para sus hijos sólo actuando solidariamente, sólo si sentirán poder contar con Europa. 
Éste es el interés de nuestros pueblos, éste es nuestro camino: se trata de perseguirlo con valor, con determinación y con sentido de la responsabilidad. 
(Vivos aplausos) 
. (FR) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, desearía en primer lugar, en nombre del Consejo, transmitirles nuestra inmensa consternación, nuestra indignación y rebeldía frente a los trágicos acontecimientos que han afectado a los Estados Unidos en la mañana de ayer. 
Desearía reiterar, en nombre de la Unión Europea, de sus dirigentes y también de todos los ciudadanos europeos nuestro más sincero pésame a las víctimas, a sus familias, al pueblo y al Gobierno americanos. 
Este acto abominable, que hiere al pueblo americano, también ataca, indudablemente, los valores universales que Europa siempre ha compartido con América. 
Desearía reafirmar solemnemente, en nombre del Consejo, la indefectible solidaridad de nuestros pueblos europeos con el pueblo americano en la defensa de dichos valores. 
Los Estados Unidos deben saber que Europa está a su lado para combatir este mal, que es el terrorismo, en todas sus formas. 
No podemos tolerar que se pongan en entredicho a través del terror que actúa de manera encubierta los valores del mundo libre y democrático. 
Unidos y solidarios, combatiremos la gran amenaza que constituye el terrorismo a gran escala. 
La lucha contra esta plaga será más eficaz si se apoya en acciones preventivas y en un diálogo político profundo con los países de las regiones del mundo donde se desarrolla el terrorismo. 
El ataque terrorista de ayer en el territorio de los Estados Unidos es un acto sin precedentes de provocación y crueldad particularmente odioso. 
Esta barbarie, estos actos de terror y de cobardía son intolerables. 
Las proporciones de esta tragedia exigen una respuesta adecuada. 
La Unión Europea examinará con sus aliados todos los medios posibles para prevenir tales actos y responder a ellos de manera adecuada. 
La Unión Europea intensificará su acción en los foros internacionales competentes, para luchar contra el terrorismo y para garantizar que los autores, los cómplices y los inductores de actos de terror sean reducidos a la impotencia. 
Nuestra determinación en ningún caso debe apartarse de la prudencia responsable. 
Aún no sabemos quiénes son los autores, los inductores y los posibles cómplices de estos terribles atentados. 
Dichos elementos son esenciales para poder juzgar y responder de manera racional, con una actitud responsable y eficaz. 
Hay que evitar toda improvisación. 
Mientras esperamos conocer la respuesta a estos interrogantes, nuestros gobiernos han tomado las medidas necesarias para proteger a sus poblaciones. 
El Consejo ha sido informado de las medidas de seguridad adoptadas urgentemente por los Estados miembros. 
Con el fin de garantizar una máxima cooperación entre nuestros países, el Consejo ha pedido a sus diferentes responsables de "Justicia", "Asuntos Interiores" y "Transportes" que adoptaran en breve plazo todas las medidas necesarias para mantener el grado de seguridad más elevado, especialmente respecto al transporte aéreo, así como toda medida indicada para prevenir otros atentados. 
El Consejo de "Justicia- Asuntos Interiores" del próximo 27 de septiembre y el Consejo informal de "Transportes" del 14 de septiembre evaluarán las medidas que ya están en aplicación y las que, en su caso, deben completarlas. 
El Consejo extraordinario de ministros de Asuntos Exteriores ha condenado en los términos más duros estos actos de barbarie que desprecian nuestros valores comunes. 
Hemos decidido declarar el viernes 14 de septiembre día de duelo en los quince Estados miembros y hemos pedido a la Presidencia que se mantuviese en estrecho contacto con los Estados Unidos para estudiar con ellos las mejores vías para ayudarles, llegado el caso. 
A petición de varios países miembros, el Secretario General de la OTAN ha informado al Consejo sobre las discusiones en curso en dicha organización. 
Puedo leerles ahora la declaración de la Unión Europea: 
" El Consejo de la Unión Europea, reunido en el día de hoy en sesión extraordinaria en presencia del Secretario General de la Alianza Atlántica, ha expresado el horror que le producen los atentados terroristas perpetrados ayer en los Estados Unidos. 
El Consejo ha recalcado su plena y total solidaridad con el Gobierno de los Estados Unidos y el pueblo americano en estos trágicos momentos y ha expresado su más profundo pésame a todas las víctimas y a sus familias. 
Pedimos a todos los europeos que guarden tres minutos de silencio el viernes 14 de septiembre a las 12.00 horas y declaramos asimismo el 14 de septiembre de 2001 día de duelo. 
Estos actos terribles constituyen un ataque no sólo contra los Estados Unidos, sino contra toda la humanidad y los valores y libertades que nos son comunes a todos. 
La vida y el funcionamiento de nuestras sociedades abiertas y democráticas no se verán interrumpidos ni resultarán afectados. 
La Unión condena con la mayor firmeza a los autores y a los inductores de estos actos de barbarie. 
La Unión y sus Estados miembros no ahorrarán esfuerzos para contribuir a identificar, hacer comparecer ante la justicia y castigar a los responsables. 
No habrá refugio para los terroristas ni para sus inductores. 
La Unión actuará en estrecha colaboración con los Estados Unidos y el conjunto de sus socios para combatir el terrorismo internacional. 
Todas las organizaciones internacionales, en particular las Naciones Unidas, deben participar en este combate y han de aplicarse plenamente todos los instrumentos internacionales pertinentes, incluyendo los que guardan relación con la financiación del terrorismo. 
La Comunidad y sus Estados miembros han propuesto a los Estados Unidos prestar toda la ayuda posible a las operaciones de búsqueda y de rescate. 
Las conversaciones para estudiar las mejores vías posibles para prestar dicha ayuda ya han comenzado. 
El Consejo ha recordado los fuertes lazos que unen de muy antiguo la Unión Europea y los Estados Unidos y ha pedido a la Presidencia que se mantuviese en estrecho contacto con el Gobierno de los Estados Unidos, a fin de transmitirle este mensaje de solidaridad ". 
Y estas son, señora, las conclusiones del Consejo; de este modo, estará usted plenamente informada: 
" El Consejo ha expresado la profunda solidaridad de la Unión Europea con el pueblo americano y ha aprobado una declaración de condena de los atentados terroristas en los Estados Unidos. 
El Consejo ha sido informado de las medidas de seguridad decididas por los Estados miembros, a fin de garantizar una máxima cooperación entre éstos. 
El Consejo pide a sus responsables de "Justicia", de "Asuntos Interiores" y de "Transportes" que adopten en breve plazo todas las medidas necesarias para mantener el grado de seguridad más elevado, especialmente con respecto al transporte aéreo, así como toda medida indicada, con el fin de combatir el terrorismo y prevenir los atentados. 
El Consejo de "Justicia- Asuntos Exteriores" de los días 27 y 28 de septiembre o, en su caso, antes de esta fecha, así como la reunión informal de los ministros de Transportes de los días 14 y 15 de septiembre, evaluarán las medidas que ya se hayan decidido y las que deben completarlas. 
El Consejo reafirma su determinación de combatir toda forma de terrorismo con todos los medios que están a su alcance. 
Asimismo, el Consejo ha tomado nota de la declaración de la Comisión y del Presidente del Consejo Ecofin ". 
El Consejo ha pedido a la Presidencia, al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad y a la Comisión que presenten lo antes posible un informe sobre medidas concretas que se pueden recomendar para acelerar la aplicación y el fortalecimiento de los instrumentos operativos de la Política Exterior y de Seguridad Común y en la esfera de la Justicia y los Asuntos de Interior. 
Dichas medidas irán encaminadas a aumentar la capacidad de la Unión Europea para luchar eficazmente, junto con los Estados Unidos y todos nuestros socios, contra el terrorismo internacional. 
(FR) El Consejo tiene la intención, por su parte, de insistir en ello con regularidad para garantizar concretamente la coordinación del conjunto de las acciones de la Unión. 
(Grandes aplausos) 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, nuestro Grupo comparte la indignación y el horror ante los atentados terroristas en Nueva York y Washington. 
Queremos manifestar nuestra solidaridad a las familias de las víctimas norteamericanas de estos estremecedores ataques. 
También queremos expresar nuestra profunda tristeza a las familias de las víctimas europeas y a todos aquellos que han perdido familiares, sea cual fuere su color y continente de origen, porque este ataque diabólico no solamente fue dirigido contra el pueblo estadounidense, sino también contra los europeos y los demás pueblos que conviven en ese mundo cosmopolita que es Nueva York, y hay que recordar que el World Trade Center está a unos pasos de la sede de las Naciones Unidas. 
Se trata de un ataque contra nuestros valores comunes, contra la democracia, contra las bases que fundamentan nuestra civilización. 
Como escribió el llorado Francisco Tomás y Valiente, Presidente del Tribunal Constitucional de España, asesinado por los terroristas, en un artículo casi póstumo: "Cada vez que se mata a una persona, algo se muere dentro de nosotros". 
Hace exactamente una semana que este Parlamento aprobó por unanimidad la Resolución contra el terrorismo. 
Entonces era un problema europeo de algunos Estados. 
Hoy comprobamos que la situación ha cambiado cualitativamente: el terrorismo también se ha globalizado gracias a una mortífera combinación de fanatismo, cobardía y alta tecnología. 
Nuestros archivos de cine están repletos de películas de horror y catástrofe, con monstruos que atacan Nueva York y otras ciudades. 
Lo que sucedió ayer nos recuerda que no hacen falta monstruos: lo somos los humanos cuando enloquecemos. 
Y como pintó Goya, "el sueño de la razón produce monstruos". 
Nosotros, los europeos, tenemos que jugar un papel muy importante en la lucha contra el terrorismo globalizado, en la lucha por los valores comunes, por un mundo más pacífico y justo. 
Queremos luchar codo con codo con los norteamericanos, con nuestros colegas del Congreso de la Unión, y también con el resto de nuestros aliados, en una acción conjunta para superar los conflictos más candentes del planeta con perseverancia y decisión. 
Saludemos que los estadounidenses, encabezados por su Presidente, a pesar de esta cobarde agresión, hayan actuado hasta ahora con cabeza fría, conteniendo la rabia, como pidió ayer Kofi Annan, y con razón. 
Y pedimos a los responsables que no se aparten de este camino, que no respondan al terror con el terror, que actuemos conjuntamente, sobre todo para conseguir algo muy importante, porque ahora es el momento de reforzar nuestra alianza con los Estados Unidos y con todos los pueblos del mundo que comparten nuestro ideal de paz, justicia y libertad. 
(Grandes aplausos) 
Señora Presidenta, Señor Presidente en Ejercicio, señor Presidente de la Comisión, Señorías, éste es un lugar importante en el que celebrar esta importante reunión. 
En este Parlamento somos la tribuna de los pueblos de la Unión Europea y nos hemos reunido hoy aquí para declarar solemnemente nuestra indignación, nuestra condolencia, nuestra solidaridad y nuestros lazos comunes de humanidad y democracia con el pueblo de los Estados Unidos de América y los ciudadanos de Nueva York y Washington, D.C.. 
Ayer presenciamos un acto atroz. 
Es un nuevo y bajo umbral en el transcurrir de los asuntos humanos. 
Presenciamos un acto de guerra- sin declaración de guerra- por parte de personas, movimientos o Estados aún no determinados, pero que actuaron con nefasta y absoluta determinación. 
Debemos procurar que nuestra respuesta sea común y no aislada, compartida y no unilateral, dirigida a nuestro enemigo común, que es el terrorismo, pero no a fuerzas más amplias como el Islam o el mundo árabe en conjunto, en caso de que sea ésa la procedencia de ese monstruo. 
Este moderno apocalipsis ha afectado a América, pero las heridas son compartidas universalmente por la comunidad de naciones democráticas. 
Al pueblo de los Estados Unidos de América, a su Presidente, a sus dirigentes congresistas y cívicos y a sus comunidades en todo el país, en particular los ciudadanos de Nueva York y Washington, a las apesadumbradas familias de los desaparecidos y los muertos y a quienes han sobrevivido a esa dura prueba, expresamos nuestra condolencia en este momento tan duro y devastador. 
Nueva York es un lugar muy especial. 
Es un microcosmos multicultural de todo el mundo. 
Es una puerta entre nuestro viejo continente y el Nuevo Mundo. 
A través de Ellis Island y antes de que el espíritu de la democracia arraigara tan profundamente como ahora lo está en todo nuestro continente, nuestras masas apiñadas, nuestros oprimidos y famélicos de generaciones anteriores fueron a encontrar la libertad, la democracia y la oportunidad. 
No es casualidad que, cuando la República Francesa hizo un regalo al pueblo de los Estados Unidos para celebrar el centenario de esa gran república, lo llamaran la estatua de "la Libertad", tampoco fue casualidad que ésta sostuviera en sus brazos extendidos una antorcha de libertad. 
Cuando alguien toca ese símbolo, nos toca a todos profundamente, porque forma parte de nuestros lazos y patrimonio comunes, humanos, democráticos. 
Recuerdo que, cuando era un colegial, vi por la televisión en mi casa una visita de John Fitzgerald Kennedy a lugares de nuestro dividido continente que yo nunca había visitado. 
Recuerdo su visita al gran símbolo de aquella brutal división, Berlín con su Muro. 
Recuerdo que de niño, aunque nada sabía de política ni de asuntos internacionales, pude entender que, cuando aquel hombre dijo: "Yo soy un berlinés", expresó algo profundo y coherente desde el punto de vista de la solidaridad en aquel momento. 
Hoy, como ha observado el Primer Ministro, todos somos americanos, todos somos neoyorquinos, todos somos washingtonianos. 
Compartimos la sensación de choque y horror. 
Compartimos la perpleja indignación, sentimos la vulnerabilidad, pues ésa es nuestra herencia común del bárbaro atentado de ayer. 
Compartimos valores e intereses democráticos comunes y nos mantenemos unidos y dispuestos a luchar contra el terrorismo y fomentar dichos intereses y valores. 
Es importante que, como europeos, digamos a los dirigentes congresistas hoy: " No estáis solos. No estáis aislados. 
Podemos hacer causa común en este asunto y debemos hacerlo ". 
Pero, más que nada, mantenemos hoy nuestros lazos comunes de humanidad mientras nuestros amigos americanos buscan valerosamente a sus supervivientes y a sus muertos. 
El lenguaje falla con frecuencia en estas ocasiones. 
Mis colegas me han pedido que le solicite, señora Presidenta, además de esta celebración solemne, que prepare un cuaderno de condolencias con el que podamos también transmitir, en algún momento apropiado, al Congreso, nuestro interlocutor en la democracia de los EE..UU., el mensaje de que, pese al espacio que nos divide a uno y otro lado del Atlántico, estamos resueltamente unidos por los lazos de la democracia y la libertad y en la lucha contra el terrorismo. 
El mensaje que les transmitimos hoy, en esa lucha por la democracia y contra el terrorismo, es el de que nuestra única opción es la de mantenernos unidos, pues unidos persistiremos, pero desunidos caeremos. 
(Vivos aplausos) 
Señora Presidenta, señores Presidentes de la Comisión y del Consejo, el mundo parece hoy mucho más sombrío que antes de los atroces acontecimientos del martes. 
Las horrorosas imágenes de los brutales y cobardes actos de terrorismo contra el Centro del Comercio Mundial, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington, permanecerán en nuestras mentes por siempre jamás. 
Ninguna podría justificar nunca semejante acto aterrador de barbarismo a sangre fría. 
En nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, quiero expresar la profunda pesadumbre que sentimos por las víctimas que murieron en esa tragedia y enviar mis más sentidas condolencias a las familias y a todos cuantos han perdido a sus seres queridos. 
Acompañamos con el pensamiento también a las fuerzas de rescate, los bomberos y los policías que arriesgaron y perdieron sus vidas para salvar a otros. 
Lo que el mundo presenció ayer- y no hay otras palabras para expresarlo- fue un crimen contra la Humanidad. 
Tan pronto como se identifique a los terroristas, se debe llevarlos ante un tribunal internacional encargado de juzgar los crímenes contra la Humanidad para que los procese. 
Es el momento de acelerar la creación de un tribunal penal internacional permanente. 
Después de esta tragedia, los Estados Unidos de América deben reconocer también la necesidad de semejante institución. 
Si, por otra parte, los Estados Unidos responden con ataques a posibles países sospechosos, no sólo matarán a más personas inocentes, exactamente como las que murieron trágicamente el martes, sino que, además, fomentarán otros contraataques: no se puede resolver una injusticia con otra injusticia. 
Las devastadoras consecuencias de una espiral de venganza en ninguna parte resultan más visibles hoy que en el Oriente Medio. 
Debemos hacer todo lo posible para velar por que no se repita esa actitud a escala mundial. 
Quisiera expresar nuestra profunda preocupación por la situación en el Oriente Medio y pedir gestiones internacionales para encarrilar de nuevo e intensificar las negociaciones de paz. 
A ese respecto, acogemos con satisfacción el claro compromiso expresado en ese mismo sentido por el Ministro belga de Asuntos Exteriores, Sr. Louis Michel, en la prensa de hoy y como representante de la Presidencia en ejercicio de la Unión Europea. 
Debemos ser severos con el terrorismo, pero debemos serlo también con las causas del terrorismo. 
Necesitamos una respuesta política y a escala mundial a ese desafío sin precedentes para arrancar las raíces reales del terrorismo que brotan de conflictos políticos, sociales y medioambientales: ésa es la concepción subyacente al informe del Sr. Watson, que este Parlamento aprobó la semana pasada. 
Si existe un fanatismo generalizado, que alimenta y apoya esa clase de terrorismo, podemos dar por sentado que algo falla políticamente. 
La Unión Europea está en buenas condiciones para emprender formas de prevención y resolución de conflictos que aborden las causas y no se limiten a tratar los síntomas. 
Ésa es la razón por la que creo que se debe celebrar una Cumbre Unión Europea/Estados Unidos para abordar todos los aspectos de las nuevas amenazas terroristas, incluidas las causas sociales y políticas. 
El martes, se demostró que nuestra sensación de seguridad era ilusoria. 
Resultó evidente que las medidas de tecnología avanzada, como, por ejemplo, un sistema de defensa contra cohetes, estarían impotentes contra ese terrorismo de tecnología menos avanzada. 
No se puede permitir que vuelva a repetirse lo que ha sucedido en Nueva York y Washington. 
Todos los defensores de la democracia deben proteger nuestra preciosa civilización y mantener el civilizado Estado de derecho. 
Señora Presidenta, señor Primer Ministro, señor Presidente, Señorías, nuestros primeros pensamientos que debemos expresar en este momento son sentimientos de pesar para con las víctimas y de solidaridad con el pueblo americano. 
La agresión terrorista de que ha sido víctima no va dirigida únicamente al pueblo americano, va dirigida al corazón de la propia democracia. 
Las democracias son frágiles, y bien sabemos que, cuando se enfrentan a este tipo de acción, les cuesta asumirla con entereza. 
No obstante, sigo convencido, teniendo en cuenta la historia y la experiencia, de la capacidad del pueblo americano para superar esta prueba, y, en este momento, creo que es importante que nuestra Asamblea le manifieste su solidaridad. 
Dicho esto, desearía darle las gracias, señora Presidenta, por haber organizado esta reunión. 
Mi Grupo la había solicitado, al igual que otros. 
Me congratulo de que ésta haya tenido lugar. 
Espero que le siga un debate posterior que nos permita profundizar el examen de los problemas planteados por el terrorismo internacional. 
Puesto que he tenido la responsabilidad de dirigir la acción contra el terrorismo en mi propio país en dos oportunidades, desearía decir que existe una primera idea falsa que hay que descartar: no hay buenos y malos terroristas, sólo hay terroristas. 
(Grandes aplausos) 
Y el terrorismo, en la medida en que trata de imponer por la fuerza y mediante actos violentos llevados a cabo por una minoría su punto de vista a una mayoría, no es más que una manifestación del totalitarismo y del fascismo que hemos combatido y que debemos combatir con determinación. 
Pero la lucha contra el terrorismo supone una movilización permanente. 
Y es probablemente por haber perdido de vista, en cierto modo, esta noción y esta evidencia por lo que hoy nos encontramos enfrentados a la situación trágica que conocemos en los Estados Unidos. 
Pienso que los Estados Unidos han cometido el error de creer que estaban libres de sufrir este tipo de acción. 
Nosotros, desgraciadamente, en Europa, ya lo hemos experimentado: en Alemania, en Italia, en Francia, en España y en muchos otros países. 
Sabemos que el terrorismo es ciego y que puede golpear en cualquier sitio y en cualquier momento. 
También sabemos que para luchar contra el terrorismo hace falta una voluntad política, que es necesario afirmar. 
También es necesaria la cooperación. 
Si cada Estado quiere conservar para sí las informaciones que ha podido obtener, si no existe ningún tipo de cooperación real entre los servicios correspondientes, iremos entonces al encuentro de otras catástrofes. 
Si, por el contrario, en el ámbito de los Estados y de la cooperación internacional existe una toma de conciencia, la voluntad de poner en común todas las informaciones de que se pueda disponer, así como la decisión de crear, de una forma u otra, un foro de cooperación permanente capaz de analizar dichas informaciones y proponer las medidas necesarias, entonces podremos oponernos, con probabilidades de éxito, a este tipo de operación. 
Desearía, por mi parte, asociarme a lo que se ha expresado en esta Asamblea, en primer lugar por nuestro excelente colega Poettering y por otros oradores, la Sra. Hautala, el Sr. Wurtz. 
Lo peor sería que, en este momento, nuestras palabras no fuesen consecuentes y propiciásemos una adhesión entre los terroristas y el mundo musulmán. 
Sería el peor de los errores, la peor estupidez. 
Por esta razón, naturalmente, no podemos contentarnos, unos y otros, con declaraciones poco sustanciales. 
Pero pienso, personalmente, que sería importante para toda nuestra Comunidad que los responsables religiosos musulmanes situados al más alto nivel condenaran estos atentados, para demostrar de ese modo que no existe un punto común, una identificación posible, entre los terroristas partidarios de una fe pervertida y la religión musulmana, por la que todos debemos tener el respeto que se merece. 
(Grandes aplausos) 
Señora Presidenta, me expresaré en nombre de la delegación radical. 
Primero desearía dar las gracias a la Presidencia belga por la iniciativa del viernes. 
Creo que es necesaria sobre todo teniendo en cuenta que, si bien la mayoría de nosotros experimenta una fuerte emoción y una gran compasión por nuestros amigos americanos, otros moderan su emoción y su compasión debido a las hipotéticas represalias de los americanos. 
Pienso que existe para nosotros una razón que hoy no se ha mencionado, una razón más para sentir compasión por nuestros amigos americanos, que consiste en que si hoy ellos han sido atacados y no nosotros, quizá también sea debido a la falta de valor de nuestra política, a sus ambigüedades e hipocresías, hipocresías y ambigüedades en las que no cayeron nuestros amigos americanos. 
Señor Poettering, usted se refiere, con razón, a la necesidad de hacer frente a las causas del terrorismo, y pienso que sería urgente que la Unión Europea revisase su política, su política de estos cincuenta últimos años, una política que ha sido fundamentalmente racista con respecto al mundo árabe y al mundo islámico, una política que no ha hecho sino apoyar a los peores regímenes en estos países, los peores regímenes del Sr. Saddam Hussein, del Sr. Gadafi, del Sr. Hafiz al-Asad ayer, y hoy de su hijo, una política que tanto en el pasado como en el presente ha sido poco solidaria con los demócratas, como la Sra. Ben Sedrin en Túnez, la Sra. Al-Sadaui en Egipto, el Sr. Ibrahimi en Egipto, como tantos otros que luchan por la democracia en su país. Pienso que la prioridad política urgente para la Unión debería ser la instauración de la democracia en estos países, que es la única manera de romper, de destruir, las bases de retaguardia del terrorismo en dichos países. 
El terrorismo no procede de la Luna, sino que nace y se desarrolla en estos países que lo fomentan, que con frecuencia lo financian y que ayer provocaron la mayor tragedia ocurrida desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la mayor tragedia terrorista. 
Pienso- y desearía tranquilizar a la Comisión y al Consejo- que nuestro Parlamento debe operar un cambio. 
En estos últimos meses el Parlamento ha sido literalmente rehén de criptoestalinistas que lo han desviado hacia posiciones unilaterales demasiado propalestinas que, naturalmente, hoy están relacionadas con la tragedia de nuestros amigos americanos. 
Hará falta, finalmente, tener el valor de romper tabúes. 
Tenemos un deber histórico frente a Israel, pero también tenemos un deber con el presente. 
En esta región del mundo, Israel es la única verdadera democracia. 
Debemos romper el tabú. 
Es la única manera de garantizar su seguridad y de garantizar la democracia en dicho país. 
Pero también es la única manera de resolver el conflicto palestino-israelí, de garantizar unas fronteras seguras para los israelíes y, por tanto, seguras para los palestinos. 
Creo asimismo, señor Presidente del Consejo, que es intolerable que se siga insultando a las democracias del mundo, y el Sr. Louis Michel, nuestro Presidente en ejercicio, ha sufrido las consecuencias de ello en Durban. 
Doy las gracias al Sr. Michel por su resistencia y por la lucha encarnizada que ha llevado a cabo en esta Conferencia, pero el comportamiento del régimen sirio en Durban ha sido intolerable. 
Es necesario que nuestras democracias creen, se organicen en una organización mundial de las democracias, para que ese caparazón vacío que es la ONU pueda recobrar su función inicial: resolver los grandes problemas del mundo. 
Señora Presidenta, queridos amigos americanos, nuestra condolencia a las numerosas familias que ahora echan en falta a sus seres queridos. 
Derramamos lágrimas hoy por quienes han perdido a un hijo o a una hija, a una madre, a un padre, o a ambos. 
Rezamos por quienes siguen vivos, pero en peligro. 
Tenemos en el pensamiento al Presidente Bush y a las personas que dirige. 
Abrigamos la esperanza de que, aun con el dolor de estas terribles atrocidades, la reacción del pueblo americano resulte atenuada por la cordura. 
Mientras lloramos, sabemos que no es éste un momento para el odio y la venganza. 
Es un momento de verdad, un momento de reflexión para todos nosotros. 
Sólo tenemos un mundo y somos todos responsables de él y de su población. 
La paz mundial es algo con lo que todos soñamos, pero la amarga experiencia nos ha hecho aprender que no bastó con derribar simplemente el mundo entre el Este y el Oeste. 
Hemos aprendido que no sólo las superpotencias pueden conseguir los métodos y los medios de destrucción en masa. 
Grupos pequeños y sin rostro decididos a provocar la destrucción tienen la capacidad para destruir todo nuestro mundo. 
La respuesta no es sólo unos mejores servicios de inteligencia y una seguridad más perfeccionada. 
La vía para la paz mundial es la de laborar por ella respetando los derechos humanos y el derecho a la libre determinación nacional para todos. 
Debemos luchar contra la tortura, el terrorismo y todos los crímenes contra la Humanidad. 
Debemos tomarnos en serio el desarrollo sostenible. 
Debemos ayudar a los pobres, los oprimidos y los impotentes antes de que se vuelvan terroristas desesperados y suicidas. 
Así como no se puede justificar nunca el terror, así tampoco la opresión, que engendra personas dispuestas a suprimir toda la vida delante de ellas con la apasionada intensidad de su odio. 
Debemos colmar el abismo entre Occidente y el resto del mundo, en lugar de luchar unos contra los otros. 
De ese modo podemos eliminar la raison d ' être del terrorismo. 
Aún es demasiado pronto para prever las enseñanzas que se desprenderán del espantoso acontecimiento del martes, pero no es demasiado pronto para saber que el martes 11 de septiembre de 2001 señaló un momento decisivo en la Historia. 
Nuestro mundo nunca volverá a ser el mismo. 
Tenemos el pensamiento puesto en las víctimas de esos horrendos ataques y en quienes sienten pesadumbre por ellas. 
Ojalá el recuerdo de esos terribles acontecimientos nos recuerde siempre nuestro deber de cuidar más este mundo. 
(Vivos aplausos) 
Señorías, hoy hemos querido celebrar un acto solemne. 
Junto con los Presidentes de Grupo, prevemos la posibilidad, la eventualidad, de organizar un gran debate de fondo a partir de nuestro Pleno de la semana próxima. 
Desearía asimismo expresarles que, naturalmente, acojo muy positivamente la sugerencia que se me ha hecho de colocar un libro de firmas en honor de nuestros colegas del Congreso americano. 
Dicho libro estará disponible, a la salida del hemiciclo, a partir de mañana a las 10.00 horas. 
Desearía dar vivamente las gracias al Sr. Primer Ministro Verhofstadt, dar las gracias al Sr. Ministro Louis Michel, dar las gracias al Sr. Romano Prodi, dar las gracias a todos y anunciarles que se levanta esta sesión extraordinaria. 
(Se levanta la sesión a las 18.10 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el miércoles 12 de septiembre pasado. 
Las Actas de las sesiones del jueves 6 y del miércoles 12 de septiembre han sido distribuidas. 
¿Hay alguna observación sobre estas Actas? 
Señora Presidenta, ya sé que hoy tenemos asuntos más importantes que tratar, pero aun así yo quisiera recordarle que el 6 de septiembre formulé algunas objeciones contra el acta del día anterior y también solicité que el dictamen de la comisión competente para la aplicación del Reglamento sobre el resultado de una votación, que se modificó a posteriori, con el fin de obtener una aclaración general sobre esta cuestión, más allá de ese caso concreto. 
Al mediodía volví a plantear otra objeción y señalé de nuevo el problema. 
Sin embargo, hasta el día de hoy aún no he recibido ninguna respuesta y yo creo que un diputado tiene derecho a que se le responda. 
Yo ahora quisiera preguntarle lo siguiente: primero, ¿coincide conmigo en que un diputado que formula una objeción tiene derecho a recibir una respuesta? 
Segundo, ¿para cuándo puedo esperar dicha respuesta? 
Sí, señor Swoboda, por supuesto. 
Pienso, naturalmente, que un diputado tiene derecho a recibir una respuesta a sus observaciones y le garantizo que este asunto será subsanado. 
Señora Presidenta, mi apreciado colega Swoboda evidentemente tiene derecho a recibir una respuesta adecuada. 
Yo sólo quisiera rogar a sus servicios que dicha respuesta se base en el contenido del debate que mantuvimos al mediodía. 
Para expresarlo con cautela, aquel día yo tuve la impresión de que el Sr. Swoboda intentaba modificar el resultado de la votación mediante una enmienda al acta. 
En consecuencia, yo le ruego que sus servicios basen su respuesta al Sr. Swoboda en el debate que mantuvimos al mediodía y que tengan la amabilidad de remitirme una copia. 
Yo tengo la certeza de que sus servicios comprendieron perfectamente la intención de la Asamblea. 
Señor Jarzembowski, examinaremos el asunto muy detenidamente. 
(Las Actas quedan aprobadas) 
Elogio póstumo 
Señorías, el 4 de abril último recibíamos en el Parlamento Europeo al comandante Masud. 
Hoy acaba de ser cobardemente asesinado por los adversarios que combatía, pocos días antes de los terribles atentados de Nueva York y de Washington. 
Había invitado al comandante Masud porque la inmensa mayoría del pueblo afgano tenía depositadas en él las esperanzas de encontrar un futuro de paz y libertad. 
Él nos había advertido del pacto del régimen talibán con el terrorismo internacional y luchaba con todas sus fuerzas contra los que pervertían el islam, atentando contra los derechos más elementales de la persona. 
El comandante Masud nos había dirigido un enérgico mensaje, pidiéndonos insistentemente que le ayudáramos a lograr la paz. 
Lamento que las cancillerías occidentales no hayan sabido oír este mensaje y ayudar más a este hombre valiente. 
Muchas de sus Señorías se reunieron con él. 
El comandante Masud nos había impresionado por sus cualidades intelectuales y humanas. 
Desearía pedirles que le rindiéramos homenaje, guardando un minuto de silencio. 
(La Asamblea, de pie, guarda un minuto de silencio) 
Comunicación de la Presidenta 
Bienvenida 
Lucha contra el terrorismo 
Saludo la presencia de la Sra. Neyts-Uyttebroeck, ministra de Asuntos Europeos, Presidenta en ejercicio del Consejo. Saludo la presencia del comisario Vitorino. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión en vista de la reunión del Consejo Europeo informal y extraordinario del viernes 21 de septiembre próximo, sobre las medidas que se han de adoptar en materia de lucha contra el terrorismo. 
A continuación concedo la palabra a la Sra. Ministra. 
- (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores diputados, Europa, sus ciudadanos y sus instituciones siguen profundamente impresionados por el ataque terrorista sufrido por los Estados Unidos el martes 11 de septiembre pasado. 
La Presidencia y el Consejo condenaron inmediatamente, en los términos más firmes, a quienes lo ejecutaron, a los organizadores y a los inductores de estos actos de barbarie. 
Los atentados perpetrados contra el pueblo norteamericano atacan directamente los valores que los europeos y norteamericanos comparten, aunque no monopolizan, y en los que están basados los valores de nuestras sociedades: democracia, tolerancia, respeto de los derechos humanos, Estado de Derecho. 
En su sesión urgente del miércoles 12 de septiembre, el Consejo de Ministros de "Asuntos Exteriores" expresó su profunda solidaridad con el pueblo norteamericano. 
Hemos afirmado que no se ahorrarán esfuerzos para identificar, hacer comparecer ante la justicia y castigar a los autores. 
Para ello la Unión deberá aplicar y reforzar diversos instrumentos operativos que entran en el ámbito de la política exterior y de seguridad común y de la justicia y asuntos interiores. 
Puesto que el terrorismo es internacional, exigirá una respuesta global. 
Señora Presidenta, el Consejo de Ministros de Transportes se reunió el 14 de septiembre bajo el impulso dado por el Consejo de Asuntos Generales. 
El Consejo ha realizado un inventario de las medidas urgentes adoptadas por cada Estado miembro para garantizar la seguridad del tráfico aéreo. 
Además, se ha creado un grupo especial integrado por los Estados miembros y la Comisión, encargado de reforzar la cooperación y la coordinación entre los mismos, de manera que las medidas de seguridad, incluidas las medidas legales, se apliquen de forma uniforme y eficaz. 
Se deberá presentar un primer informe sobre esta materia al Consejo de Transportes de 15 de octubre próximo. 
Por último, los Ministros de Transportes han decidido elaborar propuestas comunes relativas a la prevención. Estas propuestas serán defendidas, en nombre de la Unión, en la reunión general de la conferencia de organizaciones de aviación civil del próximo 25 de septiembre. 
El Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior se reunirá el 20 de septiembre. 
En este Consejo se estudiará el mecanismo para el intercambio de información, así como el papel de instituciones como la Europol y Eurojust en ese ámbito. 
El Consejo estudiará las dos propuestas de decisiones marco presentadas por la Comisión. 
La primera propuesta se refiere al derecho penal de los Estados miembros, que ha de ser objeto de una mejor adaptación recíproca a fin de lograr una definición común del término "hecho terrorista" y elaborar medidas penales comunes. 
La segunda propuesta se refiere a la inclusión de una orden de detención europea. 
El Consejo también examinará los métodos utilizados en la investigación de los hechos. 
Se preocupará de buscar un equilibrio entre la protección de los datos personales y las necesidades de las autoridades penales durante la investigación. 
Por último, los Ministros de Justicia y de Asuntos de Interior examinarán algunas medidas a fin de reforzar la cooperación trasatlántica en el ámbito judicial y en el terreno de la policía, la información y la inmigración. 
(FR) Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, la lucha contra el terrorismo exige el uso de múltiples instrumentos para controlar los flujos financieros, la identificación de sospechosos, la seguridad del transporte aéreo, el control del tráfico de armas y muchos otros elementos. 
La Unión Europea está en la mejor posición para responder globalmente a la lucha contra el terrorismo. 
El combate contra el terrorismo internacional constituye, sin embargo, una empresa de larga duración. 
Tal como lo han declarado los jefes de Estado y de gobierno, la Unión tendrá que involucrarse más en la resolución de las tensiones y conflictos regionales para apagar los focos que alimentan el terrorismo internacional. 
La integración de países frágiles y de regiones inestables en un mundo de paz y de derecho fortalecerá eficazmente la lucha contra la plaga terrorista. 
La Unión aumentará su eficacia desarrollando su política exterior y de seguridad común y haciendo operativa lo antes posible su política europea común en materia de seguridad y defensa. 
Deberá utilizar la política europea de seguridad y defensa como un instrumento de prevención y no como un medio para tomar represalias. 
La lucha contra el terrorismo, para ser realmente eficaz, habrá de ir acompañada de un fortalecimiento de nuestras políticas con respecto a los países y regiones del mundo donde parece nacer el terrorismo. 
Debemos fortalecer y profundizar el diálogo político y utilizar el conjunto de los instrumentos que están a nuestro alcance para combatir, vencer y, finalmente, erradicar el terrorismo internacional. 
La Unión, señoras y señores, es una potencia global en transformación. Eso supone para nosotros mayores responsabilidades, que debemos asumir juntos. 
Los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre pasado nos conducirán asimismo a desarrollar nuestras relaciones con los Estados Unidos, más allá de la cooperación que hemos afianzado. 
El diálogo transatlántico nos permitirá intercambiar nuestras informaciones y análisis respectivos sobre la amenaza terrorista en todos sus aspectos. 
El ministro de Asuntos Exteriores belga, el Sr. Louis Michel, viajará esta tarde a Washington para intercambiar con el secretario de Estado Powell puntos de vista relativos a la cooperación transatlántica. El Sr. Louis Michel informará sobre este encuentro al Consejo Europeo extraordinario convocado para el próximo viernes 21 de septiembre. 
La finalidad de la convocatoria de dicho Consejo Europeo extraordinario es hacer el balance del conjunto de los medios políticos, diplomáticos, económicos, jurídicos y financieros de que dispone la Unión para combatir el terrorismo. 
El Consejo permitirá, igualmente, reflexionar sobre el papel diplomático de la Unión en la estabilización de los conflictos regionales. 
Para que sea eficaz, la lucha contra el terrorismo debe apoyarse en los esfuerzos de todos los países que comparten nuestros valores de libertad, tolerancia y democracia. 
Por eso la Presidencia desea asociar a los terceros países a las acciones emprendidas por la Unión. 
Los países candidatos han suscrito, sin excepción, las declaraciones del Consejo de "Asuntos Generales", así como las de los jefes de Estado y de gobierno. 
A los terceros países también se les ha pedido, a través de las embajadas de los países miembros en el extranjero, que confirmaran sus compromisos para luchar sin descanso contra el terrorismo. 
De esta manera, señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, la Unión puede contribuir a la construcción de un mundo de paz y de derecho para todos los pueblos. 
(Aplausos) 
. (FR) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, la Comisión prepara activamente la reunión del Consejo Europeo del próximo viernes, en cuyo marco se inscribe la reunión, mañana, de la troika de la Unión Europea en los Estados Unidos de América. 
Por esta razón mi colega Chris Patten, que deseaba intervenir concretamente sobre las relaciones exteriores en materia de lucha contra el terrorismo, no ha podido asistir a este debate. 
Quiero hacer hincapié, en nombre de la Comisión, en que sostenemos el principio según el cual la Unión debe llevar a cabo un esfuerzo adicional para hablar con una sola voz en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y en que necesitamos a este respecto un temario europeo que reconozca el papel central que ha de asignarse a la Organización de las Naciones Unidas en la lucha contra el terrorismo a escala mundial. 
Por eso saludamos la iniciativa de la Presidencia belga de convocar el viernes próximo un Consejo extraordinario e informal y nos congratulamos de participar en este debate de hoy en el Parlamento Europeo. 
Debemos expresar la solidaridad de toda la Unión con el pueblo norteamericano y las autoridades norteamericanas. 
Pero para que la Unión pueda influir en las orientaciones de la lucha contra el terrorismo, debe hablar con una sola voz. 
El terrorismo no es un fenómeno reciente. 
En cambio, las amenazas son nuevas y los instrumentos que utilizan los terroristas son nuevos y más sofisticados. 
Los trágicos acontecimientos ocurridos en los Estados Unidos de América confirman la actualidad de las dos propuestas que la Comisión ha aprobado hoy, las cuales están íntimamente ligadas, y que responden, además, a una solicitud de este Parlamento aprobada en el Pleno de septiembre en Estrasburgo. 
Deseo precisar que nuestras propuestas no son una respuesta a lo que ha ocurrido en los Estados Unidos de América, sino que obedecen sobre todo al hecho de que en nuestros propios Estados miembros existen problemas de terrorismo que es necesario atender. 
La Comisión trabaja en estas propuestas desde hace más de un año en estrecha vinculación con el Parlamento Europeo, y deseamos subrayar que dichas propuestas son una contribución para que Europa pueda cooperar de una manera más eficiente en su seno en la lucha contra el terrorismo, así como colaborar en la lucha a escala internacional. 
El terrorismo constituye una de las mayores amenazas contra la democracia, el libre ejercicio de los derechos humanos y el libre desarrollo económico y social. 
Hay que hacer hincapié en que en estos últimos años hemos asistido a un aumento de las actividades terroristas tanto en el interior de las fronteras de la Unión como a nivel mundial. 
Este aumento de la actividad terrorista se caracteriza por un cambio profundo en la naturaleza de los delitos terroristas. 
Los efectos reales o potenciales de los ataques armados son cada vez más devastadores y mortíferos. 
La mayor dependencia de nuestra sociedad respecto al desarrollo tecnológico ha cambiado la índole de los actos terroristas. 
El terrorismo está cada vez más organizado en redes internacionales relacionadas con otras formas de delincuencia organizada que actúan en varios países- aprovechando las lagunas jurídicas que resultan de los límites geográficos de la investigación- y que a menudo se benefician de una importante ayuda financiera y logística. 
Por consiguiente, hoy se impone más que nunca adoptar medidas para luchar contra esta plaga. 
El Tratado de la Unión Europea establece expresamente que la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia supone la adopción progresiva de medidas que establezcan normas relativas a los elementos constitutivos de los delitos penales y a las sanciones aplicables en el ámbito del terrorismo. 
El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente una resolución que indica la determinación de los representantes de los ciudadanos europeos de que la lucha contra el terrorismo se lleve a cabo con vigor y eficacia. 
En esta fase, la respuesta de la Comisión está compuesta por dos vertientes: 
Primero, proponemos una definición común de terrorismo y el establecimiento de niveles de penas que reflejen en todos los Estados miembros la gravedad de dichos actos. 
Los terroristas sacan partido de cualquier diferencia de trato jurídico entre Estados, en particular cuando el delito no está contemplado en el Derecho nacional en alguno de estos Estados. 
Ha de reconocerse que la situación es, en efecto, muy diferente de un Estado miembro a otro. 
En la mayoría de nuestros Estados miembros no existen normas específicas en materia de terrorismo y los actos terroristas se castigan como delitos de derecho común. 
Seis Estados miembros, en cambio, disponen de leyes o instrumentos jurídicos específicos sobre el terrorismo en los cuales aparecen explícitamente los términos "terrorismo" o "terrorista". 
La propuesta de la Comisión de decisión marco sobre el terrorismo persigue una armonización en este plano, estableciendo una lista de delitos que van del asesinato a otros tipos de acciones que pueden ser igualmente devastadoras, aun cuando sean más insidiosas, y que se califican de terroristas cuando se cometen intencionalmente por individuos o grupos de individuos contra uno o varios países, sus instituciones o su población, con el fin de amenazarlos y de atacar gravemente las estructuras políticas, económicas o sociales de un país o destruirlas. 
Se establecen para estos actos penas de privación de libertad muy severas que pueden implicar de 2 a 20 años de prisión, según el delito cometido. 
En segundo lugar, la Comisión presenta una propuesta de naturaleza horizontal bastante ambiciosa- lo reconozco, -consistente en el paso de los procedimientos tradicionales de extradición a un sistema basado en una orden de búsqueda y captura europea. 
Dicha propuesta- que, por otra parte, es complementaria a la propuesta sobre el terrorismo, aunque su campo de aplicación sea más amplio- se basa en el principio del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales, que el Consejo Europeo de Tampere decidió convertir en la piedra angular de la cooperación judicial europea. 
La idea básica consiste en que cuando una autoridad judicial de un Estado miembro pide la entrega de una persona, ya sea en virtud de una condena firme o porque dicha persona ha sido objeto de procedimientos penales, su decisión debe ser reconocida y ejecutada en todo el territorio de la Unión, a fin de simplificar, de acelerar al máximo los procedimientos. 
Se establece un plazo de tres meses y se restringe el rechazo de ejecución a un número limitado de casos. 
En particular, debería eliminarse el principio de la doble incriminación. 
Tampoco debería mantenerse la excepción aplicable en beneficio de los nacionales. 
El criterio más pertinente en la Unión no es el de la nacionalidad, sino el de lugar de residencia de la persona. 
Así pues, la propuesta pretende facilitar por todos los medios posibles la ejecución de la pena en los países en que tiene lugar la detención, ya que es en esos países donde existen mayores probabilidades de una buena reintegración social de la persona. 
Señora Presidenta, señoras y señores, como ustedes saben mañana tendré la ocasión de presentar estas propuestas a los ministros en el Consejo extraordinario convocado por la Presidencia belga para discutir la aportación de la Unión a la lucha contra la amenaza terrorista. 
El interés de este encuentro es el de tener la oportunidad de plantear a nivel político cuestiones de principio a los ministros y tratar de resolverlas. 
Eso atañe tanto a nuestras propuestas legislativas como a toda una serie de medidas necesarias para reforzar nuestra acción en el plano operativo y para mejorar y aumentar la eficacia de nuestra colaboración con nuestros socios. 
En el plano operativo, como ustedes saben, la Comisión carece de competencias, pero considera que la Unión debería tomar algunas medidas en el ámbito interno, concretamente para que Europol sea un instrumento operativo en la lucha contra las diversas formas de delincuencia, entre las que se halla el terrorismo. 
Para eso es necesario aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam sobre Europol, que establecen su participación en equipos comunes de investigación y la posibilidad de solicitar a los Estados miembros que abran investigaciones, lo que supone, por otra parte, una revisión importante del contenido del convenio Europol, incluyendo las cuestiones del control judicial y del control democrático. 
Los Estados miembros deben comprometerse firmemente para establecer una cooperación real y efectiva entre sus servicios de información y demostrar, de este modo, que existe una confianza recíproca entre ellos. 
Esto es asimismo necesario para mejorar significativamente las condiciones en las cuales los servicios de policía y de información de los Estados miembros proporcionan a Interpol la información que se requiere para ejecutar dichas tareas, entre las cuales la prevención de los actos terroristas es, en mi opinión, la más importante. 
Además, es imprescindible que la Unión refuerce la cooperación en el plano internacional, debiéndose tomar todas las medidas necesarias en materia de asistencia judicial, de extradición, de cooperación policial y judicial, con la finalidad de mejorar la capacidad para prevenir el terrorismo y para luchar contra el mismo a escala internacional. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, estas son algunas ideas elaboradas por la Comisión, que se proponen al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo. 
En estos momentos difíciles en los que estoy seguro de que los ciudadanos de nuestros Estados miembros miran el futuro con incertidumbre y con un sentimiento de inseguridad, creo que el mejor mensaje político que podemos dirigirles consiste en que esta es una ocasión única para demostrar que existe realmente un valor añadido de la aventura europea, a fin de garantizarles un futuro de libertad, seguridad y justicia. 
Señora Presidenta, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, Señorías, la semana pasada expresamos solemnemente nuestra condolencia a las víctimas americanas, europeas y de todo el mundo producidas por estos ataques; expresamos nuestra solidaridad con los Estados Unidos y ahora, con dolor pero con firmeza, debemos elaborar una respuesta al terrorismo global, a esa mezcla de fanatismo y tecnología avanzada que es una amenaza para nuestra civilización, para la sociedad abierta, democrática y multicultural. 
Creo que a nuestras conciudadanas y conciudadanos tenemos que enviarles un mensaje muy claro: el terrorismo puede herir, puede matar, pero ninguna democracia ha sido derrotada por el terrorismo y ésta es nuestra mayor fuerza. 
Por lo tanto, tenemos que trabajar conjuntamente: el Parlamento hizo el informe Watson, la Comisión ha acelerado sus trabajos y esta semana se ha convocado un Consejo extraordinario. 
Tengo que subrayar que entre el día de ayer y el día hoy el Presidente del Consejo, el Ministro de Asuntos Exteriores belga, el señor Michel, el Alto Representante para la PESC, el señor Solana, y el Vicepresidente de la Comisión, el señor Patten, han participado en debates en el Parlamento en relación con este tema. 
Creo que hay que saludar esta disposición que aumenta la transparencia y la comunicación. 
Para los socialistas, la respuesta que tenemos que dar ha de partir de un dato fundamental: se trata de una respuesta global que se debe fundamentar en la Resolución 1368 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de este año, la cual establece que trabajemos juntos para llevar ante la justicia a los organizadores, patrocinadores y autores de los ataques y a sus cómplices. 
Ésta es la base de la coalición mundial que estamos construyendo con los Estados Unidos, con los países candidatos, con Rusia y con todos aquellos Estados del mundo que defienden los valores universales que compartimos. 
Añadiría un punto más: es conveniente acelerar la ratificación del Tribunal Penal Internacional para tener un instrumento de justicia global precisamente en este campo. 
Tenemos que trabajar también con firmeza y perseverancia enmarcando nuestra acción en una política multidimensional, que se relacione con lo que estamos haciendo en las Naciones Unidas. 
Esto explica la decisión de la OTAN con la activación del artículo 5. 
Tenemos que decir que no hay ninguna causa de pobreza, ni de injusticia, ni de conflicto que justifique la barbarie. 
No hay ningún conflicto entre el Oeste y el Este, ni entre el Islam y la Cristiandad, ni entre la tradición y la modernidad que explique por qué matando inocentes se puede avanzar en el mundo. 
Creo que el Parlamento Europeo, los que nos sentamos aquí de diferentes pueblos, creencias, ideologías y religiones somos la expresión de cómo los europeos hemos encontrado una respuesta al fanatismo y a la intolerancia. 
¿Qué se puede hacer para elaborar nuestra política? 
Aquí se han hecho una serie de aportaciones, la Comisión ha adelantado algunas medidas, hay otras que también la Comisión y el Consejo podrían activar más rápidamente, por ejemplo acelerar la implementación de las conclusiones de la Cumbre de Tampere y la aplicación del Tratado de Amsterdam, por ejemplo acelerar la ratificación de los convenios internacionales contra el terrorismo- y esto también es competencia de los Estados miembros- y en especial el convenio para la supresión de la financiación del terrorismo. 
No vaya a ser, como parece que está ocurriendo, que estemos ayudando a que se financien las organizaciones terroristas a través de la especulación bursátil. 
También debe haber una creciente cooperación entre los servicios de inteligencia y un fortalecimiento de Europol. 
Por último, señora Presidenta- y esto hay que subrayarlo -, a partir de la información que ha dado el señor Solana esta mañana, tenemos que activar y proseguir nuestra política de encontrar una ventana, una oportunidad de paz en Oriente Medio sobre la base del informe Mitchell. 
No hay que considerar que las medidas de confianza son una recompensa, sino que tales medidas deben ser parte integral de este proceso. 
Y tenemos que hacerlo conjuntamente con los Estados Unidos. 
El mensaje que tenemos que enviarles es que no se amparen en escudos ilusorios, que compartan con nosotros esta responsabilidad de lograr un mundo en paz, en justicia, en libertad y con seguridad. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, mi convicción y la de mi Grupo es que, desde el día siguiente a los atentados terroristas en Nueva York y en Washington, nunca había sido tan patente la necesidad de que la Unión Europea dé muestras de su identidad y de su utilidad en la gobernanza del mundo. 
El próximo período, quizás los próximos días, le brindarán, sin duda, la ocasión de ilustrar su voluntad y su capacidad para aceptar, en particular, tres retos que han sido lanzados en estas dramáticas circunstancias. 
El primero de estos retos será, en mi opinión, el hecho de asociarse a los Estados Unidos, pero no el de seguirles. 
"Aliados, pero no alineados", dijo un colega en el debate de ayer en la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Eso no significa, naturalmente, olvidar la necesaria y legítima solidaridad- en particular, en la lucha común para buscar, juzgar, castigar, a los culpables de esta barbarie y, en general, para desmantelar las redes terroristas -, sino que significa, en cambio, atreverse a anunciar claramente a nuestros interlocutores norteamericanos lo que estamos dispuestos a aportar y lo que no podemos en modo alguno avalar. 
Ayer y también esta mañana el Sr. Solana ha hecho hincapié, con razón, en que nuestra lucha contra el terrorismo no debe ser entendida por los pueblos del mundo árabe-musulmán como una guerra contra su civilización ni tampoco como una cruzada, para recoger una de las terribles expresiones utilizadas por el Presidente Bush en este sentido. 
El Alto Representante para la PESC ayer ya había recomendado, dentro del mismo espíritu, "ser prudentes, no humillar a nadie, evitar las confusiones, no crear divisiones que constituirían un error considerable". 
Mi Grupo desea que el mismo se traduzca por un rechazo categórico de la Unión de dejarse arrastrar por una lógica de guerra, por un engranaje que añadiría más sangre y aumentaría el número de víctimas inocentes. 
El segundo reto que debemos aceptar está directamente asociado a lo que acabo de recordar. 
No sólo hay que evitar dicha fractura, sino que también hay que revisitar y resucitar la relación euromediterránea. 
En mi opinión, el momento no se presta para hablar con nuestros socios del sur y del este del Mediterráneo de zonas de libre cambio, sino más bien de desarrollo, de diálogo político, de acercamiento de las sociedades, de dignidad humana. 
Y entre los compromisos concretos que deben suscribirse para ilustrar esta opción estratégica figura, en primer lugar, la acción determinada para resolver con justicia el conflicto de Oriente Medio. 
Aprecio los esfuerzos desplegados en la región por el Sr. Solana y todos los representantes de la Unión Europea. 
Estos esfuerzos están produciendo sus primeros efectos, pero todos conocemos la extrema fragilidad de los mismos. 
Es, pues, momento para influir con todo nuestro peso, no en contra, sino en asociación con los Estados Unidos y otros actores, sobre todo de la región. 
El tercer desafío es el de trabajar en un nuevo planteamiento de la seguridad internacional. 
¿La tragedia del 11 de septiembre no es acaso un terrible ejemplo del fracaso de la manera en que el mundo ha sido gestionado desde la caída del Muro de Berlín? 
¡Cuántos conflictos sin resolver! 
¡Cuántas poderosas fuerzas ocultas están actuando! 
¡Cuántas fuentes de desestabilización! 
La respuesta a estos males profundos no está en la prolongación del unilateralismo, sino en una verdadera cooperación mundial respetuosa del espíritu de la Carta de las Naciones Unidas. 
La respuesta no está en el "todo militar" o el "todo seguridad", sino en una política ambiciosa y multiforme de prevención de las crisis. 
Por todas partes, en África, en el Mediterráneo, en América Latina, al este de nuestro continente y hasta en los propios Estados Unidos, las sociedades, y a veces los propios Estados, manifiestan expectativas respecto a una revisión de la gobernanza mundial. 
Este llamamiento está dirigido, por el momento, sobre todo a Europa. 
Es una ocasión que no hay que desaprovechar. 
Los próximos días pueden ser, desde este punto de vista, la hora de la verdad. 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, creo que ya hemos tenido la ocasión de discutir sobre el fondo del problema, y aún tendremos otras ocasiones de hacerlo. 
Por lo tanto, mi intervención en este debate no se situará en el plano de la filosofía general de la acción que ha de emprenderse. 
Desearía simplemente recordar algunos puntos que, en este momento, considero que no están del todo presentes en la mente de algunos de nuestros responsables. 
Primero, debemos tomar conciencia de que el problema al que nos enfrentamos es el de identificar a nuestro adversario. 
No nos hagamos ilusiones: existe un islamismo fundamentalista que está decidido a seguir atentando contra las democracias occidentales. 
Deben ustedes saber asimismo que en cada uno de nuestros países existen organizaciones terroristas más o menos latentes que mañana pueden pasar a la acción. 
En ese sentido, querría añadir lo siguiente a las observaciones y reflexiones extremadamente interesantes que ha efectuado el Sr. Comisario: desearía que la Unión Europea dejara de subvencionar a los Estados que dan cobijo o ayudan a los terroristas. 
Creo que se trataría de una medida práctica que podríamos tomar nosotros mismos y en poco tiempo. 
En segundo lugar, es evidente que no podemos pensar en emprender una acción digna de ese nombre si al mismo tiempo no existe una cooperación política sincera entre los Estados, y en primer lugar con respecto a los Estados miembros de la Unión. 
He conocido los tiempos, no lejanos- y no estoy seguro de que hayan desaparecido- en que lo importante era que cada uno velara por sus propios intereses y en los que se aceptaba la presencia en su suelo de ciertas organizaciones mientras no llevaran a cabo determinadas acciones o las llevaran a cabo en el país vecino. 
Creo, pues, que debe existir una verdadera solidaridad y que ésta debe ser expresada con claridad. 
En tercer lugar, creo que hay que darse cuenta de que para que la acción contra el terrorismo sea válida debe situarse en la fuente. 
De ahí la necesidad de reforzar la acción de los servicios de información. 
He oído lo que se decía hace un momento sobre la necesidad de que Europol sea eficaz. 
Soy totalmente favorable al refuerzo de la eficacia de Europol, pero no es de esta forma como ustedes podrán luchar de inmediato contra el terrorismo. 
Se requiere una cooperación real e inmediata entre los servicios de información y seguridad, un verdadero intercambio de información, y que los Estados, aunque a algunos no les guste- por el momento son los Estados los que tienen la responsabilidad de la seguridad, en el marco de su cooperación -, estén en condiciones de tomar las disposiciones necesarias. 
No voy a extenderme más. 
Esto es lo que deseaba manifestar hoy, y hago hincapié en lo siguiente: he oído un debate filosófico. 
¿El ataque contra los Estados Unidos es un acto de guerra o un acto de terrorismo? 
Teniendo en cuenta las proporciones de dicho ataque, creo que se trata, en mi opinión, de un acto de guerra. 
Y si no somos conscientes de que sólo se trata de un primer ataque que puede ir acompañado de otros, entonces pagaremos muy caro nuestra ceguera. 
Señora Presidenta, Señorías, los dramáticos acontecimientos del 11 de septiembre no sólo acusan a una organización criminal que expresa su aversión a Occidente por medio de atentados espectaculares, sino que también revelan una inmensa frustración frente a la política norteamericana llevada a cabo en Oriente Medio desde, al menos, 1991. 
El aporreamiento sin pena ni gloria del Iraq, con fines estratégicos mediocres, ya había hecho perder a los Estados Unidos parte de su prestigio. 
En particular, el alineamiento sistemático de los Estados Unidos en favor de la política expansionista del Estado de Israel- alineamiento que los norteamericanos habían tratado de compensar mediante un apoyo más o menos oficial a las organizaciones musulmanas extremistas- ha generado un sentimiento de injusticia en los países árabes. 
En efecto, lo que se condena es, por una parte, la política de colonización aplicada desde la guerra de los Seis Días y, por otra, la presencia injustificada de tropas norteamericanas en la región. 
O bien el Estado de Israel pone fin a su política racista y desocupa las colonias que ha instalado en la costa oeste del Jordán, o bien el mundo árabe, respondiendo a un legítimo llamamiento, se levantará y desestabilizará a los dirigentes de la península Arábica. 
Además, ¿por qué ha de darse tanta importancia a ese Estado de Israel, cuya exagerada capacidad militar sólo existe por voluntad de los Estados Unidos? 
Ni Francia ni Europa pueden participar en una nueva cruzada contra el mundo árabe, ya sea desde el punto de vista militar, en forma de extradiciones o de órdenes de búsqueda y captura europeas. 
Francia no es miembro de la OTAN. 
A la OTAN no le atañe el Afganistán. 
Los intereses estratégicos de Francia, por el contrario, están indudablemente junto al mundo árabe en su combate contra el racismo de la política del Estado de Israel. 
Señor Presidente, lo que ha sucedido en Nueva York y Washington es terrible. 
Compartimos el dolor y nos compadecemos de los Estados Unidos. 
Tan sólo ahora nos damos bien cuenta de qué ha ocurrido exactamente. 
Es nuestro deber hacia las víctimas y sus familiares. 
De ahí que quiera felicitar al Comisario Vitorino por la rapidez con que se presentan ahora las propuestas. 
Esta lucha no es una lucha contra el Islam o contra los partidarios del Islam. 
Es una lucha contra los que quieren alcanzar sus objetivos mediante el terror, sean cuales sean las pretendidas justificaciones que aleguen para ello. 
Tenemos que pedir explícitamente a todos los Estados y Gobiernos que respalden incondicionalmente esta política. 
Esta lucha se basa en la defensa de la inviolabilidad de la vida humana en tanto valor más profundo de nuestra democracia. 
Señor Presidente, espero que podamos seguir esta línea de forma unánime. 
Señora Presidenta, Señorías, si deseamos contribuir efectivamente- como pretendemos- a la aplicación de una política global de lucha contra la internacional terrorista, la manera más eficaz de hacerlo sería, sin duda, lanzando un llamamiento formal al Consejo para que examine desde ahora todos los textos relativos, en particular, a la circulación de las personas, desde la óptica de la seguridad y no tanto desde la óptica de la eliminación sistemática de los controles. 
Pero este cambio de orientación hoy no sólo debe referirse a las futuras disposiciones, sino traducirse asimismo por una revisión sistemática de los textos que ya han sido aprobados, a la luz de la exigencia prioritaria de velar por la seguridad y la protección de nuestras poblaciones. 
El Consejo debe emprender rápidamente dicha revisión, a fin de reformar y, si es necesario, eliminar todas las disposiciones susceptibles de ser utilizadas, a causa de su laxismo, por las redes terroristas para implantarse o desarrollarse en nuestros países, ya se trate concretamente de tránsito comunitario, de controles en las fronteras, de reagrupamiento familiar o de aplicación del estatuto de refugiado. 
No podemos a la vez cerrar los ojos frente a la entrada en nuestros territorios de poblaciones que viven al margen del derecho y luego lamentarnos de ver prosperar redes terroristas en ese suelo que nosotros mismos hemos constituido. 
Mañana tendremos la ocasión de demostrar que nuestros actos son coherentes con nuestras declaraciones, ya que han sido inscritos en el orden del día dos informes, cuyos defensores van en contra de la exigencia de seguridad y de lucha antiterrorista que pretendemos favorecer. 
No es posible que mañana votemos a favor del informe Watson, que es un informe que carece de exposición de motivos y que amplía en todas las direcciones las disposiciones relativas a la aplicación del derecho de asilo, hasta tal punto que desnaturaliza completamente este derecho esencial y priva de manera irresponsable a las autoridades de los Estados miembros de su posibilidad de control. 
Saludo, por otra parte, el valor del ponente inicial, nuestro colega Schmitt, que se ha negado a que se asociara su nombre a tal orientación. 
Además, ¿es realmente oportuno aprobar el informe Coelho, que en su apartado 2 solicita al Reino Unido y a Irlanda que supriman lo antes posible todos sus controles en las fronteras? 
¿Esta exigencia no resulta algo desfasada? 
Señorías, tenemos la posibilidad de ser responsables y eficaces, lanzando, por ejemplo, este llamamiento al Consejo para que revise el conjunto de nuestra legislación por el rasero de la exigencia de seguridad. 
De lo contrario, mañana podemos volvernos completamente esquizofrénicos. 
Señor Presidente, como se ha señalado anteriormente, los ciudadanos europeos hemos asistido atónitos y en directo a un crimen contra la Humanidad, como ha dicho el presidente de mi Grupo, al intento de acabar con nuestra libertad y con nuestra democracia. 
En primer lugar, hay que compartir el dolor del pueblo norteamericano. 
Si se me permite, los españoles comprendemos bien el sufrimiento de las víctimas. 
Pero inmediatamente después hay que reaccionar con determinación para defender nuestra libertad y hacer justicia a las víctimas, demostrando a los terroristas y a sus cómplices que han fracasado en sus objetivos. 
Como en otras épocas de nuestra Historia, el reafirmar hoy los valores democráticos es clave para desterrar la vía totalitaria a que nos conduce el terrorismo. 
El Parlamento Europeo ha mostrado un compromiso inequívoco con la lucha contra el terrorismo, y el informe Watson es un claro ejemplo de ello. 
Pero, particularmente ahora, hemos de seguir prestando nuestro impulso político, nuestro aliento, a las iniciativas concretas que nos presenta la Comisión Europea. 
El Presidente de mi Grupo ha presentado unas iniciativas presupuestarias para reforzar el papel de Europol. 
Ojalá que la Comisión de Libertades Públicas- y hago una apelación a su presidente- prevea, por su parte, una agenda para estar en condiciones de someter al Pleno una propuesta este mismo año, que permita que las Presidencias belga y española terminen el trabajo en los próximos meses. 
Las instituciones europeas tienen la inaplazable responsabilidad de acelerar los trámites para poner a disposición de la justicia instrumentos comunitarios que hagan más eficaz su labor contra el terrorismo y el crimen organizado. 
La Comisión Europea, en particular el Comisario Vitorino, ha de ser consciente de que cuenta con el apoyo del Parlamento para asegurar la cooperación y la acción concertada en la persecución de los criminales, porque ése es el camino para derrotar al terror. 
Señor Presidente, efectivamente, como se ha mencionado, el día 5 este Parlamento aprobó el informe Watson, con una serie de medidas que resultaban mínimas e imprescindibles para hacer frente a la cuestión del terrorismo. 
Como se ha mencionado aquí, una definición del terrorismo común para todos los Estados miembros, una orden de búsqueda y captura- como se la ha venido llamando- en el ámbito europeo y la eliminación de la extradición nos parecían cuestiones mínimas cuando las pedía el día 5 el Parlamento. 
Pero en ese mismo informe el Parlamento enviaba también más de un mensaje político a las otras instituciones comunitarias: pedía que se considerara que algunos actos- leo textualmente- "son preparados y perpetrados por grupos organizados a escala internacional" y señalaba que había Estados detrás de estas actuaciones y que se debía hacer frente a ello. 
El día 5 de septiembre, señor Presidente, este Parlamento tomaba la delantera para pedir a las demás instituciones una actitud firme ante estas cuestiones. 
Teníamos ya el compromiso de que reaccionaría positivamente el Comisario Sr. Vitorino. 
El día 11, señor Presidente, muy pocos después, nos dábamos cuenta de que llegábamos tarde, dramáticamente tarde, y que el problema estallaba, no en la Unión Europea, sino en los Estados Unidos, de una forma todavía más espectacular- que no dramática, porque dramática siempre lo es -, que la que hemos conocido aquí. 
El Sr. Watson, modestamente, nos dice que lo que él pedía en su informe es útil sólo en el marco de la Unión Europea. 
Yo creo que no es así. 
Yo creo que, si nosotros tomamos esta serie de medidas, podemos avanzar en una actuación interna que sea, como decía el Sr. Poettering, una muestra de solidaridad hacia los Estados Unidos. 
Si nosotros, efectivamente, con las prisas que nos impone la realidad- y ya estábamos con prisas- avanzamos de una forma rápida en dar ese ejemplo de cómo en el ámbito supranacional se puede reaccionar de una forma operativa en la lucha contra el terrorismo, daremos el mejor signo de solidaridad a los Estados Unidos, daremos la mejor de las imágenes, la mejor de las opciones para trabajar en este ámbito supranacional, como nos pedían hace poco en Palermo las Naciones Unidas, contra el crimen organizado. 
Espero que para las demás medidas, como la lucha contra el blanqueo de dinero y tantas otras que están en la mesa del Consejo, no esperemos a tener que actuar con prisas, no esperemos acontecimientos dramáticos para ponerlas en marcha. 
Creo que son todas ellas imprescindibles para defender el mundo y, ante todo, la libertad. 
Señor Presidente, cuando la delegación del Parlamento estuvo en Washington la semana pasada y nos quedamos allí algunos días más de los realmente previstos, no sólo yo tuve un gran sentimiento de un interés común, también nuestros colegas americanos. 
He podido constatar entre los americanos y, sobre todo, en su Gobierno, que hay más control del que aquí, en general, se supone, y del que podemos deducir de algunas de las, a veces, desafortunadas palabras pronunciadas por su presidente. 
Algunos de nuestros colegas americanos nos dijeron claramente entonces que el tiempo de las palabras había pasado. 
Creo que tienen razón. 
Eso no se aplica solamente a la relación entre ellos y nosotros, sino también a lo que vamos a hacer aquí, en este Parlamento. 
Si nos referimos a la penalización de los terroristas, realmente llegamos demasiado tarde. 
Espero que, de vez en cuando, podamos discutir algo en cuanto a la prevención. 
Eso significa, por tanto, colaboración entre las policías, entre los jueces de instrucción, entre los servicios de información. 
Espero, señor Comisario, que sus propuestas estén sobre la mesa cuanto antes, y así será sin duda alguna. 
Entonces veremos quién está en esta Casa en contra o a favor de una mayor colaboración, quién realmente quiere avanzar y quién no. 
Espero, señora Presidenta del Consejo, que también se sepa en sus reuniones secretas quién está en contra y a favor, quién quiere avanzar y quién no, de manera que podamos sacar nuestras conclusiones y, por tanto, podamos evaluar y juzgar, ya que todavía estamos impresionados, ahora todavía nos hace daño, al igual que a nuestros amigos americanos. 
No obstante, ¿quién hablará de este debate dentro de uno o dos años? 
Espero que entonces estaremos todavía más lúcidos y que aún recordaremos todo lo que se ha dicho hoy aquí. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, lo primero que queremos y deberíamos expresar es nuestra solidaridad hacia las víctimas de estos terribles atentados. 
No obstante, es positivo que el Consejo y la Comisión se hayan puesto a trabajar con decisión para también formular propuestas. 
Al fin y al cabo, se ha llegado a una globalización del terrorismo. 
Podemos convertir nuestro mundo vulnerable en un mundo más seguro. 
Ése es el desafío. 
Eso requiere, sin embargo, una cooperación multilateral de cara a una lucha global contra el terrorismo. 
Eso es también lo positivo que intento sacar de la puesta en marcha del artículo 5 del Tratado de la OTAN: que se vea como una muestra de solidaridad. 
No es un cheque en blanco para cualquier acción militar que ocasione nuevas víctimas inocentes y despierte nuevos resentimientos y frustraciones, sino una invitación a la consulta y al diálogo transoceánico, aunque ya amenaza con no ser siempre comprendida así. 
Debemos ser conscientes de que nuestra población está intranquila, que muchas personas temen que nos metamos sin más en la maquinaria de guerra. 
Debemos ser conscientes de que tenemos que explicar cuáles son nuestras intenciones. 
Debemos convertir este mundo vulnerable en un mundo más seguro mediante soluciones políticas para los conflictos pendientes y eternos, tales como el de Oriente Medio. 
Debemos dar esperanzas a grandes zonas del mundo que viven en la desesperanza. 
Sin un orden mundial justo, la estabilidad y la paz continúan siendo un sueño lejano y siempre constituirán un caldo de cultivo para el terrorismo. 
Nos satisface la voluntad unánime que se manifiesta estos días y de la que hablan también aquí el Consejo y la Comisión. 
Esperamos que esto no quede en palabras, ya que, en el pasado, cuando llegaba el momento de que Europa facilitara los medios para alcanzar los objetivos que se mencionan, algunos Estados miembros seguían poniendo nuevos obstáculos en la práctica ¿Cuánto tiempo ha transcurrido sin que se establezca una cooperación para lograr que la Europol se convierta en un instrumento eficaz? 
Ya se habló de ello en Amsterdam. 
El Sr. Vitorino se ha referido a la entrega de terroristas en tanto piedra angular de la lucha contra el terrorismo. 
No obstante, veremos si todos juntos llegamos a un resultado. 
La Presidenta del Consejo ha mencionado diversos instrumentos encaminados a la prevención del terrorismo. 
Sin embargo, ¿no vamos a lograr controlar nunca el flujo de los capitales que alimentan mundialmente el terrorismo? 
¿No vamos a querer o poder controlar nunca realmente el comercio de armas? 
¿O mañana daremos prioridad a argumentos económicos frente a los argumentos de la seguridad y la prevención del terrorismo? 
El terrorismo existe, el fanatismo existe, la injusticia existe. 
Hay muchas armas que no han usado todavía los terroristas, pero de las que disponen en una sociedad tecnológica. 
Señor Presidente, " no existe causa, ni siquiera una causa justa, que pueda convertir la matanza de civiles inocentes en un acto legítimo. 
El terror no prepara el camino hacia la justicia, sino el camino más corto hacia el infierno. 
Condenamos y deploramos este crimen horrendo, condenamos a quien lo ha planificado y perpetrado con toda nuestra fuerza posible. 
Nuestra participación en el dolor por las víctimas, en el dolor de sus familias y de todo el pueblo norteamericano en estos difíciles momentos no es más que la expresión de nuestro profundo compromiso con la unicidad del destino humano ". 
No son palabras mías, sino palabras de intelectuales, políticos y ministros palestinos como Yaser Abed Rabbo, Hanan Ashrawi, Mahmoud Darwish. 
Son palabras fuertes que dan esperanza porque parten de personas que viven y sufren bajo la ocupación militar israelí. 
Estos son momentos en que todos- personas, Estados, instituciones- debemos asumir la máxima responsabilidad y determinación posibles para eliminar el terrorismo de la historia y, junto con él, la globalización de la pobreza, de la injusticia y de las guerras. 
"Las palabras deben sustituir a las armas" decía Javier Solana. 
Por esto, no deben evocar, incitar al odio o a la cultura de los vaqueros, "o vivos o muertos": como dicen las mujeres contra la guerra, entre matar y morir hay una tercera vía, que es vivir. 
La educación para la paz y el respeto al Derecho no debe excluir a nadie y menos todavía a los jefes de Estado. 
Hoy desde Palestina e Israel, con el anuncio de la tregua, se aprecia un atisbo de futuro, débil, sí, pero es indispensable aferrarse a él. 
La Unión Europea ha contribuido a hacer posible la reanudación del diálogo. 
Este papel político debe crecer y, si se acrecienta, se acrecienta en la firmeza de la defensa del Derecho. 
Del mismo modo que se dijo a Arafat que debe ser firme a la hora de controlar el terrorismo, también es preciso decir claramente a Sharon que no puede seguir confiscando impunemente las tierras palestinas, construyendo asentamientos, matando a los palestinos y manteniéndolos segregados en las aldeas o, como hizo en la mañana de ayer, destruyendo el puerto de Gaza que se está construyendo gracias a la financiación de los Estados de la Unión Europea. 
Hacen falta medidas concretas: dar a los palestinos confianza para un Estado en la seguridad y dar a Israel la certeza de que nadie atenta contra su existencia, esto es, que lo que está en tela de juicio es su política colonial y de expansión y no su existencia. 
Ayer en Líbano, junto con la delegación italiana, me entrevisté con el Presidente Lahoud. 
Éste expresó claramente su rechazo al terrorismo, pero reiteró con fuerza lo indispensable que es la solución a la cuestión palestina y el desarrollo de la cooperación política y económica con Europa y el mundo árabe. 
Debemos creer en nosotros mismos y ser portadores de paz, portadores de Derecho. 
Señor Presidente, la lucha contra el terrorismo exige que cada uno comprenda que la democracia no puede vivir sin reglas y sin castigar a quien viola las leyes y destruye la libertad y la seguridad. 
En abril, el comandante Masud vino al Parlamento Europeo en busca de ayuda contra el fundamentalismo de los talibán. 
Le sonreímos con simpatía, como sonreímos mostrando nuestra solidaridad con las víctimas del fundamentalismo argelino y de los demás países donde han sido eliminados ciudadanos, políticos, periodistas: pensamos en España misma. 
Hoy, Masud está muerto, eliminado por terroristas suicidas, pocas horas antes de que otros terroristas perpetrasen la absurda matanza, la horrible matanza, la abominable matanza en los Estados Unidos. 
Es evidente que el terrorismo y el integrismo habían establecido una precisa secuencia al eliminar como primer acto el más autorizado referente de la lucha antitalibán. 
Si queremos combatir y vencer para siempre el terrorismo, sus centrales, su poderío económico, su mensaje de odio contra la democracia y la libertad, hoy debemos prestar toda nuestra ayuda a la Alianza del Norte afgana: lo que le negamos a Masud vivo, se lo debemos a Masud muerto; se lo debemos a los hombres y a las mujeres que luchan en aras de la libertad; lo debemos dar a todos aquellos que en el mundo luchan contra el terrorismo y contra el integrismo. 
Asimismo pedimos que la Unión Europea vuelva a meditar sobre la necesidad de organizar lo mejor posible sus fronteras, incluso suspendiendo provisionalmente Schengen y que, en todo caso, como decía el Presidente Pasqua, se eliminen las ayudas a aquellos países que cobijan, financian y protegen a las organizaciones terroristas y criminales; que se controle el uso de Internet estableciendo por fin reglas porque sabemos que el terrorismo se ayuda y actúa a escala internacional también gracias a la falta de normas sobre la utilización de este instrumento; que se cierren las sedes de esas organizaciones que profesan la lucha religiosa, predican la violencia y toleran que sus miembros practiquen el terrorismo. 
Por último, señor Presidente, pedimos que tengamos el valor de una Conferencia Euromediterránea para intercambiar opiniones si queremos trabajar por la paz, para trabajar juntos y para combatir contra quien aún sigue queriendo sembrar odio y violencia. 
Señor Presidente, la preocupación de que la respuesta a los grandes atentados no se configure como una cruzada contra el Islam se puede compartir, pero con algunas precisiones. 
Conviene recordar entretanto que una de las organizaciones vinculadas a Bin Laden se llama "Frente Islámico contra los cruzados y los judíos". 
Quisiera recordar asimismo que los flujos financieros de miles de millones de dólares que llegan anualmente a las organizaciones caritativas o asistenciales musulmanas, se destinan en parte al terrorismo fundamentalista. 
Y hay más, los beneficios de bancos, sociedades financieras y coránicas, hoy por fin controladas e identificadas también en el mercado internacional, domiciliadas en paraísos fiscales, contribuyen a apoyar la Internacional del terrorismo islámico. 
Aquí en Europa hay centros islámicos, mezquitas, donde durante años y aún hoy en día los fundamentalistas vinculados al terrorismo han encontrado hospitalidad, cobijo e incluso, hay pruebas de ello, la facilitación de pasaportes falsos. 
Estas complicidades existen y no creo que ninguna palabra genérica de toma de distanciamiento de Bin Laden pueda tranquilizarnos en cuanto a la conversión a la paz, a los derechos humanos de estos sectores de la galaxia de la Internacional islámica presente en Europa. 
Comparto el llamamiento al realismo hecho esta mañana en la Conferencia de Presidentes por la Sra. Garaud en aras de una seria política internacional... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, existe un proverbio chino que dice que "cuando el sabio señala la luna, el idiota mira el dedo". La Unión Europea haría bien en meditar este proverbio porque en realidad es difícil ver qué relación guardan las discusiones de hoy con la violación inaudita de la integridad norteamericana ocurrida el 11 de septiembre pasado. 
¿A Norteamérica la ha salvado el hecho de tener una policía o un sistema de información federal? 
Ciertamente, tenía uno. 
El más poderoso del mundo, que, evidentemente, no ha permitido ni prever ni impedir los acontecimientos del martes 11 de septiembre, y no se entiende muy bien qué lugar ocupa Europol en este asunto, como no sea el refuerzo de esa Unión Europea que, una vez más, demuestra que lo único que le preocupa es su propio poder, que se desentiende totalmente del fondo de los problemas y que sólo le interesa recobrar su poder. 
Si tuviéramos que reflexionar, nosotros que pretendemos representar a todos los pueblos europeos, tendríamos que hacerlo más bien sobre nuestra abdicación y nuestra responsabilidad por haber dejado sólo en manos de los Estados Unidos el debate con el resto del mundo, cuando nuestras naciones tenían más de mil años de tradición diplomática, histórica, militar... 
(La Presidenta interrumpe al orador) 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera hacer hincapié en nuestro sincero pésame por las víctimas del atentado de la semana pasada. 
En estos momentos, antes de que se produzca una intervención militar, ya estamos asistiendo a una gran tragedia humanitaria que afecta a muchos miles de personas inocentes en Afganistán. 
Los Estados Unidos ya han anunciado que levantarán las restricciones a que están sujetas las agencias de inteligencia y les darán vía libre para que contraten a delincuentes. 
En palabras del Vicepresidente Cheney, para poder penetrar en estas organizaciones terroristas es necesario tener en nómina a personajes poco ortodoxos. 
Cuando el Presidente Bush declaró la guerra- y lo cierto es que, en este caso, la lucha subyacente es de ricos contra pobres- dijo que había que ganar la guerra con las herramientas de la acción. 
Las herramientas que deberían utilizarse son aquéllas de la justicia, es decir, no suspendiendo el Estado de derecho ni suprimiendo las libertades, sino que, por el contrario, éstos deben mantenerse. 
Señor Presidente, señora Ministra, señor Comisario Vitorino, Señorías de la Asamblea, si libramos la guerra equivocada, perderemos. 
Señor Presidente, nunca olvidaremos los atentados contra los Estados Unidos, que condenamos completamente. 
Compartimos el dolor de las víctimas civiles y de sus familias y compartimos los valores de nuestro gran aliado- la democracia y la libertad de las personas. 
El terrorismo crea un estado de ánimo. 
Provoca la indignación y la reacción, por ello debemos mantenernos unidos, debemos mostrarnos decididos y debemos estar vigilantes. 
No obstante, además de nuestra reacción política conjunta, debemos adaptar la posición diplomática de la Unión Europea. 
En el contexto del actual procedimiento presupuestario, debemos hacer una nueva evaluación del vasto programa de ayuda de la UE, en particular, en el caso de Estados que pudieran estar involucrados de algún modo en dicho terrorismo. 
La UE se percibe como pro árabe. 
Lamento que así sea. 
Deberíamos estar a favor de la democracia. 
Se ha declarado la guerra y debemos apoyar de manera inequívoca a nuestros aliados estadounidenses. 
Mi partido y mi Grupo se han comprometido a prestar todo nuestro apoyo, en particular al Gobierno británico, a sus socios en la Unión Europea y a nuestros aliados de la OTAN. 
La magnitud y la naturaleza del atentado que presenciamos en los Estados Unidos la semana pasada nos alerta de las cosas que podría traer el nuevo milenio, por lo que debemos ser pragmáticos a la hora de estudiar las medidas que deberemos adoptar juntos. 
Deberíamos aprender todo lo posible unos de otros sobre cómo abordar la seguridad de nuestra población y cuál es el mejor medio para reducir las tensiones que conducen a la violencia política y al terrorismo. 
Nuestros electores deberían, en la medida de lo posible, poder continuar con sus vidas, pero nosotros, como políticos, no podemos descansar mientras el terrorismo siga vivo. 
Señor Presidente, la semana pasada viajé a Washington encabezando la delegación del Parlamento Europeo responsable de nuestras relaciones con el Congreso de los Estados Unidos. Iniciamos nuestra reunión previa con la Comisión a las 9.00 horas del martes 11 de septiembre, justo después de que el primer avión se estrellara contra una de las torres y poco antes de que otro lo hiciera contra la segunda. 
No es necesario decir que nuestra reunión no duró mucho tiempo y, al igual que muchos en los Estados Unidos, no tardamos en permanecer sentados ante los televisores, indignados y en silencio. 
Ése fue el estado de ánimo en los Estados Unidos el martes. 
El miércoles, la gente estaba muy enfadada y asustada, comprensiblemente, al igual que lo estábamos nosotros. 
Más tarde siguieron muchas deliberaciones y una respuesta mucho más meditada. 
Los numerosos mensajes procedentes de la Unión Europea y también del Parlamento Europeo, que se sumaron a los numerosos mensajes personales de apoyo y solidaridad, obtuvieron mucho reconocimiento. 
Pudimos desempeñar parte de los deberes de nuestra delegación, nos reunimos con miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso con los que mantuvimos algunas conversaciones de gran utilidad, aunque muy tristes. 
La pregunta que nos dirigieron fue la siguiente: ¿Cómo nos ayudará Europa? 
¿Nos apoyará Europa? 
Eso fue lo más difícil. 
Habría sido prematuro e inadecuado que una delegación parcial ofreciera respuestas. 
Naturalmente, no sabíamos cómo debíamos responder. 
Hice una declaración al Congreso, en nombre de la delegación, que fue recogida en las Actas del Congreso y espero, con el permiso del Parlamento, que también sea recogida en las Actas de nuestro Parlamento. 
Esta declaración hacía hincapié, naturalmente, en la compasión natural que queríamos manifestar, así como en el hecho de que los Estados Unidos de América debían abordar este problema conjuntamente con la Unión Europea y muchos otros países. 
Cada vez es más evidente que la respuesta debe ser comedida y proporcional, y que debemos prever y planificar las consecuencias para todos nosotros. 
Existe la necesidad inequívoca de adoptar iniciativas diplomáticas y políticas importantes para mantener la cooperación con los países más próximos ante cualquier posible objetivo o acción militar y con aquellos que están más expuestos a sufrir las consecuencias. 
Es posible que se avecinen tiempos terribles, pero es fundamental que además de la compasión tengamos el valor de estudiar con mucho cuidado las alternativas. 
Quisiera expresar mi agradecimiento a las numerosas personas, incluida la Presidenta, que han manifestado aquí su preocupación por nuestra seguridad y bienestar y, en particular, a los diputados compañeros, incluidos el Sr. Belder, la Sra. Peijs, mis dos vicepresidentes, al resto de los miembros, al personal del Parlamento, a los intérpretes del Consejo y de la Comisión y, en particular, al personal de la Oficina de la Comisión en Washington. 
Todos ellos fueron infinitamente amables en la que fue una semana muy difícil. 
Señor Presidente, los atentados de América me hacen pensar en el atentado cometido contra el Archiduque Francisco Fernando de Austria en junio de 1914 en Sarajevo. 
Entonces, un terrorista salió de la nada y se lanzó contra el Imperio austro-húngaro, una potencia que se consideraba invulnerable, y le alcanzó el corazón. 
Ese asesinato dio lugar una reacción exagerada por parte del Imperio austro-húngaro, que condujo a la Primera Guerra Mundial. 
Es muy importante luchar contra el terrorismo internacional. 
Así mismo, resulta muy importante hacerlo con fuerza y, lo subrayo, con un control muy meditado. 
La propia Unión Europea también debe ponerse a trabajar. 
Gracias, Comisario, usted no es el problema y tampoco lo es este Parlamento. 
Me dirijo a mi antigua colega, la Ministra de la Presidencia belga. 
Tampere se celebró hace dos años. 
Presidencia belga, elimine el derecho de veto del tercer pilar, si no, seguiremos dando palos de ciego y no podremos abordar bien el terrorismo. 
Señor Presidente, la semana pasada participé en la delegación que visitó Washington. 
Allí pude comprobar y compartir la consternación, la ira y la desesperación que han causado los ataques. 
Comparto asimismo los sentimientos de los que buscan a los desaparecidos. 
Señor Presidente, después de escuchar el debate en esta Asamblea he decidido apartarme del texto de la intervención que había preparado. 
Quisiera decir que durante este debate algo diferente ha ido creciendo en mí. 
Me preocupa profundamente lo que ha ocurrido y las reacciones a que ha dado origen en EE.UU. y en Europa. 
Estoy convencido de que simultáneamente con nuestros sentimientos de terror hay millones de personas en el mundo que están celebrando estos actos terroristas. 
Creo que lo han hecho muchos pobres en Asia, en África y en otros lugares. 
Hemos leído que jóvenes palestinos celebraron estos actos violentos. 
No creo que hayan estado solos, ya que hay millones de personas en todo el mundo que han reaccionado de esta manera. 
Esto me llena de horror y miedo, ya que significa que estamos en un mundo en el que hay millones de terroristas en potencia y de violentos de esta categoría. 
Cabe preguntarse si estamos ante una especie de declaración de guerra social. 
¿Están relacionados estos hechos con los levantamientos coloniales? 
Recuerdo que en mi juventud tuvo lugar la rebelión de los Mau mau, considerada como una rebelión terrorista. 
Todos recordamos la guerra de Vietnam. 
¿Existe una guerra de carácter social, o el aviso de una guerra de estas características, tras los sucesos de estos últimos días? 
En ese caso carecen de sentido tanto los bombardeos masivos en Oriente Medio como los enormes y absurdos controles policiales. 
Lo único que podríamos entonces sería impulsar una enorme política de reformas y de redistribución, una política que elimine la desesperación y la ansiedad en el mundo, circunstancias que dan origen al terrorismo. 
En caso contrario, jamás podremos sentirnos seguros, a pesar de las bombas y de todos los servicios de inteligencia imaginables en el mundo. 
Señor Presidente, Señorías, los Estados Unidos de América y el mundo libre fueron sorprendidos por una ola de atentados absolutamente bárbara que afectó a varios millares de vidas de hombres, mujeres y niños originarios de más de 60 países, asesinados en terribles circunstancias de horror y brutalidad. 
Una vez más, nuestras primeras palabras han de ser, por tanto, a semejanza de tantas otras, de solidaridad y pesar y hemos de inclinarnos con todo corazón ante tantas vidas segadas y el sufrimiento de sus familiares. 
Semejantes atentados superaron absolutamente los límites de lo imaginable y confirman los temores de que el fanatismo de los grupos terroristas no cede ni vacila ante consideración alguna de compasión y hace temer lo peor en el futuro, si no se hace lo suficiente para combatirlo o erradicarlo. 
Lejos de nosotros el deseo de un nuevo cisma entre Occidente y Oriente. 
Distinguimos perfectamente a quienes profesan libre y pacíficamente su fe islámica de quienes, de modo absolutamente intolerable, buscan en la apropiación de un concepto medieval de guerra santa la inspiración para agredir internacionalmente a ciudadanos, pueblos y Estados que desean vivir en paz. 
Por eso, es necesario responder con firmeza a los responsables de esos actos hediondos, verdaderos actos de guerra al mundo libre, tanto los que los prepararon directamente como todos los que los amparan, protegen, financian o inspiran. 
En ese marco, la Unión Europea tiene enormes responsabilidades como comunidad depositaria de los valores universales de la vida, la libertad, la paz y la seguridad. 
Además del fomento de las relaciones de confianza, cooperación y diálogo cultural con todos los pueblos y ciudadanos de la religión islámica que comparten esos valores universales con vistas a lograr incluso su participación en un compromiso activo contra el terrorismo y la amenaza que representa, la Unión Europea y sus Estados miembros deben establecer, entre sí y en el plano internacional, formas nuevas y más eficaces de cooperación en la esfera de recogida y tratamiento de informaciones en la esfera policial, de la compatibilización de los sistemas judiciales y legales y, por último, en el plano de la seguridad y la defensa comunes, que ayuden a prevenir y permitan el castigo severo de todos los que inspiran esa nueva forma de amenaza mundial o son sus agentes. 
Queremos manifestar aquí nuestra esperanza de que el debate de hoy y las conclusiones del Consejo Europeo del próximo viernes constituyan un paso decisivo en una lucha larga y difícil contra el terrorismo internacional, que en la actualidad, mientras subsista la amenaza, no se puede dejar de considerar nuestra primera prioridad en el plano de la seguridad europea, atlántica y mundial. 
Señor Presidente, Señorías, he escuchado muchos buenos propósitos y también algún lugar común. 
Sin embargo, debo decir que no se lucha contra los terroristas si los bancos europeos aceptan sus depósitos para aumentar su peso financiero, ni se lucha contra el terrorismo si, según los intereses geopolíticos, se venden armas a los distintos países que, de vez en vez, aceptan el papel de gregarios de las distintas potencias. 
Señor Presidente, creo que no se puede hablar de paz si todos los días se pronuncia la palabra "guerra". 
El mundo entero está preocupado por las declaraciones, fuertes- entiendo el estado de ánimo y la situación política- del Presidente norteamericano, al cual reconocemos las razones de Estado y al cual manifestamos nuestra profunda solidaridad política y humana. 
Sin embargo, esperamos que la palabra "guerra" se dirija contra grupos bien identificados de un mundo, el árabe, que no merece ser criminalizado en su conjunto por los actos criminales de una criminal y pequeña minoría de delincuentes, convertidos en apátridas por una lúcida, insulsa y bárbara locura. 
Señor Presidente, en nombre de mi partido, permítame presentar mi más sinceras condolencias a la población de los Estados Unidos. 
Debido a nuestras relaciones tan especiales y a los cientos de británicos que siguen desaparecidos, nosotros también compartimos su desesperado sentimiento de pérdida. 
Mi primera observación debe ir dirigida al Primer Ministro de mi país, que naturalmente ha tenido un papel decisivo en la puesta en libertad de más de 400 terroristas declarados culpables. 
Debemos luchar contra el terrorismo en todas sus formas y debemos decir 'no' a cualquier nuevo apaciguamiento. 
También quisiera instar al Consejo y a la Comisión a que no aprovechen esta oportunidad para ampliar el proyecto de integración europea. 
Los pueblos de Europa no perdonarán a los políticos que anteponen sus intereses personales a la seguridad de la población. 
Por muy oscuro e incierto que sea el futuro, debemos apoyar con firmeza a los Estados Unidos como hiciera ese noble país en nuestra hora más oscura. 
Nuestro compromiso con la derrota del terrorismo no debe ser menor que el de ellos. 
Señor Presidente, el atentado terrorista en los Estados Unidos nos afecta lamentablemente a todos y no sólo porque entre los muertos también hay seguramente cientos de europeos. 
Sólo los austríacos cuyo paradero se desconoce hasta el momento ya suman treinta. 
Los europeos deberían ofrecer su solidaridad y cooperación incondicionales para dar respuesta a este ataque terrorista y los socios europeos deberían abstenerse de imponer condiciones en este contexto. 
España, como Estado miembro de la UE, ha emitido una señal indudable en este sentido, al igual que Francia; ambos países enviaron muy pronto emisarios políticos a los Estados Unidos. 
Yo quiero exhortar a los partidos políticos austríacos a que abandonen decididamente su llamada neutralidad, pues ante la disyuntiva entre terroristas culpables y víctimas inocentes no hay neutralidad posible. 
La cooperación con los países árabes o con una mayoría de población musulmana que mantienen una posición moderados será tan importante como el funcionamiento de las relaciones entre los países democráticos en el contexto de esta colaboración internacional. 
Una solidaridad internacional eficaz va a ser el fundamento más importante para el éxito de un contraataque en esta ocasión. 
Y yo quisiera invitar a quienes ahora nos ofrecen sabias palabras de contención militar y fantasías pacifistas a que visiten la escuela de Nueva York, a la que también asisten mis hijos, y hablen con los niños que han perdido a su padre o a su madre o incluso a ambos en este atentado. 
Señor Presidente, Señorías, a las palabras de solidaridad debe seguir ahora de la solidaridad de la acción. 
Los partidos alemanes de la Unión se sienten obligados a apoyar, en cualquier caso, a los americanos también en la defensa común frente al terrorismo. 
Los americanos contribuyeron de manera decisiva a la reconstrucción de nuestro país y a la recuperación de nuestra unidad. 
Por lo tanto, a nuestra vez también debemos compartir con ellos la carga común de la lucha contra el terrorismo. 
Las propuestas del Comisario Vitorino representan un primer paso adecuado en ese sentido. 
Pero no se trata de un programa inmediato. 
Dichas medidas entrarán en vigor en 2002, como muy pronto. 
Aun siendo acertadas, ¡podemos y debemos hacer algo más! 
Por ejemplo, podemos mejorar la dotación de Europol con respecto a la actual. 
Europol necesita establecer de inmediatamente un acuerdo con los Estados Unidos, en el marco de la legislación actual, sobre el intercambio de datos para los fines de la lucha contra el terrorismo. 
Esto no ha sido posible hasta ahora debido a que hemos erigido en medida universal nuestras normas en materia de protección de datos. 
Con el resultado de que la protección de los datos ha beneficiado más a los terroristas que a sus víctimas. 
Tenemos que dotar de inmediato a Europol de capacidades operativas. 
Tenemos que proceder ya a la posible creación de los equipos de acción conjunta. 
Europol debe estar presente dondequiera que se realicen investigaciones contra los terroristas y debe facilitar el intercambio directo de datos entre los encargados de la investigación y quienes trabajan en la central de Europol- Estas posibilidades ya existen y debemos hacer uso de ellas. 
Esto es posible en el marco de la legislación actual y para ello no tenemos que esperar a que se transponga ninguna directiva. 
Señor Presidente, señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, no existe ninguna excusa para un acto terrorista. 
El terrorismo es ante todo un desprecio a la vida, un desprecio a la vida de ciudadanos inocentes, a veces un desprecio a su propia vida. 
Si bien todos los pueblos deben poner obstáculos al terrorismo, no basta con detener y juzgar a los ejecutores y organizadores de actos terroristas. 
Es necesario sobre todo sanear el terreno en el que el terrorismo crece: la pobreza, el subdesarrollo, la ignorancia, constituyen tierra fértil para todos los integrismos. 
Resulta paradójico que cualquier acontecimiento imprevisible puede ser luego fácilmente explicado, pero no basta con explicar lo que ocurre en el mundo, hay que cambiarlo. 
La economía mundial va mal. 
Tras el ataque contra los Estados Unidos, ésta puede empeorar sobre todo en caso de acción militar prolongada. 
Con el fin de poder ayudar a los demás, Europa debe resolver sus propios problemas económicos. 
Debemos felicitarnos de que el precio del dinero haya bajado, y el BCE habría podido preparar mejor los mercados, lo cual nos hubiera ahorrado la destrucción de riquezas en bolsa. 
Si no hay un crecimiento equilibrado a largo plazo, sin un saneamiento de los déficits públicos, ese choque exterior, imprevisto e imprevisible debe obligar a Europa a dejar que actúen los estabilizadores automáticos para todos los países de la Unión. 
No se trata de laxismo, sino de sentido común económico. 
Nuestros amigos norteamericanos nos han demostrado tener sentido común económico, ya que acaban de decidir un paquete de ayuda sustancial para su aviación civil. 
¿Europa se quejará ahora a la OMC contra esta distorsión de competencia? 
¿O va también a definir una política de apoyo a los sectores económicos debilitados por el ataque salvaje? 
Felizmente tenemos el euro. 
Sin la moneda común los mercados monetarios se verían gravemente perturbados, empujando al alza ciertas monedas como el marco alemán y a la baja otras monedas supuestamente más débiles, lo que podría provocar un estallido del mercado interior. 
Pero no sólo se trata de Europa; también los países pobres pueden sufrir aún más las consecuencias de cualquier vuelco de la coyuntura y de una recesión que siempre es posible. 
Para nosotros la prioridad debería ser la integración real de todos los países en el comercio mundial. 
La globalización, a veces criticada, sólo afecta, de hecho, a un número muy limitado de países. 
Las cuatro quintas partes de los intercambios mundiales se realizan entre una treintena de países. 
No habrá desarrollo sin comercio. Y toda economía, para poder exportar, debe generar un crecimiento endógeno, creando una mayor justicia en el país. 
Para permitir este desarrollo endógeno de los países pobres, es necesario resolver lo antes posible el problema de la deuda del Tercer Mundo. 
Sólo erradicando la pobreza y la ignorancia venceremos definitivamente el terrorismo. 
Señor Presidente, Señorías, el terrorismo internacional muestra su voluntad de una verdadera escalada en sus acciones, así como en la crueldad de las técnicas aplicadas, como por desgracia se ha visto, en los horribles atentados en Estados Unidos, mientras se ciernen otras graves amenazas como las armas químicas o las armas nucleares. 
Son indispensables reacciones de defensa y de respuesta coherentes y comunes en el ámbito europeo y, con las declaraciones del Consejo y de la Comisión, vamos en la dirección correcta. 
Sin embargo, sigue existiendo un problema crucial en el orden internacional o, si ustedes lo prefieren, en el Derecho internacional: el papel de instituciones como la Unión Europea o incluso las Naciones Unidas respecto de los Estados que toleran o son cómplices del terrorismo. 
Con respecto a esto, no pueden haber rebajas o medidas inadecuadas, como con frecuencia ha venido ocurriendo hasta la fecha. 
De todos modos, ya nada es como antes y, sin duda, la Cumbre extraordinaria del viernes será capaz de abordar también este tema. 
Señor Presidente, señor Comisario, Europa y el Parlamento Europeo están al lado de los Estados Unidos en este momento negro de la historia de la humanidad, ciertamente el más negro desde el final de la II Guerra Mundial. 
Estamos al lado de los Estados Unidos también porque entre las víctimas hay decenas y decenas de europeos, muchos italianos. 
El ataque del 11 de septiembre no solo fue contra los símbolos de la libertad económica y de la seguridad colectiva de Occidente, sino también contra todos nosotros. 
Europa deberá erigirse en protagonista en la nueva etapa política que se ha abierto tras los últimos trágicos acontecimientos. 
Nuestras Instituciones, empezando por el Parlamento, no deberán desempeñar un papel de segundo plano en las próximas semanas, en los próximos meses. 
Junto con todos los países del mundo, la Unión estará llamada a estar en primera línea y las decisiones que tendremos que tomar habrán de centrarse en algunas grandes cuestiones, en primer lugar la identificación de los culpables. 
Ésta es indispensable para llegar a la reacción contra el terrorismo que los Estados Unidos, junto con los aliados que lo considerarán oportuno, deberán oponer, aunque tendrá que estar orientada a castigar a los responsables de las matanzas de Nueva York y Washington. 
Señor Comisario, para ganar esta guerra contra el terrorismo hace falta una decidida renovación de los servicios secretos. 
Por esto, junto con la potenciación de Europol, que compartimos, parece cada vez más necesario crear una suerte de inteligencia supranacional. 
Se trata de un tema que se debatió en la Cumbre entre el primer ministro italiano y el premier inglés: un proyecto cuyo objetivo es crear una organización que pueda descubrir y contribuir a golpear los tentáculos de la mafia del terrorismo. 
La estrategia y la movilización internacionales deberán implicar necesariamente a todos los países árabes. 
Debemos dejar claro a todos que la confrontación que estamos viviendo en este momento no es entre Occidente y el Islam: es entre todo el mundo y la locura terrorista. 
Por esto, consideramos muy importante el anuncio de Rusia y de China, así como positivas las posiciones de Yasser Arafat y ciertas decisiones del Gobierno israelí que contribuyen a dar unos pasos esperanzadores para la paz en Próximo Oriente. 
En definitiva, una respuesta militar y de la inteligencia debe ir acompañada por una fuerte iniciativa política de la Unión en las zonas de conflicto más calientes: una acción destinada a apagar los focos de desesperación y de intolerancia. 
La sospecha de especulaciones financieras realizadas por los terroristas en las Bolsas de todo el mundo y la crisis de muchas compañías aéreas, destinada a provocar el recorte de muchos puestos de trabajo, exigen a la comunidad internacional una serie de intervenciones para proteger la economía. 
Señor Presidente, Europa con todas sus Instituciones está llamada a una gran prueba. Sin embargo, todos estamos convencidos de que al final, gracias a una extraordinaria concentración de las conciencias, prevalecerán los valores de la libertad, de la democracia y de la tolerancia, en los que hoy todos nos reconocemos, y que el Parlamento Europeo, una institución que representa a los pueblos de Europa, desde el viernes sabrá ciertamente cumplir con su parte. 
Señor Presidente, no hay ninguna duda de que toda la Unión Europea se une a la población de los Estados Unidos en la condena rotunda y absoluta de aquellos que han llevado a cabo estas terribles atrocidades en los Estados Unidos y a nuestro más sentido pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos en estas terribles atrocidades. 
La Unión Europea y todas las sociedades democráticas del mundo deberían unirse a los Estados Unidos en el intento de llevar ante la justicia a los responsables de estas atrocidades y, al hacerlo, asegurarse de que apuntan a las organizaciones terroristas y a sus miembros, y no a las comunidades en las que éstos viven, con el peligro de causar sufrimiento a personas inocentes. 
Generalmente, el terrorismo existe en ámbitos de resolución de conflictos en los que, lamentablemente, muchos de los involucrados creen en lo que hacen. 
La Unión Europea puede desempeñar un papel muy importante en la búsqueda de soluciones para la resolución de conflictos en las diferentes partes del mundo enviando a las zonas de conflicto no a un ejército, sino una filosofía de paz, basada en principios firmes. 
A menudo nos olvidamos de que la Unión Europea es el mejor ejemplo de la historia mundial de resolución de conflictos. 
¿Quién habría podido pronosticar hace 60 años la situación en la que hoy nos encontramos todos? 
¿Quién habría vaticinado todo esto en 1941, cuando la II Guerra Mundial causaba estragos y millones de personas eran masacradas. 
Si nuestros padres y abuelos hubieran dicho "no os preocupéis, vuestros nietos compartirán escaños en el Parlamento de una Europa unida", nadie les habría creído. 
Pero así ha sido y el cómo y el porqué ha ocurrido esto tienen una importancia decisiva. 
Por este motivo, la Unión Europea, en vez de tener un ejército, debería crear en el seno de la Comisión un departamento de paz y reconciliación con un Comisario responsable de la Paz y la Reconciliación que difundiera esta filosofía. 
En primer lugar, en todas las zonas en que existen conflictos, la población está dividida. 
La violencia nada puede hacer para intentar superar las divisiones. 
El diálogo es el primer paso. 
En segundo lugar, está el principio del respeto de la diferencia, porque todo conflicto es causa de una diferencia, ya sea de religión, nacionalidad o raza. 
En tercer lugar, es necesario crear instituciones que respeten esas diferencias, y el cuarto elemento es trabajar unidos por el bien común. 
Ésos son los principios fundamentales de la Unión Europea que han hecho posible dejar atrás los peores conflictos de la historia mundial y son los principios que deberían ser la clave para la resolución de conflictos en cualquier situación de conflicto. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Unión Europea es sin lugar a dudas más vulnerable que los Estados Unidos por ahora y seguirá siéndolo mientras no se optimice la cooperación entre los Estados miembros contra el terrorismo, tanto en el ámbito judicial como en el operativo. 
Es cierto que contamos con Europol, una institución dotada también de competencias contra el terrorismo, pero Europol nada puede hacer si todos los Estados miembros no cumplen el Convenio y le proporcionan puntualmente la información completa para que pueda realizar los análisis necesarios y prestar posteriormente apoyo a los Estados miembros. 
Europol no puede actuar si no dispone de personal suficiente y actualmente sólo doce colaboradores de Europol se dedican a tareas de investigación contra el terrorismo en Europa. 
Europol tampoco puede actuar si no dispone de la tecnología necesaria. 
Por esto es imprescindible y urgente la adopción de un paquete de medidas al respecto. 
Por todos estos motivos, yo desearía que se recuerde a los Estados miembros su obligación de cumplir el Convenio Europol, en particular su artículo 4, así como que se introduzca un mecanismo que les obligue a comunicar la información. 
En segundo lugar, deberíamos poner a disposición un presupuesto lo suficientemente amplio para que permita crear una central de análisis con un número adecuado de analistas dedicados a tareas de investigación contra el terrorismo. 
En tercer lugar, deberíamos crear equipos conjuntos de investigación contra el terrorismo, en el marco de la colaboración entre los analistas de Europol y los representantes de los Estados miembros. 
Nosotros acogemos con satisfacción la agilización de la iniciativa del Comisario Vitorino, con sus dos decisiones marco, como un fundamento jurídico urgentemente necesario para combatir con eficacia el terrorismo. 
Europa se enfrenta con un reto de primer orden. 
Europa tiene la responsabilidad de adoptar una actitud más decidida que nunca contra el terrorismo y de actuar. 
¡El momento actual así lo exige! 
Señor Presidente, Señorías, los atentados del 11 de septiembre contra el WTC y el Pentágono constituyen un ataque al corazón de nuestra democracia. 
El nuevo terrorismo tiene como objetivo primordial infundir miedo, trastocar nuestro mundo y, al mismo tiempo, aprovecharse de la impotencia de otros a través de un esquema simple de blanco y negro. 
Considero que esto es, en el núcleo, un ataque contra nuestro mundo, el mundo entero, y contra nuestro orden jurídico internacional, al que, precisamente, quiero defender. 
El terrorismo se globaliza y utiliza también, por tanto, una tecnología global y moderna, y las estructuras criminales internacionales. 
De ahí que también merezca una respuesta mundial. 
Pienso en una colaboración más intensa entre nuestros servicios secretos y la infiltración en las redes terroristas. 
En tanto estados independientes, no nos podemos permitir por más tiempo trabajar de forma nada constructiva. 
Debemos emprender, precisamente, una acción conjunta y debemos ir más allá de lo usualmente pensado con esta nueva coalición de acción. 
Así mismo, los consorcios financieros internacionales y las empresas multinacionales deben colaborar activamente. 
Al fin y al cabo, los beneficios procedentes de las drogas, de extraer petróleo en las zonas en conflicto y del comercio de diamantes ensangrentados constituyen formas de financiar las acciones ilegales, los conflictos, la guerra, y están estrechamente ligadas, a su vez, a estas redes terroristas. 
Debemos detener la financiación o la participación en el comercio de materias primas cuando ello provoque conflictos y suponga un caldo de cultivo para el terrorismo. 
De esta manera, podemos dañar de forma extraordinariamente efectiva la financiación de las redes terroristas. 
Así mismo, hay que efectuar un esfuerzo continuo en esta nueva guerra en el ámbito del intercambio de información económica y criminal, también si algunos servicios públicos se vuelven más caros o lentos en aras de la seguridad. 
Nuestro deseo de vivir en una democracia abierta y permisiva para todos nos hace vulnerables. 
No obstante, nuestra fuerza también reside en la sociedad. 
Eso es válido independientemente de la raza, las creencias o la nacionalidad. 
Resulta evidente todo esfuerzo de un terrorista por dividir el mundo entre el suyo y el nuestro para, así, enfrentar mutuamente a grupos y religiones. 
Los terroristas no se alimentan de creencias o ideales. Su hambre es el poder. 
Sus armas son el miedo y la destrucción. 
No quieren paz en el País Vasco, Liberia u Oriente Medio, solamente buscan víctimas civiles. 
Estamos, por ello, al lado de América y de todos los que quieren respaldar pacíficamente este orden jurídico internacional. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, la respuesta a la acción terrorista se está preparando con mucho cuidado- creo yo -, tal como estamos viendo. 
Los Estados Unidos están afrontando la situación con calma e intentan resolver el problema desde una perspectiva multilateral, también en colaboración con la OTAN. 
Esto indica que todo se hará con prudencia. 
Yo creo que por esta razón también debemos dejar claro que por nuestra parte no tenemos motivos para eludir nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, sino sólo para la gratitud, no sólo con el fin de garantizar el futuro de las relaciones transatlánticas, sino porque así lo exige nuestro interés más intrínseco. 
Este terrorismo que ha adquirido dimensiones bélicas y ha causado una destrucción como hasta ahora sólo se había visto como resultado de una guerra, este terrorismo tiene la capacidad de atacar del mismo modo hoy a Bruselas, mañana a Londres y pasado mañana a Madrid. 
Los combatientes ya se encuentran entre nosotros y, en consecuencia, nadie puede eludir ya la situación. 
Yo creo que nadie debe buscar excusas para justificar que no puede colaborar cuando llegue el momento de pasar efectivamente a la acción, concretamente a unas acciones que habrá que concretar a partir de una nueva definición de la política de seguridad: acciones militares acompañadas del recurso a todos los instrumentos de la política exterior- para evitar que también se constituyen alianzas a favor de la parte contraria, por ejemplo- y combinadas con las medidas de seguridad interior que ya han comentado el Sr. Vitorino y muchos miembros de nuestra Asamblea. 
En relación con este último punto, debe quedar claro que ha de ser posible adoptar medidas transfronterizas contra el terrorismo transfronterizo y que la mejor legislación nacional y la mejor policía nacional nada pueden lograr sin una cooperación en este ámbito. 
Finalmente, yo quisiera añadir una última observación: no existe ningún motivo que justifique el terrorismo; sin embargo, aun así debemos procurar eliminar las causas de las que se nutre el apoyo al terrorismo. 
¡Debemos contribuir, por lo tanto, a eliminar el caldo de cultivo del terrorismo en Oriente Medio y en muchas otras regiones! 
Señor Presidente, los ataques terroristas del 11 de septiembre han dado gran actualidad a nuestro debate sobre la necesidad de una acción común en la lucha contra el terrorismo. 
Aún estamos sobrecogidos por las tremendas imágenes, por la tremenda realidad, por las consecuencias gravísimas que ya han tenido y por las que adivinamos y nos tememos que tendrán. 
Pero más allá de la incidencia en la economía o en las relaciones políticas mundiales, hay miles de personas que han muerto, miles de personas que han perdido a sus padres, a sus hijos, a sus maridos, a sus amigos, a sus seres queridos. 
A esas personas que sufren, a las víctimas, quiero dedicarles mis primeras palabras: ellos, las víctimas, han de estar presentes en nuestras deliberaciones y en nuestras decisiones de futuro. 
Porque a todos ellos nos debemos. 
Precisamente, para que se haga justicia y para evitar que, por acción o por omisión, haya más víctimas inocentes, habremos de actuar. 
Sabemos que algo hay que hacer, que hay que dar una respuesta, una respuesta justa, democrática, proporcionada, pero una respuesta, porque los terroristas no pueden sentir que tienen impunidad ni tenerla y porque tenemos la obligación de asegurar a los ciudadanos que el Estado de derecho tiene los instrumentos necesarios para defender su vida, su libertad y su seguridad. 
No quiero ni puedo abstraerme de mi condición de vasca. 
Me gustaría no tener esta experiencia en la materia, daría cualquier cosa por no tenerla, pero la tengo. 
Sé que la cooperación internacional es el camino, que las iniciativas que hoy ha presentado el Comisario Vitorino son el camino: cooperación política, cooperación judicial, cooperación policial. 
La corresponsabilidad frente al terrorismo es nuestra principal respuesta política, la más eficaz. 
Señorías, el terrorismo- como ya se ha dicho- no tiene fronteras, ni patria, ni religión, ni ideología. 
Tiene un objetivo y un método comunes. 
Nunca han querido la paz. 
Siempre han buscado derrotarnos, derrotar a la democracia. 
Por eso les digo que lo que la Comisión ha decidido hoy, lo que hoy se ha aprobado, es un hecho histórico. 
Permítanme que lo califique como tal. 
Se ha dado el paso que faltaba para pasar de la solidaridad, necesaria aunque no suficiente, a la acción común de todos. 
Muchas gracias, señor Vitorino, y muchas gracias a todos por esta decisión. 
Señor Presidente, las riquísimas elites, cuyos miembros y cómplices han disfrutado de formación universitaria, atacan nuestras instituciones financieras, económicas y de seguridad. 
Este terrible drama exige una respuesta. 
El ciudadano pide a la Administración que actué. 
En el ámbito exterior, la Unión Europea ha podido hacerlo porque cada vez nos hallamos más en situación de hablar con una sola voz. 
Ha aumentado mucho el valor de nuestra contribución para eliminar los caldos de cultivo del terrorismo. 
También lo notaremos, espero, en el futuro cercano. 
En el ámbito interno, no se ha logrado todavía hablar con esa sola voz. 
Todavía se trata de "cada uno para sí mismo" antes de nada. 
Afortunadamente, la Comisión se ha dado cuenta de que eso no puede ser. 
Señor Vitorino, quiero felicitarle porque usted y la Comisión se han dado cuenta de que es absolutamente necesario hablar con una sola voz en nombre de la Unión Europea. 
Usted ha diseñado en una semana un plan elaborado que contiene propuestas prácticas y realmente necesarias. 
Eso se verá recompensado con la confianza de los ciudadanos. 
Espero que ningún Estado miembro tenga el mal gusto de distanciarse de este plan necesario y ocasionar, con ello, el desacuerdo de sus propios ciudadanos. 
Es obvio que la justicia es importante aquí, ya que, en primer lugar, se trata de un delito, sea cual sea la naturaleza de los buenos motivos con que pueda adornarse. 
También vemos eso en Irlanda del Norte, donde, en torno a los convencionalismos, se utilizan indebidamente términos que constituyen una ofensa para todo el que se toma en serio una creencia religiosa. 
Debemos estar satisfechos con el informe Watson, que da un primer impulso a los esfuerzos del Parlamento, y puede completarse todavía con las posturas en cuanto a los preparativos de los delitos que se cometan en otras partes, fuera de la Unión Europea. 
Contamos con que el Comisario no permitirá proyectos de decisiones marco que contengan fórmulas poco convincentes, tales como las que vemos actualmente, fórmulas que carecen absolutamente de significado. 
El verdadero valor añadido debe residir en que quede claro para los ciudadanos que la Unión Europea, en cuanto tal, asume el liderazgo cuando se trata de asegurar la seguridad interna. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, también tenemos que extraer algunas consecuencias en lo que respecta al transporte aéreo. 
Necesitamos adoptar medidas para evitar que se repitan ataques terroristas de este tipo en los vuelos. 
Tenemos que mejorar rápidamente la seguridad de los pasajeros aéreos, de preferencia a escala internacional. 
Cada uno debe empezar, no obstante, por sus propios aeropuertos nacionales. 
Es preciso establecer controles más rigurosos de los equipajes y equipajes de mano. 
Es preciso un control más riguroso del personal que trabaja en los aeropuertos. 
Sobre todo, no basta con que hoy y mañana se endurezcan los controles, si al cabo de medio año se han vuelto a relajar en determinadas zonas de Europa. 
No, necesitamos controles permanentemente rigurosos. 
Posiblemente será necesario que en casos particulares, en determinados trayectos, los vuelos cuenten con escoltar armados y tendremos que considerar la conveniencia de blindar la cabina de mandos contra ataques terroristas, ya que es preciso evitar que los aviones se conviertan en la mayor arma del mundo. 
Por otra parte, no debemos preocuparnos sólo de la seguridad de los pasajeros- que es primordial -, sino que también tenemos una segunda preocupación: en estos momentos estamos asistiendo a una gigantesca reducción del número de pasajeros de las líneas aéreas. 
Tenemos que observar la situación. 
¿La reducción del número de viajeros está motivada por los atentados terroristas? 
¿Se trata de una reducción coyuntural o de carácter estructural? 
Las peticiones de algunos Gobiernos que hoy se pueden leer en la prensa- subvenciones, subvenciones- no pueden ser la respuesta. 
Mi Grupo rechaza que se concedan subvenciones a las compañías aéreas. 
Tenemos que examinar cómo podemos ayudarlas. 
Podemos ayudarlas mediante acuerdos de código compartido y autorizando reestructuraciones, acompañadas de fusiones y adquisiciones. 
Esto nos permitirá resolver de manera más elegante la situación, a fin de mantener su competitividad, pero no debemos pagar subvenciones de manera indiscriminada. 
Evidentemente, las circunstancias pueden cambiar. 
Si los Estados Unidos apoyan a sus compañías aéreas con ayudas gigantescas, tendremos que examinar las repercusiones sobre el mercado transatlántico. 
En tal caso, no podemos dejar en la estacada a nuestras compañías aéreas, pero debemos proceder con mesura, y ante todo es necesario mejorar la seguridad de los pasajeros. 
Señor Presidente, el martes nos levantamos con estupor frente a la manifestación de una nueva forma de totalitarismo. 
Anteayer el nazismo, ayer el estalinismo, hoy el fundamentalismo islámico, tenían y tienen en común el más profundo desprecio por el ser humano, al que pretenden someter a la realización de sus designios de dominación universal. 
El 11 de septiembre, en Nueva York y Washington no sólo fue atacada la libertad, sino también la dignidad de la persona. 
Quienes han inducido ese monstruoso atentado han sacrificado deliberadamente la vida de sus propios hombres, con el único objetivo de matar al mayor número posible de personas inocentes, a fin de provocar el terror en la mente de sus oponentes y de dar un nuevo impulso al fanatismo de sus seguidores. 
El valor demostrado en el mundo entero evidencia que no han alcanzado su primer objetivo, pero las manifestaciones de júbilo que se han sucedido en algunos lugares demuestran que el segundo objetivo muy bien podría haber sido conseguido. 
Frente a esta amenaza nos veremos obligados a revisar nuestra defensa común y también a trabajar en la creación de un nuevo orden mundial que permita, en particular, un mayor compromiso de Europa en la solución de los conflictos regionales que tanto en Oriente Medio como en el Afganistán, en África, no cesan de ensangrentar el planeta. 
Para luchar contra el terrorismo fundamentalista, debemos basar lo esencial de nuestros esfuerzos en un mayor apoyo a todos los partidarios del islam moderado y tolerante, ya estén en el poder o en la oposición. 
En Afganistán, por ejemplo, no hemos sabido responder a la demanda acuciante del comandante Masud para destruir el enjambre de abejas que se ha creado en dicho país. 
Debemos apoyar a sus seguidores en el seno de la Alianza del Norte, únicos representantes del gobierno reconocido de este país, y ayudarlos por todos los medios a derrocar el régimen de barbarie de los talibanes. 
Para luchar contra el terrorismo fundamentalista tenemos que reformar profundamente nuestra defensa. 
Europa no cuenta con los medios para hacerlo. 
El Congreso y el Senado norteamericanos acaban de asignar 40 mil millones de dólares al Presidente de los Estados Unidos. 
¿De qué suma, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, disponen ustedes hoy para expresar más allá de las promesas nuestra voluntad de incorporarnos junto al pueblo norteamericano a la lucha que se nos ha impuesto? 
Señorías, hoy ya nada es como antes. 
Espero que en la aprobación en segunda lectura de nuestro proyecto de presupuesto para 2002 sepamos sacar las consecuencias de ello. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, represento a un país que mantiene unas relaciones históricas singulares y estrechas con los Estados Unidos. 
Agradecemos mucho el apoyo que hemos recibido de dicho país en la erradicación de la violencia en nuestra isla. 
Lo ocurrido en Nueva York y Washington no es nuevo. 
Los ataques a objetivos económicos, políticos y de la seguridad con un gran número de víctimas civiles han sido el distintivo del terrorismo internacional. 
Los hemos sufrido en Irlanda, Gran Bretaña, España y otros países europeos: por ello compartimos y comprendemos el dolor de los que sufren. 
En Irlanda esperamos que esta atrocidad precipite un cambio del trato que, como si de celebridades se tratara, reciben en algunas partes de los Estados Unidos los representantes de organizaciones responsables de atrocidades similares en Irlanda. 
Ojalá que debilité también su capacidad para recaudar fondos, en particular, cuando su facción paramilitar sigue conservando las armas de terrorismo y de destrucción masiva y fraterniza con otros líderes terroristas. 
El principal problema al que se enfrentan los dirigentes democráticos es cómo responder a esta última atrocidad. 
Cuando escucho el lenguaje que en estos momentos está utilizando el Presidente George W. Bush, debo reconocer que siento cierta preocupación. 
Hablar en términos de capturar a alguien 'vivo o muerto' puede que sea un lenguaje apto para las películas de vaqueros, pero no es el lenguaje que debería utilizar un dirigente mundial en ningún momento, y desde luego no en tiempos de crisis. 
La aversión que siguió a los sucesos de la semana pasada proporciona el impulso necesario para unir a todos en apoyo de los ideales democráticos y en la lucha contra el terrorismo internacional. 
Una gestión equivocada, sin embargo, podría precipitar al mundo occidental en un conflicto con el mundo islámico con consecuencias catastróficas para todos. 
Por consiguiente, la respuesta debe ser bien sopesada y proporcional. 
No debe provocar víctimas civiles innecesarias que den lugar a otra generación de terroristas. 
Tenemos una oportunidad única de librar al mundo del mal del terrorismo y de fortalecer la democracia. 
Las futuras generaciones no nos perdonarán si desaprovechamos esta oportunidad. 
Señor Presidente, en el Reino Unido todos compartimos la misma determinación en esta hora trágica. 
Nos tranquiliza la solidaridad con los Estados Unidos que han manifestado los dirigentes políticos de toda Europa. 
Anteriormente, el entusiasmo de muchos políticos europeos favorables a la integración europea se había alimentado de un sentimiento antiamericano. 
Ese sentimiento ya no tiene cabida. 
Rara vez ha sido más imprescindible la unidad euro-atlántica. 
Confío en que los dirigentes de la Unión Europea garanticen que no habrá ninguna recaída por parte de ningún gobierno europeo cuando las cosas comiencen a ponerse difíciles. 
En anteriores crisis, la resolución de algunos no tardó en desmoronarse. 
Sería especialmente inadecuado utilizar esta crisis para fomentar y acelerar la agenda integrista de la Unión, en particular, los elementos fundamentalmente separatistas de la política europea de defensa. 
Nuestro motivo debe ser una acción seria contra el terrorismo, y no aprovechar la oportunidad para ampliar las competencias de la UE. 
En el frente interno, espero que la propuesta de la Unión Europea relativa a una definición común del delito terrorista y de la consiguiente legislación sea lo suficientemente sólida para permitir que, por fin, se emprenda una acción eficaz contra las numerosas organizaciones del frente terrorista que existen en toda Europa. 
Debo confesar que lo dudo. 
El problema es que demasiados terroristas cuentan con sus apologistas y adoptan formas que disfrazan lo que son. 
Es necesario encontrar el modo de impedir que los grupos de apoyo terroristas lleven a cabo acciones que siguen considerándose actos legales en nuestros países, como son el reclutamiento, el adoctrinamiento, la radiodifusión y la recaudación de fondos para apoyar actos ilegales en otras partes. 
En concreto, es hora de que los siete países de la Unión Europea, incluida la Presidencia belga, que aún no lo han hecho, ratifiquen y apliquen el Convenio de las Naciones Unidas sobre la supresión de la financiación de terroristas, de manera que pueda ponerse fin a las redes de dinero negro que apoyan a las organizaciones terroristas. 
La sociedad democrática debe protegerse a sí misma y debe poder hacer frente a peligros reales. 
Durante los últimos años, la sociedad se ha visto cada vez más desarmada. 
Señor Presidente, al expresar mi más firme condena a los actos terroristas y al afirmar que el terrorismo no necesita adjetivos ni posturas ideológicas para ser execrado, comparto el pensamiento de quien considera que hay que establecer un fuerte cooperación con los Estados Unidos a la hora de formar una amplia alianza mundial contra el terrorismo, con todos los países que querrán adherirse. 
Seguramente la alianza mundial contra el terrorismo deberá abordar los aspectos militares para garantizar la seguridad, así como tomar en consideración todas las posibles formas de terrorismo que se podrán poner en funcionamiento y que van del terrorismo financiero al bancario, del terrorismo económico al alimentario, del terrorismo medioambiental al electrónico e informático. 
El debate de los plenos del Parlamento Europeo, de la OCDE, de la UEO, reunidos en la asamblea del Pacto de Estabilidad de Europa oriental y meridional ha puesto el acento, en la inmensa mayoría de las intervenciones, por un lado, en la necesidad de acelerar el proceso de democratización de esos países y, por otro, en la defensa de los derechos humanos que representan los dos pilares fundamentales que vencerán la pobreza y el subdesarrollo a través de un uso racional de los recursos económicos. 
A partir de ahora, la defensa de los derechos humanos y la afirmación de la democracia deben ser una exigencia irrenunciable que la Unión Europea debe reclamar a todos los países con los cuales mantiene relaciones. 
Dicha exigencia es rígida e incondicionada porque representa la garantía de la tutela de la defensa de la dignidad de todo ciudadano en el mundo. 
La Unión Europea debe reiterar el respeto a toda confesión religiosa y, al mismo tiempo, ha de pedir a todas las confesiones que condenen y execren los actos terroristas para establecer una clara diferencia entre la sociedad civilizada y libre de profesar cualquier religión y el terrorismo al que debe negarse cualquier motivación religiosa. 
Comparto la idea de convocar un foro mediterráneo que condene el terrorismo, respalde el proceso de paz en Próximo Oriente y relance la asociación euromediterránea. 
Por último, Europol y Eurojust conjuntamente deben convertirse en instrumentos europeos eficaces planteando el problema de enriquecer el corps juris europeo y creando así un marco de referencia jurídica de base que dé origen al Derecho civil, penal y administrativo europeo. 
Señor Presidente, comparto y expreso mi compasión por los Estados Unidos y por las otras víctimas de este terrible incidente. 
En mi calidad de antiguo ministro de Irlanda del Norte, he sido objetivo de los terroristas y me he enfrentado a las cámaras de televisión rodeado de escombros ocasionados por un atentado terrorista. 
Sé, por consiguiente, lo importante que es en una democracia dar la respuesta adecuada, así como proteger, en la medida de lo posible, al público en general. 
Al igual que a mi colega el Sr. Jarzembowski, me preocupa en primer lugar la aviación y las personas, en su mayoría de condición normal, que dependen de ella. 
Como miembro de la Comisión de Transportes, he enviado una carta al presidente de dicha comisión pidiéndole que se inicie cuanto antes un estudio de las repercusiones que tendrán los sucesos sobre esta importante industria. 
En primer lugar, la seguridad en los aeropuertos y aviones; en segundo lugar, el control del espacio aéreo, ya saturado, de cara al probable incremento de la actividad militar, los peligros de una incursión hostil en el espacio aéreo civil europeo y, naturalmente, como decía mi colega, la continuación de la viabilidad de las compañías aéreas europeas. 
Es de vital importancia que seamos coherentes en nuestro enfoque de la seguridad pública y en nuestros intentos de apaciguar los ánimos de toda la población de la Unión. 
No debemos reaccionar de forma exagerada, exacerbar los miedos comprensibles de los viajeros ni amenazar sus libertades civiles, pero debemos hacerlo bien y debemos hacerlo inmediatamente. 
Debemos actuar juntos con nuestros amigos y aliados de los Estados Unidos de América y de organizaciones internacionales como la OACI. 
Hacerlo bien exigirá trabajo y esfuerzo y un compromiso: como decía el Sr. Van Orden, queremos asegurarnos de que dentro de seis meses decimos y hacemos las mismas cosas que manifestamos ahora. 
En definitiva, el mensaje es muy sencillo: no podemos permitir que gane el terrorismo. 
Cualquier ataque sobre civiles es execrable y por ello también es execrable el ruido de sables que escuchamos en Washington- el Presidente emplea expresiones como "cruzada". 
Ésta es monstruosa, puesto que sabemos que una intervención militar destruirá en todo caso la sociedad civil y creará el mejor caldo de cultivo posible para más terrorismo y es nuestra tarea más importante recordar a nuestros aliados en los EE.UU. la importancia de la moderación, de acciones bien meditadas, pues no se combate el terrorismo mediante la intervención militar. 
En cuanto a las propuestas que la Comisión ha presentado, diré brevemente que aquello que es necesario para evitar el terrorismo no está en las propuestas. 
Las raíces son más profundas. 
Lo que se propone no es necesario ni tampoco basta para acabar con el terrorismo. 
Es de otros problemas de reparto fundamentales totalmente distintos de los que se trata. 
Esto es lo importante. 
Evitemos estas metáforas militares, estas luchas, guerras y cruzadas. 
Señor Presidente, Señorías, he escuchado con suma atención las numerosas intervenciones de este debate. 
Creo que se han dicho algunas cosas particularmente defendibles. 
Es obvio que los sucesos del pasado martes han sido como una wake up call, para Europa. 
Tal como muchos de ustedes ya han dicho, en efecto, tendremos que trabajar en el futuro para eliminar la división entre el primer, el segundo y el tercer pilar de la integración, en otras palabras, del segundo y tercer pilar en toda la construcción europea. 
Tal vez, algunos se den cuenta en estas circunstancias de que no constituye un testimonio de compulsividad institucional, sino una preocupación por la eficacia de las acciones de la Unión. 
A ese respecto, he tomado buena nota de la invitación que su colega y mi amigo, Jan-Kees Wiebenga, me ha dirigido. Quisiera decirle que él ya puede empezar directamente a hacer un buen trabajo convenciendo a su propio partido y a su propio Gobierno de que levanten todo veto en relación con el tercer pilar. 
Eso ya constituiría un gran paso en la buena dirección. 
En lo que a la colaboración con los Estados Unidos se refiere, he dicho, en nombre del Consejo, que debe intensificarse y debe ir más allá de las formas normales de colaboración. 
Al igual que muchos de ustedes, espero que la petición americana de apoyo a Europa, tal como han repetido aquí distintos colegas, continúe siendo tan clara en el futuro y que exista una colaboración equilibrada según la cual nos informemos, apoyemos y ayudemos mutuamente el máximo posible, sobre una base equilibrada, en todas las acciones que sean necesarias para luchar contra el terrorismo internacional. 
También, en respuesta a algunos de ustedes, quisiera subrayar, en nombre del Consejo, que sería un error terrible ver en los sucesos de la semana pasada una especie de conflicto entre dos civilizaciones, o peor todavía, un conflicto entre concepciones filosófico-religiosas del mundo. 
El radicalismo, desgraciadamente, no es monopolio de nadie, al igual que el fanatismo. 
Lo que ha sucedido la semana pasada es tan terrible por su dimensión y el elevado número de víctimas. 
Esas imágenes nos perseguirán siempre, pero muy lamentablemente, todos los días nos enfrentamos a manifestaciones de fanatismo ciego, mucho más cercanas a nosotros, que nadie puede achacar, como hacen algunos, a unas determinadas concepciones del mundo. 
Quiero advertir contra ello claramente. 
No podemos ir en esa dirección y, al contrario, debemos ocuparnos de que todos los focos de conflicto en nuestro propio continente, y también fuera de él, se encaminen cuanto antes en la dirección de los procesos de paz. 
Pienso obviamente, al igual que muchos de ustedes, en Oriente Medio, pero no solamente en esa zona. 
Pienso también en los Balcanes- ayer se celebró en el Parlamento una conferencia sobre el Pacto de Estabilidad en relación con los Balcanes- y en África- hoy he hablado sobre el programa de nuestra Presidencia respecto de ese continente-. 
Tal como he dicho en mi primera intervención, la Unión Europea está convirtiéndose en una potencia global mucho más deprisa de lo que muchos habían pensado y más despacio de lo que muchos desearían. 
Esto nos confiere unas responsabilidades más serias. 
Espero que mostremos dignamente estas responsabilidades más serias en las próximas semanas y meses. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión agradece las contribuciones que se han hecho a este debate. 
No dejaré de transmitir al Presidente Romano Prodi y a mi colega Christopher Patten las cuestiones que tienen relación directa con sus cometidos en el ámbito de la Comisión. 
Por mi parte, quisiera sólo subrayar tres observaciones: la primera, que comparto plenamente la idea de que la estrategia sobre el terrorismo no debe estar enmarcada entre los pilares de la Unión Europea. 
Debe haber una estrategia global que movilice diversos instrumentos: la política de prevención de conflictos, naturalmente, el desarrollo de un diálogo político con las regiones más problemáticas en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común, naturalmente, la política de ayuda al desarrollo, naturalmente, pero también- seamos claros- la política de seguridad y la de cooperación policial y judicial. 
No podemos desconocer las causas profundas del terrorismo, pero no podemos permitir que subsista la menor ambigüedad, por lo que afirmamos que ninguna causa justifica el recurso al terrorismo y a la violencia que sacrifica vidas inocentes. 
Y, por eso, la forma mejor de combatir el terrorismo en nombre de los valores de la democracias consiste en utilizar las armas de la ley, la cooperación policial y la cooperación judicial. 
Pero, evidentemente, conviene subrayar que hay algunas responsabilidades sobre las cuales nosotros mismos debemos interrogarnos: la cuestión de la financiación del terrorismo, la necesidad de aplicar rigurosamente el Convenio de las Naciones Unidas contra la financiación oculta del terrorismo, la necesidad de adoptar mecanismos eficaces contra el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales que alimentan financieramente a los grupos de terroristas, la cuestión del Convenio de las Naciones Unidas contra el tráfico de armas, es decir, la continuación del Convenio de Palermo sobre la delincuencia organizada. 
Son formas multilaterales de demostrar, en el ámbito de las Naciones Unidas, que aquellas personas no murieron en vano el día 11 de septiembre. 
Es decir, que los Estados aprendieron la lección y están dispuestos a dar pruebas inequívocas de que desean fortalecer su cooperación en la lucha contra el terrorismo. 
El segundo tema que quisiera abordar versa sobre la seguridad de la aviación: me complace decir que el Consejo de Ministros de Transportes decidió que un grupo de trabajo presente el próximo día 15 de octubre un primer informe no sólo sobre las medidas de seguridad más inmediatas que se están adoptando en los aeropuertos y en las aeronaves, sino también sobre la necesidad de llegar a un acuerdo, sobre todo con nuestros interlocutores americanos, para la pronta formulación de esas medidas que refuercen la seguridad del transporte aéreo, y quiero decir también que los representantes de la Unión Europea en la Asamblea General de la Organización Internacional de Aviación Civil, que comienza el próximo día 25 de septiembre, pondrán ya sobre la mesa esas cuestiones. 
En relación con las decisiones políticas- por ejemplo, las dos decisiones-marco que la Comisión acaba de aprobar -, resulta más que evidente que la unanimidad podría parecer un obstáculo difícil de superar en el Consejo. 
La Comisión ya ha expresado varias veces su simpatía por la idea de que se deberían agilizar los métodos de decisión en el tercer pilar. 
Pero, más que la cuestión de la unanimidad, en esa materia de lucha contra el terrorismo la de la Comisión es una posición política clara: ningún Estado debe bloquear la lucha contra el terrorismo ni tampoco excluirse de ella. 
Y la eficacia del proyecto de las decisiones-marco depende de que se apliquen uniformemente en todos los Estados de la Unión sin excepción, porque no queremos que en la Unión haya ni un solo paraíso para las actividades terroristas o delictivas. 
Y, en ese sentido, espero que los llamamientos de este Parlamento y de la opinión pública sean suficientes para que resulte posible encontrar las fórmulas de transición necesarias para fortalecer la cooperación policial y la cooperación judicial, que son las fórmulas legítimas en democracia para luchar contra el terrorismo. 
Muchas gracias, señor Comisario António Vitorino. 
De conformidad con el orden del día, el Consejo y la Comisión proceden a formular declaraciones sobre el futuro de la política de cohesión. 
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(FR) Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, la política regional ha conocido desde 1988 éxitos innegables. 
Estos éxitos no son fruto del azar, sino de una opción política de capital importancia en favor de la solidaridad, opción que se ha traducido en el plano presupuestario por la asignación de más de la tercera parte de los gastos comunitarios a la cohesión económica y social. 
Cuando el período de programación 2000-2006 está en curso, la Comisión aprobó el 31 de enero pasado el segundo informe sobre la cohesión económica y social, de conformidad con el apartado 2 del artículo 159 del Tratado. 
Más allá de un inventario pertinente de estudios y de datos estadísticos en la perspectiva de la ampliación, el informe contiene conclusiones y recomendaciones que plantean el debate sobre el futuro de la política regional. 
La cohesión económica y social es una realidad de la que hay que preocuparse desde ahora, ya que debemos aportar respuestas para el próximo período de programación, es decir, el que se iniciará el 1 de enero de 2007, época en que la ampliación a los nuevos miembros será realidad. 
A la vista de los elementos estadísticos del segundo informe sobre la cohesión, un hecho llama la atención. 
Con la ampliación nos espera un reto mucho mayor que el actual, puesto que las cifras indican que las disparidades regionales se duplicarán. 
En términos relativos, los retrasos de desarrollo y de reconversión afectarán a un mayor número de regiones y presentarán una mayor intensidad cuando seamos veintisiete Estados miembros. 
Además, por un simple efecto mecánico, algunas regiones de la actual Unión Europea no figurarán más en la lista de regiones con dificultades, a pesar de que su situación económica real no haya evolucionado positivamente. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, dos preguntas cruciales continúan exigiendo nuestra atención en esta conversación. 
La primera pregunta es si la ampliación es creíble sin una política de cohesión y estructural fuerte. 
La segunda pregunta consiste en saber cómo la política relativa a la cohesión económica y social debe continuar enfocándose en el caso de las regiones más desfavorecidas de los Estados miembros actuales y cuáles son los objetivos. 
Ambas preguntas salieron ampliamente a relucir durante el Consejo informal de Política Regional del pasado 13 de julio celebrado en Namur. 
En lo que a la primera pregunta se refiere, todo el mundo ha reconocido que la ampliación conllevará un aumento sustancial de las necesidades en materia de cohesión económica y social. 
Eso también se ha subrayado claramente en el segundo informe de la Comisión sobre esta cuestión. 
Las cifras que figuran en el informe son significativas. 
La ampliación hará que las diferencias aumenten de dos formas. 
En primer lugar, se duplicará la población de las regiones que cuentan con un Producto Interior Bruto per cápita inferior al 75% de la media actual de la UE, y eso significa, por tanto, que el número de habitantes que caen bajo el actual objetivo 1 de los Fondos estructurales, pasará del 19% en la UE de los 15 al 36% en una UE con 27 Estados miembros. 
En segundo lugar, la envergadura de las diferencias aumentará. 
Actualmente, la media del Producto Interior Bruto per cápita de las regiones más retrasadas se sitúa en el 66% de la media de la UE. 
Si añadimos a ello las regiones más desfavorecidas de los Estados candidatos, la media del Producto Interior Bruto per cápita pasa a ser menos de la mitad de la media de la UE, para ser exactos, a solamente el 77%. 
Teniendo en cuenta estos datos, puede decirse que el problema de la cohesión será dos veces más acuciante y dos veces más grande de lo que actualmente es el caso tras la ampliación. 
La pobreza y la desigualdad son un problema persistente frente al cual, somos consciente, habrá que luchar todavía durante mucho tiempo. 
Incluso si los Estados candidatos crecieran más rápidamente que los países beneficiarios del Fondo de Cohesión en los últimos diez años, se necesitaría todavía un proceso de convergencia de al menos dos generaciones para lograr el nivel actual del Producto Interior Bruto per cápita. 
Incluso con la tasa de crecimiento irlandesa de los últimos diez años, se tardarían 20 años en alcanzar el 90% del Producto Interior Bruto per cápita de la UE de los 15. 
Debemos examinar hoy las prioridades y los objetivos de nuestra política regional partiendo de esta perspectiva. 
Así mismo, el control tout court del paquete de medidas propuesto constituye un elemento importante en el sentido de que no puede perderse de vista que la mayoría de los Estados candidatos no disponen hoy en día de estructuras adecuadas para controlar de forma apropiada la política regional, tal como la mayoría de nosotros propone. 
Dicho esto, durante el Consejo informal de Namur se dio una señal clara en cuanto a que es necesario continuar apoyando a las actuales zonas retrasada de la Unión Europea. 
El apoyo prestado, conforme a los objetivos actuales, a las zonas retrasadas tanto de los Estados miembros como de los Estados candidatos debe efectuarse de forma justa. 
Esto debe estar necesariamente vinculado a una actuación más eficiente de los medios comunitarios. 
Existe, por tanto, unanimidad en cuanto al futuro de la actual política regional respecto de las regiones que continúan enfrentándose a problemas estructurales. 
(FR) Señor Presidente, señoras y señores, con respecto a la coherencia de las acciones que deben emprenderse, los Quince son partidarios de un fortalecimiento de dicha coherencia a todos los niveles, particularmente entre los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, concentrando más las intervenciones. 
Por otro lado, algunos Estados miembros han formulado solicitudes de evaluación complementarias, sobre todo en cuanto a la eficacia del sistema actual, antes de asumir un mayor compromiso en la determinación de los procedimientos y mecanismos que regirán en el futuro la política de cohesión económica y social. 
Dichos procedimientos y mecanismos serán objeto de una propuesta global de la Comisión en 2004, en su tercer informe sobre la cohesión económica y social. 
En cualquier caso, es evidente que los proyectos y acciones apoyados por la política de cohesión económica y social revisten una importancia particular para los ciudadanos europeos, lo que contribuye a acercar a los ciudadanos a las instituciones y políticas europeas. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, la Comisión, al publicar el segundo informe sobre la cohesión económica y social, ha puesto el primer jalón de un debate importante que afecta al futuro de la política de acciones estructurales de la Unión Europea. 
El Consejo, en la reunión informal de política regional que tuvo lugar en Namur, escuchó con mucha atención la presentación efectuada por el comisario Barnier. 
A continuación el Consejo discutió en un clima sereno de escucha recíproca. 
Las discusiones se concentraron en cuestiones de fondo, de las que se desprende un clima generalmente favorable. 
Sin embargo, en esta fase aún no se ha decidido ninguna opción definitiva. 
Para eso será necesario profundizar las cuestiones planteadas por el segundo informe. 
La Comisión proseguirá el trabajo de análisis y alimentará el debate organizando grupos de trabajo sobre cada una de las temáticas. 
Los resultados de dichos trabajos servirán para redactar el tercer informe, previsto para 2004. 
En ese momento corresponderá al Consejo y al Parlamento, sobre la base de las propuestas de la Comisión, asumir un mayor compromiso en la elaboración de la futura arquitectura de la política de cohesión. 
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(FR) Señor Presidente, señora Presidenta, señoras y señores diputados, yo también me felicito de poder efectuar el balance, como ustedes desean, de este gran debate que hemos abierto el 31 de enero pasado en este hemiciclo, cuando vine a presentar ante ustedes el segundo informe sobre la cohesión económica y social, que la Comisión acababa de aprobar. 
En esa ocasión, abrimos, más allá de dicha presentación, un debate del cual manifesté, y deseo repetirlo ante ustedes, que será un debate sincero, objetivo, sin cuestiones tabúes, sobre una de las grandes políticas comunitarias que está en el centro mismo de la imagen y de la idea que tenemos de esta Unión Europea, ya que se trata de la política de solidaridad. 
A partir de ese momento el debate se ha alimentado de nuevas contribuciones. 
Pienso, en particular, en el Foro sobre la cohesión de los días 21 y 22 de mayo organizado aquí mismo gracias al Parlamento Europeo, en concertación con su Presidencia, y a la ayuda de mis colegas Anna Diamantopoulou y Franz Fischler. 
Al mismo tiempo, las negociaciones con miras a la ampliación progresan con el conjunto de los países candidatos. 
Como ustedes saben, la ampliación es una de las razones esenciales de este debate. 
Desearía recordar, como preámbulo, nuestra preocupación de distinguir claramente las negociaciones de adhesión- que se basan en la aplicación a los nuevos Estados miembros del acervo comunitario- de la reforma de las políticas estructurales para el período posterior a 2006. 
El debate al que les invito a participar se refiere, pues, al post-2006. 
No se trata, naturalmente, de volver a cuestionar lo que los Estados miembros actuales van a recibir hasta 2006 con cargo a los Fondos Estructurales. 
Al pedir a la Comisión que se expresara, esta Asamblea ha querido hacer el balance sobre el presente debate. 
Desearía darles las gracias por esta oportunidad y mencionar, pues, rápidamente algunos puntos. 
Ante todo el Foro que tuvo lugar los días 21 y 22 de mayo, que fue una ocasión en la que se celebró un verdadero debate y que precedió a nuevos debates. 
A partir del 31 de enero la presentación de las conclusiones del informe de cohesión constituye tanto para mí como para mis colaboradores de la Dirección General de Política Regional una prioridad. 
Pueden estar seguros de que tomo parte en este debate, semana tras semana, in situ. 
Por ejemplo, el viernes pasado en Helsinki, donde me reunía con los veinte presidentes de regiones finlandesas, o mañana y pasado mañana en Oporto, donde participaré en una asamblea de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas, en la que hablaremos de esta futura política de cohesión. 
Y así, el debate debe difundirse, descentralizarse, para que vuelvan a subir a Bruselas, y antes a los Estados miembros, cierto número de ideas, de demandas, de pruebas o de orientaciones. 
Dicho Foro del 21 de mayo fue para mí un momento muy importante y muy rico en enseñanzas. 
Éste reunió a varios ministros, a varios ex primeros ministros y primeros ministros en ejercicio con representantes de las regiones, de las ciudades, no sólo de los quince Estados miembros, sino también de los países candidatos, y supuso muchas contribuciones de muy alto nivel. 
Subrayo tres aspectos de todas estas contribuciones y del diálogo que la Sra. ministra Neyts-Uyttebroeck ha mencionado hace un momento y que mantuve en Namur con los quince ministros de política regional, a instancias de la Presidencia belga. 
Primero, el interés suscitado por el futuro de esta política después de 2006 en todos los Estados miembros y en los países candidatos y la insistencia de muchos en la dimensión verdaderamente política de la solidaridad europea. 
No se trata sólo de una cuestión de dinero. 
Se trata también de la expresión- como usted lo ha dicho muy bien, señora ministra Neyts-Uyttebroeck, en nombre de la Presidencia- quizá más concreta, más precisa y más visible de los valores en los que se basa la Unión. 
Eso demuestra que esta Unión no es sólo una gran zona de libre cambio y un gran mercado, sino también una comunidad solidaria, y que un día debe convertirse en una potencia política. 
En segundo lugar, no he recogido comentarios negativos sobre el proceso de ampliación. 
Naturalmente, existe una preocupación, pero también el sentido del deber histórico que incumbe a la Unión y el interés tanto para los nuevos como para los antiguos Estados miembros de ayudar al desarrollo sostenible y equilibrado del conjunto del continente europeo. 
En tercer lugar, también he valorado la importancia que reviste para el éxito de este debate el hecho de no olvidar las necesidades de las regiones de los actuales Estados miembros de la Unión. 
Y quiero repetir aquí mi convicción: el hecho de que se incorporen regiones muy pobres del Este a la Unión- de Estonia, de Eslovenia, de Polonia, de Bulgaria y otros países- no significa que las regiones pobres o con dificultades del norte, del centro, del sur, por no mencionar las regiones ultraperiféricas, se vayan a hacer ricas de la noche a la mañana. 
Tras la ampliación habrá problemas y necesidades en la Unión actual. 
Esto es, señoras y señores, lo que constituye, en resumidas cuentas, un fuerte estímulo para el mantenimiento de una política de cohesión adaptada a los nuevos retos económicos y a la geografía futura de Europa. 
Mi segundo punto se refiere al procedimiento con miras al futuro. 
Como ustedes saben, la Comisión se ha comprometido, tras la solicitud expresada por el Consejo en el mes de junio, a informar regularmente al mismo de la evolución de sus trabajos sobre la futura política de cohesión. 
Esta información que debo transmitir al Consejo, también he de transmitirla, naturalmente, al Parlamento Europeo. 
Propondré a la Comisión que apruebe el primero de estos informes provisionales regulares en las primeras semanas del año próximo, en el mes de enero, tan pronto como dispongamos de nuevas estrategias que aclararán, actualizarán y precisarán las informaciones que ya existen en el informe de cohesión. 
Deseo precisar que estas nuevas estadísticas proporcionadas por Eurostat se refieren, por ejemplo, al PIB por habitante de 1999 o a las estadísticas del desempleo del año 2000. 
Por lo tanto, cuanto más actuales sean las cifras más serio y objetivo será el debate. 
Dicho informe provisional del mes de enero contendrá, pues, una actualización de las cifras y de los análisis de la primera parte del informe sobre la cohesión, destinada a la situación de las regiones. 
Pero también presentará los resultados de los diferentes estudios que hemos solicitado, así como las enseñanzas de los grandes debates y de los seminarios organizados. 
Puedo aportar precisiones en cuanto a los estudios complementarios solicitados: hemos encargado un estudio sobre la situación de las islas, así como un estudio sobre el impacto macroeconómico de los Fondos Estructurales. 
En este estudio macroeconómico desearía asimismo proporcionales informaciones sobre el impacto de dichos Fondos Estructurales en términos de consecuencias directas del compromiso de estos Fondos en los países contribuyentes netos. 
También tengo el proyecto de solicitar un estudio complementario sobre la situación de las regiones de montaña o de las regiones que sufren desventajas naturales duraderas. 
Con el fin de alimentar este debate, se organizarán seminarios durante el primer semestre de 2002 sobre cada una de las diez prioridades comunitarias que han sido identificadas en el informe sobre la cohesión, con la participación de expertos de los Estados miembros y de las regiones, que invitaremos en función de los diferentes temas. 
Mi tercer punto se refiere- siempre a propósito del futuro- al fondo del debate. 
En cuanto al fondo de este debate desearía expresar o repetir tres convicciones. 
Mi primera convicción consiste en que con la perspectiva próxima de esta ampliación de la Unión, los Estados miembros y las regiones experimentan más bien la necesidad de más política de cohesión comunitaria y no de menos cohesión. 
No creo que una especie de desmantelamiento o de renacionalización de la política regional pueda ser el medio de responder a esta exigencia, a esta necesidad de cohesión en una Unión ampliada donde existirán- y las cifras hablan por sí mismas- mayores disparidades que hoy. 
Pero, indudablemente, también soy favorable- al mismo tiempo que reafirmaremos esta necesidad de cohesión y al mismo tiempo que imaginamos esta nueva política de cohesión y esta nueva política regional- a buscar con ustedes la manera de orientarnos hacia una mayor descentralización y simplificación y hacia una reducción de la burocracia. 
En la medida de nuestras posibilidades, me preocuparé, en los procedimientos europeos, de buscar y proponer todos los medios posibles para conseguir una mayor simplificación y descentralización. 
Mi segunda convicción es de orden financiero. 
Aun cuando el debate financiero propiamente dicho es hoy prematuro, no soy el único en considerar, como ya lo he dicho aquí a título personal, que el esfuerzo financiero que representaría globalmente el 0,45 % del PIB de la Unión es, a mi entender, un valor de umbral por debajo del cual se pondría en tela de juicio la credibilidad de la futura política de cohesión. 
Pienso, pues, que puedo insistir en que, en mi opinión, no será posible, salvo que se cuestione la credibilidad de esta política de cohesión, descender por debajo de dicho valor de umbral del 0,45 %, que es un valor de umbral admitido globalmente por los jefes de Estado y de gobierno en Berlín. 
Mi tercera convicción consiste en que la futura política de cohesión debe ser justa y en que no debe ser discriminatoria. 
Asimismo, ésta debe estar orientada a regiones con dificultades estructurales muy diferentes y tratar cuestiones de naturaleza heterogénea, es decir, a las regiones con un retraso en su desarrollo (la mayoría de las cuales se encuentran en los países candidatos) , a las regiones de los Quince de hoy que no han acabado el proceso de convergencia real y respecto a los cuales será conveniente, llegado el momento, buscar un tratamiento justo, de tal manera que estas regiones dejen de ser discriminadas por un efecto estadístico o mecánico ligado al valor de umbral o a las nuevas medias en el marco de la Unión ampliada. Finalmente, la futura política de cohesión debe tratar las dificultades de determinadas zonas que sufren desventajas específicas, así como algunas cuestiones sociales preocupantes, como es la igualdad de oportunidades o la situación de las zonas urbanas. 
En conclusión, señor Presidente, señora Presidenta, señoras y señores diputados, desearía recordar que el informe que propondremos a principios del año próximo estará inspirado de los resultados de los grandes debates celebrados en el segundo semestre de este año. 
Le he propuesto sólo la primera cita. 
Habrá otras antes de que les presente el tercer informe de cohesión en 2004. 
Dentro de este espíritu, estoy plenamente disponible, hoy y en las próximas semanas, para escuchar sus sugerencias, sus recomendaciones o sus críticas. 
Señor Presidente, no creo que pudiéramos oír algo verdaderamente nuevo en este debate que estamos celebrando sobre la política regional, simplemente porque, en mi opinión, no viene bien ahora, el momento actual no se presta a dar noticias, si lo prefieren. 
En todo caso, ya que muchos de nuestros colegas están interesados por este tema en concreto, y puesto que la política regional se traduce en un 35% del presupuesto, creo que una vez más constatamos su importancia para la Unión Europea, y en este sentido, quizás sea de alguna utilidad el debate. 
Lo segundo que quiero decir es que quizá sería acertado celebrar un debate, y seguro que se realizará en el marco de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre el progreso de los trabajos y de los programas de los marcos de apoyo comunitarios en cada país porque, personalmente no estoy nada seguro de que las cosas vayan bien en todos los países, no por culpa de la Comisión, sino por culpa de algunos Estados miembros. 
No quiero hablar de retrasos dramáticos, pero lo que es cierto es que en algunos países hay problemas. 
En cuanto al futuro de la política de cohesión, ha comenzado un debate después del Segundo Informe sobre la Cohesión de la Comisión Europea y creo que ya son evidentes algunas conclusiones: que muchas más regiones van a necesitar cobertura, que en las regiones de los Estados miembros que hoy en día tienen cobertura, artificialmente va a parecer que sube el PIB, algo que no significa que automáticamente se hagan ricos, como ha dicho el Sr. Comisario, y el que sea evidente que hace falta más créditos no hace evidente en absoluto que dichos créditos se puedan encontrar fácilmente. 
Para mí las conclusiones son más o menos notorias. 
Primero, no debemos dejar las cosas en manos de la suerte, ni decidir en el último momento, porque puede que hagamos que la Unión Europea llegue a una situación probablemente explosiva. 
Segundo, deberemos concentrarnos en los que verdaderamente tienen necesidad del 2006 en adelante. 
Tercero, no deben sufrir un shock los que ya no van a disponer de esta cobertura porque en estas regiones se va a crear cierto euroescepticismo. 
A partir de ahí yo tengo que darles dos noticias desagradables: una es sobre los países más pobres y otra sobre los más ricos. 
Sobre los más pobres creo que debemos pensar en métodos de mejor explotación de los créditos con mecanismos adecuados, con incentivos, y también con sanciones si hace falta, para que el dinero llegue a buen puerto. 
Con respecto a los países más ricos, deberemos reconsiderar la lógica total del presupuesto comunitario para poder encontrar la forma de aumentar los fondos, porque el aumento de las necesidades va a ser tremendo y la política regional no va a tener, como ha dicho el Sr. Comisario, ninguna credibilidad si bajamos de un nivel. 
Señor Presidente, señor Comisario, como sabrá, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo ha iniciado sus deliberaciones sobre la cohesión económica y social a través del Segundo Informe sobre la Cohesión, informe que lanza el debate sobre cómo hacer frente a los retos de la financiación regional y de la política estructural en una Europa ampliada. 
No obstante, aunque agradezco la declaración que ha hecho hoy el Sr. Comisario, mi Grupo aún se siente decepcionado con la Comisión porque, al parecer, no ha hecho uso de su derecho de iniciativa y no se ha comprometido del todo respecto a este asunto. 
Cabe preguntarse cuáles son las propuestas reales de la Comisión. 
El Comisario Barnier ha hecho referencia a la reunión celebrada en mayo en la que tomaron parte muchos diputados, pero, una vez más, parece que de esa reunión no ha surgido nada concreto. 
En nuestra parte de la división política reconocimos, en una fase inicial, lo delicado que podía ser este asunto, y la experiencia que tuvimos con la Agenda 2000 fue el catalizador que nos lo demostró. 
Pero luego la Comisaria Wulf-Matthies facilitó una posición común con el Parlamento y por ello creemos que ha llegado el momento de que nos pongamos a trabajar con la Comisión a medida que ésta se vuelve más activa, positiva y decisiva. 
Mi Grupo ha debatido detenidamente sobre las cuestiones que usted ha planteado. 
Los principales puntos que derivan de nuestros debates giran en torno al principio de mantener el concepto de cohesión económica y social y su instrumento más representativo, a saber, los Fondos de Cohesión. 
Pero es necesario debatir detenidamente sobre la ejecución de los objetivos de la política de cohesión antes de que tomemos cualquier decisión sobre la futura financiación de la ayuda estructural. 
En estos momentos nos enfrentamos a una serie de grandes desafíos y cualquier debate sobre la ejecución de los Fondos de Cohesión debe incluir otros ámbitos bajo el paraguas de desarrollo sostenible, como el empleo y la agricultura. 
Debemos continuar garantizando que las regiones más pobres, que actualmente gozan de ayuda estructural, no reciban un trato inadecuado en el futuro y que se mantendrán iniciativas comunitarias, tales como INTERREG y URBAN. 
También nos cuestionamos si el 1,27 % del PIB comunitario, según se decidió en la Agenda 2000, es suficiente para el nuevo Fondo de Cohesión. 
En el lanzamiento del presente debate, somos de la opinión de que nuestras negociaciones habrían sido más fructíferas y más significativas si la Comisión hubiera presentado sus propias ideas que le hubieran permitido hacer de mediadora en dichas negociaciones. 
En estos momentos sólo tenemos una serie de cuestionarios, pero podemos garantizarle, señor Comisario, que nuestro Grupo participará plenamente en los debates que se celebren durante los próximos meses. 
Señor Presidente, el debate sobre el futuro de la política de cohesión reviste gran actualidad. 
Doy las gracias a la Comisión por su voluntad de entablar este debate también con el Parlamento, y gracias también por las visitas realizadas a los Estados miembros. 
Se trata de visitas muy necesarias. 
Además de mi preocupación por la forma de conseguir que la política regional funcione eficazmente tanto en los Estados miembros actuales como en los países aspirantes a la adhesión, me preocupa también la continuidad de dicha política en los actuales Estados miembros durante el próximo período de aplicación de los Fondos Estructurales. 
La política en materia de Fondos Estructurales está actualmente demasiado burocratizada. 
Ahora tenemos una buena ocasión para analizar, entre otras cosas, qué enseñanzas podemos extraer, de cara al próximo período, de las dilaciones en los procedimientos de elaboración de los programas. 
¿Cómo conseguir más eficacia, mejores resultados y menos burocracia? 
En este contexto, quisiera preguntar cuál es la opinión de la Comisión acerca de la repercusión de la ampliación en la financiación global del capítulo de la política estructural. 
¿Está dispuesta la Comisión a incrementar los recursos de la política estructural en el próximo período de aplicación de los Fondos Estructurales en caso de que así lo exijan las necesidades en materia de cohesión económica y social en Europa? 
Al mismo tiempo, quisiera informar a la Comisión de que no es admisible un modelo de financiación de la ampliación que sea sufragado a costa de las regiones más pobres de los Estados miembros actuales, las cuales siguen sufriendo problemas crónicos derivados, entre otras cosas, de condiciones naturales adversas, de la existencia de largas distancias o de la escasa densidad de población. 
La UE debe actuar solidariamente también en el futuro, de tal forma que, para afrontar los nuevos retos de la política estructural, es necesario encontrar más dinero a través de un instrumento de financiación nuevo, sufragado también por aquellas áreas epicéntricas que sean las primeras en beneficiarse económicamente de la ampliación. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la política de cohesión es sin duda el reto más importante que deberá afrontar la Comunidad en el marco de la ampliación. 
Al mismo tiempo, ésta nos dará la medida de las posibilidades de mantener la estabilidad en una UE de los 27 en todas sus partes. 
No obstante, en vez de considerar la política de cohesión como una medida de los resultados conseguidos en las zonas desfavorecidas, en los Estados miembros se ha impuesto la tendencia a medir su éxito en función del montante que finalmente logran conseguir una vez más al cabo de cada negociación. 
¡Esto tiene que cambiar decididamente a partir de 2006! 
Después de 2006 sólo será posible garantizar la estabilidad y el desarrollo exitoso de una Unión ampliada si la preservación de la posición adquirida no se impone como un requisito para el reparto de los fondos, sino que se aplican unos criterios objetivos comunes. 
En otras palabras, se debe poner en práctica en todas partes una nueva política de cohesión común y contrastar sus resultados con los de la antigua política. 
El segundo informe sobre la cohesión contiene algunas propuestas acertadas, pero también continúa arrastrando muchos de los errores de la política de cohesión y no propone una reforma fundamental. 
Quisiera añadir algunas observaciones sobre las propuestas. 
Me parece acertado que se apliquen los mismos a todas las regiones de la Unión ampliada, evitando al mismo tiempo un cambio brusco en las regiones que actualmente reciben apoyo. 
Es decir que apoyo plenamente el principio de la supresión progresiva. 
Aumentar la descentralización, fomentar la cooperación. 
Los mismos criterios se deben aplicar, no obstante, también a los países candidatos y ya desde ahora, con objeto de que las administraciones vayan adquiriendo práctica. 
La incorporación gradual de los países candidatos a una política estructural descentralizada ya a partir de 2002 también es necesaria para hacer acopio de experiencias. 
Avanzar paso a paso, en vez de a grandes zancadas. Una política regional integrada es la única que también puede inspirar confianza a los donantes. 
¡Para ello es preciso anteponer la calidad a la cantidad! 
Señor Presidente, señor Comisario, señora Presidenta del Consejo, yo considero la política de cohesión económica y social como uno de los logros absolutamente positivos de la Unión Europea, ya que es una prueba palpable de la aplicación del principio de solidaridad entre las regiones más desarrolladas y las económicamente más débiles. 
Evidentemente, cuando se analiza cómo ha funcionado hasta ahora la política de los Fondos estructurales, es preciso reconocer sin rodeos una serie de insuficiencias. 
Primero, si bien es cierto que se ha reducido la divergencia entre los Estados miembros, en cambio han aumentado las diferencias entre regiones fuertemente desarrolladas y regiones débilmente desarrolladas en el interior de cada estado miembro. 
Segundo, no se ha reducido significativamente la tasa de desempleo en las regiones económicamente débiles. 
Tercero, la renta media per cápita de las regiones más ricas, que representan el 10% de la población de la Unión, sigue siendo 2,6 veces superior a la de las regiones donde vive el 10% más pobre de la población. 
Cuarto, las regiones subdesarrolladas siguen careciendo de circuitos económicos y sociales autosuficientes. 
Justamente por esto también tienen enormes problemas para reducir efectivamente la distancia que las separa de las más desarrolladas. 
Quinto, tengan en cuenta que los créditos de compromisos no ejecutados sumaban casi 42 millardos de euros a finales de 1999, es decir, que la aplicación de los fondos estructurales a determinados proyectos es ineficaz. 
Lo cual indica que es necesario adoptar decididamente otras medidas y seleccionar otros proyectos. 
Esto, evidentemente, sólo se puede hacer en colaboración con los Estados miembros. 
A pesar de estas insuficiencias, no se debe pasar por alto que se han impulsado enormes cambios. 
Las diferencias aún serían significativamente mayores de no ser así. 
Lo cual también significa que debemos mantener la política de los Fondos estructurales. 
Señor Barnier, usted acaba de decir que ningún tema debe ser tabú. 
¡Tiene razón! 
Todos los Estados miembros también dijeron aproximadamente lo mismo en la reunión informal de Namur y se presentaron propuestas. 
Sin embargo, algún día tiene que llegar el momento de decir: tales y tales propuestas cuestan tanto dinero y, o bien lo ponemos a disposición, o bien debemos reconocer que no vamos a hacerlo. 
No se puede posponer indefinidamente ese momento. 
Como ustedes saben, en las Perspectivas Financieras 2000-2006, el límite superior se sitúa en el 1,27 % del producto interior bruto. 
¿Hasta dónde hemos llegado en realidad? 
Al 1,06 %. 
¡Esto no se puede considerar una transposición seria de una auténtica política estructural! 
La responsabilidad también recae sobre el Parlamento... 
(Exclamación del Sr. Jarzembowski) Mis reproches no se dirigen, en efecto, únicamente al Comisario, ¡nosotros lo aceptamos cada vez! 
Es decir, no mi Grupo: nosotros siempre hemos presentado las correspondientes enmiendas. 
A ver si el PPE se suma a nosotros la próxima vez, señor Jarzembowski, ¡entonces ya casi constituiríamos una mayoría! 
En el marco de este debate también debemos tener en cuenta, obviamente, la existencia de regiones muy particulares. 
El programa que ha presentado la Comisión para las regiones fronterizas- lamento tener que decirlo, señor Comisario- es absolutamente insuficiente. 
Quizás habría que considerar la posibilidad de hacer algo parecido... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, señor Comisario, el Fondo de Cohesión se creó con el fin de preparar a los países estructuralmente débiles para la Unión Económica y Monetaria. 
Los países receptores han recuperado enérgicamente terreno en los últimos años y todos participan en la UEM. 
Esto me permite constatar que dicho objetivo del Fondo de Cohesión ya se ha alcanzado. 
Aun así, en la Agenda 2000 se decidió mantener el fondo de cohesión. 
¿No creen que lo consecuente habría sido, no una supresión brusca, pero sí una extinción progresiva del Fondo de Cohesión? 
La política de cohesión de la Unión tal como está configurada en la actualidad no se puede mantener tras la ampliación al Este. 
Todos sabemos que la ampliación al Este no será posible sin un coste y así se tendría que reconocer también con sinceridad. 
Por otra parte, yo también considero que la política de cohesión de la Unión no funciona bien en muchos aspectos, en lo que respecta a su eficacia, a los gastos administrativos y a la propensión al fraude. 
Lo que haría falta es un debate a fondo sobre los puntos fuertes y las insuficiencias de dicha política, o sea, sobre una reforma de la actual política de cohesión. 
Ya sé que es un debate difícil, pues están en juego las posiciones adquiridas. 
No obstante, en este contexto también se dirime una cuestión fundamental, concretamente, qué se entiende por solidaridad en el seno de la Unión. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, apreciado señor Comisario, yo también voy a seguir su invitación a tratar este tema sin tabúes. 
Yo creo que ningún miembro de esta Asamblea es en realidad contrario a la política de cohesión. 
Lo que debemos preguntarnos es si no se podría desarrollar una política de cohesión más adecuada sin un Fondo de Cohesión. 
En este contexto se plantean dos problemas. 
En primer lugar, si los procesos de adhesión culminan con éxito, todos los países candidatos deberían participar lógicamente del Fondo de Cohesión, puesto que se trata de los países y Estados más pobres. 
No podemos declarar que tenemos una política regional para todos, un Fondo de Cohesión para cuatro países, y ahora vamos a acomodar de algún modo a los diez nuevos. 
No, si se decide mantener el Fondo de Cohesión, éste se tendría que hacer extensivo a todos los países candidatos. 
No obstante, personalmente, yo creo que se puede desarrollar una política de cohesión más adecuada a través de la política regional y estructural de carácter general, sin un Fondo de Cohesión, sobre todo porque éste presenta, a mi parecer, la desventaja de que la atención se dirige a los Estados y no a las regiones. 
Sin embargo, no queremos subvencionar a los Estados, sino a las regiones desfavorecidas. 
Por esto, señor Comisario, yo creo que es preciso volver a considerar muy atentamente esta cuestión. 
En segundo lugar, yo creo que también nosotros deberíamos distinguir, tal como ha repetido siempre usted, entre la reforma de fondo y el tema de cuánto dinero estamos dispuestos a destinar finalmente a este objeto. 
Yo creo que debemos tomar pronto una decisión sobre el contenido, ya que los países candidatos tienen derecho a esperar que les digamos antes de 2002/2003 cuál va a ser la política de cohesión cuando ellos sean miembros. 
Señor Comisario, si le he entendido bien, su modelo me parece de por sí adecuado. 
Usted ha dicho que se aplicarán unos criterios comunes- uno o dos, pongamos por caso- a todas las regiones y a continuación se procederá a la supresión progresiva de las ayudas para las regiones que hasta ahora las han recibido, pero que ya no serán subvencionables con los nuevos criterios, o bien porque no quedará dinero. 
La pregunta que ahora se plantea es: ¿según qué criterios se concederán, de hecho, las ayudas en el futuro? 
Quiero decir que yo estaría dispuesto a considerar uno o dos, o hasta tres, criterios, pero tengo un cierto temor de que finalmente- usted lo ha apuntado antes- acabemos estableciendo diez criterios y luego ya se considerará qué criterio se adapta mejor a cada región. 
Veo que tienen un par de montañas, por lo tanto se trata de una región de montaña. 
Veo que su situación es insular, por lo tanto se trata de una región insular. 
A mí me parece preferible que se considere algún indicador porcentual, por ejemplo, el producto interior bruto, combinado tal vez con la tasa de desempleo. 
Si se va más lejos y se decide considerar también como criterios generales la distribución entre los sexos o el nivel de formación de los hombres y las mujeres, yo creo que se introducirá una cierta confusión, si me está permitido decirlo. 
Por esto deberíamos seguir debatiendo, tal como usted nos ha indicado. 
Nosotros le apoyamos y nos alegra la perspectiva de seguir debatiendo con usted. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, yo quiero expresar mi apoyo a quienes han manifestado que este debate no debe girar en torno al mantenimiento de las posiciones adquiridas, sino a la ayuda para los que la necesitan de manera más apremiante. 
También quiero decir claramente que, a mi parecer, nadie puede pretender ignorar que la ampliación nos impondrá a todos grandes esfuerzos, también de carácter financiero. 
Los alemanes ya vivieron esta experiencia con la reunificación, cuando primero se intentó decirles a los ciudadanos y ciudadanas que ésta no supondría ninguna carga. 
Lo cual no era cierto, como se pudo comprobar. 
Para evitar malentendidos: nosotros deseamos, desde luego, la ampliación, pero es preciso afrontar sus consecuencias para la política estructural. 
No debemos continuar simplemente "como hasta ahora" y yo creo que tampoco será así. 
Si no queremos defraudar la confianza de las personas de las regiones afectadas, también debemos advertírselo clara y sinceramente con tiempo. 
A fin de evitar un desagradable despertar, tenemos que buscar la manera de poder prestar pleno apoyo a los países candidatos para el desarrollo de su infraestructura y seguir impulsando al mismo tiempo la aproximación a la media de las regiones más débiles de la UE de los quince. 
Esto sólo será posible si se introducen algunos cambios, que ya eran necesarios aun sin que mediara la ampliación. 
En primer lugar, lo cierto es que los países beneficiarios de la política de cohesión han obtenido en parte resultados muy distintos en el proceso de aproximación y los mayores éxitos se han logrado, según se ha podido comprobar, cuando se ha impulsado la participación de los actores locales, con el compromiso de hacer uso de las subvenciones con la máxima eficiencia. 
A fin de poder verificar la eficiencia en el uso de los recursos, es necesario seguir mejorando, además, la evaluación de los proyectos y recompensar la gestión eficiente en mayor medida que hasta ahora. 
Finalmente, pero no menos importante, es imprescindible una vinculación más estrecha con las demás políticas de la UE, sobre todo con la Política Agrícola Común. 
La descentralización y la simplificación que ha señalado el señor Comisario Barnier nos permitirán alcanzar, a mi parecer, ambos objetivos. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, quiero señalar una posición en primer lugar favorable a los dos informes, que nos aportan un buen análisis sobre la aplicación de los fondos en el año 1999, tanto el Fondo de Cohesión como los Fondos Estructurales. 
A partir del análisis que nos ofrecen estos dos informes, querría referirme a tres puntos. 
El primero es una obviedad: dentro de la política de la Unión Europea está la política de cohesión y un elemento fundamental de esta política de cohesión son los fondos que aquí estamos tratando. 
No se puede prescindir de estos fondos en las regiones que tienen un nivel inferior a la media de la Unión Europea, con o sin ampliación. 
Por lo tanto, es inherente a la política de cohesión de la Unión Europea el que las regiones más atrasadas de la Unión reciban unos fondos y unos recursos para intentar eliminar los desequilibrios territoriales existentes. 
Como se ha manifestado, hay aún un margen presupuestario dentro de la Unión Europea para poder atender estas necesidades. 
La segunda cuestión es que estos informes hacen referencia al año 1999. 
Hay una serie de críticas a su aplicación, que se deberían tener en cuenta. 
Esperemos que en el año 2001, gracias a la acción del Comisario y de su equipo, se hayan superado las limitaciones y los defectos que se señalan. 
En tercer lugar, hay que tener en cuenta que las series de estadísticas que se han analizado y los estudios que se han hecho sobre la aplicación de los fondos a largo plazo en la Unión Europea, salvo en muy escasas excepciones, demuestran que las áreas menos favorecidas han reducido su nivel de desequilibrio con respecto a la media de la Unión Europea. 
Por lo tanto, ya que hablamos del futuro de la aplicación de los fondos, téngase esto precisamente en cuenta en las nuevas políticas de la Unión en este ámbito. 
Señor Presidente, Señorías, yo compruebo, como todos, con gran satisfacción que tanto la señora Presidenta del Consejo como el Comisario responsable de política territorial han coincidido en primer lugar en que es necesario en el futuro, con la ampliación, tener una doble política de cohesión, aunque ello tenga un carácter minoritario: la política de cohesión para las regiones que pertenecen a los quince Estados actuales y la política de cohesión suplementaria para los Estados de la ampliación. 
Compruebo que han coincidido también en una cuestión que me parece elemental, contra toda hipocresía: no hay Europa política sin Europa económica, no hay Europa política sin política de cohesión. 
Así sucede también en los Estados actuales, y la Unión Europea debe asumir esas responsabilidades en el futuro. 
¿Cómo lograrlo y con qué instrumentos? 
Evidentemente, hay que mejorar la aplicación actual de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión. 
No hay más que ver las diferencias entre Irlanda y España, en los resultados de los pasados años, o entre Portugal e Italia o Grecia, si me permiten. 
La aplicación ha sido diferente, de tal forma que Irlanda ha dado un salto extraordinario y Portugal ha aprovechado, mejor que muchos otros Estados, los Fondos Estructurales. 
No ha sido el caso de España, Italia o Grecia, donde, aunque se ha aproximado la renta del Estado a la media europea, no ha sido así en sus regiones internas, lo cual indica que los fondos están mal aplicados, posiblemente porque el Estado se ha aprovechado de los fondos destinados a regiones o porque en el Estado no se ha aplicado la política de adicionalidad. 
Señor Barnier, usted ha dicho, y ya lo había hecho anteriormente, que los Fondos Estructurales y de Cohesión no pueden estar por debajo del 0,46 % del PIB comunitario. 
Le recuerdo que éste es el nivel que tenían en 1999 y que en el año 2006 será del 0,31 %. 
Si en 1999, a la vista del resultado, con esos Fondos no hemos conseguido eliminar las diferencias entre las regiones de Europa, hay que ser, por tanto, mucho más ambiciosos de lo que usted propone, aunque lo haya hecho de forma positiva. 
Señor Presidente, señor Comisario, la pregunta que tenemos frente a nosotros es qué política de cohesión debemos diseñar en el nuevo panorama que se abre como efecto de la ampliación. 
La respuesta se debe articular en dos partes: por una parte, se han de definir los principios que deberán inspirar las políticas de cohesión a partir del año 2006 en adelante y, por otra, es necesario establecer las prioridades. 
Los principios que, en mi opinión. deben inspirar la política de cohesión son dos: por un lado, la igualdad de oportunidades y, por otro, la regionalización. 
Las modernas teorías económicas nos enseñan, con todo lujo de detalles y con el apoyo de una abundante evidencia empírica, que el éxito de las políticas de desarrollo local está estrechamente ligado al aumento de la autonomía decisoria de los individuos y al diseño de instituciones de políticas regionales que sean aceptadas por los mismos electores. 
Del mismo modo, hablar de regionalización equivale a diseñar las políticas económicas a escala local, de modo que las mismas respeten y estimen las ventajas comparadas de cada región y las instituciones locales de Gobierno, de modo que las mismas tomen decisiones colectivas con el respaldo de una base democrática real, sujetas a un vínculo de control por parte de los electores que las convierte en políticamente responsables. 
No cabe duda de que el logro de estos objetivos exige un nuevo tipo de información estadística sobre las realidades de las economías tanto a escala local como nacional y comunitaria. 
Ya no es suficiente disponer de datos sobre la renta per cápita para valorar las oportunidades de acceso de los particulares en las regiones europeas; es necesario mucho más: hacen falta indicadores sobre el grado de acceso a los recursos, indicadores que midan el disfrute de las libertades económicas, que den cuenta del disfrute de los derechos humanos fundamentales y que, más en general, midan la calidad de vida. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora Presidenta del Consejo, la política de cohesión es parte integrante de la Unión Europea. 
No podremos registrar ningún progreso en el desarrollo común de la Unión Europea, si la solidaridad no tiene siempre su parte en el mismo. 
Todos sabemos que los económicamente más fuertes y más ricos deben ayudar a los que son más pobres o todavía no tan fuertes o que se encuentran en proceso de recuperación. 
Hoy estamos debatiendo sobre lo que se ha podido constatar en los últimos años y, evidentemente, también sobre las consecuencias que debemos extraer para los años venideros. 
Yo quisiera considerar ahora cuál es en este momento la situación en lo que respecta a nuestra política de cohesión desde un punto de vista muy concreto, a saber: ¿cómo estamos desembolsando el dinero que destinamos a esta política en verdad importante de la Unión Europea? 
En el pasado y hasta la adopción de la Agenda 2000 mantuvimos encarnizadísimos debates sobre la cantidad de dinero que debíamos gastar. 
Sin embargo, si consideramos ahora cómo se ha desarrollado la transposición en la práctica, es inevitable abrigar grandes dudas sobre si se ha procedido con la debida seriedad. 
El año pasado se inició el nuevo período de programación y, por lo tanto, como es lógico, al principio no se puede avanzar con la misma rapidez que cuando el proceso ya está en marcha, pero aun así es preciso señalar que los porcentajes de utilización en los diversos ámbitos son lastimosos, ¡no existe otro calificativo posible! 
Nos hemos planteado varias veces este tema en la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Política Regional también se lo ha planteado, y tendremos que seguir ocupándonos de él. 
Si consideramos el estado actual de los debates en el marco de las deliberaciones presupuestarias podemos comprobar- y ahora tengo que dirigirme al Consejo- que el Consejo prevé destinar el año próximo sólo un 1% a nuevos compromisos que luego se traduzcan efectivamente en pagos. 
Se prevé desembolsar un 1% del total que se proponen comprometer. 
Con ello vamos a acumular un retraso como el que ya tuvimos a menudo en el pasado. 
Acumulamos los créditos en vez de ofrecer un apoyo rápido y un apoyo rápido es el apoyo adecuado, puesto que queremos que muchos países y regiones ya no necesiten ayuda cuando llegue el momento de la ampliación. 
Si realmente queremos ayudarles a salir adelante, si realmente queremos ofrecerles un lugar a los países que desean unírsenos, tenemos que prestarles un apoyo rápido ahora, tenemos que prestarles un apoyo concentrado, o sea, que tendremos que reconsiderar en consonancia este punto. 
Yo insto a la Comisión- que ya ha presentado propuestas en este sentido -, pero también al Consejo, a que las palabras se traduzcan también en hechos, pues la cohesión sólo es útil si beneficia realmente a las personas, ¡y lo más pronto posible! 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, ante todo, yo quiero agradecerle, señor Comisario, sus claras palabras y la doble voluntad que ha manifestado de tener debidamente en cuenta, en el marco de la cohesión económica y social, tanto las nuevas dificultades- entre los países candidatos- como las que aún subsisten en los quince Estados miembros actuales. 
Más allá de esto, también quiero agradecerle que haya subrayado una vez más que en este debate ningún tema debe ser tabú. 
Nos encontramos en los inicios del proceso de debate y también deberíamos explorar en este marco toda la gama de posibilidades de revisión de los Fondos estructurales. 
La cohesión económica y social de 27 países se plantea, en efecto, de un modo distinto a la de quince países. 
Lo que está claro es que con la adhesión de doce nuevos Estados se ampliarán considerablemente las disparidades en el seno de la UE. 
Será preciso conceder, por una parte, prioridad a los nuevos Estados miembros, a la vez que, por otra parte, no se puede denegar una cierta continuidad a los actuales países receptores. 
Al mismo tiempo, sabemos muy bien que el Fondo de Cohesión y los Fondos estructurales siguen siendo sólo medidas temporales y no deben transformarse en posiciones adquiridas. 
Aun así, no debe ocurrir que algunas regiones queden excluidas del Objetivo 1 a partir de 2006 por el mero hecho de que su situación relativa habrá mejorado como resultado de la ampliación, aunque todavía no hayan conseguido un desarrollo autosuficiente. 
Yo creo que la política de cohesión sólo puede tener credibilidad si los recursos financieros se reparten sobre la base de criterios objetivos, igualmente válidos para todos, entre los que deben ocupar el lugar fundamental los de los niveles nacionales y regionales de bienestar. 
Por lo tanto, habrá que buscar soluciones en el marco de una futura revisión de la política regional y este es el sentido y la finalidad del proceso de debate que ahora iniciamos: tomar en consideración en condiciones de igualdad tanto la situación de los nuevos Estados miembros como la de las regiones del Objetivo 1 de los Estados miembros actuales. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, creo, frente a lo que decía un colega, que estamos en un momento muy adecuado para hablar de cohesión económica y social. 
Ojalá este concepto superara las fronteras europeas y se aplicara a otros ámbitos regionales. 
Posiblemente, estaríamos solucionando bastantes conflictos. 
Si bien es verdad que el momento es adecuado para el debate, también he de reconocer que, al menos en mi opinión, las respuestas del Consejo y de la Comisión son insatisfactorias. 
En primer lugar, me cuesta creer que se pueda hablar de cohesión económica y social sin hacer, aunque sea mínimamente, una referencia al mercado único y a todas las políticas de la Unión Europea. 
Estamos tramitando en estos momentos el Sexto Programa Marco, un programa que, ya desde el inicio, no cumple las condiciones cohesivas que le exigen los Tratados. 
La cohesión económica y social exige estar atentos a la totalidad de las políticas. 
Señor Presidente, el señor Barnier hacía unas preguntas a este Parlamento en su informe. 
Cuando hemos formulado al Consejo esas mismas preguntas, el Consejo ha manifestado que no es el momento adecuado para responderlas, pero el Parlamento tiene derecho a hacer esas preguntas a la Comisión y al Consejo para conocer su opinión, antes de hacer nuestro informe. 
Yo disiento profunda y fundamentalmente de la actitud del Consejo, y menos de la del Comisario, porque creo que ciertos factores fundamentales tienen que aclararse ya. 
Estamos hablando de cómo va a afectar a unas regiones y a otras el proyecto 2006 en el futuro. 
Si no lo hacemos, estaremos teorizando permanentemente alrededor de ese factor y no entraremos en la reforma necesaria para la cohesión económica y social en Europa, porque estaremos todos mirándonos de reojo: unos hablando de que hay que eliminar el Fondo de Cohesión, otros diciendo que ciertas regiones tienen que salir de él. 
Esa bruma impedirá llegar hasta el fondo en el análisis de la cuestión. 
Señor Presidente, estimados colegas, todos sabemos que la Unión Europea considera la quinta esencia de su existencia la cohesión social y económica de sus regiones y ha contabilizado el objetivo, definiendo como límite mínimo de la cohesión buscada el 75% de la media de la renta per capita de sus quince Estados miembros. 
Paralelamente, y muy correctamente, nuestra Unión Europea decide la adhesión de nuevos Estados miembros presumiblemente de renta per capita baja. 
Es lógico, es ético y por tanto es finalmente aceptable este segundo objetivo de funcionar en detrimento del primero, puesto que la ampliación va a reducir significativamente la nueva media de renta per capita. 
Por supuesto, el logro es que por lo menos todos se han dado cuenta de que la política de cohesión no puede seguir siendo monolítica en cuanto al 75% y así, se proponen y se debaten distintas posibilidades, que quizás den algunas salidas; sin embargo no dan la solución justa. 
Así pues, es aconsejable, y yo afirmo que es evidente, que el primer objetivo debe seguir siendo el mismo también para la Unión Europea ampliada, es decir, que todos los Estados miembros, los actuales y los nuevos superen el 75% de la media de la renta per capita de los actuales quince Estados miembros. 
Esto sería coherencia. 
Claro, es natural que esta ampliación necesite más dinero del que parece que disponemos. 
Que miren pues los nuevos datos reales en su verdadera dimensión; quienes deban mirarlos, que los analicen con espíritu abierto, que vean a largo plazo la relación coste-beneficio de una política regional readaptada, valiente, y que no defrauden a regiones que siguen necesitando la ayuda de Europa tal como la habían imaginado, de la Europa en la que creen. 
Démonos cuenta de que, como dijo en la Grecia antigua uno de los grandes, Demóstenes, "... ciertamente hay necesidad de dinero y sin él, nada de lo necesario se puede hacer... ". 
Y si las decisiones pertinentes ya han sido tomadas, bueno, las decisiones se toman para poder ser reconsideradas si es necesario. 
Como lo subrayaban los Sres. Marques y Nogueira Román en sus informes respectivos, el Fondo de Cohesión y los Fondos Estructurales revisten capital importancia para el desarrollo de la mayoría de las regiones de la Unión tanto con respecto a las infraestructuras como desde el punto de vista de la integración social. 
No obstante, a pesar de los esfuerzos presupuestarios realizados, las regiones europeas distan mucho de ser iguales frente al desarrollo, y mi colega Fruteau está muy preocupado por las regiones ultraperiféricas. 
Como comprenderán, pues, la perspectiva de la ampliación me hace temer que la Unión Europea mire exclusivamente hacia el Este, lo que sería dramático para muchas regiones europeas actualmente beneficiarias. 
Entiéndanme bien: no se trata de poner en tela de juicio la pertinencia de la ampliación, que corresponde a la consolidación de la paz en nuestro continente, lo que en estos tiempos difíciles es un objetivo noble y frágil. 
Se trata, por el contrario, de reflexionar sobres sus condiciones de éxito. 
En efecto, soy de aquellas y de aquellos que piensan que el éxito de la ampliación exigirá el refuerzo de la cohesión. 
Pero esta cohesión tiene un precio que no debe ser pagado por los países más pobres de la Unión. 
Concretamente, señor Comisario, deseo que los criterios de selección para el objetivo nº 1 y nº 2 se revisen con la mayor atención, a fin de que la pobreza de unos no confirme el fin de la esperanza y la depauperación de otros. 
El reto de la ampliación es enorme. 
Es el reto de la solidaridad, y sólo se ganará si se entiende y acepta. 
No lo olvidemos. 
Señor Presidente, las declaraciones que hemos escuchado tanto del Consejo como del Comisario Barnier, y las intervenciones de todos los oradores han confirmado de manera clara que las políticas de cohesión continúan siendo los pilares fundamentales de las políticas de la Unión y que la ampliación exige no solo su reiteración, sino también su reforzamiento. 
Sin embargo, pienso que los nudos son otros. 
Voy a señalar algunos de ellos: primero, ¿es todavía actual el conjunto de instrumentos que hemos utilizado en estos años para gobernar los desequilibrios que son cada vez más diferenciados? 
¿Pueden los indicadores genéricos, como el producto interior bruto, o porcentajes esquemáticos, como el 75%, continuar siendo los únicos parámetros de clarificación y de clasificación de elegibilidad? 
Y ¿puede seguir resistiendo un falso paradigma igualitario en virtud del cual se adoptan medidas iguales para sujetos y contextos que son sólo iguales estadísticamente? 
Segundo: ¿Acaso los principios clave de subsidiariedad y de adicionalidad significan lo mismo hoy que hace veinte años, cuando existía una situación institucional diferente en la Unión Europea? 
¿Acaso está tan lejos de la verdad y de lo posible la idea, lanzada hace algunos días por el Sr. Giuliano Amato, ex primer ministro italiano, de una profunda innovación que deje a la Comisión Europea la potestad sobre las grandes inversiones estratégicas y descentralice las acciones de desarrollo en el plano territorial? 
Espero realmente que el debate de los próximos meses se dote del valor necesario para afrontar estos problemas. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la cohesión es un pilar fundamental de la Unión Europea. 
De hecho, no habrá cohesión política en la Unión Europea sin cohesión económica y social, pese a lo que piensan algunos federalistas. 
Pero, por otro lado, sin cohesión política no habrá cohesión económica y social, por más que desagrade a algunos soberanistas. 
La política de cohesión, que ha adquirido un papel importante en los últimos años, va a desempeñar un papel aún más importante en el futuro a consecuencia de la ampliación. 
La política de cohesión es incluso una condición para el éxito de la ampliación. 
¡Es evidente! 
Pero la ampliación presenta, señor Presidente, estas paradojas: al volver a la Unión Europea más pobre desde el punto de vista de la renta media por habitante, vuelve más ricos a los países actualmente más desfavorecidos, como si se tratara de magia numérica. 
Eso es un problema. 
Ahora bien, lo que mi país, Portugal, junto con otros países de la cohesión, no puede aceptar es que, a consecuencia de la ampliación, se los sitúe en los márgenes de la política de cohesión, víctimas de una mecánica estadística que los sitúa automáticamente por encima del listón fatal del 75%. 
En vista de lo que acabo de decir, creo que la futura política de cohesión no puede alejarse de los siguientes principios: 
primero: refuerzo de los medios presupuestarios destinados a la cohesión; no se puede rehuir esa cuestión, pese a lo que ha dicho el Sr. Walter; 
segundo: garantía de que los intereses de los actuales países y regiones más desfavorecidos no se verán afectados y se encontrará una fórmula justa para que sigan beneficiándose del nivel de apoyos hoy recibidos; 
tercero: reforma profunda de la Política Agraria Común y mayor protección del mundo rural; 
cuarto: formulación y aplicación de una estrategia de desarrollo del territorio europeo que descongestione las actuales zonas centrales urbanas, densas y concentradas, en beneficio de todo el territorio europeo. 
. 
(FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este debate era esencialmente un debate exploratorio y de orientación sobre los futuros desarrollos de la política estructural y de cohesión tal como ustedes la desean. 
Lo he escuchado con mucha atención. 
Naturalmente, tendremos en cuenta las observaciones que han hecho. 
Pero me gustaría, limitarme a eso, Señorías, a una respuesta muy breve. 
. 
(FR) Señor Presidente, como la Sra. ministra Neyts-Uyttebroeck acaba de expresarlo, yo también he escuchado con mucha atención- lo cual no les extrañará- las observaciones que se han hecho. 
Yo mismo había pedido, en esta fase del debate, mucha franqueza, críticas, como he dicho antes, o sugerencias. 
Me permitirán que manifieste, a pesar de todo, que me han sorprendido las observaciones que el Sr. Simpson ha efectuado hace un momento. 
Considero que son realmente injustas. 
El Sr. Izquierdo, de una manera distinta, también ha expresado su impaciencia. 
Pero, a pesar de todo, querría que fuesen justos con respecto a la Comisión. 
Puesto que el Sr. Simpson ha mencionado a la persona que me precedió en el cargo- citando el nombre de alguien por quien siento mucho respeto y amistad, mi predecesora, la Sra. Wulf-Matthis -, desearía recordarles el calendario del debate anterior sobre la agenda de Berlín. 
El foro que inició el debate sobre la agenda de Berlín tuvo lugar en 1996 para preparar un Consejo Europeo en 1999, el cual, a su vez, abrió la agenda de 2000-2006. 
¡Tres años antes! 
Si yo hubiese respetado el mismo calendario no les habría citado en enero de 2001 para abrir este debate, sino dentro de dos años, en 2003. 
Que no se me diga hoy que la Comisión no es lo bastante activa, que se espera que presente propuestas. 
Hemos abierto este debate dos años antes, sin tabúes, sin esperar a la ampliación. 
Les pido que sean justos con la Comisión. 
Llegado el momento, una vez que les haya escuchado, una vez que haya escuchado al Comité de las Regiones, a las propias regiones, a los Estados miembros, podrán contar conmigo para dar muestras de audacia, de dinamismo, y para presentar propuestas claves. 
Pero no me pidan hoy que cierre un debate que apenas acaba de empezar con dos años de antelación con respecto a los procedimientos habituales. 
He apostado por la transparencia, por la apertura, frente al Parlamento Europeo. 
Y creo bastante injusto que hoy se me lo reproche. 
Dicho esto, desearía manifestar al presidente Hatzidakis, a la Sra. Schroedter, al Sr. Duin, al Sr. Gasòliba i Böhm, al Sr. Markov- que en sus intervenciones, si les he escuchado bien, han insistido sobre todo en la gestión actual- que coincido con muchas de sus observaciones, de sus llamamientos para una mejor utilización de los créditos, para que se respeten los compromisos, para que nos preocupemos por una verdadera cooperación en las regiones. 
Y, junto con el equipo de la Dirección General, estoy muy vigilante para que estos términos contenidos en los Reglamentos- cooperación, buena utilización, rigor, paridad, y otros- se hagan realidad. 
Dentro de unos días acudiré a su comisión, señor presidente Hatzidakis, para decirles en qué punto estamos respecto a 1994-1999 e incluso respecto al balance de la utilización de los créditos- que espero que ahora sea definitivo- del período anterior, donde aún quedaban compromisos anteriores a 1994 que no se habían pagado, y también para dar la voz de alerta sobre la puesta en práctica de los compromisos y de las primeras utilizaciones de créditos en el período actual. 
Efectuaré un balance muy preciso y muy objetivo ante la Comisión de Política Regional. 
El Sr. Markov ha vuelto a hacer hincapié en la cuestión de las regiones fronterizas. 
Reconozco, señor Markov, que la respuesta que dimos con el Sr. Verheugen con respecto a la problemática de las regiones fronterizas no es totalmente satisfactoria; pero, repito, no me pidan hoy más de lo que puedo dar, puesto que trabajamos en el marco que ustedes conocen muy bien y que han aprobado, que es el de Berlín. 
Yo tengo un marco financiero y no puedo traspasar dicho marco. 
Utilizo todos los márgenes posibles de flexibilidad y de maniobra, pero hasta 2006 estoy situado en el marco de Berlín y debo ceñirme a éste. 
El Sr. Pohjamo, entre otros, ha mencionado la financiación de la ampliación. 
La Comisión no tomará decisiones, señor Pohjamo. 
Será el Consejo, el Consejo de jefes de Estado y de gobierno en 2006, sobre las propuestas que nosotros presentaremos. Y deseo decirle a este respecto- como se lo habría podido decir más tarde al Sr. Nogueira Román, al Sr. Walter, al Sr. Mastorakis y al Sr. Pittella, que han mencionado los objetivos, los valores de la Unión que están en el seno de esta política de cohesión -, desearía decirles, señoras y señores, que en 2006 tendremos buenas decisiones financieras si antes celebramos un verdadero y un buen debate político y si, naturalmente, en el marco de este debate y al término del mismo, la Comisión, como es su papel, presenta propuestas valientes y esenciales. 
Pueden contar conmigo y con la Sra. Diamantopoulou y el Sr. Fischler para presentar posiciones y propuestas que proseguirán, modificándola y reformándola, la política de cohesión. 
Pero permítanme decirles que para vencer este reto en 2004 ó 2005 necesito un verdadero debate político previo. 
Necesito que ustedes demuestren aquí, en sus países y dialogando con unos y otros la utilidad de esta política regional, su necesidad, sus efectos. 
Si no superamos esta prueba, entonces habrá que temer las decisiones financieras finales. 
Les pido, pues, que en el seno de sus grupos políticos, del Parlamento, en los países, en las regiones, participen en este debate, se manifiesten ante las primeras vías abiertas por la Comisión y que ustedes mismos presenten propuestas. 
Señora Raschhofer, usted ha dicho que era preciso realizar reformas. 
No sé si nos hemos entendido bien, pero el debate es para eso y espero del mismo nuevas vías para las reformas. 
La Sra. Raschhofer ha utilizado una palabra que no puedo aceptar, puesto que hay que tener cuidado con las palabras que se utilizan. 
Ha hablado de fraude. 
Yo soy muy estricto e inflexible en esta cuestión del rigor de la gestión de los Fondos Estructurales. 
Es probable que se cometan errores. 
Es probable que se produzcan retrasos. 
A menudo se cometen incluso irregularidades. 
Pero en los informes del Tribunal de Cuentas, en la Comisión de Presupuestos, en la Comisión de Control Presupuestario de este Parlamento, no se han señalado muchos casos de fraude a propósito de la gestión de los Fondos Estructurales. 
Por lo demás, si existen errores, retrasos, irregularidades, los reduciremos progresivamente con la actitud que acabo de indicar. 
El Sr. Jarzembowski también ha participado en este debate y le doy las gracias por ello. 
No debe haber ningún malentendido: cuando he mencionado la dimensión territorial de la futura política, usted podrá observar, señor Jarzembowski, que en el informe de cohesión he puesto el título "Unidad de Europa, solidaridad de los pueblos, diversidad de territorios". 
Se trata quizá de la idea de poder- en la nueva y futura política de objetivo nº 2, si aún existe una política de objetivo nº 2, como deseo -, en lugar de aumentar la burocracia, la distribución por zonas, de descentralizar dicha política, pero sobre la base de algunas prioridades europeas que elegiremos juntos. 
Y podría crearse un instrumento financiero al servicio de cada una de estas prioridades, algunos instrumentos financieros al servicio de determinados objetivos fundamentales que ustedes desean: ayudar a las regiones que sufren desventajas naturales duraderas, apoyar la política urbana, la cooperación transfronteriza. 
Estos son algunos ejemplos de objetivos territoriales. 
Se podría, de este modo, encontrar objetivos temáticos tales como la sociedad de la información. 
Señor Korakas, usted también ha efectuado un llamamiento para aumentar la confianza y la regionalización. 
Estoy de acuerdo. 
Presentaré propuestas en la nueva agenda, en 2004, para lograr una mayor simplificación, una mayor regionalización; pero, en mi opinión, el límite está en no permitir la destrucción o el desmantelamiento de esta política de cohesión, que es una de las más importantes, una de las políticas comunitarias fundamentales y que está en el centro de la solidaridad en Europa. 
El Sr. Berend, entre otros, ha mencionado una crítica, que acepto o que comprendo, sobre el criterio actual del PIB por habitante. 
Estoy abierto a las críticas. Pero hasta ahora dicho criterio me ha parecido el más justo, el más objetivo. 
Todos los Estados miembros lo aceptan. 
Disponemos de estadísticas fiables con los instrumentos que se nos aportan. 
Y antes de cambiar, hay que reflexionar muy bien para ser tan justos y objetivos como lo somos con respecto a este criterio del PIB por habitante. 
Señora Darras, permítame decirle claramente que llegado el momento propondré una política regional y de cohesión que implicará a todos los países de la Unión. 
La propuesta, naturalmente, se centrará, como lo hemos hecho hoy, en las regiones más pobres, en los países más pobres, porque eso es la cohesión, la cual está pensada, por otra parte, para que se salga de ella cuando se han conseguido resultados satisfactorios. 
Pero estoy decidido a hacer una política que tenga en cuenta las otras regiones, que presentan menos dificultades, pero que aún tienen proyectos y problemas específicos- a veces se trata de zonas de pobreza-. 
Propondré, pues, llegado el momento, una política que implicará, a niveles diferentes y según el grado de desarrollo, a todas las regiones de Europa y a todos los países de Europa; asimismo, me esforzaré- respondo al Sr. Lage- en tratar de manera equitativa a todas estas regiones, sobre todo para evitar, señor Lage, el efecto mecánico que yo mismo he planteado en el informe de cohesión, así como el efecto estadístico que podría, si se aplicara precipitadamente, penalizar regiones de la Unión Europea actual. 
Señor Presidente, una pequeña intervención por alusiones a raíz del comentario del Comisario, que me parece improcedente y, especialmente, impropio de él, un Comisario que nos tiene acostumbrados a un trato exquisito con el Parlamento y con cada uno de los diputados. 
Quizá ha habido un problema de comprensión. 
Lo único que yo he hecho, señor Comisario, es preguntarle a usted lo mismo que usted ha preguntado al Parlamento. 
Usted no me puede decir por eso que yo soy impaciente. 
Usted, en enero, en el segundo informe sobre la cohesión pregunta al Parlamento cuál de los cuatro criterios considera que debemos adoptar. 
El Parlamento pregunta al Consejo y a la Comisión lo mismo. 
En segundo lugar, señor Comisario, tenemos la ampliación de por medio. 
Estamos hablando de otro momento y de otra época. 
Quiero que sepa, por tanto, que todos mis comentarios se han hecho desde una posición constructiva, que no es cosa de hoy sino de hace muchos años, luchando por la cohesión en esta Cámara. 
Señor Presidente, no es admisible que, una vez cerrado el turno de palabras y cuando ya ha intervenido el Comisario, cualquiera vuelva a iniciar un nuevo debate. 
Yo le ruego que impida que esto se repita en el futuro, pues de lo contrario yo también hablaría gustosamente otros dos minutos. 
En cualquier caso, sólo quiero añadir que el Comisario ha respondido de manera muy satisfactoria a todas nuestras preguntas y merece todo nuestro agradecimiento. 
El debate queda cerrado. 
Fondo de Cohesión (1999) -Fondos Estructurales (1999) 
A5-0248/2001 del Sr. Marques, sobre el informe anual de la Comisión sobre el Fondo de Cohesión 1999 (COM (2000) 822- C5-0109/2001- 2001/2058 (COS) ); 
A5-0247/2001 del Sr. Nogueira Román, sobre el undécimo Informe Anual de la Comisión sobre los Fondos Estructurales (1999) (COM (2000) 698- C5-0108/2001- 2001/2057 (COS) ). 
Señor Presidente, Señorías, el informe de la Comisión relativo a las actividades del Fondo de Cohesión en el año 1999 demuestra que éste sigue, a semejanza de los años anteriores, persiguiendo los objetivos más inmediatos para los que fue creado, es decir, dotar a los llamados países de la cohesión- Portugal, España, Grecia e Irlanda- de infraestructuras económicas en las esferas del medio ambiente y los transportes. 
En esos dos sectores, por ejemplo, el Fondo de Cohesión fue crucial para la realización de infraestructuras indispensables para el desarrollo de mi región. 
Tan sólo en 1999, financió la ampliación del aeropuerto de Madeira y una importante unidad de tratamiento de residuos sólidos. 
Pero tenemos más razones para congratularnos de la actividad del Fondo de Cohesión en 1999. 
En verdad, tanto la ejecución física y financiera de los proyectos apoyados como el reparto de las asignaciones entre medio ambiente y transportes, la observancia de la legislación comunitaria en la esfera medioambiental y la distribución de las asignaciones para los países beneficiarios siguieron respetando las normas de funcionamiento del Fondo. 
Por otro lado, en 1999 no se descubrió situación alguna de fraude ni duplicación de financiación entre el Fondo de Cohesión y ningún otro fondo comunitario. 
Y, como todo funcionó normalmente en el año 1999, como éste era el último año del período de programación entre 1993 y 1999 y como el informe de la Comisión ofrece una panorámica general de la evolución habida en ese período, me ha parecido más importante centrar esta intervención mía en la contribución del Fondo de Cohesión a la realización del principio de cohesión económica y social, del que es un instrumento fundamental. 
Conviene decir, a ese respecto, que ese principio de solidaridad, verdadero pilar del proyecto de construcción europea, ya conoció tiempos mejores. 
En particular, con ocasión de las dos duplicaciones financieras dedicadas a las políticas estructurales ocurridas en 1986 y 1992, que tuvieron por objetivo el de permitir a los países de la cohesión integrarse mejor en las dinámicas desencadenadas por el gran Mercado Interior y por la Unión Económica y Monetaria. 
Pero en junio de 1999, cuando en la Cumbre de Berlín los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea tuvieron que decidir sobre los Fondos Estructurales que dedicar al período 2000-2006 en el ámbito de la denominada Agenda 2000, ya no hubo más duplicaciones. 
Hubo incluso una clara reducción. 
Fue la cumbre en que los egoísmos nacionales suplantaron el interés europeo de una Europa más cohesionada y equilibrada, que tuvo en Jacques Delors y Helmut Kohl paladines incansables. 
Pero hoy, señor Presidente y Señorías, la proximidad de la ampliación y la necesidad de combatir los enormes desequilibrios regionales que de ella se desprenden vuelven imperativa una revitalización de la política de cohesión económica y social. 
Estamos seguros de que la Comisión y, en particular, el Comisario Michel Barnier estarán a la altura de ese desafío. 
Y tengamos bien presente que la revitalización de la política de cohesión es necesaria no sólo para atender a los países que, según se espera, entrarán en breve en la Unión Europea, sino también para mantener, aun después de la ampliación, la lucha contra el déficit de cohesión de la actual Unión Europea de quince países, que entonces aún persistía. 
Por lo demás, las asimetrías regionales en el ámbito de la actual Europa de quince miembros podrían aumentar incluso a consecuencia de las dinámicas inducidas por el proceso de ampliación, en particular en la relación periferia-centro. 
Es decir, que países como, por ejemplo, Portugal pueden resultar más periféricos y el actual centro (Londres, París y demás) aún más reforzado en su centralidad, porque pasará a ser el centro de una Europa económicamente integrada desde el oeste hasta casi la frontera oriental. 
Es importante que tengamos la conciencia de que desequilibrios regionales excesivos constituyen una amenaza económica y política para la Unión Europea: amenaza económica porque, si no somos capaces de aprovechar plena y más eficientemente los recursos de las regiones más deprimidas, será el conjunto de la Unión Europea el que perderá; amenaza política, porque no es viable que la Unión Europea se base en desigualdades territoriales y sociales clamorosas. 
Europa estará cohesionada o no será nada. 
Si saliera adelante la tesis totalmente inaceptable de la renacionalización de las políticas de cohesión, el de no hacer Europa sería el gran riesgo que se correría. 
Por eso, consideramos que la creación del Fondo de Cohesión por el Tratado de Maastricht estuvo plenamente justificada. 
Por lo demás, lo demuestra el balance del primer período de funcionamiento del Fondo de Cohesión entre 1993 y 1999. 
El Fondo de Cohesión ha sido- podemos ya decirlo- un importante factor de convergencia real, como también ha sido un potente incentivo a los países beneficiarios para el cumplimiento de los criterios de convergencia nominal previstos en Maastricht. 
Por eso, es necesario que nos opongamos a cualquier intento de extinción del Fondo de Cohesión. 
Por otro lado, es necesario que aprovechemos las enseñanzas que se desprenden de este primer período de funcionamiento para mejorar aún más la eficacia del Fondo de Cohesión. 
Señor Presidente, señor Comisario, los datos facilitados por la Comisión en el 11º Informe sobre los Fondos estructurales, confirmados por el segundo Informe sobre la cohesión, demuestran que, pese al esfuerzo presupuestario realizado en el período 1994-1999, siguen existiendo las grandes desigualdades sociales y territoriales que existían antes de 1994. 
Se mantuvieron o aumentaron las grandes diferencias regionales iniciales, como lo demuestra el hecho de que la renta media por habitante del 10% de la población que vive en las regiones más prósperas de la Unión sigue siendo aún 2,6 veces superior a la renta del 10% de la población que habita en las regiones menos desarrolladas y ni siquiera se han corregido las desigualdades territoriales que existían dentro de determinados Estados que tienen regiones de objetivo 1, como Italia, España y Grecia. 
En contraste con esa realidad, en los últimos años se ha fortalecido el espacio que va de Londres a París y Hamburgo, una gran región central que, aun ocupando sólo una séptima parte de la superficie europea, cuenta con una tercera parte de la población y goza de casi la mitad de la renta económica total, en una concentración urbana y de empleo que pone en peligro el propio desarrollo sostenible de la Unión Europea. 
Lamentablemente, nada indica que esas tendencias puedan evolucionar en los próximos años. 
Las previsiones presupuestarias aprobadas en la Agenda 2000 para el período vigente tienen un carácter muy restrictivo, de modo que, mientras que en 1999 el porcentaje del PIB de la Unión Europea consagrado a la política de cohesión alcanzaba el 0,46 %, en 2006 no pasará del 0,31 %, con lo que retrocederá a las cifras de 1994. 
Esos datos son extraordinariamente preocupantes. 
Basta con observar, por otro lado, la experiencia de la reunificación alemana para comprender que, si no hacemos lo posible para remediar la situación, se agravará el problema cuando se adhieran los Estados de la ampliación. 
Ante esa realidad, debemos saber que, cuando hablamos de la política de los Fondos estructurales, no estamos tratando de "un problema más" de la UE. 
Al contrario, hablamos de un problema fundamental, de forma que el sentido de la Europa política depende en gran medida de la evolución positiva de la política de cohesión en lo relativo tanto a los territorios del objetivo 1 de la actual UE que aún la necesiten como a los nuevos Estados miembros necesitados de fondos presupuestarios que no deben ser suplementarios. 
Si no adoptamos esa decisión exactamente, se dará la inaceptable paradoja de que se pague la necesaria política de cohesión para con los nuevos Estados con fondos substraídos al presupuesto hoy destinado a los países menos desarrollados de la Unión. 
Señorías, no podemos permitir que la Unión Europea retroceda en la esfera de la política de desarrollo territorial y social. 
Si prescindiera de la política de cohesión, la Europa política no sería lo que es. 
Sería hipócrita o irresponsable pretender una cosa negando los medios económicos para posibilitar otra. 
En ese marco, creo que no podemos demorar la adopción de una decisión que garantice un aumento del presupuesto de la Unión para el próximo período de programación claramente superior a 1,27 % del PIB comunitario. 
Señor Presidente, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades se congratula de la iniciativa de la Comisión de presentar las acciones en favor de la igualdad entre el hombre y la mujer como tema especial del informe. 
Subraya que la igualdad entre hombres y mujeres es indispensable en nuestro esfuerzo por el desarrollo económico con una cohesión económica y social. 
Sin embargo, nuestra comisión expresa su pesar porque esta presentación tiene carácter descriptivo y no cuenta con información exacta que permitiría evaluar tanto el acceso de las mujeres a los Fondos estructurales, como el impacto de las iniciativas comunitarias en el fomento de la igualdad de oportunidades. 
De acuerdo con la nueva reglamentación de los Fondos Estructurales (2000-2006) , la integración del principio de igualdad de oportunidades entre los dos sexos constituye un objetivo prioritario, y los Estados miembros están obligados a realizar una evaluación previa de los planes con una perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres por medio de indicadores y datos estadísticos. 
Debemos subrayar que los indicadores de seguimiento y las estadísticas deberán desglosarse por sexos. 
Además esta es una demanda permanente del Parlamento Europeo. 
Igualmente debemos hacer hincapié en nuestra petición hacia la Comisión Europea, para que se encargue que se tome debidamente en cuenta el principio de la igualdad entre los dos sexos y de que se tengan en consideración los datos estadísticos tanto en la programación como en todo el proceso de seguimiento y de intervención de los Fondos estructurales para aumentar el empleo de las mujeres, para garantizar la calidad y viabilidad de los nuevos puestos de trabajo y para la creación de infraestructuras tales que garanticen la conciliación entre la vida familiar y la laboral. 
Y finalmente, debemos acentuar la importancia de la acción coordinada entre la Comisión Europea y los Estados miembros para informar a las entidades regionales y a todos los beneficiarios sobre las posibilidades de la política de la igualdad de los dos sexos mediante los Fondos estructurales. 
. Señor Presidente, señor Comisario, el año 1999 fue el último del primer período de funcionamiento del Fondo de Cohesión, creado por el Tratado de Maastricht. 
Estuvo plenamente justificado como instrumento importante, no sólo de cohesión económica y social, sino también de apoyo a los países con mayores dificultades para cumplir los programas de estabilidad y convergencia que conducirían a la introducción de la moneda única. 
Dicho Fondo ha sido un importante factor de convergencia real y un fuerte incentivo para el cumplimiento de los criterios de Maastricht. 
La ayuda se ha destinado a la creación de proyectos de infraestructura y de transporte y a proyectos medioambientales. 
Se comprometió el 99% de las ayudas previstas, lo que en parte es lamentable, ya que debería haberse alcanzado el 100%, aunque esto casi se consiguió al final del período analizado, es decir, en 1999. 
La reciente reforma de los Fondos Estructurales resulta adecuada para simplificar sensiblemente la programación, la ejecución y la liquidación financiera de las intervenciones y hemos pedido en la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que se faciliten las intervenciones con una mejor asistencia a las administraciones nacionales. 
Nos parece muy importante que se considere en el futuro el desglose por sexos, lo que permitirá realizar acciones específicas dirigidas a la promoción de la mujer. 
La dotación financiera es inferior a la de la propuesta de la Comisión y del Parlamento Europeo. 
Es lamentable que esto dificulte el logro de los objetivos en materia de empleo, sobre todo si tenemos en cuenta el compromiso de todos los Estados miembros y de las instituciones europeas para una acción decidida a favor del empleo, acordada en la Cumbre de Lisboa. 
Es positivo que se tenga en cuenta entre los objetivos la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres en los programas de empleo, ya que es uno de los campos donde la participación de la mujer es claramente inferior a la del hombre. 
Por ello es satisfactorio que la Comisión haya decidido proceder, en el futuro, de acuerdo con los artículos 2 y 141 del Tratado de Amsterdam, a una integración del sexo en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias con el fin de adoptar medidas horizontales de acción positiva. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, los informes anuales tienen como cometido realizar análisis referidos a un período limitado de tiempo y extraer conclusiones. 
Este undécimo informe anual sobre los Fondos estructurales se refiere a un año que fue sin duda especialmente significativo para el desarrollo de la política de cohesión de la Unión. 
Mi Grupo comparte algunas de las medidas que propone el ponente y el compendio de posibles mejoras en lo que respecta a la ejecución de los Fondos estructurales, como puede ser la agilización del desarrollo de las medidas aprobadas, la concentración efectiva de los recursos de los Fondos estructurales en las zonas con un retraso en su desarrollo o la mejora de los controles in situ, visto el porcentaje todavía francamente elevado de fraude. 
También quisiéramos plantear, no obstante, algunas observaciones críticas e indicar que no apoyamos algunas de las observaciones y conclusiones del ponente, como su valoración demasiado negativa de los resultados obtenidos durante el período de programación de los Fondos Estructurales o en cuanto a la no-consecución del objetivo de la política regional, o sea, la igualación de las condiciones de vida, que supuestamente sólo se habría logrado en parte. 
Yo creo, señor Ponente, que ha adoptado una perspectiva equivocada para juzgar la política estructural europea, cuyo objetivo es únicamente reducir las disparidades y, a mi modo de ver, también lo ha logrado en gran medida.. 
Aun así, siempre existirá una disparidad entre las condiciones de vida en las regiones ricas y pobres de la UE, incluso dentro de un mismo Estado miembro. 
Esperar que la política estructural logre equipararlas no deja de ser una fantasía poco realista. 
No deberíamos confundir nuestros deseos con lo que es factible. 
Por otra parte, es preciso observar críticamente que, a pesar de la importancia del año 1999, el undécimo informe es un informe anual y no una memoria en la que se deban volver a enumerar todas las preocupaciones y problemas pasados, presentes y futuros de la Unión. 
Para lograr impulsar algún cambio, los informes se tienen que concentrar en unos pocos puntos centrales, como nos han enseñado muchos años de práctica parlamentaria. 
¡Esto es justamente lo que no hace el presente informe! 
Como ya he señalado, las conclusiones del ponente no son necesariamente erróneas, pero mucho de lo que dice está, de hecho, fuera de lugar en el contexto del informe. 
Nosotros opinamos, por lo tanto, que el Pleno debería enmendar aún algunos puntos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los informes que estamos debatiendo confirman algunos elementos de preocupación acerca de la ejecución de los Fondos estructurales para el período 1993-1999, pero, ¡ay de nosotros! , también para la nueva etapa de programación que concluirá en el año 2006. 
El primero de ellos es la ingente cantidad de recursos que resulta no gastada al final del período 1993-1999 y que se puede utilizar hasta todo el 31 de diciembre de este año. 
Creo que es justo e importante lanzar un fuerte advertencia dos meses antes o poco después del vencimiento. 
Es preciso un interés creciente y, en cambio, hay regiones y Estados que olvidan irresponsablemente el peligro inminente de la pérdida de dichos fondos. 
Existe asimismo, por decirlo así, la utilidad de tener en cuenta los errores y los retrasos que se registraron en el período 1993-1999 para no repetirlos. 
El Sr. Mastorakis ha mencionado el griego, yo cito el latín: errare humanum est, perseverare autem diabolicum. 
La frase es conocida, pero parece que muchos la olvidan. 
Los datos del año 2000, que el Comisario Barnier conoce, no nos tranquilizan. 
Sin embargo, la acción insistente del Comisario, las innovaciones contenidas en la reforma de los Fondos estructurales se asimilan difícil y lentamente. 
El Parlamento debe aprovechar esta ocasión para reiterar su derecho-deber de intervención. 
El Parlamento que es un órgano elegido directamente por los ciudadanos no puede permanecer en silencio si se infrautiliza un instrumento fundamental para el desarrollo de las Comunidades y para su cohesión. 
Por lo tanto, debemos trabajar en común- la Comisión, el Parlamento, el Consejo y los agentes regionales y locales- para imprimir una gran aceleración y para orientar el gasto a proyectos que aumenten la competitividad de los territorios, especialmente de aquellos más desfavorecidos y atrasados. 
Debemos dejar claro a todos que la calidad y la capacidad del gasto, la rentabilidad de los distintos objetivos y los éxitos alcanzados por los distintos beneficiarios serán la clave para determinar la futura estrategia de cohesión en la Unión Europea. 
Señor Presidente, lo primero que constatan los informes anuales de 1999 sobre la política de cohesión es que se han obtenido unos muy pobres resultados. 
En los once y siete años en que, respectivamente, vienen operando estos Fondos comunitarios, la renta per cápita media de España, Grecia y Portugal, que en 1988 era del 68%, ha pasado a ser del 79% de la media europea en 1999. 
Es decir, ha crecido un punto de promedio por cada año. 
Harían falta veintiún años más, a este ritmo, para igualar la del conjunto de la Unión Europea. 
Yo tengo serias dudas de la voluntad política de eliminar las diferencias, de la verdadera solidaridad de los Gobiernos de la Unión. 
Y digo esto porque, como ha señalado mi compañero, el señor Nogueira, en 1999 los Fondos de la política de cohesión para el septenio 92-99 suponían el 0,46 % del PIB, en tanto que los que van de la Agenda 2000 hasta el 2006 supondrán solamente el 0,31 % del 2006, o sea, que se van a reducir en 15 puntos. 
Además, hay quienes pretenden no incrementar sus aportaciones y con estos reducidos importes atender también la solidaridad con los nuevos Estados de Este, que se incorporarán con la ampliación de la UE. 
Señor Presidente, si de verdad creemos y apostamos por la igualdad de oportunidades, por la solidaridad y por una verdadera Europa unida, debemos dejar las cicaterías y poner todos más dinero, sobre todo los ricos, en favor de los más pobres. 
Señor Presidente, es indiscutible que el Fondo de cohesión ha desempeñado un papel importante para el desarrollo de las redes transeuropeas y cabe señalarlo como un factor importante para la convergencia de la economía en la Unión Europea. 
Sin embargo, los resultados alcanzados no son homogéneos y, más adelante, valdrá la pena profundizar las razones de dicha heterogeneidad. 
En realidad, paradójicamente existen problemas burocráticos y mecanismos todavía farragosos especialmente en los plazos de asignación y de utilización de los fondos: así ha sucedido con el Fondo de cohesión el cual muestra la falta de utilización de todos los créditos de pago de 1999, y también con los Fondos estructurales, los cuales no han alcanzado el objetivo de gasto del 100%, tanto porque una gran parte de los recursos se ha utilizado sólo antes del vencimiento del período de programación como por la lentitud de la asignación de las financiaciones disponibles que convierten en más onerosa la realización de programas a los sujetos que los ejecutan. 
Ciertamente los retrasos no contribuyen a la mejora socioeconómica y ocupacional global de las regiones afectadas. 
En este sentido, un momento importante para ambos Fondos es la evaluación no sólo a priori, sino sobre todo a posteriori, la cual pierde su eficacia si no se realiza a su debido tiempo, entendiendo como debido el tiempo de la programación de las intervenciones siguientes que no se puede hacer de manera racional si se ve obligada obligada a prescindir de la evaluación definitiva de los programas anteriores. 
Por otra parte, la evaluación es necesaria para comprobar el cumplimiento del principio de adicionalidad, respecto al cual el Tribunal de Cuentas ha dado unas indicaciones muy concretas que vale la pena tener en cuenta. 
Relacionado con esto está el discurso acerca de la conveniencia de que la Comisión consiga facilitar una información más articulada y compleja sobre la evaluación de los proyectos que se refiera esencialmente al aspecto socioeconómico más que al meramente contable y evidencie si se ha alcanzado o no el objetivo de reducir el diferencial de desarrollo entre las regiones: una información que debe ser facilitada inmediatamente al Parlamento Europeo y no, como ha ocurrido en esta ocasión para el Fondo de cohesión, con cerca de dos años de retraso porque, evidentemente, esto impide la reformulación de las intervenciones a través de la corrección de las disfunciones en tiempo útil. 
Y ésta es una operación que se convierte en aún más necesaria, si cabe, con vistas a la ya inminente ampliación. 
Por último, en síntesis, es necesario reivindicar un papel más activo del Parlamento en el momento de la evaluación de la eficacia o no de las intervenciones y de los objetivos perseguidos. 
Señor Presidente, señor Comisario, sin lugar a dudas, el Fondo de Cohesión ha contribuido en años pasados al refuerzo de las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea. 
Sin embargo, sería injusto suponer que no necesitamos preguntarnos si es correcta la cuantía de ese Fondo. 
El próximo ingreso de algunos nuevos Estados solamente supone un estímulo. 
Es positivo que el Sr. Marques se refiera tanto al objetivo como a los medios y condiciones del Fondo de Cohesión. 
Este Fondo tiene como objetivo ayudar a los Estados miembros a cumplir los criterios de convergencia de cara a la UEM. 
No existen dudas al respecto. 
Tenemos los fondos estructurales para dar otro tipo de apoyo. 
El ingreso nos obliga a evaluar y revisar la política estructural, también el Fondo de Cohesión. 
En mi opinión, se necesitan, sin embargo, menos cambios. 
El caso es que el Fondo solamente se utilice para el que es su objetivo. 
Entonces, el sistema actual puede contar todavía con muchos años de éxito tras la ampliación. 
Señor Presidente, señor Comisario, señores ponentes, de forma breve quisiera manifestar, al hilo de los informes que en estos momentos estamos debatiendo, y como hemos visto anteriormente, que estamos aquí en un gran debate con un futuro importante en lo que respecta a la construcción de Europa y también a la construcción de la Europa ampliada. 
Nos encontramos ante unos Fondos que nacieron en un momento determinado con unos objetivos, los de una política de cohesión económica y social. 
Esta política, por un lado, ha sido claramente exitosa pero, por otro, también vemos que las diferencias, como ponen de manifiesto los informes, se mantienen. 
Yo más bien diría que significa que la política no solamente es exitosa para los países de la cohesión, para las regiones más pobres que están recibiendo unas ayudas importantes, sino también para otras regiones, en países de riqueza, a las que estas ayudas trascienden. 
Al final se produce un movimiento expansivo en toda Europa y, a través de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, esas regiones de países más ricos acaban beneficiándose de las ayudas, porque se están comprando tecnologías, porque se están realizando inversiones a partir de esos países en los cuales se producen los avances tecnológicos. 
Quizás ahí se encuentra también la razón por la que se produce ese mantenimiento de las diferencias, después de las grandes ayudas y de las grandes inversiones que se han realizado a través del Fondo de Cohesión. 
Ahora nos encontramos ante la problemática que plantea la ampliación. 
¿Se tiene que modificar el Fondo de Cohesión? 
¿Van a dejar de percibirlo las regiones más pobres? 
¿Van a dejar de percibirlo los Estados que hasta el momento han sido receptores de ayuda, en beneficio de los nuevos Estados que van a entrar? 
Creo que ese es el gran reto que en estos momentos tiene el Comisario y que tenemos en el propio Parlamento. 
Yo creo que se han de mantener, que hay que ser imaginativos y capaces de lograr que los Fondos sigan llegando a todas las regiones. 
De no ser así, al final la divergencia aumentará. 
Hemos de hacer un esfuerzo para que los países de la ampliación se conviertan también en motores económicos que permitan que esa política de cohesión económica y social conduzca, al final, a una Europa mucho más justa y mucho más libre. 
Ejemplos recientes tenemos de lo que generan la pobreza y el fanatismo. 
Señor Presidente, señor Comisario, en la Comisión de Política Regional ya comentamos al Sr. Nogueira que no estábamos de acuerdo con su percepción negativa- o, por lo menos, excesivamente crítica- de la aplicación de la cohesión económica y social. 
Me atrevería a decir que esa valoración debe ser positiva e incluso más, por lo brillante de los resultados. 
Desde aquí nosotros queremos hacer algunos comentarios muy concretos en relación con estos dos informes sobre la aplicación de los Fondos en los años a que hacen referencia. 
Es verdad que las informaciones son buenas porque se cumplen, en primer lugar, las recomendaciones del Parlamento. 
El equilibrio entre inversiones de tipo ferroviario e infraestructuras viarias de carreteras, en medio ambiente, se ha aproximado precisamente a la recomendación parlamentaria. 
No existe ningún informe sobre fraudes en la aplicación de estos fondos y se satisface correctamente otra serie de criterios estadísticos. 
Pero nosotros no somos el Tribunal de Cuentas. 
Lo que echamos de menos en estos informes es un mayor carácter cualitativo: queremos saber qué efecto cualitativo, económico y político, están teniendo estas inversiones; en qué medida se está transformando el metabolismo de esas regiones; en qué medida los Gobiernos están acertando en las inversiones, yendo derechamente a las inversiones productivas, tal y como reclama la política estructural. 
Esto es lo que echamos de menos en los informes de aplicación del Fondo de Cohesión. 
Y digo esto en todos los aspectos. 
El año que viene tendremos que examinar los informes de aplicación de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión en 2000 y 2001. 
Los datos no serán buenos, pero yo de antemano no los quiero condenar, porque, si la Comisión demuestra que han sido bien utilizados en cuanto a la programación, será un elemento cualitativo que el Parlamento habrá de tener en cuenta. 
Señor Presidente, señor Comisario, este undécimo Informe Anual de los Fondos Estructurales, a pesar de ser el último del programa 1994-1999, resulta rico en enseñanzas. 
En primer lugar, aprobamos el balance del ponente, el Sr. Nogueira Román, sobre el déficit de análisis cuantitativo y de evaluación precisa de dichos fondos. 
Europa debe efectuar un verdadero examen de las financiaciones que concede. 
Por una parte, para controlar la ejecución efectiva de los proyectos, así como la buena utilización de los fondos públicos, y, por otra, para optimizar los nuevos programas. 
Por potra parte, los ciudadanos de mi región me dirigen siempre las mismas críticas: demasiadas complicaciones, demasiada burocracia, demasiada lentitud. 
Pienso que no privilegiamos lo bastante los pequeños proyectos estructurales, respecto a los cuales la simplicidad y rapidez deben ser la consigna para responder a las necesidades concretas del terreno. 
No puedo dejar de interrogarme sobre la contradicción que existe, por un lado, de querer privilegiar el empleo, haciendo hincapié sobre todo en las declaraciones del Consejo de Lisboa, y, por otro, de seguir tan alejados de los pequeños proyectos de las microempresas y de las PYME, a pesar de ser los primeros creadores de empleos reconocidos por todos. 
Es necesario que todos juntos, empezando por la Comisión, nos esforcemos para aproximarnos al conjunto de nuestros conciudadanos. 
Finalmente, desearía, para concluir, levantarme contra una práctica que considero personalmente anormal y sin fundamento. 
Deseo referirme, en efecto, al posible chantaje ejercido por la Comisión- y mido mis palabras -, que consiste en subordinar la concesión de financiaciones al estricto respeto de las exigencias medioambientales que ésta decide. 
Estoy totalmente de acuerdo en la necesidad creciente de respetar nuestro medio ambiente, pero desapruebo esta imposición pseudoecológica. 
Considero que puede tratarse de una verdadera desviación del objetivo de estos Fondos, que, como hay que tener presente, se supone que deben permitir la financiación de proyectos destinados a crear empleo y riqueza para luchar contra los desequilibrios económicos de las diferentes regiones europeas. 
Sabiendo que la cohesión económica sigue siendo insatisfactoria, concluiré preguntándome sobre la voluntad real que sirve de base a la política de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión: ¿estamos frente a un medio de presión o de una verdadera ayuda económica? 
. (FR) Señor Presidente, gracias señor Marques y señor Nogueira Román por la calidad de sus informes, y gracias a todas y a todos los que han intervenido por sus observaciones. 
Con respecto al informe del Sr. Marques, desearía constatar que dicho informe, que concierne al año 1999, ha llegado- es cierto- demasiado tarde, en enero de 2001. 
Eso es debido, señor Ponente, a los problemas de reorganización de nuestra Dirección General. 
Puedo decirles que el informe relativo al ejercicio 2000 está terminado, y probablemente el Colegio lo aprobará a principios del mes de octubre. 
Cuatro conclusiones, rápidamente. 
Primero, una ejecución financiera globalmente completa sobre el conjunto del período de programación. 
Es cierto que los pagos con cargo al año 1999 no se ejecutaron en su totalidad, sino únicamente en un porcentaje del 91,6 % de los créditos de pago disponibles. 
Este estado de utilización incompleta de los créditos se debe, en realidad, al hecho de que un elevado número de solicitudes llegó a la Comisión durante el mes de diciembre de 1999. 
Pero observo positivamente que en 1999 no se detectó ningún caso de fraude o de doble financiación entre el Fondo de Cohesión y otras fuentes de financiación comunitaria. 
He informado e informaré regularmente al Parlamento Europeo de la evolución de la ejecución del presupuesto. 
Segundo, el equilibrio- que, al igual que ustedes, yo también deseo- entre las inversiones para los transportes y para el medio ambiente. 
Tercero, comprendo y apoyo el deseo de ustedes de que la Comisión destine mayores recursos a los controles in situ. 
También en ese caso se han pagado las consecuencias de una reorganización de los servicios y sobre todo de la descentralización de las actividades de control. 
Nuestra Dirección General se encarga ahora de realizar los controles in situ respecto a las intervenciones del Fondo de Cohesión, así como a todas las acciones cofinanciadas con cargo a los Fondos Estructurales. 
Cuarto, señor Marques, la coordinación del Fondo de Cohesión con los Fondos Estructurales ha recibido un impulso importante con la nueva reglamentación para el período 2000-20006 y también en el seno de la Dirección General, con una gestión integrada de los diferentes servicios que efectúan el seguimiento del Fondo de Cohesión y los otros Fondos Estructurales. 
Esto es, telegráficamente, señor Presidente, para respetar su recomendación, lo que deseaba manifestar, respondiendo rápidamente a los cuatro puntos que había recogido en el informe del Sr. Marques, a quien le doy las gracias. 
En cuanto al informe del Sr. Nogueira Román, desearía, al mismo tiempo que también le doy las gracias por la calidad de su informe, hacer cuatro observaciones. 
Primero, en relación con la ejecución de los Fondos en 1999 se comprometió el 99% de los créditos del período 1994-1999 y se han abonado el 75%. 
Creo que es una cifra globalmente satisfactoria. 
Como ustedes saben, señoras y señores, los pagos in situ pueden intervenir, de conformidad con la reglamentación, hasta el 31 de diciembre de este año. 
Pienso que los créditos de pago se ejecutarán en su totalidad, y trabajo desde hace dos años- el trabajo ya había sido iniciado antes de mi llegada- con los Estados miembros para garantizar la mejor utilización posible. 
Se trata de una preocupación que ha expresado el Sr. Pittella hace un momento. 
Los retrasos en la puesta en marcha de algunos programas en 1994 y 1995 han sido, pues, superados para la mayoría de las acciones en curso de programación. 
Esta mejora en la ejecución también es válida para los programas de iniciativa comunitaria, que, sin embargo, registran los retrasos más importantes. 
Naturalmente, el ponente hace hincapié en ello con razón, puesto que los créditos que quedan por liquidar siguen siendo elevados a finales del año 1999. 
Eso se explica esencialmente por la acumulación de los compromisos al final del período de programación. 
Pero deseo precisar que la situación mejoró claramente en 2000, ya que los compromisos pendientes que aún no se han pagado al final de 1999 se redujeron en un 47%. 
Con el fin de completar la información del Parlamento al respecto, la Comisión elaboró, a finales del mes de junio de 2001, un informe completo sobre los compromisos pendientes que no es normal que aún no se hayan pagado, para todas las categorías de gastos. 
En segundo lugar, el ponente se felicita del hecho de que el tema horizontal tratado en 1999 haya sido el de la igualdad de mujeres y hombres en los programas de los Fondos Estructurales. 
Con respecto a los Fondos Estructurales del período actual, puedo confirmar que la igualdad hombres/mujeres ha sido uno de los criterios de admisibilidad de los planes recibidos de los Estados miembros, y pueden contar con Anna Diamantopoulou para estar muy vigilante en la cuestión, así como con el Sr. Kratsa-Tsagaropoulou y la Sra. Avilés Perea, como lo he señalado hace un momento. 
No obstante, para el período 1994-1999, los Estados miembros no estaban obligados a proporcionar las informaciones sobre el acceso de las mujeres a los Fondos Estructurales. 
Por consiguiente, nos faltan informaciones detalladas sobre estas cuestiones con respecto a dicho período de programación. 
En tercer lugar, la adicionalidad, que constituye, en cambio- no sólo para el ponente, sino a veces para mí también- una interrogante. 
Sobre este punto puedo confirmar que la Comisión ha verificado el respeto de dicho principio en el marco del ejercicio de evaluación ex ante de los nuevos programas para el período 2000-2006. 
En cuanto al período anterior, la Comisión finalizará su verificación definitiva de la adicionalidad a finales de 2002. 
Y comparto la opinión de ustedes, según la cual se deberían reforzar las sanciones en caso de que algún Estado miembro no respetase la adicionalidad. 
Como ustedes saben, señoras y señores, el Reglamento de los Fondos para el período 2000-2006 no establece tales sanciones. 
El legislador, principalmente el Consejo, se había opuesto firmemente a ello en el momento de la aprobación del Reglamento. 
Sin embargo, disponemos de algunos dispositivos en caso de que no se respete la adicionalidad, y, si es necesario, aplicaré dichos dispositivos, en concertación con mis colegas. 
Finalmente, en materia de evaluación y control, como ustedes saben, el ejercicio de evaluación ex ante intermedia o ex post ha sido totalmente integrado al ciclo de programación para este nuevo período 2000-2006. 
La Comisión acaba de iniciar el ejercicio de evaluación ex post para los objetivos nº 1 y nº 2 del período 1994-1999, así como las evaluaciones temáticas sobre la sociedad de la información, el desarrollo sostenible y las pequeñas y medianas empresas. 
Dichas evaluaciones, así como las evaluaciones intermedias que se efectuarán en 2003, responderán a las preguntas que siguen pendientes, y, naturalmente, comunicaré los resultados al Parlamento Europeo. 
En cuarto lugar, con respecto a los controles, la vigilancia es la misma, pero la Comisión desempeña ahora un papel diferente en materia de control. 
Como saben, los controles in situ dependen ahora de los Estados miembros, que tienen la obligación de informar regularmente al respecto a la Comisión. 
Por nuestro lado, comprobaremos la existencia, en el seno de cada estado miembro, de un sistema fiable de control completo in situ y para cada Estado miembro. 
Finalmente, deseo asimismo hacer hincapié en que el número de misiones de control in situ ha aumentado en 1999, para alcanzar las 120 misiones de control frente a las 100 misiones de 1998. 
Para concluir, señor Presidente, señoras y señores, recordaré una vez más la adhesión de la Comisión a los principios básicos de los Fondos Estructurales: concentración, adicionalidad y cooperación, así como la mejor coordinación posible con el Fondo de Cohesión. 
En sus informes nos urgen, señores Ponentes, para que logremos mejores resultados y para estar más vigilantes. 
Deseo transmitirles mi confianza en nuestra capacidad para informarles con mayor precisión cuando estudiemos, en el año 2000, tanto los resultados como la evaluación. 
Es un año de puesta en marcha de la nueva programación y de algunas normas nuevas. 
Pienso que podremos presentar mayores resultados positivos con respecto al llamamiento que ustedes han hecho y a la propia vigilancia que ustedes ejercen. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Mutilaciones genitales femeninas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0285/2001) de la Sra. Valenciano Martínez-Orozco, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre las mutilaciones genitales femeninas (2001 / 2035 (INI) ). 
. Señor Presidente, Señorías, señores Comisarios, 130 millones de mujeres han sido víctimas de mutilaciones genitales en el mundo. 
Dos millones de niñas son objeto cada año de esta terrible práctica. 
Hoy el Parlamento Europeo ha de servir de altavoz de la situación que padecen millones de mujeres. 
Hemos tratado de trabajar en clave de consenso con todos los grupos políticos para elaborar este informe. 
Hemos contado con la opinión de expertos, expertas, gobiernos afectados y organizaciones no gubernamentales. 
Nuestro objetivo no es otro que llevar a las comunidades que practican las mutilaciones genitales femeninas a la convicción de la necesidad de erradicar esta práctica. 
La costumbre de extirpar total o parcialmente los órganos sexuales femeninos hunde sus raíces en una concepción radicalmente injusta del papel que desempeñan las mujeres en una sociedad, que considera a las mujeres como ciudadanas inferiores, cuyo control está en manos de los que deciden, que en la mayoría de los casos son varones. 
La defensa de estas tradiciones tiene para nosotras un límite clarísimo. 
El límite es la defensa de los derechos humanos. 
En nombre de ninguna tradición es posible aceptar que las mujeres sean gravemente mutiladas de forma irreversible para el resto de sus vidas. 
Por lo tanto, son fundamentales la información, la educación y la sensibilización respecto a unas consecuencias que serán desastrosas para la vida de las mujeres, aunque la mayoría de ellas no lo sabe. 
Van a sufrir una amputación irreversible, pero ni siquiera saben cuáles son las verdaderas consecuencias de este hecho. 
Según la Convención de Ginebra y según el Estatuto del refugiado, la persecución por razón de sexo ha de ser causa de la concesión del derecho de asilo. 
No existe ninguna otra persecución por razón de sexo más clara que ésta. 
Uno o una podría abdicar de sus ideas políticas. 
Uno o una podría abdicar de sus ideas religiosas. 
Pero es imposible abdicar del sexo con el que se nace. 
Por lo tanto, si estamos ante una brutal violación de los derechos fundamentales, fundamental es también que les demos la posibilidad de obtener el estatuto de refugiadas. 
Creo que la Directiva presentada por la Comisión en estos días, sobre las normas relativas a las condiciones que deben cumplir los residentes en terceros países que soliciten el estatuto de refugiado, va en este sentido, y esto será muy importante. 
Para nosotros, se trata de una cuestión de principios y no podemos abandonar esta demanda. 
El informe pide también que se fomente la ayuda exterior a aquellos países africanos que han adoptado medidas legislativas y administrativas que prohiben y sancionan esta práctica. 
Invitamos también a la Comisión Europea a que trabaje estrechamente con las organizaciones no gubernamentales, que hacen un esfuerzo enorme sobre el terreno, muchísimas veces con muy pocos recursos. 
Pedimos también que se recurra a la cláusula de derechos humanos a fin de hacer de la lucha contra las mutilaciones genitales una acción prioritaria en las relaciones con terceros países, en particular con los países que mantienen una estrecha relación con la Unión Europea en el marco del acuerdo de Cotonou. 
Señorías, muchas mujeres, miles de mujeres africanas, están esperando qué es lo que nosotros y nosotras tenemos que decir al respecto. 
No es un problema de las mujeres africanas. 
Es un problema de todos y todas, porque es un problema de derechos humanos fundamentales. 
Ellas están esperando y nosotros debemos darles una respuesta urgente. 
. (FR) Señor Presidente, señora comisaria, Señorías, hago una pequeña rectificación: intervengo en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y no en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Me congratulo de haber sido designado ponente sobre esta cuestión tan crucial, que afecta a tantas mujeres en los países en desarrollo distintos de los países de los Quince, así como de que mi informe haya sido aprobado por unanimidad por la Comisión. 
Las decisiones adoptadas por unanimidad a menudo están mal conceptuadas, ya que se sospecha a veces cierta falta de atención. 
No obstante, pienso que la Comisión y los miembros de la Comisión de Desarrollo y Cooperación han votado con discernimiento, convencidos de los diferentes apartados de nuestra opinión. 
Desearía llamar la atención de los colegas sobre dos puntos, además de la votación por unanimidad, ya que ésta contradice, en parte, el debate que todavía agita a algunos grupos políticos. 
Primero, el derecho de asilo. 
Nosotros hemos preconizado- y la Sra. Valenciano lo sugiere al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros en su informe para el fondo- que entre las cláusulas de derecho de asilo figure el hecho de existir el peligro de una mutilación genital femenina como uno de los delitos que pueden dar lugar inmediatamente al asilo en los Quince. 
Eso es muy importante. 
Se ha aprobado por unanimidad. 
Deseo, pues, que este apartado también se apruebe mañana por una gran mayoría de nuestro Parlamento. 
En segundo lugar, el dinero, señor Presidente. 
Hemos solicitado 10 millones de euros para financiar todos los esfuerzos destinados a ayudar a estos países a salir de esta trampa. 
Espero que el Parlamento apruebe mañana dicha solicitud y que la Comisión de Presupuestos apoye- lo que hasta ahora no ha hecho- a la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
. (IT) Señor Presidente, ante todo quisiera agradecer a la Sra. Valenciano el trabajo realizado a raíz de una resolución firmada por 316 diputados. 
Quizás por esto el informe fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Libertades Públicas. 
El pasaje crucial del reconocimiento del derecho de asilo, del que hablaban el Sr. Dell ' Alba y la Sra. Valenciano, es también para nuestra comisión uno de los puntos cruciales e importantes en esta lucha. 
Quisiera recordar las dos cifras ya citadas: 130 millones de víctimas en el mundo; 2 millones de niñas sufren cada año mutilaciones genitales. 
Además de las distintas iniciativas de formación e información, humanitarias, sociales, sanitarias y de ayuda, sobre todo a las organizaciones no gubernamentales, nuestra comisión considera que debe señalar una iniciativa en particular: pedir a los Estados miembros que se aseguren de que las mutilaciones genitales femeninas se castigan penalmente a través de la rigurosa aplicación de las disposiciones existentes que establecen el derecho a la salud y a la integridad personal como un derecho fundamental, así como de las disposiciones del código penal que prohiben cualquier acción deliberada que lo viole. 
O sea, pedimos que no se pueda recurrir al concepto de excepción o de diversidad cultural para justificar la relativización o la atenuación de este derecho fundamental y de la consiguiente protección jurídica que corresponde al Estado. 
En consecuencia, esperamos que la Comisión, el Consejo y los Estados miembros puedan y quieran emplearse a fondo y con urgencia para que nuestras deliberaciones tengan un seguimiento en términos de concreción. 
Muchas gracias, señor Turco. 
De conformidad con el orden del día, interrumpimos la sesión hasta las 9 de la noche y en ese momento continuará el debate. 
Deseo que repongan ustedes fuerzas convenientemente para estar aquí a las 9 en punto. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Muchas gracias, estimados colegas. 
(La sesión, interrumpida a las 20.00 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Señor Presidente, señora Comisaria, estamos ante un informe de iniciativa de la Comisión de Derechos de la Mujer que examina un grave problema, como es el de la mutilación genital de un gran número de mujeres y niñas. 
Esta práctica ancestral es una violación de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas que son víctimas de la misma y supone, por tanto, un atentado a los derechos humanos fundamentales, reconocidos en los Tratados y en las Declaraciones de las Naciones Unidas. 
Se propone la extensión de la protección y la prevención en todos los países donde se practica y también en la Unión Europea, donde sabemos que sigue realizándose en comunidades emigrantes, o bien mediante un viaje al país de origen, donde se procede a la mutilación genital, dado lo arraigado de esta práctica en las costumbres de muchos pueblos de África y algunos de Asia. 
Sólo la prevención mediante campañas de información y de explicación clara de las consecuencias irreversibles de esta práctica ayudará a erradicarla. 
Campañas realizadas por ONG, pero con el firme compromiso de los Gobiernos y el apoyo decidido de los líderes, en particular de los religiosos; campañas de educación en las escuelas, dirigidas a niños y niñas, como nos ha contado hoy la Primera Dama que se llevan a cabo en Burkina Faso con bastante éxito. 
La persecución de la mutilación genital como un delito, tanto en el país donde se practica como cuando se hace en otro distinto, es decir, la extraterritorialidad del delito, ayudará eficazmente a su erradicación. 
En los casos graves, algunos países prevén el derecho de asilo, como así está contemplado en la Directiva bajo el epígrafe de derecho al asilo por discriminación sexual. 
Nos parece que incluir aquí, de forma general, el derecho de asilo para todas las presuntas víctimas, es decir, para millones de niñas y adolescentes, es inadecuado. 
No se pueden abrir puertas que luego no se podrán cerrar y no podemos en la Unión Europea acoger a todas las presuntas víctimas que quieren dejar su país por esta razón. 
La realidad es que no podemos aunque quisiéramos hacerlo. 
Éste es un punto de divergencia del Grupo del Partido Popular con este informe, que puede hacer, en el caso de que se apruebe, que nuestro voto final sea de abstención. 
Es lamentable, porque el informe tiene muchas cosas positivas, particularmente la necesidad del compromiso de incluir la lucha contra las mutilaciones genitales en todos los programas de cooperación y dotarlos adecuadamente con ayudas financieras, y la exigencia a los Gobiernos de los Estados donde se practica de que se comprometan eficazmente en su erradicación. 
En el Grupo del Partido Popular condenamos sin paliativos la mutilación genital y defendemos el derecho de todas las mujeres a su integridad física, al desarrollo de una sexualidad plena, a decidir sobre su futuro aunque esta decisión vaya en contra del pasado de su pueblo. 
Defendemos el derecho de las mujeres como seres humanos, con garantía plena para su vida estén donde estén, y nos comprometemos a seguir trabajando para erradicar esta práctica horrible independientemente de lo que ocurra con este informe. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras colegas, señores colegas dispersos, yo quiero expresar hoy mi especial agradecimiento a la ponente, Sra. Valenciano, que ha elaborado un excelente informe con un mensaje muy claro: ¡las mutilaciones genitales son una violación de los derechos humanos! 
Las razones que se alegan para justificar esta violación de los derechos humanos apelan a la tradición y la religión. 
En realidad, se trata de un instrumento para mantener la opresión de las mujeres. 
Las que quieran escapar a la mutilación genital deben afrontar la exclusión de la sociedad, es decir, una miseria y un rechazo inimaginables. 
La grave violencia sufrida, los daños irreparables causados a su cuerpo, su espíritu y su salud apenas reciben atención. 
La Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín inició por primera vez, en 1995, un proceso de debate y de solidaridad a escala mundial y reclamó una acción conjunta de la política internacional. 
También en Europa nos encontramos con mujeres mutiladas genitalmente, pero también con una amplia variedad de autores y cómplices. 
A pesar de que la MGF, como también se designa, está penada en muchos países, los medios de comunicación y las organizaciones de ayuda señalan que, según las estimaciones, sólo en Alemania se han registrado unos 5000 casos y un número al menos cuatro veces superior de niñas han sido trasladadas a sus países de origen para someterlas a la mutilación genital. 
Hay médicos y otras personas sin escrúpulos que cobran entre 1.000 y 3.000 marcos por cada intervención. 
Mi Grupo socialista pide que se conceda asilo a las mujeres en situación de riesgo, se castigue a los autores y se proceda en aplicación del principio de extraterritorialidad. 
Quiero dejarlo muy claro: este es un punto importante para mi Grupo y nos parece del todo incomprensible que una parte o la totalidad del PPE se proponga abstenerse en relación con el tema del asilo y no apoye el informe, dejando a las mujeres en la estacada. 
La lucha contra la ignorancia y la opresión se debe librar a escala internacional y por esto la Internacional Socialista ha puesto en marcha una campaña mundial contra la violencia contra las mujeres. 
Quince Estados ya han prohibido la MGF, entre ellos nueve países africanos. 
Es preciso seguir prestando más ayuda. 
En Alemania, mi Gobierno ya ha destinado 3,8 millones de marcos a actividades de formación y proyectos. 
La UE contribuye mediante el programa DAPHNE. 
Pero todo ello es sólo una gota de agua sobre una roca ardiente. 
Tenemos que librar conjuntamente una batalla combinada a favor de la salud reproductiva, contra el SIDA y contra las mutilaciones genitales. 
Si así lo hacemos tendremos una oportunidad de llegar a las mujeres y ayudarlas. 
Señor Presidente, en primer lugar, mis respetos a la Sra. Valenciano, quien ha abordado esta delicada cuestión de forma clara y firme en su excelente informe. 
Por tanto, el Grupo Liberal lo respaldará. 
La mutilación genital de mujeres y niñas supone una violación terrible de sus derechos humanos fundamentales. 
Más de 130 millones de mujeres han sido ya víctimas y dos millones más lo sufren cada año. 
Europa debe hacer todo lo posible por luchar contra este fenómeno allí dónde se presente. 
También yo he entendido que algunos miembros consideran votar contra este informe en relación con los pasajes relativos al asilo y a la extraterritorialidad. 
Quiero, sin embargo, intentar tranquilizar a todos: si examinamos la práctica actual en materia de asilo, vemos que la mutilación genital ya constituye un motivo de asilo en la mayoría de los quince Estados miembros. 
Opino que es justo. 
El informe, por tanto, no hace más que recoger la práctica existente. 
El principio de extraterritorialidad solamente se aplica, por el momento, en el ámbito del turismo sexual con niños, pero también debería aplicarse a las mujeres mutiladas o a las mujeres que corran ese riesgo. 
Es la única forma de evitar que ciudadanos de la UE de origen somalí, por ejemplo, lleven a sus hijas a Somalia durante las vacaciones de verano para someterlas a esta mutilación. 
Si estas personas saben que cuando regresen a Europa corren el riesgo de ser perseguidas judicialmente, entonces, damos a los padres un argumento para proteger a sus hijas frente a la presión de la sociedad. 
Por último, una observación dirigida a los que no quieren abordar la mutilación genital porque ésta sería la expresión de una determinada cultura o creencia. 
En todos los países en que existe la mutilación genital, hay grupos de acción locales que luchan por eliminar esta práctica. 
Por tanto, no se trata de imponer nuestras normas occidentales. 
No, precisamente debemos respaldar a estas mujeres mostrando nuestra solidaridad mañana en la votación. 
Así mismo, el Corán no habla de mutilación. 
Sin embargo, es en su mayoría en los países islámicos donde se realiza esta práctica. 
Aquí hay una tarea para los imanes, que pueden ayudar a que este fenómeno desaparezca. 
Precisamente ahora esto es muy importante, ya que no podemos utilizar estereotipos negativos del Islam ante al actual clima de sensibilidad. 
La mutilación femenina no constituye un fenómeno religioso, es una violación de un derecho humano fundamental. 
Señor Presidente, Señorías, antes de nada, deseo felicitar en nombre de todo mi grupo, a la Sra. Valenciano por este excelente informe y por las recomendaciones que contiene, que suscribo al 200 por cien. 
La gran mayoría de las mujeres que han sufrido una mutilación genital- se habla aquí de 130 millones- vive en África. 
La ablación se aplica sistemáticamente, con certeza, en 28 países africanos situados entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer. 
Fuera de África, es algo corriente en el Sudeste Asiático, entre otros, en Indonesia, Sri Lanka, Malasia; y en la zona de la Península Arábiga: Yemen, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. 
Incluso en un país como Egipto, pocos turistas que van a contemplar la esfinge, saben que el 90% de las mujeres han sido sometidas a esa mutilación. 
Algunas de estas mujeres, sin embargo, han huido a Europa para librar a sus hijas de este trato o para operarse aquí a fin de reducir los dolores. 
No obstante, si estas mujeres volvieran a su país, serían repudiadas. 
Por el contrario, unas vacaciones de verano en el país de origen pueden convertirse en una pesadilla para las niñas migrantes, si sus familias consideran necesario que se siga la tradición. 
Me he ocupado durante años de ayudar a mujeres que habían sido víctimas de la trata de personas. 
Por mi propia experiencia sé que a menudo se considera como basura a las mujeres que han se han visto sometidas a la ablación y, por ello, son vendidas a la prostitución. Son, así, doblemente víctimas. 
Las niñas africanas que trabajan diariamente en los burdeles, que han padecido una mutilación genital, son vendidas y revendidas, se sientan a esperar a los clientes para pagar sus deudas. 
Por ello, urjo de nuevo a los Estados miembros y a la Comisión a que reconozcan que la mutilación genital o su amenaza constituye un motivo específico de género para la concesión del asilo. 
No hay que ampararse en una posible revisión del Convenio de Viena. 
Pido a aquéllos que tienen problemas con esta cuestión que vean los videos que se han realizado de este "festivo acontecimiento", tal como a veces se denomina en esos países. 
Es fundamental que el silencio en torno a este tabú se rompa. 
De ahí que haya que desarrollar programas de formación in situ, así como sensibilizar a los inmigrantes que viven en Europa. 
No podemos continuar permitiendo que esta grave violación de los derechos humanos y de la dignidad de las mujeres y niñas afectadas, se continúe realizando so pretexto de las costumbres y tradiciones nacionales. 
También quiero aprovechar la oportunidad para decir que nuestro grupo no hará uso de la palabra dada la excelente calidad del próximo informe de la Sra. Smet: el informe es perfecto. 
Para terminar, felicito de nuevo a la Sra. Valenciano por el trabajo presentado. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la importancia y la originalidad de este valiente informe respecto de otros informes y documentos que también han sido muy numerosos en muchas instancias internacionales, radica en que sin ambigüedades ni concesiones hipócritas plantea el problema de las mutilaciones genitales femeninas como un problema de libertad, de dignidad, de Derecho y de derechos humanos para cientos, miles de mujeres en el mundo. 
Elena Valenciano, espero que con el respaldo de todos nosotros, no hace concesiones hipócritas al llamado respeto a las costumbres o al relativismo cultural, del que tan a menudo oímos hablar, ni tampoco abre ninguna brecha en la buena conciencia barata que tanta veces caracteriza nuestras tomas de posición. 
Tanto es así que, aunque recalca una parte de criminalización y, por tanto, de penalización, propone toda una serie de proposiciones que nos corresponderá también a nosotros, a las distintas Instituciones- la Comisión y el Consejo- llevar a la práctica. 
No obstante, hay algo que quiero decir a la Sra. Avilés Perea que cuenta con todo mi aprecio. 
Usted nos ha expuesto un caso que no existe motivando la cuestión de rechazar el derecho de asilo con el hecho de que abriríamos la puerta a millones de mujeres en busca de protección. 
Mire, Señoría, si hubiesen millones de mujeres, de niñas que saben y que pueden rebelarse, exponerse, escapar del control familiar, social, masculino, este problema ya se habría resuelto. 
Por lo tanto, el problema no se plantea: desgraciadamente no existen miles o millones de niñas o de mujeres que, hoy por hoy, tengan la posibilidad de rebelarse, de exponerse, de ir a llamar a la puerta de una embajada para pedir asilo. 
Estamos en una situación en la que son poquísimas, realmente poquísimas, las que tienen este coraje y la idea de que incluso a estas poquísimas les cerremos la puerta- le ruego que vuelva a reflexionar sobre esto- no es responsable, no es serio. 
Nos hace volver a la situación de los sermones gratuitos, de la buena conciencia barata, de no asumir la responsabilidad que, en cambio, es la nuestra, es de esta Europa libre, civilizada, democrática, atenta a los derechos de todos. 
Esto es lo que mañana queremos decir, creo, con nuestro informe: queremos decir que estamos por un mundo en que los seres humanos son iguales. 
Estoy convencida de que, si este tipo de mutilación tan atroz se hubiese aplicado a nuestros colegas masculinos, probablemente la cuestión se habría resuelto hace mucho tiempo. 
Pero el problema es que el mundo no es así y nos corresponde a nosotros, a esta Institución, dar algún ejemplo. 
Último punto, y me dirijo a las colegas que también forman parte de la Comisión de Desarrollo. 
Hoy me reuniré con el Secretario General de los países ACP, el embajador Goulongana que ha afirmado que está dispuesto a incluir este tema en la próxima reunión de la Asamblea Paritaria ACP-UE que se celebrará en Bruselas a finales de octubre. 
Sé que las agendas son rígidas, sé que quizás sea tarde, sin embargo, habrá algún dato de atención política que permita que la flexibilidad no se confunda con el rigor del inmovilismo. 
Habrá alguna diferencia que podremos hacer valer. 
Espero que, tras nuestra Asamblea, sea la Asamblea Paritaria ACP-UE la que apruebe nuestra posición. 
Estimadas colegas, quisiera recordar a todas las que tienen dudas que son poquísimas, realmente poquísimas, las mujeres que tienen la posibilidad, el valor e incluso la suerte de poderse rebelar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo acojo con gran satisfacción la elaboración de este informe de iniciativa. 
Cuantos hemos leído el libro La flor del desierto de Waris Dirie, quedamos permanentemente horrorizados y conmovidos. 
También yo pienso hoy en los 130 millones de mujeres y de niñas que han sufrido la mutilación genital y cuyo número se incrementa en dos millones cada año. 
Y también pienso en las numerosas niñas que pierden de una manera espantosa la vida en el proceso. 
Por consiguiente, permítanme que señale de entrada que abogo firmemente por que la UE y sus Estados miembros adopten una posición común con el fin de erradicar estas intervenciones que dañan la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 
La Comisión y el Consejo deberán contemplar estos aspectos de la mutilación genital de las mujeres y las niñas en el contexto de una política común de inmigración y de asilo. 
Otro tanto debe decirse en el caso de la política con respecto a los refugiados. 
Dicho esto, yo quisiera recordar- y me parece evidente- que el asilo se concede sobre todo cuando es necesaria una protección política frente al Estado. 
La mutilación genital se sitúa en una zona gris en los márgenes de la ley y en la mayoría de los casos la practican personas privadas. 
Esto dificulta todavía más la lucha contra esta práctica. 
Todos debemos desarrollar una gran labor de persuasión, información y educación de la población y es necesario que se produzca un cambio en la sociedad. 
Yo también considero que la mutilación genital es una violación de los derechos humanos, que nada ni nadie podría inducirme a aceptar. 
Tenemos que tratar públicamente este tema y sensibilizar tanto a la población de la UE como a la de los países en desarrollo, a fin de evitar a las próximas generaciones de mujeres esta terrible mutilación. 
Sobre todo también debemos velar- como han señalado algunos de los oradores que me han precedido- por que en nuestros Estados miembros se ponga coto asimismo a esta práctica, pues como yo misma sé bien existe una enorme zona gris en lo que se refiere a este tema. 
Yo les pido, por lo tanto, que de verdad trabajemos conjuntamente para impedir esta práctica. 
Señor Presidente, un documental de la televisión sueca que despertó gran interés hace dos semanas mostraba a algunos líderes religiosos de Suecia- cristianos y musulmanes- que recomendaban las mutilaciones suníes, a personas residentes en Suecia que mutilan a sus hijas en Kenia y en Somalia durante las vacaciones escolares, a mujeres que viajan a Suecia para realizar estas mutilaciones y a un médico sueco que no comunicó a las autoridades sociales que había atendido a una niña que padecía una hemorragia causada por una mutilación consentida por sus padres. 
Para los que trabajamos activamente en contra de estas mutilaciones, lo más tremendo es justamente el apoyo de los religiosos a estas torturas. 
Los líderes religiosos tienen una especial responsabilidad. 
Son personas con gran influencia y sus opiniones son decisivas para terminar con estas mutilaciones. 
Celebro el excelente informe de la Sra. Valenciano Martínez-Orozco que reclama la formulación de una estrategia para eliminar las mutilaciones femeninas en la Unión Europea que, entre otras cosas, contemple la realización de campañas de información y la creación de leyes que prohiban estas mutilaciones en todos los Estados miembros. 
Cabe destacar especialmente la exigencia de aprobar leyes nacionales específicas que contemplen las mutilaciones realizadas fuera del territorio nacional, lo que posibilitaría castigar a los que viajan al extranjero para mutilar a sus hijas. 
Suecia es el único país comunitario que cuenta, desde 1999, con una ley extraterritorial de esta naturaleza, que esperamos que nos permita perseguir a los que permiten que sus hijas sean mutiladas en el extranjero durante las vacaciones escolares. 
Tal como han señalado otros oradores, otro aspecto fundamental de este informe es la demanda de equiparar a quienes huyen de esta tortura con los que huyen de persecuciones de carácter político. 
Canadá y EE.UU. ya han impedido la expulsión de niñas y de mujeres jóvenes que han solicitado asilo por el temor a ser mutiladas. 
Europa no debería quedarse atrás en esta materia. 
Ha llegado la hora de adoptar medidas enérgicas en el mundo entero para salvar a los dos millones de niñas que cada año corren el riesgo de ver sus genitales cercenados. 
Confiamos en que la Comisaria presentará propuestas concretas para ser discutidas por nuestros ministros. 
Señor Presidente, las mutilaciones genitales femeninas son espantosas, causan graves daños físicos y psíquicos, padecimientos de por vida y constituyen un serio agravio para quienes las padecen. 
La mortalidad es muy alta entre quienes las sufren. 
Se necesitan acciones realmente enérgicas para combatir estas prácticas, estos terribles actos, dondequiera que se produzcan. 
Las mutilaciones genitales femeninas son también un problema europeo y, por esa razón, es importante que en nuestro continente se refuercen su investigación y documentación. 
Es necesario colaborar para encontrar estrategias comunes que permitan terminar con estas prácticas que no impone ninguna religión. 
Hay colegas que han destacado también la necesidad de colaborar con los líderes religiosos. 
Las mujeres que ya han sufrido mutilaciones genitales necesitan cuidados y rehabilitación, lo que hace necesaria una especial formación para las matronas, los trabajadores sociales y los profesores. 
Maj Britt Theorin se refería a los que en Suecia denominamos "mutilaciones de vacaciones escolares", es decir, que las niñas son llevadas al extranjero para ser mutiladas. 
Esto está prohibido en mi país y, por esa razón, el Grupo liberal respalda la propuesta de generalizar esta prohibición. 
Sería una señal muy clara de que las mutilaciones de este tipo están prohibidas tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y de que constituyen un atropello a los derechos humanos. 
Señor Presidente, la mutilación genital constituye una forma extrema de opresión de la mujer que se remonta a tiempos remotos en la historia de algunos países. 
Son las mujeres de esos mismos países: Egipto, Somalia, quienes nos han informado de su sufrimiento extremo. 
Lo han denunciado y han tenido que superar un mundo de prejuicios, pero lo han hecho por sus hermanas, a menudo por sus hermanas más pequeñas, por sus propias hijas. 
Nos piden que tengamos el mismo valor. 
Algunas mujeres han dirigido una petición al Parlamento Europeo en este mismo sentido. 
Nos sabemos apoyadas por las mujeres de todo el mundo. 
El respeto por el ser humano debe ser igualmente considerado en el caso de los hombres y de las mujeres: los derechos de la mujer son derechos humanos. 
Porque esta mutilación se realice en circunstancias médicas aceptables, no deja de ser inadmisible. 
Tampoco debemos tolerarlo porque esta práctica inhumana se remonte a las tradiciones más antiguas de algunas comunidades- no hablo a propósito de creencias, ya que tiene poco que ver con éstas-. 
La mutilación sexual de las niñas debe ser contemplada como un hecho penal en todos los países, en todas las sociedades, tal como se ha pedido en diversos acuerdos internacionales. 
En cualquier caso, resulta positivo que cada vez más y más países hayan prohibido la mutilación genital. 
No obstante, esa prohibición es letra muerta en muchos casos y, por tanto, deberíamos modificar el Acuerdo de Cotonou para que podamos actuar de la misma manera que en el caso de las violaciones de derechos humanos. 
Por lo demás, estoy de acuerdo con la posición de sus Señorías. 
Señor Presidente, yo también quisiera dar mi enhorabuena a la Sra. Valenciano Martínez-Orozco por la calidad y la exhaustividad de su informe. 
Es un hecho que para millones de mujeres en el mundo, la mutilación de sus genitales es algo inevitable, una acción horrorosa que deben sufrir para asegurarse su supervivencia. 
La falta de soluciones alternativas y la falta total de información son uno de los problemas más graves para cuantas mujeres se someten a esta mutilación humillante, que es la peor forma de represión, de aterrorizar y de explotar a las mujeres, una acción criminal que viola la libertad individual, la integridad física, la libertad de conciencia y el derecho a la salud, puesto que causa daños corporales serios y efectos secundarios psicológicos nocivos aparte del impacto que tiene en la identidad sexual de las mujeres y en su funcionamiento reproductor. 
Ciento treinta millones de mujeres mutiladas es un número terrible. 
Desgraciadamente, esta práctica ha sido introducida también en la Unión Europea. 
De acuerdo con la comunicación de la British Medical Association, cada año tienen lugar tres mil mutilaciones en el Reino Unido y, naturalmente, los fundamentalistas, incluso en el interior de la Unión Europea, no dudan en aplicar sus prácticas medievales con el fin de manipular a las mujeres y controlar su sexualidad. 
Toda persona tiene el derecho a que la ley la proteja cuando están en peligro libertades fundamentales y derechos como en el caso de las mutilaciones. 
Sin embargo, la ley es terriblemente débil en la Unión Europea. 
Por esta razón solicitamos la aplicación de una legislación que incluya en el derecho penal este terrible crimen. 
Y, por supuesto, la Unión Europea puede ejercer una gran influencia en el marco de los acuerdos económicos que firma con los países que aplican tales prácticas en el marco del tratado de Cotonou, y también adoptando legislaciones extraterritoriales. 
Para terminar, quisiera dirigir una petición al PPE para que mostremos unidas nuestra solidaridad con las miles de mujeres que han sufrido este terrible procedimiento y que cambie su decisión hasta mañana. 
Señor Presidente, Señorías, la mutilación de los órganos sexuales femeninos causa infinitos sufrimientos a las mujeres y las niñas en al menos 25 países africanos, la mayoría de los cuales son países ACP. 
Las mujeres son víctimas de unas tradiciones culturales violentas que ponen en peligro sus vidas y que es preciso superar, pues una tradición que menosprecia a los seres humanos, en este caso con un terrible menosprecio a las mujeres, no se puede seguir manteniendo en el siglo XXI. 
Afortunadamente, esta convicción también está empezando a arraigar progresivamente en los países ACP africanos. 
En Etiopía, Ghana, Guinea, Uganda, Senegal, Tanzania, Togo, Burkina Faso, la República Centroafricana y Costa de Marfil se han aprobado afortunadamente leyes contra la mutilación genital de las mujeres y las niñas. 
Simultáneamente, se está trabajando, con el apoyo de las organizaciones de ayuda y de un gran número de organizaciones no gubernamentales, para poner fin a esta espantosa costumbre mediante una labor de educación y persuasión de la población. 
En este sentido, cabe destacar positivamente, señora Bonino, una decisión que se adoptó en la última Asamblea Paritaria ACP/UE celebrada en Libreville, Gabón. 
En ella se insta por unanimidad- también con los votos de las y los representantes ACP- a los responsables políticos a que adopten todas las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para poner fin a la mutilación genital en la práctica y promover su erradicación mediante campañas de sensibilización. 
El texto también la califica como una violación de los derechos humanos y esto representa un gran progreso, que es preciso reconocer, frente al carácter de tabú que tenía anteriormente este tema. 
Sin embargo, la lucha en defensa de la integridad física y psíquica de las mujeres en los países ACP y en todas partes todavía no está ganada y continúa requiriendo nuestro apoyo solidario. 
Señor Presidente, quisiera dar mi enhorabuena a la Sra. Valenciano Martínez-Orozco y subrayar desde el principio la importancia política y la repercusión de este informe, importancia que además será mayor si hay una mayoría importante para apoyarlo. 
Este informe va a dar dinamismo al funcionamiento de la Comisión y, mucha más, a las asociaciones de mujeres en Europa y en África que intentan hacer frente a esta barbarie. 
Se trata de un problema que no existe sólo en África, como han dicho muchos de los miembros del Parlamento. 
Hoy en día, en Europa, según los datos del programa DAPHNE, hay 700.000 mujeres procedentes de estos países. 
Es difícil referirnos con exactitud a los números, pero sospechamos que los números son mayores de lo que podemos imaginar. 
Es un problema difícil y espinoso. 
Está claro que está implicada también la tradición cultural, cuyas raíces datan de hace siglos en algunos lugares del planeta. 
Pero en ningún caso, la tradición cultural puede ser una coartada para violar los derechos humanos. 
Está claro, y se ha registrado en la Conferencia de Pekín, que mutilar los órganos genitales es violar los derechos humanos y, en un segundo nivel, es una discriminación, puesto que se realiza sólo en mujeres y niñas. 
¿Qué puede hacer la Unión Europea ante esto? 
Primero, en cuanto a las propuestas sobre la legislación. 
Hay un desacuerdo sobre si el Tratado actual ofrece la base jurídica para una legislación europea. 
La Carta de los Derechos Fundamentales aprobada en Niza es una base, pero todavía no puede ser jurídica. 
Pero la legislación no es siempre la única solución. 
En este campo se pueden hacer muchas cosas. 
La cuestión del asilo. 
Muchas de las ponentes han argumentado a favor, y el informe es contundente. 
Quisiera decir que hace pocos días la Comisión presentó una propuesta de directiva al Consejo sobre la aprobación de las mínimas exigencias para reconocer el régimen de ciudadano de un país tercero, o de los apátridas o de los refugiados, de conformidad con el acuerdo de Ginebra, y tras mucho debatir y después de un gran esfuerzo, en el texto se dice claramente que se reconoce la solicitud de prestar ayuda a las mujeres, y además en el caso de que exista la posibilidad de la violencia sexual o de cualquier otro comportamiento que esté relacionado con su sexo. 
Así pues, creo que merece que se examine esta propuesta de la Comisión, que puede ofrecer la base de un acuerdo que sería importantísimo para la totalidad de los grupos políticos del Parlamento Europeo. 
Pero aparte del marco legislativo, basándonos en los programas que, hoy en día, existen en la Unión Europea, se puede apoyar actividades y campañas para el reconocimiento del problema, para activar y sensibilizar a la sociedad y, por supuesto, para informar y formar al personal de los hospitales. 
Por lo menos en cinco países de la Unión Europea, los miembros de los servicios de atención y salud tienen contacto frecuente con tales casos y deben tener una educación y capacidad especial para ayudar a estas personas. 
La posibilidad de educar y apoyar a las migrantes. 
Seguro que las mujeres que pueden se independientes económicamente, hacer su revolución personal, deben tener posibilidades económicas. 
Por tanto, el apoyo a las migrantes en Europa es un tema muy importante. 
Su apoyo y su incorporación al mercado laboral, así como la financiación de campañas de información y de sensibilización se pueden realizar mediante los programas existentes, sobre los cuales ya hemos debatido en el Parlamento y estamos a la espera también de propuestas de organizaciones no gubernamentales que están relacionadas con estos temas. 
En cuanto a nuestras relaciones con el tercer mundo, en el marco de la ayuda al desarrollo ya se ha realizado un gran esfuerzo por poner como condición que los gobiernos respeten los derechos humanos, especialmente en este sector y hay que tener en consideración el esfuerzo de los gobiernos por aplicar políticas relacionadas con la educación, la formación, la sensibilización y el apoyo a las mujeres y a las familias. 
Ya, en colaboración con el sector del desarrollo y el Comisario responsable, pensamos aumentar el apoyo económico a los países que se concentren en el intento por hacer desaparecer este fenómeno. 
Creo que la materialización de este programa en Etiopía nos da resultados satisfactorios sobre lo que podemos conseguir si la Unión Europea y los gobiernos colaboran mediante la ayuda al desarrollo. 
Finalmente, consideramos que las organizaciones no gubernamentales pueden desempeñar un papel catalizador tanto en la Unión Europea, como en los países africanos, por esta razón son los principales interlocutores, los principales colaboradores de la Comisión en este esfuerzo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Igualdad de retribución por un trabajo de igual valor 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0275/2001) de la Sra. Smet, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, a pesar de todos los instrumentos en el ámbito europeo y en los Estados miembros que prohiben las discriminaciones salariales, todavía existen diferencias salariales considerables y continuas entre hombres y mujeres. 
Las cifras de las que partimos, procedentes, por otra parte, de estudios europeos muy interesantes, muestran un abismo salarial del 25 al 28% y, en algunos países, de incluso un 30%. 
Así, ese abismo es incluso mayor en el sector privado que en el público, mayor en el sector industrial que en la agricultura o en el sector de los servicios y máxima en aquellos sectores en los que las mujeres están infrarrepresentadas. 
No siempre es fácil analizar correctamente el significado de estas cifras. 
No obstante, en general, se acepta atribuir casi la mitad de ese abismo salarial a las desigualdades en el desarrollo de las carreras profesionales de hombres y mujeres- las mujeres, por ejemplo, interrumpen mucho más fácilmente que los hombres su carrera, lo que les ocasiona un retraso en la misma -; a los diplomas más bajos de, sobre todo, las mujeres trabajadoras más mayores; al hecho de que las mujeres que trabajan son como media la mitad de jóvenes que los hombres que trabajan; en otras palabras, a diferencias estructurales objetivas. 
No obstante, la otra mitad del abismo salarial no es objetiva y muestra la presencia de mecanismos discriminatorios ocultos que conducen a una infravaloración de las funciones y profesiones dominadas por las mujeres. 
El mecanismo más importante en cuestión es el mecanismo de la valoración de las funciones, por el que las diferentes funciones se ordenan según su peso, se colocan en una determinada clase y, según la clase de funciones, se asigna un salario. 
La mayoría de las veces esta valoración de las funciones se realiza a través de los interlocutores sociales, sea o no mediante un sistema diseñado por una consultoría. 
La discriminación debida a la valoración de las funciones se explica por el hecho de asignar un valor demasiado bajo a las características asociadas con las funciones tradicionalmente femeninas, tales como las aptitudes sociales, la mayor capacidad de concentración y la mayor destreza de las mujeres. 
Dado que estas funciones obtienen menos puntos, son menos valoradas, se sitúan en un lugar demasiado bajo en el rango de las funciones y de las parrillas salariales y, por tanto, los salarios se vuelven más bajos para las mujeres. 
Por el contrario, existe una sobrevaloración de las características tradicionalmente asociadas con las funciones masculinas, tales como la capacidad técnica, el trabajo de fuerza física o la responsabilidad financiera. 
En general, los trabajadores no conocen cómo está clasificada su función. Una puede incluso preguntarse en qué medida saben los interlocutores sociales cómo están clasificadas las funciones dentro de las empresas. 
Además, las mujeres, en general, no están implicadas en la valoración de las funciones, dado que no negocian con los interlocutores sociales. 
Entonces, ésta es la pregunta: ¿qué puede hacer Europa al respecto? 
Creo, señora Comisaria, que, en primer lugar, hay que mejorar mucho la recopilación de los datos estadísticos sobre los salarios de hombres y mujeres y también sobre la declaración de las diferencias salariales. 
En este momento, la recopilación de datos estadísticos es insuficiente tanto en el ámbito europeo como en la mayoría de los Estados miembros. 
Por tanto, eso es lo primero que hay que hacer. 
Sé que la Comisión ha contratado un grupo de expertos para empezara a tratar esta cuestión, pero lo que pido es que se busque, además, una explicación para la diferencia de salarios. 
En segundo lugar, la Unión Europea podría entrar más de lleno en la problemática de la discriminación en la valoración de las funciones. 
Podría adoptarse una iniciativa al respecto para, por ejemplo, complementar la directiva de 1975 relativa a la igualdad de retribución con un anexo en el que figuren algunas reglas y criterios que garanticen un sistema de evaluación de los trabajos neutral en materia de género. 
Los Estados miembros necesitan una guía. 
Lo mismo sucede con los interlocutores sociales. 
Creo que Europa puede ayudar perfectamente en esta cuestión. 
Además, debe lograrse un compromiso por parte de los interlocutores sociales a fin de asegurar la transparencia en materia de mantenimiento de la escala de valores en el proceso de estructuración del salario ¿Cómo puede saberse si el salario de uno no es discriminatorio si no hay nada de transparencia en cuanto a la forma en que se establece ese salario? 
Así, los interlocutores sociales también deberían comprometerse a implicar a más mujeres en las negociaciones salariales, sobre todo, para eliminar las discriminaciones y situarlas, por fin, como primer punto de su agenda, ya que eso realmente nunca sucede. 
Así mismo, las directrices sobre el empleo deben endurecerse mediante objetivos cuantitativos, datos previstos y metas. 
Esto no figura en ellas, tampoco en las nuevas directrices, aunque ya son mucho mejores que las anteriores. 
Hay que controlarlas mucho más estrictamente. 
Nunca he escuchado una queja de la Comisión porque los planes de acción nacionales presten muy poca atención a esta problemática. 
En resumen, se necesita una estrategia política global. 
Todos estos elementos constituyen una parte de ella, también la campaña que la Comisión quiere lanzar y que, además, podría ser un elemento eficaz para presentar algunas de estas cuestiones. 
Por tanto, mi petición es, señora Comisaria: por favor, convierta por una vez este punto en el primer item en beneficio de las mujeres. 
Señor Presidente, señora Comisaria, colegas, quisiera felicitar a la Sra. Smet por su informe y agradecer a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades que haya adoptado tantas de las conclusiones presentadas por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Tres cosas han quedado claras: una, los salarios de las mujeres son, por término medio, inferiores a aquéllos de los hombres en todas las ocupaciones; dos, las mujeres trabajan predominantemente en ámbitos en los que el trabajo ha sido tradicionalmente infravalorado; tres, la proporción de mujeres que trabajan a tiempo parcial es significativamente mayor que la de hombres. 
Es evidente, por consiguiente, que se trata de un problema muy arraigado y que no podrá superarse sin una acción concertada de todas las partes. 
Esta acción deberá incluir la introducción de planes de evaluación del trabajo basados en criterios objetivos y no discriminatorios por razón de sexo con vistas a poner fin a la actual infravaloración de las aptitudes de las mujeres. 
Por otra parte, necesitamos asimismo, como ha dicho la Sra. Smet, una serie mucho más amplia de iniciativas encaminadas a atajar las desventajas estructurales que padecen las mujeres en el mercado de trabajo. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales reconoce el alcance con el que la Comisión ya ha comenzado a buscar soluciones al problema a través de sus propuestas en las Directrices Europeas para el Empleo de 2002. 
El énfasis en el principio de igualdad de retribución por un trabajo de igual valor entre hombres y mujeres y el reforzamiento de la directriz 17 merecen ser acogidos con especial satisfacción. 
Asimismo, esperamos con interés poder conocer las propuestas que pueda presentar la Comisión sobre una revisión y actualización de la directiva de 1975 sobre el principio de igualdad de retribución para hombres y mujeres. 
Mientras tanto, hacemos un llamamiento a los Estados miembros y a los interlocutores sociales para que se involucren activamente en el desarrollo de las medidas que se necesitan con urgencia para eliminar las diferencias entre hombres y mujeres. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera felicitar a la Sra. Smet por este informe de iniciativa, que era tan necesario y que ella ha sabido hacer con una gran profesionalidad, porque realmente conoce muy a fondo el problema y ha trabajado mucho en él. 
Pero a pesar de que el informe es muy bueno, de que intenta estudiar cada uno de los puntos que inciden en la desigualdad de salario entre hombres y mujeres, nos encontramos hoy con un problema enquistado al que no vemos solución. 
Las mujeres acceden al puesto de trabajo con mayores dificultades que los hombres, tienen más dificultades de formación, de promoción profesional y un salario inferior al de los hombres. 
Pero esto no sólo afecta a las mujeres que llevan tiempo en el mercado de trabajo, sino que afecta también a mujeres jóvenes muy preparadas, más preparadas en muchos casos que los varones, que realizan un brillante trabajo y que perciben un salario inferior al de sus colegas masculinos. 
No existe justificación de ningún tipo, no hay legislación alguna que lo permita en ninguno de los países de la Unión Europea pero, a pesar de todo, es una realidad con la que nos encontramos y de la que no sabemos cómo salir. 
Probablemente los interlocutores sociales, tanto las organizaciones empresariales como los sindicatos, tienen una gran tarea en la solución de este problema. 
Estoy segura de que, si en las cúpulas de estas organizaciones hubiera más mujeres, probablemente la cuestión se habría resuelto hace mucho tiempo. 
Es bastante lamentable que, cuando estamos luchando contra otras muchas discriminaciones, difíciles a veces de poner de manifiesto, no hayamos sido capaces todavía de resolver ésta que es tan clara, que cada mes se refleja en las cifras que aparecen en la nómina de cada cual. 
Creo que la falta de valoración del trabajo de la mujer, el haber considerado siempre su trabajo supeditado al del varón, el haber pensado siempre que no estaba muy capacitada para acceder a puestos de máxima responsabilidad son prejuicios todavía presentes en la mentalidad de la sociedad, que dificultan la igualdad y el acceso profesional y una mayor promoción de las mujeres. 
Pido a la Comisaria, a la señora Diamantopoulou, que busque alguna iniciativa que contribuya a resolver este problema. 
Si en un Estado miembro de la Unión Europea alguna persona que sufre esta discriminación presenta una demanda, la gana; si trabaja en el sector público, no tiene mayores problemas que el de afrontar las malas caras de sus compañeros; pero si está en el sector privado, antes o después, se verá abocada a abandonar su puesto de trabajo. 
Esto hace que muchas mujeres ni siquiera utilicen esta vía legal a la que pueden tener acceso. 
Señor Presidente, éste es un asunto muy importante porque se trata de una discriminación que afecta a todas las mujeres, no sólo en la UE, sino en todo el mundo. 
Por ello, acogemos con satisfacción el presente informe, porque sus conclusiones son realmente dignas de ser tenidas en cuenta. 
El informe demuestra, como ha dicho la ponente, que existe una diferencia de entre el 20 y el 25% como término medio entre los salarios de hombres y mujeres en la Unión Europea y que en algunos Estados miembros la situación es mucho peor. 
Este informe es muy realista y presenta medidas que sugieren cosas muy concretas que permitirían corregir este problema tan difícil. 
Por tanto, apoyamos las medidas recogidas en el informe y hacemos un llamamiento para que se emprenda esta acción cuanto antes mejor, porque se trata de una discriminación que afecta a las mujeres desde hace mucho tiempo. 
Debemos corregir cientos de años de discriminación y debemos avanzar en nuestro empeño. 
Ciertamente apoyo todos los llamamientos para que la UE y la Comisión den prioridad a este asunto. 
Quisiera llamar la atención, en particular, sobre el hecho de que el informe mencione tres Estados miembros en los que la situación es considerablemente peor, lo suficientemente mala como para que se les señale en el informe. 
Por consiguiente, dichos Estados miembros tienen una responsabilidad especial de adoptar medidas y de asegurarse de que alcanzan cuanto antes la media de la UE. 
Hay otras dos cosas en el informe que me gustaría resaltar. 
En primer lugar, las campañas de sensibilización: es algo que los Estados miembros podrían hacer sin demasiada dificultad. 
No corregirán los problemas reales que existen en el lugar de trabajo, pero es algo que los gobiernos pueden hacer con relativa facilidad. 
Otro punto que menciona el informe y sobre el que me gustaría llamar la atención es que los propios gobiernos pueden dar ejemplo y, en este sentido, hago un llamamiento a los Gobiernos de los Estados miembros para que examinen sus políticas de empleo y examinen cómo pueden convertirse en mejores empleadores. 
Señor Presidente, también me gustaría dar las gracias a la Sra. Smet por su excelente informe. 
No obstante, no puedo evitar decir que me parece vergonzoso que en el año 2001 sigamos debatiendo estos problemas, sabiendo encima que a raíz de la ampliación la situación en cualquier caso no será mejor- por decirlo suavemente. 
La conclusión es que no sólo las mujeres ocupan trabajos peor remunerados, sino que esto también supone que tampoco reciben los buenos cargos directivos y los buenos cargos directivos son una de las premisas para que podamos modificar este situación. 
Sin embargo, el que haya tenido ganas de tomar la palabra esta tarde obedece a que quiero llamar la atención sobre un estudio que acaba de ser publicado en Dinamarca y que demuestra que la "desigualdad retributiva" se establece en la habitación de los niños. 
El estudio demuestra que las niñas reciben mucha menos paga que los niños. 
Tienen muchos menos bienes de consumo que los niños, y ganan menos que los niños, lo que significa que los niños ahorran, ya incluso mientras son niños, y con ello se ha establecido ya la desigualdad. 
Esto es válido para todos los grupos de edad, excepto para el comprendido entre los 16 y 18 años. 
En todos los demás grupos de edad las niñas tienen menos paga que los niños. 
Son los propios padres, son las propias mujeres quienes dan menos paga a sus hijas que a sus hijos. 
A esto puede unirse que los niños tienen trabajos mucho mejores y con ello ganan así también más. 
La situación es la misma con respecto a los bienes de consumo. 
Es evidente naturalmente que los niños tienen más aparatos de televisión, tienen más ordenadores personales en sus ordenadores, etc. Quizá debiéramos empezar por nosotros mismos. 
Los padres han de reflexionar sobre cómo tratan a sus hijos e impedir que sean tratados de forma diferente desde la cuna. 
Me gustaría recomendar que se hagan con este informe danés. 
Me pareció muy interesante. 
Gracias a la Sra. Smet por haber tomado la iniciativa de elaborar este informe. 
Desearía subrayar tres problemas, pero, primero, recordar algo: cuando hablamos del 25% de desigualdad de salario, se incluyen todas las profesiones. 
En general, es un 15% cuando se trata de trabajo de igual valor. 
¿Por qué deseo recordar estas dos cifras y estas dos nociones? 
Porque ha de insistirse sobre todo en las dificultades, como lo han hecho mis colegas, en las que nos encontramos hoy. 
Esta situación es extremadamente difícil y las soluciones no son muy visibles ni muy eficaces. 
Desearía recordar tres cosas. 
Primero, en Francia, por ejemplo, las mujeres ocupan el 10% de los empleos masculinos. 
De 300 profesiones, 30 son ejercidas por mujeres. 
Por lo tanto, las mujeres tienen acceso al 10% de todas las profesiones propuestas. 
Se trata, pues, de una cuestión de orientación. 
En segundo lugar, en este informe nos referimos al trabajo atípico. También se denomina tiempo parcial. 
Algunos países piensan que conviene a las mujeres. 
Por lo que a mí respecta, pienso lo contrario. 
Así no vamos a construir igualdad salarial e igualdad económica, puesto que no existe igualdad salarial sin igualdad económica. 
En tercer lugar, es necesaria la igualdad de representación en los órganos de toma de decisión de los interlocutores sociales. 
Naturalmente, yo sería la primera en luchar por una paridad hombres-mujeres en las tomas de decisión de los interlocutores sociales. 
Pero existe un alto número de profesiones en las que no existen interlocutores sociales, es decir, todos los empleos de servicio. 
¿Qué haremos entonces? 
Hemos elaborado una ley sobre el trabajo nocturno en Francia, que establece que los interlocutores sociales deben ocuparse de esta cuestión. 
Pero no hay interlocutores sociales para estas profesiones, lo que plantea grandes problemas. 
Señora Comisaria, desearía pedirle quizá sólo una cosa respecto al conjunto de estas inmensas dificultades: que en la segunda lectura de la directiva de 1976, que estamos revisando con usted y con el Consejo, podamos insistir en la cuestión de la igualdad de retribución. 
No creo que ésta sea bien acogida en las discusiones del Consejo. 
Considero que dicha cuestión es absolutamente esencial si deseamos que esta renovación de la directiva de 1976 tenga sentido. 
Cuando otra vez hablamos de la igualdad de retribución, aunque éste sea un principio que ya quedó instaurado con el Tratado de Roma, quizá sea hora de que nos preguntemos a nosotros mismos si no hacen falta otras estrategias para eliminar el abismo salarial existente entre hombres y mujeres cuando el esfuerzo comunitario global se ha mostrado insuficiente. 
Pienso que a partir de ahora en mayor medida y en virtud del principio de subsidiariedad debemos cargar esta responsabilidad sobre cada país miembro. 
Es en cada puesto de trabajo en donde se sacan las experiencias. 
Ha de corresponder concretamente a cada país, a través de los interlocutores sociales, introducir el principio de la igualdad de retribución en los convenios colectivos. 
Hemos de tener en consideración las diferencias existentes entre los convenios colectivos y los sistemas de convenios salariales en los países miembros. 
En lugar de una regulación comunitaria directa en este ámbito, la UE debe facilitar directrices y recomendaciones, y el principio ha de introducirse en mayor medida que hasta la fecha en los planes de acción nacionales para el empleo y la igualdad de trato. 
El mercado laboral necesitará en los próximos años más mano de obra y por ello es importante que dediquemos más fuerzas a crear mejores condiciones para las mujeres. 
Con todo, respaldo todas las iniciativas presentadas en el informe Smet. 
Señor Presidente, desde 1951 se trabaja en el ámbito europeo en la igualdad de retribución para trabajadores y trabajadoras cuando se trata de un trabajo de igual valor. 
En 1957, esto se recogió como punto de partida en el Tratado de Roma y en 1975, en una directiva. 
En este momento, tal como se ha repetido hoy aquí, todavía existe un abismo salarial en la UE, a pesar de la prohibición legal de discriminación salarial: no es aceptable. 
Comprendo que en algunos casos resulta difícil encontrar un método objetivo de estructuración del salario o un sistema de valoración de las funciones, no obstante, debe ser posible una mayor transparencia y neutralidad en materia de género. 
Con razón, en el informe se habla de discriminación de valores. 
Ésa es una labor de la Administración, pero también de los interlocutores sociales. 
Tal como ya se ha dicho, éstos desempeñan un papel importante. 
Es, así mismo, esencial que se implique más a las mujeres en las negociaciones salariales y en la toma de decisiones en general, que las mujeres ocupen más posiciones en los órganos encargados de la toma de decisiones. 
Es indignante que el material estadístico de que disponemos en el ámbito europeo en relación con las diferencias salariales entre hombres y mujeres, sea antiguo e incompleto. 
Aplaudo la iniciativa de recopilar nuevos datos y respaldo la idea de realizar más estudios sobre los factores que influyen en los salarios, así como sobre las causas de una retribución diferente por un mismo trabajo. 
Tal como se ha dicho, no es aceptable una diferencia salarial del 15% tras haber tenido en cuenta elementos como la edad, la formación y el nivel profesional. 
La materia que discutimos ahora no debe considerarse desvinculada de otros asuntos relacionados con las mujeres y la participación laboral de la mujer. 
Está estrechamente vinculado a aspectos como el acceso al trabajo, las posibilidades de promoción, la combinación del trabajo y la familia, etcétera. 
Un salario igual para un trabajo del mismo valor puede ayudar a romper el círculo vicioso de la desigualdad perpetua: un menor salario conduce a una pensión menor o a más trabajo para lograr la misma pensión, trabajar más significa frecuentemente que es más necesario que alguien se encargue de los niños, menos tiempo para desarrollarse y relajarse después del trabajo, etcétera. 
Me alegra que la Presidencia belga contemple esta problemática como prioridad, y espero que los Estados miembros se tomen esta vez en serio este llamamiento. 
Espero también que se dé un importante impulso a esta campaña en el año 2002. 
El informe que discutimos es un informe de iniciativa. 
Quisiera felicitar a la ponente, la Sra. Smet, por su trabajo: tenemos este informe de iniciativa gracias, sobre todo, a su dedicación. 
El informe examina una y otra vez la situación de forma clara y aporta líneas de solución concretas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Unión Europea ha tenido un papel decisivo en la denuncia y en el intento de solución del problema de las desigualdades salariales entre hombres y mujeres que existen en nuestros quince países. 
Tanto los Tratados como ahora las leyes nacionales imponen el principio de igualdad de salarios entre hombres y mujeres. 
Pero ningún país cumple las leyes que ha promulgado al respecto. 
Las diferencias varían conforme a los países, pero los resultados son comunes. 
La feminización de los sectores de actividad provoca la desvalorización de las remuneraciones. 
La sociedad acepta que las profesiones esencialmente desempeñadas por las mujeres sean las peor remuneradas. 
Incluso en los países escandinavos, donde las mujeres han conseguido la igualdad hasta en la vida política, se da la dificultad de su penetración en los lugares de decisión en las empresas privadas, en las que los salarios son más elevados. 
Así, pues, estamos ante una situación de desajuste en la que las leyes obligan a la igualdad, pero la sociedad sigue interiorizando el modelo que desvaloriza las funciones ejercidas por mujeres. 
Para que se materialice la verdadera democracia, para que se cree un nuevo modelo de sociedad que interiorice la igualdad, es necesario aumentar los derechos a los hombres en la esfera de su vida privada. 
Las leyes que se han promulgado o propuesto en esa esfera son muy reveladoras. 
Por ejemplo, en Portugal el Gobierno presentó recientemente al Parlamento una propuesta de ley para volver obligatoria la licencia parental por un período de al menos cinco días. 
Es una ley que no existe en ningún país europeo, donde esa licencia es facultativa, y lo que con ella se pretende es contribuir a revolucionar las mentalidades. 
El hecho de que la sociedad siga aceptando la dimisión de los hombres del ejercicio de los deberes de la vida familiar es una verdadera competencia desleal a la que las mujeres son sometidas en su vida profesional. 
Si queremos cambiar la situación de desventaja que siguen teniendo las mujeres en el mundo laboral, es necesario cambiar lo que está en las cabezas de las personas y en la práctica de los interlocutores sociales. 
Y en eso la Unión Europea debe seguir teniendo un papel determinante. 
En la Cumbre de Lisboa, Europa reconoció que sólo aumentando la tasa de empleo de las mujeres conseguiría alcanzar dentro de diez años el desarrollo económico y social que pretende. 
Ahora Europa debe reconocer que necesita no sólo más mujeres que trabajen, sino también profesiones ejercidas por las mujeres. 
En ese sentido, la Comisión propuso y el Consejo aceptó la igualdad salarial como prioridad para 2001 en su programa en pro de la igualdad. 
También la Confederación Europea de Sindicatos eligió ese tema como prioridad para este año. 
El Parlamento Europeo, al elaborar el informe de iniciativa... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
.. 
Sólo quisiera también felicitar a la ponente Sra. Smet y decir que convengo con sus propuestas. 
Señor Presidente, la diferencia de los salarios de los hombres y de las mujeres, que el informe estima en un 20%, es una diferencia escandalosa sobre todo teniendo en cuenta que para una gran parte de los asalariados, incluso los salarios de los trabajadores masculinos distan mucho de permitir vivir correctamente en el siglo XXI. 
Pero no basta con comprobarlo; si el Parlamento deseara realmente eliminar esta injusticia, tomaría medidas obligatorias, imponiendo sin excepción a todos los empresarios el respeto de la igualdad de trato de hombres y mujeres, bajo pena de sanciones graves. 
Existen ámbitos en los que el Parlamento sabe tomar medidas obligatorias. 
Pero a juzgar por las propuestas pusilánimes del informe, no se contemplan medidas coercitivas con respecto a los empresarios. 
En estas condiciones, incluso una votación favorable del Parlamento Europeo será como dar palos de ciego. 
Las mujeres trabajadoras tendrán que imponer ellas mismas la igualdad, y, además, asociarse a los trabajadores para exigir salarios correctos para todos. 
-Señor Presidente, el informe de nuestra colega, la Sra. Smet, es el resultado de un estudio riguroso, y también de la experiencia política y del compromiso personal, y por eso nuestra comisión lo ha aceptado con entusiasmo y con una gran mayoría. 
Se ocupa de un fenómeno general, común en todos los sistemas sociales y económicos de Europa, una dura realidad que anula todo progreso legislativo, nacional o europeo. 
Las mujeres encuentran dificultades no sólo en el acceso, sino también en el desarrollo y en la remuneración por su trabajo. 
El último informe sobre el empleo nos informa de que en la mayoría de los Estados miembros han abandonado el esfuerzo de corregir la injusticia y, en la mayoría de los países, el tema no existe como tal en las mesas de diálogo social. 
Pedimos al Sr. Comisario que solicite una seria evaluación de los Estados miembros, tal como propone la Sra. ponente. 
Y para no repetir lo que han mencionado mis colegas, con lo que estoy plenamente de acuerdo, quisiera proponerle, señora Comisaria, por su política y por la de los Estados miembros, que afrontemos el tema globalmente. 
Las prácticas políticas vigentes en muchos países de la Unión Europea en el ámbito del empleo, de la protección social, de la pensión de las mujeres, las llevan al margen de la vida profesional activa, al margen de la ambición, del esfuerzo, de la competencia, de las reivindicaciones, y por tanto de la retribución. 
Nuestro papel, su papel, es difícil: convencer a la opinión pública, pero también a las demás mujeres, sobre la interdependencia de todos estos temas, convencerlas de que los llamados derechos de protección adquiridos son contrarios a sus intereses, la calidad, la viabilidad y la retribución de su trabajo. 
Señora Comisaria, ayuden a los gobiernos a hacerse cargo del coste político que tal esfuerzo y cambio traen consigo la mayoría de las veces. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a la Sra. Smet por este informe de iniciativa y por el profundo y exhaustivo trabajo que nos propone. 
La diferencia de retribución entre mujeres y hombres es un fenómeno conocido que afecta, aunque en distinta medida, a todos los Estados de la Unión y que se viene abordando hace tiempo. En las anteriores intervenciones se han recordado la convención de la Organización Internacional del Trabajo de 1951, el artículo del Tratado de Roma, la Directiva de 1975 y el Tratado de Amsterdam. 
Se han hecho muchas cosas también desde el punto de vista de las intervenciones. 
Desde hace más de diez años la Comisión viene presentando recomendaciones, también a petición del Parlamento. Recuerdo asimismo el código de conducta elaborado por la Comisión y cuyo objetivo era sensibilizar a los Estados miembros, a los interlocutores sociales con el fin de intervenir a través de acciones concretas en este terreno. 
El análisis del fenómeno, a pesar de que los datos son todavía incompletos, nos permite, sin embargo, entender las razones de la existencia de esta diferencia. 
Como se ha recordado, existen razones estructurales: diferencias de edad, formación, categorías profesionales, trabajos precarios y parciales en que preferentemente están empleadas las mujeres. 
No obstante, siguen existiendo verdaderas discriminaciones, discriminaciones directas- en algunos casos la retribución es diferente, aunque el trabajo sea el mismo- pero sobre todo discriminaciones de valoración: el trabajo de las mujeres se sigue considerando inferior en cuanto a valor al de los hombres, en igualdad de cualificaciones y de responsabilidades. 
Quiero citar un ejemplo de mi país: sólo hacia la mitad de los años ochenta en el convenio colectivo nacional de los trabajadores del sector textil se logró, después de quince años de luchas, reconocer un aumento de categoría a la clasificación profesional de "maestra" que está prevista en las estructuras textiles de la confección, o sea, cuando esta profesión que era típicamente femenina, después de las reestructuraciones, después de la pérdida del puesto de trabajo por parte de las mujeres, ha empezado a ser una profesión también masculina. 
Creo que éste es un ejemplo concreto de un problema que en Italia se ha resuelto en el sector textil sólo a mitad de los años ochenta, pero que continúa existiendo en muchos otros sectores. 
Las propuestas de la ponente son muchas y, en mi opinión, esas son las indicaciones que hay que seguir. 
La Sra. Comisaria y la Comisión son muy sensibles a este tema y las orientaciones en materia de empleo para el año 2002 hacen también de esto el objetivo prioritario de nuestro trabajo. 
Señor Presidente, deseo ante todo dar también las gracias a la Sra. Smet por el excelente trabajo que ha realizado y sobre todo por la gran calidad de su exposición de motivos. 
A la vista de este informe todos y todas hacemos hoy un triste balance. 
A pesar de las numerosas iniciativas tomadas desde hace años y a pesar de la acción positiva de la Comisión, hoy persiste la desigualdad de remuneración de las mujeres y los hombres de la Unión Europea. 
No sólo las mujeres ganan una media del 28% menos que los hombres por un trabajo de igual valor, sino que ocupan a menudo- y no hablamos lo suficiente de ello- empleos más precarios y más pesados. 
Son más numerosas en el paro y están más afectadas por el paro de larga duración, y, finalmente, en la mayoría de los casos asumen el cuidado de los hijos y a veces el de otras personas que no pueden valerse por sí mismas. 
Naturalmente debemos actuar, y ello en varias direcciones. 
Por eso estoy de acuerdo con el espíritu de las propuestas de este informe: es necesario crear un grupo de expertos para mejorar la recogida de datos estadísticos. Asimismo, el hecho de organizar una gran campaña europea en 2002 es una buena cosa, y sería sin duda útil difundir ampliamente con esta ocasión un cuadro comparativo de la situación en los diferentes Estados miembros. 
Además, es necesario, como lo propone la ponente, revisar la directiva de 1975, trabajar en los problemas de formación para procurar que las mujeres se beneficien realmente de un derecho de formación durante su vida, incitar a los interlocutores sociales a reforzar la participación de las mujeres en las negociaciones salariales y, finalmente, tomar medidas para conciliar mejor la vida profesional con la vida familiar. 
Pero para que todo eso no quede en meras intenciones es necesario que todos los dirigentes políticos de la Unión se pongan verdaderamente a trabajar en ello y expresen claramente una voluntad. 
En efecto, en el momento en que entramos en un mundo nuevo y donde se nos presentan terribles retos, nuestros gobernantes deben tomar conciencia de que esta situación no es sólo discriminatoria e injusta, de que no sólo es contraproducente, sino que también contradice todos los valores en los que creemos y el modelo de sociedad que Europa debe defender. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar especialmente a la Sra. Smet, que con su informe podemos entender su conocimiento y experiencia sobre este tema. 
La cuestión del salario de hombres y mujeres es ya la representación más clara y evidente de la desigualdad entre los hombres y las mujeres. 
No voy a repetir cuanto se ha dicho con datos y análisis de las causas a las que se debe la desigualdad existente. 
Voy a referirme a lo que se está haciendo en políticas y planificaciones. 
Como ya saben, en la estrategia para el empleo, el cuarto eje, que atañe a la igualdad de oportunidades, era el que afrontaba la cuestión del salario desigual desde la materialización de la estrategia para el empleo que comenzó en 1999. 
La Comisión ha evaluado todos estos años, desde 1999 en adelante, las políticas de todos los Estados miembros en el tema del salario igual. 
Lo que podemos constatar en los tres últimos años es que en bastantes, no en todos los países miembros, es notable la diferencia y el problema y se han propuesto políticas y medidas para solucionarlo. 
Cada año, en su informe común, la Comisión se refiere concretamente a este tema, basándose en los datos de que dispone, y hace recomendaciones a los Estados miembros sobre sus políticas. 
Ahora se nos plantea la cuestión de cuáles son las herramientas con que cuenta la Comisión para llevar a cabo esta evaluación. 
Y, claro, nos encontramos con el problema de los indicadores y de las estadísticas al que se ha referido la Sra. Smet. 
Necesitamos nuevos aspectos que hay que estudiar estadísticamente para describir completamente el problema. 
Y ya ha avanzado la Comisión en estos nuevos aspectos. 
Voy a referirme a uno de ellos. 
Por ejemplo, debemos estudiar estadísticamente la proporción de hombres y mujeres en cuanto al salario por horas para empleados asalariados que trabajan más de 15 horas. 
Debe realizarse un análisis de los pagos brutos y netos en los sectores público y privado y esto significa una división por edades, educación, profesión, actividad económica, tipo de trabajo, régimen de trabajo. 
En muy pocos países dan estos datos de la forma mencionada anteriormente. 
Y aparte del problema del objeto del estudio estadístico también encontramos problemas con el método de gestionar las investigaciones estadísticas. 
Hay Estados miembros en los que, desde que recogen los datos hasta que publican el resultado final, pasa mucho tiempo. 
Y esto no ocurre sólo en algunos Estados miembros, sino también en la propia Unión Europea. 
Por lo tanto, la mejora de las estadísticas, como herramienta muy importante para mejorar las políticas, es una prioridad. 
Y van a ver ustedes cómo en las recomendaciones de este año, en muchos países miembros se hace una mención especial a la necesidad de mejorar los sistemas estadísticos. 
El segundo punto básico son las directrices para el 2002. 
Considero que es una estrategia muy clara, en la que los Estados miembros deben imponer determinados objetivos para aminorar la desigualdad del salario entre hombres y mujeres. 
Y, por supuesto, es nuestro objetivo colaborar con todos los Estados miembro, que haya un intercambio de prácticas mejores. Para imitar a algunos países que ya han avanzado en este ámbito. 
El tercer punto que quiero mencionar es que en el quinto programa, cuya materialización comienza ahora- ahora se está completando la fase de la evaluación de las propuestas presentadas- la prioridad absoluta de elegir las propuestas presentadas está en relación con el tema del igual salario. 
Ciertamente, hemos estructurado en cinco sectores complementarios las prioridades que deben darse de entre los programas para estudiar el tema del salario igual y para avanzar en lo que muchas de las ponentes han recalcado, la necesidad de una estrategia integrada. 
Hace pocos días, el 13 de septiembre, la Presidencia belga y la Comisión avanzaron, en un gran congreso sobre el tema del salario igual. 
Señor Presidente, señorías, debo decir que, teniendo en cuenta el resultado de todas estas actividades y la evaluación de las políticas que he dicho, tomaremos la decisión final para revisar la directiva presente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Acoso en el lugar de trabajo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0283/2001) del Sr. Andersson, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el acoso en el lugar de trabajo. 
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(SV) Señor Presidente, el problema de que trata este informe no es nuevo, pero hace poco tiempo que ha empezado a preocuparnos. 
Según el Fondo de Dublín, el acoso en el lugar de trabajo es un problema bastante generalizado. 
El ocho por ciento de los ciudadanos estadounidenses, cerca de doce millones de personas, han experimentado acoso en sus lugares de trabajo durante los últimos doce meses. 
¿De qué depende esto y qué se puede hacer? 
Sabemos, por ejemplo, que la inestabilidad de las relaciones laborales tiene alguna injerencia. 
Sabemos también que los que sufren acoso son personas más expuestas al estrés. 
Es sabido que quienes realizan trabajos sometidos a gran tensión también corren un mayor riesgo de sufrir acoso. 
Se trata, por tanto, de factores relacionados con la vida laboral y con la organización del trabajo. 
¿Cuáles son las consecuencias del acoso? 
Obviamente quien es víctima del acoso no se siente bien, está a menudo enfermo y no acude a su lugar de trabajo. 
No sólo la víctima del acoso, sino que todo el grupo de trabajadores, funciona peor. 
Las empresas también sufren las consecuencias del acoso, en forma de menor productividad, menores ganancias y peores condiciones laborales. 
Se me ha preguntado por qué la UE tiene que ocuparse de esto y qué relación tiene esta materia con la comunidad. 
El acoso en los lugares de trabajo es un problema común para todos los Estados miembros, pero que recibe desigual atención en los distintos países. 
En los últimos años hemos empezado a hablar de más y mejores puestos de trabajo, es decir, de la calidad de la vida laboral. 
Esta calidad se fundamenta en la salud, en la seguridad y en la organización del trabajo y, en esta perspectiva, el acoso constituye un problema. 
Desde hace tiempo la UE cuenta con normas relativas a la salud y la seguridad laborales. 
¿Qué hay que hacer? 
Tenemos que empezar por revisar la definición y formular una que sea aceptada por todos. 
Hay que contar con mejores datos estadísticos. El Fondo de Dublín y Eurostat tienen una importante tarea en esta materia. 
También hay que trabajar de acuerdo con el método de cooperación abierta. 
Los Estados miembros tienen que desarrollar sus leyes y sus reglamentos, debe aplicarse una best practice, es decir, que hay que fijarse en las soluciones de los demás. 
En el proceso de Lisboa existen también indicadores de calidad. 
¿Cómo vamos a legislar? 
¿Podemos decir a priori que no se necesitan nuevas normas puesto que en la UE ya se legisla en esta materia, esto es, en materia de salud y de seguridad? 
Actualmente cuando se discuten la salud y la seguridad no sólo se comprende la salud física sino que también el medio psicosocial, aspecto que cobra cada vez mayor importancia en la vida laboral. 
Las mujeres corren mayores riesgos en relación con trabajos atípicos, relaciones laborales inestables, etcétera. 
En dos puntos del informe se destacan los aspectos legislativos, aunque no se dice si se debe legislar ni cómo hacerlo. 
Se insta a la Comisión a que en las comunicaciones sobre estrategias comunitarias en materias de salud y de seguridad en los trabajos, sobre mejoras cualitativas de los trabajos y política social y en el Libro Verde sobre responsabilidad social de las empresas se ocupe del acoso y contemple la posibilidad de adoptar iniciativas legislativas. 
Es posible que la Comisión diga que no se necesitan normas al respecto. 
En ese caso haremos un análisis, pero creo que es absurdo abandonar a priori la idea de legislar sobre esta materia 
Es posible que la directiva marco sobre el ambiente laboral contemple aspectos relacionados con el medio psicosocial, pero quisiéramos una confirmación. 
Si fuese así, no habría ningún problema, pero, en caso contrario, habría que ampliar el campo de aplicación de esta directiva marco a "nuevas" materias. 
En este contexto habrá que estudiar también si se necesitan normas o iniciativas legislativas en torno al acoso en los lugares de trabajo. 
Permítanme usar un ejemplo de mi país. 
Tenemos allí una ley marco que señala que el empleador tiene la responsabilidad de actuar en caso de acoso. 
No se señala en detalle qué se debe hacer, pero está claro que hay una responsabilidad del empleador. 
En el punto 24 del informe se insta a la Comisión a publicar un Libro Verde sobre el acoso en los lugares de trabajo y a presentar a continuación un programa de acción. 
Éste es el punto principal del informe. 
Señor Presidente, permítame antes de nada felicitar al promotor de este informe, el Sr. Andersson: ha abordado un tema nuevo que solamente en algunos Estados miembros está más o menos regulado. 
Es positivo, tal como muy a menudo sucede, que Europa se adelante en algunos asuntos. 
Enhorabuena, por tanto. 
¿Por qué da ahora la Comisión de Derechos de la Mujer su opinión específica al respecto? 
Es, por supuesto, un problema que afecta tanto a hombres como mujeres, pero nuestra comisión ha estimado que las mujeres son más a menudo, incluso mucho más a menudo, víctimas de este tipo de vejación, y además, también víctimas de otro tipo de vejación que, incluso muy frecuentemente, termina en vejaciones sexuales, y que, por ello, tenía que cumplir un papel específico y propio. 
De ahí que nuestra comisión haya dado su propia opinión. 
Creo que todos debemos ser conscientes de que se trata de un problema nuevo. 
Podemos aprender de las medidas que muchos Estados miembros han adoptado en el ámbito de la violencia sexual, ya que no es tan fácil ni tan evidente diseñar una política en el ámbito de la actuación contra la intimidación moral en el lugar de trabajo. 
No obstante, algunos Estados miembros intentan hacerlo y en muchos de ellos tenemos experiencia en la actuación contra la violencia sexual. 
¿Qué podemos hacer? 
En primer lugar, puede actuarse de forma preventiva, es decir, las empresas deben dejar claro a su personal que no aceptan vejaciones en el lugar de trabajo. 
Ése es un acto preventivo. 
En segundo lugar, puede haber una persona de confianza que medie entre las dos partes cuando surja un problema. 
En una empresa, siempre es preferible llegar en una empresa a una solución a través de la mediación a que una de las dos partes deba acudir a los tribunales. 
Me inclino por este tipo de soluciones. 
En tercer lugar, si resulta difícil encontrar una solución, la empresa puede imponer sanciones. 
En cuarto lugar, en cualquier caso, debe existir la posibilidad de acudir a la vía judicial. 
Me parece que éstas son algunas de las cuestiones prácticas de que debemos ocuparnos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el problema del acoso moral se tendría que haber debatido hace tiempo en el Parlamento Europeo. 
El debate se ha hecho esperar mucho, pues siempre se planteaba la duda de si era pertinente tratarlo aquí. 
Algunos miembros de mi Grupo rechazan el informe porque opinan que este no es un tema europeo. 
La mayoría seguirá mi recomendación y lo votará afirmativamente, ya que en efecto se trata de un tema y un problema de alcance europeo. 
El acoso moral se da en todos los países de la Unión Europea, en todos los sectores e incluso en las instituciones de la Unión. 
Es un asunto grave, que a muchos les resulta penoso y el número de casos que permanecen ignorados es, por lo tanto, elevado; nadie desea comentarlo abiertamente y las propias personas afectadas se sienten humilladas, utilizadas y presionadas. 
Este calvario tiene a menudo graves consecuencias, no sólo para el estado físico y psíquico de los afectados, sino también consecuencias para la economía nacional que es posible concretar. Enfermedades, costes médicos y de medicamentos, fluctuaciones de personal, reducción de la productividad, pérdida de calidad, deterioro de la imagen de la empresa o el servicio y, como resultado, también pérdida de clientes. 
Todo esto va unido al acoso.. 
La dignidad de toda persona no se debería respetar sólo sobre el papel y en las leyes fundamentales, sino también en la convivencia cotidiana. 
Un poco más de respeto y de equidad y menos egoísmo nos habrían evitado seguramente la necesidad de celebrar un debate sobre el acoso moral. 
Una norma europea resultaría inadecuada e ineficaz para eliminar todas las causas que conducen al acoso moral. 
Yo agradezco, por lo tanto, la cooperación del ponente y la incorporación de mis planteamientos al informe. 
El eje central de la lucha contra el acoso moral se debería situar en el marco de los Estados miembros y debería promover la participación activa de los interlocutores sociales. 
Las empresas deberían estar directamente interesadas en que estos sucesos no se produzcan en su organización. 
Dadas las dificultades para establecer una definición exacta, a la Comisión tampoco le resultará fácil presentar el anunciado Libro Verde. 
No obstante, el hecho de que en la Unión Europea ya contemos con unos pocos buenos ejemplos en el contexto de la lucha contra el acoso moral debería servirnos para aprender de la experiencia mutua. 
Un buen reparto de las tareas entre los ámbitos pertinentes también contribuirá a aumentar la necesaria voluntad de actuar y el necesario respeto ante un tema difícil. 
En primer lugar quiero expresar, en nombre de mi Grupo, mi agradecimiento al ponente por el presente informe. 
Es un informe importante porque el acoso en el lugar de trabajo es un problema demasiado frecuente. 
Mi Grupo apoyará el informe en su totalidad tal como está y no espera ni exige que se suprima ninguna parte de los apartados o de las frases. 
Es un triste hecho que la Fundación de Dublín haya descubierto que más de 15 millones de personas han denunciado casos de violencia, acoso sexual o acoso moral en el lugar de trabajo. 
No podemos tolerar que esta situación se mantenga, porque este tipo de acosos puede tener consecuencias funestas y se han dado numerosos casos de personas que se han quitado la vida o que han muerto víctimas de otras personas que habían sufrido percances en el lugar de trabajo. 
Por consiguiente, creo que es algo que la Comisión y el Parlamento deberían intentar resolver. 
En Irlanda existe legislación, en el marco de la legislación en materia de salud y seguridad, que garantiza que las grandes empresas deben implantar códigos de conducta para acabar con el acoso. 
No obstante, aún no está claro en qué medida las empresas aplican esta legislación. 
Hace poco me encontré con el caso de un hombre joven recién incorporado a un puesto de trabajo en una empresa estatal que era acosado permanentemente por otros empleados más antiguos, no por mujeres, sino por hombres, que sencillamente no lo querían en ese puesto porque se sentían amenazados por su presencia. 
No consiguieron obligarle a abandonar su empleo, pero es extraordinario que a estas alturas ocurran estas cosas. 
Es cierto, como demuestra la Fundación de Dublín, que esta tendencia ha ido en aumento durante los últimos diez años. 
Es igualmente evidente que, en buena medida, esta tendencia es consecuencia de la inseguridad en el lugar de trabajo y de los cambios que han experimentado los puestos de trabajo. 
Un empleo típico causa estrés y tensiones que se reflejan en este tipo de actitudes, por lo que apoyo el llamamiento que hace el ponente a la Comisión para que presente una comunicación antes del año próximo, así como un programa de acción antes de finales del año próximo. 
Permítame, antes de retomar mi asiento, decir algo sobre un asunto completamente diferente, pero que guarda relación con el trabajo de la Comisión, y es que quisiera pedir a la Sra. Comisaria que pida a nuestros colegas de la Comisión que adopten medidas encaminadas a liberalizar las normas y disposiciones por las que se rige la concesión de ayudas estatales al sector de la aviación, de lo contrario deberemos hacer frente al hecho de que decenas de miles de trabajadores de toda Europa podrían perfectamente perder sus empleos en un futuro no demasiado lejano. 
Esto es lo que yo llamo acoso en el lugar de trabajo. 
No puedo hablar sin tener a personas fumando detrás de mí y eso me produce un ataque de asma y eso es acoso. 
Felicito al Sr. Andersson por su informe. 
Es importante para la adopción de medidas a nivel nacional así como europeo porque, como hemos oído, 12 millones de personas son acosadas o intimidadas en el lugar de trabajo cada año. 
Existen muchas formas de acoso y, como he dicho, fumar en el lugar de trabajo en zonas de no fumadores es una forma de acoso. 
Además, las consecuencias, tanto físicas como psicológicas, pueden ser devastadoras. 
El nivel de estrés que producen las intimidaciones y los acosos en el lugar de trabajo es tremendo. 
Las personas discapacitadas, las mujeres y, en particular, las minorías étnicas lo pasan muy mal. 
Pueden ser objeto de una doble discriminación y son acosadas sencillamente porque pertenecen a grupos desfavorecidos y discriminados. 
Me alegra también que el Sr. Andersson haya hecho referencia a las personas con contratos temporales porque, una vez más, tenemos pruebas de que también ellas sufren intimidaciones. 
Pero, permítanme pasar rápidamente al motivo por el que el Grupo ELDR ha solicitado una votación por partes de los apartados 8 y 13. 
Creo que una de las funciones de la Unión Europea es establecer directrices comunes, las mejores prácticas y técnicas de comparación en todos los Estados miembros, pero no creo que necesitemos más legislación vinculante: ese papel le corresponde a los Estados miembros y es una cuestión de subsidiariedad. 
Por tanto, aunque estoy de acuerdo con gran parte del informe del Sr. Andersson, estoy en desacuerdo con el hecho de que se establezca legislación vinculante y éste es el motivo por el que hemos solicitado la votación por partes. 
Señor Presidente, mi Grupo también desea felicitar al Sr. Andersson por su trabajo sobre este excelente informe de propia iniciativa: ha sido una gran noche para este tipo de informes. 
Como ya se ha dicho, no deberíamos subestimar las repercusiones que el acoso, en sus diferentes formas, tiene sobre las vidas y la salud de las personas y sobre los problemas mentales y psicológicos a largo plazo, como hemos podido oír. 
Mirando las cifras, si tomáramos como ejemplo este Parlamento, el grupo de personas que sufren acoso equivaldría aproximadamente en porcentaje al Grupo de los Liberales, Demócratas. 
Hasta ahora es muy poco lo que se ha hecho para combatir el problema del acoso en general, por lo que el presente informe debe ser acogido con especial satisfacción porque permite un debate abierto sobre un problema que con demasiada frecuencia ha sido pasado por alto. 
Una encuesta francesa revela además que el 70% de las víctimas del acoso son mujeres y esto es así en todo tipo de trabajos, o sea que no sólo se les paga menos, sino que además son acosadas, y las connotaciones chovinistas y sexistas, que van dirigidas a las mujeres con mayor frecuencia que a los hombres, pueden convertirse a menudo en algo más grave. 
Por consiguiente, la Comisión debería prestar especial atención a la búsqueda de soluciones a esta situación inaceptable para las mujeres de Europa. 
El Sr. Andersson tiene razón, los empleadores deben asumir la responsabilidad de prevenir el acoso en el lugar de trabajo, no actuar en connivencia con él ni practicarlo. 
Puesto que la directiva marco sobre la salud y la seguridad en el trabajo no especifica si los empleadores son responsables o no del ambiente a nivel mental, psicosocial o social en el trabajo, creo que deberían adoptarse medidas para revisar la directiva para que incluya esta definición. 
Señor Presidente, yo también quiero comenzar agradeciendo el trabajo del señor ponente, aunque no tengamos una definición del acoso, quizá porque el acoso presenta diversas formas y resulta difícil encontrarla. 
Ahora mismo la señora Lynne, a la que traslado mi solidaridad y mi simpatía, nos hablaba de una nueva forma de acoso. 
Puestos a analizar, a mí me parece una definición aceptable la del grupo de trabajo irlandés para la prevención, precisamente, del acoso, que dice que es una conducta inapropiada y repetida directa o indirecta, verbal, física o de otro tipo, que una o más personas dirigen contra un tercero o terceros en el lugar de trabajo y/o en el curso del mismo que pueda considerarse, con razón, que merma el derecho del individuo a la dignidad en el trabajo. 
Y, por supuesto, que un incidente aislado de un comportamiento como el descrito en la definición puede constituir una afrenta a la dignidad en el trabajo pero, en tanto que incidente puntual y aislado, no sería considerado acoso. 
Aceptemos esta definición u otra cualquiera. 
Lo cierto es que hasta doce millones de personas de la Unión Europea manifiestan haber sido acosados moralmente en los doce últimos meses, que las mujeres revelan ser víctimas del acoso en mayor medida que los hombres, que algunos sectores de actividad parecen especialmente propicios. 
El acoso repercute en la economía de la empresa, al ser causa de absentismo, de falta de eficacia y de productividad. 
Para la sociedad, el acoso puede originar costes médicos y psicológicos, bajas por enfermedad, jubilaciones anticipadas, etc. Y, sobre todo, afecta al trabajador y constituye un factor de riesgo al lado de la violencia física y las cuestiones de ergonomía. 
Queda, por otra parte, mucho por hacer para eliminar riesgos para la salud, tanto de origen físico como químico. 
Sobre todo, el acoso moral, el hostigamiento- se le dé ésta u otra denominación -, me parece incompatible con la declaración del artículo 1 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea: " La dignidad humana es inviolable. 
Será respetada y protegida ". 
El acoso representa, por lo tanto, un riesgo para la salud pero sobre todo una agresión a la dignidad de la persona. 
Bienvenida, pues, esta iniciativa dirigida a prevenir e impedir el acoso en la vida laboral, a evitar que el trabajador o la trabajadora lloren de impotencia. 
Señor Presidente, el tema del acoso en el lugar de trabajo está directamente conectado con el respeto de los derechos fundamentales de la persona, como el derecho a la dignidad y a la participación en la vida económica y social en términos de igualdad. 
Nuestro colega, el Sr. Andersson, nos ha descubierto con su iniciativa nuevos aspectos que debemos tener en cuenta para conseguir una aplicación esencial de la Carta de los Derechos Fundamentales, así como una aproximación más integrada de la política sobre la calidad en el trabajo. 
Principalmente debemos aplaudir esta iniciativa porque nos ha dado la oportunidad, sobre un tema que normalmente se subestima y se sitúa ocasionalmente entre nuestros puntos de interés, de ver su gran importancia para obtener un feliz resultado de una serie de políticas, como la política contra la discriminación, contra la exclusión, la política para discapacitados, la política en contra del paro y por la calidad en el trabajo. 
Sólo cuando los trabajadores se sienten seguros del comportamiento de sus colegas y de sus superiores en el lugar de trabajo, cuando sienten que en lugar de ser reprobados por sus defectos, notan un ambiente laboral que les abrace, entonces todos los grupos, y son numerosos, que han sido víctimas del acoso, preferirán su entrada al mercado laboral y los resultados de su oferta superarán en mucho sus posibles defectos. 
Si tenemos en cuenta que según las estadísticas, el número de personas que constituyen tales grupos susceptibles supera el 8%, podemos ver fácilmente la dimensión política. 
Al mismo tiempo, la formación de grupos correspondientes víctimas del acoso, tiene muchos puntos de partida, desde las mujeres y en las personas discapacitadas hasta los extranjeros y personas de distinta religión. 
Esto nos indica también la dimensión cualitativa del problema. 
Teniendo este informe como punto de partida, debemos hacer un plan de combate de toda la escala de acosos, que empiezan desde simples ironías, desdenes, intimidaciones, humillaciones, y menoscabos, y terminan en acciones más violentas; un plan que se aplique independientemente de si es un acoso descendiente, de superior a inferior, un acoso ascendiente u horizontal. 
El plan de acción debe contener, aparte de las medidas para prohibir el acoso, también la obligación de los empleadores de imponer un clima de no acoso entre los colegas, acompañado de medidas para animar a estas personas en el trabajo. 
Y como nadie es malo queriendo, debe estar acompañado de medidas para obstaculizar los prejuicios y las sospechas frente a las personas que forman estos grupos. 
Señor Presidente, el informe que discutimos hoy afecta a doce o quince millones de personas en Europa, es decir, entre el 8 y el 10% de los trabajadores europeos. 
Un mal moderno con un triple aspecto. 
Un aspecto económico, ya que el deterioro de las condiciones de trabajo en los últimos diez años, según el informe de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, se debe a la aceleración del ritmo de trabajo y a las distintas formas de flexibilidad. 
Un aspecto sociológico, signo del agravamiento del individualismo que domina en nuestra sociedad. 
Un aspecto psicológico, que convierte el acoso moral en algo particularmente odioso y que a veces permite hundir a una persona sin dejar huellas. 
Actualmente existe un gran vacío jurídico en el plano nacional y una gran disparidad en el plano europeo, que una jurisprudencia cada vez más firme contribuye, no obstante, a hacer retroceder. 
Por esta razón el presente informe, muy documentado y riguroso, constituye una respuesta sumamente alentadora y una señal importante para el medio laboral. 
Entre las medidas establecidas hace hincapié, sobre todo en el apartado 12, en la necesidad de un diálogo profundo al respecto entre todos los interlocutores sociales y la designación de un defensor externo independiente, como lo preconiza la enmienda que he presentado, que considero una prueba importante de progreso real en este ámbito. 
Pero corresponde al conjunto de las instituciones europeas proseguir el esfuerzo contra un mal sólidamente implantado, tal como éstas se lo proponen desde la aprobación de la Carta Social Europea. 
Por eso saludo la propuesta del ponente de solicitar para el año próximo a la Comisión la elaboración de un Libro Verde y la presentación de un programa de acción comunitario. 
Apoyo asimismo, en nombre de mi Grupo, el hecho de que se tenga en cuenta esta problemática en los intercambios en torno al Libro Verde sobre la responsabilidad civil de las empresas. 
Todos debemos apoyar este combate, cada uno a nuestro nivel, persuadidos de que es el conjunto de la sociedad la que recogerá los frutos de un equilibrio social e individual. 
Señor Presidente, se calcula que doce millones de personas están expuestas al acoso moral en la UE. 
El número de casos que permanecen ignorados es mucho más elevado. 
Se margina a las personas y se las hostiga, se propagan rumores, se les escamotea deliberadamente información, se las convierte en chivos expiatorios. 
Jefes o compañeros de trabajo, todos pueden convertirse en víctimas o en acosadores. 
Todavía se subestima por completo la importancia del acoso moral, de manera que apenas se han desarrollado instrumentos eficaces para combatirlo. 
Las agresiones y depresiones, bajas por enfermedad, despidos y renuncias al empleo, y reestructuraciones de personal como consecuencia del acoso moral suponen un coste anual de varios millones de euros para los sistemas económicos y sociales. 
Es necesario hacer un balance común en los quince Estados miembros de la UE. 
Los enfoques basados en las "mejores prácticas" nos ayudarán a seguir avanzando conjuntamente a partir del intercambio de experiencias, con el fin de diseñar medidas que tengan sentido. 
Las soluciones deben ser, no obstante, diferenciadas, según las formas de acoso, pero también en función del sexo, la edad y el lugar de procedencia. 
Jan Andersson ha elaborado un excelente informe. La Comisión de Empleo lo adoptó merecidamente por unanimidad. 
Se han incorporado casi todas las enmiendas del PPE, como por ejemplo la participación de los interlocutores sociales europeos, con el fin de desarrollar enfoques comunes contra el acoso moral. 
En la práctica esto significa una gestión activa de los conflictos, una mejor comunicación interna en las empresas y la creación de redes para las personas perjudicadas por el acoso moral. 
Además, también proponemos que en las empresas se designe a una persona de confianza a quien puedan dirigirse confidencialmente las personas afectadas. 
Señora Comisaria Diamantopoulou, contamos firmemente con que la Comisión podrá presentar el año próximo un Libro Verde sobre el tema del acoso moral, que nos permita desarrollar un programa de acción más concreto con el fin de conseguir resultados duraderos. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Andersson por su excelente informe y expresar mi total acuerdo con que el tema del acoso es un tema excepcionalmente grave, es un peligro en el lugar de trabajo y su repercusión económica y social es muy importante, tanto para el trabajador y para la empresa, como para la economía en conjunto ya que es una de las causas principales de la reducción de la productividad. 
Quisiera confirmar al Parlamento que la Comisión tiene pleno conocimiento del problema, por eso es uno de los puntos más importantes de la comunicación sobre la calidad, que hizo la Comisión en junio, y es uno de los temas en los que también examinamos indicadores. 
Igualmente, de acuerdo con los instrumentos de los que disponemos, debo recordar que hay necesidad de protección de los interlocutores sociales- y los interlocutores sociales pueden desempeñar un papel muy importante en esta cuestión- les recuerdo la Directiva 89/31/CE, una directiva en la que está claro que en relación con la prevención de peligros en el lugar de trabajo, se deben tener en cuenta también la coerción psicosomática, que no es fácil de definir siempre. 
Quisiera hacerles saber que ya funciona un comité consultivo de representantes de los Estados miembros que estudian el tema de la salud y de la seguridad y se ha nombrado un subcomité que analiza particularmente el tema de la violencia en el lugar de trabajo. 
Este comité completó sus trabajos ayer y ya hay, más generalmente, una definición en cuanto al tema de la violencia en el lugar de trabajo. 
La propuesta de emprender iniciativas para un Libro Verde sobre este tema no es viable en este momento, y voy a explicar las razones; ustedes saben que la Comisión ha emprendido la iniciativa para la revisión en general de la estrategia para la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. Y este informe va a jugar un papel importante, va a contribuir a este cambio y a la propuesta de una estrategia nueva para la salud y la seguridad y por eso le doy las gracias de una forma especial al Sr. ponente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Contaminación atmosférica 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes. 
A5-0293/2001 de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y 
A5-0292/2001 de la Sra. Riitta Myller, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos. 
Señor Presidente, hace casi tres años que la Comisión presentó una propuesta para la adopción de una directiva sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión. 
Transcurridos tres años, esta semana llegamos, por fin, a la conclusión de este expediente, a mi juicio, muy importante. 
Nadie se lo tomará a mal si digo que hemos recorrido un camino difícil, un camino que ha costado mucho a varios implicados. 
Ha habido mucha resistencia, no sólo por parte de algunos Estados miembros, sin también por parte de algunos colegas. 
Ha habido advertencias muy fuertes y protestas por parte de los interesados, también en el sector eléctrico de algunos Estados miembros. 
Sin embargo, pudimos modificar sin ningún problema la reglamentación originaria que, en mi opinión y en la de algunos colegas, era demasiado débil. 
Al fin y al cabo, las posibilidades técnicas se hallan disponibles en gran medida, y las reglas que adoptamos en la primera lectura hace tiempo que son obligatorias en un gran número de Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, política habitual. 
La propuesta originaria de la Comisión para modificar la directiva de 1998 no constituyó un gran éxito en opinión de la mayoría de esta Casa. 
La normativa era demasiado débil y, además, algunas de las instalaciones existentes quedaban fuera del ámbito de aplicación de la directiva. 
En realidad, juntos hemos dado forma, en tanto Parlamento Europeo, a lo que realmente supone ahora una política de medio ambiente, y quiero dar aquí las gracias sinceramente una vez más a todos los colegas que han colaborado en ello. 
Hemos demostrado de qué somos capaces cuando verdaderamente queremos hacer algo contra esa sucia contaminación del aire, que también perjudica a las personas. 
En tanto Parlamento Europeo, endurecimos mucho las normas de emisión en la primera lectura e incluimos, así mismo, las instalaciones de combustión existentes en el ámbito de aplicación de la directiva. 
Entonces, apareció la posición común del Consejo que, por otra parte, se logró con la mayor dificultad. 
La regulación se había endurecido y se había atendido el deseo del Parlamento Europeo de incluir las instalaciones existentes en la directiva. 
Desgraciadamente, cada país volvió a exigir sus propias excepciones, y si esto hubiera dependido del Consejo de Ministros, habríamos continuado usando las antiguas instalaciones contaminantes, carentes de adecuaciones técnicas, eternamente- podría decirse que hasta que las ranas críen pelo-. 
En nuestra opinión, la posición común carecía de toda visión. Se había convertido en un revoltijo con lo que quería cada uno. 
Si lo comparo con las normas que se aplican en este momento en Japón y en Estados Unidos, entonces, nosotros, que queremos hacer todo tan impecablemente, habríamos quedado particularmente mal con los criterios de emisión del Consejo en las discusiones sobre Kioto. 
Se han hecho llamamientos en el sentido de que no era necesario fijar criterios para las instalaciones de combustión porque tendríamos el excelente informe de la Sra. Myller sobre valores límite de emisión. Por ello, en tanto Administración europea, no teníamos que abordar el tema hasta tener estos valores límite de emisión, ya que con ellos se regula todo y son obligatorios para todos los Estados miembros. 
No obstante, finalmente ha resultado algo distinto. 
Si satisficiéramos las expectativas de los defensores de la liberalización del mercado de la energía, en otras palabras, si no introdujéramos criterios o permitiéramos excepciones para que las centrales antiguas y contaminantes produzcan electricidad, entonces, en nuestra opinión, el mecanismo de mercado se vería perturbado y los que dañan el medio ambiente se verían recompensados con una ventaja, ya que podrían mantener unos precios más bajos con sus centrales antiguas. 
El Consejo no quiso aceptar las enmiendas del Parlamento al respecto, y tuvo que recurrirse a la conciliación, en la que tuvo lugar un análisis combinado del informe de Riitta Myller. Se lo agradezco. 
Ha sido una compañera estupenda en esas negociaciones. 
Durante el triálogo con la Presidencia sueca y la Comisión en mayo y junio de este año, se ha logrado un avance considerable, por otra parte, en lo relativo a la reducción de las emisiones de SO2, el dióxido de azufre, y también sobre algunas cuestiones técnicas importantes. 
En lo que al NOx respecta, los óxidos de nitrógeno, esas medidas más estrictas se lograron con mucha dificultad. 
Durante el triálogo se alcanzó un acuerdo transitorio sobre la obligación de la Comisión de ampliar las mediciones continuas- gracias, Hans Blokland- a las emisiones de metales pesados. 
Así mismo, el Consejo satisfizo los deseos del Parlamento al eliminar algunas excepciones, especialmente, en el caso de determinadas instalaciones que utilizan combustible sólido y lignito procedente de su propio suelo. 
Lamentablemente, con el primer compromiso, no llegamos todavía a un acuerdo sobre el que, para mí, es el punto más importante, el NOx. 
Tras la primera lectura, dimos un gran paso cuando el Consejo estuvo de acuerdo en que las antiguas instalaciones cayeran en el ámbito de la directiva. 
Eso era importante, ya que estas antiguas instalaciones son, a menudo, las menos eficientes en cuanto a la energía y también emiten gases de efecto invernadero de forma desmedida. 
Con el compromiso alcanzado en la conciliación, el Parlamento Europeo consiguió endurecer, especialmente, los valores límite propuestos para el SO2 y el NOx. 
El Consejo estuvo de acuerdo, realmente enseguida, en reducir considerablemente las emisiones de SO2, en el caso de las medianas y grandes instalaciones de combustión, en particular, ya que son las que más lo producen. 
En relación con las emisiones de NOx, hemos establecido, en tanto Parlamento Europeo, una reducción de los valores límite de estas sustancias de entre 650 mg por metro cúbico para las grandes instalaciones de combustión y 200 mg para las instalaciones que queman combustible sólido. 
Estos valores límite, sin embargo, se aplican sólo a partir del año 2016 en las instalaciones nuevas y existentes. 
Realmente es demasiado tarde. 
Tal como ya he dicho, algunos Estados miembros adoptaron estas normas hace unos tres años. 
No nos hemos negado a ello, porque constituía un importante avance, y también porque es una condición esencial para que, después, los Estados candidatos también se vean sujetos a la misma. 
Además, también hemos podido dejar de lado las excepciones que el Consejo quería para las instalaciones "de carga máxima", de manera que las emisiones contaminantes también en lo que a eso respecta pueden ser controladas. 
Por tanto, opino, a pesar de todo, que se ha alcanzado un acuerdo amistoso en la conciliación, que hemos ido mucho más lejos de lo que posiblemente se esperaba en la segunda lectura. 
Doy las gracias a la Presidencia sueca y a todos mis colegas, especialmente, a la Sra. Myller. 
Agradezco a la Comisión su respaldo constructivo. 
Recomiendo, por tanto, en nombre de la delegación, que se adopte esta directiva. 
. (FI) Señor Presidente, señora Comisaria, el objetivo del Parlamento en relación con esta propuesta de directiva era conseguir establecer unos valores límite del máximo rigor para las emisiones atmosféricas responsables de la acidificación. 
La acidificación, la formación del ozono troposférico y la eutrofización del suelo son problemas estrechamente relacionados que tienen su origen en las emisiones de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, amoníaco y compuestos orgánicos volátiles. 
Es razonable que estos problemas sean examinados en su conjunto, pues así lograremos que la reducción de las emisiones contaminantes sea más rentable. 
En su propia propuesta, la Comisión partió de esta base para calcular los techos nacionales de emisión que cada Estado miembro debería conseguir para el año 2010. 
En su Quinto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y en su estrategia contra la acidificación, la Comunidad- la Unión Europea- se ha fijado el objetivo de garantizar la protección de las personas frente a todos los contaminantes atmosféricos conocidos. 
La Comisión constató en su propuesta que, por lo pronto, no le es posible establecer los llamados objetivos finales en materia de cargas y niveles críticos, sino que el objetivo definitivo de largo plazo debe ser alcanzado a través de los objetivos provisionales que la Comisión ha fijado ahora para el año 2010. 
Salvo en lo concerniente al amoníaco, el Parlamento aprobó en segunda lectura el nivel máximo de referencia propuesto por la Comisión, pero añadiendo un objetivo de largo plazo. 
Según el parecer del Parlamento, los objetivos intermedios han de ser alcanzados para el año 2010, mientras que el objetivo final, la protección de las personas en todo el territorio de la UE frente a todos los contaminantes atmosféricos conocidos, debería ser alcanzado para el año 2020. 
A la hora de iniciarse la conciliación, los términos de las partes estaban claros: el Consejo dio a entender claramente que no le era posible modificar los índices que había adoptado en su posición común. 
Tampoco se mostraba dispuesto a aceptar los objetivos de largo plazo, basándose en que, a juicio del Consejo y de la Comisión, no era técnicamente factible cumplir la exigencia de que las cargas y niveles críticos no fuesen rebasados en ninguna región. 
En lo que se refiere a los techos de emisión, la posición común del Consejo se encontraba relativamente lejos de los índices presentados por la Comisión, si bien eran mejores que los llamados índices de Gotemburgo, suscritos éstos por la mayoría de los Estados miembros. 
La aprobación en su día de la posición común del Consejo hubiera significado que abandonábamos sin resistencia la lucha por mejorar la calidad del aire y por proteger la salud de los ciudadanos. 
Tras un largo forcejeo y tras la presentación de abundantes compromisos por parte de la Comisión, la conciliación nos ha servido para incluir en la Directiva unos principios fundamentales cuya orientación está más en consonancia con el planteamiento del Parlamento. 
En la conciliación se aprobaron como cifras indicativas los valores límite más rigurosos propuestos por la Comisión y por el Parlamento y se decidió que la posición común del Consejo tenga carácter vinculante para los Estados miembros. 
La consideración de cifras indicativas significa que la Comisión estará obligada a aplicar la cláusula de revisión de la Directiva en los informes evaluativos de 2004 y 2008 en función de los avances científicos y tecnológicos, contemplando, a la luz de estos últimos, la posibilidad de alcanzar valores límite aún más estrictos. 
Asimismo, estas evaluaciones deben considerar en qué medida se podrán cumplir para el año 2020 los objetivos de largo plazo. 
Así pues, como resultado de la conciliación, la Comisión ha sido dotada de instrumentos para reducir los niveles de referencia de la Directiva y tiene la obligación de supervisar la reducción de emisiones también a largo plazo, con el fin de que las cargas y niveles críticos no sean rebasados y que, efectivamente, las personas sean protegidas con eficacia frente a los contaminantes atmosféricos. 
El hecho de haberse incluido este objetivo de largo plazo en un artículo de la Directiva ha representado un logro considerable, y quizás se trate de lo más importante que se ha conseguido en la conciliación. 
Entre los contaminantes responsables de la acidificación, las emisiones procedentes del tráfico marítimo y aéreo son las más difíciles de afrontar. 
También hemos hecho progresos en este punto. La Comisión estará obligada a adoptar medidas al respecto. 
Quiero también dar las gracias a la Sra. Ria Oomen-Ruijten por la excelente colaboración que hemos mantenido en esta conciliación. 
Es de una importancia realmente excepcional que se haya conseguido tramitar tan favorablemente la Directiva relativa a las emisiones procedentes de las grandes instalaciones de combustión, puesto que se trata de un instrumento crucial que permitirá la aplicación de esta Directiva relativa a techos nacionales de emisión. 
También quiero dar las gracias por la extraordinaria colaboración que todos ellos han prestado al presidente y a los miembros de la delegación del Parlamento, así como a los representantes de la Comisión y a la Presidencia sueca. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar a las ponentes del Parlamento por los esfuerzos que han realizado. 
Pueden sentirse orgullosas del resultado que han obtenido. 
La elaboración de los informes ha supuesto una inmensa cantidad de trabajo hasta altas horas de la noche. 
No obstante, en mi calidad de diputada británica al Parlamento Europeo, debo decir que encontramos enormes dificultades respecto a estas directivas, en particular, la directiva sobre las grandes instalaciones de combustión. 
Quiero centrarme en la cuestión de que nuestra labor se vio entorpecida enormemente porque ni la Comisión ni el Consejo revelaron realmente las repercusiones de lo que estaban proponiendo. 
Tampoco nos dieron una evaluación precisa ni nos ayudaron a evaluar las repercusiones de lo que el Parlamento Europeo proponía. 
El Sr. Bowe y yo, como diputados británicos al Parlamento Europeo, tuvimos que enfrentarnos a grupos de interés británicos que, básicamente, decían que si aprobábamos las enmiendas del Parlamento, las minas de carbón británicas que seguían en funcionamiento se verían todas ellas obligadas a cerrar. 
Nos enfrentábamos, pues, a la posibilidad de aprobar enmiendas y aprobar informes de nuestra propia comisión que habrían tenido repercusiones económicas muy graves en nuestro Estado miembro. 
Cuando acudimos a la reunión del Consejo de Ministros, descubrimos que otros Estados miembros tenían exactamente los mismos problemas, Finlandia, por ejemplo, y que los ministros y gobiernos de dichos países nunca se habían puesto en contacto con sus diputados al Parlamento Europeo para explicarles las dificultades que, en su opinión, iban encontrar. 
Asimismo se dio la situación extraordinaria, cuando acudimos a la reunión de codecisión, de que cuatro funcionarios hicieron intervenciones que, realmente, debían haber hecho los ministros. 
Lo que quiero decir es lo siguiente. 
Necesitamos dos cosas: necesitamos mucha más honestidad por parte de los Estados miembros y de la Comisión sobre las repercusiones reales en los Estados miembros de las propuestas que se presentan y sobre lo que se discute. 
Como mínimo, debería existir algún tipo de asesoramiento al respecto. 
En segundo lugar, respecto a las reuniones de codecisión, queremos que se ponga fin a la celebración de reuniones entre quince diputados al PE, un ministro y catorce funcionarios. 
Eso es ridículo. 
Muchas de las cuestiones que nos presentan los informes de la Sra. Oomen-Ruijten y de la Sra. Myller deberían haberlas expuesto los ministros. 
Queremos reunirnos con ministros cuando asistimos a las reuniones de codecisión. 
Señor Presidente, me limitaré a decir, en primer lugar, que como diputado británico, deseo respaldar lo que ha dicho la Sra. Jackson. 
Sólo las personas que se encuentran en esta sala saben realmente lo mucho que han trabajado las dos ponentes hasta llegar a esta posición final y poder presentar estos dos informes al Parlamento para la votación final. 
Somos sus iguales y sabemos lo mucho que se han esforzado y les felicitamos a las dos por la labor realizada. 
Ha sido necesario mucho tiempo y éstos son dos de los informes más difíciles que he visto en los doce años que llevo en el Parlamento. 
Por fin, a pesar de todas las dificultades y también de la conciliación final, tenemos una propuesta viable y realista. 
No va a ser fácil. 
De hecho, va a ser muy duro poder cumplir algunos de los requisitos, pero se ha logrado un equilibrio satisfactorio entre la protección del medio ambiente, por un lado, y la necesidad de la sociedad de fuentes de energía fiables y seguras a un precio asequible, que es algo que no podemos pasar por alto, por otro. 
Deberán introducirse cambios para poder cumplir los requisitos de la presente propuesta. 
El sector de la energía se verá obligado, sin ninguna duda, a sustituir alguna que otra central antigua, esperemos que por fuentes más modernas de generación de energía. 
Se conseguirá una reducción importante de las emisiones de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, que son las principales causas de la lluvia ácida y del ozono troposférico, con la consiguiente mejora de las condiciones medioambientales para la salud humana. 
Un posible efecto colateral puede ser que, a medida que mejora la eficacia general de las centrales eléctricas, asistiremos a una reducción global del dióxido de carbono en relación con la energía generada. 
Éste sería un efecto colateral práctico y útil de esta legislación. 
La implantación de todas estas medidas no será tarea fácil. Es un objetivo a largo plazo. 
Es algo aceptable y comprensible en semejantes circunstancias, por ello, en nombre del Grupo Socialista, acojo favorablemente estas propuestas y les daremos nuestro respaldo en la votación de mañana. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi satisfacción por ambas directivas y felicitar a las dos ponentes, como han hecho otros diputados. 
He seguido con especial atención el debate sobre la limitación de emisiones procedentes de grandes instalaciones de combustión. 
Dichas instalaciones son unas de las mayores fuentes de contaminantes atmosféricos en Europa, después de las emisiones del transporte, y por ello es muy importante que exista una legislación estricta que controle dichas emisiones. 
La inclusión de instalaciones existentes representa una importante mejora sobre la legislación anterior. 
Significa que habrá igualdad de condiciones para todas las instalaciones, incluidas las más contaminantes, y algunas centrales eléctricas de países candidatos, que pueden generar electricidad a menor coste porque tienen menos controles y no necesitan cumplir los mismos requisitos. 
Una vez más, como han dicho otros diputados, podemos garantizar a la población que, gracias a las distintas exenciones y autorizaciones de valores más bajos introducidas en el texto de compromiso final, las centrales eléctricas ya existentes, como la de Aberthaw en mi circunscripción, no se verán amenazadas. 
La central de carbón de Aberthaw ha sido objeto de una atención considerable por parte de la prensa y otros medios de comunicación por los temores desatados respecto a su viabilidad y su rentabilidad como consecuencia de la presente directiva. 
Lo cierto es que ocurre todo lo contrario. 
La directiva permitirá proteger los puestos de trabajo de las empresas mineras y generadoras de electricidad del País de Gales a más largo plazo. 
Éste ha sido un debate muy importante, porque ha demostrado que no se trata de tener que elegir entre un aire más puro y el empleo, como querían hacernos creer algunos. 
Los esfuerzos para luchar contra la contaminación pueden ir de la mano de la protección de puestos de trabajo y de la sustentación de las comunidades. 
Mi Grupo apoya también el compromiso que endurece los valores límite para el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno y que introduce requisitos generalmente más estrictos. 
El Grupo apoya asimismo los resultados de la Conciliación respecto al informe de la Sra. Myller sobre la directiva relativa a techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos, sobre el que también votaremos a favor. 
Señor Presidente, me limito a la contaminación atmosférica causada por las grandes instalaciones de combustión. 
Todavía opino que el resultado de la conciliación queda muy lejos de las actuales posibilidades técnicas para reducir las emisiones contaminantes. 
Continúan figurando extrañas excepciones en la directiva, tal como permitir que las grandes instalaciones antiguas de combustión contaminen 2000 horas al año, al igual que las excepciones permitidas a España, Creta y Rodas. 
Las instalaciones existentes todavía contaminarán mucho la atmósfera mediante el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. 
El resultado de la conciliación es especialmente lamentable en el caso de estos últimos, dado que los Estados Unidos ya han ido mucho más allá de las normas que serán vinculantes para la Unión Europea tan sólo dentro de algunos años. 
Además, ahora ya vemos que se incinera mucha biomasa en las centrales térmicas. 
Aquí se aplican normas de emisión muchos menos estrictas que en el caso de las instalaciones de incineración de residuos. 
Esperaba que, como resultado de la liberalización del mercado de la energía, se mantuvieran los mismos criterios medioambientales a fin de impedir distorsiones en la competencia. 
Concluyendo, señor Presidente, el motivo por el que votaré a favor de esta directiva no es que se luche contra la contaminación atmosférica de forma efectiva, sino que esta nueva directiva es menos mala que la anterior. 
Señor Presidente, nuestra colega, la Sra. Ria Oomen-Ruijten, ha cumplido sobresalientemente sus funciones de ponente en las tres lecturas de la tramitación de la Directiva sobre las grandes instalaciones de combustión. 
Así pues, tenemos en nuestras manos una directiva remodelada que, según podemos suponer, contribuirá considerablemente a la reducción de las emisiones procedentes de dichas instalaciones, sin dejar de tener en cuenta las realidades prácticas de la vida. 
Tengo el gran placer de haber participado en la elaboración de las enmiendas de compromiso presentadas, y me siento agradecido de que éstas fueran aceptadas por la ponente y aprobadas por el Parlamento. 
Dichas enmiendas siguen estando presentes en esta Directiva tras la conciliación y permiten, entre otras cosas, la producción combinada de calor y electricidad, lo cual es esencial desde el punto de vista del desarrollo sostenible. 
Al principio existía el peligro de que la Directiva hubiera anulado la rentabilidad de los métodos de generación termoeléctrica combinada (CHP). Ello hubiera supuesto un gran retroceso. 
El informe de la Sra. Oomen-Ruijten es, al igual que el de la Sra. Myller, un ejemplo de cómo el procedimiento de conciliación puede servir para alcanzar con éxito un buen resultado también en temas complejos y difíciles. 
Estas dos directivas son merecedoras de tal denominación. 
Los techos nacionales y los valores límite de emisión de las instalaciones industriales son cuestiones en las que los Estados miembros han velado tradicionalmente por sus propios intereses, intentando impedir el establecimiento de objetivos que pudieran poner en peligro tanto su propia competitividad, como la competitividad global de la UE. 
La Comisión se vio obligada a tener en cuenta estos aspectos ya en los trabajos de elaboración de su propuesta. 
También el Parlamento, desde su idealismo, ha debido tener presentes las realidades políticas. 
A pesar de ello, debemos considerar que se trata de un resultado ambicioso. 
Tendrá una relevancia inmediata en lo que se refiere a la calidad del aire en Europa. 
Además, es un signo importante de lo que está por venir: la UE está dispuesta a trabajar para alcanzar los objetivos establecidos en el Protocolo de Kioto también en el terreno de la política pragmática. 
Está previsto que la Comisión presente varias propuestas importantes en materia de lucha contra el cambio climático en el curso de este otoño. 
Las instituciones de la UE son capaces de realizar un trabajo equilibrado que seguramente permitirá alcanzar resultados estimulantes. 
Tampoco podría esperarse menos ante la realidad del cambio climático. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, también yo quiero agradecer sinceramente la tenacidad y el compromiso de la ponente. Éstos fueron sin duda particularmente necesarios durante las negociaciones con el Consejo, concretamente en el caso de las negociaciones sobre las grandes instalaciones de combustión. 
El Parlamento deseaba- y finalmente también lo ha conseguido- que la inclusión de las instalaciones antiguas en la directiva. 
Este es un aspecto central en el que podemos apuntarnos un éxito. 
No obstante, también es preciso reconocer que éste no ha sido completo. 
Hemos tenido que aceptar muchas normas de excepción, prórrogas y valores límite irrelevantes, y no porque técnicamente no exista otra posibilidad, pues de ser así habríamos escuchado frecuentes reproches del tipo: lo que ustedes desean, apreciado Parlamento, es absolutamente imposible desde un punto de vista técnico. 
En este caso, está perfectamente claro que reequipar las instalaciones existentes para equipararlas al nivel de las nuevas no plantea absolutamente ningún problema. 
Además, esto ya se ha hecho en muchos sectores. 
La resistencia se apoyó exclusivamente en consideraciones económicas concretas relativas a grandes instalaciones de combustión particulares. 
Este es un planteamiento corto de miras. 
Tenemos que empezar a reflexionar ya en términos económicos globales y considerar también los costes derivados de la contaminación y de la emisión de sustancias nocivas que recaen sobre la población. 
En este sentido, me resulta del todo incomprensible e inexplicable la posición del Consejo con respecto a este tema durante las negociaciones. 
No obstante, dado que finalmente se han incluido las instalaciones antiguas, yo también acepto el compromiso. 
Señor Presidente, ni la hora ni el ambiente reinante aconsejan iniciar una controversia- con el presidente de la comisión ni con otros miembros británicos del Parlamento- sobre quiénes son los que más pierden con la acidificación o con las medidas para paliarla. 
Por el contrario, intentaré expresarme de manera más positiva, agradeciendo a los diputados británicos el haber acabado esta directiva permitiéndonos así adoptar mañana una decisión. 
Esta decisión significará- usando términos algo espectaculares- que mi región recuperará la vida y que las industrias maderera y pesquera y la diversidad biológica podrán reparar los daños que se les han causado durante decenios, tal vez durante todo un siglo. 
Éste es un excelente ejemplo que demuestra la necesidad de una colaboración europea sólida y concreta. 
Gracias a esta colaboración habremos logrado cambios en mi región- terminar con la acidificación- que no habríamos alcanzado solos. 
Aunque no seamos capaces de eliminar la acidificación por completo podremos detenerla y adoptar medidas para reparar los daños que ha causado. 
Sé que todo esto no es suficiente, por lo que espero con interés la futura revisión. 
La acidificación continuará, a pesar de la decisión de mañana. 
Agradezco a los diputados y a la comisión el trabajo realizado. 
. (EN) Señor Presidente, Señorías, es para mí motivo de gran satisfacción que estas dos importantes incorporaciones a la legislación comunitaria sobre la contaminación atmosférica hayan alcanzado la fase final de cara a su adopción. 
Me uno a sus felicitaciones y agradecimientos a las dos ponentes, la Sra. Oomen-Ruijten y la Sra. Myller, por sus esfuerzos, pero quisiera agradecer también al presidente de la Delegación del Parlamento, Sr. Friedrich, su participación en el desarrollo de dichas negociaciones hacia una conclusión fructífera- lamentablemente, no puede acompañarnos esta noche- y al Sr. Provan que se haya incorporado a última hora a la que ha resultado ser una de las mejores noches del verano. 
Las propuestas sobre los techos nacionales de emisión y las grandes instalaciones de combustión representan un avance muy importante en la legislación comunitaria sobre contaminación atmosférica. 
Como saben, la propuesta sobre los techos nacionales de emisión contribuirá al establecimiento de un programa continuo para luchar contra la contaminación atmosférica transfronteriza que obligará a los Estados miembros a limitar las emisiones que provocan los mayores daños, no sólo a los propios países, sino, como ha dicho la Sra. Hulthén, también a sus países vecinos. 
La primera fase establece unos límites máximos de emisiones que son vinculantes y que los Estados miembros deberán alcanzar a más tardar en 2010. 
Prevé una serie de revisiones periódicas- en 2004, 2008 y 2012- con vistas a seguir reduciendo los techos de emisión en el futuro: este sistema de revisión ha sido reforzado muy considerablemente en respuesta al interés del Parlamento. 
Las primeras revisiones intentarán compensar el déficit antes de 2010 teniendo en cuenta el total de emisiones en toda la Comunidad tal y como establece la propuesta original de la Comisión. 
Todas las revisiones examinarán el modo de alcanzar nuestro objetivo a largo plazo de mantenernos por debajo de niveles medioambientales críticos a partir de 2010. 
A continuación se tomará el año 2020 como punto de referencia. 
En revisiones posteriores, la Comisión informará, en particular, sobre el progreso en la realización de nuestros objetivos a largo plazo y, con estos objetivos en mente, estudiará qué otras medidas adicionales son necesarias para alcanzar dichos objetivos, como ha dicho la ponente, "preferentemente antes de 2020". 
Al mismo tiempo, con la propuesta sobre las grandes instalaciones de combustión, entrarán en vigor niveles de emisiones nuevos y más estrictos en el sector eléctrico, en particular, en las centrales más antiguas que son una de las principales responsables de la acidificación y de la contaminación por ozono. 
El análisis de la Comisión de la posición común relativa a las grandes instalaciones de combustión demuestra que las emisiones de dióxido de azufre así como de óxido de nitrógeno procedentes de este sector experimentarán un considerable descenso como consecuencia de esta legislación. 
El compromiso sobre la propuesta de grandes instalaciones de combustión garantizará la flexibilidad a medio plazo para tener en cuenta las diferentes circunstancias existentes en los Estados miembros, así como las considerables ventajas medioambientales a largo plazo en una Comunidad ampliada. 
El Parlamento ha conseguido grandes logros en este debate y debería sentirse muy orgulloso de su contribución. 
La Comisión está satisfecha con el resultado. 
Con la aprobación de esta legislación, la Comisión estará obligada a volver en 2004 para revisar ambas directivas y presentar sus propuestas para seguir avanzando. 
Ya explicábamos en la comunicación sobre el programa Aire puro para Europa, que presentamos en mayo de 2001, cómo pensamos prepararnos para esta primera revisión y ya hemos comenzado a trabajar en este sentido. 
Para terminar, invito al Parlamento a que dé su aprobación al resultado de la conciliación y a que se una a nuestros intentos de seguir avanzando. 
Espero con interés que el Parlamento pueda respaldar el programa Aire puro para Europa. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.30 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, mi nombre no figura en la lista de asistencia, pero estuve presente como lo demuestran las firmas a todas las reuniones de mi Grupo. 
Le ruego que tenga a bien subsanar este olvido. 
Señor Santini, se corregirá esto. 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
Señor Presidente, estuve ayer aquí durante todo el debate sobre las declaraciones emitidas por la Comisión y el Consejo en relación con la tragedia de los Estados Unidos. 
No se mencionó ni una sola vez la crisis a la que se enfrenta la industria de la aviación europea como resultado de esta atrocidad. 
Es responsabilidad de esta Asamblea dejar claro a la Comisión y al Consejo que es necesario proporcionar ayuda a la industria europea de las líneas aéreas y a la industria de la aviación en general, para que podamos conservar una industria de la aviación europea, especialmente nuestras compañías aéreas. 
De lo contrario, nos encontraremos en una situación muy seria, especialmente si, como ha sido propuesto, los Estados Unidos proporcionan ayuda a sus compañías aéreas. 
Es de la mayor importancia que salvemos las decenas de miles de puestos de trabajo que en la actualidad se ven amenazados en la industria de la aviación. 
Embargo de bienes o de pruebas 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0274/2991) del Sr. Marinho, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores, sobre la Iniciativa de los Gobiernos de la República Francesa, del Reino de Suecia y del Reino de Bélgica encaminada a que el Consejo adopte una decisión marco (5126/2001- C5-0055/2001- 2001/0803 (CNS) ) relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes o de pruebas. 
Señor Presidente, este informe va encaminado al reconocimiento por un Estado de decisiones judiciales procedentes de un tribunal de otro Estado miembro que decidan la congelación de bienes o de pruebas en su territorio a fin de garantizar la integridad del proceso judicial aun antes de la fase de juicio. 
Esa decisión-marco, que es una iniciativa de los Gobiernos de Francia, Suecia y Bélgica, deberá entrar en vigor de aquí al 31 de diciembre de 2002 y aplicarse en todos los Estados miembros sin necesidad de ratificación- ¡aspecto muy importante! -, como era, por lo demás, norma general, de los mecanismos sobre el reconocimiento de sentencias penales hasta ahora vigentes. 
En resumen: se trata de obtener, por efecto automático de una decisión judicial de un Estado miembro, la garantía de que no se perderán, desaparecerán ni serán ocultados a la investigación penal bienes, valores o elementos de prueba esenciales para la persecución y la sanción de un delito que se encuentren en cualquier parte de la Unión Europea. 
Ese mecanismo de reconocimiento mutuo incide en la propuesta original de decisión sobre delitos de naturaleza transfronteriza, tales como el tráfico de estupefacientes, los fraudes fiscales a presupuestos de la Unión, el blanqueo de los productos del delito, la falsificación del euro y la corrupción y el tráfico de seres humanos. 
Ahora bien, la Comisión de Libertades consideró- y acertadamente- que esa tipificación de infracciones reducida a tipos de delitos que tengan que ver particularmente con el funcionamiento del Mercado Interior deja fuera otras infracciones delictivas, muy en particular la que ahora nos preocupa y que tiene que ver con el fenómeno del terrorismo. 
El nuevo tenor del artículo 2, obtenido, por lo demás, con la preciosa colaboración de nuestra colega Ana Palacio, tal como fue aprobado en la Comisión de Libertades Públicas, se ajusta, a mi juicio, mucho mejor a la eficacia que se pretende de un Espacio de Libertades, Justicia y Seguridad. 
Se trata de dar fundamento al principio del reconocimiento mutuo que fundamentará la persecución de los delincuentes y sus organizaciones en el marco europeo. 
Creo que hoy estamos perfectamente avisados sobre su importancia instrumental y por eso mismo pido que este Pleno apruebe la enmienda nº 5, relativa al artículo 2 de la propuesta original de decisión, y que la Comisión y el Consejo la tengan en cuenta, poniendo la actual propuesta de decisión en consonancia con otras que seguirán, sin lugar a dudas, en materia de lucha contra el terrorismo, como ayer anunció aquí el Comisario António Vitorino. 
Señor Presidente, esta decisión tiene el alcance que tiene, es una pequeña contribución a la construcción de un espacio judicial común, pero con cosas pequeñas, con pequeñas piedras, es como se ponen los cimientos de un edificio judicial europeo apto para proteger a los ciudadanos. 
Y de esa forma se lucha contra el vacío jurídico europeo y contra la inercia y la llamada burocracia de las instituciones. 
Nuestro trabajo consiste en demostrar a los ciudadanos que Europa sirve también para protegerlos, que es posible una orden jurídica europea civil y penal. 
Para fomentar la ciudadanía, naturalmente, pero también para contrarrestar el delito sin rostro y sin patria que está presente en todas partes. 
Ni los mayores pesimistas negarán que con esas cosas es como se hace camino. 
La soberanía aislacionista facilita el delito y da vida a los delincuentes. 
Por eso, aceleremos a partir de mañana, de mañana exactamente, en el Consejo Europeo extraordinario, la construcción de la Europa de las libertades, es decir, el mayor espacio de democracia, libertad y justicia del mundo. 
Señor Presidente, respaldo lo que ha dicho el ponente, el Sr. Marinho. 
Los ciertamente trágicos sucesos de la semana pasada resaltan la importancia de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. 
La coalición que estamos intentando formar a lo largo de todo el mundo para combatir el terrorismo procura encontrar una solución al problema, pero también existe la cuestión de la prevención en términos de seguridad y diplomacia. 
También será necesario emprender otros pasos si queremos prevenir que vuelva a cometerse este tipo de crímenes. 
La segunda directiva sobre blanqueo de dinero ya se encuentra en el proceso de conciliación y estamos intentando que salga hacia delante. 
Hemos de reconocer que a escala europea necesitamos una sola demarcación legal. 
Es ilógico que alguien pueda solicitar asilo de un Estado miembro a otro dentro de la Unión Europea. 
Para nosotros resulta ilógico que se dé la situación de que no se pueda aplicar el arresto preventivo en toda la Unión Europea. 
Se ha dado el caso de una persona que huyó al Reino Unido desde Francia y consiguió evitar su extradición a Francia por un delito de terrorismo. De hecho se ha estado enfrentando a los tribunales por un periodo de cinco años. 
La serie de informes que tenemos ante nosotros esta mañana pretenden hacer avanzar las cosas. 
El informe del Sr. Marinho forma parte de la iniciativa de los gobiernos de Francia, Suecia y Bélgica y les felicito a él y a ellos por este informe. 
Una sentencia judicial debe ser de aplicación automática en toda la Unión. 
Hemos de tener el reconocimiento recíproco que el Sr. Marinho solicita. 
El Sr. Bin Laden dispone de una cuenta bancaria en Londres. 
Uno espera que este informe facilite que esa cuenta y otras cuentas similares en otros lugares de Europa sean congeladas si ello fuera necesario. 
En nombre del Partido de los Socialistas Europeos apoyo este informe y las medidas similares que incluyen otros informes que seguirán esta mañana y en las próximas semanas y meses. 
El mejor homenaje a los inocentes que murieron tan trágicamente la semana pasada es tomar medidas para evitar que ello se repita. 
Esto constituye una pequeña parte de ese proceso. 
Señor Presidente, la Comisión se felicita por la iniciativa de Francia, Suecia y Bélgica relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones del embargo de bienes o de pruebas. 
Se trata de la primera propuesta de fondo posterior a la adopción por parte del Consejo y la Comisión del programa de medidas destinadas a aplicar el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones en materia penal. 
Doy las gracias también al ponente, Sr. Marinho. 
Su informe es excelente y además, tal como él mismo señala, el reconocimiento mutuo será un paso decisivo en la cooperación judicial en materia penal. 
Todos ustedes lo saben, la cooperación judicial tradicional es lenta y burocrática, algo absolutamente contrario a los intereses de los ciudadanos, y la actualidad demuestra además la necesidad de una cooperación judicial rápida y eficaz. 
Puedo apoyar también el planteamiento seguido por el ponente en sus enmiendas, en especial el hecho de que esta iniciativa no sea demasiado ambiciosa. 
No se aplica más que a una lista muy limitada de infracciones que ya se encuentran armonizadas en el ámbito de la Unión y no incluyen delitos tradicionales como el asesinato, el robo con intimidación o la violación. 
Además, tampoco incluye los actos terroristas. 
Así pues, el ponente propone ampliar el campo de aplicación de la propuesta a cualquier infracción punible con una pena privativa de libertad de una duración mínima de seis meses, y la Comisión está totalmente de acuerdo. 
La Comisión además trabaja ya a favor de esta extensión ante el Consejo, y se están iniciando las negociaciones. 
El Parlamento tiene por tanto buenas perspectivas de conseguir que la iniciativa sea más ambiciosa, algo que estará de acuerdo con los objetivos de los Jefes de Estado y de Gobierno que fijaron el principio de reconocimiento mutuo en materia penal en el Consejo Europeo de Tampere. 
Señor Presidente, en este espíritu soy favorable a la adopción de este informe positivo y ambicioso. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
Cruce de fronteras exteriores y desarrollo de la cooperación de Schengen 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0233/2001) del Sr. Coelho en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre el cruce de fronteras exteriores y el desarrollo de la cooperación de Schengen (10846/1999- C5-0042/2000 + (11329/3/1999- C5-0043/2000) + (SCHAC 2533/1/2000- C5-0729/2000) + (SEC (2000) 1439- C5-0730/2000- 2000/2015 / (COS)) 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la cooperación Schengen se inició en 1985 entre cinco Estados miembros. 
Se pretendía la abolición de las fronteras interiores para permitir la libre circulación de las personas y la adopción de medidas compensatorias, en el ámbito, entre otros, de la cooperación policial, la lucha contra la droga, la extradición y la creación del Sistema de Información de Schengen. 
Actualmente, todos los Estados miembros forman parte de Schengen, aunque la participación del Reino Unido e Irlanda sea sólo parcial. 
Y participan también dos Estados que no son miembros: Islandia y Noruega, miembros de la Unión Nórdica de pasaportes. 
Con el Tratado de Amsterdam, se integró el acervo de Schengen en los Tratados y se procedió a la comunitarización de ciertas materias del tercer pilar al pilar comunitario, como, por ejemplo, los visados, el asilo, la inmigración y la cooperación judicial en materia civil. 
Al elaborar este informe, me topé con un conjunto de cuestiones para las que quisiera que se encontraran soluciones lo antes posible. 
Primera: la ampliación a los demás Estados miembros. 
Al aplaudir la ampliación del espacio de Schengen, el Parlamento tiene que lamentar que no se le haya informado suficientemente ni consultado oficialmente sobre la evolución registrada en esa esfera. 
En cuanto a la participación parcial del Reino Unido e Irlanda, que consideramos un paso positivo, la entendemos como una situación provisional, un paso hacia la plena participación. 
Segunda: la falta de transparencia. 
Sería de esperar que la integración del acervo de Schengen propiciara un aumento considerable de la transparencia. 
Pero los resultados son decepcionantes. 
Es decir, que se ha hecho una publicación tardía e incompleta del acervo y, paradójicamente, el Parlamento Europeo recibe hoy menos información sobre el espacio de Schengen que cuando éste tenía características marcadamente intergubernamentales. 
Tercera: la integración del acervo en los Tratados. 
Ésta podría haber permitido un progreso digno de mención, pero tuvo un resultado caótico e incoherente, tal vez en parte por el poder de iniciativa conferido a los Estados miembros. 
Por otro lado, en vista de la interpretación restrictiva de las disposiciones del Tratado hecha por el Consejo, el Parlamento no ha podido tener, en el ámbito del tercer pilar, una participación más plena en el proceso legislativo. 
Cuarta: lo que podríamos llamar la "perversión de Schengen". 
El apartado 2 del artículo 2 permite a cualquier Estado la reintroducción unilateral de controles en las fronteras interiores por razones de orden público o seguridad nacional. 
Ya los han puesto en práctica Francia, Bélgica, los Países Bajos, España y más recientemente Italia. 
No nos oponemos a la existencia de lo que podríamos denominar "válvulas de seguridad". 
Todos tenemos conciencia, sobre todo en los momentos actuales, de que a más libertad debe corresponder más seguridad. 
Pero hemos de subrayar que la inexistencia de un marco normativo que explicite en qué condiciones y en qué términos se podría invocar ese artículo constituye la verdadera norma en blanco. 
Así, teniendo en cuenta el scoreboard, quisiera instar a la Comisión a que presente una propuesta oficial que incluya normas relativas al acuerdo previo del Consejo, a la aprobación por un período limitado, a la exigencia de proporcionalidad y a las condiciones de renovación del período. 
Quinta: la cooperación Schengen y la cooperación policial. 
La cooperación Schengen es independiente de la cooperación policial, pues existe un desarrollo por separado de Europol. 
Pero, al abordarse aisladamente esos dos conjuntos de normas, a lo que se suma, además, la cuestión de la confidencialidad de los documentos, la esfera de los asuntos penales y la seguridad resulta aún menos transparente y confusa para los ciudadanos. 
Al formar parte del tercer pilar, los controles parlamentario y judicial de la cooperación reforzada entre los Estados miembros siguen siendo inadecuados y carecen de refuerzo. 
Sexta: la ampliación a los países candidatos. 
Esa ampliación va a modificar considerablemente la configuración de Europa y los nuevos Estados miembros pasarán a ser responsables del control de millares de kilómetros de las nuevas fronteras exteriores de la Unión Europea. 
El proceso de verificación del cumplimiento de Schengen ha requerido períodos de tiempo considerables en lo relativo a los actuales Estados miembros. 
Por eso, creo que debería haber dos momentos distintos: el de la aceptación del acervo con la adhesión y el de la posterior aplicación plena del acervo, que entrañe la supresión de las fronteras, cuando las condiciones lo permitan. 
Séptima: el SIS. 
Es la mayor base de datos de Europa: el Sistema de Información de Schengen, la primera experiencia de intercambio en gran escala de datos de carácter delicado en el nivel internacional. 
Y, en la práctica, se espera que a largo plazo acabe pasando a ser un sistema europeo de información. 
El SIS no puede seguir gestionado de forma secreta con una base meramente intergubernamental: debería ser gestionado, sí, con una base comunitaria y se debería encomendar su gestión a un organismo autónomo en el que este Parlamento debería desempeñar un papel de control, debería ser financiado con cargo al presupuesto de la Unión Europea y debería preverse un sistema comunitario de información que, aun manteniendo los datos por separado, abarque datos recogidos en virtud de los diversos convenios. 
Señor Presidente, quisiera concluir agradeciendo a todos sus Señorías la ayuda que han prestado para la elaboración de este informe y, en particular, al Sr. van Lanker, que ha colaborado en diversas propuestas de transacción. 
Señor Presidente, el Reino Unido se encuentra marcadamente fuera de las disposiciones del acquis de Schengen. 
La política de los conservadores británicos respecto de Schengen es, por tanto, más bien parecida a nuestra política respecto del euro. 
Les deseamos lo mejor lo mejor a nuestros vecinos y aliados pero no nos compete decirles como desarrollar iniciativas a las que nosotros mismos no tenemos ninguna intención de adherirnos. 
Consecuentemente, como viene siendo tradicional en estas ocasiones, mi partido se abstendrá. 
Hay otra cuestión que también se esta convirtiendo en tradicional en estas ocasiones. Ningún informe sobre Schengen se culmina sin la ritual queja sobre la negativa del Reino Unido y la República de Irlanda a formar parte del mismo. 
De modo que en el informe del Sr. Coelho, que por lo demás es encomiable, tenemos el parágrafo 2 en el que en un tono más bien brusco insta a estos dos estados a abolir sus controles fronterizos. 
Este Parlamento ha expresado repetidas veces la opinión, de la que se ha hecho eco el Comisario Vitorino, de que el opt-out del Reino Unido es ilegal bajo la perspectiva del Acta Única Europea. 
Creo que esto es jurídicamente incorrecto pero este no es mi argumento de hoy. 
Más bien mi argumento es que al pretender insistentemente desafiar una derogación que en su momento fue comprendida por todas las partes, el Parlamento está actuando de mala fe. 
Merece la pena recordarlas circunstancias en las que el Acuerdo de Schengen fue incorporado a los Tratados. 
Esa decisión, como todas las modificaciones de los Tratados, requirió la unanimidad. 
Sin el consentimiento del Reino Unido, Schengen hubiera tenido que seguir existiendo dentro de un marco jurídico separado. 
El Gobierno británico consideró que si otros estados deseaban avanzar utilizando las instituciones y los mecanismos de las Comunidades Europeas, no correspondía al Reino Unido impedírselo. 
Consecuentemente, permitió que otros estados avanzaran dentro de los Tratados, pero sólo bajo estricta garantía de que los controles fronterizos propios del Reino Unido no se vieran afectados. 
No obstante, en cuanto ha entrado en vigor el Tratado de Amsterdam, la Comisión Europea y el Parlamento han comenzado ha cuestionar el opt-out. 
No es la primera vez que el Reino Unido ha permitido que otros estados utilicen los procedimientos comunes de los Tratados europeos para que inmediatamente esos estados empiecen a clamar por la inclusión de Gran Bretaña. 
Tanto en Schengen, como en el capítulo social, como en la Unión Económica y Monetaria, en todos estos casos, Gran Bretaña consintió a una nueva iniciativa de la Unión Europea entendiéndose claramente que no se vería afectada por la misma, con el resultado de que posteriormente su abstención es discutida. 
Con toda seguridad, para la Unión, éste no es un modo de proceder. 
Después de todo si los opt-outs ya no son jurídicamente fiables, la única alternativa consiste en hacer un uso más prolífico del veto nacional y sospecho que para la mayoría integracionista de esta Asamblea esto sería aun más objetable de lo que lo es para mí. 
Señor Presidente, Señorías, antes de nada, quisiera felicitar muy sinceramente al colega Sr. Coelho por su excelente informe y agradecerle, en nombre de mi Grupo, la buena colaboración que ha existido. 
Lo que realmente debía haber sido un debate anual sobre el desarrollo de la cooperación de Schengen, cobra hoy una relevancia mayor, ahora que el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores debate la adopción de medidas europeas en la lucha contra el terrorismo internacional. 
Nadie podrá negar que Schengen podría desempeñar un papel a este respecto. 
Me estremezco ante el llamamiento realizado por la derecha, tal como sucedió en la sesión de ayer, que aboga por enterrar definitivamente la libre circulación de personas y su llamamiento para que se instale un Estado de Big Brother. 
En mi Grupo, la discusión sobre Schengen se ha centrado siempre en lograr un equilibrio necesario, pero difícil, entre el derecho a la libre circulación de personas, el respeto a los principios del Estado de Derecho y los derechos humanos y el derecho a la seguridad a través de la cooperación policial y judicial; y quiero que eso siga así. 
No obstante, a pesar de que Schengen lleva ya seis años en vigor, en tanto precursor de un espacio de libertad, justicia y derecho, tenemos que constatar, sin embargo, que el informe del Sr. Coelho muestra que muchos puntos flaquean. 
En primer lugar, Schengen existe y, sin embargo, debemos constatar que todavía no hay una colaboración policial eficiente, un intercambio eficaz de información que pueda cosechar resultados serios en la lucha contra la criminalidad organizada. 
El informe anual señala, en efecto, que se da una clara mejoría, pero la pregunta es si la prioridad reside en el lugar adecuado. 
Por decirlo crudamente: ¿se utiliza realmente el sistema informático de Schengen en la lucha contra la criminalidad internacional y el terrorismo, tal como han sido definidos por la convención de la ONU? 
¿No se emplea, sobre todo, como un sistema de información contra la migración no deseada? 
Permítanme que hoy, con todo lo que aparece ahora, vuelva a formular esta pregunta. 
En segundo lugar, Schengen sí es utilizado, por el contrario, en el marco de las manifestaciones que se producen en las cumbres europeas e internacionales. 
No hay ningún demócrata que tenga algo en contra de que se luche contra los alborotadores que vienen a causar destrozos. 
No obstante, la forma en que se detiene a los manifestantes pacíficos mediante controles internos e intercambio de información basada en el SIS, va demasiado lejos para todo el que defiende la libertad de opinión. 
En tercer lugar, la cooperación policial y el intercambio de información requieren un control adecuado ejercido por la justicia y los parlamentos. 
En este punto, Schengen se pasa totalmente de la raya. 
Va tan lejos, incluso, que el Consejo ha decidido no hacer públicos más informes, dado que Schengen, por así decirlo, ahora forma parte del acquis europeo; como si Schengen dejara de existir por ello. 
Mi Grupo quisiera ver, en cualquier caso, que Schengen se sustituye, en efecto, por normas europeas transparentes y sometidas al control democrático; pero a la espera de que ello suceda, queremos que el Parlamento Europeo, juntamente con los parlamentos nacionales, controlen Schengen. 
Señor Presidente, Señorías, nuestro objetivo es desarrollar la Unión como espacio de libertad, seguridad y justicia en el seno del cual se garanticen los derechos de los ciudadanos y esté asegurada la libre circulación de las personas. 
Pero, desde hace veinte años, los militantes asociativos, al igual que muchos representantes, luchan por una Europa ciudadana, solidaria y abierta no solamente a las mercancías y a los capitales, sino ante todo a las personas. 
En un momento dado creímos en la esperanza surgida de Schengen, esperanza que se vio asfixiada con rapidez por la lasitud, la falta de valentía y de un análisis político sereno. 
Si Schengen representa un avance considerable para Europa gracias a los progresos conseguidos en algunos ámbitos, entre ellos la cooperación policial y judicial, este avance sigue siendo en la actualidad, y no debemos tener miedo de las palabras, cojo y discriminatorio. 
Aunque el Convenio de Schengen haya entrado plenamente en vigor en algunos países europeos, persisten las desigualdades entre las personas por razones de falta de nacionalidad europea o de carencia de papeles- a pesar de la presencia desde hace bastante tiempo de muchas personas o de la familia en Europa. 
Muchos países de la Unión no conceden los mismos derechos a todos los que residen en su territorio, aun asumiendo todos ellos las mismas responsabilidades. 
A ello se añade una política de inmigración y asilo diferente de un país a otro, en los procedimientos, en los controles, en las prácticas policiales represivas que crean situaciones dramáticas desde el punto de vista humano como en este momento en Sangatte, en el norte de Francia. 
En el seno mismo de Europa, en el Eurotúnel, todos los días miles de hombres, de mujeres y de niños intentan alcanzar el Reino Unido poniendo en peligro sus vidas. 
Estas personas, mientras esperan a pasar, están concentradas en un centro de acogida en unas condiciones inaceptables desde el punto de vista humano, sólo con el apoyo de las organizaciones humanitarias sin ningún poder ni medios, como la Cruz Roja. 
Estas prácticas me traen a la memoria recuerdos amargos. 
En cuanto a los poderes políticos, continúan tratando a los refugiados y a los solicitantes de asilo con frialdad, hipocresía y lasitud. 
Esto es inaceptable inmediatamente después de la adopción de la Carta de Derechos Fundamentales en la Unión Europea. 
Imagínense que agentes de policía se han atrevido incluso a disparar con fuego real sobre solicitantes de asilo. 
Es cierto que no necesitan ustedes imaginarlo, ya que otras policías de Europa lo han hecho. 
Estos hechos siguen desacreditando a nuestras asambleas ante los miles de ciudadanos que gritan alto a las desigualdades, a la injusticia, alto a una Europa fortaleza. 
Por estas razones, votaremos en contra de este informe que olvida todas estas realidades y no aporta ninguna alternativa. 
Pero en conjunto y, con toda urgencia, hemos de buscar soluciones concretas y justas para todas estas situaciones dramáticas, y principalmente para los sufrimientos de los refugiados de Sangatte, para los gritos de desesperación de todos los que vienen a Europa buscando asilo y auxilio. 
Los procesos de decisión en estos días tocantes a la policía, al ejército, al derecho penal, a Schengen y al control fronterizo se parecen más bien a una especie de robo de un cadáver político. 
El informe del día relativo al cruce de las fronteras exteriores y al desarrollo de la cooperación de Schengen y la propuesta del día de ayer de la Comisión son realmente dos aspectos del mismo tema. 
Lo terrorífico es, como lo expresó ayer muy claramente un catedrático danés de Derecho Penal, que "la Comisión Europea y otras instituciones emplean meramente los ataques en los EE.UU. como ocasión para promover una amplia armonización, y la armonización significa que las tradiciones nacionales en materia de derecho penal, procesamiento e investigación policial quedan fuera de juego en favor de unas medidas aprobadas más o menos impulsadas por el pánico que refuerzan el control y afectan a las libertades ciudadanas". 
Prosigue diciendo: " Los políticos sienten que deben mostrarse enérgicos, pero no existe ninguna necesidad de armonizar la legislación penal en la UE. 
En cualquier caso no sufriremos un solo acto terrorista menos por esta razón ". 
Éste es el mensaje. 
El informe del día será rápidamente alcanzado por los acontecimientos que han tenido lugar mucho después de que el informe haya visto la luz del día. 
La pregunta en cualquier decisión política es si promovemos nuestros objetivos y en segundo lugar si los medios empleados comprometerán estos objetivos. 
Temo que la respuesta a la primera pregunta sea "No, no alcanzamos los objetivos declarados" y que la respuesta a la segunda pregunta de si los medios comprometen los objetivos es desgraciadamente- lo muestra la experiencia- "sí". 
Surgen fallos de control y cualquiera al que le apetezca leer el informe del consejo de vigilancia relativo al período 1998-1999 e informes posteriores sobre la falta de control sobre las autoridades Schengen me dará la razón. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la inmigración ilegal es un fenómeno cotidiano en todas las fronteras de la Unión Europea, que afecta con particular intensidad y con una enorme dimensión humanitaria, social y económica a ciertas zonas. 
Permítanme que me centre en estas regiones fronterizas de la Unión que, como Andalucía, viven con mayor crudeza la llegada a diario de decenas de personas. 
Andalucía, debido a la proximidad geográfica con el Magreb, está soportando una gran presión inmigratoria sin disponer de los instrumentos adecuados con que hacerle frente. 
La administración española ha reconocido públicamente que la situación es insostenible y, por otro lado, las relaciones bilaterales con el Magreb y con el reino de Marruecos atraviesan momentos difíciles debido a los problemas pesqueros, de tráfico ilegal de estupefacientes y a los de la propia inmigración ilegal. 
Algunos venimos defendiendo desde hace años la necesidad de que, en el marco del Acuerdo de Schengen, se reconozca un estatuto especial a regiones fronterizas como Andalucía, que se dote a estas zonas de la Unión Europea de los instrumentos que le permitan gestionar con una mayor eficacia la llegada de estos inmigrantes. 
También es necesario que se les confiera la capacidad de proponer al Gobierno central y a la Unión Europea medidas relativas al trabajo, a la residencia y a la necesaria integración social de las personas que llegan en inmigración forzada a través del Estrecho a tierras de acogida como Andalucía. 
Señor Presidente, en primer lugar, en nombre de la Comisión, le trasmito nuestra felicitación por el trabajo profundo del Parlamento Europeo y de su ponente. 
Este informe sobre el cruce de fronteras exteriores y desarrollo de la cooperación Schengen afecta a un tema que está en el centro de la creación de un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. 
Efectivamente, Schengen tiene una característica particular. 
Por una parte, garantiza la libertad de circulación, que es un componente esencial del Tratado y, por otra, hace efectiva la necesidad de acompañar esta libertad con una política sólida y un control coherente de las fronteras exteriores y con otras medidas compensatorias. 
Pero la integración de Schengen en la Unión ha firmado, de hecho, la muerte de este acuerdo, aunque sigue aún con vida por el carácter simbólico que conlleva el término. 
Schengen fue concebido como un laboratorio que debía garantizar la puesta en funcionamiento de una obligación de resultados prevista por el Acta Única Europea. 
Posteriormente, Schengen ha sido evaluado e integrado en la Unión, y poco a poco las disposiciones legislativas de la Comunidad y de la Unión sustituyen y desarrollan el Convenio Schengen y el resto de decisiones correspondientes. 
Como ejemplo, la instrucción consular común y el manual común se han convertido en reglamentos, y propuestas nuevas, basadas en el tercer pilar, completan o sustituyen a las disposiciones equivalentes del Convenio que se han orientado hacia ese pilar. 
Por otra parte, el pasado mes de julio, la Comisión sometió al Consejo y al Parlamento una propuesta que reagrupará en un solo instrumento jurídico a cinco categorías de personas que pueden circular libremente en el interior de un espacio sin control, dando así curso al deseo manifestado por el Parlamento Europeo de reunir todos los elementos fragmentados que rigen la circulación de personas. 
La Comisión desea presentar así una propuesta relativa al artículo 2 de Schengen, con el fin de circunscribir mejor la cláusula de salvaguarda relativa a la reintroducción de los controles en las fronteras interiores. 
El trabajo no está terminado, pero el objetivo es llegar a "Amsterdamizar" Schengen en un plazo corto. 
Por ello, creo que sería problemático y difícil, señor Presidente, iniciar un ejercicio que consistiría en hacer un informe regular sobre Schengen, porque terminaría siendo un informe sobre los diferentes instrumentos que han sustituido o que están en fase de sustitución de Schengen. 
Pero puedo comprometer a la Comisión, que va a continuar informando al Parlamento con regularidad sobre las evoluciones en este ámbito que por comodidad semántica se llamará ámbito Schengen. 
Por otra parte, el Parlamento está informado de la totalidad de actividades legislativas y prácticas por medio del cuadro de control que se inició con posterioridad al Consejo de Tampere y que se actualiza con regularidad. 
La Comisión ha considerado que la conversión del acervo debía hacerse sobre la base de las necesidades prioritarias que dependen de la evolución, de la situación y de las indicaciones políticas del Consejo y del Parlamento. 
Entre estas prioridades figuran naturalmente el desarrollo del Sistema de Información Schengen y por supuesto también- y esto les interesará enormemente- las cuestiones relativas a los países candidatos. 
El ponente hace, por cierto, suyas estas preocupaciones, y la Comisión no puede más que compartirlas. 
En lo que respecta al Sistema de Información Schengen, SIS II, quisiera comunicarles algunas informaciones sobre las últimas evoluciones. 
Saben ustedes que el Consejo "Justicia-Asuntos Interiores" de los días 28 y 29 de mayo no consiguió una unanimidad en favor de una financiación intergubernamental. 
Se ha concluido por tanto con una financiación sobre el presupuesto comunitario. 
Por otra parte, la Presidencia belga y Suecia han presentado dos iniciativas, una sobre el primer pilar y otra sobre el tercer pilar, relativas a la concesión a la Comisión, asistida por un comité, de la responsabilidad para que el desarrollo del SIS II, entre 2002 y 2006, se ponga en marcha. 
El objetivo principal de estas dos propuestas, que actualmente están siendo analizadas por el Consejo, es en primer lugar atribuir una base legal a la financiación de esta fase de desarrollo. 
Pero, en segundo lugar, deberían presentarse propuestas legislativas sobre los diferentes aspectos esenciales del SIS II, principalmente la cuestión de la gestión y de las funcionalidades. 
En el marco de sus responsabilidades para con la financiación, la Comisión va a presentar también una comunicación que intentará abarcar diferentes aspectos del SIS II; cuestiones jurídicas, técnicas y financieras, pero también las diferentes etapas preparatorias a considerar, así como el método general a establecer hasta que SIS II quede fijado definitivamente. 
Para concluir, señor Presidente, señor ponente, puedo asegurarles que su resolución será tomada en consideración por la Comisión para apreciar los esfuerzos realizados y los que aún quedan por realizar, así como para definir sus prioridades de actuación en el ámbito Schengen. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
Estatuto de refugiado en los Estados miembros 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0291/2001) del Sr. Watson en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores sobre la propuesta de directiva del Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado. 
. (EN) Señor Presidente, tengo el honor de que mi nombre esté ligado a este informe aunque la mayor parte del trabajo lo haya realizado mi colega demócratacristiano el Sr. Ingo Schmitt, quien ha conducido este informe en la comisión. 
Debido al resultado de la votación ha decidido no proseguir en su presentación al Pleno y eso es lo que estoy haciendo yo en nombre de mi comisión. 
La Comisión ha propuesto una directiva del Consejo con normas mínimas para los procedimientos de concesión y retirada de la condición de refugiado en los Estados miembros. 
La Comisión ha presentado propuestas relativas a un cierto número de normas sobre la gestión de las demandas de asilo. 
Esto constituye un primer paso hacia el sistema común de asilo que la Comisión ha propuesto y que en muchas ocasiones ha respaldado esta Asamblea. 
Estas normas cubren las dependencias de recepción y detención, el contenido del estatuto de refugiado y el procedimiento de solicitud. 
Establecen los límites temporales para las solicitudes e introducen normas específicas para gestionar casos inadmisibles. 
Tengo el honor de presentar en nombre de la comisión una serie de enmiendas a estas propuestas. 
Reconocemos que estas enmiendas no son vinculantes pero confiamos en que serán cuidadosamente tenidas en cuenta e incorporadas al diseño de las políticas. 
Nuestras enmiendas pretenden aclarar y fortalecer la posición de los demandantes de asilo. 
Nuestro objetivo es asegurar que se respete la Convención de Ginebra y sus protocolos y la Convención Europea de Derechos Humanos cuando se gestionen demandas de asilo. 
Pretendemos asegurar que a los demandantes de asilo se les conceda el derecho a permanecer en el territorio de un Estado miembro hasta que su demanda haya sido resuelta. 
Recomendamos que se preste especial atención a los casos de solicitud de mujeres y niños, quienes han sido especialmente vulnerables a los abusos y las agresiones en aquellos países de los que huyen. 
Queremos mejorar el acceso a la asistencia legal de aquellos que buscan asilo y hacer hincapié en que los demandantes de asilo no deben ser devueltos a lugares en los que es posible que sus vidas corran peligro. 
Como norma general, rechazamos o nos resistimos a la práctica de retener a los demandantes de asilo en centros de detención. 
Personalmente saludo la reciente sentencia de un tribunal del Reino Unido en contra de la práctica del gobierno del Reino Unido de encerrar a los demandantes de asilo en centros de detención, independientemente de lo modernos que sean esos centros. 
Creemos que los demandantes de asilo, que a menudo han escapado a la peor de las persecuciones en sus países de origen, tienen el derecho a ser tratados con dignidad cuando llegan a nuestras costas. 
Somos conscientes de las presiones sobre los Estados miembros pero rechazamos la evidente tendencia silenciosa hacia una atenuación de los derechos de los demandantes de asilo. 
Creemos que la determinación del estatuto de refugiado debe seguir siendo una cuestión legal y no una cuestión política o de conveniencia política. 
La salud de una sociedad no se mide únicamente por sus prácticas sino también por la dirección que toman sus pasos y mi comisión considera que la política de la Comisión nos lleva por el camino correcto a pesar de que deseamos una mayor claridad en los derechos de aquellos a los que va dirigida. 
No es una cuestión únicamente de nuestras obligaciones legales y humanitarias, sino también una cuestión de sentido común económico y administrativo. 
Cuantos más demandantes de asilo rechace un gobierno- quizá con la esperanza de granjearse a corto plazo un apoyo popular de la naturaleza más básica- recibirá más demandas, se verá involucrado en más interminables procesos, que afectarán a los bolsillos de los contribuyentes. 
Nuestras enmiendas persiguen asegurar no sólo la eficacia administrativa sino también un acercamiento humanitario a la situación de aquellos que en nuestro planeta merecen nuestro apoyo y protección. 
Confío en que la Asamblea siga la pauta marcada por la comisión en este informe. 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Exteriores saluda los cambios introducidos en comisión en este informe, ya que mientras se desarrolla la política de asilo e inmigración de la UE, resulta fundamental que su impacto en el exterior y, especialmente, en nuestros inmediatos vecinos sea tenido en cuenta en toda su extensión. 
Estos países, muchos de ellos candidatos a la adhesión, se sitúan en la primera línea del problema de los refugiados. 
La mayoría de ellos no tienen experiencia en política de refugio y asilo. 
Todos ellos carecen de los recursos financieros y humanos para gestionar competentemente las demandas para permanecer en los mismos. 
La Comisión de Asuntos Exteriores también consideró que era relevante introducir una referencia a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, así como a la obligación de respetar todos los compromisos de derecho internacional existentes. 
Por último también hemos insistido en que los nuevos procedimientos de la UE deben procurar contribuir a la mejora de las relaciones internacionales siendo lo más clara, transparente y expositiva que sea posible, con el fin de facilitar la interpretación de terceros países y sus ciudadanos. 
Señor Presidente, señoras y señores, creo que la comisión que ha aprobado por mayoría este informe se encuentra, lamentablemente, en un camino equivocado. 
Desde hace aproximadamente un año, cuando se presentó el documento de trabajo de la Comisión sobre este tema, hemos intentado encontrar un compromiso en este tema, tan sensible y difícil. 
Nos pusimos de acuerdo en dividirlo en tres temas: primero los demandantes de asilo, luego aquellas personas que provisionalmente acuden hacia nosotros desde las regiones de crisis y, finalmente, las personas que de manera consciente desean emigrar a los Estados miembros para conseguir aquí en el futuro su lugar de sustento. 
También teníamos claro que, sólo podremos regular de manera apropiada el tercer pilar de la inmigración si aseguramos también que podrá reducirse el número de las solicitudes de asilo injustificadas- quiero evitar conscientemente utilizar palabras ofensivas- o, al menos, que podremos tramitarlas de manera consecuente. 
Sabemos, ciertamente, que de todas maneras el 10% o el 15% de las solicitudes que se presentan son realmente solicitudes justificadas en el sentido de la Convención de Ginebra y que son reconocidas como tales. 
Por esta razón, estimo que la comisión ha cometido dos errores con su mayoría: en primer lugar, porque ha roto el consenso que habíamos intentado lograr con tanto esfuerzo y, en segundo lugar, porque no ha prestado ningún buen servicio a los que realmente tienen derecho, puesto que da idéntico trato, por decirlo así, a los que han viajado de manera injustificada a Alemania o a otros Estados miembros y ha dañado así la imagen del que tiene derecho realmente. 
La vía de ampliar los motivos de los refugiados a la persecución por motivos no políticos, la vía de limitar las posibilidades de los Estados miembros, en cualquier caso, de los Estados miembros que han de vivir con los mayores flujos de entrada, de poder recurrir de manera eficaz al mecanismo del país de origen seguro, y también la cuestión de cómo tratar las solicitudes claramente no fundamentadas, todo esto que se contiene en este informe, conduce a que no exista ya un medio verdaderamente eficaz de actuar incluso en el ámbito en el que se presentan en gran número solicitudes injustificadas. 
Permítanme hacerles expresamente una vez más un llamamiento. 
Sé que el tema es difícil. Sé que el tema es delicado. 
Pero permítannos intentar mantener de manera diferenciada estos pilares comunes que hemos acordado de manera muy consensuada hace un año. 
Abrigo la esperanza de que los socialdemócratas alemanes, que ciertamente hablan de manera muy diferente en Alemania con el ministro del Interior, modifiquen todavía hoy su conducta de voto. 
Espero también que encontremos de nuevo una vía que se oriente por el consenso y que logre para el verdaderamente afectado, para el perseguido por razones políticas, incluso en nuestros Estados miembros, una imagen apropiada. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. Watson en nombre de nuestra comisión por presentar este informe al Pleno. 
He escuchado atentamente lo que los Sres. Watson y Schmitt acaban de decir. 
El Sr. Schmitt ha hablado mucho sobre las demandas injustificadas y, desde luego, hemos de estudiar con la atención adecuada todas las demandas. 
El Sr. Schmitt ha dicho, y coincido de todo corazón con él, que los Estados miembros deben hacer algo más por tratar las causas que originariamente están obligando a la gente a emigrar por toda Europa y el mundo, pero no es sencillo tratar las causas originales en los países de los que provienen muchos demandantes de asilo. 
El mayor número de demandantes de asilo en Europa proviene de Afganistán, Irán, Sri Lanka y, actualmente, como bien sabemos, no será fácil tratar con rapidez la situación en Afganistán: contemplamos esa situación con cierto pavor. 
Más cerca de nuestro ámbito, en la actualidad nos vemos afectados por la ausencia de un sistema común y funcional de asilo para Europa y la promulgación separada de una política común de inmigración, que seguirá posteriormente. 
Pero en nuestras pantallas de televisión, ciertamente todas las noches en el Reino Unido y Francia, y nuestros colegas españoles sufren un problema similar, podemos comprobar como la ausencia de un sistema adecuado se manifiesta en tragedia. 
Los demandantes de asilo son gente desesperada que en muchos casos escapan de la guerra, de la violencia y de la tortura. 
Sí, Sr. Schmitt, algunos de ellos sencillamente escapan de la pobreza, pero no debemos castigarlos por esa razón. 
Es necesario que les mostremos respeto y asegurarnos que son tratados justamente. 
Este informe pide unos elevados estándares para la recepción de demandantes de asilo, que se reconozca que no son criminales mientras se estudia sus casos. 
Las personas que escapan de las peores situaciones no necesitan ser retenidos en prisiones, centros de detención, y al respecto coincido con el Sr. Watson. 
Aquellos que están escapando de la guerra y de la tortura no necesitan ser recibidos por alambradas y agentes armados. 
Necesitan que sus casos sean atendidos adecuadamente, necesitan un sistema justo y necesitan un sistema que sitúe al individuo en el núcleo del proceso. 
Este informe inicia el camino en esa dirección, pero forma parte de un marco mucho más amplio en el que se trabaja por un sistema común europeo de asilo que discurra junto a un sistema separado de inmigración. 
Confío en que seamos capaces de aprobar el informe tal y como ha sido enmendado y podamos proseguir con el ingente trabajo que aun queda por hacer en este ámbito. 
Bienvenida 
Estatuto de refugiado en los Estados miembros (continuación) 
Señora Presidenta, hemos escuchado profusamente durante los últimos días algunos de los valores que nos son propios, especialmente aquellos de la democracia y la libertad. 
Quisiera añadir: la humanidad, el respeto por los derechos humanos y la igualdad ante la ley. 
De modo que, en este contexto, saludo la mayor parte del informe que ha presentado el Sr. Watson. 
Esa perspectiva, no obstante, también explica por qué mi grupo no va a apoyar las enmiendas propuestas por el Grupo PPE-DE, que rechazamos en comisión y que consideramos que persiguen la restricción de los derechos de los demandantes de asilo. 
En especial, saludo algunas de las enmiendas propuestas por la comisión que afirman que el derecho al estatuto de refugiado debe ser más bien reconocido antes que concedido: el estatuto de refugiado es un derecho legal, no el regalo de un régimen benévolo. 
También saludo el reconocimiento de que existen formas de persecución que no están incluidas en la Convención de Ginebra. 
En la misma noche de ayer estuvimos debatiendo en esta Asamblea uno de esos casos, el de la mutilación genital femenina. 
Mi grupo considera que deberíamos desarrollar la Convención de Ginebra y esperamos que, eventualmente, una política común de asilo así lo haga. 
También saludamos el hecho de que ahora se reconozca la dimensión del género en este informe. 
Así mismo saludamos el reconocimiento de la necesidad de que el proceso de entrevista y evaluación en las demandas de asilo se lleven a cabo en la propia lengua del demandante. 
Esto es fundamental por cuanto el resultado de tales procedimientos puede constituir para el demandante una cuestión de vida o muerte. 
Cómo podemos esperar que una persona que ha sufrido torturas, humillaciones o degradaciones sexuales vaya a expresarlo en un idioma que simplemente no domina. 
Mi grupo, no obstante rechaza el concepto de tercer país seguro. 
Cuando contemplamos las grandes diferencias que existen entre los Estados miembros respecto de lo que se considera seguro podemos ver los problemas que propicia este concepto, especialmente teniendo en cuenta las nuevas formas de persecución. 
Como ha dicho la Baronesa Ludford, cada demanda debe ser gestionada teniendo en cuenta sus propias características. 
Necesitamos unos estándares lo más altos posible, y al respecto este informe ha hecho avances sustanciales. 
Señora Presidenta, las imágenes de Afganistán que hemos visto los últimos días nos muestran en gran medida que el problema no desaparece sino que desgraciadamente prosiguen los flujos de refugiados como resultado directo de la política que llevamos a cabo en nuestra parte del mundo. 
He oído a varios hablar de una política europea común de asilo. 
Sí, podría ser en efecto una idea muy inteligente, pero quiero decir por mi parte que la condición para que yo la respalde es que sea una buena política. 
El señor ponente trató originariamente de redactar este informe de tal forma que recortara derechos y posibilidades para los solicitantes de asilo en nuestros países. 
Lo que al final acordamos en la comisión fue exigir que acabáramos en un línea que estuviera lo más cerca posible del status quo. 
Me parecería algo positivo que el Parlamento Europeo pudiera ahora enviar una señal clara de que si se va a tener una política europea común de asilo en la UE, ésta no será bajo ninguna circunstancia una política que dé a los solicitantes de asilo peores condiciones que las que hoy tienen en los Estados miembros. 
Éste espero sinceramente que sea el resultado de la votación que celebraremos esta tarde. 
Señora Presidenta, Europa corre dos peligros. 
El primero es la creación de una "fortaleza europea" en la que los extranjeros ya no sean bienvenidos y en la que uno no sienta interés por el resto del mundo. 
No es deseable, y tampoco está de acuerdo con los compromisos internacionales. 
Los Estados miembros de Europa deben preocuparse de los refugiados. 
Y no sólo de los refugiados que están en sus puertas, sino también de los que están en otras partes. 
Aunque esta propuesta de la Comisión no trata sobre ello, creo, sin embargo, que es necesario que aquí se pida atención para las innumerables personas que viven en campamentos de refugiados. 
También ellos merecen apoyo y atención, a menudo, mucho más del que reciben ahora. 
De ahí que el ACNUR deba recibir un fuerte impulso financiero. 
Por tanto, no una fortaleza europea, pero también hay otro peligro. 
Éste consiste en que Europa se convierta en una especie de parque infantil, en el que casi todo el mundo pueda entrar fácilmente para disfrutar de muchas facilidades. 
Esto tampoco es deseable. Supone una carga demasiado pesada para las posibilidades de los Estados europeos. 
En este tiempo, en el que muchos encuentran, por lo visto, el dinero y el camino para venir a Europa y pedir asilo, los procedimientos de asilo deben ser ponderados y estrictos. En caso contrario, las diferencias con la vida en los campamentos de refugiados se vuelven incluso más penosas. 
La propuesta de la Comisión se ha convertido en un documento razonable y realista en el que, en general, se mantiene un buen equilibrio entre la exigencia de ponderación y el Estado de Derecho. 
Las enmiendas presentadas por este Parlamento al documento de la Comisión, pierden con demasiada frecuencia, sin embargo, el equilibrio necesario. Por tanto, no puedo apoyar la mayor parte de las mismas. 
Señora Presidenta, la propuesta de directiva relativa al procedimiento de concesión del estatuto de refugiado que, según la definición del Tratado, se considera que debe vincular a los Estados miembros en cuanto a los resultados a alcanzar dejando a las instancias nacionales la competencia de la forma y los medios, es en realidad un texto extremadamente puntilloso. 
Regula con gran lujo de explicaciones y detalles por ejemplo qué es una demanda de asilo infundada, en el artículo 28, qué es un país tercero seguro, en el artículo 22 y en el Anexo I, o también qué es un país de origen seguro, en el Anexo II. Como si los Estados miembros fueran niños de pecho y como si sus funcionarios no hubieran tratado en toda su vida una solicitud de asilo. 
Pero lo más extraordinario es que esta propuesta consigue ser al mismo tiempo puntillosa y laxa. 
Porque no existen apenas disposiciones inspiradas en la preocupación de conceder lo que se llaman garantías de alto nivel para los solicitantes de asilo que son al mismo tiempo, no lo olvidemos, garantías de bajo nivel para los pueblos de los países miembros. 
Citemos un ejemplo entre muchos: el artículo 25, que establece que si las declaraciones del solicitante no se prueban sino que parecen únicamente verosímiles, debe concedérsele el beneficio de la duda. 
Se trata de un gesto que puede parecer generoso en principio, y que lo es efectivamente pero que, en el contexto confuso actual, omite los demás intereses en juego y en primer lugar los de los pueblos de Europa. 
Por ello pensamos que el texto propuesto hoy no debería ser más que la primera parte de la directiva final. 
Después de esta primera parte, dedicada a la protección de los solicitantes de asilo, falta por escribir una segunda, dedicada a la protección de los pueblos de Europa que en el mejor de los casos serán los que paguen y en el peor las víctimas ya que, no lo olvidemos tampoco, al menos las tres cuartas partes de las solicitudes de asilo presentadas en la actualidad se consideran finalmente infundadas. 
Y no nos diga, señora Comisaria, que esos textos llegarán más tarde. 
Deben presentarse al mismo tiempo para que podamos disponer de una visión global. 
Dicho esto, me atrevo apenas a mencionar las enmiendas propuestas en el informe de la comisión competente del Parlamento Europeo. 
Volveré sobre ello en mi explicación de voto. 
Digamos únicamente en este momento que son tan extravagantes que han terminado por provocar la dimisión del propio ponente, que ha tenido que ser sustituido "in extremis". 
Todos estos textos, la directiva y las enmiendas, nos llevan a recordar, en el contexto de nuestros recientes debates sobre seguridad, que es profundamente malsano autorizar la entrada en nuestros territorios de solicitantes de asilo en un número entre 400.000 y 500.000 por año en la actualidad, de los cuales la mayoría verán denegada su solicitud pero que, al no ser expulsados, vivirán en una semiclandestinidad. 
Esta población flotante, incontrolada, aumenta de año en año y viene a engrosar las demás fuentes de inmigración clandestina. 
Viendo los textos presentados en el día de hoy observamos, señora Presidenta, que las instituciones europeas están aún lejos de poner como prioridad la seguridad de los ciudadanos. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estamos llamados a expresarnos sobre un tema que en su especificidad presenta un espectro de acción muy amplio. 
Es fácil hablar de derecho de asilo sin más haciendo hincapié en la sacralidad del principio, una sacralidad que es mucho más evidente en este delicado momento en que el mundo está trastornado por el dramatismo de los acontecimientos y la solidaridad y la voluntad son los sentimientos a los que todos nosotros, desconcertados, sentimos que queremos apelar para construir sistemas entre seres humanos, mundos y culturas diferentes y mejores. 
Sin embargo, también es evidente que ahora no podemos alejarnos del objetivo de situaciones y perspectivas concretas estrechamente ligadas a la realidad. 
En la propuesta de directiva, como nos adelantaba el Sr. Schmitt, hay, en nuestra opinión, unas formulaciones complejas que van en sentido contrario a la dirección que habíamos tomado en el trabajo del año pasado y que, a nuestro modo de ver, plantean serios problemas políticos. 
¿Es correcto, por ejemplo, aceptar que un tercer país considerado seguro lo sea siempre e independientemente del hecho concreto que lo vincula a la persona que pide asilo o que una petición, pese a ser manifiestamente infundada, deba dar lugar siempre y en todo caso a un complicado y costoso procedimiento de comprobación? 
Es obvio que una certeza en este sentido interesa tanto a aquellos que tienen serias razones para pedir protección como al país asilante. 
No quisiera alargarme en el concepto jurídico y filosófico de la evidente falta de fundamento, pero en temas nunca como ahora tan delicados como el abordado en el informe Watson, debemos demostrar nuestra voluntad de construir sin contraponer, de ayudar sin reflejos negativos e incluso destructivos para nuestros sistemas sociales. 
Ahora bien, cuando abordamos las formulaciones sobre la extensión del derecho de asilo, sobre el procedimiento acelerado, sobre el procedimiento de apelación, pienso que, tras un atento análisis, las perplejidades se pueden compartir abundantemente. 
Señora Presidenta, no puedo dejar de contestar a las palabras que se han dicho en esta sala en relación con la posición del Grupo del Partido Socialista Europeo sobre esta cuestión. 
Hay, señor Schmitt, un absoluto acuerdo en mi Grupo para tratar de forma diferente a los tres grupos distintos de personas que llegan a la Unión. 
Tanto es así, que nosotros apoyamos, para el primer grupo que usted mencionaba, el informe Wiebenga, a fin de disponer de una normativa de acogida para los refugiados temporales, que vienen de forma masiva huyendo de conflictos, cosa que no hizo el Partido Popular Europeo. 
Con relación al asilo y al refugio, nosotros estamos de acuerdo en tratar a los asilados como un grupo de personas que pide protección y que quiere entrar por motivos humanitarios, al igual que las personas que piden reagrupación familiar. 
El problema, señor Schmitt, es que mi Grupo no puede renunciar, a pesar de lo que usted dice que afirma el Sr. Schily, Ministro de Interior alemán, a la idea de que los refugiados son individuos y que cada uno de los casos debe tratarse de forma individual en función de sus circunstancias personales y no en función de su nacionalidad, del país tercero seguro donde haya ido a parar, etc. Un tercer país puede ser seguro para un individuo y no serlo para otro, y no me hagan poner ejemplos, que siempre son odiosos. 
No podemos renunciar a esta idea y además queremos, en el momento en que la Unión Europea se va a dotar de la primera legislación armonizada en materia de refugiados, dar una señal contundente de que estamos a favor de esa legislación común pero no para rebajar los niveles de protección y los derechos de los asilados, materia en la que la Unión Europea ha sido históricamente un ejemplo y ha prestado gran ayuda a organizaciones como ACNUR, entre otras. 
En relación con el tema del asilo y la inmigración, no hay duda de que estamos de acuerdo en que los emigrantes no son refugiados. 
Pero el problema es que no hay coraje para hacer unas leyes de inmigración claras, que permitan entrar legalmente a las personas que nuestra sociedad y nuestro mercado de trabajo absorben, sin que por ello deba hundirse el sistema de asilo, que ha sido la única puerta abierta durante muchos años. 
En eso estamos absolutamente de acuerdo. 
Esta es nuestra posición, que me parece muy clara. 
Señora Presidenta, agradezco al presidente de la comisión y a la comisión este excelente informe. 
Las crecientes oleadas de refugiados de los últimos años demuestran la necesidad de contar con una política de refugiados común, tanto en el seno de la UE como en el ámbito mundial. 
Las reacciones, más o menos desesperadas, de los Estados miembros ante los anhelos de la gente de encontrar un lugar de asilo, una nueva vida en Europa, no se concilian con los valores humanistas que representa la UE. 
Ha habido innumerables tragedias en las fronteras de la Unión: barcos que han naufragado, refugiados que en su desesperación se han escondido en contenedores y refugiados que han intentado alcanzar a nado las costas europeas. 
En muchas ocasiones, señora Presidenta, he sentido gran amargura ante propuestas de los países miembros y de la Comisión cuyo objetivo fundamental parecía ser detener, impedir, rechazar y expulsar. 
Desgraciadamente no se han equivocado los que han dicho que la UE se está transformando en una fortaleza. 
Señora Presidenta, en virtud de lo que he señalado, esta propuesta de directiva apunta en la dirección correcta. 
Se hace hincapié en los derechos individuales y no está dominada por ideas represivas. 
Si bien es cierto que son necesarias unas normas comunes para regular el asilo en la UE, también es verdad que los Estados miembros necesitan un espacio para aplicar criterios más generosos. 
Asimismo, la comisión refuerza los derechos individuales, ajustándose a la Convención de Ginebra, en materias tales como la condición de los menores, las posibilidades de detener a los refugiados, la adecuada formación de los que deciden en materias de refugiados y la fijación de plazos para la tramitación de estos asuntos. 
Se trata, lisa y llanamente, de aumentar la seguridad jurídica. 
Señora Presidenta, me preocupa un poco la futura tramitación en el Consejo. 
Como dijo Sarah Ludford, tenemos que velar por el cumplimiento de la exigencia de la Convención de Ginebra de que cada refugiado tiene derecho a que se estudie su caso particular. 
A mi juicio no existe ningún país seguro. 
Si los europeos no queremos perder totalmente nuestro prestigio debemos contar con una política de refugiados diferente, que se fundamente en el respeto, en la apertura y en el imperio de la ley. 
No cabe esperar que países como Nauru asuman responsabilidades con quienes huyen de regímenes bárbaros como el de Afganistán. 
El humanismo y la solidaridad son hoy, una semana después de los trágicos sucesos de EE.UU., más necesarios que nunca. 
Señora Presidenta, debo saludar la claridad de las propuestas que contiene el informe de nuestro colega, Sr. Watson, relativo a la concesión del estatuto de refugiado. 
Creo que ha sabido integrar la diversidad de puntos de vista. 
Para mí, este informe será un complemento al mismo tiempo a la Carta de Derechos Fundamentales y al Convenio de Ginebra. 
Tal como deseaba la Comisión, creo que disponemos por fin de una buena base de discusión. 
Todos sabemos que existía una gran disparidad en lo que respecta a la acogida de los refugiados en función de cada país. 
Sabemos también que las actuaciones eran complejas y difíciles. 
Y mejora igualmente la ayuda y el apoyo que podemos aportar a los refugiados. 
Estoy también satisfecho de que nuestra comisión haya tomado en consideración las nuevas formas de persecución, ya que es cierto que hace algunas décadas se recibían refugiados chilenos, soviéticos, que huían de las dictaduras, de las persecuciones de sus gobernantes. 
Ahora bien, en la actualidad existen verdaderas formas de represión que nos obligan a reflexionar de otro modo y a tomar en consideración aunque no sea más que las mutilaciones sexuales y genitales a las mujeres, las nuevas formas de persecución vinculadas a grupos terroristas, integristas, y creo que es eso lo que se ha tomado en consideración. 
Iré incluso más lejos, creo que ya es hora de que reflexionemos sobre el asilo sanitario cuando una catástrofe como el sida está asolando un continente, e igualmente que podamos acoger a niños-soldado cuando se encuentran en manos de los traficantes de armas. 
Creo que es importante también que, en términos de lucha contra las discriminaciones, este informe esté a su altura. 
Terminaré diciendo que estas últimas semanas, frente a los terribles atentados cometidos la pasada semana en Estados Unidos, el temor de ataques contra los civiles afganos es real. 
En la actualidad, hay 600 personas en el campo de Sangatte firmemente comprometidas contra el terrorismo. 
Solicitan que se las acoja. 
Creo que si se hiciera, este gesto sería una forma de superar toda confusión entre terrorismo e Islam, y estas personas serían también sólidas aliadas en la lucha contra el terrorismo. 
Sr. Watson, me permito decirle que se le puede prestar la frase de Camus que decía que su rebelión es también la rebelión de los demás. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimados colegas, la propuesta que ha llegado procedente del Consejo, representa para los refugiados una posibilidad de lograr el reconocimiento del estatuto de refugiado a tenor de la Convención de Ginebra y, en concreto, según criterios unitarios que rigen en toda la Unión. 
Esta propuesta del Consejo garantiza un procedimiento rápido y seguro para los verdaderos refugiados- éstos son aproximadamente el 10% de todos los que presentan una solicitud de asilo- y garantiza también una denegación rápida. 
Ésta corresponde aproximadamente al 90% de los que han presentado esta solicitud por motivos diferentes a los verdaderos motivos de refugiado y esto es mejor que esperar todo un año para recibir luego una decisión negativa. 
Esta propuesta garantiza también el final de la compra del asilo. 
Pero necesitamos medidas complementarias al efecto. 
Estas son, por ejemplo, la Convención de Dublín, las regulaciones sobre terceros estados seguros, sobre estados de origen seguros. 
Por consiguiente, como Partido Popular Europeo, apoyamos esta propuesta del Consejo. 
Pero afirmo también claramente, en nombre del PPE, que el derecho de asilo no debe utilizarse indebidamente ahora, a través de las enmiendas y propuestas que se han presentado aquí, para una emigración por cualesquiera motivos. 
Esto es ignorar la realidad. 
Debemos aprovechar los instrumentos que nos estamos dando ahora como Europa para la emigración, para el asilo o para la ayuda temporal, cuando nos lleguen refugiados de las regiones en guerra. 
No debemos establecer medidas que carezcan de realismo. 
Hay que garantizar para el futuro que el derecho de asilo siga reservado a los perseguidos por motivos políticos y que no se extenderá a grupos que algunos aquí desearían políticamente, pero que en ningún caso responden a las situaciones de hecho contempladas en la Convención de Ginebra. 
El objetivo debe ser que podamos garantizar una ayuda óptima y rápida para los verdaderos refugiados y medidas subsiguientes para su integración y que aclaremos a todos los demás que habrá nuevos instrumentos para una inmigración a la Unión Europea por motivos económicos 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimados colegas, precisamente ahora, sobre el trasfondo de los acontecimientos actuales, esta discusión que, en mi opinión, estamos llevando hoy de manera verdaderamente realista, constituye un ejemplo para algunos otros parlamentos. 
Es muy necesaria, pero precisamente porque es tan necesaria es tan difícil. 
Lamentablemente, hoy debemos comenzar una vez más a eliminar prejuicios contra las personas que buscan asilo. 
Estos prejuicios están cargados de temores que en su mayor parte son infundados pero que, no obstante, es preciso tomar en serio. 
Justamente ahora, creo yo, es muy importante que no sigamos hablando sino que actuemos. 
Creo que los que tras los horrorosos acontecimientos recientes han clamado abiertamente por el ejército tienen que admitir realmente que precisamente hoy como políticos y como políticas hemos de asumir y mostrar la responsabilidad de que no estamos en una situación de pánico, sino que somos capaces de actuar también de manera responsable precisamente a causa de esta dificultad con la que hemos de enfrentarnos. 
Por esta razón- debo aclarar esto a mis colegas del ala conservadora de esta Asamblea- no nos comportamos como si por apreciar al Sr. Schmitt o al Sr. Pirker estuviéramos fundamentalmente de acuerdo con ellos. 
Por consiguiente, en algunas enmiendas decidiremos una conducta de voto diferente a la de nuestro Grupo. 
El trasfondo de nuestra conducta es el siguiente: aunque nos alegramos enormemente de que el Grupo Socialista de esta Asamblea intente y haga todo lo posible para que los refugiados disfruten de más protección y tengan mayores derechos, cosa que celebramos, los socialdemócratas alemanes tenemos un problema. 
No podemos aceptar un acuerdo o una decisión si en nuestro país no es conforme con la Constitución. 
Es decir, la Constitución alemana no nos permite por el momento aceptar unas 17 de las enmiendas que se han presentado. 
En consecuencia, en algunas enmiendas a las que me he referido tendremos una conducta de voto diferente a la de nuestro Grupo. 
Sin embargo, esto no significa que tengamos otros objetivos. 
Nuestros objetivos son los mismos. 
Nuestra conducta de hoy será diferente porque tenemos en cuenta también la credibilidad de nuestra política en Alemania. 
No podemos decepcionar a nuestras electoras y a nuestros electores y aceptar una decisión que luego no sería practicable en absoluto, en Alemania. 
Por esta razón, votaremos de manera diferente. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, en una situación en la cual los horrorosos acontecimientos de EE.UU. son tomados por algunos como pretexto para crear un ambiente adverso a los solicitantes de asilo, es tanto más importante que la Unión Europea formule una normas mínimas relativas al reconocimiento o a la retirada de la condición de refugiado que estén orientadas por el respeto de los derechos humanos. 
La propuesta de la Comisión satisface este requisito. 
Celebro expresamente dos regulaciones que ésta propone. 
En el apartado 3 del artículo 3 se hace referencia a la posibilidad de los Estados miembros de extender la concesión de protección no sólo a las personas que puedan invocar la Convención de Ginebra sobre refugiados. 
De esta suerte podrían encontrar también asilo las personas que buscan refugio de los fundamentalistas violentos- como, por ejemplo, en Argelia- o que son víctimas de violaciones, una exigencia que viene formulando desde hace tiempo el Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados y que en la actualidad, lamentablemente, no es una práctica común, por ejemplo, en mi país. 
En el Anexo 1 se mencionan las tres condiciones que han de satisfacerse para que un país sea lo que se denomina un país tercero seguro. 
Si en el futuro se toma como base esta condición ya no serían posibles en adelante algunas expulsiones de los países de la UE. 
Celebro que la propuesta aceptable de la Comisión haya sido mejorada, y no empeorada, en la comisión competente, como preveía el ponente originario, el Sr. Schmitt. 
Por consiguiente, la directiva que se ha presentado constituye un paso importante hacia una política de asilo más humanitaria en la Unión Europea. 
Señora Presidenta, ésta es la primera de una serie de directivas que tienen que completar la primera parte del calendario destinado a introducir, a más largo plazo, un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme para las personas a las que se concede el asilo. 
Ese es el espíritu, y la letra también, de los acuerdos de Tampere y del Tratado de Amsterdam, aunque habría que discutir el fundamento jurídico del procedimiento común de asilo y del estatuto. 
Muy brevemente quisiera señalarle a la Comisión algunas reservas de carácter técnico que se plantean, al hilo de la propuesta de directiva que estamos analizando. 
La primera está relacionada con la extensión que se da a las normas mínimas para los procedimientos de asilo. 
Yo creo que la propuesta es excesivamente reglamentista y que un procedimiento común de asilo nada tiene que ver con un procedimiento único, un mismo procedimiento en todos los Estados. 
Me temo que es posible que la Comisión haya ido más allá de lo acordado en Tampere. 
La segunda reserva se refiere al interés de la Comisión en regular los plazos, porque yo me pregunto: un procedimiento largo ¿es un factor de rechazo para los solicitantes? 
Eso no quiere decir que estemos a favor de un procedimiento largo. 
Pero, desde el punto de vista práctico, países europeos con plazos largos- superiores a dos y tres años- tienen cifras elevadas de solicitantes, y países, como por ejemplo España, con plazos mucho más reducidos, conocen estadísticas mucho más modestas. 
La armonización de plazos resulta aceptable si se debe a una preocupación por la pulcritud jurídica del procedimiento, pero me temo que puede resultar ineficaz e infunde temor por razones tanto legales como materiales o políticas. 
La tercera y última reserva es de orden conceptual. 
Yo creo que las dificultades para homogeneizar las decisiones radican más en la definición de refugiado que en el procedimiento para identificarlo como tal. 
Conceptos como "país tercero seguro", "persecución de terceros", "persecución en caso de conflicto" o "persecución estatal o no estatal" son ejemplos de algunos de estos problemas. 
Quizás, como he dicho antes, habría que afrontar precisamente la definición antes que el procedimiento. 
Señora Presidenta, quisiera recordar a la Cámara la importancia de la propuesta que hoy estamos debatiendo por varios motivos. 
En primer lugar, creo que debe quedar muy claro que supone un primer paso, en mi opinión muy importante, hacia un sistema común de asilo europeo que, a largo plazo, sea válido para toda la Unión. 
En segundo lugar, estimo que no podemos perder de vista en estos momentos que no estamos haciendo otra cosa que cumplir uno de los objetivos acordados en el Consejo Europeo de Tampere, en donde se reafirmó de forma absolutamente incondicional el respeto del derecho de asilo. 
Y en tercer lugar, a pesar de las discrepancias sobre algunos puntos concretos de la propuesta que debatimos que pudiera haber entre los Grupos parlamentarios, no olvidemos que, en realidad, estamos dotando a todos los sistemas europeos nacionales de una estructura que pueda funcionar eficientemente de conformidad con la Convención de Ginebra sobre el estatuto del refugiado. 
Creo que la Unión Europea, desde este Parlamento, no puede mirar hacia otro lado y no poner en práctica los instrumentos que precisamente Europa en este momento está desarrollando. 
Creo necesario recordar aquí la Carta de los derechos fundamentales que aprobó hace poco tiempo esta misma Cámara y que, si ha de ser tenida en cuenta en esta materia, ha de ser siempre en aras de desarrollar lo que se acordó en la Convención de Ginebra, y nunca de recortarlo. 
Porque hay una realidad que no podemos olvidar, y es que, a partir de la segunda mitad de 1996, el número de solicitantes de asilo en la Unión Europea ha aumentado de forma considerable, mientras que las resoluciones que reconocen y conceden este derecho han disminuido de una forma muy alarmante. 
Por todo eso creo que, con las enmiendas que hemos aprobado en comisión y que hoy sometemos a este Pleno, se ha mejorado de forma sustancial la propuesta que hizo en su día el Consejo y se han puesto de relieve algunas cuestiones muy interesantes, sobre todo las que se refieren a las garantías para el solicitante de asilo, al principio de no devolución y también a unos requisitos mínimos indispensables en todo proceso en el que se tomen las decisiones de reconocimiento de este estatuto, que requieren el estudio de cada caso de forma individual. 
No pueden resolverse estas solicitudes de forma colectiva. 
Creo que, a pesar de las discrepancias de la Comisión, habremos dado un gran paso adelante con estas enmiendas, si hoy las aprobamos también en el Pleno. 
Señora Presidenta, lamento tener que empezar diciendo que esta propuesta es profundamente decepcionante por varias razones, del mismo modo que lo es el debate que se ha llevado a cabo hasta ahora, salvo contadas excepciones: un debate en el cual algunos oradores han demostrado que no conocen bien los límites entre humanidad y permisividad de Afganistán, entre controles necesarios y vejaciones inútiles, pero sobre todo en el cual muchos han demostrado que no entienden que las normas jurídicas no se basan en el caucho, o sea, no son elásticas como todos desearíamos, sino que tienen unos puntales, unos fundamentos, más allá de los cuales no se puede ir. 
Las razones por las cuales esta norma, en mi opinión, debe rechazarse es que no es equilibrada. 
Favorece de manera incluso demasiado evidente la condición del solicitante de asilo exagerando los valores que acabo de sintetizar y pone a los Estados miembros y a los órganos competentes en condiciones realmente difíciles de cara a una seria valoración de los requisitos de los solicitantes. 
Otra razón es que parece que éste sea un texto puramente teórico, totalmente ajeno a la realidad en la que, en cambio, se inserta forzosa e inevitablemente: la realidad cotidiana de los países- no sólo el mío, sino el mío, Italia, en particular- enfrentados a diario al problema de las inmigraciones incontroladas. 
Otro motivo para rechazar este tipo de planteamiento es la escasa homogeneidad de evaluación de los Estados en su procedimiento de concesión del estatuto de refugiado. 
De este modo se pueden registrar casos de flujos secundarios, esto es, que los refugiados entren a través del Estado más permisivo y luego se trasladen, se desplacen a otro Estado más restrictivo por vía interna. 
La propuesta demuestra que ni siquiera tiene bien clara la diferencia entre los tres distintos grupos de solicitantes: los perseguidos políticos según la ya mencionada Convención de Ginebra; los refugiados procedentes de territorios que son teatro de conflictos bélicos; los inmigrados por motivos económicos y profesionales. 
No se puede aceptar que tres clases tan distintas de solicitantes de asilo son tratadas con una normativa idéntica. 
Además la Comisión parece incluso que quiera agilizar el procedimiento de asilo, de aceptación extendiéndolo también a personas cuyos casos no están contemplados en el espíritu de la Convención de Ginebra, ni en las aperturas del Consejo de Tampere, ni tampoco en las modificaciones incorporadas al Título IV del Tratado de Amsterdam respecto a esta materia. 
Lo que convierte en inadecuada la propuesta de la Comisión, así como la propuesta legislativa de la comisión parlamentaria es la escasa correspondencia con la realidad. 
Se propone una norma de carácter ordinario para una situación de grave emergencia. 
Vengan a ver lo que desde hace diez años está pasando en las costas italianas; vengan a ver las condiciones en las que se trabaja para acoger a las personas y no para meterlas en la cárcel, y entenderán lo inadecuadas que son estas líneas propuestas. 
Aquí, como decía antes, no es necesario confundir humanidad con rigor: ambas cosas pueden ir de acuerdo. 
Piensen ustedes que cada día en Italia desembarcan de 300 a 400 refugiados, 1.000 sólo en el día de ayer, y entenderán que ciertas prudencias son necesarias, mejor dicho, inevitables. 
Por lo tanto, no hay que dejarse llevar, Señorías, por tonos lacrimógenos, como he escuchado hace unos momentos. 
No existen casos de malos tratos, a nadie se le encierra en cárceles provisionales; los refugiados se acogen y alimentan, luego se identifican y clasifican para distinguir entre ellos a los ilegales que son rechazados, de los legales a los que se les ayuda a quedarse, así como para tratar de identificar a los infiltrados del hampa. 
Por lo tanto: rigor sí pero no permisividad. 
Por esto, nuestro Grupo respaldará todas las enmiendas del Sr. Schmitt que están orientadas a restablecer el texto originario del informe, el que prevé normas más justas sobre todo para los Estados miembros que se encuentran en estas difíciles condiciones. 
En pocas palabras, señor Presidente, Señorías: una vez franqueada la puerta de Italia, gracias a Schengen, encuentran ustedes en su país un poco a todos, legales y no gratos. 
Para cerrar este debate relativo al informe del Sr. Watson, voy a dar la palabra a la señora Comisaria Reding. 
Señora Comisaria, me permito señalarle que, en contra de nuestros hábitos, disponemos de un poco de tiempo, de tal modo que si desea utilizarlo será un placer para nosotros. 
Efectivamente, oír al Parlamento Europeo que tenemos tiempo para hablar después de haber sido diputada durante diez años es casi un milagro. 
Señora Presidenta, señoras, señores, la Comisión se felicita por la profundidad con la que el Parlamento ha examinado esta propuesta. 
Quisiera decir al Sr. Watson hasta qué punto hemos apreciado su trabajo. 
Además, las enmiendas, por su número y calidad, van a enriquecer sin duda el debate en un momento crucial de la construcción de una política común en el ámbito del asilo. 
Quisiera en primer lugar situar esta propuesta en su conjunto. 
Efectivamente, el Consejo de Tampere pretendía instaurar un régimen de asilo europeo común y determinó, para hacerlo, un planteamiento en dos tiempos. 
En primer lugar, la adopción de normas mínimas comunes en las materias enumeradas en el artículo 63 del Tratado, y en segundo lugar la puesta a punto de un procedimiento conjunto y de un estatus uniforme para las personas bajo protección internacional. 
La realización de la primera fase pretendía que la Comisión adoptara una serie de iniciativas legislativas, lo que se ha hecho por otra parte con la adopción, el pasado 12 de septiembre, de una propuesta de directiva relativa a la determinación del estatus y formas de protección subsidiarias. 
Por tanto, este ciclo hoy está terminado. 
Y además, en su comunicación de noviembre de 2000- este Parlamento, señora, va a pronunciarse sobre esta comunicación el próximo 2 de octubre- la Comisión propuso pasar a la segunda fase según una metodología especial. 
En esta comunicación desea presentar esta metodología y extraer las enseñanzas de un primer año de trabajos haciendo sugerencias para nuevos avances, todo ello en vísperas del Consejo Europeo de Laeken. 
La propuesta que debatimos en el día de hoy es uno de los elementos más importantes y sensibles también de este dispositivo. 
Se ha preparado básicamente de acuerdo con las enseñanzas extraídas de una amplia consulta partiendo de un documento de trabajo presentado en marzo de 1999. 
El Parlamento Europeo tuvo ocasión de pronunciarse en junio de 2000 y la Comisión ha tomado ampliamente en consideración sus recomendaciones formuladas entonces. 
La resolución del día de hoy, señora Presidenta, se produce en un momento crucial de los trabajos en esta materia. 
Porque la Presidencia belga, apoyada por la Comisión, desea aprovechar los próximos meses para producir progresos decisivos en materia de asilo. 
Este expediente, al igual que el de la inmigración en general, debería ser uno de los elementos clave del balance provisional de la puesta en práctica de las decisiones de Tampere y será redactado por el Consejo Europeo a finales de este año. 
En esta perspectiva, el Consejo de ministros debería mantener próximamente, los días 27 y 28 de septiembre, un primer debate de orientación teniendo como base las cuestiones cuyas respuestas condicionarán el nivel de ambición que tendremos todos en conjunto en esta cuestión. 
Porque es necesario recordar que el objetivo es, de hecho, aproximar disposiciones nacionales relativas a los procedimientos. 
Debo añadir que este esfuerzo se ampliará a las otras dos propuestas, a las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo y a la determinación del Estado miembro responsable de la valoración de una solicitud de asilo. 
Los tres textos están además vinculados. 
Es necesario verlos en conjunto y creo además que este Parlamento lo ha visto siempre de esa forma. 
Yo alentaría, si me lo permiten, al Parlamento Europeo a emitir lo más rápidamente posible su dictamen sobre esas otras dos iniciativas. 
En lo que respecta más en concreto a los procedimientos, no podemos ocultar que las posiciones son muy distantes en lo que se refiere a una serie de puntos importantes. 
Por otra parte, creo que esto no debe sorprendernos porque esta iniciativa trata muchas cuestiones técnicamente complejas, lo que es aún fácil, pero políticamente sensibles, lo que en el estado actual de nuestras políticas es un verdadero problema. 
Además, las instancias técnicas del Consejo no han terminado aún la primera lectura. 
Por tanto, las delegaciones de los Estados miembros no han tenido aún ocasión para manifestarse sobre algunas disposiciones significativas. 
Ello explica principalmente, señora Presidenta, que sea difícil pronunciarse ahora de manera definitiva sobre sus enmiendas relativas a las tramitaciones del recurso porque seguimos sin disponer del análisis y del examen por parte del Consejo. 
Finalmente, los debates en el seno de la Comisión de Libertades Públicas así como el contenido del excelente proyecto de resolución presentado por el Sr. Watson confirman el sentimiento de que en el momento actual existe, lo saben ustedes y se ha visto esta mañana, una clara divergencia entre lo que espera el Parlamento Europeo y la capacidad del Consejo para despejar un acuerdo que deberá ser unánime. 
La Comisión está un poco entre las dos sillas, por así decir. 
Pero desea nutrirse de la opinión de ustedes así como de las orientaciones que podrían desprenderse del debate ministerial para preparar posteriormente una propuesta modificada, de forma que se pueda facilitar un posible consenso. 
En ese contexto parece esencial mantener el equilibrio buscado en la propuesta inicial entre, por una parte, la preocupación por consolidar los derechos del solicitante de asilo, está el respeto necesario por los instrumentos internacionales, muy especialmente del Convenio de Ginebra y, por otra, la búsqueda de un objetivo de eficacia y rapidez en el desarrollo de las tramitaciones así como la realización de un nivel de convergencia que permita prevenir el fenómeno del "asylum shopping". 
Por ello, y lo repito y quisiera decirlo con toda claridad al ponente del Parlamento, la Comisión ve con mucha simpatía el planteamiento general que se desprende del proyecto de resolución. 
Pero no le será posible retomar algunas de las sugerencias que tenderían a cuestionar la realización de esta doble finalidad y que cuestionarían, al fin y al cabo, la adopción de un texto en el que nosotros tenemos mucho interés. 
Por ejemplo, la distinción entre procedimiento normal y procedimiento acelerado, que en realidad se está practicando, al menos virtualmente, en los Estados miembros, es un punto central de esta construcción. 
La aceptación de enmiendas relativas a plantear la eliminación de esto volvería a comprometer gravemente las posibilidades de adopción de la propuesta. 
Por el contrario, la Comisión está sin duda dispuesta a tomar en consideración el espíritu o la letra, señor ponente, de algunas enmiendas que pueden perfeccionar la protección del solicitante sin cuestionar la distinción fundamental de la que antes he hablado. 
En el mismo orden de ideas, la Comisión comparte las preocupaciones traducidas por diferentes enmiendas relativas a mejorar más la calidad de las decisiones, estimulando la situación de los solicitantes y pretendiendo aumentar la eficacia de las instancias nacionales que tratan los procedimientos. 
Si embargo, la vía legislativa no es necesariamente la más adaptada para alcanzar un objetivo así cuya realización depende con frecuencia del perfeccionamiento y de la convergencia de las prácticas administrativas. 
Estos estándares se alcanzarán más probablemente mediante la puesta en marcha de otros instrumentos de cooperación, principalmente el método de cooperación abierto del cual la Comisión propondrá que se amplíe al ámbito del asilo en las próximas semanas. 
Por otra parte, algunas enmiendas encontrarán mejor su lugar en las resoluciones de ustedes relativas a la comunitarización del Convenio de Dublín y a la definición de la noción de refugiado sobre las cuales ya he llamado la atención hace unos instantes. 
Habrán de tomarse en consideración otras sugerencias. 
Así, la Comisión es favorable a un refuerzo del vínculo entre esta directiva y los instrumentos internacionales o europeos en materia de derechos humanos. 
En particular, la conformidad con la Carta Europea de derechos fundamentales debe afirmarse y garantizarse con claridad. 
Igualmente, es útil poner a la luz el impacto de la adopción de un texto así en el marco de la ampliación, al igual que su alcance con respecto a una actualización de la agenda de la protección internacional. 
Estoy pensando sobre todo en el proceso de consulta global iniciado por el Alto Comisariado para los Refugiados con ocasión del 50 aniversario del Convenio de Ginebra. 
Finalmente, la Comisión no puede más que manifestar su acuerdo con esta preocupación de ustedes por asegurar un seguimiento más sistemático de la aplicación de esta directiva. 
Una medida como ésa es por otra parte indispensable para acompañar y acelerar el paso al procedimiento único decidido en Tampere como objetivo único para la Unión Europea. 
Señora Presidenta, como conclusión, la Comisión desea reafirmar todo su aprecio por la calidad del proyecto de resolución que se ha sometido en el día de hoy. 
Comparte su espíritu de forma general. 
Sin embargo debe informar con claridad al Parlamento acerca de las dificultades en curso. 
Hemos de tener en cuenta estas limitaciones en la preparación de nuestra propuesta modificada y, por encima de esto, es de esperar que el Consejo Europeo de Laeken dé a la Unión Europea el impulso necesario para concretar finalmente el nivel de ambición declarado en 1999 en Tampere. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 10.55 horas a la espera del turno de votaciones, se reanuda a las 11.00 horas) 
Señor Presidente, colegas, quería enviarles un correo electrónico al respecto de esto, pero lamentablemente en la actualidad no puedo mandar correos. 
Me consta que muchos de ustedes han tenido especiales dificultades con GroupWise. 
Desde comienzos de la semana pasada han sido resueltos otros problemas informáticos relacionados con el sistema informático central, pero los bloqueos de GroupWise no han sido solucionados aun. 
Estoy en permanente contacto con el servicio de ayuda LSU-MEP y más tarde, en el día de hoy, espero disponer de una información más concreta sobre la situación. 
La empresa responsable del servidor ha sido llamada para que ayude a determinar el problema. 
También quería haber enviado otro correo electrónico recomendando a sus Señorías estar en el aeropuerto por lo menos con dos horas de antelación al despegue de sus vuelos. Ello es debido a los retrasos provocados por los mayores controles de seguridad. 
Lamento tener que volver a intervenir por una cuestión de orden acerca de fumar en el lugar de trabajo. 
Cuando estaba a punto de intervenir sobre el acoso moral en el trabajo durante la sesión plenaria de ayer noche, la gente que estaba en la cabina situada detrás de mí estaba fumando con la puerta abierta. 
Tuve un ataque de asma justo en el momento anterior al de mi intervención. 
Este es un caso de acoso moral en el lugar de trabajo. 
Tiene usted toda la razón. 
Independientemente de sus problemas personales de salud, se trata de una cuestión de cortesía. 
Ni los diputados ni ninguna otra persona debería fumar fuera de las zonas previstas para fumadores. 
VOTACIONES 
(EL) Señor Presidente, entiendo que hay una declaración de la Comisión a propósito de mi informe. Desearía escucharla, por favor. 
Señor Presidente, el Sr. Barnier se puso ayer en contacto con la Presidenta de la COCOBU para explicarle la posición de la Comisión sobre este tema. 
Por tanto, puedo asegurarle que, sin recoger las enmiendas propuestas, la Comisión adoptará las medidas necesarias para alcanzar el resultado deseado por el Parlamento, y la Comisión hará, en el momento de la adopción de la modificación del reglamento por el Consejo, una declaración en la que confirmará el refuerzo de las condiciones de lucha contra las irregularidades y el fraude, ya previstas en los convenios de financiación concluidos entre la Comisión y los países beneficiarios, y se comprometerá a mejorar la información al Parlamento. 
Bienvenida 
Señorías, antes de continuar con las votaciones, tengo el placer de informarles que la Sra. Chantal Campaore, esposa del Presidente de Burkina Fasso y Embajadora de la Organización para la Unidad Africana contra la mutilación genital femenina, y la Sra. Shamin Kahn, Viceministra de Asuntos Sociales de Tanzania, han tomado asiento en la tribuna. 
Quisiera transmitirles una calurosa bienvenida en nombre de esta Asamblea. 
(Vivos aplausos) 
VOTACIONES (continuación) 
Señor Presidente, ¿conoce usted la diferencia que existe entre el anhídrido sulfuroso y el anhídrido sulfúrico? 
Usted sabe que el anhídrido sulfuroso se escribe SO2, mientras que el anhídrido sulfúrico en química se escribe con la fórmula SO4. 
Yo no lo sabía y, gracias a esta directiva, he tenido que repasar mis conocimientos de química, algo que encuentro, sin duda, positivo para mí porque, de no haber sido diputado europeo, no habría podido volver a estudiar las fórmulas químicas, tan importantes en esta directiva que ha establecido que se limitarán las emisiones de SO2, es decir, de anhídrido sulfuroso. 
Naturalmente, he votado a favor en aras del bienestar de todos los pensionistas. 
Informe Riitta Myller (A5-0292/2001) 
Señor Presidente, también esta directiva se refiere a la emisión al aire que respiramos de sustancias químicas dañinas. 
Quisiera reiterar que, como muchos otros diputados, he votado a favor no sólo porque esto nos permitirá disfrutar en los siglos venideros de un aire menos contaminado y menos dañino para nuestra salud, sino también porque creo que todo el mundo sabe que en Europa se respira un aire más saludable, un aire más puro, un aire menos contaminado, tendremos un mayor número de turistas en Europa que, además de venir a visitar las maravillas de la historia y de la naturaleza que tenemos en toda Europa- por ejemplo, en Escocia, donde vive usted, o en Génova o en Liguria, donde vivo yo- serán mucho más si el aire es más puro. 
Informes Oomen-Ruijten y Myller (A5-0293 y 0292/2001) 
, por escrito. (FR) Hemos votado tanto el informe Oomen-Ruijten como el informe Myller ya que los dos proponen fijar unos topes de emisión para algunos contaminantes atmosféricos. 
Por limitados que sean los proyectos, representan una pequeña mejora con respecto a la situación actual. 
Es necesario constatar sin embargo que, por respeto a los intereses capitalistas y a egoísmos nacionales, que es otra manera de expresarlo, los textos propuestos aplazan la aplicación a 2010. 
Cuando se pretende velar por los intereses privados, incluso proponiendo medidas de interés público, es siempre este último el que se resiente. 
Informe Marinho (A5-0274/2001) 
Señor Presidente, he votado a favor de esta regulación de la aceptación por cada uno de los Estados miembros de la Unión de la legislación de los demás Estados a través del reconocimiento mutuo de sentencias y decisiones empezando, en virtud de esta directiva, con el embargo de bienes en dinero o con el embargo de pruebas. 
Señor Presidente, no soy favorable a esta Europa. 
Yo quisiera un código penal europeo, un código civil europeo, un código de procedimiento civil europeo y un código de procedimiento penal europeo. 
Creo que el futuro de Europa será tener normas jurídicas iguales en todos los Estados. 
Hemos votado a favor del informe Marinho que apoya la iniciativa de Francia, Suecia y Bélgica, con vistas a que el Consejo apruebe una decisión-marco que facilitaría enormemente la cooperación judicial en Europa: se trataría efectivamente de aceptar un reconocimiento mutuo automático de las decisiones judiciales que imponen el embargo de algunos bienes o algunas pruebas, en el marco de investigaciones sobre infracciones definidas. 
Este método proporciona un medio interesante para intensificar la cooperación respetando los sistemas penales de los diferentes Estados miembros. 
Estaríamos incluso por un avance algo más nítido. 
Según el texto propuesto, el nuevo procedimiento de reconocimiento mutuo se aplicaría a decisiones de embargo en el marco de infracciones muy precisas y enumeradas de forma limitativa: tráfico de estupefacientes, fraude contra los intereses financieros de la Comunidad, blanqueo de productos del crimen, falsificación del euro, corrupción, tráfico de seres humanos. 
Pero otras infracciones importantes no aparecen en esta lista. 
Ahora bien, su represión es urgente, como el terrorismo que acabamos de denunciar una vez más en los días pasados. 
Por ello, los diputados del Movimiento por Francia se han adherido a la enmienda 5 que prevé una definición más general de las infracciones contempladas: todas aquéllas que pueden conducir a una pena privativa de libertad de una duración máxima de al menos seis meses. 
Si fuera necesario ir más allá del embargo de bienes o de pruebas, convendría estudiar con más detenimiento un sistema de derecho de salvaguarda utilizable de forma eficaz, pero también rápida, por el Estado miembro destinatario de la solicitud. 
Informe Watson (A5-0291/2001) 
Señor Presidente, en nombre de mis 34 colegas del Partido Socialdemócrata de Alemania quisiera hacer la siguiente explicación de voto sobre el informe Watson, antiguo informe Schmitt: actualmente tenemos en la República Federal la situación de que la cuestión la legislación relativa a la emigración, la legislación relativa al asilo y las cuestiones sobre el derecho de residencia en la República Federal de Alemania son objeto de un debate global. 
El Gobierno federal, el Bundestag alemán, los estados federados, las comisiones de los partidos, las comisiones suprapartidarias se han confrontado de manera muy intensiva con las cuestiones que, en parte, conciernen también al informe Watson, y nos encontramos ahora en Alemania en una fase de negociaciones legislativas en el Parlamento y entre el Parlamento, el Gobierno y la Cámara de las Regiones. 
Justamente en esta situación nos vemos confrontados aquí, en el Parlamento, como delegación del SPD, con propuestas de la Comisión, con las opiniones del ponente Sr. Schmitt- ahora Watson -, con propuestas de los diferentes Grupos, las cuales son, en parte, contrarias y, en parte, concordantes con las cosas que estamos discutiendo como socialdemócratas alemanes en el debate político interno. 
Por esta razón, en algunos puntos, apartándonos de nuestro propio Grupo, nos hemos abstenido o hemos rechazado las propuestas, de manera que nuestra cercanía al Grupo PPE-DE sólo ocurre en el Acta y será solamente de índole tipográfica, ya que en el aspecto sustantivo somos, por lo general, de otra opinión. 
Sin embargo, en la votación final, por lealtad a nuestra familia socialdemócrata nos hemos puesto con nuestro Grupo a favor del informe Watson, aunque en algunos puntos teníamos graves reparos precisamente también por la legislación constitucional que teníamos también que hacer valer. 
Quisiera explicar esto aquí ya que en el momento en que debíamos votar aquí, en el Parlamento, no habíamos concluido aún en nuestra política interna nuestra formación de opinión, de suerte que esto o aquello que aprobemos aquí, tampoco será decisivo para lo que se discute actualmente en nuestro país. 
Me va a perdonar, señor Presidente, pero, sin ánimo de faltar al respeto al Sr. Watson que tengo en gran estima, me ha venido a la mente Sherlock Holmes y su fiel ayudante Watson. 
"¡ Elemental, querido Watson, elemental !" se me ha ocurrido decir en este momento para decir que es obvio que hay que intervenir para detener la inmigración salvaje y la inmigración ilegal. 
Lamentablemente, sin embargo, he tenido que votar en contra de esta propuesta. 
Porque no se han aprobado las excelentes enmiendas de mi amigo, el Sr. Borghezio, que está aquí a mi lado, cuya finalidad era limitar la inmigración para que no pasara lo que a mí me ocurrió en Bruselas donde, en cuanto salí del Parlamento, unos individuos que parecían inmigrados me robaron rápidamente la agenda de diputado europeo que todavía estoy buscando y que no he encontrado hasta la fecha. 
Señor Presidente, la institución del asilo político forma parte de la más destacada tradición jurídica de nuestros pueblos, pero el informe Watson, a nuestro modo de ver, comete un gran error, o sea, extender su alcance, ampliarlo a una serie de casos que sobrepasan la naturaleza histórica de esta importante y destacada institución de Derecho público. 
Mis enmiendas tenían como única finalidad- y le agradezco al Sr. Fatuzzo que lo haya recordado y recalcado- impedir un uso impropio de la institución del asilo, de la institución del refugiado político que puede conducir a favorecer la inmigración ilegal que, como subrayaba otro diputado en el debate de estos días, constituye el caldo de cultivo del terrorismo. 
En consecuencia, me aprece grave que algunos Grupos políticos que parecen estar orientados a contrarrestar la inmigración ilegal, hayan querido casar mis enmiendas con su voto. 
Tal como podía temerse, el Parlamento Europeo acaba de aprobar la propuesta de directiva presentada por la Comisión sobre la concesión del estatuto de refugiado, de la que denuncié su carácter laxo en el debate previo. 
Pero además el Parlamento ha encontrado el modo para añadir enmiendas que agravan aún más los defectos de esta directiva y que refuerzan nuestra oposición. 
En especial, la propuesta inicial preveía que el recurso contra una decisión de rechazo de la demanda de asilo tiene en principio un efecto suspensivo (el solicitante puede permanecer en el territorio del país concernido esperando la decisión final) , pero que los Estados pueden disponer de supuestos de excepción en algunos casos, principalmente cuando la demanda se rechaza como manifiestamente infundada. 
Ahora bien, el Parlamento Europeo, con la enmienda 85, ha suprimido esta posibilidad de excepción. 
Sucede que, incluso en el caso de una solicitud manifiestamente infundada, el solicitante podría permanecer en nuestro territorio esperando la decisión final sobre su recurso. 
Esta intención se ve confirmada por la adopción de la enmienda 5 que pretende crear un "derecho a permanecer en el territorio del país de asilo hasta la adopción de una decisión final". 
Además, la adopción de la enmienda 96 impide a los Estados miembros sortear este desastre, ya que les impide suprimir la posibilidad de recurso en caso de que la solicitud de asilo haya sido rechazada como manifiestamente infundada. 
Todas estas enmiendas son muy graves, ya que contemplan la posibilidad de implantar durante meses a solicitantes de asilo claramente abusivos en espera de una respuesta definitiva que será forzosamente negativa. 
Pero entre tanto, evidentemente habrán desaparecido en la clandestinidad. 
Los que han votado estos textos saben perfectamente lo que hacen. 
Desean favorecer una inmigración masiva, como prueba el rechazo de la enmienda 126 que decía que una solicitud de asilo es manifiestamente infundada si no se formula más que "por razones económicas o con el único objetivo de escapar de una situación general de pobreza o de un conflicto armado". 
El mazazo que se ha dado así a nuestros países puede contribuir a desestabilizarlos aún más. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor del informe Watson. 
Estamos de acuerdo en que la UE debe fijar normas de mínimos para los procedimientos en los Estados miembros de concesión y retirada del estatuto de refugiado. 
No obstante, tenemos en cuenta que la Directiva está recogida dentro del título IV del Tratado de la UE y no se aplica a Dinamarca, véase el Protocolo sobre la posición de Dinamarca. 
, por escrito. (FR) Hemos votado a favor de todas las enmiendas que contemplan una ampliación de la protección y de los derechos de los refugiados y también a favor del informe así modificado. 
Insistiendo en las "prerrogativas de control de la inmigración y de la entrada en el territorio" de los Estados, nos alzamos sin embargo en contra del paso que les da en la práctica derecho a imponer medidas restrictivas. 
. (EN) Las nuevas propuestas para armonizar en toda Europa los procedimientos de asilo son bien recibidas por el Grupo de Los Verdes/ALE, ya que constituye un importante paso hacia delante y muy necesario. 
Estas propuestas contemplan normas básicas en tres ámbitos fundamentales: la autoridad responsable de determinar la idoneidad de la recepción de demandas de asilo, la institución independiente a la cual los demandantes de asilo pueden recurrir para la reconsideración de su demanda y le procedimiento de apelación. 
En especial saludamos los plazos establecidos para la gestión de las demandas, que garantizarán que el actual trabajo atrasado existente en muchos Estados miembros se solvente y se instale un procedimiento más justo. 
No obstante, hay que recordar que el intento de establecer normas comunes en relación con el país seguro, y el concepto del país de origen seguro, es por lo general, restrictivo y puede ser usado y abusado por los Estados miembros. 
Me consta que en Irlanda, mi propio país, el gobierno ha firmado acuerdos bilaterales con Rumanía y Nigeria y planea firmar más en el futuro. 
El objetivo de estos acuerdos es acelerar el procedimiento de deportación y no cumplir con lo que debería hacerse. 
Estimamos que la evaluación a fondo de cada demanda de asilo y su decisión debe estar basada en cada caso individual. 
Es fundamental que estos conceptos no se inserten en la directiva puesto que despejarían el camino a abusos de todo tipo, y creo que lo mismo es aplicable a la aceleración de los procedimientos de asilo, lo que también podría disminuir la calidad del procedimiento. 
. (SV) Nos preocupa que se esté introduciendo en el ámbito comunitario el concepto de países de origen y terceros países seguros. 
Potencialmente, en todos los países se pueden violar los derechos humanos y por eso no cabe considerar como seguro a ningún país de manera automática. 
Todo solicitante de asilo debe tener derecho a que se estudie su caso, independientemente del país de donde provenga. 
Este informe da a los países miembros la posibilidad de elegir si quieren o no usar las listas de países seguros. 
Sin embargo, hay motivos para preocuparse por la evolución del principio de los países seguros en el ámbito comunitario. 
Es particularmente importante que nos atengamos firmemente al principio de que cada refugiado tiene derecho a un estudio de su caso particular, tal como está contemplado en la Convención de Ginebra. 
Después de los atentados de Nueva York y Washington, todas las políticas que tratan de la circulación de personas ya no pueden comprenderse más que concediendo a las consideraciones de seguridad de los ciudadanos una prioridad absoluta. 
La puesta en práctica de la política de asilo no escapa a este imperativo. 
Ahora bien, en este sentido, hoy más aún que ayer, las recomendaciones del informe Watson aparecen como ejemplo de lo que no se debe hacer, porque conseguirían debilitar grave y peligrosamente el nivel de seguridad del que deben disfrutar los ciudadanos de nuestros países. 
Multiplicar de forma indefinida las garantías de todo tipo hasta el absurdo, como propone el informe Watson, y las enmiendas que se han adoptado en este Parlamento, en beneficio de los solicitantes de asilo cuya solicitud se ha considerado manifiestamente infundada cuando sabemos que las tres cuartas partes de las solicitudes se encuentran en ese caso, abre la vía, con el pretexto de una actitud de generosidad, a los peores hábitos. 
El "beneficio de la duda" es una noción difícilmente compatible con la exigencia de seguridad. 
En un momento en el que lo que se impone es el mayor rigor, este Parlamento se compromete en una lasitud con la cual la inmigración clandestina no puede más que reforzarse y la penetración de las redes terroristas desarrollarse. 
¿Por qué entonces todas las propuestas del informe Watson afectan en exclusiva a los solicitantes de asilo y ninguna a la seguridad de los ciudadanos de los países europeos? 
Una asimetría que se encuentra por cierto también en el proyecto de directiva que en el informe Watson no es aceptable. 
Debe ser corregida imperativamente para que se puedan respetar al mismo tiempo el derecho legítimo de los verdaderos solicitantes de asilo y la aspiración legítima de los ciudadanos de nuestros países a la seguridad y a la protección. 
Informe Marques (A5-0248/2001) 
Señor Presidente, hace algunos días estaba cenando en una bonita ciudad italiana con una guapa chica rubia, búlgara, por más señas, y para mi asombro de pronto me preguntó: " Pero ¿por qué siguen ustedes dando dinero a través del Fondo de cohesión a Grecia, a España, a Portugal y a Irlanda? 
Nosotros, los países candidatos, mucho nos tememos que no se hará lo mismo con nosotros que tenemos un producto interior bruto muy pero muy inferior al de estos Estados. 
Señor Fatuzzo, ¿no podría decir que se empiece a crear desde ahora un fondo de cohesión con los países candidatos que están muy preocupados porque se encontrarán cada más alejados de ustedes? " 
Señor Presidente, ¿acaso podía haber rechazado la solicitud de esta bonita chica rubia búlgara? 
¿Qué habría hecho usted en mi lugar? 
Yo he considerado oportuno erigirme en portavoz de su solicitud. 
. 
(DA) Hemos votado en contra del informe porque pensamos que no es suficientemente duro en su crítica del Fondo de Cohesión. 
La introducción de la moneda común en los países receptores Irlanda, Portugal, Grecia y España debería como mínimo dejar en suspenso las actividades del Fondo hasta que los primeros países de la Europa del Este y del Sur se hayan incorporado a la UE. 
Los recursos han de ser canalizados hacia donde haya más necesidad de ellos- es decir, en los países solicitantes. 
Echamos también en falta un análisis más profundo y crítico del cumplimiento de los objetivos del Fondo de Cohesión. 
Se hace hincapié de manera demasiado parcial en que se han cumplido los códigos de distribución entre los países entre sí y entre los dos ámbitos políticos prioritarios y se hace muy poco hincapié en si realmente se ha hecho buen uso del dinero. 
No basta sólo con constatar un positivo desarrollo socioeconómico en los países receptores y por esta vía concluir que se ha hecho buen uso de los recursos del Fondo. 
Hay que felicitar al Sr. Sergio Marques por el excelente informe que nos presenta. 
Es un trabajo notable que subraya algunos aspectos esenciales. 
Quisiera hacer hincapié en los siguientes: 
1. 
La cohesión es un objetivo de los Tratados que urge materializar 
Consagrado en el artículo 2 del Tratado CE como uno de los objetivos esenciales de la Unión, la cohesión económica y social obliga a la reducción de las disparidades existentes entre las diversas regiones y a la prevención de posibles desequilibrios con vistas al fomento del desarrollo armónico de la Comunidad. 
La realidad demuestra que hay aún mucho que hacer para alcanzar ese objetivo. 
2. 
El Fondo de Cohesión colma una laguna esencial 
La cohesión es también fundamental para el progreso de la Unión Económica y Monetaria, lo que entraña una convergencia de las economías de los Estados miembros. 
Pero, como subraya acertadamente el ponente, el Tratado de Maastricht no previó mecanismo alguno de apoyo y ajuste coyuntural en el marco de la UEM, lo que refuerza la importancia de los Fondos estructurales y en particular del Fondo de Cohesión. 
3. 
El objetivo de la cohesión no acaba con la ampliación 
El ponente alerta de que las disparidades entre los actuales Estados miembros pueden llegar a aumentar a consecuencia de las repercusiones y la dinámica de la ampliación. 
Conviene prevenir y evitar que así sea y responder a las tentaciones de los que, valiéndose de la estadística, se preparan para eliminar el esfuerzo de cohesión dentro de los actuales Quince. 
El objetivo de la cohesión no sólo no termina con la ampliación, sino que se podría y debería acentuar después. 
Así, la ampliación será una amenaza enorme para la solidaridad en la Unión, que requiere una preparación cuidadosa y eficiente que tenga en cuenta el conjunto de la Unión y sus especificidades. 
. (EL) La tan cacareada cohesión económica y social constituye un intento premeditado de desorientar a los pueblos de Europa y de subordinarlos a la política de servidumbre para con el gran capital. 
No se trata ya sólo de nuestra valoración de que en el marco del capitalismo funciona la implacable ley del desarrollo desigual; son la propia realidad y los propios datos de la Comisión en sus informes los que confirman que no podemos hablar de convergencia, sino de divergencia entre los estados miembros de la comunidad, entre las regiones ricas y las regiones pobres, e incluso entre regiones de un mismo estado miembro. 
Un ejemplo típico es el de Grecia, donde el PIB de regiones como el Epiro, Lesbos, o el Peloponeso en lugar de aumentar ha disminuido. 
La renta per cápita en Hamburgo es 4,4 veces superior a la del Epiro, que es la región más pobre de la Unión Europea. 
En Grecia y Portugal el 22% de la población tiene una renta por debajo del umbral de pobreza. 
Las decisiones de la Unión Europea agudizan todavía más las contradicciones sociales y económicas, y se ponen al servicio de las opciones monopolísticas. 
La propia UEM y el pacto de estabilidad privan a los estados miembros de la posibilidad de ejercer una política monetaria, e imponen la disciplina presupuestaria, con la consiguiente reducción del gasto social y de la inversión pública. 
Especialmente negativas para las capas populares y para la economía del país son las privatizaciones y, en general, las transformaciones estructurales que se promueven con la liberalización de los mercados y con las reaccionarias decisiones que se adoptan sobre el mercado de trabajo. 
La preponderancia de las formas de trabajo atípico, eventual y temporal, el empleo a tiempo parcial, y las transformaciones en los sistemas de seguridad social, en combinación con el proceso de concentración del capital, empeoran la ya insoportable situación actual. 
Los cambios estructurales financiados por las partidas comunitarias no se proponen el verdadero desarrollo de cada una de las regiones. 
No toman en consideración sus peculiaridades y sus ventajas comparativas, sino que son dictados por la exigencia del gran capital de una mayor rentabilidad y al servicio de los objetivos del pacto de estabilidad. 
Resultado de esta política es que se destinen partidas importantes a intervenciones de imagen, al desmantelamiento de sectores productivos tradicionales, y a la realización de obras de infraestructuras que sirven al capital privado, facilitan la liberalización de los mercados y la actuación sin escrúpulos de los monopolios. 
Los trabajadores luchan contra estas opciones y pretensiones políticas de la Unión Europea y contra sus negativas consecuencias, que pagan y seguirán pagando las capas populares más desfavorecidas, los trabajadores y los pensionistas, los agricultores pequeños y medianos y las pequeñas empresas, principalmente en el comercio y en el sector manufacturero. 
Damos nuestro apoyo a los principios que han presidido la puesta en funcionamiento del Fondo de Cohesión. 
Al igual que el ponente, pensamos que el tratado de Maastricht "no ha previsto ningún mecanismo de ayuda y ajuste coyuntural en el marco de la Unión económica y monetaria" y que el Pacto de estabilidad y crecimiento "ha llevado en la práctica a limitar las inversiones públicas". 
Compartimos la idea de que esos fondos tienen utilidad para ordenar el territorio respetando el medio ambiente. 
Pero pensamos también que la lógica de esos fondos es contradictoria con la lógica neoliberal de la construcción de Europa. 
Y está muy bien "comunicar las regiones insulares, enclavadas y periféricas con las regiones centrales", pero sería aún mejor no incrementar este fraccionamiento del espacio mediante la privatización sistemática de los servicios públicos. 
Desde este punto de vista, el informe no llega muy lejos en su crítica y propone que se puedan hacer compatibles los criterios financieros del euro y del Pacto de estabilidad con las exigencias de un verdadero desarrollo regional. 
Por ello nos hemos abstenido, para no alimentar una ilusión como ésa. 
Informe Nogueira Román /A5-0247/2001) 
Señor Presidente, también este texto se refiere a las modalidades de gasto de los fondos de que la Unión Europea dispone para mejorar la situación en la que viven los ciudadanos europeos menos afortunados. 
Respecto a este punto, como representante del Partido de los Pensionistas, quisiera hacer saber a todo el Parlamento que, como usted ve, me está escuchando con mucha atención- me refiero evidentemente a los televisores encendidos en nuestras oficinas- que el Partido de los Pensionistas pide un aumento y un notable incremento de los fondos que la Unión Europea debe tener a su disposición para llevar a cabo sus actividades y su política. 
Lo que recibimos es muy poco. 
Es, en mi opinión, una limosna para Europa. 
Europa, por el contrario, debe disponer de mucho, mucho más para todos los ciudadanos europeos que necesitan ver a esta Europa importante y cercana. 
El informe constata que los Fondos Estructurales, destinados principalmente a promover el desarrollo regional y la igualdad entre hombres y mujeres, están aún lejos de la verdad. 
Su insistencia en exigir "la puesta en marcha de una política global a favor de las mujeres" es loable y señala un importante retraso. 
Consideramos también que "es real el riesgo de ver que los programas de estabilidad económica y presupuestaria tienden a concretarse mediante una reducción de las inversiones públicas, y principalmente de las efectuadas en el sector de las infraestructuras de transporte y del I+D en las regiones menos desarrolladas". 
Pero el informe no llega hasta el final de su análisis y no se desmarca suficientemente de los efectos de un collar como ése. 
Sobre el empleo, por ejemplo, invita a los Estados a "suscribir el proceso de la política de empleo comprometido en Amsterdam" y adopta los "Planes de acción nacionales en favor del empleo" como referencia. 
Ahora bien, estos últimos sólo hacen que traducir en términos operativos el dogma de la necesaria flexibilidad de los mercados de trabajo y se oponen en la práctica a la lucha contra la precariedad que invoca por cierto el ponente. 
Como no deseamos avalar una posición así, nos hemos abstenido. 
Con el 11º Informe Anual sobre los Fondos estructurales (1999) concluye el período de programación 1994-1999 y, en consecuencia, la vigencia del Plan Delors II, que contribuyó de forma determinante al desarrollo regional tanto desde el punto de vista de las infraestructuras y la producción como desde el de la integración social. 
Ahora bien, concluido el período 1994-1999, el 11º Informe atestigua que la situación de la cohesión sigue siendo insatisfactoria. 
A pesar del esfuerzo presupuestario realizado con el plan de Edimburgo y de los avances logrados, la Unión Europea sigue presentando grandes asimetrías regionales en materia de desarrollo económico y social, pues siguen existiendo en ella asimetrías entre las regiones periféricas (incluidas las regiones ultraperiféricas) y el centro. 
De modo que la aplicación de los Fondos estructurales no ha sido suficiente para corregir las disparidades en la renta entre los territorios más ricos y los menos desarrollados. 
En ese marco, quisiera expresar mi apoyo al texto del Sr. Nogueira Román, subrayando como conclusión que el alejamiento y la insularidad, factores que caracterizan a las regiones ultraperiféricas, pueden ser compensados con el desarrollo de actividades financiadas con cargo a los Fondos estructurales y destinadas a aumentar la competitividad de la cadena de producción, a facilitar el acceso a la información y la integración de esas regiones en el marco de una Unión Europea ampliada. 
Por eso, ésta deberá reforzar la política actual de cohesión, aún más necesaria para afrontar los imperativos de la ampliación. 
Informe Valenciano Martínez-Orozco (A5-0285/2001) 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Valenciano Martínez-Orozco es, y seguramente usted coincidirá conmigo, extraordinariamente importante. 
Es preciso actuar para que las mujeres- no sólo las mujeres, pero en este caso las mujeres- disfruten de los mismos derechos que los hombres en la sociedad. 
En alguna parte tienen muchos más derechos- en mi casa, por ejemplo, las mujeres tienen más derechos que los hombres- pero en el resto del mundo, lamentablemente, como en este caso, hay torturas contra las mujeres. 
Por consiguiente, pido que la Unión Europea deje de dar siquiera una lira de ayuda al desarrollo a esos países que continúan practicando la ablación a las mujeres y que se lleve a cabo realmente una política de ayuda al respeto a los derechos humanos en estos Estados a los que damos nuestro dinero. 
Sin dar nuestra aprobación a todas las medidas propuestas, hemos votado este informe. 
Las mutilaciones genitales femeninas constituyen una barbarie a erradicar por el acto de violencia que implican y por sus consecuencias físicas, pero también por sus motivaciones destinadas a consagrar el mantenimiento de la mujer en una situación de inferioridad. 
Aquéllos que invocan en este sentido las tradiciones, la costumbre, la religión o cualquier otra pamplina no hacen otra cosa más que cubrir con el velo de la hipocresía su dimisión ante la barbarie. 
Aquéllos que se atreven a hablar de derecho a la diferencia cultural muestran solamente su desprecio con respecto a las mujeres en general y a los pueblos cuyas mujeres son víctimas de esta barbarie. 
Agradezco a nuestra ponente, la Sra. Elena Valenciano Martínez-Orozco, y a toda la comisión, el trabajo de calidad que nos han ofrecido y la elección del tipo de sociedad valiente que nos proponen para adoptar en el día de hoy. 
Efectivamente, porque las mutilaciones genitales femeninas tienen efectos peligrosos para la salud y dejan secuelas serias e irreversibles que provocan en caso de relación sexual, embarazo o parto, complicaciones graves que pueden llevar a la muerte, es por lo que me parece hoy esencial votar a favor de este informe y, por eso mismo, condenar toda mutilación genital femenina cualquiera que sea el grado. 
Este informe merece más un voto afirmativo en la medida en que pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que definan toda mutilación genital femenina como un delito y que sancionen penalmente a cualquier residente que la haya cometido y ello incluso si el delito se ha practicado fuera de las fronteras de la UE. 
Este principio de extraterritorialidad del delito debe ser firmemente apoyado. 
Por si aún es necesario mostrar la necesidad de votar un informe así, daré la siguiente razón: el hecho de ser víctimas de tales prácticas, y también el hecho de haber nacido mujer en un lugar en el que se corre el riesgo de sufrir una mutilación genital, deben constituir una razón válida y suficiente para conceder el derecho de asilo de protección humanitaria. Es necesario que, en el marco de la política de asilo y de inmigración prevista en el título IV del Tratado de Amsterdam, la Comisión, el Consejo y los Estados miembros adopten medidas relativas a la concesión de un permiso de residencia a las víctimas de esta práctica y reconozcan el derecho de asilo a mujeres, jóvenes y niñas que puedan sufrir una mutilación genital. 
En nombre de la igualdad, de la libertad y de la dignidad a las que todo ser humano tiene derecho me parece, y debe parecernos, ineludible proteger a las mujeres y votar sin dudas a favor de esta propuesta. 
En ello va nuestra responsabilidad política. 
(EN) Los conservadores británicos, por supuesto, deploran la práctica de la mutilación genital femenina sin importar donde acaezca, y nos complace constatar que en algunos países ello ya sea ilegal, pero no consideramos que este informe vaya a contribuir a la abolición de esta práctica en su conjunto. 
Por esta razón se han abstenido los conservadores, ya que estimamos, desde la perspectiva internacional, que se debería ejercer más presión diplomática contra aquellos países en los que la práctica de la ablación femenina sigue estando permitida, y que la educación a escala mundial y las iniciativas diplomáticas constituirían el mejor medio al que se podría recurrir para abolir esta práctica. 
Ciertamente, en cualquier caso, no deseamos una ampliación de la Convención de Ginebra de 1951 respecto de los criterios que establece respecto del asilo, independientemente de lo valiosa que pueda ser la causa. 
. (SV) He votado a favor de este importante informe que defiende valores humanos únicos, universales e inviolables. 
Se trata de expresar los valores comunes en que se asienta la colaboración europea. 
Las mutilaciones genitales femeninas producen daños irreversibles e incluso la muerte. 
Independientemente del grado, la mutilación genital femenina es siempre un acto violento. 
Viola derechos fundamentales de las mujeres y de las niñas, tales como la integridad personal, el derecho a la salud física y psíquica y derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción. 
Este tipo de mutilaciones jamás puede justificarse por el respeto a una religión como el Islam o por la aplicación de tradiciones culturales o ritos de iniciación. 
La libertad religiosa y las mutilaciones genitales femeninas son cosas totalmente diferentes. 
Las mutilaciones genitales femeninas constituyen un atentado a la integridad de las mujeres y de las menores, garantizada en numerosas convenciones internacionales. 
Según la legislación penal de los Estados miembros, esta conducta está prohibida y es constitutiva de delito. 
Además, se opone a los principios de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. 
Por eso ha llegado la hora de penalizar toda forma de mutilación genital femenina en los Estados miembros de la Unión- sin importar si la mujer ha dado o no su consentimiento- y que se castigue a los que colaboren, insten, aconsejen o recomienden estas prácticas. 
Informe Smet (A5-0275/2001) 
Señor Presidente, no podía dejar de hablar del informe de la Sra. Smet que reconoce que, respecto a la media de los salarios, las mujeres trabajadoras reciben un salario inferior al de los hombres. 
¿Por qué no podía dejar de hablar de él? 
Porque quiero sostener en este Pleno que, precisamente por este motivo, es justo que en muchos Estados de la Unión Europea las mujeres cobren su pensión cinco años antes que los hombres. 
Esto ocurre en Italia, en Grecia, en Alemania, en España y en muchos Estados, no en todos. 
Creo que es justo porque compensa en parte el reducido salario que cobran las mujeres cuando trabajan. 
Por lo tanto, quisiera que ocurriera lo mismo en todos los quince Estados de la Unión Europea. 
. (DA) Después de 25 años con la Directiva sobre igualdad de retribución sigue habiendo diferencias entre el salario de hombres y mujeres. 
Se estima que el 15% de la diferencia retributiva obedece al sexo y no a otros factores como la antigüedad, la responsabilidad directiva, etc. El principio de la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor no se ha impuesto todavía. 
Por ello ha de hacerse un esfuerzo extra para garantizar que sean el trabajo y la función los que decidan cuánto recibe cada uno como salario- no el sexo. 
Respaldamos el informe, del que pensamos que contiene algunas recomendaciones razonables. 
Queremos subrayar la necesidad de garantizar una mayor apertura y transparencia con respecto a cómo se fija la retribución si queremos lograr acabar con diferencias retributivas injustas. 
Queremos asimismo insistir en la importancia de que en cada país se garanticen condiciones convenientes para la participación de las mujeres en el mercado laboral (facilidades para el cuidado de los niños, etc.) si queremos lograr el objetivo de igualdad de retribución por un trabajo de igual valor. 
Como es sabido, a pesar de que en 1951 se inscribió en el Convenio nº 100 de la OIT el principio de igualdad de los salarios para trabajadores de sexo masculino y femenino correspondientes a un trabajo de igual valor y en 1957 en el Tratado de Roma y posteriormente se lo desarrolló y mejoró en otra legislación comunitaria, persisten las discriminaciones, como bien explica el informe Smet, y son del orden de 28% en la media de la Unión Europea. 
Aun teniendo en cuenta las diferencias estructurales entre hombres y mujeres en el mercado laboral, como la edad, la formación, la profesión y el modelo de carrera, los salarios de las mujeres siguen siendo, por término medio, un 15% inferiores a los de los hombres, lo que sólo se puede explicar por mecanismos de discriminación de valores y resulta inaceptable. 
Se analizan de forma relativamente profunda el problema de la discriminación salarial de las mujeres, que se mantiene en la práctica, y sus mecanismos, aunque se mantengan muchas deficiencias, en particular en la información estadística de la Unión Europea y de los Estados miembros. 
Pero, como dice la ponente, una cosa está clara: sólo se podría reducir la discrepancia salarial mediante una política basada en dos vertientes: procurando mejorar la posición de la mujer en el mercado laboral, por un lado, y, por otro, suprimiendo las discriminaciones en el proceso de fijación de los salarios. 
Así, consideramos importante que se conceda toda la prioridad a esa cuestión, incluida la propuesta de la Comisión de lanzar una campaña de ámbito europeo sobre la igualdad de remuneración en 2002. 
Pero igualmente importante es que se presente también una propuesta de revisión y actualización de la Directiva de 1975 relativa a la igualdad de remuneración. 
- (DE) Sobre un salario igual por un trabajo igual y de la misma calidad para hombres y mujeres venimos discutiendo ya desde mi temprana juventud y desde entonces ha pasado mucho tiempo. 
Desde 1955 existe el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad de remuneración. 
Desde 1958 tenemos también el artículo 119 del Tratado CEE. 
Sin embargo, siempre que se trata de hacer justicia a las mujeres, con independencia de su situación vital, tienen dificultades en llevar a la práctica este principio de la igualdad de salario, no sólo los políticos, sino también los sindicatos que, lamentablemente, todavía hoy siguen siendo dirigidos en gran medida por hombres. 
Desde 1975 tenemos la Directiva para la armonización de la legislación de los Estados miembros relativa a la aplicación del principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres. 
Tenemos programas de acción y una estrategia comunitaria para la equiparación de hombres y mujeres. 
Tenemos innumerables resoluciones y guías. 
Tenemos la plataforma de acción de la Conferencia de la ONU sobre la Mujer, de Pekín en 1995. 
Y ahora tenemos este informe que- dado el hecho de que el diferencial de salarios entre hombres y mujeres en la UE se cifra aún en promedio en casi el 30% -seguramente no es superfluo, pues precisamente en la política de la mujer sabemos que la gota constante horada la piedra. 
En 17 considerandos y 19 apartados de esta resolución, que yo apoyo, hemos hecho muchas propuestas buenas, útiles, para mitigar este diferencial de salarios que después de la jubilación de las mujeres se traduce también en pensiones de vejez más bajas, es decir, conduce a una discriminación vitalicia. 
Está claro que esto constituye un desafío, sobre todo, para los interlocutores sociales, pero también para la valentía de las mujeres afectadas y de sus representantes, en especial en las organizaciones feministas. 
En realidad, tenemos, ciertamente, sólidos fundamentos jurídicos para emprender una acción contra la discriminación salarial. 
Señor Presidente, hace algún tiempo me encontré con mi hermano. 
Tengo un hermano que se llama Edgardo Fatuzzo y vive en Novara, pero, lamentablemente, nos vemos muy poco. 
La última vez que le vi y supo que soy diputado del Partido de los Pensionistas, elegido por los pensionistas para Bruselas, y que soy secretario nacional de este partido en Italia, me dijo: " Tú que te dedicas a la política, ¿sabes que a nosotros, cuando trabajamos y tenemos más de 50 años, nos dan a entender claramente que no ven la hora de que dejemos nuestros puestos de trabajo y nos hacen sentir que somos una carga? 
Y esto porque los jóvenes saben más y cobran un salario más bajo y nosotros, en cambio, somos lentos a la hora de adaptarnos a los progresos y cobramos un sueldo más alto ". 
Pues bien, quisiera que se considerase acoso también el que se practica contra las personas mayores por el simple hecho de que se han vuelto mayores en su puesto de trabajo, un aspecto al que, lamentablemente, no se hace ninguna referencia en este texto. 
El informe sitúa al mismo nivel lo que llama el acoso "descendente (de un superior a un inferior) o ascendente (de un inferior a un superior) , el acoso horizontal entre colegas de mismo nivel o el acoso mixto". 
Aún denunciando el acoso, el informe oculta que las relaciones en estos diferentes niveles no son equivalentes. 
El patrón tiene un poder sobre sus trabajadores que éstos no tienen sobre él. 
Los que se encuentran en lo alto de la jerarquía que ha puesto en marcha el patrón tienen derecho a decidir sobre el destino, incluso del empleo, de sus subordinados. 
La nueva expresión de "acoso en el trabajo" se apoya en las viejas relaciones de explotación. 
Nuestra abstención significa que, aun estando de acuerdo con la denuncia, aunque ésta sea extremadamente limitada, no hemos querido avalar sus mentiras por omisión. 
Hemos votado a favor de este informe, porque consideramos que trata de forma correcta el grave problema del acoso moral, incluido el sexual, en el lugar de trabajo. 
Como se dice en el informe, según una investigación llevada a cabo por la Fundación de Dublín entre 21.500 trabajadores de la Unión Europea, el 8% de ellos declararon haber sido víctimas de acoso moral en los 12 meses anteriores, lo que, extrapolado al total de los trabajadores, significa que probablemente más de 12 millones de trabajadores son víctimas de esa situación en el conjunto de los 15 Estados miembros, Ahora bien, como advierte el informe, aunque no se conozca la verdadera dimensión de ese fenómeno, constituye un grave problema de la vida laboral, por lo que resulta igualmente cierto que el aumento cada vez mayor de los contratos temporales y de la precariedad laboral, en particular entre las mujeres, agrava las condiciones propicias para la práctica de diferentes formas de asedio. 
Por eso, apoyamos las medidas propuestas en el informe para la lucha contra ese fenómeno, incluidas las de prevención, profundización de su conocimiento, intercambio de experiencias positivas y presentación de un Libro Verde, en marzo de 2002, a más tardar, y, a continuación, de un programa de acción en el que figuren medidas en el nivel comunitario contra el acoso moral en el trabajo. 
El 8% de los trabajadores de la Unión Europea, es decir 12 millones de personas, declara haber sido víctima de acoso moral y sexual en el trabajo. 
Los efectos son devastadores sobre la salud física y psíquica de aquéllos y aquéllas- ya que son con más frecuencia las mujeres- que lo sufren. 
Como señala el ponente, estas prácticas son el resultado de la "multiplicación de los contratos de duración determinada y el agravamiento de la precariedad del empleo". 
Para luchar contra el acoso en el trabajo es importante devolver a cada trabajador una estabilidad en su categoría, unas condiciones de trabajo aceptables y un salario digno. 
Pero es necesario también que cada trabajador tenga más derechos en las empresas: el derecho a organizarse, el derecho a defenderse y el derecho a disfrutar de servicios sociales (medicina del trabajo, por ejemplo). 
Es necesario igualmente que se ponga en marcha de manera uniforme, y se aplique en todos los Estados miembros de la UE, una legislación específica sobre esta cuestión. 
Actualmente, sólo Francia ha legislado en contra del acoso. 
Además, es igualmente importante clarificar la responsabilidad del empresario en este ámbito. 
Este informe va en la buena dirección y ésa es la razón por la cual hemos votado a favor. 
- (SV) Nos hemos abstenido en la votación del informe de Jan Andersson sobre acoso en los lugares de trabajo. 
Tenemos una actitud positiva frente a la Unión Europea. 
La integración europea permite proponer soluciones a problemas transfronterizos relacionados con el medio ambiente, el comercio, la circulación a través de las fronteras, los derechos humanos y el manejo de conflictos. 
También creemos en el principio de subsidiariedad, esto es, que las decisiones deben ser adoptadas tan cerca como sea posible de los ciudadanos a quienes van afectar. 
Por ese motivo impulsamos vivamente la idea de una constitución europea en la que se clarifiquen las responsabilidades. 
Los ciudadanos deben ver con claridad que la Unión Europea sólo se ocupa de los asuntos que mejor puede resolver, es decir, los de carácter transfronterizo. 
El acoso en los lugares de trabajo es obviamente un problema y hay que hacer lo posible para eliminarlo. 
No obstante, pensamos que el ámbito europeo no es el más adecuado para buscar soluciones a este problema. 
Para nosotros es importante que la UE se concentre en los asuntos en que realmente puede contribuir con algo valioso. 
Este asunto no es uno de ellos. 
Informe Coelho (A5-0233/2001) 
Señor Presidente, en el texto del Sr. Coelho se establecen normas sobre el cruce de las fronteras exteriores de la Unión Europea. 
Ahora bien, debemos recordar que dentro de muy pocos años las fronteras se ampliarán: las fronteras de Europa se desplazarán hacia el Este mucho más allá. 
Por esto, debemos regular enseguida, y no a partir de 2004, con mayor rigidez el acceso, el cruce de las próximas futuras fronteras que no son las actuales, así como aumentar la posibilidad de desplazarse real y concretamente dentro de nuestros quince Estados miembros. 
En conclusión: más rigidez en las fronteras exteriores y mayor acceso a las antiguas fronteras que son las fronteras interiores de los Quince y, mañana, de los veintitrés Estados de la Unión Europea. 
. (EL) El informe ofrece en abundancia datos reveladores acerca de cómo ha funcionado en la práctica el Convenio de Schengen en los diez países en los que se aplica plenamente, y viene en gran medida a confirmar nuestros puntos de vista sobre su carácter autoritario, antidemocrático y centralista. 
Concretamente, reconoce importantes lagunas en materia transparencia y control democrático, incumplimientos incluso de la célebre Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, falta de transparencia en el papel de Europol, falta de información del Parlamento Europeo, etcétera. 
El informe es especialmente revelador también en lo que respecta al Sistema de Información Schengen (es decir, sistema de ficha policial electrónica) ; resulta que el 89% de los datos personales refieren a personas "no deseadas". 
Documentos que deberían ser destruidos se utilizan para completar los archivos policiales, se conservan datos «sobre personas cuya identidad ha sido usurpada sin intentar informar al titular legítimo de la identidad» , mientras que "existe una ausencia de criterios claros para la introducción de datos en el sistema, en particular, en relación con extranjeros no deseados". 
En relación con la libre circulación de personas, el informe es crítico con Inglaterra e Irlanda, que mantienen los controles en las fronteras interiores, así como con Francia que ejerce controles sobre los ciudadanos procedentes de los Países Bajos y Bélgica, a causa de la legislación de estos países- especialmente de los Países Bajos- sobre drogas; no dice una palabra, sin embargo, sobre la imposición de controles y la prohibición de entrada en Francia y Suecia a ciudadanos de la UE que se proponían participar en las movilizaciones de Niza y Gotemburgo. 
Génova, no obstante, ofrece la imagen más ilustrativa de lo que significa Schengen: por una parte, restricciones a la libre circulación con asfixiantes controles policiales y prohibiciones de entrada, y por otro, absoluta, si no abusiva, aplicación de la ficha electrónica y de la colaboración policial (Europolicía). 
Todo esto confirma que el Convenio de Schengen es el instrumento que facilita la labor de la eurorepresión, fabricar y perseguir sospechosos, aterrorizar a los movimientos populares. 
La situación se torna aún más peligrosa tras la caza de brujas decretada por los Estados Unidos, con el beneplácito y apoyo de la UE, con el pretexto de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre; al objeto, se supone, de hacer frente al «terrorismo» , se proponen ahogar cualquier voz que se oponga o simplemente cuestione su antipopular política. 
De las propuestas formuladas por el informe, algunas son de carácter tecnocrático (más información al Parlamento Europeo, adopción por el Consejo de un instrumento jurídicamente vinculante en materia de protección de datos personales, reforzamiento del papel de la Autoridad Común de Control). 
Al mismo tiempo, sin embargo, el informe propone que se establezca un Sistema de Información Comunitario, es decir, un único sistema de red informática para los datos recibidos en el marco de los tres convenios (Schengen, Europol y Customs Use) , al servicio de un sistema de ficha policial electrónica aún más eficaz, ¡en nombre siempre de la libertad, la seguridad y la justicia! 
Por las razones expuestas los diputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe. 
- (FR) Unos días después de los terribles atentados que asolaron Nueva York y Washington, la Presidenta de Eurojust, Sra. Michèle Coninsx, que es también una alta magistrada belga, acaba de hacer unas importantes declaraciones a un gran diario parisino el 14 de septiembre. 
A la pregunta "¿ La nebulosa islamista está fuertemente implantada en Europa ?", la Sra. Coninsx contesta: " Europa puede constituir una base de repliegue logístico para estos terroristas. 
Las fronteras son, en efecto, relativamente fáciles de cruzar a causa del espacio Schengen ". 
Esta constatación de actualidad se suma por desgracia a muchas otras, realizadas en los años anteriores en ámbitos diversos, como el tráfico de drogas, el robo de obras de arte, la inmigración clandestina, la criminalidad organizada... 
Estamos más que sorprendidos al conocer el informe triunfalista sobre el sistema Schengen que se nos propone en el día de hoy. 
Por ejemplo, en la introducción del Consejo se lee: "miles de viajeros han cruzado sin obstáculos las fronteras abiertas, sin que la seguridad en el interior del territorio Schengen se haya resentido visiblemente". 
Es para preguntarse si el redactor del informe del Consejo no está siendo víctima de alucinaciones. 
El informe del Parlamento Europeo, por su parte, no sólo recoge los mismos errores, sino que además exhorta al Reino Unido e Irlanda, invitadas a participar plenamente en Schengen, a suprimir completamente sus controles de personas en las fronteras. 
Evidentemente, eso sería más práctico para Francia, que vería desaparecer las dramáticas concentraciones de inmigrantes clandestinos que esperan, en el norte del país, poder pasar a Gran Bretaña. 
Pero eso no resolverá la cuestión de fondo: ¿Cómo han podido cruzar estos clandestinos toda Europa hasta llegar a Calais sin que nadie los haya visto? 
¿No existe ahí una responsabilidad aplastante del sistema Schengen? 
Al día siguiente de los atentados terroristas en Estados Unidos solicitamos que la Unión Europea revisara todas sus políticas y diera prioridad a la seguridad de los ciudadanos. 
Ayer oímos en este hemiciclo hermosos discursos en contra del terrorismo, pero comprobamos que hoy se repite sin ningún escrúpulo la deriva habitual. 
El sistema de Schengen, con el pretexto de la supresión progresiva de los controles en las fronteras interiores de los países concernidos de la Unión Europea, refuerza los controles en las fronteras, incluso de la Unión, y agrava las condiciones de acceso. 
Pretendiendo facilitar la circulación de las personas, Schengen la hace más difícil para todos aquéllos que no son originarios de la Unión Europea. 
Nuestro voto negativo a este informe manifiesta nuestra oposición tanto al espíritu como a la letra del Tratado de Schengen. 
La ampliación de la Unión Europea mediante la integración de algunos países del Este europeo hace al Tratado de Schengen aún más chocante, ya que las fronteras Schengen pondrán barreras suplementarias en el interior mismo de las comunidades nacionales que viven en varios países al mismo tiempo. 
Finalmente, incluso las débiles ventajas del Tratado, es decir, el fin de los controles en las fronteras interiores del espacio Schengen, son aleatorias, ya que están sometidas a la discreción de los Estados que tienen posibilidad de restablecer los controles. 
El informe Coelho sobre el desarrollo de la cooperación en el marco de Schengen no nos satisface por varias razones. 
Proponer hoy un refuerzo de la lógica de Schengen es reforzar la exclusión de todos aquéllos y aquéllas, solicitantes de asilo e inmigrantes, que por razones económicas y/o políticas aspiran a vivir en la Unión Europea. 
Esta Europa fortaleza es injusta e inhumana como demuestra diariamente el trato que se da a los inmigrantes en los centros de refugiados, en los centros de retención y en otros centros cerrados. 
Esta Europa de Schengen no es democrática, como señala el ponente al hacer hincapié en "las lagunas que persisten en materia de transparencia y de control democrático". 
Es necesaria otra política en materia de acogida de los migrantes, básicamente revalorizando a todos los sin papeles y respetando los derechos fundamentales. 
Finalmente, ¿qué credibilidad puede tener aún este espacio sin fronteras que permite la libre circulación de los ciudadanos cuando los Estados se han arrogado el derecho de cerrar sus fronteras a manifestantes pacíficos como ocurrió en la cumbre de Niza o de Génova? 
Es necesario que se reconozca como inalienable el derecho a circular libremente por Europa. 
Por estas razones, no podemos votar a favor de este informe. 
El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece como objetivo "mantener y desarrollar la Unión como espacio de libertad, de seguridad y de justicia en el seno del cual se asegure la libre circulación de personas"... 
Dicho de otro modo, la libre circulación de los ciudadanos europeos, en la que se resumen frecuentemente con demasiada rapidez los acuerdos de Schengen, no puede entenderse, según esos mismos acuerdos, más que cuando se les garantice la libertad, la seguridad y la justicia. 
Ahora bien, la actualidad, con los atentados enloquecidos que acaban de asolar a Estados Unidos, nos devuelve con crueldad a algunas realidades: la teoría de un santuario occidental al abrigo de violencia y en el cual ya no se trataría sólo de conceder derechos sin exigir deberes, y absteniéndose por principio de cualquier medida coercitiva, acaba de quedar reducida a migajas. 
Y, sin considerar que nuestra evidente solidaridad con las víctimas y el pueblo americano deba necesariamente empujarnos a participar ciegamente en cualquier cruzada decidida en Washington, resulta evidente que el mismo tipo de amenaza planea sobre nuestras capitales europeas. 
Es lo mismo que decir, señor Coelho, teniendo en cuenta el contexto, que su informe nos parece surrealista, ya que desde nuestro punto de vista el restablecimiento de un control en las fronteras no nos ha parecido nunca tan necesario como hoy. 
(Intervención recortada en aplicación del artículo 137 del reglamento) 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12.20 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 20 de septiembre de 2001. 
Declaración de la Presidenta 
Queridos colegas, si ustedes están de acuerdo, propongo, con carácter excepcional y habida cuenta de la magnitud de las catástrofes que estamos evocando, y "con carácter excepcional", insisto, dar la palabra a los colegas que la han pedido. 
Señora Presidenta, en la exposición que acaba usted de hacer se pone de manifiesto que, en estos momentos, tenemos que ser especialmente cuidadosos con las manifestaciones públicas que hacemos y llama la atención el hecho de que ha hablado usted de cuatro catástrofes: dos de las cuales se han producido en, o en torno a dos parlamentos- en Suiza y en Cachemira-. 
Esto lo digo porque quiero expresar en este momento mi solidaridad y la de mi Grupo con las declaraciones que han hecho el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, el Vicepresidente de la Comisión, Sr. Patten, el Presidente del Consejo, Sr. Michel, el Presidente de la República Francesa, Sr. Chirac, y en este caso lamento que falte su voz- autorizada, valiente y oportuna en todo momento- en relación con las desafortunadas manifestaciones públicas que ha hecho recientemente el Presidente del Consejo de Ministros de la República de Italia, Sr. Berlusconi, sobre la pretendida superioridad de la civilización occidental respecto a las demás civilizaciones. 
Creo que es especialmente importante en este momento que en el Parlamento Europeo afirmemos con fuerza una vez más que no estamos ante un choque de civilizaciones, sino que tenemos que defender unos valores que son los valores conjuntos de la humanidad. 
Por eso creo que es importante que en el Parlamento Europeo nos manifestemos y expresemos claramente una línea, que no es sólo la línea de mi Grupo, y en este caso me dirijo a mi colega el Sr. Poettering para decir que yo fui el primero en aplaudir cuando, en el pleno extraordinario que celebramos con motivo de los ataques del 11 de septiembre, él citó expresamente la intervención de Anwar al-Sadat en este Parlamento. 
Creo que manifestaciones como las hechas por el Sr. Berlusconi deben de ser criticadas por todos nosotros y espero, porque no es la primera vez, que no se repitan más por el daño que producen a la causa europea en el mundo. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señora Presidenta, para continuar sobre el mismo tema, el día siguiente al 11 de septiembre, hemos logrado aquí un consenso muy amplio respeto a la necesidad de proscribir cualquier amalgama tendiente a acreditar la tesis inaceptable y peligrosa del choque de civilizaciones. 
Por otro lado, nos acordamos de las palabras pronunciadas dentro del mismo espíritu por el Sr. Solana, que recomendó- cito- no crear esta disociación, lo cual sería un error grave. 
Por lo tanto las declaraciones asombrosas y profundamente indignas del Sr. Berlusconi exigen una reacción muy clara de nuestra parte. 
En primer lugar, debemos condenar tajantemente ese viejo mito de la pretendida superioridad de la civilización occidental y cristiana. 
Luego, adoptar una iniciativa, dentro del espíritu del artículo 7 del Tratado de Niza, que permita que el Consejo compruebe la existencia de un riesgo manifiesto de violación grave, por parte de un Estado miembro, de los principios fundamentales de la Unión y le formule recomendaciones. 
Sugiero por lo tanto, señora Presidenta, que la Conferencia de Presidentes examine qué acto político significativo convendría adoptar a ese respeto. 
(Aplausos del Grupo GUE/NGL) 
Señora Presidenta, quisiera repetir, en nombre de nuestro Grupo, lo que yo afirmé que el 12 de septiembre- y creo que con la aprobación de todos aquí, en el Parlamento Europeo- es decir, que el terror practicado por las personas no debe confundirse con la fe islámica, amiga de la paz. 
Quiero recordar el magnífico discurso de Anwar el Sadat el 10 de febrero de 1981 en el Parlamento Europeo- entonces en Luxemburgo- en el que dijo: "El Islam es una religión de amor y no de odio". 
Quisiera decir una vez más, en nombre de mi Grupo, que rechazamos cualquier retórica del tipo del clash of civilisations y que queremos relaciones de partenariado y de cooperación con todos los países árabes e islámicos que aman la paz. 
Precisamente por esto, he propuesto que convoquemos el foro mediterráneo. 
Tengo entendido, señora Presidenta, que usted tienen también la intención de presentarnos el jueves una propuesta pertinente. 
Puesto que he sido objeto de alusiones personales quisiera hacer referencia también a unos malentendidos que tienen su origen en un miembro de la Comisión. 
En la Conferencia de Presidentes dijimos- nuestro colega, el Sr. Barón Crespo no pudo asistir el jueves pasado- que no queremos convertir esto en objeto del debate aquí, sino que en la Conferencia de Presidentes del jueves queremos discutir con el miembro de la Comisión acerca de las manifestaciones que se han formulado. 
En nombre de mi Grupo quiero repetir aquí lo siguiente: damos la mano a todo musulmán amante de la paz, con independencia de dónde resida en el mundo, sea fuera de la Unión Europea, sea en los estados árabes e islámicos o en un país de la Unión Europea; deseamos la paz y relaciones de partenariado y de amistad con todos los musulmanes de buena voluntad. 
Señora Presidenta, permítame que la felicite por el discurso que pronunció la noche en que los jefes de gobierno se reunieron en Bruselas. 
El Parlamento estaba representado; yo estaba presente, y creo que usted supo encontrar exactamente las palabras justas para describir los sentimientos de este Parlamento. 
Señora Presidenta, creo que tenemos una gran responsabilidad en estos acontecimientos y nuestra reacción debe tener toda la severidad necesaria. 
Y creo que esto no debe valer sólo para nosotros, sino también para los líderes de los estados que han solicitado anexionarse a la Unión Europea. 
Por esta razón, muy a mi pesar, quisiera señalar las declaraciones del Sr. Ecevit, que intenta explotar mezquinamente, los actos terroristas para ponerse a hacer acusaciones sobre el terrorismo contra la República de Chipre, en tanto que él ocupa el norte de Chipre ilegalmente, y ya lo dijo usted muy correctamente en su visita a Atenas. 
Señora Presidenta, como diputado me siento representado, ante todo, por la Presidenta de esta Asamblea y, en consecuencia, quisiera dirigirle a usted una pregunta muy concreta en relación con lo que ha afirmado Enrique Barón Crespo. 
La declaración del Presidente del Consejo de Ministros italiano ha sido criticada por muchos. 
Ha sido criticada, entre otros, -asómbrense ustedes- por el Sr. Haider, al que le pareció un exceso de xenofobia. 
Señora Presidenta, usted es una persona que ha apoyado siempre en gran manera el diálogo con el Islam y ha emprendido ya pasos concretos. 
La política de usted es contraria a lo que ha dicho el Sr. Berlusconi. 
Habida cuenta de que en otras ocasiones usted ha encontrado palabras muy claras- que en mi país no siempre me resultaban fáciles de defender, pero que siempre defendí, porque he apreciado siempre su claridad de lenguaje- me parecería importante que a este respecto usted, señora Presidenta, encontrase igualmente palabras tan claras e inequívocas. 
Se lo ruego. 
Quizá me hayan pasado inadvertidas tales palabras, quizá no las haya oído o no las haya leído. 
Le ruego que represente de manera enteramente clara la actitud de este Parlamento frente a estas afirmaciones. 
Éste es un Parlamento que siempre ha sido partidario del diálogo y que siempre ha practicado el diálogo. 
Toda nuestra existencia como Parlamento está relacionada con el diálogo de las religiones, con el diálogo de las culturas, y creo que como Presidenta del Parlamento debería decirlo de modo claro e inequívoco en esta ocasión. 
(Aplausos del Grupo del PSE) 
Señor Swoboda, debo confesar mi sorpresa al escucharlo, puesto que creo que, realmente, desde el 11 de septiembre, me he expresado ampliamente, a través de comunicados o del discurso de la Sra. Banotti o de las declaraciones del Sr. Berlusconi. 
Si usted estuviese pendiente de los viajes, de las visitas oficiales de su Presidenta, se hubiera dado cuenta de todo ello. 
Le haré llegar una pequeña revista de prensa muy edificante y creo que se quedará satisfecho. 
Creo incluso que fui una de las primeras- puesto que me ofrece la oportunidad de decirlo- en llamar la atención sobre el riesgo de amalgama. 
Era normal, como Presidenta, y sabía que al decirlo me hacía eco de la opinión de nuestra Asamblea y de verdad lo dije de la manera más clara en mi primera declaración. 
Quizás se acuerde también de ello: al abrir la sesión extraordinaria que celebramos el miércoles, y al día siguiente. 
Pero le voy a transmitir todo eso. 
Señora Presidenta, me sorprende y lamento que el presidente de un Grupo político como el Grupo del Partido Socialista Europeo haya caído en la trampa de una polémica falsa y facciosa surgida en el marco del debate político italiano y que es absurdo pensar en importar a este Pleno, puesto que ya se ha abordado ampliamente a nivel italiano y que no refleja en absoluto una problemática de tipo europeo, sino simplemente un malentendido, y lo que es peor, una interpretación facciosa de una frase que se podía interpretar de otra manera. 
Por otra parte, el Presidente del Consejo de Ministros italiano, Sr. Berlusconi, ha aclarado ampliamente el alcance y el significado que él quería atribuir a una declaración cuya intención era fuertemente positiva. 
La diferencia entre las dos civilizaciones es evidente y él pretendía reiterar y remarcar única y exclusivamente una fuerte diferencia en términos de libertad auténtica que en Occidente existe y en Oriente no existe; de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que en Occidente existe y en Oriente se niega; de todas esas diferencias de civilización que es innegable que existen. 
Éste era el significado que el Presidente del Consejo, Sr. Berlusconi, pretendía atribuir a su frase, sin embargo, cada uno la ha interpretado, cada uno la ha escuchado con su propia sensibilidad. 
En este momento, especular sobre una declaración como ésta, señora Presidenta, sería incluso peligroso para este Parlamento: en un momento tan delicado en el que necesitamos claridad, transparencia y positividad y no un debate envenenado y, sobre todo, una capacidad, que no veo en la otra parte, de tender la mano y de entender las palabras en su sentido positivo y no, inevitablemente, en su peor sentido. 
Por esto, es nuestra intención rechazar cualquier iniciativa tendente a abrir, como alguien ha propuesto, un juicio sumario en este Parlamento. 
Queridos colegas, les he dicho que con carácter muy excepcional aceptaba desplazar las cuestiones de orden porque pensaba que ustedes deseaban expresarse acerca de las terribles catástrofes que desgraciadamente tuve que evocar. 
Ya que no es el caso, vamos a proceder como de costumbre, o sea que mantengo cuidadosamente esas cuestiones de orden que oiremos inmediatamente después de la fijación del orden del día. 
Algunos de mis colegas me lo acaban de pedir, y pienso que es una petición totalmente justificada. 
Orden de los trabajos 
Señora Presidenta, creo que este Parlamento va avanzando en alguna medida al tratar las cuestiones que preocupan a nuestras opiniones públicas y en las que la Unión Europea debe de tener un perfil político. 
Creo que en el caso de la catástrofe de Toulouse el cambio del orden del día está perfectamente justificado. 
En el caso de Afganistán, creo que es de la máxima actualidad por dos razones: la primera es la situación de tragedia humanitaria del pueblo de Afganistán, que es el primero que sufre al régimen talibán. 
Una situación en la que cada día aumentan las noticias acerca de la condición desesperada de millones de personas- en este momento, casi un quinto de la población (más de cinco millones de personas) no tiene prácticamente nada que comer-. 
La Unión Europea está contribuyendo al esfuerzo humanitario, pero creo que es un tema en el que tenemos que pronunciarnos. 
En segundo lugar está también el tema político. 
Usted misma dio ejemplo, saltándose en cierto modo ciertas normas de protocolo y de Derecho internacional y de diplomacia, trayendo aquí al comandante Masud. 
Creo que en este momento nosotros también estamos comprometidos en la solución política que permita la estabilidad en Afganistán, y es llamativo ver que, cuando la persona que podría establecer una cierta mediación en Afganistán, el ex Rey exiliado en Roma, ha planteado la convocatoria de un Consejo de Notables, la Loya Jirga, que puede reunir a las diversas tribus, lo ha hecho con congresistas americanos, pero nosotros no hemos tenido ninguna presencia, aunque la troika comunitaria ha visitado prácticamente toda la región. 
Creo que tiene sentido que el Parlamento, con la participación en este momento del Presidente del Consejo, el Sr. Michel, y del responsable de la Comisión, el Vicepresidente Patten, pueda tener un debate sobre esta cuestión tan importante, que no es una urgencia más, que es una cuestión absolutamente fundamental en relación no sólo con la lucha contra el terrorismo, sino también en relación con la estabilización en el centro de Asia, algo absolutamente fundamental, y en la lucha para evitar una tragedia humanitaria. 
Estas son las razones que han llevado a mi Grupo a proponer esta modificación del orden del día. 
Señora Presidenta, quiero manifestar mi respeto por la propuesta y la preocupación del Sr. Barón Crespo. 
Sin embargo, esta semana hemos mantenido un debate, adecuadamente preparado, en torno al terrorismo, cuyo origen buscamos en Afganistán, entre otros lugares, debido a lo que significa el nombre de Osama bin Laden. 
Me sorprendería que el Parlamento planteara en este momento un debate menos preparado en torno a la cuestión de Afganistán debido a que los dos debates se confundirían. 
Siento un gran interés por celebrar un debate claro en torno al terrorismo. 
Por nuestra parte, hemos elaborado textos de cara a la resolución en los que analizamos los problemas humanitarios surgidos en este momento en la frontera entre Afganistán y Pakistán, además de plantear algunas observaciones acerca de los efectos presupuestarios de nuestra ayuda. 
Espero que este texto obtenga un amplio respaldo. 
Considero que es mejor tratar la cuestión de Afganistán más adelante, cuando sea necesario, lo que deberá ir precedido de una preparación adecuada ya que se trata de un problema realmente extraordinario y complejo. 
Por consiguiente, señora Presidenta, respaldo la opción de limitarnos esta semana al debate sobre el terrorismo, incluyendo incisos referidos a los problemas humanitarios planteados por el Sr. Barón Crespo, y tratar en otro instante, no en esta semana, la política en relación con Afganistán por separado. 
Someto ahora a votación la solicitud del Grupo parlamentario de los Socialistas. 
(El Parlamento da su conformidad) 
Señora Presidenta, me gustaría decir todavía algo al respecto. 
Es normal que una vez ganen unos y otra vez ganen los otros. 
Pero en un asunto tan serio necesitamos una preparación adecuada. 
Señor colega, Barón Crespo, el jueves de la semana pasada- usted no estaba allí, y no se lo reprocho pues esto nos pasa a todos alguna vez- habría sido la oportunidad de hablar tranquilamente sobre esto con ocasión de la Conferencia de Presidentes. 
En asuntos tan importantes sería bueno que la Asamblea votase conjuntamente. 
(Aplausos del Grupo PPE-DE) 
Señora Presidenta, es la segunda vez que el Sr. Poettering, que ha faltado más veces que yo a la Conferencia de Presidentes, me echa en cara que no estuve el jueves. 
Yo estaba en Budapest, sí, lo reconozco, pero el Sr. Poettering era el único Presidente de Grupo que estaba presente. 
Los demás estaban sustituidos. 
Y el Grupo Socialista estaba debida y dignamente representado. 
Por lo tanto, no vale este tipo de argumentos. 
En segundo lugar, si existe este trámite en este momento es porque el Parlamento es soberano a la hora de decidir su orden del día y yo en mi intervención me he referido a informaciones y acontecimientos que han ocurrido después del jueves y como yo no tengo el don de la profecía que parece tener el Sr. Poettering, no puedo saber el jueves lo que va a pasar el domingo siguiente y, por lo tanto, creo que tiene sentido que el Parlamento pueda reflexionar y votar en su momento. 
Señora Presidenta, en relación con el orden del día del miércoles y con la cuestión que ha planteado el Sr. Barón Crespo, el martes pasado otros dos diputados de este Parlamento y yo tuvimos el honor de reunirnos con el ex rey de Afganistán, Mohammed Zahir Shah. 
En la reunión examinamos la posibilidad de que pudiera desempeñar un papel en algún tipo de mediación en Afganistán que condujera a la restauración de la democracia que estableció en 1964, y que se caracterizaba por la libertad de los medios informativos, las elecciones libres y la participación de la mujer en la política, algo que dista mucho de lo que está sucediendo actualmente en Afganistán. 
Nos pidió que expresáramos sus respetos a usted y a todo el Parlamento, con la esperanza de que a su debido tiempo pudiera visitar este Parlamento Europeo. 
Ayer hablé con el Sr. Patten acerca de esta cuestión y espero que esta cuestión evolucione y que en su evolución incluya no solamente al Parlamento sino también a toda la Unión Europea. 
En cuanto al orden del día para el miércoles, me parece que es muy triste que, a pesar del carácter especial de esta situación internacional, que se refleja en la sesión solemne que tuvimos un día después de los tristes sucesos que enlutaron a América el 11 de septiembre y la semana subsiguiente, el Consejo haya formulado una serie de propuestas legislativas a raíz de actos terroristas que muchos de nosotros consideramos que equivalen a un acto de guerra. 
A este respecto el Parlamento Europeo seguirá sin duda alguna los procedimientos normales. 
Sería útil sostener un debate más largo el miércoles y no pasar al Consejo de Gante la cuestión del terrorismo. 
En segundo lugar, ¿podría indicarnos usted cuándo el Parlamento sabrá qué procedimientos han de seguirse con sus comisiones parlamentarias para el examen, y debido escrutinio, de las propuestas que formula el Consejo? 
Señora Presidenta, la semana pasada estuvimos de acuerdo en el Grupo Liberal en que sólo existe un asunto de urgencia que deba ser tratado en el Parlamento en esta Asamblea y es el terrorismo internacional y la necesidad de construir una coalición internacional contra este terrorismo. 
Desgraciadamente no pudimos sacar adelante este punto de vista en la Conferencia de Presidentes- lo lamentamos. 
Naturalmente participaremos en esta votación. 
Pedí la palabra meramente para señalar que en el Grupo Liberal creemos que deberíamos concentrar nuestras fuerzas en un asunto de urgencia que todos tenemos en mente y que arrojará sombras en los próximos años. 
(Aplausos del Grupo ELDR) 
Señora Presidenta, no deseo gastar el valioso tiempo del Parlamento en un tema ya abordado por el Sr. Santini y ya ampliamente resuelto en Italia. 
Constato tan sólo que, como siempre, cuando se trata del Presidente Berlusconi, todo se utiliza para fines de instrumentalización política. Y esto no es ni correcto ni digno respecto de un jefe de Estado. 
Señora Presidenta, ciertamente, me cuento entre los diputados que no proceden del ámbito cultural cristiano. 
Hace poco se ha producido una declaración de un hombre de Estado, que debía hablar como hombre de Estado, pero en el momento en que hizo una afirmación sobre musulmanes y cristianos, sus palabras, a mi juicio, estuvieron un tanto erradas. 
Lamento muy profundamente que no hayamos podido formular una respuesta conjunta sino que hayamos tenido que discutir sobre la misma. 
Lo lamento mucho porque, precisamente, deberíamos contrarrestar la escalada. 
En este momento es urgentemente necesario un diálogo entre musulmanes y cristianos. 
La intervención oral del Presidente del Estado italiano no ha constituido un enriquecimiento, sino que ha sido muy contraproducente. 
Por esta razón, lamento mucho que no le hayamos podido oponer una respuesta conjunta de esta Asamblea. 
Señora Presidenta, quisiera volver a comentar las declaraciones del Sr. Berlusconi, ya que, también a la vista de las reacciones a dichas declaraciones de todos los jefes de Estado y de Gobierno, no se trata de una cuestión que afecta única y exclusivamente a Italia. 
Señora Presidenta, debo decir que nosotros, los italianos, al menos la mayoría de los italianos que se sientan en este Parlamento, nos hemos sentido especialmente molestos por las declaraciones del Presidente Berlusconi, porque estas declaraciones no solo van manifiestamente en contra de las conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas, por otra parte suscritas por el propio Presidente Berlusconi, sino que reflejan el talante todavía prevaleciente de una parte de la mayoría que respalda al Gobierno italiano. 
Respecto a temas como estos que hoy, lamentablemente, pueden incluso decidir la paz y la guerra no se pueden permitir instrumentalizaciones ni tampoco aceptar expresiones superficiales que, desgraciadamente, parecen destinadas a disimular sentimientos de intolerancia que han de combatirse. 
Tenemos el sentido de la medida pero no podemos dejar de silenciar que, después del 11 de septiembre, un importante partido de la coalición de Gobierno ha celebrado manifestaciones públicas con pancartas que hablaban de "Inmigrados= terroristas", ni que, hace algunos días, dos alcaldes de ciudades del norte, del mismo partido, ordenaron cerrar los locales destinados a mezquitas. 
Es por esto, señora Presidenta, que nos sentiríamos más tranquilos si también usted, como Presidenta de este Parlamento y sobre todo tras la intervención del Sr. Santini, lanzara un claro mensaje de apertura del diálogo, que este Parlamento ya ha podido enviar a los pueblos y a los países árabes musulmanes con lo cuales queremos emprender conjuntamente una firme y clara lucha contra el terrorismo. 
Señora Presidenta, seguramente el Presidente Berlusconi se equivocó hablando de superioridad y de choque de civilizaciones y utilizando palabras que, sin duda, no favorecen el diálogo. 
Sin embargo, en este momento en el que se preparan grandes coaliciones, quisiera transmitir desde aquí mi mensaje de gran solidaridad y de gran apoyo a las mujeres afganas, saudíes, iraníes, kuwaitíes, chechenas, a las mujeres de todos aquellos países que luchan en estos momento y que lucharán en los próximos años. 
Espero realmente que esta gran coalición contra el terrorismo no signifique poner sordina una vez más al problema de sus derechos. 
Señora Presidenta, me parece legítimo que, en el marco de las cuestiones de orden, hayamos podido volver a hablar de las declaraciones absolutamente escandalosas del Sr. Berlusconi, futuro Presidente de la Unión. 
Y lo que le han pedido mi colega, el Sr. Barón Crespo, presidente de mi Grupo, así como mi colega Hannes Swoboda, es efectivamente que se condene explícitamente esas declaraciones. 
Todos sabemos que, en esta Asamblea, hubo un amplio consenso para rechazar los riesgos de amalgama y denunciar todo lo que podía aparecer como una guerra de civilizaciones. 
Pero esperábamos de parte suya una condena explícita de las palabras del Sr. Berlusconi, y éste es el sentido de mi cuestión de orden. 
Señora Presidenta, las manifestaciones del Sr. Poettering, que son muy plausibles, han puesto de manifiesto que él representa sólo a una parte de su Grupo. En efecto, apenas había concluido de hablar, cuando el Sr. Santini ha sostenido lo contrario de lo que el Sr. Poettering había descrito como la posición del Grupo cristianodemócrata de esta Asamblea. 
Por tanto, sería consecuente que el Sr. Poettering instase a los colegas de su Grupo pertenecientes a Forza Italia, a que se sumasen a la opinión del Grupo, pues lo que el Sr. Fiori dijo a continuación pone de manifiesto que lo que el Sr. Poettering manifiesta aquí no es precisamente la opinión del Grupo cristianodemócrata sino sólo una opinión parcial. 
Señora Presidenta, yo no la escuché pero varios colegas que pudieron escuchar su opinión en la radio y en la televisión han dicho que usted adoptó una excelente posición como posición del Parlamento Europeo frente a las manifestaciones del Sr. Berlusconi, y me han insistido en que la posición de Nicole Fontaine era exactamente la que debería adoptar el Parlamento Europeo. 
Quisiera, ante todo, darle mi enhorabuena por ello. 
Pero al mismo tiempo quisiera rogarle que hiciera lo siguiente: puesto que su posición es claramente la opinión mayoritaria de esta Asamblea, debería transmitir esta opinión expresamente al Sr. Berlusconi y pedirle, al mismo tiempo- para que se disipe toda duda- que emita su opinión acerca de esta posición. 
Pues, en efecto, si el relativismo cultural de aquél sólo ha sido un malentendido, entonces una carta de usted y una respuesta del Sr. Berlusconi serían una gran ayuda. 
Señor Schulz, con mucho gusto haré llegar al Sr. Berlusconi mi comunicado del 11 de septiembre así como la declaración que hice el 19 de septiembre a raíz de la recepción que ofrecí. 
Los embajadores de la Liga Árabe querían entrevistarme personalmente para expresarme sus preocupaciones, y a raíz de ese encuentro fundamental, a la vez denso y enriquecedor, hice una declaración que no podía ser más clara. 
También añadiré mi declaración del 22 de septiembre, en la cual el Consejo Europeo se ha comprometido decididamente a luchar contra el terrorismo, y donde afirmo muy solemnemente el apego de la UE a la defensa de los valores democráticos y multiculturales. 
Por último, agregaré mi discurso desprovisto de cualquier ambigüedad, que la Sra. Banotti evocó ante los jefes de Estado durante la reunión extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno. 
Podría también añadir mis declaraciones a la televisión griega, puesto que en ese momento estaba de visita oficial en Grecia. 
Señora Presidenta, creo que las palabras del Presidente del Consejo italiano han sido mal interpretadas por algunos, instrumentalizadas por otros para fines de política interna y han acabado instrumentalizándose también para fines europeos al utilizarse el escenario del Parlamento Europeo. 
Como pueden atestiguar los más de 200 diputados europeos del Partido Popular Europeo que participaron en Roma en las Cuatro Jornadas de Estudio, con ocasión del encuentro celebrado con el Presidente del Consejo italiano, Sr. Berlusconi, este último ilustró la posición del Gobierno y la suya personal sobre la cuestión del terrorismo y la crisis de Oriente Próximo. 
También los diputados del Partido Popular Europeo que en Italia no pertenecen a nuestra coalición de Gobierno, pueden declarar qué piensa el Presidente del Consejo italiano, que no es lo que han pretendido dar a entender algunos periódicos, ni es lo que ha querido dar a entender la izquierda en este Pleno. 
(Interrupción del Sr. Schultz) 
Señor Schultz, yo no le he interrumpido. 
Le ruego al menos que mantenga las formas, aunque, evidentemente, la educación no forma parte de su cultura. 
Le ruego que no interrumpa y que ante todo aprenda buenos modales. 
Señora Presidenta, en lugar de ocuparse de las cuestiones internas del Partido Popular Europeo, el Sr. Schultz haría bien en ocuparse de las de su Grupo que es minoritario en este Parlamento y que perdió las elecciones en Italia. 
Evidentemente, ciertas manifestaciones de nerviosismo demuestran la dificultad política que atraviesa su Grupo en este momento. 
Señora Presidenta, el Presidente del Consejo italiano hizo una propuesta muy concreta y quisiera que el Parlamento Europeo se expresase sobre este tema. 
Son testigo de ello, repito, los cientos de diputados del Partido Popular presentes en Roma. 
La propuesta es la de una fuerte intervención económica de la Unión Europea en favor del pueblo palestino, al objeto de que el crecimiento económico del pueblo palestino contribuya a reducir las tensiones políticas existentes. 
Se trata de un tema de enfrentamiento, de una propuesta concreta hecha por el Presidente del Consejo italiano para proteger y defender al pueblo palestino que se encuentra en situaciones económicas difíciles, a sabiendas de que la crisis mundial se resuelve deteniendo el conflicto en Oriente Próximo. 
Y el Presidente del Consejo italiano se ha reunido tanto con los israelíes como con los palestinos. 
Es sobre esto que me gustaría que el Partido Socialista discutiera en este Pleno, en lugar de hacer propaganda electoral. 
Los demócratas de izquierda están en dificultades. 
Señora Presidenta, veo que los colegas de la izquierda están muy nerviosos. 
Como decía, me gustaría que discutieran sobre cosas concretas y que no utilizaran el Parlamento Europeo para hacer propaganda política y electoral. 
En Italia han decidido los ciudadanos, ha ganado el centro-derecha, Silvio Berlusconi es el Presidente del Consejo, la izquierda ha perdido. 
Señora Presidenta, una cuestión de orden. 
Tras las tragedias de Nueva York y de Washington, muchos otros aspectos de nuestra vida han cambiado inevitablemente y para siempre, y quisiera pedir a la Comisión que formule una declaración sobre la cuestión de las ayudas estatales a las líneas aéreas. 
En un pequeño país periférico como el mío, la supervivencia de una compañía aérea nacional reviste importancia vital para la economía; en Irlanda más de 700 puestos de trabajo de Aer Lingus están ya amenazados. 
Quisiera pedir a la Comisión que levantara su prohibición sobre las ayudas estatales a las líneas aéreas nacionales, en particular a las más pequeñas. 
Plenamente de acuerdo, señora Banotti, le doy las gracias por su intervención y vamos a transmitir su solicitud a la Comisión. 
Señora Presidenta, la Sra. Banotti ha planteado ya la cuestión del efecto que los actos terroristas tienen para las líneas aéreas. 
Lo que está en juego es algo más que las líneas aéreas: la industria turística europea es la mayor industria de Europa, y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que en estos momentos pueden desaparecer dos millones de puestos de trabajo en Europa. 
Ésta es una cuestión gravísima. 
Espero que la Comisión y el Consejo puedan ocuparse de ella y presentar algunas propuestas encaminadas a aliviar la situación, pues puede llegar a ser realmente dramática. 
Acabo de regresar de los Estados Unidos, en los que el nivel de utilización de los hoteles es actualmente de un 20% aproximadamente de su capacidad y las compañías aéreas están funcionando a una capacidad del 25 al 33%. 
La reacción ha sido enorme y espero que el Consejo y, en particular, la Comisión puedan hacer algo por prestar ayuda antes de que la situación en Europa sea verdaderamente grave. 
Señora Presidenta, quisiera plantear una cuestión de orden acerca de la industria aérea en Europa y en particular acerca de la compañía aérea nacional de Irlanda, que estará en quiebra dentro de unas cuantas semanas si la Comisión no suaviza sus normas acerca de la ayuda estatal a las industrias de aviación. 
En Irlanda había también una compañía estatal, en la actualidad de propiedad privada, que prestaba servicios y manutención a las compañías de aviación. 
Esa empresa se halla también en una situación muy difícil. 
Como ha mencionado el Sr. Provan, la industria del turismo tropieza también con graves dificultades tras la crisis producida por la fiebre aftosa. 
Señora Presidenta, le ruego que utilice sus buenos oficios para convencer a la Comisión de la inquietud de este Parlamento por los efectos de las atrocidades del 11 de septiembre para Europa, donde están en peligro millares, si no millones, de puestos de trabajo. 
Es importantísimo, si este Parlamento quiere demostrar su importancia para la vida de los ciudadanos europeos, que utilicemos nuestra influencia para salvar esos puestos de trabajo y para lograr que la Comisión no aplique normas rígidas, de base ideológica, en la actual situación. 
Señor De Rossa, es muy importante efectivamente y con mucho gusto transmitiré ese mensaje a la Comisión. 
Quizás la señora Comisaria desee decir algo al respeto. 
. 
(EN) Señora Presidenta, no hace falta decir que esta cuestión se ha examinado ya en una reunión de la Comisión. 
La Comisión se ha puesto en contacto con compañías aéreas europeas y otras compañías, y ha habido deliberaciones acerca de los seguros o ayudas estatales y la forma en que debían encauzarse. 
Quisiera remitir esta cuestión a mi colega, la Comisaria de Palacio, que posee todos los detalles y puede darles más informaciones, pero quisiera asegurarles que esta cuestión ha estado ya en nuestro programa de trabajo y que estamos interesados en encontrar una solución 
Plantearé la cuestión con mis colegas de la Comisión y espero que, lo antes posible, podamos darles una respuesta completa a las preguntas acerca de las compañías aéreas y la ayuda estatal, o ayudarles de otra manera. 
Gracias, señora Comisaria. 
Noto por lo demás que la comunicación se refiere a las orientaciones relativas a las redes transeuropeas de transporte y que, por lo tanto, dicha cuestión se podrá abordar mañana también, cuando se haga la comunicación de la Comisión. 
Señora Presidenta, es una lástima que muchas personas se hayan marchado ya pero quisiera llamar la atención del Parlamento acerca del asesinato por fuerzas paramilitares, el viernes pasado, de Martín O ' Hagan, periodista. 
Esto no es más que un ejemplo más de la grave situación en materia de derechos humanos que prevalece en Irlanda del Norte. 
Otros abogados que defendían los derechos humanos han sido asesinados también por fuerzas paramilitares. 
Apenas hace unos cuantos años, Rosemarie Nelson, madre de una joven familia, fue asesinada por fuerzas paramilitares porque era una jurista defensora de los derechos humanos. 
Esta cuestión es muy grave. 
A menudo discutimos resoluciones en este Parlamento acerca de periodistas y juristas de derechos humanos que son asesinados en el desempeño de sus obligaciones en otras partes del mundo. 
Aquí nos encontramos con una situación que existe dentro de la Unión Europea desde hace bastante tiempo. 
La situación es gravísima. 
Los periodistas tienen derecho a exponer los actos delictivos, y los abogados de derechos humanos están facultados en virtud del derecho internacional a representar a personas ante los tribunales. 
Sin embargo se está procurando impedirles que lo hagan y los que son suficientemente valientes para hacerlo han perdido la vida. 
Es una situación verdaderamente trágica. 
Gracias, señora McKenna, por haber retomado la declaración que hice al abrir este período de sesión. 
Accidente ocurrido en la fábrica AZF en Toulouse y reestructuración de la política de protección del medio ambiente de la Unión 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el accidente ocurrido en la fábrica AZF de Toulouse y la reestructuración de la política de protección del medio ambiente de la Unión. 
Seguidamente doy la palabra a la señora Comisaria. 
. (EN) Señora Presidenta, el accidente de Toulouse se produjo poco después de las 10 de la mañana del día 21 de septiembre en la fábrica Grande Paroisse de la ciudad. 
Se trata de una fábrica de abonos propiedad de Atofina, que es la rama química del Grupo TotalFinaElf. 
En la fábrica estaban almacenadas, entre otras sustancias peligrosas, importantes cantidades de cloro y amoniaco licuado, combustibles, nitrato amónico en estado sólido y abonos, así como metanol. 
Los efectos de lo que parece haber sido una explosión masiva de nitrato amónico se dejaron sentir hasta muy lejos de las paredes de la fábrica. 
Según los últimos informes, 29 personas perdieron la vida, 30 personas siguen hospitalizadas en estado grave, y un total de unas 2.400 personas sufrieron heridas. 
El accidente afectó también a otras dos plantas químicas cercanas. Gran número de viviendas quedaron inhabitables y la red de distribución de electricidad sufrió averías. 
Además, las repercusiones psicológicas para la población, que al principio creyó que se trataba de un ataque terrorista, son también importantes. 
Este accidente es probablemente el peor de su género que ha tenido lugar en Europa desde el año 1921, año en que 561 personas perecieron en una explosión que tuvo lugar en las instalaciones de la compañía BASF en Alemania. 
La semana pasada un representante del Grupo TotalFinaElf se reunió con los servicios competentes de mi Dirección General para informarles detalladamente acerca del accidente. 
Además, el Ministerio francés de Medio Ambiente ha proporcionado también informaciones a la Comisión. 
Ahora bien, todavía no se sabe cuáles fueron las causas exactas del accidente y las tres investigaciones en curso- una realizada por Atofina, otra por el Ministerio de Medio Ambiente y otra por el Fiscal General- pueden llevar mucho tiempo. 
A la fábrica AZF se le aplica plenamente la directiva Seveso II, cuya finalidad es prevenir accidentes industriales de gran envergadura y limitar sus consecuencias para el ser humano y el medio ambiente. 
Su esfera clásica de aplicación son las fábricas químicas y las instalaciones de almacenamiento. 
La directiva obliga al operador de esas instalaciones a establecer una política de prevención de accidentes de envergadura, un sistema de gestión de la seguridad y planes internos de urgencia. 
El operador tiene que preparar un informe sobre la seguridad y enviárselo a las autoridades públicas de control. 
En esas autoridades recae la labor de inspeccionar el emplazamiento a intervalos regulares y también de cerciorarse de que sus planes externos de emergencia se establezcan y verifiquen periódicamente. 
Además, la población que viva en la vecindad de la fábrica tiene que estar informada de los riesgos que presenta la instalación y del comportamiento que ha de seguirse en caso de accidente. 
La directiva entró en vigor en 1999 y sustituyó a la directiva original de Seveso, de 1982, que se adoptó a raíz de algunos accidentes industriales de envergadura en el decenio de 1970. 
Se trataba de la primera norma legislativa comunitaria en la esfera de la gestión de riesgos industriales. 
No es un secreto para nadie que los Estados miembros tardaron en transponer las normas de la directiva Seveso II a su legislación nacional. 
Ningún Estado miembro ha adoptado oportunamente la necesaria legislación de transposición ni ha notificado consiguientemente a la Comisión. 
En vista de ello la Comisión incoó procedimientos de infracción contra todos los 15 Estados miembros por falta de comunicación o comunicación incompleta de medidas de transposición. 
El resultado ha sido que la Comisión llevó a cinco Estados miembros- Bélgica, Austria, Alemania, Irlanda y Portugal- ante el Tribunal de Justicia Europeo. 
En el caso de Francia, la Comisión decidió el 18 de julio de 2001 recurrir al Tribunal por transposición incompleta. 
Ahora bien, quiero dejar bien sentado que los motivos de que se acudiera al Tribunal en el caso contra Francia no guardan ninguna relación directa con el accidente de Toulouse en cuanto a una posible infracción de las obligaciones derivadas de la directiva Seveso II. 
Por el momento, a pesar de algunos rumores mencionados en la prensa, la Comisión no tiene indicación alguna de que se haya registrado una deficiencia del operador en lo que se refiere a la gestión de la fábrica y al cumplimiento de la directiva Seveso II ni de las autoridades francesas de control responsables de la inspección del emplazamiento. 
Según la información facilitada por el Ministerio francés de Medio Ambiente, el operador de la fábrica ha llevado acabo análisis de riesgos, inclusive posibles escenarios de accidente, aunque en ellos no figuraba una explosión masiva de nitrato amónico. 
Las últimas actualizaciones se hicieron en el año 2000 y en el año 2001. 
Había un sistema de gestión de la seguridad y el emplazamiento se inspeccionaba aproximadamente dos veces al año. 
La última inspección tuvo lugar en mayo de 2001. 
Se habían establecido planes de emergencia interna y externa. 
El prefecto había establecido una política de planificación de la ordenación del territorio que imponía restricciones a todas las nuevas actividades de construcción en las proximidades de la fábrica. 
Pasemos ahora a la fase posterior al accidente. 
Apenas ha pasado una semana desde el accidente y todavía es demasiado prematuro tratar de extraer conclusiones. 
El comité de reglamentación establecido en el marco de la directiva Seveso II, presidido por la Comisión y formado por representantes de todos los Estados miembros, se va a reunir los días 10 a 12 de octubre para, entre otras cosas, analizar el accidente y sus consecuencias. 
¿Cuáles son las repercusiones del accidente de Toulouse para la enmienda prevista de la directiva Seveso II? 
Como recordarán ustedes, después del accidente de Baia Mare, provocado por un escape de cianuro en Rumania en enero de 2000, constituí un equipo de tareas que presentó su informe final en diciembre del año pasado. 
Con idéntica finalidad, después de la catastrófica explosión en una fábrica de pirotecnia en Enschede (Países Bajos) en mayo del año 2000, mis servicios organizaron dos seminarios de expertos de la Unión Europea sobre pirotecnia y sustancias explosivas. 
Los conocimientos especializados obtenidos y las recomendaciones resultantes condujeron a un proyecto de propuesta de enmienda de la directiva Seveso II, encaminada a ampliar su ámbito y a abarcar establecimientos que antes no quedaban incluidos en el campo de aplicación de la directiva. 
El proyecto de propuesta fue sometido a un proceso de consulta pública en el que participaron todas las personas más interesadas y su aprobación por la Comisión estaba prevista para el mes de septiembre. 
Es importante que saquemos adelante esa enmienda. Eso no quiere decir que no hayamos de tener debidamente en cuenta el accidente de Toulouse. 
De hecho, hay un aspecto importantísimo que ha agravado aún más las consecuencias de los accidentes de Toulouse y de Enschede, y es el hecho de que en los dos casos las fábricas estaban situadas en la vecindad de zonas habitadas. 
El nuevo artículo 12 de la directiva Seveso II, que trata de la planificación de la ordenación del territorio, tiende a largo plazo a separar las plantas industriales peligrosas y las zonas habitadas u otros lugares frecuentados por el público. 
Aunque la inclusión de semejante disposición en la legislación comunitaria por vez primera representa un importante adelanto, la Comisión y los Estados miembros necesitan todavía adquirir experiencia con su aplicación. 
Además, esa disposición se aplica a la planificación en el caso de nuevos emplazamientos industriales, o de nuevas zonas de viviendas, y no se aplica retroactivamente a situaciones ya existentes como la de Toulouse, en la que el creciente aumento de la densidad de la población ha hecho que las zonas residenciales se hayan acercado cada vez más a un emplazamiento industrial que existía ya desde el decenio de 1920. 
A fin de ayudar a los Estados miembros en la aplicación de esta disposición, en 1999 se publicó un documento de orientación sobre la planificación de la ordenación del territorio y antes del accidente de Toulouse se había proyectado ya un seminario de la Unión Europea sobre la planificación de la ordenación del territorio, que iba a tener lugar en Francia. 
En el próximo futuro mis servicios incrementarán su cooperación con los Estados miembros a fin de elaborar un seguimiento apropiado legislativo y/o no legislativo de los accidentes en las esferas de la planificación de la ordenación del territorio, la armonización de métodos de evaluación de riesgos específicos, y la confección de mapas de riesgos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, el 21 de septiembre pasado, la ciudad de Toulouse fue afectada por una terrible catástrofe que, como recordó la señora Comisaria, ha causado numerosas víctimas- 29 muertos, más de 2000 heridos- y daños considerables- viviendas, escuelas, hospitales, universidades. 
Permítanme esta noche rendir de nuevo homenaje a las víctimas y expresar nuestra simpatía y nuestro apoyo a los heridos, sus familias y todos los damnificados. 
En una catástrofe de esa magnitud, la primera ayuda que importa es la expresión de la solidaridad de los demás. 
Las numerosas y espontáneas manifestaciones procedentes de Francia y de la Unión Europea, del Parlamento y de la Comisión, han conmovido a los habitantes de Toulouse. 
Como teniente de alcalde de la ciudad de Toulouse, agradezco desde el fondo del corazón a todos los que nos han dado prueba de su solidaridad. 
Dicha catástrofe requiere también cierto número de reflexiones: la primera se refiere a la acción de la Unión Europea hacia las ciudades o las regiones afectadas por una desgracia. 
El presupuesto de la Unión Europea incluía una línea de ayuda de emergencia para hacer frente a esas catástrofes, que ha sido suprimida. 
Les pediré hoy que se restablezca ese instrumento que contribuía a enderezar la situación de las regiones víctimas de un siniestro. 
En Toulouse, ciudad europea por excelencia con su industria aeronáutica y espacial, en estos últimos días, cuando se anunciaban las ayudas otorgadas por unos u otros, muchas veces he oído preguntar: "Y Europa, ¿qué hace para ayudarnos ?" 
Puesto que hablamos continuamente de acercar Europa a sus ciudadanos, una de las maneras más convincente de hacerlo sería a través de la ayuda que Europa proporcione a los europeos afectados por una desgracia. 
Situaciones como la que Toulouse acaba de vivir exigen la movilización de recursos humanos, de bomberos, de socorristas, de médicos, de personal hospitalario y de voluntarios. 
Sin llegar a la utopía de una fuerza europea de protección civil, pienso que se debe hacer todo lo posible en el ámbito de la Unión Europea, como lo pedía recientemente nuestro Parlamento, para reforzar la coordinación de las intervenciones de protección civil. 
El sistema tiene que ser más operativo. 
Me hubiera gustado ver en Toulouse, por ejemplo, a bomberos y socorristas de otros Estados miembros apoyando la extraordinaria labor de los bomberos de Toulouse. 
Con tristeza, ciertamente, pero eso hubiera hecho avanzar la causa de Europa. 
Se habla a menudo del "riesgo cero". 
Los recientes acontecimientos, que han enlutado a Toulouse y Nueva York, muestran que es sin duda imposible de lograr. 
Pero está a nuestro alcance reducir la probabilidad del riesgo, mediante una acción vigilante. 
Se debe hacer en el ámbito local, en el ámbito nacional, y debemos velar por ello en el ámbito europeo. 
Por lo tanto pido a la Comisión Europea que tome en cuenta las enseñanzas de la catástrofe de Toulouse para revisar la Directiva Seveso II. 
Casi cada día se producen, en Toulouse, manifestaciones populares que reúnen a varios miles de personas al grito de "¡ nunca más esto !" y quisiera que les respondiéramos aquí, hoy mismo, "¡ nunca más esto en Europa !". 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, antes de tomar la palabra sobre la cuestión de fondo, evocaré, por supuesto, la solidaridad con las víctimas y sus familias. 
Me parece que nuestra Asamblea acaba de expresarla y que es también esencial. 
Por supuesto, mi pensamiento está también con aquellos de nuestros colegas que están más directamente involucrados, debido a sus responsabilidades en el sitio. 
No nos olvidemos tampoco de celebrar la eficacia de todos los que, enseguida, se han movilizado en el lugar para prestar socorro, ya sean los bomberos o los servicios hospitalarios, de todos los que supieron organizar esa malla, esa red en torno a las víctimas y sus familias. 
Nos felicitamos también por la magnitud de las medidas de solidaridad anunciadas por el Primer ministro, durante su viaje al lugar, el viernes pasado, para el regreso a una vida normal- en la medida de lo posible -, con la reubicación de los damnificados, con la escolarización de los niños lo antes posible. 
Luego, tenemos esa investigación en curso sobre las causas de la explosión. 
Debemos confiar en que las autoridades francesas la lleven a cabo con cautela, voluntad de transparencia y voluntad de llegar a un resultado. 
Pero más allá de eso, ¿qué podemos hacer nosotros, aquí, en el ámbito europeo? 
Me parece que cada uno debe asumir sus responsabilidades a su nivel. 
Usted lo recordó, señora Comisaria, y le agradezco las palabras que pronunció acerca de la responsabilidad de mi país respecto a las condiciones de aplicación de la Directiva Seveso. 
Lo que usted recordó es importante. 
Usted recordó también el debate que hemos iniciado sobre cómo conciliar mejor urbanización, riesgo medioambiental, riesgo industrial y empleo. 
Los trabajos iniciados con vistas a la revisión de la Directiva Seveso deberán tomar en cuenta todo este equilibrio. 
Aparte de mí, otros intervendrán en ese debate sobre las medidas complementarias factibles, incluso en el ámbito europeo, especialmente en materia de control. 
Hay sin embargo un punto sobre el cual quiero volver: es la cuestión de las ayudas de emergencia. 
Todos estamos por supuesto conscientes de la dificultad de ese debate, que se inició en el momento de la renegociación de la Agenda 2000. 
¿Pero se puede acaso dejar que sucedan las diferentes catástrofes que han afectado a mi país- Erika, la tempestad de diciembre de 1999 y hoy Toulouse- sin que se pueda manifestar la solidaridad europea? 
Tenemos que hallar una solución: si no es la línea de emergencia, quizás podríamos ver si, en el marco del FEDER, no existiera un margen de maniobra para que, más allá de esa zonificación estricta que hemos establecido, pudiera existir una pequeña dotación de solidaridad, para que Europa esté también presente en esos momentos difíciles. 
Luego, señora Comisaria, más allá del ámbito europeo, espero que usted estará atenta para recordar las responsabilidades de cada uno, para que las políticas de ordenación territorial puedan, incluso en su dimensión fiscal, tener en cuenta el difícil equilibrio en el que nos tenemos que desenvolver, y también para que los industriales, por su parte, asuman sus responsabilidades cuando llegue el momento de indemnizar a las víctimas y de reparar los daños. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, en nombre del Grupo de los Liberales, quisiera asociarme a los colegas que me han precedido para expresar también nuestra solidaridad con las familias, los familiares de las víctimas y la población de Toulouse en general. 
En el estado actual de las informaciones judiciales disponibles y hasta que finalice la investigación en curso que determinará las causas de la catástrofe, ¿qué lecciones se pueden sacar ya de esa explosión mortífera, señor Presidente? 
En primer lugar, y esto resulta muy doloroso, la historia se repite. 
Treinta y tres años después de la catástrofe de Seveso, para no citar más que ella, dos directivas europeas destinadas a dotar a los Estados miembros de una política armonizada en materia de gestión de los riesgos industriales mayores no han sido suficientes, por lo visto, para evitar otro drama humano, una cruel realidad que muestra los límites de una ley, aún cuando tenga carácter vinculante y transnacional. 
Habría que evitar responder a esta catástrofe industrial con una Directiva Seveso III. Los Liberales opinan que hace falta ante todo, y la señora Comisaria lo recordó, que todos los Estados miembros apliquen estrictamente las disposiciones de la legislación existente, en particular la Directiva Seveso II, que data de diciembre de 1966. 
Y estamos lejos de la cuenta, puesto que se han iniciado procedimientos de infracción en contra de seis Estados miembros, entre los cuales Francia. 
Además, usted acaba de recordar, señora Wallström, que ningún Estado miembro ha transpuesto la Directiva a tiempo. 
¿Tenía el industrial a quien pertenece el lugar actualizado el análisis de riesgos durante los últimos cinco años, como lo exige explícitamente un artículo de Seveso II? 
Uno puede preguntárselo, puesto que durante un seminario celebrado en 1999 en territorio francés, la red de la Unión Europea para el respeto de los derechos ambientales se había interrogado sobre el origen de una importante fuga de amoniaco en la fábrica de Grande Paroisse, clasificada como zona Seveso II, y había señalado fallas en el diseño y la fiabilidad del material. 
Hay que constatar que aquí no prevaleció el principio de precaución. 
¿Hace falta acaso recordar que ese análisis de riesgos constituye la base imprescindible de cualquier estrategia de prevención y lucha contra los siniestros de cualquier tipo? 
Y llego al punto central de este debate: el control de la urbanización- la Sra. Berès acaba de hablar de ello- alrededor de los sitios. 
Fue toda la población la víctima de la explosión masiva de productos químicos, los empleados de la fábrica, por supuesto, pero también sus vecinos. 
La fábrica AZF constituía una bomba de tiempo, ni más ni menos, situada a menos de cinco kilómetros del centro de Toulouse, que tiene 400 000 habitantes. 
Y éste no es, ni mucho menos, el único ejemplo de concentración humana galopante en Europa. 
Trazando dos ejes, uno de Londres a Milán, y el otro de Copenhague a Barcelona, con corredores de 200 Km. en cada lado de los brazos de esa X, uno comprueba que en el territorio así delimitado se concentran el 65% de nuestra población y el 80% de los sitios industriales de la Unión, incluyendo los más peligrosos. 
En Francia, se ha lanzado un debate nacional sobre la cuestión del riesgo en zona urbana. 
Más allá de este drama sin precedente que acaba de afectar a Toulouse, 360 millones de ciudadanos europeos desean una verdadera política de ordenación territorial, aquí y ahora. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, como tantos otros colegas, estaba en Toulouse cuando se produjo la explosión. 
Desde entonces, he encontrado a muchos trabajadores, habitantes y amigos, afectados por esta catástrofe. 
Con esto quiero decir que cuando hablamos de sufrimiento, de trauma, de choque, estamos hablando de hombres y mujeres profundamente heridos en su vida cotidiana y cuya cólera está en consonancia con ese choque. 
Quiero saludar aquí la memoria de las víctimas. 
Quiero también felicitar al personal del municipio. A todos los equipos de rescate, los equipos médicos, los trabajadores de EDF y todas las mujeres y los hombres que, con competencia y buena voluntad, han puesto su energía al servicio del interés general. 
En esos momentos también uno vuelve a descubrir la importancia de los servicios públicos y de su personal como herramienta al servicio del interés general.. 
Muchos responsables políticos se han expresado acerca de la absurda localización de fábricas químicas de ese tipo cerca de grandes centros urbanos. 
Cabe recordar aquí que, cualquiera que sea la localización de esa clase de industrias, en dichas fábricas trabajan hombres y mujeres. 
En medio de un desierto apartado o en el centro de Bruselas, si una fábrica explota, decenas de trabajadores pierden la vida. 
La primera cuestión que debemos enfrentar es la de la protección máxima de esas industrias. 
Desde luego el debate sobre la localización de las explotaciones queda abierto. 
Pero no se puede llevar sin pensar en reforzar al máximo las condiciones de control y de seguridad. 
Nada puede ser como antes. 
Estoy a favor de una revisión de las directivas Seveso. 
Aprovechemos las lecciones de esta catástrofe para reforzar las normas de seguridad y de respeto del medio ambiente. 
Debemos crear nuevas normas de carácter mucho más imperativo sobre la implicación de esas instalaciones y en especial sobre los recursos puestos a la disposición de los organismos de control. 
A título de anécdota, una anécdota aterradora, el organismo de control encargado de la región Midi-Pirineos dispone de 17 empleados para controlar más de 2.000 empresas. 
Muchos de los elementos iniciales de la investigación, que por cierto no ha concluido, muestran que la dirección de la empresa ha sido bastante irresponsable en materia de gestión de riesgos. Y tenemos que sacar las conclusiones que se imponen. 
A raíz de la catástrofe, descubrimos en muchos departamentos importantes fallas en materia de seguridad en la industria química. 
Ese proceso de revisión debe venir acompañado de una misión de transparencia europea encargada de realizar un balance de la seguridad europea. 
En Toulouse, la investigación tiene que ser transparente y contar con la participación de los trabajadores y de la población. 
Pido por lo tanto a nuestro Parlamento que se pronuncie a favor de un proceso excepcional de evaluación de los riesgos en Europa y de revisión de las directivas. 
Toulouse es hoy una ciudad en estado de conmoción, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del hábitat y de las consecuencias directas e indirectas para el empleo y las empresas cercanas al lugar. 
Toulouse necesita ayudas financieras y logísticas. 
La Unión debe demostrar su capacidad de solidaridad en momentos de crisis. 
¿Será con fondos de emergencia excepcionales? 
No lo sé. 
Pero la Comisión Europea podría, por ejemplo, tomar contacto con la ciudad, el departamento, la región para hacer el censo de las necesidades logísticas. 
En esta situación, la movilización de ingenieros, de equipos de apoyo europeo podría, tanto en el plano de lo simbólico como en el de la eficacia, dar prueba del compromiso de la Unión Europea. 
"¡ Nunca más esto !" es lo que gritan, reivindican decenas de miles de habitantes de Toulouse. 
"Nunca más esto !" era el grito de las poblaciones afectadas por la marea negra cuando el Erika naufragó. 
Una vez más, la lógica de la rentabilidad financiera, de la reducción de empleos y de las inversiones engendra la inseguridad, provoca desastres ecológicos y humanos. 
Para afrontarlos, necesitamos más reglamentación pública, más normas de control, más financiación. 
Sabemos que, en un principio, la población echa la culpa a los responsables de la empresa, pero luego se vuelve en contra de nosotros, su cólera recae sobre nosotros, los responsables políticos. 
Tiene razón, nuestra misión consiste en crear reglas al servicio de la comunidad y no sufrir la dominación de los intereses particulares. 
Señor Presidente, como recordaba con tristeza mi colega, la Sra. De Veyrac, teniente de alcalde de Toulouse, el 21 de septiembre de 2001, el depósito de nitrato de amonio de la fábrica de AZF en Toulouse explotó, causando 29 muertos y 2500 heridos. 
Una catástrofe de ese tipo exige que las autoridades competentes notifiquen las causas exactas de la explosión, tanto por respeto a las víctimas y a sus familias como a todas las poblaciones que viven cerca de un sitio clasificado como Seveso. 
¿Se trata de un accidente, de un acto malintencionado, o de un atentado terrorista? 
Antes de achacarlo a la inobservancia del principio de precaución por parte de las industrias químicas, fijémonos en el análisis de los químicos y de los especialistas en nitrato de amonio, que afirman que la tesis de la descomposición lenta del producto que originó la explosión es infundada. 
Puesto que el nitrato de amonio es un producto estable, los investigadores señalan que no puede explotar sin una fuente muy importante de calor. Como lo demuestran los graves precedentes en Silesia en 1921, en Tejas en 1947, en Brest, Francia, en 1947. 
Además, los representantes del personal de la fábrica AZF se niegan enérgicamente a que la fábrica sea descrita como una productora de residuos. 
Cualquiera que sea la causa, sería prudente realizar un inventario de las explotaciones más peligrosas y alejarlas de las zonas pobladas. 
En cambio, no se puede, por supuesto, pensar en prohibir legalmente la instalación de industrias químicas que plantean riesgos. 
Éstas tendrían que trasladarse al extranjero con las consecuencias económicas y morales que uno se puede imaginar. 
La legislación europea, que data de 1982 y 1996, y no es retroactiva, tendrá sin duda alguna que evolucionar, habrá que aumentar la vigilancia de los servicios y de las administraciones encargadas del control en los sitios industriales clasificados como Seveso, o proteger los accesos a los sitios peligrosos. 
La actitud a adoptar dependerá de los resultados de la investigación y esperamos que ésta se lleve a cabo sin engaño. 
Señor Presidente, quisiera manifestar y compartir con mis compañeros el pésame hacia las familias ante la tragedia que ha ocurrido. 
También me uno a algunas opiniones de compañeros que me han precedido. 
Pero yo quisiera insistir en un punto: me parece que el sistema basado en la prohibición, el sistema Seveso, no es suficiente. 
Las tragedias que están ocurriendo recientemente están demostrando que estamos viviendo fenómenos, que sólo con tratamiento integral pueden ser, si no eliminados, por lo menos reducidos. 
El tema de hoy es la ordenación del territorio. 
Europa tiene un sistema viejo y anticuado en el cual todos los pueblos querían tener sus industrias y parecía que la calidad de vida iba vinculada a que todo estuviera junto. 
Un pueblo que tuviera muchas tiendas, muchas industrias y todo dentro de un ámbito abarcable. 
Sin embargo, la escala, el riesgo y la dimensión de nuestras empresas, hoy, muestran los graves inconvenientes que eso conlleva. 
No podemos seguir permitiendo que la ordenación del territorio, de manera absoluta, sea subsidiaria. 
Tenemos que ser capaces de entresacar elementos básicos para crear un espacio europeo de seguridad, de la misma manera que en otros aspectos- como la seguridad alimentaria- se está haciendo. 
Tenemos que reconocer la necesidad de un espacio europeo de seguridad en el ámbito de la ordenación del territorio. Y que los países lo acepten. 
Y de la misma manera que cualquier plan de ordenación territorial acepta los espacios protegidos naturales, tendrán que aceptarse unas medidas de este tipo. 
En ese sentido lamento que, en la versión que nos ha llegado del Consejo del programa de acción medioambiental- el sexto -, respecto al que nosotros hicimos propuestas sobre medio ambiente urbano y lugares habitados, hayan sido eliminados algunos aspectos que nuestro Grupo considera importantes. 
Creemos que es urgente establecer estrategias de medio ambiente, poner en marcha estudios de riesgos, incluso en polígonos industriales, crear espacios específicos industriales alejados de las ciudades, penalizar a aquellos constructores o aquellos ayuntamientos que se lo permitan todo a la construcción y, por supuesto, fijar unos indicadores de riesgo que se incorporen a una política europea. 
Señor Presidente, queridos colegas, quisiera en primer lugar que, por intermedio de nuestros colegas de Toulouse aquí presentes, empezando por el presidente de la sesión, expresemos nuestra compasión y nuestra solidaridad hacia todas las víctimas de este drama de Toulouse. 
Quisiera también, como tantos otros colegas, rendir un homenaje especial a la admirable cadena de socorro, profesional o benévola, que se estableció en Toulouse y en particular, a la enorme dignidad que han manifestado los habitantes de esta ciudad en esas circunstancias extremadamente difíciles. 
Lo que ocurrió allá sobrepasa lo imaginable. 
No cabe duda de que el balance es terrible, pero es poco en comparación con lo que hubiera podido ser teniendo en cuenta la potencia inaudita de la explosión y los daños considerables que causó en un perímetro muy extendido. 
Pienso, al igual que Gérard Honesta que, puesto que el riesgo cero no existe, en particular el riesgo industrial, debemos hoy medirlo y cambiar de doctrina, o sea introducir el principio de precaución en la ordenación territorial. 
Esto significa trasladar las empresas que plantean riesgos, cada vez que sea posible, y desgraciadamente no será posible sino en casos muy limitados, velando- y creo que otros oradores han expresado la misma preocupación- por la preservación del empleo. 
Sería particularmente injusto que los trabajadores que intervienen en el frente industrial añadan el riesgo al riesgo, el riesgo social, o sea el riesgo de pérdida de empleo, al riesgo industrial. 
Pero significa también, y quizás ante todo, controlar la urbanización, porque hace falta reconocer que, en muchos casos, las zonas residenciales han llegado a las zonas industriales. 
Cerca de la explotación de Toulouse, había un gran centro comercial. 
En mi municipio, que tiene una fábrica gemela de la de Toulouse, se siguen otorgando licencias de construcción para viviendas colectivas a menos de 800 metros del lugar. 
Creo, en particular, señora Comisaria, que el proyecto de modificación de la Directiva Seveso II debe tomar en cuenta esos problemas urbanísticos, y sobre todo ampliar las responsabilidades no sólo de las empresas sino también de las autoridades que conceden las licencias de construcción. 
Por último, quisiera yo también hacerme eco de la sensación de impotencia que, como parlamentario europeo, experimento cada vez que, por desgracia, estamos, enfrentados a dificultades de esa naturaleza. 
Me parece que la Unión Europea no cumple con su papel ante catástrofes de esa magnitud. 
Creo que cada vez que nos comprometemos aquí a acercarnos a nuestros conciudadanos, no podemos olvidar que no estamos presentes cuando atraviesan momentos de desamparo o de dificultad paroxística. 
Yo había planteado esta pregunta al Comisario Barnier a raíz de las tempestades de 1999, y se sigue planteando de manera insistente. 
Sé que se suprimió la línea de crédito, pero ya que fue suprimida, por lo menos pensemos en la utopía, como lo decía la Sra. de Veyrac, de un Eurocorps de seguridad civil: lo que ya existe en el ejército, o sea una fuerza de intervención rápida, podría muy bien existir también en materia de seguridad civil. 
Hace varios años que venimos advirtiendo acerca de los riesgos de accidente, varios años que tememos una catástrofe, varios años que nos manifestamos en contra de la instalación de esas fábricas en la ciudad de Toulouse. 
Y, cuando ocurre la explosión, llegan el choque brutal que nos estremece a 20 kilómetros, las informaciones contradictorias, la nube tóxica, un prefecto que pretende encerrarse en su casa, aún cuando todos los vidrios hayan estallado, el reflejo- ir a buscar a los niños al colegio -, la angustia, al cruzarse con coches que vienen en sentido contrario con el parabrisas reventado, conductores ensangrentados llevando máscaras, la alegría de volver a ver a sus hijas, aterrorizadas, escondidas en las únicas salas de clases cuyos vidrios no han estallado, y luego felices de vernos. 
Regresar luego, sin posibilidad de llamar por teléfono, sin comunicación, saber por fin de los amigos heridos, en estado de shock, hospitalizados. 
Entonces, después de la angustia, después del miedo, después del dolor, viene el momento de la cólera. 
Éramos más de 5.000, el martes, por las calles de Toulouse, más de 30.000 el sábado, gritando "¡ nunca más esto !" 
Porque, de hecho, la catástrofe de Toulouse es un gigantesco revelador. 
En primer lugar, revela los límites de la democracia local, y en particular de las políticas de ordenación territorial. 
Los consejos municipales no se han servido de sus planes de ocupación de los suelos para alejar las zonas comerciales o residenciales del peligro. 
No se ha establecido ningún plan de seguridad. 
Ninguna concertación con las asociaciones locales, con los habitantes, a pesar de las amenazas. 
Las autoridades locales también son responsables. 
Pero también es un revelador de la política de los industriales que, en aras del provecho, hacen correr riesgos no sólo a sus trabajadores, sino también a la población vecina. 
Por último, revela las lagunas de la Directiva Seveso y de las políticas llevadas a cabo por la Unión Europea. 
Esta catástrofe muestra en efecto el límite de la política de gestión del riesgo. 
Una reestructuración de la legislación europea resulta imprescindible. 
Ya no se puede tolerar la existencia de riesgos tan enormes. 
Se necesita una política que aleje al riesgo. 
La legislación europea debe necesariamente evolucionar. 
Hace falta definir mejor y reforzar la responsabilidad de los empresarios en caso de accidente. 
Los Estados miembros deben transponer las directivas de la Unión Europea, pero también respetar las directivas existentes en materia de protección medioambiental. 
Se debe también empeñar la responsabilidad de las personas que adoptan las decisiones políticas. 
Bombas químicas, pero también nucleares, están instaladas cerca de la mayoría de las ciudades europeas, sin que los riesgos hayan sido evaluados. 
No quisiera hacer de Casandra, pero no deseo a nadie que viva lo que hemos vivido ese viernes 21 de septiembre en Toulouse. 
Mi pensamiento está con las víctimas de la explosión y aquellas y aquellos que han muerto mientras trabajaban en la fábrica AZF de Toulouse y que se suman a todos los que cada día mueren víctimas de un accidente de trabajo, porque sus empresas han potenciado el beneficio y no la seguridad. 
Está también con aquellas y aquellos que han muerto, en la calle o en su casa, porque el Estado o la alcaldía no quiso imponer las medidas necesarias para evitar que la fábrica fuera una verdadera bomba, una amenaza para todos los que trabajaban en ella y los que vivían cerca. 
Cualquiera que sea la causa de la explosión, es inaceptable que haya podido convertirse en catástrofe porque no se tomaron las precauciones debidas. 
Para reducir los costes, se redujeron los gastos de mantenimiento y almacenamiento, se suprimieron empleos, sin tener en cuenta la seguridad, se encomendaron trabajos a subcontratistas que emplean personal interino menos formado. 
La responsabilidad del trust Total-Fina-Elf, ya culpable del naufragio del Erika, es total. 
Dar primacía a los imperativos del beneficio antes a los de la seguridad es un crimen, un homicidio, y las autoridades que lo aceptaron son cómplices. 
Total-Fina-Elf, que el año pasado obtuvo los mayores beneficios jamás logrados por una empresa francesa, tiene el cinismo de arrojar 20 millones de francos a las víctimas por unos daños que se cifran a, por lo menos, 8 mil millones. 
Y esto sin hablar del dolor de las familias, que no tiene precio. 
El trust Elf debe pagar la totalidad de los daños materiales, y sobre todo, esto no debe volver a ocurrir nunca más, ni en Toulouse, ni en otra parte, en Francia o en Europa, lo cual requiere un control drástico de ese tipo de empresas, con la participación de los trabajadores y bajo su vigilancia. 
Señor Presidente, espero no tener que añadir Carling, una plataforma química situada a 50 km. a vuelo de pájaro de aquí, y cerca del lugar donde vivo en Lorena, a Erika, a las tempestades, y a Toulouse. 
¿Cuántas señales mortíferas adicionales necesitaremos, señora Comisaria, para aceptar que se plantee la cuestión del porvenir de nuestra sociedad, una sociedad a la deriva, cual un barco loco controlado por un piloto automático que falla? 
¿Seguiremos aceptando por mucho más tiempo, como una fatalidad, que en nombre del empleo y de la todopoderosa economía, las poblaciones sigan viviendo en una situación de riesgo, como en Toulouse y en otras partes? 
¿Se ha informado a la población de los riesgos que corre? 
Parece que no. 
En cambio, aquellos que conocen este riesgo, y en primer lugar los ecologistas, reclaman desde hace varios años medidas drásticas, una protección de las fabricas y, por supuesto, el cierre de las más expuestas. 
En Toulouse ocurrió lo peor, desgraciadamente. 
Naturalmente, desde el mes de septiembre y desde el odioso ataque terrorista en Estados Unidos, ninguna fábrica química, ninguna central nuclear está a salvo, puesto que la abyección se ha hecho posible. 
Esto no debe en ningún caso impedir que nuestros países, con la Unión Europea a la cabeza, estén a la vanguardia de las medidas a tomar para garantizar a las poblaciones una seguridad máxima en su lugar de trabajo así como en su vida cotidiana. 
La Directiva Seveso I constituyó un enorme paso hacia delante. 
Seveso II representa un progreso, pero aún debe dar prueba de sus capacidades, puesto no que ha sido realmente aplicada. 
La investigación nos dirá si, en Toulouse, esas disposiciones se aplicaban, pero uno puede dudar de ello. 
¿Los responsables no consideran acaso como improbable semejante catástrofe? 
Hoy Europa necesita más que un Seveso III. 
Pero quisiera, en primer lugar, que no cedamos a la demagogia haciendo creer que se podría, con un toque de vara mágica, trasladar esas fábricas que plantean riesgos a otra parte, a un lugar seguro, más alejado. 
No se debe realizar ningún traslado de fábricas de alto riesgo a países en desarrollo, lo mismo que sería ilusorio pensar en desplazar dichas fábricas al campo. 
En segundo lugar, hace falta delimitar emplazamientos industriales específicos, mientras- recordémoslo, señora Comisaria- se han inyectado sumas cuantiosas y fondos europeos para rehabilitar terrenos industriales baldíos y a veces acondicionarlos para crear parques de atracciones. 
Hubiera sido más pertinente utilizar esos lugares para instalar fábricas con normas más estrictas. 
En tercer lugar, resulta más que urgente que la Comisión presente lo antes posible su proyecto de directiva sobre la responsabilidad medioambiental, única solución para obligar a los industriales negligentes, o incluso reacios, a aplicar las normas de carácter imperativo. 
Por último, debemos preguntarnos qué sociedad queremos desarrollar. 
Por ejemplo, vamos a autorizar la producción de moléculas químicas sin saber a ciencia cierta su impacto sobre la salud o los riesgos que pueden presentar, sea durante su transporte, sea durante su fabricación. 
Es nuestro modelo de sociedad el que debe cambiar de rumbo para garantizar a las generaciones futuras un porvenir que no sea sinónimo de fatalidad y peligro. 
Señor Presidente, ya culpable de un crimen contra el medio ambiente con el naufrago del petrolero Erika, el grupo TotalFinaElf vuelve a estar de actualidad, de forma trágica, con la explosión de la fábrica AZF de Toulouse: 29 muertos, más de 2500 heridos, una población entera lastimada. 
Al igual que mis colegas, me asocio plenamente al dolor de los hombres y las mujeres de Toulouse, y más especialmente de las familias de las víctimas. 
Pero nos incumbe hacer todo lo posible para definir las responsabilidades. 
En primer lugar, las de TotalFinaElf, que habría dejado que los abonos almacenados se transformasen en una bomba química a fuerza de ahorrar en los costes de producción, el control, la seguridad. 
Le corresponde a TotalFinaElf pagar, indemnizar a las víctimas, y garantizar a esos trabajadores la integridad de su salario en un momento en que TotalFina anuncia descaradamente una ayuda a la población cuyo monto equivale a la totalidad de un solo salario, el salario anual del presidente de su consejo de administración. 
La responsabilidad recae en segundo lugar en los poderes públicos, en el municipio que, a causa del impuesto sobre sociedades, mantuvo un polo químico en medio de barrios populares. 
En el gobierno, que esperó hasta 1999 para aplicar la Directiva Seveso II, votada en 1996, y claramente insuficiente. 
Hace falta reforzar la legislación, y su implementación tiene que ser controlada por controladores independientes en el marco de un servicio público. 
La seguridad de las personas y del medio ambiente es un asunto demasiado serio para que se deje en manos de los accionistas y de los especuladores. 
Les corresponde a las poblaciones, a los sindicatos, a las asociaciones, determinar, mediante un debate público, cuáles son las producciones socialmente útiles o que se deben considerar como demasiado peligrosas. 
Esta elección no debe estar en manos de aquellos que se han mostrado incapaces de garantizar la protección de las personas. 
Debe depender de una gestión publica, bajo control de la población y de los trabajadores. 
No dejemos que la ley del provecho contamine y mate. 
Sí, ¡nunca más esto! 
. 
(EN) Señor Presidente, antes que nada me permitiré recordarle que todavía no sabemos cuáles han sido las causas exactas ni la secuencia de acontecimientos. 
Se calcula que probablemente transcurrirá un año antes de que sepamos todos los detalles referentes a las causas del accidente. 
Es importante que recordemos que lo primero que tenemos que hacer es enterarnos exactamente de lo que ha sucedido y las causas del terrible accidente de Toulouse. 
En segundo lugar, quisiera mencionar la cuestión de la responsabilidad, que, antes que nada y por encima de todo, recae en los operadores de instalaciones peligrosas. 
La legislación no puede resolver todos estos problemas. 
Hay que aclarar la responsabilidad, y la responsabilidad recae en los operadores de la fábrica. 
Uno de los problemas fundamentales es la denominada urbanización caótica, el problema de la planificación de la forma de ordenar el territorio. 
Esta fábrica fue establecida en el decenio de 1920. 
Como saben ustedes, la directiva Seveso II trata de las nuevas instalaciones, así como de las normas para la información del público, etc. También saben ustedes que se trata aquí de una cuestión sumamente sensible para los Estados miembros, y hasta ahora la responsabilidad por la planificación de la forma de ordenar el territorio es de la incumbencia de las autoridades nacionales, regionales y locales. 
Por lo tanto se trata aquí de una cuestión sumamente delicada respecto de la cual no tenemos todavía facultades para adoptar decisiones sobre todos los aspectos que las requerirían. 
¿Qué podemos y debemos hacer en una situación como ésta? 
Tenemos que velar por que nuestra legislación se actualice y tenemos que procurar adoptar disposiciones que atiendan y prevean las mejoras de nuestra legislación necesarias para evitar que accidentes de ese tipo vuelvan a suceder, aunque todos sabemos que nunca podremos evitar todos los accidentes. 
Desgraciadamente es probable que volvamos a sufrir accidentes, pero tenemos que hacer todo lo que podamos por evitarlo. 
Por eso, una vez que hayamos determinado las causas de este accidente, iniciaremos un proceso abierto y transparente de consulta y debate con los Estados miembros y con todas las partes más interesadas, a fin de determinar lo que podemos hacer para mejorar nuestras directivas vigentes y para dotarlas de mayor eficacia con miras a evitar este tipo de accidentes. 
Hemos de seguir también adelante con lo que ya tenemos sobre la mesa- la directiva Seveso II modificada- a causa de los accidentes anteriores. No debemos demorar la tramitación y aprobación de la directiva modificada, pero no cabe la menor duda de que tenemos que llevar adelante el seguimiento de este accidente para poder tener la seguridad de que hemos hecho con nuestra legislación vigente todo lo que hemos podido para evitar otro accidente similar en el futuro. 
La idea del Sr. Savary de emplear el principio cautelar en la planificación de la forma de ordenar el territorio es un excelente punto de partida y, sin duda alguna, tendremos en cuenta esa propuesta concreta. 
Quisiera comunicarles también lo que sucede cuando un accidente como éste tiene lugar en uno de los Estados miembros. 
Como saben ustedes, tenemos una Unidad de protección civil que entra inmediatamente en servicio para ofrecer al Estado miembro de que se trate la ayuda y la asistencia de una red de diferentes expertos de todos los Estados miembros. 
Francia no ha pedido esa asistencia de nuestra Unidad de protección civil. 
Hemos procurado perfeccionar nuestras actividades de protección civil a fin de que, por ejemplo, haya una capacitación conjunta y una red de expertos de todo tipo mucho más eficaz. 
Por ejemplo, yo estaba en Gran Bretaña cuando ocurrió el vertido de petróleo procedente del buque Erika, y Francia necesitaba ayuda para proceder al lavado de las aves afectadas. 
El establecimiento de una Unidad de ese tipo que pueda entrar inmediatamente en servicio para cooperar en una zona concreta de Europa es algo posible. 
En un accidente como el que he mencionado, se ofreció a Francia todo el conocimiento especializado de que disponían los demás Estados miembros. 
Si la utilizamos de la mejor forma posible, una Unidad de protección civil reforzada puede desempeñar el papel de los denominados "cascos verdes" como fuerza de acción que puede entrar en servicio inmediatamente para actuar y prestar ayuda en caso de que suceda un accidente como éste. 
O sea que llevaremos a cabo el seguimiento de este accidente de forma cuidadosa y coordinada, en cooperación con los Estados miembros, a fin de determinar qué más cosas son necesarias en materia de prevención. 
Como han dicho todos ustedes, nuestros sentimientos están con las víctimas, con los participantes en las operaciones de salvamento, con los familiares y con las personas de la zona de Toulouse. 
Seguiremos ofreciendo nuestra ayuda y nuestra asistencia. 
Evaluación y gestión del ruido ambiental 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0296/2001) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (6660/1/2001- C5-0245/2001- 2000/0194 (COD) ) (Ponente: Sr. de Roo). 
. 
(NL) Señor Presidente, comisario, colegas, nuestros ciudadanos cada vez sufren más molestias a causa del ruido. 
Hace diez años, la Comisión Europea estimaba que una cuarta parte de nuestros ciudadanos sufría las molestias del ruido. 
Hoy en día, la Agencia Europea del Medio Ambiente ha determinado que un treinta por ciento de los europeos sufre las consecuencias del ruido. 
Un incremento del veinte por ciento en diez años. 
En mi país, los Países Bajos, el porcentaje de población afectada por el ruido llega al cuarenta y tres por ciento. 
Más de diez millones de ciudadanos europeos padecen trastornos del sueño. 
Todos los ciudadanos europeos tienen derecho al mismo grado de protección contra los niveles de ruido que perjudican la salud. 
Lamentablemente, nuestros ministros de medio ambiente opinan de manera distinta. 
Lamentablemente, el Consejo no se ha adherido a la propuesta de la amplia mayoría del Parlamento Europeo en su primera lectura cuyo objeto consistía en lograr cuatro directivas secundarias. Directivas secundarias referidas a las autopistas, al transporte aéreo, a los ferrocarriles y a la industria. 
¡El Parlamento Europeo pretende aplicar un enfoque combinado! La reducción a nivel europeo del ruido procedente de los aviones y la aplicación de las mismas normas sobre contaminación acústica en torno a los aeropuertos más transitados con el fin de proteger a nuestros ciudadanos. 
El Consejo se ha plegado a la opinión del ministro holandés de medio ambiente, Jan Pronk, quien asegura que el ruido es un problema de carácter local. 
Nuestros ministros de medio ambiente condenan a nuestros ciudadanos a soportar cada vez más ruido. 
En lo que respecta al ruido producido por el tráfico rodado, aéreo y ferroviario, los ministros de medio ambiente tan solo han presentado una declaración sin valor en lugar de una legislación vinculante. 
En la actualidad tan solo existen algunas normas europeas en materia de ruido referidas a electrodomésticos, cortadoras de césped y líneas de alta velocidad. 
Se precisan urgentemente normas europeas referidas al ruido provocado por los aviones. 
La organización mundial ICAO tan solo plantea una reducción modesta del ruido en lo que respecta a los aviones de nueva construcción. 
Desde el punto de vista técnico se puede hacer mucho más y Europa debe impulsar la obligatoriedad de estas medidas. 
Apenas existen normas europeas para camiones y automóviles, y las que existen son muy laxas. 
Buen ejemplo de ello es la directiva relativa a los neumáticos. 
El asfalto silencioso permite reducir los niveles de ruido entre diez y trece decibelios. 
Estas opciones técnicas deben tener cabida en la política europea. 
Además de las normas europeas referidas a los trenes de alta velocidad, se requieren normas que regulen los trenes de pasajeros normales y los trenes de mercancías. 
El Consejo sí que ha optado por armonizar los sistemas de medición y cálculo de los niveles de ruido. 
En la actualidad existen en Europa cincuenta y un métodos diferentes para ello. La misma directiva reduce este número a dos: Lden y Lnight. 
Lamentablemente, el Consejo ha dejado algunos cabos sueltos. 
La Comisión de Medio Ambiente propone corregirlos. Asimismo, la mayoría de la Comisión de Medio Ambiente también ha dejado algunos pequeños cabos sueltos. 
Por este motivo, el Grupo de los Verdes presenta junto con el Grupo Socialista cuatro enmiendas adicionales. 
Los niveles inferiores de ruido también deberían medirse. 
Pero esto no es suficiente. 
Los planes de actuación también deben tener por objeto la reducción del ruido. 
La mayoría de la Comisión de Medio Ambiente se ha adherido al Consejo en la postura que sostiene que los Estados Miembros deben tener la opción de establecer diferentes indicadores de contaminación acústica Lden. Esto significa que las mediciones dejarían de efectuarse de manera armonizada y que se limitaría la protección adicional de las horas nocturnas con un factor de diez, pasando de ocho a seis horas. 
Esto supone ceder ante los grupos de presión y no tiene nada que ver con las diferencias culturales entre nuestros pueblos. 
Dicho período nocturno de ocho horas es esencial para todo el mundo. 
Por este motivo, hemos presentado una enmienda conjunta. 
Insto a todos mis colegas a que se planteen de nuevo en serio esta cuestión y que el próximo miércoles en lugar de tirar del carro de los grupos de presión, otorguen prioridad a la salud de nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, el ruido ambiental es un problema medioambiental muy antiguo que hace mucho tiempo que dejó de tomarse en serio. 
Sin embargo, es un problema al que se enfrentan diariamente numerosos ciudadanos europeos. 
Además, los perjuicios económicos son enormes: decenas de miles de millones cada año. 
Por este motivo, recibo la directiva propuesta con los brazos abiertos, así como la sugerencia del ponente de convertirla en una directiva marco. 
En esta Cámara se ha debatido ampliamente en torno a la directiva y últimamente, a mi pesar, a menudo me he visto obligado a preguntarme si todos los participantes en el debate habían leído bien la propuesta. 
Hay que tener en cuenta, y lo repito una vez más, que no se trata de establecer las mismas normas en material de contaminación acústica en toda Europa. 
Europa muestra ciertamente una gran diversidad cultural, lo que conlleva que aquello que en un país se considera molesto, en otro Estado Miembro no es considerado así. 
No quiero centrarme en la diversidad porque el debate de hoy no trata esta cuestión. 
Se trata de la medición del ruido. 
La medición de los niveles de ruido debería efectuarse del mismo modo en toda la Unión Europea. 
Para ello debería establecerse una fórmula que permita la elaboración de mapas. 
A continuación, se deberá informar a la población acerca de lo que se considera contaminación acústica. 
A partir de estos datos, recopilados del mismo modo en toda Europa aplicando las mismas fórmulas, se podrán desarrollar planes de actuación con carácter local. 
Repito, señor Presidente, y quiero citar a la Comisión Europea en su aclaración, no se trata de establecer valores máximos que resulten aplicables a toda la Unión Europea. 
No obstante existirán situaciones, como la que se da en mi propio lugar de residencia, que deberán evitarse. Lo que no puede ser es que en un pedacito de Europa como mi propia región, Maastricht, no se permita la ampliación de un aeropuerto, mientras que a apenas treinta kilómetros se ha dado vía libre a la construcción de uno nuevo gracias a la existencia de requisitos menos estrictos. 
No se puede negar que la población se ve afectada por estos temas. Creo que el fenómeno del "shopping" constituye una distorsión del mercado y que se debería impedir esta práctica a las compañías aéreas europeas. 
La armonización de los métodos de medición se efectúa mediante una fórmula que tiene en cuenta, tal y como me veo obligado a explicar de nuevo a los colegas, las diferencias entre "día" y "noche", y la densidad de población, así como la diversidad cultural, lo que significa que en Portugal o en España se pueden establecer otras horas de "día" y de "noche". 
La gente de sur se preocupa ante una posible alteración del ritmo vital. Sin embargo, este temor es infundado. 
Quisiera dar a conocer mi opinión personal en torno a un aspecto concreto. 
Hasta ahora, he hablado en nombre de mi Grupo. 
Se ha debatido ampliamente la inclusión o exclusión de las bases aéreas militares de la directiva. 
A pesar de que este aspecto ha desaparecido de la directiva, el ponente lo ha vuelto de poner de manifiesto. 
Lo que mi corazón me pide que diga- no lo puedo explicar de otro modo- es que considero que las bases aéreas militares también deben someterse a mediciones. 
Especialmente en estos momentos, todo el mundo opina que se debe dar vía libre a la aviación militar. 
Yo también soy partidario de ello, aunque eso no significa que no se la pueda someter a mediciones. Esto no tiene nada que ver con la concesión de slots. 
La mayoría de las propuestas se han extraído de la propuesta inicial de la Comisión. 
Creo que no existen demasiados problemas en este aspecto. 
Señor Presidente, estimados colegas, al igual que en la primera lectura y en las discusiones y votaciones habidas en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Publica y Política del Consumidor mi Grupo apoya al ponente en su línea. 
En esta lectura se han barrido de la mesa los puntos más conflictivos, es decir, el ruido ambiental en los aeropuertos y también los aeropuertos militares. 
La posición común se queda más corta que las formulaciones, más concretas, de la propuesta de la Comisión pero mucho más corta que las exigencias que el Parlamento plantea a la política europea de lucha contra el ruido. 
Por ejemplo, la posición común ha eliminado todos los datos fijos en los que se trata de decir a partir de cuándo se han de elaborar y autorizar los mapas de ruido. 
Lo mismo hay que decir de los planes de acción. 
Por esta razón, mi Grupo considera prioritarias la aceptación y aprobación de todas las enmiendas que implantan de nuevo estos datos concretos. 
Otro punto es la información. 
La enmienda 22 reza que los Estados miembros han de velar por que los mapas de ruido y los planes de acción se publiquen en Internet, como muy tarde, a los dos meses de su autorización. 
Esto es muy importante para nosotros. 
Creo que podemos celebrar debates generales sobre la manera de acercar más Europa a los ciudadanos y a las ciudadanas, si luego en las propuestas políticas concretas no nos arredramos a poner en práctica la política de información. 
En mi opinión, la cuestión clave- lo han dicho mis dos antecesores en el uso de la palabra- es la de si lograremos apoyar las directivas derivadas. 
Considero ya un progreso que existan métodos armonizados de medición de ruidos e índices de ruido comunes. 
Pero esto no puede ser sino sólo el principio. 
¿Qué diremos a la gente si, a pesar de mostrarles el problema, no establecemos pasos concretos para solucionar también este problema? 
Creo que aquí es necesaria una limitación cronológica. 
No podemos esperar eternamente a que se establezcan los próximos pasos en este ámbito. 
Por esta razón, mi Grupo ha firmado junto con los Verdes una solicitud de que en el plazo de dos años se presenten estas directivas derivadas. 
Señor Presidente, es muy posible que hace 100 años resonara en nuestras ciudades el ruido de las ruedas de hierro y de los cascos de caballerías sobre el adoquinado de las calles. 
Sea como fuere, uno tiene la impresión de que nuestra sociedad es ahora más ruidosa que nunca, con tantas máquinas, equipos estereofónicos y de alta fidelidad, aviones, trenes y, sobre todo, el ruido de carreteras y autopistas. 
Soy resuelto partidario de reducir el ruido para que la vida sea más agradable, más pacífica y más tranquila. 
Estoy en favor de las propuestas de la Comisión de que haya mediciones comunes para que todos sepamos lo que vemos y oímos en nuestra Unión Europea. 
Estoy en favor de confeccionar mapas del ruido y de promulgar legislación en el marco de las normas del mercado único para imponer límites al ruido del nuevo equipo que se introduce y vende en toda la Unión Europea, pero me opongo a que la Unión imponga límites al ruido de las instalaciones en un Estado miembro determinado. 
Mi actitud, como he hecho valer firmemente en comisión parlamentaria, se basa en la subsidiariedad, en la creencia de que las decisiones deben fijarse al nivel práctico más bajo que sea posible. 
En casi todos los casos la Comisión de Medio Ambiente se ocupa de cuestiones que lógicamente deberían resolverse en el plano de la Unión Europea, pues se refieren a asuntos que afectan a más de un Estado miembro: las cuestiones transfronterizas. 
Ahora bien, cuando llegué hoy al Parlamento y abrí la ventana del despacho de la Torre no pude escuchar el ruido del aeropuerto de Estrasburgo ni siquiera el ruido del tren. 
Lo único que pude oír fue a alguien que estaba gritando en el patio. 
Estimo que el ruido de los aeropuertos no es un factor transfronterizo y me alegra que la comisión parlamentaria haya rechazado algunas de las enmiendas presentadas. 
Instaré a mi Grupo a que rechace la enmienda 34 porque sigue implicando la introducción de límites para el ruido. 
El Sr. de Roo ha dicho a propósito de la enmienda 36 que el límite de ocho horas de sueño es esencial para todos. 
Quizá sea así. 
También es posible que una taza de cacao y un poco de lectura en la cama sean esenciales para todos, pero no es algo que deba resolverse en el plano de la UE. 
No debemos fijar normas para ese tipo de cosas. 
Lo más curioso de este debate, como se pudo comprobar en la comisión parlamentaria y se puede comprobar ahora aquí, es que con las mejores intenciones posibles- mejorar la salud y proteger el medio ambiente- se nos sugiere la adopción de medidas que constituyen esa especie de centralización gradual que, al fin y al cabo, hace que un número demasiado grande de nuestros electores consideren que la Unión Europea es una entidad mandona y entrometida. 
Deberíamos aprovechar esta oportunidad, y quizá todas las oportunidades que se nos presenten, para materializar nuestra creencia de que, siempre que sea posible, deberíamos aplicar estrictamente los principios de la subsidiariedad y cerciorarnos de que, cuando adoptamos medidas en nombre del medio ambiente a nivel de la Unión Europea, lo hacemos porque representarán una mejora tangible para nuestros ciudadanos y porque se trata de algo que no pueden hacer por su propia cuenta cada uno de nuestros Estados miembros. 
Señor Presidente, la política sobre el ruido es una política absolutamente nueva en una sociedad industrializada que avanza con el crecimiento de la técnica y del ruido, y la pregunta de si la política sobre el ruido es un asunto de la subsidiariedad no puede ser respondida desde dos diferentes posiciones a la vez. 
Señor Davis o señor Bockland, si yo procediera de los países de los que ustedes proceden, entonces blandiría también absolutamente el argumento de la subsidiariedad, pero, querido colega Bockland, yo conozco solamente dos aeropuertos que están en Holanda, cuyos pasillos aéreos cruzan mi distrito electoral. 
Todo esto es relativo y, en consecuencia, creo que aquí hemos de debatir si no podríamos encontrar un corredor con arreglo al cual pudiéramos establecer los criterios básicos y creo que en esto no disentimos tanto dentro del marco de los mapas de ruido. 
Yo propugno básicamente que tengamos en la Unión Europea criterios de medida comparables y propugno también que sobre la base de esos resultados de medición abordemos luego planes de acción que, evidentemente, sean elaborados por los Estados miembros y que también sean puestos en práctica y sean controlados por los Estados miembros. 
Para mí resulta realmente interesante la cuestión de a partir de cuándo entrará en vigor este conjunto regulador y en esto la Comisión de Medio Ambiente ha ido, sin duda, demasiado lejos. 
Al leer el texto de la Comisión de Medio Ambiente se podría llegar a pensar que en el futuro cada camino vecinal tendrá que elaborar un mapa de ruido; esto está, sin duda, demasiado poco definido y lo que el Consejo propone es, sencillamente, tedioso. 
Si ustedes han de elaborar ese mapa de ruido sólo a partir de 6 millones de vehículos por año, entonces propongo que abandonen toda la operación. 
Por consiguiente, un promedio sensato sería, en mi opinión, una buena solución. 
En lo que respecta a la medición del ruido de los tramos ferroviarios habría sido bueno que hubiéramos tenido otro parámetro, pues el ruido de los ferrocarriles se percibe de manera diferente al de las autopistas y aeropuertos. 
Por desgracia, esto ha fracasado en la comisión, cosa que lamento especialmente. 
Al contrario que mi colega, la Sra Rita Oomen, a la que, por otro lado, aprecio mucho, considero francamente arriesgada la afirmación de que nosotros los políticos del medio ambiente podamos decidir en una directiva cuándo han de volar los aviones militares. 
Con independencia de la actual situación, este Parlamento no tiene facultades para dictar a la República Francesa o a los colegas británicos cuándo han de realizar sus vuelos de prácticas. 
Creo que los vuelos militares no entran en esta directiva ni tampoco serán incluidos en la misma. 
Por lo demás, creo que, en principio, este debate era necesario. 
Yo deseo que con este documento lleguemos al Comité de Conciliación, pues entonces, señor de Roo, pasaremos de las exigencias de usted, un tanto exageradas, a otras más realistas que nos hagan avanzar en toda esta suma de cosas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, Karl-Heinz Florenz, creo ya que en el caso de nuestras directivas hemos de reflexionar acerca de si queremos seguir exceptuando muchos más entes estatales, pues, naturalmente, para el ciudadano normal o para la ciudadana normal es igual que el ruido proceda de un avión civil o de un avión militar. 
En consecuencia, no se trata tampoco de imponer qué medidas de tipo táctico.militar hay que discutir, sino solamente de configurar los vuelos en el marco de un índice de ruido y de un plan de acción, de tal manera que la carga total acústica sobre el individuo no sobrepase el volumen defendible. 
Creo que deberíamos dirigir nuestros esfuerzos comunes hacia la determinación de qué es aceptable para las personas y qué no lo es, y deducir de ahí qué medidas hay que adoptar. 
En este punto se necesita aún un cierto volumen de investigación. 
Todavía no se ha dicho, por ejemplo, si para un individuo es especialmente peligroso un nivel medio de carga acústica o cargas acústicas aisladas y muy elevadas. 
Por esta razón, necesitamos todavía un mayor conocimiento de las causas, de los efectos y de sus interrelaciones. 
De ahí también nuestra exigencia de no decir enseguida que ahora tenemos nuestra directiva marco y a ella vincularemos determinados índices acústicos con determinados valores límite, sino que digamos que primero queremos tener el catastro y luego, dentro de tres años, aprobaremos las correspondientes directivas derivadas que contengan criterios de calidad para la política de gestión del ruido. 
En segundo lugar- y considero que esto tiene, como mínimo, la misma importancia- habría que considerar de nuevo con atención cada una de las fuentes de ruido, para averiguar de qué manera se puede imponer en el plano europeo- quizá con más rapidez y eficacia que con planes de acción in situ- la reducción de ruido en los aviones, en los camiones, por ejemplo, mediante las cubiertas de las ruedas. 
Por consiguiente, necesitamos también una reducción del ruido en las fuentes que lo originan. 
Señor Presidente, desde luego la contaminación por el ruido es una realidad, es un hecho que además va en aumento en la mayoría de los países de la Unión Europea, una agresión no sólo al oído sino a todo el sistema nervioso de los ciudadanos que, en muchas ocasiones, altera no sólo el carácter, mediante reacciones de irritabilidad e insomnio, sino que también produce dolencias del sistema auditivo. 
Yo vengo de un país del Sur y la verdad es que en numerosísimas ocasiones he pensado: " ¡Quién pudiera hacer callar esta cortadora de césped que tengo al lado! 
¡Quién pudiera hacer que el tráfico rodado por esta carretera tuviera menos ruido! 
¡Quién pudiera hacer que esta discoteca que tengo al otro lado de la manzana no proyectara hacia mi ventana o hacia mi casa su música! " 
Y en todos estos momentos en los que una ciudadana como yo se ha dicho "¿ por qué no hay algo o alguien que evite estos ruidos ?", la mayoría de los ruidos deberían ser regulados o bien por el ayuntamiento o bien por la comunidad de vecinos o bien por las autoridades de la zona. 
En fin, a un nivel más local que nacional. 
Como ya se ha dicho en numerosas intervenciones anteriores, realmente las ocasiones en las que el ruido, al nivel que la mayoría de los ciudadanos lo sufrimos, debe ser tratado de una forma transfronteriza me parecen prácticamente inexistentes. 
Se ha hablado del ruido de los aeropuertos, y el ruido de los aeropuertos se supone que afecta al 1,7 % de la población de un país, mientras que el ruido del tráfico rodado afecta en muchísima mayor medida. 
Me parece que fijarnos en el ruido de los aeropuertos y no atacar a nivel local, sobre todo, el ruido del tráfico rodado me parece una discriminación un tanto absurda en detrimento de los aeropuertos. 
En fin, no voy a entrar en esto. 
Quería dejar sobre todo clara, una vez más, la diferencia que hay en los diferentes países de la Unión Europea respecto al ruido y a su percepción. 
Los países mediterráneos somos en ese sentido más ruidosos, tenemos un clima que permite estar en la calle y, en ese sentido, las ocho de la tarde para nosotros son horas de intercambio social, de estar en la calle y profesionalmente activas. 
Nosotros no podremos nunca aprobar y dar el visto bueno a una directiva que discrimina de esta manera unas culturas de las otras. 
Señor Presidente, Comisario, colegas, en primer lugar quisiera felicitar a Alexander de Roo por su perseverancia en la lucha contra la contaminación acústica. 
La contaminación acústica resulta especialmente molesta y puede constituir una amenaza para la salud. 
La salud guarda relación con el medio ambiente y con el modo en que contaminamos nuestro entorno. 
Es lógico que se le preste mucha atención a este punto en el sexto programa medioambiental. 
Esta atención deberá traducirse en medidas concretas. 
El punto de partida es la reducción de ruido a unos niveles en los que la salud pública no se vea amenazada. 
En este sentido, se deben tener en cuenta las directivas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 
La contaminación acústica es un fenómeno local sin carácter transfronterizo. Las soluciones deben proceder de las administraciones locales, regionales y nacionales. 
No debemos pretender excedernos en nuestro afán regulador. 
La mayoría de países no desea un excesivo ánimo regulador desde Bruselas, aunque existen casos concretos en los que se justifica una intervención de las autoridades europeas. 
En primer lugar, cuando la fuente del ruido excede los límites, por ejemplo, en forma de productos. 
Para ello, existen normas europeas que regulan la contaminación acústica como, por ejemplo, las normas sobre el ruido que producen las máquinas cortacésped. 
Se necesitan normas que regulen las emisiones acústicas de determinados productos como automóviles, embarcaciones de recreo, camiones, trenes, aviones y maquinaria industrial. 
Un segundo motivo a favor de la intervención europea es la obtención de datos fiables y comparables. 
El Parlamento Europeo puso hace tiempo de manifiesto la falta de datos referidos a las diferentes fuentes de ruido y se necesita contar con un método común para medir y evaluar el ruido. 
He aquí la base de la propuesta de la Comisión. 
En tercer lugar, se pueden formular principios de carácter general que establezcan que el contaminador o el responsable del ruido deben ser los que paguen. 
Debemos integrar este tipo de principios en nuestra legislación. 
Los ciudadanos deben disponer de derechos claros, lo cual considero un aspecto fundamental. 
En caso de quejas serias referidas a la contaminación acústica, debe existir el derecho a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y a que se adopten las medidas necesarias. 
Señor Presidente, estamos todos de acuerdo, las emisiones sonoras perturban la vida cotidiana de nuestros conciudadanos. 
Sin embargo, estoy un poco asombrada. 
Se pide sencillamente a Europa que repare los errores de ordenación territorial en cada uno de sus Estados miembros. 
¿Porqué recurrir a Europa, dado que cada Estado miembro puede decidir sobre lo que debe hacer en su propio territorio? 
Ya hemos actuado en lo que se refiere a los neumáticos, los motores de aviones; podemos hacerlo para el revestimiento de las calzadas; nuestra tarea es inmensa. 
Pero ¿porqué establecer normas que, en realidad, no solamente conciernen a los Estados miembros, sino que también deben tener en cuenta las diferencias territoriales y, sobre todo, incitar a las colectividades a adoptar las medidas necesarias, de acuerdo con su realidad local, en vez de decidir en su lugar? 
Es el principio de subsidiariedad, al cual me adhiero muy particularmente en este ámbito. 
Creo que les incumbe a los elegidos locales decidir sobre lo que tienen que hacer en cada municipio, en cada ciudad, en cada departamento, en cada región. 
La decisión incumbe a los elegidos locales. 
Hago parte de ellos. 
Sé muy bien lo que es establecer un mapa de ruido estratégico. 
Nos hablan de los aeropuertos. 
Existen aeropuertos internacionales, aeropuertos nacionales; existen diferencias extremas entre los aeropuertos. 
El impacto del ruido es por consiguiente distinto. 
Entonces, ¿porqué imponer normas que no serán válidas para la totalidad de ellos? 
No hace falta olvidar que los aeropuertos son fundamentales para los territorios que hacen uso de ellos. 
Las infraestructuras en materia de transporte aéreo son un factor esencial para las industrias; muchas veces, éstas escogen su lugar de implantación en función de los medios de comunicación y de los aeropuertos. 
¿Hace falta recalcar que es totalmente imprescindible mantener una derogación para los aeropuertos militares? 
En esto estoy de acuerdo con el Sr. Florenz. 
Las circunstancias actuales muestran claramente la importancia de esta disposición. 
Terminaré recordando que esta Directiva lleva por titulo "Evaluación y gestión del ruido". 
Por lo tanto la evaluación precede la gestión. 
¿Cómo se puede pretender fijar límites sin un estudio preciso, transversal, sobre la base de criterios de evaluación establecidos conjuntamente? 
Hace falta por lo tanto disponer de mapas de ruidos precisos, y luego pedir a cada Estado miembro que desarrolle planes de acción eficaces. 
Pienso también que es fundamental que nuestros conciudadanos estén asociados a esos procesos, pero esto no se podrá hacer sino de acuerdo con cada territorio y con cada responsable local. 
Señor Presidente, señora Comisaria, no es exagerado afirmar que un porcentaje elevado de ciudadanos europeos se ve obligado a vivir expuesto a tales niveles de ruido que tienen efectos nocivos graves en la salud. 
Por esta razón considero muy importante que la Unión Europea avance en una estrategia integrada de lucha contra el ruido. 
Ahora estamos en la segunda lectura, y debemos concentrarnos en los temas principales, tal como los define el Sr. ponente. 
Para establecer normas sobre el ruido, cuestión que afecta a los Estados miembros y a la industria, es urgente que la Unión Europea aplique la ayuda técnica para organizar la investigación, el intercambio de informaciones, la sensibilización de las distintas partes, la aplicación y el control de las medidas propuestas, en propuestas concretas sobre las líneas generales. 
Estoy de acuerdo con la postura del Consejo sobre los indicadores de ruido, que permite que los Estados miembros desplacen hasta dos horas el periodo de tarde porque, señor Presidente, en los países del sur las condiciones climatológicas son distintas a las de los países del norte y creo que esta regulación es indispensable. 
Sobre el calendario propuesto, considero que la propuesta inicial de la Comisión es posible y que los Estados miembros deben emprender los procedimientos administrativos cuanto antes para poder aplicar la directiva propuesta. 
Para terminar, quisiera agradecer al Sr. ponente su valiosa labor. 
Señor Presidente, Señorías, cada vez hay más ciudadanos europeos afectados por el ruido ambiente, pero, a pesar de eso, la Unión Europea ha estado lenta en la aplicación de una política común en materia de ruido. 
Así, pues, estoy de acuerdo con las ambiciosas opciones formuladas por el ponente, Alexander de Roo, y lo felicito por su trabajo. 
Apoyé su informe en la Comisión de Medio Ambiente y lo apoyo de nuevo. 
Permítanme que destaque algunos aspectos. 
En primer lugar, estoy de acuerdo con la transformación de esa directiva en una directiva-marco vinculante de la que más adelante se desprenden directivas específicas sobre el ruido provocado por los automóviles, las motocicletas, los trenes y las aeronaves. 
En segundo lugar, convengo igualmente con la imposición de límites comunes de ruido en las inmediaciones de todos los aeropuertos civiles de la Unión Europea. 
No sólo porque el ruido causado por el tráfico aéreo nocturno es el que más provoca perturbaciones del sueño de los ciudadanos, sino también porque, por falta de normas comunes en la Unión Europea, hemos presenciado situaciones de notoria distorsión de la competencia entre aeropuertos y falta de equidad para con los ciudadanos de los diferentes Estados miembros. 
En tercer lugar, me parecen positivas las enmiendas hechas en la posición común sobre los indicadores de ruido. 
Con dichas enmiendas los Estados miembros pueden trasladar hasta dos horas del período vespertino al período diurno o nocturno, lo que permite que se aplique la legislación sobre el ruido sin que atente contra los hábitos y las costumbres de cada uno de los países y, en particular, los del sur de Europa. 
Se debe aplicar esta nueva legislación lo más deprisa posible, pero para que se cumpla es necesario que los Estados miembros inviertan muy rápidamente en los medios técnicos y humanos indispensables para su supervisión y fiscalización. 
En caso contrario, una vez más tendremos una buena ley que nadie aplique. 
Señor Presidente, en el ejercicio de mi profesión he conocido a personas con problemas de salud derivados de los ruidos. 
Los daños y las molestias auditivas son, no obstante, individuales, lo que complica el problema. 
Por ejemplo, vivir cerca de un campo de tiro puede ser muy molesto, aunque dicho campo no se use frecuentemente. 
Hay personas a las que los ruidos de baja frecuencia y sus vibraciones les resultan muy molestos. 
Estoy convencido de que se necesitan más investigación y más conocimientos en torno a estos problemas. 
Las numerosas diferencias existentes en esta parte del mundo hacen a nuestra Europa especialmente fascinante. 
Las variaciones del paisaje europeo y de la naturaleza son sólo un ejemplo. 
Las zonas habitadas van desde las de alta densidad de población en Europa Central, por ejemplo Holanda, hasta parajes escasamente poblados en el norte de Europa, en Suecia y en Finlandia. 
Cuando adoptamos medidas contra los ruidos tenemos que tomar en cuenta estas características. 
Los aviones, los coches y los trenes se desplazan a través de distintos países y ambientes. 
Por eso parece lógico que existan normas comunes sobre los ruidos, pero las zonas industriales y los aeropuertos son instalaciones fijas cuyo entorno puede ser muy variado. 
Por ese motivo es importante que las medidas que se contengan en la futura normativa sobre los ruidos no se circunscriban a la perspectiva de urbe centroeuropea. 
Las normas deberán ser flexibles. 
Las autoridades locales y nacionales son quienes mejor pueden tomar en consideración los factores asociados a las fuentes de ruidos. 
Para dar cumplimiento al principio de subsidiariedad, las normas para combatir los ruidos deben ser aplicables en todo el ámbito comunitario, sin que produzcan consecuencias desafortunadas en algunas regiones. 
Señor Presidente, creo que a veces la percepción del mundo cambia tanto que la misma realidad se vuelve seria, ridícula o irrelevante. 
Yo creo que esto ocurre con el ruido. 
Realmente el ruido y las actividades que provocan ruido- no hay cosa más tremenda que una máquina abriendo un agujero en la calle, que no nos deja vivir -, en su mayor parte son subsidiarias, son competencia incluso de las autoridades locales, hasta el punto de que lo más difícil es poner de acuerdo a unas ciudades y otras sobre la hora de cerrar, por ejemplo, los bares, porque todas quieren hacerse la competencia. 
Sin embargo y a pesar de eso, creo que esta directiva peca de un afán de homologarnos a todos que creo que va en contra incluso de la diversidad cultural. 
Digo muchas veces que, en el tiempo del Mediterráneo, el día tiene 30 horas y el día en los países del Norte tiene 24. 
Pero en nuestro tiempo, el día tiene 30 horas, porque el tiempo es elástico: la abuela se acuesta a las 10 y el nieto, el mismo día, se acuesta a las 5 de la mañana y al día siguiente todo funciona porque es un tiempo milagroso, un tiempo flexible, tan flexible como la sociedad quiere que lo sea. 
Por tanto, pretender reducir todo eso a una matemática es prácticamente imposible. 
Incluso diría que le resta autoridad a la Unión Europea, el que la gente piense que su mundo particular va a estar sometido a estas directivas. 
Por otra parte, les recuerdo de nuevo que estamos ante el grave problema de la ordenación del territorio. 
De nada vale que estemos poniendo música para apaciguar a las fieras. 
Tenemos que enfrentarnos directamente con el problema y éste es de ordenación del territorio. 
Además, no estoy de acuerdo con alguna enmienda, como por ejemplo aquella que habla de la competencia. 
¿Qué tiene que ver la competencia con el ruido de los aeropuertos? 
¿Nos hacemos competencia en la geografía? 
¿Nos hacemos competencia si estamos a grandes distancias, si estamos en distintos climas, si estamos en distintas condiciones? 
Podríamos decir también que todos tendríamos que tener las mismas horas de sol y no las tenemos. 
Por tanto, yo diría, Señorías, que aquí tenemos que ser prudentes, ser cultos, entender la diversidad y entender que la gente va al Sur, entre otras cosas, porque se divierte más y se puede quedar por la noche, hasta bien tarde, en una terraza, oyendo música. 
Señor Presidente, ésta es la primera directiva que trata del ruido ambiental, cosa diferente del ruido proveniente de una fuente común determinada, y por eso merece que la acojamos con satisfacción. 
También me agrada la reciente decisión de la Comisión de Medio Ambiente de reafirmar que esta propuesta de directiva debería consolidarse en una directiva marco de la cual pudieran derivarse normas legislativas más detalladas y específicas, o sea, dicho de otra manera, directivas de complemento. 
En relación con el ruido ambiental y con los diferentes sectores de transporte, y no hablemos de las diferentes circunstancias que se dan en los Estados miembros, una política a base de "un tamaño vale para todos" no puede ser una base legislativa satisfactoria. 
Quisiera mencionar otra cuestión. 
No estoy de acuerdo con las opiniones de mi colega el Sr. de Roo, expuestas en las enmiendas concretas que ha presentado en esta propuesta de directiva, acerca del ruido en los aeropuertos y en los alrededores de aeropuertos. 
Por lo que a mí se refiere, ésa es una cuestión que deberá estudiarse más adelante. 
Quisiera recibir una respuesta de la Comisión, en vista de la opinión expresada por el Abogado General el día 20 del pasado mes de septiembre, acerca del dictamen preliminar sobre la invalidez de los artículos 2 y 3 del Reglamento (CE) Nº 925/99 en cuanto a la restricción del empleo de aeronaves en aeropuertos europeos en interés de la protección contra el ruido. 
Ese reglamento, cosa curiosa y discutible, se basaba en criterios de diseño más bien que en criterios de funcionamiento. 
Me estoy refiriendo a las discutibles normas sobre atenuadores de ruido, que nos brindan un ejemplo de cómo no hay que hacer algo. 
Agradeceré sobremanera una respuesta de la Comisión. 
¿Podría indicar la Comisión si va a proponer que se derogue o se modifique este reglamento, que es una cuestión importantísima? 
No podemos basarnos en criterios de diseño, en vez de utilizar criterios de funcionamiento, que favorecerían más a un fabricante de motores de reacción que a otro. 
Por hacerlo nos hemos encontrado en una situación difícil. 
Agradeceré que insistamos en la cuestión de las enmiendas presentadas por el Sr. de Roo. 
En vista de lo que sucedió con la legislación sobre los atenuadores de ruido, me gustaría que hubiera una respuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, me gustaría formular un par de observaciones generales y un par de observaciones específicas sobre este informe. 
Para empezar, diré que, en términos generales, hago mía la posición común- representa un compromiso útil- pero no soy partidario de ir más allá que lo que acabo de decir. 
Este texto es útil como directiva marco, pero no me gustaría que hubiera más directivas derivadas de él. 
Tenemos que obrar con mucho cuidado al aplicar los principios de la subsidiariedad, opinión que se ha expresado repetidamente en este Parlamento. 
No me parece que tendríamos ninguna credibilidad como Parlamento o como Unión Europea si empezamos a dictar a nuestros ciudadanos cuántas horas pueden o no pueden dormir. 
Ésta es una cuestión que debe determinarse en el plano local. 
Si un aeropuerto, por ejemplo, está situado en el centro de una ciudad, entonces los valores límites que serían aceptables serán completamente diferentes de los correspondientes a un aeropuerto situado en una península de una zona rural tranquila. 
No veo por qué una comunidad determinada no se esforzará por construir un aeropuerto, por ejemplo como centro de recepción y distribución de carga, que pueda admitir una contaminación por ruido superior a la que podría aceptar una gran ciudad. 
Ésta es una cuestión de la incumbencia de las autoridades locales y del gobierno nacional y no debe ser de la incumbencia de este Parlamento ni de nuestra Unión. 
Quisiera preguntar a las personas que desean incluir aeronaves militares y aeródromos militares en el ámbito de esta directiva, si lo que quieren realmente, puesto que Europa se halla actualmente en estado de guerra, es que nuestras fuerzas aéreas no puedan operar de noche ni con aviones que sean demasiado ruidosos y que no puedan defender nuestras libertades contra ataques terroristas porque los aviones meten mucho ruido. 
Me parece que si se insiste seriamente en esa propuesta, toda Europa se reiría de nosotros. 
Soy partidario de que haya normas legislativas que fijen límites de ruido para proyectos concretos, pero me parece que vamos demasiado lejos en muchos de los aspectos de las enmiendas que se proponen en esta directiva. 
. 
(EN) Señor Presidente, antes que nada quisiera decir que en modo alguno estamos intentando sugerir que en toda Europa la población vaya a la cama a una hora determinada o que sólo se pueda reír en determinados lugares, y que tampoco queremos armonizar ninguna de las tradiciones culturales y costumbres diferentes de Europa. 
La propuesta de directiva que se está discutiendo hoy, en seguimiento de nuestro Libro Verde de 1996, tiende a elaborar una nueva política del ruido para luchar contra el ruido que afecta a la gente, y no solamente contra el ruido proveniente de determinadas fuentes. 
Eso se hará trazando mapas del ruido armonizados para determinar los niveles de ruido en toda la Comunidad; informando a la población acerca de los niveles de ruido y sus efectos; interviniendo ante las autoridades de los Estados miembros para que desarrollen planes de acción encaminados a conseguir niveles de ruido apetecidos; y proporcionando información sobre el ruido ambiental a las instituciones de la Unión Europea, a fin de evaluar la situación y prever nuevas acciones. 
Hay 51 formas diferentes de medir el ruido, pero me parece que deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo sobre la forma de medir el ruido dentro de nuestra Comunidad. 
Eso es el primer paso: el trazado de mapas del ruido. 
Por lo que se refiere a esta última cuestión, comprendo las inquietudes expresadas por algunos diputados que han presentado enmiendas en favor de proponer directivas derivadas a fin de fijar nuevos valores límite para las fuentes de ruido y el ruido ambiental. 
Ahora bien, el éxito de la política inédita de ruido que deseamos elaborar depende particularmente de la calidad de los datos que podamos recopilar. 
Por el momento, la falta de esos datos es evidente, debido particularmente a la falta de armonización de la evaluación de los niveles de ruido dentro de Europa. 
La Comisión estima que en estos momentos sería prematuro presentar propuestas que fijen nuevos valores límite para el ruido. 
Tenemos ya un grupo de normas legislativas sobre acceso al mercado que fijan valores límite para diferentes tipos de vehículos de carretera, por ejemplo. 
Sería más sencillo y más rápido dar mayor rigor a las normas legislativas actuales sobre el ruido que introducir nuevas directivas derivadas. 
Consideraremos lo que deberían ser esas normas una vez que contemos con los datos obtenidos gracias a los mapas estratégicos del ruido, que, naturalmente, comunicaremos al Consejo y al Parlamento. 
Por esas razones no podemos aceptar las enmiendas que introducen directivas derivadas y valores límite, pero estamos dispuestos a proponer otras sanciones lo antes posible, y por eso aceptamos de muy buena gana las enmiendas que hagan más estricto el calendario. 
La directiva no afecta a fuentes concretas como los motores de aviación y los atenuadores de ruido. 
La Comisión no ha tenido tiempo todavía de estudiar detenidamente la decisión adoptada por la OACI la semana pasada, pero es evidente que nos ocuparemos de ella en cuanto tengamos la posibilidad de hacerlo. 
A continuación paso a examinar detalladamente las 36 enmiendas adoptadas por la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento. Podemos aceptar 28 enmiendas en su totalidad, o en principio, o en parte. 
Podemos aceptar la enmienda 1, que modifica el título, a fin de que la propuesta sea un marco comunitario para la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
Ahora bien, como ya he dicho, estimamos que sería prematuro fijar nuevos valores límite y por lo tanto no podemos aceptar las enmiendas 2, 3, 6 y 33. 
En cuanto al calendario para la aplicación de la propuesta de directiva, aceptamos con placer las enmiendas 10, 13, 17, 18, 19, 21, 23 y 25, que proponen que se restablezcan las fechas de la propuesta original de la Comisión, y en consonancia con esas enmiendas podemos aceptar también en principio las enmiendas 15 y 16, que preconizan la aceptación de plazos más rigurosos, aunque tendríamos más reservas por lo que se refiere a la supresión del enfoque en dos fases para carreteras y líneas ferroviarias. 
A ese respecto, no podemos aceptar la enmienda 20. 
Varias enmiendas ayudan también a aclarar el texto y, además, aceptamos las enmiendas 4, 7, 8, 14, 27, 28 y 29. 
Podemos aceptar en principio la enmienda 5, que introduce cuatro principios importantes, aunque no deseamos que queden excluidos otros principios. 
En cuanto a la enmienda 9, que preconiza el restablecimiento de la definición de salud humana, apoyamos la primera parte de la enmienda pero la referencia a la Organización Mundial de la Salud nos parece superflua en estos momentos. 
En cuanto a la armonización de los indicadores comunes de ruido, Lden y Lnight, la enmienda 11 preconiza la utilización obligatoria de esos indicadores para la planificación acústica y la determinación de zonas de ruido, mientras que la enmienda 34 vuelve a introducir la definición de un plan de acción encaminado a reducir el ruido cuando se rebase un valor límite de Lden o Lnight. 
En el seno del Consejo se llegó a un acuerdo acerca de la utilización de indicadores comunes únicamente a efectos de confección de mapas estratégicos del ruido, mientras que el examen de la necesidad de armonizar mejor los indicadores se aplazó para su examen en la revisión propuesta en el artículo 11. 
Por lo tanto lamento decirles que no podemos apoyar las enmiendas 11 y 34. 
Ahora bien, como la directiva se limita ahora a la confección de mapas estratégicos del ruido, es lógico que se apoye el principio de la enmienda 12. 
Por lo demás, también aceptamos la enmienda 36, que procura reducir la flexibilidad y la definición del indicador de ruido Lden, con lo cual se podrán obtener resultados más comparables. 
En lo que atañe a la información pública, la enmienda 22 requiere que la información para el público se publique en Internet dentro de un plazo de dos meses. 
Nos parece bien el principio en que se basa la enmienda, pero la difusión de información al público no debe quedar circunscrita a Internet. 
En cuanto a la cláusula de revisión con arreglo al artículo 11 de la propuesta, la enmienda 24 preconiza que suprima la referencia a diferentes climas y culturas. 
No podemos aceptar la enmienda 24 debido a las serias inquietudes expresadas en el Consejo por Estados miembros. 
Por lo que se refiere a los anexos podemos aceptar en parte la enmienda 26, que preconiza que sea obligatorio el suministro de información financiera sobre planes de acción. 
De los tres tipos de información financiera en cuestión, aceptaríamos que fuera obligatorio el suministro de información presupuestaria, pero los otros dos tipos son más difíciles de aceptar. 
Por último, podemos aceptar las enmiendas 30, 31, 32 y 35 del Anexo VI, que restablecen parcialmente las disposiciones originales propuestas por la Comisión sobre la especificación técnica de los mapas estratégicos del ruido. 
Doy gracias al Parlamento Europeo y al ponente, Sr. de Roo, por el examen detallado de que han hecho objeto a esta propuesta y por las útiles enmiendas que han presentado. No hay duda de que han reforzado la propuesta y de que han mejorado también su calidad. 
. 
(NL) Señor Presidente, sólo quisiera aclarar un malentendido. 
No se ha presentado de nuevo una enmienda para medir el ruido de carácter militar. 
Algunos colegas se han basado erróneamente en este dato. 
De modo que esta cuestión queda zanjada. 
Tomamos nota de ello. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Contaminación procedente de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0287/2001) del Sr. Lange, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para la modificación de la directiva 97/68/EG relativa a la adaptación mutua de las legislaciones referidas a las medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera (COM (2000) 840- C5-0742/2000- 2000/0336 (COD) ). 
Señor Presidente, una pregunta retórica que a menudo recibe una respuesta no menos teórica es: ¿qué apareció antes, el huevo o la gallina? 
En el caso de la nueva tecnología del aire limpio, lo que sucede generalmente es que el gobierno tiene que poner primero el huevo legislativo de cuya eclosión saldrá la tecnología que nos proporcionará automóviles o camiones menos contaminantes. 
Ahora bien, en el caso del presente informe la situación es la contraria, porque en términos generales se dispone de la tecnología necesaria para que sean más limpios los motores pequeños que, como dice el Sr. Lange, pueden producir más contaminación en una hora que un coche que se desplace a 150 km. por hora. 
En muchos casos el costo es la única razón de que no dispongamos todavía de motores más limpios. 
De hecho, Honda puede fabricar motores de cuatro tiempos con válvulas en culata que cumplen fácilmente esos requisitos. 
Sin embargo, hay algunas excepciones de importancia a la mencionada regla general. 
Me alegra que el Sr. Lange haya retirado su sugerencia de que la exención aplicable a los pequeños fabricantes se fijara en 10.000 vehículos al año- que no hubiera incluido a ningún fabricante europeo- en favor de la posición de la Comisión que es de 25.000 vehículos, lo que incluye a siete fabricantes. 
Ahora bien, esta directiva nos plantea algunos problemas concretos, en particular por lo que se refiere a sierras de cadena y otras herramientas parecidas. 
Se trata de máquinas que tienen que ser de poco peso porque han de ser transportadas por personas; no pueden recalentarse, para evitar que se queme el que las usa; y tienen que ser susceptibles de uso en diversas posiciones, lo que quiere decir que tienen que trabajar cuando estén boca abajo. 
Para todos esos usos concretos, la tecnología a base de dos tiempos es la única solución viable. 
Me acuerdo de cuando veíamos a los Trabant y a los Wartburg que venían de Berlín oriental; esos tipos de motores de dos tiempos son más contaminantes, pero en el caso de las sierras de cadena no hay alternativa posible. 
La solución que preconiza la Comisión consiste en utilizar un sistema de promedios y compensaciones, que permita contrarrestar los motores "sucios" con motores "limpios" y dejar la utilización de tecnologías limpias para el año próximo y utilizarlas entonces para fabricar algunos motores "sucios". 
Este sistema no me convence. 
Desde muchos puntos de vista es un sistema poco honrado porque la gente comprará máquinas creyendo que cumplen las normas, cuando en realidad son más sucias. 
Únicamente los grandes fabricantes que fabrican una amplia gama de motores podrán beneficiarse de esa situación. 
Ese sistema no merece nuestro apoyo. 
El Sr. Lange debería reflexionar cuidadosamente acerca de mi enmienda, y así podríamos encontrar una solución que podrían aceptar las dos alas de este Parlamento. 
Señor Presidente, de esta directiva se ha dicho a menudo que es la directiva de las segadoras. 
El hecho de que los diputados de este Parlamento consagren su tiempo a discutir acerca de máquinas para cortar el césped confirmará sin duda alguna la impresión que un número demasiado grande de nuestros electores tienen acerca del valor de nuestro trabajo. 
Si es así, lo mejor que pueden hacer nuestros electores es reconsiderar su actitud. 
El humo azul de los generadores, de las segadoras, de las bombas de extracción, etc., habla por sí solo. 
Su efecto acumulativo contribuye sobremanera a la contaminación atmosférica. 
Por eso, en contraste con el último debate en el que alegué firmemente que deberíamos poner de relieve el principio de la subsidiariedad, esta cuestión es de carácter claramente transfronterizo y por razones de tipo ambiental y relacionadas con el mercado único debe abordarse en este Parlamento. 
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor hemos acabado por acostumbrarnos a que los representantes de la industria vengan y nos digan "no hagan eso, el plazo es demasiado corto, no disponemos de la tecnología necesaria". 
Por eso ha sido un verdadero placer comprobar que mientras esta directiva está pasando a través del Parlamento, una sola compañía- Honda, a la que se ha referido el Sr. Goodwill- se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que las normas que estaba proponiendo la Comisión no eran suficientes. 
Me hago cargo de que Honda tiene sus propios motivos para adoptar esa posición. Ha hecho las inversiones necesarias, puede cumplir las normas y quiere preservar una ventaja competitiva respecto de los que no han hecho lo mismo. 
Pero, ¿no es eso lo que todos queremos? 
¿No es algo positivo que los fabricantes compitan entre sí con miras a fijar las normas ambientales más rigurosas que sea posible? 
Lamento que la comisión parlamentaria no haya aceptado algunas de las enmiendas que presenté en una fase anterior. 
Lamento también que demasiadas compañías de mi propio país no sepan tener en cuenta el porvenir y sigan fabricando equipo sucio y contaminante en vez de invertir en el futuro y guiarse por las normas más rigurosas a fin de poder competir debidamente con todos los demás países. 
Aquí en Europa deberíamos esforzarnos por establecer las normas más rigurosas que la tecnología disponible permita fijar. 
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Goodwill acerca de las sierras de cadena y acerca de la dificultad de alcanzar esas normas por lo que se refiere a esa herramienta, pero también quiero resistir, como ha dicho el Sr. Lange, a las propuestas de la Comisión en favor de recurrir a promedios y compensaciones. 
En mi opinión eso permitiría que los fabricantes siguieran fabricando motores que no reúnen las condiciones más rigurosas en materia de calidad de la atmósfera y quizá incluso que desarrollaran y comercializaran nuevas máquinas de ese tipo. 
Al fin y al cabo, no insistimos en que los cambios se efectúen ahora. 
La propuesta incluye un plazo de transición a fin de dar tiempo para renovar el equipo. 
La enmienda 18 sugiere la posibilidad de dar incentivos y apoyo financiero a los fabricantes. 
Espero con interés el momento en que mi vecino empiece a cortar su césped- y, con un poco de suerte, quizá también el mío- a sabiendas de que el aire no quedará contaminado y que los pájaros no toserán ni carraspearán en los árboles que rodean a mi casa. 
Señor Presidente, he de manifestar mi preocupación por la enmienda 2 presentada por la Comisión de Medio Ambiente, que sugiere que se suprima la opción de los promedios y las compensaciones, que parece ser una opción más bien aceptable. 
Observo ahora que la propia comisión parlamentaria cree que se está ocupando de contaminación producida por maquinaria utilizada principalmente para fines de ocio, que, según alega la comisión, representa una proporción considerable de la producción de precursores de ozono, especialmente los sábados por la tarde en los meses veraniegos. 
¿No se da cuenta la comisión parlamentaria de que también estamos tratando de una amplia gama de elementos de equipo profesional? 
Hemos oído mencionar las sierras de cadena, pero también hay otros muchos ejemplos. 
Las sierras de cadena son de importancia vital para la gestión de bosques y arbolado. 
Los fabricantes dicen que si esta enmienda queda aceptada, ya no podrán fabricar ese tipo de herramientas. 
El resultado neto de eso sería, según los profesionales, una repercusión negativa para el medio ambiente, y por eso insto al Parlamento a que rechace la enmienda. 
Ahora bien, sabiendo con qué entusiasmo este Parlamento se pronuncia en favor de todo tipo de norma legislativa, por muy insensata o restrictiva que sea, quizá no me desagradara que la enmienda quedase aceptada pues, teniendo en cuenta la cantidad de daños que causaría, por lo menos demostraría lo disparatados que son el Parlamento y la Unión Europea como instrumentos legislativos. 
La gente de la calle lo sospechaba ya desde hace muchos años, pero quizá en este caso consigan ustedes que se convenza. 
. (SV) Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias al señor Lange y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por este completo informe. 
También agradezco las enmiendas presentadas. 
Esto constituye una buena base para alcanzar un acuerdo rápido y eficaz. 
Las emisiones de elementos contaminantes del aire por parte de los vehículos normales han sido objeto de regulaciones en el seno de la Unión Europea durante más de tres décadas. 
El resultado es que los actuales niveles de contaminación son inferiores al 10 por ciento de aquellos que existían al momento de introducir estas limitaciones. 
Por consiguiente, la importancia relativa de otras emisiones ha aumentado y, al mismo tiempo, podemos comprobar- tal como lo hacemos también en el Auto-Oil program de la Comisión- que se necesitan más medidas en torno al problema de la calidad del aire en la Unión. 
La propuesta que discutimos hoy se ocupa de las emisiones de los motores que están montados en cortadoras de césped, sierras mecánicas, aspiradoras de hojas, bombas, generadores y aparatos similares. 
Anualmente se fabrican alrededor de 25 millones de máquinas de este tipo en el mundo y, aunque las estadísticas son algo imprecisas, al parecer estos aparatos son responsables del 10 al 15 por ciento de las emisiones de hidrocarburo en la Unión. 
Esto mismo ha sido expresado de otra manera: el uso de una sierra mecánica durante una hora emite la misma cantidad de hidrocarburo que un coche moderno que recorre más de 200 kilómetros. 
Esas emisiones afectan a la formación del ozono, lo que constituye uno de nuestros problemas no resueltos en materia de contaminación del aire. 
Es evidente que tenemos que hacer algo para disminuir las emisiones de esta clase de máquinas. 
La mayoría de los productos que se mencionan en la propuesta se venden en el mercado mundial y más del 90 por ciento de ellos son fabricados por grandes empresas que tienen presencia en ese mercado. 
La armonización de las legislaciones ha sido un elemento importante para la Comisión en su afán de facilitar la rápida aplicación de las normas, con la condición de que dicha armonización sea compatible con un gran respeto medioambiental. 
La única legislación en esta materia existe en EE.UU. y, a nuestro juicio, satisface las necesidades medioambientales, por lo que ha influido considerablemente en la formulación de nuestra propuesta. 
Al mismo tiempo, debo hacer hincapié en que no sólo existen las grandes empresas sino que también hay otras que no tienen presencia en el mercado mundial. 
Esas empresas elaboran una pequeña parte de la producción total y, a menudo, son productos especiales para usos limitados. 
Muchas de esas empresas son pequeñas y, por esa razón, carecen de recursos para desarrollar la tecnología necesaria para mantenerse dentro de los límites de emisión. 
Por eso, tal como se hace en la legislación norteamericana, hemos propuesto algunas excepciones para esos productos y esas empresas. 
A mi juicio, la propuesta de la Comisión es un excelente ejemplo de situación de doble ganancia ya que, junto con satisfacer las necesidades de la industria- que no necesita dispersar sus recursos para adaptarse a diferentes normas -, nos permite conseguir ventajas medioambientales que habrían sido inalcanzables de otra manera. 
La Comisión acepta las enmiendas que posibilitan a los Estados miembros etiquetar los productos que hayan alcanzado el grado 2 y les permite el uso de herramientas económicas para estimular la producción y venta de esta clase de productos aún antes de que los valores límite sean obligatorios. 
La Comisión también acepta en principio que se adelante la introducción del grado 2, pero se opone a un adelanto del grado 1, ya que crearía una presión desmedida en los productores pequeños que no venden sus productos en el mercado mundial. 
La Comisión se opone también a modificar la definición de pequeño fabricante. 
En relación con el sistema denominado averaging and banking entendemos hasta cierto punto las interrogantes sobre su uso en la práctica, pero pensamos que es un elemento importante para la armonización en este campo y que, si se le elimina, la legislación europea será distinta a la norteamericana. 
El motivo de la instauración de este sistema es que por razones técnicas muchos productos- diferentes productos dependiendo del fabricante- tienen dificultades para alcanzar los valores del grado 2. 
En este contexto, para alcanzar los efectos medioambientales deseados, es importante no exceptuar los productos que podrían cumplir con las exigencias. 
El sistema de averaging and banking es flexible y su introducción deja la responsabilidad administrativa a los fabricantes que quieran utilizarlo y, además, produce beneficios medioambientales. 
Si, por el contrario, se exceptuasen algunos productos se correría el riesgo de disminuir radicalmente los beneficios medioambientales, ya que esas excepciones no se compensarían como se hace en el sistema averaging and banking. 
También hay que recordar que esas excepciones se refieren exclusivamente a productos dotados de motores de dos tiempos, que son los que más contaminan. 
Por esa razón, la Comisión quiere subrayar la importancia del mantenimiento de este instrumento en la legislación y se opone a las enmiendas que proponen lo contrario. 
Asimismo, quisiera hacer hincapié en que lo importante no es el sistema de averaging and banking en sí, sino la flexibilidad, la armonización y los beneficios medioambientales a que da lugar. 
Algunas maquinarias podrían ser exceptuadas, después de analizar las consecuencias medioambientales y de otro tipo, pero la Comisión se opone a establecer esas excepciones a priori, aunque podría aceptarlas en el futuro mediante el uso del procedimiento de comité. 
También nos oponemos a las enmiendas que prohiben el uso de motores de dos tiempos en generadores y quitanieves. 
La Comisión está dispuesta a estudiar la posibilidad de redactar nuevas leyes en esta materia, especialmente en lo que respecta a las partículas provenientes de los motores de dos tiempos, y a coordinarlas con las peticiones respecto a las partículas originadas por las motos y los ciclomotores. 
La Comisión acepta, en principio, las enmiendas 1, 10, 11, 13, 14, desde la 18 hasta la 28, y la número 30. 
La Comisión no acepta las enmiendas 2, 3, 6, 7, 8, 12, 15 y 17, pero está dispuesta a estudiar soluciones que permitan alcanzar flexibilidad, armonización y beneficios medioambientales. 
La Comisión no acepta las enmiendas 4, 5, 9, 16 y 29. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
Expiración del Tratado CECA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0303/2001 del Sr. Turchi, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre 
I. la propuesta modificada de decisión del Consejo por la que se establecen las disposiciones necesarias para la aplicación del Protocolo anejo al Tratado de Niza sobre las consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA y el Fondo de Investigación del Carbón y del Acero (COM (2000) 519 + COM (2001) 121- C5-0165/2001- 2001/0061 (CNS)) 
II. la propuesta modificada de decisión del Consejo por la que se establecen las directrices financieras plurianuales para la gestión del fondo "CECA en liquidación" y, tras el cierre de la liquidación, de los "Activos del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero" (COM (2000) 520 + COM (2001) 121- C5-0166/2001- 2000/0363 (CNS)) 
III. la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, al Comité Consultivo CECA, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones- Expiración del Tratado CECA: Actividades financieras a partir de 2002 (COM (2000) 518- C5-0204/2001- 2001/2095 (COS)) 
y 
A5-0297/2001 del Sr. Linkohr, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta modificada de decisión del Consejo por las que se establecen las directrices técnicas plurianuales para el Programa de investigación del "Fondo de Investigación del Carbón y del Acero" (COM (2001) 121- C5-0167/2001- 2000/0364 (CNS)) 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, la propuesta marco que estamos debatiendo instituye a la Comunidad Europea como sucesora de la CECA. 
De acuerdo con la propuesta, los ingresos netos procedentes de las inversiones del patrimonio del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero constituirán ingresos del presupuesto de la Unión Europea. 
Estos ingresos se destinarán a un fin específico, a saber, a la financiación de proyectos de investigación en los sectores relacionados con la industria del carbón y del acero. 
La Comisión gestionará el Fondo de Investigación; los importes procedentes del Fondo se repartirán entre el sector del carbón y el del acero en razón del 27,2 % y del 72,8 %, respectivamente. 
Este reparto sólo se podrá modificar en virtud de una decisión unánime del Consejo. 
Por último, la propuesta establece que los gastos administrativos derivados de la liquidación, la inversión y la gestión del Fondo de Investigación serán a cargo del presupuesto general. 
Señorías, en mi breve resumen no he olvidado nuestro papel: simplemente la futura construcción del que fue el primer Tratado europeo, de la que fue la primera piedra de la creación de la Europa unida, elimina totalmente a nuestra Institución. 
Me opongo firmemente al enfoque de la Comisión que en su propuesta marco prevé sólo la consulta al Parlamento con respecto a las directrices financieras y técnicas del Fondo. 
Han dibujado para nosotros un papel tan pasivo que se contradice plenamente con las actuales necesidades en materia de transparencia y de democracia y con poderes incluso menores de los que nuestro Parlamento ejerce en materia presupuestaria. 
En mi informe he presentado varias peticiones al Consejo: ante todo he pedido que se aplicara el procedimiento de codecisión; en segundo lugar, he pedido la presupuestación plena de los intereses anuales del Fondo como ingresos preasignados a través de la creación de una línea presupuestaria específica en la sección del presupuesto dedicada a los ingresos y a los gastos, de conformidad con los principios de especificidad y de neutralidad presupuestarias, en línea con las disposiciones del Acuerdo Interinstitucional y del Reglamento Financiero; en tercer lugar, he pedido que, a través de esta línea, se paguen los gastos administrativos correspondientes que se calculan en unos 8,4 millones de euros que, de lo contrario, correrían a cargo del presupuesto general. 
Asimismo, he incluido la posibilidad de modificar el reparto de los importes entre la investigación en el sector del carbón y la investigación en el sector del acero, como consecuencia del aumento de la producción gracias a la propia ampliación. 
Sin embargo, he notado que en la resolución presentada al Pleno sigue constando una referencia al Banco Central Europeo que les ruego que no tengan en cuenta: se refiere a una enmienda que he retirado y que, por un descuido de carácter técnico sigue apareciendo en la resolución. 
En cuanto a la solicitud de utilización del procedimiento de codecisión, quiero subrayar que la propuesta legislativa de la Comisión se basa en los Tratados y en el Protocolo de Niza que afirma que el Consejo, pronunciándose por unanimidad a propuesta de la Comisión y tras haber consultado al Parlamento Europeo, adoptará todas las disposiciones necesarias para la implementación de este Protocolo. 
En la práctica, quitan al Parlamento cualquier poder, a pesar del hecho de que los gastos administrativos del Fondo del Carbón y del Acero deberían correr a cargo del presupuesto general. 
Esto significa que el Parlamento debería aprobar gastos adicionales y aprobar la gestión del Fondo sin poder influir para nada en la ejecución de sus actividades. 
Por lo tanto, mi solicitud de utilización del procedimiento de codecisión no es una solicitud de cambio de fundamento jurídico, sino únicamente de artículo. 
En efecto, el documento de la Comisión hace referencia al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, sin especificar artículo alguno, así como al Protocolo anejo al Tratado de Niza, artículo 2- en el que se prevé que al Parlamento Europeo le corresponde únicamente una consulta- un Tratado que, sin embargo, no está todavía en vigor y que muy probablemente no lo estará hasta el mes de julio de 2002. 
En consecuencia, nos encontramos en una situación extremadamente móvil que nunca se ha dado antes y que no se registrará nunca más, ya que el Tratado CECA es el único Tratado que, repito, tiene una fecha de expiración. 
Asimismo, aunque el Protocolo anejo al Tratado de Niza tuviese que entrar en vigor, éste sólo hace referencia al procedimiento relativo a la aprobación del paquete global, mientras que no hace referencia a las decisiones anuales. 
Por lo tanto, propongo solicitar el procedimiento de codecisión de conformidad con el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y respecto a este punto espero y pienso contar con el respaldo del Pleno, del mismo modo que lo tuve en la Comisión de Presupuestos. 
En cuanto a la plena inscripción de los intereses en el presupuesto y a la posibilidad de que a través de esta línea se paguen los gastos administrativos, el Parlamento prestó su acuerdo en 1998 con el fin de que todos los intereses del Fondo se emplearan para la investigación. 
Señorías, como he apuntado antes, la situación a la que debemos enfrentarnos es extremadamente especial y, sin duda, irrepetible: nos encontramos ante el único Tratado con una fecha de expiración, cuya sucesión jurídica depende en gran parte de un tratado que no solo no se ha ratificado todavía, sino que, probablemente, no podrá ratificarse a tiempo. 
En mi opinión y con el apoyo de los coordinadores de los Grupos políticos en la Comisión de Presupuestos, considero que si el planteamiento que he dado en las enmiendas legislativas será aprobado por este Pleno, antes de emitir el dictamen del Parlamento Europeo deberíamos emprender negociaciones con el Consejo y con la Comisión para tratar de aumentar el papel de nuestra Institución. 
Por esto, tras la votación sobre las enmiendas legislativas, pediré a la Presidencia que aplace la votación sobre la resolución legislativa, a la espera de comprobar la posibilidad de un acuerdo con la Comisión y con el Consejo, para aumentar el papel del Parlamento. 
Espero que estarán de acuerdo con mi planteamiento. 
Señor Presidenta, es preciso dar la conformidad al Sr Turchi. 
Lo que nos presenta el Consejo es un asunto duro. 
En Niza se proclaman los valores fundamentales de la democracia y seguidamente se disuelve el Tratado CECA y se instituye un Fondo de Investigación sin que el Parlamento tenga, en absoluto, la posibilidad de codecidir sobre ello. 
Esto constituye, debo decirlo, un duro asunto. 
Vayamos una vez más al caso. 
En realidad, aquí somos unos oradores fúnebres, pues estamos enterrando un Tratado que puso en marcha a la Unión Europea hace 50 años, pero la muerte es singular. 
Es una muerte con un renacimiento, pues de este Tratado se han derivado otros tratados y sobre su espíritu descansa en definitiva la Unión Europea. 
En este contexto quisiera comentar que entonces, en la Conferencia de París el 9 de mayo de 1959- el 9 de mayo es nuestra fiesta europea- Robert Schuman indicó que ésta era la primera etapa de la federación europea. 
No habló de una fusión de estados nacionales, sino de una federación europea y con ello se reveló como un hombre dotado de una visión mucho mayor que muchos de nuestros hombres y mujeres de Estado a los que les cuesta aún pronunciar la palabra federación. 
Quiero señalar que esto se menciona también así en los libros de Historia. 
En segundo lugar: de este Tratado se va a derivar ahora un Fondo de Investigación. 
El Sr. Turchi se ha referido a ello y, en sí, es también razonable que no se devuelva el dinero a los Estados miembros sino que se deposite en un Fondo desde el cual se financiará en el futuro la investigación sobre el carbón y sobre el acero. 
Por un lado, este Fondo no está controlado por el Parlamento. 
Ésta es la contradicción que he mencionado. 
En segundo lugar, genera problemas con el Programa marco de investigación. 
¿Cuál es la delimitación entre el Programa marco de investigación que aprobamos aquí de forma democrática, y el Fondo de Investigación? 
En tercer lugar: ¿qué se hace con los países candidatos? 
En realidad, cada país candidato, si quiere pertenecer al Fondo de Investigación, primero tendrá que pagar en este Fondo de Investigación para poder participar en el mismo. 
Esto genera también varias clases de investigación en el seno de la Unión Europea. 
Yo propongo- y esto lo ha asumido también así la Comisión de Investigación- que solucionemos este conflicto y lo solucionemos de manera positiva convirtiendo en los próximos años este Fondo de Investigación en una fundación para la investigación que surja junto al Programa marco de investigación, una fundación para la investigación en la que los Estados miembros y también entidades privadas- pienso especialmente en las privadas- puedan ingresar recursos para financiar también otros proyectos de investigación junto a los relativos al carbón y al acero. 
Afortunadamente tenemos entretanto muchas personas acaudaladas que no saben qué hacer con su dinero cuando han alcanzado una cierta edad y realizan donaciones también. 
Nacen las fundaciones. De tales donaciones puede constituirse esta fundación y puede trabajar así temas que van mucho más allá del carbón y del acero. 
Espero que el Parlamento dé su aprobación a esta recomendación. La consecuencia sería que la Comisión reflexionase también sobre esto y presentase quizá también un informe acerca de cómo se podría llevar esto a la práctica. 
En Alemania tenemos experiencia en este ámbito. 
Junto a la ayuda estatal a la investigación tenemos una Fundación para la investigación que desde los años 20 viene funcionando muy bien y que con poca burocracia da un fuerte aliento a la actividad investigadora en Alemania. 
Si esto pudiera hacerse en el plano europeo, no sería una mala idea. 
Último comentario: las peticiones 1 a 5 de mi informe se deben a un error. 
Recomiendo que no las sometamos a votación. Están contenidas sin más en el Informe Turchi y en las enmiendas y, por consiguiente, cubiertas. 
En consecuencia, recomiendo que no se sometan a votación. 
Por lo demás, en la comisión tampoco se ha votado sobre ellas. 
Se trata realmente de un error. 
Espero, no obstante, que de este Fondo de Investigación se derive realmente en los próximos cinco o diez años una segunda pata de apoyo de la investigación de la Unión Europea. 
De esta suerte corregiríamos este fallo no democrático que en nuestro tiempo resulta realmente intolerable. 
Señor Presidente, Señorías, el Grupo del PPE va a votar favorablemente el informe Turchi sobre las dos propuestas modificadas de decisión del Consejo y la Comunicación de la Comisión sobre las actividades financieras, consecuencia de la expiración del Tratado CECA, y las derivadas, a su vez, de la creación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero. 
Suscribimos, asimismo, al igual que todos los demás coordinadores de los Grupos políticos- lo hemos hecho ya en la Comisión de Presupuestos -, la estrategia que el ponente plantea. 
Presupuestariamente, el informe plantea ciertas novedades que, después de discusión en nuestra comisión parlamentaria, han sido aceptadas por todos los Grupos políticos de la misma. 
En particular, el ponente aceptó la sugerencia de ampliar la lista de organismos consultores añadiendo al Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y otras instituciones europeas de relevancia y competencia en esta materia. 
Por otro lado, se suavizaron también las condiciones originales sobre el programa financiero que debería presentarse para explicar las actividades del Fondo de Investigación. 
La idea original de elaborar planes financieros anuales parecía en exceso restrictiva. 
Pero, básicamente, el informe Turchi solicita el control parlamentario del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero y esa solicitud es totalmente coherente con la misma razón de ser de este Parlamento. 
No seríamos un parlamento representativo de los ciudadanos europeos si aceptáramos quedar al margen de un control sobre los fondos de investigación. 
Desde la Comisión de Presupuestos no ponemos en cuestión dónde deben revertir las reservas CECA, tampoco entramos en si esas empresas siguen manteniendo o no un tratamiento diferenciado con respecto a otros sectores estratégicos. 
Nosotros, como Comisión de Presupuestos, simplemente pedimos que se aplique aquí la codecisión, que niega repetidamente el Consejo. 
Si va a continuar existiendo- como decía el Sr. Linkohr- una política europea sobre el carbón y el acero más allá de la expiración del Tratado CECA y si esa política va a desarrollarse en gran parte a través de este Fondo de Investigación, lógicamente el Parlamento Europeo debe estar allí, en los procesos de gestión y control de dicho fondo. 
Por eso, pedimos que los ingresos del fondo se inscriban en el presupuesto general de la Unión. 
Más control presupuestario, más control parlamentario significa más transparencia y más responsabilidad. 
No podríamos entender que se marginara a nuestra institución en una materia tan importante. 
Por eso votamos favorablemente el informe Turchi y toda la estrategia que conlleva. 
Señor Presidente, apoyo las propuestas que se formulan en el informe Linkohr. 
La situación, en la que estamos viendo que el Consejo y la Comisión no dan facultades de codecisión al Parlamento en relación con este Fondo y las directrices técnicas que se elaborarán a su respecto, no es aceptable y requiere un cambio de actitud. 
Es una verdadera lástima que nos estemos alejando de los aspectos de política social de estos Fondos, que brindaban cierto alivio a las compañías y, en particular, a los trabajadores de compañías que estaban siendo objeto de una reestructuración. 
ISPAT en Cork (Irlanda) , que anteriormente era una empresa estatal, fue adquirida hace algunos años por una empresa privada y se halla actualmente en liquidación. 
Los 400 trabajadores que había en la empresa reciben la prima reglamentaria de despido- unos cuantos millares de libras por toda una vida de trabajo- y, a pesar de ello, cuando el gobierno y los sindicatos buscaron apoyo con cargo a los aspectos de política social de este Fondo, se les denegó. 
Es verdaderamente extraordinario que nos hallemos en semejante situación. 
Lo más extraordinario es que ISPAT era una fábrica que reciclaba recortes de acero: el objetivo del nuevo Fondo de Investigación es mejorar las normas ambientales y las repercusiones de la industria siderúrgica para el medio ambiente, y eso es precisamente lo que estaba haciendo ISPAT. 
Hay que insistir muy firmemente en que, en la medida en que ese Fondo de Investigación tenga algún efecto, ese efecto debe ser positivo para la seguridad en el lugar de trabajo. 
En enero de este año hubo un desgraciado incidente en el que una persona perdió la vida en esa fábrica siderúrgica. 
La empresa no había invertido los fondos necesarios para proporcionar capacitación en la lucha contra incendios y para instalar escotillas de salvamento, y esa persona perdió la vida como consecuencia de la negligencia de la empresa. 
Tenemos que velar por que los reglamentos de salud y seguridad se cumplan rigurosamente. 
Señor Presidente, he examinado con satisfacción y apruebo el informe de mi colega, el Sr. Linkohr, y muy particularmente sus observaciones acerca de la participación del Parlamento y de la evolución de las estructuras democráticas de la Unión Europea. 
Este Tratado, junto con el Tratado Euratom, seguían estando al margen de los tratados por los que se estableció la Unión Europea y, por lo tanto, quedaban al margen del control y escrutinio democráticos. 
Esto es totalmente inaceptable, particularmente en momentos en que las instalaciones energéticas, tanto las nucleoeléctricas como las no nucleares, pueden ser objeto de ataques terroristas. 
La salud y la seguridad deben ser nuestra máxima preocupación. 
Como otros colegas han indicado ya, la falta de escrutinio parlamentario ha restado toda aceptabilidad a las propuestas de la Comisión y los Verdes, por lo tanto, no pueden convenir en la propuesta de la Comisión relativa a los gastos del fondo de investigación. 
¿Cómo podría la Comisión de Presupuestos del Parlamento aprobar el presupuesto sin antes ejercer su función de escrutinio de la gestión financiera y la asignación de fondos? 
Por último, la expiración del Tratado CECA después de 50 años nos recuerda que el Tratado Euratom, que ha estado también al margen del control y escrutinio democráticos de este Parlamento, es una anomalía en momentos en que un número cada vez mayor de Estados miembros se desligan de la energía nucleoeléctrica y se encaminan hacia nuevas formas de energía, y que esa anomalía, que afortunadamente acabará cuando acabe la Comunidad del Carbón y el Acero, sigue en pie en el caso del Tratado Euratom. 
Señor Presidente, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero ha suscrito créditos en los mercados financieros durante la última década, concediendo, a su vez, préstamos para desarrollar investigaciones en el sector del carbón y del acero. 
Cuando cesen las actividades de la CECA, se sabe que el cierre de la liquidación declarará un superávit de 1.100 millones de euros. 
Ahora estamos fijando las reglas del juego que regirán la inversión de estos fondos en la investigación del sector del acero y del carbón. 
En mi opinión, la creación del Fondo de Investigación es algo positivo, mientras que, por el contrario, es negativo suprimir las ayudas destinadas a corregir las desigualdades sociales. 
Según la propuesta de la Comisión, tanto la inversión de los recursos como la elaboración de los proyectos de investigación correrían a cargo de un ejército de treinta funcionarios, cuyas actividades y mantenimiento absorberían tres millones y medio de euros: da la impresión de que se trata de una burocracia excesiva, de manera que el Parlamento deberá volver a abordar esta cuestión en el contexto de la aprobación de la gestión. 
Según una de las enmiendas incluidas en el informe del Sr. Linkohr, habría que crear una fundación europea autónoma de investigación, así como ampliar a otros sectores la utilización del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero y permitir la participación del sector privado en la financiación de las actividades. 
Esto, señor Linkohr, es una propuesta muy alarmante. 
Nosotros ya contamos con el Centro Común de Investigación de la UE y con el Programa marco de ciencia e investigación. 
Yo comprendo la actitud positiva del Sr. Linkohr hacia la investigación, pero no debemos crear nuevas formas de burocracia. 
Estamos obligados a crear el Fondo de Investigación del Carbón y del Acero debido a la expiración del Tratado CECA. 
Está justificado que sus reservas reviertan en los sectores de donde provienen, pero la idea de una fundación de investigación financiada conjuntamente por los contribuyentes de la UE y por las empresas privadas incrementaría en vano la burocracia. 
Mejor sería que el Parlamento exigiera la aplicación del procedimiento de codecisión al ámbito de la ciencia y la investigación, dejando que la Comisión se encargara de la gestión completa de los programas. 
No cuestionamos aquí las buenas intenciones que guían al Sr. Linkohr en relación con la ciencia y la investigación. 
Señor Presidente, señoras y señores colegas, un Tratado se extingue pero permanece el fundamento, pues el fundamento, el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, hace tiempo que penetró en la sustancia constructora de la Unión Europea. 
También nos queda la fecha conmemorativa del 9 de mayo de 1950, el día en que Robert Schumann presentó el plan genial del francés meridional, Jean Monnet, emprendiendo así la fundamentación de lo que hoy denominamos la obra europea de paz. 
El Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero tiene dos sucesores: esto de lo que estamos hablando hoy y, en lo que respecta a la futura explotación del carbón, las cuestiones de las subvenciones, de las que nos ocuparemos todavía más tarde. 
Sobre los dos informes quisiera hacer brevemente cuatro puntualizaciones. 
Primera puntualización: el procedimiento que se ha propuesto aquí adolece de una mentalidad predemocrática. 
Ciertamente, en 1952 esto era defendible pero, naturalmente, ya no es defendible que el Consejo decida solo, cuando, entretanto, los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión han elegido por quinta vez un Parlamento democrático, es decir, a los que nos encontramos aquí. 
Esto debe estar claro. 
Segunda puntualización: es correcto apoyar al carbón y al acero en la investigación con los ingresos anuales de 45 millones de euros. 
En derecho cabría decir: ésta es una temprana forma anticipada de cooperación reforzada entre otras cosas. 
Pero igualmente correcto es, naturalmente, reflexionar, como recomienda la comisión basándose en el informe presentado por el Sr. Linkohr, acerca de cómo hacer de este Fondo una fundación, pues entonces se resolvería el problema de los nuevos Estados miembros de una manera más fácil que cuando tengan que participar de los recursos de los antiguos pagadores. 
Tercera puntualización: la Comisión ha subordinado acertadamente el Fondo de Investigación a los Derechos fundamentales, pues la Carta de Derechos Fundamentales resume el Derecho vigente. Esto significa que todo lo que se organice en el plano europeo debe medirse por el criterio de los Derechos fundamentales y está vinculado a los mismos. 
Considero un asunto duro que el Consejo haya borrado en su deliberación estas tres propuestas de la Comisión y quiera eliminar del texto la referencia a la Carta de Derechos Fundamentales. 
Esto constituye un escándalo jurídico increíble que debe ser denunciado aquí y por ello lo menciono. 
Con esto llego al cuarto punto y en éste, señora Comisaria, estoy especialmente interesado por su respuesta: en efecto, ustedes, como Comisión, tuvieron originariamente otro fundamento jurídico. 
Ahora se remite usted al Protocolo anejo al Tratado de Niza y esto resulta un tanto interesante pues este Tratado de Niza no habrá entrado en vigor previsiblemente antes del 22 de julio de 2002. 
Pero en ese día se extingue el Tratado CECA y, ciertamente, no podemos permitir una situación sin regulación jurídica. 
Por consiguiente, me gustaría tener su respuesta acerca de cómo piensa proceder usted, qué piensa proponer para que el 23.07.2002, a medianoche, a las 24 horas, no surja un espacio sin regulación jurídica que planteará la interesante pregunta de a quién pertenece realmente el dinero que ha perdido su titular. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con los numerosos oradores que han criticado la falta de democracia en la administración continuada de los fondos. 
Como se ha mencionado ya, el Tratado expira el 23 de julio del próximo año. 
Este Tratado sirvió de base a la Unión Europea como la conocemos hoy. Lanzó el concepto de "mercado común" y con la instauración de la Alta Autoridad, de una Asamblea común, de un Consejo de Ministros específico y de un Tribunal de Justicia se establecieron las instituciones que actualmente funcionan bajo el nombre de Comisión, Parlamento Europeo, Consejo y Tribunal de Justicia. 
Me parece que merece la pena mencionarlo. 
En lo que respecta a los objetivos políticos, hemos de decir naturalmente que se han cumplido en muchos ámbitos. 
Al debatir el uso futuro de los fondos que se gestionarán, hubiera sido deseable que un porcentaje mayor del presupuesto fuera a investigación en carbón puro, y estoy seguro de que la Comisión lo tendrá en cuenta cuando se hable del régimen futuro del fondo de investigación. 
Me parece que existen motivos para manifestar hoy aquí nuestro reconocimiento hacia el trabajo realizado en las instituciones, órganos y entidades que a lo largo de cincuenta años han sido responsables de las actividades de la CECA, entre éstas, particularmente las contribuciones de la Comisión y del comité asesor. 
Como se ha dicho, habrá un aumento de la investigación, y esta investigación redundará en beneficio tanto del medio ambiente y de la industria como de nuestros electores en la Unión Europea. 
. 
(EN) Antes que nada quisiera dar gracias a las comisiones parlamentarias responsables de esta cuestión y a sus ponentes. 
Estas propuestas son el producto final de un largo proceso de debate iniciado hace 10 años por la Comisión. 
El concepto que propone la Comisión consiste en transferir los activos de la CECA a las demás Comunidades cuando expire el Tratado y utilizar los recursos producidos por esos activos únicamente para la financiación de las investigaciones en los sectores relacionados con la industria del carbón y el acero. 
Este concepto se ha examinado con la industria, los interlocutores sociales, el Parlamento Europeo y los Estados miembros. Con el tiempo todas las partes interesadas lo aceptaron. 
Los Estados miembros han estado íntimamente asociados con el debate, cosa completamente justificada puesto que son los copropietarios de los activos de la CECA. 
Si no hubiera acuerdo por parte de los Estados miembros, esos activos volverán sencillamente a ser de su propiedad, en consonancia con los principios del derecho internacional. 
El Consejo Europeo nos ha proporcionado una detallada orientación sobre el particular, primero en la Cumbre Europea de Amsterdam, en 1997, y más recientemente en la Conferencia Intergubernamental de Niza el año pasado. 
En esta última ocasión los Estados miembros adoptaron un protocolo anexo al Tratado de Niza en el que se detallan las disposiciones relativas a la expiración de este Tratado. 
La Comisión tiene que respetar las decisiones adoptadas en Niza. Éste es el contexto en que la Comisión tiene que abordar las enmiendas que han presentado ustedes. 
Han pedido ustedes que las tres decisiones se adopten mediante el procedimiento de codecisión. 
Lamento decirles que la Comisión no puede aceptar esa petición. 
En el caso de la decisión marco, el procedimiento de decisión ha quedado ya acordado en la Conferencia Intergubernamental de Niza. 
En cuanto a las dos decisiones sobre las directrices financieras y de investigación, respectivamente, la Comisión ha seguido el mismo enfoque que en otras propuestas análogas en materia de política de investigación o relativas a nuestra reglamentación financiera. 
Por ejemplo, los programas concretos del Programa marco de desarrollo e investigación de la Unión Europea se presentan al Parlamento para que dé su opinión, como sucede con el Reglamento financiero. 
Si la Comisión se separase ahora de esa línea de acción, pecaría por falta de coherencia. 
Por otra parte, quisiera poner de relieve que la participación del Parlamento en las disposiciones propuestas es mucho más firme que en el caso del Tratado CECA. 
Por lo que se refiere a la presupuestación de los fondos tras la expiración del Tratado, la Comisión conviene en que los recursos y los gastos se incorporen al presupuesto general de la Unión Europea. 
Ahora bien, se tratará de ingresos destinados a fines especiales que, según nuestro acuerdo interinstitucional, no están incluidos en las perspectivas financieras. 
Por eso no podemos aceptar la propuesta de que los recursos y los gastos se incorporen sencillamente en el Capítulo III, que trata de las políticas presupuestarias internas, y se suprima toda referencia a los ingresos destinados a fines especiales. 
Han sugerido ustedes también que dentro de dos años, o sea para el 24 de julio de 2004, la Comisión formule propuestas con miras a ampliar el fondo de investigación posterior a la expiración del Tratado CECA y hacer de él una fundación europea de investigación que abarque todos los sectores de investigación relativos al acero y el carbón o relacionados con el acero y el carbón. 
No me olvido de que en varias ocasiones se nos ha sugerido que se cree esa fundación. 
He podido observar que la enmienda correspondiente sólo se refiere a la propuesta de decisión sobre las directrices en materia de investigación. 
Desde un punto de vista jurídico las directrices sobre investigación enuncian las disposiciones técnicas relacionadas con el desempeño de las actividades de investigación, pero no sirven para ocuparse de una cuestión de carácter institucional como ésta. 
Hablando en términos más generales, la propuesta de crear una fundación de investigación ha sido formulada ya en varias ocasiones a la Comisión, en particular durante deliberaciones del Consejo, pero fue rechazada. 
El primer motivo de ello es que la gestión de los fondos CECA después del 23 de julio de 2002 incluirá tres aspectos: en primer lugar, la gestión de las obligaciones contraídas en el contexto CECA que existan en esa fecha hasta que expiren (en algunos casos seguirán existiendo durante 20 años o más) ; en segundo lugar, la gestión financiera de los activos CECA; y en tercer lugar, la gestión del fondo de investigación financiado con los recursos producidos por su gestión financiera. 
Esos tres elementos se hallan, por lo tanto, estrechamente interrelacionados y no es posible considerar por separado a ninguno de ellos. 
Además es evidente que una mayoría de Estados miembros se opone al funcionamiento del fondo de investigación mediante una fundación. 
Por último, la pequeñísima cantidad en juego para el fondo de investigación propuesto no justificaría la creación de una fundación. 
Por todo lo antedicho la solución más sensata es que la Comisión, que hasta ahora se ha ocupado de la gestión de todas las operaciones CECA, siga ocupándose de ellas. 
He tomado nota con especial interés de que el Parlamento ha pedido que en las operaciones de este fondo de investigación del carbón y el acero se dé prioridad a las consideraciones ambientales. 
Me alegra poder decir que los actuales proyectos de investigación financiados en el marco del Tratado CECA insisten ya sobremanera en que haya tecnologías más limpias, en que se economice energía y en que se proteja el medio ambiente en los sectores del carbón y del acero. 
Puedo asegurarles que seguiremos concediendo gran importancia a esas consideraciones, así como a la cuestión de la seguridad en el lugar de trabajo, en las directrices que estamos proponiendo para la investigación. 
Para acabar, permítanme que responda a la pregunta del Sr. Mombaur sobre la cuestión concreta referente a la base jurídica de las propuestas de la Comisión. 
Como saben ustedes, se basan en un protocolo adjunto al Tratado de Niza y ahora tendremos que reflexionar sobre la forma de disipar la incertidumbre en torno a la entrada en vigor del Tratado. 
Los servicios de la Comisión están analizando esta cuestión y considerando posibles variantes. 
La respuesta, por lo tanto, es que tendremos que seguir ocupándonos de esta cuestión concreta. 
Una vez más, gracias por el cuidadoso análisis de las propuestas de la Comisión, por sus aportaciones a este debate y por la atención que nos han prestado ustedes. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.55 horas) 
Decisión sobre la urgencia 
A continuación concedo el uso de la palabra a la Sra. Roure para que nos exponga la opinión de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Roure (PSE) , ponente. 
(FR) Señora Presidenta, el 14 de noviembre presenté en esta Asamblea, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, un informe, que la Asamblea aprobó, sobre una iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de un Convenio relativo a la mejora de la asistencia judicial en materia penal. 
Hoy el Consejo nos vuelve a consultar sobre un nuevo texto de proyecto de protocolo. 
A raíz del Consejo Europeo extraordinario del 21 de septiembre pasado sobre la lucha contra el terrorismo, debemos tomar una decisión urgente. 
Comprendo, evidentemente, que la Unión Europea se vea obligada por las circunstancias a reforzar lo más rápidamente posible la cooperación en la lucha contra el terrorismo. 
No obstante, formularé algunas observaciones. 
Empezaré por lamentar que el Consejo no haya aceptado la enmienda que habíamos propuesto, encaminada a ampliar la inoponibilidad del secreto profesional aplicable a las actividades comerciales, así como a las actividades de asesoría financiera de los abogados y otros miembros de una profesión jurídica reglamentada. 
Sigo pensando, en efecto, que dicha disposición es esencial para la eficacia de la cooperación judicial en materia de lucha contra el blanqueo de dinero. 
Lamento, además, que el Consejo no haya logrado un acuerdo en materia de doble incriminación. 
Aparte de estas reservas, observo que el texto del protocolo contiene disposiciones mucho más precisas sobre el seguimiento de las transacciones bancarias. 
Asimismo, señalo el interés que reviste el hecho de que Eurojust deberá desempeñar un mayor papel para el buen funcionamiento de la asistencia judicial. 
Hechas estas observaciones, acepto, naturalmente, junto con la Comisión, que hoy el Parlamento Europeo apruebe excepcionalmente, sin informe y en virtud del procedimiento de urgencia, el texto que se le somete. 
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia) 
Este punto se inscribirá en el turno de votaciones del jueves. 
Libro Blanco sobre la reforma de la gobernanza europea 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el Libro Blanco sobre la reforma de la gobernanza europea. 
A continuación concedo el uso de la palabra al Sr. Prodi, Presidente de la Comisión. 
. (IT) Señora Presidenta, Señorías, el 4 de septiembre pasado presenté a este Pleno el Libro Blanco sobre la gobernanza europea. 
Ya en esa ocasión, algunos diputados me hicieron partícipe de sus reacciones. 
Además, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Asuntos Jurídicos han empezado a estudiar nuestras propuestas. 
Por lo tanto, el presente debate se desarrolla en el contexto de un debate que ya ha echado a andar. 
En consecuencia, haré alguna consideración preliminar para despejar algunos equívocos que han surgido en dicho debate y quedo a su disposición para responder a las observaciones que se formularán a lo largo del debate de esta mañana. 
Como es sabido, el objetivo fundamental del Libro Blanco sobre la gobernanza es renovar y fortalecer el funcionamiento del triángulo institucional que actúa de acuerdo con el método comunitario en el ámbito del Tratado actualmente en vigor. 
Esto integra y refuerza la constante política seguida por la Comisión y por su Presidencia en favor de las modificaciones institucionales tendentes a consolidar el papel del Parlamento Europeo. 
En realidad, la Comisión ha respaldado en todo momento la necesidad de que, en el triángulo institucional, el órgano que es la expresión del pueblo debe desempeñar un papel protagonista, en armonía con el órgano representativo de los Estados, o sea, el Consejo y con el órgano que representa el interés público europeo que es la Comisión. 
La Comisión actúa asimismo en apoyo del papel del Tribunal de Justicia y por una Unión Europea basada en la ley y en los derechos humanos. 
Se trata de un compromiso que perseguimos con coherencia y constancia. 
De hecho, nuestro objetivo sigue siendo consolidar la legitimación de este Pleno y con ella la democracia representativa. 
El Libro Blanco se inspira en esta elección consistente en reforzar la democracia representativa y en garantizar su correcto y rápido funcionamiento. 
Las voces críticas que se oyeron en las pasadas semanas contra esa parte de nuestras propuestas orientada a aclarar la distinción entre función legislativa y función ejecutiva se basan, en mi opinión, en un equívoco. 
He escuchado, por ejemplo, afirmaciones según las cuales la Comisión estaría pidiendo un cheque en blanco en lo que se refiere a la función ejecutiva, fuera del legítimo control del Parlamento. 
Esto no es verdad y la lectura del Libro Blanco lo demuestra claramente. 
En efecto, la Comisión sugiere que el Parlamento, el Consejo y la Comisión den un paso atrás y vuelvan a concentrarse en sus tareas institucionales. 
Por consiguiente, la Comisión debe presentar menos propuestas, propuestas más concretas y concentrarse en la función ejecutiva. 
El Consejo ha de desempeñar su papel de legislador sin convertirse en ejecutor. 
Por último, el Parlamento tiene responsabilidades fundamentales en el control de la ejecución de las políticas y en el terreno presupuestario. 
En consecuencia, éste va mucho más allá de sus simples funciones de colegislador. 
Por lo tanto, las propuestas del Libro Blanco son ambiciosas, ya que están orientadas a conseguir por fin la plena aplicación de las normas existentes, así como a garantizar al Parlamento un papel paritario con el Consejo, un papel que va mucho más allá de la llamada avocación- el call-back- de decisiones ejecutivas, en que algunos miembros de este Pleno se han detenido con especial atención. 
La opción de la avocación- el call-back- adolece, de hecho, del defecto de limitarse a modificar parcialmente el sistema actualmente en vigor, que todos nosotros sabemos que es muy deficiente, sin resolver sus carencias fundamentales. 
Por contra, como demuestra el Libro Blanco, es necesario un cambio estructural que aclare quién es el responsable de la ejecución de las políticas. 
Esto es esencial para saber quién deberá responder de ella, de acuerdo con el principio de responsabilidad que es parte sustancial del funcionamiento de las instituciones democráticas. 
El Libro Blanco reivindica para la Comisión el papel de ejecución de las políticas y pone en tela de juicio la necesidad del actual sistema de comités de reglamentación y de gestión. 
Por otra parte, la perspectiva de la ampliación convierte en urgente el reexamen de la comitología. 
Sin embargo, el Libro Blanco dice muy claramente que la nueva legislación que ustedes, Señorías, debatirán sobre la base de la propuesta definitiva de la Comisión, deberá establecer las condiciones y los límites de este papel ejecutivo. 
Asimismo añade que es necesario un simple dispositivo jurídico que permita al Consejo y al Parlamento- colocados en el mismo plano- seguir y controlar las acciones del Ejecutivo. 
Nosotros ya estamos reflexionando sobre las distintas hipótesis, pero en esta etapa nos parece más oportuno que, antes de esta propuesta, haya una etapa de audiencia. 
En consecuencia, esperamos recibir una importante aportación a este respecto de los Comités consultivos de los Estados miembros, así como de los trabajos de este Pleno. 
En el Libro Blanco la Comisión se ha comprometido asimismo a mejorar sus métodos de consulta adoptados para elaborar sus propuestas políticas. 
Algunos han planteado la hipótesis de que estas propuestas podrían poner en peligro el papel del Parlamento. 
Sinceramente, creo que esto no se corresponde con la realidad ni, en todo caso, con nuestras intenciones. 
Está claro que nunca hemos propuesto ni propondremos sustituir el papel del Parlamento o de las demás instituciones elegidas democráticamente con formas de asociación espontánea de la sociedad civil organizada que llamamos "organizaciones no gubernamentales". 
Dichas organizaciones desempeñan una importante función de sensibilización y de integración de nuestra sociedad y, en consecuencia, queremos aprovecharnos de la relación con ellas. 
Actualmente, esta relación que, repito, no tiene nada que ver con el papel de las instituciones elegidas democráticamente, se desenvuelve de manera opaca y confusa. 
Por lo tanto, debemos poner en orden las prácticas actuales. 
En particular, nos hacen falta directrices que conviertan este proceso en transparente y en más estructurado que el actual. 
Y necesitamos directrices respecto al uso que hacemos de los expertos a la hora de formular las políticas. 
Todos estos elementos mejorarán la forma en que la Comisión ejerce su derecho de iniciativa. 
El hecho de disponer de un sistema adecuado y comprensible con el fin de interactuar tanto con las estructuras elegidas democráticamente a escala local como, aunque de forma totalmente distinta, con la sociedad civil garantizará una mayor transparencia y una mayor eficacia respecto a las prácticas de consulta actualmente en vigor. 
En todo caso, el Tratado no cambia y todas las decisiones las seguirán tomando las Instituciones apropiadas, de acuerdo con las normas democráticas en vigor. 
El Libro Blanco, por lo tanto, abre el camino hacia un debate interinstitucional sobre cómo mejorar las consultas de todas las Instituciones. 
Con todo, no consideramos estas propuestas definitivas y, por consiguiente, estamos abiertos a cualesquiera sugerencias y propuestas alternativas, siempre que estén orientadas a alcanzar los mismos resultados. 
Me consta asimismo que existen algunas preocupaciones respecto a las nuevas formas de reglamentación que propone el Libro Blanco. 
Algunos temen que podrían debilitar el papel del Parlamento. 
Sin embargo, un examen más atento del Libro Blanco debería convencerles de que la Comisión está, como ustedes, decidida a no reducir sino a aumentar el papel del Parlamento. 
Por este motivo, el Libro Blanco se propone encuadrar nuevas formas reglamentarias como, por ejemplo, las formas de autorregulación dentro de principios y prácticas que garanticen el control democrático. 
Por lo que se refiere a la creación de agencias de reglamentación- que podrán tomar sólo decisiones técnicas y caso a caso- dicha creación exigirá, obviamente, un acto legislativo. 
Por lo tanto, el Parlamento participará en la elaboración de las normas y de las garantías necesarias que acompañan la adopción de dicho acto 
En consecuencia, debemos encontrar el justo equilibrio entre la necesidad de fijar los objetivos y los elementos esenciales de la legislación europea y la necesidad de mantenernos flexibles y capaces de reaccionar a los rápidos cambios sociales y económicos. 
En este sentido, por lo tanto, el Libro Blanco propone por primera vez asociar al Parlamento al complejo proceso de ejecución del método abierto de coordinación. 
Estas formas de cooperación intergubernamental en materias que están en la frontera del Derecho comunitario se han de reconducir necesariamente a una lógica compatible con el funcionamiento del triángulo institucional. 
Señora Presidenta, Señorías, el gran reto al que hoy Europa se debe enfrentar es un reto político. 
Falta poco para la Cumbre de Laeken que deberá indicarnos el camino hacia la próxima Conferencia Intergubernamental. 
La gobernanza ya forma parte de ese debate. 
Cambiar la manera de actuar de las Instituciones- objetivo del Libro Blanco- y cambiar las mismas Instituciones- objetivo de las futuras propuestas de modificación del Tratado- son, obviamente, dos temas diferentes pero estrechamente relacionados entre sí. 
Es por eso que he dicho que el debate en torno a las opciones presentadas en el Libro Blanco sobre la gobernanza es la primera etapa en el ámbito del futuro debate de la Unión. 
Esta etapa, aunque opera por derecho- y por lo tanto con los límites que esto conlleva- no puede reducirse a un simple debate académico, sino que debe concretarse en propuestas operativas concretas. 
De este modo, los ciudadanos europeos tendrán más confianza en la manera de funcionar de la Unión. 
Esto es fundamental. 
En efecto, debemos reconquistar enseguida la confianza de nuestros conciudadanos utilizando correcta y eficazmente las normas existentes. 
Hecho esto, estaremos más legitimados a la hora de pedir las modificaciones necesarias. 
Sin embargo, actuar con rapidez no debe significar actuar sin esperar el necesario madurar de las opciones y de las reflexiones, especialmente de aquellas que se realizan en este Pleno. 
Por lo tanto, está claro que no pretendo hacer propuestas antes de que ustedes elaboren sus opiniones al respecto. 
La Comisión es consciente de que la acción de renovación abierta por el Libro Blanco podrá llegar a buen fin sólo si el Parlamento Europeo y el Consejo tienen la voluntad política necesaria para realizar un esfuerzo común comenzando a modificar nuestra manera de actuar en el marco del Tratado en vigor. 
En consecuencia, estoy a favor de formas de diálogo entre las Instituciones de la Unión- si fuera necesario también a través de un grupo de trabajo conjunto de la Comisión, del Parlamento y del Consejo- orientadas a examinar en profundidad nuestras propuestas sobre la gobernanza. 
Ya desde ahora les agradezco sinceramente su esfuerzo y su ayuda. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, la Unión Europea tiene tras de si una gran historia de éxitos en los 51 años de su existencia, desde el comienzo del proceso de unificación europeo, desde la declaración de Robert Schuman. 
Mediante el mercado común, la moneda común y los enfoques de la política exterior y de seguridad común nos hemos convertido en una zona de paz, del derecho y también de la seguridad, siendo un ejemplo para muchas regiones del mundo. 
Pero ¿porqué no llega a nuestros ciudadanos la actuación de las diversas instituciones de la Unión Europea como debería ser y sería de esperar? 
Naturalmente, inmediatamente se plantea la pregunta de dónde falla la Unión Europea en su imagen exterior pero también la de en qué forma concebimos y aplicamos nuestras políticas. 
Esta cuestión es naturalmente la base del documento de la Comisión para el Libro Blanco de la Comisión del 25-7 de este año y estamos muy satisfechos de que el Presidente de la Comisión Prodi discuta ya hoy por segunda vez con nosotros sobre esta cuestión y nos ofrezca- como acaba de ocurrir- también la cooperación en un grupo de trabajo conjunto. 
Considero esto como una propuesta excelente que deberíamos recoger también pronto y constructivamente. 
Se plantea pues la pregunta de porqué esta imagen ante la opinión pública de los Estados miembros de la Unión Europea es, no quiero decir, tan mala pero si tan deficiente, sin que podamos decir que la Unión Europea vaya de fracaso en fracaso. 
Creo que es decisivo lo que la Comisión expone al comienzo de su Libro Blanco, a saber, que se tiene que centrar de nuevo en el núcleo de su actividad. 
La Comisión Europea no puede enredarse en un gran número de propuestas y decisiones individuales donde no se puede reconocer siempre con exactitud el hilo rojo de la estrategia de las políticas comunitarias. 
Para mí, se plantean aún algunas preguntas que deberíamos profundizar antes de encontrar las necesarias respuestas a las mismas. 
Tomamos nota con satisfacción de que la Comisión somete y ha sometido las medidas llevadas a cabo hasta ahora- creo que esto es necesario para cualquier institución- a un inventario crítico para atacar las correspondientes y necesarias reformas tras debatir con nosotros. 
Nuestro apoyo también a la intención de la Comisión de centrarse en determinados sectores, si bien tenemos que decir que la Comisión tiene que realizar el correspondiente trabajo de prensa. 
Tiene que decir con toda claridad a los ciudadanos cuál es la legislación europea y cómo quiere aplicarla. 
Hay un segundo e importante punto que desempeña aquí un papel. 
No tiene sentido que la Comisión- creo que se ha distanciado ya ampliamente de ello- forme subestructuras en las regiones. 
Para la ejecución de las leyes comunitarias debería apoyarse en los órganos estatales existentes en el ámbito nacional, regional y también local. 
No puede ser que la Comisión organice la cooperación directa hasta en el último distrito y la última ciudad de tamaño medio; la cooperación es importante en el sentido de la información de los ciudadanos, pero debería existir también la correspondiente interacción. 
La legislación marco de la Comisión debería corresponder la posibilidad de ejecución en el nivel regional y nacional y a este respecto la primera propuesta de la Comisión del 25-7 me parece que entremezcla demasiado los diversos niveles. 
Todas estas cuestiones las deberíamos tratar aún en nuestro Grupo de trabajo común. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente, muchas gracias por su informe de hoy. 
A veces nos aproximamos y las posiciones son más comunes. 
Pero aún no hemos llegado tan lejos pues hay un punto clave en el que creo nos diferenciamos. 
Primero: está claro que hoy se ha pronunciado a favor de la democracia parlamentaria de una forma que naturalmente tiene consecuencias significativas para todo el trabajo, en especial también para el papel de la llamada sociedad civil. 
Este es otro concepto algo oscuro, como también lo es governance, pero governance se emplea allí donde no existen democracias parlamentarias o apenas puede haber, como ocurre precisamente en relación con la global governance. 
La sociedad civil- creo que también ha mostrado esto claramente- tiene una función asesora, una función de apoyo y otra de ayuda, pero en el centro de la democracia, tal como la entendemos, se encuentra el Parlamento Europeo y, naturalmente, los Parlamentos nacionales. 
Son, tal como usted también ha dicho, la expresión de la voluntad popular y en ello debemos insistir. 
El punto esencial en el que sigue habiendo diferencias es la cuestión de las formas alternativas de regulación. 
No pensamos que sólo el Parlamento pueda regular y que sólo el Parlamento pueda establecer las correspondientes regulaciones de detalle. 
Sólo la cuestión de qué es el marco, cuáles son los detalles, cuál es el objetivo político y cuál es la ejecución técnica, es una cuestión muy delicada. 
Por ello, debo insistir en que se debe consultar siempre al Parlamento en este asunto y que no es la Comisión la que decide sino que debe ser una decisión común, una especie de Acuerdo Interinstitucional entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión. 
Esto afecta en especial a la posición tratada hoy del call back. 
Por decirlo de un modo muy claro, necesitamos ambas cosas: necesitamos una posición call back del Parlamento en relación con las formas alternativas de regulación y necesitamos una reforma de la comitología. 
Podemos apoyar lo que se indica en el Libro Blanco, una reforma de la comitología, pero esto no es suficiente. 
Esto es una condición previa necesaria pero no suficiente para que el proceso parlamentario sea democrático en el nivel parlamentario. 
En este sentido, espero que haya comprendido correctamente que usted, señor Presidente, no va a presentar en Laeken nada sin haberlo tratado antes con este Parlamento y haber escuchado su opinión. 
Usted ha dicho de modo general que es bueno que sea así y en su movimiento afirmativo de la cabeza veo que también piensa así, lo que supone un gran progreso respecto a la última vez. 
Quiero expresarle por ello mi agradecimiento. 
Para concluir y aclarar aún algo: no se trata de que como Parlamento nos queramos inmiscuir en la competencia ejecutiva de la Comisión. 
Lo que rechazamos clara y decididamente son los intentos de la Comisión- que los hay- de inmiscuirse en la competencia legislativa, de apropiarse de una parte de la competencia legislativa. 
Esto figura en algunas disposiciones y frases del Libro Blanco y tenemos que decir que no. 
El poder ejecutivo es de la Comisión, pero el legislativo pertenece al Parlamento y al Consejo y queremos insistir en ello. 
Señora Presidenta, el apoyo a la Unión Europea está disminuyendo en casi todos los países. 
En los países candidatos disminuye el entusiasmo por la ampliación. 
Hay poca confianza en las instituciones europeas y los ciudadanos sienten que la distancia entre "los de Bruselas" y "nosotros aquí en casa" es muy grande. 
Somos dolorosamente conscientes de esto y me satisface encontrar en el Libro Blanco de la Comisión una dosis tan alta de autocrítica. 
El Grupo liberal aplaude la edición del Libro Blanco sobre la reforma de la gobernanza europea. 
Esas reformas son un componente importante de los grandes cambios que se producirán en la UE en los años venideros para hacerla más accesible, eficaz y democrática. 
Estamos totalmente de acuerdo con el espíritu de este Libro Blanco, que señala los problemas e indica las reformas que son necesarias. 
Algunas de las propuestas concuerdan plenamente con las ideas que los liberales hemos impulsado durante muchos años. 
La apertura y la transparencia deben ser mayores. 
Las nuevas normas que se aprobaron este año en conformidad con el artículo 255 constituyen un primer paso. 
Hay que simplificar y clarificar los procesos de decisión. 
Las regiones deben participar más prematuramente en las decisiones y hay que encontrar mecanismos para consultarlas regularmente. 
Al fin y al cabo es allí, en las regiones y en los ayuntamientos, donde se aplican la mayoría de las decisiones comunitarias. 
Creemos que también es muy provechoso que la Comisión esté dispuesta a trabajar más con legislaciones marco y a fortalecer la subsidiariedad y el principio de proporcionalidad. 
Sin embargo, este Libro Blanco adolece de falta de concreción. 
¿Cuándo exactamente se alcanzará todo esto? 
¿Cómo podrán los individuos sentir que participan más en las decisiones? 
¿Cómo hará la Comisión para impulsar el cambio de actitud, la revolución cultural, que necesita en su seno para que todas estas reformas se hagan realidad? 
Sabemos que muchas de las excelentes propuestas de reforma del señor Kinnock han sido recibidas con enorme resistencia. 
Las burocracias- y la UE es una enorme burocracia- evolucionan lentamente y muchos esperan impacientemente los resultados. 
No podemos permitirnos un fracaso. 
El Libro Blanco está siendo objeto de consultas y confío en que serán muchos los que lo estudien y emitan juicios sobre su contenido antes de empezar la segunda parte. 
El Parlamento redactará un informe y ha sido muy provechoso escuchar al señor Prodi proponer un grupo de trabajo conjunto en las instituciones para hacer un seguimiento de estas materias. 
Espero que la Comisión, junto con el Parlamento, esté dispuesta también a trabajar para divulgar las ideas contenidas en este Libro Blanco y no crea que los ciudadanos van a toparse con él por casualidad en la página de Internet. 
Gracias por esta primera parte. 
Esperamos la segunda. 
Señora Presidenta, señor Presidente Prodi, casi todas las oradoras y oradores han planteado aquí la pregunta, y usted mismo lo ha hecho, de porqué la imagen de la UE no es tal como se espera y porqué las personas cada vez tienen menos confianza. 
Estoy sorprendido de que siempre flote en el ambiente un tono de desagrado y de ser incomprendido, como si fuese injusto. También las respuestas a este fenómeno tienen una coloración muy paternalista. 
De lo que se trata es de explicar y exponer algo mejor a las personas nuestra política. 
Al contrario que el colega Swoboda no creo que en este asunto nos hayamos realmente acercado. 
Es un concepto muy vago este del buen gobierno y lo que usted promete no lo tienen claro las personas. 
Promete transparencia y consultas pero, señor Presidente de la Comisión, no es de esto de lo que se trata. 
El gran malentendido- casi lo calificaría de malentendido histórico- consiste en que esta Comisión no tiene un concepto de lo que es una democracia europea. 
No tiene ningún concepto de ello ni de lo que es una democracia en el espacio supranacional. 
Todas estas ideas paternalistas que usted desarrolla aquí pasan de largo del hecho de que usted no tiene el valor- ya desde hace años- de mostrar los déficits democráticos de esta Unión Europea con la claridad e intensidad debidas. Tiene también que reconocer que la Comisión debe renunciar a parcelas de poder si se quiere que surja una democracia europea y debería ir junto con este Parlamento a las barricadas para muchas cuestiones esenciales, por ejemplo, en lo que se refiere a la preparación de un proceso constituyente y sus contenidos fundamentales. 
No, ocuparse realmente de la insatisfacción supondría hacerlo también de la situación de emergencia en que se encuentra la legitimación. 
Seguimos gobernando a las personas con reglamentos pues no tenemos el valor de decir que hacemos leyes ya desde hace mucho tiempo. 
Las calificamos de reglamentos porque la legitimación democrática de esas leyes es muy débil, porque la separación de poderes no se ha llevado a la práctica, porque no se ha hecho realidad la publicidad de la legislación, porque no se ha hecho realidad la vinculación de la administración a las leyes y en lugar de ello han surgido unos márgenes discrecionales excesivos que no son compatibles con los principios democráticos y porque en muchas partes- tomemos la comitología- tenemos una administración irregular, sin estatuto del funcionario, sin delimitaciones claras, con unos modos de nombramiento manipulables y muy oscuros para los funcionarios en estos campos. 
Señor Presidente, no va a poder introducir la cuestión de la buena tecnocracia en los discursos democráticos. 
Del mismo modo que no existe ninguna dictadura buena, tampoco existe ninguna buena tecnocracia. 
Deberá plantear en este proceso la cuestión de una democracia europea y de la posición de la Comisión. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, me alegra mucho que tengamos hoy la ocasión de debatir de nuevo conjuntamente sobre el Libro Blanco, pues el gobierno europeo- también llamado governance- es de hecho un tema central y desde mi punto de vista- también quiero decirlo muy claramente- de esta problemática depende en gran medida también el futuro de la Unión Europea. 
Sólo puedo dar la razón al colega Voggenhuber: para mí, la cuestión central en todo el debate sobre la governance es la cuestión de la democracia, el fortalecimiento de la democracia y sobre todo también el fortalecimiento de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, en especial en el sentido de la Carta de los derechos fundamentales. 
Pues una cosa está clara: la mejor política no sirve de nada si no llega a las ciudadanas y ciudadanos o si nos encontramos en una situación como la actual en que dicen que lo que hacen en Bruselas está muy lejos de ellos y de las preocupaciones cotidianas que tienen. 
Señor Presidente de la Comisión, pienso que las ciudadanas y ciudadanos esperan con razón dos cosas: primera, transparencia de las decisiones y segunda, claridad también en lo tocante a la responsabilidad política de las decisiones. 
Creo que esto tiene que ser el punto central de partida de las consideraciones comunes tanto para la Comisión como para las demás instituciones. 
Permítanme que exponga como ejemplo la transparencia. 
En el Libro Blanco se habla de un engorroso sistema de casi 700 gremios asesores en los que se apoya la Comisión. 
Si recuerdo bien, usted mismo se refiere ya a este punto en el Libro Blanco sobre la reforma de la Comisión y en junio de este año anunció que iba a publicar estos gremios asesores. 
En el actual Libro Blanco indica que estos gremios se publicarán a finales de año. 
Estoy absolutamente a favor de ello. 
Es una cuestión de transparencia que puede quizás ayudar a reducir los prejuicios existentes ante el trabajo de la Comisión o de las demás instituciones. 
Pero la publicación de los gremios asesores es una cosa y la asunción de responsabilidad política es, desde mi punto de vista, otra. 
Un segundo punto del Libro Blanco al que quiero referirme es el tema de la cultura de las consultas y del diálogo. 
Sí, creo que es una propuesta muy buena. 
Creo que tanto la Comisión como el Consejo y el Parlamento harían bien en recapacitar conjuntamente sobre cómo es posible una nueva cultura de consultas y diálogo en el sentido de una mayor inclusión de la sociedad civil. 
Me parecería mejor que la Comisión no propusiese para si misma un código de comportamiento para estándares mínimos de consulta sino si pudiésemos recapacitar conjuntamente sobre si en el marco de un acuerdo interinstitucional no existen posibilidades para que se obligue conjuntamente a ello a las tres instituciones. 
Usted ha hablado antes de un diálogo de este tipo, de la posible creación de un grupo de trabajo y quiero recoger gustosamente esta sugerencia. 
Señora Presidenta, señor Presidente Prodi, intervengo en nombre de los diputados radicales. 
Señor Presidente, ¿qué imagen cree que pueden tener los ciudadanos de la Unión si, tras los atentados de Nueva York y de Washington, han visto desfilar en Washington a Chirac, Blair, Fischer, a todos los líderes europeos, los últimos buenos o casi, a la Presidencia en ejercicio y al Presidente Prodi- no ciertamente por su culpa- y parece incluso que el lunes- con esto está todo dicho- irá también Berlusconi? 
Todo esto por sí solo plantea un problema de fondo hasta que no demos esa imagen- y, o la damos o no la damos- por lo que la Comisión, en mi opinión, y en esto coincido con el Sr. Voggenhuber, en lugar de decir tantas palabras que corren el riesgo de ser poco legibles, especialmente con vistas a la Convención que se espera que sea un hecho positivo, un hecho de crecimiento de esta Unión, debería concentrarse en problemas cruciales como la representación exterior y su propio papel volviendo a recobrar su papel de motor de la integración europea que está perdiendo y corre el riesgo de perder cada vez más, y atreverse, hacer propuestas ambiciosas como, por ejemplo, plantear la cuestión de cuál es la cara exterior de la Unión, ya que no se pueden tener diez precisamente en casos tan internacionales. 
Bien, éste es el mensaje que le dirijo, señor Presidente: más propuestas concretas, propuestas más fuertes también con vistas a lo que vendrá después de Laeken. 
Señora Presidenta, ¿acaso el motivo real de este folleto lustroso y de este debate no es el hecho de que el Tratado de Niza está muerto? 
El pueblo irlandés ya se encargó de decirlo y usted sabe que si se le pregunta de nuevo, volverá a rechazarlo por segunda vez. 
Es interesante observar que fue la única población a la que se le preguntó si quería o no el Tratado. 
Es por ello por lo que tenemos la gobernanza europea y por lo que se está intentado impulsar cambios institucionales, eligiendo un método diferente. 
El único modo de lograr la participación en este proyecto europeo que se persigue es a través del consentimiento. 
Cuando digo esto no me refiero al consentimiento de una Asamblea como ésta, sino de los electores de a pie de Europa. 
¡Celebremos más referendos en todos los Estados miembros! Es el único modo de alcanzar la legitimidad democrática. 
El modo de corregir el déficit democrático es dar a las personas la posibilidad de expresar sus opiniones. 
Señora Presidenta, hay muchas razones para desarrollar las ideas sobre el futuro de Europa, pero también es bueno saber qué es lo que hay que desarrollar. 
No cabe desarrollarlo todo, sino justamente lo que no es posible ejecutar mejor en el ámbito nacional, local o individual, es decir, materias tales como el mercado interior, la moneda única, la seguridad interior y exterior, las fronteras, las aduanas y algunos asuntos medioambientales. 
Las propuestas sobre democratización todavía no son suficientemente concretas. 
Por eso, para seguir avanzando, necesitamos la colaboración de todas las instituciones. 
Tenemos que fundamentarnos en una clara división del poder, en que sea posible exigir responsabilidad política. 
Hay que especificar los objetivos y posteriormente adaptar las medidas. 
Es necesario poder exigir responsabilidades en un estado de derecho y en un sistema democrático, lo que presupone la existencia de valores comunes y claras directrices. 
Una democracia europea eficaz requiere debates que sobrepasen las barreras lingüísticas y las fronteras nacionales, con un sistema escolar y unos medios de difusión adecuados a estas circunstancias. 
La propuesta de una democracia de muchos niveles podría coadyuvar a aumentar la legitimidad y la confianza, siempre que no se transforme en una democracia de negociaciones o en un corporativismo, que tan a menudo demuestran síntomas de corrupción. 
La colaboración con la sociedad civil podría contribuir a mejorar las medidas políticas, pero el papel de los políticos debe separarse nítidamente de la sociedad civil. 
Esperamos que en el futuro la Comisión siga los valores contenidos en la propuesta y, ante cualquier iniciativa, se haga estas cuatro preguntas: ¿Es esta medida proporcionada, es decir, conveniente en relación con el problema que se quiere resolver? 
¿Refleja esta solución la democracia europea? 
¿Se ajusta esta propuesta a los anhelos y a los principios fundamentales de la UE? 
¿Es posible exigir responsabilidades? 
Señora Presidenta, el Sr. Swoboda ha expresado claramente la postura del Grupo del PSE y ha hecho una propuesta clara a la Comisión. 
En tanto ponente ficticio para el Grupo del PSE en la Comisión de Asuntos Constitucionales, quisiera informarles de nuestra postura, desde mi perspectiva, en relación con el Libro Blanco sobre la reforma de la gobernanza europea. 
Estamos a favor de su propuesta para lograr una Administración más eficiente mediante la creación de agencias autónomas, de las propuestas para posibilitar la corregulación y la autorregulación, de la voluntad para consultar con los representantes de determinados sectores y de la propuesta relativa al derecho a la información, participación y consulta con y por los ciudadanos y la sociedad civil. 
Sin embargo, estamos en contra de una relación entre los sectores implicados y la Comisión Europea en la que no exista un control parlamentario. 
No es nuestra idea de la democracia. 
Queremos decidir de antemano, conjuntamente con la Comisión y el Consejo, cuándo es necesario contar con legislación detallada, cuándo basta con la legislación marco y cuándo podemos permitir una forma de corregulación y autorregulación. 
Desde luego, será positivo delegar en muchos casos los detalles técnicos en el procedimiento de comitología. 
No obstante, entonces, debe tratarse de detalles técnicos y no figurar ya ningún componente político. 
Además, ante todo, hay que regular el mecanismo de callback, de manera que se pueda contar con el Parlamento Europeo si fuera necesario. 
El recurso a los agentes sociales mediante la autorregulación y la corregulación puede suponer una forma mucho más eficaz de trabajar. 
No sólo debemos consultar con los sectores sobre el proceso de toma de decisiones. 
En determinados casos, incluso las organizaciones sociales sin ánimo de lucro pueden desempeñar un papel en la ejecución. 
Sin embargo, cuando se asignen determinadas labores a los sectores, el control por parte del Parlamento Europeo debe ser siempre claro, y la Comisión Europea debe ser responsable. 
La claridad es siempre la primera condición. 
El diálogo con los agentes sociales debe ser concreto, tener un resultado preciso y no convertirse en una palabrería constante. 
Lo que cuenta para el ciudadano y para el Grupo del PSE es el resultado: un control democrático y una prioridad política reconocida por la Administración europea. 
Actualmente, la toma de decisiones en la UE es demasiado difusa y demasiado lenta, y eso crea alienación. 
El Grupo del PSE, también en la Comisión de Asuntos Constitucionales, les propone romper esa tendencia. 
Eso puede y debe tener lugar antes de la Cumbre de Laken. 
La Comisión debe concluir un acuerdo con el Parlamento Europeo, que pueda ser ejecutado hacia el final de la Presidencia española. 
Ahora le toca de nuevo a la Comisión mover ficha. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, a primera vista el Libro Blanco podría parecer anclado a un contenido esencialmente técnico. 
Por el contrario, si consideramos las razones que han determinado su elaboración, unas razones que deberían encontrar mayor espacio en el propio texto, nos damos cuenta de que el mismo tiene un fondo político de gran alcance y de candente actualidad. 
Ya en el debate sobre el G8 tuve ocasión de afirmar en este Pleno que a la globalización que avanza en todos los terrenos muy rápidamente le cuesta implicar a la política que por eso sigue siendo inapropiada y lenta respecto a lo que ocurre en otros ámbitos. 
Indudablemente, ésta es una de las razones fundamentales de la desconfianza generalizada de los ciudadanos en las Instituciones desde las locales a las europeas, pasando por las mundiales. 
Por otra parte, ¿qué es lo que pide a la política, más allá de las posiciones más exasperadas, el pueblo de Seattle, de Gotemburgo, de Génova, sino gobernar la globalización? 
¿Qué respuesta somos capaces de dar actualmente más allá de nuestra insuficiencia? 
Ciertamente, el proyecto de la Unión Europea continúa siendo el único ejemplo concreto que puede responder a estas exigencias, sin embargo, hasta hoy no ha expresado plenamente sus potencialidades democráticas. 
En este sentido, el Libro Blanco es un instrumento valioso, siempre que guarde correspondencia con la misma disponibilidad del Parlamento a identificar esas reformas substanciales y organizativas que le permitan reconstruir y reforzar la ciudadanía democrática europea. 
Señora Presidenta, quisiera desplazar el debate hacia un terreno sobre el que no se ha hablado mucho y hacia las observaciones que ha hecho el Sr. Prodi en su declaración de presentación sobre el elemento regional. 
Quisiera hacerlo, en particular, desde el punto de vista de mi circunscripción, Escocia, pero no sólo desde ese punto de vista. 
Resulta interesante observar, cuando reflexionamos sobre Escocia, que aproximadamente el 80% de las competencias que ejerce el Parlamento escocés son relativas a ámbitos en los que la Unión Europea comparte competencia. 
Cuando elaboramos legislación aquí, el Parlamento escocés y el Gobierno están sujetos a ella y deben ponerla en vigor; eso es acertado y ocurre lo mismo en todas las regiones similares. 
Pero a veces puede producir resultados ridículos, por ejemplo, cuando las leyes medioambientales son demasiado detalladas como para permitir que la discreción local sensata adapte los principios comunes a las situaciones locales. 
Los problemas del agua de la Isla de Islay o de la Cañada de Strathspey son difícilmente comparables a aquéllos de la cuenca del Rin. 
El principio de aplicar la misma norma para todos en la legislación sobre el agua puede tener resultados absurdos, por ejemplo, con respecto al sector del whisky escocés, a pesar de su reconocida trayectoria ecológica durante más de 200 años. 
El Libro Blanco dice, al igual que lo ha hecho el Comisario Prodi esta mañana, que la Comisión consultará a los gobiernos regionales y locales en la fase inicial del proceso de elaboración de políticas y que intentará legislar de manera que el conocimiento local sea utilizado eficazmente en el proceso de aplicación. 
Eso es muy acertado y debe ser acogido muy favorablemente, aunque es una pena que el Sr. Prodi sólo haya dedicado una frase de su intervención de apertura a este tema. 
Muchos de nosotros esperábamos que el Libro Blanco incluyera una declaración mucho más firme, especialmente en relación con las denominadas regiones asociadas que ejercen sus propias competencias constitucionales en materia de legislación. 
Europa fracasará en su intento de ganarse o mantener el afecto de los ciudadanos de la Unión- y esto incluye a la población de Escocia y nuestros homólogos de numerosas comunidades similares como Cataluña, Flandes, Gales, Galicia o el País Vasco- a menos que los gobiernos regionales y locales con los que en última instancia se identifican las poblaciones de dichas comunidades se conviertan en socios con todos los respetos de la gobernanza de Europa. 
Tenemos la misma extensión y la misma población que muchos de los actuales Estados miembros y que muchos de los países candidatos y somos incluso mayores que muchos de ellos. 
A menudo se afirma que las regiones grandes e importantes de los grandes países de la Unión se ven más favorecidas que los Estados miembros pequeños. 
Personalmente, lo dudo y nada de lo que contiene el Libro Blanco ha podido aún persuadirme de que eso sea cierto. 
Señor Prodi, su documento sobre la gobernanza europea marca un hito importante, pero hay una cuestión técnica, a la que mi colega Sr. Dell ' Alba le ha remitido en un debate anterior, y es que a pesar de que el término "gobernanza" sea muy común en las lenguas inglesa y francesa, en la cultura política italiana es hasta cierto punto opaco. 
Si es así, podría perfectamente existir la necesidad de que transmitamos el mensaje en cada una de las lenguas de la UE. 
Quizá deba prestarse atención a aquellas lenguas en las que el término "gobernanza", utilizado por primera vez por Sir John Fortescue en la Inglaterra del siglo XV, época en la que la clase política inglesa hablaba francés, no se entiende con tanta claridad como en inglés y francés. 
Deberíamos analizar esa cuestión. 
Al leer su documento me sorprendió que, en cierto modo, la primera fase de recuperación en la construcción de Europa consista en que la propia Comisión recupere la confianza en sí misma y su aplomo. 
Le presento mis respetos a usted, señor Prodi, y a sus colegas Sr. Patten y Sr. Barnier, entre otros, por haber sabido restablecer dicho aplomo tras la dimisión de sus antecesores. 
No obstante, como usted sabe- y usted mismo ha llamado la atención sobre ello en su alocución- al Parlamento le preocupa que se respete el triángulo institucional. 
Existen temores sobre la utilización que usted hace de la sociedad civil que, como todos sabemos, significa realmente consultar a los grupos de interés. 
Los grupos de interés más eficientes realizan su trabajo, que no consiste precisamente en representar a la sociedad en general- ése es el deber de este Parlamento elegido por sufragio -, sino en defender sus propios intereses creados. 
Por tanto, me temo que el hecho de que usted haya llamado la atención sobre esta preocupación no ha disipado nuestros temores y seguiremos insistiendo en que somos nosotros, los diputados a este Parlamento elegidos por sufragio, los que representamos los intereses de la sociedad en su conjunto, y usted no debería crear grupos que se reúnan directamente con la Comisión, que desarrollen políticas y las presenten al Parlamento para que le demos el visto bueno. 
Eso no es lo que nosotros entendemos por democracia parlamentaria. 
Lamento que el Sr. Farage haya abandonado el hemiciclo. 
Es evidente que él no cree en la democracia parlamentaria. Él quiere un referéndum cada cinco minutos. 
Es absurdo que en mi país, una vez que el Primer Ministro Sr. Blair se ha armado de valor para enfrentarse al Ministro de Economía, Sr. Brown, se nos pida en un referéndum que decidamos si queremos unirnos o no a la moneda única. 
¿Pueden imaginarse que nuestro futuro financiero y económico sea debatido en todos los bares del país? 
Ésa es una tarea que debe estar en manos de los políticos elegidos. 
En lo relativo a su documento, el Parlamento Europeo y la Comisión deberían ser socios en la construcción de Europa, no rivales. 
Si recordamos los días de Jacques Delors, su antecesor en el cargo, él tenía un programa claro, una visión: el mercado único de 1992. 
Él estableció un calendario e hizo realidad dicha visión. 
Nosotros debemos hacer lo mismo con la ampliación y la reforma constitucional; ampliar y profundizar. 
Por último, Sr. Prodi, ¿organizará una plataforma pública para los dirigentes de los países candidatos que se incorporarán a la UE? 
Sé que ya se ha reunido con el nuevo dirigente polaco, pero el público en general debe poder ver en la práctica que tenemos una visión de una Europa completa y unida en su totalidad y que la Comisión, el Parlamento y el Consejo trabajan unidos para lograrlo. 
Señora Presidenta, primero he tenido que aplaudir al Sr. Beazley por su excelente intervención. 
Señor Prodi, también le felicito por haber aclarado hoy que no va a presentar ninguna propuesta sobre la modificación de la situación institucional sin un claro voto del Parlamento Europeo, por encima de él o sin su asentimiento, como cuerpo directamente elegido. 
Es más de lo que habíamos oído hasta el momento y me alegro de ello. 
Al mismo tiempo le agradezco que haya intentado eliminar equívocos. 
Sin embargo, algunos siguen persistiendo. 
Espero que pueda eliminarlos también en su respuesta. 
Usted ha dicho que la Comisión va a presentar menos propuestas. 
No hay que decir nada en contra de ello si nos explica cómo se va a llenar el nuevo vacío. 
Pues usted sabe y mis colegas también que los Tratados de Maastricht, Amsterdam y Niza han establecido muy claramente cuál es el papel del Parlamento Europeo en el sector legislativo y cuál es el papel que desempeñan la Comisión y el Consejo. 
Si ahora dice que va a haber menos propuestas de la Comisión, esto significa que quiere presentar, por ejemplo, propuestas marco. 
Señor Prodi, si es esto lo que quiere, deberá garantizar que exista un mecanismo de retrollamada, un mecanismo call back, así como una reforma de la comitología. 
Esto no es como usted ha dicho una desventaja del sistema actual sino una necesidad absoluta para las ideas o propuestas que tenga en el futuro. 
Nadie en el Parlamento desea propuestas marco pero si usted las desea deberá acompañarlas de las medidas democráticas adecuadas que no violen los derechos del Parlamento. 
Usted dice que desea más medidas modernas, como autocompromisos voluntarios; aquí en el Parlamento nadie desea esto. 
Pero si a pesar de ello lo desea, deberá proteger los derechos democráticos dentro de la Unión Europea y garantizar que haya un acuerdo interinstitucional que no toque los derechos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión. 
Usted ha dicho que el Libro Blanco abre caminos para un debate interinstitucional. 
Sí, los abre, pero le ruego, señor Prodi, que diga aquí claramente que no va a retroceder tras los Tratados de Maastricht, Niza y Amsterdam y que usted ve exactamente igual que la mayoría de las y los colegas lo que he expuesto aquí. 
No debe existir ninguna parte legislativa que no sea acompañada por este Parlamento. 
No deben existir tampoco autoacuerdos voluntarios ni acuerdos marco sin que se proteja a la democracia. 
Señor Presidente, quiero hacer tres observaciones. 
En primer lugar, este documento es algo más modesto de lo que su título sugiere. 
Cuando usted despertó nuestro interés con la perspectiva de presentar este Libro Blanco hace más de un año, todos nos sentimos muy ilusionados con la idea de obtener un gran anteproyecto constitucional. 
De hecho, lo que usted ha presentado, muy sabiamente, es más un documento sobre buena administración que un anteproyecto sobre gobernanza o gobierno constitucional en su conjunto, y ese enfoque pragmático y centrado tiene muchos méritos. 
En segundo lugar, acojo con gran satisfacción su anuncio de hoy de que desea establecer un grupo de trabajo interinstitucional. 
Siempre he pensado que era un error intentar tratar la gobernanza como si se tratara de una ley que, primero, presenta la Comisión y luego es discutida entre las instituciones. 
Esto no es legislación normal, sino un debate político intenso entre las instituciones que requiere un enfoque político y cooperativo intenso. 
Mi última observación es sobre una cuestión que usted toca muy cortésmente en el Libro Blanco. 
Yo seré menos cortés: podemos hacer todo cuanto usted quiera a nivel europeo- en Estrasburgo y Bruselas- para mejorar la administración y la gobernanza y para tomar nuestras decisiones de manera más comprensible y legítima. 
No obstante, mientras las instituciones políticas nacionales y las culturas políticas nacionales permanezcan congeladas en el modelo del siglo XIX y hagan como si la UE no existiera o como si ésta fuera una remota nave espacial, nunca podremos hacer grandes avances en esta honorable empresa de mejorar la gobernanza. 
La gobernanza sólo puede construirse ladrillo a ladrillo desde abajo, desde la base, desde nuestras naciones y regiones. 
Todos deberíamos comenzar por ahí. 
Señor Presidente, creo que la Sra. Roth-Behrendt ha expresado las preocupaciones del Parlamento en su punto central. 
Al Parlamento no le parece mal que la Comisión establezca todos los organismos consultivos que quiera, que se reúna con todas las organizaciones no gubernamentales que quiera, que consulte a todo el mundo por Internet, que hable personalmente con todos los ciudadanos. 
Nos parece bien y nosotros probablemente deberíamos hacer lo mismo. 
Lo que nos preocupa es la segunda parte del Libro Blanco; concretamente, las propuestas de mejora de la reglamentación comunitaria. 
Los Tratados de la Unión Europea- como ha señalado la Sra. Roth-Behrendt- se basan en el principio de la división de poderes. 
Hay un artículo 6 del Tratado que hace referencia a los principios constitucionales nacionales. 
Todas las legislaciones nacionales se basan en el principio de división de poderes, en virtud del cual las facultades legislativas están en manos de órganos de representación popular. 
En el caso de las instituciones europeas hay dos órganos de representación popular: el Parlamento, elegido directamente, y el Consejo, integrado por ministros que son responsables ante los Parlamentos nacionales. 
El papel de la Comisión de las Comunidades Europeas es ser el ejecutivo comunitario- y desde el Parlamento apoyamos y reforzamos las pretensiones de la Comisión de ser un auténtico ejecutivo comunitario. 
Pero si la Comisión entra en el ámbito reglamentario y pretende asumir competencias o poderes que han sido atribuidos o que deberán ser atribuidos al Parlamento Europeo por los Tratados, en este terreno- como han dicho el Sr. Swoboda y la Sra. Roth-Behrendt- la Comisión tiene que estar en íntimo contacto con el Parlamento. 
Concretamente, la sugerencia del Sr. Prodi de que la Comisión podría presentar al Consejo Europeo de Laeken propuestas sobre la mejora de la reglamentación comunitaria, sin esperar antes un pronunciamiento del Parlamento, me parece peligrosa. 
Espero que la Comisión, antes de presentar ninguna propuesta al Consejo Europeo de Laeken sobre la mejora de la reglamentación comunitaria, entre en contacto estrecho con el Parlamento al objeto de que pueda escuchar nuestro punto de vista y transmita así al Consejo Europeo de Laeken cuáles son las preocupaciones y los intereses del Parlamento en esta cuestión. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, estimadas y estimados colegas, el debate sobre el Libro Blanco de la Comisión Europea "gobierno europeo" llega por un lado en un momento desfavorable y, por otro, en un momento favorable. 
Desfavorable, porque cualquier debate sobre la configuración interna de la Unión Europea y su funcionamiento así como la legitimidad de la Unión Europea se ve eclipsada por la necesidad de protección de los ciudadanos europeos ante el terror y violencia internacional, por lo que los temas pertinentes pasan a segundo plano. 
Favorable, por el mismo motivo, ya que la Unión Europea tiene precisamente ahora la oportunidad de cumplir la demanda básica de las personas de seguridad en el interior de la UE, de legitimidad y al mismo tiempo de capacidad de actuación fuera de la UE. 
Una adopción de decisiones transparente, abierta y comprobable puede contribuir por ello a la generación de consciencia del ciudadano europeo y a comprender las ventajas que ofrece Europa. 
Señor Presidente Prodi, su Libro Blanco apunta en este sentido. 
Las propuestas del Libro Blanco de la Comisión se deben saludar sobre todo en este sentido, pues persiguen el diálogo sistemático en el nivel regional y local, promueven un papel más activo del Comité de las Regiones así como la propuesta de presentar a partir del 2002 un informe anual sobre la aplicación del protocolo de Amsterdam sobre la subsidiariedad y proporcionalidad. 
La subsidiariedad y el método comunitario no se excluyen entre si. 
La delimitación de tareas entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo debe estar clara y se debe encontrar un equilibrio entre Estados, regiones y la UE en el sentido de su triangulación institucional. 
La idea de que el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales deben desempeñar un papel central en el debate público sobre el futuro de Europa es algo evidente. 
Por ello, me parece sorprendente que la Comisión no se refiera en su Libro Blanco a la exigencia de una convención, tal como se exige en el informe de Jo Leinen y Méndez Vigo. 
Una convención abierta que elabore la base decisoria para el Consejo, en la que participe también la Comisión y los diputados nacionales y europeos y en la que estén representados los Estados miembros y los candidatos, el Comité de las Regiones y el Comité de Asuntos Económicos y Sociales como observadores, es un foro adecuado y necesario para la cercanía al ciudadano y la transparencia y tiene que complementar y apoyar las reformas internas. 
Señor Presidente, es realmente una lástima que el Sr. Farage ya no esté presente. 
Es evidente que él no ha aprendido nada de orden público si cree que podemos gobernar toda Europa a base de referendos. 
Este debate es probablemente uno de los más importantes de cuantos celebraremos antes de la ampliación. 
No es ni tan sagrado ni tan excitante como una CIG, pero hasta que no consigamos los mecanismos adecuados para la realización de la democracia y el orden público, el detalle administrativo aburrido y tedioso, estaremos siendo injustos con la democracia. 
Debemos reformar nuestros procesos gubernamentales. 
El Libro Blanco contiene muchas propuestas que no suponen ningún problema para nadie, pero cuestiones como la regulación conjunta y la realización de la política de orden público por parte de agencias exteriores sí causan problemas. 
No podemos permitirnos pasar por alto estos temas. 
Nuestra sobrecarga institucional, como todos sabemos, es bastante impresionante en la Unión y la situación se agravará con la ampliación. 
Debemos asegurarnos, sin embargo, de que cuando reformemos dichos procesos- ya se trate de cuestiones relativas a la regulación conjunta o a las agencias exteriores- consideraremos el control democrático como el factor clave, un control democrático en un marco democrático. 
Este ejercicio no estará exento de recursos. Asimismo, será necesaria una dotación de personal considerable para llevarlo a cabo, al menos en las fases iniciales. 
La Comisión debe hacer frente a esto. 
No será, de ninguna manera, un ejercicio de recorte de gastos. 
Por último, si cabe hacer alguna crítica a la Comisión, y me alegra que la Comisión se haya dado cuenta de la importancia de esta crítica, ésa es que su Libro Blanco no dice nada sobre el papel del Parlamento. 
Ahora me doy cuenta de que la Comisión podría no haber querido hacerlo por temor a atraer sobre sí la ira de esta Asamblea. Ha sido un fallo fundamental de las conversaciones preliminares entre la Comisión y el Parlamento. 
Por ello me alegra mucho que ya se haya rectificado y podamos proseguir con la elaboración del tipo de estructura gubernamental que necesitamos. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, siguiendo el hilo de lo que ha dicho la Sra. Stenzel, creo que un debate de este tipo no lo podemos mantener ni demasiado pronto ni demasiado tarde. 
Precisamente en estos momentos creo que los acontecimientos de las últimas semanas han aportado más seriedad a la política y que los ciudadanos han planteado más exigencias a la política. 
Esto es una oportunidad para contribuir al renacimiento de la política, también para un renacimiento de la cooperación entre los gobernantes, los responsables y representantes de los ciudadanos, es decir, los Parlamentos. 
Debemos ver este debate de este modo. 
Cuando usted dice en la introducción de su documento que el ciudadano siente más desconfianza, más desinterés e impotencia, le doy la razón, pero en el segundo apartado dice que este problema lo reconocen perfectamente los Parlamentos y Gobiernos nacionales pero que es especialmente agudo para la Unión Europea. 
Es aquí precisamente donde veo un problema, precisamente en esta formulación. 
Hacemos como si el Parlamento y la Comisión estuviesen en un lado y los Gobiernos y Parlamentos nacionales en otro lado de la Unión Europea. 
Precisamente esta contradicción- aquí los Estados miembros y allí las instituciones europeas- es lo que sienten los ciudadanos. 
Tenemos que aclarar por fin que la Unión Europea somos todos. 
No existe prácticamente ninguna decisión europea sin la codecisión de los Gobiernos nacionales pero hay muchas decisiones europeas sin la codecisión del Parlamento Europeo. 
La cuestión de la competencia en la codecisión genera transparencia, publicidad y capacidad de diálogo, por lo que es el punto de partida para una clara separación de poderes y asignación de tareas. 
Exijo más iniciativas de la Comisión que no se orienten al consenso mínimo frente al Consejo sino a las necesidades europeas. 
Escribe sobre la cooperación con las regiones, pero en la propuesta de la Presidencia belga para la convención no se encuentra en absoluto el Comité de las Regiones. 
Hablamos de más información, pero nuestra actuación se limita a dar dinero a los Estados miembros por su trabajo de información y los Estados miembros no informan a su vez a sus Parlamentos sobre las resoluciones en el Consejo del modo suficiente excluyendo de este modo a los ciudadanos de las decisiones europeas. 
Para finalizar, exijo también propuestas de sanciones en caso de un uso indebido de los fondos de la UE pues esto genera desconfianza entre los ciudadanos frente a las instituciones. 
Europa tiene que estar presente desde las instituciones europeas hasta el municipio más pequeño. 
Señor Presidente, me alegra mucho que esté siendo tan tolerante con el tiempo de intervención esta mañana. 
Como dice un proverbio muy conocido "cuando uno no sabe adónde va, no llega nunca". 
En primer lugar y ante todo, en Europa todos debemos tener muy claro qué estamos haciendo; nuestro objetivo no es crear el Estado único de Europa, sino una unión de Estados soberanos que cooperen cuando y donde sea necesario. 
A diferencia del Sr. Farage, creo que en Europa existen numerosas ocasiones en las que es importante que cooperemos. 
Asimismo, todos sabemos que ninguna de las instituciones goza de una alta estima. 
Ello no es debido a que las instituciones sean malas. Se debe a que son complejas, remotas y se las desconoce. 
Francamente, seguiremos encontrando el mismo problema, con independencia de las reformas específicas que introduzcamos, si las instituciones siguen siendo oscuras, complejas y no las explicamos. 
Digo a mis colegas de esta Asamblea que una de las cosas que la población de Europa no entiende es por qué oscilamos entre Bruselas y Estrasburgo. 
Nos corresponde prestar oídos a algunos de los problemas que las personas nos comunican. 
El Libro Blanco del Presidente Prodi me ha decepcionado. 
Prácticamente ha descuidado el papel del Defensor del Pueblo. 
Al fin y al cabo, el Defensor del Pueblo está en primera fila en lo que se refiere a ocuparse de las quejas y las preocupaciones de los ciudadanos. 
También me decepcionó el mes pasado la respuesta de la Comisaria De Palacio, a la que normalmente respeto, que se mostró bastante desdeñosa respecto al código de buen comportamiento administrativo. 
Debemos garantizar que tenemos una buena administración. Esto significa que necesitamos un código ejecutable común para todas las instituciones. 
La Comisión de Peticiones ha pedido al Defensor del Pueblo que nos informe sobre los problemas que le presentan los ciudadanos. Queremos escuchar a los ciudadanos. 
Extiendo una invitación al Presidente Prodi, si realmente quiere conocer las dificultades que los ciudadanos de Europa encuentran en su trato con las instituciones, los reglamentos y las normativas europeos, que dedique una tarde a visitar la Comisión de Peticiones para escuchar lo que dicen los ciudadanos. 
Sin duda pasaría una tarde entretenida escuchando lo que la gente piensa realmente. 
En una palabra, lo que estoy diciendo es lo siguiente: escuche a las personas; escuche a aquellos que saben de lo que hablan; sea claro respecto a sus objetivos; y luego explíquense en un lenguaje claro y sencillo. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Presidente Prodi que con su intervención ha aclarado algunos aspectos que, tras la lectura del Libro Blanco, podían dar lugar a equívocos. 
El debate sobre la gobernanza que hoy nos vuelve a ocupar es importante porque está orientado a fomentar un debate más amplio sobre el significado de la integración europea y sus objetivos. 
Se trata de un debate que complementa el debate sobre el futuro de la Unión y que, por lo tanto, debería centrarse en el nexo entre objetivos generales y acciones concretas a los ojos de los ciudadanos. 
Es indudable que en la base de esta reflexión- somos conscientes de ello- está la constatación de que la credibilidad de la integración europea a largo plazo está minada por el insuficiente reconocimiento mutuo entre las estructuras públicas y la sociedad civil. 
Por lo tanto, implicar lo más posible a muchas instancias y manifestaciones de la sociedad civil para que también a través de esto los ciudadanos participen más todavía, si cabe, en el proceso de generación de las políticas y de las decisiones, es una tarea importante que todas las instituciones de la Unión deben cumplir con un serio esfuerzo común. 
A este propósito, quisiera recordar que precisamente el Parlamento Europeo, en particular la Comisión de Asuntos Sociales, ya en la pasada legislatura, reconoció la necesidad de abrir y de formalizar un diálogo civil. 
Para hacerlo es necesario realizar un esfuerzo para identificar a los interlocutores más representativos y evitar una inflación de consultas y de superposiciones. 
En consecuencia, pedimos a este propósito un acuerdo interinstitucional que implique una división del trabajo y, al mismo tiempo, una concertación entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo. 
El segundo punto importante que ya ha sido mencionado es la necesidad de simplificar los procedimientos legislativos comunitarios: es decir, la distinción entre decisiones de carácter político y normativas que no deben traducirse en preceptos técnicos detallados; la distinción entre prerrogativas del Parlamento y tareas propias del poder ejecutivo. 
Por consiguiente, es importante lo que usted, señor Presidente, ha declarado: la necesidad de definir un mecanismo de avocación para la legislación secundaria que proteja y refuerce el papel del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, como último orador de mi Grupo y coordinador del mismo, recae sobre mí la tarea de intentar resumir las posiciones manifestadas. 
Tras escuchar el debate, siento que las opiniones de nuestro Grupo constituyen en buena medida el centro de gravedad del Parlamento en su conjunto respecto a esta cuestión. 
Si intentara resumirlo en dos frases, sería para decir 'sí' a mejor información, a la consulta y a la consulta más sistemática de agentes no gubernamentales, etcétera, pero 'no' a delegar decisiones a una especie de acuerdo de lo más conveniente entre la Comisión y la industria. 
Quisiéramos decir 'sí' a delegar legislación técnica y en materia de aplicación, pero únicamente si existe un procedimiento adecuado para recuperar estas funciones si las cosas salen mal. 
En otras palabras, en el Parlamento existe una simpatía considerable por buena parte de lo que la Comisión intenta alcanzar en su Libro Blanco, pero también existe auténtica preocupación por lo que podrían ser las consecuencias reales de algunas de las propuestas contenidas en el mismo. 
Permítanme que ponga el ejemplo sacado de la reciente autorregulación sobre la seguridad del peatón, en la que la Comisión ha llegado a un acuerdo con el sector del automóvil. 
Es un acuerdo excelente en muchos sentidos y mucho de lo acordado es un buen paso adelante en favor de la seguridad del peatón. 
¿Pero qué ocurriría si el acuerdo no fuera muy bueno? 
¿Qué ocurriría si incluyera cosas disparatadas que no fueran aceptables para este Parlamento que representa a los ciudadanos? 
Representamos a todos los ciudadanos de Europa, no sólo a aquellos que están organizados en torno a las ONG. 
¿Qué ocurre si luego el sector del automóvil no cumple el acuerdo porque no está consagrado en la legislación? 
¿Qué podemos hacer para remediar la situación si alguno de los otros fabricantes no respeta el acuerdo? 
Ésta es la clase de preocupación que se está expresando en este Parlamento. 
Acojo favorablemente el compromiso de la Comisión de no llevar adelante esta iniciativa hasta que el Parlamento haya emitido su dictamen y de seguir explorando más a fondo estas cuestiones en un grupo de trabajo interinstitucional. 
Es una evolución muy positiva. 
Me alegra mucho que hoy nos haya prometido eso y espero con interés poder seguir tratando sobre esta cuestión. 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, estoy muy satisfecho por el debate de hoy que ha puesto de manifiesto un acercamiento de las posiciones, una mayoría de puntos de acuerdo y, ante todo, una metodología de trabajo común. 
Yo diría que hemos sentado las premisas para cerrar conjuntamente esta etapa de reforma que podemos realizar con una legislación sin cambios. 
Asimismo se ha puesto de relieve una preocupación común que, a pesar de no formar parte del debate de hoy, está estrechamente relacionada con él: una preocupación común por una Europa que ha de hablar con una sola voz y que debe interpretar las crecientes inquietudes por las instituciones, unas inquietudes que no solo afectan a nuestros Estados miembros, sino también a los países de la ampliación, donde el problema de la desconfianza en las Instituciones europeas se plantea de manera creciente. 
A este propósito, quisiera decir que se han efectuado muchas críticas sobre el pluralismo de las voces europeas, un pluralismo con el que Europa estuvo presente en Washington tras la tragedia. 
No confundamos esto con el pluralismo de las presencias. 
El contenido fue absolutamente único: en Washington hablamos con una sola voz y, al concluir los debates, transmitimos al Presidente Bush la posición europea, una posición fuertemente operativa, con cooperaciones específicas en materia de justicia y asuntos internos y en lo referente al problema financiero del blanqueo de dinero, ámbitos en que hemos propuesto líneas de acción en que Europa deberá converger. 
Respecto a las inquietudes de los ciudadanos, creo que una parte de las mismas deriva de la complejidad de nuestros procedimientos de trabajo, de su escasa comprensibilidad, de problemas a los que el Libro Blanco trata, aunque parcialmente, de hacer frente con la profundización del sistema democrático y de la transparencia y con una mayor eficacia y rapidez de sus decisiones, en el respeto absoluto, mejor dicho, en el aumento de las prerrogativas del Parlamento. 
Por esto, al final de este breve debate reitero que es nuestra intención llegar a aclarar nuestras respectivas funciones, en que, sin embargo, nadie pone en duda el papel de control político del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el trabajo ejecutivo de la Comisión. 
No solo reconocemos dicho control, sino que, y me refiero a lo que decía el Sr. Corbett en la última intervención, nosotros tenemos absoluta necesidad de este control. 
Reitero asimismo- y aquí debo confesar que el equívoco se produjo por una falta de la Comisión, por una desacertada expresión de la Comisión- que la Comisión no pretende tomar ninguna decisión antes de Laeken o en cualquier otro momento sin consultar al Parlamento. 
Nosotros hicimos hincapié en la necesidad de ser rápidos en la toma de decisiones, sin embargo, antes y en todo caso deberemos consultar a fondo al Parlamento. 
De todos modos, hoy hemos dado algunos pasos adelante. 
El Sr. Kauffmann y otros diputados han hecho algunas sugerencias sumamente útiles. 
La idea de organizar un grupo conjunto integrado por el Parlamento, el Consejo y la Comisión para establecer un código de conducta institucional en el marco de las normas existentes es un camino que, en mi opinión, debemos explorar. 
Es necesario ser claros respecto a este objetivo a perseguir, o mejor, definir una praxis que simplifique el proceso de generación de decisiones porque, repito, es lento y no se comprende; una praxis que convierta en superfluo el recurso sistemático a la comitología, sin quitar nada a los poderes del Parlamento y del Consejo, antes bien, para reforzar su responsabilidad política. 
La Comisión está dispuesta a examinar esta vía. 
Me pregunto con toda franqueza, sin ninguna segunda intención, si el Consejo estará dispuesto a hacerlo: nosotros sí lo estamos. 
Para que esto ocurra, pido que el Parlamento se muestre política y fuertemente decidido en esta línea. 
Por otra parte, este debate, prepara el debate sobre el futuro de Europa que deberá organizar la Convención. 
Comenzar ahora en las direcciones aquí apuntadas, a mi modo de ver, ayudará a encontrar más adelante las soluciones institucionalmente más apropiadas. 
Hoy ha habido un punto de divergencia formal que deberemos abordar en el ámbito que hemos establecido, es decir, el que se define como avocación. 
Considero que el actual sistema de comitología es una distorsión de la democracia y por esto lo hemos criticado, ya que mezcla funciones legislativas y ejecutivas, pero sin un control político real. 
Aparentemente, la propuesta de avocación mejora la situación, pero, de hecho, convierte el sistema en más confuso porque convierte en menos distinguibles nuestras funciones, la diversidad de nuestras funciones. 
Creo que en el futuro deberemos centrar nuestro debate en esto, en estos órganos que hemos propuesto para aclarar este punto: debemos trabajar en común por un sistema en que la Comisión ejecuta y el Parlamento Europeo y el Consejo controlan políticamente antes de la adopción de las medidas. 
Si existe continuamente esta posibilidad de volver hacia atrás, se llega a la conclusión de que, obviamente, el Parlamento adquiere una estrecha función ejecutiva. 
Repito, trabajemos en ello, porque no solo actúo de buena fe, sino que soy muy consciente de que éste es un punto extraordinariamente delicado del control democrático. 
Debemos utilizar la misma metodología en lo que respecta al tema de las agencias. 
La Comisión piensa que en algunos casos son necesarias, pero no debemos multiplicarlas al infinito, sino recurrir a ellas sólo cuando hay cometidos técnicos muy complejos y que tienen su propia autonomía. 
Sin embargo, coincidimos con ustedes en que hace falta un control democrático de estas agencias, un control que se realiza de tres maneras: cuando se crea la agencia, y el Parlamento Europeo es parte fundamental junto con el Consejo de esta decisión; cuando se controla su presupuesto, y el Parlamento Europeo lo controla; cuando se controla la forma de actuar de la Comisión que es el órgano responsable de estas agencias. 
Ésta es la orientación de la Comisión. 
Se han planteado aquí dos puntos más, unos puntos contenidos en el Libro Blanco o ligados a él, pese a no estar contemplados en el mismo: la participación de la sociedad civil y el tema de la participación de las regiones y de las autonomías locales. 
Considero absolutamente necesario, también en la futura Convención, un papel activo de las regiones y de las administraciones locales. 
Si nosotros definimos realmente a Europa como la Europa de la subsidiariedad, debemos ser mínimamente coherentes y respecto a esto no tengo ninguna reserva. 
En cuanto al tema de la consulta de la sociedad civil, si leemos atentamente el Libro Blanco, no existe ninguna expropiación de los órganos parlamentarios, de los órganos elegidos democráticamente. 
Antes bien, hay otro discurso: en lugar de consultar como ahora a la sociedad civil de manera encubierta, indirecta, nosotros proponemos que esta consulta se convierta en transparente y que se lleve a cabo a la luz del día, de modo que se sepa de dónde surgen ciertas ideas y ciertas posiciones, de dónde proceden ciertas sugerencias. 
Y esto, en mi opinión, es un paso adelante. 
Entiendo que haya creado inquietudes porque, ante una evidencia tan clara de un proceso, el Parlamento puede incluso decir: "Pero esto sustituye nuestro papel." 
Les puedo asegurar que esto se hace con el objetivo contrario: es decir, debemos consultar a la sociedad civil porque nos sirve a nosotros y les sirve a ustedes. Pero consultar significa consultar, no se puede admitir que esto tenga una variante decisional en el ámbito que se pueda confundir o parangonar con el del Parlamento. 
Lo digo claramente porque nunca habrán escuchado de boca de la Comisión, por ejemplo, una propuesta de hacer entrar a la sociedad civil en la Convención con un papel en el que haya aspectos decisionales. 
No obstante, creo que la consulta con transparencia y con claridad es un paso adelante que debemos dar absolutamente. 
Repito, no ha sido nunca nuestra intención atribuir un papel institucional o constitucional a la consulta con la sociedad civil, aunque nos preocupa entender qué ocurre en el ámbito de esta sociedad y, en consecuencia, prestar atención y mostrar una fuerte sensibilidad a lo que sucede. 
En cierto sentido es también la sugerencia hecha por el Sr. Perry de participar en la Comisión de Peticiones, al objeto de mantenernos atentos. 
Con todo, recuerden que en las propuestas de la Comisión tenemos dos objetivos: primero, una democracia más parlamentaria; segundo, una democracia más eficaz. 
Por lo tanto, en el discurso de la relación con el Parlamento el tema de la avocación tiene que colocarse en este marco. 
Queremos una democracia más parlamentaria en la que el papel del Parlamento sea más claro y preciso, así como más eficaz, en la que el papel ejecutivo no se ponga continuamente en tela de juicio por los procedimientos. 
Creo que esto se podrá aclarar con la propuesta de trabajar juntos en estos temas en los próximos meses y, en consecuencia, que podrá aportar un beneficio, un progreso futuro a nuestra manera de trabajar, por ahora sin cambios legislativos, por lo tanto, a la espera del gran proceso de reforma institucional que deberá comenzar a partir de la Cumbre de Laeken. 
Me permito añadir una observación: en la convención de los derechos fundamentales hemos tenido una buena experiencia escuchando a la sociedad civil pero no teníamos ningún miembro en la convención. 
. (IT) Señor Presidente, probablemente ha habido un problema de traducción. 
Repito la frase que es la clave de la última parte de mi discurso: nunca hemos dicho- y hoy lo reiteramos- que la sociedad civil puede desempeñar un papel decisional. 
Este papel es exclusivo del Parlamento, del Consejo, de nuestras Instituciones. 
Lo único que queremos es que la consulta se lleve a cabo de forma más transparente, más clara y más comprensible. 
Creo que ahora está realmente más claro. 
Algunos colegas estaban algo sorprendidos pero creo que ahora sabemos todos el auténtico sentido. 
Señor ministro, ahora tiene usted la palabra. 
Ya saben que si el Presidente de la Comisión quiere añadir algo, le concedemos siempre gustosamente la palabra. 
Asilo e inmigración 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto sobre la política de asilo e inmigración. 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores Diputados, tengo el gusto y el gran honor de presentarles, como Presidente del Consejo de "Justicia y Asuntos Interiores", el estado de los trabajos en los ámbitos del asilo y la inmigración, así como transmitirles las iniciativas previstas por la Presidencia para las próximas semanas. 
La ocasión que hoy se me brinda para dirigirme a ustedes es oportuna sobre todo teniendo en cuenta que este Parlamento deberá pronunciarse sobre dos excelentes informes que son particularmente importantes para la continuación de nuestros trabajos en el seno del Consejo de "Justicia y Asuntos Interiores", es decir: el informe del Sr. Pirker sobre la comunicación de la Comisión sobre política comunitaria en materia de inmigración y el informe del Sr. Evans sobre la comunicación de la Comisión: Hacia un procedimiento de asilo común y un estatuto uniforme, válido en toda la Unión, para las personas a las que se les concede asilo. 
En la presentación del programa de la Presidencia ante la Comisión de Libertades Públicas y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores yo había señalado la prioridad que revisten estos dos ámbitos para nuestra Presidencia: el asilo, por una parte, y la inmigración, por otra; y eso por varias razones. 
Compruebo, en primer término, al igual que mis colegas europeos, que existen verdaderas y legítimas expectativas de los ciudadanos, los cuales confían, naturalmente, en que sus responsables políticos den respuestas urgentes, que también deben ser tranquilizadoras. 
Eso implica una gestión controlada de los flujos migratorios y también la necesidad de luchar contra los abusos del procedimiento de asilo. 
Debemos reconocer que las cifras son muy preocupantes en toda Europa. 
En segundo término, la evaluación de Tampere, que se efectuará al final de nuestra Presidencia, ha de permitirnos comprobar los distintos avances en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores, así como proponer medidas para paliar de inmediato los posibles retrasos registrados, y ha de reconocerse que existen retrasos. 
Con el fin de evitar los efectos lamentables de estos retrasos, pensamos que será necesario reactivar la dinámica política con ocasión de la Cumbre de Laeken. 
Para eso es preciso resolver algunas cuestiones que, con el pretexto de que existen dificultades técnicas, en realidad son cuestionadas desde el punto de vista político. 
Por otro lado, tengo que dar las gracias al Comisario Vitorino, que presenta siempre propuestas muy inteligentes, que también demuestra una gran anchura de miras, con el ánimo de que se produzcan avances, y que acepta la discusión en beneficio del progreso de las ideas en el plano europeo. 
En esta doble perspectiva, la Presidencia belga ha querido dar desde ahora el impulso político necesario para abrir un debate sustancial en ámbitos tales como la creación de una política de inmigración común y equilibrada y la aplicación de un régimen de asilo europeo. 
En otros términos, estamos trabajando con nuestros colegas, en el marco de esta Presidencia, para que el Consejo de Ministros pueda desempeñar nuevamente su papel de arquitecto de la construcción europea y centrarse en determinados arbitrajes políticos. 
Su acción legislativa debe convertirse en una actividad operativa visible y en una cooperación práctica entre los servicios encargados de aplicar la ley y los servicios de inmigración. 
Debo manifestarles que estoy personalmente convencido de que el único enfoque pertinente consiste en un enfoque europeo común y solidario en estas cuestiones. 
Ha de reconocerse que muchos Estados miembros han creído, durante mucho tiempo, poder enfrentar solos esta problemática. 
Y también ha de reconocerse que los resultados no han estado a la altura de las expectativas. 
El asilo, en primer lugar. 
El derecho de asilo constituye, ciertamente, una prioridad para todos nuestros países. 
Se trata, en mi opinión, de la dignidad de Europa. 
Nuestra voluntad sigue siendo la aplicación íntegra de la Convención de Ginebra, así como reforzar su cumplimiento. 
Creo que, en ese sentido, nuestros países no deben ruborizarse. 
Los esfuerzos que realizamos en el marco del respeto de nuestros compromisos internacionales no pueden cuestionarse, o cuestionarse nuevamente. 
Pero todos constatamos asimismo que una gran cantidad de personas se valen de este procedimiento como pretexto para entrar en el territorio de nuestros Estados por motivos distintos de los establecidos en la Convención de Ginebra. 
Por consiguiente, creo que deberíamos considerar la continuación de los trabajos a la luz de esta doble constatación. 
Los servicios de la Comisión han realizado, en pocos meses, un trabajo considerable en la elaboración de las propuestas de directiva que ahora debemos examinar: armonización de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo, armonización de los procedimientos para conceder o retirar el estatuto de refugiado, revisión del Convenio de Dublín, armonización del estatuto de refugiado y, finalmente, las formas subsidiarias de protección. 
Si bien todos estos textos forman parte de un todo indisociable, es conveniente seguir un orden para examinarlos. 
Con el fin de respetar el calendario fijado por el "cuadro de objetivos" de la Comisión y el enfoque en dos etapas establecido por la comunicación de la Comisión relativa al asilo político, la Presidencia ha optado por centrar sus trabajos de manera prioritaria en las tres directivas siguientes: la armonización de las normas mínimas comunes para la acogida de los solicitantes de asilo, la comunitarización del Convenio de Dublín y la armonización de los procedimientos para conceder o retirar el estatuto de refugiado. 
Los dos primeros textos han sido objeto de una primera lectura, que puedo calificar de alentadora y de la que se deduce la voluntad de los Estados miembros de avanzar lo más rápidamente posible en este terreno. 
En cuanto a la armonización de los procedimientos, yo había organizado con ocasión del Consejo de "Justicia y Asuntos Interiores" del 27 de septiembre un debate de orientación de naturaleza política, sobre la base de respuestas precisas a preguntas precisas, en el cual los Estados miembros debían pronunciarse: sobre la forma de estructurar la directiva, en particular sobre los criterios para distinguir los procedimientos de admisibilidad y de falta manifiesta de fundamento; el número de instancias implicadas en la apreciación de dichos criterios, su naturaleza y el efecto de los recursos que es posible someterles; el grado de precisión que debe atribuirse a las normas cualitativas relativas a las decisiones y a las autoridades que pronuncian dichas decisiones. 
Se propuso a los ministros un método similar de trabajo para examinar la directiva sobre la reagrupación familiar. 
Este ejercicio permitió, a pesar de sus dificultades, comprobar algunos progresos sobre todo con respecto a la definición de la noción de unidad familiar básica. 
Es evidente que la diversidad de sistemas nacionales aplicados en nuestros Estados miembros significa que toda armonización en este ámbito requerirá, indudable y necesariamente, esfuerzos importantes de una y otra parte. 
Ningún Estado miembro puede esperar encontrar en el proyecto uniforme las mismas normas que aplicaba antes. 
Pero por encima de las divergencias nacionales, he tenido la satisfacción de comprobar que todos perseguimos un objetivo común: la aplicación de procedimientos rápidos, eficaces- es muy importante -, pero, naturalmente, que respeten los derechos de las personas que cumplen las condiciones para obtener el estatuto de refugiado. 
La Presidencia, en colaboración con la Comisión, seguirá trabajando para lograr este objetivo lo antes posible. 
Me felicito, por otra parte, de las recomendaciones formuladas en el informe del Sr. Evans, en el sentido de esta concreción de las disposiciones del Tratado de Amsterdam y de las conclusiones de Tampere, con miras a la aplicación de dicho régimen de asilo europeo común. 
La respuesta a esta problemática debe ser común y solidaria. 
Europa debe seguir la misma línea de conducta en cuanto a la admisión de refugiados en su territorio y debe actuar de manera concertada contra los fenómenos encubiertos que dicha admisión provoca. 
Si bien comprobamos abusos respecto a los procedimientos, debemos encontrar, ciertamente, soluciones a situaciones de desamparo humano. 
Europa ha de actuar en tal sentido para mejorar la prevención de conflictos, procurando asimismo, a través de la cooperación, crear mejores condiciones de vida en el mundo. 
La organización de campañas de información en los países de origen es necesaria para luchar contra la inmigración ilegal, así como para hacer fracasar los planes de organizaciones delictivas que generan esta forma moderna de esclavitud y que no dudan en recurrir a todos los medios, concretamente a la violencia y al terror, para conseguir sus fines. 
La explotación con fines delictivos de estos flujos de personas que cumplen las condiciones para obtener el estatuto de refugiado constituye para el conjunto de la Unión Europea una preocupación adicional, a la que se debe responder adoptando medidas urgentes de carácter disuasivo. 
En ese sentido, con ocasión del debate iniciado con los países candidatos a la adhesión en el Consejo del 28 de septiembre, abordamos la problemática de la trata de seres humanos y decidimos, sobre la base de conclusiones operativas, las medidas que debían adoptarse en este ámbito. 
Dicho dispositivo de medidas puede y debe abarcar la protección de las víctimas y medidas de tipo policial, tales como el refuerzo de los controles en las fronteras exteriores actuales y futuras de Europa, garantizando la posibilidad para aquellos que huyen de persecuciones de encontrar asilo en nuestros Estados. 
Finalmente, comparto la idea según la cual debemos distinguir claramente, a través de las medidas que deben aplicarse, entre los solicitantes de asilo que buscan una protección internacional y los que se mueven por otras motivaciones- que, por lo demás, son a menudo legítimas- y que desean entrar en la Unión Europea. 
En una época de apertura y de movilidad, no se trata, en efecto, de convertir Europa en una "fortaleza", sino de pensar en la manera de organizar de forma transparente, realista y equilibrada esta inmigración. 
No tengo recetas para responder a dichas cuestiones y hemos preferido organizar, en colaboración con el Parlamento Europeo y la Comisión, una Conferencia europea sobre las migraciones, que tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre próximos en Bruselas, y aprovecho, señor Presidente, de la inminencia del acontecimiento, para darle las gracias por el importante apoyo demostrado por este Parlamento para la realización de dicho encuentro, sin precedentes, en mi opinión, en el que participarán observadores privilegiados de estos fenómenos que constituyen un verdadero problema social. 
Lugar destacado y prestigioso, el hemiciclo del Parlamento Europeo de Bruselas representa el símbolo de una colaboración fructífera entre las instituciones europeas; colaboración que, en una cuestión como la inmigración, era evidente. 
A eso se añade la presencia- numerosa, así lo espero- de Sus Señorías, lo que permitirá celebrar un debate rico y fértil. 
Dicho acontecimiento, en el que tendremos el honor de recibir a ministros, altos funcionarios de instituciones internacionales y responsables políticos, permitirá celebrar un debate político profundo sobre las migraciones, sus retos y sus implicaciones. 
Éste permitirá asimismo extraer las orientaciones generales sobre la manera de abordar las migraciones en el marco de una política europea común. 
Dicha Conferencia está organizada siguiendo el método de las contribuciones abiertas, que debe ayudarnos- y es ahí donde se sitúa nuestro objetivo político- a realizar las opciones esenciales en la Cumbre Europea de Laeken. 
Se trata de volver a crear una dinámica en el marco de un enfoque global del fenómeno de las migraciones. 
Por otro lado, todos somos conscientes de que, detrás de las cuestiones de principio, se ocultan algunos movimientos de explotación económica e incluso de explotación política del fenómeno, que no se pueden ignorar. 
Europa es objeto, en efecto, de flujos migratorios importantes que abusan de procedimientos destinados a fines muy distintos o que se tienen lugar en la más completa clandestinidad, lo cual, naturalmente, también es condenable. 
Muchos de estos flujos de carácter abusivo se benefician, además, de la complicidad de redes de delincuencia tanto en el extranjero como en el seno de nuestros propios Estados. 
Estos abusos favorecen, evidentemente, a aquellos que tratan de sacar provecho desde el punto de vista económico o político de los fenómenos migratorios, y frente a eso no podemos permanecer indiferentes. 
He podido tomar nota con satisfacción de que las cuestiones que serán discutidas durante la Conferencia son las que plantea el informe del Sr. Pirker sobre la inmigración. 
¿Cómo se pueden llegar a controlar los flujos migratorios? 
¿Cómo se puede establecer una distinción clara entre asilo e inmigración? 
¿Cuáles son los efectos en la inmigración ilegal de la flexibilización de las condiciones para la entrada de los inmigrantes? 
¿Nuestros Estados miembros tienen necesidad de recurrir a una nueva migración económica? 
¿Esta necesidad se experimenta de la misma manera en el seno de la Unión? 
¿Cuáles son las consecuencias de la lucha contra el trabajo clandestino en la inmigración ilegal? 
¿Cuáles son y cómo se pueden combatir los efectos nocivos de una migración de mano de obra cualificada? 
¿Cuáles son los ámbitos con vistas a la asociación con los países de origen? 
¿Cuáles son los instrumentos necesarios para aplicar una verdadera política de integración? 
La Presidencia considera que no se trata sólo de resolver las cuestiones técnicas: todos sabemos que dichas cuestiones poseen implicaciones económicas, políticas y también en el plano humano. 
Debemos tener en cuenta una multiplicidad de fenómenos, incluso encubiertos, lo que complica la aplicación de una política de inmigración común, sobre todo en materia económica. 
Señor Presidente, señoras y señores, antes de finalizar esta presentación, deseo recordarles nuestra voluntad de trabajar en un marco de plena cooperación institucional con ustedes, el Parlamento Europeo, y de acuerdo con las normas establecidas en los Tratados, esperando que juntos podamos avanzar por la vía de la construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia en provecho de Europa y de sus ciudadanos. 
Esta es ya la tercera oportunidad que tengo el gusto de presentarme ante ustedes. 
No se trata para mí de una carga, sino de un honor, y me felicito de esta colaboración. 
(Aplausos) 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señor Ministro, el debate de hoy se plantea en un momento crucial. 
En efecto, faltan dos semanas para la Conferencia europea sobre las migraciones, organizada por la Presidencia belga, y dos meses para el Consejo Europeo de Laeken, en el que se supone que se efectuará la revisión intermedia de la agenda de Tampere. 
Estos dos acontecimientos deberían constituir etapas esenciales para la definición de las políticas comunes de inmigración y asilo. 
Estoy seguro de que al aprobar las dos resoluciones que hoy se someten a examen, cuya calidad y cuyo equilibrio merecen ser señalados- y aprovecho la ocasión para felicitar a los ponentes, el Sr. Pirker y el Sr. Evans -, el Parlamento Europeo expresará a tiempo unas prioridades claras y fundamentales. 
Desde la tragedia del 11 de septiembre la Unión Europea debe enfrentarse a una nueva agenda política en los ámbitos de justicia y asuntos interiores. 
Gracias sobre todo a la determinación de la Presidencia belga, la Unión lo está haciendo de manera notable. 
El Consejo Europeo del 21 de septiembre nos dirigió un mensaje muy claro. 
Hay que dar prioridad a las medidas necesarias para reforzar la seguridad interna de nuestros Estados miembros y la seguridad de sus ciudadanos, así como a la lucha contra el terrorismo. 
Pero, al mismo tiempo, el Consejo Europeo del 21 de septiembre hizo hincapié en que también debería proseguirse sin retraso la realización de los demás componentes del objetivo de mantenimiento y desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia, como lo establece el Tratado de Amsterdam. 
Me congratulo de que el Consejo Europeo haya subrayado la necesidad de lograr el equilibrio político entre, por una parte, el refuerzo de las medidas de cooperación policial y judicial en una perspectiva de lucha contra la delincuencia y el terrorismo y, por otra, la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Siempre he hecho hincapié, tanto en los debates en el Parlamento Europeo como en el Consejo, en que ahora más que nunca necesitamos políticas comunes de inmigración y asilo. 
La pertinencia de las disposiciones del Tratado de Amsterdam y de las conclusiones de Tampere ha sido permanentemente reafirmada. 
Estoy convencido de que los ciudadanos tienen verdaderas expectativas en un valor europeo añadido- que incluso reivindican- de las políticas nacionales, cuyas limitaciones son cada vez más claras, ya se trate de las políticas de seguridad o de las políticas relativas a la protección de las libertades. 
Para lograr este objetivo, para definir el valor añadido europeo que se debe aportar a las políticas nacionales, creo que deberemos tomar en consideración tanto las exigencias en materia de seguridad como el respeto de los valores de identidad comunes de nuestra Unión Europea, incluyendo la libertad de circulación, tal como está garantizada por los Acuerdos de Schengen. 
El Consejo ha pedido a la Comisión que efectúe una evaluación de sus propuestas en materia de asilo e inmigración a la luz de los acontecimientos terroristas que se produjeron en los Estados Unidos de América. 
Nosotros ya hemos empezado esta tarea. 
La confirmación de la voluntad política tanto del Consejo Europeo como del Consejo de "Justicia y Asuntos Interiores" en estas materias debe devolvernos las esperanzas. 
Es cierto que- tal como el ministro lo ha subrayado hace un momento- los retrasos y las dificultades que conocen algunos expedientes podrían poner seriamente en duda nuestra capacidad para tomar decisiones substanciales dentro de los plazos muy precisos establecidos por el calendario de la Comisión. 
Este dinamismo recobrado debe favorecer a todos los sectores de la cooperación en materia de justicia y asuntos interiores, siempre que los Estados miembros reconozcan que es imposible lograr una legislación europea que sea la copia fiel de quince legislaciones nacionales y que cada uno ha de avanzar hacia una solución común que beneficie a todos. 
En cuanto al fondo del debate de hoy, compruebo que existe una amplia convergencia entre los puntos de vista de la Comisión y los del Parlamento, tal como lo ponen de manifiesto los dos excelentes informes del Sr. Pirker y del Sr. Evans. 
Tanto si se trata de los principios que deben servir de base al régimen de asilo europeo común como si trata de los componentes de un enfoque coherente del fenómeno migratorio, podemos aceptar sin dificultades lo esencial de las recomendaciones de esta Asamblea. 
En algunos casos incluso nos hemos adelantado a ellas y nuestras propuestas ya han respondido a diversas demandas sobre el estatuto jurídico de los residentes de larga duración y sobre la admisión para trabajar en el territorio de los Estados miembros; también nos hemos adelantado a ellas en nuestra comunicación del mes de julio pasado por la que se prorrogaba la de noviembre de 2000 y se concretaban algunas orientaciones. 
En otros casos, nos preparamos para dar curso a dichas recomendaciones; por ejemplo, en las comunicaciones cuya aprobación propondré a la Comisión en los próximos meses, y que estarán referidas, una, a la lucha contra la inmigración ilegal y, la otra, a las políticas de repatriación y al control en las fronteras exteriores. 
Por otro lado, comparto las preocupaciones de ustedes con respecto a la necesidad de desarrollar propuestas concretas con miras a una verdadera "asociación" entre la Unión y los países de origen o de tránsito. 
Este trabajo ha sido iniciado con la creación del grupo de alto nivel, cuya acción se prorrogará mediante la creación de un nuevo instrumento presupuestario firmemente apoyado por el Parlamento Europeo. 
Sin embargo, puede pensarse que estos trabajos y la puesta en práctica de los planes de acción aprobados por el Consejo no logran todos los resultados que cabe esperar. 
Reconozco que, en general, la importancia de los fenómenos migratorios debería tener mayor peso en la formulación de la política exterior de la Unión Europea. 
Ha de reconocerse que, en cierta medida, somos rehenes de la división entre el segundo y el tercer pilar, lo cual carece totalmente de justificación, puesto que una reflexión profunda pone de relieve los estrechos vínculos que existen entre la política de desarrollo y la política de migración de la Unión Europea. 
Debería insistir asimismo en el hecho de que una verdadera política europea de inmigración y asilo sólo será posible si, más allá de un marco legislativo, las políticas nacionales convergen, en la práctica, en objetivos comunes. 
Este es, pues, el objetivo que la Comisión pretende alcanzar para la aplicación de una política de coordinación abierta con arreglo al método ya utilizado- con éxito, por otra parte- en materia de empleo, por ejemplo. 
Considero que dicho método de coordinación abierta tiene la ventaja de ser flexible y trasparente, de respetar la subsidiariedad, de ser un potente aliciente con miras a una armonización- diría, incluso espontánea- de las legislaciones y de las prácticas nacionales, así como de ser un buen indicador de los ámbitos en los cuales se requiere realmente una intervención comunitaria. 
Este método implica que los Estados miembros han de ponerse de acuerdo, en el seno del Consejo, en las orientaciones comunes que la Comisión les propone tras una amplia consulta. 
Luego deberán transponerlas en el plano interno, a través de los medios legislativos y administrativos nacionales de que disponen. 
Se pedirá a los Estados miembros que preparen informes nacionales en los que, cada año, efectuarán el balance de los progresos registrados en la aplicación de las mencionadas orientaciones comunes. 
La síntesis de dichos informes, que elaborará la Comisión, permitirá identificar en cada caso los puntos débiles de esta necesaria convergencia, así como, eventualmente, aquilatar y completar las orientaciones comunes. 
En el mes de julio sugerimos una primera serie de orientaciones sobre la gestión de los flujos migratorios, la admisión de los emigrantes económicos, la "asociación" con los terceros países y la integración en nuestras sociedades de los nacionales de los terceros países. 
Este enfoque se completará en el ámbito del asilo, con ocasión del primer informe sobre el seguimiento de nuestra comunicación de noviembre de 2000, informe que les será transmitido en los próximos meses. 
La Comisión espera que estas nuevas orientaciones sean aceptadas por el Consejo y por el Consejo Europeo, de tal manera que su aplicación pueda empezar sin retraso y que se lleve a cabo un primer ejercicio completo durante el año próximo. 
En conclusión, desearía insistir en algunas orientaciones fundamentales, que, hoy más que nunca, deben ponerse de relieve en el contexto actual. 
En primer término, el asilo constituye un derecho garantizado y regulado por instrumentos internacionales y ratificado por la Carta Europea de Derechos Fundamentales. 
Nadie pondrá en duda que pueda abusarse del mismo. 
A los responsables políticos nos corresponde remediarlo, evitando aumentar la precariedad de las personas que realmente necesitan protección internacional y armonizando e incrementando la eficacia de los procedimientos y criterios aplicados en el plano nacional. 
En ese sentido, la introducción a medio plazo del sistema de ventanilla única, que ustedes apoyan en su resolución, constituiría, en mi opinión, un avance incuestionable. 
Mientras tanto, parece indispensable realizar un esfuerzo para mejorar la calidad de las decisiones en primera instancia, como lo recomienda nuestra propuesta sobre los procedimientos de asilo. 
En segundo término, la inmigración es un fenómeno indiscutible. 
Sería deplorable que algunos aprovecharan la inquietud actual para pretender restablecer una política de eslóganes. 
El problema de la inmigración no se resuelve con eslóganes. 
Hay que evitar sobre todo equiparaciones abusivas, que favorecen las ideas racistas y xenófobas. 
Tenemos una verdadera política de gestión de los flujos migratorios, tanto en el plano nacional como en el plano europeo. 
Y creo que los términos de referencia son evidentes. 
Los canales de la inmigración legal deben estar claramente delimitados y han de evaluarse las posibilidades de ésta, más allá de los accidentes e incertidumbres coyunturales, sobre la base de una evaluación realista de las necesidades estructurales y de las capacidades de acogida de nuestras sociedades. 
Es necesario entablar un diálogo con los países de salida y es conveniente tener en cuenta los diferentes tipos de inmigración a los que nos enfrentamos. 
Existen inmigraciones duraderas de personas que se supone residirán permanentemente en las sociedades de acogida, pero otras, cada vez más importantes, constituyen flujos migratorios cíclicos que implican- lo cual debe fomentarse- el mantenimiento de una mayor vinculación con la región de origen. 
Finalmente, la credibilidad de una política de inmigración debe ser consolidada a través de una lucha eficaz contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos que está asociada a ésta. 
Han de estudiarse a fondo unos complementos de los grandes instrumentos comunitarios aplicables en materia de lucha contra la exclusión, como, por ejemplo, los que guardan relación con la problemática específica de la integración de los inmigrantes. 
El pluralismo cultural es hoy una característica de nuestras sociedades, sobre todo en las zonas urbanas, lo que plantea retos muy importantes. 
Éste puede ser fuente de un auténtico dinamismo si está basado en una verdadera tolerancia mutua. 
Pero también puede ser fuente de enfrentamientos y de divisiones sociales. 
Esta reciprocidad con respecto a la tolerancia basada en el respeto será una de las claves del equilibrio social y del progreso cultural de nuestras sociedades europeas. 
Doy las gracias, pues, al Parlamento Europeo por haber contribuido a enriquecer este debate, que espero sinceramente pueda lograr resultados positivos. 
Con el impulso de la Presidencia belga y el compromiso personal del Sr. Ministro Antoine Duquesne- a quien le doy las gracias, y de cuyos esfuerzos para lograr soluciones de compromiso con un verdadero espíritu europeo soy testigo -, espero que Laeken represente un avance importante con miras a la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia. 
No es un sueño, es una realidad que nuestros ciudadanos exigen cada vez más. 
. 
(EN) Señor Presidente, como todos sabemos, las últimas semanas han sido muy difíciles y seguiremos viviendo tiempos muy duros durante muchos meses y años venideros. 
Por consiguiente, este debate es muy importante y estoy encantado de que no sólo el Comisario, sino también el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Duquesne, se encuentren aquí en persona y reconozcan la importancia de esta cuestión. 
Como el Sr. Duquesne ha dado a entender en su alocución, si los recientes acontecimientos nos han enseñado algo, es que no podemos cerrar los ojos a lo que ocurre en todo el mundo con la esperanza de que los problemas desaparezcan. 
Los problemas de las personas que piden asilo, la situación y el sufrimiento de las personas de países pobres y convulsos de todo el mundo nos incumben, y esas personas se manifiestan ante nuestras puertas, en nuestras costas y en nuestros parlamentos si no nos ocupamos de resolver dichos problemas. 
En ocasiones, estos problemas se manifiestan como debates en ésta y otras Asambleas parlamentarias. 
En el peor de los casos, encontramos cadáveres en los camiones en Dover, en las playas españolas y de otros países. 
Se trata de la difícil situación de personas desesperadas que buscan desesperadamente el modo de comenzar una nueva vida. 
Pero estas personas no recurren a este tipo de acción a la ligera; huyen del terror, de la guerra, de la tortura, de la violación, de regímenes viles que hacen las veces de gobierno y, naturalmente, en algunos casos, de la pobreza. 
Por tanto, no puede haber un momento más idóneo que éste para que los países trabajen unidos para poder hacer frente a estos desafíos humanitarios. 
Felicito a los Jefes de Gobierno de la UE por haber convertido el asilo en una competencia comunitaria y por haber creado un programa progresista en Tampere. 
Felicito a la Comisión por estas propuestas que han iniciado el debate sobre cómo debe moldearse una política común de asilo. 
En mi informe que hoy presento al Parlamento, pido una interpretación común y más amplia de la Convención de Ginebra de 1951, una definición más clara de quién debe ser reconocido como refugiado y que sea coherente en los 15 países. 
Debemos asimismo armonizar el tratamiento que reciben los solicitantes de asilo; debemos establecer unas normas comunes a nivel europeo y, a continuación, garantizar el cumplimiento de las mismas. 
Si aprobamos el presente informe, podremos comenzar, como han dicho el Sr. Ministro y el Sr. Comisario, a establecer unos derechos fundamentales mínimos para los refugiados que les garanticen el acceso a asistencia social, vivienda, educación, asistencia sanitaria; cosas que nosotros, en el mundo privilegiado, damos por descontadas. 
Durante estos últimos años, a veces se tenía la impresión de que los países de la UE competían entre sí por convertirse en el menos atractivo para los posibles solicitantes de asilo. 
Unos principios comunes a nivel europeo crearán inevitablemente una distribución más equilibrada de las solicitudes de asilo en toda la UE. Esta medida favorecerá a mi ciudad, Londres, y a todas las principales capitales de Europa. 
Asimismo, podrá fin a que algunos países puedan endurecer sus requisitos, lo cual favorecerá a los solicitantes de asilo que podrán sentirse más seguros de recibir una atención más imparcial. 
Es algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos y no avergonzarnos. 
Asimismo, y que es fundamental, Europa debe, de manera colectiva, esforzarse mucho más en la búsqueda de soluciones a las causas que están en el origen mismo de que las personas busquen asilo y se conviertan en refugiados. 
Los gobiernos deben realizar esfuerzos concertados para ayudar a crear la paz en las zonas en conflicto del mundo por muy difícil que eso sea, e incrementar la ayuda a los países en desarrollo- fuertes medidas que, en su momento, contribuyan a contrarrestar las presiones que obligan a las personas a emigrar. 
Es por esta misma razón por la que debemos seguir impulsando la ampliación de la Unión Europea. 
Como ha dicho recientemente el Comisario Verheugen, no podemos hacernos la pregunta de si podemos permitirnos la ampliación de la Unión Europea. Por el contrario, deberíamos preguntarnos si podemos permitirnos no ampliar la Unión Europea. 
En comisión, muchos miembros de centro-derecha y de derecha han votado en contra de mi informe en su totalidad o en parte. 
Reto a aquellos diputados que hoy están sentados en la parte opuesta a que no se limiten a hacer una intervención preparada ni hagan caso omiso de lo que estoy diciendo ahora, sino que nos digan por qué se oponen a determinadas partes de mi informe y por qué quieren reducir los derechos de una petición justa, que es lo que significan las enmiendas 6 y 8 del Sr. Schmitt. 
¿Cómo puede el sistema mejorar eso? 
A aquellos- quizá los Conservadores británicos- que votarán en contra del presente informe en su totalidad, si estuvieran presentes les pediría que explicaran al Parlamento cómo podemos hacer frente a la actual situación del asilo en Europa sin políticas a nivel comunitario. 
Deben reconocer que es un problema mundial y que no puede ser abordado sobre una base individual en cada país. 
Simpatizo con las enmiendas 11 y 12 del Grupo de los Verdes, pero no puedo apoyarlas. 
Podríamos apoyarlas en otro informe que tratase sobre aquellos que escapan del hambre o de catástrofes medioambientales. 
No obstante, éste es un informe compasivo, un informe del que podemos sentirnos satisfechos, pero sin caer en la autocomplacencia. 
Para terminar, quisiera agradecer a los colegas de mi Grupo y de otros Grupos su ayuda y apoyo a este informe, así como su cooperación. 
Doy las gracias al personal de mi Grupo por sus esfuerzos y saludo a las ONG que han contribuido con ideas valiosas. 
Recomiendo el informe al Parlamento. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, permítanme decir para comenzar que destaque como muy positivo que usted participa en el debate como Ministro del Interior y no como Ministro europeo. 
Se nota que entiende algo de la materia y que tiene interés en impulsar algo realmente. 
Si esto se realiza conjuntamente con la Comisión y el Parlamento, entonces podemos esperar unos progresos auténticos. 
La Unión Europea se lo toma en serio y realiza por primera vez un esfuerzo auténtico para establecer una sistematización en relación con la política de migración al haber logrado imponer que se reconozca que existen tres grupos de migraciones para las que necesitamos medidas y regulaciones jurídicas diferentes y que hay materias transversales. 
Me voy a referir primero a los tres grupos. 
Tenemos los inmigrantes por motivos económicos. Mi informe se ocupa de ellos, es decir, los inmigrantes económicos que llegan a los diversos Estados miembros en función de sus posibilidades y necesidades. 
Tenemos a los asilados, es decir, los solicitantes de asilo que son reconocidos como refugiados según la Convención de Ginebra. 
Estoy totalmente a favor de no debilitar o apartarse de modo alguno de dicha Convención, ni ampliando ni restringiendo los motivos de reconocimiento. 
Lo que necesitamos son decisiones rápidas y seguras para los refugiados y normas mínimas europeas en los procedimientos. 
El tercer grupo abarca a los refugiados de guerras, es decir, son refugiados que llegan a nuestros países por un tiempo limitado y necesitan a su vez otro tipo de ayuda. 
En las materias transversales nos tenemos que ocupar por ejemplo de la reunificación familiar o de la lucha contra la lacra del tráfico de personas y de la ilegalidad. 
Mi informe se ocupa solamente de la inmigración por razones económicas y ha sido aprobado con seis votos en contra, es decir, ha habido un amplio consenso. 
Quiero expresar mi agradecimiento por la positiva y constructiva cooperación con los diversos Grupos políticos en esta Asamblea, lo que ha hecho posible establecer esta amplia base para una nueva formulación de la inmigración por motivos económicos en la Unión Europea. 
El objetivo es poder regular de un modo concreto y controlado la inmigración de trabajadores y de preservar la estabilidad en el campo social, económico y político de la Unión Europea. 
Pero ante los hechos del 11 de septiembre, también necesitamos una mayor vigilancia cuando se trata de la hospitalidad, de la ayuda y de las libertades de la Unión, para que elementos aislados no abusen de ellas en contra de la seguridad de los ciudadanos europeos o en general en todo el mundo. 
También debemos tener claro, lo que he expuesto al principio de mi informe, que con la sola inmigración no podemos compensar los déficits demográficos sino que el único enfoque positivo y razonable de solución es naturalmente una política de formación más intensa y una mejor política familiar. 
También debe estar claro que debemos dar preferencia a la integración de los ciudadanos de terceros países que viven aquí legalmente frente a la nueva inmigración. 
¿Cuáles son entonces los puntos centrales de mi informe? 
Está claro que la Unión Europea solamente puede hacerse cargo de determinadas tareas en relación con la inmigración y que una gran parte debe permanecer en el ámbito de competencias de los Estados miembros. 
En el futuro, debe permanecer también en el ámbito de competencias de los Estados miembros el determinar las necesidades y posibilidades de qué y cuántos trabajadores pueden obtener un permiso de residencia y de trabajo para el Estado miembro. 
También está claro que deben tenerse en cuenta las condiciones previas para ello, como el trabajo existente o la correspondiente vivienda para que pueda funcionar la integración. 
Para nosotros, en la Comisión de Asuntos Interiores, es importante también que esperamos de los inmigrantes una disposición a la integración y el reconocimiento de la comunidad de valores. 
En contrapartida, tiene que existir también una obligación de los Estados miembros para ofrecer ayudas a la integración en la cantidad adecuada. 
En el plano de la Unión de lo que se trata es de que determinemos las condiciones de entrada y residencia de estos inmigrantes y elaboremos un sistema coherente para la concesión de visados, regulemos la movilidad entre los Estados miembros para los nacionales de terceros Estados e introduzcamos medidas contra la lacra del tráfico de personas, contra la ilegalidad y llevemos a cabo asimismo medidas de cooperación y campañas de información en y con los países de origen. 
La comisión saluda todas las propuestas de la Comisión sobre la inmigración de trabajadores. 
Espero que obtengamos en la votación también aquí en el Pleno la amplia base que hemos obtenido en la comisión. 
Señor Presidente, cuando se redactó el informe del Sr. Evans, no había tenido lugar todavía el drama del 11 de septiembre. 
En la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores relativa a este informe, se hacen, sin embargo, algunas recomendaciones que, precisamente, son muy relevantes por tener el 11 de septiembre como telón de fondo. 
Se ha urgido muy frecuentemente en este Parlamento a establecer una política común y uniforme para determinar si los países son o no seguros. 
No es aceptable que algunos Estados miembros declaren que ciertos países son seguros; por tanto, no quieren recoger refugiados y solicitantes de asilo, mientras que otros países sí lo hacen. 
Los servicios de seguridad y las embajadas de los Estados miembros tienen que trabajar conjuntamente en ese ámbito. 
Desde 1992 existe en la Unión una estructura integrada por CIRIA y el High Level Working Group, pero no colaboran bien. 
Y, ciertamente, no colaboran bien con los Estados miembros. 
De ahí que pidamos una estructura mejor y uniforme en este ámbito. 
Además, las diferencias respecto de la política de entrada son insostenibles en una Unión de fronteras abiertas, y también una política exterior común es completamente errónea si no se habla con una sola voz. 
Hago un llamamiento urgente en este sentido a la Comisión para que cambie algo al respecto. 
Afganistán constituye, por lo demás, un buen ejemplo de cómo sí se puede hacerlo. 
Una segunda observación se refiere a la ayuda que se presta a los países que acogen a grandes grupos de refugiados. 
Deberíamos ayudar mucho más a estos países y, sobre todo al ACNUR. 
En principio, es mejor que la gente que huye se quede en las cercanías de su propio país, así, pueden volver más rápidamente al mismo. 
No obstante sí tienen que recibir ayuda. 
Sin embargo, los medios del ACNUR se han visto muy reducidos por la Comisión Europea, y consideramos que hay que mejorarlos sin demora. 
Por otra parte, opinamos que la gente tiene que recibir más educación en los campamentos, de manera que no haya radicalismo y criminalidad. 
Por último, señor Presidente, la Comisión de Asuntos Exteriores pone de relieve la necesidad de hacer mucho más en cuanto a la prevención de conflictos. 
Si pudiéramos hablar en la UE con una sola voz en ese ámbito, supondría una gran ventaja. 
Las recomendaciones que la Comisión de Asuntos Exteriores ha efectuado han sido unánimemente adoptadas en esa comisión. 
Considero que sería realmente lamentable que el informe del Sr. Evans diera lugar a divisiones. 
Quisiera retarle a que colabore bien con los otros grupos para lograr también la unanimidad. 
Entonces, por lo menos, podremos respaldar su informe. 
. Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Exteriores ha considerado positiva la comunicación de la Comisión sobre política comunitaria de inmigración y por unanimidad estimó oportuno recomendar la inclusión de un conjunto de aspectos que están basados en cinco premisas: 
Primera, asumir la responsabilidad histórica compartida sobre este problema por parte de Europa. 
Segunda, considerar la inmigración como un fenómeno positivo e irreversible. 
Tercera, considerar la simetría que debe existir entre libertad de circulación de capitales y mercancías, y libertad de desplazamiento de las personas. 
Cuarta, la aplicación del conjunto de derechos humanos en sus vertientes políticas, sociales, económicas y culturales a todas las personas, incluidos, claro está, los emigrantes. 
Y quinta, aprovechar la oportunidad para que la Unión Europea desempeñe un papel positivo en la eliminación de las desigualdades internacionales, fortaleciendo los lazos económicos de los países en los que se origina la emigración. 
Sobre ello basó, también resumidamente, cinco grandes conclusiones: 
Primera, disponer de una política comunitaria europea de inmigración basada en los derechos humanos y en el beneficio mutuo con los países en los que se originan los flujos migratorios. 
Segunda, favorecer la multiculturalidad, respeto y consideración positiva de la aportación que los emigrantes aportan a nuestra sociedad y a nuestra evolución económica. 
Tercera, acelerar la legalización de todos los emigrantes y de esta forma luchar contra las mafias de la emigración clandestina e ilegal. 
Cuarta, disponer de una política exterior europea común coordinada y que sirva de palanca para la eliminación de la pobreza en los países en los que se origina la emigración. 
Y como consecuencia, quinta, aumentar la consignación presupuestaria B7-667 y su eficacia con objeto de limitar la emigración ilegal y reforzar la democracia y el Estado de derecho, así como lanzar programas integrados de ayuda al desarrollo. 
, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Señor Presidente, creo que hemos tenido dos buenas exposiciones por parte del Presidente en ejercicio del Consejo y por parte del Presidente de la Comisión. 
El Presidente en ejercicio del Consejo, con la mayor honradez, nos ha dicho que, en este momento, el Consejo está un poco perplejo con respecto a las políticas de asilo e inmigración. 
El comisario, Sr. Vitorino, que ha hecho un magnífico trabajo en su ámbito, nos ha dicho que, en este momento, en el tema de la inmigración y del asilo, las instituciones comunitarias se encuentran entre dos sillas: entre el primer pilar y el tercer pilar. 
Es decir, en este momento, las políticas de inmigración y asilo aparecen, por un lado, en el Tratado de la Comunidad Europea, pero, sin embargo, no aparece una competencia comunitaria clara en materia de asilo e inmigración. 
Y, además, pasa una cosa muy curiosa y es que los Jefes de Estado y de Gobierno, en Tampere, hicieron grandes pronunciamientos sobre una política europea de inmigración, pero no sabemos si esos grandes pronunciamientos se van a traducir en Derecho comunitario positivo. 
Desde el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos, hemos puesto de relieve las inconsistencias entre las declaraciones de los Jefes de Estado y de Gobierno en Tampere y los compromisos efectivamente asumidos en el ámbito de los Tratados comunitarios. 
Creo que la Conferencia sobre inmigración, que nos ha anunciado el Presidente en ejercicio del Consejo para dentro de dos semanas y en la que creo que habrá una participación adecuada del Parlamento Europeo, será la ocasión para formular, o empezar a formular, desde las tres instituciones comunitarias- el Parlamento, el Consejo y la Comisión -, la necesidad de dar un fundamento jurídico comunitario al problema de la inmigración porque, en este caso, tenemos un auténtico problema comunitario. 
En materia de inmigración no se puede hablar de subsidiariedad. 
El problema de la inmigración es, en este momento, común a todos los países europeos, y el comisario Vitorino, al hacer el trabajo de la Comunicación de la Comisión en materia de inmigración, apunta en la dirección correcta. 
Creo que la estrategia de la Comisión es correcta, pero hace falta que la reforcemos desde el punto de vista constitucional con la modificación pertinente de los Tratados comunitarios. 
. (EN) Señor Presidente, como el Observatorio Europeo de Viena demostró el año pasado, existe la necesidad de una política y un liderazgo progresistas en los dos ámbitos que hoy son objeto de debate. 
Acojo con satisfacción el reconocimiento de que el enfoque restrictivo de la inmigración no ha funcionado y es contraproducente. Basta con mirar cómo aumenta el tráfico y la dificultad de contratar a personal especializado para darnos cuenta. 
Es evidente que en la Unión Europea hay trabajo para personas de terceros países. 
En muchos de nuestros países, estas personas tienen una importancia crucial en la producción agrícola, y muchas grandes empresas contratan a nacionales de terceros países para ejercer cargos ejecutivos. 
Y sin embargo, aún existe esa actitud de que estamos haciendo un favor a dichas personas al permitirles entrar en la UE para que apoyen nuestra economía y nuestro sistema de Seguridad Social. 
Seamos sinceros: las queremos para que nos ayuden a mantener nuestro nivel de vida. 
Si lo hacemos bien, debería ser en beneficio mutuo. 
Uno de los requisitos para conseguir eso es garantizar la igualdad de trato a los nacionales de terceros países, y no sólo en el lugar de trabajo. 
La aplicación de las directivas en virtud del artículo 13 sobre la lucha contra la discriminación también es crucial. 
¿Para qué trabajar aquí, si hay que hacer frente al racismo y la xenofobia? 
Las empresas nos dicen que la contratación debe hacerse más fácil y flexible a todos los niveles de especialización. Esto pone en cuestión los permisos de trabajo que están sujetos a una actividad o empresa en particular. 
Lamentablemente, la comisión principal no tuvo esto en cuenta. 
La contratación se ve dificultada también por restricciones sobre la reagrupación familiar, según nos dicen las empresas. 
Mi Grupo político ha presentado enmiendas relacionadas con el factor humano. 
También deben mejorarse los derechos laborales de los compañeros. 
Asimismo, debemos reconocer el hecho de que algunos migrantes desearán permanecer y establecerse. Esto es importante en términos de continuidad y estabilidad para las personas, la sociedad y las empresas. 
Una rotación constante de la plantilla es problemática a muchos niveles, y debemos recordar que somos seres humanos, no una pieza del engranaje económico. 
- (DE) Señor Presidente, la inmigración de millones de personas de los decenios pasados tuvo lugar fundamentalmente en contra de la voluntad de participación de los Estados. 
La política nacional para los extranjeros en la mayoría de los casos adolece de perspectiva y de fuerza configuradora y se caracteriza además por el miedo a la pérdida de identidad nacional. 
Entretanto, es evidente que se ha producido una considerable inmigración y que en el futuro va a seguir y tendrá que seguir existiendo. 
Los motivos de ello se pueden leer detalladamente en las 28 páginas de la comunicación de la Comisión. 
Hay que saludar el cambio político de la Comisión hacia una política de inmigración activa. 
La Comisión reconoce que la presión migratoria va a seguir existiendo y que una inmigración regulada puede aportar ventajas tanto para Europa como para los mismos inmigrantes y sus países de origen. 
Este cambio de política significa también que hay que adoptar regulaciones y que no es suficiente con limitarse a realizar una mera administración de la inmigración amparándose en unas directrices políticas generales orientativas o, por emplear las palabras del ponente, unos pilares. 
Pues entonces no llegaríamos nunca a una política migratoria común, tal como se constata en las conclusiones de Tampere, sino que con unas pocas normas básicas comunes permaneceríamos en la responsabilidad nacional de los Estados miembros y en sus carencias. 
Una política migratoria proyectada a largo plazo puede reducir en total la presión de la que surgen las entradas ilegales, la trata de personas, las formas ilegales de trabajo y la explotación económica de los inmigrantes. 
Los pertenecientes a terceros Estados deben tener los mismos derechos que los ciudadanos de la UE- de ello parte también la Comisión en su comunicación- y deben contribuir con su trabajo al desarrollo de la economía local; sólo de este modo de llegará a la integración deseada. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la comunicación de la Comisión sobre un procedimiento común de asilo, unos estándares unitarios y un estatus unitario para los asilados reconocidos ha estimulado el necesario debate y usted, señor Comisario Vitorino, lo ha configurado conscientemente hasta el momento de un modo abierto. 
Se describen posibles escenarios y se examinan las posibilidades de un procedimiento común y de principios unitarios. 
Lamento profundamente que- al contrario que en el informe Pirker- en la comisión no se haya podido encontrar un amplio compromiso. 
Por desgracia, en el informe Evans no se ha impuesto la razón de un consenso sino la ideología. 
Tanto los motivos por los que se concede el asilo como también el procedimiento se quieren ampliar ahora a toda Europa y esto- señor Presidente del Consejo, usted se ha referido a ello -, a pesar de que actualmente aproximadamente el 90% de los solicitantes de asilo, procuran el asilo exclusivamente por motivos económicos, por lo que son rechazados y a pesar de que los actuales procedimientos de comprobación duran hasta ocho años. 
Tales cosas solamente se pueden acordar cuando se ha perdido realmente por completo el contacto con la base. 
¿Qué es lo que nos espera si estas normas, como las que nos propone hoy el Sr. Evans, se hacen realidad, si se reconoce como motivo de asilo en el futuro también la persecución no estatal y la persecución derivada del sexo? 
Esto es en la práctica la concesión de un permiso de residencia ilimitado para la UE para la mayoría de las familias del mundo islámico. 
¿Porqué? 
Lo voy a explicar. 
Nadie pondrá en duda que en cualquier país islámico existen grupos fundamentalistas que aprovechan el Islam para discriminar los derechos de la mujer, tal como lo conocemos desde nuestra consciencia de valores. 
Cualquiera de estas mujeres de un Estado islámico puede alegar la persecución por parte de grupos no estatales. 
Si se reconociese en la UE podría a continuación hacer venir a su familia. 
La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿queremos y podemos solucionar los problemas del mundo islámico, queremos y podemos solucionar los problemas de la mujer islámica en Europa? 
Mi clara respuesta es: no. 
Esta respuesta es aún más rotunda tras los problemas y riesgos de las últimas semanas que todos conocemos. 
Al mismo tiempo, el Sr. Evans desea- al contrario de lo que dijo al principio- eliminar el concepto de tercer Estado seguro y prolongar aún más con pruebas adicionales la ya de por si larga duración del procedimiento. 
De ahí mi conclusión: el informe Evans es irresponsable en su forma actual. 
Proporciona a los Estados miembros argumentos suficientes para que no nos concedan en las posteriores reformas de la UE un derecho de codecisión en este tema. 
Por lo visto, una mayoría de esta Asamblea no está aún lo suficientemente madura para tanta responsabilidad. 
Señor Evans, si se pronuncia aquí a favor de una ampliación del derecho de asilo, me pregunto ¿qué es lo que ha hecho su propio partido, el Partido Laborista, en Gran Bretaña en este sentido en los últimos años? 
Le digo que no ha acordado precisamente estas cosas del modo que usted propone. 
Eso se debe a que no posee una mayoría en la población y que la consecuencia sería la pérdida de las elecciones. 
Señor Presidente del Consejo, quiero decir expresamente, pues es algo evidente, que si en el futuro queremos regular todos los detalles del derecho de asilo de un modo unitario en Europa, no lograremos un acuerdo en el Consejo de ministros. 
De ahí mi consejo: limítese a la armonización de los estándares mínimos necesarios. 
Señor Presidente, Europa vive una tensión entre una baja demografía y una demanda real de mano de obra de su mercado de trabajo, por un lado, y de una población recelosa con el fenómeno de la inmigración, por otro. 
Ante esta situación, los responsables políticos pueden reaccionar de dos maneras: utilizando los temores ciudadanos en beneficio propio, por lo menos a corto plazo, o intentando gestionar de la mejor manera posible las diferentes caras de la inmigración, explicando con coraje cuáles son las razones de este fenómeno, los beneficios que aporta a nuestras sociedades, sus aspectos más difíciles y las políticas necesarias. 
De lo primero, hemos tenido algunos ejemplos aquí, esta mañana. 
La Comisión, afortunadamente, se ha situado claramente entre los segundos con las dos comunicaciones, y no podemos más que felicitar al Comisario y congratularnos por ello. 
Lo ha hecho, además- y quiero recalcarlo aquí -, siguiendo los acuerdos y los mandatos del Consejo Europeo en Tampere. 
Pudiendo suscribir el cien por cien de lo que ha dicho mi compañero y colega, el Sr. Evans, sobre el asilo, quiero centrarme en los pocos minutos de que dispongo en la Comunicación sobre inmigración y en el informe. 
Los dos definen alguna línea clara a seguir. 
Habla la Comunicación, y así lo recoge el informe, de las causas externas e internas de la inmigración, de la necesidad de políticas de codesarrollo y de un nuevo partenariado con los países de origen, de un marco común europeo de legislación para organizar la entrada- de una forma justa, transparente y clara -, la residencia y la integración- que para mí quiere decir derechos-. 
Y sólo después habla de abordar, una vez establecidas estas normas, la inmigración clandestina, porque necesitamos canales legales para hacerlo. 
Habla, en fin, y lo vamos a discutir aquí en detalle cuando veamos las propuestas legislativas, de establecer las nuevas políticas de inmigración del siglo XXI para una sociedad nueva, para una nueva economía, que no pueden ser la reedición de las políticas de trabajadores invitados de las sociedades industriales de los años sesenta. 
Espero que el Consejo se sitúe también entre los políticos que quieren abordar esto de una forma clara y con coraje. 
Lo espero y lo digo a sabiendas de que, sobre inmigración, hablamos con la razón y también con el corazón- y lo digo sabiendo que me escuchan ciudadanos de nacimiento y de acogida invitados por mi colega Pedro Aparicio que están hoy aquí y que tienen esperanzas en este debate. 
El Parlamento va a intentar estar a la altura de las circunstancias y, a pesar de que a veces nos lo ponen difícil, vamos a intentar, cosa que no ha hecho el Grupo PPE-DE en relación al asilo, dar un apoyo fuerte a esta comunicación de la Comisión y esperamos, a cambio, señor Presidente, que el Consejo Europeo de Laeken sea capaz de reiniciar una dinámica política fuerte que nos lleve a abordar esta necesaria política común de inmigración. 
Señor Presidente, mi Grupo apoya firmemente el informe del Sr. Evans y acoge favorablemente su llamamiento en favor de un procedimiento de asilo común de alta calidad. 
Es una característica curiosa de la construcción de Europa que el comercio y los delincuentes hayan sabido aprovechar mejor que los funcionarios las oportunidades de la cooperación transfronteriza, y va siendo hora de que nuestras Administraciones públicas nacionales realicen un auténtico esfuerzo por salir de su búnker. 
La situación en Sangatte, cerca de Calais, ha aparecido a menudo en las pantallas de televisión de mi país durante los últimos meses. 
El Reino Unido puede reflexionar sobre por qué tantas personas desean venir a nuestro país y especialmente a mi ciudad, Londres. 
Me gusta pensar que, al menos en parte, sea un cumplido a nuestra sociedad libre y diversa, pero no podemos sencillamente dejar una puerta abierta, y quizás las autoridades francesas deban reflexionar sobre si podrían mejorar su sistema. 
Debe existir un equilibrio equitativo del esfuerzo y una repartición de la responsabilidad de prevenir que los solicitantes busquen una solución de conveniencia y que los Estados miembros se pasen la pelota unos a otros. 
También necesitamos coherencia. 
Es ilógico que rechacemos a personas que huyen de Iraq o Afganistán, alegando que se trata de parásitos indignos, cuando todos coincidimos en que los regímenes de dichos países son considerados brutales y depresivos, e incluso merecedores de un ataque militar. 
A pesar de que no todos aquéllos procedentes de dichos países pueden ser considerados refugiados según los estrictos criterios de la Convención de Ginebra, sino que sencillamente escapan a la mera miseria, no existe ninguna necesidad de convertirlos en demonios. 
Debemos también ser coherentes en nuestra actitud con las mujeres. 
Si pensamos, como es el caso, que a las mujeres de Afganistán se les niega cruelmente los derechos humanos, deberemos tener en cuenta ese factor a la hora de decidir sobre las solicitudes de asilo. 
Por último, no debemos debilitar ni reducir los niveles de nuestros sistemas de asilo so pretexto de luchar contra el terrorismo, como intenta hacer el Ministro de Interior británico. 
Existen competencias adecuadas para detener y deportar si la seguridad se ve amenazada. 
Las decisiones rápidas son aquéllas que están basadas en procedimientos de alta calidad y en la eficiencia que ofrece el funcionamiento de los ordenadores, de los que el servicio de inmigración del Reino Unido carece- y no en la supresión de los derechos de todos los solicitantes. 
Señor Presidente, la confirmación de la competencia comunitaria en materia de inmigración y asilo por el Tratado de Amsterdam suscitó muchas esperanzas, y, entre estas esperanzas figuraba la de una política de inmigración y asilo inscrita en el marco de los valores ligados a las libertades democráticas, al respeto de los derechos humanos y concretamente de los derechos fundamentales. 
En ese sentido, nos felicitamos por las dos comunicaciones de la Comisión, que exponen estas cuestiones en toda su complejidad. 
Así pues, en lugar de políticas de inmigración limitadas, inadecuadas, que provocan una inmigración clandestina inherente al sistema, dichas comunicaciones proponen un enfoque flexible, una gestión de los flujos y la integración de los nacionales de terceros países. 
Es lamentable que en el ámbito de la inmigración nuestro ponente se haya concentrado en el aprovechamiento de los flujos migratorios con miras a satisfacer los intereses económicos y demográficos de los Estados de la Unión, sin preocuparse del factor humano. 
El hecho de inscribir estas propuestas en un marco intergubernamental, como lo desea el Sr. Pirker, no sólo representa un retroceso con respecto al Tratado de Amsterdam, sino también el desprecio de la necesaria comunitarización de la política de inmigración y asilo; se trata sobre todo del rechazo de una realidad cotidiana, que se puede ver a diario, en Sangatte o en otros lugares. 
Además, es urgente que cese la confusión "inmigración es trabajadores". 
En efecto, la noción de "trabajador inmigrante" no tiene en cuenta la realidad de la inmigración, compuesta por miembros de la familia, estudiantes o jubilados. 
Recordemos que el derecho de vivir en familia es un derecho fundamental, que los Estados deben respetar. 
Por lo tanto, ha de hablase de "residentes" y- ¿por qué no? -de "ciudadanos de Europa", partiendo de la base de su plena participación. 
Los Estados miembros tienen el deber de tomar las medidas necesarias para garantizar la plena integración de todos los residentes europeos, colocando en un mismo plano todos los derechos, incluyendo los derechos políticos. 
Con respecto a los inmigrantes ilegales, la única solución que conocemos está basada en la responsabilidad de los Estados de proceder a su regularización, con el fin de luchar contra todas las formas de delincuencia, entre las que figura el tráfico de personas y la explotación sin escrúpulos. 
Señor Presidente, al afirmar que nuestro Grupo está totalmente de acuerdo con el informe Evans, deseo, no obstante, subrayar dos aspectos: en primer lugar, la necesidad de un procedimiento rápido para el examen de las peticiones de los refugiados. 
Los Estados nacionales deberían tomar conciencia de que muchos de los problemas, pero sobre todo muchos de los problemas de los inmigrantes refugiados, se superarían si dichas peticiones se examinaran sin demoras. 
Muchísimos refugiados- muchísimas personas que tienen todo el derecho a ser reconocidas como tales- esperan durante meses o años sin recibir ayudas, sin trabajo y caen poco a poco en la ilegalidad, atrapados muchas veces en las redes de la delincuencia organizada y no organizada. 
Por lo tanto, es necesario acortar estos plazos tan sumamente largos. 
En segundo lugar, hay que entender y establecer que el concepto de "país seguro" es un concepto que se puede superar mediante la prueba específica del trato que una persona recibe en su país. 
Lo que quiero decir es que el concepto de país seguro debe ser una presunción relativa, porque muchos refugiados huyen de un país seguro en cuanto son perseguidos personalmente. 
En consecuencia, es necesario que este concepto no sea un concepto absoluto, sino que las condiciones de trato de cada refugiado- es decir, las condiciones que les empujan a huir a otro país- sean examinadas singularmente y puedan desembocar en la superación de dicho concepto de tercer país seguro. 
Señor Presidente, deseo dar las gracias muy en especial al Sr. Pirker por el trabajo realizado. 
Ahora más que nunca, como recalcaba el propio ponente, es fundamental dar un nuevo enfoque a la política comunitaria en materia de inmigración: no solo normas asépticas de acceso o de prohibición, sino un enfoque más amplio y responsable basado ante todo en valoraciones económicas, demográficas y de integración social y cultural. 
En consecuencia, es necesario establecer una estrategia para una política de inmigración sostenible, en la que se prevea la máxima participación de las instituciones nacionales y locales a la hora de definir con criterios objetivos las necesidades laborales, la disponibilidad de puestos de trabajo, así como de viviendas y de servicios sociales y de formación para todos aquellos que solicitan venir a vivir y a trabajar en nuestros Estados miembros. 
Establecer límites, reglas férreas significa garantizar las mejores condiciones de acogida y de plena inserción en el respeto y en beneficio tanto de los ciudadanos europeos como de los inmigrados; significa evitar dolorosos conflictos sociales; significa también severidad con la inmigración ilegal que demasiado a menudo es sinónimo de delincuencia y explotación. 
Pero sobre todo Europa no se puede limitar a desempeñar un papel, a mantener una actitud pasiva ante los flujos migratorios como si fuera un guardia urbano que regula el tráfico. 
Europa debe participar con mayor conciencia política para interpretar plenamente los profundos motivos que están detrás de estos fenómenos. 
Con frecuencia o casi siempre, personas de terceros países llegan a Europa empujadas por la desesperación, por la pobreza, por el hambre, por la marginación. 
La desesperación es tal que hay madres que dejan a sus hijos y viajan a nuestros países aunque sólo sea para ganar algo para ellos. 
Por esto, Europa, también por su situación geográfica, no puede desempeñar un papel meramente burocrático, de incentivación o de limitación de los flujos migratorios. 
Europa debe optar por desempeñar un papel político fuerte y responsable, consciente de que detrás de las decisiones sobre las políticas en materia de inmigración existe la posibilidad de desempeñar un papel en la grave crisis internacional que estamos viviendo. 
Debemos ser muy conscientes de que sólo comprometiéndonos más en los programas de cooperación al desarrollo en el Tercer Mundo y evitando el llamado fenómeno de la fuga de cerebros se puede hacer la mejor política de paz que es la de la lucha contra la pobreza y las injusticias. 
En conclusión, señor Presidente, debemos tomar conciencia de que una inmigración bien regulada aporta grandes beneficios a la Unión Europea, así como a los inmigrados y a sus países de origen. 
Sin embargo, debemos desconfiar de la demagogia de quien propone una política de flujos migratorios demasiado permisiva, una política que pretende animar a Europa a abrir indiscriminadamente sus fronteras, a reducir los controles y a ampliar hasta lo inverosímil el derecho de asilo, para luego quizá cerrar los ojos egoístamente- como hacemos hace años- ante lo que ocurre en Oriente Próximo y en el Sur del mundo, como si no tuviera nada que ver con nosotros. 
El 11 de septiembre ha demostrado que lo que sucede en esas partes del mundo nos afecta de cerca, por ello, deberíamos estar realmente convencidos de que con algo de coherencia... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, dando por sentado que ninguna norma garantiza a quien vive en un país entrar en otro si este último no le acoge, a propósito de inmigración, me vienen a la mente unas reflexiones y me causa una honda preocupación el hecho de haber visto a comunidades o a individuos pertenecientes a comunidades de inmigrados exultar de júbilo tras los trágicos atentados de los Estados Unidos o saber que, al amparo de principios étnicos y religiosos, algunos grupos terroristas han encontrado cobijo y ayuda dentro de algunas comunidades. 
A estas alturas, pienso que es oportuno, con todos los respetos hacia la inmensa mayoría de los inmigrados honestos y respetables, adoptar de cara al futuro criterios más selectivos en materia de inmigración, basados en el principio de precaución, para evitar cualesquiera riesgos potenciales que ciertos inmigrados podrían introducir en nuestra Europa. 
A propósito de Europa, en Italia estamos elaborando una ley más justa, más dura y más apropiada en materia de inmigración. 
Hay que evitar que las normas europeas estén en contraposición con nuestras normas nacionales, pues no quisiéramos que el permisivismo de la izquierda, proscrito por los electores italianos, volviera a colarse en nuestra legislación a través de Bruselas. 
En Dinamarca recientemente ha llegado a conocimiento de la opinión pública que autoridades danesas han otorgado el permiso de residencia a verdaderos criminales de guerra. 
En particular, a aquel general del ejército de Saddam Hussein que dirigió las masacres contra la población kurda en 1988. 
Naturalmente es un escándalo y así lo reconoce también la derecha danesa, pero ¿no se conformará la derecha con que el gobierno danés de la OTAN saque provecho militar y político de dar cobijo al criminal de guerra? 
¿No habrá pagado el general de Saddam hace mucho tiempo los gastos en casa? 
Naturalmente nos ha sido remitido por la CIA. 
Es evidente. 
Con toda discreción por supuesto, como ocurre con cada vez más momentos decisivos de la vida política que tienen lugar en un espacio cerrado cada vez más estrecho. 
Esta grotesca situación refleja una de las dualidades del informe del Sr. Evans, que está repleto de elementos simpáticos. 
El informe se adhiere y perfecciona los más hermosos principios jurídicos que conocemos. 
A diferencia del informe del Sr. Pirker, que refleja un imperialismo apenas velado de la mano de obra, el informe coloca en el centro al hombre perseguido. 
Es simpático y necesario. 
El problema es que estos buenos principios se incluyen en contextos políticos y jurídicos, que en la práctica convertirán a éstos en escaparate ideológico. 
La política de asilo e inmigración común se emplea ante todo como motor para la homogeneización de las tradiciones jurídicas sumamente diferentes de los países, para la creación de un ámbito de libertad, seguridad y justicia, que es el eslabón fundamental hacia el superestado europeo. 
El perdedor en este desagradable juego es la democracia y el beneficio para los refugiados es cuestionable a no ser que uno sea general en los ejércitos de Saddam Hussein. 
Señor Presidente, la comunicación de la Comisión sobre la política comunitaria de inmigración es extremadamente decepcionante. 
Me refiero a la comunicación escrita, ya que la comunicación oral que acaba de efectuar el Comisario Vitorino, al igual que la comunicación del Consejo, eran muy interesantes, mucho más equilibradas de lo que se oye normalmente en este recinto, y nos dan esperanzas de un cambio de política tras los atentados del 11 de septiembre. 
En cualquier caso, la comunicación escrita, carece, en cierto modo, del sentido de las realidades concretas, carencia que hoy también provoca el estancamiento en el Consejo de las propuestas sobre la reagrupación familiar. Y quizá mañana ocurra lo mismo con las propuestas sobre el asilo, que he criticado sobre todo en nuestro último período parcial de sesiones. 
La comunicación escrita se centra en la inmigración legal, pero minimiza u olvida- aparte de algunas pocas alusiones- la inmigración clandestina, que actualmente es un hecho esencial, puesto que una de cada dos personas que emigra al mundo industrializado lo hace clandestinamente. 
Naturalmente, no ignoro que ya se han presentado textos sobre la inmigración clandestina, en particular sobre la trata de seres humanos o la responsabilidad de los transportistas; pero en la mayoría de los casos se trata de textos puntuales, presentados por los Estados miembros sobre la base del derecho de iniciativa que todavía poseen provisionalmente. 
Dichos textos no demuestran una percepción global del problema, no están a la altura de los desafíos. 
La Comisión acaba de anunciar que iba a presentar otros textos tras los atentados del 11 de septiembre. Mejor así. 
Pero, mientras tanto, si queremos leer un buen documento, que presente adecuadamente los verdaderos problemas de la inmigración y las soluciones posibles, hay que remitirse no a la comunicación que hoy examinamos, sino a la versión corregida del documento de estrategia sobre la inmigración y el asilo que la Presidencia austríaca había presentado el 19 de noviembre de 1998 (sí, he dicho 1998). 
Pido a los oyentes de buena fe que comparen ambos textos, y se sorprenderán por las diferencias de enfoque. 
Por ejemplo, leo en el documento austríaco: "En general, el meollo del debate político ya no consiste solamente en las cuestiones de asilo y en los problemas de protección temporal, sino también y sobre todo en las cuestiones generales de migración, en los problemas que plantea la lucha contra las redes de inmigración clandestina y en las cuestiones relativas a la expulsión". 
Señor Presidente, Señorías, hay muchas más citas y no dispongo de tiempo, pero esta sola frase nos indica las verdaderas prioridades. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, Señorías, partiendo de los informes de los simpáticos colegas Evans y Pirker, voy a referirme a la comunicación del Comisario Vitorino, el colega que apreciamos en gran medida por el trabajo conjunto en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos y cuya opinión comparto tan poco. 
Mantenemos un debate de fondo sobre el asilo y la inmigración en Europa. 
De eso se trata, de las directrices para el asilo y la inmigración en Europa. 
Debemos tener dos cosas claras: primera, las cuotas a aplicar y segunda, los contenidos. 
En lo que se refiere al método, las directrices europeas sobre el asilo y la inmigración solamente pueden ser normas mínimas. 
Sólo se puede obligar a la totalidad de la Unión Europea a unas normas mínimas. 
Todo lo que vaya más allá no se aceptará. 
Un ejemplo: lo que propone el Comisario Vitorino sobre la reunificación familiar puede que le guste a alguno que otro, pero no se puede determinar de modo vinculante para toda la Unión. 
Aquí hay que introducir correcciones. 
Respecto al contenido: necesitamos limitar y controlar la inmigración. 
Señor Presidente del Consejo, usted ha mencionado el concepto de "recinto amurallado Europa". 
Precisamente porque no queremos ni podemos construir tal recinto, tenemos que controlar y dirigir la inmigración. 
El rumbo tomado por el Comisario Vitorino no cumple tales exigencias. 
A este respecto, sólo unos pocos ejemplos: con el concepto de tercer Estado seguro hemos reducido en Alemania el número de solicitantes de asilo de 450.000 a bastante menos de 100.000. 
El Sr. Vitorino abandona prácticamente este concepto al vincular su aplicación a condiciones que lo hacen en la práctica inaplicable. 
Segundo punto: los motivos materiales de asilo están determinados de modo vinculante en la Convención de Ginebra sobre los Refugiados. 
Se creará un estímulo para los solicitantes de asilo si vamos más allá del marco vinculante de la Convención de Ginebra, como por ejemplo, la persecución no estatal. 
Para ello, hay argumentos muy respetables pero no podemos conceder más asilo del que actualmente concedemos. 
El problema del asilo radica en el procedimiento. 
El 90% de todos los solicitantes de asilo no son aún perseguidos políticos para nosotros. 
Por ello, tenemos que solucionar el procedimiento. 
Si se logra finalizarlo con rapidez, podremos ser generosos con los motivos del asilo. 
Pero a esto se opone, por ejemplo, un procedimiento en tres fases, tal como propone el Comisario Vitorino. 
Señor Comisario Vitorino, si el Sr. Schily, el ministro alemán del interior, quien como se sabe no pertenece a mi partido, actúa en el Consejo tal como habla en Alemania, entonces no tendrá ninguna posibilidad de salir adelante con sus propuestas. 
Señor Presidente, a pesar del 11 de septiembre, la comunicación de la Comisión sobre el asilo sigue siendo, a mi juicio, en lo esencial, no sólo adecuada, sino también más necesaria que nunca. 
Por su parte, el informe del Sr. Evans no ha perdido actualidad ni fundamento. 
Considero que no es el momento de retroceder; es, por lo demás, urgente, por eso, orientarse hacia una solución común en todos los Estados miembros en lo relativo a los criterios de evaluación de las solicitudes, así como en la cooperación en el nivel de los sistemas administrativos nacionales. 
Reconozco que tendremos que afrontar algunos imperativos para que se obtengan normas con efecto útil. 
Ese esfuerzo deberá pasar no sólo por la dimensión europea, sino también por una cooperación con terceros países, esencialmente con países de origen de los solicitantes de asilo. 
Para evitar las situaciones "kafkianas" que frecuentemente vemos descritas en las páginas de la prensa europea, es urgente la aprobación- y no es mucho pedir- de unas normas mínimas que consagren procedimientos de concesión de asilo más rápidas y simplificadas con el fin de prevenir la morosidad y la incertidumbre a que se ven abocados los solicitantes de asilo. 
La creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia requiere inevitablemente el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales. 
Pero para alcanzar esa fase necesitamos antes la armonización de los procesos de recurso en materia de asilo. 
Señor Presidente, debemos felicitarnos de que esta comunicación, competencia del Comisario António Vitorino, figure en el orden del día. 
Partiendo del marco establecido en Tampere, nos hemos lanzado a la creación de una política común en materia de asilo, que contará- no me cabe duda- con el empeño del Consejo y del Parlamento. 
Creo que en un esfuerzo conjunto con las instituciones comunitarias y con la sociedad civil alcanzaremos la fase de entendimiento para que de aquí al 1 de mayo de 2004 se cumpla el objetivo trazado por el Consejo Europeo. 
No hay tiempo para vacilaciones. 
Muy buena suerte, señor Comisario António Vitorino. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Comisario Vitorino por la política de inmigración que la Comisión Europea ha presentado a este Parlamento. 
La propuesta para fijar criterios comunes de entrada para los inmigrantes y para, además, crear un instrumento político por el que los Estados miembros establezcan cuotas para los trabajadores migrantes, cuenta con el apoyo del Grupo del ELDR. 
Mi Grupo, señor Presidente, tiene algunas observaciones en relación con el sistema propuesto. 
En primer lugar, rechazamos la política de "inmigración cero", pero rechazamos, así mismo, la política de fronteras completamente abiertas. 
Debe encontrarse un equilibrio responsable. 
En segundo lugar, el sistema de inmigración debe ser flexible. 
No deben imponerse de antemano cuotas obligatorias a los Estados miembros. 
En tercer lugar, debemos tener en cuenta la subsidiariedad, es decir, las diferencias regionales y nacionales en relación con el mercado de trabajo. 
En cuarto lugar, una política común de inmigración debe ir pareja a la lucha conjunta contra la inmigración ilegal. 
En quinto lugar, debemos lograr un buen equilibrio entre las necesidades de mano de obra de las empresas, por una parte, y el desempleo en la Unión Europea, por otra. 
En resumidas cuentas, señor Presidente, el Grupo del ELDR aboga por una política europea de inmigración equilibrada. 
El informe Pirker está en esta línea, y quiero felicitar al ponente por el mismo. 
Señor Presidente, éstas son las últimas palabras que pronuncio en esta Casa ahora que he sido nombrado miembro del Consejo de Estado de los Países Bajos. 
Agradezco a sus Señorías su grata colaboración y les deseo a todos lo mejor. 
El Parlamento Europeo, señor Presidente, es una institución muy importante y siempre contará con mi respaldo. 
Estimado colega Wiebenga, nosotros también le deseamos lo mejor y estoy convencido de que el Estado estará en buenas manos cuando pertenezca a este Consejo de Estado. 
Estimadas y estimados colegas, les tengo que rogar que se atengan estrictamente a los tiempos de intervención. Estamos totalmente fuera del horario previsto. 
Señor Presidente, ante todo deseo saludar al Comisario Vitorino, porque creo que su extenso trabajo ha permitido hoy distinguir claramente entre solicitantes de asilo e inmigración, y eso es bueno. 
Doy las gracias asimismo al representante de la Presidencia belga, que acaba de romper definitivamente con una Europa fortaleza, que no es ni realizable ni deseable. 
Doy las gracias, finalmente, a nuestro colega Evans por la seriedad de su trabajo. 
Creo que aplicando normas claras, justas y precisas no sólo garantizaremos la protección de los refugiados, sino que también lucharemos contra el poder que tienen algunas organizaciones delictivas sobre los flujos de refugiados. 
Creo que la seriedad del trabajo del Sr. Evans zanja radicalmente la visión partidista del Sr. Pirker. 
El Sr. Pirker formula preguntas complejas, pero las respuestas no son adecuadas e incluso son peligrosas. 
Este informe interno de reflexión del Sr. Pirker, de análisis, de propuestas, es uno de los más deficientes que hemos tratado en este Parlamento. 
En primer término, el informe contiene una serie de lugares comunes. 
Una vez que se establecen- dice- los inmigrantes tienden a adoptar el comportamiento del país de acogida en materia de fecundidad. 
Esto constituye, en mi opinión, una prueba de integración y corresponde a un cambio de mentalidad. 
Ahora bien, en lugar de felicitarse por ello, el Sr. Pirker se preocupa por el hecho de que las mujeres del Tercer Mundo, las mujeres inmigrantes procedentes del Sur, no deben limitarse a tener hijos. 
Éste recomienda asimismo una política de contratación de determinados trabajadores, que los Estados miembros necesitan para reducir la falta de mano de obra que se observa sobre todo en el plano sectorial. 
Para él, los inmigrantes son como Kleenex: se utilizan y, cuando ya no se necesitan, se tiran. 
Se trata de una visión de los seres humanos- en particular de las personas de raza negra y africanas, o de tez morena, procedentes del Sur- que yo no comparto. 
El informe del Sr. Pirker deplora la reagrupación familiar. 
El informe del Sr. Pirker está hoy en total contradicción con la Carta de Derechos Fundamentales, con los Tratados de Amsterdam y de Niza. 
Frente a una cuestión tan compleja, habríamos preferido que, en lugar de decir que el drama de Dover es un ejemplo de las posibles consecuencias de la inmigración, hubiese reflexionado en la lucha contra los transportistas, que son realmente esclavistas modernos, y que hubiese luchado contra los que sacan provecho dando alojamiento a inmigrantes... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, Señorías, los dramáticos acontecimientos de Nueva York han ampliado el debate sobre algunas cuestiones que hasta ahora eran tabúes. 
Algunos, que pretendían prohibir los juicios de valor sobre las civilizaciones, declaran la guerra al islam. 
Otros, que rechazaban las críticas a la inmigración, ven de pronto en cada extranjero a un terrorista en potencia. 
Les adelanto que esta no es la posición del Grupo de Derechas Europeas. 
La amplitud del fenómeno de la inmigración no puede reducirse a actos terroristas, que, por otra parte, no son monopolio de los inmigrantes. 
Los inmigrantes no son los culpables, sino quienes les hacen venir por intereses económicos; y quizá les sorprenda que, en este punto, suscriba parcialmente lo que acaba de expresar nuestro colega Sylla. 
Los culpables son también quienes se entregan a la política del hecho consumado, de la que los considerandos del Sr. Pirker- me refiero a los considerandos M y N- nos dan, por desgracia, un ejemplo, junto con algunos elementos positivos. 
Así, observo sobre todo que el artículo 13 del informe "considera que los diferentes condicionamientos históricos, económicos y sociales de los Estados miembros no permiten fijar de forma conjunta para todo el territorio de la Unión las necesidades de mano de obra procedente de terceros países y que, además, la Unión no dispone para ello de competencias jurídicas". 
Entonces, señor Presidente, Señorías, ¿por qué no se han sacado las consecuencias de este artículo 13? 
¿Y por qué no se restablece la soberanía de los Estados miembros en esta materia, así como la legítima protección de nuestras fronteras, que los acontecimientos dramáticos vividos han demostrado que constituía un elemento de seguridad, ya que eso fue lo que buscó el Gobierno de los Estados Unidos cuando se encontró ante una situación dramática? 
Concluiré diciendo que el déficit demográfico que conocemos en Europa no debe resolverse por la inmigración. 
Si los pueblos europeos ceden a otros el deber de transmitir la vida, ceden, además, su derecho a vivir como pueblos libres en el territorio de sus antepasados. 
Y no lo aceptamos. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, si bien por motivos de tiempo es algo que hago raramente, quiero felicitar al Sr. Pirker por su ponderado informe, aunque creo que en estos momentos no se encuentra en la sala. 
La integración social de los inmigrantes por razones económicas en los Estados miembros es, tal como él destaca, una necesidad absoluta para evitar tensiones sociales. 
El contacto más intenso de los inmigrantes con los nativos quizás ayude también a detectar a los llamados "hibernantes" y pueda representar una aportación a la lucha contra el terrorismo. 
Soy además de la opinión de que a pesar de todas las medidas generales, es importante dejar en manos de los Estados miembros la posibilidad de realizar la aplicación de detalle sobre la entrada y residencia de personas pertenecientes a terceros Estados en función de sus propios mercados de trabajo y de la evolución demográfica, pues sobre todo estas cuestiones sólo se pueden responder in situ. 
En el futuro, también debe ser de importancia que la ampliación que se avecina se incluya en la planificación de la política de inmigración. 
El ponente ha tenido en cuenta todo esto. 
Deseo mucho éxito a su informe. Nosotros lo apoyamos en cualquier caso. 
Señor Presidente, por primera vez en este Parlamento hablamos en términos diferenciadores de la inmigración económica y del asilo, lo que puede considerarse como un acierto de la Comisión Europea en sus respectivas comunicaciones, porque nos va a ayudar a ordenar y clarificar el debate. 
Éste era un requerimiento del Parlamento que ha sido hecho realidad. 
Quisiera hacer brevemente dos consideraciones sobre las cuestiones que son objeto de este debate: la primera, que los movimientos migratorios que se están produciendo hacia Europa responden a una huida en masa de ciudadanos que no encuentran en sus países las mínimas condiciones de supervivencia y que están siendo trágicamente explotados por las mafias organizadas que trafican con ellos. 
Se ha dicho aquí. 
Los casos de Dover o de nuestras costas andaluzas son un claro ejemplo. 
Pero una inmigración ilegal de este calibre es el terreno abonado para el rechazo social de esta población de inmigrantes y para la explotación laboral de la misma, además de los brotes de xenofobia y racismo que se están produciendo en algunas partes de Europa. 
Este problema, o se resuelve con una estrecha cooperación y colaboración con los países de origen o, de lo contrario, cualquier política en este terreno está condenada al fracaso. 
Los programas comunitarios como PHARE, TACISo MEDA, o los mismos planes de acción de inmigración y asilo son absolutamente necesarios. 
Pero al mismo tiempo, y en esto quiero poner énfasis, hay que exigir también, y exigirlo políticamente, que los países de origen aprovechen sus recursos naturales y humanos, y muy especialmente que garanticen una estabilidad política y social para que sus ciudadanos tengan confianza en sus gobernantes. 
Se trata, pues, de una responsabilidad compartida y no sólo de los Estados miembros o de la propia Unión Europea. 
Países como Marruecos, Argelia o Túnez son un ejemplo de lo que acabo de exponer. 
Por otra parte, en relación con la Comunicación sobre el procedimiento de asilo común, el principal problema con el que se enfrentan los Estados miembros es el de los solicitantes de asilo con peticiones infundadas, y la Comisión y este Parlamento deben esforzarse en remover los grandes obstáculos que se oponen a que las soluciones sean homogéneas entre los Estados miembros. 
Por ello, no me parece oportuno hablar de un procedimiento único, que es diferente del mandato contenido en el Tratado de Amsterdam, que habla de un procedimiento de asilo común. 
No es lo mismo. 
Además, quedan sin clarificar, tanto en la Comunicación como en el informe Evans, conceptos como "persecución de terceros", "persecución en caso de conflicto" o "persecución de género", por ejemplo, ya que la dificultad está a veces más en la definición del concepto de refugiado que en el procedimiento para identificarlo. 
En definitiva, estamos en el buen camino: cooperación, solidaridad, claridad legislativa y realismo ante un fenómeno como es la inmigración y el asilo, que a muchos nos preocupa, son las premisas necesarias para abordar uno de los grandes retos de la Unión Europea en este nuevo siglo. 
Señor Presidente, en el momento en que las declaraciones del Sr. Berlusconi nos han escandalizado a todos- así lo espero- por el desprecio y el odio que demuestran frente a los extranjeros, creo que ahora más que nunca ha llegado la hora de luchar contra el racismo y contra sus formas más insidiosas. 
La Comunicación de la Comisión sobre la política común en materia de inmigración y la votación del informe Pirker nos brindan, precisamente, la oportunidad para hacerlo. 
Deseo saludar, en ese sentido, las declaraciones del Comisario Vitorino. 
Recordemos que ese acontecimiento memorable para los Europeos, como fue la Cumbre de Tampere de octubre de 1999, que recomendó un trato justo para los nacionales de terceros países en relación con los ciudadanos de la Unión. 
Debemos basarnos en una constatación importante, que se ha recordado hace un momento: el mito de la inmigración "cero" ya no puede ser una concepción realista, y, además, los problemas demográficos y de escasez de mano de obra deben cambiar la idea que tenemos de la inmigración. 
Por eso debemos hoy apoyar enérgicamente la comunicación de la Comisión, puesto que esta futura política comunitaria en materia de inmigración tiene muchas virtudes, y, en concreto, la de luchar contra todas las formas de delincuencia. 
Debemos decir que el ponente, el Sr. Pirker, ha adoptado una posición bastante crítica con respecto a la comunicación de la Comisión. 
Al contrario que el Sr. Pirker, nosotros, socialistas, estamos convencidos de que nuestro enfoque de esta cuestión debe ser un enfoque humano antes que un enfoque económico, ya que de lo que estamos hablando es de la suerte de seres humanos y no de vulgares mercancías. 
Recordemos, igualmente- nunca lo repetiremos suficientemente- que si las personas emigran y abandonan con dolor su país y a sus familias es porque se ven obligadas a ello, no lo hacen por mero gusto. 
La propuesta de la Comisión es fundamental en el sentido de que propone un marco. 
Concluiré diciendo que, en una Unión Europea en constante integración, que ha sabido sacar provecho de una Carta de Derechos Fundamentales, ningún Estado miembro puede ya decir que su política de admisión sólo le atañe a él. 
Reitero, pues, mi total apoyo a la propuesta de la Comisión, y, en cambio, me muestro crítico respecto al contenido del informe del Sr. Pirker. 
Por lo que a mí respecta, reservo el voto de la delegación socialista francesa sobre este informe. 
Señor Presidente, quisiera referirme al punto 15 del informe Pirker. 
En él se dice, entre otras cosas, que los inmigrantes deben respetar los valores contemplados en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y demostrar estar dispuestos a la integración. 
¿Cómo se interpreta esto? 
Hoy tenemos en Europa una ola de antiislamismo. 
El debate más intenso que he podido conocer es el que está teniendo lugar en Dinamarca. 
Muchos políticos han hecho declaraciones sorprendentes. 
Mogens Camre, diputado a este Parlamento, ha dicho que todos los países occidentales han sido infiltrados por musulmanes, que algunos nos hablan amablemente mientras esperan convertirse en una fuerza suficientemente poderosa como para expulsarnos- en danés få os fjernet -, es decir, eliminarnos. 
Ésta es una declaración irresponsable y cargada de prejuicios. 
Mi preocupación, señor Presidente, puede expresarse así: ¿Se corre el riesgo de que la redacción del punto 15 pueda dar lugar a más declaraciones hostiles de este tipo? 
¿Qué pasaría con la diversidad europea? 
¿No se verían amenazadas la libertad religiosa y la libertad de expresión? 
¿Podría interpretarse el punto 15 como: " Asimílate y punto. 
¡En caso contrario toma tus cosas y vete! "?. 
¿Tal vez el Sr. Camre pueda contestarnos? 
Señor Presidente, quiero comenzar respaldando totalmente la descripción hecha por el Sr. Schmid de la situación política en Dinamarca y asimismo sumarme a la petición que hizo al final. 
Por lo demás, quiero decir que creo que hay muchísimas cosas buenas en las propuestas procedentes de la Comisión en este ámbito. 
Sería estupendo que nuestra cooperación se empleara para reforzar los principios de los que tanto hablamos: democracia y derechos humanos- y podría añadir humanismo- en lugar de arrastrarnos mutuamente hasta el mínimo denominador común. 
Creo que hay muchas cosas positivas en el informe del Sr. Evans, tengo la intención de respaldarlo y pediré que se vote a favor de él. 
No obstante, pienso que el informe del Sr. Pirker sigue teniendo muchos problemas. 
Mejoró considerablemente durante la tramitación en la comisión. 
Y naturalmente cabe esperar que mejorará en el transcurso del día de hoy cuando lo votemos. 
Sin embargo, hará falta mucho más antes de que yo respalde el informe, que sobre todo está fundado en la idea de que la UE sea solidaria consigo misma. 
Señor Presidente, el Sr. Evans ha sopesado mucho su informe. 
Muy acertadamente, plantea la cuestión de que el concepto de país seguro está basado en consideraciones de derechos humanos y no en relaciones diplomáticas. 
Hace hincapié en la falta de un enfoque común entre los Estados miembros respecto al concepto de país seguro. 
Eso ya no es aceptable. 
El Sr. Evans llega a la conclusión de que es necesario definir de manera inequívoca el concepto de país seguro. 
A pesar de que estoy de acuerdo con su motivación, debemos admitir que ese enfoque no es seguro. 
Les recuerdo lo que nuestro colega, Sr. Pasqua, dijo en cierta ocasión cuando era Ministro de Interior francés: "La démocratie s 'arrête là où commence la raison d' Etat." 
Señor Evans, mientras exista la raison d ' Etat, ningún país estará a salvo. 
. (FR) Señor Presidente, lo lamento realmente ya que se trata de un debate interesante, que no sólo demuestra, en mi opinión, la complejidad del problema, sino también su dimensión política. 
No sería razonable creer que únicamente hay que solucionar problemas técnicos en el marco de un amplio consenso. 
Y creo que estas dificultades demuestran asimismo la imperiosa necesidad de llegar rápidamente, a nivel europeo, a un consenso sobre algunas medidas esenciales. 
En primer lugar, pienso que es poco razonable y poco serio negar la magnitud de la inmigración clandestina y su agravamiento. 
Pienso que sería poco serio y políticamente torpe. 
Así pues, es muy importante, junto con la adopción de medidas de carácter reglamentario, desarrollar una política activa de lucha contra la trata de seres humanos, porque ésta atañe ante todo a la explotación de la miseria, de la pobreza, del miedo, por organizaciones eficaces y para las cuales la trata de seres humanos es sólo una actividad delictiva más. 
Y, por lo tanto, son indispensables las medidas policiales- sobre todo las medidas de refuerzo de los controles en las fronteras- para tomar la delantera, efectuando controles en nuestras futuras fronteras exteriores. 
Les recuerdo que en este momento se está desarrollando la mayor operación policial que jamás se haya llevado a cabo en Europa, en nuestras futuras fronteras exteriores. 
Treinta países están asociados a esta operación, que se desarrolla de Finlandia al Mediterráneo. 
El asilo constituye para nuestros países- y el Parlamento Europeo lo sabe- un derecho sagrado, la dignidad de Europa y la razón por la cual Europa es una guía y un ejemplo. 
No se puede predicar la democracia y la libertad si, en su casa, no se da el ejemplo. 
Pero, al mismo tiempo, no se puede ignorar que este valor tan importante es utilizado de manera inadecuada por un número considerable de personas, que en el plano humano tienen probablemente razones legítimas para ello, pero que lo hacen en detrimento de aquellos que huyen de verdaderas persecuciones. 
Es, pues, urgente que nos pongamos de acuerdo ante todo en las condiciones para la acogida de los que cumplen las condiciones para obtener el estatuto de refugiado en nuestros territorios y que no aumentemos el atractivo que nuestros países prósperos, felices- tenemos tendencia a olvidarlo -, ejercen en aquellos que sólo conocen la miseria y la pobreza. 
Debemos, pues, ponernos rápidamente de acuerdo sobre esta normativa para la acogida, si queremos evitar el fenómeno de asylum shopping. 
El asilo es, naturalmente, un derecho; pero ¿hay que complicar necesariamente las cosas para lograr garantías jurídicas? ¿Es necesario que estas últimas den lugar a procedimientos dilatorios? 
El respeto del Derecho no es incompatible con la rapidez y la eficacia de los procedimientos. Estas son las preguntas que hemos formulado con ocasión del último Consejo, y me felicito de haber comprobado que, por parte de los Quince, existía un amplio acuerdo en la necesidad de lograr un consenso en la materia. 
Finalmente, es necesario establecer, en el plano europeo, cierto número de normas- me inclinaría por decir unas normas mínimas, pero no lo haré porque para algunos eso significaría una ausencia de plusvalía-. 
Con eso quiero referirme a una normas esenciales que no deben ser necesariamente detalladas, pero que han de traducir el consenso político fundamental que tiene que existir en la materia; de lo contrario, no conseguiremos solucionar este problema. 
Es preciso, pues, que lo hagamos rápidamente. 
Por eso he dicho que, con ocasión de la Cumbre de Laeken, había que tratar de recuperar la dinámica europea; si no, nuestro balance será negativo y decepcionante para nuestras opiniones. 
Habrá que determinar asimismo el grado de solidaridad aceptable en el plano europeo, para que el simple hecho de estar situado en una frontera exterior no signifique que se deba soportar necesariamente toda la carga del esfuerzo que hay que realizar. 
Es cierto que la inmigración es otro problema, pero no es menos cierto que no se puede pretender que si tuviésemos un régimen de inmigración absolutamente libre, se resolverían todos los problemas; no existe ningún ejemplo en el mundo, donde esta política pueda ser aplicada, e incluso en los regímenes más liberales no se logran solucionar todos los problemas, sobre todo los vinculados con la clandestinidad. 
Por consiguiente, es preciso- y lo haremos con ocasión de la Conferencia que tendrá lugar dentro de pocos días en Bruselas- formular algunas preguntas pertinentes: ¿Cuál será la evolución demográfica de Europa? 
¿Tenemos aún necesidades que debemos satisfacer en el plano económico? 
¿Este problema se plantea de la misma manera en todos los lugares? 
¿Debemos establecer condiciones respecto a una eventual inmigración? 
¿La duración ha de ser limitada o ilimitada? 
¿Debemos exigir algún tipo de cualificación, con los peligros que eso puede entrañar en los países de origen, que a menudo necesitan estas cualificaciones? 
¿No se corre el peligro de desembocar, a la larga, en un aumento del número de inactivos, lo que agravaría la situación en el plano presupuestario? 
Si se quieren encontrar respuestas adecuadas a todas estas cuestiones es imprescindible tener el valor de formularlas claramente y dar respuestas serias, y espero que eso ocurra en nuestra Conferencia. 
Debo decirles, en conclusión, que la Presidencia belga- somos un pequeño país, pero que creo que se caracteriza por su realismo- desea presentar propuestas realistas, porque pensamos que ese realismo es lo único que puede permitirnos realizar los progresos indispensables. 
Si nos perdemos en consideraciones ideológicas o técnicas, dentro de quince años todavía estaremos discutiendo este asunto y no habremos avanzado de manera significativa. 
Y existe, entonces, un riesgo enorme, porque la población europea espera respuestas, confía en Europa, considera que se trata, en efecto, de una dimensión útil e incluso indispensable para la solución de estos problemas. 
Si no damos esas respuestas a nuestras poblaciones, temo que se produzca un repliegue en sí mismas y que Europa no pueda seguir siendo- espero que sea una idea que compartamos en esta Asamblea, si no todos, al menos, una gran mayoría- una Europa de los derechos y las libertades, una Europa hospitalaria, una Europa abierta y también, porque es la preocupación de nuestros ciudadanos, una Europa prudente, una Europa que actúa con precaución, una Europa que pretende que todos los que viven en su territorio respeten el Estado de Derecho. 
Señor Presidente, entiendo que el tema que estamos abordando es extraordinariamente delicado y lo es sobre todo en un momento histórico como el actual. 
A lo largo de estos dos años, hemos trabajado- me refiero, obviamente, a la legislatura de la que formo parte- para instaurar relaciones positivas entre ciudadanos e inmigrados, para alcanzar la igualdad de oportunidades y para construir una especie de cohesión social. 
Ahora, todos nosotros reparamos en la necesidad de revisar algunos puntos de la agenda en la que hemos trabajado y, sobre todo, en la necesidad de entender cómo la revisión de estos puntos puede traducirse en un Derecho comunitario positivo que nos permita crecer en esa concepción de Europa en la que todos pensamos. 
Ahora quisiera hacer tres consideraciones. 
En primer lugar deberíamos esforzarnos más para establecer normas marco orientadas a promover, siempre de acuerdo con los Estados miembros, acciones a escala regional y local, en momentos en que probablemente es más fácil pero seguramente más necesaria una acción para el equilibrio de los tres momentos que siempre han estado en la base de nuestros análisis del tema de la inmigración y del asilo: el primero es el tema de los flujos que hay que regular y sobre los que hay que mantener una vigilancia constante; los otros dos son el tema de la integración y el tema de la lucha contra la ilegalidad donde frecuente y lamentablemente anidan los mayores problemas de delincuencia y de explotación del ser humano. 
Segunda reflexión: tenemos la necesidad de abordar muy seriamente a escala europea temas que consideramos imprescindibles para nuestras políticas, por ejemplo, la colaboración entre las fuerzas de policía, la cooperación judicial, las formas de control, los sistemas informáticos comunes. 
Es necesario echar luz sobre los recursos financieros que deberíamos considerar adecuados y cuantificables. 
Tercera reflexión: quizás hemos olvidado un papel, quizás lo hemos infravalorado. 
Debemos insistir en los grandes programas educativos que están en la base de nuestras culturas y sobre todo en la base de la multiculturalidad: la escuela, la educación empezando ante todo por los menores extranjeros, independientemente de su posición jurídica. 
Se trata de aspectos fundamentales para las políticas de integración y de construcción de la sociedad a la que aspiramos. 
Debemos, en mi opinión, implementar un gran programa educativo y cultural que conceda mayor cabida a las comunicaciones interculturales, porque éste es el principio de un camino que seguramente nos llevará a la forma de integración que preconizamos. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mis felicitaciones al Comisario Vitorino. 
Señor Comisario, usted se ha tomado en serio la exigencia de muchos expertos en migraciones y ONG y ha mostrado claramente en dos comunicaciones cómo debe tratar la política a los refugiados y a los inmigrantes clásicos. 
Con su comunicación sobre un procedimiento de asilo común y un status unitario aplicable en toda la Unión, ha logrado presentar unas buenas propuestas para la armonización de la política de asilo. 
Ahora, en base a sus propuestas podemos encontrar soluciones concretas. 
Esto lo ha hecho también de modo excelente el colega Evans. 
Considero sus complementos como un enriquecimiento del debate actual sobre directivas concretas. 
Señor Comisario, con su comunicación sobre una política de migración, usted ha logrado asimismo mostrar claramente a la Comunidad lo importante que es controlar y regular conjuntamente los movimientos migratorios futuros en la Unión Europea a nivel de la Unión. 
Sin embargo, probablemente tendremos que seguir pugnando sobre los deseos de los Estados nacionales, que me tomo muy en serio. 
Estos quieren realizar ellos mismos los ajustes de precisión de la migración a pesar de que sus estrategias han fracasado ya desde hace decenios en el plano nacional. 
Espero que próximamente convenzamos a nuestros colegas de los diversos países de que no existe ninguna alternativa a un control global de la migración en el ámbito de la Unión. 
Señor Presidente, señor Comisario, no hay ninguna duda en cuanto a que, tras los dramáticos acontecimientos del 11 de septiembre, la política de asilo y la política de inmigración se verán sometidas a modificaciones drásticas. 
En este sentido, tal vez hubiera sido más oportuno posponer la tramitación de estos informes, ya que no tienen en cuenta los recientes sucesos acontecidos en el ámbito internacional. 
Hay que prestar especial atención a la formulación del párrafo 15 del informe Priker. 
En el texto actual se hace hincapié en que los Estados miembros están obligados a respetar los derechos y obligaciones de los nacionales de terceros países. 
En mi opinión, esto es un bridge too far. 
La integración no puede constituir ningún tráfico de doble dirección en tanto no haya nada en cuanto a la reciprocidad y el reconocimiento mutuo. 
En otras palabras, solamente si la reciprocidad y el reconocimiento mutuo pueden imponerse en terceros países, puede, entonces, producirse una integración en ambas direcciones. 
El informe Pirker tiene el mérito de ser franco: presenta la inmigración como un simple problema de mercancías ligado a las necesidades del sistema capitalista. 
En efecto, el informe considera positivo que se enfoque la inmigración desde el punto de vista económico, en función de las necesidades y las posibilidades de los Estados miembros. 
El artículo 23 no puede ser más claro. Cada Estado miembro es libre de definir la lista de capacidades, así como el número de trabajadores que quiera admitir en su territorio teniendo en cuenta la situación de su mercado laboral. 
En otros términos, se propone, como política comunitaria en materia de inmigración, una política de cuotas. 
Con estas posiciones, Europa está muy lejos de reconocer el derecho de inmigración. 
Se trata de permisos de residencia limitados a las exigencias de los empresarios y a la imaginación de los demógrafos. 
Incluso la reagrupación familiar deberá ser objeto de reglamentaciones distintas para cada grupo de inmigrantes, lo que se aleja mucho de la libertad de circulación e instalación y del derecho de vivir en familia. 
Fuertemente explotados, los inmigrantes son víctimas de una desreglamentación liberal. 
Concluyo: sólo la regularización general de los "sin papeles", acompañada de derechos cívicos, permitiría combatir eficazmente la esclavitud moderna que se nos pide que apoyemos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tenemos la conciencia clara de que este debate versa sobre uno de los asuntos más importantes y "calientes" en el nivel europeo: la política europea en materia de asilo e inmigración. 
Esa circunstancia es el resultado de dos factores distintos: en primer lugar, porque el Tratado de Amsterdam atribuyó nuevas competencias a la Comunidad y brindó nuevas posibilidades de acción a escala europea; en segundo lugar, porque ha habido un aumento considerable de las presiones migratorias procedentes de terceros países, agravado por algunos acontecimientos dramáticos que se han producido en los últimos tiempos, como el aflujo en masa de refugiados provocado por la crisis de Kosovo o la tragedia de Dover. 
Así, pues, es necesario, tanto por razones humanitarias como económicas, la formulación de una política global que pueda gestionar eficazmente esos movimientos migratorios, lo que constituye en este momento una laguna, que la Unión Europea no puede dejar de abordar. 
Conviene tener en cuenta que en ese problema existen tres tipos diferentes de personas: los solicitantes de asilo, las personas temporalmente desplazadas y los emigrantes por razones económicas. 
Si los síntomas son semejantes, conviene separar las causas distintas y encontrar respuestas diferentes. 
Confundir esos estatutos no ayuda a resolver los problemas, sino que contribuye a agravarlos. 
Sabemos también que a esa presión externa se suma una presión interna de los Estados que afrontan el descenso de su población, provocado por la desaceleración del aumento de la población o por la disminución de la población en edad de trabajar, mientras aumenta la población de más de 65 años de edad y la preocupación por la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. 
La respuesta no puede consistir en intentos vanos destinados a prevenir y a detener la inmigración en las fronteras europeas; al contrario, consiste en gestionarla y regularla. 
Eso explica la necesidad de una política europea común, ordenada, clara y coherente de gestión de las corrientes migratorias. 
Para evitar la aparición de nuevos problemas, habría que tener presentes las necesidades reales de trabajo en cada uno de los Estados miembros, los recursos que existen para la acogida y la integración de esos inmigrantes. 
Se comprende que estemos más cerca del planteamiento del problema por parte del Sr. Pirker. 
Aprovecho para felicitar al Comisario António Vitorino por el anuncio que nos ha hecho hoy de que va a presentar dentro de un mes dos iniciativas sobre la lucha contra la inmigración ilegal y la repatriación. 
Por último, quisiera subrayar que necesitamos un planteamiento prudente de un problema delicado y que requiere respuestas inteligentes. 
Tiene más sentido, por ejemplo, que concedamos prioridad a la legalización de inmigrantes a los que se pueda integrar en el mercado laboral y que ya se encuentren en el territorio comunitario que alentar una nueva ola de inmigración. 
Señor Presidente, a estas alturas, las instituciones europeas y especialmente este Parlamento somos plenamente conscientes de que debido a la complejidad y transcendencia del tema que hoy nos ocupa es necesario un programa legislativo que sólo será eficaz en el marco de un enfoque europeo común y coordinado. 
Existen amplias coincidencias entre la Comunicación de la Comisión y los informes que hoy debatimos. 
Necesitamos desarrollar una política más proactiva, que reconozca que la presión migratoria está destinada a continuar y que una inmigración ordenada puede aportar beneficios a Europa, a los mismos migrantes y también a sus países de origen. 
Tenemos el objetivo de mejorar la gestión de los movimientos migratorios en el marco de una estrecha cooperación con los países de origen y tránsito, reforzando la lucha contra la inmigración ilegal y combatiendo los sectores criminales implicados, garantizando, al mismo tiempo, los derechos de las víctimas. 
Es necesaria una política más abierta y flexible que, junto a una mayor coordinación de las políticas destinadas a reducir las presiones migratorias y a reforzar el control de las fronteras, podría comportar, como beneficio, una reducción de la inmigración ilegal, que favorecería a las personas que necesitan verdaderamente la protección que supone el refugio y el asilo. 
Debemos mantener estos niveles de protección a toda costa, tal y como se contempla en la Convención de Ginebra, porque ello es además una seña de identidad europea que nos enorgullece a todos. 
Animo al Comisario Sr. Vitorino a continuar en su esfuerzo y calendario previsto y al Consejo a estar a la altura de las circunstancias en Laeken, cumpliendo los compromisos contraídos en Tampere. 
Es la hora de tomar decisiones concretas y no de hacer declaraciones, por ambiguas, equilibradas. 
La ciudadanía europea lo espera y lo necesita. 
Señor Presidente, creo que no se puede hablar de inmigrados y de inmigración sin hacer un distingo entre los distintos tipos de inmigrados que son al menos tres: los perseguidos políticos, los refugiados de guerra, los migrantes por razones económicas. 
Hecha esta distinción, no cabe duda de que no se puede prever una normativa idéntica en materia de asilo para las tres categorías, como propone el ponente Sr. Evans. 
Este texto no solo no responde a la realidad, sino que incluso llega a demonizar a los Estados miembros que reivindican el derecho a decidir en cada caso el reconocimiento o no del derecho de asilo, según las circunstancias particulares ligadas a la organización social, a las condiciones concretas para poder garantizar una acogida adecuada sin que ésta provoque repercusiones negativas para nadie. 
Instintivamente, desde siempre somos todos solidarios con aquellos que se ven en la necesidad de abandonar su país y de pedir asilo a otro, pero no siempre es aceptable el grado de estado de peligro que el ponente querría extender a todos los solicitantes imponiendo a los Gobiernos y a los Estados miembros- lo digo lisa y llanamente- que se dejen de historias, que abran sus puertas sin rémoras invocando la Convención de Ginebra como si fuese un pasador, una llave maestra en lugar de lo que es en realidad, es decir, una serie de garantías que colocan en el mismo plano a quien pide asilo y a quien lo concede. 
La propuesta del ponente Sr. Evans de llegar a una norma mínima común- así la define- reduce este principio a un inaceptable rango de excesivo permisivismo. 
Lo mismo vale para la propuesta de introducir un procedimiento único- se le llama así- que niega al Estado asilante cualquier posibilidad de comprobar la idoneidad del solicitante, al cual, téngase en cuenta, no se le niega ningún derecho, sino que se le impone la obligación de presentar sus credenciales, como se suele hacer entre las personas respetables. 
El problema es que con frecuencia entre los refugiados y los exilados encuentran fácil cobijo personas decididamente indeseables como los traficantes de droga, de carne humana, los terroristas que se hacen pasar por emigrantes y que luego asisten a clases de pilotaje y destruyen rascacielos con todas las personas que están dentro de ellos. 
La prudencia y los controles que niega el ponente son las bases de una elemental legítima defensa de los Estados y de sus ciudadanos. 
Mucho más serio y compartible es el planteamiento del informe Pirker en orden a una política común en materia de inmigración porque es más equilibrado, sin concesiones a la fácil demagogia y respetuoso de las garantías de seguridad. 
Por último, respecto a aquellos colegas de la izquierda que han tratado de colar la habitual polémica contra Berlusconi, quisiera advertirles que llegan al menos con un día de retraso. 
Les invito a que lean el Arc-en-ciel. Aunque llegan con retraso respecto al debate, son siempre puntuales con el tren de la inútil demagogia y de la inútil especulación política. 
Señor Presidente, le doy las gracias por concederme el uso de la palabra tras este debate, que ha sido muy rico. 
Creo, indudablemente, que con estos informes de hoy hemos demostrado que necesitamos una política común en materia de migración y asilo. 
Desearía saludar, de paso, la declaración del comisario y el trabajo del Parlamento, que expresa realmente el interés concreto que tenemos en estas materias, en particular en las circunstancias actuales. 
Creo que hoy hemos podido establecer diferencias entre unos y otros y quizá también distinguir entre asilo y migración económica. 
No estoy muy segura de que se hayan evitado todos los procesos de amalgama. 
En cuanto a los flujos migratorios y el derecho de asilo debemos afirmar, contra viento y marea, que los derechos y los deberes deben compartirse, tanto desde el punto de vista de los inmigrantes como del de los Estados miembros de acogida. 
En ningún caso se trata de que algunos saquen provecho de los fallos de nuestra armonización, para crear europeos de segunda categoría, trabajadores de segunda clase o ciudadanos en libertad vigilada. 
Creo que es importante que se reafirmen y concreticen los derechos de los trabajadores, independientemente de su origen, a fin de luchar contra la trata de seres humanos y el provecho que algunos sacan de la miseria y el desamparo. 
La política de asilo, por su parte, saldrá ganando desde el punto de vista de la calidad y la justicia si coincidimos en reconocer que ésta ha de completarse por otras políticas de cooperación vinculantes, que permitan vivir a todos con dignidad y respeto en su propio país. 
En cualquier caso, la política de asilo debe rechazar los criterios arbitrarios que guardan relación con la actualidad. 
Desearía pedir simplemente que, además, se reconozcan los derechos políticos a aquellos que acogemos por su trabajo. 
Señor Presidente, quisiera pedir a los diputados que reflexionen sobre una cuestión: ¿es viable, en nuestro mundo de hoy, que todas las decisiones que se adoptan en materia de política de asilo se circunscriban a los parámetros de la Convención de Ginebra? 
La Convención de Ginebra, redactada en 1951, fue concebida como una medida temporal. 
Fue negociada en un mundo muy diferente- un mundo que seguía obsesionado por la vergonzosa incapacidad de los países occidentales de ofrecer asilo a las víctimas del fascismo europeo. 
Fue diseñada, en primer lugar y ante todo, para garantizar a los refugiados procedentes de la tiranía comunista el acceso a un lugar seguro. 
Pero el mundo ha evolucionado. 
El transporte aéreo masivo ha facilitado unas corrientes migratorias sin precedentes. 
La gran mayoría de aquellos que buscan una vida mejor en un nuevo país actúan llevados por motivos económicos comprensibles- e incluso loables. 
Pero las condiciones de la Convención de 1951 y, específicamente, el requisito de examinar una por una todas las solicitudes, aunque el solicitante provenga a todas luces de un país seguro, anima a los migrantes económicos a intentar entrar como refugiados. Esto satura el sistema en detrimento de los que realmente huyen de la injusticia y del mal. 
Apoyo, como hace el informe del Sr. Pirker, un cierto grado de inmigración primaria controlada. 
Todos los países pueden beneficiarse de la energía y del espíritu emprendedor de las personas que están dispuestas a atravesar continentes enteros en busca de un futuro mejor. 
Para que una política como ésta obtenga la aprobación del público, debe ser justa y democrática y debe estar abierta a la transparencia. 
No puede ser acertado que las judicaturas de nuestros Estados miembros, al aplicar una interpretación peculiar de la Convención de 1951, ejerzan una política de inmigración que escapa al control de los políticos elegidos por sufragio. 
Si queremos gestionar una política sostenible de inmigración legal y, al mismo tiempo, proteger los intereses de las personas más necesitadas de asilo, debemos recuperar de los jueces el control de las leyes de asilo. 
Lejos de ampliar el alcance de la Convención de Ginebra, como sugiere el Sr. Evans, deberíamos suprimir este acuerdo desfasado y sustituirlo por algo más adecuado al mundo moderno. 
Señor Presidente, el debate de hoy sobre asilo e inmigración es de la máxima actualidad, puesto que la inseguridad y el temor de operaciones militares en el Oriente Medio provocan desplazamientos masivos de personas desesperadas. 
Las oleadas de refugiados han llegado ya a la Unión Europa, y la primera etapa es mi país, Grecia, que constituye la frontera de la Unión Europea más cercana al Oriente Medio. 
Señorías, las islas griegas se encuentran hoy sometidas a la presión de un inédito flujo de refugiados y demandantes de asilo, sobre todo de Afganistán. 
Es evidente que Grecia soporta hoy un peso desproporcionado a sus posibilidades. 
Es pues urgente que por parte de la Unión Europea se asuman responsabilidades, en el sentido de prestarle a Grecia la ayuda oportuna, y en el de diseñar y poner en marcha un plan integral común para la protección del derecho de asilo, así como para la completa aplicación de la Convención de Ginebra. 
Es indiscutible que las medidas necesarias para hacer frente al terrorismo y la criminalidad no deben quebrantar en ningún momento el sagrado derecho de asilo. 
En todo caso, para afrontar el fenómeno de los desplazamientos masivos de población se hace necesaria una política mundial más justa encaminada a la reducción de los desequilibrios y a la resolución pacífica de los conflictos. 
Señor Presidente, el aumento del número de solicitantes de asilo durante estos últimos años plantea graves problemas a los Estados miembros, que encuentran serias dificultades para hacer frente a la situación. 
Como teniente de alcalde de Lyon, vivo diariamente este problema. 
En mi ciudad el número de solicitantes de asilo convencionales se ha duplicado en poco menos de un año. 
Con las dos comunicaciones de la Comisión, que hoy discutimos, se ha dado, naturalmente, un importante paso. 
Sin embargo, debemos ir más lejos y poner fin a la situación actual, en que muchos Estados miembros admiten refugiados procedentes de determinados países, cuando otros no lo hacen. 
Debemos procurar que los países que acogen a los refugiados cuenten efectivamente con los medios para hacerlo. 
Ahora bien, recientemente, dichos medios se han reducido. 
Ya no podemos acoger con dignidad a los solicitantes de asilo. 
En nuestras ciudades, tenemos familias que viven en tiendas. 
Es totalmente inaceptable: el invierno está por llegar y nos dirigimos a una catástrofe. 
Pero, para ir más lejos, pido sobre todo a los gobiernos de los Estados miembros y al Consejo que tomen las decisiones valientes que se imponen. 
Instalarse en posiciones demasiado nacionales acaba por ser indecente e irresponsable cuando está en juego la vida de miles de refugiados y cuando la ghettización amenaza a ciertos barrios de nuestras grandes ciudades europeas. 
Señor Presidente, Señorías, voy a ser muy breve, porque sé que va a llegar el turno de votaciones. 
En primer lugar, quiero agradecer todas las contribuciones a este debate, sobre todo las contribuciones críticas, y quisiera aclarar dos contribuciones críticas que me parecen importantes. 
Primero: en relación con la observación del Sr. Nassauer, la Comisión no ha abandonado el principio de tercer país seguro. 
No lo ha abandonado y en el Consejo estamos trabajando para definir el criterio de tercer país seguro y no me cabe la menor duda de que, como ha dicho Su Señoría, el ministro Schilly no dejará de ser un negociador duro a ese respecto, como siempre lo ha sido. 
En relación con el segundo aspecto, quisiera recordar que la Comisión asumió el encargo de revisar sus propuestas a la luz de la situación internacional creada con los acontecimientos terroristas en los Estados Unidos de América. 
Eso se está haciendo. 
Lo haremos con todo el rigor y se traerán aquí, al Parlamento, los resultados de esa revisión, pero la Comisión no considera positivo que se establezca una identificación abusiva entre terrorismo e inmigración. 
La Comisión ha presentado propuestas que respetan los derechos y que van encaminadas a gestionar las corrientes migratorias y también propuestas en la vertiente de la lucha contra la inmigración clandestina. 
Es injusto presentar a la Comisión como si no tuviera iniciativas en materia de lucha contra la inmigración clandestina. 
La de decisión-marco contra el tráfico de seres humanos, aprobada en el Consejo la semana pasada, es una propuesta de la Comisión; la comunicación sobre inmigración ilegal, la comunicación sobre política de repatriación y la comunicación sobre policía común de fronteras están previstas en el scoreboard desde mayo de 2000 e incluyen el programa de trabajo de la Comisión, que este año se sometió a debate en este Parlamento: no son resultado de medidas de emergencia a consecuencia de los atentados terroristas, son la orientación de una política coherente y consistente de inmigración, que es la de esta Comisión. 
Por último, quisiera agradecer el apoyo del Parlamento. 
Espero que con las ideas claras resultantes de este debate sea posible dar un paso al frente en el Consejo Europeo. 
Hay un valor añadido en el nivel europeo. 
Agradezco la contribución del Parlamento Europeo. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, me veo obligada a pedir la palabra porque me resulta intolerable y quiero protestar por la gran cantidad de intervenciones provenientes de grupos importantes de esta Cámara que se han dedicado, esta mañana, a relacionar el terrorismo con la inmigración, con los peticionarios de asilo y, más de una vez, directamente, con la inmigración de origen islámico. 
Me parece una actitud irresponsable, una bomba de relojería contra la convivencia y quiero recordar que Europa aporta algunos terroristas de piel blanca a este mundo. 
Estimada colega, esto no ha sido lamentablemente una cuestión de orden. 
No permito que prosiga el debate. 
Vamos a pasar a la votación. 
VOTACIONES 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) 
Propuesta de Reglamento del Consejo (COM (2001) 169- C5-0207/2001- 2001/0085 (CNS) ) en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, para la modificación del Reglamento (CE) Nº 3072/95 sobre la organización común de mercado para el arroz 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) 
Recomendación sin debate (A5-0289/2001) del Sr. Harbour, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la regulación de la Comisión de Asuntos Económicos de la ONU para los airbags relativa a la propuesta de resolución del Consejo (10148/2000- KOM (2000) 25- C5-0670/2000- 2000/0029 (AVC) ) sobre la posición de la Comunidad Europea respecto al proyecto de regulación de la Comisión de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas para Europa, relativa a la autorización de una unidad de airbag como sistema de recambio de airbag, de un volante de recambio de airbag que está equipada con una unidad airbag de un tipo autorizado y de un sistema de recambio de airbag que no se encuentra incorporada en el volante 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe sin debate (A5-0294/2001) de la Sra. Hulthén, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre la reducción de la capa de ozono: cuarta modificación del protocolo de Montreal sobre la propuesta de resolución del Consejo (COM (2001) 249- C5-0251/2001- 2001/0101 (CNS) ) sobre la conclusión de la cuarta modificación del protocolo de Montreal sobre sustancias que provocan una reducción de la capa de ozono 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0287/2001) del Sr. Lange, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre las emisiones de sustancias contaminantes provenientes de motores de combustión para máquinas y aparatos móviles sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 840- C5-0742/2000- 2000/0336 (COD) ) relativa a la modificación de la directiva 97/68/EG sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a las medidas destinadas a combatir la emisión de sustancias dañinas gaseosas y partículas contaminantes del aire provenientes de motores de combustión para máquinas y aparatos móviles 
Antes de la votación final: 
Martínez Martínez (PSE). 
Pero el técnico debe de estar viniendo desde Bruselas, porque no llega para resolver el problema y, desde el primer momento, estoy votando y no funciona la tarjeta o el aparato. 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, por los motivos que expuse ayer y habida cuenta del voto favorable a mis enmiendas legislativas, les pido que, con arreglo al apartado 2 del artículo 69 de nuestro Reglamento, aplacen la votación sobre las resoluciones legislativas a la espera de constatar la posibilidad de un acuerdo con la Comisión y con el Consejo para aumentar el papel del Parlamento. 
Asimismo les pido que voten la resolución no legislativa, de modo que queden bien claras las posiciones políticas del Pleno acerca de este punto. 
De este modo, de conformidad con el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento, se ha presentado una solicitud de aplazamiento de la votación sobre la que mando votar ahora. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) El Presidente. 
De este modo, el asunto se devuelve a la comisión competente para su revisión. 
Antes de la votación final sobre la segunda propuesta: 
. (IT) Señor Presidente, repito lo que he dicho antes: no votar la resolución legislativa y, en cambio, votar la resolución siguiente, es decir, la resolución no legislativa. 
De este modo, de conformidad con el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento, se ha presentado una solicitud de aplazamiento de la votación sobre la que voy a mandar votar. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) El Presidente. 
El asunto se devuelve para su examen a la comisión competente. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
Informe (A5-0297/2001) del Sr. Linkohr, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior y Energía, sobre las directrices para el programa de investigación del Fondo de Investigación para el carbón y el acero sobre la propuesta modificada de una resolución del Consejo (KOM (2001) 121- C5-0167/2001- 2000/0364 (CNS) ) para la determinación de las directrices técnicas plurianuales para el programa de investigación del Fondo de Investigación para el carbón y el acero. 
Señor Presidente, habida cuenta de la respuesta de la Comisión al debate de anoche y, en particular, a la observación de mi colega Sr. Mombaur sobre la expiración del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el protocolo adjunto al Tratado de Niza y la inseguridad jurídica existente en este sentido, quisiera pedir al ponente que comente esta cuestión. 
¿Estaría a favor de remitirlo a nuestros propios servicios jurídicos como aparentemente se dispone hacer la Comisión? 
La palabra la tiene el colega Linkohr, como ponente. 
Señor Presidente, como ponente solamente puedo apoyarlo. Precisamente porque yo no soy jurista, me interesaría saber cuál será la posición de la Comisión si Niza no se ratifica hasta la conclusión del Tratado, pues según mi sano entender surgiría un vacío jurídico y habría que analizar esto. 
Pero como tengo la palabra, quisiera indicarle que las enmiendas nº 1 hasta 5 se deben a un malentendido. 
No las hemos votado en absoluto en la comisión. 
Su contenido se encuentra totalmente en el informe Turchi, por lo que nadie debe preocuparse, pero recomiendo que no votemos sobre ellas y como tengo el derecho a pedirlo lo hago. 
Me gustaría exponerlo al Pleno para que se adopte una decisión. 
Permito que se vote sobre la enmienda del colega Linkohr pero no sobre las enmiendas 1 hasta 5. 
(El Parlamento aprueba la enmienda) Antes de la votación final: 
En este caso, ruego que se vote sobre la resolución legislativa, en especial a causa de los puntos 8 y 9, sobre los que acabamos de votar. 
En mi opinión, es suficiente si realizamos el examen en el informe Turchi, pero a causa de los puntos 8 y 9 doy realmente importancia a que votemos sobre la resolución. 
Ruego que se vote a favor. 
(El Parlamento aprueba el proyecto de resolución legislativa) 
Explicación de voto- Informes Turchi (A5-0303/2001) y Linkohr (A5-0297/2001): 
. (FR) Los dos informes sobre la liquidación del Tratado CECA deploran que el Consejo solicite al Parlamento que apruebe "actividades que escapan a su control". 
En efecto, el Parlamento puede votar lo que desee, el que decide es el Consejo. 
Es evidente que se trata de una manera de reconocer que el Parlamento sólo sirve para avalar democráticamente unas decisiones que no son democráticas. 
Estos dos informes señalan, por otro lado, que se abandona el denominado capítulo social de la CECA precisamente en el momento en que se plantea la adhesión de países a los cuales la Unión Europea tiene la intención de exigir reestructuraciones de sus sectores del carbón y del acero, a fin de que sean "rentables", es decir, ventajosos para posibles inversores occidentales. 
A pesar de este "capítulo social" del Tratado CECA, la reestructuración del sector del carbón y del acero en Europa occidental significó el despido de cientos de miles de trabajadores, un drama para muchos. 
A algunas regiones como Lorena le han costado muchos años para recuperarse de los cierres de empresas y las supresiones de empleos. 
Podemos imaginarnos lo que eso representará para los trabajadores de Polonia, de la República Checa o de Hungría, a los que ni siquiera se les ofrecerán indemnizaciones o jubilaciones anticipadas. 
Más que convertir el saldo de la liquidación de la CECA en fondos de investigación, lo que beneficiará, de una u otra forma, a los empresarios, habría que utilizar íntegramente las sumas disponibles para continuar pagando los salarios de los trabajadores que se echarán a la calle en el marco de las reestructuraciones futuras. 
Por consiguiente, hemos votado en contra de estos dos informes. 
(La sesión, interrumpida a las 13.24 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Exportación de armas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0309/2001) del Sr. Titley, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el Segundo informe anual del Consejo (13177/1/2000- C5-0111/2001- 2001/2050 (COS) ) elaborado de conformidad con la disposición operativa nº 8 del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas. 
. 
(EN) Señor Presidente, el 11 de septiembre nos demostró que el mundo en que vivimos es muy inseguro. 
Descubrimos que la seguridad, la estabilidad y la economía del mundo son mucho más frágiles de lo que creíamos anteriormente. 
Allí donde pongamos nuestra mirada- ya sea en la lucha contra el terrorismo, los horrores de los Balcanes, la pesadilla de una pequeña ciudad suiza, la anarquía que prácticamente reina en algunas zonas de África- en todas partes surge un tema concurrente: el gran número de armas disponibles. 
Ésta es una de las principales causas de la inestabilidad en el mundo y debemos actuar antes de que la oleada armamentista nos aplaste a todos. 
El Código de Conducta en materia de exportaciones de armas supuso un avance significativo en el control de este comercio. 
Resulta evidente del segundo Informe anual que la cooperación entre los Estados miembros crece rápidamente en términos de aplicar el Código, así como de alcanzar un mayor entendimiento mutuo de su interpretación. 
Tampoco hay ninguna duda respecto a que existe una mayor coherencia de las políticas en materia de exportación de armas en relación con la seguridad. 
Existe mucha más transparencia en las políticas de control de armas. 
La mayoría de los Estados miembros, excepto Austria, Grecia y Luxemburgo, ya elaboran sus propios informes anuales, aunque con gran variación de la calidad de la información proporcionada. 
Vale la pena observar que la ONG "Safer World" pone el Informe anual del Reino Unido, presentado por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Robin Cook, como ejemplo para otros países. 
La influencia del Código transciende la UE: todos los países candidatos a la adhesión, el EEE, los Estados de la AELC, Canadá y Turquía ya han suscrito los principios del Código de Conducta. 
Los Estados miembros también están intentando que se apliquen estos principios en foros internacionales más amplios. 
Sería un error subestimar la importancia de lo que se ha logrado o el considerable cambio de mentalidad que se está produciendo entre los Estados miembros en este campo. 
No obstante, existen ámbitos en los que el Código debe ser reforzado. 
Los principios del Código se verán constantemente debilitados si no se adoptan medidas de control y concesión de licencias a los agentes comerciales de armas. 
Es inconcebible que en muchos países sea necesaria una licencia para poseer una pistola, pero no para comerciar con armas de todo tipo. 
Algunos de estos agentes comerciales son hombres de negocios legítimos; muchos, sin embargo, son poco más que mercaderes de la muerte. 
Es absolutamente prioritario que se adopten medidas en este ámbito. 
Asimismo, el control de las actividades de las empresas de armamento de la UE se verá inevitablemente comprometido por la autorización descontrolada de la producción fuera de la UE. 
Necesitamos además un sistema más armonizado de provisión de datos sobre el empleo final, certificación y aplicación. 
Los controles de las exportaciones oficiales son importantes, pero el tráfico ilegal de armas es nuestro mayor problema. 
Saludo los esfuerzos de los Estados miembros con respecto a la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio ilegal de armas ligeras y de pequeño calibre, y recuerdo al Parlamento que el término incluye cosas como misiles portátiles tierra-aire. 
Lamento profundamente la actitud de los Estados Unidos respecto a dicha conferencia y la influencia de su grupo de interés en favor de las armas. 
Sólo cabe esperar que los recientes acontecimientos lleven a los Estados Unidos a reflexionar sobre la necesidad de una asociación global para eliminar las causas de la inseguridad. 
Necesitamos una campaña mundial en contra de este comercio ilegal. 
Mayor transparencia es el guardián de nuestra seguridad en este ámbito. 
A pesar de los rápidos avances alcanzados, me gustaría que todos los países presentaran públicamente los informes anuales disponibles sobre las exportaciones en un formato común concertado. 
El Informe anual del Consejo debería ser más explícito, como explico en mi informe. 
Naturalmente nos gustaría fomentar un mayor escrutinio de las políticas sobre armas por parte de los Parlamentos de los Estados miembros. 
Fue para mí motivo de gran satisfacción que el pasado año los Estados miembros acordaran una Lista común de equipos militares a los que el código es aplicable. 
Ahora necesitamos una lista común de seguridad no militar y equipos de policía, y me complace aceptar las enmiendas sobre este asunto. 
La lista, sin embargo, debe ser significativa y proporcionar la base de medidas eficaces en este ámbito y no ser una declaración de intenciones. 
No ganaremos la guerra al terrorismo- tema que actualmente está en boca de todos- a menos que controlemos las armas, las herramientas de este comercio mortífero. 
Éste es el reto al que ahora nos enfrentamos y es incluso más importante hoy de lo que era hace un año por estas fechas, cuando debatimos el primer informe anual. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al Sr. Titley por su informe tan serio y edificante. 
Sus esfuerzos, al igual que las contribuciones constructivas de otros colegas, han logrado que casi se haya alcanzado un consenso sobre un tema muy sensible "el control del comercio de armas". 
A la luz de los ataques en América, aumenta la idea de que la enorme diseminación de armas en el mundo propicia la inestabilidad en países que constituyen un caldo de cultivo para el terrorismo. 
Como muy bien se ha señalado en el informe Titley, el Código europeo de 1998 constituye un importante avance hacia una política europea más coherente y transparente en materia de exportación de armas. 
No obstante, al mismo tiempo, se han señalado algunas deficiencias y lagunas; volveré a referirme a cinco de ellas. 
En primer lugar, los informes anuales de los Estados miembros no están armonizados. 
Algunos países como, por ejemplo, Gran Bretaña e Irlanda describen con detalle las licencias concedidas, las cantidades y el valor de las armas exportadas. 
Otros países, como Austria y Grecia, no dan en absoluto información sobre las licencias concedidas. 
De esta forma, por supuesto, es difícil realizar una evaluación eficiente y eficaz. 
El informe anual debería, por tanto, cumplir una serie de normas. 
Cada licencia concedida debería verse acompañada de una descripción detallada del material, el intermediario y el usuario final. 
En el caso de las licencias que se rechacen, debería informarse más detalladamente de los motivos del rechazo. 
En África, los usuarios finales oficiales de las armas procedentes de Bulgaria son Togo y Burkina, pero en realidad, se destinan a Liberia y a los rebeldes de Sierra Leona. 
Las embajadas de los Estados miembros de la UE podrían ejercer un control más estricto en esas zonas. 
Así mismo, deberían adoptarse sanciones respecto de los países de tránsito que violan los embargos de armas. 
En tercer lugar, debe existir, en mi opinión, un mejor control sobre la producción bajo licencia de equipos militares en el extranjero a través de empresas de la UE o en el marco de acuerdos de cooperación industrial. 
No es aceptable que en un determinado país se rechace una licencia de armas y que los fabricantes de armas sorteen esa prohibición suministrando piezas que se ensamblan en el lugar en cuestión. 
Una cuarta deficiencia es que no existe en absoluto control sobre los agentes comerciales de armas, cada vez más numerosos desde el final de la Guerra Fría. 
De los quinientos millones de armas de pequeño calibre que circulan por todo el mundo, entre el cuarenta y el sesenta por ciento son ilegales, según la ONU. 
Una última deficiencia grave del Código de Conducta de la UE es no ser jurídicamente vinculante. 
En este momento, es un "gentlemen's agreement" libre. 
No pueden imponerse sanciones a aquéllos que violen el Código. 
Por último, señor Presidente, quisiera manifestar la esperanza de que el Código de Conducta de la UE constituya la base de un código mundial relativo a la exportación de armas. 
No tiene ningún sentido que Europa se esfuerce por controlar el comercio de armas, mientras que China y Rusia continúan exportando armas de forma ilimitada a las zonas envueltas en crisis. 
La conferencia de la ONU celebrada en julio sobre esta cuestión fue una oportunidad perdida, y creo que esta materia debe continuar formando parte de manera permanente del diálogo transatlántico. 
Señor Presidente, el Sr. Titley ha elaborado un excelente informe sobre el Código de Conducta relativo a la exportación de armas, tal como se podía esperar de él; nuestras felicitaciones por ello. 
El informe cuenta, naturalmente, con el apoyo de todo nuestro Grupo de los socialdemócratas europeos. 
De ahí que quiera limitarme no tanto a las cuestiones técnicas del informe, sino a algunas observaciones generales. 
Durante la votación del informe Titley el 11 de septiembre en la Comisión de Asuntos Exteriores, llegaron las primeras informaciones sobre los terribles ataques acontecidos en los Estados Unidos. 
La Unión Europea ha reaccionado de forma adecuada y coherente ante los mismos. 
Todos los medios disponibles se han empleado en todos los pilares. 
Uno desearía ver la misma energía en otros ámbitos. 
La UE si quiere, puede. 
Cuando se trata de la exportación de armas, debemos hacer lo mismo con el Código de Conducta, que se ve limitado esencialmente por el artículo 296 del Tratado CE que protege los intereses en materia de seguridad nacional. 
Se trata de un concepto tan vago que los Estados miembros pueden hacer más o menos su propia voluntad cuando así lo desean. 
En qué pueden diferir los intereses en materia de seguridad nacional de los de la Unión Europea es, por lo demás, algo que nunca me ha quedado muy claro. 
Los acuerdos relativos a la exportación de armas se caracterizan, además, por una gran libertad, pero también, por ejemplo, por tratarse de acuerdos no cerrados en cuanto al usuario final de las armas exportadas. 
De ahí la ausencia de un planteamiento de carácter europeo y eficaz. 
No se hace pública toda la información relevante, y eso dificulta la transparencia de la política. 
Los informes anuales están bien, pero por supuesto, las acciones comunes son mejores. 
El informe del Sr. Titley menciona algunos ámbitos dignos de atención, tales como la diseminación desestabilizadora de armas ligeras. 
Con ellas se provoca un gran caos en algunas partes del mundo. 
El comercio de estas armas mantiene, así mismo, fenómenos como el de los niños soldado. 
Mi Grupo quiere que éste se convierta en un ámbito prioritario, también en la colaboración con los Estados candidatos, los países del Pacto de Estabilidad y países como Ucrania y Rusia. 
Sabemos que muchas de las armas ligeras que circulan por el mundo proceden de estos países. 
La UE debe recurrir a todos los medios para abordar conjuntamente con estos países el comercio frecuentemente criminal de armas. 
También aquí se necesita una nueva coalición internacional. 
A la luz del 11 de noviembre, también es importante que los acuerdos de exportación sobre las llamadas mercancías de dual-use se hagan más estrictos. 
Siento curiosidad por las discusiones que sin lugar a dudas ya se celebran de forma secreta. 
Los ciudadanos quieren saber cómo se maneja la política de exportación a fin de evitar que un conocimiento equivocado caiga en manos equivocadas. 
Véanse los mensajes sobre terrorismo y la utilización de armas de destrucción masiva. 
También sobre esa cuestión es necesaria una mejor colaboración con Europa del Este y la Comunidad de Estados Independientes. 
¿Qué va a suceder en el ámbito de la exportación del software encriptado? 
¿Se lograrán nuevos acuerdos al respecto? 
Lo mínimo que puede pedirse al Consejo y a la Comisión es una indicación del papel que puede desempeñar una política de exportación de armas mejor organizada en la lucha contra el terrorismo. 
En mi opinión, puede reabrirse el debate sobre el artículo 296. 
La exportación de armas debe convertirse en una parte integral de la nueva política de seguridad de la UE. 
Sólo entonces, ésta realmente funcionará de forma eficaz. 
Señor Presidente, acojo favorablemente buena parte de lo que contiene el informe, en particular, la necesidad de transparencia, la cuestión relativa al empleo final de las armas y el comercio ilegal de armas. 
Como ha mencionado el Sr. Titley, el control de las armas ligeras es importante. 
Es un problema grave, como hemos visto en los trágicos acontecimientos en Suiza. 
Debe existir un mecanismo para controlar los equipos de seguridad y policiales de carácter no militar. 
Pero no apoyo la idea de una industria europea de defensa y debemos examinar cómo eliminar la industria de defensa. 
Los trágicos acontecimientos ocurridos recientemente en los Estados Unidos han supuesto en realidad un estímulo para las fábricas de armas. 
Me referiré a una en particular porque es importante para Irlanda, me refiero a Raytheon. 
El precio de las acciones de esta empresa ha experimentado una subida del 40% como consecuencia de los acontecimientos del 11 de septiembre y desde entonces. 
En primer lugar, debemos analizar toda la cuestión de la producción de armas. 
He mencionado Raytheon porque es irónico que, a pesar del proceso de paz en Irlanda del Norte, algunos galardonados con el premio Nobel de la Paz daban la bienvenida desde una tribuna a Derry Raytheon, una de las empresas de fabricación de armas más grande del mundo. 
Es atroz alentar a los fabricantes de armas, o de sus componentes, en un lugar donde las personas se matan unas a otras cada día con armas, para que estos productos sean luego enviados a otras partes del mundo para causar estragos y penurias. 
No queremos paz aquí y guerras en otras partes del mundo. 
Deberíamos estudiar cómo poner fin por completo al comercio de armas, y es inaceptable que un gobierno apoye una industria responsable de muerte y destrucción en todo el mundo. 
En lo que respecta a las armas de tortura, tenemos una situación en la que estas armas son enviadas a determinadas partes del mundo con el sello de la UE. Esto es completamente inaceptable. 
En mi país, Irlanda, recientemente se ha producido un incremento de la industria de armas, principalmente en relación con la fabricación de armas para empresas estadounidenses. 
Esta fabricación comprende principalmente componentes, pero con independencia de si se trata de componentes o de armas listas para ser utilizadas, no deberíamos aceptar la producción de armas. 
Existen modos mucho más beneficiosos de crear empleo para las personas de una zona determinada que la producción de algo que se utiliza para matar a otro ser humano. 
Señor Presidente, nuestro Grupo, en principio, está de acuerdo con el informe del Sr. Titley, que ha desarrollado una excelente labor en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Hay algunos aspectos en los que no coincidimos, como puede ser el mencionado por la industria de la defensa, pero, en general, ese esfuerzo por conseguir transparencia y por que la Unión Europea desempeñe un papel crucial, yo diría protagonista, en el proceso de desarme mundial y también en la consecución de la paz es positivo y, por eso, pensamos que es un buen informe. 
Sin embargo, hay aspectos que podrían mejorarse, sobre todo a la vista del triste acontecimiento del 11 de septiembre, a partir del cual Norteamérica está fomentando la venta de armas de forma indiscriminada a los que piensa que son posibles amigos suyos en la lucha contra el terrorismo. 
Pensamos que son momentos para adoptar una clara conducta de transparencia evitando ese doble rasero, y por ello hemos presentado, a través de nuestro diputado el Sr. Brie, un conjunto de enmiendas que intentan, precisamente, evitar estos defectos- como puede ser que a través de terceros países se vendan armas a países que están contraviniendo los acuerdos de la Unión Europea, por ejemplo, Turquía o Israel, bombardeando o atacando a los palestinos, o Pakistán- y por ello conviene tener más control sobre esas ventas. 
También pensamos que es importante- lo ha dicho el Sr. Titley en su intervención- incluir el terrorismo como objetivo. 
Y por último, también pensamos que es imprescindible, para poder mejorar la transparencia, que la propia Comisión haga un informe que clarifique este conjunto de aspectos para que el papel de la Unión Europea sea mucho más importante y más decisivo en la consecución de un mundo en paz y en desarme. 
Señor Presidente, aquellos que declaran estar entregados a la lucha contra el terrorismo deben liberarse de toda hipocresía y condenar a los que llevan a cabo los peores actos de derramamiento de sangre bajo la capa de luchadores por la libertad. 
En Dublín, este fin de semana, Gerry Adams se jactaba de que la campaña de atrocidades del IRA eran los actos de luchadores por la libertad y no los actos de terroristas. 
No es sorprendente que The Wall Street Journal publicara el otro día un artículo en el que se relacionaba a Adams con Bin Laden. 
Acciones, y no sólo palabras, pueden limpiar las manos de aquellas naciones de Europa que han armado y fomentado los objetivos de terroristas y luego se han negado a extraditar a dichos criminales para que sean juzgados debidamente. 
Señor Presidente, hasta hace pocas semanas parecía relativamente clara la distinción entre, por un lado, el armamento tradicional, incluidas las armas ligeras y pesadas, y, por otro, las armas de destrucción en masa, es decir, las nucleares, químicas y biológicas. 
Ahora, cuando un avión civil puede convertirse en un cohete, al ir guiado por un propósito absolutamente destructivo, los propios conceptos de armamento son los que están en entredicho. 
Podemos sentir la tentación de adoptar una actitud a un tiempo relativista, en cuanto a los medios, y demasiado centrada en la seguridad, en cuanto a los procedimientos. 
Creo que, al contrario, más que nunca surge la necesidad de evitar derivaciones no fundamentadas políticamente. 
En el momento por el que atravesamos resulta evidente- creo- la necesidad de acelerar la construcción de una política exterior y de seguridad común dotada de medios apropiados y apoyada en un compromiso conjunto efectivo. 
Dicha política debe avanzar basada en la cohesión, que significa también confianza entre los Estados miembros, y en la coherencia entre los propósitos enunciados y la acción concreta. 
Hoy tenemos ante nosotros un asunto, la exportación de armamentos, más que nunca indicado para aplicar esos principios. 
Naturalmente, sería mejor no tener que hablar de armas, pero, por desgracia, no es ése el mundo en que vivimos. 
El Código de Conducta de la Unión Europea relativo a la exportación de armas, aprobado en 1999, constituye un instrumento básico para la racionalización y el control a ese respecto. 
En cuanto al segundo informe anual del Consejo, a propósito de la aplicación de ese código de conducta, el propio ponente se refiere como positiva a la mayor transparencia y la mayor convergencia de las políticas de exportación de armas de los Estados miembros, así como la adopción de principios comunes por parte de terceros países, pero también realza la necesidad de ir más lejos, contrarrestando el comercio ilegal, ejerciendo un mayor control del corretaje y del destino del armamento. 
De modo que quiero apoyar el tenor de este informe, subrayando una vez más la necesidad de coherencia y cohesión a este respecto. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, por supuesto, es bueno que exista un informe semejante sobre el comercio de armas. 
También es bueno que haya un Código de Conducta europeo. 
No obstante, espero que las circunstancias dramáticas a las que nos enfrentamos nos den también la oportunidad de avanzar. 
Por ejemplo, de hacer vinculante este Código de Conducta, tal como muy bien propone el Sr. Titley en su informe. 
Y también para avanzar, finalmente, en el control del comercio de armas. 
Queremos el control del comercio de armas, pero si no se controla el certificado del end user, entonces tampoco se puede controlar si el comercio de armas es legal o no. 
Así mismo la producción bajo licencia de los Estados miembros de la UE en terceros países es todo un tema. 
A fin de cuentas, tendrá que llegar el momento en que contemos con listas negras, de manera que no suministremos armas en ningún caso, que eso sea controlado y también sancionado. 
Señor Presidente, valoro la labor del Sr. Titley y reconozco los esfuerzos realizados para dar cabida al punto de vista de la sociedad civil sobre la exportación de armas. 
Sin embargo, quiero destacar algunos límites: en primer lugar, las armas ligeras. 
La Conferencia de las Naciones Unidas del mes de julio fue un fracaso y creo que la Unión Europea debería volver a lanzar con fuerza su compromiso en aras de la reducción. 
Por lo que respecta a la transparencia, creo que la misma continúa siendo demasiado parcial y que debería ser obligatoria una votación parlamentaria sobre la exportación de armas. 
Tampoco se hace referencia al acuerdo OCCAT que, en realidad, no es sino una tapadera de la cooperación industrial, a través de la cual se mueven legislaciones como la italiana que relacionan la posibilidad de exportar armas con el respeto a los derechos humanos. 
Existe asimismo una política de control sobre las exportaciones de armas que debe guardar relación con la política exterior común europea. 
En definitiva, aunque considero importante el informe Titley, pienso- éste es mi punto de vista, y no le corresponde al informe Titley- que la Unión Europea se tiene que plantear como objetivo el desarme y no el rearme en estos trágicos momentos. 
Señor Comisario, discúlpeme si sólo me dirijo a usted, pero los asientos del Consejo están vacíos. 
Quiero afirmar que encuentro muy interesante la comunicación del Consejo y muy importante este Código de Conducta, así como muy decoroso el debate en curso, aunque debemos interrogarnos sobre la eficacia de todo esto. 
Hemos de tener el valor de profundizar el discurso en torno a estos nudos aún pendientes. 
El primero de ellos, ya mencionado por todos los oradores, es la necesidad de traducir este Código en ley, es decir, en un instrumento jurídicamente vinculante, dado que, hoy por hoy, todo queda supeditado a la buena voluntad de los Estados miembros de la Unión Europea, incluso la opción de presentar o no el informe anual, cosa que no todos los Estados miembros han considerado obligatoria. 
Otro nudo pendiente es el del sistema comunitario de control del uso final, del destinatario final de las armas exportadas y de la mediación que en el mercado de las armas, en el tráfico- el término tráfico es quizá más adecuado, más útil- es el verdadero negocio. 
Es grave que todo esto no ocurra; es grave que no exista esta capacidad de control si se piensa, por ejemplo, que probablemente en Afganistán los talibanes lucharán con armas suministradas por Occidente y por algunos Estados de la Unión Europea. 
¿Qué garantías tendremos de que los países candidatos sabrán respetar meticulosamente este código de conducta? 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, respecto a estas preguntas sólo existe un riesgo constituido por nuestra hipocresía al olvidar- como decía un orador- lo lejos que se encuentra un pacto entre caballeros de una ley. 
Por lo tanto, termino reiterando que, mientras este Código no se convierta en ley, seremos culpables, y que la debida referencia en esta comunicación a los valores de la democracia y a la protección de los derechos humanos corre el riesgo de convertirse sólo en una invocación inútil. 
Señor Presidente, el informe es más crítico con las exportaciones de armas de lo que nunca ha sido un informe del Sr. Titley. 
A pesar de ello, tenemos que constatar que ni en el campo del control parlamentario ni en el de la transparencia las exigencias conducen realmente al objetivo. 
En el campo del control parlamentario no existe ninguna exigencia de una norma formal para un dictamen del Parlamento Europeo y esto es lo mínimo para que podamos tener una cierta posibilidad de influir. 
En lo que se refiere a la transparencia, soy aún más crítico. 
Aquí habla el Sr. Titley de la transparencia en forma de un acuerdo marco. 
Pero sabemos que el acuerdo marco entre seis Estados de la UE para promover la defensa de la industria y de un mercado de defensa global es exactamente el procedimiento menos transparente que jamás ha existido, que ancla firmemente lo que había hasta el momento, es decir, la ausencia de control parlamentario y de debate, incluso en la conclusión y ratificación de este acuerdo. 
Esto tiene que cambiar. 
Señor Presidente, es verdad que la producción y el comercio de armas, más aun que el tráfico de drogas y de petróleo, garantiza enormes beneficios al capital multinacional, y especialmente al norteamericano. 
Para aumentar la facturación y los superbeneficios, se promueve- incluso provocando e instigando tensiones, conflictos bélicos y matanzas entre pueblos- la producción y el consumo de todo tipo de armas y material militar. 
Los gobernantes consienten y contribuyen al máximo a que las cosas sigan este rumbo, ya que, como es sabido, el abastecimiento de armas genera enormes comisiones que son satisfechas por las compañías fabricantes. 
Sean cuales sean las intenciones del Sr. Titley, en las actuales condiciones de militarización general y de paroxismo belicoso- con la nueva estructura de la OTAN, con la militarización de la Unión Europea, especialmente con la vergonzante utilización del golpe terrorista en los Estados Unidos -, esta clase de códigos, si es que no constituyen una cortina de humo, no son sino hipocresía o mera declaración de deseos e intenciones. 
En nuestra opinión, se hace necesario controlar estrictamente, limitar, e incluso prohibir la fabricación de todo tipo de armamentos, y no sólo la exportación, como sostiene el informe. 
Pero a la postre esto es asunto del movimiento popular, del movimiento por la paz a escala nacional y mundial al que- ¡por fortuna! -venimos asistiendo últimamente. 
. 
(EN) Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Titley por otro informe excelente e inteligente, como a los que nos tiene acostumbrados y que hemos leído con gran interés. 
Como su informe e intervención han dejado claro, el tema de las exportaciones de armas es tremendamente complejo y es necesaria la estrecha colaboración de todos para abordar sus muchas perspectivas diferentes. 
En el debate ha habido varias intervenciones buenas, algunas de las cuales han hecho referencia a los atroces acontecimientos del 11 de septiembre y sus consecuencias. 
Me gustaría responder a lo que el Sr. Paisley ha dicho, pero como no se encuentra en su escaño, puede que los ángeles se encarguen de transmitirle mis observaciones. 
Estoy de acuerdo con la observación que ha hecho sobre la definición. 
Es muy importante que hagamos esa aclaración. 
Algunos de nosotros de España o del Reino Unido lo hemos sufrido en personal; algunos hemos perdido a amigos que han sido asesinados por terroristas. 
No existe nada parecido a un buen terrorista. 
No existe ninguna distinción entre terrorismo bueno y malo. 
¿Qué es un terrorista? Un terrorista es un hombre o una mujer o, desgraciadamente, un niño engañado que una mañana se propone asesinar a hombres, mujeres y niños inocentes para defender una cuestión política- la propaganda de la acción. 
Eso no está justificado. Nunca está justificado. 
Nunca existen circunstancias atenuantes, del mismo modo que jamás existen circunstancias atenuantes para las muertes extrajudiciales por parte de un Estado. 
Por tanto, espero que cuando comencemos a hablar sobre definiciones, recordemos qué es realmente el terrorismo. 
Tendremos diferentes puntos de vista sobre el origen político del terrorismo. 
Tendremos fuertes opiniones sobre la importancia de intentar encontrar soluciones políticas a algunos problemas. 
No obstante, espero que no estemos moralmente confundidos sobre lo que constituye un acto terrorista. 
Durante el debate sobre el informe del pasado año declaré que la responsabilidad última de las exportaciones de armas recae sobre los gobiernos nacionales. 
No obstante, también está claro que algunos aspectos del comercio de armas entran en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, con la que la Comisión se identifica plenamente. 
La Comisión no escatima esfuerzos para poder avanzar en la aplicación de dichas recomendaciones que forman parte de la competencia comunitaria y estamos dispuestos a colaborar con los Estados miembros allí donde las competencias sean conjuntas, por ejemplo, a la hora de tratar sobre mercancías de uso compartido. 
Como el Parlamento ya sabe, los países asociados de la Europa Central y Oriental, Chipre, Turquía, Malta y nuestros socios del EEE y la AELC han declarado que asumen los criterios y principios contenidos en el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas. 
La Unión continúa prestando asistencia a los países candidatos en sus esfuerzos por adaptar plenamente su legislación y administración a las disposiciones recogidas en el Código. 
Asimismo, la Unión Europea continúa instando a los principales exportadores de armas del mundo a que suscriban los principios y criterios desarrollados en nuestro Código. 
Reaccionaríamos muy favorablemente a la idea de elaborar un código de conducta internacional sobre las transacciones de armas, a condición de que esté basado sobre los mismos principios que el Código de la Unión Europea. 
La Comisión apoya firmemente el llamamiento que hace su Señoría en favor del establecimiento de unas normas comunes sobre el control de la Unión Europea del comercio legal de armas ligeras y de pequeño calibre, así como de controles eficaces de la Unión Europea con vistas a combatir y erradicar el tráfico de estas armas. 
En este sentido, acogemos con satisfacción el acuerdo alcanzado en la Conferencia de las Naciones Unidas de julio de 2001 sobre el tráfico ilícito de armas ligeras y de pequeño calibre. 
A pesar de que el texto final se queda muy corto respecto a las expectativas iniciales de la Unión, marca un importante avance. 
Representa un compromiso delicado y muy reñido, que habría sido inalcanzable hace tan solo un par de años. 
Si todas las partes involucradas adoptaran una actitud más positiva, el acuerdo se convertiría en una herramienta más eficaz de cara a encontrar solución a las preocupaciones de todos los participantes en un futuro. 
Por primera vez, la comunidad internacional ha establecido unos principios sobre medidas nacionales e internacionales que podrían poner freno al comercio ilegal de armas ligeras. 
Estos principios tienen el objetivo de establecer controles fiables sobre la producción, la exportación y el transporte de armas; aplicar marcas fiables a las mismas que permitan rastrear su origen de manera más satisfactoria; perseguir judicialmente su producción y comercio sin licencia; regular las actividades de los agentes comerciales; y destruir los excedentes almacenados y todas las armas confiscadas. 
Se celebrará una nueva conferencia a más tardar en 2006- sospecho que los recientes acontecimientos pueden adelantar esa fecha- y en el período intermedio se celebrarán reuniones bianuales en las que se analizarán los avances realizados en la tarea de convertir los objetivos de las conclusiones en realidad tangible. 
Trabajaremos con ahínco con los Estados miembros para garantizar un seguimiento activo y ambicioso. 
El compromiso de la Unión Europea de concretar medidas en el ámbito de las armas ligeras queda patente en el número de proyectos que están actualmente en marcha o en fase de estudio en diferentes partes del mundo. 
En Camboya, la Unión Europea proporciona ayuda técnica, administrativa y financiera al Gobierno y a algunas ONG seleccionadas para implantar medidas encaminadas a promover la recogida, el control y la destrucción de armas. 
También apoyamos la Operación Rachel, un proyecto conjunto de Sudáfrica y Mozambique para recoger y destruir las armas que quedaron de la guerra civil. 
Proporcionamos equipo a las fuerzas policiales georgiana y oseta en el marco de un programa que consiste en la entrega voluntaria de armas ligeras y su ulterior destrucción en la región. 
También apoyamos el Centro Regional de las Naciones Unidas para la paz, el desarme y el desarrollo con sede en Lima, que trabaja para promover el control de armas ligeras en América Latina y el Caribe. 
Estamos estudiando asimismo otros proyectos en los Balcanes, África y el Pacífico Sur. 
Durante estos últimos meses, los servicios de la Comisión han comenzado a elaborar legislación comunitaria sobre una serie de temas no militares, tales como instrumentos de tortura, que, en nuestra opinión, deberían estar sujetos al Código. 
Los trabajos se acercan a su fin y la Comisión tiene intención de presentar en breve una propuesta al Consejo. Es un primer paso en la búsqueda de soluciones a este problema. 
La compilación de una lista más extensa, que podría incluir artículos que también tienen usos civiles- instrumentos de represión interna, tales como equipos para controlar manifestaciones, por ejemplo- exigirán el compromiso de recursos adicionales importantes. 
Si vamos a asumir una tarea semejante- que supone establecer el uso final de los artículos y, quizá, la identidad del usuario final- necesitaremos más recursos. 
No obstante, prestaremos, como es natural, especial atención a que el Parlamento tenga que decir al respecto. 
El progreso en este ámbito está condicionado a la voluntad de los Estados miembros y del Parlamento de poner a disposición recursos adicionales para estos fines. 
Por tanto, repito nuestra gratitud a su Señoría, señor Titley, por un informe importante. 
Espero que año tras año podamos seguir respondiendo de manera constructiva a lo que su Señoría tenga que decir. 
Cualquiera que contemple la violencia en cualquier lugar del mundo verá que la violencia está asociada a menudo al colapso de los Estados, desde Somalia hasta Sudán, desde Sierra Leona hasta Afganistán; todo aquel que examine la situación creada por el colapso de los Estados sabe hasta qué punto el comercio de armas ligeras es responsable de que la violencia continúe y de que la violencia sea mucho más letal. 
Por eso, este informe es importante, y espero que podamos responder al mismo durante los próximos meses y años con un comportamiento constructivo apropiado. 
Muchas gracia, señor Comisario Christopher Patten. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Situación política y humanitaria en Afganistán 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la situación política y humanitaria en Afganistán. 
A continuación concedo el uso de la palabra al Sr. Comisario Patten. 
. 
(EN) Quisiera comenzar personalmente la intervención de la Comisión y luego, al final del debate, pedir al Comisario Nielson que diga algo sobre la situación humanitaria en la que ha estado muy involucrado en su calidad de responsable de ECHO. 
Si debo abandonar el hemiciclo antes de que finalice el debate, no será porque no aprecie la importancia de lo que se está debatiendo- creo que esta cuestión dominará el panorama internacional durante los próximos meses -, sino porque debo asistir a una reunión importante para preparar la Cumbre UE-Rusia con el Viceprimer Ministro de la Federación Rusa, en la que se establecerán las modalidades para el inicio de conversaciones sobre un espacio económico común europeo. 
Intentaremos acordar los términos de referencia de nuestro trabajo esta noche, antes de nuestra reunión de mañana con el Presidente Putin. 
Habrá otros informes sobre la visita de la Troika en la que tomé parte la semana pasada con el Ministro de Asuntos Exteriores belga, que ostenta la Presidencia, y con el Ministro de Asuntos Exteriores español- la próxima Presidencia- que fue prueba de nuestro compromiso con los asuntos que hoy nos ocupan. 
Con mi amigo y colega Sr. Solana visitamos Pakistán, Irán, Arabia Saudí, Egipto y Siria, todo ello en el espacio de cuatro días y medio con sus noches, durante los que la actividad fue intensa y no hubo mucho tiempo para dormir. 
Sólo quisiera decir dos o tres palabras sobre esa visita y hacer dos o tres reflexiones sobre la situación política en Afganistán, y dejar los temas humanitarios, de importancia tan apremiante, al Comisario Nielson. 
A continuación, me gustaría decir una palabra sobre un proyecto de reglamento que la Comisión ha adoptado hoy. 
Los objetivos de la visita de la Troika eran de una triple naturaleza. 
En primer lugar, queríamos dejar claro a los países islámicos que visitamos que la campaña contra el terrorismo no es una campaña de Occidente contra el Islam. 
No es una campaña de Europa y Norteamérica contra los países más pobres del planeta. 
Es una campaña de gobiernos respetables de cualquier país contra los que intentan imponer sus argumentos políticos a través del asesinato y el caos. 
Es una lucha, en mi opinión, entre los que están a favor de la civilización, con sus diferentes creencias religiosas, y los que representan las fuerzas que siempre han estado en contra de los valores civilizados. 
Defendimos firmemente este argumento en cada uno de los países que visitamos. 
Para mí es muy importante reconocer que si queremos dejar clara en todo el mundo la cuestión de que los derechos humanos son universalmente válidos, incluido el derecho a no ser asesinado por terroristas- si queremos defender con éxito ese punto en todo el mundo- es muy importante que, a la hora de tratar sobre estos asuntos, no demos la impresión de que tenemos el monopolio de la virtud, de que en Europa somos perfectos. 
Asimismo es excepcionalmente importante que no admitamos que los derechos humanos tienen un peso diferente según el continente en el que nos encontremos. 
Se siente exactamente lo mismo cuando se es torturado, independientemente del país en que nos encontremos. 
Es exactamente lo mismo cuando alguien, periodista o editor, es encarcelado porque discrepa con el gobierno, con independencia del país en cuestión. 
Creo que mermamos la integridad de nuestro argumento si damos la impresión de que, en cierto modo, las diferentes civilizaciones tienen enfoques fundamentalmente diferentes de los derechos humanos. 
Lo que intentábamos exponer es que a raíz de los atroces sucesos del 11 de septiembre, cabe esperar que también sucedan cosas buenas. 
La adversidad a veces nos brinda la oportunidad de ser constructivos, positivos y de construir un futuro mejor. 
Una de las cosas que dijimos en Pakistán, Irán y en todas partes es que ahora tenemos la oportunidad- a raíz de los terribles hechos acaecidos- de abrir algunas puertas y ventanas que han permanecido cerradas durante demasiado tiempo. 
En tercer lugar, afirmamos que es un tópico, un lugar común, cuando se habla del 11 de septiembre- como sucediera con la caída del Muro de Berlín- decir que nada volverá a ser lo mismo. 
Pero es realmente cierto. 
Nada volverá a ser del todo igual que antes. 
Un modo de asegurarnos de que nada volverá jamás a ser igual que antes es intentar garantizar esta vez que el multilateralismo, la cooperación internacional, se vuelve mucho más eficaz tras estos terribles acontecimientos de lo que quizá haya sido desde los años cuarenta. 
Ése es el reto que se nos plantea: garantizar que cuando debatimos convenios contra el terrorismo en las Naciones Unidas, todo el mundo los suscribe y todo el mundo los aplica. 
Éstos son los retos de carácter práctico a los que nos enfrentaremos durante las semanas, los meses y años venideros, cuando estos sucesos hayan desaparecido de los titulares de los periódicos. 
Ésas fueron las tres cuestiones que nosotros- las cuatro personas que componíamos la Troika en cuestión- defendimos insistentemente en cada una de nuestras paradas. 
Respecto a la situación política en Afganistán, sobre la que tuvimos ocasión de tratar con Pakistán e Irán, hubo naturalmente disparidad de opiniones sobre la situación. 
En Irán, por ejemplo, las posturas sobre los talibanes están muy radicalizadas. No es sorprendente si tenemos en cuenta el número de diplomáticos iraníes que fueron asesinados hace unos tres años por los talibanes en Afganistán. 
Todo el mundo está de acuerdo en que la situación política en Afganistán sigue siendo muy incierta. 
Las noticias que llegan de los países vecinos apuntan a que el régimen talibán está en un estado de decadencia irreversible. 
También hay noticias que hablan de algunos éxitos militares de los talibanes y de una vuelta a lo que pasa por ser una especie de normalidad nefasta en Kabul. 
Los talibanes siguen sin dar muestras reales de estar dispuestos a entregar a Osama Bin Laden ni de animarle de manera convincente a que abandone el país de forma voluntaria. 
La Alianza del Norte, la fuerza opositora, se ha declarado dispuesta a unirse a los esfuerzos de los Estados Unidos y de la coalición internacional. 
Tras la muerte del Comandante Masud el 8 de septiembre- y sé que realizó una importante visita al Parlamento no hace mucho tiempo- la cohesión a esta alianza se ha vuelto más incierta. 
De lo que no hay ninguna duda es que una solución totalmente militar en Afganistán no es posible. 
Pakistán así como Irán, donde como he dicho existen opiniones muy diferentes sobre la situación en Afganistán, coincidían en que sólo un gobierno de una base amplia, formado por representantes de todas las facciones y grupos étnicos del país y que tenga en cuenta las preocupaciones en materia de seguridad de los países vecinos, puede iniciar el proceso de devolver Afganistán a la normalidad y allanar el camino de la reconstrucción. 
El medio de lograrlo puede ser a través del mecanismo de Loya Jirga o la Gran Asamblea. 
Sería el pueblo afgano el que decidiera qué tipo de proceso de Loya Jirga quiere y qué papel podrían desempeñar los diferentes personajes políticos en dicho proceso. 
Repito que existe una percepción compartida de lo que debería ser el resultado: un gobierno con una representación amplia. 
Cómo llegar hasta ese gobierno de amplia representación es incomparablemente más difícil de averiguar, pero existe también una percepción compartida de que el mundo exterior- ni siquiera en la forma de las Naciones Unidas- no puede imponer una solución política a Afganistán. 
Podemos y deberíamos intentar facilitar una solución política, y una vez que la hayamos facilitado no deberíamos dar la espalda al país. 
Debemos garantizar que un gobierno mejor, que surja de este país triste y amargado, contará con el apoyo a largo plazo de la comunidad internacional para su reconstrucción a partir de la ruina que ha dejado la ferocidad medieval desatada sobre Afganistán durante los últimos años. 
Quisiera hacer otra observación. 
En la Comisión hemos adoptado hoy un proyecto de reglamento sobre medidas específicas encaminadas contra determinadas personas y entidades con vistas a luchar contra el terrorismo internacional. 
El proyecto de propuesta incluye a todas las personas y organizaciones que podrían estar relacionadas con el atentado del 11 de septiembre que se incluyen en la orden ejecutiva estadounidense emitida por el Presidente Bush la semana pasada. 
Pero adopta la forma de un reglamento marco que podría servir de vehículo para una campaña más amplia contra la financiación del terrorismo. 
Este reglamento, que tiene una urgencia considerable, se presenta sobre el fundamento del artículo 308, por motivos que estoy seguro de que no necesito exponer ante el Parlamento. 
En estas circunstancias estaríamos muy agradecidos si el Parlamento pudiera plantearse un procedimiento de urgencia que, en lo posible, permita completar el procedimiento de consulta durante este período parcial de sesiones. 
Acto seguido podríamos presentar el proyecto de reglamento al Consejo de Asuntos Generales el próximo lunes. 
Sé, señora Presidenta, que el Presidente de la Comisión le remitirá una carta en estos términos. 
Somos conscientes de las dificultades. 
No queremos de ninguna manera recortar el examen de esta importante medida; pero si pudiera hacerse con toda celeridad transmitiría las señales adecuadas. 
Sería una oportunidad de demostrar que en circunstancias excepcionales, las instituciones comunitarias pueden actuar con gran rapidez. 
Con ello no sólo enviaríamos un señal de la firmeza de nuestra determinación de hacer frente a los retos que representan el atentado del 11 de septiembre, sino que además demostraríamos que las instituciones de la UE son capaces de responder a situaciones de crisis. 
Terminaré mis observaciones con esta puntualización. 
Hasta ahora hemos demostrado, en las propuestas presentadas por mi amigo y colega Sr. Vitorino hace un par de semanas, que a pesar de que a veces somos el blanco del humor de la gente por la lentitud de nuestras reacciones, cuando realmente importa podemos reaccionar muy rápidamente y de una manera integral y podemos demostrar en la práctica cuál debería ser el significado de multilateralismo. 
Si existe una institución en el mundo, si existe un grupo de países en el mundo, que demuestre las ventajas del multilateralismo, de debatir cuotas pesqueras o presupuestos en vez de asesinarnos unos a otros, ésa es la Unión Europea. 
Esto, a mi entender, nos hace especialmente responsables de demostrar liderazgo en las próximas semanas y meses y espero que estemos a la altura con este reglamento esta semana. 
Señora Presidenta, tal y como ha expuesto el Sr. Patten, con cuatro grupos aeronavales dirigiéndose al Mar de Omán y al Golfo Pérsico, lo menos que se puede decir de la situación de Afganistán es que es una situación incierta. 
Hasta el propio Presidente de Pakistán- país en el que en los últimos día ha habido tremendas manifestaciones de apoyo al régimen talibán- ha dicho de forma muy clara que el régimen talibán tiene sus días contados. 
Es claro que el ofrecimiento de abrir el gobierno de tres provincias de Afganistán y la desbandada de personas que están huyendo del país para no ser movilizadas contra una posible intervención de la alianza internacional, ponen claramente de manifiesto esta situación. 
Si a este hecho le añadimos la decisión tomada ayer en Roma de crear un Consejo Supremo de Unidad Nacional dirigido a constituir un Gobierno provisional y a nombrar un Jefe del Estado, podemos realmente llegar a la conclusión de que las cosas están evolucionando día a día en este país. 
Ante este contexto, señora Presidenta, ¿cual debería ser la actitud de la Unión Europea? 
Pues bien, yo creo que la Unión Europea, ante esta situación de crisis en la región, tiene que presentarse como un factor de estabilidad y de moderación. 
La Unión Europea tiene que contribuir a la instauración de un régimen democrático en Afganistán. 
La Unión Europea tiene que favorecer la plena vigencia del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el país, desconocidos por el régimen talibán, tal y como se proponía en la misión realizada por el Comisario Sr. Patten con la Troika. 
Y la Unión Europea tiene al mismo tiempo que integrarse en la alianza internacional a la que hacía referencia ayer el Secretario General de las Naciones Unidas con motivo de la inauguración de la Asamblea General. 
Y por último, señora Presidenta, la Unión Europea tiene que prestar su concurso a una ingente tarea humanitaria. 
No debemos olvidar que el 25% de los 22 millones de afganos va a sobrevivir gracias exclusivamente a la ayuda internacional. 
Pero es importante señora Presidenta que la Unión Europea no cometa una serie de errores. 
El primero, apoyar a unos gobernantes que no cuenten con apoyo popular suficiente, como pasó en la primera crisis de Afganistán hace una década. 
En segundo lugar, que la Unión Europea no cometa el error de realizar acciones indiscriminadas y que no persigan objetivos concretos. 
Porque no debemos olvidar, señora Presidenta, que el objetivo no debe ser dominar un territorio que, ciertamente, es estratégico, sino no favorecer la acción de elementos extremistas que puedan provocar el derrocamiento de regímenes como los de Arabia Saudita, Pakistán o Egipto y convertir a Bin Laden en un mártir o en un líder militar político o, lo que sería más grave, religioso o espiritual. 
Creo, señora Presidenta, para terminar, que tenemos que expresar nuestro total apoyo a la propuesta del Sr. Patten y conducirnos con la máxima diligencia y eficacia en apoyo de las propuestas aprobadas por la Comisión en el día de hoy. 
Señora Presidenta, Afganistán es un país que cuenta con una renta media por habitante de 800 dólares. 
Es, con ello, el país más pobre de Asia y el quinto más pobre del mundo. 
Hay unos cinco millones de personas que dependen de programas alimentarios. 
Varios millones viven en el lado iraní. 
Varios millones viven en el lado paquistaní. 
Ahora, las fronteras están cerradas, pero se espera que todavía huya un millón. 
El PMA y el ACNUR están un aprieto, ya que no pueden trabajar en el país. 
Todavía hay algunas organizaciones internacionales que cuentan con buenas estructuras y aún pueden ofrecer ayuda. 
La Comisión ha prestado mucha ayuda en los últimos años a través del programa ECHO. 
Quisiera que el Comisario Nielson se refiriera a continuación ampliamente a la ejecución del mismo. 
Sabemos que realmente estamos en un terrible aprieto. 
En tanto Europa, debemos hacer más. 
No podemos rebasar esas fronteras. 
Podemos utilizar parcialmente la estructura del país. 
También el ACNUR y el PMA se encuentran en un aprieto. 
En realidad, quisiera subrayar las palabras pronunciadas por el Sr. Lubbers, el Alto Comisario del ACNUR, cuando señala que "realmente también necesitamos una nueva coalición que se encargue, por así decirlo, del gran drama humanitario que se está produciendo". 
Conscientemente me aparto del debate de mañana sobre cuestiones de seguridad que, incluso, es mucho más amplio. 
No obstante, en cuanto a este debate en concreto. 
Tendremos que actuar en Irán. 
Tendremos que actuar en Paquistán junto con el ACNUR. 
En tanto Europa, tendremos que hacerlo. 
En este momento, cada uno de los Estados miembros ha aportado muy poco dinero. 
Vacilan. 
Esperan. 
La Comisión Europea ha adoptado buenas iniciativas al respecto. 
Felicito por ello al Comisario Nielson y a la Comisión, pero es necesario construir ahora esa coalición. 
Si no estamos en situación de abordar de forma conjunta esa cuestión humanitaria, llegará el momento en que nos pasen la cuenta política. 
Os repartís el mundo. 
Estás en tu propio lado y no al nuestro. 
No se trata de "ellos" o "nosotros", sino de nuestra responsabilidad conjunta para actuar. 
Espero, en nombre del Grupo socialista, que la Comisión, en estrecha colaboración con todos los implicados, las ONGs internacionales, el ACNUR, el PMA; en Irán, en Paquistán; con las iniciativas que el Comisario Patten acaba de adoptar, logre transmitir a tiempo la señal de que se ha creado una nueva coalición mundial para la ayuda humanitaria en esa región. 
Señora Presidenta, el Comisario Patten ha dicho acertadamente que nuestra lucha no es contra el Islam. 
Yo digo que nuestra lucha es contra los que abusan del Islam y convierten los principios del Islam en armas contra personas inocentes. 
Del mismo modo, tampoco luchamos contra el pueblo afgano. 
Nuestra lucha es contra Bin Laden que se refugia en Afganistán y con los talibanes, parecen ser prácticamente uno y el mismo, y lamentamos la situación del pueblo afgano. 
Ya es uno de los países más pobres de la Tierra. 
Dos millones de refugiados afganos viven en la República Islámica de Irán, donde ya llevan varios años. 
Es triste comprobar la poca ayuda internacional que han recibido estos refugiados o sus anfitriones, el Gobierno iraní. 
Estos refugiados huyeron de la hambruna severa y de la total brutalidad en Afganistán en busca de refugio en Irán, hacia donde un gran número de nuevos refugiados se dirige actualmente. 
El terror psicológico que nuestra nueva alianza contra el terrorismo ha causado acertadamente en la región está provocando nuevos éxodos de otros muchos millones de refugiados. 
Debemos preguntarnos cómo podemos salvar vidas. 
Siempre hemos apoyado a las ONG. 
Quizá la ayuda interinstitucional que hemos prestado haya sido menor. 
Ruego aquí a la Comisión que estudie detenidamente cuál es el mejor modo de aunar nuestros esfuerzos con aquéllos de las Naciones Unidas, en particular del ACNUR y de la Organización Mundial de la Salud, porque la ONU es la única que puede dirigir la magnitud de la ayuda necesaria en semejante situación en términos de alimentos, ropa, refugio y todo lo necesario para cubrir las necesidades básicas. 
Pido a la Comisión que ayude a los refugiados que ya han huido y se han instalado en otros países. 
Quisiera incluir aquí a los 3,5 millones de refugiados iraquíes que se encuentran en la región. 
Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar. 
Señora Presidenta, en lo que al aspecto humanitario de esta catástrofe se refiere, puedo sumarme totalmente a las palabras pronunciadas por el Sr. Van den Berg. 
Al mismo tiempo, se trata de una pregunta, una pregunta dirigida realmente al Consejo, pero no está presente. 
Por tanto, quiero formular una pregunta al Comisario. 
Una cuestión importante en la prestación de la ayuda es la protección de las personas que la prestan. 
Resulta extraordinariamente peligroso prestar la ayuda necesaria ¿Sabe la Comisión si los países europeos están dispuestos a apoyar militarmente a las personas que prestan esa ayuda? 
Ahora, la cuestión de la relación política, la relación política entre la UE y Afganistán ¿En qué no consiste esta relación? 
Seamos claros al respecto. 
No se trata de armar a la Alianza del Norte. 
Tampoco de derribar a los talibanes e, incluso, tampoco se trata del juego de hacer de enfermera para los heridos y expatriados una vez que el hermano mayor americano ha atacado ¿Cuál sí es, entonces, el papel de la Unión Europea o cuál debería ser? 
Uno, creo que sería positivo que, en tanto Unión Europea, al igual que ha sucedido en las últimas dos o tres semanas, influyamos de forma moderada en los Estados Unidos a fin de no causar víctimas civiles innecesarias en el derribo de los talibanes. 
Se trata de una condición extraordinariamente importante para cualquier coalición de cara al futuro. 
Dos, por favor, no cometamos el mismo error de hace quince años, y eso es aplicable tanto a Estados Unidos como a Europa, cuando apoyamos a los mujaidines en la lucha contra la presencia rusa en Afganistán saturando el país con armas y, después, nos fuimos. 
No puede ser. 
Creo que Joschka Fischer, el Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, ha respondido bien: no podemos permitirnos ningún otro agujero negro en el mapa mundial. 
Ahora mi punto más importante. 
Creo que una cuestión debe tener prioridad en toda prestación de ayuda, militar, financiera, política, económica a la oposición afgana, ahora y en el futuro, sea o no monarquía; a saber, esta ayuda conlleva obligaciones. 
No puede ser que, a continuación, un régimen decida de nuevo suspender la democracia y los derechos humanos. 
La lección de la Guerra Fría es, en mi opinión, o debería ser, que no todo enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo. 
A los amigos, precisamente, hay que señalar de forma abierta y crítica el respeto de la democracia y los derechos humanos. 
Y eso también debería ser aplicable a todo respaldo prestado a cualquier oposición afgana. 
Por último, si la lucha contra los talibanes o si el derribo de los talibanes también tiene lugar en nombre de la lucha contra un régimen extraño que lleva ya más de cinco años violando los derechos humanos, por ejemplo, en el caso de los derechos de la mujer, considero que se trata de una motivación justa para esta lucha. Entonces, debemos ser consecuentes y debe conllevar consecuencias para otros países de la región. 
No puede ser que un país como Arabia Saudita escape a nuestra atención porque ahora forma parte de nuestra coalición, ya que allí también se pisotean los derechos humanos, también se trata de un régimen antidemocrático. 
Creo que extraeremos las verdaderas consecuencias del 11 de septiembre si hacemos un alarde de honestidad para abordar también ese país, esa región. Así, tendremos un argumento realmente defensivo contra los reparos que ahora se escuchan en la región en cuanto a que nuestra inquietud por Afganistán es una indignación selectiva. 
Señora Presidenta, vista la situación retomaré el hilo donde se quedó mi buen colega, el Sr. Lagendijk. 
¿Con quién cooperamos cuando queremos reforzar la democracia y combatir los regímenes totalitarios y sobre qué cooperamos? 
Seguramente en el transcurso de los próximos días nos daremos mucha más cuenta de qué es posible. 
Aún no sabemos cómo reaccionarán los EE.UU. Aún no sabemos si los EE.UU. optarán por emplear los métodos armados, es decir, si ante todo tratarán de tomarse el desquite o si realmente tendremos una posibilidad de combatir a fondo el terrorismo como consecuencia de los terribles sucesos del 11 de septiembre. 
Sin embargo, con respecto a la cuestión de con quién debemos cooperar, quiero hacer un llamamiento para que nos centremos en la circunstancia absolutamente especial de que se trata de una población que sufre una opresión violenta y para que tengamos en cuenta que la mitad de esta población está doblemente oprimida. 
Hablo de la parte femenina de la población. 
Me gustaría subrayar que existen verdaderamente organizaciones de mujeres que aún tratan, también en Afganistán, de luchar por los derechos de la mujer. 
Una de estas organizaciones, RAWA, trata de hacer posible la escolarización tanto de niños como de niñas, y sabemos que el analfabetismo en Afganistán es muy alto, un 96% para las mujeres y un 72% para los hombres, luego es algo útil por lo que pelear. 
Tratan asimismo de elaborar documentación, elaborar fact-finding en Afganistán, para que desde fuera tengamos una oportunidad de conocer realmente lo que allí sucede. 
Y al disponer así de este conocimiento, está en nuestras manos emplearlo y me gustaría pedir que así lo hagamos. Que empleemos este conocimiento de la existencia de mujeres valientes y democráticas y que cooperemos con ellas en nuestros intentos por eliminar el caldo de cultivo de la actividad terrorista, entre otros países, en Afganistán. 
Señora Presidenta, Señorías, no cabe duda de que la respuesta a lo ocurrido debe consistir en varios elementos y no me voy a detener en las respuestas en términos de seguridad interna o en términos militares, dado que, obviamente, no tengo acceso a los servicios de inteligencia, ni tampoco en las respuestas en términos humanitarios, porque estoy segura de que la Unión Europea y toda la comunidad humanitaria internacional sabrán responder generosa, eficaz y adecuadamente, como lo han venido haciendo hasta ahora. 
El problema no es el de la eficiencia o de la eficacia humanitaria, desde hace años comprobadas, sino más bien cuál va a ser la respuesta política al tema que tenemos ante nosotros. 
Me satisface declararlo precisamente en este hemiciclo porque este Parlamento junto con la Comisión Europea, ha sido la única, rara excepción institucional que en estos años siempre ha prestado atención al problema de Afganistán y que en estos años ha formulado a las capitales y al Consejo de Ministros toda una serie de sugerencias, también desde el punto de vista político. 
Lo único que debemos lamentar es que nunca nos han escuchado ni seguido ni tampoco, debo decirlo, nos han tomado en cuenta. 
Desde hace años venimos repitiendo que el problema es, sin duda, la dramática violación de los derechos humanos, pero desde 1997 la Comisión y el Parlamento Europeo reiteran que en Afganistán hay un problema de terrorismo y de droga, es decir, un problema geopolítico de gran envergadura. 
En cierto sentido, sólo podemos lamentar la indiferencia de las grandes instituciones internacionales. 
En el momento actual, sin embargo, creo que se impone una elección: hay momentos en la historia en los cuales hay que tomar partido sin tanto "si" y sin tanto "pero"; y si debemos alinearnos no hay que hacerlo con los fanatismos religioso, las dictaduras o los nacionalismos de otro tipo, sino con las democracias liberales, con todos sus errores, con todas sus imperfecciones- reconozcámoslo -, pero también con toda su fuerza y su capacidad de expresar sistemas más adecuados a la defensa de los derechos humanos en el mundo. 
Lo que me preocupa es la respuesta política. 
Temo que estamos cometiendo un error si pensamos que nuestro adversario es sólo el terrorismo, y en particular sólo Osama Bin Laden. 
Por el contrario, creo que el problema es mucho más complejo. O sea, creo que hoy nuestro adversario es el resultado de esa mezcla explosiva que une el fanatismo religioso como base de regímenes autoritarios y dictatoriales. 
Es preciso realizar un esfuerzo e ir más lejos y no pensar simplemente que con capturar a Osama Bin Laden- lo que es algo legítimo, preciso y necesario- habremos resuelto el problema. 
Está preparándose una "Santa Alianza" contra el terrorismo, con una serie de aliados improbables, por no decir ambiguos: una serie de regímenes que corren el riesgo de formar parte de esta alianza, cada uno para sus fines, cada uno elaborando quizás la lista de sus terroristas, verdaderos o presuntos, para oprimir mejor a sus disidentes, quizá laicos y demócratas. 
Debemos tener cuidado de no meter todo en el mismo saco, sin hacer distinciones. 
Me pregunto si no sería más sensato y más útil pensar en una organización mundial de la democracia: de la democracia liberal como la conocemos, repito, con todos sus defectos. Sin embargo, considero que ésta es la institución en la que debemos pensar a medio plazo. 
Actualmente, cuando nos referimos a las mujeres o a las violaciones o a las mutilaciones genitales femeninas no tenemos ninguna organización a la que podamos dirigirnos. 
Pero éste es el gran reto al que debemos hacer frente: crear, exportar, convencer para la democracia y para la libertad. 
Señora Presidenta, la población de Afganistán y también todo el mundo civilizado se beneficiaría de un drástico final del régimen talibán. 
En el interior del país, los talibanes ejercen un terror espiritual y prefieren que estalle una guerra civil a aliviar una situación de hambruna aguda. 
Visto desde el exterior, es altamente recomendable su pronta expulsión de la escena política porque exportan el terrorismo talibán-islámico. 
Véase la obra de su huésped, Osama Bin Laden, y véase también el hecho de que exportan estupefacientes a gran escala. 
La historia afgana y la realidad política de la actualidad muestran, sin embargo, que los talibanes pueden ser derribados por las fuerzas de la oposición interior. 
De ahí que consideremos que la estrategia actual de la Administración americana respecto de Afganistán, centrada en proporcionar apoyo financiero y material a una oposición contra los talibanes lo más amplia posible en torno al rey desterrado, Zahir Shah, supone la contribución extranjera más plausible a esta proeza política y militar. 
Abogo, por consiguiente, por un apoyo europeo incondicional a esta estrategia. 
Nos satisface particularmente que el Presidente Bush haya reservado 100 millones de dólares como ayuda ante el inmenso daño que sufren los refugiados afganos. 
Que ese gesto de compasión con el sufrimiento del pueblo afgano suponga un impulso para crear un Plan Marshall destinado a este país totalmente aniquilado por la constante violencia de las armas. 
De esta forma, la comunidad internacional expía su culpa por la situación actual en Afganistán y frena el terrorismo musulmán y las drogas. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en el momento de hacer uso de la palabra en este debate, no puedo faltar al deber de rendir tributo, a mi vez, y después de usted, señora Presidenta, a la memoria del comandante Masud. 
Muchos de nuestros colegas habían tenido la ocasión de reunirse con él hace seis meses, por invitación suya, señora Presidenta, para descubrir que no sólo era el guerrero célebre por su sentido táctico y su carisma excepcional, sino que también podía ser un estadista, el hombre de una paz y de una reconciliación que su país espera desde hace más de treinta años. 
Hoy tengo la esperanza de que este hombre, mi amigo, que decía que estaba dispuesto a dar su vida por el bien del pueblo afgano, no haya muerto inútilmente. 
Lamento, ciertamente, que no haya sido escuchado antes, cuando pedía la ayuda internacional para librar a su país del poder despótico de los talibanes y cuando denunciaba el desarrollo de ese movimiento totalitario del fundamentalismo islámico, que anunciaba su voluntad de dominación a escala planetaria. 
Lo que acaba de decirnos el Comisario Patten sobre la situación política en Afganistán me confirma en el análisis de que el proyecto de Masud para la búsqueda de una solución al drama afgano podría ir por buen camino. 
Desde el momento en que Pakistán se ve en la obligación de dejar de apoyar política y militarmente al régimen de los talibanes, este último debería hundirse por sí mismo bajo la presión de todo el pueblo afgano, como el comandante Masud lo había previsto. 
Prueba de ello es el acuerdo que acaba de suscribirse en Roma entre las fuerzas de oposición y el antiguo rey, Mohamed Zaher Shah, quien sigue gozando de un gran prestigio en su país. 
Prueba de ello son también las declaraciones del propio mollah Omar, al anunciar ayer su posible derrocamiento, y, finalmente la noticia que acaba de llegarnos de la deserción, con setecientos de sus milicianos, del gobernador talibán del distrito de Djavan, en la frontera de Turkmenistán, haciendo pasar la provincia de Badgis bajo el control de la oposición. 
Ávida de realpolitik, la comunidad internacional, y en su seno- lamento decirlo- la Unión Europea, había adoptado con respecto al régimen de los talibanes una actitud, en todo caso, conciliadora, partiendo del principio de que ellos ejercían realmente el poder y de que no podían hacerlo sin el apoyo de todo el pueblo afgano. 
He comparado esta actitud con la que los cancilleres occidentales adoptaron con respecto a Camboya y a los Jemeres Rojos antes de que se hiciera patente su abominable barbarie. 
Debido a esta misma tolerancia ciega, hemos dejado que se desarrollara en el territorio afgano ese nido de abejas del terrorismo islámico, cuya maldad denunciaba Masud, y que hoy se trata de destruir, como se hará- así lo espero- en los próximos días. 
Pero para destruirlo no se puede quemar toda la casa, sino que, por el contrario, hay que proteger al pueblo afgano y darle toda la ayuda necesaria para establecer un régimen estable basado en la reconciliación nacional. 
Creo que- el Comisario Patten acaba de confirmarlo- ese debe ser el objetivo de los esfuerzos de la Unión, y me felicito por ello; pero no olvido la situación humanitaria dramática que reina en el conjunto de la región. 
Pienso en los centenares de miles de refugiados confinados en la frontera pakistaní y también en los que se encuentran desprovistos de todo desde hace varios meses en la región del norte. 
He sabido que los rusos han establecido un puente aéreo de ayuda humanitaria de urgencia en el aeropuerto de Duchambé en Tayikistán. 
No querría que la Unión Europea brillara por su ausencia en esta empresa, en la que se desea tanto su ayuda. 
Las poblaciones esperan víveres, naturalmente, pero también medicamentos, mantas y abrigos, y sobre todo la prueba de nuestra solidaridad. 
En Bosnia, en el momento más grave de la crisis, Europa, en el seno de la Alianza Atlántica, había sabido establecer el suministro de víveres por paracaídas de los emplazamientos más aislados y más amenazados. 
Eso es lo que hoy espera la población de Panshir. 
¿Contamos- cuenta usted, señor Comisario Nielson- con la voluntad y los medios para ello? 
Señora Presidenta, estoy muy de acuerdo con gran parte de las cosas que se han dicho y, por lo tanto, no las voy a repetir. 
Pero creo que habría que tenerlas en cuenta, puesto que todo el mundo está pendiente de lo que va a hacer la Unión Europea. 
Y me parece que, ante la denuncia que ya hizo en su día este Parlamento de la situación en Afganistán, ante el peligro de recorte de libertades civiles, tenemos que mantenernos, como ha dicho el Comisario Patten, unidos y con una postura de coalición contra el terrorismo. 
Pero me preocupa algo que ya se ha dicho también: la dramática situación generada tras estos atentados. 
Por un lado, la población afgana, que afronta una grave crisis que, como muy bien ha dicho la Comisión conjunta de la FAO y del Programa Alimentario Mundial (PAM) que ha visitado recientemente Afganistán, en este momento, ese país sufre una situación de hambruna debida a una grave crisis de la producción agraria, que puede ocasionar la muerte de muchísima gente. 
A ello se añade el continuo peligro para la población campesina que suponen las minas antipersonas diseminadas por el país y la situación de los miles de refugiados que están en los países limítrofes- y señalo los que están no solamente en Pakistán y en Irán, sino en Uzbekistán y Tayikistán -, a los cuales hay que atender. 
Pero me preocupa también- y en ello me querría centrar, señora Presidenta- la situación de las poblaciones del resto de los países en desarrollo, particularmente africanos, sobre los que serán más crueles las consecuencias económicas de esta crisis. 
Según informaciones del Banco Mundial, los atentados condenan a la pobreza a diez millones de personas más, como resultado de la desaceleración económica y, especialmente, de la pérdida de ingresos por la disminución de exportaciones, reducción de turismo, caída de precios, etc. 
Creo, señora Presidenta, que en este momento la Unión Europea y este Parlamento tienen que participar en una gran coalición contra el terrorismo. 
Pero tendríamos también que plantearnos- y sería una señal para todo el mundo- una coalición internacional contra la pobreza, la miseria y la desesperanza de millones de ciudadanos del mundo que muchas veces se amparan en los fanáticos que organizan actos de terrorismo. 
Por eso, yo haría un llamamiento a que, junto con esa coalición contra el terrorismo, emitiéramos también una señal, fundamentalmente para los pueblos africanos, para los pueblos asiáticos, de una coalición contra la miseria, la pobreza y la desesperanza. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en tanto Presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Asia Central, quiero pedir explícitamente atención para lo que sucede en países tales como Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajstán y Kirguistán. 
Estos países son y serán los primeros en verse afectados por el problema de los refugiados como consecuencia de lo que ahora está ocurriendo en Afganistán y en esa parte del mundo. 
Es absolutamente necesaria, por tanto, una consulta europea sobre el envío de ayuda de urgencia. 
Nuestro colega, el Sr. Morillon, lo ha señalado muy bien. 
Señorías, Asia Central es una región quebradiza. 
Es una región muy frágil. 
Es una región quebradiza desde la perspectiva económica. 
Es una región quebradiza en lo que al respeto de los derechos humanos se refiere. 
Es una región quebradiza en lo que a la construcción de una sociedad civil e instituciones democráticas respecta. 
Es una región que ya nos lleva pidiendo ayuda durante años para luchar contra el fundamentalismo y el tráfico de drogas. 
De ahí, Señorías, que debamos ocuparnos de prestar suficiente ayuda a esa región ¿Y qué hacemos? 
Reducimos los medios destinados a la misma en el presupuesto para 2002. 
Por tanto, Señorías de la Comisión Presupuestaria y del Pleno, les hago un llamamiento a fin de que corrijamos el presupuesto y demos a Asia Central el dinero al que tiene derecho. 
Se lo pido muy encarecidamente. 
Señora Presidenta, nos enfrentamos a una guerra contra el terrorismo que todas las personas amantes de la libertad deben abrazar. 
Como saben, nací en un país que conoce el terrorismo, donde se ha cobrado 65.000 muertos- les ruego que recuerden que los terroristas suicidas LTTE de Sri Lanka no son musulmanes -, pero hasta ahora el mundo ha prestado oídos sordos a veintitrés años de terrorismo. 
La tragedia del 11 de septiembre ha centrado por fin la atención de las personas que aman la democracia y la libertad en el cáncer que se esconde tras dicho atentado. 
El cáncer del terrorismo. 
Un cáncer que se nutre no de religión, sino de la codicia, del odio, de la envidia y de la ignorancia. 
La Constitución de Afganistán de 1963, promulgada por el Rey Zahir Shah, es un documento ejemplar. 
Saludo a mi colega Edward McMillan-Scott por haber tomado la iniciativa de encabezar una delegación a Roma para fomentar una coalición entre el Rey y la Alianza del Norte, sobre la que me complace comunicar que ya ha sido firmada, como acaba de mencionar el General Morillon. 
Quiero felicitar al General Morillon por haber invitado al Parlamento a Shah Masud, con el que tuvimos ocasión de reunirnos en abril. 
La Constitución de 1963 declara que la libertad es un derecho natural de todo ser humano- la sola limitación de este derecho es la libertad de los demás, pero la libertad de pensamiento y de expresión es inestimable -, que cada afgano tiene derecho a imprimir y publicar ideas, que la educación es un derecho de todos los afganos y debe ser proporcionada gratuitamente por el Estado- y que el trabajo es un derecho de todo afgano que tenga la capacidad de realizarlo. 
Qué distinto es todo esto de la tragedia que existe actualmente en Afganistán, donde las mujeres son golpeadas, se les niega la educación, se les mantiene en casa como esclavas y donde una de cada ocho muere de parto. 
Es un Estado gobernado por la ignorancia que utiliza el palo de la religión, de la que saben muy poco, para amedrentar y aterrorizar a su propio pueblo. 
La guerra contra el terrorismo es una guerra para liberar al pueblo afgano de veintiocho años de esclavitud. 
Saludo al Presidente Bush y al Primer Ministro británico por su determinación- hombro con hombro con el partido Demócrata e Ian Duncan Smith, dirigente del partido Conservador, que hoy ha visitado el Parlamento- de derrotar y erradicar el terrorismo internacional. 
Pero éste no debe ser un asunto meramente anglosajón. 
Si la UE y esta Asamblea quieren realmente ser algo, deben involucrarse en la lucha por garantizar estas actividades tan fundamentales y humanas; el derecho a vivir sin ser aterrorizado, la libertad de vivir sin la amenaza diaria de una muerte repentina. 
No debemos pensar que nosotros en Europa no estamos en el punto de mira. 
Ya conocemos planes de ataques en Génova, París y otras ciudades. 
¿Cuándo nos enteraremos de que ésta es también nuestra guerra? 
Señora Presidenta, Sres. Comisarios Patten y Nielson, mis primeras palabras son de recuerdo para las miles de víctimas inocentes de Nueva York, Washington y Pensilvania, víctimas de un ataque perpetrado contra nuestros principios, contra nuestra democracia, contra nuestros sistemas de libertades, contra nuestro modo de entender la convivencia, contra nuestra economía, un ataque, en fin, contra la tolerancia entre las personas y las ideas. 
La respuesta europea ha sido, por esta vez, rápida, inmediata en el caso de este Parlamento. 
Igualmente rápida fue la respuesta de la Comisión y del Consejo, como acaba de recordarnos el Comisario Sr. Patten en relación con la visita de la Troika. 
Una respuesta que debe ser firme, enérgica, proporcionada y selectiva, concertada con las Naciones Unidas, y que exige medidas políticas, militares, policiales, de los servicios de inteligencia, diplomáticas, jurídicas y económicas que, de una u otra forma, se han adoptado o están en curso de ser adoptadas. 
Hay que exigir, además, que sean medidas que se adopten y se mantengan pensando a corto, medio y largo plazo. 
Debo recordar que la magnitud y la gravedad de los hechos es tal que las decisiones tomadas aquí hace apenas días y que aún no están en vigor han quedado ya superadas por los acontecimientos. 
Recuerdo algunas opiniones expresadas aquí mismo por algunos oradores con motivo del informe del Sr. Watson sobre la orden europea de busca y captura hace apenas tres semanas. 
El Sr. Masud, que nos visitó hace poco, ha sido asesinado y ya no podrá ver cumplidos los objetivos de los que nos habló aquí. 
Como miembro de la Comisión de Desarrollo y Cooperación pido la puesta en marcha de una vasta operación de ayuda humanitaria que será necesario movilizar con carácter inmediato para socorrer a millones de desplazados y refugiados en Afganistán, Pakistán y otros países de la zona. 
La catástrofe humanitaria que se avecina puede superar todas las precedentes causadas hasta ahora por la barbarie humana. 
Termino, señora Presidenta, afirmando que la lucha contra la pobreza en el mundo, sobre la que hemos insistido tantas veces, cobra ahora una especial relevancia y que debemos elevarla al rango de nuestras primeras prioridades si queremos remediar el problema a corto, medio y largo plazo. 
Señora Presidenta, las terribles imágenes de Nueva York de hace exactamente tres semanas están aún fuertemente marcadas en nuestras retinas. 
No se han olvidado los rápidos anuncios de solidaridad de Europa y de los socios de la OTAN. 
Ahora que los EE.UU han demostrado que no practican ninguna política de cowboy sino que recapacitan muy a fondo cada paso en la lucha contra los terroristas, a más tardar ahora se debería llevar al otro lado del Atlántico nuestro agradecimiento y reconocimiento. 
¿Pero qué es lo que ocurre en realidad? 
Por ejemplo, en nuestro país, Alemania: criticamos a los EE.UU y nos atrevemos incluso a establecer normas de comportamiento. 
Nos distanciamos de los EE.UU y en diversos lugares incluso se destapa un odioso antiamericanismo. 
Como alemán y europeo, me avergüenzo de ello también ante el hecho de que el 11 de septiembre fueron asesinados en Nueva York unos 100 alemanes. 
Comprendo que los EE.UU no quieran vincular a sus 19 socios de la OTAN, quizás con la excepción de Gran Bretaña, en el contragolpe militar contra los terroristas y sus ayudantes a pesar de que hoy se ha proclamado el caso de alianza. 
Como oficial en la reserva de paracaidistas, digo también que no se puede hacer y ganar una guerra con objetores. 
Esto es una prueba de incapacidad para Europa, tanto más cuando las torres gemelas destruidas en Nueva York tienen sus contrapartes simbólicas en todos los lugares de la UE. 
Un posible objetivo para el contragolpe de los EE.UU puede ser Afganistán. 
Los habitantes de este atormentado país desde hace decenios abandonan en masa su patria. Vegetan en campos de refugiados en Pakistán. 
Estas personas son acreedoras a la plena solidaridad de la UE y de nuestro Parlamento. 
La ayuda de la UE debe realizarse de modo no burocrático y con rapidez. 
Se debe tener en cuenta que el invierno es allí muy duro. 
Si no ayudamos ahora, es de temer que los numerosos refugiados jóvenes sigan a cualesquiera flautistas fundamentalistas. 
El Parlamento Europeo debería recapacitar si no sería aconsejable enviar lo más rápidamente posible una delegación parlamentaria de diputados de la Comisión de Desarrollo a Pakistán. 
Las impresiones obtenidas directamente son mucho mejores que gruesos informes en papel. 
Señora Presidenta, Afganistán debe de ser el ejemplo supremo de un Estado trágico y fracasado y, sin embargo, a pesar de ello, existe la voluntad de que siga siendo un Estado unitario por encima de las divisiones étnicas. 
El país ha sufrido 28 años de dictadura comunista, a la que ha seguido una teocracia islámica fanática que lo ha convertido en un Estado paria porque el régimen talibán da cobijo a terroristas y las ejecuciones se cuentan por miles. 
Hay más de dos millones de refugiados fuera del país y unos 5 millones de personas desplazadas dentro del país, muchas de las cuales huyen por temor a que se desaten las hostilidades entre los Estados Unidos y sus aliados y Afganistán. 
El Programa Mundial de Alimentos se ve obstaculizado por las dificultades del terreno, la infraestructura destrozada y las políticas del régimen talibán que prohíben la participación de mujeres y han dado lugar a detenciones arbitrarias de trabajadores humanitarios acusados de hacer proselitismo religioso y que se suman a la prohibición de las comunicaciones con el mundo exterior, tan necesarias para un programa de ayuda internacional. 
A pesar de ello, unas 218 toneladas de alimentos llegaron la semana pasada hasta Kabul para prevenir la crisis. 
Es evidente que Occidente debe meditar ahora qué se puede hacer después de la era talibán para llevar la estabilidad permanente al país. 
La semana pasada tuve el privilegio, junto con dos colegas del PE, de reunirme en Roma con el antiguo Rey de Afganistán, que ha residido en la Unión Europea durante buena parte de su vida. 
Fuimos los primeros políticos occidentales elegidos por sufragio que visitamos la residencia real desde que estalló la crisis. 
El Rey hizo gala de un enorme sentido del patriotismo y del deber con su distanciado país, y llegó incluso a decir que le gustaría servir a Afganistán en cualquier calidad que su pueblo eligiera a través de la asamblea de su consejo tribal o Loya Jirga, con el que ha trabajado durante los últimos dos años. 
Confirmó que ya ha recibido el apoyo fundamental de la oposición, formada por el Frente Unido y la Alianza del Norte, y que apoyará cualquier acuerdo interno que sea adecuado para su país. 
Él es el único personaje afgano aceptable capaz de unir a todas las facciones enfrentadas y demostró dicha capacidad cuando gobernó su país entre 1933 y 1973, gobernando constitucionalmente con tolerancia y moderación, incluso utilizando el modelo inglés del deporte como vía para unir a grupos étnicos dispares. 
A mis entender, tras haber celebrado una larga entrevista de una hora y media con mis colegas y conmigo, estaba claro que Zahir Shah, a pesar de su avanzada edad, es lo suficientemente convincente y apto para realizar esa tarea. 
Asimismo, ha tenido la prudencia de distanciarse de la restauración de la monarquía como objetivo, dejando esta cuestión a la decisión de su pueblo. 
Animo a esta Asamblea a que apoye la misión del Rey en este difícil ámbito. 
Señora Presidenta, condeno sin reservas el terrorismo y el asesinato. 
Estoy de acuerdo con mis colegas en que no existe ninguna razón para el mismo y en que nadie tiene derecho a llevar a cabo actos semejantes. 
Los terroristas eligen la violencia en vez de las urnas, ocasionando muerte y dolor a civiles inocentes, y justifican sus acciones enarbolando la bandera de la religión, la raza o la soberanía política. 
El Islam, al igual que otras religiones mayoritarias del mundo como el Judaísmo y el Cristianismo, es un modo de vida para más de mil millones de personas en todo el mundo. 
Estos millones de musulmanes, desde Indonesia hasta Nigeria y desde Asia Central hasta los barrios residenciales de California, no sabían nada de Osama Bin Laden antes del 11 de septiembre. 
Para estos millones de personas y para el Islam no existe razón de ser para terroristas como él ni ningún otro, quienesquiera que sean y de dondequiera que provengan. 
Estos terroristas no tienen ninguna autoridad para actuar en nombre de ningún pueblo, raza o religión. 
Por consiguiente, debemos luchar contra el terrorismo y actuar contra los terroristas, y no contra civiles inocentes que viven sus vidas pacíficamente y que deberían tener la libertad de creer en la religión de su elección. 
La vida humana es preciosa y la muerte de civiles inocentes, siempre que se produce, sencillamente no es aceptable. 
La razón sin pasión es estéril, la pasión sin razón es acaloramiento. 
Seamos firmes y decididos. 
Apuntemos contra el terrorismo: eliminemos las causas que conciben, alimentan y sostienen el terrorismo. 
. 
(EN) Señora Presidenta, la situación ya era mala y ahora es peor. 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho esta tarde sobre la situación en que se encuentra la población de Afganistán. 
Cuando elaboramos el programa ECHO y la prioridades para 2001, situamos Afganistán en la lista de las denominadas crisis olvidadas. 
Teníamos un nivel de gasto cercano a 23 millones de euros, que habrían cubierto la continuación, hasta final de año, de la última actividad que estábamos financiando allí. 
De hecho, teníamos a 29 ONG europeas que suministraban ayuda humanitaria en el interior de Afganistán. 
Todas ellas se encontraban en el país el 11 de septiembre. 
El 11 de septiembre me disponía a realizar una misión en Afganistán y Pakistán. 
Debía reunirme con el Dr. Masud, con los dirigentes talibanes y recorrer todo el país para ver la labor de dichas ONG que estamos financiando. 
Tuve que cancelar el viaje. 
La mañana siguiente tomamos el tren en Londres de vuelta a Bruselas, pero nuestro equipaje ya estaba a bordo del avión con rumbo a Islamabad. 
Ahora, como decía, la situación ha empeorado. 
El invierno se acerca. 
El invierno es una característica tan dominante de la realidad en aquel país que incluso en años normales, la lucha militar cesa prácticamente porque el desplazamiento resulta muy difícil. 
Por consiguiente, la ayuda humanitaria se enfrenta ahora a un reto realmente desalentador. 
Todo el personal internacional de las diferentes agencias de ayuda humanitaria y ONG ya ha abandonado el país. 
No obstante, es muy alentador comprobar que el personal local continúa distribuyendo alimentos- si éstos no han sido requisados por los talibanes- y sigue atendiendo los consultorios médicos y proporcionando educación en la medida de lo posible. 
Obtener información real y fidedigna es muy difícil, pero sabemos que intentan seguir desarrollando dichas actividades incluso en la actual situación. 
Naturalmente, la amenaza de un ataque del exterior ha provocado grandes desplazamientos de la población. 
Esta situación tiene además como consecuencia que no podamos depender de que las personas acudan a los diferentes centros de almacenamiento de alimentos como antes, porque millones de ellas han huido al campo y ya no tienen acceso a los alimentos como cuando estaban en las ciudades. 
Por eso, la situación interna es muy grave y las personas que consiguen llegar a la frontera parecen más debilitadas de lo que ya estaban. 
Si no es posible sembrar antes de que llegue el invierno- que es lo más probable- nos enfrentaremos a una amenaza muy seria en un plazo inferior a un año, aunque la situación se arregle en términos de estabilidad. 
La logística de todo lo que hay que hacer, incluso en la mejor de las hipótesis, representa un desafío formidable. 
Hemos apoyado muy activamente las diferentes organizaciones de las Naciones Unidas y hemos tomado parte en la reunión del grupo de apoyo afgano celebrada en Berlín el 27 de septiembre. 
Las Naciones Unidas han dado la voz de alarma a sus donantes para que ayuden en la asistencia de emergencia. 
La llamada pide unos 580 millones de dólares USA hasta el próximo mes de marzo para garantizar la entrega de asistencia humanitaria y la protección de una población estimada de unos 7,5 millones de afganos. 
La financiación de esta petición parecería, en realidad, menos problemática que la cuestión global de poder acceder hasta las personas desplazadas en el interior del país y los refugiados. 
Existen posiciones enfrentadas en el debate sobre si debería hacerse hincapié en mantener las nuevas corrientes migratorias dentro de Afganistán o animar a Pakistán e Irán a que abran sus fronteras, como se propone el ACNUR. 
Mi análisis personal de esto es que nuestra capacidad de influir en la elección de estas personas es muy pequeña. 
Pueden ocurrir cosas y deberemos ser muy flexibles para poder hacer lo que debamos a tenor de los acontecimientos. 
Nunca habíamos tenido que elaborar un plan de urgencia con tan pocos elementos conocidos y tantas incógnitas. 
La necesidad de mantener en marcha la ayuda alimentaria fue un punto decisivo en el debate de la reunión de dicho grupo afgano. 
Todos estaban de acuerdo en la urgencia, aunque también coincidían en que las perspectivas de poder entregar realmente dicha ayuda son escasas. 
La mayoría de los participantes sostenía que la distribución de la ayuda alimentaria sin la presencia de expatriados podría exponer a los colaboradores afganos a un riesgo excesivo. 
Mi anterior referencia al personal local afgano, que sigue haciendo lo que hacía antes de que los expatriados tuvieran que abandonar el país, es relativa al suministro de alimentos existentes y otras existencias. 
La gestión de los convoyes con nuevos suministros que llegan al país es una tarea mucho más difícil y ardua, habida cuenta de la actual situación interna. 
Las cosas son diferentes en la parte nororiental del país, controlada por la Alianza del Norte y en el resto del país. 
Pero desde el punto de vista humanitario, es evidente que nuestras actividades deben llegar a todo el país. 
Así es como debe ser. 
Estamos utilizando tres herramientas financieras para costear la ayuda a la población afgana. 
Primera- y digo esto para despejar dudas- durante los últimos diez años hemos proporcionado ayuda humanitaria por valor de más de 400 millones de euros a los desplazados internos en Afganistán y los refugiados en países vecinos: fondos de ECHO, actividades para paliar y responder a la sequía como son ayuda alimentaria, rehabilitación de la agricultura, rehabilitación de las fuentes de agua y servicios sanitarios, asistencia a los desplazados internos y los refugiados en Pakistán, así como prevención de desplazamientos y ayuda a los que regresan a sus hogares. 
O sea que no es sólo ayuda alimentaria. 
ECHO y las organizaciones que trabajan con nuestros fondos han conseguido crear una cartera de actividades valiosas y llevarlas adelante. 
Añado que un caso internacional lamentable no es representativo de la situación de las 29 organizaciones que financia la Comisión. 
Es una situación difícil, pero es importante observar que las organizaciones que financiamos no pueden ser acusadas de este tipo de actividades. 
Las organizaciones pudieron contar con expatriados hasta el 11 de septiembre y crear una cartera de actividades, que yo tenía gran interés de conocer sobre el terreno. 
Rindo homenaje también a mi antecesor en el cargo por haber sembrado la semilla de este tipo de cooperación positiva con ONG humanitarias europeas. 
Este año hemos asignado a ECHO 23 millones de euros que se han canalizado a través de ONG y diferentes agencias de las Naciones Unidas. 
Como he dicho, esta suma habría cubierto la continuación de este nivel de actividad hasta final de año. 
Pero tuvo lugar este terrible atentado terrorista. 
Hemos reaccionado inmediatamente con una asignación adicional de 4 millones de euros. 
Esta suma ha sido destinada a la acción del Programa Mundial de Alimentos, el ACNUR y la Cruz Roja Internacional. 
Ahora nuestra respuesta debe ir más allá. 
Pediremos a la autoridad presupuestaria que nos dé luz verde para tener acceso y utilizar fondos con cargo a la reserva presupuestaria para casos de emergencia, al igual que en años anteriores cuando el presupuesto normal de ECHO no cubrió las necesidades que surgieron a raíz de acontecimientos terribles. 
La Comisión anunció hace una semana 25 millones de euros. 
El importe formará parte de esta operación y se destinará a paliar la situación inmediata de los refugiados. 
Pediremos más fondos. 
Pero este importe está cubierto por el procedimiento normal para acceder a fondos complementarios. 
La segunda línea de apoyo es la ayuda comunitaria a las personas desarraigadas. 
En este caso financiamos actividades para la creación de entornos propicios para la repatriación sostenible de refugiados, así como actividades encaminadas a persuadir a las personas a que permanezcan en sus aldeas. 
Esta línea presupuestaria asignará, a partir de octubre, fondos para un presupuesto de 19 millones de euros para Afganistán, 3 millones de euros para Pakistán y 2 millones de euros para Irán, que serán canalizados a través de ONG afganas y agencias de las Naciones Unidas. 
La tercera línea es la ayuda alimentaria y de seguridad alimentaria comunitaria. 
Desde comienzos de este año, esta línea ha destinado 30.000 toneladas de ayuda alimentaria al Programa Mundial de Alimentos y 7.000 toneladas a las ONG. 
La Comisión ha solicitado ahora otros 7 millones de euros para el Programa Mundial de Alimentos en Afganistán. 
Permítanme pasar a responder a algunas de las preguntas formuladas. 
La Sra. Nicholson ha dicho que deberíamos trabajar más con el ACNUR y la OMS para tener una base más amplia y mejorar la organización de esta asistencia. 
En relación también con las observaciones del Sr. Van den Berg, desde el punto de vista de la gestión comercial, por decirlo así, la operación en Afganistán es un buen ejemplo de cooperación entre las organizaciones de las Naciones Unidas y ONG muy profesionales y relativamente grandes y especializadas, que forman parte de la operación desde hace ya algunos años. 
Lo que ahora necesitamos son planes operativos para la acción concreta. 
Hemos podido saber por los medios de comunicación que un convoy está cruzando el Paso de Khyber y avanza hacia el norte. 
Es un "programa piloto", por así decirlo, que podría llegar incluso hasta Kabul y más allá, para intentar saber hasta dónde se puede llegar. 
Pero no existe ningún plan global en marcha; éste fue una respuesta a las propuestas del ACNUR en el marco de las conversaciones con los donantes sobre cómo mejorar la planificación de manera que sepamos qué hacer y no vernos abrumados por los trámites burocráticos, como pedía el Sr. Knolle. 
Ése no es el problema. 
Me atrevería incluso a decir que, en general, eso no es problema en nuestro trabajo en el ámbito de la ayuda humanitaria. 
Les ruego que no olviden que cada año se utiliza la totalidad del presupuesto de ECHO y este año acudiremos al Parlamento a pedir más como consecuencia de esta situación. 
Los trámites burocráticos en este caso son mínimos. 
Se ha hecho referencia a la protección. 
Nos encontramos aquí ante un terrible dilema. 
No podemos obligar a las organizaciones de voluntarios que trabajan con nuestros fondos a que hagan algo que va más allá de lo que quieren hacer. 
Por otro lado, como responsables de la financiación, para nosotros es un problema si, por ejemplo, dichas organizaciones quieren hacer algo muy arriesgado que podría acarrearles problemas, por lo que sólo hacemos lo que podemos en materia de seguridad, nada de preguntas. 
Chechenia es un caso en cuestión; los rusos siguen negando a nuestras ONG el acceso a aparatos de radio, lo que representa un problema real para la seguridad de las personas in situ. 
Hay que hacer malabarismos y, como responsables de la financiación, nuestra responsabilidad de la actividad abarca en buena medida el tema de la seguridad. 
Una vez más, trabajar con las Naciones Unidas es en parte la respuesta a este problema, pero trabajar para proporcionar ayuda humanitaria ahora en la parte de Afganistán controlada por los talibanes bajo algún tipo de protección armada no es una opción. 
El modo de realizar la operación humanitaria debe ser muy abierto y no despertar sospechas sobre nuestros desplazamientos en su país. 
Pero eso es algo muy difícil. 
Estoy de acuerdo con lo que han dicho la Sra. Frahm y la Sra. Bonino sobre la situación de las mujeres. 
Es evidente que, para nosotros, es la versión más extrema de la negación y violación de los derechos humanos. 
Es parte del conflicto en el que se encuentran sumergidas y uno desearía que tras los acontecimientos que se avecinan se imponga la cordura. 
El Sr. Belder ha mencionado la exportación de drogas. 
En aras de una total objetividad, cabe observar que el régimen talibán ha realizado un increíble esfuerzo por reducir la producción de opio y puede que éste sea el mejor ejemplo que hemos visto en el que los talibanes han hecho lo que la comunidad internacional quería que hicieran. 
Refleja un panorama totalmente diferente, pero en realidad ha sido así y por ello he creído que debía mencionarlo. 
Respecto a la referencia del Sr. Morillon al difunto dirigente de la Alianza del Norte, Ahmed Shah Masud, no tenemos una respuesta mejor que la que ha ofrecido con tanta brillantez el Comisario Patten como nuestro punto de vista sobre la necesidad de una especie de base integral para dar forma al futuro de Afganistán. 
Es la línea a seguir. 
El Sr. Morillon me ha preguntado también si yo tenía la determinación y los medios para hacer lo que hay que hacer. 
Dependemos de las organizaciones internacionales de ayuda para hacer lo que hay que hacer sobre el terreno. 
No hemos dudado en movilizar fondos y participamos activamente en la región con las personas que representan ECHO y que están estacionadas allí de forma permanente. 
Estamos participando en el debate sobre cómo organizar las cosas y conocer la situación lo mejor posible. 
En respuesta al Sr. Staes, en el marco del paquete que he mencionado, tendremos en cuenta a los países de la región de Asia Central que tienen frontera con Afganistán en el norte y estamos negociando sobre recursos adicionales a los 25 millones de euros que ya hemos mencionado públicamente. 
Respecto al diálogo con la autoridad presupuestaria, no hemos liberado cifras aparte de estos 25 millones de euros, pero será un elemento de dicho paquete sobre el que volveremos muy pronto. 
Gracias por su paciencia. 
Es una situación sumamente difícil. 
Veo esto como algo que nos demuestra que, si volvemos la vista atrás a la historia de nuestro propio experimento en Europa, nos organizamos para hacer lo que había que hacer en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y lo hicimos. 
El problema que hoy nos ocupa y los retos que éste entraña nos dicen que Europa debe ahora organizarse y encontrar el modo de alcanzar lo que el mundo necesita alcanzar. 
Le doy las gracias. 
El debate queda cerrado. 
Orientaciones relativas a la red transeuropea de transporte 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre orientaciones relativas a la red transeuropea de transporte. 
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, la Sra. Loyola de Palacio. 
. Señor Presidente, Señorías, el Colegio de Comisarios, en su reunión de hoy, ha adoptado una propuesta de revisión de las redes transeuropeas de transportes, así como la revisión del Reglamento Financiero, que permite doblar la financiación comunitaria en estos proyectos, llegando hasta el 20% de los mismos. 
La red transeuropea de transportes constituye la columna vertebral de nuestro mercado interior desde su concepción en el Tratado de Maastricht y, gracias a las orientaciones que adoptamos conjuntamente en 1996, la Unión Europea dispone de una vertebración de redes de interés europeo que permite la interconexión de todas nuestras regiones y facilita la movilidad de personas y mercancías. 
Estas redes transeuropeas son el primer intento desde la época romana en que, de verdad, Europa contempla de una manera global e integrada sus infraestructuras. 
La revisión que hoy proponemos intenta poner al día el desarrollo de este sistema y añadir nuevos proyectos prioritarios que responden a los problemas de los desafíos que nuestra política común de transportes ha planteado estos últimos años. 
La liberalización de los sistemas de transporte y el aumento de la demanda de movilidad han provocado un desequilibrio entre los distintos modos de transporte y han contribuido a la creación de cuellos de botella en algunas zonas de nuestras infraestructuras. 
Tanto la Cumbre de Gotemburgo como el Libro Blanco de Transportes aprobado el pasado día 12 de septiembre, han identificado estas patologías y han exigido a la Comisión medidas urgentes para paliarlas. 
En la propuesta de hoy, la Comisión recomienda incluir entre los proyectos prioritarios, además de los llamados proyectos de Essen, ocho nuevas redes de transporte ferroviario, de transporte combinado, de navegación fluvial y de transporte inteligente, concretamente el proyecto GALILEO, y retirar tres de los iniciales que ya han sido completados. 
Los nuevos proyectos serían: el primero, una travesía ferroviaria de los Pirineos que permitirá superar la barrera natural que separa la Península Ibérica del resto del continente. 
El segundo, el tren de alta velocidad, transporte combinado Este-Oeste, de París a Viena, que más adelante se deberá prolongar hasta Budapest y que completará nuestra red abriendo la puerta a la ampliación. 
El tercero, la navegabilidad del Danubio entre Straubing y Vilshofen, que conectará el Mar del Norte con el Mar Negro, mejorando, por lo tanto, la interconexión entre el Danubio y el Rin. 
El cuarto, el sistema GALILEO de posicionamiento por satélite, cuya prioridad ha sido reconocida por sucesivos Consejos Europeos y por esta Cámara. 
El quinto, la conexión firme entre Alemania y Dinamarca a través de Fehmarn según el modelo de Orensund, que mejorará la interconexión de los países nórdicos con el resto del continente. 
El sexto, la interoperabilidad ferroviaria de alta velocidad de la red ibérica, adaptándola al ancho de vía del resto del continente europeo, lo que permitirá descongestionar cielo y tierra. 
El séptimo, la extensión del proyecto del Brennero de Munich a Verona, hasta Nápoles, añadiendo el tramo Bolonia-Milán. 
Y el octavo, la extensión del tren de alta velocidad Sur hasta Nîmes, lo que permitirá la conexión entre el Sur y el Norte de Europa. 
La inversión global necesaria para estos proyectos, señor Presidente, Señorías, se elevará a más de 66 000 millones de euros que, evidentemente, debieran ser financiados fundamentalmente a través de fondos nacionales, regionales, privados, públicos y también, eventualmente, comunitarios. 
Su proyección geográfica cubre la totalidad de nuestro territorio y tendrá un impacto decisivo en la competitividad de nuestra economía. 
También aprovechamos esta revisión para incluir en las redes transeuropeas algunas adaptaciones técnicas menores de proyectos existentes que quedaron pendientes tras la conciliación sobre el paquete de orientaciones del año 1996. 
Nos hemos comprometido en el Libro Blanco de Transportes a que esta revisión, la más urgente y prioritaria, sea seguida en 2004 por otra que incluirá más en detalle los proyectos de los nuevos países de la Unión. 
Sería prematuro, Señorías, hacerlo ahora ya que, a pesar de los trabajos preparatorios, que están bastante avanzados, todavía falta información importante que sólo podremos obtener en la última fase de la ampliación. 
Por lo tanto, este mismo Parlamento será el que examinará la próxima revisión, y se trata de un compromiso político que por mi parte confirmo de nuevo ante esta Cámara. 
Señor Presidente, es para mí un motivo de gran satisfacción cumplir con este trabajo los mandatos del Consejo y los nuevos imperativos de nuestra política común de transportes. 
Ahora, una vez presentados el Libro Blanco y la revisión de las redes transeuropeas, confío y espero, en el marco de la codecisión, que este Parlamento aporte sus contribuciones, cuyo valor añadido es evidente. 
Sé, Señorías, que si esto es lo que ha aprobado hoy la Comisión, en los ámbitos de la actualidad hay otros hechos, concretamente las consecuencias que para el sector del transporte aéreo tienen los acontecimientos del pasado 11 de septiembre, que eventualmente reclamarán la atención de sus Señorías. 
Por supuesto, responderé a cualquier pregunta que sobre esa materia me puedan formular. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, muchas gracias por entregarnos este informe intermedio. 
Estamos insatisfechos con los Estados miembros, pues le han dejado prácticamente en la estacada durante el último año y medio. 
El informe intermedio sobre las redes transeuropeas era ya más que necesario desde 1999. 
Muchas gracias por haberlo presentado ahora. 
Nuestra primera pregunta es la siguiente: en su informe ha expuesto que desea complementar pero también insistir en que los proyectos actuales que no se han llevado aún a cabo en los Estados miembros- como el túnel de base del Brénero- se lleven por fin a cabo. 
La pregunta que le planteo es la siguiente: ¿cómo vamos a lograr conjuntamente que se construyan, quizás también con una modificación de la financiación, proyectos antiguos tan importantes como el del túnel de base del Brénero pero también otros nuevos, como la unión entre Francia y España por los Pirineos o la travesía firme del Femambelt entre Dinamarca y Alemania? 
Mi segunda pregunta- señora Vicepresidenta, usted lo ha mencionado- es la siguiente: ¿cuándo nos va a presentar en la comisión o en el Pleno su política para combatir la nueva competencia en el sector de las subvenciones a favor del transporte aéreo? 
Por otro lado, se plantea la cuestión de cómo se puede ayudar a las compañías aéreas tras los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre. 
Señor Presidente, creo que podemos estar de acuerdo con los puntos fundamentales planteados por la Comisaria. 
Me puedo adherir a lo que ha dicho el colega Jarzembowski. 
Sin embargo, quiero preguntar a la Comisaria si está de acuerdo con nosotros en que podemos aprender de las experiencias que hemos tenido hasta ahora con los TEN. 
Una experiencia es, por ejemplo, que cuando los Jefes de Estado y de Gobierno acuerdan una lista, ésta no tiene que ser automáticamente mejor que lo que ha acordado el Parlamento al respecto marcando las prioridades. 
En cualquier caso, me parece muy digno de apoyo el enfoque que ha expuesto la Comisaria en el Libro Blanco sobre una elevada concentración en el ferrocarril y en las vías acuáticas. 
La pregunta al respecto es si no deberíamos revisar todos los instrumentos de financiación y no sólo el dinero que tenemos para los TEN. 
Pues si las prioridades del ferrocarril y de las vías de navegación se centran solo en los TEN, entonces se deberían mirar también los otros fondos, por ejemplo, el Fondo de Cohesión y otros, y comprobar si no se deberían tener en cuenta consecuentemente estas nuevas prioridades también para ellos. 
Estas son las dos preguntas. 
Señora Comisaria, usted ha mencionado algunos proyectos que cuentan con un seguimiento, por ejemplo, la línea de alta velocidad París-Viena-Budapest hacia el este y hacer navegable el Danubio. 
Me pregunto si esta última realmente se enmarca dentro de algo semejante al establecimiento de redes transeuropeas. 
Sí su mejora, por así decirlo, puesto que en este momento ya existe una conexión. 
Ésa es, por tanto, la primera pregunta. 
En segundo lugar, me queda cada vez más claro que las conexiones que principalmente se han pedido en los países de la ampliación son conexiones norte-sur y no sólo conexiones para unir Europa en la dirección este-oeste y más allá. 
Mi pregunta es si en este momento hay planes para poner en marcha más conexiones norte-sur en los actuales países de la ampliación. 
. Señor Presidente, Señorías, gracias por sus preguntas. 
En primer lugar, contestaré al Sr. Jarzembowski. 
Me parece urgentísimo que presentemos a este Parlamento y al Consejo un nuevo sistema de tarificación de infraestructuras y, muy especialmente, una modificación de la actual Directiva Euroviñeta en cuanto a financiación de infraestructuras viarias. 
Indudablemente, en esa propuesta de nueva financiación de infraestructuras lo que plantearemos, entre otras cuestiones, es que las infraestructuras asuman no sólo los costes de mantenimiento o de construcción de las mismas, sino también los llamados costes externos, conforme al informe Costa, aprobado en su día por este Parlamento. 
Estamos hablando de costes como la congestión, los accidentes o algunos costes medioambientales evidentemente definibles y cuantificables. 
Además, en esa propuesta introduciremos la posibilidad de que en algunos casos- insisto, no como sistema habitual, pero sí en algunos casos excepcionales como, por ejemplo, el túnel del Brennero o algunos grandes proyectos que se refieren a obras muy costosas que, además, tienen un fuerte impacto medioambiental que hay que reducir al máximo- se aplique también en la Unión Europea el llamado modelo suizo, es decir, que se utilicen los peajes, o parte de un peaje, de una infraestructura existente para crear un fondo que permita financiar la construcción de una infraestructura ferroviaria alternativa. 
Esta es una cuestión esencial. 
Es a través de estas fórmulas como esperamos que puedan llevarse a cabo proyectos importantísimos para la vertebración y la estructuración de todo el territorio europeo. 
Segunda cuestión: los proyectos que aparecen aquí van a ser analizados por sus Señorías en codecisión. 
Quiero decir que el que un proyecto aparezca en las redes transeuropeas permite a la Unión Europea impulsar que los Estados- que al final son los que tienen que hacer las grandes inversiones- o las regiones planifiquen también sus grandes obras en función no de un interés nacional, sino de un interés de interconexión transeuropeo y, por lo tanto, con una visión transfronteriza. 
Por eso es por lo que decía que, desde la época de los romanos, este esfuerzo de las redes transeuropeas es realmente la primera propuesta racional de este tipo. 
Eso será posible aportando cofinanciación, cuyo tope máximo está ahora en el 10%. 
Se podrá llegar hasta el 20% si se aprueban las propuestas que aquí se hacen para algunos proyectos especialmente importantes y costosos, pero, además, porque figurar en estas redes transeuropeas facilita el acceso a financiación por parte del Banco Europeo. 
Por último, al Sr. Bouwman, le diría que, precisamente en esta nueva propuesta, incorporamos no sólo los ejes Norte-Sur, que han sido los que se han recogido fundamentalmente en las otras redes transeuropeas, porque eran los que más falta hacían, sino también los ejes Este-Oeste, sobre todo el eje básico París-Stuttgart-Viena, que en su día tendrá que enlazar con Budapest; incorporamos también el Danubio y su mejor comunicación con el Rin, permitiendo realizar un eje Sur-Este-Noroeste que atraviese toda la Unión. 
Pero qué duda cabe de que la revisión del 2004, cuando ya estarán integrados también los nuevos países de la Unión, acentuará todavía más ese componente Este-Oeste, sin perder el Norte-Sur, que hay que mantenerlo siempre, en cualquier caso. 
Exactamente, señora Vicepresidenta, no hay que perder ni el Norte ni el Sur, a veces dicen que no hay que perder el Norte, pero tampoco el Sur. 
Les voy a decir, para mayor seguridad de todos, el orden en el que les voy a dar la palabra. 
La primera terna va a estar constituida por el Sr. Ripoll, el Sr. Izquierdo y la Sra. Langenhagen; la segunda, por el Sr. Varela, el Sr. Savary y el Sr. Rübig. 
Y con la contestación de la Sra. Vicepresidenta pasaremos a otro punto del orden del día. 
Tiene la palabra, por tanto, el Sr. Ripoll. 
Señora Vicepresidenta, gracias por su comparecencia. Yo le quisiera hacer dos preguntas de forma muy breve y concreta. 
En primer lugar, ¿podría confirmarme que la totalidad de la red española de alta velocidad está incluida en las redes transeuropeas? 
Y, en segundo lugar, si la respuesta fuera positiva, ¿qué alcance y consecuencias tiene su incorporación tanto para la vertebración europea como desde el punto de vista español? 
Señor Presidente, señora Comisaria, el mérito de informar rápido es conseguir el efecto sorpresa para las buenas noticias. 
Y tengo que felicitarla por la noticia que nos ha traído hoy aquí, que estaba directamente relacionada con mi primera pregunta de carácter presupuestario, que tengo que transformar ahora. 
Pero quiero subrayar la importancia que le doy al pasar del 10% al 20% en los proyectos. 
Mi pregunta es: ¿cómo lo ha hecho usted? 
Porque nos interesa esta actuación de cara a futuras actuaciones y peticiones de este Parlamento. 
Por tanto, ¿de dónde ha sacado ese 10%? 
¿Se puede esperar algo similar para los otros modos de transporte? 
En segundo lugar, el impacto medioambiental. 
En su comparecencia en el año 1999, en su audiencia como candidata a Comisaria, usted afirmó que prestaría una exquisita atención al impacto medioambiental. 
¿Piensa, concretamente en estos proyectos, mantener ese nivel y, desde luego, no estar de una manera mecánica sometida a la voluntad de los Estados, que normalmente incorporan efectos realmente dañinos desde el punto de vista medioambiental en algunos de sus aspectos? 
Y, en tercer lugar, todavía no hemos podido digerir los proyectos que usted acaba de relatarnos, pero quiero hacerle una pregunta sin ningún ánimo intencionado, sencillamente para conocer su primera opinión: ¿considera que se combate la perifericidad con su propuesta y, por tanto, que tiene carácter cohesivo? 
Señor Presidente, los terribles acontecimientos en Norteamérica colocan política y económicamente a GALILEO, el sistema europeo de navegación por satélite, bajo una nueva perspectiva. 
En el pasado, con frecuencia los Estados miembros han apoyado esta buena iniciativa sólo con desgana. 
¿Cree usted que ahora en los Estados miembros existe una mejor disposición para llevar a acabo con rapidez GALILEO? 
. Señor Presidente, efectivamente, toda la red de alta velocidad, de ancho europeo, de la Península Ibérica está contemplada en las redes. 
Va a ser un esfuerzo importantísimo de la Península Ibérica para, precisamente, integrarse en la red ferroviaria europea y va a permitir la realización de esa interoperabilidad y, por lo tanto, convertir al transporte por ferrocarril- en sus dos modalidades: personas y mercancías- realmente en una alternativa a otro tipo de transportes. 
Segunda consecuencia: lo que acabo de decir, Señoría, evidentemente, sirve para integrar más a la Península Ibérica en el resto de la Unión Europea, lo mismo que sirven para integrar más al Este en el resto de la Unión Europea actual el proyecto Rin-Ródano o el proyecto ferroviario París-Stuttgart-Linz-Viena y, posteriormente, Budapest. 
Pero lo mismo puedo decir del enlace de la Península Escandinava con el territorio continental europeo a través de la nueva interconexión alternativa al puente de Oresund, a la conexión de Oresund, aprobada también en los nuevos planes. 
Por lo tanto, señor Izquierdo Collado, sí que sirve para integrar la periferia con el centro y, en ese sentido, es cohesivo. 
En cuanto al 10% y el 20%, son posibilidades de financiación. 
No quiere decir que se conceda ni el 10% ni el 20%. 
Hay veces que se concede un 5%; es el tope máximo. 
Segunda cuestión. Habrá que ver si el Consejo y el Parlamento lo respaldan. 
Tercera cuestión. Sirve para todos los modos de transporte, porque en estas redes transeuropeas no sólo están los elementos que he señalado. 
Hay, de forma genérica, la interconexión de los puertos con su zona terrestre aneja, es decir, interconexiones ferroviarias, interconexiones terrestres, la interconexión intermodal no sólo de los puestos marítimos, sino de los puertos fluviales, las interconexiones modales entre ferrocarril y aeropuerto, para interconexión con el sector aéreo, y la interconexión entre ferrocarril y carretera, fundamentalmente en el sector de carga. 
Quiero decir que hay otra serie de elementos de tipo genérico, en los cuales no me he extendido, que están también incluidos en estas redes. 
Y, sobre todo y muy especialmente, hay que resolver los cuellos de botella. 
Porque en los cuellos de botella, muchas veces, con una actuación mucho menor en cuanto a presupuesto, se consiguen unos efectos multiplicadores. 
El 10% de la red de carreteras se ve afectada por cuellos de botella habituales y el 20% de la ferroviaria. 
Esto no quiere decir que el 20% de la red ferroviaria europea es un cuello de botella. 
Pero hay nudos, elementos dentro de esa red ferroviaria que hacen que, al final, el 20% de la red ferroviaria europea se vea afectada. 
Y, desde luego, intentaremos que en estos casos los porcentajes de financiación sean los máximos. 
En cuanto al impacto medioambiental, mantengo lo dicho. 
Todo esto lo hemos preparado de común acuerdo con el Gabinete de la Sra. Wallström y con la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión y hemos acordado que seguiremos trabajando conjuntamente en su desarrollo e impulso. 
Señora Langenhagen, en cuanto a GALILEO, vamos a tener un debate. 
Saben sus Señorías el interés personal que he puesto en este proyecto, que me parece un proyecto crucial desde el punto de vista estratégico de la Unión Europea. 
En mi opinión, pero es un criterio personal- bien es verdad que compartido por los Servicios y por la Comisión en su conjunto -, lo que pasó el 11 de septiembre último nos da más la razón para que sigamos adelante con el proyecto. 
Es evidente que no se pueden hacer descansar sobre un único sistema todas las aplicaciones que cada vez dependen más del Global Positioning System norteamericano. 
Hace falta un segundo sistema que complemente y refuerce el sistema existente, que es el americano. 
No es cuestión de competir con los norteamericanos, es cuestión de participar, junto con los norteamericanos, para dar una mayor seguridad a todo el sistema. 
De todas formas, sabe su Señoría que en estas cuestiones, al final, va a tener que pronunciarse definitivamente el Consejo en su última reunión del mes de diciembre y espero que ese día, de una vez por todas, dejemos ambigüedades, dudas y tiremos para adelante con un proyecto clave para el futuro de la Unión Europea. 
Señor Presidente, gracias a la señora Comisaria y mi felicitación también por la inmediatez con la que comparece ante esta Cámara para darnos la importante información que hoy nos ha dado. 
Aunque ha dado una respuesta general antes en relación con España, yo querría, si me lo permite, concretar un aspecto que tiene mucho que ver con la perifericidad, o si me lo permite, con la perifericidad de la perifericidad- con el Finisterre galaico-. 
Yo querría preguntarle si en estas nuevas orientaciones aprobadas por la Comisión se incluyen en España y en la red de alta velocidad ferroviaria las conexiones con la Comunidad Autónoma de Galicia y, en caso afirmativo, si nos puede explicar de qué manera. 
Gracias, señora Comisaria, por estas informaciones frescas sobre las redes transeuropeas. 
Desearía mencionar un expediente y, además, aprovechar para felicitarme de que éste se haya vuelto a examinar: el del paso de los Pirineos. 
Es un expediente infinitamente menos mediatizado que el de los Alpes, pero probablemente mucho más crítico. 
Desde ahora el número de vehículos pesados que atraviesan cada año los Pirineos, entre la península Ibérica y Francia, es superior al número de los que atraviesan los Alpes. 
Se desarrollará, pues, una situación muy crítica con unas infraestructuras atlánticas que acusan un retraso. 
Con respecto al expediente del paso o del túnel ferroviario central, pienso que es algo positivo, pero no habría que olvidar que este túnel no se construirá enseguida, ya que primero hay que construir el de Lyon-Turín y el del Brennero. 
Estoy personalmente a favor- y desearía tener su opinión al respecto- de construir urgentemente infraestructuras en los dos extremos de los Pirineos, en particular entre el País Vasco y la costa atlántica. 
Creo que es allí donde primero se podrá fin- porque ya existen las actividades y las poblaciones- al enclave de la península Ibérica, por ferrocarril y carretera. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, muchas gracias por su iniciativa. 
Los ciudadanos quieren ver en la ampliación unos puentes visibles. 
El Gobierno eslovaco desea un puente, a saber, en la unión de los dos aeropuertos de Viena y Bratislava convirtiéndolo en un gran aeropuerto que quede mejor comunicado mediante la línea de unión Transrapid. 
Esta podría ser ya la primera parte del tramo que ha prometido entre París y el último extremo de Viena. 
Creo que sería una iniciativa muy importante que llegase hasta Budapest. 
También tenemos allí el nudo de la navegación fluvial en el Danubio y, a la postre, este sería un sistema de tres nudos. 
¿Cree usted que sería asimismo posible la financiación de tales nudos mediante este programa? 
Si se refiere a la red de alta velocidad en sus tramos gallegos, sí está incluida, lo mismo que las interconexiones con Portugal, en tanto en cuanto, insisto, implica adaptar y poner ancho de vía europeo en todas esas construcciones, sean nuevas o sean readaptación de las líneas actuales, que quede muy claro. 
Además, hay otra serie de proyectos que afectan a esa parte de la geografía europea, como son las cuestiones relacionadas con puertos u otras cuestiones sobre las que ahora no voy a hablar. 
Sr. Savary, participo plenamente de su preocupación por los Pirineos. 
Cuando se es responsable de los transportes de la Unión Europea y se coge un mapa, se ve lo que pasa, que ahí hay una barrera, una pared, con un paso a la derecha del mapa, es decir, justo en el este, y otro paso a la izquierda, en el oeste, y entre medias no hay nada. 
No hay ferrocarril. 
Ahora parece que se va a hacer el paso de Canfranc pero, por el momento, no hay nada más que esos dos pasos. 
Las previsiones de la Comisión son que, de aquí a 2010, debemos facilitar el paso de 100 millones de toneladas más entre la Península Ibérica y el resto del continente europeo. 
Hace falta empezar a hablar ya, a preparar y a trabajar en un proyecto de ferrocarril que suponga un gran paso de los Pirineos, no en sus extremos oriental y occidental, sino en la parte más central; que vaya más allá de lo que puede aportar la eventual puesta en funcionamiento del paso de Canfranc; que permita, de verdad, un tránsito importante de mercancías por ferrocarril. 
Estamos hablando de cifras importantes. 
Como dice su Señoría, indudablemente tanto el Gobierno francés como el español, tendrán que considerar alternativas, porque ese gran paso central de los Pirineos, estamos hablando de un horizonte de 2015 a 2020, estamos hablando de 15-20 años, ese tipo de proyectos, hay que planificarlos con esta previsión y tratarlos e iniciarlos con este margen de tiempo. 
A parte de ello, en cualquier caso, sigue en pie uno de los proyectos de Essen, en el que estaba la "Y" vasca, que supone también el enlace con ancho de vía europeo a través de esa entrada de la Península Ibérica. 
En cuanto al Sr. Rübig, quisiera decirle que está dentro de los proyectos (no me he referido a ello porque es una cuestión menor) la autopista Viena-Bratislava, lo cual incluye el tramo en la zona austríaca de la autopista Viena-Bratislava. 
En cuanto a una interconexión ferroviaria, ahora no está prevista, pero le quiero decir que, evidentemente, todos esos aspectos habrá que mirarlos con mucho más detenimiento para la revisión de 2004, cuando ya se haya producido la ampliación, por lo menos en su primera etapa, si es que hay más etapas. 
Muchas gracias, señora Vicepresidenta. 
Queda cerrado este punto del orden del día. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0333/2001). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
No vamos a tener hora y media, vamos a tener como máximo hora y cuarto. 
Por lo tanto, pido a los estimados colegas la mayor cooperación para que podamos realizar el mayor número posible de preguntas. 
El Sr. Vitorino representa a la Comisión. 
Primera Parte 
Pregunta nº 27 formulada por (H-0700/01): 
Asunto: Inmigración ilegal en la Unión Europea a través de Marruecos ¿Qué medidas propondrá la Comisión para regular la inmigración ilegal a través de Marruecos al objeto de evitar que se repitan dramáticos sucesos como los que se han producido este verano en aguas comunitarias? 
Señor Presidente, Señorías, señor Medina Ortega, la cooperación con Marruecos en materia de inmigración se enmarca en el plan de acción aprobado por el Consejo al final de 1999. 
Somos los primeros en subrayar que esa cooperación debe basarse en una visión amplia y completa que integre no sólo las cuestiones de la esfera de la justicia y los asuntos de interior, sino también la relación de la política exterior, la política de desarrollo y la política de asistencia económica. 
En el marco de las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos descubrimos tres sectores fundamentales de debate: el de la cooperación económica y social, el de la gestión de las corrientes migratorias y el de la prevención y la lucha contra la inmigración clandestina, incluida la inmigración en tránsito procedente de los países del África subsahariana. 
Ahora se va a establecer el acuerdo sobre esas tres prioridades en la reunión que está prevista el próximo 9 de octubre para el Consejo del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos. 
Para llevar a cabo acciones concretas, contamos con la nueva línea presupuestaria creada durante el año 2001, la línea B-7-6-67, que tiene una dotación de diez millones de euros para el año 2001 y que en gran parte fue, de hecho, destinada a acciones concretas de cooperación con Marruecos. 
Se debe situar la cuestión de la relación con Marruecos en una perspectiva más amplia, que es la de la reactivación del proceso de Barcelona. 
Reconocemos que los avances logrados en la esfera de ese proceso son bastante limitados. 
Somos perfectamente conscientes de que la situación internacional y nuestra relación concreta con Marruecos exigen una reactivación del proceso de Barcelona. 
Ésa es también la intención ya anunciada de la futura Presidencia española. 
La Comisión tiene la convicción de que para la reactivación del proceso de Barcelona resultará imprescindible adoptar un programa regional en materia de justicia y asuntos de interior que incluya las cuestiones de inmigración, pero que debe también comprender otras cuestiones, tales como, por ejemplo, el fortalecimiento del Estado de derecho, la buena gestión de los asuntos públicos y la cooperación en materia judicial. 
Le agradezco las explicaciones que da, pero querría subrayar la urgencia del tema. 
Concretamente este verano, que sepamos, treinta o cuarenta personas se han ahogado como consecuencia del funcionamiento de estas redes de inmigración ilegal. 
Se calcula que el año pasado cuatro o cinco mil personas se ahogaron intentando atravesar el espacio que separa el territorio marroquí de España. 
Por tanto, querría insistir, señor Comisario, en si hay alguna posibilidad de que, sin esperar al resultado del proceso de Barcelona y a las renegociaciones de carácter más amplio sobre la asociación, se llegue a un acuerdo muy práctico en materia policial y de control para que las autoridades marroquíes impidan que continúe esta matanza, que adquiere ya caracteres realmente peligrosos. 
. Señor Presidente, yo comparto totalmente la idea del diputado Sr. Medina de que estamos ante un drama humano, de que no podemos esperar la solución ideal, de que hay que caminar haciendo el camino. 
Pero para hacer el camino es necesario que las dos partes estén de acuerdo en los mecanismos que hay que aplicar. 
Esto es algo que aún no ha llegado a un punto que yo considero aceptable. 
Tenemos, pues, muchas esperanzas de que en el Consejo de asociación de la semana próxima se puedan dar pasos adelante en la identificación de mecanismos concretos de colaboración, incluyendo la cooperación policial en el control de las fronteras. 
De todas maneras me gustaría subrayar que en el año 2001 una parte muy sustancial de la línea presupuestaria de la que he hablado se ha dedicado a acciones de cooperación con Marruecos, incrementando la capacidad administrativa de este país en la gestión de la inmigración clandestina, que no es sólo un problema humano: es un problema político, sobre todo para España. 
Pero también es un problema para Marruecos, porque Marruecos es hoy un país de tránsito en el que se queda una gran cantidad de inmigrantes ilegales subsaharianos, con consecuencias sociales muy dañinas para la sociedad marroquí. 
Creo que a partir de la próxima semana podremos tener mejores perspectivas de cooperación, como espero que sea el resultado de la reunión del Consejo de asociación. 
Pregunta nº 28 formulada por (H-0730/01): 
Asunto: Puesta en libertad del Sr. Arbin Kurti y otros kosovares aún rehenes de las autoridades de Belgrado De los alrededor de 2 000 kosovares secuestrados y tomados como rehenes por las fuerzas militares y paramilitares del régimen entonces en el poder en Belgrado durante los días previos a la operación internacional de policía en Kosovo, hace ya más de 28 meses, 229 permanecen aún detenidos en las cárceles serbias. 
De ellos, un centenar están detenidos por delitos comunes, en tanto que los otros 129, empezando por el Sr. Arbin Kurti, líder de los estudiantes, lo están por delitos de opinión o "políticos". 
En febrero de 2001, el Parlamento serbio y el yugoslavo aprobaron una ley de amnistía que ha permitido poner en libertad a 30 000 serbios y a unos 400 kosovares. 
A finales de abril de 2001, 143 presos de la cárcel de Gjakova fueron liberados. 
Por lo que se refiere a los demás presos kosovares, las autoridades judiciales serbias declararon que sus casos serían objeto de una revisión judicial rápida seguida de un procedimiento de puesta en libertad. 
A pesar de estos compromisos concretos por parte de las autoridades de Belgrado, y a pesar de las promesas reiteradas del Consejo y de la Comisión de intervenir con firmeza para poner fin a esta situación intolerable, la cuestión sigue sin resolverse. 
¿Ha decidido la Comisión dejar de considerar la resolución de esta cuestión como prioritaria? 
De no ser así, ¿qué iniciativas tiene previsto tomar para lograr por fin la liberación inmediata del Sr. Arbin Kurti y de los 129 rehenes kosovares, así como la transferencia de los aproximadamente 100 kosovares detenidos por delitos comunes aún encarcelados en Serbia a la UNMIK, única instancia competente en la materia? 
. 
(EN) La Comisión Europea sigue preocupada por este asunto y puedo garantizar a su Señoría que aprovechamos cada oportunidad que se presenta para presionar debidamente a los responsables de la toma de decisiones sobre esta cuestión. 
Como su Señoría reconoce, se han hecho progresos considerables, que acogemos con satisfacción. 
Los casos de los prisioneros restantes están siendo revisados y cuando no existen pruebas que apoyen las condenas, los prisioneros son puestos en libertad. 
Cuando la condena está motivada, se presentan apelaciones. 
El CICR supervisa las condiciones de los distintos prisioneros y mantiene contacto con sus familias. 
Respecto al traslado de prisioneros de las cárceles de Serbia a las instalaciones de la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo, este asunto está siendo estudiado por las autoridades competentes. 
La reforma simultánea del sistema judicial con la ayuda y el asesoramiento de organizaciones internacionales, tales como el Consejo de Europa y la OSCE, que actualmente tienen representación en Belgrado, está en marcha. 
El Estado de derecho y el respeto de los derechos de las minorías son requisitos fundamentales aplicables a las relaciones con la Antigua República de Yugoslavia y sus países vecinos, así como a la provisión de asistencia. 
Dicho esto, hay que recordar algunos elementos. 
Sus colegas de la Comisión manifestaron, en numerosas ocasiones, que el traslado de estos rehenes kosovares de Serbia a Kosovo era prioritario. 
Lo declararon cuando el criminal Milosevic estaba aún en el poder. 
Hace ahora casi un año hubo un cambio de régimen en Belgrado, por lo que es todavía menos comprensible que estos problemas sigan pendientes. 
Usted habla de cargos, de apelación, pero se ha establecido y afirmado, incluso en esta Asamblea, que las autoridades de Belgrado no eran competentes, que sólo la UNMINK era competente para tratar estos expedientes y que, por lo tanto, el traslado ya había sido decidido jurídicamente, que bastaba con darle curso, y ello hace dos años, señor Comisario. 
Es un período de tiempo bastante largo para nosotros, pero lo es aún más para aquellos que todavía hoy se encuentran en las cárceles de Belgrado. 
Así pues, en el caso particular del Sr. Arbin Kurti, que era un dirigente estudiantil, no entiendo realmente qué tipo de cargos y qué elementos pueden aún impedir su traslado. 
. (FR) Con respecto a casos concretos, pienso que la responsabilidad directa para efectuar el seguimiento de los juicios incumbe al ICRC. 
La Comisión plantea la cuestión desde un punto de vista general, y puedo asegurar al Sr. Diputado que siempre hemos insistido ante las autoridades de la ex República de Yugoslavia en que era necesario dictar una resolución lo antes posible. 
Deseo subrayar que en algunos casos se cometieron crímenes. 
En ese sentido, es la justicia la que debe decidir la suerte de los acusados, la que debe hacer los cargos e interponer apelaciones para que se haga justicia hasta el final. 
En cuanto al ámbito político, puedo asegurar al Sr. Diputado que en ningún momento hemos dejado de insistir para que se resuelvan rápidamente todas las situaciones pendientes, y deseo señalar que se han realizado progresos y que, naturalmente, los plazos son siempre demasiado largos cuando se acusa a alguien de haber cometido un delito, sobre todo si la acusación es injusta; pero la Comisión, por su parte, continúa haciendo hincapié en que se debe adoptar una decisión lo antes posible respecto a las situaciones que aún están pendientes. 
Pregunta nº 29 formulada por (H-0737/01): 
Asunto: Juicios en Kabul A principios de septiembre se inicia en Kabul un juicio contra cuatro ciudadanos de un Estado miembro de la Unión, Alemania, dos ciudadanos de Estados Unidos y dos ciudadanos de Australia. Todos ellos trabajan para la organización humanitaria Shelter Now International. 
De conformidad con la ley islámica del país, el fiscal pide la pena de muerte por realizar actividades de propagación de la fe cristiana. 
Al mismo tiempo, 16 ciudadanos afganos han sido acusados de convertirse al cristianismo, para los que el fiscal pide la pena de muerte de conformidad con la ley islámica del Afganistán. 
¿Qué medidas ha adoptado la Unión Europea con respecto al régimen talibán para asegurar el respeto y protección de los derechos de todos los acusados en el contexto de los esfuerzos de la UE en favor de la libertad de religión como parte integrante de los derechos humanos tal como se establece en la Carta de la Naciones Unidas, la Convención del Consejo de Europa y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE? 
Señor Presidente, Señorías, el Gobierno alemán solicitó concretamente que, a ese respecto, no se adoptaran actitudes ni acciones por parte de la Unión Europea en relación con los ocho trabajadores de organizaciones de asistencia humanitaria, en particular la organización no gubernamental "Schelter Now International", que en este momento están sometidos a juicio en Kabul, en el Afganistán, acusados de haber hecho proselitismo de la religión cristiana ante afganos musulmanes. 
Los gobiernos de los tres países cuyos ciudadanos están afectados por esa situación- Alemania, Australia y los Estados Unidos de América- han decidido actuar conjuntamente en este momento y han manifestado su preferencia por encontrar soluciones para ese problema en un plano estrictamente bilateral. 
Su Señoría ha de saber que el juicio de las ocho personas de que se trata está en marcha. 
En la situación actual, atendiendo al clima existente, la Comisión no cree que sea apropiado, ni que pueda ayudar siquiera, formular otro comentario alguno sobre esa situación, dado que se trata de la opción de los gobiernos de los ciudadanos interesados, pero sabemos, evidentemente, que tanto la Comisión como el conjunto de los Estados de la Unión Europea continuarán siguiendo detenida y atentamente la evolución de la situación. 
Agradezco la respuesta. 
El señor Vitorino no menciona en esta repuesta a los dieciséis afganos sometidos a juicio por haber cambiado de religión, por abandonar el Islam y convertirse al cristianismo. 
Esas personas corren el riesgo de que se les aplique la pena de muerte de acuerdo con la ley islámica. 
Mi pregunta al señor Vitorino es: en el contexto de nuestra lucha contra la pena capital y a favor de la libertad religiosa ¿ha hecho algo la Unión Europea en favor de esas personas que corren el riesgo de ser ajusticiadas? 
¿Cómo reacciona la Unión Europea respecto a todos los países árabes y musulmanes- se trata de casi todos esos países- en los que se aplica la pena de muerte a los que abandonan el Islam y se convierten al cristianismo? 
Independientemente de lo que aconteció en Estados Unidos el 11 de septiembre, no debemos cesar en nuestros esfuerzos contra la pena de muerte. 
Mi pregunta es: ¿qué ha pasado con esos dieciséis afganos? 
Señor Presidente, no creo que Su Señoría tenga duda alguna sobre mi posición y la de la Comisión sobre la pena de muerte o sobre la libertad de religión. 
Si tuvo ocasión de oír lo que dije, por ejemplo, en los debates sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la respuesta está ahí dada, no sólo en retórica, sino también en normas jurídicas claras e inequívocas. 
Reconozco que no tenemos información alguna concreta sobre la situación de los dieciséis afganos a que se ha referido; al parecer, la situación será la de que esos dieciséis afganos serán sometidos a juicio en un momento posterior, por tanto, más tarde, no en el momento en que se está juzgando a los ocho ciudadanos de Alemania, los Estados Unidos y Australia. 
Apoyamos, naturalmente, la toma de posición de la troika, del llamado "Grupo de apoyo afgano", grupo de enlace conjunto que actualmente preside Alemania y que hizo una declaración inequívoca de apoyo a los trabajadores de las organizaciones no gubernamentales, ya se tratara de los ciudadanos de los Estados que he citado o los afganos afectados por esa situación. 
Muchas gracias, señor Vitorino por su presencia y su actuación en este turno de preguntas. 
Vamos a pasar a la segunda parte. 
Tenemos veinte minutos por Comisario, ni uno más. 
Muy buenas tardes, señor Bolkestein. 
Preguntas dirigidas al Sr. Bolkestein 
Pregunta nº 30 formulada por (H-0707/01): 
Asunto: Tribunales de la marca comunitaria ¿Cuándo va a tomarse una iniciativa contra los Estados miembros que no han creados los juzgados y tribunales de la marca comunitaria? 
. 
(EN) Señor Presidente, habida cuenta de que su Señoría, Sr. Berenguer Fuster, formuló una pregunta similar el pasado diciembre, la Comisión ha dirigido un escrito de requerimiento a España, Francia, Luxemburgo, Italia y Grecia recordándoles la necesidad de cumplir con las obligaciones relativas a la designación de tribunales de la marca comunitaria. 
Las autoridades griegas han informado a la Comisión de que el reglamento pertinente para designar los tribunales de justicia de las marcas comunitarias fue aprobado en septiembre. 
Francia ha declarado que se aprobará un decreto sobre esta cuestión antes del 31 de octubre de 2001. 
Los servicios de la Comisión están comprobando actualmente esta información. 
Respecto a los tres Estados miembros restantes, España, Luxemburgo e Italia, la Comisión no dispone aún de ninguna información que demuestre que estos Estados miembros han adoptado las disposiciones necesarias. 
La Comisión, por consiguiente, está estudiando la posibilidad de iniciar procedimientos de infracción por incumplimiento del Derecho comunitario conforme al artículo 226 del Tratado CE. 
Gracias señor Comisario por su información. 
Obviamente me refiero al caso de España, puesto que los relativos a Italia y Luxemburgo, como es evidente, no los conozco suficientemente. 
Me respondía el señor Comisario, en fecha 13 de diciembre del pasado año 2000, que, en el supuesto de que no se respondiera de forma satisfactoria, la Comisión iniciaría un procedimiento de infracción conforme al artículo 226 del Tratado. 
Hoy ya nos ha dicho que la Comisión no tiene noticias de que estos tres países, entre ellos España que, para mayor gravedad es donde está la sede de Oficina de Armonización del Mercado Interior, hayan iniciado ningún trámite para crear aquello a lo que se comprometieron y que están incumpliendo desde el mes de noviembre del año 1996. 
Si es así, si eso ocurría ya hace un año, si desde hace cerca de un año no ha habido respuesta satisfactoria, ¿a qué está esperando la Comisión para iniciar el procedimiento por infracción? 
. 
(EN) Puedo imaginarme perfectamente la impaciencia, o debo decir irritación, del Sr. Berenguer Fuster por el hecho de que el Gobierno de su país no haya adoptado aún las medidas oportunas de cara a la creación de dicho tribunal. 
De hecho, es cierto que se trata de una infracción. 
Permítame señalar que la Comisión no duda a la hora de iniciar procedimientos por infracción, pero únicamente, como dice la expresión latina, como ultimum remedium; en otras palabras, la Comisión da ese paso únicamente cuando se han agotado todas las vías y posibilidades de solucionar la problemática de forma amistosa. 
Tomo nota de la observación del Sr. Berenguer Fuster de que su paciencia, al igual que la de la Comisión, se está agotando. 
En realidad haremos lo que su Señoría propone, que es también lo que la Comisión tiene intención de hacer. 
Hagamos un último esfuerzo para convencer al Gobierno español de que lo haga antes de que la Comisión dé ese último paso- en particular, de cara a la próxima Presidencia, período en que sería inaceptable que la Comisión iniciara dichos procedimientos. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 31 y 32 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 31 formulada por (H-0728/01): 
Asunto: Escrito de requerimiento sobre la aplicación de la Directiva 89/48/CEE En la respuesta de la Comisión a la pregunta E-1336/01 de este diputado sobre el reconocimiento de títulos sobre la base de la Directiva 89/48/CEE en Grecia, el Comisario competente, Sr. Bolkestein, afirma, entre otras cosas, que "se espera una decisión de la Comisión a este respecto en los próximos meses y, en cualquier caso, a más tardar en otoño, a raíz de las posibles comprobaciones suplementarias que habrá que efectuar ante las autoridades griegas". 
En efecto, según declaraciones publicadas en la prensa el 9 de agosto de 2001, la Comisión ha enviado un escrito de requerimiento a Grecia en la que ubica el problema en el Decreto presidencial sobre la adaptación de Grecia a la Directiva 89/48/CEE. 
¿En qué argumentos jurídicos se basa la Comisión para considerar que el no reconocimiento de títulos expedidos por centros de formación de otro Estado miembro que funcionan en Grecia a través de acuerdos de "franquicia" es contrario a la Directiva comunitaria y qué puntos del Decreto presidencial sobre la incorporación de la Directiva 89/48/CEE a la legislación griega considera incompatibles con dicha Directiva? 
¿Existe una respuesta o atisbo de argumentación jurídica por parte del Gobierno griego acerca de las cuestiones planteadas en el escrito de requerimiento? 
. 
(EN) Señor Presidente, en respuesta a la pregunta oral del Sr. Alavanos, el escrito de requerimiento enviado a Grecia al que se refiere su Señoría es relativo a un procedimiento por infracción iniciado recientemente porque el Decreto presidencial nº 165 de 23 de junio de 2000 es contrario a la Directiva 89/48 en determinados ámbitos. 
Por otro lado, el procedimiento al que se hace referencia en la pregunta E-1336/01 anterior es relativo, más específicamente, a problemas relacionados con la mala aplicación de la Directiva 89/48 al ejercicio de la psicología. 
La Comisión considera que los diplomas concedidos en Grecia por otro Estado miembro y los acuerdos de "franquicia" no están relacionados con la formación proporcionada desde o por Grecia, sino a la formación proporcionada desde o por otro Estado miembro, puesto que el centro griego en el que se ha impartido la formación en cuestión hace las veces de mero intermediario sin ninguna autonomía. 
En otras palabras, no es el centro griego el que expide los títulos, sino la universidad del otro Estado miembro y, en consecuencia, si dichos títulos son relativos a la formación profesional según el significado de la Directiva 89/48, los diplomas están amparados por dicha Directiva. 
El escrito de requerimiento tiene la finalidad de recabar las observaciones de los Estados miembros sobre cuestiones específicas. 
Grecia no ha contestado aún a dicho escrito de requerimiento y, por lo tanto, aún no se ha establecido ninguna causa firme para el procedimiento. 
Por consiguiente, la Comisión no está en condiciones de responder a esa parte de la pregunta de su Señoría. 
Dada la similitud de la cuestión, paso a continuación, si me lo permiten, a responder a la pregunta del Sr. Hatzidakis. 
En el juicio al que hace referencia su Señoría, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas condenó a Grecia por no haber comunicado las medidas adoptadas para aplicar la Directiva 89/48- la Directiva a la que he hecho referencia en mi respuesta a la pregunta anterior. 
La Comisión ha iniciado pues un nuevo procedimiento de infracción contra Grecia con la solicitud de que se fije el pago de sanciones. 
Este segundo procedimiento se cerró cuando Grecia cumplió. 
Cumplió con la decisión del Tribunal al presentar a la Comisión el Decreto presidencial nº 165 de 23 de junio de 2000. 
Como he señalado en mi respuesta a la pregunta oral anterior dirigida por el Sr. Alavanos, la Comisión considera que determinadas disposiciones de la Directiva 89/48 no se han aplicado correctamente. 
La Comisión también ha recibido quejas de personas a las que, incluso después de la aplicación de la directiva, no se les ha respetado sus derechos. 
La Comisión, por consiguiente, ha iniciado un nuevo procedimiento de infracción, esta vez por ejecución y aplicación incorrectas de la directiva, y ya se ha enviado a Grecia el escrito de requerimiento al que acabo de referirme hace un momento. 
Esperamos recibir en breve explicaciones de las autoridades griegas. 
Actualmente se está introduciendo un procedimiento específico para el reconocimiento del ejercicio de la psicología y dicho ejercicio, junto con varios otros, ha sido objeto de legislación específica en materia de ejecución por problemas relacionados con la aplicación de la Directiva 89/48, que también han sido puestos a la atención de la Comisión en ese contexto. 
Ésta es mi respuesta a la pregunta dirigida por el Sr. Hatzidakis. 
Le agradezco especialmente al señor Comisario su pormenorizada, incluso desde el punto de vista técnico, respuesta. 
Resta ver cuál será la respuesta del gobierno al movimiento de la Comisión. 
Puesto que el señor Comisario sabe bien que en numerosas ocasiones ha planteado esta cuestión, quiero simplemente informarle de que la respuesta pública del Ministerio de Educación es que formulo preguntas inadecuadas a comisarios inadecuados y recibo respuestas inadecuadas. 
Espero, pues, la respuesta del gobierno griego. 
Mi pregunta a la Comisión, no obstante, es la siguiente: ¿por qué nos circunscribimos a los asuntos de los psicólogos, y concretamente, además, de los que han recibido títulos de universidades francesas, cuando la Comisión ha recibido muchas denuncias también de otras especialidades y de estudiantes matriculados en otros departamentos, una parte de cuyos estudios se cursan en Grecia, y que obtienen títulos de universidades extranjeras? 
. 
(EN) Puedo asegurar al Sr. Alavanos que la Comisión ha examinado todo este asunto en el sentido más amplio posible y no se ha limitado al tema de los psicólogos. 
La cuestión fundamental es si un título expedido por otro Estado miembro, tras haber realizado una serie de estudios que, físicamente, tienen lugar en Grecia, es o no equiparado a un título similar expedido en Grecia tras haber cursado estudios en una universidad griega. 
Por tanto, es la equivalencia entre un título puramente griego y un título expedido por una universidad de otro Estado miembro, pero cuando el estudio ha sido impartido en un centro griego. 
Esta equiparación, esta igualdad es el objetivo de la Directiva 89/48, a la que he hecho referencia varias veces esta tarde. 
La Comisión ha tenido esto en cuenta y ha pedido a Grecia que explique por qué no se ha realizado la transposición de dicha directiva y no se ha aplicado como es debido. 
La directiva no se limita a los psicólogos y, en este sentido, puedo garantizar al Sr. Alavanos que sus temores son infundados. 
Señor Comisario, debe usted saber que el asunto del que hablamos no es una cuestión que concierna tan sólo a unos cuantos ciudadanos griegos, se trata de una cuestión que afecta a miles de titulados universitarios europeos a los cuales el estado griego a causa, en mi opinión, del demencial sistema educativo que tenemos envía a estudiar al extranjero, para a continuación no reconocerles su titulación. 
El hecho es que los afectados son miles de jóvenes que se ven privados de futuro profesional a causa de esta mentalidad del estado griego. 
A partir de ahí, lo que quisiera decir es que me alegro de su constatación de que no se da una correcta aplicación de la decisión del Tribunal, y quisiera preguntarle, puesto que nos escuchan los ciudadanos griegos, en el caso de que el gobierno griego persista en su actitud, ¿cuáles serán legalmente las consecuencias? 
¿Cuáles serán los próximos movimientos de la Comisión? 
Para que les quede claro a los ciudadanos. 
. 
(EN) Soy muy consciente del hecho de que los jóvenes afectados son muy numerosos. 
Debo confesar que no los he contado, pero si el Sr. Hatzidakis dice que los jóvenes afectados se cuentan por miles, estoy seguro de que tiene razón. 
Eso subraya la importancia de esta cuestión. 
Si el sistema de enseñanza es absurdo o no es una calificación que debo dejar al Sr. Hatzidakis. 
Estoy seguro de que su Señoría tiene amigos políticos en su país que pueden plantear esta cuestión en el Parlamento nacional de Grecia. 
Pero estamos en el Parlamento Europeo. 
Es muy acertado que el Sr. Hatzidakis llame nuestra atención sobre esta lamentable situación y le agradezco su contribución a nuestro debate. 
Respecto a los instrumentos jurídicos, como he dicho antes en mi respuesta al Sr. Alavanos, la Comisión hará uso de todos los instrumentos jurídicos de que dispone. 
La Comisión no tiene ningún deseo en particular de llevar a los Estados miembros a los tribunales, pero si el Derecho europeo no se respeta, no le queda otra alternativa. 
Por consiguiente, digo al Sr. Hatzidakis y al Sr. Alavanos que si el Gobierno griego no aplica correctamente el reglamento, como debería ser el caso, la Comisión, de una manera muy sopesada y deliberada, hará uso de los instrumentos de que dispone e iniciará procedimientos jurídicos. 
Pregunta nº 33 formulada por (H-0738/01): 
Asunto: Régimen tributario ilegal de automóviles en Finlandia La Comisión Europea pidió a Finlandia en 1998 que corrigiera el régimen tributario de este país que grava los automóviles y motocicletas. 
A este respecto, los funcionarios de la Comisión han admitido que Finlandia no ha reducido suficientemente la discriminación. 
Como última medida, la Comisión de Peticiones del PE recibió, en septiembre de 2001, una petición acompañada de la firma de 17 000 compatriotas míos, entre las que se incluye la mía propia, en la que se pide una revisión de dicho régimen tributario ilegal. 
¿Cuándo se propone la Comisión adoptar medidas para obligar a Finlandia, que ingresó en la UE en 1995, a respetar finalmente la normativa vigente y a aplicar la legislación del mercado único tal como la interpreta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas? 
¿Adoptará la Comisión medidas legales independientes, habida cuenta de que no servirá de mucho esperar a que el Tribunal de Justicia emita nuevas sentencias, especialmente en consideración de la reciente sentencia sobre Portugal (C-393/98)? 
El impuesto que grava los vehículos de mudanzas supone, igualmente, un obstáculo para la libertad de circulación de los ciudadanos dentro de la UE. 
¿Piensa la Comisión adoptar medidas para subsanar esta situación ilegal en un futuro próximo? 
Preguntas formuladas al Sr. Verheugen 
. (FR) Señor Presidente, mi respuesta es la siguiente. 
La Comisión está examinando la apertura de un procedimiento sobre la base del artículo 226 del Tratado con respecto a Finlandia, que amplía el procedimiento iniciado en 1998. 
El nuevo procedimiento puede abarcar asimismo los problemas de aplicación de la Directiva 83/183 que rige las exenciones fiscales en caso de traslado de residencia. 
Al mismo tiempo, los servicios de la Comisión se han dirigido a todos los Estados miembros para hacer hincapié en la sentencia del Tribunal de Justicia mencionada en la pregunta del Sr. Vatanen, es decir, la sentencia Gomes-Valente de 22 de febrero de 2001, y la Comisión comparte la opinión de Su Señoría según la cual se trata de una sentencia que tiene implicaciones fuera del contexto de la causa y que abre la vía para tratar la venta de vehículos de ocasión de una forma más adaptada a las exigencias del mercado interior europeo. 
No obstante, la Comisión señala que el procedimiento para que se respete la sentencia antes citada es independiente de los otros procedimientos que ésta ha iniciado o piensa iniciar. 
Señor Presidente, señor Comisario, gracias por sus esfuerzos. 
Me tranquiliza oír su respuesta y me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a los servicios de la Comisión por su trabajo. 
Los servicios de la Comisión han admitido que Finlandia está violando ostensiblemente el reglamento comunitario y del mercado único. 
Los finlandeses esperan ansiosos dichos derechos de la UE a los que tienen derecho y que les fueron prometidos. 
Señor Comisario, espero que esto no le resulte demasiado pesado, pero las esperanzas de los finlandeses descansan sobre sus hombros. 
. 
(EN) En primer lugar, quisiera agradecer al Sr. Vatanen sus amables observaciones. 
Siento el peso de todos esos automovilistas de Finlandia sobre mis hombros- es una carga realmente muy pesada. 
Un factor que complica las cosas es que éste es un ámbito que aún no ha sido armonizado en la Unión Europea. 
El fundamento jurídico sobre el que la Comisión se basa para emprender acciones es, por un lado, el artículo 90 del Tratado, que prohíbe la discriminación fiscal, y, por otro, dos directivas adoptadas en 1983. 
El artículo 90 da al Tribunal de Justicia la oportunidad de aplicar abundante jurisprudencia. 
Habida cuenta de que las interpretaciones de las sentencias del Tribunal no siempre son unánimes, es hora de crear una síntesis de todas las distintas interpretaciones con vistas a determinar claramente nuestra acción en el futuro. 
Esta necesidad de síntesis es una de las razones que me han llevado a incluir en el programa de trabajo de la Comisión para este año una comunicación sobre el régimen tributario de los vehículos de motor. 
Es mi intención que esta comunicación, que espero que aparezca hacia finales de este año o comienzos del próximo, cubra todos los problemas relacionados con el régimen tributario de los vehículos y el precio de los vehículos, de manera que podamos adoptar un enfoque más amplio en este ámbito y solucionar el problema en Finlandia al que el Sr. Vatanen ha hecho referencia. 
Espero que esta medida le resulte satisfactoria. 
Muchas gracias Sr. Bolkestein por su gran cooperación con este Parlamento. 
La pregunta nº 34 de la Sra. Anne E.M. Van Lancker (H-0765/01) no se responderá por haberse incluido en el orden del día de presente período parcial de sesiones. 
Pregunta nº 35 formulada por (H-0695/01): 
Asunto: Ley relativa al uso de lenguas minoritarias en Eslovaquia En un documento oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Eslovaca que nos ha remitido el Embajador de Eslovaquia en Bruselas, se lee que la Ley de 1999 relativa al uso de lenguas minoritarias en Eslovaquia concede determinados derechos a las minorías. 
Cuando el 20% de los habitantes de una población habla otra lengua, las comunicaciones oficiales pueden tener lugar en su lengua propia. 
Hemos podido comprobar personalmente cómo funciona esta ley en la práctica. 
En pueblos donde vive más de un 20% de eslovacos, los habitantes pueden hacer en eslovaco todas las gestiones oficiales. 
Al parecer, la ley funciona, por lo tanto. 
Pero si contamos también que en el mismo pueblo, por ejemplo, vive un 75% de húngaros y que en los casos de nacimiento, matrimonio y fallecimiento solamente pueden obtener documentos en eslovaco, que en actos públicos y oficiales el alcalde de dicho pueblo no puede hablar la lengua húngara, entonces nos planteamos graves preguntas sobre la aplicación de una ley lingüística de tan buen aspecto sobre el papel. 
¿Piensa examinar la Comisión, en el marco de la adhesión de Eslovaquia a la UE, si se aplica la ley, cómo se aplica y qué adelantos se registran en su aplicación? 
Señor Presidente, la Comisión sigue muy atentamente la situación en el tema del uso de los idiomas minoritarios en Eslovaquia. 
Es de la opinión de que Eslovaquia ha logrado unos considerables progresos en el desarrollo de una política positiva de minorías y en la elaboración de las necesarias normas jurídicas, creando y manteniendo para ello las correspondientes instituciones. 
La aprobación de la ley sobre el uso de los idiomas minoritarios en el tráfico oficial ha sido en este contexto un importante paso. 
De este modo, se ha equiparado el derecho nacional a los estándares internacionales en vigor cumpliendo con las recomendaciones específicas de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, del Consejo de Europa y de la Comisión. 
Otro importante progreso ha sido la ratificación de la Carta Europea de los Idiomas Regionales o de Minorías. 
Se debe destacar en especial que Eslovaquia quiere conceder a la minoría húngara las mayores libertades posibles, en consonancia con la flexibilidad obtenida mediante la Carta. 
Al mismo tiempo, según las observaciones de la Comisión, siguen siendo necesarios considerables esfuerzos para que las normas jurídicas en vigor se apliquen siempre también plenamente en la práctica. 
En algunas zonas, parece que por desconocimiento, las minorías no hacen uso de los derechos garantizados por la ley sobre el uso de los idiomas minoritarios en el tráfico oficial. 
Este parece ser el caso sobre todo en municipios en los que existe una elevada proporción de población gitana. 
La Comisión va a insistir también en el futuro para que Eslovaquia prosiga sus esfuerzos en la aplicación de las disposiciones legales, mejore la política en este campo y ponga a disposición los necesarios créditos presupuestarios. 
Señora diputada, no me sorprenden las observaciones que ha realizado usted personalmente. 
Esto es sólo una prueba de que existen las dificultades de aplicación que he descrito. 
En el próximo informe sobre los trabajos en curso sobre Eslovaquia y que vence en noviembre, nos seguiremos ocupando de este tema. 
Creo que tiene usted razón, algunas partes de la población no estarán del todo al corriente de las nuevas posibilidades legales. 
No obstante, podemos hacernos la pregunta de si la buena voluntad necesaria está siempre presente a la hora de que los ciudadanos puedan utilizar en la práctica las posibilidades que la ley les ofrece. 
En ese sentido, probablemente sería positivo que señaláramos que se trata de una cuestión muy sensible, no sólo en el informe, sino también en nuestros contactos con las autoridades eslovacas. 
Por nuestra parte, una evaluación sobre la política respecto de las minorías no puede constituir una evaluación de cuestiones que están sobre el papel. 
También debe tratarse de derechos y hechos. 
Señora diputada, sólo puedo apoyar lo que acaba de decir. 
Puedo confirmarle que en todos nuestros contactos con el Gobierno eslovaco, tocamos este tema. Yo mismo lo he hecho en repetidas ocasiones en conversaciones con el Jefe de Gobierno eslovaco, el Parlamento eslovaco y también en las presentaciones en público en Eslovaquia y ante la prensa eslovaca. 
El mensaje que transmitimos a Eslovaquia es que el modo con que se comporta el grupo más numeroso de los eslovacos con sus minorías es para nosotros el baremo con que se han realizado en este país la democracia y el Estado de derecho. 
Pregunta nº 36 formulada por, a quien sustituye el Sr. Miller (H-0714/01): 
Asunto: Central nuclear de Ignalina, Lituania ¿Cuál es la posición actual de la Comisión en lo que se refiere al cierre del segundo reactor de la central nuclear de Ignalina en Lituania? 
Señor Presidente, la Comisión tiene en esta cuestión una opinión que coincide plenamente con la del Consejo y- en lo que puedo apreciar- también con la del Parlamento Europeo. 
El Parlamento Lituano aprobó en 1999 una estrategia nacional sobre la energía. 
En este contexto, acordó que el bloque 1 de la central nuclear de Ignalina se desconectase antes del 2005 y que la decisión definitiva sobre el momento de la desconexión del bloque 2 se adoptase en el marco de la revisión de la estrategia nacional sobre la energía en el año 2004. 
La Comisión expresó entonces que según su entender la desconexión del bloque 2 debe realizarse hasta el 2009. 
Esto se deduce de la lógica del asunto: si el 2005 es la fecha más tardía para la desconexión del bloque 1, entonces se deduce de la vida media prevista para ambos bloques que el 2009 es la fecha más tardía para la desconexión del bloque 2. 
En lo que se refiere al bloque 1, la Comisión ha tomado nota de que Lituania ha iniciado amplios preparativos para la desconexión y cierre. 
Parto del hecho de que la desconexión se realizará antes del 2005. 
En lo referente al bloque 2, la Comisión ha declarado- tal como ya he dicho- que la desconexión se debería realizar a más tardar hasta el 2009. 
Independientemente de ello, en opinión de la Comisión y de los Estados miembros, el calendario para la decisión sobre la fecha de desconexión debería ser compatible con el calendario para la adhesión de Lituania a la Unión Europea. 
Hace pocos días he hablado extensamente al respecto con el nuevo Gobierno lituano en Wilna- fue realmente el objeto principal de las conversaciones en Vilnius- y he ganado la impresión de que el Gobierno y el Parlamento lituanos han entendido bien el mensaje, es decir, que tienen que recapacitar ahora sobre cómo en relación a su propio calendario para la adhesión a la Unión Europea, deben revisar el calendario para las decisiones relativas al bloque 2 de Ignalina. 
Quiero aprovechar la ocasión para indicar que precisamente en lo tocante a Ignalina, desde el punto de vista de la Comisión no son posibles compromisos. 
Ignalina es una central nuclear del tipo de Chernobil, que según el convencimiento general de los expertos, no se puede reequipar ni hacer que llegue a unos estándares de seguridad aceptables. 
Según nuestro firme convencimiento, esta central nuclear esconde un auténtico peligro para las personas, por lo que no vamos a poder abandonar esta exigencia. 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta. 
¿Es la posición de la UE absolutamente firme, sin ninguna posibilidad de que sea modificada en un futuro próximo? 
Quisiera también plantear la cuestión de la financiación internacional de la suspensión de empleo. 
¿Será dicha financiación con cargo al presupuesto de la Comisión? 
¿Qué ocurrirá si no hay fondos suficientes para costear dicha suspensión de empleo? 
Señor diputado, a su primera pregunta puedo responder como desea con un claro no. 
La actitud de la Comisión en esta cuestión no va a cambiar. 
En lo tocante a la segunda pregunta, la situación es la siguiente: para la desconexión del bloque 1 se ha establecido un fondo internacional que es administrado por el Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo. Hasta ahora se han puesto a disposición 220 millones de euros. 
Junto con el Jefe de Gobierno lituano, convoqué el año pasado en Vilnius una conferencia internacional de donantes. 
El resultado, como he dicho, fueron estos 220 millones. 
Sin embargo, debo añadir- y esto enturbia algo la imagen- que de estos 220 millones de euros, 165 millones provienen de nuestro propio presupuesto, de modo que el importe que estuvo dispuesta a aportar la comunidad internacional es relativamente modesto. 
No obstante, el dinero es suficiente para iniciar la desconexión según el plan y para financiar todas las tareas derivadas de ello. 
Tengo que llamar la atención sobre el hecho de que la desconexión de una central de este tipo es un proyecto que dura muchos decenios y que los compromisos financieros que se van a derivar para nosotros como consecuencia de ello, se van a extender durante decenios. 
En el caso del bloque 2, la situación es algo más complicada pues el Parlamento Lituano no ha acordado hasta ahora una fecha concreta de desconexión. 
Pero en las conversaciones que he mencionado, he informado al Gobierno lituano que la Comisión está naturalmente también dispuesta a proporcionar la ayuda necesaria y a organizar la ayuda internacional. 
Está totalmente claro que un país como Lituania no puede realizar por sus propias fuerzas la gigantesca tarea del cierre de una central nuclear de este tipo. 
Además, sería muy injusto exigirlo de Lituania, pues no fue Lituania quien quería esta central nuclear. 
Por el contrario, los lituanos incluso se opusieron a ello. 
Fue la antigua Unión Soviética la que construyó esta central donde ahora se encuentra y sin duda no para suministrar corriente a Lituania sino fundamentalmente- esta es nuestra apreciación- para objetivos militares. 
Se trata así pues de una herencia de la antigua Unión Soviética la que grava a un país pobre como Lituania. 
Radica en nuestro interés que desaparezca tal herencia. 
Señor Presidente, ¿piensa la Comisión establecer un estándar de seguridad común para las centrales nucleares que sea obligatorio para los Estados miembros de la UE y para los países aspirantes a la adhesión o, como alternativa, proceder a la publicación de listas sobre las centrales nucleares del territorio bajo el principio de vergüenza para el culpable- name and shame -? 
Señora diputada, usted sabe que la Comisión no posee competencias sobre cuestiones de seguridad nuclear. 
No hay normas de la Unión Europea sobre cuestiones de la seguridad de los reactores, lo que yo lamento extraordinariamente, pero hasta ahora no ha sido posible modificar esta situación. 
El Consejo se ha ocupado intensamente de este tema ya que la Comisión no es competente para cuestiones de la seguridad de los reactores. 
El grupo de trabajo del Consejo para cuestiones nucleares, se ha ocupado de la situación de la seguridad en las centrales nucleares de la Europa Oriental y poco antes de las vacaciones de verano presentó un informe que se encuentra sin duda también a disposición del Parlamento. 
Naturalmente, de él no se deduce que hayamos creado normas europeas pero sí que la Unión Europea plantea exigencias que considera justificadas en lo referente a la seguridad de las centrales nucleares de la Europa oriental. 
Como resultado de los análisis que se realizaron ya mucho antes, a saber, a comienzos de los años 90, ha surgido una lista de centrales nucleares como la que sus Señorías han sugerido ahora. Estas centrales nucleares que, en opinión de la Unión Europea no son modernizables, es decir, que no se pueden hacer seguras, se encuentran en Lituania, en Eslovaquia y en Bulgaria. 
Como saben, hemos establecido como una condición para el inicio de negociaciones para la adhesión que se regule la cuestión del cierre de estas centrales. 
Pregunta nº 37 formulada por (H-0743/01): 
Asunto: Afirmación presunta Según declaraciones de ciertos medios de comunicación de junio y julio de 2001, el Comisario de la UE, Sr. Verheugen, afirmó presuntamente que, si el antiguo Primer Ministro checo y actual Presidente de la Cámara de los Diputados de la República Checa, Sr. Vaclav Klaus, fuera reelegido Primer Ministro, las posibilidades de que dicho país ingresara en la UE se reducirían. 
¿Puede indicar la Comisión si comparte esta afirmación o si está contra de la misma y si no considera que dichas declaraciones son inadecuadas y que no contribuyen a generar confianza en las relaciones entre la UE y los países candidatos en un momento en el que se necesita apoyo y comprensión durante el proceso de integración? 
Preguntas formuladas a la Sra. De Palacio 
Señor diputado, el asunto al que usted se refiere es un asunto puramente de política interior en la República Checa y es expresión de la pugna interna entre el Gobierno y la oposición. 
En tales casos, la Comisión no se puede comportar de otro modo que absteniéndose de emitir ninguna opinión pues rechaza estrictamente inmiscuirse en debates de política interior, ya sea de los Estados miembros o de los países candidatos. 
Señor Presidente, en primer lugar, el Sr. Comisario está siendo muy gracioso con sus respuestas. 
La cita viene directamente de él. 
No es un asunto interno, es algo en lo que él se vio envuelto cuando admitió, aunque en privado, que si el Sr. Vaclav Klaus era reelegido Primer Ministro, las posibilidades de que la República Checa ingrese en la UE se verían reducidas. 
El Primer Ministro checo dijo poco después en una entrevista de radio, y cito directamente sus palabras, "Vuelvo a repetir que dichas palabras no fueron dichas en público, sin embargo no se ha prohibido su divulgación". 
Señor Comisario, ¿niega usted haber hecho esas declaraciones? 
Asimismo, en cuestiones que competen exclusivamente a la población checa- que elige a su dirigente, respecto a la posición que debe adoptar en lo relativo a las negociaciones sobre su adhesión a la Unión Europea y, en particular, en unos momentos en que la creación de confianza es necesaria tanto en el seno de la UE como en los países candidatos a la adhesión- ¿cree usted que es acertado que en su calidad de funcionario y miembro del Colegio de Comisarios interfiera en los deseos democráticos de la población checa o, incluso, de la población de cualquier país? 
Todos preferimos determinados resultados de las elecciones como consecuencia de nuestras creencias políticas, pero algunos debemos suavizar nuestro lenguaje y nuestros pensamientos debido a los cargos que ostentamos. 
Por consiguiente, me gustaría pedirle, una vez más, que específicamente niegue o admita que usted hizo la declaración y también que explique por qué ha interferido usted de esa manera. 
Señor diputado, hasta ahora siempre he sido de la opinión de que un caballero no deseaba saber lo que dos caballeros han hablado en privado. 
Si desea modificarlo, es asunto suyo. 
No confirmo en este asunto nada ni tampoco desmiento nada. 
La única posibilidad que tiene la Comisión de impedir de ser arrastrada a una polémica de política interior es callarse. 
Pero le voy a decir gustosamente algo sobre el fondo de su pregunta. 
Desde hace muchos años tengo una relación de diálogo muy estrecha y plena de confianza con el Presidente del Parlamento Checo. 
La última conversación extensa que mantuvimos, por cierto a solas, ha tenido lugar hace unos pocos días. 
El Presidente del Parlamento Checo no ha mencionado en esta conversación lo que usted plantea en su pregunta. 
Pero quiero aclarar que en las numerosas, muy numerosas conversaciones que he mantenido con él, el Presidente Klaus siempre ha expresado claramente que tanto él mismo como sus amigos políticos desean y apoyan la adhesión de la República Checa a la Unión Europea. 
Que el Presidente Klaus a veces expresa otras opiniones a las que se comparten mayoritariamente en Europa es algo conocido, pero está en su perfecto derecho a hacerlo y lo tenemos que aceptar como demócratas. 
Un último punto: por supuesto, la Unión Europea tiene el derecho a decir a los países candidatos qué es lo que acepta o no y a llamar la atención sobre el cumplimiento de los criterios prescritos para el inicio de negociaciones para la adhesión y para la conclusión de dichas negociaciones y el criterio más importante es el criterio político. 
Este dice que un país debe ofrecer la garantía de que es una democracia, un Estado de derecho, que respeta los derechos humanos, protege a las minorías y comparte los valores y objetivos de la Unión Europea. 
Sobre la base de esta valoración, ha ocurrido que se ha dicho a un país que había presentado su candidatura: "No podemos iniciar las negociaciones para la adhesión con vosotros pues no cumplís las condiciones políticas". 
Así pues, hay que responder a la pregunta que ha planteado sobre si existe este tipo de injerencia con un claro sí. 
Los criterios de Copenhague lo exigen. 
Muchas gracias señor Comisario. 
Tiene la palabra el Sr. Crowley para una breve cuestión de orden. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
El Sr. Comisario no ha respondido a mi pregunta, porque ha dicho que no revelará lo ocurrido entre dos caballeros. 
Acto seguido, reveló lo que ocurrió entre dos caballeros- él y el Sr. Klaus. 
Por consiguiente, no ha honrado ni respetado esta Asamblea ofreciendo una respuesta directa a una pregunta directa. 
Es una vergüenza. 
Hemos escuchado la cuestión de orden, o más bien la afirmación del Sr. Crowley. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al bloque de preguntas correspondiente al Comisario Sr. Verheugen, las preguntas 38, 39 y 40 van a ser contestadas por escrito. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas nº 41 y 42 decaen. 
Pregunta nº 43 formulada por (H-0710/01): 
Asunto: Convenio de los Alpes- la sensibilidad ecológica de la Región de los Alpes En sus capítulos sobre el medio ambiente y los transportes, el Convenio de los Alpes contiene una definición de la sensibilidad ecológica de la región de los Alpes. 
¿Considera la Comisión que esta definición y los objetivos en materia de política de transportes que se proponen forman parte de la política de transportes de la UE para esta región tan sensible? 
. Señor Presidente, la Comisión es consciente de la importancia de una definición adecuada del concepto de zonas sensibles, sobre todo tratándose de la integración ambiental de los flujos de transporte en la región alpina. 
De momento, existe una serie de definiciones de zonas sensibles elaboradas, en particular, por las Naciones Unidas y el Convenio de los Alpes, así como por la legislación comunitaria sobre protección del medio ambiente. 
La Comisión considera que los espacios sensibles de montaña, especialmente la región alpina, tal como suelen determinarse, constituyen claramente zonas prioritarias para la aplicación de medidas comunitarias destinadas a reducir las repercusiones ambientales del transporte y a desconectar el crecimiento de los flujos de transporte con el crecimiento económico. 
Así pues, el Libro Blanco sobre la política europea de transportes de cara a 2010, aprobado el pasado 12 de septiembre, concede una atención particular a las zonas sensibles, especialmente las regiones montañosas, en el marco de la política de tarificación y financiación de las infraestructuras y de la política sobre la red transeuropea de transportes. 
Esta orientación se ajusta en gran parte a las orientaciones expuestas en el Convenio de los Alpes y en su Protocolo sobre transportes. 
Señora Comisaria, deseo plantear un breve pregunta adicional. 
La respuesta no me ha satisfecho totalmente. 
Para mí se trata sobre todo de nuestras acciones actuales. 
¿Debemos esperar hasta que las nuevas tecnologías, por ejemplo, la pila de combustible, solucionen al menos parte de los grandes problemas que tenemos en relación con el tráfico de tránsito por los Alpes o no debemos obligar ya ahora al tráfico pesado, al menos en los Alpes, con el instrumento de la veracidad de los costes que se desplace parcialmente de la carretera al ferrocarril? 
. Señor Presidente, conforme a lo que ha planteado en el Libro Blanco sobre política de transporte para los próximos años, la Comisión espera, a poder ser antes de un año, e incluso diría que antes del verano que viene, presentar ante esta Cámara y al Consejo de Ministros un nuevo sistema de tarificación, concretamente una modificación de la Directiva "Euroviñeta", en el que se contemplarán, precisamente, este tipo de cuestiones, de acuerdo con el informe Costa aprobado por esta misma Cámara hace unos meses. 
Y en el que se podrán incorporar en las tarificaciones conceptos como los costes externos, entre otros, algunos costes medioambientales perfectamente cuantificables. 
A partir de ahí, también la subvención cruzada, es decir, que en infraestructuras existentes actualmente parte del peaje aplicado pueda ser utilizado para crear un fondo que permita financiar infraestructuras alternativas, especialmente en la zona de los Alpes, en proyectos como el del túnel del Brennero o la conexión Lyon-Turín. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas nº 44, 45 y 46 decaen. 
Pregunta nº 47 formulada por (H-0746/01): 
Asunto: Túnel del Mont Blanc y garantías de funcionamiento Se anuncia la reapertura del túnel del Mont Blanc para los próximos meses. 
A la luz de la catástrofe que provocó su cierre, ¿qué garantías técnicas con respecto al "nuevo" túnel ha recibido la Comisión por lo que se refiere al respeto de la normativa europea en términos ambientales y de sostenibilidad del transporte? 
¿Qué opinión le merece a la Comisión la nueva organización directiva ítalofrancesa de la futura nueva obra? 
. Señor Presidente, entre las capacidades de la Comisión no está la de dar luz verde a la reapertura del túnel del Mont Blanc, este aspecto no es de nuestra competencia. 
La tarea de evaluar si el nivel de seguridad es suficiente para la reapertura recae en los operadores y en los responsables nacionales, en función de sus competencias en el ámbito francés. 
Por lo tanto, a partir de ahí deberán comprobar que se cumplen todas las condiciones de seguridad. 
Según la información de que dispone la Comisión, en octubre deberán aún llevarse a cabo pruebas destinadas a comprobar el buen funcionamiento de los elementos de seguridad, por ejemplo el sistema de ventilación o la central electrónica de gestión, y el nivel de preparación del personal encargado de la explotación y de los servicios de socorro. 
En este sentido, una de las medidas principales que van a ponerse en práctica es la relativa a la distancia entre vehículos al atravesar el túnel. 
Esta medida contribuirá, además, a limitar la circulación de camiones en esta vía de comunicación. 
Por lo que se refiere a los aspectos de la organización, hay que señalar como elementos importantes la creación por parte de las dos empresas originales, la francesa ATMB y la italiana SITMB, de una sociedad única encargada de la gestión del túnel. 
En lo que respecta a la movilidad duradera y al gran número de operadores que espera con impaciencia la reapertura del túnel del Mont Blanc debido a las graves perturbaciones que engendró su cierre y al estado de saturación que sufren las vías de comunicación a las que ha habido que desviar el tráfico, cabe afirmar que a corto plazo la reapertura del túnel va a suponer un elemento muy positivo tanto desde el punto de vista de la movilidad duradera y del medio ambiente como de la seguridad. 
Pero, insisto, tendrán que reunirse las medidas de seguridad como condición previa para su reapertura. 
Más a largo plazo, la prioridad absoluta para mantener un control del flujo del transporte terrestre en la región alpina, sin impedir la libertad de circulación y el desarrollo económico y, concretamente, el acceso de la Península italiana al resto del continente europeo, se basará en los elementos que he citado hace un momento, es decir, en facilitar la travesía de los Alpes con unos grandes ejes ferroviarios que permitan trasladar gran parte de la carga al transporte ferroviario. 
Señora Comisaria, insisto en que existe una normativa europea que ha de respetarse, que las características técnicas del nuevo túnel son casi iguales a las anteriores, que el 97% de la población de Chamonix se ha pronunciado en contra de la reapertura que, inevitablemente, perjudicará y continuará perjudicando a todas las empresas privadas a causa de la contaminación de todas las actividades económicas típicas y normales de estas poblaciones, y que el Gobierno italiano está a punto de reducir el peaje nocturno por lo que aumentará la contaminación. 
¿Qué garantías ofrece a dichas poblaciones la normativa europea en materia de protección del medio ambiente? 
. Señor Presidente, en cuanto a las normas de seguridad me remito a lo que acabo de decir. 
Según la información de la que dispongo, se han mejorado las condiciones para llevar a cabo el control y la seguridad del túnel y se están haciendo pruebas, y cuando se cumplan todos los requisitos y se compruebe la fiabilidad de los instrumentos y de los sistemas, se abrirá el túnel. 
Eso es lo que le puedo decir en cuanto a las normativas de seguridad. 
Pero- insisto- Italia y Francia son las administraciones competentes. 
Y dentro de Italia y Francia, indudablemente, en función de su reparto institucional interno, a lo mejor hay algunas otras administraciones regionales o locales que tienen también un papel que jugar. 
A partir de ahí, Señoría, le quiero decir que las libertades esenciales de la Comunidad son la libertad de circulación de bienes y de personas. 
Y tengo que decir que tenemos que garantizar la interconexión de Italia con el resto del continente europeo; que, evidentemente, de lo que se trata es de repartir mejor el tráfico entre las distintas travesías de los Alpes y entre los distintos modos de transporte. 
En este momento, gracias al acuerdo con Suiza, hay otro tipo de accesos que son también posibles para el tráfico Norte-Sur y para el tráfico de Italia con el resto del continente. 
El túnel del Mont Blanc es una de las piezas, pero no es la única, y el tráfico que se ha desplazado del túnel del Mont Blanc, indudablemente, está suponiendo una sobrecarga en otras zonas- y le puedo citar otros túneles que su Señoría conoce todavía mejor que yo. 
De lo que se trata, en cualquier caso, es de llevar a cabo la obra de Lyon-Turín y el túnel del Brennero, que son elementos claves y definitivos, pero que van a llevar un cierto tiempo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, entiendo su informe a favor del paso de los Alpes. 
No obstante, desearía manifestar que actualmente- como usted sabrá- el debate público sobre la apertura del Mont Blanc está en su punto culminante y que los ciudadanos europeos, franceses e italianos, se dirigen a nosotros para defender precisamente otra causa, es decir, la de un verdadero transporte sostenible, distinto del transporte por carretera. 
Puesto que nos ha presentado el transporte por carretera como un transporte sostenible, ¿piensa usted realmente que, sobre la base de los estudios realizados, la apertura del túnel del Mont Blanc respetará las exigencias- primero- y los compromisos- después- que hemos asumido, concretamente con respecto a Kioto? 
. Muy brevemente. 
Señorías, entiendo que las poblaciones que se ven afectadas más directamente llamen a sus Señorías, pero le puedo hablar de otras poblaciones y de otras personas que lo que piden es lo contrario, que se abra, cuanto antes, el túnel del Mont Blanc. 
Quiero decir que, evidentemente, como en tantas otras ocasiones, hay intereses que son a veces contradictorios. 
En cuanto a la cuestión de la seguridad, insisto en lo que he dicho. 
No somos nosotros quienes tenemos que hacer la evaluación. 
No tenemos ni competencias ni capacidad para llevar a cabo este tipo de tareas. 
Tercera cuestión, la movilidad duradera, ése es el objetivo del Libro Blanco que he presentado, que aprobó la Comisión el pasado 12 de septiembre. 
Pero, evidentemente, ese objetivo no se consigue con un acto voluntarista o con una aprobación por parte de la Comisión, sino que tiene que ser aprobado por esta Cámara y por el Consejo de Ministros y, luego, puesto en práctica. 
Y serán los esfuerzos de todo tipo que habrá que hacer a lo largo de una serie de años los que nos permitan salir adelante. 
Pero tenemos que pensar que el transporte resuelve a veces problemas generados por otro tipo de decisiones. 
Decisiones que tienen que ver con política urbanística, con política del desarrollo, con la forma de producción, con otra serie de políticas de equilibrio territorial y de otro tipo, donde el transporte lo único que hace es ofrecer facilidades en un momento dado, resolver problemas y aportar su contribución. 
Pero insisto, los orígenes, en muchos casos, están más allá de la política de transportes. 
Pregunta nº 48 formulada por (H-0747/01): 
Asunto: Túnel del Mont Blanc y transporte combinado ferrocarril-carretera Se ha anunciado la reapertura del túnel del Mont Blanc para los próximos meses. 
Entre tanto, el tráfico rodado trae aparejados para la colectividad costes muy elevados en términos sanitarios, económicos y ambientales, especialmente en algunas zonas de montaña donde el índice de contaminación es entre tres y seis veces mayor que en otras zonas. 
¿Qué medidas concretas están aplicándose para evaluar objetivamente los costes de los transportes por carretera, considerando también los aspectos socioeconómicos y ambientales? ¿Qué iniciativas se han adoptado para la implantación de un impuesto específico (como se aplica en Suiza y Austria) que se destine a minimizar y contrarrestar los daños sociales y ambientales, y que mejore la competitividad desde el punto de vista económico del transporte combinado, cuyo potencial es aún importante? 
. Señor Presidente, en las deliberaciones de la Comisión sobre las zonas alpinas siempre se pone de relieve el elevado coste medioambiental que representa el transporte para esas zonas. 
Se ha desarrollado una considerable labor a través de una serie de estudios de la Comisión y de los 4º y 5º programas marco de investigación, en los que se han examinado los gastos de transporte en las regiones alpinas y en otras regiones, incluidos los proyectos referentes a los sistemas de información sobre el transporte alpino o la modelización estratégica multimodal europea y el proyecto Alp-net actualmente en curso. 
El problema también se abordó en los informes del grupo de alto nivel, que el Parlamento suscribió mediante su resolución, contenida en el informe Costa sobre tarificación del uso de infraestructuras, al que me he referido antes. 
El nuevo Libro Blanco de la Comisión sobre política común no sólo ofrece estimaciones actuales sobre los costes del transporte por carretera, sino también considera prioritario resolver los problemas de los transportes en las regiones alpinas a través de una amplia gama de medidas a las que me he referido antes. 
En ese contexto, estudiamos la posibilidad de crear un régimen que permita experimentar cuanto antes la tarificación en zonas montañosas sensibles como los Alpes. 
Estas iniciativas deberían, no sólo tener eventualmente una incidencia en el volumen actual del tráfico, sino sobre todo fomentar la utilización de vehículos menos contaminantes y contribuir así a reducir los efectos negativos del tráfico, tanto para la salud humana como para la fauna y flora de las regiones consideradas y además permitir una financiación cruzada, a la que también me he referido hace un momento. 
Consideramos, Sr. Presidente, como he señalado reiteradamente, que el reequilibrio modal de los transportes en Europa es un elemento clave no sólo para la calidad de vida de nuestros ciudadanos, para la protección del medio ambiente, sino también para el desarrollo económico porque, sin dicho reequilibrio modal, nos vamos a encontrar enfrentados a una situación de colapso de nuestras redes viarias y de nuestros ejes de transporte. 
Muchas gracias, señora Comisaria, me imagino que la Sra. diputada se da por contestada. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 49 a 82 serán contestadas por escrito. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
Tiene la palabra el Sr. Staes para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, tengo ante mí una revista o, cuando menos, un artículo de periódico en el que figuran las siguientes palabras: " No estoy de acuerdo con la Conferencia contra la esclavitud celebrada en Durban. 
Fomenta el sentimiento de víctima en las personas que ya tenían la idea de que siempre les toca perder. 
No estoy contento con esta Conferencia de Durban, por no mencionar la forma en que se planteó la cuestión de Oriente Medio. 
Que alguien como Castro fuera aclamado, muestra que nos enfrentamos a un acuerdo anti-occidental ". 
Señor Presidente, no son mis palabras, sino las de un miembro de la Comisión Europea. 
A continuación vamos a escuchar una declaración de la Comisión Europea y del Consejo sobre Durban. 
Quisiera que la Comisión nos dijera si suscribe o no las palabras del Sr. Bolkestein aparecidas en el Volkskrant de los Países Bajos. 
Valoramos la imaginación de los señores diputados para introducir sus temas en el debate, pero realmente tenemos la obligación de atenernos al orden del día. 
Conclusiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el racismo 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre las conclusiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el racismo. 
Tiene la palabra el Sr. Michel, presidente del Consejo. 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores Diputados, me congratulo de tener hoy la ocasión de presentarles un primer balance de los resultados conseguidos tras la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, conferencia que tuvo lugar en Durban, del 31 de agosto al 8 de septiembre pasados. 
La Conferencia de Durban puede calificarse de éxito por varias razones, y eso a pesar del difícil contexto político en el que se desarrollaron las negociaciones y del hecho de que dicha Conferencia haya sido anunciada de antemano como un fracaso. 
Ante todo, desde el punto de vista de los resultados concretos: se trata de la primera conferencia de las Naciones Unidas destinada a la lucha contra el racismo que conduce a la aprobación, por consenso, de una declaración política y de un programa de acción. 
La Conferencia de Durban sirvió en primer término para fortalecer ese combate esencial que es la lucha contra las tendencias racistas, la discriminación y la intolerancia, que constituyen realidades cotidianas para millones de seres humanos que a menudo son las víctimas silenciosas de ataques contra su dignidad. 
Aunque en los textos adoptados se ha avanzado poco en lo que al núcleo central del asunto se refiere, se manifiesta claramente una fuerte voluntad política en la reflexión teórica sobre la lucha contra el racismo para hacerlo desaparecer. 
Además, se ha hecho un llamamiento para la ejecución de algunas medidas concretas e impresionantes que contemplan la lucha mundial contra este azote. 
Así, la mayoría de los 220 artículos del programa de acción se dedican a medidas preventivas, educativas y de protección encaminadas a desterrar el racismo de todos los ámbitos, así como a estrategias dirigidas a lograr una igualdad completa y total entre todas las personas del mundo. 
A modo de ejemplo, mencionaré algunas medidas que las instituciones nacionales y regionales deben reforzar en la lucha contra el racismo y deben fomentar para que exista una cooperación mutua. 
Otras medidas favorecen la educación en el respeto de los derechos de las personas, los cambios de mentalidad y el acceso no discriminatorio a la enseñanza. 
Otras medidas hacen hincapié en el papel de los partidos políticos, de manera que elaboren códigos internos que prohíban a sus miembros realizar declaraciones públicas que inciten al racismo. 
Además, también hay medidas para luchar contra el racismo en el lugar de trabajo. 
El programa de acción contiene, así mismo, algunas medidas legales, judiciales, reglamentarias y administrativas encaminadas a evitar el racismo y a ofrecer protección frente a esta lacra. 
Hubo muy poco tiempo para cerrar bien todas las negociaciones. 
Así, no pudieron concluirse las discusiones sobre determinados puntos importantes, tales como el sistema de castas o la discriminación racial en la aplicación de la pena de muerte. 
No obstante, la Unión Europea sí ha logrado que se recojan importantes temas en todos los textos definitivos, tales como la "gender issue", una mejor protección del niño y la lucha contra la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. 
También quisiera hacer hincapié aquí en las dificultades que derivan de la utilización del término "raza". 
Hoy, está establecido que toda teoría que defienda la existencia de distintas razas humanas es científicamente errónea. 
La Unión Europea desea que el lenguaje siga esta línea. 
(NL) Opina que hay que evitar el empleo de términos que impliquen la existencia de diferentes razas. 
No queremos negar con ello la diversidad de la raza humana, sino hacer hincapié en su unidad y, así, luchar contra las distintas formas de racismo que respaldan a menudo ese tipo de aseveraciones. 
No obstante, no hemos podido lograr avances sustanciales en ese ámbito debido a la fuerte oposición de determinados Estados. 
La Unión Europea insistió en su último discurso en explicar su posición esencial respecto de esta cuestión, y eso se recogerá en el informe sobre la Conferencia. 
En lo que a las estrategias se refiere, se ha hecho un llamamiento a los Estados para que elaboren una política y un plan de acción de lucha contra el racismo y ejecuten el plan de acción de Durban. 
También se hizo un llamamiento para que continúen colaborando en el marco jurídico internacional, en especial, en el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación racial y en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encargado del seguimiento de la ejecución de los textos adoptados en Durban. 
(FR) Pienso que el alcance político del compromiso logrado sobre las causas y los orígenes del racismo constituye otro importante éxito de la Conferencia de Durban. 
Al igual que ustedes, he leído algunas declaraciones. 
No deseo, naturalmente, polemizar al respecto, pero querría, no obstante, manifestar, a propósito de la cuestión del perdón y el arrepentimiento que parece reprocharse a quienes negociaron en Durban- yo estaba allí, y reconozco que luché mucho para obtener este texto -, que, evidentemente, los que pertenecen a nuestra generación e incluso a la generación anterior no fueron, no son, actores ni de una colonización a menudo pervertida ni de las actividades esclavizadoras. 
Sin embargo, a ellos les digo lo siguiente: ¿cómo es posible estar satisfechos con una observación fáctica tan banal y negarse a hacer justicia frente a aquellos y a aquellas cuyas heridas están aún mal cicatrizadas? 
Desearía responder a lo que he leído en la prensa manifestando que no se trata de cultivar hipócritamente, ingenuamente, un sentimiento de injusticia; no, de lo que se trata es de reconocer, en nombre de nuestros padres, que el mal que se cometió era moralmente criticable e incluso reprobable. 
Se trata también de decir a las víctimas, pasadas y presentes, que sabemos que nuestra Historia no fue siempre gloriosa y que con esta declaración, que hacemos en lugar de otras personas, evidentemente, queremos reconocerles el derecho a circunstancias atenuantes, y, dicho esto, debemos luego proponer una verdadera "asociación", basada en el respeto mutuo, lejos de los paternalismos humillantes y los gestos misericordiosos propios de damas de beneficencia arrogantes y satisfechas. 
Deseaba, pues, insistir brevemente en este resultado. 
Pienso que el resultado de Durban abre perspectivas positivas para continuar el diálogo Norte-Sur. 
La Unión Europea reconoció y condenó los inmensos sufrimientos provocados por las formas pasadas y contemporáneas de esclavitud y trata de seres humanos, en todos los lugares en que se desarrollaron, así como los aspectos más censurables del colonialismo. 
Reconoció que la esclavitud y la trata de seres humanos eran crímenes contra la Humanidad y que siempre debían haberlo sido. 
Así pues, Durban sirvió para mirar de frente nuestro pasado común: algunos vieron en ello un acto de arrepentimiento, otros un acto de remordimiento y otros un acto de perdón. 
Creo que lo que importa ante todo es la voluntad de cerrar los capítulos más sombríos de nuestra Historia común, a fin de poder construir una relación nueva, basada en el respeto mutuo, la solidaridad y la "asociación". 
Se dirigió un llamamiento para que se asignen nuevos fondos para las iniciativas tomadas por los países en vías de desarrollo, concretamente la nueva iniciativa africana. 
Existe otro elemento que no desearía pasar por alto. 
Durban fue un éxito porque a lo largo de todo este proceso de negociaciones difíciles, los Estados miembros de la Unión Europea se mantuvieron unidos. 
Se llevó a cabo una coordinación intensiva con el apoyo de la Secretaría General del Consejo, y los Estados miembros fueron sistemáticamente informados al respecto. 
Esa estrecha colaboración es lo que permitió que la Presidencia, con el debido mandato de sus socios europeos, negociara compromisos delicados con los representantes de los grupos geográficos afectados, así como con la Presidenta y la Secretaria General de la Conferencia, la Sra. Zuma y la Sra. Robinson, respectivamente. 
También fue fructífera la coordinación regular con el grupo occidental. 
La Unión Europea y su política exterior y de seguridad común salieron reforzadas de la Conferencia de Durban. 
Durban demostró que la Unión Europea es capaz de hablar con una sola voz sobre la difícil- aunque esencial- cuestión para el futuro de la humanidad: la lucha contra el racismo y por el respeto de la dignidad humana. 
La Unión Europea se convirtió en una interlocutora y en una mediadora ineludible, presentó una imagen de unidad y de coherencia, unió la apertura con la firmeza, en función de las circunstancias. 
Su credibilidad se vio reforzada, así como su posición en el plano internacional. 
Prueba de ello es la extremada flexibilidad y el espíritu de apertura demostrados por la Unión Europea en las discusiones relativas a Oriente Medio. 
El peso de esta negociación recayó principalmente en la Unión Europea tras la salida de los Estados Unidos e Israel. 
La reactivación del proceso de paz en la región forma parte de las prioridades de la Unión Europea. 
Sin embargo, ésta consideró que la Conferencia de Durban, centrada en la lucha contra el racismo, no era el foro adecuado para tratar dicha cuestión. 
Puesto que los países árabes e islámicos insistieron enérgicamente para tratar este asunto en Durban, la Unión Europea aceptó participar activamente en la elaboración de un texto consensuado que presentó la presidencia sudafricana. 
La Unión Europea pudo mantener en dicho texto los principios que consideraba esenciales, es decir, un texto equilibrado con un firme llamamiento al restablecimiento de las negociaciones y al cese de la violencia, al mismo tiempo que expresaba su preocupación frente al incremento del antisemitismo y la islamofobia en el mundo. 
Se mantuvo una alusión al Holocausto, mientras que la fórmula "el sionismo es racismo" fue eliminada, por formar parte de las condiciones previas. 
Estos son los logros de Durban. 
Se trata ahora de mirar hacia el futuro y de poner en práctica los compromisos universales suscritos en Sudáfrica. 
Deseo hacer hincapié en que todos deben ser informados del alcance positivo de esta Conferencia. 
Cada uno de nosotros, y los Estados en particular, deben trabajar ahora para poner de relieve el éxito ejemplar que la Conferencia de Durban representó para la Unión Europea. 
Creo, pues, que podemos estar relativamente satisfechos. 
Desearía decir simplemente que se valora aún más el éxito de esta Conferencia si imaginamos un instante el mensaje o signo negativo que habría representado el hecho de que en Durban no se hubiesen obtenido resultados favorables. 
Pienso que en el contexto que hoy conocemos, no hubiera servido de ayuda, naturalmente. 
Considero, pues, que cumplimos con nuestro deber, hicimos exactamente lo que debíamos hacer en unas condiciones extremadamente difíciles. 
Me felicito por haber logrado, en nombre de la Unión Europea, con el apoyo de la Comisión, con el apoyo del Consejo y con el apoyo de los quince Estados miembros, pero también- y eso es muy importante- con el apoyo de los trece países candidatos, por haber logrado, decía, salvar esta Conferencia. 
Si no hubiésemos logrado salvar esta Conferencia, pienso que las consecuencias habrían sido relativamente perjudiciales durante mucho tiempo. 
. (EL) Señor Presidente, señor Ministro, señorías, la Conferencia de Durban constituyó un gran paso en lo que respecta al intento de un entendimiento mundial, de un acuerdo político mundial en temas relativos a la discriminación racial, el racismo, la xenofobia, la intolerancia. 
Debo empezar por felicitar a la Presidencia belga, y como todo tiene nombre y apellidos, especialmente al Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros, Sr. Michel, que fue el gran protagonista de la Conferencia, al lograr de forma permanente mantener la cohesión interna de los estados miembros y, al mismo tiempo, soportar sobre sus hombros el peso principal de las negociaciones a escala mundial. 
Quisiera agradecer al Parlamento Europeo la delegación enviada por su importante participación en la Conferencia, así como el importante papel desempeñado a lo largo de las negociaciones, y decir que la Comisión está satisfecha por lo que respecta a su contribución y a su esfuerzo en apoyo de la Presidencia. 
Quisiera en este momento explicarme ante el Parlamento y pedir disculpas por la imposibilidad de mi presencia personal, ya que apenas tres días antes de la Conferencia un problema familiar de salud fue un obstáculo insalvable para mi desplazamiento. 
La Conferencia fue especialmente emotiva, tensa y difícil. 
La temprana partida de los Estados Unidos dejó a la Unión Europea en la posición de interlocutor principal, y de hecho la obligó a soportar el peso principal de las negociaciones. 
Creo que tras esta Conferencia la presencia de la Unión Europea a escala mundial ha quedado realzada, ya que en un ambiente absolutamente hostil consiguió llevar a buen término importante negociaciones, manteniendo siempre la cohesión entre los estados miembros, y manteniendo también una excelente relación y una excelente colaboración con los países candidatos. 
Esta Conferencia se puede, por supuesto, considerar un éxito, sobre todo si se compara con los anteriores intentos de 1978 y 1983. 
Se ha transmitido un mensaje mundial y se han generado propuestas concretas fruto del consenso mundial. 
La observación que puede hacerse es que a lo largo de las conversaciones y los debates durante los ocho días de la Conferencia se mantuvo continuamente una agenda inadecuada. 
El principal objetivo de la Conferencia era formular una definición actual del racismo y establecer medidas para combatirlo a escala mundial, y eso habría sido el gran éxito al objeto de hacer frente a los problemas de hoy. 
Estos dos asuntos apenas, por no decir nada, protagonizaron la agenda. 
Por el contrario, los asuntos que dominaron fueron el Oriente Medio y las injusticias del pasado. 
El pasado, claro está, no se puede olvidar. 
El pasado hay que conocerlo a fondo, para aprender de él y evitar que se repita. 
Cuando actúa, sin embargo, como veneno en las relaciones, en la colaboración, en el acuerdo, en el progreso hacia el futuro, entonces se convierte realmente en obstáculo. 
En la Conferencia reinó un ambiente hostil, tanto a escala gubernamental como a escala de organizaciones no gubernamentales. 
Y hemos de reconocer que hemos visto textos en los que se expresaba y quedaba registrada una lengua de odio que en modo alguno contribuirá a la reconciliación, a tender puentes entre los países, a tender puentes entre el futuro y el pasado, y que, en todo caso, debe evitarse, especialmente en conferencias internacionales en las que participan todos los países del mundo. 
Quisiera referirme brevemente al asunto de las organizaciones no gubernamentales. 
La Comisión Europea defendió consecuentemente la participación de las organizaciones no gubernamentales en la Conferencia. 
Concedemos un valor especial a su contribución al trazado y la aplicación de las políticas. 
La Comisión dispuso la importante cantidad de 3,7 millones de euros al objeto de brindar ayuda a las Naciones Unidas, y más concretamente a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, para favorecer la participación de las organizaciones no gubernamentales, especialmente las de aquellos países que no podían cubrir sus gastos. 
Hemos de decir que predomina el escepticismo sobre el resultado de su participación y que, por lo que tengo entendido, la comunicación final, la declaración final del foro de las organizaciones no gubernamentales- que Mary Robinson se negó a presentar por las incendiarias expresiones que contenía- causó decepción. 
Naturalmente, es importante no meter todo en el mismo saco. 
Hemos de decir que las grandes organizaciones no gubernamentales, las importantes organizaciones no gubernamentales en el ámbito del racismo, como Amnistía Internacional, Human Rigths Watch, y muchas otras organizaciones no gubernamentales no se mostraron de acuerdo con las expresiones incendiarias y problemáticas, y diferenciaron públicamente su posición. 
Y es que desgraciadamente el foro estuvo dominado por temas específicos muy concretos. 
Tengo así mismo conocimiento de que determinados estados miembros están revisando el modo en que se conceden las subvenciones, y la Comisión, claro está, se dispone a proceder a una revisión semejante. 
Señor Presidente, señorías, a pesar del hecho de que muchos países, por razones internas, no pudieran contribuir más profunda y positivamente a la Conferencia de Durban, tenemos que decir que se alcanzó un acuerdo que sienta las bases para una mayor y mejor cooperación a escala mundial. 
Hay un mensaje claro, tal y como ha explicado el Sr. Ministro, de lucha contra el racismo a escala mundial, y, por supuesto, está el compromiso de planes nacionales de acción por parte de todos los países, planes nacionales de acción que afectan a la legislación, a las bases de los partidos políticos, a la educación, al empleo, a la vida social y cultural. 
No debemos, sin embargo, confiarnos. 
Los últimos acontecimientos tras el 11 de septiembre ponen de relieve la facilidad y ligereza con que pueden inflamarse el racismo y la xenofobia. 
Si hemos aprendido algo en Durban es que debemos evitar la estigmatización de conjuntos, nacionalidades, comunidades, minorías religiosas. 
No podemos culpabilizar colectivamente a conjuntos de personas, sino que debemos condenar políticas concretas, o a dirigentes que son responsables de errores políticos. 
La Comisión seguirá poniendo sus fuerzas a disposición de la lucha contra el racismo, en colaboración con los países miembros, con una agenda concreta bastante ambiciosa por delante: la materialización, la incorporación del paquete contra la discriminación decidido el año pasado en todos los países miembros no más tarde de 2003, la materialización del programa especial contra la discriminación, que ya está en curso, y la activación y contribución eficaz a esta causa del Centro contra el Racismo y la Xenofobia que funciona en Viena. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Ministro, son muchos lo que, en efecto, se plantearon interrogantes sobre la utilidad de convocar la Conferencia de Durban. 
Ahora bien, es preciso que la comunidad internacional exista y que se reúna para discutir a pesar de que puedan haber intereses contradictorios, y considero que abandonar la Conferencia no es necesariamente una solución. 
La Conferencia de Durban tuvo, al menos, el mérito de reunir a la comunidad internacional en torno a un asunto que, indiscutiblemente, es causa de preocupación común en el conjunto de los países, ya que esa plaga es mundial y que ningún país escapa a alguna forma de racismo o discriminación. 
Fue, pues, la ocasión de hacer el balance, de hacer un diagnóstico, ¿y cuál sería este diagnóstico si no hubiese una terapia? 
¿Qué podíamos esperar de la Conferencia de Durban? 
No sé aún, señor Michel, si a largo plazo la Conferencia será un éxito. 
Lo que sabemos es cuál habría sido su fracaso, es decir, la ausencia de declaración final, de confirmación de una voluntad mundial de luchar contra el racismo y de encontrar instrumentos adecuados para hacerlo. 
El objetivo de Durban es enumerar toda una serie de instrumentos internacionales, establecer un itinerario, elaborar nuevas estrategias de lucha contra el racismo, así como programas de acción- que usted ha mencionado, señor Ministro -, en los que los Estados miembros puedan basarse para luchar, junto con la subsidiariedad, que es la clave en la materia, contra el racismo y la discriminación. 
¿Qué enseñanzas podemos sacar de todo ello? 
El primero, que ustedes ya han mencionado, es, naturalmente, el de Oriente Medio. 
Cualquier persona razonable sabe muy bien que el problema de Oriente Medio no se hubiera solucionado en Durban. 
Creo que este escollo, felizmente, fue evitado. 
El segundo escollo es el de la compensación. 
Algunos habrían deseado que la compensación hubiese sido el objeto principal del debate. 
Había allí una verdadera perversidad, por no decir una perversión, porque se corría el peligro de que la ayuda al desarrollo se convirtiese en una especie de compensación. 
Como el Sr. Michel lo ha subrayado, todos somos conscientes del peso histórico que algunos tienen en la materia. 
Es preciso que actuemos en favor de una solidaridad entre los seres humanos y que no nos culpabilicemos permanentemente, puesto que, desde el punto de vista financiero, la compensación acabaría en algún momento, ya que toda compensación cuantificada un día u otro se termina de pagar. 
Finalmente, el tercer escollo es el de la lista de las víctimas. 
Algunos propusieron confeccionar una lista. 
Esto es válido para nosotros, para los romaníes y los sintis, para los dalits. 
El peligro de hacer la lista radica en que, naturalmente, se establece luego una jerarquía entre las víctimas, y algunos pueden considerarse más víctimas que otros, lo cual es totalmente improductivo desde el punto de vista del racismo y la discriminación. 
Por consiguiente, la declaración es aceptable, y desearía darle oficialmente las gracias, señor Michel, por su papel esencial de mediador, intercesor, explicador- si puedo aventurar este neologismo -, y, como ha subrayado, Europa- y no creo que eso se deba únicamente a la salida de los Estados Unidos- tuvo un peso muy importante, porque usted supo comprometerse y porque Europa no era sólo quince países, sino trece países más. 
Se trataba, efectivamente, de una parte de la humanidad que reflexionaba sobre esta cuestión. 
Como ha mencionado la Sra. Comisaria, las ONG hicieron, en cierto modo, el ridículo. 
Eso plantea, en efecto, el problema de su representatividad. 
Felizmente, socios esenciales- como Amnistía Internacional y Human Rights Watch- no se adhirieron a la declaración final, pero quizá será necesario realizar una nivelación de las ayudas que podemos aportar a unas ONG que, como mínimo, no asumieron sus responsabilidades en la Conferencia. 
Estamos muy atentos al carácter concreto, señor Ministro. 
Quizá la Unión Europea no sea la que acusa un mayor retraso en materia de lucha contra el racismo y la discriminación, pero aún podemos realizar esfuerzos en tal sentido. 
Busquemos, pues, en los 225 artículos los medios de acción que podemos poner en práctica. 
En último término- desearía concluir con este punto -, haré hincapié simplemente en la inadecuación de la representatividad de nuestro Parlamento. 
Este punto figurará en la resolución común. 
Para ser breve, la Unión Europea está representada por el Presidente en ejercicio; la Comunidad Europea está representada en calidad de observador a la vez por la Comisión y por el Parlamento. 
Hay ahí materia para la reflexión, a fin de que el Parlamento Europeo pueda ocupar un lugar más importante en las conferencias internacionales, un lugar distinto del de observador adscrito a la Comisión. 
En todo caso, este punto plantea el problema de la nueva negociación del Acuerdo Interinstitucional del 5 de julio de 2000. 
Podrán encontrar dicha propuesta en la resolución común que muy pronto se someterá a votación en este Parlamento. 
Señor Presidente, el enfoque de mi Grupo de la Conferencia de Durban se centra en la determinación renovada de luchar contra el racismo y descubrir qué hubo de positivo en esta conferencia. 
Digo renovada porque el racismo, en su numerosas formas, ha vuelto a alzar su cabeza con los trágicos acontecimientos en Nueva York y Washington. 
Ahora corremos el peligro de que llegue una nueva oleada de odio a lo musulmán y de antisemitismo si no luchamos contra el racismo y sus causas fundamentales. 
Eso ilustró la tragedia de esta conferencia, porque tuve la impresión de que asistí a dos conferencias. 
Una fue una conferencia histórica en la que las delegaciones, como nuestra delegación de la Unión Europea, estaban decididas a reafirmar que el racismo es uno de los principales problemas de los derechos humanos. 
Estábamos decididos a definir, por primera vez, el racismo en sus numerosas variantes internacionales, ya sean las castas, la esclavitud contemporánea o la discriminación contra las minorías dentro de nuestra propia Unión Europea y también de los países candidatos. 
Estábamos decididos a hacer algo con respecto al racismo, demostrar que en la Unión Europea, con el artículo 13, teníamos algo que decir al resto del mundo sobre cómo abordamos nuestros propios problemas. 
Sin embargo, asistí a una segunda conferencia llena de confusión, de órdenes del día individuales de distintos países, en la que existía la determinación de no definir el racismo que existe en los diferentes países por la vergüenza de lo que éste representa en dichos países. 
El asunto mal comprendido de las reparaciones se vio envuelto en confusión, y el asunto tan destructivo del sionismo y los problemas de Oriente Medio ensombrecieron nuestra conferencia. 
Debemos tener la determinación de renovar hoy en esta Asamblea la primera conferencia con los ideales que para ella definimos en nuestra calidad de delegación. 
Para ello es necesario un frente unido. 
No debemos limitarnos a afirmar que Durban fue caótico y, por consiguiente, dejarlo así para la historia. 
Sino que como una Unión Europea unida, la Comisión, la Presidencia belga- que realizó un excelente trabajo- los que asistieron a la conferencia y todos los que pertenecemos a esta Asamblea que queremos luchar contra el racismo, debemos unirnos para volver al orden del día original. 
Ese orden del día original puede resultar embarazoso para algunos países en particular, pero ahí está el programa de acción. 
Está ahí para que lo explotemos y está ahí para que hagamos algo al respecto. 
La cuestión no es si fue un fracaso o no, la cuestión es si ahora podemos convertirla en un éxito a través de la renovada determinación de esta Asamblea de volver al programa de acción y seguir avanzando. 
Estoy de acuerdo con el Presidente en ejercicio del Consejo y con la Comisaria en que la Conferencia puede calificarse como un cierto éxito. 
Tuvo mala prensa- en algunos aspectos merecida -, pero los que afirman que no valió la pena celebrar la Conferencia Internacional sobre el racismo se equivocan. 
Por primera vez en 25 años de intentos se establecieron normas internacionales sobre los derechos humanos de las personas vulnerables a sufrir discriminación racial. 
Eso merece ser celebrado. 
Tenemos una base sobre la que avanzar en la lucha contra una de las grandes amenazas de la libertad, la justicia y la seguridad en el mundo, incluida Europa. 
Hay que reconocer, sin embargo, que la Conferencia tuvo un mal comienzo. 
En primer lugar, estaba el foro de las ONG. 
A pesar de que muchas de las sesiones del foro fueron muy fructíferas e incluso fueron fuente de inspiración, la voz de las ONG fue secuestrada por los ponentes que pedían reparaciones por la esclavitud y por aquellos que defendían la línea de que el sionismo es racismo. 
Estos temas dominaron también o intentaron secuestrar la conferencia intergubernamental. 
Hubo un burdo abuso antisemita, por ejemplo, cuando se hicieron circular tiras cómicas que podrían haber aparecido en las publicaciones de Julius Streicher de los años treinta. 
El documento elaborado por el foro de las ONG era tan malo que la Secretaria General, Mary Robinson, no pudo recomendarlo a los gobiernos. 
Algunas ONG, incluida Amnistía Internacional, se vieron obligadas a desvincularse del mismo. 
Fue una gran pena, porque eran muchos los que habían acudido a Durban con el firme propósito de contar al mundo su auténtico sufrimiento cotidiano. 
Recuerdo, en particular, a una mujer que hablaba sobre los problemas de los migrantes en el interior de China. 
También había personas pertenecientes a muchos grupos que sufren persecución individual, como los gitanos y los dalits, a veces conocidos como los intocables. 
Hay que reconocer que algunos Estados fueron bastante hipócritas y cínicos al esconderse detrás del intento de convertir en demonios a Israel y los Estados Unidos, incluidos algunos países africanos con una trayectoria atroz de discriminación étnica o violaciones de los derechos humanos, y países árabes que no estaban dispuestos a confesar su papel ni el comercio de esclavos. 
Esta falta de sinceridad restó méritos a la Conferencia. 
Las opiniones pueden diferir sobre si los Estados Unidos e Israel actuaron correctamente cuando se retiraron. 
Se puede decir que la situación de Israel, al menos, era insostenible. 
Pero no hay ninguna duda de que la retirada de los Estados Unidos dejó a la Unión Europea en primera línea. 
Cabe preguntarse si la UE estaba plenamente preparada para ello. 
Pero, como se ha dicho, la UE, encabezada por el Sr. Michel, se alzó ante el reto de forma admirable. Debo reconocer el mérito, en particular, del Sr. Michel, a pesar de que es colega político mío por su condición de Liberal. 
Acudió a la Conferencia con la intención de permanecer dos días y se quedó una semana. 
Demostró un enorme compromiso personal en su intento por asegurar que la Unión Europea hablaba con una sola voz y en su determinación- aunque a veces fuera una determinación denodada- de alcanzar un compromiso. 
Ese éxito se hizo realidad. 
Sobre Oriente Medio, el lenguaje acordado fue, en su conjunto, equilibrado. 
Personalmente, creo también que el lenguaje sobre la esclavitud alcanzó el tono adecuado porque ahora se habló de él como un crimen contra la humanidad. 
Está claro que no fue acertado hablar de las reparaciones como el medio adecuado de enmendar el pasado. 
La ironía de la situación sería que los afroamericanos intentaran reclamarla y no los africanos que no fueron objeto del comercio de esclavos. 
Por último, una de las cosas que me decepcionaron en Durban fue que, con toda la atención centrada sobre la diplomacia internacional, en vez de sobre las trayectorias de los países, la Unión Europea tuvo que luchar para hacerse un hueco y poner de relieve su propia trayectoria, creciente y cada vez más sólida, en la lucha contra el racismo. 
Es una pena que la UE como tal no esté representada en el sistema de las Naciones Unidas, en el que la Comisión y el Parlamento son sólo observadores, a pesar de que el Presidente en ejercicio del Consejo realizó un excelente trabajo. 
No hay duda de que es lamentable que la Comisaria no pudiera asistir por motivos familiares. 
Debemos encontrar el modo de reforzar la capacidad de todas las instituciones europeas de continuar desempeñando un papel principal en el esfuerzo internacional por la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación. 
Señor Presidente, Señorías, la participación en la Conferencia mundial de Durban fue importante para proclamar formalmente la renovación de una alianza contra las discriminaciones y en favor del respeto de los derechos humanos y sobre todo para asumir una reconciliación, única vía para la reconstrucción del futuro y la paz. 
Como nos lo ha dicho el Sr. Ministro, esta Conferencia era ineludible por su objetivo, compleja por su importancia y necesaria para construir el futuro. 
Paralelamente se celebraba el foro de las ONG. 
Si bien la declaración final puede parecer exagerada, ésta es reveladora no de una fractura, sino de la gran diversidad de las ONG. 
Señalaremos, en efecto, la ausencia de las ONG globalizadoras, la práctica ausencia de las ONG de la inmigración en Europa. 
Sólo estuvieron presentes las ONG antirracistas y las de carácter solidario. 
Por el contrario, también señalaremos el dinamismo de las ONG internacionales desde el punto de vista del cuestionamiento de un poder, de la reivindicación de los principios o incluso de la consolidación de un poder in situ, de ahí su frecuente trabajo de lobbies y su denominación de OVG (Organizaciones Voluntariamente Gubernamentales). 
Pero dentro de esta diversidad existe cierta lógica, la lógica de los poderosos; por un lado, la lógica de los países ricos, desarrollados, antiguos colonizadores, y, por otro, la de los países pobres, antiguamente dominados, donde el poder sigue siendo poco democrático, pero muchas veces con el beneplácito del Norte. 
Las palabras tienen un sentido. 
Hay que saber definir las palabras para encontrar soluciones. 
El problema esencial es el de la definición de los términos: actividades esclavizadoras, colonialismo, racismo, genocidio, apartheid u ocupación militar. 
Todas estas palabras revelan dramas cotidianos, consecuencia de discriminaciones. 
Podemos comprobar que el texto final habla de remordimiento, de arrepentimiento, pero se niega a pedir perdón y menos a prever una indemnización, a reafirmar el derecho de los pueblos de vivir en paz en la igualdad, sin tener que acudir al Derecho internacional. 
Podemos deplorar, finalmente, una declaración final minimalista, tendente a satisfacer a todos para mantener cierto equilibrio. 
Esta declaración no sólo vuelve a poner en duda la credibilidad y la eficacia de estos grandes encuentros internacionales, sino que también pone de relieve la cuestión de la democracia directa, ya que plantea, en efecto, el problema de la representatividad, de los límites de la democracia participativa. 
Un último balance sobre esa supuesta toma de rehenes de la Conferencia. 
¿Quién toma de rehén a quién? 
¿Por qué? 
¿Con qué finalidad? 
Recordemos que los Estados Unidos no querían participar en este encuentro, que amenazaron muchas veces con retirarse. 
La declaración de las ONG, a pesar de su dureza, fue un buen pretexto para evitar tratar cuestiones atinentes a grandes intereses que no se querían afrontar, como la cuestión de las indemnizaciones. 
Varios Estados, incluyendo Estados europeos, se sintieron interiormente aliviados al ver que la Conferencia se centraba en la cuestión de Oriente Medio, lo que les permitía esquivar la cuestión del perdón y de aplazar el pago de la deuda colonial. 
No olvidemos que los países ricos del Norte construyeron su prosperidad a través de la trata negrera y la conquista colonial y que no todos están dispuestos a reconocerlo plenamente o a reparar los crímenes del pasado. 
Por otro lado, estas cuestiones de discriminación de las mujeres, de los niños, de los homosexuales, de los inmigrantes, la tenacidad de una esclavitud moderna, afectan aún a muchos países, que continúan aplicando una política represiva y se niegan a sentarse en el banquillo de los acusados. 
Ahora bien, estos poderes todavía cuentan con frecuencia con apoyos y prefieren centrarse en una cuestión como la de Oriente Medio, donde pueden hacer un buen papel en lugar de rendir cuentas sobre la situación de los derechos humanos en sus países. 
Finalmente, lo esencial de esta Conferencia fue logrado; es de desear ahora que se efectúe un verdadero seguimiento para llevar a cabo y concretar proyectos, orientaciones, programas de acción, tendentes a prevenir y erradicar situaciones de discriminación y a procurar que, por fin, nuestros grandes discursos se hagan realidad. 
Señora Comisaria, señor Presidente, la declaración final y su programa de acción aprobado en Durban fue posible gracias al papel constructivo y esencial de la Unión Europea y al talento diplomático, ayudado por el sentido de síntesis, por no hablar de un don natural del Sr. Ministro belga, el Sr. Michel, para la dialéctica. 
Estoy convencido de que la Unión Europea desempeñó plenamente su papel, y no podemos menos que felicitarnos por ese trabajo realizado. 
Pero deploro, a pesar de las excusas- que acepto- de la Sra. Comisaria, la ausencia de un comisario europeo. 
Pienso que un comisario hubiera podido representarla. 
Deploro, igualmente, la escasa presencia de la representación de los países industrializados, y creo que muchos países lo interpretaron como una actitud de desinterés respecto a la Conferencia. 
Quizá su presencia habría permitido que las delegaciones norteamericana e israelí no se retiraran. 
Esto es lamentable en la medida en que estos últimos años hemos conocido en Europa un aumento de los actos de violencia racistas y una adhesión al voto populista y xenófobo, por referirme sólo al FPO de Haider, en Austria. 
Otras fuerzas políticas disfrazadas de ONG se precipitaron en ese espacio vacío. En efecto, si bien la inmensa mayoría de las ONG desempeñaron un papel determinante en la preparación de la Conferencia y desarrollaron una capacidad de propuestas portadora de reivindicaciones, no estoy de acuerdo con la Sra. Boumediene-Thiery cuando minimiza lo ocurrido. 
Porque unas pocas ONG se dedicaron a hacer procesos de amalgama entre sionismo y racismo, y, lo que es peor, hicieron circular textos, que tuve la ocasión de enseñar al Sr. Michel, donde ponderaban el mérito de la Shoah. 
Y no podemos minimizarlo en este recinto. 
Estas últimas ONG, o supuestas ONG, pseudo-ONG, no estaban allí para defender a los palestinos, para defender a los antirracistas, ni siquiera estaban allí en favor de la paz entre los israelíes y palestinos. 
Pienso que es bueno que la declaración final reconociera que los palestinos tienen derecho a disponer de un territorio y que, al mismo tiempo, se rechace cualquier proceso de amalgama entre sionistas y racistas, como ocurrió en Durban. 
Eso me lleva, señora Comisaria, como usted también lo ha formulado, a pedir que en una próxima conferencia sepamos exactamente la procedencia de esas ONG, sus objetivos y sus medios de financiación. 
La representatividad demasiado numerosa de algunas delegaciones me lleva a interrogarme a propósito de su financiación. 
Pero esta Conferencia permitió sobre todo valorar la importancia de algunas reivindicaciones. Y en ese sentido tacho de falsas las palabras de mis colegas, el Sr. Cornillet y la Sra. Ludford. 
Pienso que el meollo de la Conferencia fue reconocer la esclavitud, la trata negrera, como crímenes contra la Humanidad, y me felicito por eso. Es justo reconocer que 350 años de pobreza, de razias, de deportaciones, de humillaciones, sean declarados crímenes contra la Humanidad. 
Es lo mínimo que se habría podido hacer en esta Conferencia. 
Y, a semejanza de Francia, desearía que el conjunto de los países y de las antiguas potencias coloniales reconocieran o declararan a través de sus Parlamentos nacionales que la esclavitud, la trata negrera, es un crimen contra la Humanidad. 
Por mi parte, sigo teniendo dudas, como lo ha dicho el Sr. Michel, en cuanto a las indemnizaciones financieras, sobre todo cuando sabemos que tras esta reivindicación legítima de los afroafricanos se esconden poderosos lobbies de abogados norteamericanos. 
Por el contrario, existe un consenso para que el continente que más sufrió la esclavitud y la colonización pueda recibir ayuda a través de la anulación de la deuda, de una política voluntarista y urgente para luchar contra el sida y de la lucha contra el analfabetismo. 
Al menos se lo debemos al continente africano. 
Además, existen- y el Sr. Michel lo ha dicho- interlocutores válidos, que se comprometen a través de la nueva iniciativa africana a practicar una buena gobernanza. 
Ha llegado, pues, el momento de aprovechar esa reivindicación, de darles una respuesta concreta y de sentarse alrededor de una mesa. 
Lamento, finalmente, que no se haya mencionado la pena de muerte en los Estados Unidos, y, en parte, los Estados Unidos se retiraron porque no querían que se hablase de racismo con respecto a su propio país. 
Lamento que no se hayan abordado las discriminaciones por motivos de orientación sexual. 
Lamento que no se haya hablado de la noción de castas y lamento que dicha declaración carezca de un carácter vinculante. 
La Unión Europea debe ahora tener cuidado sobre todo en relación con la utilización de las nuevas tecnologías, como Internet, que incitan al odio racial; acelerar la aplicación del artículo 13; enseñar a través de nuestros manuales y libros de historia lo que fue el exterminio de los indios de América, lo que fue la esclavitud, el colonialismo, la Shoah, y también las matanzas de Sabra y Chatila. 
Creo que el racismo y el antisemitismo tienen un punto en común con el terrorismo. 
Existen, por una parte, aquellos que pasan a la acción y, por otra parte, aquellos que les proporcionan armas ideológicas. 
En ese sentido, también debemos combatir el conjunto formado por el Vlaams Blok, el FN, el FPO y otros, que arman ideológicamente a los que pasan a la acción, y que acaban por atentar contra la integridad física de los individuos. 
Y también en este caso tenemos que ser responsables. 
Señor Presidente, la resolución de la Conferencia Mundial contra el racismo celebrada en Durban no es exactamente lo que muchos habríamos deseado. 
Lamento la retirada de la delegación estadounidense, que ciertamente no benefició en absoluto, en mi opinión, a la trayectoria de aquel país en materia de racismo. 
Esta resolución de compromiso deja perfectamente claro que queda mucho por hacer, especialmente en lo que se refiere a nuestro conocimiento de otras culturas y religiones. 
El Islam, como he dicho mucha veces, ha sido a menudo objeto de un intento de mostrarlo como algo demoníaco por parte de personas que, en su mayoría, nada saben de él. 
Durban no ha sido un fracaso, aunque tampoco ha sido un gran éxito; pero ha vuelto a poner de relieve la necesidad imperiosa de convertir el racismo en delito, algo que he defendido muchas veces en esta Asamblea. 
Ha contribuido a que los gobiernos dirijan su atención con una mirada renovada al problema del racismo, que en buena medida tiene su origen en la ignorancia y el temor a lo desconocido. 
Los gobiernos europeos tienen la responsabilidad de asumir el liderazgo en el ámbito del racismo y la xenofobia, y los políticos y las autoridades civiles no están aportando soluciones al problema del racismo en sus comunidades. 
Están demostrando cobardía y falta de valor en la lucha contra este problema en particular. 
En la Unión Europea tenemos un largo camino por recorrer, pero al menos hemos tenido un comienzo razonable en Durban. 
Aquellos que han participado en Durban tienen mucho mérito. 
La declaración hace referencia a la acción contra el odio a lo musulmán, lo que apoyo sin reservas. 
Quiero declarar una vez más, aquí en esta Asamblea, que soy amigo del Islam. 
Musulmanes de todo el mundo han condenado sin reservas los atentados terroristas. 
Todos debemos garantizar que bajo ninguna circunstancia se produce ningún tipo de reacción violenta contra las comunidades musulmanas que existen en nuestra Unión. 
Estos atentados terroristas no fueron llevados a cabo en nombre del Islam. 
Fueron sencillamente actos terroristas brutales llevados a cabo con premeditación y determinación. 
Permítanme recordar a la Asamblea que ninguna religión- ni movimiento político- está exenta de fundamentalistas. 
Señor Presidente, también yo quiero sumarme a las felicitaciones que ha recibido el Ministro Michel, Presidente en ejercicio del Consejo, porque me parece que la firmeza y la insistencia con las que se ha tratado de evitar un resultado que habría sido vergonzoso y que se estaba plasmando en el transcurso de la Conferencia son mérito suyo. 
Considero que la delegación de los Estados Unidos y la israelí hicieron bien en abandonar los trabajos de la Conferencia, del mismo modo que usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, hizo bien en quedarse para conseguir ese resultado porque, en realidad, ambas cosas no son contradictorias. 
Creo que la decisión israelí y estadounidense ha servido a la opinión pública mundial para comprender lo que podía haber pasado, esto es, que un grupo de países, en su inmensa mayoría no democráticos, aprovechara la Conferencia para fines partidistas en materia de política internacional. 
Por esto, estoy de acuerdo con la mayor parte de lo manifestado por mis colegas: actualmente, la forma más peligrosa y más difusa de racismo también en los Estados miembros de la Unión Europea es la convicción de que la democracia y el Estado de Derecho no son cosas positivas para algunos pueblos de nuestro planeta, sino sólo para Europa, Occidente y los Estados Unidos y que no se deben exportar ni respetar estrictamente también en otros países. 
La imagen de dictaduras que oprimen a sus propios pueblos, de su misma raza y su misma sangre, de dictadores y de sus representantes que se permiten dar lecciones de antirracismo en el marco de las Naciones Unidas representa eficazmente los límites que la comunidad internacional debe superar. 
Todo esto no se puede tolerar y creo que la decisión de las delegaciones estadounidense e israelí, y en particular la insistencia del Ministro Michel, pero también del Consejo en su conjunto, lo han subrayado. 
Termino sumándome a todos aquellos que en este punto piden que se proceda a depurar las responsabilidades en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales- está claro que, como siempre, no hay que meter a todos en el mismo saco- porque seguramente estas responsabilidades existen y se han de esclarecer también de cara a la generosidad mostrada por la Unión Europea, por la Comisión Europea, en bien de las organizaciones no gubernamentales. 
Señor Presidente, la Conferencia Mundial contra el racismo, en conjunción con el Fondo Voluntario para el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, celebrada bajo los auspicios de las Naciones Unidas, ha sido una oportunidad única para estudiar los retos y peligros a que se enfrentan estas poblaciones y todas las naciones apátridas. 
Lamentablemente, no puedo estar de acuerdo con el punto de vista optimista expuesto por el Sr. Michel, aunque estoy dispuesto a reconocer que tuvo un papel muy importante. 
Estuve en Durban en esta ocasión especial, por lo que puedo dar testimonio a esta Asamblea de una amenaza muy insidiosa para los pueblos indígenas sobre la que se pasa por encima en la agenda provisional de la Cumbre de Durban, que en su apartado 27 establece que el empleo del término 'pueblo indígena' en la Conferencia Mundial contra el racismo no puede interpretarse de manera que pudiera tener consecuencias respecto a los derechos garantizados por el Derecho internacional. 
A través de dicho apartado, la Cumbre de las Naciones Unidas intentó excluir a todos los pueblos del derecho a la autodeterminación reconocido por las propias Naciones Unidas y los convenios internacionales. 
En respuesta a esta discriminación e intolerancia inadmisibles, el foro de las ONG reunido en Durban denunció en términos muy firmes la nueva expresión de los neocolonialistas que, a la larga, diezmarán las culturas y las civilizaciones de estos pueblos vulnerables. 
Esta acción insidiosa fue preparada en el Conferencia contra el racismo de cara al futuro. 
Tiene la mirada puesta en el futuro y no en el pasado. 
Como sugiere claramente la declaración final de las ONG, el racismo estructural en el pasado, las actuales manifestaciones de neocolonialismo y la negación de los derechos fundamentales de autodeterminación son el origen del sufrimiento de los pueblos indígenas. 
Señor Presidente, raras veces una conferencia de la ONU ha sido tan bien intencionada y tan mal comprendida como la de Durban. 
Eso tiene que ver en parte, a mi juicio, con unos preparativos no tan buenos. 
Los diplomáticos y funcionarios debían haber llegado más lejos, creo yo, para alcanzar un consenso de antemano. 
Eso hubiera ahorrado mucho dinero, tiempo y escenas vergonzosas a la comunidad internacional. 
Particularmente desgraciada fue la retirada de algunas delegaciones, ya que, por muy fundadas que fueran las razones que les movieron a ello, los que abandonan nunca tienen razón. 
Con este telón de fondo, resultó más que sorprendente que gracias a la testarudez de Louis Michel, la conocemos en Bélgica, ahora la conoce el mundo, se lograra una buena declaración final. 
Una declaración final que contiene algunas definiciones importantes que, si se aplican, pueden cambiar radicalmente la vida de cientos de miles, millones de personas. 
Se animó a los Gobiernos a que permitan que las minorías practiquen su propia lengua, cultura y religión; a que actúen contra las policías que se comportan de forma racista y adecuen sus sistemas jurídicos de manera que no existan discriminaciones frente a determinados grupos. 
Los niños roma y gitanos deben tener una educación igualitaria. 
No se puede discriminar por motivos de raza en el ámbito de la política de inmigración. 
Así mismo, las disposiciones relativas a Oriente Medio son buenas y equilibradas, en ellas se hace hincapié tanto en el derecho de los palestinos a tener un Estado independiente como en la seguridad de Israel. 
Y finalmente, dos siglos después de que sucediera, Europa ha pedido perdón por el comercio de esclavos. 
No olvidemos que, al menos, diez millones de africanos fueron transportados a América en lo que constituye la deportación obligatoria más grave de toda la historia de la humanidad. 
Varios millones más murieron durante la caza de esclavos o en uno de los famosos barcos de carga. 
Las palabras del Comisario Bolkestein aparecidas la semana pasada en un periódico neerlandés están totalmente fuera de lugar. 
Dijo que no estaba satisfecho con las disculpas dadas en la Conferencia de la ONU celebrada en Durban: "Nunca he tenido un esclavo, por qué tendría que disculparme". 
Ese tipo de declaraciones, señor Presidente, denota una arrogancia occidental que no tiene en cuenta el hecho de que la riqueza americana también se ha construido con el trabajo de los esclavos y que la riqueza europea también se ha sustentado en las materias primas de las antiguas colonias. 
¿Puede constituir esto un pretexto para los Gobiernos de los países en desarrollo a fin de eludir su responsabilidad y trasladar toda la culpa al pasado? 
No, de ninguna manera. 
No obstante, antes de dar lecciones a otros en cuanto a la civilización, debemos tener la honradez intelectual de describir este capítulo de nuestra historia tal como fue: un crimen contra la humanidad. 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el racismo adquiere hoy una relevancia particular en estos tiempos convulsos, en los que se habla y se actúa de manera sangrienta en nombre de un enfrentamiento entre civilizaciones. 
Asistimos a conflictos armados que tienen su origen y su sustento en enfrentamientos raciales o étnicos y escuchamos, atónitos, afirmaciones inaceptables, por su contenido y por su procedencia, sobre la superioridad de unas civilizaciones sobre otras. 
Quiero felicitar por ello, de manera muy especial, al Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros, Sr. Louis Michel, por sus esfuerzos determinantes en el éxito final de la Conferencia de Durban, en la que participé, en nombre de este Parlamento. 
Su actuación dejó clara ante el mundo cuál es la posición inamovible de la Unión Europea frente al racismo y las actitudes xenófobas. 
Sin desconocer los problemas sociales, políticos y económicos que generan en Europa las situaciones de discriminación racial, me quiero centrar en un aspecto- la perspectiva del desarrollo- que ha quedado un poco olvidado en el marasmo de los últimos acontecimientos y también durante la Conferencia, con motivo del conflicto de Oriente Próximo y la gravedad de hechos que allí ocurrían, como por el reconocimiento del sufrimiento causado por las experiencias históricas de Europa y la perversidad de la esclavitud y del comercio de esclavos, cuya práctica consideramos hoy como un crimen contra la humanidad. 
La mayoría de los conflictos étnicos que comportan miles de víctimas y situaciones humanas lamentables tienen lugar en países en desarrollo, principalmente en África. 
Por ello, creo que el éxito de esta Conferencia dependerá de si somos capaces, hoy, de llevar a efecto todo lo que allí se plasmó en la Declaración final. 
Pedimos a la Comisión, en esta resolución, el apoyo financiero a las administraciones de los países en desarrollo para la puesta en marcha de planes nacionales de acción para la eliminación de todas las formas de discriminación, tal como allí se acordó. 
Que se creen foros, que se creen observatorios, observatorios en África, observatorios provinciales, observatorios regionales. 
También pedimos el apoyo para las Naciones Unidades, para que puedan llevar a cabo el seguimiento de los resultados de Durban, de manera que la lucha contra el racismo se mantenga en la agenda internacional hasta la erradicación del mismo. 
Creo que es importante que nosotros sigamos trabajando para que se lleve a efecto lo que esta Declaración propugna. 
Desde luego, los Estados Unidos no debieron abandonar la Conferencia, pero no era la primera vez que la abandonaban, ya la habían abandonado en otras ocasiones; por lo tanto, eso no era un hecho importante. 
Lo importante es que seamos capaces de que, con una sola voz, el Parlamento Europeo repita de modo clave su mensaje, ante los periodistas, ante los medios de comunicación, contra el racismo y en favor de la igualdad y la integración. 
El Presidente, el Presidente del Consejo en funciones y la señora Comisaria me disculparán, ya que en un minuto no puedo decir tanto. 
No obstante, los grandes esfuerzos tampoco conducen necesariamente a resultados importantes. 
Una ausencia de esfuerzo puede, por el contrario, dar lugar a catástrofes. 
De ahí que felicite al Presidente del Consejo por los esfuerzos realizados en Durban. 
Sí parece que nuestros Comisarios han visto otra conferencia, ya que el Sr. Bolkestein dice que semejante conferencia fomentaba el sentimiento de víctima en la gente que, de todas formas, piensa que siempre les toca perder. 
Por supuesto, es lamentable. 
Señora Diamantpoulou, usted dice que realmente ha reinado un clima hostil en esta Conferencia. 
Es incluso más importante que seamos bien conscientes de que el racismo encubierto y la enemistad latente están siempre presentes en las personas y que uno debe tener mucho cuidado y evitar que la idea de identidad, y sé de lo que hablo puesto que en nuestros grupos es muy importante, nos desvíe. 
Desde el momento en que la identidad se convierte en una plusvalía y en una infravaloración de otros, y ese sentimiento se inculca a todo un grupo y se transmite a otros, uno se encuentra con tensiones étnicas y racistas. 
Los grandes conflictos pueden ser consecuencia de ello. 
Lo siento, pero no podemos decir que ése no sea el caso en Europa. 
Echemos un vistazo a los conflictos en los Balcanes. 
Echemos un vistazo a las tensiones existentes en los países de la ampliación. 
Debemos trabajar en ello con gran paciencia y firmeza. 
Tal vez, Durban constituya un comienzo. 
Ciertamente, no ha sido el final, ya que tendremos que realizar la mayor parte del trabajo en nuestras propias comunidades. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente del Consejo, me parece muy positivo que se haya celebrado esta Conferencia en Durban, que hayan tenido lugar amplios debates, que se haya adoptado una resolución y que haya una conclusión. 
Lo que a mí a veces me falta en todo este asunto es que no se pone la vista suficientemente en el futuro y que se consideran demasiado pocas medidas concretas sobre cómo se puede combatir el racismo ya preventivamente para que, a ser posible, no llegue a surgir. 
Precisamente la Unión Europea debe ir por delante dando buen ejemplo y quiero llamar aquí la atención, pues es algo muy de actualidad, sobre dos campos en los que podríamos ser concretos: la política de asilo y la de inmigración. 
Si realmente logramos lo que pretendemos, a saber, aplicar una política de asilo unitaria con estándares mínimos, donde se llegue a unas decisiones seguras y rápidas, entonces no estaremos ya en la situación con que nos encontramos actualmente, con ghetos en los que los asilados esperan durante años y tienen que realizar trabajos ilegales, con la consecuencia de la exclusión social. 
Una decisión rápida conduce a una ayuda rápida y a una integración también rápida de los refugiados reconocidos e impide la exclusión social que actualmente tiene lugar. 
Esto es prevención frente al racismo. 
También deseo que se produzcan progresos en la política de inmigración. 
Si los Estados miembros acogen a nacionales de terceros Estados según sus posibilidades y bajo la condición de que exista trabajo y alojamiento así como posibilidades de formación escolar y les ofrecen ayuda para la integración, esta es también una medida contra la exclusión social, la discriminación y a favor de la integración y creo que deberíamos aplicar medidas concretas de este tipo para poder tener éxito en la prevención contra el racismo y contra la discriminación. 
Es una oportunidad para nuestra Unión Europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor ministro, la Conferencia contra el racismo de Durban se ha visto oscurecida desde el principio por una estrategia política de discriminación. 
Estados árabes han intentado acusar a Israel de racismo. 
Querían colocar al mundo árabe como víctima de un racismo israelí que sería a continuación condenado en la Conferencia. 
Se trataba de una estrategia infame. 
Pero un enfrentamiento a fondo con esta estrategia y la Conferencia en general fracasó ante los terribles acontecimientos del 11 de septiembre. 
Ahora nos encontramos en una situación en la que todo el mundo árabe corre el peligro de que se le cuelgue el sanbenito del racismo. 
Existe el peligro de que se acuse a todas las personas de origen árabe o provenientes del círculo cultural islámico por los hechos de un pequeño grupo terrorista. 
Esto puede ocurrir abiertamente y con violencia. 
Lamentablemente, hay ya ejemplos de ello. 
Pero también puede ocurrir de modo oculto con una desconfianza de fondo. 
En cualquier caso, se trata de un veneno que penetra lentamente en nuestra sociedad abierta. 
Sería un triunfo de los terroristas. 
Por ello, no debemos permitir que ocurra así. 
No sigamos el mal ejemplo que oscureció la Conferencia de Durban. 
Precisamente los diputados del Parlamento Europeo debemos precavernos de meter con rapidez en un cajón de sastre a las personas por su nacionalidad o religión. 
Seamos un ejemplo. 
Sigamos siendo abiertos y tolerantes. 
Pero que no se equivoquen los terroristas: van a ser perseguidos con toda la dureza sin distinguir raza o religión. 
Podemos hacer algo aquí contra el racismo. 
Actuemos del modo correspondiente y demos ejemplo. 
Esto tiene más valor que todas las conferencias del mundo. 
Se debe constatar esto precisamente ahora en que mantenemos este debate después de Durban. 
Señor Presidente, la Unión Europea tiene una responsabilidad especial en la lucha contra el racismo y la discriminación por motivos de raza. 
El programa de acción que se aprobó el 8 de septiembre en Durban es un importante mensaje y una aportación a la formación de consciencia en la lucha contra el racismo y la xenofobia. 
Es de saludar que esta Conferencia se haya podido poner al final de acuerdo sobre una declaración conjunta. 
A pesar de intentos masivos, no de todas pero sí de muchas ONG y de algunos Estados para transformar esta Conferencia en un foro de condena unilateral contra Israel y de aprovechar la cuestión de la esclavitud y del colonialismo para exigir pagos indemnizatorios, se debe valorar ya como un éxito que se evitaran posiciones extremas de este tipo en el documento final y que se lograra aprobar en absoluto. 
Sin embargo, se debe recapacitar a posteriori si la generosa ayuda a las ONG, que en principio considero correcta, por parte de la Unión Europea y que alcanza los 3.700 millones de euros, siempre va a parar a los canales correctos, tanto más cuando argumentos de agitación política como el de que el sionismo es equiparable a racismo, se incluyen también en el vocabulario político de algunos Estados como, por ejemplo, Siria. 
Tres días después de la Conferencia de Durban se produjo el atentado terrorista más grande hasta hoy contra el mundo civilizado. 
Nadie menos que el Jefe de Estado egipcio Mubarak ha indicado que precisamente cuestiones de derechos humanos son utilizadas con frecuencia por organizaciones terroristas para construir su red internacional. 
Pero que quede claro: los derechos humanos, la lucha contra la discriminación racial y la xenofobia, son indivisibles y tienen un significado global. 
Nadie está libre de estas lacras, tal como muestran los conflictos étnicos en los Balcanes y también los últimos acontecimientos trágicos en Irlanda del Norte. 
El plan de acción de Durban es un importante documento para cualquier Estado pero también para la Unión Europea en su totalidad, a la que le espera una gran responsabilidad en este contexto, sobre todo en el marco de las Naciones Unidas. 
Desearía que el papel de la UE fuese aquí más visible. 
Señor Presidente, el debate en torno a los resultados de la Conferencia de la ONU sobre el racismo adquiere hoy especial actualidad tras los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre. 
Desgraciadamente, la movilización mundial contra el terrorismo parece coexistir, como ha dicho anteriormente la Sra. Diamantopoulou, con un recrudecimiento de los síndromes xenófobos, así como con tendencias a la demonización de grupos enteros de población, principalmente árabe e islámica. 
Leemos, por ejemplo, en la prensa internacional que la tendencia principal- el 62% -de la opinión pública en Holanda, un país con larga trayectoria democrática, considera que las agresiones terroristas de Nueva York y Washington crean serios problemas para la integración social de las poblaciones musulmanas en Holanda. 
Al mismo tiempo, en Alemania se defiende la necesidad de revisar el marco legislativo que regula el funcionamiento de las organizaciones religiosas. 
Hace pocos días en Gran Bretaña, una musulmana de 19 años y un taxista fueron víctimas de una agresión injustificada. 
En el debate de esta mañana sobre asilo e inmigración, muchos diputados en esta sala han expresado puntos de vista islamófobos. 
Estos fenómenos son extremadamente inquietantes. 
La experiencia europea de las terribles guerras del siglo xx ilustra los riesgos que para la paz, la democracia y la dignidad humana comportan el racismo, la xenofobia y el nacionalismo. 
A la luz, pues, de los recientes acontecimientos, la Unión Europea y los países miembros deben reforzar aún más los mecanismos legales de los que disponen contra el racismo, así como asumir iniciativas a escala mundial encaminadas a tender puentes entre los países y a erradicar la violencia como medio de resolución de conflictos. 
Luchar contra el terrorismo y hacer justicia no debe conducirnos en ningún caso a cuestionar nuestras conquistas democráticas y el respeto a las libertades fundamentales y a los derechos humanos. 
Para concluir, quisiera felicitar al Presidente en ejercicio, Sr. Ìichel, así como a toda la delegación europea, por su contribución al éxito de la Conferencia de la ONU en Durban. 
Señor Presidente, en el tema del racismo reina una gran unanimidad cultural: se trata de algo injusto. 
Nadie quisiera ser racista, pues es una palabra tan imponente y cargada de significados que fácilmente sirve, además de para luchar contra la injusticia, también para agredir y descalificar. 
La declaración paralela del foro de las ONG previa a la Conferencia sobre el racismo, en la cual se acusaba de racismo a Israel- sin condenar al mismo tiempo el antisemitismo -, desvirtuó los puntos de partida de la Conferencia de las Naciones Unidas. 
Nosotros hemos visto con nuestros propios ojos también aquí en el Parlamento Europeo cómo el antisemitismo se trasluce en los libros de texto palestinos con actitudes abiertamente racistas. 
El tono del debate era injusto con Israel si tenemos en cuenta su pasado y la evidente voluntad de las naciones enemigas de negar incluso el derecho a la existencia del Estado israelí. 
No niego en absoluto los problemas de los palestinos ni las injusticias que han sufrido, y hay que subsanar esa situación. 
Pero no se llegará a una solución rociando las verdades en todas direcciones sin ton ni son. 
No deja de ser tragicómico que a la vez que condenamos la discriminación estemos incurriendo en la misma. 
Lamentablemente, esta contradicción ha puesto en tela de juicio la credibilidad de las Organizaciones no gubernamentales y restó relevancia a la Conferencia sobre el racismo. 
Como simpatizante que soy de las ONG y de la participación de la sociedad civil, siento mucho lo ocurrido: la irreflexión provocó un debilitamiento de la propia credibilidad y de los resortes que sustentan el desarrollo de las actividades de estas organizaciones. 
Valoro enormemente que las organizaciones en pro de los derechos humanos de más prestigio, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, se desdijeran en seguida del texto del foro de las ONG. 
Asimismo, quiero dar las gracias al representante de la Presidencia belga, cuya intervención en nombre de la UE recalcó justificadamente que el conflicto de Oriente Próximo obedece a razones políticas y no debía ser abordado en absoluto en la Conferencia sobre el racismo. 
¿De qué hubiera habido que hablar entonces? 
¿Qué quedó tras el politiqueo? 
Según Amnistía Internacional, existía el peligro de que no se prestara atención a muchos asuntos críticos, tales como el trato a los refugiados, la trata de personas, la opresión basada en el sistema de castas o los derechos de los gitanos. 
Y, lamentablemente, esto fue lo que ocurrió. 
Por ejemplo, en las reuniones del foro sobre el racismo de las ONG, los descastados de la India intentaron con tesón poner de relieve su situación de desamparo. 
Según ellos, la discriminación de los sin casta es un apartheid encubierto. 
Señor Presidente, la Conferencia de Durban constituyó un momento importante en la denuncia del fenómeno racista y de la xenofobia y de ella resultó un mensaje claro y firme, cuya necesidad y urgencia siguen siendo indiscutiblemente actuales. 
El siglo XX atestiguó los más horrendos crímenes perpetrados en nombre de doctrinas racistas y que se produjeron- conviene tenerlo presente- en Europa, cuya civilización fue la cuna de las grandes declaraciones de derechos. 
Pero la Conferencia de Durban fue mucho más que el ejercicio de un deber de memoria. 
Dicha conferencia sirvió para recordar que el mundo moderno ha demostrado estar incapacitado para erradicar de sus sociedades el racismo y la xenofobia, que incluso en Europa siguen causando víctimas y siendo la causa de conflictos violentos. 
Por desgracia, algunos han sucumbido a una visión maniqueísta e históricamente poco rigurosa que responsabiliza a Europa de forma desproporcionada y simplificadora por todos los males y opresiones asociados con el racismo, como, por ejemplo, el recurso a la esclavitud. 
Europa no repudia su historia, en sus momentos de luz o en sus momentos de sombra. 
Pero no debe consentir manipulaciones groseras. 
Europa no debe aceptar que la Historia sea objeto de un ajuste de cuentas, que se haga sentar el pasado en el banquillo de los reos, para que ese juicio declare inocente el tiempo presente y oculte las responsabilidades actuales en la persistencia del abyecto y anacrónico fenómeno de la esclavitud y, más genéricamente, de la violación sistemática de los derechos fundamentales. 
Juzgar la Historia con los ojos del presente es un ejercicio pernicioso de demagogia que simplifica lo complejo y, con ello, ofende a la verdad. 
El maniqueísmo suele segregar fanatismo y movilizar toda la especie de cruzados que interpretan la Historia como una larga lucha entre el Bien y el Mal. 
El fanático, por definición, no conoce interlocutores, sólo enemigos. 
La Historia no es una suma de delitos penales e indemnizaciones civiles previstas en la legislación en vigor. 
Rechazamos ese ejercicio inútil. 
La responsabilidad política de la Unión Europea en la afirmación de los valores universales inherentes a la dignidad humana es interna e internacional a un tiempo por ser inherente a la razón de ser más íntima de nuestro proyecto común. 
Nuestra responsabilidad colectiva europea se expresa en la confirmación sin reservas de nuestro lugar en la primera línea de combate, por la afirmación universal de los derechos humanos y contra el racismo y la xenofobia y en la determinación en persistir y profundizar un papel constructivo en la escena internacional, por la liberación de la Humanidad de toda la discriminación basada en el odio, el prejuicio y la ignorancia. 
. 
(FR) Señor Presidente, señoras y señores Diputados, desearía, aunque brevemente, responder a los oradores con una serie de consideraciones y también con una serie de informaciones más concretas. 
En primer lugar, estoy muy de acuerdo con el Diputado Johan Van Hecke en que cuando se organiza una conferencia de esta naturaleza ha de procurarse que la preparación sea minuciosa. 
Pienso que, en cierta medida, pagamos tributo al hecho de que en la fase previa a esta Conferencia existieron algunas lagunas. 
En efecto, creo que- para utilizar un término que ustedes conocen muy bien- todavía había demasiados leftovers en Durban, lo que, evidentemente, complicó mucho la tarea. 
Pienso, pues, que dicha preparación es muy importante. 
Segunda reflexión con respecto a este tipo de conferencias: considero que el hecho de querer aprobar un documento que trate de manera exhaustiva cada situación particular puede ser una carencia, puede empobrecer sustancialmente el documento final. 
Con eso quiero decir que si el texto hubiese sido más sintético, si el texto hubiese contenido algunos principios genéricos, probablemente habría sido más enérgico. 
Y nos podemos incluso preguntar si la Unión Europea no podría quizá pensar, en un momento dado, en llevar a cabo dicho ejercicio, es decir, en extraer de este trabajo de Durban la quintaesencia que permitiría dar a conocer con mayor facilidad en todos nuestros Estados el trabajo realizado en Durban. 
Porque, en definitiva, he oído preguntar a varios oradores: "Bueno, tuvo lugar la Conferencia de Durban, ¿y ahora qué ?". 
Debo decirles, señoras y señores, que el "ahora qué" depende ante todo de los Estados. 
Como lo ha dicho la Sra. Boumediene, creo que si un Estado quiere pedir perdón, presentar o expresar su remordimiento o su arrepentimiento, él sabe hasta dónde puede llegar. 
Pienso asimismo que los Estados pueden fácilmente, sobre la base de los trabajos de Durban, poner a punto, elaborar un programa de acción específico para cada Estado, inspirándose en estos principios y en lo que se acordó en Durban, a fin de luchar contra el racismo. 
Por otro lado, hace un momento he oído manifestar expresamente a la Sra. Comisaria que a nivel de la Comisión también se preveían cosas muy concretas. 
Pienso que la Comisión ya está trabajando en este ámbito desde hace mucho tiempo. 
Considero, pues, que existe un seguimiento, que habrá un post-Durban si así lo deseamos. 
De hecho, se trata del típico problema de la voluntad política. 
Querría, evidentemente, aprovechar también la ocasión para dar las gracias a los oradores por la apreciación halagadora que han expresado respecto a mi persona. 
Creo que estaba rodeado de personas muy competentes de la Comisión, del Consejo y, naturalmente, de mi propia delegación. 
Además, pude contar con todas las representaciones de los diferentes países europeos. 
Pienso que era lógico que realizáramos dicho trabajo. 
Era algo absolutamente normal. 
Desearía responder a algunas intervenciones sobre las carencias del documento. 
Sí, es evidente que faltan algunos puntos. 
Por ejemplo, ¿por qué en los documentos aprobados en Durban no se redactó ningún apartado sobre el sistema de castas? 
Sé que dicha cuestión reviste una importancia particular para la Unión Europea, y, además, comparto esta preocupación. 
Como ustedes saben, la Unión Europea está preocupada por las situaciones de discriminación que persisten en el mundo; por lo tanto, era normal que también expresáramos esta preocupación. 
Seguimos, pues, con atención el desarrollo de este problema y apoyamos, en tal sentido, un apartado presentado por Suiza. 
Dicho texto hacía referencia a la discriminación basada en la ascendencia y la ocupación, lo que caracteriza precisamente las discriminaciones de que los parias son víctimas en muchos países del mundo. 
Desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos realizados por la Unión europea y otros países- concretamente América del Sur -, no fue posible obtener el acuerdo de la India respecto a este apartado. 
Puesto que, como ustedes saben, la Conferencia estaba basada en el consenso, el texto fue suprimido; y lo lamento. 
Pero existen realidades que hay que tener en cuenta. 
No se puede lograr todo. 
Una de Sus Señorías se ha referido, con razón- porque para mí también se trata de una preocupación personal- al problema de la pena de muerte. 
Es sabido que la abolición de la pena de muerte constituye una de las prioridades de la Unión Europea. 
Creo que es bueno que lo recordemos, e intentamos aprovechar todas las ocasiones que se presentan en el plano internacional para hacer avanzar el debate sobre este punto. 
Y así ocurrió en esta Conferencia. 
La Unión Europea apoyó un apartado del programa de acción que se refería a la discriminación racial en el ámbito de la aplicación de la pena de muerte. 
Pero tras una firme oposición de los Estados Unidos durante el proceso preparatorio- este apartado también fue rechazado por varios países, sobre todo asiáticos, por falta de tiempo para negociar más a fondo- y, por tanto, por falta de consenso, tampoco fue posible mantener dicho apartado en esta Conferencia. 
Cito, evidentemente, estos ejemplos para convencerles de que las preocupaciones de Sus Señorías fueron trasladadas, expresadas, en Durban; pero, desgraciadamente, no se pudo lograr todo. 
Dos palabras sobre el comportamiento de las ONG durante la Conferencia. 
Como se hizo hincapié en los documentos aprobados en Durban, la sociedad civil y, por lo tanto, las ONG, deben desempeñar un importante papel en la lucha contra el racismo. 
Es por eso por lo que el foro de las ONG, organizado antes de la Conferencia Intergubernamental, revestía una importancia particular para la Unión Europea. 
Además, por esta razón, pienso que la Comisión Europea había financiado a una gran mayoría de los participantes en dicho foro. 
Desgraciadamente, aunque hubo debates interesantes- yo participé concretamente en un debate que me parecía muy interesante -, este foro se desarrolló según un proceso a menudo dudoso y no democrático. 
Organizaciones extremistas parecen haber monopolizado dicho espacio de discusión, lo que obligó a los Estados a ignorar las conclusiones de este foro. 
Algunas ONG, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la FIDH no se adhirieron, por otra parte, a estos resultados. 
También hay que decir que la agresividad y la violencia verbal condenable de algunas ONG plantean el problema del apoyo, con frecuencia incondicional, que la Unión Europea, así como los Estados miembros- por ejemplo, mi país -, ofrecen a estas organizaciones. 
Pienso que será asimismo necesario iniciar con las mismas una discusión respecto a su obligación de rendir cuentas, a su representatividad y a los límites de sus responsabilidades. 
Ya he tenido la ocasión de manifestar que mantenía muy buenas relaciones con la mayoría de las ONG, y reconozco, por otro lado, que deben desempeñar un papel específico. 
He oído hace un momento a la Sra. Boumediene utilizar un término relativamente subversivo- lo digo con buena intención, señora -, pero podemos tener discrepancias importantes. 
Por mi parte, no estoy dispuesto, como político elegido democráticamente, a ceder mis prerrogativas, como son las de asumir mi responsabilidad política frente a los ciudadanos. Si soy elegido, los ciudadanos pueden, pues, sancionarme; es lo que yo denomino responsabilidad. 
Y, por otro lado, debo rendir cuentas a los ciudadanos. Esos son, en definitiva, mis dos deberes. 
No estoy, pues, dispuesto a dejarme arrebatar dicha prerrogativa, porque el día en que este mecanismo de responsabilidad política ya no exista, eso querrá decir que ya no estaremos en democracia. Y no puedo aceptarlo. 
Una cuestión que deseaba abordar- creo que el Sr. Sylla la ha mencionado- es la de la discriminación basada en la preferencia sexual, que representa una de las múltiples formas de discriminación de que son víctimas algunas categorías de personas. 
Este concepto está muy presente en los textos. 
Sin embargo, cuando se trató de definir las posibles fuentes de estas múltiples formas de discriminación, no fue posible introducir conceptos importantes para la Unión Europea, tales como la discriminación basada en la orientación sexual. 
Como ustedes saben, dicha idea fue firmemente rechazada por algunos países. 
Los únicos elementos que todos aceptaron fueron las fuentes de discriminación mencionadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra distinción. 
¿En qué punto estamos con respecto a un posible seguimiento de la Conferencia? 
Concluyo con lo siguiente: he tenido la ocasión de expresarles que correspondería a cada Estado garantizar el seguimiento de la Conferencia, pero se decidió, no obstante, que dicho seguimiento sería principalmente responsabilidad de la Alta Comisaría para los Derechos Humanos. 
Deberán llevarse a cabo varias acciones, en particular la creación de una "unidad antidiscriminación" en el seno de la Alta Comisaría y la designación de cinco eminentes expertos independientes, cuya tarea será vigilar la aplicación de las disposiciones contenidas en el programa de acción y la declaración política. 
Estos expertos serán designados por el Secretario General de las Naciones Unidas. 
Estas son las precisiones que quería aportar, porque yo también deseaba saludar la pertinencia de las intervenciones de los diputados y decirles que su firme convicción sirvió de motor y de apoyo notables para defender los puntos de vista que, en su nombre, expresamos en Durban. 
He recibido, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, seis propuestas de resolución para cerrar el debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 20.20 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Vehículos con más de ocho plazas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0312/2001) del Sr. Miller, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los dispositivos especiales aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de viajeros con más de ocho plazas además del asiento del conductor, y por la que se modifican las Directivas 70/156/CEE y 9/27/CE del Consejo (C5-0278/2001- 1997/0176 (COD) ). 
. 
(EN) Señora Presidenta, doy la bienvenida, una vez más, a todos los presentes aquí esta noche. 
Veo muchas caras conocidas. 
Deseo presentar mis respetos al ponente alternativo, Sr. Harbour que, una vez más, asiste conmigo a una sesión a altas horas de la noche. 
Probablemente pasamos más noches juntos que con nuestras respectivas esposas. 
También quisiera presentar mis respetos a varias personas que han trabajado en el presente informe, no sólo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sino también en el seno de la Comisión y el Consejo. 
No ha sido una conciliación difícil, pero sí fructífera, y estoy muy contento con el resultado. 
También quisiera dar las gracias, en nombre de probablemente una tercera parte de la población de la Unión Europea, al Parlamento porque preveo que la votación de mañana discurrirá de manera acertada. 
En la Unión Europea hay unos 35 millones de personas discapacitadas registradas; tenemos 120 millones de personas mayores. 
Ambos grupos, evidentemente, no son excluyentes entre sí, pero en total representan aproximadamente a un tercio de la población de la Unión Europea. 
El resultado de la votación de mañana decidirá en buena medida cuál será su calidad de vida en el futuro. 
Las personas con discapacidades llevan años sin poder desplazarse por las ciudades y pueblos de la Unión Europea como deberían poder hacerlo; se han visto atrapadas durante demasiado tiempo en sus propios hogares. 
Si mañana se aprueba esta directiva, abrirá esa puerta. 
Será un pequeño paso hacia la liberación de personas que, como he dicho antes, se han sentido atrapadas. 
Quisiera expresar su agradecimiento al Parlamento. 
Soy consciente de que algunos de mis colegas del ala derecha de esta Asamblea han encontrado dificultades en esta directiva, debido principalmente a su carácter técnico. 
Lo comprendo plenamente y me hago cargo de ello. 
No obstante, quisiera pedirles en esta fase avanzada que piensen en lo que estamos haciendo, porque si esta directiva se aprueba mañana, todos en este Parlamento podremos sentirnos orgullosos de ello, porque estaríamos mejorando las vidas de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Por una vez estaríamos cambiando algo. 
Con demasiada frecuencia nos ponemos de pie en esta Asamblea y hablamos de distintos planes, programas y proyectos maravillosos, pero que no repercuten en la vida de las personas. 
He aquí una cosa pequeña que sí repercute en la vida del ciudadano europeo, y es algo de lo que todos deberíamos sentirnos orgullosos. 
Entiendo a mis colegas de la derecha que se abstendrán mañana. 
Es una lástima, pero al menos es mejor que votar en contra en la segunda lectura. 
Quisiera pedirles, no obstante, que se lo piensen de nuevo y den su voto favorable, porque durante todo el proceso he intentado dejar fuera los tecnicismos y me he centrado únicamente en la política y la filosofía de intentar que las personas con discapacidades puedan volver a desplazarse. 
Es un objetivo con el que creo que todos estamos de acuerdo. 
En este sentido, realmente no tengo mucho más que decir, porque el tema ya ha sido debatido en profundidad. 
El Comisario conoce perfectamente el contenido del informe y probablemente podría recitarlo también como yo. 
Por último, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que han participado en la elaboración del presente informe y que mañana contribuirán a su aprobación. 
Señora Presidenta, una vez más, es un auténtico placer trabajar con mi amigo Sr. Miller. 
Quiero alabar su perseverancia en la elaboración del presente informe y, en particular, la maestría con que ha llevado la conciliación. 
Ha sido la primera vez que tomo parte en un diálogo a tres bandas, lo que me ha permitido conocer su funcionamiento. 
De hecho, como dice el ponente, hemos alcanzado un resultado muy satisfactorio. 
Apoyo plenamente el compromiso final, así como las ventajas que hará realidad. 
Es importante que, por fin, tras cinco largos años, pongamos punto final a este asunto. 
Dentro de un momento me referiré a algunos de los temas en cuestión. 
No obstante, es importante añadir que, a la hora de hacer realidad esas ventajas sobre las que hablaba el Sr. Miller, debemos reflexionar sobre el hecho de que también serán necesarias muchas otras mejoras de la infraestructura relacionada con el transporte público. 
Los autobuses sólo son una de ellas. 
Es algo que no hemos podido abordar, pero que otras comisiones desearán examinar. 
¿Qué hay de los principios? 
El ponente ha dicho muy acertadamente- yo ya se lo había avisado de antemano- que nos abstendremos al respecto. 
Mañana se aprobará el informe. 
Ciertamente no deseamos obstaculizarlo ni votar en contra del procedimiento de conciliación, pero, en esta parte de la Asamblea, creemos que los principios que nos llevaron a votar en contra esta última vez- y mi colega Sr. Rübig, que intervendrá más tarde, es un veterano del procedimiento anterior- son totalmente coherentes. 
Por lo tanto, no lo obstaculizaremos. Seguirá su camino con nuestro respaldo estipulado. 
El Sr. Miller ha desempeñado el papel del hombre que cabalga el último dinosaurio, si me permiten expresarlo de ese modo. 
El Comisario Liikanen nos dijo durante el debate en la segunda lectura que no prevé volver a presentar al Parlamento un reglamento de esta complejidad. 
Es sin ninguna duda el planteamiento correcto. 
Quiero aprovechar la oportunidad para decir a la Asamblea esta noche que, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, he presentado una propuesta a otras comisiones y a la Comisión sobre el modo en que el Parlamento puede ejercer su función política de control y presentación de ideas para el reglamento sobre los vehículos de motor. 
Hemos sugerido a la Comisión que nos presente, con carácter anual, un informe exhaustivo sobre sus planes para el futuro reglamento sobre los vehículos de motor, especificando dónde piensa utilizar las propuestas de la Comisión Económica para Europa y, también, que cubran parte del procedimiento de regulación voluntario sobre el que hemos hablado. 
Eso permitirá a este Parlamento, a través de sus distintas comisiones, plantearse seriamente el contenido político del reglamento y no volver jamás a enfrascarse durante cinco años en este tipo de reglamento tan complejo y técnico- un proceso del que, por fin, nos despedimos esta noche. 
Señor Presidente, uno de los objetivos de la directiva es mejorar el acceso de las personas con movilidad reducida a los medios de transporte colectivo. 
En relación con este punto había importantes diferencias entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
La insistencia del Parlamento Europeo en que se formularan disposiciones que faciliten la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, y especialmente a los usuarios de sillas de ruedas, y junto con ella, el propio ponente, Sr. Miller, encontraron finalmente reconocimiento. 
El acuerdo alcanzado por el Comité de Conciliación, y que refleja plenamente la posición del Parlamento Europeo, demuestra una vez más que asuntos importantes, como la calidad de vida, sólo pueden impulsarse con políticas valientes, liberadas del asfixiante cerco de los enfoques tecnocráticos y económicos. 
La directiva propuesta introduce una definición más amplia del «pasajero de movilidad reducida» , que incluye a todos los pasajeros que tengan dificultades especiales para utilizar el transporte público, particularmente las personas de edad y las personas con discapacidad. 
La movilidad reducida no presupone necesariamente alguna forma de problema médico. 
Esto constituye una innovación que sin duda alguna ha de ser punto de partida para otras adaptaciones semejantes, al objeto de que la política para la calidad de vida adquiera contenido real. 
Más concretamente, las dificultades especiales pueden revestir diversas formas e incluir deficiencias sensoriales y psíquicas, así como otros obstáculos a la movilidad. 
De este modo quedan incluidas, las personas con discapacidades en las extremidades, las personas de baja estatura, las mujeres embarazadas. 
Se establece también que todas zonas en pendiente de los vehículos deberán ir dotadas de superficie antideslizante. 
Importante es así mismo resaltar que no se limita a dictar normas para los vehículos, sino que al objeto de garantizar el resultado deseado, es decir, el embarque seguro, prevé incluso la facilitación del acceso mediante el diseño de las infraestructuras locales. 
De este modo deberá garantizarse el embarque seguro, desde el mismo nivel, de todas las personas de movilidad reducida. 
Quiero creer que el espíritu del acuerdo alcanzado reinará igualmente en otros intentos semejantes. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en esta directiva mantenemos en primera línea un debate sobre principios: ¿queremos en el futuro en la Unión Europea el principio de la armonización o el principio del reconocimiento recíproco? ¿O quizás la tercera variante, dónde necesitamos uno y dónde el otro? 
En esta directiva sobre el procedimiento de autorización de tipos de la CE hemos alcanzado sólo un pequeño éxito porque, naturalmente, adicionalmente a esta directiva que se determina ahora, son válidas también paralelamente las autorizaciones de tipos de los diversos Estados. 
A este respecto son aplicables nuestros deseos y deseo felicitar expresamente al Sr. Miller por haber trabajado tan intensamente en este sentido. 
Naturalmente, esto no es aplicable a los procedimientos estatales de autorización de tipos que predominan actualmente y que lo seguirán haciendo en el futuro. 
El éxito es muy modesto y por ello mañana nos vamos a abstener pues nos parece de muy poco alcance y porque en este sector habríamos deseado una regulación general para todos los autobuses. 
También tengo que decir que la propuesta de la Comisión era muy pero que muy buena de contenido y técnicamente pero logísticamente era absolutamente rechazable. 
En la primera lectura hemos recibido 160 páginas de propuestas de detalle de la Comisión, nuestros diputados han elaborado 110 enmiendas al respecto y creo que esta Asamblea y, a la postre, también el nivel europeo, se ven desbordados por tanto detalle. 
Incluso hemos normalizado ahora- y este es el estado que mañana se acordará- la curvatura de la pared posterior del autobús hasta un máximo de 150 mm. Junto al pepino unitario europeo, este es realmente un éxito sensacional. 
. (EN) Señora Presidenta, deseo felicitar al Parlamento y, en particular, a su Comité de Conciliación y al ponente, Sr. Miller, por el éxito de ambos en el acuerdo alcanzado con el Consejo sobre esta directiva tan importante. 
Quisiera resaltar que, con esta directiva, la Comunidad Europea marcará el ritmo y permitirá al sector competir en condiciones comunes en la elaboración de autobuses y autocares seguros y más accesibles en beneficio de todos los usuarios europeos del transporte público. 
Esta directiva marca un avance importante en tres ámbitos, a saber, el mercado interior, la política de transporte y la política social de la Comunidad. 
Las disposiciones sobre el acceso a autobuses y autocares en lo que se refiere al acceso de personas con movilidad reducida, garantizarán que una proporción mayor de nuestros ciudadanos puedan utilizar el transporte público. 
Quisiera responder a la cuestión del Sr. Harbour. 
He recibido la carta basada en su propuesta del presidente de la comisión, Sr. Westendorp y Cabeza, y le he enviado una respuesta detallada en la que apoyo dicha iniciativa. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
GALILEO 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0288/2001) de la Sra. Langenhagen, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre GALILEO (COM (2000) 750- C5-0110/2001/2059 (COS) ). 
Señora Presidenta, señor Comisario, ya es tarde. 
El tiempo se nos escapa y sobre todo el proyecto GALILEO. 
Cuanto más tiempo duda la Unión Europea en poner en marcha el sistema europeo de radionavegación por satélite, tanto menor interés mostrarán la industria y también la población. 
El último peligro es que un día se entierre a GALILEO. 
Si recuerdo algunos "statements" con los que he tenido que ver en los años pasados durante mi empleo en el proyecto europeo de radionavegación por satélite, aumentan mis preocupaciones. 
Aunque el dictamen del Parlamento sobre la comunicación de la Comisión no tiene un carácter legislativo, sin embargo sí señala la línea a seguir en el futuro. 
Espero que el Parlamento apruebe mañana con amplia mayoría mi informe y apoye de este modo la posición de que es urgentemente necesario un sistema propio europeo de radionavegación por satélite, no en último lugar a causa de la especial situación en la que se encuentran el mundo y Europa desde el 11 de septiembre. 
El Consejo comparte también esta opinión básica tal como han confirmado de nuevo las conclusiones de Estocolmo. 
Pero ¿cómo se pueden disipar las dudas que surgen siempre y también en las enmiendas que hemos presentado? 
La cuestión básica sigue siendo porqué necesitamos un sistema propio europeo de radionavegación por satélite cuando los norteamericanos han suministrado ya con el GPS un modelo que funciona. 
Permítanme que mencione algunos argumentos fundamentales. 
Primero: el sistema norteamericano está concebido militarmente, con las correspondientes desventajas en lo que se refiere a la disponibilidad, precisión y también seguridad jurídica. 
Debe existir fiabilidad y ésta se debe garantizar también en los tiempos de crisis. 
Todos debemos tener claro que la soberanía y seguridad de Europa se verían seriamente amenazadas si los sistemas de navegación quedasen fuera del control europeo. 
Es evidente que necesitamos un sistema civil propio que debe estar abierto a todos- subrayo lo de todos- los usuarios potenciales. 
Por ello, lamentablemente, no puedo apoyar las enmiendas que ha presentado de nuevo el Grupo GUE/NGL que exigen un uso meramente civil. 
Segundo: estamos a favor de la competencia libre dentro de la Unión pero también en el mundo. 
Es realmente sorprendente que aceptemos voluntariamente un monopolio de un Estado ajeno y expongamos a nuestros usuarios posiblemente a una atención no óptima. 
Debemos comprometernos aquí en interés de nuestros ciudadanos y usuarios. 
Tercero: la Unión Europea retrocedería enormemente en el sector de las tecnologías avanzadas si renunciase a un sistema propio. 
No puede ser esto lo que se quiere. 
Por el contrario, queremos ver a Europa a la cabeza y para ello necesitamos GALILEO. 
Cuarto: GALILEO crea puestos de trabajo en Europa. 
Estos puestos de trabajo son altamente cualificados y surgen en un sector de futuro, el de las tecnologías avanzadas. 
En la construcción de la infraestructura y en las diversas posibilidades de aplicación, en los próximos años pueden surgir hasta 100.000 puestos de trabajo y alcanzarse unos importantes beneficios en el mercado. 
¿Porqué es GALILEO tan importante para Europa? 
En mi informe he expuesto extensamente las ventajas y aspectos positivos para los diversos campos de aplicación. 
Estas ventajas son aún más convincentes si se logra incluir a otros países en la cooperación. 
Sólo hace poco, China se ha pronunciado por ejemplo positivamente en el encuentro de Bruselas. 
Europa es capaz de hacer realidad un sistema propio. 
No vamos a guardarnos el bombón GALILEO sino que se lo ofreceremos a los interesados que lo deseen y les dejaremos participar en las grandes ventajas. 
Desde el principio hemos dado gran importancia a la compatibilidad con otros sistemas pues queremos un uso óptimo. 
La industria muestra interés. 
Prueba de ello no son sólo las declaraciones de intenciones por un importe de 200 millones de euros que ha recibido la Comisión, si bien no debemos exigir demasiado a nuestra industria. 
Sin una clara señal de la política, sin la luz verde por nuestra parte, no se pondrá en movimiento el tren de la industria. 
Los trabajos previos que han realizado la Comisión y la Agencia Espacial Europea merecen las máximas alabanzas. 
Espero con gran interés el concepto de financiación y administración de la Comisión que se exige en el informe. 
Este concepto será otro elemento y pilar para la creación del sistema propio de radionavegación por satélite. 
GALILEO es un proyecto de la Comunidad. 
Por cierto, el primer proyecto de la Comunidad en este campo. 
Así pues, una visión para el futuro. 
Empecemos pues a trabajar en lugar de esperar hasta el día del juicio final, pues GALILEO revolucionará el transporte y el sector de la movilidad, al igual que lo ha hecho Internet. 
Las historias de éxito- y de ellas podemos mostrar algunas en Europa- exigen recapacitar, valor y fuerza de decisión. 
Aprovechemos mañana en la votación este momento histórico. 
. (IT) Señora Presidenta, Señorías, en mi condición de ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos para la comunicación de la Comisión sobre GALILEO, en mi intervención sólo me detendré en el aspecto financiero del proyecto. 
En este momento, GALILEO no respeta la declaración sobre la programación financiera adoptada por las tres Instituciones el 20 de julio de 2000, allí donde se afirma que la autoridad presupuestaria deberá disponer de informaciones exactas sobre las incidencias financieras de cada nueva propuesta presentada por la Comisión, al objeto de poder evaluar el impacto de la propuesta en los límites máximos de las perspectivas financieras. 
Asimismo, en el transcurso de una reunión de los Ministros de Transportes celebrada en el mes de abril de 2001, se puso de manifiesto que la Unión Europa tuvo grandes problemas a la hora de recaudar los 1,5 millardos restantes de origen privado para la etapa de despliegue, o sea, de 2006 a 2007. 
Por su parte, la Comisión afirma que, cuando publicó la invitación a manifestar interés en constatar las condiciones necesarias para la constitución de un partenariado público o privado, varios consorcios industriales europeos contestaron sin mencionar posibles problemas. 
Quiero dejar en claro que, en principio, respaldo el enfoque de la Comisión. 
No obstante, les debo poner en guardia ante el riesgo de que GALILEO tenga una incidencia mayor que la prevista inicialmente en el presupuesto general. 
Considero que la autoridad presupuestaria debe contar con un marco claro de las fuentes de financiación de GALILEO, antes de comprometer fondos en favor del proyecto. 
La definición de las fuentes de financiación y la determinación del importe de la aportación privada deben llevarse a cabo al mismo tiempo que la identificación de las financiaciones públicas y las necesidades financieras deberán satisfacerse en el año 2002, a más tardar. 
Luego, en el caso de que los costes a financiar a cargo del presupuesto general tuvieran que ser objeto de revisión, el Parlamento deberá exigir la consulta previa de la autoridad presupuestaria. 
De este modo, se garantizaría que si GALILEO no logra atraer las inversiones previstas por la Comisión, las demás actividades financiadas por la rúbrica 3 no se verán perjudicadas. 
Por el contrario, siguiendo mi enfoque, la Unión Europea tendría la posibilidad de utilizar en los momentos de crisis los servicios de navegación por satélite prestados por GALILEO, sin tener que confiar en los sistemas, especialmente militares, ofrecidos por los Estados Unidos y Rusia, o sea, el GPS y el GLONASS, con los cuales, por otra parte, continuaría siendo compatible. 
. (FR) Señora Presidenta, Señorías, debemos emitir nuestra opinión sobre la realización del programa GALILEO, habida cuenta de las decisiones adoptadas en el Consejo Europeo de Estocolmo de 23 de marzo de 2001. 
En dicho Consejo se hizo hincapié en la necesidad de lanzar de inmediato este programa de navegación por satélite. 
Nuestra comisión reconoce el interés que reviste la realización de dicho programa, cuya característica esencial es la de ser europeo y de origen civil, y, por lo tanto, independiente de los sistemas de origen militar- GSP norteamericano y GLONASS ruso -, dotado de una fiabilidad y una precisión superiores a los dos sistemas existentes. 
Nosotros proponemos, no obstante, los siguientes puntos, que deben ponerse en marcha en las fase de validación, de 2001 a 2005; de despliegue, de 2006 a 2007; y en la fase operacional, a partir de 2008, con los auspicios de la Agencia Espacial Europea y de la Comisión. 
En primer lugar, es necesario proceder a un análisis preciso de la financiación, evaluada originariamente en alrededor de tres mil millones de euros, asociado a la selección de los socios- en particular, industriales- y a su participación, así como a un estudio más explícito de la relación costes-beneficios y de las repercusiones económicas y en materia de empleo. 
Exigimos, en ese sentido, la mayor transparencia y una información constante del Parlamento. 
En segundo lugar, insistimos en que la utilización de las estructuras creadas durante el desarrollo del programa debe limitarse al ámbito civil, y recordamos que es imprescindible desarrollar, en este caso, la utilización del espacio con fines de interés general y de servicio público. 
En tercer lugar, el programa GALILEO no debe aplicarse de manera que pueda poner en peligro el derecho y la protección de la vida privada y no debe utilizarse, en ningún caso, para la vigilancia de los ciudadanos. 
En particular, deberá desarrollarse en la perspectiva de la protección del medio ambiente y deberá garantizar la seguridad de éste, con el fin de proteger la vida de los ciudadanos y los recursos naturales y de detectar desde el principio catástrofes naturales o debidas a la acción humana, o incluso de preverlas. 
También debe contribuir al progreso de la investigación europea en la definición del Sexto programa marco. 
Finalmente, proponemos- y este punto es importante- la creación de un comité de ética de carácter consultivo, que garantice el respeto de las anteriores exigencias y que asista a la Comisión y a la Agencia Espacial Europea en la toma de decisiones. 
Hago hincapié- y pido a la Sra. Comisaria que nos dé su punto de vista- sobre el hecho de que las estructuras que crearán el sistema son civiles. 
Naturalmente, no se puede decir: "no votamos a favor de GALILEO si los militares lo utilizan algún día", ya que, cuando se crean sistemas de transporte, de comunicación, etcétera, cualquiera puede utilizarlos. 
Lo que importa es que Europa sea independiente y que no dependa de la URSS o de los EE.UU. 
Consideramos que estas disposiciones son realistas y que deben acompañar y justificar la creación de GALILEO, y desearíamos poder contar, igualmente, con el punto de vista de la Sra. De Palacio sobre la creación del comité de ética. 
Señora Presidenta, señora Vicepresidenta de la Comisión, estimadas y estimados colegas, la competencia anima los negocios, esto lo hemos visto en el ejemplo de la industria del automóvil en los últimos 100 años. 
El hecho de que al menos haya habido tres fuertes centros de producción, los EE.UU, Europa y Asia, ha sido muy, pero que muy positivo para el asunto y los negocios. 
El Airbus es otro buen ejemplo de lo que se puede alcanzar si uno se expone a la competencia internacional, si uno no se da de antemano por satisfecho porque se fabrique otro producto bueno que se pueda comprar o incluso utilizar gratuitamente, como en el tema del GPS. 
En el tema GALILEO sobre el que hoy debatimos- es decir, el sistema de radionavegación por satélite- no va a ser diferente. 
Naturalmente, no es malo que exista el GPS. 
Naturalmente, no es malo e incluso es bueno que en muchos casos se ponga gratuitamente a disposición de los usuarios. 
Pero lo que no es bueno en ningún caso es que en lo esencial sólo exista un sistema norteamericano. 
El sistema ruso GLONASS no cae totalmente en la misma categoría. 
Los europeos no poseemos unos derechos de acceso auténticamente reales. 
Los ejemplos que han ocurrido en el pasado han mostrado que en algún que otro caso ha faltado de repente la navegación entre nosotros. 
Casi más importante y desde mi punto de vista, como profesor de Universidad, de importancia central es que no participamos realmente en la innovación tecnológica si no desarrollamos nosotros mismos, si no investigamos por nuestra cuenta y si no configuramos la investigación de un modo tal que sea luego accesible para la producción industrial. 
Necesitamos ambas cosas, necesitamos el acceso y el desarrollo tecnológico. 
No podemos hablar de una sociedad de los conocimientos y del aprendizaje y no seguir avanzando tras el siguiente paso lógico. 
Sobre todo, necesitamos las numerosas posibilidades de aplicación en el sector del transporte. 
Creo que esto no precisa de mayores explicaciones. 
Reconozco que en el tema GALILEO también hay algunos puntos oscuros. 
Las cuestiones de financiación siguen sin solucionarse realmente. 
La industria sigue a la expectativa y esperando al sector público y éste invoca por su parte los criterios de Maastricht, bolsillos vacíos y cosas similares. 
Esperemos que a la corta o a la larga se llegue a un auténtico public and private partnership en este tema. 
Unas últimas palabras sobre el delicado tema del doble use o sólo uso civil. 
No entiendo la inocencia de algunas enmiendas. 
El mundo no es sólo bueno. El 11 de septiembre lo ha mostrado con toda crudeza. 
Para finalizar quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento a ambas damas, quienes han contribuido de modo muy esencial al informe de esta tarde, a la ponente Brigitte Langenhagen y a la Comisaria de Transportes Loyola de Palacio. 
No han perdido en este tema nunca la orientación. 
Señora Presidenta, permítame, primero, dar las gracias a nuestra ponente, la Sra. Langenhagen, quien ha realizado un excelente trabajo, el cual, además, ha sido aprobado por mayoría en la Comisión de Transportes. 
Espero que mañana ocurra lo mismo en la votación en el Pleno, ya que se trata de un expediente particularmente importante e incluso de un expediente histórico para la Unión Europea. 
La Unión Europea es una gran potencia. 
Europa es una gran potencia aeronáutica y espacial, pero la Unión Europea no es una potencia aeronáutica y espacial, ya que hasta ahora no dispone de una política, y, como lo decía Brigitte Langenhagen, con GALILEO comienza la historia en la materia, es el primer programa comunitario. 
Se trata de un programa importante por cuanto garantiza a la vez el mantenimiento de nuestra tecnología floreciente y la actividad de nuestras industrias durante los próximos años, ya que se prevén 150.000 empleos. 
El programa significa la independencia política de la Unión, puesto que, como ustedes saben, el GPS norteamericano nos ha dejado sin frecuencia durante la guerra de Kosovo, y, a la vista de los actuales acontecimientos, no se puede contar con una total fiabilidad del sistema norteamericano para los próximos años. 
Pienso, pues, que es muy importante que nos demos cuenta de que el éxito de GALILEO es primordial para garantizar la credibilidad de la Unión en los próximos años, en un ámbito en que la competencia aeronáutica y espacial es cada vez más fuerte, sobre todo frente a nuevos competidores, como China y el Japón. 
Nos preocupa, igualmente, la financiación de esta operación, los plazos para su puesta en marcha y su continuo aplazamiento. 
Seamos claros: tanto en el ámbito espacial como en todos los demás ámbitos del transporte no se puede hacer nada sin financiación pública y sin impulso público, ya se trate de financiación pública directa o, como en el modelo norteamericano, de financiación "dual" -como se dice -, ya que el sector militar financia el civil. 
Debemos de ser conscientes de esta situación. 
Con respecto a la infraestructura, es muy difícil encontrar financiación privada, por lo que debemos estar preparados; eso no incumbe sólo a la Comisión, sino también a los Estados miembros. 
El Consejo debe ser absolutamente sensibilizado en este sentido. 
Por esa razón el Grupo PSE no ha querido poner más obstáculos. 
No votaremos a favor de las enmiendas del Grupo GUE ni la enmienda de los Liberales sobre el modo de financiación, según el cual el programa GALILEO debe detenerse si la financiación privada no es suficiente, puesto que para nosotros se trata de un programa de capital importancia para el futuro de la Unión y para el futuro de la política espacial europea. 
Señora Presidenta, antes de nada unas palabras de agradecimiento por todo el trabajo que la Sra. Langenhagen ha realizado en este dificilísimo expediente. 
Ha sido un camino muy largo, desigual y rebelde, y el final no está todavía a la vista. 
Sí tomamos mañana una importante decisión, algo que nos acerca un poco más al objetivo. 
Los acontecimientos internacionales ponen de manifiesto la importancia de contar con un sistema propio, pero al mismo tiempo, también ponen de manifiesto la necesidad de que exista una buena colaboración internacional, de manera que haya interoperabilidad en el sistema. 
Tres puntos que el Grupo del ELDR considera importantes. 
En primer lugar, la estructura de la gestión. 
Para el Grupo del ELDR es importante que la gestión sea transparente, y todos estamos satisfechos con un importante avance realizado por el Consejo, a saber, la propuesta para lograr una empresa común conforme al artículo 171 del tratado. 
El segundo punto es la preocupación por la financiación. 
Todavía no estamos del todo convencidos de que vaya por buen camino. 
Aceptamos que deba aportarse public money al principio, pero el sector privado también debe invertir. 
Debe haber un equilibrio. 
Todavía no hay un acuerdo vinculante con el sector privado y existe aún inseguridad al respecto. 
De ahí que hayamos presentado una enmienda para la que pido su apoyo, de manera que la Unión Europea no se convierta en una red de seguridad. 
Y dados los altos costes, esperamos que se contribuya a los mismos por el uso. 
Un mejor acceso geográfico y la fiabilidad deben ser los factores conforme a los cuales las empresas tienen que decidir y el hecho por el que deben querer invertir. 
Eso precisamente convierte al sistema en un sistema muy bueno. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señora Langenhagen, el proyecto GALILEO es tecnológicamente interesante y ofrece numerosas posibilidades potenciales de aplicación. 
Hasta ahora tenemos los sistemas equiparables ruso y norteamericano, pero que han sido concebidos, desarrollados y explotados bajo una perspectiva militar. 
El sistema norteamericano esconde el peligro real de que en tiempos de su uso militar por parte de los EE.UU, los europeos o todos los usuarios civiles se desconecten, lo que así ocurrió durante la guerra del Golfo. 
El proyecto GALILEO se presenta ahora como proyecto civil que pretende justificar la independencia de la Unión Europea frente a los EE.UU en un importante campo tecnológico. 
La valoración del proyecto GALILEO es también muy diferente en mi Grupo. 
Pero hay una cosa que nos une: queremos un uso puramente civil. 
Señor Rack, no soy tan inocente ni creo que en el mundo sólo haya buenos. 
Pero si no lo hacemos, tendremos los mismos problemas que con el sistema norteamericano que cuando se utiliza militarmente se desconecta para el sector civil. 
No soluciona el problema que por lo visto quería solucionar. 
Segundo: también tengo objeciones respecto a la financiación. 
Se quiere gastar fondos de los contribuyentes europeos para el desarrollo y la fase de validación y construcción por un importe total de 1.730.00044DOTQUANT77000 euros. 
La industria quiere participar en la fase de construcción con unos fondos por un importe de 1.500 millones de euros pero hasta ahora solamente hay promesas para 200 millones. 
Esto es el 13%. Desde una perspectiva empresarial, ninguna empresa podría permitirse desarrollar algo así con un capital propio tan reducido. 
Quiere que se pague con fondos públicos y esto lo considero ilegal. 
Tercero: hay otro aspecto en este proyecto GALILEO. 
Los norteamericanos ponen a disposición gratuitamente el uso del GPS. 
Usted quiere que el usuario pague también en el futuro el sistema europeo. 
¿Dónde cree que va a acabar con su tan cacareada competencia? 
La competencia funciona así: si tengo que pagar por algo que recibo gratuitamente en otro lado, no lo pagaré y usted no tendrá los usuarios. 
Habrá tirado por la borda todos los fondos fiscales públicos. 
Señora Langenhagen, usted ha hablado tan hermosamente de un bombón y el Sr. Savary de histórico. 
Creo que esto es demasiado caro en esta fase en el momento actual. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, el desarrollo de un programa europeo de radionavegación por satélite plantea varias cuestiones que merecen, de hecho, nuestra reflexión. 
Se trata de un proyecto de dimensión mundial que utiliza tecnología de vanguardia y requiere vastísimos recursos financieros públicos y privados. 
La importancia estratégica de las decisiones políticas que se deben adoptar en el ámbito del proyecto explica en buena medida las vacilaciones que el Consejo ha revelado, pese al empeño y al entusiasmo que tanto la Comisión como el Parlamento Europeo han demostrado en sus tomas de posición y en los documentos elaborados. 
De hecho, el problema no es menor, desde luego, porque un proyecto de esa importancia exige una estrecha cooperación internacional. 
Esa cooperación es fundamental no sólo por la futura instalación en varias regiones del mundo de centros de control y equipos de comunicación de apoyo a los casi treinta satélites que habrá también, a su vez, que colocar en órbita espacial, sino también porque el éxito de un proyecto de esa naturaleza depende, evidentemente, de su interoperabilidad con los demás sistemas existentes: el GPS norteamericano y, en una medida más limitada, el GLONASS ruso. 
Por eso, carece de sentido, para nosotros, basar la argumentación y la necesidad de un sistema como el Galileo en sentimiento alguno de desconfianza de Europa y de los europeos en relación con los Estados Unidos en virtud de la situación de casi monopolio de que ese país goza actualmente y que podrá hacer que interrumpieran unilateralmente y sin razones plausibles, es decir, irresponsablemente, la transmisión de datos vía satélite o introducir grados insoportables de gradación en lo relativo a la precisión de dichos datos para los usuarios civiles. 
La verdad es que en todo el mundo, y, en particular, en Europa, se han utilizado con éxito el sistema GPS y la radionavegación por satélite que permite. 
A ello se suma que la recepción de las señales GPS ha sido totalmente gratuita para los usuarios y cualquier ciudadano puede acceder a los sectores necesarios a precios accesibles. 
Así, pues, las razones por las cuales la Unión Europa debe apostar por la definición "Desarrollo, instalación y explotación" de un sistema de ese tipo son de otra naturaleza. 
Tienen que ver sobre todo con el impulso que Galileo daría a la industria europea de tecnología avanzada y a los proveedores de los servicios conexos, introduciendo un factor de saludable competencia económica en ese sector de actividad que es decisivo para su desarrollo. 
Ese sistema representaría igualmente una enorme ayuda para el desarrollo del potencial tecnológico europeo y para el fortalecimiento de la investigación académica y aplicada con él relacionada. 
Conviene también subrayar la valiosa contribución que un proyecto de esa dimensión haría a la creación de puestos de trabajo (más de cien mil) y estamos hablando de puestos de trabajo muy especializados. 
Y, por último, la instalación y explotación del sistema permitiría el desarrollo de una cooperación pública o privada de enorme valor estratégico para el apoyo a sectores tan importantes como el de los transportes (ya sean marítimos, aéreos o terrestres) , la gestión del tráfico aéreo, la búsqueda y el salvamento, la meteorología, la telefonía móvil y tantos otros. 
Y, por ese conjunto de razones, brevemente resumido, damos nuestro apoyo al proyecto Galileo y esperamos contribuir con ello a la construcción de la verdadera Europa del futuro. 
Señora Presidenta, la Sra. Langenhagen ve un futuro radiante para el sistema de satélite Galileo. 
Puedo entenderlo por su forma de razonar. 
Sin embargo, opino que si se efectúa un planteamiento crítico, hay muchos aspectos negativos vinculados a este proyecto. 
Los costes previstos de este proyecto son muy cuantiosos. 
Especialmente ahora que la contribución del sector privado ni está definida ni se ha prometido. 
A pesar de que, según la Comisión, solamente pueden construirse 150 kilómetros de línea de alta velocidad con la cantidad inicialmente necesaria, toda cantidad resulta demasiado elevada si no se derivan ventajas claras. 
En este caso, las ventajas deberían residir esencialmente en el ámbito de la fiabilidad y del precio. 
Tal como se plantea el asunto, no es en absoluto descartable que Galileo se convierta en una copia de los sistemas existentes, en todo caso en lo que a la funcionalidad se refiere. 
A pesar del enfoque civil, el sistema contará con un componente militar con el tiempo. 
No lo dudo. 
Con ello, desaparece la ventaja que Galileo tendría sobre los sistemas existentes, libre del uso militar y, por ello, más fiable. 
Lo que resta es una situación en la que se ofrecen los mismos servicios con costes más altos. 
Para nosotros, el aspecto más importante es, sin embargo, que el sistema puede desempeñar un papel no deseado en las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. 
Más de una vez ha quedado claro que la Unión Europea hace poco, especialmente desde la perspectiva militar, sin los Estados Unidos. 
Sembrar la discordia en la relación con los Estados Unidos no sólo carece de sentido, sino que también resulta peligroso. 
De ahí que abogue por utilizar la oferta actual y no ilusionar a los potenciales usuarios. 
Es muy cuestionable si la utilización de las señales de los satélites será mejor y más eficiente de lo que es ahora. 
Señor Presidente, quisiera señalar que además de la Comisaria, la presidencia y la ponencia corresponden a mujeres, coincidencia que considero una muy buena señal de la trayectoria futura de GALILEO, aun cuando éste fuera hombre. 
Al felicitar, pues, a la colega de la ponencia, Sra. Langenhagen, quisiera resaltar especialmente el punto de vista de que en cualquier fase del diseño, materialización y aplicación del sistema, las decisiones políticas deberán debatirse y adoptarse sólo a escala de la Unión Europea, con la correspondiente determinación, por supuesto, del papel de los países candidatos. 
Es igualmente evidente que la cooperación internacional con los Estados Unidos y Rusia es imprescindible, no sólo en la perspectiva de la reducción de unos costes verdaderamente enormes, sino porque también el asunto de las frecuencias quedará así regulado con total garantía de su fiabilidad, al asegurar la totalidad de frecuencias necesarias y, por consiguiente, la amplitud de los servicios que podrá ofrecer GALILEO. 
Necesitamos, naturalmente, más información sobre la organización, administración y financiación del ente de gestión del programa, con propuestas completas y realistas, sobre todo por lo que respecta a la participación de capitales privados. 
En cualquier caso, por lo que sabemos a fecha de hoy, no hay mucho optimismo acerca de la atracción de capital privado, dado que no se ha definido todavía si el sistema ofrecerá servicios de pago, condición para las inversiones privadas, o gratuitos, condición para la competitividad con respecto al GPS, que ofrece sus servicios gratuitamente. 
Finalmente, cabe la posibilidad de que los países miembros sean llamados a desembolsar grandes cantidades procedentes de sus presupuestos, al objeto de no perder los créditos iniciales. 
Considero que la Comisión tendrá que dar la respuesta a tiempo. 
Igualmente, habrá que impulsar la solución de asuntos que están pendientes; asuntos técnicos, como la incorporación de EGNOS, con el consiguiente análisis económico, y asuntos legales, tanto a escala comunitaria como a escala nacional, como la penalización de la eventual inducción de interferencias y distorsiones de la señal, así como el funcionamiento de alguna autoridad decisoria al respecto de la imposición de sanciones. 
Queremos creer que ahora, en todo caso, GALILEO avanzará más rápido. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, quisiera comenzar dando las gracias a la Sra. Langenhagen por este excelente informe. 
Hago uso de la palabra porque creo que se necesitan sistemas que nos den beneficios medioambientales. 
El desarrollo tecnológico es muy rápido. 
Los ordenadores personales y los teléfonos móviles han cambiado nuestras vidas de manera radical. 
También hemos aprendido que la técnica cambia constantemente y que se crean nuevos aparatos, que las empresas crean nuevos productos para ser usados en distintos campos de la sociedad. 
Un sistema europeo de navegación por satélite podría significar grandes posibilidades para el desarrollo del sector de los transportes, especialmente el transporte combinado, en el que se deben coordinar distintos tipos de transportes de manera fluida. 
También, para hacer el tráfico más seguro y respetuoso con el medio ambiente, podría emplearse esta nueva tecnología en el sector de los ferrocarriles y en el de los transportes aéreos, marítimos y por carretera. 
Concuerdo plenamente con la ponente en que Galileo va a implicar que Europa pueda participar y estar a la cabeza de una nueva industria técnica. 
Actualmente hay industrias espaciales en muchos lugares de Europa, entre otros en el norte de Suecia, y, en mi opinión, es importante que utilicemos las infraestructuras existentes para poder mantener los costes bajos en este proyecto. 
Generalmente los grandes avances tecnológicos se producen mediante investigaciones respaldadas por el sector público, a menudo con fines militares. 
Los recursos necesarios para desarrollar técnicas totalmente nuevas no se encuentran con facilidad en el sector privado. 
Esto vale para el proyecto Galileo, cuya financiación es fundamentalmente comunitaria, pero en la que el sector privado también debería contribuir. 
En mi opinión, esto es una condición para que el Parlamento Europeo respalde este proyecto. 
. Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero darles las gracias de nuevo por el apoyo constante y determinado que el Parlamento Europeo ha otorgado mayoritariamente al programa GALILEO de radionavegación por satélite. 
La resolución contenida en el excelente informe de la Sra. Langenhagen, a quien agradezco su trabajo, constituye una prueba fehaciente. 
Permítanme que haga algunas observaciones a propósito de la propuesta de resolución basada en la Comunicación de la Comisión de noviembre de 2000. 
A finales de junio pasado, la Comisión envió al Parlamento y al Consejo la propuesta de reglamento sobre el estatuto de la empresa común GALILEO. 
Quiero insistir en la importancia de esta propuesta, dirigida a establecer, a principios de 2002, una estructura de gestión única del programa. 
Dado lo ajustado del calendario, es esencial que el Parlamento pueda emitir su dictamen sobre esta propuesta antes de finales de año. 
De acuerdo con las conclusiones del Consejo de Transportes del pasado abril, hemos puesto en marcha un estudio de los servicios que podrá ofrecer GALILEO, los ingresos que podrá generar y los métodos de recaudación de los mismos. 
Dicho estudio deberá finalizar en las próximas semanas para que el Consejo de Transportes de diciembre pueda tomar las decisiones necesarias para la continuación del programa. 
Por supuesto, enviaremos los resultados de este estudio a esta Cámara y espero que con ello algunas de sus Señorías, las que más reservas han mostrado respecto al programa encuentren una mejor explicación y una mayor confianza y, por lo tanto, que tengamos un mayor respaldo- sé que, mayoritariamente, lo tenemos en esta Cámara, pero también que algunas de sus Señorías han mostrado importantes reticencias, por no decir oposición. 
Tal como se dice claramente en la propuesta de resolución, la cooperación internacional constituye un elemento esencial del programa GALILEO. 
Su objetivo es garantizar la interoperabilidad de GALILEO con los sistemas de radionavegación por satélite existentes, como el GPS norteamericano, o, en preparación, como el ruso GLONASS. 
En ese sentido- algunas de sus Señorías han hablado de si es necesario o no -, quiero decir que la idea es que sean compatibles y que se refuercen mutuamente. 
Quiero decir, Señorías, que, precisamente, después de lo que sucedió el mes pasado, la necesidad de un segundo sistema que refuerce el sistema existente y que permita dar una mayor seguridad y ser, en un momento dado, no sólo complemento, sino alternativa frente a posibles situaciones no deseadas- cuando estamos ante un incremento exponencial de las aplicaciones que afectan a todos los ámbitos de nuestra vida relacionados con GALILEO -, me parece absolutamente esencial, no sólo para Europa sino para el mundo entero, incluidos los propios usuarios de los Estados Unidos. 
También es importante contar con el apoyo de los terceros países para disponer de las frecuencias necesarias, principalmente en el marco de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones- la próxima es en 2003. 
Como saben, la asignación de frecuencias está pendiente de su consolidación precisamente en 2003. 
Llegado el caso, se deberá facilitar la participación en el desarrollo del programa GALILEO. 
Por lo que se refiere a los datos emitidos por GALILEO, está claro que se aplicarán los instrumentos internacionales y comunitarios destinados a su protección. 
Tal como se subraya en el informe de la Sra. Langenhagen, creemos- y ésta es una de las particularidades en relación con el sistema GPS- que GALILEO debe suministrar una señal pública, es decir, una señal robusta, precisa y que no pueda ser interrumpida por cuestiones militares, como sucede en el otro caso, y aplicaciones sensibles, ya sean públicas- aduanas, investigaciones judiciales o demás -, o privadas- transmisiones bancarias. 
Para finalizar, permitan que resuma las próximas etapas del programa. 
A finales de año, tras recibir el dictamen del Parlamento, el Consejo deberá adoptar los estatutos de la empresa común GALILEO y decidir la continuación del programa que debe desarrollar dicha empresa común en estrecha cooperación con la Agencia Espacial Europea. 
Como ha dicho alguna de sus Señorías, es necesario que, de una vez por todas, se dé luz verde al proyecto GALILEO. 
La fase de desarrollo, que deberá durar desde 2002 hasta finales de 2005, deberá permitir el lanzamiento de los primeros satélites con el fin de experimentar el sistema en dimensión real y permitir que el sector de los receptores proceda a la puesta a punto de los mismos. 
Como ven, aún queda mucho por hacer. 
Su apoyo es absolutamente necesario y, en cualquier caso, mantendremos perfectamente informada a esta Cámara de todos los pasos que vayamos dando en este proyecto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Etiquetado referente a la eficiencia energética para los equipos ofimáticos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0298/2001) sobre la posición común del Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un programa comunitario de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos (6760/1/2002- C5-0246/2001- 2000/0033 (COD) ) (ponente: Sra. McNally). 
. 
(EN) Señora Presidenta, es para mí un gran placer presentar mi recomendación para la segunda lectura del acuerdo sobre el programa Energy Star. 
Como sabrán, en un procedimiento bastante complejo, el Parlamento ya ha sido consultado sobre el acuerdo. 
Éste es ya el procedimiento de codecisión sobre el Reglamento que permitirá la entrada en vigor de dicho acuerdo. 
Deseo expresar mi agradecimiento a la Comisión, al Consejo y a mis colegas, en particular, a los ponentes alternativos, por su ayuda en la conducción de este procedimiento, que ha sido bastante complejo. 
Quisiera dar las gracias, en particular, a la Presidencia sueca, que hizo lo indecible para ayudar. 
La posición común del Consejo incluye la mayoría de los puntos defendidos por el Parlamento en la primera lectura. 
Tendremos una revisión antes de lo que esperábamos; tendremos una actualización en base a los nuevos avances tecnológicos en este ámbito de la eficiencia energética; se presentará un informe al Parlamento. 
Por otra parte, las autoridades de los Estados Unidos tienen perfectamente claro que el Parlamento participa en los debates sobre el programa Energy Star desde el punto de vista de la Comisión. 
Esto se ha hecho a través de un escrito anexo al acuerdo, por petición del Parlamento, que cumple nuestros deseos de que los Estados Unidos sepan cómo funcionamos en la Unión Europea. 
Está claro que ésta no es la única medida que debe adoptarse en el ámbito de la eficiencia energética. 
Entiendo que existe una actualización de la posición común debido al nuevo plan de concesión de la etiqueta ecológica. 
Estoy dispuesta, como ponente, a aceptar esta pequeña modificación que se ha hecho necesaria. 
A pesar de que me alegra que, como según parece, este acuerdo entrará en vigor, no quiero exagerar su importancia. 
Es una herramienta útil, pero se trata de una propuesta relativamente modesta; es un plan voluntario basado en un modelo de los Estados Unidos. 
Sé que muchos colegas están de acuerdo conmigo respecto a que en el futuro deberíamos trabajar como Unión Europea y disponer de planes de la Comunidad Europea, en vez de intentar captar proyectos desarrollados en otros países, como en los Estados Unidos, por ejemplo. 
No obstante, aunque es relativamente modesto, merece ser bien recibido. 
Los equipos informáticos se venden en todo el mundo y los aspectos educativos y de concienciación que representa el logotipo de Energy Star en los ordenadores vale la pena. 
Sabemos que uno de los requisitos para incrementar la eficiencia energética es crear una mayor conciencia de su importancia. 
Es una pequeña parte de lo que hace falta. 
Todos en esta Asamblea sabemos que la eficiencia energética es el componente más importante de la política energética. 
Es la quinta fuente de energía- carbón, gas, renovables, nuclear- la quinta fuente de energía es la eficiencia energética, con un potencial del 30%. 
Si alguien de otro planeta viera cómo actuamos a pesar de saber esto, pensaría que somos estúpidos. 
No somos estúpidos, somos inteligentes, y por ello la energía inteligente- una expresión con la que espero que todos nos estemos familiarizando, y ciertamente el Sr. Wijkman, el Sr. Turmes, la Sra. Van der Laan y yo estamos haciendo cuanto podemos para que la expresión resulte muy familiar- y una Europa de energía inteligente dependen de la eficiencia energética. 
Tenemos nuestra mirada puesta en la Sra. Comisaria para que introduzca un paquete de medidas que vaya mucho más allá del programa Energy Star. 
Estas medidas son una gestión de la demanda y dos importantes directivas: una sobre electrodomésticos y otra sobre equipos ofimáticos- que no estén fabricados en los Estados Unidos. 
Espero que durante este otoño, bajo Presidencia belga, asistamos a la adopción de estos dos proyectos de directiva. 
Hemos puesto mucho de nuestra parte en el programa Energy Star. 
Sólo hay una enmienda, que podría ser retirada. 
Si la Sra. Comisaria puede ofrecernos esta noche garantías adecuadas y acepta el espíritu de dicha enmienda, en la que se le pide que adopte nuevas medidas relativas a la retirada de equipos ineficientes, es muy posible que podamos aprobar la posición común sin enmiendas. 
Señora Presidenta, señora Vicepresidenta de la Comisión, estimadas y estimados colegas, en primer lugar deseo felicitar en nombre de mi Grupo a la ponente, la Sra. McNally, quien ha solucionado esta difícil tarea técnica negociando además muy duramente con el Consejo pues se trataba de los derechos del Parlamento. 
Ha sido, por así decirlo, un precedente el que ha tenido que negociar y lo ha hecho con un gran compromiso personal y con mucho éxito en nombre del Parlamento. 
También quiero expresar mi agradecimiento a la Vicepresidenta de la Comisión, quien trabaja muy enérgicamente para que Europa realice una aportación a la solución de nuestros problemas energéticos. 
Creo que todos estamos de acuerdo en que un uso más eficiente de la energía es una aportación muy importante a la solución de nuestros problemas de energía. 
La técnica moderna nos ofrece instrumentos para ahorrar energía y utilizarla más eficientemente. 
Si se hace correctamente, es de provecho para todos. 
Los costes que van unidos a esta innovaciones técnicas son tan reducidos que se amortizan en el plazo de unos meses, a lo máximo, unos pocos años, de modo que para el consumidor es en total ventajoso y para la industria es también una posibilidad de llevar al mercado sus innovaciones. 
Aquí se trata de una vía, la del "Label". 
Supone un importante paso pues aquí tenemos también influencia sobre los estándares mundiales, pues el Energy star no sólo se emplea en los EE.UU y en Europa sino además en otros países. 
Cuando me hice cargo de la tarea de ser ponente en la sombra para el Grupo del PPE, pregunté a las empresas que se ocupan de este tema en mi circunscripción electoral, es decir, aquellas que venden o fabrican ordenadores, cuál era su opinión. 
Dijeron que el "Label" por si solo no va a aportar probablemente mucho ya que los consumidores cuando compran ordenadores y artículos similares no prestan demasiada atención al consumo de energía sino a otras características. 
Así pues, quizás sería oportuno hablar sobre cómo podemos encontrar otros medios para promover aparatos de reducido consumo energético y apartar del mercado paulatinamente a los grandes derrochadores de energía. 
La enmienda que se nos ha presentado dice que una vía de este tipo podría ser, por ejemplo, un acuerdo voluntario con la industria. 
Sólo que si esto no funciona, habría que recapacitar sobre leyes. 
Lo considero extraordinariamente importante pues, tal como ha dicho la ponente, aunque debatimos sobre un acuerdo con los EE.UU y sobre un "Label", sin embargo, la solución del problema no radica sólo en dicho "Label". 
Por ello, ruego a la Comisaria que en su intervención diga muy claramente que la Comisión piensa ir más allá y también cuándo podemos esperar otras propuestas. 
Pues creo que no ganaríamos mucho si a causa de una enmienda tuviésemos que llevar a cabo un largo procedimiento de conciliación. 
Si esta tarde se logra un buen resultado, podremos evitar el procedimiento de conciliación. 
Señora Presidenta, el 11 de noviembre el mundo ha cambiado, al menos el que conocíamos. 
De repente, un reglamento que nos ocupa en esta Asamblea desde hace tiempo se convierte en una pequeña piedra de mosaico en este mundo diferente. 
Sabemos que el 11% del consumo de energía- entre el 10 y el 15% en otros países- en las economías domésticas y en sectores públicos contribuyen a que estén en funcionamiento sin ninguna necesidad centrales energéticas ya que en el stand by existirían otras posibilidades. 
En términos europeos se trata de entre seis y diez grandes centrales energéticas que pueden ser centrales nucleares. 
Si en estos momentos, posiblemente ya los primeros bombarderos vuelan hacia Afganistán y se recapacita sobre cómo puede ser un contragolpe, se ve que incluso un asunto tan prosaico como el presente reglamento nos podría aportar más seguridad en Europa y más seguridad también- si pensamos en las consecuencias del 11 de septiembre- en lo referente a la esperada subida de los precios del petróleo. 
Por ello, saludo profundamente desde esta perspectiva el trabajo que Eryl Mcnally ha realizado. 
El segundo aspecto que se debería tener especialmente en cuenta sería que podemos generar un estímulo coyuntural que en la enmienda a la que se ha referido el orador anterior es muy tenido en cuenta por parte de la Comisión, es decir, que encontremos el camino no sólo para destacar los aparatos buenos sino retirar del mercado lo antes posible a los malos. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar felicitando a la Sra. McNally por su perseverancia para mantener el presente informe en el orden del día del Parlamento y por haberlo llevado a buen término. 
Acojo con satisfacción el enfoque adoptado en esta propuesta a favor de un código voluntario. 
Es un enfoque más pragmático de la realización de mejoras. 
A diferencia de la Sra. McNally, no veo nada malo en la adopción de medidas que están en vigor en los Estados Unidos. 
Uno de nuestros objetivos en Europa es alcanzar normas comunes en el mercado interior. 
En este sentido, ¿por qué no deberíamos intentar hacer extensivas dichas normas comunes a nuestro principal socio comercial al otro lado del Atlántico? 
Sólo porque se haya inventado en los Estados Unidos no significa que todo sea malo. 
Es muy importante que ayudemos a las personas a hacer su elección a la hora de comprar un equipo para que sepan qué es la eficiencia energética. 
Según mi experiencia personal, el etiquetado influye considerablemente sobre la elección de las personas. 
Sin duda afectó a mi decisión este verano, cuando compré un frigorífico y un congelador para mi casa. 
Los anteriores hacían mucho ruido y resultaban muy caros. 
Puede que mi móvil fuera también mi interés en dejar de consumir tanta electricidad suministrada por una empresa de servicio público de propiedad francesa, pero ésa es otra historia. 
Quisiera terminar apoyando los comentarios sobre la enmienda, a saber, que todos tenemos nuestra mirada puesta en la Comisión para que nos garantice la cuestión del nuevo código voluntario. 
Es un enfoque saludable y sensato. 
. Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero agradecer a la ponente, la Sra. McNally, su labor en relación con este Reglamento. 
Me consta que ha trabajado intensamente con sus colegas del Parlamento y del Consejo para llegar a la posición en que nos encontramos hoy. 
Espero que consigamos, además, alcanzar un acuerdo sobre un texto que sea aceptable para todos nosotros. 
Estoy segura de que ninguno queremos llegar al procedimiento de conciliación si se puede resolver la cuestión planteada de una manera más adecuada, puesto que nuestras posturas son muy similares. 
Esta propuesta está integrada en el plan de acción de la Comisión para mejorar la eficiencia energética de la Unión Europea. 
Los equipos ofimáticos de comunicación representan una amplia cuota de consumo eléctrico del sector terciario y todos coincidimos en que el uso de equipos ofimáticos eficientes y ecológicos puede contribuir a la estrategia para el desarrollo duradero decidida en el Consejo Europeo de Gotemburgo. 
El programa propuesto de coordinación del etiquetado, el programa Energy Star, supondrá importantes reducciones del consumo de electricidad y de las emisiones de CO2, por lo que será muy rentable. 
Como muy bien ha dicho la Sra. McNally- quiero subrayar que coincido plenamente con ella -, la eficiencia energética es lo primero. 
Lo primero es utilizar bien la energía, es ahí donde tenemos los mayores márgenes y así lo decimos en el Libro Verde de abastecimiento energético de la Unión. 
Tras un largo período de negociación, en diciembre de 2000 se firmó al fin el acuerdo con los Estados Unidos de América sobre coordinación en los programas de etiquetado sobre eficiencia energética de los equipos ofimáticos. 
Ahora necesitamos este Reglamento, precisamente, para aplicar de manera adecuada lo firmado con los Estados Unidos. 
Este programa ha sido ya un éxito en los Estados Unidos y ha dado lugar a una participación considerable de los fabricantes, que en su amplia mayoría han introducido en sus productos dispositivos de ahorro de energía, y ha incrementado la concienciación de los consumidores respecto a las pérdidas de origen de los equipos ofimáticos en posición de espera. 
Partiendo de la positiva experiencia obtenida del otro lado del Atlántico, la Comisión está convencida de que el programa de etiquetado Energy Star supondrá, de forma natural, la eliminación paulatina del mercado comunitario de equipos ineficientes. 
Entiendo y entendemos perfectamente las preocupaciones del Parlamento Europeo en cuanto a la eficacia del Reglamento propuesto sobre este punto concreto. 
Preocupaciones reflejadas en la enmienda que ahora sigue manteniendo la Sra. McNally. 
No cabe duda de que en otras circunstancias le diría que coincido con ella, pero, sin embargo, le pediría al Parlamento en esta ocasión, que la rechace o que, todavía mejor, la Sra. McNally la retire. 
Porque, aunque coincido con su contenido, entiendo que no es éste el instrumento más adecuado para contemplar este tipo de medidas. 
El programa Energy Star no es exactamente el lugar adecuado para recoger esta incitación a la renovación, a la modernización, a la retirada de los equipos menos eficientes. 
Quiero decir a la Cámara, señora Presidenta, Señorías, que estamos preparando precisamente una directiva marco sobre requisitos mínimos de eficiencia, entre otros, en el sector de los equipos ofimáticos de comunicación, directiva que espero que a lo largo del año que viene pueda ser presentada a esta Cámara y al Consejo. 
Les he expuesto la postura de la Comisión en esta intervención y espero que con esto la Sra. McNally pueda retirar su enmienda y, por lo tanto, podamos, sin tener que ir a un procedimiento de conciliación, aprobar hoy este informe sobre el programa Energy Star. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Innovación en una economía del conocimiento 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0234/2001) del Sr. Rübig, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la innovación en una economía del conocimiento (COM (2000) 567- C5-0740/2000- 2000/2336 (COS) ). 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, ¿porqué es la innovación tan importante en la Unión Europea? 
Si queremos que la coyuntura vuelva a mejorar, entonces debemos poner en marcha iniciativas para que vuelva a ascender el empleo, para que el paro retroceda y para que en el futuro podamos vivir con bienestar. 
Creo que esto se puede enjuiciar también objetivamente. 
Por ello, debemos emplear el método del benchmarking. 
Estoy muy agradecido al Comisario porque ha colocado muy en el punto central el indicador de la innovación pues con él se puede ver muy bien cómo son los logros en los diversos países. 
Y, naturalmente, el método de la best practice: ver en cuál de los países vecinos en la Europa de los quince se trabaja mejor que en el país propio. 
Yo lo he visto siempre así en la escuela: se puede aprender de los mejores de la clase. 
No sólo deberíamos permanecer en la casa Europa sino ver en los países que buscan la adhesión qué es lo que hacen mejor que nosotros. 
Precisamente en los ramos técnicos de formación en las Universidades existen unos conocimientos enormes, una gran fuerza innovadora y, naturalmente, también en América, Japón, India y otros muchos países, de los que podríamos beneficiarnos. 
La innovación no debe tener lugar sólo en el sector económico sino también en el social, cultural y, sobre todo, en el político. 
Desearíamos que la investigación promovida por el sector público se corrija de tal modo que en el futuro la podamos configurar con una orientación aún más intensa hacia el mercado o, dicho quizás de un modo mejor, más orientada al ciudadano. 
¿Dónde va a haber en el futuro prestaciones o productos que desea o necesita el ciudadano? 
Esta investigación de mercado es para nosotros en el futuro de gran importancia para que veamos dónde debemos marcar los aspectos centrales en la política de innovación. 
Pero innovar significa también correr riesgos. 
Por ello, debemos ocuparnos de que se ponga a disposición también el necesario capital de riesgo. 
Precisamente en tiempos difíciles, los créditos financieros son escasos. 
Todos sabemos que con Basilea II se va a producir quizás también aquí una restricción adicional, en especial para las pequeñas empresas. 
Al fin y al cabo, -aquí deseo corregir el texto- tenemos 18 millones de pequeñas y medianas empresas con menos de 250 empleados en Europa. 
Tenemos que prestar una especial atención a dichas empresas porque generan el 80% de los ingresos fiscales y trabajan allí las dos terceras partes de los trabajadores. 
La innovación debe comenzar en las unidades pequeñas. 
Necesitamos innovación subjetiva, es decir, combinar entre si técnicas conocidas, ampliarlas de nuevo y reconsiderar dónde se pueden aplicar y mejorar. 
Unos de los puntos centrales es en cualquier caso la formación profesional y continuada a lo largo de toda la vida. 
Precisamente las medidas de perfeccionamiento profesional son cada vez más importantes, por lo que deberíamos concentrarnos sobre cuál es el mejor modo con que podemos transmitir los conocimientos. 
Mediante el e-learning- como se llama el término especializado- pero creo que aún mucho más con el e-entertainment. 
Aprender debe ser algo que divierta, que interese, que despierte la curiosidad y también que sea una aventura. 
En el futuro deberíamos transmitir unos contenidos vivenciales que se centren sobre todo en contenidos europeos colocando en el punto central Internet y en los programas de formación y aprendizaje nuestros valores europeos, nuestros conocimientos europeos y estando dispuestos a enfrentarnos a la competencia internacional. 
Pero también necesitamos nuevos sistemas en las escuelas. 
Entre los profesores y alumnos necesitamos nuevos métodos de gestión de la calidad. 
En las empresas, ISO 9000 es algo ya evidente. 
Me podría imaginar que con estas nuevas técnicas de procesos se logren en las escuelas unos claros avances. 
También en las empresas necesitamos un acceso más fácil a la financiación. 
Necesitamos personas que creen empresas y la mentalidad para hacerlo. Y en las empresas necesitamos una transición más fácil en el cambio generacional. 
Aquí se deberían ofrecer facilidades fiscales y poner a disposición capital de riesgo, pues el ciclo vital de una empresa es el siguiente: fundación, transmisión y finalización. 
En el futuro, debemos recapacitar sobre las tres fases. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar al Sr. Rübig porque ha elaborado este informe con un espíritu muy abierto, y decir que, por supuesto, estoy de acuerdo en que la innovación atañe al espíritu empresarial, y atañe al empleo. 
La necesitamos, sin embargo, no sólo al servicio de la economía, economía del conocimiento en nuestra sociedad actual, sino al servicio también de la sociedad del conocimiento y de la cultura. 
Porque si la innovación constituye un factor económico y empresarial, es al mismo tiempo un factor educativo y cultural. 
Y es igualmente resultado de complejas influencias mutuas entre educación, investigación, administración pública y ciudadanos. 
Los procesos de innovación presuponen un modelo de sociedad dinámica abierta a los cambios. 
De hecho, la innovación no depende sólo de factores tecnológicos, sino también de factores organizativos. 
Un ambiente favorable es lo más necesario para que se desarrollen nuevas iniciativas, nuevos descubrimientos y nuevas aplicaciones científicas. 
Para ello necesitamos agentes sociales que cooperen, necesitamos la estrecha colaboración de empresas con instituciones científicas, así como con la escuela y la universidad, y necesitamos también a los medios de comunicación al objeto de que madure la cultura de la innovación en el conjunto de nuestra sociedad. 
Porque la innovación debe convertirse en patrimonio de todos los ciudadanos. 
Y esta será la forma de que nuestra sociedad camine con nuevas perspectivas, de que abra nuevos caminos. 
Europa necesita un enfoque de la innovación que sirva directamente a la sociedad en su conjunto. 
Sin embargo, constatamos que hay bastantes factores estructurales que no nos permiten avanzar cuanto quisiéramos. 
Nos encontramos muy atrás, y creo que ésta es una constatación amarga pero sincera. 
Por ello necesitamos las medidas que propone el informe, y necesitamos igualmente los sistemas educativos adecuados que constituyan el vivero de la innovación. 
Porque la innovación es un proceso de análisis y síntesis, y, en consecuencia, algún papel tendrán que desempeñar en ella los jóvenes, y sobre todo los estudiantes. 
Habrá que organizar las cosas para que los estudiantes no sean meros receptores de enseñanzas, sino protagonistas activos de los procesos de innovación en el marco de sus estudios, dentro y fuera de los establecimientos de enseñanza. 
En todos los niveles de la enseñanza debemos procurar que florezca esta cultura. 
En la enseñanza universitaria es muy importante el desarrollo de programas interdisciplinares. 
Habrá que acercar las ciencias positivas a las disciplinas especulativas, por mucho que parezca difícil. 
Habrá que darse cuenta también de que es necesaria una mejor conexión entre los centros de investigación y las universidades, así como entre las bibliotecas académicas a través de la red. 
En este punto quisiera detenerme especialmente, porque estamos aún lejos de contar en Europa con una red verdaderamente eficaz de bibliotecas, red que nos resulta, sin embargo, absolutamente imprescindible. 
Finalmente, quisiera mencionar la necesidad de adoptar medidas para una mejor protección de la propiedad intelectual, pues la propiedad intelectual puede avivar e impulsar el aliciente de la innovación para nuestros científicos. 
Por esta razón, es igualmente importante promover la aplicación del Derecho de patentes europeo. 
Señora Presidenta, en la cumbre de Lisboa de la última primavera, los Jefes de Estado y de Gobierno se marcaron un elevado objetivo. 
La Unión Europea debería convertirse en el espacio económico más dinámico y competitivo del mundo. 
En este contexto, la innovación desempeña un papel clave de central importancia. 
Es el contenido de un excelente informe de Paul Rübig, a quien deseo felicitar expresamente en nombre del Grupo del PPE: su informe es profundo y preciso, creativo y rico de ideas. 
Sólo con una ofensiva de innovación se pueden crear las condiciones necesarias para recuperar el retraso respecto a los EE.UU y el Japón, para detener una emigración masiva de investigadores y alcanzar por fin la competitividad internacional. 
En concreto, se trata de la modificación de los sistemas de formación. 
Se debe poder incluir a tiempo a los jóvenes mediante clases de ciencias naturales en la escuela y una promoción dirigida de sus capacidades. 
En los planes docentes se deben ejecutar proyectos en forma de una gestión profesional, por ejemplo, mediante la creación de empresas de jóvenes. 
Lo que se necesita son nuevos sistemas de información y unas cualificaciones tecnológicas superiores en la formación inicial y continuada de los trabajadores y estudiantes. 
Paul Rübig siempre se ha interesado por una revitalización de las pequeñas y medianas empresas. 
Este deseo especial es importante para las 18 millones de empresas que existen en el sector de la PYMES. 
Las trabajadoras y los trabajadores están expresamente a favor de programas de ayuda para las PYMES en la Unión Europea porque entre el 70 y el 80% trabaja en este sector. 
Las PYMES necesitan algo: unos procedimientos jurídico fiscales simplificados, la reducción de las trabas burocráticas y el fomento activo de productos y producciones innovadoras. 
Lo que cuenta es la integración de la investigación en las estructuras empresariales. 
Lo esencial es el acceso al capital inicial, pues los jóvenes son los que las deben crear o gestionar. 
Deben estar en situación de incluir todos los problemas actuales de la new economy. 
Espero que hayamos aprendido conjuntamente de ello. 
Señora Presidenta, sobre esta base la Unión Europea puede realizar una aportación duradera al eficaz espacio económico que se persigue, basado en conocimientos. 
En Lisboa y Estocolmo, se acordó que Europa debía convertirse en la economía del conocimiento más dinámica y competitiva del mundo. 
De los diecisiete millones de empresas que hay en Europa, nada menos que el 99% son pequeñas y medianas empresas, hecho que afecta a más del 70% del empleo, al 50% de las inversiones y al 60% de la riqueza de la Unión. 
Las pequeñas y medianas empresas constituyen, por ello, el factor económico más importante de la economía europea. 
La competitividad de estas empresas depende en gran medida de la capacidad innovadora. 
En este momento, el Parlamento trabaja tenazmente en el sexto programa marco, en el que la participación de las PYMEs tiene que ser como mínimo la misma y, mejor, si es más alta. 
Por tanto, he propuesto que el presupuesto disponible para las PYMEs aumente hasta el 15%. 
Ahora tan sólo se sitúa en el 10%. 
No obstante, esta participación de las PYMEs debe efectuarse en el marco de los programas temáticos, en opinión del Grupo liberal. 
Eso garantiza que las grandes y pequeñas empresas trabajen conjuntamente, ya que las pequeñas empresas no cuentan con el saber-hacer y el personal para poder hacerlo solas. 
La mayor parte del limitado presupuesto destinado a la investigación no puede utilizarse para las políticas complementarias de los Estados miembros. 
Ésa no es una tarea europea. 
Resulta más importante que se simplifique la participación de las pequeñas y medianas empresas en el sexto programa marco. 
De ahí que las "rules of participation" sean uniformes y estén estandarizadas, de manera que las solicitudes de investigación puedan ser tramitadas más eficiente y rápidamente por todas las Direcciones Generales en el contexto de todo el sexto programa marco. 
Por último, señora Presidenta, quiero decir lo siguiente. 
Europa convierte bien los euros en investigación, pero fracasa muchas veces en la conversión de la investigación en euros, y eso tiene que cambiar en el futuro. 
Señora Presidenta, la Comisión y los ponentes subrayan la necesidad de que exista una Europa más innovadora. 
Este informe hace un llamamiento al refuerzo de las redes en el contexto europeo. 
La difusión del conocimiento adquirido no puede dar lugar a una menor competencia, otro factor para la innovación ¿En qué ámbitos la colaboración refuerza realmente la competitividad? 
En cualquier caso, las ventajas fiscales no constituyen un buen estímulo. 
Fragmentan el mercado y pueden ocasionar un desplazamiento de las actividades hacia las regiones que ofrecen más ventajas. 
Es mejor una captación que se adecue a las reglas del mercado. 
El ponente subraya, además, la importancia de la enseñanza, un terreno en el que solamente los Estados miembros tiene algo que decir. 
Los resultados merecen una recompensa, no la orientación internacional o la propia movilidad de la enseñanza y la investigación. 
Las iniciativas nacionales encaminadas a conseguir un entorno innovador y resultados deberán mejorar la competitividad ¿Qué convierte a las regiones europeas en un entorno atractivo para la innovación? 
El conocimiento adquirido, el mercado de trabajo y otros factores locales. 
Una Administración debe tener, por tanto, una visión de futuro en cuanto a los perfiles regionales que se buscan. 
Sin embargo, la especialización por regiones puede verse perturbada tanto por medidas fiscales como por medidas uniformes. 
Esto conduciría a la pérdida de calidad para Europa en cuanto todo. 
La propuesta de la Comisión, más que el informe, se caracteriza por un planteamiento realista de la cuestión. 
Si es necesario, un enfoque comunitario puede desempeñar un papel complementario para fomentar las redes. 
De esta manera, la Unión Europea puede respaldar medidas que aumentan, tanto individual como conjuntamente, la capacidad innovadora de los Estados miembros. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, la información y el conocimiento son la base de la competitividad económica y de todo el bienestar de la sociedad. 
Existe la amenaza de que los ambiciosos objetivos de Lisboa queden en papel mojado, esfumándose como la dicha terrenal, si el éxito de la Unión Europea en el marco global de la competencia no se cimenta en una formación e investigación de alta calidad. 
Hay varios puntos de vista implicados en el ejercicio de una política integral en materia de innovación, los cuales ya han sido resaltados en las intervenciones de muchos diputados. 
Como legisladores europeos, debemos prestar especial atención a la simplificación de la burocracia y de los procedimientos legislativos. 
Comparto la opinión del Sr. Rübig y de otros colegas de que dicha simplificación es absolutamente necesaria. 
Las actividades y el desarrollo de las empresas acusan la existencia de restricciones excesivas derivadas de trabas administrativas, que perjudican de forma especial a la pequeña y mediana empresa. 
Además de una reforma laboral más o menos contundente, necesitamos una reforma administrativa total, cuyos primeros pasos ya han sido tomados con acierto gracias al Libro Blanco sobre la buena gobernanza. 
Como todos ustedes pudieron constatar anteayer, nuestros queridos competidores, Estados Unidos y Japón, van por delante de la UE en el fomento y desarrollo de la innovación, porque, entre otros motivos, en esos países se premia mucho mejor que en Europa el espíritu de empresa y las iniciativas de riesgo. 
El espíritu emprendedor podría fomentarse ya entre escolares y estudiantes en todos los centros docentes. 
Por ejemplo, nuestros sistemas educativos ofrecen condiciones adecuadas para la creación de empresas de jóvenes tan sólo como un modelo más en programas aislados. 
También considero muy importante el desarrollo del capital humano. Se trata de un factor muy relevante para la innovación. 
Una auténtica sociedad del conocimiento debe ser accesible a todos los ciudadanos, por lo que es importante elevar el nivel de conocimientos de toda la población. 
Asimismo, hay que proteger mejor la propiedad intelectual en el ámbito de la innovación, cosa que ya ha sido indicada también en otras intervenciones. 
Ya he tenido la ocasión de destacar en trabajos míos anteriores la importancia que reviste la introducción de una patente comunitaria que abarque todo el territorio de la Unión. 
La existencia de una patente comunitaria otorgaría una protección a nivel de toda la Unión a todas las patentes nuevas y reduciría también considerablemente los gastos administrativos de las empresas. 
And last but not least (y por último, pero no menos importante) : necesitamos una revolución del pensamiento para desligarnos de las ideas ortodoxas y de los comportamientos tradicionales. 
Debemos crear unas condiciones que hagan posible el nacimiento de numerosas ideas nuevas, a partir de las cuales acaso consigamos desarrollar una gran innovación llamada al éxito. 
Las nuevas tecnologías no son la llave para un buen futuro, sino que todos los ámbitos-tanto las empresas privadas como la administración pública- están necesitados de ideas no convencionales. 
Señora Presidenta, señor Comisario, mi compatriota Paul Rübig ha elaborado de nuevo con una aplicación admirable y un compromiso permanente, que entretanto ya parece casi alarmante, un informe en el que está dentro casi todo lo que es bueno y correcto. 
Permíteme que por ello cuestione algunas cosas. 
Se hablaba de porqué es la innovación tan importante en la Unión Europea. 
El ponente ha proporcionado una amplia respuesta. 
Naturalmente, se le podría preguntar también: ¿qué innovación? ¿cuál es la innovación que se demanda más en estos momentos? 
Respuesta: la de la tecnología militar para encontrar muy rápidamente a Osama bin Laden. 
¿Es la innovación en la supervisión para que en el futuro podamos encontrar a los "hibernantes"? 
¿O no hay que definir la innovación? 
¿No se trata aquí para nosotros de un sistema europeo de valores de promover innovaciones en la formación y en el aprendizaje social? 
¿No sería una innovación saber por fin cuánto se va a gastar en innovación? 
Señor Comisario, ¿lo sabe usted? 
He intentado averiguar las inversiones de futuro en un país grande, la República Federal de Alemania. 
Se sabe lo que se gasta en administración, se sabe qué es lo que se invierte en los pagos de transferencias, pero cuando se trata de inversiones de futuro, no se sabe. 
Todos estamos de acuerdo en que todos los fondos de innovación son pocos porque sólo garantizan realmente el futuro. 
Pero la pregunta es: ¿qué futuro? 
¿Adónde queremos ir? 
¿No es precisamente el tiempo posterior al 11 de septiembre el momento ideal para cuestionar ciertas cosas que estaban sólo determinadas tecnológicamente y de realizar investigaciones preferentemente en el campo de la innovación social? 
¿No habría llegado ya el momento de distanciarnos de antiguos instrumentos, como producto social bruto, y de colocar más en el punto central el instrumento innovador de un well being factor? 
Preguntas sobre un buen informe. 
A pesar de ello, de nuevo: felicidades, Paul. 
Señora Presidenta, el papel de la innovación en la consecución de los ambiciosos objetivos trazados por la Unión Europea en Lisboa ha sido mencionado por nuestro ponente, al que felicito por su detallado informe, así como por los oradores precedentes. 
La trascendencia, sin embargo, de la innovación para nuestro desarrollo económico y social debe valorarse más, tanto por parte de los países miembros como por parte de la propia Unión Europea. 
El retraso en la puesta en marcha de la aplicación de las medidas innovadoras de los Fondos Estructurales y la invalidación de recursos constituyen una triste prueba de la innovación se ha quedado muchas veces en los papeles. 
Hace falta, pues, una política decidida y coordinada para que la innovación penetre todo el conjunto de nuestro tejido económico y social y libere las facultades creadoras de nuestros ciudadanos. 
Por ello, quisiera destacar especialmente que esta política debe estar inspirada por el principio de la igualdad de oportunidades. 
En primer lugar, no considero que la innovación sea una obligación, o un rasgo de las personas jóvenes; la innovación debe vincularse a todas las edades, a través de la formación continua y de otros procedimientos que ya han sido mencionados por los oradores precedentes. 
Quiero referirme particularmente a la necesidad de estimular a las mujeres, en sus esfuerzos individuales y colectivos, como la creación de empresas, y a la necesidad de estimular a las organizaciones no gubernamentales de mujeres en la búsqueda de nuevos enfoques en sus actividades sociales, que tienen repercusiones positivas para la cohesión social y para la creación de puestos de trabajo. 
La igualdad de oportunidades debe salvaguardarse también desde el punto de vista geográfico, dados los grandes desequilibrios entre las regiones de la Unión Europea en el ámbito de la innovación. 
Tanto por parte de la Unión Europea como por parte de los países miembros hay que prestar particular atención a las regiones más desfavorecidas, que son, por lo general, regiones montañosas o insulares de la Unión. 
El déficit de innovación que presenta Europa en comparación con los Estados unidos o el Japón obliga a alertar y movilizar fuerzas. 
Un espíritu innovador, pues, debe presidir la propia gestión política de la innovación en Comisión Europea. 
Unidades especiales, como la creada para la gestión de las medidas innovadoras de acuerdo con el artículo 6 del Fondo Social Europeo, son un paso positivo, a condición de que cuenten con la dotación humana adecuada y suficiente para que resulten eficaces. 
La Unión Europea debe así mismo conceder la importancia que merece a la difusión de los resultados de las buenas prácticas. 
Debe idear a este efecto métodos vanguardistas, más eficaces y con mayor capacidad de penetración que los seguidos por las políticas aplicadas hasta hoy; los países miembros de la Unión Europea, por su parte, e igualmente los países candidatos, deben, en colaboración con la Comisión Europea, tomar todas las medidas oportunas para la difusión de las buenas prácticas y la adopción de todos esos nuevos modelos que caracterizan los progresos de los buenos estados. 
. 
(EN) Quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Rübig, por un informe excelente, y a la Asamblea por un debate que ha demostrado calidad y compromiso. 
Es un hecho ampliamente reconocido que las políticas que fomentan la innovación son un factor subyacente decisivo para el crecimiento económico. 
Me alegra especialmente presentarles hoy los últimos resultados de la política de innovación de la UE, a saber, el Cuadro de Indicadores de Innovación 2001, que fue confeccionado a raíz del informe del año pasado. 
El Cuadro de Indicadores de Innovación 2001 en Europa nos ofrece un punto de partida para la estrategia de la Unión encaminada a mejorar su competitividad global, porque nos proporciona una medida común del comportamiento de cada país utilizando 17 indicadores. 
Quisiera decir también que comparto la opinión del ponente de que hay que resaltar la importancia de la educación y la formación, algo que han observado otros oradores. 
Como se pide en el informe, hemos añadido al Cuadro un indicador que permite tener en cuenta la formación a lo largo de toda la vida. 
El comportamiento de la UE en términos de crecimiento y nivel de vida, en relación con los Estados Unidos y Japón, pone de relieve los retos fundamentales a los que se enfrenta la UE para mejorar su competitividad. 
Durante los últimos veinticinco años, y sin contar las fluctuaciones cíclicas temporales, la UE no ha alcanzado el ritmo de los Estados Unidos en la mejora de su nivel de vida. 
La diferencia es ahora mayor de lo que era hace un cuarto de siglo. 
A nivel total, cabe atribuir la diferencia entre los niveles de vida a dos factores: en dos terceras partes a la tasa de empleo, que es más baja, y en una tercera parte a la productividad. 
Me centraré en la diferencia de la productividad. 
Hasta mediados de los años noventa, la distancia entre la productividad de la UE y de los Estados Unidos disminuyó a un ritmo constante. 
Durante la segunda mitad de los años noventa, sin embargo, la rápida aceleración del crecimiento de la productividad en los Estados Unidos incrementó esta distancia. 
Hasta comienzos de los años noventa, los sectores en los que predominaba la inversión de capital fueron la punta de lanza del crecimiento de la productividad. 
Esta tendencia cambió a mediados de los años noventa, cuando la investigación y la innovación se convirtieron en factores determinantes. 
Los sectores en los que más creció la productividad durante los últimos años de la década de los noventa fueron, predominantemente, aquéllos en los que predominaba el factor investigación. 
La estrategia global para el fomento de la competitividad nos exige que combinemos mejor los esfuerzos de la Unión y de los Estados miembros para desarrollar políticas más eficaces que impulsen y apoyen la innovación. 
Las políticas de innovación nacionales deberían ser reforzadas, desarrolladas y adoptar un enfoque más coherente a nivel de toda la UE. 
Por ello necesitamos un ejercicio regular de técnicas de comparación- benchmarking- para medir y comparar el comportamiento de los países de la UE, identificar los principales ámbitos de debilidad y fortaleza y que nos permita diseñar y afinar políticas de innovación en consecuencia. 
Si tomamos la UE en su conjunto, seguimos estando por detrás de los Estados Unidos y de Japón en la mayoría de los indicadores. 
Llevamos un desventaja considerable en términos de inversión del sector privado en investigación y desarrollo. 
El rápido incremento de la investigación y el desarrollo empresarial en Japón y los Estados Unidos desde 1994 ha incrementado de forma alarmante la distancia con Europa. 
El gasto estadounidense en este ámbito es actualmente un 74% más alto que en Europa. 
La actividad de Europa en materia de patentes de alta tecnología es también demasiado débil: las empresas estadounidenses solicitan más patentes de alta tecnología en Europa que las empresas europeas. 
Las patentes japonesas en Europa son casi tan numerosas como las estadounidenses. 
Este desequilibrio en materia de patentes es un ámbito que exige atención urgente. 
El panorama cambia a nivel de los distintos Estados miembros. 
Hay que decir que, en lo que respecta a muchos indicadores, los países de la UE con mejor comportamiento son además líderes mundiales que, en ocasiones, presentan índices mucho mejores que los Estados Unidos y Japón. 
Les daré algunos ejemplos: el Reino Unido, Irlanda y Francia, por ejemplo, son los mayores proveedores a nivel mundial de licenciados en ciencias e ingenierías; los Países Bajos, Suecia y Dinamarca van por delante en el número de hogares con acceso a Internet; Finlandia, los Países Bajos y Suecia van a la cabeza en investigación pública y desarrollo; y Suecia va muy por delante en el gasto de investigación y desarrollo empresarial. 
No obstante, las diferencias de comportamiento en innovación entre los Estados miembros siguen siendo significativas. 
Países como Dinamarca y Finlandia, que ya presentaban un comportamiento alto, siguen a la cabeza del sector si lo medimos por el índice de innovación, es decir, en términos de tendencias, no sólo de cuadros de indicadores. 
Grecia y España se acercan rápidamente a la media de la UE, aunque parten de una base relativamente baja. 
Pero el cambio es importante y positivo. 
Las cuatro mayores economías de la UE (Francia, Alemania, el Reino Unido e Italia) están mejorando, aunque a niveles por debajo de la media de la UE. 
De estos resultados podemos aprender varias cosas. 
La Unión debería: primero, invertir en educación y formación, como se ha dicho aquí algunas veces; segundo, mejorar su comportamiento en los sectores de alta tecnología y fomentar el espíritu emprendedor; tercero, ayudar a redoblar la investigación y el desarrollo empresarial alentando a los Estados miembros a que introduzcan o incrementen los incentivos necesarios; y por último, fomentar el uso de tecnologías en todos los sectores de la economía, incluidas las administraciones públicas. 
Me congratula comprobar que varios de estos aspectos están bien cubiertos en el informe del Sr. Rübig. 
Creo que el presente informe contribuirá a generar un consenso sobre la vía a seguir. 
Es algo necesario, como demuestran los resultados del Cuadro de Indicadores de Innovación. 
El informe expresa el deseo de Europa de reducir el déficit de la Unión en materia de innovación y de alcanzar el objetivo establecido en Lisboa y, por consiguiente, hace una gran contribución para ayudar a mejorar la competitividad global de la UE. 
Espero que tengamos ocasión de volver sobre estos asuntos en el informe sobre la competitividad 2001 de la Comisión, que será presentado dentro de pocas semanas. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Agotamiento del derecho de marca 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0311/2001) del Sr. Mayer, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la problemática del agotamiento del derecho de marca (SEC (1999) 2033- C5-0354/2000- 2000/2187 (COS) ). 
Señora Presidenta, deseo presentar brevemente la problemática de base así como los puntos esenciales de mi informe. 
El aspecto central es el siguiente: se insta a la Comisión a que elabore hasta el 31 de diciembre del año 2002 un estudio sobre las posibles repercusiones de la transición al principio del agotamiento internacional. 
El estudio Nera elaborado en 1999 por la Comisión se ocupa sólo insuficientemente de ello. 
El derecho de marca despliega todos sus efectos sólo en el campo para el que se ha concedido. 
El agotamiento en el ámbito comunitario es válido para la marca comunitaria y las marcas nacionales cuando el titular del derecho de marca pone en circulación por primera vez su producto dentro de la Comunidad. 
Si el titular del derecho de marca pone en circulación su producto fuera de la Comunidad, las repercusiones jurídicas de las marcas en la Comunidad no están aún agotadas. 
Por ello, puede prohibir a importadores paralelos la importación del producto en la Comunidad. 
Así pues, gracias a la regulación en vigor en el ámbito comunitario sobre el agotamiento, puede aplicar dos precios diferentes: uno menor para países fuera de la Comunidad y uno superior para la misma Comunidad. 
Pero esta política de precios diversa no es el objetivo del derecho de marca. 
El objetivo principal de la marca es que el producto se pueda diferenciar y conocer así como destacar una cierta calidad del producto. 
Se podría hablar también del efecto publicitario. 
La partición de marcas en desventaja del consumidor en la Comunidad no puede ser el objetivo de la concesión de la marca comunitaria. 
Desde una perspectiva de la competencia, nada habla tampoco en contra de las importaciones paralelas. 
¿Porqué se deben poder impedir mediante el rodeo del derecho de marca? 
Esto no está bien. 
Debemos hacer algo para llegar de nuevo a una mayor competencia y a unos precios más bajos en el campo de los artículos de marca. 
Una auditoría llevada a cabo ante el comité de selección de la Cámara de los Comunes ha aportado asimismo numerosos argumentos a favor del agotamiento internacional. 
Un importante nuevo factor viene a sumarse: el creciente comercio en Internet. 
La actual regulación en vigor sobre el agotamiento podría impedir el desarrollo de e-commerce. 
No es seguro que las ventas en Internet con el subsiguiente envío de productos de marca estén permitidas desde una perspectiva del derecho de marca. 
La seguridad jurídica y la protección del consumidor son condiciones esenciales para el desarrollo del comercio a través de Internet. 
A ello viene a sumarse lo siguiente: hay a) marcas que casi no tienen asignado ningún producto. Por ejemplo, si piden "un Siemens". 
"Un Siemens" puede ser una lámpara, una lavadora o una central nuclear. 
Hay b) otras marcas que califican a grupos de productos, por ejemplo, los calzados Adidas, tanto si se tratan de sandalias o de zapatos de tacones. Hay c) marcas que exigen una identidad absoluta, por ejemplo, en la medicina. 
Allí no puede ser un miligramo diferente a lo que se describe. 
Todos estos puntos son motivo suficiente para exigir de la Comisión la elaboración de un estudio exhaustivo. 
Se debe realizar también una comparación con las naciones comerciales más importantes del mundo y analizar exactamente las repercusiones sobre el mercado laboral en la UE. 
Señora Presidenta, deseo ante todo rendir homenaje al ponente, que, ante posiciones extremadamente marcadas, ha sabido escuchar y proponer una alternativa aceptable para todos en forma de una propuesta de reflexión suplementaria. 
Esta posición es importante y necesaria sobre todo teniendo en cuenta que dicho informe remite a los problemas cruciales ligados a la globalización y a la integración europea. 
Más allá de los intereses directos de los consumidores y de los productores, está en juego, en efecto, el lugar económico de la Unión Europea en el comercio mundial. 
Algunos pueden estar a favor de una liberalización total de los intercambios, otros- entre los que me cuento- consideran que el régimen de agotamiento comunitario responde a la necesidad de desarrollar la integración del mercado único, respuesta privilegiada para impulsar Europa frente a la competencia mundial. 
Además de este concepto de integración, el reto del presente informe consiste en apoyar la innovación- y sabe Dios cuánto se habló de esta cuestión en el informe anterior- y la creatividad en la Comunidad. 
La marca, en efecto, es el primer y más eficaz instrumento de la protección de la propiedad intelectual. 
Es la garantía de la autenticidad, de la calidad de un producto, para el consumidor. 
La misma garantiza la venta anticipada, condiciona las inversiones y, por ende, la creación. 
Un cambio de régimen conduciría a una disminución de las inversiones en el ámbito de la investigación y en el desarrollo de los productos europeos, y el impacto en el empleo podría ser dramático. 
El régimen actual permite, por otra parte, una mejor protección contra la falsificación, ya que los canales utilizados por los importadores paralelos son frecuentemente los mismos por los que circulan los productos piratas. 
A la vista de los estudios actualmente disponibles- y digo bien "actualmente" -ningún elemento pertinente nos permite justificar un cambio de régimen, que podría perjudicar la innovación. 
Espero que la reflexión suplementaria propuesta por nuestro ponente confirme esta opinión. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero felicitar al Sr. Mayer por el informe que hoy nos presenta. 
Sé perfectamente que no es el informe que le hubiera gustado aprobar y, aunque esto no le sirva de consuelo, quiero decirle que yo también hubiera preferido que el informe finalmente aprobado por este Parlamento hubiera sido el inicialmente redactado por el Sr. Mayer. 
Frente a los poderosos intereses preocupados por impedir el comercio mundial de productos de marca, frente a un insólito informe de una consultora que afirma que los consumidores no se verían beneficiados de forma inmediata por la adquisición de mercancías a precios más bajos y frente a la postura tibia de la Comisión que no parece interesada en buscar solución a un problema que afecta muy negativamente a los consumidores europeos, el ponente, Sr. Mayer, ha sido capaz de sacar adelante un informe en el que se invita a persistir en la búsqueda de fórmulas que impidan que los fabricantes de productos de marca mantengan precios anormalmente altos en los mercados europeos. 
Cuando en julio de 1998 el Tribunal de Justicia dictó la sentencia Silhouette se produjo una gran conmoción en países que tenían reconocido el principio del agotamiento internacional de la marca. 
Sea por ley, como ocurría en Suecia por ejemplo, sea por la jurisprudencia, como ocurría en mi país, en España. 
Jurídicamente, la sentencia es inatacable desde el momento en que se afirma que el artículo 7 de la Directiva de marcas, al imponer el principio del agotamiento comunitario, está imponiendo indirectamente la prohibición del agotamiento internacional. 
Pero ésta es una interpretación legalista que no impide reconocer, como hace la sentencia, los efectos nocivos que para los consumidores tiene el hecho de que los propietarios de las marcas puedan impedir la importación de sus propios productos si proceden de terceros países. 
Las afirmaciones utilizadas por quienes defienden la prohibición del agotamiento internacional de la marca- lucha contra la falsificación, mantenimiento del aura de prestigio, trasvase de rentas del fabricante al importador- chocan con una realidad que se recoge en los documentos elaborados por el ponente. 
Cuando se permiten las importaciones paralelas de terceros países, bajan los precios de productos de marca. 
Los datos ofrecidos sobre aumentos de precios en Alemania, cuando la reforma de la ley alemana impidió el agotamiento internacional, son concluyentes. 
Y aunque de mi experiencia se pueda sacar poco valor científico, he de señalar que he tenido ocasión de comprobar cómo en los Estados Unidos un producto, que compro en España por 10 euros, cuesta simplemente 1,5 euros. 
Por todo ello y aunque haya habido reticencias para obtener el consenso en favor de una resolución más ambiciosa, es importante que la Comisión tome una iniciativa en favor de los consumidores y lleve adelante propuestas para potenciar el mercado mundial, facilitando la destrucción de las barreras comerciales, que no sólo son aduaneras sino que, muchas veces, están constituidas por prácticas anticompetitivas de las empresas encaminadas a defender sus propios beneficios. 
Señora Presidenta, señor Comisario, lamento no haber leído el libro No Logo ni la edición especial de The Economist sobre Pro Logo. 
Sin embargo, está claro que nos encontramos en una interesante discusión sobre el derecho de marca y su significado para la distribución de los mercados en el mundo. 
Los que deseamos una mundialización que favorezca a todas las partes vemos con simpatía el agotamiento internacional del derecho de marca, en conformidad con el informe original de Mayer. 
Lo mismo cabe decir si se está a favor de una política eficaz de competencia, como señaló el ponente. 
El agotamiento europeo permite la distribución del mercado y tiene ventajas para los productores, pero no para los consumidores. 
Los resultados de los estudios no son uniformes. 
En su estudio, la Comisión no está muy a favor del agotamiento internacional, pero, por otro lado, como señaló el orador anterior, hay experiencias que indican que en muchos países, por ejemplo en Alemania, en Suecia y en el Reino Unido, los productos se han encarecido después de la introducción del agotamiento en el ámbito comunitario. 
Lamento que la Presidencia sueca, que me consta que atribuye gran importancia a esta materia, no haya podido dedicarse a ella. 
Por eso espero que consigamos un informe sobre esta materia y confío en que el Comisario se referirá a la posibilidad de discutir estos temas en el seno de la OMC, en la nueva ronda de negociaciones que empezará pronto. 
Creo también que es importante no mezclar este asunto con la fabricación pirata, ya que son asuntos diferentes. 
Existen nuevos métodos para velar por la autenticidad de los productos, mediante una identificación detallada que posibilita actuar de manera totalmente nueva. 
Espero que la Comisión respalde los esfuerzos en torno a la línea fundamental del Parlamento y del Grupo ELDR. 
Señora Presidenta, a estas horas, la brevedad es un deber, más que una virtud. 
A pesar de no ser miembro de la comisión que elaboró este informe, quiero intervenir porque mi colega, la Sra. McCarthy, que sí es miembro, se ha visto retenida por los graves acontecimientos que se debaten en estos momentos en la conferencia que nuestro partido celebra en Brighton. 
Intervengo en calidad de alguien al que le preocupan los asuntos de los consumidores. 
Al igual que la Sra. Thors, fui durante algún tiempo presidente del Eurogrupo para la Protección de los Consumidores. 
El Reglamento del Parlamento no nos permite expresar estas opiniones como solíamos hacer en el pasado. 
La importante mayoría que el Sr. Mayer ha conseguido en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha sido, naturalmente, para una solución que, como mi colega ha dicho, está por debajo de lo que él hubiera deseado. 
Y también por debajo de lo que yo hubiera deseado y de lo que este Parlamento debería haber deseado. 
La principal recomendación que aquí se hace es sobre un nuevo estudio de las consecuencias de la transición al uso del principio de agotamiento internacional. 
Estupendo, pero ¿cuánto tiempo tardará esa transición cuando si se puede impedir a un importador paralelo que ofrezca al consumidor un producto de calidad a un precio más ventajoso para ambos? 
Esto no es como los productos falsificados, como otro orador ha intentado sugerir. 
No se trata de una venta competitiva con pérdidas para debilitar la posición de productos rivales, ni tampoco de reducir la calidad de dichos productos. 
Es una clara obstrucción del comercio, que no disminuirá el denominado mercado gris, sino que lo hará más confuso y complejo. 
Es necesario que este estudio nos informe del lado turbio del que presume de ser un comercio respetable. 
Realmente no espero nada más del Sr. Comisario esta noche de lo que le he oído decir en privado. 
No obstante, la cuestión no puede quedarse aquí. 
La sentencia del caso Silhouette no fue la última palabra sobre todo esto ni lo será el informe del Sr. Mayer, como él mismo estará dispuesto a reconocer. 
No obstante, le presento mis respetos. 
. 
(EN) Señora Presidenta, éste es un asunto importante y ha sido debatido en varios lugares y en varias ocasiones. 
Es importante que el principio del agotamiento de marcas que rige en la Comunidad garantice un equilibrio adecuado entre el interés de los precios que pagan los consumidores y los derechos de marca. 
Aquellos que defienden un cambio del régimen del agotamiento en vigor a nivel comunitario declaran que una modificación unilateral del agotamiento internacional del derecho de marca tendría serias repercusiones sobre los precios que pagan los consumidores. 
La Comisión no está convencida de que ése fuera el caso. 
Según el estudio Nera, realizado por una empresa de consultoría de Londres y que fue presentado a la Comisión en febrero de 1999, los precios bajo el principio de agotamiento internacional probablemente no serían muy diferentes de los actuales. 
El Sr. Berenguer Fuster y el ponente se han referido a supuestas subidas de los precios de películas, perfumes y cámaras fotográficas en Alemania. 
Tan pronto como se tuvo conocimiento de esto, los sectores afectados presentaron estadísticas a la Comisión para demostrar que los precios no han subido como se afirmaba, sino que han permanecido iguales e incluso en algunos casos han bajado. 
Las supuestas pruebas relativas a Alemania no son lo que parecen y, es más, respaldan el planteamiento de la Comisión y no la causa a favor del agotamiento internacional. 
También los Gobiernos sueco y del Reino Unido han llevado a cabo un estudio de los precios. 
Es muy interesante observar, e importante para este debate, que de los artículos que se prestaban a comparaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos, los precios más bajos eran a menudo los de la Unión Europea. 
En el caso de los mismos productos, los Estados Unidos eran incluso el mercado más caro. 
En general, los precios en Alemania y Francia eran más bajos que en el Reino Unido y Suecia. 
Estas diferencias existen dentro de la Unión Europea donde rige el agotamiento regional del derecho de marca y no el agotamiento internacional. 
En otras palabras, en todos los Estados miembros de la Unión Europea se aplica el mismo régimen de agotamiento, y sin embargo existe una diferencia de precios del 40% en productos electrónicos entre Suecia y Alemania. 
Ciertamente, esto demuestra que el mercado interior no está funcionando como debería, pero demuestra también que las diferencias de precios no tienen nada que ver con si el régimen de agotamiento es regional o internacional. 
Las diferencias de precios dentro de la Unión Europea sobrepasan generalmente las diferencias de precios entre los Estados miembros de la UE y los Estados Unidos. 
En otras palabras, los argumentos a favor de la tesis de que el agotamiento internacional acarrearía una bajada de los precios es muy endeble. 
De hecho, la Comisión no da ningún crédito a dichas pruebas. 
Asimismo, quisiera añadir que el elemento precio es sólo uno de los aspectos de la cuestión del agotamiento. 
Es también muy importante tener en cuenta el interés legítimo de los propietarios de marcas en sus propios mercados. 
Para muchas empresas, la marca es su activo más valioso y eso no es algo que debamos tomarnos a la ligera. 
Las marcas también tienen un valor para los consumidores porque son un signo de la calidad. 
La Comisión decidió, en mayo de 2000, que no existe ningún motivo, al menos por ahora, para proponer un cambio del régimen actual. 
La Comisión considera que ya existe un equilibrio adecuado entre los intereses en juego y que el actual régimen de agotamiento a nivel comunitario protege debidamente los derechos legítimos de los propietarios de marcas. 
La Comisión, evidentemente, toma debida nota del informe del Sr. Mayer y de las largas y difíciles negociaciones en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Se han esgrimido muchos argumentos a favor y en contra de un cambio de régimen. 
La Comisión ha reconocido todos esos argumentos de anteriores debates en otros foros. 
Los servicios de la Comisión han estudiado y analizado detenidamente todos los aspectos mencionados y, en mi opinión, no se ha presentado ningún elemento nuevo que exija un nuevo examen o que dé motivos a la Comisión para replantearse su decisión. 
Dicho esto, la Comisión tiene intención de seguir de cerca la cuestión del agotamiento y no dudará en adoptar cualquier medida que estime necesaria en caso de que surjan razones nuevas e importantes para estudiar la posibilidad de abandonar el actual régimen de agotamiento. 
Entretanto, la Comisión está dispuesta, naturalmente, a compartir con el Parlamento nuestras experiencias relativas a casos de posible abuso de los derechos de marca, pero en su afán de que el informe sea más útil y equilibrado, la Comisión tiene intención de tomar en consideración todos los elementos relevantes. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.20 horas) 
Señora Presidenta, estimados colegas, tengo delante de mí un artículo de periódico del que quisiera leerles un fragmento. 
Dice lo siguiente: " No estoy de acuerdo con la Conferencia contra la Esclavitud de Durban. 
Fomenta el victimismo en personas que ya de por sí tienen la sensación de salir perdiendo. " 
Sigo leyendo: "No me convence en absoluto esa conferencia celebrada en Durban, aún dejando de lado la forma en que se ha planteado el problema de Oriente Medio y los elogios de los que ha sido objeto alguien como Castro. Todo ello demuestra que se trata de una conferencia antioccidental". 
Señora Presidenta, éstas no son palabras mías, son las palabras de un Comisario europeo, son las palabras del Sr. Bolkestein. 
Anoche nuestro presidente me comunicó durante la reunión de nuestro Grupo que el Sr. Nielson está llamado a dar cuentas ante la Conferencia de Presidentes por sus declaraciones poco afortunadas acerca del imperialismo antinorteamericano. 
¿No sería, por tanto, justo que usted, en su calidad de Presidenta de la Conferencia de Presidentes, invitase asimismo al Sr. Bolkestein a pronunciarse ante la Conferencia de Presidentes sobre estas aseveraciones enormemente desafortunadas y harto peligrosas en unos momentos en que el mundo occidental y el mundo islámico han de aunar sus fuerzas para combatir el terrorismo? 
Señor Staes, le confirmo que el Sr. Nelson vendrá antes de la Conferencia de Presidentes y vamos a considerar su sugerencia. 
Señora Presidenta, quisiera llamar la atención sobre la interrupción de la programación televisiva finlandesa en los receptores del Parlamento. 
Nos hemos estado preguntando la causa, pero no encontramos ninguna explicación. 
No nos llega ningún programa desde Finlandia, en tanto que algunos Estados miembros cuentan con tres y hasta con cuatro canales. 
Rogaría que la Sra. Presidenta pidiera a los servicios competentes que subsanen esta avería, puesto que es extraño, y más en estos tiempos de crisis, que quede desconectada sin causa aparente la señal de televisión de un Estado miembro. 
Señor Paasilinna, desafortunadamente y de forma excepcional, la Sra. Banotti aún no se encuentra aquí. 
Le transmitiremos gustosamente su queja. 
Ella verá inmediatamente qué se puede hacer. 
Comunicación de la Presidenta 
El Tribunal de Primera Instancia acaba de rechazar los recursos presentados por algunos diputados europeos, por el Frente Nacional, por la lista de la Sra. Bonino contra la Decisión del día 14 de septiembre de 1999 del Parlamento Europeo que constataba la inexistencia del Grupo Técnico de Diputados Independientes. 
De acuerdo con los fundamentos de la sentencia, los casos en cuestión han sido acumulados a efectos de la sentencia, y los recursos han sido desestimados. 
Las partes demandantes abonarían en cada caso sus propios gastos y los expuestos por el Parlamento, y, en lo que respecta al expediente 222/99, los gastos relativos al procedimiento sobre medidas profesionales. 
La sentencia fue leída en audiencia pública en Luxemburgo el 2 de octubre de 2001. 
Por consiguiente, les informo de que la suspensión ordenada por el presidente del Tribunal de Primera Instancia el 25 de noviembre de 1999 al término del procedimiento sobre medidas provisionales queda sin efecto desde la lectura de la sentencia, es decir, a partir del 2 de octubre 2001, de conformidad con el artículo 107, párrafo tercero, del reglamento de procedimiento del tribunal. 
Así, la Decisión del Parlamento de 14 de septiembre de 1999 por el que se decidía constatar la inexistencia del Grupo TDI es de nuevo plenamente aplicable. 
Doy, por supuesto, la palabra al Sr. Dell ' Alba. 
Señora Presidenta, Señorías, los dieciocho diputados del Grupo TDI toman nota de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de octubre. 
Señalan que esta sentencia es de alguna forma la imagen en huecograbado de la providencia del Presidente del mismo tribunal que nos dio la razón el 25 de noviembre de 1999 ordenando al Parlamento que reconociera la existencia legítima de nuestro Grupo. 
Por supuesto que recurriremos la decisión de ayer y, evidentemente, solicitamos la suspensión de los efectos de esta sentencia. 
En este sentido, señora Presidenta, con el fin de evitar cualquier malentendido, le pido que antes de adoptar otras disposiciones consulte con los servicios jurídicos con el fin de determinar los efectos de la suspensión, que vamos a solicitar y que tenemos derecho a solicitar del Tribunal. 
Dicho esto, quisiera llamar la atención de sus Señorías sobre dos elementos importantes de la sentencia de ayer. 
El primero es la total admisibilidad de nuestro recurso y, por consiguiente, la plena legitimidad para los diputados de someter a la justicia Decisiones del Parlamento como ésa. 
No era ésa la tesis del Parlamento, que solicitó se declarase este recurso inadmisible. 
El segundo es que en varias ocasiones el Tribunal reconoce las disparidades existentes entre los diputados de este Parlamento. 
Lo hace principalmente en los párrafos 201 y 57 de la sentencia de ayer. 
No voy a citarlos y me limitaré a decir que el Tribunal declara que es incumbencia del Parlamento, en el marco de sus poderes de organización interna, poner remedio a las disparidades existentes. 
Como desde hace un año, Sr. Corbett, su proyecto de informe sobre la reforma de los artículos 29 y 30 orientada a terminar con estas disparidades está en suspenso, seguiremos nuestra lucha, nos mantendremos vigilantes y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que esta lucha a favor de la eliminación de las disparidades continúe y no se detenga con la sentencia de ayer. 
Señora Presidenta, me ha encantado la victoria del Parlamento en el Tribunal de Primera Instancia. 
Confirma que la decisión que adoptamos era la adecuada. 
Sin embargo, el Sr. Dell ' Alba tiene razón también en señalar que debemos velar por que no haya disparidades ni discriminaciones en nuestro Reglamento. 
Ése era el objetivo del informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales que dejamos en suspenso en espera del fallo del Tribunal. 
Tal vez haya llegado el momento para presentar dicho informe ante el Pleno de la Asamblea, pero, si hubiera un recurso y si el pleno del Tribunal de Justicia suspendiese- aunque, personalmente, lo dudo- los efectos de la decisión del Tribunal de Primera Instancia hasta que adoptara una resolución, nos encontraríamos en una posición difícil con el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Personalmente, dudo que el pleno del Tribunal de Justicia emita esa orden de suspensión y en ese caso podremos pasar inmediatamente a examinar la disparidad que, según pueden considerar algunos, existe en nuestro Reglamento. 
Mi informe contribuiría- estoy seguro- a tranquilizarlos. 
Señor Corbett, lo que puedo decirle, así como al Sr. Dell ' Alba, es que, naturalmente, si se produjera un recurso, yo estudiaría con mucha atención con nuestros servicios jurídicos el carácter suspensivo o no de dicho recurso. 
Lo veremos con la mayor atención. 
Señora Presidenta, el fallo es muy claro, sin embargo, en un Estado de derecho puede suceder que se tenga derecho a apelar y que los efectos no sobrevengan hasta que la instancia suprema haya llegado a su conclusión. 
El fallo es también muy claro en lo que concierne a los deberes del Parlamento. 
La premisa 157 dice expresamente que "corresponde al Parlamento en el cumplimiento de los procedimientos internos al respecto examinar si todas las diferencias en el trato de las dos categorías de diputados que se desprende de disposiciones internas anteriormente mencionadas son necesarias y están objetivamente justificadas". 
Es, por decirlo en danés de ahora, un "toque de atención más que claro" para que examinemos si nuestras normas resultan discriminatorias. 
Creo que debe existir plena igualdad de oportunidades para todos los diputados al Parlamento Europeo y para unidades políticas como el Partido Radical italiano. 
Éste debe gozar naturalmente de los mismos derechos políticos que los Grupos políticos, a excepción de algunos derechos de grupos absolutamente específicos, y se han de examinar las normas críticamente y garantizar que las unidades políticas disfruten de las mismas facilidades a la hora de trabajar en el Parlamento. 
De ahí que quiera exhortarle, señora Presidenta, a que solicite a los servicios jurídicos que examinen detenidamente el fallo y vean dónde debemos recomponer las normas a fin de garantizar la plena igualdad, y quiero pedir que el fallo sea debatido en la Conferencia de Presidentes en la próxima reunión, después de que se haya realizado este explicación del fallo, en la que podremos entonces debatir un paquete de medidas para los independientes y para las unidades políticas menores que no son lo suficientemente grandes para formar grupo, de modo que logremos un trato justo de los diputados. 
Señora Presidenta, dadas las circunstancias, debo comunicarle que un grupo de escolares al que yo había invitado a visitarnos esta semana- concretamente mañana- ha cancelado la visita. 
Además, también he sabido que el caso de mi Grupo no es único, sino que esta semana alrededor del 50% de los grupos invitados han cancelado sus visitas. 
Las personas implicadas y los padres temen que las medidas de seguridad del Parlamento sean insuficientes y que los niños corran peligro durante la visita. 
Yo le ruego, por lo tanto, que haga saber a la opinión pública que las medidas de seguridad son suficientes. 
Si no es posible asegurarlo, habría que considerar la posibilidad de suspender todas las visitas. 
Además, también quisiera dirigirle un último ruego a título personal. Yo agradecería que el contingente de visitantes que ahora no podemos utilizar, dado que se están cancelando las visitas, se reserve para el futuro y no se pierda, de manera que los grupos que, por razones comprensibles, no acudan a visitar el Parlamento ahora, tengan la oportunidad de recuperar la invitación más adelante. 
Esta tarde tenemos una reunión de la Mesa, en la que comunicaré su propuesta. 
Señora Presidenta, nuestro Grupo ya manifestó muy claramente su opinión sobre el tema de la formación de Grupos parlamentarios en el momento de la constitución del Parlamento y agradecemos que se haya confirmado nuestra interpretación de la norma. 
Respondiendo a algunos comentarios de los colegas, yo quisiera volver a recordar expresamente que nuestro Reglamento, adoptado por esta Asamblea, establece una clara diferencia entre los diputados que pertenecen a un Grupo político y que ejercen conjuntamente sus derechos en su seno y los no adscritos a ningún grupo. 
Evidentemente, no se puede discriminar a los diputados no inscritos, pero esto no significa que, en su calidad de diputados aislados, deban recibir exactamente el mismo trato que los grupos. 
Nuestro reglamento establece claramente en su artículo 30 que los diputados no inscritos en ningún grupo dispondrán de una secretaría, pero la Mesa es la encargada de regular todos los demás detalles. 
Esta es la situación jurídica después del dictamen del Tribunal de Primera Instancia y este es también el criterio que se deberá seguir durante los próximos meses. 
Consejo Europeo extraordinario- Bruselas, 21 de septiembre de 2001- Trabajos preparatorios con vistas a la reunión del Consejo Europeo en Gante 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión, por una parte, sobre el Consejo Europeo extraordinario del pasado 21 de septiembre en Bruselas y, por otra, sobre los trabajos preparatorios con vistas a la reunión del Consejo Europeo en Gante. 
Saludo la presencia del Presidente en ejercicio del Consejo, el señor Ministro Michel, y le cedo la palabra inmediatamente. 
Señora Presidenta, señoras y señores, me he preocupado por informarles lo antes posible acerca del transcurso de los trabajos realizados por el Consejo Europeo extraordinario del pasado 21 de septiembre que reunió a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. 
Considero importante que sus Señorías estén directamente implicados en las deliberaciones y decisiones de la Unión Europea. Venimos adoptando esta actitud desde el comienzo de los trágicos acontecimientos. 
Como saben, el Consejo Europeo se reunió con objeto de analizar la situación internacional creada por los ataques terroristas sufridos por los Estados Unidos y a fin de dar los impulsos necesarios a la actuación de la Unión. 
De los debates no tardaron en salir conclusiones unánimes, cuyo texto se hizo público el mismo 21 de septiembre por la noche. 
No pretendo dar lectura al contenido íntegro de estas conclusiones, pero quisiera subrayar los puntos más relevantes. 
En primer lugar, deseo expresar la satisfacción de la Presidencia por la decisión de la Unión Europea de convertir la lucha contra el terrorismo en un objetivo prioritario, así como por su firme propósito de actuar conjuntamente bajo cualquier condición. 
La amenaza terrorista pone a prueba la construcción europea. 
A través del consenso registrado en el Consejo Europeo, la calidad de las discusiones y la adopción de medidas globales y concretas la Unión ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. 
El Consejo extraordinario ha permitido que la Unión transmita diversos mensajes. 
El primero de ellos es un mensaje de solidaridad y colaboración con los Estados Unidos. 
La Unión Europea comparte los valores de los Estados Unidos, en concreto los valores de una sociedad abierta, democrática y multicultural. 
Por eso, ayudará a los Estados Unidos a enjuiciar y sancionar a los responsables y a los cómplices de tamaña barbarie. 
Nos parece justificado que los Estados Unidos lancen una respuesta adecuada en el marco de la Resolución 1368 del Consejo de Seguridad. 
Estamos dispuestos a comprometernos en este sentido, cada uno de los Estados miembros según sus posibilidades. 
No podemos, sin embargo, infravalorar la gravedad de este azote. 
Para acabar con él hemos de ampararnos en una amplia coalición bajo los auspicios de los Estados Unidos. 
Dicha coalición integrará asimismo a los países candidatos, la Federación Rusa y nuestros socios del mundo árabe. 
La Unión Europea ha transmitido un segundo mensaje al Consejo, a saber, su compromiso concreto con la lucha contra el terrorismo a través de un plan de acción que abarca cinco tipos de medidas. 
La primera serie de medidas tiene por objeto reforzar la cooperación policial y en materia de justicia. 
A este fin es preciso que elaboremos una orden de detención y una definición común del terrorismo, dos objetivos establecidos por el Consejo Europeo. 
Ese mismo Consejo Europeo adoptó igualmente la decisión muy concreta de identificar a los terroristas y las organizaciones que los apoyan con idea de crear listas de organizaciones terroristas. 
En este marco se reforzará el papel de Europol, así como la colaboración con los Estados Unidos. 
La segunda serie de medidas del plan de acción, en principio muy importante a mi juicio, tiene relación con el desarrollo de los instrumentos jurídicos internacionales. 
Existen una serie de ellos que hay que poner en práctica y sería ciertamente muy útil considerar, tal como lo propone la India, la idea de una convención general contra el terrorismo internacional. 
Una tercera serie de medidas en la que desea trabajar la Unión Europea son aquéllas que contemplan la financiación del terrorismo. 
En este sentido, se emprenderán acciones concretas en el ámbito de la Unión, principalmente en lo que respecta al blanqueo y al embargo de cuentas bancarias. 
La cuarta serie de medidas tiene relación con la seguridad aérea. 
La Unión desea trabajar rápidamente en un conjunto de medidas técnicas concretas relativas, por ejemplo, al control de equipajes, a la formación técnica de las tripulaciones, etc. 
Finalmente, llamo su atención sobre la quinta serie de medidas que tienen relación con la política exterior y de seguridad común en su conjunto. 
En este caso se ha hecho hincapié en la necesidad de coordinar la acción global de la Unión: aquí la idea consiste en reforzar la política exterior y de seguridad común con el fin de integrar la dimensión de lucha contra el terrorismo, incluida la reevaluación sistemática de las relaciones entre la Unión Europea y países terceros a la luz del apoyo que esos países podrían aportar al terrorismo. 
A medio y largo plazo, la lucha contra el terrorismo necesitará también que la Unión refuerce su política de prevención y se implique más en la estabilización de los conflictos regionales. 
En este marco, la Unión Europea desea enormemente reforzar su función, con la ayuda de Estados Unidos, Rusia y sus socios en los países árabes, para trabajar en pro de una solución duradera en el conflicto de Oriente Próximo. 
También, a través del desarrollo de la PESC y de la PESD podrán conseguirse efectos duraderos. 
Estas políticas de la Unión no deben utilizarse como instrumentos de represalias sino más bien como un instrumento de prevención. 
La prevención de los conflictos pasa también por el compromiso sin fisuras de la Unión Europea integrando a todos los países en un sistema mundial de seguridad y prosperidad duradera. 
Habremos también de conceder una atención especial al problema de los flujos de refugiados. 
Sobre este punto, la Comisión vendrá con proyectos de asistencia a los refugiados afganos en los países vecinos. 
Finalmente, el último mensaje señalado por el Consejo Europeo consiste en tranquilizar a los países europeos y a los mercados en el plano económico, ayudado en ello por las conclusiones del Consejo informal Ecofin que se produjo al mismo tiempo en Lieja, y en señalar el papel positivo que debe jugar el euro en el contexto económico que conocemos. 
Éste es, señoras y señores, el contenido del mensaje del Consejo Europeo del 21 de septiembre. 
Como conclusión, quisiera quizá añadir dos observaciones. 
Primera: como ocurre con frecuencia, la situación de crisis provocada por los atentados de Nueva York y de Washington ha dado un impulso a la unificación europea. 
La sesión extraordinaria del Consejo Europeo de 21 de septiembre ha permitido adoptar decisiones concretas y dar muestra de un verdadero liderazgo europeo. 
La Presidencia belga trabajará para asegurar el seguimiento de sus compromisos, principalmente en el próximo Consejo "Asuntos Generales" de octubre y en el Consejo Europeo de Gante. 
Segunda: la prioridad concedida a la lucha contra el terrorismo no debe desviarnos de los demás proyectos fundamentales para la construcción europea. 
Quisiera confirmar aquí que la Presidencia belga trabajará por respetar su programa en lo que respecta a la preparación de la introducción del euro, las negociaciones de ampliación y la puesta en marcha de la política europea de seguridad y defensa. 
Quisiera ahora referirme a la preparación del Consejo Europeo de Gante. 
Durante la reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Gante el día 19 de octubre se tratarán los siguientes temas: los tres asuntos previstos inicialmente por la Presidencia belga, a saber, el euro, la ampliación de la Unión Europea y la Declaración de Laeken acerca del futuro de Europa. 
A la vista de los acontecimientos internacionales es probable que se añada un cuarto tema: la lucha contra el terrorismo. 
Por lo que se refiere a la introducción del euro en 12 Estados miembros con fecha de 1 de enero de 2002, el Presidente del Consejo de Ministros de Economía y Hacienda, el Ministro Reynders, el Comisario competente, el Sr. Solbes, y el Presidente del Banco Central Europeo, el Sr. Duisenberg, presentarán un informe sobre el estado actual de los preparativos en los diferentes Estados miembros. 
De este modo, los jefes de Estado y de Gobierno tendrán la oportunidad de introducir ajustes cuando quiera y donde quiera que sea necesario. Tendrán asimismo la ocasión de debatir algunos aspectos esencialmente políticos de la problemática del euro, como la cuestión del uso del euro en los países candidatos. 
En lo que concierne a la preparación de la Declaración de Laeken, el Presidente del Consejo de Asuntos Generales informará sobre los debates celebrados hasta la fecha por los Ministros de Asuntos Exteriores sobre este tema. 
Allí se hará especial hincapié en los logros ya obtenidos por la Presidencia belga. 
Se trata sobre todo de la organización de la convención como instrumento innovador para los preparativos de la Conferencia Intergubernamental de 2004. 
En el Consejo de Asuntos Generales que se reunirá durante los días 8 y 9 de octubre en Luxemburgo la Presidencia belga espera consolidar dichos avances, completándolos con un adelanto en otros dos terrenos: el estatuto de los países candidatos en el seno de la convención y la organización de un foro civil. 
Amén de ello, la Presidencia busca un acuerdo sobre la mejor manera de delimitar el mandato de la convención. 
A este respecto se inclina por la opción de desarrollar o reformular los cuatro temas contenidos en la Declaración de Niza, en un claro intento de ampliar el orden del día. 
Con motivo del Consejo de Asuntos Generales del 8 de octubre la Presidencia orientará asimismo a los Estados miembros sobre la posible estructura de la Declaración de Laeken. 
Es de suponer que los preparativos del Consejo de Asuntos Generales permitan luego continuar en Gante con la progresiva preparación de la Declaración de Laeken logrando más avances. 
Así por ejemplo, sería útil y deseable que la Presidencia convenciera en las próximas semanas a los demás Estados miembros de que la Declaración de Laeken no debe ceñirse a cuestiones meramente procedimentales. En segundo término, debería delimitar el carácter de los temas que habrían de añadirse y, en tercer lugar, debería convencer a los demás Estados miembros de que este énfasis en el contenido no tiene por qué causar mayores problemas. 
Quisiera aprovechar esta ocasión para tranquilizar a todos aquéllos que han manifestado temores con respecto al planteamiento propuesto por la Presidencia. 
El ejercicio, tal como lo consideramos, no desvela dificultades insuperables. 
La cuestión de si conviene atenerse a los cuatro guiones de la declaración de Niza es, creo yo, un falso problema. 
La formulación de esta declaración deja abierta la posibilidad de ampliar el debate a partir de los cuatro temas enumerados. 
Por otra parte, se ve mal, lo que impediría a la Convención hacerse cargo, motu proprio de cualquier tema que considerara útil tratar. 
Desde Genval quedó claramente establecido que la declaración de Laeken se limitará a plantear cuestiones sin buscar necesariamente respuestas en este momento. 
El resultado de la Convención se presentará en forma de opciones, lo que debería tranquilizar a todos aquéllos que temen que se pueda forzar la mano. 
Finalmente, si el objetivo del ejercicio, admitido por todos, es plantear las cuestiones correctas, resulta totalmente legítimo formularlas de la forma más completa, clara y pertinente posible con el fin de optimizar el futuro trabajo de la Convención. 
En lo que respecta a la ampliación de la Unión Europea, la Comisión remitirá al Consejo Europeo un informe, a petición de la Presidencia, sobre la puesta en marcha concreta de la estrategia en este tema. 
Este informe estará disponible a partir del momento de su adopción por el Colegio. 
Se trata de verificar si la hoja de ruta adoptada por el Consejo Europeo de Niza y confirmada por el Consejo Europeo de Gotemburgo, como marco general para la negociación, se ha respetado. 
Finalmente, debo recordar que la Presidencia no tiene la intención de preparar conclusiones escritas para esta reunión de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Doy las gracias al señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
A continuación, doy la palabra al señor Comisario Barnier, en nombre de la Comisión. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, el Grupo Socialista apoya las conclusiones de la Cumbre extraordinaria de Bruselas, que ha sido una cumbre oportuna políticamente y ha supuesto un salto en la conciencia de la Unión. 
Y quiero recordar que ese salto fue iniciado en el Parlamento con el informe Watson a principios de septiembre. 
Desgraciadamente, han tenido que ocurrir los ataques contra Washington y Nueva York para que se haya producido una toma de conciencia y una aceleración por parte del Consejo, que saludamos. 
Quiero subrayar que para nosotros es muy importante que esta acción, como se afirma en las Conclusiones de la Cumbre, se inscriba en el marco de la Resolución 1368 (2001) de las Naciones Unidas. 
También es importante, y la Unión Europea la apoyará claramente, la propuesta de Kofi Annan de hacer una convención mundial contra el terrorismo que se ha empezado a discutir en las Naciones Unidas. 
Solidaridad- además de este planteamiento universal, porque, frente a la globalización del terrorismo, hay que dar respuestas globales -; solidaridad con los Estados Unidos, ahí está la activación del artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica al día de ayer y, una definición clara a todos los niveles de lo que es la lucha antiterrorista, que no es una lucha que disminuya las libertades, es una lucha en defensa de la libertad esencial de la persona, que es el derecho a la vida y el derecho a no verse sometido a la violencia ciega. 
En relación con ello, señora Presidenta, creo que hay que apoyar la actuación del Consejo de Interior y Justicia trabajando en paralelo para consolidar Europol y Eurojust. 
Hay que desarrollar instrumentos comunes, no solamente a nivel europeo, sino en nuestros respectivos países- y tengo que decirle, señor Presidente, y le ruego que se lo transmita al Sr. Verhofstadt como Presidente del Consejo, que el Parlamento puede ser objeto de presión por parte de los lobbys, está empezando a serlo, porque los lobbys saben bien cómo hacer presión o tener influencia en la Comisión y en el Consejo-. 
Creo que todos tenemos que mantener un respeto ante las actuaciones de los otros y me refiero concretamente a la crítica que se ha hecho a nuestra actuación en relación con la Directiva sobre blanqueo de dinero. 
Pero también, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quiero manifestar la preocupación de mi Grupo por la legislación aprobada ayer por el Senado italiano, que va absolutamente en contra de lo que ustedes pretenden y que va a dificultar la cooperación judicial y la lucha antiterrorista, porque son medidas que cortan absolutamente la posibilidad de colaboración desde el punto de vista judicial. 
(Aplausos de la izquierda y protestas de la derecha) Señora Presidenta, le pido a mi colega el Sr. Poettering... 
Creo, señora Presidenta, que aquí estamos en una Cámara civilizada y que las personas que se dedican a rebuznar no tienen sitio en esta Cámara. 
También me dirijo a mi colega el Sr. Poettering, que está muy preocupado por lo que dicen algunos Comisarios. 
Mi Grupo quiere que vengan todos los Comisarios a explicarse aquí. 
También debería hablar con sus amigos políticos y, especialmente, con el Presidente del Consejo italiano, para que no haga declaraciones que ponen en entredicho la acción de la Unión Europea aquí y en el mundo. 
Por lo demás, señora Presidenta, querría referirme a la Cumbre de Gante. 
Está bien lo que están haciendo con el euro, es muy importante, pero tenemos que reforzar nuestra capacidad económica para dar respuesta a la crisis mundial, y eso lo tiene que hacer el Consejo, porque es absolutamente necesario que hagamos y definamos una política anticíclica. 
En segundo lugar, en relación con la ampliación, y me dirijo también a los demás Grupos políticos de este Parlamento, tenemos que comprometernos a partir de lo que hagan ustedes en Gante y del informe de avance de la Comisión. 
Esto tiene que volver al Parlamento, y señalo una cosa, hablamos mucho de los avances en el itinerario, en la hoja de ruta, pero tenemos que ver si la hoja de ruta y los itinerarios coinciden al final y si es posible hacer lo que pide el Parlamento: que en 2004 estos países participen en las elecciones. 
Por último, señor Presidente, en relación con la Convención, tres cuestiones: primera, entiendo que la Convención ya ha sido aceptada. 
Segunda, la Convención se constituirá a partir de la composición que tuvo en la elaboración de la Carta. 
Y tercera, cuando usted habla de opciones, ¿no está hablando de propuestas coherentes por parte de la Convención? 
Porque la Convención no es un servicio de estudios ni un seminario. 
La Convención tiene que hacer propuestas, en algún caso con dos opciones, pero en ningún caso, desde luego, se puede hablar de opciones que se puedan tomar y desechar. 
En ese juego yo creo que no entraríamos. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señora Presidenta, los demócratas liberales en esta Asamblea acogemos con satisfacción las decisiones del Consejo Europeo extraordinario. 
Nos complace que aceptara propuestas de esta Asamblea en la esfera de la justicia y los asuntos de interior sobre la lucha contra el terrorismo y, de hecho, que revisara las políticas de la Unión en otras esferas para velar por que tengamos una concepción común en nuestro planteamiento de ese gravísimo problema. 
Sin embargo, lamentamos que fuera necesario un choque como el provocado por el ataque contra las Torres Gemelas y el Pentágono para mover a la Unión a utilizar los poderes legales que le confiere el Tratado de Amsterdam para actuar en la lucha contra el terrorismo. 
Los demócratas liberales acogemos con particular beneplácito las propuestas hechas ayer por la Comisión de un reglamento del Consejo para congelar los activos de grupos terroristas. 
Tomamos nota de la petición de urgencia y esta mañana procuraremos que en la comisión que tengo el honor de presidir se recomiende al Parlamento esta tarde que adopte dichas propuestas. 
Espero que el Comité de Representantes Permanentes, en su reunión de esta mañana, sume su petición de urgencia a la de la Comisión. 
La necesidad de acción en esa esfera pone marcadamente de relieve la debilidad y las contradicciones de la Unión Europea después de Amsterdam. 
No se las abordó adecuadamente en Niza. 
Espero que se las aborde en Laeken y mediante la convención que se cree. 
Ayer el Comisario Patten lamentó- y con razón- la incapacidad de la Unión Europea para actuar rápidamente en situaciones como ésta y, por tanto, para contar con la confianza de los Estados miembros y coordinar las políticas de sus Estados miembros en una esfera en la que una amenaza supranacional requiere una respuesta supranacional. 
En momentos como éste, la Unión debe actuar con rapidez, pero ve que no puede hacerlo. 
Los mecanismos del tercer pilar permiten al Sr. ben Laden morirse de risa al salirse con la suya. 
Desafío a los gobiernos nacionales a que expliquen a nuestros ciudadanos por qué Europa no ha podido actuar rápidamente a causa de los curiosos y complicados mecanismos del tercer pilar. 
Cuando actuamos con rapidez, vemos que necesitamos la urgencia y la urgencia propicia a menudo una legislación deficiente. 
No podemos seguir adoptando las necesarias medidas de seguridad para nuestros ciudadanos de un modo que es desafortunado para las instituciones de la Unión, incomprensible para nuestros ciudadanos e ineficaz porque no permite un control legal, democrático o administrativo de las decisiones. 
Espero que la convención creada en Laeken examine la posibilidad de invocar el artículo 42 del TUE para que esas esferas normativas pasen a formar parte de las competencias básicas de la Unión. 
El Comisario Vitorino nos ha aportado una guía contra el terrorismo en el que se esbozan dichas medidas. 
Evidentemente, al examinarlas, habrá que lograr un delicado equilibrio entre las necesidades en materia de seguridad de nuestros ciudadanos y las libertades civiles gracias a las cuales nuestra democracia es lo que es. 
El Presidente en ejercicio ha dicho esta mañana que no debemos dejar que nos desvíen de nuestros otros programas. 
Entre ellos figuran el programa para consolidar los derechos de los ciudadanos dentro de la Unión y nuestro programa antidiscriminación. 
Los liberales de esta Asamblea defenderán, junto con el Presidente en ejercicio, los derechos de los ciudadanos de la UE. 
La Asamblea ha recibido una propuesta sobre la congelación de activos. 
Ese reglamento, según se haga su aplicación, podría tener consecuencias desastrosas para muchas empresas que son propiedad legítima de musulmanes. 
Así, pues, los liberales pediremos una cláusula de extinción en dicho reglamento que le conceda un período de vida limitado para velar por que no haya abusos en su aplicación. 
Esperamos con interés propuestas del Consejo para la participación del Parlamento Europeo en la determinación de los nombres que se incluirán en la lista que figurará en el anexo de dicho reglamento. 
En conclusión, en el artículo 6 se dice que la Unión se basa en los derechos. 
La Carta define dichos derechos y espero que la convención acepte incluir la Carta íntegramente en los Tratados. 
Señor Comisario, la Unión Europea se enfrenta a diversos desafíos importantes a los que hay que poner solución lo más rápidamente posible si se desea llevar a cabo una acción política eficaz, coherente y de largo alcance contra el terrorismo, y diría más en concreto para el desmantelamiento de las redes terroristas. 
El primer desafío ya ha sido mencionado por varios diputados, se trata de evitar un conflicto entre civilizaciones con el mundo musulmán. 
Y en este sentido aprovecho la presencia del ministro Michel para felicitarlo por su acción diplomática de estas últimas semanas que, creo yo, sólo podrá dar resultados positivos en la constitución de una coalición muy amplia contra el terrorismo y contra quienes lo apoyan. 
Cuando se dice coalición muy amplia, por supuesto, se trata de asociar a ella a la mayor parte de Estados posible, pero no se trata de perder de vista que los enemigos de nuestros enemigos no siempre son nuestros amigos y de darse cuenta de que ningún Estado que forme parte de esta coalición queda eximido de sus deberes en materia de democracia, de protección de los derechos humanos y de respeto por las minorías. 
Estoy pensando en especial en Rusia y en China que, claro está, son actores importantes pero que nos causan problemas importantes en este tema. 
El segundo desafío, y no por ello menor, es asegurar una mejor cooperación policial y judicial sin comprometer los derechos y las libertades individuales. 
En efecto, aquí, en el caso de la Unión Europea, nos enfrentamos a un control parlamentario totalmente insuficiente en esta cuestión. 
Por consiguiente, creo, y pienso que somos bastante unánimes en este caso, que sería importante que la cooperación judicial y policial se integrara en el primer pilar. 
Eso sería sin duda una respuesta. 
Por otra parte, a nivel internacional, hay otra urgencia que es la puesta en funcionamiento del Tribunal Penal Internacional, un proceso en curso desde hace varios años que no avanza, y señalo que necesitamos absolutamente un tribunal como ése para juzgar los crímenes contra la humanidad como los que se han cometido en Nueva York y Washington. 
Y, en ese caso, se trata de llevar a cabo una acción diplomática de envergadura para convencer a un máximo de Estados de que se adhieran a este proyecto y, en especial, Estados Unidos que son una parte esencial. 
El tercer desafío es el problema de la desposesión de las redes terroristas de sus medios de actuación, tanto financieros como técnicos. 
Ya se ha abordado el tema de los medios financieros, por el momento hay un proyecto de directiva sobre el blanqueo de dinero que está un poco atascado, pienso que hay un esfuerzo que hacer en el diálogo entre el Consejo y el Parlamento para llegar con rapidez a la adopción de esta directiva, sabiendo por otra parte que es un primer paso, que no es suficiente pero que, en todo caso, resulta determinante. 
A largo plazo, estoy convencido de que no podremos evitar una acción de envergadura que contemple la posibilidad de levantar el secreto bancario y suprima los paraísos fiscales. 
En ese caso, el blanqueo de dinero es manifiestamente un arma importante en las manos de asociaciones terroristas internacionales y de las redes terroristas internacionales. 
Me ha sorprendido el hecho de que un información, que no fue desmentida, señalara que antes incluso de los atentados de Nueva York y de Washington parece que las acciones de algunas empresas, pienso principalmente en las dos empresas de transporte aéreo americanas y en varias compañías de seguros que se vieron afectadas por el atentado, fueron vendidas en masa en el mercado bursátil antes de los accidentes. 
Se podría hablar aquí de un delito de iniciados, creo que al menos sería necesaria una investigación a nivel internacional para verificar estas informaciones. 
Finalmente, en el plano técnico, y cuando digo técnico es una palabra suave para hablar de armamento, resulta evidente que la Unión Europea debe intensificar su lucha contra las exportaciones ilegales y no controladas de armas ligeras, y estar muy atenta a un problema fundamental que es la proliferación de armas químicas y bacteriológicas. 
Finalmente, creo que no podremos omitir una reflexión a más largo plazo sobre la vulnerabilidad de algunos de nuestros instrumentos tecnológicos frente a atentados terroristas. 
Pienso por ejemplo en el riesgo que representan las centrales nucleares, la mayoría muy vulnerables frente a una acción del tipo de las que se han llevado a cabo en los Estados Unidos. 
Señora Presidenta, reiteramos nuestra condena a toda forma de terrorismo, sea cual sea su procedencia. 
El terrorismo, además de las vidas humanas, destruye cualquier posibilidad y capacidad de protagonismo democrático de las grandes masas de mujeres y hombres que luchan para cambiar el injusto orden social y económico de este mundo. 
Condenamos asimismo cualquier intento de afirmar una inexistente superioridad moral, cultural o de organización política de los pueblos de la Unión respecto a otros pueblos. 
En esta etapa histórica, creemos que uno de los instrumentos de la Unión Europea para combatir o aislar cualquier forma de violencia es comprometerse seriamente en aras de que se cumpla el objetivo de ofrecer a los pueblos de Israel y de Palestina dos Estados autónomos y soberanos, en aplicación de todas aquellas resoluciones de las Naciones Unidas que Israel no respeta hace años. 
La seguridad interna de la Unión debe reforzarse- y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho el Sr. Watson, pero siempre y sólo en el respeto a los derechos fundamentales y a las normas del Estado de Derecho. 
Por esto, toda ampliación de las competencias y de la operatividad de órganos como Europol y Eurojust debe ir acompañada por la realización de un sistema de controles judiciales y sobre todo democráticos, con un papel activo de este Parlamento. 
En consecuencia, se ha de rechazar cualquier intento de utilizar el peligro del terrorismo para comprimir y eliminar, incluso a través de instrumentos legislativos de la Unión y de los Estados miembros, las amplias áreas democráticas de disenso y de lucha, presentes en toda Europa y en el mundo contra el sistema social y económico dominante, así como hay que condenar esas prácticas legislativas a las que se ha referido el Sr. Barón Crespo, como las italianas en materia de comisiones rogatorias internacionales que son una ayuda objetiva al terrorismo y a las fuerzas de la delincuencia organizada. 
Confiamos en que la lucha contra el terrorismo que es un crimen contra la humanidad se considere cada vez más como una tarea de toda la comunidad internacional, es decir, de las Naciones Unidas, y no como una tarea de pocas naciones ricas y potentes que con frecuencia no emplean su riqueza y su potencia para luchar contra el terrorismo y sus causas, sino para reafirmar la inmutabilidad de su poderío económico y político. 
La situación de desesperación, de pobreza, de subdesarrollo de la mayoría de los pueblos del planeta nunca podrá justificar el terrorismo- ¡jamás! -pero es una situación que se ha de combatir y cambiar con hechos y no sólo con declaraciones solemnes si lo que se quiere lograr es un mundo pacífico y pacificado. 
He aquí otro frente que hay que abrir si realmente se quiere erradicar el terrorismo. 
Señor Presidente, los dirigentes de la UE se reunieron en Gante el 21 de septiembre para evaluar como debía reaccionar la Unión ante los horrendos ataques terroristas en América. 
Acojo con satisfacción la solidaridad que todos los dirigentes de la Unión mostraron al Gobierno americano y al pueblo americano en su momento de duelo y dolor. 
También acojo con el mayor beneplácito el plan concreto de acción que los dirigentes de la UE van a aplicar ahora para intentar afrontar el terrorismo internacional. 
A consecuencia de los ataques terroristas del 11 de septiembre, ahora resulta claro a todos nosotros que hay personas dispuestas a participar en misiones suicidas y bien organizadas para contribuir a la consecución de sus fines políticos. 
Eso significa, en los términos más sencillos, que vamos a tener que aplicar medidas de gran alcance para estar en condiciones de derrotar el flagelo del terrorismo internacional. 
En consonancia con las conclusiones de la Cumbre de Tampere, los dirigentes de la UE se han comprometido a adoptar una orden de detención, encaminada a substituir el sistema actual de extradición en Europa. 
La de facilitar la extradición, sin dejar de proteger los derechos civiles, es un arma importante en la lucha contra el terrorismo y, en particular, dentro de la Unión, en la que existe la libre circulación de personas. 
También se va a ratificar la Convención Internacional para Reprimir la Financiación del Terrorismo en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Nuestros ministros de Hacienda van a presentar propuestas en las que se esboce un calendario para la aplicación del proyecto de directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. 
Se va a ampliar el grupo operativo financiero de la OCDE para que abarque la cuestión del blanqueo de capitales. 
Existe acuerdo para aplicar la directiva-marco que permite la congelación de activos resultantes de actividades delictivas en la Unión. 
También ha habido acuerdo sobre la necesidad de prestar más atención al proyecto de directiva sobre transacciones basadas en el tráfico de influencias a fin de garantizar que todas las actividades vinculadas con el terrorismo queden incluidas en el ámbito de aplicación de la directiva. 
Para acabar con las redes del terror que funcionan en Europa, los organismos de inteligencia de los Estados miembros de la Unión, junto con Europol, deben trabajar con una cooperación más estrecha desde el punto de vista del intercambio de información secreta. 
Por último, el terrorismo fanático es difícil de derrotar, pero debemos estar dispuestos a mostrarnos decididos y vigorosos en las medidas contraterroristas que adoptemos. 
Un frente unido, encabezado por la Unión y los Estados Unidos, será el único medio que nos permitirá derrotar a esos asesinos implacables y despiadados. 
Señor Presidente, la Cumbre debe ahora debatir la composición de la convención que deberá elaborar el borrador de constitución de la Unión. 
La mayoría de los diputados desea ver doblada la representación del Parlamento Europeo de 16 a 30. 
El argumento es la equiparación con los parlamentos nacionales, cada uno de los cuales tenía 2 miembros en el convención de la carta, 30 en total. 
Mi Grupo se denomina "Europa de las Democracias" para subrayar que deseamos democracia en cada país y un control democrático sobre la UE. 
Las democracias pueden dirigir la UE en común, pero no existe ningún pueblo europeo que haya otorgado al Parlamento Europeo un mandato para negociar una nueva constitución para la UE. 
Mi Grupo y el intergrupo SOS-Democracia proponen en su lugar que cada parlamento nacional presente propuestas para el nuevo tratado y a continuación que los representantes de los parlamentos nacionales elaboren el borrador del sustituto del Tratado de Amsterdam. 
En tal asamblea la Comisión, el Parlamento y los gobiernos podrían actuar de observadores. 
Exhortamos al mismo tiempo a los Jefes de Estados a que prometan que el próximo tratado será sometido a referéndum en todos los países. 
Para que un tratado pueda ser aprobado en referéndum no puede llevar por título "más Unión" sino "más democracia". 
Deberíamos crear una Unión más reducida con mayor libertad para los países miembros. 
Una UE próxima y democrática, dirigida por electores y cargos electos en los países miembros. 
Una Europa más flexible que se abra a los países solicitantes y a otras naciones europeas. " 
Una UE democrática " suena hermoso, pero no existirá hasta que no haya una opinión pública europea. 
La democracia viva requiere una lengua, cultura, folklore, medios de comunicación comunes y solidaridad mutua. 
En resumidas cuentas, un pueblo europeo. 
La "Europa de las Democracias" es el arte de lo posible. 
¡Pongamos la UE a régimen! 
¡Centrémonos en lo que traspasa las fronteras! 
Lo que no podemos dirigir nosotros mismos. 
Así la gente de Europa votará a favor del próximo tratado. 
¿Querrán hacerlo hoy, señor Presidente del Consejo? 
¿Se atrevería usted a permitir a los belgas votar el Tratado de Niza? 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Sra. Neyts-Uytterbroeck, señor Comisario Barnier, Señorías, para comenzar unas palabras sobre el aspecto defensivo. 
Se ha hablado mucho de seguridad aérea, de muchas medidas a nivel europeo. 
Extrañamente, se silencia lo relativo a nuestros servicios secretos; ahora bien, si hay muchos órganos de los Quince países miembros que no han funcionado en todos los casos, ésos son sin duda nuestros servicios secretos. 
Actualmente, vemos cómo trabajan con mucha entrega y descubren muchas cosas. 
Hubiera sido quizá mejor que descubrieran algo antes. 
Cuestan caro. 
No se sabe muy bien lo que hacen; a veces nos preguntamos si hacen algo. 
Sin duda habría en este caso materia para una reflexión europea, pero también para un control del Parlamento Europeo, ya que esto puede constituir un riesgo: a base de dejarles una libertad total de acción actúan a veces de forma inapropiada. 
Con respecto al aspecto ofensivo, el Sr. Michel, Presidente en ejercicio del Consejo, transmitió ayer a la Comisión de Asuntos Exteriores gran cantidad de información. 
Insistió especialmente en el valor del diálogo. 
Ahora bien, creo que si ese diálogo no se ve acompañado de un proyecto político, corre el riesgo de consolidar algunas situaciones. 
En la actualidad trabajamos en una coalición antiterrorista. 
A mi juicio, existen dos riesgos principales. 
Uno lo señaló con insistencia el Sr. Poettering: se trata de la lucha antiterrorista que corre el riesgo- y no solamente el riesgo, puesto que ya tiene efectos muy negativos- de provocar, de estimular terrorismos de Estado. 
El Sr. Poettering ha dicho explícitamente- y se lo agradezco, porque voces autorizadas de su país, como la del Sr. Schröder, parecían dar la razón al Sr. Putin que nunca nos ha aportado la más mínima prueba de que los atentados de Moscú fueran obra de chechenos, el Sr. Lannoye ha insistido también en este punto- que existen tentaciones de utilizar esta gran batalla antiterrorista para solucionar algunos problemas domésticos, los chinos en el Tibet, los rusos en Chechenia, etc.. 
Éste es un punto que debemos tener en mente. 
La otra cuestión es la del mundo árabe. 
Creo que todos estamos de acuerdo en reconocer que no se trata de una batalla de civilizaciones entre el Islam y la Cristiandad, sino, evidentemente, de una batalla de civilización entre la democracia y la no-democracia, y que esa batalla debemos librarla de forma ofensiva. 
Debemos ayudar a todos aquéllos que, en los países árabes, en los países musulmanes, luchan con frecuencia con el coste de su libertad, de torturas, y muchas veces la muerte, y este Parlamento, nuestra Unión Europea, no actúa ciertamente demasiado este ámbito. 
Ejemplos como Marruecos o Jordania demuestran que algunos países árabes pueden caminar en la dirección a la democracia. 
Otros ejemplos que podrían demostrarlo nos enseñan lo contrario, como Túnez: efectivamente, no haría falta mucho para que este país basculara ya que dispone de una clase dirigente, de una clase culta, de un sistema de educación, reconoce los derechos de las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres. 
En este sentido, nuestra política permite, construye, ayuda al Sr. Ben Ali a dar aliento a un régimen que día a día se aleja del Estado de Derecho, se encierra en un círculo vicioso de gangsterismo de Estado. 
Una política ofensiva consiste en apoyar a aquellos que en Túnez trabajan por un Estado de Derecho, por la libertad. 
Señor Presidente, los diputados de la delegación MPF dan su aprobación al plan de acción contra el terrorismo aprobado por el Consejo Europeo extraordinario del 21 de septiembre tanto en su apartado "solidaridad y cooperación con Estados Unidos" como en su apartado "políticas internas de la Unión". 
Sin duda el sistema del mandato de detención europeo, al igual que la definición común del terrorismo, nos parecen de un interés práctico algo sobrevalorado. 
Igualmente, dar nuevas competencias a Europol es quizá interesante en abstracto, pero este organismo funciona mal y sería necesario en primer lugar solicitar una auditoría, independiente y objetiva sobre su funcionamiento. 
Pero todo esto es secundario. 
En conjunto, damos muestra aprobación a las conclusiones del Consejo. 
Nos felicitamos en especial por la puesta en marcha de Eurojust que va a desarrollar formas de cooperación judicial y policial, que organicen la sinergia de los sistemas existentes en lugar de intentar derribarlos. 
Llamamos también con el Consejo a la ratificación rápida de los convenios internacionales en curso como la financiación del terrorismo, cuya aplicación ha tardado demasiado. 
Sin embargo, señor Presidente, a pesar de todo seguimos insatisfechos. 
¿Por qué? 
Éste es el punto principal al que me voy a referir. 
A pesar de la adopción por el Consejo de largas listas de acciones a iniciar, estas medidas siguen siendo puntuales y no proceden de un examen de conciencia completo por parte de la Unión Europea. 
Difícilmente se puede silenciar el hecho de que actualmente la investigación sobre los atentados del 11 de septiembre se concentre en Europa y muestra que Europa, desde hace años, ha sido el centro de preparación de los terroristas para los que ha servido de base de retaguardia. 
Todo esto no es fortuito. 
Después de los atentados, un diario francés entrevistó a la Presidenta actual de Eurojust, Sra. Coninsx y le planteó la pregunta siguiente, leo el texto del artículo: "¿ Está la nebulosa islamista fuertemente implantada en Europa ?" 
Respuesta de la Sra. Coninsx, Presidenta de Eurojust: " Europa puede constituir una base de repliegue logístico para estos terroristas. 
Las fronteras son, efectivamente, fáciles de cruzar a causa del espacio Schengen ". 
Es cierto para los terroristas, pero también para los materiales fisibles, para los objetos de arte robados, para la inmigración clandestina, etc. Precisamente aún ayer reprochaba yo aquí mismo a la Comisión que oculte con mucha frecuencia los problemas de la inmigración clandestina. 
Europol nos muestra que cada año entran en el territorio de los países de la Unión 500.000 clandestinos, cifra que me parece por otra parte algo baja. 
De todas formas, significa que millones de extranjeros viven permanentemente en la clandestinidad, en nuestros territorios. 
Por tanto, le planteo la pregunta: Los países que dejan entrar a millones de extranjeros en su territorio sin identificarlos y que les permiten vivir de forma clandestina, ¿son países que controlan su territorio? 
Evidentemente, todo el mundo responde que no. 
Corresponde ahora al Consejo, y nada más que a él, dar instrucciones decisivas para reconducir la situación. 
El Presidente del Consejo ha dicho precisamente que la lucha contra el terrorismo iba a ser global y duradera. 
Es necesario extraer todas las consecuencias, invertir los puntos de vista periclitados, dar prioridad a la seguridad, revisar las antiguas estrategias que ya se han quedado inadaptadas, reconocer en primer lugar que los controles no perjudican a la libertad de circulación sino que perjudican a los criminales, y proteger las libertades de los ciudadanos. 
El Consejo debe por tanto dar órdenes inmediatas para hacer el inventario de todos los textos a revisar bajo el prisma de la seguridad y, principalmente, el desastroso párrafo primero del artículo 67 del Tratado de Amsterdam que promete, cinco años después de su entrada en vigor, la ausencia total de control de personas en las fronteras interiores. 
Necesitamos, señor Presidente, un plan de revisión general, y para ello el Consejo debe asumir el mando directo. 
Eso significa que el artículo 67 de Amsterdam debe ser revisado... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Desde los atentados del 11 de septiembre el mundo vive en tensión. 
Los ciudadanos están conmocionados. 
Comparten el dolor de las víctimas y sus familiares y se sienten menos seguros que nunca. 
Confían en que las autoridades garanticen su seguridad. Son conscientes de que ello no puede hacerse de una forma absoluta, pero exigen con razón una actuación decisiva y eficaz. 
A los actuales responsables de la seguridad les espera una ardua tarea. 
Necesitamos más que nunca una verdadera integración europea y una coordinación internacional, tanto en los hechos como en las palabras. 
Señor Presidente, espero de todo corazón que logre llevar a buen término su plan de acción del 21 de septiembre y que la Presidencia belga pueda presentar decisiones concretas al respecto. 
Señor Presidente, todos hemos afirmado que, en realidad, los atentados no iban dirigidos a las víctimas inocentes, sino más bien a los símbolos de la libertad, la democracia y los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida. 
Nadie negará que éstos encuentren su máxima expresión en el Parlamento Europeo. 
Obviamente, no pretendemos erigirnos en blanco ni queremos sembrar el pánico, pero muchos colegas- ya lo ha señalado el presidente de nuestro Grupo, el Sr. Poettering- están preocupados. 
En Estrasburgo los accesos a nuestro edificio y el entorno del mismo son vigilados por la policía. 
En Bruselas, al contrario, nos deniegan incluso la ilusión de que estamos a salvo. 
Si para colmo nos enteramos entre líneas de que el Ministro belga de Asuntos Interiores nos viene a decir que no tiene indicios de que sea necesario reforzar las medidas de seguridad, tenemos razón para estar intranquilos. 
En el caso del terrorismo no hay indicios previos, y un Ministro de Asuntos Interiores debería ser consciente de ello. 
Por eso mismo, señor Presidente del Consejo y Ministro de Asuntos Exteriores, le insto a que haga cambiar de opinión a su Ministro de Asuntos Interiores y a la policía belga, no sólo en beneficio de la seguridad de los diputados de los 15 Estados miembros, sino asimismo por el bien de sus colaboradores, sus visitantes, y en beneficio de la seguridad de la ciudad, que no deja de ser la capital de Europa, y de los valores que defendemos todos juntos. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, ¿qué debe hacer en este momento Europa? 
En primer lugar, Europa debe apoyar al agredido contra el agresor. 
Debemos cumplir los compromisos con nuestros aliados. 
Nosotros acogemos con satisfacción la postura decidida y prudente del Gobierno de los Estados Unidos y también las declaraciones de solidaridad con los Estados Unidos que ha realizado el Consejo Europeo. 
Ahora, señor Presidente del Consejo, ¡procuren entre todos que Europa no se divida en palomas y halcones. 
En segundo lugar, la Unión Europea debe contribuir a forjar una alianza política mundial contra el terrorismo. 
Señor Presidente del Consejo, nosotros acogemos con satisfacción las actuaciones que ha emprendido en los países árabes, pero también en Rusia, al igual que las de los Sres. 
Solana y Patten, y le rogamos que prosigan los esfuerzos de mediación en Oriente Medio, sobre todo entre Palestina e Israel. 
En interés de todos. 
En tercer lugar, debemos reforzar conjuntamente la seguridad interior. 
Señor Presidente del Consejo, es lamentable que el Consejo Europeo y el Consejo de Ministros de Interior y Justicia no se hayan decidido hasta ahora a empezar a trasladar parcialmente a la práctica los planes ya presentados y discutidos. 
Esperamos acciones contra el terrorismo, no reacciones frente a los atentados terroristas, En cuyo contexto, Europa debe seguir siendo un modelo de equilibrio entre la protección de las libertades individuales y la seguridad de todos. 
En cuarto lugar, nosotros deseamos que los europeos se manifiesten conjuntamente de manera inequívoca a favor de un orden mundial que defienda la justicia para todos y no el poder de unos pocos. 
No abogamos por un orden mundial más justo porque creamos que con ello privaremos al terrorismo de su caldo de cultivo. No, queremos un orden mundial más justo porque es lo que exigen nuestros valores y nuestra dignidad de europeos, dignidad que compartimos con todas los seres humanos de la Tierra. 
Como quinto punto, si el mundo ya no es el que era antes del 11 de septiembre, la Unión Europea tampoco puede permanecer inmutable. 
Nosotros acogemos con satisfacción sus planteamientos con vistas a los Consejos de Gante y de Laeken, señor Presidente del Consejo. 
Confiamos en que no se queden en meras intenciones, sino que lo que aquí nos ha expuesto también sea asumido efectivamente por los Quince y podamos seguir trabajando sobre esa base. 
Europa puede sucumbir bajo el peso de esta crisis, pero también puede salir fortalecida de ella. 
Esta es la encrucijada ante la que se encontrarán y nos encontraremos todos en Gante y Laeken. 
En el marco de esta crisis Europa puede y también debe- añado yo- demostrar a los ciudadanos y ciudadanas el verdadero valor de la Unión Europea. 
Ese es el criterio por el que serán y seremos medidos todos. 
Señor Presidente, el 11 de septiembre pasará a la Historia. 
Creará un nuevo marco para nuestra vida cotidiana y nuestro trabajo político. " 
América está en guerra " ha aparecido durante mucho tiempo en los subtítulos de la CNN. 
Europa lo ha probado. 
Europa ha estado en guerra. 
Europa tiene la experiencia de haber sido escenario bélico. 
Los EE.UU. nos han ayudado en el pasado y por ello ayudaremos naturalmente también a los EE.UU. ahora. 
Sin embargo, Europa también sabe que las guerras no se ganan sólo con armas. 
Los conflictos no pueden impedirse con armas. 
La guerra no puede ganarse sólo con armas, y la paz sobre todo no puede construirse con la ayuda de las armas solamente. 
Es posible que las armas sean necesarias, sin embargo, debemos comprender que hacen falta otras cosas. 
Me gustaría mencionar dos cosas que son necesarias en el orden del día europeo. 
La primera es la propuesta de urgencia que ahora tramitamos. 
Es lamentable que sea la primera vez que tramitamos una propuesta semejante. 
Quiero sumarme a lo manifestado por otros oradores. 
Me gustaría subrayar que existe naturalmente un motivo para que por primera vez la tramitemos ahora. 
Demasiados tienen demasiados intereses económicos en este asunto. 
Hay demasiados que no tienen ganas de mostrar qué hay en sus cuentas ocultas y por ello Europa no ha podido hacer nada antes, y seguramente también resulte muy complicado hacerlo ahora. 
Lo segundo que quiero decir es que si no creamos un respaldo popular en la futura cooperación europea, no tendremos la necesaria unión que nos haga fuertes frente a los terroristas. 
Señor Presidente, ayer estuvo aquí el Sr. Nielson explicando la situación en Afganistán. 
Afganistán estaba en la lista de países olvidados antes del 11 de septiembre. Sin embargo, ahora la situación casi se ha vuelto catastrófica. 
El Banco Mundial ha elaborado un informe que muestra cómo entre 20.000 y 40.000 niños morirán de hambre al día a causa del retroceso económico que provocó el 11 de septiembre. 
En los países miembros de la UE hemos tenido acceso a un informe según el cual se acosa a extranjeros y refugiados. 
Así lo muestra el centro de vigilancia para el racismo en su informe. 
Por supuesto, todos estamos horrorizados ante los acontecimientos del 11 de septiembre, sin embargo, lo sucedido nos mostró ante todo que el mundo está mucho más apretado, que nadie está seguro. 
El escudo antimisiles norteamericano no habría ayudado en esta situación. 
Toda la maquinaria militar norteamericana tampoco ayudó. 
Ahora hablamos de la necesidad de reforzar la democracia y el diálogo. 
Sin embargo, el paquete contra el terrorismo que hemos tramitado- no el que toca la economía, sino el otro- huele a desconfianza. 
La ambición de reforzar la policía y los servicios de información eclipsa por completo la lucha por afianzar los derechos humanos, la democracia y la seguridad jurídica. 
No aceptaremos mayores competencias, ni para Europol ni para los servicios de información, hasta que los tengamos bajo control democrático. 
La lucha contra el terrorismo no ha de dejar en la sombra la libertad de expresión y la libertad de reunión. 
Me gustaría preguntar si hay alguien que crea que nuestro mundo será más seguro cuando prohibamos una serie de asociaciones. 
El terrorismo, el homicidio, el robo, la destrucción de la propiedad deben estar prohibidas. 
Están prohibidas. 
Los culpables deben ser apresados y castigados. 
No defenderé organizaciones antidemocráticas, sin embargo, la pregunta es si nuestro mundo será más seguro si pasan a la clandestinidad y se vuelven ilegales. 
Existen límites a los problemas que pueden resolverse mediante la legislación solamente, y creo que el primer paquete muestra que "a gran prisa, gran vagar". 
Nuestra labor ha de ser eliminar la base del terrorismo. 
De ahí que la iniciativa de la Troika me parezca una iniciativa en la dirección correcta. 
Una iniciativa en favor del diálogo. 
Una iniciativa encaminada a crear una amplia alianza que combata el terrorismo. 
Sin embargo, hay problemas en la alianza. 
Cuando China exige como condición para su participación que cerremos los ojos ante lo que está sucediendo en el Tíbet, cuando Rusia exige que cerremos los ojos ante Chechenia, cuando Turquía exige que cerremos los ojos ante la situación de los kurdos y cuando Israel exige que cerremos los ojos ante la situación de los palestinos, entonces no tenemos un mundo seguro. 
Debe haber seguridad para todos, también para los pueblos sometidos y también para los entre 20.000 y 40.000 niños que morirán el próximo año de hambre. 
Señor Presidente, sobre la tumba del comandante se lee la inscripción: " Aquí yace un hombre que era como un ángel: síguelo lentamente. 
Su nombre es Masud ". 
Sigamos y defendamos a aquellos que luchan contra el terrorismo para recuperar la libertad de sus pueblos, de la democracia y de los derechos humanos. 
Sin embargo, no ayudamos a Masud cuando en abril vino a Estrasburgo a denunciar los delitos de los talibanes. Lo que sí debemos hacer ahora es ayudar al pueblo afgano y al mundo civilizado a derrotar a los terroristas y a los fundamentalistas. 
Pero nuestra condena tiene que traducirse en acciones concretas: no bastan sólo las palabras. 
Por esto, nos preguntamos: ¿por qué sólo ahora se bloquean las cuentas bancarias de los terroristas si tanto los Gobiernos como los servicios de inteligencia ya conocían la existencia de dichas cuentas? 
¿Por qué no se han denunciado ni cerrado los sitios de Internet que continúan promoviendo iniciativas terroristas y mantienen contactos con células subversivas de todo el mundo y siguen reclutando a nuevos terroristas? 
Pedimos que se congelen inmediatamente los fondos y los programas de financiación comunitarios en favor de aquellos gobiernos que no adhieran a la coalición antiterrorista y que, en cualquier caso, dan cobijo a terroristas en su territorio. 
Señor Presidente, en el debate acerca del futuro de la Unión Europea nuestra atención se centra principalmente en la eventual organización de una convención. 
Sin embargo, esta mañana quisiera llamar su atención sobre otro punto, a saber, el calendario para la preparación de la próxima CIG. 
Es comprensible que este Parlamento se oponga a que la CIG se celebre en 2004. Es el año de las elecciones y de la renovación de la Comisión. 
¿Pero estamos seguros de que el año 2003, tal y como desea el Parlamento, es una buena alternativa? 
En los Países Bajos decimos algo así como "a gran prisa, gran vagar". 
Habida cuenta de la relevancia de las cuestiones incluidas en el orden del día está plenamente justificado que nos concedamos más tiempo de reflexión. 
Además, los temas de la CIG son lo suficientemente interesantes como para ser objeto de la lucha electoral. 
Por otra parte, es necesario que tengamos en cuenta la opinión de los futuros Estados miembros en este importante debate. 
Resumiendo, en el año 2003 es demasiado pronto y en el año 2004 estamos demasiado atareados. 
¿No puede el Consejo adoptar la decisión de celebrar la CIG en 2005? 
Señor Presidente, la Unión Europea también ha perdido a muchos de sus ciudadanos en los atentados de Nueva York y Washington. 
Ello significa que sentimos más que solidaridad. 
Somos conscientes de que corremos la misma suerte. 
Por eso es lógico que en el seno de la OTAN se haya puesto en marcha el artículo 5, lo cual quiere decir que estamos involucrados en todo cuanto suceda en las diferentes fases de la respuesta ofrecida por la OTAN. 
Asumimos nuestra plena responsabilidad al respecto y, por tanto, hemos de saber en qué consistirá esa respuesta. 
Los terroristas sólo anhelaban el caos y la venganza irracional. 
Ello requiere una respuesta adecuada que vaya dirigida específicamente a las personas y a las organizaciones responsables. 
Por eso es tan importante que se refuerce la capacidad de acción de Europol y Eurojust, enmarcándolos en una estructura propia de un Estado de derecho. 
La orden de detención europea, la definición común del terrorismo y del crimen organizado y la flexibilización del procedimiento de extradición son todos ellos instrumentos necesarios. 
Los ministros de los Estados miembros que se empeñen en poner reparos a estas medidas serán sin duda considerados como "necios útiles" -me sirvo de un término de la guerra fría- por los futuros terroristas. 
¿Qué más cosas tienen que suceder para que, de hecho, adoptemos medidas oportunas en beneficio de nuestra seguridad interna común, utilizando la soberanía de los Estados miembros en favor de los ciudadanos y no en contra de sus intereses? 
Todo Estado miembro ha de ser consciente de que al conceder hermosas libertades a los criminales que busquen sobre el terreno la tranquilidad necesaria para tramar sus crímenes puede convertirse él mismo en un posible blanco. 
La mejora de las relaciones internacionales redunda a su vez en beneficio de la seguridad internacional. 
Por eso es importante que utilicemos debidamente las estructuras existentes, tales como el diálogo mediterráneo y las Naciones Unidas. 
Es imprescindible que mantengamos contacto con grupos de la población afgana, entre otras razones para satisfacer las necesidades de los menesterosos. 
La resolución elaborada bajo la competente dirección del Sr. Collins merece nuestro pleno apoyo. 
Tan sólo querríamos adoptar un par de enmiendas de la antigua resolución socialista y sustituir el artículo 26 sobre Gibraltar por nuestra versión. 
Por lo demás respaldamos con mucho gusto el resultado común. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Consejo Europeo del 21 de septiembre inició el trabajo que nos espera para revisar nuestros conceptos fundamentales. 
Desde el 09.11.1989, Europa sabe que la guerra fría ha terminado, pero desde el 11.09.2001 el mundo sabe que esta guerra fría ha terminado y que nos encontramos en el momento de las alianzas globales contra el terrorismo. 
Hoy, el turno de palabra se le dará a los que saben manifestar su solidaridad total con respecto a Estados Unidos y comprometerse sin reservas en esta lucha contra el terrorismo. 
Pero, para ello, es necesario también prohibir en nuestras filas todas las desviaciones, ya que en la lucha contra el terrorismo, ni el oscurantismo, ni el fanatismo son armas admisibles. 
Necesitaremos también preguntarnos acerca de las causas. 
La Unión Europea sabe que todos los tipos de terrorismo no son fruto de la pobreza, pero frustraciones y humillaciones alimentan el terrorismo. 
Por tanto, necesitamos reiniciar la reflexión sobre nuestra política de desarrollo. 
Necesitamos anular la deuda de los países en vías de desarrollo. 
Necesitamos retomar los trabajos sobre el tráfico de armas ligeras. 
Necesitamos comprometer a cada cual para que asuma su lugar en las estructuras multilaterales. 
Necesitamos darnos los medios para prevenir todos los conflictos, ya que son también fuente de tensiones. 
Creo que no es momento para derribar una de las iniciativas de este Parlamento, con el centro de prevención del que se nos ha dicho en el día de hoy que estaría amenazado. 
El Consejo Europeo ha señalado que sabía extraer las consecuencias del combate que nos espera. 
Por no citar más que algunos capítulos, volvamos al de la financiación del terrorismo. 
Sí, la Unión se puso en condiciones de luchar contra el dinero de los talibanes, de congelar sus cuentas con el reglamento del 4 de julio de 2001. 
Algunos de nuestros países, Francia, Alemania, Gran Bretaña, han congelado ya esas cuentas bancarias. 
La Comisión acaba de proponernos ayer una nueva iniciativa. 
Nos preguntamos sobre qué base, quizá el señor Comisario pueda contestarme, la Comisión considera que este anexo pueda ser revisado. 
Se trata de una cuestión importante ya que por primera vez se consulta a este Parlamento sobre disposiciones de esta naturaleza. 
También está la lucha contra el blanqueo de capitales, la lucha contra los paraísos fiscales; en todos esos trabajos que la Unión Europea ha comenzado, necesitaremos dar un nuevo impulso. 
Estas conmociones se producen en un momento en el que la Unión Europea inicia la última etapa de su paso al euro. 
En el momento en el que ha iniciado en su seno trabajos esenciales: el de la ampliación, pero también el de la definición de una verdadera política exterior y de seguridad común, el de una política de defensa, el de la puesta en marcha de un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. 
Estos trabajos van a recibir un latigazo, las circunstancias van a barrer las dudas, a forzar las determinaciones. 
Pero, para poder aprovechar esta oportunidad para Europa, esperamos mucho de Gante, y la puesta en marcha de una convención nos alegra pero, señora representante del Consejo, sepa que no tendrá el apoyo de este Parlamento para un sistema de opciones. 
Sepa que, por el contrario, tendrá sin duda el apoyo de este Parlamento para ampliar el orden del día de esta Convención, para plantear preguntas útiles: ¿Es necesario mantener la estructura de pilares? 
¿Qué presidencia para la Unión? 
Señor Presidente, es lógico que la lucha contra el terrorismo tenga un cierto espacio en Gante. 
La Unión Europea ha actuado con gran unidad y decisión. 
Esperamos una larga lucha, en muchos frentes, entre ellos el político y el judicial, incluido el sensible equilibrio que implica el respeto al imperio de la ley. 
A largo plazo, quizás consigamos también una situación política y económica más ventajosa, con una ONU más fuerte. 
Es satisfactorio que Estados Unidos haya entendido la importancia de la ONU y haya decidido pagar las deudas con esa organización. 
Quizá la UE pueda conseguir que Estados Unidos ratifique el protocolo sobre el tribunal penal internacional. 
También es obvio que tendremos que trabajar a largo plazo para alcanzar paz y democracia en Oriente Medio. 
En Gante se discutirá también la ampliación. 
Para el Grupo ELDR es de trascendental importancia que se califique a cada país por separado, que realmente se aplique el principio de diferenciación. 
Quisiera mandar este mensaje a la Presidencia. 
Finalmente, en cuanto a la Convención, doy las gracias al Presidente del Consejo por la concreción alcanzada. 
Sin embargo, aún existe alguna incertidumbre en este campo. 
La Convención no es un club de debate en el que se hable superficialmente sobre el futuro de Europa. 
La Convención no es una coartada para el Consejo, sino un interlocutor serio y democrático. 
Independientemente de su composición- espero que los países candidatos tengan un papel importante en este contexto -, en la Convención participará un gran número de diputados, que necesitan saber que su trabajo será tomado realmente en serio. 
(GUE/NGL). (EL) Señor Presidente, la guerra no es la respuesta. 
Que no se transforme nuestro dolor por las víctimas en grito de guerra. 
Estas fueron las consignas principales de miles de norteamericanos que se manifestaron el sábado pasado por las calles de Washington. 
A nuestro lado del Atlántico, decenas de miles de manifestantes, en Atenas, Roma, Berlín, París, Amsterdam, Praga, Barcelona, Estocolmo, Estambul, y en otras partes, han alzado su voz contra los planes y los negocios bélicos de los imperialistas americanos y europeos. 
De hecho, los que ejercen sistemáticamente el terrorismo de estado, los que fabrican a los Bin Laden y a los UÇKs, los que llaman terroristas a pueblos enteros, han encontrado después del nefasto atentado terrorista en los Estados Unidos, la ocasión de oro para ajustar cuentas con cuantos se resisten a su dominio mundial. 
Al mismo tiempo, en el interior de los países de la Unión Europea y en los Estados Unidos se aceleran las medidas policiales represivas para amordazar a cuantos cuestionan o se oponen a su antipopular política. 
El Presidente de los Estados Unidos ha declarado que la guerra contra el «terrorismo» será larga. 
Igual de larga será la resistencia de las fuerzas populares pacifistas. 
Estamos seguros de que la razón de la paz prevalecerá frente a la barbarie de la guerra imperialista. 
Señor Presidente, Señorías, el pleno acuerdo sobre las conclusiones del Consejo Europeo extraordinario de Bruselas no puede hacer olvidar el grave retraso con el cual Europa toma concretamente conciencia del problema del terrorismo como su objetivo prioritario. 
Han hecho falta miles de muertos para llegar a un acuerdo sobre la institución de la orden de busca y captura europea, han hecho falta miles de víctimas inocentes para definir una estrategia común contra el terrorismo. 
Sólo ahora se pide que la Unión participe más activamente en la prevención y en la estabilización de los conflictos regionales. 
Pero, nos preguntamos ¿dónde estaba Europa cuando el Mediterráneo se consideraba un mar fronterizo entre dos mundos opuestos, entre el fundamentalismo islámico y la tolerancia religiosa? 
¿Nos queremos por fin dar cuenta de que la definición de la política de seguridad y defensa de Europa no puede sino comenzar por el Mediterráneo? 
Yo vivo en la última franja de tierra europea en el Mediterráneo, a pocos metros de la base de la OTAN más avanzada- la base de Sigonella- y a escasos minutos de vuelo de Oriente Próximo. 
Me consta la buena voluntad que existe en el mundo árabe y musulmán moderado. El año pasado me reuní con los alcaldes de Jerusalén y de Gaza. 
Pues bien, estoy convencido de que ahora le corresponde a Europa empezar a traducir realmente en acciones concretas las que hasta la fecha han sido sólo buenas intenciones. 
La Cumbre de Bruselas nos ha dejado varios mensajes inquietantes. 
En primer lugar, salta a la vista que la Cumbre refleja una asombrosamente pobre comprensión de uno mismo que también afecta al gobierno de los EE.UU. No se asume la existencia de un trasfondo político para estas crueles masacres del 11 de septiembre. 
Y al hilo con la baja comprensión de uno mismo, que es contradicha por investigadores internacionales de conflictos, se forman alianzas para combatir el terrorismo y a los terroristas jurados más eficaces del mundo. 
Se legitima el genocidio de los rusos en Chechenia y se entablan alianzas con las oligarquías de Pakistán, Uzbekistán, Chechenia, por no hablar de Arabia Saudí. 
Esto legitima cualquier intervención, mientras al mismo tiempo se desmontan los conatos de resolución internacional de conflictos en el sistema de Naciones Unidas, incluido el enjuiciamiento internacional. 
Y la aprobación de medidas de índole policial está basada en el mismo patrón y en la misma baja comprensión de uno mismo. 
El fin justifica los medios. 
Los medios nos quitarán las democracias que deberíamos defender. 
Creo que a continuación podría decirse: "La operación fue un éxito, pero el paciente murió". 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos representantes del Consejo, yo espero que el acto de violencia terrorista del 11 de septiembre haya sacudido al Consejo, concretamente al Consejo de Ministros de Interior y de Justicia, con la misma fuerza con que ha sacudo a los Jefes de Estado y de Gobierno, y les haga comprender que los resentimientos y animosidades nacionales están fuera de lugar en el contexto de la lucha contra el terrorismo internacional. 
Yo valoro positivamente todas las decisiones adoptadas. Ahora debemos esperar, no obstante, que se comiencen a transponer con rapidez. 
Yo también espero que la Unión haga uso por fin de las posibilidades de las que ya dispone y podría disponer, que los Estados miembros cumplan por fin su compromiso y aporten la información necesaria a la base de datos de Europol después de la reunión de La Haya, y que por fin se comiencen a aplicar los convenios contra el terrorismo. 
También espero que se dote a Europol del personal y la tecnología necesarios y se la capacite para poder investigar por fin las redes terroristas en Europa, y que la creación de un equipo de investigación comunitario sea muy pronto una realidad. 
Yo espero asimismo de la Cumbre que se concreten nuevas acciones, como por ejemplo una intensa cooperación entre Europol y los servicios de los Estados Unidos, la interconexión de las bases de datos sobre las investigaciones desarrolladas, desde Europol hasta Schengen, pasando por la OLAF, a fin de poder utilizarlos contra el terrorismo, la concreción de la iniciativa Eurojust en estrecha colaboración con Europol, tal como acaba de proponer nuestro presidente Poettering, y la ampliación de Europol al Primer Pilar, la atribución a Europol de competencias en materia de investigación y el abandono del enfoque intergubernamental a favor del enfoque europeo en relación con determinados aspectos rigurosamente delimitados de la delincuencia organizada. 
En resumen, Europa tiene ahora una gran oportunidad de hacer visible a los ojos de los ciudadanos el valor añadido de la Unión Europea a través del ejemplo de la cooperación en el ámbito de la política de seguridad. 
¡Debemos apresurarnos a aprovechar ya esta oportunidad! 
Señor Presidente, los acontecimientos del 11 de septiembre han puesto de manifiesto con toda su crudeza y una vez más la distancia entre la Europa tal como es y la que sería necesaria. 
La conmoción por el inimaginable nivel alcanzado por la violencia terrorista tiene actualmente que dejar paso a un compromiso no retórico encaminado a dotar a Europa de los instrumentos políticos y institucionales para desempeñar un papel en el mundo contra el terrorismo, para la paz y la justicia. 
Aplaudimos, pues, las decisiones del Consejo Europeo extraordinario del pasado 21 de septiembre sobre cooperación judicial, asuntos internos y lucha contra el blanqueo de dinero. 
En este marco tan dramático, parece aún más grave e irresponsable la decisión del Gobierno italiano y de la mayoría que lo respalda de introducir, en el Tratado de cooperación judicial con Suiza, modificaciones a su código de procedimiento penal que van en sentido contrario a los compromisos asumidos por el Consejo extraordinario y por el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores. 
Con esta ley se dejarían sin efectos procesales las pruebas recabadas en el extranjero y, dado que tiene efectos retroactivos, hará peligrar cientos de juicios en curso anulando pruebas ya admitidas. 
Son decisiones que han hecho declarar al fiscal general de Ginebra, lo siguiente: " Esta ley es una catástrofe para la justicia internacional. 
Durante doce años de cooperación judicial con países de todo el mundo, no he visto jamás normas de este tipo ". 
Y como sea que no creo que éste sea el lugar para emitir una opinión, pido a la Comisión, al Consejo y a la Comisión de Libertades Públicas que valoren si esta disposición está en línea con las decisiones del Consejo extraordinario. 
Señor Presidente, Señorías, como declaró el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el ataque terrorista del 11 de septiembre fue un ataque a la idea misma de sociedad libre, no excluyente y civilizada y a su práctica de apertura y tolerancia. 
El ataque no tendrá éxito sólo si seremos capaces de reforzar y de no debilitar estas características. 
La primera respuesta, la primera reacción consiste en salir del clima psicológico de emergencia y en tomar el control de nuestra agenda. 
Por lo tanto, bienvenido sea el compromiso en Gante de proseguir los debates sobre los temas del euro, de la ampliación, de la construcción de la Europa política, a través de la cita de Laeken y de la Convención. 
Es en esta lógica en la que hay que situar la lucha contra el terrorismo en una perspectiva de intervenciones estructurales. 
En el ámbito de la seguridad aérea, por poner un ejemplo, es necesario actuar en dos frentes: por un lado, se impone una revisión urgente del reglamento constitutivo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea con el fin de extender sus competencias a la prevención de los accidentes y, por decirlo de alguna manera, a la prevención del terrorismo; por otro, es necesaria una fuerte acción en el ámbito de la Organización Internacional de Aviación Civil para conseguir que las normas que estamos tratando de adoptar para Europa se conviertan en normas vinculantes para todo el mundo. 
Es preciso que Europa sea capaz de tomar la iniciativa en este pequeño ámbito, como en muchos otros, para expresar todo ese potencial de paz y de democracia que es su fuerza y que debe llegar a serlo para todo el mundo. 
Señor Presidente, Señorías, yo creo que los europeos debemos comprender que Europa va a ser sometida a escrutinio en los próximos tiempos. 
Los Estados Unidos de América, pero también la opinión pública mundial, observarán si estamos en condiciones de demostrar nuestra capacidad de actuar y nuestra solidaridad frente a los nuevos desafíos del terrorismo internacional que ahora se han hecho visibles. 
Hasta el momento, la capacidad de acción europea ha topado a menudo con la objeción de la soberanía nacional. 
Con frecuencia se ha bloqueado la posibilidad de una acción comunitaria eficaz en nombre de la soberanía nacional. 
Ésta no es, sin embargo, un objetivo en sí misma y menos aún cuando, lejos de contribuir a la preservación de la independencia nacional frente a los terroristas y a la protección de los ciudadanos frente a los atentados terroristas, más bien las obstaculiza. 
Por esto, en el futuro vamos a tener que desarrollar instrumentos comunitarios eficaces y examinar si la soberanía nacional nos ayuda o más bien nos perjudica en este contexto. 
La solidaridad con los Estados Unidos de América es un deber que todos invocan. 
Y así debe ser, pues el ataque no ha golpeado sólo a los Estados Unidos, sino también a nuestros valores fundamentales y ese era también su objetivo. 
Por esto tiene tanta trascendencia el hecho de que un miembro de la Comisión, concretamente el Sr. Nielson, se desentienda de esta solidaridad común de los europeos. 
Sus declaraciones son muy trascendentes porque difuminan la responsabilidad de las acciones terroristas, a la vez que culpan a las víctimas, y porque constituyen un menosprecio a la solidaridad que proclamamos en la resolución que vamos a votar. 
Por esto es preciso que el Sr. Nielson retire esas palabras y estamos autorizados a esperar que se disculpe por sus declaraciones. 
Señor Presidente, Europa estaba como dormitando. 
Su único sueño parecía ser la comodidad y la paz. 
De súbito el choque de los brutales atentados terroristas en Nueva York la sacudió profundamente en su confianza y su hedonismo. 
Europa se sintió de repente vulnerable y desprevenida. 
Al final, sus libertades fundamentales, duramente conquistadas, estaban amenazadas por redes terroristas misteriosas, en las cuales parece predominar, no obstante, el proselitismo religioso islamista. 
Ese proselitismo violento y antimoderno es, por definición, antioccidental. 
No obstante, eso no autoriza el cretinismo cultural y la ignorancia histórica que conduce a una amalgama abusiva entre el islamismo y las expresiones aberrantes, irracionales y sectarias de los autores de los atentados. 
No ha sido sólo a los Estados Unidos, blanco de los siniestros atentados, a los que se ha puesto a prueba. 
También se ha puesto a prueba a Europa, por lo que la Unión Europea tiene que hacer un profundo examen de conciencia. 
En un primer momento, aún bajo los efectos del choque, la Unión Europea estuvo a la altura de los acontecimientos en la Cumbre de Bruselas. 
Fue rápida, clara y precisa en las respuestas de emergencia. 
Pero, ¿y ahora? 
Europa no puede adoptar en adelante una conducta superficial inmediatista y oportunista. 
Europa no puede ser un juguete del destino, de un destino trazado por otros. 
Lo que resulta necesario es que en Gante y Laeken Europa revise a fondo su proyecto y su papel ante el nuevo marco mundial y adopte un hilo conductor claro para los próximos y agitados tiempos. 
Sin caer en pesimismo alguno sobre la condición humana, Europa tiene que ser menos ingenua ante los peligros que se presentan en el futuro. 
Europa tiene que unirse más firmemente en el plano económico, en el plano político, en el plano militar y en su seguridad interna. 
Es evidente. 
Pero, ¿cómo hacerlo? 
¿Cuáles son sus prioridades, además de la lucha sin cuartel contra el terrorismo? 
¿Cuáles son las nuevas finalidades del proyecto europeo? 
¿Va a seguir haciéndose la ampliación en los mismos términos? 
¿No sería necesario, a partir de ahora, acelerar la candidatura, por ejemplo, de Turquía a la Unión Europea? 
¿No sería del más elemental sentido común conceder una prioridad absoluta a la estrategia para el Mediterráneo y dar un nuevo impulso a las asociaciones con los países de religión musulmana? 
Señor Presidente, los ataques en Nueva York y Washington fueron una nueva forma de terrorismo en escala desconocida y equivalieron a un acto de guerra. 
La intención de la coalición, encabezada por los Estados Unidos, de erradicar el terrorismo merece el apoyo de las democracias europeas en particular. 
Acogemos con beneplácito las medidas adoptadas por el Consejo Europeo después de los ataques y estamos desempeñando nuestro papel en su puesta en práctica rápida. 
Sin embargo, debemos procurar también velar por que la Unión Europea, con la precipitación, no adopte medidas que excedan las necesidades actuales. 
En algunos casos, dichas medidas deben ser renovables y temporales. 
La semana pasada mis colegas y yo celebramos en Roma diversas reuniones en relación con la reacción al terrorismo. 
Nos reunimos con el exiliado rey afgano, Mohammed Zahir Shah, que gobernó durante 40 años, hasta 1973, y en 1964 convocó elecciones libres y permitió la libertad de los medios de comunicación y la entrada de las mujeres en la política. 
Afirmamos nuestro apoyo al fundamental papel que está dispuesto a desempeñar con vistas al restablecimiento de la democracia en su país. 
Instamos al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a que establezcan de inmediato contactos con el rey. 
También celebramos reuniones con ministros italianos y pudimos expresar nuestro agradecimiento por el despliegue de más tropas en los Balcanes, lo que permitió el despliegue de fuerzas especiales británicas en otro escenario. 
También examinamos en el Vaticano los valores compartidos por todas las creencias religiosas, incluido el Islam, en materia de integridad de los seres humanos, sus derechos y la fe universal en la resolución pacífica de las diferencias, tanto en el marco de la democracia como en otros sistemas. 
Celebramos reuniones con el Programa Mundial de Alimentos y se nos dijo que la comunidad internacional debe comenzar a preparar ahora un plan para la creación de un organismo de reconstrucción similar al que la Unión Europea estableció en Kosovo. 
Aun antes de la crisis actual, la sequía, una economía desfalleciente y la guerra han convertido el Afganistán en uno de los lugares más difíciles de la Tierra para vivir, con nada menos que un 22% de niños que en ciertas zonas mueren antes de cumplir cinco años de edad y una esperanza media de vida de 40 años. 
Las medidas cuya adopción está a punto de comenzar van encaminadas no sólo a erradicar el terrorismo, sino también un régimen maligno. 
. (EL) Señor Presidente, señor Comisario, señorías, nuestro apoyo a las medidas antiterroristas anunciadas por la Presidencia es, naturalmente, incondicional, a éstas y a cuantas sea necesario. 
Nos movilizamos al lado de los Estados Unidos en la campaña mundial para la erradicación del terrorismo. 
Nosotros, aquí, no podemos ofrecer muchos conocimientos en lo que respecta a las medidas técnicas, policiales o militares que será necesario aplicar. 
Lo que a nosotros nos corresponde es hablar- tal vez con más autoridad- sobre determinados presupuestos del éxito. 
Ninguna campaña de este tipo, ni ninguna guerra, cuanto menos ninguna guerra en la que participaran las democracias, pudo nunca crear la necesaria alianza de los pueblos- porque ésa, y no la alianza de los gobiernos, es la alianza crucial- sin ofrecer el horizonte de un mundo mejor al final de la campaña. 
Políticamente, debemos volver a resaltar nuestro apoyo a todos los regímenes democráticos, y, sobre todo, nuestro rechazo a los regímenes tiránicos que pueden prometer hoy cooperación contra determinadas organizaciones terroristas, pero que a largo plazo funcionan- al igual que los servicios secretos que colaboran con ellos- como reclutadores de terroristas. 
En el ámbito social, debemos reconocer que la destrucción medioambiental, las pandemias, la pobreza y la miseria constituyen amenazas a la seguridad del mundo y deben ser tratadas como tales amenazas, en el mismo plano que el terrorismo. 
Debemos proclamar que en la sociedad globalizada, la seguridad para el ciudadano medio no puede encontrarse ni en nuestra riqueza ni en nuestro poderío militar. 
La única solución realista es la búsqueda de formas de reducción de las tensiones en las luchas sociales y nacionales, en la conciliación de todas las personas de buena voluntad, independientemente de nación, religión, posición social, ideología, de todos cuantos estén decididos a poner fin a los azotes de la humanidad, que si no conducen al terrorismo, abonan el terreno al terrorismo, y ese terreno debemos arrebatárselo para garantizar la seguridad de los ciudadanos. 
Señor Presidente, tras años de voluntario silencio, una gran escritora italiana, Oriana Fallaci, ha contribuido muy significativamente a despertar a muchas conciencias europeas sobre la lucha contra el terrorismo y para que prevalezcan los valores de libertad, de democracia y de tolerancia en el mundo entero. 
En el momento en que llegan nuevas amenazas contra los objetivos americanos en Italia, la Unión Europea tiene el deber de erigirse en protagonista de la defensa de estos valores que pertenecen a todos los ciudadanos. 
Por esto, al compartir las decisiones tomadas por el Consejo en Bruselas, creo que es indispensable que, junto con las inevitables y específicas iniciativas militares, se intensifiquen las iniciativas políticas y económicas. 
Sin embargo, no puedo dejar de responder a una polémica que se ha planteado en este Pleno: está fuera de contexto y carece de todo fundamento jurídico la exigencia de la Sra. Napoletano de que el Consejo controle al Parlamento italiano. 
Debo recordar a los Sres. Napoletano y Barón Crespo que el Parlamento italiano es soberano, como ocurre en cualquier democracia consolidada. 
Las declaraciones del presidente del Grupo Socialista son, en lo que a nosotros respecta, muy graves e inaceptables, ya que constituyen una injerencia en los asuntos internos de un Estado miembro de la Unión Europea. 
Y antes de hablar de asuntos de índole legislativa como son las comisiones rogatorias internacionales que, evidentemente, desconoce, me permito sugerirle que lea el artículo 3 del Convenio Europeo en materia de asistencia judicial, firmado precisamente aquí en Estrasburgo, en el que encontrará respuesta a sus infundadas preocupaciones: aconsejo su lectura también a la Sra. Napoletano que, evidentemente, no está al tanto de dicha disposición. 
No obstante, sería oportuno que el presidente de un Grupo parlamentario, así como quien ocupa cargos de responsabilidad en las Instituciones europeas- y me refiero al Ministro Michel que no se encuentra aquí en este momento- no intervinieran en este Pleno para ocuparse, con muestras de aprobación o de desaprobación- de los asuntos internos de un Estado miembro. 
Por el contrario, no gustaría saber qué iniciativas se propone por fin adoptar el Gobierno belga para garantizar la seguridad de miles de personas, empezando por los trabajadores, que prestan sus servicios en la sede el Parlamento Europeo en Bruselas. 
Nos gustaría que las declaraciones teóricas se tradujeran en hechos concretos. 
Señor Presidente, las conclusiones y el plan de acción del Consejo extraordinario ofrecen una buena base para una reacción específica, dosificada y coordinada ante los atentados del 11 de septiembre. 
Desarrollar instrumentos jurídicos internacionales, cortar el grifo a la financiación de las redes terroristas, intercambiar información en colaboración con los Estados Unidos mediante la creación de una nueva unidad antiterrorista en el seno de Europol son tan sólo algunas de las propuestas que merecen mi pleno apoyo. 
Nos satisface asimismo que durante las últimas tres semanas el Consejo, la Comisión y el Parlamento hayan hablado con una sola voz, excepción hecha de los penosos deslices del Comisario Bolkestein y del Primer Ministro Berlusconi. 
Ello pone de manifiesto que la colaboración europea en los ámbitos interior y exterior está madurando a un ritmo acelerado. 
El arma del nuevo terrorismo se basa en el miedo y la perturbación y en el ansia de poder. 
Si queremos ofrecer una respuesta eficaz que salvaguarde el orden jurídico internacional hemos de constituir una coalición mundial contra el terrorismo bajo los auspicios de las Naciones Unidas y amparándonos en las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Ahora bien, es fundamental que dicha coalición se fundamente en los principios del orden jurídico internacional para evitar que se financien futuros enemigos, como sucedió en el pasado, por ejemplo en el caso de los talibán. Ésa es una realpolitik errónea. 
Abogo por una respuesta a escala mundial, sin distinción de raza, nacionalidad y fe. Es importante que sea proporcional desde el punto de vista jurídico, político, diplomático, financiero, militar y económico y que se haga todo lo posible para que no haya víctimas civiles inocentes. 
Al mismo tiempo es fundamental que precisamente ahora no perdamos de vista la perspectiva a largo plazo. 
El Banco Mundial prevé, por ejemplo, que los atentados terroristas reduzcan el crecimiento económico de los países en desarrollo del 5% al 2%. 
Según las previsiones, las consecuencias serán dramáticas: el número de personas que viven por debajo del nivel de pobreza aumentará en diez millones y morirán entre veinte y cuarenta mil niños más de menos de cinco años. 
Si no logramos formular respuestas adecuadas a esta dura realidad Europa también se suma al juego de la doble moral. 
Invertir en seguridad mundial significa adoptar medidas de seguridad, pero también dar muestras de solidaridad internacional, puesto que ello sienta las bases para la colaboración internacional y, por tanto, para la creación de una coalición mundial contra el terrorismo. 
Señor Presidente, el terrorismo es un flagelo que ataca y golpea a nuestras sociedades. 
Se vale de la violencia y del terror para tratar de imponer sus opiniones por la fuerza y, al mismo tiempo, ataca la línea medular de los sistemas democráticos, que es el régimen de nuestras libertades individuales y colectivas. 
Los terroristas saben que nuestras sociedades, las sociedades democráticas, son sociedades más abiertas y, por lo tanto, más vulnerables y se prevalen de las ventajas que comporta la globalización. 
Por lo tanto, la respuesta al fenómeno terrorista tiene que ser una respuesta también global. 
En este sentido, quisiera felicitar a la Presidencia en ejercicio por la oportunidad de convocar el Consejo extraordinario de Bruselas y por haber incluido en la agenda del próximo Consejo el fenómeno terrorista. 
Creo que también procede felicitar a la Comisión Europea por las iniciativas presentadas. 
Creo que los terroristas en los cinco continentes, partiendo de la base de que no hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo, tienen que tener claramente asumido que va a haber una oposición internacional para acabar con este flagelo. 
Creo, señor Presidente, que es importante también que todos comprendamos que no debe producirse una ruptura entre el equilibrio adecuado que debe existir entre el derecho a la seguridad individual y los principios de legalidad y de libertad individual que informan nuestro sistema de valores, y que es muy importante que comprendamos que los atroces atentados que se perpetraron el 11 de septiembre no pueden redundar, a la postre, en una reducción de la cultura de la libertad en los países democráticos. 
Señor Presidente, deseo centrar mis observaciones en la cuestión del terrorismo. 
Acojo con beneplácito nuestra constitución de una alianza mundial contra el terrorismo, pero quisiera sostener muy firmemente que también debemos constituir una alianza mundial contra la pobreza, la explotación y la opresión. 
La batalla contra el terrorismo es por encima de todo una batalla de valores y una batalla de ideas. 
Si no luchamos contra las ideas que sustentan el terrorismo, no lo derrotaremos, ya sea terrorismo nacional o esté impulsado por un fundamentalismo de algún tipo. 
Debemos recordar una vez más que ningún país ha sido derrotado nunca por el terrorismo y, desde luego, estoy seguro de que el terrorismo que ahora afrontamos a escala internacional no tiene esa capacidad, a no ser que se lo permitamos al no luchar contra las ideas a él subyacentes. 
No es éste un argumento en pro de que sigamos actuando como hasta ahora. 
Es un argumento en pro de que evitemos la trampa que nos ha puesto el terrorismo. 
Debemos procurar también no caer en la trampa de considerar enemigos a los musulmanes. 
Las declaraciones de nuestros dirigentes europeos y del Presidente Prodi son muy dignos de beneplácito a ese respecto. 
Condeno absolutamente las declaraciones del Primer Ministro Berlusconi. 
Es una vergüenza que un país de la Unión Europea esté gobernado por un hombre que puede exponer esas ideas en este momento y en esta época, en particular cuando el país es Italia, que, a mi juicio, siempre ha estado en la vanguardia de las ideas modernas. 
Quisiera sumar mi voz a las condenas de otros. 
La cuestión es cómo debemos responder. 
La mejor respuesta, aparte de las evidentes medidas de seguridad que debemos adoptar, es la de defender nuestras ideas de libertad, democracia, justicia y fin de la explotación. 
Corresponde a esta Unión Europea desempeñar un papel fundamental en el escenario europeo a la hora de encabezar esa lucha y no seguir a quienes sólo ven la seguridad como una respuesta a este problema atroz. 
Señor Presidente, se ha dicho y escrito todo sobre el drama, el crimen del 11 de septiembre. 
Me limitaré por tanto a tres reflexiones: el terrorismo, Europa y el mundo. 
Sí, es necesario declarar decididamente la guerra al terrorismo en todas sus formas venga de donde venga, del IRA, de ETA, de los asesinos del prefecto Erignac en Córcega, de Ben Laden y de su camarilla y de todos los demás, sin confusiones estúpidas y suicidas. 
Nuestra capacidad de acogida de los terroristas ya no es admisible: es probable que haya sido en Europa donde se hayan preparado los atentados enloquecidos del 11 de septiembre. 
Así pues, hemos de quemar etapas y coordinar nuestros medios, nuestras acciones, nuestras voluntades en los ámbitos de la información, de la justicia, de la seguridad, de la defensa y seamos implacables con los hombres del terrorismo, con sus redes, con sus apoyos, con su dinero sucio. 
Sí, señor Comisario, ha pronunciado usted el término obligación de resultados. 
¡Qué razón tiene! 
La solidaridad con nuestros amigos, con nuestros aliados americanos, no implica un alineamiento cándido. 
Europa, por su conocimiento experimentado del mundo, puede y debe jugar un papel específico. 
Se nos espera, se nos solicita, desafortunadamente, con demasiada frecuencia sin respuesta. 
No debemos desilusionar más. 
En Oriente Próximo, fermento permanente de tensiones, la cuestión debe solucionarse mediante la instauración de dos Estados soberanos- Israel y Palestina- con garantía absoluta de su seguridad. 
Incluso los americanos, y esto es nuevo, mencionan este montaje tan evidente. 
Nos corresponde a nosotros iniciar el proceso de apertura de puertas. 
Comprendamos por fin que la organización del mundo que se desprende de Yalta debe ser modificada y tener en cuenta la fantástica evolución que se ha producido desde la última guerra: la eclosión de potencias nucleares, oficiales o no, la caída del muro de Berlín, más de un millardo de musulmanes repartidos en todo el mundo en una búsqueda frenética de reconocimiento y consideración, nuevos gigantes como la India, evoluciones tecnológicas sin límite en todos los ámbitos, evoluciones accesibles solamente para algunos, la separación cada vez mayor entre ricos y pobres. 
Hemos de tomar finalmente en consideración estas evoluciones positivas o inquietantes para organizar un mundo en el que cada cual deberá ser reconocido, considerado y no despreciado, asociado y no ignorado. 
Se trata de una obligación ineludible. 
Señor Presidente, los atentados del 11 de septiembre requieren de nosotros una respuesta a la altura del gran desafío, hacer justicia y prevenir nuevos atentados. 
La respuesta europea no puede ser sólo una respuesta solidaria, como aquí se ha dicho. 
Ha de ser una respuesta activa, de defensa de valores, no de los valores occidentales o de la civilización cristiana, que diría Berlusconi, de los valores democráticos, allá donde haya libertad para protegerlos y, donde no exista, para impulsarlos e implantarlos. 
Sólo una acción prolongada de cooperación entre los Gobiernos comprometidos en esta lucha nos garantizará el éxito. 
Ante el terrorismo, ante esta amenaza para la humanidad, hemos de actuar y acertar. 
Actuar respetando las reglas contra gente que no tiene reglas, y acertar, pero acertar en esta materia está seguramente reñido con las operaciones espectaculares. 
Acertar significa identificar y combatir de raíz a los culpables. 
Acertar significa destruir sus redes, evitar que organicen redes nuevas, y eso requiere tiempo, cooperación internacional entre policías y jueces, confianza política entre gobiernos, es un camino largo y muy complejo, pero es, créanme, Señorías, el único camino eficaz, el único que nos permitirá proteger a la democracia del fanatismo y la barbarie. 
La Unión Europea necesita una auténtica política exterior de seguridad común y de defensa. 
Un espacio judicial y de interior, común también, en el que la orden de busca y captura europea es un elemento fundamental, aunque no sea el único. 
Naturalmente, toda esa acción común europea requiere que seamos exigentes con nosotros mismos, que ninguno de los gobernantes europeos ponga en riesgo la acción común, como acaba de hacer el Gobierno de Berlusconi al promover una legislación que se opone frontalmente a la orientación de este Parlamento y que está en total oposición con la Resolución del Consejo del día 21 de septiembre, que hoy aquí todos hemos aplaudido. 
Quiero preguntar al Consejo y a la Comisión: ¿qué va a hacer el Consejo para, como decía esta mañana el Sr. Michel, hablar con una sola voz y superar la china en el zapato que supone la doctrina Berlusconi? 
Señor Presidente, ante la gravedad del atentado terrorista del 11 de septiembre, hay varias cuestiones importantes que examinar y aclarar, relacionadas con la voluntad de luchar concretamente contra el terrorismo. 
La primera es la necesidad de encontrar medios eficaces para luchar contra el terrorismo, que no consisten necesariamente en medidas legislativas de refuerzo de la seguridad. 
Conviene recordar con claridad que no es eficaz- ni lo ha sido nunca- en democracia disminuir los espacios de libertad para luchar contra los enemigos de la propia democracia. 
Pensamos, por lo demás, que el problema es otro. 
No es sólo el de la falta de legislación en el nivel nacional o europeo o de coordinación de las policías en el nivel internacional. 
El problema tiene mucho que ver con las vacilaciones y debilidades en la lucha contra el terrorismo, que se han manifestado en el laxismo ante actividades de carácter terrorista, con la esperanza de que los actos de terrorismo se manifestasen siempre en el país de al lado, o con el lento deterioro de los medios de defensa y seguridad, de policías, servicios de información y fuerzas armadas. 
Gobiernos europeos que pensaban que las guerras se habían acabado de una vez por todas y que muchas veces reducen los recursos financieros disponibles para la defensa y la seguridad no pueden hablar en voz alta sobre el terrorismo. 
La segunda cuestión tiene que ver con la conciencia política del momento en que vivimos. 
Si denunciamos lo sucedido en Nueva York y Washington sólo como acto criminal, estaremos limitando desde el comienzo el alcance, el significado y la eficacia en la lucha contra el terrorismo. 
Lo que sucedió es, de hecho, un acto de guerra, una guerra sin duda diferente de las anteriores, pero, por desgracia, todas las guerra son diferentes de las anteriores. 
Son normalmente más mortíferas, alcanzan a más civiles, no vacilan en utilizar cualquier medio de matanza, son guerras cada vez más totales. 
Clasificar lo sucedido como acto de guerra no es una mera cuestión semántica. 
De ello se desprenden consecuencias importantes, comenzando por el derecho de la nación o las naciones afectadas a responder con acciones militares, en caso necesario, en relación con el país o los países que tengan responsabilidades demostradas en el apoyo o la comisión de actos terroristas. 
En este momento, ésa es una condición esencial para luchar con eficacia contra el terrorismo, que no puede alcanzar las dimensiones del ataque del 11 de septiembre sin el apoyo de uno o más Estados. 
Por desgracia, poco se ha hablado al respecto, pero es necesario saber qué posición tienen el Consejo, el Parlamento y la Comisión sobre la necesidad de que haya intervenciones militares contra los Estados que practican o apoyan los actos terroristas. 
Señor Presidente, cuando aviones civiles de pasajeros se transforman en bombas contra ciudadanos del mundo en la ciudad de Nueva York, cuando la gente al comienzo de su jornada laboral, en el campo de los servicios o de la economía, se convierten en víctimas inocentes del fanatismo y del terrorismo malvadamente bien organizado, que no escatima esfuerzos en su odio a la sociedad civilizada, abierta y plural en que vivimos, comprendemos entonces la fragilidad de nuestro sistema. 
Al mismo tiempo, todos los demócratas del mundo entendimos que esta sociedad abierta merece ser defendida y que juntos tenemos que combatir el sometimiento y el terrorismo. 
Georg W. Bush, Presidente de Estados Unidos, ha conseguido con éxito crear coaliciones difusoras de la libertad en el ámbito mundial. 
La ONU, la OTAN y la UE han actuado enérgicamente en este lucha común. 
La voluntad de la UE debe ser una expresión de los ideales de la sociedad abierta. 
¡No permitamos que el pánico nos haga legislar en contra de los principios del Estado de derecho! 
¡No dejemos que el celo por los derechos humanos se oponga a la lucha contra el terrorismo! 
¡No permitamos que se aprovechen las actuales circunstancias para cerrar las fronteras o incentivar los prejuicios! 
Señora Presidenta, ¡hagamos que la reunión de Gante fortalezca la capacidad de la UE para fomentar una sociedad abierta ¡ 
Gracias al comercio aumentan las relaciones y la comprensión entre los europeos y los demás pueblos del mundo. 
Por eso es vergonzoso que algunos países miembros de la UE estén al margen de la moneda única, que es una de nuestras mejores herramientas para fortalecer la colaboración. 
También resulta temerario que la Presidencia belga sirva a los intereses de los movimientos antiglobalización mediante la discusión de la tasa Tobin, que dificultaría la recuperación económica y el desarrollo comercial. 
Señora representante del Consejo, señor Comisario, a largo plazo la mejor contribución europea a un mundo más pacífico y seguro es la consecución ahora de resultados concretos en torno a la unificación de Europa del Este y del Oeste, mediante la ampliación. 
¡Ustedes no sólo deben enfrentar una grave crisis y unas amenazas muy claras, sino que, además, tienen que cumplir con una misión histórica que es, al mismo tiempo, la más importante de la UE! 
¡Les deseo suerte en Gante! 
Señor Presidente, yo creo que después de este ataque terrorista ha quedado clara la necesidad de una política mucho más integrada, tanto desde el punto de vista del ámbito europeo de decisión como en lo que respecta a sus contenidos. 
Es necesaria una combinación de la política exterior y la política interior que tenga en cuenta que nuestro contrincante es global y al mismo tiempo se encuentra en nuestras ciudades. 
El colega Carlsson tiene toda la razón: no podemos pagar a cambio el precio de la renuncia al Estado liberal de Derecho. 
A ello se suma el tema de la lucha contra las causas en el mundo en que vivimos. 
En los tres casos, sabemos perfectamente que el Estado nacional ya no puede resolver estas cuestiones, sino que sólo podemos hacerlo desde una perspectiva comunitaria europea y en parte también en el contexto de la Alianza atlántica, junto con nuestros amigos de América del Norte. 
Yo creo que ahora no podemos permitir que esto quede en meras palabras, sino que en Gante y en Laeken, señora Presidenta del Consejo, debemos pasar a los hechos, impulsando la ampliación y, con ella, la expansión de la zona de estabilidad, y también el proceso post-Niza. Debemos crear los instrumentos y las condiciones para que esto no se quede en meras declaraciones, sino que a la larga se plasme en formas sólidas que nos permitan cumplir esos requisitos. 
Por esto es tan decisiva la preparación de Laeken mediante el enfoque razonable de una convención. 
Tiene que quedar claro que la técnica es extraordinariamente importante también en estos aspectos. 
Tenemos que conseguir que se celebre una convención- la tarea recae sobre ustedes, en su calidad de Presidencia belga, y yo estoy seguro de que se orientarán en esta dirección- que tenga posibilidades de trabajar y que cuente con la debida legitimación para poder presentar a los Jefes de Estado y de Gobierno un documento elaborado sobre esta base que haga posible una reforma de la Unión Europea verdaderamente amplia, que rebase incluso la agenda adoptada en Niza. 
Permítanme una última observación dirigida al presidente del Grupo del PSE: la situación es distinta cuando se trata de un primer ministro o cuando se trata de un comisario, como el Sr. Nielson, que como tal entra dentro de las competencias de control directo del Parlamento Europeo y, en consecuencia, también ha de ser posible criticarle abiertamente aquí y pedirle responsabilidades si dice insensateces como las ha dicho él. 
No puedo por menos de decirles que la situación en Afganistán, y sobre todo la situación de los refugiados afganos, es dramática. 
Si cerramos los ojos y nos imaginamos las consecuencias que todo ello tendrá para millones de personas la Unión Europea no puede quedarse de brazos cruzados por más tiempo. 
Considero fundamental que el Consejo- y ahora miro a la Sra. Neyts- reflexione junto con el Parlamento sobre las medidas que podemos adoptar para conceder más recursos financieros. 
Señor Presidente, si nuestra ayuda humanitaria no funciona debidamente crearemos un nuevo caldo de cultivo para personas como Bin Laden. 
Es, por tanto, esencial que llevemos esta tarea a buen término. 
Me gustaría criticar aquí las palabras del Comisario Bolkestein. 
Es la enésima vez que se excede en sus funciones. 
En sus declaraciones y en el análisis que aparece en el periódico De Volkskrant del 29 de septiembre afirma que el mundo árabe se siente indignado y más débil que Occidente, entre otras cosas como consecuencia de la Guerra del Golfo. 
Pero añade que no hay ningún inconveniente en que sigan suministrando petróleo. 
Señor Presidente, el Sr. Patten no comparte este análisis. 
A continuación el Sr. Bolkestein señala que la política en materia de asilo de la Unión Europea no acaba de ponerse en marcha, lo cual me parece ser un atentado directo contra la política del Sr. Vitorino. 
Quisiera pedir al Sr. Barnier que comente este problema con el Comisario Prodi, recordándole que el Sr. Bolkestein debe atenerse a su cartera, al mercado interior. 
No puede darse el caso de que la Comisión en su conjunto salga perjudicada porque la juzguemos sobre la base de las declaraciones del Sr. Bolkestein. 
Ello tendría consecuencias nefastas en las circunstancias en las que nos hallamos actualmente. 
Por tanto, considero útil y necesario que el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, se entreviste con el Sr. Bolkestein para que éste se concentre en la tarea que le corresponde. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora Presidenta del Consejo, me sumo con mucho gusto a las palabras del Sr. Van Velzen sobre el Sr. Bolkestein. 
Por lo que a la discusión sobre el terrorismo se refiere, comparto la opinión de los Sres. Van den Berg, De Rossa y los demás oradores que se han pronunciado a favor de una respuesta más amplia. 
Habida cuenta de mi ausencia en el debate anterior quisiera volver brevemente sobre este tema. 
Enlazando con el debate sobre el terrorismo me parece fundamental que en Europa también hagamos todo lo posible por evitar que aparezcan o continúen existiendo motivos de frustración. 
Ello tiene que ver asimismo con la ampliación. 
Señor Comisario, es absolutamente necesario que los criterios políticos de la democracia, los derechos humanos y los derechos de las minorías sean respetados de la misma manera que los aspectos cuantitativos de la ampliación. 
La ampliación abrirá la puerta a varios países pequeños, como la República Checa, Eslovaquia y los Estados Bálticos. 
A este respecto nos preguntamos cuáles han de ser los derechos y el papel de las regiones constitucionales en el futuro, tanto más cuanto que algunas de ellas se consideran como naciones equivalentes a otras que disponen de un Estado propio. 
Es imprescindible que las tengamos en cuenta. 
No pienso solamente en Flandes, sino también en Escocia, Gales, el País Vasco, Galicia y otras regiones. 
Pienso en todas aquellas regiones constitucionales que podrían aspirar al estatuto de Estado miembro simple y llanamente porque en el seno de Europa sólo se respeta a los Estados miembros. 
Dicho de otro modo, si en un futuro debate no asignamos a las regiones y los pueblos un papel dentro de Europa acabaremos alimentando el separatismo. No lo deseo. 
Deseo que las regiones puedan colaborar en la construcción de una Europa federal, una Europa federal cuyo desarrollo se ve a menudo retardado por culpa de los propios Estados miembros. 
Es por eso por lo que insisto en la necesidad de incluir un párrafo sobre las regiones. 
Señor Presidente, quisiera al término de este debate dar las gracias a todos los que han intervenido en él, aunque no puedo, en los escasos minutos que nos faltan, contestar de forma individual a cada uno. 
He sido sensible en nombre de la Comisión a los testimonios que han aportado varios de ustedes sobre el trabajo que realizamos en este periodo difícil y grave al lado del Consejo y del Parlamento Europeo. 
Con respecto a la cuestión más importante que ha movilizado a la casi totalidad de las intervenciones de los diputados, la de la lucha contra el terrorismo, quisiera recordar el espíritu con el que trabajamos. 
Trabajamos, en especial mi colega y amigo Vitorino, tomando en consideración el importante trabajo realizado por este Parlamento, y especialmente por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, bajo la autoridad del presidente Watson. 
Ha sido precisamente con esta comisión con la que esta mañana hemos trabajado en el último texto que se les ha sometido a propósito del embargo de las cuentas bancarias a los organismos vinculados al terrorismo. 
Deseo confirmar en este momento la disponibilidad de la Comisión para, junto con el Consejo, tomar en consideración lo más posible las sugerencias o las propuestas de esta Asamblea. 
Repitiendo la preocupación del presidente Poettering, quisiera repetir lo que ya dije en mi intervención de esta mañana con respecto a la lucha contra el terrorismo. 
Esta lucha concierne a todos los Estados; en ningún caso se puede reducir a un conflicto entre las diferentes civilizaciones del mundo. 
Se trata, como han dicho la Sra. Berès o el Sr. Salafranca, de una alianza global y de una lucha global contra el terrorismo. 
Quisiera también recordar la preocupación que tenemos en nuestro trabajo por encontrar el mejor camino- varios de ustedes lo han señalado, el Sr. Lannoye, el ministro Michel o el Sr. Di Lello- entre la exigencia de la libertad y la exigencia de la seguridad. 
Quizá existe el interés, en este camino y como ha recomendado el Sr. Michel, en realizar con regularidad evaluaciones correctas para conservar la dirección adecuada. 
He estado muy atento a las recomendaciones de determinación y rigor de varios de ustedes, principalmente del Sr. Collins, sensible a los estímulos del Sr. Berthu, recomendaciones y estímulos que nos invitan a proseguir con nuestro trabajo en dirección a lo que se ve aparecer desde Amsterdam y desde Tampere: un espacio judicial común, con lo necesario en lo que se refiere a cooperación entre los Estados miembros y todos los servicios, digo bien, Sr. Dupuis, todos los servicios, y lo necesario también en lo que respecta a armonización, incluso de comunitarización en algunos ámbitos. 
Tampoco olvido, no debe olvidar usted, que en este trabajo de Amsterdam o de Tampere hay también una parte para el control de los flujos de inmigración clandestina. 
Finalmente, con respecto al terrorismo, en el marco de nuestra acción colectiva, debemos, la Comisión, el Consejo y el Parlamento, poner en práctica nuestra política exterior común, mediante el diálogo político, mediante la prevención y estabilización de todos los conflictos regionales, mediante un apoyo decidido al desarrollo. 
Eso es lo que varios de ustedes han recordado en términos de acción a largo plazo. 
Estoy pensando en el Sr. McMillan-Scott, en el Sr. van Velzen y también naturalmente a más corto plazo está la acción de apoyo y cooperación para ayudar a los refugiados. 
En definitiva, con respecto a este grave delito de la lucha contra el terrorismo, quisiera detenerme en lo que ha dicho Klaus Hänsch hace unos instantes, y en cierta forma también el Sr. Nassauer. 
Nos encontramos en un momento de la verdad y es probable que de esta crisis la Unión Europea salga reforzada con respecto a los valores y las razones del proyecto europeo. 
Como he dicho también, es probable que tengamos que imprimir una mayor velocidad y encontrar razones suplementarias para llegar más lejos en el proyecto europeo. 
Por ello, señoras y señores Diputados, aunque es difícil dar explicaciones en este momento y en medio de esta algarabía, creo que hay un vínculo entre, por una parte, las lecciones que hemos de extraer de esta crisis y de la tragedia de Nueva York y de Washington, lecciones políticas para acelerar, acentuar, rehacer la prueba del proyecto europeo, y por otra el gran debate que se abrió después de Niza y que debe concluirse en 2002. 
Existe un vínculo con el trabajo que la Comisión deberá iniciar. 
Con respecto a esta Convención... 
Señorías, creo que es realmente inaceptable que obliguemos al Comisario Barnier a terminar el debate sobre el terrorismo en estas condiciones. 
Es un hecho de responsabilidad y de educación, por lo tanto, les invito a que tomen asiento y escuchen en silencio. 
Lamento utilizar este tono, pero es realmente inaceptable. 
Señor Presidente, desafortunadamente no he elegido el momento en el que debía darles estas respuestas. 
He intentado ser lo más preciso posible y atenerme al plazo. 
Sin embargo, con respecto a esta Convención, quisiera, después del ministro Michel, establecer el vínculo entre el debate político que se abre y la nueva dimensión, la nueva gravedad que éste ha adoptado con las lecciones de estos trágicos atentados. 
Creo que los países candidatos deberán tener un lugar, el mejor lugar posible en esta Convención. 
Pienso que será necesario encontrar un lugar de observatorio activo para el Comité Económico y Social y para el Comité de las Regiones. 
Pienso, como ha sugerido el Sr. Belder, que habremos de trabajar lo más rápidamente posible para terminar esta Convención y la CIG que la concluirá a principios del año 2004 como muy tarde. 
Creo que será necesario encontrar una articulación entre el foro ciudadano con la sociedad civil y el trabajo de la Convención. 
Pienso finalmente que ésta no deberá conformarse con presentar opciones, que deberá ser autorizada o ella misma hacerse cargo de la posibilidad de formular propuestas. 
Finalmente, Sr. Bonde, no estoy de acuerdo con el temor que plantea ante esta Convención. 
No veo por qué debería usted tener el trabajo de esta Convención. 
Es necesario extraer las lecciones de las deficiencias o de los fracasos precedentes. 
Hablo de insuficiencias del método intergubernamental, del cual se han visto los límites antes de Amsterdam y antes de Niza. 
Es una suerte que tengamos tiempo hasta 2004. 
También es una suerte poder trabajar de forma más abierta con las cuatro instituciones o las cuatro fuentes de legitimidad, para que la futura Conferencia Intergubernamental tenga éxito. 
Creo por tanto que la cumbre de Gante, y después la de Laeken, deberán confirmar mediante esta Convención tanto la ambición política como un método más abierto. 
Señor Comisario, le vuelvo a pedir disculpas por las condiciones en las que se ha visto obligado a desarrollar su intervención. 
Señor Presidente, creo que podríamos presentar nuestras excusas al Comisario Barnier porque es intolerable que este Parlamento, en temas tan graves como éstos, no se comporte de forma más respetuosa para escuchar una intervención especialmente importante. 
Lo lamento profundamente, y apelo al sentido de la responsabilidad de sus Señorías. 
Esto ya se ha visto en otras circunstancias. 
Pero cuando se trata de un debate tan importante, tan grave, creo que lo mínimo sería que sus Señorías tuvieran a bien callarse, respetar al Comisario aquí presente y escucharle. 
Creo que verdaderamente tenemos un problema de mal funcionamiento en este parlamento, señor Presidente. 
(Aplausos) 
Es un problema de malfuncionamiento pero también de irresponsabilidad. 
Señor Presidente, ha desaparecido mi tarjeta. 
La tenía aquí en su sitio, y vengo y no la encuentro. 
Alguien ha cogido mi tarjeta. 
De modo que no puedo votar. 
Señor Patakis, debe ir a recoger otra papeleta de voto. 
- (IT) Señor Presidente, las acusaciones contra el Parlamento italiano hechas en este Pleno por algunos diputados europeos crean un precedente muy peligroso tanto para la vida democrática de este Parlamento como para la credibilidad de sus decisiones ante la opinión pública de los Estados europeos. 
Un Parlamento que se convierte en un lugar donde se acusa y en un instrumento de lucha política respecto a otro parlamento elegido democráticamente se reduce a un lugar de luchas faccionales, de racismo político y de desinformación intencionada. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, durante toda la semana ha sido imposible captar el tono de voz original a través de esta instalación. 
La acústica en el Salón de Plenos es malísima, ya lo sabemos. 
Pero hoy el altavoz emite, además, un ruido espantoso que nos incomoda a todos. 
No podemos oír nada a causa de ese ruido procedente del altavoz. 
Alguien debería revisar el funcionamiento de la instalación. 
Tomo nota de su observación, al igual que lo han hecho todos aquellos que deberían intervenir para resolver el problema. 
Espero que lo hagan lo antes posible para que mañana no haya otras intervenciones sobre el mismo asunto. 
Comunicación del Presidente 
VOTACIONES 
Señor Presidente, esta primera votación de hoy se refiere a la petición de la Comisión de que se aplique el procedimiento de urgencia a la medida que ha expuesto usted. 
En circunstancias excepcionales, a raíz del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores se ha reunido esta mañana y ha aprobado, sin informe, la propuesta que se nos había presentado. 
Tengo entendido que también recibiremos, tras la reunión del Coreper de esta mañana, una petición de urgencia por parte del Consejo, que se sumará a la de la Comisión. 
La recomendación de la comisión que tengo el honor de presidir es que aceptemos esa enmienda. 
Si lo aprueba la Asamblea, espero que confirme usted que concederá a los Grupos políticos hasta las 6 de la tarde para presentar enmiendas a esa medida propuesta. 
¿Hay alguna objeción? 
Señor Presidente, esta mañana he participado en la reunión de la comisión y, en consecuencia, quisiera completar la información facilitada por el presidente Watson. 
Se han expresado muchas perplejidades acerca de la urgencia y precisamente en relación con este punto se han registrado tres votos en contra y tres abstenciones, por el hecho de haber sido llamados a aplicar un procedimiento de urgencia no tanto con respecto al mecanismo de identificación de las personas que se dedican al blanqueo de dinero, sino más bien con respecto a una lista. 
A lo que nos hemos opuesto es a esto. 
(El Parlamento aprueba la solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia) 
(PPE-DE). (EL) Señor Presidente, quisiera añadir también mi resuelta protesta por el alboroto registrado mientras hablaba el Comisario Barnier, y compartir la indignación de la Sra. Grossetête, que ha sido la primera en señalarlo. 
No es, sin embargo, la primera vez que esto ocurre, señor Presidente, y quisiera proponer algo práctico al objeto de solucionar el problema, porque de otro modo lo único que haremos será pedir perdón a los comisarios. 
Tendrá que mediar, creo, un cuarto de hora entre el cierre del debate y la votación. 
Señor Marinos, lo que usted está diciendo ya lo ha dicho las Sra. Grossetête. 
No es necesario repetirlo. 
Si usted tiene una propuesta concreta y viable le sugiero que dirija una carta a la Presidenta del Parlamento: será tomada en cuenta por la Presidenta y por la Mesa. 
No puede someter el asunto al Pleno ahora que estamos reunidos para votar y no para iniciar un debate sobre la organización de la sesión. 
De todos modos, le doy las gracias y le ruego que remita su propuesta a la Sra. Presidenta. 
Procedimiento simplificado- Iniciativa del reino de Suecia con vistas a la adopción de una Decisión del Consejo (10528/2001- C5-0360/2001- 2001/0822 (CNS) ) por la que se modifica la Decisión de 29 de abril de 1999, por la que se amplia el mandato de Europol para la lucha contra la falsificación de moneda y medios de pago. 
(El Parlamento aprueba la iniciativa) 
Procedimiento simplificado- Iniciativa del Reino de Suecia con vistas a la adopción de una Decisión marco (10527/2001- C5-0361/2001- 2001/0823 (CNS) ) por la que se modifica la Decisión marco 2000/383/JAI sobre el fortalecimiento de la protección por medio de sanciones penales y de otro tipo contra la falsificación de moneda con miras a la introducción del euro 
(El Parlamento aprueba la iniciativa) 
Informe (A5-0312/2001) del Sr. Miller, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación (C5-0278/2001- 1997/0176 (COD) ) de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de viajeros con más de ocho plazas además del conductor, y por la que se modifican las Directivas 70/156/CEE y 97/27/CE del Consejo 
(El Parlamento aprueba el texto conjunto) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0296/2001) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la posición común del Consejo (6660/1/2001- C5-0245/2001- 2000/0194 (COD) ) con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la evaluación y gestión del ruido ambiental (Ponente: Sr. De Roo) 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0298/2001) de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la posición común del Consejo (6760/1/2001- C5-0246/2001- 2000/0033 (COD) ) con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un programa comunitario de etiquetado de la eficiencia energética de los equipos ofimáticos (Ponente: Sra. McNally) 
Señor Presidente, había esperado recomendar a la Asamblea que aprobara este proyecto de reglamento sin enmiendas en su segunda lectura. 
Sin embargo, eso dependía de una declaración de la Comisaria anoche. 
Por desgracia, la declaración de la Sra. de Palacio fue insuficiente. 
Sin embargo, ahora quisiera preguntar a la Comisión de nuevo si presentará medidas complementarias de este acuerdo en los tres primeros meses del año próximo. 
Ése es el único compromiso que aceptaremos y consideraremos razonable; de lo contrario, pediré a la Asamblea que vote a favor de la enmienda e invoque el procedimiento de conciliación. 
Así, pues, pido a la Comisión que aclare su posición sobre las medidas suplementarias. 
En todo caso, señora McNally, yo tenía que haber pedido la opinión de la Comisión sobre las enmiendas presentadas. 
Por lo tanto, voy a dar la palabra al Comisario Barnier. 
Si además el micro no funciona, será un día que no voy a olvidar. 
Sí, quisiera acaso, para facilitar su propio juicio, contestar a la Sra. McNally inmediatamente y confirmar lo que ha dicho mi colega Loyola de Palacio. 
Señoras, señores, comprendemos las motivaciones que les han empujado a presentar esta enmienda 1; sin embargo, no podemos darle nuestro apoyo y deseamos evitar, señora Diputada, la apertura del procedimiento de conciliación. 
Pero como ha dicho la Sra. de Palacio, los servicios de la Comisión están preparando actualmente una propuesta orientada a retirar del mercado los productos ineficaces desde el punto de vista energético y esta propuesta, lo digo con claridad, se les someterá con la mayor brevedad, es decir, señora diputada, en el transcurso del primer semestre de 2002. 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Propuesta de resolución común sobre el incidente ocurrido en la fábrica AZF en Toulouse y reestructuración de la política de protección del medio ambiente de la Unión 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0304/2001) del Sr. Robert J.E. Evans, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: "Hacia un procedimiento de asilo común y un estatuto uniforme, válido en toda Europa, para las personas a las que se les concede asilo" (COM (2000) 755- C5-0101/2001- 2001/2048 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0305/2001) del Sr. Pirker, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (2000) 757- C5-0100/2001- 2001/2047 (COS) ) sobre política comunitaria en materia de inmigración 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0309/2001) del Sr. Titley, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad y Política de Defensa, sobre el segundo informe anual del Consejo (13177/1/2000- C5-0111/2001- 2001/2050 (COS) ) elaborado de conformidad con la disposición operativa nº 8 del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0288/2001) de la Sra. Langenhagen, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre GALILEO (COM (2000) 750- C5-0110/2001- 2001/2059 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0234/2001) del Sr. Rübig, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (2000) 567- C5-0740/2000- 2000/2336 (COS) ) relativa a la innovación en una economía del conocimiento 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0311/2001) del Sr. Mayer Hans-Peter, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la problemática del agotamiento del derecho de marca (SEC (1999) 2033- C5-0354/2000- 2000/2187 (COS)) 
Señor Presidente, ayer por la noche al cierre del debate y, basándose en investigaciones, el Comisario Bolkestein contradijo claramente a aquéllos que pretenden que los precios habrían aumentado desde la introducción del régimen de agotamiento comunitario. 
Al contrario, se han podido registrar bajadas en algunos casos. 
Los que pretenden defender al consumidor protegen, de hecho, los circuitos de importación paralela que amenazan la calidad, la innovación y el empleo favoreciendo las falsificaciones. 
De ahí las tres enmiendas que he presentado. 
Parecen preocupar al ponente. 
El PPE ha pedido la votación nominal de todas las enmiendas para controlar el voto de sus miembros y los compromisos asumidos por algunos coordinadores. 
Temo que una vez más presión y regateo se salgan con la suya y se adopte una mala decisión. 
Señor Bernié, usted me ha pedido hacer uso de la palabra porque debía decirme si retiraba o no retiraba las enmiendas. 
No debe hacer una argumentación política, no debe formular una explicación de voto: debe decirme si retira o no las enmiendas. 
Para evitar la multiplicación inútil de costes que representan estas solicitudes de votación nominal, retiramos nuestras dos primeras enmiendas para no mantener más que la tercera, la enmienda 3, que es suficiente a nuestro juicio para demostrar la triste realidad. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución común sobre las conclusiones de la Conferencia de la ONU sobre el racismo 
(El Parlamento aprueba la resolución) EXPLICACIONES DE VOTO 
Informe Miller (A5-0312/2001) 
Señor Presidente, Señorías, la legislación europea se debería concentrar en las cuestiones fundamentales y no dispersarse inútilmente en detalles. 
Así lo escribió el Presidente de la Comisión Prodi en un artículo de opinión publicado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung del 27 de julio de este año. 
Yo escucho el mensaje, pero mi fe flaquea. 
El informe Miller demuestra justamente lo contrario. 
En él se definen evidencias como, por ejemplo, qué se entiende por el suelo, la parte trasera y la delantera, y los pasillos deben estar diseñados de manera que permitan el paso de dos cilindros coaxiales. 
Todo ello es, en realidad, absurdo pero- enlazando con la cita de Romano Prodi- los ciudadanos de Europa se preguntarán con razón si no tenemos asuntos más importantes de los que ocuparnos. 
Por esto, yo he participado con gran desazón en esta breve votación del informe Miller. 
Las fantasías reguladoras son francamente inagotables en algunos ámbitos. 
En cualquier caso, de este modo no vamos a aproximar Europa a los ciudadanos. 
La libertad de movimientos en que se basa esta Unión Europea es denegada diariamente a 37 millones de ciudadanos discapacitados de nuestro continente. 
No hay una cuestión más importante en la campaña en pro de unos derechos humanos integrales para las personas discapacidades que la consecución de un transporte público accesible. 
La directiva por fin acordada hoy es un trascendental paso adelante en esa campaña. 
Muestra que el costo del acceso para la industria es asequible, si sólo se incluyen al comienzo principios concebidos para todos. 
Muestra que el reglamento europeo puede, en verdad, cambiar la tónica en materia de aplicación de los derechos de las personas discapacitadas. 
Por encima de todo, muestra que once años de campaña incansable por parte del movimiento de discapacitados- por parte de "Autobuses para todos" en mi país, el Reino Unido- ha valido la pena absolutamente, ha sido necesaria y en última instancia ha vencido. 
Felicidades a todos sus Señorías. 
Me enorgullezco de que el Parlamento Europeo haya contribuido a satisfacer sus peticiones. 
Informe de Roo (A5-0296/2001) 
Señor Presidente, el informe de nuestro colega verde, Alex de Roo, marcará sin duda una fecha importante en la legislación medioambiental de la Unión Europea. 
Efectivamente, hasta el momento, los atentados sonoros contra nuestro medio ambiente habían sido reducidos a un silencio legislativo casi total. 
Oídos sordos, que practicaban nuestros hemiciclos, pero que no correspondían en nada a la realidad que viven los ciudadanos de la Unión. 
Más de una cuarta parte de ellos, cien millones, se consideran víctimas y el contragolpe económico de este traumatismo sonoro que golpea al medio ambiente resuena hasta una suma que se sitúa entre 10 y 40 millardos de euros. 
Así, no podemos más que felicitarnos por las medidas pioneras que se adelantan en este informe. 
Se impone una cartografía del ruido, como también son necesarias las cartografías de lugares peligrosos de las que la actualidad nos muestra, aunque demasiado tarde, su necesidad vital. 
Estas informaciones no tienen interés más que si se ofrecen en toda su transparencia al público. 
Sólo tienen sentido si se reactualizan constantemente en su geografía y en la elección de sus indicadores. 
Finalmente, la localización de esos ruidos ambientales sólo tiene alcance y eficacia si se ve acompañada de una vertiente penal y coercitiva del promotor de dichos ruidos ambientales, ya sea civil, público o militar. 
Y por encima de estos imperativos prácticos, la lucha contra el eurorruido sólo tiene realidad contemporánea si se realiza a escala de la Comunidad Europea. 
Nosotros defendemos una y otra vez unas normas europeas comunes. 
El ruido no tiene fronteras, el sonido atraviesa todas las paredes, los ecos se propagan a través de todos los espacios. Hemos exhortado por tanto a todos nuestros colegas diputados a dar su apoyo a este informe y nos felicitamos por el resultado. 
La contaminación sonora nos llega de forma difusa, esporádica e impalpable; con frecuencia incluso se la ha integrado en nuestro medio ambiente cotidiano. 
El ruido no tiene la negrura del fueloil, ni la acritud de los vertidos químicos; sin embargo condensa toda su nocividad. 
Ojalá que las reivindicaciones de este informe no aparezcan pues como mucho ruido para nada, y la Unión Europea sepa propagar ampliamente su eco. 
Hemos votado a favor de todas las enmiendas que van en el sentido de una limitación del ruido ambiental ocasionado por los medios de transporte por carretera, ferroviarios o por vía aérea o que imponen topes de ruido limitados y uniformes para toda la Unión Europea. 
Por ello mismo, rechazamos los argumentos de competitividad mencionados por las empresas de transporte. 
Son la seguridad y la limitación del ruido ambiental los imperativos, no la competitividad. 
Hemos votado también a favor de las enmiendas que fijan plazos próximos para la aplicación de estas medidas. 
¿Para qué decidir unas medidas que van en el sentido de los intereses de la sociedad si los plazos de aplicación se posponen a un futuro más o menos indeterminado, para permitir que los intereses particulares encuentren escapatoria? 
Sabemos hasta qué punto el ruido ambiental puede incidir en la vida diaria y en la salud de nuestros ciudadanos. 
Pero Europa no debe venir a jugar el papel de apagafuegos y compensar los errores de ordenación del territorio. 
No cuestiono el objetivo general, pero para ser eficaces necesitamos actuar de forma pragmática, como lo que se ha podido hacer en el ámbito de la calidad del aire. 
Europa no debe instaurar normas unilaterales e imponerlas a todas y a todos en todo el territorio, sin tener en cuenta especificidades locales. 
Europa ya interviene en los neumáticos, en los motores de aviones, en el revestimiento de las calzadas... 
Es importante que las disposiciones integren estas disparidades territoriales. 
La función de Europa es actuar más para responsabilizar a los Estados miembros, para estimular a las entidades locales a adoptar las medidas necesarias adecuadas a sus realidades locales en lugar de decidir por ellas. 
Me atengo en este caso al principio de subsidiariedad. 
Tomemos el ejemplo de los aeropuertos: sería ineficaz establecer límites sonoros uniformes para todos los aeropuertos. 
Las condiciones varían mucho de una plataforma aeroportuaria a otra. 
Cada aeropuerto es único (configuración de las pistas, distribución del tráfico... ). 
El impacto de los ruidos de las aeronaves difiere de un aeropuerto a otro, y una acción de reducción de los ruidos ambientales sería más pertinente si se adoptara a nivel nacional, regional y local. 
Además, parece inverosímil no hacer diferencias entre los aeropuertos internacionales y regionales. 
No olvidemos tampoco que los aeropuertos son importantes para los territorios. 
Las infraestructuras del transporte aéreo son un factor esencial para las industrias en la elección de su implantación geográfica, y por tanto para el empleo. 
Debo recordar también que el título de la directiva es "Evaluación y gestión del ruido". 
Ahora bien, antes de la gestión está la evaluación. 
¿Cómo se puede pretender la fijación de unos límites sin que se haya producido previamente un estudio preciso, transversal, que se adapte a criterios comunes de evaluación? 
También, la primera etapa es instaurar un sistema que permita evaluar los niveles sonoros en los diferentes Estados miembros y disponer de mapas de ruido precisos región por región. 
Sólo después de conocer esas informaciones será necesario alentar a los Estados miembros a fijar un plan de acción eficaz, en concertación con todas las entidades locales y con los representantes. 
- (NL) En zonas urbanas muy pobladas el ruido ocasionado por el tráfico, y en concreto el ruido provocado por el tráfico aéreo en las inmediaciones de los aeropuertos, causa un enorme problema. 
El permanente ruido afecta cada vez más al sueño nocturno de los ciudadanos. 
Por desgracia, el Consejo y la Comisión continúan pensando en términos de la primera mitad del siglo XX, cuando las ciudades, el tráfico y la economía adquirían unas proporciones mucho más reducidas y el crecimiento se consideraba como una evolución positiva. 
Ello se manifiesta entre otras cosas en las nuevas tentativas de proteger la posición de las compañías aéreas. 
En lugar de combatir la sobrecapacidad mediante la introducción de un impuesto sobre el combustible que acabe con la ventaja competitiva de este sector frente a otros modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente, se aboga de nuevo por una restricción de las cargas en beneficio de un crecimiento irrefrenable del tráfico aéreo y de los aeropuertos. 
Por todo ello, está plenamente justificada la propuesta del Sr. De Roo de mantener también en segunda lectura las elecciones anteriores del Parlamento relativas a la disminución de las molestias nocturnas, la aplicación de plazos reducidos, la elaboración de definiciones claras del concepto de molestias causadas por el ruido y la puesta en marcha de directivas derivadas para el ruido emitido por camiones, autobuses, motocicletas, ferrocarriles y aviones. 
Sólo la aparente ausencia de una mayoría de 314 votos, necesaria para romper la oposición a esta iniciativa, amenaza con aplazar por tiempo indefinido una rápida solución a estos problemas. 
Desearía concretar las razones por las cuales he votado a favor de este informe tal como ha sido enmendado. 
En primer lugar, creo que se trata efectivamente de una posición equilibrada que toma en consideración el bienestar y la salud de los ciudadanos que están cada vez más expuestos a la contaminación sonora. 
En cuanto al fondo, estoy de acuerdo con la idea de la Comisión de pretender armonizar los indicadores de ruido así como los métodos de evaluación del ruido ambiental. 
En segundo lugar, mediante estos indicadores y métodos de evaluación comunes, se podrá efectivamente reunir las informaciones relativas a la exposición al ruido, en forma de "mapas de ruido" sin fijar en todo caso por el momento valores límite en toda la Unión Europea para los ruidos ambientales. 
Por otra parte, deseaba mantener la exclusión del campo de la directiva-marco para los aeropuertos militares. 
Me felicito por el hecho de que no se haya presentado en segunda lectura ninguna enmienda que contemple su inclusión. 
El calendario de transposición de la directiva al derecho nacional (el 30 de junio de 2003) así como el calendario para la propuesta de las directivas de desarrollo que se producirán (es decir, tres años después de la entrada en vigor de la directiva-marco) me parecen igualmente convenientes. 
Sin embargo, debo señalar que ha de respetarse plenamente el principio de subsidiariedad y que los Estados miembros deben, de acuerdo con indicadores y métodos comunes, poder disponer de un margen de maniobra con el fin de tomar en cuenta consideraciones particulares (diferentes situaciones geográficas, por ejemplo) principalmente relativas a los aeropuertos. 
Resolución común sobre el accidente de Toulouse 
Aún manifestando nuestra indignación ante el accidente en la fábrica de productos químicos AZF de Toulouse y sus terribles consecuencias, aun expresando nuestra solidaridad por las víctimas y por sus familias, no nos adherimos a la resolución común para no avalar la hipocresía que consiste en hablar de esta catástrofe sin cuestionar el grupo de empresas Total Fina Elf, propietario de la empresa. 
Este grupo, que da prioridad a la rentabilidad, es decir, a los beneficios de sus accionistas, incluso en detrimento de la seguridad, no ha adoptado todas las medidas necesarias para evitar que se produzca un accidente y, en todo caso, que éste tenga consecuencias tan dramáticas para los trabajadores de la empresa y la población de los alrededores. 
Por otra parte, nos negamos a adherirnos a las felicitaciones a las autoridades francesas. 
Estas autoridades, desde el Ayuntamiento hasta el Gobierno, no han sabido o no han querido darse los medios para controlar de forma eficaz la fábrica AZF de Toulouse como, por otra parte, el resto de los muchos otros lugares peligrosos y obliga al Grupo Total Fina Elf y a otros parecidos a adoptar las precauciones indispensables. 
En cuanto a "la asistencia apropiada a la población", incluso después del accidente, no ha estado a la altura de las circunstancias. 
La cantidad de un millardo y medio, desbloqueada por el Gobierno, no representa más que una cuarta parte de los daños causados. 
¿Cuánto tiempo deberán esperar en condiciones precarias todos los que se han visto privados de alojamiento? 
Pero, por encima de que esta asistencia sea insuficiente, se pretendería que la pagaran los contribuyentes. 
¿Por qué deberían ser éstos los que financiaran con su dinero unos daños cuya responsabilidad incumbe a Total Fina Elf? 
Esta empresa debería asumirlos en su totalidad, incluido evidentemente el salario íntegro de los trabajadores que se han visto empujados al paro forzoso, tanto en AZF y entre los subcontratantes como en todas las empresas de la zona obligadas a la inactividad. 
(GUE/NGL) , por escrito. (EL) El desastre ocurrido en Toulouse, por el que deseo también yo manifiesto mi enorme tristeza, debe movernos a una revisión general de la directiva comunitaria sobre instalaciones de alto riesgo y a una aplicación más estricta. 
Sabemos que la revisada «Directiva Seveso» no es aplicada por muchos países miembros de la UE, cuando debería estar aplicándose desde 1999. 
Y lo que es peor, ni siquiera la «Directiva Seveso» originaria se aplica satisfactoriamente en muchos países; es algo evidente. 
Me siento especialmente satisfecho porque en nuestra resolución común pedimos a la Comisión que publique en el plazo de tres meses un cuadro con todas las instalaciones industriales de alto riesgo que se encuentren en zonas habitadas y que en caso de accidente puedan provocar daños de alcance similar a los provocados por el accidente de Toulouse. 
Unas de esas instalaciones, las de PETROLA ELLAS ÁÅÂÅ, se encuentran a distancia mínima de zonas tan densamente pobladas como Eleusis, Asprópirgos y Mandra, y la empresa ha solicitado licencia para ampliar las instalaciones en una extensión de 130.000 m2 situados en la zona de seguridad entre las actuales instalaciones de PETROLA y las de la industria armamentística PYRCAL. 
Quisiera así mismo resaltar que, de acuerdo con testimonios de la industria en cuestión, la dirección no ha puesto a disposición el público, tal y como debía de acuerdo con la Directiva Seveso, ni el informe de seguridad ni los planes de emergencia, de suerte que puedan adoptarse las medidas necesarias en caso de accidente. 
Prácticas similares (planes insuficientes, falta de información a las autoridades locales y a los ciudadanos) son seguidas también por otras industrias de la zona. 
Por lo general envían simplemente algún dossier incompleto al Ministerio, sin más cuidado por la aplicación de las disposiciones de la Directiva Seveso. 
El interés y el celo de las autoridades griegas competentes en materia de previsión de grandes accidentes y limitación del alcance de sus consecuencias quedan patentes en la respuesta de la Comisaria de Medio Ambiente a una pregunta mía al respecto. 
Reproduzco literalmente la respuesta: "La Comisión dirigió el 7 de junio de 2000 una carta a las autoridades griegas mediante la que solicitaba información sobre la ampliación de las instalaciones de PETROLA. ¡Hasta el momento, las autoridades griegas no han respondido a la carta en cuestión !". 
Tras las manifestaciones del lunes realizadas por Christine de Veyrac, alcaldesa en funciones de Toulouse, debo manifestar la compasión y la solidaridad de toda la delegación francesa del Grupo del PPE-DE con respecto a todos nuestros compatriotas afectados por la catástrofe de la fábrica AZF de Toulouse, y especialmente con respecto a las víctimas y a sus familias. 
Quisiera también rendir un homenaje a todos aquéllos y aquéllas que reaccionaron con una valentía extraordinaria aportando su ayuda a las numerosas víctimas. 
Los datos actuales nos permiten suponer que se trata de un accidente, aunque sea demasiado pronto para afirmarlo con una certeza total. 
Si así fuera, será necesario asegurarse de que se adoptaron todas las medidas de seguridad y de prevención al tratarse de una instalación clasificada entre las fábricas de mayor riesgo industrial. 
La verdadera cuestión es saber si las disposiciones de las directivas Seveso de 1982 y 1986, que prevén todos los procedimientos necesarios y todos los escenarios de peligro, se respetan en los emplazamientos concernidos de la Unión Europea, y verificar si los estudios de peligrosidad se actualizan con regularidad. 
Conviene también asegurarse de que los planes son operativos y están probados, que las administraciones nacionales tienen los medios para inspeccionar todas esas instalaciones y que se respetan las zonas de no-construcción. 
Será necesario ante todo extraer las lecciones de este drama que ha golpeado con tanta dureza a los habitantes de Toulouse, con el fin de que las poblaciones de la Unión Europea queden en el futuro definitivamente preservadas de explosiones tan desastrosas. 
Informe Robert J.E. Evans (A5-0304/2001) 
He votado a favor de este informe, pero me ha decepcionado que se hayan rechazado algunos de los aspectos más importantes. 
Parece que el Parlamento no acepta la definición común de refugiado, basada en la definición exhaustiva, que comprendería la persecución por razones de sexo y la persecución estatal y no estatal, y tendría en cuenta el temor del solicitante a una persecución ulterior. 
No sé cómo puede haber quien justifique la votación contra semejantes principios. 
En relación con la cuestión de un país de origen seguro, no creo que exista un país seguro en ninguna parte. 
Para ciertas personas de ciertas secciones de la sociedad, existe peligro en cualquier país. 
En Irlanda hemos firmado un acuerdo bilateral con Rumania y Nigeria y proyectamos firmar más acuerdos de esa clase en el futuro para poder acelerar el procedimiento de deportación. 
Es un cumplimiento insuficiente de las prescripciones del derecho internacional. 
No se trata a los individuos como individuos, sino como grupos procedentes del país de que se trate. 
La idea de un país seguro, la idea de que los gobiernos pueden afirmar en realidad que ciertos países son seguros, es de lo más increíble. 
Debemos recordar que para ciertas personas no existe país seguro alguno. 
Hemos votado en contra del informe Evans, que hace suyas las orientaciones principales de la Comisión sobre el procedimiento de asilo conjunto: tanto para él como para ella, este procedimiento debe ser reorientado hacia una concesión más amplia del asilo a los solicitantes, que son "personas en busca de seguridad". 
Ya constatamos, en el último período de sesiones, las consecuencias prácticas de una orientación como ésa, examinando la propuesta de la Comisión relativa a las normas mínimas del procedimiento de concesión del estatuto de refugiado. 
Ésta conduce directamente a evitar esta realidad que hoy los desvíos y las manipulaciones del derecho de asilo convierten en una de las primeras, quizá la primera, fuente de inmigración clandestina. 
¿Cuántas demandas son infundadas? 
Probablemente nueve de cada diez. 
La Comisión olvida esas cifras, al igual que minimiza el número total de solicitudes, que evalúa en 200.000 para toda la Unión Europea en el año 2000, mientras que según las cifras que nosotros poseemos éstas se elevan a 375.440 contando solamente diez de los quince países de la Unión. Esta subestimación no es inocente. 
Los países miembros no deben aceptar las propuestas de la Comisión, que los encerrarían en un procedimiento conjunto, flexible al principio, pero cada vez más rígido después, como se dice claramente en la página 8 de la comunicación. 
Este procedimiento conduciría a conceder el asilo sin freno, y además ampliaría la noción de refugiado que contiene la Convención de 1951 para ampliarla a otras formas de protección temporales. 
Todo esto es totalmente inoportuno. 
La Comisión haría mejor presentándonos propuestas para que se aplicase una política de regreso de los solicitantes rechazados. 
Haría mejor también presentándonos propuestas para que se desarrollase de forma prioritaria la asistencia a los refugiados en su región de origen. 
. 
(DA) Las detalladas peticiones del informe a la Comisión y al Consejo está fundadas en la simpática ambición de aumentar la seguridad jurídica de los solicitantes de asilo en relación con los derechos de la convención vigentes, especialmente con respecto al procedimiento de tramitación de los expedientes de asilo; las propuestas tendrán como efecto un necesario fortalecimiento de la seguridad jurídica en nuestro país natal. 
Además, nos parece positivo que la propuesta busque "los motivos de la persecución de los refugiados". 
Aunque podemos sumarnos a la mayoría de las recomendaciones del informe, no hemos podido votar a favor del informe, en parte porque varias de las propuestas son demasiado vagas, en parte- y especialmente- porque las propuestas parten de la base de que la política de asilo e inmigración es definida supranacionalmente por la UE. 
Estos ámbitos políticos forman parte del propio ámbito de responsabilidad de los Estados miembros y no deben ser (mal) utilizados para la construcción de un sistema jurídico y policial supranacional. 
Antes que nada, debo dar las gracias tanto a nuestro ponente en el seno de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, Sr. Robert Evans, como a la totalidad de la comisión por el trabajo de calidad que nos han ofrecido pero también por la elección del tipo de sociedad valiente que nos incitan a adoptar en el día de hoy. 
Votar este informe supone para mí ante todo dar nuestro apoyo a la orientación ambiciosa que dio el Consejo Europeo de Tampere, es decir, no solamente que "en un tiempo, las reglas comunitarias deberían desembocar en un procedimiento de asilo común y un estatuto uniforme, válido en la totalidad de la Unión, para las personas a quienes se concede el asilo", pero también el compromiso de este Consejo Europeo de Tampere de suscribir una interpretación "íntegra y global" del Convenio de Ginebra. 
Dicho de otro modo, votar este informe es apoyar la idea de que una política de asilo común debe mantener unas normas elevadas para la protección de los refugiados, incluir una definición común de la noción de "refugiado" y asegurar una interpretación plena y completa del Convenio de Ginebra, que tenga en cuenta las persecuciones tanto por parte de los Estados como por parte de agentes no estatales así como del miedo de los que buscan asilo con respecto a persecuciones posteriores. 
Para mí es, pues, importante llamar la atención de ustedes ante el hecho de que la interpretación común "íntegra y global" del Convenio de Ginebra debe incluir la posibilidad de conceder asilo en caso de persecución que no tenga carácter nacional. 
En otros términos, el desarrollo de la política común exige la prosecución de la armonización de los procedimientos en la totalidad de la Unión. 
Aclaremos sin embargo que, si bien es importante estimular un procedimiento único así, éste no debe reducir las posibilidades individuales de obtener el estatuto de refugiado en virtud del Convenio de Ginebra. 
Votar este informe es también para mí insistir en el hecho de que la utilización de conceptos como "país tercero seguro", "país de origen seguro", "procedimientos acelerados" y "procedimientos relativos a candidaturas manifiestamente no fundadas" debe limitarse a lo que es justificado e incluir garantías legalmente vinculantes. 
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento) 
(GUE/NGL) , por escrito. (EL) Los dos informes referidos al procedimiento de concesión de asilo, por una parte, y a la política de la UE para la inmigración, por otra, se proponen en realidad hacer frente al mismo problema. 
El problema de la afluencia masiva hacia países de la UE de personas desplazadas, que se encuentran en peligro en sus países, ya sea a causa de la persecución política, ya sea por razones de supervivencia económica. 
En los informes, igual que en los demás documentos de la UE relativos a esta cuestión, hay siempre un párrafo dedicado a la necesidad de emprender acciones para combatir las causas que hacen posible la existencia de refugiados y emigrantes. 
Claro está que no se mencionan las criminales responsabilidades del imperialismo, que desde hace siglos explota los recursos naturales y humanos de los países del tercer mundo y no duda en quitar y poner gobiernos, con frecuencia autoritarios, con tal de que sus intereses económicos sean mejor servidos. 
La rabiosa lucha de las fuerzas imperialistas para destruir el socialismo, la guerra que provocaron en los Balcanes, y del mismo modo el reciente trágico ejemplo de la guerra planeada contra sus talibán y su Bin Laden, han arrojado y seguirán arrojando como resultado a millones de personas desgraciadas deambulando por los países de la UE, y por otros países, en busca de un lugar bajo el sol. 
No debemos, por consiguiente, concebir ilusiones; refugiados y emigrantes, muchos, seguirán existiendo en tanto prevalezca el imperialismo. 
De lo que se habla, pues, es de una mejor gestión del problema. 
En este marco, el informe Evans, que se refiere a la concesión de asilo, incluye observaciones y propuestas realmente interesantes. 
No deja, en cualquier caso, de ser una enumeración de deseos y buenas intenciones. 
Acertadamente, por ejemplo, se señala que el concepto de "país de origen seguro" y "países terceros seguros" es equívoco y comporta el peligro de se pueda expulsar a personas a países en los corren que peligro; es decir, el peligro de que los enviemos literalmente a la "boca del lobo". 
Ejemplo típico lo constituye Turquía, un país en proceso de adhesión, en el que la UE considera que se registra un avance permanente en materia de derechos humanos. 
La verdad conocida por todos, sin embargo, es que en Turquía se encarcela a la gente por sus ideas, se asesina a huelguistas de hambre y a otros luchadores por la democracia; en Turquía, partidos que representan a millones de kurdos, o que hacen oposición al régimen (como el Partido Comunista) , permanecen prohibidos, se detiene a los sindicalistas, etcétera. 
Y sin embargo, hay países de la UE, entre ellos Grecia, que expulsan a ese país "seguro" a opositores al régimen. 
A propósito de las condiciones de subsistencia de los refugiados, es característico el caso de Grecia, donde miles de kurdos se encuentran en campamentos-gueto en Laurio, y afganos y otros refugiados duermen en cajas de cartón en los parques de Atenas, privados de lo más elemental. 
Así mismo, el informe se refiere con toda razón a los enormes retrasos que se registran en el procedimiento de tramitación de las solicitudes de asilo, y la poca disposición de los países a conceder el asilo. 
En Grecia, por ejemplo, el porcentaje medio de solicitudes aprobadas al año es el 5%; sólo este año ha alcanzado el 7%. 
Vamos a votar a favor del informe Evans, porque incluye propuestas de mejora del actual estatuto de protección de los refugiados. 
Creemos, no obstante, que sólo la solidaridad y la lucha unida, tanto de los refugiados como de los trabajadores de los países de la UE, en el sentido de reivindicar condiciones de vida dignas para todos; y, más allá, en el sentido de erradicar las causas que hacen posible la pobreza y la existencia de refugiados, dará solución definitiva al problema. 
- (NL) Las grandes diferencias entre ricos y pobres que se registran en el mundo fomentan la migración. 
Sin embargo, este fenómeno no aporta más que una solución individual y no beneficia a la humanidad en su conjunto. 
En general son las personas mejor formadas y más afortunadas las que logran entrar en Europa, en tanto que muchos de ellos podrían desempeñar tareas útiles en su país de origen. 
Ello no obstante, dichas soluciones individuales son imprescindibles para quienes se ven obligados a huir de la guerra y de la opresión para sobrevivir. 
No podemos establecer cuotas ni denegar la entrada a estas personas porque ello equivaldría a enviarlas a la muerte. 
Tampoco es justificable que sean devueltas a su país de origen antes de que se resuelva el conflicto del que han huido. 
Es más, algunos refugiados expresarán su deseo de permanecer en el país de acogida incluso después, puesto que, entretanto, sus hijos y nietos habrán crecido en el país donde ellos se establecieron nuevamente. 
El número de inmigrantes admitidos varía de un Estado miembro a otro. 
Es llamativo que tanto las personas que defienden una ampliación de las condiciones de admisión como quienes abogan por una restricción de las mismas lleven años luchando por una política europea más centralizada y más uniforme. 
Estoy dispuesto a respaldar su lucha siempre y cuando ello conduzca a que los Estados miembros apliquen unas normas mínimas más generosas que las que se contemplan en el Convenio de Ginebra. 
La protección de los refugiados resulta más fácil de organizar y controlar a pequeña escala que desde una burocracia lejana. 
Según el Convenio de Ginebra, el estatuto de refugiado se aplica a toda persona que, "teniendo fundadas sospechas de que puede ser perseguida por su raza, por su religión, por su nacionalidad, por su pertenencia a un grupo social determinado o por sus opiniones políticas, se encuentra fuera del país del que ostenta la nacionalidad y que no puede o, por ese temor, no desea reclamar la protección de dicho país". (Artículo primero) 
Ya sería hora de que los Estados miembros de la Unión Europea aplicasen íntegramente este Convenio. 
Ahora bien, con toda hipocresía, Francia se niega a conceder el estatuto a los refugiados argelinos. 
Igualmente, Europa se negó en plena guerra de Kosovo a conceder el estatuto de refugiado a los desertores serbios o a los perseguidos kosovares. 
¿Cuántos bosnios se enmohecen aún en los campos de refugiados de Turquía porque la Unión se ha negado a acogerlos? 
¿Cuántos refugiados afganos se amontonan en Sangatte con la esperanza de llegar a Inglaterra porque saben que no tienen ninguna posibilidad en el espacio Schengen? 
Sin embargo, a pesar de las reticencias, porque el texto propone normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo, un nivel de ayuda mínimo como proporcionar una asistencia jurídica completa a cada solicitante con cargo a los poderes públicos, o la justificación por la autoridad o el tribunal del rechazo de una demanda de refugiado así como una ayuda específica a las personas vulnerables, nosotros votaremos a favor. 
Informe Pirker (A5-0305/2001) 
He votado en contra de este informe. Envía señales inadecuadas. 
Da a entender que Europa aceptará a las personas que quiera, a las personas que necesite; dicho de otro modo, se clasifica a seres humanos como mercancías que ciertos Estados miembros necesitarán. 
Es contrario a todos los principios internacionales de derechos humanos básicos. 
Da a entender que las personas que se dedican a determinado comercio o que tienen determinada profesión pueden entrar, pero otras personas que pueden necesitar urgentemente entrar no serán admitidas. 
Toda esa política es completamente restrictiva. 
En relación con la idea de que todos debemos asumir la carga de las cuotas, de que los inmigrantes son una carga, de que todos debemos diseminar esa carga, de que los inmigrantes no son personas en absoluto, de que son básicamente problemas, este informe envía las señales completamente inadecuadas. 
Establece el concepto de una Europa fortaleza cuya puerta se abrirá para unos pocos privilegiados. 
Señor Presidente, comparto algunas- ya que no todas- las reservas de la Sra. McKenna sobre el informe Pirker. 
Sin embargo, he votado a favor del informe sobre una política común de inmigración, pero lamentándolo mucho. 
Lo he hecho porque, aunque el informe, en su forma enmendada, es, dicho sea coloquialmente, un completo desastre- ciertos puntos no se corresponden con otros y sigue habiendo contradicciones por todos lados -, hay unos pocos (estoy seguro de que la Sra. McKenna los examinará) , pero importantes, aspectos positivos en el informe. 
Por ejemplo, reconoce el derecho de los ciudadanos de terceros países legalmente residentes en la Unión Europea a la libre circulación por Europa. 
Además, concede el derecho al voto en las elecciones locales. 
Sin embargo, hay aspectos negativos. 
Dudo que todos cuantos han votado a favor del párrafo 35 lo hayan leído, porque limita el derecho de residencia, alojamiento y educación. 
Eso es inherentemente racista y debemos oponer resistencia al respecto. 
Sin embargo, con el rechazo del informe se habrían perdido los aspectos positivos; a eso se debe mi apoyo, aunque con las reservas que he expresado claramente aquí. 
Señor Presidente, el informe Pirker es muy importante porque en él hemos visto plasmadas algunas afirmaciones de principio que consideramos fundamentales y esclarecedoras. En primer lugar, la afirmación según la cual lo que se espera de los inmigrados es el respeto a la comunidad de valores, tal como reconoce la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como una auténtica voluntad de integración en la sociedad de los Estados miembros. 
Hoy nos damos cuenta, al haberse convertido en trágica actualidad, de todo el alcance de la peligrosidad que encierran "valores" distintos y en contraste con los valores comunes a nuestra sociedades y a nuestras tradiciones, introducidos y difundidos, por ejemplo, por la inmigración ilegal ligada al fundamentalismo islámico en el interior de nuestras sociedades. 
Entre estos valores quisiera referirme a los que atañen a las relaciones familiares, a los derechos familiares y aprovecho la ocasión para recordar el drama de una pareja italiana, integrada por madre e hija, obligada a refugiarse en la embajada italiana en Argel y que se ha dirigido a este Parlamento para que se protejan sus derechos fundamentales conculcados precisamente por quien apela a estos principios contrastantes que atañen al Derecho islámico. 
Luego, otro principio: el reconocimiento de que cada Estado tiene derecho... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
El informe Pirker sobre la política comunitaria de inmigración acaba de verse agravado por la adopción de la enmienda 17 que reclama el derecho de voto para los nacionales de países terceros en las elecciones municipales. 
De cualquier forma, y a pesar de los esfuerzos loables del Sr. Pirker, este informe es ambiguo en su formulación general ya que no se atreve a decir con claridad que la actuación de la Comisión, en su comunicación sobre la inmigración, es errónea. 
En primer lugar, oculta ampliamente el fenómeno de la inmigración clandestina, y no propone más que remedios parciales o lejanos. 
En especial, el planteamiento de co-desarrollo con los países de origen es sin ninguna duda interesante con el tiempo pero no exime, en lo inmediato, de que se refuercen nuestros controles en las fronteras. 
Por otra parte, la Comisión abre ampliamente las compuertas de la inmigración legal. 
Declara que la política europea "debería basarse en el hecho de que las presiones migratorias seguirán" (pág. 14) , y llega a la conclusión de que la legislación debería ser "concebida de forma que facilitara, en lugar de que obstaculizara, la admisión de migrantes por razones económicas" (pág. 19). 
Por nuestra parte, nosotros no llegamos a la misma conclusión. 
Pensamos al contrario que es preciso poner en marcha una política de cuotas cuyo nivel sería decidido por cada Estado miembro por su cuenta y que, además, a nuestro juicio deberían cubrirse prioritariamente por nacionales de países del Este, muy pronto miembros de la Unión. 
Con respecto a la integración de los inmigrantes, la Comisión nos invita "a reconocer que la integración es un proceso de doble sentido que requiere una adaptación tanto del inmigrante como de la sociedad que lo acoge" (pág. 21). 
Tampoco es ésta nuestra opinión. 
Los extranjeros que llaman a nuestra puerta vienen con mucha frecuencia de países que han fracasado completamente en su intento de que la población viva decentemente, o incluso de que puedan alimentarla. 
Evidentemente, el interés de estos inmigrantes es el de adaptarse a nuestros modos de vida y a nuestros valores. 
Pensar lo contrario es hacerles un flaco favor, y hacérselo así de rechazo a los países de Europa. 
El informe se pronuncia sobre una comunicación de la Comisión, adoptada en noviembre de 2000, relativa a la inmigración, en el que se la aborda desde una perspectiva esencialmente económica, vinculada con las perspectivas de empleo, lo que puede crear condiciones para el establecimiento de cuotas de inmigración en la Unión Europea. 
Parece que a la Unión Europea sólo le interesa utilizar la mano de obra de terceros países para satisfacción de las necesidades y carencias del capitalismo europeo, indiferente a los bloqueos que puede crear al propio desarrollo de esos países al privarlos de los recursos esenciales. 
Ahora bien, es fundamental una nueva perspectiva de la política de cooperación y desarrollo, en particular con terceros países, a fin de contribuir a un mayor apoyo a su desarrollo y a la fijación de sus poblaciones con condiciones de vida dignas, cosa que el informe, lamentablemente, no destaca. 
Respecto de los inmigrantes, conviene garantizar y respetar todos sus derechos. 
A eso se deben las propuestas que presentamos con vistas a la defensa de la legalización de todos los inmigrantes, la insistencia con que expresamos la necesidad de reconocimiento de los derechos civiles y políticos, en particular del derecho de voto en las elecciones locales y europeas y la defensa de la igualdad de trato en materia de derechos económicos, culturales y sociales. 
He votado a favor del informe del Sr. Pirker y debo señalar la calidad del trabajo efectuado por nuestro ponente. 
Me alegro de que esta Asamblea se pronuncie finalmente sobre un tema tan importante. 
Desde hace cerca de veinte años, la inmigración no se trata en el debate público más que de forma pasional o poco real. 
¿De qué otra forma podría ser en la medida en que este tema se ha convertido prácticamente en un desafío de máxima importancia de política interior en la totalidad de los Estados de la Comunidad Europea? 
Es obligado también reconocer que, ante los ojos de nuestras opiniones públicas, las políticas emprendidas se caracterizan al mismo tiempo por la ineficacia, por lo que se refiere a la lucha contra la inmigración clandestina, y la injusticia, por lo que respecta a la inmigración regular, legal y útil para el desarrollo de nuestra sociedad. 
Hoy se ha convertido en algo obligado distinguir de forma clara tanto en el derecho como en la práctica la inmigración regular de la que no lo es, definir criterios y atenerse a ellos. 
Cuando muchas organizaciones internacionales y europeas señalan todas las amenazas de penuria de mano de obra cualificada en nuestro continente, debemos saber adaptarnos, a ejemplo de varios países anglosajones, para abrir la sociedad europea a los inmigrantes, que lo necesita de forma imperiosa en varios sectores, entre ellos el de la informática y el de las nuevas tecnologías. 
Como conclusión, la verdadera valentía consiste en luchar por una transformación profunda del orden económico mundial. 
La justicia y la ética encontrarían en ese caso mucho más su lugar que en el extremismo moralizante de los que quisieran exigir una total libertad de instalación en nuestro continente, y también de los que quisieran hacer de nuestra Comunidad Europea un simple santuario. 
A la luz de los últimos acontecimientos dramáticos del 11 de septiembre de 2001 que tuvieron lugar en los Estados Unidos de América, la lucha contra la inmigración ilegal en Europa debe ser más que nunca nuestra primera preocupación. 
Ya es hora de terminar con el libre acceso sin control a inmigrantes clandestinos y con la libre circulación en el seno de la Unión de traficantes y terroristas. 
Es necesaria una reacción de supervivencia. 
Efectivamente, se han identificado células terroristas en diferentes Estados miembros de la Unión, principalmente Francia y Bélgica, entre los inmigrantes clandestinos. 
Desde la apertura de las fronteras y los acuerdos de Schengen, algunas comunidades de inmigrantes se han organizado sistemáticamente en redes de infiltración religiosa y étnica y constituyen por eso mismo un terreno favorable al desarrollo del terrorismo, pero también de la delincuencia, de los tráficos y de todo tipo de violencia. 
Frente a esto, ¿la política de Bruselas? 
Cerrar los ojos, ignorar el mal. 
Como mucho, denuncia con la boca pequeña una criminalidad internacional en constante crecimiento. ¿Sus soluciones? 
Favorecer la inmigración. Legalizar clandestinos. 
Dar papeles a todos aquéllos que han entrado ilegalmente en nuestros territorios. Crear, y permitir que se creen, zonas en las que no existe el derecho como por ejemplo el Centro de Sangatte en Francia. 
Eso es por cierto lo que propone ampliamente el informe que se nos ha sometido a votación. 
Es necesario repoblar Europa, con un déficit democrático, nos dice; 
Europa tiene necesidad de mano de obra y para paliar esta falta será necesario plantear una política de inmigración global y voluntaria. 
Los diputados del Frente Nacional no cesan de denunciar esta política irresponsable y suicida de Bruselas desde hace años. 
La lucha contra la inmigración ilegal debe basarse claramente en el principio de la tolerancia cero. 
Los inmigrantes clandestinos deben ser devueltos a sus países de origen. 
Nuestras fronteras deben ser restablecidas ya que queda definitivamente probado para todos los partidarios de Schengen que éstas son un elemento esencial para la seguridad de nuestros Estados. 
Así pues, antes de comprometerse en una política común de inmigración, es necesario comenzar estableciendo una política de seguridad común. 
. (SV) Hay algunas partes del informe que no nos satisfacen. 
A nuestro juicio, se da demasiada importancia a lo que se debe hacer para limitar la inmigración en lugar de destacar los aspectos positivos y necesario de la inmigración en general y de la inmigración de mano de obra en particular. 
En muchos casos nos gustaría que la inmigración de mano de obra fuese aún mayor. 
Reaccionamos especialmente en relación con el punto 15 en el que se señala que "se espera de los inmigrantes que respeten la comunidad de valores, tal como se contempla en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y demuestren su voluntad de integrarse en la sociedad de los Estados miembros." 
En la actualidad no exigimos que los ciudadanos europeos respeten los valores a que se refiere el informe. 
Cabe preguntarse cómo hay que interpretar este punto. 
Actualmente una ola de sentimientos antiislámicos recorre Europa. 
Los musulmanes sufren acoso en Suecia y en otros países miembros. 
Políticos de los países miembros han hecho declaraciones que a nuestro juicio son sorprendentes. 
Nuestra preocupación es que la redacción del punto 15 pueda dar origen a aún más intolerancia y xenofobia. 
El riesgo es que Europa pierda su diversidad. 
-Señor Presidente, quiero dejar claro con esta intervención el sentido del voto positivo de mi Grupo al informe Pirker. 
Una recepción positiva de la Comunicación de la Comisión es para nosotros muy importante. 
El Consejo de Laeken tiene la obligación política de relanzar el proceso iniciado en Tampere por el Consejo Europeo. 
Los ciudadanos, así lo demuestran los datos ofrecidos por EUROSTAT, creen que la Unión Europea debe tener una política común de inmigración. 
Nuestro Grupo ha incluido entre otras cosas el voto en las elecciones locales para los residentes de larga duración y ha podido incluir competencias claras para la Unión Europea. 
Por ello, y para expresar nuestro fuerte apoyo a la Comunicación, hemos votado a favor a pesar de una clara falta de coincidencia con algunas opiniones del ponente. 
Esperamos una recepción positiva de la Comunicación en el Consejo de Laeken. 
Lamentamos que algunos diputados de la derecha en el debate hayan hecho la amalgama entre el terrorismo y la inmigración lo que provoca recelo sobre los inmigrantes y los refugiados islámicos. 
Informes Evans (A5-0304/2001) y Pirker (A5-0305/2001) 
. (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor de los informes Evans y Pirker. 
Estamos de acuerdo en que la UE debe desarrollar a largo plazo un procedimiento de asilo común y un estatuto unificado para las personas a las que se conceda asilo. 
Además, la política de inmigración de la UE debe adecuarse al desarrollo del mundo. 
No obstante, tenemos en cuenta que las comunicaciones tocan un ámbito incluido dentro del título IV del Tratado de la CE y que no rige para Dinamarca, cf. Protocolo sobre la posición de Dinamarca. 
. 
(FR) Hemos votado a favor del informe Evans porque aporta distintos avances para la situación de los refugiados y porque se debería dar por sentado que, en esta materia, todos los países de la Unión Europea aplican el mismo procedimiento. 
Pero sería necesario que este estatuto común se estableciera sobre la base del país en el que es más favorable a los refugiados, lo cual no es el caso en absoluto. 
Por otra parte, el texto deja abiertas varias fórmulas para los Estados que pudieran desear una aplicación más restrictiva, lo cual limita el propio alcance de las medidas que se consideran positivas. 
No obstante, hemos votado en contra del informe Pirker sobre la inmigración, que es una justificación de la política de los cupos de inmigración en función de los meros intereses de la patronal de los países afectados. 
Este informe intenta dar un fundamento jurídico a las actuaciones de los modernos traficantes de esclavos, para permitirles ir a buscar la mano de obra que necesitan a los países pobres, con derecho a rechazarla en cuanto dejen de necesitarla. 
Informe Titley (A5-0309/2001) 
(GUE/NGL) , por escrito. (EL) El golpe terrorista en los Estados Unidos nos obliga a contemplar desde una nueva óptica el problema de la exportación de armas. 
Y desde esa óptica, el informe Titley, que incluye algunas consideraciones positivas, aunque generales, creo que en modo alguno está a la altura de las exigencias de los tiempos. 
No es de recibo que la Unión Europea plantee como criterio de su código de conducta en materia de exportación de armas las "necesidades de la industria europea", porque entonces cualquier medida sustantiva que se pudiera considerar quedaría invalidada. 
La Unión Europea debe actuar en el sentido de que los Estados Unidos, Rusia, China y todos los demás grandes exportadores de armas se comprometan a adoptar normas de conducta; su poca disposición al respecto no puede constituir factor de relajación, o coartada para una actuación descuidada por parte de la Unión Europea. 
Por otra parte, es necesario el funcionamiento a escala de la Unión Europea de un observatorio; y es que hacen falta un registro y transparencia con respecto a las exportaciones de armas, de suerte que se ponga inmediatamente fin a determinadas prácticas escandalosas de ventas de armas a fuerzas criminales y desestabilizadoras, que además no dudan en apuntar con esas armas, mediante el terrorismo, a la propia Unión Europea y a sus ciudadanos. 
Por las razones expuestas, considero la resolución insuficiente y no le dado mi voto. 
(DA) La idea de una regulación política de la producción y exportación de armas goza de nuestro total respaldo. Sin embargo, rechazamos el informe del Sr. Titley por los siguientes motivos: 
El informe no refleja el conflicto fundamental entre los intereses de la industria armamentística y un orden mundial pacífico ideal. 
Iniciar un informe relativo a códigos de conducta para la exportación de armas con el punto 1, letra d) , que proclama que la política comunitaria en materia de exportación de armas debe "responder a las necesidades de la industria de defensa europea y asumir sus retos" resulta contradictorio. 
De igual forma nos oponemos a la ambición de que la política de exportación de armas se convierta en instrumento para el desarrollo de una política de defensa común, tal como queda indicado en el punto 1, letra e). 
Reconocemos que se han llevado a cabo mejoras positivas y apoyamos, además, algunas de las formulaciones. 
El Grupo Verdes/ALE acoge con beneplácito que el informe del Sr. Titley sobre un código de conducta de la UE relativo a las exportaciones de armas represente una importante mejora respecto de sus informes anteriores al respecto. 
Podemos apoyar plenamente la inmensa mayoría de este informe y acogemos con beneplácito muchas de sus recomendaciones. 
Sin embargo, lamentamos que muchos de nuestros diputados consideraran que debían abstenerse de la votación final porque no se aprobó la enmienda encaminada a suprimir la sección 1 d) "... Reitera su convencimiento de que la política europea en materia de exportaciones de armas debe d) atender las necesidades e imperativos de la industria europea de defensa ". 
Si se hubiera suprimido esa sección, podríamos haber apoyado el informe final. 
Pero la permanencia de ese objetivo en el informe contradice completamente la que consideramos una política ética en materia de armas. 
Consideramos que un código ético de conducta sobre las exportaciones de armas no debe ser dictado por las necesidades de la industria europea de defensa. 
- (NL) Con la venta de instrumentos que ayuden a matar se puede ganar mucho dinero. 
Desde los atentados terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos se prevén mayores ganancias para la industria de armamentos. 
La única justificación posible de la producción de armas es la autodefensa contra enemigos del exterior que pretendan dominarnos, oprimirnos o exterminarnos. 
La producción de armas como actividad económica destinada a obtener beneficios mediante la exportación hacia regiones donde la gente esté dispuesta a comprar esas armas induce a creer que el dinero reviste mayor importancia que las vidas humanas. 
Muy a pesar del Parlamento, el Consejo se empeñó el año pasado en que se levantara el embargo de armas impuesto a Indonesia, no obstante la violencia en Timor Oriental, las islas Molucas, Atjeh y Papúa Occidental. 
Aunque la propuesta del Sr. Titley en realidad no es más que una consulta no legislativa, supone una serie de mejoras con respecto a la situación actual. Confiere carácter jurídico vinculante al código de conducta en materia de exportación de armas y obliga a los países candidatos a respetarlo. 
Pretende impedir con razón que las empresas europeas puedan transferir licencias para la producción de equipos militares fuera del territorio europeo sin el expreso consentimiento de los Estados miembros. 
Apoyo su afán de alcanzar un acuerdo mundial, su propuesta de elaborar informes anuales sobre la aplicación del código de conducta y su petición de denegar el suministro de armas a los países que no faciliten información al registro de armas convencionales de las Naciones Unidas. 
Informe Langenhagen (A5-0288/2001) 
. 
(FR) Se nos presenta el Programa Galileo como un programa que permite avanzar en distintos ámbitos (gestión de los transportes terrestres, aéreos, marítimos, de la circulación de los automóviles, de la organización de los salvamentos marítimos) , todo ello gracias a la radionavegación por satélite. 
Se nos dice que Galileo responde al deseo de garantizar la independencia de Europa frente a los Estados Unidos, que han implantado un programa análogo con el GPS. 
De hecho, se trata ante todo de proporcionarle a las empresas europeas un enorme mercado, es decir, una nueva fuente de beneficios para sus propietarios y accionistas. 
Porque ellas serán, y ya son, las primeras en beneficiarse de Galileo, tanto en el sector de las telecomunicaciones, como en el de los transportes o en el espacial, dado que Galileo implica la creación de una red de alrededor de treinta satélites. 
La Unión Europea y la Agencia Espacial Europea ya han presupuestado y en parte desbloqueado una financiación pública de cerca de dos mil millones de euros. 
Por su parte, los inversores privados se resisten a soltar una sola peseta. 
Sin embargo, la Unión Europea únicamente tiene previsto recurrir a su participación financiera limitada en la fase final del proyecto, cuando éste haya sido lanzado y garantizado por fondos públicos. 
Pero los inversores privados a los que se ha prometido la gestión de Galileo y, en consecuencia, "los ingresos que se pueden obtener de todos los servicios proporcionados por Galileo" no quieren asumir ningún "riesgo comercial", escribe el ponente. 
Esperan "un signo positivo de las autoridades políticas" de Europa, en otras palabras, que asuman los gastos dejándoles únicamente la tarea de recaudar los beneficios. 
Si las autoridades europeas dicen maravillas de los presuntos méritos de la iniciativa privada, los capitalistas, por su parte, no se andan por las ramas. 
Quieren beneficios garantizados, sin riesgo, y para ello, saben recurrir a las autoridades tanto europeas como nacionales. 
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(FR) Me satisface poder expresar mi opinión sobre el Proyecto Galileo, en un momento en el que los acontecimientos del 11 de septiembre ponen a prueba nuestra capacidad para gestionar las crisis. 
Recordemos que el Proyecto Galileo pretende desplegar un conjunto de satélites en órbita, a unos 20.000 km. de la tierra. 
Este conjunto de satélites estaría unido a una red de estaciones de control en tierra. 
Se dispondría por tanto de una cobertura mundial que permitiría mejorar considerablemente la gestión del tráfico aéreo, marítimo y por carretera, así como apoyar operaciones de búsqueda y de salvamento. 
Esta tecnología ya existe en los E.E.U.U. (sistema GPS) y en Rusia (sistema GLONASS). 
Actualmente, está controlada y financiada por las autoridades militares de estos dos países. 
La calidad y la continuidad de su uso civil dependen de estos últimos, quienes, en cualquier momento, pueden detener o degradar la señal. 
Por el contrario, en Europa, el Programa GALILEO será gestionado y controlado por civiles. 
Se ha propuesto un desarrollo en cuatro etapas: su definición en 2000, su desarrollo y su validación hasta 2005, su despliegue hasta 2007 y su explotación a partir de esa fecha. 
Por tanto, idealmente, el sistema Galileo debería estar operativo a partir de 2008, respondiendo así a los deseos manifestados en el Consejo Europeo de Estocolmo y a las necesidades apremiantes de la Unión Europea en este campo. 
Por otra parte, esto es lo que se deduce del informe de la Comisión de Transportes. 
En cuanto a la financiación, creo que es importante aclarar sus modalidades antes de adoptar una decisión final. 
Por cierto, lamento que ciertos Estados miembros no se decidan a prestar su apoyo a este proyecto. 
Invito pues a la Comisión a realizar las gestiones que sean necesarias para eliminar estas reticencias. 
A continuación, su tarea consistirá en elaborar un esquema general de financiación, desde ahora y hasta el 15 de noviembre de 2001, si queremos razonablemente estar en disposición de respetar el plazo de 2008. 
Se deberá consultar al Parlamento Europeo sobre el proyecto preparado por la Comisión. 
Una vez adoptado, este proyecto deberá ser capaz de fomentar la participación de la industria europea en la financiación de las etapas ulteriores, a medio y a largo plazo. 
. 
(FR) Antes de nada, quiero darle las gracias a nuestro ponente en el seno de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, la Sra. Brigitte Langenhagen, así como a esta Comisión en su conjunto, por la calidad del trabajo que nos han presentado, y también por haber subrayado enérgicamente las ventajas y los problemas que puede aportar la aplicación del Proyecto Galileo de navegación por satélite. 
En primer lugar, recordemos brevemente que el Proyecto GALILEO de navegación por satélite es un proyecto ambicioso, que prevé el despliegue de una constelación de satélites en órbita a unos 20.000 kilómetros de la tierra; este conjunto de satélites está conectado a una red de estaciones de control en tierra. 
A través de esta definición, vemos lo importante que es votar a favor de un proyecto como éste, cosa que yo personalmente voy a hacer: efectivamente, la realización del Proyecto GALILEO nos permitirá disponer de una cobertura mundial, que puede utilizarse no solamente para la gestión del tráfico aéreo, marítimo y por carretera, sino también como respaldo a las operaciones de búsqueda y salvamento. 
Sin embargo, aunque, por las razones que acabo de indicar, haya que votar a favor de este informe, y permitirle por tanto a la UE desarrollar un sistema que el Consejo Europeo de Estocolmo consideró importante lanzar "sin demora", es importante hacerlo teniendo presentes los aspectos que, en el futuro, pueden resultar problemáticos, y que el informe pone de relieve. 
Además, es importante señalar que, de momento, la financiación de este proyecto no deja de plantear ciertos problemas: los Estados miembros, o al menos algunos de ellos, no se deciden a dar su respaldo financiero a la materialización de Galileo, y los inversores privados tampoco parecen estar particularmente entusiasmados ante la idea de participar en un proyecto de estas características. 
En otras palabras, antes de adoptar una decisión final, las autoridades presupuestarias de la Unión Europea deben tener una idea clara de esta financiación, es decir, que es necesario que la Comisión ponga a punto propuestas de esquemas de gestión para el Proyecto GALILEO. 
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento) 
Nuestra votación expresa la convicción de que vale la pena tener un proyecto europeo que funcione bien y sea independiente de las utilizaciones militares y de defensa, incluidos terceros países, cosa que no sucede actualmente, dada la dependencia europea en ese ámbito de los Estados Unidos de América. 
Ahora bien, es fundamental que la materialización del proyecto respete los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, en particular su intimidad. 
Su creación puede ser una ventaja para los servicios de telecomunicaciones móviles que puedan utilizarlo en aplicaciones de localización solicitadas por los usuarios, siempre que no resulte prohibitiva esa utilización por su costo financiero. 
Del mismo modo, es necesario tener en cuenta los costos de su financiación, en particular la parte que se exija a los países que no participen de forma directa en su construcción, para no dificultar su aplicación en los diversos Estados miembros. 
- (NL) Galileo llega una vez que la competencia estadounidense ha conquistado el mercado europeo. En otras palabras, llega demasiado tarde. 
Este sistema de navegación por satélite hubiera podido entrar a formar parte de una estrategia destinada a reducir la dependencia de Europa para con los EEUU. 
Hay razones más que suficientes para ello. 
Los Estados Unidos nos amenazan con un mayor recalentamiento de la Tierra, un escudo antimisiles resurgido de la época de la guerra de las galaxias, carne con hormonas, aviones ruidosos, el sistema de escuchas Echelon, un monopolio sobre patentes y un dólar que en su calidad de medio de pago internacional carga los déficits de la balanza de pagos estadounidense sobre el mundo exterior desde hace decenios. 
En este momento incluso están a punto de arrastrarnos hacia una guerra contra el tercer mundo. 
La restricción del acceso al mercado europeo de productos estadounidenses fabricados en condiciones laborales y medioambientales insatisfactorias podría obligar a los Estados Unidos a prestar más atención al trabajo, el medio ambiente, la sanidad pública, el maltrato de animales, los derechos humanos y la paz. 
Es la única situación en la que Galileo podría hacernos falta. 
Ahora bien, mientras esta confrontación no se produzca el proyecto Galileo no es sino una aportación de los contribuyentes europeos a la industria electrónica y aeroespacial, que está en gran parte sujeta a intereses militares. 
Sería mejor que el dinero asignado a Galileo se empleara en proyectos medioambientales e infraestructuras colectivas útiles. 
Informe Rübig (A5-0234/2001) 
. 
(FR) Lamentando el retraso que sufre la Unión Europea con respecto a los Estados Unidos y a Japón, el informe propone una serie de medidas que pretenden favorecer el "fomento de la innovación" y el progreso en materia de investigación. 
Todas las medidas propuestas se basan en la siguiente idea: corresponde a las autoridades públicas financiar, directa o indirectamente, la investigación, pero son los intereses privados los que deben sacar partido de ello. 
Esto abarca desde las subvenciones a lo que el informe denomina "empresas innovadoras" a las medidas de estímulo para "una sinergia entre las empresas y las universidades", lo cual supone la subordinación de estas últimas a las primeras en materia de investigación. 
En la Exposición de Motivos, el informe no solamente preconiza el fomento del "espíritu empresarial en el ámbito escolar", sino que también expresa el deseo de "suprimir los obstáculos a la movilidad derivados de los regímenes de la seguridad social". 
El título del informe es "La innovación en una economía basada en el conocimiento". 
Sería más correcto hablar de la subordinación del conocimiento, de la investigación y del dinero público a los intereses patronales en una economía basada en el beneficio. 
Nos oponemos tanto a la filosofía como al texto del informe, y hemos votado en contra. 
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(FR) La acogida que se ha dispensado a esta comunicación de la Comisión sobre "la innovación en una economía basada en el conocimiento" ha sido francamente positiva. 
Presenta el Cuadro de mando europeo de la innovación, elaborado sobre la base de estadísticas disponibles a escala europea. 
El análisis muestra que, a pesar de los esfuerzos realizados por los Estados miembros para potenciar la innovación, los resultados de Europa quedan por detrás de los de sus principales competidores. 
Con todo, la innovación es una de las prioridades estratégicas identificadas por el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000. 
En consecuencia, la Comisión da algunas recomendaciones a los Estados miembros con vistas a mejorar sus políticas de estímulo a las empresas innovadoras y de respaldo a la innovación en el tejido económico y social en su conjunto. 
Se invita a los Estados miembros a mejorar sus políticas destinadas a ayudar a las empresas innovadoras, a eliminar los obstáculos que dificultan las iniciativas de los innovadores, a fomentar las inversiones privadas en investigación e innovación, y a perfeccionar la normativa que regula la aplicación de los resultados obtenidos por la investigación financiada con fondos públicos. 
Apoyo por descontado estas propuestas. 
Creo que los proyectos que respondan a esta filosofía podrán obtener fondos dentro del 6º PMID. 
Por su parte, el ponente identifica tres sectores esenciales en los que la intervención comunitaria y el compromiso de los Estados miembros son necesarios: la creación de una cultura de empresa en el marco del sistema educativo, el fomento de la formación de los trabajadores y el estímulo a la innovación para las PYME. 
Además, subraya la necesidad de tener en cuenta las carencias de las PYME, en la medida en que suponen 60 millones de empresas y representan el 60% de los puestos de trabajo en la Unión Europea. 
La innovación no puede existir sin las PYME. 
Estoy, evidentemente, de acuerdo con él, pero debo admitir que hace años que oímos los mismos discursos sobre el papel esencial de las PYME en la economía europea, y sobre la necesidad de eliminar los numerosos obstáculos que frenan su desarrollo. 
¡Por desgracia, se han hecho escasos progresos! 
¡He tenido en cuenta este dato para la redacción de mi informe sobre el 6º PMID, y he intentado, en la medida de lo posible, garantizarle a las PYME un acceso a los fondos europeos de investigación y desarrollo! 
Señora Presidenta, acojo con el mayor beneplácito el informe de mi colega Paul Rubig, que fomenta la investigación y la innovación y respalda una iniciativa de la Comisión encaminada a fomentar la innovación. 
Una y otra vez se ha criticado a la UE por no mantenerse al día en materia de innovación tecnológica y está retrasadísima respecto de sus homólogos americanos al respecto. 
La UE debe hacer más para aprovechar sus posibilidades con vistas a innovar en esa esfera, cosa que, como se expone en el informe, se reconoció en la llamada Cumbre punto.com de Lisboa. 
Los Estados miembros de la Unión Europea deben aunar sus especializaciones independientes para crear un sistema de "evaluación comparativa". 
Para complementar esas medidas, el informe pide acertadamente más enseñanza de la máxima calidad. 
Con ello se contribuirá a potenciar en gran medida la Estrategia de la UE de Lisboa. 
Por último, esas innovaciones no pueden avanzar sin una aligeración de las reglamentaciones burocráticas. 
Si reducimos la cantidad de papeleo que actualmente dificulta la innovación europea, avanzaremos algo con vistas a poder competir más con América. Con ello se fomentarán más iniciativas y nuevas empresas. 
Informe Mayer (A5-0311/2001) 
. 
(FR) Ayer tarde, al cierre del debate y de las investigaciones de respaldo, el Comisario Bolkestein manifestó claramente su discrepancia frente a los que mantienen que los precios se han incrementado desde la introducción del régimen de agotamiento comunitario; por el contrario, se han registrado bajadas en algunos casos. 
Los que pretenden defender al consumidor están de hecho protegiendo los circuitos de importación paralelos que son una amenaza para la calidad, la innovación y el empleo, y que favorecen las falsificaciones. 
De ahí las tres enmiendas que he presentado; parecen preocupar al ponente. 
Efectivamente, el PPE ha pedido un llamamiento nominal en todas nuestras enmiendas para asegurarse el control total de sus miembros y los compromisos de ciertos coordinadores. 
Temo que, de nuevo, las presiones y los regateos puedan imponerse, y que se tome una decisión incorrecta. 
Para evitar la inútil multiplicación de los costes que conllevan estas peticiones de llamamientos nominales, retiramos nuestras dos primeras enmiendas y mantenemos únicamente la enmienda 3, que consideramos suficiente para reflejar la triste realidad. 
. (DE) El agotamiento internacional de los derechos de marca es un tema que se ha venido debatiendo intensamente durante los últimos meses, como lo demuestra la prolongada elaboración del informe a lo largo de varios meses y su radical modificación con respecto al primer proyecto. 
El agotamiento de los derechos de marca afecta a todos los productos de marca. 
En mi calidad de presidenta del Intergrupo "Vino", yo voy a concentrarme, no obstante, en sus repercusiones para este sector. 
El agotamiento internacional de los derechos de marca no reportará ninguna ventaja a los consumidores de la Unión Europea en el sector de los alimentos y bebidas. 
Así lo confirma el Estudio NERA encargado por la Comisión. 
A la larga, incluso podría resultar desventajoso para los consumidores europeos, al privar a nuestra industria de la posibilidad de desarrollar nuevos productos y ofrecer nuevos servicios al consumidor. 
Si se reducen de manera significativa los ingresos debido a la importación paralela por terceros, también disminuirá la motivación para invertir en nuevas marcas. 
Además, las complejas redes de distribución que se crearán si se acepta el agotamiento internacional de los derechos de marca, dificultarán el control de la piratería. 
Ello generará, sin duda alguna, desventajas para el consumidor y el productor de artículos de marca, entre otros aspectos también en lo que se refiere a la protección de la salud del consumidor. 
Por todo ello, yo soy contraria al agotamiento internacional del derecho de marca. 
Sin embargo, en atención al proceso seguido desde que se elaboró el primer proyecto, no voy a votar en contra del informe. 
Resolución común sobre el racismo (RC B5-0605/2001) 
Los conservadores del Reino Unido han votado contra esta propuesta de resolución, ya que repite los errores de la Conferencia de Durban. 
No podemos apoyar la indebida insistencia en el Oriente Medio y no estamos convencidos de que no pudiera haber sido mejor que la conferencia no hubiese alcanzado una conclusión. 
En muchos sentidos, la Conferencia de Durban pertenece a una época que llegó a su fin el 11 de septiembre. 
Hay tres motivos sobre los que se asienta cualquier actitud racista: primero, el desconocimiento de los demás que puede generar miedo y, en consecuencia, rechazo; segundo, la mala fe unida a la arrogancia de quien pretende sentirse superior, quizás movido por un inconsciente complejo de inferioridad; tercero, la voluntad política, económica y religiosa de aquellos que quieren alcanzar cada vez más poder dominando a los demás. 
Por lo tanto, si es evidente que es necesaria una fuerte y amplia actividad cultural que enseñe a cada uno el respeto a los demás y su aceptación, no es menos evidente que el mundo civilizado debe combatir con todos los medios a su alcance aquellos sistemas políticos, culturales, económicos y religiosos que fomentan el desarrollo del racismo y se basan en el racismo. 
El respeto a las diversidades no puede prescindir de una constante y clara acción del mundo civilizado para que en cualquier parte del mundo se alcance el objetivo del respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. 
Por lo tanto, no se puede considerar racismo la actitud de aquellas culturas civilizadas, occidentales o no, que luchan, por ejemplo, contra practicas religiosas o rituales que merman la integridad física de la persona y anulan su personalidad. 
Son practicas que no consideran todavía a las mujeres como sujetos que pueden ejercer todos los derechos, sino como objetos sometidos a costumbres que les impiden y limitan la participación en la vida social y política. 
Lamentablemente, la historia de la humanidad se ha caracterizado por racismos colectivos e individuales. 
Actualmente, la política, al condenar los racismos de antaño, no tiene que caer en el error de crear nuevos racismos. 
En efecto, no podemos ignorar que también existe una forma de racismo político que perdura en nuestros días: es el racismo de aquellos que condenan las ideas ajenas sólo porque son la expresión de una distinta adscripción política. 
Por esto, instamos al Parlamento, a la Comisión y al Consejo a que tanto en su interior como en las acciones exteriores actúen de una manera mucho más incisiva respecto a como lo ha venido haciendo hasta la fecha, al objeto de propiciar en los pueblos y en los Gobiernos una política de respeto mutuo que para ser tal no tiene que tolerar actitudes, ideologías y acciones que anulan la dignidad de la persona, aunque estén concebidos bajo la égida de una religión, de una tesis cultural, de un proyecto económico o político 
Hechas estas premisas, voto a favor de la resolución. 
Si los diputados MPF se han abstenido en la votación de la resolución sobre la Conferencia de Durban, es para señalar su más enérgica desaprobación con respecto al comportamiento especialmente ambiguo que han observado en este hemiciclo los representantes de la Unión Europea. 
Efectivamente, se trata de una Conferencia convocada bajo la égida de Naciones Unidas que se deja desbordar, instrumentalizar, por una constelación de ONGs islamistas, con la complicidad activa o complaciente de un número significativo de Estados que pertenecen principalmente al área árabe-musulmana, de los cuales algunos se definen habitualmente como "moderados", una Conferencia que llega a proponer mezcolanzas insostenibles entre sionismo y racismo, y nuestros representantes siguen ocupando un escaño como si no pasara nada. 
Frente a la actitud clara de Estados Unidos e Israel, cuyo inicio de la Conferencia ha significado que el umbral de lo inaceptable se había franqueado, la Unión Europea ha asumido el riesgo, de quedarse, de parecer que avalaba, aunque hoy se defienda, escandalosas amalgamas y derivas intolerables que el filósofo Alain Finkielkraut resumía así: "Durban es el antirracismo que se ha hecho cargo del antisemitismo y de la negación de la humanidad". 
El honor y la dignidad exigían la salida de los europeos, salida que hubiera constituido además una señal importante y saludable con respecto a la ONU y a su Secretario General, incitándolos a rectificar, frente al intento de influencia ideológica que ejerce el islamismo, para encarnar verdaderamente los intereses y los valores de la comunidad internacional. 
Cualquier forma de anuencia con respecto a las confusiones de Durban puede ser interpretada como un signo de debilidad por nuestra parte y un estímulo con respecto a los que se han puesto como objetivo destruir nuestros valores. 
He votado en contra de la resolución relativa a la Conferencia Mundial contra el Racismo, celebrada en Durban, para que quede claro que dicha conferencia ha sido de lo más contraproducente para el fomento de las buenas relaciones raciales. 
La conferencia fue secuestrada por aquellos cuyo único objetivo era el de atacar al Estado de Israel y pasar por alto que es la única nación del Oriente Medio basada en la democracia. 
Israel fue blanco de las críticas de países y organizaciones que tienen una ejecutoria atroz en materia de derechos humanos. 
Peor aún: el lenguaje y el tono de los ataques tenían más en común con Der Stürmer en la Alemania de Adolf Hitler. 
Y, aun así, no hubo una condena de ello por parte de las Naciones Unidas o de la conferencia. 
Los Estados Unidos dijeron con claridad que no participarían en esas sesiones. 
La Unión Europea debería haber adoptado una posición similar. 
Que no lo hiciera resulta un triste reflejo de su incapacidad para aprender las lecciones de la Historia. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, suspendida a las 13.39 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Bienvenida 
Quisiera, en primer lugar, Señorías, manifestar el placer de la Presidencia por la presencia en este Hemiciclo de la delegación del Parlamento marroquí, presidida por el Sr. Brahim Rachidi, que realiza su novena visita al Parlamento. 
Al dar la bienvenida al Sr. Rachidi y a los miembros de su delegación, me gustaría señalar la importancia que revisten para nosotros estos encuentros, que brindan a los dos Parlamentos la oportunidad de reafirmar su compromiso común con los grandes principios democráticos. 
Como ustedes saben, queridos colegas, Marruecos ha condenado con nosotros los recientes atentados criminales que se han producido en los Estados Unidos y ha manifestado de forma inequívoca su solidaridad con este país y con todas aquellas naciones amantes de la libertad, así como su compromiso en la lucha global contra el terrorismo. 
La Unión Europea, junto con sus vecinos del Sur del Mediterráneo, se esfuerza por contribuir a la construcción de una región estable, democrática y próspera en el marco del proceso de Barcelona, un proceso indispensable para el futuro de Europa y de sus vecinos más queridos y cercanos. 
Durante este período, que se anuncia difícil, quiero subrayar, Sr. Vicepresidente del Parlamento de Marruecos, nuestro compromiso con estos valores comunes y nuestro rechazo más firme a todo intento de asimilación entre el terrorismo y el mundo árabe-musulmán, en este contexto, nosotros nos hemos comprometido a actuar con determinación para combatir toda derivación nacionalista, racista o xenófoba. 
Señor Vicepresidente, espero muy sinceramente que las entrevistas que va usted a mantener con los miembros de la Delegación para Relaciones con Países del Magreb y con otros colegas contribuyan a estrechar aún más los lazos de todo tipo que unen a los países de la Unión Europea con el Reino de Marruecos y que nos permitirán seguir avanzando en nuestra búsqueda común de la paz y la prosperidad para todos los países de ambas orillas del Mediterráneo. 
(Aplausos) 
Pacto de estabilidad y crecimiento- Reunión informal de ministros ECOFIN (Lieja, 22 y 23 de septiembre de 2001) 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento, así como sobre la Reunión informal de ministros ECOFIN de los días 22 y 23 de septiembre en Lieja. 
Tiene la palabra, en primer lugar, en nombre del Consejo, la Sra. Neyts-Uyttebroeck. 
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(FR) Señor Presidente, queridos colegas, por mi parte permítanme expresar la emoción que siento al poder dar la bienvenida en la tribuna a una delegación del Parlamento de Marruecos. 
El azar en el desempeño de mis funciones hizo que el trágico 11 de septiembre pasado estuviera en Casablanca, encabezando una misión económica belga en Marruecos. 
Participaba en un almuerzo al que asistían diez miembros del gobierno marroquí, entre los que se encontraba el Primer Ministro de Marruecos, y juntos nos enteramos de las trágicas noticias. 
Juntos también compartimos la consternación que nos invadió tras estos horribles acontecimientos, y juntos hemos manifestado las reacciones que ustedes ya conocen desde aquel momento. 
Por tanto, en lo que a mí respecta, me gustaría dar la bienvenida a la delegación aquí presente. 
(NL) Desde el mismo momento en que se introdujo la moneda única se adoptó la decisión de impulsar una coordinación económica reforzada entre los Estados miembros- en aquel entonces fueron once y ahora son doce- pertenecientes a la zona euro. 
Dicha coordinación fue concertada a través del Eurogrupo que durante todo este año será presidido por Bélgica y en el cual están representados todos los ministros de Finanzas de los Estados miembros que participan en el euro, así como el Comisario europeo responsable de asuntos económicos y monetarios y el Presidente del Banco Central Europeo. 
Como ustedes saben, esta coordinación reforzada reviste a la vez carácter informal y estructural y no redunda en perjuicio de las competencias que los Tratados atribuyen al Consejo de Ministros de Economía y Hacienda. 
Durante los primeros años de vida de la moneda única- me refiero a los años 1999 y 2000- las actividades se centraban principalmente en el desarrollo y la familiarización con esta coordinación reforzada entre los Estados miembros pertenecientes a la zona euro. 
A esta coordinación le espera el reto prioritario de compaginar en la práctica el ejercicio de las competencias económicas individuales de cada uno de los Estados miembros implicados con el proyecto monetario común suscrito por todos, respetando y acatando el principio de subsidiariedad. 
La tarea del Banco Central Europeo consiste en llevar a cabo una política monetaria independiente cuyo primer objetivo debe ser la preservación de la estabilidad de los precios. 
La descentralización de la política económica y la centralización de las decisiones de índole monetaria constituyen por así decirlo la paradoja definitoria de la Unión Económica y Monetaria. 
En el marco de esta coordinación económica reforzada el primer cometido del Eurogrupo consiste en establecer las grandes directrices de la política económica de la zona euro. 
Además, el mensaje que los jefes de Estado y de Gobierno formularon el año pasado en Niza se inscribe en esta misma línea. 
En sus conclusiones el Consejo Europeo se felicita tanto por el mejor funcionamiento del Eurogrupo como por el fortalecimiento de la coordinación de la política económica de los Estados miembros pertenecientes a la zona euro. 
Todos los esfuerzos de la Presidencia belga del Eurogrupo tienen por objeto reforzar aún más el papel, la visibilidad y la credibilidad del Eurogrupo. 
La Presidencia belga está preparando asimismo el marco de referencia y la metodología de trabajo para los años venideros, especialmente en lo que a la coordinación de la política económica de los diferentes Estados miembros se refiere. 
Los principales instrumentos de la política macroeconómica, en concreto la política monetaria y la política presupuestaria, han de confluir en una óptima combinación de políticas, en una óptima policy mix, por así decirlo, a fin de alcanzar los objetivos perseguidos, como son el fomento de la estabilidad de los precios y el apoyo a la actividad económica. 
(FR) Señor Presidente, señoras y señores, para el Eurogrupo, lo que importa, en primer lugar, es desarrollar una política presupuestaria eficaz y duradera para la zona en su conjunto, pero también para cada uno de los Estados miembros en concreto. 
Y esto, respetando los condicionantes y las particularidades nacionales. 
Esta política presupuestaria debe ser el complemento óptimo de la política monetaria del Banco Central Europeo. 
Sin embargo, el diseño de esta política monetaria óptima no es cosa fácil, entre otras cosas porque los efectos de cualquier política presupuestaria varían en función de los horizontes temporales considerados. 
Así, a corto plazo, por ejemplo, es importante evitar políticas presupuestarias de tipo pro-cíclico. 
A medio plazo, los objetivos del Pacto de estabilidad y crecimiento tendentes a que las finanzas públicas se aproximen lo más posible al equilibrio o al superávit deben mantenerse. 
A largo plazo, será crucial garantizar la viabilidad de las finanzas públicas teniendo en cuenta los distintos elementos de esta ecuación, incluyendo la importante y compleja problemática de la incidencia del envejecimiento de la población. 
Todo esto, señoras y señores, muestra claramente la dimensión de los retos a los que nos enfrentamos. 
No creo que haga falta subrayar lo difíciles y complejas que son la definición y la aplicación de las políticas presupuestarias, debido a las dificultades conceptuales y metodológicas y a la inevitable incertidumbre económica. 
Los problemas de orden estadístico, la incertidumbre que caracteriza a las previsiones económicas, incluso a corto plazo, la diversidad de las situaciones que se dan, y el hecho de que los efectos de las políticas presupuestarias no se noten hasta que transcurre un cierto lapso de tiempo, hacen que la definición ex ante de la política presupuestaria sea complicada. 
El análisis a largo plazo de la política presupuestaria es también un elemento esencial de las políticas estructurales. 
En cuanto al envejecimiento demográfico, la estrategia adoptada consiste en una combinación de enfoques destinados simultáneamente a la reducción más rápida de la deuda pública, a la adopción de medidas encaminadas a incrementar las tasas de empleo eliminando gradualmente las trabas existentes, sobre todo a través de la reducción de la carga fiscal sobre el empleo, y destinados, finalmente, a conseguir una reforma en profundidad de los sistemas de pensiones, para garantizar su viabilidad. 
La Presidencia belga tiene la intención de profundizar el examen del carácter duradero, a largo plazo, de las finanzas públicas, particularmente con relación al programa de estabilidad y de convergencia. 
Existe un consenso entre los Estados miembros y las demás partes interesadas en cuanto a los objetivos a largo plazo y a los instrumentos que se han de emplear. 
Por el contrario, en lo relativo al corto y al medio plazo, el reciente deterioro coyuntural ha generado una cierta confusión. 
Está claro que debemos abrir un debate en profundidad para definir, para delimitar perfectamente una posición común sólida. 
Y este debate deberá producirse durante nuestra Presidencia. 
Señoras y señores, seamos claros: el Pacto de estabilidad y crecimiento debe ser respetado. 
Este compromiso fue confirmado por los Estados miembros durante la reunión informal del Ecofin en Lieja el 21 y 22 de septiembre pasados. 
Por tanto, no es admisible que los Estados miembros tengan déficits excesivos que superen el criterio de convergencia del 3 %. 
Por su parte, el Consejo Europeo Extraordinario del pasado 21 de septiembre también reafirmó su compromiso de respetar el marco, las reglas y la plena aplicación del Pacto de estabilidad y crecimiento. 
Sin embargo, esto no significa que los saldos presupuestarios considerados deban ser definidos de forma rígida. 
En lugar de un enfoque puramente nominal, se impone la aplicación de correcciones por variación coyuntural. 
Además, las orientaciones generales de política económica para el año 2001 adoptadas en Gotemburgo el pasado mes de junio mencionan explícitamente este último punto. 
El principio es aceptado sin discusión en un periodo coyuntural favorable. 
Así, por ejemplo, un crecimiento económico mayor del esperado debe forzosamente conducir a una mejora reforzada de los valores presupuestarios nominales y por tanto, las políticas presupuestarias pro-cíclicas con un relajamiento de los gastos que pudiera provocar un recalentamiento quedan prohibidas. 
Ahora, se plantea la cuestión de saber si esta aplicación de variaciones cíclicas puede hacerse de forma simétrica en periodos de bajo crecimiento, e incluso de recesión. 
Nuestra Presidencia está convencida de que, efectivamente, esto es posible, y la lectura de las orientaciones generales de política económica para 2001 nos ratifica en nuestra opinión. 
En un entorno económico menos favorable, los saldos considerados en el marco del Pacto deberían, igualmente, ser saldos corregidos en función de la variación coyuntural. 
En consecuencia, los saldos nominales pueden verse afectados por un deterioro coyuntural, pero sin embargo no pueden fluctuar más que en función de estas mismas oscilaciones coyunturales. 
En estas circunstancias, debemos también evitar una política pro-cíclica. 
Por lo tanto, no hay que compensar una disminución de los ingresos con una reducción equivalente de los gastos. 
Para hacer un análisis correcto de las posiciones presupuestarias, es indispensable que los ajustes cíclicos sean fiables. 
Por ello, en la Agenda de la Presidencia belga figura el diseño de métodos eficaces de cálculo de la brecha de producción con respecto al crecimiento potencial. 
Deberán ser utilizados en los futuros programas de estabilidad. 
Señor Presidente, señoras y señores, señor Comisario, no me cabe la menor duda de que todos estos temas generarán largos e interesantes debates con ocasión de las próximas reuniones del Eurogrupo. 
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Señor Presidente, por mi parte, me gustaría asociarme también a los saludos a la delegación marroquí que hoy nos acompaña, e intentaré analizar los dos problemas que se nos plantean: el Pacto de estabilidad y crecimiento y el Consejo ECOFIN informal, sobre el que querría informar de forma conjunta en mi primera exposición. 
El Consejo que tuvo lugar en Lieja los días 22 y 23 de septiembre de 2001 centró su discusión en el impacto económico de los ataques terroristas en Estados Unidos. 
Me gustaría señalar tres aspectos de este impacto que se discutieron en el ECOFIN: primero, la situación económica, y se aprovechó también para hablar del Pacto de estabilidad y crecimiento. 
En segundo lugar, la financiación del terrorismo. 
Y, en tercer lugar, los problemas de las compañías aéreas con los seguros. 
Añadiré también algunos comentarios sobre otros dos temas importantes que se abordaron en Lieja: la preparación para el paso al euro y las cuestiones relacionadas con la globalización. 
Sobre el primer punto, me gustaría señalar que los ataques terroristas en los Estados Unidos han reforzado nuestra convicción de que la cooperación internacional en temas económicos y financieros es indispensable y que es necesario reforzar la coordinación de las políticas económicas en la Unión Europea. 
La Unión Europea se ha visto afectada, ya desde el año pasado, más de lo que originalmente habíamos previsto, por la ralentización de la actividad económica en los Estados Unidos y en el resto del mundo. 
Los trágicos acontecimientos en los Estados Unidos han aumentado la incertidumbre y también los riesgos negativos para las expectativas de crecimiento general. 
No podemos pretender que no ha pasado nada, pero al mismo tiempo es muy difícil estimar con precisión el impacto potencial de estos actos. 
El crecimiento en la Unión Europea este año estará claramente por debajo del 2%, pero todavía esperamos una recuperación gradual de la demanda interna en los próximos trimestres como resultado de una serie de factores: la disminución de la inflación, las recientes reducciones de impuestos y las condiciones monetarias más favorables. 
Los riesgos, por tanto, deberían ser manejables. 
Por supuesto, tenemos que seguir la evolución económica muy de cerca para poder ajustar las políticas económicas en la medida de lo necesario, tanto en la Unión como en cada uno de los países miembros. 
Tras los acontecimiento del 11 de septiembre, los responsables políticos han demostrado su determinación de actuar rápida y adecuadamente con objeto de eliminar los riesgos de una ralentización más prolongada, para lo que también es necesario mantener nuestros objetivos a medio plazo, acelerar nuestra agenda y, en particular, estoy pensando en la agenda de Lisboa, modernizar rápidamente nuestras economías para salir de la ralentización lo más pronto posible y aumentar nuestra capacidad de crecimiento. 
Como señalaba anteriormente, en la declaración del ECOFIN informal se confirmó el compromiso de los Estados miembros con el marco, las reglas y la puesta en práctica del Pacto de estabilidad y crecimiento. 
Es cierto que el menor crecimiento afectará, como ha señalado la Presidencia, al valor nominal de las posiciones presupuestarias, pero la desviación respecto a los objetivos debe ser mesurada. 
El Pacto de estabilidad y crecimiento es un marco adecuado para la política presupuestaria tanto en períodos de buena marcha de la economía como en períodos menos buenos. 
En este sentido permite poner en práctica la política presupuestaria adecuada en cada momento. 
Se pueden utilizar todas las posibilidades que ofrece el Pacto. 
Los estabilizadores automáticos tendrán un mayor efecto si la ralentización es más significativa que la prevista. 
El modo y grado en que estos estabilizadores podrán jugar depende de la situación de cada Estado miembro, los que estén más cerca del equilibrio presupuestario tendrán, lógicamente, más margen de maniobra. 
Las situaciones presupuestarias actuales, que resultan del respeto de las reglas presupuestarias existentes, han permitido al Banco Central Europeo llevar a cabo una política monetaria acomodaticia y, en particular, han permitido al Banco tomar la decisión adecuada y rápida de reducir los tipos de interés en 50 puntos básicos el 17 de septiembre. 
Un aumento de los déficit más allá de lo que puede justificar el juego de los estabilizadores reduciría el margen del Banco Central para eventuales recortes de tipos en el futuro. 
El Consejo Europeo pidió a la Comisión que presentara al próximo Consejo Europeo de Gante el 19 de octubre un análisis de la posible evolución de la situación económica así como sus posibles recomendaciones. 
El informe tendrá que considerarse como un ejercicio continuado y sistemático que permita ajustar la apreciación de la evolución de los riesgos y sus posibles consecuencias. 
Un segundo comentario sobre las acciones para combatir la financiación del terrorismo. 
La declaración del ECOFIN subraya un cierto número de acciones concretas. 
En primer lugar, la revisión de la Directiva sobre blanqueo de dinero que se encuentra- y ustedes lo saben muy bien- en curso de tramitación. Quiero subrayar de nuevo, en nombre de la Comisión y en línea con la declaración del ECOFIN de Lieja, la importancia política que atribuimos a que se pueda concluir rápidamente. 
Será una señal inequívoca de compromiso de la Unión para erradicar las actividades criminales que encuentran su instrumento de apoyo en las actividades de blanqueo. 
De igual modo, también me gustaría destacar la aprobación por parte de la Comisión de la propuesta de reglamento sobre medidas específicas de congelación de haberes de personas y entidades vinculadas a la financiación de actividades terroristas, que esperamos que el Consejo y el Parlamento puedan tramitar con urgencia con vistas a su inmediata entrada en vigor. 
Es una muestra clara de nuestra determinación política de no dar respiro a quienes atacan la convivencia política y las libertades de todos los ciudadanos. 
El Consejo ECOFIN se puso de acuerdo también en unas orientaciones generales para guiar la intervención de los Gobiernos respecto a los problemas de seguro a los que se enfrentan las compañías aéreas. 
La declaración del ECOFIN invita a la Comisión a ampliar el campo de trabajo del grupo ad hoc que se creó en el marco del Consejo de Transportes para que incluya también los problemas de seguros. 
La declaración afirma asimismo que cualquier medida que tomen los Gobiernos, incluidas las cantidades financieras, tiene que notificarse a la Comisión. 
Así se permite a la Comisión ejercer su responsabilidad de asegurar la compatibilidad de estas medidas con la legislación comunitaria y organizar la coherencia en la respuesta de los Estados miembros. 
La Comisión está preparando un informe sobre el impacto de los atentados del 11 de septiembre en la industria del transporte aéreo. 
El ECOFIN informal también tuvo la posibilidad de una nueva discusión, como se viene haciendo regularmente, sobre la preparación para la introducción del euro. 
La Comisión prepara un informe al respecto para el Consejo Europeo de Gante el próximo día 19 de octubre. 
En Lieja pedí a los Estados miembros que prestaran una atención particular a tres aspectos que, en estos momentos, me parecen cruciales. 
En primer lugar, el problema de la prealimentación de los pequeños comerciantes. 
Es importante que estén informados y convencidos de las ventajas comerciales de la prealimentación, pero también es importante encontrar formas que permitan ayudarlos para trabajar conjuntamente con los bancos y que éstos ofrezcan condiciones justas de débito para las cantidades de euros que los pequeños comerciantes reciban antes del 31 de diciembre de 2001. 
También es imprescindible llevar a cabo una formación específica para los pequeños comerciantes y para todas aquellas personas que son responsables del manejo de la caja en cualquier negocio. 
Por último, el tercer problema que nos preocupa es el seguimiento de los precios de bienes y servicios alrededor del período de cambio del euro. 
No podemos, ni tiene sentido, reproducir el cálculo del índice de precios al consumo armonizado cada semana, pero sí podemos proporcionar a los ciudadanos, de forma transparente, información sobre la evolución de algunos precios clave. 
El hecho de que este ejercicio lo realicen agencias gubernamentales garantizará transparencia y objetividad, y que la muestra elegida sea adecuada. 
El ECOFIN informal también estuvo de acuerdo con la propuesta de la Comisión de establecer una red común europea para organizar el intercambio de información durante el período de introducción de monedas y billetes. 
Esta red empezará a funcionar a principios de diciembre en estrecha coordinación con el Cash Changeover Committee del Banco Central Europeo. 
El último punto al que querría referirme es el debate sobre la globalización. 
La Comisión ha seguido atentamente el debate público sobre la globalización, incluido el debate sobre la llamada tasa o impuesto Tobin. 
Hemos tomado nota del interés del ECOFIN de disponer de un informe sobre estos temas. 
Esta discusión refleja dos objetivos que son claramente relevantes y sobre los cuales compartimos la preocupación de muchos de los participantes en el debate sobre la globalización. 
En primer lugar, evitar la excesiva volatilidad en los tipos de cambio que puede bloquear el deseado desarrollo económico de los países en vías de desarrollo y, en segundo lugar, encontrar fuentes de financiación adicional para combatir la pobreza. 
No podemos responder a estos objetivos con un instrumento único. 
Tanto la Unión como otros países, instituciones internacionales y otros grupos han desarrollado una serie de instrumentos y políticas para intentar responder a estos objetivos. 
Por supuesto, se puede y se debe hacer más y mejor, y la Comisión está dispuesta a explorar nuevas posibilidades. 
La idea del profesor Tobin de aplicar un impuesto a las transacciones en moneda extranjera tenía como objetivo, según su definición, poner un grano de arena en los mercados monetarios internacionales. 
Se propuso como una solución second best para frenar los movimientos especulativos a corto plazo. 
La Comisión ya ha expresado su punto de vista en varias ocasiones. 
Un impuesto sobre las transacciones monetarias no podrá hacer frente de forma eficaz a los problemas causados por la excesiva volatilidad de los flujos financieros ni a la desigualdad entre países. 
Se necesita movilizar un conjunto amplio de instrumentos: la tasa o impuesto Tobin no es el instrumento milagroso que permita responder a todos estos desafíos planteados. 
Tenemos que considerar un conjunto de instrumentos para conseguir la estabilidad financiera y monetaria. 
Hace falta un enfoque global de la arquitectura financiera, tanto a nivel interno de la Unión Europea como internacional, incluyendo marcos reglamentarios, instituciones y el problema del blanqueo de dinero. 
Un enfoque amplio es también necesario para la financiación del desarrollo. 
Pobreza, gestión de la deuda, provisión de bienes públicos internacionales y protección del medio ambiente pueden tratarse con diferentes instrumentos. 
La Comisión- y estoy seguro que en esto podemos contar con el Parlamento y el Consejo- está dispuesta a contribuir activamente al debate sobre los instrumentos que permitan asegurar la coherencia entre globalización, desarrollo sostenible y gobernanza mundial. 
Por supuesto, estos temas van más allá de la esfera estricta de la Unión y tenemos que abordarlos con los demás países e instituciones. 
La Comisión está dispuesta a responder a la invitación del Consejo para continuar trabajando en cómo responder a los objetivos clave que he citado. 
En cualquier caso, una parte del trabajo ya está en marcha en la Comisión, dado que estamos preparando un informe para enero del próximo año sobre la dimensión exterior del desarrollo sostenible con vistas a la Conferencia de Río+10, que se celebrará el próximo año en Johannesburgo. 
Estos son los elementos fundamentales que quería compartir con ustedes. 
Señor Presidente, Señorías, ¿por qué solicitó mi Grupo la celebración del debate de esta tarde sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento? 
El motivo fue nuestra inquietud ante algunas declaraciones procedentes de los Gobiernos socialistas que veníamos escuchando en las últimas semanas y los últimos meses. 
Las declaraciones del Sr. Eichel, del Sr. Jospin, del Sr. Fabius, y otras, apuntaban todas en la misma dirección. 
En primer lugar, afirmaban que en la situación actual va a ser necesario desviarse de la norma del Pacto de estabilidad y crecimiento. 
Esta era su primera petición. 
La segunda tenía por objeto señalar la necesidad de que se conceda a los Jefes de Estado y de Gobierno el derecho a indicar cada año los objetivos de estabilidad al Banco Central Europeo. 
A nuestro parecer, ambas propuestas son sumamente arriesgadas. La independencia del Banco Central Europeo y el Pacto de estabilidad y crecimiento son, en efecto, los dos pilares en los que se apoya el sistema monetario de la Unión Europea. 
No podemos permitir que estos dos pilares se tambaleen. 
Mi Grupo se manifestará siempre a favor de que se sigan manteniendo como hasta ahora tanto la independencia del Banco Central Europeo como el Pacto de estabilidad y crecimiento. 
En cuanto a las propuestas de resolución, nosotros hemos presentado una propuesta de resolución con el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
Mantuvimos negociaciones con el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, que declaró que no podía apoyar nuestra resolución. 
Pero ¿se dice acaso algo objetable en la misma? 
Ésta dice- literalmente- que se debe "mantener" el Pacto de estabilidad y crecimiento. 
¿Por qué no se puede suscribir esto? 
A continuación se añade la voluntad de aplicar plenamente sus principios. ¿Por qué no se puede suscribir esto? 
Necesitamos medidas contra el blanqueo de dinero. 
Usted lo ha señalado, señor Comisario. 
Necesitamos medidas para acabar con el trasfondo financiero de los actos terrorista. 
¿Por qué no se puede suscribir esto? 
Y tenemos que seguir desmantelando los monopolios de manera consecuente, a fin de reforzar la competitividad de nuestra economía europea. 
¿Por qué no se puede suscribir esto? 
La segunda pregunta es: ¿cuál es la contrapropuesta de la otra parte? 
En el fondo, siempre se propone lo mismo: que el Banco Central Europeo reduzca los tipos de interés. 
Por otra parte, se propone una suavización del Pacto de estabilidad y crecimiento y de la política presupuestaria de los Estados miembros. 
Esta es la "combinación de políticas" socialista. 
Esta es la pócima mágica que están elaborando y que servirá para curar, de golpe y sin ningún esfuerzo, todos los males de nuestra economía. 
¡Sería estupendo si así fuese, desde luego! 
Pero en realidad no da resultado. 
¡Fíjense en Japón, donde se aplicó esta fórmula y no funcionó! 
¡Fíjense en la situación actual de las bolsas en los Estados Unidos, que demuestra que la fórmula no funciona! 
¡Fíjense en la historia económica, que permite constatar que hasta ahora tampoco ha funcionado nunca en el pasado! 
Por esto, yo les pido que rechacen esas peticiones y voten afirmativamente nuestra resolución. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora Presidenta, la situación mundial es demasiado grave como para querer polemizar estúpidamente con mi colega von Wogau. 
El Sr. von Wogau acaba de acusar a los socialistas de tener las peores intenciones. 
Ciertamente, lo que defendemos aquí no es la política. 
Hemos de ser conscientes no solamente de que los atentados del pasado 11 de septiembre han provocado tragedias humanas muy importantes, sino también de que pueden tener un fuerte impacto en las libertades públicas y en la situación económica mundial. 
Antes del 11 de septiembre, la desaceleración ya era patente en los Estados Unidos, y, en cualquier caso, Japón estaba atravesando una mala racha. 
Pero, antes del 11 de septiembre, ya existía una clara desaceleración en la Unión Europea, hubo que revisar a la baja ciertas previsiones, y actualmente podemos decir sin temor a equivocarnos que el tercer trimestre no será tan bueno como el segundo en Europa ni en el mundo. 
Lo que hoy debemos hacer es evitar la recesión. 
Como todos sabemos, la recesión se define por un crecimiento negativo a lo largo de dos semestres consecutivos y, según mi eminente colega von Wogau, ahora tenemos que esperar seis meses para ver si efectivamente estamos padeciendo una recesión. 
Por mi parte, creo que debemos reaccionar a partir de ahora mediante una política pragmática. 
Considero que Europa tiene el deber de reaccionar contra esta amenaza de una espiral recesiva a través de una política económica voluntarista. 
Dentro de la Unión, esta política debe aportar una coordinación más efectiva de las políticas económicas- y esto lo ha dicho aquí la representante del Consejo -, así como una mayor cooperación política de la Unión Europea con todos sus socios económicos, incluyendo a los países en vías de desarrollo. 
Queremos una política pragmática como la que aplican los Estados Unidos, quienes, que yo sepa, no tienen un gobierno socialista... 
Por supuesto, debemos tener en cuenta el Pacto de estabilidad: no hay que fomentar el desbordamiento de los déficits presupuestarios, en concreto el umbral del 3%. 
Pero, tal y como ha afirmado ante ustedes la representante del Consejo, hay que evaluar a largo plazo la viabilidad de las finanzas públicas, y el Pacto de estabilidad dice que las finanzas públicas deben estar equilibradas, o próximas al equilibrio. 
Pero también tenemos que reaccionar a corto plazo. 
Los estabilizadores económicos pueden entrar en juego. 
Estamos ante un impacto exterior, y el Pacto de estabilidad dice que, ante un impacto exterior, tenemos la obligación de reaccionar. 
No queremos un debate ideológico. 
La idea que el Sr. von Wogau tiene del Pacto de estabilidad es sencillamente teológica. 
No pedimos ayudas estatales, no pedimos parches, pedimos medidas puntuales de apoyo a los sectores en crisis. 
Señoras y señores, para terminar, me gustaría decirles lo siguiente: es indispensable subrayar que no se trata de una guerra de civilizaciones. 
El terrorismo no representa ninguna civilización, el terrorismo es la negación de todo lo que es humano. 
Es necesario crear una coalición contra el terrorismo, pero también una coalición contra la pobreza. 
El Banco Mundial acaba de arrojar luz sobre las consecuencias que los atentados de Nueva York han tenido para el mundo en desarrollo: no vamos a lamentar simplemente que haya habido algunos miles de víctimas en Nueva York y en Washington, sino que también vamos a lamentar que se hayan registrado decenas de miles de víctimas entre los niños de los países pobres de este mundo. 
Debemos reaccionar contra esto. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Liberal, deseo decir que creo que el Pacto de estabilidad y crecimiento es un pilar esencial de la estabilidad económica en la zona del euro y, más ampliamente, en la Unión y se debe respetar en su letra y en su espíritu. 
No reconocemos la opinión, al parecer procedente del Grupo Socialista, de que dicho Pacto incluye actualmente normas fiscales innecesariamente restrictivas. 
Para los 11 países cuyos presupuestos se encuentran en una posición sostenible- los que, dicho de otro modo, pueden afrontar una recesión normal con una disminución de los ingresos fiscales y seguir respetando el límite del 3% de déficit presupuestario- no es necesario aumentar los impuestos ni reducir el gasto público y se puede permitir que intervengan los estabilizadores automáticos. 
Además, para muchos de esos países, ésta es la primera aminoración del crecimiento desde el primer choque petrolero en 1973 en el que los estabilizadores automáticos han podido funcionar plenamente. 
Antes, las preocupaciones de los mercados financieros constituían una grave limitación para los gobiernos. 
De modo que la Unión Monetaria, el Pacto de estabilidad y crecimiento y la consolidación fiscal han devuelto a los Estados miembros un útil mecanismo al que no se ha recurrido desde hace demasiado tiempo. 
En el caso de los cuatro Estados miembros de la zona del euro cuyos presupuestos no son aún totalmente compatibles con el Pacto de estabilidad y crecimiento- Francia, Alemania, Italia y Portugal -, resulta totalmente razonable que continúen el proceso de corrección de sus posiciones presupuestarias subyacentes. 
Eso significa permitir algunos efectos en el déficit de la aminoración del crecimiento, pero, desde luego, no todos. 
En nuestra propuesta conjunta con el Grupo PPE, instamos a que se respete adecuadamente el Pacto. 
Señalamos que en un año como éste- en que se han formulado muchos programas de estabilidad con la esperanza de obtener un crecimiento del 3%, pero es probable que el resultado sea inferior al 2%, como ha dicho la Comisión- sería particularmente útil que el BCE, el Ecofin y la Comisión evaluaran de común acuerdo el equilibrio presupuestario subyacente, tras suprimir las repercusiones de la aminoración del crecimiento en los impuestos y el gasto determinado cíclicamente y tal vez también los tipos de interés. 
Semejante equilibrio presupuestario subyacente permitiría una supervisión mejor a mitad de período de la situación fiscal, respaldar la disciplina del Pacto de estabilidad y crecimiento y tranquilizar a los mercados financieros, en el sentido de que no se está suavizando la posición fiscal, aun cuando los déficit nominales sean inevitablemente algo mayores. 
Asimismo, semejante equilibrio presupuestario subyacente disuadiría a los ministros de Hacienda de aplicar reducciones fiscales en los períodos de recuperación, simplemente en función de unos ingresos cíclicamente mayores. 
Insto a que se respete el Pacto de estabilidad y crecimiento y se aumente su capacidad para verificar la disciplina de los ministros de Hacienda. 
Señor Presidente, señora Presidenta, señor Comisario, creo que ya se han dicho muchas cosas sobre el asunto del Pacto de estabilidad. 
Considero que lo que esencialmente distingue a las dos propuestas de resoluciones comunes presentadas ante la Asamblea es el hecho de que, en la propuesta de resolución que hemos firmado conjuntamente con el Grupo Socialista, se insiste más en la posibilidad de aplicar una política anti-cíclica, es decir, de apoyo al crecimiento, dentro de los márgenes del Pacto de estabilidad. 
Si he entendido bien la declaración de la Presidencia, creo que respalda esta idea de que el Pacto de estabilidad debe permitir aplicar una política anti-cíclica en términos de apoyo al crecimiento a nivel de la Unión Europea. 
Dicho esto, creo que no debemos hacernos demasiadas ilusiones. 
Los márgenes de maniobra en cuanto a política monetaria y política presupuestaria son relativamente limitados, y me gustaría incorporar al debate un asunto del que todavía no se ha hablado, pero que me parece en cualquier caso preocupante. 
Como ustedes saben, señor Comisario, señora Presidenta, prácticamente todos los Estados miembros están inmersos en una reducción estructural de los ingresos públicos, expresados en términos de porcentaje del PIB, a través de desgravaciones fiscales, dentro de un contexto de competencia fiscal entre los Estados miembros, particularmente a través del impuesto sobre sociedades, y en un marco de crecimiento moderado. 
Una política como ésta corre el riesgo de llevarnos a una presión a la baja para una reducción estructural del gasto público, que conduciría ya sea a un nivel de gasto insuficiente, considerando el modelo de solidaridad que defendemos, ya sea a un reparto desigual de la financiación de este gasto público. 
De lo cual se deduce- y creo que la Presidencia ha hecho alusión a ello, y que es sensible al problema -, la importancia del debate sobre la evolución de las demás bases imponibles. 
En este sentido, la tasa Tobin es un elemento que también puede contribuir a ampliar las bases imponibles; pero, señora Presidenta, señor Comisario, me gustaría preguntarles cuál es la situación de los trabajos que se llevan a cabo en el Grupo Prima Renault y cuál es el estado de los debates en materia de impuesto sobre sociedades, porque creo que en este punto urge desbloquear el estancamiento en el que se encuentran los quince Estados miembros. 
Nuestra Comisión Económica y Monetaria ya no recibe información sobre la progresión de estos trabajos, y cuando nos enteramos de algo, se confirma que no ha habido ningún avance. 
Sin embargo, en un contexto de desaceleración del crecimiento, creo que es urgente que la Unión Europea reaccione y coordine la evolución del impuesto sobre sociedades. 
El segundo punto que quería tratar es el terrorismo y el blanqueo de capitales. 
En esencia, contamos con el Grupo de Actuación Financiera contra el Blanqueo de Capitales, el GAFI, y la cuestión de la Directiva sobre el blanqueo de capitales. 
Según los especialistas, hasta ahora, los progresos de la cooperación internacional han sido limitados y poco eficaces. 
El GAFI ha emitido un conjunto de recomendaciones cuya puesta en práctica queda a criterio de los Estados firmantes. 
Ya en 1996, el Llamamiento de Ginebra, firmado por magistrados europeos, pedía la ratificación de un cierto número de convenios internacionales, así como la supresión del secreto bancario en la fase de instrucción. 
Recientemente, uno de estos magistrados reiteraba de nuevo este Llamamiento apelando a una conferencia internacional que tendría un triple objetivo: la definición de las reglas de transparencia de la vida económica, incluyendo la supresión del secreto bancario y la desaparición de los paraísos fiscales, la cooperación judicial entre Estados, y finalmente un mecanismo sancionador para los Estados que no respetasen estas disposiciones. 
Pido a la Presidenta y a la Comisión que hagan lo necesario para que estas peticiones realizadas por los magistrados, y que han sido reiteradas- lo he vuelto a leer en la prensa esta mañana- por el responsable del GAFI, sean aceptadas por la Presidencia belga para que se aceleren las gestiones y para que se le conceda un carácter vinculante a las recomendaciones del GAFI. 
Sería una labor útil que la Unión Europea puede realizar, en calidad de Presidenta y a la vez de pilar importante del GAFI. 
Creo que, desde este punto de vista, podríamos también pasar de los discursos a los hechos. 
Igualmente, en cuanto al paquete fiscal, que también contiene disposiciones vinculantes para los paraísos fiscales o los regímenes privilegiados que existen incluso dentro de la Unión Europea, considero que el binomio lucha contra la delincuencia financiera / programa de fiscalidad del ahorro a escala europea es una oportunidad política que hay que aprovechar para acelerar estos trabajos. 
Por desgracia, el Consejo ECOFIN informal ha vuelto de nuevo a poner de relieve que no avanzamos en esta materia. 
Señor Presidente, queridos colegas, el dogmatismo y la inercia que imperan en la política económica de la Unión son deprimentes. 
El paro aumenta, la recesión se cierne sobre nosotros, las condiciones necesarias para un crecimiento duradero no existen, pero, hasta ahora, el Consejo, la Comisión y el Banco Central han recurrido a los estereotipos y a la autosugestión. 
Es cierto que el euro nos protege de la especulación monetaria, pero no nos protege en absoluto de las crisis financieras: estamos metidos hasta el cuello en la globalización financiera. 
La inercia se debe en gran parte al integrismo de los enemigos de la intervención pública. 
Se empeñan obstinadamente en fomentar la competición fiscal, como recordaba Pierre Jonckheer, y por tanto, luchan contra el gasto público, pero han acogido favorablemente la sobre-evaluación de la bolsa y sus exigencias de rentabilidad financiera. 
Resultado: graves carencias en las inversiones públicas y privadas. 
La inercia se debe también, queridos colegas, a una cierta debilidad de los planteamientos socialdemócratas de Europa. 
Creo que ya es hora de reconocerlo. 
Ustedes preconizan un refuerzo de la coordinación de las políticas nacionales. 
Estoy de acuerdo, pero hay que reconocer que se ha alineado totalmente con el Pacto de estabilidad, cosa que ustedes confirman. 
Por tanto, el debate no debe circunscribirse a los "integristas" y los "flexibilistas" del Pacto de estabilidad. 
Proponemos en consecuencia un programa de actuación que nos permita salir de este atolladero. 
En primer lugar, desde este momento, poniéndonos de acuerdo nosotros, los representantes europeos y nacionales, debemos manifestarnos a favor de una reactivación de las economías europeas y dirigir un mensaje en este sentido al Consejo de Gante y a la Comisión. 
Para conseguir esta reactivación, hay que dar prioridad al gasto público y al crédito antes que a una reducción impositiva, y hay que crear un fondo de actuaciones coyunturales. 
En segundo lugar, pedimos que se revise a fondo el Pacto de estabilidad y crecimiento, que no se ha tocado desde 1992, a pesar de que el mundo se ha transformado y de que el euro ya está aquí. 
Valoro la incipiente apertura en las ideas de la Sra. Neyts, pero queremos mucho más, y queremos otra cosa distinta: una reforma. 
Debemos guiarnos por dos principios. Las reglas del mercado deben equilibrarse con opciones de economía pública y mixta europea. 
¿Es necesario subrayar que el Sr. Bush recurre al keynesianismo para relanzar la economía americana, después de que el Sr. Clinton haya rechazado cualquier tipo de demagogia en la bajada de impuestos? 
Por otra parte, los criterios de la actuación pública deben respetar simultáneamente la diversidad de las opciones nacionales y la solidaridad. 
La imposición de un tope máximo del 3% para el déficit público no ha evitado en absoluto que las divergencias se agudicen. 
Dentro de esta línea, el nuevo Pacto se basaría en criterios comunes de eficacia, tanto para el régimen tributario como para el gasto público. 
El régimen fiscal debe servir para combatir la volatilidad de los mercados financieros y la renta, gravando los productos y las rentas financieras. 
El gasto debe dar prioridad a las condiciones necesarias para el desarrollo duradero del hombre y de las actividades, a la seguridad y a las solidaridades. 
Por otra parte, pedimos que se integren en el Pacto herramientas fiscales y presupuestarias propias de la Unión, como ha sugerido con acierto la Presidencia belga. 
En tercer lugar, es crucial incluir en la Declaración de Laeken el compromiso de creación de una competencia comunitaria en materia de política macroeconómica. 
Señora Presidenta, acojo con beneplácito la oportunidad de formular unas pocas, pero importantes, observaciones sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento. 
Corresponde desempeñar un papel a la coordinación de las políticas económicas, pero se debe aplicar de forma sensata y equilibrada en todos los Estados miembros. 
Sin embargo, hay graves diferencias en materia de políticas entre lo que la Comisión propone ahora y lo que se acordó en el Consejo Ecofin celebrado en Helsinki en 1999, cuando se acordó que los Estados miembros "determin (aran) sus políticas presupuestarias en consonancia con el Tratado", pero que ese compromiso dejase margen para diferentes opciones en materia de políticas nacionales. 
Esta semana la Comisión ha publicado un oportuno Libro Blanco sobre la gestión de los asuntos públicos europeos, cuya orientación refleja la necesidad de que las instituciones de la UE escuchen, en lugar de dictar. 
Los ciudadanos de la UE están enviando una señal clara de que, si bien siguen apoyando la orientación de la integración de la UE, quieren que se haga de una forma que refleje la independencia y la integridad de cada uno de los Estados miembros y sus ciudadanos. 
En esta Asamblea y, de hecho, en la administración hay quienes están precipitándose a ciegas hacia la creación de una Europa federalista. 
A mi juicio, están menoscabando la visión de los padres fundadores y la reacción de los ciudadanos los detendrá- así lo predigo- en su avance. 
Raras veces se pueden abordar los acontecimientos del mundo real con un conjunto de normas prescriptivas y predeterminadas. 
La reglamentación excesiva sofoca la iniciativa y, por tanto, el progreso y la prosperidad. 
Señor Presidente, una vez más, la Unión Europea no está a la altura de la situación de Europa, al querer someter a las economías europeas al rigor de un Pacto de estabilidad cuyos criterios están totalmente obsoletos, como todos sabemos. 
El Pacto de estabilidad está muerto, señor Von Wogau, y no ha muerto en Nueva York. 
El Banco Central Europeo es quien lo ha matado, con una política permanentemente desfasada frente a las realidades, con errores de previsión que ya son legendarios, con un temor fantasmagórico a la inflación. 
El resultado de todo esto es conocido. Tenemos los tipos de interés más altos del mundo, un euro que sigue tambaleándose, una recesión en puertas. 
Estaba claro- y, por cierto, somos muchos los que lo hemos subrayado enérgicamente en esta comisión, en cada diálogo, si es que puede calificarse como tal, con el Sr. Duisenberg- que con una actitud como esta, una actitud de anciano atemorizado por la política monetaria, los gobiernos se verían tarde o temprano abocados a una reactivación presupuestaria; es irrisorio que hoy queramos reprochárselo. 
Nuevamente, la Unión Europea no es digna de los poderes que se propone asumir en lugar de los gobiernos legítimos, al no pedirle- y es un eufemismo- al Banco Central que ponga al servicio del "Euroland" los recursos que le han confiado los Estados miembros. 
Que yo sepa, el Banco Central no es dueño de la moneda europea, y no debe comportarse con ella como si le doliese el bolsillo a cada desembolso. 
Además, dicho sea de paso, es inadmisible que el Banco Central decida si el euro se va a distribuir o no antes del 1 de enero. 
Confieso que no entiendo la docilidad de los gobiernos que no desean tomar por si mismos la decisión de adelantar en sus países esta fecha de distribución. 
Nuevamente, la Unión Europea no está a la altura de sus ambiciones, o mejor dicho, de sus pretensiones, por no ponerse al frente de la única batalla que cuenta para los europeos, la del crecimiento económico y el empleo. 
Finalmente, señor Comisario, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, permítanme añadir que la hipocresía que envuelve al asunto de la tasa Tobin no engrandece lo más mínimo la categoría intelectual de la Unión Europea, quien, por una vez, tenía la oportunidad de mostrar aquí que deseaba influir en los asuntos mundiales sin limitarse a ser lo que al fin y al cabo resulta ser, una pieza del rompecabezas de la mundialización liberal. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, los radicales italianos han suscrito la resolución de los Grupos Popular y Liberal porque consideran justo que el Parlamento reitere la validez del Pacto de estabilidad y de sus principios. 
Pienso que las políticas presupuestarias y monetarias rigurosas no son incompatibles con el crecimiento, a condición de que se tenga el valor de intervenir en las reformas estructurales, las privatizaciones, las liberalizaciones de los mercados- el de trabajo, en particular- y en el gasto público y que se tenga el valor de deshacer, por ejemplo, el nudo del gasto social que grava en exceso los presupuestos de muchos Estados europeos y crea injusticias muy graves, imputables al propio planteamiento de los sistemas, respecto a las jóvenes generaciones de trabajadores. 
Sé muy bien que los Estados europeos- me refiero en particular al mío, Italia, pero también a otros, como Alemania- han vivido el período de coyuntura favorable como las cigarras, es decir, aplazando las reformas que, por el contrario, debían realizarse para fortalecer los presupuestos públicos y las empresas cediendo a las presiones de los sindicatos y de las patronales que exigían más ayudas de Estado. 
Al obrar de esta manera, no han preparado las economías europeas para el momento en que, inevitablemente, se llegaría a una fase de ciclo negativo ni, con mayor motivo, a la tan grave que se ha registrado a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre. 
Señor Presidente, creo que el presión fiscal en Europa continúa siendo demasiado fuerte, aunque hay que reconocer que se ha producido alguna reducción y, tras comprobar las cifras, se constata que la presión fiscal en Europa sigue siendo significativamente superior, por ejemplo, a la de principios de los años noventa. 
Derogar hoy en Europa los compromisos del Pacto de estabilidad recurriendo a la financiación con déficit, significa preparar para los años venideros nuevos aumentos de impuestos, lo que, en mi opinión, la economía europea, los trabajadores europeos, los parados europeos no se pueden permitir en absoluto. 
Existe un riesgo que hay que denunciar- el Sr. Goebbels hacía referencia a la alteración de la situación causada por los acontecimientos del 11 de septiembre- y es que Europa aproveche la crisis económica actual y la crisis en los Estados Unidos como pretexto para volver a políticas expansivas y de financiación con déficit que Europa y los ciudadanos europeos conocieron en las décadas anteriores. 
Ésta no es la conducta a seguir. 
Sin embargo, cuando se afirma que también los Estados Unidos están reaccionando con una política expansiva y que realizarán una maniobra del 1% del PIB, se olvida que los Estados Unidos pueden hacerlo con cierta eficacia al amparo de presupuestos públicos saneados y en activo. 
No sería lo mismo realizar políticas idénticas en Europa ni sería lo mismo ayudar a compañías aéreas estatales que han absorbido fondos públicos e impedido la liberalización de los mercados europeos. 
Deseo recalcar un último punto en relación a la lucha contra el terrorismo y a su financiación. 
Existe un aspecto que cobra cada vez mayor importancia para los expertos analistas, como recientemente para el Premio Nobel de Economía, Gary Becker: se trata de la financiación de las multinacionales del terrorismo a través del narcotráfico que atañe en particular a Afganistán y a Paquistán. 
También debemos reflexionar- y me dirijo a la Presidenta y al Comisario- sobre la posibilidad de cortar de raíz este tipo de financiación del terrorismo mediante la realización de políticas liberalizadoras en materia de drogas. 
Señor Presidente, el debate que hoy tiene lugar sobre la supuesta elección entre Pacto de estabilidad y reactivación presupuestaria nos parece un tanto surrealista, porque, en realidad, las dos opciones alternativas son falsas. 
Por una parte, el Pacto de estabilidad es un instrumento demasiado rígido, a pesar de que existan algunas posibilidades de derogación, porque no considera de forma correcta los desfases de los ciclos coyunturales entre países miembros. 
Siempre lo hemos dicho. 
Pero es cierto que el Consejo acaba de dejarnos vislumbrar la posibilidad de hacer en el futuro correcciones en función de las variaciones coyunturales, de las que podemos visiblemente esperar todo tipo de flexibilidades con un poco de habilidad y con la excusa de los atentados. 
Por otra parte, la reactivación presupuestaria en los países que están padeciendo una desaceleración más acusada, como Francia o Alemania, ya se ha aplicado significativamente a tres niveles. 
En primer lugar, estos países ya sufren déficits presupuestarios elevados, que limitan los márgenes de maniobra y que ya tienen un efecto estimulador. 
Ciertamente, ustedes me dirán que si quisiéramos que el efecto de estimulación fuera completo, habría que actuar igual que con los drogadictos, aumentando la dosis. 
Pero en algún momento hay que poner un límite. 
Segundo efecto de reactivación: la desmedida sub-evaluación del euro, debida a su naturaleza de moneda artificial, ha estimulado nuestras exportaciones de forma injusta para nuestros socios aunque, en cualquier caso, de forma beneficiosa para nuestro crecimiento interno. 
Además, no estoy del todo seguro de que esto no haya contribuido, aunque sea mínimamente, a la desaceleración americana de estos últimos meses. 
Finalmente, tercer efecto de reactivación, del que nadie habla, pero que es muy real: el hecho de que los particulares estén desatesorando su dinero en previsión del cambio de monedas y billetes el próximo 1 de enero. 
En mi país, el dinero esterilizado que se reinvierte en la economía supondrá alrededor de 50.000 millones de francos este año, cantidad nada despreciable. 
Con estas condiciones, ya estamos en plena reactivación. 
Una reactivación presupuestaria adicional no serviría de nada, y con el tiempo supondría la creación de nuevos impuestos que harían aún más imposible la situación en el futuro. 
La pregunta que de verdad deberíamos plantearnos es la siguiente: ¿cómo puede ser que con la suma de los tres elementos de reactivación que he mencionado no estemos en pleno boom económico? 
Creo que existen dos argumentos para explicarlo, además del efecto accidental de los atentados, que todavía no se ha concretizado. 
El primero de ellos es que nuestras economías están sobrecargadas de impuestos y de rigideces varias, fenómeno que la etapa socialista acaba de agudizar en Francia, particularmente con la tontería de la jornada obligatoria de 35 horas. 
El segundo, ya lo he dicho y lo seguiré diciendo, se refiere a un efecto perverso de la moneda única. 
El euro tal vez evite algunas fluctuaciones de cambios internos, como a sus defensores les gusta repetir. 
Pero, a cambio, impone una política monetaria unificada a países que se encuentran en situaciones distintas. 
Este traje estándar, según la expresión de un economista, no le sienta bien actualmente ni a Francia ni a Alemania, a quienes impone un efecto recesivo. 
Parece evidente que, hoy, el efecto recesivo de la uniformización se impone con creces sobre las ventajas de la supresión de los cambios internos. 
Así, considerando la situación globalmente, el euro no funciona como un escudo ante la crisis, sino como un acelerador de ésta. 
¿Habrá que tolerar déficits presupuestarios aún mayores para compensarlo? 
¡Sería verdaderamente paradójico! 
En cualquier caso, señor Presidente, como Europa ha dado ya el pistoletazo de salida, tendrán que pasar todavía varios años de penalidades y de tensiones antes de que los gobiernos se den cuenta de esta verdad primera: todo el mundo funciona mucho mejor cuando cada cual disfruta de una política económica adaptada a sus necesidades. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, la actual situación política mundial, en el contexto de la guerra emprendida contra el terrorismo, tiene muchos aspectos que también crearán una inseguridad prolongada en la economía de los Estados miembros. 
Por ello, la existencia de unas líneas generales en materia de política económica que inspiren confianza puede tener una influencia inusitada en el comportamiento de los consumidores y de los inversores, lo cual incidirá a su vez en la duración de la fase de desaceleración del crecimiento. 
Algunos hechos son positivos desde el punto de vista de la contención de la inflación, es decir, para la estabilidad del valor del dinero: el precio del crudo tiende más a bajar que a subir y, después del 11 de septiembre, la Reserva Federal de EEUU y el Banco Central Europeo han reaccionado de forma rápida y coordinada. 
En estos momentos, tras la bajada del tipo de interés practicada ayer por la Reserva Federal, todas las miradas están puestas en el BCE. 
La espera es mala consejera. 
Dejemos la decisión, sea del signo que sea, en las manos independientes del BCE, pero urge aclarar la orientación de la política europea en materia de tipos de interés. 
El sólido compromiso por parte de todos los países con el Pacto de estabilidad y crecimiento generará precisamente la confianza que necesita ahora la economía y que es también el objetivo del Pacto en sí. 
La austeridad presupuestaria no debe relajarse en ningún país de la UE bajo ningún pretexto, ni siquiera como consecuencia del eventual aumento del gasto en el ámbito de la seguridad interna y externa. 
Debemos realizar ahorros equivalentes, y no quedar a expensas de expectativas sobre el crecimiento de los ingresos. 
El paso al euro originará leves gastos adicionales en todos los eslabones de la cadena productiva. 
Esto no se puede negar. 
Sin embargo, se trata de gastos limitados a esta ocasión y apenas alzarán los precios. 
No hay que alarmar con ello para no aumentar la presión inflacionista. 
La mejor política de largo plazo en materia de estabilidad y crecimiento es ceñirse estrictamente a las decisiones de la Cumbre de Lisboa y convertir a la Unión Europea en la economía más competitiva del mundo, eliminando las trabas internas para la libre competencia y fomentando la innovación, el desarrollo y la investigación de ámbito europeo. 
Ahora nos es imprescindible iniciar una próxima ronda de negociaciones en el seno de la OMC para coordinar mejor la cooperación internacional en materia económica. 
Señor presidente, señor representante de la Presidencia, mi opinión es que nuestra política económica es una combinación de éxito y fracaso. 
El éxito, sin duda, es el euro; el fracaso se encuentra en la economía real. 
Ahí los problemas son dos e interconectados: el bajo ritmo de crecimiento y el alto índice de paro. 
La causa de ambos es común y se halla en el bajo índice de inversiones de bienes de capital durante la última década del pasado siglo, que coincidió con el derrumbamiento de la inversión pública. 
Argumentan algunos que este derrumbamiento es aparente, que se debe a un mero cambio de denominación, puesto que el sector privado invierte ahora donde antes invertía el sector público. 
¿Cómo aceptar, sin embargo, esta explicación cuando el conjunto de las inversiones ha descendido a niveles tan bajos? 
¿Era necesario, en apoyo del euro, estrangular la inversión pública? 
¿Era necesario, en apoyo del euro, que el paro subiera a las cotas en que hoy se encuentra, que eran aún más elevadas hace apenas dos años, y volverán a serlo, señor Comisario? 
No lo creo, pero esta, aunque sin reconocerlo públicamente, fue la política oficial hasta el Consejo Europeo de Lisboa. 
Allí se trazó la línea de adopción de la nueva economía, que se supone que resolvería de un modo moderno el problema económico de Europa y nos devolvería al plano empleo sobre una nueva base, de tecnología más avanzada, la tecnología más avanzada del mundo. 
Malogrado, desgraciadamente, porque coincidió con la brusca pérdida de fuelle de la bolsa norteamericana, sobre todo de los valores vinculados a las nuevas tecnologías y a las telecomunicaciones, precisamente los que se suponía que nos conducirían a una nueva época, y que, sin embargo, ahora amenazan con arrastrarnos a la vorágine de una de las mayores recesiones del siglo xx. 
Me parece que estos acontecimientos son el punto y final de la gran ilusión de Lisboa, y que tendremos que pensar las cosas desde el principio. 
No es posible presentar un programa completo, sobre todo cuando todos los centros de estudios con los que contamos niegan la necesidad de que cambiemos de política económica. 
Pero algunas cosas parecen caer por su propio peso. 
La economía europea necesita inversiones, el sector privado no hace suficientes inversiones, ¿por qué insistimos en impedir al sector público que las complemente? Tal vez así se despertaría el interés del propio sector privado. 
¿Por qué nos resistimos a hacer uso de las posibilidades que nos brinda el Tratado para exceptuar las inversiones de la definición de déficit en el Pacto de estabilidad? 
He escuchado al colega Sr. Della Vedova referirse con miedo al «deficit spending». 
Puede que se dieran exageraciones en la época del «deficit spending» , pero no olvidemos que en aquella época el índice de crecimiento era del 5%, y el paro no pasaba nunca del 1 o el 1,5 %, mientras que nuestra actual política económica que se fundamenta en la liberalización intensiva de los mercados dista mucho de ofrecernos semejantes éxitos. 
Norteamérica estuvo cerca los últimos cinco años del siglo pasado, en un clima de especulación desmedida, que ya vemos adónde nos conduce hoy. 
Y yo quisiera preguntarle, señor Comisario, igual que me hace usted el honor del permitirme preguntarle en privado: ¿cuál es el criterio científico de falsibilidad de su posición que les hará reconocer que se ha verificado la falsedad de nuestros planteamientos, y que tenemos que cambiar de política económica? 
Pues como debe usted saber, sin falsibilidad no hay posición científica. 
Caemos continuamente en una vasta tautología, y mucho me temo que esto y no otra cosa es la política económica que defienden. 
Señor Presidente, para tranquilizar al Sr. Comisario y a sus señorías, no soy partidario, y lo declaro, ni de los déficit ni del aumento de la deuda pública ni de la inflación. 
Pero la cuestión que debatimos no es esa. 
Prevemos o no prevemos recesión. 
Algunos nos dicen que esperemos a ver si viene. 
Hay quienes incluso alimentan la oculta esperanza de que de la recuperación de los Estados Unidos resulte recuperación también para nosotros, ignorando completamente, claro, que en condiciones de globalización, si eso llega a ocurrir, será a otros a quienes beneficie la recuperación. 
Y todo este embrollo, señor Presidente, como han dicho ya algunos colegas, para evitar la noción de intervención pública en la economía. 
Y no comprendo por qué. 
¿Qué dogmatismo es éste cuando se tienen delante problemas concretos, y por si fuera poco, de carácter recesivo? 
¿Puede uno, sin embargo, imaginar, señor Presidente, y desde distintos supuestos, intervención pública y estabilidad en la economía, es decir, recaudaciones elevadas, sin esa temible competencia fiscal que algunos enarbolan? 
Señor Presidente, hay un problema de necesidad de gasto público, hay posibilidades de recaudación que no afectan ni a la estructura productiva ni a la evolución de la economía, ni tampoco a su competitividad. 
No me digan que tendrían problema alguno porque alguien tocara la economía de los rentistas, de los especuladores internacionales del dinero caliente de las bolsas, o incluso la riqueza hiperbólica y el consumo desmedido de las acrecentadas clases medias altas- las llamaré uppermiddle y lo entenderán mejor- de nuestras sociedades. 
Respuesta científica no hay. 
No al sector público, o no a una Europa que si hiciera esto, porque sólo Europa puede hacerlo, se convertiría en una Europa federal. 
¡A semejante dogmatismo no me había enfrentado nunca! 
Señor Presidente, los trágicos acontecimientos de América han enviado olas de grave conmoción económica por el mundo. 
Ningún país permanecerá inmune a las repercusiones económicas de los horrendos ataques terroristas en América. 
Fueron unos ataques tan graves, que será necesario algún tiempo para conocer la amplitud de las consecuencias económicas. 
Ya estamos viendo las primeras ramificaciones económicas del 11 de septiembre, día que quedará grabado en el recuerdo de todos nosotros por siempre jamás. 
Las pérdidas de puestos de trabajo están aumentando en la industria aeronáutica. 
Nunca más se recuperarán los puestos de trabajo destruidos en las líneas aéreas europeas. 
Dichas pérdidas de puestos de trabajo afectan, a su vez, a casi todos los aspectos de una economía. 
La confianza de los consumidores está decayendo y también han bajado los inversores el valor de los mercados de valores mundiales. 
La única señal alentadora es la de que la divisa euro está resistiendo con fuerza. 
Ahora podemos ver todos la importancia de la moneda única europea y el hecho de que haya 12 divisas que participan en el régimen de moneda única europea aporta estabilidad a la economía europea. 
Nada peor podría haber en este momento que 15 divisas independientes flotando en la Unión Europea. 
Habría sido una receta para que los especuladores internacionales hubieran acudido a apostar por una divisa en contra de otra. 
Todos recordamos las devaluaciones que se produjeron en 1992, cuando los especuladores del mercado internacional de divisas trastocaron los mercados europeos de valores. 
Por fortuna, ahora no están en condiciones de hacerlo, porque tenemos una divisa estable funcionando en Europa y resistiendo las recientes conmociones económicas. 
Los ataques terroristas no afectarán al calendario para la introducción de los billetes y monedas metálicas, que continuarán según como estaba previsto. 
También resulta claro que el Banco Central Europeo y los diferentes consejos nacionales de transición al euro han llevado a cabo una labor excelente de mercadotecnia de la nueva economía del euro. 
Si bien no me cabe duda de que habrá algunos problemas de crecimiento, los superaremos y al final del período de transición los ciudadanos de Europa estarán totalmente al corriente del valor de los nuevos billetes y monedas metálicas en euros. 
Señor Presidente, la resolución del Grupo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y del Grupo del Partido Popular Europeo ha merecido mi firma. 
Siempre he sido partidario del estricto cumplimiento de los criterios del Pacto de Estabilidad. 
En estos tiempos convulsos es preciso redoblar la vigilancia. 
Diversos Estados miembros entran en la zona de peligro. 
Se confirma una importante ventaja del rigor presupuestario: la creación de un margen mayor para los estabilizadores automáticos. 
Por otra parte, quisiera subrayar que el incremento de los gastos no aporta ninguna solución. 
La calidad de los mismos, junto con las necesarias reformas de la economía en su conjunto, desempeñará un papel decisivo. 
La resolución señala que el reparto de las competencias entre los Estados miembros y la Unión conduce a acciones nacionales insatisfactorias. 
También sucede lo contrario. 
Las decisiones monetarias de la Unión pueden tener consecuencias negativas para un Estado miembro determinado. Por ejemplo, una bajada inoportuna de los tipos de interés puede dar lugar a una elevada inflación. 
Es positivo que se preste atención a esta zona de tensión. 
La UEM redundará en beneficio de la estabilidad de la economía europea. 
Queda aún por ver si este resultado compensará la pérdida de soluciones hechas a medida por parte de los Estados miembros. 
El rigor presupuestario ocupará un lugar crucial en la consecución de dicha estabilidad. 
Señor Presidente, a estas alturas del debate me parece que sabemos ya tres cosas. 
En primer lugar, sabemos que la crisis que hoy sufre el sector industrial europeo es más grave que la que sufrió con ocasión de la crisis financiera de 1998. 
En segundo lugar, sabemos que la crisis que hoy sufre la economía mundial es mucho más grave que la que sufrió en 1993, después de la guerra del Golfo, porque afecta al mismo tiempo, por primera vez en la historia desde 1929, a las tres grandes economías: a la economía americana, a la economía europea y a la economía japonesa. 
En tercer lugar, sabemos todos menos el Sr. Abitbol, que la economía europea está hoy mucho mejor preparada que antes para hacer frente a esta crisis. 
Tenemos, como se ha dicho, una moneda única que nos protege de las crisis cambiarias; tenemos una política que nos protege de las alzas de precios exorbitantes; y tenemos un Pacto de Estabilidad que nos defiende de la prodigalidad de las administraciones públicas. 
No sabemos, pero sí sospechamos, que esta crisis no es una crisis de demanda- como la crisis de la posguerra- ni una crisis de oferta- como la que sucedió a la guerra del Yon Kipur -, sino que es una crisis de confianza. 
Y siendo una crisis de confianza, lo que diferencia a la propuesta de resolución que nosotros presentamos de la que presenta la izquierda no es que ellos quieran crecer y nosotros no. 
Lo que pasa es que hay recetas que hacen avanzar y recetas que hacen retroceder. 
Y nosotros creemos que las nuestras hacen avanzar. 
¿Por qué digo esto? 
Porque si es una crisis de confianza, el primer error estribaría en relajar la política monetaria y permitir alzas de precios que serían un ataque a la línea de flotación de la confianza de los consumidores. 
En segundo lugar, porque revisar el Pacto de Estabilidad sería tanto como enviar una señal de que queremos desplazar estas cargas a las generaciones futuras, lo cual no contribuye a aumentar la confianza. Y, en tercer lugar, porque si relajamos la política presupuestaria que el Pacto de Estabilidad materializa impediremos que se reduzcan los tipos de interés, como están haciendo los americanos. 
Un barco se mide no porque haya tormenta o no, sino por cómo navega en la tormenta. 
Y en estos momentos, en mi opinión, es cierto que tenemos que cambiar la forma de navegación. 
Es posible que el Banco Central Europeo tenga que reducir los tipos de interés, pero sin olvidar que su objetivo último es mantener el dogma de la estabilidad de los precios para mantener la confianza de los consumidores. 
Es probable que algunos Gobiernos, los que sí han hecho sus deberes, puedan dejar funcionar los estabilizadores automáticos sin necesidad de intentar compensar la reducción fiscal con el aumento de impuestos o la reducción de gastos. 
Pero aquéllos que no los hayan hecho, los hijos pródigos, no están en esta disposición. 
Y, en tercer lugar- lo ha dicho el Sr. Comisario y no lo ha dicho ninguno de los intervinientes -, es hora de que Europa dé un paso adelante, que dé un paso firme para poner en marcha el proceso de Lisboa para una sociedad moderna, innovadora y competitiva. 
Estuvo mucho más convincente en materia de la tasa Tobin el Sr. Comisario en la entrevista que concedió a la Vanguardia Digital- en la que dijo que era un instrumento que no servía- que en su intervención de hoy- en la que ha dicho que es uno más entre los instrumentos posibles. 
Entonces dijo que no era posible; hoy empieza a ser probable. 
Coincido con su intervención en el periódico, no con su intervención aquí. 
Señor Presidente, es preciso adoptar todas las medidas necesarias para que Europa pueda responder seriamente a las consecuencias de las terribles acciones terroristas de Nueva York y Washington, y esto también incluye, señora Presidenta del Consejo, lo que efectivamente se ha logrado, esto es, una respuesta común de los Ministros de Finanzas de la UE. 
Yo creo que esta respuesta simboliza la capacidad de Europa para mantenerse unida cuando es verdaderamente necesario. 
Este enfoque también se debe mantener, a mi parecer, en relación con la política de subvenciones. 
Pero también debe concedernos la flexibilidad necesaria para comprender que Europa desea, de hecho, que no se siga intensificando el declive económico. 
Hemos suscrito, en efecto, un Pacto de estabilidad y crecimiento, que nos concede muchas posibilidades, porque por un lado, deseamos que Europa sea una comunidad estable, pero por el otro lado, también queremos fomentar el crecimiento y el empleo. 
No por azar, en el momento de verificar el cumplimiento de los criterios de convergencia ya se contempló y se aceptó la existencia de circunstancias extraordinarias, que autorizaban una desviación de la definición de déficit excesivo. 
Con esto no pretendo abogar a favor de una comunidad inestable. 
Al contrario, en realidad yo quiero instar a la Presidencia belga y también a la Comisión a que promuevan una mayor coordinación en este ámbito, concretamente a través de la posibilidad de actualizar los programas de estabilidad. 
Yo desearía una actualización de los programas de estabilidad de los Estados miembros de la zona euro, que deje claro que los datos se han modificado de manera decisiva. Lo cual es necesario en el presente contexto. 
Señora Presidenta del Consejo, usted lo ha dicho con toda la razón: tenemos que evitar políticas procíclicas en Europa, tanto en sentido expansivo como en sentido restrictivo, pero sólo podremos hacerlo si las cifras presupuestarias actualizadas también reflejan los déficit estructurales, además de los datos presupuestarios neutrales con respecto a la coyuntura. 
Yo creo que esto nos ayudaría a apaciguar la irritación con que se está desarrollando el debate en esta Asamblea y, sobre todo, también a lograr nuevos progresos, tanto en relación con la política de crecimiento como en lo que se refiere a la política de estabilidad. 
La Unión Europea necesita, en efecto, tanto estabilidad monetaria, como también estabilidad en materia de política de empleo y estabilidad social. 
. (FR) Le agradezco de entrada que me conceda ahora el uso de la palabra. 
No puedo quedarme más tiempo en este foro, porque a las dieciséis treinta, tengo una reunión con su grupo de contacto para discutir la evolución del estatuto de los parlamentarios. 
Creo que es un tema importante, es una reunión importante, yo mismo he pedido que se celebre, y tengo que estar nuevamente aquí a las diecisiete treinta, para responder a las numerosísimas preguntas que ustedes han formulado. 
Eso es todo, Por tanto, les agradezco mucho que quieran escucharme ahora. 
Todos ustedes, señor Presidente, señoras y señores, se han percatado sin ningún género de dudas de hasta qué punto he sopesado cada palabra de la declaración que he hecho y cada adjetivo que he pronunciado en nombre de la Presidencia del Consejo, en nombre del Consejo. 
En consecuencia, me perdonarán si no intento ofrecer ahora interpretaciones adicionales a lo que ya les he dicho. 
He podido hablar en nombre del Consejo en pleno, y por tanto creo que he dejado claro en qué dirección está yendo nuestra reflexión, también creo haber indicado cuáles son los límites que el Ecofin y que los propios ministros ya han fijado, igualmente les he comentado cuál es el ámbito del debate que se ha entablado, y seguramente tengan ustedes empeño, los que están aquí, y están todos, en que haya especialistas en la materia que sigan muy de cerca la evolución de este debate. 
Y, por supuesto, también las conclusiones de este debate, que son mucho más importantes. 
Creo que, al final, estamos más o menos todos de acuerdo sobre los objetivos que queremos alcanzar, aunque coincidamos menos en cuanto a cuáles son lo medios óptimos para alcanzarlos. 
Este debate también seguirá sin duda alguna su curso. 
No obstante, me gustaría hacer dos pequeñas observaciones personales: el Sr. Berthu ha proclamado- ya lo hacía en los tiempos en que yo era colega suya- que todo va mucho mejor cuando cada país tiene un control total de los instrumentos financieros y económicos. 
Sin embargo, señor Berthu, permítame que discrepe sobre este punto. 
Ya soy suficientemente vieja como para saber que la realidad ha sido muy distinta, y que en aquellos tiempos, Europa también atravesó profundas crisis financieras y económicas, que costó mucho trabajo controlar. 
Esta es mi primera observación. 
Hemos tardado quince años en recuperarnos de los efectos de esta política. 
Por tanto, espero que esto no nos pase, pero lo que he escuchado aquí va en sentido totalmente contrario, y cada uno y cada una de los aquí presentes tendrán interés en seguir todo este asunto muy de cerca y en permanecer ojo avizor. 
No me queda más que agradecerles su amable atención. 
Muchas gracias, señora Neyts-Uyttebroeck. 
Ahora que la Cámara sabe el motivo por el cual usted se ausenta, no tenga la menor duda de que le deseamos el mejor de los aciertos en un asunto tan delicado. 
Señor Presidente, estamos viviendo un momento en que está resultando más claro que el Pacto de Estabilidad funciona como un impedimento al desarrollo y a la cohesión económica y social: al considerar prioritaria la convergencia monetarista y nominal, obligando a adoptar presupuestos restrictivos, impide que los países con mayores dificultades puedan apostar por una política de inversión, en particular pública, en una fase como la actual de enfriamiento de la actividad económica y amenaza de recesión internacional. 
En varios países y con orígenes diversos surgen advertencias en cuanto a la necesidad de modificar el Pacto de Estabilidad y a la prioridad que se está concediendo a las políticas monetaristas del neoliberalismo. 
Esa situación se siente tanto en los países más desarrollados como en aquellos en los que se mantienen situaciones de más profundas desigualdades y en los que surgen amenazas de tensiones sociales o ambas cosas. 
En un país como Portugal con los salarios, pensiones y jubilaciones más bajos de la Unión Europea y las tasas más altas de abandono escolar temprano, accidentes laborales y pobreza, no es admisible la aplicación de calendarios y plazos rígidos y grandes restricciones en el gasto público y en la inversión, so pena de impedir su desarrollo y boicotear la vía de la cohesión económica y social. 
Así, pues, está en el orden del día la necesidad de la suspensión inmediata del Pacto de Estabilidad. 
En una Unión Europea que se dice preocupada por los problemas sociales, empeñada en la creación de empleo y en la lucha contra la exclusión social y la pobreza, no se puede seguir considerando prioritario el mantenimiento de la estabilidad monetaria a toda costa, cuando se sabe que las consecuencias serán más desempleo, más restricciones salariales y más pobreza. 
No se trata de defender sólo cierta flexibilización de los criterios del Pacto de Estabilidad y de la aplicación de los programas de estabilidad y crecimiento que cada uno de los países tuvo que presentar. 
Es esencial apostar por una profunda revisión de los objetivos, criterios y fundamentos del Pacto de Estabilidad, partiendo del principio de que los presupuestos de los Estados miembros deben reflejar las necesidades de cada uno de los pueblos y países y no los intereses de los grupos financieros a que el Banco Central Europeo procura dar expresión. 
Señor Presidente, señor Comisario Solbes, necesitamos más Europa y el Pacto de estabilidad es un instrumento para construir Europa. 
Es un instrumento complejo y anómalo que no encontramos en los libros de texto ni en las universidades. De echo, viene a sustituir a una auténtica política económica y presupuestaria a escala federal. 
Ahora bien, para que dicho instrumento sea eficaz, tiene que ser creíble, ha de basarse en reglas y compromisos claros y debe ser respetado por todos. 
Cambiar las reglas durante el difícil camino de la convergencia y a menos de cien días de la introducción del euro, seria un grave error. 
Por lo tanto, el Pacto de estabilidad no se debe relajar, ni se debe cambiar en cuanto a sus compromisos temporales y cuantitativos. Una actitud similar sólo supondría un oportunismo miope y desastroso de cara a la misma construcción europea. 
Por el contrario, el Pacto de estabilidad se debe reforzar, cualificar y convertir en más eficaz. Ya no bastan los objetivos cuantitativos que hablan solamente de los saldos presupuestarios. 
El de los saldos presupuestarios es un objetivo necesario pero no suficiente porque será preciso centrarse cada vez más en la calidad del gasto público, en la sostenibilidad a medio y largo plazo de las finanzas públicas de cada uno de los Estados que participan en el euro, y aquí basta tener en cuenta la deuda correspondiente a las pensiones. 
Señor Comisario, un Pacto de estabilidad interpretado de la manera más responsable y con amplitud de miras no puede hacer nada respecto a la credibilidad de nuestra moneda si no va acompañado por el inicio de una etapa de extraordinaria aceleración del proceso para culminar la unión económica: más convergencia real, más cohesión real, más desarrollo, más liberalización, más mercado en los servicios y en la energía. 
Por lo tanto, si es necesario respetar y valorizar el Pacto de estabilidad y crecimiento, también hace falta prestar atención al cumplimiento de la agenda de Lisboa. 
Lamentablemente, desde este punto se vista, el Consejo Europeo de Estocolmo ha significado un paso atrás. 
Señor Comisario, Señor Ministro, por el bien del euro y de nuestra Europa hemos de evitar que se repitan regresiones de esta índole. 
Señor Presidente, señor Comisario, Europa no está técnicamente en recesión, sino que vive claramente en situación de desaceleración del crecimiento y no son aún previsibles todas las consecuencias de ese hecho en los planos económico, político y social. 
En ese marco muchos se preguntan por la validez de la interpretación restrictiva y fundamentalista que se ha hecho del Pacto de estabilidad y crecimiento y de las consecuencias que de dicha interpretación pueden resultar para el propio proceso de desarrollo y cohesión de Europa. 
El Pacto de Estabilidad es un compromiso global que combina el realismo de un escenario macroeconómico concreto con la saludable preocupación por la consolidación de la hacienda pública. 
Se debe interpretar el Pacto en su conjunto y, evidentemente, si uno de los términos de la ecuación se modifica, es necesario que el otro se ajuste y se flexibilice. 
No quiero entrar en polémica con los guardianes de la escuela del pensamiento único que, por desgracia, han llegado a ser protagonistas en la escena de la política económica europea. 
Pero no me dispenso de afirmar que la verdadera defensa del Pacto de estabilidad y crecimiento requiere en primer lugar entenderlo. 
Ahora bien, entenderlo significa que es correcto aceptar que, en una coyuntura internacional desfavorable, se acomode la inevitable pérdida de ingresos y el consiguiente aumento del déficit público, siempre que no se supere el 3%, como ha dicho, acertadamente, la Presidenta. 
Eso no puede ni debe confundirse con permisividad o ineficacia de las administraciones fiscales y mucho menos con el abandono a medio plazo de una política de ajuste sustentada en los procedimientos presupuestarios y en el esfuerzo serio y continuo de control de los gastos públicos y fortalecimiento de la eficiencia de la administración en todos los niveles. 
El control y la racionalización del gasto público son un objetivo correcto. 
Por tanto, no se trata de la revisión o la anulación del Pacto de Estabilidad. 
Consolidar el gasto no es exigir irracionalmente la disminución lineal de los déficit y sí considerar que a medio plazo los saldos presupuestarios deben dar una suma de resultado nulo. 
Señor Presidente, la estabilidad y el crecimiento son objetivos de la acción social que todos deseamos, independientemente del partido o el Grupo político del Parlamento Europeo al cual pertenezcamos. 
Sin embargo, mantenemos considerables diferencias incluso en cuanto a la definición de esos conceptos y más aún en relación con los caminos que deseamos seguir para alcanzar dichos objetivos. 
Una interpretación exclusivamente fiscal no permite resolver los problemas reales que quedan de manifiesto en el descenso del crecimiento económico y el constante aumento del desempleo. 
La economía de mercado como categoría económica, sí; la economía de mercado como categoría económicosocial, ¡no! 
Dicho en otras palabras, el mercado puede y debe regular la economía, pero no la sociedad. 
Nosotros no situamos en el centro una política económica orientada hacia la oferta, sino una política económica orientada hacia la demanda. 
No creemos que la liberalización vaya a resolver los males. 
No sólo necesitamos la competencia económica entre las empresas, sino que ésta debe ir acompañada de criterios políticoeconómicos y sociales, que permitan alcanzar la máxima seguridad social, sostenibilidad y justicia. 
Estamos a favor del saneamiento de los presupuestos, pero no a cualquier coste. 
Yo abogo, al contrario que la Presidenta del Consejo, por una política económica anticíclica. 
El incremento del gasto público en las inversiones con vistas a la ampliación y en educación y formación profesional es imprescindible también en momentos de recesión. 
Tenemos la zona euro, pero no contamos con ninguna política económica, fiscal y social europea. 
Esto no puede funcionar. 
El objetivo no es, en efecto, únicamente la estabilidad de los precios- conforme al mandato del BCE -, sino que ha de ser la estabilidad socioeconómico. 
Una flexibilización de los actuales criterios de convergencia no resolverá el problema, sino que tan sólo transferirá las cargas a quienes los cumplan. 
Necesitamos una nueva definición que tome en consideración otros parámetros como la tasa de actividad, la tasa de creación de valor añadido y la tasa de inversión, porque son datos que reflejan la actividad y el desarrollo económicos. 
Señor Presidente, Comisario, los nubarrones de la recesión asoman por el Oeste, en parte por la perforación de la burbuja de activos del mercado de valores de los EE.UU, pero exacerbada aún más por los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre. 
La reserva federal de los EE.UU. ha reducido ahora los tipos de interés de los fondos federales a 2,5 %, la cifra más baja en 39 años. 
Se trata de la novena reducción en este año. 
El BCE puede responder en breve, pero, casi dos años después del lanzamiento del euro, aún hay poco entusiasmo sobre su futuro papel como importante divisa internacional de reserva. 
En parte es consecuencia de la debilidad de su tipo de cambio y, en parte, de que los billetes y monedas metálicas no estén aún en circulación, por lo que no se lo puede considerar aún un éxito sin paliativos. 
Falta por ver si el modelo único de tipos de interés funcionará en los países de la Unión, en particular países como Irlanda. 
Esas preocupaciones y las relativas a las consecuencias constitucionales y la pérdida de soberanía hacen que mi país, el Reino Unido, se considere feliz de permanecer fuera de momento. 
Aunque es evidente que todos deseamos que el proyecto vaya bien, ha desconcertado claramente a muchos pesimistas, incluido el antiguo Primer Ministro John Major. 
Hace unos años, la Comisión en su informe McDougal concluyó que, para permitir un gasto y transferencias anticiclo a fin de que funcionara adecuadamente una zona con moneda única, serían necesarios aumentos fiscales por parte de los poderes centrales de al menos el 7% del PIB. 
Naturalmente, eso habría sido inaceptable para los Estados miembros, por lo que en 1996 decidieron en Dublín adoptar, en cambio, límites estrictos en materia de gasto, endeudamiento e inflación como opción substitutiva. 
Recientemente, se ha pedido que se flexibilizaran un poco esos límites máximos del Pacto de estabilidad y crecimiento. 
En mi opinión, no es aconsejable, pues estoy firmemente convencido de que un planteamiento prudente de la hacienda y el endeudamiento públicos es positivo. 
Además, la economía británica está vinculada con la eurozona y está convergiendo más con ella, por lo que todos tenemos un incentivo para atenernos a las directrices y no debemos permitir que la crisis de los EE.UU. sea una excusa para la adopción de nuevas políticas de impuestos y gastos estatalistas. 
En el Pacto de Estabilidad figuran mecanismos encaminados a funcionar en caso de recesión y en circunstancias excepcionales se podría recurrir al apartado 1 del artículo 2 sobre el procedimiento en materia de déficit excesivo para justificar mayores gastos militares o de seguridad. 
Pero los Estados miembros deben centrarse en las reformas estructurales, en particular en sus mercados laborales, como forma de avanzar. De lo contrario, lo único que conseguiríamos sería una inflación elevada y aumentos enormes de la montaña de la deuda nacional. 
(GUE/NGL). (EL) Señor Presidente, por una satánica coincidencia, los aviones son las representaciones que nos hacen hoy comprender el mundo actual. 
Es la tragedia de Nueva York, pero lo es también lo sucedido ayer en otra dimensión, a otro nivel, en los aeropuertos suizos. 
Y fue Swissair, de acuerdo; pero podía haber sido, en lugar de Swissair, Sabena u Olympic, o cualquier otra compañía. 
Se pude decir que en la Unión Europea podemos mantener el dogmatismo de no ver lo que ocurre. 
Estamos en nuestro derecho. 
Pero mantener un dogmatismo que nos haga no ver lo que ven incluso el Sr. O ' Nill y un gobierno ultraconservador en su filosofía económica como del Sr. Bush en los Estados Unidos, creo que es una exageración. 
No ver los 15.000 millones entregados a las compañías aéreas, no ver que por razones políticas, e igualmente por razones económicas, alguna vez habrá que controlar los flujos internacionales de capital en aras de la estabilidad política y económica, no ver que los gobiernos tienen que dejar ya de ser pequeños y tomar en sus manos la marcha de las cosas. 
En este sentido, considero que mantenerse dogmáticamente en un Pacto de estabilidad decidido hace una década y en otras condiciones constituye un gran error. 
Señor Presidente, en primavera el Consejo se pronunció claramente a favor del Pacto de estabilidad y crecimiento. 
Durante las vacaciones de verano algunos ministros de Hacienda se empeñaron, sin embrago, en proferir a título personal que había que abrir el pacto como consecuencia de la tendencia bajista de la economía. 
Por lo visto, no se trataba de un punto de vista oficial de Gobierno, puesto que estos deseos no llegaron a reiterarse en foros especialmente indicados para ello, como es el Consejo de Ministros de Economía y Hacienda. Al contrario, en ese marco el pacto fue objeto de alabanzas. 
A pesar de estos elogios, el Presidente Duisenberg consideraba que los rumores sobre la flexibilización eran muy preocupantes. 
Tanto es así que el Sr. Solbes Mira llamó al orden a Italia, Francia, Alemania y Portugal, instándoles a que aplicaran los acuerdos. 
Y tiene toda la razón. 
Es inaceptable que los Gobiernos de la Unión exijan en tono autoritario al Banco Central que baje los tipos de interés si ellos mismos no hacen sus deberes en casa. 
Si todos los Estados miembros hubieran adoptado las medidas estructurales necesarias cuando el crecimiento económico así lo permitía, el Banco Central podría llevar a cabo ahora una política más flexible en materia de tipos de interés, ya que a la luz de la combinación de políticas existe una relación directa entre la política presupuestaria y la política de tipos de interés. 
Señor Presidente, varios colegas se han referido al 11 de septiembre. El Sr. Herzog incluso opina que el euro no nos protege contra las crisis financieras. 
El Banco Central ha funcionado perfectamente después del 11 de septiembre, hasta el punto de que nos ha protegido eficazmente contra una crisis de liquidez financiera. 
Hace poco Irlanda recibió una seria reprimenda por haber fomentado aún más el ya de por sí excesivo recalentamiento de su economía, lo cual ocasionó un incremento de la inflación. 
Por mí, Irlanda puede convertirse en punto de referencia con tal de que seamos valientes y adoptemos asimismo una actitud crítica hacia los países grandes, con especial atención hacia los países que merecen plenamente estas críticas. 
Seamos conscientes de que los mercados financieros vigilan minuciosamente la forma en que los Estados miembros gestionan sus finanzas públicas en una economía de tendencia bajista. 
La situación actual pone a prueba la resistencia de la construcción europea. 
Yo empiezo a tener la impresión de que el debate está demostrando cada vez con mayor claridad el acierto y la importancia de que el PPE/DE tomase la iniciativa de plantear esta pregunta. 
Faltan 89 días para que los billetes y monedas en euros sean una realidad y, simultáneamente con este reto, estamos viviendo un tiempo de inseguridad. 
Al mismo tiempo, se están registrando reacciones de algunos gobiernos- ya se han citado los nombres de algunas personas de los gobiernos que no han completado todos sus deberes en relación con el Pacto de estabilidad y crecimiento- que quisieran manipular los mecanismos del Pacto de estabilidad y crecimiento. 
Por esto, justamente en estos momentos de inseguridad y a 89 días de la introducción del euro, es importante transmitir un mensaje de claridad y tranquilidad al mercado, pero también a los consumidores. 
El Pacto de estabilidad y crecimiento no se debe tocar en Europa. 
Es necesario contrarrestar la impresión de que debilitar el Pacto de estabilidad y crecimiento permitiría actuar contra la recesión. 
Sencillamente no es cierto que la inflación permita crear puestos de trabajo. 
No es cierto que el Pacto de estabilidad y crecimiento no deje suficiente margen de maniobra para hacer frente a momentos difíciles. 
Los Estados miembros que han completado la mayor parte de sus deberes son los que disponen de mayor margen de maniobra. 
Por lo tanto, yo sólo puedo decir: ¡no jueguen con fuego! 
Crear inseguridad en un tiempo inseguro es una irresponsabilidad y el Pacto de estabilidad es el requisito necesario para la estabilidad del euro. 
Señor Presidente, el objetivo del Pacto de estabilidad y crecimiento es la estabilización duradera de los mercados financieros, que desde que se inauguró la Unión monetaria ha seguido siendo competencia nacional. 
El Pacto de estabilidad es, por lo tanto, el complemento necesario en el ámbito de la política financiera de una política monetaria única y un sucedáneo políticofinanciero de la Unión política que no se ha inauguró al unísono con la Unión monetaria. 
El objetivo es preservar un margen presupuestario suficiente en los buenos tiempos y prepararse para capear los malos. 
Algunos Estados miembros, entre ellos también Alemania, han descuidado justamente esta tarea en los últimos tiempos. 
Sin embargo, en cuanto surgen las primeras dificultades se empieza a revisar en voz alta la interpretación de los criterios. 
Se critica que, si bien el Pacto promueve, en efecto, la estabilidad, en cambio actúa como una camisa de fuerza fiscal e intensifica así la debilidad del crecimiento por razones monetarias. 
Esta crítica no tiene en cuenta los hechos. 
El compromiso es mantener el equilibrio presupuestario a medio plazo y un déficit limitado, y no se puede empezar a jugar con él en cuanto comienzan a flaquear las fuerzas impulsoras del crecimiento. 
Por esto es necesario que el Consejo de "Economía y Finanzas" emita una señal clara- justamente después de l debate que se ha planteado- y transmita un mensaje claro. 
Cuando faltan justo tres meses para la introducción del euro- el colega Karas lo ha recordado- necesitamos una señal a favor de la estabilidad. 
El problema está en que no hemos alcanzado el objetivo de Lisboa de llegar a ser la región puntera y con mayor crecimiento del mundo. 
No obstante, sólo podremos alcanzarlo si los Estados miembros hacen los deberes. No deben cargar esta tarea en las espaldas del Banco Central Europeo. 
También quisiera contradecir en gran parte al colega Tannock, que ha sostenido que el BCE no ha cumplido sus objetivos en estos momentos de crisis. 
La reacción del BCE después del 11 de septiembre ha sido precisamente excelente y el euro se ha mantenido. 
Sin embargo, con el debate sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento, ya desde antes del 11 de septiembre, hemos estado "jugando con fuego" -como ha dicho el colega Karas- y hemos generado inseguridad. 
Si no lo hubiésemos hecho, ahora podríamos desarrollar con mucha más tranquilidad el debate sobre el futuro del euro. 
Señor Presidente, cuando faltan pocos días para la introducción del euro, creo que ante todo debemos evitar el riesgo de avalar una contradicción entre las políticas de convergencia y estabilidad, por un lado, y las que están orientadas a apoyar los procesos de crecimiento y de desarrollo duradero, por otro, en línea con los objetivos de la Cumbre de Lisboa. 
Habida cuenta de la aplicación de los estabilizadores automáticos que están previstos y que existen, pienso que los objetivos marcados con el Pacto de estabilidad y crecimiento no se pueden presentar o considerar como obstáculos al crecimiento o a la necesidad de responder, también desde el punto de vista político, a las consecuencias de un ciclo coyuntural negativo como el que estamos viviendo. 
Por otra parte, creo asimismo que sería equivocado presentar el cumplimiento de los objetivos del Pacto de estabilidad como una reacción suficiente o, peor aún, exclusiva a un contexto de riesgos de recesión evidentes. 
Por lo tanto, creo que en esta circunstancia queda patente una vez más la necesidad de acelerar su camino hacia dos objetivos. 
El primero es definir y afinar los instrumentos de análisis y de control para permitir una utilización coherente y concomitante de las finanzas públicas, en apoyo de programas selectivos de inversión, rigurosamente orientados y como tales útiles y aún más necesarios para una actuación compensatoria anticíclica. 
El segundo objetivo, tras confirmar la positividad del Pacto de estabilidad y crecimiento, es adecuar y consolidar su operatividad más allá de los plazos previstos para el cumplimiento de sus objetivos reforzando las condiciones y los instrumentos de una eficaz política económica comunitaria. 
Señor Presidente, en lugar de hablar del Pacto de estabilidad y crecimiento, quiero referirme a otro asunto que se planteó en la reunión oficiosa del Ecofin y sobre el que trata este debate y es la petición de los ministros de los Estados miembros de que el Parlamento exprese su conformidad con la Directiva relativa al blanqueo de capitales. 
Quisiera hacerme eco de esa petición de que todos los diputados del Parlamento Europeo y todos los gobiernos de Europa lleguen a un acuerdo sobre esa directiva lo antes posible. 
Resulta tanto más decisivo después de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre. 
Aquel día el terror golpeó en el corazón del sistema financiero mundial. 
Es evidente que los terroristas estaban dispuestos a utilizar todos los mecanismos e instrumentos que el sistema financiero mundial les brindaba para planificar el ataque. 
Debemos volver esos instrumentos contra ellos. 
Muchos banqueros y empleados de empresas financieras murieron en aquel ataque. 
Debemos conseguir la ayuda de esos banqueros y empleados de empresas financieras para responderle e impedir su repetición, porque se trata de una media concreta que podemos adoptar en la guerra contra el terrorismo. 
Nadie va a pedirnos que vayamos a morir en la ladera de una montaña del Afganistán, aunque a otros se les pedirá que paguen ese precio. 
Pero también nosotros podemos- y debemos- hacer una contribución, porque los banqueros, los agentes de bolsa, los empleados de la limpieza, los técnicos de TI, los asesores de inversiones, los abogados y los empleados de empresas de servicios de comidas que salen de nuestros trenes en los centros urbanos de Fráncfort, París, Londres y Bruselas son exactamente igual que aquellas 5.000 o 6.000 personas que un día se presentaron en su trabajo en Nueva York y nunca más volverán a sus casas. 
Ha llegado el momento de dejar de discutir sobre la confidencialidad de los abogados. 
Pido a este Parlamento que acuerde una directiva que contribuya a privar de fondos a los terroristas. 
Le pido que acuerde la congelación de los activos de las organizaciones terroristas, porque en alguna parte hay alguien ingresando dinero de ben Laden en un banco. 
Podemos contribuir a dejarlo sin fondos, tarea tan importante como la operación militar que pronto- lo sabemos- comenzará. 
Señor Presidente, señor Comisario Solbes, Señorías, en un momento de especial tensión internacional como éste, creo que puedo afirmar que el Pacto de estabilidad y crecimiento representa la tarjeta de crédito de nuestra responsabilidad de cumplir todos los compromisos de saneamiento y los programas de crecimiento sobre los que se asienta la construcción de una Europa económicamente fuerte, solidaria y realmente competitiva. 
Cualquier hipótesis de desinterés o de suavización de lo establecido minaría las bases del futuro desarrollo de todo el territorio europeo. 
En este momento, hay un aspecto que debe ser tenido muy en cuenta como es el ajuste de los datos presupuestarios, al objeto de que no aparezcan esas posibles anomalías que continúan registrándose en algunas cuentas públicas. 
En este sentido, lamentablemente, en Italia hemos tenido que constatar una triste herencia del centroizquierda. 
Se trata de una actitud poco correcta, seguramente peor que la que se aprecia a raíz de la falta de adaptación a los criterios exigidos, porque si en el primer caso hay fraudulencia, en el segundo se trata sólo de una dificultad que es de esperar que sólo sea momentánea y pasajera. 
La manipulación de los datos se ha de perseguir sin miramientos, hasta llegar, en su caso, a medidas sancionadoras. 
En el ámbito del Pacto y sabiendo que se ha de cumplir, no se puede silenciar que algunas zonas o incluso regiones enteras- el sur de Italia, el sur de España, el sur y parte del norte de Francia y Alemania oriental- están, sin duda, más atrasadas que otras. 
Si un Estado miembro en su conjunto debe cumplir los pactos firmados, no cabe duda de que considerar aspectos favorables para estos territorios- me refiero a una diferenciación de imposición fiscal, a la utilización para créditos de fiscales de los Fondos estructurales inutilizados, a nuevas ayudas después de 2006 a los Estados excluidos del Objetivo 1- no solo no debe considerarse censurable, sino que debe parecer a todos deseable. 
. 
Señor Presidente, muchas gracias a todos los intervinientes en el debate por sus comentarios y por sus aportaciones. 
Empezaré haciendo una referencia a nuestra diferente situación económica con respecto a los Estados Unidos. 
El punto de partida de la Unión Europea es totalmente distinto del de los Estados Unidos: ni nuestros equilibrios son los mismos, ni lo que ha sucedido en los Estados Unidos ha sucedido en Europa, ni nuestro modelo institucional es semejante. 
Intentar aplicar el modelo americano a Europa, en mi opinión, no corresponde a la realidad, y sería una opción no deseable. 
Para alguno de ustedes nuestra preocupación es, se decía, evitar la intervención del sector público. 
No, en absoluto. 
Puede haber más inversión pública, puede haber más actuaciones públicas, aunque siempre dentro de las reglas establecidas en el sistema que entre nosotros nos hemos dado para que funcione de forma más eficiente el equilibrio entre la política monetaria y la política fiscal. 
Una buena muestra de la actuación rápida de una decisión pública está, sin duda alguna, en la decisión del ECOFIN sobre las líneas aéreas y la cobertura de los seguros como consecuencia de los riesgos políticos que se plantean. 
A partir de ahí, el gran debate se ha planteado sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento. 
Para algunos, la posición de los que lo defendemos es fundamentalista, para otros dogmática, algunos de ustedes han planteado incluso la tesis de cancelar el Pacto. 
Yo más bien me alinearía con la Presidencia y con aquellos de ustedes que han hecho referencia a algo que me parece esencial. 
El Pacto de estabilidad y crecimiento pretende ser un instrumento que facilite una actuación anticíclica por parte de las finanzas públicas. 
Ese fue su objetivo y esa sigue siendo su esencia fundamental. 
Por lo tanto, ni hay dogmatismo ni hay fundamentalismo. 
Podemos discutir si de nuestra experiencia pasada, que ha consistido en aplicar el Pacto durante períodos de crecimiento, hemos sacado la conclusión de que sólo funciona en esa dirección. 
Tampoco fuimos excesivamente dogmáticos en los momentos de crecimiento respecto a agotar las posibilidades del Pacto para reducir el déficit público en algunos de los Estados miembros, algo que en estos momentos podría, incluso, pesarnos. 
Pero volvamos un poco a la lógica del Pacto. 
La lógica del Pacto es permitir actuaciones anticíclicas. 
La flexibilidad del Pacto está, sin duda alguna, en dos elementos fundamentales: el primero- las circunstancias excepcionales -, que no viene al caso analizar dado que sólo hablamos de circunstancias excepcionales en un caso de profunda recesión o de caída del crecimiento por debajo de ciertos niveles, y el segundo, la aplicación normal del Pacto a través del juego de los estabilizadores automáticos. 
En el caso concreto de los estabilizadores automáticos, el elemento de flexibilidad viene dado en el propio Pacto y puedo señalar que no estamos modificando en absoluto ninguna posición, sino que es la propia naturaleza del Pacto. 
En el Código de conducta que el ECOFIN aprobó el pasado mes de julio ya se dice que uno de los elementos fundamentales del Pacto de estabilidad y crecimiento es el objetivo a medio plazo para la posición presupuestaria, y se dice muy claramente que la evaluación de los objetivos de los países debe tomar en cuenta, de forma explícita, la posición cíclica y sus efectos sobre el presupuesto. 
Esto quiere decir, como alguno de ustedes ha referido, que, sin duda alguna, en la adecuación de los programas de estabilidad los Estados miembros tendrán que intentar considerar este elemento. 
Por parte de la Comisión se ha insistido, en alguna ocasión, en que la posición cíclicamente ajustada de los déficit debería incluirse en la información de los programas de estabilidad, y ustedes conocen perfectamente que tenemos dificultades técnicas, no en cuanto al concepto, sino en cuanto al sistema de cálculo de esta posición estructuralmente ajustada. 
Evidentemente, esto no nos va a permitir ser más flexibles, sino aplicar el Pacto a una realidad económica distinta de la que existía cuando se definieron los diferentes programas de estabilidad. 
Y eso quiere decir, por lo tanto, que, en la interpretación de la Comisión, los objetivos nominales, y lo he dicho en mi primera intervención, no deben considerarse como algo absolutamente inmodificable. 
Los objetivos nominales están ligados a unos ciertos supuestos de crecimiento. 
Por lo tanto, como decía, no hay problemas, hay flexibilidad, no hay dogmatismos, más bien estamos en un período distinto al anterior en cuanto a la aplicación del Pacto de estabilidad y crecimiento. 
¿Una tesis de mayor gasto resolvería los problemas? 
Yo creo que no. 
Nuestra posición es que, vista la experiencia europea, en los últimos años, de comportamientos más bien procíclicos en este tipo de decisiones, viendo la dificultad para recuperar situaciones de equilibrio, viendo incluso el impacto que han tenido algunas posiciones en los últimos meses, no es la buena opción. 
Por eso seguimos pensando que la buena opción, y lo he dicho en mi intervención inicial- alguno de ustedes también se ha referido a ello -, es seguir adelante con más Europa. 
Más Europa quiere decir Lisboa; más Europa quiere decir, cuando hablamos de Lisboa, aumentar nuestro crecimiento potencial; más Europa quiere decir sistemas más eficientes; más Europa quiere decir también tomar más en consideración el impacto de la crisis en los mercados internacionales y tomar también en consideración elementos tan importantes como negociaciones comerciales internacionales de ayuda al desarrollo, todos aquellos elementos vinculados que sin duda alguna nos permitirán mejorar el contexto. 
Últimos comentarios: más Europa puede querer decir también, avance, sin duda alguna, en los elementos vinculados a la competencia fiscal a los que algunos de ustedes se han referido o, desde luego, en la lucha contra el blanqueo de dinero. 
Elementos, sin duda alguna, fundamentales para poder avanzar en todo lo que nosotros pretendemos. 
Un debate como el de hoy hubiera exigido una respuesta mucho más larga, pero me temo que, desgraciadamente, no contamos con mucho más tiempo. 
Pero sí querría comentarles estas ideas de forma rápida para que quede claramente definida la posición de la Comisión sobre este punto final. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
He recibido siete propuestas de resolución, presentadas al amparo del artículo 37, párrafo 2, del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a mediodía. 
Televisión sin fronteras 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0286/2001) de la Sra. Hieronymi, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre el tercer informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social relativo a la aplicación de la Directiva 89/552/CEE "Televisión sin fronteras" (COM (2001) 9- C5-0190/2001- 2001/2086 (COS) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, el objetivo de la Directiva "Televisión sin fronteras" es dotar a la Unión Europea de un marco jurídico que permita garantizar la libre circulación de los servicios de transmisión audiovisual así como ciertos intereses especialmente importantes, como el pluralismo, la diversidad cultural y la protección de los consumidores y los menores. 
Hoy nos corresponde debatir el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva durante el período 1997-2000. 
En lo esencial, se pueden reseñar los siguientes resultados. Se han alcanzado los objetivos de la Directiva en sus aspectos esenciales. 
Con vistas al futuro, va a ser necesaria una profunda revisión de la Directiva. 
Los cinco aspectos más importantes del balance son muy brevemente los siguientes. Primero, doce Estados miembros han completado la transposición y otros tres todavía están rezagados. 
Segundo, el sector televisivo experimentó en conjunto una fase de crecimiento continuado durante los años 1997-2000, tanto en lo que respecta al número de canales como en cuanto al volumen de negocios global de las cadenas de radio y televisión y el volumen de negocios de publicidad de los operadores públicos y privados. 
Aun así es preciso constatar un déficit de unos 2.900 millones de dólares en la contratación de derechos de emisión, sólo con los Estados Unidos, mientras que el déficit total del sector audiovisual se eleva a unos 6.600 millones de dólares. 
Tercero, se ha superado claramente, excepto en Portugal, la cuota del 50%-de obras europeas, que oscila entre un 53% y un 81%. 
Cuarto, en general se han cumplido las disposiciones relativas a la protección de los menores, aunque será necesario mejorar su coordinación en el futuro. 
Quinto, hasta la fecha, cuatro países han utilizado las nuevas posibilidades que ofrece la letra a) del artículo 3 para la transmisión de eventos de especial importancia para la sociedad, en particular acontecimientos deportivos. 
La comisión observó algunas deficiencias en la información sobre la transposición en los países candidatos y en el análisis de la evolución de la concentración de los medios. 
Estamos entrando en la era digital y la combinación de la televisión, los ordenadores personales e Internet exige una revisión a fondo de la Directiva sobre la televisión con objeto de establecer un marco jurídico europeo para la difusión de contenidos audiovisuales con un nivel escalonado de reglamentación. 
Yo puedo suscribir, por lo tanto, plenamente las enmiendas 2, 3 y 4, presentadas ante el Pleno. 
La preparación de la revisión debe tener en cuenta la importancia de primer orden de la televisión y los nuevos servicios para la democracia y la sociedad también en la era digital. 
Será necesario desarrollar, por lo tanto, un proceso abierto de formación de opinión que incluya tanto a los expertos del sector audiovisual como a los ciudadanos y ciudadanas. 
Yo me felicito, por consiguiente, de que la Comisión prevea iniciar un proceso amplio de comunicación y, dada la rapidez de la evolución de los medios digitales, esperamos, señora Comisaria, que pueda presentar cuanto antes su propuesta de revisión. 
Yo quisiera hacer, no obstante, un llamamiento a todos: aprovechemos la oportunidad de desarrollar un diálogo durante el próximo año y medio para demostrar a los ciudadanos la proximidad de la labor del Parlamento, justamente cuando el tema son los contenidos culturales. 
Señor Presidente, declaro un interés como director de una empresa de documentales televisivos, en la que ahora no intervengo demasiado, si bien no dejo de estar interesado en la calidad de nuestras emisiones radiofónicas y televisivas. 
Acojo con beneplácito el informe de la Sra. Hieronymi y la felicito al respecto. 
Aborda de lleno la cuestión de la diversidad cultural que tanto valoramos en Europa. 
Defendemos las obligaciones de los servicios públicos- independientemente de cómo se financien- y los principios de acceso universal, que constantemente reaparecen ahora en todos nuestros debates sobre la tecnología. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha tenido en cuenta el desequilibrio del mercado audiovisual europeo y espero que el Comisario pueda referirse a eso. 
Desde 1999 los ingresos de las empresas europeas de televisión han aumentado por término medio un 46,3 %. 
En ese período, la radiotelevisión de servicio público apenas ha crecido y la producción de televisión creativa en los cinco países productores más importantes de la Unión Europea estuvo estancada o, en algunos casos, disminuyó. 
Al mismo tiempo, las ventas de programas de los EE.UU. a Europa- programas que, como sabemos, obtienen rendimiento por tercera vez, después de haberlo obtenido directamente en el mercado de los EE.UU y en el de las emisiones por satélite y por cable- aumentaron enormemente. 
No es una situación satisfactoria. 
La protección de la diversidad en el mercado europeo sigue siendo decisiva. 
Se deben vincular los imperativos de la tecnología con las necesidades de los consumidores y con lo que los imperios de la producción quieren vender. 
La letra a) del artículo 3, a la que se ha referido antes la ponente, muestra lo que se puede hacer para conservar el mayor auditorio para los acontecimientos especiales. 
Yo también apoyo las enmiendas de la Sra. Junker y otras sobre el mismo aspecto. 
Fue un importante cambio para mejor y mostró que podemos intervenir aquí y en la Unión Europea. 
Debemos volver a la cuestión de la concentración de los medios de comunicación y su relación con el bien público, no sólo desde el punto de vista de la diversidad, sino también desde el del poder político puro. 
Por último, debemos poder decir a los países candidatos: hagan lo que nosotros hacemos y no sólo lo que decimos. 
Eso significa que haya normas que se observen, tanto en su caso como en el nuestro. 
Señor Presidente, esta directiva que fue concebida en el 1989 lleva el sugestivo título de "Televisión sin fronteras" pero nadie podía imaginar que también fuera sin plazos de caducidad. 
La materia que hace trece años podía constituir una innovación normativa se ha superado y de forma radical y desconcertante. 
La misma regla vale para la revisión que hicimos en 1997: todo ha sido superado por la sucesión de las novedades tecnológicas y también por las modas. 
Por esto, estamos cada vez más convencidos de que la revisión de esta directiva, hoy por hoy, prevista para el 2002, se debe adelantar al inicio del próximo año, sin esperar que pasen demasiados meses. 
De echo, los últimos cinco años han marcado una auténtica revolución en el sector de la televisión, mejor dicho, la vieja televisión se ha convertido en un gregario, en un instrumento técnico al servicio de la técnica digital, de la llegada del webcasting, de Internet y de las relaciones interactivas entre el usuario y las emisoras. 
Una revisión global y moderna la reclaman asimismo todos los demás problemas que envuelven directa o indirectamente el mundo de la televisión: por ejemplo, el incremento del giro de negocio de las redes, la invasión cada vez más progresiva y desconcertante de la publicidad, la multiplicación de las emisoras privadas, las crecientes implicaciones de tipo social y moral que ciertos programas producen. 
Es necesario ampliar la base de la directiva para que abarque no solo todos los temas mencionados, sino también otros, ya incluidos pero no suficientemente desarrollados como, por ejemplo, los problemas ligados a la propiedad intelectual, al respeto a los menores como usuarios a menudo no controlados, a los niveles culturales de los programas, teniendo en cuenta no solo los intereses y las exigencias de quien los produce, sino y sobre todo la sensibilidad de las personas a las que van destinados estos productos y, por último, la competencia con las producciones americanas, un tema sobre el que en 1997 hubo un duro debate y que quedó en gran medida sin resolver. 
Por último, a este propósito, también seria deseable que se volviera a debatir el llamado "derecho a la información", un derecho que debe claramente corresponder, en un plano de igualdad, no solo a los ciudadanos de la Unión Europea, sino a todos aquellos que, aun estando fuera de ella, reciben los programas producidos en la misma Unión. 
No es suficiente garantizar los grandes acontecimientos deportivos como hicimos en 1997, ya que, si se me permite la ocurrencia, no sólo de fútbol vive el hombre. 
Hace falta distribuir la información, hecha de cultura y de constante renovación, no solamente a aquellos que viven dentro de la Unión Europea, sino sobretodo a los menos favorecidos por su situación geográfica, por el nivel social y económico. 
No basta el derecho a tener una parabólica que se garantiza a todos: es necesario tener el dinero para comprarla. 
Imaginemos qué puede entrar en una casa a través de la parabólica en las zonas más recónditas del mundo. 
Las ayudas más valiosas son las que se destinan a la producción de programas orientados a evidenciar, a proteger y a proponer en el sentido de salvaguardar las culturas territoriales y locales. 
Por último, tenemos que volver a dirigir a los Estados miembros una invitación. 
La señora ponente, a quien felicito y cuyas enmiendas y planteamientos respaldo, recordaba que hasta la fecha sólo doce Estados miembros han aplicado la directiva. 
Pues bien, señora Comisaria, aprovechamos esta ocasión para volver a enviar a los Estados miembros este mensaje: crean en esta directiva porque se convertirá en cada vez más urgente, más actual y más importante, y para creer en ella hace falta ante todo aplicarla. 
Señor Presidente, la revisión de la Directiva "Televisión sin fronteras" es también muy urgente para nosotros. 
En primer lugar, porque el escenario en el que hoy se desarrolla el mercado televisivo, tal como se ha descrito, es tan diferente del que existía en la última revisión de la Directiva que no parece posible mantenerla dos o tres años más. 
Podríamos calcular que la Directiva afecta a lo sumo a un 50% de los problemas que hoy se plantean en el sector. 
La televisión sigue siendo el primer medio de información y de recreo para la mayoría de los europeos y, a mi juicio, sus grandes problemas, dejando aparte la baja calidad de los contenidos, son tres: la excesiva emisión de publicidad, sin respeto de edades, horarios ni oportunidad; la escasísima emisión de películas europeas, que llega a ser humillante para la cultura europea; y el creciente negocio de codificación de programas para su visión mediante pago. 
Sin duda, estos problemas existían ya en 1996, pero han aumentado hasta límites graves, lo que indica que, aunque la Directiva ha sido eficaz para la libre circulación de los servicios de televisión en la Comunidad, ha fracasado en otros aspectos importantes. 
A la luz de la Comunicación de la Comisión no podemos valorar los esfuerzos que en los tres años analizados han realizado los Estados para corregir estas situaciones. 
Baste decir que tres de ellos ni siquiera transpusieron la Directiva a su legislación. 
En el resto, los resultados seguramente no han sido iguales, pero la Comisión no nos facilita este estudio comparativo. 
Tampoco se profundiza en la situación existente en los países candidatos, que deberá ser muy bien valorada en la nueva directiva. 
Por todo ello, la Sra. Hieronymi- a mi juicio con buen sentido -, no ha querido anticipar en su informe un debate de fondo, que habrá de celebrarse cuando se revise la Directiva, y lo que solicita es esta revisión. 
Se establecen también algunas orientaciones que deberán tenerse en cuenta, entre las que mencionaré la obligada introducción de los nuevos servicios basados en las nuevas tecnologías, la necesidad de estimular y acelerar la transición a la tecnología digital o la coordinación de la nueva directiva con la revisión de la Directiva relativa al comercio electrónico. 
En consecuencia, señor Presidente, el Grupo Socialista va a votar a favor del informe y a presentar dos enmiendas de la Sra. Junker entre las que destaco la exigencia de que, mediante una normativa comunitaria, acontecimientos o espectáculos de gran interés para los ciudadanos sean protegidos de su emisión codificada y puedan ser ofrecidos gratuitamente a todos los grupos sociales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, al mismo tiempo en nombre del Grupo ELDR doy las gracias a la ponente por su informe, quisiera concentrarme en el futuro, tal como lo señaló el orador anterior. 
En el informe de la Comisión se dice que el próximo informe sobre la directiva también va a contener temas importantes para los consumidores, tales como la compatibilidad operacional, el acceso condicionado y el paso a la técnica de emisión digital, pero, quizás, cuando se redacte el próximo informe, ya sea demasiado tarde. 
Quisiera recordarles que el Parlamento, en relación con la tramitación del "paquete Telecom", aprobó por considerable mayoría la exigencia de un estándar abierto común para los emisores y receptores de televisión, el único que se ha aprobado hasta ahora en Europa, el denominado estándar MHP. 
Este estándar garantizaría que todos los consumidores supiesen lo que se usa y que se atreviesen a adquirir los aparatos que necesiten, evitando así mercados divididos verticalmente. 
El Parlamento dio su amplia aprobación a este concepto. 
Pero, ¿qué ha pasado después? 
La Comisión no respalda esta decisión y el Consejo, lisa y llanamente, ha ignorado este asunto que, a mi juicio, es de trascendental importancia para conseguir la denominada Digital Update y para impulsar la técnica digital en todos los mercados de televisión. 
Por eso espero que la Comisión empiece a apoyar las exigencias hechas por el Parlamento y que el Grupo ELDR quiere clarificar aún más. 
La ponente ya ha mencionado esta exigencia, pero la reitero para que la conozcan todos los funcionarios de la Comisión. 
Hay quienes han dicho que la "Televisión sin fronteras" es un sugestivo nombre para la directiva. 
En este contexto hay, sin embargo, un problema especial. 
Vemos que la directiva tiene defectos en relación con la posibilidad de ofrecer a los consumidores televisión desde otros países. 
La Comisión opina que los derechos de autor son un escollo en este proceso. 
Espero que en el futuro se pueda discutir esta materia con mayor detención. 
Señor Presidente, hay muchos que creen que este informe se queda corto en el análisis de los posibles problemas que afrontamos al lanzarnos a la revisión de la directiva "Televisión sin fronteras", que se espera para 2002, como todos sabemos perfectamente. 
Sin embargo, plantea algunas cuestiones muy importantes y es importante iniciar ese diálogo ahora. 
Mi preocupación personal se refiere al papel de las emisoras de servicio público en ese importante programa. 
Es importante reconocer que las emisoras actuales de servicio público deben adaptarse a los cambios. 
El sector actual de radio y televisión es competitivo y no se pueden desconocer las fuerzas del mercado que en gran medida lo rigen. 
Corresponde a las emisoras de servicio público un papel en el mundo digital. 
Las emisoras de servicio público producen programas de gran calidad en las lenguas vernáculas, que reflejan las culturas vernáculas. 
También les corresponde un papel decisivo a la hora de alentar al público para que utilice y entienda los nuevos medios digitales de comunicación. 
Convengo con la declaración del Comisario en una comunicación reciente de que las emisiones radiotelevisivas y la cultura deben seguir en la categoría de los servicios de la OMC y que se debe respetar esa disposición. 
Una vez sentado eso, debemos estar absolutamente seguros de que la legislación nacional y de la UE tienen alcance suficiente para proteger los servicios públicos y las entidades culturales. 
Serán necesarias prontas medidas reguladoras sólidas y decididas para crear el medio abierto que todos buscamos y que de verdad redunde en provecho de todos los ciudadanos y las economías de Europa. 
Europa tiene que competir en el mundo digital, en el que los consumidores y los ciudadanos pueden pasearse en libertad y en el que la competencia brinda diversidad y posibilidades de elección. 
El modelo audiovisual europeo, con su combinación complementaria de emisoras privadas y de servicio público, garantiza el pluralismo de la información, la diversidad cultural y el acceso para todos a la información, la educación, el espectáculo y las artes. 
Voy a votar a favor del informe y espero con mucho interés los próximos debates futuros al respecto. 
Señor Presidente, ante todo quisiera felicitar a la ponente por el trabajo que ha realizado y también a la Comisión por lo acertado de esta iniciativa. 
Sin embargo, quisiera resaltar tres aspectos que me parecen muy importantes. 
El primero de ellos es la importancia del sector audiovisual para fomentar el deporte. Y es que no podemos olvidar que el deporte contribuye a forjar una identidad y a reunir a los pueblos, además de unir a deportistas y espectadores ofreciendo a estos últimos la posibilidad de identificarse con su nación. 
El deporte, además, es uno de los ámbitos de actividad que más afectan y acercan al ciudadano de la Unión Europea sin tener en cuenta su edad y su origen social, con lo cual el deporte no puede ni debe ser discriminatorio, y todos los ciudadanos de la Unión Europea deben poder ver un acontecimiento deportivo. 
Esto no puede ser un privilegio de algunos, ya que son acontecimientos de muchísima importancia para nuestra sociedad. 
El segundo aspecto es la necesidad de controlar las pausas publicitarias, con lo cual apoyo totalmente a la ponente cuando sostiene la estrategia de la Comisión de que se realice un estudio sobre las repercusiones de la publicidad en la televisión y de las técnicas de telecompra en los menores. 
Y el tercer aspecto que quisiera resaltar es mi apoyo total a la solicitud de la ponente de que los Estados miembros refuercen el diálogo y la cooperación en todas las cuestiones relativas a la protección de los menores y de la juventud. 
No podemos aspirar a tener un mundo sin violencia cuando nuestros futuros adultos se pasan el día viendo dibujos animados, películas y noticias de actualidad que son cada vez más violentos. 
Señor Presidente, Señorías, en el año 2000, 152 millones de hogares de la Unión Europea disponían de televisión y podían recibir en conjunto más de 580 canales distintos. 
Esto supone un incremento de alrededor del 180% en tan sólo cuatro años. 
Este par de cifras ya bastan para indicar claramente que el mercado televisivo tradicional, que sólo constituye una pequeña parte del conjunto del sector audiovisual, es un sector en expansión con un crecimiento considerable. 
El informe de la Comisión demuestra que la Directiva "Televisión sin fronteras", inicialmente muy discutida justamente en mi país, ha resultado adecuada. Ésta garantiza la difusión transfronteriza bajo unas condiciones aceptables. 
En el período que contempla el informe, 50 canales ya dirigieron sus emisiones principalmente a mercados situados fuera de su lugar de establecimiento. 
La Directiva sobre la televisión colmó algunas lagunas jurídicas regionales y estableció normas obligatorias, en materia de publicidad y de protección de los menores por ejemplo, que han definido unas reglas del juego equitativas desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades y la competitividad. 
El informe Hieronymi así lo resalta en unos términos que son muy de agradecer. 
Sin embargo, también deja claro que debemos iniciar cuanto antes un nuevo debate sobre la revisión y renovación de la Directiva, con objeto de poder responder a la rapidísima evolución del sector audiovisual en la era de la digitalización progresiva. 
No sólo en lo que respecta a la difusión de la oferta multimedios de todo tipo, sino también por lo que se refiere a los procesos también prácticamente inabarcables de concentración de los medios. 
Oponerse a ellos es imprescindible para garantizar la libertad de información, la diversidad de opiniones y el pluralismo, y un fundamento irrenunciable para que la diversidad cultural de Europa pueda florecer en el ámbito de los multimedios. 
Señor Presidente, desearía ante todo felicitar a Ruth Hieronymi por la calidad del trabajo que ha realizado. 
Prueba de ello es el amplio consenso que ha sabido crear en un tema esencial y, por otra parte, extremadamente delicado. 
Me sumo a la filosofía general de este informe y a las propuestas que contiene. 
En cuanto al método, creo que es de lamentar que no se haya podido proceder a una evaluación efectiva de los resultados obtenidos con relación a los objetivos fijados. Esto habría facilitado el que fuéramos más conscientes de los verdaderos retos culturales y económicos que esta directiva supone para cada uno de los países miembros de la Unión y de los países candidatos. 
Sin embargo, apruebo el deseo del ponente y de la Comisión de proponer una revisión de la directiva, y de hacerla en paralelo con la revisión de otras directivas y habiendo puesto en marcha previamente tres estudios en profundidad. 
En efecto, sólo una iniciativa global podrá llevar a medio plazo a proponer una política coherente y ofensiva, iniciativa- hemos de reconocerlo- que hoy no se ve satisfecha con la directiva. 
El panorama audiovisual ha cambiado radicalmente. 
Nuevos servicios que recurren a técnicas nuevas, así como la multiplicación de nuevas emisoras, han trastocado este panorama. 
Este es el motivo por el cual, si queremos perpetuar nuestro sector audiovisual, debemos hoy ampliar el campo de aplicación de la directiva. 
Sin embargo, hay varias cosas que me preocupan. Seguimos observando que persiste el desequilibrio entre la producción cinematográfica europea y las importaciones de Estados Unidos en el mercado europeo. 
Se observa que las películas europeas viajan poco en los países de la Unión Europea: el 6 % de las películas europeas se explotan fuera de su país de origen, el 74 % del volumen total de programación lo componen obras de ficción importadas de América, y sólo hay un 14 % de obras europeas. 
Además de la mera exportación de las programaciones, los "majors" están desarrollando la exportación a Europa de canales temáticos de televisión americanos, vendidos tanto a los operadores de paquetes digitales como a las cadenas por cable vía satélite, y, por ende, en el campo digital, Europa sufre un retraso considerable con respecto a Estados Unidos. 
Estos son los complejos retos a los que nos enfrentamos. 
Por ello, pienso que sólo una acción global y voluntarista de la Unión Europea podrá aportar una respuesta, porque por encima de las cuestiones económicas y financieras, que evidentemente son esenciales, se plantea la cuestión de nuestras culturas, de nuestras identidades y de los valores en los que creemos. 
Señor Presidente, usted fue en otro tiempo un destacado teniente de alcalde de Madrid. 
Por lo tanto, seguro que le interesará saber, al igual que a la Asamblea, que tenemos en la tribuna de invitados a una delegación de alto rango de las ciudades alemanas. 
Yo propongo que les demos cordialmente la bienvenida. 
Nos asociamos a sus palabras. 
Le veo muy bien informado por algún colega mío español. 
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, la Sra. Reding. 
. (FR) Señor Presidente, desearía ante todo agradecerle infinitamente a la Sra. Hieronymi la calidad de su informe y, en general, su compromiso con la televisión y con el cine. 
Este compromiso demuestra que el Parlamento ha entendido la importancia de la Directiva "Televisión sin fronteras" y de su aplicación. 
Me gustaría precisarle a sus Señorías que el informe de la Sra. Hieronymi no se refiere a la evolución de la televisión en general, ni al cine, sino al informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva "Televisión sin fronteras" entre 1997 y 2000. 
Estoy totalmente de acuerdo con los diputados que han lamentado la situación que vive el cine europeo, en nuestras pantallas y en nuestra economía, y querría llamar su atención sobre el hecho de que la semana pasada, la Comisión publicó su informe sobre el cine. 
Estoy segura, señor Presidente, de que el Parlamento tendrá ocasión de suscitar un amplio debate sobre la evolución del cine en Europa, amplio debate que espero se produzca. 
Sin embargo, hay que decir que, en cuanto a la televisión, nos enfrentamos a una lógica ligeramente diferente. 
Desearía simplemente añadir el dato de que, en materia de promoción de la distribución y de la producción de programas televisivos- que son objeto de los artículos 4 y 5 de la directiva -, observamos que la media ponderada de retransmisiones de obras europeas en las principales cadenas oscila entre el 53 % y el 81 %, a excepción de un país. 
También es interesante indicar que la mayoría de los Estados miembros han introducido legislaciones más rigurosas de lo que contempla la directiva. 
Por consiguiente, en lo relativo a la televisión, la situación es afortunadamente mucho mejor que la del cine. 
Así pues, señor Presidente, propongo que, por una vez, discutamos seriamente sobre el cine en este foro. Es un debate muy importante. 
El proceso se ha iniciado este año, con una amplísima consulta a los profesionales. Continuará su curso el año que viene. 
Como ustedes saben, hemos promovido tres estudios sobre distintos aspectos de la directiva del sector audiovisual. 
Hemos insistido en que estos estudios fueran realizados por consultores independientes de la Comisión, para que no sean estudios de la Comisión, sino estudios independientes, que se enriquezcan con las aportaciones de los profesionales y que permitan tener una visión objetiva de la situación sobre el terreno. 
Los consultores han organizado talleres que reúnen a los profesionales de la industria, de la administración, del mundo político. 
Los diputados también han sido invitados a participar. 
Hay más talleres en preparación. 
La labor de recopilación de las opiniones de los interesados se completa, evidentemente, con un trabajo de reflexión y de redacción que culminará con la elaboración de informes que nuestros consultores deberían entregarnos a finales de este año o a principios del que viene. 
En ese momento, la Comisión iniciará su propio procedimiento de consulta con la publicación de un documento de trabajo, sobre el que todos estarán invitados a opinar antes del verano de 2002. 
En consecuencia, señor Presidente, el Parlamento todavía tendrá ampliamente ocasión de reformar las líneas maestras definidas por el informe Hieronymi, y también tendrá la oportunidad de intervenir sobre todo en cuanto a las futuras líneas de actuación, en la medida en que posteriormente se abrirá, sobre la base del trabajo y en función de los resultados obtenidos, el debate institucional de la directiva, en el que, si se considera necesario, -y comparto la idea de los diputados de que hay que reformar la directiva- habrá propuestas de la Comisión para una nueva directiva desde ahora y hasta el final del año 2002. 
Esto contribuye a recordarles la complejidad del proceso que hemos iniciado, proceso en el que el Parlamento será escuchado en cada una de sus etapas. 
Al reservar un lugar de honor para este proceso de revisión, el informe de la Sra. Hieronymi ilustra también, por su parte, la dificultad y la relevancia del debate. 
Señor Presidente, permítame insistir en dos puntos del texto del informe que ha sido presentado por el Parlamento, y hacer un comentario sobre el considerando h) y sobre el artículo 1 e). 
Según el considerando h) , la directiva estaría obsoleta y se aplicaría exclusivamente a un tipo de televisión generalista y de libre acceso, para la que estaría inicialmente pensada. 
Pues bien, esto es sencillamente inexacto. La directiva tiene un ámbito de aplicación mucho más amplio. 
Se aplica a la radiodifusión en general, incluyendo a la radiodifusión por canales de pago o por canales temáticos, pero también a la radiodifusión digital y analógica. 
Por consiguiente, las observaciones vertidas sobre el considerando h) son simplemente erróneas y suponen un error peligroso por el siguiente motivo: efectivamente, la directiva no se aplica a Internet, porque Internet no existía cuando el texto se elaboró. 
Así pues, cuando la directiva se revise, habrá que prever las medidas oportunas. 
En la actualidad, es ciertamente peligroso decir que la directiva está obsoleta, por la sencilla razón de que se le pueden dar argumentos a las autoridades nacionales que todavía no la han aplicado. 
Su ponente lo ha puesto de relieve: ¿porqué aplicar una directiva obsoleta? 
En ese caso, la inercia se impondrá, y ya no habrá medios para presionar, y, al final, el Parlamento conseguiría lo contrario de lo que realmente desea. 
Esto también corre el riesgo de crearnos problemas con los países candidatos- a los que me referiré más tarde- quienes, con grandes dificultades, están incorporando el acervo comunitario a sus legislaciones. 
¿Se les va a obligar a aplicar un acervo que el Parlamento considera obsoleto? 
Señor Presidente, si queremos impulsar este expediente, es capital que modifiquemos este punto del texto y que procuremos no dejar translucir un mensaje negativo ni ante los Estados miembros que aplican la directiva, ni ante los países candidatos que incorporan su acervo, y, por el contrario, que les recordemos que la directiva sigue aportando una seguridad jurídica a los operadores de nuestro espacio audiovisual europeo. 
Algunos diputados, por cierto, han subrayado con gran acierto esta problemática. 
El punto 1) e) del informe lamenta el hecho de que la Comisión se haya limitado a reflejar una información insuficiente sobre los esfuerzos realizados por los países candidatos para incorporar el acervo en el sector audiovisual, así como de que no haya insistido en lo necesario que es para estos últimos intensificar sus esfuerzos. 
Permítanme recordarles que el informe realizado en virtud del artículo 26 de la directiva se refiere únicamente a la aplicación de esta directiva en los Estados miembros de la Unión Europea. 
No se refiere a la adopción del acervo comunitario por parte de los países candidatos. 
Por lo tanto, es normal que no contenga detalles sobre la incorporación de este acervo, y menos aún recomendaciones dirigidas a estos países. 
Dicho esto, tengo para ustedes buenas noticias al respecto, ya que la situación relativa a la incorporación del acervo ha mejorado visiblemente desde finales de 2000. 
Para todos los países candidatos, salvo Rumania, Hungría y Turquía, el Capítulo 20 sobre lo audiovisual está provisionalmente cerrado, lo cual demuestra claramente que, en gran parte de los países afectados, la legislación nacional coincide con el acervo. 
Señor Presidente, me gustaría darle las gracias al Parlamento por haber apoyado siempre sin fisuras mis esfuerzos encaminados a obtener progresos en favor de nuestras industrias culturales, pero también en favor de nuestra diversidad cultural. 
Puedo decir ante este Parlamento que nuestro trabajo no ha hecho más que empezar, porque la revisión de la Directiva "Televisión sin fronteras" será una labor intensa y extremadamente compleja, para la que necesitaré día tras día el decidido apoyo del Parlamento. 
Mi experiencia me dice que puedo contar con él. 
Muchas gracias, Sra. Reding. 
Nosotros también le agradecemos este impulso que da usted a la revisión de las directivas. 
Estoy seguro de que trabajaremos juntos, la Comisión y el Parlamento, para ponernos al día. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0333/2001). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
El Consejo estará representado por la Sra. Neyts-Uyttebroeck, Presidenta en ejercicio del Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0689/01): 
Asunto: República Srpska ¿Qué política persigue la Presidencia del Consejo con respecto a la llamada República Srpska en Bosnia y Herzegovina, en particular, en lo que se refiere a la cooperación con el Tribunal Penal Internacional de La Haya así como al retorno de las personas desplazadas? 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores, el Consejo ha subrayado de forma constante y en repetidas ocasiones la gran importancia que la Unión Europea concede al respeto a los compromisos internacionales por parte de los países que participan en el proceso de estabilización y de asociación, con relación al Tribunal Penal Internacional para la ex- Yugoslavia y a la definitiva regulación de la cuestión de los refugiados y de las personas desplazadas. 
Estos elementos entran dentro de la condicionalidad que la Unión Europea desea para el proceso de estabilización y de asociación, y que los países de la región suscribieron en la Cumbre de Zagreb. 
En su sesión del 11 de junio pasado, el Consejo aprobó un informe que evaluaba los progresos realizados por los países de la región en el cumplimiento de estas condiciones necesarias para la integración europea, y que daba recomendaciones concretas para permitirles avanzar por esta vía. 
El Consejo consideró entonces que la cooperación de Bosnia-Herzegovina con el Tribunal Penal Internacional para la ex- Yugoslavia era insuficiente, sobre todo en cuanto a la República Srpska. 
No se había detenido a ninguna de las personas inculpadas por crímenes de guerra a iniciativa de las autoridades de esta república. 
Por tanto, el Consejo conminó a Bosnia-Herzegovina a hacer un esfuerzo adicional para cumplir plenamente el Acuerdo de Dayton-París y para consagrarse a cooperar al cien por cien con el Tribunal Internacional. 
En esa misma sesión, la Unión consideró que el proceso de retorno de los refugiados y de la población desplazada a todo el territorio de Bosnia-Herzegovina debía ser acelerado, y que se debían reforzar las medidas destinadas a crear un entorno que permitiera su regreso en condiciones adecuadas. 
La Unión también le ha expresado a las autoridades de Bosnia-Herzegovina y de la República Srpska su deseo de que Bosnia-Herzegovina aplique el conjunto de recomendaciones que se le han hecho. 
El Consejo no dejará de hacer un seguimiento de estos asuntos de vecindad. 
El mecanismo de examen también va a permitir que la Unión Europea evalúe periódicamente si se respetan o no los criterios fijados en el marco del proceso de estabilización y de asociación, con el fin de confirmar que el nivel de las relaciones establecidas, así como el de la asistencia técnica y económica, sigue estando efectivamente justificado. 
Seguramente, este puede ser un medio para presionar a las autoridades de Bosnia-Herzegovina y a las de la República Srpska, un medio que podría ser utilizado si la evolución de la situación lo requiriese. 
Señora Presidenta, yo sólo quisiera hacer dos breves preguntas complementarias. En primer lugar, desearía saber si el Consejo ha preguntado a la República Srpska cuántos desplazados y refugiados han regresado entre tanto. 
¿Existen datos al respecto? 
En segundo lugar, quisiera preguntar si la colaboración con el Tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia también tiene repercusiones sobre la financiación de la República Srpska. 
. (FR) En cuanto a su primera pregunta, ahora no puedo contestarle, pero investigaremos y veremos si hay datos más concretos disponibles. 
Con relación a su segunda pregunta, creo haber dado un principio de respuesta, y es que el Consejo ha indicado claramente que, si la situación no mejorase, podría efectivamente contemplar la posibilidad de revisar las ayudas financieras otorgadas tanto a las autoridades de Bosnia-Herzegovina como a las de la República Srpska. 
Pregunta nº 2 formulada por (H-0690/01): 
Asunto: Regiones europeas, subsidiariedad y reforma de los Tratados Después de tantos Tratados, desde Roma hasta Niza, Europa ya no puede ser considerada por la ciudadanía individual o colectiva como materia "internacional" sino como una cuestión y un espacio "interior" en todos sus aspectos y no sólo en los económicos o de mercado. 
Para los flamencos o los valones, los vascos no podemos ser considerados como extranjeros, ni para los catalanes los finlandeses, escoceses o gallegos, etc. Todos somos ciudadanos y pueblos de interior europeo. 
Por ello, ¿comparte el Consejo la idea suscitada hace tiempo en Bélgica por el Sr. Dreze en cuanto a la creación en el ámbito europeo de la figura de la Eurocolectividad, otorgando personalidad jurídica europea a los Entes políticos no estatales para que puedan mantener relaciones naturales con el Comité de las Regiones, la Comisión, el Tribunal de Justicia, etc., y para que puedan realizar acuerdos válidos entre dichas Eurocolectividades y con otras Administraciones públicas de toda la Unión, en desarrollo y complemento del Derecho europeo? 
¿No cree el Consejo que esta cuestión debería formularse especialmente como una de las iniciativas sobre el futuro de la Unión para ser considerada dentro del proceso de debate sobre la reforma de los Tratados que debe ser definido en el próximo Consejo Europeo de Laeken? 
En nombre del Consejo les recuerdo que la Unión respeta la identidad nacional de los Estados miembros de conformidad con el apartado 3 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, al tiempo que el artículo 48 de ese mismo Tratado estipula que el cometido de la Conferencia Intergubernamental consiste en definir de común acuerdo las modificaciones que han de introducirse en los Tratados. 
Durante el turno de preguntas de julio tuve la oportunidad de responder a una serie de preguntas- creo que fueron diez en total- sobre el posible valor añadido que conferiría una participación activa e institucionalizada de los denominados grupos subestatales a los debates celebrados a escala comunitaria. 
Entonces les dije que por ahora el Consejo no puede ofrecer una respuesta detallada a las preguntas relativas al papel de las unidades regionales en la estructura de la Unión, sin perjuicio del indiscutible impacto político del Comité de las regiones. 
Obviamente, el Consejo conoce los diferentes puntos de vista y sigue con mucha atención los acontecimientos en el ámbito de los temas que están íntimamente ligados al equilibrio de poderes dentro de las estructuras europeas, empezando por el propio concepto de subsidiariedad. 
En esta fase no puedo sino remitir a los autores de estas preguntas, en nombre del Consejo, al futuro ya inminente, es decir, a la cita de Laeken. 
Se trata de que el Consejo Europeo adopte ahí una declaración básica que nos permita crear las condiciones necesarias para salvaguardar el futuro de la Unión. 
En ese marco se facilitarán sin duda instrucciones sobre cómo debe estructurarse la preparación de la CIG de 2004 y cómo debe ampliarse la participación en la misma. 
Les remito asimismo a la extensísima exposición y las réplicas pronunciadas esta mañana por el Ministro Michel en nombre del Consejo. En ellas ha proporcionado ya una serie de indicaciones bastante concretas al respecto. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, muchas veces, en los Consejos de ministros se adoptan decisiones que afectan a las competencias legislativas exclusivas de naciones históricas como el País Vasco, Cataluña o Escocia, de regiones como Flandes o Valonia, de Estados Federados como Baviera, Baden-Baden, Renania, etc. 
¿No cree usted que en caso de conflicto de competencias por las decisiones adoptadas en el Consejo sin la presencia ni aquiescencia de las naciones históricas, regiones o Estados federados afectados deberían, en esos casos, estas últimas entidades constitucionales estar legitimadas para recurrir y presentar recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo, estando este último capacitado por los Tratados para entender y juzgar estos conflictos? 
¿No cree que el Consejo Europeo de Laeken debería recoger estas cuestiones en el futuro proceso de debate sobre la Unión y la distribución de competencias entre la Unión, los Estados miembros y los demás entes institucionales? 
. (FR) Señor Presidente, estimado señor, aunque el tema me apasione muchísimo, creo que no sería oportuno que retomáramos de nuevo el debate que tuvo lugar aquí el pasado mes de julio. 
En aquel momento, creo que respondí de manera exhaustiva, en parte en nombre del Consejo cuando podía hacerlo, y en parte a título personal. 
Por tanto, me permito remitirle al Acta de esa sesión, en la que encontrará todos los elementos que responden a las preguntas que acaba usted de formular. 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0691/01): 
Asunto: Lenguas de trabajo en la Oficina Europea de Patentes El jueves 31 de mayo, el Consejo puso por escrito un enfoque común sobre la marca comunitaria. 
En cuanto al régimen lingüístico de la Oficina Europea de Patentes, el texto sólo menciona que los gastos de traducción se han de reducir. 
La Unión aplica el principio de que todos pueden dirigirse a las Instituciones en uno de los once idiomas oficiales. 
¿Reconoce el Consejo que la solicitud de una marca en la Oficina de Marcas ha de ser posible en las once lenguas oficiales de la UE? 
En caso afirmativo, ¿de qué manera asegura el Consejo que las personas y las empresas pueden solicitar marcas en los once idiomas oficiales? 
En caso negativo, ¿cómo motiva el Consejo su punto de vista divergente? 
¿Respalda el Consejo la iniciativa del Gobierno griego de cuestionar el régimen lingüístico de la Oficina de Marcas de Alicante? 
Es cierto que el pasado 31 de mayo el Consejo logró un acuerdo sobre un enfoque común de la marca comunitaria, con el objeto de hacer avanzar las futuras deliberaciones acerca de este tema. 
Por lo que al régimen lingüístico se refiere el enfoque común determina que éste ha de fundamentarse en una serie de principios aplicables a todos, incluyendo el de la no discriminación. 
Aún tenemos que seguir reflexionando sobre las diferentes sugerencias que se han formulado para reducir los gastos de traducción, entre ellas el fomento de la traducción con soporte tecnológico, sin excluir a priori otras opciones. 
Sobre la base de estas orientaciones el Consejo ha iniciado hace poco un debate sobre las disposiciones correspondientes recogidas en la propuesta de la Comisión sobre un Reglamento relativo a la marca comunitaria, así como sobre las demás soluciones sometidas a examen por parte de algunos Estados miembros. 
Sea como fuere, su Señoría comprenderá que el Consejo no desea concretar su punto de vista acerca de esta propuesta de reglamento, incluidos sus aspectos lingüísticos, mientras el propio Parlamento Europeo, que ha sido consultado de conformidad con el artículo 308 del Tratado, no haya emitido su opinión. 
El Consejo recuerda a su Señoría que el régimen lingüístico de la Oficina de Armonización del Mercado Interior quedó establecido mediante el Reglamento relativo a la marca comunitaria. El Consejo adoptó este reglamento por unanimidad en virtud del acuerdo de la Conferencia de representantes de Gobierno celebrada el 29 de octubre de 1993 a nivel de los jefes de Estado y de Gobierno. 
Además, en lo que concierne a las diligencias iniciadas por el Gobierno griego respecto al asunto T-120/99 el Consejo toma nota de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, en la que la apelación y los recursos interpuestos por la parte demandante contra el régimen lingüístico de la Oficina mencionada son rechazados. 
Señora Presidenta del Consejo, como de costumbre, usted trata con suma reverencia al Parlamento Europeo. 
La referencia al artículo 308 es una muestra de cortesía. 
Todos sabemos que el artículo 308 se refiere a una decisión unánime del Consejo previa consulta al Parlamento Europeo. 
Es por eso por lo que, de momento, ustedes no adoptan un punto de vista definitivo. 
Lo entiendo, pero ello no obstante, hemos de ser plenamente conscientes de que, por lo visto, sólo un reducido número de Estados miembros, cito a Portugal, cito a España, cito a Grecia, cito a Finlandia, cito a Italia, se opone expresamente al uso exclusivo del francés, inglés y alemán. 
Todos los demás países- por desgracia parece ser que el mío es uno de ellos- están de acuerdo en que este régimen lingüístico se aplique en ámbitos muy concretos. 
Señora Presidenta del Consejo, yo me pregunto, sin embargo, si no sería más conveniente garantizar que cuando menos los elementos esenciales de las marcas, es decir, las conclusiones, que no suelen ocupar más de dos o tres páginas, se ofrezcan en todos los idiomas. 
Ello redundaría claramente en beneficio de la seguridad jurídica de los ciudadanos y de los hombres de negocios en la Unión Europea. 
De este modo, no haría falta traducir veinte o treinta páginas, sino que bastaría con las conclusiones. 
Creo que este planteamiento nos permitiría aproximar a Europa a los ciudadanos. 
Hace algún tiempo he tenido la oportunidad de ocuparme más a fondo de esta cuestión. 
La sugerencia del Sr. Staes es una de las propuestas que están sobre el tapete en este momento. 
Señor Presidente en ejercicio, la industria europea está perdiendo competitividad con vistas a alcanzar los objetivos que usted y el Consejo establecieron en Lisboa con los extraordinarios costos y retrasos que entraña la obtención de patentes en Europa. 
Creo que la Presidencia belga se comprometió a hacer un esfuerzo especial para que se creara y aplicase durante su Presidencia la patente comunitaria. 
Me interesaría saber qué avances se están logrando al respecto y si están ustedes resolviendo la cuestión lingüística en la Oficina Europea de Patentes. 
Ya se están adoptando medidas al respecto. 
La Presidencia del Consejo ha decidido consultar a cada uno de los Gobiernos por separado y confidencialmente con lo que en francés se llama la procédure du confessional para ver si es posible avanzar y con el firme deseo de alcanzar un acuerdo al final de este año, a ser posible. 
Naturalmente, ese asunto no dependen sólo de nosotros. 
Tiene que haber acuerdo general y estamos laborando en pro de su consecución. 
Quisiera subrayar simplemente la observación del Sr. Staes sobre la importancia del régimen lingüístico, sin por ello pasar por alto la importancia de la observación de mi colega el Sr. Purvis sobre la necesidad de avanzar rápidamente. 
No obstante, es importante llevar la investigación a la fase de desarrollo. 
Para que dispongamos de buenas investigaciones en todas las universidades y en todas las zonas de la Comunidad, es importante, la verdad, que las personas puedan trabajar en su propia lengua, aun cuando la mayoría de los científicos trabajan, desde luego, en inglés la mayor parte del tiempo. 
Tomamos nota de su declaración, que no es una pregunta. 
Sr. MacCormick, ¿quería usted añadir algo? 
Mi pregunta estaba implícita: ¿conviene la ministra al respecto? 
Ya sabe aquello de "lo bueno, si breve, dos veces bueno", que dicen en lengua castellana. 
Ha quedado claro. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 4 decae. 
Pregunta nº 5 formulada por, a quien sustituye el Sr. Bautista Ojeda (H-0696/01): 
Asunto: Agencia Europea de Seguridad Marítima ¿Ha presentado el Gobierno del Estado español alguna propuesta para la sede de la Agencia Europea de Seguridad Marítima? 
¿Ha propuesto acaso que dicha sede se sitúe en Galicia, dada su posición geográfica estratégica en lo que respecta al tráfico en el Atlántico, así como su vocación marítima? 
. (FR) La propuesta de la Comisión de crear una Agencia Europea de Seguridad Marítima, presentada a finales del año pasado en el marco del segundo paquete denominado "Erika", todavía está siendo examinada por las instancias del Consejo, y la cuestión de la determinación de la sede de la futura agencia sigue abierta. 
A fecha de hoy, el Consejo no ha recibido ninguna propuesta oficial del gobierno español sobre la sede de esta agencia. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, usted no se ha pronunciado porque, indudablemente, según ha comentado, el Estado español todavía no ha hecho ninguna propuesta formal. 
Deseo referirme aquí a un hecho objetivo: España tiene desde siempre una gran vocación marítima y goza de una situación privilegiada tanto en el tráfico marítimo atlántico como mediterráneo, y, a mi juicio, alguno de esos territorios costeros españoles reúne todas las condiciones adecuadas para ser sede de esta Agencia europea. 
Muchas gracias, señor Bautista Ojeda. 
Les recuerdo a sus Señorías que este es un turno de preguntas, no de declaraciones o de hacer de abogados de determinadas propuestas. 
O sea que, en el futuro, procuren hacer alguna pregunta. Dar la impresión de que, por lo menos, preguntan. 
Tiene la palabra la Sra. Korhola, para una pregunta complementaria. 
Señor Presidente, quisiera preguntarle a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo cuál es el calendario, si es que lo hay, para adoptar las decisiones sobre la creación de las agencias previstas, tales como la Agencia de Seguridad Marítima y, sobre todo, la Agencia de Seguridad Alimentaria, y si se piensa tomar dichas decisiones por separado para cada agencia o al mismo tiempo para todas. 
. (FR) Como ya he indicado, esta cuestión todavía está en pleno debate. 
Usted sabe que se refiere a decisiones que afectan a varias agencias. 
Para este asunto tan delicado, como puede imaginar, nos gustaría alcanzar un acuerdo antes de fin de año en todas estas cuestiones abiertas, y espero que lo consigamos. 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0699/01): 
Asunto: Inmigración ilegal en la Unión Europea a través de Marruecos ¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo para controlar la inmigración ilegal en la Unión Europea a través de Marruecos para evitar que se repitan los dramáticos sucesos de este verano con la pérdida de vidas humanas en aguas comunitarias? 
La inmigración ilegal en la Unión Europea a través de Marruecos constituye para los servicios del Consejo un asunto prioritario que en ningún momento pierden de vista. 
Por eso el Consejo constituyó en diciembre de 1998 un Grupo de alto nivel para cuestiones de asilo y migración encargado de elaborar planes de acción para una serie de países de origen de los solicitantes de asilo y/o de los inmigrantes. 
Con vistas a la elaboración de estos planes el Grupo se ha inclinado por un planteamiento interpilares integrado y tiene en cuenta aspectos relacionados con la política exterior, el desarrollo económico y la gestión de los flujos migratorios. 
Marruecos es uno de los países seleccionados y puede, por tanto, optar a un plan de acción. 
En octubre de 1999 el Consejo adoptó un plan de estas características que incluye, entre otros elementos, medidas destinadas a combatir la inmigración ilegal. 
Después el Consejo Europeo de Tampere aprobó los planes de acción y expresó el deseo de que las acciones propuestas se llevaran a cabo en el marco de una asociación con los países implicados. 
Durante la primera reunión del Comité de Asociación Marruecos-Unión Europea en Rabat en febrero de 2001 se acordó la creación de un Grupo de trabajo para asuntos sociales y migración. 
Este Grupo de trabajo constituido mediante decisión del Consejo de Asociación de 4 de abril de 2004 se reunió por primera vez en julio, creando de hecho un Grupo informal para la migración entre la Unión Europea y Marruecos. 
En primer lugar, la colaboración socioeconómica y, más en concreto, la ayuda a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. 
En segundo término, la información acerca de la migración legal hacia la Unión Europea y la lucha contra las redes de inmigración ilegal, incluyendo la migración de tránsito desde las países subsaharianos. 
Para cada uno de estos temas contemplados en el plan de acción del Grupo de alto nivel se elaborará un expediente sobre los proyectos que han de realizarse conjuntamente. 
Cada expediente debe contener los siguientes elementos: una descripción del proyecto, una especificación indicativa de los recursos necesarios, la línea presupuestaria a cuyo cargo correrá el proyecto y un calendario para la ejecución del mismo. 
Los expedientes se darán a conocer a la otra parte mediante los canales diplomáticos oportunos para que ésta pueda completarlos con sus propias propuestas. 
Durante su próxima reunión del 9 de octubre el Consejo de Asociación intercambiará ideas sobre migración, al tiempo que dará nuevos impulsos a la continuación de la colaboración existente en este terreno. 
A juzgar por los dramáticos acontecimientos acaecidos durante las últimas semanas en Marruecos y los países de la Unión se trata de un asunto enormemente importante. 
Por último, el Ministro de Justicia marroquí representará a Marruecos en la Conferencia Ministerial sobre Migración que se celebrará en el Parlamento Europeo en Bruselas durante los días 16 y 17 de octubre y en la que yo también participaré. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, agradezco la detallada contestación que me ha dado, pero me permitirá usted que le haga un par de preguntas complementarias porque esta pregunta la hice yo antes de los dramáticos acontecimientos del 11 de septiembre. 
El Consejo en este momento es consciente de los problemas de seguridad que tiene nuestro continente. 
La primera pregunta es pues: ¿es consciente el Consejo de que tenemos una frontera abierta a través de la cual no se puede garantizar la seguridad de la Unión Europea? 
Y en relación con esto, ¿es consciente el Consejo de que cada día que pasa cientos y cada mes quizás miles de personas están perdiendo la vida como consecuencia del mantenimiento de esta frontera engañosamente abierta, porque muchos de los que tratan de pasar a través de ella pierden la vida en la empresa? 
O sea, ¿qué puede hacer el Consejo para evitar que este drama humano continúe y para garantizar la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea? 
. (FR) Señor Presidente, lo único que puedo contestarle a su Señoría es que, por descontado, somos conscientes de todos los aspectos de la gravedad de la situación, tanto a nivel humano como a nivel de la seguridad. 
Como ya he dicho hace un rato, yo mismo estaba recientemente en Marruecos, en Tánger, y allí pude ver claramente en qué términos se plantea el problema del Estrecho, el cual, por momentos, hace honor a su nombre, pues en su punto más estrecho alcanza apenas doce o catorce kilómetros. 
Evidentemente, somos conscientes de ello, y este es el motivo de que todas estas iniciativas se estén llevando a la práctica. 
Igualmente sé, por los contactos que tuve cuando estuve en Marruecos, no en nombre de la Unión Europea, sino participando en una misión como ministro belga, que las autoridades marroquíes son también muy conscientes del problema. 
Ellas tampoco ven con agrado el que su población se lance a aventuras tan arriesgadas. 
A cambio, lo que a veces desespera a las autoridades marroquíes, y lo entiendo, es que a veces tendamos a establecer quizás con demasiada facilidad un vínculo entre personas originarias de este país y riesgo para la seguridad. 
Señora Presidenta, esta Asamblea propuso en 1998, por iniciativa mía, la creación de una policía común de fronteras o una guardia fronteriza común europea. El anterior Gobierno italiano y el Gobierno alemán retomaron esta propuesta a principios de año. 
Yo quisiera preguntarle si el Consejo ha dado nuevos pasos en relación con el tema de la creación de una policía de fronteras o una guardia fronteriza europeas o si se prevé hacer algo al respecto bajo la Presidencia belga. 
. (FR) Lo que le puedo decir a su Señoría es que la cuestión de la seguridad de las fronteras nos preocupa al máximo y que, efectivamente, es uno de los puntos de actuación prioritarios para nuestra Presidencia, ciertamente también por el hecho de que la ampliación equivale a una extensión de estas fronteras. 
Por lo tanto, es un objetivo extremadamente importante, al que damos una gran relevancia, y que seguimos muy de cerca. 
(PPE-DE). (EL) Un caso similar de emigración clandestina e ilegal a gran escala tiene lugar a través de Turquía hacia el Egeo y las islas griegas. 
Primero, ¿está Turquía incluida en los planes para Marruecos que ha usted mencionado? 
Segundo, ¿ha realizado gestiones el Consejo ante Turquía- país candidato y, por consiguiente, con obligaciones adicionales para con la Unión Europea -, en el sentido de que vigile adecuadamente sus fronteras? 
Porque no es posible que pasen miles de emigrantes clandestinos y no se percate de ello. 
¿Qué ha hecho el Consejo? 
Lo único que puedo hacer es repetir lo que acabo de decir. 
Se trata de una cuestión que nos preocupa mucho. Tanto más cuanto que mi país es uno de los países de destino preferidos de la migración ilegal. 
Somos totalmente conscientes del problema en todos sus aspectos y estamos trabajando denodadamente al respecto y abordando todas las terceras partes al respecto. 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0705/01): 
Asunto: Nacionalizaciones ilegales y múltiples vulneraciones del Derecho comunitario, según las conclusiones de una investigación administrativa bajo juramento Las conclusiones de una investigación administrativa realizada en la Embajada de Grecia en Moscú han revelado no sólo faltas disciplinarias, sino también indicios de prácticas delictivas relacionadas con la concesión ilegal de la nacionalidad griega. 
Se ha solicitado una investigación adicional de la Fiscalía con objeto de examinar más de cerca esta situación, no sólo ante el elevado número de repatriaciones (aproximadamente unas 150.000 a través de la Embajada en Moscú) , sino también ante la ocultación de importantes datos por parte de funcionarios de la propia Embajada. 
Cabe señalar que todas estas irregularidades se han producido a pesar de la plena participación de Grecia en el acervo de Schengen. 
Dado que en las elecciones del año 2000 votaron personas que no cumplían los requisitos establecidos, creándose así un grave problema político, 
¿Puede indicar el Consejo cuál es su postura acerca de estas nacionalizaciones ilegales y de estas repatriaciones masivas a la luz de los Acuerdos de Schengen? 
¿Ha tenido conocimiento de las conclusiones de dicha investigación, en la medida en que el Gobierno griego, según se desprende de la respuesta a la pregunta escrita E-1438/01, no ha facilitado ningún dato sobre el número de nacionalizaciones y repatriaciones ilegales en 1999 y 2000? ¿Qué medidas piensa adoptar para que, por una parte, el Gobierno griego facilite estos datos y, por otra, se acabe con este tipo de prácticas, reine la transparencia y queden anuladas todas las nacionalizaciones ilegales? 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores, las cuestiones que plantea su Señoría se refieren a la naturalización de ciudadanos en un Estado miembro de la Unión y a su repatriación. 
Se mencionan las sospechas que pesan sobre prácticas que, en estos momentos, están siendo objeto de una investigación que se le ha solicitado a las autoridades judiciales. 
Finalmente, la pregunta se refiere también a un presunto vínculo con los Acuerdos de Schengen. 
Debo recordarles que el Consejo no tiene competencia para expresar su opinión sobre las circunstancias en las que los Estados miembros conceden o no la nacionalidad de sus respectivos países. 
De hecho, la política en materia de naturalización forma parte de las competencias de los Estados miembros. 
Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, la aplicación de estas disposiciones le compete al gobierno griego, al que su Señoría debería dirigirse para obtener respuesta a sus preguntas. 
Finalmente, para las estadísticas sobre las naturalizaciones y la inmigración, el Consejo considera que a su Señoría le sería útil remitirse a la respuesta que la Comisión le dio en julio a la pregunta E-1438/01 para los años anteriores al que aquí tratamos, e invitar a esta última a que le proporcione los datos de 1999 y 2000 en cuanto estén disponibles. 
(PPE-DE). 
(EL) Gracias por la respuesta. Seguiré su consejo por lo que respecta a los datos de 1999 y 2000, los cuales- tomen nota- tampoco ayer pudo suministrármelos la Comisión, porque todavía no los tiene, cuando nos encontramos en el año 2001, y tiene que haber, lógicamente, obligaciones de los países miembros que están en los Acuerdos de Schengen. 
Yo quisiera formularle una pregunta concreta. Si se concede la nacionalidad a un individuo o a varios individuos por parte de un país miembro, ese individuo, desde el momento en que recibe el pasaporte o el documento de identidad del país miembro, puede instalarse en cualquier lugar dentro de la Unión Europea. 
Si más tarde se demuestra que la concesión de la nacionalidad fue un error, ¿tiene el país miembro que otorgó la nacionalidad la obligación de comunicar los datos correspondientes a los demás países miembros, al objeto de que pueda ser localizado el individuo que no debería estar instalado en la Unión Europea? 
Y si de hecho tiene esta obligación con Europol y con los demás países miembros, le pregunto si el gobierno griego ha suministrado semejantes datos. 
Porque está demostrado que hay personas que han obtenido ilegalmente la nacionalidad griega. 
Lo único que puedo hacer es repetir lo que acabo de decir. 
La concesión de la nacionalidad es una competencia exclusiva de los Estados miembros. 
(PPE-DE). (EL) No he recibido una contestación sobre el asunto de fondo. 
Yo no dudo de que la nacionalidad la concede el país miembro, pero pregunto qué pasa cuando se concede inadecuadamente y se encuentra, por ejemplo, un individuo en otro país miembro. 
¿Cómo será localizado a continuación? 
¿Cuál es el modo operativo de localizarlo? 
Una vez más, como la concesión de la nacionalidad es competencia de los Estados miembros, compete a la judicatura de los Estados miembros interesados resolver si la obtención de la nacionalidad por medios ilegales, en caso de que se demuestre, justifica determinada acción. 
Es algo que compete al Estado miembro. 
No corresponde al Consejo ni a la Unión Europea decidir lo que se hará. 
Si una persona es titular de un pasaporte, puede utilizarlo. 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0715/01): 
Asunto: El país más federalista de la UE Según informaciones aparecidas en la prensa, el Primer Ministro belga, Sr. Guy Verhofstadt, ha definido a Finlandia como el país más federalista de Europa. 
¿Se reafirma el representante de la Presidencia en ejercicio en esta definición y podría indicar en qué tipo de conocimiento de los asuntos finlandeses puede estar basada esta opinión? 
Señora Neyts-Uyttebroeck, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Esko Olavi Seppänen. 
Creo que se refiere a Finlandia. 
Siento no haber entendido eso. 
Entiendo mucho de español, pero no todo. 
A veces creo que tengo suerte de no entenderlo todo. 
Le agradezco su pregunta, Señoría, pero el Primer Ministro Verhofstadt no pronunció las afirmaciones citadas en su calidad de Presidente del Consejo. 
Por tanto, me resulta difícil comentar estas declaraciones en nombre del Consejo, al que represento hoy aquí. 
Señor Presidente, señora Ministra, bajo la Presidencia sueca se procedía de tal manera que si el Presidente en ejercicio del Consejo no contestaba a una pregunta formulada en el turno de preguntas, existía también la posibilidad de recibir una respuesta por escrito. 
Recuerdo que en muchas ocasiones los Ministros suecos responsables de la Presidencia del Consejo respondían por escrito a las preguntas sobre las que no querían pronunciarse en su calidad de representantes del Consejo. 
Así pues, le preguntaría a la señora Presidenta en ejercicio del Consejo si, en relación con esta pregunta, no le sería posible continuar la práctica adoptada por la Presidencia sueca y responderme por escrito en su calidad de Ministra del Gobierno belga, contestándome y aclarando cuál es, según Bélgica, el país más federalista de la Unión; carece de todo fundamento afirmar que se trata de Finlandia. 
De hecho, el Primer Ministro belga hizo esta afirmación en una rueda de prensa concedida por la Presidencia belga del Consejo. 
Lo único que puedo hacer es repetir lo que ya he dicho. 
La declaración fue formulada por el Sr. Verhofstadt en su calidad de Primer Ministro de Bélgica, no como Presidente en ejercicio del Consejo. 
Así, pues, no puedo comentar, en nombre del Consejo, esas declaraciones. 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0717/01): 
Asunto: Acuerdo de cooperación con el Irán y reformas legislativas para las mujeres En cuanto al diálogo político entre la Unión Europea y el Irán y en lo que se refiere a la última reunión de la Troika del pasado mes de septiembre en Teherán, ¿se derivará de esta cooperación y diálogo alguna mejora en la situación legal de las mujeres iraníes? 
¿Qué avances está previsto materializar? 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores, el objetivo principal de la política de la Unión Europea con respecto a Irán es fomentar las reformas internas en el país. 
La cuestión de los derechos humanos es un punto importante del diálogo político con Irán. 
Un eventual acuerdo comercial y de cooperación con este país debe también incluir disposiciones relativas a los derechos humanos. 
Durante la última reunión de diálogo político que tuvo lugar el pasado 3 de septiembre en Teherán, la Unión evocó el tema de los derechos humanos, así como las cuestiones de las reformas judiciales y de los derechos democráticos, incluyendo la libertad de expresión y de prensa, la pena de muerte y los recientes casos de lapidación de los que han sido víctimas varias mujeres. 
En cuanto a la situación de las mujeres iraníes, uno de los objetivos específicos es la mejora de su estatuto legal, así como la mejora de su situación concreta. 
La Unión Europea ha acogido con interés los esfuerzos del gobierno y del Parlamento iraníes orientados a introducir nuevas legislaciones a favor de las mujeres y de las jóvenes. 
Me refiero por ejemplo al proyecto de ley que pretende elevar a 15 años la edad legal de la mujer para contraer matrimonio, así como al proyecto de ley que concede a la mujer el derecho a divorciarse sin condiciones. 
Por desgracia, a fecha de hoy, al Consejo no le queda más opción que lamentar que estos esfuerzos todavía no se hayan materializado, debido a la oposición de otros órganos iraníes, particularmente del Consejo de los Guardianes. 
Así, en la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, la Unión Europea tuvo la iniciativa de presentar una resolución sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán. 
La Presidencia sueca introdujo un proyecto de resolución en nombre de la Unión Europea. Esta resolución fue adoptada el 20 de abril de este año. 
En ella, la Comisión se congratula por los avances verificados en el ámbito de la educación de la mujer, de la salud y de la participación en la vida democrática en la República Islámica de Irán, así como por los esfuerzos realizados para mejorar las condiciones de las mujeres y de las jóvenes, particularmente a través de leyes encaminadas a elevar la edad para contraer matrimonio y a levantar la prohibición de estudiar en el extranjero que afecta a las mujeres solteras; sin embargo, esta comisión está profundamente preocupada por el hecho de que estos textos todavía no hayan sido promulgados en forma de ley. 
Esta promulgación sería un medio para poner fin a la sistemática discriminación que sufren las mujeres y las niñas, tanto legalmente como en la práctica, y de suprimir los obstáculos al ejercicio pleno e igual de sus derechos fundamentales. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, muchas gracias por esta respuesta que percibo como esperanzadora en una materia en la que me consta que hay serias dificultades. 
Quisiera preguntarle si el Consejo no sería partidario de efectuar un seguimiento, incluso de consensuar un calendario sobre la materialización de los avances en la situación de las mujeres en leyes, porque el Consejo es consciente, como nosotros, de que si no se trasladan estas mejoras a la leyes no se consolidan. 
Por tanto, entiendo que el Consejo está trabajando muy seriamente y de acuerdo con el Parlamento Europeo en esta materia, pero ¿no cree el Consejo que convendría en algún momento consensuar un calendario sobre esa materialización en leyes de los avances y mejoras en la situación de las mujeres como única forma de consolidarlos? 
. (FR) Señora, mi contestación es que por supuesto hace usted una sugerencia interesante. 
Creo que lo que importa en la evolución de la situación es que parece que, efectivamente, ya se ha entablado un diálogo político, y que se ha entablado con seriedad, y creo que todos debemos, cada uno a nuestro nivel, esforzarnos por mantenerlo, por ampliarlo, y sobre todo, por darle continuidad y permanencia, para animar a las autoridades que trabajan por el progreso a seguir en esta línea. 
Pregunta nº 10 formulada por (H-0719/01): 
Asunto: La repatriación de los fondos de Mobutu Al mismo tiempo que se celebra la ley belga por la que cualquier ciudadano puede solicitar la detención de presuntos criminales de guerra que visiten Bélgica, ¿puede indicar el Presidente en funciones a quiénes se ha juzgado por los crímenes cometidos en el antiguo Congo? 
¿Qué medidas se han tomado para repatriar los fondos que se encuentran en los bancos belgas y de otros países a nombre de Mobutu, el antiguo "Presidente" del Zaire, y para confiscar las propiedades de su familia? 
La respuesta reza como sigue: la pregunta formulada por su Señoría cae fuera del ámbito de competencia del Consejo. 
La Presidencia belga ha sido probablemente la mejor que he conocido en los 18 años que llevo como diputado a esta Asamblea. Está teniendo repercusión entre los ciudadanos. 
Mi pregunta no se refiere a los fondos de Mobutu que están dispersos por toda Europa y muertos de risa en bancos o que tal vez estén utilizando personas indeseables. 
También se refiere a la legislación belga que, al parecer, permite la detención de personas sospechosas de crímenes de guerra. 
Recientemente el Primer Ministro israelí fue amenazado con la adopción de medidas legales. 
Mi pregunta se refiere también a la responsabilidad histórica de la Unión Europea, incluida la Presidencia, por el colonialismo y las atrocidades cometidas en diversos Estados. 
Por ejemplo, ¿tendría a bien decirme el Presidente en ejercicio a quién se ha acusado hasta ahora de complicidad con el asesinato del Presidente Lumumba y la subida al poder del psicópata Mobutu, que supuso un gran trauma para la antigua colonia del Congo? 
Quisiera aclarar a su Señoría que, cuando le he dicho que sus preguntas se referían a asuntos que no son competencia del Consejo, me refería al conjunto de sus preguntas. 
Las preguntas sobre el Gobierno belga deben formularse a este último. 
Estoy aquí para representar a la Presidencia del Consejo de toda la Unión Europea, como sabe su Señoría perfectamente. 
(Protestas del Sr. Andrews) 
Se trata de una observación bastante personal. 
No temo a responder, pero esta mañana ha estado aquí el ministro Sr. Michel. 
Ha hablado por extenso de cómo fue la Conferencia de Durban. 
Si su Señoría deseaba formular preguntas sobre el pasado colonial del país de su Señoría, del mío y de otros, ése era el momento de hacerlo y de formular sus observaciones y críticas. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 11 y 12 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 11 formulada por (H-0720/01): 
Asunto: Libertad de circulación de los ciudadanos de la UE y legalidad de las acciones del Gobierno italiano Tras los debates sobre los hechos acontecidos antes, durante y después de la cumbre del G8 en Génova, siguen pendientes ciertos interrogantes sobre cómo califica y valora el Consejo, desde un punto de vista estrictamente legal, las acciones del Gobierno italiano. 
El Gobierno italiano suspendió la vigencia del Acuerdo de Schengen. 
¿Considera el Consejo que esta suspensión estuvo suficientemente justificada y que era conforme con lo dispuesto en el propio Acuerdo de Schengen? 
Tras la suspensión del Acuerdo de Schengen, ¿qué régimen jurídico está en vigor, según el Consejo, en materia de circulación de los ciudadanos de un país miembro de la UE en el país miembro que ha suspendido el Acuerdo de Schengen? 
¿Dejan de estar en vigor las disposiciones del Tratado CE en materia de libre circulación? 
Es decir, ¿tiene derecho el Gobierno italiano a prohibir desembarcar en el puerto de Ancona a cientos de ciudadanos griegos que se dirigían a Italia (para manifestarse en Génova) sin proceder siquiera a un control previo de sus pasaportes ni dar ninguna explicación? 
Pregunta nº 12 formulada por (H-0724/01): 
Asunto: Inscripción en el registro del SIS Con ocasión de las reuniones del Consejo Europeo en Gotemburgo y del G8 en Génova tuvieron lugar manifestaciones de envergadura y se produjeron enfrentamientos considerables entre algunos grupos de manifestantes y la policía. 
Tanto en Gotemburgo como en Génova, la policía cometió actos de violencia y abusos, tales como los maltratos, los arrestos arbitrarios y los tratos humillantes ejercidos sobre manifestantes que no habían utilizado la violencia. 
Finalmente, la mayoría de los detenidos en ambas manifestaciones no han sido acusados de cometer ningún tipo de delito. 
¿Puede garantizar el Consejo que no se va a inscribir en el registro del SIS (Sistema de Información de Schengen) a los manifestantes detenidos e identificados que no son sospechosos de ningún acto delictivo? 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores, las preguntas que plantean sus Señorías se refieren, por una parte, a las condiciones de la reintroducción de los controles en las fronteras interiores de un Estado que aplica el acervo de Schengen, y, por otra parte, a las condiciones de inscripción en el "Sistema de Información de Schengen", todo ello vinculado a los acontecimientos que se desarrollaron en Génova durante el G8. 
En cuanto al primer punto, esta situación, de hecho, no corresponde a lo que los sus Señorías han denominado en su pregunta, y cito, "una abolición de la validez del Convenio de Schengen". 
La reintroducción de los controles es una medida prevista explícitamente en el artículo 2, punto 2, del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen. 
Y este artículo, al igual que su proceso de aplicación, adoptado por las autoridades políticas de los Estados que aplican el acervo de Schengen en 1995, forma parte del acervo de Schengen, integrado en el derecho de la Unión Europea. 
Las autoridades italianas consideraron que durante la Cumbre del G8 de Génova, más concretamente entre el 14 y el 21 de julio de 2001, el orden público o la seguridad nacional exigían que se realizaran en las fronteras interiores controles fronterizos nacionales adaptados a la situación. 
Ciertamente, se trata de una medida excepcional, pero es una medida que otros Estados ya han empleado en el pasado con ocasión de acontecimientos de carácter político o deportivo que habrían podido poner en peligro el mantenimiento del orden público. 
Pasando ahora al segundo punto, les recuerdo a los sus Señorías la respuesta que ya dimos durante la sesión de junio de 2001 sobre este mismo asunto: que el Consejo no es competente para responder a la pregunta de si ciertas personas implicadas en estos hechos han sido o no inscritas en el "Sistema de Información de Schengen". 
Efectivamente, la inscripción de un registro en el SIS es competencia de los Estados miembros. 
Hay que recordar que, en términos del artículo 94 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, " el sistema de información de Schengen contiene exclusivamente las categorías de datos que son proporcionadas por cada una de las partes contratantes y que son necesarias para los fines previstos en los artículos 95 a 100. 
La parte contratante que inscribe el registro verifica si la importancia del caso justifica la integración de la inscripción en el sistema de información de Schengen ". 
Además, por su parte, el artículo 104 especifica, y cito, que "la ley nacional de la parte contratante que inscribe se aplica a la inscripción, salvo que el presente convenio prevea una condición más exigente". 
Finalmente, le recuerdo a su Señoría que el acervo de Schengen fue publicado en el Diario Oficial L 239, con fecha 22 de septiembre de 2000. 
Señor Presidente, permítame que hable en francés, para explicarme mejor. 
Gracias, señora Presidenta, por su respuesta y por su información. 
Sabía cuál era la situación del acervo de Schengen, pero viene bien que nos lo confirme. 
Lo primero, señora Presidenta, es que yo no hablo de abolición. 
Sus servicios de traducción se equivocan; yo hablo de suspensión. 
Es distinto, y esa es la palabra correcta. 
Perdóneme, pero mi griego escrito es limitado. 
Lo segundo, señora Presidenta, es que usted se ha referido a la reintroducción de los controles. 
Pero en el caso que menciono en mi pregunta, señora, el de los 150 jóvenes griegos que fueron expulsados incluso antes de desembarcar en el puerto de Ancona, no hubo control alguno. 
Y por ello le planteo la siguiente pregunta: cuando suspende usted la aplicación de Schengen, ¿cuál es el estatuto legal que se aplica? 
Supongo que se aplicará el estatuto general previsto por el Tratado, es decir, la libre circulación con control de pasaportes. 
No fueron controlados, señora. 
Y esto, perdóneme, es totalmente ilegal, es deplorable, y más aún: debería someterse a la justicia europea. 
Y creo que esto es lo que usted, o el Consejo, o la Comisión, deberían hacer. 
. (FR) Mire usted, no puedo más que confirmar lo que ya he dicho. 
Ya ha puesto usted las cosas en su sitio. 
Por lo demás, he tomado nota de los comentarios que ha hecho, y los transmitiré. 
Creo que es muy grave que el Consejo de Ministros no pueda responder si se registra en el sistema informático SIS a las personas que no son sospechosas de haber cometido delitos. 
Se trata de saber si el SIS cumple con las exigencias fundamentales de un estado de derecho. 
Interpreto la respuesta del Consejo de Ministros como que esta clase de registro es posible, es decir, que no se controla si un país registra a una persona que sólo ha participado en una manifestación, ha sido identificada por la policía y no se sospecha que haya cometido delito alguno. 
En este caso estamos frente a un hecho absolutamente inaceptable, que contraviene las prácticas legales. 
¿Podría usted confirmar que si un Estado miembro registra a una persona que no ha cometido ningún delito aparecerá en los registros de SIS y se podrá obtener información sobre ella cuando pase los controles de las fronteras exteriores de la Unión y cuando se hagan los controles internos de Schengen? 
Lo único que puedo confirmar es que compete a los Estados miembros introducir datos personales en el Sistema de Información de Schengen. 
De conformidad con el Convenio, están obligados a cerciorarse de que la importancia de la situación justifique semejante contribución al sistema. 
Así, pues, es algo que compete a los Estados miembros. 
Es una verdadera cuestión de orden, señor Presidente. 
En su respuesta, la Sra. Presidenta me ha dicho que tiene en cuenta mi pregunta, y que la transmitirá. 
¿Eso significa que, más adelante, obtendré en algún momento una respuesta? 
. (FR) Lo que le he dicho, es que examinaremos más adelante sus preguntas, y si resulta que contienen elementos que son competencia del Consejo, en ese caso, tendremos la posibilidad de responderle. 
Si, por el contrario, resulta que todos estos asuntos quedan únicamente bajo la responsabilidad de uno o de varios Estados miembros, me será imposible contestarle. 
Muchas gracias, señora Presidenta. 
La Sra. Presidenta ha contestado y, conforme a lo que ocurra, el Sr. Papayannakis tendrá los mecanismos apropiados para dirigirse al Consejo. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 13 y 14 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 13 formulada por (H-0721/01): 
Asunto: Cuestiones prioritarias con vistas a la Sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños El 5 de julio de 2001, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la posición de la UE en las Sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños, que se celebrará a finales de septiembre. 
En dicha resolución, el Parlamento pedía al Consejo que le presentase un informe sobre los esfuerzos y las prioridades de la UE con vistas a la Sesión especial, así como sobre su participación en la misma. 
¿Dónde se halla dicho informe? 
¿De qué manera ha tomado el Consejo en consideración la petición del Parlamento de que se respalde la idea de que la familia es la unidad fundamental de la sociedad, y que "Un Mundo justo para los Niños" -que es el lema de la Sesión especial- debe ser al mismo tiempo un mundo justo para las familias? 
Pregunta nº 14 formulada por (H-0722/01): 
Asunto: Posición de la UE sobre la Cumbre mundial de las Naciones Unidas sobre los niños En la resolución aprobada el 5 de julio de 2001 sobre la posición de la UE en la Sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los niños se establece que la familia es la unidad fundamental de la sociedad y la principal responsable de la protección, la educación y el desarrollo de los niños. 
¿Podría informarnos el Consejo de las razones por las que la delegación de la UE ante las Naciones Unidas fomenta el término "familia en sus diferentes formas" como unidad fundamental de la sociedad y de quién ha aceptado esta reinterpretación desde la votación de julio? 
Asimismo, teniendo en cuenta que la definición pública de las Naciones Unidas de la expresión "servicios de salud genésica" incluye el aborto, ¿podría explicar el Consejo los motivos por los que la delegación de la UE ante las Naciones Unidas apoya una atención y unos servicios sanitarios accesibles para todos, incluida la salud sexual y genésica, y cómo puede reconciliarse esto con la respuesta del Consejo de 14 de marzo de 2001 en la que este último recuerda que, en lo que se refiere al tema específico del aborto, las legislaciones nacionales a este respecto no son competencia comunitaria? 
Para empezar conviene recordar que la Unión Europea como tal no tiene estatuto oficial ni está acreditada en las Naciones Unidas. 
El artículo 19 del Tratado de la Unión Europea incita a los Estados miembros a coordinar su actuación en las organizaciones internacionales y las conferencias internacionales y a defender las posiciones comunes de la Unión Europea. 
Las posiciones comunes de la Unión Europea, incluidas las que se refieren a las cuestiones destacadas en las preguntas de sus Señorías, se coordinan y se acuerdan en el marco de la política exterior y de seguridad común y requieren la unanimidad de todos los Estados miembros de la Unión. 
En cuanto los Estados miembros aprueben una posición de la Unión Europea ésta se integra en el proceso de negociación con los demás miembros pertenecientes a la comunidad de las Naciones Unidas. 
Dado que la comunidad internacional desea lograr un consenso sobre el borrador de los documentos de la Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre la Infancia, los respectivos puntos de vista y la formulación de estos documentos preliminares son objeto de permanentes negociaciones y ajustes a fin de alcanzar un acuerdo acerca de un proyecto de plan de acción susceptible de recabar el apoyo de las Naciones Unidas en su conjunto. 
Por lo demás, es preciso señalar que el apartado 5 del artículo 152 del Tratado estipula que "la acción comunitaria en el ámbito de la salud pública respetará plenamente las responsabilidades de los Estados miembros en materia de organización y suministro de servicios sanitarios y asistencia médica." 
Por lo que a los conceptos de familia y salud genésica se refiere, los Estados miembros se han inspirado en el uso lingüístico establecido de común acuerdo a lo largo de las anteriores conferencias mundiales de las Naciones Unidas, en concreto las de El Cairo, Pekín y Copenhague. 
La Conferencia Especial sobre la Infancia ha quedado aplazada como consecuencia de los atentados terroristas sufridos por los Estados Unidos. 
La Presidencia informará al Parlamento Europeo sobre los esfuerzos y las prioridades de la Unión Europea en el marco de la información periódica acerca del desarrollo de la política exterior y de seguridad común, tal y como prevé el artículo 21 del Tratado. 
Ello no obstante, ya puedo anticiparles que, a la vista de la preparación de dicha sesión especial, la Unión Europea ha expresado su deseo de hacer todo cuanto esté a su alcance para crear un mundo que realmente preste atención a los niños. 
La Convención sobre los Derechos de los Niños ha de orientar nuestra actuación al respecto. 
Continúa siendo el instrumento de referencia por excelencia. 
Los países que han ratificado la Convención- y me refiero a la Convención sobre los Derechos de los Niños- deben aplicarla íntegramente, en tanto que los países que no la han ratificado aún deberían hacerlo urgentemente. 
El documento que se aprobará en la Sesión Especial de la Asamblea General ha de invitar a la acción y debe perseguir los siguientes objetivos. 
En primer lugar, es necesario que invirtamos en nuestros niños. 
Perdónenme que utilice un verbo tan material. 
Es importante que concedamos mucha atención e importancia a que reciban una buena educación, una educación digna de los niños, a su salud, a su bienestar y a su desarrollo. A este fin necesitamos más medios. 
Además, los niños deber ser protegidos. 
Deben ser protegidos contra las consecuencias derivadas de los conflictos, los malos tratos, la violencia y toda forma de discriminación, abuso, la forzosa incorporación a las fuerzas armadas, así como contra las minas antipersonas, las epidemias y, en concreto, contra el VIH, contra el sida. 
No olvidemos que todas estas plagas adquieren una dimensión especialmente cruel en los niños. 
Por último, es importante que los niños sean escuchados y que puedan participar en las decisiones que les conciernen, puesto que ellos mismos deben desempeñar un papel protagonista en el desarrollo de su propia trayectoria. 
Agradezco la respuesta, pero me gustaría decir que entre todo lo importante que se mencionó al final de la respuesta sobre lo que se ha hecho en favor de los niños, no se hizo referencia a la familia. 
¿Ha sido una casualidad? 
En el punto 1 de la resolución del 5 de julio de 2001 del Parlamento Europeo sobre las posturas de la UE en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la infancia, decimos que "La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene la responsabilidad prioritaria de proteger y educar a los niños". 
Se menciona a "la familia" y no a "la familia en sus diversas formas". 
¿De qué manera influyen las posturas aprobadas por el Parlamento Europeo y cómo valoran ustedes a un padre y a una madre que se preocupan por la educación de sus hijos? 
¿Por qué ha actuado la UE de esta manera, que en la practica ha alterado el concepto de familia? 
Es una pregunta muy filosófica, Sr. Sacrédeus, yo no voy a interpretarle a usted pero me da esa impresión como Presidente. 
Hay que hacer preguntas concretas, pero yo acepto su pregunta y la Sra. Presidenta la va a contestar. 
Si usted desea añadir algo, tiene usted la palabra. 
Es su parecer, señor Presidente. 
Usted es Vicepresidente para mí y para todos los diputados. 
He formulado preguntas concretas sobre el concepto de familia. 
La vez anterior que formulé una pregunta usted también señaló que mis preguntas y comentarios eran filosóficos. 
He formulado preguntas concretas a la Presidencia belga. 
Le pido que como Vicepresidente demuestre respeto hacia todos los diputados, incluidos los cristianodemócratas suecos. 
Espero que sea la última vez que usted ofende a un diputado de esta manera. 
La filosofía y la ética también deberían ser materias importantes para usted, señor Vicepresidente. 
Pero como administrador legal de este turno de preguntas, a veces, puedo y debo opinar que son muy generales. 
Su pregunta está vigente y no la he criticado en absoluto. Digo que me parece muy general, pero la señora Presidenta la va a contestar. 
No hay ningún problema. 
Y sepa usted que los cristianodemócratas me merecen un enorme respeto. 
. (FR) Señor Presidente, si me lo permite, contestaré las tres al mismo tiempo. 
Otras dos personas también desean intervenir. 
¿Puedo contestar las tres al mismo tiempo, o tengo que contestar pregunta a pregunta? 
Solemos contestar pregunta a pregunta. 
Además, para mayor garantía del Sr. Sacrédeus, es mejor que le conteste usted directamente. 
. (FR) A menos que la interpretación haya sido incompleta, lo cual me extrañaría, creo haber dado elementos de respuesta. 
Lo que piense personalmente de la familia no tiene absolutamente ninguna importancia para el debate que nos ocupa. 
Por supuesto, tengo la mejor de las opiniones, pero esto no tiene ninguna importancia para el debate que nos ocupa. 
La cuestión es: "¿ Cuál es la postura de los Estados miembros ?", puesto que ellos son, por unanimidad, los que deben establecer y concretar su postura frente a la labor de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la Infancia. 
Ya les he dado indicaciones sobre este tema. 
Les he dicho que los Estados miembros emplean la misma terminología que la que se utilizó en las Conferencias Mundiales de las Naciones Unidas, es decir, la de El Cairo, la de Pekín y la de Copenhague. 
Es la indicación política del modo en que los Estados miembros trabajan para concretar una posición unánime frente a la Conferencia de las Naciones Unidas para la Infancia. 
Doy las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. 
Formuló la muy concreta declaración de que no se puede abordar al niño aisladamente, sino en el marco de la familia y la comunidad. 
Celebramos una votación general y se manifestó un deseo abrumador de hacer una referencia especial al niño en el marco de la familia. 
Después debatimos una propuesta de posición para el Parlamento, que se votó en esta Asamblea. 
Así, pues, tenemos el deber de velar por que se expongan exactamente los deseos- no sólo del Parlamento, sino también de los países candidatos que han venido hasta aquí y de los representantes de los Estados miembros que han acudido- respecto de la posición sobre la familia; de lo contrario, habremos perdido el tiempo. 
Como la definición de los servicios de salud reproductiva por parte de las NN.UU. difiere tanto de nuestra posición declarada en los Tratados- en particular con el protocolo relativo a mi país -, ¿se propone el Consejo impugnar esa definición públicamente expuesta o cambiar la definición de los servicios de salud reproductiva en las instituciones de la UE? 
Sean cuales fueren nuestros sentimientos personales sobre este y otros asuntos, debemos trabajar dentro del marco jurídico vigente. 
He comenzado mi respuesta recordando a su Señoría que la Unión Europea como tal no es miembro de las Naciones Unidas y no goza de una condición especial en sus relaciones con las Naciones Unidas. 
He recordado también a su Señoría que los Estados miembros se han comprometido a coordinar sus posiciones en las organizaciones internacionales de las que son miembros o los foros internacionales en los que intervienen o participan. 
Ése es el marco jurídico en que se preparan dichas conferencias. 
De modo que la resolución del Parlamento Europeo presenta, desde luego, interés para los diferentes Estados miembros, pero no se puede considerar- con el debido respeto- que sea vinculante para ellos. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, usted se ha referido en particular al tema de la salud pública. 
Yo desearía saber: ¿cuál es su posición con respecto a la delimitación de competencias entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud? 
¿Qué prioridades se han marcado en este contexto? 
. (FR) Le pido disculpas porque, aunque lo entiendo, no hablo demasiado bien alemán, y sobre todo no domino el vocabulario especializado como para responderle en ese idioma. 
Todas estas cuestiones relativas a la arquitectura de las distintas instancias internacionales e incluso mundiales son extremadamente interesantes, pero nos llevarían demasiado lejos. 
Además, el Consejo como tal no tiene una posición sobre este tema que yo pueda hacer pública aquí en su nombre. 
Puedo informarles sobre mi punto de vista personal, que quizás les interese, pero que no cambiará en nada este asunto, porque no traduce una posición del Consejo. 
Les puedo decir que, personalmente, creo que ya es hora de que todas las instancias internacionales, estén dónde estén, cooperen más estrechamente y coordinen sus respectivas políticas mejor de lo que lo han hecho hasta ahora. 
No voy a hacer ningún juicio, solamente les voy a pedir a sus Señorías que, cuando tengan tiempo, relean el Anexo II relativo al desarrollo del turno de preguntas previsto en el artículo 43, punto A. Directrices. 
Solamente eso: que lo leamos todos cuanto tengamos tiempo. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 15 decae. 
Pregunta nº 16 formulada por (H-0727/01): 
Asunto: Nuevas sentencias condenatorias del Tribunal Europeo contra Turquía por el caso de Leyla Zana y otros tres diputados El Tribunal Europeo se ha pronunciado sobre los asuntos 29900/96 y 29903/96 de 17.7.2001 y ha condenado a Turquía a pagar una multa de 110.000 dólares por mantener encarcelados en las prisiones turcas a Leyla Zana (Premio Sájarov) y otros tres diputados 
Dado que Turquía ignora sistemáticamente las sentencias del Tribunal Europeo, ¿puede el Consejo proporcionar indicios de que Turquía está dispuesta a acatar las mencionadas sentencias del Tribunal? 
¿Puede el Consejo proporcionar la lista de sentencias judiciales del Tribunal Europeo que Turquía sigue ignorando? 
El Consejo hace observar a su Señoría que las sentencias citadas por él han sido dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. 
Dicho Tribunal fue instituido por el Consejo de Europa, no por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo. 
En este momento la Unión Europea no dispone de datos concretos que permitan suponer que Turquía no vaya a acatar las sentencias dictadas en este caso por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Más en general, la Unión Europea tampoco tiene a su disposición una lista de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos supuestamente incumplidas por Turquía. 
El Consejo de la Unión Europea recuerda que en todo caso no está capacitado para imponer la ejecución de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Ello no obstante, quisiera subrayar en nombre del Consejo que la Unión aprovecha toda oportunidad, especialmente en el marco del diálogo político reforzado con Turquía, para instar a este país a que cumpla con su obligación de respetar todos los compromisos internacionales adquiridos, en concreto en el ámbito de los derechos humanos. Como es lógico, ahí entran asimismo las decisiones adoptadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
En el marco de la asociación para la adhesión de Turquía la Unión Europea exige que Turquía respete y garantice los derechos humanos y las libertades fundamentales y procure que se lleven a la práctica. 
El Consejo examinará minuciosamente los avances logrados por Turquía en este terreno una vez que la Comisión haya presentado su informe al respecto. 
Resumiendo, sólo puedo reiterar una vez más que el Consejo no dispone de una lista de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hayan sido ignoradas por Turquía. 
(GUE/NGL). (EL) Comprendo el cansancio de la representante del Consejo, está aquí desde esta mañana, ha intervenido en muchos temas, y sólo así puedo explicar un desprecio al Tribunal de Derechos Humanos. 
No se puede comprender de otro modo que la representante del Consejo de Ministros de la Unión Europea diga que no conocemos las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos, y aquí, precisamente, en Estrasburgo. 
¡Esto es una vergüenza! ¡Una vergüenza! 
Además, el Parlamento Europeo, en sus últimas resoluciones sobre Turquía, ha pedido, entre otras cosas, a Turquía que respete y cumpla las resoluciones del Tribunal Europeo. 
Esto a modo de comentario. 
Mi pregunta se refiere a Leyla Zana. 
Ganadora del Premio Sajárov, colega suya. 
Es usted diputada al Parlamento belga. 
Ella es diputada a la Asamblea Nacional turca. 
Es mujer, de su edad, está en la cárcel. 
¿Cómo es posible que ignoremos una cuestión semejante, que afecta a un país candidato a la adhesión a la Unión Europea, y responder de ese modo? 
Tal vez haya que achacarlo a problemas de la interpretación simultánea. 
Yo no he dicho que no tengamos una lista de los fallos del Tribunal Europeo; he dicho que no tenemos una lista de los fallos que Turquía podría no haber observado. 
Eso es lo que he dicho y es diferente. 
Yo formaba parte de esta Asamblea en la anterior legislatura, cuando se concedió el premio a la Sra. Zanna y, como diputada a este Parlamento, participé en muchas de las decisiones adoptadas por este Parlamento respecto de Turquía. 
Su Señoría sabe perfectamente que la posición del Consejo respecto de Turquía es muy clara. 
Hemos expuesto dicha posición clara y reiteradamente a Turquía y seguiremos haciéndolo. 
(GUE/NGL). (EL) La Sra. Ministra ha dicho que había aclarado que no se trataba del Tribunal de la Unión Europea, sino del Tribunal del Consejo de Europa. 
Es bien conocida, sin embargo, la relación que el Parlamento Europeo mantiene con el Tribunal Superior del Consejo de Europa. 
Segundo, ha dicho y ha repetido, que no dispone de una lista de las resoluciones del Tribunal no cumplidas por Turquía. 
Además de las resoluciones sobre Leyla Zana y los otros tres diputados que se encuentran en la cárcel, está la célebre resolución sobre Titina Loizidou, la grecochipriota que todavía está esperando de Turquía la indemnización decidida por el Tribunal Superior, mientras Turquía declara con todo descaro que no piensa cumplir la resolución. 
Me asombro, lo repito, señor Presidente, porque la Sra. Ministra ha sido eurodiputada y diputada en su país, y debería al menos conocer estos casos, y podría, si no dispone de esa lista, procurársela, disponía de todo el tiempo para no acudir hoy ante nosotros así- permítanme la expresión- sin haberse estudiado la lección. 
A veces me pregunto si el tono adoptado por algunos de sus Señorías tiene algo que ver con mi sexo, mi edad o alguna otra cosa. 
Mis respuestas han sido muy claras. 
Existe una distinción entre el Tribunal de Derechos Humanos y nuestro Tribunal de Justicia en Luxemburgo, como sabe perfectamente su Señoría. 
Exigimos a Turquía que cumpla con su deber de respetar todas las obligaciones internacionales con las que ese país se ha comprometido y, entre ellas, figura, naturalmente, el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Ése es uno de los elementos permanentes del diálogo político que vamos celebrando con Turquía. 
Estamos haciendo nuestros deberes al respecto. 
Puede no siempre dar los resultados que su Señoría desearía o todo lo rápidamente que su Señoría desearía, pero estamos haciendo nuestros deberes al respecto. 
Señora Presidenta en ejercicio, le agradezco, en nombre del Parlamento, la dedicación que ha tenido esta tarde y todas las respuestas que nos ha dado. 
Unas veces nos gustan más y otras nos gustan menos, pero le agradecemos mucho su dedicación. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 17 a 23, 25 y 26 serán contestadas por escrito. 
La pregunta 24 del Sr. Van Lancker no es admisible porque se refiere a un punto incluido en el orden del día del presente período parcial de sesiones. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.05 horas, se reanuda a las 21.00 horas.) 
Refuerzo de la coordinación de las políticas económicas en la zona del euro- Contribución de las finanzas públicas al crecimiento y al empleo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0307/2001 de la Sra. Berès, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión (COM (2001) 82- C5-0173/2001- 2001/2083 (COS) ) relativa al refuerzo de la coordinación de las políticas económicas en la zona del euro, 
A5-0306/2001 de la Sra. Peijs, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (2000) 846- C5-0172/2001- 2001/2082 (COS) ) titulada "La contribución de las finanzas públicas al crecimiento y al empleo: mayor calidad y sostenibilidad". 
. (FR) Señor Presidente, antes de intervenir en calidad de ponente, me gustaría presentarle una propuesta y pedirle que la someta a la Conferencia de Presidentes. 
Así es, creo que es absurdo que celebremos este debate ahora, cuando hemos celebrado esta tarde el debate sobre el Pacto de estabilidad y cuando, en el ínterin, la Conferencia de Presidentes ha considerado útil inscribir un debate sobre la televisión sin fronteras. 
Esto no contribuye a darle coherencia a nuestra labor. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el informe que vamos a debatir ahora mismo llega en un momento crucial. 
El pasado 21 de septiembre, el Consejo Europeo dejó claro que era consciente de la importancia de los temas que debatimos, y aportó su contribución solicitando por primera vez a la Comisión que preparase una recomendación sobre la situación económica de la zona tras los sucesos del 11 de septiembre. 
Algunos podrían pensar que, en un periodo de crecimiento, habría sido más fácil organizar la coordinación de las políticas económicas. 
Este no ha sido el caso, al menos voluntariamente, aunque hayamos podido felizmente observar numerosas coincidencias, de las que hoy podemos alegrarnos, como la reducción de impuestos en tal Estado miembro o en tal otro. 
Pero hoy, frente a un verdadero shock exterior, justo cuando las circunstancias de la ralentización del crecimiento americano nos hacían reflexionar sobre los principales indicadores de nuestro crecimiento, esta coordinación de las políticas económicas se hace aún más difícil, aún más necesaria, teniendo en cuenta que, en el otro extremo de la cadena, la política europea es hoy una política monetaria, y que el Sr. Duisenberg, tras los sucesos del 11 de septiembre, ha puesto en marcha una coordinación de zona a zona con su homólogo americano. 
En vísperas del tránsito al euro fiduciario, tenemos que conseguir que la UEM funcione correctamente. 
Esto es lo que nos propone la Comisión en su comunicación, y nos alegramos de ello. 
Ya se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho camino por recorrer. 
Los Estados miembros deben aplicar su política de forma responsable, de forma autónoma. 
Pero la coordinación debe contribuir a que la política sea lo más coherente posible y mutuamente provechosa. 
Este es el sentido pleno del tránsito al euro. 
En el informe que le propongo al Parlamento como respuesta a la comunicación de la Comisión, damos algunas pistas que consideramos esenciales. 
En primer lugar, esta coordinación se basa en el Eurogrupo, en su Presidente, del que deberíamos pensar que habla en nombre de todos. 
Además, la Comisión tiene que desempeñar un papel esencial. 
No se trata de que actúe en este caso como si lo hiciera en un ámbito de competencia clásico, diría yo. 
Es un papel en cierta forma más político, en el que debe mostrar su capacidad para presentar propuestas innovadoras, para desarrollar prospectivas a medio plazo. 
Y el Parlamento Europeo debe ser el foro público de debate sobre la coordinación de las políticas económicas. 
La primera orientación es que necesitamos indicadores, estadísticas armonizadas, barómetros para la zona. 
Una política económica de la zona no será posible si no existe un buen instrumento de control. 
Y sé que dentro de los Estados miembros existe un debate sobre la relación coste / eficacia de los indicadores. 
Somos claramente partidarios de invertir un poco de dinero en indicadores más operativos. 
El segundo punto que consideramos esencial es el intercambio de información. 
Los miembros del Eurogrupo ya han empezado a actuar en este sentido. 
Creemos que es esencial ir más allá, aprovechar todo lo que puede aportar la evaluación entre iguales, con la posibilidad de pedir que la Comisión evalúe el impacto de las medidas propuestas por un Estado miembro en el marco de su política presupuestaria, fiscal o estructural. 
Finalmente, señor Presidente, necesitamos mejorar la calidad y la coherencia del debate en todas sus dimensiones. 
En los parlamentos nacionales, hay que integrar la coordinación de las políticas económicas. 
Esto supone integrar las orientaciones generales de política económica en el momento en que se debate el presupuesto nacional. 
Esto también significa que un debate nacional debe centrarse en los programas de estabilidad. 
Asimismo, supone que cuando nosotros debatimos sobre las orientaciones generales de política económica aquí, en el Parlamento Europeo, queremos oír previamente a nuestros colegas los parlamentarios nacionales. 
Y para terminar, señor Presidente, esto significa igualmente que deseamos escuchar al Presidente del Eurogrupo tantas veces como sea necesario ante nuestra comisión competente. 
Señor Presidente, la comunicación de la Comisión sobre las finanzas públicas continúa estando de actualidad, aunque ya haya transcurrido cierto tiempo desde su publicación. 
Asistimos ya de por sí a una desaceleración de la economía como consecuencia de la indolencia de los grandes Estados miembros, por no decir nada de las secuelas de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre. 
Debido a estas causas, las finanzas públicas vuelven a estar bajo presión por primera vez desde hace tiempo. 
El pasado nos enseña que un gran volumen de gastos públicos puede dar lugar a una enorme ineficacia, un excesivo acaparamiento del mercado de capitales y un nivel de impuestos desorbitado. Dicho de otro modo, no siempre redunda en beneficio del empleo. 
Todos estos elementos pueden suponer un serio obstáculo para el sano desarrollo del sector privado y, por tanto, para el crecimiento del empleo sobre la base de la demanda en el mercado. 
Ya hace casi diez años que los jefes de Gobierno europeos se dieron cuenta de este problema. En Maastricht se pusieron de acuerdo para lograr una situación presupuestaria sostenible. 
La integración de los Estados miembros en una gran zona monetaria en la que se coordine la política económica, pero que carezca de unión política, requiere que los Estados miembros se atengan a los compromisos adquiridos de común acuerdo. 
A través de los instrumentos que le han sido facilitados, el BCE ha incidido en la estabilidad de los precios y, por tanto, en las condiciones de vida de los ciudadanos de la zona euro. 
Con motivo de un debate celebrado en la comisión preparatoria quisiera insistir una vez más en que la estabilidad de los precios y el consiguiente control de la inflación contribuyen al mantenimiento de la capacidad adquisitiva en los niveles salariales más bajos y fomentan la reincorporación al mercado laboral. 
Gracias a la estabilidad de los precios los pensionistas no pierden capacidad adquisitiva. 
Gracias a la estabilidad de los precios los aumentos salariales concedidos en el mercado confieren realmente un margen financiero más amplio a las familias europeas y no sirven únicamente para mantenerse a la altura de la subida de los precios, como sucede en mi país. 
Algunos países ofrecen una reducción de las cargas con una mano y un incremento del IVA y de los gravámenes locales con la otra. 
En política este procedimiento crea desconfianza. 
El haber conferido al Banco Central el mandato de vigilar los precios es la medida de acción social más eficaz que yo recuerde de los últimos años. 
Además del afán de estabilidad del Banco Central, la política en materia de inversiones y la política presupuestaria de los Estados miembros resultan asimismo decisivas para la vida y el trabajo de los europeos, así como para la confianza en la moneda común. 
El Presidente Duisenberg manifestó su enorme preocupación por el debilitamiento de los objetivos presupuestarios. 
Usted mismo, señor Comisario, llamó al orden a países clave como Alemania, Francia, Italia y Portugal. 
Y, para colmo, en esos mismos Estados miembros se considera la posibilidad de estirar el Pacto de estabilidad. 
Ahora bien, hay una cosa que debe quedar clara: los mercados financieros miran con recelo cómo los Estados miembros administran sus presupuestos en una economía bajista. 
Los países que no han adoptado las medidas oportunas mientras la economía se lo permitía experimentan ahora las mayores dificultades para cumplir el Pacto de Estabilidad. 
Obviamente, no es realista esperar que ahora vayan a incrementar los impuestos o recortar los gastos, pero, en mi opinión, incrementar los gastos equivale a constituir una hipoteca irresponsable sobre un futuro incierto. 
Nuestra generación ha de saldar sus propias cuentas en lugar de pasarlas a la próxima generación. 
La situación actual pone a prueba la eficacia del sistema del euro. A los mercados financieros no les cabe ninguna duda de que los presupuestos públicos constituyen el eslabón más débil de toda la construcción europea. 
Las autoridades públicas no pueden partir del supuesto de que el euro nos pertenezca a todos, sino que deben tener muy claro que su presupuesto es un asunto meramente nacional. 
Además, nadie ha sabido explicarme cuál es la utilidad de un Pacto de Estabilidad que sólo tiene validez cuando las cosas van bien. 
Al contrario, la puesta en práctica de los acuerdos resulta mucho más imprescindible en épocas de desaceleración económica. 
La Comisión Europea dedica gran pare de su comunicación a la futura evolución demográfica. Se trata de un tema harto importante puesto que el envejecimiento de la población ejercerá una enorme influencia sobre las futuras posiciones presupuestarias. 
El envejecimiento aporta un argumento más para que se respete el Pacto de Estabilidad. 
Además, señor Presidente, nos obligará a prestar mucha más atención al aprendizaje a lo largo de toda la vida para mantener el nivel del perfil profesional. También es probable que la gente ya no pueda dejar de trabajar a los cincuenta y siete años y medio, como suele ser el caso en la actualidad, por ejemplo en los Países Bajos. 
En mi informe pido que se esboce un trayecto individual para cada Estado miembro, de tal forma que la tendencia política a pensar a corto plazo no vaya en detrimento de las expectativas, por otra parte plenamente justificadas, que albergan los ciudadanos en materia de pensiones y cuidados sanitarios. 
Señor Presidente, con mi informe no pretendo de ningún modo causar la impresión de que las inversiones públicas sobren, pero en el Pacto de Estabilidad ya se prevé un margen del 60% del PIB para satisfacer la necesidad de este tipo de inversiones. 
Ello me parece suficiente para realizar inversiones productivas en educación, investigación y desarrollo y sanidad. 
Para concluir, señor Presidente, quisiera expresar mi satisfacción por el diálogo constructivo con el Grupo Socialista, lo cual nos ha permitido alcanzar un compromiso aceptable. 
Mañana durante la votación le pediré autorización para formular una enmienda oral de transacción. 
. Señor Presidente, dado que se trata de un debate conjunto, precisaré que mi mandato se limita al informe de la Sra. Peijs. 
De costumbre, señor Presidente, los ponente de opinión suelen felicitar al ponente de la comisión competente para el fondo, manifestar su acuerdo y satisfacción, y tratan de subrayar sus aportaciones y/o de matizar por lo menos algunos puntos. 
Lamentablemente, no podré seguir hoy esta práctica. 
En nombre de la Comisión de Presupuestos, a quien tengo el honor de representar institucionalmente, debo manifestar la profunda decepción de mi comisión por el trato dado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios a nuestras enmiendas, y no me interpreten en absoluto a título personal. 
La Comisión de Presupuestos aprobó su opinión por unanimidad en mi ausencia por enfermedad. 
No estuve ni tan siquiera en aquel momento final para defender mis propuestas y, por lo tanto, la opinión fue aprobada sin interferencias. 
No hubo ni un solo voto en contra y no hubo, por tanto, distinción de color político. 
No se trata para nosotros de una cuestión en modo alguno partidista. 
Pero la mayoría de miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha rechazado nuestras enmiendas en bloque, quizá me ha pasado desapercibido pero me parece que ninguna de nuestras enmiendas ha merecido la aprobación de esa mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Y en la comisión de Presupuestos tenemos la sensación, señor Presidente, de que nuestras aportaciones, constructivas y puramente institucionales, han sido pura y llanamente desdeñadas y despreciadas. 
Con toda franqueza, nos cuesta encontrar una explicación a este sistemático voto negativo. 
Señorías, el documento de la Comisión que sirve de base a nuestra discusión se centraba, es cierto, en los presupuestos nacionales, por así decir. 
Pero cuando la Comisión de Presupuestos añadió la dimensión comunitaria, la Comisión, en particular el Comisario presente, nos lo agradeció y manifestó su aprecio por esa ampliación de la perspectiva de la Comunicación. 
Pues bien, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha rehusado abrir sus ojos a esa dimensión adicional. 
¿Por qué? 
¿Por qué la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios niega que el escuálido presupuesto de la Unión Europea, el 1,07 % del PNB comunitario, ha aplicado un rigor que no tiene nada que envidiar al de los Estados miembros? 
Al rechazar la enmienda 7, eso es lo que han hecho. 
A los presupuestarios de esta casa, nos cuesta también entender que, a dos días de la primera lectura del presupuesto del año 2001, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios niegue, al rechazar las enmiendas 5 y 6, el efecto multiplicador del gasto comunitario y su frecuente carácter ejemplificador para las administraciones nacionales, regionales y locales. 
Si ése es el pensamiento económico de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, lo coherente por su parte es retirar todas las enmiendas que ha presentado al proyecto de presupuesto. 
Sería lo más lógico por su parte. 
Señorías, a 90 días de la circulación física del euro, se soslaya cualquier atisbo de política fiscal a cargo del presupuesto comunitario. 
Desde el punto de vista de la Comisión de Presupuestos, lo lógico sería reforzar paulatinamente el presupuesto europeo e ir más allá de la mera, necesaria, pero mera, coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros. 
Algún día, al igual que ahora tenemos un Mister PESC, estamos convencidos de que nos hará falta una Mrs. euro, quizá la propia Sra. Peijs, y un mayor presupuesto de la Unión Europea, y en cambio alguna reducción de los presupuestos nacionales. 
Y en la Comisión de Presupuestos nos preguntamos cómo piensa la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que deben afrontarse los ciclos económicos, los choques simétricos y los asimétricos, cada uno a su aire o todos coordinada y cooperativamente, utilizando para ello, en alguna medida, el presupuesto comunitario. 
Desde la Comisión de Presupuestos, en la que les recuerdo que la opinión se aprobó por unanimidad, tenemos la impresión de que para la mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pesaron más los prejuicios ideológicos que la valoración objetiva de las opciones económicas en juego. 
Permítanme que les recuerde, como profesor de economía pública, que fue el propio Milton Freedman quien dijo que todos éramos postkeynesianos. 
Se olvidó de esa mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de esta casa. 
La propuesta de resolución es sólo postkeynesiana por motivos cronológicos, pero el fondo de su pensamiento económico es anterior a Keynes. 
Acoge elementos del monetarismo de los años 80 y 90 sin atender a su background. 
Cuando se firmó el Tratado de Maastricht, no sé si todos los políticos, pero sí los economistas, sabíamos que convenía desechar el déficit sistemático, convenía una política de sanidad financiera, pero también sabíamos desde los años 60 que el equilibrio presupuestario sólo es recomendable en determinadas circunstancias y condiciones y que, por regla general, el equilibrio presupuestario estricto tiende a ser procíclico, es decir, tiende a agravar la tendencia cíclica de la economía. 
Ya los asesores de Kennedy, miren si me remonto lejos, ilustraron mediante el llamado superávit presupuestario de pleno empleo cómo un presupuesto equilibrado, e incluso en ciertos casos en déficit, puede generar recesión. 
Por eso, Señorías, les rogaría, en nombre de mi comisión, que acojan una perspectiva más abierta, la que brindan nuestras enmiendas, y, por lo tanto, que las integren mañana en el texto de la resolución. 
Señor Presidente, señor Comisario, apreciadas señoras ponentes, Señorías, yo quisiera referirme brevemente a ambos informes, pero también deseo responder, naturalmente, al orador que me ha precedido. 
Independientemente del Grupo al cual pertenezcan, yo jamás atribuiría las decisiones y el sentido del voto de otros colegas a motivos y razones que no respondan a consideraciones políticas objetivas. 
En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios se pueden configurar diferentes mayorías, pero en sus trabajos reina- desde que yo participo en ella- un clima muy objetivo entre los Grupos políticos, muy centrado en los objetivos de la Política Económica y Monetaria común. 
Por lo tanto, yo no puedo compartir la sospecha que aquí se ha expresado y quiero rechazarla. 
No obstante, tiene usted razón cuando afirma que en la zona del euro, al igual que en el contexto de la Política Exterior y de Seguridad Común, en Europa debemos hablar, evidentemente, con una sola voz, tanto de cara al exterior como hacia el interior. 
De todos modos- y con esto enlazo con los informes -, la competencia se desarrolla cada vez más a escala mundial. 
Faltan 89 días para la introducción del euro. Éste ya es la segunda moneda más importante del mundo. 
Con la entrada en circulación de las monedas y billetes en euros se hará visible la importancia de la moneda común europea en el mercado mundial. 
Ésta es un elemento muy importante del mismo y no debemos dejar de tener presente, con toda claridad y rigor, la influencia exterior de Europa en el mercado mundial. 
La competencia a escala mundial también requiere, naturalmente, una coordinación imprescindible en el marco de la zona del euro y de la Unión Europea, que vaya más allá del mercado interior y de la Unión Económica y Monetaria. 
¿Cuál ha de ser su contenido? 
Por un lado, se requiere una coordinación que permita afianzar un mercado interior sólido en la zona euro y mejorar la competititividad de Europa. 
Por el otro lado, yo les pido que comprendan que otro objetivo ha de ser la preservación de la libertad, como fundamento de la competencia entre los Estados miembros, dentro de este marco comúnmente acordado. 
No todos estamos convencidos de que la coordinación ya sea de por sí un remedio universal, puesto que naturalmente también es preciso debatir a partir de qué punto debe empezar. ¿Cuáles son sus mecanismos y donde se sitúan sus límites? 
¿La coordinación restringe el funcionamiento del mercado o lo apoya? 
Es un debate que, desde luego, debemos desarrollar; no es posible adoptar decisiones simplemente bajo el título general de coordinación. 
Por esto nosotros estamos a favor del fomento de los debates europeos en los parlamentos nacionales, de la coordinación de la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas y una mayor conexión de la misma con los servicios nacionales de estadística, así como del intercambio mutuo de información a fin de poder desarrollar las tareas comunes. 
En cambio, rechazamos, obviamente, una creciente burocratización, la creación de nuevos órganos y un incremento adicional de los gastos administrativos bajo la cobertura de la coordinación. 
Tenemos que mejorar la eficacia y la profesionalidad de los servicios existentes, en aras del interés general, sin que ello implique reducir la libertad de actuación y de decisión de los Estados miembros. 
Nosotros rechazamos la información previa sobre la recaudación fiscal o el uso de los ingresos fiscales porque, a nuestro parecer, tampoco existe un fundamento jurídico que la justifique. 
Sólo he destacado estos dos aspectos que va a ser necesario seguir debatiendo. 
Nosotros vamos a votar afirmativamente el informe, pero todavía quedan detalles por aclarar, con respecto a qué entendemos exactamente por coordinación y qué mecanismos requiere ésta. 
Finalmente, yo quiero decirle a la Sra. Berès que es importante que haya señalado la vinculación entre las finanzas públicas y la reducción de la inflación, y por lo tanto también con la valoración de los mercados financieros. 
Necesitamos unas finanzas públicas saneadas que nos permitan disponer de más capital de inversión. 
Yo insto, por lo tanto, a todos aquellos cuyos nombres se citan en el informe, a que hagan correctamente sus deberes y no se limiten a adoptar medidas cosméticas. 
Señor Presidente, Señorías, señor orador anterior, yo no puedo admitir una observación que acaba de hacer el Sr. Karas. 
En todos los ámbitos en los que ya mantenemos una coordinación sensata de nuestras políticas económicas en el seno de la Unión Europea podemos cosechar grandes éxitos. 
Por ejemplo, el año pasado los presupuestos públicos de la Unión presentaron en conjunto un superávit por primera vez desde hace décadas y esto sigue siendo cierto, señora Peijs, aunque se descuenten los ingresos extraordinarios procedentes de la venta de las licencias de telefonía móvil. 
Yo desearía que no quitásemos importancia a este hecho en el debate de hoy. 
Este año no será posible cosechar los mismos éxitos. 
Esto se explica por el ritmo de crecimiento más lento registrado en la Unión Europea, pero ello no es motivo para empezar a hacer sonar la alarma de la inflación. 
No es motivo para dejarse llevar por el pánico. 
Nadie puede tranquilizar a las y los colegas del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos) /Demócratas Europeos. 
Nadie- en esta Asamblea- tiene la intención de empezar a imprimir dinero negro. 
Nadie pretende imprimir billetes para resolver los problemas financieros. 
Queremos imprimir billetes para que los ciudadanos y ciudadanas puedan disponer a tiempo de nuestra nueva moneda- el euro -, pero nadie ha propugnado aquí una política presupuestaria poco sólida. 
Ustedes, en realidad, también lo saben. 
¡Lo que les preocupa no es esto, en absoluto! 
En el fondo, se trata de algo totalmente distinto. 
Ustedes saben muy bien que los éxitos en materia de consolidación que acabo de señalar no se lograron gracias a un incremento de los ingresos sino mediante la reducción de los gastos. 
Estas reducciones del gasto han tenido este resultado positivo, pero también otros negativos. 
La infraestructura pública permanece abandonada en muchos ámbitos. 
Las redes sociales están sobrecargadas en muchos sitios y nuestras inversiones, tanto en el sector privado, como en el sector público, presentan lagunas estratégicas decisivas en comparación con nuestros competidores. 
Ahora nos encontramos ante una situación en laque los ingresos públicos van a disminuir por razones coyunturales. 
Esto nos obliga a plantearnos la pregunta decisiva: ¿qué debemos hacer ante una situación como ésta? 
¿De verdad están dispuestos a propugnar con toda seriedad nuevas reducciones progresivas de los ingresos y los gastos del erario público? 
¿Pretenden frenar acaso mediante el bloqueo presupuestario las inversiones necesarias en nuestro futuro común? 
¿Desean imponer a la Unión Europea otra condena procíclica que nos llevaría a desengancharnos a largo plazo del tren del crecimiento? 
Me parece inconcebible, que puedan desear esto. 
El Sr. von Wogau ha preguntado este mediodía: ¿qué quieren, en realidad, los socialistas? 
Yo voy a darle la repuesta: ¡queremos evitar este tipo de política timorata! 
Queremos que la expansión en Europa no sea siempre de tan corto alcance, porque una política timorata por parte de los bancos emisores o de los gobiernos frustra las oportunidades a largo plazo. 
Hemos presentado unas enmiendas razonables. 
Negocien compromisos con nosotros y podremos avanzar unidos por el mismo camino. 
Si esto no es posible, ¡no podremos seguir un camino común! 
Señor Presidente, Señorías, querría empezar mi intervención sumándome a la queja expresada por la Sra. Berès, porque realmente no tiene sentido haber hecho un debate, por otra parte muy interesante, sobre el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento y sobre las conclusiones del ECOFIN en Lieja, poner la televisión sin fronteras en medio y ahora discutir lo que entiendo que es una continuación lógica del primer debate, los informes de las Sras. Berès y Peijs, a los cuales, les comunico en nombre del Grupo Liberal, daremos nuestro apoyo y voto afirmativo. 
No puedo dejar de relacionar el debate de esta tarde con los temas de estos informes, sobre todo, haciendo referencia a la situación económica presente. 
Es obvio que a lo largo de los primeros meses de este año, la ralentización de la economía americana ha tenido más influencia de la inicialmente prevista, y que los terribles ataques terroristas en Nueva York y en Washington han agravado aún más estas perspectivas con unas necesidades de intervención económica realmente nuevas, urgentes y, sin duda, justificadas. 
Pero el agotamiento de la situación no tendría que llevarnos a justificar una mayor intervención pública o, como ha dicho muy acertadamente la Presidenta en ejercicio del Consejo, a congelar o perder de vista la necesidad de continuar la línea de reformas estructurales que continúa necesitando la economía europea para que ésta sea realmente más competitiva a nivel internacional. 
Confío en que haya una recuperación de la confianza en el ámbito económico lo más pronto posible y en que se supere esta situación especial actual, de aquí a poco tiempo nos volveremos a encontrar con las mismas exigencias que teníamos hace tres meses, es decir: consolidar la economía europea, hacerla más competitiva de acuerdo con los criterios de Lisboa, reforzar la coordinación y, como hemos comentado muchas veces con el Comisario Solbes, disponer de una auténtica línea y una auténtica política económica y monetaria, como exige la existencia del euro y de la unión monetaria. 
Señorías, ésta sería la reflexión básica, aunque hay otros temas de detalle suficientemente bien expuestos en los respectivos informes de las Sras. Berès y Peijs. 
Señor Presidente, el informe Peijs pone de relieve que el gasto público ha pasado del 35 al 50 % del PIB en veinte años. 
Pero, ¿a qué se debe este crecimiento del gasto público? 
¿A la mejora de los servicios públicos, al incremento del número de hospitales, a la contratación de personal adicional en los hospitales, al desarrollo de los transportes públicos, de la educación pública, a la construcción de un número suficiente de viviendas sociales? 
¡No, seguro que no! 
Al contrario, durante estos últimos veinte años, numerosos gobiernos han privatizado los servicios que antes eran públicos. 
Todos han aplicado una política de ahorro en los servicios públicos de primera necesidad, han liquidado líneas de ferrocarril, oficinas de correos u hospitales de proximidad considerados no rentables. 
Si el gasto público se ha incrementado, es por culpa de las peregrinas sumas de dinero que han ido a parar a la patronal con multitud de pretextos, que van desde las subvenciones directas a la reducción de los impuestos y de las cotizaciones sociales, pasando por todas las formas de ayuda, en cuya invención destacan todos los poderes públicos. 
El ponente tiene el cinismo de proponer el agravamiento de esta política reduciendo todavía más las cotizaciones sociales de la patronal e incrementando el IVA. 
Si hacer pagar incluso a los más pobres para darle el dinero a los más ricos no es una política de clases brutal, directa, pues entonces, es como para preguntarse lo que es. 
Evidentemente, votaré en contra de este informe. 
Señor Presidente, al comienzo quisiera felicitar a los dos ponentes por la presentación de sus informes. 
En los últimos meses el clima económico mundial ha sido motivo de cierta preocupación. 
En Europa no estamos, desde luego, inmunes al empeoramiento de la situación económica en los Estados Unidos. 
Los trágicos acontecimientos que se produjeron en Nueva York, Washington y Pensilvania el 11 de septiembre han sacudido aún más, sin lugar a dudas, la confianza económica. 
En Irlanda, como en todos los Estados miembros, seguimos comprometidos con el mantenimiento de los niveles presupuestarios actuales. 
La reafirmación de ese compromiso en Lieja permitirá a la UE abordar mejor las fluctuaciones cíclicas. 
También acojo con beneplácito la declaración del Comisario de que los gobiernos podrán utilizar los estabilizadores automáticos en el marco de una reducción del crecimiento. 
De hecho, en Irlanda seguimos contando con un superávit presupuestario que nos deja margen de maniobra. 
El programa irlandés de estabilidad es fundamental para el proceso presupuestario en Irlanda. 
Se examina en Dail Éireann y es un componente fundamental de nuestro presupuesto anual. 
El objetivo primordial del presupuesto y del programa de estabilidad irlandés es la continuación de un crecimiento económico sostenible, apoyado por una inflación moderada y una evolución competitiva de los salarios, que refleja nuestro acuerdo con los interlocutores sociales conocido como Programa en pro de la Prosperidad y la Justicia. 
Como sabe la Asamblea, el Consejo Ecofin publicó este año, a propuesta del Comisario Solbes, una recomendación a Irlanda en la que se declaraba que no cumplía las grandes orientaciones económicas de la UE en materia de política fiscal. 
El Gobierno irlandés sostiene que su política presupuestaria procura lograr la estabilidad económica garantizando la continuación de la cooperación social y también adoptando medidas para reducir la inflación de los precios, incluidas reducciones fiscales indirectas. 
Debemos mirar hacia el futuro. 
Nuestra preocupación inmediata es el lanzamiento con éxito del euro el 1 de enero. 
Pero la moneda única no es un fin en sí misma. 
Está concebida para facilitar un verdadero mercado único para bienes y servicios. 
El grandioso proyecto requiere un alto nivel de cooperación y coordinación. 
Los gobiernos nacionales deben conservar la prerrogativa de formular un presupuesto que aborde mejor la situación económica particular y específica de su país en ese momento. 
Señor Presidente, como de costumbre coincido plenamente con la Sra. Peijs. 
Es por eso por lo que quisiera ceñirme principalmente al informe de la Sra. Berès. 
La Unión Monetaria Europea implica cierto grado de coordinación en materia presupuestaria. 
Sin embargo, cualquier coordinación que vaya más allá de aquello que es estrictamente necesario para la UEM merece una actitud crítica. 
Una coordinación más profunda sólo puede justificarse con argumentos convincentes. Es esta argumentación la que echo en falta en la comunicación de la Comisión y en el informe BERÈS. 
Existen, no obstante, situaciones que requieren coordinación. 
La Comisión menciona entre otras circunstancias la resistencia a los choques. 
La ayuda prestada recientemente a las compañías aéreas como consecuencia de los atentados sufridos por los Estados Unidos constituye un claro ejemplo de una actuación enérgica por parte del Consejo de Ministros. 
Si la coordinación va más allá de lo estrictamente necesario resultará incluso contraproducente. 
La participación laboral, la política empresarial, los impuestos, son todos ellos elementos que incumben a los Estados miembros. 
Desde el punto de vista del contenido, hay escasas razones para fomentar una mayor coordinación a escala europea en este terreno. 
La coordinación de la política económica no puede utilizarse como maniobra de distracción, ya que es evidente que en tiempos económicos difíciles los Estados miembros experimentan mayores problemas para atenerse al cimiento de la UEM: el Pacto de Estabilidad. 
Las imprescindibles reformas estructurales deberán contribuir al cumplimiento de los criterios presupuestarios. 
No podemos permitirnos el lujo de aplazar este instrumento orientado a lograr un crecimiento más duradero y más responsable. 
Dicho crecimiento es necesario para impedir que comience a peligrar el Pacto de Estabilidad. 
Por consiguiente, la necesidad de llevar a cabo las reformas se vuelve cada vez más urgente. 
Por eso considero acertado que el informe no incluya demasiadas referencias concretas a la coordinación. 
El intercambio de información acerca de las respectivas decisiones políticas adoptadas en el ámbito económico es siempre útil, aunque resulta más importante la calidad de las mismas. 
El informe no se pronuncia sobre los motivos de una coordinación reforzada. Ello no ayuda a convencernos de la oportunidad de los esfuerzos de coordinación. 
Es fundamental que los Estados miembros europeos no pierdan su propia política económica, ajustada al dinamismo y al carácter específico de cada uno de ellos, como consecuencia de la UEM. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, en primer lugar, quisiera darle las gracias a mi amiga, la Sra. Karla Peijs, por su extraordinario informe, en el cual describe con acierto la gran importancia que tienen las medidas de saneamiento estructural para el bienestar de nuestras sociedades. 
Rara vez se ve un informe tan bueno. 
Voy a centrarme en dos temas: 
Las finanzas públicas de los Estados de la zona euro ya no son competencia exclusiva de cada Estado. 
Las anomalías en el equilibrio presupuestario de un Estado miembro determinado, en especial de los grandes, pueden tener efectos colaterales en la estabilidad de toda la zona euro. 
Por ello, son preocupantes las tentativas de los últimos tiempos orientadas a dejar sin efecto las medidas de saneamiento de las finanzas públicas. 
Muchos gobiernos han reducido sus esfuerzos en materia presupuestaria durante los últimos años y han confiado principalmente en la obtención de ingresos periódicos, como ha sido el caso de los obtenidos por medio de las subastas del espectro para los sistemas de telefonía móvil. 
Sin embargo, el proceso de estabilización está aún poco avanzado. 
El objetivo sigue siendo gozar de unas finanzas públicas relativamente equilibradas o incluso alcanzar un superávit presupuestario. 
Los Estados miembros deben cumplir incondicionalmente los compromisos adquiridos en el Pacto de estabilidad y en los programas de convergencia. 
El equilibrio de las finanzas públicas requiere de constancia y determinación. 
Esta aspiración puede exponernos a críticas populistas, tachándosenos de que concebimos la economía en términos de contabilidad y de practicar ajustes presupuestarios de forma simplista. 
A pesar de ello, debemos centrarnos en esta labor. 
Los políticos bien podrán aguantar algunos contratiempos, pero nuestras economías no soportarán un revés de cierta envergadura. 
En segundo lugar, el aumento del gasto público durante las últimas décadas ha obligado a algunos gobiernos de los Estados miembros a subir los impuestos y las cuotas de la seguridad social, cuyo nivel ya era demasiado alto en Europa. 
Al mismo tiempo, se han venido debilitando las posibilidades de crecimiento económico. 
Los últimos supervivientes del comunismo ortodoxo, como nuestra colega la Sra. Bordes, podrían ya, en el tercer milenio, dejar de hablar de la lucha de clases y reconocer que la aportación de todos y cada uno de los europeos tiene su importancia para la economía de Europa. 
Por ello, el trabajo debe ser estimulante desde el punto de vista económico y las prestaciones de los diferentes sistemas de seguridad social deben estar a un nivel que garantice las necesidades básicas de una vida normal buena, aunque no por ello se debe menguar la motivación para trabajar. 
Sólo así podremos alcanzar los ambiciosos objetivos de Lisboa. 
Señor Presidente, los desafíos de la globalización nos permiten apreciar justamente la importancia de la coordinación de las políticas económicas en Europa y la integración de las políticas financieras, de empleo y sociales en este contexto. 
La pequeña Europa está demostrando, en efecto, al mundo que es posible conseguir progresos en una región cuando la cooperación regional no se concibe sólo como una cooperación intergubernamental ni tampoco únicamente como la creación de una zona de libre cambio. 
Yo creo que la combinación entre el mercado interior, por un lado, y determinadas posibilidades de orientación política, por el otro lado, es también la cualidad de la Unión Europea. 
En este sentido, no puedo dejar de acoger con satisfacción la comunicación de la Comisión y el informe de la Sra. Berès, que exponen con toda claridad que es necesario que sigamos avanzando en el proceso de coordinación. 
Todos sabemos que en estos momentos se han aumentado todavía más los desafíos y las exigencias. 
El Consejo de Ministros de Finanzas de la UE ha decidido, con razón, que en adelante sólo se deberán adoptar enfoques integrados, sobre todo en el ámbito de la circulación de capitales. 
Desde luego, no sólo es importante que actuemos conjuntamente y mejoremos la calidad de la coordinación, sino también que nos pongamos de acuerdo sobre las bases de actuación. 
En este contexto disponemos, afortunadamente, de unos objetivos cuantitativos y cualitativos concretos en el marco del proceso de Lisboa, que luego continuamos en Estocolmo. 
Sin duda, todavía es preciso desarrollarlos y precisarlos, pero permiten hacer visible también para la opinión pública que el proceso de coordinación puede conducirnos a alcanzar resultados concretos. 
Si no los tuviésemos, ¿quién podría juzgar si todos los Estados están cumpliendo efectivamente también todas estas exigencias que se comprometieron a respetar? 
Una parte de los compromisos suscritos se refieren a la consolidación de sus presupuestos. 
El Sr. Bullmann ha recordado con razón los progresos en este ámbito. 
Ciertamente, algunos Estados podrían haber avanzado todavía más en la reducción del endeudamiento, pero no olvidemos que el Pacto de estabilidad y crecimiento es un instrumento destinado a evitar que jamás volvamos a superar un déficit del 3% del PIB. 
Esta es la lección que debemos extraer de los criterios de convergencia y este déficit también debe servirnos de apoyo para desarrollar una política monetaria favorable, que respalde el desarrollo. 
Yo opino que se puede reforzar todavía más la coordinación y se deben incorporar al proceso de coordinación todas las políticas que puedan apoyarse mutuamente. 
También me parece especialmente acertado que desde el Parlamento invitemos a los parlamentos nacionales a participar en el proceso de coordinación, y quisiera recalcarlo firmemente. 
Desde nuestra comisión siempre hemos intentado destacar la importancia de esta colaboración con los parlamentos nacionales. 
Señor Presidente, permítame una última observación. No aspiramos a la coordinación de las políticas como un objetivo en sí misma. 
En Europa hemos perdido posibilidades de crecimiento en los últimos años porque no contábamos con esta coordinación. 
Hemos salido perdiendo por no haber organizado de manera coordinada la subasta de las frecuencias UMTS ¡Habríamos podido conseguir unos resultados muy distintos! 
Tampoco respondimos conjuntamente ante las subidas de los precios del petróleo por parte de los Estados de la OPEP. 
Sin duda, habríamos podido contar con unas condiciones de partida más favorables para el desarrollo económico si nos hubiésemos coordinado más. 
Señor Presidente, señor Comisario, en las últimas décadas el PNB per cápita de los europeos ha disminuido con respecto al de los norteamericanos, aumentando la brecha o distancia de nuestra prosperidad y desarrollo con relación a los Estados Unidos, al tiempo que han empeorado nuestros niveles de ocupación y empleo. 
Al respecto se concluye que ello se debe a que los americanos no gravan con tantos impuestos como los europeos la actividad de las empresas privadas y a que, ajustándose a bajos niveles de gastos público, no se han dedicado, como nosotros, a promover planes de acción, a introducir sistemas burocráticos ni a tratar de guiar a sus agentes económicos, los cuales se han podido dedicar simplemente a trabajar y a generar riqueza. 
A mí me parece que no se ha tenido en cuenta al hacer este análisis algo tan importante como que en los últimos 30 años los niveles de inversión pública en la Unión Europea han venido disminuyendo hasta situarse en el 2% de nuestro PNB en el año 2000 mientras que en los Estados Unidos han seguido una tónica sostenible y representan el 3% de su PNB. 
Si a ello añadimos que nuestro PNB per cápita supone el 65% del americano, resulta que su inversión media por ciudadano ha sido cada año 2,3 veces superior a la nuestra, y esto es una más que notoria diferencia que explica las distintas evoluciones de nuestras respectivas economías. 
Creo que a corto plazo la solución para Europa no pasa por disminuir los impuestos, sino que, sujetándonos a presupuestos equilibrados y sin déficit, debemos ajustar el gasto público corriente e incrementar la inversión pública en proyectos rentables, modernizando nuestras infraestructuras, apostando por la investigación y el desarrollo tecnológico, involucrando a los institutos de investigación y a las universidades con la iniciativa privada e impulsando la formación y el conocimiento en nuestra sociedad. 
Y lo que resulta de todo punto inaceptable es la política del Gobierno central español del Sr. Aznar, que cubre y esconde su déficit presupuestario real financiándolo con los ingresos, con las cotizaciones que aportan mensualmente los trabajadores integrados en el sistema estatal de la Seguridad Social, con lo cual está comprometiendo más todavía el incierto futuro de las pensiones, que estos trabajadores, actualmente contribuyentes, no saben si llegarán a percibir cuando se jubilen. 
Esto es inaceptable y hay que denunciarlo. 
Señor Presidente, hace dos semanas asistí en los Países Bajos al Prinsjesdag, la inauguración del nuevo año parlamentario. Ahí se presenta el presupuesto público. 
Presencié la sesión presa de sentimientos encontrados, no sólo como consecuencia de los acontecimientos acaecidos en los EEUU, sino también porque me preguntaba: ¿qué estamos haciendo aquí? 
Debido a la cada vez más intensa internacionalización de la economía, sobre todo en un país como los Países Bajos, queda poco margen para imprimirle un sello nacional. 
Obviamente, cabe la posibilidad de poner énfasis en determinados aspectos, y en este sentido es positivo que el Gobierno de los Países Bajos se disponga a invertir más en el sector público. 
Sin embargo, el verdadero margen de variación es relativamente estrecho y se decide en niveles totalmente distintos, a los cuales nos encontramos mucho más próximos en Bruselas. 
Por otra parte, me sentía muy a gusto con la forma en que se prepara el presupuesto en los Países Bajos. 
Se fundamenta en los análisis y pronósticos pormenorizados llevados a cabo por lo que en mi país se sigue denominando Oficina Central de Planificación, así como en la amplia información a medio plazo recogida en las opiniones del Consejo Económico y Social en el que los expertos independientes, los interlocutores sociales y el Banco de los Países Bajos sincronizan los relojes. 
Un planteamiento de estas características permite a los gobiernos elaborar planes que cuenten con un amplio apoyo y que puedan surtir efecto. 
La paradoja de la fase en que se halla la colaboración económica europea consiste en que la dirección política de las medidas socioeconómicas se ha trasladado al nivel europeo, en tanto que los instrumentos y los procedimientos correspondientes se sitúan aún en el ámbito nacional. 
Ni la estructura política europea ni los actores europeos están preparados para ello. Es una lástima, puesto que estoy convencida de que Europa necesita una amplia y profunda coordinación socioeconómica de esta índole. 
Por eso mismo, me congratula el informe de la Sra. Berès. 
Formula una serie de propuestas que tienen por objeto una mejor coordinación en el seno de los países del euro, una mayor implicación de los políticos y los parlamentos nacionales y un consenso más amplio entre los diferentes actores a escala europea. 
A este respecto quisiera hacer especial hincapié en el papel del diálogo macroeconómico. Es importante que adquiera mayor protagonismo, también en el marco de la preparación de las orientaciones económicas más amplias. 
Después debe abrirse un gran debate en el que participen asimismo los parlamentos nacionales. 
Con esto he llegado al final de mi comentario acerca del informe de la Sra. Berès. 
Vuelvo a invitar a la Sra. Peijs a que, por lo que a su informe se refiere, tenga en cuenta nuestras enmiendas. Aún hay tiempo para alcanzar un compromiso. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, comparto totalmente el informe de la Sra. Berès sobre la comunicación de la Comisión relativa a las perspectivas de la Unión monetaria. 
Más aún, considero que, tras los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre, la puesta en práctica de las medidas y de las experimentaciones propuestas se debe acelerar seriamente si se quiere que la Unión monetaria desempeñe plenamente el papel que le corresponde en la lucha contra el terrorismo, en la ayuda al crecimiento económico y de la competitividad de la Unión y en la afirmación de una política de paz y de cooperación internacional que aísle el terrorismo en los países en desarrollo. 
Me refiero, en primer lugar, a la necesidad de hacer frente a la ralentización del crecimiento económico mediante una coordinación, también con una actuación anticíclica, de las políticas económicas y sociales que llegue, a través de medidas de cooperación reforzada entre los miembros del Eurogrupo, a un verdadero gobierno consensuado de la Unión monetaria, capaz de intervenir en las decisiones del Banco Central Europeo con una peso igual, cuando menos, al mostrado hace pocas semanas por la Reserva Federal de Estados Unidos. 
Me refiero asimismo a la necesidad de alcanzar sin demoras, ante todo en el ámbito de la Unión monetaria, la máxima transparencia y un sistema de información recíproca sobre los movimientos de capitales superando las trabas del secreto bancario para poder castigar, señor Karas, la transferencia de recursos financieros relacionada con la financiación del terrorismo, el blanqueo del dinero de la delincuencia organizada y el delito de fraude fiscal. 
Y termino, señor Presidente, refiriéndome también a una política de cooperación internacional que permita concluir contratos a largo plazo para el suministro de materias primas a Europa también en euros. 
. Señor Presidente, muchas gracias a las dos ponentes. 
Las intervenciones que se han producido esta noche sin duda alguna nos van a ayudar en nuestro trabajo posterior. 
Iniciaré mis comentarios con el informe Bères y quiero expresar mi satisfacción por la propuesta de resolución del Parlamento en la que apoya el refuerzo de las coordinaciones de la política económica en la zona euro. 
No podemos olvidar que la coordinación de la política económica es una obligación impuesta por el Tratado. 
En el Tratado queda muy claro que nuestro modelo se basa en una política monetaria única y en unas políticas económicas nacionales, pero coordinadas. 
Este es un elemento clave para nuestro modelo. 
Es cierto que la coordinación se halla todavía en una fase de aprendizaje. 
Es cierto también que tenemos una interdependencia cada vez mayor, -especialmente en la zona euro pero también en la Unión en general- y ello exige que se revisen de forma permanente el contenido, los sistemas y los instrumentos que estamos utilizando. 
Por eso debo especialmente dar la bienvenida al informe que el Parlamento ha elaborado, a la Sra. Bères y a todos aquellos que en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios han participado en la elaboración de su magnífico trabajo. 
Creo que este trabajo va incluso, en muchos aspectos, más allá de la propuesta de la Comisión, sobre todo en uno fundamental y es el incremento de la participación nacional en la coordinación de la política económica. 
Del informe me gustaría destacar dos elementos fundamentales- y haré algún comentario a las distintas intervenciones al referirme a ellos. 
El primero es la necesidad de reforzar la coordinación, el segundo la necesidad de incrementar el debate democrático y la participación nacional. 
En cuanto al contenido de la coordinación, me parece que vale la pena hacer un comentario más extenso sobre algunos puntos. 
El informe respalda las propuestas de la Comisión sobre la elaboración de informes periódicos sobre la economía de la zona euro. 
Hoy ya les puedo avanzar que nuestra idea- hemos seguido trabajando en el tema- es que debemos contar con análisis económicos detallados pero, también, con propuestas relevantes para la política económica. 
Debemos ir más allá del análisis específico. 
La Sra. Bères ha planteado en su intervención la necesidad de mejorar en la estadística y en la evaluación de las políticas. 
Es cierto que hemos avanzado con los planes estadísticos para la zona monetaria de la Unión, sin embargo, no podemos darnos por satisfechos. 
Es parcialmente un problema de adecuación de estadísticas nacionales a la nueva realidad, es parcialmente un problema de dinero, pero, en algunos casos, no es ninguna de estas dos dificultades sino la de disponer en tiempo más corto de los datos necesarios para una buena definición de la política económica. 
Ello supone que, tal vez, tengamos que plantearnos en el futuro la necesidad de contar con información estadística propia que no sea el agregado de las estadísticas nacionales. 
Es, sin duda alguna, un elemento clave para poder actuar con un plazo de tiempo semejante al que disponen otras autoridades económicas. 
En su informe hace una referencia- que, en mi opinión, es fundamental- respecto a intentar alcanzar una visión común sobre el impacto de los ciclos económicos en las finanzas públicas. 
Parte de ese debate lo hemos tenido ya esta tarde- haré algún comentario posteriormente al hablar también del informe de la Sra. Peijs -, pero, en nuestra opinión, es fundamental llegar pronto en el Consejo ECOFIN a una metodología que nos permita examinar con los mismos criterios el concepto de déficit estructural. 
Y estamos trabajando en este sentido, que nos parece fundamental, precisamente para dejar que esos estabilizadores automáticos jueguen en la medida que cada una de las situaciones presupuestarias de los Estados miembros lo permitan, pero aplicando en todos los casos los mismos criterios. 
Un punto adicional sobre el primer elemento al que me he referido, el contenido de la coordinación, es el de la información previa. 
Este es un punto que da siempre lugar a un cierto debate y a una cierta discusión. 
Estamos hablando de dos cosas distintas cuando hablamos de información previa. Estamos hablando, en primer lugar, de conocer por parte de los demás colegas del Eurogrupo las grandes líneas de aquellos elementos esenciales de una política económica nacional que pueden acabar teniendo una incidencia en los demás. 
Pongamos un caso: las medidas de rebaja de impuestos que se adoptaron el pasado año como consecuencia de la crisis del petróleo. 
Sin duda alguna, si hubiéramos actuado como hemos actuado este año en el tema de la cobertura del seguro para las líneas aéreas, hubiéramos tenido un mejor resultado y un mejor planteamiento desde el punto de vista de la posición de la Unión. 
Otro tanto podríamos decir de las UMTS. 
Si hubiéramos debatido, con anterioridad a la toma de decisión, cómo hacer frente a las posibilidades y a las dificultades que podría suponer una u otra opción en las licencias de tercera generación de móviles, sin duda alguna hubiéramos evitado parte de los problemas posteriores. 
No estamos hablando de que todos hagamos lo mismo, estamos hablando de que podamos discutir entre nosotros para intentar decidir un marco, en el que encajen las distintas decisiones nacionales, que nos permita tener una posición más coherente. 
Decía que la información previa tiene una segunda cara y es que los ministros tomen en consideración los elementos comunitarios como elementos de definición de su política nacional. 
Y ligo esta referencia con la que la Sra. Bères ha planteado respecto a incrementar la participación nacional en las orientaciones generales de política económica. 
Hasta ahora, más o menos, se consideraba que teníamos dos procesos que no necesariamente convergían. Por una parte, llegar a un acuerdo sobre las grandes orientaciones de política económica en Bruselas, en Luxemburgo; por otra, definir nuestras políticas presupuestarias y económicas nacionales. 
Y ambos procesos llevaban caminos distintos. 
Incluso se consideraba que el cumplimiento del Pacto de Estabilidad era suficiente para satisfacer la coherencia y consistencia del sistema que hemos puesto en marcha de coordinación de las políticas económicas. 
Cada vez se nos pone más de relieve que los dos instrumentos con los que contamos, el Pacto de Estabilidad y las grandes orientaciones de política económica, son elementos clave. 
Y las grandes orientaciones de política económica, si realmente son aprobadas por los ministros como un compromiso real para ser aplicado en cada uno de los Estados miembros, deben ser el reflejo de la política presupuestaria que cada ministro quiere y debe plantear en su Parlamento nacional. 
Creo que esto nos ayudaría enormemente a una mejor interrelación entre las decisiones adoptadas a nivel comunitario y las decisiones que se adoptan por parte de los Parlamentos nacionales. 
En ese sentido, la Comisión considera que es fundamental esta idea del debate y la apoyaremos totalmente. 
Es cierto, sin embargo- y éste es un punto al que también querría hacer referencia- que no conviene recargar excesivamente los procedimientos. 
Por eso, tenemos alguna prevención mayor a algunas ideas reflejadas sobre el tema del diálogo macroeconómico. 
Sin duda alguna, hay que mejorar su eficacia a nivel de diálogo político, pero pensamos que también hay que mantener su carácter de intercambio franco y confidencial y, en este sentido, es fundamental mantener este marco informal de debate y no formalizar demasiado su proceso recargándolo en exceso y haciendo menos productivo todo el proceso de debate vinculado a este punto. 
Por lo tanto, querría terminar mis comentarios sobre este primer informe señalando que los servicios de la Comisión están reflexionando en la actualidad sobre la puesta en práctica de algunas de las propuestas que se incluyen en la resolución, he tomado nota de una serie de sugerencias que se han hecho esta tarde aquí y, lógicamente, vamos a prestarles especial atención en la elaboración de nuestra propuesta final. 
Respecto al informe de la Sra. Peijs, en primer lugar también quiero agradecerle su planteamiento y sus comentarios pero, sin embargo, me gustaría centrarme únicamente en tres o cuatro puntos que me parecen destacables. 
En primer lugar, comparto totalmente su idea de que, en un contexto de introducción del euro, la credibilidad de una política de finanzas públicas sana y compatible con el euro es fundamental. 
Es cierto que, en nuestro concepto, las finanzas públicas- lo hemos dicho esta tarde de forma clara- tienen que servir tanto para situaciones de crisis como para situaciones de buen comportamiento económico. 
En su informe hace referencia a los estabilizadores automáticos- y creo que no tenemos grandes divergencias en cuanto al análisis en este punto. 
Pensamos, como usted, que deben jugar un papel fundamental, tanto en los momentos de crecimiento como en los momentos en que se produce la ralentización de la economía. 
Agradecemos su referencia a las reducciones de impuestos. 
La Comisión ha venido defendiendo la necesidad de que toda reducción de impuestos responda a ciertos criterios, que están recogidos en su informe, y que consideramos fundamentales para mantener la lógica de la calidad de las finanzas públicas. 
Indudablemente, si debatiésemos ahora sobre reducciones de impuestos, elementos como la promoción del consumo tendrían más importancia que la que tuvieron hace unos meses, dado que es uno de los temas que nos preocupa. 
Pero, no cabe duda, que la lógica de las rebajas impositivas puede prácticamente encajarse, en todos los casos, con los criterios incluidos en el documento y que ustedes apoyan. 
Un último comentario sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. 
Ha habido otros comentarios sobre el mercado de trabajo, sobre cómo debemos avanzar, la coherencia ante el trabajo, las pensiones, etc. En mi opinión, todos estos elementos se plantearán en una visión más general del mercado de trabajo, mientras que los ministros de Finanzas deben prestar especial atención a las finanzas públicas y, en ese sentido, a las dificultades que pueden plantearse en la financiación de la seguridad social dentro de los déficit presupuestarios globales de todas las administraciones públicas. 
La idea con la que estamos trabajando en este momento- y a partir de su informe, como su Señoría sabe, se ha avanzado ya en alguna línea- no es que se haga una referencia mediante un corto párrafo en los programas de estabilidad, sino que los programas de estabilidad recojan anualmente los datos necesarios para hacer una adecuada evaluación de la evolución de las finanzas públicas en cuanto a los problemas de envejecimiento. 
Sin embargo, en nuestra concepción, la idea de incluir esas informaciones en los programas de estabilidad no es porque consideremos que son problemas que se deben resolver con decisiones anuales- necesitan soluciones a más largo plazo- sino porque no nos parecía adecuado introducir nuevos procesos de planteamiento o de análisis o de seguimiento de la evolución de las finanzas públicas. 
Nuestra idea es que, cada cuatro o cinco años, en cada uno de los países se produzca un análisis con mayor profundidad- puede ser un anejo de los documentos de los programas de estabilidad- sobre las finanzas públicas a largo plazo con el problema lógicamente fundamental del envejecimiento de la población y que, sin embargo, en las puestas al día de los programas anuales únicamente recojamos la información básica necesaria. 
Querría terminar agradeciendo nuevamente a todos su cooperación, las ideas útiles que nos han aportado y que tomaremos en cuenta en la mayor medida posible. 
Señor Presidente, debo aún una respuesta a la Sra. Van den Burg sobre las enmiendas. 
No tengo delante los números, así que tendré que hacerlo de memoria, pero estoy segura de que el Sr. Bullmann me corregirá si le parece que me equivoco en los números. 
Señora Van den Burg, a fin de alcanzar un compromiso viable suscribiremos las enmiendas 4 y 5, la enmienda 7, que partirá del texto del Sr. Bullmann, al que se añadirá una frase- se trata de la enmienda oral a la que me he referido antes -, la segunda parte de la enmienda 9, que comienza por "hace un llamamiento a los Estados miembros", la enmienda 10 a modo de complemento y la enmienda 12. 
Creo que no me he olvidado nada. 
También le debo una respuesta al Sr. Colom i Naval. Creo que la lleva esperando toda la tarde. 
Señor Colom i Naval, no se trataba de una cuestión de fondo, que quede muy claro. 
No hemos podido hablar de ese tema antes de votar las enmiendas porque primero me fui con la delegación a los Estados Unidos- sin duda también habrá echado en falta mi presencia en la comisión- y a continuación me dirigí a Roma con mi Grupo. 
Ha sido un mes un tanto ajetreado. 
No se trataba de una cuestión de fondo. 
El caso es que la Comisión Europea enfocó su comunicación hacia los Estados miembros. 
Yo he seguido este ejemplo en mi informe. 
Si usted escribe en su informe sobre las consecuencias de la política presupuestaria europea para el empleo votaré con mucho gusto a favor de todas sus enmiendas, pero en el marco de mi informe no les ha llegado su turno. 
Siento no haber podido hablar con usted sobre este tema. 
Ha sido una aclaración a título personal que ha contribuido a apaciguar los ánimos. 
Muchas gracias también a usted, señor Comisario Solbes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Política de competencia (2000) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0299/2001) del Sr. Agag Longo, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el XXXº informe de la Comisión sobre la política de competencia 2000 (SEC (2001) 694- C5-0312/2001- 2001/2130 (COS) ). 
Señor Presidente, he tenido el honor de que mi colega el Sr. Agag Longo me pidiera que presentara su excelente y detallado informe al Parlamento sobre el 30º informe de la Comisión sobre la política de competencia. 
El informe reúne varios sectores importantes de la política de competencia. 
El ponente reitera el firme apoyo del Parlamento al Comisario Monti, al explicar que la competencia eficaz no sólo es un importante motor del crecimiento económico, sino que, además, redunda en beneficio de los consumidores, mediante una mayor variedad, mayor calidad y menores precios de los bienes y servicios. 
Felicitamos al Comisario por el éxito de la política europea en materia de competencia, pero reconocemos que sólo mediante una supervisión constante y rigurosa se puede mantener semejante éxito. 
Nuestro ponente ha puesto de relieve medidas suplementarias a las que el Parlamento prestará atención en los próximos meses. 
El futuro de la distribución de automóviles es un sector en el que esperamos ansiosos las propuestas de la Comisión. 
Creo que nuestras evaluaciones iniciales indican que los consumidores salen perdiendo con la actual exoneración, con injustificables variaciones de precios entre Estados miembros. 
También esperamos la consulta sobre el Reglamento relativo a las fusiones nº 4064/89. 
Acogemos con beneplácito el planteamiento positivo por parte del Comisario Monti de la consulta a nuestra comisión, pero repetimos nuestra petición de un mayor cambio constitucional que conceda al Parlamento un auténtico poder de codecisión con la Comisión. 
El Comisario Monti ha desempeñado el papel fundamental en el fomento de un planteamiento global de la política de competencia y de las cuestiones relativas a la aplicación. 
Nuestra comisión apoya las medidas encaminadas a crear un sistema internacional de competencia en el marco de la OMC, al tiempo que reconoce que el crédito de Europa en ese sector dependerá de una cooperación eficiente y eficaz entre las propias autoridades nacionales de la UE encargadas de la competencia. 
También esperamos a conocer el resultado de las negociaciones entre la Comisión y el Consejo sobre las propuestas de la Comisión para reformar el régimen de ejecución conforme a los artículos 81 y 82, que aprobamos el mes pasado. 
El Sr. Agag Longo señala en su informe otros elementos importantes de la posición del Parlamento sobre la reforma, nuestro firme apoyo del artículo 3 y nuestra preocupación real por las cuestiones de certidumbre jurídica y separación de poderes. 
Sé que el Comisario Monti es consciente de ello, pero hemos sostenido coherentemente que la Comisión debe precaverse contra el peligro de que la reforma propicie una aplicación incoherente o incluso una renacionalización de la política de competencia, con lo que se destruiría el Mercado Único. 
Al seguir planteando esas cuestiones, reflejamos las preocupaciones de muchos miembros de la comunidad empresarial de Europa. 
Nuestra comisión ha subrayado también otras preocupaciones sobre la competencia. 
Deseamos una mayor liberalización del mercado, pero queremos una aplicación eficaz de políticas ya acordadas en los sectores del gas y de la electricidad. 
El Comisario conoce las quejas que se han expresado sobre las adquisiciones por compañías que no parecen funcionar en un mercado interior liberalizado y queremos que la Comisión investigue si se han violado las normas relativas a la ayuda estatal en esos casos. 
El Sr. Agag Longo insta también a que se logren más avances suplementarios en materia de liberalización en sectores como los de la energía, los transportes y los servicios postales. 
Acogemos con beneplácito los avances logrados por el Comisario en el control de las ayudas estatales. 
También apoyamos su labor para velar por que los países candidatos a la adhesión entiendan plenamente las prescripciones de la política de competencia de la UE, en particular la aplicación y pertinencia de semejantes normas desde el punto de vista de la distorsión del mercado. 
Nuestra comisión responderá en breve con todo detalle a la novena encuesta de la Comisión sobre la ayuda estatal, pero este informe versa también sobre ese sector. 
Aplaudimos los avances logrados en materia de aplicación de un registro público de la ayuda estatal y un marcador como instrumentos importantes para fomentar la transparencia y el control democrático, aun cuando ponga en una situación embarazosa al Comisario al decir que su demostración práctica del marcador ante nuestra comisión quedó frustrada por problemas técnicos. 
Consideramos esencial ese acceso público generalizado a la información. 
También a ese respecto acogemos con beneplácito el continuo compromiso de celebrar seminarios de un día sobre la competencia en cada una de las presidencias, aunque nos interesa mucho que haya un mayor conocimiento público de esos actos y participación en ellos. 
Por último, sobre una cuestión totalmente personal, quisiera expresar mi preocupación por que la Comisión haya logrado tan pocos avances respecto de las quejas relativas al trato que reciben los ciudadanos de Gibraltar por parte del Gobierno español en materia de telecomunicaciones. 
Dichas quejas llevan más de cinco años pendientes en la Comisión, mientras que la Comisión, a su vez, ha iniciado recientemente una investigación de los planes de inversión de Gibraltar en materia de ayudas estatales y ha ordenado que cesen inmediatamente sus actividades hasta que concluya la investigación. 
No puedo por menos de decir que no me parece un planteamiento imparcial precisamente y espero que el Comisario Monti acceda a examinarlo. 
Por lo demás, recomiendo a la Asamblea el excelente informe del Sr. Agag Longo. 
Señor Presidente, Señorías, estimadas y estimados colegas, en la Unión Europea se ha iniciado un cambio en la política de competencia en los últimos años y sobre todo después del Consejo Europeo de Estocolmo. 
Éste se puede apreciar en la creciente conservación de las estructuras. 
El informe Agag Longo lo señala con razón. 
Tras los éxitos de la década de 1990 en el campo de las liberalizaciones, los sectores de postal, eléctrico y del gas intenta sustraerse de nuevo a la dura competencia. 
Primero se liberaliza y luego se vuelve a regular, todo ello bajo el título: "Interés general". 
El orden del día de los Jefes de Gobierno para el Consejo de Laeken prevé explícitamente un debate sobre las tensiones entre competencia e interés general. 
La expectación por comprobar si la competencia logrará salir airosa está justificada. 
Cuando uno se interroga por la diferencia entre nuestra sociedad abierta moderna y otra sociedad caracterizada por la presencia de clases y castas, la respuesta es inequívoca: en nuestra sociedad abierta, la competencia ha llegado a ser la pauta y el principio cultural paradigmático. 
El triunfo del principio de la competencia es, por lo tanto, un enorme logro cultural. 
El Estado nunca ha acatado, sin embargo, este principio. 
Siempre ha protegido su sistema educativo, sus bancos, sus ferrocarriles, sus líneas aéreas, sus servicios postales, sus redes telefónicas y sus cooperativas de viviendas de los fríos vientos de la competencia. 
Algunos sectores económicos también alegan que la competencia no puede funcionar en su caso o que es lícito perseguir objetivos que la competencia podría perjudicar. 
Los ejemplos no faltan. 
El carbón se considera un bien preciado en aras de la seguridad del abastecimiento. 
En el caso del sistema sanitario se afirma que la competencia resultaría perjudicial, dado que los pacientes no pueden valorar la calidad de los servicios. 
El mercado resulta inadecuado para la agricultura, ya que cuando bajan los precios, los agricultores aumentan supuestamente la producción. 
Los servicios postales no se pueden confiar a la competencia- al menos no en su totalidad-pues deben cumplir unas funciones sociales. 
Y podríamos continuar. 
Todas estas excusas baratas tienen, sin embargo, algo en común. Todas reconocen el principio de la competencia y únicamente afirman que éste no es aplicable en ese caso muy particular. 
Es evidente que las circunstancias vuelven a ser más difíciles para el desarrollo de la política de competencia en Europa. 
Por esto sería importante- y es lo que pide la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios- que la política de competencia de la UE se extienda por fin también a los sectores energético, del transporte y farmacéutico. 
Yo les insto, por lo tanto, a que sigamos planeando, propugnando y defendiendo la libertad también en el futuro. 
Señor Presidente, tengo que manifestar, en primer lugar, que, verdaderamente, estoy perplejo. 
Estoy perplejo por el hecho de que un diputado británico, por supuesto, pero hablando en el turno de un diputado español, haya planteado una cuestión que no afecta para nada a las normas de la competencia, que no afecta para nada a los informes de la competencia sino que afecta a la existencia impresentable del único territorio pendiente de descolonización en el territorio de la Unión Europea. 
Me parece que utilizar el turno de un diputado español para plantear esas cuestiones es, como mínimo, una incorrección. 
En fin, con independencia de ello, creo que hablar del informe anual sobre la política de la competencia es una buena ocasión para plantear un debate sobre los progresos y las líneas directrices que se plantean en esta importante política europea. 
Puestos a hacer autocrítica, querría preguntarles si en realidad hacemos ese debate o si, simplemente, nos limitamos a someter a aprobación una resolución que, si hemos de ser sinceros, termina pasando con más pena que gloria. 
No debe deducirse de mis palabras una actitud crítica hacia el Comisario, Sr. Monti, por cuya labor en el terreno de la competencia tengo el máximo reconocimiento y que siempre se ha mostrado dispuesto a celebrar con este Parlamento cuantos debates han sido precisos al tiempo que se ha mostrado siempre partidario de informarnos puntualmente de las orientaciones de su departamento. 
Tampoco quiero criticar, en absoluto, al ponente, que ha elaborado un informe de gran calidad y, además, lo ha hecho con flexibilidad y tolerancia, asumiendo posiciones de diversos Grupos políticos. 
Creo, por lo tanto, que mi reflexión se refiere a la forma de actuar de este Parlamento y, fundamentalmente, a los residuos que quedan de la época en la que era simplemente una Asamblea consultiva y no tenía, como ahora, funciones colegisladoras. 
Por eso, tenemos tendencia a emitir documentos, este documento sobre el informe anual de la competencia, y a volver a reflexionar sobre otras cosas, otros extremos, en los que ya hemos intervenido como legisladores, aunque lamentablemente las normas de la competencia estén excluidas del procedimiento de codecisión. 
Además, no siempre coincide lo que decimos en un momento o en otro. 
Volviendo al informe y felicitando de nuevo al Sr. Agag por su contenido, con cuya mayor parte coincidimos, quisiera hacer una reflexión. 
Una vez que la Comisión ha tomado su decisión, creo que está de más, sobra y se puede suprimir el apartado referido a la prohibición de que empresas públicas entren en el capital de empresas de sectores liberalizados- léase el conflicto entre Electricité de France e Hidrocantábrico- que el Sr. Agag introduce en su anhelo por sacar la cara y salir en ayuda de determinadas posturas del Gobierno español. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, me gustaría dar las gracias al señor ponente- a quien ahora representa el Sr. Evans- por un informe realmente bueno. 
Me gustaría dar las gracias por la cooperación que he mantenido con el Sr. Longo en la elaboración del informe. 
Me gustaría dar asimismo las gracias al Sr. Comisario Monti por su firme compromiso en la política de competencia de la UE. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para subrayar que la lucha en favor de la libre competencia es una lucha que debe librarse ininterrumpidamente. 
Actualmente existen varios buenos ejemplos de que la libre competencia se ve amenazada tan pronto como se abre una posibilidad de dejar ésta fuera de juego. 
El primer y muy significativo ejemplo es la propuesta presentada por la Comisión por la que se instaura un régimen transitorio de ayudas para ciertos tipos de construcción naval. 
La base de la propuesta es que en Europa consideramos que estamos expuestos a una competencia desleal desde Corea del Sur. 
Es un hecho que muchos intereses tratan de aprovechar esta situación para introducir muchas más ayudas de las que justifica la realidad. 
Quiero por ello exhortar al Parlamento Europeo y a mis colegas en esta Asamblea a que en este asunto nos afirmemos en la resolución del Consejo del pasado año por la que se abolían todas las ayudas directas a la construcción naval. 
El siguiente ejemplo de cómo se intenta aprovechar esta situación es la industria aérea, que precisamente en estos días y semanas atraviesa muchas turbulencias. 
Esto ha movido a muchos a hacer propaganda en favor de la introducción de ayudas. 
Me gustaría recordar que los problemas en los que algunas compañías andan inmersas no se deben en primer lugar a los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre, hablamos más bien de que las compañías aéreas se han visto ahora y antes de lo esperado frente a frente con la dura realidad. 
Todo el sector ha necesitado desde hace tiempo una reestructuración básica y como políticos hemos de cuidar de que la actual situación frenética y tumultuosa no sea utilizada para introducir un montón de ayudas que paguemos nosotros los contribuyentes y que mantengan con vida un montón de compañías y rutas deficitarias, en las que nosotros los consumidores, además de lo que hemos pagado sobre la cuenta de impuestos, encima paguemos sobreprecio. 
Para acabar me gustaría retomar un par de puntos concretos del informe. 
Me parece importante que mantengamos a la Comisión firme en que las nuevas normas de competencia no implican una renacionalización de la política de competencia. 
Es asimismo importante que la Comisión prosiga con la elaboración de su informe anual sobre ayudas de Estado, incluso aún cuando se haya implantado ahora el scoreboard, por cuya implantación yo misma, entre otros, he presionado mucho tiempo y de la cual me alegro mucho. 
En segundo lugar, espero que la Comisión atienda al deseo de que se inicie lo antes posible el examen de las normas para el reembolso de las ayudas de Estado asignadas ilegalmente-un ámbito que deja mucho que desear. 
Y finalmente espero que la Comisión haga un seguimiento de la petición de investigar más detalladamente una reforma de la posición jurídica de las empresas damnificadas y la posibilidad de una participación mayor de terceras partes cuando la Comisión tramite casos concretos. 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, ante todo quisiera dar las gracias al ponente, Sr. Agag Longo, y al Sr. Evans por su intervención. 
Me felicito de la calidad del informe del Sr. Agag Longo y valoro muy positivamente las mucha observaciones constructivas que se han formulado. 
No se me pasa por alto que el informe contiene también algunos comentarios críticos y les aseguro que, a pesar de que ahora me es imposible tomar una postura definitiva respecto de todas las observaciones formuladas, todas ellas serán examinadas muy atentamente. 
Agradezco también a los demás oradores que han intervenido en este debate- los Sres. Konrad, Berenguer Fuster y Riis-Jørgensen- su apoyo político y, permítanme decirlo, también cultural a la política de competencia de la Unión Europea. 
El trigésimo informe anual analiza los avances realizados a lo largo del año 2000: basta una rápida mirada para darse cuenta de que el sector de la competencia ha continuado registrando una intensa actividad, con un total de 1206 nuevos expedientes, 564 casos de ayudas de Estado, 345 fusiones y adquisiciones y 297 casos antitrust. 
El trabajo en el terreno legislativo ha primado la reforma de nuestra normativa de base. 
Esta actividad ha permitido aprobar los nuevos reglamentos de exención por categoría en materia de acuerdos horizontales. 
Se han adoptado nuevas líneas directrices respecto a las restricciones verticales, además del nuevo Reglamento 1999 sobre las exenciones por categoría. 
Ustedes saben que estos nuevos planteamientos atribuyen más importancia a la orientación económica. 
El hecho de que el número de casos antitrust haya disminuido se puede atribuir a estas nuevas normas en materia de restricciones verticales que han reducido sensiblemente la obligación de notificar este tipo de acuerdos, lo que permite a los servicios centrarse en los casos más serios y difíciles. 
Se han registrado notables progresos en el ámbito de una reforma del procedimiento antitrust a la que el Parlamento dio un respaldo definitivo hace un mes con una votación muy mayoritaria sobre el informe del Sr. Evans. 
En materia di concentraciones se ha adoptado una comunicación sobre medidas correctoras y un procedimiento simplificado para determinadas categorías no problemáticas de operaciones que ahora nos permite tramitar de este modo casi el 40% de los casos de concentración. 
En materia de control de las ayudas estatales, la Comisión ha introducido por primera vez tres grupos de reglamentos de exención sobre la aplicación de la regla de mínimos, sobre las ayudas a las pequeñas y medianas empresas y sobre las ayudas a la formación. 
En relación con lo decía la Sra. Riis-Jørgensen en materia de recuperación de las ayudas de Estado ilegales, yo también la considero muy importante de cara a la credibilidad global. 
En lo que se refiere a los niveles de ayuda, resulta confirmada la tendencia general a la reducción lo que no quita que sigan siendo muy elevados. 
Permítame, señor Presidente, subrayar, a propósito de ayudas de Estado, que al contrario de lo que deja entender el apartado 2 de su propuesta de resolución, la Comisión ya ha puesto en marcha procedimientos contra las ayudas de Estado a través de beneficios fiscales y, en fecha 11 de julio, su número había llegado a 15. 
Estamos intensificando asimismo los esfuerzos para recuperar los importes concedidos indebidamente bajo forma de ayudas de Estado. 
Quisiera señalar ahora tres aspectos a los que estamos prestando una atención especial no solo en el último informe anual, sino también en nuestra labor diaria. 
El primero y el más importante es el impacto de la política de competencia en los consumidores. 
Sé que el Parlamento comparte nuestra evaluación según la cual el consumidor debe ser el destinatario final de la política de competencia. 
No cabe duda de que es necesario convertir a los consumidores en más conscientes de los beneficios de la política de competencia e informar a los ciudadanos sobre nuestra actividad y sobre cómo les afecta. 
Como habrán podido comprobar, el informe ilustra a título ejemplificativo algunas resoluciones mostrando los beneficios que de ellas se derivan para los consumidores. 
Un buen ejemplo es la resolución contra OPEL Nederland para defender el derecho de los consumidores a adquirir un vehículo sin trabas en un Estado miembro en el cual los precios resultan inferiores; otros ejemplos más recientes son una resolución similar contra Volkswagen o la puesta en marcha de una investigación sobre los precios de las telecomunicaciones móviles practicados por los operadores de itinerancia. 
En cuanto a los vehículos automóviles, aprovecho la referencia hecha por el Sr. Evans: la Comisión está trabajando muy intensamente con el fin de formular una propuesta para el período siguiente al 30 de septiembre de 2002, cuando expirará el reglamento de exención para la categoría de acuerdos de distribución de vehículos automóviles. 
Es mi intención presentar un proyecto de nuevo reglamento hacia finales de año y estoy seguro de que les satisfará expresar su opinión al respecto, dado el gran interés mostrado hasta ahora por el Parlamento en esta materia. 
En cuanto a la información de los consumidores, recuerdo la iniciativa, adoptada a raíz de los debates en este Parlamento, de las Jornadas europeas sobre competencia. 
Tras las de Lisboa, París y Estocolmo, la próxima se celebrará bajo la Presidencia belga el 11 de octubre en Amberes y se centrará en la competencia en el sector farmacéutico. 
La segunda línea de prioridades de trabajo que estamos siguiendo- y a la que esta noche han hecho referencia varios diputados- es la de las ayudas de Estado no solo para convertir en más riguroso el control, sino para convertir en más transparente esta materia con iniciativas como el registro y el marcador al que, de todos modos, se accede fácilmente a través de Internet. 
El tercer eje de trabajo prioritario es precisamente el de la globalización, de cómo la política de competencia puede, al buscar una mejor coordinación entre las distintas partes del mundo, contribuir a la gobernanza de la globalización. 
Obviamente, desde este punto de vista, además de las relaciones muy intensas con las autoridades nacionales de competencia en el ámbito de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea hemos establecido relaciones de trabajo bilaterales e instaurado una fructífera y profunda cooperación en particular con las autoridades antitrust de los Estados Unidos y la semana pasada celebramos una intensa reunión de trabajo en Washington programando un desarrollo ulterior de dicha cooperación bilateral. 
Sin embargo, considero que la dimensión bilateral no es suficiente y estamos procediendo con todo el peso de la convicción que la Unión Europea tiene en esta materia, al desarrollo de dos modalidades de cooperación multilateral. 
Una es el propósito de contar en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio con algunas normas básicas vinculantes en materia de competencia; la otra es la reciente iniciativa para instituir un foro global de la competencia que ofrezca un lugar de debate a escala mundial entre las autoridades antitrust. 
Entre las prioridades para el próximo futuro cabe señalar una labor de modernización del procedimiento antitrust, actualmente en curso, que estamos llevando a cabo con mayor convicción, si cabe, después del voto favorable y firme expresado por el Parlamento Europeo. 
Asimismo, antes de finales de año, es nuestra intención culminar la revisión de la comunicación de mínimos que, al definir qué acuerdos entre empresas no están prohibidos según el apartado 1 del artículo 81, permitirá reducir las cargas que gravan sobre las empresas, especialmente las más pequeñas para adaptarse a la normativa. 
Dado que ya me he referido al reglamento de exención relativo a los vehículos automóviles, quisiera recordar asimismo, en lo que se refiere a la política contra los carteles, que es un pilar fundamental de toda autoridad de competencia, que antes de finales de este año desarrollaremos y actualizaremos la política de indulgencia, basada en la no imposición o reducción de multas en los casos de colaboración para descubrir los carteles. 
Se trata de otro ámbito de convergencia entre el enfoque norteamericano y el europeo. 
En materia de control de las concentraciones, la prioridad de la Comisión de cara al 2001 será la continuación de la revisión del reglamento sobre las concentraciones. 
Al respecto, antes de que finalice el presente año, es mi intención elaborar un documento formal de consulta en esta materia. 
En cuanto al tratamiento de los nuevos casos, nuestro trabajo se está centrando en particular en los mercados recientemente liberalizados, a los que han hecho referencia los Sres. Konrad, Evans y otros, como la energía, el transporte aéreo, las telecomunicaciones y los servicios postales, precisamente para tratar de impedir a los anteriores titulares del monopolio que abusen de la posición de fuerza de la que gozaban tradicionalmente. 
Les vuelvo a agradecer a todos las muestras de apoyo y de estímulo que han dirigido a la Comisión en materia de competencia. Sus Señorías saben lo muy importante que es para la Comisión y para mí el apoyo del Parlamento en esta labor cotidiana y lo muy seriamente que valoramos y lo muy en cuenta que tenemos sus consideraciones críticas. 
Muchas gracias, señor Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Comercio electrónico y servicios financieros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0301/2001) del Sr. Huhne, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el comercio electrónico y los servicios financieros (COM (2001) 66- C5-0257/2001- 2001/2119 (COS)) 
Señor Presidente, los servicios financieros han de ser los mayores beneficiarios del comercio electrónico, porque el sector no tiene problemas de entrega física, a diferencia de los libreros o los supermercados. 
Un servicio financiero- ya se trate de un mecanismo de ahorro, como una pensión o un fondo de inversión inmobiliaria o una simple cuenta bancaria- es por naturaleza etérea e intangible. 
Muchas transacciones bancarias y de agentes de bolsa se están haciendo ya en línea. 
La UNICE, la organización de empleadores de la UE, calcula que casi la quinta parte de las transacciones bancarias de Europa se ejecutan ahora por la red Internet, teléfono normal, teléfono portátil o televisión digital, casi el doble de la proporción que se da en los EE.UU. En los países nórdicos de la Unión, la proporción total es de más de la tercera parte. 
Sin embargo, la inmensa mayoría de dichas transacciones se hacen dentro de un Estado miembro de la UE. 
El comercio electrónico transfronterizo de los servicios financieros está en pañales y no ha conseguido la bajada de los precios hasta el nivel del Estado miembro más barato. 
De hecho, la encuesta más reciente indica que los gastos bancarios varían más respecto de la media que a mediados del decenio de 1980, al comienzo del programa relativo al Mercado Único. 
Falta aún mucho por hacer. 
La directiva relativa al comercio electrónico aprobada el año pasado iba encaminada a fomentar el comercio transfronterizo mediante la consagración del principio de país de origen. 
Ése es uno de los principios esenciales en materia de apertura de mercados que fundamentan el Mercado Interior. 
Si la armonización de las normas resulta demasiado difícil, al menos reconózcase el derecho de cualquier empresa a realizar sus actividades en cualquier punto de la Unión, una vez autorizada por un Estado miembro. 
El criterio fundamental fue el de que los beneficios que el aumento de la competencia entrañaría para los consumidores serían mayores que las pérdidas que provocaría la mayor dificultad para conseguir una reparación judicial de un lejano proveedor delincuente. 
Se debe a que el principio del país de origen garantiza la mayor intensidad de competencia suplementaria y ésta es en última instancia más favorable para el consumidor. 
Cierto es que la directiva relativa al comercio electrónico permite excepciones aún sujetas a la reglamentación nacional de los servicios aceptados, en particular los seguros de las sociedades de inversión inmobiliaria. 
En general, la mayoría de los miembros de la cofradía de mentalidad liberal en pro de la apertura de los mercados se confirmaron con su inscripción en los códigos legislativos. 
Como han demostrado sus consecuencias plenas, algunos Estados miembros han estado intentando sigilosamente limitar el alcance de su aplicación y dar marcha atrás a sus consecuencias. 
A eso se debe la importancia auténtica del Libro Blanco de la Comisión sobre el comercio electrónico y los servicios financieros. 
Va encaminado a aclarar los cabos sueltos de la directiva relativa al comercio electrónico y el informe que estamos debatiendo esta noche va encaminado a apoyar la decisión de la Comisión de abrir totalmente el Mercado Único. En caso necesario, insistiendo en las disposiciones de la directiva relativa al comercio electrónico pese a las reservas de algunos Estados miembros. 
Debemos mantener la orientación liberal de la directiva relativa al comercio electrónico. 
Eso significa también establecer un calendario claro para incluir los seguros y la publicidad de las sociedades de inversión inmobiliaria en el planteamiento general del país de origen. 
El comercio electrónico resulta particularmente idóneo, por ejemplo, para la prestación de servicios de seguros. 
También significa basar cualquier directriz de la Comisión a los Estados miembros sobre la protección de los consumidores en problemas reales documentados, no imaginados. 
Naturalmente, existen dificultades reales. 
La Comisión debe examinarlas detenidamente e intentar formular una guía clara para permitir que el comercio electrónico y los servicios financieros prosperen. 
Los consumidores están preocupados por la seguridad, en particular con las transacciones transfronterizas. 
Se debe lograr que las disposiciones de normativas flexibles y los procedimientos de solución de diferencias sean eficaces para que puedan abordar la inmensa mayoría de los casos problemáticos, por lo que hemos pedido un informe periódico al respecto. 
Evidentemente, es de desear cierta convergencia de las normas nacionales sobre los contratos ofrecidos a los consumidores, si bien no se debe utilizarla como excusa para retrasar el Mercado Único. 
Algunas características normales de la banca terrestre, como la de aplicar la disposición sobre el blanqueo de capitales mirando a los ojos al depositario para preguntarle de dónde procede su dinero, requieren una nueva concepción en el mundo de los depósitos electrónicos. 
También ocurre que las transacciones en materia de servicios financieros raras veces son enteramente electrónicas y sin elementos no electrónicos, por lo que debemos trabajar al máximo para garantizar la coherencia. 
La compensación de la regularización de ese marco es muy grande. 
El comercio electrónico y el euro pueden hacer realidad los servicios financieros transfronterizos, no sólo para las empresas, sino también para los ahorradores, y la competencia suplementaria brindará, como siempre, beneficios reales y duraderos. 
Así, pues, insto a la Asamblea a que se atenga a la orientación fijada en el pasado al pedir la total apertura de ese mercado. 
Señor Presidente, me complace mucho emitir esta noche, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, nuestra opinión sobre un informe excelente. 
Comenzamos nuestra labor con la ventaja de disponer del texto completo del ponente, el informe del Sr. Huhne, por lo que nuestra labor consistió en gran medida en mejorar un texto que ya nos parecía excelente. 
Desde la perspectiva de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que fue la encargada de la directiva relativa al comercio electrónico, creemos que la orientación del ponente- como acaba de subrayar y en relación con el principio del país de origen- está en consonancia con nuestra opinión. 
Quisiéramos sumar muy firmemente nuestra voz a la de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios para alentar a la Comisión a que siga esa orientación. 
Quiero abundar en un par de observaciones sobre nuestras enmiendas. 
Estamos muy agradecidos al ponente por haber aceptado todas las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y a la comisión por haber votado a favor de ellas en el informe final. 
Hacemos particular hincapié en la cuestión de un pago y sistemas de pago. 
De estudios recientes llevados a cabo en toda la Unión Europea se desprende claramente que una de las cosas que está disuadiendo a los consumidores de comprar en la era electrónica es la preocupación por la seguridad de sus pagos. 
Ésta será absolutamente decisiva para que los servicios financieros avancen. 
Conque hemos propuesto varios métodos para mejorar la seguridad de los pagos electrónicos. 
Hemos alentado a la Comisión, en particular, a que examine las formas de pago electrónico que están surgiendo. 
Si bien en este momento un gran número de transacciones de consumo se hacen mediante tarjetas de crédito, pensamos que aparecerán nuevas modalidades y la Comisión debe tenerlo en cuenta. 
En conclusión, la legislación tiene que permitir que se concluyan contratos mediante firmas electrónicas en transacciones de servicios financieros. 
Lo hemos señalado como sector concreto que se debe abordar. 
Éste es un informe muy bueno. 
Aliento a la Asamblea a que le dé un apoyo total cuando lo votemos mañana. 
Señor Presidente, señor Comisario, apreciado colega Huhne, yo me sumo a las felicitaciones de Malcolm Harbour, el orador que me ha precedido. El informe es excelente y también fue una satisfacción colaborar con usted. 
Ya puedo anunciar de entrada que mañana vamos a apoyar plenamente la orientación del informe. 
En estos momentos se están desarrollando dos procesos paralelos muy importantes para este sector. 
Internet está adquiriendo una importancia creciente y el comercio a través de Internet es cada vez más importante. 
Por el otro lado, en Europa estamos completando la realización del mercado interior de los servicios financieros. La meta se ha fijado para el año 2005. 
Justamente los servicios financieros, que no tienen un carácter material, son extraordinariamente adecuados para la oferta transfronteriza a través de Internet. 
Yo creo que en un futuro previsible los clientes contratarán seguros o servicios bancarios a través de Internet y no ya en el banco local, sino en los Estados vecinos mediante operaciones transfronterizas, e Internet permite comparar extraordinariamente bien las ofertas en este ámbito. 
No obstante, también es importante que estas transacciones resulten atractivas para los consumidores. 
Voy a referirme ahora a la protección del consumidor; el tema de la competencia ya se ha tratado. 
El consumidor sólo contribuirá, sin embargo, al éxito del comercio electrónico de servicios financieros si tiene la confianza de que existen unas normas contractuales o no contractuales que le permitirán hacer valer sus derechos y le ayudarán a formular sus reclamaciones a escala transfronteriza. 
Yo apoyo en este contexto la iniciativa de la Comisión de establecer un procedimiento de conciliación extrajudicial, como es FIN-NET. 
El consumidor sólo seguirá utilizando la red en el futuro si tiene el convencimiento de que se le dará satisfacción si se encuentra con algún problema. 
El orador que me ha precedido ya se ha referido al tercer punto, que es el relativo a los sistemas técnicos. 
Muchos siguen teniendo temor y reparos a hacer uso de Internet. 
Personalmente, mi actitud sigue siendo la siguiente: no estoy dispuesto a comunicar sin más ni más los datos de mi tarjeta Visa a través de Internet. 
El consumidor sigue teniendo reparos e inhibiciones en este sentido. 
El comercio en línea y fuera de línea se están aproximando progresivamente y, por consiguiente, es conveniente unificar la normativa también en este ámbito. 
En realidad, no puedo dejar de apoyar las palabras del orador que me ha precedido cuando ha señalado que debemos mantenernos firmes y la Comisión debe mantenerse firme en la defensa del principio del país de origen. 
Mañana el Parlamento se pronunciará también al respecto. 
También es preciso avanzar, no obstante, en otros aspectos menos destacados, como la abolición de las normas nacionales en materia de marketing y publicidad que obstaculizan el desarrollo de Internet- este aspecto se recoge afortunadamente en el informe -, a fin de no frenar su progreso. 
A modo de conclusión, yo quisiera añadir que el comercio electrónico evolucionará de manera positiva en este ámbito, aunque las bolsas tal vez hayan dado la impresión contraria en los últimos meses, pero éste experimentará una expansión y evolucionará positivamente. 
Tenemos que preparar a Europa para la competencia mundial en este sector, de manera que también en Europa se puedan ofertar servicios financieros por esta vía. 
Por todo ello, yo creo que el informe indica el camino que debemos seguir y representa un paso adelante adecuado, también en lo que respecta al apoyo a la Comisión. 
Señor Presidente, yo también felicito al ponente por el informe que mañana nos presentará. 
Sabemos que ha trabajado de lo más denodadamente en ese informe y en estrecha colaboración con otros diputados a esta Asamblea para garantizar su éxito. 
Es evidente que la industria en transformación de los servicios financieros se presta muy bien a las nuevas tecnologías que han surgido y siguen surgiendo en todo el mundo. 
Ya hace tiempo que contamos con la capacidad de los consumidores para adoptar esas tecnologías, pese a la confusión que puede entrañar, para elegir de entre una diversidad de servicios financieros dentro de cada uno de los Estados miembros. 
Pero la elección de productos financieros transfronterizos dentro de Europa es un asunto aún más reciente. 
Eso significa que los servicios, en lugar de los productos físicos- y los derechos de los consumidores a tener confianza en la prestación de dichos servicios -, son tan decisivos en este caso como en el de los productos manufacturados. 
En la comercialización y la publicidad de los servicios, las afirmaciones y presunciones de los proveedores, se debe tener en cuenta la necesidad de disipar los temores de los consumidores, para salvaguardar sus compras e intercambios por medios electrónicos. 
Ésa es la razón por la que mi Grupo atribuye tanta importancia al elemento de la seguridad del consumidor. 
El principio del país de origen es, sencillamente, la mejor forma acordada de abordar el proceso de armonización de las normas para lograr una aplicación a escala de la UE de la orientación sobre las normas que son de esperar en esas naciones. 
Al mismo tiempo Bruselas es también, claramente, más que un simple elemento digno de consideración por parte de la Comisión en ese proceso. 
Las enmiendas que la Asamblea tiene ante sí permiten la flexibilidad necesaria para aplicar, como hace el texto, el apasionante y nuevo medio de la tecnología. 
En particular, me gustaría reconocer las preocupaciones del Sr. Herzog, cuando señala acertadamente en sus enmiendas que debemos seguir el ritmo del cambio tecnológico para reducir la posibilidad de delincuencia, fraude y blanqueo de capitales. 
Mi Grupo cree que, mientras se puedan afirmar y mantener los intereses de los consumidores como elemento esencial de las disposiciones de este informe, va a estar dispuesto, evidentemente, a retirar cualesquiera enmiendas que pudieran proponer derogaciones o supresiones del principio del país de origen. 
La liberalización del comercio electrónico es un elemento de cualquier economía dinámica europea del futuro; el contrapeso necesario que se debe lograr enteramente es los efectos que tengan en quienes lo utilizarán como consumidores. 
Recomiendo este informe a la Asamblea. 
Señor Presidente, el principio del país de origen ha de ofrecer una respuesta al reto que supone la prestación electrónica de servicios financieros. 
Tengo algunas observaciones al respecto. 
En primer lugar, quisiera referirme al margen de acción de la política nacional. 
El principio del país de origen respeta la legislación nacional. 
Sin embargo, los Estados miembros pueden establecer una excepción a este principio, aunque sólo por motivos muy bien delimitados. 
Por eso mismo, el ponente debería haber motivado un poco más detalladamente el efecto de este principio sobre la política nacional. 
Además, el informe parte del supuesto de que una mayor competencia redundará en beneficio de los consumidores. 
Éstos han de saber cuáles son las reglas que cumple el prestador de servicios. 
De lo contrario, la confianza en el comercio electrónico no irá en aumento. 
Es por eso por lo que el ponente debería haber insistido de forma más concreta en la protección del consumidor a escala europea. 
En caso de que surjan escollos puede resultar difícil establecer excepciones a posteriori, puesto que no todos los Estados miembros estarán de acuerdo en que ello sea necesario. 
Por tanto, se trata de garantizar que las prácticas resulten satisfactorias para los proveedores y para los consumidores. 
Señor Presidente, también yo quiero felicitar ante todo muy sinceramente al ponente por su informe. 
Mi colega Skinner ya ha indicado que nuestro Grupo está dispuesto a retirar la mayor parte de las enmiendas si podemos conseguir que se aclare un punto que consideramos especialmente importante, relativo a la protección del consumidor, y el ponente ya ha manifestado también su buena disposición. 
Yo también estoy dispuesto a aceptar de buen grado que algunos miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, con responsabilidades especiales justamente en el ámbito de los servicios financieros, hagan hincapié, como es natural, en aspectos algo distintos que muchos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
No obstante, en mi calidad de jurista y especialista en Derecho europeo, yo también consulto a menudo los Tratados. 
Tal vez no habría que hacerlo con demasiada frecuencia, pues cuando leo el artículo 50, relativo a los servicios todavía no armonizados, veo que se habla del principio del país de destino y no del país de origen. 
Todos tenemos claro que estas disposiciones plantean actualmente muchos problemas. 
Por esto, nuestro colega, el Sr. Harbour, ha presentado una propuesta en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, por la que se pide la modificación del Tratado. 
Con suerte, esto sólo será posible, en el mejor de los casos, en 2006. 
Mientras tanto tenemos que encontrar, sin embargo, la manera de solventar este problema. 
Yo creo que en la Directiva sobre el comercio electrónico desarrollamos un planteamiento muy equilibrado. 
Yo misma fui ponente en nombre de mi Grupo en aquella ocasión y sigo pensando que conseguimos una solución muy equilibrada, basada en la combinación de armonización, aplicación del principio del país de origen y algunas excepciones concretas, un enfoque que seguramente también deberíamos utilizar como guía en otros sectores. 
Yo no creo en el remedio milagroso, en la receta patentada infalible. 
El Consejo acaba de presentarnos por fin una posición común sobre la comercialización a distancia de los servicios financieros. 
Todos vamos a tener que hacer un esfuerzo de imaginación para encontrar una solución razonable para los problemas que también han detectado los Estados miembros. 
Yo creo que esto nos resultará más fácil si nos planteamos elaborar una normativa pragmática, en vez de discutir sobre los principios sin mojarnos. 
La Comisión se siente alentada por el amplio apoyo recibido por sus objetivos en la esfera del comercio electrónico y los servicios financieros, apoyo evidenciado por el informe de su Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. 
Acojo con beneplácito ese informe por considerarlo de lo más equilibrado y constructivo. 
Me reconforta el compromiso claro del Parlamento con el criterio del país de origen, que, si no ando equivocado, han apoyado todos cuantos han hablado a este respecto esta noche. 
Acojo con particular satisfacción el rechazo en el informe de cualquier intento de hacer retroceder la directiva relativa al comercio electrónico en el sector de los servicios financieros. 
Se trata de una posición compartida en gran medida por la Comisión y firmemente defendida durante las negociaciones sobre la directiva relativa a la comercialización a distancia, que, como tal vez sepan sus Señorías, concluyeron por fin con un acuerdo político en el Consejo de Mercado Interior celebrado el jueves pasado. 
En futuras propuestas y negociaciones seguiremos esa orientación. 
Quisiera abundar en algunas observaciones fundamentales formuladas en el informe y también por diversos diputados en el debate. 
Sobre la necesidad de una guía en la que se establezca lo que se debe hacer y cuándo, en mayo la Comisión publicó un informe de un grupo de trabajo sobre la política en materia de servicios financieros presentado al Consejo Ecofin. 
En él figura una guía y espero que aporte una mayor claridad sobre la vía por la que avanzar. 
Entre otras cosas, en dicha guía se exponen las medidas concretas que se deben adoptar ahora para permitir que el criterio del país de origen se aplique de forma general y comprenda los servicios financieros actualmente exonerados y otros modos tradicionales de formación a distancia. 
En líneas generales, entrañaría una mayor convergencia en las normas nacionales de protección de los consumidores, en particular mediante la actualización de la legislación de la UE anterior a la directiva relativa al comercio electrónico. 
Sobre la orientación por parte de la Comisión, respecto de la cual nos proponemos aumentar la transparencia de las situaciones en las que se podría invocar el apartado 4 del artículo 3, quisiera informar al Parlamento de que esa operación se lanzó en julio. 
Ahora estamos en el proceso de recibir las primeras respuestas de los Estados miembros. 
Quisiera asegurar al Parlamento que la Comisión no desea que la orientación represente una derogación suplementaria de facto del criterio del país de origen y que se revisará la orientación para tener en cuenta los avances logrados y una mayor armonización de las normas de protección del consumidor, con el fin de que resulte superflua al cumplirse el plazo de 2005 fijado en Lisboa para un mercado integrado europeo de los servicios financieros. 
Respecto de este aspecto, quisiera decir, en particular, al Sr. Radwan que este año la Comisión ha contribuido a la creación de una red para atender las reclamaciones transfronterizas en materia de servicios financieros que debe servir para elevar aún más el nivel de confianza de los consumidores que se aventuren por la red Internet. 
Espero que sea del agrado del Sr. Radwan. 
Permítaseme acoger también con beneplácito la petición del Parlamento de una zona única de pagos en la que sería fácil y barato hacer transferencias transfronterizas de dinero. 
Quisiera recordar que en julio la Comisión aprobó una propuesta de reglamento para ajustar los costos de los pagos transfronterizos a los correspondientes en el nivel nacional. 
Puedo informar también al Parlamento de que, con vistas a hacer pagos más seguros, la Comisión aprobó en febrero una comunicación sobre la prevención del fraude y la falsificación de medios de pago no monetarios, en la que se establecía un plan de acción de tres años. 
El Sr. Harbour se ha referido también a ello y quisiera añadir que la Comisión está examinando la posibilidad de establecer reembolsos. 
Después informaré al Sr. Harbour sobre los avances logrados a ese respecto. 
Por último, tomo nota de las interesantes propuestas del Parlamento en el sentido de que la Comisión procure negociar acuerdos de reconocimiento mutuo con terceros países, al menos con los terceros países que cuentan con niveles similares de supervisión cautelar y protección de los inversores. 
La Comisión la considera una propuesta muy valiosa y nos gustaría examinarla más detenidamente. 
En conclusión, acojo con el mayor beneplácito el proyecto de informe en su redacción actual. 
Quisiera agradecer al ponente, Sr. Huhne, su firme apoyo al principio del país de origen. 
De hecho, todos los oradores se han hecho eco esta noche de ese firme apoyo. 
No obstante, me preocupan algunas enmiendas recientemente presentadas por sus Señorías. 
Lamentablemente, varias de las enmiendas no son aceptables para la Comisión. Cambiarían el equilibrio de este informe desfavorablemente y socavan el firme apoyo que el Parlamento ha mostrado en el pasado a la estrategia de la Comunión en materia de comercio electrónico. 
Dicho apoyo fue manifiesto y decisivo en el momento de la aprobación de la directiva relativa al comercio electrónico el año pasado, cuando sus Señorías votaron unánimemente a favor de dicha directiva y el principio subyacente del país de origen. 
Ése es el planteamiento que la Comisión, con el apoyo del Parlamento, quisiera mantener. 
Muchas gracias, señor Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Estrategia para el mercado interior de servicios 
Señor Presidente, permítanme, en primer lugar, que aproveche la ocasión para tranquilizar al señor Comisario Bolkestein. 
En nuestras dos intervenciones sobre el informe Huhne ya anunciamos que ya hemos retirado la mayoría de nuestras enmiendas. 
Ambos lo hemos resaltado. 
Por lo que yo sé, ahora sólo quedan dos enmiendas. Esto no debe preocupar a la Comisión y yo espero que tampoco al ponente. 
Las enmiendas se votarán mañana. 
En cuanto a mi propio informe, ya sabemos que en esta Asamblea se modifica muy a menudo el orden del día. 
La mayoría de las veces aceptamos de más o menos buen grado los cambios. 
En esta ocasión la modificación era verdaderamente razonable: el debate de mi informe se aplazó para poder celebrar ayer el debate sobre la situación humanitaria en Afganistán. 
Un tema que desde luego es aún más importante que las nuevas mejoras que deseamos introducir en el mercado interior. 
Además, esto nos permite desarrollar hoy un debate conjunto en cierto modo. El ámbito de los servicios financieros, los servicios en general y también el informe del colega Radwan, que se debatirá en último lugar, casan muy bien. 
Sin duda todos estaremos de acuerdo en que los servicios en general merecen, al igual que los servicios financieros y los servicios de información, una atención muy especial. 
Actualmente se los describe con razón como el sector clave de la economía europea. 
Dos terceras partes de las personas empleadas en Europa ya forman parte del sector servicios. 
La importancia de este sector para alcanzar el objetivo de Lisboa reside sobre todo en su dinamismo y su capacidad de innovación. 
Aunque mantengamos algunas diferencias de opinión concretas con respecto a mi informe, éstas en ningún caso se refieren al objetivo, sino sólo a los medios que consideramos más adecuados para alcanzarlo. 
El enfoque de la Comisión, que propone suprimir, en una primera fase, todas las barreras y establecer una lista de todos los obstáculos que perciben los proveedores de servicios, y proponer luego, en una segunda fase, los medios adecuados, merece sin duda nuestro apoyo. 
Pero no debemos perder tiempo. 
Ahora disponemos del recurso del procedimiento por infracción. 
Seguramente, una información más adecuada de las autoridades, las cámaras y otras instituciones análogas sobre la situación jurídica actual podría ayudar a eliminar algunas barreras injustificadas en muchos casos. 
De la lista de medidas legislativas urgentes que enumerar la Comisión, con una sola excepción- que es la reforma de la contratación pública, justo es reconocerlo -, el Parlamento no es responsable de ningún otro retraso injustificado. 
La petición de que se agilicen determinadas medidas legislativas se debería dirigir, por lo tanto, ante todo al Consejo. 
Ya he comentado antes que por fin acabamos de recibir la posición común sobre la prestación a distancia de servicios financieros. 
Las deliberaciones del Consejo se han alargado, sin embargo, mucho tiempo. 
Yo espero que podamos remediar parte de este retraso en el Parlamento y continuar rápidamente los trabajos. 
Otro tema que ya hace tiempo que está en manos del Consejo son las dos directivas sobre la situación de los ciudadanos de terceros Estados en relación con la prestación de servicios- en calidad de asalariados, por un lado, y de trabajadores autónomos, por el otro lado -, un contexto en el cual la introducción de una "tarjeta de prestación de servicios" podría contribuir de manera importante a la libre prestación de servicios. 
Yo lamento, asimismo, que en la presente comunicación, la propia Comisión ya no incluya dichas medidas en su lista de medidas prioritarias. 
Nuestras discrepancias se refieren esencialmente a los instrumentos jurídicos apropiados. 
No deberíamos excluir ningún instrumento. Será necesaria una mayor armonización. 
Sobre la base de una normativa más armonizada, coordinada y homogeneizada en nuestros Estados miembros, también será posible aplicar sin duda el principio del país de origen. 
El artículo 50 del Tratado CE seguirá siendo aplicable seguramente en algunos ámbitos residuales. 
A mí me preocupa, no obstante, que se califique automáticamente la armonización como un exceso de reglamentación y se pretenda aplicar el principio del país de origen como un remedio milagroso, por decirlo así, como la receta patentada infalible que va a resolver de golpe todos los problemas. 
Lamentablemente no es así. 
Estamos obligados a seguir este trabajoso proceso de buscar en cada caso el instrumento adecuado para los problemas que se plantean. 
Yo quisiera recordar de nuevo que también en el caso de la directiva sobre el comercio electrónico, a pesar del importante papel que desempeña el principio del país de origen en ese contexto- y yo suscribo plenamente el contenido de dicha directiva -, ese no es el único principio ordenador que se aplica. 
Las enmiendas que se someterán a votación mañana se basan en dos principios: la defensa de la libertad de elección de los instrumentos jurídicos, sin limitarnos a un instrumento único y sin introducir excepciones para sectores específicos. 
Esto enlaza también con la voluntad de la Comisión, que decidió presentar deliberadamente un documento que abarca a todos los sectores. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la ponente y a los colegas señores Harbour y Beysen, que en la Comisión responsable han incorporado, de manera meritoria, los criterios expresados por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía en esta materia. 
Me satisface que el Parlamento Europeo vaya a decidir sobre las ayudas a la estrategia propuesta por la Comisión para la creación de un mercado interior para los servicios. 
La existencia de este mercado es muy necesaria para el crecimiento económico, para el fomento empresarial, para el empleo y para los consumidores. 
Desde hace mucho tiempo se ha echado en falta un mercado interior de servicios en la política de crecimiento europea. 
Esta política debe complementarse con medidas para acelerar el proceso de liberalización en sectores tales como los correos, la electricidad y la energía, cosa que no nos cansaremos de repetir. 
En general, la forma de proceder de la Comisión es adecuada. 
No se puede continuar regulando los servicios en sectores aislados, cosa que hasta ahora se ha demostrado que dificulta la creación de un mercado interior. 
El 99 por ciento de las empresas europeas son pequeñas y medianas. 
Estas empresas cobijan al 66 por ciento de los trabajadores y generan el 60 por ciento de los ingresos. 
Considerando la importancia de este tipo de empresas en la economía europea, es necesario que obtengan los máximos beneficios del mercado interno de servicios que, lisa y llanamente, no puede funcionar sin ellas. 
También es importante que los países candidatos participen en él tan pronto como sea posible. 
El denominado mercado ampliado de servicios debe ser minuciosamente preparado. 
Por último, para que estos trabajos tengan éxito, no se puede dejar sola a la Comisión. 
El Parlamento tiene una gran responsabilidad, pero también la tienen los Estados miembros que deben interesarse en el proyecto y deben trabajar en los ámbitos político, legislativo y administrativo para allanar el camino al intercambio de servicios. 
No será posible alcanzar los objetivos sin una voluntad política en todos los frentes. 
Señor Presidente, quisiera agradecer encarecidamente a la Sra. Berger su clara declaración de apoyo a esta propuesta esta noche. 
Aquellos de sus Señorías que hayan examinado el informe han de saber que reiteró su exposición de motivos original. 
Me ha encantado oír esta noche que había confirmado su apoyo total. 
Este informe, con el apoyo de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y mi colega el Sr. Beysen, y con la asistencia también de la Sra. Berger, ahora logra el equilibrio idóneo al dar a la Comisión una clara indicación del apoyo de nuestra comisión y otras a esa importante iniciativa. 
Me encanta que la Sra. Berger siga esa corriente, pues muchos de nosotros consideramos que su informe inicial no era del todo justo para con una propuesta- a nuestro juicio- imaginativa, una propuesta de gran alcance y que reviste importancia económica decisiva para el futuro de la Unión Europea. 
No debemos pasar por alto el continuo cambio estructural en las economías del mundo, en particular en las economías desarrolladas como la Unión Europea. 
Estamos viendo que empresas manufactureras y de servicios están empezando a converger. 
Estamos viendo más integración de los proveedores tradicionales de servicios y sus secciones manufactureras están procurando centrarse en los clientes de forma muy diferente. 
Así, pues, la apertura total del mercado único de los servicios va a ser de gran importancia. 
Una cosa que acojo con particular beneplácito del análisis de la Comisión- algo sobre lo que, según ha indicado en el informe, va a trabajar más- es que subraya la importancia de una infraestructura competitiva en materia de servicios en la competitividad global de la industria europea. 
Son muchas las empresas que dependen de servicios de gran calidad, eficaces, baratos y eficientes para sus actividades. 
De hecho, toda la zona del comercio electrónico, de la que hemos hablado antes al examinar los servicios financieros, está facilitando y abriendo totalmente esos tipos de mercados. 
Así, pues, esta comunicación es digna del mayor beneplácito. 
En la Comisión de Asuntos Jurídicos y en la de Industria estamos deseosos de trabajar con la Comisión y avanzar con el necesario marco jurídico y las demás acciones que serán necesarias para lograrlo. 
Quiero abundar en lo que ha dicho la Sra. Grönfeldt Bergman sobre el papel de las pequeñas y medianas empresas en este sector. 
Una vez más estamos viendo la importancia en aumento de la combinación de los servicios con el comercio electrónico y los medios electrónicos de prestación de dichos servicios. 
Se trata de una esfera, particularmente decisiva en el sector de las transacciones entre empresas, en que corresponde a las pequeñas y medianas empresas un papel en la economía europea. 
Una vez más estas disposiciones contribuirán a ello. 
Vuelvo a referirme al principio del país de origen. 
Comparto la opinión de la Sra. Berger de que por una afortunada coincidencia tenemos un conjunto de informes esta noche con un leitmotiv común. 
No considero el principio del país de origen como un talismán para lograr la integración del mercado de un plumazo. 
Es evidente que falta mucho por hacer. 
Sin embargo, aplicando vigorosa y coherentemente el principio del país de origen lograremos en realidad la competencia y niveles más altos para los consumidores con mayor rapidez que por otros medios. 
Los consumidores van a estar tan bien informados y a tener la inteligencia suficiente para saber dónde se dan los mejores niveles de protección del consumidor. 
Van a exigirlos a los demás países. 
No se trata de armonizar por abajo. 
Es un medio eficaz de hacer que el mercado redunde en beneficio de los consumidores, que es exactamente lo que el Comisario Monti nos ha dicho antes al abordar el informe sobre la competencia. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la creación de un verdadero mercado interior de servicios estimulará aún más la innovación en el seno de las pequeñas y medianas empresas, como ya se ha subrayado en el debate. Además, seguirá reforzando la competitividad internacional de las empresas europeas y aportará más ventajas a los consumidores, a los que se ofrecerá todo un abanico de servicios competitivos de alta calidad. 
Por eso considero fundamental que la estrategia para el mercado interior se desarrolle a partir de la fortaleza de la Directiva relativa al comercio electrónico y el principio del reconocimiento mutuo. 
El reconocimiento mutuo sienta las bases de la Unión Europea y, más en concreto, del mercado interior europeo. 
El reconocimiento mutuo sólo es viable si los consumidores de toda la Unión gozan de una protección equivalente. 
Ello significa que la armonización solamente es necesaria en caso de ausencia de protección equivalente. 
Además, se ofrece a toda empresa establecida en la Unión la garantía de un comercio transfronterizo totalmente libre en materia de servicios. 
Por todo ello pienso que el informe, tal y como ha sido aprobado en la Comisión de Asuntos Jurídicos tras la incorporación de una serie de enmiendas, entre ellas algunas propuestas mías, refleja y respalda el planteamiento equilibrado de la Comisión. 
Por último, me alegra profundamente la noticia de que la Comisión aprobó ayer un Reglamento relativo a la promoción de ventas. 
Ello demuestra que la Comisión está realmente dispuesta a seguir desarrollando el mercado interior. 
En las actuales circunstancias económicas no podemos permitirnos el lujo de dejar escapar esta oportunidad de crear un verdadero mercado interior. 
Señor Presidente, en primer lugar la Comisión quisiera subrayar la importancia económica y política de su comunicación sobre una nueva estrategia en materia de servicios en el Mercado Interior, que en adelante contará- espero- con el apoyo total del Parlamento Europeo. 
Un mercado interior de los servicios en funcionamiento, lejos de ser una realidad, sigue siendo un objetivo por alcanzar. 
Es un objetivo que se debe considerar una prioridad, si de verdad queremos que la economía europea llegue a ser la más competitiva del mundo al final de este decenio: la ambición que nos fijamos en marzo de 2000 en Lisboa. 
Por citar un sólo dato: los servicios representan las dos terceras partes de la economía europea, por lo que cualesquiera avances que logremos en ese frente beneficiarán en gran medida a los ciudadanos de este continente. 
La consecución de ese objetivo resulta tanto más importante por la dinámica en aumento de la sociedad de la información, con todas sus posibilidades para el comercio transfronterizo, y por la inminente introducción del euro, que aumentará la transparencia de los costos y alentará a las empresas y a los consumidores a buscar allende las fronteras nacionales la prestación de servicios. 
Lamentablemente, en el momento actual hay aún demasiados obstáculos jurídicos y administrativos que impiden que nuestras empresas y consumidores consideren toda la Comunidad Europea como su verdadero mercado interior. 
Eso significa que no estamos materializando todas las enormes posibilidades de crecimiento ni estableciendo un marco en el que se pueden crear millones de nuevos puestos de trabajo. 
En ningún otro momento de nuestra historia reciente ha sido más importante fomentar el espíritu de empresa, la innovación y la oportunidad. 
Así como la campaña de 1992 nos permitió centrarnos en un mercado interior de bienes- y en gran medida lograrlo -, ahora es decisivo que nos centremos en el desmantelamiento de los obstáculos al comercio y los servicios. 
Esta nueva estrategia va encaminada por encima de todo a permitir a dos grupos- a saber, las pequeñas y medianas empresas y los consumidores- obtener todos los beneficios del Mercado Interior. 
En muchos casos, las pequeñas y medianas empresas- que el Sr. Harbour y el Sr. Beysen han mencionado también esta noche- carecerán de medios para establecerse en todos los Estados miembros o en varios. 
Si intentan hacerlo, afrontarán la necesidad de ampliar su infraestructura y soportar cargas financieras y administrativas suplementarias. 
Así, pues, se les debe permitir que ofrezcan sus servicios libremente en toda la Comunidad desde su radicación. 
Por lo que se refiere a los consumidores, esa estrategia está concebida ante todo para ellos. 
Mientras los consumidores europeos no tengan un mayor acceso a servicios fiables a precios más competitivos y un mayor surtido de ellos, lo que significa que debe haber una mayor competencia entre los proveedores de servicios, no habremos tenido éxito. 
La estrategia es el primer intento de aplicar en el nivel comunitario un planteamiento horizontal del comercio y los servicios desde que hace casi cuarenta años se introdujo el programa general para la eliminación de los obstáculos a los servicios, de 1962. 
Pide la cooperación y el apoyo de las autoridades nacionales, la participación de todas las partes interesadas y el compromiso activo de las instituciones de la Comunidad. 
El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento ha puesto de relieve muchas de las cuestiones difíciles que impiden el funcionamiento del mercado interior de los servicios. 
Me encanta que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior comparta la concepción de la Comisión y apoye su ambicioso planteamiento. 
También espero poder contar con el apoyo total del Parlamento Europeo para la ejecución de las fases primera y segunda de la estrategia. 
Ya se está ejecutando la primera. 
Eso significa que se están determinando y evaluando las limitaciones existentes a la libertad para prestar servicios y para establecerse. 
En la segunda fase, se crearán los instrumentos jurídicos y operativos para la eliminación de los obstáculos y nuestro planteamiento se basará en la armonización, garantizando un alto nivel de protección del consumidor combinada con los principios del país de origen y reconocimiento mutuo consagrados en el Tratado. 
Así, pues, la Comisión no acogería con beneplácito las enmiendas recién presentadas. 
Dichas enmiendas parecen ser contrarias a los principios de reconocimiento mutuo y país de origen y, a juicio de la Comisión, socavaría el planteamiento positivo y equilibrado del informe, que la Comisión agradece debidamente. 
Quisiera agradecer a la Sra. Berger, en nombre de la Comisión, que haya redactado este informe. 
La Comisión considera que las enmiendas recién presentadas debilitarían en gran medida el apoyo del Parlamento Europeo al propuesto planteamiento del Mercado Interior. 
En conclusión, remito al debate anterior entre la Sra. Berger, el Sr. Harbour y el Sr. Beysen sobre los diversos méritos y deméritos de la armonización, el reconocimiento mutuo y el país de origen. 
La armonización en gran escala puede hacer perder tiempo, resultar innecesariamente burocrática y desviar la buena voluntad y la atención políticas de las cuestiones fundamentales que deben acordar los Estados miembros. 
También puede contravenir el principio de subsidiariedad que figura en el Tratado. 
Por otra parte, hay que reconocer que la armonización puede ser necesaria en los casos en que sea necesario establecer un alto nivel de protección, en particular para los consumidores. 
Por otra parte, se puede hacer que el reconocimiento mutuo funcione más satisfactoriamente, si se aplica mediante legislación secundaria de la Comunidad, que determina con claridad los sectores en los que se debe aceptarlo. 
Ambos principios tienen sus méritos y sus deméritos, pero en general me inclino a convenir con la opinión del Sr. Harbour de que la forma más rápida de lograr un nivel adecuado de protección para el consumidor es la de adoptar el principio del país de origen. 
En conclusión, permítaseme agradecer al Sr. Beysen sus amables observaciones sobre la directiva relativa a la promoción de las ventas aprobada por la Comisión esta semana. 
Por último, permítaseme disculparme ante la Sra. Berger por haber omitido antes mi agradecimiento en nombre de la Comisión porque retirar casi todas las enmiendas presentadas sobre el asunto anterior. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Información precontractual sobre los préstamos hipotecarios 
Señor Presidente, señor Comisario, ya hemos llegado al último punto del orden del día y yo espero que el ajetreo de los diputados se mantenga ahora dentro de unos límites. 
¿Cuál es el tema del informe? 
Éste se ocupa de la información precontractual en el contexto de los créditos hipotecarios. 
Estamos preparando la realización del mercado interior para 2005 y uno de los objetivos es que en el futuro también sea posible la oferta transfronteriza directa de créditos hipotecarios y su suscripción por los clientes. 
Existe un acuerdo de ámbito europeo entre las asociaciones de consumidores y las federaciones de bancos al respecto. 
Es necesario que la transposición sea relativamente rápida. Sería satisfactorio si se pudiera completar en menos de doce meses. 
Yo quiero destacar en este contexto el papel positivo que ha desempeñado la Comisión, que ha conseguido impulsar en todo momento la aproximación entre ambas partes a lo largo de un difícil proceso de mediación, hasta lograr finalmente un resultado. 
Dicho acuerdo podría llegar a convertirse en un primer ejemplo positivo en el ámbito de la autorregulación en la Unión Europea. 
Sin embargo, todavía se requieren algunos retoques. 
Para empezar, consideremos el propio desarrollo del proceso de mediación. 
Éste duró casi cuatro años y, según han informado algunos participantes, no siempre fue del todo transparente. 
Rogamos a la Comisión que comunique a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios las experiencias adquiridas en el curso de dicho proceso de mediación y las conclusiones que se pueden extraer de las mismas para futuros procesos de autorregulación. 
Como ya he señalado, éste podría ser un ejemplo positivo de autorregulación. Pero de no ser así, la Comisión deberá presentar, desde luego, su propia propuesta de directiva. 
En este contexto todavía quedan algunos puntos pendientes. 
En primer lugar, evidentemente, no basta con el compromiso de las federaciones de bancos, sino que es necesario un compromiso de los propios bancos a escala europea. 
En qué medida están dispuestos a comprometerse los bancos es una pregunta que todavía sigue abierto. 
En segundo lugar, el registro que se propone también debe ser accesible a través de Internet, como es lógico. 
Necesitamos disponer asimismo de unos formularios comparables en Europa. 
Ya comienza a ser visible que algunos Estados miembros que presionaron mucho a favor de la creación de un formulario único, sobre todo al principio, ahora quieren seguir su propio camino y distanciarse tal vez en el futuro. 
En cualquier caso, es preciso preservar una cierta comparabilidad, justamente en interés del cliente. 
Debemos procurar hacer extensivo el acuerdo a los países candidatos a la adhesión. 
Deberíamos extender también a este ámbito el servicio de conciliación que usted ha citado, señor Comisario. 
No se debe mantener la instancia de conciliación interna prevista en el acuerdo, sino que deberíamos hacer nuestra la iniciativa de la Comisión en este contexto. 
También es necesaria la comparabilidad de los datos. 
El tipo de interés anual efectivo es, en particular, un dato de la máxima importancia para el consumidor. 
Además de la cifra final, también es significativo, sobre todo, el procedimiento de cálculo. 
En Europa todavía se aplican una diversidad de procedimientos para calcular el tipo de interés anual efectivo. 
Yo me congratularía de que la Comisión no tuviese que tomar la iniciativa, sino que los propios bancos consiguiesen adoptar un método común en un plazo lo más breve posible. 
Luego podríamos hacerlo extensivo también a los servicios ofertados a través de Internet. 
Justamente acabamos de debatir el informe Huhne, en el que se expresa asimismo la voluntad de impulsar esta propuesta. 
También esta información debe ser accesible a través de Internet en el futuro. 
Y, por último, tal como se expone en el informe Huhne, se deberán adecuar la normativa a los conceptos jurídicos definidos en el código. 
Finalmente, yo quiero manifestar mi gran satisfacción por la suscripción del citado acuerdo voluntario. 
Ahora debemos valorarlo críticamente y observar su aplicación. 
Nuestra comisión espera que la Comisión presente pronto un informe sobre los resultados de la aplicación del código y en el que se indique si es posible mantener esta orientación o si finalmente va a ser necesario iniciar un acto legislativo. 
Señor Presidente, quiero expresar mi más sincero aprecio por la propuesta de resolución del Sr. Radwan relativa a la información precontractual sobre los préstamos hipotecarios. 
No hay duda de que ha comenzado un proceso de reordenación y de adaptación de un sector muy confuso, en el que por desgracia no han faltado prácticas discutibles, por no decir, censurables por parte del sistema crediticio europeo. 
La importancia del trabajo realizado reside fundamentalmente en que por primera vez un conjunto de indicaciones y de reglamentaciones no es fruto de un autorregulación como ha ocurrido con frecuencia en el pasado. Me refiero a los acuerdos interbancarios para las condiciones, en los cuales los bancos dictaban las reglas más bien con el fin de evitar una feroz competencia entre sí que para crear modelos transparentes de contratos para entregar a sus clientes, pero mediante un acuerdo, aunque facultativo, entre bancos y asociaciones de consumidores. 
Resulta importante asimismo el hecho de haber optado por la transparencia y la publicidad previstas en los artículos 21, 22, 23 y 24 de dicho código y, en particular, en el artículo 25 que establece que, en el caso de existir una oferta a través de Internet, ésta tendrá que ceñirse al modelo europeo y cumplir todas las disposiciones e indicaciones previstas. 
Por último, quiero resaltar que este código necesitará ampliaciones y correcciones. 
Será su aplicación práctica la que nos dará las indicaciones necesarias. 
Lo único que me sorprende es que en la comisión se haya rechazado una enmienda que presenté por la que se ponía un limite, la cuantía, al importe de la hipoteca a inscribir. 
Dicha enmienda estaba motivada por el hecho de que en algunos Estados miembros las entidades de crédito triplican el importe de la hipoteca inscrita respecto al realmente concedido, con un doble perjuicio para el consumidor: el primero, de imagen, porque a las personas desprevenidas una deuda les podría parecer el triple de la real; el segundo, de gastos, en particular los de notario cuyas tarifas se basan en el importe de la hipoteca inscrita. 
Señor Presidente, yo quiero expresar mi agradecimiento y mis felicitaciones al ponente por su informe, y agradecer también la colaboración mantenida. 
Completar el mercado interior de los servicios financieros con un elevado nivel de protección de los consumidores es una prioridad para la Comunidad. 
La suscripción de un contrato de préstamos vivienda es muchas veces el compromiso financiero más importante y de mayor envergadura que contrae un consumidor en toda su vida activa. 
Por lo tanto, debemos acoger con satisfacción la conclusión de un acuerdo voluntario de ámbito europeo entre las federaciones de bancos y las asociaciones de consumidores sobre la información precontractual obligatoria. 
También debemos valorar positivamente la ampliación del código y del registro de las entidades que ofrezcan créditos vivienda a las ofertas a través de Internet. 
En este contexto y con objeto de mejorar la comparabilidad de la información al consumidor, también se deberá incluir en la ficha europea de información normalizada una definición común muy precisa del tipo de interés anual efectivo para los prestamos vivienda., armonizada a escala comunitaria y en la línea de la Directiva sobre la protección del consumidor. 
Dicha ficha deberá recoger todos los datos necesarios para verificar el cálculo de los créditos, sobre todo los relativos al cálculo anticipado y retroactivo de los intereses. Esta es una de las medidas más importantes desde el punto de vista de la política del consumidor en este sector. 
También sería deseable la participación del Parlamento en futuras negociaciones de acuerdos voluntarios, a fin de garantizar la máxima transparencia en la elaboración de los códigos. 
Yo espero que este ejemplo de un acuerdo voluntario entre los ofertantes en el mercado y las asociaciones de consumidores tenga resultados satisfactorios y se pueda trasladar a los servicios financieros en otros ámbitos. 
Esto podría contribuir de manera fundamental a una rápida realización del mercado interior de los servicios financieros. 
No obstante, dado que los recursos de que disponen los consumidores son relativamente escasos, es necesario adoptar medidas concretas frente a los incumplimientos del acuerdo voluntario. 
De lo contrario, es de temer que este instrumento- en sí mismo adecuado- no cumpla sus objetivos y finalmente acaben cumpliéndolo sólo aquellos que en cualquier caso ya no ocasionan problemas. 
Esto solo sería insuficiente y no cumpliría el fin previsto. 
Señor Presidente, quisiera comenzar diciendo que la Comisión está en una posición muy cómoda, porque conviene enteramente con el contenido de la resolución aprobada casi unánimemente el 28 de agosto de este año por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
El código de conducta voluntario en que se basa la recomendación de la Comisión es el primer ejemplo de un acuerdo alcanzado entre la banca y las asociaciones de consumidores sobre la normalización de la información que se debe facilitar a los consumidores antes de concluir un contrato. 
Su existencia prueba, como se señala acertadamente en la resolución, que los participantes en el mercado son quienes están en mejores condiciones para negociar soluciones idóneas y lograr un equilibrio apropiado de intereses entre las partes contratantes. 
Pero, por buenas que sean las condiciones en que estén, los participantes en el mercado necesitan un corredor neutral e infatigable que los acompañe, y a veces los motive de nuevo, durante las largas y difíciles negociaciones de este código. 
El ponente ha rendido homenaje al papel de la Comisión y la Comisión se lo agradece debidamente. 
Según lo convenido y pedido por todas las partes, el corredor, es decir, la Comisión, se transformará ahora en notario y, de ser necesario, en árbitro. 
Como notario, la Comisión mantendrá, de conformidad con lo dispuesto en la resolución, un registro de entidades de crédito hipotecario que se adhieran al código. 
Se mantendrá actualizado dicho registro y se podrá consultarlo en la red Internet. 
Se lo digo en particular al Sr. Radwan, que quería que así fuera y así será. 
Se podrá consultarlo en la página de la Comisión en la red Internet, con lo que estará garantizada la transparencia apropiada. 
En el informe se deploraba la falta de transparencia adecuada durante la fase de negociación. 
Es una observación con la que conviene la Comisión, pero al menos, cuando el registro esté en la red, se restablecerá dicha transparencia. 
Por eso la Comisión es un notario. 
Como árbitro, la Comisión supervisará el cumplimiento de su recomendación y evaluará su eficacia. 
La Comisión dijo con claridad en su recomendación que examinaría la posibilidad de presentar una legislación vinculante, si no se cumplieran los términos de su recomendación. 
Como se pide acertadamente en la resolución, el Parlamento será informado puntualmente- ésa es también una observación que se ha formulado esta noche- sobre nuestra labor de supervisión y evaluación del cumplimiento. 
Estoy convencido de que el código y nuestra recomendación conexa desempeñará un papel importante en la consumación del mercado interior de servicios financieros, al que el Parlamento reitera periódicamente su apoyo. 
También espero, como el ponente, que esta iniciativa innovadora, una vez más la primera de su clase, no sea una experiencia única. 
Sin embargo, su éxito dependerá del compromiso de todas las partes... y me complace informar a este Parlamento de que el número de empresas que han notificado su adhesión al código es ya importante, aunque no totalmente satisfactorio en algunos Estados miembros. 
Puedo asegurar al Parlamento que la Comisión trabajará denodadamente para lograr la adhesión de todo el sector. 
En conclusión, el Sr. Ettl ha expresado ciertos deseos. 
La Comisión toma nota de dichos deseos, pero quisiera señalar que este asunto se circunscribe a la información precontractual, por lo que la información sobre los tipos de interés y demás queda fuera del ámbito de aplicación de este instrumento. 
De modo que la Comisión toma nota de lo que el Sr. Ettl acaba de decir, pero no ve la forma de satisfacer dichos deseos. 
Muchas gracias, señor Bolkestein, por su dedicación esta noche al Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.50 horas.) 
Señor Presidente, pido la palabra para contestar por alusiones personales sobre la base del artículo 122 de nuestro Reglamento que en este caso concede la posibilidad de intervenir durante tres minutos. 
De todos modos, no voy a abusar de ellos. 
Ayer por la tarde una agencia italiana publicó la noticia de que el Sr. Tajani dirigió una carta a la Presidenta, Sra. Fontaine, a raíz de las intervenciones del Sr. Barón Crespo y de quien les habla durante el debate sobre la reunión extraordinaria del Consejo del 21 de septiembre pasado. 
Ante todo le ruego que compruebe y que haga comprobar si la Presidenta ha recibido dicha carta. 
Asimismo, me parece entender, siempre a través de la agencia, ya que no he leído la carta, que en ella se pide a nuestra Presidenta que haga algo que no es de su competencia, esto es, que adopte una iniciativa para defender al Parlamento italiano. 
No sé en virtud de qué prerrogativa la Presidenta del Parlamento Europeo podría adoptarla. 
Supongo asimismo que los Presidentes de las Cámaras italianas están en condición de defender a sus instituciones perfectamente. 
También quiero precisar que ni el Sr. Barón Crespo ni yo atacamos al Parlamento italiano. 
Lo que sí pusimos de manifiesto es la que se nos antoja una grave incoherencia del Gobierno italiano que en Bruselas no formuló ninguna reserva cuando suscribió el plan de acción contra el terrorismo al final del Consejo extraordinario ni tampoco ninguna objeción en el Consejo de los Ministros de Justicia y Asuntos Interiores, mientras Italia se erige en promotora de una ley que convierte en mucho más difícil la cooperación judicial, lo que ha sido recalcado por ilustres juristas, por la prensa internacional y hoy mismo por el juez americano Calabresi, Presidente del Tribunal de Apelación de Nueva York, quien ha dicho que Italia está emprendiendo un camino diametralmente opuesto al de los Estados Unidos y al de toda la comunidad internacional. 
Con todo, nosotros expresamos libremente una opinión. 
El Sr. Tajani hizo lo mismo en dicho debate, pues rechazó estos argumentos con otros. 
Así las cosas, no llego a comprender qué más debería hacer nuestra Presidenta sino defender las prerrogativas de este Parlamento que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento, garantiza la independencia del mandato parlamentario y, habida cuenta de que ni el Sr. Barón Crespo ni yo misma no hemos violado ninguna norma de comportamiento prevista en el Reglamento, pienso que la Sra. Fontaine no debe hacer nada. 
Por otra parte, me parece curioso que el Sr. Tajani lamente una presunta injerencia y luego pida a la Sra. Presidenta que haga lo mismo. 
Dicho esto, quisiera que usted, señor Presidente, informara a la Sra. Fontaine de que, antes de la conclusión de este período parcial de sesiones, nos gustaría saber si piensa responder a la carta del Sr. Tajani y de qué manera. 
Transmitiré su solicitud a la Presidenta y estoy seguro de que la Sra. Fontaine responderá en el plazo más breve posible. 
Señor Presidente, intervengo también por alusiones personales. 
No creo que la Presidenta Fontaine necesite lecciones de Derecho parlamentario para saber qué debe hacer. 
Me refiero a la carta que dirigí ayer a la Presidenta. 
Las agencias no son la fuente de la información, sino el texto de la carta que envié a la Presidenta Fontaine para preguntarle si consideraba oportuno reaccionar a determinadas declaraciones hechas en el Pleno por el presidente del Grupo socialista, Sr. Barón Crespo, y otros diputados de dicho Grupo. No me parece haber citado en la carta a la Sra. Napoletano, sin embargo, no me preocupa en absoluto rebatir algunas de sus afirmaciones. 
La cuestión no es la injerencia del Parlamento Europeo en los asuntos internos del Parlamento italiano, sino que ayer y anteayer, o sea, desde el principio del período parcial de sesiones, se hicieron en este Pleno declaraciones que parecen una injerencia en los asuntos internos del Parlamento italiano. 
En efecto, cuando se pide repetidamente que se compruebe si las leyes que se aprueban coinciden con las decisiones del Consejo de los Ministros y nadie se opone a la valoración del mismo Consejo, repito y reitero, y ya se lo dije ayer a la Sra. Napoletano y al Grupo socialista, que hicieron declaraciones sobre una cuestión concerniente a asuntos internos italianos- a Dios gracias, el Parlamento italiano continúa siendo soberano, no debe someterse a tutela- que, en lo que atañe a las normas sobre las comisiones rogatorias internacionales, se trata del examen de una ley que ratifica el Acuerdo entre Italia y Suiza y la norma fundamental es la que desarrolla el artículo 3 del Convenio Europeo en materia de asistencia judicial firmado en Estrasburgo por todos los Estados europeos y en vigor en Italia desde 1961. 
El artículo 3 establece la obligación del Estado requerido de una comisión rogatoria de asistencia judicial de remitir al Estado requirente los originales de los documentos con valor probatorio o, en su caso, el testimonio de los mismos. 
Aquí no se trata de no luchar contra el terrorismo. Nosotros, como fuerza política y como Gobierno nacional, siempre hemos sido la expresión de esta fuerza política con su Presidente del Consejo fuertemente comprometido contra el terrorismo. 
No quisiera que se dijera torcidamente que la aprobación de una norma que es la aplicación del artículo 3 del Convenio Europeo en materia de asistencia judicial, que demasiadas veces se ha infringido por los jueces en Italia, se hiciera pasar por una norma que facilita el terrorismo, porque no es así. 
De ahí, la solicitud de una reacción de la Presidenta Fontaine en el caso de que lo estime oportuno. 
Seguridad general de los productos 
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0313/2001) de la Sra. González Álvarez, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación relativo a la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (3644/2001- C5-0298/2001- 2000/0073 (COD) ) sobre la seguridad general de los productos. 
. Señor Presidente, no creo que vaya a utilizar los cinco minutos. 
Esta es una tercera lectura y es un proceso de conciliación que hemos seguido desde hace tiempo. 
Quiero saludar el diálogo que existió entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, que facilitó mucho las cosas. 
Naturalmente, el resultado de una conciliación nunca es del todo bueno para unos o del todo bueno para otros. 
Suele ser bastante bueno, pero con algunos defectos. 
Creo que de las primeras enmiendas que presentó el Parlamento Europeo en la primera lectura, las otras dos instituciones han recogido enmiendas importantes. Por ejemplo, tener en cuenta en la seguridad de los productos la responsabilidad no sólo de los productores sino también de los distribuidores; una información clara de los posibles riesgos en las lenguas de los diferentes Estados de la Unión; un intercambio de información más rápido; una mayor cooperación entre los Estados para evitar que lleguen productos peligrosos al mercado; y, también, la retirada de productos que se consideren peligrosos, aunque ya estén comercializados. 
Se recogió también, aunque no como querían los colegas del Reino Unido, una enmienda que pretendía incluir la especificidad de algunos comercios de caridad en el Reino Unido. 
Creo que se recogió una parte importante de las propuestas del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, no se recogieron todas, y en una segunda lectura presentamos sólo siete enmiendas que intentaban incluir lo no aceptado por las otras instituciones. 
Esas enmiendas se referían a algo muy importante para nosotros: la inclusión de los servicios en una propuesta en la que la Comisión está trabajando y para la que se comprometió a tener resultados en 2003. 
Creo que ésa es una propuesta muy importante para nosotros, porque la seguridad de los servicios debe tener el mismo rango que la Directiva que revisamos hoy. 
También hay que tener en cuenta el principio de cautela; es decir, que cuando hay una sospecha fundada de que un producto no es seguro, se debe aplicar ese principio de cautela del que tanto se habla y que se aplica poco realmente. 
Y la posibilidad de que haya un certificado externo que complemente la certificación oficial. 
Existe también un acuerdo sobre la comitología que, en este caso, tampoco es el que quería el Parlamento, pero hay una propuesta de información continuada y regular al Parlamento Europeo y al Consejo. 
También se recogen claramente algunos temas que nos preocupaban en la propuesta final. 
Sólo quería hacer hincapié en un tema propuesto por la propia Comisión al principio, que es la prohibición de exportación a países terceros de productos que no se consideran seguros en Europa. 
Esa propuesta no salió adelante en el Parlamento por muy pocos votos y, naturalmente, no está incluida en el documento final. 
Tengo que decir, como ponente, que es quizá lo que más me preocupa. 
Creo que se corre un riesgo real de que, como vemos diariamente, personas con pocos escrúpulos exporten a países del Tercer Mundo productos que no son seguros. 
Éste es un tema que me preocupa enormemente. 
Tenemos el compromiso verbal de la Comisión Europea de que va a haber un control muy estricto para que esto no ocurra, pero hubiera sido más seguro que quedara incluido en la propuesta y que no hubiera ningún riesgo de exportar a países del Tercer Mundo productos que los europeos consideramos peligrosos. 
Por lo tanto, señor Presidente, a pesar de esta espina que le queda a la ponente porque no se ha incluido en la Directiva la prohibición expresa de exportación de productos no seguros al Tercer Mundo, creo que es una propuesta que, como decía al principio, no es la mejor para el Consejo y la Comisión, quizá no es la mejor tampoco para el Parlamento, pero es el resultado de un proceso de conciliación en el que ha habido, eso sí, un diálogo muy fructífero entre todas las instituciones y del que estoy muy satisfecha. 
Señor Presidente, Señorías, sólo se garantiza el funcionamiento del mercado interno si se garantiza la seguridad de los consumidores y si en un espacio sin fronteras internas se toman la medidas oportunas racionalmente. 
No necesitamos niveles distintos de protección, sino una armonización de los mismos. 
Esta propuesta va dirigida a garantizar esa armonía entre los niveles de protección. 
Los consumidores han visto en los últimos años cada vez más erosionada su confianza debido, por un lado, a medidas de dudosa legalidad, y, por otro, a avances de la ciencia que felizmente ocurren. 
Siempre se ha comprobado que los productos de consumo comercializados no cumplían ya las normas de seguridad exigidas según el estado de los conocimientos científicos. 
Por esta razón es tanto más importante y tanto más urgente que presentemos ahora esta informe, a cuya ponente felicitamos por su intensa dedicación. 
Es muy importante que la Directiva sobre productos se aplique independientemente de la forma en que estos se comercialicen, pues es una decisión que debe contemplar el desarrollo del mercado incluyendo el comercio exterior y el comercio electrónico. 
La seguridad de los consumidores no concierne sólo, como a menudo se ha dicho, a los niños y a las personas mayores por ser las partes más vulnerables de nuestra sociedad, sino que debe incluir a todos. 
Por tanto es necesario que procuremos evitar que los productos que no cumplen nuestras normas de seguridad y son retirados del mercado no sean desviados a países del tercer mundo donde pueden producir serios perjuicios a la salud de esas poblaciones. 
Creo que uno de los puntos más importantes al respecto es el control sobre el comercio. 
La garantía del cumplimiento de estas normas de seguridad no puede basarse sólo en controles públicos, sino que los comerciantes tienen que contribuir a que la confianza entre comerciantes y consumidores crezca y mejore en el futuro. 
Pero esto impide que se necesiten controles específicos, pues esta Directiva será tan buena en la medida en que sea controlado. 
Por ello, las medidas de vigilancia son tan importantes. 
Se necesita una red de competencias sobre vigilancia en los Estados miembros, y esperamos que esté funcionando tan pronto como sea posible. 
Permítanme añadir un punto más todavía, a saber, la velocidad de la reacción del Parlamento Europeo, de las instituciones europeas ante necesidades acuciantes de este tipo en favor de la protección del consumidor como cuando la crisis de la EEB, la fiebre aftosa y otros casos de distinto tipo. 
Llevamos casi un año discutiendo el tema, y creo que deberíamos reflexionar sobre cómo podríamos reaccionar más rápido ante este tipo de situaciones de alarma, cómo dar los primeros pasos urgentes más deprisa y cómo podríamos mejorar nuestros Reglamentos internos e interinstitucionales, sobre todo, para acelerarlos. 
Señor Presidente, para los que hemos asistido a los debates de este proceso de conciliación, las palabras del Sr. Ebner han supuesto una aportación grata y positiva a nuestras deliberaciones. 
Para quienes tenemos que explicar en nuestros países cómo influye este Parlamento en la legislación, el calendario y el contenido de la directiva general sobre seguridad de los productos podrían representar una especie de modelo. 
Los avances se han producido de una forma relativamente rápida: la propuesta de la Comisión presentada hace 15 meses ha pasado ya por todas las etapas y los tres vértices que forman el triángulo de fuerzas en cuestión ya han realizado sus propias contribuciones particulares. 
En segundo lugar, en cuanto al Parlamento, hay que hablar del ponente. La Sra. González Álvarez ha seguido una línea coherente y concienzuda y se ha dedicado con entrega a esta norma en su paso por el Parlamento. 
Ha sabido cuándo mantenerse firme y cuándo hacer concesiones. 
Los que hemos sentido que a veces no prevalecían nuestras ideas cuando deberían haberlo hecho, le debemos a ella que la puerta siga abierta a nuevos y mejores cambios tras estos pasos iniciales. 
El Consejo ha aceptado veintiuna de nuestras treinta enmiendas. 
Yo estoy particularmente agradecido, en relación con el R.U., por la aclaración de que las tiendas y mercadillos benéficos están exentos de la obligación de facilitar información sobre el origen de los productos, que no habría estado al alcance de sus posibilidades. 
No se trataba de un problema a escala comunitaria, pero en países como la República Irlandesa y Gran Bretaña era de gran importancia y la clarificación ha sido muy positiva. 
Las demás instituciones han tardado más de lo normal en estar, si quiera, dispuestas a recogerlo en los preámbulos, pero lo han hecho y es ahora uno de los estandartes que nos va a guiar cuando analicemos el desarrollo de la legislación en materia de seguridad de los productos. 
No hemos tenido todo el éxito que hubiéramos deseado en cuanto a la retirada de productos y volveremos más tarde sobre ésta y otras cuestiones. 
Es importante que se nos pida que analicemos la seguridad de los servicios y que examinemos propuestas a tal efecto dentro de un plazo razonablemente breve. 
A tal respecto simplemente pretendíamos que la Comisión se atuviera a un principio que respaldó en teoría pero que debe ahora cumplir en la práctica para el 2003 
A su vez, tendremos que analizar detenidamente el que no se haya prohibido exportar los productos no seguros al resto del mundo, como ha dicho la ponente, y el tipo de indicaciones de seguridad que deben llevar los productos importados. 
Basta con mirar al sello CE para ver las imperfecciones. 
Fue sólo un paso adelante, aunque importante. 
Felicito a la ponente. 
Se ha ganado, sin duda, nuestro sello de calidad en estos debates. 
Señor Presidente, me gustaría expresar mi apoyo y el de mi Grupo al Informe del Comité de Conciliación. 
Felicito también a la ponente, la Sra. González Álvarez, que ha realizado un excelente trabajo. 
El Informe que tenemos ante nosotros supone una mejora significativa de la normativa vigente en materia de seguridad de los productos. 
De los puntos acordados, yo acojo de forma especialmente favorable el hecho de que ahora puedan adoptarse medidas más firmes a escala comunitaria al amparo del sistema de alerta rápida cuando exista un riesgo grave para los consumidores, de tal forma que los productos peligrosos puedan ser retirados del mercado. 
Es importante que dispongamos de un certificado adecuado e independiente que haga constar el cumplimiento con los correspondientes requisitos de seguridad del producto así como de un etiquetado claro para los consumidores. 
El hecho de que la Comisión informe periódicamente al Parlamento es importante, como también lo es la referencia al principio de cautela y la obligación de las autoridades competentes de los Estados miembros de tenerlo en cuenta para todos los productos. 
Mi Grupo cree que todos los consumidores, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, deberían ser tratados igualmente. 
Como ha resaltado la ponente en varias ocasiones en el curso de los debates sobre esta directiva, la seguridad debería estar garantizada para todos los consumidores. 
Me complace también que se haya alcanzado un acuerdo acerca de las tiendas de antigüedades y las tiendas benéficas y mercadillos en aparcamientos, que por su naturaleza no pueden facilitar información sobre los productos de segunda mano pero que prestan un servicio muy valioso. 
En general, necesitamos un buen equilibrio entre garantizar que los productos en el mercado son seguros y procurar que las medidas propuestas para tal fin puedan aplicarse en la práctica. 
Este Informe consigue parcialmente ese equilibrio y las organizaciones de consumidores que han acogido favorablemente anteriores proyectos de esta directiva también aprobaran éste. 
Nuestra principal prioridad es que los consumidores estén protegidos y que tengan derecho a saber qué productos son peligrosos y qué se hace con ellos. 
Este informe aporta mejoras significativas a la legislación vigente y esperamos que cuente con el respaldo del Parlamento. 
Señor Presidente, estamos viviendo una fuerte competencia y una creciente concentración y globalización de la producción de bienes de consumo. 
Ello representa algunas ventajas para el consumidor, pero también inconvenientes. 
Aunque muchas instituciones de los países miembros se ocupan de las normas de calidad y de control de los bienes de consumo, la retirada de productos del mercado no constituye, por desgracia, ningún caso aislado. 
Imponer el principio de prevención a todos los productos de consumo es la aspiración de este informe. 
En él se refieren, además, planteamientos acertados. 
Como yo mismo soy productor de bienes de consumo felicito a la ponente expresamente por sus planteamientos, porque también se busca aquí la protección del productor y no sólo la del consumidor. 
Una solución sería la armonización de las normativas de las autoridades competentes en materia de seguridad de los productos. 
La red de información necesaria para ello tendría que ser considerable. 
Lo apropiado sería extender por ahora la presente Directiva e ir creando un inventario cada vez más consistente. 
El mercado no puede ser controlado, y de ahí la importancia de las medidas preventivas relativas a seguridad y salud. 
En el informe hay suficientes indicios de que en los Estados miembros los derechos de los productores y de los empresarios prevalecen sobre los de los consumidores. 
Cambiar esta situación es un objetivo de este informe. 
Por mi parte, no podría estar más de acuerdo con él. 
Debido a la variedad de la oferta de productos y de los riesgos que se desprenden para la seguridad y la salud es necesaria una reorientación de la legalidad al respecto. 
Así lo afirma el informe, así como también afirma, y muy claramente, que habría que decretar una prohibición a la exportación de productos peligrosos. 
El tema no está del todo pensado, por lo que creo que el periodo hasta 2003 no resultará demasiado largo. 
Señor Presidente, Señorías, he valorado el ánimo con el que se ha intervenido en este Pleno hoy, así como en el pasado, a lo largo de muchos meses, para abordar este tema que, además de ser uno de los más importantes para Europa, seguramente es uno de los que más preocupan a la opinión pública europea y, yo diría, mundial. 
Hay temas en los que la iniciativa de Europa ha sido eficaz, pero que no logran el consenso general de la opinión pública y de los ciudadanos. 
Por el contrario, hay otros más específicos y más sectoriales que han alcanzado un consenso. 
Éste es precisamente un tema de carácter general que ha merecido la aprobación de los ciudadanos. 
Tras la lectura de la documentación relativa a este procedimiento en su conjunto, tal como se ha tramitado y como hoy se ultima, constato una generalidad en muchos capítulos y considerandos, así como en muchos términos que ponen o van a poner trabas a este tema. 
Se trata de una generalidad que, por otra parte, es bastante habitual en los actos del Parlamento Europeo, de la Comisión o del Consejo pero que, en este caso, quizá podía haberse superado de manera más significativa. 
Lo que me preocupa no es el retraso con que se ha llegado a la posición reflejada hoy en el informe, sino que se den certezas en lo que se refiere a las iniciativas, sus formas, los controles y las modalidades con que se realizan, la flexibilidad y la dignidad de los controles, es decir, que estos últimos no sean humillantes para el productor o el consumidor. 
Considero que, desde este punto de vista, teníamos que haber sido más específicos y respetuosos al tiempo de los derechos de los productores y de los distribuidores, siempre, obviamente, en interés del consumidor. 
Por ejemplo, encuentro que son insuficientes términos tales como "peligroso" y "grave riesgo", a los que, sin duda, se puede hacer referencia en una norma o en un reglamento, nacional o no nacional, sin embargo, al tratarse de temas tan delicados y susceptibles de incidir en la vida cotidiana del consumidor y, en consecuencia, de la sociedad y de la comunidad, habríamos podido ser más explícitos 
Por lo que se refiere al futuro y habida cuenta de lo afirmado acerca de los controles, considero que el informe trienal que se solicita a la Comisión se ha de elaborar con intervalos más cortos, es decir, sin esperar tres años, al objeto de evitar que en el espacio de tres años se produzcan situaciones que haya que eludir con medidas específicas. 
Éste es el motivo por el cual creo que hay que reflexionar más sobre este punto. 
. (EN) Señor Presidente, me gustaría aprovechar esta oportunidad para reiterar el apoyo de la Comisión al resultado del Comité de Conciliación. 
Esta directiva refunde una directiva ya existente de 1992 que es, así, actualizada, reforzada y completada. 
La finalidad global de esta directiva es imponer la obligación general de comercializar solamente productos seguros y de garantizar un nivel elevado y permanente de protección de la salud y seguridad del consumidor en toda la Comunidad así como el funcionamiento adecuado del mercado interior. 
Las mejoras de la seguridad y la salud de los consumidores constituyen una de las prioridades políticas manifestadas por la Comisión. 
La directiva que tienen ante ustedes hoy se enmarca dentro de las acciones previstas para lograr tal objetivo. 
A nosotros corresponde ahora la importante tarea de conseguir que las nuevas disposiciones tengan plena eficacia en la práctica. 
Por último, permítanme expresar de nuevo mi agradecimiento por su apoyo y confianza para la rápida aprobación de esta importante directiva. 
Espero que esto se vea en los próximos años como una piedra angular de nuestros esfuerzos por garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Reducción de pobreza (lucha contra las principales enfermedades transmisibles) 
. (EN) Señor Presidente, una familia en una choza de barro en la África rural que no tiene acceso a agua corriente, electricidad, hospitales ni centros sociales queda sencillamente destrozada cuando descubre que uno de sus miembros padece de alguna de las tres enfermedades: VIH/SIDA, tuberculosis o malaria. 
El paciente no dispone de una clínica cercana donde puedan realizarle pruebas, hacerle un diagnóstico y tratarle y, en el caso de tal clínica exista, no puede permitirse pagar el tratamiento. 
La familia del paciente entra en crisis, no sólo por la enfermedad sino porque tiene que encontrar el dinero para el tratamiento y para el coste del transporte y de las necesidades de alimentación adicionales. 
¡Ésta es la realidad! 
Por tanto, mi objetivo era elaborar un informe con recomendaciones a favor de un programa de acción que pudiera financiarse, que fuera práctico, y que beneficiara a las pobres víctimas de estas infecciones. 
Un informe de este tipo requiere una amplia consulta con colegas de todos los Grupos políticos, con la Comisión Europea, la industria farmacéutica, agencias de Naciones Unidas, ONGs y la sociedad civil para poder lograr un consenso basado en hechos y poder adoptar medidas adecuadas que aborden el problema haciendo el uso más eficaz de unos recursos limitados. 
Yo he realizado esa consulta amplia y quisiera dar las gracias a todos los colegas que tanto han ayudado, en particular a la Dra. Fransen y a su equipo y al departamento del Sr. Comisario Nielson. 
La propia Dra. Fransen ha trabajado en África por lo que ha sido una gran fuente de información. 
Quisiera también dar las gracias a todos los colegas del conjunto de los partidos políticos, especialmente a los de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, las comisiones conexas y, por supuesto, las secretarías, que han sido de enorme ayuda. 
El Informe promueve lo siguiente: un fondo global, financiado por el G-8, la UE, los países ricos en petróleo y otros, para financiar la disponibilidad y el suministro de medicamentos y tratamientos; una estrategia global para aplicar un programa de acción destinado a tratar y prevenir las enfermedades contagiosas; precios escalonados de los medicamentos de la industria farmacéutica que hagan posible un mayor acceso a los tratamientos; apoyo a infraestructuras sanitarias dirigidas a explorar, diagnosticar, tratar y controlar a los pacientes, puesto que el suministro de medicamentos por sí solo es inadecuado; uso de incentivos- tanto financieros como legislativos- para mejorar la investigación y el desarrollo dirigidos a producir nuevos medicamentos y vacunas tanto de la industria como del sector privado; que la Comisión Europea trabaje estrechamente con los gobiernos de los países en desarrollo, con las agencias de Naciones Unidas, con las ONGs y con la sociedad civil para aplicar el programa. 
Apoya una futura legislación adecuada que permita mayor flexibilidad en la aplicación de los ADPIC (aspectos del derecho a la propiedad intelectual relacionados con el comercio) con el fin de fomentar la transferencia de tecnología, de tal forma que los medicamentos esenciales se fabriquen en los propios países siempre que sea viable. 
Hay cuatro párrafos en el Informe que requieren pequeños cambios debido a errores o a dificultades de aplicación. 
Mi intención en el párrafo 14 era que, si queremos que los medicamentos para los países pobres y para los pacientes de estos países tengan los precios más bajos posibles, debemos conseguir que los países en desarrollo no impongan aranceles ni gravámenes a la importación de medicamentos esenciales. 
Los países desarrollados- la UE y EE.UU. no imponen gravámenes a la exportación de medicamentos desde sus países. 
Por tanto, hay un error en el párrafo 14. 
Quisiera hacer una enmienda oral, que espero que sus Señorías acepten. 
Debería decir: "Llamamientos a los países en desarrollo para que supriman los aranceles e impuestos a la importación de medicamentos y aparatos esenciales con el fin de que la asistencia sanitaria sea más asequible ;". 
Este párrafo se refiere, en realidad, a los impuestos a la importación de los países en desarrollo. 
También quisiera hacer una enmienda oral al párrafo 9 para sustituir "10%" con la palabra "adecuada" porque no se puede dictar a la Comisión Europea ni a la Comisión de Presupuestos el porcentaje exacto de dinero que ha de gastarse; existen líneas presupuestarias, que ya se han acordado en otras comisiones y en otros informes. 
Por tanto, debe decir "adecuada" en lugar de "10%". 
En el párrafo 20, me gustaría proponer una enmienda oral, que espero que sus Señorías apoyen, para suprimir la segunda parte que empieza diciendo: "en que el doble del presupuesto....". 
Se da de nuevo el mismo problema: no puede, en un Informe de este tipo, figurar un porcentaje fijo cuando otras comisiones han acordado líneas presupuestarias y la Comisión tiene asignaciones presupuestarias establecidas por el Consejo de Ministros para hacer el trabajo que está haciendo. 
Por último, quisiera aclarar la cuestión de la duración de las patentes de los medicamentos, puesto que algunos colegas han expresado su preocupación al respecto. 
Cuesta alrededor de 500 millones de dólares estadounidenses investigar, ensayar y poner en el mercado un nuevo medicamento. 
A no ser que se pueda recuperar esta cantidad, nadie va a invertir en investigación y desarrollo de medicamentos para las enfermedades de los pobres. 
Ningún gobierno puede financiar dicha inversión; por tanto, debemos animar a la industria farmacéutica a que siga financiando la investigación. 
Su patente es, en cualquier caso, irrelevante después de siete o diez años porque se desarrollan nuevas sustancias y los médicos cambian el tratamiento, lo cual propicia la caída del precio de ese medicamento todavía sometido a patente. 
La verdadera clave está- y esto es lo que he intentado hacer en este Informe- en garantizar unos precios escalonados para todos los medicamentos- nuevos y viejos- de tal modo que los pacientes pobres se beneficien y que, al mismo tiempo, la industria siga pagando la investigación y el desarrollo. 
Mi enmienda 1 aborda este problema y he añadido la palabra "revisar" en sustitución de la palabra "reducir" para cooperar con los colegas preocupados por este asunto. 
Por tanto, no estoy desechándolo, estoy pidiendo que lo revisemos en la OMC. 
Si está justificada la modificación, que se haga. 
Espero que esta Asamblea me conceda todo su apoyo en este Informe, que he intentado no hacer político. 
Trata de algo que debemos hacer por los pobres para poder decirle al mundo, especialmente a los pobres, que la Unión Europea se preocupa por sus problemas y va a estar a la cabeza de la lucha contra la enfermedad y la pobreza en todo el mundo. 
Señor Presidente, anualmente cinco millones de personas mueren de sida, malaria y tuberculosis. 
Una de las causas es que los medicamentos tienen unos precios demasiado elevados para la gran mayoría de la población de los países en vías de desarrollo. Y a menudo estos medicamentos ni siquiera están disponibles. 
De los más de 1.450 medicamentos nuevos que han salido al mercado en los últimos veinte años, sólo un 13% estaban destinados a combatir las enfermedades tropicales. 
En los países en desarrollo hay una gran necesidad de medicamentos eficaces pero éstos no existen o son demasiado caros. 
Por lo visto, invertir en enfermedades tropicales no es lo suficientemente rentable para las empresas farmacéuticas. 
Que yo sepa, no existe un ejemplo más trágico del mal funcionamiento del mercado. 
Estos tristes hechos son motivo para que la Comisión de Industria, Comercio e Investigación proponga tomar una serie de medidas drásticas. 
En primer lugar, un sistema de precios diferenciados. 
Los medicamentos deben ser gratuitos o tener unos precios razonables. 
Por este motivo es necesario evitar el mecanismo de la reventa y para ello la colaboración de la industria es esencial. 
En segundo lugar está el tema de las patentes. 
El ponente Khanbhai ha dicho que las patentes de por sí son una parte muy importante. 
No obstante, la Comisión de Industria propone que se reduzca el plazo de protección de las patentes para medicamentos esenciales en países en desarrollo. Esto es importante porque en los años 2005 y 2006 ha de aplicarse el Acuerdo ADPIC en los países en desarrollo. 
Para entonces pueden surgir grandes problemas en la lucha contra el sida y también contra la tuberculosis. Cuando el sistema de precios diferenciados funcione bien, esta medida será innecesaria. 
Pero en el caso de que este sistema de precios diferenciados no funcionara completamente bien, podría suponer un arma importante en la lucha contra las enfermedades en los países en desarrollo. 
La tercera cuestión es también de suma importancia para la Comisión de Industria y me refiero a un amplio programa europeo de investigación. 
Esto es necesario para que la investigación farmacéutica se ajuste más a las necesidades. 
Por lo tanto, abogamos por más investigación y mayores inversiones en las enfermedades tropicales y que se invierta también más en medicamentos que puedan ser empleados en los países en desarrollo como, por ejemplo, medicamentos que se pueden conservar fuera de la nevera. 
Somos de la opinión de que la cooperación con los países en vías de desarrollo es esencial y todo esto no es viable sin que se aumente sustancialmente el presupuesto. 
Doy las gracias al ponente por su colaboración y su buena disposición para escuchar a las otras comisiones. 
Señor Presidente, la iniciativa del año pasado de la Comisión para la adopción de medidas destinadas a combatir los contagios de VIH, malaria y tuberculosis ha llegado en el momento apropiado. 
Hace mucho tiempo que la colectividad internacional debió haber tomado en serio la epidemia de VIH y, en general, mediante la investigación y medidas de prevención, debió haber realizado muchos más esfuerzos, especialmente para combatir la propagación de la malaria. 
La escasez de medios, especialmente en el campo de la investigación, ha sido angustiosa desde hace mucho tiempo. 
Obviamente recibimos con satisfacción actos como los de Bill Gates, pero este tipo de trabajos de prevención no puede ni debe depender de los esfuerzos de individuos aislados. 
Debe ser, en primer lugar, una tarea de la comunidad. 
Señor Presidente, la resolución que debatimos constituye the Parliament's response, algo tardía, a la iniciativa que presentó la Comisión el año pasado. 
La resolución debe entenderse en un mismo contexto que los actuales trabajos presupuestarios para el próximo año en los que proponemos, al menos de manera preliminar, considerables aumentos en relación con la propuesta de la Comisión y del Consejo. 
A nuestro juicio, la Comisión necesita mayor capacidad para desempeñar un papel protagonista en este campo. 
También se necesita más dinero para las acciones operativas. 
La situación en relación con las enfermedades que debatimos hoy es muy grave. 
Se necesitan más recursos y formas de cooperación nuevas y novedosas, especialmente entre los sectores privado y público. 
Hay que crear alicientes para la investigación. 
Es primordial que exista una coordinación entre lo público y lo privado, pero, obviamente también, con organizaciones no gubernamentales. 
Espero que la Comisión, especialmente Poul Nielson, entienda esta resolución y nuestros esfuerzos en otros contextos para aumentar los recursos presupuestarios, como un fuerte estímulo y respaldo para que asuma el papel de líder en la lucha contra el HIV, la malaria y la tuberculosis, que creo que a todos nos interesa. 
Sí, Señorías, debemos felicitarnos por el informe Khanbhai pues es el resultado de un excelente trabajo de compromiso entre los diferentes grupos y el ponente, y le doy las gracias por ello. 
Este informe es el reflejo de una doble toma de conciencia. 
Una toma de conciencia de la importancia del azote y de la importancia de los medios financieros y humanos necesarios para combatirlo. 
Permite dar varios pasos hacia adelante en un debate esencial para la supervivencia incluso de una parte del planeta, clarifica la posición de nuestra institución en relación con numerosos puntos cruciales como la necesidad de incrementar de manera considerable los medios dedicados a la mejora de los sistemas de salud y a la lucha contra las enfermedades contagiosas en los países en vías de desarrollo, la voluntad de superar el antagonismo entre prevención y tratamiento que son dos aspectos fundamentales y complementarios de la lucha contra la enfermedad, la aparición de un nuevo concepto de salud pública considerada como un bien público mundial, la clarificación de la interpretación de las cláusulas de salvaguarda contenidas en los acuerdos ADPIC sobre la propiedad intelectual, la confirmación de que la cuestión del precio de los medicamentos es el centro de los debates sobre el acceso al tratamiento y la importancia de la investigación y del desarrollo, sobre todo, la necesidad de orientar sus esfuerzos hacia las enfermedades que afectan especialmente al sur y las enfermedades olvidadas. 
Por tanto, la posición del Parlamento Europeo es hoy clara y coherente pero, sobre todo, es justa y equitativa. 
Tenemos la sensación de que por fin se empiezan a abordar buenas preguntas, a las que ya hay que dar buenas respuestas. 
En efecto, ya es hora, Señorías, de pasar de la intención a la acción. 
Y, por ahora, dos son los campos de acción privilegiados en los que debemos intervenir. 
El primero se refiere a la interpretación de los acuerdos sobre la propiedad intelectual en un sentido más favorable a la salud del mundo en desarrollo. 
Las mentalidades están maduras para una evolución de este tipo y la retirada de las acciones iniciadas contra África del Sur y Brasil ha creado un clima psicológico muy evidente. 
Sin embargo, numerosas ambigüedades siguen como estaban. 
La cuarta Conferencia Ministerial de la OMC de Doha debe permitir llegar más lejos proponiendo oficial y solemnemente garantías sobre el recurso a las cláusulas de salvaguarda previstas por los acuerdos ADPIC en todos sus componentes, y confirmando en especial que en el caso de licencias obligatorias, la producción de los medicamentos puede hacerse en terceros países. 
El segundo frente en el que debemos esperar avances a corto plazo es el Fondo mundial sida y salud que se lanzó en Nueva York y en Génova. 
Se ha formado un grupo de trabajo interino que formulará propuestas en los próximos días. 
El principio, por tanto, ya se ha logrado. 
Pero debemos insistir para que este Fondo empiece a funcionar en las próximas semanas con el fin de que los cuidados lleguen a los enfermos a la mayor brevedad y debemos asegurarnos de que su estatuto y sus procedimientos sean equitativos. 
¿Qué es lo que significa esto concretamente? 
Que el Fondo debe ser operativo antes del 15 de diciembre próximo, fecha tope, para que la Comisión pueda incluir su contribución en el presupuesto 2001, y que la estructura definitiva de este Fondo, la composición de sus órganos estatutarios, debe respetar la regla de la paridad entre representantes de los Estados del norte y de los Estados del sur, de las ONG del norte y de las ONG del sur. 
Ello implica, y con esto termino, Señores, Señoras, Señor Comisario, esto también implica aclaraciones sobre la contribución de la Unión Europea. 
La Unión se ha comprometido en Génova, por voz de Romano Prodi, a destinar una partida de 120 millones de euros al Fondo mundial para la salud. 
Ahora bien, esta cantidad no figura hoy en ninguna partida presupuestaria. 
La Comisión debe confirmarnos hoy que esta cantidad no procederá y no será imputada a otros créditos dedicados al desarrollo y que se trata en realidad de una contribución anual, que será objeto de asignación presupuestaria en la línea específica desde 2002. 
Gracias por facilitarnos todas estas precisiones. 
Señor Presidente, lo sucedido el 11 de septiembre no merma la necesidad de la ayuda al desarrollo- al contrario. 
Hay motivos para exhortar a todos los países comunitarios a que cumplan las promesas hechas en Gotemburgo de alcanzar el prometido 0,7 %. 
La UE constituye, bien es verdad, la mayor área donante del mundo, pero esto no dice tanto sobre nuestros esfuerzos como sobre las faltas de los demás. 
A este respecto cabe decir- aunque hoy no se deba criticar a los EE.UU., sino seguir respaldando a los EE.UU.- que el papel de los EE.UU. en este contexto no ha sido especialmente bueno- por decirlo suavemente. 
Están tanto su falta de contribuciones a la ONU como su falta de ayuda al desarrollo. 
Se ha encarrilado ahora la cuestión de las contribuciones a la ONU y esperamos que también se encarrile la ayuda al desarrollo. 
Una vez más prevenir es mejor que curar y la ayuda al desarrollo es un trabajo de prevención. 
Es desolador que resulte tan fácil destinar dinero a los sistemas militares y sea tan difícil conseguir que se asignen fondos para la ayuda al desarrollo, el trabajo preventivo. 
Debemos darnos cuenta de que en el mundo en el que hoy vivimos con canales de televisión, también los más pobres saben que existen diferencias muy grandes en el mundo. 
En realidad cabe sorprenderse de que no reaccionen de un modo más fuerte del que lo hacen. 
No cabe duda de que el barco de refugiados sobre el que hemos oído hablar este verano sólo es un primer pequeño aviso de lo que sucederá. 
Después de esta introducción quiero volver al informe del Sr. ponente y darle las gracias por el gran trabajo que ha hecho en este tema. 
Se habla de situaciones, por decirlo suavemente, críticas en una larga serie de países en vías de desarrollo. 
Por ello es necesario un esfuerzo enorme, tanto cuando se trata del VIH/SIDA y de la tuberculosis como de la malaria. 
De haber existido dudas sobre si dejar esto en manos de las empresas privadas, ya no pueden quedar dudas tras el debate que ha tenido lugar en los últimos años de que es preciso un esfuerzo también por parte de los países donantes. 
No podemos dejar esto en manos del libre mercado. 
Verdaderamente ha sido un poco vergonzoso debatir este asunto, pero por ello también me alegra mucho más que la UE haya intervenido ahora en este ámbito y entre otras cosas haya desligado totalmente los recursos, lo cual quiere decir que los países en vías de desarrollo pueden comprar donde les resulte mejor y más barato. 
No debemos sólo concentrarnos en la medicina, debemos concentrarnos también en la construcción de estructuras. 
Es increíblemente importante que garanticemos la ayuda a la autoayuda de modo que construyamos sistemas de los que respondan los propios países en vías de desarrollo y que sobre todo gestionen también cuando no estemos a su lado. 
Tanto la medicina como las estructuras son necesarias en este tema y quiero exhortar a que sigamos adelante con este gran esfuerzo en cuanto a crear las condiciones de la ayuda a la autoayuda para los países en vías de desarrollo. 
Señor Presidente, frente a los millones de muertos en los países en vías de desarrollo, la propuesta de la Comisión Europea para un programa de acción contra enfermedades contagiosas en los países en vías de desarrollo es una iniciativa fuerte, que contribuye a reafirmar el derecho a la salud en el escenario mundial. 
Si la Unión Europea pretende jugar un gran papel en este combate y dar a su acción un impacto real, la salud pública debe convertirse en una prioridad de su cooperación en los países en vías de desarrollo y, por tanto, reflejarse concretamente en su presupuesto. 
Por ello nos opondremos en este punto a las enmiendas orales del ponente. 
Es una lástima, porque hemos trabajado muy desde el principio con el Sr. Khanbhai, para reforzar su resolución inicial, y los votos en la Comisión de desarrollo han permitido alcanzar un amplio consenso. 
Paralelamente, la mediatización de los procesos iniciados por la industria farmacéutica y los Estados Unidos contra África del Sur y Brasil, que fabrican o importan medicamentos genéricos contra el sida, ha permitido desvelar las expectativas económicas y ha empujado a la Unión Europea a comprometerse de forma concreta con los pueblos pobres para que accedan a los tratamientos. 
Aunque es coherente abordar la lucha contra la tuberculosis, la malaria y el sida en un solo programa, hay que distinguir, sin embargo, los problemas específicos planteados por estas tres enfermedades. 
Para la tuberculosis, aunque existe una vacuna, su eficacia es muy discutida y los tratamientos suscitan cada vez más resistencia. 
Para el paludismo no hay vacuna y los medicamentos, si son poco caros, son cada vez menos eficaces a causa del aumento de la resistencia. 
No hay ninguna vacuna contra el sida ni tratamiento accesible a los pueblos del Sur, pues los laboratorios farmacéuticos que poseen las patentes mantienen precios exorbitantes. 
Además, lamentamos que las enfermedades como las filariosis, la tripanosomiasis, la enfermedad del sueño, el virus Ebola o las numerosas diarreas no hayan sido contempladas en la comunicación de la Comisión cuando son causantes de una mortalidad cada vez más importante. 
Una acción eficaz y coherente contra estas enfermedades debe pasar, por tanto, por soluciones diferenciadas según el caso pero también por combinar simultáneamente medidas a varios niveles. 
En primer lugar, la prevención implica campañas de educación-información, dirigidas en especial a grupos vulnerables (mujeres, jóvenes) , en las que participen actores locales influyentes. 
Así, para la prevención del sida, la promoción de los preservativos es un deber de salud pública. 
La mejor forma de prevención sigue siendo, sin embargo, la garantía de unas buenas condiciones de vivienda, de trabajo, de alimentación y de higiene. 
Es por tanto la política de desarrollo en su conjunto, y todas las políticas comunitarias, las que deben contribuir al objetivo clave de mejorar la salud pública. 
En este mismo sentido es necesaria una reflexión más general sobre el medio ambiente. 
Por ejemplo, la política de embalses, aumentando la superficie de aguas estancadas, ha hecho que se disparen el número de enfermedades parasitarias. 
En segundo lugar, es indispensable reforzar, incluso crear estructuras sanitarias, y formar al personal necesario para la detección, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de estas enfermedades. 
La ayuda al desarrollo de la Comunidad Europea, en especial en el marco del FED, debe concentrarse en los servicios de salud, demasiado tiempo dejados de lado a causa de restricciones presupuestarias impuestas por el ajuste estructural. 
Las ONG locales de salud deben poder beneficiarse de fondos para poder llevar a cabo sus acciones cotidianas de prevención y de apoyo a los enfermos. 
Deben participar en la elaboración de los programas de ayuda en esta materia e integrarse en la acción de salud pública. 
En tercer lugar, todo el mundo debe tener acceso a los tratamientos. 
Esto implica que los medicamentos se vendan a precio de coste a la población de los países en vías de desarrollo. 
Otra solución sería que los países dispusieran de licencias de fabricación de medicamentos genéricos. 
En efecto, únicamente el establecimiento de una industria farmacéutica regional o local podrá librar en un tiempo a la población del Sur del poder de las compañías multinacionales en la fijación de los precios del medicamento. 
Los acuerdos ADPIC deben interpretarse en este sentido, y deben reafirmar el derecho de los países en vías de desarrollo a recurrir a las licencias obligatorias en caso de urgencia sanitaria. 
Hay que obligar a las compañías farmacéuticas a que respeten los derechos humanos. 
De hecho, como consecuencia de la presión mediática de estos últimos meses, algunas de ellas se implican y han prometido bajar sus precios. 
Pero las medidas son puntuales, limitadas a algunos productos para ciertos países, y en el tiempo. 
Además, rechazan siempre el principio de las licencias obligatorias. 
Este rechazo a las licencias obligatorias nos obliga a poner en entredicho la duración de la protección de las patentes. 
Podemos también preguntarnos si la duración de las patentes no es, después de todo, un excelente estimulador de la investigación. 
En cuarto lugar, hay que relanzar la investigación, es un punto esencial. 
Hay que buscar nuevos tratamientos preventivos y curativos más eficaces, y sobre todo que se adapten mejor a la población local. 
Para ello, un centro internacional de investigación de las enfermedades del Sur, sostenido con fondos públicos y privados, permitiría desligar completamente la investigación de los intereses puramente mercantiles de ciertas industrias. 
Por último, y creo que es el punto más importante, sabemos que esta población del Sur que muere hoy por estas enfermedades espera nuestra ayuda, y la espera desde hace mucho tiempo. 
Creo que debemos desarrollar ampliamente este conjunto de estructuras. 
Todas estas preocupaciones se han integrado en una amplia medida en el informe del Sr. Khanbhai. 
Por eso pediremos el voto a favor, y esperamos que todos estos discursos, por una vez, no se queden en papel mojado, porque la población del Sur nos necesita. 
Señor Presidente, como recoge muy bien el informe del Sr. Khanbhai, cinco millones de personas mueren al año fundamentalmente por estas tres enfermedades contagiosas y diez mil personas mueren al día en África. 
Me parece que es un genocidio silencioso del que se da poca cuenta en la prensa internacional. 
Me parece que hay propuestas en el informe que son muy buenas, en el sentido de que no se erradicará esa mortalidad si no se cuenta con servicios de salud básicos en cada uno de esos países y si no se cuenta con acceso, como dijeron otros colegas, a los tratamientos, a los medicamentos que pueden poner fin a estas enfermedades. 
Y, de momento, no se cuenta con ellos. 
Por eso la propuesta de un plan de la Comisión y la propuesta también de que se contribuya a un fondo mundial que luche contra estas enfermedades nos parece bien. 
Pero creo que hay que ir a las causas más profundas. 
El ponente recoge muy bien en el apartado 13 de la resolución el hecho de que a veces exigir a estos países ajustes estructurales les impide utilizar suficientes fondos públicos para los servicios de salud. 
Y es un círculo vicioso infernal, porque si no hay suficientes medios para esos servicios básicos de salud, para que mejore la calidad de vida de la gente, para que tengan acceso a la vivienda, a la alimentación y al trabajo, difícilmente se podrán erradicar esas enfermedades. 
Es un círculo vicioso que da lugar a que una parte muy importante de la población de los países del Tercer Mundo esté en esa situación. 
Creo, señor Presidente, que la prevención, una mejor calidad de vida para esas personas, el acceso a los medicamentos y el acceso a un servicio de salud básica, como propone el informe, son elementos imprescindibles de una solución. 
También recuerda muy bien el ponente que hay que aumentar la ayuda al desarrollo. 
Hace ya más de veinte años que las Naciones Unidas propusieron que se destinara un 0,7 % del PIB a la ayuda al desarrollo. 
Hoy, sólo algunos países nórdicos en Europa llegan a ese 0,7 %. 
La mayoría de los países europeos no llega al 0,7 %. 
Algunos, como el mío, no llegan al 0,25 %. 
Y es lamentable, porque esa ayuda al desarrollo es imprescindible precisamente para que esas poblaciones puedan acceder a los servicios básicos de salud. 
Quiero terminar, señor Presidente, recordando el efecto multiplicador que puede tener la participación de las mujeres en cada uno de estos programas. 
Como miembro de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central y México, estuve en proyectos que financia la Unión Europea y pude ver cómo la participación de mujeres indígenas en aquella zona tuvo un efecto multiplicador, porque las mujeres pueden ayudar a sus hijas y a sus compañeras a aprender. 
Por eso la participación de las mujeres en estos planes de erradicación de estas enfermedades es fundamental. 
Señor Presidente, ya ha pasado un año desde que participara en la mesa redonda que tuvo lugar el 29 de septiembre en la que todos estuvimos de acuerdo en que urgía alcanzar resultados concretos en la lucha contra las enfermedades transmisibles, pero desde entonces en general nada ha ocurrido. 
La Comisión ha reconocido el derecho de los países pobres a emitir licencias forzosas, pero ¿qué se propone hacer la Comisión para llevar a cabo la transferencia de tecnología necesaria para que los propios países pobres puedan producir los fármacos? 
¿Por qué todavía no hemos visto iniciativas encaminadas a que técnicos africanos de fábricas africanas produzcan fármacos contra la tuberculosis, la malaria y el VIH? 
Económicamente es posible. 
No hablamos de inversiones enormes para comenzar las producciones locales. 
Por lo demás, quizá entrara dentro de lo imaginable llevar a cabo la necesaria transferencia de tecnología haciendo que trabajadores del sector farmacéutico comunitario pasaran un par de años en un país en vías de desarrollo, en tales programas para la transferencia de tecnología. 
Es absolutamente necesario aumentar la competencia de médicos, científicos, enfermeras y técnicos en los países más pobres. 
Deben involucrarse en la investigación y desarrollo. 
No en conferencias europeas, donde reciben dietas, sino haciendo que las instituciones en las que trabajan estén dotadas de equipos, entrenamiento y medios de comunicación para que la gente bien formada que existe y trabaja en condiciones increíblemente difíciles, esté motivada para quedarse en sus propios países. 
Por ahora se han desarrollado cinco vacunas contra la malaria. 
Un paso sumamente importante, considerando que la malaria es la enfermedad con mayor tasa de mortalidad. 
¿Y qué hace la UE? 
Bueno, tenemos planes para crear una plataforma europea que ensaye la vacuna aunque ya existe una plataforma africana plenamente consolidada. 
¿No es lógico que la vacuna sea ensayada por los africanos en África, o sólo son lo suficientemente buenos para proporcionar cobayas humanas a los científicos europeos? 
Quitémonos de la cabeza toda idea de crear esta European Clinical Trials Platform y apoyemos en su lugar la Red Panafricana AMVTN, que precisamente se enfrenta a su transformación en un fondo. 
Ahorrará mucho tiempo y con ello salvará la vida de millones de personas. 
Ahorrará dinero y demostrará que reconocemos el derecho de otras personas a tomar su propio destino en sus propias manos y producirá la necesaria transferencia de tecnología. 
Sería un fantástico primer paso en el camino hacia la acción. 
Ya hemos oído suficiente palabrería hueca. 
Y me gustaría dar las gracias al Sr. Khanbai. 
Señor Presidente, a pesar del crecimiento global de los últimas décadas, los progresos continúan siendo inadecuados y desigualmente distribuidos. 
La pobreza y la injusticia, así como las condiciones penosas tanto desde el punto de vista social como sanitario siguen siendo la cruda realidad para muchos países en desarrollo 
El 30% de la población mundial vive en condiciones de extrema pobreza, una situación que se agrava por el imparable crecimiento de la población y por la insuficiencia, por no decir, el declive de las políticas de ayuda, de asistencia y de cooperación al desarrollo. 
Europa es casi una excepción, pero no tanto como para corregir una tendencia mundial negativa. 
En el mundo en desarrollo, los nuevos retos como la urbanización, el deterioro y la contaminación ambiental, las guerras locales y el flagelo del sida, unidos al rebrote de la malaria y de la tuberculosis, amenazan una regresión impensable hasta la fecha. 
Normalmente, no me fío de las estadísticas que, como hemos podido comprobar, no concuerdan entre las distintas Direcciones Generales de la Comisión y con frecuencia parecen estar al servicio de tendencias ideológicas. 
Sin embargo, es indudable que el impresionante crecimiento de los países más ricos ha distanciado más aún, si cabe, a los países más pobres. 
Entre los indicadores de pobreza destaca el factor femenino: la mayor parte de los pobres, de los más pobres entre los pobres, son mujeres, asimismo lo son la mayor parte de los analfabetos y las mujeres continúan trabajando más y ganando y contando cada vez menos. 
Me resulta difícil negar o infravalorar el nexo que, sin embargo, sigue existiendo entre enfermedades, analfabetismo y crecimiento demográfico, un nexo que resulta más evidente en el elemento femenino, en los sufrimientos femeninos y en las desigualdades de género. 
Por el contrario, los informes sobre el tema demográfico tanto de la Comisión como del Parlamento me parecen evasivos, por no decir, reticentes. 
Los informes se centran en la lucha contra el sida, contra la malaria, contra la tuberculosis y se explayan en sofisticados análisis técnicos y propuestas de reforma, probablemente útiles para mejorar nuestras acciones contra la pobreza, principalmente en lo que al tema de los medicamentos y de los servicios sanitarios se refiere, sin, por el contrario, proponer nada para lograr políticas más eficaces para el control demográfico como si este tema hubiera desaparecido de nuestro horizonte. 
Ahora bien, ésta sigue siendo la cuestión crucial. 
Consideremos los hechos: en términos puramente numéricos, nunca como ahora tanta población ha sido arrancada de la pobreza. 
Sin embargo, a raíz del continuo crecimiento demográfico, hoy en el mundo hay más pobres que nunca los hubo a lo largo la historia. 
Desde finales del siglo pasado, la población mundial se ha multiplicado por cuatro pasando de un 1.500 a 6.000 millones. 
El mayor crecimiento corresponde a Asia, India, China, Indochina y sobre todo a Indonesia. 
Por el contrario, la tendencia de crecimiento en los países más ricos se ha frenado, pero el equilibrio alcanzado depende de la mayor esperanza de vida que compensa el descenso de la natalidad. 
Por su parte, África ha conocido la explosión demográfica propiciada en mayor medida por la caída de los índices de mortalidad infantil. 
Actualmente, esta tendencia parece más contenida no tanto por el éxito de las políticas demográficas, sino más bien por las epidemias, principalmente, como ya se dicho, de sida, tuberculosis y malaria. 
África nos preocupa y nos conmueve, pero África no es el mundo y es diferente en sus diferentes partes y, sin duda, necesita más que cualquier otra región una política demográfica más atenta a la condición femenina. 
En el resto del mundo y no sólo en los países más ricos, sabemos que en las últimas décadas se registra un descenso relativo del crecimiento demográfico, no obstante, si miramos más en profundidad lo que hay que constatar es una fertilidad más contenida y un aumento de la esperanza de vida al tiempo, o sea, una población que envejece en general y situaciones de superpoblación en algunas áreas regionales y locales. 
En conclusión, una lucha más eficaz contra la pobreza no puede eludir o ignorar el tema del control demográfico que de por sí es, sin duda, un factor de crecimiento económico y cultural que, sin embargo, no carece de instrumentos específicos y de experiencias apropiadas en materia de prevención y de anticonceptivos. 
La historia nos enseña que no ha habido nunca tanto crecimiento y tanta pobreza. 
La experiencia demuestra que es imposible achicar el agua de una habitación encharcada sin cerrar los grifos. 
Señor Presidente, nuestro colega, el Sr. Khanbhai, ha realizado un equilibrado informe, cuyas propuestas son muy dignas de apoyo. 
El informe destaca de forma concreta el triángulo formado por la pobreza, la salud y la educación, en el cual no se puede descuidar ningún elemento sin que se vengan abajo los otros dos. 
La pobreza ha llegado a ser comparada con la guerra, pues también retiene prisioneros y mata. 
La única diferencia es que la muerte causada por la pobreza es lenta y sus víctimas son consideradas culpables. 
Yo también quiero recordarles a los Estados miembros nuestro objetivo del 0,7 por ciento, para ver si así resultan convincentes las exigencias que hemos presentado a la industria farmacéutica en cuanto a la práctica de la generosidad. 
Apoyo particularmente la creación de un fondo mundial para las enfermedades contagiosas y la adopción de las licencias obligatorias para facilitar el acceso a los medicamentos. 
Ambas cosas exigen una gran iniciativa por parte de la UE, y el éxito de su introducción depende de la avenencia de las instituciones y de las instancias más relevantes a nivel mundial. 
En todo caso, en cualquier acción que se emprenda debemos tener en cuenta que sin la presencia de la asistencia sanitaria básica no es posible ningún tipo de desarrollo en otros ámbitos. 
La existencia de una buena situación sanitaria general previene ya de por sí los contagios más peligrosos y contribuye a detectar y tratar a tiempo las enfermedades. 
Y tampoco conviene olvidar la importancia de la actitud de las personas: si ni siquiera funciona la asistencia sanitaria básica, se generaliza una actitud de abandono e indiferencia que hace muy difícil exigir a la gente que se tome en serio un riesgo de contagio que, eventualmente, sólo se convertirá en enfermedad mortal al cabo de varios años. 
Aunque tengamos previsiones muy alarmantes sobre la evolución de las enfermedades contagiosas y, por tanto, la necesidad acuciante de intervenir aplicando medidas de urgencia, nunca debemos hacerlo menoscabando la asistencia sanitaria básica. 
Así pues, tenemos argumentos para constatar que la ayuda de la UE en materia de asistencia sanitaria ha sido muy precaria durante mucho tiempo. 
Por ello, doblar las ayudas de la UE destinadas a la asistencia sanitaria básica es esencial para la consecución del resto de los objetivos. 
Cabe tener presente la promesa de la Cumbre Social de Copenhague de conseguir un acceso universal y justo a la asistencia sanitaria básica. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar elogiando tanto la comunicación de la Comisión como el informe del Sr. Khanbhai. 
El acceso a los medicamentos será uno de los temas fundamentales en Doha dentro de unas semanas, sencillamente porque los países en desarrollo se sienten en una gran desventaja ante normas que se aplican universalmente a pesar de que los países tienen un poder desigual, tanto económico como institucional. 
Pedirán, sin duda, que el Acuerdo sobre los ADPIC se aplique de un modo justo. 
La atención pública general, por consiguiente, se centrará, en gran medida, en el papel desempeñado por las empresas farmacéuticas en la catástrofe del VIH/SIDA. 
Sólo el 0,1 % de los 25 millones de personas que padecen VIH/SIDA en África subsahariana tiene acceso a medicamentos que pueden salvar sus vidas, o a medicamentos para infecciones oportunistas como la meningitis, la diarrea resistente a los fármacos, las aftas bucales y demás infecciones. 
Ya existen alternativas: copias baratas de medicamentos que salvan vidas. 
Las leyes de Brasil, Tailandia e India permiten que no se tengan en cuenta las patentes de los fármacos. 
En India, por ejemplo, las empresas están comercializando un fármaco para el tratamiento de la diarrea resistente a los medicamentos a un 1,8 % del precio que se cobra en Paquistán, donde sólo puede comprarse la versión patentada. 
Hace cuatro años, Brasil dejó sin efecto los derechos de patentes sobre los fármacos para el VIH y permitió a las empresas del país que produjeran versiones baratas. 
Los precios en Brasil han disminuido un 80% y han reducido a la mitad el número de muertes por VIH/SIDA. 
Y paso a lo que ha dicho el Sr. Khanbhai sobre investigación y desarrollo. 
Si las empresas farmacéuticas hacen tanto esfuerzo en investigación y desarrollo, ¿cómo puede ser que, en realidad, gasten el doble en mercadotecnia que en investigación y desarrollo? 
Según las últimas cifras del PNUD, menos del 10% del gasto total en investigación sanitaria se destina a hacer frente a unas enfermedades que suponen el 90% del total. 
De los 1.223 nuevos medicamentos comercializados entre 1975 y 1996, sólo 13 se habían desarrollado para el tratamiento de enfermedades tropicales y de esos 13 sólo 4 fueron el resultado de la investigación de la industria farmacéutica. 
Y ¿por qué cobran más por los mismos medicamentos en África de lo que cobran en el hemisferio norte? 
Yo diría que estos datos hablan muy claramente por sí mismos. 
Ellos tienen- y esto es muy importante que se plantee, y se planteará en Doha- un monopolio de hecho, lo cual supone que pueden controlar los precios. 
En realidad, están diciendo "no" a fármacos genéricos, baratos y asequibles para las personas muy enfermas de los países pobres. 
La globalización se supone que tiene que ver con mercados más libres y con una mayor competencia. 
Las cuatro grandes empresas farmacéuticas actúan como un cártel: intimidan a los países en desarrollo y les niegan su derecho a esos medicamentos. 
Durante la Ronda Uruguay consiguieron un acuerdo sobre derechos de patente durante 20 años. 
El Acuerdo sobre los ADPIC fue un claro ejemplo de los poderosos intereses creados del mundo desarrollado en el momento. 
Esto amenaza la credibilidad de la Organización Mundial del Comercio en su conjunto y cualquier oportunidad de creer en lo que ocurra en Doha o de que alguna vez tengamos una nueva ronda de sistemas de comercio multilaterales justos. 
Existe ahora una necesidad evidente de interpretar los ADPIC de una forma nueva y clara que permita la flexibilidad que sin duda existe en ese acuerdo. 
Es necesario que se antepongan los intereses de los países pobres. 
Ésta es una cuestión de justicia social fundamental. 
Señor Presidente, es inaceptable que haya millones de personas muriéndo de SIDA, malaria y tuberculosis cuando realmente no es necesario. 
Se trata de un problema mundial de primerísimo orden. 
En nuestros países las personas contagiadas con el VIH/SIDA reciben un tratamiento prolongado con medicinas eficaces. 
Para los pacientes en países en desarrollo estas medicinas son demasiado caras y les falta infraestructura médica para atenderles cuidadosamente. 
Esto es importante, porque si el paciente no toma los medicamentos de forma disciplinada, regular ni con la dosificación adecuada, sus efectos se pierden. 
La industria farmacéutica sólo ha dado su brazo a torcer bajando los precios por la gran presión de la opinión pública, aunque estos siguen siendo demasiado altos todavía. 
Se ha de llegar a otra bajada de precios por medio de una colaboración entre la industria y las administraciones. 
Me parece que sólo una acción internacional bien planteada, duradera y costosa puede atajar eficazmente este problema de gran escala. 
El excelente informe de nuestro colega Khanbhai nos proporciona una buena visión general de todos los aspectos importantes de las enfermedades contagiosas. 
Coincidimos en celebrar la elaboración del Programa de Acción de la Unión Europea. 
Se trata de un programa bien diseñado que ha de ser aplicado con la mayor urgencia posible. 
Quisiera preguntar al Comisario si dispone de recursos humanos suficientes para ponerlo en marcha. 
Por mi parte, abogo por una dotación sustancial en los próximos años para el Fondo para las Enfermedades Contagiosas, que no vaya en detrimento de los actuales recursos destinados a la lucha contra la pobreza. 
¿Ve el Comisario posibilidades para llevarlo a cabo y nos puede contar cómo van los preparativos para la constitución del FEC? 
Asimismo, es necesario que se reduzca considerablemente el plazo de protección de las patentes de medicamentos esenciales, que ahora asciende a veinte años según el Acuerdo ADPIC. 
Naturalmente, la industria farmacéutica tiene que poder seguir invirtiendo en la investigación de vacunas y medicamentos baratos, pero sus beneficios los tiene que sacar de los países ricos y no de un tercer mundo plagado de epidemias. 
Sin embargo, creo que sin unas campañas de información a gran escala no va a haber resultados. 
El comportamiento sexual y sobre todo la actitud de la mujer debe cambiar drásticamente. 
Lo que está sobre todo en juego es el derecho de autodeterminación de la mujer. 
Los países en desarrollo tienen también una gran responsabilidad, y no me refiero solamente a las ONG y a las administraciones, sino también a los líderes religiosos que pueden emplear su autoridad moral. 
Si ellos no asumen esta responsabilidad, son corresponsables de toda la miseria. 
Solamente por medio de un gran esfuerzo conjunto podremos conseguir que millones de seres humanos no sigan muriéndose innecesariamente, que números incalculables de niños no queden huérfanos sin necesidad alguna y que las economías no sigan arruinándose innecesariamente. 
Los diputados de Lucha Obrera votarán a favor de este informe a pesar de sus deficiencias, en razón del testimonio realista que da de la situación catastrófica en los países pobres y en razón de algunas medidas, ciertamente limitadas pero positivas, que propone. 
Es indignante comprobar que en los países pobres, tres enfermedades contagiosas matan a cinco millones de personas al año y a diez mil personas al día sólo en el continente africano y que, además, el número de víctimas va en aumento. 
Y aún más por cuanto, si bien para el sida todavía no existe un tratamiento que permita su curación, para la tuberculosis y el paludismo sí existe. 
A pesar de ello, el paludismo, que parecía estar hace algunos años en vías de erradicación se ha convertido, como subraya el informe, en la primera causa de muerte en África subsahariana, mientras que la tuberculosis, para la que existen tratamientos sencillos y eficaces, continúa siendo la más extendida en el mundo. 
La causa de esta situación es simple. 
La fabricación de los medicamentos está monopolizada por grandes trusts farmacéuticos, por tanto la primera preocupación no es la salud pública sino el beneficio. 
El reciente e ignominioso proceso iniciado por un cierto número de trusts farmacéuticos contra Africa del Sur es característico de una situación intolerable, pese a que las reacciones de la opinión pública, en cierta medida han echado atrás a estos trusts. 
La propuesta del informe que trata de que la Unión Europea haga que se reconozca a nivel internacional el derecho de los países en vías de desarrollo a producir y a comercializar dentro de los mismos medicamentos genéricos, sin coste por derechos de propiedad intelectual, es una cosa mínima. 
Igualmente sería una cosa mínima imponer a los trusts farmacéuticos un cuaderno de condiciones que les obligue a fabricar los medicamentos para las enfermedades que el informe afirma son ignoradas por la industria pues no son lo suficientemente rentables. 
El informe se contenta con plantear una reducción de los precios. 
Para millones de personas de los países pobres, únicamente la gratuidad de ciertos medicamentos, especialmente contra el paludismo, podría permitirles el acceso a unos cuidados mínimos. 
El informe pretende conciliar la protección de las patentes y el acceso a los cuidados sanitarios en los países en vías de desarrollo. Reafirmamos que las patentes industriales, y muy especialmente las de la industria farmacéutica, deberían suprimirse completamente. 
No protegen en absoluto la propiedad industrial del inventor sino que sirven para asegurar a los trusts que las poseen una posición de monopolio y, por tanto, enormes beneficios obtenidos en detrimento de la sanidad pública y de la vida. 
El título del informe afirma que la lucha contra las enfermedades contagiosas contribuye a la reducción de la pobreza. 
En realidad, estas enfermedades son en su mayoría enfermedades de la pobreza, incluso de la subalimentación. 
Únicamente el aumento del nivel de vida de la población sería eficaz para la erradicación de la mayoría de ellas. 
Hay que decir, no obstante, en honor a los defensores de la economía de mercado y del capitalismo, que el mero hecho de que esta economía sea orgánicamente incapaz de garantizar unos cuidados elementales y la alimentación diaria a una parte importante de la humanidad y en este siglo veintiuno que, sin embargo, cuenta con posibilidades científicas y materiales como nunca se han tenido en el pasado, la condena irremediablemente. 
Señor Presidente, en los últimos años ha habido unos cambios drásticos en la sanidad en muchos países europeos, y también en los Países Bajos. 
Los objetivos más importantes de estos cambios han sido tanto una mayor diferenciación, una mayor atención individual y más posibilidades de elección personal como también intentar conseguir una mayor eficiencia. 
A menudo estos cambios han causado reacciones críticas con respecto al tema de la universalidad de la sanidad. 
Para muchos de nosotros es inaceptable por principio que se pueda comprar un buen puesto en la lista de espera. 
De esta forma, los recursos de la gente serían determinantes para su salud y eso no es lo que queremos. 
Por eso, es tanto más llamativo que lo mencionado anteriormente sea la cruda realidad a nivel mundial. 
Las propuestas de la Comisión, que estamos debatiendo hoy, demuestran que el acceso a los medicamentos adecuados para los más pobres deja todavía mucho que desear, a pesar de las repetidas buenas intenciones. 
En el mundo occidental no hay tanta indignación al respecto. 
Sin embargo, en un mundo que se globaliza cada vez más no podemos abstraernos de nuestra responsabilidad internacional. 
Los problemas de nuestra sanidad son mínimos en comparación con los de la gran mayoría de la población mundial. 
Por lo tanto, doy mi apoyo a las medidas propuestas. 
Hemos de trabajar en dos niveles distintos para luchar contra estas enfermedades. 
En primer lugar, promoviendo proyectos a nivel local que tengan por objeto mejorar la sanidad. 
Por mi parte, me parece que la financiación y gestión de estos proyectos se puede hacer perfectamente a través de canales bilaterales. 
Sin embargo, cuando se trata de proyectos de mayor infraestructura en los que participan ONG de más de un Estado miembro, la Unión Europea puede desempeñar un papel importante. 
En segundo lugar, creando las condiciones a nivel internacional para facilitar estos proyectos a nivel local. 
La influencia política constituye ahí una herramienta importante. 
Por lo tanto, celebro sinceramente que se hayan adoptado los apartados sobre el ADFIC y la OMC en las resoluciones del Parlamento Europeo, justamente porque en esta materia hay una tarea importante para la Unión Europea. 
Lo único que echo en falta es una referencia concreta a la próxima ronda de negociaciones de Qatar. No obstante, espero que el Comisario responsable siga nuestras recomendaciones en esta conferencia. 
Señor Presidente, en el Norte la gente piensa que en cuanto al SIDA todo se ha acabado. 
Evidentemente no es así, pero los cambios en los estilos de vida y la llegada de tratamientos con fármacos eficaces nos han ayudado, al menos, a doblar la esquina del largo camino que recorremos. 
Las previsiones cuando yo era ministro de sanidad y me enfrentaba a estos problemas no eran las mismas que las previsiones de hoy. 
Pero en el Sur, la imagen es muy distinta. 
El noventa y cinco por ciento de los cinco millones de nuevos casos anuales se dan en países del Sur con baja renta. 
Hay 25 millones de personas que padecen el SIDA en África y 6 millones en la zona de nuevo crecimiento de Asia, el Sur y el Sudeste Asiáticos, en particular. 
En lo que respecta al SIDA nos enfrentamos a un círculo vicioso de infección, incapacidad y pobreza que acompaña a los 16 millones de muertes a las que ya hemos asistido: dos millones de muertos al año en África, una cuarta parte del total de muertes en África. 
El diez por ciento de la población entre quince y cincuenta años de edad padece el SIDA y hay 10 millones de huérfanos. 
Las personas que esperaban que cuidaran de ellas en su vejez no pueden ahora recibir ese cuidado ni ese apoyo porque sus hijos están muertos. 
Ese es el panorama que tenemos ante nosotros. 
Cuando The Economist estuvo en Zambia y analizó un hospital en concreto, comprobó que dos tercios de sus pacientes morían de SIDA. 
Según contaban, los miembros de estas personas parecían palos de escoba rotos. 
Cuando se les preguntaba qué necesitaban urgentemente no decían medicamentos anti-retrovirales, decían comida, porque eran tan pobres que no podían pagar ninguna de las dos cosas. 
La pobreza precipita la muerte y las muertes aceleran la caída de los supervivientes en la pobreza. 
En Zambia el departamento de sanidad estimaba entonces que la mitad de la población moriría de SIDA. 
Esto es un desastre humano. 
Estamos asistiendo ahora a desastres humanos en EE.UU. El mundo está pendiente de los titulares, el mundo toma medidas, los gobiernos se unen, la gente pide soluciones y las respalda. 
Pero eso no lo hacen cuando se trata del SIDA, de la tuberculosis o de la malaria. 
No es terrorismo pero sí un terror para la salud y un horror que puede prevenirse. 
Por eso es tan importante y fundamental el informe de su Señoría. 
Le felicito tanto a él y a la Comisión por el trabajo que ha realizado sobre esta cuestión y también a todos los que han participado. 
La reducción de la pobreza está estrechamente relacionada con la guerra contra la enfermedad, la discapacidad y la muerte. 
Necesitamos desesperadamente más recursos para fármacos y vacunas, pero debemos garantizar también su adecuada distribución a la gente para que los medicamentos no se estropeen los almacenes. 
Hace falta una educación, un seguimiento y una investigación adecuados. 
Se ha dicho con razón que la investigación debería realizarse en África, por los africanos, para los africanos y, cuando corresponda, con el apoyo, cooperación y asociación del mundo occidental, en consonancia con la iniciativa IAVI entre Oxford y Nairobi. 
La tuberculosis, por supuesto, también mata. 
A ella se deben dos millones de muertes anuales, el 95% de éstas en países en desarrollo; es la causa principal de muerte en los casos de VIH; una persona infectada puede contagiársela a otras diez. 
La malaria es la tercera causa de muerte; el 90% de las muertes ocasionadas por la malaria se producen en África: una muerte cada 30 segundos. 
En los últimos cuatro minutos, ocho personas han muerto de malaria. 
Quisiera que nosotros y el Sr. Comisario tuviéramos en mente a esas personas que están muriendo de estas enfermedades y pensáramos en qué podemos hacer. 
Su Señoría lo ha expresado con palabras en este informe; ahora le toca a la Comisión actuar. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que lo que ha marcado todas las intervenciones de este debate es la convicción de que las inversiones en el sector de la salud son muy razonables y representan una vía importante para alcanzar el desarrollo sostenible así como para luchar contra la pobreza, objetivos ambos de la política de cooperación europea. 
Está demostrado que países con un alto nivel de salud y con muchos medios en ese ámbito tienen también un desarrollo mejor, un desarrollo económico más fuerte. 
Algunos de nosotros hemos notado, y, naturalmente, subrayo esta exigencia política, que tenemos que convencer a los gobiernos de esos países para que gasten más en el sector de la educación y de la prevención de la salud. 
Pero sería una muestra de cinismo si no señalásemos también que los programas de ajuste estructural que han tenido que ejecutar esos países para conseguir préstamos y financiación de las instituciones financieras internacionales les han obligado precisamente a ahorrar en los ámbitos de la previsión estatal, en los ámbitos de la salud y de la educación. 
Un punto que es importante para mí es el de hacer participar a las mujeres en la preparación de programas de planificación familiar y de medicina reproductiva. 
Las mujeres, y esto no es nuevo, son especialmente vulnerables a la pobreza. 
Los índices de infección del SIDA/VIH en el África subsahariana ponen de manifiesto que las mujeres están mucho más afectadas que los hombres. 
Por último, quisiera, y éste es un tema importante, decir algo sobre los Acuerdos ADPIC al hilo del informe Khanbhai. 
Creo que la UE también deberá ayudar en un futuro a los países emergentes para que puedan utilizar las posibilidades contenidas en los Acuerdos ADPIC. 
Esto está, naturalmente, en las disposiciones de los acuerdos, pero no siempre ha sido aceptado por la industria farmacéutica como se ha visto en el caso de Sudáfrica. 
Me parece necesaria la exigencia formulada en el apartado 41 del informe Khanbhai relativa a una reducción del tiempo de protección de una patente. 
Creo que si hablamos de lucha contra la pobreza, debemos también dar pasos concretos encaminados a reformar la OMC. 
Si no es así, perderemos la credibilidad. 
Ya es tiempo, como se ha señalado también en anteriores intervenciones, de dar pasos concretos. 
Señor Presidente, en 1979 Willy Brandt presentó su famoso "Informe Norte-Sur, un programa para la superviviencia", en el que advertía del riesgo de que en el año 2000 una gran parte de la población continuaría viviendo en la pobreza. 
Poco después de aquella afirmación se publicaron unos datos estremecedores, cada 24 horas morían de hambre en el mundo 35 000 seres humanos. 
En dos años, el hambre causó más muertes que las dos guerras mundiales juntas. 
El año 2000 llegó y la situación no ha hecho sino agravarse. 
Según la Organización Mundial de la Salud la pobreza extrema- la miseria- es la principal causa de sufrimiento en el mundo y también la que cada año se cobra un mayor número de vidas humanas mientras nosotros seguimos hablando de la pobreza y de cómo vamos a ponerle remedio. 
Hace algunos meses, antes del verano, en nuestra sede en Bruselas, las Naciones Unidas junto con la UE organizó la Tercera Conferencia sobre los países menos desarrollados dedicada especialmente a analizar las causas, las consecuencias y las soluciones de la pobreza. 
Incluso nos hemos marcado un objetivo ambicioso: reducir la pobreza a la mitad para el año 2005. 
Algunos estudios permiten afirmar, señor Presidente, que con lo que estamos haciendo, con los planes y proyectos que pretendemos realizar y sobre todo con los recursos que destinamos y con los que está previsto que se destinen ese objetivo no podrá cumplirse. 
Ahora nuestra preocupación es luchar contra el terrorismo internacional alimentado por unos fanáticos iluminados. 
Es verdad, ése es el problema de ahora, pero, Señorías, ésa no es la raíz del problema. El problema es la pobreza en una gran parte del mundo. 
Mientras no resolvamos la pobreza y especialmente la pobreza extrema- la miseria- en que viven cientos de millones, cerca de 1500 millones de seres humanos, y hablo de cifras prudentes, seguiremos expuestos a situaciones como las que vivimos ahora. 
Algunos de nosotros hemos estado entre el 13 y el 19 de septiembre visitando algunas de las zonas más pobres del planeta en el sur del continente africano. 
Mozambique tiene hoy 19 millones de habitantes pero, dentro de 9 años sólo vivirán 13 millones; los otros 6 habrán muerto de sida. 
Hoy el Sr. Khanbhai en su informe nos propone una serie de medidas para la lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis en el contexto de la reducción de la pobreza. 
Yo mismo he visto con mis colegas, durante una visita a un hospital de campaña perdido en medio de la sabana africana, cómo muere la gente víctima de una epidemia de cólera- créanme, ahora mismo -, un espectáculo dantesco como el que se vivía en Europa en la Edad Media. 
Eso ocurre también en otros centros que no se encuentran en medio de la selva. 
En Mocuba, hay un hospital provincial en el que las mujeres paren al lado de enfermos con sida, con tuberculosis, con lepra, con meningitis, con diarreas infecciosas de todas las etiologías. 
Para todas estas enfermedades que hoy pueden ser curadas y erradicadas, existen fármacos. 
Es un problema de recursos y, sobre todo, es un problema de voluntad política. 
Sr. Khanbhai, le felicito y le agradezco la importante aportación que nos hace en su informe. 
Pero, amigo Bashir, tú conoces mejor que yo tu África natal. 
No nos engañemos, los problemas de la pobreza en el mundo son hoy de tal magnitud que estas medidas, con los actuales recursos, son como una gota de agua en el océano. 
Algún día nos daremos cuenta. 
O luchamos contra la pobreza, con todas las energías y con todos los recursos, hasta vencerla o la pobreza con sus múltiples caras- ahora con la careta del terrorismo- nos vencerá a nosotros. 
Señor Presidente, los demás ya han manifestado la necesidad de actuar. 
A mí me gustaría sólo añadir un dato: en el R.U. y en Europa los cócteles de medicamentos han reducido en un 75% las muertes por SIDA; en África subsahariana, donde viven dos tercios del total de personas infectadas de VIH, sólo una persona de cada mil recibe tratamiento con fármacos. 
La educación es vital para prevenir, antes que nada, que la gente se infecte con el VIH, pero el acceso a los medicamentos realmente importa mucho. 
Las empresas farmacéuticas colaboran con nosotros. 
Pero es crucial que actúen con integridad. 
Nunca olvidaré al representante de SmithKline Beecham sentado en nuestra Asamblea Conjunta UE/ACP, golpeando la mesa y diciendo que habían reducido los precios de los medicamentos esenciales. 
Y más adelante este año, le dijeron al Sr. Nielson que iban a reducirlos de nuevo. 
¿Cuál era el precio más bajo: el que nos dijeron en primavera o el que nos han dicho en otoño? 
Estuve en Gabón y en Sudáfrica y conocí a médicos que están desesperados por usar esos fármacos, que han leído las notas de prensa en internet que dicen que los precios se han reducido; pero que cuando llaman no pueden adquirir los medicamentos para tratar a esos pacientes. 
He preguntado a SmithKline Beecham cuál es el verdadero coste de producción a largo plazo de estos medicamentos. 
No lo dicen. 
Les he preguntado cuánto tiempo se van a comprometer a estos precios más reducidos. 
No se comprometen. 
Les he preguntado por qué, si desean colaborar con los gobiernos de los países en desarrollo, afrontan acciones judiciales, no sólo en Sudáfrica, sino también en India, Brasil y otros lugares. 
Simplemente no responden. 
En esta resolución transmitimos un claro mensaje a las empresas farmacéuticas: los precios son demasiado elevados y se necesitan medidas legislativas, incluyendo la concesión obligatoria de licencias en casos de emergencia nacional, para hacer frente a tal situación. 
Por último, le diría al Sr. Khanbhai que de nada sirve que diga usted que está buscando un consenso, que incluya, por ejemplo, a las ONGs si después presenta su enmienda 1 oponiéndose a una reducción de la protección de las patentes. 
Dígame el nombre de una sola ONG que respalde esa postura. 
Yo siempre recordaré que el fármaco anti-retroviral de SmithKline Beecham no llegó al mercado gracias a una investigación financiada con fondos privados. 
Fue una investigación con fondos públicos. 
Ellos utilizaron una patente inactiva para adquirir esa protección en su propio beneficio comercial. 
Hablemos claro en este debate. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, 7.000 personas murieron como consecuencia las atrocidades terroristas de Nueva York y Washington y la respuesta global fue de conmoción y de horror, seguida de un frenesí de actividad diplomática y de planificación detallada de una respuesta adecuada. 
En África, mueren cada día 10.000 personas de SIDA, malaria o tuberculosis. 
¿Por qué no hay una respuesta similar? 
Lamentablemente, la cruda realidad es que el mundo desarrollado no le da el mismo valor a la vida humana en África. 
El que una tragedia humana de esta magnitud siga produciéndose en el siglo XXI constituye una crítica terrible a todos nosotros, que vivimos en los países más ricos del mundo. 
Hace varios años, la malaria parecía a punto de ser eliminada, hoy es la causa de muerte más común en África subsahariana. 
La tuberculosis es la enfermedad más extendida del mundo, y 35 millones de personas están infectadas de SIDA, registrándose la mitad del total de nuevas infecciones de VIH en el grupo de edad de 15 a 24 años. 
Reconozco que la Comisión Europea destinó 4.200 millones de euros a ayuda sanitaria durante los años noventa. 
Sin embargo, como ha señalado el ponente, aunque en 1998 se asignaron 700 millones de euros a la sanidad, la cantidad en el período 1996-1998 fue sólo del 4% del presupuesto total para el desarrollo de la UE. 
Esto indica lo abajo que ha estado en nuestra lista de prioridades políticas. 
Espero que esto cambie ahora con la publicación por la Comisión del nuevo marco político y su propuesta de programa de acción para los años 2001-2006. 
Su estrategia de tres vértices basada en mejorar la asignación de los recursos existentes, hacer que medicamentos clave sean más asequibles para la población de los países más pobres y apoyar una mayor investigación se acoge favorablemente. 
Sin embargo, las propuestas tienen que desarrollarse más y respaldarse con un mayor compromiso económico que sea indicativo de una mayor prioridad política. 
El mejor medio de lograrlo es asumiendo las excelentes propuestas presentadas por el ponente, el Sr. Khanbhai. 
Su petición de que la UE destine el 10% de su ayuda al desarrollo a abordar este problema, su énfasis en la acción preventiva en relación con el SIDA en el grupo de edad de 15 a 24 años y su propuesta de creación de un fondo global para las enfermedades infecciosas y de establecimiento de una agencia de investigación de la UE deberían constituir la piedra angular de toda nueva política de la UE en esta materia. 
Señor Presidente, Señorías, el VIH y el SIDA no son sólo un problema de política de salud, como ya se ha dicho claramente en el debate, sino un problema social global. 
Para combatirlo se necesita, pues, una estrategia global. 
La lucha contra la pobreza es una vía para ello, pero quisiera tocar aquí otros temas que me parecen igualmente importantes: la educación sexual, la prevención y, naturalmente, la terapia. 
Tres ámbitos que deben ser tenidos en cuenta si allá donde el problema es mayor, en África, queremos avanzar. 
Lo anterior significa que la educación sexual debe comenzar ya con los adolescentes y los niños, pues sin un cambio en los hábitos sexuales no podremos poner coto al problema. 
A este fin deben ser destinados una parte de los recursos. 
La población sexualmente activa debe tener la posibilidad de usar medios preventivos. 
En este tema, el Senegal constituye un ejemplo significativo: políticos y religiosos juntos han conseguido que mediante la prevención se frene el crecimiento del SIDA. 
Si los políticos y los líderes religiosos de un país colaboran y se implican, puede conseguirse mucho. 
Por ello, en Costa de Marfil han designado una Ministra para SIDA y VIH. 
Son ejemplos que debemos fomentar más. 
Hay otro problema, a saber, conseguir que no se produzca la exclusión social de los enfermos. 
Debemos acabar con tabúes sociales, y no sólo tratar a los infectados con medicamentos, sino que además debemos favorecer su integración social. 
Sólo entonces se podrá crear un clima que, finalmente, esté dirigido completamente contra el avance de la infección. 
. 
(EN) Señor Presidente, permítame, en primer lugar, que exprese mi reconocimiento por el trabajo del ponente, el Sr. Khanbhai. 
En los ocho meses transcurridos desde que la Comisión adoptó un ambicioso programa de acción para luchar contra las principales enfermedades contagiosas, diversos hechos han vuelto a confirmar la necesidad de acción, de movilización global de esfuerzos y financiación y de voluntad política para lograr nuestros fines. 
La sanidad figura ahora plenamente en nuestra agenda y en la de nuestros Estados miembros. 
La sanidad en los países en desarrollo es, junto con la educación, una de las seis prioridades de la Comisión para 2002. 
Invertir en sanidad es una estrategia clave para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza y, por tanto, un componente crucial de una sólida estrategia de desarrollo. 
Quisiera resaltar y expresar mi total acuerdo con los comentarios de la Sra. Korhola y del Sr. Bowis sobre la necesidad de organizar la asistencia sanitaria básica de un modo que funcione de verdad. 
En este sentido, deberíamos tener en cuenta que el gasto anual per cápita en servicios de sanidad pública en África subsahariana está entre 2 y 6 dólares estadounidenses. 
Éste es el marco económico al que nos enfrentamos. 
Conjugar la escasa capacidad de los sistemas sanitarios con, en particular, el cuidado y el trabajo de administrar los fármacos anti-retrovirales para los pacientes de SIDA y VIH positivo es una tarea extremadamente difícil. 
Me gustaría mencionar un caso que ilustra lo que acabo de decir. 
En Bostwana, Merk, una de las grandes empresas farmacéuticas, y la Fundación Bill Gates han movilizado 100 millones de dólares estadounidenses. 
Están haciendo todo lo que pueden por organizar su trabajo en el terreno y por utilizar estos avanzados tipos de medicamentos en los tratamientos en curso. 
Su experiencia es que se ha podido hacer muy poco. 
La ausencia de infraestructuras en esta zona, de ayudantes sanitarios con formación y de las condiciones que se requieren para que funcionen estos tipos de medicamentos avanzados, que son muy difíciles de administrar, demuestra que incluso esfuerzos concentrados, bien financiados, prolongados a lo largo de un año y medio, en un lugar mejor organizado que la mayoría de los otros lugares de África, no lo han conseguido. 
También por esto las empresas farmacéuticas están advirtiendo contra el hecho de hacer hincapié, sin demasiado sentido crítico, en el uso de los fármacos anti-retrovirales como la solución. 
La advertencia tiene que tomarse en serio. 
Nuestro programa de acción ha ido avanzando. 
Estamos acelerando el ritmo real de desembolso en el campo de la sanidad. 
No iría yo tan lejos como para expresar satisfacción, pero la situación está mejorando. 
Estamos desmantelando proyectos inactivos y mejorando proyectos que necesitan mejoras. 
Todo este trabajo se está llevando a cabo. 
Algunas palabras ahora acerca de las asignaciones financieras. 
En primer lugar, agradezco los comentarios que ha expresado hoy el Sr. Khanbhai sobre la mecánica con la que asignamos este dinero. 
Nos gustaría huir de objetivos basados en las aportaciones. 
Éstos tienen la ventaja de ser, normalmente, más fáciles de transmitir; sin embargo, nosotros intentamos centrarnos en los rendimientos y procesos más que en las aportaciones. 
Un aspecto importante de este debate es el hecho de que el presupuesto no revela directamente cuánto estamos haciendo realmente en materias como la sanidad y la educación. 
Debe tenerse en cuenta que el apoyo macroeconómico, nuestro apoyo presupuestario, está, de hecho, vinculado a la sanidad y la educación. 
Ese vínculo nos da la respuesta a cuánto- mucho o poco- estamos haciendo. 
En este momento es tremendamente difícil cuantificarlo esto de modo específico pero estamos trabajando en ello. 
El Sr. Khanbhai mencionaba también un cambio relativo a la importación de medicamentos y a la necesidad de suprimir los aranceles en este campo. 
Esto es algo que, sin duda, debe hacerse. 
Debería tenerse en cuenta que la liberalización a escala regional, en la que estamos instando a nuestros socios a que avancen, es también una respuesta a este problema. 
Además, puede resolver el problema de crear una mejor base para poner en marcha la producción de medicamentos en los países en desarrollo. 
Si no se puede acceder a un mercado vecino desde un país africano concreto, invertir allí para hacer algo en esa zona no es una buena idea. 
La cuestión del acceso a los medicamentos, una cuestión planteada por muchos, está actualmente debatiéndose en el Consejo de los ADPIC de Ginebra. 
Las conversaciones intentan lograr un equilibrio entre la necesidad de promover el acceso a unos medicamentos asequibles y la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. 
Se está preparando en estos momentos una declaración para la reunión ministerial de Doha. 
Permítanme manifestar con toda claridad que la Comisión Europea no tiene intención alguna de presionar ni de criticar a los países en desarrollo que invoquen sus derechos al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC. 
A todos los miembros de la OMC les beneficia que las disposiciones de los ADPIC sean claras y faciliten, así, una aplicación legal y correcta del acuerdo. 
En cuanto al párrafo 41 del informe del Sr. Khanbhai, el actual proceso de revisión, en el seno del Consejo de los ADPIC, de diversas disposiciones no incluye los períodos de las patentes, ni las llamadas patentes "perennes" mencionadas en el informe. 
La Comisión no es de la opinión de que el período de las patentes necesite modificarse. 
En cuanto a la segunda cuestión, las patentes "perennes", no existe ninguna disposición en el Acuerdo sobre los ADPIC que pueda aplicarse. 
La naturaleza y el grado de invención para la concesión de una patente los evalúan las autoridades nacionales. 
Permítanme algunos comentarios sobre otros párrafos. 
El noventa y cinco por ciento de los medicamentos recogidos en la lista de medicamentos esenciales de la OMC no está sometido a patente y puede producirse libremente. 
El 5% restante son fármacos patentados en la mayoría de los países. 
La Comisión cree que deberían concederse licencias obligatorias de conformidad con las normas establecidas en el Artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
Los precios escalonados, en el sentido de que las empresas farmacéuticas ofrezcan voluntariamente sus productos con grandes descuentos de precios en los mercados de los países en desarrollo, cuenta con el firme apoyo de la Comisión. 
Fue uno de los puntos de fricción en el debate de las orientaciones para el fondo de sanidad. 
Estamos trabajando por conseguir un sistema global de precios escalonados que logre el suministro a los mercados de manera sostenible. 
Suministrar a los mercados pobres a los precios más bajos posibles debería ser la regla. 
Esto debería comprender todas las medicinas clave y esenciales. 
Evidentemente si se exportan grandes cantidades de productos con precios escalonados a los países en desarrollo, existe un riesgo elevado de desviaciones del comercio. 
Por ello, estamos estudiando medidas más rígidas para impedir la re-importación a la Comunidad de productos de precio escalonado. 
En el párrafo 38, el informe solicita el establecimiento de un fondo para las enfermedades infecciosas. 
Todos ustedes sabrán que este Fondo Global para la Salud y contra el SIDA fue puesto en marcha por el Secretario General de Naciones Unidas en la sesión especial sobre VIH/SIDA de junio. 
En nombre de la Comisión, el Presidente Prodi comprometió 120 millones de euros para el fondo. 
El conjunto de las aportaciones ha alcanzado ya los 1.800 millones de dólares estadounidenses. 
Estamos participando de manera activa en el desarrollo de las modalidades operativas del fondo, su gestión, base jurídica y enfoque. 
Estoy de acuerdo con lo que han dicho algunos oradores acerca de la situación de las mujeres. 
Siempre que tratemos estas cuestiones, es necesario tener en cuenta todos los asuntos relativos a los derechos y la sanidad en materia de reproducción y en materia sexual. 
La Sra. Sandbæk ha mencionado la cuestión de los ensayos. 
Quisiera aclarar que estamos trabajando sobre los ensayos en África.... 
(El Presidente pide orden para que pueda escucharse al orador) 
Tengo la confianza de que aquéllas de sus Señorías que realmente quieren escuchar lo que tengo que decir están, sin duda, intentándolo. 
Se lo agradezco de todo corazón. 
En cuanto a la actividad de la Comisión en el campo de la investigación, la verdad es que estamos teniendo bastante éxito en el intento de organizar una gran red centrada en África y realizar los ensayos como parte del proceso de investigación y desarrollo. 
Esto está progresando bastante bien. 
El tema del Fondo Global para la Salud y contra el SIDA lo han mencionado muchos oradores. 
Quisiera ofrecer al respecto alguna información adicional. 
Estamos participando en el debate sobre las modalidades del fondo y existen aún algunas diferencias que hay que resolver. 
Éstas afectan al equilibrio entre la prevención y el tratamiento, especialmente en relación con VIH/SIDA. 
Se refieren a la cuestión de en qué medida el fondo debería suministrar anti-retrovirales, de si el fondo debería también cubrir actividades de investigación, de la estructura de licitación en el fondo y de la zona geográfica en la que ha de centrarse. 
Por tanto, hay muchas cuestiones que se están discutiendo en estos momentos. 
Como trasfondo de este debate, constatamos también que hay una parte en el seno la comunidad de ONGs que cree que el fondo distrae la atención de los procesos de desarrollo a más largo plazo, en particular del apoyo para reforzar los sistemas sanitarios. 
En mi opinión, estas palabras de advertencia tienen que tomarse en serio. 
Quedan todavía muchas cuestiones por resolver antes de que esté claro cuál es el verdadero valor añadido que va a crear el fondo, especialmente en el aspecto más importante de mejorar los resultados sobre el terreno, que sigue siendo el mayor reto. 
Doy las gracias al ponente, el Sr. Khanbhai. 
Estamos deseando trabajar- como hemos hecho hasta ahora- codo con codo con el Parlamento y mantener la presión para que avancen estos planes. 
Señor Presidente, una cuestión de orden: cuando el Sr. Comisario cita la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMC, sabe que ésta recoge no sólo medicamentos sino también si tales medicamentos son asequibles. 
Por tanto, los medicamentos de los que estamos hablando aquí están excluidos de la lista en cuestión. 
Señor Howitt, se lo puede comunicar por escrito, gracias. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Señora Presidenta, supongo que le han informado de la discusión que se ha planteado esta mañana en el Pleno a la apertura de la sesión. 
No es mi intención reabrir el debate, pues estoy segura de que el Vicepresidente Sr. Imbeni le habrá informado de la cuestión. 
Por lo tanto, esperamos su respuesta al final del turno de votaciones, porque imagino que todos los diputados desean votar. 
Señora Napoletano, en efecto, he sido informada de su intervención al inicio de la sesión plenaria de esta mañana. 
En cambio, usted hacía alusión a una carta que me había remitido el Sr. Tajani. 
No he tenido todavía ocasión de disponer de la traducción de esta carta que me llegó al final de la mañana, pues ha sido necesario que la carta se tradujera y esto difícilmente podría hacerse durante la noche. 
Es evidente que no podré adoptar ninguna postura hasta que pueda leer la carta que el Sr. Tajani me ha remitido. 
A él le doy, por tanto, la misma respuesta. 
Me excuso por ello. 
Es un problema muy delicado el que se aborda: el de los posibles límites de la libertad de expresión de los jefes de Estado, de los comisarios, de los parlamentarios. Es un problema muy grave. 
Créame, voy a dedicarme a él con toda la atención que este problema requiere. 
VOTACIONES 
(El Parlamento aprueba el proyecto de protocolo) 
Proyecto de reglamento relativo a la adopción de medidas restrictivas frente a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo internacional (COM (2001) 569- C5-0455/2001- 2001/0228 (CNS) ) (Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos) 
Antes de la votación sobre el proyecto de reglamento. 
Wurtz (GUE/NGL). 
(FR) Señora Presidenta, creo saber que es posible que cada grupo explique brevemente el sentido de su voto sobre este proyecto de reglamento. 
Lo entenderá muy bien. 
Es un acuerdo que ha sido consensuado por todos los grupos. 
Señora Presidenta, quisiera decir simplemente que, por supuesto, ni que decir tiene que mi Grupo está totalmente y sin ambigüedad, firmemente en contra del terrorismo y, por tanto, de acuerdo con la propuesta de principio de la Comisión de privar a estas organizaciones terroristas de sus fondos. 
Sin embargo, mi Grupo considera inaceptable el método que se nos impone, es decir, tener que decidir a toda prisa en relación con una lista que nos ha sido remitida por Estados Unidos sin explicación... 
... y que corre peligro de ser modificada sin nuestro control. 
Por ello, lamentablemente, no podremos aprobar hoy este proyecto de reglamento tal como está. 
(Aplausos) 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) 
Informe (A5-0313/2001) de la Sra. González Álvarez, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación relativo a la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad general de los productos (C5-0298/2001- 2000/0073 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el proyecto conjunto) 
Propuesta de resolución (B5-0665/2001) presentada por los diputados Dupuis y otros, en nombre del Grupo TDI, sobre el Consejo Europeo extraordinario de Bruselas 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta de resolución común sobre la reunión del Consejo Europeo extraordinario del 21 de septiembre de 2001 en Bruselas 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución común sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento y resultados de la reunión informal del Consejo "Asuntos económicos y financieros" celebrada en Lieja los días 22 y 23 de septiembre de 2001 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0286/2001) de la Sra. Hieronymi, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre el tercer informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, relativo a la aplicación de la directiva 89/552/CEE "Televisión sin fronteras" (COM (2001) 9- C5-0190/2001- 2001/2086 (COS)) 
Antes del inicio de la votación. 
Señora Presidenta, quisiera manifestar lo interesante que resulta el asunto objeto de este informe. 
Antes de la votación sobre el considerando H. 
Señora Presidenta, ruego a la ponente y a todos los colegas que acepten la siguiente enmienda oral con objeto de sustituir el texto original del considerando H por el siguiente: 
Considerando que es necesaria una revisión urgente de la Directiva "televisión sin fronteras". 
Es más preciso, más exacto y tiene el mismo sentido. 
Ruego su aceptación. 
¿Hay alguna objeción a que sea tenida en cuenta la enmienda oral propuesta por el Sr. Aparicio? 
No tomaré parte en la votación de hoy. 
¿Hay otras Señorías que deseen manifestarse en el mismo sentido? 
Si es así, les invito a que lo hagan ahora. 
Señora Presidenta, hay un error en el párrafo 6 del texto en español, en cuanto a la palabra "padres" que debería venir antes de profesores de primaria y secundaria. 
Espero que se corrija la traducción del texto en español. 
Aunque existe un amplio respaldo a algunas de las enmiendas orales que yo iba a hacer, entiendo que hay oposición por parte de los Verdes, por lo que la única enmienda oral que deseo hacer ahora afecta al párrafo 14. 
Hay un verdadero error y debería modificarse de tal modo que diga: "Llamamientos a los países en desarrollo para que supriman los aranceles e impuestos a la importación de medicamentos y aparatos esenciales con el fin de que la asistencia sanitaria sea más asequible." 
No existe ningún impuesto cuando se exportan medicinas desde Europa o Estados Unidos, y, por tanto, el actual párrafo es incorrecto en cuanto a los hechos. 
Espero que sus Señorías apoyen esta enmienda. 
(La Asamblea da su conformidad a la presentación de la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, me ha sorprendido un poco que antes de la votación sobre el reglamento del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo internacional y la congelación de las cuentas de las organizaciones terroristas no se haya concedido a todos los Grupos parlamentarios un minuto de intervención para exponer su punto de vista. 
Se había acordado previamente entre todos los partidos políticos que justo antes de proceder a la votación íbamos a poder hablar porque nos hemos visto confrontados con tanta urgencia a este tema que no ha habido tiempo para el debate. 
Además, es un tema de muchísima importancia. 
Por este motivo, lamento que no hayamos tenido la oportunidad de debatirlo y presentaré nuestros argumentos por escrito. 
Pero de lo que se trata es de la importancia que tiene para nosotros que haya también un control jurídico en esta propuesta. 
Estamos muy satisfechos con esta propuesta de la Comisión y estamos satisfechos de que esté basada en el artículo 308 del Tratado. 
Esto significa que hay tanto un papel para el Tribunal de Justicia como también lo habrá para el Parlamento Europeo. 
Sin embargo, nos sentimos decepcionados porque el Consejo rechazó ayer este fundamento jurídico. 
El Consejo no ha entendido la urgencia de esta propuesta como tampoco ha entendido que es necesario que se base todo esto en el artículo 308. 
Basándolo en varios artículos del tercer pilar como ha hecho, el Consejo ha querido, naturalmente, dejar de lado tanto al Tribunal de Justicia como al Parlamento Europeo. 
Me parece que estamos hablando de un asunto muy serio que también debería haber sido debatido profundamente en el Parlamento. 
Señora Buitenweg, desearía responderle sobre el desarrollo de las votaciones en este Parlamento. 
Desde luego he aplicado escrupulosamente el Reglamento. 
Debo decirle que me esperaba que cada Grupo me solicitara este minuto de intervención. 
No me correspondía a mí darlo en virtud del acuerdo adoptado en los pasillos. 
En realidad, lo que tenía que haber ocurrido y lo que yo me esperaba, es que algunas Señorías, 32 más exactamente para respetar el Reglamento, solicitaran un debate, que de todos modos no era posible porque habíamos votado en procedimiento de urgencia y, que en ese momento, los grupos me pidieran cada uno un minuto. 
El Sr. Wurtz ha sido el único que ha hecho esta petición. 
Yo he sido la primera sorprendida, Señora Buitenweg. 
EXPLICACIONES DE VOTO 
A sus Señorías que solicitan intervenir para la explicación de voto oral sobre los procedimientos sin informe, debo recordarles que por tratarse de procedimientos sin informe no se puede hacer la explicación de voto oral. 
Lo lamento mucho, es el Reglamento. 
¿Esto se debe al Reglamento, Señora Presidenta? 
Sí, se trata del artículo 137: 
"Cuando estuvieran incluidos en el orden del día del Parlamento una propuesta de la Comisión o un informe conforme al apartado 5 del artículo 62 o al artículo 114, los diputados podrán dar explicaciones de voto por escrito de conformidad con el apartado 1." 
. (EN) Señor Presidente, he apoyado la petición de medidas específicas en contra del terrorismo en particular porque el derecho de apelación al Tribunal de Justicia Europeo está recogido en el fundamento jurídico. 
Esto se ha aclarado mediante la aprobación de las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes con el fin de proteger los derechos humanos. 
Las libertades civiles, cuya violación temen algunos, deberían estar protegidas al ser todos los procedimientos susceptibles de apelación ante el Tribunal de Justicia Europeo. 
No podemos ser neutrales contra el terror. 
Europa debería apoyar a EE.UU. en la búsqueda y la supresión de los terroristas, pero también deberíamos contar con un plan a largo plazo para la resolución de conflictos y aportar apoyo a las infraestructuras en lugares como Afganistán donde se necesita ayuda humanitaria pero ésta es sólo un recurso provisional para el funcionamiento pleno de la sociedad. 
Durante años el Parlamento Europeo ha pedido el apoyo a la población civil de Afganistán que ha sido objeto del terrorismo de los talibanes. 
Las mujeres han sufrido especialmente. 
En toda la región y en Cachemira se ha producido un número creciente de ataques a las mujeres por parte de los extremistas islámicos que les han arrojado ácido a la cara causándoles horribles heridas para hacerles llevar el burka, una prenda que les cubre toda la cara. 
Aunque reafirmamos nuestra oposición total tanto a los métodos terroristas como a los objetivos reaccionarios buscados por las corrientes responsables de estos actos, rechazamos unirnos al conjunto de propuestas del Consejo de la Unión Europea. 
Los responsables políticos de las grandes potencias imperialistas, americana o europeas, tratan de canalizar la legítima emoción provocada por los atentados de Nueva York al servicio de una política destinada únicamente a asegurar su dominio sobre el mundo y no a preservar los intereses y la seguridad de los pueblos. 
Rechazamos cualquier iniciativa, incluso parcial, que contemple operaciones militares, que inevitablemente causarán víctimas entre la población que en modo alguno está a favor del terrorismo. 
El terrorismo individual no justifica ni hace aceptable el terrorismo de Estado. 
Protestamos contra las medidas que restringen las libertades individuales, a las que este clima de guerra da lugar. 
En cuanto a la lucha contra la financiación de los grupos terroristas, si los gobiernos quisieran realmente llevarla a cabo, deberían suprimir inmediatamente el secreto bancario y el secreto de los negocios. 
Las tergiversaciones y las medidas tan limitadas como ineficaces en esta materia demuestran solamente que se prefiere el conformarse con el dinero tanto del terrorismo como de la droga y el crimen antes que garantizar una trasparencia total que corre peligro de desvelar los múltiples tráficos e ignominias del propio sistema capitalista y el considerable despilfarro que le cuesta a la sociedad. 
. 
(FR) Ante todo, hay que confesar que esta explicación de voto es difícil. 
Como todos, nosotros también nos rebelamos contra los atentados del 11 de septiembre. 
Es frustrante decidir no utilizar un medio suplementario para luchar contra los que los han cometido. 
Sin embargo, estamos convencidos de que se trata de una decisión dictada por la razón y no por una reacción instintiva, legítima pero peligrosa, motivada por la rabia y el dolor. 
Además del hecho de que rechazamos la creación de una jurisprudencia sobre procedimientos de urgencia que pueden entonces multiplicarse, nos plantemos preguntas en cuanto a la lista propuesta en anexo, que pone de manifiesto verdaderos problemas de fondo. 
Lógicamente, estamos totalmente de acuerdo con el principio de la puesta en marcha de medidas específicas contra personas y bienes relacionados con el terrorismo con el fin de combatirlos mejor. 
Ahora bien, hay demasiadas zonas obscuras en esta famosa lista: 
¿Cómo es posible apoyarla cuando se desconoce incluso la forma en la que se ha realizado? 
¿Basándose en qué criterios han sido seleccionadas estas personas? 
Sabemos que no existe ninguna definición de terrorismo en el derecho internacional, y que por tanto es imposible contar con criterios objetivos de pertenencia a un movimiento terrorista. 
Ahora bien, basta con ver la facilidad con la que algunos tratan de terrorista cualquier comportamiento que se oponga al pensamiento dominante (antiglobalistas, anti ONG ,... ) para preocuparse por las posibles amalgamas. 
Además, ¿qué se hace con ciertos principios generales del derecho tales como: 
la presunción de inocencia o el beneficio de la duda? 
¿y a quién corresponde la carga de la prueba? 
(Intervención acortada en virtud del artículo 137 del Reglamento) 
Reafirmamos nuestra frontal e inequívoca condena de los actos terroristas habidos en los Estados Unidos de América, así como la necesidad de dar una respuesta basada en la combinación de esfuerzos y cooperación internacional en el marco de las NN.UU. y con pleno respeto de su Carta. 
Pero no podemos dejar de afirmar nuestra profunda discordancia con el método que la Comisión ha procurado imponer con la presentación de la "propuesta de reglamento relativo a las medidas restrictivas directas contra ciertas personas y entidades con vistas a la lucha contra el terrorismo internacional". 
Consideramos necesaria, en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, la adopción de medidas de lucha contra la delincuencia organizada, que requieren, entre otras cosas, la lucha contra el blanqueo de capitales y los diferentes tráficos y la supresión de los paraísos fiscales. 
Pero consideramos inaceptable que se someta a la aprobación del Parlamento Europeo una lista- posiblemente facilitada por el Gobierno y los servicios de información de los Estados Unidos de América, país que hace muy poco se opuso al control de los paraísos fiscales- de organizaciones y personas sin que esté fundamentada ni se presente prueba alguna. 
Por otro lado, consideramos que la necesaria lucha contra el terrorismo no puede servir de pretexto para afectar a aspectos esenciales de la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea. 
. (DA) No podemos repetir suficientes veces que respaldamos la lucha contra el terrorismo internacional y que nos parece bien emprender iniciativas destinadas a congelar fondos si se puede demostrar que pertenecen o proceden de individuos u organizaciones que llevan a cabo actos terroristas. 
Reconocemos la necesidad de una reacción rápida, pero al mismo tiempo consideramos importante reflexionar con detenimiento al respecto. 
La propuesta de Reglamento refleja que la UE está en condiciones de actuar, pero no de pensar. 
El hecho de que no votemos en contra de la aprobación de la iniciativa por el Parlamento está motivado por los siguientes puntos: 
Ante todo pensamos que el Parlamento no debe ser consultado en esta cuestión en la que el Parlamento no tiene ninguna influencia. 
Nos parece totalmente inaceptable que el Parlamento deba tomar una postura ante un Reglamento propuesto por la Comisión en vista del documento actual que ha sido presentado a toda prisa y que en COREPER ya ha sido criticado por su falta de coherencia y consistencia. 
Creemos que el procedimiento por el cual se ha solicitado al Parlamento que apruebe una aprobación de urgencia de la propuesta del Consejo será empleado por parte del Consejo para legitimar un Reglamento que no ha sido bien trabajado. 
La lista que se ha añadido a la propuesta en el anexo 1 es una lista de organizaciones e individuos sospechosos de estar directa o indirectamente involucrados en actos terroristas. 
Nos parece criticable que sin vacilar se haya aprobado una lista confeccionada en los EE.UU. En la propuesta no aparece ninguna directriz sobre cómo y según qué criterios se incorporan o se borran personas u organizaciones de la lista ni se especifica qué autoridades están autorizadas a redactar la lista ni tampoco según qué principios. 
Nos parece criticable que la propuesta anule principios fundamentales del Estado de Derecho, principios que protegen a las personas procesadas de un trato injusto e ilegal. 
Es indignante que se deje fuera de juego la tradicional división en tres del poder- con un poder legislativo, judicial y ejecutivo- para que la UE pueda acceder a los deseos de los EE.UU. de una intervención rápida. 
Al mismo tiempo debe subrayarse que ninguna violación de estos principios puede justificar actos terroristas. 
. (SV) Comparto, sin reservas, la absoluta condena al terrorismo que constituye el motivo de este reglamento. 
Al mismo tiempo, sin embargo, tanto el procedimiento de decisión como el contenido del reglamento constituyen una burla a la democracia y al estado de derecho, cuya protección se dice ser el objetivo de la propuesta. 
El Parlamento Europeo ha sido obligado a adoptar un procedimiento rápido, sin informe, sin debate y sin acceso al texto de la ley en las diferentes lenguas, entre ellas la sueca. 
No se han explicado las razones para atropellar de esta forma las formas normales para la adopción de resoluciones. 
Puesto que, en último término, a los Estados miembros les corresponderá realizar la congelación de los recursos financieros de los supuestos terroristas, y en cualquier caso deberá hacerse a través de medidas que se adopten en cada uno de los Estados miembros, no hay nada que indique que se necesite un reglamento comunitario ni una aceleración en la aplicación de las medidas. 
Asimismo, este reglamento es una chapuza jurídica y una burla a todas las rimbombantes declaraciones de que la lucha contra el terrorismo no debe entenderse como una guerra contra el Islam o contra el mundo árabe. 
En el reglamento no se define al terrorismo, a los terroristas ni a las organizaciones terroristas. 
En lugar de formular una definición amplia del delito y dejar que el aparato judicial investigue, arreste, acuse y juzgue a los que realicen conductas que se ajusten a la definición del delito, el legislador- es decir, la Comisión que ha presentado la propuesta, el Consejo como órgano de decisión y el Parlamento Europeo como instancia de consulta- ha omitido la definición del delito y ha señalado a priori a 27 organizaciones y personas como "culpables". 
El origen de esta lista no se encuentra en ningún procedimiento judicial, sino que proviene directamente de la CIA. 
En esta lista aparecen muchos nombres de personas que, seguramente, son muy comunes. 
Además, todos esos nombres son fácilmente identificables como árabes y musulmanes. 
El resultado ha sido una maniobra falsa, que no se necesita para acceder a los recursos financieros de los terroristas en los países de la Unión, que se opone a principios jurídicos fundamentales y que se entiende como un atropello político unilateral al mundo árabe- musulmán. 
Mediante la aprobación de unas enmiendas, el Parlamento Europeo ha demostrado que es posible disminuir, aunque no totalmente, esas deficiencias. 
En esta situación, creo que habría sido mejor que el Parlamento Europeo hubiese demostrado unánimemente su desacuerdo con la propuesta de la Comisión rechazándola totalmente, facultándole asimismo para presentar una nueva propuesta que realmente permitiese combatir el terrorismo, que se fundamentase en principios jurídicos y que eliminase cualquier duda sobre su objetivo unilateral contra el mundo árabe- musulmán. 
Por estas razones, muchos colegas del Grupo de los Verdes y yo hemos votado en contra de la propuesta en la votación final. 
. (DA) La propuesta de la Comisión no sólo choca con el artículo 308 del Tratado, también supone un quebrantamiento de principios jurídicos elementales y de las constituciones nacionales. 
El motivo fundamental por el que no puedo intervenir en favor de esta legislación es que la propuesta de la Comisión sencillamente tiene por objeto eliminar toda forma de protección jurídica. 
Incluso los criminales sospechosos tienen derecho a un juicio, a un fair trial. 
La Comisión quiere que deroguemos este derecho fundamental. 
La Comisión ha recibido de los EE.UU. una lista de 27 individuos y organizaciones. 
No hemos recibido ninguna prueba de las actividades de los 27, ni siquiera la más mínima explicación de por qué precisamente estos 27 deben ser condenados sin pruebas y sin juicio. 
Lo que se exige de nosotros es que con una venda en los ojos asumamos condenar a estos 27- definitiva e inapelablemente. 
Debemos blandir la estampilla aquí y ahora- en el estilo clásico del Dr. Strangelove: ¡dispara primero y pregunta después! 
¿No son precisamente los principios jurídicos democráticos los que queremos defender? 
¿Qué será lo próximo si transigimos ahora y aceptamos que el fin justifica los medios? 
. 
(FR) Hemos votado en contra de este proyecto de reglamento pues no pensamos que sea posible oponerse eficazmente a operaciones terroristas innobles como la del World Trade Center violando libertades elementales. 
Con esta propuesta de reglamento, se nos pide simplemente que confiemos en la CIA cortando los víveres a 27 grupos calificados de terroristas, con razón o sin ella, por esa agencia que, además, está en el origen de algunos de ellos. 
No hemos esperado al Sr. Bush para condenar los paraísos fiscales pero en ningún caso daremos un cheque en blanco a sus servicios secretos. 
La lista presentada sin ninguna explicación y de la que se nos advierte que se va a ampliar, sin duda en función de los intereses de los Estados Unidos y de sus aliados, no es más que una lista coartada en relación con una lucha conjunta que se impone tanto contra los paraísos fiscales como contra los artesanos de la muerte de la que obtienen beneficios. 
Dado que, sin duda, no tenemos el mismo concepto de terrorismo que el Sr. Bush y que la lista de culpables sigue abierta, proponemos añadir ya como 28º organización a la firma TotalFinaElf, responsable de decenas de miles de muertos en el mundo y directamente relacionada con actividades terroristas, especialmente en África. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor de la modificación del Parlamento Europeo de la propuesta de Reglamento del Consejo relativa a medidas específicas y restrictivas contra ciertas personas y organizaciones de cara a combatir el terrorismo internacional. 
Estamos de acuerdo en que la UE debe combatir el terrorismo internacional en todos los ámbitos. 
No obstante, en general la propuesta nos produce ciertos reparos, por ejemplo, rechazamos la lista de 27 organizaciones terroristas. 
Aparentemente todas estas organizaciones son musulmanas, lo que puede verse como discriminatorio, puesto que también existen organizaciones terroristas de carácter no musulmán. 
Es natural que estas organizaciones también se incluyan en la lista, que por ello no puede considerarse completa. 
Además, albergamos dudas de que esta lista pueda ser utilizada en la práctica. 
. (EN) Me he abstenido en la votación final porque, a pesar de que estoy de acuerdo con el principio que subyace a este reglamento, no puedo estar de acuerdo con la inclusión del Anexo 1. 
Este reglamento habla del Terrorismo Internacional en general y no se refiere específicamente a los acontecimientos del 11 de septiembre. 
Por tanto, parece totalmente equivocado incluir este Anexo que sólo se refiere a individuos y organizaciones que parecen proceder únicamente de la comunidad islámica. 
También me preocupa el que los parlamentarios europeos no hayamos visto las pruebas contra las personas y las organizaciones que figuran en el Anexo y, por tanto, no hayamos podido decidir por nosotros mismos si los que allí figuran son culpables o no de terrorismo. 
. (EN) Se ha pedido al Parlamento Europeo que actúe de forma urgente y decidida para congelar los fondos que podrían utilizar los terroristas. 
Hemos estado a la altura de este reto y al hacerlo hemos introducido enmiendas esenciales para proteger las libertades de las personas inocentes. 
Yo personalmente estoy orgulloso de la enmienda que pide detalles para que se pueda identificar realmente a las personas que figuran en el Anexo. 
Sería absurdo seguir adelante con una lista de nombres que podrían referirse ambiguamente a miles de personas en el mundo islámico, mezclando a personas inocentes con otras siniestras. 
El Consejo de Ministros ha pedido rapidez y decisión. 
Nosotros hemos respondido y hemos subrayado la necesidad de garantías judiciales plenamente compatibles con una acción decidida e inmediata. 
Estamos, de hecho, retando al Consejo a que cumpla su palabra y no retrase las cosas ideando una nueva versión sin las garantías judiciales. 
. (EN) Hemos votado en contra de este proyecto de reglamento por diversas razones. 
Creemos firmemente que conceder tales poderes sin un debate adecuado y sin un informe parlamentario acerca de la cuestión es legalmente cuestionable. 
El hecho de que la protección de las libertades civiles no se trate en el reglamento es terrible, y la invocación del Artículo 308 sienta un peligroso precedente al hacer aprobar a toda prisa una legislación de emergencia sin un debate abierto y transparente. 
También es cuestionable que la Comisión Europea tenga el derecho a invocar este artículo en tales circunstancias y ello podría vulnerar algunas constituciones nacionales. 
Se pidió al Parlamento Europeo que votara sobre una lista de 27 organizaciones sin explicarse en absoluto con qué criterios se las había elegido ni quiénes o qué son, y sin ninguna mención de las garantías en el caso de que una de estas organizaciones o personas hubiera sido acusada erróneamente. 
No creemos que el Parlamento Europeo tenga derecho a actuar como juez y parte en estos asuntos y aun menos cuando los hechos no están claramente explicados de una manera abierta y transparente. 
Nosotras, por supuesto, acogeremos favorablemente cualquier nueva medida para combatir el terrorismo; sin embargo, tales medidas deben ser objeto de una reflexión y de un debate adecuados, de modo transparente y democrático, y no, como ha ocurrido esta semana, en un ambiente de pánico. 
Cualquier nueva medida debe contemplar los derechos humanos, proteger las libertades civiles y reconocer la presunción de inocencia, para ser verdaderamente eficaz. 
Es una vieja costumbre aislar a los adversarios políticos llamándoles terroristas. 
Cuando los terroristas de antaño llegaron a ser los líderes de Sudáfrica, Israel, la Autoridad Palestina y de muchas antiguas colonias, a los ojos de muchos se convirtieron de repente en personas razonables y respetables y se culpaba con razón a sus antiguos adversarios de provocar la violencia. 
Como habían eliminado cualquier esperanza de llegar por la vía pacífica a una situación mejor, la oposición se sentía desesperada. 
Por lo tanto, siempre habrá que hacer una clara distinción entre la oposición, que lucha por unos cambios socioeconómicos y administrativos, y los grupos que hacen uso de una violencia injustificada que sólo tiene por objeto provocar el miedo y la destrucción. 
La lista americana de las 27 organizaciones sospechosas con un entorno islámico nos hace sospechar en algunos casos que se compra el apoyo de los gobiernos en la lucha contra el terrorismo internacional dejando que se califique a la oposición nacional como terroristas. 
Entonces estamos cometiendo el mismo error que cuando instancias judiciales de otros Estados miembros inculpan a ciudadanos, procedentes de Estados miembros donde sí está permitido, de practicar el aborto, la eutanasia o el comercio de drogas blandas. 
En la justa lucha contra el terrorismo auténtico no todo lo que se propone ahora es justificable y eficaz. 
Por lo tanto, no estoy de acuerdo con este enfoque irresponsable. 
. (DE) Intervenir cuentas bancarias de organizaciones o personas que realizan o apoyan atentados terroristas como los del 11.09.2001 es razonable. 
Pero aquí tenemos una lista de personas y organizaciones de las que tan sólo se sospecha que están implicadas de una u otra forma en los atentados terroristas de Nueva York y Washington. 
A pesar de todo, es posible, incluso sin un proceso legal y sin una prueba definitiva, proceder contra ellos. 
Esta medida sería comparable a una detención preventiva en la que el sospechoso no ha sido condenado aún legalmente. 
En caso de que, finalmente, no se pruebe su implicación en el crimen, el que fuera objeto de detención preventiva es puesto en libertad y desagraviado. 
Una regulación semejante es la que falta aquí. 
La cláusula del párrafo 2 del artículo 2, permite además incluir a más personas y organizaciones no deseadas en esta lista dudosa desde el punto de vista de un Estado de derecho. 
Como en el Consejo de Interior y Justicia se habló también de urban violence, me temo que se retendrán cuentas de personas y organizaciones que, por ejemplo, se manifiesten contra la política de la UE en las cumbres de la UE. 
Si hubiese votado a favor de esa Resolución hubiese aprobado un problemático acto de arbitrariedad. 
Por ello, pese a mi claro rechazo del terrorismo, he votado en contra. 
. 
(FR) Los diputados del MPF han votado a favor del reglamento del Consejo previendo, como consecuencia del Consejo Extraordinario de Bruselas del 21 de septiembre, un cierto número de medidas para luchar contra el terrorismo. 
No es que no consideremos que estas medidas por sí mismas no constituyan una respuesta conjunta, suficiente y coherente frente a la temible amenaza de la que somos objeto, si no que, simplemente, consideramos que se trata de un primer paso en la buena dirección y que conviene ahora acometer, sin demora y sin tabúes, un trabajo de revisión general de nuestra legislación para que la intención pregonada por la presidencia del Consejo de aplicar contra el terrorismo una política a la vez «global» y «duradera» no se quede en un hechizo, sino que se traduzcan en hechos. 
A este respecto, algunos propósitos expresados en este recinto por el Ministro Michel nos preocupan, pues traducen la persistencia, en algunos de nuestros responsables, a pesar de los acontecimientos del 11 de septiembre, del mismo "viejo pensamiento" (utilizando la expresión del Sr. Gorbachov) , de la misma vena ideológica, que durante años ha inspirado, a nivel europeo, disposiciones laxistas y demagógicas en materia de circulación de personas, que han conducido a un abandono del dominio de nuestras tierras y ha hecho de la Unión Europea un epicentro privilegiado del terrorismo islámico. 
Cuando el Sr. Michel pretende que la gran revisión legislativa preconizada por nuestro colega Georges Berthu y que trata de privilegiar la seguridad de nuestros ciudadanos "lleva directamente a una sociedad liberticida", mantiene la amalgama que está en el origen de nuestras deficiencias. 
¿No será, en efecto, qué asimilando cualquier desmantelamiento de control a un avance de la libertad hemos hecho la cama en nuestra propia casa a terroristas que han ido a atacar a los Estados Unidos? 
El hecho de que toda medida seria de control, sobre todo si es nacional, se asimile todavía hoy a una propuesta liberticida dice mucho del camino que queda por recorrer para que se abandone la vieja ideología libertaria y para permitir que la reflexión se ponga a nivel de los desafíos que nos lanzan los acontecimientos que vivimos. 
(Intervención acortada en aplicación del artículo137 del Reglamento) 
Consejo Europeo Extraordinario (RC B5-0666/2001) 
La convocatoria de una Cumbre Extraordinaria de la Unión Europea después del atentado terrorista a los Estados Unidos era necesaria. 
Ciertamente hay serenidad, por lo menos hasta ahora; pero en los movimientos de la Unión Europea vemos puntos sensibles que requieren una atención especial: 
a) Hacer valer el artículo 5 del estatuto de la OTAN, y además sin una especificación concreta del país de donde procede el ataque, crea un clima de guerra y de conflicto excepcionalmente peligroso; 
b) Adoptar medidas de carácter policial para luchar contra el terrorismo debe tener como límite el respeto de los derechos humanos; 
c) Es necesario establecer la política frente a los países "amigos", como Arabia Saudita, que han colaborado financiando la ampliación del fundamentalismo; 
d) Solucionar la cuestión palestina, y especialmente el problema de Jerusalén, va a liberar masas enormes de musulmanes de la magia y la demagogia de los islamistas; 
e) Realizar una intervención esencial en el problema mundial de la pobreza liberará comunidades enteras de Asia o de África de la desesperación que funciona como abono del terrorismo; 
f) La Unión Europea debe evitar el desconcertante discurso de Berlusconi, así como el discurso de fiscal de Blair, y aproximarse al mundo del Islam con calma y amistosamente. 
Al tiempo que reafirmamos la condena frontal de los actos terroristas cometidos en los Estados Unidos de América y renovamos la expresión de respeto por el dolor y el duelo de los familiares de las víctimas y del pueblo americano, hacemos un llamamiento para que la lucha contra el terrorismo no contribuya a que haya más víctimas inocentes. 
Sólo si se hace con la égida de las Naciones Unidas, será plenamente eficaz la lucha contra el terrorismo internacional, por lo que rechazamos, en particular, la utilización del artículo 5 del Tratado de la OTAN, que corre el riesgo de arrastrar a la Unión Europea y a la comunidad internacional a una espiral de violencia de consecuencias incalculables. 
También consideramos que la necesaria lucha contra el terrorismo no puede servir de pretexto para poner en entredicho los derechos y las libertades fundamentales y las garantías judiciales de los individuos ni afectar a aspectos esenciales de la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea, incluida la militarización. 
Por eso, consideramos importante que, junto con la lucha contra el terrorismo internacional, se desarrolle la lucha contra el blanqueo de capitales, incluida la supresión de los paraísos fiscales. 
Así, nuestro voto refleja la discordancia profunda con algunos de los aspectos esenciales de la resolución común votada mayoritariamente en el Pleno, aunque apoyamos la generalidad de la parte restante. 
. (EN) He votado en contra de la resolución por diversas razones. 
Yo creo que poner ante la justicia a los responsables de los ataques terroristas en Estados Unidos no debería suponer sufrimiento y terror para otras personas que son inocentes. 
Es vital que cualquier acción en respuesta a estas atrocidades no desencadene más ataques iguales o peores. 
La comunidad internacional tiene el deber de intentar entender qué puede haber conducido a estos terribles crímenes. 
Debe intentar comprender porque negarse a hacerlo contribuirá a la probabilidad de encontrar más adelante algo mucho peor. 
Creo que los Estados Unidos, y la coalición de países que se ha formado, deben preocuparse por la seguridad global en su conjunto. 
Si EE.UU. responde con ataques sobre Afganistán también estará matando a gente inocente y no se subsana un error cometiendo otro. 
Creo firmemente que, como políticos del mundo democrático, tenemos la gran responsabilidad de defender los principios de la no-violencia y de garantizar que dicha violencia injustificable no aumenta. 
Es una señal de odio y de desesperación que la gente se mate a si misma y a muchos otros en la forma tan horrible como se hizo el 11 de septiembre en Nueva York y Washington. 
Sólo se puede luchar contra el terrorismo combatiendo las causas que han originado, el caldo de cultivo, pero no produciendo más rechazo. 
La manera en que Israel busca y liquida a sus adversarios palestinos violentos sólo conduce a un aumento de simpatía por una oposición violenta. 
Ahora corremos el riesgo de que se cometa el error a nivel mundial. 
Cuando se trataba del clima, el rearme y el racismo, el presidente americano buscaba el aislamiento. 
La coalición dirigida por él y que se ha formado ahora entre todos los ricos y poderosos en contra de los pobres y rebeldes será contraproducente a largo plazo. 
Apoyo al único parlamentario americano que ha tenido el valor de votar en contra de la psicosis de la guerra, siguiendo el ejemplo de los pocos socialistas alemanes que mostraron su desacuerdo al principio de la Primera Guerra Mundial. 
El dinero que se va a malgastar en la guerra lo podríamos emplear mejor en tareas preventivas. 
Dentro de Europa, esto se haría reduciendo los riesgos de atentados. No privatizar por ejemplo la seguridad aeroportuaria ni el tráfico aéreo y prestar más atención a las normas de seguridad de los edificios extremadamente altos. 
Fuera de Europa, ayudando a solucionar los persistentes problemas de pobreza, desigualdades e injusticia. 
. (EN) Los Conservadores británicos apoyamos firmemente medidas expresamente diseñadas para luchar contra el terrorismo en todas sus formas. 
Con este espíritu, por tanto, hemos respaldado la propuesta de resolución y las medidas legislativas antiterroristas adoptadas por el Consejo. 
Sin embargo, no apoyamos la proposición de que "combatir el terrorismo internacional supone un fortalecimiento claro de las competencias pertinentes de la UE", ni que la UE tenga la responsabilidad de negociar acuerdos sobre cooperación judicial y policial con EE.UU., que es una responsabilidad nacional, dadas las muy diferentes tradiciones constitucionales, judiciales y operativas de Estados miembros fundamentales como el Reino Unido. 
No vemos relación alguna entre la necesidad de una respuesta decidida a los recientes ataques terroristas y el llamamiento a intensificar los esfuerzos para hacer operativa la Política Europea de Seguridad y Defensa. 
Por el contrario, los recientes acontecimientos subrayan la necesidad de unos vínculos transatlánticos más estrechos y de la potenciación de la OTAN, en lugar de la búsqueda de una capacidad militar autónoma de la UE susceptible de crear divisiones. 
Además, deseamos que toda nueva legislación antiterrorista se utilice también para derrotar a organizaciones terroristas, como el IRA en todas sus formas, y ETA, que llevan varias décadas realizando campañas terroristas desde los Estados miembros y dentro de éstos. 
Pacto de estabilidad y de crecimiento (RC B5-0602/2001) 
. 
(FR) La quiebra de los dogmas liberales se revela cada vez más evidente. 
El "Pacto de estabilidad" y los poderes antidemocráticos, de los que el Banco Central Europeo ha sido dotado, actúan como verdaderos corsés, cuando resulta especialmente acuciante modificar radicalmente la orientación de la construcción europea. 
Las manifestaciones sindicales y asociativas suscitadas por la reunión en Lieja del Consejo Ecofin y los debates del Congreso Europeo Ciudadano han subrayado la urgencia de las exigencias sociales y democráticas presentadas por los movimientos que oponen la perspectiva de una acción solidaria a la mundialización capitalista. 
El Consejo Ecofin, a pesar de ello, nuevamente ha mostrado su autismo. 
No ha hecho ninguna propuesta a la altura de las expectativas. 
Sus debates siguen caracterizándose por la ausencia total de transparencia y de responsabilidad, como lo ilustra el destino dado al impuesto Tobin. 
Los ministros han renegado de sus compromisos públicos devolviendo el asunto a la Comisión, cuya hostilidad a una decisión de este tipo, sin embargo elemental, es conocida. 
Así mismo, la cuestión candente de los paraísos fiscales sólo es voluntariamente abordada desde el ángulo específico de la lucha antiterrorista. 
Los gobiernos de la Unión no están siempre dispuestos a cambiar de rumbo. 
Esta cuestión esencial es la que ocultan las resoluciones comunes sometidas a votación. 
Y es por ello por lo que votaremos en contra. 
El Japón vive en recesión económica. 
Los EE.UU. están al borde de ella. 
Europa está creciendo bastante menos y no se puede descartar del horizonte un escenario de recesión. 
Con el objeto de evitar una recesión mundial, tiene el mayor sentido estimular, en el ámbito de una acción coordinada con el Japón y los EE.UU., la actividad económica mediante el crecimiento del gasto público hasta el límite del 3% del déficit público de cada uno de los Estados miembros de la UE, con la condición de que 
el aumento del gasto tenga como fin el fortalecimiento de la inversión pública y el estímulo de la inversión privada; 
haya simultáneamente un esfuerzo intensificado en la realización de las reformas estructurales favorables para el empleo, la inversión y la competitividad. 
Por eso, es necesaria una flexibilización del Programa de Estabilidad y Crecimiento, además de la resultante de la "estabilización automática", razón por la cual me he abstenido sobre la resolución presentada por el PPE. 
Informe Hieronymi (A5-0286/2001) 
Establecer la directiva sobre la "televisión sin fronteras" ha sido un tema importante en la legislación comunitaria. 
Sin embargo, han pasado más de diez años y no se han realizado las adaptaciones necesarias en la redacción para la protección del espectador, ni de la producción artística europea. 
Tres puntos de una importancia especial son: 
a) la protección de los espectadores de la inundación de anuncios, fomentando la obligatoriedad de las regulaciones de la directiva, también mediante el control y las penalizaciones a los canales televisivos que las infrinjan; 
b) la generalización a nivel comunitario de la protección de los menores tanto de los anuncios, como de los programas que crean adicción a la violencia y al comportamiento antisocial; 
c) la toma de medidas más severas, más concretas, para fomentar la producción europea y facilitar a los productores de los países pequeños su introducción en el mercado europeo más amplio. 
, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Hans Karlsson, Theorin (PSE) , por escrito. 
(SV) Los socialdemócratas suecos opinamos que es muy importante proteger a los menores de la propaganda televisiva dirigida a ellos, ya que los niños son muy receptivos y les puede ser difícil distinguir entre la propaganda comercial y otros programas. 
En Suecia, la ley de radio y televisión prohibe totalmente la propaganda en televisión dirigida a niños menores de doce años. 
Según la directiva 97/36/EG, la propaganda debe ser claramente reconocible como tal. 
Los niños menores de cierta edad no pueden apreciar la diferencia entre la propaganda y los programas infantiles. 
Los que son un poco mayores pueden distinguir esas diferencias, pero no entienden el objetivo de la propaganda. 
(Informe de una investigación realizada por Gunilla Jarlbro en la Universidad de Gotemburgo.) 
Por estos motivos opinamos que no hay que fomentar esta clase de propaganda y hemos votado en contra de esta parte del informe (punto 1 aa). 
. 
(FR) Antes de nada, debo dar las gracias tanto a nuestra ponente en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deportes, la Sra. Ruth Hieronymi, como a esta Comisión en su conjunto por la calidad del trabajo que nos han presentado y la interesante reacción que han tenido con respecto al tercer informe de la Comisión en el Consejo, en el PE y en el CES sobre la aplicación de la directiva 89/522/CEE «Televisión sin fronteras» , cuyo principal objetivo es establecer un marco jurídico para promover la libre circulación de servicios de difusión audiovisual en el contexto del mercado único y garantizar ciertos intereses generales tales como la promoción de la diversidad cultural y la protección de los consumidores y de los menores. 
Pueden adelantarse varias razones para justificar mi voto a favor de este informe; me limitaré a mencionarlas. 
Teniendo en cuenta que el 98% de los hogares posee un televisor, el informe recuerda acertadamente, en primer lugar, que la influencia social de la televisión es cada vez más acusada y, muy especialmente, en los niños. 
En relación con la protección de los menores, el informe solicita a los Estados miembros que refuercen su diálogo, establezcan soluciones comunes, todo ello sin perjudicar a su independencia en materia de restricciones nacionales en el ámbito de la protección del menor. 
Lo cual puede expresarse de otro modo diciendo que el sector audiovisual juega un papel esencial para la democracia, la información a la población y, desde ese ángulo, se muestra como un revelador del nivel de libertad de expresión y de pluralidad de ideas que pueden expresarse y oírse. 
Además, el informe recuerda también hasta qué punto el sector audiovisual constituye un sector puntero para la economía y el empleo en la Unión Europea: en 1997, el sector audiovisual empleaba a más de un millón de personas en Europa, debiendo sus ingresos incrementarse un 70% de aquí a 2005. 
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento) 
Informe Berès (A5-0307/2001) 
Señora Presidenta, Señorías, el 1.1.2002 se realizará plenamente la unión económica y monetaria. 
Todo Estado miembro tendrá que cumplir con la obligación y la necesidad de consolidar un presupuesto sostenible. 
Esto no lo dice sólo el informe de la Comisión, sino incluso la ponente. 
Estoy de acuerdo con ello al 100%. 
Por ello celebro que según el informe se amplíen las actuales exigencias recogidas en el Pacto de crecimiento y estabilidad mediante el establecimiento de nuevas metas individuales para cada país. 
La consolidación de los presupuestos es un mandato prioritario de cada Gobierno para que se cree el marco de acción necesario. 
Como representante de Austria sé de lo que hablo. 
A pesar de todas las dificultades y de un déficit gigantesco, el nuevo Gobierno sigue insistiendo en mantener el ambicioso objetivo de lograr un déficit cero. 
Färm, Hedkvist Petersen, Hans Karlsson (PSE) , por escrito. 
(SV) Los miembros de la delegación socialdemócrata sueca nos hemos abstenido en la votación del punto 2, justificación B. 
Punto 2: 
Es provechoso que el grupo euro desarrolle su cooperación en torno a asuntos monetarios. 
Sin embargo, dejar toda la cooperación en materia de política económica en manos de este grupo, nos parece erróneo. 
Por eso no respaldamos una eventual modificación del Tratado para fortalecer las facultades del grupo euro en materias económicas, al menos antes de contar con propuestas más concretas. 
Pensando en la ampliación de la Unión, es particularmente importante que los Estados miembros que no están en el grupo euro puedan participar también en la colaboración económica. 
Justificación B: 
No queremos respaldar una legislación de obligatoriedad escalonada en materia económica, al menos antes de saber algo más sobre su contenido concreto. 
. 
(FR) El informe hace una observación indiscutible: que "la Europa económica no está todavía terminada". 
Las razones de no estar terminada no tienen nada de misterioso. 
Cada Estado nacional se preocupa ante todo de defender los intereses de su propia clase capitalista y privilegiar la política nacional que más se adapte a este objetivo. 
Pero no se necesitan para nada las instituciones europeas porque por encima de las rivalidades nacionales, las clases pudientes armonizan sus políticas buscando mejorar la rentabilidad de sus capitales en detrimento de las clases trabajadoras. 
Por lo que respecta al bloqueo de los salarios, a la generalización de la precariedad, a los despidos colectivos, a las economías en los servicios públicos y a los ataques contra la protección social, la Europa capitalista no necesita para nada una armonización institucional para estar unida. 
El informe Bérès considera que unas "finanzas públicas sanas" constituyen la primera condición del "refuerzo de la coordinación de las políticas económicas en la zona del euro". 
Sin embargo, no dice cómo debe conseguirse este equilibrio financiero ¿Quién debe pagar: las empresas capitalistas o los consumidores populares a través del IVA? 
¿Quién debe beneficiarse más de los gastos presupuestarios: los servicios públicos o la empresa privada? 
Sin los regalos fiscales a las empresas capitalistas, los presupuestos podrían dedicarse más a los servicios públicos sin que por ello sean deficitarios. 
Esta no es evidentemente la orientación del informe. 
No era cuestión, en estas condiciones, de avalarlo con nuestro voto. 
. 
(FR) El informe Berès es interesante porque pone de manifiesto el fracaso del social-liberalismo que pensaba poder combinar la aceptación del Tratado de Amsterdam con verdaderas políticas sociales en Europa. 
El informe preconiza la coordinación de las políticas económicas, pero advierte que las instituciones que podrían hacerlo no existen. 
El BCE es monomaniático, el Parlamento impotente y el Eurogrupo semiclandestino. 
El informe se contenta con suplicar que este último se encargue de tener al Parlamento al corriente. 
El informe contiene, sin embargo, una gran parte de verdad pues está sembrado de inquietud ante el vacío institucional y las políticas regresivas que corren peligro de aplicarse bajo la influencia del dogma neoliberal. 
Pero, en lugar de decir más alto lo que cada vez es más discutible, como es que sería razonable no aplicar el Pacto de estabilidad, el informe se limita a preconizar una coordinación de "su respectivo programa de estabilidad". 
Esta voluntad tan compasiva de limitar el daño no puede hacer olvidar que esta obligación fue establecida con el apoyo activo de los social-liberales, especialmente en Italia y en Francia. 
Esta es la razón por la que no hemos avalado vagas e informes exhortaciones que sirven sobre todo a hacer olvidar que nos hemos equivocado torpemente. 
La moneda única exige un gobierno económico único. 
Esta es la conclusión básica a la que llegan los informes de la Comisión y del Sr. ponente. 
El ejercicio de la política económica por parte de los Estados miembros, está aún más limitado en el marco de las decisiones tomadas y los Parlamentos nacionales se transforman en simples observadores o, peor, en ejecutores de las decisiones de la Unión Europea. 
Se trata de un intento por debilitar los medios de reacción de los trabajadores que se enfrentan, cada vez con mayor decisión, a las opciones del gran capital. 
El informe del Parlamento Europeo aplaude la política antipopular de la Unión Europea e introduce propuestas que sólo pueden funcionar como coartadas para la política liberalista económica y social, desenfrenada, de la Unión Europea y para su repercusión trágica en las capas populares, como el anterior acuerdo sobre la asignación de los ingresos fiscales imprevistos o excepcionales; no vaya a ser que se gasten cantidades en el sector de la seguridad social. 
En la misma dirección hallamos también la anexión a los presupuestos nacionales de la "cuestión de la repercusión del envejecimiento de la población". 
En tanto que el mismo informe refiere que el desempleo continúa afectando a catorce millones de europeos y que la situación socioeconómica no ha mejorado, sigue siendo fiel a la política de las reestructuraciones y del reparto del paro. 
La participación de los Parlamentos nacionales mediante la evaluación anual de la aplicación de las Orientaciones Generales de Política Económica decididas en el Parlamento Europeo, y el debate de los programas de estabilidad que aprueban la Comisión y el Consejo, no son más que una mera apariencia de democracia que tiene el objeto de dejar confinadas en los procedimientos comunitarios a las delegaciones nacionales cuanto más, cuando se propone reforzar el papel de la Comisión e imponer sanciones a los Estados miembros que no apliquen la política económica impuesta por Bruselas. 
De esta manera se intenta que los órganos legislativos nacionales sean cómplices en un procedimiento que, en nombre de la coordinación de las políticas económicas en el marco de las Orientaciones Generales de la Política Económica, fomenta la mayor sumisión de las medidas de la política salarial, y más generalmente, de la política social, a las restricciones asfixiantes de los criterios de convergencia y del pacto de estabilidad. 
Los Estados miembros son llamados expresamente "a coordinar sus acciones y a abstenerse de adoptar medidas de orden fiscal, presupuestario o de política salarial". 
Está demostrado que la disolución del sistema de seguridad social garantizado estatalmente, en combinación con la reducción de los salarios, la disposición del tiempo de trabajo y del coste laboral en proporción con los intereses patronales, conducen a los trabajadores al aumento significativo de pobres y excluidos sociales y a la reducción de la calidad y de la envergadura de los servicios prestados. 
Es evidente que conforme se adoptan las medidas de limitación de la renta y de los derechos de los trabajadores, aumentan las presiones para tomar más medidas estructurales, y conforme los puntos de recesión económica se intensifiquen, las políticas de austeridad van a recrudecerse. 
Informe Peijs (A5-0306/2001) 
He votado a favor del excelente informe que nos ha presentado la Sra. Peijs, por las siguientes razones: 
Como todos sabemos, en los 30 últimos años ha habido un aumento excesivo de los gastos públicos en Europa, lo que ha obligado a los Estados miembros a aumentar sus impuestos hasta un nivel insostenible. 
Luego es esencial y urgente que se proceda a una desgravación fiscal poniendo en práctica las reformas necesarias para ello a fin de mejorar los incentivos al empleo y a la actividad empresarial. 
Por esa razón es digno de aplauso el intento de determinar lo que deberá ser una desgravación fiscal sostenible. 
Espero que la Comisión siga adoptando medidas con vistas a orientar a los gobiernos nacionales en la concepción de esas desgravaciones, en particular mediante la creación de un "código de conducta". 
En cuanto a intentar que el mayor número de la población activa pueda tener acceso al mercado laboral, es imprescindible que se proceda a la abolición de los obstáculos sociales, fiscales y administrativos que impiden a las mujeres y a las personas de edad regresar al trabajo o seguir trabajando o ambas cosas, teniendo principalmente en cuenta que la evolución demográfica ha venido caracterizándose (como señala acertadamente el informe de las Naciones Unidas de 2000) por una reducción del crecimiento de la población en edad de trabajar y de la población de más de 65 años de edad, a lo que se debe la enorme preocupación por el mantenimiento del sistema de seguridad social o incluso la de intentar evitar posibles perjuicios económicos resultantes de una cantidad insuficiente de mano de obra en nuestros mercados laborales. 
Considero igualmente importante dar preferencia al acceso de los jóvenes al mercado laboral junto con la formación a lo largo de toda la vida, lo que exige un aumento del gasto público y privado en la esfera de la educación, la investigación y el desarrollo, acompañado, naturalmente, de las correspondientes reformas estructurales, para que se pueda proceder a una transición eficaz a una sociedad basada en el conocimiento. 
Indiferente a las dificultades de la situación economicosocial de diversos Estados miembros, el informe insiste en la necesidad de proseguir el esfuerzo de consolidación presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad. 
Es una posición ciega, por lo que propusimos su eliminación. 
Por lo demás, lo que resulta necesario es la suspensión inmediata del Pacto de Estabilidad y una profunda revisión de sus objetivos, criterios y fundamentos. 
También disentimos de la opinión según la cual la inversión pública no es una salida para la crisis o está generalmente mal gestionada y orientada, por lo que presentamos una propuesta de enmienda que subraya la importancia de la inversión pública para el crecimiento económico y el empleo. 
Cierto compromiso con la resolución de los problemas sociales, la creación de empleo y la lucha contra la exclusión social y la pobreza requiere que no se siga considerando prioritario el mantenimiento de la estabilidad monetaria a toda costa, cuando se sabe que las consecuencias serán más desempleo, restricciones salariales y pobreza. 
Lamentablemente, no se han aprobado las diversas enmiendas que presentamos, encaminadas a una profunda reformulación del informe. 
. 
(FR) El informe Peijs es un verdadero himno neoliberal que hace de las finanzas públicas y de la protección social la fuente de todos los males. 
El informe opone, por ejemplo, las inversiones públicas, necesariamente "mal gestionadas", al sector privado, eficaz por naturaleza. 
Su principal función es reafirmar el dogma neoliberal codificado en el «Pacto de estabilidad» firmado en Amsterdam en 1997, y denunciar los arreglos sugeridos en la cumbre de Gotemburgo sobre los estabilizadores automáticos. 
Ahora que la coyuntura cambia, gracias a la obstinada aplicación de la austeridad salarial, el informe afirma el derecho a infligir una nueva recesión a Europa. 
Preconiza la aplicación ciega de una política que todo el mundo va a comprobar que se contradice con los objetivos anunciados de crecimiento y de empleo. 
Cuando la economía se ralentiza, el Pacto de estabilidad contribuye al caos ralentizando la actividad, pues se trata en realidad de conseguir una tasa de desempleo susceptible de rebajar nuevamente los salarios y de reafirmar los beneficios. 
Hay que votar necesariamente en contra de este informe cuya aplicación representaría un verdadero peligro para los trabajadores europeos. 
Es inherente a la economía de mercado que haya coyunturas más o menos propicias. 
En los momentos en que el crecimiento económico se queda estancado o en que se consume menos no tiene mucho sentido dar a la gente una sensación injustificada de optimismo. 
Este optimismo es una manera de engañar a la gente y conduce a un comportamiento temerario en cuanto al consumo y a las inversiones de riesgo. 
Sería mejor que el estado aumentara el gasto público o que le diera un impulso. 
Este fue el método con el que Estados Unidos, bajo Roosevelt, combatió exitosamente la crisis de los años 30, y con el cual se saldó con éxito la reconstrucción en Europa Occidental después de 1945. 
Por cierto, también fue el método con el que los estados autoritarios como la Alemania nazi y la Unión Soviética organizaron sus economías que resultaron mucho más sólidas de lo que se había pronosticado desde fuera. 
En todos estos casos, sintiendo simpatía por ellos o no, el efecto fue que había inesperadamente una gran alegría popular. 
En vez de sacar la lección de esto, volvemos a caer ahora en unos primitivos puntos de vista del siglo XIX y de principios del siglo XX que precedieron a estos éxitos. 
La bajada de los impuestos, que beneficia a la gente con muchos ingresos y a las grandes empresas, se valora ahora positivamente y el gasto público como algo negativo. 
El informe de la Sra. Peijs está en concordancia con esta moda predominante. 
Desde mi punto de vista, creo que esto aumentará la pobreza y la inestabilidad, o sea, votaré en contra. 
Informe Longo (A5-0299/2001) 
Lo que resalta en este informe es todo un conjunto de presiones para la aceleración del proceso de liberalización en varios sectores. 
Critica incluso al Consejo Europeo de Estocolmo por no haber fijado un calendario para la liberalización definitiva de los mercados del gas y la electricidad, cosa inaceptable. 
De igual modo, rechazamos la exhortación que hace a los Estados miembros para que procedan rápida y uniformemente a la liberalización de los mercados de la energía, los transportes y los servicios postales. 
Así, no es de extrañar que ataque a los monopolios públicos, en particular en la esfera de la electricidad, que solicite la liberalización de las llamadas locales o que considere que las privatizaciones y liberalizaciones de los servicios públicos han propiciado mejores precios y calidad. 
La característica de la realidad actual es el abuso que las grandes empresas monopolísticas hacen de una situación dominante en el mercado, el fomento actual de las fusiones, unificaciones y de compras de empresas gigantescas y la creación de una fuerza terrible de bloques monopolísticos, que casi siempre van acompañados por miles de despidos, cuyas consecuencias en el empleo, en la explotación monopolística de fuentes productoras de riqueza, de compras y de consumidores son tremendas. 
El informe refiere que el número de nuevas fusiones en el año 2000 alcanzó un nuevo pico, con 345 casos, gracias a la legislación, cada vez más elástica, que favorece la creación de grandes monopolios que adquieren una situación dominante en el mercado. 
Este hecho no parecer intranquilizar a la Comisión Europea. 
Lo que sí que le preocupa es acordar el calendario para liberar definitivamente los mercados europeos de gas natural y de electricidad, acelerar los ritmos de liberación de las mercados de energía, transportes y servicios postales y consolidar el acceso total a los servicios de interés general, para mejorar la competitividad de la economía. 
También le preocupa anular las ayudas estatales. 
Sin embargo el esfuerzo desesperado por anularlas aspira a aumentar los beneficios de los que ya son fuertes y a su consolidación en el mercado, excluyendo a los nuevos rivales y poniendo en vigor la ley de la jungla, la razón del más fuerte y la prepotencia de los intereses monopolísticos. 
Por supuesto, las intervenciones estatales no afectan a la esencia del sistema capitalista y muchas veces refuerzan selectivamente a empresas y empresarios. 
Sin embargo, sin la intervención estatal, aunque sea con el pequeño papel de equilibrador que puede desempeñar, la división aumentará constantemente en detrimento de las regiones y sectores menos desarrollados, de las capas sociales más pobres, puesto que las reestructuraciones y la venta en saldo del sector público no se realiza en interés suyo, sino para reforzar la madurez económica del gran capital. 
Por esta razón son inadmisibles las presiones continuas para tomar medidas, tal como están propuestas para realizar un registro de ayudas estatales y una valoración mediante un cuadro de rentabilidad. 
Característica de las opciones del gran capital es una gran inquietud por la posible renacionalización de las políticas de competencia (control de los Estados miembros y no de la Comisión de la Unión Europea). 
Por eso el informe propone un sistema internacional de competencia en el marco de la OMC. 
La política de competencia que se ha aplicado ha llevado a grandes ramos de la industria europea a perder puestos, partes significativas en el mercado mundial y cientos de miles de puestos de trabajo. 
La concentración escandalosa del poder en sectores de importancia estratégica, la entrega la economía de estados enteros a asociaciones lucrativas multinacionales, con todo lo que esto conlleva para los trabajadores. 
La pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo conduce al peligroso ascenso del desempleo. 
Los trabajadores afrontan, el ataque más grande hasta ahora, a sus derechos laborales y sociales, ven cómo su nivel de vida se reduce, cómo se generaliza la pobreza, ven desestructurarse y disolverse el sector público y la base productiva de la mayoría de los países de la Unión, en el nombre de una competencia desastrosa y sin freno, en el nombre de la economía absoluta del mercado y del fomento de los intereses monopolísticos del gran capital. 
Por eso se están multiplicando día a día la lucha contra la "mundialización" y la preponderancia de las normas incontrolables de la economía de mercado. 
Nosotros consideramos responsable de todo esto a la política de competencia llevada a cabo y expresamos nuestra total condena, votando en contra de este informe. 
Informe Huhme (A5-0301/2001) 
. (DE) En la primavera del año pasado aprobamos junto con el Consejo la Directiva relativa al comercio electrónico que pronto, el 17.01.2002, entrará en vigor. 
El eje de esa Directiva es el principio del país de origen. 
Cuando discutimos por primera vez el presente informe en la Comisión de Economía y Asuntos Monetarios, me sorprendió que algunos colegas de la misma quisieran cuestionar nuevamente ese principio en relación al comercio electrónico de servicios financieros. 
Es completamente absurdo. 
Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo de Lisboa se propusieron como objetivo crear antes de 2005 un mercado interno de servicios financieros, no podemos permitirnos ya ni aprobar una legislación incoherente ni estar volviendo constantemente sin una razón precisa sobre decisiones ya tomadas. 
Esto no vale sólo para algunos de ustedes, Señorías, sino también para el Consejo, cuya votación del último jueves sobre la Directiva relativa al comercio exterior de servicios financieros me parece lamentable. 
Nos hemos decidido por el principio del país de origen, de modo que debemos aplicarlo de manera concreta y coherente. 
Me uno a las felicitaciones que el ponente ha dirigido a la Comisión en relación a la creación de la Red Extrajudicial Europea así como la Red de Reclamaciones sobre Servicios Financieros. 
Procedimientos sencillos, económicos y extrajudiciales sobre reclamaciones transfronterizas fortalecen la confianza del consumidor en el desarrollo de servicios financieros transfronterizos. 
Naturalmente, habrá que dar a los consumidores información oportuna sobre la existencia de estas redes. 
Apoyo, pues, la propuesta de que en todas las páginas web en que se oferten servicios financieros, se indique la existencia de esas redes. 
Informe Berger (A5-0310/2001) 
El sector de servicios reviste una importancia fundamental para el desarrollo futuro de la economía de la Unión Europea, pues representa ya la parte más importante del PNB y más de dos tercios del empleo, por lo que debería merecer toda la atención, en el sentido de mejorar su calidad y mantener el empleo. 
Ahora bien, las principales preocupaciones de la Comisión, que figuran en su comunicación, van encaminadas a la creación de un mercado interior para los servicios, analizando los obstáculos a la libre circulación de servicios allende las fronteras nacionales, proponiendo su supresión y actuando con vistas a acelerar la liberalización de los servicios postales, la venta a distancia de servicios financieros, las propuestas de adquisición y el impuesto sobre el valor añadido para productos digitales. 
La ponente, además de concordar con la propuesta de la Comisión, subraya la necesidad de acelerar y completar el proceso de liberalización en sectores como los servicios postales, la electricidad y la energía, cosa que no podemos por menos de rechazar, dado que, en general, de lo que se trata es de relegar al Estado a una función meramente reguladora de las actividades del servicio público, creando entidades reguladoras, supuestamente independientes, que son, directa o indirectamente, controladas por los grupos económicos y financieros. 
En general, el resultado de la liberalización es reducciones de puestos de trabajo, encarecimiento de los precios de prestación de servicios públicos, reducción de la cantidad y calidad de la prestación de servicios y denegación del derecho de acceso universal a los servicios públicos. 
Informe Khanbhai (A5-0263/2001) 
El informe Khanbhai analiza, de forma extraordinaria, uno de los más graves imperativos del mundo actual, la lucha contra las principales enfermedades transmisibles en el marco de la reducción de la pobreza. 
Las enfermedades transmisibles matan diariamente a unas 10.000 personas en África y en todo el mundo hay 35 millones de personas infectadas por el SIDA. 
De modo que el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis representan una amenaza terrible para el desarrollo social y económico de las poblaciones más pobres, por lo que exigen- como sostiene el Sr. Khanbhai- una respuesta pronta, eficaz e integral, en la que la UE debería asumir la dirección. 
Esas enfermedades provocan no sólo sufrimiento humano y un elevadísimo número de muertes, causas de por sí justificativas de esa respuesta, sino también una drástica reducción de la esperanza de vida y de mano de obra, con todas las consecuencias sociales y económicas que de ello se derivan (incapacitación de gran parte de las poblaciones activas, atraso en el desarrollo económico y social, desestabilización de comunidades ya debilitadas). 
Por eso, convengo con el ponente cuando sostiene que es urgente la necesidad de crear un Fondo para las enfermedades infecciosas, esencial para la medicación de las personas afectadas, la localización de los portadores, la prevención y la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas. 
En las peticiones a la Comisión Europea he insistido ya varias veces en que se adopten medidas para que los ciudadanos del tercer mundo puedan disponer de medicamentos contra las enfermedades mortales que son tan frecuentes. 
A menudo, los medicamentos contra las enfermedades tropicales sí están disponibles para los turistas de países ricos, pero no para la gran mayoría de la población local. 
Hay incluso medicamentos, que han funcionado bien durante décadas, que se retiran del mercado porque no existe el suficiente poder adquisitivo en esos países para comprarlos. 
Mientras consideremos los medicamentos sólo como un negocio, protegido por los derechos de patentes que garantizan que los costes de investigación repercutan indefinidamente en el precio, los países pobres y todavía menos sus ciudadanos más pobres, no dispondrán nunca de estos medicamentos. 
Estas medicinas cuestan muchas veces más de lo que ganan en un año los habitantes de estos países. 
Por una parte, las propuestas del Sr. Khanbhai, que abogan por un reconocimiento internacional europeo del derecho de los países en desarrollo para producir medicamentos genéricos para la lucha contra las grandes epidemias, sin tener que desembolsar el dinero por los derechos de propiedad intelectual, y por otra, el fomento de la producción de medicamentos contra enfermedades relacionadas con la pobreza y la revisión periódica del Acuerdo Adfic, son elementos imprescindibles para llegar a una solución. 
Hay bastantes puntos positivos en el informe. 
Pero a pesar de ello pierden color ante la magnitud de la vergüenza y la miseria internacional, que componen los millones de personas en el mundo y principalmente en los países en desarrollo que siguen viviendo en condiciones de pobreza, siguen estando privados de un acceso elemental a la salud y siguen muriendo de enfermedades infecciosas, como la malaria, la tuberculosis, el SIDA, etc. La vergüenza es aún mayor cuando existe la certeza segura- basándonos en estudios e investigaciones oficiales- de que la situación va a empeorar. 
La aceptación de la salud como un "bien público mundial", como correctamente se señala en el informe, no es compatible con el hecho de que una gran parte de la población mundial se vea privada del acceso a la educación, a la vivienda, al empleo, a la alimentación, al agua potable, a la higiene y a los servicios de sanidad. 
Más de cinco millones de personas mueren anualmente de enfermedades infecciosas, principalmente en los países en desarrollo, en tanto que los medicamentos continúan siendo objeto de la propiedad intelectual, del beneficio y del lucro de un puñado de monopolios farmacéuticos multinacionales, que son capaces de llegar al punto de retirar medicamentos que, pese a que salvan vidas, no les ofrecen el máximo beneficio perseguido. 
No puede ser que todos los recursos adicionales para el desarrollo de la investigación se canalicen como incentivos para el sector privado y no se destinen a los centros de investigación públicos. 
Es una provocación y una hipocresía constatar que en los países en desarrollo el "bien público mundial" de la salud se ve especialmente menoscabado cuando, en los mismos países, imponen cambios estructurales reduciendo los gastos en los servicios públicos y especialmente en el sector de la sanidad y de la educación. 
Es inadmisible que las actividades para garantizar este "bien mundial" dependan de la "filantropía" de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de las oraciones para lograr una "buena colaboración" y "asociación" entre el sector público, ONG y el sector privado. 
La salud es un derecho fundamental e inalienable, es el punto más importante de la justicia social y de la dignidad humana y no puede ser objeto de arreglos del mercado ni de las leyes del beneficio. 
Es de la mayor importancia, de importancia capital que los medios para luchar contra la enfermedad, así como para salvaguardar el derecho a la salud sean públicos. 
Sin embargo, para hacer frente al problema radicalmente, se debe asestar un golpe a las causas de la pobreza, a las causas de que continúe su presencia y a las de su recrudecimiento. 
El informe no se acerca siquiera a una solución de este tipo, se contenta con rumiar constantemente proclamaciones y propuestas repetidas- como una "aspirina". 
La única solución es revocar el sistema sociopolítico y las políticas que aplican los intereses imperialistas y monopolísticos, que generan y multiplican la indigencia y la pobreza, intereses que no dudan en oprimir y en sacrificar en aras de dicho sistema a poblaciones y pueblos enteros. 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad y urgencia. 
Apoyo para un acuerdo marco en la antigua República Yugoslava de Macedonia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0617/2001 del Sr. Haarder, en nombre del Grupo ELDR; 
B5-0626/2001 de la Sra. Pack y el Sr. Posselt, en nombre del Grupo del PPE-DE; 
B5-0634/2001 de la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo UEN; 
B5-0643/2001 de los Sres. Swoboda y Wiersma, en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0653/2001 de la Sra. Morgantini, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
B5-0660/2001 del Sr. Lagendijk y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, 
sobre el apoyo para un acuerdo marco en la antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Señor Presidente, me parece que hoy deben enviarse dos mensajes a Macedonia. 
El primero va dirigido al gobierno de Macedonia. 
Debemos dar las gracias y manifestar nuestra enorme admiración ante el valor mostrado por el gobierno macedonio presentando propuestas de modificación de su constitución y dando a la minoría albanesa el lugar que exige una democracia moderna. 
Ha sido difícil y la Unión Europea debe hacer llegar un cálido agradecimiento al gobierno macedonio. 
El segundo saludo que creo que debemos mandar a Macedonia va dirigido al FLK, el llamado movimiento de liberación. 
Sabemos que surgió en su momento bajo Milosevich- no analizaré toda la historia -, pero ahora sólo cabe decirle al FLK y a los restos del FLK en el norte de Macedonia: ahora la lucha ha acabado, ahora deben entregarse todas las armas, ahora no existe ningún motivo para proseguir con las actividades de las que el FLK es culpable y digo conscientemente "culpable", pues el FLK es una entidad muy heterogénea, en la que ciertas cosas no pueden resistir la luz del día. 
Ahora el grupo de población albanés ha logrado sus plenos derechos ciudadanos. 
Así es cómo se resuelven los problemas de minorías. 
Yo mismo vengo de una zona fronteriza entre Dinamarca y Alemania, en la que hace 45 años resolvimos todos los problemas dando a las dos minorías al norte y al sur de la frontera plenos derechos en una democracia moderna. 
Esto es lo que ahora ha elegido también Macedonia. 
Ésta es la forma correcta y debemos dar las gracias a las dos partes por ello. 
Señor Presidente, quisiera, aunque nuestra estimación respectiva de la UCK difiera un poco, suscribir las palabras del Sr. Haarder de que de lo que se trata ahora es de mantener la paz. La paz, esa paz aún precaria en Macedonia porque la confianza en la solución común, en el Estado común, en la sociedad común no ha surgido todavía del todo. 
No es sorprendente, pues algo así necesita más tiempo del que requiere sentarse a una mesa de negociación y llegar a acuerdos. 
Pero, si consideramos el Acuerdo marco, me parece muy importante que en primer lugar aparezca la renuncia a la violencia. 
Es una democracia, no necesita de la violencia para realizar cambios. 
En una democracia debe ser posible hablar sobre cambios, negociar y, consecuentemente, poder introducir cambios en la legislación. 
Lo segundo es la integridad del país. 
No necesitamos nuevas fronteras, nuevos estados que deben ser delimitados trabajosamente siguiendo cualquier frontera étnica, pero que no pueden nunca serlo del todo. 
Sólo necesitamos echar un vistazo a la ciudad de Skopje para comprobar hasta qué punto es imposible. 
Nunca he entendido que, aunque fuese a corto plazo, ambas partes no hubiesen hablado de una división del país. 
En tercer lugar, es un Estado multiétnico. 
Muchos estados son multinacionales, pero se trata de un Estado multiétnico con una significativa minoría albanesa, que no puede ser tratada como una minoría de un 5 ó un 6%. 
Debe tener una mayor presencia. 
Pensamos que es importante que se desarrollen los derechos de esta minoría en una forma que vaya más allá de lo normal. 
Creo que en general se ha llegado a un compromiso aceptable. 
En los próximos días estaremos en Skopje. 
Exigiremos vehementemente que se den los pasos necesarios que aún faltan. 
Este permanente postergamiento y la amenaza de que no se va a votar, o de que quizás se vuelva a la violencia, no es ni comprensible ni aceptable para nosotros. 
En este sentido espero que, al igual que hoy estamos ya más contentos con la situación en Macedonia, este postergamiento conduzca en uno o dos meses realmente a una mayor satisfacción y aceptación. 
Señor Presidente, Señorías, las armas han sido entregadas, se nos ha dicho. 
La UCK se ha disuelto, dice. 
Y todos sabemos que en Macedonia hay muchas, muchas armas y que el tema de un final criminal no está excluido. 
A ello hay que añadir a aquellos que lo desean. 
Yo parto siempre de la base de que la mayoría de los albaneses lo quiere. 
También la mayoría de los macedonios lo quiere. 
Pero el problema que se plantean muchos eslavo-macedonios no está resuelto todavía, porque entonces no hubiésemos tenido nunca el problema. 
En los últimos años no se ha hecho nada para que la minoría albanesa que asciende al 28% de la población participe en igualdad de derechos que el resto de la población. 
Si esto no se hubiera abordado hace tan sólo un par de años escasos, sino siete u ocho, y si de manera continuada se hubiese hecho de todos los ciudadanos, ciudadanos iguales, entonces, creo yo, los rebeldes no hubieran tenido la posibilidad de realizar un juego tan fácil. 
Es una lástima, también para la opinión pública macedonia, que ahora parezca que sólo se reacciona cuando elementos criminales están casi arrasando el país. 
Es una lástima, pero también es culpa de todos los partidos políticos locales. 
Al fin hemos conseguido ahora aquello que, como Parlamento, siempre habíamos pedido. 
También quisiera, como ha dicho el Sr. Swoboda, recordar que no queremos un país dividido. 
Macedonia es un Estado. 
Debe seguir siendo un Estado sin ser dividido según criterios étnicos o nacionales. 
Quien lo piense, aunque tan sólo lo piense, perjudica a toda la región. 
Esto es algo realmente importante. 
Espero que el nuevo Parlamento intente con rapidez aplicar las nuevas leyes. 
El problema es que estamos oyendo de nuevo que lo que se vota se cuestiona enseguida y que las sesiones parlamentarias son interrumpidas constantemente. 
Naturalmente, no faltan motivos. 
Cerca de Tetvo, nuevamente, alguien ha atacado a la policía. 
Uno se pregunta quién es el autor, cuáles son sus motivos. 
Por ello debemos pedir a nuestros colegas de allá con mucho tacto, pero también con firmeza, que avancen ahora realmente por la vía del Acuerdo de Ohrid. 
No debemos permitir que se dejen llevar por esa idea terrible de hacer un referéndum y que dejen la modificación correspondiente de la constitución ad calendas grecas. 
Esto no puede ser. 
Nosotros, Hannes Swoboda, Joost Lagendijk y yo, intentaremos durante mañana y pasado mañana influir en nuestros colegas de allá. 
Creo también que es muy importante que se promulgue una amnistía, no importa quién lo haga, pues eso está recogido en las leyes del país, pero una amnistía que no amnistíe lo que propiamente debe ser investigado en La Haya. 
Creo que en este punto debemos hacer una fina distinción. 
Deseo que el Parlamento recoja sin demora en leyes adecuadas todo lo que fortalezca a las Autonomías locales y todo lo que dé a las minorías, que en algunas regiones son mayoría, la posibilidad de responsabilizarse verdaderamente ante sus ciudadanos. 
Creo que si siguen por este camino podremos decir, como dijo Johannes, que a finales de este año tendremos paz. 
Señor Presidente, nosotros apoyamos el proyecto de resolución. 
Con todo, nos parece demasiado optimista y un poco crédulo. 
¿Es verdad que el acuerdo de agosto realmente preserva el carácter de la sociedad multiétnica y el mantenimiento del Estado de derecho único? 
Nosotros decimos que sí, y tenemos esperanzas en que así sea. 
Pero los únicos datos de que disponemos por el momento son la recogida de armas y la disolución del Ejército de Liberación Nacional. 
Sin embargo sabemos que no es nada serio determinar a priori las armas que van a ser entregadas. 
¿Cómo han calculado su número? 
Sabemos también que le es muy fácil a un grupo revolucionario decir que se disuelve y volverse a formar sin ningún otro procedimiento. 
Por estas razones, señor Presidente, compartimos la incredulidad, la cierta dificultad que constatamos en la parte eslavo- macedonia de avanzar más. 
Queremos seguir siendo optimistas, pero el único argumento de peso con que contaríamos para ser optimistas, para apoyar la línea de la resolución, sería, primero, una política estable y no mensajes dobles y triples por parte de la Unión Europea y la OTAN, como sucedió en el pasado, con resultados desastrosos en el ámbito político; segundo, una ayuda económica generosa, rápida y real; tercero, que de una vez, todas las perspectivas europeas tengan el camino libre en todos los Balcanes y en el país en concreto, lo más rápido posible, a fin de que haya salida de la crisis y esperanza y perspectiva. 
Me parece que la Sra. Pack ha señalado con razón que todavía nos quedan muchos problemas por solucionar. 
Sin embargo, el proceso de paz en Macedonia en su conjunto se puede considerar como medio milagro. 
Y me sumo con mucho gusto a las palabras del Sr. Haarder que felicita al gobierno macedonio subrayando el valor del que ha dado muestras este gobierno. 
Los derechos de la minoría albanesa están garantizados, la operación "Essential Harvest" viene a ser un éxito, la soberanía y la integridad territorial de Macedonia quedan garantizadas. 
Efectivamente, el carácter multiétnico de la sociedad va a tener otra oportunidad y se le da suma importancia al diálogo entre los partidos. 
En mi opinión, entre todos tenemos que seguir prestando atención a esta región y a todos los Balcanes. 
La crisis de Afganistán y la lucha contra el terrorismo no pueden quitar nuestra vista de esta parte del mundo. 
Tenemos que seguir invirtiendo en la estabilidad de los Balcanes, es más, invertir en la estabilidad de Macedonia es nuestra obligación. 
Hemos de procurar que haya suficiente apoyo en la aplicación del acuerdo de estabilidad y de asociación. 
Hemos de procurar que haya un buen trato a los refugiados que regresan. 
Asimismo, debemos ayudar a reconstruir el país. 
Y me gustaría subrayar al respecto las palabras de la Sra. Pack. 
La propia historia política de mi país me ha enseñado que sólo el perdón y la reconciliación pueden crear la paz verdadera en un país. 
Por lo tanto, la amnistía para los rebeldes es realmente de suma importancia. Y no me refiero a los rebeldes que a lo mejor tienen que comparecer ante el Tribunal de La Haya. 
Se trata de los otros y para esos rebeldes habrá que encontrar un arreglo. Espero que nuestros colegas que mañana van a Skopje puedan conseguir que sus colegas de allí presten la suficiente atención a este problema. 
Por otra parte, apoyo plenamente la ampliación del mandato de la Oficina Europea para la reconstrucción de la región. 
Macedonia debería estar dentro de estos acuerdos y espero que nosotros, como eurodiputados, prestemos la atención suficiente al funcionamiento de la Oficina Europea para la reconstrucción, de modo que podamos estar seguros de que el dinero del contribuyente europeo se emplee bien, a tiempo y eficientemente en la región. 
Señor Presidente, si ahora, y esperemos que ocurra pronto, entrasen en vigor las modificaciones constitucionales y las reformas en Macedonia, el país dispondría de un derecho de minorías que iría mucho más allá de los estándares de la mayoría de los países europeos y de la mayoría de los Estados miembros. 
Hablamos siempre con mucha prosopopeya de estándares europeos que, realmente, no existen como tales, y exigimos a menudo a terceros estados el cumplimiento de criterios que muchos de los Estados miembros ni siquiera están dispuestos a cumplir. 
Sin embargo estoy contento de que se haya llegado a esta situación positiva en Macedonia, no, ciertamente, a partir de los últimos actos de violencia, sino desde hace ya dos años cuando el Gobierno de Georgiavski empezó a introducir un proceso de reformas. 
Los actos violentos lo han puesto de nuevo en peligro. 
Estoy contento de que la UE y otras organizaciones internacionales incluida la OTAN hayan podido conseguir que ese proceso de reformas no se quebrase, sino que pudiese no sólo ser continuado, sino incluso mejorado y acelerado. 
Pero esto no debería ser una razón para que, por así decir, nos limitemos simplemente a felicitar a los macedonios. 
Soy de la opinión, como ha dicho el Sr. Haarder, de que estamos obligados a felicitarles, pero debe ser de manera concreta. 
Debemos movernos de una vez en el tema tan complicado de la denominación. 
Debemos hacer algo de una vez respecto de la provisión de recursos para ese país, al que le vendrán muy bien, incluyendo la región del oeste y la del sur, especialmente subdesarrolladas, y no sólo algunas regiones especialmente afectadas por la crisis o la capital. 
Lo más esencial es que concibamos a ese país como un socio que lo es sobre la base del Acuerdo de Asociación y Estabilidad. 
No necesitamos instrumentos especiales, no necesitamos ningún tipo de protectorado o pseudoprotectorado, como aún se piensa en algunos medios, incluso en relación con la idea de agencias especiales y demás. 
Soy de la opinión de que ese país es un socio. 
El Acuerdo de Asociación es un instrumento para colaborar con ese país. 
Debemos acompañarlo paternalmente en su camino hacia la Unión Europea. 
Señor Presidente, para empezar queremos señalar que sigue habiendo conflictos en la Antigua República Yugoslava de Macedonia aún ahora, a pesar de que se supone que los insurrectos han entregado las armas y se han disuelto. 
En relación con la entrega de las armas, el fruto de la operación de la OTAN "cosecha esencial" es que de 4.500 hombres, sólo se han entregado 3.500 armas, es decir, no corresponde ni un arma a un soldado de la OTAN, en tanto que las fuentes de la OTAN hablaban de decenas de millares de armas. 
Miles de refugiados siguen sin poder regresar a sus hogares, mientras que la partición de facto del país continúa. 
En el ámbito político se sigue ejerciendo una presión asfixiante a los partidos eslavos para que lleven a cabo cambios constitucionales, cambios con los que está en desacuerdo una gran parte de la población. 
Se encuentran ya en Skopje el Sr. Solana, Portavoz de la Unión Europea, y el Sr. Patten, para acelerar los procedimientos de la llamada "dimensión política" del acuerdo. 
Esto, en pocas palabras, significa que van a presionar para que se voten los puntos sensibles de las modificaciones de la Constitución, como es la concesión de amnistía general a los rebeldes y, principalmente, evitar a toda costa realizar un referéndum. 
Parece que para los intermediarios, el futuro del país es demasiado importante como para dejarlo en manos de sus ciudadanos. 
La operación de la OTAN no ha solucionado ningún problema sustancial. 
La intervención extranjera lo único que ha conseguido hacer, es ascender a los insurrectos al rango de negociadores oficiales del gobierno. 
Aparte del cuerpo de la OTAN de 200 soldados que ahora se encuentra en el país, ejerce una presión insoportable la llamada conferencia internacional de donantes. 
Una vez más repetimos nuestro temor de que, de no cesar las intervenciones y operaciones extranjeras de diversa índole, no sólo no van a poder llegar a acuerdo alguno las comunidades de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, sino que además nos hallaremos ante un nuevo Kosovo. 
Señor Presidente, cuando el parlamento macedonio acepte las modificaciones constitucionales impuestas por la intervención y la rebelión, esto significará que la gran mayoría albanesa del noroeste del país recuperará los derechos que ya poseía antes. 
Dentro de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia el albanés tenía el estatus de lengua oficial en la administración y en la educación. 
Después de la independencia de Macedonia se suprimió este derecho. 
Esta situación es comparable a la de los derechos lingüísticos de la mayoría húngara en la franja sur del también nuevo estado de Eslovaquia. 
Resulta que las minorías nacionales que se convierten en mayorías a menudo no muestran ninguna comprensión por los otros grupos lingüísticos dentro del territorio de su estado. 
Dentro de 50 años la situación será al revés porque para entonces los albaneses van a ser el grupo lingüístico más numeroso en Macedonia. 
Solamente por medio de un acuerdo basado en la igualdad van a encontrar estos dos pueblos el camino de la paz para poder convivir como buenos vecinos. 
En este aspecto se puede aprender mucho de las estructuras estatales de los estados federales multilingüísticos como Bélgica, Suiza y España. 
Tomando en cuenta esta perspectiva, al contrario de lo que pasó el pasado tres de mayo, ahora sí me muestro partidario de prestar ayuda a Macedonia. 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión comparte totalmente la opinión del Parlamento de que el Acuerdo Marco del 13 de agosto es crucial para la paz y la estabilidad de ARYM y de que debería instarse al Parlamento macedonio a adoptar las medidas recomendadas en el acuerdo. 
El Sr. Comisario Patten y el Alto Representante de la UE, el Sr. Solana, están hoy en Skopje para subrayar la importancia y transmitir la urgente necesidad de los cambios constitucionales y la reforma de la ley sobre autonomía local previstos en el acuerdo. 
En las próximas semanas y meses, nos enfrentamos a unos retos verdaderamente formidables en ARYM. 
La UE respalda totalmente el Acuerdo Marco y se ha comprometido a prestar ayuda financiera, incluyendo la asistencia a la ayuda de emergencia y a medidas en apoyo del acuerdo. 
Hemos proporcionado más de 10 millones de euros en ayuda humanitaria a través de ECHO desde que empezó la crisis; 54,5 millones de euros al amparo de CARDS en 2001, lo cual incluye un suplemento reciente de 12 millones de euros para reconstrucción de viviendas, infraestructura local y apoyo para el alojo de familias; 12,8 millones de euros, con arreglo al Mecanismo de Reacción Rápida, para reparar y reconstruir casas, para reparar el sistema eléctrico y para respaldar medidas de creación de confianza, como la retirada de minas, el control de las elecciones y la formación de la policía; y 50 millones de euros en ayuda macroeconómica que quedan por desembolsar de un paquete macroeconómico anterior, al que se suma una ayuda adicional de 18 millones de euros para ayudar a ARYM a hacer frente a las necesidades específicas derivadas de la crisis. 
Esta asistencia está, por supuesto, condicionada a un acuerdo del FMI con el gobierno macedonio. 
La Comisión y el Banco Mundial están preparados para organizar una reunión de donantes el 15 de octubre, siempre que el Parlamento macedonio apruebe los necesarios cambios constitucionales recogidos en el Acuerdo Marco. 
No es exagerado decir que la distribución eficaz de la ayuda de la UE podría ser esencial para el éxito del Acuerdo Marco y, por consiguiente, para la paz. 
Nuestra principal preocupación es asegurarnos de que actuamos de forma rápida y flexible. 
Por ello, hemos decidido proponer una ampliación de la Agencia Europea para la Reconstrucción, que cuenta con un excelente historial en la distribución de ayuda a toda la República Federal de Yugoslavia. 
La agencia dispone de personal sobre el terreno y de experiencia directa en la región, especialmente en el tipo de reconstrucción de emergencia que habremos de facilitar en ARYM este otoño, así como en asistencia a más largo plazo como la que se contempla ahora, por ejemplo, en Serbia. 
Por tanto, instamos al Parlamento a que analice de manera positiva nuestra propuesta de ampliar el mandato de la agencia. 
Más allá del Acuerdo Marco, estamos firmemente decididos a seguir una estrategia de mayor integración de ARYM en la corriente principal de Europa, simplemente, y en primer lugar, aplicando el nuevo Acuerdo de Estabilización y Asociación firmado en abril. 
Se ha hecho mucho en este campo y ARYM debe demostrar que puede estar a la altura de las normas internacionales respetando los derechos de las minorías y haciendo ver que sus estructuras democráticas son lo bastante estables como para seguir el camino hacia la integración europea; en palabras sencillas: para convertirse en miembro de la familia europea. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Derechos humanos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Día Mundial de las Naciones Unidas 
B5-0616/2001 del Sr. Lannoye y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE; 
B5-0619/2001 del Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR; 
B5-0627/2001 de la Sra. Hermange, en nombre del Grupo del PPE-DE; 
B5-0635/2001 del Sr. Ribeiro e Castro, en nombre del Grupo UEN; 
B5-0644/2001 del Sr. Hughes y otros, en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0654/2001 de la Sra. Figueiredo y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, 
sobre el Día Mundial de las Naciones Unidas para erradicar la extrema pobreza. 
Vietnam- B5-0620/2001 del Sr. Maaten, en nombre del Grupo ELDR; 
B5-0623/2001 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo TDI; 
B5-0628/2001 de los Sres. Nassauer y Posselt, en nombre del Grupo del PPE-DE; 
B5-0636/2001 del Sr. Segni, en nombre del Grupo UEN; 
B5-0646/2001 del Sr. Van den Berg, en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0658/2001 de la Sra. McKenna, en nombre del Grupo Verts/ALE, 
sobre violaciones de los derechos humanos en la República Socialista de Vietnam. 
Uzbekistán- B5-0621/2001 del Sr. Haarder, en nombre del Grupo ELDR; 
B5-0629/2001 de los Sres. Bowis y Posselt, en nombre del Grupo del PPE-DE; 
B5-0637/2001 de la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo UEN; 
B5-0647/2001 del Sr. Swoboda y otros, en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0662/2001 del Sr. Staes, en nombre del Grupo Verts/ALE, 
sobre la situación sanitaria en la República de Uzbekistán. 
Timor Oriental- B5-0625/2001 de la Sra. Figueiredo y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
B5-0631/2001 de los Sres. Costa Neves y Coelho, en nombre del Grupo del PPE-DE; 
B5-0640/2001 de los Sres. Queiró y Ribeiro e Castro, en nombre del Grupo UEN; 
B5-0648/2001 del Sr. Kreissl-Dörfler y otros, en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0652/2001 de la Sra. Figueiredo y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, 
Colombia- B5-0632/2001 del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra y otros, en nombre del Grupo del PPE-DE; 
B5-0642/2001 de la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo UEN; 
B5-0645/2001 del Sr. Medina Ortega y otros, en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0655/2001 del Sr. Marset Campos y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
B5-0659/2001 del Sr. Lipietz y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, 
sobre la situación en Colombia. 
Señor Presidente, Señorías, antes de entrar propiamente en la intervención, aprovecho para señalar a la atención de la secretaría y de la Mesa que, al menos en la versión portuguesa, los párrafos 2 y 11 de la resolución son prácticamente idénticos, sin lugar a dudas por falta de atención en la elaboración del texto. 
Tal vez después de la votación se puedan fundir los dos textos, porque son prácticamente iguales. 
La celebración de esas fechas sirve para debatir la gravedad de problemas sociales tan clamorosos como la pobreza profunda, que afecta a más de mil millones de personas en el mundo, abocadas a vivir con menos de un dólar al día. 
Y lo hacemos siguiendo el ejemplo de quien proclamó este día en 1987 y de la deliberación de las Naciones Unidas en 1992, que lo consagró en el nivel mundial. 
Naturalmente, debemos recurrir a los programas de lucha contra la pobreza y la exclusión social que nosotros mismos formulamos. 
Y a ese respecto señalo a la atención de sus Señorías las resoluciones de los Consejos Europeos de Lisboa, Niza y Gotemburgo y la labor de consenso ya conseguido entre el Consejo y el Parlamento en el programa de cooperación en materia de lucha contra la exclusión social; quiero felicitar una vez más a nuestra colega Ilda de Figueiredo por su trabajo. 
Pero, en particular, tenemos que tener la idea de los problemas y de la estrategia. 
Tenemos problemas antiguos, que tienen que ver con el desarrollo en el mundo, y debemos ser conscientes del escándalo de la guerra y la corrupción en tantos países que someten a sus pueblos a la más ínfima pobreza. 
Hay algunas cosas que se han hecho en nuestros países en la lucha contra la enfermedad, la deficiencia, las desigualdades sociales profundas, hay nuevos imperativos de que tenemos conciencia, en particular en el marco de la sociedad de la información, pero hay nuevos problemas, lo que en Portugal llamamos los nuevos pobres. 
Y a ese respecto el problema es marcadamente de los pensionistas, de los ancianos, y me da pena que la resolución de transacción se haya quedado corto. 
Parece que hay cierto prejuicio a la hora de pronunciar aquí la palabra "familia", pero debemos tener conciencia de que la debilitación de la célula familiar nos vuelve a todos más vulnerables, vuelve a los individuos más solos, lo que tiene mucho que ver con esta contradicción de nuestro tiempo de hoy, que da idea de que nuestras sociedades son más ricas y, aun así, nos sentimos cada vez más inseguros. 
Eso tiene mucho que ver con ese problema que debemos examinar con seriedad, con ojos para ver. 
Señor Presidente, Vietnam ha visto incrementar en los últimos años la esperanza de poder llevar a cabo unas reformas económicas. 
Sin embargo, Vietnam frustra cualquier movimiento con respecto a las reformas políticas. 
Los comunicados e informes sobre detenciones con arresto domiciliario y maltrato de disidentes en Vietnam no cesan. 
Los defensores de la democracia, los críticos del sistema comunista, las comunidades religiosas y los antiguos refugiados que quieren invertir en Vietnam siguen corriendo peligro. 
El gobierno vietnamita cierra los oídos a las organizaciones internacionales de derechos humanos. 
Asimismo, se les prohíbe hacer un seguimiento del desarrollo o realizar cualquier investigación en el país. 
El gobierno central hace todo lo que está a su alcance para bloquear cualquier forma de comunicación entre los disidentes y el resto del mundo. 
A mi juicio, los donantes internacionales deben cuestionar las violaciones de derechos humanos y, junto con el llamamiento a las reformas económicas, tienen que exhortar a que se realicen reformas políticas. 
Señor Presidente, soy un gran partidario de reforzar las relaciones económicas entre la Unión Europea y Vietnam. 
Pero al mismo tiempo, la Unión Europea, como uno de los mayores donantes, debería endurecer su postura y hacer un mayor esfuerzo para que se respeten los derechos humanos allí. 
Por otra parte, quisiera insistir enérgicamente en que se haga una investigación independiente de la situación del Sr. Binh Vinh Trinh y la de otros inversores en Vietnam. 
Después de haber huido de Vietnam, como muchos hicieron hace unas décadas, el Sr. Trinh ha vuelto a invertir en su país después de haber hecho fortuna a base de un esfuerzo sobrehumano en el extranjero. 
Con la excusa de haber hecho inversiones ilegales le encarcelaron, le hicieron un lavado de cerebro en una celda de aislamiento, se secuestraron todas sus posesiones y se confiscaron sus inversiones. 
Ha sido espeluznante y seguramente tendrá unos efectos muy negativos en las decisiones de otros inversores. 
Habría que hacer justo lo contrario: dar cobertura jurídica a las inversiones extranjeras y a los inversores en Vietnam y poner fin a la corrupción. 
Esa es una condición esencial para la evolución económica y política de Vietnam y sus lazos con la economía mundial. 
Además, Vietnam ha de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. 
En los últimos meses no se ha visto ningún progreso en el caso del Sr. Trinh. 
Este sigue huyendo y no ha vuelto a saber nada de sus posesiones y de las de su familia que le confiscaron injustificadamente. 
En cuanto entre en territorio vietnamita, le meterán directamente en la cárcel. 
Hago un llamamiento al gobierno de Vietnam para que dé una muestra de buena voluntad respetando tanto los derechos del Sr. Trinh y los de los otros inversores como los de los disidentes políticos. 
Señor Presidente, hace doce años, un checo, defensor de Praga de los derechos cívicos quería pedir ayuda a un Jefe de Gobierno occidental a causa de una amenaza de arresto que pendía sobre él. 
El Jefe de Gobierno occidental no lo recibió, y pocos meses después aquel defensor de los derechos cívicos llegó a ser Presidente del Gobierno. Me estoy refiriendo a Václav Havel. 
El Jefe de Gobierno occidental hizo todo lo posible para concertar un encuentro con el reciente Presidente de Gobierno, pero éste tampoco lo recibió porque quiso hacer patente con ello que no es aceptable el reconocimiento, saltándose el respeto de los derechos humanos, de realidades inhumanas. 
Estados de la UE están siguiendo una política semejante respecto de Vietnam. 
Es una política de la autosugestión. 
Se afirma que Vietnam se encuentra en una vía reformista; que ya no tiene un régimen tan represivo como en años pasados. 
Pero la realidad dice otra cosa. 
La persecución de los defensores de los derechos cívicos ha aumentado. 
La injusticia, la represión de la libertad de prensa han aumentado; la represión de la libertad de culto también. 
Si consideramos la situación tal como es, vemos que este régimen no puede ser llevado a la vía reformista sin una fuerte presión exterior. 
Los intereses económicos y geoestratégicos no tendrán razón de ser a la larga si no vuelve el Estado de derecho al sudeste asiático y, especialmente, a Vietnam. 
Por ello, la UE, por su propio interés, debe poner fin a una política de autosugestión y debe empezar a hablar de los abusos contra los derechos humanos que allí ocurren. 
El Parlamento Europeo lo hizo en 1989 respecto de la Europa Central y del Este. 
Entonces fue una actitud relativamente solitaria, pero el tiempo le ha dado la razón. 
El Parlamento Europeo lo ha vuelto a hacer hoy respecto de Vietnam, y apelo a la Comisión y, sobre todo, al Consejo y a los Estados miembros para que inicien una política de derechos humanos más ofensiva en Vietnam y para que hablen realmente en términos claros, porque en esa región del mundo dependemos de que ese importante país con su gran cultura retorne al Estado de derecho y a la vía de las reformas democráticas. 
Sólo así podrá ser, a la larga, un socio económico razonable. 
Señor Presidente, Vietnam acaba nuevamente de mofarse de sus compromisos internacionales y de su propia Constitución. 
La condena, después de un proceso chapucero, el 26 de diciembre último, de 14 miembros de etnias montañesas por haberse manifestado pacíficamente a favor de la libertad religiosa y del establecimiento de una zona autónoma en su provincia viene a ilustrar nuevamente este desprecio reconocido por los derechos humanos. 
Han ido a reunirse con decenas de presos de conciencia que se pudren en prisión en condiciones execrables, sin que los observadores internacionales de los derechos humanos puedan penetrar en el territorio para cumplir su misión. 
La falta de respeto a las libertades individuales no debería tolerarse en un país que ha apelado a la democracia y que nosotros hemos apoyado personalmente en su lucha por la independencia. 
Recurrir a la pena de muerte- más de cien condenas dictadas en 2000- es totalmente inaceptable. 
Vietnam, socio económico y comercial de los europeos, que también ha ratificado el Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos, debe cumplir sus compromisos internacionales y dejar de perseguir a las etnias minoritarias. 
La liberalización política debe ir a la par de la liberalización económica. Sin ello, este país no podrá ser considerado por el Parlamento Europeo como un Estado de derecho democrático. 
Señor Presidente, tengo que adherirme hoy a los autores de la resolución común para sublevarme también contra la falta de respeto a los derechos humanos en Vietnam. 
El Parlamento Europeo se ha manifestado en varias ocasiones sobre este asunto y la última vez, hace tan sólo tres meses, para denunciar la violación de la libertad de prácticas religiosas. 
El país, siempre dirigido por el partido comunista, reprime todavía a diario a cualquier grupo, a cualquier individuo considerado amenazador por el poder. 
Mis colegas ya lo han dicho: la libertad de prensa, de opinión, de confesión y de asociación, los derechos de propiedad y de voto se ultrajan. 
Pero hay algo más grave, ninguna organización internacional u observador independiente está habilitado para desplazarse a controlar la situación de los derechos humanos en ese país. 
Recordemos que el pasado abril, Vietnam celebró el 25º aniversario de su reunificación. 
Firmante de numerosas convenciones internacionales en materia de derechos humanos, el gobierno vietnamita disponía con este motivo de una oportunidad formidable para reafirmar sus compromisos adquiridos al respecto. 
Vietnam reivindica un lugar en el escenario internacional y reúne potencialmente todas las condiciones para pretender convertirse en un país próspero. 
La realidad, lamentablemente, nos ofrece un panorama bien alejado. 
La población vive allí en la miseria, la sociedad está en plena decadencia, el país continúa subdesarrollado. 
Al firmar en 1995 un acuerdo de partenariado y de cooperación con la Unión Europea, Vietnam se había comprometido formalmente a respetar los derechos humanos y a favorecer la democratización. 
La comisión paritaria CE-Vietnam reunida en septiembre en Hanoi reconsideró todos los aspectos relativos a las relaciones con la Unión Europea, incluido el compromiso adquirido de común acuerdo en materia de democracia, de buena gobernanza, de derechos humanos y de Estado de derecho. 
Apelo hoy a nuestro Parlamento para que conceda toda su ayuda a la Comisión Europea en el establecimiento de su estrategia de partenariado en la región. 
Debemos fomentar masivamente el proceso de reforma en Vietnam. 
El respeto a las libertades fundamentales, de expresión y de conciencia debe constituir la base de una colaboración sana y constructiva con este país. 
Situación sanitaria en la República de Uzbekistán 
Señor Presidente, Uzbekistán, la tierra de Bujara y de Samarcanda, está ahora en nuestro pensamiento como país fronterizo de Afganistán en cuyo territorio operan extremistas vinculados con los talibanes. 
Reconocemos que hay problemas de derechos humanos en ese país que deben abordarse, pero acogemos favorablemente esta colaboración en la lucha contra el terrorismo. 
Sin embargo, no muchos de nosotros somos conscientes de la otra crisis en Uzbekistán. 
Los reporteros informan del problema y del potencial problema de los refugiados de la zona. 
No informan de los 13 millones de personas afectadas por una de las peores sequías de la historia en la zona, que comenzó la primavera del año pasado. 
No informan de que seis millones de niños de menos de 14 años se ven afectados. 
No informan de que escasea alarmantemente el agua potable y el agua de riego, de que la mayoría de las cosechas en las zonas afectadas se ha perdido, de que la deficiente calidad del agua potable y los problemas de higiene han dado lugar a uno de los niveles más elevados de mala salud en la región. 
No informan de que sólo el 54% de la población de las zonas urbanas de Uzbekistán dispone de alcantarillado ni de que esta cifra es sólo del 3% en las zonas rurales. 
Como consecuencia de ello, abundan las infecciones parasitarias y la tercera causa de mortalidad infantil es la diarrea. 
La desnutrición y la pobreza han llegado a un punto crítico. 
Hemos de actuar urgentemente para suministrar medicamentos y equipos esenciales, para mejora el control de la calidad del agua, para respaldar y supervisar programas de nutrición, para formar personal sanitario y para llevar a cabo programas de educación sanitaria. 
También tenemos que ayudar a que el país cambie en cuanto a su uso excesivo de productos químicos en la agricultura, su desviación del curso de los ríos y su deficiente sistema de drenaje. 
Recomiendo esta propuesta a la Asamblea. 
Señor Presidente, cualquiera que haya visitado Uzbekistán en tiempos de la URSS, se habrá maravillado por los impresionantes monumentos musulmanes, por sus mercados populosos, sobre todo comparados con los del resto de la Unión Soviética, y por el buen humor de la gente. 
Por ello estamos tan afectados por que hoy, tras la descomposición de la URSS, no sea un país floreciente, própero, sino un país en una situación política desagradable marcado por el hambre y por catástrofes medioambientales. 
Seguramente, la agricultura intensiva en el sector algodonero ha contribuido a esta catástrofe al operar con un exceso de abono. 
Además, Uzbekistán, como ha señalado el orador anterior, está en una situación que no presagia nada bueno para las próximas semanas y meses, pues depende del rumbo de los acontecimientos en Afganistán. 
La UE ha sido llamada para ayudar a toda la región, pues en una situación de carestía económica, de catástrofes medioambientales, de amenaza permanente de grupos islamistas, desde fundamentalistas hasta terroristas, sería una catástrofe aún mayor si la UE no ayudase a la población sobre el terreno mismo para que superen esa catastrófica situación en el ámbito de la sanidad y del medio ambiente, contribuyendo también con un mínimo de ayuda financiera y poniendo a su disposición, naturalmente, alimentos de primera necesidad. 
Estoy seguro, Comisario Nielson, de que quien vaya a estar hoy en ese debate está reflexionando ya y preparando ya con sus colaboradores lo que hay que hacer ahora, pero sobre todo, lo que habrá que hacer en el peor de los casos: si se produjesen nuevas catástrofes, como p. e. oleadas de refugiados de Afganistán. 
Estamos llamados no sólo a dar grandes prédicas. 
No se trata de una lucha de civilizaciones, no se trata de una lucha contra el Islám, se trata de prestar ayuda durante las próximas semanas y meses mediante actos muy concretos para mostrar a la población que nuestra solidaridad y nuestra disposición a la ayuda no sólo se quedan en palabras. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, me sumo enteramente a lo que acaba de decir el Sr. Swoboda. 
Permítanme que les relate, como presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Uzbekistán, mi experiencia personal. 
En junio del verano pasado fuimos una semana con una delegación del Parlamento Europeo a Uzbekistán. 
Allí visitamos la región de Karakalpakstán, la región que está afectada por los grandes problemas con el Mar de Aral. 
Señorías, les puedo asegurar que allí la situación es dramática. 
Señor Comisario, quisiera llamarle la atención sobre lo siguiente. 
En aquella semana tuvimos encuentros con la población y con los cooperantes. 
Mostraron su agradecimiento con la visita de nuestra delegación, nos recibieron con todos los honores, nos dieron recados pero también nos dijeron que ya habían visto venir tantas delegaciones y nos preguntaron cuándo por fin se va a hacer algo concreto para solucionar los problemas con el agua en la región. 
¿Cuándo nos ayudarán la Unión Europea y la comunidad internacional para hacer algo de verdad en colaboración con los otros países en la zona? 
Como he dicho anteriormente, la situación de allí es dramática, también en el ámbito de la salud pública. 
Junto con mi colega Wiebenga visitamos el hospital local de Nukus donde atienden a enfermos de tuberculosis. 
La situación era infrahumana. 
Vimos que en el sótano se había roto la alcantarilla y que se había llenado de las heces de los enfermos. 
Había nubarrones de mosquitos y el olor era insoportable. 
Los pacientes intentan espantar a los mosquitos y moscas y como consecuencia de esta situación los pacientes, que deberían estar normalmente tres meses hospitalizados, dejan el hospital para volver a sus casas. De esta forma, contagian a sus familiares y a otras personas a su alrededor. 
Me parece que nosotros, como comunidad internacional, deberíamos asumir nuestra responsabilidad. 
Espero sinceramente que el Comisario nos pueda prometer algunas medidas concretas. 
Por lo demás, doy mi pleno apoyo al texto de la resolución aquí presentada. 
Timor Oriental 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, Timor Oriental es el primer nuevo Estado que surge libre y democráticamente en la escena internacional en el comienzo del nuevo milenio. 
El Parlamento Europeo debe alegrarse de ese resultado. 
Durante varios años incluimos la cuestión de Timor en el programa internacional. 
Aquí dimos voz a los que lucharon por devolver la dignidad al pueblo timorense y por reconocer el derecho a decidir su destino y denunciamos la violación de los derechos humanos por las tropas indonesias y las milicias por ellas apoyadas. 
No puedo dejar de subrayar la labor llevada a cabo con empeño por tantos diputados. 
Quisiera hacer una referencia especial a Carlos Costa Neves, que presidió el intergrupo "Por Timor Oriental" y formó parte de todas las misiones que el Parlamento Europeo llevó a cabo en el territorio. 
Pero, si ayudamos a ese pueblo a recuperar la libertad y la democracia, tenemos también la obligación de contribuir a que consolide lo que conquistó. 
Timor Oriental necesita la ayuda internacional, política, técnica y financiera. 
Sin esa ayuda no será posible reconstruir lo que fue destruido, organizar la nueva administración y garantizar el necesario desarrollo. 
Y por eso hacemos un llamamiento a la comunidad internacional: más apoyo y ayuda. 
Por eso pedimos en esta resolución de transacción la prórroga del mandato de las Naciones Unidas, el regreso de los refugiados que desean regresar a sus tierras y la lucha contra la impunidad de los que cometieron crímenes y violaron derechos fundamentales. 
Por último, quisiera expresar mi satisfacción al ver un apreciable consenso y apoyo multipartidario en torno a la candidatura de Xanana Gusmão a la Presidencia de la República. 
Creo que ese laureado con el premio Sajarov puede ser un punto de referencia de unidad y una contribución fundamental a la consolidación de las nuevas instituciones democráticas. 
Señor Presidente, Señorías, normalmente en esta sección de nuestros trabajos tratamos de las desgracias, catástrofes, calamidades, cosas que nos causan profunda tristeza y dolor. 
Con Timor Oriental fue así en el pasado, como ha dicho mi colega Carlos Coelho. 
Pero hoy es un día de alegría. 
Lo que hoy hemos venido a señalar y registrar aquí es el éxito del proceso timorense. 
Y en este momento también quiero atestiguar a esta Asamblea el reconocimiento de los portugueses y, desde luego, de los timorenses, por la solidaridad en aumento que su causa encontró en este Parlamento Europeo y se fue ampliando por todo el mundo. 
Mi colega Carlos Coelho se ha referido ya a las diversas resoluciones y también el punto culminante que fue la concesión del premio Sajarov a Xanana Gusmão, el dirigente histórico de la resistencia timorense y que será, por consenso nacional general, el próximo Presidente de la República. 
Éste es un ejemplo- que debe quedársenos grabado- de cómo con tenacidad, con paciencia, podemos conseguir nuevos resultados y ayudar a causas excelentes. 
Hace tres años, si alguien en esta Asamblea hubiera dicho que lo que hoy está sucediendo era verdad, no cabe duda de que lo habrían tildado de loco. 
Hace tres años nos resultaba imposible imaginar el referéndum de agosto de 1999 y la adhesión aplastante del pueblo. 
Era imposible imaginar que la crisis, extraordinariamente dramática, que se vivió tras el referéndum sería superada y que el 30 de agosto pasado celebraríamos las primeras elecciones de un nuevo Estado libre e independiente. 
Debemos seguir ayudando a ese país. 
Tenemos que mantener muy viva esa obligación, así como estar atentos a las amenazas que pueden aún cernerse en un marco geopolítico que es cada vez más incierto. 
Señor Presidente, quisiera felicitar en primer lugar a la población de Timor Oriental por el transcurso pacífico y democrático de las elecciones del 30 de agosto a la Asamblea Constituyente. 
Para mí es hoy un honor poder hablar de Timor Oriental, pues fui el presidente de la misión de observadores de la UE desde el 23 de agosto hasta el 11 de setiembre, y tuve ocasión ver por mí mismo cuán grande era la importancia de las elecciones para las gentes de Timor Oriental. 
Antes de pasar a los contenidos, quisiera felicitar a la UNTAET y especialmente a Sergio Vieira de Mello por su trabajo, a menudo realizado bajo las más difíciles circunstancias. 
Quisiera resaltar también el trabajo de la comisión electoral independiente, de la Comisión de la UE, aquí y sobre el terreno, así como la fluida colaboración mantenida con el PNUD, con la Embajada de Portugal y con la Presidencia belga del Consejo. 
Timor Oriental ha dado el primer paso en dirección a la independencia y a la constitución de un estado propio. 
Por ello es tanto más necesaria la solidaridad de la comunidad internacional y de la UE, ya que el país se halla ante retos enormes. 
Es absolutamente necesario que permanezcan unidades la ONU que aseguren la paz así como fuerzas policiales civiles en el país hasta que Timor Oriental pueda asumir tareas de seguridad. 
Con este objeto, los Estados miembros de la UE deben presionar a la ONU. 
Es importante que la UE, la ONU, países donantes, como por ejemplo Portugal o Alemania que mantienen su ayuda técnica y financiera, la Comisión y el Consejo adopten una actitud positiva respecto de la solicitud de entrada de Timor Oriental en la ACP- en el programa everything but arms, por ejemplo, puede hacerlo de inmediato- y que la UE apoye al Gobierno de Timor Oriental en la elaboración de un Plan General de Desarrollo del país. 
En él se debería dedicar especial atención al desarrollo rural y a la sanidad. 
Además, todo el sector administrativo habrá de ser fortalecido y, en parte, edificado desde la base. 
La base y el elemento central de todo el plan de desarrollo lo constituirá la educación. Porque una cosa está clara: estas elecciones democráticas son un paso muy importante para el futuro del país. 
Pero no debemos olvidarnos de que sólo representan un primer paso al que seguirán otros muchos hasta llegar a una democracia que funcione y a una sociedad civil constituida. 
Para el posterior desarrollo institucional también es importante que la UE participe de nuevo en la celebración de las elecciones presidenciales y en la necesaria voter education. 
Habría que añadir muchas más cosas, pero, sobre todo, debe evitarse que eludamos la responsabilidad después de que el pilar fundamental para un estado independiente ha sido ya asentado. No podemos dejar solas a las personas que ahora comienzan poco a poco a superar el trauma de los terribles acontecimientos de 1999. 
Pensemos más bien que nuestro apoyo será necesario por muchos años. 
Lo capital de ello será que las medidas de ayuda estén eficientemente coordinadas para que obtengan resultados. 
Estoy seguro, después de las muchas conversaciones que tuve sobre el terreno, de que los timoreses son conscientes de los problemas del país y saben demasiado bien lo difícil que va a ser el camino que les queda. 
Trabajemos con ellos como socios de igual a igual. 
Daremos además a la comunidad internacional una señal positiva de que es posible solucionar problemas por caminos pacíficos e iniciar procesos de desarrollo, que son, justamente, de nuestra época. 
Señor Presidente, Señorías, después de la tragedia en Timor Oriental se escribió una de las más bellas páginas de la Historia contemporánea. 
Triunfaron en Timor Oriental los principios de una ética política internacional. 
Timor Oriental nos hace abundar en la esperanza de que la historia universal no sea sólo una sucesión de barbaridades y crueldades. 
En un momento trágico, cargado de miedos e inquietudes apocalípticas, Timor Oriental representa un rayo de luz y esperanza. 
Las elecciones a la Asamblea constituyente en Timor Oriental coronaron un irreprimible proceso democrático que honra a las Naciones Unidas y sobre todo al pueblo de Timor Oriental. 
Pero no todo son rosas en Timor, como todos saben. 
Timor es un país muy pobre, tiene una economía por reconstruir, un estado por organizar, un sistema de educación de salud y protección social por poner en pie. 
Sólo con la ayuda de la comunidad internacional, y en particular de la Unión Europea, puede Timor hacer de su independencia algo brillante y un buen ejemplo para la Humanidad. 
Portugal, mi país, no dejará de conceder todo su cariño y apoyo a Timor, ya que la de este país pasó a ser también una causa portuguesa y una causa universal. 
Colombia 
Señor Presidente, Colombia- una de las democracias más antiguas de América del Sur y un país que, algo poco habitual en este continente, no ha sido presa de dictaduras militares- es trágicamente víctima de 37 años de guerra civil y de actividad terrorista, que han destruido las infraestructuras, han matado a 40.000 personas y han corrompido a sus autoridades civiles y militares a través de la implicación de la guerrilla con el tráfico de drogas. 
Parece a la vista de los acontecimientos del 11 de septiembre en Nueva York que las democracias son particularmente vulnerables al terrorismo, el cual no tiene respeto alguno por la papeleta de voto como medio de lograr cambios en las sociedades. 
Ahora- y a pesar de que hace tres años el Presidente colombiano Pastrana concedió una amplia zona desmilitarizada del tamaño de Suiza, en la que 17.000 guerrilleros campan a sus anchas- las FARC, en lugar de buscar un acuerdo legítimo, negociado pacíficamente, siguen con su política de secuestros y asesinatos de civiles. 
El pasado domingo mataron a la muy querida antigua ministra de cultura, Consuelo Araujo Noguera, y el martes al congresista Octavio Sarmiento. 
Estoy seguro de que esta Asamblea se sumará al mensaje de pésame que quisiera transmitir a sus apenadas familias. 
La política de Pastrana de hacer concesiones a las FARC, declarada como organización terrorista por EE.UU., presenta notables paralelismos con la política del británico Tony Blair de conceder la liberación anticipada de los asesinos del IRA sin insistir previamente en el decomiso de las armas que ya habían aceptado. 
Curiosamente, tres sospechosos del IRA están detenidos actualmente en Colombia por asesorar a las FARC sobre cómo realizar campañas asesinas, en las que, como sabemos, el IRA es experto. 
Yo no tengo una respuesta clara al dilema del Presidente Pastrana, puesto que sólo el 18% de los colombianos, en una reciente encuesta, apoyaban la suspensión de las conversaciones de paz, la supresión de la zona desmilitarizada y la reanudación de la guerra civil en toda su extensión. 
Sólo el gobierno colombiano puede decidir qué es lo mejor para el futuro de su país y qué precio está dispuesto a pagar para conseguir la paz. 
No obstante, estoy seguro de que, a la vez que apoya esta resolución, esta Asamblea se sumará a mi plegaria a favor del pueblo de Colombia, que tantos años lleva sufriendo, y a mi esperanza sincera de que las FARC y las guerrillas se den cuenta de la locura de sus malvados medios y el gobierno colombiano logre una política de reconciliación sin poner en peligro la justicia ni la libertad. 
Señor Presidente, después de la última intervención parecería que el responsable de la violencia en Colombia es el Gobierno del Reino Unido. 
Quiero aclarar que hasta ahora en la documentación que he visto no he encontrado ninguna implicación del Gobierno del Reino Unido en la violencia de Colombia. 
El hecho es que en Colombia se mata a gente- la matan los revolucionarios (las FARC) , la matan las organizaciones paramilitares vinculadas al Gobierno -, y, en este momento, hacer algún tipo de pronunciamiento sobre las culpabilidades en Colombia me parece prematuro. 
Lo que hay en este momento es una situación de violencia y los responsables de esa violencia somos, en efecto, los europeos, porque los europeos dejamos en Colombia, como en muchos otros países, una estela de injusticias, de diferencias sociales, que perviven hasta nuestro tiempo. 
La Unión Europea se ocupa desde hace tiempo de Colombia. 
Por desgracia, no hemos podido influir de una manera demasiado positiva en los acontecimientos. 
Pero sí hemos conseguido, por lo menos, incrementar la actividad económica del país hasta el punto de que hoy el 40% de las exportaciones colombianas se destinan a los países de la Unión Europea. 
Creo que en la Unión Europea nos encontramos con una tarea un poco desesperada, porque pasan los años y sigue la violencia. 
La violencia nos toca incluso de cerca. 
Por ejemplo, en Madrid, en los últimos meses han sido asesinados cuarenta colombianos por organizaciones de narcotráfico colombianas, por sicarios que vienen especialmente de Colombia a matar a sus conciudadanos. 
Si algo han demostrado los acontecimiento del 11 de septiembre es que la violencia en el mundo no tiene límites, que en un mundo globalizado la violencia nos afecta a todos y que, por tanto, lo que nosotros hagamos en un país tan lejano como Colombia se hace también en definitiva, en beneficio de nuestros propios ciudadanos. 
Nosotros tenemos que proteger a nuestros ciudadanos y a los ciudadanos de todo el mundo en fronteras tan lejanas como Colombia. 
Sé que la Comisión y el Consejo tienen limitaciones para conseguir esos resultados. 
Si el Gobierno colombiano, si gran número de personas dedicadas a conseguir la pacificación del país en el propio país (escritores, intelectuales, etc.) no han conseguido esos resultados, es difícil que nosotros lo podamos conseguir, pero creo- aprovecho la presencia del señor Comisario, que se ocupa de un área muy sensible para este tema, para decirlo- que debemos continuar nuestros esfuerzos. 
Un poco como en el mito de Sísifo deberíamos seguir empujando la piedra desde el pie de la montaña hasta arriba, a pesar de todos los acontecimientos en contra. 
Estoy convencido de que tanto la Comisión como el Consejo estarán de acuerdo con el Parlamento en continuar ayudando al Gobierno colombiano y a los responsables políticos de buena fe de ese país a encontrar una solución para acabar con la escalada de la violencia, que parece abismar cada vez más a ese país tan magnífico y tan estupendo de América Latina que es Colombia. 
Espero, por tanto, que entre las tres instituciones, Consejo, Comisión y Parlamento, podamos ayudar en alguna medida a la pacificación de Colombia. 
Señor Presidente, la violencia política en Colombia es un grave escollo para el desarrollo del país. 
En ningún otro país del mundo son asesinados tantos activistas sindicales como en Colombia. 
La izquierda de ese país ha sido y es objeto de una campaña de terror sin precedentes. 
Desgraciadamente hay un riesgo evidente de que la violencia arrecie aún más antes de la elección presidencial. 
Sin embargo, está absolutamente claro que la mayor parte de la violencia política proviene de los paramilitares. 
Al menos el 90 por ciento de los asesinatos políticos son perpetrados por paramilitares o militares. 
Los paramilitares no podrían llevar a cabo el terror sin la ayuda indirecta y la aceptación de la policía y de los militares. 
Por eso, el gobierno de Colombia también tiene una responsabilidad directa en la terminación del terror que ejercen los paramilitares. 
El papel de la UE debe ser velar por los derechos humanos, respaldar el proceso de paz y oponerse al Plan Colombia, que implica una escalada militar del conflicto. 
La zona desmilitarizada debe seguir siendo una condición para el diálogo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. 
Colombia sólo conseguirá paz y democracia verdaderas si se respetan los derechos humanos. 
Si la izquierda colombiana no puede actuar libre y legalmente, sin que sus representantes sean asesinados, la guerrilla no va a dar tregua. 
Por eso resulta decisivo que se reconozca y se combata el terror contra la izquierda colombiana. 
Lo mismo vale también para la Unión Patriótica, a la que pertenecía el asesinado parlamentario Octavio Sarmiento. 
Al menos 4000 miembros de la Unión Patriótica han sido asesinados por los paramilitares. 
Estas críticas podrían haber sido aún más explícitas en la resolución que vamos a aprobar. 
La Izquierda Unida opina que, a pesar de esto, el texto de la resolución es bueno y que en el futuro tendremos que estar atentos y reaccionar frente al desarrollo de los acontecimientos en Colombia. 
Señor Presidente, "Crónica de una muerte anunciada" era el título de una novela de García Márquez que hoy se ha convertido en la triste realidad en el país natal del premio Nobel de Literatura. 
Las ocho balas que han asesinado a Yolanda Cerón, directora de la pastoral social de Tumaco, estaban anunciadas y han destruido definitivamente las precarias condiciones en las que trabajan los militantes de los derechos humanos en ese lugar. 
Desde hace un año, los paramilitares reinan en la ciudad del Nariño. 
El gobierno les deja hacer, la lista de muertos se alarga. 
Poco antes de a Yolanda, los militares ejecutaron públicamente a 13 campesinos de Teima. 
El domingo por la mañana, la ex ministra de Cultura, Consuelo Araujo Noguera, previamente secuestrada, fue asesinada durante una persecución entre el ejército y la guerrilla. 
Anteayer mismo, los paramilitares asesinaron a Octavio Sarmiento, parlamentario del Congreso Nacional. 
Se sabe que cualquier persona que se comprometa con la defensa de los derechos humanos en Colombia es el blanco de los paramilitares. 
Incluso en el mes de agosto anunciaron una campaña de limpieza. 
El gobierno ya había retirado la base legal de su existencia en 1989, pero nunca ha hecho nada serio para desmantelarlos. 
Por el contrario, la ley de defensa y seguridad nacional, ratificada por el Presidente Pastrana en el mes de agosto, ha agravado aún la situación. 
Esta ley, verdadero cheque en blanco para toda clase de violaciones de los derechos humanos, amplía las competencias y la libertad de acción del ejército de una forma espantosa y reduce la del Fiscal del Estado. 
Los estrechos lazos entre el ejército y su brazo derecho ilegal, los paramilitares, son de dominio público y el informe de "Human Rights Watch", publicado hoy no hace más que subrayarlo. 
La Unión Europea debe preguntarse por las bases de su cooperación con Colombia. 
Seguimos esperando el primer informe semestral sobre los progresos de los derechos humanos en Colombia prometido hace un año. 
Si la Unión Europea se toma en serio la defensa de los derechos humanos debe explicarnos sus criterios y sus mecanismos de evaluación y de protección eficaz. 
Si se toma en serio el proceso de paz, debe fomentar la continuidad del diálogo entre el gobierno y las guerrillas, excluir categóricamente a los paramilitares de las negociaciones, y apoyar el informe de la comisión de notables, publicado el 28 de septiembre. 
Finalmente, si se toma en serio su propio compromiso para una reforma judicial, lo primero que la Unión Europea debe hacer es apoyar las múltiples peticiones de abolición de esta ley de defensa y seguridad nacional. 
. (EN) Señor Presidente, responderé a cada una de las cinco cuestiones. 
El Día Mundial de la ONU para erradicar la extrema pobreza constituye una buena oportunidad de poner de manifiesto los inaceptables niveles de pobreza y de exclusión social que siguen existiendo en el mundo y de resaltar la necesidad de intensificar los esfuerzos para su erradicación. 
Poder llevar una vida libre de la pobreza y de la exclusión social es un derecho humano fundamental. 
Aunque el reto de combatir la pobreza y la exclusión social es particularmente acentuado en los países en desarrollo, también sigue siendo un asunto de la mayor preocupación dentro de la Unión Europea. 
Los datos más recientes de los que disponemos muestran que el 18% de la población de la UE, es decir, más de 60 millones de personas, corre el riesgo de entrar en la categoría de los relativamente pobres. 
Es una cifra muy elevada. 
En los Consejos Europeos de Lisboa, Niza y Estocolmo, los Estados miembros asumieron el compromiso de promover, entre 2001 y 2010, un crecimiento económico sostenible y un empleo de calidad que reduzcan el riesgo de pobreza y exclusión social a la vez que fortalecen la cohesión social en la Unión. 
Lo que se pretende es reafirmar y realzar la importancia del modelo social europeo y que la política social tenga igual categoría que las políticas económica y de empleo y que las tres se refuercen entre sí. 
Para respaldar su compromiso, el Consejo desarrolló objetivos comunes en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
También acordó que los Estados miembros avancen hacia esos objetivos a partir de 2001 en el marco de planes bienales de acción nacional contra la pobreza y la exclusión social. 
Asimismo, el Consejo estableció un nuevo método abierto de coordinación que anima a los Estados miembros a trabajar conjuntamente para mejorar el impacto sobre la inclusión social de políticas en campos como la protección social, el empleo, la salud, la vivienda y la educación. 
Los planes de acción nacional y el desarrollo de indicadores comparables proporcionan el marco para fomentar el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje mutuo a escala comunitaria. 
A partir de 2002 esto se verá respaldado por un programa quinquenal de acción comunitaria en materia de inclusión social que se concluyó tras una sesión exitosa de conciliación en la que participaron el Parlamento, el Consejo y la Comisión el 18 de septiembre. 
Todos los Estados miembros presentaron sus planes de acción nacional contra la pobreza y la exclusión social durante el mes de junio de este año. 
La Comisión ha estado analizando estos documentos y espera adoptar un proyecto de informe conjunto sobre inclusión el 10 de octubre. 
Será la primera vez que existe en el ámbito de la UE un análisis de este tipo en el que se documenta y compara la situación de la pobreza y de la exclusión social en todos los Estados miembros. 
Se pretende que el informe conjunto sea aprobado en el Consejo de Empleo y Política Social a principios de diciembre de tal modo que pueda presentarse y analizarse en el Consejo Europeo de Laeken. 
En paralelo al trabajo de los planes de acción nacional contra la pobreza y la exclusión social, se ha trabajado en la elaboración de una lista de indicadores comunes en el campo de la inclusión social. 
Ésta se presentará también y se aprobará en el Consejo Europeo de Laeken. 
A partir de esta base, se espera que el Consejo Europeo de Laeken defina las prioridades y los enfoques que han de guiar los esfuerzos y la cooperación a escala comunitaria. 
Las cuestiones y las preocupaciones planteadas en el debate sobre estas resoluciones están, por tanto, bien reflejadas en las iniciativas que se están adoptando. 
Sin embargo, uno de los retos del futuro será garantizar que todas las decisiones comunitarias, en el ámbito de las políticas económica y de empleo, así como de la política social, se evalúan atendiendo a sus repercusiones en la cohesión social. 
Aunque hay muchas cosas en marcha, no ha lugar a la complacencia. 
Jornadas como el Día Mundial de las Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza brindan una importante oportunidad de recordarnos la urgencia del desafío al que nos enfrentamos para construir un mundo más inclusivo y pacífico, libre del escándalo que supone la pobreza y la exclusión social. 
Observando el aspecto global de este desafío, el primer y más importante elemento que ha de criticarse es el patético nivel de ayuda oficial al desarrollo, que es ahora del 0,24 %, lejos del 0,7 % que se prometió. 
Todo el mundo se va a fijar en esto durante el Día Mundial y debemos encontrar una respuesta europea a ese problema. 
Otra cuestión a la que nos enfrentaremos es la financiación para el desarrollo, en marzo del próximo año. 
La política de la Unión Europea respecto de Vietnam, al igual que respecto de todos los demás países, es animar y apoyar avances permanentes en los derechos humanos y la democratización, y plantear, tanto en público como en privado, nuestra preocupación cuando se observan violaciones o un deterioro de la situación. 
Tenemos que llamar la atención, sin embargo, sobre la tendencia de la administración vietnamita a querer controlar el ritmo del cambio y a mantener la "cohesión social" durante la transición a una economía de mercado. 
Evidentemente, no es necesario que les recuerde a sus Señorías que la Unión Europea se opone a la pena capital. 
En el caso de Vietnam, el número de delitos a los que puede aplicarse la pena capital se redujo el año pasado. 
Los delincuentes juveniles, las embarazadas y las madres en período de lactancia también fueron excluidos de tal aplicación. 
Nosotros acogemos favorablemente estos avances, pero queremos ver la abolición total de la pena de muerte. 
Nuestra principal preocupación sigue siendo la libertad de expresión. 
El "delito" original del Profesor Nguyen Dinh Huy en 1992 fue haber sido el co-fundador del "Movimiento para Unir al Pueblo y Construir la Democracia", un movimiento apoyado por exiliados vietnamitas en Norteamérica. 
La detención y el interrogatorio de 15 personas el pasado mes, sobre la que ha informado Human Rights Watch, estaban, al parecer, vinculados con una petición al gobierno de que establezca una "Asociación Nacional para Luchar contra la Corrupción" de carácter independiente. 
El hilo común en todos estos casos es que, a pesar de algunos avances reales, Vietnam sigue siendo un país poco acostumbrado al disentimiento en público. 
La situación de las tribus de la montaña ("Montagnards") de las provincias del centro del país surgió a raíz de una compleja serie de viejos problemas sin resolver, pero se agravó, sin duda, por la falta de canales eficaces de comunicación entre la población local y el gobierno central. 
Lo que se necesita en Vietnam es un avance continuado del programa de reforma del país, de tal modo que la administración aprenda a tratar con una mayor diversidad de puntos de vista y a apreciar el valor de acomodar a los que disienten en el sistema de gobierno. 
Cuando el Sr. Patten estuvo en Hanoi el pasado mes de julio, aprovecho la oportunidad para plantear algunas de estas preocupaciones al Ministro de Asuntos Exteriores vietnamita. 
El próximo mes, celebraremos en Hanoi una reunión de la Comisión Conjunta CE-Vietnam, en la que se analizarán todas los aspectos de nuestras relaciones, incluyendo nuestro compromiso común con el respecto a los derechos humanos. 
Seguiremos planteando asuntos concretos que suscitan preocupación y casos individuales y seguiremos promoviendo el progreso continuo de los derechos humanos en Vietnam. 
Sobre la situación en Uzbekistán, la Comisión comparte la preocupación del Parlamento Europeo sobre la actual situación en Asia Central. 
Es evidente que la sequía está causando daños en la zona del Mar de Aral y, especialmente, en el oeste de Uzbekistán. 
Por ejemplo, se ha informado de que el Amu Darya, donde se da el principal problema, registra un 70% del caudal normal de agua en sus zonas más elevadas y sólo entre el 40 y el 45% en las partes más bajas 
Además de las causas naturales, la actual situación responde a algunas razones estructurales como el deficiente mantenimiento de los sistemas de irrigación de agua, la inadecuada gestión del agua, a escala regional, entre los nuevos Estados independientes, y unas prácticas agrícolas que exigen mucha agua, como los cultivos de arroz y algodón. 
La falta de desarrollo sostenible resumiría bien todo lo que está ocurriendo. 
La misión de evaluación de Naciones Unidas al oeste de Uzbekistán en julio de 2001 atribuyó la ausencia de agua a problemas fundamentales de carácter estructural (como la irrigación y las políticas de cultivos). 
Por tanto, lo que se necesita son formas de mejorar la gestión del agua y las prácticas agrícolas. 
La naturaleza de estas actividades está relacionada con el desarrollo. 
La respuesta hasta ahora no se enmarca en el mandato de ECHO como tal. 
Estamos, sin embargo, mirando a esta región desde el punto de vista de la ayuda humanitaria cuando vemos un riesgo real de consecuencias negativas derivadas de la situación en Afganistán. 
De hecho, ECHO incluirá pronto en un paquete de medidas un fortalecimiento de la capacidad de actuar en esta parte del mundo. 
La ausencia de democracia, de transparencia y de exigencia de responsabilidad, la corrupción a todos los niveles y el mal uso del flujo de ayuda proporcionada por la comunidad internacional constituyen, todos ellos, parte del problema. 
Desde la independencia de estos países, no se ha hecho ningún esfuerzo real por mantener el sistema de agua. 
Además, las rivalidades nacionales entre los países de la región han bloqueado la cooperación y han dificultado también los esfuerzos internacionales. 
Hemos actuado en Asia Central intentando desarrollar proyectos a largo plazo vinculados con las causas estructurales de la sequía. 
Se ha desarrollado un programa Tacis para luchar contra las consecuencias de la desecación del Mar de Aral. 
La Comisión cree que solamente una reforma a largo plazo por parte del propio gobierno de Uzbekistán puede resolver el actual problema. 
Debería hacerse hincapié en: la creación de formas de empleo alternativas en las zonas afectadas por la sequía para mejorar los sistemas de riego que se utilizan en estas zonas afectadas y, en general, para mejorar la conservación del agua; la introducción de cultivos más resistentes a la sequía y que precisen menos agua, a través de una mayor investigación de nuevos cultivos, programas piloto, granjas modelo y cualquier cosa necesaria para cultivar en este entorno de una manera sostenible. 
Se necesita definitivamente una asignación más eficaz del agua en toda la región. 
Esperamos que Tacis pueda desarrollar actividades para hacer frente a estos problemas, en particular en el ámbito de la región, pero el reto es enorme si se tienen en cuenta nuestros medios reales. 
Permítanme que pase a Timor Oriental. 
Las elecciones democráticas del 30 de agosto fueron una piedra angular en la transición a la independencia. 
La Comisión mostró su satisfacción por la forma pacífica en que se desarrolló el proceso electoral. 
El resultado- sin mayoría de dos tercios para ningún partido- obligará a la Asamblea Constitucional a trabajar conjuntamente y a buscar un consenso. 
Esto es de esperar que estabilice aún más el panorama político. 
Creo que podemos estar con razón orgullosos de la contribución del equipo de observadores electorales de la Unión Europea y me complace felicitar al Sr. Kreissl-Dörfler por haber dirigido al equipo de 24 observadores. 
Vamos, desde luego, a estudiar la posibilidad de enviar otro equipo de observadores a las elecciones presidenciales de 2002. 
En general, estoy bastante satisfecho de la cooperación con el Parlamento y el Parlamento puede estar satisfecho consigo mismo por su capacidad de ofrecer una observación electoral de alta calidad. 
Los siguientes pasos del proceso formal serán la aprobación de una constitución, esperemos que antes de las Navidades de este año, a la que seguirá la elección de un jefe de estado mediante sufragio popular, probablemente alrededor de mayo de 2002. 
A continuación vendrá la retirada de UNTAET y la declaración de independencia. 
Este proceso parece bien encaminado. 
A su vez, la evolución del proceso político parece igualmente seguir el curso adecuado. 
La actuación muy digna de elogio de UNTAET, el reciente nombramiento de un gabinete provisional y la mayor "timorización" de las funciones de dirección en la administración han contribuido a este proceso. 
El anclaje regional de Timor Oriental supondrá un cimiento adicional. 
Timor Oriental se encuentra en una encrucijada histórica. 
La fase de emergencia ha terminado. 
Ahora tenemos la oportunidad de que el ambicioso proceso de independencia salga bien. 
La comunidad internacional tiene que analizar ahora las cuestiones relativas al desarrollo a largo plazo. 
La reunión de Donantes de Canberra del pasado mes de junio describió la actual situación económica, claramente insostenible, y señaló la necesidad de una mayor ayuda internacional. 
Existe una escasa base tributaria, una falta de emprendedores preparados, y una pobreza rural que dan lugar a presión demográfica sobre las zonas urbanas. 
Pero existe una perspectiva realista de que alrededor de 2005-2006 se obtengan ingresos sustanciales procedentes del petróleo. 
Esto podría cambiar el panorama considerablemente. 
El presupuesto nacional podría doblarse y garantizar, esperamos, la cobertura económica de funciones básicas del Estado, así como algún estímulo para la economía. 
Tenemos que apoyar el esfuerzo de los timorenses orientales por administrar estas actividades del petróleo mejor de lo que hemos visto que se ha hecho en muchos otros países en desarrollo. 
Las estadísticas nos dicen que no debería ser muy difícil hacerlo mucho mejor, aunque no sea del todo óptimo, pero se trata, sin duda, de una oportunidad. 
Yo diría que hasta aquí, bien. 
Sería maravilloso disponer de las mejores prácticas demostradas en este campo. 
La falta de transparencia en este ámbito es, en todos los casos en el mundo, la verdadera causa de muchos problemas. 
Atendiendo a este trasfondo político y económico, y en tanto que uno de los principales donantes a Timor Oriental, la Comisión ha identificado su futuro papel. 
Prevemos la necesidad de apoyar a uno de los países más pobres de la Tierra hasta que los ingresos del petróleo proporcionen una base económica más estable. 
Intentaremos crear una relación de desarrollo basada en una filosofía de asociación. 
Esto supone adoptar una visión realista de todas las necesidades. 
En la actualidad estamos elaborando un Documento de Estrategia para el País, describiendo los sectores. 
Lo más probable es que concentremos nuestras actividades en el desarrollo rural y en la administración pública, sugiriendo objetivos financieros apropiados para 2002-2006 en estos sectores. 
Y lo intentaremos hacer del siguiente modo: centrándonos tanto en el alivio de la pobreza como en el desarrollo de capacidad. 
Como se ha dicho en el debate, Timor Oriental podrá también beneficiarse de la Iniciativa "Todo menos Armas", que le ayude a desarrollar su comercio exterior. 
Paso, por último, Colombia. 
La Comisión comparte la honda preocupación expresada por el Parlamento en relación con el deterioro de la situación en Colombia, en particular, con la continuación de las violaciones de los derechos humanos. 
La Comisión está profundamente preocupada por la situación del Proceso de Paz en Colombia tras los acontecimientos que se han producido recientemente y está esperando la valoración de este proceso anunciada por el Presidente Pastrana. 
La Comisión pretende mantener su apoyo al pueblo colombiano a través de ECHO. 
Este año se van a gastar 10 millones de euros. 
Asimismo, la Comisión ha aprobado, en el marco de su presupuesto para derechos humanos, cuatro nuevos proyectos de ONG por un valor superior a 3 millones de euros. 
Como yo mismo anuncié en Bruselas el 30 de abril en la tercera reunión del Grupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, la Comisión está ultimando actualmente su propuesta de programa de "Laboratorio de Paz" en la región colombiana de Magdalena Medio. 
Este programa contempla el apoyo a acciones y movimientos ya emprendidos por la sociedad civil en el ámbito local y regional. 
La Comisión espera sinceramente que las condiciones sobre el terreno permitan una pronta aplicación de este programa. 
La Comisión seguirá animando al gobierno colombiano y a todas las demás fuerzas políticas relevantes a seguir firmemente comprometidos con el proceso de paz en Colombia, especialmente durante estos momentos de desasosiego. 
Como ha dicho el Sr. Mediana Ortega, esto recuerda mucho a los trabajos de Sísifo. 
Es verdad que es difícil ver avances, pero no existe ninguna duda de que cualquier relajación o cualquier tipo de abandono empeoraría sin duda las cosas. 
Éste es nuestro sencillo análisis y por eso seguimos adelante. 
Muchas gracias, señor Comisario Poul Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 18.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0618/2001 del Sr. Haarder, en nombre del Grupo ELDR, sobre la evolución de las relaciones entre la Unión Europea y el Cáucaso meridional; 
B5-0624/2001 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo TDI, sobre la evolución de las relaciones entre la Unión Europea y el Cáucaso meridional; 
B5-0630/2001 de la Sra. Schleicher y del Sr. Posselt, en nombre del grupo PPE-DE, sobre la evolución de las relaciones entre la Unión Europea y el Cáucaso meridional; 
B5-638/2001 de la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo UEN, sobre el Cáucaso meridional; 
B5-0649/2001 del Sr. Linkohr y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre la evolución de las relaciones entre la Unión Europea y el Cáucaso meridional; 
B5-0661/2001 del Sr. Gahrton y otros, en nombre del Grupo Verdes/ALE, sobre la evolución de las relaciones entre la Unión Europea y el Cáucaso meridional. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, es un gran honor, y un poco inoportuno también, intervenir antes que la presidenta de mi delegación, la Sra. Schleicher, a la que hubiera preferido suceder. 
Doy las gracias a la Sra. Schleicher, doy las gracias a Bernd Posselt y a los demás colegas que han participado en la presentación y ahora en el debate sobre un tema que está olvidado, el del Cáucaso meridional. 
Me atrevo a esperar que debido a la tragedia de Nueva York y de Washington, algunos de nosotros hayamos tomado conciencia de la importancia de esta región del mundo, de la importancia de una región que de hecho es la puerta hacia Asia Central, un Asia que hoy es rehén de la Federación Rusa, como lo es en gran medida también el Cáucaso meridional y no solamente éste, sino también el Cáucaso del Norte, que se encuentra en una situación todavía más trágica, mal que le pese al comisario Poul Nielson. 
El Cáucaso del Norte sufre, como todos sabemos, la tragedia de Chechenia, una tragedia que continúa y que no ve llegar ninguna oposición por parte de la Unión Europea. 
La resolución que se les somete a ustedes contiene un cierto número de propuestas muy concretas. 
Se pide sobre todo a la Comisión y al Consejo la elaboración de una estrategia conjunta para esta región del mundo, una estrategia susceptible de invertir la tendencia actual que es una tendencia constante a la degradación de la situación. 
El que las condiciones de vida en Armenia, en Georgia, en Azerbaiyán sean tan difíciles, en particular en Armenia y en Georgia, es obra constante, diaria, de la Federación Rusa, a la que la Unión Europea no opone ninguna reacción concreta. 
Es tan verdad como que incluso una cuestión tan anodina en apariencia como la apertura de delegaciones en Bakú y en Armenia todavía no haya sido resuelta por la Comisión. 
El problema se ha planteado en numerosas ocasiones por este Parlamento, por la Sra. Schleicher como presidenta de la delegación con estos países. 
En el transcurso de nuestras reuniones en Georgia, en Azerbaiyán y en Armenia, se nos ha pedido en numerosas ocasiones que intervengamos. 
Lo hemos hecho y todavía no hemos tenido respuesta. 
Es un dossier que está abierto, no desde hace algunos meses sino desde hace algunos años. 
O la Unión Europea entiende que esta región es estratégica, incluso para su abastecimiento energético, y se pone a reflexionar y a proponer una política, o asistiremos dentro de unos meses o dentro de unos años a la explosión de nuevos Balcanes, un poco más lejanos y, por tanto, quizás un poco menos incómodos que los Balcanes que hemos conocido durante todos los años 1990. 
Pienso que le corresponde, por tanto, a la Unión Europea dar una respuesta. 
Estos países forman parte de Europa, estos países ya son miembros del Consejo de Europa, estos países se sienten europeos, sus clases dirigentes desean en su fuero interno- no se atreven a solicitarlo abiertamente porque la Comisión, el Consejo les hacen comprender que esto no sería muy oportuno- pertenecer a la Unión Europea. 
Hay que responderles con actos, con inversiones, hay que restablecer la confianza, hay que llevar allí a nuestros empresarios, a nuestros inversores, nuestras empresas. 
Es un mercado relativamente modesto pero es, lo repito en especial con respecto a la Comisión, la puerta de Asia central, en una región estratégica que, como se ha visto durante las últimas semanas, está especialmente desestabilizada. 
Pienso, por tanto, que es urgente que la Unión Europea intervenga con fuerza en esta región. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, debido a los trágicos acontecimientos de los últimos meses, la política exterior y de seguridad constituye el foco de interés de la opinión pública. 
De los acontecimientos en Oriente Próximo y en los EEUU se desprende que los problemas del Cáucaso son igualmente explosivos. 
La situación en el interior de Georgia, de Armenia, de Azerbayán sigue dando motivos de preocupación, a la que se suma las propias relaciones de esos tres estados entre sí. 
La inestabilidad política amenaza de nuevo el proceso de independencia aún no concluido. 
Como consecuencia de ello, los violentos enfrentamientos que se dan en esos países son un foco de interés central de la opinión pública. 
La historia de Europa, sobre todo la de la Unión Europea, pone de manifiesto que es posible, a pesar de las diferencias y de los encontrados intereses de los estados, forjar alianzas y pactos y superar así las fronteras. 
Mientras que antes las guerras dominaban el escenario, hoy se da una coexistencia pacífica y democrática. 
La base de todo ello fue la construcción de estructuras democráticas y la acentuación de los rasgos comunes, que ayudaron a los estados europeos a superar diferencias. 
En vista de la coalición que, desde los horribles atentados del 11 de setiembre ocurridos en EEUU, se está delineando a escala mundial contra el terrorismo en su totalidad, es necesario apoyar a los países del sur del Cáucaso para que combatan el terror y la violencia que, desgraciadamente, forman parte de su vida cotidiana y amenazan diariamente a muchas personas. 
Las estructuras democráticas que poseen son todavía muy recientes y están poco enraizadas. 
Para mayor agravamiento hay que añadir que desde afuera se siembra cizaña y que países vecinos de la región podrían intentar impedir y bloquear el proceso democrático por intereses particulares. 
Por esta razón, una tarea central de la UE debe ser la de fomentar más aún el proceso de democratización de Georgia, Armenia y Azerbayán. 
La democracia es el único fundamento para una estabilidad interior duradera que, en un futuro, pueda extenderse más allá de las fronteras. 
La UE y la Presidencia belga actual no deben inmiscuirse en asuntos internos de esos países, sino limitarse, dentro del fomento de ese proceso de democratización, a proporcionar colaboración y ayuda. 
Concretamente: hay que buscar la colaboración y la interrelación de esos estados con vistas incluso a una posible zona de libre comercio que debe ser creada sin influencias exteriores. 
Los primeros planteamientos para una cooperación trilateral existen ya, pero aún deben ser desarrollados y financiados para poder actuar contra las influencias exteriores de manera efectiva. 
Si se incluye la rica herencia cultural común de esos países en el proceso, estoy seguro de que se podrán conseguir resultados importantes a medio y largo plazo. 
Como Presidente de la Delegación para el Cáucaso Sur del Parlamento Europeo considero que el viaje de la troika comunitaria en febrero de este año durante la Presidencia sueca es una base firme para las iniciativas posteriores que sean necesarias. 
La resolución común de siete grupos parlamentarios expresa el gran consenso reinante en el Parlamento Europeo sobre este particular. 
Espero que la Comisión haga suyo también nuestro deseo. 
Señor Presidente, me parece útil que, a ser posible, nos ocupemos del Cáucaso con observadores permanentes y con poca retórica. 
El momento histórico induce a la cooperación regional también en las zonas que están desestabilizadas, así como a alianzas que quizás sean inéditas en aras de una mayor estabilidad. 
Sin embargo, si quisiéramos hacer un reproche a la resolución éste sería que quizás los tres países- Armenia, Azerbaiyán y Georgia- no deberían tratarse siempre como hermanos siameses, ya que su historia reciente es distinta y distintos son sus problemas y esfuerzos para construir un sistema genuinamente democrático. 
Sería injusto que uno de los tres tuviera que esperar que los demás le alcancen en las medidas de democratización. 
En este contexto, no cabe duda de que también habría que analizar qué han hecho Occidente y los grandes países en dichas regiones y examinar, por ejemplo, si las insurrecciones étnicas en Georgia son locales o heterodirectas y en este caso por quién. 
Asimismo quisiera saber por qué se oye hablar tan poco del Grupo de Minsk, constituido para encontrar un compromiso entre Armenia y Azerbaiyán. 
¿Se reúne todavía? 
Tampoco esto queda claro. 
Obviamente, la Unión Europea debe desempeñar un papel político más atrevido y valiente en la región, como afirma el texto- éste es su mensaje principal- además de la conferencia de los tres Estados del Cáucaso meridional y de la Unión Europea. 
A la vista de la realidad, sin embargo, una discreta presencia de Rusia y de Estados Unidos se podría considerar en cierto modo útil para un justo equilibrio. 
Señor Presidente, Señor Comisario, queridos amigos, ¿hasta cuándo la Unión Europea va a dejar que se degrade la situación en los países del Cáucaso meridional antes de ocuparse de ella a fondo y a la altura de las expectativas locales y regionales? 
Europa debe dotarse de medios para su política, y esto está lejos de ser así en las regiones caucásicas. 
Hace ya algunos meses, los miembros de la delegación para las relaciones con Armenia, Azerbaiyán y Georgia pedían aquí mismo, encarecidamente, a la Unión Europea que se implicara y que se comprometiera con una política firme y decidida en esta región, en la que están en juego intereses geoestratégicos tan considerables como divergentes. 
No podemos seguir manteniendo un doble lenguaje. 
Nuestros compromisos deben traducirse en actos concretos. 
Así, la constitución de una delegación de la Comisión en cada uno estos países representaría una señal políticamente fuerte. 
Sería irresponsable, efectivamente, hacer creer a estos países, que penan por afirmar su identidad, por llevar a cabo su transición y por asentar una verdadera democracia, que pueden contar políticamente con el apoyo de la Unión Europea, cuando nada avanza y bajo mano únicamente el petróleo y el gas del mar Caspio suscitan interés. 
Aunque la presidencia sueca haya dado un primer paso desplazándose a estos países, ¿cuál ha sido el resultado al día de hoy? 
¿Y el informe de nuestro colega, el Sr. Per Gahrton, no ha sido también aplazado en la agenda? 
Además, como han dicho mis colegas, es urgente: ¿no califica la OSCE la situación de estado no de guerra? 
Recordemos, a título indicativo, esos polvorines no desactivados como son las reivindicaciones pasionales en el Alto Karabag y los deseos de independencia de algunas regiones georgianas, Abkhacia y Osetia del Sur. 
Sí, Señor Presidente, sí, Señor Comisario, la Unión Europea tiene que jugar un papel esencial en esta región. Debe tomar la iniciativa para una conferencia Europa/Cáucaso con sus diferentes Estados, con el fin de que se instalen, gracias a la solución no violenta de sus conflictos, una paz y un desarrollo duraderos. 
Señor Presidente, desde hace años venimos refiriéndonos al hecho de que el Cáucaso y el Asia Central amenazaban con convertirse en los Balcanes del futuro. 
Casi nadie se ha preocupado de esa región; sólo el Papa, entre los Jefes de Estado, pareció ser el único en preocuparse del Cáucaso, y lo que el Papa representa entre los Jefes de Estado lo representa Ursula Schleicher aquí, en el Parlamento Europeo, por haberse preocupado de forma ejemplar de esa región olvidada por tantos. 
Tengo el temor de que los atentados del 11 de setiembre estén siendo utilizados para crear nuevas zonas de influencia y de que, de este modo, se estén olvidando los problemas de esos pueblos y nacionalidades o estén siendo sacrificados a intereses energéticos. 
También la entrada en el Reichstag del Sr. Putin hace olvidar a muchos que él ha sido quién ha vuelto a avivar la guerra en Chechenia; que como jefe del servicio secreto del Sr. Yelsin fue él quien atizó e instrumentalizó los conflictos en Migrelia y en Nagorno Karabaj. 
Por todo ello, esa región europea tiene derecho a nuestra solidaridad, y debemos estar pendientes de tener presencia allí. 
Por tanto, señor Comisario, quisiera apelar a usted para que ponga a prueba las palabras del Sr. Putin. 
Si realmente él está interesado en una mejora de la situación, dígale usted que vayan a Chechenia, que ahí quiere usted que se le vea dispuesto a que haya más transparencia y más presencia de la Unión Europea. 
Por lo que concierne a los tres estados sudcaucásicos, no sólo en Georgia, sino también en los otros dos estados, necesitamos tener de una vez reprentaciones de la Comisión. 
Es una región donde también se juega un interés vital para la supervivencia de Europa, no sólo desde el punto de vista estratégico y por lo que atañe al sumistro de energía, sino por los derechos humanos y por los lazos culturales que nos unen a ella. 
. (EN) La UE ha fortalecido sus vínculos con la región desde la entrada en vigor de los acuerdos de asociación y cooperación con Armenia, Azerbayán y Georgia en 1999. 
Desde la visita de la troika ministerial de la UE al sur del Cáucaso el pasado mes de febrero, la UE ha estado buscando otras formas de apoyar los esfuerzos para prevenir o resolver conflictos y para contribuir a la rehabilitación. 
A esa visita siguió otra de una troika de directores políticos en septiembre. 
La UE está también intensificando su diálogo con los interlocutores pertinentes, entre ellos, Rusia, Turquía e Irán. 
Es cierto que lo que podrían llamarse "conflictos soterrados" constituyen un grave impedimento para el desarrollo de la región. 
La UE está deseando ver nuevos y rápidos avances del Grupo Minsk de la OSCE para Nagorno-Karabaj, de la Comisión de Control Conjunto de la OSCE para el sur de Osetia y del Grupo de Amigos del Secretario General de NN.UU. para Abjasia. 
La Comisión participa en la Comisión de Control Conjunto para el sur de Osetia desde abril de 2001 y proporciona fondos para proyectos de rehabilitación. 
Actores externos como Rusia, Irán y Turquía desempeñan un papel fundamental en la región. 
Cualquier esfuerzo por estabilizar el Cáucaso habrá de tener en cuenta sus intereses. 
El papel de Rusia, en particular, es fundamental. 
La UE ha planteado la cuestión de los acontecimientos en el Cáucaso en su diálogo político con Rusia, respaldando todos los esfuerzos por rebajar la tensión y resolver los conflictos. 
En particular, hemos animado a Turquía a estudiar cualquier oportunidad de normalizar sus relaciones con Armenia. 
El Sr. Dupuis mencionaba la cuestión de nuestras delegaciones. 
Estoy de acuerdo en que existe un problema pero, por desgracia, no se trata de un problema en el que la Comisión pueda hacer algo. 
Somos víctima de las decisiones sobre este asunto adoptadas en esta Asamblea. 
No fue la Comisión la que quiso limitar el número de las delegaciones a 120. 
Nuestra opinión es que lo normal es que la UE tenga delegaciones en todas partes. 
Se nos dice que abramos una delegación en este o aquel lugar y a la vez se nos pide que nos atengamos a ese límite. 
Esto es una tarea imposible. 
Por favor, decídanse y ayuden a la Comisión a ampliar la cobertura de las delegaciones. 
Esa es mi respuesta al comentario del Sr. Dupuis. 
En cuanto a las repercusiones del trabajo del grupo de apoyo, celebramos nuestra última reunión en Rusia el 2 de agosto. 
Siento informarles de que no se hizo ningún avance, por lo que las perspectivas no son muy alentadoras. 
Respecto al comentario del Sr. Posselt sobre el riesgo para esta región de sufrir consecuencias negativas de los acontecimientos del 11 de septiembre y de los posteriores, esto es algo que incluiremos en el análisis. 
Intentaremos liberar más dinero de la reserva de emergencia para ECHO en este año. 
Incluimos esta región porque tememos y prevemos que las necesidades de ayuda humanitaria aumenten como previsible consecuencia indirecta de los citados acontecimientos. 
Muchas gracias, señor Comisario Poul Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 18.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0622/2001 del Sr. Maaten, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Myanmar/Birmania; 
B5-0639/2001 de la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación política en Birmania; 
B5-0650/2001 de la Sra. Kinnock y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Myanmar/Birmania; 
B5-0656/2001 del Sr. Vinci y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Birmania; 
B5-0657/2001 de la Sra. McKenna y la Sra. Lucas, en nombre del Grupo Verdes/ALE, sobre la situación en Myanmar/Birmania; 
B5-0664/2001 de la Sra. Maij-Weggen y del Sr. Van Orden, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación política en Myanmar/Birmania. 
Señor Presidente, señor Comisario, hace más de diez años que todo el mundo- ciudadanos, políticos y periodistas- ha estado interesado y se ha indignado por la situación de Aung San Suu Kyi. 
A pesar del enorme apoyo que tiene en el pueblo birmano y de la victoria aplastante en 1990 de su partido, National League för Democracy (NLD) , no le ha sido posible asumir formalmente su liderazgo. 
Se le ha mantenido aislada durante algunos períodos y desde hace un año, está en arresto domiciliario. 
El Premio Nobel de la Paz y nuestro Premio Sajarov han dado relevancia a su persona y a su valiente lucha, pero no parece haber afectado a la junta birmana. 
La situación de los derechos humanos en Birmania es alarmante. 
Se aisla a los representantes de los partidos políticos, se encarcela a miles de personas por motivos políticos, se persigue a los disidentes y se acosa a las minorías étnicas. 
Los trabajos forzados y la tortura son de ordinaria ocurrencia. 
Según Amnistía Internacional hay cerca de 2000 presos políticos, entre ellos periodistas y parlamentarios. 
Tanto la troica comunitaria como los observadores de la ONU confirman que existen indicios de cambio. 
Se ha liberado a algunos presos, hay una actitud más blanda con la NLD y muchos partidos han podido abrir las puertas de sus locales. 
De una negación total al diálogo se ha pasado a conversar y es posible que haya un proceso de reconciliación en marcha. 
Un proceso de esta naturaleza sería muy bienvenido en este país que durante tantos años ha sido gobernado por una de las dictaduras militares más crueles. 
Quizás se haya abierto la ventana de las posibilidades. 
A la espera de más señales y de indicaciones más precisas de que la Junta realmente quiere iniciar un diálogo y aceptar las exigencias de la NLD, la UE no debe abandonar su línea. 
Cuando se reúna el Consejo a finales de este mes para discutir el caso de Birmania, es importante que se mantengan las sanciones y que se continúe presionando para que el diálogo no se interrumpa, para que se avance hacia la democracia, para que se respeten los derechos humanos y, especialmente, para que se libere a Aung San Suu Kyi y pueda asumir como la líder elegida por el pueblo birmano. 
Señor Presidente, la situación en Birmania es desastrosa. 
Cientos de miles de personas viven apiñadas, sin una verdadera asistencia humanitaria, en campos de refugiados en Tailandia, en China y en Bangladesh. 
Cientos de miles de personas han sido desplazadas a la fuerza u obligadas a trabajos forzados. 
El sistema político es corrupto y represivo. 
La oposición democrática está oprimida desde su elección el 27 de mayo de 1990, y más de 2.000 personas están encarceladas. 
Amnistía Internacional condena la tortura institucionalizada. 
Todas estas violaciones de los derechos humanos constituyen un crimen contra la humanidad que hay que parar, denunciar, para condenarlo definitivamente. 
Ahora bien, ¿quién financia este régimen aparte de la droga? 
Nos encontramos de nuevo con TotalFinaElf, que también nos encontramos en Angola, en Congo, en Chad, en Camerún, e incluso en el naufragio del Erika o en el accidente de Toulouse. 
Creo que hay que boicotear esta empresa, como hay que boicotear este régimen. 
Más que nunca debemos apoyar a los demócratas de Birmania. 
La Unión Europea debe afirmar que Aung San Suu Kyi es la única posibilidad para Birmania y debe iniciar todas las acciones posibles a la mayor brevedad para llevar a esta dictadura militar hacia la transición democrática. 
Señor Presidente, me parece que esta es la sexta resolución sobre la situación de Birmania que presentamos junto con otros colegas. 
Ya fue hace más de diez años cuando la Sra. Aung San Suu Kyi ganó con mucha diferencia las elecciones que, a continuación, fueron despreciadas por una dictadura militar. 
También han pasado más de diez años desde que se disolvió el parlamento democráticamente electo y muchos diputados fueran asesinados, desaparecieran o huyeran. 
La Sra. Aung San Suu Kyi fue encarcelada y después le han impuesto arresto domiciliario que no ha sido levantado hasta la fecha de hoy. 
También cuando recibió el Premio Nobel por su resistencia pacífica y más tarde el Premio Sajarov, la represión no cesó. 
Esta misma represión se aplica de una manera durísima a la población y sobre todo a algunos grupos minoritarios. 
Mucha gente ha huido y ahora los países vecinos de Thailandia, Malasia, Bangladesh y la India están repletos de refugiados. 
Señor Presidente, parece que últimamente hay alguna apertura. 
Se han liberado a algunos presos políticos y hay negociaciones entre la junta militar y la Sra. Aung San Suu Kyi. 
Pero desconocemos por completo sus resultados y en este sentido quisiera avisar a la Comisión Europea para que no haga concesiones prematuras al gobierno militar de Birmania. 
No antes de que se esclarezca si hay una voluntad real de liberar a todos los presos políticos, de suspender la represión de las minorías, de que vuelvan los refugiados y de que se restablezca la democracia devolviendo a la Sra. Aung San Suu Kyi su posición de presidenta de Birmania. 
En el mes de diciembre hará diez años que le dieron el Premio Nobel a la Sra. Aung San Suu Kyi. 
Si para entonces todavía no hay ninguna evolución positiva, la Unión Europea debería endurecer sus medidas y proclamar por ejemplo, tal como han hecho los Estados Unidos, una prohibición de invertir en el país. 
Solicitamos a la Comisión y al Consejo que aumenten la presión para que se pueda reestablecer la democracia en Birmania y para que la Sra. Aung San Suu Kyi ocupe el lugar que le corresponde. 
Señor Presidente, quien conozca ese paradisíaco país del sudeste asiático, que yo he visitado muchas veces en los últimos quince años, tiene que estar profundamente conmovido por la pésima situación de aprovisionamiento, las catastróficas infraestructuras y la brutalidad de la represión política. 
Los sistemas políticos tales como la dictadura birmana sobreviven, sin embargo, si hay suficientes estados y compañías privadas que los mantienen vivos mediante sus conexiones económicas. 
Si se quiere transformar el sistema político, hay que ejercer la necesaria presión económica. 
La doble moral de exigir democracia cuando a la vez, por otro lado, se está comerciando intensamente con el país en cuestión, debería realmente desaparecer. 
Pero para ello será necesario que se presione a aquellos que, probadamente, continúan cultivando contactos económicos con los representantes de la dictadura militar sin pedir a cambio las necesarias reformas democráticas. 
. (EN) Señor Presidente, al igual que sus Señorías, la Comisión acoge favorablemente lo que podría llamarse acontecimientos positivos que se han producido en Birmania/Myanmar, en particular las conversaciones en curso entre Aung San Suu Kyi y el SPDC gobernante, la liberación de un número creciente de presos políticos y la reapertura de 20 sedes del partido de la Liga Nacional por la Democracia. 
Dicho esto, hay que reconocer que la mejora en el clima político del pasado año es evidentemente sólo el principio de un proceso en el que ahora debería profundizarse. 
Por tanto, todavía hemos de ver un claro movimiento hacia un proceso de diálogo constructivo y de respeto por las normas mínimas en materia de derechos humanos internacionalmente aceptadas. 
No tenemos ninguna garantía de que esto sea irreversible, por lo que tenemos que ser cautelosos y hemos tomado debida nota de los consejos dados por sus Señorías en el curso de este debate. 
Deberíamos animar al gobierno a seguir con estos avances respondiendo plenamente a las preocupaciones de la comunidad internacional articuladas por el Enviado Especial de Naciones Unidas, el Sr. Razali. 
En esta fase, es muy importante lograr un cuidadoso equilibrio entre reconocer los avances logrados hasta ahora y seguir ejerciendo una firme presión para que se mantengan los esfuerzos que puedan preparar el terreno para las reformas democráticas. 
Estoy convencido de que sus Señorías comparten la esperanza de la Comisión de que las conversaciones en curso produzcan resultados concretos, que pudieran permitir a la Unión Europea considerar medidas positivas para apoyar el proceso. 
En cuanto a la situación de las minorías étnicas, la Comisión comparte las preocupaciones expresadas por sus Señorías y sigue convencida de que una solución política duradera en Birmania/Myanmar debe basarse en el acuerdo entre el SPDC, la "oposición" democráticamente elegida y representantes de las minorías étnicas. 
Toda la ayuda humanitaria de la UE a Birmania/Myanmar se facilita a través de ONGs o de agencias internacionales. 
La Comisión está estudiando actualmente las posibilidades de aumentar la ayuda humanitaria a Birmania cumpliendo plenamente con lo establecido en la Posición Común de la UE sobre Birmania/Myanmar. 
Muchas gracias, señor Comisario Poul Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 18.30 horas. 
Presentación de patentes relativas a genes humanos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0633/2001 de la Sra. Oomen-Ruijten y otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el registro de los genes BRCA1 y BRCA2 (cáncer de mama); 
B5-0641/2001 del Sr. Ribeiro e Castro, en nombre del Grupo UEN, sobre el registro de los genes BRCA1 y BRCA2 (cáncer de mama); 
B5-0651/2001 de la Sra. Gebhardt y la Sra. Paciotti, en nombre del Grupo PSE. sobre el registro de genes humanos; 
B5-0663/2001 del Sr. Lannoye y otros, en nombre del Grupo Verdes/ALE, sobre el registro de genes humanos. 
Señor Presidente, le ruego disculpe que no me levante. 
El 30 de marzo del año pasado decidimos aquí en el Parlamento que los seres humanos y sus genes o células no se pueden patentar en un ambiente natural. 
Sin embargo, con la concesión de una patente a Myriad Genetics surge ahora una situación de monopolio de una única empresa. 
Esto significa que hay peligro de comercialización en determinadas pruebas genéticas, incluida una parte del análisis del ADN en Europa. 
Mientras tanto, la Oficina Europea de Patentes ha concedido tres patentes relacionadas con las secuencias y aplicaciones del gen del cáncer de mama. 
Las solicitudes de patente de Myriad relacionadas con el gen BRCA2 están todavía en trámite. 
Consiguiendo esta concesión de patentes, la empresa americana va a tener una posición de monopolio en el gen BRCA y por lo tanto también en la investigación del ADN. 
Esto significa que las anomalías congénitas de pacientes con antecedentes familiares de cáncer de mama y de ovarios sólo podrán ser detectadas con esta prueba norteamericana. 
Si Myriad aplica en Europa un sistema parecido al que usa en los Estados Unidos, entonces todas las demás investigaciones de los laboratorios tendrán que mandar todas las muestras a los Estados Unidos, lo que también resultará muy costoso si hay que hacer todos los análisis allí. 
Por lo tanto, corremos el riesgo de que surja un monopolio y de que la calidad del diagnóstico europeo esté en peligro. 
Esto significa que se limita la disponibilidad de datos con fines científicos y el desarrollo de nuevas aplicaciones diagnósticas en los propios laboratorios moleculares de investigación y que los costes del diagnóstico de cáncer de mama aumentarán, y por lo tanto también los seguros médicos. 
No solamente el Parlamento, sino también todos los afectados en la sociedad han mostrado sus objeciones en esta cuestión. 
Por este motivo, pedimos que se impida que surja esta posición de monopolio, que no beneficia a nadie, y que no se conceda esta patente. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no sólo una inmensidad de mujeres estarán asustadas al contemplar cómo una empresa norteamerica se está apropiando de los llamados genes del cáncer de mama por vía de la concesión de la patente. 
También se le helará a la gente la sangre en las venas si viese cómo la salud de muchas personas se deja de lado en favor de la lucha por el dinero y los beneficios. 
Porque esto es exactamente lo que está ocurriendo mediante la concesión de patentes para los genes BRCA 1 y BRCA 2. 
La peor consecuencia de esa concesión amenaza con retrasar el diagnóstico precoz de cáncer de mama para muchas pacientes. 
Y justamente para este tipo de cáncer el diagnóstico precoz es decisivo para las posibilidades de la cura. 
Además, la cuasi monopolización de los procedimientos de test eleva los costes hasta un grado que será inalcanzable para muchas mujeres que quieran someterse a reconocimiento precoz. 
Por último, tampoco se debe dejar de lado hasta qué punto la patente del BRCA perjudica a la investigación en Europa. 
Una de las instituciones punteras en el terreno de la investigación contra el cáncer, el Instituto Curie de París, ha llamado muy acertadamente la atención sobre ello y lo ha probado sobradamente. 
Hay que felicitarse por que ese prestigioso Instituto decida defenderse y que con el apoyo del Ministerio de Sanidad francés presente recurso contra la concesión de la patente. 
Y el Parlamento Europeo no haría nada mal si se adhiriese a esa postura. 
Estaría bien que pidiésemos a los servicios competentes que eleven inmediatamente una protesta contra la concesión de patente al BRCA por la Oficina Europea de Patentes de Múnich. 
A la vez es importante que pidamos a las instituciones y a los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea que, con la rapidez exigida, eleven también protestas. 
Estamos en deuda con la mujeres afectadas, y esto es lo mínimo que, por el momento, podemos hacer. 
Señor Presidente, Señorías, el próximo martes, el TEJ adoptará la resolución a la demanda presentada por los Países Bajos y apoyada por Italia y Noruega sobre la congruencia de la Directiva de Patentes con el Tratado. 
Hoy, el Parlamento Europeo adoptará una resolución de camino entre la realidad y la Directiva. Pues justamente las patentes de los Brca ponen de manifiesto que se han encarecido medicamentos innecesariamente, se han creado monopolios que obstaculizan la diagnosis y la terapia efectiva y que, además, bloquean la investigación de nuevos y útiles medicamentos. 
Por ello ya es hora de que la Comisión- y aprovecho para pedirle también al Comisario aquí presente que adopte una posición al respecto- acabe con las contradicciones que existen entre las distintas interpretaciones de la Directiva y que lo haga bien sea mediante modificación de la Directiva, bien sea mediante directrices. 
Creo que la Comisión no debe esconderse y decir, bueno, nosotros sabemos que muchos Estados miembros tienen problemas con esa Directiva porque no saben cómo se aplica. No; nosotros sabemos que el Parlamento Europeo sí que la interpreta de una manera precisa. 
Por tanto le pedimos que adopte una posición ante ello cuanto antes. 
El cuerpo humano no debe ser degradado a mero material biológico. 
Los genes humanos, los de los organismos vivos o los de algunas de sus partes no deben subordinarse a las patentes. 
Debemos impedir que mediante monopolio de los genes humanos se obstaculice la investigación de nuevos y útiles medicamentos. 
Tampoco debemos aceptar que el diagnóstico precoz del cáncer de mama se deje de lado sólo porque de lo que se trata es de lograr una patente que a lo sumo será un descubrimiento, no una invención. 
Todo ello no sólo constituye un reto para el Parlamento Europeo, pues creo que con esta resolución hemos dejado totalmente claro que no lo aceptamos, sino también para la Comisión y los Estados miembros. 
Señor Presidente, no voy a hablar del tema que nos ocupa, sino de cuestiones institucionales. 
El Parlamento ya ha rechazado una vez, o, al menos, ha tomado distancia respecto de elevar una protesta a la Oficina Europea de Patentes. Y está bien así. 
El Parlamento es legislador y un legislador no puede inmiscuirse en un procedimiento en curso. 
No se puede. 
Pertenece a la lógica más elemental de un Estado democrático de derecho. 
El legislador ha aprobado una ley, en este caso una directiva, que el Tribunal de Justicia deberá ratificar la próxima semana. 
Después corresponderá a las autoridades que aplican la Directiva conceder una patente o no, y luego serán los tribunales los que decidan si la concesión o la negación de una patente es conforme a la ley o no. 
Éste es el procedimiento que se sigue, y no hay ningún otro en un Estado democrático de derecho. 
Por eso, el legislador, que en este caso es el Parlamento Europeo, no debe inmiscuirse en un procedimiento en curso. 
El Parlamento Europeo, por lo que respecta a este tema, es tan poco competente como, por ejemplo, lo son la Comisión, un congreso de los Verdes o una asamblea de Greenpeace. 
Ni a la Comisión le corresponde decidir cómo ha de aplicarse una directiva, ni les corresponde tampoco al Parlamento Europeo, a los Verdes, o a Greenpeace, sino a las autoridades competentes. 
Ellas son las que deciden; los tribunales son los que deciden, y nadie más. 
Y así es como debe ser. 
Aparte de esto, Sra. Breyer, casi todo lo que usted ha dicho es falso. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Grupo liberal se opone al registro de genes humanos, cosa que también dijimos cuando el Parlamento aprobó la directiva sobre biotecnología en 1998. 
Sin embargo, pensamos que la directiva no permite el registro de genes como tales, sin formar parte de un invento, y respaldamos la directiva. 
En nuestra opinión, es un abuso el hecho de que se discuta una resolución sobre patentes en un debate sobre temas actuales y urgentes. 
Por eso no hemos firmado la resolución. 
A pesar de que existe una comisión temporal encargada de la genética humana, donde el tema del registro sería uno de los más relevantes, se trata el asunto aquí, buscando una postura común, cosa que, reitero, me parece muy errónea. 
Opinamos que es realmente un abuso. 
No ha sido posible formular objeciones y pensamos, incluso, que habría que cambiar las normas del Parlamento. 
Por tanto, es un gran error que aquí algunas personas discutan aceleradamente esta materia. 
Además, pensamos que el borrador de resolución no es totalmente correcto. 
Las solicitudes de patentes existentes- aquí tengo un resumen de ellas- demuestran que se trata de métodos y no de los genes como tales. 
Ustedes pretenden dar la impresión de que la Oficina Europea de Patentes va a dar patentes para los genes humanos, pero no es así. 
Hay un punto en que, sin embargo, estamos de acuerdo con los que han hecho la propuesta, esto es, que se conceden algunas patentes demasiado "amplias". 
Esto significa que deberíamos revisar, por ejemplo, lo relacionado con las licencias obligatorias, habida cuenta de las investigaciones y de la public health. 
Desgraciadamente, esto no es algo que se pueda hacer en el ámbito comunitario, sino que debe tener lugar en los Estados miembros. 
Espero que podamos discutir el tema de las licencias con tranquilidad en la Comisión de Genética Humana. 
No daremos nuestro respaldo a la resolución. 
Señor Presidente, mientras la Sra. Thors estaba hablando, el Sr. Comisario ha sido interrumpido por dos personas distintas, por lo que no ha prestado atención a lo que ella preguntaba ni a lo que decía. 
Era de vital importancia para mí, que intento aprender de este debate, averiguar los hechos de la situación. 
Estaba muy interesado en lo que el Sr. Rothley y la Sra. Thors decían sobre si deberíamos siquiera estar debatiendo este asunto en esta Asamblea. 
Pero al Sr. Nielson le han distraído. 
Esperaría que nos diera una respuesta adecuada cuando llegue su turno de intervención. 
Muchas gracias, Señoría. La de si el Comisario Nielson estaba o no distraído es una conclusión a la que llegaremos al final del debate. 
Señor Presidente, el anterior orador ha hecho una observación. 
Creo que el Sr. Rothley me ha atacado personalmente. 
Quisiera dejar nuevamente en claro que no hay ningún tribunal en la Oficina Europea de Patentes. 
Hay una cámara de reclamaciones. 
Una gran diferencia, por cierto. 
Lo digo para que su Señoría se informe. 
Está muy claro que la patente se refiere a genes, incluso a mutaciones genéticas y a procedimientos de análisis, para ser precisos. 
A todos los que entre ustedes, Señorías, que estén interesados en ello, les recomiendo que consulten la página web del Instituto Curie francés donde podrán encontrar todos los detalles. 
En el fondo, el tema es que sólo se pueden patentar inventos, no descubrimientos. 
Sobre la objeción de la Sra. Thors respecto de la urgencia: el plazo de reclamaciones para la primera patente finaliza el martes. 
No podemos, pues, esperar al informe Fiori que será debatido en Octubre II. 
También es falso lo que dice el Sr. Rothley: nosotros somos legisladores, pero su propia Ministra de Justicia de Alemania, la Sra. Däubler-Gmelin, ha aplicado ya este procedimiento. 
Incluso el Gobierno Federal presentó una protesta contra una patente que fue concedida por la Oficina Europea de Patentes en 1999. 
Señor Presidente, han vuelto a surgir problemas con una patente que ha sido concedida por la Oficina Europea de Patentes. 
Cuando en marzo de 2000 se trataba de una patente sobre la manipulación de células y embriones humanos, ahora nos vemos enfrentados a una patente de genes humanos de cáncer de mama. 
Que quede claro: -y voy a repetir lo que he dicho en ocasiones anteriores, cuando se debatió por ejemplo la Directiva 98/44/CE en materia de la protección jurídica de los inventos biotecnológicos- sólo deben y pueden ser patentables las invenciones, ¡nunca los descubrimientos! 
Insisto en que la Oficina Europea de Patentes lo respete también. 
Si no, en un futuro no muy lejano estará patentado todo el genoma humano. 
Y ¿cuál será el siguiente paso? 
¿Una célula modificada o un organismo? 
Tiemblo sólo de pensarlo. 
Pero volvamos a la patente de genes de cáncer de mama. ¿Dónde está el problema realmente? 
¿Cómo puede conceder la Oficina Europea de Patentes una patente de un gen humano? 
La respuesta es sencilla: porque han aplicado la Directiva 98/44/CE a pesar de que es de sobra conocido que sólo algunos Estados miembros han puesto en marcha dicha directiva y a pesar de las resoluciones del Parlamento Europeo. 
¿Por qué es tan controvertida la Directiva 98/44/CE? 
Se lo voy a explicar una vez más: debido a una legislación descuidada, se ha incluido una cuestión controvertida en la Directiva. 
No lo compliquemos más pero se trata de lo siguiente: los artículos 5.1 y 5.2 son diametralmente opuestos. 
El artículo 5.1 dice. "El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y de su desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, no podrán constituir invenciones patentables". 
Y el artículo 5.2 dice: "Un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural". 
Dicho de otro modo: el artículo 5.1 dice que no se puede patentar ningún gen, mientras el artículo 5.2 dice que sí se puede patentar un gen si está aislado o se ha obtenido mediante un procedimiento técnico. 
Sin embargo, ¡cualquier gen que esté en manos de los investigadores se ha obtenido de modo técnico! 
Por lo tanto, hagamos un esfuerzo para eliminar esta incongruencia de la Directiva 98/44/CE. 
No solamente estoy en contra de esta decisión de la Oficina Europea de Patentes porque una patente de un gen vaya en contra del concepto mismo de patentar. 
Otra consideración muy importante es que yo veo la vida en todas sus facetas como una creación de Dios. 
También esta creencia me lleva a la convicción de que un gen no es patentable. 
Señorías, en marzo de 2000 manifesté que la Directiva 98/44/CE iba a dar lugar a muchas discusiones. 
Después de los debates acalorados en la Comisión temporal de genética humana y después de lo visto hoy, creo poder decir que estaba en lo cierto. 
Señor Presidente, no quisiera volver sobre el contenido, sólo quisiera corregir algo que por descuido se ha dicho en la Sala. 
Yo he hablado en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, y lo que he dicho vale para mi Grupo. 
Esto es lo correcto y eso quería decir. 
. (EN) El problema planteado por las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes a Myriad Genetics no parece derivar del campo de la ética. 
Estas patentes ponen de manifiesto una cuestión técnica que deriva del campo de la legislación de patentes. 
La situación es, por tanto, totalmente distinta a la que planteó la famosa "patente de Edimburgo". 
El problema reside más en el alcance de la protección que ha de concederse a estas patentes. 
Se trata de una cuestión muy compleja puesto que, al referirse a secuencias genéticas, implica indudablemente una situación relacionada con la competencia y la innovación, y de ningún modo con principios fundamentales relativos a la dignidad e integridad de los seres humanos. 
Debería señalarse que esta patente es de indudable interés para la comunidad científica y que debería hacer posible mejorar la detección precoz del cáncer de mama en las mujeres. 
La Comisión considera que no existen razones imperativas por las que deba plantear ninguna objeción, puesto que la patente impugnada no infringe las normas éticas esenciales y se refiere al campo de aplicación que puede ser concedido a una patente relativa a una secuencia de ADN. 
No obstante, la Comisión estudiará con detenimiento la cuestión del ámbito de protección de las invenciones relacionadas con las secuencias genéticas y comunicará sus observaciones al Consejo y al Parlamento en los informes previstos en la Directiva 98/44. 
En primer lugar, estoy muy sorprendida de que la Comisión no haya contestado. 
En segundo lugar, quisiera preguntar a la Comisión si realmente está dispuesta a hacer algo antes del diez de octubre. 
Si hablo de un gen, entonces se trata también de la secuencia de un gen. 
Y según la directiva en materia de patentes no está permitido patentar la secuencia de un gen. 
Señor Presidente, quisiera apoyar vehementemente lo que ha dicho la Sra. Oomen-Ruijten. 
Señor Comisario, no puede esperar hasta el último instante. 
También yo espero que la Comisión tome posición al respecto antes del 9 de octubre. 
Usted ha dicho que no hay inconvenientes por lo que respecta al lado ético, pero está considerando la protección del invento. 
Usted no ha respondido a mi pregunta, la del Sr. Blokland y otros sobre si está vigente actualmente el artículo 5.1 o si tiene mayor prioridad el 5.2. 
También muchos de nosotros y nosotras estamos esperando que la Comisión aclare ese punto importante y decisivo. 
Muchas gracias, Señoría. 
Le pido un mínimo de disciplina; de lo contrario, nunca acabaremos este debate y aún nos falta el turno de votaciones a las 18.30 horas y dos informes más. 
Señor Presidente, claro que estoy hablando sobre el procedimiento. 
Agradezco a la Comisión su explicación. 
Quisiera respaldarla firmemente en su posición. 
Puede estar muy segura de que tiene tras de sí a la gran mayoría de este Parlamento. 
Señor Presidente, se trata de un tema muy serio. 
Pido a la Comisión que estudie muy en serio si las patentes concedidas son congruentes realmente con la Directiva sobre Patentes y que no actúe aquí como si el Parlamento no tuviese más que decir ni más acuerdos que tomar. 
Quisiera que usted acatase lo que el Parlamento se dispone a votar. 
. (EN) Transmitiré sus objeciones a mis colegas. 
También quisiera señalar que lo que he dicho refleja la forma en que los servicios de la Comisión, y la Comisión como tal, ven este asunto. 
Repetiré lo que acabo de decir: "La Comisión considera que no existen razones imperativas por las que deba plantear ninguna objeción, puesto que la patente impugnada no infringe las normas éticas esenciales y se refiere al campo de aplicación que puede ser concedido a una patente relativa a una secuencia de ADN". 
Obviamente hay, y puede seguir habiendo, desacuerdo. 
Ésta es la realidad en una materia como ésta, y los diez años de debates que dieron lugar a la directiva de 1998 pueden no haber sido suficientes para crear un acuerdo real y factible. 
Sin embargo, ésta es la legislación que tenemos como base para actuar. 
Muchas gracias, señor Comisario Poul Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 18.00 horas. 
Ampliación a la República Federal de Yugoslavia de la garantía concedida por la CE al BEI 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0300/2001) del Sr. Seppänen, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (2001) 356- C5-0335/2001- 2001/0143 (CNS) ) por la que se modifica la Decisión 2000/24/CE con el fin de ampliar la garantía concedida por la Comunidad al Banco Europeo de Inversiones para cubrir préstamos en favor de proyectos en la República Federal de Yugoslavia. 
. (FI) Señor Presidente, la Unión Europea cuenta con una fórmula barata de ayudar a otros países: avalar al Banco Europeo de Inversiones los créditos que éste concede a países terceros. 
Estas ayudas no le han costado prácticamente nada a la UE durante los últimos años. 
Los beneficiarios de los préstamos han obtenido ventajas de las garantías, ya que se les ha concedido créditos a interés más bajo del exigido por las severas condiciones del mercado. 
Esta barata y eficaz modalidad de ayuda es objeto de racionamiento por parte de la UE, existiendo un techo para los préstamos con garantías. 
Se ha establecido un sistema de dotaciones regionales. 
La propuesta de la Comisión que estamos debatiendo propone incrementar las dotaciones de los Países de Europa Central y Oriental, las cuales permiten al Banco Europeo de Inversiones conceder créditos por 8.930 millones de euros con la garantía de la UE. 
Con el fin de apoyar la reconstrucción de Yugoslavia, se quiere incluir a este país en el grupo de beneficiarios de las garantías. 
Para ello, se propone aumentar las dotaciones de crédito de los PECO en 350 millones de euros. 
Esta suma no se asignará para uso exclusivo de Yugoslavia, pero este país podrá recibir préstamos de estas dotaciones incrementadas siempre que pueda presentarle al Banco Europeo de Inversiones proyectos viables. 
Se propone que los préstamos concedidos a Yugoslavia estén cubiertos por una garantía de la UE del 65%. 
Se trata de un porcentaje garantizado de aplicación general, y la UE no se ha visto obligada a utilizar el recurso al fondo de garantía para responsabilizarse de préstamos concedidos bajo este tipo de interés durante los últimos años. 
El aumento de la dotación para préstamos a Yugoslavia obliga a una transferencia desde la reserva de los presupuestos de la UE al fondo de garantía que no es posible cubrir en todo su importe durante el presente ejercicio. 
Por consiguiente, estas transferencias se seguirán realizando durante los dos próximos ejercicios a medida que Yugoslavia vaya presentando proyectos de reconstrucción adecuados. 
En mi calidad de ponente encargado de estas cuestiones de forma permanente, quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi preocupación por la inexistencia de margen residual en el fondo de garantía del próximo ejercicio para afrontar acciones de ayuda imprevistas. 
En este sentido, el próximo ejercicio es muy problemático y la Comisón debe prestar la atención debida al problema de la sobreutilización del fondo. 
La situación se agrava aún más a raíz de la propuesta enviada por la Comisión al Parlamento sobre la concesión de préstamos del Banco Europeo de Inversiones a Rusia para la financiación de proyectos medioambientales en la cuenca rusa del mar Báltico. 
El Consejo ha exigido de forma completamente inconcebible la concesión de una garantía del cien por cien para estos préstamos, en lugar del sesenta y cinco por ciento habitual. 
La propuesta de decisión del Consejo revela que hay Estados miembros que quieren dificultar la cooperación en materia medioambiental con Rusia. 
El modo de proceder de algunos Estados miembros en este ámbito demuestra la ignorancia existente sobre el funcionamiento del sistema. 
Rusia obtendrá ciertamente sus préstamos, pero habrá otros países que no lo hagan debido a que la concesión de una garantía del cien por cien agota innecesariamente el margen del fondo. 
El aumento de la dotación de los PECO para cubrir las necesidades de reconstrucción de Yugaslavia está justificado, de modo que no es necesario presentar enmiendas a la propuesta de la Comisión. 
. (EN) Me gustaría expresar mi agradecimiento al Parlamento por la oportuna elaboración de su opinión sobre esta propuesta. 
La propuesta constituye un elemento integral del apoyo de la Unión Europea a la República Federal de Yugoslavia. 
Pretende ayudar al programa de reforma política y económica del país. 
Me complace comprobar que el ponente está totalmente de acuerdo con este punto de vista. 
La propuesta permite al BEI financiar, al amparo de la garantía comunitaria, inversiones básicas en los sectores de la energía y el transporte, inversiones muy necesarias para rehabilitar la infraestructura dañada por los recientes conflictos y por la falta de mantenimiento durante la última década. 
La propuesta de aumentar el mandato de préstamo y el sobre a los PECOS en 350 millones de euros está en consonancia con la cantidad de préstamos del BEI prevista para la República Federal de Yugoslavia. 
La cantidad definitiva de préstamos al país dependerá de su potencial de absorción y de la existencia de proyectos adecuados, y podría superar los 350 millones de euros. 
Digo esto en respuesta a la advertencia del ponente sobre el riesgo del uso excesivo de fondos. 
La posibilidad de alcanzar el techo o de modificarlo existe, pero depende mucho de que surjan proyectos adecuados. 
Puedo confirmar que la República Federal de Yugoslavia ha aceptado asumir la responsabilidad de la parte que le corresponde de las obligaciones financieras de la antigua República Socialista Federal de Yugoslavia. 
Se nos ha informado de que el Parlamento yugoslavo aprobó la pasada semana un acuerdo a tal efecto entre el BEI y la República Federal de Yugoslavia. 
Con la entrada en vigor de esa decisión- prevista para finales de esta semana- me complace decir que desaparecerá uno de los obstáculos que quedan para la propuesta. 
Muchas gracias, señor Comisario Poul Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 18.30 horas. 
Asociación de los PTUM a la CE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0276/2001) del Sr. Fruteau, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (2000) 732- C5-0070/2001- 2001/2033 (COS) ) relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Europea ("Ultramar"). 
. (FR) Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, cuando fui elegido al Parlamento Europeo, fue con una misión específica: no sólo representar a Reunión, isla de la que soy originario, incluso a las regiones ultraperiféricas, sino también tratar de hacer oír las voces de todo el ultramar francés. 
Por ello, me alegro de que nuestra Asamblea me haya encargado ser su portavoz en relación con el estatuto de asociación entre los países y territorios de ultramar, los PTUM y la Unión Europea. 
Como tal, deseo además proclamar aquí el espíritu de apertura que ha prevalecido en la elaboración de este informe. 
Permítanme, antes de nada, aventurar una reflexión histórica y política sobre lo que han sido las relaciones de algunos Estados miembros con sus antiguas colonias; relaciones marcadas, a mi modo de ver, por un vínculo de exclusividad y por la tutela, pilares del pacto colonial. 
Conviene ya romper con este pasado y con el sentimiento de culpabilidad que le acompaña, con el fin de establecer un verdadero partenariado responsable a partes iguales entre los países y territorios de ultramar, los Estados miembros en los que están integrados y la Unión Europea. 
En esta dirección es en la que tenemos que ir decididamente, para que esta nueva decisión de asociación sea el verdadero salto cualitativo que esperan todos los países y territorios de ultramar. 
Este reto se hace sin embargo difícil por la falta de homogeneidad de los PTUM y por las dificultades estructurales que frenan automáticamente su desarrollo: una veintena de países, procedentes de cuatro Estados miembros- Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca y Francia -, pequeños e insulares la mayoría de ellos, con la notable excepción de Groenlandia, muy alejados del continente europeo, caracterizados por una diversidad extrema en el plano económico y social (los más ricos están en la media comunitaria, mientras que los más pobres se encuentran en una verdadera situación de subdesarrollo) , por una diversidad estatutaria también en cuanto a los lazos que los países y territorios han creado a lo largo de la Historia con su metrópoli, relaciones caracterizadas por una gran autonomía para algunos y por una fuerte tutela del Estado para otros. 
Es necesario advertir que la propuesta de la Comisión, tal como se ha presentado, sólo responde parcialmente a este reto y a las legítimas aspiraciones de estos territorios diseminados por los cuatro puntos del planeta. 
En efecto, siguen planteadas agudamente preguntas sobre problemas institucionales, económicos, financieros o comerciales. 
En el plano institucional, primeramente, quiero acoger favorablemente la constitución de un foro para facilitar el partenariado entre los PTUM, los Estados miembros y la Comisión, pese a que lamentamos que la toma de decisiones no dependa más de los dirigentes de los países y territorios de ultramar. 
En los planos económico y financiero, después, la Comisión ha aplicado, ciertamente, una estrategia diferenciada, teniendo en cuenta la extrema diversidad de países y territorios de ultramar, pero deploro que el importe de la ayuda se fije esencialmente en función del PNB por habitante. 
Me hubiera parecido más oportuno completarlo con criterios demográficos y sociales que reflejen de manera más justa la vulnerabilidad de estos territorios. 
Aprovecho esta oportunidad para solicitar nuevamente la creación de un fondo de desarrollo específico para los países y territorios de ultramar, distinto del Fondo europeo de desarrollo, lo que se adecuaría más- estoy convencido de ello- al espíritu y a la letra de la asociación. 
En el plano comercial, por último, tengo que subrayar aquí que la participación de los países y territorios de ultramar en los intercambios con la Comunidad es muy débil, lo que hace incomprensible la posición defensiva de la Comisión. 
Sin duda alguna, resulta indispensable que en ciertos asuntos, como el del azúcar, ésta dé pruebas de gran vigilancia para evitar que las reglas de origen, por otro lado necesarias para el desarrollo del conjunto de países y territorios de ultramar, se apliquen abusivamente, teniendo como consecuencia desestabilizar algunos mercados europeos, especialmente en las regiones ultraperiféricas. 
Sin embargo, no solamente por deseos de coherencia, en el momento en el que la Unión abre totalmente sus mercados a los países menos avanzados, sino también teniendo en cuenta la historia común de los PTUM y de la Unión Europea, no se comprende por qué ésta les niega lo que concede a los países menos avanzados. 
La solidaridad comunitaria no puede ser de dos velocidades. 
Así que ya va siendo hora de demostrar eficazmente que los países y territorios de ultramar no son los parientes pobres de nuestra política de desarrollo. 
Dicho de otro modo, ya es hora de que demostremos concretamente a estos pueblos que tienen razón en creer en la Unión Europea. 
Es por lo que, para terminar, quiero reiterar el voto que formulo en numerosas ocasiones en mi informe: que este décimo aniversario del estatuto de asociación sea una ocasión para afirmar una voluntad política fuerte respecto a estos territorios demasiado tiempo abandonados al capricho de los vientos, en todos los océanos del mundo, con el fin de comprometerse definitiva y decididamente en la vía del partenariado y de la responsabilidad o, dicho de otro modo, en la vía del desarrollo para todos. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dejar constancia de que intervengo en nombre de mi compañero Fernández Martín, que ha tenido que ausentarse. 
Quiero aclarar que, dentro del amplio abanico de asociaciones o grupos regionales de países con los que la Unión Europea mantiene relaciones, el grupo de los territorios y países de ultramar, los PTOM utilizando la terminología francesa, es seguramente el más heterogéneo de todos. 
En realidad, se les agrupa más por lo que no son que por lo que son. 
Y de ahí el especial mérito que, a mi juicio, ofrecen la propuesta de Decisión del Consejo y el Informe que sobre ella ha elaborado el colega Fruteau. 
En líneas generales, participo de las propuestas del ponente, aunque matizaría algunas de ellas en concreto. 
No obstante, anuncio que mi Grupo votará a favor del mismo. 
El ponente propone una serie de medidas que tratan de potenciar el régimen de asociación que desde 1991 vincula a los PTOM con la Unión cuando afirma que, en este décimo aniversario del citado acuerdo, la Unión debería mostrar una mayor ambición con respecto a los territorios más alejados del continente. 
Debo precisar que los PTOM en su conjunto y cada uno de ellos en particular no forman parte del territorio de la Unión. 
Sus habitantes tienen ciudadanía europea (francesa, británica, neerlandesa o danesa, según el caso) , pero los territorios donde viven no forman parte de la Unión Europea propiamente dicha- en el caso de Groenlandia, por ejemplo, sus ciudadanos votaron en referéndum abandonar lo que entonces llamábamos las Comunidades Europeas; en el caso de Nueva Caledonia, de acuerdo con el plan establecido con las autoridades francesas, han iniciado también un camino que les conducirá, al cabo de unos años, a integrarse en el grupo de países ACP. 
Y podría citar, así, sucesivos ejemplos de particularidades, casi tantas como países y territorios PTOM hay. 
Esta heterogeneidad se pone de manifiesto en otros muchos aspectos y el más notable de ellos es su escasa e irregularmente distribuida población. 
Como destaca acertadamente el ponente, la población de los veinte territorios de ultramar apenas supera el millón de habitantes y tres de ellos, las Antillas Neerlandesas, la Polinesia Francesa y Nueva Caledonia, tienen más de 150.000 habitantes cada uno, con lo que estos tres territorios acumulan por sí solos casi la mitad de la población total. 
Por ello, cuando hace casi tres años discutimos el informe que entonces realizó nuestro colega Blaise Aldo, quisimos poner especial énfasis en el desarrollo de las relaciones comerciales de los PTOM con los países ACP de su entorno y, en algún caso, como en el del Caribe, con regiones ultraperiféricas igualmente vecinas. 
Sin embargo, INTERREG no cumplió las expectativas creadas como cauce para desarrollar estas relaciones comerciales. 
Quizá podría intentarse de nuevo ahora con INTERREG III, y coincido con el ponente en que en el desarrollo de los PTOM debe fomentarse con un fondo específico que haga más sencillos los procedimientos de su vinculación al FED o a Cotonú- aunque ya sé que la Comisión tiene su propia opinión al respecto. 
Y para terminar, solicito una modificación in voce que espero pueda ser aceptada. 
En el primer párrafo de la exposición de motivos el ponente hace una mención expresa a las siete regiones ultraperiféricas de la Unión Europea afirmando que optaron por su plena integración en los respectivos Estados miembros, antiguas potencias coloniales. 
Y eso no es exacto. 
Azores, Madeira y las Islas Canarias no tuvieron estatuto colonial alguno en ningún momento de su historia, por lo que deberían ser excluidas expresamente de esa relación que hace el ponente, y espero que la Cámara y el propio ponente puedan aceptar esta petición. 
Señor Comisario, Señorías, quisiera expresarles en primer lugar mi gran satisfacción por poder abordar por vez primera en este recinto la cuestión de los países y territorios de ultramar. 
Estos veinte territorios gozan de un régimen especial de asociación con la Unión Europea, por lo que se puede decir, para simplificar, que es menos favorable que el estatuto reservado a las regiones ultraperiféricas que son parte integrante de la Unión, pero más ventajoso que los acuerdos suscritos con terceros países de Africa, del Caribe y del Pacífico. 
Mi atención, como diputada francesa de ultramar se centra naturalmente en la situación de los territorios y colectividades territoriales francesas afectadas, es decir, y me agrada citarlas aquí, Nueva Caledonia, Polinesia francesa, Tierras australes y antárticas francesas, Wallis y Futuna, Mayotte y Saint-Pierre y Miquelon. 
En su excelente informe, el Sr. Fruteau acoge favorablemente los avances en las relaciones entre la Unión Europea y los PTUM en los planos institucional, económico y financiero, aunque queden todavía muchos interrogantes sobre las propuestas de la Comisión que deben responder a los objetivos incluidos en la declaración 36 relativa a los PTUM, anexa al Tratado de Amsterdam. 
Por lo que respecta a las relaciones comerciales, el ponente subraya la debilidad de los intercambios con la Unión. 
En 1998, las importaciones procedentes de los PTUM se elevaban al 0,21 % de las importaciones comunitarias y las exportaciones a los PTUM al 0,43 % de las exportaciones comunitarias. 
La liberalización de los intercambios con los PTUM puede responder a los objetivos que nos fijamos. 
Pero convendría estar especialmente atentos a que esta liberalización no rime con desviación de los objetivos buscados. 
En efecto, desde hace varios años, se realizan importaciones procedentes de un PTUM (Aruba, por qué no citarlo) , que constituyen una desviación del espíritu de la decisión de asociación con la Unión Europea. 
Estos productos exportados a la Unión no son originarios de este PTUM sino que son importados procedentes de países ACP para experimentar en él transformaciones mínimas tales como el blanqueado del arroz, su cribado, el envasado o la mezcla. 
Estas simples operaciones sólo necesitan inversiones muy reducidas, por tanto, no son en absoluto un factor de desarrollo como ha subrayado el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en su sentencia sobre el caso "Emesa sugar" en 1998; su único interés es proporcionar un valor añadido fácil a los operadores internacionales. 
La multiplicación de este tipo de irregularidades es aun más intolerable por cuanto va en contra de los intereses de los demás PTUM así como de las regiones ultraperiféricas y de los países ACP. 
En este contexto, sin cuestionar los objetivos propuestos por el ponente y a los que me adhiero gustosamente, es imprescindible fijar unas reglas en origen estrictas para evitar estas desviaciones perjudiciales para la economía de todo ultramar. 
A este respecto, las medidas de prohibición de pluriorígenes para algunos productos, el reforzamiento de la lista de operaciones insuficientes o el establecimiento sistemático de cláusulas de salvaguarda no aportan en modo alguno una respuesta adecuada al problema planteado. 
. (EN) Quisiera empezar diciendo que apoyo totalmente las palabras de la Sra. Sudre. 
A la Comisión siempre se nos pide que haya coherencia en lo que hacemos, pero al analizar las prácticas comerciales que son el centro de este debate nos encontramos ante un caso evidente de falta de coherencia. 
Tuvimos buenas razones para hacer lo que hicimos y espero totalmente que como parte de la solución definitiva a todo el asunto, exista una conclusión constructiva que ponga fin a este tráfico. 
Permítanme felicitar también a la Comisión de Desarrollo y Cooperación y al ponente por un análisis claro y, en general, equilibrado de la cuestión, aunque tengo que hacer algunos comentarios. 
La propuesta de la Comisión se basa en la consulta más amplia a las partes afectadas que jamás se haya hecho en este campo. 
Por tanto, no es sorprendente que algunas de las indicaciones que hemos recibido en el curso de este amplio proceso de consulta vayan en direcciones diferentes, incluso contrarias. 
Inevitablemente ha habido que alcanzar acuerdos delicados, por ejemplo, en el sector comercial. 
Sin embargo, hemos mantenido el objetivo de dar una respuesta ambiciosa y adecuada a las expectativas de los PTUM y a los retos a los que se enfrentan. 
La propuesta que tienen hoy ante ustedes realiza una valoración positiva de varias innovaciones que hemos propuesto, como el procedimiento reforzado de asociación, la simplificación de las normas financieras y el nuevo papel de la sociedad civil. 
A mi juicio, hay otros puntos que también merecen ser mencionados, por ejemplo, la ampliación de muchas partidas presupuestarias, programas comunitarios y disposiciones sobre el comercio de servicios a los PTUM. 
Existe una tendencia a desdeñar la importancia, el alcance y las oportunidades de que los PTUM puedan acceder como usuarios a los programas comunitarios en general. 
Esto es nuevo y debería resaltarse. 
Tengo algunos comentarios que hacer en relación con dos capítulos de la propuesta: la ayuda financiera y el comercio. 
En cuanto al Fondo Europeo de Desarrollo, es cierto que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ya no se va a dar ayuda financiera a tres PTUM- Aruba, las Islas Caimanes y las Islas Vírgenes Británicas- porque su PNB está ya próximo o incluso supera el de la Comunidad. 
Es importante que todos los parlamentarios sepan esto. 
Tenemos que perder la mala costumbre de que las cuestiones sobre los PTUM sólo se debatan entre los pocos Estados miembros que forman parte directa del debate. 
En el pasado, esto se parecía demasiado a una tienda autoservicio. 
Estamos hablando de asuntos comunitarios que deberían debatirse a ese nivel. 
Para todos los demás PTUM, en el futuro, los fondos se concederán atendiendo a criterios más objetivos, transparentes y coherentes. 
La renta, el PNB, tiene que ser uno de esos criterios, además de la población, porque queremos asegurarnos de que el dinero de los contribuyentes se gasta donde más se necesita, es decir, en la lucha contra la pobreza. 
Ésta es la piedra angular de la política para el desarrollo de la UE y yo quiero atenerme a ella- también respecto del claro apoyo de esta Asamblea a esta política para el desarrollo. 
Se han propuesto disposiciones transitorias. 
Se reservan fondos importantes para proyectos sociales y medioambientales en PTUM de renta media. 
En segundo lugar, el dinero tiene que ir dónde mejor se utilice. 
Por eso hemos propuesto mantener una reserva no sólo para hacer frente a la ayuda de emergencia y a esas actividades que no pueden programarse por adelantado, sino también para conceder transferencias adicionales a aquéllos territorios que utilicen sus cantidades iniciales de un modo más eficaz. 
Una parte real de la historia es que una impresionante cantidad de dinero no ha sido bien utilizada. 
Por tanto, este criterio de eficacia constituye un componente necesario y el motivo por el que deseamos mantener una reserva para resolver este problema. 
La Comisión está analizando los problemas de absorción, pero tengo la impresión de que los propios PTUM deberían hacer mayores esfuerzos por utilizar eficazmente los fondos. 
Lamento decirles- pero tengo que hacerlo- que algunos Estados miembros no parecen compartir estas prioridades. 
Como ya he dicho, se trata de un asunto comunitario. 
Tenemos que salir del síndrome del autoservicio. 
La reducción de los fondos regionales está justificada por el escaso uso que se ha hecho de ellos en el pasado. 
Si esta situación cambiara, yo estaría encantado de reconsiderar este punto. 
La Comisión desea también transmitir un firme mensaje a esos PTUM definidos como paraísos fiscales en el análisis de la OCDE. 
A no ser que y hasta que corrijan sus prácticas, sus asignaciones deberán ser y serán recortadas. 
Permítanme de nuevo que le recuerde al Parlamento el gran énfasis que se hace en la necesidad de coherencia. 
Las opiniones del Parlamento a este respecto nos lo han dejado muy claro. 
Estamos de acuerdo con estas opiniones, pero no podemos decir una cosa en un documento y después no aplicarla en una materia como ésta. 
Comparto la opinión de que podrían considerarse formas de financiar a los PTUM distintas del FED. 
Sin embargo, en la práctica esto sólo sería posible cuando se aprueben nuevas orientaciones presupuestarias dentro de algunos años. 
Por esta misma razón, dadas las normas presupuestarias vigentes, el FED constituye actualmente la única posibilidad real de financiar reuniones de colaboración y estudios de evaluación. 
Pero repito que abrir la puerta a una participación activa en los programas comunitarios es otra forma interesante de que los PTUM se beneficien de nuestra relación. 
Permítanme que pase ahora al comercio. 
Durante demasiados años ya, éste ha sido la manzana de la discordia entre algunos PTUM y la Comunidad. 
Por desgracia, en este campo se han generado una expectativas excesivas, a pesar de nuestros consejos. 
Cuando la Comunidad se ha visto obligada a adoptar medidas correctivas, esas expectativas inevitablemente se han frustrado. 
Pero parte del problema y de los casos que han dominado esta discusión han sido también producto de formas deliberadas de usar o abusar del sistema existente. 
No deberíamos engañarnos a nosotros mismos en este asunto. 
Por tanto, permítanme que sea muy claro. 
La Comisión siempre ha respaldado una actitud de liberación del comercio con nuestros socios preferentes, en particular, los países en desarrollo. 
La reciente iniciativa "Todo Menos Armas" es sólo un último ejemplo. 
Los PTUM seguirán disfrutando del acuerdo comercial más favorable que concede la Comunidad. 
Ésta es la posición actual y así seguirá. 
Sin embargo, debe trazarse una línea divisoria entre apoyar actividades económicas y tolerar operaciones puramente especulativas que no tienen efectos para el desarrollo y que, además, cuestan grandes cantidades a la Comunidad, ya sea al presupuesto comunitario, a los consumidores o a los sectores productivos. 
En otros casos, nuestros departamentos contra el fraude han detectado abusos reales y han acabado con ellos. 
Es muy razonable que al elaborar nuevas normas intentemos eliminar el riesgo de que esto vuelva a ocurrir. 
Una vez más, ese mal uso de los fondos no ha ido en modo alguno en beneficio de los ciudadanos ni de los gobiernos de los PTUM. 
Permítanme que subraye que la asociación con los PTUM incluye ciertamente el principio de acceso preferente a nuestro mercado, pero no un acceso incondicional. 
Ésta no es sólo la postura de la Comisión, sino que tanto el Consejo como el Tribunal de Justicia la han confirmado una y otra vez. 
Debe mantenerse también la coherencia con las otras políticas del Tratado y con el imperio de la ley. 
A los PTUM les interesa urgentemente que se restablezca un clima favorable de negocios lo antes posible. 
Éste tiene que ser nuestro principal objetivo al formular nuestras propuestas sobre el comercio. 
Por último, permítanme expresar la esperanza de que muy pronto podamos alcanzar el final de esta larga etapa de transición e incertidumbre sobre el futuro régimen. 
La Comisión estará, en este sentido, disponible como catalizador allí donde sea necesario para lograr una rápida conclusión en el Consejo que ponga término a esta larga saga de la renovación del régimen de los PTUM. 
Espero realmente que el Parlamento esté echando una mano mediante este trabajo del ponente. 
Muchas gracias, señor Comisario Poul Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 18.30 horas. 
(La sesión, suspendida a las 18.05 horas, se reanuda a las 18.30 horas). 
Señor Presidente, según hemos podido saber por las noticias, un avión ruso de pasajeros ha caído en el Mar Negro. 
No está claro si se trata de una explosión o de un disparo efectuado por error por la Armada ucraniana. 
Sea como fuere, creo que debemos, independientemente de la causa, recordar a las víctimas de este trágico accidente antes de que empiece la votación. 
Si les parece bien, Señorías, por respeto a las víctimas, vamos a guardar un momento de silencio. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
VOTACIONES 
Señor Presidente, quisiera comunicar sólamente que nos reservaremos el voto respecto de los párrafos 5 y 6, pues mi Grupo piensa que por el momento, dado que en pocos días recibiremos una propuesta legislativa, pronunciarse sería algo precipitado. 
Rogamos que en virtud de ello se entienda que no votemos los párrafos 5 y 6. 
Informe (A5-0300/2001) del Sr. Seppänen, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se modifica la decisión 2000/24/CE con el fin de ampliar la garantía concedida por la Comunidad al Banco Europeo de Inversiones para cubrir préstamos a favor de proyectos en la República Federal de Yugoslavia (COM (2001) 356- C5-0335/2001- 2001/0143 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0276/2001) del Sr. Fruteau, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Europea ("Ultramar") (COM (2000) 732- C5-0070/2001- 2001/2033 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Declaro interrumpida la sesión del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 18.45 horas) 
Declaro reanudada la sesión del Parlamento Europeo, interrumpida el jueves 4 de octubre de 2001. 
Comunicación de la Presidenta 
Recordarán, Señorías, que el pasado 8 de octubre, 104 pasajeros y 4 empleados del aeropuerto de Linate perdieron la vida en un trágico accidente entre una avioneta y un avión de SAS que debía efectuar el trayecto Milán-Copenhague. 
Nada más conocer esta catástrofe, envié un mensaje de condolencia al Presidente del Consejo Italiano, así como al Primer Ministro danés. 
Dado que al día siguiente efectuaba una visita oficial a Dinamarca, también transmití personalmente el mismo mensaje a las distintas autoridades con las que tuve ocasión de entrevistarme. 
Pero tenía que testimoniar públicamente, una vez más, nuestra solidaridad y nuestra profunda simpatía para con las familias de las víctimas. 
Orden de los trabajos 
Señora Presidenta, soy ponente del asunto sobre Macedonia que está en el orden del día de mañana. 
Sin embargo, la Comisión acaba de comunicarnos que este tema debe ser retirado. 
Como ponente, y también en nombre del Grupo PSE, propongo que nosotros también lo saquemos del orden del día de mañana, en virtud del artículo 14 del Reglamento. 
El motivo es que se nos ha informado que la Comisión quiere destinar más dinero para ayudar a Macedonia y prolongar el período de ayudas. 
Por estos motivos, propongo que se retire esta materia del actual período de sesiones y que se incluya, en cambio, en las sesiones de noviembre. 
Por consiguiente, devolvemos el asunto a la Comisión de Presupuestos y a las comisiones que deban opinar sobre este asunto, es decir, a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la Comisión de Industria. 
Señora Presidenta, intervengo sobre el orden del día, pues constato que en él no figura un asunto urgente que me permito señalar a la atención de la Presidencia y de sus Señorías. 
En virtud de una sorprendente y grave decisión, la fundación alemana "Memoria, responsabilidad y futuro", expresión del Gobierno alemán y de las empresas nacionales, ha adoptado el acuerdo de excluir a los internados militares italianos e incluso a una parte relevante de los internados civiles de la indemnización en favor de los ex trabajadores forzosos en Alemania al limitar las indemnizaciones a los civiles que fueron internados en los campos de exterminios propiamente dichos. 
Desde el punto de vista jurídico, estas exclusiones no se justifican e impedirían esa fuerte reconciliación entre los pueblos europeos divididos por las trágicas experiencias de la II Guerra Mundial. 
Me parece necesaria una reacción a fin de evitar esta grave discriminación en las indemnizaciones alemanas en detrimento de los internados militares y civiles italianos. 
Gracias, señor Borghezio. 
Con mucho gusto tomamos nota de esta declaración. 
Señora Presidenta, esta mañana me he levantado afónico. 
He perdido la voz, motivo por el cual no sé si mañana podré formular mis habituales explicaciones de voto. 
Aparte de esto, no estoy sentado cerca de mi amigo Borghezio por haber cambiado de Grupo, sino porque apoyo su propuesta de quejarse de la decisión de no indemnizar a los ex internados militares o civiles italianos. 
Todos ellos son personas de más de 75 años, por lo tanto, jubilados que el Gobierno italiano ha dejado sin pensión. 
En consecuencia, para estos ciudadanos italianos, que como muchos de nosotros sufrieron los horrores de la guerra, los daños son todavía mayores, puesto que, además de no tener derecho a dicha indemnización, son jubilados sin pensión. 
Señora Presidenta, teniendo en cuenta el punto hasta el cual los medios han tenido acceso a un informe que aun no se ha hecho público, encargado por el Comité de expertos para la Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas de la UE, STOA, titulado "Los posibles efectos tóxicos de las centrales nucleares reprocesadoras de Sellafield y de Cap de la Hague", ¿podría usted ocuparse inmediatamente de la publicación de este informe con el fin de procurar que todo el mundo pueda hacer comentarios fundados e informados, especialmente nosotros, miembros de este Parlamento de representantes elegidos democráticamente? 
Creo firmemente que todos los informes de las comisiones de esta Asamblea, cualquiera que sea su estatus, deberían estar a disposición de los diputados de esta Asamblea, por lo menos, antes que para las personas ajenas a la misma. 
Le solicito que haga lo necesario para la inmediata publicación de este informe. 
Señora Doyle, voy a examinar positivamente su solicitud. 
Señora Presidenta, como Presidente de la STOA, quisiera decirles que el Pleno de esta no ha hecho oficial todavía el estudio al que se ha referido mi ilustre colega, la Sra. Doyle. 
Esto tendrá lugar aquí, en la próxima sesión de Estrasburgo. 
Ustedes saben muy bien que este estudio cuenta con bastantes aspectos que debían ser examinados y se ha pedido su opinión a bastantes especialistas, porque queremos garantizar la credibilidad del estudio y la de la STOA. 
Cuando tengamos la decisión de su Pleno, se la comunicaremos para que, imagino, tomemos la decisión más correcta sobre una cuestión tan importante. 
Señora Presidenta, en ausencia de nuestro Presidente, como Vicepresidente de la Comisión de Peticiones quisiera resaltar que nuestra comisión solicitó el informe del EOCT sobre los posibles efectos tóxicos de Sellafield en el Mar de Irlanda y de Cap de la Hague en el Canal de la Mancha. 
La Comisión de Peticiones espera, con la misma impaciencia que cualquiera, que este informe sea publicado lo antes posible. 
Es importante que el informe, cuando sea aprobado por el EOCT, sea considerado absolutamente objetivo y científicamente independiente. 
Esta es la razón por la que ha sido sometido a una evaluación independiente. 
Si hemos planteado tal evaluación pienso que todos los diputados de esta Asamblea querrían ver publicado el informe. 
Pero ello no debería producirse en tanto subsistan dudas- y lamentablemente existen dudas- acerca de la objetividad del informe tal y como ahora ha sido presentado al Grupo de expertos del EOCT. 
Señora Presidenta, he quedado sorprendido al leer en la prensa el resultado de las negociaciones de la Conferencia de Presidentes en relación con la concesión del premio Sajarov. 
Y la pregunta que me planteo es ¿dónde y cuándo, como diputados, tenemos la posibilidad de entender un poco por qué los presidentes, o la mayoría de los presidentes, o no sé quién, llegan a un acuerdo que contradice de tal modo a los diputados que han votado en la Comisión de Asuntos Exteriores? 
Considero que esto es al menos escandaloso, y creo que hay un verdadero problema de funcionamiento en nuestro Parlamento, que es que en realidad no servimos para nada. 
Pasamos horas discutiendo, votando en la Comisión de Asuntos Exteriores y acto seguido el Sr. Poettering telefonea al Sr. Barón o el Sr. Barón telefonea al Sr. Poettering y se nos deja de lado. 
Quisiera simplemente decir que somos diputados que hemos sido elegidos con los mismos votos que el Sr. Poettering y que el Sr. Barón, y que no acepto que sean ellos los que hagan y deshagan en este Parlamento Europeo; por tanto, quiero que se discuta en sesión plenaria este método que consiste en tomar decisiones, como ha ocurrido la semana pasado con el premio Sajarov. 
(Aplausos del Grupo Verts/ALE) 
Señora Presidenta, puesto que nuestro colega, el Sr. Cohn-Bendit, se ha dirigido a mí, me gustaría responderle en el Pleno. 
La Conferencia de Presidentes ha confirmado el voto mayoritario de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, y ha propuesto también al clasificado en segundo lugar, que también consiguió un elevado número de votos, de suerte que están propuestas tres personalidades. 
Por lo demás, quisiera decirle, señor Cohn-Bendit, que, cuando usted guste, estoy a su disposición, no sólo por teléfono, sino también para mantener cualquier conversación personal privada. 
Señora Presidenta, he hablado por teléfono con el Sr. Poettering, he hablado personalmente con el Sr. Wurtz, con la Sra. Hautala y con el Sr. Lannoye. 
En primer lugar, no creo que sea un delito hablar entre diputados; en segundo lugar, la Conferencia de Presidentes ha respetado la propuesta de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
La prueba es que se ha concedido el premio por una muy amplia mayoría a la propuesta conjunta israelopalestina y a la propuesta del obispo de Angola; además, a iniciativa suya, Señora Presidenta, también va a tenerse una atención especial con la Sra. Sedrine, la periodista tunecina. 
Yo rogaría a los colegas, especialmente al Sr. Cohn-Bendit, que tuvieran un poco más de cuidado con lo que dicen porque, además de que se ha respetado la decisión de la Comisión de Asuntos Exteriores, lo único que hubiera faltado es que, en un momento político tan delicado como éste, hubiéramos planteado una guerra de religiones entre un judío, un musulmán y un católico. 
Eso me parece absolutamente inaceptable. 
Creo que hoy no es el momento para la polémica ni para las disputas de procedimiento, sobre este punto. 
Por mi parte, me felicito profundamente de que una cuasimayoría, en la Conferencia de Presidentes, se haya desmarcado para conceder el premio Sajarov al Sr. Ghazzawi y a la Sra. Peled, que simbolizan, a mi modo de ver, algo a lo que muchos de nosotros aspiramos, es decir a dar esperanza a las que y a los que, en esta región tan castigada como es Oriente Próximo, quieren encontrar la vía del diálogo y de la paz. 
Y desde este punto de vista, señora Presidenta, pienso tal como el propio Consejo Europeo se ha expresado en este sentido, es decir que deberíamos pedir al gobierno Sharon que respete la legalidad internacional y retire con la máxima urgencia sus carros de combate y sus tropas de los territorios palestinos autónomos. Pienso que con el espíritu de este premio Sajarov sería con el que usted, señora Presidenta, si estuviera de acuerdo en ello, podría expresarse en este sentido en nombre nuestro ante el gobierno Sharon. 
Señor Wurtz, creo que los aplausos que acabo de escuchar hacen que con mucho gusto pueda hacer esta gestión que usted desea. 
Una puntualización, señor Barón, cuando se da el premio a una musulmana y a un judío, es el símbolo de que no es una guerra de religión, y no se está obligado, si se tiene valor, a añadir que se necesita un católico, puesto que no deja de ser una guerra de religión. 
Pues bien, usted dice que la decisión no era dos musulmanes, sino que era un judío o una judía y un musulmán. 
Esto es todo lo que hay que decir y es por lo que mantengo que es una falta de valor y de visión histórica el haber diluido en el agua la fuerza de la propuesta de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Señora Presidenta, señores colegas, hace pocos días otros cinco trabajadores perdieron la vida tras la explosión de la cisterna del buque que estaban arreglando en Salamina. 
Es la enésima vez que la clase trabajadora de mi país paga con sangre la falta de medidas de seguridad elementales, consecuencia de la impunidad de los armadores y de la privatización de los servicios de control, que expiden certificados siguiendo los intereses de los propietarios de los buques y no el respeto a la vida de los trabajadores. 
El Gobierno griego es cómplice porque no toma ninguna medida a pesar de los múltiples accidentes. 
Desde esta tribuna, señora Presidenta, quiero expresar nuestro sentido pésame a las familias de las víctimas y condenar terminantemente la impunidad de la patronal y la política del Gobierno griego. 
En Toulouse o en Salamina, la clase obrera es conducida al altar para ser sacrificada en aras de la competitividad de la economía y para garantizar mayores beneficios. 
Señora Presidenta, no sé si usted recuerda que hace un par de meses critiqué airadamente el trato poco equitativo que recibíamos los daneses. 
No teníamos posibilidad de ver la televisión danesa. 
Les pedí a usted y a la Sra. Banotti que intervinieran en este caso y me gustaría decir que la Sra. Banotti nuevamente ha demostrado su competencia en estos temas. 
Ahora los daneses hemos vuelto a disponer de televisión danesa. 
Estamos alegres y felices y como puede ver la Sra. Banotti, lo celebro con mis colores nacionales- la chaqueta roja y la elegante camisa blanca de Håndværkerbanken de Næstved. 
Así puede ver que estamos realmente contentos de disponer ahora de televisión danesa. 
Señora Presidenta, deseo dejar constancia en Acta de mi decepción por que no podamos debatir esta semana acerca de la directiva sobre blanqueo de dinero. 
Gracias a la intensa labor del Comité de Conciliación y de aquellos miembros de esta Asamblea que han estado trabajando en esta directiva, nos encontramos en el punto de poder concluir un acuerdo con el Consejo Europeo y es de lamentar que no podamos introducir esto en la agenda de esta semana. 
Esta directiva es tan importante en la lucha contra el terrorismo como las bombas que están siendo lanzadas sobre Afganistán o los esfuerzos de aquellos que están arriesgando sus vidas allí. 
Se trata de algo que deberíamos solucionar tan pronto como sea posible, porque privar a los terroristas de sus fondos tiene la misma relevancia que someterlos a ataques militares. 
Confío en que esta Asamblea actúe rápidamente cuando este asunto le sea planteado en la próxima sesión plenaria. Lamento que no haya sido posible introducirlo en la agenda de este mes. 
Señora Presidenta, desconocía que esto fuera a plantearse y por ello pido disculpas a la Sra. Villiers por no haber podido dirigirme a ella antes respecto de este asunto. 
Está muy en lo cierto al decir que hemos alcanzado un acuerdo con el Consejo y ahora depende del Parlamento que haya una tercera lectura. 
Hemos ejercido muchísima presión- y usted, señora Presidenta, ha sido partícipe- para llegar a una situación que nos permitiera ser flexibles y actuar rápidamente como parlamento. 
Lamentablemente, hemos de aguardar a la documentación del Consejo en las 11 lenguas comunitarias antes de poder aprobar efectivamente la posición del Consejo y poder llegar a una conclusión en una tercera lectura. 
Por consiguiente, lamentablemente, es por una cuestión de coordinación temporal, a causa del registro de los documentos y la traducción, etc. que no hemos podido ser flexibles. 
He presionado todo lo posible, pero lamentablemente no ha podido lograrse. 
Señora Presidenta, mi Grupo también hubiese querido que la directiva de blanqueo de dinero hubiese sido aprobada antes. 
De hecho, hubiéramos querido verla culminada antes de las vacaciones de verano. 
Pero fue el propio Grupo de la Sra. Villiers el que se opuso a la obligación de los abogados a informar sobre transacciones sospechosas y, por consiguiente, ha retrasado la resolución final de este asunto durante seis meses desde nuestra votación plenaria en abril. 
Me complace decir que el resultado de la conciliación no refleja ese rechazo y que los abogados tendrán la obligación de dirigirse a las autoridades cuando tengan razones para pensar que sus clientes solicitan asesoramiento para realizar operaciones de blanqueo de dinero. 
Celebro que este haya sido el resultado final. Lamento profundamente que haya llevado tanto tiempo. 
Me temo que ha sido el propio grupo de la Sra. Villiers- de hecho su propia delegación en el seno de ese grupo- el que ha causado este largo y lamentable retraso. 
Señora Presidenta, quisiera plantear brevemente un asunto que me preocupa seriamente, y quizá también a otros en esta Asamblea, sobre la cuestión de la discriminación. 
Esta Asamblea rechaza justamente toda forma de discriminación y recibimos opiniones respecto de este asunto de todas partes, incluyendo el Comité Económico y Social. 
Ahora parece ser que en el propio Comité existen prácticas discriminatorias por causa de la edad, siendo imposible solicitar un puesto de trabajo si no se es menor de 45 años. 
Señora Presidenta, quisiera sugerirle que se dirija a ellos en la forma de una cuestión de urgencia para comprobar si esto es cierto, y si lo es, acaso amenazarles con bloquear la recepción de sus opiniones hasta que eliminen tal discriminación. 
Ciertamente, debe ser posible trabajar en cualquier institución a cualquier edad, ¡incluso si se es tan viejo como lo soy yo! 
Le doy las gracias. 
Vamos a comprobar las cosas, en el sentido que usted desea. 
Señora Presidenta, quisiera intervenir con relación a un asunto que ya planteé en el anterior periodo parcial de sesiones, en concreto, la difícil situación de las líneas aéreas europeas, que actualmente se enfrentan a su efectiva desaparición. 
Se estima que la industria de la aviación europea perderá de aquí a finales de año aproximadamente 2.500 millones de euros y que desaparecerán unos 20.000 puestos de trabajo. 
La respuesta de la Comisión a esta situación, no obstante, ha sido fría y de carácter ideológico. Ha querido utilizar la crisis provocada por las atrocidades cometidas el 11 de septiembre para reorganizar la industria y asegurarse de que algunas empresas, que acaso podían o no haber sobrevivido al normal desarrollo de las operaciones económicas, se vean obligadas a cerrar. 
Insto a la Comisión a que emplee cierta sagacidad política en el tratamiento de esta situación. 
Si el proyecto europeo no cuenta con el apoyo del pueblo europeo, no tendrá éxito, y la Comisión no se está dando cuenta de ello. 
Cada puesto de trabajo que se pierda en la industria de la aviación europea, como resultado de las decisiones de la Comisión, generará una creciente masa de resentimiento hacia Europa, no hacia los gobiernos nacionales, que probablemente estén desarrollando sus propias agendas. 
La Comisión deber revisar urgentemente su estrategia para la industria de la aviación. 
Señora Presidenta, estamos en nuestra segunda sesión, aquí, en el mes de octubre. 
Recuerde usted que en nuestra primera sesión modificamos nuestro orden del día en el último minuto para poder debatir y votar sobre el terrible accidente ocurrido en la fábrica AZF de Toulouse. 
Pues bien, anteayer, esta misma fábrica ha vertido en el Garona- el río que atraviesa la ciudad de Toulouse- varias toneladas de amoniaco. 
Me dirijo por tanto a usted, señora Presidenta, para que vele por el seguimiento de nuestra resolución en la Comisión con el fin de que no se pierda en las arenas administrativas. 
Creo que la impunidad y la arrogancia de los que contaminan debe toparse con la determinación de nuestro Parlamento. 
Iré con mucho gusto en el sentido que usted desea, señor Onesta. 
Señora Presidenta, quisiera hacer una declaración relacionada con la Sra. Patricia McKenna. 
Ella estaba participando hoy en una manifestación pacífica en la base nuclear de Faslane, Escocia, y ha sido detenida a las ocho de la mañana junto con doce estudiantes irlandeses. 
La Sra. McKenna ha expresado el ruego de que usted tenga en consideración que no está permitido detener a un diputado al Parlamento Europeo cuando se dirige a participar en las sesiones del Parlamento o cuando sale de las mismas. 
La diputada también quisiera que este ruego sirva para suscitar el debate sobre la ilegalidad de las armas nucleares. 
El Tribunal Penal Internacional ha constatado recientemente que la tenencia de armamento nuclear contraviene el Derecho internacional. 
Señora Presidenta, sé que algunos de los presentes están pensando que no hace falta pasar por Escocia para acudir a Estrasburgo; pues bien, yo sólo quiero limitarme a decir en la lengua materna de la Sra. Patricia McKenna lo siguiente: "what goes up, must come down" (todo lo que sube debe bajar). 
Señora Hautala, acabo de ser informada, en este instante, de lo de la Sra. McKenna y, evidentemente, voy a ver lo que podemos hacer por esta colega. 
Señora Presidenta, quisiera agradecerle que al comienzo de la sesión haya recordado la tragedia acaecida en el aeropuerto de Linate en la que perdieron la vida 118 personas. 
Se está llevando a cabo una investigación para depurar responsabilidades. 
Lo cierto es que desde el principio se ha puesto de manifiesto que, lamentablemente, el error humano siempre es posible y en este caso lo fue también por la graves carencias de seguridad en ese aeropuerto que todos pensábamos que era seguro. 
Desde el punto de vista humano, creo que es imperativo que estos errores no se vuelvan a repetir y que un suceso tan dramático obligue a cada uno de los responsables a asumir el solemne compromiso de evitar estas tragedias en el futuro. 
Desde el punto de vista de la responsabilidad, tendríamos que pedir a la Comisión y al Consejo que sean más severos en cuanto a la imperiosa necesidad de seguridad en los aeropuertos para que dejen de ocurrir tragedias de este tipo. 
Señora Ghilardotti, creo que usted se adelanta un poco al debate que va a tener lugar dentro de algunos momentos, cuando hayamos terminado las cuestiones de orden. 
Señora Presidenta, desgraciadamente se han visto confirmados los temores que expresé desde el día siguiente al atentado terrorista en los Estados Unidos de América: la sangre de las miles de víctimas inocentes de América, se está utilizando como excusa para realizar un ataque bárbaro contra Afganistán, causando múltiples víctimas más, así como tremendos daños materiales. 
Ya hoy, quince días después del comienzo del ataque, por las declaraciones de los líderes de los Estados Unidos está claro que el objetivo no es acabar con el terrorismo sino, entre otras cosas, controlar Asia central, con su gran riqueza natural y su situación geoestratégica especialmente importante. 
Igualmente se ha visto confirmado mi temor, especialmente después del Consejo de Gand, de que explotarán el golpe para reforzar posteriormente los mecanismos capitalistas y la reducción de las libertades democráticas y las conquistas de los trabajadores y de nuestros pueblos. 
La Unión Europea se alínea, con los tres líderes, con los Estados Unidos en su desastrosa política para nuestros pueblos y para nuestro planeta. 
Señora Presidenta, creo que si el Parlamento Europeo, en calidad de órgano electo de nuestros pueblos, quiere prestar servicio al sueño pacificador y democrático y a los deseos vehementes de nuestros pueblos, debe oponerse categóricamente a estas perspectivas, debe presionar a fin de que la Unión Europea se desvincule de ellas, que acabe la guerra, y que prefiramos la solución pacífica de las diferencias. 
Pero al final, quien tiene la palabra son nuestros pueblos. 
Señora Presidenta, somos una pequeña delegación de diputados al Parlamento Europeo que acabamos de regresar de la Clínica Sainte Barbe aquí en Estrasburgo en la que un ex-ministro de Chechenia, el Sr. Ibragimov, ha sido hospitalizado después de haber llevado a cabo una huelga de hambre durante 27 días. 
Acudimos allí para hablar con el Sr. Ibragimov y para advertir al mundo de que esta huelga de hambre ha tenido lugar aquí, en Estrasburgo. 
El Sr. Ibragimov señaló naturalmente que deseaba que organismos y políticos internacionales trataran de persuadir al Presidente Putin para que detenga la guerra en Chechenia y respete los acuerdos contraídos entre Chechenia y Rusia, y me gustaría transmitir este mensaje suyo. 
El Sr. Ibragimov ha comenzado nuevamente a comer. 
Sigue muy débil, pero los defensores de los derechos humanos le han pedido que interrumpiera su huelga de hambre. 
Volverá a iniciarla posteriormente junto a otros defensores de los derechos humanos si no sucede nada con Chechenia en el futuro. 
Sin embargo, me pareció importante desplazarme hasta allí. 
Señora Presidenta, en mi opinión lo más importante es que no hemos de olvidar que los derechos humanos sufren una injusticia. 
Ahora que combatimos el terrorismo, no hemos de olvidar los derechos humanos, y me gustaría pedirle que ante el caso del Sr. Ibragimov manifieste su disposición a reunirse con él- si es posible- durante el próximo período de sesiones en Estrasburgo. 
Consecuencias de los recientes acontecimientos para la seguridad de los transportes aéreos y de las instalaciones industriales, incluidas las centrales nucleares 
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre la declaración de la Comisión sobre las consecuencias de los recientes acontecimientos para la seguridad de los transportes aéreos y de las instalaciones industriales, incluidas las centrales nucleares. 
Doy seguidamente la palabra al Comisario, Sr. Vitorino. 
. (FR) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, en la última sesión plenaria del Parlamento ustedes debatieron las acciones que hay que iniciar en la lucha contra el terrorismo como consecuencia de los atentados del pasado 11 de septiembre. 
En nombre de mi colega, la Sra. de Palacio, quisiera hoy tratar con ustedes las consecuencias de estos acontecimientos para la seguridad del transporte aéreo, así como las implicaciones que acontecimientos similares podrían tener para ciertas instalaciones industriales, en particular para las centrales nucleares. 
Empezaré, por tanto, por la seguridad del transporte aéreo. 
Como ustedes muy bien saben, el Consejo Europeo del 21 de septiembre pasado solicitó que se tomaran las medidas necesarias para reforzar la seguridad del transporte aéreo. 
Dando prueba de dinamismo, la Comisión ha reaccionado inmediatamente elaborando una respuesta comunitaria acorde con los atentados perpetrados en los Estados Unidos de América. 
Sin esperar más- como consecuencia de la petición formulada por el Consejo Europeo- la Comisión ha propuesto a los Estados miembros establecer un sistema de inspección mutua del tipo "dual review". 
Este sistema de control recíproco permitirá enviar expertos de un Estado miembro a inspeccionar los dispositivos de seguridad de los aeropuertos de otro Estado miembro. 
Hay que resaltar sin embargo que los Estados miembros son reticentes a encargar esta tarea a inspectores. 
Al día de hoy, únicamente dos Estados miembros han sometido a la Comisión propuestas relativas a los representantes que desean designar. 
La Comisión, el pasado 10 de octubre, ha propuesto sobre todo un proyecto de reglamento del Parlamento y del Consejo que tiende a uniformizar, dentro de la Unión Europea, las normas de seguridad y de fiabilidad en el transporte aéreo, así como a dar a la Comisión el poder de ejecución y de inspección necesarios para garantizar su aplicación. 
Concretamente, este texto se refiere al control de acceso a las zonas sensibles de los aeropuertos y de los aviones, al control de pasajeros y de equipajes de mano, al control y al seguimiento de los equipajes facturados, al control del flete y del correo y, por último, a la formación del personal de tierra. 
La Sra. de Palacio ha presentado esta propuesta a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo el mismo día de su aprobación, y esperamos que el Parlamento pueda examinarla en procedimiento de urgencia con el fin de permitir un acuerdo en el Consejo de diciembre, con la esperanza de que la codecisión pueda producirse en la primera lectura. 
Por otra parte, un grupo ad hoc pluridisciplinar, compuesto por expertos en materia de seguridad aérea y de lucha antiterrorista, se ha constituido inmediatamente. 
Hasta ahora, lamentablemente, los trabajos de este grupo de expertos son poco concluyentes y el informe preliminar sometido al Consejo "Transportes" del pasado 16 de octubre, se limita, por una parte, a poner de manifiesto que queda mucho por hacer para garantizar una aplicación efectiva de las medidas de seguridad en todos los aeropuertos y, por otra parte, a identificar la necesidad de nuevas medidas para prevenir el comportamiento peligroso de algunos individuos en los aviones, como la prohibición de acceder a la cabina o el reforzamiento de la cooperación entre el control civil del tráfico aéreo y la utilización de medios militares de defensa aérea. 
Estamos convencidos de que hay que avanzar sin reparar en obstáculos respecto a las propuestas que les hemos sometido. No solamente a causa de la falta de recomendaciones concretas del citado Grupo, sino también porque las instancias internacionales parecen sufrir dificultades para reaccionar rápidamente. 
Así, la Organización de Aviación Civil Internacional, que celebró su asamblea el pasado septiembre, se ha limitado únicamente al principio de la organización de una conferencia, cuya fecha no se ha fijado todavía. 
Es de esperar que por iniciativa de la Unión Europea, la OACI se encargue de que se aprueben las recomendaciones que se le han presentado con el fin de reforzar las normas internacionales de seguridad aplicables en los aeropuertos y al transporte aéreo. 
Sin embargo, ante este estado de hecho, los Estados Unidos han decidido naturalmente avanzar solos por su lado. 
La Comisión considera que nos hace falta reforzar la cooperación para que las medidas de prevención se pongan en marcha de forma coordinada a ambos lados del Atlántico. 
Con esta idea, hemos fijado un encuentro con nuestros colegas americanos, que se celebrará los próximos días 6 y 7 de noviembre, con el fin de crear un grupo de trabajo que reúna a las autoridades americanas y a la Comisión con objeto de coordinar los esfuerzos para garantizar el mayor nivel de seguridad posible, evitando al mismo tiempo que nuestras compañías aéreas estén sujetas a medidas desproporcionadas. 
Paso ahora a las consecuencias que hubiera podido tener una acción terrorista como la del 11 de septiembre de 2001 si se hubiera perpetrado contra una instalación industrial o energética. 
El sector nuclear- debido principalmente a exigencias de no proliferación y de radioprotección- es uno de los sectores de la actividad industrial en el que las normas de seguridad son más estrictas. 
Habría sin embargo que mencionar también que otras instalaciones, menos protegidas, pueden ser vulnerables y susceptibles de provocar accidentes mortales de una dimensión considerable, ya se trate de industrias químicas- como fue el caso de Bhopal, en Seveso, y, recientemente en Toulouse- o de otras instalaciones energéticas, tales como las infraestructuras de gas natural, que no dejan de tener riesgo. 
El ejemplo de la rotura de algunos pantanos hidroeléctricos está en la memoria de todos. 
Desde el pasado 11 de septiembre, las autoridades de los Estados miembros han reforzado los dispositivos de protección existentes y las medidas de protección física ya en vigor para las instalaciones de riesgo y muy especialmente para las instalaciones nucleares. 
Estas medidas de protección física afectan principalmente al control de acceso a las instalaciones e incluyen la prohibición de sobrevolarlas. 
Por lo que respecta a la ubicación de las instalaciones existentes, hay que resaltar que los riesgos son tenidos en cuenta bien de forma absoluta, bien en función de la probabilidad de accidente. 
De este modo, el riesgo de rotura del circuito de refrigeración primario, al que los terroristas podrían tener acceso, está previsto de forma absoluta y se ha establecido un dispositivo de seguridad contra este riesgo. 
Otros riesgos dan lugar a apreciaciones específicas. 
Así ocurre especialmente con el riesgo sísmico, que se considera de forma distinta en función de la situación geográfica de la propia instalación. 
La Comisión debe recordar al respecto que la ubicación y la construcción de centrales de energía nuclear son competencia exclusiva de los Estados miembros. 
Pero, más allá de las instalaciones nucleares propiamente dichas, hay que tener también en cuenta los riesgos relativos al transporte de material nuclear. 
Los transportes de materiales fuertemente radioactivos no representan en realidad más que una mínima parte de las operaciones con materiales nucleares y se efectúan de conformidad con las rigurosas disposiciones de las reglamentaciones internacionales y nacionales. 
De forma general, la utilización de materias nucleares con fines terroristas requiere, además de la simple tenencia de materias fisibles, unas capacidades técnicas de almacenamiento, de transformación y de proyección que son muy difíciles de reunir sin despertar la atención de las autoridades. 
Todo se pone en marcha a nivel comunitario, mediante la aplicación del capítulo VII del Tratado Euratom, para que un censo estricto de materiales nucleares impida cualquier desviación con fines no pacíficos. 
Sin embargo, los acontecimientos ocurridos en Nueva York demuestran la necesidad de reflexionar sobre los factores de vulnerabilidad de las instalaciones nucleares. 
Los servicios de la Comisión, en colaboración con la Agencia Internacional de la Energía Atómica de Viena, proceden a su evaluación, especialmente en términos de seguridad de las instalaciones nucleares. 
Esta reflexión debería mostrar en qué medida sería útil dar recomendaciones y completar la legislación existente a escala comunitaria y/o internacional. 
Hay que pensar principalmente en los convenios establecidos en el marco de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, como el convenio sobre protección física, que cubre, esencialmente, el transporte de material nuclear. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, les doy las gracias por su atención. 
Los que estamos de este lado apoyamos completamente la respuesta de los Estados Unidos, la Unión Europea y sus Estados miembros y otros países, a los ataques del 11 de septiembre de 2001, así como el desarrollo de una estrategia multilateral global contra el terrorismo. 
Reconociendo la determinación de la Unión Europea y de sus Estados miembros por salvaguardar a sus ciudadanos de los actos terroristas, destacamos la necesidad de confortar a la población estableciendo el justo equilibrio entre la vigilancia y la garantía de la continuidad de la vida cotidiana. 
Estimamos que cada Estado miembro debe realizar una completa revisión de su estrategia de seguridad para las infraestructuras e instalaciones, especialmente para aquellas que suponen un mayor riesgo, como por ejemplo las centrales nucleares. 
Nos consta que existe una verdadera preocupación por parte de la opinión pública en relación con estas cuestiones, pero quisiéramos resaltar la necesidad de mantener estos asuntos en la perspectiva correcta. 
Quisiera destacar que la seguridad de las centrales nucleares y otras instalaciones industriales similares es primordialmente una competencia y responsabilidad nacional. 
En este contexto, por ejemplo, esperamos que el gobierno del Reino Unido tome todas las medidas de protección necesarias a corto plazo, así como que asuma las decisiones pertinentes a largo plazo en relación con la eliminación de los desechos radiactivos. 
Ciertamente, los sucesos acaecidos el 11 de septiembre en los Estados Unidos exigen la reevaluación del riesgo de un ataque sobre las instalaciones que antes considerábamos seguras, y saludo la declaración del Comisario. 
Tan sólo lamento que no le haya sido posible a la Comisaria Loyola de Palacio dirigirse a nosotros- nuestro deseo era mantener este debate en el próximo periodo parcial de sesiones. 
Presidenta, la premisa básica del terrorismo es que lo inesperado, lo imprevisto, lo increíble aterrorizará a la población hasta la aceptación de las exigencias políticas, sean estas racionales o no. 
Gracias, Comisario, por su declaración. 
Saludo la cooperación que usted ha resaltado y la especial atención que se prestará a las instalaciones nucleares. 
Confío en que los Estados miembros cooperen con la Comisión en esta tarea. 
Nuestra reacción no debe ser otra que hacer todo lo posible para prevenir esa suerte de indiscriminada matanza, daño y caos que pudimos contemplar en los Estados Unidos. 
El transporte aéreo, las centrales nucleares, las plantas químicas y los depósitos de petróleo constituyen todos ellos evidentes objetivos de los terroristas. 
Éstos son diseñados, construidos y protegidos, por consiguiente, con un coste muy considerable para el público. 
El Gobierno francés protege ahora la planta procesadora en La Hague con aviones de combate y misiles. Sin duda el Reino Unido hace lo propio en Sellafield. 
No podemos morar en las aviesas mentes de los terroristas, pero podemos pagar el alto precio de la protección. 
Podemos cooperar y podemos ser muy cuidadosos al construir o conservar efectivamente un potencial objetivo. 
Las cosas no volverán a ser iguales después del 11 de septiembre, como muchos otros han dicho. 
Nadie pudo concebir el uso de un avión de pasajeros de gran tamaño y completamente lleno como un arma. 
Hemos de introducir ese factor en nuestras previsiones. 
Les pido que sigan informando al Parlamento. 
Queremos que los ciudadanos de Europa sepan que se ha hecho todo lo posible para que estén protegidos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el momento es grave, muy grave. 
Los peores argumentos de ataques terroristas a centrales nucleares, denunciados desde hace mucho tiempo por los Verdes y los ciudadanos antinucleares, se convierten, por la fuerza de los acontecimientos, en hipótesis admitidas. 
La prueba de que los ataques aéreos a centrales nucleares son factibles, es que Francia ha recurrido al ejército para tratar de defender sus reactores. 
Las autoridades francesas, que siempre han barrido de un plumazo estas posibilidades de ataques terroristas, se ven hoy forzadas a reconocer la fragilidad de sus catedrales nucleares. 
Los misiles tierra aire desplegados alrededor de la planta de tratamiento de residuos de La Hague ¿serán creíblemente eficaces contra un ataque kamikaze? 
Las autoridades alemanas, así como la Agencia Atómica de Viena, reconocen que las centrales, incluso las más consistentes, no resistirían el impacto de un avión. 
En toda Europa y en el resto del mundo, el peligro es totalmente real, y multiplicado por el impresionante número de reactores nucleares. 
La seguridad de los ciudadanos no está hoy garantizada. 
Los ciudadanos están inquietos y tienen razones para estarlo. 
¿Se había tomado en serio la Comisión estos argumentos de catástrofes? 
¿Cómo piensa ésta garantizar hoy la seguridad de los ciudadanos? 
¿Piensa la Comisión dar a conocer, como en Alemania, este estudio sobre la seguridad de las centrales? 
Por último, señora Presidenta, Señorías, lamento que los colegas de otros grupos no hayan juzgado oportuno que a este debate le siguiera una resolución. 
Señora Presidenta, Señor Comisario, la cuestión de la seguridad del cielo europeo se plantea en términos de medidas inmediatas, urgentes. 
También se plantea en términos de medidas perennes dentro de las normas de seguridad en los aviones y en el embarque. 
Tomo nota de las declaraciones de la Comisión, especialmente sobre las diferentes medidas adoptadas en materia de control de pasajeros, de equipajes de mano, así como de vuelos procedentes de terceros países, que me parecen sensatas. 
Habrá que acelerar también la ejecución de los programas de seguridad relativos al control de equipajes facturados y garantizar la puesta en marcha de nuestras decisiones. 
No insisto en lo que se ha dicho hace un momento sobre la escandalosa situación de AZF, tan solo unas semanas después de nuestros debates aquí. 
En cuanto a la seguridad en el avión y en el embarque, el 11 de septiembre demuestra que deben adoptarse dos medidas en la fabricación de los aviones: el cierre de las cabinas, así como la instalación de circuitos de vídeo que permitan al piloto visualizar a las personas que se aproximan. 
En segundo lugar, la cuestión de los transpondedores. Los transpondedores transmiten al control aéreo el código del avión así como su posición. 
Quisiera también llamar la atención del Parlamento sobre la cuestión de las ayudas al sector aéreo europeo. 
He encontrado francamente muy torpe, cuando no provocador por parte de la Comisión, abrir el debate sobre la concentración en el sector aéreo en estos momentos. 
Con el impacto económico que sufren las compañías, afirmar que en Europa sólo hay sitio para 4 ó 5 compañías aéreas viene a ser una llamada a la fusión, a las reestructuraciones y, por tanto, a los planes sociales. 
Por otra parte, varias fuentes mencionan una disminución del 15 al 30% del tráfico aéreo, y la Asociación Europea de Transportistas Aéreos alude a una reducción total del tráfico de más del 7% en el horizonte de 2002, con pérdidas evaluadas en más de 3.000 millones de euros. 
A mi modo de ver, las normas relativas a la ayuda pública a las compañías aéreas deben ampliarse con el fin de poder tener en consideración hasta en el más mínimo detalle todas las consecuencias del 11 de septiembre. 
Para finalizar, quisiera decir por último que estos fondos públicos tienen por objeto ayudar a las empresas a seguir siendo viables. 
Es por tanto nuestro deber, en mi opinión, velar por su utilización y evitar cualquier despido en el sector. 
Señor Presidente, los objetivos han cambiado, a tenor del insuperable nivel de inhumanidad que han mostrado los terroristas en la persecución de sus denominados objetivos políticos. 
Los terroristas están ahora dispuestos a emprender misiones suicidas. Esto significa sencillamente que la comunidad internacional debe reconsiderar completamente el mejor modo de introducir medidas de seguridad para vencer estos injustificables y premeditados actos terroristas. 
Desde la perspectiva irlandesa, nos preocupan profundamente las medidas de protección y seguridad que se lleven a cabo en la central nuclear de Sellafield en Cumbria. 
En un momento en el que podría esperarse una reducción de las explotaciones nucleares en Gran Bretaña, el Gobierno británico ha anunciado la luz verde para las instalaciones nucleares MOX en Sellafield. 
En lugar de cerrar la central nuclear de Sellafield por motivos de seguridad, medioambientales y económicos el Gobierno Británico ha acordado el aumento de su actividad. 
Esto no solo constituye un problema para el pueblo irlandés: también es un problema para el pueblo británico y para toda la Unión Europea. 
Por ejemplo, ¿qué le parece al pueblo británico la idea de que los trenes que transportan material nuclear sigan atravesando Londres y otras ciudades británicas? 
Mientras el Gobierno estadounidense ha paralizado el movimiento de materiales potencialmente peligrosos, la BNFL insiste en que llevará sus trenes nucleares desde los reactores a su polémica planta reprocesadora de Sellafield. 
En esta creciente atmósfera de terrorismo internacional, con certeza, resulta enormemente irresponsable proseguir con estos transportes. 
De igual modo, el transporte de material nuclear a través del Mar de Irlanda provoca escalofríos en muchos de los habitantes de Irlanda. 
Como representante de la costa oriental de Irlanda siempre me ha ofendido que el Mar de Irlanda sea utilizado como vertedero de las actividades de la British Nuclear Fuels. 
La decisión del Gobierno Británico de aumentar la actividad de la central nuclear de Sellafield es una decisión polémica desde cualquier punto de vista. 
El momento en el que se ha tomado la decisión, en cualquier caso, es absolutamente cínico, teniendo en cuenta que se tomó tras una cortina de humo en el mismo momento en que se declaraba la guerra al terrorismo. 
Esto constituye un caso claro en el que el Gobierno británico utiliza la guerra contra el terrorismo para desviar la atención sobre decisiones embarazosas y controvertidas. 
En este ambiente esto es sencillamente inaceptable. 
La seguridad de la central de Sellafield es un motivo de preocupación para la Unión Europea en la misma medida que lo es para los gobiernos de Irlanda y el Reino Unido. 
El Gobierno británico debería tomar la honorable decisión de cerrar de una vez por todas este elefante blanco nuclear. 
Pero en las próximas semanas la Comisión debe y va a llevar a cabo una evaluación completa e independiente de todos los riesgos medioambientales para la salud pública, derivados de todas las actividades de la BNFL en la central nuclear de Sellafield. 
El pueblo de Irlanda está harto de las piadosas garantías de la BNFL y el Gobierno británico sobre los niveles de seguridad de Sellafield. 
Recientemente quedamos horrorizados al ver que la BNFL tuvo que recuperar material nuclear de Japón porque la documentación había sido falsificada. 
Después de este incidente ¿cómo puede una persona cabal creer, siquiera por un instante, lo que se escriba en un comunicado de prensa de la BNFL? 
Les aseguro a todos los diputados de esta Asamblea que en Irlanda emprenderemos todas las vías políticas, legales y diplomáticas que estén a nuestro alcance para obligar al Gobierno británico a cerrar la central nuclear de Sellafield. 
Esta central nuclear de Sellafield no ha conseguido nada más que colmarnos a todos de miseria medioambiental. 
Señor Presidente, señor Comisario, la crisis en el transporte aéreo que se agrava ante nosotros tras el atentado terrorista del 11 de septiembre, se intensifica, por supuesto, por causas como son los problemas estructurales de las compañías aéreas; la falta, por lo menos hasta el momento, de un cielo único europeo, que esperamos que sea realidad en breve, pero verdaderamente la crisis está en relación también con la inquietud existente entre el público sobre el régimen de la seguridad en el transporte aéreo. 
Y debemos tomar medidas lo más rápido posible. 
Recientemente, en nuestra visita junto con la Delegación del Parlamento Europeo a la cumbre de la OACI en Montreal, habíamos dejado clara la postura europea, es decir, que hasta finales de año se deben tomar medidas a nivel ministerial en el ámbito internacional. 
Y por supuesto, si por un casual hay un retraso imprevisto en el ámbito internacional, creo que la Unión Europea deberá avanzar unilateralmente a fin de consolidar un clima de seguridad en el transporte aéreo. 
Como sabemos, hace poco la Comisión proponía un primer paquete de medidas, con expresión más característica el documento 30 de la ECAC. 
La Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento Europeo se ha comprometido a examinarlo lo más rápidamente posible, para que a finales de año, tal como desea también el Consejo, estas medidas sean Derecho comunitario. 
En este sentido analizará cuanto antes las otras tres propuestas legislativas que acompañan a la seguridad. 
También hay otro paquete de medidas sobre la seguridad en las cabinas de los aviones, sobre las cámaras de video, sobre la comunicación entre aire y tierra, etc. Es decir, las medidas a las que se ha referido el Sr. Comisario. 
En cuanto a esto, quiero decir que nosotros estamos intranquilos por el retraso existente y por la forma en que han trabajado hasta el momento los especialistas de los Estados miembros. 
Esperamos que capten el mensaje y que trabajen mejor de ahora en adelante. 
Señor Presidente, estamos siendo testigos del serio perjuicio económico que sufren, además del transporte aéreo, el turismo y otros sectores de la economía. 
No estaríamos a la altura de las circunstancias si no diésemos lo mejor de nosotros mismos para hacer frente a esta crisis. 
Señor Presidente, no cabe duda de que las instalaciones nucleares no son totalmente seguras frente a los ataques terroristas. 
Ningún reactor nuclear resistiría el impacto de un Boeing 747. Decir otra cosa sería, sencillamente, falso. 
Pero lo que se diga de las instalaciones nucleares ha de decirse también de otros sistemas técnicos. 
El Sr. Vitorino se ha referido con razón a que una presa puede ser destruida también, y las consecuencias- tal como muestra una mirada retrospectiva a la Segunda Guerra Mundial- pueden ser devastadoras. 
Pero igualmente terrible podría ser un ataque a un contenedor de gas a presión que se encuentre en el centro de nuestras ciudades. 
A propósito, por razones de seguridad algunos contenedores de gas a presión se transportan ya con menos presión. 
Si hubiera metano libre, que hubiera escapado de un contenedor de gas a alta presión- para ello basta, por ejemplo, una ametralladora pesada- y se propagase por la ciudad, entonces a una determinada proporción con el aire ambiente ardería, sin más, la ciudad. 
En el pasado hemos tenido accidentes similares. Gracias a Dios, hemos podido evitarlos en los últimos diez años. 
Lo mismo puede decirse del abastecimiento de agua. 
Envenenar el agua es relativamente fácil. Las consecuencias serían imprevisibles, como podemos imaginar. 
Acepto que en nuestros países algunos sean contrarios a la energía nuclear, en ciertos países incluso son la mayoría. 
Yo respeto esto, aunque no comparto esa opinión. 
Pero con el argumento de los ataques nucleares nos podríamos despedir también de la economía del gas o deberíamos de dejar de beber agua, y esto es un absurdo. 
Mi conclusión sigue, sencillamente, la línea que ha señalado la Comisión. 
Es cierto que tiene poco atractivo para la prensa, pero tiene la ventaja de ser razonable. 
Deberíamos identificar las instalaciones peligrosas, mejorar la protección de objetos y quizá deberíamos adoptar más medidas de seguridad. 
Pero habría que adoptar también sin demora estas medidas de seguridad. No necesitamos realizar estudios. 
Para terminar, permítame, señor Presidente, una frase más: no deberíamos suscitar la sensación de que existe una seguridad total. Sólo se puede tener ésta al precio del control total y éste no es compatible con un Estado de derecho libre. 
Señor Presidente, señor Comisario Vitorino, quisiera aprovechar la oportunidad para hacer algunas observaciones. 
Nuestro Grupo ya ha hablado sobre las consecuencias de los recientes acontecimientos en relación con las centrales nucleares, y ya hemos debatido, entre otras cosas, las medidas propuestas por la Comisión de Transportes. 
Apoyamos el intento de unificar las medidas de seguridad comunes tal como se recoge en el documento 30 de la CEAC. 
Se trata sobre todo de un enfoque especial para las zonas más vulnerables y de problemas de control. 
Obviamente, somos de la opinión de que este debate se tiene que hacer de forma objetiva, sobre todo en lo que a la protección de la intimidad se refiere. 
Permítanme que preste atención a una cuestión en especial ya que no se trata sólo de una ampliación de posibles blancos, sino también de extender las medidas de seguridad a otros medios de transporte. 
Quiero llamar la atención sobre el peligro que acarrean otros medios de transporte- algo que hemos observado ya- como los camiones cisterna con productos químicos, y quisiera preguntarle al Comisario qué es lo que piensa al respecto. 
Asimismo, en el sector marítimo es relativamente sencillo virar un barco hacia otro lado, por ejemplo en un puerto como el de Rotterdam, y dirigirlo a una zona con instalaciones altamente explosivas. 
Dicho de otro modo, no solamente el transporte aéreo sino también los otros medios de transporte deberían ser objeto de debate. 
Señor Presidente, siempre estarán en el punto de mira de los terroristas las instalaciones vulnerables como las centrales nucleares, presas, puertos, depósitos de petróleo, edificios altísimos, centros de investigación para la guerra bacteriológica y para la manipulación genética. 
Por eso, hemos de procurar que haya el menor número posible de instalaciones que puedan suponer una amenaza para nuestra sociedad y medio ambiente. 
En lugar de prestar ayuda a las compañías aéreas con dinero público para que puedan seguir ofreciendo precios increíblemente bajos, sería mejor que se cerraran las zonas más vulnerables al tráfico aéreo. Y los aeropuertos vulnerables cerca de las ciudades o los que carecen de las medidas de seguridad adecuadas, como se demostró hace poco en el aeropuerto de Linate en Milán, que debería haber sido cerrado ya hace años, no deberían tener ningún futuro. 
El afán desequilibrado de querer conseguir un mayor crecimiento económico, la liberalización de las compañías aéreas y la reducción de la función del estado ha provocado que hasta los tristes acontecimientos del 11 de septiembre no se prestara la atención suficiente a los riesgos de que los centros de negocios se puedan derrumbar, y de que los criminales puedan burlar los controles estatales de acceso a los aeropuertos. 
Ya en una ocasión anterior había pedido a la Comisión que prestara atención estas dos cuestiones. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, el 11 de septiembre marcará una fecha importantísima para la historia de la era moderna en general y más aún para el sector aéreo, donde debemos hablar de un antes y de un después. 
Quisiera que mis primeras palabras fueran de solidaridad hacia las víctimas de estos cobardes y bárbaros atentados y hacia el Gobierno de los Estados Unidos, palabras también de condena del terrorismo sin paliativos, sin reservas, con toda firmeza y sin ningún tipo de ambigüedad. 
La mejora de la seguridad de los usuarios de los transportes y de las mercancías transportadas era y deberá seguir siendo una de las prioridades de la acción de la Unión en los próximos años. 
Me congratulo de que así lo recoja el Libro Blanco sobre la política de transportes presentado por la Comisión hace tan sólo unos meses. 
No hay que olvidar que un viaje seguro es el derecho más importante de todo pasajero. 
La garantía duradera y la competitividad en este sector requieren la rápida adopción de las últimas propuestas de la Comisión sobre la seguridad aérea y el paquete "cielo único". 
También deben recordarse las otras medidas que ya estaban encima de la mesa: me refiero al Reglamento sobre JAR-OPS, al proyecto de directiva sobre la notificación de sucesos en la aviación civil y a la propuesta relativa a la competencia profesional de los tripulantes de cabina. 
Todos estos textos, señor Comisario, deberían aprobarse lo antes posible. 
Para terminar, diré que, con el vuelco de la acción emprendida en materia de transporte aéreo en estas últimas semanas, creo que se ha demostrado hasta qué punto la Unión Europea constituye un eslabón fundamental para responder a la necesidad de regulación, tanto a escala comunitaria como mundial. 
Únicamente esta visión europea nos permitirá hacer frente a nuevos desafíos, tales como el terrorismo internacional, que ya no encuentran una respuesta suficientemente rápida y eficaz en los foros intergubernamentales internacionales. 
El Parlamento tiene el deber de apoyar a la Comisión en estas propuestas para devolver a nuestros ciudadanos la confianza y la seguridad perdidas. 
Es en momentos como este actual, cuando debemos demostrar que Europa existe. 
Por último, también quisiera llamar la atención del Consejo, que ahora deberá tener la capacidad y el valor necesarios para apoyar y tomar las decisiones que garanticen que la aviación civil continuará siendo segura, fiable y duradera desde todo punto de vista. 
Quisiera tratar brevemente dos cuestiones: una de ellas ya la he planteado, la situación de la industria europea de la aviación. 
Saludo el hecho de que el Comisario haya anunciado que la Unión Europea se reunirá con las autoridades de los Estados Unidos para discutir acerca de la competencia desleal, pero esta es una respuesta totalmente inadecuada a la actual crisis de la industria de la aviación. 
Quisiera que se aclarase realmente lo que está haciendo la Comisión. 
En los periódicos irlandeses de hoy se informa de que la Comisión sigue insistiendo en que el paquete de rescate y ayuda que el gobierno de Irlanda va destinar a Aer Lingus debe ser financiado por el sector privado. 
Pues bien, esto constituye una flagrante distorsión de los tratados, que son neutrales con relación al origen de la ayuda o el dinero destinado a ayudar a la industria de la aviación. 
Quisiera que esto se aclarase. 
¿Es esto lo que está pidiendo la Comisión o es que el Gobierno irlandés está jugueteando con la privatización al abrigo de la crisis actual? 
La segunda cuestión que quiero plantear versa sobre la industria nuclear y química en Europa. 
El informe que va a remitirse esta semana al EOCT suscita una interpretación inquietante. 
Confiamos en que sea hecho público pronto, pero la realidad es que Sellafield y Cap de la Hague ya constituían un riesgo incluso antes del 11 de septiembre de 2001; las plantas químicas instaladas entre nosotros planteaban riesgos incluso antes de Toulouse. 
En mi opinión necesitamos el compromiso por parte de la Comisión de que tendremos un servicio de inspección europeo independiente. 
Señora Presidenta, después de las atrocidades del 11 de septiembre nos encontramos en una nueva situación. 
Los actos alevosos y no sólo los accidentes constituyen el núcleo de nuestras preocupaciones. 
Se deberían establecer inmediatamente zonas de exclusión aérea en torno a las plantas reprocesadoras de la UE: Sellafield y Cap de La Hague. 
Por lo general, las centrales nucleares son bombas de relojería puestas en marcha y que se encuentran entre nosotros. 
La única respuesta lógica es cerrarlas y dar fin a esta terrible amenaza. 
El Gobierno francés ya ha actuado para reforzar las precauciones antiterroristas en Cap de la Hague. Entre estas se incluyen misiles tierra-aire. 
El Gobierno alemán ha llegado a la conclusión de que los reactores nucleares no soportarían la colisión de un avión de pasajeros que los tomara por objetivo. El mismo ha realizado un análisis de riesgos de emergencia. 
Los ministros del Gobierno se oponen a las defensas antiaéreas y han dejado claro que las centrales que se encuentran en las rutas de vuelo de los grandes aeropuertos pueden ser cerradas si se considerase que suscitan graves riesgos. 
El gobierno de los Estados Unidos ha suspendido el transporte de material nuclear, y el gobierno de la UE también debería paralizar inmediatamente el transporte de material nuclear, incluyendo los combustibles MOX. 
No creo que la respuesta que hemos obtenido hasta el momento por parte de la Comisión sea en absoluto adecuada. 
La AIEA ha confirmado que el 75% de los avisos del año pasado sobre incidentes con materiales nucleares lo fueron por actividades ilegales. 
Actualmente, es evidente que los materiales nucleares carecen de seguridad. 
Ni Sellafield ni la Hague fueron diseñadas para resistir el impacto de un avión comercial. 
Éstas contienen miles de toneladas de restos de combustible nuclear y más de 100 toneladas de plutonio separado entre las mismas. 
Un nuevo informe, que es tan oportuno en el tiempo como preocupante por su contenido, ha sido elaborado por el Parlamento. 
Según me consta será distribuido mañana por el comité STOA. 
Confío en que sea distribuido. Me pregunto por qué no ha sido aun puesto a disposición de los diputados puesto que creo que ya ha sido distribuido entre la industria. 
El informe afirma que un acto premeditado- y esto nos fue presentado antes de septiembre- podría iniciar una secuencia de sucesos que acabaría por liberar material radiactivo en los tanques de desechos de nivel superior, especialmente en Sellafield, desplegando unos efectos mucho más devastadores que los de Chernóbil. 
Esto es muy serio. 
Exijo una respuesta adecuada de la Comisión, y hasta ahora no la hemos tenido. 
Señor Presidente, intervine sobre el informe del STOA al debatir el orden del día. 
Varios gobiernos irlandeses sucesivos han expresado su preocupación sobre la actividad de la central de Sellafield, antes conocida como Windscale, y, en especial, por las innumerables violaciones de la seguridad cometidas por la BNFL y la arrogancia de las autoridades británicas frente a las legítimas preocupaciones de un vecino soberano y amistoso. 
La adjudicación de la central MOX, en el momento en que los ojos de los medios de comunicación internacionales se fijaban atentamente en otro lugar tras la tragedia del 11 de septiembre de 2001, no constituye más que el último ejemplo de ello, que es especialmente serio teniendo en cuenta el actual y creciente temor a los ataques terroristas. 
¿Podría confirmar la Comisión que los mismos patrones de seguridad que actualmente han sido considerados necesarios para Cap de la Hague- es decir, la protección con aviones de combate y misiles tierra-aire y una zona de exclusión aérea- también han sido llevados a la práctica en Sellafield? 
¿Está de acuerdo la Comisión con que existe la urgente necesidad de establecer una normas de seguridad comunes para todas las instalaciones nucleares, no sólo de los 15 de la UE sino también en los países candidatos a la adhesión? 
¿Podría la Comisión hacer algún comentario sobre la falta de eficacia del actual servicio de inspección a este respecto? 
Señor Presidente, agradezco de veras a la Comisión que con su declaración de hoy aborde tan rápidamente un tema que en este momento causa mucha preocupación a la población europea. 
Celebro también que la Comisión trate expresamente todos los ámbitos que están especialmente amenazados y también que, en particular, incluya las instalaciones industriales y las centrales nucleares, tal como se ha pedido, merced a nuestra iniciativa austríaca, en la decisión del Parlamento Europeo sobre los acontecimientos del 11 de septiembre. 
Sabemos que en algunas centrales nucleares de Europa se han adoptado medidas encaminadas a que resistan el impacto de, al menos, pequeños aviones. 
¿Tiene noticia la Comisión acerca de en qué centrales nucleares no se cumple esto, y qué es lo que está previsto en el plano europeo para elevar más aún, al menos en estas centrales nucleares, y también en las demás, las medidas de protección? 
Sabemos que ninguna central nuclear es segura en su totalidad y que algunas tampoco responden al estado actual de la técnica en otros aspectos relevantes para la seguridad. 
Tanto más sorprendente sería que hubiera realmente una carta del Comisario Verheugen que atestigua la irreprochabilidad de la central nuclear de Temelin. 
Puesto que esta afirmación contradiría todos los análisis de Temelin realizados por expertos internacionales, no puedo creer que esta declaración de irreprochabilidad haya sido emitida, de hecho, por el Sr. Verheugen. 
Por consiguiente, pido a la Comisión que presente también al Parlamento Europeo este escrito que ha sido enviado a los gobiernos checo y austríaco. 
Nos hemos comprometido mucho en esta cuestión y creo que el Parlamento, aunque la Comisión mantiene un punto de vista contrario, se ha hecho merecedor ello. 
(El Presidente retira la palabra al orador.) 
Señor Presidente, sin importar lo que yo aprecie a la Senadora Doyle y a sus amigos irlandeses, está muy equivocada en cuanto a Sellafield, que se encuentra en mi circunscripción. 
Así se lo hice saber a ella y al Gobierno irlandés cuando fui Ministro de Energía en Irlanda del Norte, y ahora me reafirmo en esa opinión. 
Aplaudo la decisión del Gobierno británico sobre la central MOX, una decisión largamente postergada que asegurará el futuro económico y laboral de los ciudadanos de mi circunscripción. 
De modo que mi mensaje al respecto es que dejen de inmiscuirse en Sellafield. 
Brevemente, sobre la industria de la aviación. Felicito a la Comisaria Palacio por las acciones que ya ha emprendido, pero hay tres cuestiones que hemos de destacar: en primer lugar, debemos proteger los aviones en tierra; una vez que alguien se encuentre a bordo puede causar más daño. 
En segundo lugar, debemos renovar y reforzar los registros de seguridad en los aeropuertos y, en tercer lugar, debemos contribuir a los costes de seguridad y del seguro de riesgo de guerra. 
Hemos de restaurar la confianza del público en el transporte aéreo y cuanto antes, mejor. 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, creo que, por mi parte, puedo alegrarme por el hecho de que el enfoque dado por la Comisión tanto en lo referente al aspecto de la fiabilidad y de la seguridad aéreas como en lo referente a la seguridad de las instalaciones industriales y nucleares haya conseguido un amplio apoyo por parte de los oradores. 
Me permitiría añadir, en conclusión, que hemos elaborado un programa de intervención respetando estrictamente las competencias- no sólo las competencias comunitarias, sino también las competencias de los Estados miembros-. 
Por ello puedo garantizarles que, por cuanto depende directamente de la Comisión, en el marco de los Tratados, hemos tomado todas las medidas necesarias para afrontar la nueva situación creada por los atentados terroristas en los Estados Unidos. 
Continuaremos presionando a los Estados miembros para que ellos también asuman sus responsabilidades y adopten las medidas necesarias que sean de su competencia. 
Ese es el caso de algunos ejemplos que se han dado respecto a la seguridad de las plantas de tratamiento de residuos de Sellafield y La Hague. 
Debo subrayar que se trata de competencias nacionales y que son las autoridades nacionales las que nos comunican que se han tomado las medidas necesarias. 
La Comisión reconoce la necesidad de iniciar una reflexión sobre la seguridad nuclear y sobre la seguridad en el transporte de materiales nucleares. 
Lo he dicho en mi presentación y espero que la reflexión que la Comisión está llevando a cabo dé resultados próximamente. 
Por lo que respecta a la fiabilidad y a la seguridad aéreas, me alegro de la acogida tan favorable dispensada por varios parlamentarios a nuestra iniciativa legislativa y espero que el reglamento que hemos propuesto pueda ser examinado por el Parlamento en procedimiento de urgencia. 
Debo también subrayar que el seguimiento de las medidas a adoptar a nivel nacional debe mejorarse, al igual que el que realiza el grupo ad hoc encargado de determinar las medidas administrativas concretas que hay que adoptar para mejorar la seguridad aérea. 
Señor Presidente, quisiera hacer una observación final. 
Me he referido a las condiciones de competencia y a la estrategia establecida por la Comisión para evitar desviaciones de competencia en el marco del diálogo euroamericano en materia de seguridad. 
Este era el marco en el que he abordado la cuestión de la competencia. 
Creemos que las soluciones que hay que buscar deben ser internacionales y tener en cuenta la necesidad de evitar imponer medidas desproporcionadas y susceptibles de provocar desviaciones de competencia a escala mundial. 
Este era el marco de mi intervención. 
No he citado otras medidas relativas a la política de competencia ligadas a los efectos de los atentados terroristas sobre la estrategia comercial de las compañías aéreas. 
No he tratado cuestiones concretas como las que algunos miembros del Parlamento han deseado mencionar durante el debate. 
No puedo sino remitirme, Señoras y Señores diputados, a las conclusiones de la reunión que mi colega, la Sra. Loyola de Palacio, ha celebrado con los representantes de la Asociación de Compañías Aéreas. 
He tomado buena nota del hecho de que algunos de ustedes consideraban las propuestas de la Comisión insuficientes o demasiado ideológicas. 
He tomado buena nota de sus observaciones. 
Se las transmitiré a la Sra. de Palacio pero repito que, por el momento, esta es la posición oficial de la Comisión. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Tiene la palabra el Sr. Fitzsimons para una cuestión de orden. 
No es la primera vez que oigo a comisarios decir en esta Asamblea que no tienen ninguna obligación respecto de las centrales nucleares y que este es un asunto que corresponde a los Estados miembros. 
Pero está claro que la Comisión Europea debería y debe llevar a cabo una evaluación independiente de todos los riesgos medioambientales y de salud pública, no sólo para Irlanda y para todo el Reino Unido sino también para todos los pueblos de Europa. 
Esto ha sido dejado de lado durante años, pero ha llegado el momento de que la Comisión se ponga manos a la obra. 
Para este tipo de cuestiones puede usted contactar directamente con el señor Comisario. 
Solo quiero expresar mi acuerdo con lo dicho por mi colega, el Sr. Fitzsimmons. 
Tengo conmigo un informe del Parlamento, del comité STOA. 
Señora Ahern, le repito lo mismo que le he dicho al Sr. Fitzsimons: no es una cuestión de orden. 
Espacio judicial europeo / SIS II 
Señor Presidente, estimados y estimadas colegas, hoy se hace realidad un pequeño sueño: dispongo de diez minutos de turno de palabra, tanto como tiene solamente un presidente de Grupo. 
Pero esto se debe a que se han colocado juntos dos informes que en realidad no tienen nada en común. 
Por esta razón deseo también separarlos en mi intervención. 
En primer lugar, me referiré al espacio judicial europeo en materia civil. 
Con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht la cooperación judicial en materia civil se convirtió en un asunto común de los Estados miembros. 
Luego, mediante el artículo 65 del TCE, el Tratado de Amsterdam trasladó esta cooperación desde el tercer pilar al primero. 
Desde la entrada en vigor se ha producido aquí una nutrida jurisprudencia europea. Se han armonizado las normativas relativas a conflictos legales y de competencias, se ha aprobado el reglamento del Consejo sobre el procedimiento de insolvencia y sobre la notificación de escritos en materia civil y mercantil, y se han presentado propuestas por parte del Consejo relativas a las diligencias de prueba y al derecho de visita. 
Con la entrada en vigor del actual Tratado de Niza se adoptarán, por fin, en el Consejo, a través del procedimiento de codecisión con mayoría cualificada, futuras decisiones en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil. 
Como ustedes pueden ver, existe un rápido desarrollo en este ámbito. 
No obstante, los Estados miembros siguen siendo los únicos responsables del contenido y de la configuración de la formación profesional en la administración judicial en materia civil. 
Sin embargo, es tarea de la Comunidad apoyar a los Estados miembros bien en la eliminación de los obstáculos en la aplicación del Derecho comunitario bien en la cooperación entre las autoridades judiciales. 
En ningún ámbito jurídico europeo es tan indispensable la formación profesional continua de los grupos profesionales como en el ámbito del Derecho civil, cuya armonización se halla tan avanzada. 
Por el contrario, el Derecho penal y el Derecho administrativo se encuentran todavía al comienzo de su desarrollo europeo. 
En el pasado la Unión ha fomentado esta formación continua con dos programas. 
GROTIUS, el programa de fomento e intercambio para profesionales del Derecho, expiró en el año 2000. 
La ayuda se sostuvo únicamente mediante un programa ulterior, GROTIUS-Derecho civil, de un año de duración. 
Igualmente, en este año expiró también el programa de acción ROBERT SCHUMANN, previsto para tres años, el cual tenía por objeto fomentar la sensibilidad de los juristas ante el Derecho comunitario. 
La propuesta de la Comisión que hoy tenemos ante nosotros constituye el fundamento jurídico para una financiación ulterior de actividades en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil. 
A este respecto se fomentan en la misma la cooperación judicial y la mejora de los conocimientos mutuos del ordenamiento jurídico así como también medidas encaminadas tanto a la translación y puesta en práctica de las disposiciones comunitarias en este ámbito como a la mejora de las informaciones públicas. 
Además de la financiación de determinados proyectos se prevé también por vez primera un apoyo financiero a los gastos de funcionamiento de organismos europeos no gubernamentales. No puedo menos que apoyar expresamente esto. 
Por lo demás, hay que celebrar de manera específica el hecho de que se facilite también la participación de los países candidatos a la adhesión. 
Junto a la satisfacción de principio por la finalidad de esta propuesta, que se verá intensificada también hasta el año 2006 mediante un marco financiero generoso que asciende a 14,5 millones de euros, quedan algunos puntos críticos. 
Hoy es ya casi irrealizable la condición de que los organismos no gubernamentales sólo podrán solicitar ayuda cuando dos tercios de los Estados miembros participen en los mismos. 
Por consiguiente, a la vista de la próxima ampliación, es urgentemente oportuno rebajar esta valla a un tercio. 
De lo contrario se vería ahogado inmediatamente en su nacimiento el buen planteamiento del reglamento en este punto. 
Me pregunto por qué la Comisión, en contra de su costumbre habitual en otros casos, omite definir con precisión quiénes tienen derecho a presentar solicitudes- en este caso los pertenecientes a las profesiones jurídicas- tal como era usual en el marco de los programas GROTIUS. 
Precisamente el debate acerca de la directiva sobre el blanqueo de dinero nos ha mostrado cuán necesarias son las definiciones conceptuales en este ámbito. 
La financiación con recursos europeos no debe dejarse a la discrecionalidad definidora de los Estados miembros. 
Por esta razón he propuesto que se adopte la vieja definición del programa GROTIUS-Derecho civil. 
Quisiera añadir otro comentario sobre este ámbito: yo habría preferido que la Unión siguiera financiando proyectos hasta el 80% de los costes y no hubiera reducido esta participación al 50%. 
Lamentablemente, éste no era el deseo de la comisión competente. 
Sin embargo, creo que la Unión Europea sigue teniendo una gran responsabilidad sobre el desarrollo ulterior de la cooperación judicial. 
En el futuro esta responsabilidad será más bien grande que pequeña. 
También en este punto hemos de continuar siendo el elemento impulsor. 
Hasta aquí mis comentarios sobre la primera parte, sobre el espacio del Derecho civil. Paso ahora al debate sobre el Sistema de Información de Schengen. 
El Sistema de Información de Schengen se instituyó en 1995 sobre la base del Convenio de Aplicación de Schengen de 1990. 
En su condición de sistema informático, supraestatal, de búsqueda policial, posibilita hoy el acceso on-line a más de 8 millones de datos de búsqueda y, por ende, es el banco de datos más amplio de Europa. 
Junto a 13 Estados miembros de la Unión Europea está siendo utilizado también por Islandia y Noruega. 
De esta suerte, el SIS constituye un componente exitoso de una nueva política europea de seguridad interior, cuya necesidad se deriva de la eliminación de las fronteras interiores y de la consiguiente pérdida de control. 
Hoy nos ocupan dos problemas. 
En primer lugar: el desarrollo técnico ulterior. 
El Sistema de Información de Schengen, tal como lo conocemos hoy, fue concebido originalmente para 18 Estados miembros. 
Puesto que todos los estados candidatos a la adhesión participarán también en el SIS en virtud de la adhesión, se hace urgentemente necesario reflexionar acerca del sistema posterior. 
Entretanto el desarrollo tecnológico ha logrado también avances. 
Por esta razón, hay que celebrar de veras la iniciativa de los reinos de Bélgica y de Suecia sobre el desarrollo del SIS II. 
Puesto que los trabajos preparatorios para el desarrollo del SIS II requerirán un período superior a los tres años, estas iniciativas constituyen los fundamentos jurídicos necesarios de técnica presupuestaria. 
No obstante, los iniciadores han disparado también un poco más allá del objetivo. 
A fin de asegurar el mayor influjo posible sobre el desarrollo técnico, la participación de los Estados miembros en el procedimiento de comitología debe hacerse mediante una combinación del Comité administrativo y del Comité de regulación. 
No me parece adecuado que en un estadio del desarrollo, en el que únicamente hay que discutir sobre los aspectos técnicos, deban discutir y codecidir sobre cada detalle los Estados miembros. 
La propuesta de instituir un comité de regulación para todas las cuestiones relativas a la arquitectura del sistema y a los aspectos técnicos de la protección de datos contradice también el Acuerdo del Consejo 468/99. A tenor del mismo, sólo se deberá recurrir al procedimiento de regulación en las medidas de alcance general con las que haya que aplicar disposiciones esenciales de actos jurídicos básicos. 
Pero aquí no se trata, evidentemente, de esto. 
En este punto quisiera llamar también la atención de los representantes del Consejo acerca de que en la fundación de Eurodac, por ejemplo, se renunció de manera consciente a un procedimiento oficial de participación y que los Estados miembros aseguran su influjo únicamente a través de una red informal de técnicos. 
Esto nos ha ahorrado a todos mucho dinero y tiempo y, no obstante, nos ha conducido a un resultado muy eficaz. 
Al mismo tiempo, tengo confianza en el know-how y en la expertez de la Comisión en este ámbito, a la cual se le ha confiado la responsabilidad de fondo del desarrollo. 
Por consiguiente, mi propuesta a los Estados miembros es la siguiente: sustituyan la innecesaria combinación burocrática de procedimiento administrativo y procedimiento regulador por una combinación de procedimiento administrativo y procedimiento asesor. 
Menos significa a veces más. 
El segundo problema consiste en el desarrollo jurídico: aunque los Estados miembros acordaron ya en la conferencia intergubernamental de Amsterdam integrar el conjunto jurídico-contractual de Schengen en el ámbito jurídico de la UE, el Sistema de Información de Schengen, por falta de acuerdo, fue asignado al tercer pilar. 
Sin embargo, la recogida de datos sobre personas sobre las que se haya decidido una denegación de entrada, corresponde, sin duda alguna, al ámbito del segundo pilar. 
Esta es la razón por la que tenemos hoy dos iniciativas de la Presidencia belga y de Suecia. 
Nuestra aspiración, como Parlamento Europeo, es la de integrar de la mejor manera posible Schengen y el Sistema de Información de Schengen, como un todo, en el primer pilar. 
Sólo así se podrá garantizar un control parlamentario adecuado. 
En consecuencia, celebro expresamente como un avance en este camino el hecho de que a partir del 2002 el desarrollo de Schengen II se financie a partir de los fondos comunitarios. 
Sin embargo, se olvida, lamentablemente, la iniciativa de presentar también al Parlamento los informes de situación semestrales de la Comisión sobre el estado del desarrollo. 
No cabe imaginar, ciertamente, que se aplique el procedimiento presupuestario de la Comunidad Europea para la financiación de Schengen II y que, al mismo tiempo, no se quiera informar sobre los avances al legislador presupuestario, es decir, al Parlamento. 
En este punto, a pesar de todo el acuerdo sobre la orientación del contenido, es preciso realizar mejoras evidentes. 
Por lo demás, no puedo menos que apoyar por entero todas las propuestas. 
Pido que se me disculpe que dentro de 15 minutos, aproximadamente, deba abandonar la Sala- esto afecta también a otros colegas- pero se reúne la Comisión de Asuntos Interiores. 
En este sentido, esto no significa una falta de respeto a la Asamblea. 
Muchas gracias, señor ponente. 
Sabemos de este problema de acumulación de reuniones y, en concreto, de la citada Comisión de Libertades. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera felicitar al Sr. Christian von Boetticher por su esfuerzo en los dos informes que acaba de presentarnos. 
Quisiera centrarme en el segundo, relativo al sistema de Schengen, que llega a este Parlamento no por una voluntad política clara, sino porque no fue posible obtener en el Consejo la unanimidad para mantener el sistema de financiación intergubernamental y, por tanto, es necesaria una fuente de financiación comunitaria. 
Ésas son las singularidades de nuestra labor en las instituciones europeas: muchas cosas suceden por vías intransitables y mediante soluciones de recurso. 
Quisiera decir que esta propuesta de desarrollo de una nueva generación del Sistema de Información de Schengen, el SIS II, sólo puede aceptarse como fase inicial de preparación en relación con el desarrollo efectivo del sistema. 
La financiación comunitaria no viene a resolver los problemas que nos separan al analizar el funcionamiento del SIS. 
Como sostuve aquí el pasado mes de septiembre, cuando presenté mi informe sobre Schengen, es esencial que, además de una financiación comunitaria, el Sistema de Información de Schengen no pueda seguir gestionado de forma secreta con una base meramente intergubernamental, sino que lo gestione en el ámbito de la Unión Europea un organismo independiente. 
Y, al mismo tiempo, que se establezca un sistema de información comunitario único constituido por un sistema de red informática que contenga los datos recibidos en virtud de los tres convenios- Schengen, Europol y Aduanero- teniendo en cuenta la necesidad de mantener sus datos por separado. 
Sólo así podremos garantizar un nivel adecuado de protección de los datos personales, justo e idéntico, en relación con todos los ciudadanos, respetando el nivel de protección exigido por la Carta de Derechos Fundamentales. 
Por último, quisiera recordar que sabemos que el SIS alcanza su capacidad de agotamiento con dieciocho Estados participantes, por lo que no podrá sobrevivir después de la próxima ampliación de la Unión Europea, lo que también nos obliga a modificar rápidamente el sistema. 
Hago votos aquí por que los cinco años que tenemos por delante sean suficientes para presentar una propuesta equilibrada de acuerdo con lo que ha reclamado el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, la iniciativa de Bélgica y Suecia sobre el desarrollo de la segunda generación del sistema SIS- que se desdobla en dos fundamentos jurídicos: uno, la decisión del Tratado de la Unión, y el otro, el reglamento del Tratado CE- tiene que ver con los objetivos de ese sistema, que tanto sirve en el tercer pilar para la cooperación judicial y policial en materia penal como en el primer pilar para los asuntos de visados, asilo e inmigración y otros relacionados con la libre circulación de personas. 
Estas iniciativas son los verdaderos presupuestos de los trabajos preliminares que se deberán hacer para crear el nuevo sistema SIS II. Se deben, como ya se ha subrayado aquí, a la negativa a la financiación intergubernamental por parte de algunos Estados miembros y se basan en la disponibilidad de la Comisión para correr el riesgo y la obligación política de encargarse del desarrollo de ese nuevo sistema de informaciones en los próximos años. 
El SIS, que sólo es, como sabemos, un instrumento comunitario desde 1999, ha envejecido deprisa. 
Fue concebido para doce Estados miembros y está funcionando para trece, más Islandia y Noruega, y ya llaman a la puerta el Reino Unido e Irlanda. 
Como sabemos, en las actuales circunstancias históricas es un decisivo medio de información europeo sobre ciudadanos de terceros países y bienes desaparecidos o robados con vistas al control de las fronteras exteriores o los movimientos en cualquier parte del territorio comunitario. 
Ante la inminencia de la nueva ampliación y ante los imperativos de adaptación de las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades que todos adivinan, resulta urgentemente necesario desarrollar el sistema actual financiando comunitariamente su modernización. 
La exigencia de su desarrollo con vistas a la llamada segunda generación SIS resulta hoy indispensable para descubrir las amenazas resultantes de la situación de ciudadanos de terceros países, para permitir detenciones provisionales de delincuentes pasibles de extradición, para ayudar a la localización de personas desaparecidas o raptadas, para la vigilancia de personas peligrosas, así como para encontrar bienes y valores robados. 
Me congratulo del apoyo del ponente, Sr. Christian von Boetticher, que ha hecho un trabajo excelente. 
Y me inclino a creer que de la votación final de este informe, mañana, resultará un texto mucho más consensual como dictamen del Parlamento. 
Señor Presidente, sólo la financiación presupuestaria puede dar coherencia a la nueva naturaleza comunitaria del acervo de Schengen, en el que se integran el actual y el futuro sistema de informaciones. 
Por otro lado, las nuevas necesidades de información y cooperación judicial on line e in tempo que pueden garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos. 
Por eso, creo, señor Presidente, que no debemos perdernos en menudencias contabilísticas o de carácter jurídico. 
Lo que interesa es que el SIS avance por el bien de los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al ponente. 
El ponente ha elaborado dos excelentes informes. Ha realizado una contribución de primera categoría al trabajo de la comisión que tengo el honor de presidir. 
Quisiera intervenir muy brevemente acerca del primero de estos informes, relacionado con la libertad de circulación de las personas. 
Es fundamental que tengamos un espacio legal europeo y que persigamos su desarrollo con la cooperación judicial en asuntos de derecho civil. 
El ponente identifica muy acertadamente los problemas existentes y reconoce que al igual que el mercado único requiere un ingente ejercicio de normalización, el desarrollo de un espacio legal europeo también exigirá un ingente ejercicio de aproximación y reconocimiento recíproco. 
En el segundo informe, el ponente trata los problemas surgidos con el sistema de información de Schengen y la oportunidad de evolucionar hacia su segunda versión que, ciertamente, se hará necesaria con la ampliación. 
Aquí, en Estrasburgo, con el sistema informático central de Schengen, disponemos de la más completa base de datos de Europa. Este debe ser financiado con nuestro presupuesto. 
Lamentablemente, las iniciativas belgas y suecas, que proponen un reglamento para el primer pilar y una decisión para el tercer pilar, evidencian lo ridículo de seguir operando con estos dos pilares. 
En especial, el Artículo 96, que es el artículo que regula la información de aquellos a los que se ha denegado la entrada, debe estar en el primer pilar. 
Contiene los datos personales de un millón trescientas mil personas y contendrá aun más con la ampliación de la Unión. 
Para terminar quisiera llamar la atención de la Asamblea sobre el informe de la Comisión de Justicia del año pasado, que encontró importantes defectos en la protección de datos, baja calidad de los mismos y la existencia de obstáculos para aquellos individuos que querían que se corrigieran errores. 
Hemos de tener esto en cuenta. 
Señor Presidente, en vez de hablar hoy de la aprobación de una nueva generación del Sistema de Información de Schengen SIS II, más bien deberíamos hablar de los efectos fatales del actual Sistema de Información. 
Creo que constituye un escándalo que a la enorme mayoría de las personas registradas en el SIS no se le impute ningún delito. 
En estas computadoras se han archivado los nombres de sólo 11.000 personas en virtud de una solicitud de detención para proceder a la entrega de las mismas. Sin embargo, 780.000 registros se refieren a personas a las que se les deniega la entrada a todos los Estados miembros de la UE. 
A tenor del artículo 99 del Convenio de Aplicación de Schengen el SIS puede ser utilizado también para, tal como se dice, conseguir informaciones conducentes a conjurar un peligro notable procedente de las personas en cuestión u otros peligros relevantes. 
En virtud de esta disposición, en las computadoras del SIS se encuentran los nombres de ciudadanos y ciudadanas totalmente irreprochables. 
Con la ayuda de estos datos se dictaron, por ejemplo, prohibiciones de entrada injustificadas a manifestantes con ocasión de la Cumbre de Génova. 
Mientras esto sea así, no podemos prestar nuestra conformidad en ningún caso al desarrollo ulterior de este Sistema de Información de Schengen. 
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, dar las gracias al Sr. von Boetticher por su trabajo, así como a todos los oradores que han intervenido después de él. 
Quisiera agradecer al señor ponente lo que hemos logrado gracias a los trabajos de este Parlamento, sin embargo, en nuestra opinión, falta un elemento fundamental, esto es, el control democrático. 
Una vez más nos vemos obligados a conformarnos con pasar a través de la financiación comunitaria, como decía el Sr. Marinho, para poder decir algo también nosotros. 
Por el contrario, pensamos que el trabajo que el Consejo Europeo sigue llevando a cabo es un pésimo trabajo, así como un trabajo de multiplicación de las bases de datos, por una parte, y de multiplicación de los datos, por otra. 
Sabemos que, además del Sistema de Información de Schengen (SIS) , existen las bases de datos de Europol, de Eurodac, aunque revisado, etcétera hasta la próxima base de datos que será la base de datos que incluirá los registros de penados y rebeldes utilizados por Eurojust. 
Hasta la fecha el SIS ha sido un gran archivo de informaciones y noticias relativas a personas y objetos, ya que contiene datos, introducidos por cada Estado miembro en virtud de leyes y según criterios diferentes y de cuyo uso se disponía con distintos niveles de responsabilidad. 
Basta recordar entre los posibles errores que ya se han registrado el caso del ciudadano americano detenido en Bélgica porque había perdido su pasaporte y que para el SIS, en cambio, era un ladrón de pasaportes. 
Se han recordado los hechos de Génova: miles de personas fueron registradas en el SIS tras los sucesos de Gotemburgo, pero la policía italiana no obtuvo ningún beneficio. 
En sustancia, pensamos que no solo habrán más Estados que introducirán datos en esta base de datos, sino que habrá un mayor número de datos. 
Por último, no creemos que el control total, tal como se ha dicho, sea compatible con el Estado de Derecho. 
Señor Presidente, mi enhorabuena a mi colega, el Sr. Von Boetticher. Quiero referirme al espacio judicial europeo en materia civil. 
Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam se trasladó la cooperación judicial en materia civil desde el tercer pilar al primero. 
Desde entonces la Comunidad Europea ha elaborado un ambicioso programa de trabajo en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil. 
Una investigación detallada del programa GROTIUS condujo a la conclusión de que se necesitaba otro marco más general para las actividades en este ámbito. 
La nueva normativa marco posibilita la prosecución de las acciones financiadas desde el programa GROTIUS. 
Celebro mucho esta propuesta de la Comisión merced a la cual se establecerá la base jurídica para la financiación de la cooperación judicial en materia civil a través del presupuesto de la UE. 
Por vez primera la regulación marco posibilita también el apoyo financiero a organismos no gubernamentales en la medida en que éstos no actúen sin ánimo de lucro y su objetivo contribuya al fomento de la cooperación judicial. 
Hay que celebrar sobremanera que todas estas actividades estén abiertas también a la participación de los países candidatos a la adhesión y a la de países terceros. 
En especial, la reducción a un tercio de los Estados miembros incluidos, que ha sido propuesta por el ponente y aprobada por la comisión, es realista y de amplias miras a la luz de la próxima ampliación antes del 2006. 
El reglamento presentado no rige en Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. 
No obstante, los miembros de profesiones jurídicas de estos países pueden participar en los proyectos junto con los de los países candidatos y los de otros países. 
El concepto de las profesiones que prestan asistencia jurídica tiene en este reglamento un trasfondo totalmente diferente al de la directiva sobre el blanqueo de dinero. 
Así, pues, una definición en el sentido de una enumeración cerrada, tal como propone el ponente, impide en el presente caso la futura flexibilidad en el manejo de la normativa y limita su ámbito de aplicación. 
Esto es cierto, especialmente, a causa de la dificultad de una traducción correcta a todas las leguas comunitarias sin que se dé a los conceptos de cada profesión jurídica otro significado, tanto más cuanto que en el futuro se podrían agregar variantes de las profesiones jurídicas en los Estados miembros particulares, a las cuales, consecuentemente, estaría vedada la participación. 
Por consiguiente, yo preferiría que no hubiera una lista de estas profesiones. 
Señor Presidente, distinguidos colegas ¿qué se va a lograr con el Sistema de Información de Schengen? 
Los objetivos son la mejora de la cooperación policial en materia de Derecho penal, la armonización de la política de migración y de visados y el control de la libre circulación de las personas. 
Sin embargo, este control no se dirige contra emigrantes que no tienen ninguna posibilidad, o casi ninguna, de viajar legalmente a la UE y que, además, en su gran mayoría huyen de situaciones que la UE, aunque no sola, ha contribuido a crear en gran medida. 
Pero el sistema se dirige- y esto lo han mencionado ya hoy muchos aquí- contra ciudadanos y ciudadanas no deseados que, por ejemplo, con ocasión de las cumbres intergubernamentales quieren manifestar su disconformidad con una política de la UE que se caracteriza por la clausura y la capitalización de ámbitos existenciales esenciales. 
Con esto se pone también de manifiesto hacia donde se dirige esta actualización del Sistema de Información de Schengen. 
Por un lado, se trata de la utilización eficiente de los escenarios de vigilancia que sean técnica y geográficamente posibles. 
Al mismo tiempo, ya que existen estas posibilidades, la UE desea velar también por que estas posibilidades puedan ser utilizadas. 
Pero en lo que respecta a la modificación que aparece como técnica, en estas propuestas se trata también de perfeccionar la estructura de control que existía hasta el presente y, por ello, es necesaria también la financiación de este perfeccionamiento. 
Y aquí, en mi opinión, -en esto contradigo a mi colega, el Sr. Turco- un control democrático tampoco cambiaría nada de este proyecto. 
Creo que desde el punto de vista de izquierdas no se puede dar la conformidad a esta propuesta. 
Los derechos fundamentales desempeñan en el capitalismo funciones muy diversas. 
Pero, considerados desde el punto de vista pragmático, garantizan un mínimo de protección a las ciudadanas y ciudadanos ante el estado. 
En la actual situación sucede que la mayoría de las limitaciones de los derechos fundamentales... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora.) 
Señor Presidente, como ya sabemos, el Sistema, de Información de Schengen, que está vigente en la actualidad, lleva funcionando desde 1995, pero es un medio comunitario desde 1999, consecuencia de la incorporación del acervo de Schengen al marco de la Unión Europea mediante el Tratado de Ámsterdam. 
Por consiguiente, su identidad comunitaria indica que toda sustitución propuesta deberá estar vinculada por las mismas disposiciones jurídicas que regulan su creación y su funcionamiento, así como toda ampliación del objetivo de su funcionamiento deberá someterse a un control democrático pleno por parte de los órganos competentes, tal como han referido sus Señorías. 
La actualidad, con la necesidad de tomar decisiones para la seguridad de los ciudadanos, y la debilidad correspondiente del sistema actual de información no deben ser un potencial campo de desviaciones y ampliaciones arbitrarias. 
Es necesario que el marco jurídico propuesto aclare determinadas cuestiones cruciales. 
A fin de garantizar la protección a las personas físicas frente al tratamiento de datos de carácter personal, se exige la aportación de la Autoridad de Control Común constituida con el acuerdo de Schengen. 
Esta autoridad concreta se ha encargado además de la redacción del informe anual correspondiente sobre el funcionamiento del sistema actual; en dicho informe deberá incluir una inspección y un análisis sistemático de los nuevos datos creados con el desarrollo del nuevo sistema. 
Paralelamente, el Parlamento Europeo deberá intensificar sus esfuerzos por vigilar más eficazmente el nuevo funcionamiento del sistema, exigiendo que nos informen con regularidad sobre los progresos conseguidos. 
Aquí debemos acentuar que, en relación con la marcha posterior de la aplicación del Tratado de Schengen, el Consejo ha informado al Parlamento sólo en una ocasión, de modo que este último no ha conocido temas directamente relacionados con la libre circulación de los ciudadanos y con la forma de efectuar el control en las fronteras de la Unión. 
Finalmente, también debemos mencionar la necesidad de adoptar un sistema comunitario de información, constituido en una red electrónica única, para facilitar la rearchivación con transparencia, gestión y evaluación de los datos. 
Señor Presidente, el Sistema de Información de Schengen, desde que empezó a funcionar en 1995, ha servido y sirve junto con la Europol, de instrumento para facilitar la eurorrepresión, la fabricación y vigilancia de sospechosos, la lucha contra los movimientos de reacción y de desobediencia política y la aniquilación del migrante ocupante, que llega a Europa buscando un lugar bajo el sol. 
Se ha utilizado con un celo especial en todas las movilizaciones de reacción popular ante las elecciones de los intereses de la Unión Europea, en Niza, en Gotemburgo, en Génova. 
Hace un mes, el Parlamento Europeo debatió el informe sobre el progreso en el que el ponente refirió datos importantísimos sobre la arbitrariedad y la falta de credibilidad de los datos personales registrados. 
Pocos días después, la Unión Europea se apresuró a poner estos datos al servicio de los americanos para facilitar la labor de ahogar toda voz reaccionaria en cualquier lugar de la tierra y de desatar una nueva guerra imperialista con la excusa de luchar contra el terrorismo. 
Y por si esto fuera poco, en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, los quince de la Unión Europea concedieron a los Estados Unidos el acceso impune a todas las fuentes y archivos europeos. 
De la primera generación o de la segunda, el sistema de información de Schengen que estamos debatiendo hoy, es un ingrediente del mecanismo de represión y, consiguientemente, su abolición es uno de los objetos de la lucha del movimiento popular. 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, empezaré por el primer informe del Sr. von Boetticher en relación con la cooperación judicial en materia civil. 
En efecto, desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, tenemos una agenda especialmente ambiciosa en materia de cooperación judicial civil. 
Como ejemplo, diré que en estos dos últimos años, el Consejo ya ha aprobado cinco reglamentos en este ámbito y que otras dos propuestas están en fase de discusión. 
Dos nuevas propuestas legislativas están actualmente en preparación por parte de la Comisión. 
El objetivo de esta propuesta es contribuir a establecer un espacio judicial europeo en materia civil. 
No se trata de proponer un nuevo programa de acción, se trata de contribuir a una puesta en marcha acertada de planes de acción que ya existen en este ámbito, en especial de las conclusiones de Tampere. 
Es por lo que el apoyo que nosotros proponemos en estas propuestas contempla no sólo la cofinanciación de proyectos realizados por instituciones y organizaciones públicas y no públicas en los Estados miembros, sino también la financiación de acciones de la Comisión, como por ejemplo las acciones destinadas a garantizar la debida aplicación del derecho comunitario en el ámbito civil, y del que se beneficiarán, estoy convencido de ello, los ciudadanos. 
Me produce gran satisfacción comprobar la favorable acogida dispensada a nuestra propuesta por el Sr. von Boetticher, a quien alabo por su excelente informe. 
Por lo que respecta a las enmiendas que se proponen, la Comisión acepta cuatro de las seis enmiendas propuestas. 
Hablo de las enmiendas a los dos nuevos considerandos propuestos por la Comisión de Presupuestos, el nuevo considerando propuesto por la Comisión de Libertades, así como la enmienda relativa a la introducción de una definición del término «profesiones jurídicas». 
Por lo que respecta a la enmienda sobre los objetivos específicos del programa marco, prefiero aceptar la propuesta inicial de la Comisión, porque se acerca más a los objetivos que nos han sido fijados en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. 
Por lo que respecta a la enmienda 5, comprendo bien el argumento del ponente, pero creo que fijar un umbral exigente en materia de organizaciones no gubernamentales es también una forma de promover la existencia de verdaderas organizaciones europeas en este campo. 
Y creo que el umbral que proponemos es un umbral que seguirá siendo aplicable, incluso con la perspectiva de la ampliación de la Unión Europea. 
Además, varias organizaciones no gubernamentales en este campo ya tienen una expresión bastante significativa, incluyendo un número muy importante de países candidatos. 
Señor Presidente, por lo que respecta al segundo informe sobre el Sistema de Información Schengen, creo que es un elemento clave en el funcionamiento del espacio sin fronteras. 
La necesidad de desarrollar un SIS de segunda generación ya fue reconocida hace varios años. 
Esta necesidad se debe ante todo a los límites del sistema SIS actual. 
El sistema solamente permite la integración de 18 países. 
Por esta razón, la perspectiva de ampliación de la Unión impone el desarrollo de un SIS de segunda generación que permita la plena integración de nuevos Estados miembros. 
Sin el SIS II, no se estará en condiciones de suprimir el control en las fronteras interiores de los países actualmente candidatos a la adhesión a la Unión Europea. 
Las dos iniciativas sobre las que ustedes manifiestan hoy su opinión confirman que el Parlamento Europeo y la Comisión ya tienen un papel más importante respecto al desarrollo del SIS II, ya sea en esta fase inicial en materia de financiación, ya sea en la definición de la futura arquitectura del sistema y de su funcionamiento concreto. 
Estas dos iniciativas se sitúan al hilo de las conclusiones del Consejo JAI de finales de mayo de este año a favor de una financiación del desarrollo del SIS II por el presupuesto comunitario a partir de 2002. 
En virtud de las dos iniciativas tendentes a establecer un comité para asistir a la Comisión en el desarrollo del SIS II, el Parlamento Europeo estará automáticamente informado de los trabajos en curso, mediante mecanismos de información del Parlamento institucionalizados en el marco de la comitología. 
Tengo que subrayar que a petición de la Comisión, en el proyecto de presupuesto 2001, se ha incluido un importe para el desarrollo del SIS II en concepto de acción preparatoria. 
Dado que se trata del desarrollo de una acción preparatoria, y en virtud de las normas relativas a la ejecución del presupuesto, la Comisión no tiene realmente necesidad de un fundamento jurídico para sus gastos previos, pero la Comisión es totalmente consciente de que no puede desarrollar el SIS II sin recurrir a la experiencia de los Estados miembros respecto al SIS actual y a su funcionamiento. 
Esta experiencia es verdaderamente indispensable, y la puesta en marcha de una comitología aporta una solución estructural bien establecida, que puede ayudar a la Comisión en sus nuevas responsabilidades relacionadas con el desarrollo del SIS II. 
Aunque el principio de la creación de un comité para asistir a la Comisión es aceptable, habríamos expresado nuestra preferencia por un sistema de comitología que se basara en el establecimiento de un comité consultivo y de un comité de gestión. 
La Comisión se felicita por las enmiendas a este respecto presentadas por el Sr. von Boetticher, y espero que se aprueben en sesión plenaria. 
La Comisión está también dispuesta a apoyar la enmienda del Parlamento Europeo que propone el envío del informe semestral que la Comisión debe presentar sobre los trabajos de desarrollo del SIS II no solamente al Consejo sino también al Parlamento Europeo. 
No es sólo el principio de la transparencia el que aboga por ello, está también el papel que el Parlamento Europeo está llamado a desempeñar en el marco de las medidas legislativas necesarias con vistas al desarrollo del SIS II, y que necesita que el Parlamento Europeo esté plenamente informado de los trabajos en esta materia. 
Puesto que, en efecto, las dos iniciativas que son hoy objeto de nuestro intercambio de opiniones se refieren ante todo a los trabajos técnicos para la puesta en marcha del SIS II. Esta puesta en marcha requiere también la adopción, llegado el momento, de las medidas legislativas fundadas en bases jurídicas apropiadas en los tratados y sobre las cuales el Parlamento Europeo será consultado. 
Estas medidas legislativas deberán determinar todos los elementos esenciales del SIS II, como son, especialmente, los fines del sistema, el tipo de datos que hay que incluir, la protección de los datos, incluido el control por una autoridad de control común, la gestión del futuro SIS II operativo, la cuestión que ha sido planteada por el Sr. Coelho de la creación o no de una agencia. 
Estos puntos que acabo de subrayar serán objeto de otro debate, llegado el momento, en función de los resultados de un estudio de viabilidad que la Comisión dará a conocer a comienzos de 2002. 
No es por tanto debido al hecho de que estuviera en desacuerdo con el contenido de las enmiendas relativas a estos puntos por lo que la Comisión no los pueda apoyar hoy, sólo que me parece prematuro tratar de ello en el marco de dos iniciativas que contemplan únicamente la financiación del desarrollo del SIS II. Tendremos ocasión de volver a hablar de estos temas y a dilucidar, llegado el momento, sobre la base de propuestas legislativas. 
Permítanme terminar con la siguiente observación positiva: el desarrollo del SIS II es un trabajo que nos ocupará en los años venideros y que debe concluirse en un plazo razonable para permitir a los nuevos Estados miembros integrarse en él y crear así las condiciones de su participación en nuestro espacio sin fronteras común. 
La adopción de su opinión hoy, dentro de los tres meses siguientes al envío de las dos iniciativas, demuestra la voluntad y la capacidad del Parlamento Europeo, de su Comisión de Libertades Públicas y de su ponente de contribuir a la realización del SIS II en el más breve plazo. Me alegro de ello. 
Participación del público en la elaboración de determinados planes y programas medioambientales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0321/2001) de la Sra. Korhola, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, y por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE del Consejo y la Directiva 96/61/CE del Consejo (COM (2000) 839- C5-0027/2001- 2000/0331 (COD) ). 
. (FI) Señor Presidente, nos ocupa una propuesta de directiva relacionada con la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre materias medioambientales. 
Se trata del segundo pilar del procedimiento legislativo, cuyo objetivo es ratificar en el seno de la Comunidad la Convención de Aarhus, firmada en 1998. 
Quiero dar las gracias por el apoyo unánime y plural que obtuvo mi primera versión del informe en muchos puntos importantes que yo había presentado. 
Sin embargo, el informe en sí también ha desatado pasiones políticas. 
Este informe debe servir para encontrar un equilibrio entre, por una parte, la aspiración a garantizar un amplio margen de participación ciudadana y, por la otra, la moderación de los intentos por dificultar deliberadamente la consecución de un acuerdo. 
Esta tarea no es nada fácil, sobre todo si tenemos en cuenta la complejidad estructural de la propuesta de base de la Comisión. 
La votación llevada a cabo hace dos semanas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor tuvo un resultado algo embarazoso y falto de lógica, el cual debe ser corregido ahora en el debate del Pleno a fin de evitar el nacimiento de una situación engorrosa para la reputación del Parlamento. 
La versión del informe aprobada por la comisión parlamentaria contiene puntos que se contradicen entre sí. 
Personalmente, yo creo que no hubo tiempo suficiente para abordar el tema con profundidad y para comprender tanto mi punto de partida, como sus consecuencias prácticas. 
Yo propuse que el acceso a la información y la consideración de la consulta pública afectase a toda la ciudadanía, aunque sí limitaba el derecho legal a la información tras la adopción de cualquier decisión a un sector más pequeño del público, cuyos derechos hubieran sido ignorados por dicha decisión. 
Únicamente en este punto no pude obtener el apoyo que esperaba de los grandes Grupos parlamentarios. 
Yo quería abrir la fase de consulta a todo el público porque es lógico pensar que la autoridad en cuestión deberá ubicar al sector del público al que afecta el asunto. 
¿Cómo podría saberse a quién o a quiénes afecta antes de que el público se haya pronunciado sobre el asunto? 
Y si lo supiera previamente, sería absurdo escuchar al público. 
Tal limitación es extraña desde el punto de vista de la participación ciudadana y derrocha el tiempo y las energías de las propias autoridades. 
Como mis colegas han temido que mi planteamiento lleve a que cada cual pueda presentar recurso contra las autoridades, quiero subrayar que se trata de todo lo contrario. 
Eso es exactamente a lo que dará lugar la versión de la Comisión cuando establece las obligaciones que deben cumplir las autoridades. 
En mi propuesta, el derecho a presentar recurso se limita sólo a los sectores cuyos derechos se ven transgredidos por la decisión adoptada, con el fin de que no se abuse del procedimiento de recurso por puro capricho. 
La posibilidad de expresar la propia opinión no otorga automáticamente el derecho a presentar recurso. 
La propuesta de la Comisión limitaba en todas las fases la posibilidad de participación de aquel sector del público afectado por el asunto. 
Sigo considerando que, en este punto, la propuesta de la Comisión comete un error cuyas consecuencias prácticas dificultan inútilmente el trabajo de las autoridades. 
Las autoridades se las tendrán que ver y desear para aclarar a quién afecta el asunto, sobre todo en lo que concierne al conjunto de las Organizaciones no gubernamentales, a las que la propuesta de la Comisión siempre considera parte implicada. 
El fracaso o la omisión de esta tarea siempre servirán de argumento para presentar una demanda judicial. 
Sin lugar a dudas, las disposiciones incluidas en el texto presentado por la Comisión también pueden ser usadas indebidamente, incluso acudiendo a retardar la ejecución de los proyectos. 
Mi propuesta era significativa en la medida en que hubiera beneficiado por igual a los ciudadanos que deseen participar desinteresadamente, a las autoridades competentes en el caso y a las partes implicadas en el proyecto en cuestión. 
Quizás esto pueda corregirse a medida que los Estados miembros se vean obligados a estudiar más de cerca los aspectos prácticos de la aplicación. 
Creo que lo que acabo de exponer es importante para todos los ámbitos que puedan verse afectados por la Directiva. 
Afortunadamente, muchos otros aspectos importantes desde el punto de vista de la Convención de Aarhus han sido bien acogidos. 
En primer lugar, he querido trazar las pautas de la aplicación práctica armonizando las disposiciones relativas a este proceso incluidas en diferentes directivas. 
De este modo, los ciudadanos sabrán mejor cómo deben proceder y las autoridades gestionarán con más fluidez su obligación de mantener informados a los ciudadanos. 
En la propuesta de la Comisión, los procedimientos son algo variables, por lo que es difícil saber cómo hay que proceder en cada situación concreta. 
Asimismo, he incluido en el informe algunos objetivos en consonancia con la Convención de Aarhus que la Comisión había excluido o había olvidado en su propuesta. 
De este modo, el informe recoge mejor el espíritu y las metas de la Convención. 
Esto afecta particularmente al apartado 5 del artículo 6 y al artículo 8, y sobre todo este último enuncia los principios fundamentales de la Convención. 
También quiero dar las gracias por las opiniones de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores y de la Comisión de Peticiones, que me alentaron y apoyaron mi trabajo en la Comisión de Medio Ambiente. 
La colaboración con la Comisión y, sobre todo, con el Consejo ha sido constructiva y promete mucho de cara a la segunda lectura del informe. 
Señor Presidente, quisiéramos dar las gracias a la Sra. Korhola por su trabajo en este complejo documento. 
En la Comisión de Peticiones tenemos muchas peticiones relacionadas con las directivas específicas implicadas en este importante informe. 
A nosotros nos parece evidente que el público quiere participar, quiere ser informado y quiere una información puntual acerca de las propuestas específicas. 
A menudo escuchamos quejas del público por falta de información, que llega con retraso, que es incompleta y que es de difícil comprensión. 
A través de estas peticiones hemos constatado con frecuencia que hay una serie de Estados miembros que ha transpuesto deficientemente las directivas aquí mencionadas, y hemos visto que, a resultas de ello, han surgido disputas judiciales. 
Nuestra comisión es absolutamente clara. 
Queremos una definición de "público" que sea lo más amplia posible. 
Hemos constatado en los asuntos que se nos han planteado que no solo se trata de las ONG medioambientales o los habitantes de una zona directamente afectada. 
Nos hemos topado con pequeñas empresas, con pescadores y con otras personas que han percibido que determinados proyectos les afectan y que, por consiguiente, son partes interesadas. 
También hemos considerado que es importante contemplar el ámbito político, ya que una de las preguntas que se nos dirige con frecuencia es "cuál es el contexto de una determinada acción en desarrollo", especialmente cuando está ligada en algún caso a una política de la Unión Europea, tal como el gasto de la PAC o el gasto en Fondos Estructurales. 
También constatamos que la gente desea tener acceso a recursos para poder entender la información que se les suministra. 
En ocasiones nos encontramos con que nos llegan quejas a nuestra comisión para que se evalúen efectivamente los análisis de impacto medioambiental, porque esas organizaciones carecen de los recursos para participar completamente en el proceso de planeamiento, y es esencial que prestemos atención a esto, seguramente en el ámbito del Estado miembro. 
Señor Presidente, la plena y eficaz participación del público en el proceso de generación de decisiones en materia medioambiental es necesaria y compartida. 
La misma permite a los ciudadanos expresar opiniones y temores que pueden ser importantes de cara a las decisiones a tomar y a los responsables de dichas decisiones tener en cuenta las opiniones y los temores de los ciudadanos. 
Por su parte, esto aumenta la responsabilidad y la transparencia del proceso de generación de decisiones y contribuye a sensibilizar al público de las temáticas medioambientales. 
Como se ha dicho, la importancia de fomentar la participación del público ya ha sido reconocida a escala internacional con el Convenio de Aarhus. 
La directiva que vamos a votar mañana tiene como objetivo adaptar el Derecho comunitario a las disposiciones de este Convenio y abrir el camino hacia su ratificación por la Comunidad. 
De este modo se garantizará a los ciudadanos la plena participación desde las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones sobre todo en lo que se refiere a la elaboración de planes y programas, al procedimiento ligado a la evaluación del impacto ambiental, a la prevención y a la reducción integral de la contaminación. 
A este respecto, quiero mostrar mi satisfacción porque la Comisión de Medio Ambiente ha introducido nuevas disposiciones que contienen claras referencias a la difusión de información por Internet. 
Un aspecto de vital importancia es que sólo el público afectado, ciudadanos o grupos, incluidas las ONG, goza del derecho a expresar observaciones y opiniones, hasta valerse de la posibilidad de recurrir ante un órgano jurisdiccional. 
A pesar de que valoro las demás modificaciones aportadas al texto por la señora ponente, no comparto su propuesta de extender este derecho de participación a todos los ciudadanos sin limitación alguna. 
Una definición de ciudadanos ampliada y confusa puede dar lugar a equívocos interpretativos e impedir sin motivo la ejecución de un proyecto. 
Apoyo, por el contrario, las definiciones que figuran en la propuesta de la comisión que establecen con claridad el concepto de público afectado, el único que tiene derecho a formular observaciones y a expresar una opinión a la autoridad competente antes de que se adopte una decisión en el ámbito de los sectores incluidos en la presente directiva y, en su caso, a recurrir. 
Señor Presidente, estimados colegas, hace algunos meses discutimos un excelente informe de la Sra. Korhola sobre el acceso del público a la información medioambiental. 
Esta vez nos ocupamos de la participación del público en la elaboración de planes y programas relacionados con el medio ambiente. 
Ambos informes tienen en común que la propuesta de la Comisión se fundamenta en la denominada Convención de Århus. 
En virtud del artículo 8 de esta Convención, todos los países deben fomentar la participación del público, en tanto sea posible influir en las decisiones, dándole la oportunidad de participar en el trabajo de las autoridades. 
Quiero subrayar que según el artículo 9 de esta Convención, los países se comprometen, en el marco de la legislación nacional de cada país, a dar a los ciudadanos la posibilidad de impugnar ante los tribunales la validez de las decisiones de las autoridades. 
Como liberal me parece obvio que los interesados tengan acceso, en la mayor medida posible, a las decisiones y propuestas de las autoridades. 
Cualquier otra cosa sería impensable en una democracia. 
Quisiera felicitar al ponente por este importante informe- del cual constituye un elemento fundamental la definición de la participación, que ha de garantizar que el público pueda influir en los planes y los programas en las diferentes etapas del proceso y recibir una respuesta adecuada, de modo que puedan saber que los asuntos que han planteado han sido tratados con rigor. 
Es esencial que las consultas no sean restringidas de modo que, trasladadas a la práctica, resulten sin sentido- en otras palabras, que las propias autoridades puedan definir las personas afectadas y que serían las únicas consultadas. 
Tengo un caso en Swansea, en mi propia circunscripción, en el que una autoridad local está construyendo una incineradora en el límite de dos condados y ha consultado a sus propios habitantes, pero no a los del otro condado, que viven más cerca de la misma y que se verán más afectados y que en este momento protestan intensamente contra estos planes. 
Y lo que es igual de importante, otorga al público el acceso a un procedimiento de revisión, por lo que solicito el apoyo a las enmiendas de mi Grupo, que pretenden reforzar el informe en consonancia con la Convención de Aarhus. 
Señor Presidente, preconizar la transparencia y la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas medioambientales es un objetivo loable, al que nos adherimos plenamente. 
En cambio, el informe plantea algunos problemas de fondo, a saber: en primer lugar la posible imbricación de textos que prevén la participación del público y en especial las directivas sobre los estudios de impacto medioambiental, sobre la prevención y sobre la reducción de la contaminación. En segundo lugar, la ratificación de la Convención de Aarhus. 
Por otra parte, el añadir políticas medioambientales a los planes y programas me parece prematuro en esta fase, a la espera precisamente de la ratificación de la Convención de Aarhus. 
Está también el concepto de "público afectado" al que somos favorables con el fin de no ampliar desmesuradamente el campo de aplicación del texto. 
No obstante, estos dos conceptos de "público" y "público afectado" deberían poder coexistir, a condición de que los Estados miembros decidan el nivel de consulta más apropiado. 
En caso de proyectos transfronterizos, por ejemplo, sería juicioso ampliar la consulta a la totalidad del público. 
Apoyaremos las enmiendas 30, 31 y 32. 
Por último, pensamos, como la Comisión, que conviene determinar las condiciones mínimas requeridas para garantizar una participación efectiva del público y dejar a los Estados miembros que se encarguen de regular los detalles de las modalidades prácticas respetando el principio de subsidiariedad. 
Señor Presidente, Señorías, una de las quejas más frecuentemente formuladas por los ciudadanos se refiere a su mínimo papel en el marco de la democracia representativa. 
Los ciudadanos se quejan de que se les concede el derecho a votar periódicamente, pero no se les concede plenamente el derecho a participar en la marcha cotidiana de las instituciones que eligen: en los niveles europeo, nacional, regional y local. 
Precisamente en la esfera del medio ambiente es en la que se ha sentido la insatisfacción de las poblaciones, que, al discrepar- muchas veces con razón- de un determinado proyecto, no tienen otra opción que la de manifestar en la calle o en los tribunales su derecho a la indignación. 
Ahora bien, esa indignación aumenta exponencialmente cuando muchos de esos proyectos con repercusiones medioambientales inaceptables son financiados en el marco de la Política Agraria Común y de los Fondos estructurales. 
Por eso, es muy importante que, conforme al Convenio de Aarhus, la Comisión haya legislado sobre el acceso del público a la información medioambiental, sobre la participación del público en ciertos planes, programas y políticas y sobre su acceso a la justicia. 
La mayor participación del público no sólo infunde mayor legitimidad a las decisiones adoptadas por nuestras instituciones, sino que, además, aumenta la calidad de esas mismas decisiones. 
Sobre esta propuesta de directiva relativa a la participación del público en la elaboración de planes y programas medioambientales, felicito a la ponente por el trabajo que ha hecho, en particular por haber procurado, mediante diversas enmiendas, ampliar los derechos de los ciudadanos y eliminar algunas ambigüedades. 
Ahora bien, hay un asunto respecto del cual no puedo convenir con la Sra. Korhola: la consulta al público sólo será viable, si la definición de "público" no es demasiado imprecisa. 
Por eso, prefiero el planteamiento de la Comisión, que define el público afectado por un determinado proyecto como objetivo de la consulta y no la opción de la ponente en pro de una definición más amplia y, por ello, más imprecisa, de "público". 
Señor Presidente, comparto la opinión de la Comisión Europea de que la participación real del público en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente tiene muchas ventajas. 
De esta manera se le brinda al público la oportunidad de manifestar su opinión y su posible preocupación y las autoridades decisorias pueden tenerlas en cuenta a la hora de la toma de decisiones. 
Por lo tanto, esto contribuirá a la transparencia del proceso decisorio y hace aumentar el grado de aceptación de las decisiones adoptadas, es decir, los planes y programas. 
No obstante, ampliar esto a las políticas, como propone la ponente, va demasiado lejos porque no son lo suficientemente concretas para la participación del público. 
Asimismo, el apartado "política" no recae dentro del ámbito de aplicación de la directiva actual sobre "evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente". 
La directiva presentada quiere conseguir que los procedimientos básicos relativos a la participación pública sean consistentes en todos los Estados miembros y que se apliquen dentro de la Unión de la misma manera. 
Sin embargo, se trata también de una obligación mínima. 
Por lo tanto, a la hora de ponerlos en marcha surgirán algunas diferencias entre los distintos Estados miembros. 
Señor Presidente, este informe se basa, y ya lo han dicho muchos oradores, en unos propósitos muy loables, especialmente el de permitir a los ciudadanos participar en el proceso de elaboración de las normas medioambientales. 
Este tema se debatió en el Pleno del mes de marzo y ya entonces se puso de manifiesto una sensibilidad diferente hacia los sistemas y la importancia de esta participación, permítanme decirlo, en las distintas latitudes de los Estados miembros. 
En efecto, los países nórdicos tienen una sensibilidad diferente respecto a los países del centro y del sur de Europa en cuanto a este tipo de presencia, de posibilidad de participación. 
La ponente- evidentemente, en su país, democráticamente más desarrollado, más avanzado que otros, está acostumbrada a ello- propone una participación que resulta incluso demasiado ineludible y autoritaria, una participación que podría acabar frenando, por no decir, obstaculizando y paralizando determinados procesos de toma de decisiones, en los que no habrá nunca una convergencia total entre la base democrática directa y la llamada autoridad, en definitiva, la administración encargada de gestionar estas problemáticas. 
Por eso, esta autoridad debe tener en cuenta claramente todas las exigencias y todas las observaciones, incluso de aquellos que deben construir, comerciar y crear iniciativas en materia de turismo, deporte y cultura, en definitiva iniciativas de vida. 
Habida cuenta de que este segundo debate contiene argumentos y temas que afectan a la legalidad y al acceso a las instancias jurisdiccionales, también en previsión de posibles recursos, es necesario aclarar de forma clara, equilibrada e inequívoca cuál es el peso de los distintos papeles, en definitiva, cuáles deben ser los actores y con qué posibilidades de afirmación. 
Se ha citado el Convenio de Aarhus: todos lo suscribimos pero no es el Evangelio y tendrá que ajustarse a una sana subsidiariedad, a las costumbres, a los hábitos y al nivel de capacidad de participación de la democracia directa en los distintos Estados. 
De todos modos, felicito a la ponente que se ha empleado a fondo, no obstante, como decía al principio, se impone alguna modificación en las diferentes latitudes. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera empezar diciendo que esta propuesta aborda el segundo pilar de esta convención, que inserta la participación pública en la toma de decisiones en materia medioambiental. 
Además de esta propuesta sobre el acceso a la información medioambiental existen otras normas comunitarias que ya incorporan el principio de la Convención de Aarhus. 
La Comisión se asegurará que los elementos de Aarhus sean incorporados a todas las propuestas futuras. 
La participación pública debe convertirse en una parte completamente integrada en la toma de decisiones en materia medioambiental. 
Para alcanzar tal objetivo nuestras propuestas deben poder ponerse en práctica fácilmente, de modo que sean ejecutadas sin impedimentos en los diferentes sistemas administrativos de los Estados miembros. 
La cuestión sobre si la participación en la toma de decisiones debería comprender al público en general o al "público afectado" constituye un elemento fundamental, y ha sido abordado por varios de los diputados que acaban de intervenir. 
De acuerdo con la Convención de Aarhus, la Comisión propone garantizar que el público en general sea plenamente informado sobre el desarrollo de cualquier plan que pudiera afectarles, al tiempo que propone otorgar el derecho a participar en el proceso de toma de decisiones a aquellos que tengan un interés que pueda ser o se vea afectado por ese desarrollo, es decir, el "público afectado". 
Algunas de las enmiendas propuestas, y ciertamente lo que acaban de decir algunos diputados, parecen sugerir que al utilizar la definición de "público afectado" tanto la convención como la Comisión están restringiendo deliberadamente los derechos de los ciudadanos, pero permítanme resaltar que, desde luego, ese no es el caso. 
No es cierto. Esta propuesta pretende ampliar los derechos de los ciudadanos. 
En ningún caso se concibe restringir esos derechos. 
Al definir el "público afectado" estamos llamando la atención de las autoridades competentes sobre la necesidad de tener en cuenta a aquellos ciudadanos más directamente perjudicados. 
La definición confirmará tanto el derecho a expresar una opinión como el derecho a ser escuchado. 
La definición de "público afectado" tiene la suficiente precisión para garantizar que no haya ninguna duda sobre quién debe ser involucrado. 
Por consiguiente, alguna parte de ese público puede alegar que ha sido injustificablemente excluida. 
Esto sería difícil con una definición más general de público. 
La inclusión de las ONG en la definición de "público afectado" garantizará que se tenga en cuenta una perspectiva pública más general. 
En un plano más práctico, la definición de "público afectado" ha sido empleada durante años en la legislación existente sin mayor problema- por ejemplo en la directiva sobre análisis de impacto medioambiental. 
No han surgido problemas por que la aplicación de esta definición haya excluido a determinada gente- por lo menos, problemas graves. 
En resumen, este enfoque otorgará a aquellos afectados por nuevas actuaciones el derecho a influir en las decisiones que no sólo afectarán a su medio ambiente sino que también pueden afectar a su situación económica y social. 
Por estos motivos, la Comisión, lamentablemente, no puede apoyar las enmiendas que pretenden la sustitución del concepto de "público afectado". 
La enmienda 26 pretende ampliar de forma considerable el ámbito del Artículo 1, hasta el punto de que cubra los planes y programas no sólo en materia de medio ambiente sino también otros sectores. 
La opinión de la Comisión es que ello conllevaría una menor definición del ámbito de la propuesta y también que las medidas propuestas propiciasen una confusión jurídica. 
En efecto habría una duplicidad de medidas contenidas en diferentes normas, persiguiendo cada una lo mismo, pero de forma incoherente. 
En especial, para los planes y programas de otros sectores ello puede tener unos considerables efectos medioambientales, la Directiva 2001/42 relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente ya incorpora medidas de especial relevancia. 
La directiva regula el análisis medioambiental de determinados planes y programas de muchos sectores integrados y prevé la participación pública completamente en consonancia con los requisitos de Aarhus. 
Las enmiendas 6 y 12 tienen por objetivo dotar de mayor efecto a la cláusula de mejor actuación de la Convención de Aarhus y están redactadas de forma no vinculante. 
La enmienda 9 introduce en su título la participación pública en las políticas, pero el texto no contiene ninguna disposición operativa al respecto. 
Al redactar la propuesta, el objetivo de la Comisión ha sido incorporar las disposiciones vinculantes de la Convención de Aarhus. 
La opinión de la Comisión es que no se genera ningún valor añadido incorporando disposiciones de naturaleza discrecional. 
No sólo la Comunidad sino también todos los Estados miembros han suscrito la Convención de Aarhus y por tanto ya tienen la obligación de tener en cuenta las disposiciones de naturaleza jurídica discrecional. 
La Comisión, lamentablemente, no puede aceptar las enmiendas 7 y 11 que regulan el acceso a la justicia en relación con la participación pública en planes y programas. 
La Convención de Aarhus no exige esto explícitamente, como tampoco regula el acceso a la justicia la directiva de análisis estratégicos medioambientales de planes y programas. 
No obstante, la Comisión está considerando otras propuestas legislativas en relación con el tercer pilar de Aarhus sobre acceso a la justicia. 
Para terminar quisiera confirmar la posición de la Comisión respecto de las enmiendas. 
La Comisión está en disposición de aceptar las enmiendas 15, 18, 25, 28 y 29. 
Además, las enmiendas 9, 13, 14, 23 y 27 pueden ser aceptadas parcialmente y las enmiendas 4, 5, 10 y 17, aceptadas en principio. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 16, 20, 21 y 22. 
Como conclusión quisiera destacar que es en nuestro interés común, que en última instancia es el interés del ciudadano europeo, que esta propuesta entre en vigor rápidamente. 
Sólo una vez se haya establecido el marco, puede la participación pública convertirse en una práctica administrativa completamente integrada. 
La interpretación inglesa no ha podido seguir mi intervención por lo que el resto de versiones basadas en esa interpretación han quedado incompletas. 
Lamento este hecho. Ya ha ocurrido muchas veces por lo que le insto a que procure que la calidad de la interpretación sea mejorada lo antes posible. 
Señora Korhola, tomamos buena nota. 
Sabemos que el tema de la traducción pivote o puente produce algún día algún problema. 
Tomamos muy buena nota para que no vuelva a ocurrir. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 
I. la Directiva 85/611/CEE por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) , con vistas a la regulación de las sociedades de gestión y los folletos simplificados (7551/1/2001- C5-0296/2001- 1998/0243 (COD) ); 
II. la Directiva 85/611/CEE por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) , en lo que se refiere a las inversiones de los OICVM (7550/1/2001- C5-0295/2001- 1998/0242 (COD)) 
Señor Presidente, enlazando con las últimas palabras del ponente, agradezco a todas las personas que han participado y, muy especialmente, al personal de la Comisión, la ayuda que nos han prestado. 
El tema que nos preocupa, por técnico que sea, es de una extraordinaria importancia política y social, porque es bien sabido que los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, con los fondos de pensiones, constituyen, en este momento, el vehículo de ahorro preferido por la mayoría de los ciudadanos. 
El primer problema con que nos encontramos fue que había dos directivas: una llamada "de producto", que permitía a estos organismos invertir en productos que hasta ahora les estaban vedados, y otra, que se proponía aumentar sustancialmente las cifras de capital. 
Hubo una tentación, que corrió por la Comisión y por este Parlamento, de aprobar inmediatamente la llamada directiva de producto y aplazar la aprobación de la llamada directiva de gestión. 
Este Parlamento advirtió que era peligroso permitir a estos organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios- que, insisto, canalizan el ahorro ciudadano- desplazarse hacia aguas más profundas de la costa sin asegurarnos de que su aparejo estaba preparado para una singladura más atrevida que la que habían hecho hasta entonces. 
Como ha señalado el ponente, el objeto de la primera discusión- y me ciño ahora a la directiva de producto- fue en qué podían invertir. 
Él ha aludido a los derivados negociados en valores no regulados, a los fondos indicados, al fenómeno de la cascada, etc., problemas técnicos que no voy a repetir aquí. 
Sí quiero decir que, a juicio de mi Grupo, ha prevalecido un equilibrio entre dar mayores posibilidades a los organismos de gestión y, por tanto, mayores oportunidades a los inversores, y la protección, la cautela que hay que tener al tratar un tema tan delicado. 
El Parlamento ha querido lanzar una señal a la Comisión. 
Al igual que en ocasiones anteriores, el Parlamento quiere agilizar la aprobación de las directivas del plan de acción de servicios financieros. 
Queremos una aprobación rápida de esta directiva y queremos, por lo tanto, que no haya que ir a conciliación. 
Por eso, hemos limitado nuestras enmiendas a una- que a mí personalmente no me gusta, aunque la voy a votar- que consiste en el establecimiento de una cláusula "grandfather", es decir, el establecimiento de un régimen transitorio para que los organismos actualmente existentes tengan un período adicional para adecuar su capital. 
Se ha aludido a otra enmienda del Sr. Goebbels, que va a retirar, pero que me parece extraordinariamente inteligente, y que constituye la segunda señal que el Parlamento lanza a esta Comisión. 
La primera, insisto, es no plantear enmiendas que no puedan ser aceptadas por el Consejo y la Comisión. 
La segunda, y aunque no estemos en procedimiento Lamfalussy, es advertir que siempre habrá que agilizar, siempre nos encontrarán dispuestos para agilizar el procedimiento legislativo, pero no nos encontrarán dispuestos a ceder en las competencias en materia de codecisión que el Parlamento ha tardado tanto tiempo en arrancar. 
Señor Presidente, trataré de recuperar el tiempo que ha utilizado el Sr. García-Margallo. Simplemente, en nombre de mi Grupo doy nuestro apoyo a las propuestas del Sr. Olle Schmidt, al que felicito por su arduo trabajo como ponente del Parlamento Europeo. 
Apoyamos las dos enmiendas que él ha presentado. 
Personalmente, junto con otros colegas, he presentado otra enmienda. 
Muy probablemente vamos a retirar este acuerdo, dependerá de las respuestas que el comisario Bolkestein vaya a darnos después. 
Somos muchos los que consideramos, y creo poder hablar por boca del Sr. García-Margallo y de otros, que el equilibrio se rompió en Estocolmo entre el Consejo y el Parlamento Europeo como colegislador. 
Es necesario que la Comisión restablezca este equilibrio. 
Esperamos propuestas concretas por parte del comisario. 
Sólo quisiera decir en nombre del Grupo Liberal que confío en que el Sr. Goebbels y sus colegas retiren su enmienda. 
No creemos que una enmienda que insiste en la devolución sea apropiada para esta norma en particular, que mi colega Olle Schmidt ha descrito, tras la posición común del Consejo, como muy cuidadosamente equilibrada. 
Tampoco es apropiada en el contexto de los actuales debates en el procedimiento Lamfalussy. 
De hecho, diría que insistiendo en la devolución, término que no aparecía en la segunda resolución del Parlamento sobre este asunto tras el Consejo de Estocolmo, nos arriesgamos a que se ponga en duda nuestra bona fides durante las largas negociaciones que algunos de nosotros hemos mantenido con el Sr. Bolkenstein. 
Confío, por tanto, en que aquellos que han presentado esta enmienda la retiren, y que los debates se produzcan en un lugar apropiado. 
No deberíamos pretender cuestionar esta norma. 
Creo que debería aprobarse tal y como está. 
Yo también confío en que el Sr. Goebbels vaya a retirar la enmienda 4. 
Usted desea la devolución, Sr. Goebbels, yo quiero la devolución y también la desea el Sr. Bolkenstein. 
Pero la realidad es que no es factible proceder a una devolución legal según los términos del Tratado. 
Por lo tanto, depende de nosotros alcanzar un acuerdo político y una redacción válida hasta 2004, momento en el que podremos revisar todo este asunto. 
De hecho, creo que la Comisión se ha comprometido a tal revisión. 
Es muy importante que logremos este acuerdo. 
Me complace observar como en el informe del Sr. Schmidt se ha modernizado el marco de las OICVM, incluyéndose los derivados y los derivados OTC. 
El Parlamento está abriendo camino en este asunto y el Sr. Schmidt ha desempeñado un papel especialmente exitoso en la actualización de las directivas, y ha sido el conductor fundamental de la cuestión de los derivados. 
Lamento ver la forma en que han quedado los requisitos de capital. 
En mi opinión los gestores de las OICVM deben estar sometidos ha ciertos requisitos de capital, pero no creo que los establecidos en la directiva sean lo suficientemente acordes a los riesgos. 
No creo que sean coherentes con el marco que queremos establecer. 
No creo que hacer una evaluación del capital en función del riesgo que se gestione refleje efectivamente el riesgo asumido. 
También me preocupa que esta redacción de la directiva vaya a crear una desigual apertura del mercado, dejando el mercado cerrado en uno de los Estados miembros y abierto en los 14 restantes. 
Pero el ponente y nuestro estimado ponente en la sombra me han convencido de no presentar enmiendas a estos defectos, ya que perseguimos incorporar estas dos directivas al estatuto y modernizar el marco de las OICVM de la Unión Europea. 
Recomiendo esta directiva a la Asamblea. 
Señor Presidente, quisiera referirme a la posición común para la Directiva 1998/242 y los requisitos de capital que impondrá a las sociedades gestoras de inversiones. 
En Escocia existe una larga tradición de gestión de inversiones que se retrotrae a la apertura del oeste americano en el siglo XIX. 
Estos gestores de inversiones eran normalmente despachos de abogados, sociedades privadas, que gestionaban los activos de sus clientes con mucho éxito. 
Hasta hoy existen tales sociedades de inversión, sociedades privadas, establecimientos de propiedad única y otras estructuras de capital limitado. 
Los intereses de sus clientes están plenamente salvaguardados por cuanto sus activos los detentan depositarios regulados e independientes plenamente capitalizados. 
Es absolutamente inadecuado imponer requisitos de capital a las propias sociedades gestoras de inversión. 
Me reconforta que el Consejo haya reducido algo los requisitos de capital establecidos por este Parlamento en la primera lectura y haya establecido un tope de 10 millones de euros. 
Pero éste sigue siendo considerable para las sociedades privadas y los establecimientos de propiedad única. 
A propósito, las mayores y más exitosas sociedades de Estados Unidos y del mundo- Fidelity constituye un buen ejemplo- son exactamente de esta naturaleza. 
Los requisitos de este tipo constituirán un obstáculo para las nuevas empresas entrantes en un negocio que requiere una inyección regular de savia nueva. 
Por lo menos, se debería permitir que este capital se constituyera con garantías bancarias o pólizas de seguro para cubrir los riesgos profesionales y operacionales. 
Pero la posición común, por algún motivo no muy aparente, restringe tal cobertura únicamente al 50% de lo exigido. 
¿Por qué? 
La posición Común establece que la Comisión debe informar sobre este asunto en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la directiva. 
Quisiera que constara en Acta la petición de que tal informe deba considerar específicamente si los requisitos de capital son necesarios para las sociedades gestoras de inversiones y, ciertamente, que las mismas deberían ser fuertemente reducidas. 
Señor Presidente, cuando en numerosos ámbitos la legislación europea que nosotros elaboramos aquí es a menudo criticada abiertamente- y no sin razón -, hay que reconocer que la directiva de 1985 relativa a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios era, una vez al año no hace daño, una pieza maestra. 
El éxito que ha alcanzado tanto en el sector de fondos de inversión como entre los clientes de estos fondos da prueba de ello. 
Se ha convertido incluso en ejemplo de legislación a nivel mundial. 
Desde su entrada en vigor en 1989, no sólo los activos de los OICVM han registrado un crecimiento fulgurante, sino que la comercialización transfronteriza se ha desarrollado fuertemente. 
Por tanto ha alcanzado los objetivos para los que fue creada. 
Sin embargo, si, diez años después, esta directiva necesita un "lifting" para adaptarse a la evolución de los mercados y a la oferta cada vez más sofisticada de productos financieros, me siento preocupado por la suerte de los antiguos fondos, que no responden a las nuevas exigencias. 
He aquí por qué recomendé para estos fondos una cláusula, llamada «del abuelo» , ilimitada. 
Efectivamente, en este ámbito también hay derechos adquiridos que es injusto modificar con efectos retroactivos. 
A falta de tal cláusula, existe un riesgo no desdeñable de inseguridad en el mercado, con efectos nefastos en los resultados de estos fondos que suponen una penalización no solamente a las industrias sino también a los inversores. 
Sobre todo los consumidores más débiles, que no siguen de cerca la actualidad financiera y que, por tanto, reaccionan más tardíamente, serían los más afectados. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios se ha pronunciado finalmente a favor de una cláusula limitada en el tiempo. 
Es un mal menor, pese a que esta cláusula puede tener consecuencias negativas, desde el punto de vista de la competencia, para los antiguos OICVM, ya que probablemente no todos podrán adaptarse a las nuevas disposiciones de la directiva en las mejores condiciones operativas o financieras. 
Señor Presidente, espero, por lo tanto, que se vote esta cláusula limitada. 
Claro está que también me opongo, permítame decirlo, a la enmienda del Sr. Goebbels, que tendría como consecuencia aplazar, incluso sacrificar, la directiva modificada, con la que podemos vivir, a pesar de sus carencias- pero se trataba, por lo que se ve, de una causa perdida de antemano. 
El Sr. Goebbels estaría muy inspirado, me parece, retirando su enmienda. 
Puede ponerla en el frigorífico a la espera de una ocasión mejor para presentarla nuevamente. 
. 
(EN) Quisiera comenzar diciendo que la Comisión desea en primer lugar dar las gracias al ponente, el Sr. Schmidt. 
En nombre de mi equipo- al que el Sr. Schmidt ha dirigido unas palabras muy amables- le doy las gracias al ponente y a los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por su postura sumamente constructiva respecto de estos importantes asuntos. 
Las posiciones comunes son elementos fundamentales para la aprobación puntual del PASF- el plan de acción para los servicios financieros- en otras palabras antes del 2003 para una Unión Europea integrada en relación con los mercados de valores y antes del 2005 en general. 
Estas propuestas, tomadas en su conjunto, suponen un compromiso muy delicado y complejo que la Comisión apoya completamente, al igual que lo hace la industria europea. 
Este un hecho importante que hay que tener en cuenta. 
Dada la capitalización del mercado de las OICVM- cerca de 4 billones de euros- los beneficios que se espera obtener son enormes. 
En primer lugar, las propuestas ampliaran la gama de instrumentos financieros elegibles para las carteras de las OICVM a la vez que se incrementan los requisitos de gestión de riesgos. 
En consecuencia, ofrecerán una mayor diversidad financiera mientras se mantiene el concepto original, fundamentalmente la diversificación del riesgo con los mayores niveles de protección para el inversor. 
En segundo lugar, las empresas gestoras que por lo general se ocupan de estos programas de ahorro disfrutarán de un pasaporte europeo y se les permitirá ofrecer servicios adicionales a los clientes que soliciten, por ejemplo, una gestión individualizada de sus activos. 
No obstante, tendrán que cumplir una amplia serie de requisitos y normas. 
En tercer lugar, la información al inversor será considerablemente mejorada con un detallado desglose de los perfiles de riesgo, junto con un folleto simplificado y completamente armonizado que desempeñará la función de un instrumento comercial europeo único, orientado al inversor. 
Paso a ocuparme ahora de las enmiendas presentadas. 
Quisiera destacar que las disposiciones contenidas en las tres primeras enmiendas, fundamentalmente las cláusulas gemelas de revisión y la denominada cláusula grandfather, nos plantean ciertas dificultades- no por la sustancia, pero a causa de los calendarios propuestos en cada una de ellas. 
Preferiríamos una única fecha límite para ambas, por ejemplo 2005- la fecha de conclusión del plan de acción para los servicios financieros, que estimamos sería más lógica. 
En cualquier caso, con un espíritu de compromiso y porque debemos ahora dejar que este asunto se asiente después de doce años de debates, y en reconocimiento de los esfuerzos realizados por este Parlamento, teniendo también en cuenta la última enmienda del ponente que reduciría el periodo transitorio previsto en la enmienda 1, la Comisión, finalmente, apoyará las enmiendas 1, 2 y 3. 
Paso a tratar la enmienda 4, que introduciría la llamada cláusula de "devolución" en relación con el Comité de Contacto OICVM. 
Quisiera dejar claro que ésta no es aceptable para la Comisión. Pensamos que tampoco sería aceptable para el Consejo. 
No es aceptable para la Comisión porque, en primer lugar, la cláusula presentada es incompatible con el Artículo 202 del Tratado, como el Sr. Goebbels sabe perfectamente. 
También es contradictoria con las existentes normas de comitología. 
Esto, también le consta al Sr. Goebbels. 
(Interrupción del Sr. Goebbels) No antes de 2004, señor Goebbels, como ya he explicado muchas, muchas veces en nombre de la Comisión. 
La segunda razón por la que esta enmienda no es aceptable para la Comisión es que el mandato del Comité de Contacto OICVM fue debatido por el Parlamento en primera lectura. 
El Parlamento entonces dio su completo respaldo al mandato del Comité de Contacto OICVM. 
De hecho, la primera posición común incorporó completamente lo deseado por el Parlamento. 
De modo que recomiendo que el Sr. Goebbels no deshaga lo que el Parlamento ya ha decidido previamente. 
La tercera razón por la que esta enmienda es inaceptable para la Comisión es que aceptarla propiciaría una disputa institucional en conciliación, y pondría en grave riesgo la aprobación de ambas directivas. 
Esto sería lo último que desearía la Comisión y- supongo- este Parlamento. 
Por tanto, vamos a aceptar las enmiendas 1, 2 y 3. 
En especial, quisiera dirigir las siguientes palabras al Sr. Purvis, quien ha hecho referencia al sistema de los Estados Unidos, el cual es diferente al sistema europeo. 
Los depósitos son fundamentales en el sistema europeo. 
Vamos a considerar una actualización, siguiendo al Consejo Ecofin de diciembre en cuanto que la forma europea de OICVM necesita capital porque no pueden asumir deudas para poder disponer de capital operativo. 
Eso es posible en los Estados Unidos. 
Por lo tanto, la necesidad de dotar de capital a tales entidades es menor en los Estados Unidos que en Europa. 
Repito, las entidades europeas no pueden emplear las deudas para su capital operativo y por tanto han de dotarse de capital. 
Creo que la votación tendrá lugar mañana y confío en que ahora podamos estar de acuerdo sobre las enmiendas 1, 2 y 3 y sobre las propuestas en sí. 
Ello nos permitiría avanzar constructivamente en beneficio de los inversores europeos, la industria europea y la economía europea. 
Espero que tras doce años de debates estas propuestas puedan ser incorporadas al estatuto. 
Muchas gracias, señor Comisario Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del Informe (A5-0302/2001) del Sr. Goebbels en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre el sistema monetario internacional. 
. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, según el Fondo Monetario Internacional, el mundo ha conocido 120 crisis monetarias entre 1975 y 2000. 
Una crisis monetaria se define por la depreciación de una moneda en más del 25 % en un año. 
Siempre fue la economía real la que pagó las consecuencias de esta inestabilidad financiera. 
Menos crecimiento, menos empleo y más miseria acompañan a las crisis financieras. 
Hay por tanto que considerar la necesaria estabilidad financiera como un bien público. 
Las autoridades públicas son las encargadas de prevenir, cuando no de gestionar lo mejor posible cualquier crisis. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios me ha encargado de este informe de iniciativa. 
He conocido algunos sinsabores con las reglas establecidas por la Mesa de nuestro Parlamento. 
Mi informe era demasiado largo, ¡cómo si se pudiera exponer la complejidad de las relaciones monetarias internacionales en cinco páginas! 
El informe Meltzer, del Congreso americano, comprendía un centenar de páginas. 
La Comisión Meltzer, compuesta por parlamentarios, científicos, banqueros y sindicalistas suscitó un vivo debate internacional. 
Mi humilde informe, así como la resolución propuesta, no suscitará ciertamente el mismo debate. 
Para tener mayor peso, nuestro Parlamento debería haber iniciado un trámite similar al del Congreso americano, es decir dotarse de medios como un informe colectivo, con propuestas detalladas. El proyecto de resolución se limita a algunas cuestiones esenciales. 
El eje de mi informe gira alrededor de conceptos de transparencia y de responsabilización, de regulación y de solidaridad. 
En el año 2000, el sector privado ha transferido aproximadamente veinte veces más recursos a los países en vías de desarrollo que el Banco Mundial y los demás bancos multilaterales. 
Los mercados financieros abiertos proporcionan a plazo importantes ganancias de eficiencia a los intercambios mundiales, siempre que estén mejor situados. 
Las instituciones financieras internacionales deben hacerse realmente universales. 
El Fondo Monetario debe hacerse más democrático. 
Hay que abolir la supermayoría del 95% para todas las decisiones importantes pues da el derecho de veto a los Estados Unidos y a la Unión si ésta lograra unirse también a nivel del Fondo Monetario Internacional. 
Es necesario un incremento regular de las cuotas y de las emisiones de derechos de giro especiales al ritmo del crecimiento de la economía mundial. 
Hay que aplicar al plan internacional normas y estándares comunes. 
Se necesita un marco jurídico y judicial que permita una resolución rápida de las crisis de insolvencia. 
Hay que implicar al sector privado en la gestión de las crisis, en especial mediante la generalización de cláusulas de acción colectiva. 
Esta implicación debe ir hasta la congelación de los pagos del servicio de la deuda. Esto permitirá reducir la incertidumbre moral y reducir el coste de los programas de reestructuración. 
Una mejor prevención de las crisis no puede ahorrar en una mayor vigilancia de las operaciones no contabilizadas en el balance. 
Hay que reforzar en especial las exigencias de prudencia impuestas a los bancos cuando éstos sirven de contrapartida a hedge funds. 
Europa debe hacerse más activa en los foros internacionales. 
Para ello, el BCE debe implicarse más. 
Hay que diseñar el sistema europeo de bancos centrales como un órgano de coordinación de las autoridades de vigilancia y de control de la Unión. 
Una de las conclusiones de mi informe es que el impuesto Tobin no funcionará. 
Incluso tendrá consecuencias económicas lamentables. 
Para qué penalizar las operaciones entre divisas fuertes, que constituyen más del 95% de los intercambios monetarios internacionales, pretendiendo querer impedir así la especulación con la moneda de los países emergentes. 
Con la encaja chilena se puede llegar a un resultado mejor. 
Sin embargo, acojo favorablemente la decisión Ecofin de invitar a la Comisión a preparar un informe al respecto que, espero, hará la decisión mucho más objetiva. 
Mi informe insiste fuertemente en la necesidad de resolver lo más rápidamente posible el problema de la deuda del tercer mundo. 
Esta deuda debería en parte condonarse y en parte refinanciarse, con el fin de permitir a los países emergentes volver a pagar el saldo hasta el 5 % del producto anual de sus exportaciones. 
El acuerdo de Londres de 1953 preveía tales modalidades a favor de Alemania. Fue la base del milagro económico alemán de la posguerra. 
Esto también podría ser la base de un nuevo partenariado económico entre todas las naciones, el inicio de una verdadera globalización. 
La resolución del problema de la deuda del tercer mundo permitiría el desarrollo endógeno de estos países y constituiría la cimentación de la victoria contra la pobreza y la ignorancia y, con ello, contra la intolerancia y el terrorismo. 
Señor Presidente, al Informe de nuestro colega, el Sr. Goebbels, es aplicable el dicho de que lo que dura mucho tiempo acaba siendo bueno. 
Éste es un informe de iniciativa que se remonta todavía al año 1999. 
Entonces el punto de partida fueron la crisis en Asia y la crsis de Rusia y de Brasil. 
Entretanto ha habido una serie de otras pequeñas crisis y hemos seguido avanzando con nuestros trabajos. 
Nuestro Grupo ha dado su plena conformidad a la línea fundamental del ponente en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Lo hemos hecho en definitiva, porque ustedes ha adoptado una posición clara respecto del impuesto Tobin. 
El sistema monetario internacional está en un proceso de cambio. Esto se deduce de su informe. 
Queremos aportar propuestas en ese proceso de cambio. 
Pero podemos decir también que el euro está firmemente asentado desde 1999 y se ha acreditado plenamente como ancla de estabilidad de la economía mundial. 
Ésta es ya una contribución importante que Europa ha realizado a la estabilización del sistema monetario internacional. 
Nuestro colega, el Sr. Goebbels, ha realizado un trabajo en toda regla y quiero subrayarlo también aquí. 
Por esta razón, coincidimos en gran medida con los puntos que propone: mejora del control de los bancos, vigilancia de las actividades financieras internacionales, aumento de la capacidad de las organizaciones internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, para poder resolver con eficacia las situaciones de crisis. 
Usted acaba de decir que el FMI debe ser más democrático. 
Sobre todo, debe tener una estructura general que no lo convierta en el coco a la hora de solucionar las crisis. 
En esto deben colaborar, naturalmente, los estados pues las crisis no se solucionan solamente con cosas económicas. 
La intensificación de la cooperación a nivel internacional entre las autoridades nacionales de vigilancia y control, el fortalecimiento del papel de coordinación del Banco Central Europeo- un tema que sigue sisn resolverse plenamente y que hemos asumido- la constitución de un observatorio de riesgos drel sistema en el BCI, el Banco para la Cooperacioón Internacional, y la prosecución de los esfuerzos de reforma del SMI cuantan con nuestra conformidad. 
Sin embargo, al contrario que nuestros colegas, los Verdes, coincidimos con la opinión del Sr. Goebbels de que el informe Tobin no debería tener cabida en este informe. 
Al analizar las enmiendas he visto que el Grupo PSE, a tenor de la enmienda 10, quiere también este análisis cuando en la misma se hace referencia a un acuerdo del Consejo ECOFIN. 
En esto somos totalemnet de otra opinión. 
Estamos plenamente de acuerdo con su línea fundamental y solicitaremos una votación específica para este tema. 
La transferencia de capitales y, con ello, también las ventajas de la división mundial del trabajo, la inversión y los puestos de trabajo, se verían amenazados si se introdujese un impuesto tal cuypos problemas técnicos no son solucionables sin más. 
Por esta razón estamos en contra. Por lo demás, sin el impuesto Tobin estamos de acuerdo con su informe, con el impuesto Tobin no lo estamos. 
Señor Presidente, muchas gracias por querer disfrutar todavía de tales alegrías en esta avanzada hora de la tarde. 
En nombre del Grupo PSE quisiera felicitar al ponente por su informe. 
Apoyamos este informe, porque tanto en relación con la nueva arquitectura financiera, que hay que diseñar, como en relación con la reforma global y con la solución de las crisis da respuestas correctas que contemplan también, de manera concreta, las necesidades de las regiones afectadas por las crisis y las necesidades de los mercados internacionales así como también la necesidad, tan importante, de la estabilidad de los mercados financieros en todas las sociedades. 
Quisiera subrayar aquí una vez más que considero la estabilidad del mercado financiero como un bien público al que tienen derecho todas las ciudadanas y ciudadanos. 
Si contemplamos la situación de partida no puedo evitar aquí un comentario. 
Las actividades financieras internacionales en los mercados de divisas se han reducido a cerca de 1.200 millardos de dólares diarios y esto se debe a la Unión Monetaria, pues ésta es una de las palancas de los flujos de capital que apenas son controlables en el aspecto cuantitativo. 
Pero, al mismo tiempo, debemos indicar que a lo largo de los años 90 tuvimos que ver con que en los negocios de derivados, como swaps, opciones, etc., las cifras de las transacciones se multiplicaran por 25. 
Sabemos que apenas más del 3% de las transacciones tienen que ver con la circulación real de bienes y de servicios. 
Considero importante que sobre el trasfondo de la globalización veamos los flujos de capital desde la perspectiva de los réditos de los inversores institucionales, por un lado, y también, por otro lado, desde la perspectiva de los países importadores de capital. 
A este respecto hemos de tener en cuenta que el 75% del capital invertido fluye solamente hacia 12 estados, sólo el 1% del capital invertido fluye hacia el Africa negra. 
Por consiguiente, el ponente demanda con razón que en este punto lleguemos a una consolidación de la situación, y esto sólo es posible si contamos aquí con una condonación de deudas más amplia que hasta ahora. 
Los mercados financieros globalizados en funcionamiento tienen ventajas, sin duda alguna. Constituyen- en el supuesto de un desarrollo estable- una contribución al crecimiento y al empleo. 
Sin embargo, a pesar de ello, existen déficits de política económica y de política social y déficits de regulación y de control. 
El informe hace referencia a esto. 
La preocupación por los compromisos especulativos en detrimento de la economía real y, también, la excesiva volatilidad de los mercados a causa del enorme crecimiento de los volúmenes de transacción en diversos productos hacen más necesario que nunca reformar la arquitectura financiera internacional. 
Hemos experimentado 120 crisis monetarias y no es posible eliminarlas. 
Todavía no hemos logrado desarrollar un sistema eficaz de indicadores de alerta temprana, mover la transparencia de las informaciones y desarrollar un código de conducta que rija para todos, y no hemos logrado resolver aún el problema del moral hazard. 
Por consiguiente, considero muy importante que las exigencias de este informe penetren también en las negociaciones de la Unión Europea la cual, por lo demás, debe hablar también con una sola voz en el plano internacional. 
No se trata solamente de que tengamos una zona monetaria, sino que en la política de mercados financieros y en la cuestión de la arquitectura financiera mundial hablemos en el plano internacional con una sola voz. 
La introducción del euro constituye una aportación a la estabilidad financiera, y entre nosotros el sistema financiero está mejor protegido contra schocks externos, pero hemos de avanzar más aún pues la Unión Monetaria sólo es una contribución a la estabilidad de Europa y del mundo. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por este informe. 
En el Grupo Liberal saludamos el empuje del informe, porque lidia con los verdaderos problemas y evita esa suerte de soluciones populistas que me temo están presentes en muchas de las enmiendas que se presentan a esta Asamblea. 
Estoy pensando en particular en el impuesto Tobin. 
El caso es que, ciertamente, nadie, en especial los liberales a favor de la libre investigación, podía oponerse al estudio de la Comisión sobre este asunto. 
Pero, francamente, pienso que ésta es una falsa promesa que ofrece muy pocos beneficios prácticos a todos los países que, creo, estamos intentando ayudar. 
Por contra, el informe identifica muy acertadamente como un modelo potencial el sistema chileno de depósitos, que introduce un incentivo para que los inversores inviertan a largo plazo en un mercado emergente en lugar de acudir a instrumentos a corto plazo, porque ello supone una inversión a mayor plazo para los depositantes. 
Ese es el camino correcto y por ello felicito al ponente y confío en que no vayamos a respaldar las enmiendas a este excelente informe. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, quisiera dar las gracias al Sr. Goebbels por toda la energía y toda la inversión intelectual que ha desplegado en su informe. 
Lamentamos que la propuesta de resolución que se nos somete esté finalmente atrasada con respecto a la exposición de motivos que él había redactado, y esta es la razón por la que hemos creído oportuno introducir algunas enmiendas con el fin de reforzar el mensaje político que se podría dar al informe. 
Una primera clase de enmiendas se refiere al aspecto "organizativo" del Fondo Monetario Internacional, cuya situación nos parece por el momento poco aceptable. 
Esta es la razón por la que retomamos una idea adelantada por Jacques Delors, en este caso la de un Consejo de seguridad económica y social en las Naciones Unidas. 
Desearíamos que la Comisión y el Consejo se manifestaran sobre este punto en el Consejo que tendrá lugar la próxima primavera en Barcelona. 
Así mismo, pensamos que la forma de decisión y la composición del consejo de administración del Fondo Monetario Internacional deben ser sustancialmente revisados. 
El segundo gran capítulo sobre el que queremos intervenir se refiere a la necesidad de la lucha contra el terrorismo, que comprende una dimensión financiera extremadamente importante. 
Esta es la razón por la que nos parece que ahí hay una motivación suplementaria para hacer obligatorias las recomendaciones del GAFI y ampliar su poder, como así lo solicita el Consejo Europeo de Gante. 
Pienso que el informe quedaría así completado. 
Finalmente, por lo que respecta a los flujos de capital- y más concretamente a las operaciones de cambio- ya no hablo, personalmente, del impuesto Tobin, pero en cualquier caso soy demandante de un debate profundo sobre los impuestos que podrían disuadir de ataques especulativos contra monedas de determinados países. 
Pienso que, desde este punto de vista, existen propuestas interesantes que habría que apoyar. 
Señor Presidente, a pesar de la pretenciosa formulación del título de este informe "El sistema monetario internacional: cómo mejorar su funcionamiento y evitar futuras crisis" no son ciertamente estas sosas recetas las que evitarán las crisis futuras. 
El informe no tiene nada que ver con eso, excepto que justifica un sistema económico tan irracional y arcaico como socialmente injusto. 
Ustedes, los defensores del capitalismo, son totalmente incapaces de regular esta economía basada en la búsqueda del beneficio y en la competencia, pues no es regulable. 
La única regulación concebible es la que los más poderosos imponen a los demás, pero lo hacen en su propio beneficio. 
Por lo tanto, el deseo de democratizar el FMI, que está bajo la autoridad de los Estados Unidos, es ridículo. 
El ponente reconoce que el riesgo de inestabilidad financiera sigue siendo inherente al funcionamiento de la economía. 
Para su economía capitalista es incontestable, pero la influencia de los grupos financieros e industriales sobre la riqueza social y sobre los medios para producirla, su rivalidad y su especulación tendrán su fin. 
Para las generaciones futuras, el gigantesco derroche y la patente estupidez de su economía aparecerán como la prueba de que, por lo que respecta al dominio de su propia vida colectiva, la humanidad no había salido todavía de la barbarie. 
Señor Presidente, el ponente intenta crear mayor estabilidad financiera y me parece que hay que apoyarlo. 
Con razón aboga por reforzar el control aunque eso no excluye la posibilidad de crisis. 
Es interesante que en la estrategia del Fondo Monetario Internacional se vislumbre un cambio hacia una ayuda más específica. 
Este papel de catalizador en fases de crecimiento puede evitar que surjan efectos negativos de la política, como un aumento de la deuda en países en fuerte desarrollo. 
Es comprensible que el ponente haga un llamamiento para que se coordinen algunas cuestiones a nivel europeo. 
Si estas no fueran la prolongación de la política mundial, la propia política europea socavaría la eficacia del sistema en general. 
Como punto final me gustaría decir que no veo ningún papel para el Banco Central Europeo en la lucha contra la crisis mundial. 
Hace apenas algunos meses se pidió al BCE que hiciera algo con respecto a la ralentización del crecimiento, aunque dentro de Europa no había ningún motivo para bajar los tipos de interés. 
Señor Presidente, el elevado número de crisis monetarias y las consecuencias negativas que de las mismas se siguen para toda la economía mundial requieren una actuación común. 
Algunos creen que con la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras globales se podrían evitar en el futuro las crisis financieras. 
Celebro personalmente que esta opinión no sea compartida por muchos en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
A mi juicio, con la introducción del impuesto Tobin no se pueden evitar las crisis financieras. 
El capital debe encaminarse hacia donde produzca la máxima utilidad, es decir, debe ser invertido en nuevos mercados, en países en vías de desarrollo, etc. De esta suerte se producirá el crecimiento. 
En cambio, si encarecemos, limitamos y reglamentamos el capital, no haríamos sino obstaculizarlo. 
De la misma manera, la introducción del impuesto sólo tendría sentido, si en el plano internacional se pudiera llevar a la práctica sin lagunas. 
Esto no parece posible, de suerte que mediante este impuesto sólo se generan cargas, burocracia, etc. adicionales y no se podrá alcanzar el auténtico objetivo, la reducción de las crisis financieras. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, enhorabuena al ponente, aunque ya se la han dado. 
Tengo cuatro temas que quisiera comentar brevemente. 
Primero: queremos hacer más estable el sistema monetario internacional, pues, entre otras cosas, la estabilidad financiera es un bien público, un requisito económico básico del crecimiento y del empleo y es de justicia social, es decir, un deber moral. 
Segundo: no demandamos una mera reforma del FMI, demandamos de las autoridades públicas el compromiso moral de establecer un equilibrio óptimo entre el libre juego de los mercados y la necesidad de su reglamentación en el sentido del principio fundamental de una economía eco-social de mercado y, a la hora de adoptar medidas públicas de solución en casos de crisis, garantizar un equilibrio entre el sector público y el privado. 
Demandamos de los Estados miembros una política económica que se oriente hacia el crecimiento y hacia el empleo y requerimos una condonación de deudas vinculada a condiciones adecuadas de política económica. 
Tercero: comencemos por nosotros mismos. 
El euro constituye una divisa de estabilidad incluso en el escenario mundial. 
La respuesta del FED y del BEC después del 11 de septiembre ha sido una respuesta de estabilidad contra la crisis. 
El Pacto de Estabilidad y de Crecimiento es una respuesta europea. 
La Comisión y el Parlamento Europeo se han manifestado mayoritariamente en contra del impuesto Tobin y los acuerdos de Lüttich introducen medidas correctoras a la globalización. 
Cuarto: nos oponemos a las medidas relativas a la ralentización del crecimiento económico y la desconfianza de todos los participantes en el mercado mediante intentos, ideológicamente motivados, de relajar el Pacto de estabilidad o de introducir solamente el impuesto Tobin. 
Por esta razón, lamento que en la enmienda 10 de los socialdemócratas se modifique la interpretación del auténtico acuerdo de Lüttich por la introducción del impuesto Tobin. 
Señor Presidente, con gran asombro he leído la comunicación del servicio de información del Parlamento en la que se presenta el informe Goebbels de la siguiente manera: "En una resolución sobre el funcionamiento del Sistema Monetario Internacional la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios se pronuncia en contra de la aplicación del impuesto Tobin en transacciones financieras especulativas". 
Por lo visto, este es el titular con el que hay que atraer la atención de la prensa que sigue siendo el tema en torno al cual se dirimen los debates. 
En mi opinión, esto no hace en absoluto justicia al informe equilibrado y excelente de nuestro colega Goebbels. 
En primer lugar, la resolución no se pronuncia a favor ni en contra del impuesto Tobin. 
Sí se hacen algunas observaciones en la exposición de motivos en la que también, y esto es mucho más importante, se plantean muchas otras alternativas para la realización de los dos objetivos de los partidarios de la aplicación del impuesto Tobin. 
Los flujos de capital privado y los mercados de divisas deben estar más en concordancia con la realidad económica y por medio de algunas medidas deben ir más en dirección de inversiones a largo plazo y de estabilidad financiera, pero también han de caracterizarse por una actitud flexible para con los países en desarrollo. La condonación de las deudas es fundamental para ellos y luego se les deberían dar posibilidades de conseguir otra manera de financiación para ofrecerles otra oportunidad. 
Me parece que se puede decir que este informe es una perfecta prolongación de los objetivos de los partidarios de la aplicación del impuesto Tobin. 
Lamentaría que se considerara este informe como contrario a estos objetivos, porque creo que es realmente un buen complemento. 
En una enmienda de mi Grupo parlamentario se ha redactado de forma muy neutral lo que también se ha formulado en el Consejo del ECOFIN. 
En esta enmienda se acoge con entusiasmo la propuesta del Consejo del ECOFIN de realizar un estudio y un análisis más profundo. Esto me parece mucho más fructífero que enzarzarnos de nuevo sobre el método a favor del impuesto Tobin o en contra. 
De este modo, los partidarios del impuesto Tobin pueden seguir defendiendo de nuevo los objetivos que ahora están de verdad en la agenda, y los adversarios se pueden dar por contentos porque se puede realizar ahora un estudio de forma imparcial y porque los objetivos, un mayor control de los flujos de capital y más oportunidades para los países en desarrollo, se pueden alcanzar. 
. Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al Sr. Goebbels por su informe. 
Es un informe que se lee con interés y que profundiza para intentar avanzar en los distintos temas que plantea. 
Creo que su resolución es informada y equilibrada. 
En nuestra opinión, constituye una contribución constructiva a un debate político fundamental y además llega en un buen momento. 
El debate sobre cómo lograr un sistema monetario y financiero internacional que funcione mejor ocupa el centro de nuestra misión de dar una respuesta a la globalización. 
Los flujos de capital privado- y se aprecia esta visión también en su informe- son la principal fuente de crecimiento, de prosperidad y de productividad. 
Si nuestro objetivo es que los países, tanto los desarrollados como los en vías de desarrollo, puedan compartir plenamente los beneficios de la globalización, no veo alternativa mejor que la integración de los mercados financieros y su funcionamiento. 
Unos mercados financieros amplios, profundos, líquidos, van a traer consigo una mayor facilidad en cuanto a la financiación de la inversión y esto va a permitir a los operadores económicos diversificar mejor sus riesgos. 
Una situación de este tipo resultará beneficiosa para aquellas operaciones que, de otro modo, resultarían excesivamente arriesgadas para los inversores internacionales y se beneficiarán de ello no sólo los países en desarrollo, sino también las pequeñas y medianas empresas de nuestros países. 
Los beneficios económicos originados por la globalización financiera son el resultado de la intensificación de los vínculos de internalización entre los mercados y los operadores. 
Por la propia naturaleza de estos vínculos, las perturbaciones que en una economía moderna se transmiten como consecuencia de este proceso de globalización son más rápidas, precisamente por la desaparición de las fronteras que existían hace veinte años. 
Es verdad que, entre los riesgos con los que nos vamos a tropezar, va a haber mercados financieros con una excesiva volatilidad de tipos de cambio y de precios en los activos. 
Se puede producir un efecto "contagio" entre unos países y otros y existe la posibilidad de oscilaciones en los flujos de capital. 
Es cierto que en el entorno de la Unión Económica y Monetaria hemos estimulado la estabilidad y el crecimiento mediante políticas macroeconómicas y reformas estructurales, ingredientes fundamentales para conseguir la fortaleza en nuestra economía y evitar esas turbulencias financieras o, mejor, luchar contra ellas. 
La Unión Económica y Monetaria contribuye así a reforzar la estabilidad del contexto internacional en nuestra zona. 
Pero es verdad que se han planteado algunas otras alternativas a nivel mundial. 
Comparto la tesis del Sr. Goebbels en su informe. 
Creo que no hay panaceas en el desafío de consolidar el sistema financiero global. 
Este punto queda muy patente en el informe y espero que su resolución sea leída no sólo por aquellos a quienes se dirige oficialmente este documento y que se ocupan de estos temas profesionalmente, sino también por quienes sienten inquietud- legítima- por el rumbo del proceso de integración económica y financiera internacional. 
Los problemas y desafíos que trae consigo la integración de los mercados financieros deben abordarse en un contexto más amplio, tal como se hace en su informe y tal como nosotros, desde el punto de vista de la Comisión, pretendemos hacer en el estudio que el Ecofin de Lieja nos ha encargado sobre las respuestas a los desafíos de la globalización y que pretendemos presentar en el mes de febrero. 
¿Qué se ha producido en los últimos años? 
Yo creo que desde las crisis asiáticas se ha avanzado de forma sustancial. 
Se han hecho esfuerzos para mejorar las condiciones macroeconómicas. 
Las economías hoy son más resistentes a las turbulencias externas. 
Cada vez son más los países que por su propio interés se adhieren a códigos y normas acordadas internacionalmente para tener mayor transparencia en sus economías. 
Los ministros del G7 y el Fondo Monetario han avanzado en algunos campos significativos. 
Podemos pensar en las instituciones financieras internacionales, por ejemplo, que hoy también son claramente más transparentes en sus actuaciones: el propio Fondo Monetario Internacional ha reforzado su capacidad y está refinando sus instrumentos para que le permitan analizar, evaluar y supervisar la estabilidad del sistema financiero de manera más eficiente. 
Y también creo que se ha mejorado sustancialmente la coordinación entre las distintas autoridades nacionales de supervisión. 
Es cierto que no debemos darnos por satisfechos con todo esto. 
Yo creo que todavía quedan muchas cosas por hacer y, en su informe, el Parlamento apunta en la dirección correcta. 
Desde el punto de vista de la Comisión es absolutamente aceptable su opinión de que debemos asegurarnos de que el sector privado participe plenamente en la resolución y gestión de las crisis financieras. 
No es sólo un problema de reparto justo de responsabilidades en tiempos de crisis, es también la implicación adecuada y sistemática del sector privado, que es fundamental para la eficaz prevención de las crisis, evitando las acumulaciones de situaciones de riesgo peligrosas y, en último término, insostenibles. 
En este sentido, tomo nota de su llamamiento para que la Comisión considere la viabilidad de introducir cláusulas de acción colectiva sobre instrumentos financieros tales como las obligaciones. 
Usted sabe, como yo, que esta posición no es totalmente compartida por los Estados miembros, pero sí es un punto de vista que la Comisión defiende, como también defendemos todas las referencias a la lucha contra la financiación del terrorismo. 
Los atentados del 11 de septiembre han puesto en primera línea los abusos del sistema financiero por parte de los terroristas. 
Por parte de la Comisión se han adoptado ya algunas medidas. 
Ustedes mismos han colaborado de forma eficiente en la finalización del proceso de codecisión de la segunda Directiva sobre blanqueo de capitales. 
Sin embargo, creo que hay que seguir adelante. 
Estamos en el principio de un proceso, que será largo, y habrá que continuar trabajando en esta dirección en los próximos meses. 
Es importante progresar rápidamente en cada una de las propuestas que contienen instrumentos útiles para la lucha contra la financiación del terrorismo. 
Quiero hacer un breve comentario sobre un punto que siempre es objeto de una cierta frustración entre nosotros: la representación exterior de la Unión Europea. 
En la exposición de motivos de la propuesta de resolución, se hace referencia a la singular ausencia de Europa en el debate sobre una nueva arquitectura financiera. 
Critican ustedes que las iniciativas aisladas de algunos Estados miembros no llegan a plasmarse en una política europea. 
Por parte de la Comisión no podemos sino compartir totalmente su diagnóstico. 
¿Cuál es la respuesta? 
¿Qué podríamos hacer? 
¿Cómo podríamos mejorar la situación? 
Yo creo que no se trata sólo de mejorar la coordinación y hablar con una sola voz. 
Es verdad que el lanzamiento de la Unión Económica y Monetaria ha transformado los fundamentos de las relaciones financieras y monetarias en el ámbito mundial, pero el modo en que seguimos abordando estas cuestiones en las principales organizaciones y foros, incluido el Fondo Monetario y el G7, sigue basándose en gran medida en una concepción puramente nacional. 
Por lo tanto, no puedo sino estar de acuerdo en la necesidad de avanzar. 
Veo muy difícil que podamos formular una verdadera política en este campo si no expresamos con claridad nuestras posiciones europeas como tales a nivel mundial. 
Y eso implica una representación exterior de nuestros intereses de forma más correcta y definida. 
Soy consciente, sin embargo, de que va a ser muy difícil avanzar en esta dirección si no avanzamos previamente en la sustancia. 
Yo creo que centrar la batalla únicamente en nuestra forma de representación en el exterior no es tan importante como definir nuestras propias posiciones y conseguir políticas coordinadas en el exterior. 
Esos dos pasos deben hacerse en la misma dirección y en paralelo. 
Y en esos puntos el Parlamento contará siempre con la Comisión para seguir avanzando. 
Muchas gracias, señor Comisario Solbes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.47 horas.) 
Señor Presidente, como los colegas habrán podido leer en algún periódico de la mañana, la República Francesa se ha negado a reconocer el estatuto extraterritorial del Parlamento Europeo. 
Al parecer, el Gobierno francés ha denegado al Presidente de la República de China el visado de entrada para poder acudir al Parlamento y asistir a una reunión. 
Es una negación de nuestro estatuto como Parlamento supranacional y espero que la Presidenta del Parlamento proteste ante el Gobierno francés por haber denegado un visado al Sr. Chen... 
... e insista en que en la Unión Europea deberíamos reconocer un país que existe como una próspera democracia parlamentaria desde hace unos 14 años, así como la situación que debería ocupar en un mundo en el que las democracias deben trabajar unidas. 
(Aplausos) 
Tomo nota de su solicitud y, como es obvio, informaré a la Presidenta de la misma. 
Decisión sobre la urgencia 
. (SV) Señor Presidente, el argumento en favor del procedimiento de urgencia vale también en este caso, esto es, que Taiwán pueda participar en la reunión de Doha. 
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia) 
Medidas comunitarias de estímulo del empleo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0319/2001) de la Srta. Jenssen en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la posición común del Consejo (8432/1/2001- C5-0294/2001- 2000/0195 (COD) ) con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas comunitarias de estímulo al empleo. 
. 
(DA) Señora Comisaria, la política de empleo comunitaria es una cooperación abierta en la que los países miembros fijan objetivos comunes, intercambian experiencias y valoran los resultados y la política de empleo de los demás. 
Es un proceso abierto en el que cada país por sí mismo elige qué medios adoptará para alcanzar los objetivos comunes, y en este Parlamento también nos gustaría que este proceso fuera aún más abierto aumentando la implicación y el compromiso de las grandes masas de la opinión pública. 
El informe que hoy tramitamos versa sobre la plasmación práctica del artículo 129 del Tratado de Amsterdam relativo a los incentivos en la política de empleo. 
Hablamos de los fondos para el trabajo en la política de empleo durante los próximos cinco años, el dinero para análisis, estadísticas, conferencias, informes, etc. La política de empleo debe ser evaluada en el año 2003, será la primera coordinación abierta que se evalúe y el dinero para la política de empleo también será utilizado para esta evaluación. 
En la primera lectura en el Parlamento aprobamos 17 enmiendas a la propuesta de la Comisión, éstas incluían los siguientes temas. Nos gustaría reforzar la implicación de los interlocutores sociales y de las autoridades locales y regionales en el proceso y haber dado mayor importancia a los resultados de las políticas de empleo y de información para una opinión pública más amplia. 
Nos habría gustado dar mayor importancia a la equiparación de las mujeres en la política de empleo, contar con otras propuestas relativas a la participación del Parlamento y examinar la relación con otras actividades comunitarias. 
Y por último, pero no por ello menos importante, nos habría gustado contar con proyectos pilotos que pudieran reforzar la información y el desarrollo metodológico de la política de empleo en el plano local y regional, en vista de lo cual el Parlamento propuso un aumento del presupuesto. 
El Consejo ha aceptado posteriormente algunas enmiendas aisladas del Parlamento, entre otras, aquellas que tienen por fin aumentar la implicación de los interlocutores sociales y lograr la implicación del plano local y regional. 
Se han recogido asimismo algunas de las propuestas encaminadas a dar mayor atención a la equiparación, sin embargo, el Consejo no ha querido aceptar propuestas muy importantes del Parlamento. 
En la Comisión de Empleo hubo en vista de esto un importante apoyo para que en el Parlamento volviéramos a presentar las enmiendas de la primera lectura que el Consejo no ha aceptado. 
La mayoría del Parlamento ha luchado desde hace tiempo por que el esfuerzo local y el esfuerzo regional queden incluidos dentro de la política de empleo, y hemos señalado que el intercambio de experiencias y métodos vinculados al plano local y al trabajo voluntario podría ser financiado a través del artículo 129. 
Pues al observar el desempleo en la UE, es característico que éste se agrupe en ámbitos locales y regionales, bolsas de pobreza, islas de desempleo, y el esfuerzo local es fundamental cuando se trata de dar trabajo a la gente. 
Por ello tiene sentido hablar de planes de acción locales y de intercambio de experiencias e informaciones procedentes de este trabajo. 
Estoy plenamente convencida de que una mayor atención al esfuerzo local nos hará a todos mucho más sabios sobre qué nuevos caminos pueden recorrerse en la política de empleo. 
Hemos apoyado iniciativas locales para el empleo mediante una acción preparatoria, donde se ha mantenido una línea presupuestaria denominada B5-503, y es deseo del Parlamento que se mantenga y continúe esta iniciativa mediante proyectos pilotos en base al artículo 129. 
Quizá sea errónea la expresión "proyectos", pues deseamos un desarrollo del trabajo metódico, es decir, análisis y estudios, desarrollo de estadísticas y métodos. 
No queremos financiar en base al artículo 129 proyectos que tienen el carácter experimental y orientado a proyectos que tienen los proyectos financiados con cargo al artículo 6 del Fondo Social. 
No es nuestro deseo duplicar cosas que ya existen bajo los auspicios del Fondo Social, al contrario. Somos muchos quienes celebramos la coordinación abierta de la política de empleo, pues proporciona tanto la posibilidad de que los países miembros mejoren sus resultados en la política de empleo y aprendan de las experiencias de los demás como de que se compita por lograr mejores resultados. 
Esta sana competición, sin embargo, quedará en nada mientras la política de empleo y el llamado proceso de Luxemburgo sean tan desconocidos como es el caso. 
En muchos países no se lleva a cabo ningún debate sobre los planes nacionales de empleo en los parlamentos naciones, no hay ninguna otra actividad que pudiera hacer el proceso y los resultados más conocidos y procurar un mayor respaldo popular. 
Una coordinación política en base a análisis y estadísticas que sea debatida por los mismos políticos, funcionarios y expertos en conferencias a lo largo y ancho de la UE, ¿realmente es suficientemente vinculante? 
No, consigamos una atención mucho mayor sobre resultados y objetivos para que los gobiernos se encuentren con un compromiso mucho mayor y un deseo de que todos alcancen los resultados obtenidos en los países que han tenido más éxito en la política de empleo. 
Señor Presidente, después de felicitar a la Sra. Jensen por el buen trabajo realizado y agradecérselo, permítame comenzar mi intervención recordando que el pasado domingo, en Galicia- mi país -, un antiguo colega en este Parlamento Europeo, Manuel Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular en España, obtenía por cuarta vez consecutiva mayoría absoluta en las elecciones al Parlamento gallego. 
Hago esta mención porque, si durante sus doce años de vida, el gobierno Fraga se ha venido preocupando de las cosas, de los problemas, de las carencias de los gallegos en materia de empleo, durante la reciente campaña electoral, ha asumido un compromiso de empleo para los jóvenes sin trabajo, que consiste en un contrato de un año para jóvenes menores de 30 años que lleven seis desocupados o en el paro. 
La preocupación por el empleo- que, al amparo del artículo 3 del Tratado, se plasma en una acción de la Comunidad Europea para el fomento de la coordinación de las políticas en materia de empleo de los Estados miembros, consagrada por los Consejos Europeos extraordinarios sobre el empleo de Luxemburgo y de Lisboa, que apuesta decididamente por una estrategia global para el empleo- supone y exige una movilización sistemática del conjunto de las políticas comunitarias al servicio del empleo, sean políticas marco o sean políticas de apoyo. 
Si queremos convertirnos en una economía basada en el conocimiento, competitiva y dinámica, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos y con mayor cohesión social para, de este modo, alcanzar nuevamente las condiciones necesarias para el pleno empleo, debemos fomentar la cooperación de las políticas de empleo entre los Estados miembros- manteniendo, por supuesto, el derecho a tomar las decisiones que correspondan a las circunstancias particulares de cada Estado miembro -, el intercambio de buenas prácticas, incluidas las referidas a las formas de participación de los agentes sociales y también de las autoridades locales y regionales, sin olvidar la necesidad de coordinación de políticas orientadas a la creación de empleo. 
Me parece, por lo tanto, una buena práctica, exportable e intercambiable, el compromiso asumido por el candidato ganador en Galicia. 
Va a proporcionar a los jóvenes gallegos la oportunidad de incorporarse al trabajo, la facilidad de adquirir la experiencia y la formación necesarias, tanto para conseguir un primer empleo como para, posteriormente, tener la posibilidad de mantenerse en él o de obtener otros nuevos. 
Creo que es una buena práctica, como lo fue la relativa a la conciliación de la vida familiar y de la vida profesional, también obra del Gobierno de Galicia. 
Señor Presidente, también yo quiero dar las gracias a la Sra. Jensen por su excelente informe. 
Hoy es un buen día, pues la votación de hoy debe mostrar cómo ahora todos juntos decimos sí a que la política de empleo no sólo sea algo que se lleva a cabo en los escritorios, en las reuniones del Consejo de Ministros, sino que sea algo que toca directamente a la población. 
Debe facilitarse información al respecto y las autoridades locales que deben contribuir a poner estas cosas en marcha deben estar también involucradas. 
Esto es lo que hoy votamos. 
Hay muchas cosas buenas en el informe de la Sra. Jensen. 
Quiero destacar aquello en lo que estuvimos de acuerdo respecto a la dimensión local en la política de empleo. 
Poco a poco hemos logrado que la Comisión y el Consejo reconozcan que las autoridades locales y regionales y los interlocutores sociales y las organizaciones voluntarias son importantes en el esfuerzo del empleo. 
El trabajo práctico de dar trabajo a la gente se hace localmente. 
Y por ello debe tenerse en cuenta a los actores locales. 
Sin embargo, esto exige ayudas al esfuerzo local, por ejemplo, bajo la forma de una mejor información sobre qué es la política de empleo europea comunitaria y sobre cuáles son sus objetivos. 
Y de ahí la importancia de que pongamos en marcha medidas comunitarias de estimulación y destinemos fondos para que podamos aprender de los métodos y experiencias de los demás, siendo esto lo que tratamos hoy de hacer aquí. 
Por ello también causan asombro las dificultades para lograr que la Comisión estuviera de acuerdo en ampliar el presupuesto para que pudiéramos destinar este dinero, y por ello desde el Grupo Socialista hemos apoyado naturalmente que la cantidad debía ampliarse hasta 55 millones de euros y no hasta 50 millones de euros. 
Espero que obtengamos un amplio respaldo hoy y que la Comisión y el Consejo oigan la señal que hoy se envía desde el Parlamento. 
Señor Presidente, también yo quisiera dar las gracias a la ponente por el trabajo que ha realizado con este informe. 
En efecto, creo que ha logrado que toda la Comisión, y creo que también todo el Parlamento, respalde sus propuestas. 
Así mismo, quiero felicitar, claro está, al Sr. Pérez por su triunfo en Galicia. 
Señor Presidente, me sumo a lo que se ha dicho, es un buen informe y hay algunas enmiendas que podrían mejorar considerablemente la propuesta. 
No obstante, todavía soy un poco pesimista. 
Veo que ni el Consejo ni la Comisión se muestran muy inclinados a seguir nuestras propuestas. 
Veo que, en realidad, tienden más a zancadillearlas y decir: bueno, la política de empleo tiene éxito tal como la hemos diseñado y no queremos cambiar nada. 
Sí queremos que el Parlamento se implique un poco, pero lo menos posible. 
Ése es realmente el ambiente que se respira, especialmente en el caso del Consejo, aunque también parcialmente en el caso de la Comisión. 
Hemos logrado romper esa tendencia con otro informe relativo a la protección social elaborado, por otra parte, bajo su Presidencia. 
Espero que eso vuelva a suceder en este caso, pero soy mucho más pesimista. 
Se debe a un Consejo que busca incluso tener menos contacto directo con el Parlamento. Nos enfrentamos a más dificultades todavía, por tanto, soy pesimista. 
Me alegra que la ponente haya elaborado este informe. Creo que refleja muy bien en qué estamos de acuerdo en este Parlamento, pero soy pesimista en cuanto al resultado. 
Tal vez pueda convertir mi pesimismo en optimismo. 
Sin embargo, cuando todas las luces están en rojo- y así se indica en el informe- hay que decirlo en esta Asamblea. 
Señor Presidente, ésa es la razón principal por la que hoy hago uso de la palabra. 
Espero haber sido bastante sombrío. 
El Comisario y, especialmente, el Consejo tendrán que hacernos saber si abandonan, por fin, sus viejas costumbres y quieren entablar realmente un diálogo con este Parlamento. 
Señor Pronk, tras la intervención de la Sra. Comisaria, veremos si tenemos que confirmar o no su pesimismo. 
Señor Presidente, apoyamos el informe del Sr. Jensen, puesto que se basa en conceptos y políticas que compartimos absolutamente. 
En primer lugar, es necesario que la estrategia europea para el empleo sea conocida por los ciudadanos de la Unión. 
Sólo así pueden ser conscientes de los objetivos comunes, enriquecer con sus aportaciones el proceso de Luxemburgo, y sólo así pueden enriquecerse las instancias competentes, nacionales, regionales y locales, con las buenas prácticas, como las que acaba de mencionar el Sr. Pérez Álvarez, que se han mostrado eficaces en otras zonas de la Unión. 
La otra propuesta del Sr. Jensen es el papel de las sociedades locales en el planeamiento y en la materialización de las políticas para el empleo. 
Debe quedar claro en todos los países miembros que la participación de los agentes sociales y de la sociedad civil es indispensable para que este esfuerzo por aumentar el empleo sea eficaz. 
Los países miembros deben cambiar su organización y adoptar las medidas precisas al objeto de dotarse de las instituciones y los recursos que permitan aplicar acuerdos locales para el empleo; y, por el otro lado, la Unión Europea debe- con sus políticas, su consejo y sus recursos- apoyar la creación de tales estructuras. 
Tenemos ya la experiencia de muchos países- entre ellos el mío, Grecia- en los que los acuerdos locales para el empleo no han podido funcionar. 
En algunos casos se ha tratado de determinadas políticas de apoyo, por parte de la administración central, de ciertas medidas añadidas en regiones con problemas; no han movilizado a la sociedad local y no han obtenido los resultados demandados. 
Experiencias negativas semejantes las habrá también en otras zonas de la Unión, por ello pensamos que las medidas que propone la colega, junto con todo el resto de la política de la Unión Europea al respecto, deben afrontarse de manera coordinada a escala europea y nacional, para que a escala local el empleo adquiera otra dinámica tanto en el planeamiento como en la aplicación. 
. 
(EN) Señor Presidente, haré honor a su petición e intentaré transformar el pesimismo del Sr. Pronk en optimismo. 
El presente programa hace efectivo el artículo 129 del Tratado, que establece que se podrán adoptar medidas de fomento para alentar la cooperación entre los Estados miembros y apoyar la actuación de estos últimos en el ámbito del empleo. 
A este respecto, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Thorning-Schmidt: no es una cuestión de empleo o una cuestión de reuniones del Consejo, de lo que aquí se trata es de la cooperación real entre los Estados miembros. 
El programa respalda la Estrategia Europea para el Empleo y prevé actividades que garanticen su eficacia permanente. 
Es importante que sea adoptado en un futuro próximo y espero que los restantes motivos de preocupación expresados en las 14 enmiendas presentadas queden resueltos satisfactoriamente. 
En su propuesta enmendada tras la primera lectura, la Comisión aceptó, en su totalidad o en parte, 12 de las 17 enmiendas presentadas por el Parlamento. 
La posición común que el Parlamento ha estado estudiando, aunque difiere considerablemente en su formato y presentación de la propuesta enmendada, contiene resonancias de las diez enmiendas. 
En relación con las enmiendas que ahora nos ocupan, la Comisión puede aceptar nueve de ellas en su totalidad o en parte. Son las enmiendas 1 a 8 y 14. 
Acepto las enmiendas 1 a 3 en su totalidad. 
En la enmienda 4, acojo muy favorablemente la referencia a la atención especial que debe prestarse a los grupos que son objeto de discriminación múltiple en su acceso al mercado de trabajo y comparto el interés del Parlamento de que podamos comprender, supervisar y analizar los acontecimientos de la tendencia general mediante la elaboración de indicadores. 
No considero adecuado, sin embargo, entrar en detalles sobre los estudios específicos que deben llevarse a cabo y no puedo aceptar esta parte de la enmienda. 
Sobre la enmienda 5, me complace que el Parlamento haga hincapié en la importancia de fomentar el conocimiento público de la Estrategia Europa para el Empleo y en seguir alentando a las personas y las organizaciones a todos los niveles a que contribuyan a ampliar sus repercusiones y eficacia. 
Este programa debería contribuir y contribuirá a la realización de dichos objetivos. 
No obstante, no es adecuado asignar fondos para "proyectos" en este contexto y debo rechazar esa parte de la enmienda 5. 
Es posible que nuestras opiniones sobre la enmienda 5 diverjan más por la formulación utilizada que por un desacuerdo sobre su finalidad. 
Los proyectos locales en los que intervienen los interlocutores locales son financiados a través del artículo 6 y el Reglamento del Fondo Social Europeo, así como a través de otra línea presupuestaria- la B5-503. 
Esta última está destinada exclusivamente a la financiación de proyectos de desarrollo local. 
El trabajo de análisis, investigación y evaluación que incorpora incluirá medidas, fundadas en los resultados de los proyectos realizados con cargo a otras líneas presupuestarias, para estudiar el modo de seguir mejorando la difusión de la Estrategia Europea para el Empleo y la participación a nivel local en su realización. 
Espero que este enfoque disipe las preocupaciones del Parlamento. 
Con respecto a la enmienda 8, suscribo plenamente, una vez más, el principio de coherencia y acepto esta parte, pero no puedo estar de acuerdo con que deba especificarse cada uno de los programas relacionados. 
Se ha tenido en cuenta el espíritu de las enmiendas 6 y 7 con la inclusión de la enmienda 1, y la enmienda 14 puedo apoyarla en su totalidad. 
Lamentablemente, no estoy en condiciones de aceptar las enmiendas 9 a 13. 
Explicaré brevemente por qué: las enmiendas 9 y 10 son relativas al comité. 
Aunque agradezco el apoyo del Parlamento al papel de la Comisión y al restablecimiento de un comité consultivo, ésta es una batalla perdida con el Consejo. 
Si analizamos el marco jurídico y precedentes recientes, un comité mixto es un compromiso justo. 
Podríamos analizar el mandato en futuras negociaciones para ver si podría adoptarse esta medida para satisfacer los intereses del Parlamento como parte de un compromiso global. 
Sobre los programas anuales de la enmienda 11, se trata de una cuestión interna de la Comisión que no tiene razón de ser en una decisión del Parlamento y del Consejo. 
La enmienda 12 también debe ser rechazada por motivos institucionales y, más concretamente, en relación con el acuerdo marco sobre las relaciones interinstitucionales. 
Por último, en lo que se refiere a la enmienda 13, mantenemos los 55 millones de euros propuestos inicialmente. 
Hemos realizado un análisis minucioso y esta cifra es la adecuada para las actividades previstas. 
Resumiendo, la Comisión puede aceptar, en su totalidad o en su espíritu, las enmiendas 1, 2, 3, 6, 7 14; puede aceptar en parte las enmiendas 4, 5 y 8; y rechaza las enmiendas 9, 10, 11, 12 y 13. 
Es evidente que habrá que resolver algunos problemas; algunos de ellos son más delicados que otros. 
No obstante, he adoptado el enfoque más positivo posible respecto a las enmiendas que ha presentado el Parlamento. 
En consecuencia, espero que con la cooperación del Parlamento y del Consejo encontremos pronto un compromiso que sea aceptable para todos. 
Reitero una vez más el carácter de urgencia de esta cuestión y la determinación de la Comisión de contribuir a encontrar compromisos viables. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Información y consulta de los trabajadores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0325/2001) de la Sra. Ghilardotti en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la posición común del Consejo (9919/1/2001- C5-0388/2001- 1998/0315 (COD) ) con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea. 
. (IT) Señor Presidente, la información, la consulta y la participación de los trabajadores se ha convertido en un tema de capital importancia en el debate europeo a partir del Primer programa de acción social adoptado por el Consejo en 1974. 
Desde entonces, este tema se ha abordado en muchos de nuestros debates en este Pleno y la Comisión ha emprendido numerosas iniciativas que han encontrado resistencias. 
Casi todos los Estados miembros disponen de un marco jurídico de carácter normativo o contractual para garantizar el ejercicio de la información y de la consulta de los trabajadores. 
Esta Directiva se propone establecer unos estándares mínimos de información y consulta aplicables en todo el territorio de la Unión. Tras el estatuto de la Sociedad Anónima Europea, la directiva sobre los Comités de Empresa Europeos y la Carta de Derechos Fundamentales, la Directiva que hoy se somete a nuestro examen está orientada a completar el marco comunitario y nacional existente y a contribuir de este modo a los objetivos fundamentales de este derecho, esto es, a preparar el cambio, a garantizar que las reestructuraciones se realizan en un contexto aceptable y a asignar al objetivo del empleo la debida prioridad en el contexto actual. 
La Comisión presentó su propuesta- una buena propuesta- en noviembre de 1998 y el Parlamento Europeo adoptó su primera lectura en abril de 1999 aprobando una serie de enmiendas de mejora. 
Sólo en junio de 2001 el Consejo adoptó una posición común. 
En líneas generales, la posición común refleja la posición adoptada por la Comisión después de la primera lectura del Parlamento; sin embargo, si se compara la primera lectura del Parlamento Europeo con la posición común nos damos cuenta de que las enmiendas del Parlamento rechazadas son alrededor de treinta. 
En mi condición de ponente, propuse a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales no volver a proponer todas las enmiendas de la primera lectura, sino centrar nuestra atención en los puntos más importantes que pueden mejorar la posición común. 
Sus Señorías, a quien agradezco la colaboración prestada, presentaron 15 enmiendas a mi propuesta, todas ellas encaminadas a reforzarla. 
Tras un profundo debate llegamos al texto que hoy se somete a votación del Pleno. 
Las enmiendas son 16 y se refieren a las modalidades de la consulta, y éstas van en la misma dirección de la posición común pero son más concretas en cuanto a la indicación de los problemas; a la definición de información económica y financiera; a la definición exacta de interlocutores sociales para que no haya confusiones; a la protección de los representantes de los trabajadores que es preciso que se concrete mejor en términos de protección frente a las desventajas en lo referente a la carrera, los salarios y la formación; a la suspensión en el caso de que la aplicación de una decisión pueda implicar consecuencias sustanciales para los trabajadores, de modo que la adopción de la decisión final pueda ser aplazada a un período más oportuno, a petición de los representantes de los trabajadores, al objeto de permitir una nueva negociación y de alcanzar una solución compartida. 
Períodos transitorios: es un punto muy delicado. 
Pensamos que no son necesarios períodos transitorios especiales, aunque la implementación de esta directiva debe tener lugar para todos los trabajadores europeos al mismo tiempo, precisamente porque hablamos de derechos estándar mínimos. 
Sanciones: es el punto más delicado, respecto al cual todos los lobbies han ejercido presiones sobre nosotros, sobre todos los diputados. 
En nuestra propuesta abandonamos la idea inicial de una sanción europea con efectos jurídicos y reforzamos, no obstante, la posición común al pedir que sean los Estados miembros, por lo tanto en el respeto del principio de subsidiariedad, los que establezcan sanciones más rigurosas en el caso de violaciones graves que repercutan en los trabajadores. 
Aquí se trata de una interpretación de la posición común que afirma que los Estados miembros deben establecer sanciones eficaces proporcionadas y disuasorias. 
Espero realmente que el Pleno confirme la amplia mayoría registrada en la comisión y que en plazos muy cortos, durante la Presidencia belga, consiga dotar a la Unión y a los Estados miembros de este importante instrumento normativo. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente, la Sra. Ghilardotti. 
En los debates de la comisión ha mostrado una gran flexibilidad al recoger una serie de propuestas nuestras, del Grupo del PPE. 
Como consecuencia de ello, su muy buen informe sobre la posición común relativa a la directiva marco sobre los estándares mínimos para la información y consulta nacional de los trabajadores apunta en la dirección correcta. 
Al igual que en la directiva sobre los Consejos de Empresa Europeos, no se trata de la codecisión sino de la información y consulta sobre la evolución de importantes aspectos económicos, de empleo y financieros en las empresas. 
Los procesos de reestructuración no se pueden ni deben impedir. 
Sin embargo, no deben producirse más en forma de comandos de asalto, como ocurre con frecuencia- véase por ejemplo la conmoción de Vilvoorde en Renault- sino sólo después de informar previamente a los trabajadores afectados. 
Por lo demás, hay muchos aspectos paralelos con la directiva sobre los Consejos de Empresa Europeos. 
Las disposiciones sobre el Consejo de Empresa Europeo son sin embargo válidas sólo para las fusiones transnacionales; pero con frecuencia tienen lugar reestructuraciones también en el ámbito nacional. 
El Partido Popular Europeo está a favor de la flexibilidad. 
Los interlocutores sociales de la empresa pueden adoptar por ejemplo una regulación a medida sobre la información y consulta de su empresa. 
Esto se llama subsidiariedad. 
La posición común tiene razón: los acuerdos pueden ser más o menos favorables que los estándares mínimos pero no pueden cuestionar los derechos de los consejos de empresa locales según el derecho nacional. 
El artículo 1 prescribe que el procedimiento se lleve a cabo en un espíritu de cooperación. 
La cooperación persigue, por un lado, una clara defensa de intereses y, por otro, también el equilibrio de intereses en conversaciones conjuntas mediante la información y consulta. 
Esto es sin duda también una ventaja económica. 
La ausencia de información genera inseguridad, desconfianza y al final sólo miedo, lo que provoca un bloqueo. 
Una información a tiempo significa transparencia, que crea confianza y evita pérdidas a la empresa como consecuencia de fricciones. 
Los beneficiarios son los trabajadores y empresarios por partes iguales. 
Señor Presidente, la ponente, la Sra. Ghilardotti, ya ha señalado cuán difícil ha resultado tratar este expediente en la segunda lectura. 
La primera prioridad de mi Grupo es concluir definitivamente este expediente e incluirlo en el Diario Oficial. 
Esperamos, por tanto, que se pueda alcanzar un acuerdo con el Consejo muy rápidamente. 
Como la Sra. Ghilardotti ya ha dicho, pueden verlo reflejado en la postura de nuestro Grupo. 
Hemos dejado que se eliminaran muchas enmiendas en la primera lectura y, en la comisión, nos hemos centrado en algunos textos de compromiso respecto de los cuales, en nuestra opinión, debe ser posible el acuerdo. 
Por ejemplo, hemos abandonado la enmienda relativa a la preciada cuestión de la Tendenzschutz, punto que nos habría gustado eliminar. 
Tampoco respaldaremos a los Verdes y al Grupo del GUE en ese punto en el marco del compromiso. 
No obstante, esperamos que el PPE continúe apoyando las propuestas de compromiso adoptadas en la comisión. 
Las diferencias de opinión con el Consejo se centran en dos puntos importantes: las definiciones sobre las sanciones y los periodos transitorios innecesariamente largos. 
Quiero señalar que estos puntos no han sido añadidos por nosotros, sino que el Consejo los ha incorporado a la postura de la Comisión. 
El Parlamento no pide cosas fuera de las acordadas. 
En este caso, es el Consejo el que se aparta de la propuesta de la Comisión. 
Diré algo de forma muy breve sobre estas dos cuestiones. 
En cuanto a la definición de las sanciones, el Sr. Menrad ya ha dicho cuán importantes resultan para que la directiva realmente sea tomada en serio. 
A este respecto, me referiré a lo que pone de manifiesto la experiencia de mi país. 
En los Países Bajos, ese tipo de sanciones figura en la ley relativa a los comités de empresa. 
Precisamente, esas disposiciones funcionan muy bien de manera preventiva. 
A menudo, no es necesario que se adopten medidas de carácter judicial, y la posibilidad de adoptarlas da lugar a que esta consulta se acometa frecuentemente de forma muy seria. 
En lo que se refiere a los cierres y los traslados que deben realizarse, se ha creado un amplio respaldo y la consulta tiene lugar de forma adecuada. 
Creo que eso es muy importante para las relaciones laborales. 
La segunda cuestión se refiere a los períodos transitorios. 
La semana pasada ya dije en una reunión que había convocado el Sr. Bushill-Matthews con una asociación inglesa, que defiende precisamente la participación de los trabajadores, que me resultaba muy extraño que abogaran por unos períodos transitorios mucho más largos. 
Si uno considera que la información y consulta de los trabajadores es muy importante- tal como ellos lo hacen -, no sólo para los trabajadores, sino también para los empresarios y para el funcionamiento de una empresa, entonces, hay que procurar que se ponga en marcha rápidamente. 
No hay que pedir períodos transitorios más largos, ya que se transmite una señal totalmente equivocada al sector empresarial británico. 
Quisiera pedir, por tanto, que se reconsiderara esto y que se respaldaran unos períodos transitorios normales, tales como los propuestos por la Comisión. 
Sea como fuere, la experiencia que hemos acumulado en los Países Bajos mediante una ley que ya cuenta con más de 50 años, muestra que, gracias a ella, han mejorado las relaciones laborales. 
Señor Presidente, también a mí me gustaría dar las gracias a la Sra. Ghilardotti por el gran y competente trabajo que ha realizado con este informe y en especial quiero darle las gracias por su entendimiento de las posiciones particulares que como diputados daneses ocupamos en esta situación, pues tenemos un sistema especial de audiencia y consulta y de cooperación en el mercado laboral que de vez en cuando nos causa algunos problemas. 
Todos estamos naturalmente de acuerdo en la importancia de la información y consulta y de un buen diálogo social. 
Se ha convertido en parte de la dirección empresarial moderna hacer hincapié en estos temas, involucrar a los trabajadores, hablar de organización que aprende y de este modo conseguir un mejor desarrollo de las empresas. 
Me parece importante que cuando hablemos de estas cosas no veamos la información y la consulta sólo como algo relacionado con la reestructuración y el recorte de la plantilla, sino también como algo relacionado con el trabajo diario, en el que lleva mucho tiempo establecer una confianza mutua y el diálogo mutuo que son un valor tanto para los trabajadores como para las empresas en una situación de crisis y que quizá también pueden ayudar a evitar crisis empresariales. 
Hemos tenido un largo período durante el que costó llegar a un entendimiento común para llevar a cabo una revisión de esta directiva y ha habido una mayoría de bloqueo en el Consejo. 
Dinamarca ha formado parte de esta mayoría de bloqueo. No porque nos inquietara disponer de normas para la información y consulta, de hecho hemos tenido normas rígidas al respecto desde 1960, sino porque tememos que las normas comunitarias pudieran causar problemas para el sistema que creemos que funciona bien en la práctica. 
Sería naturalmente una ironía del destino que con las normas comunitarias se destruyeran las cosas en un lugar en el que las cosas funcionan bien. 
La flexibilidad es una palabra clave a la hora de elaborar las normas comunitarias, sin embargo, por supuesto no debe existir tanta flexibilidad que no lleguen la información y consulta que hacen falta en los lugares donde no se presta atención a estas cuestiones. 
Por ello he de decir que mi Grupo en general respalda a la Sra. Ghilardotti en sus propuestas. 
Tenemos problemas con respecto a las sanciones, y debo decir que la solución que el Consejo ha encontrado supone un equilibrio sutil, siendo muy difícil modificar este equilibrio. 
Es el único punto en el que no podemos respaldar totalmente las duras normas que señala el informe de la Sra. Ghilardotti, sino que preferiríamos respaldar la solución del Consejo. 
En cambio, quiero decir sobre los regímenes transitorios que se trata de ponerse manos a la obra. 
Pongamos estas cosas en marcha y no nos quedemos hablando sólo de ellos. 
La información y consulta no son un castigo para el mundo empresarial, al contrario, es algo que promueve una buena vida empresarial y fomenta la competitividad. 
Señor Presidente, mi Grupo apoya la recomendación para esta segunda lectura, que, por otra parte, cuenta con un amplio apoyo de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Querríamos además que el Consejo hiciera lo mismo y concluyera de forma positiva los tres largos años que han transcurrido desde que la Comisión, viendo el bloqueo del diálogo social, recurriera muy oportunamente a su derecho de iniciativa. 
Tres años de más, que han estado jalonados por dramas sociales, por liquidaciones expeditivas de empresas y puestos de trabajo, a causa de incumplimientos y de verdaderas distorsiones del Derecho social comunitario en materia de información y consulta de los trabajadores. 
Aunque no cabe esperar milagros de ella, porque en el mejor de los casos sólo contemplará las empresas de más de cincuenta empleados y no va a resolver por sí sola el problema de fondo que supone el dominio del Derecho de competencia, esta directiva puede representar un paso significativo hacia una armonización de los derechos de los trabajadores de la Unión, a condición, lógicamente, de que no se la vacíe de contenido ni quede reducida al mínimo denominador común. 
De ahí la importancia de conseguir que el Consejo tome en consideración las recomendaciones propuestas por nuestra ponente, en particular las enmiendas 2 y 12, relativas a las sanciones en caso de incumplimiento de la directiva. 
Mientras el Consejo se oponga a sanciones europeas, lo menos que puede hacer a mi entender es aceptar esta postura de compromiso. 
Deseamos asimismo enmiendas que precisen y amplíen el ámbito de la información que se debe dar a los representantes de los trabajadores, y la que propone la posibilidad, a petición de estos últimos, de posponer la aplicación de una decisión que tenga consecuencias graves para el empleo a la espera de los resultados de una nueva negociación. 
La credibilidad de esta directiva ante los ciudadanos va ligada a su aplicación simultánea y universal en la Unión Europea. 
Por ello nuestro Grupo pide al Consejo que siga la postura que se nos ha propuesto, suprimiendo toda posibilidad de que algunos Estados miembros sigan aplazando durante varios años la aplicación de la directiva. 
Nuestro Grupo propone completar el proyecto de recomendación mediante la adopción de enmiendas que supriman la posibilidad de no comunicar a los representantes de los trabajadores información que se considere sensible para la vida de la empresa, porque estamos convencidos de que no procede, y de que es incluso discriminatorio, introducir una sospecha concreta contra unos trabajadores que, por definición, no tienen menos espíritu de empresa que los directivos o los accionistas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, a pesar de la acogida dada a algunas posiciones del Parlamento Europeo, es lamentable que el Consejo persista en mantener una propuesta de directiva que defrauda las esperanzas de los trabajadores de la Unión Europea. 
Cuando se conoce el comportamiento de la patronal de muchas empresas, en particular multinacionales, que deciden su reestructuración, traslado o incluso cierre parcial o total, con lo que lanzan a centenares o millares de trabajadores al desempleo sólo para reducir costos o aumentar beneficios, o ambas cosas, resulta inadmisible que el Consejo no haya aceptado propuestas que aquí aprobamos. 
De las que son ejemplos las siguientes: 
la referencia a la fase de planificación en el ámbito de la formulación de la consulta, su ampliación a la evolución económica y financiera de la empresa y a la obligación de la búsqueda del acuerdo sobre todas las cuestiones objeto de información y consulta a los trabajadores; 
la prolongación de la consulta en casos particularmente graves: la ampliación del concepto de violación grave de las obligaciones de información y consulta; la aplicación de la directiva en la administración pública; 
la supresión del derecho del empleador a retener informaciones particularmente delicadas y la obligación de los Estados miembros de fomentar el diálogo social en las PYME. 
Ésa es la razón por la que apoyamos las propuestas de la ponente, nuestra colega la Sra. Ghilardotti, que recogen parte de las posiciones adoptadas en primera lectura, con insistencia particular en las enmiendas encaminadas a reforzar las sanciones y los procedimientos judiciales concretos en los casos de violación de la directiva, en la suspensión de decisiones a solicitud de los representantes de los trabajadores, cuando de su aplicación resulten consecuencias graves para los trabajadores, con vistas, todo ello, a eliminar o reducir al mínimo esas consecuencias negativas, en la eliminación de los períodos de transición de la aplicación de la directiva de los Estados miembros en los que no exista un sistema de consulta a los trabajadores, así como en la reducción del período de su transposición a dos años y su aplicación en el sector público. 
Pero no puedo dejar de lamentar que la ponente haya dejado caer sus dos propuestas encaminadas a eliminar la posibilidad que el Consejo quiere dar al empleador de no informar, en ciertos casos, ni consultar a los trabajadores, aunque la ponente establecía en sus propuestas que pudiera haber sanciones para los prevaricadores. 
Pero la posición del Consejo abre brechas que pueden ser peligrosas para los trabajadores, por lo que conviene eliminar esa posibilidad. 
Ésa es la justificación fundamental de las dos propuestas que presentamos junto con el Grupo de los Verdes. 
Esperemos que la mayoría del Parlamento vote a favor de ellas y el Consejo tenga en cuenta las posiciones aquí defendidas en una de las esferas más delicadas de la defensa de los derechos de los trabajadores. 
Señor Presidente, como todos sabemos, el tema abordado en el excelente informe de la Sra. Ghilardotti no es nuevo, pero en las anteriores ocasiones en las que se tocó nunca había encontrado un enfoque claro. 
Me refiero en particular a la normativa sobre los Comités de Empresa Europeos que no todos los Estados miembros han traspuesto y que, entre los que sí lo han hecho, no ha sido incorporada al ordenamiento legislativo por todos, sino regulada en un marco basado en un pacto entre los interlocutores sociales, a menudo incumplido unilateralmente como, por otra parte, nos lo han demostrado los repetidos casos debatidos en este mismo Parlamento. 
Sin embargo, este Parlamento, antiguamente sensible al problema del empleo y manifiestamente orientado a configurar y a garantizar la dignidad del trabajo e incluso su calidad, así como decidido a proponer sanciones ante los casos antes mencionados que afectaban incluso a prescripciones en el empleo de los fondos europeos para el mantenimiento de las tasas de empleo, al debatir el presente informe ha mostrado dudas en los distintos grados. 
Ciertamente son comprensibles las distintas sensibilidades, habida cuenta de lo delicado de algunos temas como, por ejemplo, la aplicación de sanciones que son incluso necesarias si se quiere que una disposición sea respetada, o la supresión de la confidencialidad que dispensaba del procedimiento de consulta que, en todo caso, ha sido abandonada, o la concesión de un período transitorio en la transposición de la directiva, por otra parte, inútil, dado el tiempo para su aplicación. 
El hecho es que tanto por la constante implementación del Derecho comunitario como por el persistente deseo de una cada vez mayor cohesión y por la práctica presencia, dentro de poco, de sociedades de Derecho europeo que, respecto a otras formas jurídicas y societarias, garantizarán a los trabajadores una mejor protección desde el punto de vista de la participación, había que recapitular la cuestión previendo con ello la definición de cuestiones importantes y conexas que van de la definición del contenido de la información a la cláusula de revocabilidad, de los plazos de incoación del procedimiento a la definición de los sujetos implicados y a los sectores de aplicación, y esto sin dificultar, por un lado, la obligación de la lícita competencia que también en este caso sería admisible frente a los heterogéneos comportamientos de los Estados miembros y, por otro, la ratio del método de coordinación abierta que por fin ha encontrado una implementación práctica también para las políticas sociales. 
Lo cierto es que el tema en cuestión se presta a ser tratado en el ámbito del principio de subsidiariedad, aunque hasta la fecha no se ha definido claramente su concepto, a pesar de ser, entre otras cosas, un elemento fundamental de la misma Unión. 
Sin embargo, cabe decir que su definición y su aplicación no tiene ni puede tener un único sentido, el de asignar la tramitación de algunas materias sólo a la competencia de los Estados miembros, porque es ínsito y correcto también lo contrario, esto es, dotar a la Unión, ante las fuertes heterogeneidades o faltas de atención nacionales, de una definición básica de esas mismas materias cuando los reflejos de éstas revisten algún valor comunitario. 
Señor Presidente, permítame iniciar mi intervención recalcando la importancia, en mi opinión, de establecer normas mínimas para la información y consulta de los trabajadores así como de hacer esto de una forma que no cause trastornos en regímenes nacionales ya existentes y fiables. 
Desgraciadamente, se ha demostrado que no todos los países miembros han podido elaborar directrices para la información y consulta de los trabajadores en el plano nacional. 
Ésta habría sido la mejor solución cuando se habla de empresas en cada país, pues es aquí donde surgen los verdaderos problemas. 
En el Consejo se ha alcanzado ahora un acuerdo político sobre la propuesta revisada de la Presidencia sueca y el régimen transitorio progresivo propuesto por la Comisión. 
En Dinamarca no contamos con ninguna ley directa sobre la información y consulta de los trabajadores. 
Tal cosa, sin embargo, no significa que los trabajadores no sean consultados e informados en Dinamarca, esto precisamente está regulado mediante los acuerdos de colaboración entre los interlocutores sociales según la tradición danesa de amplia libertad entre los interlocutores sociales. 
Sólo cuando es estrictamente necesario interviene el gobierno. 
El Gobierno danés ha manifestado por tanto en el Consejo que presupone que los acuerdos de colaboración vigentes en el mercado laboral en Dinamarca cumplen los requisitos de la Directiva y el Gobierno danés quiere hacer una declaración en el Consejo sobre que la aplicación de la Directiva no afectará a los acuerdos existentes en este ámbito en Dinamarca y que la aplicación se llevará a cabo con pleno respeto hacia éstos, pero que naturalmente será necesario poner en práctica legislación para las empresas que no están incluidas por los acuerdos de colaboración existentes. 
Me gustaría preguntar a la Comisión si es de la misma opinión que el Gobierno danés. 
En otras palabras: ¿puede la Comisión garantizar que los propios interlocutores sociales tendrán libertad para concluir y mantener los acuerdos y procedimientos existentes sobre información y consulta a los trabajadores tal y como se le aseguró a Dinamarca con el compromiso alcanzado en el Consejo en julio? 
Y me gustaría dar las gracias a la Sra. Ghilardotti por haber aceptado que las sanciones sean fijadas en el plano nacional. 
Es muy importante que los propios países miembros fijen sanciones apropiadas y que se haga mediante acuerdos entre los interlocutores sociales y que tengamos en cuanta los diferentes sistemas de los países miembros. 
Si el Parlamento se hubiera mantenido en la línea dura, la propuesta habría sido rechazada en el Consejo, lo que habría sido una gran derrota para los sindicatos que durante décadas han luchado por el derecho de consulta e información de los trabajadores. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señora ponente, el hecho de que en general exista la oportunidad y la necesidad de garantizar un flujo de informaciones entre la empresa y todos los que participan en ella, en primer lugar los trabajadores implicados en la vida de la empresa, creo que es algo ampliamente compartible y compartido. 
Por le contrario, mucho menos compartible sería pretender imponer a los Estados, a cada uno de los Estados miembros, soluciones de participación de los trabajadores en las decisiones de gestión evocando en cierto sentido modelos de cogestión que, como se acaba de comentar, resultan ajenos a la tradición jurídica y económica de muchos Estados europeos. 
Por esto, considero necesario que la directiva que estamos examinando deje a los Estados miembros, como lo hacía la propuesta inicial de la Comisión y como lo hace la posición común del Consejo, márgenes de maniobra suficientes para encontrar la mejor solución al efecto de satisfacer el principio de necesidad de informar a los trabajadores. 
Por contra, muchas de las enmiendas aprobadas por la Comisión y presentes en la posición común que estamos a punto de votar, van en la dirección contraria, en particular las enmiendas 2 y 12 que pretenden atribuir de hecho, repito, de hecho a los representantes de los trabajadores una especie de derecho de veto a las decisiones adoptadas por las empresas. 
Por esto, confío en que el Parlamento rechace las enmiendas y apoye la posición común del Consejo. 
Por último, quiero hacer una observación: el apartado 2 del artículo 3 prevé disposiciones específicas aplicables a las empresas que persigan fines políticos, a las organizaciones profesionales, confesionales, etcétera. 
¿Acaso esto supone que los partidos, los sindicatos y las iglesias pueden hacer reestructuraciones sin informar a sus trabajadores, mientras que las empresas normales deben hacerlo? 
Señor Presidente, se trata de una directiva bastante complicada que cuenta con una larga historia. 
Afortunadamente, sí nos ha ayudado la posición común del Consejo, que constituye un buen punto de partida para un debate ulterior. 
Algunas personas, entre ellos, un buen número de Ministros socialistas, incluso consideran que no debe figurar nada al margen de la posición común. 
No sé si lo dicen sinceramente o porque piensan que así se les deja de dar la lata. 
En cualquier caso, es la situación real. 
La posición de nuestro Grupo ha quedado bien expuesta con lo dicho por Winfried Menrad, pero también tiene en cuenta tanto la posición común como las enmiendas adoptadas en primera lectura, algunas de las cuales- debo decirlo- no pudimos respaldar entonces. 
Hemos votado en contra de algunas enmiendas, pero éstas no figuran en el paquete actual. Por tanto, no constituyen un gran problema. 
Ahora contamos con una buena propuesta de compromiso del Parlamento y también en relación con el Consejo. 
Hay algunas enmiendas con las que nuestro Grupo tiene problemas, eso es sabido. También hay algunas enmiendas con las que algunas delegaciones de nuestro Grupo todavía tienen problemas. 
No obstante, en tanto conjunto, creo que podemos felicitar sinceramente a la ponente por su trabajo. 
Creo, así mismo, que cuando finalice esta mañana y hayamos votado sobre esta cuestión, habremos contribuido de forma importante a la información y consulta de los trabajadores en Europa. 
No debemos olvidar que han surgido innumerables problemas. 
En los últimos años, hemos adoptado aquí muchas resoluciones relacionadas con la inexistencia de esa consulta. 
Si ahora se formula bien, creo que habremos avanzado algo con relación al pasado. 
Señor Presidente, sobre esta cuestión no hablo en nombre de mi Grupo, pero quiero felicitar a la Sra. Ghilardotti por sus esfuerzos para hacer realidad esta directiva. 
Esperamos que la presente directiva desarrolle una nueva colaboración entre trabajadores y patronal y que refuerce el diálogo. Ello, a su vez, mejorará la flexibilidad y la productividad. 
Tenemos una directiva que, fundamentalmente, es una vía de doble sentido. 
Tiene que ser acertado que los trabajadores de los sectores del comercio minorista, los servicios y de la producción industrial no se enteren de su futuro a través de los medios de comunicación, sino que trabajen dentro de un mecanismo de consulta efectivo que les permita conocer qué les ocurrirá a ellos y sus familias. 
La cuestión es si las leyes en vigor funcionan satisfactoriamente. Existen numerosas pruebas de que no es así. 
Los trabajadores de mi país que trabajan en Rover/BMW, Marks& Spencers, en Longbridge, en Corus y Vauxhall- la lista es interminable- todos saldrían beneficiados con esta directiva. 
La directiva trata fundamentalmente sobre el futuro del trabajo, no el pasado. 
Cuando el cierre es inevitable para empresas con más de 50 trabajadores, queremos que exista información y consulta, de manera que los trabajadores sean informados, lo que permitirá mejorar el grado de confianza dentro de las empresas. 
Necesitamos límites realistas que permitan el buen funcionamiento de la directiva. 
De las conversaciones celebradas con los sindicatos y las empresas ha quedado claro que hay que concienciar a las empresas sobre sus responsabilidades. 
Las responsabilidades funcionan en ambos sentidos. 
Colegas, la directiva sobre la información y la consulta ha sido muy difícil. 
Han sido varias las enmiendas de compromiso. Estamos muy satisfechos con el modo en que han avanzado dichas conversaciones. 
No hay ninguna duda de que algunos Estados miembros seguirán teniendo problemas con algunos aspectos de esta directiva. 
Debemos trabajar unidos para garantizar que en la conciliación alcanzamos la fase en que ambas partes del comercio y la industria estén dispuestas a abrazar la información y la consulta. 
Quisiera felicitar a la ponente por su trabajo sobre el presente informe. 
Me encuentro entre los diputados que ya han intervenido con anterioridad ante esta Asamblea para lamentar el hecho de que no dispusiéramos de una legislación como la que hoy nos ocupa. 
Sé que personalmente, al igual que otros colegas, me he encontrado en la lamentable situación de representar a electores que han sido víctimas de los peores casos de falta de consulta y falta de información. Trabajadores que se han enterado por la prensa y los medios de comunicación de que habían perdido sus puestos de trabajo, tras haber existido especulación e incertidumbre en el lugar de trabajo. 
Me basta con mencionar lo que ocurrió con Corus en Gales este mismo año para que comprendan por qué atribuyo tanta importancia a esta normativa en particular. 
Por ello, me complace especialmente tener la oportunidad de mostrar mi satisfacción por esta propuesta que cambiará las cosas. 
Significará que los empleados participarán en las negociaciones cuando aún existe realmente una oportunidad de influir en el debate y el resultado, no cuando la decisión es prácticamente un fait accompli. 
Los empleados obtendrán todos los datos relevantes. 
Aunque son necesarias determinadas medidas para proteger los intereses comerciales de una empresa, mi Grupo cree que dichas medidas ya están cubiertas adecuadamente. 
La capacidad de imponer sanciones es uno de los aspectos más importantes de este informe, incluida la suspensión de decisiones que tengan como consecuencia la pérdida de puestos de trabajo si no se ha respetado la normativa sobre la consulta. 
No basta con los acuerdos voluntarios. 
A menudo oímos sobre buenos ejemplos de acuerdos voluntarios. Aplaudo a aquellas empresas que siguen la buena práctica, pero muchas no lo hacen. 
Lo hemos presenciado una y otra vez especialmente en Gales y Gran Bretaña, donde hasta la fecha no existía ninguna legislación en materia de información y consulta. 
Me complace enormemente que por fin hayamos avanzado en este asunto de crucial importancia. 
Creo, como han dicho otros, que no podemos esperar demasiado para la entrada en vigor de esta normativa, que es por lo que apoyo el período transitorio corto. 
Naturalmente, esta propuesta no impedirá la desaparición de puestos de trabajo, pero permitirá disponer de tiempo suficiente para poder llevar a cabo programas de adaptación y reciclaje del personal con la necesaria antelación a los cierres y los despidos de personal. 
Se trata de la eficacia de las empresas y los negocios y debería formar parte del trabajo cotidiano de las empresas y los negocios. 
Se trata asimismo de la dignidad en el lugar de trabajo. 
Los empleados forman parte integral de la asociación con la dirección y se les debe mantener informados de las decisiones que afectan no sólo a sus vidas, sino también a las de sus familias y a comunidades enteras. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el informe de la Sra. Ghilardotti sobre la directiva de información y consulta de los trabajadores está muy de actualidad. 
En numerosos países de la Unión, por desgracia, estamos presenciando una ola de fusiones, reestructuraciones y múltiples despidos. 
Como ejemplo, por no citar más que algunos, están Danone, Marks& Spencer y Moulinex. 
Hasta ahora la directiva no ha permitido medidas eficaces de cara a una verdadera intervención de los trabajadores en su futuro y el de su empresa. 
Además, son muchos los casos en los que no se aplica. 
Por ello apoyo las propuestas que se hacen en el informe de la Sra. Ghilardotti, porque se refuerzan las disposiciones y se ponen los medios para hacerlas aplicar. 
El Consejo ha incluido en su posición común enmiendas del Parlamento: la referencia a las disposiciones más favorables para los trabajadores, la obligación de que se respeten unas obligaciones mínimas, la cláusula de no retroceso... 
Aunque constituye un avance, es necesario ir más lejos, lo que también se propone en el informe de mi compañera. 
Se vuelven a proponer enmiendas importantes que mejoran el informe. 
Por ejemplo, la consulta y la información de los trabajadores en el momento de elaborarse los proyectos, antes de que se tomen las decisiones. 
Por ejemplo, si las decisiones tienen efectos negativos, tales como despidos colectivos o el cierre, la decisión final se deberá posponer hasta que se hagan las consultas, a fin de evitar o mitigar las consecuencias. 
Con esta directiva podemos empezar a promover un enfoque de las cuestiones económicas y sociales que integre la mejora de las condiciones de trabajo y la eficacia económica. 
Esta eficacia necesita claramente la intervención de los trabajadores. 
Por ello nosotros proponemos dos enmiendas que excluyen la posibilidad de que no se informe en caso de riesgo o de perjuicio para la empresa. 
Pedir discreción es una cosa; permitir a la dirección de la empresa, una vez más, que decida unilateralmente el carácter de la información es otra muy distinta. 
Evidentemente, la determinación de hacer respetar la directiva es esencial, y espero que el Consejo escuche esta vez la voluntad del Parlamento. 
Señor Presidente, es obvio que la empresa representa una pluralidad. 
Según Max Weber, la empresa es la organización que, controlando bienes y servicios, tiene por objeto la producción de bienes y de servicios para un mercado. 
Y es igualmente claro que quienes prestan sus servicios en la empresa no pueden relacionarse siempre con el empresario de forma directa y personal, sobre todo cuando el número de personas sobrepasa cierto nivel. 
Hace falta, por lo tanto, algún mecanismo que haga posible esa relación de manera permanente y fluida, con un funcionamiento a la vez sencillo y operativo para afrontar las múltiples cuestiones planteadas en la vida cotidiana de la empresa. 
La vida cotidiana de la empresa, en los tiempos actuales, se desarrolla en un mundo global; la mundialización sería la nota de su ambiente; mundialización, globalización, que no son exclusivas de las grandes o muy grandes empresas, sino que afectan, porque viven también en ese ambiente, a las pequeñas y medianas empresas. 
¿Cuál es, por lo tanto, el problema? 
En el ámbito concreto en que nos movemos, regular los derechos de información y consulta con contenido, es decir, que no se trate de un simple brindis al sol de declaraciones de intenciones y tampoco que vayamos más allá, de tal manera que se vacíen de contenido las facultades de la dirección. 
Creo que esto es lo que ha tratado de buscar la Sra. Ghilardotti en su ímprobo y eficaz trabajo: creo que ha pretendido buscar ese punto de equilibrio y, si bien es difícil- yo diría casi imposible- para alguna delegación, como en el caso de la española, votar el contenido de la enmienda nº 12, en lo demás, hay que destacar su trabajo y felicitarla por ello. 
Evidentemente, la propia capacidad de adaptación de la empresa, más necesaria hoy que nunca, se va a ver reforzada si se consigue transmitir sus necesidades, preocupaciones y perspectivas al conjunto de sus trabajadores. 
Más que de una regulación exhaustiva, se trata de una cultura de comunicación avanzada dentro de la empresa. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, creo que vamos a superar- todo el mundo es consciente de ello- una etapa decisiva en la adopción de un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores. 
No podemos sino alegrarnos y debemos felicitar a la Sra. Ghilardotti, nuestra ponente, que no ha escatimado esfuerzos para que trajéramos hoy una posición que defendemos. 
Han pasado cerca de tres años desde que se publicó el proyecto de directiva, y durante este tiempo hemos tenido que lamentar aquí una serie de situaciones. Se están produciendo cierres de establecimientos, despidos y deslocalizaciones sin que a veces se haya dado ninguna información previa a los trabajadores interesados dentro de las empresas. 
Indudablemente, esta directiva no es la panacea, no constituye una prohibición de que haya despidos, pero sí marca la voluntad de cubrir algunas lagunas, en primer lugar en las legislaciones nacionales, y también de poner remedio al carácter a veces fragmentario del Derecho comunitario que ya hemos adoptado, completándolo. 
Estos tres años han sido un periodo de debate para llegar a un texto actual equilibrado y realista. 
Este informe no es ni intransigente ni extremista, y creo que hay que destacar los esfuerzos realizados en dirección al Consejo por la Comisión de Empleo y por los diversos grupos para limar ciertas divergencias. 
El Parlamento y el Consejo son colegisladores y, señor Pronk, no tenemos que seguir con los ojos cerrados eventuales directivas, sino afirmar las posturas del Parlamento. 
Tres puntos: el primero es el de la confidencialidad de cierta información. 
Pues bien, hemos vuelto sobre la posición común de este Consejo para admitir que existen efectivamente algunas situaciones objetivas, contradicciones con el Derecho bursátil, por ejemplo, que es preciso tener en cuenta, y que dicha confidencialidad se puede mantener en algunos casos concretos. 
El segundo es el de las sanciones: no hay derecho sin sanción, y yo creo que lo que se ha previsto en caso de violación flagrante, y con esto termino señor Presidente, es un mínimo. 
En cuanto a los periodos de transición, se trata simplemente de una aplicación de los derechos sociales fundamentales; pero no se puede aplazar más la puesta en práctica de estos últimos. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, señora Comisaria, la información y consulta de los trabajadores constituye un derecho básico. Es inherente al modelo social europeo. 
Antes que nada, agradezco la ponente el buen trabajo que ha realizado y, por consiguiente, al Consejo que, de todas formas, ha evitado que se eche a perder en Niza. 
Si examinamos una directiva marco como ésta y la comparamos con una directiva sobre adquisiciones mayoritarias que ha pasado recientemente por aquí y que hemos rechazado, vemos que esta última no se adecua a la directiva marco. 
Sí al estatuto de la empresa europea, en otras palabras, una directiva marco es necesaria. 
También es necesaria- y ya lo han señalado más personas- si echamos un vistazo a lo que ha sucedido con Renault-Vilvoorde, con Michelin, con Chorus y con otros. 
Por ejemplo, en el caso de Chorus, se aprecia una diferencia llamativa entre la información y consulta de los trabajadores en, por ejemplo, los Países Bajos, por una parte, e Inglaterra, por otra. 
Esta directiva depende absolutamente, por tanto, de la calidad de la información y consulta. 
Creo que algún día tendremos que lograr la evaluación de la misma, pero éste es un comienzo. 
Es totalmente necesario enfocarlo así. 
Una de las cuestiones que más problemas me plantea es la excepción en la aplicación de esta directiva cuando una empresa, por así decirlo, se encuentre en peligro. 
Contamos con una buena experiencia en los países en que existen comités de empresa, y eso es aplicable a los Países Bajos, Alemania y Austria. No hay problemas. 
Ya existe la obligación de guardar secreto, y quisiera abogar por que se aceptaran las enmiendas que hemos presentado al respecto. 
Señor Presidente, el derecho de los trabajadores a información y consulta está establecido desde hace años en la Carta de los Derechos Sociales Fundamentales. 
Pero ¿de qué sirve un marco jurídico nacional o en el ámbito de la UE si los trabajadores son puestos con frecuencia ante hechos consumados cuando se enteran de los procesos de reestructuración a posteriori o a través de los medios? 
Apoyo la enmienda 5 de la colega Ghilardotti que exige que la audiencia se produzca ya durante la fase de planificación para que se pueda ejercer de este modo una influencia cualificada. 
Se ha producido un largo debate sobre la enmienda 7, en la que se determinan los contenidos de la información de los trabajadores. 
Aquí se incluye la situación económica- la evolución de los mercados, la estructura organizativa, la estrategia empresarial -, pero también la situación financiera con cifras de ventas y de producción. 
Aquí se trata de una información interna de la empresa y de ninguna manera de un supuesto control de las inversiones. 
En unos tiempos en los que cada vez más trabajadores participan financieramente en las empresas, están perfectamente en situación de pensar empresarialmente, tanto local como globalmente. 
Están dispuestos a apoyar estrategias razonables que hagan sus empresas más competitivas. 
El diálogo entre interlocutores sociales informados es una necesidad esencial. 
Así pues, necesitamos una formación profesional continua para las trabajadoras y trabajadores cualificados. 
Las personas que quieren conocer los detalles son un beneficio para la productividad. 
Estos empleados están dispuestos también a compartir decisiones críticas. 
Este es otro elemento adicional de una cultura moderna de organización. 
El diálogo entre los interlocutores sociales es importante precisamente en las pequeñas y medianas empresas. 
Señor Presidente, usted se pronuncia vehementemente a favor de la PYMES. 
En los países miembros se debe impulsar este diálogo, según las disposiciones nacionales allí existentes. 
Ante la presión de la competencia y de los desafíos derivados de la globalización, no existe ninguna alternativa a una cooperación interna en la empresa si se basa en el juego limpio, en la transparencia y en una información a tiempo. 
Señor Presidente, empezaré felicitando tanto a mi colega, la Sra. Ghilardotti, como al Consejo y a la Comisión por haber desbloqueado este dossier. 
Al igual que ocurría hace unas semanas con el Reglamento de la Sociedad Anónima Europea y el anexo sobre participación, estamos avanzando en estos meses más de lo que se había hecho durante años. 
Creo que esto nos da una oportunidad espléndida ante la opinión pública para señalar claramente que, a nivel europeo, tenemos un concepto de empresa que engloba a quienes trabajan en ella, lo que, además, no es sólo un derecho democrático de los trabajadores, sino que estos principios de información y consulta marcan la buena dirección para lograr unas empresas más eficientes, más efectivas, una empresa no autoritaria, sino participativa. 
En este momento de la globalización, son cruciales el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la incorporación de los trabajadores a la dinámica de la empresa. 
Queremos, y la Sra. Ghilardotti lo ha dicho muy bien con sus enmiendas, que sea una regulación real, señora Comisaria y señores representantes del Consejo. 
Y eso exige dos cosas evidentes y elementales: en primer lugar, la participación de los trabajadores debe ser previa a la toma de decisiones, porque, de no ser así, aquéllos se van a seguir enterando de lo que sucede por los periódicos y realmente pensarán que el trabajo que han hecho este Parlamento, el Consejo y la Comisión es una burla; tienen que ser asociados antes de que se tomen las decisiones, porque para el resto ya está la prensa. 
En segundo lugar, la participación tiene que ser también jurídicamente exigible. 
La diferencia, precisamente, entre la norma y la recomendación es que, cuando la norma se vulnera, puede haber una sanción. 
Si no hay sanción, estaremos en el campo de lo simbólico, pero no del Derecho. 
Estamos, señores del Consejo, en segunda lectura. 
Termino diciendo que ojalá en esta ocasión no ocurra como en tantas otras, que olvidan ustedes que el Parlamento tiene también facultades legisladoras y al mismo nivel que ustedes. 
Espero, por tanto, que tomen en consideración un informe, el de la Sra. Ghilardotti, que no es sólo suyo, sino de los millones de ciudadanos y de trabajadores de Europa. 
Al igual que mis colegas de la Delegación de Conservadores del Reino Unido, siempre he apoyado el principio y la práctica de la información y la consulta a los empleados. 
En mi anterior ocupación, como director gerente de una gran empresa de productos alimentarios del Reino Unido, fue para mí un orgullo dirigir la primera empresa de este tipo en toda la región de West Midlands que obtuvo la obtención del codiciado galardón "Investors People Award". 
Como ya se ha mencionado, este mismo mes he ejercido de anfitrión en un almuerzo de trabajo en Bruselas, con la Asociación para la participación, para mis colegas miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para hacerles partícipe de la mejor práctica en el Reino Unido y de las ventajas de la flexibilidad, porque ésa es la cuestión. 
La posición común en su estado actual está muy bien, motivo por el que personalmente no he presentado ninguna enmienda a la misma, pero las enmiendas de la comisión proponen otra nueva camisa de fuerza de talla única para todos que sería muy perjudicial para la capacidad de gestión de los directores y, en particular, para su capacidad de hacer frente a los cambios con rapidez. 
Si se frena a las empresas cuando éstas deben tomar decisiones clave necesarias, quizá para la propia supervivencia del negocio, sus problemas irán a peor, lo que significa que más empleados podrían sufrir las consecuencias. 
El Gobierno del Reino Unido ha pedido a todos los diputados británicos pertenecientes a todos los partidos políticos que rechacen todas estas enmiendas y apoyen la posición común. 
Eso es precisamente lo que harán los diputados Conservadores al PE, por ello hago ahora un llamamiento a los diputados Laboristas del Reino Unido para que den marcha atrás a la posición que todos ellos adoptaron en comisión, cuando apoyaron estas enmiendas, y voten con nosotros en interés del empleo y en interés de la nación. 
. 
(EN) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera pedir disculpas: en mi primera intervención no mencioné a la Sra. Jensen, y deseo realmente felicitarle por un trabajo excelente. 
En cuanto a la Sra. Ghilardotti, todos sabemos lo difícil que ha sido y es su trabajo. 
Tuvo que encontrar un equilibrio entre puntos de vista políticos, nacionales, sociales y económicos completamente divergentes, y quisiera felicitarle y expresar mi agradecimiento a todos los diputados que han participado en el debate y han respaldado la propuesta de la Comisión a lo largo de este proceso. 
Ésta es una propuesta importante y, una vez que haya sido adoptada, añadirá un elemento indispensable a los derechos de los trabajadores. 
Los recientes acontecimientos con despidos masivos en toda Europa no han hecho más que resaltar la necesidad urgente de instrumentos de varios tipos y de esta propuesta- esta directiva- información y consulta es un instrumento muy importante. 
Una vez que haya sido adoptada, la directiva garantizará que podamos anticiparnos mejor a las crisis y contribuirá al desarrollo de una actitud positiva frente a los cambios por parte de la dirección, así como de los trabajadores. 
Permitan que les diga que comprendo perfectamente todas las reivindicaciones del Parlamento. 
La mayoría, si no la totalidad de las cuestiones que plantean han sido objeto de intensos debates en todas las instituciones. 
El texto que tenemos delante establece un delicado equilibrio entre los diferentes puntos de vista y los intereses divergentes sobre las delicadas cuestiones en juego. 
Aunque comprendo su deseo de mejorar el texto, en mi opinión, no sería sensato alejarnos ahora de dicho equilibrio y poner en peligro la aprobación de la propuesta. 
Me refiero a las enmiendas 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 18 y 19. 
Por consiguiente, la Comisión no está dispuesta a aceptar dichas enmiendas. 
No obstante, para la Comisión son aceptables, en su totalidad o en parte, varias de las enmiendas presentadas porque mejorarán el texto. Éstas son las enmiendas 3, 6, 8, 13 y 14. 
La Comisión, por lo tanto, respaldará activamente dichas enmiendas y no escatimará esfuerzos para facilitar el consenso respecto a las mismas entre el Parlamento y el Consejo. 
Permítanme, antes de pasar a las dos cuestiones más importantes- las sanciones y los períodos transitorios- responder a la Sra. Sybæk, en lo que respecta al modelo danés. 
Quisiera resaltar el hecho de que el actual texto establece un equilibrio entre la protección necesaria de los trabajadores y la autonomía de los interlocutores sociales, como parte contratante. 
Éstos pueden celebrar libremente acuerdos que no sean del todo conforme con las disposiciones del artículo 4, pero deberán tener en cuenta los principios establecidos en el artículo 1 y en la legislación nacional. 
Ahora bien, sabemos que los temas más difíciles y controvertidos son los dos a los que ya he hecho referencia: sanciones y períodos transitorios. 
En lo que respecta a la primera de estas cuestiones, la enmienda 2 y, especialmente, la enmienda 12 proponen reforzar las sanciones, incluidos procedimientos judiciales de suspensión en caso de infracciones graves de las obligaciones de información y consulta. 
Esta enmienda, aunque refuerza la posición común, ofrece un compromiso con la propuesta original de la Comisión. 
Es innegable por tanto que el Parlamento ha dado un paso de acercamiento al Consejo en una búsqueda seria de un compromiso final. 
Quisiera agradecerles su apoyo a la posición de la Comisión en este elemento tan importante de la directiva. 
No obstante, teniendo en cuenta el carácter delicado de la situación en el Consejo, la mejor base para un compromiso final sobre esta cuestión sería limitar la reivindicación a la primera frase de la enmienda presentada. 
En dichas circunstancias, la Comisión puede aceptar la enmienda 2 y el primer apartado de la enmienda 12. 
Podemos aceptar la enmienda 2 con una pequeña modificación. 
Por último, la enmienda 15, encaminada a la eliminación del artículo 10- sobre los períodos transitorios- es asimismo un asunto de máxima importancia. 
En el pasado, la Comisión siempre se ha opuesto a este tipo de disposiciones que tienden a conceder un trato distinto a los diferentes Estados miembros. 
Esta vez, podemos encontrar alguna justificación en ello. 
Algunos Estados miembros deberán, sin ninguna duda, introducir grandes cambios en sus sistemas de relaciones con la industria. 
Por consiguiente, la Comisión es de la opinión de que el artículo 10 de la posición común constituye un compromiso justo y no puede aceptar esta enmienda. 
Resumiendo, la Comisión puede aceptar, en su totalidad o en su espíritu, las enmiendas 3 y 8; puede aceptar en parte las enmiendas 2, 6, 12, 13 y 14. Rechaza las enmiendas 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 18 y 19. 
Sé que el Parlamento es plenamente consciente de los cambios que se nos avecinan: debemos hacer todo lo posible para encontrar un compromiso aceptable entre los colegisladores. 
Creo que nuestro gran reto es establecer el equilibrio entre lo que consideramos deseable y lo que es viable o posible. 
Muchas gracias, señora Comisaria Diamantopoulou. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Empleo: líneas directrices para 2002 / Informe conjunto 2001 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0360/2001) de la Sra. Weiler, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre 
1. la propuesta de resolución del Consejo (COM (2001) 511- C5-0498/2001- 2001/0208 (CNS) ) relativa a las directrices para medidas política de empleo de los Estados miembros en el año 2002 
y 
2. la comunicación de la Comisión (COM (2001) 438- C5-0423/2001- 2001/2168 (COS) ) sobre el proyecto de informe común de empleo 2001. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la política de empleo en la Unión Europea tuvo éxito el año pasado aunque no se han alcanzado todos los ambiciosos objetivos que nos marcamos. 
Pero se ha determinado la dirección a seguir. 
Hay pocos campos en los que haya que pensar a tan a largo plazo como en el de la política de empleo. 
Tengo la sensación de que los Estados miembros no sólo han comprendido esto sino que también actuarán en consecuencia. 
Mi informe está en la línea que la comisión del Parlamento ha seguido durante los últimos años. 
Siempre hemos acompañado de un modo crítico pero constructivo el proceso del empleo en los Estados miembros. 
Por ello, este año me he centrado en algunos nuevos puntos centrales. 
Por un lado, se trata del nuevo tema de la calidad del trabajo. 
En este punto, en el Parlamento estamos de acuerdo con la iniciativa de la Comisión y la Presidencia belga, quienes han colocado la calidad del trabajo como un punto muy esencial en el orden del día. 
Desearíamos que este tema fluyese a todos los campos políticos como una especie de mainstreaming. 
El segundo punto es la equiparación de las mujeres y los hombres en el mercado laboral. 
Aquí también hemos logrado según las cifras de la Comisión una mejora: las cuotas de empleo de las mujeres han ascendido en un 2%. 
Naturalmente, esto no es suficiente pero es una vía correcta y muestra también que en los Estados miembros se está produciendo un cambio en el modo de pensar. 
Este cambio significa al menos en algunos Estados miembros como Alemania, Grecia e Irlanda, que allí se ha producido también una modificación de la consciencia. 
Un tercer punto muy importante para mí es la integración, la incorporación de los grupos desfavorecidos al mercado laboral. 
Este es un importante tema para el Parlamento ya desde hace muchos años. 
En mi informe me he pronunciado a favor de incluir también a los inmigrantes en las medidas de política laboral. 
Creo que si no lo hacemos, crearemos nuevos puntos de fricción sociales, por lo que es un importante aspecto para el futuro. 
Quiero mencionar un último sector: la formación continuada. 
En nuestra comisión ha habido algunos debates sobre si es razonable exigir un derecho a la formación continuada y encargar a los Gobiernos nacionales que lo apliquen. 
Creo que precisamente ahora, en que nos encontramos con ciertas dificultades en determinados ramos, cuyo origen se debe a que se forma demasiado poco, un derecho nacional de este tipo a la formación continuada sería muy oportuno. 
Por lo demás, estoy convencido de que lo tendremos en cuatro o cinco años. 
¿Porqué no debería ser este Parlamento en alguna ocasión un pionero? 
Para lograr estos objetivos políticos son necesarias unas directrices nacionales y europeas. 
Además, creo que es necesaria una cooperación más intensa entre las empresas y universidades de lo que ha sido el caso hasta el momento para hacer posible una transferencia eficiente de conocimientos e iniciar innovaciones empresariales más rápidamente que hasta ahora. 
Apelo también a los Estados miembros, al Consejo y a la Presidencia belga para que tengan el valor de poner en marcha un debate público sobre la política de empleo en Europa. 
Constatamos que en los Parlamentos nacionales- quizás con la excepción de Dinamarca- y también en los Parlamentos regionales y autonómicos se debate muy poco o nada en absoluto sobre la política de empleo en Europa. 
Los interlocutores sociales en los niveles europeos no saben qué debates y resoluciones tan positivas adoptamos en el Parlamento Europeo. 
En una política de empleo eficiente se incluye naturalmente también una política económica y financiera coordinada y de largas miras. 
No quiero ocultar que como Parlamento no estamos aún satisfechos en este punto con los objetivos y debates en el Consejo. 
Creo que aquí va a ser necesario un poco más de valor entre los ministros de Hacienda en el Consejo Ecofin para garantizar el ponderado objetivo de una política de empleo europea adecuada, pues sólo entonces se podrá llevar a cabo una ofensiva para el crecimiento y el empleo en Europa. 
Señor Presidente, Señorías, desde nuestro punto de vista son los Estados nacionales los que tienen en primera línea la tarea de crear el marco adecuado para lograr más empleo. 
Naturalmente, la Unión Europea puede contribuir a ello. 
Pero creo que el diálogo entre los ministros de los diversos Estados miembros es aquí especialmente importante. 
Si se observa el asunto más cerca, se constata que en algunos países de la Unión Europea existe casi un pleno empleo mientras que en otros, por el contrario, tenemos un desempleo- en especial, entre los jóvenes- que es preocupante. 
Creo que es extraordinariamente importante que los países aprendan recíprocamente y que no cometan los errores que otros cometen. 
Se puede constatar que aquellos países que están en una situación mejor, han creado los puestos de trabajo sobre la base de una base financiera sólida y han atacado antes que los demás las necesarias reformas estructurales. 
Tenemos también que plantearnos la siguiente pregunta: ¿quién crea en realidad los puestos de trabajo? 
No es el Estado ni tampoco con frecuencia las grandes empresas, que incluso más bien los reducen. 
Por el contrario, son más bien las pequeñas y medianas empresas las que crean el mayor número de puestos de trabajo. 
Si queremos tener éxito, la creación de nuevas empresas es de especial importancia. 
De lo que se trata es de crear el marco adecuado. 
Tenemos que lograr que la Unión Europea no sea la institución que contribuya a hacer aún más difícil la vida las pequeñas y medianas empresas o que dificulte las nuevas creaciones. 
El centro de gravedad de la actividad de la Unión Europea debe radicar por el contrario en crear unas condiciones marco que proporcionen a estas empresas unas oportunidades mejores. 
(SV) Señor Presidente, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es una condición para el crecimiento económico. 
En el mercado laboral europeo hay 25 millones menos de mujeres que de hombres. 
Es un enorme recurso que habrá que utilizar para alcanzar los objetivos de empleo de Lisboa y para asegurar el crecimiento económico. 
Al mismo tiempo disminuye drásticamente la natalidad. 
Los demógrafos vaticinan que en el futuro la fuerza laboral europea constará de menos personas. 
Por tanto, en el futuro la proporción de mujeres que trabajan tendrá que ser mayor y, simultáneamente, tendrán que dar a luz más niños. 
¿Cómo se resolverá esta difícil ecuación? 
Una condición fundamental es que exista una perspectiva de igualdad de oportunidades en los cuatro pilares de las directrices del empleo y, por esa razón, me satisface especialmente que Barbara Weiler haya acogido las propuestas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
Quizá lo más importante sea que las mujeres y los hombres europeos puedan conciliar la vida profesional y familiar. 
Los Estados miembros deben proporcionar guarderías y ofrecer licencias por paternidad. 
Las mujeres de Europa no deben verse obligadas a elegir entre el trabajo profesional y la familia. 
Es muy valioso que la Comisión se haya concentrado en la creación de mejores empleos. 
Esto- mejores empleos y mejores condiciones para las mujeres- es justamente una condición para que se incorporen más mujeres a la vida laboral. 
Los empleos inseguros, mal remunerados y poco calificados, en los que actualmente hay una gran representación femenina, no son atractivos para nadie. 
La calidad, que es el tema recurrente en las directrices para el año 2000, debe aplicarse también al trabajo femenino. 
Acabar con la discriminación por motivos de género, tanto en la vida laboral como en el sistema de seguridad social, es un enorme reto. 
La discriminación de las mujeres en el mercado laboral no sólo es improductiva sino que, además, estropea las potencialidades de las mujeres- como individuos y como grupo- y de toda la sociedad. 
En suma: el crecimiento y el desarrollo humano presuponen la eliminación de las discriminaciones por motivos de género. 
La igualdad de oportunidades es una inversión. 
Señor Presidente, en el año 1997, cuando se puso en marcha la experimentación del proceso de Luxemburgo, la adopción de directrices para las líneas políticas de los Estados en materia de empleo, se hizo con la convicción de que un contexto positivo de crecimiento económico no podía ser por sí solo suficiente para garantizar automáticamente resultados positivos en el terreno del empleo. 
Hoy confirmamos esta estrategia, estos compromisos y estas directrices en un marco de coyuntura económica que todos sabemos que es mucho menos favorable, antes bien, cargado de riesgos y, por lo tanto, lo hacemos valorizando ante todo la necesidad, ya planteada con ocasión de la Cumbre de Lisboa, de convertir, en todo caso, en coherentes las líneas directrices de política económica que pueden ser adoptadas a escala comunitaria y por los Estados miembros, con las indicaciones y las directrices para las políticas de empleo. 
Esto no quita nada en absoluto a la especificidad del proceso de Luxemburgo y de las líneas guía de política económica en el ámbito de el que ha sido definido un proceso de coordinación, de coordinación abierta. 
Somos conscientes de que por sí solos estos no bastan; sin embargo, son decisivos, o pueden serlo, para optimizar los efectos en el empleo o reducir los riesgos en el empleo, ligados a la evolución de la coyuntura económica. 
Todo esto con algunas condiciones, en las que abundan tanto las propuestas de la Comisión, que hemos considerado positivas, como la posición del Parlamento. 
Las menciono por títulos, por lo tanto, brevemente. Consideramos que éste es un proceso que se ha de seguir, verificar y controlar. 
No basta declarar los objetivos que, en el respeto del principio de subsidiariedad, están contenidos en los planes nacionales de empleo. 
Hace falta coherencia también desde el punto de vista de la eficacia y de la ejecución. Por esto, pedimos la adopción de indicadores comunes verificables y fiables, así como, también en el ámbito de los Estados miembros, para cumplir los objetivos nacionales sin los cuales luego sería difícil alcanzar los europeos, comunitarios que son objetivos medios. 
La coherencia con las políticas presupuestarias, también en el ámbito de los Estados miembros y de las comunidades locales y regionales; los objetivos de calidad que no sólo afectan al contexto laboral, para conjugar flexibilidad, diálogo social, protecciones, derechos y seguridad, sino que van mucho más allá de ese contexto, por lo tanto, en la vertiente de la formación continua, de las políticas de integración y de trabajo, para incrementar la tasa de actividad de los trabajadores menos viejos. 
Por último y sobre todo, las políticas de igualdad de oportunidades y las políticas activas de trabajo. 
Con estas condiciones la aportación del proceso de Luxemburgo no será exclusiva sino ciertamente positiva. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar a la Sra. Weiler por su informe y dar las gracias a la Comisión por el trabajo tenaz que realiza en el marco de la estrategia de empleo. 
Ya nadie negará que la política de empleo europea viene ocasionando desde 1997, cuando la iniciamos, una cierta tensión por lograr la convergencia en los Estados miembros, gracias a la cual, se ha logrado una mayor uniformidad en cuanto a lo que podría ser una política activa respecto del mercado laboral. 
Eso es resultado del ajuste continuo de las líneas directrices en materia de empleo, aunque sin embargo, quiero añadir que todavía se limita demasiado al primer pilar, es decir, a la empleabilidad, y que los resultados en el ámbito de la adaptabilidad de las empresas dejan todavía que desear. 
Por otra parte, creo que ha llegado el momento de la verdad. 
Ahora que la economía no va tan bien, los Estados miembros pueden demostrar que los objetivos de Lisboa no están hechos para períodos de coyuntura favorable, sino que también ahora deben continuar siendo válidos, a saber, el crecimiento sostenible, el pleno empleo y la calidad de los trabajos. 
Eso presupone que los Estados miembros deberían esforzarse un poquito más, ya que al mismo tiempo, me llama la atención que empiecen a notarse algunas debilidades en la estrategia de empleo. 
En primer lugar, un temor injustificado a establecer objetivos concretos, por no decir europeos, y evaluaciones comparativas. 
Por ejemplo, considero fantástico que el Consejo haya reconocido que la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres es una cuestión de justicia social, pero también de eficiencia económica. 
No obstante, ya me gustaría verlo hecho realidad, es decir, en forma de objetivos claros, cuantitativos y concretos para que disminuya el abismo salarial y para la creación de algunos centros para el cuidado de los niños. 
Espero, señora Comisaria, que usted lo vigile seriamente. 
En segundo lugar, en lo que a la combinación de medidas políticas se refiere. 
El método abierto de coordinación constituye un instrumento político interesante en los ámbitos en los que Europa antes no tenía nada que decir, y es muy positivo que la Presidencia belga haya añadido el aspecto cualitativo del trabajo. 
Sin embargo, para mí, es lógico, señora Comisaria, que es necesario adoptar acuerdos colectivos en diferentes terrenos, o legislación social donde no funcione el diálogo social. 
De ahí que, por ejemplo, para mi Grupo resulte muy importante saber si la Comisión Europea ahora, tras el fracaso de la consulta social, adoptará una propuesta de directiva relativa al empleo temporal. 
En efecto, el empleo temporal puede crear nuevas oportunidades. 
Sin embargo, si éste quiere ser un trabajo de calidad, que cuente con derecho sociales, con derechos sindicales, con derecho a la formación y, al mismo tiempo, con garantías para los trabajadores fijos de la empresa que emplee a esos trabajadores; entonces, debe adoptarse ahora una directiva europea que ofrezca una serie de garantías, garantías que han sido propuestas, entre otros documentos, en la declaración conjunta que presentaron hace tiempo Euro-CIETT y UNI-EUOPA, y que se refieren, por ejemplo, a la igualdad de trato tanto respecto de las oficinas de empleo temporal como de las empresas que lo utilizan. 
Con motivo de este debate, quisiera saber, señora Comisaria, cuándo presentará esa propuesta de directiva al Parlamento y de qué manera se cumplirán estos requisitos básicos esenciales. 
Señor Presidente, también quiero felicitar a la Sra. Weiler por su informe. 
Estoy muy de acuerdo con ella cuando señala la importancia de la formación y de hacer un esfuerzo especial por los mayores en el mercado laboral. 
No estoy de acuerdo con ella en que desde la UE debamos elaborar una directiva que dé algunos derechos, no obstante, comprendo que muchos de los aquí presentes desean que se haga hincapié y se ponga énfasis en que se garantice de hecho un derecho a la formación. 
No obstante, cada país debe ocuparse de ello. 
Las directrices para el empleo proporcionan tanto prioridades políticas como objetivos políticos y así fijan también un marco para los medios que deben emplearse para alcanzar los objetivos. 
Los medios están anclados en cuatro pilares. 
Debe mejorarse la cualificación de los desempleados para conseguir trabajo, debe animárseles en mayor medida a que trabajen, éste es el primer pilar. 
En segundo lugar, debe fomentarse el espíritu emprendedor para que se creen más empresas y más trabajo, por ejemplo, eliminado regulaciones restrictivas y regímenes burocráticos. 
En tercer lugar, debe fomentarse la capacidad de adaptación y la flexibilidad para que aumente la competitividad de las empresas y en cuarto lugar, deben promoverse las posibilidades de compaginar vida laboral y vida familiar, de forma que exista una verdadera posibilidad para las mujeres de alcanzar la igualdad en el mercado laboral y así se mejore la situación laboral de las mujeres. 
Se han inscrito muchos puntos bajo los cuatro pilares, y creo que estamos llegando a un punto en el que merece la pena considerar si no estamos demasiado inmersos en este proceso, pues cuantos más objetivos alcanzamos en el proceso, más nos arriesgamos también a diluir la cooperación y quizá perder de vista el verdadero objetivo, es decir, la creación de más puestos de trabajo y la reincorporación al trabajo de los desempleados. 
Una vez dicho esto, celebro que esta vez contemos con una innovación en las directrices para el año 2000, es decir, la implicación del esfuerzo local y regional y el desarrollo de estrategias locales y regionales para el empleo, y creo que esto también subraya que la Comisión necesita recursos para la realización de análisis y estudios dentro de este ámbito. 
Hablando hace algunos días sobre la movilización general contra la vuelta del paro, un gran periódico francés describía los vientos casi de pánico que corren cuando se anuncian malas cifras de desempleo. 
En momentos así, cuando se perfila una posible recesión, se lamenta aún más que el empleo no sea la prioridad de las orientaciones económicas y monetarias. 
Para los Verdes, les recuerdo, la política de empleo no puede limitarse por tanto a la función de soportar o amortiguar los efectos de los altibajos de la economía globalizada creando redes de seguridad, ayudando a los excluidos a encontrar de nuevo los caminos de la empleabilidad, que es donde se sitúa el límite del proceso de Luxemburgo y también, evidentemente, de las directrices propuestas por la Comisión para 2002, y que es asimismo donde se sitúa el límite del informe de la Sra. Weiler, que sigue la misma lógica. 
Lamentando que los Estados miembros hayan respondido escasamente a su invitación de fijar unos objetivos sobre las tasas de empleo, la Comisión y el Consejo han hecho hincapié, muy oportunamente, en verificar la repercusión calificativa de las políticas realizadas. 
Para precisar esta orientación, proponemos dos enmiendas: la primera propone establecer unas estadísticas comparables sobre las diferentes formas de empleo, es decir, incluyendo el subempleo y el desempleo parcial, y evaluar las consecuencias de las medidas fijadas de incentivación del empleo en cuanto a aumento de la inclusión o de la exclusión social. 
Nuestra segunda enmienda, por su parte, propone reforzar la actuación de los servicios de inspección laboral para evitar que se recurra abusivamente a los contratos flexibles de duración determinada. 
Es urgente, en efecto, atajar el desarrollo de los fenómenos de pobreza, precarización y sufrimiento en el trabajo. 
Nos queda por inventar una política de creación de actividades y de empleos. 
Más que desesperar por las malas previsiones sobre el crecimiento, igual que si nos lamentáramos por un pronóstico del tiempo poco halagüeño, deberíamos intentar orientarlo en función de nuestros objetivos de cohesión social y territorial, decidir por ejemplo inversiones colectivas necesarias, también de carácter público, y elaborar una política europea de creación de empleo y no sólo de colocación de los trabajadores potenciales. 
Señor Presidente, doy las gracias a Barbara Weiler por este excelente informe. 
Los informes de la Comisión que sirven de fundamento a este debate suponen que no habrá grandes cambios este año, puesto que el próximo año se hará una gran evaluación del primer quinquenio. 
Por eso no queremos empezar a hacer cambios ahora. 
Esta situación ha marcado también a este informe, que se ocupa de materias que ya hemos discutido anteriormente. 
En mi opinión, la ponente añade aspectos importantes: calidad en el empleo, educación, formación profesional, formación continua, igualdad de oportunidades, etcétera. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios presentó numerosas enmiendas, algunas de las cuales han sido aprobadas y han pasado a formar parte del informe. 
Esas enmiendas me preocupan, ya que algunas de ellas subrayan muy enérgicamente la política de estabilidad de precios, las restricciones presupuestarias y otros aspectos similares. 
Me preocupa porque nos acercamos a una situación económica menos sólida que la actual. 
El proceso de Luxemburgo se ha centrado en mejorar la calidad de la oferta de mano de obra, pero esto supone la existencia de empleos y la actual política económica crea empleo y combate las tendencias a la recesión económica. 
Por eso creo que en la situación actual esta enmienda dificulta la estrategia europea de empleo. 
Quisiera referirme también al futuro. 
Se están realizando muchas evaluaciones. 
He conocido algunos de los proyectos que se están llevando a cabo y creo que se objetará la aplicación de la política en los países miembros. 
Hay una relativa coordinación entre los que impulsan la política laboral en los países miembros, pero esta política no se aplica. 
Los que administran el mercado de trabajo no tienen mucha relación con este proceso. 
Ellos aplican sus propias políticas. 
Los parlamentos carecen de injerencia, pero son los que financiarán los esfuerzos nacionales que exigimos. 
Por eso, para conseguir mejores resultados es extraordinariamente importante que se dé mayor importancia a los parlamentos y, en general, a la totalidad del proceso político de los Estados miembros. 
Creo que ésta será la gran tarea en las evaluaciones futuras. 
No basta con señalar indicadores y cosas similares. 
También las instancias que aportan financiación y las que posteriormente administran las medidas deben tener un papel activo en el proceso. 
Señor Presidente, me complace tener la oportunidad de intervenir sobre el informe de la Sra. Weiler. La ponente ha identificado el desempleo como uno de los problemas económicos y sociales más graves a los que se enfrenta la Unión Europea. 
Esto era cierto antes del 11 de septiembre. Ahora, la realidad se ha recrudecido aún más tras los atentados y ante el telón de fondo de la continua incertidumbre económica que provoca la guerra. 
Uno de cada 12 ciudadanos de la UE está desempleado. 
Es una situación insostenible y motivo de gran preocupación para todos nosotros. 
En realidad, los niveles de desempleo son mucho más altos en algunos Estados miembros. 
Para resolver el problema del desempleo es necesario emprender acciones en el mercado de trabajo. 
Los mercados laborales no siempre funcionan eficazmente y los Estados miembros deben estar dispuestos a asumir sus responsabilidades cuando surge la necesidad. 
El proceso de Luxemburgo de líneas directrices tiene el objetivo de dar a los Estados miembros un fuerte estímulo en la modelación de sus políticas de empleo. 
En el corto tiempo de que dispongo, quiero centrarme en los acontecimientos recientes, pero antes quiero decir que varias empresas europeas clave se enfrentan a dificultades sin precedentes. No deben escatimarse esfuerzos para garantizar el mayor número posible de puestos de trabajo. 
El sector de las compañías aéreas es el más afectado en estos momentos, pero no debemos olvidarnos del sector del turismo que ya ha sufrido grandes pérdidas este año a raíz de la fiebre aftosa. 
En el caso de la compañía aérea nacional irlandesa, Aer Lingus, el 40% de su volumen de negocios y el 60% de sus beneficios lo generan las rutas transatlánticas. 
La situación de Irlanda como Estado insular en la periferia noroccidental de la Unión crea una serie de circunstancias especiales sobre las que me gustaría instar a la Comisión a que las tome plenamente en consideración. 
Sencillamente no puede permitirse el colapso de Aer Lingus. Las consecuencias económicas y sociales no tendrían parangón en ningún otro Estado miembro de la Unión, y los efectos de arrastre para las empresas afines serían enormes. 
El hecho de que seamos un Estado insular sin ningún nexo con el resto de Europa significa que necesitamos dicha compañía aérea. La Comisión debe estudiar esta situación desde una perspectiva solidaria y favorable. 
Señor Presidente, no quiero hacer ninguna profesión de fe política sobre las numerosas propuestas detalladas incluidas en el informe y en la propuesta de la Comisión de decisión del Consejo. 
La gran mayoría de ellas son simpáticas y políticamente correctas, y muchas reflejan una necesidad acuciante, sobre todo las conclusiones de la Comisión de Derechos de la Mujer, de las que dio cuenta la Sra. Theorin. 
No obstante, tengo algunos comentarios generales sobre la política de empleo y la política comunitaria de mercado laboral, que han sido tema general de una serie de informes y propuestas a lo largo de esta mañana. 
En primer lugar, tengo un comentario sobre la percepción de la realidad. 
Existe muchísima distancia entre las palabras de los informes y la realidad social. 
Los mensajes de estas abstracciones de escritorio son en gran medida una absurda descripción de la realidad social y esta descripción será completamente irreconocible para el enorme ejército europeo de desempleados y excluidos socialmente. 
Una distancia similar a la realidad queda reflejada en varios puntos de este informe. 
Lo vemos, por ejemplo, en el punto F, donde queda subrayada la oposición a la postura de que "las cuestiones relativas al mercado de trabajo se supediten a las orientaciones generales de política económica". 
Si uno pregunta por los requisitos de convergencia del Tratado, etcétera, podrá constatar que éste quizá sea un hermoso sueño y que no hay más problema que éste, no guarda relación con la realidad. 
En segundo lugar, quiero decir que la política de empleo y la política de mercado laboral en gran medida consisten precisamente en declaraciones de fe políticas. 
Por un lado, esto significa que nos movemos en un ámbito donde las decisiones no son legalmente vinculantes, lo cual da rienda suelta a muchas buenas palabras y muchas buenas intenciones. 
Por otro lado, nos encontramos en gran medida en ámbitos donde no procede según el Tratado llevar a cabo una verdadera regulación jurídica, sin embargo, lo que no procede quizá pueda llegar a proceder, pienso, por ejemplo, en la remisión a la armonización de los regímenes sociales, la política fiscal, etc. No obstante, recuerdo que en Dinamarca decimos sobre todas las buenas intenciones que "el camino al infierno está alfombrado con buenas intenciones". 
Señor Presidente, todos estamos a favor de un mayor nivel de empleo, es decir, del pleno empleo. 
La cuestión es, sin embargo ¿de qué modo? 
Muchos están a favor exclusivamente de que adoptemos medidas adicionales para los trabajadores. 
Pero esto solamente no puede conducirnos al objetivo deseado. 
Tenemos que llevar a cabo medidas dirigidas a los trabajadores y también a los empresarios. 
Esto significa también que tenemos que trabajar juntos de modo consecuente para que se mejoren las condiciones marco económicas para nuestras pequeñas y medianas empresas. 
En sus empresas trabajan las dos terceras partes de todos los trabajadores europeos. 
Hay que elevar su capacidad de actuación facilitándoles también el acceso a créditos financieros adicionales más favorables y reduciendo su carga fiscal. 
Señor Presidente, el paro es el problema más grave de nuestras economías europeas. 
Especialmente difícil lo tienen los jóvenes, las mujeres, los mayores y las personas con minusvalías. 
Falta el acceso a la formación inicial, profesional y continuada, al reciclaje profesional y, naturalmente, a los puestos de trabajo. 
Hay que fortalecer solidariamente a los más débiles. 
La Sra. Weil tiene razón cuando destaca la cumbre de Luxemburgo de 1997. 
Desde las directrices políticas para el empleo, los Estados miembros comienzan a actuar. 
Se han producido avances en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, en la aplicación de prácticas acreditadas, la inclusión de los interlocutores sociales y en los planes de acción para el empleo local y regional. 
Pero lo que aún falta es sobre todo incentivos para una búsqueda activa de trabajo y para inversiones en la investigación y desarrollo, la reducción de la carga fiscal del trabajo y reformas estructurales. 
Echo en falta en el informe estrategias a largo plazo, no medidas apresuradas para ocuparse momentáneamente de los estancamientos en el crecimiento. 
No se debe todo a los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre. 
Ha habido que corregir considerablemente los pronósticos de crecimiento, por ejemplo, en Alemania, de un 3% en enero a 0,75 % esta semana. 
El Canciller Schröder no va a alcanzar su objetivo de llegar en el año electoral a 3,5 millones de desempleados ya que la cifra va a ascender previsiblemente a 3,8 millones. 
Aquí tiembla la llamada tranquila mano. 
Para la ayuda a los desempleados y para el Instituto Federal de Trabajo van a ser necesarios 2.500 millones de euros. 
Cuando el motor de crecimiento que es Alemania renquea, esto tiene repercusiones sobre toda la Unión Europea. 
Es más que urgente introducir facilidades financieras para las PYMES. 
Precisamente en un bache coyuntural no se deben aumentar los impuestos. 
Hay que adelantar las reformas fiscales y los Estados miembros tienen que actuar más activamente en la lucha contra el trabajo negro y el fraude fiscal. 
Insto a los interlocutores sociales para que configuren de un modo más flexible los contratos de trabajo y sigan modernizando la organización del trabajo. 
Cuento para ello con el sentido común y compromiso de empresarios y trabajadores responsables. 
Señor Presidente, yo también quisiera empezar dando las gracias a la ponente por su excelente informe. 
Cuando miramos hacia atrás y vemos el corto tiempo que hemos dedicado a la política de empleo en la UE, cabe comprobar que ha sido un período relativamente provechoso. 
Ha aumentado la proporción de empleados, ha disminuido el paro y es un éxito. 
Ahora que la coyuntura económica empieza a descender llega la hora de la verdad y, a mi juicio, aumenta aún más la necesidad de coordinar la política de empleo. 
Aunque la situación es positiva, vemos todavía algunas deficiencias. 
Una de éstas es la proporción de mujeres en el mercado laboral. No sólo es una proporción inferior a la de los hombres, sino que, además, hay más mujeres en los empleos atípicos e inseguros, incluso en los países en los que existe una alta representación femenina en el mercado de trabajo. 
También, como se ha señalado en los últimos años, hay deficiencias en relación con los mayores. 
Es una vergüenza que trabaje una proporción tan pequeña de la población de entre 55 y 65 años. 
Para conseguir un cambio en esta materia se necesitan muchas medidas en relación con el entorno laboral, el desarrollo profesional, etcétera. 
Las diferencias regionales también son considerables y las cifras de empleo son aún muy bajas respecto de los inmigrantes y a los discapacitados. 
Celebro la discusión sobre calidad del empleo, esto es, que además de crear puestos de trabajo nos preocupemos de mejorar su calidad. 
Sin embargo, se necesitan muchas medidas en esta materia- obviamente en el terreno del entorno laboral- especialmente respecto de nuevos problemas medioambientales relacionados, por ejemplo, con el estrés, la marginación, el agotamiento físico y psíquico y, además, en torno a la formación continua. 
Apoyo este derecho puesto que, en mi opinión, éste es el asunto más relevante para fomentar el crecimiento económico y para crear más puestos de trabajo en el futuro. 
En realidad deseo que las partes del mercado laboral suscriban un acuerdo, un acuerdo marco en el ámbito europeo, sobre este derecho. 
No sé si es posible, en caso contrario la Comisión tendría que hacer algo al respecto, pero sería la mejor solución. 
Después habría que adaptar este derecho a la competencia de los diferentes sectores del ámbito nacional. 
Para finalizar, un comentario sobre el método abierto de coordinación. 
Este método coexiste con la legislación laboral y medioambiental. 
Es un buen método, pero tiene deficiencias en relación con el control democrático y la apertura. 
Hay que aclarar la injerencia del Parlamento Europeo en esta materia. 
Desde hace mucho tiempo está aumentando su importancia, ha funcionado relativamente bien, pero el control democrático es deficiente. 
Señor Presidente, señora. Weiler, comparto muchas de sus apreciaciones y conclusiones. 
Yo también creo que muchas de las cosas que ha presentado la Comisión suponen un claro avance. 
Señora Weiler, quiero felicitarle expresamente por este trabajo pero también quiero llamar la atención sobre tres grandes problemas que veo en la realidad, que no es tan bonita como figura en ciertas apreciaciones de la Comisión o también del informe. 
El primero es la estrategia de llegar al pleno empleo hasta el año 2010 con un crecimiento del 3%. 
Desde un principio he considerado esto como ilusorio. 
El problema es que se han dejado de lado otras formas de lucha contra el paro. 
Por desgracia, uno está aislado incluso frente a la social democracia cuando uno se pronuncia a favor de la reducción de la jornada laboral. 
Aún más de lado se dejan elementos de un tercer sector económico para prestaciones sociales, ecológicas y culturales o para una transformación ecológica. 
El segundo problema es- el Sr. Andersson acaba de referirse al mismo- la división del desarrollo político del empleo. 
Naturalmente, hay algunas tendencias positivas. 
Ha aumentado el pleno empleo entre los técnicos, ingenieros y personal directivo. 
Hay realmente ganadores de la modernización. 
Pero el envés de la moneda es un claro aumento del empleo por tiempo parcial. Sobre todo, entre las mujeres alcanza entretanto en la Unión Europea el 45,7 %. 
El tercer problema es el siguiente: usted se ha referido a la calidad del trabajo pero, en mi opinión, se ha dejado de lado en gran medida el contenido social del trabajo. 
El derecho de los contratos laborales se "flexibiliza" pero en realidad se relaja. 
Existe una ayuda al sector de los salarios bajos. 
Para los desempleados de larga duración se limita incluso el derecho a la libre elección de la profesión. 
Precisamente porque estas cosas son de una naturaleza a largo plazo, creo que estamos obligados a actuar con toda la sensibilidad posible, para que no surja aquí una nueva división. 
Señor Presidente, comienzo felicitando a la ponente, la Sra. Weiler, por el mérito de su informe. 
Este Parlamento apoyó firmemente los objetivos cuantitativos establecidos en los Consejos Europeos de Lisboa y Estocolmo en lo relativo a la tasa de empleo global y a las de mujeres y personas de edad. 
Como ya se ha dicho aquí el desempleo, constituye uno de los problemas económicos y sociales más graves en la Unión Europea y actualmente uno de cada doce ciudadanos se encuentra sin empleo y los grupos más afectados son las mujeres, los jóvenes, las personas de edad, los discapacitados y los miembros de minorías étnicas. 
Las líneas de orientación para el empleo en 2002 deben ir acompañadas, en todos sus aspectos, de objetivos cualitativos. 
A eso se debe la importancia de la adopción de medidas especiales de incentivación y acción en la esfera de la cohesión económica y social en relación con las regiones menos desarrolladas y con carencias estructurales. 
Uno de los pilares de la estrategia para el empleo, el espíritu empresarial, requiere que se favorezca la creación y el crecimiento de PYME, que constituyen un gran potencial de creación de empleo: basta con examinar los datos más recientes facilitados por Eurostat, según los cuales las microempresas de uno a nueve trabajadores registraron el mayor aumento en cuanto a creación de empleo en la Unión Europea. 
Se señala, acertadamente, la reducción de las cargas burocráticas y fiscales como un medio para estimular la creación y el crecimiento de las empresas. 
Pero no podemos dejar de subrayar que debería existir un apoyo activo en el nivel de la creación de infraestructuras de apoyo a la investigación y la innovación, a la formación profesional y a la formación a lo largo de la vida con vistas a garantizar la calidad y la continuidad en el empleo. 
Todos somos conscientes de que, sólo si todos los Estados miembros tienen como prioridad fundamental la inversión en recursos humanos, pasará la Unión Europea a ser una economía basada en el conocimiento. 
Mientras el Parlamento Europeo delibera sobre un informe dedicado a la política de empleo, informe que alaba la competencia y sostiene que la economía social de mercado ha demostrado su valía, esa economía de mercado acaba de hacer presa de 4000 nuevas víctimas, 4000 trabajadoras y trabajadores de la casa Moulinex que se han visto echados a la calle. 
Menciono Moulinex, porque la decisión acaba de salir. 
Pero podría mencionar docenas de otras empresas dispersas por todos los países de Europa, de Philips a Siemens, pasando por varias compañías aéreas. 
Es una tragedia para decenas de miles de trabajadores, y una catástrofe para las regiones que resultan damnificadas. 
Deseo expresar mi solidaridad con los trabajadores de esas empresas y mi indignación ante la actitud de sus patronos, que hacen pagar sus reveses económicos a unos trabajadores que han labrado su riqueza y que se encuentran sin empleo y sin sueldo a veces después de decenas de años de trabajo. 
Esos trabajadores no se han beneficiado en modo alguno de los periodos de prosperidad de sus empresas, ni son responsables de sus dificultades. 
Las instituciones europeas protegen, al igual que los gobiernos, esta situación escandalosa, en la que, para que los propietarios puedan salvaguardar su capital, se arremete contra los trabajadores. 
El dinero necesario para financiar el mantenimiento de los puestos de trabajo se debe sacar de la fortuna acumulada por los accionistas pasados o presentes y de los haberes de los bancos. 
Sin esta voluntad política, las grandes frases acerca de la política de empleo se reducen a una vana charlatanería. 
Pues bien, les advierto que los trabajadores no se dejarán pisar eternamente, y tanto la avidez de los patronos como el servilismo de las políticas hacia ellos acabarán por provocar una explosión social. 
Y esto es lo que impondrá una verdadera política de empleo, porque ella es la que impedirá que los que se han enriquecido gracias al trabajo de los demás eludan sus responsabilidades. 
Señor Presidente, con motivo de la evaluación actual del proceso de empleo, quisiera centrar la atención de la Comisión y, por supuesto, también del Parlamento en dos puntos. 
En primer lugar, el propio método de coordinación. Se ha convertido en un método apreciado en el sector social, y ello en una serie de temas que son competencia nacional, pero que ocasionan problemas comunes en todos los países europeos. 
Por tanto, pueden establecerse objetivos comunitarios. 
No obstante, el éxito del método, señora Comisaria, depende de la presión moral y política que se ejerza, dado el hecho de que no se trata de un mecanismo obligatorio. La atención de los medios de comunicación desempeña un papel esencial en ello. 
El proceso de empleo funciona ya desde hace unos cinco años mediante el método de coordinación abierta, y se nota que la atención ha disminuido muy notablemente. 
La atención de los medios de comunicación se relaja y, como consecuencia, disminuye la presión sobre los Gobiernos nacionales para que tengan seriamente en cuenta los objetivos y la crítica anual del Consejo y de la Comisión respecto de su plan nacional de acción. 
El método de coordinación abierta sólo tiene éxito en tanto el stress de convergence continúe existiendo y habrá que continuar esforzándose por que así sea. 
Por tanto, la cuestión es cómo se puede seguir presionando, y considero que éste debe constituir uno de los puntos cruciales de la evaluación. 
Ahora, el segundo punto, las best practices. 
En los diferentes informes se han enumerado las best practices para los Estados miembros. 
La cuestión es ¿en qué medida se seguirá una política para, en efecto, aprender algo de estas best practices? 
¿Cuántos Estados miembros van a examinar los proyectos de otros Estados miembros? 
¿Cuántas best practices se han debatido en los Estados miembros? 
Es uno de los métodos para que la política de empleo pueda seguir funcionando incluso si la presión disminuye. 
Pido, por tanto, que examinemos estos dos puntos en la evaluación. 
Muchas gracias, señora Comisaria Diamantopoulou. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para segunda lectura (A5-0320/2001) de la Sra. Thorning-Schmidt, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la posición común del Consejo (7914/1/2001- C5-0293/2001- 1992/0449 (COD) ) relativa a la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas mínimas para la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores frente a los agentes físicos (vibraciones) (16ª directiva individual en el sentido del apartado 1 del artículo 16 de la 89/391/CEE). 
. (DA) Señor Presidente, el Consejo de Ministros ha presentado una posición común sobre las vibraciones mecánicas. 
La posición común contiene muchos elementos positivos. 
El mejor es haber logrado alcanzar un acuerdo sobre un compromiso en el Consejo. 
Esto significa que ahora existe un amplio reconocimiento de que las vibraciones suponen un riesgo sanitario. 
Tanto cuando se trata de vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo como cuando hablamos de vibraciones transmitidas al cuerpo entero. 
También es positivo que las tres instituciones parezcan estar de acuerdo en un método para limitar estas vibraciones. 
La llave de este método es que paralelamente se implanten valores de acción y valores límite que nunca deban ser sobrepasados. 
Durante la tramitación en la comisión hemos hablado mucho de los valores límite. 
Sin embargo, realmente es una pena, pues los valores de acción son de hecho los más importantes. 
Pues cuando se superan los valores de acción, el empresario tiene obligación de intervenir, de actuar y prevenir modificando la organización del trabajo. 
Precisamente este método proporciona flexibilidad y hace hincapié en la prevención frente al mandato. 
Y me parece enojoso que justamente la flexibilidad y el énfasis dado a la prevención no hayan sido reconocidos de ninguna forma por los opositores de la propuesta en este Parlamento. 
Es una verdadera lástima considerando que ellos mismos hablan a menudo de flexibilidad y de prevención antes que de mandato. 
Sin embargo, desgraciadamente encontramos, asimismo, aspectos menos acertados en esta propuesta del Consejo de Ministros. 
Hay en ella una serie de puntos que empobrecen la propuesta original de la Comisión y por ello ha sido necesario presentar varias enmiendas. 
Quiero examinar un par de ellas. 
La enmienda nº 1 recuerda que aún nos faltan las directivas sobre los agentes físicos restantes. 
Sabemos que la directiva sobre ruido está en camino, sin embargo, esperamos impacientes esta última y sería conveniente que la Comisión aceptando nuestra enmienda nos dijera hoy que están igual de preocupados como nosotros por tener listas estas directivas. 
Hemos esperado durante muchos años. 
La enmienda nº 2 es absolutamente fundamental. 
Como se ha dicho, es positivo que el Consejo pudiera alcanzar un acuerdo para fijar un valor límite, sin embargo, cuando se examina cuán elevado es realmente, también se entiende cómo pudo lograrse. 
Con la propuesta de 1,15 m/s2 se ha producido un importante empobrecimiento. 
Y en el informe se propone por ello un valor límite de 0,8 m/s2. 
Sabemos por los estándares ISO internacionalmente reconocidos que puede decirse con seguridad que existen riesgos sanitarios con esfuerzos de más de 0,8 m/s2. 
Por ello resulta más lógico fijar un valor límite en el que la protección de los trabajadores de hecho sea real. 
No se trata de un endurecimiento, se propone meramente regresar al nivel que la propia Comisión propuso en la primera lectura, y no existe ningún nuevo conocimiento que justifique la elección de otro valor límite. 
Algunos en este Parlamento han repetido y repetido que no existen pruebas definitivas de la relación entre las vibraciones transmitidas al cuerpo entero y los daños. 
Sin embargo, esto sencillamente no es verdad. 
Existe una relación evidente entre las vibraciones fuertes y los daños. 
La ciencia está de acuerdo al respecto. 
Es verdad que no podemos fijar cifras claras de cuántas personas sufrirán daños en un determinado valor límite. 
Sin embargo, así será siempre que hablemos de medio laboral e individuos. 
En estos casos debe utilizarse el principio de cautela, y así también lo dispone de hecho el Tratado. 
La enmienda nº 5 propone regímenes transitorios más breves de lo propuesto por la posición común. 
Es evidente que sería posible en la práctica en el mundo real. 
Sin embargo, con la posición común tendríamos regímenes transitorios de hasta 12 años, y casi no tiene sentido legislar por un período de tiempo tan largo. 
Por último, he presentado en nombre de mi propio Grupo, del PSE y del EDLR una enmienda que abre las puertas a la posibilidad de eximir a la agricultura y a la silvicultura de los valores límite para las vibraciones transmitidas al cuerpo entero. 
Hemos alcanzado un compromiso en el que se permite a la agricultura y a la silvicultura al igual que a la navegación aérea y a la navegación marítima quedar fuera de estos valores límite para las vibraciones transmitidas al cuerpo entero. 
Hemos actuado así porque dudamos que la agricultura pueda cumplir de hecho estas condiciones. 
Permítaseme a este respecto subrayar dos aspectos. 
En primer lugar, pienso que los cálculos de consecuencias por parte de la agricultura han sido sumamente exagerados y por lo tanto nada serios. 
Se ha llegado a afirmar que los agricultores sólo podrían trabajar dos horas al día. 
Creo que esto es falso. 
Me parece que se ha olvidado en los cálculos que la directiva sólo se aplica a los trabajadores y no a los autónomos. 
El segundo aspecto importante a mencionar es que esta propuesta de compromiso no significa que renunciemos a combatir las vibraciones perjudiciales en la agricultura. 
Significa sencillamente que elegimos otro método y merece la pena señalar que los valores de acción deben seguir respetándose. 
Espero que la Comisión y el Consejo reciban positivamente nuestra propuesta. 
Espero asimismo que recibamos un gran respaldo a estas propuesta en esta Asamblea. 
El texto actual es equilibrado y razonable y cumple el objetivo fundamental de esta directiva, es decir, garantizar la flexibilidad en los puestos de trabajo al mismo tiempo que se garantiza a los trabajadores la necesaria protección frente a las vibraciones perjudiciales para la salud en el trabajo. 
Señor Presidente, la propuesta de directiva que estamos examinando en segunda lectura se inscribe en el marco de las medidas destinadas a promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, objetivo al que, como usted sabe, nuestro Parlamento se mantiene, con gran razón, muy atento. 
Pero se trata, sin embargo, de hallar un equilibrio justo entre, por un lado, la exigencia de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y, por otro, la necesidad de evitar que la aplicación de la directiva conlleve cargas desmesuradas para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas. 
En efecto, la adopción de unos valores límite de exposición demasiado restrictivos que en la práctica podrían resultar técnicamente muy difíciles de respetar se volvería en realidad en contra de los intereses de los trabajadores, bien porque les llevaría a limitar su tiempo de trabajo a dos horas al día, bien porque la falta de aplicación de los valores límite llevaría a reducir considerablemente su protección real. 
Puesto que se trata sólo de un capítulo- las vibraciones -, es igualmente necesario tener en cuenta el frágil acuerdo, obtenido con dificultad, entre los diversos imperativos nacionales, no imponiendo nuevas obligaciones excesivas a los sectores e industrias interesados. 
A este respecto, querría decir que nuestra comisión no ha podido trabajar, debido a un calendario demasiado apretado. No hemos podido mantener audiencias a tiempo con todas las personas competentes en la materia, y lo lamento. 
Por todas estas razones, nuestro Grupo considera que las enmiendas adoptadas en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales constituyen un compromiso relativamente aceptable entre las exigencias en materia de protección de los trabajadores y las relativas a la capacidad competitiva de la industria europea. 
Considera sin embargo que es indispensable incluir una posibilidad de excepción, para los sectores agrícola y silvícola, en la medida en que el estado actual de la técnica y el ritmo de renovación de las máquinas en estos sectores no permitiría una aplicación eficiente de los valores límite de exposición. 
A título personal, y sobre todo en lo que respecta al trabajo que hicimos la semana pasada, querría por último dar las gracias al ponente por su constructiva cooperación. 
Deseo que este espíritu de apertura, señora Comisaria, pueda permitir hallar en el marco de la conciliación con el Consejo un punto medio de entendimiento a fin de que la directiva pueda ser aprobada en un plazo razonable. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la ponente, Sra. Thorning-Schmidt, por los enormes conocimientos que ha demostrado sobre este tema tan técnico en comisión así como en el Pleno. 
Mi padre y sus hermanos y, de hecho, todos los hombres de mi familia han trabajado en las minas de carbón del noreste de Inglaterra y la mayoría de ellos han sido compensados por haber contraído la dolencia "dedos blancos", derivada de la vibración transmitida al sistema mano-brazo, y por la sordera producida por las condiciones laborales. 
Esta propuesta relativa a los agentes físicos es a mis ojos una propuesta muy real. 
La vibración era un problema grave en el pasado. Y sigue siéndolo, como demuestran los extenuantes esfuerzos que los grupos de interés procedentes de varios sectores de la industria han dedicado a todos los diputados a este Parlamento en relación con la presente propuesta. 
Quisiera hacerme eco de lo que ha dicho la ponente sobre los otros elementos de la directiva original sobre los agentes físicos. 
El tema del ruido, según la directiva original de 1986, debía haber sido revisado en 1991. 
Aquí estamos, diez años más tarde, sin que se haya realizado ninguna revisión de la legislación vigente en materia de ruido. 
Respecto a la radiación óptica, los láser industriales se encontraban en una fase inicial cuando se presentó la propuesta original. 
Ahora su utilización se ha extendido y debemos actualizar o introducir legislación a nivel europeo sobre este tema en materia de campos y ondas. 
Estamos sometidos a un bombardeo cada vez mayor de campos y ondas de todo tipo y de todas las intensidades en nuestros hogares y lugares de trabajo. Este fenómeno lleva camino de incrementarse radicalmente como consecuencia de nuevos avances, como la tecnología de conexión inalámbrica "blue-tooth". 
Todos estos elementos pendientes adquieren cada vez mayor urgencia y espero que la Comisión continúe su buena labor para salir del estancamiento que se ha producido hasta ahora en el seno del Consejo. 
La ponente ha introducido en su informe varias enmiendas importantes, pero probablemente una de las más importantes sea la enmienda 2 relativa a las vibraciones transmitidas al cuerpo entero. 
La enmienda 2 representa un compromiso, se sitúa entre la propuesta original de la Comisión y la posición común, y espero que obtenga el apoyo de la Asamblea. 
Hemos recibido enormes presiones de los grupos de interés, en particular, en lo relativo a las vibraciones transmitidas al cuerpo entero. 
Existe consenso general sobre la necesidad de actuar respecto a la vibración transmitida al sistema mano-brazo, pero los grupos de interés industriales no han escatimado esfuerzos para convencer a los diputados de que no existe ninguna relación entre la vibración transmitida al cuerpo entero y las lesiones. 
Me consta que la Comisión tiene en su haber al menos 17 cajas de archivos de casos que demuestran la aparición de lesiones derivadas de la vibración transmitida al cuerpo entero. 
La dificultad radica en dilucidar qué proporción de dichas lesiones son causa directa de la vibración transmitida al cuerpo entero y qué proporción es causa de otros factores, tales como una ergonomía deficiente o una mala postura. 
Existe una relación causal y existe la necesidad de tomar medidas. 
Espero que la ponente obtenga respaldo en esta cuestión. 
La ponente ha mencionado también un compromiso para excluir la agricultura. 
Se ha demostrado la necesidad de introducir dicho compromiso; si llega a aprobarse, la exclusión sería para cinco años. 
Personalmente hubiera preferido que no se produjera, pero tenía que ocurrir para garantizar el consenso político aquí para la votación de hoy. 
Si se aprueba, la Comisión no debe recurrir a su truco habitual de esperar a que transcurran los cinco años para hacer un examen de las pruebas científicas y presentar una propuesta. 
Debe llevarse a cabo el trabajo preliminar para avanzar rápidamente una vez que hayan expirado los cinco años. 
Por lo tanto, lo que perseguimos y lo que seguiremos intentando, más allá del debate y de la votación de hoy, es alcanzar en la conciliación un equilibrio entre los niveles de actuación y unos valores límite que el sector pueda aceptar y aplicar, pero que al mismo tiempo fomente una mejor ingeniería para eliminar la vibración de los nuevos equipos y mejorar el modo en que se tienen en cuenta las consideraciones ergonómicas. 
Espero que el informe sea respaldado hoy. 
Trataré específicamente sobre la vibración transmitida al cuerpo entero. 
Como ya se ha dicho, existen pruebas que demuestran que la vibración transmitida al sistema mano-brazo puede ocasionar "dedos blancos", pero no creo que existan pruebas suficientes que demuestren que la vibración transmitida al cuerpo entero encierre tremendos riesgos para la salud de los trabajadores. 
Existe un leve riesgo para la salud, pero incluso según la norma ISO no existe ningún riesgo cuantitativo para la salud, y por tanto, sin pruebas científicas adicionales, creo que sería una locura que impusiéramos más cargas al sector. 
Me alegra que la ponente haya aceptado al final que necesitamos un compromiso en la agricultura, y en este sentido quiero animarles a todos a que aprueben la enmienda 11. 
De este modo, la agricultura y la silvicultura quedarían excluidas durante cinco años, tras los cuales el Parlamento volvería a replantearse la cuestión, cuando dispongamos de nuevas investigaciones y pruebas científicas. 
Si no votamos a favor del compromiso en la enmienda 11, creo que no será posible llevar a cabo la siega en todo el territorio de la UE. 
Si no aprobamos la enmienda, los conductores de tractores, por ejemplo, sólo podrán conducir su tractor durante un período de entre 2 y 4 horas cada 8 horas, y eso en caso de que consigamos el valor límite de 0,8 m/s2 que propone la ponente. 
Aun en el caso de que se excluyan la agricultura y la silvicultura, debemos volver a la posición común de 1,15 m/s2 en vez del 0,8 que propone la ponente, porque si no volvemos a ese valor límite, otras partes de la industria como la ingeniería, la minería y la construcción tendrán tremendos problemas, por lo tanto, les animo a que se aseguren de que no votan a favor de poner más restricciones al sector cuando no se ha demostrado que exista un riesgo cuantitativo para la salud. 
Les pido por la presente que no voten a favor de la posición de la ponente al respecto y que volvamos a la posición común y votemos a favor de la enmienda 11 y en contra de las enmiendas 2, 4, 12 y 9. 
Señor Presidente, creo que la ponente ha efectuado un excelente trabajo. 
Tengo experiencia en el ámbito del asesoramiento a comités de empresa, sindicatos y sector privado sobre las condiciones de trabajo, entre otras cuestiones. 
Debo señalar que desde hace unos quince años ya trabajamos en los Países Bajos- eso es aplicable también a otros Estados miembros, atención: best practices- con la norma OSO 2631, tal como la Sra. Thorning-Schmidt ha recomendado y seguido. 
Solamente en el último momento, hemos decidido finalmente secundar la enmienda de la Sra. Hermange. 
Realmente estoy de acuerdo en que no hay que analizar solamente lo que dice el sector privado. 
También hay otras partes. 
Los sindicatos, por ejemplo, han dicho que no sólo se trata de la exposición desde la perspectiva de la salud, sino también, por ejemplo, del fenómeno del cansancio. 
En ese caso, la norma debería ser realmente más estricta de lo que es ahora, desde la perspectiva de la inseguridad. 
No he oído aquí nada sobre ese aspecto, y creo que realmente debería conducirnos a un término medio. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a la Sra. ponente por su excelente trabajo y, dicho esto, permítanme recordar que el apartado 1 del artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclama que todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad. 
Se trata de una declaración amplia, dentro del capítulo dedicado a la solidaridad, en la que encajan no sólo las medidas contra aquellos riesgos que ostensiblemente saltan a la vista (un riesgo de caída, un riesgo frente a un material abrasivo) , sino también aquellas medidas de prevención contra los riesgos que pudiesen pasar desapercibidos a la mayoría de las personas no expertas en esta materia. 
Son así los riesgos a los que están expuestos trabajadores de las minas, de la construcción, de los transportes. 
En total, dicen los estudiosos, hasta un 24 % de los trabajadores de Europa, y ello en su doble manifestación de vibración transmitida al sistema mano-brazo con la manifestación de los dedos blandos, la disminución de la fuerza prensora, etc., o la vibración transmitida al cuerpo entero (dolores de espalda, lumbalgias, hernias, etc.). 
Conviene recordar, Sra. Comisaria, que estas medidas no deben limitarse a los agentes físicos en el caso de las vibraciones, sino que también deben contemplar los ruidos, las ondas y los campos electromagnéticos, las radiaciones ópticas, etc., y todo ello, con el período transitorio necesario para una adaptación a las exigencias derivadas de la adopción de estas decisiones. 
Estoy convencido de que todos los empresarios y trabajadores pretenden un mismo objetivo: la mejora de condiciones del entorno y del escenario laboral, un adecuado ambiente de trabajo. 
Será necesario un período transitorio para sustituir equipos, mejorar y adaptar procedimientos, y habrá que considerar las diferencias relativas al desarrollo tecnológico y al tipo de actividad, por ejemplo, agrícola, con el convencimiento de que el riesgo cero no existe y de que la lucha a favor de la seguridad es responsabilidad de todos los implicados: trabajadores (independientes o por cuenta ajena) , empresarios, administraciones locales, regionales y nacionales. 
Señor Presidente, en los dos años que llevo en este Parlamento nunca había recibido semejante aluvión de cartas de queja como el que he recibido a propósito del presente informe. 
Me refiero en particular a los aspectos de la vibración transmitida al cuerpo entero, más que a la vibración transmitida al sistema mano-brazo. 
Estos comentarios no son sólo de empresarios, grandes y pequeños, de sectores como la agricultura, la cantera, la minería, la ingeniería y la construcción- por nombrar sólo algunos- que sienten una preocupación justificada por la viabilidad misma de todo su sector a raíz de estas propuestas. 
Los comentarios proceden también de empleados normales que temen por sus puestos de trabajo si se aprueban las enmiendas de la ponente. 
Trabajos científicos publicados recientemente y muy respetados procedentes de Alemania, Italia y el Reino Unido, así como del país de la ponente, Dinamarca, demuestran que no existe ninguna relación directa cuantificable entre la vibración transmitida al cuerpo entero y el dolor de espalda. 
Tomo nota de que el Sr. Hughes mantiene lo contrario; no es la primera vez que discrepa con su propio Gobierno. 
Los comentarios de más arriba de los electores tienen dos cosas en común: su enojo porque los diputados socialistas al PE hayan presentado dichas enmiendas, en primer lugar, y su rotunda incredulidad de que dichos diputados estén tan apartados de la realidad. 
Permitan que lo diga con total claridad. 
Los comentarios de más arriba no tienen nada que ver con la salud y la seguridad, aspectos que todos consideramos importantes. Son relativos exclusivamente al hecho de que la ponente saque conclusiones precipitadas que no tienen ningún fundamento científico específico. 
El Gobierno del Reino Unido está rotundamente en contra de las enmiendas presentadas por la ponente que, en su opinión, perjudicarían a la industria y la agricultura sin aportar ninguna ventaja. 
Los diputados conservadores británicos al PE estamos de acuerdo con la opinión del Gobierno e instamos a los diputados laboristas británicos al PE que apoyaron el presente informe con tanta firmeza en comisión a que ahora apoyen la posición común y, al mismo tiempo, apoyen nuestro compromiso presentado conjuntamente por varios Grupos políticos. 
Les insto a todos a que se unan a nosotros en la votación a favor de la ciencia sensata y de la sensatez. 
Señor Presidente, ésta es realmente una de las peores leyes que he visto en este Parlamento. 
Las ventajas que ofrece son vagas y especulativas- no están demostradas ni cuantificadas, pero los costes son reales, inmediatos y masivos. 
Estimaciones fidedignas apuntan a que los costes de aplicación sólo en el Reino Unido podrían oscilar entre 15.000 y 30.000 millones de euros. 
Las repercusiones alcanzarían a una gran variedad de sectores- no sólo a la agricultura, sino también al transporte por carretera, a la construcción y a muchos otros ámbitos. 
He sido contactado por una variedad excepcionalmente amplia de organizaciones empresariales y todas sin excepción están en contra de la medida y, especialmente, de las enmiendas que la harían aún más represiva. 
Entre dichas organizaciones se incluyen: la Confederación de empresas británicas, el Sindicato nacional de agricultores, la Asociación de transportistas por carretera, la Asociación de canterías, el sector del carbón y JCB, el fabricante de maquinaria pesada. 
Resulta que el límite establecido por la directiva limitaría a un conductor de camión a seis horas de trabajo, a un conductor de tractor a dos o tres horas y a un cortador de matorrales a 15 minutos. 
Esto ocasionará grandes daños a las economías europeas. Destruirá puestos de trabajo. 
Como se ha señalado, un corredor medio sobrepasa el límite por un factor de 7 u 8, e incluso caminar por una calle podría incumplir la normativa. 
Sospecho que el lunes sobrepasé el límite cuando viajaba a Estrasburgo en autobús desde el aeropuerto de Basilea. 
La directiva supone asimismo enormes costes y cargas administrativas al sector en términos de medición de los niveles de vibración y registro de la exposición. 
Existe una necesidad acuciante, señor Presidente, de aplicar a las propuestas legislativas europeas un estudio adecuado sobre las repercusiones de las normativas. 
Si en este caso se hubiera hecho, nunca habría llegado tan lejos. Cualquier posible ventaja es superada con creces por los costes. 
Según parece no podemos rechazar la propuesta en su totalidad, pero hago un llamamiento a los colegas para que apoyen las enmiendas que la atenúan y rechacen las enmiendas que la harían aún más desastrosa de lo que ya es. 
. 
(EN) Señor Presidente, en nombre de la Comisión, quisiera felicitar a la Sra. Thorning-Schmidt por su excelente informe, en particular, por tratarse de un asunto técnico tan difícil: y no sólo se trata de un dossier difícil, sino que además ha permanecido en el Consejo desde 1994 y ahora por fin echa a andar. 
Considero que la presente legislación sobre vibración será un paso fundamental para alcanzar una mejor protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de los agentes físicos, pero naturalmente, debemos tener en cuenta las repercusiones económicas, las consecuencias para las empresas- pequeñas, medianas y grandes. 
Éste es el motivo por el que proponemos el enfoque de paso a paso. 
No podemos olvidar que un número considerable de trabajadores sufren las consecuencias de su exposición a las vibraciones, en particular, trastornos neurológicos, vasculares y musculoesqueléticos. 
Éste es un problema especialmente grave que resulta oneroso para las empresas y la sociedad y, lo que es más importante, provoca sufrimiento a las personas afectadas directamente así como a sus familias, y cuando hablamos de los costes, debemos calcular el coste que soporta la empresa como consecuencia de los problemas de salud de sus trabajadores. 
Respecto a las enmiendas presentadas por el Parlamento, la Comisión ha hecho grandes esfuerzos para mantener una protección de alto nivel, al tiempo que garantiza la posibilidad de alcanzar un compromiso. 
Aunque consideramos que serían más adecuados unos valores más bajos que estén más en línea con la propuesta modificada, hemos aceptado la posición común del Consejo con vistas a alcanzar un compromiso global. 
La posición común incrementa los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción en el caso de las vibraciones transmitidas al cuerpo entero, e introduce nuevas disposiciones sobre los períodos transitorios para los equipos de trabajo actuales, en general, y para los equipos utilizados en los sectores de la agricultura y silvicultura, en particular. 
Por razones de coherencia, la Comisión no puede, por consiguiente, aceptar la enmienda 2, que reduce los valores de exposición de la posición común para las vibraciones transmitidas al cuerpo entero, ni tampoco la parte de la enmienda 5 que reduce la duración de los períodos transitorios. 
No obstante, la última parte de la enmienda 5 sería aceptable si se modificara ligeramente su formulación. 
Asimismo, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 8 y 12 porque sólo repitan los principios de responsabilidad de los empresarios, que ya están contemplados en la Directiva marco, sin ningún valor añadido adicional, ni tampoco las enmiendas 9 y 13 porque éstas eliminan la posibilidad de que los Estados miembros concedan excepciones sobre las vibraciones transmitidas al cuerpo entero en el caso de los trabajadores temporeros o sencillamente establecen el promedio de exposiciones ya contemplado en la norma ISO a la que la directiva hace referencia. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 11 por razones técnicas y políticas. 
A pesar de que la Comisión está de acuerdo con los principios que se esconden detrás de las modificaciones propuestas en la enmienda 1, sólo podemos aceptar la primera parte, pero no la segunda, que prevé el compromiso del Parlamento Europeo y del Consejo de continuar con la adopción de otras partes de la propuesta original sobre los agentes físicos. No es cuestión de desacuerdo político. 
Esta parte del considerando infringe el Reglamento, que establece que los considerandos no incluirán disposiciones normativas ni exhortaciones políticas. Acepto las enmiendas 3, 4 y 7. 
No hay ninguna duda de que estas enmiendas mejoran y aclaran el texto. 
Lamento tener que rechazar la enmienda 6 en su estado actual. 
No obstante, podría aceptar la idea de que los Estados miembros deban justificar los períodos transitorios o las excepciones que concedan. 
No obstante, este aspecto debería integrarse en el apartado 1 del artículo 14. 
Por último, permitan que les recuerde que el enfoque paso a paso que hemos utilizado, comenzando por las vibraciones, implica que ahora deberíamos seguir adelante con los tres agentes físicos restantes incluidos en la propuesta original de la Comisión: ruido, campos electromagnéticos y radiación óptica. 
Para terminar, la Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas 3, 4 y 7. Puedo aceptar en parte las enmiendas 1, 5 y 6 y rechaza las enmiendas 2, 8, 9, 11, 12 y 13. 
Muchas gracias, señora Comisaria Diamantopoulou. 
Estimadas y estimados colegas, cuando escucho lo que ocurre aquí, pienso que próximamente necesitaremos también una directiva sobre el ruido en el Pleno durante un debate. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, quería preguntarle acerca de la decisión que la Mesa adoptó anoche sobre el Estatuto de los funcionarios. 
Quiero saber sobre qué base se adoptó dicha decisión. 
Creo que convendría recordar a la Asamblea que cuando se aprobó la actual Comisión, se hizo sobre la base de la necesidad de una reforma radical. 
Anoche la Mesa adoptó la decisión de adoptar un enfoque bastante más cauteloso del que aprobó el Pleno, pero no queríamos un enfoque como en el pasado, queríamos una revisión radical. 
Deseo saber por qué la Mesa ha ido en contra del espíritu de lo que el Pleno aprobó en la votación sobre el informe van Hulten, así como sobre el informe Harbour, y habida cuenta de la importancia decisiva y el carácter interinstitucional de este asunto, por qué el vicepresidente para la Reforma, el Comisario Kinnock, no fue invitado a intervenir en dicha reunión. 
¿Podría, señor Presidente, garantizarme que la Mesa reconsiderará su posición sobre este asunto y, también, que invitará al vicepresidente de la Comisión para que intervenga ante la Mesa al objeto de modificar la carta que se aprobó anoche? 
Asistí a la reunión que la Mesa celebró anoche, pero no tengo conocimiento de que la Mesa adoptara realmente ninguna decisión definitiva. 
Se adoptó la decisión de escribir una carta al Sr. Prodi y, por consiguiente, las conversaciones sobre este asunto siguen su curso. 
En el último período parcial de sesiones intervine por una cuestión de orden para plantear todo este asunto y pedí a la Presidencia que informara plenamente a esta Asamblea sobre la evolución de las negociaciones sobre la reforma tan pronto como fuera posible. 
Hasta ahora, no hemos obtenido dicha información y hago hincapié aquí en las preocupaciones que ha expresado mi colega la Sra. Morgan. 
En mi informe, que fue aprobado por una amplia mayoría en esta Asamblea, establecimos la estructura lineal para la carrera profesional en base a los méritos como la pieza central de la reforma. 
Pero por los comentarios que uno de los Vicepresidentes de este Parlamento está haciendo a la prensa y no a esta Asamblea, se diría que la Mesa ya no considera importante todo este asunto. 
Espero poder contar con el apoyo de todos los colegas de esta Asamblea cuando digo que seguimos considerando dicho aspecto como la pieza central de las reformas y no vemos ninguna razón por la que el Parlamento no debería seguir una línea similar a la que está siguiendo la Comisión en esta fase decisiva. 
Someteré a la Mesa volverá la cuestión que ha planteado su Señoría y la Sra. Morgan. Puedo asegurarles que se estudiará con la debida atención. 
Señor Presidente, ¿podemos tomar sus palabras como garantía de que no se enviará ninguna carta hasta que la Mesa vuelva a reunirse el jueves, porque, según creo, eso es lo que la Asamblea desearía oír? 
No les puedo decir en qué situación se encuentra la carta. 
Imagino que ya habrá sido enviada, por lo que no puedo decirles que no se enviará. 
Pero este asunto será estudiado detenidamente cuando la Mesa se reúna de nuevo mañana. 
Señor Presidente, permítame objetar que el informe Thorning-Schmidt y el informe Ghilardotti vayan a ser sometidos a votación inmediatamente después del debate. 
Algunos grupos no han tenido ocasión de examinar el informe Ghilardotti, en particular, ni de debatir sobre ellos. 
Si esto vuelve a ocurrir en el futuro, ¿podrían al menos advertirnos con más antelación? 
Hasta anoche no nos enteramos de que esto iba a suceder, cuando ya era demasiado tarde para que pudiéramos hacer algo al respecto. 
Este informe estaba programado para hoy desde que se estableció el orden del día. 
Recibimos numerosas quejas de la prensa, que afirma que no votamos con la suficiente rapidez después de la celebración de un debate. 
Por consiguiente, hay que encontrar un término medio. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, estoy leyendo el artículo 114 del Reglamento del Parlamento Europeo, según el cual sólo se aplicará el procedimiento sin debate cuando la comisión competente no haya presentado enmiendas o cuando las enmiendas presentadas hayan sido aprobadas en la comisión por menos de cuatro votos en contra. 
Ahora se presenta este informe a votación en el Pleno sin debate previo; sin embargo, en la votación de la comisión parlamentaria se eligió al candidato de Suecia, Sr. Tobisson, pero más de tres miembros de la comisión votaron en contra porque este candidato no tenía ninguna experiencia como interventor de cuentas. 
Por ello, quisiera que usted considere si es oportuno proceder a la votación sin debate- y sin la posibilidad de exponer públicamente estos puntos vista -, habida cuenta de que más de tres miembros de la comisión han votado en contra del candidato que será nombrado. 
Yo reclamo que este asunto se someta a debate en el Pleno del Parlamento. 
Naturalmente, cada diputado está autorizado a votar como desee. 
Su Señoría hace referencia correctamente al artículo 114 del Reglamento. 
La comisión ha pedido que sea el Parlamento el que decida. 
Nos encontramos en una situación en la que la Conferencia de Presidentes aprobó la inclusión de este punto en el orden del día del Parlamento a petición de la comisión. 
Por consiguiente, seguimos adelante con la votación. 
(El Parlamento aprueba en votaciones sucesivas las nueve resoluciones) 
Informe (A5-0318/2001) de Didier Rod, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Recomendación del Consejo sobre la utilización prudente de los agentes antimicrobianos en la medicina humana (COM (2001) 333- C5-0411/2001- 2001/2164 (COS)) 
. (FR) Señor Presidente, señorías, la resistencia a los agentes antimicrobianos es actualmente la causa de cientos de miles de muertes en el mundo. 
Enfermedades que se creían controladas, tales como la tuberculosis o la peste, están resurgiendo y presentan una grave amenaza para la salud humana, sobre todo en los países en vías de desarrollo. 
Al votar a favor del informe Khanbhai, se reconoció que la resistencia a los antipalúdicos era una de las causas de la mortalidad relacionada con el paludismo. 
Pero hoy en día se sabe que una de las verdaderas causas de la situación actual en Europa es la mala utilización de esos antibióticos y el excesivo consumo, no sólo en el ámbito de la medicina humana, sino también en lo que respecta a la alimentación animal. 
Es igualmente lo que indican los informes sobre los OGM... 
Lamento interrumpirle, en su calidad de ponente, pero no es correcto que el ponente comience a hacer una intervención antes de que pasemos a la votación. 
Si tiene algo pertinente que decir sobre la votación, le escucharemos. 
Pero si no tiene que ver con el procedimiento de votación, le sugiero que, como ponente, ya ha tenido su oportunidad de intervenir sobre la esencia del debate. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor de la designación de nueve miembros nuevos del Tribunal de Cuentas. 
Los nueve candidatos reúnen buenas condiciones para convertirse en miembros destacados del Tribunal de Cuentas. 
Recordamos, sin embargo, a los países miembros que en su nominación de candidatos deben tomar en serio el apartado segundo del artículo 247 del Tratado: "Los miembros del Tribunal de Cuentas serán elegidos entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus respectivos países a las instituciones de control externo o que estén especialmente cualificadas para esta función". 
El Tribunal de Cuentas desempeña una función muy importante con respecto al control de los recursos de la Comunidad. 
Por ello es muy importante que haya un respeto permanente hacia sus miembros. 
Hemos votado con sentimientos encontrados sobre estas nueve reelecciones y nominaciones de miembros del Tribunal de Cuentas. 
La función del PE en este ámbito es marginal, dado que el Consejo es la institución que los nombra. 
Respaldamos este reparto de competencias que establece el Tratado. 
Sin embargo, el pronunciamiento del PE sí tiene que dejar clara la calidad de los candidatos. 
En lo que a ello concierne, estamos seriamente decepcionados tanto en lo que a algunos Estados miembros se refiere, como respecto de la mayoría de la Comisión de Presupuestos. 
Algunos candidatos, en nuestra opinión, están por debajo de lo esperado y otros no cumplen ni tan siquiera los requisitos que figuran en el Tratado. 
Un Estado miembro que propone a un candidato basándose exclusivamente en que ha ejercido durante mucho tiempo la política, y sin que cuente con las cualificaciones oportunas en el ámbito de las cuentas, tiene que avergonzarse. 
No obstante, el nivel de los candidatos era también bastante dispar en todo lo restante. 
Para un puesto semejante, que conlleva una gran responsabilidad y tiene gran importancia para los dineros comunitarios, deberían proponerse exclusivamente pesos pesados en el terreno financiero-político. 
Ahora que no ha sucedido esto en algunos caso, hemos concedido a algunos el beneficio de la duda, pero no hemos podido dar nuestro voto a los candidatos más flojos. 
Informe Rod (A5-0318/2001): 
. (FR) No discutiremos los argumentos médicos esgrimidos a favor de una limitación del consumo de antibióticos y de otros agentes antimicrobianos. 
El informe menciona no obstante la necesidad de ahorrar en los gastos de atención médica. 
Aunque esto pueda estar justificado en general, rechazamos sin embargo cualquier argumentación en este sentido. 
Demasiado bien sabemos que, cuando se quiere ahorrar en gastos médicos, es siempre el consumo de las clases populares, y sobre todo de los estratos más pobres de la población, el que se resiente. 
El resultado de las "recomendaciones prudenciales" de este tipo que sirven, en general, a las autoridades gubernamentales para tomar medidas restrictivas es que el exceso de consumo médico de los que tienen dinero no se ve afectado, mientras que se priva incluso de los servicios necesarios a los que no lo tienen. 
Por consiguiente, nos hemos abstenido en este informe. 
Informe Schmidt (A5-0324/2001): 
Señor Presidente, he intervenido tan a menudo que estoy afónico. 
A lo mejor he formulado demasiadas explicaciones de voto. 
He votado a favor de la directiva relativa a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios porque los pensionistas se enriquecen, por decirlo así, con el ahorro que produce frutos. 
De este modo, estos ahorros serán fructíferos, como propone esta directiva, podrán imitar al gran navegante solitario Chichester- el padre de nuestro querido colega Giles Chichester- que ha cumplido 65 años circunnavegando el mundo, como navegante solitario. 
Informe Jensen (A5-0319/2001): 
Señor Presidente, el informe Jensen ha merecido el voto favorable del Partido de los Pensionistas. 
Sin embargo, quisiera decirle a la Comisaria, Sra. Diamantopoulou, tan comprometida en favor de los trabajadores y en aumentar el número de puestos de trabajo en toda Europa que yo, en mi condición de representante del Partido de los Pensionistas, creo que para tener más puestos de trabajo deberíamos reducir el coste del trabajo, es decir, deberíamos reducir el coste de las prestaciones y de las contribuciones para las pensiones aumentando, no obstante, el importe de las pensiones. 
Menos contribuciones y más pensiones: se puede conseguir única y exclusivamente con una atenta y correcta administración del dinero de los contribuyentes. 
Ya con ocasión de la primera lectura de este informe, en febrero de 2001, tuvimos oportunidad de apoyarlo. 
Su importancia reclama de nuevo nuestro apoyo y nuestro voto favorable. 
Desarrollar, programar, seguir y evaluar la estrategia europea de empleo con la participación de los interlocutores sociales y las autoridades locales y regionales son objetivos importantes e indispensables para la materialización plena y eficaz de las ambiciones estratégicas formuladas en el Consejo Europeo de Lisboa. 
Más y mejores empleos representan una mayor cohesión económica y social. 
Para eso es imprescindible un refuerzo de la cooperación entre los Estados miembros por lo que se refiere al intercambio de experiencias, información y selección de los procedimientos más idóneos, junto con una participación de los interlocutores sociales y de las autoridades locales y regionales, sin perder de vista la aplicación de una política de información activa y transparente a los ciudadanos que tenga en cuenta sus exigencias en materia de transparencia. 
En este informe resulta digna de elogio, en particular, la atención prestada al fomento de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado del empleo y del trabajo. 
La realización de estudios sobre la oferta de estructuras de acogida de niños y servicios de asistencia y prestación de asistencia a domicilio es un instrumento esencial para evaluar las carencias en ese nivel, en una primera fase, y poner en práctica, en una fase posterior, un plan de acción encaminado a facilitar la conciliación de la vida profesional con la vida familiar. 
Por lo que se refiere al presupuesto y a las asignaciones anuales, compartimos y apoyamos la posición de la ponente. 
Informe Ghilardotti (A5-0325/2001): 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Ghilardotti. 
Está bien la información de los trabajadores, no obstante, señor Presidente, he probado a sustituir el término "trabajadores" con el término " pensionistas. 
El resultado ha sido un excelente informe: la Unión Europea pide más información para los pensionistas; la Unión Europea quiere consultar más a los pensionistas. 
Los pensionistas se sentirían plenamente satisfechos de saber que un informe trata de una mayor información y consulta de los pensionistas, porque actualmente los pensionistas europeos, un día antes de cobrar su pensión, a veces no conocen siquiera su importe, no saben la edad en que podrán jubilarse y no entienden en absoluto los documentos que se les presentan. 
Por consiguiente, además de votar a favor de la información y consulta de los trabajadores, espero hacerlo pronto también a favor de la consulta e información de los pensionistas. 
. (EN) Podemos rastrear esta propuesta en particular hasta más de 20 años atrás y hoy deberíamos estar disfrutando de las ventajas de las intensas negociaciones y los compromisos celebrados no sólo aquí en el Parlamento, sino también en el Consejo y entre los interlocutores sociales. 
La posición común ofrece los medios más idóneos para alcanzar el objetivo de garantizar que los trabajadores tienen acceso real a la información y la consulta, y que además se les ofrece la oportunidad de influir en el funcionamiento continuado de la empresa. 
Lamentablemente, las enmiendas presentadas por la ponente y aprobadas en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales van totalmente en contra del espíritu de cooperación alcanzado hasta ahora. 
En particular, el tema de las sanciones que podrán imponerse a nivel de la UE es un claro desafío a la subsidiariedad y las competencias de los gobiernos nacionales. 
Lo único que hemos conseguido es que este tema acabe en la conciliación, sin acercarnos en absoluto a la consecución del objetivo real de garantizar la información y la consulta a los trabajadores de la Unión Europea en lo que se refiere a la gestión de sus empresas. 
. (EN) En términos generales, acojo con satisfacción el resultado de esta votación, aunque habría deseado que hubiera sido mayor el número de diputados dispuestos a apoyar las enmiendas sobre la imposición de sanciones a las empresas que no cumplen las disposiciones de la directiva. 
No obstante, no hay ninguna duda de que las medidas aprobadas por el Parlamento marcarán una diferencia importante para muchos trabajadores de toda la UE. 
Ojalá que, gracias a las propuestas sobre definiciones más restrictivas de la información necesaria y sobre un plazo para la consulta plena a la luz de despidos a gran escala y demás cambios potencialmente perjudiciales, evitemos situaciones en las que los trabajadores deben recurrir a este Parlamento en busca de protección de sus derechos e intereses. 
Asimismo acojo con satisfacción la insistencia del Parlamento en la rápida aplicación de la presente directiva en todos los Estados miembros, cualquiera que sea la situación actual de representación de los trabajadores. 
Confío en que el Consejo seguirá ahora el ejemplo del Parlamento. 
. (EN) Apoyo incondicionalmente el presente informe de la Sra. Jensen. 
El llamamiento en favor de un incremento de los fondos de la UE para la creación de empleo llega precisamente cuando la UE intenta coordinar sus estrategias para el empleo mediante el denominado método abierto de coordinación. 
Estos fondos podrían contribuir en gran medida a reafirmar los esfuerzos y a consolidar el trabajo en curso desde la "Cumbre de Lisboa punto.com". 
Asimismo, el informe reconoce también el papel válido y valioso que las autoridades locales y regionales pueden desempeñar en el proceso de creación de puestos de trabajo. 
Sólo cuando trabajemos con dichas autoridades, que disponen de un conocimiento en profundidad de vital importancia sobre las necesidades y peculiaridades regionales en materia de empleo, podremos cosechar las ventajas potenciales que expone el presente informe. 
Informe Thorning-Schmidt (A5-0320/2001): 
Señor Presidente, entre los pensionistas que me han enviado a mí, Carlo Fatuzzo, aquí, como representante del Partido de los Pensionistas en el Parlamento Europeo, hay también muchos enfermos a consecuencia de las vibraciones mecánicas sufridas a lo largo de su vida laboral. 
Por lo tanto, he votado a favor del informe de la Sra. Thorning-Schmidt, a pesar de que ella desearía que yo dejara de intervenir en este Pleno con su enmienda anti-Fatuzzo que, afortunadamente, ha sido rechazada por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Sugiero, por lo tanto, que se limite el horario de trabajo allí donde hay vibraciones inevitables por la actividad a desarrollar pero más frecuentes respecto a los máximos autorizados. 
. (FR) Según el ponente, el 24% de los trabajadores de la Unión Europea está expuesto a las vibraciones mecánicas. 
Fundamentalmente los que trabajan en las minas, la construcción, la producción, los bosques y los transportes. 
Las vibraciones transmitidas a las manos provocan trastornos graves y casi sistemáticos, como el fenómeno de los "dedos blancos" en los leñadores y silvicultores: estrechamiento del canal carpal, mala circulación e insensibilidad nerviosa. 
Las vibraciones transmitidas al cuerpo entero producen dolores lumbares, hernias discales y una degeneración prematura de la columna vertebral. 
Sin embargo, pese a los daños que se sabe causan a la salud des trabajadores, ¡hace ya más de diez años que se está elaborando una directiva europea! 
Si ha pasado tanto tiempo es porque los patronos de estos sectores y los fabricantes de maquinaria oponen resistencia, porque no desean normas impositivas que harían que la evolución tecnológica repercutiera de inmediato en la maquinaria utilizada. 
Por otra parte, las empresas no siempre utilizan máquinas homologadas. 
Y, cuando lo hacen, no necesariamente las revisan con regularidad; de modo que las vibraciones aumentan. 
Pero, sobre todo, las condiciones de trabajo impuestas son factores considerablemente agravantes. 
La maquinaria en cuestión es utilizada con frecuencia por trabajadores pagados a destajo, en unas condiciones penosas de trabajo intensivo. 
Hay que imponer a las empresas la remuneración de descansos regulares a lo largo de toda la jornada. 
Es escandaloso que los trabajadores sigan perdiendo la salud para ganarse la vida. 
Informe Korhola (A5-0321/2001): 
Señor Presidente, cuando se respeta el medio ambiente como se respeta con esta directiva de la Sra. Korhola, todos nos sentimos contentos y felices. 
En efecto, acabo de regresar de una visita de la Comisión de Medio Ambiente a Eslovaquia, donde comprobamos los progresos de este país en materia ambiental, y debo decir que todos nos sentimos plenamente satisfechos. 
Imagínese, señor Presidente, que una noche, mientras estaba a punto de subir en ascensor al segundo piso, vi entrar precipitadamente en el ascensor al Sr. Bushill-Matthews en compañía del generalmente impasible Sr. Blokland, también ellos muy felices, exclamando en voz alta: "¡ Pero Fatuzzo, no podemos dejarte solo con la Sra. Malliori !" que todos sabemos que es, como todas las mujeres griegas, muy atractiva. 
Incluso el Sr. de Roo, a quien le preocupa mucho el silencio, escuchó estas palabras. 
. (FR) "Participación del público" en los "planes relacionados con el medio ambiente": evidentemente estamos a favor. 
Pero este informe, una vez más, es un texto veleidoso en el que las buenas intenciones expresadas no ocultan la ineficacia de las medidas propuestas. 
La actualidad, ya sólo en Francia, con la reapertura del túnel del Mont-Blanc en contra de la opinión de la población de las inmediaciones, la desatención de las protestas de los habitantes del valle del Ródano contra las molestias sonoras producidas por los camiones en la autopista o también el trazado de la línea de tren de alta velocidad, muestra el poco caso que hacen las autoridades de la opinión pública cuando se manifiesta. 
Y, yendo mucho más lejos, ¿qué control pueden ejercer hoy en día los ciudadanos para impedir que una catástrofe como la del Erika contamine cientos de kilómetros de costas? 
¿Qué control puede ejercer incluso para impedir que se pueda producir una catástrofe, por desgracia no sólo ecológica, como la de la explosión de la fábrica de AZF en Toulouse? 
En realidad, mientras los ciudadanos no tengan el derecho y los medios para controlar la actividad de las empresas como TotalFinaElf, ni la posibilidad de prohibirles toda política de ahorro en detrimento de la sociedad y de sus propios trabajadores, la expresión "participación del público" es una expresión vacía. 
Nos hemos abstenido. 
Esta propuesta de directiva que introduce, por fortuna, correcciones positivas en una normativa comunitaria, representa una perspectiva reductora e inadecuada de la aplicación del Convenio de Aarhus, ya ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Ahora bien, la contribución a la aplicación del Convenio de Aarhus en los Estados miembros es mínima, como también la aplicación del Convenio en los procedimientos y decisiones de competencia comunitaria. 
Las propuestas incluidas en el informe Korhola contribuyen, en general, a mejorar el documento, si bien son insuficientes para resolver todas las deficiencias de la propuesta de directiva, por lo que también hemos votado a favor de otras propuestas que han profundizado la propuesta de informe, con lo que contribuimos a que no se pierda una oportunidad en el difícil proceso de aplicación del Convenio de Aarhus. 
Lo que también ha quedado claro en este debate es que la importancia del contenido de este Convenio y su ratificación por todos los Estados miembros justifica la profundización de la reflexión, un debate más amplio y con mayor participación y una respuesta más adecuada de la Comisión y no la visión minimalista de la propuesta que ha enviado al Parlamento Europeo. 
. (EN) La presente propuesta tiene el propósito de garantizar que se dan oportunidades para la participación del público en una fase temprana y decisiva del proceso de toma de decisiones en materia de medio ambiente. 
Esto incluye la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas, una mayor participación en el procedimiento relativo a la aplicación de las disposiciones sobre evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente, así como en la puesta en práctica de medidas de prevención y el control integrados de la contaminación. 
El Anexo 1 de la directiva enumera las disposiciones de conformidad con las cuales se ofrece al público por primera vez la posibilidad de participar en la elaboración de planes y programas. 
Dichas disposiciones deberán ser añadidas a las directivas relativas a los residuos, la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos, así como a las directivas relativas a los residuos peligrosos, los envases de cobre, la calidad del aire ambiente y al vertido de residuos. 
El principal impulso de esta directiva es garantizar que la información es puesta a disposición del público dentro de un plazo razonable. 
El publico deberá tener la oportunidad de manifestar sus comentarios y opiniones antes de la toma de decisiones. 
Es importante que los ciudadanos de Europa participen en las decisiones que se toman a nivel de la Unión Europea. 
La Unión Europea y los gobiernos nacionales apoyan el principio de subsidiaria que garantiza que la toma de decisiones incluye la participación local en cada oportunidad. 
Todos conocemos también la prueba medioambiental a que son sometidos ahora constantemente los reglamentos y las directivas de la UE. 
Apoyo el progreso. 
Apoyo el desarrollo económico. 
Debemos asegurarnos de que en todo momento existe un equilibrio entre la protección de nuestro medio ambiente y el progreso económico. 
Esta directiva que hoy nos ocupa es una medida legislativa equilibrada que estoy seguro recibirá el respaldo de todos los diputados. 
. (EN) En términos generales, acojo favorablemente el resultado de esta votación, aunque desearía que más diputados hubieran estado dispuestos a apoyar las enmiendas que tratan sobre sanciones a las empresas que no aplican las disposiciones de la directiva. 
No obstante, no hay ninguna duda de que las medidas aprobadas por el Parlamento marcarán una diferencia importante para muchos trabajadores de toda la UE. 
Ojalá que, gracias a las propuestas sobre definiciones más restrictivas de la información necesaria y sobre un plazo para la consulta plena a la luz de despidos a gran escala y demás cambios potencialmente perjudiciales, evitemos situaciones en las que los trabajadores deben recurrir a este Parlamento en busca de protección de sus derechos e intereses. 
Asimismo acojo con satisfacción la insistencia del Parlamento en la rápida aplicación de la presente directiva en todos los Estados miembros, cualquiera que sea la situación actual de representación de los trabajadores. 
. (EN) Apoyo incondicionalmente este informe de la Sra. Korhola. 
En una época en la que muchos ciudadanos, pertenecientes a todas las capas sociales, se sienten privados del derecho de representación y marginados, el llamamiento a favor de la participación del público en la elaboración de algunos planes y programas en materia de medio ambiente es sin duda oportuno. 
Esta propuesta, la primera en su género, podría hacer posible que ciudadanos de a pie participen y den su opinión sobre temas que abarcan desde la calidad del aire hasta la protección de las aguas. 
El informe hace recomendaciones concretas y prácticas sobre cómo puede llevarse a cabo la participación del público en este ámbito; por ejemplo, la información deberá estar disponible en un plazo razonable. 
Por otra parte, los ciudadanos tendrán derecho a presentar sus comentarios de forma oral o por escrito. 
El informe aborda muchos de los aspectos problemáticos a los que deben hacer frente los responsables de la toma de decisiones desde las manifestaciones de Seattle, Estocolmo y Génova: podría propiciar mayor transparencia y responsabilidad, porque los ciudadanos podrían servir de referencia respecto a la total autonomía de los responsables de la toma de decisiones, además de ser mejor informados sobre las decisiones que éstos toman en su nombre. 
Reviste la máxima importancia la participación efectiva del público en la elaboración de planes y programas relativos al medio ambiente, por lo que toda la divulgación de la información al público es necesaria, en particular por la red Internet. 
Hay otras esferas directamente vinculadas con el medio ambiente que también deben tener la participación del público- Fondos estructurales, Fondo de Cohesión y Política Agraria Común -, por lo que la Comisión debe revisar su decisión de tratar las opciones de política general como no vinculantes y procurar que sus propuestas sean el resultado de las exigencias establecidas en el Convenio de Aarhus relativas a la participación efectiva del público. 
Resulta necesario definir "público" de la forma más amplia posible. 
El acceso a los recursos por los pequeños grupos locales de voluntarios, frente a la desigualdad de acceso de medios adecuados de evaluación ante los recursos de grandes empresas o autoridades públicas, es importante y se debe tener en cuenta. 
Informe von Boetticher (A5-0339/2001): 
Señor Presidente, en esos aviones que me llevaban a Eslovaquia, al cerrar los ojos durante un momento, como me ocurre a menudo cuando sueño con algo interesante que luego relato en mis explicaciones de voto, vi que mi hija Cristina que, como todos sabemos, desde hace seis años trata de licenciarse en Derecho, por fin se había licenciado. 
Había conseguido el título de Licenciada en Derecho, especialidad Derecho comunitario y había recibido un premio de 1.000 euros por haber profundizado el Derecho comunitario, tal como se pretende con este informe von Boetticher. 
Por lo tanto, he votado a favor de este informe. 
Sin embargo, señor Presidente, ¿era un sueño el hecho de que por fin mi hija Cristina se había licenciado en Derecho o lo era el hecho de que por fin contábamos con el abogado europeo, con 2.000 euros de premio, como debería ser en Europa? 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor de este informe pues estamos de acuerdo en que la UE debe ampliar la cooperación civil en beneficio de los ciudadanos comunitarios. 
Sin embargo, tenemos en cuenta que el Reglamento no se aplica a Dinamarca, cf. el Protocolo sobre la posición de Dinamarca con respecto al Tratado de la Unión Europea. 
Informe von Boetticher (A5-0333/2001): 
Señor Presidente, he votado a favor de este segundo informe del Sr. von Boetticher. 
¿Acaso era posible votar en contra de un informe cuyo objetivo es permitir moverse y circular por la Unión Europea más veloz y rápidamente con un eficaz control de la identidad de las personas no gratas en nuestra Unión? 
A propósito de este informe, durante los viajes que acabo de hacer a los países del Este- Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria y Hungría- se me acercaron muchos pensionistas y me dijeron: " Señor Fatuzzo, estamos contentos de que la Unión Europa haga lo posible para que circulemos libremente por la Unión, pero, hasta la fecha, nos piden los documentos diez veces, nos controlan a cada momento y debemos preparar muchos documentos para movernos de un lado a otro. 
Tenga en cuenta que esperamos con ansia el día en que por fin podremos circular realmente con toda libertad ". 
. (FR) Hemos votado en contra de este informe porque constituye una simple aplicación de los acuerdos de Schengen, de los que no queremos salir fiadores ni directa ni indirectamente. 
Aunque pretendan organizar la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea, los acuerdos de Schengen, por el contrario, ponen obstáculos a dicha libertad, al menos en lo que respecta a las personas que son originarias de fuera de la Unión Europea. 
Estamos a favor de la libertad total de circulación de las personas, sean o no originarias de la Unión. 
Los tratados europeos garantizan perfectamente la libertad de circulación de capitales sin ocuparse de su origen, hasta el punto de dejar que el dinero procedente del comercio de armas, del tráfico de drogas o incluso el dinero del terrorismo se blanquee en el territorio europeo para no tocar el sacrosanto secreto bancario, ni el secreto comercial. 
Nuestro voto expresa nuestra oposición a una Europa hecha para los capitales y no para los hombres. 
Informe Goebbels (A5-0302/2001): 
Este informe del Sr. Goebbels pretende evidenciar la importancia del Sistema Monetario Internacional para aquellos que utilizan la moneda para tratar de mejorar su economía. 
He votado a favor, pero tengo una duda: me he acordado de ese limpiabotas napolitano, de ese chaval napolitano tan sumamente pobre a quien un rico y viejo industrial, que se encontró con él en Ischia, le dijo: " Yo, a tu edad, en lugar de estar aquí tomando el sol, limpiaba zapatos. 
Después compré un taxi, luego una empresa de transportes públicos, más tarde una compañía aérea y al final me he convertido en el propietario de una red de satélites ". 
"¿ Y ahora qué haces ?" le preguntó el chico. 
"Ahora estoy aquí tomando el sol de Ischia y de Italia." 
"Y yo" le contestó el chico, "¿ qué estoy haciendo ?" 
. (FR) El informe Goebbels sobre los medios para evitar las crisis monetarias internacionales es en conjunto preciso, serio y razonable. 
Por ello resulta más sorprendente no encontrar en él una sola palabra sobre el euro ni encontrar una referencia al argumento (tan serio) que antes nos lanzaban de que el euro, destinado a imponerse rápidamente como gran moneda internacional, iba a disciplinar al dólar obligando a las autoridades monetarias estadounidenses a abandonar su "benign neglect". 
Es cierto que algunos analistas discrepantes pensaban, por el contrario, que un sistema monetario internacional bipolar dólar/euro (o tripolar, si se cuenta el yen) corría el riesgo de ser más inestable que el antiguo sistema unipolar (o bipolar). 
En cualquier caso, era un debate interesante, que habría debido inscribirse plenamente en el campo del informe Goebbels, contando además con la ventaja de la experiencia, dado que el euro lleva en vigor casi tres años, al menos en los mercados internacionales. 
El caso es que el ponente evita prudentemente esta cuestión. 
¿Por qué? 
Sencillamente porque tanto la tesis del euro estabilizador como la del euro desestabilizador descansaban sobre la misma hipótesis de base, es decir, que el euro iba a convertirse rápidamente en una segunda moneda internacional, al lado del dólar- si no a su misma altura. Algo que está lejos de ser la realidad. 
No sólo el euro no es una gran moneda, sino que se ha depreciado, estando constantemente al límite de la crisis de confianza, y su papel internacional no se está desarrollando. 
Y, para colmo, ¡nos dirigimos hacia inextricables problemas entre países miembros! 
Si la Unión Europea no hubiese obedecido a los dogmáticos, si hubiésemos desarrollado progresivamente el ecu respetando las monedas nacionales, el proceso habría sido más seguro y sencillo. 
Por último, la experiencia de estos tres últimos años confirma lo que hemos pensado siempre: la falsa maniobra de la unificación monetaria europea más bien va a facilitarle la vida al dólar. 
La buena salud de este último, a pesar de los recientes atentados, parece aportar además una nueva prueba de ello. 
Se comprende que el ponente no tenga ganas de insistir en el tema. 
. (FR) Después del excelente informe de nuestro colega Goebbels, se ha sometido al Parlamento Europeo una propuesta demasiado reducida desde el principio. 
Además, el representante de la Comisión ha expresado en nombre de ésta una postura falsa, de entrada, y además inaceptable, porque guarda silencio sobre todos los abusos cometidos en la actualidad en materia de financiación internacional fuera del terrorismo, empezando por la financiación del tráfico de drogas y la corrupción. 
Por último, una mayoría desatenta o complaciente del Parlamento ha rechazado varias enmiendas constructivas, entre ellas la creación de un Consejo de Seguridad Económico y Social, la necesidad de una mayor representación de todos los continentes en las instituciones financieras mundiales y la necesidad de restringir las transacciones financieras con los Estados y los centros off-shore que no se ajustan a las normas internacionales mínimas. 
El Parlamento incluso ha rechazado decir que "la especulación financiera es una de las grandes causas de la inestabilidad financiera internacional". 
Cuando unas instituciones parlamentarias democráticas se niegan a reconocer la evidencia, dejan de servir al interés general. 
Esto es para señalar que me he abstenido, no queriendo rechazar los pocos efectos positivos que aún se pueden encontrar en la resolución después del naufragio de este informe. 
Como se recuerda en el informe, de 1975 a 2000, el mundo experimentó cerca de 120 crisis monetarias, que el FMI define como la depreciación de una moneda en más del 25% durante un año. 
Pero, lamentablemente, aun sabiendo que cada una de esas crisis tiene costos muy elevados para los países afectados, como también sucedió con la crisis asiática en el verano de 1998, el informe no presenta medidas de fondo que puedan prevenir, con cierta eficacia, nuevas crisis. 
Los datos del Banco de Pagos Internacionales muestran una enorme aceleración de la actividad financiera internacional, que casi se duplica en el decenio de 1990, con lo que la especulación en Bolsa resulta cada vez más desligada de la economía real, lo que, junto con la aceleración de la velocidad de circulación financiera, agrava la inestabilidad y contribuye a la ampliación del foso entre países más ricos y países en vías de desarrollo. 
Ahora bien, el informe, pese a las consideraciones y críticas que hace, en particular en relación con la falta de democracia del FMI y su utilización por los EE.UU. y por el G7, no adelanta gran cosa en cuanto a opciones substitutivas. 
Por el contrario, ya de entrada considera ilusorio esperar la creación, en un futuro previsible, de una organización de las Naciones Unidas que ejerza plenos poderes universales de regulación y supervisión, cuando debería ser ése exactamente el camino fundamental que incentivar y proseguir para conseguir relaciones internacionales justas, solidarias y democráticas, teniendo en cuenta el desarrollo y la lucha contra la pobreza. 
Aunque sea positivo el reconocimiento por el ponente de que volver a comenzar a partir de cero con vistas al crecimiento y a la lucha contra la pobreza requiere la anulación de la deuda de los países más pobres, resulta lamentable que no formule otras propuestas concretas, en particular una tasa del tipo Tobin o la lucha contra los paraísos fiscales y la mayoría del Pleno haya rechazado todo lo que seguía esa orientación. 
. (FR) El informe Goebbels se fija el ambicioso objetivo de lograr que funcione mejor el sistema monetario internacional. 
Pero ¿en beneficio de quién? 
Tenemos derecho a plantearnos la pregunta, cuando el ponente considera que "el FMI es la única institución que se preocupa por el buen funcionamiento de la economía mundial". 
Las víctimas de sus planes de ajuste estructural estarán encantadas de saberlo, y no quedarán necesariamente convencidas por la petición dirigida al FMI de que tenga en cuenta en lo sucesivo "aspectos sociales". 
Además, el informe ha optado de forma significativa por obviar todos los impuestos sobre los movimientos especulativos (tipo impuesto Tobin) , así como la necesidad de suprimir los paraísos fiscales. 
Y, sin embargo, no he votado en contra del informe, a fin de apoyar dos demandas concretas que nos parecen fundamentales. 
Somos partidarios de la anulación de la deuda del tercer mundo y apoyamos por ello la eliminación de la deuda de los países más pobres y la instauración de un "procedimiento de moratoria" para los demás. 
A nuestro parecer, ello no debería desembocar en un plan de reajuste, sino permitir la denuncia de una deuda ilegítima. 
Pese a todas estas reservas, estas propuestas van en general en la buena dirección y no deseo ponerles obstáculos. 
Esto concluye las explicaciones de voto. 
(La sesión, interrumpida a las 13.12 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Procedimiento presupuestario 2002 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, Señorías, balizado por las "orientaciones para el proceso presupuestario de 2002", aprobadas el 3 de abril, el Parlamento viene concediendo importancia particular al refuerzo de la eficiencia de las instituciones europeas, ámbito en el que destaca la reforma en curso de la Comisión y la calidad de la ejecución presupuestaria. 
En ese marco, se reafirma un claro apoyo político a la reforma de la Comisión y se establecen los mecanismos encaminados a su seguimiento eficaz, procurando simultáneamente acabar con los retrasos habidos, tales como los relativos a la reglamentación del personal en que queremos ver respetada la posición oportunamente adoptada en una resolución del Parlamento Europeo: los mecanismos de la reforma anunciada, cuya aplicación a todas las instituciones europeas es esencial, y también el fortalecimiento de la capacidad de las delegaciones exteriores y una mejor articulación entre los procesos legislativo y presupuestario, entre otros. 
Son objetivos conocidos y por ellos seguiremos trabajando. 
Simultáneamente, y con vistas a mejorar el seguimiento de la ejecución presupuestaria, esperamos de la Comisión la formulación de los objetivos claros de ejecución y el calendario correspondiente, cuyo cumplimiento verificaremos a lo largo del año a partir de elementos de información de que ya vamos disponiendo. 
Efectivamente, no es posible evaluar la ejecución de un presupuesto, si simultáneamente no tenemos objetivos formulados y elementos de información para verificar su cumplimiento. 
Y es sabido que el Parlamento Europeo concede clara prioridad al establecimiento de una labor más profunda en el nivel de la ejecución presupuestaria. 
Para nosotros es importante saber prever el presupuesto del año siguiente. 
Por definición, el presupuesto es una previsión. 
Pero tan importante como formular la previsión para el año siguiente es verificar hasta qué punto se lleva a la práctica dicha previsión y, en los casos en que no es así, conocer las razones por las que no lo es. 
También se va a contribuir a la recuperación de los pagos atrasados y ya determinados y a una mayor rapidez en el pago de los nuevos compromisos. 
Queremos eliminar al máximo lo que falta por liquidar y, por otro lado, queremos contribuir a que no aparezcan nuevos restos por liquidar, por utilizar la terminología habitualmente utilizada en esa esfera. 
Se fomentará también el refuerzo de los gastos operativos a partir de las correspondientes reducciones en gastos administrativos. 
Eso está relacionado también, como se sabe, con un conjunto de enmiendas horizontales, es decir, que atraviesan todo el presupuesto, propuestas por la Comisión de Presupuestos y encaminadas a garantizar efectivamente la reducción de los restos por liquidar, una mayor prontitud en la satisfacción de pagos y también el refuerzo de los gastos operativos en detrimento de los administrativos. 
A continuación se reafirma la intención de decidir sólo a partir de la información más completa y, por eso, se cuenta con poder en breve disponer de los siguientes elementos que facilitará la Comisión: por un lado y en primer lugar, el estudio de las repercusiones de las diferentes medidas ya adoptadas en la esfera de la agricultura en el marco de las reformas previstas en la Agenda 2000, así como las consecuencias presupuestarias de éstas y también de las crisis de la EEB y de la fiebre aftosa, junto con las perspectivas de evolución del presupuesto agrícola. 
El Parlamento Europeo no puede ser parte de la Autoridad Presupuestaria sólo formalmente. 
Para que decidamos sobre cualquier línea presupuestaria y, más aún, para que decidamos en cualquier categoría del presupuesto, necesitamos tener información total y actualizada. 
Y lo cierto es que, en este momento, en relación con la última reforma de la Política Agraria Común y con las repercusiones de las crisis de la fiebre aftosa y la EEB, necesitamos más elementos. 
Por eso, desde por lo menos marzo de este año venimos pidiendo esos elementos para que después podamos decidir en conciencia, ya sea en relación con el presupuesto de 2002 o en relación con la carta rectificativa. 
Respecto de la misma preocupación por obtener informaciones, esperamos que se determinen nuevas medidas que constituyan una respuesta a la situación resultante de los ataques terroristas del 11 de septiembre relacionadas, en particular, con Europol y Eurojust en las esferas de justicia y asuntos de interior y, así como en el ámbito de las acciones exteriores con el refuerzo de la ayuda humanitaria y la diversificación de la cooperación en materia de desarrollo, sin perjuicio, evidentemente, de los compromisos anteriormente asumidos. 
La situación resultante del 11 de septiembre ha significado un gran cambio- todos lo reconocemos- en la política mundial y por ser el presupuesto un espejo de esa misma política y plasmarla, esa nueva realidad no puede dejar, por tanto, de tener consecuencias en el nivel presupuestario. 
Y esa nueva realidad tiene consecuencias en 2001 y en 2002 y para el futuro. 
Y esas consecuencias son, desde luego, conocidas en el nivel de los refugiados y del dramático problema que plantean, pero también en el nivel de una actuación concertada desde el punto de vista de la política exterior de la Unión Europea. 
Y no queremos haber de afrontar sistemáticamente hechos consumados. 
Por tanto, en este momento es posible prever con certeza la evolución de esas situaciones. 
Y esas nuevas realidades deben tener plasmación presupuestaria, se debe acomodarlas dentro del presupuesto, pues no se pueden poner en entredicho otros compromisos ya asumidos por la Unión Europea. 
Respetamos mucho lo decidido en 1999 desde el punto de vista de las perspectivas financieras, pero también las dinámicas sociales, las dinámicas políticas y, en función de éstas, no se puede dejar de sacar las consecuencias necesarias. 
Y hemos reafirmado varias veces que no aceptaremos que se afronten las nuevas necesidades, los nuevos imperativos, poniendo en entredicho las antiguas necesidades, tan actuales hoy como ayer. 
Ponemos también grandes esperanzas en el informe que han de elaborar los Secretarios Generales de las instituciones sobre el análisis plurianual de los gastos administrativos en el marco de los preparativos para la ampliación. 
Y pensamos incluso que, como continuación natural de esa labor llevada a cabo en el nivel técnico, se podría continuar después en el nivel político, con la colaboración entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria. 
Por tanto, en ese nivel podríamos sacar las consecuencias políticas de la información que obtengamos técnicamente, que está en curso. 
Continuando con cuestiones de otra naturaleza, pero también pendientes en el caso de la propuesta de la Comisión, esperamos la formulación a muy breve plazo de la propuesta de movilización del instrumento de flexibilidad que asegurará los medios necesarios para la reconversión de las flotas pesqueras dependientes del antiguo Acuerdo de Pesca con Marruecos. 
Este instrumento de flexibilidad es un mecanismo previsto en el Acuerdo Interinstitucional, se ha movilizado año tras año y esperamos la respuesta correspondiente para el año 2002. 
Como objetivos sectoriales, quisiera distinguir algunos a los que atribuimos particular importancia, tales como el fortalecimiento de la competitividad de la Unión Europea, a la que se ha sumado la prioridad para más y mejor empleo. 
No basta con que haya declaraciones en Consejos Europeos, en cumbres europeas, es necesario después llevarlas a la práctica y más y mejor empleo significa también más y mejor apoyo y más y mejores mecanismos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como el desarrollo de la iniciativa e-learning, que nos gustaría mucho ver acompañado de su correspondiente fundamento jurídico, y también la consolidación de políticas comunes en materia de asilo e inmigración. 
Cabe también hacer aquí referencia especial a la intención de apoyar la competitividad de las regiones fronterizas de Estados miembros en el marco de la próxima ampliación, así como a la ampliación de los beneficios del programa Leader a los futuros Estados miembros. 
Todos esos aspectos están abordados desde el punto de vista de nuestras líneas de orientación o desde el de las propuestas que hacemos de enmiendas de las propuestas presupuestarias o desde el de las observaciones que incluimos en las propuestas presupuestarias. 
Claro, que no dejaremos de luchar también por un refuerzo del nivel de pagos. 
Sé que es algo que los Estados miembros procuran evitar muchas veces, pero el caso es que, si queremos instituciones europeas más eficaces y si, por otro lado, queremos más crédito para su acción, si queremos más eficacia en sus resultados, no podemos dejar de contar con los medios de pagos necesarios. 
Y he de recordar que, conforme al Acuerdo Interinstitucional, desde el punto de vista de las perspectivas financieras, en el año 2002 el nivel de pagos relativo al producto nacional bruto de los Estados miembros debería ser del 1,08 % y las propuestas del Consejo son muy inferiores a ese valor. 
Termino manifestando total disponibilidad para concertar, en el período que media entre esta primera lectura del presupuesto para 2002 y su votación en diciembre, posiciones con el Consejo y la Comisión, en un proceso de búsqueda sistemática de la más correcta asignación de los recursos disponibles y de las respuestas adecuadas a los imperativos de los tiempos que corren. 
A partir del próximo jueves, según esperamos, y de la votación que entonces se celebrará, tendremos encima de la mesa las propuestas claras del Parlamento Europeo. 
Y quisiéramos que en toda la labor de concertación que se desarrollará hasta diciembre se tengan en cuenta también nuestras prioridades, se tenga en cuenta lo que acabo de decir a Sus Señorías, es decir, que la posición del Parlamento Europeo y la del Consejo merecen, las dos, respeto, de tal forma, que al final podemos aprovechar lo mejor que haya en una y otra. 
Lo que nosotros no aceptamos, desde luego, en el presente, como no aceptamos en el pasado, es que haya como un diálogo de sordos en el que unos dicen lo que quieren y otros aceptan lo que unos dijeron que querían. 
En este caso concreto, y para que haya una negociación efectiva, es necesario que haya respeto de las posiciones de unos y otros, que se atiendan las prioridades de unos y otros y que haya realmente una observación atenta de las prioridades de unos y otros. 
Sólo siguiendo esa vía del proceso presupuestario será una operación que valga la pena, tendremos una garantía final de éxito y podemos esperar que en diciembre se vote y se apruebe el presupuesto. 
Por nuestra parte, hay posiciones claras, hay una predisposición a negociar, lo que queremos es que se examinen con profundidad las propuestas de cada uno de los lados para que el resultado obtenido sea un resultado equilibrado. 
Muchas gracias, señor ponente. 
Aprovechando que nos ha dejado unos segundos libres sobre el tiempo que tenía consignado, permítanme darles un dato que supongo que el auditorio aquí presente apreciará: cada segundo de Pleno nos cuesta 9,73 euros. 
Lo digo para que comprendan que este coste es el que me hará ser inflexible en la atribución de los tiempos de palabra. 
Tiene la palabra la ponente, Sra. Buitenweg. 
Señor Presidente, usted ha vuelto a gastar mucho dinero con este largo inciso, pero a lo mejor, logro no agotar los 10 minutos y, entonces, todo termina bien. 
Señor Presidente, esperamos dar un gran salto esta semana en la fijación del presupuesto para el ejercicio 2002. He trabajado como ponente los últimos meses y me he sentido muy apoyada por los colegas de los otros grupos, la Sra. Gill, el Sr. Ferber, el Sr. Virrankoski y otros colegas, así como el ponente para el presupuesto general, el Sr. Costa Neves, a quien quiero agradecer explícitamente su colaboración agradable y fructífera. 
Asimismo, los diálogos a tres bandas con el Consejo no han quedado en absoluto sin resultado, y permítanme que, por una vez, cuente nuestras grandezas. 
Desde este año el presupuesto del Consejo contiene un capítulo especial consagrado a la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Ahora que el Consejo recoge en su presupuesto costes operacionales, -que, desgraciadamente, no se engloban en las competencias de la Comisión- como los necesarios para desarrollar la capacidad de planificación militar, es indispensable que el control democrático resulte posible. 
Así mismo, resulta importante tener una idea clara sobre las estructuras administrativas que se han creado, de manera que se eviten los solapamientos con los servicios del Parlamento. Eso no puede lograrse en un presupuesto general del Consejo si no está claro en qué se emplea el dinero y si el Parlamento no se pronuncia sobre los gastos administrativos en su conjunto. 
De ahí que estemos satisfechos con un capítulo aparte, ya que, de esta manera, el Parlamento puede influir de alguna forma. 
Como ya estamos en este camino, espero que el Consejo también incluya en la segunda lectura algunas peticiones racionales y muy lógicas de este Parlamento. 
Así, tenemos la cuestión de las noches largas y salvajes de los Consejos Europeos ¿Son conscientes los líderes gubernamentales de las consecuencias financieras de las decisiones que adoptan entre tanto mercadeo? 
Lo dudo. 
El Gobierno neerlandés siempre acude a las reuniones del Consejo Europeo provisto de una calculadora especial que permite conocer en todo momento cuáles serán las consecuencias para los pagos de los Países Bajos. 
Sin embargo, ¿quién se responsabiliza de las consecuencias que ello implica para el presupuesto europeo? 
Un ejemplo bueno y chocante es el Consejo de Niza. 
Para facilitar el logro de un acuerdo sobre la ponderación de votos en el Consejo, se han otorgado generosamente escaños compensadores en el Parlamento Europeo ¿Quién lo va a pagar? 
El Tratado de Amsterdam habla de un máximo de 700 escaños; ahora estamos condenados a tener 732 escaños y los edificios no están preparados para ello. 
El número de diputados al Parlamento podrá situarse temporalmente en más de 800, y no quiero oír al Consejo cuando se le presente la cuenta. 
Un ejemplo de otra naturaleza se refiere a los Balcanes. 
Mientras que delante de las cámaras, se prometieron miles de millones a la reconstrucción, cuando estás no estaban, el dinero salió de la cooperación al desarrollo. 
A fin de evitar que esto se repita, sería comprensible que las conclusiones de las cumbres importantes estuvieran acompañadas de un balance financiero: cuánto va a costar aproximadamente y si se trata o no de dinero nuevo. 
Sería honesto que eso también se presentara cuando se hicieran públicas las conclusiones políticas. 
Así, la situación de la rúbrica 5 ha cambiado drásticamente desde el acuerdo de Berlín, porque en su momento no se tuvo en cuenta la evolución de, por ejemplo, el segundo pilar, la política exterior y de seguridad común, el tercer pilar, Euro-just, Europol, los gastos del Supervisor Europeo de Protección de Datos. 
Es bueno que esta evolución tenga lugar, pero también es bueno que quede claro dónde va el dinero y a costa de qué. 
Una segunda cuestión en la que pediría al Consejo que adoptara una actitud positiva es respecto de nuestra petición para, aparte de la tramitación anual del presupuesto, pensar cómo queremos dar más al contribuyente por su dinero. 
El Parlamento se ha referido en este contexto, también durante el triálogo, a la creación de un Grupo de Trabajo, de manera que podamos examinar conjuntamente de qué forma podemos dar más value for money, ya que cada año discutimos de nuevo los detalles y los pequeños cambios en el presupuesto, pero las instituciones ya se han habituado y no se ven sometidas a una revisión profunda en lo que a sus objetivos y métodos de trabajo respecta. 
Sin embargo, debemos atrevernos a distanciarnos de la forma en que se han desarrollado las cosas y volvernos a preguntar si todas las instituciones, por ejemplo todas las agencias, deben continuar funcionando de esta manera. 
Este año hemos empezado a pedir en muy pequeña escala a las instituciones que fijen una lista de prioridades negativas. 
No sólo tenemos que añadir cosas al presupuesto europeo, sino que también tenemos que aprender a tachar. 
Asimismo, se puede ahorrar mucho mediante la colaboración interinstitucional. 
En este sentido, quiero formular aquí una propuesta concreta. 
Desde el Tratado de Niza se viene comentando que el Consejo va a necesitar un nuevo lugar de reuniones para las cumbres semestrales. 
No obstante, la construcción de otro edificio enorme tiene graves consecuencias para el contribuyente y para la habitabilidad del Barrio Leopoldo. 
De ahí que examinemos conjuntamente si algunas reuniones del Consejo pueden celebrarse en el Parlamento, ya sea en Bruselas o en Estrasburgo. 
Mire a su alrededor, ya lo hace, es un edificio precioso y entenderá que no consideremos grave que la colaboración dé lugar a que el Parlamento sólo se reúna en Bruselas y les cedemos de todo corazón este entorno. 
Por el momento, hasta que la cuestión de los escaños se resuelva de otra manera, realmente nos encontramos con dos edificios que deben reformarse para acoger a un número más elevado de parlamentarios. 
La Mesa ha elaborado un plan trienal que sirve como marco indicativo de los costes ligados a la ampliación. 
También las otras instituciones están muy ocupadas a fin de canalizar bien las consecuencias de la ampliación, y no podemos esperar hasta 2004 para realizar estas adaptaciones. 
No puede ser que nos encontremos a medias en lo que a estas actividades se refiere cuando se presenten los primeros nuevos miembros. 
Por tanto, esto implica que se necesita un mayor margen financiero antes de que los Estados candidatos se adhieran. 
La Comisión de Presupuestos ha constatado que es posible que el año que viene nos mantengamos dentro del límite máximo del 20% asignado a nosotros dentro de la categoría de gastos administrativos gracias a una gestión presupuestaria estricta, a pesar de que siempre hemos dicho que la ampliación y los edificios no entran en este máximo. 
Sin embargo, no estoy tan segura de que volvamos a lograrlo en los años siguientes. 
En mi opinión, será difícil mantenerse dentro del límite fijado si las otras instituciones siguen sus planes preparatorios para la ampliación y el Parlamento hace frente a costes más elevados, puesto que la ampliación realmente estará en puertas. 
Berlín an sich no merece, por tanto, una canonización, pero la intención de proceder a la ampliación y hacerlo de forma eficiente, eficaz y conveniente sí la merece y merece, además, constituir la pauta de los procedimientos presupuestarios posteriores. 
Señor Presidente, mientras tanto, usted entiende bien que la posición del Consejo me obsesione y, sin embargo, intentaré mencionar algunos otros elementos de mi informe. 
Antes de nada, lo que no figura en él. 
El informe no contiene una evaluación del Parlamento basada en que hay que pagar los costes mientras se aprueba un nuevo estatuto para los diputados, y lo considero muy lamentable. 
Precisamente ahora, es importante que indiquemos lo que queremos porque el propio Parlamento es competente para decidir sobre sus propias normas y no quiere, por tanto, que la norma sobre gastos forme parte de un acuerdo con el Consejo. 
Quisiera pedir especialmente a los Grupos del PSE y del PPE que lleguen a un acuerdo sobre la posición que figuraba inicialmente en mi informe, es decir, con que desde la entrada en vigor del estatuto solamente se paguen los gastos realmente efectuados. 
Ahora algo que sí figura en mi informe. 
Me satisface que las instituciones hayan reaccionado de forma cuidadosamente positiva ante la petición de la Comisión de Presupuestos para formar parte del EMAS, el sistema ecológico de gestión y el sistema de auditoria de la Unión Europea. 
La Comisión Europea- y quiero felicitarla sinceramente -, ya se ha comprometido a ello, y espero que este ejemplo sea seguido, entre otros, por el propio Parlamento Europeo. 
Todavía queda mucho por mejorar, también en esta Asamblea, por ejemplo en lo que se refiere a la gestión de los residuos y la utilización de materiales ecológicos, el ahorro de electricidad, la creación de un plan de movilidad, tanto para el personal como para los parlamentarios. 
El Parlamento también tiene que constituir un ejemplo en la concretización de buenos objetivos medioambientales, y estaría agradecida si el próximo año 2002 comenzáramos con ello. 
. (FI) Señor Presidente, el Tratado sobre la Comunidad Europea del Carbón y el Acero entró en vigor en 1953 con una duración de 50 años. 
Este Tratado expira el próximo verano y no va a ser prorrogado. 
Así pues, estamos debatiendo el último presupuesto operativo de la CECA, el cual permitirá hacer frente a sus gastos hasta el día 23 de julio del próximo año. 
Después de esta fecha, el haber neto de la CECA, estimado en 1.100 millones de euros, será transferido a los presupuestos generales de la UE para ser invertido de forma segura y rentable. 
Los beneficios que generen estas reservas serán utilizados para financiar la investigación en los sectores del carbón y del acero. 
Se estima que se conseguirán beneficios para tal fin por valor de unos 45 millones de euros anuales. 
La CECA no ha sido receptora de nuevas asignaciones durante muchos años. 
La financiación de sus gastos se ha cubierto principalmente con cargo a un fondo creado para el presupuesto operativo. 
Según la propuesta de la Comisión, la mayor partida de gasto de las actividades de la CECA para el primer semestre del próximo año será la destinada a las ayudas sociales. 
Está previsto que la mayor parte se destinará a ayudas especiales para la readaptación en aquellos países en los que se ha venido desmantelando la capacidad productiva de la industria del carbón y del acero. 
En muchos países existen problemas sociales en este sector, por lo que la Comisión de Presupuestos ha decidido proponer que se aumente en 16 millones de euros el montante de las ayudas para readaptación propuestas en un principio por la Comisión a fin de paliar los problemas específicos de la industria del acero en Gran Bretaña, Irlanda y Bélgica. 
Cuando cesen las actividades de la CECA, terminarán también las ayudas destinadas a los trabajadores de la industria del carbón y del acero. 
La Comisión no se ha comprometido a asignar una ayuda especial para los problemas sociales de estos sectores con cargo a los presupuestos generales de la UE. 
Al cesar las actividades de la CECA, la dimensión social que ésta preconizaba no adoptará nuevas formas. 
Las reservas de la CECA han servido para financiar una importante actividad en el campo de la investigación. 
A pesar de que el rendimiento generado por los fondos de la CECA será destinado exclusivamente a la investigación, la financiación de la misma será menor que en la actualidad. 
Por ejemplo, sólo durante el primer semestre del próximo año se destinarán 72 millones de euros a la investigación. 
Se trata de una cantidad considerable en comparación con los 45 millones de euros de beneficios anuales de los recursos netos de la CECA que se utilizarán para tal fin en el futuro. 
Por consiguiente, podemos decir que la expiración del Tratado sobre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es negativa tanto desde el punto de vista social, como desde el punto de vista de la investigación. 
La Comisión cobrará por la gestión de la inversión de las reservas remanentes de la CECA y por la asignación de los fondos de investigación unos honorarios muy cuantiosos con cargo a los beneficios de dichas reservas: 3,5 millones de euros anuales. 
Esta suma se empleará en contratar a más de 30 funcionarios que se encargarán de gestionar las actividades restantes de la CECA. 
Estas actividades serán tan limitadas que parece que éste será el único grupo que no sufra las consecuencias del cese de la CECA, al contrario de lo que ocurrirá con los trabajadores e investigadores de los sectores del carbón y del acero. 
Sorprendentemente, los funcionarios que se han encargado de las actividades bancarias de la CECA y los que se encargarán de gestionar el caudal transferido apenas acusarán la expiración del Tratado. 
Esto pone en evidencia la ineficacia de la reorganización de las actividades por parte de la Comisión. 
Existe un problema sobre el que quiero llamar la atención, si bien no está relacionado directamente con este informe. 
La base jurídica para la creación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero fue establecida en el Tratado de Niza. 
Si el Tratado de Niza no entra en vigor en julio del próximo año, la intervención de cuentas posterior a la expiración carecerá de fundamento legal. 
La Comisión debe adoptar rápidamente una posición ante este problema. 
Por último, cabe conmemorar con unas palabras de alabanza todos los logros alcanzados por la CECA. 
Seguramente, no ha sido el menor de estos logros el hecho de que la Comunidad Europea del Carbón y del Acero haya sido una de las instituciones que han contribuido a la consolidación de la paz y de la cooperación internacional en la Europa de la posguerra. 
Durante la vigencia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero no habido guerras entre los Estados integrantes de la misma. 
Señor Presidente, Señorías, dentro de algunos días votarán en primera lectura sobre las modificaciones al proyecto de presupuesto tal como fue redactado por el Consejo el pasado mes de julio. 
Ya les informé sobre este proyecto de presupuesto durante el período de sesiones de septiembre. 
Me abstendré de darles hoy una información detallada. 
En su lugar, quisiera entrar de forma breve en los aspectos que se plantearán sin duda alguna en el futuro próximo en el marco de nuestro diálogo. 
Espero que este diálogo sea fructífero, de manera que podamos llegar a un acuerdo que, por supuesto, sea satisfactorio para todos especialmente para los ciudadanos europeos. 
Desearía repetir con insistencia que la Presidencia quiere que se llegue ya a un acuerdo sobre el presupuesto para el año presupuestario 2002 en la segunda lectura del Consejo, en noviembre. 
Dentro de algunos días, tras su primera lectura, las grandes líneas estarán fijadas y se conocerán las diferentes posiciones. 
En noviembre, deberíamos poder ultimar, por tanto, las actividades que nos permitan adoptar un presupuesto serio para 2002 
A este respecto, me parece útil recordar brevemente las directrices seguidas por el Consejo a la hora de redactar el proyecto de presupuesto al que ustedes propondrán modificaciones estos días. 
Este proyecto de presupuesto ofrece un margen para la financiación de todas las políticas y prioridades de la Unión Europea, sin conllevar cargas demasiado pesadas para los Estados miembros que se esfuerzan por mantener un control más estricto de las finanzas públicas. 
Sin embargo, al mismo tiempo, crea, especialmente dentro del límite máximo de la rúbrica 3 de las perspectivas financieras y de la rúbrica 4, un margen para poder hacer frente a las nuevas prioridades. 
Para ello, el Consejo se ha cerciorado de que las diferentes acciones de la Unión Europea se financien de forma adecuada con los medios financieros disponibles dentro de los límites máximos de las perspectivas financieras, en las que no se ha efectuado ningún cambio expresamente en cuanto a los medios otorgados a programas respecto de los cuales se ha adoptado una decisión mediante el procedimiento de codecisión, mientras que el importe de los créditos de compromiso se ha determinado conforme a las posibilidades de ejecución. 
Además, el Consejo ha prestado especial atención a la evolución de los créditos para pagos, al limitar y controlar su crecimiento en relación con 2001, por lo que se ha tenido especialmente en cuenta las posibilidades de ejecución y el ritmo esperado de los pagos en relación con las cantidades que todavía hay que pagar y los criterios presupuestarios nacionales. 
Tras esta visión general, quiero abordar una serie de puntos que se plantearán en las próximas semanas y que se refieren, por supuesto, a los gastos agrícolas. 
Como saben, el Consejo no ha adoptado en su primera lectura la propuesta de la Comisión y ha pedido a la Comisión un análisis detallado de las necesidades. 
El Parlamento respaldó al Consejo durante la reunión de concertación del 20 de julio, y confío plenamente en que llegaremos a un acuerdo sobre el cierre de las discusiones de la nota rectificativa que la Comisión nos remitirá a corto plazo, por lo que podremos recoger las consecuencias de las diferentes crisis. 
Creo que ya puedo decir aquí que en este momento está cada vez más claro que es posible una solución a este respecto. 
En lo que a los restantes gastos agrícolas se refiere: en el aumento de los créditos en el proyecto de presupuesto del Consejo, que es ligeramente inferior al que había propuesto inicialmente la Comisión en su anteproyecto, se han tenido en cuenta las consecuencias de las decisiones del Consejo de Berlín relativo a la reforma de la política agrícola común. 
Cuando analicemos los créditos definitivos que figurarán en el presupuesto para 2002, deberemos tener en cuenta, claro está, los datos más recientes en la nota rectificativa relativa a los gastos agrícolas. 
Ahora paso al segundo punto que también se plantea, según el acuerdo interinstitucional, en el marco de la nota rectificativa que la Comisión nos hará llegar a corto plazo, a saber, las consecuencias financieras derivadas de la imposibilidad de firmar un acuerdo pesquero con Marruecos y la financiación de la reestructuración de la flota pesquera afectada. 
En julio, el Consejo siguió el anteproyecto de presupuesto de la Comisión en lo relativo a los acuerdos pesqueros y pidió a la Comisión que dedicara estos créditos exclusivamente a otros acuerdos pesqueros. 
Es una pena que esta postura del Consejo, adoptada en julio, no haya conducido a un acuerdo. 
El Consejo se ha comprometido en lo relativo a las medidas estructurales, rúbrica 2 de las perspectivas financieras, a recoger toda esta rúbrica en el presupuesto como créditos para compromisos conforme a las conclusiones del Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999. 
A este respecto, quiero señalar que el Consejo, en el momento que redactó su proyecto de presupuesto, no pudo contar con una visión general suficientemente clara, y que declaró que volvería a examinar la situación en el marco de la nota rectificativa de otoño, que debe realizarse conforme al acuerdo interinstitucional. El Consejo lo hará cuando haya recibido la nota. 
Quiero recordar que los créditos para los acuerdos internacionales en materia de pesca se clasifican dentro de los acuerdos obligatorios según el acuerdo interinstitucional, y no importa cómo figuren en la línea presupuestaria o en la reserva. 
En cuanto a la nota rectificativa, sobre la que versará una parte de nuestras discusiones en las próximas semanas, quiero señalar que el Consejo espera que la estimación del balance del año presupuestario 2001 sea adoptada. 
Esta petición ilustra el principio de buena gestión, que implica que la carga presupuestaria, cuando sea posible, no debe hacerse más pesada para cada contribuyente europeo. 
Sé cuánto interés tiene el Parlamento Europeo en los gastos de la rúbrica 3 de las perspectivas financieras. 
El Consejo se ha cerciorado, por ello, de que su proyecto de presupuesto cubra de forma suficiente las prioridades de la política interna de la Unión Europea, especialmente, el cumplimiento de las obligaciones relativas a la financiación de los programas plurianuales, sobre los que ambas instituciones han adoptado también conjuntamente una decisión. 
Señalo, así mismo, que el Consejo en su primera lectura ha aumentado en su proyecto de presupuesto los créditos destinados a la puesta en marcha de Eurojust y del sistema SIS II de Schengen. 
La Comisión había creado las líneas presupuestarias para ello en su anteproyecto de presupuesto. 
En la situación actual, estos objetivos están todavía más presentes que cuando redactamos el proyecto de presupuesto en julio pasado. 
Así, el Consejo ha creado un margen de 110 millones de euros que es más amplio que el que figura en el anteproyecto de la Comisión. 
Este margen debería bastar para cubrir prioridades, algunas de las cuales, tales como el aprendizaje por vía electrónica y la inmigración, serán recogidas sin duda por su ponente o, en cualquier caso, serán sugeridas durante nuestro próximo diálogo. 
Paso ahora a la financiación de las medidas exteriores de la Unión Europea que se recogen en la rúbrica 4 de las previsiones financieras. 
El Consejo ha seguido en gran parte el anteproyecto de presupuesto elaborado por la Comisión. Así mismo, el Consejo se ha esforzado por asignar medios a las diferentes prioridades en el ámbito de las medidas exteriores. 
Así, el Consejo ha creado un margen de 100 millones de EUR dentro del límite máximo de la rúbrica 4 de las perspectivas financieras, lo que nos debe permitir establecer las prioridades en este sector. 
En relación con esta rúbrica 4 de las perspectivas financieras quiero, no obstante, señalar un punto particular. Se refiere a los créditos destinados a la Política Exterior y de Seguridad Común. 
No puedo sino lamentar que no se alcanzará un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo durante la reunión de concertación del 20 de julio sobre las cantidades destinadas a los créditos. 
Por ello, el Consejo ha recogido en su proyecto de presupuesto las cantidades que la Comisión había propuesto en su anteproyecto. 
Debo reconocer que no entiendo bien la petición de reducir estas cantidades. 
Estarán de acuerdo conmigo en que estas cantidades, que ya resultan más bajas que en 2001, y que de todas formas, son muy módicas, y constituyen realmente el mínimo necesario para asegurarse de que Europa cuente con una presencia destacada en la escena internacional. 
El deseo de disminuir estas cantidades en un momento tan crucial como el de la actual crisis internacional podría conducir, sobre todo, a que la credibilidad de la Unión Europea se vea afectada. 
No creo que ése sea el objetivo. 
Paso ahora a los gastos administrativos de las instituciones. 
En la elaboración del proyecto de presupuesto, el Consejo se ha dejado llevar por el deseo de satisfacer en la medida de lo posible las necesidades de las instituciones, teniendo en cuenta sus características específicas. 
En el proyecto de presupuesto continúa existiendo un margen de 53 millones de euros por debajo del máximo de la rúbrica 5 de las perspectivas financieras, ello a fin de poder hacer frente a las nuevas necesidades en el ámbito de los gastos administrativos, en particular, para el presupuesto destinado al Supervisor Europeo de Protección de Datos. 
A este respecto, el Consejo les ha hecho llegar recientemente su nota rectificativa nº 1 para 2002. 
Sin embargo, opino que cada una de las instituciones responsables en esta cuestión es bien consciente de la presión que existe respecto del límite máximo de la rúbrica 5 de las previsiones financieras. 
Un primer paso en este sentido fue el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo durante la reunión de concertación del pasado 20 de julio sobre una petición dirigida a los secretarios generales de las instituciones con el objeto de elaborar un informe para la autoridad presupuestaria, y que el Consejo de Presupuestos analizará en noviembre, que contuviera un análisis plurianual de la rúbrica 5 sobre las propuestas relativas a los recortes necesarios a fin de no sobrepasar el límite máximo de esta rúbrica, también en el marco de la ampliación. 
A la luz de este informe debe determinarse, por consiguiente, cuáles tienen que ser las consecuencias para unos y otros. 
También quiero subrayar ya que algunas sugerencias que acaban de presentarse con el informe, aportan contenido al debate. 
Quiero referirme a otro punto en relación con los gastos administrativos, a saber, la petición de la Comisión en cuanto al personal. 
El Consejo continúa respaldando la reforma en que trabaja la Comisión y ha votado en primera lectura a favor de la creación de 78 nuevos puestos solicitados por las delegaciones exteriores en el marco de la descentralización. 
Respecto de los restantes 239 puestos, el Consejo no había adoptado una posición el 20 de julio. 
Por una parte, porque desea más claridad en cuanto a la decisión relativa a la regulación de la terminación definitiva del servicio de los funcionarios de la Comisión, por otra parte, porque abriga la esperanza de que ustedes logren una solución, cuando discutan esta cuestión, que satisfaga nuestros deseos respectivos. 
Quiero poner fin a esta visión general de los distintos puntos que nos ocuparán en las próximas semanas volviendo a una cuestión con la que están muy familiarizados: el problema del importe de los créditos de pago. 
Ante todo, me satisface que el Parlamento Europeo y la Comisión compartan la preocupación del Consejo respecto de las cantidades cuyo pago hay que efectuar todavía (también conocidas en la jerga comunitaria como "RAL"). 
El informe de seguimiento de 30 de junio de 2001, que había solicitado la Comisión en el marco del procedimiento presupuestario actual, es ciertamente útil a este respecto. 
Sin embargo, quiero señalar que el amplio aumento de los créditos de pago no constituye una panacea para la absorción de las RAL. Vemos que el importe de los superávits relativos a años presupuestarios anteriores ha sido reenviado a los Estados miembros. 
Por una parte, siempre habrá cantidades cuyo pago deba ser determinado como resultado lógico de los créditos disociados, mientras que, por otra, un mejor seguimiento de los créditos para compromisos, especialmente mediante una política de reducción de los mismos, constituye también un medio eficaz para absorber las RALs potencialmente anormales. 
En relación con la cuantía de los créditos de pago, el Consejo ha preferido establecer un aumento limitado y controlado de los mismos en el proyecto de presupuesto. 
El Consejo se ha esforzado por recoger los créditos de pago que se adecuan a las posibilidades reales de ejecución. 
De esta manera, evitamos que cada contribuyente europeo se enfrente a cargas demasiado pesadas. 
Les he dado con ello una visión general de los puntos que, sin duda alguna, discutiremos las próximas semanas. 
Para mí, es muy clara, y sólo puedo alegrarme por ello, la seriedad con que trabajan las dos ramas de la autoridad presupuestaria y la Comisión en el inicio de este nuevo procedimiento presupuestario. 
Deseo que las discusiones presupuestarias, una vez que ustedes hayan votado, continúen dentro del mismo espíritu y que ya sea posible alcanzar un acuerdo en noviembre sobre un presupuesto de las Comunidades Europeas para el año presupuestario 2002 que nos proporcione los medios para responder a las prioridades y desafíos que esperan próximamente a la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente del Consejo, para el proyecto de presupuesto del próximo año es necesaria flexibilidad y previsión para casos imprevistos y poder reaccionar con rapidez y de modo adecuado ante los nuevos requerimientos financieros de la Unión Europea derivados de una política europea común. 
El año en curso ha mostrado qué requerimientos se plantean al presupuesto que antes no eran previsibles. 
Hemos tenido la crisis de la EEB, la fiebre aftosa, tenemos el nuevo proyecto de Global Healt Fund que ha surgido este año, tenemos los grandes desafíos de ayuda humanitaria, no sólo en Afganistán sino también debido a la escalada de la situación en Oriente Próximo. La dependencia de Palestina de la ayuda exterior y de la ayuda europea ha aumentado aún más. 
Es algo absolutamente claro que el presupuesto de la UE necesita el potencial para poder reaccionar ante las crisis y creo que en los dos últimos años hemos logrado configurar el presupuesto de un modo que cumple con estas exigencias. 
Soy optimista en que lo lograremos también el próximo año. 
Quiero felicitar aquí en nombre de la Comisión a los ponentes del presupuesto 2002, en primer lugar a usted, señor Costa Neves, pero también a la Sra. Buitenweg y al Sr. Seppänen y, naturalmente, también a toda la Comisión de Presupuestos, por el trabajo realizado. 
Quien conoce la montaña de enmiendas que ha tenido que procesar la Comisión de Presupuestos de nuevo este año, sabe qué es lo que significa el duro trabajo de una comisión. 
Pero todavía tenemos ante nosotros una gigantesca tarea que exige de todos nosotros flexibilidad y disposición al compromiso. 
Naturalmente, sé que la Presidencia belga del Consejo se esfuerza por aprobar un buen presupuesto de la UE que haga justicia a todas las exigencias. 
Señor Van de Lanotte, muchas gracias por su exposición, en la que ha subrayado de nuevo este aspecto- la disposición a la negociación -, pues creo que esta exigencia se debe dirigir también a la Presidencia del Consejo ya que es necesaria la flexibilidad en las negociaciones y que en las diversas reuniones no solamente se repita lo que se aprueba en las capitales. 
Precisamente cuando el Consejo del Presupuesto no quiere responder a las crecientes necesidades con un presupuesto mayor, se necesita flexibilidad en las negociaciones. 
Me voy a referir a los diversos campos del presupuesto europeo y en primer lugar al sector agrario. 
La Comisión propuso en su anteproyecto de presupuesto- que presentamos a finales de mayo- una reserva de mil millones de euros para poder reaccionar ante las exigencias derivadas de la crisis de la EEB y de la fiebre aftosa. 
Hemos avanzado un trecho y la próxima semana la Comisión aprobará el presupuesto rectificativo. 
Se ha mostrado que, gracias a Dios, la evolución en el sector de la carne de vacuno es menos dramática que lo que se temía al principio. 
Hemos logrado destinar ya este año 400 millones del presupuesto a los costes derivados de la fiebre aftosa. 
Esto tiene como consecuencia que para el presupuesto rectificativo del año próximo no tendremos que prever un aumento tan importante para la fiebre aftosa como temíamos pues la presente evolución permite suspender la reserva que habíamos propuesto en mayo. 
Sin embargo, en algunos campos del sector agrario se dan unas circunstancias que nos preocupan precisamente bajo una perspectiva presupuestaria. 
Tomo como ejemplo la palabra "vino". 
Nos encontramos aquí con un exceso de producción que aumenta continuamente y que se refleja también financieramente. 
En el plazo de dos años, los gastos para este sector se han duplicado. 
Y esto significa, naturalmente, que tenemos que observar exactamente qué medidas se pueden adoptar para limitar este exceso de producción y frenar el crecimiento del sector agrario. 
El escrito rectificativo que les vamos a presentar concluye que podemos suspender la reserva y que necesitamos menos gastos en el sector agrario de los que al principio se habían previsto en el cálculo, de modo que queda un margen relativamente elevado. 
Pero también tengo que decir aquí muy claramente que este margen- precisamente en el sector agrario- no debe ser malentendido por los ministros de agricultura pensando que existe un amplio margen de actuación para todos los nuevos paquetes de gastos posibles; este año se ha visto la rapidez con que se puede consumir un margen de este tipo para imprevistos. 
Por ello, creo que debemos conservar el margen en este sector también por razones de precaución. 
Por lo demás, saludo que la Comisión de Presupuestos haya expuesto en diversas enmiendas y resoluciones que quiere analizar más intensamente el sector agrario también en lo referente a la Midterm Review prevista para el próximo año. 
Para los países candidatos tenemos también en el sector agrícola un programa de ayuda que quiero mencionar aquí brevemente. Me refiero a la ayuda a la preadhesión SAPARD. 
Al igual que sus Señorías, estoy también totalmente insatisfecha de que este programa, por así decirlo, aún no "haya llegado", en el sentido de que se pueden realizar pagos de ayuda para la agricultura y que nos encontremos aún en esta fase previa de creación de las correspondientes estructuras administrativas. 
Naturalmente, es importante tener el control y seguridad absoluta de que aquí no se van a cometer errores. 
Pero, si por otra parte, esta precaución supone que el programa no marche en absoluto, este no puede ser el sentido de la idea original. 
En el Parlamento han extraído la consecuencia al decir que hay que justificar una nueva sección de programa, de la que se financien en especial las informaciones para el sector agrario relativas a la futura política agrícola de la UE. 
Sin embargo, debo pedirles de nuevo aquí que recapaciten de nuevo por favor sobre esta propuesta pues significaría que tendríamos que crear para este programa un nuevo fundamento jurídico. 
Habría que reprogramar todos los programas del programa SAPARD, con el resultado de que se producirían unos retrasos aún mayores. 
No puede ser esto lo que sus Señorías desean. 
Por ello, estoy a favor de negociar de nuevo muy exactamente al respecto, para incluir su exigencia dentro del programa SAPARD y poner a disposición más informaciones para el sector agrario en el sentido del programa LEADER. 
Aquí tengo que dirigir la palabra también al Consejo: usted ha reducido fuertemente los créditos de pago para las ayudas a la preadhesión en su primera lectura del anteproyecto del presupuesto. 
Naturalmente, es contradictorio decir por un lado que deseamos una mejor aplicación y acortar el retraso en los pagos y, por otro lado, reducir tan intensamente los créditos de pago. 
Ruego que se esté también abierto a los argumentos de la Comisión. 
Naturalmente, tenemos que demostrar que en el próximo año vamos a necesitar las estimaciones que proponemos. 
Pero lo vamos a hacer. 
En lo referente a la ampliación, se debe tratar por supuesto también el tema de las "regiones fronterizas". 
El ponente, el Sr. Costa Neves, lo acaba de hacer. 
Todos sabemos que las regiones fronterizas, las regiones que se encuentran actualmente en la frontera de la Unión Europea, se beneficiarán a la larga de la ampliación de la Unión pues dejarán de ser regiones fronterizas. 
Sin embargo, por otro lado, sabemos que hay problemas de adaptación. 
Para amortiguar dichos problemas o, dicho de otro modo, para lograr que se puedan utilizar las oportunidades existentes, la Comisión ha propuesto este programa para las regiones fronterizas. 
Para ello, en el presupuesto se ha previsto que se pongan a disposición 150 millones adicionales para medidas destinadas a infraestructuras de transportes en las regiones fronterizas, 15 millones para la cooperación de las pequeñas y medianas empresas, 20 millones adicionales del programa Interreg y 10 millones adicionales del programa de los jóvenes, para impulsar precisamente este programa de intercambio escolar de cara a la ampliación. 
El Parlamento Europeo acordó para el último año, es decir, para el presupuesto del 2001, un nuevo proyecto piloto, a saber, el proyecto piloto "cooperación de las pequeñas y medianas empresas en las regiones fronterizas de cara a la ampliación". 
Tengo que decir a posteriori que esta ha sido una excelente idea del Parlamento pues con este programa se puede hacer mucho. 
Saludo que el Parlamento diga también que se debe mantener este proyecto y sigo naturalmente con interés sus esfuerzos por activar créditos adicionales para todo este sector. 
Unos requerimientos crecientes a la política europea significan también unos requerimientos crecientes al personal y al personal de la Comisión. 
Desde hace años, la Comisión se ve confrontada al hecho de que debe superar cada vez más tareas sin que aumente el personal. 
El año pasado extrajimos la consecuencia de realizar un inventario en el sentido de una crítica de las tareas. 
Esto condujo a que presentásemos una demanda de 717 nuevos puestos. 
La autoridad presupuestaria autorizó el último año 400 nuevos puestos para la Comisión. 
Quiero expresarles por ello en nombre de la Comisión mi agradecimiento. 
Pero rogamos que se apruebe también el segundo tramo de 317 puestos. 
Indico de nuevo que la dotación de diversos servicios no es precisamente magnánima. 
Como ejemplo, quiero mencionar la dirección general de Justicia y Asuntos Interiores, de la que es responsable el Sr. Vitorino. 
Dispone de 189 puestos fijos. 
Junto con los temporales, son en total 215. 
El Scoreboard para una mayor cooperación en el campo de la justicia que se acordó en Tampere no es ninguna nimiedad. 
Naturalmente, además está justificado. 
La situación tras el 11 de septiembre ha mostrado que precisamente en el campo de la intensificación de la cooperación de la justicia son necesarias medidas comunes en este sector. 
No se ha hecho aún lo suficiente en el ámbito europeo. 
Es decir, tenemos que esforzarnos por impulsar este sector. 
Lógicamente, esto significa también que hace falta personal para este sector. 
Expreso mi agradecimiento por el apoyo que aquí se ha expuesto de nuevo a la totalidad de las reformas de la Comisión. 
Tienen en sus mesas diversas enmiendas que probablemente aprobarán el jueves, por las que se exigirán a la Comisión otros informes, por ejemplo, sobre el retraso presupuestario. 
Por supuesto, haremos todo lo que esté en nuestra mano por atender esta exigencia de elaboración de informes. 
También debo llamar la atención sobre el hecho de que la Comisión tiene la responsabilidad ejecutiva. 
Por ello, hay que realizar también una ponderación. 
Quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Costa Neves por haber renovado su oferta de negociación. 
Señorías, el potencial para poder reaccionar ante las crisis y acontecimientos imprevistos en la política presupuestaria es, naturalmente, algo necesario en especial en el campo de la política exterior. 
Este fue el caso para el presupuesto del 2000 cuando nos tuvimos que esforzar conjuntamente para encontrar y asignar en el presupuesto los créditos para la reconstrucción de Kosovo. 
Y lo logramos. 
Este también fue el caso el último año cuando tuvimos que dedicar en el presupuesto 2001 créditos adicionales para Serbia. 
Ahora nos encontramos en la situación- lo que ya he mencionado- de que con el presupuesto europeo tenemos que dedicar también una suma al Global Health Fund. 
Se habla para ello de 60 millones de euros. 
Entre otras cosas, vamos a presentar al Parlamento la correspondiente propuesta de transferencia para activar la reserva de pesca que aún existe en este presupuesto. 
La última semana nos hemos reunido en el marco del diálogo a tres bandas y han apoyado que de la reserva de urgencia para ayuda humanitaria se pongan a disposición 25 millones para Afganistán, 7,5 millones para Palestina y 7,5 millones para la región del Cáucaso. 
Esto revela las exigencias que existen. 
Quiero referirme de nuevo en especial a un punto que ha mencionado usted, señor Presidente del Consejo. Me refiero a los créditos para la Política Exterior y de Seguridad Común. 
A veces, la opinión pública entiende algo erróneamente como si sólo existiese esta línea para la política exterior. 
No, naturalmente, otras medidas son también medidas de política exterior. Eso está totalmente claro. 
Pero tenemos esta línea específica, la línea PESC, para la Política Exterior y de Seguridad Común. 
La Comisión ha propuesto para ello 35 millones. 
El Parlamento propone un recorte de 14 millones. 
El Parlamento no es de la opinión de que este sector no sea importante sino que se trata de la cuestión del procedimiento decisorio y de si es correcto que el Consejo decida él solo sobre el empleo a dar a los créditos. 
Constatamos- y lo hago ahora como Comisaria del presupuesto- que este principio por el que el Consejo decida sobre el empleo de los créditos y la Comisión extienda a continuación los cheques, no funciona bien, pues en este campo hasta ahora no se utilizan plenamente los créditos a pesar de que todos saben que existen necesidades. 
Creo que tenemos que hablar muy a fondo sobre la cuestión de cómo debe ser en el futuro una financiación sólida de la Política Exterior y de Seguridad Común con total independencia del presupuesto 2002. 
En mi opinión, no puede ser que el Consejo intente recabar para si cada vez más tareas operativas sino que necesitamos una Política Exterior y de Seguridad Común que garantice la necesaria seguridad financiera. 
Para ello, hay que aclarar toda una serie de cuestiones. 
También ante la esperanza que deposita la población en este campo, tenemos que tratar a fondo y definir qué es lo que queremos hacer en este aspecto en el futuro. 
Esto exige una respuesta común y en muchos campos creo que también una respuesta común más intensa. 
Pero volviendo de nuevo al presupuesto del año 2002: la Comisión había previsto en este presupuesto la reserva para el acuerdo de pesca con Marruecos por un importe de 125 millones. 
Dicho acuerdo ha fracasado definitivamente. 
En el escrito rectificativo sobre el que debatiremos en la Comisión la próxima semana y que les presentaremos puntualmente, se aumenta esta reserva. 
Una parte de los créditos es requerida por otros acuerdos de pesca que se han ampliado. 
Sin embargo, una gran parte queda libre. 
Me parecería erróneo planificar totalmente mal estos créditos adicionales de la reserva que quedan libres. 
Sé que vamos a necesitar este dinero. 
No se trata de ahorrar este dinero sino de no realizar ya ahora una planificación totalmente errónea. 
¿Porqué estoy a favor de esto? 
Sólo quiero llamar la atención sobre un aspecto: en Afganistán se lleva actualmente la lucha contra el terrorismo internacional y la Unión Europea pone a disposición de la población civil créditos humanitarios que no son precisamente unas cantidades pequeñas. 
En total, la Unión Europea va a poner a disposición más de 310 millones de euros. 
Sin embargo, quiero indicar que los EE.UU ya antes del 11 de septiembre eran un gran donante de ayuda humanitaria en Afganistán. 
Sin embargo, tenemos que pensar en el tiempo posterior en la región, en Afganistán, y esto significa de un modo totalmente claro que hay que pensar en la era posterior a los talibanes en este país. 
Creo que todos estamos de acuerdo en que también la Unión Europea va a tener un compromiso y responsabilidad por la construcción de una sociedad democrática, una sociedad que respete los derechos humanos y permita una vida digna. 
En el presupuesto tenemos que adoptar las medidas necesarias para que podamos hacer justicia financieramente a esta responsabilidad. 
Mirando hacia atrás hacia los dos años como Comisaria responsable del presupuesto y los dos años de debates presupuestarios con el Parlamento Europeo y el Consejo, puedo constatar realmente que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han logrado conjuntamente superar bien los requerimientos planteados al presupuesto europeo y soy muy optimista en que lo lograremos de nuevo en el año 2002. 
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer al ponente general del presupuesto, Sr. Costa Neves, los esfuerzos por conciliar las distintas prioridades dentro de la casa. 
Desde la Comisión de Asuntos Exteriores, señor Presidente, queremos recordar que estamos en un ejercicio de primera lectura, lo cual, aunque parezca obvio a primera vista, hace evidente que muchos de los equilibrios y de los acuerdos que hay que lograr tendrán un carácter general y van a repercutir sobre la asignación definitiva de los créditos de esta rúbrica. 
En ese contexto, quisiera dar un voto de confianza al ponente general del presupuesto, en la medida, naturalmente, en que se aproxime lo más posible a las prioridades establecidas por la Comisión de Asuntos Exteriores, prioridades que son equilibradas, ya que buscan un reparto equilibrado entre las distintas áreas geográficas, y que tratan de responder a los distintos compromisos que tiene la Unión Europea en la escena internacional. 
La Sra. Comisaria se ha referido a los ejercicios que hemos tenido que hacer en la cuerda floja en los últimos años: Señora Comisaria, no podemos seguir a salto de mata, no podemos tratar de financiar nuevas prioridades con los mismos recursos. 
Comprendo que no estamos en un ejercicio de revisión de perspectivas financieras, pero no podemos seguir asumiendo nuevas prioridades en detrimento de los compromisos que la Unión Europea tiene asumidos en este momento. 
Tendremos que buscar fórmulas más imaginativas y más creativas en esta dirección. 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Exteriores ha manifestado su opinión: queremos reforzar la política de reforma administrativa de la Comisión, particularmente en lo que se refiere a la gestión descentralizada de la ayuda exterior. 
En cuanto a las propuestas hechas por el Comisario Sr. Patten, la Comisión de Asuntos Exteriores ha expresado un apoyo decidido a tal respecto. 
Para concluir, desde nuestra comisión damos nuestro apoyo y voto de confianza al ponente general del presupuesto, Sr. Costa Neves, con el ruego y con el encarecido encargo de que vigile muy de cerca los objetivos que la Comisión de Asuntos Exteriores ha establecido en su opinión para este presupuesto del año 2002. 
, ponente de opinión de la Comisión de Control Presupuestario. (EN) En nombre de la Comisión de Control Presupuestario también quisiera ofrecer mis felicitaciones al Sr. Costa Neves por habernos conducido hasta aquí y por el excelente trabajo que ha realizado. 
Mi comisión me ha pedido que formule una serie de cuestiones, la principal de las cuales es la enmienda que hemos vuelto a presentar sobre el Tribunal de Cuentas. 
Como la Asamblea sabe, el Tribunal de Cuentas solicitó varios colaboradores nuevos. 
El Consejo recomendó la concesión de sólo cinco nuevos colaboradores y varios puestos han sido ocupados por el personal suplementario y serán financiados con los créditos para este fin. 
La Comisión de Control Presupuestario decidió muy sabiamente, en mi opinión, que debíamos adoptar una posición apolítica al respecto. 
Deberíamos pedir al Tribunal de Cuentas que evalúe el funcionamiento de los sistemas de control financiero en los países candidatos, que mejore su cooperación con las instituciones nacionales de auditoría- que es una disposición del Tratado de Niza- y que establezca declaraciones de fiabilidad específicas más detalladas- otra disposición del Tratado de Niza. 
Por consiguiente, nuestra posición sería bastante apolítica, y una vez que estos temas hayan quedado aclarados, solicitaremos que se liberen estos créditos para los otros puestos. 
No obstante, en la Comisión de Presupuestos se presentó una enmienda completamente diferente. 
Es mucho más política y nos preocupa mucho la independencia del Tribunal de Cuentas en relación con los requisitos establecidos por la Comisión de Presupuestos, por lo tanto espero realmente que se nos tenga en cuenta. 
Asimismo me han pedido que diga unas palabras sobre la ejecución. 
Hemos examinado las cifras de ejecución y seguiremos examinándolas en el futuro y las utilizaremos para presentar futuras enmiendas al presupuesto. 
El ponente tiene todo nuestro respaldo por todo lo que ha hecho hasta ahora para facilitarnos mejor información sobre la ejecución. 
También hemos considerado la presentación de enmiendas. 
Tenemos una enmienda que está en proceso de ser aprobada para inmovilizar créditos y pedir a la Comisión que nos diga si en la DG V se ha creado una unidad de evaluación. 
Por último, sentimos gran preocupación por el futuro de las líneas A-30 o, mejor dicho, por cómo van a ser utilizadas. 
Éstas son las cuestiones que quería plantear la Comisión de Control Presupuestario. 
Señor Presidente, quiero destacar un punto en el nombre de mi comisión, concretamente el programa PRINCE. 
Para nosotros es muy importante que la campaña de información sobre el euro prosiga medio año. 
A pesar de las grandes campañas realizadas podemos constatar un déficit de información, en especial entre las pequeñas y medianas empresas, lo que queremos lograr con este programa. 
Como ponente permanente para las Agencias, puedo decir en el momento actual que con ayuda de las y los colegas de la Comisión de Presupuestos y también del ponente general, se han solucionado los agudos problemas de mayor magnitud. 
Hemos adoptado de hecho la decisión de observar individualmente a las Agencias. 
Quiero aprovechar por ello la ocasión para decir algunas cosas para el futuro: 
Las Agencias crecen y crecen y lo hacen desde hace años. 
Cualquiera de las personas que allí trabaja parece tener interés en el crecimiento de las mismas. 
Un ejemplo: entre 1995 y el 2001 aumentó el personal de las Agencias en un 366%. 
Sólo este año vamos a crear otros 99 puestos. 
Tengo la sensación de que muchas de las Agencias europeas llevan una cierta vida propia. 
En el procedimiento presupuestario solamente se trata de una exigencia: necesitamos más dinero. 
Las consecuencias de esta evolución están claras. Las agencias absorben todo el margen de actuación de otros programas y en alguna ocasión la Comunidad tendrá además que hacerse cargo de los costes de las pensiones. 
Tenemos que modificar algunas cosas. 
El presupuesto no debe adaptarse ya más en el futuro a los programas acordados por el Consejo de administración sino que los programas deben adaptarse a los créditos presupuestarios. 
Necesitamos un control de las Agencias que funcione, en el que participen sobre una base permanente todos los actores afectados, es decir, los comités especializados del Parlamento deben realizar asimismo una valoración. 
Lo que es absolutamente necesario es analizar la cuestión de si las prestaciones que realizan las Agencias se necesitan y encuentran aplicación. 
Tenemos que controlar todo esto, incluyendo el control presupuestario, el Tribunal de Cuentas y todos los demás actores. 
En las próximas semanas voy a intentar crear para ello una estructura que se pueda aplicar en próximos procedimientos presupuestarios. 
. (EN) Señor Presidente, combinaré mi tiempo de intervención como ponente de la Comisión de Industria y como portavoz de los Socialistas sobre las otras instituciones. 
En primer lugar, felicito a ambos ponentes por haber sabido completar la fenomenal tarea presupuestaria y también al presidente de la comisión, Sr. Wynn, por haber celebrado las votaciones en un tiempo récord. 
Hablando en nombre de la Comisión de Industria, estoy decepcionada con los resultados de este presupuesto porque se ha hecho caso omiso de muchas de las prioridades que pusimos de relieve. 
La iniciativa e-Europa, lanzada a bombo y platillo en Lisboa, en la que se resaltaba hasta qué punto iba a incrementar la competitividad de la industria europea; el incremento de las oportunidades de empleo; y el reconocimiento de que una sociedad basada en el conocimiento es un requisito fundamental indiscutible para la futura prosperidad económica. 
La ampliación de e-Europa a los países candidatos fue, una vez más, anunciada en Estocolmo, pero ahora se propone no ampliar este programa. 
Quisiera recordar a todos que el Consejo y el Parlamento confirmaron que e-Europa era una prioridad. 
Con nuestra falta de apoyo, estamos debilitando uno de los programas prioritarios de Europa y esto será en detrimento de los países candidatos. 
Como ha declarado el ponente, debemos garantizar que la retórica va acompañada de la acción, que no dejamos al ciudadano de la UE con la incertidumbre. 
Tenemos todos estos programas; programas que son aclamados y que luego parece como si se los hubiera tragado la tierra. 
Esto es válido asimismo para mi segunda observación sobre el programa SAVE. 
Este programa ha sido una de las prioridades del Parlamento durante varios años. 
Aquí tenemos una propuesta para reducir su financiación para el año próximo. 
Una política europea sobre la energía que no perjudique el medio ambiente es un tema prioritario para la mayoría de las personas y es importante que Europa tome la iniciativa respecto a las obligaciones que contrajimos en Kioto. 
Por consiguiente, reducir programas que fomentan el consumo de energía sostenible y que repercuten sobre la protección del clima es una visión extremadamente miope. 
El tercer ámbito en el que la Comisión de Industria volverá a presentar enmiendas es el desmantelamiento de armas de destrucción masiva y la gestión de residuos. Son aspectos clave para fomentar un mundo más seguro. 
Esta cuestión ha adquirido una importancia aún más crítica a la luz de las recientes atrocidades del 11 de septiembre y de cara a garantizar que los Estados disponen de una estrategia adecuada para el desmantelamiento de armas químicas, de manera que no exista ninguna posibilidad de que dichas armas caigan en las manos equivocadas. 
Quisiera instar al ponente a que se replantee su postura y apoye estas enmiendas. 
Pasando a las otras instituciones, quisiera expresar mi agradecimiento a la ponente, Sra. Buitenweg, por el enfoque abierto y global que ha adoptado para llegar al presupuesto para las otras instituciones. 
Este año, como ella ha dicho, la rúbrica 5 ha soportado tremendas presiones por varios motivos, incluida la preparación de la próxima ampliación. 
Los esfuerzos de mi Grupo han ido dirigidos a seguir mejorando la eficacia, la eficiencia y la transparencia. 
En lo que respecta al Parlamento, éstas no son palabras vacías de contenido, sino llenas de enjundia. 
Hemos demostrado nuestro compromiso de mejorar la eficiencia permaneciendo por debajo del tope del 20% que el Parlamento se impuso a sí mismo, al tiempo que absorbemos los costes de los preparativos para la ampliación por un valor cercano a los 18 millones de euros. 
No obstante, esto resultará sumamente difícil en años venideros. 
Quisiera instar al Consejo a que estudie esta cuestión, de manera que los costes asociados a la ampliación prevista sean contemplados antes de que comencemos nuestro procedimiento presupuestario el año próximo. 
Por otra parte, acojo con satisfacción el plan trienal sobre la ampliación que ha aprobado la Mesa. 
Por ahora es aún bastante vago y quizá algo conservador- con "c" minúscula- y no muy radical. 
Es una pena porque la ampliación ofrece una magnífica oportunidad de dotar al Parlamento de un funcionamiento más dinámico. 
Algunas de las ideas expuestas en dicho plan deben ser elaboradas más a fondo y necesitamos una visión más amplia de cómo se hacen las cosas. 
Ayer oímos en el Pleno que el Parlamento no puede estudiar las propuestas sobre blanqueo de dinero aprobadas por el Consejo hasta dentro de tres semanas porque hay que traducirlas a las 11 lenguas. 
Es muy frustrante para todos los afectados, pero ¿qué significará esto cuando tengamos 10 lenguas más? 
Debemos encontrar solución a esta problemática porque nos causa problemas fundamentales en términos de la imagen del Parlamento. 
Crea percepciones negativas en las mentes de los ciudadanos europeos, que ven el Parlamento Europeo como falto de dinamismo e indiferente 
Hablando del tema del pensamiento radical, quisiera hacer algunas sugerencias al Consejo para que mejore su propia eficiencia. 
La infrautilización de los edificios del Parlamento, por ejemplo. 
Tenemos edificios en Bruselas que permanecen prácticamente vacíos durante una semana al mes y un edificio en Estrasburgo que rara vez se utiliza y permanece vacío durante tres semanas al mes. 
Habida cuenta de que el Consejo llama constantemente la atención sobre el derroche, aquí tiene una oferta que no puede rechazar. 
El Consejo podría compartir nuestros edificios y hacer pleno uso de ellos celebrando allí sus reuniones. 
Espero que esto beneficie también la transparencia en lo que se refiere a su modo de operar. 
ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
(EN) Señor Presidente, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor este año acogemos favorablemente, en términos generales, algunos de los progresos alcanzados hasta ahora en la formulación del presupuesto para el año próximo. 
Si miramos atrás a toda nuestra trayectoria, cada año lo hacemos mejor y no hay ninguna de que ello es debido en parte a la labor que realizan los ponentes. 
Las cosas marchan mucho mejor ahora que antes, a pesar del hecho de que nos encontramos en una situación monetaria bastante delicada como consecuencia de las demandas externas con cargo a nuestro presupuesto. 
No obstante, me complace comprobar que la Comisión de Presupuestos ha apoyado el punto de vista de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor respecto al restablecimiento de algunas líneas presupuestarias que nos preocupan de manera especial, al menos en la fase del anteproyecto de presupuesto. 
Asimismo, vale la pena mencionar que miramos con aprobación la labor realizada en términos de las enmiendas presentadas por la Comisión de Presupuestos con respecto a las subvenciones al cultivo de tabaco. 
En las enmiendas se insta al Consejo a que estudie detenidamente la cuestión. 
Instamos a la Comisión a que también estudie detenidamente esta cuestión. 
Sabemos que hay que hacer algo. Me complace que la Comisión de Presupuestos así lo reconozca. 
Sus propuestas de reducir gradualmente dichas subvenciones durante cierto tiempo tiene sentido, y ya es hora de que el Consejo y la Comisión comiencen a tratar sobre este tema. 
Un éxito especial es el relativo a la problemática de la línea presupuestaria asociada a la aprobación de los medicamentos huérfanos por parte de la agencia de medicamentos. 
Me alegra que la Comisión de Presupuestos haya aceptado nuestro punto de vista y espero que la Comisión también lo haga. 
Ésta ha sido una línea presupuestaria muy fructífera desde su creación el año pasado, junto con el procedimiento de PRS. 
Nos preocupaba lo que se proponía el Consejo en términos de un recorte masivo de dicha partida, recorte que no se justifica en absoluto. 
Nos alegra que dicha línea presupuestaria haya sido restablecida hasta un nivel adecuado y esperamos que la Comisión también defienda este punto de vista ante el Consejo. 
Es una línea presupuestaria que realmente funciona muy bien para la población de Europa y aporta beneficios reales y auténticos y que debe ser protegida. 
Por último, quisiera decir que sentimos cierta preocupación por el modo en que se ha tratado a las agencias. 
Comprendo perfectamente por qué los fondos deben ir a la reserva y comprendo perfectamente por qué existe una preocupación creciente por el funcionamiento de las agencias, pero debemos asignarles recursos adecuados para que realicen su trabajo y esto es aplicable, en particular, al caso de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Agricultura se dirige al Consejo y se pronuncia básicamente en contra de estos recortes lineales que el Consejo realiza continuamente. 
Nos parece una forma algo exenta de imaginación este modo de proceder con las líneas presupuestarias. 
Partimos del hecho de que el escrito rectificativo será la base correcta para realizar las adaptaciones en los diversos campos también de cara a la segunda lectura. 
Por lo demás, insistimos en nuestra exigencia de que en el futuro sea posible una mayor flexibilidad en la transferencia de créditos del sector obligatorio al no obligatorio en los gastos agrícolas. 
Sabemos lo complicado que es y todo lo que hay que cambiar, pero lo vamos a exigir de nuevo en todos los presupuestos futuros hasta que lo logremos. 
Apoyamos expresamente la propuesta de la Comisión de introducir una reserva. 
Es necesaria. 
Estamos seguros de que no tenemos que justificar su necesidad. 
Partimos también del hecho de que la Comisión actuará con plena responsabilidad pues es necesario utilizarla. 
Los colegas de la Comisión de Medio Ambiente acaban de referirse al tabaco. 
La Comisión de Agricultura se ha ocupado de nuevo de este tema. 
Estamos absolutamente insatisfechos de que los créditos del fondo de investigación para el tabaco no se utilicen suficientemente. 
En la Comisión de Agricultura también estamos cansados de hurgar continuamente en este tema del tabaco. 
Por un lado, hay que informar sobre la previsión sanitaria y, por otro, existe la necesidad de promover el cultivo del tabaco. 
Pero hay que ver la realidad. 
Mientras tengamos agricultores que cultivan tabaco- que no son los más ricos entre los agricultores- y mientras no podamos ofrecer un cultivo alternativo, no podemos ayudarles. 
Por ello, en este sector no sólo hay que analizar más intensamente la posibilidad de alternativas sino también ofrecerlas. 
Quiero decir sobre todo algo sobre SAPARD: nos alegramos de que se hayan elevado las estimaciones pero, al igual que la Sra. Comisaria, criticamos que el Consejo haya acortado los créditos de pago para SAPARD en 100 millones. 
Esto no está bien. 
No está en absoluto bien. 
Por favor, señora Comisaria, no tenga miedo de una nueva implementación en el sentido de LEADER. 
No es lícito meter miedo. 
Quiero expresar mi agradecimiento a las y a los colegas de la Comisión de Agricultura por la positiva cooperación mostrada con el ponente general. 
Señor Presidente, para empezar quiero dar sinceramente las gracias al ponente, el Sr. Costa Neves, por su firme y buena colaboración. 
Eso no quiere decir que pueda respaldar todos nuestros puntos en lo relativo al presupuesto en materia de pesca, pero nos ha escuchado atentamente, y en cualquier caso, se ha establecido una base para continuar trabajando, y eso nos parece bien. 
Señor Presidente, el presupuesto en materia de pesca pone de manifiesto los graves problemas de la pesca y el fracaso parcial de esta política común. 
Está claro que el programa de orientación plurianual y el cierre unilateral de zonas no han resultado ser un éxito. 
La imposibilidad de concluir un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos ha ocasionado una situación explosiva en las costas españolas y portuguesas donde, además, tienen que enfrentarse a los grandes problemas ligados a la inmigración ilegal. 
Por estos motivos, la Comisión de Pesca ha solicitado casi 200 millones de EUR para ofrecer una solución a estos problemas. 
El ponente propone adoptar primero una partida p.m. y retar al Consejo a que cumpla las promesas realizadas en Niza. 
La Comisión de Pesca está de acuerdo en ello. 
La Comisión de Pesca sí está decepcionada por el hecho de que la propuesta presupuestaria que abogaba por pedir más dinero para controlar el cumplimiento de las cuotas, algo que era muy necesario, haya sido eliminada por una enmienda liberal presentada en la Comisión de Presupuestos, mientras que la enmienda originaria que contenía esta propuesta sí contó con un amplio apoyo por parte de todos los grupos en la Comisión de Pesca. 
Señor Presidente, en tanto ponente ficticio del Grupo PPE para el presupuesto agrícola, constato que la petición originaria de destinar 1000 millones de EUR adicionales a la seguridad alimentaria y al control de las enfermedades de los animales se ha quedado finalmente en 580 millones; pero como se suele decir: más vale pan y ensalada que no comer nada. 
De hecho, lamentamos también en cierta medida que la Comisión no haya respetado la petición originaria de destinar 1000 millones de EUR adicionales. 
La postura del PPE, a saber, la necesidad de tener que destinar más dinero al control de las enfermedades de los animales, afortunadamente ha encontrado respaldo. 
En general, consideramos que resulta esencial que los mercados europeos, también el de la carne de vaca, vuelvan a situarse en el nivel normal para, así, recuperar la confianza del consumidor. 
Como última cuestión, señor Presidente, debo decir que estoy particularmente satisfecho con que el Grupo PPE presente una enmienda en relación con la política exterior en la que pide que se preste más atención a Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán, y durante el debate quiero recomendar sinceramente la adopción de esta enmienda. 
. Señor Presidente, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, en cuyo nombre intervengo, planteó una decena de enmiendas al proyecto de presupuesto referidas a las cuatro iniciativas comunitarias (URBAN, INTERREG, EQUAL y LEADER) , a la seguridad y sostenibilidad del transporte y al turismo. 
Obviando las actuales circunstancias derivadas de los trágicos sucesos del 11 de septiembre, el turismo será pronto la industria de servicios más importantes de la Unión Europea. 
La Organización Mundial de Turismo prevé una duplicación del número de llegadas de turistas hasta alcanzar, aproximadamente, los 720 millones anuales en el año 2020. 
Y los 9 millones de personas a quienes da ocupación se incrementarán entre 2 y 3,5 millones más de aquí a 2010, para alcanzar los 12,5 millones de empleos. 
Sin embargo, la Comisión de Presupuestos rechazó la dotación que nosotros proponíamos. 
Afortunadamente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea ha podido volver a presentar una enmienda en el Pleno a fin de que, a nivel europeo, se asignen recursos para impulsar la promoción, el seguimiento y la evaluación de una política de turismo ecológica y socialmente sostenible. 
Confío en que la mayoría de los colegas diputados tenga la necesaria sensibilidad para apoyar, con su voto, esta reiterada propuesta. 
Señor Presidente, el presupuesto de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte incluye tres nuevas prioridades importantes: 
En primer lugar, se propone una asignación de 12,6 millones de euros para la iniciativa eLearning. 
Ello está justificado, puesto que el aprendizaje en el campo de las tecnologías de la información forma parte esencial de la estrategia de la Unión. 
También es racional el notable incremento de las asignaciones para la enseñanza en el ramo de estas tecnologías, ya que si tan solo se financia la docencia mediante los programas SOCRATES, JUVENTUD y CULTURA, puede ponerse en peligro la consecución de los objetivos finales de estos programas. 
Hay que tener presente que la informática es un instrumento, no un valor intrínseco. 
La segunda iniciativa afecta al deporte, ámbito que no cuenta aún con una base jurídica en la Unión. 
Sin embargo, el deporte es mencionado en el Tratado de Amsterdam, y las conclusiones de la Cumbre de Niza destacan la importancia social del mismo. 
La Comisión de Presupuestos ha aprobado la propuesta de asignar 5 millones de euros a las asociaciones deportivas para, entre otros fines, prevenir la exclusión social de la juventud. 
La tercera novedad en el presupuesto de cultura es la asignación de un millón de euros para la creación de un centro de evaluación de la cooperación cultural. 
En mi opinión, la coordinación de la cooperación cultural podría llevarse a cabo conjuntamente con el Consejo de Europa, organismo con gran experiencia en este terreno. 
El capítulo A-30 volvió a presentar muchos problemas. 
Estoy muy decepcionada por la acción de la Comisión de Presupuestos en el contexto del apartado A-3042 relativo a la financiación de las asociaciones culturales europeas. 
Habíamos tenido en cuenta tanto el informe aclaratorio de la Comisión sobre la financiación de las asociaciones, como las recomendaciones del grupo de trabajo de la Comisión de Presupuestos. 
Ante todo, intentábamos determinar la mejor forma de utilizar los fondos para favorecer la cultura europea. 
No puedo aceptar que la Comisión de Presupuestos altere las propuestas realizadas con gran conocimiento de causa por una comisión parlamentaria especializada, tal y como acaba de ocurrir en esta ocasión. 
Por lo tanto, apoyo encarecidamente la propuesta presentada en el informe del ponente general, Sr. Costa Neves, sobre la creación de una base jurídica y de unas reglas del juego serias para el capítulo A-30. 
El Parlamento no puede actuar como si se tratara de un combate de lucha libre, "agarra de donde puedas", en el que siempre ganan los más desaprensivos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor representante del Consejo, deseo atraer su atención sobre tres enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales de nuestro Parlamento. 
El objetivo de dichas enmiendas es apoyar la información a los ciudadanos y estimular el debate sobre las cuestiones relativas al futuro de la Unión, conforme a la declaración 23 del Tratado de Niza. 
La enmienda 223 tiene por objetivo restablecer los créditos de compromiso asignados al programa PRINCE tal como los propuso la Comisión en su anteproyecto de presupuesto. 
El aumento de estos créditos ha sido reducido por el Consejo. 
Nos parece inconcebible no apoyar una gran inversión en favor de una mayor información de nuestros conciudadanos acerca del euro, de la ampliación, de la Carta de los Derechos Fundamentales y, por supuesto, de las medidas en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores. 
Todos estos temas son de gran actualidad. Y recuerdo que ahora mismo estamos ya inmersos en un periodo de reflexión y consulta sobre el futuro de la Unión. 
Consideramos asimismo que sería contraproducente colocar una parte de estos créditos en una reserva, tal como propone la Comisión de Presupuestos. 
Se sabe que la utilización de los créditos en reserva lleva consigo un procedimiento más pesado, y no vemos ninguna razón para obstruir el margen de maniobra que tiene la Comisión en este ámbito. 
Añado que el control del Parlamento está asegurado, en todos los casos, por su presencia en el seno del grupo de trabajo interinstitucional sobre las actividades de información general y específica. 
Por último, la Comisión de Asuntos Constitucionales se ha pronunciado también a favor de mantener, o incluso reforzar, el apoyo financiero al movimiento europeo. 
Conocemos la eficacia de las actividades realizadas por este movimiento, y sería sorprendente que la Unión le retirara su apoyo en el momento en que, más que nunca, necesita fomentar el diálogo con los ciudadanos. 
Además, la fiesta de Europa organizada el 9 de mayo es un símbolo que conviene apoyar en todos los Estados miembros, porque las medidas de este tipo contribuyen enormemente a establecer ese espacio público que tanta falta nos hace. 
Señor Presidente, desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam se han reforzado las atribuciones de la Comisión de Derechos de la Mujer y, sobre todo, las políticas de la Unión Europea en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que damos especial importancia al programa comunitario en materia de igualdad de oportunidades como instrumento fundamental para la igualdad, así como al programa Daphne, contra la violencia doméstica, y al Equal, para ayudar a la incorporación de la mujer al mercado laboral y al cumplimiento de los objetivos de empleo de la Cumbre de Lisboa, entre otros. 
La exclusión social es otra preocupación de la Comisión de Derechos de la Mujer, ya que, desgraciadamente, estamos llegando a lo que se llama la "feminización de la pobreza". 
Para lograr estos objetivos prioritarios, hemos presentado un conjunto de enmiendas al presupuesto, que han sido favorablemente acogidas, y agradezco especialmente al ponente, Sr. Costa Neves, su apoyo para obtener mayoría en la Comisión de Presupuestos. 
Una pequeña parte ha sido rechazada, porque ya estaba incluida en otras líneas presupuestarias: acciones de información en la política agraria común; medidas para combatir la exclusión; la sociedad de la información; la lucha contra la pobreza y las enfermedades que se derivan de la misma: malaria, tuberculosis, sida; cuidados en el campo de la salud y el bienestar; consolidación de la democracia y de los derechos humanos, etc. 
También cabe destacar las ayudas para las organizaciones de mujeres que trabajan por la promoción de la mujer en la Unión Europea, no sólo al lobby de mujeres, sino también a otras organizaciones que velan por el respeto del pluralismo de nuestra sociedad. 
No podemos afirmar que una sola organización representa a todas las mujeres europeas. 
Por tanto, hay en ello una acción de justicia y de reconocimiento a muchas otras organizaciones europeas que trabajan por la igualdad entre hombres y mujeres desde hace mucho tiempo y que tienen derecho también a recibir ayudas financieras de la Unión Europea. 
Por tanto, la Comisión de Derechos de la Mujer está bastante satisfecha con la acogida del ponente a sus propuestas y también de la Comisión de Presupuestos. 
. 
(EN) Señor Presidente, pido disculpas a los ponentes por no haber podido estar presente al inicio del debate, pero apostaría un euro a que nadie ha tocado aún el tema que yo plantearé en nombre de la Comisión de Peticiones. 
En las profundidades del informe Buitenweg se encuentra la enmienda 2022 relativa a la línea presupuestaria 250 que hace una nueva propuesta para que, en determinadas circunstancias, sea posible abonar las dietas a peticionarios particulares que consideren oportuno acudir al Parlamento para exponer su caso. 
Quiero agradecer a la ponente que haya aceptado este informe y a la comisión por haberlo aprobado. 
Como saben, los parlamentos tienen varias responsabilidades. 
Deciden quién formará gobierno, pero naturalmente este Parlamento no tiene esa competencia. 
Deciden sobre los presupuestos, pero como saben, nuestras competencias presupuestarias son sólo parciales. 
No tenemos competencia en materia tributaria, no tenemos ningún poder sobre más del 50% del gasto que aproximadamente se destina a la agricultura. 
Los Parlamentos deciden sobre la legislación: ésa es una competencia que debemos compartir con el Consejo de Ministros y no tenemos ningún poder de iniciativa legislativa. 
Pero los parlamentos tienen además la responsabilidad de proteger los derechos de cada ciudadano en sus relaciones con la administración y ésa es una responsabilidad que nosotros aprobamos en este Parlamento a través de la labor que realiza la Comisión de Peticiones y las funciones del Defensor del Pueblo Europeo. 
Quisiera decir al Parlamento esta tarde que los fondos destinados a las peticiones y los 3 millones de euros que nosotros ponemos a disposición de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo son fondos extremadamente bien utilizados. 
La proporción es de menos de 0,1 euro por persona y año, por lo tanto no puede decirse que sea mucho dinero, pero es un dinero que se destina a la auténtica democracia europea y queremos asegurarnos de que mantenemos eso y que intentaremos hacer más en años venideros. 
Señor Presidente, me centraré especialmente en los comentarios sobre el presupuesto operativo de la CECA, en los que hablaré del informe que el Sr. Seppänen ha presentado en nombre de la Comisión de Control Presupuestario. 
Nos alegramos del papel pionero que la CECA ha desempeñado en el proceso de integración europeo y de cómo la CECA ha contribuido positivamente a la paz en Europa. 
Observamos que la CECA se financiaba con ingresos procedentes del pago de derechos, lo que hacía posible desarrollar medidas de intervención económicas y sociales vinculadas a políticas industriales sectoriales. 
Hoy el sector del carbón y del acero ocupa a 357.000 trabajadores y puesto que ampliaremos la UE con los países solicitantes, la ampliación supondrá que la producción de carbón de la UE se doble y que la producción de acero aumente en un tercio. 
Podemos señalar con orgullo que gracias a la CECA tuvo lugar una formación y un perfeccionamiento posterior que llevó a la Unión Europea como la conocemos hoy en día. 
La comisión ha aprobado la propuesta de la Comisión de presupuesto operativo de 151,8 millones de euros en el 2002, siendo el 23 de julio de 2002 cuando expire el Tratado de la CECA. 
Habríamos deseado que hubiera habido un poco más de dinero para futuras necesidades energéticas relativas a tecnologías limpias del carbón, tanto en lo que respecta a la acción como a la investigación, y exhortamos a la Comisión a que así lo recoja en los demás programas. 
Señor Presidente, me permito hacerle una pregunta. 
No comprendo por qué, pese a ser oficialmente ponente de opinión de la Comisión de Libertades Públicas, a haber preparado las enmiendas de mi comisión, a haberlas hecho votar por mi comisión y haberlas defendido (en algunos momentos, de forma relativamente enérgica) en la Comisión de Presupuestos- donde además he obtenido la mayor parte del tiempo la aquiescencia de mis colegas, no figuro entonces en la lista de los ponentes para opinión. 
Le pido por tanto que me autorice a tomar la palabra ahora, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas. 
Señoría, su nombre no figura en la lista oficial de los diputados inscritos para presentar opiniones de comisiones, por lo que no puedo concederle el uso de la palabra en este momento. 
Le pido entonces, señor Presidente, autorización para tomar la palabra ahora. 
Señoría, se confecciona la lista de los oradores en función de las solicitudes oficiales de las diferentes comisiones en nombre de las cuales se puede intervenir. 
Como su Señoría no forma parte de la lista oficial y como considero que no se debe modificarla, le concederé el uso de la palabra más adelante, cuando llegue el momento en que tenga derecho a hacer una intervención. 
Señor Presidente, nuestro portavoz hablará en nombre de nuestro Grupo más tarde, pero yo también quiero hacer algunos comentarios ahora. 
Al igual que han hecho otros oradores, deseo felicitar a nuestros dos ponentes principales, el Sr. Costa Neves y la Sra. Buitenweg. 
Sé que nunca resulta tarea fácil dirigir algo hasta presentarlo a esta Asamblea, y creo que los ponentes se merecen un caluroso aplauso. 
Con el presupuesto de la Comisión encontramos este año un presupuesto que, con su 1,06 % del PIB, es uno de los más bajos de cuantos hemos visto pasar por esta Asamblea y, por consiguiente, está muy por debajo del límite máximo previsto en las previsiones financieras, aunque supongo que con la ampliación que se avecina, es muy posible que las previsiones financieras sean revisadas antes de que lleguemos al final de 2006. 
En lo que respecta al informe Costa Neves, en primer lugar, quisiera felicitar al ponente por haberse centrado en el informe sobre los progresos realizados en términos del seguimiento de la declaración conjunta del Consejo y el Parlamento de finales del pasado año, que ha demostrado ser de gran utilidad en nuestro procedimiento presupuestario. 
Puede ser muy conveniente que nos planteemos la posibilidad de mantener esta práctica todos los años, porque hemos avanzado en el examen de la eficiencia y la eficacia con que funcionan las instituciones europeas, y para nosotros en el Parlamento es una cuestión de la máxima importancia, sobre la que volveré al final de mi intervención. 
Quisiera plantear algunas cuestiones sobre aspectos concretos del presupuesto de la Comisión en los que nuestro Grupo busca una buena relación gasto-utilidad- una posición de probada calidad para nosotros. 
En primer lugar, en términos de agricultura: no creemos en la conveniencia de tener una reserva- ya tenemos fondos que han sido liberalizados y una nota rectificativa que está en camino, y considero que con eso es suficiente. 
Pero creemos que debería realizarse una investigación sobre la gestión de la fiebre aftosa por parte de la Comisión y las autoridades británicas, e intentaremos que se lleve a cabo. 
En segundo lugar, creemos que en la política de información existe un problema recurrente: cada vez que asistimos a la presentación de propuestas de la Comisión sin los grupos de trabajo interinstitucionales, nosotros, como Parlamento, debemos devolverlas a los términos de la política de información. 
Insto a la Comisión a que garantice que se convertirá en parte permanente de las propuestas- esto nos ahorrará esfuerzos a la hora de garantizar que se mantiene esta labor interinstitucional. 
En tercer lugar, con respecto a la agencia de seguridad alimentaria- he observado que en el Consejo Europeo de Gante se trató sobre esta cuestión- quisiera recordar al Presidente en ejercicio del Consejo (quien en vez de reír, podría escuchar a los diputados cuando están hablando) que la posición del Parlamento es que los fondos permanezcan en la reserva hasta que consideremos satisfactorias las operaciones y la ubicación de esta agencia. 
Por consiguiente, presumo que el Consejo consultará al Parlamento antes de tomar una decisión final. 
En cuarto lugar, respecto a Afganistán- y vuelvo aquí a referirme de nuevo a la Comisión- se ha presentado una enmienda relativa a la creación de una nueva línea presupuestaria con una mención "para memoria" de ayuda a Afganistán, y pediremos al Consejo que, junto con el Parlamento, incluya este punto en el presupuesto antes de la segunda lectura, porque en nuestro Grupo queremos que exista una alianza internacional que contribuya a la reconstrucción de Afganistán cuando el conflicto haya terminado, en las Naciones Unidas ya se ha puesto en marcha una idea inicial en este sentido. 
Por último, quisiera hacer referencia a la cuestión de los créditos que hemos consignado en la reserva y deseamos que la Comisión cumpla las condiciones necesarias para la liberación de las partidas- sin olvidar la posibilidad de que la Comisión pueda utilizar los créditos durante el año próximo para las vacantes. 
Queda aún, sin embargo, una cuestión crítica, y me dirijo en este caso, una vez más, al Consejo de Ministros. 
Corren rumores, señor Presidente, de que el paquete de jubilación anticipada que actualmente se está negociando en el Consejo no está abierto al Parlamento. 
Quisiera que confirmara en cualquier observación futura que sí estará abierto para nosotros- esta cuestión tiene una importancia decisiva para nuestro Grupo porque queremos que se aplique a todas las instituciones. 
Termino, señor Presidente, con una observación sobre nuestra institución. 
Anoche, la Mesa decidió, en contra de la resolución del Sr. Harbour, rechazar la idea de adoptar una estructura lineal para la carrera profesional- y cito el apartado 38 de la Resolución que aprobamos en este Parlamento el pasado noviembre- "Pide a la administración del Parlamento que adopte, paralelamente a la Comisión, una estructura lineal para la carrera profesional, que permita realizar fácilmente transferencias interinstitucionales". 
Es inadmisible que la Mesa del Parlamento actúe, según parece, sin ningún consentimiento y decida por sí sola: presionada por la administración del Parlamento, la Mesa del Parlamento ha decidido hacer caso omiso de lo que el Parlamento ha aprobado. 
Por consiguiente, su Señoría deberá responder a tres preguntas, y termino con esto. 
¿Por qué es la organización y el funcionamiento del Parlamento tan diferente de aquéllos de la Comisión como para que necesite una estructura diferente para la carrera profesional? 
En segundo lugar, ¿cómo puede una estructura de carrera profesional que mantiene cuatro escalafones diferentes cumplir los objetivos de una estructura lineal para la carrera profesional en la que los ascensos estén basados en los méritos, como apoya firmemente el Parlamento? 
Y por último, ¿cómo es posible fomentar la movilidad interinstitucional del personal si el Parlamento y la Comisión tienen estructuras diferentes para la carrera profesional? 
La Mesa debe justificar ante este Parlamento las decisiones que ha adoptado, porque no son conformes a nuestras resoluciones. 
Señor Presidente, no quiero repetir lo que ya se ha dicho, por tanto me limitaré a hacer un puñado de observaciones- aunque James Elles me ha quitado con sus dos últimas observaciones algunas primicias de mi intervención. 
Felicito a los ponentes. 
Su labor nunca es fácil. 
Este año han realizado un trabajo especialmente bueno en unas circunstancias difíciles. 
Acojo con satisfacción la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo en el sentido de que espera que en la próxima conciliación lleguemos a un acuerdo con el Consejo. 
Así lo espero también porque el 20 de julio, en la última conciliación, no nos pusimos de acuerdo en prácticamente nada. 
No tiene ningún sentido celebrar reuniones de conciliación si ése es el nivel que vamos a alcanzar. 
Ojalá que en noviembre obtengamos algo más positivo. 
En cuanto a la situación de los márgenes, a la que el Presidente en ejercicio del Consejo también ha hecho referencia, no quedará mucho margen para cuando celebremos la votación el jueves. 
Entre otras razones, porque, una vez más, no hemos podido celebrar ninguna negociación con el Consejo; no hemos podido llegar a ningún acuerdo con el Consejo. 
En julio sostuve en varias ocasiones la necesidad de que las tres instituciones aborden seriamente los problemas de intentar financiar las categorías 3, 4 y 5 de cara al futuro. 
El Consejo no puede pasar por alto estas categorías como si no existiera ningún problema. 
A veces se parece al avestruz que entierra su cabeza en la arena en un intento de ignorar todos los problemas que le rodean. 
Cuando el Consejo adopta esa actitud, sólo podemos hablar con su parte trasera, aunque en ocasiones parece tener más sentido hablar con la parte trasera de una avestruz que hacerlo con algunas personas con las que nos vemos obligados a tratar. 
No me estoy refiriendo a usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Hay veces en las que es tan frustrante intentar transmitir el mensaje, que para nosotros resulta una pérdida de tiempo celebrar las reuniones de conciliación. 
Ojalá que en noviembre obtengamos algo mucho más concreto. 
Sobre el tema de la reforma, James Elles acaba de tocar un tema muy importante. 
Yo pensaba hacer referencia a nuestra preocupación por la falta de progreso, pero el Parlamento no se ha hecho ningún favor con la decisión que la Mesa adoptó anoche. 
Debemos esperar que eso cambie rápidamente. 
Desde un punto de vista realista, la cuestión depende ahora del Consejo: han transcurrido casi tres años desde la dimisión de la Comisión y aún no hemos presenciado la reforma que todos desean. 
El público en general, los contribuyentes de Europa, desean la reforma que les prometimos hace ya casi tres años. 
¿Cuál es la situación? 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted sabe, porque he tratado sobre este tema con usted, que es preciso transmitir el mensaje de que necesitamos cuanto antes una solución a este problema. 
De lo contrario, todo el proceso quedará empantanado. 
Ojalá que el Parlamento cumpla la parte que le corresponde y aclare la decisión de anoche y continúe por la vía de intentar acelerar el proceso de manera que toda esta cuestión quede aclarada, no sólo en la Comisión, sino en todas las instituciones. 
Quiero pasar a continuación al Fondo Global para la Salud, para el que tenemos una línea presupuestaria y un crédito relativamente pequeño para el año próximo. 
Como todos sabemos, la Comisión presentará propuestas sobre la financiación del Fondo con cargo al presupuesto de este año, para lo que se tomarán 60 millones de euros de los presupuestos generales y 60 millones de euros del FED. 
Debo dirigir una pregunta a la Comisión: en lo que se refiere a los fondos del FED, cuando se apruebe ese presupuesto, ¿se aprobará conjuntamente con los Estados ACP, de manera que tengamos la certeza de que los Estados ACP están de acuerdo con que se destinen 60 millones de euros al Fondo Global para la Salud? 
Varios colegas míos me ha hecho esta pregunta y, sinceramente, no conozco la respuesta. 
Por ello, le agradecería, señora Comisaria Schreyer, que nos respondiera a esta pregunta. 
Permítanme pasar ahora al polémico tema de las líneas del capítulo A-30. 
Parece que siempre que votamos sobre las líneas del capítulo A-30 complacemos a muy pocos y disgustamos a muchos. 
Desearía que la situación en la que nos encontramos en esta ocasión nos infunda el valor necesario para que el año próximo presentemos propuestas de cara a un sistema más transparente. 
Nos preocupa que si confiamos todo el proceso a la Comisión, no mejorará nada. 
La Comisión adoptará las decisiones en vez del Parlamento. 
Espero que podamos llegar a algún tipo de acuerdo en el seno del Parlamento sobre el trato que debemos dar al capítulo A-30 en el futuro. 
Por último, quiero hacer un ruego al Consejo y repetir lo que he dicho en conciliación y en el reciente diálogo a tres bandas. 
Lo que necesitamos es un grupo de trabajo del Consejo y el Parlamento a nivel político, que comience a examinar la relación gasto-utilidad en el seno de la Unión Europea, que examine las instituciones, que examine las actividades y que ponga los medios necesarios para persuadir a los contribuyentes de que realmente están obteniendo una buena relación gasto-utilidad. Espero que el Consejo tome esto en consideración. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias y felicitar a los ponentes, Sr. Costa Neves, Sra. Buitenweg y Sr. Seppänen, por el buen trabajo que han realizado. 
Del mismo modo, quiero dar las gracias al Presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Terence Wynn, que ha vuelto a coordinar adecuadamente los trabajos de este año. 
El trabajo del ponente general es arduo y exigente, pero el Sr. Costa lo ha llevado a cabo con éxito y mi Grupo apoya las líneas que ha trazado para el presupuesto de la Comisión. 
Las líneas presupuestarias generales incluyen la cancelación de los recortes previstos en el gasto agrícola, la liquidación de los pagos atrasados y la reforma de la Comisión. 
También es positiva la inclusión en el marco presupuestario de medios para consolidar la política de la dimensión nórdica. 
El presente procedimiento presupuestario tiene como telón fondo el balance de cuentas del ejercicio anterior, que presentó un superávit de 11.000 millones de euros. 
Se gastaron 8.500 millones de euros menos de lo previsto y quedaron sin utilizar 6.500 millones de euros de los Fondos Estructurales. 
Por lo tanto, hay que prestar especial atención al perfeccionamiento de la gestión e intentar que las previsiones sobre el gasto no se hagan al alza. 
De otro modo, la política presupuestaria carecería de base. 
Uno de los ejes centrales de estos presupuestos es la reducción de los pagos atrasados. 
Hoy por hoy, éstos ascienden a 60.000 millones de euros. 
Mi Grupo apoya este objetivo. Asimismo, mi Grupo apoya la reforma de la Comisión, que es una de las prioridades más importantes del Parlamento. 
Esta reforma incrementará la eficacia y extenderá la responsabilidad personal. 
Se propone que una parte de estos fondos se consignen en la reserva con objeto de que la Comisión presente inmediatamente una propuesta de reforma del Estatuto de los funcionarios, concretando también su posición sobre el régimen de jubilación anticipada. 
La rúbrica 4 presenta dificultades. 
La Comisión y el Consejo proponen una asignación de 125 millones de euros para el acuerdo de pesca con Marruecos, aunque éste no tendrá lugar. 
Se trata a todas luces de una reserva de fondos camuflada, que puede incluso infringir el Reglamento financiero. 
Debe ser cancelada. 
En esta misma línea de compensación, se propone también la movilización del instrumento de flexibilidad para la modernización de las flotas pesqueras de España y Portugal. 
Esto podemos aceptarlo en parte. 
En cambio, mi Grupo no puede aprobar el recorte de 84 millones de euros en el programa CARDS. 
Como liberales que somos, participamos de buen grado en todos los compromisos que sirvan para aprobar los presupuestos en el Parlamento, pero no podemos compartir este pensamiento. 
El programa CARDS ha sido una prioridad categórica del Parlamento, de modo que queremos que se practiquen recortes equivalentes en los presupuestos de los demás programas que hayan acusado una ejecución deficiente de sus recursos. 
Entre los problemas pequeños, el mayor afecta al capítulo A-30, las ayudas a las organizaciones. 
Estas asignaciones ocupan desmedidamente al Parlamento en comparación con su importancia real. 
Además, la selección de las organizaciones en cuestión rara vez se basa en criterios objetivos. 
En el informe de la Sra. Buitenweg, apoyamos especialmente la austeridad practicada en el presupuesto del Parlamento. 
Queda por debajo del techo del 20 por ciento de todo el gasto de gestión que nosotros mismos nos impusimos, a pesar de que también están incluidos los costes de la ampliación. 
La ampliación hacia el Este es un asunto que debemos resolver sin que se vea afectado el funcionamiento del Parlamento y de forma que podamos seguir reuniéndonos todos en esta Asamblea común. 
Señor Presidente, yo también quiero expresar mis felicitaciones a los ponentes. 
Si se miran los conflictos derivados de la aprobación de los presupuestos en los últimos años, parece como si este año imperase una mayor tranquilidad, como si los conflictos no fueran reconocibles tan fácilmente por la opinión pública. 
Pero hay que constatar que en la práctica este año el Consejo no va a hacer de nuevo justicia a su responsabilidad. 
Como una parte de la autoridad presupuestaria tenía la tarea de actuar realmente de un modo consecuente y políticamente comprensible para un presupuesto. 
Mientras que el Parlamento trabajaba muy cuidadosamente en largos debates, en largas conversaciones y negociaciones con la mayoría de los afectados para encontrar un presupuesto equilibrado, ponderando la necesidad de encontrar un equilibrio en el sentido del contribuyente, el Consejo ha realizado de nuevo un recorte global sin un concepto político. 
Al menos, no lo podemos ver y se plantea la pregunta de si ha habido alguno en alguna ocasión. 
Debido al modo con que actúa el Consejo, los problemas se agudizan sin necesidad, pues también este año el presupuesto queda muy por debajo del margen del 1,27 % del producto social bruto, a pesar de las tareas especiales, los preparativos ante la ampliación y otros numerosos problemas. 
El Consejo ha recortado este año los pagos de un modo global en un 10%. 
Esto es aún más incomprensible ya que en muchos campos nos encontramos con retrasos en la aplicación de los programas. 
El Parlamento introduce de nuevo estas sumas. 
Por un lado, no podemos despertar esperanzas en campos como, por ejemplo, los fondos estructurales o la ayuda externa pero luego atenderlas sólo con grandes retrasos. 
Esto socava la confianza en las instituciones en la UE. 
El Consejo tendría su parte de responsabilidad si se impusiese con su modo de proceder. 
Especialmente problemático es este modo de proceder en la Categoría IV, las políticas exteriores. 
Mientras que los ministros de asuntos exteriores y los jefes de gobierno pronuncian grandes discursos sobre la política exterior común, los ministros de hacienda suprimen los fondos con cortedad de miras sin preocuparse de la pérdida de prestigio de las instituciones de la UE. 
No es comprensible porqué este año no debe estar plenamente a disposición el instrumento de la reserva flexible para este campo. 
Tenemos aún grandes problemas en los Balcanes, hay nuevas tareas en Afganistán y en los países vecinos y también en el Próximo Oriente. 
La UE pierde sus posibilidades de reaccionar con flexibilidad y aquí necesitamos también una respuesta del Consejo. 
Tiene que explicar cómo quiere que la UE siga teniendo capacidad política de actuar y preservar la flexibilidad. 
Como Grupo político, tenemos una actitud más crítica frente a al procedimiento de las líneas A30. 
Debido al gran número de solicitudes individuales- también del Parlamento- los dos grandes Grupos políticos han intentado solucionar este procedimiento mediante un procedimiento en bloc. 
Pero en este caso, nuestra comisión no podría llevar ya a cabo un control de precisión en este campo ni atender de modo suficiente nuestra tarea de control. 
El Sr. Wynn ha mencionado hoy expresamente que hay que modificar esto en el procedimiento presupuestario del próximo año. 
Espero que podamos trabajar conjuntamente para elaborar un procedimiento adecuado que permita también al Parlamento el cumplimiento de su tarea, el control de las líneas A30. 
No debemos exponernos a la crítica de practicar una economía clientelista. 
Realmente, no debemos hacerlo en el presupuesto. 
No, yo creo que debe haber también una cierta autocrítica. 
Soy plenamente consciente de que el tiempo apremia mucho pero, a pesar de ello, hay que poder responder políticamente también hacia fuera de cada partida individual precisamente en este campo. 
Resumiendo, al final de mi intervención y siguiendo el hilo de lo que han dicho los oradores anteriores, quiero instar al Parlamento de nuevo para que impulse sus propias reformas. 
Sólo podremos exigir de un modo creíble reformas al Consejo y a la Comisión si también somos creíbles con nuestros esfuerzos de reforma. 
Las decisiones de la Mesa de ayer por la tarde no lo han tenido en mi opinión suficientemente en cuenta. 
Señor Presidente, en la elaboración del proyecto de los presupuestos generales del próximo ejercicio se ha adoptado una línea presupuestaria de gran austeridad. 
Puesto que el Producto Interior Bruto de los Estados miembros de la UE ha crecido con más rapidez que las asignaciones al presupuesto de la UE, la proporción de éste en la suma total del PIB de todos los países se ha reducido al 1,03 por ciento. 
Esto indica que el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio no incluye nuevas prioridades específicas. 
El porcentaje máximo que puede alcanzar el presupuesto de la UE sobre los PBI de los Estados miembros es del 1,27 por ciento. 
Por consiguiente, existe margen para nuevas prioridades, pero el Consejo y la Comisión no parecen tener voluntad ni capacidad política para elaborar tales prioridades. Éstas podrían ser, por ejemplo, el empleo y la salubridad de los alimentos. 
La élite política de la UE ya ni siquiera habla de la prevención del desempleo, y menos aún de luchar contra el mismo mediante la aplicación de las políticas pertinentes. 
Mi Grupo ha destacado tradicionalmente la importancia de la prevención del desempleo. 
Por lo general, el paro no es culpa de los desempleados, sino que éstos se ven arrastrados por el devenir de los tiempos y quedan a expensas de las distintas coyunturas económicas. 
Para practicar una política contra el desempleo, debe existir primero el deseo de hacerlo. 
La élite política y los funcionarios de la UE sí saben velar por sus intereses. 
Vamos a adoptar un régimen de jubilación anticipada que premia generosamente a quienes no podrán seguir siendo útiles para la UE, aunque participasen en cursos de formación. 
Si hay cientos de funcionarios innecesarios en sus puestos, ello quiere decir que la política de personal de la UE está completamente desatendida. 
La capacidad de la Comisión para llevar a cabo las decisiones políticas del Parlamento es deficiente. 
Continuamente surgen grandes diferencias entre los presupuestos aprobados y la ejecución financiera practicada por la Comisión. 
Los ámbitos importantes para la Comisión no acusan atrasos en los pagos, mientras que sí quedan con frecuencia pagos pendientes en los asuntos importantes para el Parlamento. 
El presupuesto de la UE es un documento político utilizado para transferir dinero a las élites de la UE y actualmente también para financiar a los partidos políticos de ámbito europeo y para hacer propaganda de la UE. 
Así no se construye la Europa de los ciudadanos. 
Si se libró una guerra ilegal bombardeando a Yugoslavia, las ayudas para la reconstrucción de este país no deberían ser objeto de recortes. 
Esperemos que la votación sobre el programa CARDS no sorprenda a los grandes Grupos parlamentarios. 
Señor Presidente, el anteproyecto de presupuesto de la Comisión supera por primera vez, según se observa, la cantidad simbólica de 100.000 millones de euros, y se sitúa decididamente bajo el signo de los gastos agrícolas de crisis y de los compromisos exteriores. 
En esta primera lectura, muchas elecciones del ponente cuentan con el asentimiento de nuestro Grupo, empezando por las enmiendas horizontales de principio, y sobre todo las que se refieren a la reducción sistemática de los RAL y a la voluntad de prevenir la constitución de otros nuevos. 
En la agricultura se produce un restablecimiento de casi todos los créditos, algo que sólo puede tranquilizar a nuestros agricultores, que tienen gran necesidad de los mismos. 
Los 180 millones de euros adoptados por la Comisión de Presupuestos en favor de las demás intervenciones agrícolas va en la misma dirección, aunque haya que lamentar la clara insuficiencia de los créditos relativos al Fondo de emergencia veterinaria, a la distribución de productos agrarios a los desfavorecidos de la Comunidad y al establecimiento de agricultores jóvenes. 
En lo que se refiere a las regiones transfronterizas, no es ocioso recordar que éstas se benefician ya de un apoyo financiero importante, y cabe preguntarse legítimamente, teniendo en cuenta su diversidad, si un instrumento único sería la respuesta apropiada. 
En lo que respecta a las políticas internas, los intereses de las pequeñas y medianas empresas quedan protegidos, y nuestra Asamblea se puede congratular por el aumento de los créditos destinados a combatir la violencia contra las mujeres y los niños, al igual que la pedofilia y el abuso de Internet. 
Sin embargo, la reducción introducida por el Consejo en la publicidad en favor del euro, aunque acrecentada por el Parlamento, no nos parece suficiente. 
En efecto, esa publicidad, que les cuesta cara a los ciudadanos de nuestros países, parece pura propaganda. 
Asimismo, la delegación francesa del Grupo de la Unión por la Europa de las Naciones se opone a los créditos inscritos en multitud de líneas del capítulo A30, que no hacen sino favorecer los supuestos federalistas y sólo éstos, sin que se reconozca otro tipo de sensibilidades, a pesar de las preferencias de los electores. 
En lo que se refiere a Europol, y el razonamiento vale también para Eurojust, toda nuestra energía debe dedicarse, lógicamente, a la lucha contra el terrorismo en todas sus formas, como no ha dejado de hacer y de recordar nuestro presidente Charles Pasqua; pero el refuerzo indispensable de la solidaridad y de la cooperación policial y judicial entre nuestras naciones no puede servir de pretexto para una comunitarización rastrera de las políticas y las actividades que pertenecen plenamente al ámbito de la soberanía nacional. 
Además, Europol está financiado por contribuciones nacionales y, según nuestra opinión, no tiene cabida en este presupuesto. 
En lo que respecta a las acciones exteriores, si bien nuestro Grupo valora positivamente la duplicación de los créditos de pago en favor del programa MEDA 2002, condena las drásticas reducciones de los créditos previstos para el acuerdo de pesca con Marruecos: una visión exclusivamente contable no ha sido nunca una buena política, y esta decisión de la Comisión de Presupuestos es el peor de los mensajes que podemos enviar a nuestros amigos marroquíes, sobre todo en estos difíciles momentos de crisis internacional. 
Por último, señor Presidente, aunque el método elegido por el ponente es digno de elogio, hay que admitir que el nivel excesivo de los créditos de pago elegido por la Comisión de Presupuestos desde luego no va en la dirección de controlar el gasto público, cuando, sólo para Francia, representaría un coste suplementario de unos 27.000 millones de francos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el medio por excelencia para definir las prioridades políticas de la Unión Europea es el presupuesto. 
Estas definiciones, quiero subrayarlo de nuevo, sí tienen que estar al servicio de los intereses de todos los ciudadanos europeos. 
El parsimonioso debate sobre la finalidad de la Unión muestra que existen muchas opiniones dispares en cuanto a la misma. 
Constato con preocupación que no comparto esta diversidad de opiniones respecto de muchos proyectos europeos. 
Me ocasiona serias preocupaciones el hecho de que, conscientemente y a costa de los ciudadanos, se haga expresamente desde Bruselas una propaganda unilateral sobre la Unión. Estas preocupaciones se han visto recientemente reforzadas por la eliminación por parte de la Comisión de Presupuestos de una enmienda de nuestro colega conservador inglés encaminada a establecer la imparcialidad de la política de información de la Comisión. 
Todavía hay más. 
La Comisión y la mayor parte de este Parlamento quieren seguir presionando. 
La Comisión Europea ha presentado una propuesta para contribuir con dinero comunitario a "los" partidos políticos europeos, guiada por el ferviente deseo de poner en marcha cuanto antes una Unión política. 
Los ciudadanos no los conocen y, sin embargo, ¿los tenemos que subvencionar? 
Con ello, de nuevo, no se toma en cuenta la diversidad política de la Unión Europea. 
De esta manera, sólo las tendencias largamente organizadas en el ámbito europeo pueden recibir subvenciones europeas, mientras que los partidos políticos nacionales, que operan más cerca del ciudadano, no las pueden recibir. 
Las encuestas ponen de relieve una y otra vez que los ciudadanos de los Estados miembros no esperan absolutamente nada de la interferencia de Bruselas. 
El fomento de los partidos políticos europeos sólo aumentará la distancia respecto de la política europea. 
Por eso, recomendamos sinceramente la aceptación de nuestra enmienda que tiene como finalidad eliminar estas contribuciones. 
Señor Presidente, el esfuerzo de definición política de la Comisión y del Parlamento no acaba ni tan siquiera en las fronteras de la Unión. 
Una cuestión como ejemplo: cada año se dedican más de 180 millones de EUR a la Autoridad Palestina. 
La Comisión se lava las manos inocentemente aún cuando las escuelas financiadas por ese fondo utilizan libros de texto sediciosos, llenos de lenguaje racista y antisemita. 
¿Por qué la Comisión sigue negando este mal y esquivando su responsabilidad política? 
Debo constatar que el traje que la Unión se intenta probar, le viene demasiado grande. 
La Unión debe limitarse a los terrenos políticos en los que la acción europea comporta claramente un valor añadido. 
La elección fundamental que hecho en falta en este presupuesto, quitando todas las cosas buenas, es la definición de prioridades en las tareas centrales de la Unión Europea, y que el resto se quede donde está: en los Estados miembros. 
Señor Presidente, en el presupuesto se han introducido de nuevo considerables créditos para la proyectada ampliación. 
Pero no debemos olvidar las 23 regiones fronterizas que se ven afectadas muy intensamente- también en sentido negativo- por la adhesión de estos países. 
Como diputado de una de esas regiones, en concreto, Carintia, estoy decepcionado. 
Lamento que la Comisión, el Consejo y también la Comisión de Presupuestos no apoyen suficientemente estas regiones previendo en el presupuesto los suficientes créditos. 
Es un peligroso juego con los sentimientos de la población recortar los créditos precisamente para estas regiones. 
No se puede excluir que, ante las considerables desventajas que son de temer, la población de estas regiones se pronuncie en contra de la ampliación, poniendo en peligro todo el proyecto. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, cuando hoy debatimos en primera lectura sobre el presupuesto de la Comunidad para el próximo año, naturalmente hablamos de política reflejada en cifras. 
Así se deben ver también muchas iniciativas del Parlamento Europeo. 
Es urgentemente necesario ejercer presión sobre el Consejo- los oradores anteriores ya han llamado la atención al respecto -, pero también sobre la Comisión, pues muchos puntos no se han tenido suficientemente en cuenta. 
Me permito proseguir con el tema con el que ha concluido el colega Ilgenfritz, el de las regiones fronterizas. 
No es que nosotros hayamos recortado algo, sino que naturalmente esperamos que aparte de la pobre comunicación, la Comisión presente algo más para las regiones fronterizas pues, señora Comisaria, la Comisión tiene el monopolio de iniciativa. 
En otros asuntos ha estado perfectamente en situación de proponer con gran rapidez fundamentos políticos. 
En el caso de las regiones fronterizas es sin embargo más parca. 
No es suficiente que nos diga que observa con gran interés lo que el Parlamento proyecta. 
La Comisión debe presentar una iniciativa. 
Esta es su noble tarea y no puede eludir su responsabilidad. 
Por ello, espero que logremos acordar el jueves aquí en el Parlamento la asignación de 10,8 millones de euros a la reserva para el programa PRINCE. 
Creo que esto aumentará la motivación de la Comisión para presentar una propuesta sobre las regiones fronterizas. 
Lo mismo es aplicable a la cuestión de los nuevos 317 puestos que la Comisión ha solicitado. 
Creo que es hora de que sincronicemos el procedimiento presupuestario y el procedimiento legislativo de la Comisión. 
No puede ser que hablemos de pasada sobre los informes anuales de los proyectos legislativos cuando el presupuesto en principio ya está aprobado. 
También aquí hay que ocuparse de la correspondiente sincronización entre estas dos actividades. 
Por ello, es correcto que estos puestos o los créditos para los mismos estén en la reserva. 
Señor Presidente, por lo demás esto es también aplicable a la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Me salen las lágrimas cuando escucho su exposición diciendo que ahorramos en un importante sector. 
Por favor, tome nota de que tenemos interés en tramitar estas cosas en el presupuesto comunitario. 
Es allí donde debe hacerse en su mayor parte. 
Naturalmente, también se deben realizar recortes en la correspondiente línea presupuestaria. 
No puede ser que el Consejo se apropie de modo duradero de una hucha de ahorro con esta línea y desarrolle de este modo actividades con independencia de la Comisión y del Consejo. 
Existen los correspondientes documentos en el Consejo. 
Pueden estar seguros de que el Parlamento no lo va a permitir. 
Algo similar es aplicable a Europol y Eurojust. 
No quiero profundizar más. 
Quiero expresar mi agradecimiento a los ponentes, en especial a Carlos Costa Neves y naturalmente también a la colega Buitenweg por la agradable cooperación. 
En el presupuesto del Parlamento hemos llegado algo más lejos en lo que se refiere a la verdad y a la claridad. 
No tiene mucho sentido asignar dinero a la reserva para un estatuto que al final se va a gastar para edificios. 
Por ello, es más acertado asignarlo desde el principio a la línea presupuestaria para edificios, donde se va a gastar por lo demás al final del año. 
Pero tendremos que garantizar- y esto es una lección del procedimiento presupuestario de este año- que recibamos de la Mesa todas las propuestas para nuestro presupuesto del Parlamento ya en mayo. 
No podemos aceptar el procedimiento tal como ha tenido lugar hoy, es decir, que muchas decisiones importantes se adopten sólo en septiembre, inmediatamente antes de los debates en la Comisión de Presupuestos. 
Tengo aún graves preocupaciones en lo que se refiere al estado de salud de nuestros colaboradores en las diversas instituciones. 
Pedimos un informe sobre la situación de los enfermos para este año. 
Es realmente muy difícil trabajar en determinadas instituciones pues allí existe un nivel de enfermos muy elevado. 
Tendremos que ocuparnos aún de ello para adoptar medidas al respecto y que la situación sanitaria de nuestros colaboradores mejore algo en las diversas instituciones. 
Para finalizar, ruego realmente- Terry Wynn se ha referido ya muy sugestivamente al respecto- que lleguemos en noviembre a unos avances en la cooperación para que en diciembre podamos aprobar un presupuesto adecuado para el año 2002. 
Señor Presidente, también yo quisiera empezar dando las gracias a los ponentes, especialmente al Sr. Costa Neves. 
En lo que tengo de experiencia, es la primera vez que el ponente no intenta cambiar las perspectivas financieras. Lo considero positivo, sobre todo porque en el último año hemos nos han sobrado unos 11.000 millones de EUR del presupuesto. 
Realizaré algún comentario sobre las diferentes categorías. 
Ante todo, la categoría 1: estoy a favor de la reserva para la fiebre aftosa. 
No sé qué desastre nos podría llegar ahora, pero creo que el final no está todavía a la vista. 
Repito de nuevo, aunque ya lo he dicho con mucha frecuencia: no creo que la Comisión deba dejar de pensar en las posibles alternativas para financiar este tipo de crisis. 
Podemos pensar en un sistema de seguro. 
Podemos acotar todo tipo de eventualidades, pero no creo que podamos confiar en que durante los próximos años, tengamos un superávit de hasta 2.000 millones de EUR cada año en el presupuesto agrícola. 
Quisiera recomendar especialmente al Consejo de Ministros las enmiendas de la Comisión de Agricultura relativas a una investigación más profunda respecto de la fiebre aftosa ¿Podemos desarrollar vacunas marcador? 
¿Podemos desarrollar nuevos métodos de detección? 
¿Podemos investigar si un animal vacunado resulta todavía contagioso? 
En relación con la categoría 2, respaldo en general la política del ponente, que intenta desarrollar una mejor política de gastos y compromisos. 
Por tanto, estoy a favor de las enmiendas que ha presentado en este sentido, con una sola excepción: considero que el aumento de los créditos de pago es algo extremo. 
No veo, al igual que la Comisión, cómo pueden gastarse de forma razonable. 
Votaré sobre esa cuestión de forma diferente a la que muchos de ustedes previsiblemente votarán. 
En lo relativo a las propuestas relativas al empleo del instrumento de flexibilidad para la reestructuración de la flota pesquera de España y Portugal, espero con interés las propuestas de la Comisión. 
Un último punto: creo que debemos seguir respaldando a Europa del Este. Los términos de pago del SAPARD deben ampliarse hasta 2003. 
El hecho de que los órganos de pago no hayan sido adoptados no puede ir en detrimento de esos países. 
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente del Consejo, en tanto Presidente de la Delegación del PE para las relaciones con Asia Central, me limito a efectuar algunos comentarios sobre estas líneas presupuestarias. 
En primer lugar, de la asistencia a los países asociados de Europa del Este y Asia Central. 
Esta última región es inestable, y realmente constituye el centro de la política mundial desde el inicio de la guerra en Afganistán. 
Todos sabemos que una intervención exclusivamente militar no aportará una solución duradera a la región, y que tendremos que invertir en instituciones democráticas, en una sociedad civil, en las reformas socioeconómicas y ecológicas, en la lucha contra la droga, en la lucha contra la pobreza y en una enseñanza seria. 
Ése, señor Presidente del Consejo, es el contenido de nuestros esfuerzos en Asia Central. 
De ahí que nuestra petición para que se asigne a esta línea el 5 % de los créditos para compromisos y el 20% de los créditos para pagos. 
En segundo lugar, solicito su atención para la ayuda a las víctimas de la radiación, especialmente en la región de Semipalatinsk, en Kazajstán. El ejército soviético realizó allí 609 pruebas nucleares entre 1949 y 1999, de las cuales un gran número se efectuó en la superficie. 
Los soviéticos obligaban a la gente a salir de sus casas y a contemplar la seta nuclear. 
Las consecuencias son desastrosas, la incidencia de cáncer es cinco veces más elevada que la media nacional, lo mismo sucede con las malformaciones de los recién nacidos que son tres veces más elevadas que la media nacional, muchos hombres jóvenes son impotentes y las niñas de doce años sufren cáncer de mama. 
Existen muchos trastornos psicológicos y suicidios, y la esperanza media de vida se sitúa cerca de los 52 años. 
De ahí, señor Presidente, que queramos que los créditos de pago que figuran en la línea presupuestaria B7-524 pasen de 45 a 60 millones de EUR. 
Señor Vande Lanotte, usted viene aquí, asiste a la sesión, viene aquí a escuchar, se abstiene de hacer comentarios, eso ha dicho, y lo entiendo. 
Sin embargo, requiero su atención devota y sincera para estas dos enmiendas importantes y, quizá, podamos ir juntos a Semipalatinsk para contemplar las terribles consecuencias de la locura nuclear y ver cómo el dinero europeo realmente puede emplearse de forma buena y útil, una vez terminemos el procedimiento presupuestario para el ejercicio 2002. 
Le estaré muy agradecido. 
Señor Presidente, las propuestas para 2002 confirman la tendencia de los últimos años a la disminución del peso relativo del presupuesto comunitario, como resulta claro del valor más bajo del decenio, de sólo el 1,03 % del PNB. 
En virtud de las orientaciones restrictivas del Pacto de Estabilidad y también de las dificultades resultantes de un fuerte enfriamiento económico, el Consejo sigue proponiendo recortes, lo que crea dificultades objetivas para la ejecución presupuestaria. 
El procedimiento de este año vuelve a revelar un auténtico caos presupuestario, con nuevas necesidades que surgen, prioridades que aumentan y asignaciones que son cada vez más reducidas, con contenciones y recortes, sólo superables con una previsión de las perspectivas financieras, como siempre afirmamos. 
Y a eso se debe que el Parlamento Europeo, al insertarse en la lógica del Consejo, se limita a intentar cubrir con un ligero velo necesidades indiscutibles. 
Y a eso se debe también que resulten evidentes la ausencia de prioridades claras y de una estrategia coherente para garantizar la financiación cabal de las políticas comunitarias en diversas esferas, en particular en las de la cooperación, la agricultura y el empleo. 
Preocupación que aumenta aún más con la constitución de importantes reservas que, en el marco actual, no pueden dejar de suscitar mayores dudas. 
En el nivel de la categoría cuatro, el único capítulo presupuestario en el que sigue habiendo una reducción absoluta de importes, la falta de asignaciones es flagrante, en particular si tenemos en cuenta las necesidades y los compromisos asumidos en lo relativo a los Balcanes, a Palestina, al Afganistán, al Fondo Mundial para la Salud o a la reconversión de las flotas que faenan en Marruecos. 
La idea del ponente, que no es nueva, va orientada a reducir los gastos, en particular los relativos a los Balcanes, a fin de poder aumentar las restantes ayudas para la cooperación y forzar al Consejo a negociar. 
Esperemos que el resultado no sea nuevos recortes en la cooperación como en el año transcurrido. 
Ya veremos en diciembre lo que sucede. 
Éstas son algunas de las razones principales por las que discrepamos de este presupuesto. 
Señor Presidente, permítame de entrada dar las gracias al ponente, así como al ponente para las otras instituciones. 
Considero que ambos han realizado un excelente trabajo. 
Han presentado al pleno una propuesta globalmente aceptable y que- en todo caso- los diputados radicales apoyarán. 
Destaco además la participación del Presidente en ejercicio del Consejo en todo este debate, participación por la que le doy las gracias y que muestra una voluntad de diálogo. 
Espero que éste dé sus frutos durante la segunda lectura e incluso, al margen del presupuesto, en otros aspectos muy importantes de naturaleza presupuestaria, sobre todo el Reglamento Financiero. 
Querría esencialmente hacer dos observaciones sobre la estrategia global del ponente. 
La primera se refiere a los RAL. Apoyo completamente la estrategia definida para intentar reducir su magnitud, que se está haciendo un poco insostenible, y para enviar un claro mensaje a la Comisión de que se esfuerce al respecto. 
Me pregunto, y hago la misma pregunta al ponente, si conviene aplicar dicha estrategia a una situación tan específica como es la de Afganistán. 
Los RAL van unidos, evidentemente, al tema de la ayuda a las poblaciones desarraigadas y la ayuda humanitaria. 
Me pregunto entonces si acaso no estamos a tiempo todavía (aquí me dirijo al ponente, comprendiendo que quizá sea difícil en esta fase tan avanzada) de colocar en la reserva- emitiendo así un mensaje político- dinero para los refugiados afganos. 
Por supuesto, esto se tendría que inscribir dentro de la estrategia global, que está perfectamente justificada; pero me pregunto si, para este mensaje concreto, no se podría acaso variar la estrategia, por lo menos en la segunda lectura. 
La otra observación se refiere a la reforma de la Comisión. 
En este punto, ataco de falsedad lo que ha dicho James Elles. 
Me parece además que la Mesa, ayer, y la Conferencia de Presidentes han apoyado unánimemente las propuestas salidas del grupo encargado de este tema dentro del Parlamento. 
Éste, repito, sugirió- o en todo caso indicó- a la Comisión, y en particular al vicepresidente encargado de la reforma, que la vía que preconizaba no era la que propugna el Parlamento. 
Además, a juzgar por las equivocaciones sobre la magnitud de las partidas no asignadas, me pregunto incluso si no era mejor el antiguo sistema, en el que un solo comisario se ocupaba a la vez del presupuesto y del personal, en la medida en que permitía tener una visión de conjunto. 
Repito entonces que el Parlamento apoya la propuesta contraria a la que acaba de formular el vicepresidente Kinnock. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo y en el mío propio, quiero felicitar al ponente general, Sr. Costa Neves, y a los otros dos ponentes, Sra. Buitenweg y Sr. Seppänen. 
Presupuestariamente, en el año 2002 el ritmo de ejecución de los créditos debe haber alcanzado ya la velocidad de crucero: no hay un solapamiento con el anterior período de programación y ya no puede haber retraso en la puesta en marcha de programas. 
Es un año de pleno aprovechamiento de las previsiones contenidas en las perspectivas financieras. 
Para lograr ese pleno aprovechamiento por las dos instancias responsables de la ejecución (la Comisión y los Estados miembros) , el ponente nos ofrece una estrategia para reducir el resto por liquidar o el peso del pasado; utiliza, para sostener su estrategia, los propios "performant targets" identificados por la Comisión a instancias de una iniciativa que el Partido Popular Europeo presentó para el presupuesto 2001. 
Es importante que esta Cámara asuma la estrategia Costa Neves en materia de créditos de pago. 
Sin una acción decidida del Parlamento Europeo va a ser difícil conseguir un compromiso político interinstitucional en materia de mejora de la calidad del gasto, que ha sido siempre nuestra prioridad. 
Apoyamos también la estrategia del ponente general en lo que se refiere a las nuevas demandas, la carta rectificativa de la Comisión, en su referencia a la movilización del instrumento de flexibilidad, para financiar las nuevas necesidades estructurales, la reestructuración de las flotas española y portuguesa, que faenaban en las aguas de Marruecos, está esperando esta propuesta de financiación que la Comisión ha prometido y que aún no ha presentado. 
El ponente ha presentado también sendos "pro memoria" en las líneas presupuestarias de dicha reestructuración, así como en lo referente a un programa para reforzar la competitividad de las regiones fronterizas con vistas a la ampliación de la Unión. 
Esperemos que entre la primera y la segunda lecturas, la Comisión aclare la situación de este programa y las posibles propuestas de financiación. 
Por otra parte, está el problema irresoluble de la escasez de recursos financieros en la categoría 4 de las acciones exteriores. 
Este problema amenaza con contaminar un procedimiento presupuestario tras otro. 
La Unión adquiere cada vez más compromisos exteriores, muchas veces sin consultar a esta Cámara. 
Después, se deciden recortes unilaterales en las líneas tradicionales de la acción exterior so pretexto de una ejecución deficiente, cuya responsabilidad se atribuye siempre a factores externos y nunca al funcionamiento de la propia Comisión o de los propios Estados miembros. 
Con ello, el Parlamento debe, año tras año, enzarzarse en una lucha sin sentido para reponer los recortes que, bien la Comisión en su anteproyecto, bien el Consejo en su primera lectura, realizan. 
Esto perjudica el papel que comisiones parlamentarias tan relevantes como la de Asuntos Exteriores, la de Desarrollo, o como la propia Comisión de Presupuestos, deben realizar. 
Un ejemplo clarísimo son este año los 125 millones del nunca firmado acuerdo de pesca con Marruecos. 
Nunca ha quedado claro por qué la Comisión inscribió estos créditos en la reserva, pero la consecuencia cierta es que el ponente ha tenido que emplear (y los Grupos políticos lo apoyan) una estrategia de recortes para conseguir que se movilicen esos créditos de la pesca no utilizados. 
La leal cooperación interinstitucional debe pasar por el reconocimiento de las prerrogativas presupuestarias de cada una de las instituciones. 
Esperar a la conciliación de noviembre para resolver asuntos de fondo debilita el papel del trámite parlamentario y el papel de los diálogos tripartitos de todo el año. 
En el Partido Popular Europeo consideramos fundamentales para la buena marcha del procedimiento presupuestario, entre otras cosas, la armonización de los procedimientos legislativos y presupuestarios, la participación real del Parlamento Europeo en la elaboración de las reglas de juego, es decir, del Reglamento financiero, el conocimiento con antelación del programa de trabajo de la Comisión, una intervención más activa del Parlamento en la vertiente presupuestaria de la reforma de la Comisión, etc. Todas estas aspiraciones están contenidas en nuestras enmiendas, que presentaremos a votación el próximo jueves, y que esperamos que reciban el apoyo de la mayoría. 
Señor Presidente, colegas, tal como lo han hecho otros diputados, quisiera comenzar dando las gracias al ponente señor Costa Neves. 
La colaboración ha sido realmente buena. En mi calidad de "ponente invisible" del Grupo socialista siempre se me ha escuchado de manera constructiva y lo agradezco. 
En la actual situación, casi todas las propuestas concretas del Parlamento ya han sido tratadas y por eso me ocuparé de otros aspectos. 
Los presupuestos son la máxima expresión de democracia y desarrollo de una sociedad. 
Por su intermedio influimos en la sociedad mediante la intervención de las instituciones públicas financiadas por los contribuyentes y, tratándose de asuntos transfronterizos europeos, esta función la cumplen los presupuestos de la UE. 
Hay que mantener continuamente un difícil equilibrio entre, por una parte, el deseo de realizar cosas importantes y, por otra, la necesidad de respetar la disciplina presupuestaria y de conseguir que los contribuyentes realmente obtengan beneficios por su dinero. 
Este equilibrio resulta particularmente difícil en la UE porque debe alcanzarse entre dos autoridades presupuestarias y, además, en cada una de ellas. 
En el caso del Consejo incluso debe alcanzarse en cada uno de los quince gobiernos. 
Desgraciadamente, el Consejo con una mano- los ministros de Agricultura y los ministros de Asuntos Exteriores- promete, por ejemplo, dinero para el combate de la EEB y la fiebre aftosa, para el desarrollo de las regiones pobres, para las flotas pesqueras, para los Balcanes, para los refugiados afganos, etcétera, mientras que con la otra mano- los ministros de finanzas- se opone al aumento de gastos. 
El problema se agrava aún más por el hecho de que los que prometen ayudas generalmente no han controlado si la Comisión, que es la que tendrá que realizar todas esas medidas, posee los recursos necesarios para cumplir las promesas. 
Los compromisos son a menudo de gran alcance, pero el grado de cumplimiento es escaso y la financiación insuficiente. 
A pesar de estas críticas, creo que los contribuyentes, en general, reciben beneficios. 
Soy un parlamentario que representa a Suecia, el país más euroescéptico de la Unión y, simultáneamente, el país en que cada contribuyente paga más dinero a la Unión. 
Esta situación hace que no siempre resulte fácil convencer a los contribuyentes sobre el buen uso de los recursos. 
El mito de que la UE es un gigante ineficaz está tan arraigado que casi nadie me cree cuando digo que el coste neto de la UE para Suecia es sólo el 1 por ciento del presupuesto, que en términos reales el presupuesto no aumenta y que el estado sueco recibe de vuelta cada año una gran parte de sus aportes. 
En la práctica, una décima parte del presupuesto vuelve a los Estados miembros. 
Creo que recibimos beneficios, pero aún hay deficiencias. 
En el futuro tendremos que esforzarnos mucho para convencer a los ciudadanos del buen uso de los recursos. 
En primer lugar, creo que hay que simplificar el procedimiento presupuestario haciéndolo más transparente. 
El nuevo reglamento presupuestario y los presupuestos por materias deberían contribuir a esto. 
En segundo lugar, habría que dar impulso a las reformas internas. 
Aunque hemos reservado algunos puestos, el objetivo ha sido impulsar, no frenar, las reformas. 
Además, estoy convencido, como señaló la Comisaria Schreyer en su intervención, de que necesitaremos mayor flexibilidad en los presupuestos y mejor capacidad para reaccionar ante nuevos acontecimientos. 
Creo que para lograrlo será necesario un nuevo espíritu de colaboración entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria. 
Estas deficiencias se ven con claridad en la categoría 4, gastos externos, en los que el Consejo agrega nuevos costes todos los años: ayudas a Kosovo, ayudas a Serbia, nuevos acuerdos pesqueros, etcétera. 
Este año ha habido prolongadas discusiones, entre otras cosas, sobre las ayudas a los refugiados, Global Health Fund, y sobre las medidas contra el SIDA. 
En 2000 y 2001 resolvimos estos problemas con el instrumento de la flexibilidad, que nos proporcionó 200 nuevos millones cada año. 
Este año el problema es que los programas para Kosovo y Serbia, que hicieron necesario el uso del instrumento de flexibilidad, se seguirán realizando en gran escala, pero sin que podamos emplear los 200 millones del antedicho instrumento. 
A pesar de esto, el Consejo quiere impedirnos usar los recursos que no se necesitarán para los acuerdos de pesca, cosa que no logro entender. 
¿Por qué no podemos usarlos si tenemos que afrontar grandes costes para la ejecución de los programas que hemos aprobado? 
¡Esto no puede seguir así! 
Con esta política, el Consejo nos obliga a hacer algo que me gustaría evitar, esto es, negar recursos a las grandes necesidades de los Balcanes, aunque, obviamente, protegemos las regiones más delicadas: Serbia y Kosovo. 
Entendemos las prioridades del Consejo en relación con los Balcanes, el SIDA, etcétera, pero les pedimos un poco de comprensión para nuestra resistencia a eliminar los temas que más nos preocupan. 
¡Queremos salvar las ayudas a los Balcanes! 
¡Negociémoslas! 
Señor Presidente, a primera vista el presupuesto 2002 de la UE, con un volumen de 51.000 millones de euros, parece equilibrado y poco complicado. 
El aumento de un 5% frente a los gastos del presupuesto 2001 corresponde a las directrices agrarias de Berlín. 
Esto no es solamente bueno sino que además debe ser así pues ninguna otra política está tan plenamente comunitarizada como la política agraria. 
Sin embargo, observo con especial preocupación que esta gran partida de los gastos agrícolas despierta cada vez más codicias y no pocos políticos la observan como una especie de masa de libre disposición que se puede mover de un sitio a otro como se desee. 
Para salir al paso de ello es necesario que la Comisión cualifique las previsiones financieras, se elimine todo tipo de especulaciones y que no se tenga que llevar a cabo el continuo deseo de recortar linealmente el presupuesto agrario. 
Desde que apareció la fiebre aftosa hace once meses, la situación en el sector de los animales es muy desequilibrada, sobre todo en lo que se refiere a la seguridad de los alimentos, la protección de los animales y el mercado interior. 
Las distorsiones de la competencia en los mercados conducen a pérdidas de puestos de trabajo y de ingresos. 
Todas las líneas de precios divergen intensamente y nadie puede explicarlo. 
Por ello, estoy a favor de aumentar la dotación financiera del reglamento de mercado para la ganadería. 
Creo que de este modo no se desplazaría el llamado balance intermedio de la Agenda 2000 sólo por hacer un favor a un país. 
Además, estoy a favor de que se conserve la reserva antes de que se aclare la contradicción de porqué hace un año se trataba de mil millones y ahora sólo de 400 millones. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, este es un procedimiento presupuestario con problemas ya conocidos y nuevos desafíos que no podemos evaluar ni tratar de un modo definitivo en el marco de la primera lectura. 
Quiero llamar aquí la atención de nuevo sobre un hecho pues en esta Asamblea a veces existen ideas algo poco claras: desde 1992 existe una modificación básica del sistema de la Política Agrícola Común. 
Señora Comisaria, usted ha anunciado un escrito rectificativo. 
Esto me recuerda el dicho the same procedure as every year, pues primero se provoca una crisis presupuestaria y a continuación determinamos márgenes de actuación en el presupuesto agrario. 
Digo aquí expresamente sí a una reserva para imprevistos pero cuando se produzca la crisis, la reserva tiene que encontrar realmente aplicación, pues actualmente ocurre que muchos sectores se encuentran realmente en una crisis existencial. 
Quiero referirme al debate sobre la ampliación hacia el Este para aclarar también aquí una cosa: no tengo ningún problema en integrar plenamente la agricultura de los países candidatos en el mercado común ya el año 2004 si al mismo tiempo se hace también realidad el libre tráfico de personas, capitales, servicios y mercancías, lo que se incluye en la condición de pleno miembro, para que se produzca por fin un debate honesto en una relación global sobre este tema. 
Las conclusiones de los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Niza han destacado por un lado la necesidad de poner en marcha la reestructuración de la flota de pesca española y portuguesa. 
Lo apoyo pero al mismo tiempo indico que no puede ser que por otro lado se deje, por así decirlo, morir de hambre a la restante flota de pesca europea por un modo de proceder muy restrictivo en los próximos dos años. 
Tenemos que debatir al respecto con la Comisión. 
Quiero indicar expresamente que la comunicación de la Comisión del 25 de julio relativa a las regiones fronterizas- en opinión que el Parlamento expuso en su resolución del 5 de septiembre -, no cumple los requerimientos del Consejo de Europa. 
Por ello, señora Comisaria, instamos a la Comisión para que realice una propuesta concreta de reglamento para las regiones fronterizas. 
Voy a referirme a otro punto. 
Para el presupuesto 2001 hemos puesto a disposición 400 puestos. 
Ahora debatimos sobre 317 que están aún en la reserva. 
Señora Comisaria, mire también los puestos libres que aún no se han ocupado en la Comisión. 
Junto a los otros puntos a los que nos referimos en relación con la liberación de la reserva, quiero recordar expresamente que el último año siempre hemos advertido que en la reforma también se incluye la simplificación del acervo comunitario, sin que por ello se tenga que atacar la esencia de dicho acervo. 
Creo que aquí existe también necesidad de actuar. 
Señor Presidente, un último punto: esperamos de la segunda lectura un amplio informe de la Comisión sobre la revisión del concepto de política exterior, para que de cara a los actuales requerimientos tengamos un concepto coherente para unificar la prevención de conflictos, la ayuda humanitaria y la alianza contra el terrorismo en un paquete común adecuado y poder aprobarlo en la segunda lectura. 
Se trata de un informe completo y atento a todas las problemáticas del último período de vida de la CECA, pero también sensible a todas las problemáticas del futuro si es verdad- y lo es- que la CECA muere pero la industria del carbón y del acero debe seguir desarrollándose en Europa. 
El importe previsto para los restantes diez meses del presupuesto CECA es adecuado, del mismo modo que el aumento de la dotación en favor de la investigación está en línea con las perspectivas posteriores a la expiración del Tratado. 
El Parlamento se siente coprotagonista de los esfuerzos que deberemos hacer para dar una respuesta tranquilizadora a los 357.000 trabajadores empleados en el sector y para dar una perspectiva concreta al crecimiento y a la reestructuración del sector. 
Ahora quisiera dedicar la última parte de mi intervención al presupuesto general de la Unión. 
Como decían mis colegas de Grupo, empezando por el coordinador Sr. Ralf Walter, nuestro juicio sobre el trabajo realizado por el Sr. Costa Neves y por la Sra. Buitenweg es positivo. En este sentido, hay algunos aspectos que merecen ser recordados. 
De un lado, el compromiso de mejorar la calidad y la celeridad del gasto, y aquí estoy pensando en los Fondos estructurales para los cuales se pide una acción extraordinaria de las Instituciones europeas para motivar, coordinar y evaluar ex ante y ex post con el fin de que no fracase esta gran prueba de federalismo europeo, y del otro, la atención, a la que se ha referido la Comisaria Schreyer, al tema de las regiones fronterizas- yo también estoy de acuerdo con el Sr. Böge en que es justo aclarar el concepto de región fronteriza- en relación con el proceso de ampliación. Son regiones que no tendrán que beneficiarse en exclusiva, señora Comisaria, algo que quiero subrayar porque el proyecto piloto, aprobado el pasado año, no afecta y no debe afectar en su continuación sólo a las regiones fronterizas. 
Se trata de un buen comienzo: habrá una negociación y pienso que al final podremos conseguir un buen presupuesto. Sin embargo, cuando pienso en este gran patrimonio que es la Europa que nosotros tenemos y que otros no tienen, o sea, un sujeto político supranacional, en el que otros piensan y deberán pensar ante los nuevos retos, me pregunto: ¿Acaso no deberíamos revisar los mecanismos de financiación del presupuesto europeo si queremos reforzar una gran institución supranacional que nos envidian y que, sin embargo, necesita más medios y cometidos más concretos? 
Señor Presidente, el presupuesto para 2002 de la Unión Europea es un espejo de su política autoritaria y antipopular. 
Un presupuesto para la gestión de intereses, que no declara, ni siquiera por razones propagandísticas, objetivos centrales orientados a la resolución de los problemas creados por la crisis. 
En el proyecto de presupuesto no se hace ningún intento serio y real de redistribución de la renta hacia las regiones menos desarrolladas o en favor de las capas populares que sufren a causa del paro, el autoempleo y la pobreza. 
En el marco de la disciplina presupuestaria impuesta a los países miembros y a la propia Unión Europea, se reducen incluso las partidas hasta ahora asignadas. 
Los gastos agrarios se reducen sin cesar, con resultados trágicos para los campesinos, en un intento de que los presupuestos nacionales paguen la política antiagraria que se decide en Bruselas. 
Por el contrario, después del golpe terrorista del 11 de septiembre, la Unión Europea es llamada a financiar la cooperación intergubernamental en el llamado espacio de justicia, es decir, en el control policial y la persecución de los ciudadanos que sobrepasan los límites de resistencia y reacción impuestos por el sistema. 
En conclusión, los diputados del Partido Comunista de Grecia votaremos en contra de este presupuesto porque, en lugar de resolver los existentes, creará nuevos problemas a los trabajadores, a los campesinos y a las pequeñas empresas; en lugar de contribuir a la paz en el mundo, fomenta la guerra y la hegemonía imperialista; en lugar de proteger los derechos democráticos políticos y laborales, colectivos e individuales, los conculca. 
Señor Presidente, permítame comenzar dando las gracias a Carlos Costa Neves por su excelente trabajo en torno a los presupuestos del próximo año. 
Compruebo con satisfacción que por primera vez en muchos años no se ha hablado de revisar el techo presupuestario. 
A mi juicio, esto es una señal de que el ponente ha optado realmente por respetar y aplicar el plan presupuestario como un techo de gastos y no como un objetivo de gastos. 
Creo que esto nos hace abrigar esperanzas respecto a las negociaciones futuras. 
Sin embargo, a pesar de esto cabe advertir sobre el riesgo de un presupuesto demasiado expansivo, especialmente en lo que respecta a las categorías 3 y 4. 
Los pequeños márgenes existentes en esas categorías nos preocupan, particularmente en la perspectiva de los acontecimientos del 11 de septiembre, que nos hacen ver la proximidad de medidas de apoyo humanitario a Afganistán y de medidas en materias judiciales y de interior. 
La Unión Europea ya es demasiado cara para los contribuyentes. 
Me parece obvio que intervengamos para que no sea aún más cara. 
Igualmente obvio me parece que el Parlamento cree un espacio para negociar con el Consejo. 
Sin embargo, cabe hacer un llamado tanto al Consejo como al Parlamento para que ante la segunda lectura actúen con austeridad, de modo que desde un punto de vista presupuestario sea posible manejar la situación que se ha creado como consecuencia de los ataques terroristas en Estados Unidos. 
Para terminar, me referiré brevemente al informe Buitenweg. 
La ponente ha hecho avances en los preparativos para la ampliación de 2004. 
Esto es provechoso y por eso quiero darle las gracias. 
No obstante, cabe comprobar que aún hay mucho por hacer en torno a la preparación y adaptación de la administración frente a la ampliación, de la que sólo nos separan dos años. 
Señor Presidente, a estas alturas de la letanía de oradores, conviene concentrarse y espigar un par de puntos en el presupuesto. 
En primer lugar, mencionaré una cuestión que no llevaba apuntada en mi guión: el Consejo se ha felicitado de que el Parlamento comparta su preocupación por los restos a liquidar, los RAL. 
Si no llevara 17 presupuestos europeos a mis espaldas, me declararía estupefacto. 
De hecho, en la creación de los RAL son los Gobiernos los que tienen la mayor responsabilidad y el Consejo podría contribuir muy útilmente a la disminución de los RAL renunciando a la subpresupuestación sistemática de los créditos de pago, que son los que más duelen a los bolsillos de los ministros de Hacienda. 
Pero, realmente, lo que más me preocupaba a mí en este presupuesto es que, en términos reales, euros constantes, desde 1999 la ayuda a terceros países disminuye. 
Si alguna cosa queda clara después del 11 de septiembre, es que, precisamente, va a ser necesario mantener y desarrollar la ayuda humanitaria y nuestra contribución a la ayuda al desarrollo. Y esto no está en absoluto garantizado por el presupuesto comunitario, a pesar de los esfuerzos del ponente, esfuerzos que saludo. 
Las perspectivas financieras no son suficientes- claramente- y tenemos un Consejo de Ministros teleadicto, es decir, que se guía en sus prioridades exteriores por el último titular que sale en la televisión. 
Tenemos Kosovo: hay que ayudar a Kosovo. 
Tenemos Serbia: hay que ayudar a Serbia. 
Tenemos Afganistán: hay que a ayudar a Afganistán. 
Y el próximo titular será la prioridad. 
¿Esto a costa de qué? 
A costa de recortar las políticas que ya teníamos. 
Continuamos teniendo problemas en los Balcanes. 
Continuamos teniendo un grave problema en África. 
Continuamos teniendo problemas de subdesarrollo en América Latina o en Asia. 
Pero hay que recortar. 
La otra cuestión, vinculada con lo anterior, que yo quería señalar consiste en preguntarme si hay Consejos Europeos de primera y de segunda. 
¿Por qué Berlín es más importante que Niza, en materia de gastos? 
¿Por qué? 
En Berlín se fijaron unas perspectivas financieras que se tuvieron que pactar con el Parlamento, pero en Niza, el mismo Consejo Europeo, casi en su misma composición, dijo que había que hacer un programa especial para la reconversión de la flota pesquera que faenaba en Marruecos. 
¿Por qué no está presupuestada? 
¿Por qué el Consejo, teniendo ya una propuesta de la Comisión, valorada en 197 millones de euros, no la ha presupuestado? 
Debería haberlo hecho. 
Y lamento que el Parlamento no haya cumplido su obligación porque en la primera lectura lo que tenemos que hacer es presupuestar del modo que nosotros queremos y deseamos. 
Luego ya vendrá el Consejo en la negociación de segunda lectura. 
Lamento que esto no se haya podido hacer, pero confío en que, de aquí a diciembre, podamos resolverlo. 
Muchas gracias, señor Deprez. 
No figuraba usted en la lista en nombre de la comisión. 
Procuraremos darle una respuesta cuando sea posible. 
Señor Presidente, voy a seguir los consejos de Joan Colom i Naval tomando como tema el problema de la reforma, del que soy ponente permanente. 
Este problema es absolutamente esencial, porque nos hace recordar con regularidad que el Parlamento Europeo está decididamente a favor de una reforma administrativa del funcionamiento de las instituciones. 
Las actuales polémicas entre los defensores de varias líneas especializadas deberían posponerse a los problemas fundamentales, y éstos consisten en hacer más comprensible y más eficaz la actuación de la Unión Europea con respecto a las expectativas de los ciudadanos, a fin de que éstos renueven su confianza en nuestra Unión. 
Ustedes saben que, dentro de este presupuesto, hemos notado varios retrasos en la aplicación de la reforma, especialmente en lo que respecta a la respuesta de la Comisión- que no nos llega- a propósito de la revisión del Reglamento Financiero, así como en lo que se refiere a la introducción de la actividad de base management. 
Pero lo esencial radica en la reforma del estatuto y del funcionamiento de la carrera laboral dentro de la función pública europea. 
Hemos tenido que tomar una medida de prudencia, consistente en dejar en reserva fondos para la creación de los nuevos puestos solicitados. 
Esta puesta en reserva no es otra cosa que una actitud de prudencia, y les recuerdo que, de momento, sólo está en la fase de la primera lectura, puesto que hemos solicitado a la Comisión aclaraciones acerca de la aplicación del estatuto único, con idea de recibir respuestas extremadamente precisas y realistas, sobre todo sobre el problema de los regímenes de prejubilación para los funcionarios y los agentes temporales, pero también sobre los problemas creados por el absentismo y las vacantes. 
Pensamos que la Comisión va a poder darnos respuestas a todo ello, pero yo quería de todos modos atraer su atención sobre el hecho de que no son las posturas doctrinarias las que harán progresar la reforma. 
Tenemos quince países y siete instituciones, pero sólo tenemos una Unión Europea, para la que no hace falta más que un estatuto. 
No hay que ampararse en los informes del año pasado, porque la linealidad ya no es lo que era. 
Queremos por tanto un marco presupuestario claro para tomar una postura, y yo vuelvo a formular la petición de toda la comisión parlamentaria al Consejo: es preciso que el Consejo salga de su mutismo y nos dé regularmente respuestas para que todos nuestros procedimientos- y en especial la reforma- progresen dentro de un marco presupuestariamente eficaz. 
Esta reforma es vital: no debe ser bella tan sólo sobre el papel, sino que debe ser realista y aplicable en el tiempo. 
Nada se detendrá en 2004. 
Todo debe continuar. 
La reforma ha de permitir una nueva motivación y una modernización del funcionamiento, pero debe conservar una función pública europea orientada hacia un único objetivo: poner en práctica los proyectos políticos de la Unión Europea renovando la confianza de los ciudadanos. 
Señor Presidente, señora Schreyer, señoras y señores, estimadas y estimados colegas, el Grupo del PPE-DE en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior ha dedicado una gran atención al crecimiento imbricado de los mercados en relación con la ampliación hacia el Este. 
Las repercusiones que se van a producir como consecuencia de ello deben tenerse en cuenta en el presupuesto. 
Si miramos las cuatro libertades, comprobamos que en algunos sectores no se va a producir ningún problema mientras que en otros va a haber dificultades de adaptación. 
En el campo del tráfico de mercancías no se van a producir grandes cambios pues aquí existe una amplia liberalización. Tampoco en la libertad de establecimiento, pues son aplicables las condiciones del Estado de establecimiento. 
Pero sí vemos problemas en el campo de la libertad de circulación de trabajadores y de servicios pues en estos campos hasta la fecha no existe ningún tipo de competencia y estos mercados- por así decirlo- sólo tienen una orientación regional. 
Por ello, en especial las regiones fronterizas están sometidas a una cierta presión en el establecimiento de las correspondientes libertades y son necesarias ayudas específicas. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior se ha pronunciado en sus recomendaciones de modo explícito a favor de dotar al programa de las regiones fronterizas que usted, señora Comisaria, ha mencionado, con créditos adicionales. 
Agradecemos a la Comisión de Presupuestos y en especial al ponente por haber recogido estas sugerencias y haberlas complementado parcialmente. 
Para mí es importante un punto específico: los instrumentos que ha propuesto la Comisión no son suficientes para fortalecer la competitividad en las regiones fronterizas pues sólo promueven la cooperación entre Este y Oeste pero no la situación específica de las regiones fronterizas en si. 
Por ello, es necesario un programa específico y por ello pedimos a la Comisión que presente el correspondiente fundamento jurídico. De sus declaraciones he deducido que existe por su parte una disposición favorable al respecto. 
Señor Presidente, para empezar, quisiera protestar por el hecho de que los servicios realmente no han contemplado nuestra opinión como tal, porque más que nada, está integrada por enmiendas. 
Evidentemente, la han contemplado como enmiendas sueltas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Espero que este tipo de procedimientos pueda desarrollarse de forma más clara en el futuro. 
En relación con este presupuesto, agradezco, entre otras cosas, el estupendo trabajo realizado por nuestro ponente; se ha convertido en un presupuesto de consolidación. 
Por supuesto, siempre existen conflictos sobre cualquier parte del presupuesto, pero sí ha habido más dificultades en el pasado. 
También debo decir que manifiestamente tenemos menos conflictos en el ámbito de nuestra Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
El Consejo también ha intentado eliminar menos de lo que en períodos anteriores ha sido el caso, por tanto, en lo que a ello respecta, mis felicitaciones al Consejo. 
Los problemas que subsisten radican, en mi opinión, en el ámbito de la coordinación abierta. 
El Consejo todavía no se siente inclinado a decir que esto debe salir del presupuesto del Parlamento. 
No obstante, el Parlamento también debe aceptar este presupuesto, pero no logra que su voz se oiga de forma suficiente. 
En los próximos años, tendremos que volver a debatir ampliamente esa cuestión. 
Tenemos algunas diferencias de opinión al respecto, y espero que puedan solucionarse en el futuro. 
Todavía hay problemas con EQUAL, una de las partes del Fondo Social. 
También ahí el Consejo ha realizado un fuerte recorte. 
Espero, sin embargo, que sea posible recuperar el anteproyecto de la Comisión en lo que a esto respecta. Eso me parece extraordinariamente importante. 
Opino que la Comisión ha evaluado bien cómo debe ser esta propuesta. 
Señor Presidente, Señorías, en el marco de la atención sanitaria popular nos ocupamos todos los años de las subvenciones al tabaco. 
En el fondo, no son otra cosa que ayudas directas a las rentas para los afectados. 
Pero se puede hacer también de otro modo. 
Por ello, al igual que cada año, exigimos una reducción paulatina de las subvenciones al tabaco a favor de un aumento de las ayudas para el desarrollo rural con la vista puesta en alternativas de ingresos de las que podrían beneficiarse también las personas de las regiones que trabajan en sectores anexos. 
Cada año ocurre lo mismo pero no cambia nada. 
Sin embargo, no se debe perder la esperanza. 
Respecto a las ONG: siempre estamos a favor de apoyarlas. 
Sin embargo, queremos también saber qué es lo que se hace con el dinero aprobado. 
Este deseo está totalmente justificado, por lo que exigimos que se presenten las correspondientes informaciones con regularidad y publicidad. 
Sólo así tendremos una cierta posibilidad de comprobar si nuestra ayuda financiera está también justificada. 
Créanme, para nosotros es ya extraordinariamente difícil tener una visión de conjunto sobre cuáles son todas las organizaciones que apoyamos. 
De la misma falta de transparencia adolece también la decisión de la Comisión de no conceder más créditos a la organización medioambiental Globe. 
No se puede entender de ningún modo y parece absolutamente arbitraria. 
Por lo demás, tampoco se han pagado a Globe los créditos aprobados para el actual ejercicio. 
También las ONG necesitan una seguridad de planificación para poder seguir pagando, por ejemplo, a sus empleados de oficinas. 
Lo que la Comisión está haciendo aquí es asocial. 
Señora Comisaria, donde existe voluntad política se encuentra siempre un camino u otra línea presupuestaria para el futuro. 
Respecto a la Agencias: parece realmente que algunas Agencias han desarrollado ya desde hace tiempo una intensa vida propia. 
Como existen se las financia. 
Cada año más dinero así sin más. 
Parece que sólo esto es importante. 
Pero esto no puede seguir así pues, naturalmente, falta entonces este dinero en otro lugar. 
Nuestra tarea es ocuparnos de que aquellas que ayudamos trabajen efectivamente. 
Rendimiento y efectividad no se logran aumentando ciegamente los créditos sino mediante una observación y control regular como base de unas correcciones eventualmente necesarias. 
Señor Presidente, estimada Sra. Comisaria, señor Presidente del Consejo, hablo en nombre del Grupo del PPE en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
En primer lugar quiero agradecer a mis colegas de la Comisión de Presupuestos que hayan recogido casi todas las enmiendas de esta comisión. 
Señora Comisaria, hemos introducido de nuevo en lo esencial las estimaciones presupuestarias sobre la política regional y de transportes que usted había propuesto. 
Me permito apelar al Consejo para que no actúe de modo contradictorio y hable con dos lenguas. 
No puede ser que en la cumbre de Gotemburgo se diga a bombo y platillo que queremos tener una política de transportes sostenible a la larga y que luego el Consejo suprima créditos en el campo de la sustainable mobility. 
No se puede aceptar esta ambivalencia y esperamos que el Consejo lo reconozca. 
Si se quiere una política europea de transportes razonable y ecológica, no se pueden suprimir los créditos para ese objetivo. 
Pero el punto principal al que quiero referirme es el turismo. 
Aquí no hemos obtenido, lamentablemente, gracia entre los colegas de la Comisión de Presupuestos. 
Sólo quiero rogarles que recapaciten al respecto. Hemos propuesto dedicar créditos a la promoción del turismo en Europa. 
Todos ustedes conocen el debate de muchos años sobre el programa Philoxenia, es decir, la publicidad en el extranjero a favor del turismo bajo el lema "Turistas a Europa". 
Este tema ha ganado desde el 11 de septiembre una dimensión totalmente nueva. 
No son solamente las compañías aéreas que tienen entre un 20 y un 30% menos de pasajeros sino también los hoteles en Bruselas, Berlín y todas las ciudades de Europa. 
Son los restaurantes, los negocios que venden recuerdos o moda. 
Experimentamos una quiebra masiva en el turismo, precisamente el proveniente de los EE.UU y Canadá. 
Esta situación provoca grandes dificultades en la economía y pone en peligro nuestros puestos de trabajo. 
Ruego al Consejo y a la Comisión: cuando el próximo mes debatamos sobre las consecuencias del 11 de septiembre, deberíamos ocuparnos de nuevo sobre la cuestión de qué hacemos para promover el turismo hacia Europa. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Costa Neves por trabajo, pues se ha ocupado de estas cuestiones sobre las que debatimos aquí realmente con gran cuidado e interés. 
Soy presidente suplente de la delegación para Eslovaquia, país donde estuvimos la última semana. 
Entre otras cosas, figuraba en el programa una visita a la frontera verde con Ucrania cerca de Kosice. 
Allí hemos comprobado que muchos refugiados, en especial de Afganistán, pasan la frontera probablemente no sólo con intenciones pacíficas sino que se calcula que entre el 10 y el 30% podrían proyectar también otras actividades de carácter militar o terrorista. 
Por ello, quiero rogar encarecidamente a la Comisión y al Consejo que hagan todo lo posible para asegurar las fronteras exteriores, en especial que utilicen en lo referente a las fronteras de los Estados candidatos con los Estados no pertenecientes a la UE el marco de las ayudas a la adhesión para poner a disposición los aparatos necesarios. 
Se trata de equipos sencillos, como aparatos de visión nocturna y vehículos, para que se puedan vigilar mejor estas fronteras inmediatamente. 
En segundo lugar, en la Comisión nos hemos ocupado muy intensamente de los problemas relacionados con las ayudas a PHARE y del caso Toth. 
En Eslovaquia se han extraído las necesarias consecuencias. 
El Viceprimer ministro competente ha dimitido, es decir, se han extraído las consecuencias políticas. 
También ha dimitido el encargado competente y el director- se ha nombrado a alguien nuevo- y además, el Parlamento ha aprobado los últimos días una nueva ley sobre el control financiero y auditoría interna. 
Así pues, hasta la segunda lectura vamos a tomar sin duda estos créditos de la reserva. 
Señor Presidente, sólo quiero hacer dos observaciones esta noche, al tiempo que elogio al ponente por la manera tan sensata y cortés con la que ha dirigido el proyecto de presupuesto para el año próximo. 
Mi primera observación va dirigida a la Sra. Comisaria y es relativa a las partidas de B-1, en las que la Comisión destina enormes cantidades de dinero a subvenciones para el cultivo de arroz, plátanos y la destilación de vino. 
Creía que ya habíamos comenzado a reducir los pagos a dichos sectores. 
Quisiera pedirle que examine este extremo. 
He presentado numerosas enmiendas por un importe que se eleva a cientos de millones de euros. 
Desearía que en vez de ceder a un gasto compulsivo como ése, que se permite que crezca año tras año, fuera examinado con mucho detenimiento. 
Permítame pedirle, señora Comisaria, que lo haga con vistas a futuros presupuestos. 
La otra cuestión es un asunto perenne que surge cada año: el lobby de mujeres europeas y la financiación de organizaciones que defienden a las mujeres en general. 
Hemos presentado una enmienda, al igual que ha hecho la Sra. Avilés Perea de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, para decir que los fondos que se aprueban para organizaciones de defensa de la mujer a raíz de la Conferencia de Pekín no deberían destinarse en su totalidad, como se viene haciendo desde hace muchos años, al lobby de las mujeres europeas. 
Sé que muchos de mis colegas en esta Asamblea han recibido todo tipo de cartas y mensajes electrónicos desde toda Europa pidiendo que se destinen todos los créditos a esta única organización. 
Eso no es justo, debemos alentar a nuevas organizaciones en este ámbito tan importante. 
Es justo y adecuado que se haya aprobado la enmienda que presentó la delegación del Reino Unido. 
Esta enmienda explica, en la columna de observaciones, que una organización, cualquiera de las organizaciones incluidas en línea presupuestaria, no debería recibir más del 65% del total. 
Confío en que la enmienda aprobada se mantenga cuando salga el presupuesto. 
Agradezco a la Sra. Comisaria su consideración. 
Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Costa Neves por los esfuerzos que ha realizado en nombre de todos nosotros en este procedimiento y decir que el trabajo que ha desarrollado es de un carácter muy técnico y difícil: lo ha llevado a cabo con gran maestría y ha demostrado mucha paciencia y amabilidad con todos los que queríamos que nuestras ideas se tomaran en consideración. 
No he conocido a ningún Comisario que haya seguido los procedimientos tan de cerca o que haya dedicado tanto tiempo a la Comisión de Presupuestos como la actual Comisaria. 
Naturalmente, éste es, en muchos sentidos, un ejercicio de carácter muy técnico y, a diferencia de los presupuestos nacionales, no tiene grandes repercusiones sobre el curso del desarrollo económico en la Unión Europea. 
Es demasiado pequeño para ello, incluso en el ámbito de los Fondos Estructurales, porque incluso los beneficiarios de las asignaciones más generosas reciben un porcentaje muy pequeño del PIB. 
Irlanda, como mucho, ha obtenido el 2%, Portugal y las zonas más pobres de España obtienen entre el 1% y el 2% del PIB. 
No es un desembolso demasiado generoso, pero si podemos utilizarlo para encauzar nuestras políticas económicas en la dirección que consideramos más acertada, la utilización de esos fondos puede ser de utilidad. 
Hay una idea y una esperanza que he albergado siempre. 
Creo haber dicho hace algunos años que en comparación con los parlamentos nacionales, somos como niños jugando a las tiendas. 
El importe de los recursos de que disponemos es muy pequeño y es muy poco lo que podemos hacer con ellos, pero hay un ámbito que me gustaría que creciera. 
No quiero una ampliación del gasto público a nivel europeo. 
Pero en el ámbito de la cooperación económica y el desarrollo, si consiguiéramos aunar a nivel europeo los recursos que los países de la Unión Europea y la propia Unión Europea destinan a la cooperación internacional y la cooperación al desarrollo, podríamos convertir los esfuerzos nacionales individuales en un esfuerzo europeo común, sin incrementar por ello el total de la tributación. 
Esto es fundamental si queremos desarrollar una política exterior y de seguridad común. 
Creo que nuestras repercusiones serían mucho mayores sobre el desarrollo de los países más pobres y podríamos dar un nuevo enfoque a nuestra política exterior de manera que podamos ayudar a los pobres, contribuir al establecimiento de la paz y obtener para nosotros una auténtica influencia en el mundo. 
Si existe un ámbito en el que deberíamos exigir la subsidiariedad de los Estados nacionales para la Unión Europea, es éste. 
Señor Presidente, como en años anteriores, este debate está marcado por dos elementos que podríamos calificar de endémicos. 
Uno se refiere a los montantes generales y otro a las deficiencias en las normas de gestión presupuestaria. 
Nuestras diferencias en cada una de las categorías de gasto están claras y no voy a entrar en el detalle. 
Sra. Comisaria, Señores del Consejo, necesitamos que el presupuesto sea una palanca efectiva y creíble que trabaje por el pleno empleo, por la investigación, por el apoyo a las pequeñas empresas y por la construcción de un verdadero espacio de justicia y de seguridad. 
El Parlamento ha dado muestra de flexibilidad y austeridad en este procedimiento y, por eso, está en condiciones de pedir al Consejo que no se instale en el autismo político y que dé señales inequívocas de que está dispuesto a negociar. 
Confío en que aprovechen la flexibilidad demostrada por nuestro ponente, Carlos Costa, cuyo trabajo- así como el esfuerzo de los otros dos ponentes, la Sra. Buitenweg y el Sr. Seppänen- merece nuestra felicitación. 
En cuanto a los recursos destinados a las acciones exteriores de la Unión, lo que exigimos es asegurar los objetivos políticos irrenunciables para este Parlamento, que pasan por destinar recursos a zonas claves para el equilibrio mundial, como son el Mediterráneo y América Latina. 
En este procedimiento, la Comisión propone el uso del instrumento de flexibilidad para financiar la reestructuración de las flotas comunitarias que faenaban en el marco del extinto acuerdo de pesca con Marruecos. 
Esta decisión es justa, técnicamente acertada y necesaria. 
Se trata de afrontar un problema muy grave que afecta al empleo y a la actividad clave para muchas regiones, y que se produce en un contexto de crisis. 
Hay que recordar que estamos a punto de poner en marcha una nueva política pesquera común que arrastra desde hace décadas discriminaciones intolerables frente al resto de la actividad económica desde el punto de vista de las normas de mercado interior. 
En cuanto a la gestión presupuestaria, este Parlamento ha venido denunciando reiteradamente la incapacidad de la Comisión para acabar con el problema del llamado RAL anómalo. 
Y de ahí se ha derivado una estrategia acertada, a la que ha hecho referencia nuestro ponente, estrechamente ligada a la reforma de la Comisión. 
Debemos tener en cuenta que en los últimos tres ejercicios no se utilizaron pagos por montantes muy elevados. 
Así pues, se trata de encontrar reglas que funcionen, métodos que permitan ejecutar con mayor agilidad y normas que acorten el ciclo de los proyectos. 
Y espero, como último orador, que la Comisión y el Consejo sigan la máxima evangélica a la hora de prestar atención y que los últimos seamos los primeros, no solamente en Reino de los Cielos, sino aquí también, en el Pleno. 
Señor Presidente, el motivo por el que tomo de nuevo la palabra no es para pronunciar un bonito colofón final sino que quiero referirme a algunos puntos que se han dirigido directamente a la Comisión y que antes no he mencionado o a los que deseo responder. 
Por un lado, me voy a referir de nuevo a la reserva de flexibilidad. 
La pregunta era la siguiente: ¿cuándo va a presentar la Comisión su propuesta? 
Lo haremos con el escrito rectificativo para el empleo de la reserva de flexibilidad, de conformidad con la propuesta que ha realizado la Comisión para el programa de reestructuración de la flota de pesca española y portuguesa. 
De conformidad con la propuesta dirá que se deben utilizar para ellos 197 millones de la reserva de flexibilidad. 
Segundo punto: respecto a las regiones fronterizas. 
Tengo que indicarles de nuevo que las regiones que se encuentran actualmente en la frontera de la Unión Europea reciben unos créditos de ayuda de los fondos estructurales muy elevados. 
Es una situación diferente a la que teníamos cuando se trataba de la ampliación de la Unión Europea hacia el sur. 
Estoy gustosamente dispuesta a presentarles un informe especial de hasta qué punto las regiones fronterizas utilizan los programas de fondos estructurales en lo tocante a la problemática de dichas regiones y hasta qué punto existe también quizás aquí una necesidad de reorientación. 
Repito que por el momento los fondos estructurales son el mayor problema en lo referente a la aplicación. 
Pues este año nos encontramos de nuevo en la situación de que los Estados miembros han elaborado amplios pronósticos sobre hasta qué punto van a aplicar los programas pero existen grandes retrasos. 
No sé cuánto terreno se podrá recuperar hasta finales de año y esto afecta naturalmente a las regiones fronterizas. 
He expuesto de nuevo lo que la Comisión ha propuesto. 
Ustedes lo han tratado ya en las comisiones. 
El margen financiero en el presupuesto es muy reducido. 
En la Categoría 3 no veo tampoco un gran margen financiero, tampoco tras las resoluciones que probablemente adoptarán el jueves. 
Tomo nota de que ustedes exigen nuevos reglamentos o propuestas legislativas. 
Hablamos sobre el año 2002 y de que el 2004 tendrá lugar la ampliación, es decir, las ayudas a la preadhesión se deberán implementar en el año 2002/2003 por parte de los Estados miembros. 
Por tanto, la cuestión de nuevas iniciativas legislativas es un arma de doble filo. 
Este ha sido el motivo por el que la Comisión ha tomado los programas existentes para aumentarlos como, por ejemplo, el programa de redes transeuropeas. 
Aquí hemos presentado una propuesta concreta sobre cómo debe tener lugar el aumento y exactamente igual es en el caso del programa para la juventud. 
Existe un programa y no se necesita ningún fundamento legislativo sino que se pueden aumentar aquí los créditos del modo correspondiente. 
Pero, naturalmente, la Comisión analizará y mirará muy atentamente cómo vota el Parlamento en este campo. 
Quiero responder brevemente a la pregunta del Sr. Wynn relativa a la Global Health Fund. 
Mi colega, el Sr. Nielson, va a presentar ahora la correspondiente propuesta para el noveno EDF. 
Se trata de 60 millones de esta parte especial que está prevista para aportaciones a iniciativas internacionales. 
Mi colega Nielson realizará la propuesta de utilizar estos 60 millones para la asignación a la Global Health Fund. 
Creo que es una buena utilización, también en el sentido de los gastos totales que se llevan a cabo en el marco de EDF. 
Partimos del hecho de que de los créditos de EDF para el año 2002 se podrán transferir 60 millones. 
Repito: para el presupuesto de la Comunidad hacemos la propuesta de utilizar para ello créditos del año 2001. 
Ha habido también una pregunta sobre la revisión del Reglamento Financiero. 
Para tener en cuenta los deseos de cambio del Parlamento, nuestras propuestas se presentarán a más tardar para el próximo debate plenario en Estrasburgo. 
Soy muy optimista, pues con algunos esfuerzos- sobre todo, también por parte del Consejo- podríamos lograr que en el año 2002 aunque tengamos aún el antiguo Reglamento Financiero sin embargo, en el 2003 quizás podamos ejecutar el presupuesto ya sobre la base de uno nuevo. 
Creo que esta sería una muy razonable modernización en el sentido de los muchos deseos que hoy han expuesto. 
Señor Presidente, voy a transmitir su respuesta al presidente de la Comisión de Presupuestos. 
Me ha rogado que espere. 
Pero personalmente me permito felicitar muy encarecidamente sobre todo a nuestro Presidente del Consejo, el Sr. Vande Lanotte. 
El ha pasado con nosotros la totalidad del debate sobre el presupuesto. 
No es algo usual. 
Por ello, quiero decirle de nuevo muchas gracias no sólo por habernos mostrado tanto respeto sino también por haber demostrado que está muy interesado en una cooperación con nosotros. 
Muchas gracias. 
Muchas gracias, señor Walter, por su cuestión de orden tan constructiva. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas. 
BEI: proyectos medioambientales seleccionados en las regiones rusas de la Cuenca Báltica 
. (FI) Señor Presidente, la Unión Europea cuenta con una fórmula barata de ayudar a otros países: avalar al Banco Europeo de Inversiones los préstamos que éste concede a países terceros. 
Los destinatarios de estos créditos se benefician de las garantías de la UE al obtener tipos de interés más bajos de los existentes en los mercados. 
De esto es de lo que se trata también en el debate que nos ocupa sobre las garantías de la Unión al Banco Europeo de Inversiones sobre los créditos que se concedan a Rusia para hacer frente a inversiones en la protección del medio ambiente. 
El importe máximo de estos préstamos es de cien millones de euros. 
El BEI establecerá los criterios bajo los cuales se concederán dichos préstamos. 
Si Rusia no propone proyectos que cumplan los criterios del BEI, entonces no existirá la obligación de conceder esos préstamos. 
Se trata de una nueva iniciativa muy positiva que confiere más contenido al relegado concepto de dimensión nórdica de la UE. 
Lo que se intenta mediante estos créditos es mejorar la calidad del medio ambiente en toda la región del Báltico y, en virtud de ello, también en los Estados miembros de la UE. 
El Parlamento no ha cuestionado la concesión de estos créditos a Rusia. 
Esta propuesta cuenta con todos los apoyos políticos. 
Sin embargo, la forma en que el Consejo y la Comisión han tramitado este asunto ha causado problemas. 
La Comisión entregó este verano una propuesta al Parlamento, según la cual las garantías de estos créditos se concederían bajo los mismos criterios que rigen al resto de los créditos del Banco Europeo de Inversiones avalados por la UE, de modo que la cobertura sería del 65 por ciento. 
Y ésta sigue siendo la única propuesta que la Comisión ha presentado al Parlamento. 
No obstante, el Consejo decidió con posterioridad la adopción de un instrumento especial y exigió la concesión de una garantía total del cien por cien a los créditos de Rusia, en lugar del 65 por ciento. 
Rusia ha recibido un trato de favor con respecto a los demás países beneficiarios de créditos con garantías de la UE. 
La Comisión aprobó la propuesta del Consejo, pero no ha entregado al Parlamento ninguna nueva propuesta en ese sentido. 
Por consiguiente, lo que el Parlamento está realmente debatiendo es la primera propuesta de la Comisión, la cual contemplaba una garantía del 65 por ciento. 
El Parlamento exigió una nueva consulta debido a la modificación de la propuesta original. 
Tras haber mantenido amplias negociaciones con los representantes del Consejo y de la Comisión, hemos recibido una carta del Consejo que podemos interpretar, si aplicamos buena voluntad, como una petición de consulta al Parlamento. 
También la Comisión nos ha anunciado por escrito que aprueba la concesión de una garantía del cien por cien. 
Puesto que se trata de una excepción a la norma general, la Comisión de Presupuestos habría querido que la Comisión hubiese presentado una propuesta completamente nueva. 
La Comisión comunicó que no podía presentarla a tiempo. 
En este asunto, "a tiempo" quiere decir que lo más conveniente para todas las partes es que se adopte la decisión al respecto antes de que finalice el presente año. 
Las garantías de la UE tienen un límite máximo que responde a los recursos habidos en el Fondo de Garantía. 
A este Fondo se transfieren recursos desde la reserva asignada para tal fin a medida que se van concediendo garantías. 
Este año el límite es de 280 millones de euros. 
La dotación de este año permite los créditos a Rusia, si bien la tasa de cobertura del 100 por cien agota más estos recursos que una cobertura del 65 por ciento. 
Se quiere adoptar la decisión este año porque existen tantos compromisos para el próximo ejercicio que el Fondo de Garantía no contará entonces con recursos para avalar nuevos créditos- y en tal caso, tampoco los créditos a Rusia para las inversiones en proyectos medioambientales-. 
Para incrementar las dotaciones máximas anuales, sería necesaria la unanimidad de todas las instituciones de la UE, cosa que nunca es fácil de conseguir. 
Así pues, si queremos asegurar la concesión de créditos del Banco Europeo de Inversiones en favor de proyectos medioambientales en las regiones rusas de la Cuenca Báltica, lo más seguro es adoptar la decisión al respecto durante el presente año. 
La Comisión de Presupuestos se ha ofrecido a ello, aunque el modo de actuar del Consejo y de la Comisión no puede considerarse completamente oportuno. 
Por lo tanto, la comisión parlamentaria parte de la base de que esto no debe servir de precedente, así que, en el futuro, semejantes asuntos no podrán tramitarse de este modo. 
El Parlamento exige que también se tengan en consideración sus propias prioridades. 
En mi calidad de ponente permanente de los asuntos en materia de créditos y garantías en la Comisión de Presupuestos, quiero volver a llamar la atención sobre el hecho de que el Fondo de Garantía no cuenta con ningún margen de maniobra durante el próximo ejercicio para afrontar acciones de ayuda nuevas o inesperadas. 
Por ello, la Comisión debe proceder a la adopción de medidas a este respecto. 
. (SV) Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor acoge con interés la decisión del Consejo de dar una garantía comunitaria al Banco Europeo de Inversiones para cubrir los gastos relacionados con los préstamos para proyectos medioambientales en las regiones rusas de la Cuenca Báltica. 
Nos preocupa sinceramente la situación medioambiental en esta región que está muy cercana a la Unión Europea. 
Pensamos que las inversiones medioambientales en esta región son urgentes y, en algunos casos, apremiantes. 
Podemos comprobar que el Banco Europeo de Inversiones ya ha iniciado las negociaciones sobre su participación en proyectos para el tratamiento de las aguas servidas en San Petersburgo y en Kaliningrado. 
Es importante que los problemas de esas regiones se resuelvan con prontitud. 
También conviene señalar que las inversiones medioambientales en esta zona pueden ser más eficaces que muchas otras que tienen lugar en el ámbito de la comunidad y que se puede influir más positivamente en la salud y el medio ambiente de los ciudadanos en la Unión Europea. 
Por ese motivo, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor aprueba sin restricciones esta propuesta. 
Señor Presidente, doy las gracias al señor Seppänen por este informe que cuenta con mi respaldo. 
En ciertas regiones de nuestro entorno cercano existen alarmantes problemas medioambientales, especialmente en las regiones rusas de la Cuenca Báltica. 
Obviamente estos problemas afectan de igual manera tanto a los países de la UE como a Rusia, Polonia, Kaliningrado, etcétera. 
Para conseguir aguas más limpias en el Báltico es necesaria la cooperación internacional. 
Vivo en un municipio a orillas del Mar Báltico, en Norrköping, donde uno de los mayores problemas relacionados con la calidad del agua es que recibimos muchos vertidos contaminados procedentes de países candidatos y de Rusia. 
Éste es un problema muy grave, incluso para los países miembros de la Unión. 
Es sabido, por ejemplo, que en la región de San Petersburgo todavía se vierten aguas contaminadas procedentes de las alcantarillas de 3 ó 4 millones de personas y la situación es parecida en los alrededores de Kaliningrado. 
Esta situación nos afecta a todos. 
Para desarrollar esta región y hacer frente a los grandes problemas medioambientales existentes hemos creado la "dimensión septentrional", que comprende un vasto territorio, desde Islandia al oeste y hasta Rusia hacia el este. 
La recuperación del equilibrio en la región del Mar Báltico debe ser una tarea prioritaria. 
Porque es un trabajo urgente, me satisface que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor haya expresado sus deseos. 
A mi juicio, como miembro de la Comisión de Presupuestos, se trata también de presentar los aspectos económicos relacionados con esta propuesta. 
La Comisión de Presupuestos quiere hacer una advertencia en esta materia. 
El Fondo de Garantía para cubrir eventuales pérdidas por préstamos está muy recargado, tanto este año como el próximo. 
La única forma de crear un espacio para este préstamo a Rusia es dejando de cumplir otros compromisos. 
Hemos tenido que aplazar otros proyectos que habíamos prometido para poder hacer este préstamo dentro del marco que se ha fijado. 
Por eso, para no dejar de cumplir nuestras promesas ni abandonar nuevas tareas futuras, el Consejo y la Comisión deberían revisar sin dilación el techo del Fondo de Garantía. 
Esta situación nos recuerda en cierto sentido la discusión que tuvo lugar en torno a los presupuestos, es decir, que el Consejo hace promesas pero no garantiza satisfactoriamente su financiación. 
Por esta razón quisiera preguntar al Comisario Solbes Mira qué planes tiene la Comisión en relación con el futuro del Fondo de Garantía. 
Supongo que la Comisión está de acuerdo en que el techo está bastante recargado. 
Estimado señor Comisario, estimado ponente, coincido en lo expresado por Per-Arne Arvidsson acerca de la importancia medioambiental de esta decisión. 
Es sabido que esta resolución posiblemente sea la más importante del Consejo Europeo de Estocolmo. 
Quisiera hacer hincapié una vez más en que la costa norte del Golfo de Botnia recibe todos los desperdicios que vienen de San Petersburgo, lo que produce una invasión de algas. 
Por este motivo declaro mi enorme interés en esta materia y denuncio que las aguas de las alcantarillas de 3,5 millones de personas perjudican mi medio ambiente finlandés y mi archipiélago. 
Se ha fijado un techo de 100 millones de euros. 
Esos recursos deben usarse para proyectos seleccionados, que tengan claros objetivos medioambientales y que sean relevantes para la UE. 
Creo que éste es uno de los puntos críticos, habida consideración de la discusión de ayer en la reunión de la dimensión septentrional en Finlandia. 
Un ministro ruso dijo que criticaba los criterios de selección y que los organismos financieros internacionales deberían tener mayor participación en los proyectos. 
Asimismo, sabemos que el presupuesto de la planta de purificación de aguas del noroeste ha excedido ampliamente los cálculos del Banco Nórdico de Inversiones y de Finlandia. 
Creo que hay que dar plenas garantías. 
No creo que 100 millones de euros solucionen los problemas. 
Sabemos que la Federación de Rusia no da garantías y que las de la ciudad de San Petersburgo están agotadas. 
Por eso pedimos a los colegas solidaridad en esta materia. 
¡Hay que garantizar la totalidad del proyecto! 
Nos interesa a todos y paulatinamente podremos aumentar la conciencia medioambiental en San Petersburgo, cosa que no debemos pasar por alto. 
Esto es mucho más complicado que lo que cree la Comisaria Wallström. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer al Parlamento que se disponga a adoptar un informe sobre este instrumento especial dentro de la dimensión nórdica de la Unión. De este modo se extenderá una garantía de la Comunidad para préstamos del BEI, por valor de esos 100 millones de euros, con vistas a proyectos ambientales en Rusia, tal y como ustedes han indicado. 
Como ustedes saben, esta es una decisión que se adoptó de forma muy específica. 
Es la primera vez que se acepta financiar operaciones en Rusia y la operación no sólo es interesante para Rusia, sino también para los países limítrofes de la Unión. 
La Comisión había propuesto la garantía que habitualmente se planteaba en este tipo de operaciones, el 65%, que es la prevista en el mandato general del Banco Europeo de Inversiones. 
Sin embargo, sabido es que el Consejo, por una serie de decisiones vinculadas precisamente al carácter único de esta operación y al deseo de mayor transparencia, planteó la necesidad de que en este caso hubiese una garantía extraordinaria de la Comunidad del 100%. 
La urgencia de la utilización de los recursos de este año ha llevado a la Comisión a aceptar este 100%. 
No conozco exactamente los problemas de procedimiento por los cuales la información ha llegado excesivamente tarde al Parlamento, pero, de acuerdo con mi información, el propio Consejo ya informó al Parlamento el 20 de septiembre sobre las enmiendas planteadas, el 12 de octubre la Presidencia belga explicó los cambios con mayor detalle y, el mismo día, la Comisión envió a la Comisión de Presupuestos una información sobre las razones por las que aceptábamos las enmiendas del Consejo. 
Con una decisión por unanimidad del Consejo, con aceptación de la Comisión, no era necesaria la presentación de una nueva propuesta por parte de la Comisión. 
Nosotros consideramos que es urgente aprobar esta decisión en el año 2001 por las mismas razones que ustedes han planteado. 
Un aplazamiento al año 2002 nos dificultaría de forma clara la financiación por el estrecho margen de maniobra de que disponemos para el próximo año. 
Sin embargo, esta decisión no va a afectar a otro tipo de operaciones. 
El Sr. Seppänen ha planteado en su informe alguna referencia a otras financiaciones: el caso turco es el más evidente, con cargo a las dotaciones del año 2000. 
Las actuaciones en 2000 y 2001 se financiaron ya y no se plantean problemas de esta naturaleza. 
Sin embargo, sí se presenta otro problema a más largo plazo: ¿cómo vamos a manejar la capacidad de financiación del Banco Europeo de Inversiones en nuestro mecanismo de préstamo? 
Ha preguntado también el Sr. Färm qué pensamos hacer como Comisión. 
Yo querría decirles, en primer lugar, que la Comisión agradece al Parlamento que se suscite este problema de la limitada capacidad de endeudamiento que tenemos dentro del mecanismo del Fondo de Garantía. 
Este problema lo ha planteado ya la Comisión en el Consejo e incluso también aquí, en el Parlamento, en algunas ocasiones, y pensamos que, si existen nuevas iniciativas en el contexto del año 2002, se agudizarán los problemas ya existentes y será imprescindible tomar algunas decisiones. 
Desde el punto de vista de la Comisión, en el momento actual, estamos sopesando varias opciones y pensamos adoptar una iniciativa en un período de tiempo relativamente corto, mediante una Comunicación que enviaremos al Consejo y al Parlamento. 
No le puedo responder al Sr. Färm indicándole cuál es la opción en la que pensamos en este momento, pero, sin embargo, sí quiero recordar que ya en el pasado propusimos una disminución de la tasa de cobertura del 65 al 60%. 
Éste podría ser uno de los instrumentos, como cualquier otro que fuera necesario, para tener mayor margen de maniobra para actuaciones en el futuro. 
Éstos son los comentarios que puedo hacerles en este momento y quiero agradecerles su cooperación en el debate de este informe. 
Muchas gracias, señor Solbes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
BERD: Fondo de protección de Chernóbil 
. (FI) Señor Presidente, como todos recordamos, la catástrofe de Chernóbil tuvo lugar el 26 de abril de 1986 y sigue siendo el accidente nuclear más grave de la historia. 
Los daños producidos por la radioactividad afectaron a la población y a la naturaleza en inmensas zonas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, y también muchos Estados miembros actuales de la UE sufrieron sus consecuencias. 
En aquellas circunstancias, empezó a construirse con prisas una protección para el reactor nuclear alrededor de la unidad destruida, con el fin de detener la propagación de la radioactividad. 
En el interior de esta protección del reactor, que poco a poco va deteriorándose, se encuentran más de 200 toneladas de uranio y casi una tonelada de otros materiales radioactivos, de los cuales el 80 por ciento es plutonio. 
El Fondo de protección de Chernóbil fue creado en diciembre de 1997 para financiar el programa de puesta en marcha del sistema de protección del reactor nuclear, cuyo objetivo es proteger a la población y al medio ambiente de un nuevo impacto radioactivo. 
Las primeras estimaciones sobre el coste del proyecto para los años 1998-2005 eran de alrededor de 758 millones de dólares estadounidenses. 
La primera asamblea de contribuyentes se celebró en Nueva York en noviembre de 1997. 
Veinticinco países aportaron garantías de pago por un valor total de unos 400 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 50 millones fueron aportados por Ucrania en especie. 
Estas aportaciones bastaron para llevar a cabo la primera fase del programa de puesta en marcha del sistema de protección del reactor. 
En un principio, la Unión Europea financió el funcionamiento del sistema de protección con unos cien millones de dólares estadounidenses, cumpliendo el compromiso adquirido en la Cumbre celebrada en Denver en 1997. 
Esta cantidad se ha financiado con cargo a los presupuestos generales durante los años 1998 y 1999. 
La segunda asamblea de contribuyentes para aportar el resto de la financiación tuvo lugar en Berlín en julio del año 2000. 
En esa ocasión, 22 países decidieron comprometerse a aportar unos 320 millones de dólares estadounidenses y la Unión Europea se comprometió allí a aportar 100 millones de euros para el período 2000-2004. 
El informe que nos ocupa trata la propuesta de decisión del Consejo relativa a una segunda contribución de la Comunidad Europea al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en favor del Fondo de protección de Chernóbil. 
Por lo tanto, se trata de emitir la declaración del Parlamento sobre la adopción de esta decisión. 
La actual situación financiera es la siguiente: se han aportado garantías al Fondo de protección de Chernóbil por un valor total de 716 millones de dólares estadounidenses, incluida la aportación en especie de Ucrania valorada en 50 millones de dólares. 
Por consiguiente, la financiación se queda algo corta, ya que la estimación del coste es un poco mayor, o sea, algo más de 750 millones. 
Por ello, -a la hora de impulsar este proyecto- es de suponer y de desear que Ucrania también pueda aportar recursos para llevar a cabo esta segunda fase. 
El problema existente es que la Autoridad Presupuestaria competente fijó en el año 1998 un techo del 13 por ciento a las asignaciones del programa TACIS para los proyectos de seguridad en materia nuclear. 
Si este techo se aplicara ahora, no podríamos adoptar esta decisión en los términos que han propuesto el Consejo y la Comisión. 
Sin embargo, yo apoyo la propuesta de asignar cien millones de euros al Fondo de protección de Chernóbil, ya que la realización de este proyecto es de una importancia fundamental para la seguridad de la Unión Europea y para su población. 
Asimismo, apoyo la propuesta de la Comisión de crear una rúbrica especial en el presupuesto para este fin, con objeto de practicar el seguimiento del uso de estos recursos. 
Es obvio que el uso de estos recursos es difícil, puesto que las acciones deben llevarse a cabo en circunstancias difíciles, con la participación de un gran número de actores internacionales, y en una situación de confusión administrativa en el seno de la CEI. 
En todo caso, salvo en lo que se refiere a ciertas enmiendas presentadas, apoyo en su totalidad esta propuesta del Consejo. 
Señor Presidente, intervengo en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo para apoyar el informe del Sr. Virrankoski en virtud del cual el Parlamento da vía libre a la concesión de una ulterior contribución- como él mismo ha explicado- para completar el Fondo de protección de Chernóbil. 
Respaldo las alegaciones con las que el Sr. Virrankoski ha apoyado la decisión y, sobre todo, apoyo la decisión política de la Unión Europea de participar concretamente en la creación de las condiciones de seguridad tras la catástrofe de 1986. 
La Unión Europea ha sido con mucho el donante más importante no solo con respecto a Chernóbil, sino también en lo que se refiere a la seguridad contra la contaminación nuclear de los nuevos Estados independientes. 
Se ha tratado de una decisión justa: ninguno de nosotros puede olvidar la catástrofe de 1986 y nadie conoce aún con exactitud los efectos devastadores que dicha catástrofe ha provocado y que, lamentablemente, puede seguir provocando. 
Como decía el Sr. Virrankoski, en el sarcófago de Chernóbil continúan habiendo 200 toneladas de uranio y 1 tonelada de plutonio que suponen un peligro permanente y quizás, repito, quizás un material apetecible para los traficantes. 
Sin embargo, también se ha tratado y se trata de una decisión transparente y legítima desde el punto de vista jurídico, ya que el nuevo Reglamento TACIS declara que la contribución a las iniciativas respaldadas por la Unión Europea, como la iniciativa para el cierre de Chernóbil, será una de las prioridades de la seguridad nuclear. 
Por lo tanto, se ha tratado y se trata ante todo de un acto necesario que la Unión Europea tiene que realizar en beneficio de las nuevas generaciones. 
Señor Presidente, quiero referirme a dos puntos. Primero: la dimensión política y segundo la cuestión de la eficiencia de costes y del control parlamentario. 
Respecto a la dimensión política: la catástrofe de Chernóbil nos ha mostrado que el uso de la energía nuclear representa un riesgo incontrolable. 
Una catástrofe de este tipo no la puede superar ningún presupuesto nacional. 
En estos momentos el tema a debate es sólo el urgentemente necesario aseguramiento del sarcófago. 
Es sólo una parte ínfima del dinero necesario para superar la totalidad de la catástrofe. 
La contaminación del suelo, de las aguas freáticas y los daños en la salud de la población no los puede soportar tampoco el presupuesto ucraniano y en esta situación, por razones para mí incomprensibles, se acaban las ayudas de la UE. 
Por cierto, ningún presupuesto en los Estados occidentales- inclusive los países ricos- podría dominar una catástrofe de este tipo sin el apoyo internacional. 
Por ello, los verdes y regionalistas apoyamos este informe sin limitaciones. 
Pero no creemos que esta vaya a ser la última aportación para superar las consecuencias de Chernóbil, que van a gravar financieramente al Este y al Oeste durante generaciones. 
Por ello, con motivo de este informe se plantea la pregunta de si como prevención no es razonable iniciar por fin una estrategia europea para el abandono de la energía nuclear. 
También se plantea la pregunta de hasta qué punto la misma industria nuclear no debe pagar en un fondo para contribuir a superar la catástrofe pues sigue obteniendo beneficios precisamente de la energía nuclear de la Europa Oriental. 
Respecto al segundo punto: no nos parece que el Banco Europeo para el Desarrollo sea la solución para la aplicación, pues no garantiza el control parlamentario ni representa las soluciones de costes más favorables ya que no se tienen en cuenta las empresas ucranianas en el empleo de los créditos. 
Por ello, exigimos a la Comisión que utilice todas las fuentes de información y no sólo las del Banco Europeo para el Desarrollo para informar al Parlamento de modo amplio y cercano en el tiempo. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente, Sr. Virrankoski y también al Sr. Pittella y a la Sra. Schroedter por sus comentarios. 
Es cierto que, dada la amenaza que supone la actual situación de Chernóbil para el medio ambiente en toda Europa, es sumamente importante que el proyecto de shelter o sistema de protección siga adelante con sus correcciones y esté terminado y cumpla sus objetivos desde ahora hasta el año 2007, tal como se había previsto en el proyecto inicial del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. 
Para ello, es imprescindible la contribución de la Unión Europea. 
Ustedes han dicho, y es absolutamente correcto, que la dimensión de la catástrofe no hace posible la financiación por un solo país. 
De acuerdo con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, en este momento la promesa de contribución asciende a unos 720 millones de dólares estadounidenses aproximadamente, por lo cual, de acuerdo también con las evaluaciones del Banco, el proyecto podrá respetar el calendario y los costes previstos aunque se retrasen algunas actividades secundarias. 
Por otra parte, se han dado ya pasos importantes como, por ejemplo, las obras de estabilización más urgentes, que eran, sin duda alguna, la gran preocupación. 
La Comisión está siguiendo la aplicación del programa de puesta en marcha del shelter y asistiendo a las reuniones de las asambleas de contribuyentes. 
Hemos presentado ya un segundo informe de situación, de acuerdo con la Decisión 98/381/CE del Consejo, y de acuerdo también con las directrices recogidas en el informe del Sr. Gordon Adams relativo a la primera contribución. 
En ese sentido, tranquilizo a la Sra. Schroedter y le señalo que la mantendremos informada. 
Mantendremos informado al Parlamento. 
Es cierto que el BERD no está sometido al control del Parlamento, pero la Comisión mantendrá informado al Parlamento de todas las actividades que se están llevando a cabo con estos fondos procedentes de la Unión. 
Por lo que se refiere a las propuestas de la Comisión de Presupuestos, la Comisión considera que ambas propuestas son aceptables y que enriquecen la propuesta de la Comisión. 
Por lo tanto, querría agradecerles sus aportaciones y el trabajo que han dedicado a este tema fundamental para evitar los riesgos que podrían haberse planteado como efectos adicionales a los ya graves que hemos sufrido como consecuencia del tema de Chernóbil y que tan bien ha expuesto el Sr. Virrankoski en su presentación inicial. 
Muchas gracias. 
Gracias por su intervención, señor Comisario. 
Deseamos que pueda reponer sus fuerzas para estar otra vez entre nosotros a las 23.00 horas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 19.20 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Fondo Social Europeo (2000-2006) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0328/2001) de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión sobre la puesta en práctica de las acciones innovadoras previstas en el artículo 6 del Reglamento relativo al Fondo Social Europeo durante el período de programación 2000-2006 (COM (2000) 894- C5-0341/2001- 2001/2141 (COS) ). 
. (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, la noción de innovación está cada vez presente en nuestros objetivos y en nuestras políticas, a escala europea y nacional. 
Tenemos, sin embargo, la oportunidad excepcional, en el marco de la comunicación de la Comisión relativa a las medidas innovadoras del artículo 6 del Fondo Social Europeo, de abordar la innovación en la estrategia para el empleo y no exclusivamente en la aplicación de las nuevas tecnologías. 
Verdaderamente, las medidas innovadoras del artículo 6 del Fondo Social Europeo pueden desempeñar un papel vital en el aumento del empleo y la mejora de la cohesión regional y social, que constituyen condiciones indispensables de nuestros objetivos estratégicos, y debemos no sólo ponerlas en valor, sino movilizarnos para ganar el tiempo perdido, toda vez que las líneas directrices sobre las medidas innovadoras no se aprobaron definitivamente hasta un año después de la votación de los reglamentos de los Fondos Estructurales, lo que hizo inevitable el retraso en el inicio de la aplicación. 
Y más allá de su limitada financiación, se ha retenido un montante de 104 millones de euros de la partida para medidas innovadoras y ayuda técnica, al objeto de cerrar cuentas pendientes del ejercicio anterior. 
Además, y por si no bastara la sustracción de esos recursos, la Comisión no destinó durante el ejercicio 2000, alrededor de 31 millones de euros y permitió que estos recursos prescribieran, en lugar de trasladarlos al ejercicio siguiente. 
Hoy expresamos nuestra satisfacción por el hecho de que la Comisión Europea haya correspondido a la demanda del Parlamento Europeo de que se trazara un plan relativo al contenido de la innovación, a las formas de gestión, a la evaluación de las acciones realizadas, así como a la estrategia para la difusión de resultados. 
Pero hemos expresado también nuestra preocupación sobre la eficacia de esta propuesta, y ello por las muchas imprecisiones que la distinguen y por otros puntos débiles. 
Comprendemos, señora Comisaria, que la innovación es un concepto multidimensional, complejo, y, por consiguiente, difícil de definir y de circunscribir a unos ámbitos de actuación determinados. 
Constatamos que tampoco disponemos de una evaluación sustantiva de acciones innovadoras anteriores que pudieran constituir la base de nuestros planes futuros. 
Constatamos, igualmente, la falta de experiencia de los agentes e interlocutores sociales, así como la dificultad que encuentran en su esfuerzo por abordar esta noción y planear acciones innovadoras. 
Por ello proponemos que la Comisión europea adopte criterios estables que le sirvan de referencia a la hora de fijar las prioridades y apoyar y seleccionar los planes, criterios que se darán a conocer con toda claridad en las convocatorias para la presentación de proyectos. 
Los criterios en cuestión son los siguientes: relación directa de las obras con el aumento del empleo, carácter verdaderamente innovador, tanto en el planeamiento como en la puesta en práctica de la acción, calidad y viabilidad de la medida, posibilidad de difusión y propagación de los resultados en el marco del Fondo Social Europeo. 
Imprecisión hemos constatado en la formulación por parte de la Comisión Europea en lo que respecta a la complementariedad. 
La complementariedad en la política europea reviste gran importancia para la buena gestión de los recursos y la multiplicación de los resultados. 
En el debate de esta mañana se ha mostrado con toda claridad la importancia de la complementariedad. 
Creo, sin embargo, señora Comisaria, que la complementariedad no debe implicar en ningún caso que las medidas innovadoras pierdan su carácter particular y diferente, como tampoco ha de implicar que desaparezcan partidas del presupuesto destinadas a acciones afines, pero, al fin y al cabo, distintas. 
Imprecisión observamos también en la descripción de las áreas temáticas, sobre todo en lo que respecta a los agentes sociales. 
El papel de los agentes sociales es importante. 
Todos estamos de acuerdo, pero ellos lo ignoran. 
Ellos ignoran tanto las posibilidades que se les ofrecen en el marco de la política europea cuanto el alcance de su responsabilidad en la creación de un verdadero mercado laboral europeo y en el aumento del empleo a escala local. 
Deberemos ayudarlos, tal vez con orientaciones más claras y con ejemplos. 
Serviremos mejor a lo que es la esencia de las medidas innovadoras si a la hora de determinar las áreas temáticas para 2002 y para los años siguientes, y antes de hacer públicas dichas áreas, la Comisión Europea consulta al Parlamento Europeo, así como al Comité de las Regiones y al Comité Económico y social. 
Hemos celebrado especialmente, señora Comisaria, su referencia a la igualdad de oportunidades, y creemos que este principio no debe referirse sólo al tratamiento de hombres y mujeres, sino también al acceso a la política de medidas innovadoras por parte de las regiones que presentan déficit de innovación y que se enfrentan a problemas estructurales especiales, como es el caso de las zonas insulares y montañosas. 
Si creemos que en este ámbito de las acciones del Fondo Social Europeo debe producirse un salto, que es necesario trascender nuestras políticas habituales, ello debe reflejarse igualmente en la política de evaluación y difusión de los resultados. 
Creemos que la Comisión Europea debe idear métodos vanguardistas, más eficaces y con mayor capacidad de penetración que los seguidos hasta ahora. 
La propia creación de la unidad especial para la gestión de las medidas innovadoras constituye de por sí un paso acertado, y esperamos que dicha unidad sea dotada con el personal adecuado que pueda contribuir a la realización de tarea. 
No basta, claro está, con el esfuerzo de la Comisión, los países miembros no deben permanecer al margen de este proceso. 
Deben fomentar la difusión de la información y el apoyo técnico a los interesados, a través de unidades dotadas de personal especial que funcionarán del mejor modo a escala regional. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, este informe sobre la puesta en práctica de acciones innovadoras previstas en el Fondo Social Europeo, que tan bien ha realizado la ponente, Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, contempla acciones innovadoras y proyectos piloto a escala europea relacionados con los mercados laborales, la ocupación y la formación profesional, estudios, intercambios de experiencias y también el diálogo comunitario, lo que es un instrumento de enorme importancia para la creación de puestos de trabajo y la cohesión social. 
El objetivo prioritario de la Unión Europea, fijado en la Cumbre de Lisboa, es conseguir que la Unión Europea se convierta en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un desarrollo económico sostenible, con más y mejores empleos y con una mayor cohesión social. 
Este objetivo, que todos deseamos alcanzar, exige la realización de acciones innovadoras para integrar en el mercado laboral a los grupos con especiales dificultades. Entre estos grupos destaca la necesidad de mantener el objetivo de la igualdad de oportunidades, pues la presencia de la mujer en el mercado laboral todavía es insuficiente. 
La asociación entre distintos actores de la economía, así como la elección de ámbitos temáticos, ayudarán a lograr el objetivo propuesto. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, esta comunicación de la Comisión es decepcionante en su conjunto, sobre todo, porque no incluye una descripción clara y concisa del contenido de la innovación que se pretende. 
Justamente esta carencia puede resultar muy negativa de cara a la eficacia de la norma. 
Estas acciones innovadoras pueden ser cuestionadas desde el punto de vista de la subsidiariedad ¿Qué plusvalía concreta deben lograr estas acciones? 
La comunicación se queda en descripciones vagas en lo que a este punto se refiere. 
El riesgo de que la Comisión apoye acciones útiles que también se llevarían a cabo sin las subvenciones del FSE es, entonces, grande, puesto que las administraciones nacionales o locales ya se dan cuenta de su utilidad. 
La autoridad presupuestaria debería estar alerta, ya que todavía no hay un informe de evaluación sobre las acciones innovadoras en el período del programa anterior (1994-1999). 
La Comisión, además, ha introducido un recorte considerable para el periodo 2000-2006 ¿Puede indicarnos el Comisario los motivos del mismo? 
¿Y puede comentar también por qué no se ha adoptado todavía el informe de evaluación, y cuándo se nos presentará? 
Uno de sus puntos débiles es la ambición de crear un mercado laboral europeo. Es una ficción por ahora si tenemos en cuenta las barreras lingüísticas, las diferencias culturales, los distintos sistemas tributarios, la seguridad social y las pensiones. 
La característica principal de Europa es su diversidad, y por ello, Europa no puede compararse con los Estados Unidos de América. 
Las experiencias acumuladas con las subvenciones del FSE en los Países Bajos muestran que, en más de una ocasión, surgen dudas sobre lo que es subvencionable y lo que no lo es. 
Según el Tribunal de Cuentas neerlandés, eso se debe, entre otras cosas, a la formulación amplia y compleja de la normativa europea. 
Me pregunto si esta comunicación ha evaluado suficientemente el riesgo de abuso y de uso impropio, aunque no resulte fácil que se produzca un conflicto de intereses en el caso de subvenciones otorgadas a acciones innovadoras. 
- (EL) Quisiera felicitar a la Sra. Êratsa por su informe acerca de las acciones innovadoras del artículo 6, y expresar mi acuerdo, tanto con la Sra. Kratsa como con las intervenciones de los oradores, en que dos son los asuntos fundamentales de interés común para nosotros. 
El primero es la mejora de la aplicación del artículo 6, y el segundo es la necesidad de una mejor y más eficaz relación entre el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Por lo que respecta a la aplicación del artículo 6, debo decir que se ha creado y dotado de personal, y funciona desde diciembre de 2000 la unidad que se dedica exclusivamente al artículo 6. 
De este modo hemos podido centrarnos en su materialización y avanzar satisfactoriamente. 
La primera fase del programa se inició con la convocatoria para la presentación de proyectos con el tema "Adaptación a la nueva economía", en el marco del diálogo social. 
Esto se hizo en febrero de 2001. 
Se ha preparado también una segunda convocatoria con tema "Estrategias locales para el empleo y la innovación", que se va a publicar a finales de octubre. 
La primera convocatoria constituyó un verdadero éxito. 
Hubo un gran número de proyectos con participación de varios países miembros, en los que desempeñaban un papel importante los agentes sociales, sindicatos y patronales, así como de la administración local y las empresas. 
De acuerdo con el deseo expresado por el Parlamento Europeo, se ha reforzado la evaluación de estos proyectos, y además se está procediendo no sólo a la evaluación aislada de cada uno de los proyectos independientemente considerado, sino también de las acciones en conjunto, al objeto de comprobar su complementariedad. 
Hay que decir, que en las convocatorias se han tomado especialmente en consideración los 4 puntos destacados por el Parlamento. 
Por lo que respecta a nuestra colaboración con el Parlamento, debemos decir en primer lugar que se va a presentar oficialmente el primer informe, ya concluido y que se refiere a la aplicación del período anterior del artículo 6- ya se le ha hecho llegar oficialmente una copia a la Sra. Kratsa -, y también que la comunicación prevé un informe anual del Fondo Social Europeo a la Comisión sobre la aplicación del artículo 6. 
El primero de estos informes se está redactado y le será presentado al Parlamento Europeo en los próximos meses. 
Hay, sin duda, más formas de colaboración y de intercambio de opiniones. 
Creo que en el marco de la comisión mixta Parlamento-Comisión para los asuntos del Fondo Social Europeo, el artículo 6 y su aplicación podrían constituir un campo específico, pero existen también otros foros y ocasiones para el intercambio de puntos de vista. 
Una de ellas la tendremos el próximo 18 de diciembre, día en que serán invitados todos los responsables de los proyectos de diálogo social seleccionados, en los que quisiéramos, como es natural, que participara también el Parlamento. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Igualdad de trato entre hombres y mujeres (acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y condiciones de trabajo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0358/2001) , en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (9848/1/2001- C5-0387/2001- 2000/0142 (COD) ) (Ponente: Sra. Hautala). 
. (FI) Señor Presidente, presento en esta segunda lectura un informe legislativo que cubre una gran variedad de aspectos. 
El objetivo del mismo es modernizar la directiva más importante de la Unión Europea relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en la vida laboral, establecida originariamente en 1976. 
La sociedad ha cambiado mucho en un cuarto de siglo, de modo que la comisión parlamentaria ha realizado un enorme trabajo para incluir en este informe todas las cuestiones que ha traído consigo el tiempo que vivimos. 
Quiero dar las gracias a todos los colegas y a los demás Grupos políticos por la intensa y fructífera colaboración que nos han prestado también en la elaboración previa de esta segunda lectura. 
En primer lugar, la Comisión ha presentado, por primera vez, medidas de carácter vinculante que los Estados miembros deberían aplicar para prevenir el acoso sexual en el trabajo. 
Hasta ahora sólo existían recomendaciones, y los distintos Estados miembros han tenido prácticas muy diferentes entre sí. 
El Parlamento Europeo reitera ahora su exigencia, rechazada por el Consejo, de que los Estados miembros obliguen a los empleadores a prevenir el acoso sexual en el trabajo. 
La comisión parlamentaria ha observado que un sistema que puede ser de gran utilidad a la hora de prevenir el acoso sexual y de atender las secuelas dejadas por la angustia experimentada es establecer la obligación de que en todos los lugares de trabajo haya un responsable de confianza al que se pueda acudir en tales casos. 
Otro aspecto importante es el hecho de que se haya querido que esta Directiva sirva para afianzar los derechos relacionados con la maternidad, la adopción de hijos y la paternidad en general, así como para proteger principalmente a las madres, aunque también a los padres, frente a la discriminación de que puedan ser objeto las parejas jóvenes con hijos por parte de los empleadores. 
Todos los días se escuchan casos de cómo los empleadores siguen preguntando a las mujeres jóvenes si piensan tener hijos en un futuro inmediato, de tal modo que una gran parte de las mujeres que aspiran a acceder al mercado laboral pueden verse gravemente discriminadas. 
Esto ya era ilegal anteriormente, pero este tipo de discriminación debe ser totalmente erradicado. 
El Parlamento Europeo propone que esto se lleve realmente a cabo mediante esta Directiva. 
Se trata, entre otras cosas, de que las personas deben tener derecho a mantener el puesto de trabajo después del permiso de maternidad o, como mínimo, a acceder a un puesto equivalente, conservando las mismas condiciones laborales del contrato original. 
En mi calidad de ponente, he presentado una enmienda en la que se intenta destacar que la Directiva también debe considerar como discriminación ilegal los casos de trato indebido al padre. 
Es de una importancia fundamental que el Parlamento apruebe mañana la enmienda presentada por esta ponente y por algunos Grupos, según la cual también se prestaría protección a los padres y madres que, por ejemplo, hagan uso del derecho al permiso de maternidad o paternidad, con objeto de que no experimenten ningún tipo de discriminación por ello, ya que todos comprendemos lo importante que es la conciliación de la vida familiar y profesional para las parejas jóvenes y también para nuestros hijos. 
No deja de ser estupendo observar que la Comisión haya empezado últimamente a darse cuenta de la importancia que tienen los jardines de infancia y de que su disponibilidad es un medio para elevar la tasa de empleo femenino al nivel del masculino e incorporar más trabajadores en el mercado. 
Obviamente, esto no llegará a suceder si no existe un buen sistema de guarderías. 
Esta Directiva no estipula nuevos derechos en ningún ámbito, pero con ella se quiere proteger a los depositarios de los derechos existentes- a los padres y a las madres- para que no sean objeto de discriminación en la vida laboral. 
El Parlamento propone que en cada lugar de trabajo se adopten planes para fomentar la igualdad. 
Se trata de una propuesta muy estratégica, puesto que la igualdad debe promoverse de forma activa y planificada sobre el campo, o sea, allí donde las personas trabajan. 
Ha sido un placer observar cómo la patronal ha aceptado esta idea sin reparos. 
Espero que esta propuesta goce de un amplio apoyo. 
Quiero dar las gracias a la Comisión por su actitud tan constructiva. 
Creo que, aunando esfuerzos, podremos sacar adelante con rapidez esta propuesta de directiva. 
Si el Consejo no aprueba todas las propuestas del Parlamento, el procedimiento de conciliación podrá ponerse en marcha enseguida. 
Señor Presidente, un refrán alemán dice: lo que dura mucho al final resulta bien. 
Pero no estoy aún muy convencida de ello, en especial después de escuchar de la ponente que en la votación de mañana sobre la recomendación para segunda lectura sobre la modificación de esta importante directiva del año 1976 todo va a resultar realmente bien. 
Tengo que decir sinceramente que me quedé agradablemente sorprendido de la avanzada posición común del Consejo tras el fracaso de la primera lectura aquí en esta Asamblea, de cuyo fracaso mi Grupo no tuvo la culpa. 
Habría podido aceptar perfectamente el texto propuesto por el Consejo. 
Podríamos haber evitado arriesgar ahora, introduciendo de nuevo numerosas enmiendas, perder un valioso tiempo con arduas negociaciones para llegar a una resolución. 
Pero no pudo ser porque en la Comisión de Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades se olvidó de nuevo que lo mejor puede ser enemigo de lo bueno. 
En especial las dos portavoces de los dos grandes Grupos políticos de esta Asamblea, la Sra. Ghilardotti y yo misma- se nos necesita para lograr los 314 votos- logramos con tenacidad convencer a la ponente para que no presentase aún más enmiendas superfluas que, aparte de un ergotismo semántico y de una ideología huera, no aportan realmente nada a las mujeres. 
Ahora se nos han presentado de nuevo enmiendas del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, al que pertenece la ponente. 
La directiva es uno de los textos jurídicos europeos más importantes. 
Tiene que ser clara y defendible jurídicamente. 
Sobre todo, no se la puede sobrecargar con literatura superflua que no tiene nada que buscar en un texto legal que los jueces del Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo tienen que interpretar. 
A los jueces a los que he leído las definiciones nuevamente presentadas de acoso y acoso sexual en el puesto de trabajo se les han puesto los pelos de punta. 
Quiero destacar en especial que el Consejo ha reconocido el derecho de los hombres a vacaciones por paternidad. 
Nos ha costado mucho trabajo convencer a la ponente para que no ponga en el texto que no sólo cualquier desventaja de una mujer sino también de un hombre es considerada como discriminación en el sentido de esta directiva en relación con el embarazo o maternidad. 
Al final, hemos logrado mostrar claramente que los hombres aún no pueden quedar embarazados, por lo que no pueden dar a luz. 
En el último minuto, la ponente ha intentado introducir de nuevo- presentando una enmienda en contra de nuestro acuerdo- que las desventajas de un hombre y de una mujer en relación con la compatibilidad entre familia y profesión deben ser consideradas como discriminación. 
Aparte de procesos que promueven sobre todo tipos que practican la manipulación con tales disposiciones tan laxas, esto no aporta nada en absoluto. 
Muchos de nosotros tenemos aún dolores de estómago con las demandas de asociaciones y la exigencia planteada a los empresarios para que elaboren complicados informes y estadísticas anuales. 
Quiero decir aún unas palabras sobre la igualdad de salario. 
Tenemos una directiva del año 1975 relativa a la misma remuneración por trabajos iguales o equiparables. 
Sin duda, se puede mejorar pero dentro de su marco y no aquí. 
Exigimos que los Estados miembros adopten medidas para que los empresarios fomenten la misma remuneración por el mismo trabajo de un modo planificado y sistemático. 
Esto es desacertado por diversos motivos. 
En primer lugar, tenemos la autonomía de los interlocutores sociales, los empresarios y los sindicatos. 
Exigir aquí que los empresarios deben fomentar el mismo salario por el mismo trabajo queda por detrás de las disposiciones de la directiva sobre la igualdad de salario del año 1975. 
Un refrán francés dice: Superflue, chose très nécessaire. 
Pero no es este el caso cuando se trata de textos legales. 
Espero que en interés de la igualdad de trato de mujeres y hombres nos centremos en lo esencial y mañana suprimamos lo superfluo en la votación. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a la ponente, Sra. Hautala, la disponibilidad mostrada a la hora de tener en cuenta las consideraciones y el trabajo de todos los Grupos políticos. 
El informe que hoy presenta y que votaremos mañana demuestra que el Parlamento se ha centrado en los puntos más sobresalientes que pueden mejorar la posición común para llegar cuanto antes a la aprobación de la modificación de la directiva. 
A pesar de que la posición común ha reconocido la posición del Parlamento en primera lectura sobre la definición específica de discriminación directa e indirecta, lo cual nos satisface, consideramos que es necesario- y ésta es una enmienda importante- definir de manera puntual el acoso, el acoso sexual y las formas para combatirlo, incluso desde el punto de vista de la prevención. 
Asimismo pensamos que es importante mantener nuestra enmienda que reduce las excepciones previstas por la Comisión y por el Consejo en cuanto a la aplicación de la directiva, así como que es preciso reforzar la protección de la maternidad y de la paternidad, teniendo en cuenta también la adopción, al objeto de instrumentar todas las medidas oportunas contra la discriminación respecto de los padres que se benefician de sus derechos a la maternidad y a la paternidad. 
Hay un punto que seguramente será objeto de debate en conciliación, porque respecto a este punto también la Comisión en su posición modificada ha expresado reservas, y es la indicación de previsiones específicas de acciones positivas. 
A nosotros nos ha parecido importante mantenerlas, pues refuerzan el artículo del Tratado. 
Otro punto importante que pensamos que hay que mantener es la previsión de sanciones proporcionadas, eficaces y disuasorias dejando a los Estados miembros la tarea de establecer los procedimientos, un tema que hoy hemos abordado también en otros debates en el Pleno y que hemos votado con ocasión del informe sobre información y consulta. 
Asimismo es necesario precisar, como lo hemos hecho, el concepto de protección de las víctimas, su extensión a los representantes sindicales y la necesidad de que los organismos creados para la aplicación del principio de igualdad estén dotados de recursos suficientes para facilitar una oportuna asistencia jurídica y de cualquier otro tipo a las víctimas de discriminaciones de género. 
Puntualizamos asimismo la previsión de la acción colectiva, en el caso de violación de la directiva, y la previsión por parte de los empresarios de planes de igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
El Grupo Socialista votará a favor de todas las enmiendas aprobadas en la comisión. 
Lamentablemente, debo decir a la señora ponente que las dos enmiendas que ha presentado junto con los Liberales y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica no cuentan con nuestro apoyo no tanto por el contenido, sino porque pensamos que no añaden nada sustancial desde el punto de vista normativo y que, por el contrario, comprometen innecesariamente el acuerdo alcanzado que espero que mañana se confirme mayoritariamente en este Pleno para darnos fuerza en la conciliación. 
Señor Presidente, la ponente ha hecho todo lo posible por lograr un consenso. Merece, por tanto, felicitaciones por el resultado consistente que tenemos ante nosotros. 
Se han introducido muchas mejoras necesarias en relación con las medidas contra el acoso sexual, el permiso de adopción y el derecho a reincorporarse al puesto de trabajo después del permiso de maternidad. 
Si la Comisión y el Consejo se tomaran en serio la igualdad de trato entre hombres y mujeres, harían bien adoptando todas estas enmiendas. 
Me quedé algo sorprendida al oír decir a mis colegas democristianos que el embarazo es un asunto exclusivamente femenino. 
Precisamente, es muy importante que los hombres tengan la oportunidad de estar más implicados en la nueva vida que también ayudan a crear. 
La enmienda conjunta que nos ocupa no crea nuevos derechos. 
Lo único que queremos es que los hombres que quieran acogerse al derecho nacional vigente, por ejemplo, disfrutar de un permiso de tres días, no se encuentren con obstáculos. 
Se trata de poder usar los derechos existentes sin discriminación para, así, conciliar trabajo y vida familiar. Al Grupo liberal, por tanto, no le parece pedir demasiado, al contrario de lo que sucede en los dos grupos grandes. 
Al fin y al cabo, vivimos en el siglo 21. 
Naturalmente, la enmienda de los Verdes, los liberales y GUE sobre la mainstreaming supone, así mismo, una aportación importante. 
Espero que los demás también puedan respaldarnos en esta cuestión y que mañana realmente enfrentemos un futuro más igual con una amplia mayoría. 
Señor Presidente, la propuesta inicial de la Comisión debe calificarse, por decirlo suavemente, de muy débil, con la excepción de algunas medidas positivas, ya que mostraba algunas carencias importantes. 
Apenas contenía ideas innovadoras, salvo el trato otorgado a la violencia sexual, y eso, en el caso de una directiva que ya tiene 25 años. 
Resulta positivo, por supuesto, que se recoja en ella el acoso sexual como forma de discriminación ejercida particularmente contra las mujeres, pero se limita a un reconocimiento. 
Falta por introducir una normativa en cuanto a una posible política de prevención y, además, no se regula adecuadamente la protección de los testigos. 
Tampoco incorpora una normativa coherente en materia de sanciones cuando tiene lugar ese tipo de discriminación. 
Es como saltarse un semáforo rojo. 
Puedes seguir conduciendo, nadie te dice que no lo puedas hacer y tampoco se toman medidas. 
Además, la sanción es muy débil. 
Se debería proteger a los padres de la misma forma que a las madres en los países en los que exista una normativa para ello, de manera que se pueda conciliar el trabajo y la vida familiar y, así, proteger mejor a las mujeres tras el embarazo. 
De ahí la enmienda verde encaminada a establecer una normativa para ambos, de modo que los padres puedan ocuparse más de los niños estando igualmente protegidos. 
En esta Asamblea existe una clara mayoría para regular algunas cuestiones más específicas. 
Sin embargo, la mayoría de ellas se corresponden con directivas distintas y separadas, como la directiva relativa a la protección de la trabajadora embarazada y la directiva sobre igualdad de retribución. 
En los últimos años, la Comisión no ha sido capaz de introducir algunas modificaciones en las directivas que se adapten mejor a las necesidades actuales de las mujeres. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea insiste una vez más, por tanto, en que la Comisión presente tales modificaciones de las directivas existentes, eventualmente, en la forma de una codificación del acervo en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 
Mientras tanto, esperamos con emoción la propuesta de la Comisión respecto a la igualdad entre hombres y mujeres fuera del ámbito laboral. 
Para terminar, quiero expresar el deseo de que la Presidencia belga sea capaz, teniendo en cuenta su propia legislación progresiva, de convencer antes del 2 de enero a los Estados miembros del interés de la aprobación de la directiva y que ésta pueda ser aprobada bajo la presidencia de la Sra. Onkelinkx. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, querría en primer lugar dar las gracias a la Sra. Hautala por su esfuerzo constante, antes del verano y hoy todavía, y por buscar una estructuración de la propuesta de la Comisión sin olvidarse de la necesidad de algunas directivas, como las dedicadas a la igualdad de remuneración, la protección de la maternidad, con un reconocimiento desde ahora del abuso o los abusos, y la conciliación de la vida familiar y la vida profesional. 
Le doy las gracias, señora Hautala, por haber hecho todo este trabajo que no era fácil. 
Ahora quisiera explicar por qué apoyo la enmienda de la Sra. Hautala con el grupo de los liberales. 
Dentro de la voluntad de la Comisión hay un claro reconocimiento del derecho de los padres a ocuparse de sus hijos. 
Hay una clara recomendación de proteger a los trabajadores que se ocupen de sus hijos. 
Pero, ¿por qué quedarse a la mitad de tan buen camino? 
Hay que reconocer además, y ese es el sentido de nuestra enmienda, que puede existir una desigualdad de trato, es decir, una discriminación, para los padres que se quieren ocupar de sus hijos. 
¿Por qué la Comisión de Derechos de la Mujer no ha llegado hasta ese punto? 
Personalmente no lo entiendo y desearía que, mañana, fuéramos un poco más razonables. 
Porque, ¿qué permitiría esto? 
No sólo un espíritu pleitista, como cree la Sra. Lulling, sino sencillamente un mayor reconocimiento de que es necesario que podamos llevar una vida familiar y una vida profesional, tanto las mujeres como los hombres. 
Si no lo hacemos ambos, no estaremos entrando en el siglo veintiuno, como acaba de decir la Sra. Van der Laan. 
Y por ello me parece que esta enmienda ofrece sencillamente la posibilidad de desarrollar este derecho de los padres, que por otro lado deseamos y queremos reconocer. 
Por un lado, la introducción de la adopción es algo muy importante y nuevo, y debemos tomar la medida. 
A continuación, debo decir que mi Grupo apoya la necesidad de que se definan medidas positivas. 
No hay que limitarse a referirse a ellas de lejos; hay que definirlas con exactitud y eso es lo que se hace, porque así se contará con una verdadera herramienta jurídica. 
También hay que apoyar, creo, la posibilidad de que las asociaciones y organizaciones puedan iniciar actuaciones procesales. 
En la misma línea, reconocemos que no sólo habrá individuos ante un derecho o ante procesos, sino también organismos que pueden apoyar a dichos individuos. 
Quizá por ello, aunque esté bien y nos podamos alegrar de que los representantes de los trabajadores puedan estar protegidos si apoyan a los que denuncian discriminaciones, en cambio el hecho de que hayamos eliminado la protección de los posibles testigos, es decir, de los individuos que testifican sobre los abusos o discriminaciones que sufren algunas personas, el hecho de que eso haya desaparecido, me parece absolutamente negativo. 
Yo personalmente lo lamento, aunque no hayamos presentado ninguna enmienda para mañana. 
Éstos son, señor Presidente, señora Comisaria, señorías, los puntos que quiero apoyar en nombre de mi Grupo. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a la señora ponente el trabajo realizado. 
En muchas ocasiones este Parlamento ha reiterado que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no debe ser sólo una cuestión de principio. 
La igualdad de oportunidades es un concepto, una definición que debe traducirse en un auténtico compromiso de las Instituciones de garantizar ante todo una concreta igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo y a la promoción profesional. 
Y no sólo esto, la mujer que trabaja debe poder elegir asimismo la oportunidad de crear una familia, de poder criar a unos hijos sin que esto se convierta, a su pesar, en un problema para su carrera profesional. 
Antes bien, habría que volver a acostumbrar a la sociedad a considerar que la maternidad no es sólo un derecho de las mujeres, sino una oportunidad para la sociedad en su conjunto, habida cuenta de que, entre otras cosas, una de las causas de la disminución de la natalidad es que muchas mujeres se desaniman ante la idea de tener hijos debido a los rígidos mecanismos del mundo del trabajo. 
Por esto, no sólo hace falta garantizar que, al final del permiso de maternidad, la mujer tenga derecho a recuperar su puesto de trabajo, sino que para proteger realmente a las madres trabajadoras hay que ofrecerles una legislación más flexible en lo que se refiere al permiso parental permitiendo también a los padres gozar del permiso de paternidad para poder atender al niño en sus primeros meses de vida. 
En conclusión, señor Presidente, la Unión Europea fomentar cada vez más todos aquellos instrumentos- sociales, jurídicos y económicos- que pueden representar concretamente y no sólo en principio, una fuerte ayuda a las mujeres, sobre todo a las mujeres que trabajan y, por lo tanto, una fuerte ayuda a las familias. 
Señor Presidente, pido la palabra por un hecho personal. 
Debo protestar por lo que ha dicho la portavoz de los liberales cuando ha afirmado que la postura del PPE relativa al permiso parental para los hombres es una mala postura. 
Debo decirle- no, no conozco el nombre de la dama en cuestión y me disculpo por ello- debo decirle entonces que, si ha leído bien lo que se propone en la recomendación de la Sra. Hautala para la segunda lectura, no puede acusarnos así de premeditación. 
No sé si la diputada del grupo GUE también ha leído mal las enmiendas, porque el texto sobre el derecho distinto al permiso... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
¡Sí, pero tengo que decirlo, señor Presidente! 
Nos han acusado de premeditación. 
Estas señoras han leído mal el texto y, personalmente, no tolero que nos acusen de premeditación en lo que respecta al permiso de paternidad, porque lo que se dice sobre el derecho al permiso de paternidad- y que apoyamos, señor Presidente- es exactamente lo que dice el Consejo. 
Por lo tanto, ¿por qué acusar de premeditación a mi Grupo porque estemos a favor del permiso de paternidad? : lo hemos dicho, y el texto es el mismo que el texto del Consejo. 
Señor Presidente, no puedo tolerar que las portavoces del grupo liberal y del grupo GUE nos acusen ambas de premeditación. 
¡Quizá tendrían que leer los textos! 
Señora Lulling, le agradezco que amenice una sesión de noche, porque estas sesiones son a veces un poco monótonas, pero le recuerdo nuestro Reglamento. 
En principio debe esperar al fin de los debates si desea expresarse a título personal, y el tiempo es limitado. 
Ha hablado usted durante más de dos minutos. 
Creo que, de todos modos, esta vez sus compañeros han entendido su postura con mucha más claridad. 
Pasamos ahora a los intervinientes inscritos en su propio nombre, comenzando por la Sra. Avilés Perea. 
Señor Presidente, señora Comisaría, Señorías, estamos ante la segunda lectura de una importante directiva para la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo. 
Esta directiva nos ha llevado muchas horas de trabajo, reuniones y pactos entre los diferentes grupos para conseguir un texto asumible por la mayoría de la Asamblea, así como por el Consejo y la Comisión. 
No ha sido fácil, pero ha primado el deseo de tener un texto legal que fuera un buen instrumento para facilitar el acceso de la mujer al mercado laboral en igualdad de condiciones y permitirle la conciliación de la vida familiar y profesional, lo que todavía hoy plantea enormes problemas a las mujeres y, en especial, a las mujeres jóvenes. 
El punto 2 del artículo 1, que garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo después de un permiso de maternidad, es de la mayor importancia. Y no porque esto sea una novedad, ya que está recogido en la mayoría de las legislaciones nacionales, sino porque, a pesar de ello, el mantenimiento del puesto de trabajo y la continuación de la promoción profesional después de la maternidad siguen creando enormes problemas a las mujeres. 
Estos problemas recaen sobre la mujer principalmente, pero la Directiva prevé que, cuando el padre tenga un permiso por paternidad, pueda obtener las mismas garantías que la mujer, aunque este permiso sea después del específico por parto, que es propio y exclusivo de las mujeres. 
También se incluyen medidas positivas que favorecen la presencia del sexo menos representado en un ámbito laboral concreto, para permitir una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 
Es importante, igualmente, destacar que se contempla un problema en el trabajo que afecta, lamentablemente, más a las mujeres: el acoso sexual, que no sólo será perseguido y castigado, sino que también se adoptarán medidas de prevención en las empresas. 
Aunque somos conscientes de que para las pequeñas empresas puede haber problemas en el cumplimiento de esta Directiva, creemos que es un logro importante para la igualdad entre hombres y mujeres. 
Espero que, finalmente, sea una ayuda para las mujeres y no les cree problemas añadidos. 
Señor Presidente, muchas gracias señora Hautala por el gran trabajo que hemos realizado aquí conjuntamente. 
La propuesta era necesaria después de que el Tribunal Europeo de Justicia había sido requerido en más de 40 casos. 
Los casos más conocidos y que nos han ocupado además mucho aquí en el Parlamento Europeo fueron Kalanke y Marschall. 
No sólo tienen grandes repercusiones en Alemania sino que han producido en toda la Unión cierta inseguridad jurídica. 
El Tratado de Amsterdam, con el artículo 13 sobre la no discriminación así como los artículos 141 y 3, nos ha proporcionado un claro fundamento jurídico, de modo que ahora se puede modificar la directiva en el sentido de una mejora de la situación de las mujeres. 
Hemos encontrado reflejadas nuestras numerosas enmiendas de la primera lectura en muchos puntos de la posición común. 
Este es el primer éxito de nuestro trabajo. 
Discriminación directa/indirecta, acoso sexual en el puesto de trabajo, acciones positivas, todo esto lo contempla ahora la posición común. 
Sin embargo, vamos un paso más allá. 
Queremos proteger no sólo a las madres sino también a los padres, lo que al principio encontró resistencias aquí en la Asamblea. 
Pero esta es también la norma. 
Creo que ahora de lo que se trata es de encontrar unas formulaciones aún más claras. 
En largas sesiones de trabajo hemos encontrado una amplia base en el Parlamento para 15 enmiendas. 
Por ello, quiero recomendar a mi Grupo que defienda este compromiso. 
Nuestro objetivo sigue siendo el de llegar con rapidez a una mejora de la situación de las mujeres y de los hombres que se sienten obligados a la familia y que se pronuncian por la compatibilidad de profesión y familia. 
Queremos crear unas claras condiciones marco jurídicas. 
Por ello, queremos poner en marcha en caso necesario un procedimiento de conciliación. 
Esperamos que el compromiso alcanzado aquí en el Parlamento sea aprobado también por la Comisión y el Consejo y conduzca a esta disposición a llegar a acuerdos en provecho de las mujeres. 
El informe de la Sra. Hautala trata de la igualdad entre hombres y mujeres en lo que respecta al acceso al empleo. 
Por lo que se refiere al acceso a la palabra, esta noche esa igualdad no se está respetando. 
Créanme que lo lamento, porque, por dieciséis oradoras, no hay más que un orador. 
Así que, escuchémoslo todavía con más atención durante dos minutos. 
Señor Presidente, doy las gracias a la señora Hautala por este excelente trabajo. 
Si sólo dependiese de ella, el resultado habría sido aún mejor, pero tenemos que aceptar que se llegue a acuerdos, encontrándonos frente a importantes pasos para fortalecer la igualdad de oportunidades en Europa. 
La igualdad de condiciones en los centros de trabajo es un derecho obvio y fundamental. 
Desgraciadamente, no es así en la realidad. 
Nos referimos a la dignidad humana y al derecho a no ser acosado, asuntos sobre los que todos deberíamos estar de acuerdo. 
Sin embargo, es sabido que muchas mujeres europeas deben soportar diariamente acoso sexual. 
Para crear igualdad de oportunidades en la vida laboral, se necesita un cambio de actitud y una legislación severa y clara. 
Esta clase de valores da origen también a grandes diferencial salariales entre hombres y mujeres. 
No obstante, creo que es importante señalar que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no sólo es un problema que atañe a las mujeres. 
Es algo que nos afecta a todos. 
Se necesitan derechos que permitan, tanto a los padres como a las madres, compatibilizar la vida profesional con la vida familiar. 
Me parece obvia la necesidad de equiparar las bajas por paternidad y por maternidad. 
Mi experiencia me indica que la igualdad de oportunidades comienza en el hogar. 
A veces creo que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades no incluye suficientemente a los hombres en su concepto de igualdad. 
Además de lamentable, me parece que esto puede retrasar la realización de trabajos más enérgicos en pro de la igualdad de oportunidades en la Unión Europea. 
Quisiera terminar diciendo que no me satisface la enmienda 7. 
Me parece que es de corto alcance. 
Los padres y las madres deben tener derecho a volver a su mismo empleo después de las bajas laborales. 
Subrayo su mismo empleo ya que no basta con decir un empleo similar. 
En este caso correríamos el riesgo de que algunos empleadores poco escrupulosos se aprovechasen de esta posibilidad para empeorar las condiciones laborales de quienes han hecho uso de las bajas paternales o maternales. 
Desgraciadamente, en mi país existen muchos ejemplos de abusos semejantes. 
Por todo esto me hubiese gustado una redacción más clara. 
Señor Presidente, concédame 10 segundos más, ya que le concedió dos minutos a Astrid Lulling, y permítame decirle que mi matrimonio jamás hubiese durado hasta hoy si mi mujer y yo no hubiésemos compartido en partes iguales las bajas laborales cuando nacieron nuestros hijos. 
Puesto que la señora Lulling se ha expresado con tanta claridad, todos entendemos que la Amendment 17, of course will be supported by Mrs Lulling, and for that I am very grateful. 
Thank you! 
Señor Presidente, antes que nada, quiero dar las gracias especialmente a la Sra. Hautala, pero al mismo tiempo, quiero decir que lo mejor muchas veces es enemigo de lo bueno. 
Las dos enmiendas presentadas por la Sra. Hautala han causado muchas dificultades, ya que dan un argumento a mucha gente que, de todas formas, no está contenta con esta directiva, para votar en contra de muchas cosas. 
Realmente debería haber sido más prudente, sabiendo que necesita lograr 314 votos. 
Es mucho más importante aprobar el compromiso actual que presentar sus dos enmiendas complementarias. 
Se lo quiero decir claramente, ha sido una mala estrategia. 
Segundo punto, y con ello me dirijo a la Comisión. 
En su momento, en 1993, adopté un Real Decreto en mi país por el que obligaba a las empresas a publicar anualmente un informe sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las mismas. 
Ese R.D. va más allá de lo que figura en el texto actual, ya que este último sólo constituye un acicate para las empresas, mientras que en mi caso existía una obligación. 
Debo decirle, señora Comisaria, que si quiere lograr resultados, tiene que consultar mucho más que ahora con los interlocutores sociales, y debe llegar a un acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de las leyes y directivas. 
Nuestro problema más serio no es el legislador. 
El legislador transpone fielmente lo que dicen las directivas europeas, a veces más tarde, pero lo hace. 
Nuestro gran problema es la aplicación práctica, y ésta está en manos de los interlocutores sociales. 
La igualdad de retribución, la igualdad de trato y todo lo que se relacione con las mujeres nunca constituye una prioridad para los sindicatos y los empresarios. 
Creo que la Comisión y los Estados miembros deberían hacer más hincapié en ello. 
Señor Presidente, imaginemos que en Europa los sueldos de los hombres fuesen un 75 por ciento del de las mujeres. 
Imaginemos que la mitad de los hombres tuviese que aceptar acoso sexual. 
Imaginemos que los hombres europeos fuesen mayoría en los empleos inseguros, no cualificados y de tiempo parcial, y que fuesen despedidos cuando les dijesen a sus empleadores que están esperando un hijo. 
Imaginemos que la representación masculina en los parlamentos nacionales europeos sólo fuese de un 20 por ciento. 
Es una perspectiva aterradora. 
Sin embargo, actualmente las mujeres sufren estas discriminaciones, no los hombres. 
"Se necesita una nueva manera de pensar para resolver los problemas creados por las antiguas maneras de pensar" dijo alguna vez Albert Einstein. 
Felicito a la señora Hautala por haber trabajado en favor de una nueva manera de resolver los problemas ocasionados por la anticuada directiva comunitaria sobre trato igualitario. 
La propuesta que votaremos mañana puede ser el fundamento de legislaciones nacionales más eficaces y claras destinadas a combatir la discriminación por razones de género en los centros laborales. 
Los países deben adoptar medidas para fomentar la igualdad de oportunidades en la práctica. 
Lo más importante es, quizás, la exigencia planteada por la señora Hautala para que los empleadores públicos y privados prevengan planificada y sistemáticamente las discriminaciones por razones de género, los atropellos y los tratamientos discriminatorios. 
Ya no es suficiente con reaccionar después que el empleado haya reclamado. 
Se insta a los empleadores a preparar planes anuales que contengan estadísticas sobre la cantidad de hombres y de mujeres en los diferentes niveles y sobre las diferencias salariales, además de medidas para combatir las desigualdades. 
Los empleadores deberán vigilar que no se acose a los trabajadores, que éstos reciban la misma remuneración por la realización de trabajos similares y que existan posibilidades de avanzar y de compatibilizar la vida profesional con la familiar. 
Supongo que el Consejo estará preparado para aprobar nuestras propuestas. 
Sólo entonces contaremos con un instrumento para eliminar las numerosas discriminaciones que sufren las mujeres en la vida laboral. 
Señor Presidente, la modificación de la directiva de 1976 constituye un acontecimiento de singular relevancia que pone de manifiesto la sensibilidad de la Comisión para con los asuntos relacionados con la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
La Comisión de Derechos de las Mujeres, gracias a las aportaciones de nuestra ponente la Sra. Hautala que no ha escatimado esfuerzos, y demás colegas, ha contribuido por su parte a que hoy se presente un texto mejorado que concita, además, un amplio consenso. 
Por ello, esperamos el apoyo más entusiasta tanto de la Comisión como del Consejo. 
La nueva directiva responde, naturalmente, a las nuevas condiciones creadas a lo largo de los últimos veinticinco años en el ámbito del empleo y de la formación profesional de las mujeres, y sustituye un marco legal obsoleto que ha contribuido sobremanera a la discriminación en contra de las mujeres, a serios quebrantamientos del principio de igualdad, a los elevados índices de paro, a la exclusión de las mujeres de numerosos campos profesionales, y, en general, a la fragmentación por sexos del mercado laboral. 
Quisiera informarles de que recientemente el Parlamento griego ha sustituido casi por unanimidad una disposición similar de la Constitución que permitía igualmente quebrantar el principio de igualdad entre los sexos en el mercado laboral. 
El informe Hautala da un paso adelante en la configuración de un marco más apropiado, e introduce nuevos ámbitos de acción, como, por ejemplo, medidas para la prevención y la erradicación del acoso sexual en los lugares de trabajo, la eficaz protección de las trabajadoras contra un posible tratamiento desigual basado en el embarazo y la maternidad, la protección judicial, medidas positivas- y esto es algo que ya ha sido subrayado por varias colegas- para la aplicación en la práctica de la igualdad, así como sanciones en casos de incumplimiento de la directiva. 
Considero, no obstante, que la directiva podría ser más precisa en lo que respecta al establecimiento de criterios objetivos, y solamente objetivos, en la selección de personas para cualquier puesto de trabajo, y no dejar ventanas abiertas para eventuales excepciones y exclusiones basadas en el sexo. 
Señor Presidente, nos encontramos ante una directiva muy importante para el futuro de Europa, porque regula asuntos que atañen a toda la sociedad, tanto a las mujeres como a los hombres, y constituye un medio para la consecución de objetivos estratégicos fundamentales de la Unión Europea, tal y como estos se definen en el Tratado de la Comunidad Europea- artículos 2 y 3- y en la Agenda Social Europea. 
La actualización de la directiva es absolutamente imprescindible, al objeto de pueda realmente constituir un medio para la consecución de los objetivos mencionados. 
El proceso de revisión de la directiva ha sido muy laborioso, y en algunos puntos difícil, cosa lógica cuando se trata de establecer un texto correcto, eficaz, y que comprometa. 
El equilibrio era difícil; por un lado, los ambiciosos objetivos que se ha marcado la Unión Europea en lo que respecta al empleo de las mujeres y su calidad, el ya alto grado de conquistas sociales en el ámbito de la igualdad de trato entre hombres y mujeres, y el excelente comportamiento al respecto de determinados países miembros, a un nivel superior, en algunos casos, al de las propias propuestas de la directiva (la Sra. Êaramanou y la Sra. Smet se han referido a sendas experiencias de Grecia y Bélgica) ; por otro lado, la actitud realista de no complicar la delicada posición del trabajo de las mujeres en un difícil entorno económico y laboral, la actitud de facilitar nuestra colaboración con el Consejo y con la Comisión Europea, y no recargar el texto con asuntos importantes para las mujeres, como la igualdad de salario, que son objeto de otros ámbitos, y poder así el necesario consenso y la mayoría cualificada que se requiere. 
Mi experiencia personal es que este proceso no ha hecho a todos- instituciones europeas, gobiernos nacionales, agentes e interlocutores sociales- más responsables ante los problemas de las mujeres y ante la importancia que reviste el acceso de las mujeres al empleo para nuestros objetivos de crecimiento. 
Creo que la madurez alcanzada se expresará en la votación de mañana. 
Las opiniones de mi Grupo han sido formuladas y las comparto. 
Personalmente, quiero expresar mi apoyo a la enmienda 17, en el punto del reconocimiento de la paternidad como factor de la estrategia para el fomento de nuevas condiciones de trabajo, como factor de participación equilibrada de mujeres y hombres en la vida familiar y en la vida profesional, como factor de reconocimiento de los valores sociales de la vida familiar y de apoyo a las mujeres en la multiplicidad de papeles que se ve llamada a desempeñar al mismo tiempo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la igualdad de trato de hombres y mujeres en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesional es nuestro objetivo declarado. 
En lo que divergimos es sólo en el camino para lograrlo y, a la postre, también en la cuestión de la eficacia de las diversas medidas y si dichas medidas representan sólo imposiciones, más obstáculos y burocracia, pues esto es lo que menos necesitamos. 
En su posición común, el Consejo no ha recogido todas las exigencias del Parlamento. 
Sin embargo, podemos constatar que el texto de la propuesta original ha sido mejorado. 
De este modo, se ha dado un importante paso hacia la actualización de las normas jurídicas comunes. 
Sin embargo, quedan aún abiertas algunas cuestiones y puntos problemáticos. 
La Comisión de Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades ha analizado escrupulosamente todas las cuestiones abiertas y mediante acuerdos entre los Grupos políticos ha llegado a la decisión de no ocuparse de nuevo de todas las exigencias pero sí de las más importantes. 
La ponente, la Sra. Hautala, ha realizado grandes esfuerzos para elaborar unos compromisos viables. 
El resultado está ante nosotros. 
Que la protección del padre no puede ser igual a la protección de la madre fue ya el debate en la primera lectura. 
El compromiso no toca la libertad de los Estados miembros de reconocer un derecho propio a vacaciones por paternidad. 
Tanto las madres como los padres deben tener la posibilidad de dedicarse a las tareas en la familia. 
Al contrario de la opinión que aquí se ha expuesto, este es el objetivo declarado del Grupo del PPE/DE. 
También se debe tener en cuenta la formulación encontrada de que las mujeres, una vez transcurrido el tiempo de protección por maternidad, pueden volver al propio puesto de trabajo u otro equiparable. 
Donde tenemos problemas es en la definición del acoso sexual. 
Aquí hemos encontrado una formulación más bien oscura pues creo que ningún juez ni nadie que deba decidir puede hacer nada con ella. 
Sin embargo, quiero pronunciarme brevemente de nuevo en contra del deber del empresario de elaborar un informe anual sobre el desarrollo de la equiparación. 
La mera burocracia no es de ayuda para la equiparación. 
Tenemos que pensar también en las pequeñas y medianas empresas para que en el futuro acepten a las mujeres que buscan un puesto de trabajo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, esta noche hablamos de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en cuanto al acceso al trabajo, la formación profesional, las oportunidades de promoción y las condiciones de trabajo. 
Realmente es sorprendente que sigamos hablando de ello, porque ya llevamos mucho tiempo debatiéndolo y casi todos, hombres y mujeres, estamos convencidos de que este trato igual es justo y natural, y así debe serlo. 
Desgraciadamente, todavía no lo hemos logrado. 
Las mujeres siguen siendo postergadas y discriminadas, también en las relaciones laborales. 
La conciliación del trabajo y la vida familiar sigue causando problemas en muchos casos. 
Por eso, estoy satisfecha con este informe. 
También estoy satisfecha porque hemos logrado un compromiso sobre algunos puntos importantes. 
Espero, por tanto, que mañana pueda votarse a favor, de manera que realmente constituya un paso adelante en el proceso de la igualdad de trato. 
El informe incita a los Estados y las organizaciones implicadas a tomar medidas a favor de la igualdad de trato, a luchar contra el acoso sexual. 
Se garantiza una mejor protección judicial y se ofrecen también, por ejemplo, oportunidades para la reincorporación al puesto de trabajo tras el embarazo o tras la adopción. 
Al mismo tiempo, implica que vamos a tener una mejor idea de la situación real en cuanto a la participación de hombres y mujeres, y que podremos disponer de estadísticas mejores y actualizadas. 
Consecuentemente, agradezco mucho la iniciativa a la Comisión. 
Muchas gracias a la ponente por todos sus esfuerzos encaminados a conseguir un acuerdo, pero sobre todo, gracias también a todos los que han luchado por que este texto sea ampliamente respaldado. 
. 
(EN) Para comenzar, quisiera felicitar a la ponente, Sra. Hautala, y expresar mi agradecimiento a todos los miembros de la comisión por sus esfuerzos y excelentes contribuciones en este ámbito difícil y complejo. 
Conozco el interés del Parlamento por mejorar el texto de la posición común, sobre el que se llegó a un acuerdo unánime en el Consejo el 11 de junio de 2001. 
Como ya saben de la primera lectura, la Comisión aceptó el espíritu de la mayoría de las enmiendas del Parlamento- 49 enmiendas de un total de 70- y, en consecuencia, elaboró una propuesta modificada que refleja esta posición. 
En general, cabe destacar que la posición común mejora considerablemente el texto de la propuesta inicial y responde a los deseos de actualizar el texto de la Directiva 76/207. 
Ahora debemos centrarnos en los temas más fundamentales de la directiva y realizar un esfuerzo concertado para encontrar soluciones posibles que mejoren aún más la posición común. 
Como saben, el Consejo sólo alcanzó un acuerdo tras largas negociaciones sobre temas tales como la formulación exacta de las definiciones y el artículo sobre el permiso de maternidad y paternidad, tema éste sobre el que fue muy difícil llegar a un acuerdo en el Consejo. 
Por consiguiente, el compromiso es extremadamente delicado. 
Por otro lado, tengo la sensación de que el Consejo podría llegar a nuevos compromisos en ámbitos tales como los planes de igualdad, el papel de organismos para el fomento de la igualdad y la introducción de medidas preventivas para luchar contra el acoso sexual. 
En este contexto, la Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas. 
Respecto a las enmiendas 1 y 5, relativas a medidas preventivas contra el acoso sexual, la Comisión puede aceptar, en parte, la idea de introducir medidas de prevención del acoso sexual mediante una nueva formulación del texto. 
En vez de obligar a los empresarios a introducir medidas preventivas, sería preferible animarles a que lo hagan. 
Sobre la enmienda 8, relativa a medidas positivas, la Comisión puede aceptar esta enmienda en parte si la definición se incluye en los considerandos, en vez de en el artículo de la directiva. 
Sobre la enmienda 9, relativa a incluir disposiciones en contratos y acuerdos, la Comisión acepta que la anulación sea obligatoria, pero rechaza que desaparezca la posibilidad de modificar el contrato. 
Aquí es necesaria la flexibilidad. 
Sobre la enmienda 13, relativa a los presupuestos independientes, la Comisión puede aceptar esta enmienda en parte modificando la formulación del texto propuesto. 
Se podría mejorar el texto de la posición común mediante el reforzamiento del papel de los organismos responsables del fomento de la igualdad de trato y añadiendo a sus funciones la vigilancia y el seguimiento de la legislación comunitaria en materia de igualdad de trato. 
La Comisión puede aceptar también una nueva formulación del apartado 3 del artículo 6, con la mención expresa de que los organismos designados que actúan en nombre de las víctimas están interesados en garantizar que se cumplen las disposiciones de la directiva. 
Sobre la enmienda 14, relativa a planes de igualdad a nivel de la empresa, la Comisión puede aceptar esta idea en parte, pero con una nueva formulación del apartado b) del artículo 8. 
Sobre la enmienda 15, relativa a informes sobre medidas positivas, la Comisión propondrá un texto alternativo de manera que se informe sobre las medidas positivas sólo cada tres años. 
Sobre la enmienda 16, relativa al principio de igualdad de trato entre ambos sexos, la Comisión puede aceptar esta enmienda en parte y en espíritu, pero únicamente dentro del respeto de lo establecido en el Tratado. 
A continuación me gustaría pasar a las enmiendas que la Comisión no puede aceptar. 
La enmienda 4, que modifica la definición de acoso sexual contenida en la posición común con vistas a tener en cuenta la definición de acoso sexual del Parlamento. 
Las enmiendas 7 y 17, que modifican la formulación del texto de la posición común sobre el permiso de maternidad y paternidad con la introducción, entre otras cosas, del permiso de maternidad y paternidad en el caso de la adopción de niños. 
Este particular de la posición común fue objeto de acalorados debates en el Consejo hasta que se alcanzó un compromiso delicado. 
Por lo tanto, es poco probable que se acepten nuevos cambios. 
A este respecto me gustaría recordarles que, naturalmente, ya existe la directiva sobre el permiso de paternidad- la primera en ser adoptada a raíz de un acuerdo entre los interlocutores sociales. 
La Comisión no acepta la enmienda 11 relativa a la acción colectiva en casos de discriminación- especialmente sin el consentimiento de las víctimas de la discriminación. 
Sobre las enmiendas 2, 3, 6, 10 y 12, la Comisión considera que el contenido de estas enmiendas ya está cubierto en la posición común. 
Resumiendo, la Comisión puede aceptar, en parte o en espíritu, las enmiendas 1, 5, 8, 9, 13, 14, 15 y 16, y rechaza las enmiendas 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 17. 
Muchas gracias, señora Diamantopoulou. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Aprobación de la ejecución 1999 por la Comisión de los 6º, 7º y 8º Fondos Europeos de Desarrollo (FED) 
De conformidad con el orden del día, se procede ahora al debate del segundo informe (A5-0337/2001) de la Sra. Rühle, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del sexto, séptimo y octavo Fondo Europeo de Desarrollo para el ejercicio 1999. 
Doy de inmediato la palabra a nuestra ponente, la Sra. Rühle, durante cinco minutos. 
Señor Presidente, propongo la aprobación de la gestión de la Comisión en el sexto, séptimo y octavo fondo de desarrollo para el presupuesto de 1999. 
En primavera tuvimos que aplazar lamentablemente esta aprobación de la gestión ya que como ponente recibí de la Comisión sólo informaciones insuficientes. 
Entretanto, estas informaciones ya han llegado y deseo expresar mi agradecimiento a la Comisión por la positiva cooperación mostrada. 
Hoy puedo recomendar la aprobación de la gestión sin limitaciones ni objeciones. 
Espero que la positiva cooperación que mantenemos desde la primavera con la Comisión prosiga también en las futuras ponencias dentro del fondo para el desarrollo, ya que es necesaria una buena cooperación para solucionar conjuntamente los problemas en este campo. 
Sin embargo, mi informe es también muy crítico. 
Se refiere al año 1999 y este año fue el primer ejercicio presupuestario del que fue plenamente responsable la nueva Comisión. 
Pero plena responsabilidad no significa que se puedan achacar a la Comisión los errores del pasado. 
Todos sabemos que las reformas necesitan tiempo y vemos que se han dado los primeros pasos necesarios. 
No obstante, voy a repetir brevemente la crítica. 
Se trata de la cuestión de la aplicación. 
Por ejemplo, la diferencia entre los compromisos y los pagos realizados realmente en 1999 fue de 2.690 millones de euros frente a 1.270 millones. 
Algo similar ocurre con la aplicación de la iniciativa para la eliminación de la deuda de los países más pobres del mundo. 
Naturalmente, sé que esto es también reflejo de una crisis general en la ayuda para el desarrollo y que aquí no se trata solamente del fondo para el desarrollo ni del trabajo de la Comisión, sino que todos los Estados miembros, la Comisión y el Parlamento tienen que recapacitar conjuntamente sobre nuevos enfoques en la política de desarrollo. 
El problema es una deficiente voluntad política para proporcionar ayudas generosamente y, al mismo tiempo, la ausencia de instrumentos para emplear eficazmente los fondos disponibles. 
Dicho brevemente, este es el problema. 
En vista de lo avanzado de la hora no voy a perderme en detalles sino que quiero subrayar que los enfoques de la Comisión para solucionar este problema apuntan en la dirección correcta. 
Fortalecimiento de las delegaciones in situ, mejor equipamiento y preparativos, en breve, más competencia in situ. 
En este contexto, quiero apelar al Parlamento. 
En la Comisión de Presupuestos hemos mantenido largos debates sobre la necesidad de más personal para las delegaciones. 
La Comisión de Control Presupuestario ha ejercido presión sobre la Comisión de Presupuestos para poner a disposición estos puestos y no practicar aquí un juego político erróneo, un juego por el que se exige que la Comisión proporcione primero unos resultados de reforma y sólo entonces autoricemos el personal. 
Naturalmente, esto es absurdo pues este personal se necesita muy al principio in situ para que las reformas puedan llevarse a cabo. 
Los demás esfuerzos de reforma que se reflejan en el informe interno de la auditoría de la Comisión son también importantes y tienen que ser discutidos a fondo entre la Comisión y el Parlamento. 
Sin embargo, deseo expresar algunas esperanzas relacionadas con el informe del Tribunal de Cuentas y espero que en el futuro la aprobación de la gestión y la cooperación entre el Parlamento y la Comisión se vean beneficiadas de ello. 
Un punto totalmente esencial es que necesitamos una valoración continua de los pasos previstos para la reforma de la administración pública en los Estados ACP. 
Necesitamos la supervisión de los avances logrados en los sectores clave de la salud y la formación con ayuda de unos indicadores eficaces, por ejemplo, el aumento de la cifra de profesores o de médicos, es decir, más control de calidad en lugar de un control cuantitativo. 
Esto significaría también que se debería modificar el proceso de aprobación de la gestión en el mismo Parlamento. 
Es decir, deberíamos realizar más un análisis en dirección a un control de calidad y no perdernos en detalles. Además, deberíamos llevar a cabo un control anual de la contabilidad y de la racionalidad económica de la administración de los créditos sobre la base de pruebas aleatorias y como último punto, imponer unas sanciones claramente definidas, por ejemplo, el recorte o suspensión de pagos para el caso de que los pasos de reforma acordados no se lleven a cabo. 
Si adoptamos conjuntamente estas medidas, entonces creo que daremos un importante paso hacia una mejor configuración de la ayuda al desarrollo y de este modo tendremos más capacidad de convencimiento entre las y los contribuyentes de la Unión Europea y existirá una mayor disposición para que se autoricen los fondos necesarios. 
Pues la crisis actual desde el 11 de septiembre muestra lo importante que es la ayuda al desarrollo. 
Por otro lado, la UE es entretanto el mayor donante de ayuda para el desarrollo en todo el mundo. 
Por ello necesitamos urgentemente esta reforma conjunta. 
. Señor Presidente, las difíciles circunstancias, de todos conocidas, que han acompañado la gestión del presupuesto para el ejercicio 1999, han afectado de manera especial a los fondos dedicados a las relaciones exteriores y, más aún, a la ayuda a terceros países, incluido el Fondo Europeo de Desarrollo. 
Para el Grupo socialista, la buena gestión del Fondo Europeo de Desarrollo no es exigible sólo por razones de corrección y de transparencia contables, sino porque este fondo y todos los recursos comunitarios de ayuda son fundamentales para contribuir a la reducción de la pobreza, que es una de nuestras prioridades. 
Por eso, seguimos con especial atención la actuación de la Comisión en este ámbito. 
Prueba de este interés es el camino azaroso recorrido por este informe en las comisiones competentes, hasta lograr su aprobación. 
El año pasado condicionamos la aprobación de la gestión correspondiente a 1998 a la orientación de los gastos comunitarios hacia la reducción de la pobreza y mejoramos la estructura del presupuesto en este sentido, para disminuir los riesgos de dispersión de los fondos de ayuda. 
Este año hemos aplazado, en una ocasión, la aprobación de la gestión, a la espera de una serie de informes del Tribunal de Cuentas. 
Nos encontramos ahora en disposición de aprobarla, tras la adopción por la Comisión de una serie de medidas de mejora de la eficacia de la ayuda, entre las que cabe destacar la creación de Europe Aid, pero, al mismo tiempo, con las reservas que nos suscitan algunos datos: en 1999 fue decepcionante el nivel de pagos a cargo del FED en relación con el nivel de créditos de compromiso y con el de pagos alcanzados en años anteriores, como ha dicho la Sra. Rühle. 
Iniciativas como la de reducción de la deuda de los países menos avanzados no se están cumpliendo en los términos a los que se comprometió la Comisión. 
Los contratos financiados con cargo al FED benefician, fundamentalmente, a empresas de los Estados miembros, en detrimento de empresas y organizaciones locales. 
La Comisión no orienta aún suficientemente su ayuda hacia la reducción de la pobreza. 
Queremos simplificación de procedimientos, integración del ciclo de la cooperación, transparencia en la gestión, evaluación en sectores tan importantes como el de la salud y el de la educación. 
Haremos un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de la resolución que hoy debatimos. 
La Comisión sabe que cuenta con el apoyo del Grupo socialista en sus esfuerzos por mejorar la gestión del FED y el Grupo socialista confía en que estas mejoras sean visibles en los próximos ejercicios, para que podamos aprobar la gestión con menos problemas y condicionantes que los habidos hasta ahora. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, con su informe sobre la aprobación de la gestión del fondo europeo para el desarrollo, la colega Rühle muestra una imagen sin adornos de las contradicciones de nuestra política para el desarrollo. 
Por un lado, se critica la deficiente actitud a poner a disposición con generosidad fondos de ayuda y, por otro, tenemos que constatar que los fondos de que disponemos fluyen en parte con grandes retrasos. 
Hay algo en el sistema que no encaja cuando a finales de 1999 se había aprobado y estaba a disposición un importe de casi 10.000 millones de euros sin ningún tipo de condicionamiento temporal, pero que no se utilizó. 
Naturalmente, la Comisión nos dirá que entretanto en algún que otro lugar se pueden constatar señales de mejora. 
Sin embargo, el diagnóstico sigue siendo que tenemos que recapacitar a fondo nuestro enfoque. 
Nuestra ayuda en el marco del fondo para el desarrollo llega a sus límites pues está dirigida a ayudar a Estados que en parte sólo existen en el papel. 
Falta en muchos casos una administración que funcione medianamente bien, falta un control democrático de los gobernantes, algunos países se encuentran en una guerra civil abierta o al borde de la misma. 
En situaciones de guerra civil tenemos que centrarnos en las ayudas para superar el conflicto y para la ayuda humanitaria. 
En otros casos, deberíamos centrar nuestros esfuerzos más que hasta ahora en la construcción de administraciones públicas que funcionen. 
Administraciones que funcionen son la condición previa para que los fondos de ayuda de la UE o de otros donantes de la comunidad internacional se puedan utilizar en absoluto de un modo adecuado. 
Son también la condición previa para que los países actúen responsablemente y en interés de sus ciudadanos con sus propios ingresos fiscales. 
Nuestra ayuda debe ir pues siempre unida a un programa de reforma de la administración pública. 
Si las reformas avanzan, hay ayuda. 
Si no lo hacen o se producen retrocesos entonces no debemos dudar en cerrar el grifo del dinero. 
Sé que esto último es la parte más difícil de la tarea, pero la Comisión debe mostrar precisamente en tales casos una actitud firme y ser fiel a los principios. 
Para finalizar, quiero decir unas palabras sobre este procedimiento de aprobación de la gestión: se tuvo que aplazar la aprobación de la gestión porque la Comisión no proporcionó las necesarias informaciones. 
Además, existía de nuevo el problema de que determinadas informaciones confidenciales solamente se entregaban al presidente de la comisión y a la ponente. 
Como consecuencia de ello surgen- ya lo he repetido con frecuencia- dos clases de diputados: los que tienen y los que no tienen acceso a informaciones. 
La comisión ha mostrado sin equívocos en su informe que no se debe dar más esta situación en el futuro y que en el procedimiento de aprobación de la gestión se tienen que aplicar plenamente las disposiciones de nuestro reglamento. 
Es decir, todos los diputados de esta Asamblea deben poder tener acceso a todas las informaciones confidenciales. 
Señor Presidente, la Comisión debe recibir ahora la aprobación de la gestión para 1999, sin embargo, de hecho el Parlamento ha conseguido mucho aplazando la aprobación de la gestión en primera instancia. 
La Comisión se ha visto presionada a adoptar algunas iniciativas que de otro modo seguramente no habría adoptado. 
Creo que el señor ponente ha llevado a cabo un trabajo estupendo, pero creo también que la Comisión debe recibir una palmada en el hombro cuando hace avances- y creo que los ha hecho. 
Quiero recomendar por ello en nombre de los socialistas que otorguemos la aprobación de la gestión del fondo de desarrollo y al mismo tiempo quiero asegurar a la Comisión que todos los problemas pendientes serán objeto de seguimiento en la aprobación de la gestión del año 2000. 
La Comisión ha llevado a cabo una gran investigación de los fondos de contrapartida y de la responsabilidad y papel de las delegaciones. 
Se ha investigado si las delegaciones han cumplido con su responsabilidad y aparentemente lo han hecho, pues no se abrirán expedientes disciplinarios. 
Quiero preguntarle al Sr. Nielson si la Comisión querrá confirmar que no serán abiertos expedientes disciplinarios en base a sus investigaciones. 
Quiero preguntarle también- quizá con algo de sorna- si la Comisión querrá confirmar este informe, que no será remitido al Parlamento. 
Los servicios internos de auditoría han salido airosos de su investigación de los fondos de contrapartida. 
Es un buen informe, crítico ante el modo en que funciona el sistema. 
Los fondos de contrapartida son ayudas presupuestarias directas y ni la Comisión ni las delegaciones en los países receptores disponen de ningún control directo sobre el dinero. 
El informe subraya que las ayudas presupuestarias directas son peligrosas, sea cual sea lo que se haga. 
El Sr. Nielson ha dicho que de todas formas se mantendrá esta forma de ayudas. 
Sin embargo, ¿cómo piensa entonces que se puede mejorar el control sobre los fondos? 
La Comisión debe recibir también nuestras alabanzas por haber enviado este informe al Parlamento inmediatamente. 
Esto demuestra que han aprendido algo de todo lo sucedido. 
La aprobación de la gestión fue aplazada principalmente porque había problemas con la entrega de informaciones: informes que eran enviados a las personas equivocadas, el informe que llegaba con mucho retraso e informes que nunca llegaban. 
Sin embargo, creo que hemos alcanzado un buen resultado y por ello recomiendo otorgar la aprobación de la gestión a la Comisión. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero realizar un cumplido a mi colega Rühle. 
En primavera tuvo el instinto adecuado para aplazar la aprobación de la gestión del fondo de desarrollo europeo. 
Como Comisión de Control Presupuestario no habíamos tenido hasta entonces ninguna información fiable sobre las medidas subsiguientes en relación con los casos de fraude que se detectaron en el curso de 1999. 
Entretanto sabemos con certeza lo que hasta entonces sólo podíamos sospechar, es decir, que la Comisión y también la Unidad de Coordinación de Lucha Antifraude, UCLAF, sólo tienen unas posibilidades muy limitadas. 
Un ejemplo: en el caso de la Costa de Marfil se detectaron en 1998/1999 fraudes en el sector sanitario. 
Durante años se facturó equipo médico como, por ejemplo, jeringuillas de un solo uso o balanzas para bebés a un precio muy superior a su valor real. 
El daño se calculó en aproximadamente 27,4 millones de euros. 
Cuando se conoció el caso, la Comisión recién nombrada dijo que ese dinero tenía naturalmente que devolverse. 
Entretanto sabemos que esos fondos no han retornado a las cajas del fondo europeo para el desarrollo. 
El motivo- tal como dijo la Comisión- es que jurídicamente no había en absoluto ninguna posibilidad de exigir la devolución del dinero. 
No quiero dar aquí más detalles, pero se muestra lo difícil que es intervenir de modo corrector cuando se han transferido los fondos. 
A ello viene a sumarse que en los Estados ACP la UCLAF no posee las mismas potestades de control que en los Estados miembros, por no hablar de que falta sencillamente personal para poner en pie una lucha contra el fraude sin lagunas desde Bruselas. 
Por ello, lo decisivo es que ejerzamos presión para que en los Estados beneficiarios se mejore de modo general la protección de los fondos públicos. 
Países que no protegen sus propios fondos fiscales frente al fraude tampoco pueden proteger con eficacia los créditos de la caja de la UE. 
Para la Comisión esto significa también que debe fortalecer su presencia en los Estados receptores- en lo que coincido con la ponente- pero no sólo mediante un mayor número de funcionarios en la delegación sino también mediante una mayor autoridad de la delegación in situ. 
No debe ser posible que en la práctica se eluda a esta delegación adoptando acuerdos directamente con Bruselas. 
Repito, felicitaciones por este informe, estimada colega Rühle. Vamos a dar gustosamente nuestro voto favorable. 
Señor Presidente, el cierre, la reducción del estatuto y la reducción del personal en más de dos decenas de delegaciones en países ACP, recientemente decididos por la Comisión, constituye un rudo golpe a los compromisos de desarrollo asumidos en los acuerdos de Cotonou. 
Si hay una lección que ha quedado- me parece a mí- clara en cuanto al seguimiento de la acción exterior de desarrollo de las Comunidades es la de que la clave de su éxito es la existencia de una presencia fuerte, responsable, autónoma y creíble en los países receptores. 
Los argumentos de neutralidad presupuestaria utilizados por la Comisión son falaces, pues abrir una delegación en países como Arabia Saudita no tiene comparación con los costos de la generalidad de las presencias europeas en esos países de África, Caribe y Pacífico. 
Además, no se trata en este caso sólo de ver el costo de una delegación, sino también de ver los gravísimos perjuicios en cuanto a eficacia del gasto público que resultan de la ausencia de seguimiento del gasto público. 
La Unión Europea no puede dejar de tener una política autónoma y consecuente con el mundo menos desarrollado y substituirla por una regionalización hecha a medida de algunas de las antiguas potencias coloniales. 
Espero que la Comisión revise ese paso que ha dado y conceda a los países ACP y a la gestión del FED la importancia que merecen. 
. 
(EN) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a la ponente por su excelente y serio trabajo sobre este ejercicio de aprobación de la gestión que cubre el FED para el ejercicio 1999, año en que esta Comisión tomó posesión de su cargo. 
Esto significa que me siento especialmente responsable de los últimos cuatro meses de dicho ejercicio. 
El Sr. Blak ha mencionado que el Parlamento ha ganado mucho con el aplazamiento de esta aprobación de la gestión. 
Creo que eso es cierto, pero debo observar que la Comisión se siente igualmente complacida con el resultado. 
Es como una buena historia de amor- siempre vale la pena esperar. 
Pero no es cierto que el aplazamiento haya tenido que ver específicamente con una retención de la información contraviniendo el acuerdo alcanzado entre la Comisión y el Parlamento. 
El aplazamiento fue consecuencia, sobre todo, de que el informe del Servicio de Auditoría Interna no estaba terminado y no podía terminarse porque ambas partes considerábamos que era necesario y conveniente ampliar su alcance con el fin de obtener un estudio serio y exhaustivo de cómo tratar este método de cooperación al desarrollo. 
Por lo tanto, hemos resuelto problemas que iban mucho más allá de lo que normalmente se trata en el procedimiento de aprobación de la gestión y éste es el motivo por el que podemos felicitarnos mutuamente esta noche. 
Una observación del Sr. Bösch relativa a Costa de Marfil- conseguimos la recuperación completa a pesar de que el país sufrió un golpe militar. 
Los acribillamos. 
Nos mantuvimos firmes en lo que dije al Parlamento: que queríamos mantener una posición de tolerancia cero, y los nuevos dictadores militares de Costa de Marfil asumieron sus obligaciones dentro del plazo previsto. 
Durante mi mandato como Comisario, nunca habíamos conocido hasta ahora ningún caso en el que consiguiéramos la recuperación completa cuando los resultados de la auditoría indicaban la necesidad de hacerlo. 
Nuestra cooperación a través del FED no ha dejado de crecer, al tiempo que la ayuda de otros donantes principales para los países en desarrollo y, especialmente, para los países menos desarrollados ha ido descendiendo. 
El FED constituye una fuente de financiación cada vez más importante para estos países y por ello se lo debemos, naturalmente, y a nuestros contribuyentes europeos les debemos que utilicemos dichos recursos de la manera más eficaz posible. 
Del mismo modo, la Comisión debe ocuparse de verificar que los países beneficiarios no escatiman esfuerzos para mejorar su propia capacidad en materia de una gestión presupuestaria y financiera eficaz. 
Éste ha sido un tema de especial relevancia en el presente ejercicio de aprobación de la gestión y ha conseguido centrar la atención sobre un ámbito importante de la cooperación al desarrollo. 
Creo que la cuestión de una buena gestión financiera de la ayuda presupuestaria se entiende mejor a raíz del trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas y el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión, en cooperación con los distintos servicios responsables de la Comisión. 
No veo ninguna necesidad de modificar el Convenio de Cotonou para reflejar esto. 
Tengo plena confianza en que existe un claro consenso entre la Comisión, el Tribunal de Cuentas y el Parlamento respecto a cuál es el camino acertado a seguir y, en particular, respecto a la importancia de la ayuda presupuestaria. 
Ésta es una herramienta clave para mejorar la estabilidad y la gobernanza económica. 
Al hacerlo, en cooperación con otros donantes principales y haciendo hincapié en la responsabilidad del gobierno receptor, estamos desempeñando una función muy importante. 
Agradezco profundamente al Parlamento que haya comprendido esta perspectiva para el presente período presupuestario. 
Ningún otro donante está en condiciones y dispuesto a afrontar este reto en la medida en que lo estamos nosotros. 
Ni que decir tiene que no podemos hacer oídos sordos a los casos de corrupción o negligencia en la gestión de los fondos públicos, y puedo garantizarles que mantendremos esta política de tolerancia cero en materia de fraude y corrupción. 
Pero debemos tener presente, al igual que el Parlamento, que el reforzamiento de los sistemas de control financiero en estos países es un proceso a largo plazo. 
Debemos hacer una evaluación de los riesgos que entraña cada acción que consideremos susceptible de ser financiada con cargo al FED, y pasar a la acción con un conocimiento claro de dichos riesgos. 
Debemos partir de la base de un enfoque común con otros donantes. 
Un enfoque aislado de la Comisión sería poco realista. 
Dependerá del desarrollo de la transparencia interna. 
La cooperación con otros donantes en este ámbito es mejor que nunca. 
Todos debemos mejorar, y este afán por mejorar lo estamos persiguiendo sin ninguna duda en buena cooperación. 
Esto es válido para la aprobación de la gestión en 1999, y la actuación en 2000 es en varios sentidos algo más alentadora. 
Uno de los principales objetivos de la reforma de la gestión de los programas comunitarios de ayuda exterior es, naturalmente, reducir drásticamente el desfase entre compromisos y pagos. 
La Comisión ha venido aplicando medidas desde mayo del pasado año para paliar este problema. 
Por ejemplo, estamos impulsando, en la medida de lo posible, el cierre de antiguos compromisos no utilizados y hemos propuesto también la introducción de la denominada "sunset clause" para limitar el tiempo durante el que los fondos asignados a una acción pueden ser utilizados para contratos. 
Por consiguiente, tenemos razones para esperar una mejora gradual de la situación. 
En cuanto a la lentitud de los pagos, las cifras disponibles indican que los pagos en 2000 aumentaron de 1.270 millones de euros a 1.550 millones de euros. 
Aún existe una inercia increíble en la fase de proyecto, en el avance de estas cifras. 
Hemos incrementado el volumen total de lo que hacemos en este ámbito y esto es algo que ocurrirá gradualmente como resultado de una actividad que cada año crece más y más. 
Éste es, naturalmente, el reto al que nos enfrentamos. 
He dicho en varias ocasiones que la falta de datos exhaustivos sobre nuestras operaciones es realmente vergonzosa. 
Hemos avanzado algo en la mejora de la eficacia de los sistemas de información sobre la gestión. 
Sé que el Parlamento, y en particular la Comisión de Desarrollo, espera impaciente que progresemos en este ámbito y hacemos todo lo que podemos. 
No obstante, aún queda mucho por hacer y somos perfectamente conscientes de la necesidad de seguir presionando en la reforma de la gestión de nuestros programas. 
En particular, nos interesa que el proceso de desconcentración o de delegar en las delegaciones, como prefiero llamarlo, siga avanzando sin tropiezos. 
La Comisión viene solicitando personal adicional, pero la estimación del número de empleados necesarios ha sido bastante conservadora y necesitamos todos y cada uno de los puestos. 
Espero, por consiguiente, que el Parlamento nos apoye en este esfuerzo en sus decisiones sobre el presupuesto para 2002. 
Ha sido alentador escuchar al Sr. Casaca en este sentido. 
Le agradezco su apoyo entusiasta y espero que pueda realizarlo. 
Estamos decididos a que el ejercicio de desconcentración no desemboque sencillamente en la exportación de problemas desde Bruselas a las delegaciones como consecuencia de una dotación de personal inadecuada. 
Esto es grave. 
En la resolución se expresa preocupación por el porcentaje de contratos del FED que van a parar a empresas de los países ACP, y pide a la Comisión que incremente dicho porcentaje del actual 25% aproximadamente hasta el 40% en cinco años. 
Los países ACP obtienen un porcentaje mucho más alto de contratos con cargo al FED que de la práctica totalidad de los donantes principales. 
No debemos olvidar esto. 
Las empresas de los países ACP ya se benefician de un importante margen de preferencia en casos en que las ofertas son técnicamente equivalentes. 
Para que funcione un sistema de licitación transparente y justo, la Comisión no puede prever ningún tipo de cuotas fijas, ya que discriminaría en contra de las empresas europeas y sería contrario al Reglamento de la OMC. 
No obstante, compartimos la intención política del Parlamento de maximizar los beneficios de nuestra ayuda a favor de las economías locales, en particular, allí donde exista un sector privado técnicamente competente y bien estructurado. 
Quisiera apuntar al nuevo mecanismo de inversión, que forma parte del Convenio de Cotonou, por valor de 2.200 millones de euros, que ha sido construido de manera que estimule el surgimiento de esta actividad en nuestros países asociados. 
Es una manera de mejorar su situación precisamente en este aspecto. 
Ya lo hemos identificado como un ámbito que deberíamos impulsar. 
Estoy impaciente por asegurar al Parlamento que la Comisión está reforzando sus procedimientos de vigilancia sobre el seguimiento de la auditoría. 
Es una parte importante de la reforma de la gestión y del control financiero de la Comisión. 
También tenemos previstas mejoras de la presentación de las cuentas, en respuesta a los comentarios del Tribunal de Cuentas. 
Estamos dispuestos a entablar un diálogo directo para descubrir la mejor manera de hacerlo. 
Diré unas palabras sobre los puntos en la resolución que hacen referencia a la transmisión de documentos confidenciales. 
El respeto de la confidencialidad y la aplicación de los procedimientos correctos de transmisión siguen teniendo una importancia fundamental. 
El procedimiento de aprobación de la gestión de 1999 demostró que el acuerdo marco prevé un marco eficaz y satisfactorio para la cooperación entre la Comisión y el Parlamento. 
Lo que esta noche estamos debatiendo ha seguido ese conjunto de normas. 
El procedimiento de aprobación de la gestión de 1999 ha sido el primero al que hemos aplicado este acuerdo marco. 
La Comisión ha intentado aplicar plena y fielmente el acuerdo a través de dicho procedimiento. 
En opinión de la Comisión, el acuerdo marco ha demostrado ser un mecanismo eficaz, y una de sus ventajas es que permite al Parlamento recibir información confidencial y similar. 
El conocimiento de la importancia de la ayuda al desarrollo parece ir en aumento a medida que comprendemos mejor el fenómeno de la globalización. 
Y a la luz de los recientes acontecimientos, hemos podido entender mejor la realidad y la urgencia de la interdependencia en este mundo. 
No podemos actuar en solitario. 
Toda la comunidad internacional participa en el reto de reducir la pobreza y nosotros compartimos con otros el marco para proporcionar ayuda y evaluar los resultados. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Señor Presidente, me he quedado algo sorprendido por la comunicación del Comisario de que se nos ha devuelto el dinero de la Costa de Marfil. 
Estaría ahora muy agradecido al Comisario si, con o sin framework agreement, me comunicase- también por escrito- donde está registrado todo esto, para que podamos comprobarlo. 
Veo, señorías, que el comisario está conforme. 
Sin duda tendrán pronto toda esa información. 
Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0335/2001) de la Sra. Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) (COM (2001) 83- C5-0065/2001- 2001/0046 (COD) ). 
. Señor Presidente, la Comisión de Política Regional se felicita por la iniciativa de fijar en un Reglamento la nomenclatura de unidades estadísticas territoriales, dotándola así de una base jurídica. 
Hasta el día de hoy, y por la inexistencia de esta base jurídica, los cambios y la puesta al día se han llevado a cabo a través de gentlemen's agreements entre Estados miembros y Eurostat. 
Yo sostengo que las estadísticas no son neutras ni políticamente inocentes. 
Creo, en consecuencia, que esta propuesta de reglamento tiene un amplio calado político, no sólo porque se aplique para determinar las regiones y comarcas a las que los Fondos Estructurales dedicarán sus recursos, sino porque plasma una cierta visión de Europa, de su realidad territorial, de su organización regional y provincial y, consiguientemente, de sus disparidades y de sus desequilibrios. 
La propuesta mantiene la división del territorio de los Estados en unidades estadísticas organizadas de forma jerárquica en tres niveles, a la vez que propone criterios para la definición de estas regiones en los países candidatos, criterios que solicita que continúen determinándose sobre la base de las organizaciones territoriales y dentro de los umbrales demográficos existentes. 
La Comisión de Política Regional comparte los objetivos que la Comisión enuncia en su propuesta de reglamento, pero, a pesar de ello, considera que el desglose obtenido no se ajusta del todo a los mismos, lo que se traduce en su percepción por parte de los ciudadanos como una división artificial del territorio europeo. 
En efecto, en el anexo, la Comisión se limita a plasmar las unidades territoriales administrativas existentes en cada Estado miembro, mezclándolas con otras que no tienen ese carácter institucional, lo que se traduce en una falta de homogeneidad evidente. 
La Comisión de Política Regional sostiene que la propuesta debería incluir un planteamiento europeo capaz de superar el marco de las fronteras entre Estados. 
En este sentido, el nivel NUTS 1 debería tener en cuenta grandes unidades territoriales que transciendan estas fronteras destinadas a servir de base para una futura ordenación del territorio europeo. 
El nivel NUTS 1 presenta, Señorías, carencias evidentes. 
Únicamente las regiones de Alemania y Bélgica son consideradas unidades, mientras que en otros Estados miembros, como en España, en Francia o en Italia, el nivel NUTS 1 se corresponde con enormes conglomerados de regiones totalmente artificiales y, casi siempre, arbitrarios. 
En el extremo opuesto la propuesta coloca a la isla finlandesa de Aland como unidad NUTS 1, pese a que sus 25.000 habitantes quedan muy lejos del mínimo de 3 millones requerido en la horquilla demográfica. 
Sigo pensando, pues, que la propuesta de la Comisión debería haber sido más osada, más coherente y, quizá, si se me permite decirlo, más europea. 
Las disparidades se acrecientan en el nivel 3, donde un solo Estado miembro, Alemania, cuenta con más unidades que la suma de las de ocho Estados miembros: Francia, Italia, Reino Unido, España, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo. 
El desequilibrio, por lo que se refiere a la extensión o superficie de las unidades territoriales, es también evidente, ya que en la propuesta el criterio que prevalece es el de la población y no el de la extensión territorial. 
La Comisión de Política regional anima a la Comisión y a los Estados miembros a trabajar en el camino de la constitución del nivel NUTS 4 e incluso del NUTS 5, que representaría a los entes locales. 
La Comisión de Política Regional presenta al Pleno once enmiendas a esta propuesta. 
He de decir que este informe fue aprobado en comisión por 43 votos a favor y una abstención. 
Como ponente, mi postura es favorable a estas enmiendas y contraria a las otras presentadas en el Pleno, que fueron ya rechazadas en comisión. 
Creo que el informe aprobado por la Comisión de Política Regional es asumible por el Consejo y por la Comisión. Su aceptación podría evitarnos la segunda lectura y el procedimiento de conciliación y permitiría su entrada en vigor el 1 de enero próximo. 
Si así fuera, felicitémonos por haber plasmado en un texto jurídico la base para determinar las unidades territoriales necesarias para la recolección de datos estadísticos en esta gran Europa que tenemos ante nosotros. 
Que no nos ocurra lo de la famosa frase, según la cual las estadísticas serían el arte de reflejar que dos personas comen dignamente cuando, en realidad, una de ellas ha comido dos pollos y la otra ninguno. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, quiero dar la enhorabuena a la ponente. 
A partir de una propuesta de la Comisión con buenas intenciones, con buenas líneas, con- digámoslo así- buenos acentos, creo que la ponente planteó ante la comisión un buen proyecto de informe y que el resultado obtenido por esa comisión, como ha señalado la ponente, es altamente satisfactorio. 
Sería bueno que la Comisión y, posteriormente, el Consejo recogieran las propuestas de la Comisión de Política Regional de este Parlamento. 
Europa se construye a base de acuerdos y de consensos. 
Aquí estamos ante un ejemplo de lo que ha sido, en muchos casos, este funcionamiento: acuerdos de caballeros. 
Pero es necesario que, a partir de ahora, muchos de esos acuerdos queden reflejados en los Tratados, con una base jurídica relevante. 
Este es un tema, como muy bien ha manifestado la ponente, sumamente importante. 
Estamos ante lo que es la construcción territorial europea. 
Aquí se requieren criterios claros, homogéneos y geográficos. 
Criterios que se basen en criterios- permítame la redundancia- político-administrativos. 
No debemos generar unidades ficticias que, al final, a lo único que conducen es a que exista, por parte de los distintos Estados, de las distintas regiones y, al final, de los ciudadanos, una falta de confianza en la construcción europea. 
Por lo tanto, me congratulo de la propuesta salida de la comisión. 
Por último, quisiera recordar aquí una enmienda que refleja un poco el espíritu de lo que estamos hablando: la enmienda de la Sra. Cerdeira sobre la división de las ciudades de Ceuta y Melilla, que son unidades político-administrativas, cada una con su propio Estatuto. 
Quiero recordar, en este caso concreto, cómo el Sr. Hernández Mollar, de mi Grupo, luchó también durante mucho tiempo por este reconocimiento, y creo que mañana, cuando se apruebe el informe que presenta la Comisión de Política Regional, se habrá llegado a un resultado satisfactorio. 
Ése es el ejemplo y el reflejo de lo que queremos en lo que respecta a la división y estructuración de Europa. 
Señor Presidente, señor comisario, señorías, está claro que el asunto de la Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas no es un mero asunto formal, como pudiera parecer a primera vista; no se trata de un debate de carácter técnico en términos estadísticos, sino de un asunto sustantivo, puesto que la adopción de una u otra clasificación conlleva consecuencias directas para el apoyo al desarrollo de cada una de las unidades territoriales. 
Habida cuenta, especialmente, del horizonte de la ampliación, o, para ser más exactos, de las ampliaciones, ya que la adhesión de los países candidatos se producirá por grupos, se hace necesario avanzar hacia la objetivación de los criterios de clasificación de las unidades territoriales, de suerte que los nuevos miembros conozcan las reglas del juego. 
Otro planteamiento sería, claro, la aceptación de criterios idénticos para cada uno de los niveles de clasificación, para todos los países miembros. 
Sin embargo, las múltiples particularidades existentes en los países de la Unión tornan inviable a todas luces ese planteamiento. 
De modo que tendremos que mostrarnos de acuerdo con la ponente y con su satisfacción por la iniciativa de la Comisión, que, con el reglamento propuesto, crea la base jurídica para la Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas 
Debemos, además, felicitar a la ponente, que con su sentido de la medida y su agudeza femenina, diría, propone y acepta mejoras factibles de la opinión de la Comisión, en el sentido de un enfoque más centrado en el objetivo fundamental, que no puede ser sino la configuración de unidades territoriales realmente comparables, con lo que esto significa e implica para el fin de dotarnos de un sistema estadístico europeo aceptado por todos. 
En sus razonables dudas y preguntas sobre las injusticias que se cometen, el ciudadano europeo no debe recibir respuestas decepcionantes del tipo, por ejemplo, de «favorecemos a esta región, a pesar de encontrarse en mejor situación que la tuya, por ser una unidad territorial NUTS 2, mientras que la tuya no lo es». 
La racionalización en todos los niveles de funcionamiento de la Unión deberá ser para nosotros una aspiración fundamental y permanente. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, yo también quiero dar las gracias a la ponente, Sra. Miguélez Ramos, por la excelente elaboración de este informe. 
Ella ha puesto de relieve cuestiones importantes y también ha tenido en cuenta las propuestas de los colegas. 
Nuestro Grupo apoya la propuesta de la Comisión, así como el punto de vista de la ponente sobre la creación de una base jurídica adecuada para fijar la nomenclatura de las unidades territoriales. 
Este asunto también reviste actualidad porque los países candidatos dispondrán de unas directrices para determinar sus unidades estadísticas territoriales. 
Uno de los problemas que plantea el actual desglose de las unidades NUTS es que las clasificaciones dentro de los distintos países se han hecho atendiendo a las tradiciones y necesidades de cada país. 
Se puede criticar el hecho de que la superficie de los territorios no tenga relevancia estadística. 
Las unidades territoriales no son conmensurables y se ignoran aspectos como la baja densidad demográfica o el descenso gradual de la población. 
Son dignos de apoyo los objetivos de esta propuesta de reglamento sobre la práctica de la imparcialidad y sobre el establecimiento de una normativa clara y de criterios comparativos válidos. 
También es importante determinar las reglas para tramitar las modificaciones del desglose de las NUTS y asegurar que éstas no ocurran con demasiada frecuencia. 
Pedimos que sea apoyada la enmienda presentada por nuestro Grupo que incluye las islas y las regiones alejadas en los puntos del apartado 4 del artículo 3, con el fin de evitar una innecesaria remodelación del desglose. 
Nuestro Grupo destaca que la clasificación de las unidades territoriales también debe ser flexible para que se puedan tener en cuenta de la forma debida los aspectos administrativos y todos los demás elementos de índole geográfica, social y económica. 
Nuestro Grupo comparte la opinión de la ponente de que la Comisión debería examinar la posibilidad de incluir en el Reglamento el nivel NUTS 4. 
El objetivo de la aportación de estadísticas comparables para la clasificación de las unidades territoriales es una difícil tarea, cuya realización requiere tiempo. 
Sin embargo, lo esencial es disponer de una clasificación equitativa que contribuya a aplicar las medidas apropiadas en las regiones que las necesitan. 
Señor Presidente, es una lástima que el Sr. Barnier no esté presente pues en la cuestión de la delimitación de NUTS no se trata de una cuestión técnica o estadística sencilla sino de una de las cuestiones políticas más importantes de la futura política de cohesión. 
Se trata de quien va a recibir en el futuro crédito europeos de ayuda, cuántos va a recibir y quién va a determinar cómo se deben emplear. 
Estas son cuestiones centrales para el futuro de la Unión Europea y de la política de cohesión, por lo que este tema que se trata hoy aquí a media noche desempeña un papel mayor de lo que parece. 
La Comisión siempre se ha atenido sólo a criterios estadísticos sobre la delimitación territorial y no ha tenido en cuenta estas cuestiones políticas. 
En consecuencia, siempre se producía la tendencia a distribuir los créditos de los fondos estructurales según el principio de la regadera y no de un modo concentrado y eficiente en beneficio de las regiones más necesitadas. 
Si observo esto para los países candidatos, tengo que constatar que los territorios del objetivo 1 se amplían a regiones de mayores ingresos y centros como Varsovia y Riga y que estos centros pueden recibir tantos créditos de ayuda como las regiones más pobres de la Unión Europea ampliada, Latgale y Masuria. 
Esto no puede ser correcto. 
Impide una política de cohesión creíble, lo que considero totalmente absurdo. 
Por ello, se plantea la pregunta si la misma instancia que concede los créditos de ayuda a la autoridad debe ser también el órgano de control. 
En mi opinión, en la presente propuesta no se tiene en cuenta el concepto bottom-up. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, considero la propuesta de reglamento sobre la creación de una nomenclatura de unidades territoriales estadísticas (NUTS) como algo razonable y comprensible desde una perspectiva política. 
Sin embargo, hay que garantizar que la modificación de la clasificación precise del asentimiento previo de los Estados miembros. 
También hay que garantizar que la definición de regiones de mercado laboral pueda tener lugar en el futuro en el marco de la tarea comunitaria de modo diferente al nivel NUTS III. El marco temporal previsto de dos años entre la aprobación y la entrada en vigor de una modificación de NUTS se debería acortar sensiblemente o incluso suprimirse totalmente, ya que las asignaciones financieras de la Comisión a los Estados miembros pueden depender de la articulación regional. 
Por lo demás, estoy plenamente satisfecho con la propuesta de la Comisión y lo habría estado aún más sin las enmiendas de la ponente que han sido aprobadas mayoritariamente en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
He dicho mayoritariamente, pero han sido aprobadas unánimemente con una abstención y esa abstención era la mía. 
Mi voto en la comisión fue negativo respecto a algunas enmiendas. 
Pues en el informe se menciona en repetidas ocasiones la inclusión de criterios adicionales para la delimitación de territorios como objetivo. 
Considero esto como problemático. 
La consideración, por ejemplo, de criterios económicos, geográficos y sociales en las unidades no administrativas conducirá a difuminar estos criterios. 
En mi opinión, el criterio determinante para la delimitación debe ser el número de personas que viven en una región, quienes son a la postre las afectadas por las decisiones derivadas de la división de NUTS. 
Cuando la ponente dice en un considerando que debe haber al menos tres niveles de articulación, mediante la inclusión de esta palabrita "al menos", se dice implícitamente que se deben crear más niveles para la clasificación de unidades territoriales. 
Pero se debe tener en cuenta que la introducción de nuevas estadísticas para los territorios afectados significa unos considerables trabajos administrativos adicionales. 
Creo que esto debe más bien limitarse. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Miguélez y a todas las personas que han intervenido en este debate. 
Inicialmente, me gustaría clarificar dos puntos que me parecen esenciales. 
Ustedes pueden interpretar si una clasificación estadística puede tener un impacto político o no; lo que sí puedo asegurarles es que ése no es el objetivo de este documento, ni era ésa la intención de la Comisión. 
Es un documento basado en una propuesta de Eurostat que pretende buscar el trato más equitativo posible para todos los países y regiones de la Unión Europea. 
Tampoco este documento prejuzga, para nada, la política regional: ¿quién va a ser objetivo 1, quién va a ser objetivo 2? , el actual sistema de política regional ¿será en el futuro el mismo? No lo sabemos. 
Aquí sólo estamos hablando de estadísticas; y estamos hablando del sistema para hacer las estadísticas mejores y lo más equitativas posibles para todos los países de la Unión. 
¿Qué pretendemos? 
Pretendemos que una práctica que hemos venido aplicando hasta ahora se traduzca en norma. Y queremos hacerlo así, porque nos parece esencial conferir un carácter legal a algo que hasta ahora ha sido un consenso entre los Estados miembros y la Comisión. 
Pero, además, nos parece también fundamental en cuanto forma de establecer los principios para la ampliación y para seguir aplicando los mismos criterios que hasta ahora se han aplicado. 
Hasta ahora, las NUTS no tenían fundamento jurídico, y ahora lo adquieren: ése es el objetivo del presente reglamento. 
¿En qué criterios nos hemos basado para la definición de las NUTS? 
Básicamente, hay tres principios en la base de nuestro documento. 
El primero es que las NUTS son regiones normativas; en consecuencia, intentamos que su definición territorial corresponda a definiciones políticas legislativas ya existentes: una buena definición, reconocida por los Estados miembros, de unidades que, en muchos casos, tienen ya incluso estructuras de gobierno y disponen de estadísticas equiparables, lo que les confiere, por tanto, la fiabilidad suficiente. 
Como segundo principio, nosotros proponemos tres niveles jerárquicos de NUTS. 
Ustedes, en sus enmiendas, van más lejos y piden tres niveles, como mínimo. 
Con el margen de maniobra que actualmente tenemos, desde el punto de vista de la elaboración de estadísticas, para Eurostat trabajar con más de tres niveles plantearía problemas financieros. 
Ésta es ya una razón, pero además pensamos que los tres niveles nos dan información suficiente y válida. 
El tercer principio es intentar que las estadísticas regionales sean comparables. 
De ahí que el tamaño de las NUTS tenga que ser lo más homogéneo posible. 
Pero también somos conscientes que hay realidades históricas, situaciones legales en cada uno de los países, que hacen que ese principio no se pueda aplicar de forma automática o de forma mecánica y que haya que tomar en consideración supuestos específicos. 
Entre los Estados miembros existe consenso en que estos principios, que han sido los que hemos venido utilizando hasta ahora, deberían ser también las ideas del nuevo reglamento. 
Como decía antes, no sólo para ser aplicados a nuestros países en la actualidad, sino también a los países que se van a unir a nosotros en los próximos años. 
De ahí que el reglamento responda a una serie de objetivos, que ustedes han podido debatir en profundidad, así como hacer algunas correcciones respecto a algunos de ellos. 
Vamos hacia unas NUTS desglosadas de acuerdo con los sistemas regionales actualmente existentes, porque pensamos que es el instrumento más eficaz de que hoy por hoy disponemos para la recogida, el cálculo y la difusión de estadísticas regionales. 
Además, en el reglamento establecemos criterios para definir las regiones de tal modo que los países candidatos dispongan de unas directrices a la hora de crear una clasificación regional en su país. 
Este objetivo es fundamental en el momento actual. 
Otro elemento que me gustaría subrayar es la necesidad de que las estadísticas sean comparables y tengan el mayor grado de imparcialidad posible. 
No pueden ser estadísticas elaboradas y utilizadas para fines políticos diversos. 
Sería muy difícil establecer unos intereses políticos que, indudablemente, nos llevarían a contradicciones claras. 
La cuestión es fundamental, evidentemente, para la política regional de la Unión, pero, como decía antes, no prejuzguemos por una clasificación estadística cuál va a ser la política futura de la Unión en materia regional. 
Pretendemos que existan normas claras para las futuras modificaciones del desglose de las NUTS porque, con ello, evitaremos conflictos futuros (algunos de ellos hemos tenido en el pasado). 
Las modificaciones son inevitables. 
No podemos hablar de situaciones absolutamente permanentes, pero conviene que no se modifiquen las NUTS con demasiada frecuencia y que, por supuesto, tengamos un sistema que se base en ciertas reglas y en ciertos principios preestablecidos. 
Por ello, consideramos oportuno que las modificaciones no se lleven a cabo con una periodicidad inferior a los tres años, ya que, en otro caso, se plantearían dificultades de seguimiento. 
El reglamento, tal como está concebido, nos permite avanzar y mejorar respecto a lo que actualmente tenemos. 
Ustedes han hecho aportaciones con 11 enmiendas que, en nuestra opinión, ayudan a clarificar y mejorar el reglamento. Por eso, desde el punto de vista de la Comisión, podemos aceptar las 11 enmiendas planteadas por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Para terminar, me gustaría poner de relieve que el Reglamento NUTS será un instrumento importante para la consecución de unas estadísticas regionales en la Unión Europea comparables e imparciales, en las que podremos basar la política regional que, políticamente, decidamos en su momento. 
Muchas gracias. 
Infinitas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.09 horas) 
Señora Presidenta, quiero plantear una cuestión ante esta Asamblea que estoy seguro será bien acogida. 
Lo hago en calidad de portavoz del Partido Laborista para Irlanda del Norte. 
Sin duda, a la Asamblea le gustará recibir las noticias sobre el proceso de paz en Irlanda del Norte y la entrega de las armas. 
Sirve de ejemplo de lo que puede conseguirse a través de la negociación pacífica. 
Hay que rendir homenaje a quienes han participado en el difícil proceso de paz y en las negociaciones en curso. 
Debe mencionarse la firme decisión de quienes participan en ese proceso, entre ellos David Trimble, y también un diputado de esta Asamblea, John Hume, que lleva más de tres décadas luchando por la paz. 
Señor Cashman, me alegro más por esta noticia en la medida en que yo me encontraba en Irlanda la semana pasada, donde realizaba una visita oficial y todos estábamos, por supuesto, esperando esa buena noticia. 
Muchas gracias por su intervención. 
Señora Presidenta, tal y como le informábamos a principios de esta semana, estuve en Escocia protestando contra la base de submarinos nucleares Trident y fui detenida. 
¿Cuál es la situación respecto de nuestra inmunidad en otros Estados miembros? 
Yo creía que no podíamos ser detenidos en estas circunstancias. 
No tengo nada contra la policía escocesa. 
Fueron muy correctos. 
Conocían el concepto de manifestación pacífica. 
Quizás deberían formar a la policía de lugares como Génova y mostrarles cómo reaccionar ante manifestaciones pacíficas. 
¿Cuál es la situación en cuanto a nuestra inmunidad? 
Yo no estaba perturbando la paz, sino intentando mantenerla contribuyendo a librar al mundo de las armas nucleares. 
En segundo lugar, en relación con mi inmunidad: ¿no cuenta cuando estoy en otro país? 
Señora McKenna, naturalmente, fui informada de la situación con respecto a usted y me alegro de ver que ya se encuentra entre nosotros. 
Vamos a examinar la situación en profundidad en lo que se refiere al protocolo. 
Naturalmente, si procede, haré las gestiones necesarias para que la protección de los diputados quede asegurada. 
Señora Presidenta, después de esa intervención animada por un puro interés personal, quisiera volver a cuestiones más importantes del día de hoy. 
Me gustaría respaldar a mi colega el Sr. Cashman y, en concreto, destacar que este Parlamento ha apoyado de manera muy activa el proceso de paz y reconciliación en Irlanda del Norte. 
El camino hacia la paz ha sido largo, y a veces tambaleante, y nadie lo sabe mejor que nuestro propio ganador del Premio Nobel de la Paz, John Hume. 
Yo me crié en Irlanda del Norte bajo la sombra de la violencia, el terrorismo y la intimidación. 
Ahora estamos asistiendo a otro hito en el regreso a la paz para las generaciones futuras. 
Quisiera, por ello, pedirle que se dirigiera por escrito en nombre del Parlamento Europeo a todos los que han participado y les felicitara por esta gran iniciativa. 
También esperaría que la Presidencia belga hiciera lo mismo en nombre del Consejo por los 15 Estados miembros. 
Señora Mcarthy, haré con mucho gusto las gestiones que desea. 
Puedo decirle que todas las personas con quienes me he reunido eran más que conscientes de la contribución que este Parlamento ha aportado siempre al proceso de paz en Irlanda del Norte. 
Señora Presidenta, no quisiera retrasar el procedimiento, sino sólo reiterar lo que ya se ha dicho en diversas ocasiones sobre la inmunidad parlamentaria. 
Puede que esté equivocado, pero entiendo que la finalidad de la inmunidad parlamentaria para los diputados que actúen en el Parlamento- no fuera del Parlamento- es permitir que representen a quienes les eligieron. 
No tiene como fin necesariamente que uno pueda representar sus propios puntos de vista de la manera que quiera. 
En otras palabras, cuando se está fuera de esta Asamblea, se es igual que los demás. 
Uno se las arregla solo. 
Señor Beazley, como sabe usted, las cuestiones de inmunidad son siempre delicadas, y se ha confiado un informe a nuestro colega Sr. Duff. 
Propongo que trabaje también sobre esos aspectos enormemente interesantes que acaba de señalar, unos y otros, de forma que dispongamos de un documento tan exhaustivo como sea posible sobre la situación. 
Doy las gracias al Sr. Duff por completar su estudio. 
Señora Presidenta, como italiano, deseo expresar mi agradecimiento a la Sra. McKenna por haber aconsejado a la policía italiana que imite a la policía escocesa. 
Asimismo deseo expresarle mi solidaridad por su percance y mi aprecio por su compromiso social. 
Se lo agradezco en nombre de la policía italiana que creo que, de todos modos, no tiene grandes modelos que buscar en Europa. 
Probablemente la policía escocesa fue amable y correcta porque si la policía debe imitar a otro cuerpo de policía quizás también los manifestantes deberían imitar a otros manifestantes, es decir, que la policía ha sido amable y correcta porque seguramente los manifestantes que estaban con la Sra. McKenna no imitaron a los manifestantes de Génova. 
Gracias, Señoría. 
Reunión del Consejo Europeo (Gante, 19 de octubre de 2001) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Consejo Europeo y a la declaración de la Comisión sobre la reunión del 19 de octubre de 2001 en Gante. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, nuestro Grupo apoya la Declaración de Gante sobre terrorismo. 
Pero recordamos también, señor Presidente del Consejo, que a las palabras deben seguir los hechos. 
No debe repetirse la situación de que los Jefes de Gobierno y de Estado hagan recomendaciones que no sean llevadas a la práctica por los Ministros de Interior y de Justicia. 
Pedimos una reacción rápida también por parte de los mismos. 
Sobre todo insistimos en que la cooperación interestatal no puede continuar así. 
Temas importantes de interior o justicia deben basarse en el derecho comunitario. 
Para ello la Comisión debe ocupar el centro de la observación y de la ejecución del derecho comunitario. 
La Presidencia del Consejo cambia cada seis meses, lo que no crea continuidad. 
La continuidad debe ser asegurada mediante la Comisión europea y las instituciones europeas. 
Le pido a usted en su calidad también como Presidente de Bélgica que al tema de la seguridad de las instituciones europeas, incluida la del Parlamento Europeo de Bruselas, se le de ya de una vez una solución satisfactoria tanto por lo que se refiere al procedimiento como al contenido, señor Presidente del Reino de Bélgica. 
Debemos conseguir que se escuche mejor la voz de Europa. 
Ha estado bien que personalidades concretas de la Unión Europea hayan visitado al Presidente de EEUU. 
Pero no me parece aceptable- y de aquí debemos sacar conclusiones de cara al futuro: una crisis también es una oportunidad- que se de una situación como la de que, por ejemplo, aparezca frente a la cámara el Ministro norteamericano de Exteriores y, junto a él, tres Jefes de Estado europeos sentados detrás. 
Necesitamos un rostro europeo que nos represente en el mundo. 
(Aplausos) 
Tenemos una coalición contra el terrorismo. Nuestro Grupo la apoya completamente. 
Pero necesitamos también una coalición para la reconstrucción de Afganistán. 
Usted, señor Presidente del Consejo, ha manifestado su posición al respecto, lo cual celebro. 
Afganistán lleva sufriendo desde hace 20 años. La Comunidad debe hacer un esfuerzo, también en el escenario internacional, para garantizar a Afganistán un futuro. 
Usted y también el Presidente de la Comisión han hablado con razón de Oriente Próximo. 
Nuestro Grupo rechaza el asesinato de personas, sea en Palestina o en Israel. 
Pedimos a los implicados que emitan por fin señales de paz. 
Pedimos que haya cooperación, que haya un Estado palestino y que Israel pueda vivir en fronteras reconocidas y seguras. 
Pedimos a los implicados que den un paso para acabar con la política de ojo por ojo y reemplazarla por una política de la cooperación, de la paz y de la comprensión. 
(Aplausos) 
El diálogo mediterráneo es un reto importante. 
Por eso hemos propuesto que el día 8 de noviembre tenga lugar el Encuentro Euromediterráneo en Bruselas. 
Felicito a la Presidenta por haber presentado nuestra resolución común en la Conferencia de Presidentes de Grupo. 
Esperamos que sea entendido como una señal de voluntad de cooperación con el mundo árabe e islámico. 
Señor Presidente del Consejo, sobre Laeken: estamos de acuerdo en todo con usted. 
Pero por favor asegúrese de que la Convención tiene la tarea no sólo de plantear opciones, sino la de hacer una propuesta mayoritaria. 
En esa propuesta, naturalmente, también puede haber un voto de la minoría, pero no debe dejar de ser vinculante. 
No es lo que esperamos en la Convención Esperamos una propuesta que se discuta con los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Esperamos también que en esta Convención no tengamos una Presidencia demasiado grande. 
Es decisivo que estén representadas cinco personas: el Presidente/a y los representantes de las cuatro instituciones implicadas. 
Esta mesa presidencial debe tener verdadero carácter directivo para lograr un futuro exitoso para esta Convención. 
Queremos una agenda donde se fijen fechas para las tareas de la Convención de forma que dentro del año 2003, bajo presidencia italiana, cerremos un acuerdo que, esperemos, nos lleve a ese tratado fundamental del que usted ha hablado. 
Permítame hacerle todavía una observación de carácter práctico. Usted se ha ocupado en Gante de las transferencias bancarias entre países de la Unión Europea. 
El Parlamento ha presentado un informe de la Sra. Peijs. Hemos puesto de manifiesto que no es aceptable si da lugar a esos costes tan altos para las transferencias. 
Me parece correcto que los jefes de Estado y de Gobierno también se hayan comprometido a tratar el tema. 
Permítame una última observación. Ha habido algunas tiranteces entre la Presidencia del Consejo y la Comisión, lo cual es de lamentar dado que se trata de una Presidencia belga. 
Se trata de una aparición común y de quién y cuándo dice algo. 
Ha habido ciertas tiranteces porque tres Estados miembros se han reunido. 
No quiero exagerarlo ni ignorarlo, pero quisiera llamar a la reflexión de las instituciones europeas con lo siguiente: esta Europa es tan complicada que no puede ser una Europa de las vanidades, una Europa de la jerarquía, sino que todas las instituciones deben acoplarse mutuamente. 
Es importante entenderse y actuar conjuntamente, pues se trata de nuestro común futuro europeo. 
Espero que la crisis en la cual hoy se encuentra el mundo una a las instituciones europeas y les haga trabajar juntas por Europa. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, mi Grupo, tras el Consejo Europeo de Gante, tiene una actitud de esperanza y de preocupación. 
Esperanza porque en Irlanda del Norte se están sepultando las armas en cemento, y preocupación porque tenemos por delante una larga lucha contra el terrorismo global, que debemos proseguir con ahínco, con perseverancia y con coraje. 
Es una lucha que no se limita a lo que aparece en las imágenes de televisión, sean de Al Yazira o de la CNN. 
Debemos ocuparnos de las medidas de respuesta autorizadas por las Naciones Unidas, pero también tenemos que hacer un esfuerzo importante en el terreno humanitario y en el de reconstrucción y estabilización, tanto de Afganistán como de una parte importante del mundo. 
La Unión Europea puede desempeñar un papel importante en este contexto. 
Respecto a lo que ha señalado el Sr. Presidente del Consejo sobre la reunión de Gante, quiero recordar que en Helsinki el Consejo Europeo decidió crear una fuerza de intervención rápida que todavía no es operacional. 
Ha sido inoportuna la reunión previa entre algunos Estados miembros. 
También creo- y hago un llamamiento tanto al Presidente en ejercicio del Consejo como al de la Comisión- que debemos demostrar unidad en todo momento y, una vez concluido un Consejo Europeo, es absolutamente decisivo que el Presidente de la Comisión aparezca codo con codo con el Presidente en ejercicio del Consejo a anunciar las decisiones adoptadas. 
En lo que se refiere a la relación entre el Consejo Europeo y los Consejos concretos, les señalo que el Parlamento Europeo está haciendo un esfuerzo de tramitación acelerada de las medidas que han propuesto, pero esto no se ve correspondido con el tratamiento que se hace en el Consejo de Justicia e Interior. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, le recomiendo que, antes de la reunión del Consejo Europeo de Laeken, se lea detalladamente el informe de mi compañero de Grupo, el Sr. Poos, que es la persona con más experiencia histórica del Consejo. 
Le puede ayudar para presentar propuestas interesantes. 
En cuanto a nuestra relación con los países islámicos y con el mundo árabe, creemos que el foro que vamos a relanzar, a principios de noviembre, puede ser un elemento positivo. 
Mi familia política también está tratando de restablecer vínculos y es muy importante la nueva gira que ha anunciado por Oriente Medio, con una actitud activa por parte de la Unión en la resolución de este conflicto absolutamente clave. 
Sobre la economía, permítame un simple apunte: la inflación está bajando, hay márgenes, pero la política de la Unión Europea tiene que ser activa y anticíclica, y todavía tenemos un Banco Central que toma decisiones y un Consejo que recomienda. 
Hace falta una dirección económica en la Unión. 
Y ya que usted ha dicho que va a ir a la Universidad de Gante a debatir sobre la globalización, le pediría que también se llevara el informe del Parlamento Europeo sobre la reforma del sistema financiero internacional. 
Respecto a la tasa Tobin, sus amigos políticos han votado en contra de lo que proponía el Ecofin y mi Grupo presentaba como enmienda. 
En cuanto al tema del futuro de Europa, quiero señalar que la Convención no es una guerra de posiciones, sino que debe ser un esfuerzo conjunto. 
Vamos avanzando y ustedes, en principio, se van replegando poco a poco, y eso no es bueno. 
Agradezco que haya convocado al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y a los ponentes. 
Le puedo decir, en nombre de mi Grupo, que tenemos dos preocupaciones: una, que haya una representación equilibrada entre los parlamentarios europeos y los de los Estados miembros, tanto en la Convención como en la Presidencia; la segunda, que queremos que la Convención sirva para algo, que no sea una tertulia ni un club de debate, sino que haga propuestas coherentes. 
Por último, las propuestas tienen que confluir en una decisión de la Conferencia Intergubernamental antes de las elecciones de 2004 para hacer honor a nuestros compromisos en materia de la ampliación. 
Y en relación con la ampliación, tengo que decir, señor Presidente en ejercicio del Consejo- ahí también ha habido algunos problemas de interpretación -, que el examen final se hará al final de 2002. 
Me alegro de que haya estado usted ayer en Polonia. 
Yo estuve el sábado, y quiero señalar que me sorprende que los conservadores de la Unión empiecen a decir que Polonia se ha convertido en un problema porque ha ganado un partido de izquierdas. 
Polonia era antes un problema mucho mayor porque no tenía un Gobierno solvente y creo que, aunque siempre tiene que haber una cierta competencia política, debemos apoyar a Polonia que, en este momento, tiene un Gobierno firme y con una voluntad clara de incorporarse al futuro de la Unión. 
Señora Presidenta, me gustaría empezar- como han hecho otros colegas hoy- con una referencia al hito que se ha producido en Irlanda del Norte. 
La entrega verificada de las armas del IRA era algo necesario y exigido durante un período de tiempo considerable. 
Tenía que haberse hecho hace mucho, pero ahora que se ha producido ha de acogerse de forma tremendamente favorable. 
Desde el 11 de septiembre especialmente esa entrega se ha ido haciendo cada vez más inevitable. 
Espero que represente un nuevo amanecer, un renacer, un resurgimiento del proceso de paz en Irlanda del Norte y que todos los actores políticos aprovechen este momento para cimentar y enraizar la paz en las instituciones de ese acuerdo. 
Sumo mi voz a la de aquéllos que han pedido hoy a todas las instituciones que manifiesten, de la manera más clara, su satisfacción por lo ocurrido en nombre de la Unión Europea. 
Quisiera decirle al Primer Ministro Verhofstadt, con relación al Consejo de Gante, que mi Grupo apoya plenamente las garantías absolutamente claras e inequívocas que usted ha ofrecido sobre la total solidaridad con los Estados Unidos. 
Se trata de un importante acto de solidaridad y de un importante punto de partida. 
Reitero, en nombre de mi Grupo, nuestro total respaldo. 
Si no me extiendo acerca de este punto es simplemente porque hay una o dos cuestiones que me gustaría plantearle, señor Presidente en ejercicio. 
En particular, ha habido un debate bastante largo sobre la potencial crisis desde el punto de vista humanitario. 
Evidentemente en las zonas bajo control de los talibanes, no podemos culpar a la comunidad mundial por el hecho de que los talibanes no estén dispuestos a cooperar con Naciones Unidas, ONG y demás. 
Pero me gustaría saber qué iniciativas específicas nosotros, como Unión Europea, con los recursos que dedicamos a esta zona, estamos adoptando en estos momentos para instar a Paquistán a que abra más espacio para refugiados. 
Soy consciente de las enormes dificultades. 
Soy consciente de que ya hay dos millones de afganos o más en su territorio, pero, ¿no podemos, con nuestra capacidad financiera y organizativa, garantizar a esas autoridades que si las fronteras se abren para hacer frente a esta crisis no se les dejará solos ni tendrán que correr ellos solos con toda la responsabilidad? 
Me gustaría volver a la cuestión del papel del Consejo de Ministros en el seguimiento del plan de acción para luchar contra el terrorismo. 
En particular, hago constar el liderazgo estratégico que usted desplegó en el Consejo en la reunión extraordinaria del 21 de septiembre. 
Allí hizo usted un llamamiento claro a las instituciones para que aprovecharan el momento y actuaran. 
En esto felicito a la Comisión por tomar al pie de la letra lo dicho por el Consejo Europeo y presentar con una rapidez extraordinaria unas medidas globales para congelar los activos de las organizaciones terroristas. 
Puedo decirle en este Parlamento que en el plazo de 24 horas desde que recibimos esas medidas, y con la condición de que las revisáramos durante el mandato de este Parlamento, también nosotros aprovechamos sin vacilar el momento. 
Fue algo sin precedentes en toda la historia del proceso legislativo europeo. 
Después hubo que lamentar en cierto modo que, si hubo algún retraso, éste se produjera entre sus "directores de línea" desde el Consejo Europeo hasta el Consejo de Ministros. 
Tengo varias preguntas: ¿Qué está haciendo el Consejo sobre la congelación de activos? 
Pero tengo una pregunta importante al respecto. 
¿Puede explicarme, señor Primer Ministro, qué supone esto para la calidad de la gobernanza en la Unión Europea? 
Después de todo, el Consejo está ahí para proporcionar un liderazgo estratégico. 
Usted lo proporcionó, la Comisión lo siguió; esta Asamblea lo siguió. 
La pregunta es: ¿por qué no lo sigue el Consejo de Ministros con la misma presteza? 
Me gustaría plantear otra pregunta en relación con el Convenio. 
El Primer Ministro nos ha explicado que los Estados candidatos van a participar. 
Yo acojo esto de forma muy favorable. 
Le pido al Primer Ministro que deje claro, a la luz del acuerdo de Helsinki, que se tratará a todos los Estados candidatos a la adhesión en pie de igualdad. 
¿Se hace extensiva esa invitación a Turquía? 
Es importante que Turquía esté incluida, con arreglo a los principios aclarados en Helsinki. 
Sé que no es un Estado con el que haya negociaciones en curso, pero en Helsinki se estableció un principio claro de igualdad de trato para los Estados candidatos. 
Resumiendo: ¿Qué haremos con Paquistán y la ayuda humanitaria? 
¿Qué nos dice el ejemplo de la congelación de activos financieros sobre la bastante disfuncional calidad de la gobernanza? 
¿Participará Turquía en el proceso? 
Por último, me complace ver que el Presidente de la Comisión y el Presidente en ejercicio, al menos hoy, comparten una misma tribuna en el Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, sabemos que todos los Consejos europeos terminan con motivos para la satisfacción y con motivos para la decepción. 
En lo que respecta a las satisfacciones, siempre hay una serie de declaraciones generosas, y en lo relativo a las decepciones, aparece en general la concretización. 
Limitándome al capítulo de las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre y de la lucha contra el terrorismo, quisiera decirles lo que pienso, en nombre de mi Grupo. 
Podemos sentirnos satisfechos de una declaración que dice que la ayuda humanitaria a Afganistán y a los países limítrofes tiene una prioridad absoluta, pero desafortunadamente el seguimiento concreto no nos permite estar satisfechos. 
Efectivamente, si queremos ser concretos y asegurar una ayuda alimentaria seria e indispensable a las poblaciones civiles amenazadas, es necesario responder al deseo formulado por toda una serie de personalidades y una serie de ONGs y suspender los bombardeos. 
Efectivamente, hay suficientes indicaciones y advertencias según las cuales es inminente una catástrofe humanitaria ante la llegada del invierno afgano que, generalmente, es muy riguroso. 
Sabemos actualmente que las poblaciones civiles pagan un pesado tributo por la guerra, y cuando el Consejo declara su más firme apoyo a las operaciones militares está ignorando esta situación. 
La celebración de una cumbre previa de Jefes de Estado y de Gobierno en Gante, además del hecho de que constituya- y lo considero a título personal- algo difuso con respecto a la celebración de una cumbre real, muestra bien la prioridad que se concede por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno a una cooperación militar con Estados Unidos con respecto a un planteamiento político concertado a nivel de la Unión, y pone en un segundo plano las iniciativas tanto humanitarias como diplomáticas o de cualquier otro tipo. 
En lo que respecta al compromiso de la lucha contra el terrorismo y la protección de las poblaciones contra actos terroristas, es evidente que el compromiso adoptado por el Consejo es positivo, pero resulta claro que es necesaria una definición sin ambigüedades del terrorismo en lo que respecta a iniciativas legislativas, para evitar cualquier confusión y la criminalización de comportamientos o actividades contestatarias pero que son de naturaleza política y legítimos. 
Nuestro Grupo manifiesta algunos temores a propósito de la declaración según la cual la Unión se declara dispuesta a comprometerse en iniciativas recíprocas con Estados Unidos, principalmente en lo que respecta al intercambio de ayuda mutua judicial y en el ámbito de la extradición. 
En lo que respecta a la extradición, sabemos que la pena de muerte sigue vigente en Estados Unidos y por tanto plantea un enorme problema a la Unión Europea. 
En lo que respecta a la ayuda mutua judicial, estamos atentos para que se protejan las libertades públicas y para que la protección de los datos personales no se vea menoscabada en el marco de esta cooperación con Estados Unidos. 
Un capítulo importante es el de la protección de las poblaciones, y en ese caso podemos alegrarnos de que se hayan logrado esfuerzos comunes en materia de no-proliferación y de control a la exportación para las armas así como para las sustancias químicas, bacteriológicas y nucleares susceptibles de ser utilizadas con fines terroristas. 
Por consiguiente, resulta muy positivo que haya un refuerzo de los esfuerzos comunes, pero podemos preguntarnos por qué la problemática importante de las actividades industriales no se ha mencionado en absoluto, principalmente en lo que respecta a las centrales nucleares y a los centros de tratamiento, donde se encuentran almacenadas importantes cantidades de sustancias radiactivas y sustancias fisibles susceptibles, en caso de accidente de aviación voluntario o involuntario, de provocar una catástrofe ecológica y social. 
Sobre esto no se dice ni una palabra en la declaración del Consejo, y creo que se trata de una falta a grave. 
Como conclusión, señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, creo que puedo decir que el balance de esta Cumbre es especialmente desilusionante en lo que se refiere a nosotros. 
Deseo no tener que repetir esta decepción en la Cumbre de Laeken, y tomo nota con gusto de la voluntad del Presidente del Consejo de conceder un nuevo papel a la Unión Europea y de abrir un diálogo real sobre un tema que se ha visto un tanto embarullado en los últimos tiempos, el de la antiglobalización. 
Me alegro de que haya modificado su vocabulario en este sentido, ya que ha rechazado el término de "antiglobalista" que, efectivamente, resulta inapropiado. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio, señor Presidente Prodi, en primer lugar me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por los comentarios que han hecho aquí esta mañana mis colegas y ustedes, señora Presidenta y señor Presidente Prodi, sobre las buenas noticias procedentes de Irlanda y sobre la entrega de las armas. 
Quisiera hacer constar una vez más el importante papel que el Parlamento y la Comisión desempeñaron ayudando al proceso de paz en un momento en que esta ayuda era muy necesaria. 
En las últimas 24 horas se ha producido un avance espectacular, pero que nadie dé por hecho que el camino hacia la paz- una paz justa y duradera- va a ser fácil. 
Sin duda, la gran mayoría de la gente en la isla de Irlanda busca auténticamente esa paz justa y duradera, pero, lamentablemente, una pequeña minoría hará todo lo que pueda por intentar descarrilar el proceso. 
Todos debemos estar alerta a esto. 
Acojo de manera muy favorable el que los dirigentes de la Unión Europea hayan manifestado inequívocamente su pleno respaldo a las medidas que se han adoptado en la lucha contra el terrorismo en todos sus aspectos y hayan reafirmado su solidaridad con el gobierno estadounidense. 
Están de acuerdo en que la lucha contra el terrorismo debe seguir dentro del marco de Naciones Unidas. 
Yo creo que las Naciones Unidas tienen un papel muy importante y crucial que desempeñar en este sentido. 
Las acciones presentes o futuras de lucha contra el terrorismo internacional deben y deberían emanar de los miembros de Naciones Unidas. 
Todos tenemos interés en que la población civil esté protegida de los ataques que se están produciendo en Afganistán en este momento y, en una situación de guerra, no hay nada más repugnante que oír a los comentaristas referirse a las muertes de civiles como "daños colaterales". 
Se trata de vidas y las vidas humanas deben protegerse siempre. 
La ayuda humanitaria al pueblo afgano debe constituir una prioridad y dicha ayuda debe cubrir las necesidades de la población afgana y de los refugiados afganos. Los gobiernos de la UE están totalmente decididos a que dicha ayuda llegue a estas personas necesitadas. 
Queremos asegurarnos de que sea así. 
Muy pronto comenzará el invierno en Afganistán y los inviernos allí son excepcionalmente fríos y difíciles. 
Yo creo que la comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea y las Naciones Unidas, debe valorar las necesidades humanitarias de la población afgana para los próximos meses y asegurarse de que se proporciona toda la ayuda humanitaria necesaria. 
También debemos recordar que la guerra contra el terrorismo se libra en muchos frentes distintos. 
Dentro de la Unión, debe adoptarse formalmente la directiva de la UE sobre lavado de dinero. 
Debemos poder confiscar los ingresos financieros del terrorismo para contribuir así a cortar el flujo de dinero que supone el oxígeno económico para sus malvadas operaciones. 
En Europa, podemos confiscar los ingresos de los señores de la droga y debemos poder ampliar estas facultades de confiscación a otros ingresos financieros del crimen. 
Los Estados miembros de la Unión deben ratificar con rapidez el Convenio de Naciones Unidas para la represión de la financiación del terrorismo. 
En Gante, los gobiernos de la UE apoyaron el establecimiento de una orden de detención común europea y está previsto que los Ministros de Justicia de la UE se reúnan el 7 de diciembre de 2001 para establecer las condiciones definitivas que han de regir el funcionamiento de esta orden. 
Es muy importante, a mi juicio, que exista una definición clara de actos terroristas, porque un ciudadano no puede y no debe ser extraditado de un país europeo a otro a no ser que el delito concreto sea delito en su propio Estado miembro. 
Por último, vivimos en tiempos de retos e incertidumbres y la situación política en Oriente Medio es muy volátil. 
La inestabilidad y la violencia actuales no pueden y no deben proseguir indefinidamente. 
Yo creo que las tropas israelíes deben retirarse de los territorios de la Autoridad Palestina. 
Yo pediría a las autoridades israelíes y palestinas que hagan todo lo posible por negociar un acuerdo basado en las recomendaciones del informe Mitchell. 
Señora Presidenta, señor Primer Ministro y señor Presidente de la Comisión, en la Cumbre de Gante vimos asomar la cabeza a una trinidad, el llamado dictariado entre los tres grandes. 
La reunión previa entre Gran Bretaña, Francia y Alemania sugiere un modelo que dista por igual de la visión o ilusión de los federalistas de un Estado federal democrático como del deseo más realista de los euroescépticos de la Europa de las democracias. 
La cooperación entre los tres grandes funciona en el plano intergubernamental, detrás de puertas cerradas sin control democrático. 
Los tres grandes deciden así lo que el resto debe opinar. 
Para los países pequeños la cooperación intergubernamental de los grandes actúa como dictados supranacionales. 
Las cumbres también se llevan a cabo detrás de puertas cerradas sin control democrático. 
El modelo de los holdings privados es aplicado ahora en la integración europea. 
Una minoría de los mayores accionistas decide por la mayoría. 
Una cooperación puede ser intergubernamental y supranacional al mismo tiempo y combinar los defectos con la máxima escasez tanto de transparencia y proximidad como de democracia. 
Las cumbres han de ser modificadas hacia reuniones bien preparadas en las que países grandes y pequeños y todos los parlamentos participan por igual en los preparativos. 
Las cumbres deben estar abiertas a los cargos electos de modo que representantes de los parlamentos nacionales pueden realizar un control democrático mediante su presencia. 
Las cumbres deben asimismo estar abiertas a la prensa cuando los Primer ministros discutan la legislación y otras cuestiones que en nuestros países miembros son negociadas abiertamente. 
El Sr. Verhofstadt es otro joven Primer Ministro de un país que tradicionalmente se ha opuesto a las ideas dictatoriales de los grandes países. 
¡Manifieste su rechazo, señor Primer Ministro! 
Invite a los cargos electos a participar en la próxima reunión en Laeken. 
No adopte decisión alguna relativa al comienzo de un proceso constitucional sin haberlo debatido antes con los electores en nuestros países. 
Haga que el próximo tratado sea redactado con contribuciones de abajo arriba en lugar de aparecer como un ladrón en la noche y limitar nuestra democracia. 
Ocúpese también de que el 49% de los electores que votaron en contra de Maastricht en Francia y la mayoría de los electores que han votado en contra en Irlanda y Dinamarca puedan sentirse representados adecuadamente en la próxima convención. 
Prometa ante todo que el próximo tratado se someterá a referéndum en todos los países, así os veréis obligados a elaborar un tratado que pueda aprobarse, es decir, un tratado con transparencia, proximidad y democracia. 
Señor Presidente de la Comisión, intervengo en nombre de los diputados radicales europeos de la Lista Bonino. Valoramos muy positivamente el apoyo de los Gobiernos europeos a las instituciones de los Estados Unidos y confiamos en que sea posible resistir de nuevo y en todo caso a los instintos antiamericanos, anticapitalistas y antiimperialistas que tanta fuerza tienen dentro de las formaciones políticas. 
Por el contrario, valoramos menos positivamente la rapidez y la concreción a la hora de presentar un plan de ayuda humanitaria con vistas a una posible catástrofe humanitaria. 
En términos más generales, no se pueden subrayar única y exclusivamente las dificultades del papel político de la Unión europea y omitir encarar el problema del talante democrático de las propias instituciones. 
Se ha hablado de la importancia de la unidad de los Quince, de su posición común y de su rapidez de acción. Creemos que la unidad de los Quince es un valor cuando se alcanza a través de un debate público y, por lo tanto, responsable y democrático. 
Lo es mucho menos cuando dicha unidad se debe alcanzar en reuniones privadas, en lugares secretos y no accesibles al control democrático. 
Un ejemplo de ello es la cooperación en materia de justicia e interior. 
Todos deseamos el espacio jurídico y de cooperación policial europeo, pero son temas muy delicados que afectan a los derechos y libertades fundamentales, que afectan a los quince códigos penales de nuestros Estados miembros. 
Es inaceptable que, en aras de la necesaria rapidez de acción, se acabe con cualquier debate democrático tanto en los parlamentos democráticos como en el Parlamento Europeo sobre temas que afectan a derechos garantizados constitucionalmente. 
Éste es el verdadero obstáculo: el talante democrático de la Unión es el verdadero obstáculo. 
Lo decimos concretamente al Sr. Schröder y al Sr. Chirac que han lamentado públicamente la falta de rapidez de acción. 
¡Cuidado! ; se trata de derechos y libertades fundamentales. 
Está en juego el talante democrático de las Instituciones de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, habiendo nacido en Gante quisiera comenzar expresando mi satisfacción por el pacífico desarrollo de las manifestaciones organizadas con motivo del Consejo Europeo celebrado en esa ciudad. 
Aquello que salió mal en Gotemburgo y Génova no salió mal en Gante. Eso tiene sin duda algo que ver con la nueva coyuntura después del 11 de septiembre, aunque se explica asimismo por los buenos preparativos y la sensata actuación de la policía, por no decir nada del diálogo abierto, que ha creado otro ambiente. 
Inicialmente, esta Cumbre informal tenía por objeto- ya lo ha subrayado el Sr. Verhofstadt- preparar la Declaración de Laeken. 
A este respecto los Quince han ratificado las líneas directrices y el calendario de la convención. 
En tanto que Parlamento Europeo debemos tener el valor de reconocer que estamos ante una auténtica proeza. Hace seis meses hubiera sido totalmente inconcebible. 
También es positivo que la Unión haya adoptado una actitud unánime y decidida en la lucha contra el terrorismo y que se haya reiterado inequívocamente en su solidaridad con los EEUU, destacando al mismo tiempo su propio papel político. 
Estrictamente hablando puede concluirse, pues, que Gante ha respondido a las expectativas. 
Sin embargo, la forma en que se ha obtenido la unanimidad europea ha descubierto una vez más las debilidades de la construcción europea. 
Además, en Gante ha quedado penosamente de manifiesto que la doble zona de tensión de Niza, es decir, la tensión entre países grandes y pequeños y la tensión entre el planteamiento intergubernamental y el enfoque comunitario, continúa hipotecando seriamente el futuro de la Unión Europea. 
Este problema afecta a priori a la PESC. 
Desde un punto de vista formal, el Presidente francés tiene razón cuando dice que la Unión Europea no está facultada para resolver asuntos militares. 
Ahora bien, la pregunta es si estamos dispuestos a modificar esta situación. 
Los tres Estados miembros más grandes deben ser conscientes de que no pueden permanecer por mucho más tiempo con un pie dentro y otro fuera de la Unión. 
Esa ambigüedad no puede seguir ocultándose tras hermosas declaraciones finales en las que se intente guardar las apariencias de la unanimidad europea. 
Esperemos, señora Presidenta, que el 11 de septiembre y la necesidad de reformar las instituciones antes de la ampliación animen a los Gobiernos de los Estados miembros a que vayan más allá de su propia política nacional y vuelvan a las raíces de la Unión, fomentando una intensa colaboración entre los Quince, no entre tres Estados miembros, para restablecer la paz y la seguridad en Europa y en el resto del mundo. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a la Presidencia belga, ya que creo que la forma como el Consejo Europeo de Gante ha ejercido plenamente sus funciones, sus responsabilidades, es un signo de salud y, en todo caso, de esperanza para el funcionamiento de nuestras instituciones. 
Porque, efectivamente, creo que este Consejo Europeo ha sido útil, exactamente en su función, una función de orientación. 
Desde este punto de vista, deseo señalar tres puntos. 
El primero es el que en nuestra jerga denominamos JAI. 
Hay en ese caso un trabajo inmenso, importante, difícil, sobre el que los Ministros de Interior y los de Justicia de cada uno de nuestros Estados miembros no conseguirán avanzar si no tienen sobre la mesa propuestas audaces como las que el Comisario Vitorino ha puesto sobre la mesa, y si no hay permanentemente el recuerdo de la orientación política que quiere el Consejo Europeo. 
Gracias, señor Presidente, por estas conclusiones. 
Sobre la situación económica, creo que el Consejo Europeo ha trabajado de forma útil para señalar dónde debe estar el espacio de debate entre las autoridades económicas y las monetarias. 
Si se quiere realmente poner en práctica una política de apoyo al crecimiento, y ésta es probablemente necesaria para la Unión Europea, necesitamos que cada cual asuma sus responsabilidades, que los márgenes de maniobra del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de la política monetaria, se utilicen plenamente, que se movilice el BEI para que finalmente se relance quizá ese espíritu de los grandes trabajos aún a riesgo de reinterpretar la lista y el objeto. 
También está la orientación que ha indicado usted, con respecto a la apertura de las negociaciones de la OMC. 
Pero no olvidemos nuestras responsabilidades, nuestra contribución, por ejemplo, en un tema tan importante como el de la anulación de la deuda de los países en vías de desarrollo. 
Tercer punto sobre el que ha planteado orientaciones, y le doy las gracias por ello: las transferencias transfronterizas. 
Sobre este punto, señor Presidente, deseo llamar su atención sobre la dolorosa cuestión de los cheques. 
En el momento en que vamos a pasar al euro, sabemos que esos cheques los utilizan en primer lugar las poblaciones frágiles. 
Entonces, no multipliquemos los obstáculos y demos tiempo al tiempo, por una vez no tenemos tanta prisa. 
Finalmente, señor Presidente, ha señalado su voluntad de que se plantee con claridad en Laeken la cuestión del lugar de Europa en el mundo. 
Y, señor Presidente de la Comisión, ha dicho usted: "¿ Está Europa ausente ?" 
No, no lo está. 
Europa ha hecho todo lo que podía hacer. 
La única dificultad es que aún no se la oye, ésa es la verdadera dificultad. 
En Durban se la ha oído, pero cuando se trata de ejercer un peso real en la situación política, diplomática, militar, nos falta aún una capacidad de audiencia como Unión Europea. 
Por ello esperamos mucho de la Convención. 
Señor Presidente, cuando los dos aviones se estrellaron contra el World Trade Center derrumbaron algo más que las torres gemelas. 
Asistimos también a la destrucción de los tres pilares de la Unión Europea ideados en el Tratado de Maastricht, por lo que nuestra respuesta de hoy requiere un planteamiento plenamente integrado que incluya el comercio, las finanzas y la seguridad. 
El Consejo Europeo de Gante puso de manifiesto que la Unión dispone tanto de la capacidad como de la voluntad de ofrecer un mayor sentido de seguridad europea, una seguridad firme en apoyo de la legítima defensa estadounidense y que participe en la campaña de lucha contra el terrorismo. 
Es decir, una Unión Europea cada vez más activa en su papel civil y más presente en el proceso de paz de Oriente Medio. 
Para tener éxito, debemos dejar de lado nuestros pequeñas rencillas y las rivalidades entre instituciones. 
La Comisión y el Consejo deberían reflejar el impresionante consenso entre partidos que hemos creado en el Parlamento. 
En ese sentido, me gustaría mucho felicitar a la Presidencia belga por haber obtenido un acuerdo tan satisfactorio en el establecimiento del convenio. 
Señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente de este Parlamento, estimados colegas, el Presidente del Consejo tiene toda la razón cuando afirma con cierto orgullo que Gante, después de Gotemburgo y Génova, fue afortunadamente una G bien distinta. 
Es más, Gante era una ciudad muerta. 
Mientras yo participaba en las manifestaciones de los denominados grupos antiglobalización, la habitual animación había desaparecido totalmente. 
Pese a ello, me felicito por su declaración acerca del diálogo con el mundo de los movimientos antiglobalización, un término equívoco para expresar que un número cada vez mayor de ciudadanos siente preocupación por el rumbo que toma el mundo. 
Queremos acabar con las privatizaciones y las liberalizaciones que hunden a grandes partes del mundo en una exclusión de facto. 
¿Qué piensa hacer la Presidencia belga, por ejemplo, para reformar la OMC? 
Esperamos con impaciencia sus esfuerzos al respecto, porque si bien he escuchado en Bélgica la promesa de que se introduciría la tasa Tobin no he oído hablar mucho de ella en el foro internacional. 
Ahora bien, las instituciones europeas han protagonizado un espectáculo nada halagüeño, lo cual me decepciona profundamente. 
Sobre el Consejo planeaba la sombra del triunvirato del Reino Unido, Francia y Alemania. 
¿Es eso lo que los demás países pueden esperar de un Consejo? 
Los tres grandes llevando la batuta, ¿es ésa la Europa que queremos? 
La Comisión no consigue dominar la situación, y la consiguiente frustración desemboque en una disputa sobre el tiempo de palabra y la amenaza de no asistir a Laeken. 
¿Teme el Presidente de la Comisión que Laeken acabe siendo un fracaso? 
El Parlamento Europeo continúa sintiéndose marginado y no sé si una convención podrá cambiar las cosas. 
Hemos visto estallar la guerra en Afganistán, pero no sabemos adónde nos llevará ni cómo terminará. 
Se nos avecina una crisis económica. 
No podemos permitirnos un fracaso en Laeken. 
Europa debe ser un éxito y las tres grandes instituciones han de colaborar entre ellas para que así sea. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, me doy por enterado suficientemente de que en Gante, en la preparación de la Cumbre de Laeken, se debatió también el tema del futuro de Europa. 
Usted, señor Primer Ministro, ha anunciado que la declaración correspondiente a esa Cumbre debe ser más ambiciosa de lo habitual, una declaración que reconozca las debilidades de la UE y los temores de la ciudadanía y que muestre claramente el camino de la Unión ampliada de cara al futuro. 
Estoy convencido de que la Presidencia belga del Consejo pondrá todo de su parte para que se llegue a un Acuerdo en diciembre que esté a la altura de las pretensiones iniciales. 
En la convocatoria de una Convención para la preparación de la próxima Conferencia Intergubernamental se debería, en mi opinión, tener en cuenta lo siguiente. 
En primer lugar, la equilibrada composición de la Convención, que debe contar con representantes de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo igual que se hizo en la Convención que preparó la Carta de los Derechos Fundamentales. 
En segundo lugar, se ha de contar plenamente con los diputados de los parlamentos nacionales y los representantes gubernamentales de los países candidatos a la adhesión, a los que habrá que conferirles, al menos, estatuto de observadores. 
En tercer lugar, en la composición de la Convención debe estar asegurado el principio del pluralismo político. 
Sólo así resultan vivos e interesantes, y sólo si realmente las más distintas fuerzas políticas de los países miembros trabajan juntas puede alcanzarse un resultado políticamente factible que sea apoyado por la población. 
En cuarto lugar, debe reinar una total transparencia en el trabajo de la Convención, tanto por lo que se refiere a los debates y deliberaciones como en lo relativo al acceso público a documentos, el cual debe ser garantizado con todos los medios disponibles. 
En quinto lugar, es necesario un diálogo estructurado y orientado hacia objetivos concretos con la sociedad civil. 
Espero que las propuestas referidas a ello de la Presidencia del Consejo encuentren el respaldo de los distintos gobiernos. 
Señor Presidente, he de decir que la Cumbre de Gante fue muy reveladora, tanto con respecto al proceso como con respecto al contenido. 
Reveladora en el sentido de que confirma con creces los principales reparos que hemos abrigado los euroescépticos y contrarios a la Unión. 
El propio procedimiento tiene por objeto que sean los grandes quienes decidan. 
Se celebra una cumbre secreta en la que se fija un orden del día que impide eficazmente a los pequeños países dar a conocer con independencia su opinión sobre las decisiones políticas. 
Y esto naturalmente es válido ante todo para las decisiones adoptadas a la luz de los acontecimientos del 11 de septiembre. 
Se expresa un apoyo incondicional, una aceptación total de las disposiciones de los EE.UU. Y se logra con ello ahogar los reparos y reservas que sin duda se abrigan entre los países pequeños y que quedan reflejados en una creciente opinión contraria a la estrategia americana. 
La remisión de la Cumbre a la resolución 1368 es absurda. 
Como si legitimara algo. 
Se trata de una guerra ofensiva contraria al derecho de gentes. 
Los aliados de los EE.UU. deberían advertirlo. 
No legitima ninguna agresión o ningún ataque armado a un estado extranjero. 
Y en lo que respecta a lo fundamental en este asunto, es decir, las intervenciones y las disposiciones de seguimiento de carácter judicial y policial, se trata de que nos hallamos ante una exigencia de poner en marcha las más amplias violaciones de la seguridad jurídica que hayamos visto en la historia de la UE, lo cual debe hacerse casi de un día para otro sin ningún preparativo. 
Doy las gracias a los arquitectos detrás de la cumbre, ésta me abrió los ojos. 
Señor Presidente, damos nuestra aprobación al planteamiento del Consejo informal de Gante que reafirmó su solidaridad con Estados Unidos, y confirmó y reforzó la puesta en marcha de un plan de acción de 79 medidas en contra del terrorismo. 
En este sentido, sólo puedo recordar mi declaración del pasado 3 de octubre en este hemiciclo, en la que exigía del Consejo que diera prioridad a la seguridad, que revisara las estrategias antiguas que no se adaptan a las exigencias, que reconociera que los controles no perjudican a la libertad de circulación sino a los criminales, y protegen la libertad de los ciudadanos. 
Exigía entonces, entre otras cosas, que se revisara el desastroso artículo 62 TCE, párrafo primero, introducido por el Tratado de Amsterdam, que solicita la supresión sistemática de controles a los nacionales de países terceros cuando cruzan las fronteras interiores de la Unión. 
El ministro Michel me respondió entonces que mis ideas, y cito: "conducirían directamente una sociedad liberticida". 
Creo que esta acusación injustificada- que por supuesto rechazo aunque no sea necesario decirlo- muestra qué reticencias y qué obstáculos podemos encontrar en nuestra lucha contra el terrorismo. 
Afortunadamente, el Consejo parece haber superado estos obstáculos, al menos en parte, y en la hoja de ruta del último Consejo "Justicia y Asuntos Interiores" descubrimos esta discreta propuesta: "Examen de un recurso coordinado en el artículo 2.2 del Convenio de Schengen". 
Ahora bien, Señorías, ¿Qué es el artículo 2.2 del Convenio de Schengen? 
Es, posiblemente lo hayan adivinado, la cláusula de salvaguarda que mis amigos y yo mismo hemos defendido tanto, que va a ser tan útil en el futuro y que permite restablecer los controles en las fronteras interiores. 
Por tanto, las mentalidades evolucionan, no todo está perdido. 
Evidentemente, es preciso establecer la diferencia entre la supresión de las libertades y los controles, principalmente en las fronteras que, en el marco de nuestros valores democráticos, tienen como objetivo preservar el ejercicio de las libertades. 
Esta distinción es esencial. 
Espero, quiero creerlo señor Presidente, que el Consejo lo comprenda. 
Señor Presidente, aparentemente hacen falta grandes catástrofes para demostrar hasta qué punto falla la aún demasiado fragmentada Europa cuando se trata de asumir responsabilidades. 
La coalición contra el terrorismo no puede funcionar bien si el protagonista, los Estados Unidos, está rodeado de una quincena de meros satélites. 
Desafortunadamente, hay algunos aspectos en los que la Unión Europea no ha pasado aún la fase de los satélites. 
Es sobre todo el caso del segundo y del tercer pilar, donde se concentran precisamente los elementos más importantes desde el punto de vista de la lucha contra el terrorismo internacional. 
Ahí donde se aplica un enfoque comunitario eficaz- en el primer pilar- las cosas van mucho mejor. 
Expresamos esta idea diciendo que Europa sabe pagar, pero le cuesta decidir. 
Es lo que sucedió en Bosnia y vuelve a ocurrir ahora con motivo de la lucha internacional contra el terrorismo. 
Por lo general, la Unión carece de imgen. Me alegro enormemente de que el Sr. Verhofstadt haya dejado claro que toma muy en serio las aberraciones que se producen a este respecto, entre otras las que se registraron en Gante. 
Por eso alentamos al Consejo a que perfile lo antes posible la imagen de Europa en el ámbito de la política exterior y de seguridad común. 
Por otra parte, la disposición a resolver las cuestiones en materia de justicia y asuntos interiores mediante un planteamiento comunitario deja también mucho que desear. 
He acogido con satisfacción la noticia del Presidente del Consejo de que los jefes de Gobierno están mayoritariamente dispuestos a adoptar medidas. 
Ahora bien, son vergonzosas las impropias objeciones esgrimidas por algunos Ministros de Justicia, entre ellos el Ministro de los Países Bajos, como si Europa fuera a entrometerse en los santuarios de nuestra propia política nacional, como pueden ser la política de tolerancia respecto a las drogas, la política en materia de eutanasia u otros ámbitos similares. 
Simplemente no se trata de eso. 
Además, el Sr. Vitorino ha dejado muy claro que velará por la correcta aplicación del principio de subsidiariedad. 
Si los esfuerzos de los Ministros se limitan a blindar su propio ámbito de poder administrativo o ministerial no piensan en el bien de los ciudadanos. 
Por lo tanto, quisiera felicitar de todo corazón al Presidente del Consejo por su tesis de que nuestra política, también de cara al mundo exterior, también en el marco de la globalización, ha de intercalarse en una normativa de índole ética, social y ecológica, al tiempo que debe tener en cuenta los intereses del Tercer Mundo. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista quisiera comentar tres puntos relacionados con la política exterior, empezando por Oriente Medio. 
Con el asesinato del Ministro de Turismo israelí hemos vuelto a tocar fondo. 
A raíz de ello Israel ha invadido los territorios autónomos palestinos, lo cual supone evidentemente una violación inaceptable. 
Por tanto, acertamos plenamente al exigir ahora entre todos una retirada inmediata. 
Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que los portavoces de Sharon, por una parte, y de la Autoridad Palestina, por otra, vuelven a incurrir una y otra vez en esa agotadora retórica rígida y sin matices en la que toda la responsabilidad recae sobre el otro, que siempre tiene la culpa de todo. 
Según el representante de Sharon, los tanques que invaden los territorios palestinos son poco menos que una especie de palomas de la paz. 
En el otro bando Hannah Ashrawi echa toda la culpa a Israel. 
Ninguno de los dos da muestras de preocupación ni se dispone a buscar una solución conjunta. 
Todos los indicios apuntan a que en este momento no resulta viable volver a los Acuerdos de Oslo o al informe Mitchell, que está sobre la mesa. 
Obviamente, tampoco se puede perder de vista el papel desempeñado por los países vecinos: pienso en Jordania, Egipto, Siria y Arabia Saudita. Son actores muy importantes que en más de una ocasión se han aprovechado del problema palestino para tener enemigos de puertas afuera sin hacer serios esfuerzos para solucionar el problema de puertas adentro. 
En la actualidad, Europa, la Comisión y el Consejo tienen la oportunidad de dar, junto con los Estados Unidos, un nuevo paso insólito. Basta con unir nuestro poder económico, nuestro poder diplomático, así como nuestra responsabilidad ante las Naciones Unidas y nuestro poder militar y afirmar: presentamos una nueva propuesta de paz inamovible. 
No olvidemos que a la luz de los acontecimientos del 11 de septiembre, nosotros, en tanto que comunidad mundial, ya no podemos permitirnos por más tiempo esta continua espiral descendente. 
Debido a la posición privilegiada de Europa podemos desplegar intensos esfuerzos diplomáticos a fin de persuadir a los países de Oriente Medio para que también participen en el acuerdo de paz. 
Tenemos dinero. 
Tenemos relaciones comerciales. 
Tenemos las Naciones Unidas. 
Tenemos recursos en la zona. 
De hecho, estamos llamados a desempeñar un papel muy significativo. 
A este respecto diría que hemos de mostrarnos relativamente intransigente con ambas partes, ya que es importante que dicha propuesta de paz se ponga sobre la mesa inmediatamente. 
Señor Presidente, éste ha sido mi primer alegato. 
El segundo se refiere a Afganistán. 
El Grupo Socialista se suma plenamente a la resolución de Naciones Unidas, que no deja lugar a dudas. Tenemos que encontrar a los autores así como a los patrocinadores y los países implicados, pero también debemos buscar una salida. 
La UE no actúa como fuerza militar en Afganistán. 
Las acciones militares incumben a otros órganos: las Naciones Unidas y la OTAN. 
Sin embargo, nosotros disponemos de la necesaria fuerza diplomática para reunir a los países más influyentes de la región, tales como India, Pakistán e Irán, para que, junto con nosotros y los Estados Unidos, garanticen que los diferentes partidos tengan cabida en Afganistán. 
El principal problema de Afganistán es que la solución no está ni en la Alianza del Norte ni en ninguna otra fuerza. 
Es lo que nos enseña la historia. 
Todo cuanto necesitamos es una conferencia, en un lugar cualquiera de la zona, que reúna a las partes implicadas. Pienso especialmente en la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, las fuerzas sociales que han de unirse para constituir un nuevo gobierno con una base amplia, aun cuando tuvieran que hacerlo en el exilio, aun cuando sólo fuera un primer paso. 
Es necesario que tomemos ese rumbo político. 
Es la única manera de acabar con los talibán. 
Es la única manera de capturar a Bin Laden. 
Señor Primer Ministro, los atentados contra los Estados Unidos ciertamente no hacen fácil su Presidencia, que ya era bastante ardua de por sí. 
No se deje distraer, por tanto, por quienes sostienen que usted se siente ofendido por la reunión de tres de sus colegas justo antes de la Cumbre. 
Evidentemente, una reunión de esta índole no es ningún regalo para una Presidencia, pero al mismo tiempo ha puesto de manifiesto hasta qué punto hace falta un marco europeo al que no sólo podamos incorporar la seguridad externa, la prevención de conflictos y nuestra diplomacia, sino también nuestra seguridad interna, la cooperación en el ámbito de la justicia y la cooperación policial. 
Esta cuestión reviste una especial importancia para pequeños Estados miembros como nosotros. 
Parece, sin embargo, que a mucha gente le cuesta entender que, habida cuenta de la nueva situación en la que se halla la Unión después del 11 de septiembre, la Unión Europea no es sino un conglomerado de países pequeños cuando los Estados miembros actúan por su cuenta. 
En Gante usted no se ha dejado apartar de su camino. 
Ahora le corresponde garantizar que esa convención- ya es todo un logro que la Presidencia haya alcanzado un acuerdo al respecto- reciba los mandatos correctos en Laeken. 
Quisiera formular asimismo una observación respecto a Afganistán: no se puede prestar ayuda humanitaria mientras el poder esté en manos del régimen talibán y, por desgracia, hace falta una guerra para acabar con ellos. 
Por último, miles de personas han tenido la oportunidad de manifestarse en Gante, sin que se produjeran incidentes. Esto no ha sido siempre así, de modo que no está mal subrayarlo. 
Señor Presidente, sabemos bien que las razones por las cuales se han reunido los tres países miembros antes del Consejo Europeo de Gante no son de tipo técnico. 
Son conscientes de que la Europa de la política exterior y de seguridad es débil, y al menos entre ellos consideran que está bien así. 
E incluso si no puede decirlo aquí y ahora, sabe muy bien que los conflictos entre los que desean una unión política y los que no la desean se plantean exactamente en los mismos términos en lo que respecta a la Convención. 
Sé que no hay una decisión definitiva, pero se oye lo que se dice. 
La obligación que se atribuye a la Convención de limitarse a opciones sin poder ponerse de acuerdo en torno a una propuesta fuerte, una composición del presidium que ridiculiza la dimensión parlamentaria y refuerza la dimensión intergubernamental, un periodo largo entre el fin de la convención y la CIG: éstos son los elementos que pueden convertir en inútil la lección de Niza. 
O se cambia de método o no se va a ninguna parte. 
Si la Convención se reduce a un "talk show" o a una pre-CIG, el 2004 será un fracaso total. 
Es su responsabilidad asumir esos conflictos para que se llegue a romper con el pasado. 
Espero que el Parlamento Europeo y la Comisión estén a su lado y espero también que sepa apreciar la importancia de una alianza así. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, hay que celebrar ampliamente la decisión del Consejo de Gante de proporcionar ayuda humanitaria urgente por valor de 320 millones de euros. 
Lo mismo hay que decir para la solidaridad europea en la lucha contra el terrorismo. 
Lo siguiente sería comenzar rápidamente con las acciones de guerra, sobre todo para proteger a la población afgana. 
El mundo está todavía bajo el shock de los atentados de Nueva York y Washington. 
Independientemente de las medidas tomadas hasta ahora, hay dos cosas que me parecen de especial importancia. 
Primero, la total investigación del trasfondo de esos actos criminales y la publicación de los resultados. 
Si no, existirá el peligro de formación de una leyenda en torno a los atentados que podrá, nuevamente, envenenar el cerebro de muchas personas. 
Sería ésta una victoria póstuma del terrorismo. 
En segundo lugar, un aspecto básico para la futura recomposición de Afganistán será el conocimiento de los acontecimientos ocurridos en este país en los últimos 25 años. 
Como sabemos relativamente poco sobre este periodo, propongo que constituyamos un grupo de parlamentarios cuyo fin sea trabajar sobre esa región y recopilar una amplia documentación sobre las tres últimas décadas de ese país. 
Con ello daremos, tal vez, un primer paso hacia una solución pacífica y hacia una perspectiva de futuro para Afganistán. 
Señor Presidente, Señorías, en los últimos meses y semanas se ha puesto de manifiesto que la actuación conjunta de los Estados miembros bajo el estandarte común de la Unión Europea aporta un valor añadido para cada uno de ellos. 
Una prueba de ello es, por ejemplo, la troika, que, con gran éxito, ha efectuado una importante contribución a la formación de una coalición antiterrorista en Medio Oriente y Oriente Próximo. Hay que felicitarla especialmente por ello. 
Por eso lamento tanto que algunos países hayan caído más aún en el bilateralismo. 
Por ejemplo, la troika estuvo en Washington coincidiendo con el Presidente francés, el Ministro alemán de Exteriores y el Primer Ministro inglés. 
No creo que ésta sea la manera adecuada de proceder para lograr que la Unión Europea sea identificada como un todo. Creo también que el encuentro de los tres Jefes de Gobierno antes de la Cumbre sólo levantó sospechas de que estamos derivando hacia un directorio. 
En la Unión Europea, todos los Estados miembros son iguales como socios. 
Esta Unión Europea sólo puede existir si las competencias están en las instituciones supranacionales y los pequeños países no se sienten dirigidos por los grandes. 
Si este principio fundamental no se acepta, tendremos grandes dificultades. 
Déjenme que me refiera a otro tema. Existe el peligro, al que ya se ha referido el Presidente de mi Grupo, de que las decisiones positivas que ha tomado el Consejo se pierdan en las ruedas de las burocracias nacionales. 
Le propondría al Presidente belga del Consejo, que ha hecho un trabajo excelente esta semana, que consulte el Tratado de Amsterdam e informe al Consejo de que, si en el Consejo de Ministros se acuerda algo, entonces en el ámbito de la política interior y judicial se decide algo- esta posibilidad legal está recogida en el Tratado- para que, así, a nivel europeo podamos tomar las decisiones pertinentes y podamos asumir el reto de combatir un fenómeno transfronterizo como es el terrorismo. 
Permítanme todavía expresar una observación y una petición, señor Presidente del Consejo. Le felicito a usted por haber hecho posible la Convención. 
Pero, si se pudiese, debería constituirse en Laeken una Convención sobre la base de un procedimiento que permita que la Convención pueda emitir una propuesta conjunta. 
Debe haber una Convención como órgano asesor de los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Hay ciertas preocupaciones sobre este tema y le pido, por tanto, que lo tenga en cuenta. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, los resultados del Consejo de Gante son sin duda positivos y alentadores también y no sólo desde el punto de vista de la lucha contra el terrorismo. 
La opción de la Convención tiene un gran valor y hay que reconocer el fuerte compromiso expresado por la Presidencia belga de conseguir estos resultados. 
Sin embargo, en una situación política y económica mundial que está cambiando rápidamente tras la tragedia del 11 de septiembre y a la vista de las nuevas prioridades de los Estados democráticos, en primer lugar la lucha contra el terrorismo, así como la creación de una zona de paz y de respeto a los derechos humanos en Asia y en Oriente Próximo y el relanzamiento del crecimiento económico y del empleo, se advierte con fuerza la necesidad de una iniciativa más coordinada de la Unión Europea, capaz de acelerar, respecto a los plazos aún muy largos de la reforma institucional, su intervención como sujeto político de alcance mundial, capaz de hablar con una sola voz, sea en Washington, sea en Islamabad, como sostiene el Presidente Prodi. 
Por poner algunos ejemplos y para no limitarme a expresar una vaga exigencia, ante todo se advierte la urgente necesidad de una iniciativa fuerte y coordinada entre la Comisión y el Alto Representante para sentar, también desde el punto de vista económico y social, las bases de un acuerdo que conduzca a la creación de un Estado reunificado, coherente y gestionable de la nación palestina y a la plena defensa de la seguridad del Estado de Israel, incluso con una explícita garantía internacional, como decía el Sr. Van den Berg hace unos momentos. 
Segundo: se advierte la urgencia de una iniciativa de la Comisión y del Eurogrupo para alcanzar acuerdos duraderos con los países productores de petróleo en Oriente Próximo, al objeto de asegurar, con una garantía en euros, la estabilización de los suministros y del precio del petróleo en Europa. 
Tercero: se siente la urgente necesidad de una iniciativa de la Comisión y del Eurogrupo con vistas a crear las condiciones para relanzar el crecimiento económico y del empleo de la Unión tanto a través de la promoción de formas de cooperación abierta en los ámbitos de la investigación y el desarrollo y de la formación, para así dar cuerpo al proyecto de Lisboa, como urgiendo claramente al Banco Central a participar en este esfuerzo utilizando el margen de maniobra para la política monetaria que justamente se ha señalado en Gante con una nueva reducción del tipo de interés. 
Después de esto, señor Presidente, cada cual asumirá sus responsabilidades en el pleno respeto a la independencia del Banco Central. 
Señor Presidente, esta Asamblea está transmitiendo hoy dos mensajes. 
En primer lugar, la bastante modesta resolución de consenso redactada por un grupo integrado por todos los partidos que, si yo formara parte de las fuerzas que prestan servicio actualmente en Afganistán- y pienso, en particular, en las fuerzas británicas- me produciría muy poca tranquilidad. 
El otro mensaje procede del Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Verhofstadt, y tiene que ver con un planteamiento bastante más sólido de las actuales operaciones en la zona, y también con sus ideas en previsión del futuro de Afganistán. 
Por supuesto, esta Asamblea debe alcanzar resoluciones de consenso y debe, en la medida de lo posible, estar unida. 
Europa no debe actuar al nivel del mínimo denominador común sino aceptar que en la política, al igual que en la guerra, debe haber sitio para el liderazgo. 
Hoy, nuestra resolución no refleja el tipo de liderazgo que el rey en el exilio ofrece al pueblo de Afganistán. 
Nuestra resolución no refleja el hecho de que en Peshawar tiene lugar hoy una gran reunión de quienes pretenden- incluyendo los talibanes moderados- la restauración de la democracia en este país. 
Yo creo- al igual que muchos de mis colegas- que el rey, con quien tuve el placer de reunirme el 21 de septiembre y con quien el Sr. Solana se reunió apenas hace un fin de semana, tiene un papel en el futuro de Afganistán. 
Él introdujo la democracia en el país en 1964: elecciones libres, medios de comunicación libres, universidades, hospitales; él introdujo a las mujeres en la política. 
Debemos centrar nuestra atención en esa esperanza de restauración de la democracia en Afganistán y de fin del terrorismo internacional. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero celebrar la información del Presidente en ejercicio del Consejo sobre los avances en lo que se refiere a las medidas relativas a la lucha contra el terrorismo y a la orden de búsqueda y captura. 
Justicia, señor Presidente, es una palabra clave en los escenarios europeo y mundial posteriores al 11 de septiembre. 
La creación de un espacio de justicia europeo es la mejor aportación que la Unión puede ofrecer en este momento. 
No hablamos de un código penal europeo; no es lo que queremos. 
No hablamos tampoco del establecimiento de leyes de emergencia. 
Estamos hablando de algo más elemental: la confianza mutua entre los países miembros y entre sus legítimos sistemas judiciales. 
Creo sinceramente, señor Cappato, que las propuestas del Comisario, Sr. Vitorino, elaboradas con toda calma y a petición de este Parlamento, y que además tienen toda la calidad a la que nos tiene acostumbrados el Comisario, merecen nuestro apoyo y deben ser aprobadas por el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores. 
En ningún modo vulneran la libertad y los derechos de los ciudadanos. 
Al contrario, los protegen, haciendo más eficaz la justicia y poniendo la cooperación judicial en manos de los jueces, y no de los gobiernos, dentro de la Unión Europea. 
Agradezco la información sobre la supresión de la doble incriminación, porque- como decía el presidente de mi Grupo, Sr. Barón- esta casa siente que el esfuerzo que realizamos para estar a la altura de las circunstancias no siempre es correspondido por el Consejo. 
Agradeceríamos asimismo una información más precisa sobre los debates en el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores y una asociación más amplia del Parlamento. 
En este sentido, vista la aceleración de algunos procesos, me pregunto, señor Presidente, si no es el momento de pasar al primer pilar la cooperación en materia penal. 
Un poco más de escepticismo me merecen las palabras sobre los avances en materia de inmigración y asilo en la Unión. 
Creo que ni siquiera todo el voluntarismo del mundo permitiría que se realizara en Laeken una valoración positiva de este asunto. 
Hay una sola propuesta aprobada por el Consejo que hoy podría ser útil. 
¿Por qué no se ponen en marcha las medidas previstas en esa única medida adoptada en la Directiva sobre protección temporal de desplazados? 
Parece que la situación en las fronteras de Afganistán y el apoyo a los refugiados y a los países vecinos, temas que tiene que afrontar la Unión Europea, nos sitúan en un momento óptimo para probar esta directiva, para probar la solidaridad entre los Estados miembros en el Fondo Europeo de Refugiados y para poner en marcha lo que allí se ha previsto. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, no cabe duda de que Europa deberá desempeñar un papel cada vez más fuerte para garantizar la paz en el mundo. 
Hasta la fecha se ha hecho poco, hay que hacer más, y aquí suscribo las palabras del Presidente Prodi acerca de la política exterior y de seguridad común. 
Se han hecho bastantes cosas en lo que a la lucha contra el terrorismo se refiere. Europa ha tomado la decisión de intervenir; sin embargo, no basta el apoyo político e incluso militar de muchos Estados de la Unión- ayer Italia anunció cuántos hombres y qué medios pone a disposición de las acciones de lucha contra el terrorismo- sino que es necesario detener la crisis en Oriente Próximo. 
Quizás se ha hablado poco de aquel que se ha denominado Plan Marshall- ciertamente se habló de él con ocasión del Consejo- para Palestina, donde hay una población que tiene una renta per cápita de 800 dólares anuales, respecto a los 18.000 del pueblo israelí. 
Existe, por lo tanto, una fuerte diferencia y creo que las inversiones de capitales y empresariales pueden llegar a ser una garantía para una paz duradera. 
Lo cierto es que el crecimiento económico del pueblo palestino, que deberá tener su propio Estado, contribuirá a pacificar una situación que está al rojo vivo. 
Jamás venceremos la guerra contra el terrorismo si no resolvemos la cuestión de Oriente Próximo. 
Creo que esta vía embocada por la Comisión y el Consejo es correcta. 
Estamos preocupados asimismo- lo decía el Presidente Prodi- por los avatares de la crisis económica. 
Europa parece preocupada, pero no hace lo suficiente, en nuestra opinión, para apoyar la economía y al empresariado. No se trata de ayudas de Estado, se trata de permitir a muchas empresas seguir adelante, se trata de impedir despidos sobre todo en el sector de las compañías aéreas. 
Por lo que se refiere a Alitalia se habla de unos 5.000 despidos, pero es algo que afecta a todas las compañías aéreas. 
Desde este punto de vista, creo que Europa, el Consejo y la Comisión deben hacer mucho más para el desarrollo y la conservación de muchas empresas. 
Señor Presidente, celebro que la Presidencia belga haya aprovechado la Cumbre para introducir las monedas en efectivo del euro como tema principal. 
Porque, al fin y al cabo, la unión monetaria no está pensada sólo para las grandes empresas, sino también para los ciudadanos y ciudadanas. 
Espero que esto se vea como una señal positiva. 
Quisiera destacar nuevamente que la actitud de los Jefes de Estado y de Gobierno respecto de la propuesta de la Comisión sobre impuestos a los pagos transfronterizos constituye, sin duda alguna, un paso en la dirección correcta. 
Como Parlamento Europeo, nosotros daremos también, seguramente, ese mismo paso en la siguiente sesión plenaria. 
La situación de la economía y del empleo, esto es, la situación del mercado de trabajo, a la que se agrega la confianza del consumidor, viven actualmente un momento crítico. 
Celebro el informe de la Comisión al Consejo sobre la estimación de los efectos económicos de los terribles acontecimientos del 11 de septiembre. 
Creo que es importante que nos pongamos de acuerdo en una manera común de proceder. De momento no hay ni el más mínimo rastro de ello. 
Pienso que en esta situación tenemos que seguir agarrándonos a reformas estructurales y a los progresos que generen, sobre todo en los mercados financieros, pero también en los mercados de bienes y servicios; y creo que, al mismo tiempo, si bien hemos de destacar la necesidad de una sólida situación financiera en la Unión Europea y el mantenimiento del pacto de estabilidad y crecimiento, también deberíamos hacer uso de la flexibilidad contenida en ese pacto para intentar atraer más inversiones a la Unión Europea, pues las necesita. 
El camino que trazamos en Lisboa sigue siendo el correcto, esto es: un crecimiento que se base en la inversión y que tenga efectos sobre la creación de empleo y, sobre todo, que se base en el apoyo mutuo de la política económica, social y de empleo. 
Sólo si todos los actores macroeconómicos aportan su parte, la política de la Unión Europea tendrá éxito. 
En estos tiempos de crisis debemos agarrarnos a ello, y todavía en mayor medida que hasta ahora, el Banco Central Europeo debe ser fortalecido para que pueda cumplir su misión de apoyar la aparición de inversiones públicas en el sector de infraestructuras. 
Con ello me refiero a medidas infraestructurales públicas transfronterizas en la propia Unión, pero también a aquellas que nos unen a los estados de la Europa Central y del Este. 
Señor Presidente, la lucha contra el terrorismo indudablemente constituye hoy la mayor preocupación de los ciudadanos europeos y, por lo tanto, ha de ser también la primera prioridad de nuestra acción política. 
Me refiero al terrorismo, señor Presidente, en todas sus formas, porque no existe base jurídica ni moral para establecer distinciones entre los terrorismos, al igual que no hay asesinato bueno o asesinato malo. 
En ese sentido, el plan de acción contra el terrorismo, que están impulsando con mucho vigor la Presidencia belga y la Comisión, incluye medidas que ya habíamos reclamado con anterioridad al 11 de septiembre. 
Tenemos que recordar, en efecto, que las propuestas en la materia que ha presentado la Comisión no son producto de la improvisación, sino que obedecen a un mandato recibido en el Consejo Europeo de Tampere, cuya ejecución llevaba un considerable retraso, como ha denunciado en varias ocasiones el Parlamento Europeo. 
Estamos todavía a la espera de la aprobación definitiva del Reglamento de inmovilización de activos, incorporando, eso sí- como ha reclamado el Parlamento Europeo -, una lista de organizaciones terroristas europeas, sin desconocer el entorno de apoyo operativo financiero o de propaganda de los terroristas. 
Por eso creo que tenemos que felicitarnos por el compromiso del Consejo de aprobar en el Consejo JAI de los días 6 y 7 de diciembre próximo un paquete de medidas. 
Estoy seguro de que el Parlamento Europeo estará a la altura de las circunstancias y aprobará con anterioridad su dictamen consultivo. 
Termino, señor Presidente, diciendo que ninguno de estos instrumentos que se ponen a la disposición de la administración de justicia de los Estados miembros supone la más mínima restricción a las libertades civiles de los ciudadanos europeos, más bien al contrario: aportan medios de protección adicionales de la libertad que le es arrebatada al individuo por quienes usan el terrorismo para intentar imponer sus ideas. 
Señor Presidente, estimados colegas, nuestros ciudadanos tienen la impresión de que el Consejo Europeo ha sido un tanto caótico: una ciudad cerrada, tres países que se citan previamente, el enojo del Presidente belga, unas declaraciones finales que varían considerablemente según el jefe de Gobierno y, para mayor desgracia, el enojo del Presidente de la Comisión. 
En un momento en el que la unidad de acción es absolutamente imprescindible, Europa está dividida. 
Quisiera formular tres observaciones. 
El Reino Unido, Alemania y Francia han prestado su pleno apoyo a los Estados Unidos que, en el caso del Reino Unido, incluso cuentan con apoyo militar activo. 
Es algo que valoro positivamente. 
Los demás países de la UE pertenecientes a la OTAN prestan un apoyo más pasivo. 
Los países de la UE que no son miembros de la OTAN ofrecen ayuda política a través de canales diplomáticos. 
Se trata, por tanto, de tres tipos de apoyo diferentes cuyas conexiones no resultan demasiado claras al ciudadano. 
Para colmo, el Presidente de la UE pide una evaluación. 
En otras palabras, en realidad usted ha puesto en tela de juicio la durabilidad de dicho apoyo. 
Así las cosas, tampoco resulta tan extraño que los Estados Unidos busquen apoyo en países que no pertenecen a la Unión Europea: Canadá, Australia, la región del Pacífico. 
Reclamo una mayor coordinación del apoyo europeo a las acciones contra el terrorismo en los próximos meses, con objeto de que esta imagen de discordia se rectifique sin tardanza. 
Mi segundo comentario se refiere a la cooperación en el ámbito de la seguridad interna. 
El Comisario Vitorino se dio mucha prisa en presentar las propuestas, entre las cuales están una normativa europea contra el blanqueo de dinero, una orden europea de detención o arresto y la armonización de las penas. 
No olvidemos que parte de estas propuestas ya estaban sobre la mesa. 
La semana pasada el Consejo de Ministros de Asuntos Interiores no logró ningún acuerdo y el Consejo Europeo de Gante tampoco. 
¿Por qué no deshicieron los jefes de Gobierno el nudo gordiano? 
Resulta difícilmente defendible ante los ciudadanos que la UE vacile al adoptar medidas antiterroristas internas. 
Por último está la convención. 
A este respecto me siento satisfecho puesto que el Consejo se ha sumado al deseo expresado por el Parlamento Europeo y mi Grupo, en el sentido de que aboga por una convención dotada de una amplia base parlamentaria. 
Sin embargo, no nos agrada demasiado la propuesta de instar a la convención a que presente una serie de opciones. Es una tarea que se puede encomendar a una asesoría, pero no a un órgano parlamentario. 
Dejemos que la convención elija su propio método de trabajo y presente sus propias propuestas. 
Este planteamiento ha dado resultado en el caso de la Carta, así que no veo por qué no surtiría efecto ahora. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, la Cumbre informal de Gante ha tenido dos aspectos positivos: el acuerdo en lo fundamental sobre la constitución de una Convención cuya función será preparar un proyecto constitucional así como las últimas directrices técnicas para la introducción del euro. 
En otras circunstancias libres de la sombra del terror que reina sobre las actuales, hubiesen sido estos resultados motivo suficiente para mirar al futuro de Europa con confianza. 
Pero ahora estamos en una situación en la que nos preguntamos si la fuerza integradora de la Unión Europea se ha agotado ya tras la creación del euro. 
Una moneda común, una política exterior común y una política de defensa común garantizarían a la Unión la credibilidad de la ciudadanía y suscitarían esa identificación con ella que tan a menudo echamos de menos. 
Justo por lo que concierne a la política exterior y de seguridad, la Cumbre de Gante nos ha devuelto al terreno de los hechos. 
El bilateralismo o, si se quiere, la no declarada intensificación de la colaboración, ha puesto en evidencia las debilidades que siguen limitando a la Unión Europea en sus actuaciones en el exterior. 
Si se pasa revista a los análisis internacionales tras el encuentro de Gante, el shock que han producido los atentados terroristas contra los EEUU ha puesto de manifiesto la fragilidad de la Unión Europea. 
No ha sido sólo una respuesta a la forma de actuar de los EEUU, que siempre prefieren tratar directamente con los distintos gobiernos europeos y negociar con ellos, sino que también ha sido una consecuencia de la inmanente debilidad militar de la política europea de seguridad y de defensa, política cuyas aspiraciones y cuya realidad divergen notablemente. 
No debe extrañar que haya dudas sobre si estará lista en el plazo previsto, el año 2003, la fuerza europea de intervención rápida compuesta por 60.000 hombres. 
La Unión Europea necesita un impulso enérgico no sólo para vincular más a la ciudadanía, sino, sobre todo, para estar a la altura de su propia responsabilidad en Europa y de su papel de socio de los EEUU. 
El proceso de ampliación debe ser contemplado bajo este punto de vista, al igual que el orden post Niza debe erigirse sobre el trabajo de una Convención, que no se pierda en arbitrariedades, sino que, como recomendó el Parlamento Europeo, elabore una base de decisión coherente de cara a una futura Constitución. 
Señor Presidente, el Consejo Europeo ha confirmado y reforzado la voluntad de Europa de estar al lado de los Estados Unidos contra el terrorismo y por la seguridad interior, así como para evitar una catástrofe humanitaria en Afganistán. 
Tras el 11 de septiembre, la geografía del mundo ha cambiado radicalmente. 
Sin embargo, más que el directorio, contará la Cumbre de Shangai. 
¿Cuál es el papel de la Unión Europea? 
¿Seremos capaces de lograr una sola política exterior y de seguridad? 
¿Seremos capaces de relanzar la iniciativa mediterránea y actuar en favor de la paz en Oriente Próximo? 
En realidad, las buenas intenciones chocan con frecuencia con los comportamientos de algunos Gobiernos que frenan la integración y pretenden dejar sin contenido una Convención que debería ser constituyente en el método y en los objetivos. 
Esto es lo que esperamos de Laeken y de una Conferencia Intergubernamental que deberá reformar la Unión antes de las elecciones europeas. 
Señor Presidente, Señorías, más allá del tema constitucional, lo que se está preguntando a los europeos en la actual situación es: ¿cuál es vuestra capacidad de acción? 
¿Se está notando a la Unión Europea en cuanto tal en la superación de esta crisis internacional? 
Plantear estas cuestiones significa tener que darles una respuesta negativa, pues los que están actuando son los americanos y, a su lado, parcialmente, los británicos y los demás aliados, pero no la Unión Europea como tal. 
Tampoco los británicos deberían engañarse. 
No son más que un socio pequeño en el asunto y no tienen ni de lejos el peso que Europa podría tener si actuase unida. 
Los europeos adquirirán capacidad de acción si actúan como comunidad, no bilateral, trilateral o multilateralmente. 
Por eso fue un error grave que se reuniese el directorio de los tres grandes antes de la Cumbre de Gante. 
No ha sido ninguna demostración de capacidad de acción europea, sino un paso en un callejón sin salida que pone de relieve una notable falta de sensibilidad respecto del funcionamiento de Europa. 
Hay que reprocharles esto a quienes así han actuado. 
Necesitamos una capacidad de acción comunitaria. Por eso necesitamos la fuerza de intervención europea. 
Sin un instrumento militar adecuado, los europeos no serán tomados en serio en el mundo. 
Es ridículo que todavía se esté discutiendo cómo hay que financiarlo. 
La Comunidad debe hacer ver aquí su fuerza. 
Pero necesitamos también un instrumento operativo para el interior. 
Necesitamos tener capacidad para combatir el terrorismo, que opera transfronterizamente. 
Se hace trabajo policial en los Estados miembros, pero cualquiera puede ver que el terrorismo internacional sólo puede ser combatido con éxito por unidades capaces de trabajar sin fronteras. 
Lo que Europa necesita es acción comunitaria, y ahí es donde debemos concentrarnos. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera dar las gracias a los diferentes oradores y Grupos políticos por sus observaciones. 
Creo poder afirmar que, excepción hecha de quizá dos o tres discursos, los resultados de Gante han merecido una evaluación predominantemente positiva. 
Obviamente, esa valoración tan positiva por parte de los diferentes Grupos políticos supone un enorme aliciente para seguir trabajando duro durante las próximas semanas, puesto que nos espera otra Cumbre importante, a saber, la Cumbre de Laeken. 
Por otra parte, quisiera dejar claro- habida cuenta de las insinuaciones que se han hecho al respecto- que existe una magnífica colaboración entre Romano Prodi y yo. 
Es más, acabamos de decidir que nos desplazaremos a la siguiente rueda de prensa en tándem para evitar malentendidos. 
Siendo buenos ciclistas los dos, estoy convencido de que el Parlamento sabrá apreciar este gesto. 
En todo caso, quisiera aclarar tres puntos. 
En primer lugar, varios oradores han preguntado dónde está la política exterior de la Unión. 
Me parece que Romano Prodi ya ha profundizado en este tema en su introducción y que, además, no se ha andado con medias tintas. 
La última vez, durante la Guerra del Golfo, durante la anterior crisis internacional, existían en Europa quince opiniones acerca de la postura que debía adoptar la Unión con respecto a dicha guerra. 
Cada Estado miembro opinaba lo suyo. 
En la crisis internacional que vivimos ahora se ha logrado por primera vez un consenso sobre un asunto nada fácil, y eso en dos ocasiones, el 21 de septiembre y el pasado viernes en Gante. 
Primera conclusión: ¿qué es lo que pone de manifiesto la actitud adoptada por los quince Estados miembros ante los atentados de Washington y Nueva York? 
Una visión común y un planteamiento común. 
Segunda conclusión: ¿cuál es nuestra postura después del 7 de octubre? 
El 7 de octubre la situación experimentó un cambio, ya que los Estados Unidos y la coalición internacional iniciaron una respuesta. 
Pues bien, volvemos a estar unidos. 
Me empeño en subrayarlo porque hubo una época en que la Unión Europea funcionaba de otra manera. 
Romano Prodi ha recordado que siempre que se producía un conflicto internacional el Consejo no representaba una sola postura, sino quince puntos de vista diferentes. 
A día de hoy ya no es ése el caso. 
Por mucho que yo personalmente, al igual que muchos de ustedes, quisiera que fuéramos más allá, que hubiéramos avanzado más, especialmente en el ámbito de la defensa europea, pienso que no podemos por menos que destacar esta evolución positiva. 
Por fin, la política exterior común de la Unión Europea comienza a tomar cuerpo, paulatinamente, poco a poco, peldaño a peldaño. Hace, digamos, diez o quince años ello era prácticamente inconcebible. 
Desde ese punto de vista doy toda la razón al Sr. Van den Berg. Es cierto que hemos de poner énfasis en el papel que nos corresponde desempeñar ahora. 
Nuestro papel se distingue del de los Estados Unidos. 
La Unión Europea está sobre todo llamada a prestar apoyo político y logístico y a emprender acciones diplomáticas. 
Su Señoría acierta plenamente al subrayar el mandato que nos ha conferido el Consejo para Oriente Medio. 
Juntos- Romano Prodi, yo mismo y Javier Solana- estamos planificando esta importante misión. Probablemente se llevará a cabo durante la tercera semana de noviembre. 
En mi opinión incumbe a la Unión Europea o, mejor dicho, incumbe principalmente a la Unión Europea desarrollar una iniciativa al respecto. 
Pero seamos realistas y no nos hagamos ilusiones. 
Con un solo viaje- ya ha habido muchos- no lograremos enderezar la situación, pero tal vez podamos acelerar las cosas y allanar el terreno para el desarrollo de una iniciativa. 
Lo segundo que deseo señalar tiene relación con varias intervenciones y sin duda con la del Sr. Poettering. Este último ha dicho: "Está muy bien, la Presidencia". 
Insiste ante los ministros de los Consejos especializados, entre otras cosas en el mandato único de detención y extradición europeo. 
Pero, ¿cuándo se va a hacer? 
Está muy claro. 
Se ha confiado una tarea muy concreta a los Ministros de Justicia y Asuntos Interiores: deben tener las modalidades listas para los próximos 6 y 7 de diciembre. 
Ya lo he dicho, señor Poettering- no hoy, no el 19 de octubre, sino el 21 de septiembre -, en nombre del Consejo Europeo: se ha puesto a los ministros especializados la tarea de tener las modalidades listas. 
Lo único que he hecho, con la ayuda de la Comisión, de todos los miembros de la Unión y del Consejo Europeo es, en el Consejo de Gante, llegar más lejos y hacer que se apruebe el principio de la anulación del régimen de la doble incriminación. 
(NL) Resumiendo, en el último Consejo hemos conseguido al menos un acuerdo sobre este punto, que es el más importante. 
Es fácil proclamar que necesitamos un mandato europeo, también con respecto a la extradición. 
Sin embargo, no habíamos llegado aún a buen puerto puesto que no habíamos alcanzado un acuerdo sobre el principio de la supresión de la doble incriminación, no sólo para actos terroristas sino también para otros delitos graves. 
En efecto, tenemos que oponernos a la tentativa reduccionista de decir: sí, pero sólo para actos terroristas. 
No fue ésa la conclusión de Tampere. 
Las conclusiones de Tampere apuntaban a un ámbito de aplicación más amplio en el que cupieran asimismo otros delitos graves. 
En otras palabras, señor Poettering, y también me dirijo a mi colega, el Sr. Cox, yo soy optimista respecto a la reunión de los días 6 y 7 de diciembre. 
De todas formas, no se preocupen, porque si los Ministros de Asuntos Interiores y Justicia fallan en su intento, me llevaré el expediente al Consejo Europeo de Laeken del 15 de diciembre y entonces decidirán los jefes de Estado y de Gobierno. 
Ahora bien, estoy convencido de que los Ministros de Justicia no dejarán que la situación llegue al extremo de que, al final, se vean obligados a asistir sin intervenir en la resolución de un problema de carácter tan eminentemente técnico como el de la orden de detención por parte de los jefes de Gobierno. 
Por último, quisiera comentar brevemente el tercer aspecto, es decir, el futuro de la Unión. 
Creo que todos estamos de acuerdo en que los acontecimientos del 11 de septiembre han demostrado que hace falta una Unión más integrada y más progresista, una Unión con una mayor capacidad de acción, una Unión que disponga de mejores instrumentos y de competencias más amplias, sobre todo por lo que a la política exterior y de defensa se refiere. 
Pues bien, la Declaración de Laeken tiene precisamente por objeto allanar el camino para lograr este fin. 
Por tanto, a día de hoy ya puedo dar una respuesta muy concreta a la evaluación generalmente positiva que ha merecido la convención. 
La convención es un hecho. 
Sí, señor Poettering, la Mesa tiene unas dimensiones reducidas, de conformidad con la petición formulada por todos los Grupos políticos. Está compuesta por cinco personas, incluido el Presidente de la convención. 
Sí, se garantiza una representación equilibrada de los Estados miembros y los diputados al Parlamento Europeo, aunque el número exacto de representantes suscitará aún alguna discusión. 
Sí, se implica a la sociedad civil, no creando un órgano nuevo, sino tejiendo una red en torno a la convención. De este modo, los grupos sociales pueden dirigirse a la convención, al tiempo que ésta puede consultar a servicios de investigación especializados en asuntos europeos, organizaciones profesionales y cualquier otra organización existente en nuestra sociedad, en nuestra sociedad civil. 
El desarrollo de una red flexible en torno a la convención nos parece preferible a la organización de un foro especial. 
Y con eso he llegado a la pregunta clave de hoy, que ha sido formulada varias veces. ¿Qué suerte correrá el texto? 
¿Qué piensa hacer el Consejo con el documento procedente de la convención? 
¿Será tratado como un informe que puede ser ignorado y que no necesita ser tomado en consideración? 
En otras palabras, se ha abierto un debate sobre la pregunta de si el documento final debe considerarse como un texto consensuado o un texto con varias opciones. 
La respuesta es muy fácil, o al menos lo será mi respuesta cuando nos reunamos dentro de unas semanas en Laeken. 
Si todos coinciden, dispondremos de un texto consensuado. 
Ni que decir tiene que en ese caso será valorado como una contribución importante, por no decir la contribución más importante, a la Conferencia Intergubernamental. 
Sin embargo, soy partidario de que se reflejen las diferentes opciones si la convención no logra ponerse de acuerdo. 
No creo que esto deba hacerse de una forma neutral, sino indicando cuáles son las opciones mayoritarias, cuáles son las opciones minoritarias y, en su caso, cuál es la opción individual de un miembro determinado de la convención. 
También pensaba discutir a fondo estas cuestiones con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el Sr. Napolitano, y con los dos ponentes del informe sobre el futuro de Europa. 
Creo que no tiene sentido que desatemos ahora entre nosotros una guerra santa sobre cuál debe ser el significado de ese texto. 
Si se logra un consenso será un texto consensuado. 
Si no se obtiene un texto consensuado porque no hay consenso habrá que optar por un texto con varias opciones. Sin embargo, no basta con enumerarlas de forma neutral, como si se tratase de un listado sin sentido alguno, sino que hay que indicar las opciones mayoritarias y las opciones minoritarias, especificando los deseos y las tendencias surgidos y manifestados en el seno de la convención. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, la cuestión del ruido en el Pleno antes del turno de votaciones puede derivar en una cuestión moralista. 
Se trata de una cuestión política y es la consecuencia de la organización de nuestros trabajos, en que los debates están separados de las votaciones. 
Este Parlamento se convierte en un establecimiento en que se vota, y ésta es la consecuencia inevitable. 
Si se quiere evitar este ruido se debería prever una pausa de quince minutos entre el debate y la votación, de este modo habrá menos gente en los debates y podremos convertirnos por completo en un establecimiento en que se vota y cada vez menos en un Parlamento. 
Gracias por el consejo, señor Cappato. 
Se procede al turno de votaciones. 
Señor Presidente, quisiera llamar su atención sobre el bombardeo de mensajes electrónicos que estamos sufriendo. Tanto es así que mi ordenador ha dejado de funcionar, aparte de que ya no encuentro los mensajes que me gustaría leer. 
¿Podría pedir a los servicios que solucionen este problema? 
Tomamos nota de su solicitud. 
VOTACIONES 
(EN) La Comisión puede aceptar parcialmente o en espíritu las enmiendas 1, 5, 8, 9, 13, 14, 15 y 16. La Comisión rechaza las enmiendas 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 17. 
Antes de la votación de la enmienda nº 17: Gröner (PSE). 
(DE) Señor Presidente, hicimos un trato con el PPE del cual usted se está desviando ahora. 
Tampoco nosotros vamos a respetar el pacto y pido a mi Grupo que vote a favor de la enmienda 17. 
Señor Presidente, creo que la Sra. Gröner se está equivocando. 
No nos hemos desviado del pacto. 
Al contrario, lo estamos respetando. 
Pero no votamos a favor de las enmiendas que se han presentado después del mismo y con las que no estamos de acuerdo. 
No nos hemos apartado del pacto, al contrario. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Informe (A5-0335/2001) de la Sra. Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 83- C5-0065/2001- 2001/0046 (COD) ) por la que se establece una Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Se interrumpe el turno de votaciones en este punto y se reanudará tras la sesión solemne con ocasión de la visita de Su Santidad el decimocuarto Dalai Lama. 
(La sesión, suspendida a las 11.55, se reanuda a las 12.30) 
Señor Presidente, me gustaría mencionar que los Verdes y los Liberales han invitado amablemente a todo el mundo a su reunión conjunta de esta tarde con el Dalaï Lama, a las 15 horas en la Sala WIC 100- es decir, a todos los que no estuvieran incluidos en la invitación del PSE y del PPE. 
Bienvenida 
VOTACIONES (continuación) 
(FR) Aunque estos artículos y enmiendas contengan elementos a los que damos nuestra aprobación, hemos preferido abstenernos en este bloque de enmiendas a falta de garantías relativas al mantenimiento de las medidas favorables para las mujeres, por ejemplo sobre el problema de la edad de jubilación que existe en algunos países o en algunos sectores, o también los problemas de prevenciones sanitarias. 
La experiencia de la utilización que se hizo del principio de igualdad entre hombres y mujeres para imponer el trabajo nocturno en la industria basta para suscitar desconfianza. 
El principio de igualdad que reivindica el texto debe traducirse explícitamente en un alineamiento sobre las regulaciones más favorables para los trabajadores y las trabajadoras, y nunca por un alineamiento por abajo. 
- (NL) La segunda ola de movimientos feministas de los años sesenta y setenta luchó principalmente por el acceso de las mujeres a los puestos remunerados. 
Por término medio las mujeres poseían una formación inferior a la de los hombres, e incluso aquellas que estaban mejor formadas tenían que contentarse con los puestos menos prestigiosos y peor remunerados que les dejaban los hombres todopoderosos. A esto se añade que muchas mujeres dependían de su esposo desde el punto de vista financiero. 
Las mujeres que habían recibido una formación superior exigían con razón que se les facilitara el acceso a los puestos de los cuales quedaban casi automáticamente excluidas. 
No así las mujeres con una formación inferior. 
Limpiar oficinas y reponer existencias en los supermercados no son precisamente trabajos apasionantes, así que en la mayoría de los casos era preferible el papel de ama de casa. 
Por regla general, para ese grupo de mujeres suponía un enorme alivio poder dejar de trabajar cuando su esposo ganaba suficiente dinero. 
Hoy día la mayoría de las mujeres tiene un puesto remunerado sin que los hombres hayan dejado de trabajar tanto como antes para estar con los niños en casa y encargarse de su educación. 
Sin querer, el feminismo se ha convertido en un instrumento para suplir la falta de personal de los empresarios y reducir los gastos públicos. 
Así las cosas, las medidas activas contra la discriminación y la intimidación en el trabajo adquieren una relevancia aún mayor. 
Informe Miguélez Ramos (A5-0335/2001) 
Señor Presidente, he leído con gran satisfacción el texto eminentemente técnico de la Sra. Miguélez Ramos que para mí reviste un gran significado político. 
Como usted sabe, fui Consejero de la Región de Lombardía durante cinco años, mi hija Elisabetta lo fue durante otros tantos de la Región de Liguria y en la actualidad es Consejera Regional de Lombardía, lógicamente, por el Partido de los Pensionistas. 
Lo digo con satisfacción porque tanto a título personal como, creo, en nombre de todos, quiero subrayar el deseo y la esperanza de que en Europa las regiones adquieran una cada vez mayor importancia política y decisoria y sean admitidas a participar con mayor intensidad en la aplicación de las directivas y de los reglamentos europeos que les afectan. 
. (EL) El debate sobre las unidades territoriales estadísticas (NUTS) no es un debate técnico de índole estadística, desde el momento en que las estadísticas regionales y la clasificación de las regiones de acuerdo con la Nomenclatura constituyen un punto estable de referencia para el análisis de la evolución socioeconómica de las regiones, así como para determinar las regiones y comarcas a las que los Fondos Estructurales dedicarán sus recursos. 
Uno de los principales problemas que se plantea es el recurso a unidades político-económicas completamente heterogéneas como base para la recopilación y tratamiento de datos estadísticos. 
Algo así no es, por supuesto, casual, y resulta aún más sospechoso si se relaciona con el hecho, acertadamente señalado en el informe, de que la Comisión presente una «considerable flexibilidad» en la aplicación de los criterios para la inclusión de una región en los niveles NUTS 1, 2 ó 3, criterios que sigue a su antojo y de acuerdo con las «necesidades» de la ocasión. 
No deja de ser significativo que para la distribución de la financiación del objetivo 2 se use la división administrativa tipo NUTS 3, criterio que implica que la mitad de la población de la Unión se beneficie de las ayudas, y que se reduzcan así drásticamente los recursos destinados a las regiones menos desarrolladas, aquellas, precisamente, a las que se supone que se dirige la financiación. 
En el período 94-99 (segundo paquete Delors) recibió ayudas el 51% de la población de la UE. 
De este porcentaje, sólo el 25% correspondía al objetivo 1, que financia regiones tipo NUTS 2. 
Finalmente, de ese 25%, el 16,4 % correspondía al objetivo 2. 
De este modo, los países ricos, mediante el recurso de las pequeñas divisiones administrativas (NUTS 3) , obtuvieron importantes ayudas, lo que comporta una escandalosa distorsión del ejercicio de la política regional. 
Al final, son también los países ricos los que se benefician y absorben una gran parte de las partidas- raquíticas e insuficientes, en todo caso- procedentes de los Fondos Estructurales. 
Algunos países resultan especialmente beneficiados porque las divisiones administrativas de tipo NUTS 3 son muy pequeñas en comparación con las de otros países. 
Por ejemplo, en Grecia, una unidad administrativa de esa categoría- nomós- tiene una superficie de 2.950 km2; en Portugal, de 3.162 km2; en Alemania, sólo de 758 km2. 
Todo esto pone de manifiesto una vez más las disfunciones, los desequilibrios, las irregularidades, y la hipocresía- también- de la política regional de la UE, puesto que una gran parte de las partidas previstas para ayuda estructural se «recicla» y vuelve a los países miembros más desarrollados, lo que reduce decisivamente las posibilidades de ejercer una política nacional de desarrollo, que ha de moverse necesariamente dentro de los estrechos y mal cosidos «trajes» comunitarios. 
Resultado de esta situación es no sólo que no se acelere el tan cacareado objetivo de la convergencia entre las regiones más pobres y las regiones más ricas, sino que, tal y como confirman los datos- y Grecia es un ejemplo negro -, se presenten distancias cada vez mayores, no sólo entre países miembros, no sólo entre norte y sur, sino incluso entre regiones en el interior de cada unos de los países miembros. 
Lo único que se ha impulsado eficazmente ha sido la compra de conciencias y la creación de mecanismos para el fomento de los grandes intereses monopolistas, que han obtenido el máximo provecho de los programas comunitarios. 
El informe de la ponente no llega al fondo de la cuestión, pero al menos plantea bastante de los serios problemas existentes, por ello le brindaremos nuestro apoyo. 
Informe Weiler (A5-0360/2001) 
El análisis del informe conjunto sobre el empleo 2001, realizado a partir de los informes nacionales, demuestra la poca atención que la generalidad de los Estados miembros presta a las orientaciones para el empleo. 
De hecho, sólo siete se han ocupado de los objetivos generales señalados en el Consejo de Lisboa y reafirmados en el de Estocolmo y sólo tres se han referido a los objetivos específicos en materia de tasa de empleo correspondiente a las mujeres. 
Como se dice en la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, a la que hemos contribuido con propuestas aprobadas, existe un claro antagonismo entre los objetivos de las tasas de empleo que ha venido determinando el Consejo y la poca importancia que la mayoría de los Estados miembros atribuye a la integración de una sensibilidad para con las cuestiones de la igualdad de sexos en sus políticas de empleo, ya sea en cuanto a la falta de objetivos nacionales en materia de reducción de las diversas disparidades existentes en el mercado laboral por lo que se refiere a las cuestiones relativas a la igualdad entre los sexos o en cuanto a la inexistencia de servicios suficientes de asistencia a la infancia o respecto de las iniciativas limitadas con vistas a reducir las disparidades salariales entre los sexos. 
Ahora bien, el informe Weiler no es suficientemente crítico con la actual situación en materia de empleo en la Unión Europea, aunque reconozca algunos aspectos negativos de las prácticas en esas esferas del empleo, en particular cuando insiste en la necesidad de establecer metas nacionales y en su cumplimiento. 
Pero no analiza críticamente las líneas directrices propuestas por la Comisión ni presenta con claridad opción substitutiva alguna por la que sea necesario apostar, en particular la necesidad de dar prioridad a las políticas de empleo y no seguir la orientación actual de subordinación de dichas políticas a las monetaristas dejando por fin de lado la perspectiva neoliberal que predomina en la Unión Europea, por lo que se han rechazado las propuestas que presentamos en ese sentido. 
. (EN) Los parlamentarios europeos del Partido Laborista apoyan el fondo del informe Weiler sobre las directrices para el empleo en 2002. 
También comparten en gran medida las enmiendas presentadas por el Sr. Bushill-Matthews pero creen que el informe Weiler no es el informe apropiado para realizar tales enmiendas. 
. (EL) Es un hecho que nos encontramos ante una agudización de la crisis económica, exacerbada aún más tras los atentados terroristas de Nueva York y Washington. 
Esta recesión, que, al menos, según la mayoría de los analistas, no parece que vaya a ser de corta duración, no debe, una vez más, encontrar alivio en las espaldas de los trabajadores, con despidos masivos y recortes de sus derechos. 
El empleo se mantiene en conjunto fundamentalmente estancado, y el paro no cede, si es que no aumenta, como, por ejemplo, en el caso de mi país. 
Al mismo tiempo, se prevén grandes despidos masivos en importantes sectores de la economía, como el transporte, el turismo, etcétera. 
El reparto del paro se ha convertido en el objetivo central de las políticas de empleo que se ejercen, y ese objetivo que queda reforzado por las líneas directrices para el 2002. 
No es casual que los países que reciben «felicitaciones» en este tema por la UE sean aquellos países que fueron los primeros en avanzar en reformas generalizadas del mercado de trabajo, en el sentido de ampliar significativamente el empleo parcial y las otras formas de empleo flexible. 
El informe del Parlamento Europeo apoya las líneas directrices que insisten en conocido tema de las reformas estructurales y de las formas más flexibles de contratos de trabajo que se proponen la creación de un enorme ejercito de personas empleables, sin derechos, sin exigencias, adaptadas a las demandas especulativas del capital y sus intereses, por mor de la productividad y la competitividad. 
La movilidad geográfica de los trabajadores no hace sino reforzar la concentración demográfica y la concentración de riqueza en las regiones más ricas de la UE, que se hacen aún más ricas al absorber a los trabajadores y técnicos más cualificados. 
El segundo pilar de las líneas directrices sobre actividad empresarial autónoma no tiene otro objetivo que convertir a los parados en autoempleados, para reducir así artificialmente el paro y eludir la responsabilidad de solidaridad social. 
Por lo que respecta a los programas de subvención de puestos de trabajo, no sólo no han ayudado a combatir el paro, sino que con frecuencia han funcionado como subvenciones netas de los patronos, han sustituido a los trabajadores por parados subvencionados y han conducido al quebrantamiento permanente de los convenios colectivos. 
La extensión de las privatizaciones, las absorciones, la adaptación a la UEM, el incremento de las importaciones y la intensificación de la competencia capitalista, la ruina de miles de agricultores pequeños y medianos, así como el cierre de empresas pequeñas y medianas, crean las condiciones para un aumento aún mayor del paro. 
La política en la que insiste la UE, a pesar de que el índice medio de crecimiento llegó en 2000 al 3,3 %, no parece reducir ni el paro ni la pobreza, que azota a más del 22% de la población de la UÅ. 
Los trabajadores exigen otra política, que ponga al ser humano y sus necesidades en el eje central, con derechos sociales plenos y garantizados para todos los trabajadores, con mejora de las condiciones de vida, y con verdadero desarrollo y bienestar social. 
. 
(SV) En términos generales, el informe Weiler nos parece apropiado. 
Nos satisface de manera especial que se haga hincapié en la calidad de los empleos. 
Sin embargo, nos parecen criticables algunas de las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Económicos, en las que se emiten juicios ideológicos y generalizadores sobre la economía de mercado y su gestión. 
Opinamos que, de esta manera, se propone una política económica contraria a la estrategia europea de empleo, especialmente en períodos en los que la economía y la demanda de mano de obra no se expanden. 
Puesto que esas enmiendas han sido aprobadas por el Parlamento, optamos por abstenernos en la votación final. 
. (EN) Apoyo incondicionalmente este informe de la Sra. Weiler que acoge favorablemente las directrices para el empleo de 2002. 
Aunque el informe reconoce que puede lograrse el pleno empleo mediante mayores reformas estructurales del mercado de trabajo, también pide un aumento de la inversión en formación, especialmente para los demandantes de empleo. 
Los beneficios, tanto cuantitativos como cualitativos, que la UE obtendría de resultas de su compromiso con la formación son incuestionables. 
La formación y la educación son esenciales para que los Estados miembros de la UE puedan conjuntamente aumentar su tasa de empleo. 
Una y otra vez en los Estados miembros, la inversión en educación y formación ha demostrado tener éxito y, si se coordina a escala paneuropea, el éxito sería mayor. 
Es importante que se cumplan estos compromisos y que no se queden en agua de borrajas. 
Por último, la recomendación de que ambas partes de la relación laboral acuerden cambios en las prácticas de trabajo podría allanar el camino para unas mejores relaciones laborales y crear una situación en la que se aprovechara plenamente el conocimiento especializado de cada una de las partes. 
Informe Seppänen (A5-0350/2001) 
Usted, señor Presidente, ama el mar como yo y con frecuencia ha estado en Génova, mi ciudad que durante veinte años he admirado desde las colinas de Righi. 
He visto este mar y he reflexionado mucho. 
El mar une, el mar es de todos, el mar no tiene fronteras. 
Por lo tanto, es justo que Europa se interese por todos los mares, especialmente por los que bañan las costas de algunos de nuestros Estados, y preste ayuda, incluso financiera, como en este caso, también a los Estados que se encuentran allende de sus propias fronteras como Rusia, para que realicen proyectos medioambientales a fin de convertir dichos mares en más limpios, más navegables y más bonitos. 
Señor Presidente, teniendo en cuenta el lirismo que caracteriza las intervenciones del Sr. Fatuzzo en las explicaciones de voto, en mi condición de miembro de la Mesa, me dirijo a usted para preguntarle si la Presidencia no piensa publicar estas intervenciones en un libro, dado su valor y el sentimiento que las embarga que va más allá de cualquier intervención en el Pleno y llega a unos niveles poéticos que nuestro Parlamento no puede infravalorar. 
Transmitiré su sugerencia a la Mesa, señor Dell ' Alba. 
Informe Virrankoski (A5-0345/2001) 
Señor Dell ' Alba, si espera un segundo verá que no todas las intervenciones del Sr. Fatuzzo son líricas. 
Ésta es sobre las centrales nucleares. 
Lo cierto es que con esta financiación protegemos la central de Chernóbil- y he votado a favor- pero reflexionemos: ¿Acaso debemos cerrar la central nuclear de Bohunice en Eslovaquia, que visité la semana pasada con la Comisión de Medio Ambiente, en la que se han gastado miles de millardos para aumentar su seguridad e imponer su cierre como condición sine qua non para la adhesión de ese país a la Unión Europea? 
¿No convendría reflexionar algunos minutos más? 
- (NL) Gran parte de las empresas productoras que antes compraban energía a Chernóbil, contribuyendo de este modo a la financiación que suponía el mantenimiento de un complejo de reactores nucleares de esas dimensiones, dejaron de existir a raíz del desmoronamiento de la Unión Soviética. 
La población ucrania se ha empobrecido tanto que no dispone de suficiente capacidad adquisitiva como para consumir mucha energía. 
Tampoco se dispone de fondos internos para financiar nuevos métodos de producción eléctrica limpios y seguros desde el punto de vista de la explotación de las instalaciones. Además, se tardará aún mucho tiempo en recoger los residuos de las centrales destruidas debido al largo período de semidesintegración del material radioactivo. 
Por desgracia, todo cuanto se está haciendo ahora no podrá llevarse a cabo sin ayuda externa. 
Las medidas destinadas a la ejecución del sistema de protección son insuficientes y llegan demasiado tarde. 
El primer sarcófago, construido en 1986, poco después de la catástrofe, alberga aún un peligroso foco de incendio y no cabe duda de que la energía nuclear continúa siendo una fuente de futuros riesgos. 
En el debate del 2 de mayo sobre el decimoquinto aniversario de Chernóbil señalé que otras centrales nucleares diferentes a la de Chernóbil tampoco son seguras, aparte de que, una vez cerradas, dejan un problema insoluble. 
A pesar de estos defectos respaldo la propuesta de financiación, puesto que no hacer nada es aún peor. 
Informe Kratsa-Tsagaropoulou (A5-0328/2001) 
Señor Presidente, por lo que se refiere al informe del Sr. Kratsa, he votado a favor. 
Se trata del funcionamiento del Fondo Social que, como sabemos, está destinado a los trabajadores y a mejorar y a potenciar las posibilidades de que encuentren empleo los que carecen de él. 
En particular, en este texto se regula cómo deben ser puestas en práctica las acciones innovadoras, o sea, lo que se hará de nuevo en este sector. 
Quisiera aprovechar mi última explicación de voto para desearle buen provecho y para pedir disculpas por las finanzas del Parlamento Europeo, dado que, como he sabido, cada minuto de mis intervenciones le cuesta a la Institución 1.200.000 liras. 
Si los servicios consideraran conveniente asignar la mitad de ellas para deleite del Sr. Fatuzzo, podría conseguir que ahorraran la otra mitad y dejar de hablar. 
Bromas aparte, quisiera concluir mi explicación de voto confiando en que las acciones innovadoras del Fondo Social se pongan en práctica y se acepten, aunque quien las proponga sean los países candidatos a ingresar en la Unión Europea. 
Con esto queda cerrado el turno de votaciones. 
(La sesión, suspendida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0308/2001) del Sr. Poos, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la reforma del Consejo (2001/2020 (INI). 
Señor Presidente, me halaga enormemente poder presentarle este informe sobre la reforma del Consejo en presencia de la representante del Consejo y del representante de la Comisión. 
Este informe de propia iniciativa no sólo tiene relación con el Consejo. 
Tiene relación tanto con el Parlamento Europeo como con la Comisión, interesados ambos por igual en el buen funcionamiento del triángulo institucional, en su eficacia y en su coherencia. 
En una Unión ampliada, las instituciones comunitarias deben obligatoriamente mejorar su capacidad para adoptar decisiones e incrementar su velocidad de reacción. 
Para su ponente, no es cometer un delito de iniciados constatar que el Consejo es hoy la institución que peor funciona. 
Eso es grave, ya que esta institución, que dispone tanto de competencias en materia ejecutiva como legislativa ha quedado, a pesar de los cambios del Tratado, como el centro esencial del poder de la Unión Europea. 
El Consejo ha perdido una gran parte de su eficacia. 
En mi informe encontrarán ustedes la larga lista de fallos de funcionamiento. 
Me he basado en trabajos preparatorios, de los cuales algunos fueron iniciados por el propio Consejo hace tres o cuatro años. 
Pero no se ha hecho nada desde entonces, cuando otros trabajos preparatorios tienen como autores a antiguos actores de la escena internacional, y no de los menos importantes, y menciono especialmente al grupo de trabajo Nuestra Europa, de Jacques Delors. 
Entre los fallos de funcionamiento, debo señalar especialmente la deriva institucional de la cual el método comunitario, y con él la Comisión, se ha convertido en la víctima principal. 
Efectivamente, el incremento de poder del Consejo Europeo, combinado con la debilidad del Consejo "Asuntos generales", ha restablecido el método intergubernamental para la preparación de las decisiones. 
Con los "sherpas" ha vuelto un método que recuerda a la diplomacia secreta del siglo XIX. Con las mini-cumbres como la de Gante ha reaparecido la tendencia a la constitución de directorios, sueño que, desde el plan Fouché de los años 60, algunos no han abandonado nunca. 
Para poner remedio a esta deriva, su ponente no propone nada más, pero tampoco nada menos, que el regreso al Tratado. 
Pedimos al Consejo Europeo que no se ocupe de las cuestiones de detalle y que no asuma como un aspirador gigante todas las decisiones importantes. 
Quien mucho abarca poco aprieta. 
O peor aún, el Consejo Europeo se ha convertido en un elemento de bloqueo del sistema institucional. 
Nadie se atreve ya a decidir. 
Todo llega a la cima. 
El Consejo Europeo debería limitarse a dar orientaciones generales a la política europea tal como prevé el Tratado. 
Hemos de revalorizar el Consejo "Asuntos generales", facultándolo para resolver los conflictos entre consejos especializados y para garantizar la coherencia de las decisiones. 
Con este fin, es indispensable un apartado único de preparación, y el mismo apartado único de preparación podría además servir al Consejo Europeo. 
Hemos de exigir que los ministros que se sienten en el Consejo "Asuntos generales" no traten los asuntos europeos en una sola reunión mensual ligera, durante la cual ni la presencia, ni las condiciones materiales permiten una deliberación en profundidad de los temas que figuran en el orden del día. 
La propuesta de resolución sugiere una serie de remedios prácticos que pueden aplicarse inmediatamente y sin modificación del Tratado. 
Antes de concluir, me gustaría llamar la atención de sus Señorías sobre las propuestas relativas a la mejora de la colaboración del Consejo con el Parlamento Europeo. Tienen relación tanto con la presencia ministerial en nuestras reuniones importantes como con la aceleración del procedimiento legislativo desde la primera lectura. 
A propósito de la transparencia, espero que el Parlamento Europeo y el Consejo sigan a la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando propone que el Consejo sea público al reunirse para asuntos legislativos. 
Ello exige evidentemente una reordenación consiguiente del orden del día y de la disciplina de la sesión. 
El Consejo que se reúne en sesión pública, cuando actúa como colegislador podría percibirse por parte de los ciudadanos como una segunda cámara legislativa, función que de hecho cumpliría en este momento. 
Señor Presidente, señor ponente, señoras y señores, me veo en una posición peligrosa ya que debo tomar la palabra como Presidenta de una institución que, según el ponente, es la que peor funciona de todas las de la Unión. 
Por tanto, el ejercicio es sin ninguna duda peligroso. 
Piensan ustedes correctamente que la Presidencia ha tenido conocimiento con gran interés del informe del Sr. Poos sobre la reforma del Consejo. El Sr. Poos está realizando una carrera política muy notable, que ha llevado a cabo en diferentes foros europeos que conoce bien, tanto desde el interior por haber participado en ellos, como desde el exterior por haberlos observado con un interés crítico. 
Así las cosas, permítanme que diga que la Presidencia comparte ampliamente el análisis, quizá no la calificación, pero sí el análisis según el cual se impone una mejora del funcionamiento del Consejo. 
El Consejo Europeo de Helsinki de junio de 1999 admitió ya que debían aportarse importantes modificaciones a los métodos de trabajo del Consejo, e indicó que esas modificaciones deberían introducirse de forma progresiva con el fin de que, de ahora al momento de la ampliación, el Consejo pudiera asumir sin tropiezos el aumento del número de sus miembros. 
Ese mismo Consejo aprobó además recomendaciones operativas en este sentido. 
Las líneas maestras de esas recomendaciones coinciden ampliamente con algunas de las preocupaciones que manifiesta el informe Poos. 
Citaré algunas de ellas. 
Las recomendaciones señalaban así que la tarea prioritaria del Consejo Europeo debía ser la de dar a la Unión el impulso necesario para su desarrollo y definir las orientaciones políticas generales. 
Insistía en el papel de coordinación general del Consejo "Asuntos generales". 
Se hizo además una llamada con vistas a una mejor coordinación de la política europea en el seno de los Estados miembros. 
Las recomendaciones señalaban que le correspondía en última instancia al COREPER preparar y presentar al Consejo todos los puntos incluidos en el orden del día. 
Éstas apelaban finalmente a una reducción del número de formaciones del Consejo. 
Estas recomendaciones, señor Presidente, señoras y señores, se han puesto en práctica parcialmente. 
A modo de ejemplo, el Consejo "Asuntos generales" siguió así la práctica recomendada en Helsinki, y que consiste en dividir sistemáticamente el orden del día del Consejo en dos partes: las relaciones exteriores y las cuestiones horizontales, entre las cuales figura la coordinación global de las políticas. 
El Consejo "Asuntos generales" ha reducido además el número de formaciones del Consejo a dieciséis, con el fin de mejorar la coherencia de los trabajos y de impedir la fragmentación de las actividades de la Unión. 
La función del COREPER se ha concretado en el reglamento de orden interno del Consejo. 
Se han organizado debates públicos sobre nuevas propuestas legislativas importantes, al igual que sobre el programa del Consejo "Asuntos generales" y del Consejo Ecofin. 
El Secretario general del Consejo presentó un primer balance de la aplicación de las recomendaciones de Helsinki en el Consejo Europeo de Gotemburgo en junio de este año. 
Señor Presidente, señoras y señores, así se comprueba, por ejemplo, que algunas medidas no han sido ejecutadas íntegramente. 
Es algo que el Consejo Europeo de Gotemburgo reconoció explícitamente, especificando que las estructuras y métodos de trabajo del Consejo requieren otras reformas, tal y como subraya el Secretario General en su informe. 
A la luz de esto se instó al Secretario General a que formulara, de preferencia durante el Consejo Europeo de Laeken, propuestas de medidas específicas destinadas a garantizar el buen funcionamiento del Consejo después de la ampliación, en concreto a través de una mejor preparación de los encuentros del Consejo, una clara coordinación entre las diversas formaciones del Consejo y métodos de trabajo más eficaces, a fin de que el Consejo Europeo pueda adoptar las decisiones necesarias de aquí a junio de 2002. 
Entretanto la Presidencia belga continúa con la ejecución de las recomendaciones de Helsinki. 
Paralelamente a esto el Consejo de Asuntos Generales ha reforzado su papel de coordinación. 
En adelante la Presidencia presentará al Consejo de Asuntos Generales un estado de la cuestión de los expedientes más importantes debatidos en las diferentes formaciones del Consejo. 
La elaboración de este listado debe garantizar que el Consejo de Asuntos Generales pueda desempeñar debidamente su papel de coordinación horizontal en todos los ámbitos tratados por los Consejos específicos. 
Esta práctica tiene por objeto fortalecer la coherencia de las actividades del Consejo en sus diversas formaciones ajustándolas mejor a los objetivos generales de la Unión, además de que refuerza el papel del Consejo de Asuntos Generales en el marco de la preparación del Consejo Europeo. 
Por lo demás, los recientes acontecimientos ocurridos en los Estados Unidos han puesto de manifiesto que hace falta una coordinación general de las actividades de la Unión con vistas a la lucha contra el terrorismo. 
El Consejo de Asuntos Generales del pasado 17 de octubre estudió un informe de la Presidencia sobre las actividades realizadas en este ámbito por las diferentes formaciones del Consejo. 
Ello significa que la Presidencia ha elaborado un itinerario que incluye todas las iniciativas y actividades del Consejo, con indicación de los responsables de la ejecución de cada proyecto, los plazos y los avances obtenidos. 
El Consejo de Asuntos Generales ha expresado su deseo de que este itinerario se actualice periódicamente, puesto que se trata de un importante instrumento que permite evaluar el progreso realizado por cada una de las formaciones del Consejo. 
El Consejo de Asuntos Generales volverá a examinar el itinerario actualizado durante la próxima reunión del 29 de octubre. 
Esta iniciativa demuestra que el Consejo de Asuntos Generales es capaz de garantizar, en caso necesario, la coordinación general de la política del Consejo. 
Además, dicha iniciativa debería contribuir a la revalorización de ese Consejo coordinador en general. 
Por supuesto, hacen falta otras reformas para mejorar el funcionamiento del Consejo. 
Por eso mismo, el informe encargado al Secretario General nos ayudará sin duda a reflexionar sobre esta problemática. Obviamente, éste también es el caso del informe del Sr. Poos y la resolución del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, señora Presidenta, quisiera decir que, con respecto a los fallos de funcionamiento del Consejo, la Comisión comparte ampliamente el análisis que hace este excelente informe. 
No me sorprende la calidad de dicho análisis, habida cuenta de la experiencia y de los conocimientos adquiridos a lo largo de los últimos años y puestos al servicio del Parlamento Europeo por usted mismo, señor Ministro Poos. 
Debo decir, después de esta primera apreciación global, que la Comisión da su apoyo también a las reformas que propone usted para el Consejo. 
La reestructuración de éste en un órgano estructurado y eficaz es el interés de toda la Unión Europea. 
Su informe recoge gran número de sugerencias y observaciones que habíamos manifestado en el pasado, y especialmente en nuestro reciente Libro Blanco sobre la gobernación Europea. 
Estas pistas para reforma son mucho más interesantes en la medida en que pueden introducirse- usted lo ha recordado- sin modificar lo esencial. 
Al manifestarme aquí sobre el Consejo, señora Presidenta, señoras y señores diputados, debo decir evidentemente que desde mi punto de vista cada una de nuestras instituciones tiene su propia autonomía y es responsable en primer lugar de sus propias reformas. 
Sin embargo, sabemos bien también que cada una de las instituciones está interesada en el buen funcionamiento del conjunto: en este espíritu y con estos límites deseo transmitirles el sentimiento de la Comisión sobre la otra institución que es el Consejo de Ministros. 
Sin duda, en el marco del debate sobre el futuro de la Unión, necesitamos examinar de manera fundamental esta arquitectura institucional, la función de cada institución y las modificaciones que han de aportarse al Tratado para que nuestra Unión disponga realmente de un marco institucional al mismo tiempo más democrático y más eficaz. 
Por ello creo, señor Ministro Poos, que su informe constituye un elemento muy importante destinado a nutrir el gran debate abierto sobre el marco institucional de la Unión, su eficacia y su legitimidad democráticas. 
Sin embargo, el debate sobre estas reformas tan fundamentales en la perspectiva de 2004 no puede constituir una coartada para negarse a adoptar ahora las reformas que el Consejo puede poner en práctica sin modificar lo esencial. 
Hacer el funcionamiento del Consejo tan eficaz como sea posible es además uno de los objetivos asignados por el Libro Blanco. 
Por encima de las diferencias que pueden manifestarse sobre tal o cual detalle, existe en lo que respecta al análisis de los fallos de funcionamiento que constatamos- y por tanto de las reformas que han de realizarse- cierta convergencia en el marco del informe que presenta usted, señor Ministro Poos, del Libro Blanco y también- como ha recordado usted, señora Ministra- del informe Trumpf-Piris redactado por la Secretaría General del propio Consejo, cuyas conclusiones operativas fueron ampliamente aceptadas en Helsinki por el Consejo Europeo y que ha sido por otra parte ampliamente puesto en práctica en el reglamento interno del Consejo. 
Es competencia y deber de cada institución- vuelvo a decirlo- examinar permanentemente la eficacia de su propio funcionamiento. 
En lo que respecta a la Comisión, ésta ha pretendido hacerlo adoptando el Libro Blanco y proponiendo la reforma administrativa impulsada por mi colega Neil Kinnock. 
Me parece que el Consejo deberá hacer lo mismo en algún momento, al igual que el Parlamento Europeo, y la Comisión no dejará de dar su apoyo a estas dos instituciones en este ejercicio. 
Les recuerdo, en este sentido, que el Consejo europeo de Gotemburgo encargó al Secretario General del Consejo que le formulara propuestas detalladas para su reunión de Laeken. 
Señoras y señores diputados, debo señalar- sin entrar en el detalle de cada una de las propuestas de su informe, Sr. Poos- que sacar adelante este trabajo de evaluación y mejora es en primer lugar una sencilla cuestión de voluntad política. 
Resulta evidente que esta voluntad debe manifestarse tanto en el seno de los gobiernos de los Estados miembros como en nuestras instituciones. 
Dos puntos al menos merecen una atención particular: por una parte, la noción de Consejo legislativo y, por otra, la función del Consejo "Asuntos generales". 
Sabemos bien, señoras y señores, que el informe del Sr. Poos distingue tres funciones que cumple el Consejo, en este caso una función legislativa, una función gubernamental y una función de coordinación de las políticas. 
Resulta de ello con mucha claridad- y en ese caso también la Comisión les da su apoyo- que el Consejo deberá organizarse de forma diferente según actúe en el marco de una u otra de estas tres funciones. 
Así, el Consejo legislativo debería efectivamente actuar con toda transparencia, con debates abiertos y votaciones públicas. 
El número de Consejos sectoriales es probablemente demasiado elevado, pero es sobre todo la falta de coordinación entre estos Consejos sectoriales la que hace que en la diferencia del Parlamento Europeo, donde cualquier decisión se adopta por el Pleno, la rama "Consejo" del legislador tenga sin duda, por naturaleza, muchas más dificultades para coordinar las diferentes decisiones. 
Esta situación exige una reflexión particular sobre la voluntad- mencionada en su informe- de favorecer desde la primera lectura el consenso entre el Parlamento y el Consejo en el marco del procedimiento de codecisión. 
Sr. Poos, si la Comisión comparte plenamente esta voluntad de lograr acuerdos rápidos, es necesario evitar que se hagan en detrimento de la coherencia de los textos que ella misma ha propuesto. 
Los tratados han otorgado a la Comisión la exclusividad del derecho de iniciativa y el cuidado de velar por el interés común. 
Ésta desea por tanto que la voluntad del Parlamento y del Consejo de llegar desde la primera lectura garantice la implicación total de la Comisión en todos los aspectos sustanciales y de procedimiento, con el fin de garantizar esta coherencia de los textos aprobados. 
La Comisión, y permítanme que lo recuerde, ha recibido la competencia exclusiva de realizar un juicio sobre el respeto por el interés común en este estadio del procedimiento de codecisión. 
También valora usted de forma razonable, señor ministro Poos, al señalar en su informe que el funcionamiento del Consejo "Asuntos generales" está en realidad en el centro del debate. 
Efectivamente, resulta muy difícil en el curso de una reunión mensual de un solo día adoptar decisiones que afectan al mismo tiempo a todas las cuestiones de política exterior de la Unión- incluidas las relacionadas con la política de seguridad -, el mantenimiento del marco institucional único de la Unión y todas las cuestiones horizontales e institucionales (como, por ejemplo, el reciente reglamento sobre el acceso a los documentos o la coordinación de las respuestas de la Unión a los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre) , finalmente la coordinación de las políticas sectoriales. 
La Comisión está bastante bien situada para medir la heterogeneidad de los temas tratados por el Consejo "Asuntos generales", ya que en ocasiones nosotros mismos nos vemos impelidos a ser representados en el transcurso de un mismo periodo de sesiones por varios comisarios. 
Compartimos por tanto su punto de vista, señor ponente: las diferentes formaciones del Consejo necesitan una instancia de coordinación central y es, en el momento actual, muy difícil para el Consejo "Asuntos generales" cumplir con esta tarea. 
Es necesario por tanto evitar que, a falta de otra formación coordinadora, el Consejo "Asuntos generales" se convierta en realidad en una suerte de simple Consejo "Asuntos generales". 
¿Es necesario crear un nuevo Consejo "Asuntos generales", compuesto por ministros que ejercen en el seno de los gobiernos una función de coordinación y dotados de la necesaria autoridad política como sugiere usted? 
Eso permitiría, en cualquier caso, liberar al Consejo Europeo de sus tareas de arbitraje y coordinación de las políticas, con el fin de que pudiera realmente dedicarse a su verdadera tarea de impulso político y de orientación de la Unión. 
Sin embargo, tal como usted mismo reconoce, la creación de un Consejo así plantea toda una serie de cuestiones de orden político, e incluso de orden constitucional en algunos Estados miembros, principalmente en aquéllos que tienen un gobierno de coalición. 
Como conclusión, señor presidente, señora Presidenta, señoras, señores, quisiera simplemente dar de nuevo las gracias al señor ministro Poos por el trabajo importante, de calidad y muy completo que ha realizado y por las propuestas útiles que contiene su informe. 
Con toda sinceridad, no creo que la función de la Comisión sea la de reaccionar ante tal o cual observación de detalle acerca del funcionamiento del Consejo; porque, y repito, cada una de nuestras instituciones es autónoma de forma natural en su funcionamiento. 
Pero ello no supone un obstáculo para realizar reflexiones más globales, sin tabúes- retomo la palabra utilizada esta mañana por el Primer Ministro Verhofstadt, que afirmó, a propósito del importante debate de la declaración de Laeken, que no había ninguna cuestión tabú. 
La de la mejora del trabajo en común, principalmente en materia legislativa, no lo es tampoco. 
La Comisión debe decir en este sentido que tiene también interés en trabajar con un Consejo eficaz y que el doble mensaje enviado por este informe de propia iniciativa, es decir, que es necesario garantizar la coherencia de la acción así como un cierto nivel de representación política en la adopción de las decisiones del Consejo, ha sido oído convenientemente, señor Ministro. 
Se lo agradezco. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, señorías, he solicitado intervenir en este debate, en primer lugar para expresar mi agradecimiento personal y el de mi Grupo al Sr. Poos, por su magnífico informe. 
Verdaderamente es un trabajo realizado con conocimiento de causa, no sólo por su veteranía en el Consejo, sino porque puedo decir, como testigo de excepción, que hace ahora diez años, cuando estábamos preparando el Tratado de Maastricht, el Sr. Poos, que entonces era miembro del Consejo con el Gobierno del Sr. Santer, al igual que este último mantuvo con el Parlamento la actitud de apertura, colaboración y solidaridad que en este momento está proponiendo en su informe. 
El resultado fue el Tratado de Maastricht, que nos dio la codecisión. 
Creo que debemos saludar su coherente y seria trayectoria política. 
En relación con la codecisión, nosotros no estamos planteando sólo una reforma del Consejo como tal, sino que somos parte interesada en el asunto. 
La codecisión nos ha permitido ir desarrollando una cultura compartida en la que el Consejo, por primera vez, se ha ido abriendo hacia el Parlamento. 
Tenemos que consolidar eso. 
Hay un paso muy importante, que propone el informe Poos, que es que el Consejo, en sesión legislativa, actúe de manera pública. 
Si no hay suficiente número de ministros, podrían aplicar la misma norma que aplica el Parlamento: que las votaciones sean nominales, y si los miembros no están presentes, que no se les paguen las dietas. 
Por lo tanto, se trata de medidas que se pueden aplicar ya y que no tienen que esperar la reforma. 
Desde ese punto de vista, creo que la Sra. Neyts-Uyttebroeck, que ha hecho el camino inverso, porque desde el Parlamento ha ido al Consejo, puede introducir una cierta frescura en los trabajos de éste. 
Espero que pueda colaborar con nosotros. 
Una última observación, señor Presidente, Señorías: estamos en vísperas de la Convención; hemos luchado por ella en el Parlamento y creemos que nosotros también tenemos que colaborar positivamente en ese proceso de reforma de nuestras instituciones, que están imbricadas unas con otras, de modo que no se puede reformar una sin tener en cuenta las demás. 
Estamos esperando el Consejo del día 30, en el que deseamos una postura unánime del Consejo en relación con la propuesta belga sobre la fiscalidad, para sacar de una vez el estatuto de los diputados; creemos también que el paquete de medidas antiterroristas es una magnífica oportunidad para demostrar a nuestros conciudadanos que estamos unidos y, por último, me permitirá la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo que también lo señale, nos gustaría, de cara a Laeken, que entre el Libro Blanco sobre la gobernanza y el informe Mandelkern, que anda por el Consejo, nos hagan una propuesta coherente, que no se base en una reducción de los poderes legislativos del Parlamento. 
Eso también ayudaría a la reforma. 
Señor Presidente, tal como en el Parlamento cambiamos nuestros procedimientos y la Comisión los suyos mediante su Libro Blanco, tenemos que entender que también el Consejo quiera cambiar sus procedimientos para hacer frente a la ampliación, y porque los actuales, como muchos han destacado, no funcionan muy bien. 
El señor Poos tiene mucha experiencia sobre el funcionamiento del Consejo. 
Espero que el Consejo escuche sus opiniones. 
Como lo señaló el señor Verhofstadt esta mañana, doy por sentado que en la Convención se discutirá esta materia sin ningún tabú. 
La apertura es uno de ellos. 
Para nosotros es importante la apertura en todas las instituciones de la UE. 
Es la clave para recuperar la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo. 
Actualmente el Consejo trabaja a puertas cerradas y dicta leyes para millones de europeos. 
Esto no es aceptable. 
Todo el mundo habla de esto y todos lo critican. 
Se hacen reformas muy pequeñas que no son suficientes. 
Los trabajos legislativos deben ser públicos. 
En el Consejo hay que crear una sección independiente, en la que se puedan reunir los ministros para legislar con plena apertura y transparencia. 
Los miembros de este consejo legislativo deberían ser políticos, no funcionarios, con un claro mandato de sus respectivos gobiernos. 
Otro asunto que nos preocupa, y que el señor Poos también destacó, son todas las "minicumbres" que tienen lugar y a las que se da mucha importancia. 
Se toman muchas decisiones durante esas reuniones de dudosa legitimidad. 
Esperamos que se les dé menos importancia y se les transforme en reuniones de trabajo. 
En el Consejo- no tanto en el actual país que ejerce la Presidencia como en otros, especialmente en Suecia- existe la tendencia a fortalecer al Consejo a costa del Parlamento y de la Comisión y a las relaciones entre estados. 
Esta tendencia nos preocupa puesto que las relaciones entre estados y las decisiones adoptadas a puertas cerradas no conducen precisamente a una UE más democrática. 
Señor Presidente, en el transcurso de una reunión celebrada el pasado sábado, tuve la oportunidad de escuchar al nuevo colaborador de un importante ministro que describía, con el candor propio de un neófito, su primera experiencia en un Consejo de Ministros definiéndola como una especie de Circo Barnum, donde todos hablan pero pocos escuchan y tratan de llegar a acuerdos. 
Estamos de acuerdo con el ponente y con la mayor parte de sus propuestas. Por esto, aprovecho el tiempo de que dispongo para lanzar, en nombre de mi Grupo, dos mensajes al Consejo, en particular. 
El primero es que, aunque mañana por la mañana el Consejo aprobara todas las propuestas del Parlamento, no se conseguirá resolver el sustancial desequilibrio democrático ni parar la deriva intergubernamental. 
Sólo reforzando a la Comisión y al Parlamento y eliminando la posibilidad de veto en el Consejo se podrá avanzar realmente por la vía de la democracia y de la eficacia de la Unión. 
El segundo mensaje es la invitación a reflexionar sobre lo que ha manifestado el Comisario Barnier: no obstante los elementos positivos y los esfuerzos de la Presidencia belga, de momento el Consejo es irreformable sin un debate de fondo entre sus miembros sobre lo que el Consejo debe ser. 
Estoy segura de que no todos los Estados miembros de la Unión piensan lo mismo sobre el futuro del Consejo. En consecuencia, invito a la Presidencia a que se encargue de este debate sobre el futuro y a que procure que haya iniciativas concretas que permitan avanzar rápidamente por la vía marcada por el Sr. Poos, en espera de una reforma más global. 
Señor Presidente, el gran trabajo del Sr. Poos y de la Comisión se podría resumir con una metáfora: la de un águila que quiere pero no logra alzar el vuelo hacia las cumbres del futuro de las nuevas ambiciones europeas. 
Así y todo, lo debemos considerar un informe positivo, fundamental para la futura arquitectura de la Unión, una Unión que para hacer frente a las necesidades debe convertirse en un sujeto político autónomo e independiente. Un sujeto político que sacando fuerzas de sus tradiciones culturales y sociales puede ser una respuesta válida a la hegemonía monopolar que augura- lo estamos viendo en estos días- desorden. 
Es necesario un nuevo papel para la Unión, y en el frente de la descomposición y de la recomposición de alianzas a escala planetaria, esta Europa parece asfixiada, se presenta con improbables triunviratos en el escenario mundial, cuando, por el contrario, hace falta presentar y sostener conjuntamente y con una fuerte autonomía una línea de paz y de justicia social para sofocar el nefasto problema del terrorismo. 
Como propone el informe Poos, las reformas son necesarias y posibles, y nosotros las respaldamos. 
Se trata tan solo de unos pasos pequeños pero importantes si el Consejo y el Parlamento los considerasen oportunamente: son reformas importantes también para la solución del déficit democrático en un nuevo papel institucional del Consejo, en la renovada relación con el Parlamento. 
La eficacia de la capital acción de política y de defensa exterior y de su prestigioso responsable puede conseguirse única y exclusivamente en un ámbito de corresponsabilidad con los representantes de todos los Estados y no cada uno por separado. 
El Consejo debe entenderlo: no se trata de propuestas quejosas, sino de una necesidad democrática que redundará en beneficio del funcionamiento orgánico y transparente de toda la Unión. 
Señor Presidente, me gustaría decir que creo que tanto el Parlamento como la Comisión tienen una gran suerte al contar con alguien de la talla del Sr. Poos para ofrecernos este excelente informe que se necesitaba hace mucho tiempo. 
Yo acojo de manera muy favorable el informe del Sr. Poos y espero de veras que cuando reciba el apoyo abrumador del Parlamento, como creo que será, la Presidencia belga transmita la importancia del informe al Consejo de Ministros. 
También esperamos que la Presidencia belga se ponga a la cabeza del esfuerzo, como sea, por sacudir la conciencia de los miembros del Consejo de Asuntos Generales sobre cuál debe y debería ser su papel y su función. 
Lamentablemente, el Consejo de Asuntos Generales ha retrocedido mucho hasta un segundo plano en cuanto a su eficacia. 
El Consejo se ha visto socavado por la ampliación de los Consejos especializados y por el propio Consejo Europeo y esto es muy lamentable. 
El Consejo de Asuntos Generales, tal y como dice el Sr. Poos, debe seguir siendo un órgano político poderoso y no debe permitirse que se convierta en un súper Coreper. 
Si esto ocurre, nadie tendrá una visión global de lo que está ocurriendo, de dónde deberíamos ir, ni de cómo debemos prepararnos para el futuro. 
El trabajo del Consejo debe ser más coherente y es necesaria una mayor coordinación en la administración del Consejo. 
Yo creo que el Consejo debería limitarse a definir las orientaciones políticas generales de la Unión y no debería intervenir en los detalles específicos. 
Contribuye mucho a un mejor proceso de adopción de decisiones dentro de la Unión el contar con un Consejo eficaz que sea transparente y que ejerza todas las funciones que le confiere el Tratado. 
Asimismo, los Ministros que asistan a las reuniones del Consejo de Asuntos Generales deben disponer de todas las facultades necesarias para llevar a cabo sus misiones. 
Todos nosotros estamos demasiado acostumbrados a que los Ministros aparezcan en las reuniones del Consejo de Asuntos Generales, dirigiendo a las cámaras de televisión al entrar uno o dos dichos ingeniosos y siguiendo su camino. 
La Presidencia en ejercicio belga sacude la cabeza sin dar crédito. 
Señora, yo lo sé, yo he estado allí. 
Lo he visto yo mismo en más de una ocasión y las cosas no han mejorado desde que me marché. 
De hecho, han empeorado mucho y hay que decirlo públicamente. 
Queremos que el Consejo de Asuntos Generales haga su trabajo. 
Me gustaría que la actual Presidencia haga su trabajo y también queremos que la Comisión haga su trabajo. 
Respetamos y debemos respetar las tres instituciones y el papel que tienen que desempeñar. 
Este Parlamento no puede permitirse el lujo de permanecer callado mientras ve que el papel de cualquiera de las instituciones, ya sea el Parlamento, o la Comisión, o el propio Consejo, está siendo marginado por cualquier razón concreta por un pequeño grupo de Estados miembros por las razones políticas que pudieran tener en cualquier momento. 
Señor Presidente, ¿quién conoce a los ministros Van Dale, Conde de Saro y Skytte Christoffersen? 
Estos tres señores tendrán a su cargo durante los próximos catorce meses la aprobación de la mayoría de las leyes en la UE. 
Los Representantes Permanentes de los países que ocuparán la Presidencia de la UE Bélgica, España y Dinamarca son diplomáticos competentes que viven en la sombra. 
Se reúnen cada semana en Bruselas y negocian la mayor parte de nuestras leyes. 
El 70% es ultimada por sus subordinados y ayudantes. 
El 15% lo resuelven ellos mismos. 
Otro 15% descansa sobre el escritorio de los ministros donde ellos aleccionan o sustituyen al ministro durante su aprobación formal. 
Las reuniones se llevan a cabo detrás de puertas cerradas herméticamente de modo que nadie pueda ver cuán lejos nos hallamos de la democracia que todos alabamos en nuestros quince países. 
Sucede que un caso es debatido a la luz pública y tiene resonancia en el parlamento nacional, sí, que quizá hasta supone una instrucción o un mandato negociador al ministro, pero ésta es la excepción. 
La regla fundamental es que como electores y cargos electos hemos perdido la mayor parte de nuestra democracia y que ésta es gestionada por los quince Representantes Permanentes y sus colegas funcionarios. 
La solución a este déficit o apropiación democrática- pues sabemos quién ha escapado con el poder- es sencilla. 
¡Leamos nuestras constituciones y devolvamos el poder legislativo a los cargos electos! 
Regeneremos el núcleo de la democracia, que consiste en que los electores acuden a votar, se alcanza una nueva mayoría y posteriormente se aprueban nuevas leyes. 
Este núcleo no existe en la UE actual. 
Señor Presidente, señora Ministra, señor Comisario, Señorías, se puede decir que el azar hace bien las cosas. 
Después de uno de los peores espectáculos que la Unión Europea y, principalmente, su Consejo de Ministros hayan ofrecido a los ciudadanos europeos, he aquí el informe excelente de nuestro colega, antiguo Presidente del Consejo de ministros, Sr. Poos, que traza no solamente una vía, sino una línea que debería mostrarse en todas las iglesias o en todos los edificios públicos de la Unión, como en otro tiempo alguno hizo con las tesis de Wittemberg. 
Hemos vivido un Consejo Europeo en el cual la dislocación de las instituciones, la dislocación del Consejo, su fragmentación en conversaciones aparte, en estratagemas y en formaciones muy diversas, se mostró en detrimento del trabajo de la Presidencia belga, que no tiene nada que ver con eso, por supuesto, y así se recuerdan los grandes principios y se dice con calma, con serenidad, cómo debería funcionar Europa, y cómo no funciona por no aplicar las sabias recomendaciones y consideraciones de nuestro ponente, además desde la atalaya de su experiencia, de alguien que ha vivido desde el interior la experiencia del Consejo de Ministros, y del Consejo Europeo ni más ni menos. 
Por tanto, creo que la votación de este informe es un gran momento para el Parlamento. 
Desafortunadamente, la práctica de Europa no se inspira en ello en absoluto, lo cual es una de las razones de fondo de la insuficiencia del trabajo de la Unión, de la imagen de la Unión, del peso de la Unión. 
Por consiguiente, si este texto puede ser un elemento que la Presidencia belga, ante la cercanía de la cumbre de Laeken y de la declaración de Laeken, pueda tener en gran consideración diciendo: "Señorías, ésta es la vía, éste es el método comunitario y así es como las cosas deberían funcionar para que al menos intentáramos poner orden en nuestra casa", sería de gran utilidad un texto que espero que mañana logre la aquiescencia unánime de este Parlamento. 
En cualquier caso, los diputados radicales le darán su apoyo total. 
Pensamos que ésa es la vía, que ésa es la forma de hacer, que es necesario ver que Europa se construye y que no se destruye, como desafortunadamente el Consejo nos da la impresión de que está haciendo con demasiada frecuencia, y no el Consejo como tal, sino sus participantes, sus actores, que tanto en Gante como antes en Niza han demostrado que, en lo que respecta a dislocar las instituciones, son muy capaces, y se afanan enormemente en ello. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera felicitar al Sr. Poos y señalar a continuación que todas las instituciones de la Unión Europea, en vista de los retos que se les plantean, y en vista de la ampliación, de la mera modificación del número de participantes, deben reorientarse y encontrar mejores vías de trabajo conjunto. 
La Comisión está intentando desde hace algún tiempo impulsar un proceso interno de reformas del género. 
El Parlamento Europeo está intentando crear, mediante el informe Corbett aún en elaboración, crear tales supuestos en la medida en que podamos hacerlo sin modificar el Tratado. 
Creo que esas dos instituciones junto con el Consejo, que será quien tenga mayores problemas por el simple aumento de sus miembros, deberían hacerlo. 
Pues si uno se imagina que en un futuro, para una sesión del Consejo de 27 miembros sólo la llegada de las Delegaciones va a tardar hora y media, y que las declaraciones que harán todas ellas invadirán el tiempo del almuerzo, que, naturalmente, tendrá que hacerse en algún momento, entonces puede uno darse cuenta de que carece de una capacidad real de trabajo. 
Esto no tiene nada que ver con la capacidad en si del Consejo, sino con las estructuras. 
Por esta razón es extraordinariamente importante que se acepten muchas de las propuestas presentadas al respecto por el Sr. Poos y que se pongan en práctica ya aquellas que necesitan tan sólo una modificación del Reglamento, esto es, sin modificar el Tratado. 
Creo que debemos hacerlo por dos razones: para mejorar la eficiencia y aumentar la transparencia. 
La eficiencia puede elevarse sólo si no se deja la carga del Consejo de Asuntos Generales en una sola mano y en el marco de una institución. 
Pasa uno al punto A, se hace un poco de política exterior, los 27 presidentes hablan de Kazajstán, pasan a continuación al punto B de la legislación, y todo ello con continuas transiciones, aunque la mitad de los participantes estén en la conferencia de prensa. 
Señora Presidenta en ejercicio, quizás esté exagerando un poco, pero me temo que en muchos ámbitos es ésta la realidad. 
Por esta razón sería necesario ir a un Consejo Ejecutivo que se concentre especialmente en la política exterior. 
Deberíamos poder diseñar en el Consejo una política exterior coherente, mientras sea éste una institución intergubernamental, y debemos aclarar que tenemos un Consejo Legislativo que, por mor de la transparencia, es público en la votación final y en las declaraciones gubernamentales de los motivos y razones de lo que votan. 
Ganaremos la aceptación de los ciudadanos europeos cuando sepan quién y por qué razones ha tomado qué decisiones. 
Es un tema fundamental si queremos ganar la aceptación de la ciudadanía, y sólo así podremos en la codecisión lograr una interacción entre Parlamento y Consejo en un proceso público, para que los ciudadanos y los medios puedan juzgar e identificar a los responsables o presuntos responsables de decisiones erradas. 
Creo que es urgentemente necesario que a esta parlamentarización del trabajo siga una politización. 
Hacemos trabajo legislativo que en amplios ámbitos es regulado y codecidido por funcionarios. 
Creo que esto no es compatible con nuestras nociones democráticas, por lo que le pido, señora Presidenta en ejercicio, que adopte en Laeken una iniciativa referida a ello, porque podemos conseguir mucho sin modificar el Tratado y porque de esta manera nos vamos preparando para la ampliación de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el informe Poos es simultáneamente audaz, cauteloso y realista. 
Audaz, porque propone desde ahora mismo un conjunto de enmiendas para la mejora del funcionamiento del Consejo. 
Cauteloso, porque reconoce la viabilidad de las enmiendas sin necesidad de modificar los Tratados. 
Y realista, porque reconoce que resulta también necesario mejorar políticamente- y mucho- el funcionamiento de la Comisión y de este mismo Parlamento. 
Las propuestas del informe tienen también en cuenta la idea de que las mejoras en el funcionamiento institucional de la Unión exigen adaptaciones importantes en el nivel del equilibrio del poder instalado que, sin poner en entredicho el funcionamiento de los órganos, garanticen la participación plena de todos los Estados miembros. 
Por lo demás, ése es, a mi juicio, el problema esencial. 
Sólo si Europa en general, por mediación de sus opiniones públicas, y los quince Estados miembros, por mediación de sus representantes en los diversos órganos, asumen el carácter prioritario e imperativo del fortalecimiento de la cohesión política con una base de participación tendencialmente igualitaria, se alcanzarán a corto plazo los grandes objetivos para la Unión Europea en los planos económico, social, de seguridad y de representación exterior. 
La pasividad, la indefinición, la división y la controversia entre los países, que propician la incapacidad para la transformación, contribuyen al mantenimiento del estado actual, con lo que dan la razón a quienes ven la Unión Europea como un simple grupo de comerciantes preocupado por repartir- no siempre de forma equitativa y justa- los limitados recursos financieros puestos a su disposición. 
Es absolutamente indispensable fortalecer las instituciones mejorar su funcionamiento y su eficacia, elaborar y aplicar políticas comunitarias en los planos de la seguridad y la representación exterior, pero debe ser una realización de los quince Estados miembros sin exclusiones ni directorios. 
En esa línea, este informe merece nuestro apoyo y nuestra admiración. 
Señor Presidente, Señorías, el informe que hoy se debate es un inteligente y meritorio intento por parte de nuestro colega Poos de reformar el Consejo sin cambiar los Tratados. 
Felicito al ponente por su esfuerzo aunque no pueda compartir su optimismo. 
Ni creo que esta minirreforma pueda resolver los problemas del Consejo, ni veo, por desgracia, voluntad política para emprenderla. 
Ojalá me equivoque y acierte el colega Poos. 
La época de oro del Consejo de Asuntos Generales, señor Presidente, ha pasado y me parece fuera de la realidad pensar que el Consejo Europeo esté dispuesto a devolver a ese Consejo de Asuntos Generales los poderes que le ha arrebatado. 
Las políticas europeas no son ya políticas exteriores, sino políticas internas de los Estados miembros y no cabe reservar las decisiones importantes a los ministros de Asuntos Exteriores. Bastante tienen ya con la política exterior y de seguridad común. 
El triángulo institucional sigue siendo indispensable para el buen funcionamiento de la Unión, a condición de que cada uno de sus elementos vaya adaptándose a las nuevas necesidades. 
En el caso del Consejo, estamos ya ante un magma cuyas disfunciones sólo pueden ser remediadas: a) reconociendo el papel decisivo del Consejo Europeo; b) confiriendo al Consejo de Asuntos Generales la tarea de preparar bien las decisiones de aquél para que no queden relegadas a las burocracias nacionales; y c) organizando el conjunto de los Consejos especializados en un sistema articulado de forma eficaz. 
Esa forma eficaz no se logrará sin abandonar el sistema, ya obsoleto, de una Presidencia semestral rotatoria, sustituyéndolo por una Presidencia más duradera. 
Una acción política eficaz no puede cambiar de prioridades cada seis meses. 
Mi Grupo planteó este tema en el debate de la Comisión de Asuntos Exteriores, aunque, por respeto al enfoque del informe, no insistimos en este punto. 
El informe del colega Poos tiene, en efecto, el mérito de proponer al Consejo unas reformas mínimas, susceptibles de echar a andar un proceso de autorreforma cada día más indispensable. 
Celebraría que consiguiese al menos ese objetivo. 
Todos saldríamos ganando, incluso los que creemos que las reformas del Consejo sólo se pueden hacer en la Convención porque tienen que ser mucho más profundas. 
Señor Presidente, no hay declaración de este Parlamento en que no se haga confesión de fe en la democracia, la transparencia, y la eficacia. 
Y eso es algo que está muy bien, pero que es absolutamente insuficiente. 
Semejantes principios generales adquieren substancia y se hacen realidad sólo cuando impregnan a la estructura organizativa de la Unión Europea en su conjunto. 
Y precisamente por ello debemos saludar el proyecto de resolución de Jacques Poos. 
Se trata de uno de los textos más importantes que han pasado por el Parlamento Europeo. 
El ponente demuestra que tanto en el ámbito de la democracia como en el de la eficacia se pueden hacer muchas cosas aun sin la revisión de los Tratados; sencillamente con su meticulosa observancia. 
Y tomando el informe como punto de referencia, deseo hacer las siguientes mínimas consideraciones: primero, la organización del Consejo se ha hecho ya tan compleja, con 27 subdivisiones, que funciona en un sentido disgregador en cuanto a su trabajo. 
El Consejo de Asuntos Generales debe, por supuesto, reunirse con más frecuencia, pero con los ministros presentes, no sólo en Bruselas, sino, a ser posible, en las reuniones. 
El funcionamiento del Consejo, presupone la adaptación de las administraciones y gobiernos nacionales a la mentalidad institucional europea y a la programación europea. 
En cuanto a las relaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo, el necesario aumento de los días de comparecencia es correcto, y por otro lado, la presencia personal del Presidente del Consejo en el Parlamento y la transparencia no presuponen necesariamente la revisión de los Tratados. 
Para concluir, observo que la causa de Europa ha multiplicado el volumen de trabajo y exige un esfuerzo mucho mayor. 
Los miembros del Consejo deben, para una contribución suya más eficaz, hacer una distribución razonable entre sus responsabilidades nacionales y europeas. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, señorías, quiero yo también felicitar al colega Jacques Poos por el excelente trabajo que ha presentado y felicitarlo por el modo plenamente democrático con el que se ha enfrentado a las propuestas y las observaciones de los demás colegas de la Comisión de Asuntos Constitucionales, observaciones que se proponían, claro, la mejora de su informe. 
El primero es el punto 9, referido a las dos actividades del Consejo, esto es, la legislativa y la ejecutiva. 
Considero muy acertada la observación del Sr. Poos de que hay que distinguir la legislativa, es decir que debe quedar claro cuándo ejerce el Consejo su actividad legislativa, y cuándo ejerce su actividad ejecutiva. 
Es algo de la mayor importancia y, a mi entender, debe ser tomado en consideración. 
El segundo punto se refiere a la colaboración del Consejo con el Parlamento Europeo. 
Seria injusto para con el Consejo decir que no se han dado ciertos pasos, pero esto no significa que no deban darse otros. 
Quiero detenerme en dos parágrafos de las propuestas del Sr. Poos, a los que concedo la máxima importancia. 
El primero es el parágrafo 18, que se refiere al papel y a la relación que debe tener con el Parlamento el Alto Representante para la PESC. 
Y quiero rogar al Consejo que llame al orden al Sr. Solana. 
El Alto Representante debe aprender que la relación con el Parlamento se da en un marco regulado por ciertas reglas, y redundará en su propio interés entender esas reglas. 
El segundo parágrafo es el 19. 
Celebro el excelente ejemplo que la Presidencia belga ha dado esta mañana al comparecer e informar personalmente al Parlamento Europeo el Presidente del Consejo, y quiero felicitar por ello al Sr. Verhofstadt. 
El tercer punto, y al que concedo la mayor importancia, es el enorme asunto de la transparencia. 
Es una cuestión que afecta a todas las instituciones de la Unión Europea. 
Ha sido planteado por colegas como la Sra. Malmström, que ha hecho un gran trabajo en el tema de la transparencia, y la Sra. Maij-Weggen, por supuesto, pero quiero decirle al Consejo que a los ciudadanos europeos no les interesa sólo saber lo que decide el Consejo, sino saber por qué decide lo que decide. 
Señor presidente, señora Presidenta en ejercicio, señor Comisario, Señorías, el Consejo funciona mal, y esto repercute en las distintas instituciones de la Unión. 
Es malo para el Parlamento y es malo para la Comisión. 
La carencia de eficiencia y de transparencia, a la que se ha aludido con frecuencia, afecta también a nuestro trabajo y nos hace quedar mal ante los ojos de la ciudadanía. 
Por ello es urgentemente necesaria la reforma del Consejo. 
Hay que volver a insistir en esto. 
Jacques Poos ha presentado propuestas valiosas y provechosas sobre cómo sería ello posible ahora sin necesitar de un nuevo tratado europeo. 
Soy de la opinión de que la ciudadanía tiene derecho a saber quién ha votado y qué ha votado respecto de leyes y normativas que le afecten en su vida cotidiana. 
La transparencia del Consejo Legislativo es urgentemente necesaria. 
Creo también que el problema es el número de consejos especializados. 
El problema es la falta de coordinación dentro del Consejo y dentro también de los Gobiernos de los Estados miembros. 
Hay que cambiar esto. 
Enviar un Ministro específico a Bruselas que coordine la política del Gobierno a escala nacional, es, creo yo, una idea que debe ser puesta en práctica. 
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha llevado el lunes pasado nuevos puntos al orden del día, como, por ejemplo, el tema de la presidencia del Consejo cuando seamos 25 o más Estados, o como la definición del Consejo Europeo. 
¿Qué es? 
¿Un órgano, un supergremio, o una parte del Consejo? 
Esta reforma es urgentemente necesaria, Señora Presidenta en ejercicio. Esperamos que usted antes de Laeken pueda hacer algo y que en Laeken el Consejo, con vista al próximo tratado de la Unión, vuelva otra vez al orden del día. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera manifestar mi gratitud hacia el Sr. Poos por este informe sobre la necesaria reforma del Consejo. 
Hablando del Papa se dice a veces que no hace falta estar casado para poder opinar sobre el matrimonio. 
Con respecto al Sr. Poos podemos afirmar que puede hablar del Consejo con conocimiento de causa puesto que ha formado parte de esta institución durante mucho tiempo. 
El mal funcionamiento del Consejo en momentos cruciales quedó patente en la Cumbre de Gante, donde tres jefes de Gobierno se reunieron al margen del Consejo, donde el Presidente del Consejo formuló observaciones muy significativas acerca de la evaluación de los ataques a Afganistán a las que luego no se sumó el Consejo, donde diversos jefes de Gobierno hicieron declaraciones con posterioridad a la Cumbre europea, donde se adoptaron decisiones sobre una cuestión financiera relacionada con los bancos y el euro, pero no se alcanzaron acuerdos sobre las importantes medidas antiterroristas propuestas por la Comisión y el Parlamento y donde, para mayor desgracia, se produjo una disputa embarazosa entre el Presidente del Consejo y el Presidente de la Comisión. 
Ésta es la imagen que tiene el Consejo ante la opinión pública. 
Esa mala imagen domina toda la toma de decisiones y toda la formación de opiniones en la Unión. 
¿Cuál es la reforma que necesita el Consejo para mejorar el funcionamiento de la Unión y la imagen que de ella tienen los ciudadanos? 
¿Cómo podemos reformar el Consejo de tal forma que aumenten la democracia y la transparencia en toda la estructura institucional de la Unión? 
A mi modo de ver se imponen aquí algunos factores de vital importancia. 
En primer lugar, el Consejo ha de ceñirse a su objetivo inicial, es decir, debe reflejar el punto de vista de los Gobiernos de los Estados miembros, bajo el control de los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. 
En segundo término, es fundamental que las actividades del Consejo se coordinen mejor, de modo que el Consejo de Asuntos Generales y los Consejos específicos hablen con una sola voz. 
Personalmente soy partidaria de una mayor reducción del número de Consejos específicos. 
En tercer lugar, es importante que se refuerce el papel del Consejo de Asuntos Generales mediante la colaboración de prestigiosos dirigentes nacionales en materia de asuntos europeos que ocupen preferentemente el cargo de ministro. 
A este respecto, Bélgica ha dado buen ejemplo. 
En cuarto lugar, considero necesario que todas las reuniones del Consejo que traten cuestiones legislativas o relacionadas con el presupuesto revistan carácter público. Ello quiere decir que tanto las deliberaciones como la toma de decisiones han de celebrarse en público y que las actas deben ser públicas. 
En quinto lugar, es imprescindible que en materia legislativa, incluido el presupuesto, el derecho a voto se reserve a los ministros, lo cual significa que no pueden hacerse sustituir, por ejemplo, por un representante permanente o un funcionario. 
En mi opinión, el Consejo debería empezar a funcionar conforme a su verdadera tarea, como un Consejo Federal a imagen y semejanza del modelo alemán, a fin de que los ciudadanos comprendan perfectamente cuál es el papel del Consejo en el proceso de democratización de la Unión. 
Espero de todo corazón que el informe del Sr. Poos desempeñe una función relevante en la próxima CIG y espero sobre todo que el Consejo tome en serio no sólo las críticas, sino también las esporádicas alabanzas del Parlamento. 
Señor Presidente, los ciudadanos tienen derecho a saber cómo han actuado y votado sus representantes en el Consejo. 
¡Es totalmente inaceptable que en una democracia se legisle para 380 millones de personas a puertas cerradas! 
Por este motivo, la postura más importante contenida en el informe del Parlamento sobre las reformas en el Consejo está en el punto 26, que se refiere a la necesidad de apertura. 
En él se consigna que el Parlamento Europeo exige que tanto las discusiones como las votaciones deberán ser públicas cuando el Consejo actúa como legislador y se demanda, especialmente, que todos los debates públicos realizados en virtud del artículo 8 del reglamento del Consejo deberán tener lugar al comienzo y al final de todos los procedimientos legislativos y que se aplique el artículo 9.1 del citado reglamento. 
También se dice que los resultados de las votaciones y las explicaciones de voto en materias legislativas deberán ser públicos. 
La Unión Europea se democratizará mediante esta futura apertura. 
Ella permitirá a los electores ejercer mayor presión y a los parlamentos nacionales ejercer mayor control sobre el Consejo. 
¡Ya era hora! 
Asimismo, esto conllevará mayores exigencias de concentración de las tareas de la UE y la necesidad de limitar sus facultades. 
El informe que aprobamos hoy tiene, por tanto, consecuencias a largo plazo. 
Señor Presidente, creo que nos hemos acercado a los objetivos formulados en 1995 por el señor Jacques Santer, anterior Presidente de la Comisión: Hagamos menos cosas, pero hagámoslas mejor. 
Señor Presidente, señores Comisarios, señoras señores, en los tiempos felices en que yo era miembro del Parlamento Europeo, también fui bastante crítica con el Consejo, sin embargo, no creo haberme manifestado en ningún momento con respecto al Consejo de la forma como algunos de ustedes han considerado útil hacerlo. 
Y también quisiera decirles que hay algo que no entiendo, desde hace un año que formo parte del Gobierno federal belga participo en los trabajos del Consejo "Asuntos generales", desde hace algunos meses presido el Consejo "Agricultura", participo en el Consejo informal "Comercio exterior" y durante un tiempo participé en el Consejo "Mercado interior". 
Por consiguiente, es como decir que en un año he acumulado cierta experiencia sobre el modo de funcionamiento de los Consejos, y de los Consejos en diversas formaciones. 
Quisiera decirles a título informativo que ocurre en muy raras ocasiones que no haya en una sesión una mayoría, por no decir casi la totalidad, de ministros o de secretarios de Estado, y ello en todas estas formaciones que acabo de citar. 
Es decir que, se lo digo a título informativo, para que lo sepan; como les digo también que la imagen que algunos de ustedes han considerado conveniente esbozar, la de un Consejo en el que los ministros están allí cuando las cámaras también están, y que salen cuando las cámaras desaparecen, que esta imagen no se corresponde con la realidad. 
Una vez más a título informativo. 
Esto me hace pensar un poco en la crítica, de algunos que siempre he rechazado, con respecto al Parlamento Europeo, que consiste en denunciar, observando por ejemplo una sesión como ésta, el absentismo de los diputados europeos diciendo: "pero, ¿dónde están ?" 
Finalmente, es necesario que les diga que no es cuestión de dietas para los ministros que participan en el Consejo. 
Todo esto, Señorías, exclusivamente a título informativo. Gracias. 
Muchas gracias, señora Neyts-Uyttebroeck. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Situación de la preparación de la IV Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio 
De conformidad con el orden del día, el Consejo y la Comisión proceden a formular declaraciones sobre los avances logrados en la preparación de la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. 
Señor Comisario, señor Presidente, Señorías, dentro de dos semanas se celebrará en Doha, Qatar, la cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. 
La Unión Europea está realizando serios esfuerzos para garantizar que con ese motivo se ponga en marcha una nueva ronda comercial sobre la base de un orden del día amplio y equilibrado. 
A este respecto, las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales del 26 de octubre de 1999 continúan siendo el punto de referencia. 
El Consejo de Asuntos Generales del pasado 8 de octubre subrayó la importancia de una nueva ronda comercial. 
El Consejo de Asuntos Generales del próximo lunes estudiará de nuevo el estado de la cuestión. 
Se trata, en efecto, de que en Doha la Unión se muestre muy unida en un esfuerzo común. 
Lo hará también en esta ocasión. Como ustedes saben muy bien, el Comisario Pascale Lamy, que pronunciará su discurso a continuación, ha destacado un papel crucial y, por cierto, muy apreciado en todo ello. 
Para su información quisiera añadir que el tema de la preparación de la cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio también se ha sacado a colación en el Consejo de Asuntos Sociales, el Consejo de Agricultura, y si no me equivoco, se pondrá igualmente sobre el tapete en el Consejo de Medio Ambiente, a fin de armonizar los puntos de vista o tener, cuando menos, conocimiento de los puntos más sensibles. 
La apertura de una nueva ronda de negociaciones amplias nos debe permitir lograr avances en la liberalización y la regulación del comercio mundial, lo cual resulta harto importante por diversas razones. 
En primer lugar, la Conferencia se celebra en el contexto de una economía mundial desacelerada. Es más, esta situación se ve reforzada por los dramáticos acontecimientos del 11 de septiembre, que han tenido un impacto negativo sobre el crecimiento económico, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. 
Con un acuerdo sobre la apertura de una nueva ronda emitiríamos una señal enérgica y positiva a la economía mundial. 
Durante el reciente Consejo informal de Gante los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, así como el Presidente de la Comisión, también han hecho un llamamiento para que- cito -: " se trabaje activamente en la reanudación de las negociaciones celebradas en el marco de la OMC. 
Habida cuenta de la precaria situación económica, es más importante que nunca que se proceda a una mayor liberalización del comercio a través de un sistema multilateral basado en normas concretas y dotado de una dimensión de desarrollo real, tanto desde el punto de vista económico como político ", fin de la cita. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, un nuevo ciclo de negociaciones comerciales es también extremadamente importante para los países en vías de desarrollo. 
Efectivamente, debe permitir que se mejore la integración en el sistema comercial multilateral de los países en vías de desarrollo, y en especial de los países menos avanzados, principalmente mediante un mejor acceso a los mercados, unas medidas que faciliten la aplicación de acuerdos ya concluidos, así como otras destinadas a hacer más operativo el trato especial y diferenciado a favor de esos países. 
En tercer lugar, un nuevo ciclo intentará reforzar el sistema de la OMC basado en reglas, en inglés "a rules-based system", y ello clarificando y concretando disposiciones existentes, principalmente en materia de comercio y de medio ambiente, y ampliando el campo de aplicación de la OMC a nuevos temas como la inversión, la competencia y la agilización de los intercambios comerciales, de forma que la OMC se adapte a las necesidades suscitadas por la evolución de la economía mundial y responda a las preocupaciones que resultan de la globalización. 
La Unión Europea intentará también promover la gobernación multilateral asegurando una coherencia creciente y una cooperación mejorada de la OMC con otras organizaciones internacionales, en especial con la OIT, de forma que se contribuya a un mejor control de la globalización. 
(NL) Quisiera subrayar que la Unión Europea no sólo persigue una mayor liberalización del comercio mundial, sino también una mayor regulación. Además, puedo asegurarles que estas aspiraciones concuerdan perfectamente con lo que piensan los ciudadanos de los Estados miembros. 
Las cuestiones no comerciales, el aumento de la transparencia del mecanismo de la Organización Mundial del Comercio, el mantenimiento del modelo europeo en el ámbito de los servicios públicos y el estatuto especial de dichos servicios entran a formar parte de los intereses defendidos por la Unión Europea. 
Durante los tres años últimos se han realizado serios esfuerzos, en colaboración con los países en vías de desarrollo, en torno a la problemática de la implantación. 
Gracias a ello se han identificado los temas más relevantes. 
En unas ocasiones se trata de la aplicación de los acuerdos o de un simple matiz o de la necesidad de especificar la interpretación del texto. 
En otras, surgen cuestiones que bien podrían dar lugar a una modificación formal de los acuerdos existentes. 
Todo ello dificulta el proceso, en el cual la Unión Europea participa activamente a sabiendas de que para muchos países se trata de un elemento decisivo. 
Quisiera subrayar que esta colaboración con los países en vías de desarrollo debe ir acompañada de unos esfuerzos realizados conjuntamente con los denominados "países ricos", ya que hasta principios de año éstos no estaban en absoluto convencidos- unos menos que otros- de que, de cara a los países en vías de desarrollo, existe un verdadero problema de implantación. 
(FR) Señor Comisario, señor Presidente, señoras y señores, desde hace un año la Unión Europea juega un papel clave en otro expediente importante, que es la búsqueda de una solución que permita a las poblaciones más pobres de este mundo acceder de forma real y eficaz a los medicamentos. 
El plan de acción de la Comisión en este ámbito fue aprobado por el Consejo "Asuntos generales" el pasado mes de mayo. 
La Unión trabaja para que pueda aprobarse en la cuarta conferencia ministerial, en Doha, una declaración distinta relativa al acceso a los medicamentos y al acuerdo sobre los ADPIC. 
En estos días, las consultas en el marco de la OMC se concentran en el proyecto de declaración ministerial y en el proyecto de decisión relativos a las cuestiones vinculadas a la puesta en práctica. Stuart Harbinson, Presidente del Consejo general de la OMC, presentó el 26 de septiembre dos textos. 
Estos textos, de los cuales un gran número de miembros de la OMC consideran que constituyen buenas bases de trabajo, serán adaptados en función de las negociaciones que se produzcan a partir de su publicación. 
Para la Unión Europea, el proyecto de declaración ministerial tiene el mérito de tomar en consideración el amplio abanico de temas que nos interesan. 
Sin embargo, el texto queda por debajo de las expectativas en varios ámbitos. 
El Comisario Pascal Lamy comentará sin ninguna duda este punto en su intervención, y la Comisión continuará con sus esfuerzos para que la declaración ministerial responda a las preocupaciones y a los intereses de la Unión. 
Nuestra participación activa en las negociaciones sobre la agenda del nuevo ciclo se hace en un espíritu de apertura y flexibilidad, así como con la preocupación particular por ayudar a los países en vías de desarrollo defendiendo los objetivos y los intereses legítimos de la Unión. 
Los diferentes componentes que han de incluirse en el nuevo ciclo y las cuestiones de aplicación forman un todo, la apreciación final de la Unión incidirá al mismo tiempo en el equilibrio de conjunto así como en el equilibrio en el interior de los diferentes temas que han de tratarse. 
(NL) Señor Presidente, señor Comisario, a modo de conclusión quisiera puntualizar que la próxima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio tiene por objeto reajustar el carácter regulador del comercio mundial, aparte de que dicha Conferencia nos permitirá dar un importante impulso a la economía mundial gracias a la apertura de una nueva ronda comercial. 
Para terminar deseo subrayar la significación positiva que reviste esa nueva ronda desde el punto de vista económico y político. Debe ayudarnos a reforzar la solidaridad internacional, reducir las desigualdades e incrementar la estabilidad en el mundo, así como la estabilidad de la economía mundial. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar dar las gracias al Parlamento Europeo por haber organizado este debate sobre el avance de la preparación de la próxima conferencia ministerial de la OMC, a dos semanas de su apertura y en un momento en el que los debates son vivos, como en Ginebra y en otras partes, sobre el programa de negociaciones que es necesario impulsar. 
Quisiera también decirles que, como negociador por parte de la Unión, concedo una enorme importancia a la participación activa del Parlamento Europeo en este debate. 
Como saben ustedes, hemos luchado juntos en la última Conferencia Intergubernamental- que elaboró el llamado Tratado de Niza -, para un refuerzo de las competencias del Parlamento en materia de política comercial. 
Como saben también, los Estados miembros no han adoptado nuestras propuestas. 
En estas circunstancias, la Comisión hace todo lo que está en su mano, en el marco impuesto por el Tratado, para informar al Parlamento Europeo y asociarlo a la política comercial de la Unión. 
Saben también que apoyamos la creación de un organismo parlamentario consultivo ante la OMC, para reforzar la participación de los representantes en el sistema comercial multilateral. 
Estoy profundamente convencido de que, si queremos el apoyo de las opiniones públicas, si queremos incrementar la legitimidad de la OMC, el refuerzo de la participación de los diputados en sus trabajos es no solamente posible sino también y ante todo necesario. 
¿Cuál es entonces el programa de negociaciones que propone la Unión? 
Desde hace dos años- desde Seattle -, hemos tenido la posibilidad de discutir en conjunto en varias ocasiones sobre el avance de la preparación de la próxima conferencia ministerial. 
Los intercambios de puntos de vista que hemos mantenido aquí o en comisión han alimentado nuestras propias reflexiones sobre la estrategia que hay que aplicar. 
Las consideraciones y las preocupaciones que ustedes mismos han señalado a lo largo de esos contactos coinciden ampliamente con las de la Comisión. 
Al igual que nosotros, desean ustedes un programa de negociaciones sobre la liberalización de los intercambios comerciales y de las inversiones, para responder a las necesidades de nuestros exportadores y a las de los países en vías de desarrollo. 
Pero, al igual que nosotros, desean también ustedes un programa de negociación que incida en la definición de las nuevas normas, en la clarificación de las existentes y en la articulación de las normas de la Organización Mundial del Comercio y de las demás instancias internacionales en los ámbitos social, ambiental, de salud o de seguridad alimentaria. 
Efectivamente, son estas normas las que pueden asegurar al mismo tiempo una mayor eficiencia de los mercados, un mejor desarrollo social y una protección adecuada del medio ambiente. 
A nuestro juicio, la clave para un desarrollo sostenible para todo el planeta reside en la combinación de la apertura de los mercados y de la puesta en práctica de normas multilaterales. 
Por ello, el orden del día que apoya la Unión desde Seattle incluye tres apartados: acceso a los mercados, regulación e integración de los países en vías de desarrollo; la unidad de estos tres apartados debe garantizarse por lo que se llama en inglés el single undertaking. 
Queremos finalmente una negociación sostenida y una conclusión rápida. 
Algunos de ustedes se sorprenden quizá de que no hayamos cambiado ni de dirección ni de calendario tras los terribles acontecimientos del 11 de septiembre. 
Eso merece unas palabras a modo de explicación. 
Desde antes del 11 de septiembre nos parecía necesario un planteamiento basado en el principio de una liberalización ordenada. 
Nos ha parecido aún más necesario después de los ataques terroristas. 
El proceso de apertura, de regulación de los intercambios comerciales, de integración de los países en vías de desarrollo y la preocupación por el carácter duradero de la política ambiental y social no son menos necesarios ahora que antes. 
Son factores de estabilidad y de seguridad de las relaciones entre países o entre generaciones. 
La concertación, la negociación, la resolución pacífica de los conflictos comerciales han hecho del comercio internacional una especie de continente avanzado de la gobernación internacional en la que cada socio participa en las decisiones. 
Frente a la desestabilización provocada por los atentados, hemos de reforzar aún más la primacía del aspecto multilateral que es a nuestro juicio la mejor vía para hacer de la globalización un estado de derecho y no solamente un estado de hecho. 
Por supuesto, la OMC no es más que uno de los pilares del sistema multilateral que debe responder a los desafíos de la globalización. 
Un ciclo de negociaciones en el marco de la OMC constituye pues una condición necesaria, sin duda, pero no suficiente. 
Será necesario reforzar también otras instancias de gobernación en materia de medio ambiente, de desarrollo social, de financiación del desarrollo y de apoyo a las políticas internas correctas. 
Veamos ahora cuáles son las perspectivas en lo que respecta a la Conferencia Ministerial que tendrá lugar dentro de quince días. 
De una forma general, considero que nos encontramos en mejor situación que en el periodo correspondiente antes de Seattle. 
Los preparativos se realizan en un espíritu de cooperación positiva. 
La convicción según la cual el sistema multilateral debe ahora más que nunca formar un componente esencial del crecimiento y de la prosperidad es ampliamente compartida. 
Y creo que es necesario señalar también que la apertura, el espíritu constructivo, los esfuerzos de muchos socios- nosotros mismos, Estados Unidos, un número creciente de países en vías de desarrollo- han contribuido ya a reducir en parte las divergencias que habían obstaculizado el éxito de la conferencia de Seattle. Esto se vio claramente en la última reunión informal restringida de los Ministros de Comercio de la OMC, que se celebró en Singapur los pasados días 13 y 14 de octubre y en la cual participé. 
Creo que eso se reflejó correctamente en la reunión de Ministros de Comercio de la APEC (los países ribereños del Pacífico) , la semana pasada. 
Pienso que hemos llegado ahora al punto en que se puede considerar un ciclo ambicioso, equilibrado, que responda a los principales objetivos de la Unión. 
Por supuesto, aún no hemos llegado al objetivo. 
Estamos entrando ahora en la fase final y crucial, antes de Doha. 
Como saben ustedes, el pasado 26 de septiembre se puso sobre la mesa un proyecto de declaración ministerial, que constituirá el mandato de negociación para el nuevo ciclo. 
Ha sido considerado por la totalidad de los miembros de la OMC como una base de trabajo razonable. 
Nadie, claro es, se considera plenamente satisfecho, algo que, cuando se conoce la cultura de la OMC es más bien una buena señal antes de una negociación. 
Evidentemente, en este texto no todo es aceptable, ni siquiera por nosotros, y voy a señalarles las dificultades más importantes en las cuales tenemos que trabajar aún. 
La primera se refiere al comercio y al medio ambiente, ámbitos en los que nos preocupa especialmente la falta de ambición de las propuestas. 
Deseamos claramente hacer que el mandato de negociación sea más sustancial. 
Se están produciendo progresos en algunas cuestiones, pero es necesario reconocer que la mayor parte de nuestros socios de los países en vías de desarrollo mantienen cuando menos una posición de duda ante la idea de aceptar negociaciones sobre este tema. 
Haremos lo que podamos, en los próximos días, para mejorar esta situación. 
He dicho claramente a mis colegas, en Singapur, que un mandato sobre este tema no era solamente una necesidad política para la Unión, sino que también debía servir al interés de todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio y del sistema multilateral en su conjunto. 
Creo que el mensaje relativo a la importancia política que esta cuestión reviste para nosotros ha calado. 
Falta extraer las consecuencias operativas. 
La segunda dificultad, después del medio ambiente, es la agricultura, que sigue siendo un tema muy sensible. 
El proyecto que ahora mismo hay sobre la mesa parece prejuzgar en muchos sentidos el resultado de las negociaciones, ya que contempla especialmente la eliminación progresiva de categorías de subvenciones, lo que va más allá que el mandato que hemos recibido, Franz Fischler y yo mismo... 
Señor Comisario Lamy, le pido que interrumpa su intervención. 
Como, naturalmente, comprenderán todos sus Señorías, se trata de un ejercicio de evacuación del Parlamento. 
Vamos a suspender la sesión y abandonar inmediatamente el hemiciclo. 
Pido a sus Señorías que sigan, tranquila y ordenadamente, las instrucciones del personal de seguridad de la Asamblea y salgan por las salidas de emergencia. 
Se suspende la sesión, que se reanudará después de que los timbres vuelvan a indicar que se van a reanudar los trabajos normalmente. 
(La sesión, suspendida a las 16.35 horas para un ejercicio de evacuación, se reanuda a las 17.10 horas) 
Señor Presidente, retomo pues lo que le señalaba antes de esta corta interrupción, que el proyecto de declaración para la Conferencia de Doha, que está actualmente sobre la mesa, nos planteaba una serie de problemas en materia de medio ambiente, de agricultura, y voy a referirme ahora al social: nosotros tampoco estamos satisfechos de algunos aspectos de la declaración y principalmente sobre la referencia a la cuestión social. 
A nuestro juicio es demasiado pobre y ha de ser reforzada para que refleje de forma más conveniente la importancia de esta cuestión en nuestras sociedades, y nuestra ambición, ya que éste es mi mandato, de ver que se entabla un diálogo internacional y multi-institucional sobre este tema. 
En lo que respecta a la inversión y a la competencia, una de las opciones presentadas, que es la de detenerse en programas de trabajo, no nos interesa. 
Unos programas de trabajo no pueden sustituir a unas negociaciones, en nuestra opinión, aunque se puede reflexionar sobre una articulación inteligente entre un programa de trabajo y una negociación si ello fuera acordado con antelación, por supuesto. 
La cuestión de la relación entre salud y propiedad intelectual, a la cual la Presidencia del Consejo hizo alusión hace unos instantes, sigue siendo igualmente difícil. 
Como saben ustedes, estamos muy comprometidos en este tema, y nos esforzamos de forma activa por aproximar las posiciones más extremas con el fin de llegar en Doha a una declaración política sustancial que concilie las flexibilidades del acuerdo sobre la propiedad intelectual con, por una parte, la necesidad de acceso a los medicamentos esenciales de los países en vías de desarrollo y, por otra, la preocupación por garantizar la innovación por medio de la investigación. 
Esto es todo lo que hay en lo que respecta a nosotros. 
Otras delegaciones tienen lógicamente sus propias preocupaciones sobre la declaración ministerial. 
Para una serie de países en vías de desarrollo, la puesta en práctica de los acuerdos existentes de la OMC, o en muchos casos su reajuste, reviste una importancia primordial, y debemos, a nuestro juicio, estar dispuestos a responder de forma abierta y creativa a dichas preocupaciones. 
Algunos países entre los menos avanzados tienen un problema real de insuficiencia de capacidad y de recursos, y este problema deberá alcanzar una solución en los trabajos futuros de la Organización Mundial del Comercio. 
A pesar de estas preocupaciones que he recordado, la mayor parte de los países miembros de la OMC me parecen hoy más dispuestos a dar prueba de la flexibilidad y apertura necesarias para impulsar en Doha una negociación suficientemente ambiciosa en lo que respecta a su sustancia, y empiezo a pensar que podremos encontrar allí nuestras cuatro prioridades: la liberalización de los intercambios comerciales, el refuerzo de las normas, la inclusión del desarrollo en el centro del orden del día multilateral y la integración en la OMC de los objetivos de desarrollo sostenible. 
Y todo esto destinado a tomar mejor en consideración las preocupaciones de nuestros conciudadanos. 
Espero, en nombre de la Comisión, que la resolución que ustedes voten mañana dé un apoyo claro e importante a estos objetivos de la Unión Europea. 
Si lo hacen, ello reforzará la mano del negociador y dará una señal política a nuestros socios comerciales, pero también a nuestros conciudadanos, una señal que quiere decir que la Unión Europea no se conformará en esta negociación con un planteamiento business as usual. 
Quisiera también, para terminar, aprovechar la ocasión para dar, en nombre de la Comisión, la bienvenida a los miembros de esta Asamblea que formen parte de nuestra delegación para Doha y seguiremos, allí mismo, con las buenas prácticas de cooperación entre nosotros que desarrollamos, creo, en Seattle. 
Éste es, en cualquier caso, el resultado del cuestionario que yo les hice llegar en su momento, al cual contestaron la mayor parte de los miembros de esta delegación, y cuento con su apoyo activo para promover lo que constituye a mi juicio nuestra agenda común. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, distinguido Comisario, Sr. Lamy, me agrada poder declarar, en nombre del Grupo PPE-DE, que los Grupos parlamentarios más grandes no han tenido ninguna dificultad para alcanzar la unanimidad sobre la Declaración común que cerrará mañana este debate. 
Ello demuestra que, en el ámbito de determinadas cuestiones de importancia, reina una visión compartida por encima de las fronteras de los partidos políticos. 
No hemos podido ver con mucha frecuencia durante los últimos meses al Comisario, Sr. Pascal Lamy, y por una vez podemos exclamar: ¡es un placer verle por aquí! 
El Sr. Lamy ha hecho numerosas giras por todo el mundo intentando con habilidad crear las bases para la celebración de una nueva ronda de negociaciones de la OMC, sobre la cual habría que adoptar una decisión a mediados de noviembre en Doha. 
A pesar de ello, el Comisario Lamy ha encontrado tiempo en su agitada agenda para mantener bien informada a la delegación parlamentaria que asistirá a la Cumbre de Doha. 
Gracias también por el contenido de su mensaje, el cual, y eso no lo sabía yo, es tan explosivo que habrá que hacer un simulacro de incendio como no sea modificado. 
Mi Grupo apoya por completo la línea negociadora ya adoptada por el Consejo de cara a la Cumbre de Seattle. 
La nueva ronda de negociaciones para la liberalización del comercio mundial y el desarrollo de las normas que lo regularán debe abordar las cuestiones con profundidad y amplitud, con el fin de reforzar el crecimiento sostenido de la economía y estar en condiciones de ratificar, desarrollar y renovar un sistema comercial basado en una normativa global, de modo que podamos garantizar también el reparto justo de los beneficios. 
También estamos satisfechos por el hecho de que la Cumbre tenga lugar en Doha, Qatar. 
Ahora más que nunca debemos demostrar que el terrorismo no puede atemorizarnos, sino que, en este sentido, nos vamos a mantener en la línea de business as usual, cooperando a nivel internacional para lograr establecer un sistema comercial más libre y más justo. 
También debe tratarse de un trabajo en favor de la mejora del medio ambiente, del desarrollo social, de los derechos humanos y de la erradicación de la pobreza. 
Existen ciertos sectores que desearían eliminar el libre comercio, acabar con la OMC y regresar al comercio bilateral regulado. 
Esa vía- estimados colegas- nos llevaría al proteccionismo, luego a las guerras comerciales y, por último, a posibles enfrentamientos bélicos. 
Se trataría de un camino que haría dar saltos de alegría a los detractores de la libertad, la democracia, el Estado de derecho, el desarrollo social y los derechos humanos. 
Doy las gracias a todos los colegas que han trabajado para lograr que se celebre una reunión parlamentaria con ocasión de la Cumbre de Doha. 
Entre ellos, menciono por su nombre a la Sra. Erika Mann y al Sr. Konrad Schwaiger. 
Hemos podido escuchar hoy que no es segura la asistencia de la delegación del Congreso de los Estados Unidos. 
Sería muy deseable que el Congreso de los Estados Unidos enviase una delegación tan representativa como la nuestra, pues sin ella existiría cierta asimetría. 
Creo que durante los próximos años podremos desarrollar el control parlamentario sobre el comercio mundial, cosa que es importante de cara a la apertura a la ciudadanía de una organización de las características de la OMC y que propiciaría la aceptación por parte de la opinión pública de las actividades desarrolladas en su seno. 
Señor Presidente, parece ser que Doha ha hecho sonar la alarma en este edificio. 
Durante los dos últimos años la OMC ha estado en el punto de mira, muchas veces con razón. 
Algunos críticos sostienen que la OMC presenta tantos defectos que es preferible no iniciar una nueva ronda comercial hasta que los problemas, entre ellos el justo acceso al mercado mundial por parte de los países en vías de desarrollo, la falta de democracia en el proceso de toma de decisiones de la OMC y el desequilibrio entre las cuestiones comerciales y no comerciales, hayan sido resueltos. 
Sin embargo, nosotros, los socialdemócratas, sacamos la conclusión inversa. 
Coincidimos en que la solución de estos problemas es absolutamente prioritaria, pero, por otra parte, opinamos que este objetivo pasa necesariamente por la apertura de una nueva ronda comercial. 
Es la única manera de implantar una reforma profunda. 
Por tanto, el Grupo del PSE se muestra partidario de una nueva ronda comercial con un orden del día amplio que tenga por objeto una reforma basada en aspectos económicos y políticos. 
Es sencillo, sabemos que el comercio fomenta el crecimiento, atrae inversiones y crea puestos de trabajo, tanto dentro como fuera de Europa. 
En este momento la economía mundial se balancea entre la recesión y la recuperación. 
Al final, la recesión ocasionada por los atentados terroristas del 11 de septiembre adjudica una victoria a los autores de los mismos. 
¿Quiénes serán los más afectados? 
Los más pobres de este mundo. 
Según las estimaciones del Banco Mundial, el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo se reducirá del 5% al 2,5 % como consecuencia de los atentados terroristas. 
El crecimiento previsto, las consecuencias previstas: aproximadamente diez millones de personas más vivirán por debajo del nivel de pobreza y el aumento del número de menores de cinco años que perderán la vida oscila entre 20.000 y 40.000. 
Es catastrófico. 
Hace falta una nueva ronda comercial para restablecer un poco la confianza en la economía mundial y abrir el camino a un renovado crecimiento sostenible. 
Por otra parte, también somos conscientes de que el comercio por sí solo no basta. 
Si no se introduce un adecuado mecanismo de regulación corremos serios riesgos de que las ventajas comerciales se repartan de forma muy desigual y de que la normativa medioambiental y social salga perdiendo. 
Es por eso por lo que nosotros, como Grupo del PSE, hemos insistido durante las negociaciones al respecto con los demás Grupos políticos en que las máximas prioridades de la cuarta Conferencia Ministerial tienen que ser la lucha contra la pobreza mundial, las reformas, la democracia y la relación entre cuestiones comerciales y no comerciales. 
¿Por qué? 
Piensen en el impacto de la normativa de la OMC sobre asuntos como el medio ambiente, la seguridad alimentaria, los derechos de los trabajadores, la libertad de los gobiernos de organizar servicios públicos sin que corramos el peligro de ser llevados ante los tribunales por multinacionales con afán de lucro. 
Señor Presidente, en opinión de los socialdemócratas las instituciones del estilo de la OMC deben garantizar fundamentalmente que los procesos mundiales tales como la globalización se sometan al control político, de modo que puedan ser encauzados en virtud de opciones políticas democráticas. 
Por todo ello, nuestro mayor reto consiste en iniciar una nueva ronda junto con muchos países en vías de desarrollo, junto con muchas ONG sensatas y partidarias de reformas, haciendo frente a la resistencia de los neoliberales y de una serie de colegas de este Parlamento que se oponen a una nueva ronda y en contra de los representantes del movimiento antiglobalización que no están de acuerdo con la apertura de nuevas negociaciones. 
La cuarta Conferencia Ministerial constituye un momento clave en el debate sobre la globalización, incluyendo los aspectos relativos a la seguridad socioeconómica. 
Ahora bien, si el programa para la futura ronda comercial trienal establecido en la Conferencia Ministerial no aporta una sólida base para la intensificación de la democracia, la lucha contra la pobreza, la protección del medio ambiente, el crecimiento de los países en vías de desarrollo y el mantenimiento de los servicios públicos, tememos que esta falta de compromiso pueda perjudicar seriamente a la evolución del actual debate sobre la globalización, e incluso a la misma globalización. 
Ése es el mensaje de la resolución que ojalá se adopte mañana. 
Somos partidarios de que se abra una nueva ronda comercial. 
Abogamos por un comercio libre y justo que redunde en beneficio de los ciudadanos de todo el mundo. 
Señor Presidente, con esto he llegado a la piedra de toque. 
Esperamos que el acceso a medicamentos asequibles al que se ha referido claramente la Presidenta se haga realidad, porque, de lo contrario, la nueva ronda estará abocada al fracaso. 
Deseamos mucha suerte a Pascale Lamy porque, hasta la fecha, ha realizado un trabajo magnífico. 
Mantiene unas relaciones impecables con nuestro Parlamento, por lo que le estamos muy agradecidos. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría expresar nuestras felicitaciones tanto al Consejo como a la Comisión por lo que parece una mucho mejor preparación de esta reunión, comparada con la confusión metodológica que parecía reinar antes de Seattle. 
Esperamos que dé sus frutos dentro de un par de semanas. 
Como Grupo estamos también muy interesados en que aprendamos de las lecciones de Seattle y no utilicemos el comienzo de la ronda, ni el texto de comienzo de la ronda, para prefigurar o excluir de alguna manera la conclusión de la misma. 
Esa es, sin duda, una lección bien aprendida y nos congratulamos por los intentos que el documento que se debatirá en Doha sea lo más conciso y breve posible. 
No estoy totalmente seguro de que los principios de brevedad y concisión se hayan respetado plenamente en nuestra propia resolución, pero, ciertamente, espero que usted los siga en Doha. 
Hay dos cuestiones de una importancia absolutamente fundamental para nosotros en tanto que Grupo Liberal. 
En primer lugar, el comercio y el medio ambiente; para nosotros cuestiones como la interacción del comercio y los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, el etiquetado ecológico y la incorporación del principio de cautela no son añadidos ni lujos, son absolutamente fundamentales para la futura credibilidad de la OMC y, probablemente, de la propia globalización como proceso político. 
Nosotros creemos firmemente, por tanto, que sin este tipo de disposiciones, la próxima ronda de negociaciones será sencillamente impresentable desde el punto de vista político e insostenible dentro de Europa. 
En segundo lugar, acerca de la agricultura; nuestra opinión es que los párrafos 23 a 25, aunque sean adecuados, son un poco intrincados y excesivamente comedidos en cuanto a la agricultura. 
Preferimos el énfasis del párrafo 6 porque llama la atención sobre el hecho fundamental, destacado recientemente por un estudio del Centro de Investigación de Política Económica (Centre for Economic Policy Research) , de que el mejor instrumento para aliviar la pobreza es una mayor liberalización de la agricultura. 
Éste es un principio fundamental para nosotros y esperamos que se respete plenamente en la siguiente ronda. 
Nuestro Grupo no ha firmado la resolución de consenso con los Grupos mayores por diversas razones, pero la más importante es ésta: creemos que una reforma fundamental de los procesos y normas de la Organización Mundial del Comercio deben ser una condición previa a cualquier nueva ronda de conversaciones sobre el comercio. 
La reforma no es algo que pueda abordarse simplemente como una cuestión más entre muchas otras en una nueva ronda multilateral de comercio en donde corre el riesgo de ser objeto de negociación a cambio de otros intereses y demandas. 
A nuestro juicio, la OMC se enfrenta a una crisis tal de legitimidad en la opinión pública que la reforma debe preceder a cualquier otra negociación, y ésa es la postura que hemos manifestado en nuestra resolución conjunta con el Grupo GUE. 
Y no se trata de una táctica para aplazar indefinidamente el inicio de una nueva ronda. 
En nuestra opinión, nada ha retrasado más la OMC que la debacle de Seattle que estuvo causada en gran medida por las estructuras, normas y procedimientos caóticos y excluyentes de la OMC. 
Por tanto, para aquellos, como nosotros, que creemos en las normas del comercio multilateral la reforma seria no es una opción sino una necesidad. 
Las lecciones de la fallida reunión ministerial en Seattle fueron que la OMC debe convertirse en una organización plenamente democrática y transparente que apoye verdaderamente el desarrollo sostenible y que responda de manera eficaz a las necesidades de los países en desarrollo. 
Estos tienen que ser unos actores mucho más importantes en la OMC. 
Es necesario que se ponga fin a su marginación y que se les escuche. 
En las últimas semanas, muchos países pobres han dejado claro que para ellos abordar las preocupaciones sobre la aplicación de los compromisos de la Ronda Uruguay debería ser una condición previa a cualquier nueva ronda. 
Hace tan sólo dos días, una comunicación del G77 reiteraba esa postura. 
Nuestro Grupo está de acuerdo con los países en desarrollo cuando se oponen a que se incluyan nuevos asuntos en el orden del día porque ampliar el orden del día desbordaría la capacidad de muchos países en desarrollo, que ya están pasando apuros para participar eficazmente en el proceso de la OMC, distraería la atención de los asuntos de desarrollo no concluidos y aumentaría el riesgo de que los países en desarrollo acaben por aceptar acuerdos desfavorables. 
Las posibilidades de optar por no participar que se ofrecen no son una forma realista ni eficaz de abordar estas preocupaciones puesto que los países en desarrollo no tienen ahora todavía la capacidad de influir en las negociaciones de un acuerdo que después estén presionados a firmar. 
Seguir adelante con la nueva ronda de comercio a pesar de una importante oposición de la mayoría de los países en desarrollo no es útil. 
Llamarla simplemente una ronda de desarrollo sin afrontar realmente las demandas de los países en desarrollo es un juego de manos que no aborda sus verdaderas preocupaciones. 
Por último, nuestro Grupo está de acuerdo en que se necesitan normas internacionales sólidas para gestionar el comercio. 
Estamos muy de acuerdo en que el internacionalismo es importante, pero las normas actuales del comercio internacional favorecen estrictos intereses de negocios y no a los pobres ni al medio ambiente. 
La prioridad en Doha es cambiar estas normas y no poner en marcha una nueva ronda. 
Señor Presidente, tras el 11 de septiembre todo nos induce a incrementar nuestro compromiso para construir el multilateralismo. 
El hecho de confirmar y de lograr resultados satisfactorios en la cita de Doha reviste, pues, una gran importancia política. 
Naturalmente, no se puede esperar en esta fase la profunda transformación que es necesario llevar a cabo; pero corregir, mejorar y consolidar el sistema de la OMC constituye de por sí un gran reto. 
Como partidarios que somos del multilateralismo, debemos hacer efectivo dicho compromiso. 
Los criminales que destruyeron las torres del World Trade Center conocen el valor de los símbolos. 
Considerar que el comercio debe ser el centro de la vida colectiva es una idea profundamente simplificadora, y no es aceptable centralizar la conducción del comercio mundial. 
El multilateralismo no debe ser ni asimétrico ni imperial. 
Sin embargo, Doha no será Seattle. 
Los movimientos cívicos han hecho reflexionar a los dirigentes, los Estados del Sur han logrado ocupar un lugar cada vez más importante, con el apoyo oportuno de la Comisión, y pronto se acabará la época en que la Sra. Carla Hills quería por todos los medios abrir mercados para su país. 
Doha no es la señal de una nueva ola de liberalizaciones, pero tampoco constituye una agenda para el desarrollo. 
Será algo impreciso entre ambos extremos. 
En Doha se negociará una agenda cuyos objetivos seguirán siendo generales. 
Afortunadamente, los resultados no han sido negociados previamente, y aprobamos el principio del mandato de la Unión: obtener una agenda amplia; pero mucho más que equilibrar la liberalización a través de una normativa, debemos reconocer que habrá que procurar eliminar las contradicciones entre las opciones de sociedad y las normas comerciales. 
La cuestión social es emblemática. 
Pienso que las finanzas son el frente principal; y la Unión, que alimenta en su seno los paraísos fiscales, debe poner orden en su casa. 
Pero nadie puede afirmar que el comercio no guarda ninguna relación con los derechos fundamentales. 
Si bien la OMC no es el lugar adecuado para la elaboración de convenios sociales, ésta tiene, naturalmente, la responsabilidad de ser coherente. 
La aplicación de los Acuerdos de Marrakech y la agenda incorporada en el ámbito de la agricultura y de los servicios constituirán el meollo del próximo ciclo. 
Es preciso reconocer los legítimos intereses comerciales del Sur, pero la dificultad radicará en evitar que la negociación se limite a un duro bargaining entre sus intereses y los nuestros. 
Tanto las sociedades del Norte como las del Sur deben preocuparse por modificar las normas comerciales y acabar con el carácter unívoco de éstas. 
En ese sentido, debemos posibilitar la renegociación de algunas normas, en particular las relativas a la propiedad intelectual. 
Finalmente, si bien es cierto que la agenda no prevé la democratización de la OMC, no es menos cierto que en este ciclo no se podrán lograr resultados satisfactorios si el mismo sigue limitándose a una batalla diplomática entre Estados, aun cuando la Unión desea ser un mediador riguroso. 
Es imprescindible implicar a las sociedades civiles, mirar hacia los ciudadanos, tener en cuenta sus críticas y sus demandas. 
Sólo así la democracia calará en la OMC. 
Señor Presidente, señor Comisario, en vísperas de esta nueva reunión de la Organización Mundial del Comercio- que yo prefiero llamar organización comercial del mundo- usted ha utilizado un término apropiado, que es el de la legitimidad. 
Creo que el fracaso de Seattle, que presumo- dispénseme usted- de haberlo anunciado, y por escrito, algunas semanas antes, se debía, precisamente, a esta doble falta de legitimidad. 
Falta de legitimidad del propio foro de la Organización Mundial del Comercio, que, a pesar de lo que se pueda pensar, no está en absoluto a la altura del reto que pretende aceptar. 
Para ser más concreto: falta de legitimidad de la Unión Europea y- perdóneme usted, pero no se trata de una crítica personal ni en consideración a sus funciones- de la propia idea de que deba existir un negociador único, a pesar de poseer un mandato, para sustituir el conjunto de nuestras antiguas naciones, el Reino Unido, Francia, Alemania, los Países Bajos, Italia, que, desde la más temprana alta Edad Media, han actuado basándose en la matriz de este comercio internacional, que hoy está globalizado. 
Nadie puede pretender, a pesar de sus cualidades- que todos reconocen- defender a la vez los intereses del conjunto de estos países y atender a los ámbitos diplomáticos que la historia de nuestras antiguas naciones permitía atender, ya sea con respecto a América Latina en el caso de España, a África en el caso de Francia, etcétera. 
Sigue existiendo una gran pretensión- es decir, una aspiración desmedida- por parte de la Unión Europea de querer suplir bruscamente mil años de historia y de querer desempeñar dicho papel. 
El segundo obstáculo se debe, evidentemente, a la propia hipocresía de esta organización comercial del mundo, que se parece, en el fondo, a la negociación entre el lobo y la oveja. 
En efecto, desde hace veinte años, en que las finanzas controlan la economía, el comercio internacional es ante todo el pretexto para ampliar cada vez más el ámbito de la especulación financiera, hasta tal punto que incluso esta negociación se parece a una gran tómbola a beneficio de quienes la organizan. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el comercio internacional está en crisis: las estimaciones del Instituto de Asuntos Internacionales dicen que en el año 2001 se registrará un crecimiento de sólo un 2% respecto al crecimiento del 13% del año 2000. 
Creo que es justo plantearse el problema de una reforma de la Organización Mundial del Comercio, plantearse el problema de la legitimidad, de la transparencia de las decisiones, siempre que no se pierda de vista la misión principal y exclusiva que debe cumplir la Organización Mundial de Comercio, esto es, ampliar las relaciones comerciales internacionales. 
Por esto, Doha no debe fracasar: no debe fracasar para permitir un crecimiento sostenido de las relaciones comerciales a escala internacional en los próximos años. 
Sobre Europa y sobre los demás países más avanzados pesa la responsabilidad de hacer fracasar o de convertir en un éxito Doha. 
Creo que, desde el punto de vista general, hay que tener en cuenta algunas consideraciones, algunas cuestiones. Creo que ante todo se ha de abandonar la lógica de la reciprocidad a toda costa: la supresión, incluso unilateral, de las barreras comerciales no es un acto de rendición, sino un acto de previsión, ante todo de previsión económica. 
Reconozco al Comisario Lamy el hecho de haber actuado en esta lógica con la iniciativa Todo menos las armas, a pesar de que habría que explicar a los ciudadanos europeos que esa iniciativa, acogida favorablemente, prevé que para los plátanos los aranceles desaparezcan en 2009, dentro de 10 años, una era geológica desde muchos aspectos, y también habría que explicarles porqué. 
Otro de los problemas que hay que evitar es proponer, hacer recaer en Doha una agenda demasiado amplia. Repito, la Organización Mundial del Comercio tiene una misión específica, no podemos sobrecargar ni Doha ni la Organización Mundial de Comercio pretendiendo reformar en cierto modo en ese foro una serie de cuestiones que no nos gustan en el mundo actual. 
Algunas de las posiciones expresadas en materia de medio ambiente, de salud y de estándares laborales no ayudan a defenderse de las acusaciones de utilizar la ampliación de la agenda, en realidad por parte de los países avanzados y de Europa, como instrumentos proteccionistas. 
Tienen buen juego y, creo, alguna razón los países en desarrollo cuando dicen que todas estos resultados tan políticamente correctos, en realidad, sirven para frenar la apertura de nuestros mercados a las mercancías que deben proceder ante todo de los países menos desarrollados. 
En cuanto a la cuestión agrícola, creo que hay que acabar lo antes posible con este juego del escondite, con este juego entre Europa y los Estados Unidos por el cual, en espera de que alguien sea el primero en disminuir la protección agrícola, se mantienen niveles de aranceles, de subsidios a las producciones agrícolas incompatibles con una liberalización de los comercios en el sector agrícola que, como se ha recordado, es uno de los que podría dar más beneficios a los países en desarrollo. 
Nosotros en Europa concedemos el subsidio de un dólar al día por cada vaca y no se trata de vacas de calidad, son nuestras vacas locas, cuando hay 1.300 millones de seres humanos que viven con menos de un dólar. 
Por eso, si realmente se quiere que la Organización Mundial de Comercio, que Doha tenga éxito, es en estas cuestiones en las que hay que actuar con coraje y, repito, abandonando el principio de "reciprocidad a toda costa". 
Los actos unilaterales de apertura del comercio internacional benefician ante todo a quien tiene el valor de realizarlos. 
Señor Presidente, el Comisario Lamy se ha referido, lo cual es de agradecer, al necesario fortalecimiento institucional del papel del Parlamento Europeo en la acción política europea. 
¿Puedo preguntarle, distinguida Presidenta del Consejo, Señorías, si usted puede apoyar esa postura cuando prepare los documentos para la próxima Conferencia Intergubernemental y, antes de ello, para la Convención que todos nosotros deseamos? 
Ahí debería producirse la irrupción institucional del Parlamento Europeo que lo coloque a la altura del Senado americano y de la Cámara de Representantes. 
La OMC alcanzará en los próximos años una dimensión global tras la próxima incorporación de China y Taiwan, ambos importantes socios comerciales de Europa desde hace años, y la ulterior de Rusia. Adquirirá así una más amplia representatividad mundial y se verá por ello confrontada a nuevos retos. 
Deberá adaptar sus estructuras y cambiar su forma de trabajo. 
La novedad en Quatar es que hacemos un nuevo comienzo y que todos los países emergentes, y no sólo los representantes de los países menos desarrollados, deben ser incorporados realmente a las negociaciones. 
La ayuda tecnológica que se pide a la UE y al resto de países industrializados es decisiva para una colaboración efectiva de esos países en la toma de decisiones. 
La OMC, a pesar de estos cambios, debe profundizar en su eficiencia y hacerse más transparente y comprensible para los ciudadanos del mundo. 
¿Cómo compaginará la OMC su nueva y más fuerte universalidad con la necesidad de ser más eficiente y de abrir más los mercados? 
Nuestra Resolución intenta armonizar ambas exigencias, aunque, seguramente, todavía de un modo incompleto. 
Para ello, los europeos debemos aportar nuestra legislación de medio ambiente, nuestra normativa para la seguridad alimenticia, nuestra agricultura multifuncional y nuestra legislación social como formas de expresión de una realidad europea concreta. 
Ahora, una semanas después del 11 de septiembre, se trata de que nosotros, la UE y, especialmente, el Parlamento Europeo, sigamos avanzando en nuestro camino hacia una mayor apertura y democracia en la OMC y que aceptemos resueltamente las reformas necesarias, un gesto que también significa una respuesta inequívoca al terrorismo. 
Necesitamos un comercio mundial leal y libre, y no muros proteccionistas o retrocesos al mercado nacional. 
Nuestra aspiración debe ser también la de hacer realidad pronto la propuesta capital de este Parlamento Europeo de constituir un Asamblea parlamentaria efectiva de la OMC, que sea la voz de los pueblos de la tierra en materia de comercio. 
Para ello necesitamos a los representantes del Congreso americano en Doha. 
Apostamos por los Parlamentos de los países industrializados, de los países emergentes y de todos los países en desarrollo. 
¿Podemos preguntarle, señora Presidenta del Consejo, si usted, al final de su Presidencia, respaldará esta propuesta nuestra que quisiéramos realizar tan pronto como fuese posible? 
Apoyamos las gestiones del Comisario Lamy destinadas a introducir más a África, ese continente completamente olvidado en el comercio mundial, en el diálogo por medio de nuestras estructuras de colaboración en el ámbito de la Asamblea parlamentaria. 
Nuestro seminario del 12 de abril de este año fue el primer ejemplo de una conferencia lograda sobre comercio, democracia y desarrollo con colaboración de nuestros amigos africanos y junto a representantes de países desarrollados de América, Europa y Asia. 
La Comisión y el Parlamento Europeo jugaron ahí un importante papel en el apoyo técnico. 
Señor Presidente, Comisario Lamy, señora ministra Neyts-Uyttebroeck, colegas, los trágicos sucesos del 11 de septiembre han hecho renacer dos conceptos que parecían olvidados: el multilateralismo y la solidaridad. 
En primer lugar, la práctica política se está configurando de tal forma que solamente podemos hacer frente a las amenazas globales de una manera global: todos unidos. 
Además, también sabemos que la pobreza, el subdesarrollo, son un importante factor de inseguridad. 
Decía un pensador japonés, Daisako Ikeda, que el nuevo concepto de seguridad, centrado en la seguridad de los Estados, debe definirse de una forma diferente, centrándolo en el bienestar de los pueblos. 
Solamente extendiendo la libertad, los derechos humanos y el desarrollo recuperaremos nuestra seguridad. 
Al mismo tiempo, estos sucesos han acelerado la caída de la confianza en nuestra propia seguridad y en la economía, ámbitos que ya venían dando síntomas de flaqueza. 
Por eso, es importante dar ahora una señal clara de reactivación y de atención a las preocupaciones de nuestros ciudadanos y, sobre todo, a las preocupaciones de los países que más nos necesitan, es decir, de los países en vías de desarrollo. 
Es absolutamente prioritario, por lo tanto, poder lanzar esta nueva ronda de negociaciones multilaterales en Qatar y en la fecha prevista, no ya para negociar, sino para, al menos, fijar la agenda y la dirección hacia la que queremos ir. 
Porque queremos ir hacia un resultado equilibrado entre una apertura del comercio y un sometimiento de dicho comercio a reglas, unas reglas de democracia interna, de democracia externa, de respeto a las normas sociales fundamentales, al medio ambiente y a la seguridad de nuestros consumidores. 
Queremos un equilibrio también entre un aumento de los intercambios y una atención particular a las preocupaciones de nuestros ciudadanos, junto con las preocupaciones y las necesidades de los países en vías de desarrollo, a los que hay que hacer participar plenamente en los beneficios del comercio internacional. 
Por lo tanto- y resumiendo -, el mandato que le ha dado el Consejo a la Comisión, a nuestro juicio, responde a estos equilibrios y merece todo nuestro apoyo. 
Quiero agradecer al Comisario Lamy la sensibilidad que siempre ha mostrado hacia el Parlamento Europeo y su cooperación constante. 
En reciprocidad, el Parlamento y la delegación parlamentaria que asistirá con él a Qatar le dará también todo su apoyo. 
Señor Presidente, en Doha la UE tendrá que tomar partido. 
¿A favor de quién está realmente la UE en el conflicto norte-sur? 
A pesar de la corriente de protestas de India y Malasia, de los países menos desarrollados, del grupo G77, de China y de numerosos movimientos medioambientales y de solidaridad la UE y EE.UU. piensan hacer triunfar la doctrina de que el libre comercio de la OMC no sólo debe aplicarse al comercio tradicional sino que a toda la vida económica. 
En concordancia con lo expresado hoy por el Comisario Lamy en una declaración, el principal objetivo de la UE es abrir los mercados de los países en vías de desarrollo para las empresas comunitarias. 
Es evidente que tratándose de los ADPIC y GATS la UE también corre el riesgo de enfrentarse con los países en vías de desarrollo. 
En esta lucha mundial, que es más decisiva que la lucha contra el terrorismo, algunas personas llamadas progresistas han creído que la UE podría ser una herramienta contra la globalización neoliberal. 
Si la UE no cambia su táctica, todo indica que la reunión de la OMC en Doha, se convertirá en una prueba de que todas las hermosas declaraciones de solidaridad se esfuman cuando llega la hora de decidir. 
Entonces hará su aparición la "desnuda política de intereses", es decir, la política que pone a la UE al lado de EE.UU. y en contra de todos los países pobres del mundo. 
Señor Presidente, evidentemente, las diversas manifestaciones de la resistencia democrática a los peligros de una incontrolada ampliación de la OMC han dado que reflexionar. 
Pero llamadas bienintencionadas a la reflexión no bastan para corregir un rumbo erróneo. 
La circulación de monedas y de mercancías constituyen la base del funcionamiento del mercado. 
Quien quiera triunfar en el mercado debe lograr beneficios o desaparecer. 
La OMC se ha puesto la meta de proteger al mercado contra las aspiraciones de la sociedad civil, incluso frente a los Parlamentos. 
Las posturas que han sido expresadas hasta ahora translucen al menos la conciencia del problema. 
Hacer avances parciales es correcto. Pero, sin embargo, a ellos deben seguir otros avances más consecuentes. 
No se puede vender la piel del oso de la OMC antes de cazarlo. 
El objetivo debe ser aspirar a un orden económico mundial que distribuya la riqueza de la tierra de otro modo, de un modo más leal y justo, que supere la pobreza, que alcance y garantice la democrática colaboración y el diálogo de los Parlamentos y que posibilite un desarrollo sostenible para cada país. 
El Parlamento Europeo debería poner todo de su parte para comprometer en ello al Consejo y a la Comisión. 
Señor Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, Señor Comisario, quiero agradecerle ante todo los esfuerzos realizados y la estrategia seguida de cara a la preparación de la Cumbre de Doha, para promover un desarrollo sostenible más justo y más equilibrado a nivel mundial, que contribuya al respeto de los derechos sociales fundamentales y a la protección del medio ambiente, y cuyos beneficios alcancen también a los países menos desarrollados. 
Decía Kofi Annan, no hace mucho, que la Cumbre de Doha debe ser la cumbre del desarrollo. 
Para que pueda ser así es fundamental que los países en vías de desarrollo puedan integrarse plenamente en las estructuras de la OMC y mejorar sus posibilidades de acceso al comercio mundial. 
De ahí que quiera insistir en la importancia de las medidas técnicas para los países en vías de desarrollo, porque son estas medidas las que van a permitir a estos países aprovechar plenamente las oportunidades comerciales que ofrece la liberalización de los mercados. 
Recurrir a derogaciones o a una renegociación de los acuerdos ya adoptados no es la solución. 
Por el contrario, en Doha la Unión Europea debe recordar a todos los países miembros de la OMC que es necesario respetar los compromisos establecidos en los acuerdos ya existentes, de la misma manera que la Unión Europea ha respetado los suyos. 
En concreto, pienso en el sector textil, que ha respetado estrictamente su compromiso de abrir su mercado, incrementar los contingentes y ampliar progresivamente la aplicación de las normas del GATT al sector, cosa que no todos los países han hecho, y tampoco los países más desarrollados. 
Es cierto que el comercio, aunque sea multilateral, por sí solo no resolverá las desigualdades de nuestro planeta, pero sí puede disminuirlas a base de conciliar los intereses y las preocupaciones de todas las partes en cuestión, especialmente las de los más débiles. 
Un trabajo en el que la Unión Europea tiene una probada experiencia y que esperemos que a partir de Doha, y siguiendo la línea mantenida hasta ahora, señor Comisario, podamos, efectivamente, culminar. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora Presidenta en ejercicio, al igual que otras personas llevo una chapa que simboliza el comercio justo. 
Un comercio abierto, sí; pero sólo con normas. 
Nuestros intereses nacionales y europeos, sí, por supuesto, pero también los intereses del mundo en desarrollo; su planteamiento, señor Comisario, y el nuestro. 
Voy a concentrarme en dos aspectos francamente difíciles: TRIPS y los elementos medioambientales del comercio que usted ya ha mencionado. 
En primer lugar, en cuanto a TRIPS: el acuerdo actual no es lo bastante claro ni lo bastante bueno. 
Los derechos sobre la propiedad intelectual son importantes en el comercio mundial, pero creíamos que los 25,5 millones de seropositivos en África sub-sahariana podrían tener acceso a fármacos baratos al amparo del TRIPS. 
Asegurémonos de que esto se hace más explícito después de Doha. 
Paradójicamente, los Estados Unidos, el mayor defensor mundial de los derechos de la propiedad intelectual, se enfrenta ahora al dilema de necesitar grandes cantidades de antibióticos para combatir el carbunco. 
Las actitudes pueden cambiar cuando se dan nuevas circunstancias; en cualquier caso, tienen que hacerlo. 
En segundo lugar, las normas medioambientales. 
La UE se enfrenta a acusaciones de proteccionismo. 
Señor Comisario, usted sabe que eso no es así, que nosotros estamos dispuestos a ayudar a los países en desarrollo de cualquier forma que sea necesaria, al igual que estamos ayudando a los países candidatos a la adhesión; que tenemos a la ciencia de nuestro lado y que no perderemos los avances que tanto nos han costado: ¿por qué tendríamos que hacerlo? 
Los acuerdos multilaterales sobre medioambiente no pueden desdeñarse en nombre del libre comercio y el principio de cautela debe incluirse de modo explícito en las normas de la OMC. 
Esto para nosotros rompe el acuerdo. 
En la UE sabemos mejor que en ninguna otra parte del mundo cómo un libre comercio sin obstáculos puede ser controlado estableciendo normas multilaterales a favor de nuestros ciudadanos. 
Nuestros logros en la UE son válidos para cualquier otro lugar y deberíamos defenderlos; ésa es su misión, señor Comisario. 
Yo sé que usted se mantendrá firme representándonos. 
Espero que sea también firme sobre las normas laborales básicas. 
Seattle no funcionó; Doha puede funcionar si es justo y si existe un equilibrio entre comercio y justicia. 
Buena suerte señor Comisario. 
Señor Presidente, señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, permítanme tan sólo algunas palabras complementarias dirigidas, quizás, más a los temas técnicos que a los contenidos. Quisiera felicitar antes de nada al Comisario Lamy por su magnífica colaboración y, creo expresar la opinión de todos, por el excelente estilo con que está representando a la Unión Europea en el marco de la próxima ronda comercial. 
La tarea será realmente difícil. 
Por un lado, hay que encontrar el equilibrio apropiado para defender los intereses europeos y, por el otro, para incluir a los otros estados, los socios partícipes de las negociaciones, especialmente a los estados en desarrollo. 
Personalmente creo que esta ronda puede, más que nunca, lanzar un mensaje al mundo, a saber: que es posible armonizar el comercio y la política. 
Confío, Comisario Lamy, en que usted pueda imponer esto, ciertamente junto a su colega el Sr. Bob Zoelleck, y también junto a los otros socios que usted tiene. 
No será tarea fácil, pero parte usted de excelentes supuestos para ello. 
Le felicito por haber respaldado siempre al Parlamento para que juegue un papel mayor en la política comercial. 
El Consejo, lamentablemente, no le ha secundado en ello. 
Al igual que usted, yo espero que en un futuro podamos llegar más lejos. 
Por lo demás, quisiera felicitar a todos los que, en este Pleno, también han apoyado siempre esta política. 
Pero debo recordar, señora Presidenta, que de usted también depende algo en Doha: organizar el encuentro con todos los ministros de comercio. 
Tenemos una buena tradición según la cual la Delegación del Parlamento Europeo se reúne con todos los ministros presentes en las negociaciones. 
Le rogaría que organizase también esta vez esa reunión y que se preocupase de que lleguemos a un diálogo y no sólo a un intercambio de palabras escenificado, como a veces ha sido el estilo del Consejo Europeo, sino a un diálogo real y serio. 
Quisiera informarla brevemente- el Sr. Konrad Schwaiger se ha referido ya a ello- de que los Parlamentos también celebrarán una reunión en Doha. 
La invitación procederá de la Presidenta de esta Asamblea junto a la Presidenta de la Unión Interparlamentaria. 
Espero que hagamos progresos. También en esto necesitamos su respaldo, señor Presidenta. 
Por parte de la Comisión siempre lo hemos tenido. 
Muchas gracias, de nuevo, por su colaboración. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quisiera manifestar mi más sincera gratitud hacia todos cuantos han tomado la palabra en el presente debate por los buenos deseos que han ofrecido al Comisario Lamy- y espero que también a la Presidencia del Consejo- en la esperanza de que, de hecho, logremos iniciar una ronda comercial equilibrada en torno a un orden del día amplio y variado. 
No puedo por menos que afirmar que valoro muy positivamente su aprecio por nuestros respectivos esfuerzos de relajar el ambiente con vistas a la apertura de una nueva ronda. Podría decirse que ustedes han colaborado en ellos, junto con nosotros. 
Ello supone un enorme aliciente a quince días de la inauguración de la cuarta Conferencia Ministerial. 
Si usted me lo permite, señor Presidente, quisiera responder brevemente a las preguntas concretas que me han formulado sus Señorías. Me refiero especialmente a las preguntas del Sr. Schwaiger y de la Sra. Mann sobre el papel de los parlamentos y los diputados. 
Señor Schwaiger, sólo puedo contestar en nombre de mi Gobierno, especificando nuestro punto de vista sobre la modificación del artículo 133 del Tratado. 
No puedo sino decirle que no ha sido el Gobierno belga el que ha impedido la modificación de dicho artículo. 
De cara a este artículo, nosotros seguiremos defendiendo la ampliación de la capacidad negociadora de la Comisión, así como el refuerzo de la participación del Parlamento. 
En segundo lugar, el Sr. Schwaiger y la Sra. Mann pueden estar seguros de que la propuesta de organizar un encuentro parlamentario en Doha me llena de satisfacción. Me parece algo muy importante. 
Respaldo su iniciativa con mucho gusto y espero que sea posible materializarla más a menudo, ya que estimo fundamental que los parlamentarios- es de suponer que además de los diputados al Parlamento Europeo también haya una serie de miembros de parlamentos nacionales- aprendan a escucharse unos a otros. 
Nosotros, los miembros de los Gobiernos, tal vez tengamos menos dificultades en convencer a nuestros respectivos parlamentos nacionales de la oportunidad de algunas de nuestras afirmaciones cuando nuestros parlamentarios escuchan estas mismas palabras en boca de sus colegas de otros países, sobre todo si éstos provienen de países en vías de desarrollo. Me felicito por ello. 
Es un hecho importante en sí, aparte de que redundará en beneficio de la transparencia de las actividades de la Organización Mundial del Comercio. 
Quisiera decirle que no entiendo muy bien cómo se podría modificar el método de trabajo de la organización sin iniciar una ronda de negociaciones. 
Llamo su atención sobre el hecho de que la concienzuda preparación de la Conferencia de Doha ya apunta de por sí a un profundo cambio de método. 
Por último, les recuerdo que la Organización Mundial del Comercio no deja de ser una organización extremadamente joven sin duda susceptible de mejoras. Será para nosotros un gran placer colaborar en este sentido. 
Accedo con mucho gusto a la petición de la Sra. Mann de organizar un encuentro con los parlamentarios en Doha. 
Su Señoría sabe muy bien que tanto usted como el Sr. Westendorp y algunos otros colegas tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones con nosotros justo antes del Consejo informal de Comercio Exterior. Obviamente, seguiremos fieles a esta tradición. 
. (FR) Señor Presidente, yo también desearía dar las gracias a los oradores que han intervenido para apoyar la posición de la Comisión- incluyendo a la Presidenta en ejercicio del Consejo -, así como a aquellas y aquellos que han augurado buena suerte a los negociadores. 
Siguiendo la tradición responderé sobre todo a aquellos diputados que han tenido una postura crítica y que en las votaciones de mañana no adoptarán la posición anunciada por los grupos mayoritarios. 
Lo haré muy brevemente, manifestando, primero, a Caroline Lucas- que ha intervenido en nombre de los Verts- que veo una pequeña contradicción en su razonamiento. 
Por un lado, su Grupo, señora Lucas, está a favor de que se adopten normas más estrictas para fijar un marco regulador de los intercambios comerciales- sobre todo desde el punto de vista del respeto del medio ambiente -, pero, por otro lado, no es favorable al inicio de negociaciones. 
Es posible que tenga usted una solución para cambiar las normas internacionales sin entablar una negociación. 
Facilítemela, porque yo, en cualquier caso, no la tengo. 
Me ha gustado mucho la expresión "duro bargaining" del Sr. Herzog- su Grupo, al parecer, piensa adoptar una posición similar-. 
Hay algo de eso. 
Es cierto que la OMC huele a veces a tienda de ultramarinos. 
Pero recordemos también que en la medida en que progresa la globalización también se desarrolla el comercio y que eso atañe a nuestros valores. 
En tales casos creo que la dureza se convierte en un deber, más allá de las reacciones que pueda provocar. 
El Sr. Abitbol ha intervenido en nombre del Grupo por la Europa de las Naciones. 
Usted lamenta, señor Abitbol que la Unión tenga un negociador único. 
Le recuerdo que esta cuestión se solucionó hace ya 44 años, a través de la Unión Europea. 
Usted ve en ello una aspiración desmedida de nuestros padres fundadores. 
Cincuenta años después, yo descubro en ello más bien su clarividencia. 
Finalmente, con respecto a este punto que usted ha mencionado, señor Abitbol, así como a otros puntos críticos que se han señalado, desearía recordar simplemente que es la Comisión la que negocia en nombre de la Unión, pero lo hace bajo el control de sus mandatarios, que son el Consejo de Ministros y el Parlamento. 
Uno y otro cumplirán con sus obligaciones: el Consejo, representando a los Estados, y el Parlamento, a través de la composición que ustedes conocen. 
No veo, realmente, una manera más acertada de garantizar en todo momento la asunción de la responsabilidad política del negociador. 
Esa es nuestra práctica. 
Corresponderá a la Presidencia del Consejo gestionar este proceso de rendición de cuentas, pero, en definitiva, volveré con una posición negociada y el Consejo y el Parlamento deberán pronunciarse en el marco de los Tratados. 
Es así como funciona nuestra democracia. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
He recibido seis propuestas de resolución sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Apertura y democracia en el comercio internacional 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0331/2001) del Sr. Désir, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la apertura y la democracia en el comercio internacional (2001/2093 (INI) ). 
. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con el paso del GATT a la OMC, el sistema comercial multilateral no sólo cambió de dimensión, sino también de naturaleza. 
Con la OMC, las normas comerciales se han hecho extensivas a un número considerable de ámbitos nuevos- servicios, propiedad intelectual, inversiones, normas sobre las barreras no arancelarias -, que a menudo repercuten en otras cuestiones no comerciales. 
Estas normas se han convertido en auténticas disciplinas, con un sistema de solución de diferencias que puede conducir a la imposición de sanciones. 
Por último, la ampliación a un número siempre mayor de países, iniciada con el GATT, introdujo una heterogeneidad sin precedentes entre los miembros con respecto al comercio internacional. 
Ahora las normas del sistema comercial multilateral no se aplican ya únicamente a los países que representan la mayor parte del comercio mundial, ni siquiera simplemente a la quinta parte de la producción mundial intercambiada fuera de las fronteras, sino también a mercancías y servicios que jamás entrarán a formar parte del comercio internacional. 
Esto se aplica a todos los países y repercute en sus normas, cualquiera que sea su participación en el comercio mundial. 
En los últimos años los acuerdos comerciales también han tenido una repercusión cada vez más importante en otras normas internacionales en ámbitos tales como la salud pública, el medio ambiente, los derechos sociales. 
Por consiguiente, algunos acuerdos o decisiones de la OMC han cuestionado el principio de cautela, la protección del medio ambiente o el acceso a los medicamentos. 
Eso se debe, por una parte, a la ambigüedad de algunos acuerdos, como el de la propiedad intelectual, en el caso de los medicamentos; pero también puede pensarse en el alcance, con respecto a los servicios públicos, del artículo 1 del Acuerdo general sobre los servicios. 
A esto ha venido a sumarse otro motivo que pone en entredicho el sistema comercial multilateral: la legitimidad democrática de la OMC, organización de carácter intergubernamental, se sustenta en principio en la participación igualitaria de todos los miembros, en su igualdad de voz y voto. 
Pero, en realidad, la mayoría de los países en desarrollo ha sido marginada por el funcionamiento de la OMC y apartada del proceso de elaboración de los acuerdos y decisiones. 
Al menos 24 países en desarrollo, entre los miembros, no disponen de representación permanente en Ginebra y otros muchos cuentan sólo con delegaciones muy pequeñas que no les permiten seguir todas las actividades que les conciernen. 
Muchos de ellos carecen de competencias. 
Por lo tanto, para los países en desarrollo, las cuestiones de forma y fondo vienen a ser las mismas, ya que las normas y los acuerdos reflejan en la mayoría de los casos el interés de las potencias comerciales que los han negociado- a veces en las denominadas "cámaras verdes" o en consultas informales, mucho más limitadas- y no el interés de todos los miembros y sobre todo de los países más pobres. 
Muchos países en desarrollo han declarado, desde la Ronda de Uruguay, que en el momento de firmarlos, no habían calibrado todas las consecuencias jurídicas, administrativas y financieras de algunos acuerdos, en cuya elaboración no habían participado, como el de la propiedad intelectual. 
En general, en cuanto a los países en desarrollo, seis años después de la creación de la OMC, se observa una apertura limitada de los mercados del Norte, grandes dificultades para la aplicación de los acuerdos y una marginación persistente en el funcionamiento de la organización. 
Sentir mucho más acusado, evidentemente, entre los países menos desarrollados, que sólo representaban el 0,6 % del comercio internacional hace veinte años y hoy sólo un 0,4 %. 
Por lo tanto, la OMC sigue siendo una organización dominada por las potencias comerciales, cuyas políticas benefician primero a las potencias comerciales. 
Y dos años después de Seattle, el sistema comercial multilateral atraviesa una triple crisis de legitimidad democrática, que se debe, pues, a las repercusiones desiguales del comercio mundial y a la marginación de una parte de sus miembros, a la usurpación de otros principios esenciales por algunas normas de la OMC, incluso a escala internacional, y por último, a una falta de trasparencia y a la escasa integración de los parlamentos y de la sociedad en los trabajos de la Organización Mundial del Comercio. 
La OMC ha empezado a reconocer la necesidad de reformas, lo que aún no se ha traducido por los cambios necesarios. 
Nuestra Comisión ha aprobado, como usted sabe, señor Comisario, por una amplia mayoría- 48 votos contra cinco y una abstención -, un informe caracterizado por un conjunto de propuestas concretas, agrupadas en cuatro grandes capítulos. 
En primer lugar, la participación igualitaria y efectiva de todos los miembros es decisiva para una reorientación del sistema comercial multilateral. 
Ésta supone un refuerzo de la asistencia técnica. 
La Comisión ya ha emprendido algunas acciones, y la alentamos para que persevere en tal sentido. 
Pero nosotros proponemos ir más lejos. 
Financiar, por ejemplo, sobre la base de una contribución proporcional a la participación de cada uno de los países miembros de la OMC en el comercio internacional, un fondo o un incremento del presupuesto de la Organización, a fin de permitir que todos los países miembros dispongan de una representación en Ginebra. 
Proponemos apoyar las agrupaciones regionales- esto ya se ha hecho, concretamente, respecto a los países ACP -, pero pensamos que hay que ir más lejos: instaurar una verdadera transparencia interna; permitir que, a la espera de una representación de todos los miembros, los países no residentes puedan disponer de actas rápidas de las reuniones, de los proyectos de acuerdos; fijar normas claras sobre las consultas denominadas "informales", para permitir a todos los países que lo deseen participar en dichas consultas, publicando su orden del día con antelación y procurando que las actas de las decisiones previas de las reuniones de las instancias competentes se elaboren rápidamente. 
Proponemos, igualmente, reformar el sistema de solución de diferencias, respecto al cual existe siempre una desigualdad relacionada con el peso del mercado de los diferentes países miembros, de tal modo que, los países pequeños, los países que tienen una escasa participación en el comercio internacional, puedan, en determinadas circunstancias, acceder a compensaciones financieras. 
En segundo término, la apertura a la sociedad y la transparencia externa. 
Desde este punto de vista, creemos que hay mucho por hacer para alcanzar el nivel de otras organizaciones, en cuyo seno se ha otorgado un estatuto de observador a organizaciones no gubernamentales. 
Pensamos que el propio procedimiento de solución de diferencias podría, por tratarse de un procedimiento judicial, ser público, al igual que las audiencias de un tribunal. 
En tercer término, el control parlamentario (que ha sido mencionado en el debate anterior) a la vez en el plano nacional y europeo, pero también a través de un foro parlamentario consultivo ante la OMC. 
Con respecto a la Unión Europea, proponemos una reforma del artículo 133 y la apertura del comité 133, así como el dictamen conforme del Parlamento Europeo sobre todos los acuerdos comerciales. 
En cuarto término, el equilibrio de las normas internacionales y el establecimiento de nuevas relaciones entre la OMC y los otros organismos internacionales. 
Proponemos que todas las demás organizaciones multilaterales- Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud, etcétera- tengan un estatuto de observador en el seno de la OMC y que se recabe sistemáticamente su opinión por el órgano de solución de diferencias cuando existe un peligro de conflicto entre las normas comerciales y otras normas. 
Pensamos que la Unión Europea debería defender una verdadera jerarquía normativa internacional, es decir, reconocer que el Derecho de Sociedades, el Derecho Mercantil no puede suplantar los principios de protección del medio ambiente, de salud pública y de respeto de los derechos sociales de los trabajadores. 
La tarea de decidir si hay o no lugar a tomar medidas de represalia e imponer sanciones comerciales a un país es competencia exclusiva de la OIT y no de la Organización Mundial del Comercio. 
Pero creo que la Organización Mundial del Comercio debe comprometerse asimismo a respetar las decisiones que, en este ámbito, podrían ser adoptadas por la OIT. 
Para concluir, dos palabras, señor Presidente: la política comercial, que es una de las políticas más antiguas de la Unión y la más antigua de sus políticas exteriores comunes, trata, evidentemente, intereses económicos, pero también expresa, o, en todo caso, la Unión Europea expresa, a través de ella, su visión del mundo del mañana y de las relaciones entre el Norte y el Sur y su concepción del reparto entre lo que depende del mercado y lo que las sociedades deben adscribir a otros principios, como el de la solidaridad. 
Esta política ha de ser, pues, ser portadora de los valores y objetivos fundamentales de la Unión Europea. 
Por eso proponemos que la Unión Europea sitúe en el centro de sus objetivos el establecimiento de un comercio justo y equitativo, de un sistema multilateral democratizado y una OMC reformada. 
Señor Presidente, estimada señora Presidenta Neyts, señor Comisario Lamy, señoras y señores, necesitamos más cooperación, y no menos, como algunas voces han reclamado. 
Sobre todo, necesitamos seguridad jurídica y previsibilidad de las condiciones marco para nuestras PYME. 
El objetivo debe ser alcanzar un elevado nivel de bienestar de los ciudadanos a través del comercio mundial. 
A este respecto, no podemos ignorar que en Europa hay 18 millones de pequeñas empresas que ocupan a las dos terceras partes de los trabajadores. 
Esto significa que son fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas las que pagan los salarios. 
El 60% del PIB y- algo importante para nosotros los políticos- el 80% de los impuestos recaudados proceden de las pequeñas empresas. 
Por ello, con respecto a la OMC, no sólo debemos recordar que hacemos participar e integramos a la OIT en este proceso y reflexionar sobre cómo podemos configurarla mejor, sino que debemos conceder un papel primordial al diálogo social y a los interlocutores sociales. 
La iniciativa Everything but Arms no debe comprender la cláusula Everything but Small and Medium Sized Enterprises, sino Everything for Small and Medium Sized Enterprises. 
La economía ocupa el punto central de este debate, y debemos tenerlo siempre presente a lo largo del debate sobre la OMC. 
Me referiré muy brevemente al ADPIC. 
Debemos plantearnos la posibilidad de establecer licencias forzosas y, sobre todo, de ayuda al desarrollo y de licitaciones, así como hacer llegar a los Estados medicamentos con la calidad necesaria. 
Con respecto al sistema de solución de diferencias, quiero recordar que muchas empresas y empresarios individuales se ven perjudicados por decisiones de la OMC, por ejemplo tiovivos. 
Mis preguntas son las siguientes: ¿Cómo se aplica de nuevo a estas empresas su Derecho? 
¿Cómo es que resultan perjudicados por un acuerdo internacional que en realidad no se corresponde con el Derecho de su respectivo Estado? 
El último punto: debemos llevar más transparencia y mayor cercanía al ciudadano a estos ámbitos. 
Por ello, acojo con satisfacción que la Presidenta Neyts abogará por que el Parlamento Europeo y los Parlamentos de este mundo propicien una mayor transparencia y, de este modo, creo yo, un mayor bienestar en el mundo. 
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar al ponente Harlem Désir por su magnífico, claro y amplio informe. 
Señor Comisario, los pueblos de los Estados no miembros de la OMC no aceptarán por mucho tiempo que no se logre configurar los procesos de decisión en el seno de la OMC con arreglo a criterios de transparencia y democracia, puesto que es inaceptable que el Estado nacional ceda de forma creciente la competencia sobre cuestiones de vital importancia a organizaciones supranacionales, y los Parlamentos y las sociedades civiles con ellos queden excluidos de las actividades de control y cooperación propias de las democracias. 
Es en este contexto en el que también deben observarse los procesos ante el tribunal de arbitraje. 
El tribunal de arbitraje debe ser sometido a una revisión a fondo. Debe ser transparente, y también debe modificarse su composición. 
Asimismo, es necesario que de una vez por todas se pongan en mano de los países en desarrollo los instrumentos que les permitan participar en un efectivo plano de igualdad en las negociaciones y posteriormente valorar adecuadamente las decisiones que les incumben. 
Porque no es lo mismo que se desplace una delegación de 150 expertos a que un país en desarrollo envíe con todo su esfuerzo a su embajador a los lugares que corresponda. 
Realto de nuevo este aspecto. Por lo demás, Harlem Désir ya ha dicho todo lo que había que decir. 
Señor Presidente, a mí también me gustaría sumarme a las felicitaciones al Sr. Désir, el ponente. 
Este informe nos ofrece una excelente previsión, un programa para la OMC del mañana. 
Rechaza absolutamente a quienes sostienen que la OMC no tiene arreglo; que no puede reformarse; que está inherentemente sesgada en contra de los pobres o los desposeídos; y que es sólo un agente de la ley de la selva, y no del estado de derecho. 
También rechazo la postura contraria: la idea de que el libre comercio debería prevalecer a cualquier costa; que la OMC debería ser un agente para el desmantelamiento de las barreras al comercio existentes y que debería hacerlo excluyendo cualquier otra consideración política y de orden público. 
Por el contrario, representa casi una síntesis de esos dos puntos de vista, porque muestra cómo y cuándo y porqué la OMC debería y, debe, reformarse. 
Muestra que la OMC debe ser más transparente y legítima. 
Debería añadir que todo el hincapié que nosotros, como europeos, hacemos en la necesidad de una mayor legitimidad y transparencia de la OMC no será nada si no reformamos la manera de dirigir nuestra propia política comercial en la UE. 
Me ha gustado mucho oír a la Presidencia hoy decir que ha apoyado en el pasado, y apoyará en el futuro, las peticiones del Parlamento de mayor transparencia y legitimidad en la toma de decisiones sobre la política comercial en el Consejo Europeo y en la Unión Europea. 
El informe muestra también- y ésta es quizás su mayor contribución al debate- el modo en que la OMC ha de situarse cada vez más en el contexto de otras prioridades de políticas públicas y de otras organizaciones y acuerdos multilaterales. 
No puede basarse en un papel de primus inter pares en la escena internacional. 
En lugar de eso, debería aprender a interactuar con otras prioridades y con otros acuerdos multilaterales. 
Nuestra función es, por consiguiente, flanquear a la OMC con otros acuerdos que le apoyen en otros campos, especialmente en el ámbito medioambiental. 
Fortalecer un comercio mundial más libre, pero también más justo y sostenible en el marco de un sistema multilateral y de una OMC reformada: ese es el desafío que el Parlamento Europeo acepta con el informe Désir. 
Este informe, al mismo tiempo que se pronuncia a favor del multilateralismo en las negociaciones comerciales internacionales, tiene la honestidad intelectual de reconocer que, tal como se presenta hoy, la globalización posee graves lagunas. 
Las propuestas concretas expuestas por el ponente para reformar las instituciones internacionales merecen nuestra atención: mayor transparencia, reforma del procedimiento de solución. 
Dos palabras sobre el control democrático: en mi opinión, el foro parlamentario en la OMC es una mera fachada democrática y no se trata de un verdadero control democrático. 
El verdadero control democrático existirá cuando los Parlamentos nacionales ejerzan un verdadero control sobre su gobierno en las negociaciones y cuando el Parlamento Europeo, señor Lamy, ejerza un verdadero control sobre la Comisión y no sólo un control aparente como el de hoy. 
La posición del Parlamento Europeo antes del próximo ciclo, si se basa en el informe Désir, deberá apoyar la reforma de la OMC, deberá aplicar los denominados "acuerdos de Uruguay", pero sin extenderlos a cuestiones que siguen siendo muy controvertidas. 
Al votar positivamente el informe Désir, veo asimismo un claro avance del Grupo Socialista al Parlamento Europeo, que se reconcilia, por fin, después de largos años, con sus verdaderos valores, como son la solidaridad y un mejor reparto de la riqueza, y también me felicito de las palabras que esta mañana ha pronunciado el Sr. Verhofstadt: ha comprendido, por fin, que no puede entablarse un diálogo con quienes desean un comercio más justo si no se les tiene en cuenta y se les trata de "antiglobalizadores". 
Señor Presidente, el comercio internacional es fundamental en nuestro sistema y para aquellos que desean otro tipo de mundialización, y yo me encuentro entre ellos, el comercio internacional debería basarse en intercambios leales y justos que puedan aportar desarrollo y bienestar al mayor número de personas posible. 
Lamentablemente, las negociaciones comerciales bajo la égida del GATT y de la OMC no han servido para crear unas reglas internacionales justas; al contrario, han dejado a poblaciones enteras sin poderse defender de la voracidad de las multinacionales. 
Es lógico, por lo tanto, que estas instituciones sufran una crisis de legitimidad sin precedentes en amplias capas de poblaciones, a las cuales es indispensable responder con profundas reformas. 
El informe aborda con claridad los límites y las disfunciones del comercio internacional, del intercambio desigual, la falta de transparencia y de democracia, etcétera, y propone algunas reformas para poner remedio a estas lagunas. 
Nosotros apoyamos y votaremos favorablemente este informe, pero pensamos que éste no es más que el principio de un proceso de cambio. 
La Comisión y el Consejo no deben desoír el clamor mundial. 
, Señor Presidente, debe hacerse justicia, pero, lo que es más importante, debe verse que se hace justicia: la OMC es una organización internacional muy poderosa, que se ocupa de normas y leyes, y debe verse que actúa con justicia. 
La exigencia de responsabilidad y la transparencia son, por tanto, excepcionalmente importantes. 
El comercio global requiere normas globales y el desarrollo requiere comprender algunos de los problemas de los países en desarrollo. 
Si hablamos de la transparencia y de la exigencia de responsabilidad en los procesos de la OMC, la transparencia por sí misma y la exigencia de responsabilidad por sí misma no bastan. 
La finalidad fundamental de ambas es crear integridad en el sistema de tal forma que los que han prometido hacer cosas, y aquí me refiero a los países desarrollados, estén obligados a hacerlas a causa de la opinión pública internacional. 
Hay muchas cosas que los países desarrollados prometieron en la Ronda Uruguay que no se han cumplido. 
Y a la inversa, quienes en los países en desarrollo tienen ahora sistemas corruptos y malas prácticas también tendrán que rendir cuentas a través del proceso de exigencia de responsabilidad y de transparencia. 
En este sentido, me gustaría apoyar el Sr. Désir diciendo que ha elaborado un excelente informe que deseo respaldar. 
Es vital entender la postura permanente del estado de derecho. 
La igualdad ante la ley y la confianza en ella es una necesidad absoluta para los países en desarrollo. 
Sin esto, todas las palabras bien intencionadas y la gran donación de ayuda que realizamos no servirán de nada. 
Debe hacerse justicia y debe verse que se hace. 
Señor Presidente, el comercio internacional es de trascendental importancia para crear condiciones aptas para el crecimiento y el desarrollo mundial. 
Las reglas de este comercio determinan si el crecimiento y el desarrollo beneficiarán a toda la humanidad o sólo al mundo industrializado. 
El informe Désir constituye un instrumento único para promover más justicia en el comercio mundial. 
Los países en vías de desarrollo deben tener las mismas condiciones que los países industrializados para participar en los trabajos de la OMC. 
Como socialdemócrata, entiendo la justicia social como un objetivo en sí. 
Los ataques terroristas en EE.UU. demuestran, además, la necesidad de disminuir las causas del odio y el fanatismo. 
Menos injusticias redundan en mayor seguridad para todos. 
Las ONG deben tener un lugar donde expresar sus opiniones cuando se discute el comercio mundial. 
Se puede profundizar en la democracia mediante la instauración de una asamblea parlamentaria en la OMC. 
Hay que evitar la exclusión social y también respetar los derechos de los trabajadores. 
Hay que respetar los derechos humanos fundamentales, hay que intensificar la lucha contra la destrucción medioambiental y hay que prohibir el trabajo infantil. 
Tenemos que dejar de desbordar los mercados de los países en desarrollo con nuestra sobreproducción de alimentos y dar a los campesinos, en cambio, oportunidades para desarrollar su producción y sus posibilidades de subsistencia. 
Así podremos contribuir a la creación de un mundo más justo y seguro. 
Señor Presidente, el nuevo ciclo de la OMC ilustra perfectamente nuestras críticas sobre la organización de ésta. 
Se trata de una ronda del desarrollo, pero los responsables europeos de cooperación y desarrollo no participan en la próxima reunión. 
Por otro lado, la Comisión de Desarrollo no ha podido emitir su opinión sobre el informe Désir. 
Afortunadamente, dicho informe plantea los verdaderos problemas y lo apoyamos. 
Aunque se trata de una ronda del desarrollo, los 49 PMA se oponen a ello, con razón. 
La liberalización, que se supone posibilitará el desarrollo, el crecimiento, la prosperidad, no ha hecho sino agravar la situación de éstos. 
La OMC mantiene el desequilibrio de los intercambios internacionales y el establecimiento de normas desfavorables para los PVD. 
Además, ha provocado la supresión del régimen preferencial creado por el Convenio de Lomé. 
Igualmente, el acuerdo de Cotonou anima a los países ACP a que se adhieran al AGCS o al acuerdo ADPIC. 
Sin embargo, el propio PNUD afirma que la liberación de los servicios beneficiará exclusivamente a las firmas multinacionales. 
El AGCS es el AMI que esta vez entra por la ventana. 
Es una herramienta para el desmantelamiento de la democracia. 
Señor Lamy, si han de realizarse negociaciones, el objetivo de éstas debe ser una reforma profunda de la OMC. 
En efecto, es imprescindible favorecer el desarrollo de los países menos avanzados antes que el aumento de los beneficios de las multinacionales. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, doy las gracias, por mi parte, a Harlem Désir por la calidad de este informe, que apoyo totalmente. 
Creo que el balance que usted acaba de efectuar respecto a los planteamientos sobre la OMC, señor Comisario, demuestra aún más la necesidad de dicho informe. 
Voy a tratar de ilustrarlo en dos puntos. 
La Comisión debe velar por las bazas que representan la agricultura y la propiedad intelectual, a fin de que no se perpetúen las desviaciones actuales de la OMC. 
En efecto, los dados están, y siguen estando, trucados para los más débiles, ya se trate de los Estados más pobres o de las categorías sociales más amenazadas en nuestros países, puesto que la OMC no es ni un órgano transparente ni un órgano democrático. 
Fijémonos en los Acuerdos de Marrakech sobre la agricultura. 
Éstos no garantizan ni la autonomía alimentaria ni el derecho de proteger la biodiversidad respecto a los países del Sur, bloquean la toma en consideración de la especificidad de la agricultura tradicional en Europa, con sus aspectos cualitativos, sociales y medioambientales. 
Mañana podrían prohibir que los agricultores siembren los granos que ellos mismos habrán producido. 
Es imprescindible que la Comisión presione para que esta situación cambie, para obtener una revisión profunda de los Acuerdos TRIPS, a fin de lograr una total compatibilidad con el Convenio de Río sobre la biodiversidad y el Protocolo de Cartagena sobre la bioseguridad, como lo exige el grupo africano en la OMC. 
Eso permitirá conservar el patrimonio biológico de los países en vías de desarrollo y los conocimientos tradicionales tanto en el Sur como en el Norte. 
Además, es necesario prohibir la patentabilidad de los organismos vivos, que son patrimonio de toda la humanidad; este patrimonio común no puede ni debe ser acaparado por intereses privados que pretenden convertir la vida en una mercancía. 
Espero, señor Comisario, que transmita esta demanda. 
. (FR) Señor Presidente, el informe de propia iniciativa del Sr. Désir formula algunas recomendaciones que se acercan al sentido con el que abordamos la Conferencia Ministerial de la OMC en Doha. 
Ustedes desean la integración de los países en desarrollo en el comercio internacional: es un objetivo que compartimos. 
Ustedes hacen hincapié en la importancia de abordar, en el marco de la OMC, unas preocupaciones públicas que están más allá de las cuestiones tradicionales de acceso a los mercados o de aranceles aduaneros: nosotros compartimos estos objetivos y pensamos, como ustedes, que es necesario gestionar las transformaciones económicas rápidas y los efectos de la globalización. 
Algunas de sus sugerencias ya están siendo aplicadas, concretamente lo concerniente al acompañamiento de una asistencia técnica o los consejos para los países en desarrollo en las negociaciones de la OMC. 
La Unión Europea es la que crea, por ejemplo, el Centro de los países ACP en Ginebra, que permitirá coordinar mejor la posición de los mismos y, por tanto, aumentar la influencia de estos países en el seno de la OMC. 
La Unión Europea es la que ha insistido en racionalizar las reuniones en Ginebra y en facilitar la participación de los miembros que no disponen de una representación ante la OMC. 
Si cito estos dos ejemplos, a los que se podrían añadir los esfuerzos realizados para favorecer la adhesión de algunos países- y en Doha se adherirá, junto con China y Taiwán, por ejemplo, un PMA, la isla de Vanuatu -, no es para decir que todo es perfecto y que no queda nada por hacer, sino para procurar que el debate sobre las propuestas de reformas esté basado en un balance completo y actualizado de la situación. 
Permítanme hacer una pequeña corrección a este respecto sobre un punto concreto de su exposición de motivos, señor Désir, referente al buey criado con hormonas. 
Contrariamente a lo que allí se indica, la Unión no fue condenada por haber proscrito las hormonas en la cría del buey. 
La OMC reconoció explícitamente, en este asunto, el derecho de cada miembro a fijar su propio nivel de protección. 
La Unión fue condenada porque en ese momento no proporcionó las bases científicas necesarias para justificar dicha prohibición. 
Otros matices o pequeñas divergencias tienen que ver con sus apreciaciones y las sugerencias que usted efectúa. 
Menciona la crisis de legitimidad democrática, cuestión en la que han insistido algunos oradores. 
No suscribo el fondo de esta crítica. 
El sistema puede, naturalmente, ser mejorado: debe ser más abierto y hay que integrar mejor los países en desarrollo. 
Se trata, por otra parte, de un desafío considerable en la medida en que hay que conciliar nuestra agenda "sociedad civil" con nuestra agenda "desarrollo". 
Además, su informe señala algunas de estas dificultades, puesto que, en algunos asuntos, usted propone a la vez la transparencia externa y unas normas sociales fundamentales. 
Ahora bien, sabemos que, con respecto a estos dos asuntos, nuestra sensibilidad a las posiciones de los países en vías de desarrollo nos obliga a moderar mucho nuestras ambiciones. Por consiguiente, nosotros mismos caemos a veces en una posición algo contradictoria, y eso aparece en su informe. 
Dicho esto, el hecho de calificar la situación actual de crisis de legitimidad democrática grave me parece algo exagerado. 
Que yo sepa, el Acuerdo de Marrakech no sólo fue aprobado por los Estados miembros, sino que también fue ratificado a la vez por los Parlamentos nacionales y por esta Asamblea: el Acuerdo de Marrakech fue ratificado por el Parlamento Europeo. 
Con respecto a la afirmación según la cual la toma de decisiones en el seno de la OMC afectaría sólo a los países ricos, creo que si bien eso ha sido verdad, lo es cada vez menos en una organización que cuenta con más de 140 miembros y en la cual no se puede evitar la creación de grupos de discusión restringidos en el trabajo diario. 
Nosotros procuramos que estos últimos reúnan a la vez países ricos y países pobres y que garanticen una representatividad a la vez geográfica y desde el punto de vista de las fases de desarrollo. 
Puede ocurrir que dichos grupos informales faciliten la formación de consensos, pero, como es sabido, nunca toman decisiones. 
En estas últimas semanas se han realizado reuniones preparatorias de este tipo: reunión miniministerial en México a finales de agosto, reunión en Hanoi entre europeos y asiáticos a mediados de septiembre, reunión en Nairobi entre europeos y africanos a mediados de octubre, reunión de la APEC el fin de semana pasado. 
Y creo que, desde el punto de vista del método de preparación, la lección de Seattle fue fructífera y que los distintos sectores de actuación son más numerosos y están mejor informados en el sentido que usted sugiere. 
En cuanto a la solución de diferencias, que usted también ha examinado, tres observaciones. 
Primero, no olvidemos que el objetivo principal del mecanismo de solución de diferencias es la aplicación efectiva y disciplinada de compromisos libremente negociados y aceptados. 
Es lo que desea obtener un miembro de la OMC cuando recurre al procedimiento de solución de diferencias. 
Como usted, nosotros también nos oponemos a la aplicación inmediata y a las sanciones comerciales. 
Las compensaciones comerciales deben tener mayor peso. 
Yo no sería categórico en cuanto a su sugerencia de sustituir las sanciones por multas. 
Temo, en efecto, que las sanciones pecuniarias no mejoren el desequilibrio entre países ricos y países pobres o incluso que posibiliten que los países ricos se permitan, en cierto modo, pagar el precio de la violación de sus obligaciones. 
En relación con la transparencia de los grupos especiales, somos favorables, al igual que usted, a facilitar el acceso público a las audiencias de estos grupos y del Órgano de Apelación. 
Recordemos simplemente- entre nosotros- que los países en desarrollo tienen sobre este punto posiciones muy claras y que éstas no coinciden con las nuestras. 
Con respecto a la relación con las demás normas del Derecho Internacional, es necesario, efectivamente, reforzar la coherencia y evitar los conflictos entre normas comerciales y no comerciales. Esto debe hacerse a nivel de la propia sustancia de los compromisos de que se trata. 
En cuanto a la cuestión de revisar el acuerdo sobre la propiedad intelectual, lo cual usted estima necesario, no creo que se deba proceder a una revisión profunda. 
Tomemos el ejemplo del acceso a los medicamentos o el de la patentabilidad de los organismos vivos: el acuerdo ofrece la suficiente latitud para aplicar un régimen de propiedad intelectual que responda a las preocupaciones que expresan los países en desarrollo. 
Corresponde a los miembros de la OMC interpretar, precisar, dicha flexibilidad, y pensamos que es mejor hacerlo a través de una discusión o de una negociación en lugar de dejar esta tarea a los grupos especiales. 
Esto es lo que justifica nuestra posición en Ginebra, que he recordado en el debate anterior. 
Señora Auroi, el problema de la compatibilidad entre el Acuerdo sobre la propiedad intelectual y el Convenio sobre la biodiversidad forma parte de los puntos que deseamos que se clarifiquen en la negociación. 
Con respecto a las medidas de fomento del respeto de las normas fundamentales en materia de Derecho del Trabajo, estamos de acuerdo con usted, señor Désir, en hacer hincapié en la importancia de fortalecer la OIT, y por esta razón su sugerencia de crear un acuerdo multilateral en el seno de la OMC no nos entusiasma. 
En cuanto a las medidas de apoyo al respeto de las normas fundamentales en materia social, debo decir que no hay que socavar la influencia de la Organización Internacional del Trabajo. 
Esta última no es una institución débil que deba tomar de una OMC fuerte la energía que le falta. 
Debemos, por el contrario, trabajar para reforzar el perfil de la Organización Internacional del Trabajo. 
Por último, en relación con la creación de una Asamblea parlamentaria en el seno de la OMC, propuesta que, como lo he recordado en el debate anterior, siempre hemos apoyado, concluiré brevemente diciendo que sacaremos provecho de las orientaciones que el Parlamento ha establecido para este conjunto de trabajos, en el que ahora su informe de propia iniciativa se sitúa, señor Désir. 
Creo que, como lo ha demostrado el debate de esta tarde, la línea política de la Comisión, que el Consejo ha aprobado y aplica, es también coherente con la posición de esta Asamblea. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Política exterior y de seguridad común (PESC) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0332/2001) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre los progresos realizados en la aplicación de la Política exterior y de seguridad común (C5-0194/2001- 2001/2007 (INI) ). 
Comunico a sus Señorías que, después del ponente, intervendrán la Sra. Neyts-Uyttebroeck, Presidenta en ejercicio del Consejo y el Comisario Sr. Patten, que a continuación se ausentarán por urgentes cuestiones de transporte aéreo. 
Esta alteración del orden del día se debe al ejercicio de evacuación que ha realizado el Parlamento, lo que, por supuesto, no es responsabilidad ni de la Presidenta en ejercicio ni del señor Comisario. 
Señor Presidenta, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, en las últimas semanas lo hemos dicho en muchas ocasiones, y a la vista del presente informe anual debemos resaltarlo de nuevo con mayor intensidad: desde el 11 de septiembre no hemos generado nuevas ideas. Pero se nos ha revelado con toda claridad que necesitamos una nueva definición del concepto de seguridad, que las antiguas ideas sobre política de seguridad ya no sirven de hecho, y que por esta razón debe crearse una determinada combinación de seguridad interior y exterior. 
Ya no es posible reconocer con claridad a un potencial enemigo emboscado detrás de unas fronteras, pues posee la capacidad de estar entre nosotros. 
En mi opinión, debe llegarse a un acuerdo de procedimiento en este ámbito. 
Sabemos muy bien que a esta situación de amenaza no pueden responder los Estados de forma individual, pues el desafío es de ámbito internacional, traspasa las fronteras. 
Por ello debemos dar respuestas transfronterizas al problema. 
Cada uno de los Estados europeos tiene ahora la oportunidad de garantizar la paz y la seguridad de sus ciudadanos a largo plazo si reunimos nuestras fuerzas en los ámbitos militar, de prevención y de gestión de crisis civiles, pero también en el de la cooperación de los órganos de seguridad y de los servicios de información. 
Por esta razón, al contemplar los acuerdos adoptados desde los Tratados de Amsterdam y Niza y, en particular, los adoptados en la Cumbre de Colonia y las Cumbres posteriores, creo que hemos realizado notables progresos en los dos últimos años. 
A mi juicio, debe avanzarse sobre esta base hacia el desarrollo de una política europea de seguridad y de defensa si se dan las condiciones necesarias. 
A este respecto, hemos de tener en cuenta que, a nuestro juicio, para ello es necesario introducir determinados cambios estructurales. Pues pensamos que todo esto funcionará sólo si, en primer lugar, todos los Estados miembros se dan cuenta de que son únicamente las Instituciones comunitarias las que deben actuar, y de que las relaciones bilaterales debilitan a los Estados que actúan a título individual, aunque crean que así destacan más en los medios de comunicación. 
La segunda condición es que las estructuras entre las Instituciones encajen. 
Por ello deben evitarse dobles funciones. 
Me parece absurdo que en la Comisión y en el Consejo existan comités de gestión civil de crisis que asistan al Alto Representante Por tanto, quiero repetir ante el Parlamento Europeo la tesis de que a largo plazo debemos concentrar las funciones del Comisario de Asuntos Exteriores y del Alto Representante en la Comisión. 
Debe hacerse así para garantizar una actuación verdaderamente unitaria y estructuras igualmente unitarias. 
Ello no tiene nada que ver con los méritos de las personas que ocupan actualmente estos cargos, es una cuestión de carácter estructural. 
Sobre esta base debemos establecer relaciones especiales con el Consejo en beneficio de esta figura, para crear así la base de legitimación necesaria a este nivel. 
Creo que podemos poner claramente de manifiesto que así se genera efectivamente el valor añadido común. 
A este respecto quiero citar unos cuantos ejemplos: a mi juicio, la gran coalición antiterrorista no se hubiera creado de este modo sin la notable influencia que ha ejercido Europa mediante el viaje de la Troika comunitaria por los países de Oriente Próximo y Oriente Medio, que deparó resultados muy positivos. 
No creo que la gran coalición antiterrorista pueda sostenerse a largo plazo si la Unión Europea no lleva la estabilidad a la Cuenca mediterránea a través del Proceso de Barcelona. 
Por esta razón, creo que a la Unión Europea le corresponde combatir las causas que generan la semilla emocional del terrorismo, sea en Oriente Próximo, en las relaciones entre Pakistán e India o en otras regiones del mundo, en donde debemos realizar un mayor esfuerzo por contribuir a garantizar la paz. 
En este contexto, hemos de tener en cuenta que nuestra posición con respecto a los Estados Unidos es la de una relación de aliados, y que la OTAN, con independencia de todos los esfuerzos dirigidos a desarrollar una política de seguridad y defensa propia, es todavía necesaria, porque sólo ella puede garantizar la seguridad colectiva. 
Si queremos desempeñar un papel en el panorama político general, debemos, por nuestra parte, seguir fomentando las relaciones con Rusia, tender nuevos puentes y ofrecer a los países que actualmente no pueden, no quieren o no deben ser miembros de la Unión Europea un nuevo marco, una nueva forma de espacio económico europeo. 
También quiero decir que todo esto sólo funcionará si estamos dispuestos a poner a disposición los recursos necesarios en los presupuestos nacionales, para que se dé cumplimiento al envío ya aprobado de 60.000 hombres para la Fuerza de intervención rápida. 
No obtendremos logro alguno en el ámbito de la prevención y de la gestión civil de crisis, no asumiremos un papel protagonista en política exterior, y no seremos más que objetos si no acreditamos de forma creíble que contamos con capacidades militares propias. 
En muchas ocasiones, la prevención sólo funciona si se logra mostrar al país en que se quiere intervenir para establecer la paz que se cuenta con recursos militares para imponerla. 
El simple hecho de contar con recursos militares- como enseña la experiencia histórica- impide a menudo que tengan que emplearse medios militares. 
Por ello, hacer realidad la idea de disponer en 2003 de una Fuerza de intervención rápida de 60.000 hombres, de capacidades de transporte y de un sistema de satélites propio es fundamental para la credibilidad de la política europea exterior y de seguridad en el futuro. 
. 
(FR) Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, desearía felicitar en primer término al Sr. Brok por su excelente informe, en el que no sólo formula las preguntas adecuadas, sino que también aporta, de entrada, elementos de respuestas adecuadas. 
Además, el informe llega oportunamente, porque es indudable, Señorías, que la Unión Europea se encuentra en plena evolución con respecto a todas las cuestiones atinentes al conjunto de la política exterior, es decir, la política de la Unión para con el resto del mundo, así como la política de seguridad en todas sus dimensiones y la política de defensa. 
Yo estaba en el recinto de este Parlamento cuando discutíamos sobre el Tratado de Amsterdam y manifestábamos nuestra decepción frente a los tímidos avances en materia de política de seguridad y defensa común. 
Al constatar en qué punto estamos hoy, vemos que hemos recorrido un largo camino y sobre todo que lo hemos hecho muy deprisa. 
Creo que los acontecimientos de los últimos meses y de las últimas semanas han demostrado que- a pesar de lo que se haya podido decir esta mañana- la Unión Europea se convierte cada vez más en un actor importante en el escenario internacional y que como tal se la considera. 
Eso nos ofrece a la vez una mayor visibilidad y, evidentemente, nos plantea mayores responsabilidades. 
No debo ser la única que estas últimas semanas he tenido que responder a la pregunta siguiente: "¿ dónde están las tropas de la Unión Europea ?", formulada por personas que han olvidado completamente que no estamos en ese punto, ni de lejos. 
Eso significa simplemente que en el plano de las ideas se nos considera cada vez más un actor político en el escenario global y que debemos dotarnos de todos los medios institucionales, financieros y demás para poder asumir todas estas responsabilidades. 
Es evidente que dicho trabajo ha podido ser realizado gracias a la energía y al dinamismo a la vez del Alto Representante para la Seguridad y la Cooperación, el Sr. Solana, y del Comisario Patten, quienes, dentro de un espíritu de perfecta armonía, logran representarnos notablemente en todos los escenarios internacionales, en todos los escenarios de crisis en nuestro propio continente o en lugares mucho más alejados. 
Nosotros, los Estados miembros y la Unión Europea, también logramos cada vez más- y nuestra Presidencia no es ajena a eso- hablar con una sola voz en el seno de los foros internacionales, y pienso concretamente en las Naciones Unidas, que, en los tiempos que corremos, adquieren una importancia absolutamente especial. 
Nuestra ambición es, pues, convertirnos en un actor político importante en el escenario internacional, lo que nos permitirá asumir mejor nuestras responsabilidades, a fin de contribuir a la estabilidad y a la paz en el mundo. 
El desarrollo de dicha política prosigue con el ritmo previsto. 
Como ustedes saben, se trata de un proceso abierto en el que los Quince desean asociar a los países candidatos y a los países aliados que no son miembros de la Unión Europea. 
Las actuales negociaciones con la OTAN deben solucionar las modalidades de cooperación entre nosotros mismos y la Alianza, a fin de garantizar el acceso a los medios y a las capacidades de la OTAN y de evitar las duplicidades inútiles. 
Ustedes saben que dichas negociaciones no son fáciles y también por qué resultan difíciles. 
Pero, por último, ustedes saben también- y repito lo que la Presidencia ya ha declarado en anteriores ocasiones- que no tenemos en absoluto la intención de permitir que este proceso de aplicación de los medios que garantizan nuestra operabilidad se convierta en objeto de presión con respecto a lo que ocurre en la OTAN. 
Nosotros avanzaremos sin reparar en obstáculos y continuaremos actuando en el sentido que he indicado. 
Estoy de acuerdo en que la prevención de los conflictos y la gestión de las crisis constituyen una de las principales prioridades de nuestra acción, prioridades, que como lo señala el Sr. Brok, deben llevarnos a un compromiso permanente. 
Hace tiempo que asumimos este compromiso en diferentes situaciones de crisis, ya se trate de los Balcanes, de Oriente Medio o de África. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, la crisis desencadenada por los terribles atentados del 11 de septiembre contra los Estados Unidos ha demostrado que la Unión Europea es capaz de formular una respuesta rápida y coherente. 
En realidad, nuestra reacción estaba basada en una coordinación horizontal que rebasaba la división por pilares. 
En mi opinión se trata de un elemento importante que desempeñará un papel fundamental en la futura evolución de nuestra política común. 
Quisiera recordarles que, fuera de este contexto, en las últimas semanas el Consejo Europeo pocas veces ha sido tan explícito. 
Hemos decidido llevar a cabo una política voluntarista con respecto al mundo árabe y musulmán y somos muchos en proclamar el mismo mensaje, convencidos de que la actual crisis y la lucha contra el terrorismo internacional no pueden de ninguna manera presentarse como una guerra entre civilizaciones. 
Esta mañana también se ha vuelto a insistir en la necesidad de reanudar el proceso de paz en Oriente Medio. 
Como ustedes saben, la Presidencia se trasladará en breve a la zona para transmitir ese mensaje, con la esperanza de que merezca el necesario apoyo. 
Nuestra actuación en Oriente Medio- ya lo he dicho- continúa basándose en el cumplimiento del itinerario que figura en la recomendación de la comisión MITCHELL. 
(FR) Con respecto a los Balcanes Occidentales, señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, la Unión Europea trabaja en la aplicación sistemática de las conclusiones de la Cumbre de Zagreb. 
La cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la Ex República de Yugoslavia por parte de cada uno de los países que participan en dicha Cumbre, cuyo símbolo notable- aunque no el único- fue el traslado a La Haya de Milosevic, constituye uno de los elementos que ahora permiten avanzar en la negociación de los acuerdos de estabilización y asociación con cada Estado. 
Saludamos los progresos conseguidos por la República Federativa de Yugoslavia desde su retorno a la democracia hace algo más de un año. 
Por lo que respecta a Kosovo, nuestra acción se concentra en la preparación de las elecciones generales del 17 de noviembre, y nos felicitamos de constatar que más de 170.000 serbios se han inscrito en las listas electorales, por lo que se puede esperar un resultado equilibrado. 
La situación en la Ex República Yugoslava de Macedonia, desgraciadamente, no es tan clara, y también en este caso fueron necesarios todos los esfuerzos de nuestro Representante, el Sr. Solana, del Comisario Patten y de muchos otros, para evitar que la crisis que se había creado no desembocase en una verdadera guerra civil. 
Ustedes saben que la situación sigue siendo extremadamente frágil. 
La Sra. Pack también me lo señaló cuando presenté el informe sobre las decisiones del Consejo de "Asuntos Generales" de 8 de octubre pasado. 
Lo sabemos perfectamente y, como ustedes y muchos otros, seguimos este asunto con la mayor atención. 
Desearía, no obstante, subrayar que los acontecimientos de Macedonia demostraron que es posible una cooperación estrecha entre la OTAN y nosotros y que somos capaces de prevenir y de gestionar las crisis. 
(NL) Otro foco de tensiones donde la Unión Europea despliega una política activa en materia de gestión y prevención de crisis es África. 
La troika también tiene previsto realizar en breve algunas visitas a la zona a fin de garantizar que los dos procesos de paz en curso- aunque tengo que añadir que avanzan a trompicones -, es decir, el proceso de paz de Lusaka para el Congo y el proceso de paz de Arusha para Burundi, sigan por buen camino y conduzcan al final de las acciones militares y al consiguiente restablecimiento de la paz, porque sin paz la reconstrucción de África resulta imposible. 
Estimados colegas, permítanme que, por último, llame su atención sobre la reunión de la Conferencia Ministerial euroafricana del pasado 11 de octubre. Fue un gran éxito en la medida en que se dio un enorme impulso al diálogo político. 
(FR) Por último, con respecto a nuestras asociaciones estratégicas, desearía subrayar que nuestras relaciones en Rusia han recibido asimismo un nuevo impulso a todos los niveles. 
Gradualmente se establecen no tanto mecanismos, sino formas de contacto y de diálogo que permiten prever una verdadera cooperación y una verdadera asociación estratégica. 
Creo también que este desarrollo puede contribuir a la estabilidad no sólo de nuestro continente, sino a la estabilidad en el mundo. 
Sin embargo, desearía decir a este respecto, muy claramente, a los colegas, que dicho acercamiento entre la Unión Europea y Rusia no implica en absoluto que estemos menos vigilantes en relación con la situación en Chechenia. 
Continuamos refiriéndonos a esta cuestión e insistiendo en la necesidad de encontrar una solución política. 
Por último, permítame recordar la IV Cumbre Unión Europea-China, que también ha permitido fortalecer el diálogo político; pero, repito, dicho diálogo político incluye la cuestión atinente a los derechos humanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, tengo poco tiempo, y, evidentemente, el ejercicio de evacuación no ha ayudado- les pido disculpas -, pero de todo lo anterior desearía, en conclusión, recordar los tres elementos siguientes: una Europa fuerte, una Europa capaz de proyectar su influencia en el escenario internacional, es ante todo una Europa donde la cohesión interna sostiene la acción externa; en segundo lugar, es una Europa donde las sinergias entre Presidencia, Estados miembros, Comisión y Altos Representantes juegan de lleno; es una Europa, finalmente, donde la acción, ya sea en el ámbito judicial, de la defensa, de la cooperación, etcétera, es el complemento de la retórica. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor ponente, señoras y señores, gracias. 
. (EN) Lamento las razones a las que usted ha aludido, señora Presidenta. 
El ejercicio de evacuación ha supuesto que este importante debate sea, en cierto sentido, víctima involuntaria de la importancia de mejorar nuestra seguridad parlamentaria. 
Desgraciadamente, tengo que marcharme en breve porque la Sra. Ministra y yo tenemos que llegar a Bucarest al amanecer- todo un reto a esta hora de la tarde desde Estrasburgo. 
Tenemos que estar allí para la inauguración mañana de la conferencia del Pacto de Estabilidad, que, y esto no es totalmente irrelevante para lo que su Señoría dice en su informe, indica al menos una medida de éxito a lo largo de los últimos años para la política exterior y de seguridad común en evolución. 
Me gustaría felicitar a su Señoría por lo que es un informe muy exhaustivo y valioso. 
Como él decía en sus comentarios, la evolución de una política exterior y de seguridad común parece aún más oportuna que nunca tras los terribles acontecimientos del otoño de 2001. 
El informe de su Señoría ofrece una visión general muy precisa de lo que se ha logrado hasta ahora. 
Yo particularmente acojo de manera favorable sus propuestas de una fuerte dimensión parlamentaria en la política exterior y de seguridad común. 
Es muy importante que establezcamos raíces democráticas más profundas para la política exterior y de seguridad común, y ello debería implicar no sólo a este distinguido Parlamento sino también a los parlamentos nacionales. 
He manifestado mi intención de comparecer ante las comisiones correspondientes de los parlamentos nacionales en las visitas bilaterales a los Estados miembros. 
Si alguien pone en duda los avances que hemos conseguido en el desarrollo de la PESC debería comparar lo que ha ocurrido durante estas crisis con lo que ocurrió en el período que llevó a la Guerra del Golfo a principios de los 90 y cómo hicimos frente al problema de los Balcanes entre principios y mediados de los 90. 
Todavía no podemos, como dirían quizás los cantantes pop, "pavonearnos". 
Pero tenemos motivos para estar modestamente orgullosos de los logros que hemos conseguido hasta la fecha. 
Estoy totalmente de acuerdo con el análisis que se hace en el informe sobre los requisitos previos para una acción satisfactoria de la PESC. 
Tenemos que aunar los recursos e instrumentos de todos los actores de la UE: la Comunidad, el Consejo y los Estados miembros. 
Dudo que la historia considere ideales las estructuras institucionales actuales. 
No lo digo de un modo más fuerte, pero el Alto Representante y yo hemos trabajado todo lo que hemos podido para que estas estructuras funcionen de la forma más eficaz posible. 
Lo que ocurra en el futuro corresponde determinarlo a otras personas más importantes que yo. 
No quiero detenerme en todo lo que estoy de acuerdo con su Señoría sobre las zonas geográficas y regionales concretas, en parte porque Bucarest nos llama. 
Pero quisiera destacar una o dos cosas que ha dicho. 
Podría, por ejemplo, entrar en un párrafo detallado o dos, y mostrar mi acuerdo sobre Rusia y Ucrania, la Anterior República Yugoslava de Macedonia, sobre los Balcanes en general y sobre la importancia de volver al informe Mitchell en Oriente Medio. 
Las dos cuestiones que me gustaría mencionar brevemente son éstas: en primer lugar, hablamos con razón de la importancia de intentar que la campaña internacional contra el terrorismo no se vea como un conflicto entre Occidente (Europa y Norteamérica) y el mundo islámico. 
Es absolutamente acertado que tengamos que dejar claro que no es un choque de civilizaciones. 
Pero tenemos una responsabilidad y una oportunidad real en la Unión Europea de utilizar los mecanismos del proceso de Barcelona, de utilizar los mecanismos de la asociación Euro-Mediterránea para fortalecer la relación entre Europa y el mundo islámico. 
Tenemos una verdadera oportunidad y una verdadera responsabilidad de hacerlo. 
Espero que la aprovechemos. También espero que examinemos muy detenidamente nuestra relación con el Consejo de Cooperación del Golfo a este respecto. 
La otra cuestión a la que quiero referirme de los comentarios del Sr. Brok y del informe es sencillamente ésta: a mi juicio, tenemos que intentar aprovechar esta crisis para abrir puertas y ventanas que de otro modo habrían estado cerradas. 
Esto afecta, por ejemplo, a nuestra futura relación con Pakistán. 
También, en mi opinión, atañe muy claramente a nuestra relación con Irán. 
No tengo dudas de que todos los iraníes son serios en su deseo de establecer una relación mejor y más profunda entre ellos y la Unión Europea. 
No tengo ninguna duda de que todos ellos desean negociar un acuerdo de comercio y cooperación con nosotros. 
Saben perfectamente que todo acuerdo con nosotros supondrá un diálogo acerca de los derechos humanos y de cuestiones conexas. 
Pero creo que son interlocutores serios y que nos corresponde responder en la medida de lo posible positivamente a los intentos de acercamiento que han realizado. 
Acerca de Afganistán sólo diré que espero (y ojalá que sea que más pronto que tarde) el momento en que tenga que volver al Parlamento y al Consejo e indicar las consecuencias financieras para todos nosotros de las promesas y compromisos políticos que hayamos contraído sobre el futuro de Afganistán. 
Habrá un momento importante en el que tengamos que poner nuestro dinero y nuestros esfuerzos diplomáticos allí donde hayan estado y deban seguir nuestras convicciones. 
Por último, me gustaría decir una vez más lo importante que es movilizar todas nuestras instituciones, todas nuestras competencias, de la manera más eficaz posible en busca de una política exterior y de seguridad común. 
A veces es posible infravalorar la contribución que la Comisión puede hacer y desea hacer en el ámbito de la PESC. 
Podemos hacer mucho para que la PESC se desarrolle eficazmente, reflejando, así, la creciente influencia de Europa en la escena política internacional. 
El ponente se ha adelantado mucho a su tiempo instándonos a hacer más en este campo. 
Espero que estemos a la altura de sus expectativas en los próximos meses y años. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar al Sr. Brok por su informe sobre los progresos en relación con la política exterior y de seguridad común, informe que no tiene por objeto solamente ensalzar esta política, sino también poner de manifiesto sus insuficiencias y carencias. 
Vaya por delante que la Comunidad Europea, haciendo de la necesidad virtud, ha visto, gracias al empuje de la Comisión, de la Presidencia en ejercicio del Consejo y del Alto Representante, incrementada su visibilidad tras los atentados producidos el 11 de septiembre. 
Esta mañana, durante el debate sobre el Consejo Europeo de Gante, el Presidente en ejercicio del Consejo, de forma bastante diplomática, dijo que se había creado una situación extraña tras la reunión tripartita celebrada al margen de la Cumbre. 
Hasta cierto punto, señor Presidente, es lógico que en los momentos de crisis cada uno busque salvarse por su cuenta, pero, en mi opinión, es importante no ceder a la tentación de caer en el unilateralismo o, mejor dicho en este caso, en el trilateralismo. 
La fuerza de Europa es su unidad y su debilidad es la fragmentación. 
Por eso es importante que Europa sea capaz de hablar con una sola voz. 
Y la Unión Europea, a la luz de la situación creada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, tiene que replantearse su política exterior y de seguridad, incluir en ella la lucha contra el terrorismo, pisar fuerte el acelerador en la consecución de sus objetivos y hacer más eficaz el mecanismo de las estrategias comunes. 
Hoy el unilateralismo, incluso el de los más prósperos o el de los más poderosos, como hemos visto, es un sueño imposible. 
En el mundo globalizado de hoy, política, diplomacia, seguridad y defensa se entremezclan para dar respuesta a la nueva configuración de las amenazas. 
La seguridad pasa a ser una noción global, indivisible, alejada de la tradicional concepción estática y estatal. 
A su vez, la defensa altera sus fronteras en un mundo en el que éstas cada vez se hacen más difusas: ya no se contempla sólo el caso de la defensa territorial de un Estado frente a la posible agresión de otro Estado, sino que, como se ha dicho con acierto, tenemos ejércitos que carecen de enemigos claros y enemigos que carecen de ejércitos. 
En el mundo de la globalización, no sólo económica, sino también- como hemos visto- del terror, política, diplomacia, comercio, ayuda al desarrollo, seguridad y defensa son conceptos interrelacionados y, por lo tanto, dependerá de nosotros ser capaces de comprender y aceptar que los peligros y los conflictos nos afectan a todos por igual y que la respuesta a los mismos deberá ser de todos por igual. 
Pero tendremos que empezar- eso sí- por plasmar en una conciencia común una verdadera política exterior y de seguridad de la Unión Europea que sea eficaz, que sea coherente y que sea visible, como nos recomienda el informe del Sr. Brok. 
Señor Presidente, el informe del colega Brok, tan diligentemente elaborado como siempre, llega en el momento oportuno, en un momento en que necesitamos un cambio de dirección en la Política Exterior y de Seguridad Común. Común significa básicamente para nosotros- y lo digo con toda claridad- que no puede haber un comité de dirección que imparta directrices que determinen la política, ni siquiera la apariencia de la misma. 
Común significa también- y en ello apoyo al colega Brok- que las funciones de un Alto Comisionado deben vincularse a las del Comisario competente. 
Común significa también que la Unión Europea debe contar lo más pronto posible con una Fuerza de intervención rápida. 
La política debe ser europea, es decir, debe definir con claridad los objetivos europeos, y ello significa que debemos ser solidarios con los Estados Unidos de América, pero también insistir en que la solidaridad no puede moverse en una sola dirección. 
Actualmente podemos leer en la prensa que los Estados Unidos de América siguen rechazando la creación de un Tribunal Penal Internacional, que en el seno de su Congreso se debate incluso si procede sancionar a los que colaboran con el Tribunal Penal Internacional, y esto no es lo que yo entiendo por el desarrollo de una política solidaria entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
La solidaridad con los Estados Unidos debe entrañar también que llamemos la atención de los Estados Unidos, cuando sea necesario, sobre la necesidad de impulsar una política común en la comunidad internacional. 
El tercero y último punto: si cerramos esta alianza contra el terror- esta alianza que debemos, que deberíamos cerrar -, surgirán a menudo contradicciones, conflictos entre las consideraciones estratégicas, por un lado, y las relativas a los derechos humanos, por otro. Esto es algo que no podemos pasar por alto. 
Quien quiera mantener una alianza- y yo sí quiero- con la Unión Soviética, con Rusia, con China, con los Estados islámicos, incurrirá constantemente en esta contradicción. 
Debemos tener claro que debemos reconocer clara y abiertamente ante nuestra propia población que esta contradicción existe. 
Debemos perseguir los dos objetivos. 
No podemos renunciar nunca a la prioridad a medio y largo plazo de los derechos humanos en todas las alianzas estratégicas que debamos establecer, pues quien apoya a los sha de hoy recibirá a cambio los ayatolá Jomeini de mañana. 
Esto puede ocurrir si no actuamos con cuidado y no situamos al mismo tiempo la cuestión de los derechos humanos en el centro de nuestra política exterior. 
Señor Presidente, nuestro Grupo reconoce el esfuerzo que ha hecho el Sr. Brok, en la Comisión de Asuntos Exteriores, un esfuerzo positivo, al recoger las distintas aportaciones. 
Sin embargo, no estamos de acuerdo con aspectos fundamentales del informe y, por ello, no podemos apoyarlo en la votación. 
Como ejemplo, voy a mencionar brevemente tres de ellos. 
En primer lugar, precisamente el 11 de septiembre era una ocasión oportuna para demostrar que la Unión Europea podía desempeñar un papel positivo, de serenidad y reflexión con Estados Unidos, para encauzar- en el Tribunal Penal Internacional, y a través del Derecho internacional- la solución del conflicto. 
Lo que parecía ir en esa dirección, se ha frustrado con la emergencia del triunvirato Schröder-Blair-Chirac y, con ello, se ha perdido esa oportunidad. 
En segundo lugar, se le da gran importancia a la OTAN como mecanismo, cuando pensamos que la OTAN trabaja en contra de lo que sería el interés de la Unión Europea. 
Por último, sería muy importante que la Unión Europea desempeñara un papel en Oriente Próximo o en el Sáhara Occidental, y también se desaprovecha la oportunidad. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, de acuerdo con las exigencias de la actual situación internacional, el ponente, mi estimado colega Brok, considera que la lucha contra el terrorismo internacional ha de convertirse en una de las tareas clave de la política europea exterior y de seguridad. 
Este cometido me lleva a llamar la atención del Consejo y de la Comisión sobre la situación de seguridad en los Balcanes Occidentales y en el Archipiélago Indonesio. 
Con motivo de la reciente aparición de un estudio científico sobre la posibilidad de que Bosnia funcione como punto de apoyo europeo de la red terrorista de Osama Bin Laden, quisiera preguntar al Consejo y a la Comisión si disponen de indicios concretos que apunten a que los adeptos de Bin Laden estén actuando efectivamente en la parte occidental de los Balcanes y, en caso afirmativo, cómo piensa afrontar la UE y sus Estados miembros, por supuesto en estrecha colaboración con los EEUU, esta peligrosa desestabilización de la zona? 
Por lo demás, el informe BROK aboga por la continuación del diálogo político con Indonesia. 
A este respecto espero que el Consejo y la Comisión sigan de cerca la situación de seguridad en las Islas Molucas, donde, según parece, los adeptos de Bin Laden también han declarado una "jihad" contra los cristianos autóctonos. 
Para concluir suscribo con mucho gusto la enmienda de nuestro colega Gahler en la que afirma que la OTAN y su ampliación por nuestro continente continúan siendo imprescindibles para garantizar la seguridad de toda Europa. 
Señor Presidente, Señorías, sé que al afirmar que los terribles atentados del pasado 11 de septiembre han marcado de manera indeleble la historia de este siglo estoy repitiendo palabras que ya se han dicho, sin embargo, considero que nunca será suficiente recalcar una realidad y que actualmente la comunidad internacional ha de hacer frente a una crisis tan grande como nueva, desconocida, con unas reglas, unas etapas que ni siquiera el mejor de los analistas políticos sería capaz de hipotetizar en estos momentos. 
En las circunstancias actuales, no obstante, es importante que la Unión Europea se muestre, como antes y más que antes, unida y capaz de reaccionar unívocamente. 
En un momento como este, cuando de pronto toman cuerpo todos nuestros peores miedos, nos damos cuenta de lo importante que es esta Europa que estamos construyendo, de lo importante que es permanecer unidos y disponer de unas estructuras de coordinación capaces de actuar en tiempo real, así como pensar y actuar todos juntos respetando todas las posiciones. 
Lo cierto es que tenemos mucho trabajo por delante: la política exterior y de seguridad común aún no está operativa y dentro de su mecanismo de funcionamiento aún existen nudos que hay que deshacer, especialmente en lo que se refiere a las soberanías nacionales. Sin embargo, ahora y más que antes, tenemos que incorporar una marcha más. 
Por esto, no puedo dejar de felicitar al ponente, Sr. Brok, presidente de la Comisión del Asuntos Exteriores, por su informe y por las prioridades que ha señalado para el próximo año en este ámbito, sobre todo para el que será, y lo estamos comprobando en estos meses, el verdadero reto del nuevo milenio: la prevención de los conflictos, la solución no militar de la crisis y, ante todo, la lucha contra el terrorismo. 
Cuanto mayor será la posibilidad de ver una Europa unida en términos de política exterior y de poder dar concreción a nuestra política exterior tanto más grande será la política dentro de Europa. 
Digámoslo francamente: a pesar de la aceleración del euro, de la aceleración económica, no hemos logrado una aceleración en términos políticos. Pues bien, debemos lograrla y para ello la política exterior es fundamental, especialmente en este momento. 
Si lo conseguimos tendremos una Europa más fuerte, más sólida, un euro más fuerte y, sin duda, podremos hacer frente a la ampliación de otra manera y combatir con las mismas armas, del otro lado, el dólar y la NAFTA- Canadá, Estados Unidos y México- el acuerdo como tal, un mercado que ya existe y que ya dispone de unos puntos de referencia políticos importantes. 
Tenemos que hacerlo y creer en ello firmemente: la política exterior será fundamental en el próximo futuro, sobre todos para las nuevas generaciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, si, no obstante, el Comisario presente desea interesarse por el debate, Señorías, en nuestros esfuerzos para construir una política exterior y de seguridad común, no debemos perder de vista que la Unión tendrá que enfrentarse, tanto en el futuro como en el pasado, como hoy, a un peligro de asumir un compromiso de sus fuerzas en acciones armadas. 
No nos hagamos ilusiones: si eso debiera ocurrir, nunca será una guerra "limpia". 
No hace falta ser soldado, para saber que la guerra será siempre "sucia" y que a pesar de los progresos tecnológicos el hombre no dispondrá jamás de los medios para matar, apoyando un botón, a todos los malos, aunque más no fuese por la imposibilidad de distinguir con certeza los buenos de los malos. 
La guerra será siempre sucia, será siempre un mal, podrá ser un mal menor, the less of two evils, si sólo se lleva a cabo para lograr un objetivo político que no se habría podido obtener por otros medios. 
Para citar a Clausewitz, la guerra no puede ser sino la continuación de la política por otros medios. 
Ésta debe, pues, acabar en cuanto se logre su objetivo político, y no se debe iniciar si dicho objetivo no tiene ninguna posibilidad de ser alcanzado. 
¿Cuál es el objetivo de la guerra que acaba de iniciarse en Afganistán? 
Creo que es evidente para todos que se trata de permitir que el pueblo afgano se quite de encima un régimen que ha demostrado su barbarie. 
Hoy esto no es sólo deseable, sino posible. 
Sensibles a los sufrimientos infligidos a las poblaciones, todos deseamos que dicho objetivo se alcance lo antes posible. 
Comprendamos entonces que un cese, incluso provisional, de las hostilidades no haría sino fortalecer la posición de los talibanes. 
Seamos capaces, basándonos en la desgraciada experiencia de la Guerra del Golfo, de llegar hasta el final, es decir, hasta que en Kabul se establezca un régimen aceptable por todos los afganos y capaz de garantizar a este país un retorno progresivo a la paz y la estabilidad. 
En tal sentido, somos muchos los que deseamos que la Unión Europea aporte su ayuda a las negociaciones en curso bajo los auspicios de las Naciones Unidas entre el ex rey Zaher Shah y el representante de la oposición. 
Me habría gustado contar, en tal sentido, con la opinión personal del Comisario Patten; sé que no está presente para responder: ¿aceptaría usted, señor Lamy, darnos su opinión personal a este respecto? 
Gracias. 
Señor Presidente, felicito al Sr. Brok por su exhaustivo informe, y estoy de acuerdo con él en que hemos logrado enormes avances en materia de política exterior y de seguridad. 
Casi siempre que abro un periódico, veo los nombres Patten y Solana en relación con algún nuevo lugar problemático en el mundo. 
Tiene razón al decir que hemos respondido a la crisis actual con una coherencia y unidad que no se habría creído posible hace tan sólo cuatro o cinco años. 
Tiene razón al decir que la coalición contra el terrorismo no habría sido posible sin los avances que hemos conseguido dentro de la UE para lograr esa unidad y coherencia. 
Evidentemente todavía queda mucho por hacer y tenemos que aprovechar la crisis actual para cambiar, quizás, el acento de nuestro trabajo. 
Gastamos algo así como el 60% de lo que lo que los estadounidenses gastan en defensa, pero gastamos un 400% de lo que los estadounidenses gastan en lo que podría llamarse "intervención suave" (asistencia y ayuda humanitaria). 
Los estadounidenses tienen que aprender de esta crisis que la seguridad no es sólo una cuestión de proyección de poder. 
Se pueden tener todas las armas del mundo, pero ser incapaz de defenderse de unas pocas personas armadas con cortaplumas. 
Necesitamos un enfoque multinacional para los problemas globales. 
Por nuestra parte, tenemos que darnos cuenta de que hemos de contar con una mayor capacidad militar que respalde nuestras acciones. 
Por eso es tan importante el proceso de capacidad actualmente en curso. 
Debemos fortalecer nuestra política exterior y de seguridad común. 
Por eso me decepcionan las noticias de que es probable que Italia se retire del proyecto del avión A400M. 
Necesitamos un impulso estratégico. 
Se produce a veces la paradoja de que los países más dados a la retórica sobre la cooperación europea son los que a veces fallan a la hora de llevarla a la práctica. 
Una observación final es que, en este momento, estamos asistiendo a una mejora de las relaciones con Irán y Siria. 
Me gustaría recordar a sus Señorías que hay varios soldados y civiles israelíes rehenes de fuerzas favorables a Irán y Siria, o controladas por éstos. 
Estas personas están desaparecidos en acción y esperaría que la Comisión y el Consejo aprovecharan esta oportunidad para que se devuelva a esos rehenes a sus familias. 
Señor Presidente, el diputado al Parlamento, Sr. Haarder, no ha podido personarse hoy, así que quiero, en nombre del Grupo de los Liberales, dar las gracias y felicitar al Sr. Brok por la excelente elaboración de este informe. 
Se trata de un buen informe, si bien no fue posible prestar mucha atención a la profunda transformación que viene experimentando la política internacional tras los sucesos del 11 de septiembre. 
Todavía no podemos concebir en su totalidad esta transformación, pero sabemos que será muy profunda. 
Los representantes de Estados Unidos han dicho que ha empezado una nueva Guerra Fría, y algunos incluso han hablado de la Tercera Guerra Mundial. 
Aquí en Europa, se ha intentado evitar un exceso de dramatismo y se ha eludido el uso de la palabra "guerra". 
Sin embargo, mi opinión personal a este respecto es que los futuros libros de historia emplearán la denominación de Tercera Guerra Mundial para referirse a esta época. 
Debemos analizar lo que ha sucedido y lo que está sucediendo con mucho detenimiento y afrontar con gran sensatez los problemas que tenemos entre manos. 
Necesitamos una visión global amplia y un dominio de la situación consecuente con la misma- algo así como lo que podríamos llamar en inglés global governance-. 
Por último, paso a lo que pensaba exponer en mi intervención: los avances conseguidos durante los últimos años en el campo de la Política Exterior y de Seguridad Común se basan en el Tratado de Amsterdam. 
Sobre todo, se ha avanzado con celeridad en la gestión de crisis. 
En virtud del Tratado de Amsterdam, también nos fijamos la misión común de garantizar la integridad territorial de la Unión y el mantenimiento de la paz en las proximidades de sus fronteras exteriores. 
Por lo pronto, no se ha conferido ningún contenido concreto a estas nuevas obligaciones plasmadas en el Tratado. 
Al menos en un principio, podría tratarse principalmente de la ponderación de la posición geográfica de los Estados miembros para determinar el reparto de funciones y obligaciones. 
Desde el punto de vista de toda la Unión, sería razonable que los Estados miembros situados en las fronteras exteriores comunes destinasen su aportación de recursos prioritariamente al control y defensa de las mismas, participando en las operaciones de gestión de crisis en consonancia con las exigencias de esa función prioritaria. 
Espero que la Comisión y el Consejo se pongan a analizar los modos de llevar a la práctica las estipulaciones del Tratado relativas a la integridad territorial de la Unión y a la seguridad de sus fronteras. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, me gustaría sumarme a otros oradores y alabar el excelente trabajo del ponente, mi colega el Sr. Brok. 
Todo análisis de la evolución de la PESC tendría lamentablemente que llegar a la conclusión de que el Tratado de Maastricht sacrificó la integración política para garantizar la integración económica y, como consecuencia, socavó el potencial de la UE de ser un actor principal en política exterior dentro del escenario mundial. 
Nunca ha quedado esto más patente que durante la crisis bosnia en la que hubo una desunión significativa entre los Estados miembros. 
A nuestros esfuerzos de mediación les persiguió la mala suerte. 
También es cierto que fuimos unos pacificadores ineficaces. 
Durante un tiempo parecía que habíamos aprendido de esta horrible experiencia y hubo un esfuerzo decidido en el Tratado de Amsterdam por conseguir una mayor coherencia en nuestro planteamiento de la política exterior y de seguridad común. 
Aunque el resultado final de las negociaciones del Tratado supusieron un paso adelante, no se llegó lo suficientemente lejos. 
Sin embargo, supongo que debemos estar agradecidos por que se hayan conseguido avances considerables en las cumbres de Colonia, Faro y Helsinki. 
Sean cuales sean los cambios institucionales y de otro tipo que realicen, nunca habrá un verdadero progreso a no ser que y hasta que todos los Estados miembros actúen como uno solo y hablen con una sola voz. 
La actual situación a raíz del 11 de septiembre así lo pone de manifiesto. 
La UE tuvo una oportunidad de ser socio de Estados Unidos en pie de igualdad en la respuesta a esta crisis. 
Lamentablemente, la carrera en solitario del Primer Ministro Británico, Tony Blair, ha socavado gravemente la influencia de la UE y nuestra estrategia de política exterior. 
Este problema se agravó con la decisión de R.U., Alemania y Francia de celebrar una mini-cumbre antes del Consejo de Gante. 
Si continúan los actos de este tipo, ya sea por parte de los Estados miembros individualmente o de un grupo de ellos, la política exterior y de seguridad común de la UE quedará hecha jirones, a pesar de los grandes esfuerzos del Sr. Comisario Patten y del Sr. Solana. 
Señor Presidente, para empezar quisiera sumarme a las felicitaciones de mis colegas puesto que este año el Sr. Brok ha vuelto a presentar una vez más un excelente informe. 
Sin embargo, debo añadir que tengo curiosidad por el informe del año que viene, pues ahora que la política exterior y de seguridad común comienza a tomar cuerpo surgen nuevos retos importantes. 
Los acontecimientos del 11 de septiembre y posteriores tienen enormes consecuencias para dicha política. 
La someterán a una dura prueba. 
Es aún demasiado temprano para hacerse una idea global del nuevo marco de seguridad y de la nueva amenaza. 
Sin embargo, ya se puede pedir al Consejo y a la Comisión que entreguen lo antes posible una primera evaluación. 
A este respecto habría que preguntarse hasta qué punto la estructura por pilares constituye un obstáculo para que la actuación de la Unión Europea pueda estar a la altura de las nuevas circunstancias. 
La prevención de conflictos y la gestión de crisis han de adaptarse a la luz de la nueva situación. 
En numerosas ocasiones optamos por un planteamiento demasiado regional, demasiado geográfico. 
Es hora de que prestemos más atención a las cuestiones horizontales. 
La política enfocada a las regiones debe ponerse de una forma más integral al servicio de la lucha contra el terrorismo y el crimen internacional organizado, dos elementos interrelacionados de diversas maneras. 
En este contexto la ayuda mutua debe ser el punto de partida. 
Pongamos por caso a países como Ucrania. 
Forman parte del problema que nos acecha ahora porque la falta de transparencia de las relaciones locales- hablando con cautela- facilita la aparición de todo tipo de crímenes. 
Escapan a nuestro control porque no hemos puesto el empeño necesario en el desarrollo de la colaboración con estos países. 
Tal vez nos hayamos concentrado demasiado en los Balcanes. 
Aunque esa región constituya asimismo una fuente de problemas de seguridad, basta con echar una ojeada al atlas de fechorías para caer en la cuenta de que las nuevas rutas de la seda, es decir, las de las drogas, las armas, los inmigrantes ilegales, etcétera, pasan por la CEI. 
Me alegro de que el ponente Brok insista en la necesidad de dotar a las estrategias de la UE de un contenido más eficaz. 
Es algo que hace más falta que nunca. 
Señor Presidente, queridos colegas, quiero unirme a las felicitaciones y entresacar únicamente dos puntos del informe Brok. 
Primero: el tema de la prevención de conflictos. 
En el ejemplo de Macedonia podemos ver un ejemplo de desafortunada prevención de conflictos. 
Si todos los miembros del Consejo hubieran ejercido su influencia sobre el Gobierno macedonio tan intensamente como los diputados de este Parlamento desde hace años para dar una solución definitiva a la desigualdad de trato de los ciudadanos albaneses, no tendríamos el enfado y el problema que tenemos ahora. 
Si este asunto se hubiera tenido en cuenta en el Acuerdo de Estabilidad y Asociación, si los miembros del Consejo lo hubieran considerado como un requisito previo, los terroristas de Kosovo no habrían encontrado apoyo alguno en Macedonia para su trabajo. 
Los macedonios no se verían obligados a modificar a marchas forzadas su Constitución gracias al éxito de las acciones terroristas, ya lo habrían hecho antes. 
¡Eso es todo sobre la fallida prevención de conflictos! 
El colega Brok ha abordado un segundo tema que considero muy importante. 
Creo que debe ponerse fin de una vez por todas al tiempo de las conferencias y de quick start packages. 
El Pacto de Estabilidad debe estar estrechamente vinculado al trabajo de la Agencia para la Reconstrucción, que debería quizá ampliarse y convertirse en la Agencia para la Reconstrucción y el Desarrollo en esta región. 
Por ello, este Pacto de Estabilidad debe asignarse a la Comisión, que es donde, al fin y al cabo, debe hacerse todo el trabajo. 
De este modo podríamos evitar fricciones, generar sinergias y avanzar hacia una efectiva estabilidad en la región. 
Así podrían generarse, por ejemplo, grandes e importantes posibilidades de cooperación en el sector energético. 
Podríamos impulsar la zona de libre cambio en esta región, la construcción de infraestructuras de las comunicaciones y la lucha contra el tráfico de seres humanos y otras cosas. 
Muchos funcionarios de la Comisión se quedarán pronto sin trabajo, porque el debate sobre la ampliación en el seno de la Comisión está prácticamente cerrado en algunos ámbitos. 
Demos algo de trabajo a esta gente. 
Pongamos el Pacto de Estabilidad en las manos de quienes saben y quitémoselo a quienes de todas maneras abandonan este Pacto de Estabilidad. 
Entreguemos el Pacto de Estabilidad a la Comisión y démoselo a una persona sabia, Martti Ahtisaari, para que este Pacto se convierta de verdad en un éxito para toda la región y para la Unión Europea. 
Señor Presidente, estimados colegas, en el informe mencionado se dice que la lucha contra el terrorismo debe pasar a formar parte esencial de la Política de Exterior y de Seguridad Común de la Unión. 
¿Cómo se puede llevar esto a cabo? 
El l1 de septiembre puso de manifiesto de un solo golpe el desatino de la tradicional política imperante en materia de seguridad. 
El escudo antimisiles no ofrece protección contra el terrorismo- eso ya lo dije yo la tarde de la víspera en la reunión de nuestra comisión- y las armas tampoco sirven para hacer justicia, como mucho sirven a veces para detener una situación de injusticia. 
Pero somos tan vulnerables que dependemos los unos de los otros. 
El interés de todos depende del interés mutuo. 
Yo propongo que creemos para la Unión las líneas básicas de una nueva política de dependencia en el seno de las Naciones Unidas y de la OMC, de la cual ya hemos hablado, o bien dentro de la propia Unión. 
Hay que crear un vínculo entre las políticas de seguridad interna y externa, pues la diferencia entre ambas ha desaparecido. 
En el marco de una política de dependencia, en lugar de soldados, se emplean principalmente trabajadores del ramo social, en lugar de bombas, enfermeras, y en lugar de misiles, profesores. 
Cuanto más justicia recaiga sobre los pueblos y las personas, menos terrorismo llegará a generarse, esto lo sabemos todos. 
Así pues, ruego a la Comisión que empiece a esbozar unas líneas básicas transparentes para una política de interdependencia en todos los ámbitos. 
Debemos superar la situación creada por la Guerra Fría, un marco de seguridad basado en el armamento. 
¿Quién sería capaz de dormir tranquilamente sobre una bomba? 
. (FR) Señor Presidente, la única víctima de nuestro ejercicio de evacuación de esta tarde es la respuesta a la pregunta que el Sr. Morillon había formulado a la Comisión ¡y a la que, naturalmente, la Comisión debe responder! 
Trataré, pues, de hacer las veces de enfermero y responder parcialmente, en todo caso, a la pregunta formulada, referente al papel del rey en un futuro gobierno Afgano. 
La Alianza del Norte está compuesta, como su nombre lo indica, por grupos étnicos del norte del Afganistán. 
Está claro que ésta no es representativa de los pashtuns, que forman parte de la mitad de la población afgana, y, por lo tanto, es evidente que un gobierno formado o dominado por la Alianza del Norte no respondería al criterio de la representatividad, como tampoco lo hace el gobierno talibán. 
Por no hablar de la posición, por todos conocida, que tiene el vecino pakistaní sobre la Alianza del Norte. 
El objetivo, en nuestra opinión, es, pues, reunir en un gobierno fuerzas suficientemente representativas, así como contar con el apoyo de los vecinos de Afganistán. 
Pienso que el papel del rey, si éste debe desempeñar un papel, debe ser considerado teniendo en cuenta dicho objetivo. 
Con esto le he revelado, señor Morillon, lo esencial de mi ciencia. 
Estoy de acuerdo en que no basta para responder plenamente a su pregunta y procuraré que mañana reciba una respuesta más concreta. 
Señor Comisario, le he preguntado si la idea que me he formado era posible de realizar, es decir, que el Pacto de Estabilidad esté adscrito a la Agencia para la reconstrucción y el desarrollo y sobre todo al trabajo de la Comisión, donde pronto habrá suficientes funcionarios para realizar dicha tarea. 
. (FR) Dispénseme, he creído que se trataba de una sugerencia y no de una pregunta. 
No voy a pronunciarme sobre este punto. 
Usted sabe, sin duda, que existen algunas ideas sobre la manera de gestionar el Pacto de Estabilidad. 
El mismo forma parte de una red de instituciones que se crearon hace varios años, probablemente en unas condiciones en las que no predominaba una preocupación de coherencia total. 
Indudablemente, se podrá mejorar en el futuro. 
Estoy de acuerdo con usted, señora, en que la Agencia para la reconstrucción de Kosovo realizó un buen trabajo y creo que hoy todos lo reconocen. 
Llegado el caso, probablemente se podrán hacer sugerencias sobre la vinculación entre el Pacto de Estabilidad, la Agencia y la actuación de mi colega Chris Patten. 
Queda por saber si éstas procederán del Consejo o de la Comisión. 
Reservo, sobre este punto, la posición de la Comisión. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 19.45 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Turquía 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los dos informes siguientes: 
(A5-0343/2001) del Sr. Alain Lamassoure, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el informe Periódico 2000 de la Comisión acerca de los progresos de Turquía en el camino de la adhesión (COM (2000) 713- C5-0613/2000- 2000/2014 (COS) ); 
(A5-0338/2001) del Sr. Alain Lamassoure, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la asistencia financiera de preadhesión a favor de Turquía (COM (2001) 230- C5-0219/2001- 2001/0097 (CNS) ). 
. (FR) Señor Presidente, desde la anterior resolución aprobada en noviembre pasado sobre el informe de Philippe Morillon, del que me felicito, Turquía ha conocido un año de fuertes contrastes: año negro en el plano económico, año tenso en el plano político y año de progresos desiguales en el proceso de preadhesión. 
Por un lado, debemos acoger favorablemente los avances reales. 
Frente a la grave crisis financiera que ha conocido Turquía desde principios de año, el gobierno tuvo que actuar en caliente. 
Los tres socios de la coalición gubernamental firmaron un programa de saneamiento y de recuperación radical, bajo el impulso del Sr. Dervis, que se aplica desde la primavera en condiciones relativamente satisfactorias, permitiendo emprender reformas de fondo, aplazadas durante demasiado tiempo, y, en general, iniciar el saneamiento de las relaciones entre el mundo político y el mundo económico. 
Sin embargo, a corto plazo, sus efectos provocaron inevitablemente una caída muy importante de la renta nacional, del orden del 8% este año, lo que amenaza con entrañar graves consecuencias sociales. 
Y el deterioro de la coyuntura mundial, antes y después del 11 de septiembre, no puede sino complicar, desgraciadamente, el esfuerzo de recuperación. 
El año 2001 ha conocido el auténtico compromiso de un proceso de aproximación de Turquía a las normas democráticas europeas. 
Debemos felicitarnos del hecho de que en un contexto económico particularmente difícil, una parte importante de la actividad del Gobierno y del Parlamento turcos está dedicada a reformas de fondo vinculadas a dicho proceso europeo. 
En marzo, el gobierno presentó su programa nacional para la adopción del acervo. 
Se trata de un primer catálogo de reformas, que sigue siendo poco preciso en cuanto al calendario de aplicación y al alcance exacto de las medidas propuestas; pero desde el mes de septiembre, la Gran Asamblea Nacional se consagró al examen de varias decenas de enmiendas constitucionales- alrededor de 34- que fueron aprobadas a principios del mes de octubre. 
El resultado sigue acusando un desfase con respecto a las normas democráticas actuales. 
No se suprime por completo la pena de muerte, las lenguas no turcas ya no están prohibidas pero tampoco se reconocen plenamente, sigue existiendo el Consejo de Seguridad Nacional, aunque ha aumentado la participación de los civiles en su seno. 
Pero sobre todo, lo más deplorable es que se ha descartado expresamente el principio de supremacía del Derecho Internacional- y, por ende, hipotéticamente, el derecho europeo el día de mañana- con respecto al derecho nacional. 
Pero se constatan, con todo, progresos incuestionables, que la Comisión Europea y el Consejo de Europa han acogido con satisfacción. 
Además, el 8 de octubre, el gobierno presentó un paquete legislativo de derechos y libertades, que abarca, en particular, el Código Penal y el procedimiento penal, la Ley antiterrorista, la Ley de prensa, la Ley relativa a los partidos políticos, la Ley relativa a las asociaciones y la Ley relativa a las manifestaciones. 
Tercer avance al margen del Parlamento: el pasado verano hemos asistido a un intento de debate público sobre el tema "tabú" del papel de los militares en la vida política turca. 
Por último, conviene destacar el valor del Presidente Sezer de denunciar la corrupción, mal "endémico" de la sociedad turca, y de hacer uso de su derecho de veto legislativo contra textos caracterizados por una regresión democrática. 
Y es que también se han producido retrasos, e incluso retrocesos. 
En el plano político, el año estuvo caracterizado por los dramáticos acontecimientos registrados en las cárceles turcas. 
Nuestro colega Daniel Cohn-Bendit, que presidió la comisión parlamentaria que visitó las cárceles turcas, expondrá enseguida nuestra opinión sobre este asunto. 
El proyecto de reforma del estatuto del sector audiovisual ha sido censurado, con razón, por el Presidente de la República, ya que no respetaba el principio de independencia de dicho sector con respecto al poder político. 
La disolución del principal partido de oposición Fazilet ha puesto de manifiesto que el sistema político turco aún no se ha estabilizado y que se imponen urgentemente unos cambios legislativos por lo que respecta al estatuto de los partidos políticos. 
En general, existe una separación persistente entre las "buenas intenciones" y la práctica en el ámbito de los derechos humanos, donde los progresos son demasiado lentos. 
La tortura y el trato degradante de los detenidos siguen siendo frecuentes. La libertad de expresión sigue estando sujeta a restricciones anormales y en la actualidad varios miles de personas están encarceladas por delitos que, de acuerdo con nuestro derecho, se considerarían delitos de opinión. 
Las principales asociaciones de defensa de los derechos humanos siguen sufriendo un verdadero acoso judicial. 
En el sudeste, el final del terrorismo armado del PKK aún no se ha aprovechado para emprender una política global con respecto a las provincias del sudeste y a la identidad kurda, así como tampoco la ocasión brindada por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para liberar a la Sra. Leila Zana y a los demás antiguos diputados del HADEP que permanecen encarcelados. 
Por último, desde el examen del informe Poos por nuestro Parlamento, hace algunas semanas, hemos constatado con sorpresa la negativa del Sr. Denktash a reanudar las entrevistas propuestas por el Comisario Verheugen, que acojo favorablemente, y por el secretario General de las Naciones Unidas sobre el estatuto de Chipre. 
Y tenemos la impresión de que Turquía sigue bloqueando el proyecto de acuerdo entre la Unión Europea y la OTAN, proyecto cuya aprobación la tensión internacional hace aún más urgente. 
A este respecto, como ocurre con otros asuntos, existe la impresión de que las señales de apertura expresadas en ocasiones por las autoridades gubernamentales pueden ser cuestionadas por el poder militar, que continúa teniendo un protagonismo anormal en la vida política turca. 
Tras nuestra Resolución de 15 de noviembre de 2000, contemplada en nuestro actual proyecto de resolución, nuestros socios turcos saben la importancia que para nuestro Parlamento reviste el reconocimiento oficial del genocidio armenio. 
Esperamos que gestiones de diálogo como las que reúnen a antiguos diplomáticos y universitarios de Armenia y Turquía permitan desembocar en un análisis común sobre la base de hechos históricos científicamente reconocidos. 
Señor Presidente, Señorías, el año que viene será crucial para verificar la voluntad real de los dirigentes políticos turcos y de la sociedad turca de acercarse a la Unión Europea. 
En las próximas semanas podrá calibrarse el alcance exacto de las reformas constitucionales y legislativas en materia de Estado de Derecho. 
Los próximos meses serán determinantes a la hora de juzgar los esfuerzos de modernización de la economía. 
Por último, por lo que respecta al expediente crucial del estatuto de Chipre, tras veintisiete años de inmovilidad política, de aquí al otoño de 2002 llegará la hora de la verdad: la culminación de las negociaciones de adhesión de Chipre a la UE prevista para dicha fecha, obligará a cada una de nuestras partes a adoptar, por fin, una posición clara. 
Emitiremos nuestro juicio partiendo de los hechos. 
Turquía desea contar con su modelo de sociedad y de democracia. Es éste un objetivo perfectamente legítimo. 
La Unión Europea no impone un modelo único. 
Al contrario: su originalidad reside en el arte de permitir que convivan y actúen conjuntamente pueblos con una historia diferente- y durante mucho tiempo antagónica -, y que en ocasiones mantienen sensibilidades muy dispares con respecto a temas fundamentales tales como la organización de la sociedad, la evolución de las costumbres, las relaciones entre las cuestiones espirituales y políticas, el estatuto de las comunidades o etnias minoritarias, así como la aplicación del principio de subsidiariedad. 
Pero hay dos exigencias que todos admitimos. 
En primer lugar, la existencia de valores universales que exigen en todas partes las mismas garantías para los derechos fundamentales de la persona y para la vida democrática; y también la necesidad de adaptar los modelos concebidos en el siglo pasado a las exigencias del siglo que se inicia. 
La construcción europea constituye un medio de ayudarnos mutuamente a respetar estas exigencias y a preservar nuestras especificidades en un mundo tan apasionante como peligroso. 
gualdad de oportunidades. (EL) Señor Presidente, como redactora del dictamen de la Comisión de Derechos de la Mujer e igualdad de oportunidades, quisiera señalar los asuntos que afectan a los derechos de las mujeres en Turquía y que no han sido objeto de atención suficiente por parte de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Permítame, pues, señalar, que se ha registrado un avance muy pequeño por lo que respecta a los derechos de las mujeres en Turquía, derechos que nuestra comisión considera que constituyen condición sine qua non para la adhesión de Turquía a la Unión Europea, desde el momento en que los derechos de la mujer no son sino derechos humanos. 
He sabido que ha empezado, precisamente hoy, en la Asamblea Nacional turca el debate sobre la reforma del Código Civil, muchos de cuyos artículos quebrantan la Convención de Naciones Unidas- sancionada por la propia Turquía- sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra las Mujeres. 
Hago votos por que el parlamento apruebe el proyecto de ley tal y como quedó en la Comisión de Justicia en junio. 
No obstante, se plantea la cuestión crucial de si la ley regirá para las familias ya existentes en la actualidad; ya que, desgraciadamente, en la Comisión de Justicia se presentó en el último momento una enmienda que exceptúa a las familias ya existentes. 
Es algo intolerable, desde luego, el que los cambios en el Código Civil entren en vigor sólo para las generaciones futuras, y sé que las organizaciones de mujeres en Turquía han expresado su absoluta oposición. 
El programa nacional para la adhesión a la Unión Europea habla de reforma de la Constitución, al objeto de que ésta garantice la igualdad entre los sexos; no se prevé en ningún modo, sin embargo, la adopción de medidas positivas, cosa que, tal y como señalan las organizaciones de mujeres, permitiría cambios en todas las leyes que consagran discriminaciones en contra de las mujeres. 
Con respecto al derecho de las mujeres al trabajo, dejo constancia del alto índice de paro femenino, que asciende al 39,6 %, porcentaje que se acrecienta en las en las zonas agrarias y, al mismo tiempo, del reducido número de mujeres afiliadas a la seguridad social. 
Quisiera pedirle a Turquía que avance hacia la eliminación toda forma de discriminación contra las mujeres, y a la Comisión, por supuesto, que garantice el apoyo económico y técnico necesario para que pueda hacerse realidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, quiero dar las gracias al colega Lamassoure por su informe, en el que se llama la atención sobre la gran importancia del papel que Turquía, en cuanto miembro de la OTAN, desempeña estos días. 
A pesar de todas las críticas que con razón hayamos manifestado en el pasado y en la actualidad sobre su Constitución y la situación de los derechos humanos, debemos decir que Turquía, en comparación con la mayoría de sus vecinos, es un país de un marcado carácter pro-occidental, democrático y orientado hacia los derechos humanos. 
Todo es relativo y debe apreciarse por comparación. 
Asimismo, debemos tener en cuenta que se han registrado avances y que en Turquía, a pesar de los graves problemas económicos que actualmente aquejan al país, se procura, mediante cambios en la Constitución y una nueva composición del Consejo Nacional de Seguridad, que las fuerzas políticas civiles reciban más competencias. 
Tendremos que comprobar si todo esto es suficiente. 
Usted, señor Comisario, tendrá que ayudarnos en la tarea de cumplir los criterios de Copenhague. 
Los criterios de Copenhague dicen expresamente que debemos observar cambios en el ámbito político que justifiquen las negociaciones de adhesión. 
Y esto lo vamos a comprobar caso por caso. 
Si se abren nuevas negociaciones, deberemos responder también a la pregunta de si Turquía está en condiciones de cumplir las condiciones del mercado interior europeo. 
A este respecto quiero comentar únicamente dos puntos que serán toda una piedra de toque en un muy difícil avance de la Unión Europea en una situación de política de seguridad muy peligrosa. 
Para mí es incomprensible que Turquía se niegue a llegar a un compromiso en el marco de la política europea de seguridad y defensa para la cuestión de bajo qué condiciones participará y cómo se configurará la colaboración con la OTAN. 
En mi opinión, esto constituye un precedente. 
No debemos permitir que se chantajee en esta cuestión. 
Creo que debe haber disposición para llegar al compromiso que se fijó en Budapest y que los militares han bloqueado. 
Debemos intentar orientarnos de nuevo hacia estos criterios y alcanzarlos. 
El segundo punto versa sobre lo que debe conseguirse en el caso de Chipre. 
¿Esta Turquía dispuesta a encontrar una solución constructiva para Chipre? 
Si no se llega a una solución, ¿cómo actuará en el marco de la ampliación de la Unión Europea? 
Creo que son dos casos concretos en que probar su credibilidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, quiero felicitar al Sr. Lamassoure por su informe. 
Es un informe muy bueno. 
Algunos piensan que es demasiado blando, sólo habla un idioma que deja abierto el diálogo con Turquía, un diálogo en el que queremos entrar. 
Pero hay algunos puntos difíciles sobre los que debemos hablar con Turquía, obviamente, como en el pasado, particularmente la cuestión de los derechos humanos. 
Se ha dicho que en las cárceles hay gente que no debería estar allí, sobre todo Layla Zana. 
Turquía podría y debería liberarla inmediatamente sobre la base de resoluciones de los Tribunales de Justicia europeos. 
En la cuestión de los derechos de los kurdos también queda por hacer. 
Es evidente que su idioma debe poder emplearse lo más rápidamente posible en los medios de comunicación- tal como lo permiten ahora los cambios introducidos en la Constitución-. 
El levantamiento del estado de excepción en las provincias en que está aún en vigor podría producirse de forma relativamente rápida. 
Los cambios que Turquía ha introducido en su Constitución constituyen medidas positivas. 
Así tomamos nota de ello. 
Pero, en primer lugar, se trata de eliminar las condiciones complementarias aún pendientes- por ejemplo, en relación con la pena de muerte- y, lógicamente, de que se efectúen las reformas constitucionales. 
La gran tarea de Turquía consiste en hacer estas cosas a corto plazo. 
Con respecto a las cuestiones de plazos, quiero retomar una idea que me planteé cuando tuve el honor de redactar un informe para este Parlamento: elaborar una suerte de roadmap o de calendario, y por ello mañana presentaremos la propuesta de que la propia Turquía presente un calendario el próximo año que prevea cómo va a cumplir el criterio político de Copenhague. 
El cumplimiento de este criterio político es el requisito necesario para que entremos a negociar con Turquía. 
Este el sentido y la finalidad de todo lo que nos planteamos con este informe. 
También quiero comentar dos cuestiones que siguen siendo esenciales para las relaciones de la Unión Europea con Turquía. 
Éstas son, por un lado, la ayuda en la configuración de una política de seguridad en el extranjero activa y eficiente. 
Sabemos que ello presupone, para cuando sea necesario, la utilización de medios de la OTAN, y eso bloquea todavía a Turquía. 
Turquía debe saber que es eso mismo lo que le perjudica. 
El último problema es el problema de Chipre. 
A este respecto, quiero decir con toda claridad que solucionar el problema de Chipre es importante, en primer lugar, para la población turco-chipriota y, en segundo lugar, evidentemente para la población greco-chipriota, para toda Europa y para Turquía misma. 
Turquía no lo aprecia aún así. 
Quiero subrayar lo que ya he dicho repetidas veces: el camino de Turquía hacia la Unión Europea pasa por Chipre. 
Prestar ayuda para solucionar la cuestión de Chipre no constituye un requisito para que admitamos a Chipre en la Unión Europea, pero sí contribuiría a que Turquía cumpliera el requisito necesario para que entablemos conversaciones formales sobre la adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
Señor Presidente, el Grupo Liberal acoge favorablemente el informe del Sr. Lamassoure, que nos parece un informe equilibrado y con una información concienzuda. 
Se analizará con detalle en Turquía y los reformistas encontrarán en él muchas cosas que les animen en sus esfuerzos por que Turquía avance por la vía de la modernización, la liberalización, el pleno respeto de los derechos humanos y el progreso económico y social. 
Hasta la fecha, las mayorías de la Gran Asamblea Nacional a favor de la reforma son grandes, pero ¿podría rogar a nuestros colegas del Parlamento turco que respondan a este informe de una manera verdaderamente parlamentaria? 
¿Por qué no adoptar una resolución pidiendo a su gobierno que respete plenamente las decisiones de todos los tribunales internacionales, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede aquí en Estrasburgo? 
¿Por qué no adoptar una resolución apoyando el establecimiento de la Fuerza de Reacción Rápida y por qué no adoptar una resolución dirigida a presionar al Sr. Denktash para que trabaje por la integración de los turco-chipriotas en la Unión Europea? 
Esta reciprocidad entre nuestros dos parlamentos demostraría, de un modo elocuente, que Turquía está realmente avanzando en su viaje europeo. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores intérpretes a quienes doy las gracias por superarnos en número, en esta sala, para traducir este importante debate a pesar de lo avanzado de la hora. 
Sí, señor Pasqua, tendrá derecho a expresarse, y será muy interesante. 
No es tarde, para usted empieza un nuevo día; de todas formas, nuestras orientaciones son diferentes día y noche. 
Por lo tanto, no hay por qué preocuparse. 
Desearía manifestar, para no repetir lo que se ha dicho desde que el Sr. Lamassoure ha presentado su informe, que no sólo es un informe bien "atado", como se dice en alemán, sino que, además, es un informe que, justamente, por ser prudente y mesurado, dice las cosas claramente. 
Se trata asimismo de un informe muy consensuado, es decir: el Sr. Lamassoure ha tratado de acercar las opiniones que existen en el seno de este Parlamento. 
Una cosa es evidente: Turquía intenta llevar a cabo reformas, realiza esfuerzos, y, sin embargo, se avanza muy, muy, muy lentamente. 
Y si se avanza muy lentamente no es ni siquiera por mala intención, se avanza muy lentamente porque la cultura democrática, la cultura de apertura, no es una cultura que, en una sociedad todavía muy autoritaria, logre imponerse en la actitud de unos y otros, en la actitud de los gobiernos, en la actitud de algunas fuerzas políticas, en la actitud de los militares. 
Por consiguiente, el papel de la Unión Europea no consiste simplemente en dar lecciones, sino en acompañar a Turquía hacia la democracia, es decir, tener posiciones que deben ser defendidas. 
Y por eso es por lo que voy a hacer una observación: voy a preguntar a todos aquellos que todavía quieren manifestar a Turquía que hubo un genocidio hace setenta y cinco años- lo que es verdad- ¿en qué ayuda al debate de hoy en Turquía? 
No creo que lo ayude. 
Así pues, lo que nos ofrece la resolución de hoy, el informe, es la posibilidad de entablar un verdadero diálogo conflictivo con la sociedad turca, con el Gobierno turco, sobre nuestra concepción de la democracia, de las libertades, sobre la concepción de la ampliación de Europa, y, por lo tanto, del lugar que puede y debe ocupar Chipre en Europa y del lugar que puede y debería ocupar Turquía en este proceso. 
Este movimiento es un movimiento que, en algún momento, desalentará quizá a más de uno. 
El parlamento Europeo, las sociedades de los países miembros de la Unión Europea, no resistirán indefinidamente ante una situación que no parece mejorar. 
Por eso desearía finalizar con un llamamiento a los diputados turcos que están en la tribuna oficial y decirles que si quieren realmente que esa Turquía que aman y que hoy dirigen se adhiera a la Unión Europea, deben saber que los esfuerzos que nuestra concepción de la democracia pide a Turquía son esfuerzos que van más allá de lo que se emprende en este momento en la Gran Asamblea turca. 
Son esfuerzos que van más allá de lo que parece aceptable para los militares turcos. 
Y que si no van más allá, nuestro futuro no será quizá un futuro común, lo que resultaría lamentable. 
Señor Presidente, me parece importante que envíemos dos mensajes claros en el día de hoy. 
El primero debe ser que queremos ver a Turquía como miembro de la UE, como miembro de la familia europea. 
Será positivo para Turquía, pero también será bueno para nosotros. 
El segundo debe ser que Turquía tiene ante sí una serie de tareas. 
Entre otras cosas, enfrentarse con sinceridad a la historia del genocidio de millón y medio de armenios, de medio millón de asirios, caldeos y sirios y de varios cientos de miles de griegos. 
Además de que en la práctica, no sólo sobre el papel, sino también en el mundo real, se mejoren las condiciones de las prisiones turcas, se ponga fin al aislamiento de prisioneros, se garanticen los derechos de las minorías y la democratización para todo el pueblo turco, no sólo para las minorías, sino para todo el pueblo turco. 
Que se derogue totalmente la pena de muerte y que se inicie el proceso político necesario para democratizar la vida política en el estado turco. 
He leído el informe Lamassoure muy cuidadosamente. 
He de decir que mi colega Lamassoure es un hombre muy diplomático. 
Creo que el informe es excelente, aunque también creo que en ciertos puntos necesita algunas precisiones y por ello se han presentado también una serie de enmiendas, no sólo desde mi Grupo, sino también desde otros grupos, y creo que la mayoría de ellas deben ser apoyadas. 
Hay una única excepción. 
Pienso que la UE no debe inmiscuirse en dónde mantiene Turquía embajadores. 
No obstante, el informe me parece bueno y quiero recomendar que se vote a favor de él y naturalmente también a favor de las enmiendas presentadas, entre otros, por mi Grupo. 
Señor Presidente, señor Comisario, he escuchado con atención al Sr. Lamassoure y las diversas intervenciones que acaban de tener lugar. 
No sorprenderé a nadie si recuerdo la posición de la delegación francesa de mi Grupo. 
He intentado realmente entender por qué la mayoría de esta Asamblea quería necesariamente hacer entrar a Turquía en la Unión Europea. 
Lo menos que puede decirse es que la mayor parte del territorio turco no pertenece a Europa. 
Ustedes han decidido alentarla a que se nos una. 
En realidad, esta decisión sólo tenía una justificación- y escuchaba hace un momento al Sr. Brok, que lo ha confirmado -: es el hecho de que Turquía pertenece a la OTAN, y que, por consiguiente, es deseable que haya en definitiva cierta semejanza entre la Unión Europea y la OTAN, como algunos piensan. 
Escuchaba hace un momento lo que decía el Sr. Lamassoure, y, con respecto al informe que presentaba- que estaba lleno de reservas, de observaciones que nos llevan a plantearnos interrogantes -, del mismo modo que creo que debemos tener cuidado de no fomentar o procurar imponer nuestro propio sistema institucional o nuestro propio sistema de valores- que es a lo que a menudo tendemos -, también creo que, naturalmente, hay cosas que no se pueden aceptar. 
Y es verdad que se conocen perfectamente las dificultades con que se topa Turquía debido a la existencia en su territorio de elementos islamitas integristas que constituyen un peligro y que obligan a tomar algunas medidas. Hay que decir, al mismo tiempo, que en el plano de los principios democráticos, el camino que queda por recorrer- es lo menos que puede decirse- es aún muy largo. 
Y muchos de ustedes lo han dicho antes que yo. 
Pero añadiré algo más. 
Lo que no entiendo es por qué, cuando varios países han condenado- algunos por unanimidad, concretamente Francia- el genocidio de que fueron víctimas los armenios, el Gobierno turco actual y los turcos de hoy, que no tienen ninguna responsabilidad en lo ocurrido, pero que son responsables de una historia colectiva, se obstinan en no querer asumir la responsabilidad de este genocidio. 
Otros países que fueron responsables de genocidios han asumido mejor que ellos las responsabilidades. 
Por eso les invito vivamente, aquí y esta noche, a que hagan lo mismo. 
En todo caso, mientras el genocidio no haya sido reconocido, por lo que a nosotros respecta seguiremos oponiéndonos firmemente a la entrada de Turquía en la Unión Europea. 
Señor Presidente, a comienzos de mes un destacado periódico holandés lucía en portada el siguiente titular: "Los terroristas podemos hacer en Europa lo que queramos". 
¿Tal vez se trate de un titular demasiado impactante y, por eso mismo, poco verídico? 
Todo lo contrario. 
Tanto es así que la reveladora entrevista con un miembro anónimo del movimiento terrorista de extrema izquierda Dev Sol se ajustaba perfectamente a este titular desconcertante. 
El terrorista turco aseguró con toda franqueza que su organización aprovecha a fondo el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea como base de operaciones para sus acciones asesinas contra el Estado turco y como reserva financiera nacida espontáneamente o no. 
"Porque en Europa todo es posible", declaró el hombre sencillamente. 
Además, añadió en tono amenazante que también habría acciones en nuestro territorio si Europa se tomara en serio la lucha contra el terrorismo. 
Por otra parte, el muy exhaustivo informe del Sr. Lamassoure no presta, sin embargo, atención a este acuciante problema de gran actualidad, a pesar de que las autoridades turcas llevan quejándose de ello ante los Estados miembros de la UE desde hace años. 
El aprecio que expresa el ponente en el apartado 29 respecto a la contribución de Turquía a la lucha contra el terrorismo internacional no compensa estas objeciones. 
Por lo que al terrorismo dentro de Turquía se refiere, el informe LAMASSOURE concluye en el considerando G "que los problemas relativos a los diferentes fenómenos terroristas que ha conocido Turquía están en buena medida superados". 
Quisiera saber si el Consejo y la Comisión comparten esta conclusión a mi modo de ver algo prematura. 
Por vía oficial nos llegan noticias muy diferentes. Estas voces han cobrado fuerza a raíz de los satánicos atentados terroristas contra los EEUU. 
Expresan los sentimientos de unas autoridades profundamente agraviadas. 
Durante años no podían ni siquiera contar con la solidaridad de Europa en su sangrienta lucha contra las organizaciones terroristas turcas. 
Es más, algunos Estados miembros de la Unión Europea ofrecían y continúan ofreciendo amparo a los activistas de dichos movimientos. 
Y, cómo no, ahora Turquía tiene permiso para participar en la coalición internacional contra el terrorismo. Así satirizan las autoridades de Ankara esta política permisiva de impronta típicamente occidental. 
A raíz de aquella fecha inolvidable del martes 11 de septiembre Turquía considera que ha llegado la hora de que la Unión Europea y sus Estados miembros adopten, por fin, medidas antiterroristas eficaces. 
Más en concreto, exige que Europa acceda a sus peticiones de extradición de terroristas turcos en lugar de concederles asilo o un permiso de residencia. 
Finalmente, la Unión Europea y sus Estados miembros están obligados a reconocer la permanente amenaza interna y externa a la que está expuesta la República de Turquía. 
Visto desde la óptica turca, es absolutamente necesario que se ponga fin a la doble moral de los europeos. 
Es intolerable que la UE maneje con respecto a Turquía una doble moral, poniendo énfasis en el respeto de los derechos humanos, por una parte, e ignorando la lucha contra el terrorismo internacional, por otra. 
¿Son justificadas estas virulentas críticas de Turquía hacia Europa? 
Es un hecho que diversas agrupaciones violentas de origen turco disponen de estructuras organizativas en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Después del 11 de septiembre Bruselas y las demás capitales de la Unión Europea difícilmente pueden pasar por alto esta realidad. 
¿Cómo piensan el Consejo y la Comisión enfocar la futura colaboración con Turquía en el ámbito de la lucha contra el terrorismo internacional, ya que, al fin y al cabo, no deja de ser un país al que se ha concedido formalmente el estatuto de país candidato? 
Abundan las asechanzas jurídicas y políticas. 
Las críticas nada benevolentes del informe LAMASSOURE hablan por sí mismas. 
Ello no obstante, los avances de Turquía con vistas al acceso a la Unión Europea dependen entre otros factores de la reacción europea ante el "flanco abierto" de Turquía, léase la vulnerabilidad del país a los atentados terroristas. 
Señor Presidente, desearía unir mi enhorabuena a la de mis colegas, con conocimiento de causa, por la calidad del informe de Alain Lamassoure. 
Digo "con conocimiento de causa" porque sé lo apasionantes y apasionados que desde hace dos años han sido los debates sobre esta cuestión. 
Desearía desarrollar sólo dos puntos del informe, que el Sr. Brok y otros ya han abordado. 
El primero se refiere a la importancia geoestratégica de Turquía, reforzada, naturalmente, por los acontecimientos que acaban de tener lugar y por la toma de conciencia por la Unión europea de la necesidad de entrar en la coalición contra el terrorismo islamita integrista. 
En tal sentido, querría manifestar a nuestros colegas turcos que se encuentran en esta tribuna lo inútil que sería temer que la defensa europea se desarrollara, en este caso, paralelamente y en duplicidad con lo que se lleva a cabo en el seno de la Alianza. 
La defensa europea se ha construido en la Alianza Atlántica y continuará desarrollándose en ésta simplemente porque Europa no tiene los medios para plantearse otras alternativas. 
Mi segunda observación se refiere a Chipre. 
Se ha dicho que la solución del problema de Chipre es una de las condiciones- en mi opinión, una condición previa- frente a cualquier decisión eventual de entrada de Turquía en Europa. 
Ahora bien, no creo que hoy las poblaciones turcas de Chipre estén realmente en peligro, y pienso que un gesto muy importante por parte de Chipre consistiría en aceptar en las negociaciones en curso reducir, en una primera fase, la presencia de sus fuerzas armadas en el territorio de Chipre o incluso- lo que sería preferible- retirarlas. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, en primer quiero, naturalmente, felicitar también a mi colega Lamassoure por haber elaborado un buen informe. 
Y esto lo digo sobre todo porque a menudo tengo que responder en Turquía a la siguiente afirmación: las personas que en Turquía reprochan continuamente a la Unión Europea que el Parlamento es hostil a su país, deben reconocer una vez más que esta afirmación no es cierta. 
Al igual que el informe del colega Swoboda, el actual informe recoge una definición de postura objetiva sobre la situación en Turquía. 
Como ha señalado el ponente, la actividad legislativa del Parlamento turco en el marco de la reforma constitucional es verdaderamente loable. 
A la vista de las condiciones de la realidad turca, la labor de nuestros colegas turcos- algunos se encuentran hoy aquí entre nosotros- ha sido todo un éxito. 
Ahora se les pide que continúen con el trabajo que han comenzado. 
Los Ministerios de Interior y de Justicia de la República Turca desempeñan un papel muy importante este ámbito. 
La introducción de la reforma, pendiente desde hace tiempo, se hace ahora absolutamente necesaria, justamente después del 11 de septiembre, pero también a pesar del 11 de septiembre. 
A través de los medios de comunicación turcos puede constatarse fácilmente que en algunas comisarías de policía se sigue torturando. 
Todavía hay extraños suicidios de personas que se encontraban bajo arresto policial. 
Mientras sigan dándose acontecimientos como éstos en Turquía, mientras que Turquía no esté dispuesta a cumplir los criterios de Copenhague, es evidente que no habrá fecha para iniciar las negociaciones de adhesión y Turquía seguirá siendo el único país de entre los 13 países con estatuto de candidato sin negociaciones de adhesión. 
Espero que este último informe motive a los responsables políticos turcos a moverse hacia delante y no limitarse a hablar sobre reformas, sino también a llevarlas a la práctica. 
Señor Presidente, este excelente informe muestra que Turquía está haciendo progresos en su camino hacia Europa, pero son necesarios más. 
Por ejemplo, 19 personas están siendo acusadas de insultar a dirigentes del Estado porque asistieron a una conferencia en la que víctimas que habían sufrido torturas en forma de violación mientras estaban detenidas hablaron en contra de sus torturadores. 
Esto no les ocurre sólo a las mujeres. 
Es absolutamente atroz que el Estado condene a las víctimas, en lugar de a sus agresores. 
Hago un llamamiento a las autoridades turcas para que retiren estas acusaciones. 
En segundo lugar, quisiera instar al gobierno turco a adoptar una iniciativa para una solución política con los kurdos. 
El PKK ha respetado el alto el fuego durante más de dos años. 
Su líder, Abdullah Ocalan, ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la injusticia de su juicio. 
Es hora de poner en marcha negociaciones de paz. 
Por último, no es el momento de expulsar a 80.000 kurdos ni de vulnerar las normas medioambientales y los derechos humanos para construir la presa de Ilisu. 
No debe construirse y los gobiernos de la UE, como el gobierno del R.U., no deben conceder créditos a la exportación. 
Señor Presidente, ¿qué esfuerzos ha realizado el Gobierno turco desde la Cumbre de Helsinki por garantizar los derechos humanos y fundamentales, resolver de forma pacífica la cuestión kurda y suprimir la pena de muerte? 
La reciente reforma de la Constitución turca no reviste el alcance suficiente. 
La pena de muerte sólo se ha eliminado parcialmente y no se ha reconocido la lengua kurda. 
¿Es esto una verdadera reforma? 
Mi respuesta es no. 
Turquía no debe disfrutar de un tratamiento especial en el proceso de ampliación. 
Creo que corremos el riesgo de ceder a los deseos de Turquía si aprobamos sin cambios el informe Lamassoure. 
El informe es moderado en algunos puntos, de modo que se deja a Turquía margen de actuación. 
Debemos insistir en que se resuelva la cuestión kurda por la vía política y se garanticen los derechos humanos y fundamentales. 
Ha llegado el momento de introducir amplias reformas. 
En mis viajes a Turquía y en mis conversaciones con ciudadanos turcos se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones el deseo de paz, hermandad y libertad. 
Llevo este mensaje en mi corazón y en el futuro me esforzaré por que este deseo se haga realidad en algún momento. 
Señor Presidente, quisiera, a mi vez, felicitar al ponente Sr. Lamassoure por su notable esfuerzo al redactar un informe lo más equilibrado y objetivo posible sobre los avances de Turquía en su camino hacia la adhesión a la Unión Europea. 
Tarea singularmente complicada, habida cuenta de las particularidades que presenta la problemática de ese país en diversos ámbitos de especial interés para este Parlamento, como los derechos humanos y de las minorías, los principios democráticos, el comportamiento internacional, la repudia y condena de hechos históricos de triste recuerdo, y otros. 
Con todo, considero que, gracias a ciertas enmiendas aceptadas por el ponente, y a pesar de algunas otras, dictadas por la conveniencia política, el informe ha que dado finalmente formulado de modo que goza de general aceptación, incluso por parte de las instancias oficiales turcas, y todos, claro, comprendemos muy bien lo que esto significa; basta recordar la insultante reacción del Ministerio turco de Exteriores hacia nuestro colega Sr. Poos y su informe, que fue considerado negativo para Turquía. 
Resta ahora, pues, constatar en qué medida Turquía corresponderá a la buena disposición y al espíritu que preside el informe, el espíritu de la crítica indulgente de los muchas tachas turcas, el espíritu que ha conducido a referirse sólo indirectamente a la ocupación militar turca de Chipre, que se eterniza de manera ya intolerable para el mundo civilizado; el espíritu que ha conducido a silenciar crímenes turcos del pasado, como el genocidio de los armenios, y a resaltar del modo más elogioso, por el contrario, hasta el más mínimo progreso registrado, o cualquier cumplimiento ocasional por parte de Turquía de compromisos, contraídos, al fin y al cabo, como el del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. 
El futuro revelará si Turquía sabe reconocer e interpretar favorablemente estos mensajes, aunque me temo que la experiencia hasta hoy acumulada no justifica albergar la ilusión de que tendremos en breve una respuesta clara por parte de Turquía en el sentido de que estar, de verdad, dispuesta a mostrarse a la altura de su candidatura y de su adhesión final a la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, el informe Lamassoure sostiene que Turquía tiene derecho a convertirse en miembro de la Unión Europea. 
Este es su mensaje fundamental. 
Por mi parte, pienso que no se trata sólo de un derecho, sino de una necesidad vital de ese país. 
Turquía ha realizado un admirable esfuerzo histórico de aproximación a Europa. 
Un esfuerzo que no ha empezado hoy, sino mucho antes. 
Los esfuerzos de modernización de Turquía empezaron a finales del siglo xix. 
Nosotros los griegos, como vecinos de Turquía y, permítanme decirlo, como «rivales históricos» de Turquía, lo sabemos mejor que nadie. 
Sabemos por nuestra propia experiencia lo difícil que es superar la tradición del despotismo oriental y avanzar hacia una sociedad plenamente moderna. 
Esta tradición representa un lastre singularmente pesado en Turquía, puesto que Turquía se encontraba en la cúspide de la pirámide de ese despotismo en nuestra región. 
Turquía, señor Presidente, tuvo la mala suerte histórica de salir prácticamente intacta de las dos guerras mundiales; bueno, no intacta, es verdad, puesto que sufrió mucho, pero el hecho es que no fue vencida en ninguna de las guerras mundiales. 
En ocasiones es buena suerte resultar vencido en las guerras. 
No debemos olvidar que Francia y Alemania, el núcleo de la Unión Europea, fueron vencidas, una al principio y la otra al final, en la Segunda Guerra Mundial, y así, entiendo yo, aprendieron que la fuerza de las armas y la conflagración bélica no son forma de sobrevivir en el mundo contemporáneo. 
El desastre del 11 de septiembre nos ha enseñado, creo, que el mundo contemporáneo, para sobrevivir, necesita la conciliación- no, claro está, conciliación con los terroristas, sino conciliación en los conflictos entre nosotros- precisamente para aislar a los terroristas y sentar las bases de un mundo seguro y justo. 
Turquía es un país europeo del tercer mundo que deberá aprender también la lección que han aprendido Francia y Alemania: que para avanzar debemos dejar de hacer en nuestra época las guerras de los años veinte y cuarenta. 
Creo que Turquía ha construido un aparato interior y un sistema de relaciones exteriores presididos por la idea de la imposición. 
De ese modo tiraniza a su pueblo, y tenemos prueba de ello en la terrible historia de los suicidios de los presos y en otras muchas cosas. 
Por supuesto, señor Presidente, el paso que debe dar Turquía es difícil. 
Lo está intentando, y debemos ayudarla y aceptarla en la Unión Europea en la medida en que ella misma hace esfuerzos para aproximarse a nosotros. 
Señor Presidente, el informe reconoce algunas verdades que resultan obvias. 
Es un hecho. 
Sin embargo, hace, al mismo tiempo, consideraciones que no están fundamentadas en la realidad. 
Constata progresos que no existen, elogia el célebre «programa nacional» y algunas reformas parciales que no constituyen, en definitiva, sino una cortina de humo para ocultar el mantenimiento- y en determinados aspectos, el empeoramiento- de la situación de las capas populares. 
Habíamos advertido de que la resolución de Helsinki no contribuiría a la democratización, sino al envalentonamiento del régimen. 
El ejercito continúa desempeñando el papel determinante en la vida política. 
El movimiento obrero es tratado con dureza. 
Las detenciones- los presos políticos son más de 10.000 -, las torturas, los asesinatos, las inhumanas condiciones en las cárceles, elogiadas por el informe, están a la orden del día. 
Los huelguistas de hambre, tras 370 días, continúan su lucha hasta la muerte, y fallecidos se cuentan ya por decenas. 
La pena de muerte ha sido abolida sólo para los condenados comunes. 
No para los combatientes de la democracia y la libertad. 
El informe califica de extremistas- y el régimen turco de terroristas- a esos combatientes; pero el informe no dice nada del pueblo kurdo, que sigue privado de los derechos más fundamentales, ni de las tropas de ocupación que permanecen en Chipre desde la bárbara invasión de hace 27 años. 
El punto clave del informe, en cualquier caso, es el parágrafo 29, que elogia la contribución de Turquía a la lucha contra el terrorismo- sin duda persiguiendo a los militantes kurdos- y sus esfuerzos pacificadores en los Balcanes- esto es, el apoyo abierto a los criminales del UÇK -, y la insta a facilitar la aplicación del acuerdo de la OTAN. 
Para concluir, señor Presidente, déjeme decir que mis sentimientos de amor fraternal y solidaridad para con los pueblos de Turquía no me permiten votar a favor de este informe. 
(El orador es interrumpido por el Presidente) 
Señor Presidente, creo que me ha venido bien quitarme los auriculares relativamente pronto. 
Así me he ahorrado escuchar algunas cosas. 
El colega Lamassoure ha presentado un informe muy bueno. 
Ya lo han dicho muchos colegas. 
Me gustaría añadir al informe el calificativo de justo, pues, a mi juicio, Turquía, al igual que cualquier otro candidato, tiene derecho a que se elabore un informe justo. 
Ello significa que debemos comentar efectivamente todas las deficiencias, pero también reconocer que se han registrado avances. 
Quiero hacer un llamamiento a los colegas turcos y a la opinión pública turca: tomen nota del informe en su conjunto y no de forma selectiva, al igual que nosotros nos esforzamos por tomar nota de todos los avances que se registran en Turquía. 
Al fin y al cabo, creo que una Turquía que avanza por el camino del cumplimiento de los criterios de Copenhague es una Turquía mejor que la que no lo hace. 
Es una Turquía que da espacio a las fuerzas que intentan superar las inaceptables deficiencias actuales en el cumplimiento de los criterios políticos en su país. 
No puede esperar que se hagan rebajas políticas. 
Debe constatarse que, como es lógico, deseamos que todos los países musulmanes del mundo estuvieran estructurados como Turquía, y que así tendríamos menos problemas, sobre todo a la vista de los acontecimientos del 11 de septiembre. 
Pero estas rebajas no puede llevar a que cerremos los ojos ante el cumplimiento de los criterios de adhesión. 
Por otro lado, no obstante, tiene derecho a que no se le impongan condiciones adicionales. 
A mi juicio, por ejemplo, la formulación del colega Lamassoure del punto relativo a Armenia es muy acertado. 
Después de que el año pasado hiciéramos mención expresa del genocidio, este año tomamos nota de que se han registrado avances manifiestamente positivos. 
Así, podemos constatar que las personas se reúnen para hablar del pasado. 
Mi propio país extrajo de ello conclusiones muy positivas, y creo que esta es la vía que debemos apoyar en este caso concreto para que las relaciones de vecindad entre Turquía y Armenia se evolucionen positivamente en el futuro. 
Señor Presidente, yo también estoy de acuerdo en que se han realizado progresos significativos no sólo con respecto a los criterios de Copenhague, expresión algo álgida, algo aristocrática que hace pensar en esta Europa que quiere sentirse en todo momento ejemplo de democracia. 
Pienso más bien en los progresos muy concretos desde el punto de vista de la verdad: el coraje y la verdad de un Presidente que es capaz de denunciar la corrupción en su propio país. 
Pero seríamos injustos con Turquía si no le ofreciésemos toda nuestra claridad- no nuestra hipocresía- y la claridad nos hace decir que queda mucho trabajo por delante entre la cultura democrática y los comportamientos, o sea, las reformas. 
En este sentido, la capacidad de reformas políticas y sociales en beneficio de la minoría kurda es un parámetro absolutamente eficaz. 
Es verdad y es importante que la Constitución turca quiere suprimir parcialmente las restricciones impuestas a la utilización de la lengua kurda; sin embargo, señor Presidente, me sorprende esta idea de parcialidad: la idea de parcialidad aplicada a un derecho fundamental como el uso de la lengua propia, es un contrapunto, una contradicción bastante grotesca. Asimismo me sorprende que lo único que se hace es reconocer un derecho cultural para una minoría que no puede disfrutar de los derechos políticos y sociales más elementales. 
Señor Presidente, esperamos de Turquía unas señales y una señal podría llegar precisamente en este terreno: afrontar con coraje y tolerancia, con tolerancia y civilización esta antigua cuestión con el pueblo kurdo sería, creo, una señal muy satisfactoria para todo el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, yo también quisiera manifestar mi reconocimiento por el excelente trabajo como ponente del Sr. Lamassoure. 
Aunque siempre he criticado el historial de Turquía en materia de derechos humanos y su trato a los kurdos, también apoyo firmemente la decisión del Consejo Europeo de Helsinki de 1999 de reconocer a Turquía como país candidato. 
No estoy de acuerdo con quienes creen que las fronteras de Europa deben ser restringidas y exclusivamente cristianas. 
Yo quiero ver una Europa plural. 
Siempre he creído que Turquía podría ser una importante cabeza de puente entre los actuales miembros de la UE y el mundo islámico. Esto facilitaría un mejor entendimiento y un respeto mutuo. 
Esto es especialmente importante en el mundo distinto que ha surgido tras el 11 de septiembre. 
Sin embargo, a Turquía todavía le queda mucho camino por recorrer. 
En su informe de evaluación del año pasado, la Comisión concluía que, aunque se había iniciado un debate amplio sobre las reformas políticas y Turquía había firmado varios instrumentos internacionales en materia de derechos humanos a lo largo del año anterior, la situación sobre el terreno apenas había mejorado. 
Esperemos que la publicación del informe anual del próximo mes muestre una mejora significativa. 
En este sentido, acojo favorablemente la reciente decisión del Parlamento turco de adoptar un conjunto de reformas constitucionales para poner a Turquía más en línea con el acervo comunitario. 
En la inauguración de la Fundación UE-Turquía el 17 de octubre, el Sr. Comisario Verheugen dijo que estas reformas constituyen un paso significativo hacia una mejor protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Turquía. 
Es evidente que el apoyo continuo a una relación más estrecha entre la UE y Turquía, que incluya finalmente la adhesión, es la mejor forma de acelerar la reforma política y el avance en materia de derechos humanos. 
Sin embargo, el calendario para una posible adhesión depende solamente de Turquía. 
Las negociaciones sólo pueden comenzar cuando Turquía cumpla los requisitos de Copenhague. Debe esforzarse más por cumplir con sus obligaciones a tal respecto. 
Señor Presidente, creo que este debate vuelve a subrayar que todos compartimos una premisa: es imprescindible que Turquía esté cada día más cerca de la Unión Europea, hasta el punto de que, en un determinado momento, pueda formar parte de ella. 
Pero también subraya otro punto de vista claro, que debemos transmitir con fuerza a las autoridades turcas: para que eso sea posible, Turquía tiene que ser una democracia plena. 
Se han dado pasos hacia adelante; la reforma constitucional que se ha llevado a cabo no es pequeña cosa, es algo que hay que saludar. 
Pero es también cierto que esa reforma constitucional tiene en sí misma los tres obstáculos que le quitan credibilidad: en primer lugar que, por ejemplo, se dejan de tipificar como delito actuaciones que, sin embargo, siguen siendo delito, porque se las condiciona; en segundo lugar, porque se reforma la constitución pero subsisten otras leyes, como el código penal, la ley antiterrorista o la ley audiovisual, que siguen manteniendo la existencia de determinados delitos de expresión, de opinión, de manifestación y de reunión; y en tercer lugar, y sobre todo, porque la práctica no se corresponde con la reforma constitucional: sigue habiendo detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos. 
Todos recibimos- como yo mismo- continuas denuncias (hoy, varias) de que se sigue poniendo en dificultades a los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones en que éstos se encuadran, por no hablar, obviamente, de la situación del pueblo kurdo. Sí, del pueblo kurdo. 
Es el caso de los kurdos. Y menos aún, señor Presidente, si permanece todavía en la cárcel una Premio Sajarov, como la Sra. Leyla Zana, cuya libertad hay que seguir pidiendo con fuerza. 
Señor Presidente, quiero acudir a la Historia para demostrar que ésta sirve y no sirve. 
Le quiero decir al Sr. Pasqua que recuerde de dónde son los presocráticos, que el arte jónico nació en Turquía y que los reyes cristianísimos franceses no dudaron en convocar al Imperio otomano para luchar contra el Papa y contra otros Estados europeos en el siglo XVI. 
Pero, si seguimos mirando la Historia, veremos también cosas buenas y cosas malas en Turquía. 
Turquía, en el lugar estratégico que ocupa, es el único Estado completamente laico, y Europa se ha formado sobre la gran lucha para conseguir unos Estados laicos. 
En eso, sí que Turquía es un Estado absolutamente europeo. 
Su esfuerzo por eliminar la intromisión religiosa- teniendo en su interior auténticas poblaciones fundamentalistas- es algo que tenemos que agradecer, y que puede ser un factor de estabilidad en el futuro de la zona. 
Por otra parte, bajo el Imperio otomano, sobrevivieron los monasterios griegos, los sufíes y los sefarditas. 
Ello fue así porque, en su momento, el poder no trató de destruirles. 
Ahora bien, también es un Estado fuerte que está luchando por la educación. 
En ese sentido, le recuerdo a la Sra. Uca, con gran dolor, que el 30 % de las mujeres en el Estado turco no van al colegio, ni está permitido que lo hagan, ni que se eduquen. 
Para finalizar, diré que existen también inconvenientes. 
El gran punto negro de la tradición otomana es su concepción de los derechos ilimitados del vencedor sobre el vencido. 
De ahí deriva, precisamente, el gran problema de las cárceles y los exterminios: la pérdida de derechos del vencido (del débil) , la violación, el exterminio, el silencio y la muerte. 
Creo que en esta línea es donde tenemos que prestar ayuda, porque Turquía es un factor estabilizador en la zona: está estableciendo convenios con Siria y está siendo un factor de creación de una frontera de paz con Europa. 
Tenemos que contribuir al potenciamiento de esa línea y a su mejora, con las ideas europeas en el gobierno. 
Señor Presidente, Turquía tiene una nueva ocasión para explotar su posición estratégica, sus proverbial capacidad militar: esperamos que esta vez su tendencia filooccidental se traduzca mejor que en el pasado en reformas internas indispensables. El Sr. Lamassoure hace un cuadro objetivo, preciso del país pero no esconde, a pesar de alguna señal positiva, la preocupación por que Turquía pueda volver a caer en una situación peor que la actual. 
Está bien que el Gobierno local haya presentado un programa de condiciones para ingresar en Europa, está bien que trabaje en la constitución, pero es malo que no se hayan definido claramente ni el camino ni el calendario de las reformas. 
La Unión Europea no pide que todos sigan el mismo camino, aunque se deberían respetar algunos valores, algunos derechos de la persona y de la vida democrática- Europa también tiene paciencia- en Turquía y en sus cárceles. 
Y un último comentario: por extraño que parezca la cuestión del genocidio armenio va creciendo con los años. 
Hoy por hoy, la humanidad ya no soporta las mentiras ni las imprecisiones respecto a los terribles hechos de la historia. 
Es inútil decir, por ejemplo, lo mucho que han contribuido a apaciguar los ánimos, los ex enemigos históricos, para reducir las emociones definiendo el escenario de sangre de las dos Guerras Mundiales: un ejemplo a seguir cuanto antes por turcos y armenios para normalizar las relaciones entre ambos países vecinos. 
Por último, estoy convencido de que Armenia estaría dispuesta a erigir delante de una de las Instituciones europeas un monumento en recuerdo de su sacrificio, para entregárselo a la Historia. 
De este modo, también nosotros podríamos elaborar textos sobre Turquía, sin el dilema de cómo afrontar la cuestión armenia. 
Recordar para avanzar mejor. 
Señor Presidente, al tomar tan tarde la palabra, me encuentro en la curiosa situación en que básicamente ya se ha dicho todo, pero no lo suficiente de cada uno de los asuntos. 
A pesar de ello, quiero abordar dos puntos que estimo particularmente importantes. 
En primer lugar quiero dar las gracias de todo corazón a nuestro ponente. 
Me parece que el informe es magnífico. 
Es de un perfil muy moderado. 
Nos va a ser muy útil y, sobre todo, es capaz de suscitar consensos. 
Debemos tener en cuenta que se trata de un informe que analiza progresos. 
Creo que se elaborarán muchos más informes sobre los progresos de Turquía en su aproximación a la Unión Europea. 
Paso a las cuestiones sobre las que quiero definir mi postura. 
En primer lugar, el tema de la pena de muerte. 
Creo que es un tema al que no se le ha prestado aún la atención debida en el debate de esta tarde en este Parlamento. 
Las reformas políticas que Turquía ha introducido recientemente son muy prometedoras, y como tales las reconocemos. 
Sin embargo, todos sabemos- y Turquía también debe saberlo, por lo que debemos decirlo con toda claridad- que los avances de Turquía en esta materia son formidables. 
Desde nuestra perspectiva puede ser, evidentemente, sólo un principio. 
Debo decir que, desde nuestra punto de vista, la opinión con respecto a Turquía ha sido un tanto cambiante. 
Es posible que, por cuanto respecta a los derechos humanos, en la actualidad el camino sea el objetivo en sí. 
Volvamos a la pena de muerte: a nuestro juicio, debe ser eliminada con carácter absoluto. 
Desde una perspectiva democrática, no cabe eliminar sólo parcialmente la pena de muerte. 
Está muy claro que la situación de política interior en Turquía es complicada. 
Un segundo tema que considero importante es la lucha contra la corrupción dentro de Turquía. 
Pues mientras la corrupción siga determinando la vida política y social en Turquía, la población no confiará en la política, y mientras no confíe en la política, depositará su confianza en los militares. 
No puede aceptarse que en una comunidad democrática los militares, a través del Consejo Nacional de Seguridad, sigan teniendo de hecho la última palabra una vez que el Parlamento adopta sus decisiones. 
Creo que en Turquía debe trabajarse mucho aún en este tema. 
Y esto sólo es posible luchando contra la corrupción e incrementando la confianza de la población en la política. 
Señor Presidente, doy las gracias al señor Lamassoure por su excelente trabajo. 
Quisiera formular una pregunta al miembro de la Comisión encargado de la ampliación, el señor Verheugen: ¿Es posible que Turquía llegue a incorporarse como miembro de la Unión Europea mientras continúe la ocupación del norte de Chipre, mientras continúe la injerencia de los turcos de Anatolia en el norte de Chipre y mientras continúe la destrucción, probada con documentos, del patrimonio histórico de esta parte de la isla como, por ejemplo, monasterios, iglesias y monumentos? 
Si en el futuro un país como Turquía puede ser aceptado como miembro y seguir ocupando partes de otro miembro potencial de la Unión, Chipre, ¿qué ha pasado entonces con la democracia y con las ideas conciliadoras que constituyen el fundamento axiológico y el espíritu de la colaboración europea? 
En ese caso, ¿qué habría pasado con la credibilidad de los trabajos en favor de la paz? 
En mi opinión, es necesario que Turquía revise con la misma tenacidad de Alemania los negros capítulos de su historia reciente. Turquía no puede seguir negando la matanza de un millón y medio de cristianos armenios. 
No puede seguir negando el exterminio de cristianos asirios, caldeos y sirios, donde cientos de miles de personas fueron asesinadas en virtud de una fatwa, una guerra santa contra los cristianos, ordenada en 1914 por el máximo líder musulmán. 
Señor Presidente, muy estimadas señores y señores, la Comisión acoge con satisfacción que en este debate se haya perfilado un amplio acuerdo en la apreciación de la situación en Turquía. 
Espero que esta apreciación común nos sea de utilidad en el trabajo que tenemos por delante. 
Quiero destacar que la Comisión coincide con las conclusiones y las opiniones que el ponente, Sr. Lamassoure, ha recogido en su informe. 
Aquí se ha producido también un amplio consenso. Y ello nos será de gran ayuda en nuestro futuro trabajo. 
Se ha dicho en diversas ocasiones- y yo también lo subrayo- que Turquía ha ganado en importancia para nosotros. 
Ello se debe, por cierto, no sólo a su situación geoestratégica. 
Siempre advierto contra la idea de reducir a Turquía a un lugar con una importancia geoestratégica particular. 
Antes bien, creo que la peculiaridad de Turquía reside en su herencia cultural e histórica y en el papel político que puede desempeñar en este punto de intersección de la política mundial. 
Las élites políticas turcas han mostrado su firme resolución en seguir modernizando el país y aproximarse más a los estándares europeos. 
La reforma constitucional recientemente acordada es una importante señal de ello. 
De hecho, esta reforma constitucional supone a mi juicio un gran avance. 
El Parlamento ha adoptado estos importantes acuerdos con gran rapidez y por una mayoría abrumadora. 
En mi opinión, esta gran mayoría reviste una importancia particular, pues pone de manifiesto que en Turquía existe un amplio consenso sobre la necesidad de las reformas democráticas y del Estado de Derecho. 
Pero estas reformas deben demostrar su incidencia en la realidad. 
La cuestión fundamental que se plantea siempre a Turquía es la de qué cosas cambian de verdad. 
Por ello tienen razón todos los que han dicho en este debate que a nosotros nos toca ahora observar cómo Turquía lleva a la práctica esta prometedora reforma constitucional y qué cosas cambian en la realidad. 
Por tanto, la Comisión coincide con la valoración del Parlamento Europeo en el sentido de que, a pesar de la reforma constitucional y a pesar de las nuevas iniciativas legislativas anunciadas, queda aún mucho por hacer para proteger los derechos humanos en la realidad de Turquía de forma efectiva y permanente. 
Desde Helsinki nuestras relaciones han evolucionado positivamente. 
Se ha puesto en práctica la estrategia de preadhesión. 
Al igual que con respecto a todos los demás países candidatos, con respecto en Turquía también se han establecido las prioridades en una Asociación para la adhesión. 
Turquía ha aprobado este año un programa nacional para adoptar el acervo comunitario, que además contiene el calendario- exigido aquí en repetidas ocasiones- para la adopción de nuevas disposiciones legislativas. 
Queremos continuar con la estrategia de preadhesión en relación con Turquía sobre la base de los principios acordados en Helsinki. 
Ello significa, obviamente, que no se hablará de iniciar las conversaciones hasta que se cumplan las condiciones para la adhesión. 
Quiero subrayar aquí que no hay rebajas de las condiciones políticas de adhesión a la Unión Europea, para nadie en todo el mundo. 
Está en la lógica de nuestros acuerdos de Helsinki que Turquía, con excepción de las negociaciones, debe recibir en todos los demás ámbitos el mismo trato que los restantes candidatos a la adhesión. 
En el informe Lamassoure se hace referencia a la difícil situación económica por la que atraviesa Turquía. 
Quiero animar a Turquía a continuar con las reformas económicas pactadas con el Fondo Monetario Internacional. 
Por lo que a nosotros respecta, desbloquearemos lo más pronto posible el primer tramo de ayudas al ajuste estructural prestada por la Unión Europea a Turquía por un importe de 75 millones de euros. 
Por cuanto respecta a Chipre, seguimos poniendo todo nuestro empeño en que se inicie lo más pronto posible el proceso de paz bajo el patrocinio de las Naciones Unidas. 
Turquía ha confirmado su apoyo a este proceso. 
No obstante, debo decir que en la Unión Europea se espera que este apoyo se traduzca en medidas concretas y que este apoyo nos lleve a encontrar una solución efectiva. 
Confío que las negociaciones de adhesión con Chipre se cierren en el transcurso del próximo año. 
Por ello es particularmente importante que las partes se esfuercen al máximo para llegar a una solución política duradera. 
Los elementos de la solución que tengan en cuenta los intereses y deseos de todas las partes son bien conocidos. 
Lo que necesitamos es valentía política para aprovechar la oportunidad y resolver el problema de Chipre ya. 
La ventana de la oportunidad está ahora abierta. 
Pero he de decir que quizá no por mucho tiempo. 
Una solución de la cuestión chipriota favorecerá considerablemente el ulterior desarrollo de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. 
Las relaciones entre Grecia y Turquía han mejorado notablemente. 
La Comisión acoge con gran satisfacción las medidas acordadas que fomentan la confianza recíproca. 
Felicito sinceramente a los dos Ministros de Asuntos Exteriores, Ismail Cem y Georgio Papandreou, por sus iniciativas y éxitos. 
Los dos Ministros de Asuntos Exteriores han contribuido mucho a generar un clima favorable a nuevos avances en la región. 
Por cuanto respecta a los problemas aún existentes que afectan a la política europea de seguridad y de defensa, he instado hace pocos días a Turquía a que contribuya a encontrar una solución constructiva lo más rápidamente posible. 
En cualquier caso, este problema deberá estar resuelto antes de la reunión del Consejo Europeo en diciembre de este año en Laeken. 
Con un mayor esfuerzo debe ser posible- y yo estoy convencido de que es posible- llegar a un acuerdo. 
Somos plenamente conscientes de los deseos de Turquía, en particular los relativos a posibles acciones en sus inmediaciones. 
Pero hago un llamamiento a nuestros socios turcos para que, con una posición constructiva, permita que lleguemos pronto a un acuerdo. 
De un país candidato a ser miembro de la Unión Europea debemos esperar que no bloquee uno de los proyectos de futuro más importantes de la Unión Europea, sino que lo apoye. 
En opinión de la Comisión, es importante mejorar las relaciones entre Turquía y Armenia para fomentar la seguridad y la estabilidad en la región. 
Por ello, la Comisión acoge con gran satisfacción las recientes iniciativas de la sociedad civil de ambos países, en el sentido de acercar a la población de los dos países y abordar el triste pasado común con la ayuda de historiadores independientes. 
Acojo con satisfacción la opinión emitida por el Parlamento Europeo sobre el programa de ayuda económica. 
Estamos en condiciones de aceptar las enmiendas propuestas. 
En particular, coincido con el Parlamento Europeo en que debe velarse por una coordinación efectiva de los diferentes programas y fuentes de financiación. 
Es cierto que nos encontramos probablemente en una fase decisiva en las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. 
Con la aprobación de los informes del Sr. Lamassoure contamos hasta finales de año con todos los elementos necesarios para nuestra estrategia de preadhesión. 
Podemos, entonces, entrar en una nueva fase en la que nuestra atención deberá centrarse sobre todo en la realización e intensificación de la preparación de Turquía para la adhesión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10 horas. 
Carga y descarga de graneleros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0326/2001) del Sr. Rijk van Dam, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen requisitos y procedimientos armonizados par la seguridad de las operaciones de carga y descarga de graneleros (7193/1/2001- C5-0292/2001- 2000/0121 (COD) ). 
Señor Presidente, nuestro Grupo comparte el camino recorrido hasta aquí junto con el Sr. Van Dam y el Consejo. 
Consideramos que esta recomendación es una etapa importante, especialmente en el terreno de la seguridad marítima y aún más cuando la memoria nos presenta un balance bastante alarmante: en los últimos diez años, de 1990 a 1999, hemos archivado 146 barcos mercantes hundidos, 780 muertos entre miembros de la tripulación, y todo esto en las operaciones de carga y descarga de estos barcos mercantes. 
Esta directiva de la Comisión sirve para armonizar por fin un marco normativo que en el pasado ha sufrido demasiadas excepciones o excepciones demasiado peligrosas. 
Armonizaremos las operaciones de carga y descarga, las normas de seguridad dentro y fuera de los terminales, los grados de responsabilidad en tierra y a bordo. 
Es importante que se haya buscado todo esto aumentando ante todo el nivel de calidad, ya que consideramos que la calidad es una premisa indispensable y fundamental para poder establecer estándares de seguridad a la altura de nuestras exigencias. 
Es importante haber encontrado enseguida un punto de equilibrio entre el Parlamento y el Consejo, un punto de equilibrio que, por otra parte, respeta el espíritu de las enmiendas que han sido propuestas y aprobadas por el Parlamento. 
A partir de hoy, vamos por fin hacia una normativa europea más severa, un código de procedimientos cuyo mérito y valor es poner la seguridad por encima de cualesquiera otros intereses, incluso económicos y financieros. 
Por esto, nos consideramos absolutamente satisfechos del resultado de este informe. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente, Sr. van Dam, por la lograda elaboración de este informe. 
El incremento de la seguridad marítima requiere de la aplicación continua de medidas. 
La mejora de la seguridad en las operaciones de carga y descarga de graneleros es una acción importante para incrementar la seguridad del tráfico marítimo. 
Al igual que en otros asuntos relacionados con la seguridad marítima, las regulaciones existentes han sido establecidas por la Organización Marítima Internacional como recomendaciones de carácter voluntario. 
Dado que este código se aplica actualmente de forma irregular, es positivo que las regulaciones que contiene sean incluidas en la legislación comunitaria. 
El incremento de la seguridad en la carga y descarga de graneleros y la mejora de la operatividad de los puertos contribuirán también a desarrollar la intermodalidad del transporte. 
Además de aplicar mayor rigurosidad a la normativa, debemos ocuparnos de que las soluciones que se adopten sean realistas y viables. 
La gran carencia de la posición común del Consejo es, como indica el ponente, que no estipula la obligatoriedad de facilitar información sobre el conjunto de los daños que se hayan producido en la estructura o en los equipos de los buques. 
Asimismo, quiero llamar la atención sobre el hecho de que las decisiones adoptadas en el ámbito de la Unión no son suficientes por sí solas para incrementar la seguridad marítima. 
Las cuestiones relacionadas con la seguridad y la asunción de responsabilidades deben ser resueltas, en la medida de lo posible, a nivel mundial. 
Hay que hacer progresar este asunto con rapidez, a pesar de que la posición común del Consejo no haya recogido todas las propuestas presentadas por el Parlamento en la primera lectura. 
Nuestro Grupo apoya la aprobación sin modificaciones de la posición común. 
. 
(FR) Señor Presidente, la Comisión se felicita por el informe elaborado por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo sobre esta propuesta de directiva por la que se establecen requisitos y procedimientos armonizados para la seguridad de las operaciones de carga y descarga de graneleros. 
Deseo dar las gracias especialmente al Sr. van Dam por su informe y la ayuda aportada a la Comisión en sus esfuerzos por aumentar dicha seguridad de los graneleros. 
Esta directiva permitirá transponer a la legislación comunitaria el código de la Organización Marítima Internacional, actualmente en vigor en materia de seguridad de las operaciones de carga y descarga de dichos buques, así como algunas partes del Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. 
Dicho código- que en realidad es una recomendación- fue establecido por la OMI en 1997, pero hasta ahora casi no ha sido aplicado. 
Desde el momento en que su aplicación sea obligatoria en todos los puertos de la Unión, este código se utilizará mucho más y contribuirá, pues, a garantizar la seguridad de todos los graneleros que hacen escala en la Unión. 
Como el ponente lo ha indicado, el objetivo de dicha directiva es luchar contra este fenómeno de desaparición de los graneleros, es decir, de naufragio de estos buques, cuya estructura a menudo se divide bruscamente en alta mar y se hunde en pocos minutos, acarreando pérdidas humanas considerables. 
Como lo ha dicho el Sr. Fava, las estadísticas son, desgraciadamente, bastantes claras: durante los últimos diez años dichos naufragios han causado la pérdida de 134 buques y provocado 743 víctimas, y se comprueba una tendencia constante respecto a la edad media y el peso muerto total anual de los buques desaparecidos. 
Era, pues, necesario abordar esta cuestión de la seguridad de los graneleros, y se ha comprobado que una de las principales causas de estos trágicos accidentes son los malos métodos de carga y descarga. 
La directiva, como el ponente ha manifestado, está concebida para procurar que las operaciones de manutención de las cargas en nuestros puertos respeten una normativa estricta, a fin de evitar dañar el buque durante las operaciones de carga o descarga de cargamentos pesados a granel. 
Antes y durante las operaciones de carga y descarga la tripulación de a bordo debe estar en contacto y de acuerdo con el personal de muelle, y, además, debe concertarse con anticipación un plan referente a la manera de realizar las operaciones de carga y descarga. 
El equipo pesado que generalmente se utiliza en dichas operaciones debe ser manipulado con precaución, y, en caso de que haya desacuerdo entre las dos partes- el personal de muelle y la tribulación de a bordo- la autoridad competente debe poder intervenir para suspender las operaciones, a fin de evitar que se dañe la totalidad de la estructura de los graneleros. 
La Comisión está, pues, particularmente satisfecha de que el Parlamento piense aceptar la posición común del Consejo sin enmiendas, ya que si se aprueba rápidamente, esta importante directiva podrá entrar en vigor lo antes posible. 
Eso demuestra asimismo que en cuestiones sensibles de seguridad marítima, el Parlamento Europeo y el Consejo están en condiciones de lograr rápidamente una decisión dentro de la mayor cohesión posible, y la Comisión espera que dicha cohesión manifestada en este caso pueda incorporarse a otros importantes expedientes inscritos actualmente en el orden del día. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10 horas. 
Formalidades de información para los buques que lleguen a puertos comunitarios y salgan de éstos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0327/2001) del Sr. Ari Vatanen, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, relativo a la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las formalidades de información para los buques que lleguen a puertos comunitarios y salgan de éstos (COM (2001) 46- C5-0051/2001- 2001/0026 (COD) ). 
(FI) Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, quienes estén aún despiertos, la integración económica de Europa es un objetivo apoyado sin mayor remordimiento de conciencia también por la mayoría de los que se oponen a la integración política. 
El fomento del transporte marítimo de corta distancia goza también de un amplio apoyo, ya que es indispensable preservar el medio ambiente y reducir notablemente la saturación del tráfico en nuestras carreteras. 
La propuesta de la Comisión sobre los formularios a cumplimentar en los puertos es razonable, aunque tampoco despierta desavenencias políticas en esta ocasión, y representa un paso adelante en la simplificación de las formalidades portuarias. 
Valga señalar que los formularios existentes actualmente difieren considerablemente de un Estado miembro a otro. 
La aprobación de esta propuesta de directiva significaría que nuestros puertos deberán reconocer siempre los formularios del Convenio FAL de la Organización Marítima Internacional. 
Por una vez, la Comisión nos entrega una propuesta que no aumenta en absoluto la burocracia. Bien podría ser así con más frecuencia. 
Ello se debe a que los Estados miembros no estarían obligados a exigir ningún documento; al contrario, si los Estados miembros consideran necesario exigir la información contemplada en la propuesta de directiva, siempre deberán reconocer los formularios del Convenio FAL. 
Apoyo la propuesta de la Comisión y considero que deberíamos acogerla con agrado. 
He presentado algunas enmiendas de carácter técnico que coinciden con la posición preliminar del Consejo de Ministros. 
Creo que podremos, excepcionalmente, tramitar la cuestión en la primera lectura. 
Doy las gracias a los miembros de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, quienes supieron reprimir en nosotros las tentaciones de signo político y se han abstenido de presentar enmiendas partidistas. 
No debemos impregnar todo con nuestras propias orientaciones a fin de no oscurecer los objetivos y provocar demoras en el calendario. 
Esta vez nos hemos librado ejemplarmente de caer en este atolladero. 
El reconocimiento común de los formularios FAL de la OMI impulsa la operatividad del mercado único y es una mejora muy plausible. 
Sin embargo, no quiero sobrestimar su importancia, pues se trata de un elemento bastante pequeño dentro del conjunto. 
La homogeneización de las formalidades de información no es suficiente para dinamizar los puertos, sino que necesitamos que éstos se abran más a la competencia. 
La relevancia de mi informe dependerá mucho de si somos capaces de aprobar también en su conjunto la propuesta de la Comisión relativa a liberalización de los servicios portuarios, sin dejar ciertos servicios fuera del marco de la competencia. 
Espero que el Parlamento prosiga la construcción de Europa desmantelando los monopolios. 
Me estoy dirigiendo simbólicamente al Sr. Jarzembowski, colega que tengo en gran estima, para pedirle comprensión en este punto. 
Por último, quisiera dar las gracias a la Comisión y al Consejo por su colaboración. 
Europa necesita más acciones constructivas y menos enfrentamientos de naturaleza política. 
Confío en que podremos mejorar la situación del tráfico marítimo a través de las medidas ahora propuestas. 
Estimados colegas, el timón está en sus manos. 
¡Naveguemos hacia puertos europeos competitivos! 
Señor Presidente, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos quiere dar su apoyo a esta propuesta de la Comisión, así como al informe del Sr. Vatanen, quien, después de haber demostrado su pericia como conductor por las carreteras de todo el mundo, nos asombra ahora con sus conocimientos sobre una materia tan ardua como el transporte marítimo y los certificados que los buques han de cumplimentar cuando llegan a nuestros puertos o salen de ellos. 
Poco a poco, entre personas como las que estamos hoy aquí, el Sr. Vatanen, yo misma y todos ustedes, vamos construyendo una Europa común. 
Ya llevamos- eso sí- dieciocho años de retraso con respecto a ese 1 de enero de 1983, que nos parece ya tan lejano, cuando las instituciones comunitarias y los que entonces eran diez Estados miembros aprobaron el Acta única. 
Sin duda, la homogeneización de las formalidades de información contribuirá a mejorar el transporte marítimo entre los diferentes puertos de los Estados miembros, ayudando así a promocionar el transporte marítimo a corta distancia. 
Favoreciendo el transporte de mercancías por mar liberaremos, en alguna medida, el tráfico pesado por nuestras saturadas carreteras. 
Sólo cabe lamentar que esta propuesta, tal y como hace notar el ponente, el Sr. Vatanen, en su exposición de motivos, no abarque las mercancías peligrosas. 
Pedimos a la Comisión que no se limite a que esta normalización de informaciones se reduzca al ámbito comunitario. 
La Comunidad debe instar a que este tipo de informaciones sea común en el ámbito internacional, impulsando el Convenio FAL de la Organización Marítima Internacional. 
Invitamos también a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho, a ratificar dicho Convenio, aunque la propuesta de la Comisión no los obligue a ello. 
Finalizo felicitando al ponente, Sr. Vatanen, por su magnífico trabajo. 
Señor Presidente, en primer lugar, yo también quiero dar las gracias al ponente, Sr. Vatanen, por la excelente elaboración de este informe, cuyo objetivo es hacer progresar de forma rápida esta importante cuestión. 
La flexibilidad y la adopción de prácticas más armonizadas en el sector del transporte son requisitos indispensables para la operatividad del mercado interior. 
Sin embargo, las formalidades de información que deben cumplimentar los buques cuando llegan o salen de nuestros puertos difieren mucho de unos Estados miembros a otros. 
La mayoría de los Estados miembros han firmado ya el Convenio FAL de la Organización Marítima Internacional para facilitar el tráfico marítimo. 
La propuesta de directiva que nos ocupa es un buen ejemplo de la incorporación directa en la legislación de prácticas reconocidas internacionalmente que han demostrado su efectividad. 
En mi opinión, además de incrementar la seguridad marítima, es muy importante simplificar las formalidades. 
La existencia de procedimientos claros y armonizados, pero también flexibles, contribuirá a que el transporte marítimo sea una alternativa más atractiva. 
Esto tendrá efectos más positivos en el transporte marítimo de corta distancia. 
La agilización de las formalidades portuarias impulsará también el desarrollo de la intermodalidad del transporte. 
Dada la variedad de formularios existentes, en el futuro habrá que prestar atención al mejor aprovechamiento de las comunicaciones electrónicas. 
Lo positivo de esta propuesta es que pretende incorporar la Directiva en la legislación sin dilaciones. 
El ponente ha presentado enmiendas excelentes a esta propuesta de directiva. 
Nuestro Grupo apoya la aprobación del informe y la tramitación de esta cuestión por la vía rápida. 
. 
(FR) Señor Presidente, yo también desearía felicitar al Sr. Vatanen por este notable informe, así como a las demás contribuciones al debate. Desearía congratularme asimismo de que todas las instituciones hayan estudiado dicha propuesta en plazos muy breves, y que sea posible lograr un acuerdo a tiempo tanto respecto a este expediente como al anterior. 
Eso demuestra la importancia que todos damos actualmente al transporte marítimo de corta distancia. 
Desde hace varios años, la Comunidad ha aplicado una estrategia completa tendente a convertir el transporte marítimo de corta distancia en una solución de sustitución viable y realista del mero transporte por carretera. 
Esta estrategia se ha visto reforzada, por otra parte, en el Libro Blanco: La política europea de transportes de cara al 2010. 
Uno de los capítulos de dicha estrategia consiste en superar los obstáculos que impiden el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia. 
Ahora bien, el ejercicio que hemos organizado recientemente para enumerar estos obstáculos ha demostrado que la complejidad de los procedimientos administrativos era considerada como unos de los principales cuellos de botella. 
El Sr. Vatanen ha tenido la amabilidad de decir que la Comisión, por una vez, acometía los problemas del papeleo. 
La Comisión ha presentado, pues, una propuesta tendente a simplificar determinados procedimientos administrativos. 
Hemos optado por abordar los procedimientos de rutina a los que los buques deben someterse cada vez que lleguen a puertos o salgan de éstos. 
Los procedimientos actualmente en vigor no son en sí mismos irracionales, pero las maneras de ajustarse a los mismos son tan diferentes según los Estados miembros que a menudo generan confusión entre los armadores y los operadores. 
Además, la Organización Marítima Internacional ha elaborado algunos formularios normalizados para uniformizar dichos procedimientos, y hemos considerado, pues, que se requería una normalización, de tal manera que los buques puedan saber qué informaciones deben presentar a las autoridades, de qué manera deben hacerlo, y ello, independientemente del puerto de escala. 
Dado que ya existen formularios normalizados reconocidos en el plano internacional, hemos adoptado la solución simple que consiste en utilizarlos. 
También en este caso, ello permitirá probablemente una aplicación mundial de los formularios de la OMI. 
Dicha propuesta simplifica, por tanto, los procedimientos administrativos complejos, necesarios en el ámbito de los transportes marítimos, sin imponer nuevas exigencias a los armadores, sino que les permite más bien cumplir, de manera armonizada y simplificada, con algunas formalidades de información. 
Puesto que estas informaciones son idénticas independientemente del pabellón o del sector de actividad, no hay razón para excluir algunas de ellas del campo de aplicación de nuestra propuesta, que se aplica, pues, tanto al transporte marítimo de corta distancia como a la navegación en alta mar y que no hará distinciones entre pabellones. 
Agradezco nuevamente al Sr. Vatanen. 
Gracias a las enmiendas que ha presentado en su informe creemos que podremos lograr un acuerdo con el Consejo con vistas a la aprobación de esta propuesta en primera lectura. 
Se trata de una buena noticia, de la que les estamos agradecidos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10 horas. 
Adhesión a la OMC 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los dos informes siguientes: 
(A5-0366/2001) del Sr. Per Gahrton, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se determina la posición que deberá adoptar la Comunidad en el seno de la Conferencia Ministerial establecida en virtud del Acuerdo por el que se creó la Organización Mundial del Comercio, con respecto a la adhesión de la República Popular de China a la Organización Mundial del Comercio (COM (2001) 517- C5-0487/2001- 2001/0218 (CNS) ); 
(A5-0367/2001) del Sr. Per Gahrton, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se determina la posición de la Comunidad en el seno de la Conferencia Ministerial instituida en virtud del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, con respecto a la adhesión del Territorio Aduanero Separado de Taiwán, Penghu Kinmen y Matsu (Taipei Chino) a la Organización Mundial del Comercio (COM (2001) 518- C5-0488/2001- 2001/0216 (CNS) ). 
. (SV) Señor Presidente, la incorporación de la República Popular China a la OMC es, sin duda, uno de los mayores experimentos y más arriesgados proyectos de nuestro tiempo. 
La República Popular China, que todavía es un país formalmente gobernado por un partido comunista, se incorporará a la OMC, que podríamos denominar el templo de la economía de mercado. 
Si damos crédito a la Comisión, estaríamos frente a una gran victoria de la UE. 
Se dice que la incorporación de China a la OMC significará grandes beneficios para la UE, por la posibilidad de hacer valer sus derechos sin necesidad de modificar sus propios compromisos en relación con ese país. 
Realmente el proceso que se describe en la propuesta de la Comisión es irreversible. 
China tendrá que adaptarse. 
La UE no necesita hacer nada especial. 
Se eliminarán algunas restricciones cuantitativas respecto a China. 
Éstas son, sin embargo, relativamente pequeñas. 
Si damos crédito a la descripción de la Comisión en el punto 13, la incorporación a la OMC es beneficiosa para la economía China. 
En este punto surgen algunas interrogantes. 
Esta claro que la Comisión quiere proteger los intereses de la Unión, pero me pregunto si hemos traspasado la fase de la globalización en la que la política comercial puede compararse con un partido de fútbol, donde se trata de ganar y no importa qué le pase al rival. 
Por eso me parece extraño que la Comisión en su propuesta no mencione que esta incorporación podría producir problemas para la otra parte, es decir, para la República Popular China. 
Me referiré brevemente a los hechos que hacen pensar en que se podrían producir problemas para este enorme pero aún subdesarrollado país. 
En China hay voces críticas. 
En mi último viaje oficial a China, como presidente de la delegación del Parlamento Europeo para China, pude entrevistarme, al margen de mi visita oficial, con escritores que en sus obras critican duramente la incorporación de China a la OMC. 
Se trata de dos libros, editados legalmente y escritos, obviamente, en chino. 
Uno de ellos se llama en la versión inglesa Collision Globalisation and Chinas Reality Choice. 
El autor, economista en la Universidad de Técnica Aeronáutica de Pekín, sostiene que China será la perdedora en un sistema dominado por empresas internacionales. 
Dice que tiene simpatía por las clases bajas de la sociedad y opina que las empresas chinas van a ser devoradas por los gigantes internacionales. 
Esto perjudicará a las clases pobres de China. 
Su argumento principal es que China no está madura para su incorporación a la OMC. 
La economía del país no es suficientemente fuerte y serán los más pobres los que paguen con desempleo e inseguridad social. 
Este libro tuvo alguna resonancia en China cuando apareció el año pasado. 
Se le presentó en el diario interno del ministerio de comercio. 
La crítica ha sido muy favorable. 
El otro libro se llama en inglés China in the Shadow of Globalisation y es una advertencia de que la incorporación a la OMC puede conducir a una disgregación del país en cinco partes. 
Esto es lo que más temen algunos líderes chinos. 
El eventual caos que seguiría a la incorporación podría conducir a la división del país, lo que sería un golpe en un punto muy sensible de la identidad china. 
A pesar de que, dicho en términos suaves, China no es una democracia y carece de libertad de expresión y a pesar de que el gobierno chino está a favor de la incorporación a la OMC, se permite la publicación de este tipo de libros. 
Esto significa que existe una preocupación- una profunda inquietud- en la sociedad china. 
Probablemente la causa de este nerviosismo radique en las eventuales consecuencias que la incorporación pueda tener en el seno del partido gobernante. 
Basta con entrar en Internet. 
Allí hay numerosos sitios, entre los que destacan China Online y South China Morning Post. 
Hay muchas opiniones, incluso de personas que no están en China, sobre las consecuencias de la incorporación de este país a la OMC. 
Por ejemplo, China Online informó en agosto de este año que se calcula que el 18 por ciento de los empleados estatales son innecesarios. 
Se dice que después de la incorporación a la OMC serán aún más innecesarios. 
El desempleo en las ciudades se calcula actualmente en un 15 por ciento. 
Además, esta misma fuente señala que el paro seguirá aumentando después de la incorporación. 
Las expectativas de encontrar un nuevo empleo son muy pocas para esas personas, ya que se trata generalmente de gente mayor sin calificación profesional. 
China Online dice también que el 30 por ciento de la mano de obra agrícola es innecesaria, lo que implica que 20 millones de personas tendrán que ir a buscar empleo a las ciudades. 
La agricultura ha sido uno de los principales puntos de las negociaciones. 
China obtuvo ciertas cosas. 
Sin embargo, muchos analistas opinan que cuando China se abra a la importación de productos agrícolas y alimentos, por ejemplo de EE.UU., se producirán grandes cambios en el sector rural, con enormes consecuencias. 
En China hay novecientos millones de personas empleadas en el sector agrícola. 
El propio gobierno chino, que no acostumbra a exagerar las dificultades, calcula que en los siete años siguientes a la incorporación a la OMC, 9,7 millones de campesinos van a quedar desempleados a causa de las importaciones de cereales baratos. 
Podría seguir citando y remitiéndome a distintas fuentes que demuestran las dificultades de China, pero creo que basta con estos ejemplos. 
Mi intención ha sido subrayar una vez más que, a mi juicio, es extraño que la Comisión presente al Consejo y al Parlamento un documento en el que no hay una sola palabra que haga sospechar que la incorporación a la OMC podría conllevar dificultades para el país más poblado del planeta. 
Pienso que esto constituye una rara política de información. 
Si la estabilidad de ese país se ve gravemente afectada, la incorporación de China a la OMC también podría significar problemas para nosotros. 
¿Cuáles son mis conclusiones? 
Mi conclusión no es que digamos "no". 
Aunque para nosotros China no es una democracia, pienso que es erróneo que intentemos arrebatar al gobierno chino su responsabilidad diciéndole que lo que ha considerado útil es, en realidad, perjudicial. 
No obstante, creo que debemos ser conscientes de que nos metemos en un juego muy peligroso. 
Las empresas europeas deberán cuidar de no abusar de las libertades que les proporcionará la incorporación de China a la OMC. 
A pesar de estas serias críticas y de estos temores, recomiendo, obviamente, que votemos a favor. 
Me queda poco tiempo para referirme a Taiwán. 
Lo hice intencionadamente, ya que la situación de Taiwán es muy diferente. 
Taiwán es una democracia moderna y desarrollada, un estado industrial con economía de mercado, la décima potencia comercial del mundo. 
No veo problemas para la incorporación de Taiwán a la OMC. 
Los problemas son de índole muy diferente, que no se pueden comparar con los de China. 
Taiwán se incorporará a la OMC al día siguiente de la incorporación China, gracias a un acuerdo anejo al de China. 
Mi único comentario es que, obviamente, tenemos que darle el "sí". 
Señor Presidente, nuestro Grupo, Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, apoya, sin ningún tipo de problema, las dos propuestas que se hacen, tanto para la República Popular de China como para el territorio aduanero de Taipei, y a la vez comparte el conjunto de argumentaciones y la pertinente exposición que ha hecho el Sr. Gahrton, conocedor profundo de la cuestión. 
Por ello pensamos que es imprescindible, por parte de la Unión Europea, tener una actitud de máxima responsabilidad ante un reto de gran transcendencia en el mundo. 
El acceso de la República Popular de China a la Organización Mundial del Comercio va a tener consecuencias en la propia China, como ya hemos visto. 
Ellos han tenido muchos años para ir encarrilando y matizando esas posibles consecuencias. 
Va a tener consecuencias importantes también para la Unión Europea: soy consciente, por ejemplo, de lo que nos puede ocurrir en el campo de la agricultura. 
Pero también va a tenerlas para el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio, que va a ser objeto de una total modificación, que, por otra parte, también es precisa. 
Por ello, aun siendo conscientes del conjunto de problemas, de peligros y de posibilidades que conlleva este acceso, nuestro Grupo apoya sin ninguna reserva estas dos propuestas. 
Señor Presidente, doy las gracias de todo corazón al Comisario por el trabajo que ha realizado. 
Naturalmente, felicitamos a China y Taiwán, puesto que, a mi juicio, debemos alegrarnos- como ha dicho la anterior oradora- de la incorporación de China y Taiwán. 
Se impulsará una gran cantidad de reformas. 
La Comisión así lo señala acertadamente. 
Además, China ocupará una posición clave en el seno de la OMC y ello provocará cambios importantes para los países occidentales. 
Tengo la seguridad de que esta situación llevará a la Comisión a afrontar nuevos retos. 
Por lo demás, apoyamos la adhesión de China con considerables recursos financieros y creo que debemos hacer aún más. 
El Parlamento trata este asunto por primera vez. 
Ello también se debe a la extraordinaria colaboración con la Comisión, pero también con el Consejo. 
No obstante, quiero decir una cosa a mi colega Gahrton: es cierto que la adhesión a la OMC no es algo indiscutido en China. 
Pero creo que valorar esto excesivamente en este informe y, al mismo tiempo, no confiar en que China es sin duda alguna capaz de valorar por sí misma si está en condiciones de asumir las consecuencias de la adhesión es un flagrante minusvaloración de las capacidades chinas. 
A mi juicio, el catastrófico panorama que usted dibuja en su informe ha conducido a una exageración extrema. 
Me alegraría de que en el futuro valorase estas cosas de forma algo más justa y ponderada. 
. 
(FR) Señor Presidente, tras quince años de negociaciones nos encontramos efectivamente en la etapa final de la adhesión de China y Taiwan a la OMC. 
La Comisión les ha presentado las condiciones de adhesión para opinión. 
Desearía dar las gracias a esta Asamblea, y concretamente a la Comisión de Industria, Comercio, Investigación y Energía, así como al ponente, el Sr. Gahrton, por la prioridad que han acordado a este expediente. 
Si siguen la recomendación de su ponente, la Unión estará en condiciones de dar luz verde a la adhesión de China en la próxima Conferencia Ministerial de la OMC, que, como ustedes saben, se celebrará en Doha, del 9 al 13 del próximo mes de noviembre. 
Por los documentos que les han sido presentados, han podido conocer todos los elementos técnicos de la negociación. 
Hoy no insistiré en ello, pero desearía compartir con ustedes algunas reflexiones de carácter más político, comentando a la vez el documento presentado por el Sr. Gahrton y su intervención; en efecto, ambas cosas lo merecen. 
Querría, primero, hacer hincapié en el carácter particular de las negociaciones de adhesión a la OMC y tratar de corregir la impresión- que crea su informe, señor Gahrton- de que se trata de unas negociaciones que hemos llevado a cabo de una manera excesivamente unilateral. 
Una adhesión a la OMC no se negocia en un marco multilateral tradicional, donde las concesiones se hacen sobre la base del principio de reciprocidad. 
En una negociación de adhesión, en todo caso de adhesión a la OMC (digo esto con prudencia, ya que Günter Verheugen ocupaba este sitio hace menos de una hora) , por el contrario, un país presenta su candidatura, pide entrar a un club cuyos miembros ya han negociado unos compromisos. 
El país candidato debe, pues, pagar para entrar en ese club, ofreciendo compromisos en materia de acceso a los mercados que reflejen lo que los miembros ya han aceptado antes. 
Su informe hace hincapié en varias ocasiones, y con algunos matices de crítica que no se me han escapado, el tono positivo que utiliza la Comisión para describir los resultados que hemos logrado al cabo de estos quince años de negociaciones. 
Si bien la Comisión no tiene, contrariamente a los términos utilizados en el informe, una actitud exultante, pienso que podemos, no obstante, considerar dichos resultados con la satisfacción que proporciona el trabajo cumplido. 
Nuestro encargo consistía, en primer lugar, en defender los intereses de la Unión en estas negociaciones, y es lo que se ha hecho. 
Pero también es verdad que dicho acuerdo no es una especie de victoria unilateral de la Unión, como parece que- si he entendido bien- nos lo reprocha, en parte. 
Si existe una victoria, me atrevería a decir que ésta es multilateral, en el sentido en que el sistema multilateral, en conjunto, sale reforzado. 
No se puede defender una vocación global en la OMC excluyendo un país que representa más del 20% de la población mundial. 
No se trataba, por tanto, de saber si China debía o no integrar la OMC, sino cuándo debía hacerlo. 
Y bien, después de quince años- es mucho tiempo- de negociaciones, las diferentes partes interesadas, China y sus socios comerciales han llegado a la conclusión de que esta fecha había llegado. 
Uno de nuestros objetivos primordiales en la Unión era que dichas negociaciones condujeran efectivamente a un fortalecimiento del sistema multilateral. 
Era necesario, pues, que China aceptara lo que se podría calificar de acervo multilateral- y tampoco en este caso me atrevo a establecer ningún paralelo- es decir, los avances registrados en el marco del GATT y luego en el de la OMC, hace ahora medio siglo. 
Hemos procurado que el nivel de los compromisos chinos ofreciera dicha garantía. 
Pero esta adhesión a la OMC es igualmente una victoria para China, ya que constituye una condición esencial que consideramos como la continuación de su excepcional desarrollo económico. 
El comercio exterior chino ha crecido en una media del 15% anual durante los últimos veinte años. 
Se trata, pues, literalmente de una verdadera explosión. 
Y la adhesión a la OMC le permite garantizar un marco estable a su política comercial, para garantizar el mantenimiento de mercados que son cruciales para este país. 
Su calidad de miembro le permitirá, por otra parte, defender sus intereses comerciales participando de pleno derecho en el próximo ciclo de negociaciones. 
Creo, por último, que es evidente que la adhesión a la OMC no es más que un elemento, quizá esencial, pero sólo un elemento del proceso de reforma lanzado por Deng Xiaoping en 1978, y que sus sucesores han proseguido. 
Más que un fin en sí mismo, la adhesión es consecuencia de estas reformas del pasado y un trampolín para nuevas reformas futuras. 
La justificación de dichas reformas no estriba en la adhesión a la OMC, y considero probablemente presuntuoso distinguir precisamente las consecuencias de la propia adhesión de lo que forma parte del proceso de reforma que se lleva a cabo en China. 
Los socios comerciales de China y, en particular, la Unión, han reconocido esta estrecha vinculación entre el calendario de reformas internas y la adhesión a la OMC, y han acordado períodos de transición para la aplicación de algunas obligaciones. 
Nuestro objetivo era sobre todo el punto de llegada, el punto de mira, más que la propia velocidad del proceso. 
Usted se ha referido, señor Gahrton a dos libros que hacen hincapié en los peligros que la adhesión a la OMC representaría para China en términos de tensiones en el plano de las regiones o de los trastornos sociales. 
No creo que las autoridades chinas subestimen estos problemas, cuyo objetivo político esencial, en mi opinión, es el de garantizar la estabilidad y la integridad de su país. 
De las conversaciones que he mantenido con las mismas, he deducido que China veía precisamente en la adhesión a la OMC una pieza esencial de la continuación de estos veinte años de reformas y, por tanto, una continuación de dicho crecimiento que ha permitido mantener bajo control algunas tensiones internas. 
El PIB por habitante de China se ha cuadruplicado en estos veinte años. 
Nos encontramos, pues, en un caso clásico, aunque específico, de relación entre comercio y desarrollo. 
Todos sabemos, y lo digo a menudo ante ustedes, que la liberalización comercial es beneficiosa cuando va acompañada de aquello que permite traducir crecimiento en desarrollo sostenible, es decir, políticas internas en materia social y medioambiental, sin las cuales no se puede sacar provecho de los efectos favorables de la liberalización comercial. 
Desde este punto de vista, consideramos que la adhesión de China es una incitación a mejorar este tipo de política interna. 
Pienso que dicha adhesión fortalecerá el Estado de Derecho en China. 
Los principios fundamentales de transparencia, de no discriminación, de eficacia de la administración y de control jurisdiccional independiente, que forman parte del acervo de la Organización Mundial del Comercio, contribuirá, en nuestra opinión, a que los sistemas económicos, jurídico y social de China evolucionen de manera positiva. 
Nosotros hemos procurado, en todo caso, durante estas negociaciones, proponer medidas progresivas que permitan evitar exponer de la noche a la mañana a la competencia exterior uno u otro nuevo plan de la economía china. 
En conclusión, desearía insistir en el hecho de que el resultado de dichas negociaciones es equilibrado. 
Ciertamente, hemos defendido los intereses europeos, y nuestro documento dirigido al Consejo y al Parlamento Europeo refleja esta estrategia. 
No, las consecuencias para China y para la OMC no han estado ausentes de nuestras preocupaciones. 
Sí, la adhesión tendrá un impacto positivo en la continuación del desarrollo económico de China y, por tanto, en la continuación de las reformas internas. 
En cualquier caso, son los propios chinos los que han efectuado esta opción de una integración en la economía internacional, y es mucho mejor así. 
Simultáneamente no podemos sino congratularnos de que, por primera vez, Taiwan se convierte en miembro de pleno derecho de una organización internacional, en unas condiciones que corresponden a su desarrollo económico y a su posición de país industrializado. 
Para finalizar estas observaciones, señor Presidente, señoras y señores, desearía repetir ante esta Asamblea lo que estos dos resultados deben a la sagacidad de mi predecesor, Sir Leon Brittan, que había convertido dichas adhesiones en una de las prioridades de la política comercial de la Unión. 
No he hecho sino terminar un trabajo que él había amplia y atinadamente iniciado. 
Discurso de Su Santidad el decimocuarto Dalai Lama 
Como Su Santidad puede comprobar, estamos todos emocionados, y desearía darle las gracias, en nombre del Parlamento Europeo, por la grandeza del mensaje que acaba de dirigirnos. 
Ha tenido usted la delicadeza de recordar que el Parlamento Europeo ha apoyado siempre la acción de su persona y a su pueblo. 
Hemos visto que usted conoce muy bien las resoluciones que aprobó este Parlamento- siempre por amplia mayoría, por no decir casi unanimidad -, incluso recientemente, en el mes de febrero pasado. 
Es verdad que hemos podido comprobar- como usted lo ha recordado- que el pueblo tibetano se ve privado de sus libertades fundamentales, amenazado por la destrucción de sus monasterios, es decir, de lo que forja su alma moral y espiritual, y, finalmente, amenazado por una política de marginación de la población tibetana. 
Usted nos ha recordado todo eso y nos ha dicho con mucha franqueza que, desgraciadamente, hasta ahora, la mano tendida a las autoridades chinas había sido ignorada. Y también hemos podido comprobar, Su santidad, que usted nunca ha perdido la esperanza. 
Usted manifiesta al mismo tiempo esa preocupación y esa inmensa esperanza de que algún día China se abrirá al resto del mundo y acabará escuchando su llamamiento, y es un deseo, naturalmente, que nosotros también albergamos ardientemente; pero no se trata sólo un deseo, Su Santidad. 
Hemos oído, ciertamente, el firme llamamiento que nos ha dirigido. 
Usted ha dicho que si la comunidad internacional- en este caso la Comunidad Europea- podía unirse a sus esfuerzos, quizás el resultado que todos deseamos podría estar próximo. 
Por lo tanto, desearía simplemente asegurarle que puede contar con la ayuda activa de nuestro Parlamento Europeo, de nuestros Grupos políticos, del intergrupo, que, como usted sabe, ha sido creado precisamente para fortalecer aún más nuestra amistad con el pueblo tibetano; puede usted contar con nuestro apoyo, con nuestro indefectible respaldo para que, dentro del espíritu de sus propuestas, el Tíbet pueda recobrar su libertad. 
Gracias, una vez más, Su santidad, por su presencia y su mensaje. 
Señora Presidenta, quisiera señalar a la atención del Parlamento una cuestión de orden en el momento en que estamos a punto de votar el acto más importante que debemos aprobar, o sea, el presupuesto. 
Ayer murieron 9 personas en el túnel de San Gotardo por un accidente de circulación. Este hecho nos exige una mayor responsabilidad a la hora de votar, dentro del capitulo "infraestructuras", las obras necesarias e inaplazables con las que Europa debe solucionar el problema del trafico a través de los puertos alpinos. 
Hoy debatiremos la reapertura del Mont Blanc con muchos problemas relacionados con el aspecto económico y medioambiental. 
Debemos ser conscientes también de esto: la causa del accidente de San Gotardo se debe en gran medida al incremento del trafico que el San Gotardo, el Brenner y los demás puertos alpinos han debido absorber tras el cierre del túnel de Mont Blanc. 
Debemos, pues, aprobar con convicción las infraestructuras para acelerar los trámites necesarios para reconstruir el túnel ferroviario de Brenner, el túnel ferroviario de Fréjus y para trasladar el transporte rodado al ferrocarril ganando en seguridad para el viajero y también para el medio ambiente. 
Recordémoslo a la hora de votar. 
Por supuesto, señor Santini. 
VOTACIONES 
Proyectos de enmiendas a las Secciones I, II, IV, V, VI, VII y VIII del proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2002 relativas al Parlamento Europeo, el Consejo, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo y el Supervisor Europeo de Protección de Datos 
Sobre la enmienda 192 
Maij-Weggen (PPE-DE). 
(NL) Señora Presidenta, quisiera hacer una enmienda oral sobre la enmienda 192. 
El texto anterior era como sigue, es muy breve: "And furthermore research-projects making use of primates are also excluded". 
Pido que se modifique de la siguiente manera: "Financing of research-projects making use of primates is suppressed within two years, unless it is proved that alternatives are not available". 
Si se puede adoptar esta enmienda entonces podemos combinarla con la enmienda número 372. 
De esta forma tendríamos una buena redacción como acordamos la Sra. Buitenweg y yo. 
(Al levantarse más de doce diputados, la enmienda oral no se toma en consideración) Al final de la votación 
Señora Presidenta, acaba de haber un fuerte aplauso porque hemos terminado las votaciones. 
Me lo puedo imaginar perfectamente porque es algo que dura muchísimo. 
Sin embargo, quisiera pedir que se vote todavía sobre una enmienda. 
Debería haberlo dicho al principio pero ya estábamos con las votaciones. 
La enmienda trata del Tribunal de Cuentas. 
Acabamos de votar sobre un importe de un millón en la partida destinada a la construcción de un edificio para la ampliación del Tribunal de Cuentas. 
La Comisión de Presupuestos quisiera pedir que se reserven seis millones de euros más para poder inyectar el año próximo un capital extra. 
Esto generará muchos ahorros al contribuyente y nos producirá mayor margen en los presupuestos futuros. 
Quisiera pedirle que lo sometamos a votación, o sea, se trata de consignar en la reserva seis millones más en la línea presupuestaria 206. 
(La Asamblea manifiesta su acuerdo) 
Informe (A5-0330/2001) del Sr. Costa Neves, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2002 (C5-0300/2001- 2000/2324 (BUD) ) y nota rectificativa nº 1/2002 al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2002 (12733/2001- C5-0495/2001) (Sección III- Comisión) 
Al final de la votación 
Señora Presidenta, ya se ha celebrado la votación, pero durante la votación del presupuesto nos pronunciamos contra esta idea y, por tanto, esa parte salió del presupuesto. 
Ahora hemos votado a favor de este párrafo, que es contradictorio con el que votamos en el presupuesto. 
Por tanto, aquí hay una contradicción de la que esta Asamblea debe ser consciente. 
Pero la verdad es que ya se ha celebrado la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0329/2001) de la Sra. Buitenweg, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2002 (C5-0300/2001- 2000/2325 (BUD) ) y la nota rectificativa nº 1/2002 al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2002 (12733/2001- C5-0495/2001) 
Sección I, Parlamento Europeo 
Sección II, Consejo 
Sección IV, Tribunal de Justicia 
Sección V, Tribunal de Cuentas 
Sección VI, Comité Económico y Social 
Sección VII, Comité de las regiones 
Sección VIII (A) , Defensor del Pueblo Europeo 
Sección VIII (B) , Supervisor Europeo de Protección de Datos 
Sobre el apartado 39 
Señora Buitenweg, creo que tiene una enmienda oral sobre el apartado 39 a raíz de la votación sobre el presupuesto. 
¿Tendría la amabilidad de explicárnosla de nuevo para que podamos votar en consecuencia? 
Se trata de lo que yo había dicho ya antes acerca de las condiciones que aplicamos para poder liberar los importes o partidas que en la votación anterior hemos consignado en la reserva. Se trata de las condiciones de la enmienda 73 de la Comisión de Control Presupuestario. 
El texto va conforme a lo que hemos debatido antes y de esta manera queda más claro. 
Por lo tanto, hemos de adaptar el texto a lo que acabamos de votar. 
Reza así: 
Los fondos se pueden utilizar previa opinión favorable de la comisión parlamentaria encargada de las relaciones con el Tribunal de Cuentas, una vez que el Tribunal haya proporcionado información actualizada sobre sus problemas actuales de dotación de personal y sobre la forma en que el personal adicional hará posible que el Tribunal pueda evaluar el funcionamiento de los sitemas de control financiero de los países candidatos, pueda mejorar su cooperación con las instituciones nacionales de auditoría (requisito del Tratado de Niza) y pueda establecer una evaluación más detallada de determinados DAS. 
(La Presidenta constata que no hay oposición a la consideración de la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, el martes la Sra. Morgan se refirió a la carta que la Mesa había enviado al Sr. Prodi en relación con la reforma de la Comisión, carta en la que la Mesa adoptaba una actitud muy diferente de la que había adoptado la Comisión. 
Acabamos de votar sobre el informe de la Sra. Buitenweg y hemos aprobado la enmienda 4 del Sr. Elles, que reitera la resuelta actitud del Parlamento en favor de la reforma de la Comisión. 
¿Podría escribir usted al Sr. Prodi para indicarle que este Parlamento ha confirmado de nuevo que es resueltamente partidario de que se reforme radicalmente el Estatuto del personal de la Comisión? 
Señora Presidenta, creo que todo el mundo ha comprendido por su tono de voz que ha demostrado un gran estoicismo personal al presidir esta sesión a pesar de su estado de salud. 
Quisiera decir, en nombre de todos los "presupuestarios" y en nombre, creo, de todos los compañeros, que apreciamos mucho su fidelidad a presidir las votaciones sobre el presupuesto en primera y segunda lectura. 
Señora Presidenta, me sumo con gusto a los comentarios del Sr. Bourlanges. 
Sin embargo, debemos ocuparnos de la pregunta del Sr. van Hulten, porque, cuando fue planteada por la Sra. Morgan a principios de semana, ocupando la presidencia el Sr. Provan, este último indicó que estudiaría si era posible ver qué iba a pasar. 
Entonces, ¿podría responder a la pregunta del Sr. van Hulten y hablar de ello a la Mesa, que se reunirá para aclarar la situación? 
Señor Presidente, lamento mucho que la Sra. Fontaine se haya tenido que marchar, y le agradeceré que le transmita usted las observaciones que voy a hacer. 
Como sabe el Parlamento, el año pasado dediqué mucho tiempo a estudiar el proceso de reforma en nombre del Parlamento y he seguido su curso a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
He entendido muy bien lo que ha dicho la Sra. Fontaine pero, en nombre de todos los diputados de este Parlamento, le agradeceré a usted que nos mantenga mejor informados acerca del proceso. 
Eso es lo que dije en septiembre cuando pedí a la presidencia que nos proporcionara el mismo volumen de información acerca del progreso de las reformas que el que nos transmite la Comisión. 
El Sr. Kinnock nos ha dado un calendario muy completo acerca del curso que siguen los debates acerca de la reforma. 
Este Parlamento, sus diputados, no reciben ninguna información de la Mesa acerca del proceso de reforma. 
Le agradezco que sean ustedes mucho más transparentes y que nos den un informe de situación sobre el desarrollo de esas reformas. 
Señor Presidente, en nombre de mis colegas del Grupo socialista y del Grupo de demócratas cristianos, quisiera proponer una enmienda verbal del párrafo 9 que dice lo siguiente: "... acojo con satisfacción el hecho de que la Comisión avance en relación con el anunciado paquete de tres propuestas relativas al cambio climático ". 
La Comisión presentó anteayer las tres propuestas, y es preciso que lo hagamos constar así. 
Quisiera también felicitar a la Comisión por haber presentado las propuestas antes de la importantísima conferencia de Marrakech sobre el cambio climático, COP 7. 
(El Presidente constata que no hay oposición a la consideración de la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0326/2001) , en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen requisitos y procedimientos armonizados para la seguridad de las operaciones de carga y descarga de graneleros (7193/2/2001- C5-0292/2001- 2000/0121 (COD) ) (Ponente: Sr. van Dam) 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Informe (A5-0327/2001) del Sr. Vatanen, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las formalidades de información para los buques que lleguen a puertos comunitarios y salgan de éstos (COM (2001) 46- C5-0051/2001- 2001/0026 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0338/2001) del Sr. Lamassoure, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la asistencia financiera de preadhesión en favor de Turquía (COM (2001) 230-C5-0219/2001- 2001/0097 (CNS) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0343/2001) del Sr. Lamassoure, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el informe periódico 2000 de la Comisión relativo a los progresos realizados por Turquía en el camino de la adhesión (COM (2000) 713- C5-0613/2000- 2000/2014 (COS) 
Sobre la enmienda 8 
Señor Presidente, yo quisiera presentar una enmienda oral, de común acuerdo con el ponente. 
Ahora sólo tengo a mano el texto inglés. 
Donde dice: "Reiterates its call for the immediate abolition of the death penalty... ", debería decir: "Insists on the immediate abolition of the death penalty... " ("Insiste en que debe abolirse inmediatamente la pena de muerte... "). 
(El Presidente constata que no hay oposición de la consideración de la enmienda oral) Sobre el apartado 10 
Se trata de una sugerencia del Grupo ELDR, de los Verdes y de los Socialistas acerca del párrafo 7, en la que cada uno hemos presentado una enmienda que son las enmiendas 13, 9 y 5, respectivamente. 
La sugerencia consiste en una enmienda verbal que combina las tres y que al final del párrafo 7 añade lo siguiente: "que represente adecuadamente a la mujer, respete sus derechos humanos, y logre que las mujeres afganas participen plenamente en la edificación de ese futuro". 
Señoría, el único problema es que nos ocupamos en este momento de una resolución de nuestro Grupo. 
No hemos llegado aún a la resolución común. 
Por tanto, ha anticipado el tempo. 
Antes debemos comprobar que no hay mayoría sobre la primera resolución. 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta de resolución común sobre los resultados de la reunión informal del Consejo Europeo celebrada el 19 de octubre de 2001 en Gante 
Señor Presidente, quisiera pedir una aclaración para determinar si, a la hora de fusionar las enmiendas, debemos mantener la palabra "compromiso", que está en la enmienda socialista. 
Es decir, que sería "un compromiso" para todo eso. 
Creo que se sobrentiende que sí, que la palabra "compromiso" debe quedar también dentro del texto fusionado. 
Señor Presidente, una de las razones de que me decidiera a sugerir esa enmienda verbal que refunde las tres propuestas es que, en el texto inglés, la enmienda de los Socialistas tiene una redacción poco afortunada. 
Cuando dice que deberíamos incluir un compromiso respecto de las mujeres afganas, en inglés eso puede intepretarse en el sentido de que sugerimos que estamos comprometiendo los intereses de las mujeres afganas. 
No es un buen ejemplo de redacción en inglés, pues significa una transacción. 
"Compromise" no es una buena traducción de "compromis". 
Ésa era una de las razones que me impulsaron a sugerir que procurásemos refundir las tres propuestas y que, en inglés, nos desembaracemos de la palabra "compromise", que es ambigua. 
Señor Presidente, yo quisiera recordar que el Grupo del PPE presentó la enmienda 6 al considerando 4 y señalar que pedimos que en la cuarta línea del texto inglés de la misma se sustituyan las palabras "supply constraints" ("restricciones de la oferta") por la palabra "quotas" ("cuotas") , ya que esta es la expresión correcta. 
(El Presidente constata que no hay oposición a la consideración de la enmienda oral) Sobre la enmienda 3 
Señor Presidente, con el acuerdo del ponente quisiera proponer una enmienda verbal para que el texto diga: "... pide que los dirigentes mundiales reunidos en la OMC para coordinar medidas encaminadas a ayudar a los países en desarrollo a abordar los obstáculos que se oponen a su desarrollo, se comprometan... ", etc. 
¿Algún diputado se opone a la consideración de esta enmienda oral? 
. (FR) Señor Presidente, acepto la enmienda oral presentada por el Sr. Deva. 
Si se aprueba, mi Grupo apoyará la enmienda 3. 
(El Presidente constata que no hay oposición a la consideración de la enmienda oral) (El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-332/2001) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre los progresos de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) (C5-0194/2001- 2001/2007 (INI)) 
Sobre el apartado 7 
Señor Presidente, de común acuerdo con el ponente, yo solicito que, a continuación de "espera de los Estados miembros", se añada "y del Consejo". 
¿Hay alguna oposición a que se añada "y del Consejo"? 
No es el caso. 
Incorporamos pues esta sugerencia oral. 
(El Presidente constata que no hay oposición a la consideración de la enmienda oral) Sobre la enmienda 15 
Señor Presidente, se me ha pedido que proponga una enmienda verbal. 
Con espíritu de transacción y para conseguir que la enmienda resulte aceptable, sugiero que al final del párrafo 37 añadamos lo siguiente: "y que ayude en la lucha contra el terrorismo". 
(El Presidente constata que no hay oposición a la consideración de la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) EXPLICACIONES DE VOTO 
Presupuesto general 2002 
. (NL) La delegación neerlandesa del VVD dentro del Grupo Parlamentario ELDR ha manifestado en la votación sobre el presupuesto del 2002 su oposición al aumento de los créditos de pago de la categoría 2. 
La Comisión Europea ha indicado que estos aumentos no pueden ser absorbidos por las líneas presupuestarias correspondientes y supondrían un incremento de las contribuciones por parte de cada Estado miembro. 
Por lo tanto, el VVD no considera que este aumento de los créditos de pago sea necesario. 
No obstante, nuestra delegación sí se ha mostrado partidaria del aumento de los créditos de compromiso en la categoría 2 porque la delegación del VVD es también de la opinión de que una programación ordenada de los fondos estructurales es necesaria. 
. (SV) Hemos votado en general en contra de la propuesta de la comisión para aumentar los gastos agrícolas de la categoría 1. 
Opinamos que no es lógico que aproximadamente la mitad de los presupuestos comunitarios anuales se destinen a subvencionar la producción y exportación de productos agrícolas. 
La actual política agrícola comunitaria no sólo es cara para la Unión. 
Contribuye también a encarecer los precios al consumidor. 
Además, el sector agrícola está muy protegido de la competencia de productos extranjeros. 
La consecuencia de esto es la desestabilización de la economía mundial. 
La política agrícola de la UE constituye, primordialmente, un problema para los países en vías de desarrollo. 
La agricultura es el sector en que esos países son competitivos frente a los productores de los países industrializados. 
La política agrícola comunitaria crea grandes barreras, entre otras cosas, mediante las subvenciones y la protección a la agricultura. 
Además, nos parece especialmente insólito que la Unión subvencione los cultivos de tabaco. 
Estas subvenciones deben terminar inmediatamente. 
Las actividades de la Unión y los presupuestos deben orientarse, en cambio, a los problemas transfronterizos, que los estados no pueden resolver por sí mismos. 
La política agrícola común es profundamente insolidaria y debe ser reformada de inmediato. 
Informe Costa Neves (A5-0330/2001): 
Señor Presidente, en mi explicación de voto desmentiré cierta reputación de eficacia de los diputados radicales, porque nos hemos equivocado, y equivocado gravemente, al votar la enmienda 75 al presupuesto, relativa a la contribución a la financiación de los partidos políticos europeos. 
Aunque éramos signatarios de esta enmienda, que tiene por objeto la supresión de la línea presupuestaria correspondiente- pues consideramos no sólo que en la actualidad no está justificado el principio de una financiación a los partidos políticos europeos, sino que no existe fundamento jurídico en la materia -, hemos votado en contra de la enmienda que nosotros mismos habíamos propuesto. 
Mi explicación de voto se dirige, pues, a corregir, en la medida de lo posible, el resultado de la votación. 
Ya hemos solicitado la rectificación del acta. 
Se ha producido un fallo en nuestra lista de votos, que queremos corregir. 
Por otra parte, nuestro juicio sobre el informe Costa Neves es positivo, pero queremos subrayar este pequeño error técnico en lo relativo a la enmienda 75. 
Gracias, señor Dell ' Alba. 
La Asamblea estaba intrigada. 
Ahora está todo perfectamente claro. 
. (FR) Como cada año, el segundo período parcial de sesiones de octubre tiene como principal objeto la aprobación del presupuesto comunitario. 
Es el único ámbito en que el Parlamento puede influir en la política comunitaria, a través de su poder de codecisión junto con el Consejo y, sobre todo, del derecho de veto. 
Es pues, en esta Europa en la que reinan la tecnocracia y el déficit democrático, uno de los pocos poderes ejercidos por los representantes elegidos por sufragio universal. 
Como el año pasado, el presupuesto 2002 es reflejo de la construcción de esta Europa liberal. 
Es un presupuesto caracterizado por la austeridad (0,3 % del PIB europeo) , que carece globalmente de medios, en particular para la política de empleo, la ampliación, el tratamiento de las crisis alimentarias, Afganistán, Palestina o incluso los Balcanes. 
El ponente, Sr. Costa Neves, ratifica globalmente estas orientaciones proponiendo un aumento de los créditos de pago- lo que es más bien positivo -, pero también la reserva de los Fondos Estructurales, así como transferencias bastante oscuras del plano operativo al plano administrativo- lo que es más bien negativo. 
Por estas razones, no podemos apoyar ni el informe ni el proyecto de presupuesto 2002. 
Informe Buitenweg (A5-0329/2001) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe del Sr. Buitenweg sobre el presupuesto, pero quiero remarcar con fuerza y en voz alta en esta ocasión, en este Parlamento tan lleno de diputados, que el Partido de los Pensionistas que tengo el honor de representar en este Pleno, considera que el Parlamento Europeo que, actualmente, legisla sobre el 50% de todas las leyes nacionales que son adaptaciones de las directivas que aquí aprobamos, tiene que contar con una mayor dotación presupuestaria, amén de una mejor organización para funcionar como le corresponde a un parlamento supranacional, a un parlamento con tantos y tan importantes cometidos. 
. (FI) Al igual que mi Grupo, yo también he apoyado que se adopte el sistema de remuneración equivalente a las facturas de gastos en lo que se refiere a la restitución de viajes, gastos de secretariado y accesorios de oficina. 
Según mi Grupo, la redacción de la enmienda número uno da a entender que no existe ningún procedimiento adecuado. 
Del mismo modo, esta enmienda ignora completamente el hecho de que la solución final está ahora en manos del Consejo: el Parlamento ya ha propuesto el procedimiento expuesto en dicha enmienda y está dispuesto a aprobarlo, pero el Consejo no ha dado muestras de aceptarlo. 
Por todo lo expuesto, mi Grupo tiene la sensación de que esta enmienda puede desacreditar al Parlamento de forma injusta e infundada. 
. (DE) Los debates presupuestarios son momentos estelares en el Parlamento, ya que ofrecen la posibilidad de examinar el conjunto de la política realizada y futura. 
Lamentablemente, por razones de tiempo, no me va a ser posible hacerlo. 
Permítanme, por lo tanto, que me limite a un solo aspecto, concretamente a la situación de las regiones fronterizas de los Estados miembros que limitan con los países candidatos a la adhesión. 
Es indiscutible que la ampliación de la Unión Europea beneficiará a largo plazo a las actuales regiones fronterizas, dadas las posibilidades que abrirá de establecer formas absolutamente nuevas de cooperación regional en el ámbito económico, cultural, social y administrativo. 
Sin embargo, a corto plazo existe una enorme necesidad de adaptación para hacer frente a problemas específicos derivados de las serias diferencias en los niveles de desarrollo, sobre todo en el aspecto social. 
Sólo quiero recordar que el diferencial de salarios entre el Este y el Oeste es de alrededor del 60%. 
Esto plantea unos interrogantes que no se plantearon del mismo modo en las ampliaciones anteriores y que adquieren una nueva dimensión. 
Los problemas que cabe esperar que se produzcan en los mercados locales de trabajo y de servicios no se podrán resolver sin una intervención enérgica para contrarrestarlos. 
Innumerables personas que se desplazarán a diario generarán enormes presiones sobre un mercado de trabajo ya sobrecargado: en Brandeburgo y Mecklenburgo-Pomerania Occidental, por citar sólo este caso, no es raro que las tasas de desempleo superen el 20%. 
Unos servicios baratos con unos costes salariales casi un 60% más bajos representan una presión enorme para las PYME y el artesanado. 
El programa de apoyo a las regiones fronterizas que ha presentado la Comisión no responde, en opinión de los gobiernos y administraciones locales y regionales, a la magnitud de los retos que habrá que afrontar. 
Por esto yo acojo con satisfacción, por una parte, que se incluya una línea presupuestaria específica dedicada a las regiones fronterizas. 
Por el otro lado, pido que se pongan a disposición lo más pronto posible recursos financieros adicionales de la Unión, que ofrezcan a los ciudadanos afectados de las regiones fronterizas la seguridad de que sus preocupaciones y necesidades no quedarán desatendidas. 
Necesitamos un fundamento jurídico, que la Comisión debe elaborar en breve. 
Informe Seppänen (A5-0342/2001) 
. (FR) Evidentemente, hemos votado en contra del presupuesto de la CECA, que hasta la expiración del Tratado CECA sigue funcionando como una bomba de subvenciones para los accionistas de la industria siderúrgica. 
Se han concedido ya sumas considerables a la patronal de este sector, que le han permitido reconvertirse a nuevos sectores "jugosos", mientras que muchos trabajadores cuyos empleos fueron suprimidos siguen en paro. 
En el informe se propone la integración de ayudas sociales en el presupuesto de la Unión Europea; pero la garantía mínima necesaria sería que todos los trabajadores afectados por las supresiones de empleo aún por venir percibiesen su salario íntegro hasta la edad de la jubilación. 
Señor Presidente, usted sabe, como creo que todo el mundo, que en los primeros años de mi actividad laboral fui marino. 
Por lo tanto, soy muy sensible a la seguridad y a la protección de la vida humana en el mar y no tan sólo en el mar, sino también cuando se descargan las mercancías de los barcos en los puertos. 
Con este texto se pide que se haga algo para que haya una mayor seguridad para los marinos que trabajan en los puertos. 
Los puertos son muy importantes para Italia, en particular el de Génova donde nací y el de Livorno donde estuve hace poco, del mismo modo que lo son todos los puertos, el de Marsella y los de las demás costas de Europa que es la unión de Estados que cuenta con el mayor número de personas empleadas en la navegación marítima. 
Se debe continuar, como hace este texto, haciendo todo lo posible para proteger la vida humana en el mar. 
Informe Vatanen (A5-0327/2001) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe del amigo Vatanen que debe estar disgustado por haber sido ponente sobre un texto que tan poco aporta al transporte, sin embargo, sí que hace algo para la burocracia. 
Pues bien, quiero preguntarle, ya que no somos capaces de eliminar la burocracia no solo en los transportes marítimos, si seremos capaces de eliminar la burocracia al menos a la hora de pagar las pensiones y de concederlas. 
Señor Presidente, hay pensionistas que se mueren sin haber cobrado la pensión debido a la burocracia. 
Claro van al Paraíso, lo saben cuando llegan. 
Estos pensionistas merecen el Paraíso como todos los pensionistas, pero sería mejor que recibieran sus pensiones en vida. 
Informe Lamassoure (A5-0338/2001) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre la ayuda a Turquía, pero quiero decir que el Partido de los Pensionistas y yo mismo, pedimos a la Unión Europea más determinación. 
Los doce Estados que han pedido su ingreso en la Unión Europea deben ser admitidos en su conjunto en el año 2004 sin más condiciones, porque éste sería un acto político valiente, ya que dichos países están esperando sentirse realmente europeos desde hace 50 años. 
Señor Presidente, ¿acaso los seis Estados que firmaron el Tratado de Roma, antes de hacerlo, tuvieron que incorporar a su ordenamiento jurídico el acervo comunitario? 
No existía ninguna directiva comunitaria, y pesar de ello se ha logrado una gran Europa, con un acto político importante. 
Lo digo aquí: podemos admitir todos estos doce Estados en 2004, sea cual sea su situación legislativa. 
. (EN) He votado en contra del informe sobre Turquía. 
Turquía no ha adoptado todavía las medidas necesarias para restablecer plenamente los derechos políticos del pueblo kurdo, para suprimir la tortura y para abolir los tribunales y las cárceles especiales de seguridad que son causa de que los presos inicien huelgas del hambre que ya han costado más de 70 víctimas. 
Turquía ni siquiera ha fijado todavía un calendario preciso para cumplir los criterios políticos de Copenhague. 
Estamos sacrificando los derechos humanos por razones geopolíticas y militares. 
Eso no es admisible en un Parlamento democrático. 
Algunos políticos quieren que Turquía ingrese en la Unión Europea antes de que este país haya cambiado radicalmente. 
Por eso están dispuestos a cerrar los ojos ante algunas consecuencias muy negativas. 
Si se llega a admitir a un país excepcional como Turquía, las normas sobre libertades democráticas y de derechos humanos que existen ahora dentro de la UE se verían gravemente afectadas. 
El ponente ha querido dar la impresión de que se trata de pequeñas irregularidades en Turquía, que serán solventadas rápida y fácilmente. 
Afortunadamente, la Comisión de Asuntos Exteriores se ha mostrado mucho más crítica, aunque no lo suficientemente crítica. 
En efecto, las reformas anunciadas van en la buena dirección, pero son muy escasas. 
La puesta en libertad de los presos y la abolición de la pena de muerte se aplica a los reos condenados por haber cometido algún crimen, pero no se aplica a los adversarios políticos cuyos derechos no se quieren reconocer. 
No se reconoce aún la responsabilidad del genocidio de los armenios o se justifica como una manera normal de luchar contra la oposición, que también en el futuro se quiere poder aplicar. 
Además, no permiten que regrese la población expulsada de los 3.500 pueblos kurdos devastados en el sureste. 
El temor a lo que llaman "separatismo" hace que no puedan utilizar su lengua y que el uso de sus canciones y de sus escritos esté penalizado. 
Me parece que este país no va todavía por el buen camino hacia la UE. 
. (FR) La cuestión de Turquía nos remite crudamente a la naturaleza de la Europa que deseamos. 
Si se plantea en términos de adhesión a un bloque monolítico, la cuestión turca será extremadamente difícil de resolver. 
Baste pensar, por ejemplo, en el problema de la frontera exterior común. 
Si la construcción europea evolucionase decididamente hacia una geometría variable, nada impediría la participación de Turquía en determinadas políticas europeas en los ámbitos en que existiesen intereses comunes reales. 
En cambio, si nos quedamos en un concepto rígido de la Unión Europea, no habrá otra salida a plazo que volver sobre la decisión de Helsinki y reanudar con Turquía un proceso de asociación, como los emprendidos con los demás Estados mediterráneos que la geografía y la historia han situado fuera de Europa. 
Por otra parte, me sorprende enterarme, por el embajador de Turquía, de que el ponente, Sr. Lamassoure, es contrario a las enmiendas relativas al genocidio armenio, cuando su propia familia política participó activamente en el reconocimiento de este crimen por la Asamblea Nacional francesa. 
¿Hay aquí un doble lenguaje? 
Informe Lamassoure (A5-0343/2001) 
. (FR) Hemos votado en contra del informe Lamassoure relativo "a los progresos realizados por Turquía en el camino de la adhesión" porque no comprendemos cómo logra conciliar el ponente su idea de una Europa federal, con fuertes competencias supranacionales, y la inclusión de Turquía. 
Las normas de Derecho deben corresponderse con la identidad de un pueblo, y la práctica de la democracia se inscribe en este marco. 
Si no conseguimos encontrar ya el pueblo europeo, ¿qué sucedería con el pueblo turco-europeo? 
En realidad, el único mérito del informe Lamassoure es poner de manifiesto las contradicciones de la Europa actual. 
Si es necesario establecer cooperaciones fuertes con Turquía, éstas no pueden pasar en ningún caso por un poder supranacional que promulgue normas aplicables a todos de un modo uniforme, sino que deben resultar más bien de un diálogo de nación a nación, en el marco de una Europa de geometría variable. 
Por otra parte, el informe Lamassoure pasa por alto el reconocimiento del genocidio armenio de 1917, sin duda con ánimo apaciguador hacia Turquía. 
A nuestro entender, deberíamos ser más francos y pedir a Turquía que reconozca el genocidio. 
Evidentemente, es difícil, pero no sería el primer país que lamentase un episodio oscuro de su historia. 
Después, sería necesario que sacase conclusiones, con un fin auténticamente pacificador, y restableciese las relaciones diplomáticas con Armenia. 
. (FR) Hay cuestiones lacerantes, como las heridas históricas que permanecen abiertas en la comunidad armenia de todo el mundo. 
En su resolución de junio de 1987, el Parlamento Europeo pidió a Turquía que tuviese la valentía de abrir los ojos ante su pasado para poder mirar al futuro, pues la verdad histórica es garante de la democracia. 
No es negociable, no puede someterse a intereses particulares, financieros o económicos. 
Lo que hoy está en juego no es el reconocimiento de la realidad del genocidio armenio, pues nuestra Asamblea ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre ello en 1987. 
Lo que yo deseaba, al pedir que el informe Lamassoure hiciese referencia al genocidio, no era reavivar odios ancestrales o aventar las brasas de la intolerancia, sino hacerme eco de la preocupación legítima de las comunidades armenias. 
Los niños de Armenia que se exiliaron a principios de siglo a nuestras tierras esperan hoy un acto de justicia. 
Quieren una "sepultura moral" para sus antepasados. 
El deber de la memoria se impone tanto más en un momento en que los últimos testigos del exilio, los últimos supervivientes de las matanzas, se extinguen poco a poco. 
Estoy convencida de que la entrada en la UE supone la adhesión a los principios fundadores que presidieron su creación: democracia y respeto de los derechos humanos y de las minorías. 
Este ejercicio requiere, en particular, que cada uno de los países candidatos asuma su pasado para poder hacer las paces con su historia. 
La Asamblea no me ha seguido, lo lamento. 
. (FR) Me he abstenido sobre esta propuesta de resolución. 
Lamento que el Parlamento Europeo no haya sabido mostrarse coherente y haya rechazado las enmiendas en las que se pedía a Turquía que continuara el diálogo sobre el reconocimiento del genocidio armenio. 
El año pasado, el Parlamento se comprometió abiertamente a instar al Gobierno turco a que reconociera públicamente este período de su historia. 
Hoy, al amparo de artimañas, la Asamblea europea ha dado muestras de hipocresía. 
Con respecto a la posible adhesión de Turquía a la Unión Europea, les recuerdo que la verdadera cuestión de las fronteras de Europa sigue abierta. 
Continuamos debatiendo, al margen de los pueblos, una hipotética adhesión de este país a la Unión sin plantear la cuestión real de la identidad y el contorno de Europa. 
La Comisión y el Parlamento estarían más acertados si estudiaran las vías para una asociación en vez de una integración directa de Turquía. 
. (FR) Este informe sobre los progresos realizados en el camino de la adhesión a la Unión Europea se presenta en un contexto muy concreto. 
En primer lugar, Turquía se hunde bajo el peso de su deuda exterior (más de 120.000 millones) , lo que la obliga a consagrar cerca del 70% de su presupuesto al pago de la misma. 
A la espiral de la deuda responde un programa de austeridad y reformas estructurales que provoca un desempleo masivo y claros recortes en los presupuestos sociales. 
A las dificultades económicas hay que añadir una situación política degradada, en particular en lo que se refiere a los presos de conciencia, la negación persistente de los derechos de los kurdos, el no reconocimiento del genocidio armenio y, de un modo más general, la falta de respeto de los derechos democráticos de la población de Turquía. 
Aunque el informe tiene en cuenta las repercusiones sociales de la larga crisis económica y financiera y "se declara a favor del pago rápido de la ayuda económica de la Unión para acompañar las reformas, en particular, en el plano social; especialmente por lo que se refiere al establecimiento del Estado de Derecho y el fomento de la sociedad civil; considera que, pese a su aumento, el volumen de ayuda concedido a Turquía, no está aún a la altura de la importancia de las relaciones comerciales de Turquía con la UE", aunque el informe insiste "en la necesidad de dotar a Turquía de una legislación moderna en materia de derecho de huelga y de negociaciones colectivas", no corresponde a los gobiernos europeos, ni al Gobierno turco fijar las condiciones de adhesión. 
La población de Turquía es quien debe decidir y ser consultada mediante referéndum. 
Por estas razones no hemos votado a favor del informe. 
Informe Gahrton (A5-0366/2001) 
Vistas las características de la Organización Mundial del Comercio me pregunto qué hace un país grande y pobre dentro de ella. 
Quisiera aconsejar a China quedarse al margen, y confiar más en la autosuficiencia que en la participación en el comercio mundial. 
Sin embargo, también soy de la opinión de que no se le puede negar a China la adhesión si este país lo solicita. 
Durante muchos años la República Popular de China fue un país aislado internacionalmente e incluso ni siquiera reconocido por la mayoría de los estados. 
Desde que se produjo este reconocimiento, se considera el territorio de la isla de Taiwán, que ahora es gobernada por los sucesores del gobierno expulsado en 1949, como un estado no reconocido, para el cual hay que buscar ahora una solución. 
Por una parte, hay relaciones económicas y militares con esta isla, por otra se actúa como si no existiera. 
Me parece que es tan forzado adjudicar ahora Taiwán automáticamente a China como lo fue antes, cuando se consideraba China territorio de Taiwán. 
En más de medio siglo ambas partes han tenido su propio desarrollo y étnicamente ya había diferencias. 
Con desganas doy mi aprobación a las fórmulas propuestas aun sabiendo que no resolverán los problemas reales. 
Consejo Europeo de Gante (RC B5-0696/2001) 
En la cumbre de Gante, los líderes de la Unión Europea han encontrado una oportunidad más de colocarse al lado del imperialismo americano y de apoyar sus temerarios proyectos en Asia central, que pasan por los bombardeos asesinos en Afganistán. 
Han declarado abiertamente su intención de preparar una situación sucesora (de su gusto, evidentemente) en el régimen de los talibán y su deseo de ayudar en la "reconstrucción" de este país, revelando de esta manera su objetivo más oculto de no quedarse fuera del consiguiente reparto del botín. 
Incluso dan comienzo a una colaboración estrecha con los Estados Unidos en una serie de temas, incluida la cooperación judicial. 
Al frente del "enemigo interno", la cumbre tiene los ojos puestos en la aceleración de las regulaciones legislativas antidemocráticas para definir en común el terrorismo y la orden europea de detención con una premura que revela sus intenciones. 
En cuanto a Oriente Medio, se limita a realizar declaraciones generales sobre el estado palestino y a hablar de poner fin a la violencia, sin hacer referencia alguna a la hostilidad israelita. 
Se trata de una cumbre que, en total concordancia con las anteriores, desborda medidas antipopulares y acciones ofensivas contra los pueblos; una cumbre ante la cual los pueblos de los Estados miembros y los de todo el mundo deben sentirse inquietos e intensificar su lucha; una cumbre que confirma una vez más el carácter imperialista de la Unión Europea y da una buena lección a cuantos proclaman que la Unión Europea puede funcionar como contrapeso a la hostilidad americana. 
La resolución común no es más que una glorificación repugnante de las decisiones de la cumbre, sin ninguna muestra de sensibilidad ante sus consecuencias, tanto en el ámbito europeo, como en el mundo. 
Por estas razones, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra de la resolución. 
. (FR) El Consejo Europeo de Gante acaba de tener conocimiento de un informe de la Comisión sobre la preparación del paso al euro fiduciario, en el que se presentan 40 "buenas prácticas" que se sugieren a los bancos, a los gobiernos y a los comerciantes detallistas de los países miembros "con el fin de recuperar el tiempo perdido". 
Esta observación incidental de la Comisión debe llamar nuestra atención. 
¿Por qué vamos con retraso si la fecha para el cambio de las monedas y los billetes se fijó hace mucho y los gobiernos han tenido tiempo de sobra para prepararse? 
Esta es la explicación más probable: los responsables parecen haber considerado que los particulares, al encontrarse de todas en el lío, se verían obligados a adaptarse. 
Siendo así, ¿para qué molestarse? 
Esta actitud dice mucho de la filosofía de una operación que se ha presentado falsamente como centrada por completo en la mejora de la comodidad de los ciudadanos. 
Además, cuando se recorre la lista de las "40 buenas prácticas", se observa que se trata de pequeñas astucias de poca importancia- desde la indicación anticipada de los precios en euros hasta la ampliación de los horarios de apertura de las oficinas bancarias -, cuyo efecto sólo puede ser marginal. 
Pero las grandes medidas imaginables para paliar las dificultades de los ciudadanos, ya se trate de medidas financieras (indemnizar a los comerciantes y las microempresas por sus esfuerzos de adaptación) o de medidas técnicas (inscribir en los billetes y las monedas los valores en euros y su contravalor en moneda nacional) , han sido resueltamente descartadas. 
Es cierto que, para la doble inscripción en los billetes o monedas habría habido que pensar antes y, para ello, habría habido que preocuparse realmente por ayudar a los particulares. 
Pero nada hay más ajeno a los creadores de la moneda única. 
Quizás, después de todo- no hay mal que por bien no venga -, los ciudadanos se darán cuenta, a principios del año próximo, de que en realidad poco han contado en el establecimiento de la moneda única. 
Y a lo mejor extraen algunas verdades generales sobre la auténtica naturaleza de Bruselas. 
A pesar de que la resolución hoy aprobada por el Parlamento Europeo comprende algunos aspectos que consideramos positivos, no podemos dejar de afirmar nuestro distanciamiento y crítica de los aspectos muy negativos, en particular su apoyo a la estrategia de guerra aplicada por los EE.UU en el Afganistán, cosa que no sólo no resuelve el problema, sino que, además, agrava la crisis en materia de asuntos humanitarios y las situaciones de racismo y xenofobia. 
También criticamos la insistente presión política encaminada a acelerar la militarización de la UE y la comunitarización de aspectos vinculados con la "justicia y asuntos de interior", con la "creación de un verdadero espacio judicial europeo". 
Resulta particularmente preocupante la presentación de propuestas encaminadas a la creación de la "orden europea de busca y captura" o la polémica y peligrosa definición común de acto terrorista, así como medidas gravemente atentatorias contra las libertades, las garantías y los derechos fundamentales en relación con la coordinación y la eficacia de los medios represivos en un marco de cooperación con los EE.UU. 
Tampoco podemos dejar de referirnos a la sintomática ausencia en la resolución de referencia de crítica alguna a las decisiones del Consejo de Gante en cuanto a la reafirmación del cumplimiento del "Pacto de Estabilidad", con el mantenimiento de la política de moderación salarial, o a la reforma de los mercados laborales, a los procesos de liberalización de los servicios públicos- de la que la reciente decisión sobre los servicios postales constituye un ejemplo -, a la reforma de los servicios públicos de prestaciones sociales o a la reafirmación por el Consejo del lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones en el ámbito de la OMC. 
Medidas gravosas para los intereses de los trabajadores y de las poblaciones de los diferentes países de la UE. 
En cuanto a la creación de una "Convención" para la "preparación" de la nueva CIG, consideramos que su objetivo esencial es la pretensión de limitar o condicionar las decisiones soberanas de los gobiernos y de los parlamentos nacionales. 
A eso se ha debido nuestro voto en contra. 
. (FR) La Cumbre informal de Gante, como las anteriores, ha puesto de manifiesto las disensiones existentes entre los Jefes de Estado, como comentaron ampliamente los medios de comunicación. 
Pero, más allá de esta discordia aparente, se ha obtenido unanimidad sobre una cuestión esencial: la UE está, aunque parezca imposible, en guerra, y va a reforzar su compromiso de participar en los combates. 
Su arsenal represivo ha dado un salto adelante: 
la Fuerza de intervención rápida va a materializarse; 
un espacio judicial europeo permitirá crear un ministerio fiscal, armonizar las penas; 
las prerrogativas de Europol van a reforzarse. 
Lo más peligroso, de forma inmediata, para las libertades de los ciudadanos es sin duda la instauración de una orden de detención europea, que permitirá agravar la represión en todo el territorio, creando un derecho de excepción para todos los supuestos terroristas. 
La definición del término terrorista se ha ampliado, podrá aplicarse a todos aquellos y aquellas que se resistan a un orden injusto, intolerable. 
Evidentemente, en esta Cumbre, no ha habido lugar para la Europa social; al contrario: se ha exigido moderación salarial y una reforma profunda del mercado de trabajo. 
La Europa social, en Gante, estaba en la calle: en las manifestaciones organizadas por los jóvenes y el mundo laboral. 
Por ello, de acuerdo con estos movimientos, votaremos en contra de esta resolución sobre los resultados de la Cumbre de Gante. 
. (IT) Los atentados del terrorismo fundamentalista no solo han derribado las Torres Gemelas de Nueva York, sino que parece que han contribuido de una manera determinante a desmitificar otros dos "pilares" de la orilla oriental del Atlántico: la política común de defensa y la política exterior europea. 
Al éxito devastador de este último atentado han contribuido abiertamente algunos Gobiernos europeos, los cuales tirando por la borda años y años de declaraciones de intenciones respecto a la definición de una política exterior europea y de buenos propósitos para la integración militar, han izado su banderita de "potencia nacional" sin tener, entre otras cosas, por sí solos ni la potencia real para hacer frente a la crisis mundial ni la credibilidad para garantizar la seguridad europea. 
La mini Cumbre a tres bandas que se celebró una hora antes de la Cumbre informal de los Quince ha sido la demostración del derrumbe que ha sacudido también a Europa. 
Y de nada sirven las declaraciones de adhesión difundidas al final de la Cumbre informal para luchar contra el terrorismo. 
Desde hace décadas estamos acostumbrados a leer magníficas declaraciones finales. 
Pero éstas se contradicen con los hechos produciendo legitimas perplejidades frente esta "Europa que no existe", que consigue unirse en las palabras y que desaparece cuando se trata de obrar y de actuar conjuntamente para hacer frente a los acontecimientos de crisis que amenazan la paz mundial. 
En estas condiciones, creo que la promoción de la Unión Europea como sujeto político es la principal tarea con la que nos enfrentamos. 
Los "triunviros" de Gante que ni siquiera invitaron al Alto Representante para la política exterior europea, no tenían este objetivo, preocupados como estaban, y como están, por la lucha por su liderazgo personal o por las próximas convocatorias electorales. 
Uno de ellos habló de "un nuevo papel protagonista de política exterior y de defensa de Alemania" olvidando añadir, como venía sucediendo desde hace 56 años y como remarca un atento editorialista, "en el ámbito de Europa". 
¿Se trata sólo de un olvido de los "antecedentes" o más bien de una manifiesta voluntad política nacional? 
Dichos "triunviros" no merecerían ninguna nota polémica si en el horizonte no hubiese aparecido otro triunvirato de mucho más peso, compuesto por los Estados Unidos, Rusia y China Popular. 
El triunvirato de Gante- "una bofetada a Italia y a Europa" según declaraciones del Presidente Prodi- con una Europa sin fuerza, será un peso pluma en el ring internacional y debilitará lo poco que existe de Europa. 
En su lugar, por el contrario, tiene que nacer una Europa con la fuerza, orgullosa de serlo y que deberá considerarse indispensable para garantizar los equilibrios regionales. 
El próximo Consejo Europeo de Leaken tiene que despejar las ambigüedades y las contradicciones surgidas en Gante. 
Para alcanzar este objetivo, debe ponerse un reto epocal: pasar de las palabras a los hechos e iniciar una "cooperación reforzada" en el ámbito de la Europa política. 
Esto redundará en beneficio también de la estabilidad económica y financiera, puesto que se corregirá asimismo la anomalía de un Banco Central Europeo sin un Gobierno europeo detrás suyo. 
¿Pero, en la tan desastrada situación actual, se pueden hacer conjeturas sobre un reto similar? 
No renuncio a pensar que la vía de la integración conducirá a una mayor cohesión de los elementos que están en juego. 
Indudablemente, 15 Estados más cohesionados en los ámbitos de la seguridad y de la defensa, por lo tanto con una política exterior definida, representan una fuerza mucho más eficaz en la lucha contra el terrorismo internacional y para garantizar la paz. 
Hechas estas consideraciones y manifestando mi reserva respecto al método de la "Convención" para la redacción del proyecto de reforma institucional, voto a favor de la resolución confiando en que las declaraciones se traduzcan por fin en hechos. 
. (SV) Veinte millones de afganos sufren las consecuencias de unos bombardeos cuyas causas están fuera de su control. 
El Comisario de Derechos Humanos de la ONU ha pedido que se suspendan los bombardeos para poder distribuir alimentos a la población antes del invierno. 
Tres años de sequía hacen que la situación sea insostenible. 
Por eso, en la votación sobre la reunión informal del Consejo Europeo en Gante, he dado mi respaldo a las enmiendas 2 y 3. 
Sin embargo, también es necesario que los talibanes dejen pasar los transportes destinados a los necesitados. 
Pedimos a Pakistán que permita a buscar refugio a los que huyen. 
Informe Poos (A5-0308/2001) 
Señor Presidente, he votado a favor, sin embargo, tanto en nombre del Partido de los Pensionistas como en el mío propio, en mi condición de europeísta convencido, pido que el Consejo tenga menos poderes y el Parlamento más poderes. 
Todos sabemos que el Consejo es elegido por aquellos que a su vez son elegidos por los ciudadanos, pero el Parlamento Europeo es elegido directamente por los ciudadanos. 
Nosotros somos Europa. 
El Parlamento Europeo debe ejercer el poder legislativo y el Consejo puede ejercer alguna pequeña función legislativa que afecta a todos los Estados, como la defensa y los asuntos exteriores, pero nada más. 
En consecuencia, insisto en que se haga todo lo posible para atribuir al Parlamento Europeo todo el poder que merece, respecto al Consejo al que, por el contrario, se le han de reducir los poderes que no merece. 
Observamos que desea jubilar al Consejo, lo que no nos sorprende dada su trayectoria política. 
. (SV) El motivo de que "las funciones del Alto Representante de la PESC y del miembro de la Comisión responsable de las relaciones exteriores deben unificarse en un mismo cargo bajo la tutela de un vicepresidente de la Comisión" es que a largo plazo será difícil mantener el doble comando político en el segundo pilar. 
Desde el punto de vista de la claridad financiera resulta problemático que la UE cuente con dos administradores de su política exterior. 
Sin embargo, esto no significa de modo alguno que apoyemos un superestado en las materias del segundo pilar. 
Por eso no queremos que la PESC se incorpore al primer pilar, el pilar comunitario. 
Esta postura vale también en lo concerniente al punto 3 del informe sobre avances en la ejecución de la política exterior y de seguridad común (A5-332/2001 ponente: Sr. Brok). 
. (FR) Nuestro voto en contra de la reforma del Consejo no significa ninguna preferencia por su funcionamiento actual. 
Lo que importa no es la forma constitucional del Consejo- aunque habría muchas cosas que decir sobre su carácter antidemocrático- sino su contenido. 
La razón de ser fundamental del Consejo es gestionar los asuntos colectivos de las clases dominantes de los distintos países de Europa, siempre que sus intereses respectivos no sean contradictorios y que se alcance un consenso general. 
Pero el Consejo Europeo no representa más los intereses de la mayoría de la población de la Unión que los distintos gobiernos los intereses reales de sus respectivas poblaciones. 
La forma aparentemente democrática que reviste la designación de los gobiernos nacionales mediante elecciones no les impide estar al servicio de los grandes empresarios de sus países. 
Con más razón el ejecutivo de Europa, que ni siquiera está sujeto a una elección. 
Nosotros no avalamos ni el funcionamiento actual de las instituciones europeas ni su funcionamiento reformado. 
El informe Poos sobre la reforma del Consejo es polémico y contradictorio y, aunque cautelosamente, abre más puestas al federalismo europeo. 
Por un lado, tiene aspectos positivos encaminados al refuerzo de la transparencia, independientemente de la concepción de la evolución de las instituciones en una Unión Europea ampliada, como sucede en las referencias que hace al funcionamiento del Consejo y a la mayor participación de los parlamentos nacionales y regionales en las políticas de la UE. 
Por otro lado, presenta aspectos muy polémicos, en particular la transferencia a la Comisión de las funciones del Alto Representante para la PESC, con disminución de los poderes del Consejo y una mayor comunitarización de esa importante política, cosa que sólo puede merecer nuestra oposición. 
Simultáneamente, establece vías para el funcionamiento del Consejo que pueden llegar a afectar negativamente al papel de los gobiernos nacionales, con vistas a la profundización del federalismo, de entre las que destacamos las siguientes: el fortalecimiento del Consejo de Asuntos Generales, que se reuniría, de preferencia, semanalmente con ministros delegados; la distinción entre Consejo legislativo y Consejo ejecutivo, el primero de los cuales debe funcionar públicamente, lo que parece ir orientado a la creación de algo así como un Senado de la Unión Europea. 
Así, mediante el voto en contra, confirmamos la oposición a la vía federalista sin poner en entredicho los aspectos positivos del informe. 
. (FR) ¿Reformar el Consejo? 
La evidencia de esta necesidad, al igual que el déficit democrático de la construcción europea, saltan a la vista de toda la opinión pública europea. 
Reforzar la democracia y la transparencia, la participación y el control de los ciudadanos, deberían ser las condiciones sine qua non de la reforma. 
Y se debería mostrar más prudencia antes de explicar, como hace el ponente, que todos los disfuncionamientos se deben a la inobservancia de los Tratados o incluso a la pérdida de poder de la Comisión y del Consejo de Asuntos Generales. 
Ahora bien, aparte de las mejoras estructurales, como el fortalecimiento del papel del Parlamento, el control de la Comisión y del Consejo, el aumento del poder de los ciudadanos, directa o indirectamente- a través de asociaciones, sindicatos, etc. -, habría que debatir hoy el sentido de esta construcción europea, que está dominada por el liberalismo, una construcción en las antípodas de la democracia y de la satisfacción de las necesidades sociales. 
Nuevas instituciones para otra Europa, ése debería ser el tema sometido al debate y al sufragio de los pueblos de Europa. 
Por ello no hemos votado a favor del informe Poos. 
. (EN) He votado con verdadero placer a favor del excelente informe del Sr. Poos. 
Como representante de Escocia y miembro de la sección de Alianza libre europea de mi Grupo, me satisface particularmente el párrafo 12 del informe que pide la participación "de los Parlamentos nacionales y, en los Estados federales o fuertemente regionalizados, de las regiones ,....incluida ,...., la participación en el propio Consejo de conformidad con el Artículo 203 del Tratado CE". 
Para Escocia y países similares eso no será más que el principio, pero será un principio muy importante. 
A este Parlamento le preocupa el déficit democrático. 
Para remediar la situación, procuremos conseguir que se asigne un papel más importante a los otros parlamentos en lo que se refiere a la confección de la ordenación jurídica europea. 
Si queremos que los parlamentarios de todos los niveles en Europa participen con efectividad, es preciso que en el Consejo haya un debate legislativo abierto y público. 
Tenemos que poner de relieve la necesidad de que en el Consejo haya publicidad y apertura, según se estipula en el párrafo 26 del informe. 
Todas las reformas que se piden encarecidamente en este informe van en la buena dirección. 
Como antiguo ministro de Luxemburgo el Sr. Poos tiene muchos conocimientos de cómo funcionan las cosas dentro del Consejo, y ha sacado mucho provecho de ellos. 
Acierta cuando dice que las reuniones y debates a puerta cerrada van en contra de los principios de democracia y transparencia. 
Asimismo, afirma que los Consejos de especialistas sólo preparan las decisiones, en lugar de tomarlas ellos mismos. 
Y este nuevo puesto tan extraño de Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad común que se está convirtiendo en un superministro europeo de Asuntos Exteriores y de Defensa, pero a quien no se le puede pedir que rinda cuentas políticas, lo quiere integrar en una nueva cartera de relaciones exteriores de la Comisión Europea. 
El Sr. Poos se limita a lo que es factible dentro del margen de los tratados y reparto de poder actuales, para que esto se pueda llevar a cabo con rapidez. 
Doy mi apoyo a este intento. 
Pero aun habiendo realizado estas reformas, el Consejo seguirá siendo un estorbo, un residuo del principio inicial de las tres Comunidades que se sustrae al control de los parlamentos nacionales y del PE. 
En su día, la función de los ministros nacionales era en calidad de negociadores sobre la constitución del modelo de cooperación con su correspondiente derecho a veto. 
Pero su función actual como senado fuera de control y gobierno a la vez no tiene ningún sentido. 
Me parece que los parlamentos nacionales deberían asumir las tareas del Consejo porque cualquier forma de perpetuar su existencia significa un perjuicio para la democracia parlamentaria. 
. (FR) Hemos votado en contra de la resolución común PSE-PPE sobre la próxima Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en noviembre en Qatar, porque nos parece que, una vez más, nos mete en una trampa al aceptar la apertura de nuevas negociaciones comerciales internacionales sin que estén suficientemente claras ni las reglas del juego ni los objetivos. 
De la intervención de ayer del Comisario Lamy, sacamos la conclusión de que, si bien se esfuerza por presentar un variado abanico de objetivos para la futura negociación (liberalización, regulación, integración de los países en desarrollo, consideración del desarrollo sostenible) , la liberalización sigue siendo el objetivo número uno. 
Además, los textos de referencia de la OMC, centrados en una visión demasiado estrictamente comercial de los intercambios, impulsan automáticamente a adoptar esta prioridad. 
La situación se agravaría aún más, si se incluyese en el mandato de negociación la cuestión de las inversiones entre las competencias de la OMC, lo que podría resucitar el Acuerdo Multilateral sobre la Inversión (AMI) , de siniestra memoria. 
No sugerimos, sin embargo, que la liberalización sea mala en sí misma, como piensa una parte de la izquierda. 
Pero estimamos que ahora hay que hacer una pausa. 
Hay que tomarse el tiempo necesario para hacer un balance claro de la Ronda de Uruguay. 
Y, sobre esa base, iniciar sin duda una negociación, pero con el mandato prioritario siguiente: ¿cómo garantizar a cada sociedad, a cada democracia nacional, el derecho a elegir su modelo de vida? 
La liberalización sólo dejará sentir todos sus efectos beneficiosos si antes damos una respuesta concreta a esta pregunta. 
La creciente inquietud de los pueblos por las consecuencias de la mundialización se han expresado en las manifestaciones de Seattle, Praga, Génova. 
Las reacciones populares de tal dimensión muestran que la sociedad no ha aceptado las regulaciones de la OMC. 
Un factor determinante en el fracaso de las conversaciones han sido las movilizaciones, en las que han participado manifestantes de todo el mundo. 
La OMC, cuyo objetivo central es la liberalización total del comercio, fomenta básicamente un procedimiento de nuevo colonialismo y, hoy en día, es uno de los apoyos más sólidos del nuevo orden de cosas. 
Las normas de la OMC prestan servicio al fomento de los intereses de las compañías multinacionales predominantes, que ya tienen el monopolio de zonas del comercio internacional, y por eso es la pesadilla de los países en desarrollo y de los trabajadores, que ven cómo se van reduciendo sus derechos. 
Los países grandes fomentan los intereses de sus multinacionales, en detrimento de los menos desarrollados y no hacen referencia a la demanda constante de estos países de que se anule su deuda. 
En el sector agrícola se deben llevar a cabo, lo más pronto posible, las reestructuraciones necesarias para concentrar la tierra en unas pocas manos, a fin de que esto sea un eslabón de una cadena integrada controlada por los complejos multinacionales. 
Además, liberalizando los intercambios y anulando los aranceles y las subvenciones, se asesta un golpe directo a la producción agrícola, reduciendo su renta y su población y aumentando el desempleo. 
La producción agrícola de Grecia, así como la de otros países, se ve sacrificada para proteger los productos industriales de los países de Europa central y del norte, y para que éstos ganen una posición mejor en los mercados internacionales. 
Creemos que en la nueva ronda de conversaciones, la Unión Europea no va a defender los intereses de los pueblos sino que intentará reivindicar una vez más un porcentaje mayor para los monopolios europeos, en competencia con los otros centros imperialistas de los Estados Unidos y de Japón. 
Las normas que condicionan las relaciones económicas internacionales y el comercio deben prestar servicio a los intereses de los trabajadores, no deben afectar a los derechos fundamentales sociales, deben ayudar al desarrollo de los países menos desarrollados, respetar el medio ambiente y el derecho de todos los pueblos de ejercer ellos mismos el control y decidir su futuro. 
La OMC es, por su propia naturaleza, una construcción imperialista y se interesa por el mayor beneficio posible del capital y por formas más seguras, flexibles y sin barreras a la circulación del capital, especialmente del comercial y financiero, cuya consecuencia es la pobreza de grandes grupos de población en el mundo y, consiguientemente, la contaminación y la destrucción del medio ambiente. 
En este mundo del nuevo orden de cosas, en donde la ley de la selva se impone sea como sea, en donde el pez más grande se come al más pequeño, los pueblos cada vez entienden mejor que la única solución es reaccionar y contraatacar. 
El movimiento en contra de la mundialización y de la OMC, a pesar de su desemejanza y de su variedad, es un primer contraataque a la dictadura del capital monopolístico y a sus intereses económicos. 
Envía un mensaje de reacción y de contraataque a los millones de trabajadores, de parados, de pequeños y medianos agricultores, a todas las víctimas del orden capitalista mundial que la OMC quiere imponer. 
Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra de la resolución porque en su mayor parte se sitúa junto a los proyectos del gran capital para realizar una liberalización extrema, para saquear más a los países más pobres, para exterminar a la población agrícola y para atacar las conquistas de los trabajadores y los derechos de los pueblos de todo el mundo. 
. (FR) Lamento que el Comisario Lamy no haya sido más explícito ayer con respecto a las divergencias existentes entre el mandato de negociación del Consejo y el proyecto de declaración ministerial de la Conferencia de Doha. 
He creído entender- pero en aquel momento el Comisario hablaba a media voz- que dichas divergencias se referían, en particular, al nuevo descenso en la protección exterior y en los apoyos internos a nuestra agricultura que reclaman algunos Estados. 
Lamento también que la resolución común que este Parlamento acaba de votar peque de incoherencia, al permanecer muda sobre la preferencia comunitaria, mientras, por otro lado, subraya con justeza el derecho de los miembros de la OMC a aplicar políticas agrícolas adaptadas a sus necesidades y condiciones y, en el caso concreto de los países de la Unión Europea, a defender un modelo agrícola europeo basado en la explotación familiar, la seguridad y la calidad de los alimentos, la protección del medio ambiente y el equilibrio territorial. 
La seguridad alimentaria comprende una dimensión estratégica sobre la cual los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre han arrojado una nueva luz. 
No es admisible que la Unión Europea dependa de forma permanente de las importaciones- en una medida del 75% de sus necesidades- para una familia de productos tan importante, vital y estratégica como son las oleoproteaginosas. 
¿Cómo puede la Unión Europea condenarse a un crecimiento cero en un sector decisivo, en el que la producción mundial se incrementa un 5% al año? 
¿Qué pasaría en caso de imprevistos climáticos en el continente americano? 
El error funesto de Blair House, la absurda y severa autolimitación concedida en Marrakech, debe corregirse imperativamente en el próximo ciclo de negociaciones. 
La supresión completa de las harinas animales hace tanto más necesario respaldar el desarrollo de la producción comunitaria de proteínas vegetales: este objetivo debe ser prioritario para el negociador europeo. 
Nos mantendremos extremadamente atentos a esta cuestión. 
Informe Désir (A5-0331/2001) 
Señor Presidente, evidentemente, he votado a favor de este texto y por una democracia en el comercio internacional, pero me gustaría hacer más. 
También en mi condición de representante de los pensionistas con los que he tenido la ocasión de encontrarme en estos dos años y medio, quisiera lanzar este tipo de eslogan: "Pensionistas de todo el mundo, uníos". 
Los pensionistas son ciudadanos que tienen más dinero que los jóvenes y podrían condicionar el comercio y la economía de todo el mundo. 
Por lo tanto, hago un llamamiento para que todos los pensionistas y todas las personas mayores de todo el mundo se unan en una organización que pueda hacer oír el peso que su número les da derecho a tener, y puedan condicionar el comercio internacional para que, como todos nosotros deseamos, sea más humano, más próximo a los más necesitados. 
. (FR) Hemos votado a favor del informe sobre "la apertura y la democracia en el comercio internacional" para reafirmar nuestra exigencia de una reforma de la Organización Mundial del Comercio en el sentido de una mayor transparencia y equidad (en particular en la resolución de diferencias) , así como de un mayor control por parte de los pueblos. 
Pero a este respecto se mantiene una doble ambigüedad: en el ámbito europeo y en el de la OMC. 
En lo que se refiere a la Unión Europea, las reformas sucesivas de los Tratados han apartado prácticamente a los parlamentos nacionales del control y la ratificación de la política comercial común. 
El Tratado de Niza, en curso de aprobación, remata el trabajo al suprimirlos de las negociaciones sobre los servicios y la propiedad intelectual. 
Ahora bien, el Parlamento Europeo no ha tomado el relevo ni de hecho ni de derecho. 
Y en cualquier caso, aunque obtuviera un auténtico derecho de ratificación, el resultado final seguiría siendo un debilitamiento global del control democrático, debido a la eliminación de cualquier poder directo de las democracias nacionales, más próximas a los pueblos. 
Desde esta perspectiva, la propuesta del Parlamento Europeo de que se cree dentro de la OMC una asamblea parlamentaria consultiva parece el inicio de un escalón superior del desposeimiento. 
En efecto, esa asamblea podría legitimar un poco más que se pase de la opinión de las democracias nacionales, y que se instalen "regulaciones" que tengan por efecto encerrarlas aún más. 
Habría que afirmar, por tanto, muy claramente que la asamblea consultiva tiene por objetivo mejorar la información, pero en ningún caso sustituir, en modo alguno, a los parlamentos nacionales. 
Para nosotros, la primera "regulación" que hay que tener en cuenta es que cada pueblo, expresándose directamente o a través de su parlamento nacional, tiene derecho a elegir su modelo de sociedad y las leyes que se aplican en su país. 
. (FR) El ponente de este texto no puede tener la ingenuidad de pensar que las escandalosas desigualdades existentes en materia de intercambios comerciales se deben a que la mayoría de los países participantes en la OMC están marginados "debido a modos de trabajo no inclusivos o a la falta o a la escasez de su representación en Ginebra" o incluso a "costumbres heredadas del GATT". 
Las relaciones económicas entre países, y en particular las relaciones comerciales, sólo obedecen a la ley del más fuerte, y en absoluto a esa "democracia" que el ponente desearía introducir en ellas. 
Los países imperialistas imponen su ley a los países del Tercer Mundo, y los Estados Unidos imponen la suya hasta a las potencias imperialistas de segunda clase. 
Evidentemente, no se alterará la relación de fuerzas concediendo a los países más pobres algunos puestos más de funcionarios en la OMC o en cualquier otro organismo internacional. 
En realidad, los motivos del informe residen en el hecho de que este comercio internacional, cuyas leyes parecen leyes de la selva, provoca protestas y manifestaciones. 
En la incapacidad para cambiar el fondo de las cosas, se pide al Parlamento Europeo que dé un tono democrático a unas relaciones que se encuentran en las antípodas de unas relaciones en pie de igualdad y de la democracia. 
Evidentemente, no hemos avalado estos melindres y hemos votado en contra del informe. 
. (FR) Martes 11 de septiembre de 2001: aviones regulares llenos de pasajeros se estrellan contra dos símbolos de la superpotencia Americana: las torres gemelas y el Pentágono. 
América es herida en su propia carne, pero también lo es todo un proyecto de civilización. 
De este acto horrible que afecta a los Estados Unidos, principales agentes y beneficiarios de una globalización cada vez más desigualitaria, debemos extraer una enseñanza: los países industrializados no pueden seguir eludiendo una reflexión sobre las relaciones Norte-Sur. 
Los disturbios de Seattle, Gotemburgo o Génova encerraban ya los primeros síntomas de esta fractura mundial. 
Ahora, debemos preguntarnos, en particular, por los órganos de regulación de esta globalización. 
El informe de nuestro compañero Harlem Désir es a este respecto edificante. 
En Seattle, por ejemplo, la delegación de los Estados Unidos estaba formada por unas 150 personas, las de Japón y la Unión Europea por un centenar, mientras que la mayoría de los países en desarrollo sólo contaban con un representante. 
Es difícil que en estas condiciones los más pobres del planeta puedan hacer oír la voz de su pueblo. 
Si la legitimidad de la OMC no puede ponerse en duda, su funcionamiento y transparencia, así como su eficacia en términos de reparto de la riqueza, son más que discutibles. 
Creo que las propuestas del ponente dirigidas a responder a este triple desafío van en la dirección correcta, por ello he votado a favor de su informe. 
Ahora bien, nuestra acción no debe limitarse a esto: tendremos que actuar también directamente sobre la deuda de los países pobres, mostrar menos arrogancia y más respeto hacia nuestros interlocutores del Sur, y dejar de querer imponerles nuestro estilo de civilización. 
La cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, que debe celebrarse en Doha, Qatar el próximo mes de noviembre, representa una oportunidad que hay que aprovechar para que estas palabras llenas de buenos sentimientos se transformen en acciones concretas, como pilares para un mundo más justo y solidario. 
La existencia de una Organización Mundial de Comercio tal vez podría tener un sentido si se limitara a facilitar los contactos comerciales entre los estados individuales muy alejados de otros estados que desean mantener relaciones comerciales. 
Lamentablemente, las pretensiones de la OMC actual van bastante más lejos. 
Está intentando imponer unas normas a los estados miembros, con las que la protección laboral, medioambiental y la defensa de los servicios sociales se supeditan al libre comercio y a la protección de las grandes multinacionales. 
La OMC se ha convertido en una especie de ONU alternativa, pero en la que no cuenta el poder del número de habitantes sino el poder del dinero. 
Debido a la globalización impuesta se aumenta la diferencia entre los países ricos que exportan productos caros de alta tecnología y los países pobres que dependen de la exportación de materias primas baratas procedentes del sector agrícola y minero. 
Los beneficios de las inversiones que se han realizado en estos países vuelven a los países ricos. 
Esta OMC intenta mantener esta situación de abuso, lo que la convierte en una amenaza para el bienestar, el medio ambiente y la democracia. 
El Sr. Désir ha hecho un intento muy meritorio de fomentar la transparencia y la democracia en el comercio internacional y por eso le brindo mi apoyo. Sin embargo, me temo que el resultado será insuficiente si no se llevan a cabo más cambios en el sistema actual. 
Informe Brok (A5-0332/2001) 
Señor Presidente, como me suele suceder, al regresar de mi visita a Eslovaquia, en el avión que de Bratislava me llevaba a Praga y desde allí al aeropuerto de Malpensa, me dormí y tuve un sueño. 
Sabiendo que el Sr. Brok es tan experto en política exterior, soñé con que se había convertido en ministro de Exteriores de la futura Europa. 
También soñé con que en el avión, además del Sr. Brok, había unas guapísimas azafatas rubias de la República Checa. 
Estoy seguro de que esas guapas chicas rubias seguirán siendo un sueño, pero ¿acaso el Sr. Brok ministro de Exteriores se convertirá en realidad? 
Debo reconocer que el Sr. ponente, el cristiano demócrata alemán Sr. Elmar Brok, no tiene pelos en la lengua. 
Tanto la propuesta de resolución como la exposición de motivos se distinguen por su militarismo, cinismo hostil sobre el contenido de la PESC (Política Exterior y Política de Seguridad Común) y la PECSD (Política Europea Común de Seguridad y Defensa). 
Estima que, especialmente desde mediados del año 2001, se ha consolidado la voluntad política común sobre la acción operativa, y refiere como ejemplos de la feliz intervención autónoma de la Unión Europea en la "gestión de las crisis" Oriente Medio y la ARYM. 
A continuación da en el informe una larga lista de medidas y de instituciones de las que la Unión Europea dispone en la actualidad, para ejecutar la "pía" obra de "prevenir los conflictos" y de "gestionar las crisis" (que naturalmente la Unión Europea se ocupará de provocar) en todo el planeta: fuerza de reacción rápida, cuyo objetivo primordial es la creación, hasta el año 2003, del Ejército Europeo de 60.000 hombres en un principio, medidas para un rápido desembolso de fondos, gestión no militar- pero armada- de las crisis (mediante la creación de un cuerpo de 5000 policías) , un (nuevo) Centro de Análisis y una unidad de planificación estratégica y de alerta temprana (las dos al servicio de Solana) , etc. Rusia, Ucrania, Moldavia, África, Latinoamérica, etc. se consideran, además de nuestra vecindad, socios estratégicos. 
El objetivo declarado es imponer un servicio político de los intereses imperialistas, que estos países admitan las normas del mercado capitalista y naturalmente... respeto de los derechos humanos, tal como los entiende la Unión Europea. 
Más allá, en nombre de la "responsabilidad global por la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible", se subraya la necesidad de que la Unión Europea desarrolle sus planes estratégicos en Irán, China, Corea e Indonesia. 
En otras palabras, el informe Brok pone de relieve cínicamente la naturaleza imperialista de la Unión Europea que, sin embargo, haciendo una virtud de la necesidad, quiere fomentar sus intereses gozando de una colaboración excepcional con los Estados Unidos, explotando también los medios de la OTAN. 
El informe es realmente claro en cuanto al reparto de los papeles entre los dos centros imperialistas, los Estados Unidos y la Unión Europea: de ser posible actuarán junto con los Estados Unidos; pero también sin ellos, cuando no estén dispuestos o preparados para hacerlo. 
Completamente compatible con esta posición es la postura de apoyo incondicional a los Estados Unidos en la nueva guerra imperialista en Afganistán, y en general en el ámbito de Eurasia; con la excusa de combatir el terrorismo mundial que, como maná caído del cielo, llega hoy tras la disolución de la URSS y del Pacto de Varsovia para brindar la coartada, el rival deseado, a los imperialistas; para justificar la intensificación del armamento, la limitación de los derechos de nuestros pueblos, el acorazamiento múltiple de sus sistemas, sus intervenciones de toda índole- militares o no- en toda la superficie del planeta. 
Sobre el informe es característica la declaración del Sr. Brok a la Sesión Plenaria del Parlamento Europeo en su presentación: "si queremos ser convincentes y dignos de credibilidad en nuestra política exterior, debemos demostrar día a día que estamos dispuestos a imponer militarmente lo que no admiten con otros medios... " 
¿Quién puede poner en duda hoy en día la postura marxista de que la guerra está en la naturaleza del capitalismo y, aún más, del imperialismo? 
He aquí por qué, señor Presidente, los pueblos no se pueden permitir el lujo de dormirse en los laureles. 
El frente pacificador en el ámbito nacional, europeo y mundial frente a los belicistas capitalistas, es la única perspectiva de supervivencia de la humanidad. 
La existencia y el mantenimiento del ejército siempre se ha justificado con el argumento de que era necesario para defender la libertad del propio territorio y para disuadir a posibles fuerzas de ocupación. 
Como a nadie le gusta que le invadan su territorio, la mayoría de la población aceptaba la necesidad de tener un ejército, aunque muchas veces con escepticismo o a regañadientes. 
En cambio, el empleo de tropas fuera de las fronteras se ha visto siempre, con razón, como un tipo de agresión y de imperialismo. 
En los últimos años hemos presenciado una ofensiva para justificar esta actuación de los ejércitos fuera del territorio nacional. 
Ya pasó en Iraq, en Kosovo y ahora en Afganistán. 
Al asumir el Sr. Solana su nueva función dijo que veía muchos lugares fuera de la UE con posibilidades de desplegar tropas. 
El Sr. Brok quiere que dispongamos pronto de unas "fuerzas de intervención rápida". 
Esta parte de sus propuestas la rechazo tajantemente. 
Sí coincido con él en querer luchar contra el blanqueo de dinero y contra el tráfico internacional de drogas, en la búsqueda de una solución humanitaria y política para Chechenia, en un refuerzo de las tareas de paz de la ONU y en condicionar la ayuda a Macedonia a la realización de la modificación constitucional acordada. 
. (FR) No puede dejar de chocar el gran desfase existente entre el informe del Sr. Brok y el nuevo curso que han tomado las relaciones internacionales desde el 11 de septiembre. 
El ponente menciona, cierto, el 11 de septiembre, pero sin sacar ninguna conclusión de ello en cuanto a la reorientación de la PESC. 
Al contrario, se limita a los dogmas tranquilizadores del viejo pensamiento, organizados en torno al "todo comunitario": hay que comunitarizar al Alto Representante de la PESC, decidir acciones comunes por mayoría, etc. 
Ahora bien, el nuevo panorama internacional que se presenta con la lucha perdurable emprendida contra el terrorismo impone dos ámbitos de acción: el ámbito nacional, que dispone de palancas de regalía decisivas en esta nueva forma de guerra, y el ámbito mundial, el único adecuado para las largas cooperaciones necesarias. 
El ámbito europeo es sólo una fase intermedia, a menudo demasiado estrecha para aprehender los circuitos y las redes mundiales del terrorismo internacional. 
En los períodos de tensión, las cooperaciones decisivas tienden a organizarse directamente entre Estados. 
Así ha sucedido con la significativa contribución militar aportada por el Reino Unido a la acción de los Estados Unidos, la Cumbre tripartita de Gante y la cooperación bilateral franco-alemana. 
En cuanto a la PESC, tendrá que adaptarse rápidamente al nuevo contexto diplomático. 
La necesaria coordinación entre los distintos pilares, así como entre el capítulo intergubernamental y los aspectos comunitarios, deberá organizarse en torno al Consejo, que es el único que puede desempeñar el papel de pivote. 
La misma exigencia de eficacia debería conducir a la creación de un Consejo de Asuntos Exteriores específico, independiente del Consejo de Asuntos Generales, un punto que ya evocó el Comisario Barnier en su intervención. 
Si no se produce esta evolución, la PESC puede verse rápidamente marginada y encastillada en un papel puramente declaratorio. 
. (EN) Los conservadores británicos son firmes partidarios de la cooperación europea en política exterior y de la utilización de medios civiles de la UE en la prevención de conflictos, cuando haya intereses comunes. 
Ahora bien, insisten en que los gobiernos nacionales tienen que conservar una soberanía absoluta en materia de política exterior y de defensa. 
Nosotros, por lo tanto, no apoyamos ninguna gestión en favor del establecimiento de un servicio diplomático de la UE o en favor de dar un carácter comunitario a la política exterior, ni la ampliación de la competencia de Europol a zonas operativas, ni las medidas que podrían conducir a la creación de un Ejercito europeo. 
Estimamos que la OTAN debe ser la organización internacional de primera instancia, no solamente para cuestiones de defensa colectiva, sino también para todas las tareas apropiadas de gestión de crisis en las que se requiera la utilización de medios militares. 
OCM en el sector de la carne de ovino y caprino 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0340/2001) del Sr. Adam, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de ovino y caprino (COM (2001) 247- C5-0214/2001- 2001/0103 (CNS) ). 
. (EN) Señor Presidente, la organización actual es evidentemente insatisfactoria para todas las partes involucradas, particularmente los ganaderos de ganado ovino y caprino, pero también para los Estados miembros y la Comisión. 
Ha tolerado que el ingreso de los ovejeros caiga por debajo de los niveles generales de ingresos de otras secciones de la comunidad agrícola. 
Esta diferencia cada vez más mayor es una cuestión de seria importancia si tenemos en cuenta que extensas zonas de la Comunidad dependen sobremanera de la ganadería de ovino y caprino. 
El método seguido para calcular la prima es complicado y suscita sospechas desde el punto de vista estadístico. 
Las cifras sobre cuya base se justifica el posible pago de una prima para el ganado ovino no se pueden justificar satisfactoriamente porque requieren una información detallada acerca de lo que está sucediendo en el mercado y esa información no es fácil de obtener ni tampoco de demostrar. 
Otra deficiencia es que la prima se basa en los pagos por deficiencia. 
Este aspecto no es aceptable para la OMC y por lo tanto constituye un obstáculo para las negociaciones de carácter general sobre cuestiones agrícolas. 
Para los agricultores se abre un período de incertidumbre de 12 meses acerca de la prima anual que se percibirá. 
Debido a esa incertidumbre la prima no permite que se lleve a cabo una planificación efectiva de la gestión. 
Todas esas deficiencias han sido reconocidas por la Comisión y quedan claramente corroboradas por un estudio que se llevó a cabo antes de la preparación de las propuestas que estamos examinando ahora. 
La propuesta de la Comisión, en esencia, es más sencilla, menos burocrática y será más fácil de comprender. 
La diferencia fundamental es que se basa en el pago de una cantidad fija anual. 
Eso resulta menos discutible para la OMC, y por lo tanto será útil en las negociaciones agrícolas de carácter general en que está participando la Comisión. 
Aún más importante, desde el punto de vista de los agricultores, es que se sabrá de antemano que se va a percibir una prima y eso facilitará la adopción de decisiones sobre cuestiones agrícolas. 
Mis conversaciones directas con ganaderos de ganado ovino y caprino de la Comunidad confirman que las propuestas les resultan aceptables en términos generales. 
La información que he recibido de Estados miembros es que también son aceptables en términos generales para ellos. 
Hay acuerdo en que convendría que se llegase a un arreglo sobre la revisión a tiempo para el 1 de enero de 2002, a fin de que la comunidad agrícola pueda beneficiarse lo antes posible. 
El principio de las propuestas de la Comisión es aceptable en general para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, aunque hay discrepancia en cuanto a la importancia relativa de los diversos elementos. 
La comisión parlamentaria propone una prima que es un 50 por ciento superior a la que indicaba la Comisión. 
Se rechaza la idea de que se abone una prima más baja en el caso de las cabras y las ovejas lactantes, y se propone un suplemento más elevado para el ganado ovino y caprino de zonas menos favorecidas. 
En el seno de la comisión parlamentaria se ejercen fuertes presiones en favor de que la organización del mercado tenga más en cuenta las diferencias entre países. 
Se han presentado una serie de propuestas, que abarcan cuestiones como las posibilidades de extensificación, la reducción de existencias y la adquisición de derechos a la prima. 
También hay propuestas que permitirían que los Estados miembros aportaran pagos adicionales en función de la superficie y el número de reses. 
Esos pagos se basarían en criterios objetivos que, entre otras cosas, podrían incluir consideraciones ambientales, chapas de identificación y rastreabilidad de los animales. 
En la ganadería ovina no se han conseguido los adelantos de productividad que han podido apreciarse en otros sectores agrícolas. 
Se han introducido enmiendas que piden que la Comisión apoye una mayor promoción de la comercialización. 
Para el éxito será muy importante que se consiga estimular el consumo entre los jóvenes. 
La comisión parlamentaria reconoce que nos hallamos en una fase provisional y espera recibir informes de la Comisión acerca de las consecuencias ambientales, la rastreabilidad y las técnicas de pasto. 
Se supone que todo esto se traducirá en reformas más amplias cuando tenga lugar el examen de mitad de período de Agenda 2000. 
La Comisión de Agricultura espera que la Comisión dé una respuesta positiva a las enmiendas que ha propuesto. 
. (EN) Señor Presidente, mi informe en nombre de la Comisión de Presupuestos es breve, pues se ha pedido a la Comisión de Presupuestos que dé su opinión acerca de la propuesta de la Comisión. 
En general estábamos en favor de la propuesta. 
En primer lugar, la propuesta refuerza la política seguida, pues la hace mucho más sencilla y mucho más defendible en las negociaciones del GATT, lo que representa una seguridad a plazo más largo para los agricultores que se dedican a la ganadería ovina y caprina. 
Propusimos una enmienda en relación con la identificación individual. 
No lo hicimos con la intención de plantear la cuestión de la seguridad alimentaria, ni para plantear cuestiones de la incumbencia de la Comisión de Agricultura. 
Lo único que queríamos era conseguir que se abonaran primas por las ovejas y las cabras que existían realmente y que pudiéramos contar con una fórmula para contar y contabilizar los animales. 
Como soy responsable ante la Comisión de Control Presupuestario por los productos animales, estimé que tenía la obligación de insertar la enmienda. 
Hablando en mi propio nombre diré que la Comisión de Presupuestos tiene responsabilidades concretas. 
En términos generales puede decirse que ésta es una propuesta objetiva de la Comisión, pero la Comisión de Agricultura tiene determinadas responsabilidades respecto de los agricultores. 
Apoyo la actitud que ha adoptado a este respecto. 
Apoyo la enmienda Doyle, que fue aprobada por la Comisión de Agricultura. 
En cuanto al costo, la Comisión de Presupuestos añadió aproximadamente 400 millones de euros en cortes horizontales que el Consejo dedujo del presupuesto, o sea que añadimos esta mañana 400 millones de euros. 
Añadimos otros 400 millones de euros en relación con medidas relativas a la salud animal. 
El presupuesto de este año es un dos por ciento más elevado en términos reales que el que teníamos cuando empezamos el año pasado, y en términos reales representa más del cinco por ciento si tenemos en cuenta la producción. 
Mi opinión, y la opinión de los diputados del Parlamento Europeo que son miembros de la Comisión de Presupuestos es que contamos con fondos suficientes para atender lo que ha pedido la Comisión de Agricultura: si la posición de Doyle es aceptada por el Parlamento y por el Consejo habrá recursos suficientes para financiar la política. 
El dinero pasará de las zonas ricas a las zonas pobres, de las grandes explotaciones agrícolas a las explotaciones agrícolas más pequeñas. 
Es una medida social y regional que podemos aceptar. 
Señor Presidente, repito lo que acaba de decir mi colega, el Sr. McCartin. 
El Sr. McCartin ha tomado la palabra en nombre de la Comisión de Presupuestos. 
Hay dinero suficiente para atender las propuestas que ha presentado la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, con miras a fijar una prima de cuantía fija de 30 euros y una prima suplementaria de 9 euros. 
Hay dinero para ello. 
Insto a mis colegas a que apoyen la opinión de la Comisión de Agricultura. 
Mucho temo que el voto de esta noche- y estamos a jueves- no corresponda a la importante decisión mayoritaria de la Comisión de Agricultura sobre esta cuestión concreta. 
El ingreso medio comunitario de los productores de ganado ovino y ganado caprino figura generalmente entre los ingresos más bajos de todos los sectores, especialmente en Europa septentrional en los que se cría a los corderos con arreglo a sistemas de producción de carne. 
Como ha dicho la Comisión: " a diferencia del buey y de otros productos, la Comunidad es deficitaria en carne de ovino y, con arreglo a los regímenes actuales, la producción de ovino registra un importante éxodo, especialmente en Europa septentrional. 
Sin querer, el régimen del ganado bovino apoya también esa separación respecto de la producción de ovino, pues a las ovejas se las cuenta para los pagos en virtud de este régimen pero no se abonan las cantidades, lo que estimula a los agricultores que tienen la opción de reducir el número de sus ovejas y aumentar el de las reses bovinas a fin de percibir pagos más importantes ". 
La solución más eficaz en función del costo, desde el punto de vista de una política agrícola común, consiste en lograr que el régimen del ganado ovino y ganado caprino, junto con las repercusiones del régimen bovino, estimule la asignación de la mayor superficie posible de tierras en Europa a la producción de ganado ovino. 
En comparación con la carne de ovino, una res ovina resulta por lo menos cuatro veces más cara. 
Los productores de ganado bovino necesitan todo el apoyo que se les presta, pero en vista de las dificultades con que se enfrentan actualmente no les conviene que se les plantee una competencia generada por sectores de existencias como consecuencia del desequilibrio de los regímenes respectivos. 
Soy partidario de la propuesta principal en favor de 30 euros en concepto de prima anual fija y única. 
Soy resueltamente partidario de ese sistema en lugar del actual sistema de pagos por deficiencia, que desde el punto de vista de la OMC es injusto, es incierto y es inaceptable. 
Apoyamos las enmiendas en favor de la flexibilidad para enviar un mensaje a la Comisión que indique que en algunos Estados miembros hay cierto margen de acción en relación con este régimen, a condición de que no se base en el sistema de pagos de cuantía fija. 
No podemos apoyar las enmiendas sobre la identificación y la rastreabilidad porque son cuestiones de la incumbencia de la DG V; no es que no apoyemos el principio, si nos oponemos es únicamente porque se trata de una cuestión de la incumbencia de otra DG. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes de nada, quisiera felicitar al Sr. Gordon Adam, nuestro ponente, por su trabajo y por su voluntad de ofrecer perspectivas a los criadores de ovejas y cabras, que suelen encontrarse en la parte baja de la escala de rentas agrícolas. 
Con su voto, la Comisión de Agricultura ratificó, como usted recordaba justamente, el principio de una ayuda fija de base, de una prima para el mundo rural y de una prima complementaria de flexibilidad, basada en criterios de calidad de los productos, de medio ambiente o de organización económica. 
No es menos cierto que los niveles elegidos por nuestra comisión deben ajustarse mejor en el pleno si el Parlamento quiere influir en el Consejo, y por tanto ser creíble. 
En efecto, la Comisión preconizaba un máximo de 28 euros por cabeza y la Comisión de Agricultura elevó ese importe a 44 euros, lo que rebasa en mucho las expectativas de los ganaderos y además puede resultar difícilmente compatible con los márgenes de maniobra presupuestarios. 
En nombre de mi Grupo, he presentado de nuevo dos enmiendas del ponente, dirigidas, respectivamente, a restablecer la prima básica en 25 euros por cabeza y la prima para los rebaños lecheros- de ovejas o cabras- en 20 euros. 
En el sector de la "carne", la ayuda máxima por cabeza sería de 39 euros, cifra que sitúa en igualdad de trato, en términos de primas públicas por hectárea, a los productores de ovinos y a los productores de bovinos de las explotaciones de producción lechera. 
Me parece que es un razonamiento absolutamente lógico, ya que estos dos tipos de ganadería cohabitan a menudo en las mismas regiones y en los mismos espacios, y a veces en las mismas explotaciones. 
Ahora bien, en los mercados nos encontramos con dos situaciones opuestas: una situación excedentaria de la carne de vacuno y una situación deficitaria de la carne de ovino. 
Si las primas por hectárea son de un nivel equivalente, se podría conducir a un reequilibrado de las producciones, pues entonces la elección de los ganaderos estaría influida por los precios del mercado. 
Por otra parte, si defiendo el mantenimiento de una diferencia entre la prima básica para el sector de la "carne" y para el sector lácteo, es porque la decisión contraria significaría que la economía láctea ovina y caprina carece de interés, algo que nadie puede creer. 
Por ello, Señorías, espero contar esta tarde que su apoyo a estas propuestas, que me parecen realistas y responsables. 
Señor Presidente, tengo el placer de comunicarle en nombre del Grupo Parlamentario Liberal que apoyamos las propuestas de la Comisión en grandes líneas. 
El nuevo sistema nos parece mejor que el antiguo que era más o menos un sistema basado en "deficiency payments". 
Somos también de la opinión de que las cantidades mencionadas por la Comisión de Agricultura son exageradas. 
Por lo tanto, daremos nuestro apoyo a las enmiendas de los Sres. Garot y Adam, que vienen a ser más modestas, pero que, efectivamente, nos proporcionan una buena posición negociadora con el Consejo. 
Mi Grupo Parlamentario ha presentado algunas enmiendas nuevas en relación con la identificación de los animales. 
Nos parece de suma importancia que, por ejemplo, a la hora de pagar las primas por cabeza, el sistema de control sea óptimo y que no presente fallos. 
Por este motivo, la Comisión debería apresurarse al máximo para introducir un nuevo sistema de identificación. 
Como punto final quisiera decir, pero esta vez no en nombre de mi Grupo Parlamentario, que he presentado unas enmiendas que quieren incluir también los diques y tierras de aluvión entre las regiones menos favorecidas. 
Antes que nada quisiera felicitar al ponente que tantísimo ha trabajado para sacar adelante este difícil informe. 
La agricultura ha sufrido un duro golpe el año pasado en el Reino Unido, y la ganadería de ovino, naturalmente, no ha sido una excepción. 
Teniendo en cuenta que el 80 por ciento de mi propio país- el País de Gales- ha sido designado por la UE como país menos favorecido y que la ganadería de ovino es el único método agrícola disponible en una gran parte de nuestro país, este informe tiene repercusiones trascendentales para Gales y para sus agricultores de zonas montañosas y de tierras altas, como también las tiene para sus contrapartes de Europa. 
Por eso soy resuelto partidario de aportar una ayuda financiera adicional para los agricultores de zonas menos favorecidas como Gales, e insto a mis colegas del Parlamento Europeo a que apoyen la concesión de pagos adicionales a esas zonas. 
Esta prima no resolverá de la noche a la mañana la crisis inmediata, pero necesitamos que la propuesta se tramite lo más rápidamente posible a fin de conseguir que el pago de primas anuales para la ganadería de ovino pueda comenzar en enero de 2002. 
La propuesta original no era muy prometedora, y se le ha consagrado gran cantidad de trabajo a fin de obtener las mejores condiciones posibles para los agricultores a ese respecto. 
Es evidente que quisiéramos que los agricultores obtuvieran la prima más elevada y más equitativa que fuera posible. 
Ahora bien, tenemos que limitarnos a las posibilidades presupuestarias, y por eso apoyo sin reservas la propuesta del Sr. Adam en favor de una prima de 25 euros y espero que el Consejo considere dicha propuesta como una opción muy viable, habida cuenta de las limitaciones que tenemos. 
Esforzarnos por obtener una cifra más elevada que ésa haría que perdieran dinero otros sectores, incluido el del desarrollo rural. 
Votaré en contra de la enmienda 21, pues estimo que su redacción es demasiado imprecisa, y me gustaría que contuviera una cláusula según la cual todo el dinero que se ingresara en la reserva nacional de una región o un país dentro de un Estado miembro debería estar bien protegido para conseguir que los beneficios de ese fondo se mantengan en esa esfera concreta, y me parece que ésta es una cuestión importantísima. 
Tenemos que proteger a nuestra industria de ganado ovino porque si los ganaderos siguen yéndose a otras industrias, la situación tendrá efectos catastróficos para las comunidades rurales en las que las pequeñas explotaciones agrícolas familiares desempeñan un papel de importancia vital. 
Raramente hemos visto un mayor grado de unanimidad acerca de la necesidad de reformar el sector del ganado ovino y caprino. 
El ponente, la Comisión, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento y las organizaciones agrícolas se manifiestan todos al unísono acerca de la necesidad de reforma. 
Incumbe ahora a este Parlamento y al Consejo el dar un efecto positivo a ese consenso. 
Ahora bien, hay un importante obstáculo que hemos de superar si queremos conseguir el objetivo apetecido. 
A no ser que consigamos llegar a un consenso razonable sobre el nivel de apoyo financiero para la ganadería de ovino, esta tentativa de reforma fracasará y la reducción de la producción de carne de ovino provocará un desequilibrio notable en el sector cárnico europeo, que se traducirá en una mayor presión sobre el sector ovino a medida que los agricultores pasan de un sector al otro. 
Por eso es una buena decisión en términos económicos el restaurar ahora el equilibrio. 
No se nos va a brindar una nueva oportunidad de resolver esta cuestión. 
Se habla mucho acerca de la sostenibilidad de la agricultura en la Unión Europea. 
Para mí la sostenibilidad quiere decir que se mantiene un equilibrio razonable entre todos los sectores, sin pérdida de los beneficios que aporta cada uno de ellos. 
No hace falta que recuerde al Parlamento lo importante que es la ganadería ovina en zonas que no son idóneas para otras empresas agrícolas, ni la importancia, desde un punto de vista de desarrollo rural, de la conveniencia de mantener a familias agrícolas en esas zonas. 
Ahora bien, sí que quiero reconocer los aspectos positivos de las propuestas de la Comisión, con inclusión de las conclusiones del informe del Comité de Evaluación, la simplificación de los procedimientos y la introducción de una prima única. 
En cambio, discrepo con la Comisión por lo que se refiere a su método de cálculo, basado en promedios. 
Eso no refleja equitativamente las dificultades que ha experimentado el sector a lo largo de un período prolongado. 
Durante el debate he presentado una serie de enmiendas. 
Mi propuesta en favor de una prima fija de 32 euros no recibió apoyo; se basaba en una evaluación equitativa y minuciosa hecha por economistas agrícolas y referente al grado de apoyo necesario para restablecer la equidad en el sector. 
En nombre de mi Grupo, apoyé entonces las propuestas en favor de 30 euros, cifra que estimo es el mínimo necesario para subsanar la diferencia y ayudar a conseguir que el sector vuelva a ser provechoso. 
Pido al Parlamento que no se desvíe de esa cifra, que puede acomodarse con las directrices actuales, y que apoye las enmiendas en favor de la compensación en caso de ampliación, la prima para el mundo rural y la financiación de la evolución del mercado. 
Como todos los diputados de este Parlamento, tengo muy en cuenta las repercusiones presupuestarias de la reforma. 
Una señal de advertencia: no reformen la situación de la carne de ovino a expensas de otros sectores, particularmente el bovino. 
Los que indican con placer que la agricultura se lleva casi el 50 por ciento del presupuesto deberían tener en cuenta que ese apoyo general es un subsidio para los consumidores y también un apoyo para la comunidad agrícola, cuyos miembros se espera que nos suministren alimentos de la debida calidad y con la debida cantidad y que al mismo tiempo mantengan el medio ambiente rural. 
Los que estiman que la agricultura recibe demasiados subsidios deben tener en cuenta la continua disminución del número de familias agrícolas y deberían preguntarse a qué se debe dicha disminución. 
En mi opinión, no deberíamos pasar por alto sin alarmarnos la renuencia de los jóvenes a trabajar en la agricultura, y deberíamos sopesar las consecuencias de la situación para el empleo y la seguridad alimentaria en el sector de los alimentos agrícolas. 
Cuando evaluamos la importancia de la agricultura para la economía europea y la economía mundial, no debemos aplicar los mismos criterios económicos que aplicamos a otros sectores. 
Señor Presidente, les pido disculpas por mi ausencia. 
La recomendación de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se mueve en una dirección más positiva que las propuestas de la Comisión Europea, pero sin que cambie significativamente la situación en el sector de la ganadería ovina y caprina. 
Por ejemplo, nos parece positiva la propuesta del aumento de la prima y de la ayuda especial, que no han aumentado desde 1993, consecuencia de lo cual es que se hayan desvanecido a causa de la inflación. 
Igualmente es positiva la propuesta que sean más flexibles las condiciones para conceder la ayuda complementaria. 
Sin embargo, no es positiva la propuesta de mantener la diferencia entre las subvenciones a la explotación mixta de carne y leche. 
Como excusa para mantener esta diferencia, la recomendación apela a la renta complementaria de los propietarios de las explotaciones mixtas por la producción láctea. 
Pero es que compara cosas distintas, porque las unidades de producción de carne que hay principalmente en los países del norte, son grandes empresas que garantizan a sus propietarios una renta satisfactoria y beneficios; mientras que las unidades de producción mixta de los países mediterráneos, son explotaciones agrícolas de carácter familiar, en las zonas más estériles, que no pueden garantizar una renta viable a sus propietarios, y así cada año se debilitan y que se abandonan estas regiones. 
En mi país, las cuotas sobre el ganado por cada explotación no han aumentado desde 1989-1991. 
La recomendación admite la lógica de las cuotas, y además intenta adornarla con propuestas de administración, en un momento en que el autoabastecimiento de la Unión Europea en carne ovina y caprina oscila en el 80% y cuando la ganadería ovina y caprina se desarrolla en las regiones más pobres de la Unión Europea, que normalmente no cuentan con otra opción profesional, y además los ganaderos son el grupo social más pobre en la Unión Europea. 
Si realmente hubiese voluntad de apoyar la renta de estas regiones y de dichos ganaderos, deberían abolirse las cuotas, aumentar las subvenciones, y dar otros incentivos complementarios. 
Una política de este tipo funcionaría de manera disuasoria ante la desertización de las regiones montañosas y estériles en su mayoría, mientras que simultáneamente garantizaría el autoabastecimiento de la Unión Europea en carne ovina y caprina. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la crisis que atraviesa la ganadería de los países europeos es de una magnitud sin precedentes. 
Si no se ataja, sus consecuencias para nuestras economías, nuestras sociedades y la vida en nuestros territorios serán temibles. 
En el sector bovino, a pesar de las tranquilizantes palabras del Comisario Fischler- que pretende hacernos creer que hemos dejado atrás la crisis- el descenso de ventas persiste. 
Lo que yo observo en mi país, por ejemplo, es que incluso a precios trágicamente bajos, que no cubren ni los costes de producción, los ganaderos no encuentran compradores para sus animales. 
La desesperación se extiende. 
Cada día, nuevos ganaderos que se ven obligados a cesar su actividad en condiciones dramáticas. 
Esperar hipócritamente el hundimiento del número de ganaderos sería una política suicida. 
En el sector ovino- insisto- la Unión Europea es muy deficitaria y, si se mira la pirámide de edades de los ganaderos, hay que prever, sin riesgo a equivocarse, que este déficit aumentará en los próximos años. 
Las rentas de los ganaderos ovinos se encuentran entre las más bajas del mundo agrícola. 
La propia Comisión lo reconoce. 
En la coyuntura actual, se observa también en este sector que muchos ganaderos viven situaciones desesperadas y se ven obligados a cesar su actividad por falta de una renta suficiente. 
Aparte de la tragedia humana y social que ello representa, es también un drama ecológico, pues la ganadería ovina y caprina es a menudo el último bastión contra el baldío en las regiones de agricultura difícil. 
Por ello, la Comisión de Agricultura ha considerado indispensable mejorar de forma significativa la propuesta de reglamento presentada por la Comisión, a fin de simplificar, hacer previsibles e incrementar las ayudas a un sector que sufre mucho, que tiene una gran repercusión económica, social y ecológica y que ofrece a los ganaderos bovinos, si se le refuerza suficientemente, una posibilidad de reconversión. 
Las propuestas muy coherentes que se les presentan tienden a aproximar el sistema de ayuda al sector ovino al régimen aplicable a las vacas nodrizas, al mismo tiempo que se respetan las exigencias presupuestarias, porque la OCM del sector ovino cuesta poco dado el número de clientes de los ganaderos. 
Estas propuestas obedecen también nuestros compromisos internacionales, ya que la reforma propuesta va en el sentido de separar las ayudas de un sistema de seguro de renta, que podrá desempeñar el papel de una red de seguridad. 
El sector ovino necesita hoy estabilidad y fortalecimiento, pues de no ser así desaparecerá en muchas regiones. 
Espera una reforma que sea, a la vez, generosa y responsable: es la que les propone la Comisión de Agricultura. 
Espero que la Asamblea nos apoye y que el Consejo nos oiga. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión de crear una prima única anual es positiva, porque simplifica y da más estabilidad a las rentas de los agricultores. 
Ahora bien, presenta diversas lagunas e insuficiencias. 
La primera es el nivel insatisfactorio de la prima propuesta de 21 euros, que sigue reflejando una discriminación del sector de los pequeños rumiantes respecto de los grandes rumiantes. 
Por eso, se debe que la propuesta de 30 euros que la Comisión de Agricultura aprobó corregirá esa discriminación. 
Ahora bien, si dicha propuesta no recibe el apoyo mayoritario de esta Asamblea, apoyaré, naturalmente, cualquier otro nivel que contribuya a la consecución de ese objetivo. 
La segunda insuficiencia se plasma en la continuidad de la discriminación entre ovejas de carne, por un lado, y, por otro, ovejas de leche y caprinos, pues estos últimos reciben sólo el 80% de la prima atribuida a las ovejas de carne. 
Las propuestas aprobadas por la Comisión de Agricultura corregirán también esa iniquidad, al hacer que todas las primas sean iguales. 
La tercera insuficiencia tiene que ver con la exclusión de mecanismos de flexibilidad que permitan a los Estados miembros introducir algunas adaptaciones a las realidades nacionales y regionales. 
A ese respecto, las enmiendas de la Comisión de Agricultura, encaminadas a crear una prima complementaria con ciertas condiciones, enriquecerán enormemente la aplicación de la OCM e introducirán más realismo y adaptación al medio. 
Conforme reconoce la propia Comisión en la exposición de motivos, los productores de ovinos y caprinos tienen las rentas más bajas de todos los productores de carne, con la agravante de que el 80% de los animales elegibles para la prima se encuentran en zonas de la Unión Europea que son simultáneamente periféricas y desfavorecidas. 
Por esa razón, y también porque estamos en un sector deficitario que sólo produce el 80% del consumo interno, resulta muy importante introducir las correcciones antes mencionadas, así como aumentar la prima complementaria para las regiones de objetivo 1. 
Así, pues, espero que el Pleno de este Parlamento apruebe la propuesta de la Comisión y que los ministros de Agricultura, reunidos en el Consejo, hagan su trabajo correctamente y acepten las posiciones de esta Asamblea. 
Y, por último, quisiera rendir homenaje a la labor del Sr. Gordon Adam, que ha sido un ponente excelente y ha trabajado mucho y a quien agradezco su apoyo ideal. 
Señor Presidente, además de felicitar al ponente, Sr. Adam, por este magnífico trabajo, quisiera decirle a la Comisión que esta propuesta precisa una adecuación terminológica que contemple las referencias de género. 
Es decir, que constantemente está olvidando que existen productoras y ganaderas. 
Ruego al Comisario que lleve a cabo esta adecuación de género terminológica en esta propuesta y, señor Comisario, puede hacerlo ya también en todas las demás propuestas, indíqueselo a sus servicios. 
Detrás de esta petición, aparentemente formal, está mi firme voluntad de que, de ahora en adelante, a las mujeres agricultoras se les reconozca el importante papel que desempeñan. 
En segundo lugar, señor Comisario, su propuesta encierra una renacionalización, que suscita grandes recelos, porque, en cierto modo, es un precedente en este campo. 
Por tanto, para que esos recelos no lleguen a ser protestas, usted debe compensar esta desventaja de su propuesta, incrementando las primas. 
Se lo estamos pidiendo de manera unánime; espero que no se disfrace usted de roca sorda para desoír las propuestas del Parlamento. 
Por último, tengo que decir que es un gran acierto, por todos reconocido, la iniciativa de esta red de seguridad para compensar las caídas en las rentas que las agricultoras, las productoras y también los agricultores y productores padecen en épocas de crisis. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo también quiero felicitar al ponente por el trabajo que ha realizado en favor de la reorganización del mercado. 
Aquí hay implicados dos aspectos fundamentales que dan crédito a todas las intervenciones de los diputados encaminadas a conceder relevancia y dar énfasis a estas actividades productivas. 
Primero, porque se trata de algo especialmente importante para las regiones- incluso vital para extensas regiones- y, segundo, porque así se podría producir mucho más- como ya hemos podido escuchar aquí -, dado que existe una subproducción en estos sectores. 
Por ello, todos los esfuerzos por destacar, fomentar y reactivar estos productos y pautas de producción significan un trabajo en aras del bien común, un ejercicio de la política regional más barata y óptima posible, y, además, en un sector que acusa claras deficiencias en el ámbito de la agricultura. 
Es aquí donde más resultados y utilidad generaría una política solidaria a lo Robin Hood. 
Deseo que en la votación triunfen las posiciones que abogan por impulsar estas iniciativas con mayor ahínco. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión insiste en la estrategia de separación entre las ayudas a la producción y los precios con el argumento de la simplificación de la actual Organización del Mercado. 
Sólo, que el valor de la prima fija por cabeza es manifiestamente bajo, dado que el precio básico no aumenta desde 1993. 
Y, aun siendo verdad que es necesario simplificar el régimen actual, igualmente esencial es tener en cuenta- como ha dicho el ponente- que la cría de ovinos y caprinos es particularmente importante para las zonas desfavorecidas de la Comunidad en las que se concentran, por lo que cualquier reforma de esa OCM debe tener como objetivo esencial el de mejorar la renta de los criadores de ovinos y caprinos. 
Por otro lado, es necesario tener en cuenta que en los últimos años la posición relativa de los criadores de ovinos y caprinos ha registrado un descenso. 
Así, son positivos y merecen mi apoyo los aumentos de las ayudas por cabeza a 30 euros y la ayuda complementaria de nueve euros para las regiones más desfavorecidas, dado que se trata de un sector cuya producción está concentrada en zonas desfavorecidas en las que la viabilidad de las explotaciones resulta más precaria, a pesar de desempeñar un papel importante en la preservación del tejido rural de esas regiones y, en ciertos casos, ser incluso la única actividad económica posible. 
Igualmente positivo es que desaparezca la distinción entre ovinos de leche y de carne y se aplique el mismo aumento a los caprinos. 
También merece mi apoyo la nueva ayuda de cinco euros, dadas las dificultades de este sector, aunque se debe tener en cuenta el peligro de renacionalización con la creación de planes presupuestarios nacionales. 
Así, pues, espero que haya una respuesta positiva del Pleno- y sobre todo de la Comisión- a este informe y que los criadores de ovinos y caprinos vean satisfechas algunas de sus principales reivindicaciones. 
Señor Presidente, el Parlamento estima unánimemente que esta reforma es importante, que la simplificación es conveniente y que la industria de ovino es de importancia capital. 
A todos esos respectos el Sr. Adam ha hecho un buen trabajo, pero he de discrepar con él en una cuestión contenciosa que es la siguiente: ¿cuál va a ser el grado de apoyo para los ganaderos de ovino? 
Me defrauda profundamente que los socialistas, los liberales y los nacionalistas digan al Parlamento que todos tienen la intención de votar para que la recomendación de la Comisión de Agricultura se reduzca por lo menos en cinco euros en relación con cada animal. 
Para justificar su actitud se basan en el presupuesto, pero en la parte del Reino Unido que represento, el País de Gales- igual que el Sr. Wyn, que desafortunadamente no está ya en su lugar- hemos podido ver cómo se sacrificaba a un elevado número de animales a causa de la epidemia de la fiebre aftosa. 
La industria ha quedado discapacitada. 
Se ha creado una situación en la que no existe confianza alguna en la industria agrícola de nuestros días y, como se ha dicho con razón, si nos fijamos en lo que sucede en Gales no vale la pena de hablar de diversificación. 
No vale la pena de hablar de la posibilidad de asignar fondos a los programas comunitarios ni de mejorar los transportes públicos en las zonas rurales. 
Tenemos que velar por que los ganaderos de ovino, que no tienen ninguna alternativa económica, reciban una ayuda financiera mayor. 
En mi circunscripción hay ganaderos de ovino que se preguntan si realmente vale la pena volver a reconstituir la cabaña después de la fiebre aftosa. 
Que sepa el Sr. Adam que su gobierno no les está ayudando, diciéndoles que el plan de indemnización que anteriormente se aplicaba es un plan que no tienen intención alguna de seguir aplicando, sin decirle al mismo tiempo qué es lo que tiene la intención de poner en su lugar. 
Todo esto se suma a la desesperación que se manifiesta en el campo. 
Así que, una vez más, oímos palabras amables proferidas por la industria, pero los agricultores quieren hechos, y eso significa que hay que apoyar la recomendación de la industria agrícola en favor de que se preste el mayor apoyo posible a nuestros ganaderos de ovino, que en tan malas condiciones se hallan. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión es satisfactoria, porque realiza un claro esfuerzo de simplificación al sustituir la prima variable por una prima única, lo que significa que el sector conocerá con antelación la cuantía que va a recibir y dejará de padecer la incertidumbre que sufría hasta este momento. 
Apoyamos, desde luego, que la prima garantice una renta aceptable al productor y mi opinión personal es que esta renta debe ser igual para los productores de ovino pesado y ligero, tal como se aprobó en la Comisión de Agricultura. 
La leche de oveja no tiene una regulación en el mercado como la del vacuno y la renta procedente de la leche se compensa con una menor renta procedente de la productividad de la carne, sobre todo en países mediterráneos, donde las explotaciones mixtas- ovino, leche, carne- hacen que el sacrificio de estos animales se haga a un menor peso, también sobre todo por hábitos alimentarios. 
En relación con la prima complementaria, que propuso y aprobó la Comisión de Agricultura, tengo que decir que la Comisión debe tener muy en cuenta que esta prima complementaria en ningún caso debe servir para reducir la prima lineal, la prima por cabeza y la prima al desarrollo rural. 
La Comisión debe entender que lo que quiere la comisión del Parlamento es un incremento de la prima y que ésta se articule en tres partes: una prima por cabeza, una prima al desarrollo rural y una prima complementaria, en aras de poder ayudar a los Estados en el principio de flexibilidad. 
Por lo tanto, les pido encarecidamente que no utilicen esta introducción para que, al final, se produzca una disminución en la prima por cabeza y en la prima al desarrollo rural. 
Por último, quiero decir- y el Comisario lo sabe muy bien- que este sector contribuye de forma importante a la articulación del territorio y a todas las funciones medioambientales que decimos que vamos a defender en esta nueva futura política agrícola comunitaria. 
Por lo tanto, creo que sería un signo político importante que, en esta OCM y en este sector, garantizásemos realmente una renta que pudiese remunerar los servicios no alimentarios que este tipo de ganadería está proporcionando en el territorio comunitario. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, quiero felicitar a la Comisión por la propuesta que nos ha presentado, principalmente porque va a simplificar la OCM y va a dar seguridad y estabilidad al sector, y también al Sr. ponente, porque ha sabido aunar las distintas sensibilidades en este Parlamento, sin escatimar los esfuerzos que han sido necesarios para ello. 
Invito a la Comisión a oír el mensaje político de este Parlamento, que pide un incremento de la prima, importante, pero que lleva desde el año 1994 sin sufrir ningún tipo de variación; está estancada. 
Por ello, éste es uno de los sectores con menos ayudas y más discriminado que existe en este momento dentro de las OCM. 
Entiendo que la propuesta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural es razonable. 
Por tanto, no apoyaremos las enmiendas presentadas a posteriori, pues creemos que unas- las del Sr. Mulder- deben ser tratadas en otro contexto, aunque no estemos en contra de lo que él dice, y otras, van en contra de lo que ya se discutió y obtuvo el consenso de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y, por lo tanto, desdibujarían el mensaje político de este Parlamento. 
Le pido a la Comisión que, en su debate con el Consejo, haga el esfuerzo pertinente para dar al sector lo que éste necesita. 
Ya que ha hecho este esfuerzo a la hora de la presentación de la propuesta, tanto en la simplificación de las primas o en el tema de la prima única, como también en las posibilidades de gestión de estas primas por parte de los Estados miembros, debe hacer el esfuerzo presupuestario razonable- al que tampoco se opone la Comisión de Presupuestos- para que el sector vea reconocido el objetivo que estima necesario. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo quiero expresar mi satisfacción por la propuesta de la Comisión por la que se reforma la organización de mercados en el sector de la carne de ovino y caprino. 
Los oradores que me han precedido ya han expuesto todos los motivos por los que acogemos con tanta satisfacción la propuesta. 
Por mi parte, también quiero felicitar muy sinceramente a nuestro ponente por su trabajo. 
Uno de los aspectos más importantes, a mi parecer, es la modificación del régimen de primas. 
La introducción de una prima a tanto alzado constituye un gran progreso. 
Yo quiero resaltar, no obstante, que el montante que propone la Comisión es sumamente bajo. 
Esta prima también debe constituir un incentivo para los criadores de ovinos y caprinos, y para ello ha de ser de 30 euros y no menos. 
Por otra parte, todos los ganaderos deben recibir la misma prima, independientemente de que produzcan ovejas nodrizas o lecheras. En efecto, en realidad nada justifica una diferenciación. 
La prima complementaria de 9 euros para las ovejas y cabras también está justificada, a mi modo de ver, dadas las condiciones más difíciles en las zonas desfavorecidas. 
La evolución de los precios de la carne de bovino y de ovino suele ser por regla general paralela, por lo cual también resulta injustificable un trato diferenciado de ambos sectores en lo que respecta a las primas. 
Al contrario, la oferta de carne de ovino es insuficiente en Austria, al igual que sucede en muchos otros países de Europa. 
Si no conseguimos establecer unas condiciones razonables y garantizar la viabilidad en este sector, los criadores de ovinos y caprinos se desplazarán a otros sectores, como por ejemplo al de la carne de bovino, o abandonarán por completo la producción. 
Sería una política poco inteligente. 
Finalmente, yo quiero manifestar que la cría de ovinos y caprinos no se debe apoyar únicamente en las zonas que carecen de otra alternativa, sino también en aquellas otras donde es una actividad tradicional. 
Yo espero, por lo tanto, señor Presidente, que la Comisión y el Consejo hagan suyas estas propuestas razonables de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, en primer lugar yo quiero expresarle mi sincero agradecimiento, señor Adam, por el informe que ha elaborado, así como a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, por sus aportaciones en el curso del examen en comisión y también en el debate de hoy. 
También les estoy muy agradecido porque es importante que esta propuesta se tramite rápidamente y se adopte pronto, con objeto de que el Consejo también pueda adoptar una decisión cuanto antes, de manera que la OCM reformada del sector de la carne de ovino y de caprino pueda entrar en vigor el 1 de enero del año próximo y las primas ya puedan pagarse ese año conforme al nuevo régimen. 
El punto más importante de la reforma propuesta- como también han resaltado muchos de ustedes- es la sustitución de las compensaciones variables por una prima a tanto alzado. 
Esto ofrece toda una serie de ventajas apreciables. 
La nueva ayuda es estable y también se puede calcular de antemano. 
Con lo cual el ganadero puede hacer asimismo sur previsiones con la correspondiente garantía para. 
Sobre todo, también es mucho menos burocrática, ya que se suprimen todos los costosos procedimientos de comunicación de precios, que actualmente sirven de base para el cálculo de los pagos compensatorios, así como todos los complejos cálculos asociados. 
Además, también resulta, naturalmente, muchísimo más comprensible para los criadores de ovinos y caprinos. 
Permite que los productores reaccionen adecuadamente frente a las exigencias del mercado, puesto que la ayuda no se ve afectada por la evolución de los precios. 
La propuesta de la Comisión garantiza, por otra parte, la estabilidad presupuestaria y, sobre todo, también responde mejor a los objetivos de la OMC. 
Yo creo que existe una amplia coincidencia en cuanto a estos principios, como también ha quedado de manifiesto en el debate. 
Permítanme que comente brevemente las enmiendas más importantes. 
Algunas tienen por objeto bienvenidas mejoras en la redacción del texto. 
Por lo tanto, puedo aceptar gustosamente la enmienda 11, por ejemplo, puesto que una definición más precisa de los términos "productor" y "explotación" contribuirá de manera significativa a la mejor comprensión del reglamento. 
También puedo apoyar la enmienda 16, en la que se propone que las primas no se paguen más tarde del 31 de marzo, en lugar del 31 de junio. 
De este modo, el productor percibirá la prima aún más pronto. 
También acojo con satisfacción la propuesta de modificación de la definición de los productores de las zonas desfavorecidas, aunque considero que este concepto se podría simplificar todavía más. 
Por lo tanto, habría que mejorar aún el redactado que propone la enmienda. 
En cambio, no me parece necesario especificar la prima complementaria para los pólderes y marismas, tal como se propone en la enmienda 44. 
Estas zonas ya deberían quedar cubiertas por la normativa relativa a las zonas desfavorecidas. 
Por lo tanto, me parece innecesaria la enmienda. 
Las enmiendas 1, 6, 9, 22, 36 y 37 también me parecen superfluas y fuera de lugar en el contexto del reglamento. 
Otras enmiendas solicitan una cierta flexibilidad, que permitiese a los Estados miembros prestar un apoyo adicional al sector y, sobre todo, gestionar también mejor y de manera más activa las cuotas asignadas a cada Estado miembro. 
Los interrogantes que se plantearon en este contexto durante las consultas abarcan toda una gama de aspectos y posibilidades, que comprenden desde el fomento de la ganadería extensiva y las consideraciones medioambientales hasta el desarrollo de productos de calidad, la mejora de las estructuras de comercialización y la constitución de agrupaciones de productores. 
Yo quiero decirles que, si bien no puedo aceptar directamente las enmiendas presentadas, no obstante comprendo muy bien el mensaje que se quiere transmitir con las mismas. 
Por consiguiente, me propongo examinar más detenidamente las aspiraciones de fondo a fin de buscar soluciones que respondan mejor a las exigencias diferenciadas del sector en los distintos Estados miembros. 
Sin embargo, éstas deben ser sencillas. 
Yo creo que no debemos introducir nuevos trámites burocráticos con este motivo. 
Otro tanto debo decir con respecto a las enmiendas 25-30, relativas a los marcos financieros nacionales, que también se deben situar en el contexto de las peticiones de una mayor flexibilidad. 
Es preciso garantizar que las disposiciones también sean practicables y puedan responder a los objetivos que se aducen en cada caso. 
Las enmiendas 12, 13 y 15 son, en realidad, las que tienen mayores repercusiones directas. 
Es decir, las que se refieren al tema que aquí se ha debatido del aumento a 30 euros de la prima para todos los productores, así como el aumento a 9 euros de la ayuda complementaria para los productores de las zonas desfavorecidas. 
Si se aceptasen estas propuestas, el gasto se elevaría a 2.700 millones de euros. 
Incluso las enmiendas 45 y 46, que ustedes han calificado de moderadas, supondrían un desembolso adicional de 385 millones de euros. 
En nuestra propuesta nos hemos atenido al marco financiero que se acordó en Berlín y, por lo tanto, yo lamento no poder tener en cuenta sus consideraciones, dado sobre todo que los Jefes de Gobierno insisten prácticamente en cada Cumbre en la importancia de este marco financiero y la imposibilidad de modificarlo. 
También tengo que rechazar la propuesta de equiparación de las ayudas a los productores de leche de oveja y de cabra a las que percibirán los ganaderos que sólo se dedican a la producción de carne. 
Por otra parte, tomo nota con interés de las enmiendas 31 y 35, en las que se propone el pago de primas adicionales en el caso de que se produzca una caída considerable de los precios. 
La propuesta de reglamento ya prevé, no obstante, una cierta red de seguridad que se activaría en el caso de descensos de los precios que distorsionen los mercados. 
Por consiguiente, tampoco puedo aceptar las citadas enmiendas en su forma actual. 
La propuesta de la enmienda 20, según la cual las primeras 15 unidades de ganado ovino o caprino quedarían excluidas a efectos de calcular la prima por extensificación, en el marco del reglamento relativo a la carne de vacuno, se refiere a un problema que en realidad no guarda relación con el presente reglamento, sino con el de la OCM en el sector de la carne de vacuno y, por lo tanto, debo rechazarla en el presente contexto. 
No obstante, me comprometo gustoso a volver a tratar este punto cuando examinemos el reglamento relativo a la carne de vacuno y su funcionamiento en el marco de la revisión de mitad de período. 
Las enmiendas 5, 7 y 33 se refieren a las importaciones procedentes de terceros Estados. 
Lamentablemente, estas enmiendas son contrarias a los compromisos internacionales que hemos contraído y, por lo tanto, no podemos aceptarlas por este motivo. 
Otro aspecto importante es el relativo a la trazabilidad. 
En la enmienda 38 se propone que también se contemple este aspecto en el informe sobre las repercusiones medioambientales de la cría de ovinos y caprinos, cuya presentación está prevista para el 31 de diciembre de 2005. 
Yo comprendo y comparto plenamente sus motivos, pero sin embargo pienso que este problema en realidad se tendría que resolver antes y que no podemos esperar hasta el 31 de diciembre de 2005. 
El primer paso para garantizar de manera más adecuada la procedencia requiere el establecimiento de un sistema de identificación y registro fiable. 
Dado que una propuesta en este sentido se deberá basar en otro fundamento jurídico, las enmiendas propuestas sencillamente no tienen cabida en el contexto del presente reglamento, puesto que carecerían del fundamento jurídico necesario. 
Yo considero, no obstante, que una parte de la enmienda 42, en la que se vincula la concesión de las primas al cumplimiento de las disposiciones en materia de identificación y registro, parece ofrecer un enfoque razonable. 
En cualquier caso, voy a plantear al Consejo una propuesta en esta línea. 
La enmienda 19 se refiere a la posibilidad de conceder una mayor flexibilidad a los Estados miembros en cuanto a la determinación de los períodos de retención. 
Este es un tema que se debe regular en el marco de las normas de aplicación. 
Por lo tanto, no requiere una decisión del Consejo, sino que es competencia de la Comisión. 
Sin embargo, a fin de evitar los fraudes, para ello habría que contar con un sistema eficaz y operativo de identificación y registro. 
Finalmente, permítanme que les reitere mi agradecimiento por el informe y las enmiendas. 
En algunos aspectos existe consenso, en otros yo me comprometo a transmitir sus peticiones al Consejo, aunque formalmente no pueda aceptar las enmiendas en su forma actual, y lamentablemente también hay algunas enmiendas que quedan fuera de mis posibilidades de asignación financiera y, por lo tanto, no las puedo aceptar. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
(La sesión interrumpida a las 13.25 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Reapertura del túnel del Mont Blanc 
De conformidad con el orden del día, la Comisión procede a formular una declaración sobre la reapertura del túnel del Mont Blanc. 
Señor Presidente, Señorías, el trágico accidente de primera hora de la mañana de ayer en el túnel de San Gotardo nos recuerda el trágico incendio del 24 de marzo de 1999 en el túnel del Mont Blanc. 
Sin embargo, antes de entrar en el tema de la reapertura del túnel del Mont Blanc, yo quiero manifestar, en nombre de la Comisión, mis más sentidas condolencias a las familias de las personas que han perdido la vida, así como a las autoridades y al pueblo suizos. 
Aunque de momento se desconocen las causas del accidente, este suceso vuelve a poner sobre la mesa, de manera absolutamente urgente y dramática, el tema de la seguridad en los grandes túneles de carretera. 
La reapertura del túnel del Mont Blanc no requiere el acuerdo de la Comisión. 
La decisión es de la competencia exclusiva de las autoridades francesas e italianas. 
La próxima reapertura del túnel ha reavivado, sin embargo, muchas controversias. 
Éstas giran sobre todo en torno al tema de la prohibición de la circulación de vehículos pesados por el túnel, que los habitantes del valle de Chamonix ya deseaban mucho antes de la catástrofe del incendio. 
La Comisión opina, no obstante, que la reapertura del túnel se debe decidir exclusivamente sobre la base de los criterios de seguridad y el único requisito para la misma debe ser que se cumplan todas las condiciones de seguridad. 
Según la información de que dispone la Comisión, el túnel está equipado ahora con las instalaciones y dispositivos de seguridad más modernos, bajo la responsabilidad francesa e italiana. 
Se ha instalado un puesto de control electrónico, se ha renovado toda la instalación eléctrica, se han modernizado los sistemas de ventilación y se han construido refugios ventilados a intervalos de 300 metros, así como nichos de emergencia a intervalos de 100 metros. 
Además, también se ha mejorado mucho el nivel de formación del personal encargado de las instalaciones y de los servicios de rescate. 
Con objeto de que las medidas de seguridad sean más completas, se ha modificado la normativa sobre las distancias mínimas que deberán mantener los vehículos que circulen por el túnel. 
Finalmente, una estructura administrativa única ha reemplazado a las dos sociedades que gestionaban originariamente el túnel, la francesa ATMB y la italiana SITMB, un paso importante si se considera que, según diferentes informes técnicos elaborados después de la catástrofe del incendio, el gran número de víctimas se debe atribuir, entre otras causas, a la mala coordinación entre ambas concesionarias. 
La Comisión ha contribuido con una aportación de 22,5 millones de euros a los trabajos de reparación, cuyo coste total se eleva a unos 200 millones de euros. 
Después del accidente y de las dos catástrofes motivadas por sendos incendios ocurridas posteriormente en Austria- el incendio provocado por un accidente en el acceso al túnel de Tauern del 25 de mayo de 1999, con doce víctimas mortales, y el incendio en el funicular de Kapruner del 11 de noviembre de 2000 -, la Comisión se consideró obligada a examinar, juntamente con expertos técnicos, las posibilidades de optimizar la seguridad en los túneles. 
Nuestras conclusiones están incluidas en el Libro Blanco sobre la política de transportes hasta 2010. 
Consciente de que los túneles cumplen un importante papel en numerosas conexiones transfronterizas, la Comisión tiene previsto elaborar una normativa europea. 
De este modo se asegurará que se cumplan los requisitos necesarios para garantizar un elevado nivel de protección a los usuarios de los túneles de carretera y ferroviarios, en particular los de las redes transeuropeas de transporte. 
La Comisión remitirá la correspondiente propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo a principios de 2002. 
El último accidente pone de relieve una vez más la importancia fundamental del control de los flujos de tráfico transalpino. 
La Comisión considera absolutamente prioritaria la ampliación y puesta en funcionamiento sin dilaciones de las conexiones ferroviarias ya citadas en las directrices relativas a la red transeuropea de transportes de 1996, a saber, la conexión Lyon-Turín y el tramo del paso de Brennero. 
La Comisión ha informado en diversas ocasiones a los ministros competentes sobre esta cuestión y les ha instado a que adopten las medidas necesarias para acelerar los proyectos y a que sobre todo consideren también las posibilidades de financiación. 
En este contexto, no se debe excluir la participación de sociedades mixtas público-privadas. 
Además de la construcción de nuevas infraestructuras, que deberán absorber la mayor parte del tráfico de mercancías en tránsito a través de la región, la Comisión formulará, como ha anunciado en su Libro Blanco, unas normas mínimas sobre seguridad en los túneles. 
En el Libro Blanco, la Comisión también propone un nuevo régimen de cánones por la utilización de las infraestructuras de transporte, que permita reflejar mejor los costes externos de cada medio de transporte. 
Esta nueva política de tarifas debería contribuir de manera apreciable a establecer una relación equilibrada entre los diferentes medios de transporte, sobre todo en las regiones sensibles, como los Alpes, y favorecer a los más respetuosos con el medio ambiente. 
La Comisión va a revisar asimismo, en el marco de su estrategia de movilidad sostenible, la Directiva sobre los gravámenes por la utilización de determinadas infraestructuras (Eurovignette) , a fin de hacer posible la financiación transversal de nuevas infraestructuras ferroviarias. 
En consonancia con lo anterior, la Comisión propuso además la firma, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Transporte del Convenio de los Alpes, que constituye una señal política a favor de que se establezca una relación equilibrada entre los diferentes medios de transporte, aun cuando admite una cierta flexibilidad en la aplicación de las disposiciones correspondientes en cada caso individual. 
En general, la Comisión se propone alcanzar la sostenibilidad de los sistemas europeos de transporte y establecer en este contexto unos objetivos a medio y largo plazo en materia de protección del medio ambiente. 
Este punto se tratará con mayor detalle en una comunicación de la Comisión que se presentará el año próximo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tal como ha hecho muy bien el Comisario Fischler, no podemos comenzar un debate sobre este tema sin recordar a las diez recientes víctimas del túnel de San Gotardo ni tampoco que esta misma mañana ha ocurrido otro accidente en el interior del túnel de San Bernardino. 
Parece casi una coyuntura negativa que quiere que asumamos una mayor responsabilidad en el momento en que estamos a punto de debatir la propuesta y la conveniencia de reabrir o no el túnel de Mont Blanc. 
Como diré más adelante, no abrigo dudas al respecto, sin embargo, muchas son las consideraciones que hay que anteponer a esta declaración. 
Ante todo, que el accidente ocurrido en el túnel de San Gotardo se puede relacionar directamente con el de Mont Blanc, donde, como todos recuerdan, el 24 de marzo de 1999 perdieron la vida 39 personas. 
Pero existe una relación aún más directa respecto a la de la memoria que es justo recordar. 
Es una relación causa-efecto, pues es evidente que el gran volumen de tráfico al que el Mont Blanc no ha podido dar salida en estos más de dos años y medio de cierre, se ha trasladado fatalmente a otros puertos alpinos, empezando por el San Gotardo que ahora está cerrado, así como al Brenner y al Tarvisio y a todo el sistema alpino que, en definitiva, ha absorbido ese incremento del tráfico que una vez, antes de su cierre, pasaba por debajo del Mont Blanc. 
Por lo tanto, cabe decir que la del accidente es una causa bastante identificable y previsible con la situación de coyuntura, pero al efecto negativo de los accidentes hay que añadir otro efecto negativo que es el del daño ambiental. 
Ciertamente el transporte pesado, sobre todo el que transita por un puerto alpino, tiene un coste ambiental que nadie quisiera pagar. 
Por lo tanto, justamente, también en torno al túnel del Mont Blanc, especialmente en estos días, se han abierto encendidos debates y se han hecho propuestas para tratar de evitar la reapertura del túnel y, en consecuencia, para proteger los territorios adyacentes. 
He de decir seguidamente que no estoy en absoluto de acuerdo con esta propuesta, aunque comprendo las legítimas aspiraciones de quien vive en una determinada zona de defender su entorno. 
Sin embargo, esta propuesta no solo va en contra del Tratado- que, por lo tanto, vería que se vulnera un principio básico como el de la libre circulación de mercancías, ciudadanos, etcétera- pero yo diría que existe también una violación deontológica, ya que cerrando o manteniendo cerrado el Mont Blanc no se hace más que trasladar un problema ecológico de una parte a otra de los Alpes; no se hace más que trasladar el problema del Mont Blanc al túnel de Fréjus, a Suiza, al Brenner, al Tarvisio, como decía antes, y esto no me parece correcto. 
A aquellos que quieren proponer esta solución les pregunto: ¿Qué tipo de propuesta es ésta? 
¿Dónde ha ido a parar el espíritu de solidaridad alpina, dónde ha ido a parar el sentido de pertenencia a la Comunidad, a la Unión Europea? 
Por otra parte, como también recordaba el Comisario, la apertura del Mont Blanc tendrá lugar seguramente con garantías de seguridad extraordinarias. 
Hay que decir que, además del daño ambiental, existe un daño económico que tenemos el deber de considerar aquí: durante estos dos años y medio de cierre se ha calculado que Italia ha perdido 1.500 millones de euros, que la región del Valle de Aosta ha visto reducir en el 10% su PIB regional. 
Probablemente también Francia ha tenido daños similares a estos: nos lo dirá quizás la Sra. Grossetête que sé que va a intervenir después y que vive en esa zona. 
Pues bien, no debemos avergonzarnos de hablar también del problema económico, ya que el túnel de Mont Blanc, como todos los puertos alpinos, responde a unas necesidades que no son sólo económicas, sino que, a través de la expresión de un valor económico, permiten a distintas naciones, a ciudadanos, a categorías profesionales que operan en el sector de la industria, del comercio, del turismo ejercer su actividad. 
Y todo esto está al servicio no sólo de las naciones transfronterizas, sino también y ante todo de los Estados que están más lejos- pienso en el Reino Unido, en los Países Bajos, en Alemania- que gravitan fatalmente sobre los Alpes que prácticamente están cerrados y no son transitables. 
Cabe decir asimismo que tanto los organismos italianos como los franceses por fin han encontrado palabras comunes para proponer soluciones y han invertido casi 300 millones de euros, repartidos por igual entre las dos sociedades, para garantizar la seguridad. 
Se dice que este túnel, cuando se vuelva a abrir- espero que muy pronto- será el más seguro del mundo, con características que no repito porque ya han sido recordadas por el propio Comisario. 
Ahora hay que dar un paso más, acelerar los trámites burocráticos y técnicos para construir la línea ferroviaria Munich-Verona, luego el túnel de Brenner y la línea ferroviaria Lyon-Turín y después el túnel de Frejús. 
Estos son proyectos prioritarios. 
Y termino, señor Presidente, recordando que existe una nueva propuesta que podría contribuir: la línea ferroviaria Aosta-Martigny que parte de Milán no figura entre las prioridades europeas, pero podría incluirse si Francia e Italia toman cartas en el asunto. 
Y a este propósito termino con una noticia: mañana el ministro italiano Lunardi y su colega francés Gayssot se reunirán para acordar una fecha de reapertura del Mont Blanc, una fecha que espero que sea muy, muy próxima. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la apertura del túnel del Mont Blanc es un acontecimiento europeo, un acontecimiento europeo que nos alegra, igual que el accidente del túnel de San Gotardo es un suceso europeo trágico que nos entristece. 
No importa que el país sea o no sea miembro de la Unión Europea. 
Necesitamos unas vías de transportes que comuniquen entre sí las regiones de Europa, pero también un transporte que tenga en consideración el medio ambiente. 
Yo creo que el enfoque de la Comisión al incluir el tema de la seguridad de los túneles en el contexto general de la política de transportes, pero también en el de la política medioambiental, es acertado. 
El Comisario ha mencionado, por ejemplo, el Protocolo de Transporte del Convenio de los Alpes. 
Yo sólo me pregunto- el Consejo no está presente ahora aquí -, ¿dónde están los ministros que lo firmaron? 
En efecto, ya va siendo hora de que los gobiernos comiencen a actuar en este contexto. 
En segundo lugar, el Comisario se ha referido al desplazamiento de la carretera al ferrocarril, siempre que sea posible y razonable. 
También en este aspecto, una serie de gobiernos de Europa- incluido el Gobierno de Austria- se están mostrando lentos en la aplicación. 
Los planes son buenos, pero es necesario poner también a disposición los correspondientes recursos financieros para que se puedan adoptar las medidas necesarias. 
También sé que, en muchos países, el ferrocarril tendría capacidad para transportar más mercancías de las que actualmente se transportan por este medio. 
El Libro Blanco, que se ha citado y que presentó la Vicepresidenta de la Comisión, constituye un paso importante y muy positivo en el contexto de la reestructuración de la política de transportes. 
Nuestro Grupo la apoya firmemente y yo espero que la anunciada presentación de la modificación del Reglamento sobre la Eurovignette y de la directiva sobre los costes de las infraestructuras de transporte no se retrase y podamos debatir también muy pronto la redefinición de la Eurovignette. 
En efecto, últimamente se ha hablado mucho del fast track, del procedimiento acelerado. 
Lo hemos discutido mucho y en muchas ocasiones, y ahora nos encontramos ante un caso en el que se podría aplicar efectivamente un procedimiento rápido. 
Sin duda es acertado señalar que no se trata sólo de un problema de la política de transportes, como norma superior, sino también del nivel de seguridad. 
Nosotros nos congratulamos de que la Comisión se proponga establecer unas normas de seguridad. En efecto, la inseguridad de los túneles por los que viajamos es un asunto que nos afecta a todos. 
Se han mencionado muchos aspectos. 
Yo sólo quiero añadir que el tema de la regulación de los tiempos de trabajo, especialmente en el caso de los conductores de vehículos pesados, también es un aspecto importante, al igual que los controles, pues aunque adoptemos el mejor reglamento, éste no servirá de nada si no se controlan estos aspectos. 
También en este contexto es necesaria una actuación de los diferentes países. 
En mi opinión y la de mi Grupo, está claro que no se ha de enfrentar a unos contra otros. 
Francia, Italia, Alemania, Austria, pero también todos los demás países de la UE tienen derecho a la libre circulación de mercancías. 
Pero los habitantes de las regiones alpinas también tienen derecho a un medio ambiente saludable. 
Es posible que a algunos les haga gracia y otros tal vez se burlen cuando las Naciones Unidas declaren el año próximo como el Año de la Montaña. 
Sin embargo, en realidad, ya va siendo hora de que prestemos una especial atención a la situación del medio ambiente, justamente en los Alpes y los Pirineos. 
Dicho esto, señor Presidente y señor Comisario, voy a tener que disculparme. 
Voy a ser tener que descortés y voy a abandonar inmediatamente la sala, ya que debo viajar a Rumania, en representación del Parlamento. 
No obstante, no por ello dejamos de apoyar firmemente los principios de una política de transportes verdaderamente respetuosa con el medio ambiente. 
Como diputado del Valle de Aosta, hace meses que vengo pidiendo que se dedique un momento de reflexión en el Pleno, pues creo que estas cuestiones se deben resolver en el ámbito de la Institución que es la alternativa a la protesta estéril. 
Es triste que esto suceda al día siguiente del accidente de San Gotardo que era conocido por uno de los túneles más seguros, entre otras cosas, en una Suiza que es el único país europeo que, aunque no forme parte de la Unión, desarrolla realmente una política para trasladar el transporte de mercancías de la carretera al tren. 
El Mont Blanc ha sido siempre un símbolo: ha sido el símbolo del alpinismo, el símbolo del transporte por carretera con ese túnel construido en los años 60 del siglo pasado, que durante muchos años ha sido el túnel más importante de los Alpes. 
Pues bien, nadie se podía imaginar que se registraría un incremento tan grande del transporte por carretera, y debo decir que la fecha del 24 de marzo de 1999 para quien, como yo, la vivió fue una fecha trágica: lo que se vio en el interior del túnel fue algo realmente espantoso. 
Yo creo que todo lo ocurrido nos debe hacer entender que los extremismos opuestos no valen: no valen los extremismos de quien dice "alto a los TIR" interpretando una posición irreal que pasa el problema de los camiones a otros y concibe la utopía de un mundo sin transportes y sin movilidad, pero, evidentemente, también hay que decir no a quien proclama " libertad de tránsito para todos: es la economía que lo pide. 
Pues bien, creo que ésta es una posición insostenible para las poblaciones de montaña como la del Valle de Aosta que aquí represento, del mismo modo que seria insostenible una falsa contingentación. 
De hecho, nosotros pedimos una contingentación diaria de los TIR, una limitación seria. 
La Società Autostrade, en vísperas de este encuentro, nos comunicó que, según los cálculos del túnel, el trafico será un 30% menor respecto a antes de la tragedia. 
No sé si esto es suficiente, pero quisiera decir que las soluciones están en el Libro Blanco, en el Protocolo sobre Transporte de la Convención de los Alpes, en el modelo suizo que se ha decidido por un sí a los TIR con peaje y que ha tomado la decisión de invertir este dinero junto con otros capitales en la construcción de túneles ferroviarios. 
Los túneles ferroviarios son necesarios: es necesaria la línea Turín-Lyón, así como la línea Aosta-Martigny, este proyecto que puede convertirse en absolutamente importante y estratégico. 
Pero mientras tanto hacen falta límites concretos y serios para la seguridad y para el medio ambiente. 
Señor Presidente, señor Comisario, la catástrofe del túnel de San Gotardo, con sus numerosas víctimas, desmiente de forma incuestionable los argumentos que respaldaron la decisión del Sr. Gayssot de reabrir el túnel del Mont Blanc. 
No podemos contentarnos con lamentar las víctimas. 
Debemos actuar para atajar definitivamente esta oleada de catástrofes. 
Y tenemos buenas razones para exigirlo aquí. 
Desde el punto de vista medioambiental, reabrir el túnel del Mont Blanc es contrario a los compromisos de la Unión Europea y de sus Estados miembros en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
En efecto, ¿de qué sirven nuestros votos en favor del transporte sostenible y de la transferencia de la carretera al ferrocarril si a la primera ocasión de mostrar la determinación de invertir la tendencia hacia el "todo carretera" se descarta esta opción? 
Durante los dos años de obras en el túnel, el flete ferroviario no aumentó; está estancado en 10,5 millones de toneladas anuales, cuando existen capacidades ferroviarias y los 13,5 millones de toneladas que transitan anualmente por el túnel del Mont Blanc habrían podido ser absorbidos por el ferrocarril si se hubiera duplicado la capacidad de tránsito por Mont-Cenis, por el eje del sur de Léman y por el eje Dijon-Valorme. 
Es incomprensible que se haya ignorado esta solución ferroviaria, que aporta una capacidad de tránsito de hasta 20 millones de toneladas por año por las vías que atraviesan los Alpes. 
En esto, me gustaría mucho que el Comisario nos escuchara, porque las propuestas que le hago son absolutamente concretas. 
Pero, aparentemente, no nos oye. 
Quisiera decirle, pues, que no suscribimos en absoluto su análisis sobre la seguridad del túnel del Mont Blanc. 
Por ello rechazamos su reapertura. 
Las obras realizadas por valor de 200 millones de euros, sin estudio de impacto ni encuesta pública, no cumplen las exigencias máximas de seguridad. 
El túnel sigue siendo un tubo unidireccional estrecho (siete metros) , provisto de un revestimiento asfaltado, por tanto inflamable, sin trampilla central de recuperación y sin galería de evacuación paralela. 
La antigua galería de ventilación es la que servirá para la evacuación. 
La seguridad debe ser la máxima para todos los transportes y no sólo, como usted ha anunciado, para el transporte aéreo. 
La Comisión debe rechazar, por tanto, la apertura del túnel del Mont Blanc y retomar las propuestas que el Comisario no ha escuchado, pero que son propuestas alternativas totalmente pertinentes, dirigidas a utilizar las vías férreas para el tránsito a través de los Alpes. 
Señor Presidente, este debate se celebra pocas horas después de otra terrible catástrofe en el túnel de San Gotardo, con 10 muertos confirmados y 80 desaparecidos, según las últimas noticias. 
Este túnel tiene las mismas características que las del túnel remodelado de Mont Blanc: las mismas características técnicas desde el punto de vista de la seguridad, la misma anchura, unos 7 metros de calzada, por no decir, peores, ya que el túnel de Mont Blanc no dispone de un túnel paralelo. 
Tras haber escuchado al Comisario, extraigo esta conclusión: hacen falta, en mi opinión, otras catástrofes para convencer por fin a la Comisión Europea de que abandone la política de los Libros Blancos que no se aplican nunca y la ilusión de que la tecnología puede resolver todos los problemas y conseguir que comprenda que un TIR de 40 toneladas en un túnel ancho 7 metros es un artefacto mortal. 
Es preciso, señor Comisario, pedir a los Gobiernos afectados que aplacen la reapertura del túnel de Mont Blanc con el fin de redefinir seriamente las características de los vehículos autorizados a transitar por él. 
Por lo tanto, no a los grandes TIR, limitación estricta del número de tránsitos diarios de TIR, prohibición del transporte de mercancías peligrosas. 
Sólo así será posible evitar nuevas catástrofes. 
Señor Presidente, por desgracia, los acontecimientos de ayer por la mañana nos sumergen de nuevo en la catástrofe del túnel del Mont Blanc, y este debate que mantenemos hoy cobra aún más actualidad. 
Estoy completamente de acuerdo con mi colega Santini cuando dice que el cierre de un enlace de la envergadura de un túnel bajo los Alpes ocasiona verdaderos problemas económicos- que comprendo muy bien -, pero creo que tampoco se puede exigir la reapertura del túnel si no se reúnen todas las garantías de seguridad. 
Por lo demás, aún no conocemos las verdaderas razones de los accidentes que se producen bajo los túneles, pero tampoco conocemos mejor qué garantías se nos pueden ofrecer. 
Lo que lamento es, en primer lugar, que el Consejo no esté presente para escuchar este debate, cuando el Comisario nos ha recordado que se aplica aquí el principio de subsidiariedad. 
Lo que siento es que el Consejo no esté aquí para decirnos qué desea hacer en el marco de una política de ordenación del territorio. 
Nunca obtenemos respuesta a las preguntas que formulamos sobre las verdaderas redes transeuropeas, ferroviarias o de carretera. 
En este caso, señor Presidente, señor Comisario, desearía que pudiéramos presionar todos juntos al Consejo para que nos dé respuestas. 
No podemos estarnos planteando siempre las mismas preguntas, cada vez que se producen accidentes catastróficos, y que sigan sin respuesta dos o tres años más tarde. 
Creo, pues, que hoy es indispensable interrogar al Consejo y adoptar una auténtica política de ordenación del territorio que tenga en cuenta el ferrocarril y acondicione las redes de autopistas transeuropeas para que no vuelvan a reproducirse estas catástrofes. 
Señor Presidente, permítame sumarme a las muestras de pesar por el grave accidente de ayer en el túnel de San Gotardo, así como a las expresiones de solidaridad con las familias de las víctimas y con los ciudadanos suizos en general. 
Los accidentes en los túneles de autopistas se han multiplicado en los últimos meses y esto convierte en especialmente urgente que no se demoren por más tiempo las medidas de seguridad con Libros Blancos y con propuestas inconcretas. 
La reapertura del túnel de Mont Blanc que de por sí sufre un notable retraso respecto a los compromisos asumidos por los Gobiernos italiano y francés en enero de 2001, debe tener lugar en el marco de una serie de condiciones que garanticen la seguridad de la circulación y la máxima reducción del impacto ambiental. 
En concreto, se trata de poner en marcha instrumentos de control del tráfico dentro del túnel, de modo que, también con la aplicación de nuevas tecnologías y con una constante presencia de personal de vigilancia, se señale de inmediato cualquier accidente; de regular la circulación para evitar que por el túnel circulen al mismo tiempo varios vehículos pesados recurriendo, por ejemplo, a la circulación alternativa de este tipo de vehículos, a estrictos límites de velocidad y a otras medidas similares; de elaborar una lista extraordinariamente rígida de mercancías cuyo transporte estará prohibido dentro del túnel, y al respecto, recordamos que el accidente del San Gotardo no habría sido tan grave si uno de los camiones no hubiese ido cargado de material tan inflamable como los neumáticos; de adoptar cualesquiera otras medidas aptas para repartir de manera equilibrada el tránsito de camiones entre los pocos túneles de autopistas que unen Italia con Europa. 
La solución a los muchos problemas planteados por los túneles de autopistas se podrá encontrar obvia y únicamente trasladando el transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril, y es en esta dirección que la Unión Europea deberá dirigir sus esfuerzos. 
Este traslado, sin embargo, es un proceso que requiere tiempo y, por lo tanto, parecen algo irreales los llamamientos de aquellos que, movidos por las mejores intenciones medioambientales, que todos compartimos, invocan el cierre total del túnel de Mont Blanc al tráfico comercial. 
Hay que tener en cuenta que, al menos en Italia, estas voces se alzan también para protestar contra la construcción de una nueva y más rápida línea ferroviaria de alta velocidad entre Turín y Lyón, cuyo proyecto se realizó con vistas a un reparto más equilibrado del transporte de mercancías, poniendo de manifiesto la contradicción o, en todo caso, lo absurdo de estas posiciones de algunas fuerzas políticas italianas. 
Por lo tanto, a pesar de compartir las preocupaciones medioambientales en defensa del medio ambiente alpino del Valle de Aosta, no se pueden dejar de tener en cuenta los intereses económicos, incluso en términos de puestos de trabajo, que el túnel supone, en primer lugar para el mismo valle y, por ende, para toda Italia. 
Por otra parte, estos legítimos intereses quedan reflejados en los sondeos realizados en el valle, según los cuales la inmensa mayoría de los ciudadanos es favorable a la reapertura del túnel. 
Lo que se pide es que la reapertura del túnel tenga lugar con arreglo a las condiciones de seguridad antes mencionadas y paralelamente a una firme iniciativa internacional para el desarrollo de nuevas infraestructuras ferroviarias, entre las cuales despuntan la nueva línea Turín-Lyón, la mejora de las condiciones de encauzamiento del tráfico comercial hacia la línea Turín-Bardonecchia-Amberieu; la ampliación del túnel de Col di Tenda y el túnel Aosta-Martigny. 
Respecto a todo esto, quisiéramos pedir que la comisión intergubernamental italo-francesa, instituida en virtud de la Declaración de enero de 2001, informara al Parlamento Europeo cuanto antes. 
Señor Presidente, señor Comisario, a pesar de los riesgos probados, a pesar de la oposición de la población de los valles, se decide reabrir el túnel del Mont Blanc a los camiones. 
Se sacrifica voluntariamente la vía férrea. 
El valle de la Maurienne, el túnel de Fréjus, el Briançonnais, el puerto de Mont-Genèvre, el valle de Chamonix merecen algo mejor que ese destino de "carne de camión", por emplear la expresión de la Liga saboyana. 
Por desgracia, parece que los grupos de presión del transporte por carretera pesan más que la salud de los habitantes, la seguridad de los viajeros y el respeto de sitios incomparables. 
Desde marzo de 1999, ¿qué han hecho los Estados afectados para sustituir la carretera por el ferrocarril? 
Entre el primer semestre de 2001 y el primer semestre de 2000, el flete ferroviario entre Italia y Francia experimentó una regresión del 8% y el transporte combinado del 10%. 
Ante tanta imprevisión, me sumo a la petición de la Liga saboyana de que un gabinete internacional independiente de los Estados- que podría ser la Comisión- lleve a cabo un peritaje de los pasos alpinos Francia-Italia y que, entre tanto, los túneles alpinos se reserven a los turismos, así como al tráfico regional e interior al valle para gálibos y tonelajes rigurosamente limitados. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en 1999, la catástrofe del túnel del Mont Blanc; ayer, un nuevo drama en el túnel de San Gotardo... 
Esta serie de desgracias no se deben nada en absoluto a la fatalidad, es el precio humano de una concepción del tráfico de mercancías basada en el "todo camión", ligada a la búsqueda del máximo beneficio, que genera riesgos tremendos. 
Desde el cierre del túnel del Mont Blanc, el valle de Maurienne, asfixiado, soporta todo el tráfico. 
El drama de San Gotardo va a generar una nueva transferencia de tráfico que habrá que absorber. 
Ahora bien, los puntos de paso son ya demasiado pocos en condiciones normales. 
Es necesario gestionar esta situación transitoria. Hay que prever soluciones globales. 
En este contexto, una reapertura del túnel del Mont Blanc exigiría el respeto de las distancias entre vehículos, la regulación del tráfico viario, el respeto de las prohibiciones parciales de circular, la imposición y no superación de números máximos de camiones, el respeto de los límites fijados para el tiempo de trabajo de los camioneros y un control continuo de las normas de seguridad. 
Por último, el compromiso de desarrollar el transporte combinado utilizando de inmediato las líneas transversales existentes, que están infrautilizadas. 
Es urgente reconsiderar toda la política de transporte de mercancías en Europa. 
El compromiso de la Unión en términos de financiación de las inversiones debe estar a la altura. 
Pienso que, en estas zonas sensibles, habrá que acabar con el tráfico de mercancías por carretera, lo que exige movilizar desde ahora los medios para un desarrollo acelerado del transporte combinado. 
La Unión Europea debe tener hoy la valentía política de efectuar elecciones nuevas y audaces. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, los trágicos accidentes de los últimos tiempos nos han vuelto a recordar a todos que tenemos que recuperar un gran retraso justamente en el ámbito del transporte por carretera, sobre todo en lo que respecta a la construcción de infraestructuras para el transporte combinado. 
Sin ánimo de alargar innecesariamente el debate, yo quisiera plantear, no obstante, muy francamente, una pregunta: ¿por dónde circulará el tráfico si el túnel del Mont Blanc, el túnel de San Gotardo y el túnel de San Bernardino permanecen cerrados? 
Yo tengo un gran temor- el mismo que siente la población austríaca y la población de toda la cadena alpina- de que este tráfico pase por el Brennero y que comencemos a tener grandes problemas en la región sumamente sensible de los Alpes, que no sólo afectarán al Tirol del Norte y del Sur, sino también al Trentino. 
Por lo tanto, yo les ruego encarecidamente que esta temática se aborde con actitud realmente previsora, pues no sólo está en juego la seguridad de las carreteras, sino también el espacio donde tienen su vida de muchas personas. 
Señor Presidente, me habían dicho que tenía tres minutos, pero no pasa nada. 
Quisiera decir rápidamente que ahora que acaba de producirse un nuevo accidente en el San Gotardo, existe una diferencia, me parece, entre sacar enseñanzas de este accidente y explotar políticamente su carga emocional. 
Si se utilizan como pretexto los muertos del San Gotardo, que naturalmente todos lamentamos, para decir que no hay que reabrir el Mont Blanc, entonces también hay que cerrar el Fréjus, cerrar el Arlberg, cerrar el Brenner, cerrar todos los túneles alpinos donde existen los mismos riesgos de accidente. 
Ello representaría lógicamente la paralización total de la Europa del Sur, porque simplemente hoy no tenemos elección. 
Todo el mundo lo sabe aquí, el ferrocarril no está preparado ni institucionalmente, ni técnicamente, ni económicamente para dar el relevo a la carretera, creo que hay que decirlo. 
Por consiguiente, me parece que tenemos que tomar medidas con dos horizontes, a corto y a largo plazo. 
A corto plazo, hay que hacer seguros los túneles y tomar medidas urgentes para regular la circulación, tanto en el Mont Blanc, donde acaban de tomarse, como en los demás túneles, hacer que no pasen por ellos mercancías peligrosas, reforzar los sistemas de seguridad y los sistemas de salvamento y de intervención, acelerar una directiva europea sobre la seguridad en los túneles. 
Se habla de ello, pero es "La arlesiana", es preciso que la tengamos muy pronto en el orden del día. 
Por lo demás, señoras y señores, Señorías, considero, como todos aquí, que a largo plazo deberíamos estar en condiciones de prohibir pura y simplemente, y de un modo definitivo, la circulación de camiones por los túneles, porque, sí, son más peligrosos; ahora bien, las alternativas han de estar ahí, y esas alternativas nos las ha presentado la Comisión en el Libro Blanco. 
Hay otras que hay que acelerar, en lo que se refiere a los Alpes se trata concretamente de dos obras ferroviarias, el Lyon-Turín y el Brenner, y hay obras de la misma naturaleza en los Pirineos, donde la situación es más grave en términos de tráfico de lo que se dice. 
Creo que también debemos asumir aquí responsabilidades, y decirlo. 
Sin embargo, considero que estamos aún lejos de la verdad. 
La Comisión ha elaborado un gran Libro Blanco, es un excelente prescriptor, pero todavía no es un pagador suficiente para que a muy corto plazo pueda tomar el relevo el ferrocarril; es necesario, pues, disponer de medios de intervención infinitamente más importantes para las capacidades ferroviarias. 
Terminaré diciendo que la opinión pública ha entrado en el juego de la política de transportes- y eso es bueno -, no es ya una cuestión de especialistas, no es ya un asunto de los grandes cuerpos del Estado, y todos seremos juzgados por las soluciones rápidas que podamos poner en práctica, ya seamos nosotros, los políticos, ya sean los ferroviarios, o los transportistas de carretera, y concluiré diciendo que espero que no nos contentemos con imponer limitaciones, rechazando todas las soluciones; pienso que habría que volver a estudiar, en lo que se refiere al tráfico Norte-Sur, la cuestión de la adaptación del canal Rin-Ródano a grandes gálibos. 
No se puede decir que no al tráfico de vehículos y, a la vez, rechazar una vía fluvial que aliviaría en gran medida dicho tráfico. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, yo quiero agradecer las aportaciones al debate, que han sido todas muy constructivas y han procurado aportar soluciones para este gravísimo problema. 
Por lo que respecta al tema muy concreto de la firma del Convenio de los Alpes, desde la Comisión procuraremos contribuir a que el Consejo también lo firme antes de que finalice la Presidencia belga. 
Por otra parte, lo primero han de ser, naturalmente, los aspectos relacionados con la seguridad. 
Yo creo que lo que no funciona es que actualmente se trasladan todos los problemas de seguridad al ámbito europeo. 
Cada uno debe hacerse cargo de los mismos en el marco de sus responsabilidades. 
Las autoridades nacionales deben asumir su responsabilidad, igual que nosotros tenemos que asumir la nuestra, pero no podemos descargar a las autoridades nacionales de su responsabilidad. 
El caso es que corresponde, en primer lugar, a las autoridades francesas e italianas aclarar el tema de la reapertura y el tema de las normas de seguridad. 
Existe un procedimiento para ello. 
Este procedimiento se ha completado y el resultado está sobre la mesa. 
Si las autoridades llegan a la conclusión de que la reapertura está justificada, se deberá proceder a ella. 
Al mismo tiempo, también es necesario que desde el ámbito europeo tengamos claro que sólo podemos actuar en el contexto de las competencias que nos corresponden. 
De hecho, el Libro Blanco que presentó mi colega de Palacio tenía por objeto, entre otras cosas, aclarar en primer lugar cuáles son las competencias, pero en segundo lugar, también se proponía mejorar la seguridad del transporte y poner coto a las repercusiones medioambientales del tráfico, a fin de evitar que el territorio sumamente sensible de la Unión Europea sufra nuevos daños. 
En cuanto al tema del Reglamento sobre la Eurovignette, como ya he anunciado, en 2002 vamos a presentar un proyecto. 
También vamos a examinar si es necesario establecer algún tipo de régimen transitorio paralelo al Acuerdo con la República de Austria sobre el tránsito de mercancías. 
Esto depende sobre todo de la rapidez con que nuestros Estados miembros y el Parlamento Europeo puedan alcanzar un acuerdo sobre el contenido del Libro Blanco. En efecto, sólo si conseguimos adoptar una directiva sobre los costes de las infraestructuras de transporte considerablemente mejorada, junto con todos los demás elementos del Libro Blanco, será posible poner realmente en práctica todas estas medidas. 
La respuesta es, por lo tanto, evidente. 
La Comisión no tiene la posibilidad- sobre todo no la posibilidad jurídica- de impedir la apertura del túnel del Mont Blanc. 
Yo soy, sin embargo, partidario de que impulsemos el debate sobre el Libro Blanco con la suficiente intensidad para que se puedan adoptar cuanto antes algunas decisiones concretas. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
Señorías, hemos llegado antes de la hora prevista al fin de esta declaración de la Comisión sobre la reapertura del túnel del Mont Blanc. 
El informe siguiente, el del Sr. Lannoye, tiene una hora perentoria para su debate, que es las 16.00 horas. 
En vista de ello, no nos queda otra solución que la de suspender la sesión y reanudarla a la hora prevista. 
(La sesión, suspendida a las 15.46 horas, se reanuda a las 16.00 horas) 
Industria pesquera y reducción de la pobreza 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0334/2001) del Sr. Lannoye, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la comunicación de la Comisión sobre la industria pesquera y reducción de la pobreza (COM (2000) 724- C5-0071/2001- 2001/2032 (COS). 
. Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, la Comisión de Pesca ha aprobado por unanimidad el informe del que he sido ponente y que hoy se incluye en el informe Lannoye. 
Pedí el procedimiento Hughes, pues la materia afecta de lleno tanto a la pesca como a la cooperación al desarrollo. 
Creo, sinceramente, que desde la Comisión de Pesca hemos mejorado notablemente el proyecto inicial del informe Lannoye. 
Hemos contribuido a enfocar y a equilibrar la visión exclusiva- desde la cooperación al desarrollo y, particularmente, desde el Grupo de los Verdes- que existía sobre esta materia. 
Los acuerdos internacionales de pesca no son nocivos ni para la pesca, ni para la Unión Europea, ni para terceros Estados, como a veces se pretende hacer ver. 
Al contrario, son beneficiosos para todos. 
Este beneficio mutuo es lo que tenemos que buscar entre todos, y no puede obtenerse sólo desde la PCP. 
La política de cooperación al desarrollo tiene que implicarse más, con más medios económicos, financieros y técnicos, como pide nuestro informe y demuestran los datos que aportamos en la exposición de motivos. 
Los acuerdos internacionales de pesca son acuerdos comerciales, como reconoció el Consejo de la Unión Europea, aunque estén dedicando cada vez más fondos propios para la cooperación, pero son imprescindibles para cubrir el déficit en el abastecimiento de pescado en la Unión Europea y para el empleo en regiones europeas que son Objetivo nº 1, que también tenemos la obligación de atender prioritariamente. 
Empleo y cohesión económica y social en Europa son principios políticos fundamentales de nuestra Unión. 
¿Conservar los recursos de terceros Estados? 
Por supuesto. 
¿Hay alguien más conservacionista que la propia Unión Europea? 
¿Acaso otras potencias pesqueras extranjeras, asiáticas, por ejemplo, que ocuparían nuestro lugar si nosotros nos marchásemos, respetarían mejor los recursos? 
Por supuesto que no. 
Creo que las críticas que se vierten en el informe Lannoye sobre los acuerdos de Mauritania y Senegal son totalmente infundadas. 
Discrepo también del enfoque regional que se propone, pues los acuerdos internacionales de pesca se dan en las zonas económicas exclusivas, que son soberanía de los terceros Estados, y cada Estado es soberano y tiene intereses políticos y económicos diferentes. 
Otra cosa distinta sería la cooperación multilateral en aguas internacionales. 
Creo, señor Presidente, que nuestro Parlamento ha dado un paso definitivo. 
Pedimos siempre a la Comisión que coordine sus competencias de cooperación y de pesca. 
El Parlamento ha dado un ejemplo coordinando nuestras dos comisiones y creo que este es el buen camino para defender los intereses europeos, conjugando principios que todos defendemos, como son la conservación de los recursos naturales de la Humanidad y la erradicación de la pobreza en el tercer mundo, lo que implica la cooperación a su desarrollo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como todos sabemos, compatibilizar diferentes políticas comunitarias es una tarea necesaria, pero no siempre fácil. 
Simplemente, cuando lo que está en juego es la lucha contra la pobreza en el mundo, ese trabajo nuestro pasa a ser no sólo indispensable, sino también urgente. 
El pescado es para todos nosotros un bien escaso. 
Para las poblaciones ribereñas de los países más pobres, que viven exclusivamente de la pesca, es un recurso precioso, de él depende su supervivencia como comunidades de hombres y mujeres. 
Por eso, nos congratulamos de la comunicación de la Comisión sobre la pesca y la reducción de la pobreza y apoyamos el informe de nuestro colega Paul Lannoye, que formula inteligentemente principios e indica vías que permitirán conciliar el abastecimiento del mercado comunitario y las actividades de pesca, transformación y comercialización del pescado de los países con los que celebramos acuerdos de pesca. 
El sabio proverbio chino que enseña, como conducta responsable, "no dar pescado, sino enseñar a pescar", tiene también aquí aplicación, aunque con algunas adaptaciones, porque el pescado que allí pescamos es, en primer lugar, un bien de otros. 
Por eso, el fomento de la investigación científica sobre los recursos y el leal aprovechamiento en común de esos conocimientos con los países en vías de desarrollo, la ayuda a la organización de comunidades locales dependientes de la pesca, el fortalecimiento y el fomento de los mecanismos de cooperación regional y el apoyo en la lucha contra los pabellones de conveniencia y la pesca ilícita son sólo algunas de las medidas que nos muestran que la vía ahora propuesta es buena para que la recorramos juntos. 
Señor Presidente, en varias ocasiones he lamentado, al igual que muchos colegas, la falta de coordinación entre las diversas políticas comunitarias y entre las diferentes direcciones generales de la Comisión; y lo mismo se podría decir de las comisiones parlamentarias de esta Cámara. 
Entre la PCP y la Cooperación al Desarrollo no debería haber contradicciones si los instrumentos comunitarios- en concreto, el presupuesto- fuesen más transparentes. 
La Unión Europea financia la cooperación pesquera con estos países por dos vías: los acuerdos pesqueros internacionales y los proyectos que financia el Fondo Europeo de Desarrollo. 
Una parte cada vez más importante de la compensación financiera de los acuerdos se destina a este fin (en el de Madagascar, el 62 %) , lo que no es, desde luego, la situación ideal, ya que se está pidiendo a la PCP que financie acciones o compensaciones que nada tienen que ver con sus verdaderos objetivos. 
Faltan a la verdad quienes dicen que la Comunidad no favorece al sector pesquero de los PVD. 
Respondiendo a una pregunta que formulé recientemente, el Comisario Nielson me explica que la Comunidad ha emprendido, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo, 334 programas, proyectos o acciones para apoyar al sector pesquero de estos países, con una financiación de 421 millones de euros. 
Le recuerdo que el acuerdo pesquero actualmente más importante, el de Mauritania, supone al año unos 80 millones de euros. 
Considero que nada puede beneficiar más al desarrollo de los PVD que el comercio mutuo con la Unión Europea. 
Los acuerdos de pesca les permiten obtener recursos financieros por la cesión a la flota comunitaria de derechos de pesca sobre unos recursos perecederos que, para su captura, transformación y comercialización, requieren empresas complejas y medios de los que ellos no disponen. 
De la misma manera que sería un disparate que nos opusiéramos a que estos países exportasen sus productos agrícolas a Europa, resultaría una barbaridad que les negáramos la posibilidad de vender a precios internacionales sus recursos pesqueros excedentarios. 
Este enfoque de cooperación al desarrollo, así de mal entendido, nos llevaría también a impedir que los PVD nos exportasen sus productos mineros o a pedir que las empresas energéticas europeas abandonasen estos países, para que las explotaciones las realizasen empresas locales y que no pagásemos a Gabón o a Nigeria el precio internacional por barril de petróleo. 
Por último, cabe decir que los caladeros donde faena la flota comunitaria se encuentran en aguas internacionales, no de soberanía de tal o cual país, sino en zonas económicas exclusivas, según el Tratado de Derecho Internacional del Mar, que obliga a todos los países a ceder a otros los recursos sobrantes de estas zonas que ellos no pueden explotar. 
Todo ello dentro de una gestión sostenible de los recursos, a la que aspira la PCP. 
La pesca que realiza la flota comunitaria que faena en esas aguas es compatible con la flota local artesanal, que conserva el monopolio en la zona de las 12 millas. 
Un proyecto interesante para todos sería ayudar a esos países a gestionar mejor esa zona donde se produce el desove y existe la mayor concentración de juveniles. 
Felicito al Sr. Lannoye por su excelente informe y pido que todos sigamos trabajando en esta línea de cooperación. 
Señor Presidente, los pescadores pequeños y pobres están en una situación complicada porque hay demasiados pescadores grandes y ricos. 
La Unión Europea sufre las consecuencias de una grave sobrecapacidad en el sector pesquero e intenta solucionar este problema sacando las capturas parcialmente de países en desarrollo. 
En lugar de sanear el sector pesquero se le destina anualmente más de un millardo de euros de dinero público. 
Es obvio que los gobiernos de los países pobres están encantados de recibir grandes sumas de dinero a cambio de permitir la pesca a gran escala en sus aguas. 
Pero es mejor que se ayude a desarrollar el sector pesquero en estos países con una economía débil que dejar a su aire a los pescadores locales en sus embarcaciones primitivas, mientras los enormes beneficios de las capturas van directamente a las arcas de los grandes armadores europeos. 
Lamentablemente, desconocemos aún las consecuencias exactas de estas prácticas para las reservas de peces y el medio ambiente. 
Pero queda claro que sobre todo las pequeñas empresas locales sin subvenciones o ayudas estatales no van a poder competir y seguirán jugando un papel totalmente marginal. 
En mi opinión, habrá que reducir a corto plazo especialmente las flotas españolas y portuguesas. 
Además, habrá que impulsar un control mucho más rígido del empleo de los fondos de compensación por los países en desarrollo mismos. 
Este gasto de dinero tiene que estar englobado directamente en la política de la lucha contra la pobreza. 
Asimismo, habrá que integrar mucho más a las flotas locales en este gasto. 
Me parece que la política europea de pesca ha de estar mucho más sincronizada con la ayuda al desarrollo de Europa. 
Por otra parte, la Unión Europea tiene que prestar ayuda técnica sistemática para compartir sus conocimientos sobre la riqueza de la fauna marítima con los países en desarrollo. 
Lo más importante es que los países pobres consigan finalmente el "know-how", la capacidad y las inversiones necesarias para poder pescar de forma responsable en sus propias aguas. 
A largo plazo, los acuerdos de pesca tienen que desaparecer porque mantienen el excesivo número de pescadores europeos y dejan a los países en desarrollo al margen. 
Señor Presidente, un debate sobre pesca y pobreza no es sencillo. 
Y, si el ponente pertenece al Grupo de los Verdes, el esfuerzo de síntesis del Sr. Lannoye es más meritorio. 
La pobreza es hoy el principal problema del mundo y, por desgracia, seguirá siéndolo por muchos años. 
Para algunos de los países más pobres del mundo, la pesca es uno de sus principales recursos; incluso, para un buen número de ellos, su único recurso económico. 
Mozambique obtiene de la exportación de crustáceos el 75 % del total de sus ingresos, en un perfecto ejemplo de un modelo de desarrollo insostenible. 
El ponente, Sr. Lannoye, tiene el mérito de proponernos un texto con vocación de realismo, que mantiene una saludable dosis de utopía. 
Sobre la propuesta de la Comisión, debo decir que es coherente con el objetivo de dar respuesta a los intereses europeos, haciéndolos compatibles con un marco de referencia para un desarrollo de los países que tienen en la pesca un recurso esencial para luchar contra su pobreza. 
He citado el caso de Mozambique, pero no sería justo si no dijera que este país africano ofrece otros aspectos muy positivos en sus esfuerzos por salir adelante, y debo decir que hay también otros países africanos que hacen bien las cosas en materia de pesca, como es el caso de Namibia, por dar sólo un ejemplo. 
Me parece pertinente insistir en la necesidad de que, desde la Unión, seamos especialmente cuidadosos en el cumplimiento del código de conducta para una pesca responsable, con el que estamos comprometidos como miembros de la FAO. 
Hay que esperar que las autoridades de los países en desarrollo realicen el mismo esfuerzo. 
Es verdad que son rechazables algunas prácticas- como ha citado el Sr. Lannoye- de casos determinados y concretos por parte de agentes comunitarios, pero es igualmente cierto que, a veces, esas prácticas no serían posibles sin la colaboración necesaria de agentes locales implicados. 
El problema es serio y complejo y, por eso, repito, son más meritorios los esfuerzos de la Comisión y del ponente, por aportarnos una orientación equilibrada sobre el mismo. 
Señor Presidente, hace unos días, en un encuentro de socialistas portugueses y españoles en Santiago de Compostela, decíamos que las políticas de la Unión Europea deben juzgarse siempre en función del valor añadido que aporten en el terreno de la cohesión social. 
Insistíamos así en que nuestra Unión debe ser, entre otras cosas, pero para nosotros de manera muy principal, un gran marco de solidaridad intraeuropea. 
Naturalmente, este planteamiento vale también para las actuaciones de la Europa unida en su relación con otros países y, en particular, con los países en vías de desarrollo. 
Así, las políticas de la Unión Europea que tengan que ver con esos países deberán juzgarse también en función del valor añadido que aporten en términos de cohesión social, es decir, en función de su contribución al progreso hacia un mundo más equilibrado y con menos desigualdades. 
De ahí que, coincidiendo con el excelente y- en mi opinión- no utópico informe de nuestro amigo Lannoye, y desde la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento, los socialistas pensemos que debemos tener en cuenta ese criterio a la hora de valorar nuestras políticas pesqueras y los acuerdos con terceros países que integran esas políticas. 
No iré yo a decir que estos acuerdos han de entenderse fundamentalmente como instrumentos de nuestra política de cooperación al desarrollo. 
Comprendemos que hay otros objetivos legítimos, entre otros, en defensa de los intereses del sector pesquero de los Estados miembros de la Unión. 
Pero sí afirmaremos que esta política de pesca no puede entrar en contradicción con lo que hacemos en materia de cooperación y, sobre todo, no puede contradecir, ni en lo inmediato ni a medio o largo plazo, el objetivo estratégico prioritario que en materia de cooperación al desarrollo nos hemos fijado, y que es la erradicación de la pobreza en los países del Sur. 
En definitiva, aspiramos a una política pesquera que sea coherente con la que llevamos adelante en lo relativo a la cooperación al desarrollo. 
Una política pesquera que, al menos como efecto colateral, contribuya a la erradicación de la pobreza de los países con los que se firman acuerdos para poder pescar en sus aguas. 
Además de respetar a nuestros interlocutores y los derechos que les corresponden como dueños de dichas aguas, deberemos sacar las lecciones que se imponen de nuestra experiencia, que nos llevó a esquilmar la pesca de nuestros contornos costeros. 
Sería intolerable repetir la misma faena en caladeros de pueblos que pueden tener en la pesca unos recursos significativos para su propio futuro. 
Ese respeto y la coherencia con nuestras metas de desarrollo sostenible para todos deben evitar actuaciones egoístas o prepotentes por nuestra parte, así como aquellas otras, igualmente irresponsables, que con nuestra actividad pesquera en el tercer mundo hicieron realidad el refrán español de que aportábamos a esos pueblos pan para hoy y hambre para mañana. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la pesca es una actividad que ha acompañado al hombre a lo largo de los tiempos, pero nunca ha proporcionado gran acumulación de riqueza, basta con pensar en que la revolución neolítica fue hecha por la agricultura y no por la pesca. 
Si es cierto que actualmente los pescadores de la Unión Europea gozan de una protección y garantías que les proporcionan condiciones de vida aceptables, aunque inferiores a las de muchos otros trabajadores, no sucede lo mismo, por desgracia, con los pescadores y las comunidades pesqueras diseminadas por los países en vías de desarrollo. 
Por esas razones resulta digna de felicitación, elogio y apoyo la comunicación de la Comisión, en la que se trasluce una evidente inspiración humanista, que, por lo demás, se amplía en el informe del Sr. Lannoye, en el que se reconoce que la pesca constituye para muchos países en vías de desarrollo una actividad vital, amenazada de agotamiento, porque los recursos son escasos y la presión sobre las especies es cada vez mayor. 
Los acuerdos de pesca que la Unión Europea celebra con terceros países son esenciales para la supervivencia de actividades y culturas que forman parte integrante de la historia y la identidad de muchos países europeos. 
Aun así, esos acuerdos no pueden pasar por alto ni ser insensibles a las repercusiones que tienen en las vulnerables economías de países y regiones pobres del mundo. 
Así, pues, conviene compatibilizar los intereses legítimos de los pescadores y consumidores comunitarios con los de poblaciones pobres de los países en desarrollo, así como con la preservación de los recursos pesqueros, muchas veces devastados por una pesca irracional hecha, incluso, con pabellones de conveniencia. 
En una palabra, la regla de oro a este respecto habrá de ser la de integrar las repercusiones externas de la Política Pesquera Común en la política mundial de apoyo al desarrollo impulsada por la Unión Europea. 
Por último, quisiera expresar apoyo al excelente trabajo del Sr. Lannoye, que comulga, como ya he dicho, con la inspiración de la Comisión y contiene propuestas enteramente constructivas y justas que todos debemos apoyar. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, la Comisión acoge con satisfacción el completo informe y la propuesta de resolución presentada, cuyo contenido ha sido elaborado por la Comisión de Desarrollo en estrecha colaboración con la Comisión de Pesca. 
Yo quiero agradecerle, además, muy sinceramente, señor Lannoye, la valiosa labor que ha realizado en este contexto en su calidad de ponente. 
En su propuesta de resolución se resalta la necesidad de que en el futuro se preste más atención al potencial de desarrollo de los pescadores locales, sobre todo de los pequeños pescadores artesanales, así como a las necesidades de las comunidades costeras que dependen de la pesca. 
Tal como se desprende de la comunicación de la Comisión titulada "Industria pesquera y reducción de la pobreza", la Comisión desea impulsar una colaboración más estrecha y un diálogo político con los países en desarrollo, mediante un enfoque más centrado en este sector. 
Esto implica el reconocimiento y el fomento directo de la responsabilidad de los propios países en desarrollo en la definición de sus prioridades e intereses en materia de desarrollo. 
A continuación, voy a referirme brevemente a los diferentes problemas asociados al desarrollo que en adelante se deberían tener en cuenta en el contexto de los acuerdos de pesca y que ustedes señalan explícitamente en su resolución. 
En particular, se plantean las siguientes necesidades. Concretamente, las posibilidades de pesca para la flota comunitaria no deben conducir al esquilme de las poblaciones de peces y sólo se deberán suscribir acuerdos de pesca que sean compatibles con el desarrollo sostenible del sector en el país en desarrollo del que se trate. 
La Comisión considera que estos principios que se formulan en la resolución, con vistas a que en los aspectos externos de la Política Pesquera Común se tomen en consideración las cuestiones relacionadas con el desarrollo, concuerdan con los principios formulados en la Comunicación de la Comisión sobre la industria pesquera y la reducción de la pobreza, y también en el Libro Verde sobre el futuro de la Política Pesquera Común. 
También los respetamos en la práctica cuando suscribimos acuerdos de pesca con terceros países. 
Nuestros acuerdos de pesca se basan en los recursos excedentarios disponibles que el tercer país no pesca, de conformidad con del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
La Comisión también coincide en señalar explícitamente la necesidad de que se aplique con mayor firmeza el principio del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
Estos principios también están presentes en el debate sobre la reforma de la Política Pesquera Común, que se está desarrollando justamente en estos momentos y que se puso en marcha con la reciente publicación del Libro Verde. 
Permítanme que me refiera ahora a un último punto, que es el relativo a una mejor coordinación entre la política de cooperación al desarrollo y los aspectos exteriores de la Política Pesquera Común. 
Yo puedo asegurarles que la Comisión comparte el punto de vista del Parlamento al respecto. 
En los documentos estratégicos nacionales y regionales que se elaboran en el marco de la cooperación con los países en desarrollo se debe prestar más atención a la vinculación entre la cooperación al desarrollo y los aspectos exteriores de la Política Pesquera Común. 
Este tema también se abordará, por consiguiente, en el contexto de la reforma que se está preparando. 
Finalmente, una última observación: señor Ponente, usted ha señalado que sería importante que se suspendan las subvenciones con cargo a los programas estructurales cuando un buque se traslade o transfiera a un tercer país. 
Yo quiero decirles que, en del debate sobre la prórroga del POP IV, que vamos a celebrar a continuación, tengan presente que esta idea ya se recoge en la propuesta sobre la prórroga del POP IV y forma parte intrínseca de la misma. 
Yo espero que también obtenga la aprobación del Parlamento. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 18.30 horas. 
Reestructuración de la pesca comunitaria (1997-2001) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0316/2001) de la Sra. Attwooll, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre las propuestas de 
1. decisión del Consejo que modifica la Decisión 97/413/CE del Consejo relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001 con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (COM (2001) 322- C5-0308/2001- 2001/0128 (CNS) ); 
2. reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 2792/1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (COM (2001) 322- C5-0309/2001- 2001/0129 (CNS) ). 
Señor Presidente, Comisario Fischler, la Comisión de Pesca acepta que al prolongar por un año las normas referentes a la reestructuración y a la asistencia estructural al sector pesquero, es preciso introducir cambios en las tasas de reducción indicativas a fin de mantener los actuales niveles. 
Acojo con satisfacción que se apliquen con mayor rigor las disposiciones relativas a la transferencia de buques de pesca a terceros países. 
La enmienda 6 del artículo 1 (3) pide a la Comisión que presente una lista en la que se especifique qué transferencias son permisibles y qué transferencias no lo son. 
Confiamos en que lo pedido sea aceptable para ellos. 
A la comisión parlamentaria le satisface también la posibilidad de que se preste asistencia financiera cuando las normas legislativas comunitarias impongan restricciones técnicas, pero estima que se debería mantener informado al Parlamento de esos casos; ésa es la enmienda 10. 
Por lo demás la Comisión de Pesca tiene dificultades porque la propuesta de la Comisión preconiza tres cambios sustanciales en las normas propuestas. 
Esos cambios consisten en suprimir la posibilidad de que haya un aumento de la capacidad, y eso por motivos de seguridad; prever asistencia financiera para la modernización de la flota y su renovación únicamente cuando los objetivos se han alcanzado únicamente gracias a la reducción de la capacidad; y permitir que esa asistencia financiera se preste a cualquier segmento de la flota únicamente cuando todos los segmentos de la flota hayan conseguido sus objetivos. 
En la votación sobre el informe, la Comisión de Pesca rechazó cada uno de los tres cambios mencionados. 
Los motivos eran diversos, y se referían tanto a la conveniencia de los cambios propiamente dichos como a la conveniencia de introducirlos en el curso de una prolongación del programa de un año. 
Por ejemplo, tanto la Comisión de Pesca como la Comisión de Asuntos Jurídicos opinaban que el obligar a que todos los segmentos de la flota alcanzaran sus objetivos antes de que uno cualquiera de dichos segmentos pudiera beneficiarse de la asistencia financiera, era contrario a los principios de la justicia natural. 
De forma análoga, la propuesta de que la asistencia financiera sólo se pudiera prestar cuando los objetivos se alcanzaran exclusivamente por reducción de la capacidad, es cosa que parecía poco equitativa a esas flotas en las que las reducciones de capacidad y de actividad se han combinado. 
También había dudas acerca de la conveniencia de hacer ese tipo de cambio en circunstancias en las que había creciente acuerdo en que se necesitaban una amplia diversidad de medidas para poder reducir las actividades de pesca. 
Las enmiendas 4, 7, 8 y 9 tienen por finalidad mantener el status quo en relación con esas dos propuestas. 
El punto más difícil de aceptar se refería a la supresión de la posibilidad de aumentar la capacidad por razones de seguridad. 
La Comisión de Pesca respeta muchísimo la seguridad de la pesca. 
Se tiene la grave inquietud de que los armadores no efectuarán ninguna mejora de la seguridad a no ser que se les dé una capacidad adicional para ello. 
También se alegaba que los abusos de la disposición debían evitarse mediante la aplicación de controles adecuados y que el mencionado cambio, si realmente hubiera que hacerlo, sería más adecuado introducirlo cuando se reforme el conjunto de la política común de pesca. 
La cuestión de la capacidad es principalmente el punto en que discrepo de algunos de mis colegas de la comisión parlamentaria. 
Es evidente que tenemos que encontrar la manera de conseguir que los buques sean seguros, pero tampoco podemos permitirnos el lujo de asumir riesgos con las cuestiones de conservación. 
La peligrosa situación en que se hallan las existencias de bacalao en el Mar del Norte no es más que un ejemplo de lo que acabo de decir. 
Las enmiendas 2, 3 y 5, aprobadas por la Comisión de Pesca, rechazan sin vacilación los cambios de las normas de capacidad propuestos. 
Las enmiendas 11 y 12, presentadas por el Grupo ELDR, aceptan en cambio el enfoque de la Comisión en principio, pero por razones de seguridad procuran conseguir que los incrementos de capacidad se admitan a título excepcional en el caso de los buques ya existentes con menos de 12 metros de eslora. 
La justificación para esta excepción es que el hecho de suprimir la posibilidad de que se preste asistencia financiera es posible que influya muchísimo en el sector y que entrañe riesgos mucho más graves para las mejoras de seguridad en los casos en que probablemente tengan escasos efectos en materia de capacidad. 
Sé que muchos de mis colegas- por motivos que respeto- tienen un punto de vista diferente, pero quisiera instar a todos a que, al resolver de qué forma van a votar sobre este informe, tengan en cuenta que la necesidad de conservación ha adquirido carácter verdaderamente imperativo. 
Señor Presidente, es un placer tomar la palabra en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sustancialmente para apoyar lo que acaba de decir mi colega de la Comisión de Pesca, Sra. Attwooll. 
Como todos ustedes suponen, la Comisión de Asuntos Jurídicos se ha puesto las gafas jurídicas para fijarse en esta cuestión. 
Desde nuestro punto de vista, no sólo es importante que se alcancen los objetivos de la Política de Pesca Común, también es importante que los medios con los que la Comunidad lo consigue sean medios de derecho, y por lo tanto los principios del derecho han de ser respetados en todo lo que hagamos. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos estimaba que las propuestas de la Comisión Europea eran deficientes en dos importantes principios jurídicos, en dos puntos importantes: el primero era el principio de la proporcionalidad, y en efecto la Sra. Attwooll lo ha mencionado ya esta tarde. 
En el párrafo 3 la Comisión dice que las medidas encaminadas a mejorar la seguridad no deben traducirse en un incremento de los esfuerzos que entraña la pesca y que, por lo tanto, dichas medidas deben aplicarse sin rebasar los actuales objetivos en materia de capacidad que se han fijado para la flota pesquera. 
Esto equivale a decir que la mejora de la seguridad puede pasarse por alto si no se consiguen los objetivos en materia de capacidad, independientemente de los esfuerzos que eso entrañe. 
Ahora bien, la finalidad que tenemos todos es evitar que se pesque en exceso, y es el esfuerzo, y no la capacidad, lo que ayuda a pescar peces. 
La proporcionalidad, por lo tanto, requiere que se suprima ese texto. 
En segundo lugar, por lo que se refiere a las disposiciones sobre penalizaciones indirectas, exigir que todos los segmentos de una flota nacional hayan alcanzado los objetivos anuales, que es lo que sugiere la Comisión, antes de que se pueda conceder una ayuda pública para la renovación o la modernización de la flota, sería ilegal. 
Es contrario a los principios más elementales de la justicia natural. Permitiría que un segmento del sector de la pesca se viera penalizado por algo efectuado, o dejado sin efectuar, por otro. 
Podría tener como por resultado que los pescadores se vieran penalizados por hechos u omisiones de su Gobierno, lo que constituiría un castigo indirecto. 
Como diputado que representa a Escocia, insisto en que esas cuestiones son de importancia capital para todas las partes de la flota escocesa. 
Los pescadores que cumplen sus objetivos en materia de reducción de la capacidad no deben ser castigados por los que no lo hacen ni deben pagar los vidrios rotos por los fallos del Gobierno del Reino Unido o del Gobierno escocés. 
Señor Presidente, en primer lugar felicito a mi colega, la Sra. Attwooll, por la labor que ha realizado con este informe. 
Aunque estamos tratando únicamente de la prórroga del actual POP IV por un año, las propuestas de la Comisión intentan reducir el exceso de pesca y conseguir el 40 por ciento de reducción de las actividades de toda la flota de la UE, lo que han estado diciendo y repitiendo una y otra vez es algo absolutamente esencial, si queremos conservar la esperanza de que en el futuro haya una industria pesquera sostenible. 
Sé que se ha planteado una controversia- y la Sra. Attwooll lo ha mencionado- sobre la cuestión de la ayuda para las medidas encaminadas a mejorar la seguridad de la navegación; las condiciones de trabajo; y la higiene, a bordo de los buques de pesca. 
Huelga decir que todos nosotros deseamos que nuestros pescadores pesquen en condiciones de la máxima seguridad y la máxima limpieza, pero no hay duda de que en el pasado se ha abusado de esa ayuda para aumentar las actividades de pesca, lo que ha conducido a nuevos excesos en la explotación de existencias cada vez menores de peces. 
Me parece que es absurdo que intentemos conseguir una reducción del exceso de pesca como objetivo fundamental de política por una parte, mientras que por otra parte seguimos facilitando la trampa a expensas de los contribuyentes. 
La razón de ser del POP es reducir las actividades de pesca y establecer un mejor equilibrio con las actuales existencias de pescado. 
Aún esta semana la necesidad de hacer objeto de una vigilancia continuada a esta esfera fue puesta de relieve con la publicación del informe del CIEM sobre las perspectivas de captura en el año 2002. 
Esas perspectivas indican que hay existencias de peces que siguen estando en una situación de gran peligro, y pienso particularmente en el bacalao, aunque también indican que ha habido una ligera mejora en el caso del eglefino y la pescadilla en el Mar del Norte. 
Puesto que hablamos de esta cuestión les diré que me indignó realmente leer que inspectores de pesca daneses habían abordado el mes pasado un buque de pesca industrial danés y habían descubierto 114 toneladas de bacalao demasiado joven en una captura total de 543 toneladas que pasaba por ser solamente un cargamento de anguilas de arena. 
Es una verdadera locura, pulverizar un valioso volumen de eglefino joven para fabricar harina de pescado con la cual alimentar salmones en el sector de la piscicultura. Es un delito contra todo lo que estamos procurando conseguir. 
Espero que cuando llegue el momento de votar sobre este informe, más tarde, recordemos todos que la real finalidad de la doctrina del POP consiste en reducir la explotación excesiva y que nada de lo que hagamos en la utilización de ayuda pública para la flota de la UE debe socavar ese principio. 
Señor Presidente, quiero agradecer a la Sra. Attwooll el magnífico trabajo que ha realizado con este informe que nos va a ser tan útil. 
La adecuación de la flota comunitaria a los recursos disponibles es un objetivo fundamental de la PCP. 
Se trata, además, de una exigencia de sentido común, si queremos que la pesca sea una actividad económica rentable y nuestro sector pesquero sea un sector económico viable. 
Por ello, nos felicitamos por la prórroga del actual POP IV hasta el 31 de diciembre de 2002. 
El Grupo socialista apoya, como he dicho, el informe de la Sra. Attwooll, aprobado en la Comisión de Pesca por consenso, y le agradece el compromiso logrado en nuestra comisión, junto con los enmendantes, compromiso del cual el Consejo aún se encuentra muy alejado. 
Es una buena señal la que da este Parlamento, al anticipar un acuerdo al que puede sumarse el Consejo. 
La propuesta de la Comisión no se limita a prorrogar en un año el POP vigente, sino que también pretende introducir, como ya se ha dicho, criterios relativos a la seguridad, que deberían debatirse en el contexto de un nuevo POP. 
Respecto a este asunto de la seguridad, lamento que la Comisión no haya hecho ninguna referencia a él en el Libro Verde para la reforma de la PCP. 
Quiero recordar que, como aprobó esta Asamblea (al debatir y aprobar mi informe sobre la siniestralidad en la pesca) , también resulta de plena aplicación para los buques menores de 12 metros la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. 
Reclamamos intervenciones en un marco preventivo, con objeto de impedir que ocurran accidentes, tanto en lo que se refiere al diseño del buque y los equipos de salvamento como a la introducción de normas de gestión de recurso con consecuencias para la seguridad humana, al tamaño, o a la potencia de las embarcaciones. 
Por último, quisiera recordarle al Comisario, Sr. Fischler, que si en algo hubo unanimidad durante la audiencia organizada por la Comisión Europea para presentar el Libro Verde, fue precisamente en el hecho de que debían continuar vigentes las ayudas comunitarias destinadas a la modernización de la flota. 
Señor Presidente, señor Comisario, la decisión de prolongar la vigencia del POP-IV hasta el final del próximo año, a fin de tener en cuenta los resultados de las negociaciones sobre la reforma de la Política Pesquera Común, no debe ser aprovechada para poner en entredicho los intereses de los países que hasta ahora han cumplido e incluso han superado en reducción las metas previstas en el POP, como ha sucedido con Portugal, mientras que otros Estados miembros no sólo no han cumplido meta alguna, sino que, además, han aumentado su capacidad de pesca. 
Asimismo, no es correcto- como han dicho la ponente y otros diputados- que se pretenda introducir enmiendas a propósito de la vigencia del POP-IV que repercutirían de forma negativa en la seguridad marítima, en la calidad de vida y la seguridad de las tripulaciones, en el valor y la calidad de las capturas y en las condiciones sanitarias y de higiene. 
Por eso, es necesario que el Comisario revise la posición que expresa en estas propuestas enviadas al Parlamento Europeo y acepte la generalidad de las posiciones de la Comisión de Pesca del Parlamento. 
Señor Presidente, Señor Comisario, si algunos instrumentos políticos funcionan mal, hay que modificarlos y si esas modificaciones no dan el resultado deseado, no hay que aplicarlas más. 
Con este principio en la mente, me sorprendió ingratamente esta propuesta de la Comisión. 
Naturalmente, comprendo que la Comisión no quiere introducir una nueva política estructural que pueda quedar desfasada dentro de un año por la reforma de la política de pesca. 
Sin embargo, nadie me puede quitar la impresión de que la Comisión no se da cuenta todavía de que con los actuales programas de orientación plurianuales va por el camino equivocado. 
En mi opinión, el intento de hacer política de pesca con el empleo de dos instrumentos- las capturas máximas autorizadas y las cuotas por una parte, y la política estructural de flotas por otra- nos traerá problemas muy serios, sobre todo porque estos instrumentos políticos tienen unos objetivos muy distintos. 
Las capturas máximas autorizadas y las cuotas constituyen el factor determinante en la gestión de las reservas pesqueras. 
No obstante, sólo se puede conseguir un nivel de pesca sostenible cuando dentro de las cantidades de captura permitidas haya un margen para una flota eficiente. 
A este respecto, la política estructural de flotas ha de ser un elemento de apoyo. 
Lamentablemente, este no es el caso. 
Debido al POP se ha mantenido con toda clase de subvenciones la sobrecapacidad de la flota y, por ello, la distorsión de las condiciones de competencia. 
Además, algunos Estados miembros han adoptado unas medidas de fomento que distorsionan la libre competencia aún más. 
La política común de pesca se beneficiaría de tener unos objetivos claros para los cuales el sistema de las capturas máximas autorizadas y las cuotas deben ser el factor determinante. 
Forzosamente, un buen sistema de control con unas fuertes medidas sancionatorias forma parte de ello. 
Sin embargo, la Comisión sigue aferrada al POP con la introducción de algunas modificaciones que sólo me parecen desafortunadas. 
Bajo la excusa de reforzar la eficacia del POP la Comisión pasa por alto en una de sus modificaciones uno de los principios de justicia más elementales. 
Debido a la sobrecapacidad de un segmento pesquero la Comisión castiga a otro segmento pesquero negándole la prestación de ayuda. 
La justicia se ve aún más socavada porque la Comisión hace una distinción con motivo de la reducción de capacidad de las flotas. 
Sin embargo, la flota pesquera de mi país regula su capacidad reduciendo las actividades (la regulación de días marítimos). 
En contraste con otros países, se excluye ahora a los Países Bajos de la ayuda a la modernización. 
Con el fin de que queden sin efecto unas modificaciones tan desafortunadas, daremos nuestro sincero apoyo a las enmiendas de la ponente. 
Señor Presidente, con el pretexto de prolongar un año más el POP IV para hacerlo coincidir con la esperada reforma de la PCP, la Comisión pretendía endurecer aún más este instrumento, que ha resultado ser tan desastroso para nuestra pesca artesanal como ineficaz para la regulación del esfuerzo pesquero. 
Gracias al trabajo de la Sra. Attwooll y de la Comisión de Pesca, lo que este endurecimiento tenía de más injusto y peligroso ha podido evitarse- así lo espero -, pero lo que hay que plantearse es, de un modo más amplio, el propio principio de los POP. 
Este sistema burocrático y brutal, totalmente ajeno a las tradiciones y a la cultura del mundo marítimo, nunca ha sido aceptado por los profesionales. 
La experiencia demuestra además que este instrumento es tosco, injusto, redundante y caro. 
Sus efectos perversos son temibles, combinados con un bloqueo de la ayuda a la construcción nueva, queman el mercado de ocasión y disuaden a los jóvenes de orientarse hacia los oficios de la pesca. 
Por ello, en el marco de las reflexiones en curso sobre la reforma de la PCP, debemos favorecer absolutamente el sistema de TAC y cuotas. 
Éste es el instrumento capaz de adecuar las capturas a los recursos. 
La nueva PCP debe centrarse en el sistema de cuotas, que deberá afinar haciéndolo plurianual, mejorando su transparencia y calidad científica, aproximándolo a las zonas de pesca, buscando una estrecha participación en él de los profesionales y controlándolo de forma efectiva y equitativa. 
Señor Presidente, señor Comisario, olvidémonos de los POP y afinemos las cuotas, y haremos un buen trabajo. 
Señor Presidente, señor Comisario, no hemos descubierto los profundos problemas que afectan a la pesca en Europa con la presentación del Libro Verde sobre el futuro de la Política Pesquera Común. 
Éste sólo ha vuelto a dejar clara su gravedad. 
Nuestra comisión debate con afán los diversos enfoques para resolver los problemas. 
Sabemos que no podremos conseguir que las dificultades se desvanezcan simplemente de golpe con algún truco de magia. 
Si alguien quisiera hacérnoslo creer seriamente tendríamos que rechazarlo como lo que en efecto es: una superchería. 
Con la Política Pesquera Común tal como se ha configurado hasta ahora no hemos conseguido evitar las crisis de diversas poblaciones de peces y la necesidad de reducir el exceso de capacidad de las flotas. 
De la futura capacidad de la Unión para definir una política de pesca adecuada para el nuevo siglo depende la subsistencia económica de todos. 
La Comisión propone que se prorroguen por un año los actuales programas de orientación. 
Yo creo que esta medida también es necesaria para asegurar la continuidad en el contexto de los debates sobre la reforma que se están desarrollando. 
En este breve plazo no podremos resolver, en cualquier caso, los problemas, aunque tal vez podamos mitigarlos un poco. 
Lo decisivo es que el programa se ejecute debidamente. 
Es necesario disponer de datos, que algunos Estados miembros, sin embargo, no aportan o sólo aportan de manera parcial. 
Frente a ello, es preciso contar con un instrumental de sanciones a fin de conseguir que al menos se comuniquen los datos, y también se requieren unos criterios y categorías que sean comparables. 
Todo armador desea mejorar su eficiencia económica. 
Sin embargo, no debemos alterar el orden de prioridades. 
Queremos mejorar la seguridad en el mar. 
Este es el núcleo central de las peticiones del Parlamento Europeo. 
Debemos procurar evitar, por lo tanto, repercusiones negativas sobre la seguridad, aunque se recubran con el manto del incremento de la eficiencia. 
La modificación de las medidas estructurales que se propone resulta, además, excesiva en el momento actual. 
El cumplimiento de los objetivos en todos los segmentos de las flotas como condición previa para el acceso a las ayudas públicas es contraproducente, pues castiga a todos por el incumplimiento de unos pocos. 
Sólo conseguiremos que los pescadores acepten nuestra política cuando las condiciones sean justas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la prórroga de los programas de orientación plurianuales durante un año, con objeto de mantenerlos en vigor hasta que se adopte una decisión sobre la política futura de la flota, es razonable y yo creo que todos la apoyamos en principio. 
Los objetivos de los POP son acertados, pero su ejecución por parte de los Estados miembros sigue dejando que desear. Los informes de la Comisión lo han demostrado repetidamente en el pasado. 
También nosotros hemos criticado en repetidas ocasiones su deficiente ejecución y es evidente que la política futura de la flotas debe resolver este aspecto. 
Por consiguiente, además de la prórroga por un año, la Comisión también desea introducir algunas modificaciones en los POP, así como en las disposiciones del IFOP. 
Yo rechazo algunas de estas modificaciones, pues me parece más adecuado que estos aspectos se resuelvan en el marco de la decisión de fondo sobre la política de la flota. 
A mi modo de ver, no tiene sentido introducir modificaciones de gran calado en el último año de validez del POP IV, sobre todo cuando éstas pueden repercutir negativamente sobre la seguridad a bordo de los buques de pesca. 
No obstante, si se sigue concediendo a los Estados miembros la posibilidad de solicitar un aumento de la capacidad mediante medidas que contribuyan a mejorar la seguridad a bordo y la higiene de la producción, y dichas medidas se financian con créditos del IFOP, es necesario tener la verdadera seguridad de que estas medidas no se traducirán en un aumento del índice de explotación de los recursos. 
No puede ser que se impida invertir en la seguridad a bordo porque no se respetan las condiciones de aplicación de las medidas o porque los Estados miembros a veces no pueden garantizar o no garantizan el control de su cumplimiento. 
Deberíamos aprovechar el debate sobre la reforma de la Política Pesquera Común para buscar soluciones al dilema, que de nuevo ha quedado patente en el contexto del presente informe, entre la seguridad a bordo y una gestión sostenible de los recursos pesqueros. 
Lo uno no debe ir, no obstante, en detrimento de lo otro en ningún caso. 
Señor Presidente, quiero dar también las gracias a la Sra. Attwooll por su colaboración a favor de un compromiso que, en mi opinión, mejora en mucho las dos propuestas de la Comisión, en origen bastante extemporáneas y condenadas a su incumplimiento. 
Porque resulta bastante duro aceptar que, seis meses antes de la finalización de un programa de ajuste de flota, se le diga al sector, sin justificaciones científicas ni técnicas, que ya no puede reducir capacidad de pesca mediante el ajuste del esfuerzo y que la única salida es el desguace puro y duro, porque la Comisión cometió un pequeño error de cálculo hace cuatro años. 
Y que, además, de paso, se aproveche la ocasión para poner patas arriba las bases del propio POP IV y elementos claves del Reglamento IFOP, lo cual, a todas luces- y creo que aquí hay un acuerdo generalizado -, es inaceptable. 
Si a ello se añade que la mayor carga en las nuevas exigencias recae, como se ha dicho, sobre la eliminación de las facilidades contempladas para mejorar la seguridad de los buques, cabe preguntarse si la Comisión piensa alguna vez en el sector pesquero cuando se pone a inventar genialidades de última hora. 
Por eso, pido el voto a favor de las enmiendas de la Comisión de Pesca. 
Porque sigo sin poder comprender, y el sector pesquero menos aún, qué interés puede haber en reservar las medidas de seguridad sólo para los buques de menos de 12 metros, cuando son justamente los barcos mayores los que llevan más tripulantes y trabajan más lejos de la costa, es decir, los que corren considerablemente más riesgos y, en caso de emergencia, tienen más dificultades para refugiarse en puerto, todo ello en unas aguas que, como las atlánticas europeas, no son precisamente una balsa de aceite, y con el invierno en puertas. 
En cuanto a la Comisión, es justo reconocer que intentó, desde un primer momento, hacer coincidir la finalización del POP IV con la reforma de la PCP de 2002. 
Pero, desde el año 1997, sabía que no lo iba a lograr y, a partir de ahí, la Comisión debería haber comenzado a trabajar en un POP V que eliminase los errores cometidos hasta el momento y, entretanto, simplemente prorrogar el POP IV. Y prorrogar, señor Comisario, no puede servir de ninguna manera para cambiar las reglas de juego que teníamos hasta ahora. 
Señor Presidente, tomo la palabra para felicitar también a nuestra ponente, la Sra. Attwooll, por el talante de consenso que ha propiciado en nuestra comisión para llegar a enmiendas de transacción, particularmente con nuestra colega, la Sra. Fraga, y mejorar sustancialmente, como aquí se ha dicho, la propuesta que nos hacía la Comisión en un asunto clave- todos lo estamos reconociendo- en la actual política pesquera común y en la que estamos elaborando para los próximos años. 
La política europea de la flota es una cuestión sensible y- en ello estamos de acuerdo- también complicada. 
Pero si cada Estado defiende lo que a él le interesa y cumple sólo cuando le interesa, evidentemente, así no vamos a ninguna parte. 
Por lo tanto, la Comisión tiene que alcanzar, con una política eficaz que sea asumida por todos, el reto de diseñar una flota que se adapte realmente a las necesidades pesqueras que tenemos. 
Una flota que sea segura, eficaz y competitiva. 
Por ello, el informe de la Sra. Attwooll, como lo fue en su día el informe del Sr. Busk, reviste una importancia fundamental en estos momentos. 
Con él queremos llamar la atención sobre el hecho de que el incremento de las medidas de seguridad a bordo nada tiene que ver con aumentar la potencia o la capacidad pesquera, por una parte, y, por otra, sobre la necesidad de que no se introduzcan cambios sustanciales a última hora en unos programas que llevan funcionando cinco años, porque una cosa es, evidentemente, una prórroga anual, y otra es cambiar ahora (a última hora, como decimos) , condiciones fundamentales de la filosofía general de los POP. 
Por tanto, espero que el Pleno apoye esta señal que queremos dar desde la Comisión de Pesca esta tarde, y que la Comisión, como es lógico, la tenga en cuenta. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, en primer lugar yo quiero expresarle mi agradecimiento, señora Attwooll, por la elaboración de su informe. 
He seguido con mucha atención el debate y ahora me siento casi obligado a aclarar algunas cosas, ya que me parece que existen algunos profundos malentendidos con respecto a la propuesta. 
Lo primero que debemos preguntarnos es si necesitamos o no una política de la flota. 
Yo creo que la necesitamos y necesitamos que sea eficaz- más eficaz -, pues las disposiciones actuales resultan muy insuficientes. 
Nuestra flota europea tiene un enorme exceso de capacidad global y si no la adecuamos a las actividades pesqueras que será posible desarrollar en el futuro, no lograremos superar jamás estas dificultades. 
También quiero decirles con toda franqueza que con el POP IV no conseguiremos de ningún modo este objetivo. Con el POP IV estaremos muy lejos de lograr una reducción del 30% y menos aún del 40% de la flota. 
Hay un informe, que ustedes seguramente conocen o espero que conozcan, que indica que a lo largo de todo el período de aplicación del POP conseguiremos como máximo una reducción de un 5% e incluso esto es muy improbable. 
Lo más probable es que el resultado final de todo el POP IV sea nulo. 
Esta es la realidad y la verdad del asunto, y tenemos que asumirla. 
No obstante, también debemos tener en cuenta un segundo principio. A mi parecer, tiene muy poco sentido considerar la política de la flota aisladamente de todo el resto de la Política Pesquera Común. 
Tenemos que contemplarla en el contexto de los demás elementos políticos esenciales de nuestra Política Pesquera Común. 
Por esto, pensamos que es absolutamente correcto y acertado integrar las reflexiones sobre la política futura de la flota en la definición de la nueva Política Pesquera Común que nos proponemos concretar el año próximo. 
La propuesta que hemos presentado sólo se puede entender en este contexto. En efecto, el POP IV va a expirar el año próximo y esto nos obligaría a desgajar la política de la flota de todos los demás ámbitos de la nueva política pesquera. 
Por esto pensamos en la posibilidad de una prórroga que nos permita recuperar este año e introducir una sincronización. 
Sin embargo, al mismo tiempo, tampoco queremos exponernos a que se nos reproche que vamos a prorrogar durante un año un reglamento ineficaz. 
Por este motivo también hemos propuesto algunas medidas encaminadas a mejorar el POP actual. 
A ello se suma el hecho de que algunos Estados miembros ni siquiera cumplen los insignificantes objetivos del POP IV. Lamentablemente, la Comisión no puede hacer nada para imponer el cumplimiento de los objetivos del POP, salvo iniciar un procedimiento ante el Tribunal de Justicia Europeo. 
Por esto también hemos presentado algunas propuestas en este sentido. 
Dicho esto, paso a referirme a las enmiendas que se han presentado. 
Las enmiendas 1-3 y 5 se refieren al tema de la seguridad marítima. 
También esto requiere una aclaración: nadie debe insinuar que en la Comisión nos oponemos a la mejora de la seguridad marítima. 
También nosotros tenemos noticia de los problemas y los accidentes que se han producido últimamente en el mar. 
Por lo tanto, también sabemos cuán necesario es mejorar la seguridad y, además, también subvencionamos estas medidas. 
Se destinan fondos comunitarios a la mejora de la seguridad. 
Yo tampoco discuto que, cuando se incrementa la seguridad, en algunos casos aumenta el tonelaje de los buques. 
Esto no significa, sin embargo, que por este motivo no se pueda exigir que este aumento del tonelaje de un buque concreto se compense con la retirada de algunos más. De esto se trata justamente. 
En efecto, no está prohibido incorporar más elementos de seguridad adicionales a un buque concreto. 
Por consiguiente, tampoco podemos admitir estas enmiendas. 
Las enmiendas 11 y 12 no podemos aceptarlas porque la aplicación de la cláusula de seguridad continúa estando restringida a los buques de menos de 12 metros de eslora que no utilicen redes de arrastre. 
Esto favorece sobre todo a las embarcaciones más viejas, que practican principalmente la pesca costera y en cuyo caso, bajo determinadas circunstancias, también está justificado un aumento de la capacidad y de la potencia del motor si esto mejora la seguridad. 
Las enmiendas 4, 7, 8 y 9 me preocupan bastante. 
Con ellas se rechaza, de hecho, cualquier tipo de restricción del acceso a las ayudas del IFOP. 
Sin embargo, éste es, al fin y al cabo, el único mecanismo del que disponemos para reducir en alguna medida la capacidad de las flotas. 
Sin embargo, debería estar claro que el amplio reparto de ayudas comunitarias a la modernización anula todos nuestros esfuerzos para reducir la flota. 
¿Cómo puede funcionar que primero subvencionemos con fondos comunitarios el desguace de buques y a continuación apoyemos, también con fondos comunitarios, la adquisición de otros nuevos? 
En algún momento tenemos que decidir cuál de estas dos actuaciones debe ser prioritaria. 
El Parlamento también ha manifestado en este contexto que no es oportuno modificar ahora las disposiciones de un reglamento que se adoptó hace menos de dos años por un período de seis. 
Yo creo que ha llegado justamente el momento de considerar también esta cuestión, dada la difícil situación actual de las poblaciones de peces. 
Finalmente, la enmienda 6 completa una disposición que se incorporó al Reglamento a petición suya y que impide el acceso a las ayudas del IFOP para la exportación o la constitución de sociedades mixtas. 
Ya hemos comentado este aspecto al tratar el punto anterior del orden del día. 
La Comisión está totalmente de acuerdo y propone que, además, se hagan públicas las listas de los países que incumplan esta norma. 
Por último, la Comisión no puede aceptar la enmienda 10 porque se refiere a un procedimiento interno de la Comisión, o sea, a una competencia exclusiva de la Comisión. 
Por lo tanto, también se debe desarrollar bajo la competencia de la Comisión. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Acuerdo de pesca CE/Senegal 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informa (A5-0314/2001) del Sr. Gallagher, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (2001) 422- C5-0405/2001- 2001/0168 (CNS) ) relativo a la celebración de dos Acuerdos en forma de canje de notas sobre la prórroga del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la compensación financiera estipuladas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República del Senegal referente a la pesca en alta mar de la costa senegalesa, durante los periodos comprendidos entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2001, el primero, y entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2001, el segundo. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Gallagher por la rapidez con la que ha trabajado en su informe para permitir la aprobación de estas dos prórrogas que, como él ha señalado, permiten la continuidad de la actividad pesquera hasta la firma de un nuevo Protocolo con Senegal. 
Es necesario también reconocer la sensibilidad mostrada por el ponente al no presentar enmiendas para no interferir en el resultado de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo, aunque indica que los resultados de las mismas deberán ser analizados a tenor de las consideraciones expuestas en su informe. 
Coincido casi totalmente con estas consideraciones, pero quisiera matizar la alusión que hace el ponente al nulo aprovechamiento del acuerdo en la modalidad de arrastreros pelágicos. 
El ponente se refiere a que, en los acuerdos del Norte, se ha criticado la existencia de "pescado de papel" o "cuotas de papel" y a que también, en este caso, debería pagarse sólo a cambio del pescado real. 
Quiero recordar que de ninguna manera se pueden equiparar las situaciones. 
En este caso, las posibilidades de pesca existen realmente y, al ser un acuerdo del Sur, cualquier Estado miembro interesado podría optar a su explotación, como en otras categorías de este mismo acuerdo se ha dado entrada a flotas sin presencia tradicional en la zona, como son la italiana y la griega. 
Si estas posibilidades no se aprovechan, será porque algunos Estados no han tenido interés, pero dudo que con la no existencia o no continuidad del acuerdo con Marruecos estas posibilidades no se utilicen en el futuro. 
En los acuerdos del Norte, en cambio, ningún Estado miembro puede faenar. 
Está prohibido, aunque sí se tenga interés; y todos ustedes saben que algunas flotas tienen interés en poder pescar por esas cuotas ya pagadas. 
Y hay que recordar también que, en este caso, no se trata de "pescado de papel" porque, como he dicho, ese pescado existe realmente, y no como en el caso de algún acuerdo del Norte, en el que el estado de los recursos es tan nefasto, que no se pueden ofrecer posibilidades reales de pesca, que, por cierto, son mucho más caras que en el acuerdo con Senegal. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido Socialista Europeo se felicita por que la Comisión y el Gobierno senegalés hayan alcanzado un acuerdo para prorrogar, durante ocho meses, el anterior convenio pesquero con Senegal. 
Queremos agradecer al Gobierno de Senegal su disponibilidad, que ha permitido a nuestra flota seguir faenando hasta que las partes han logrado un nuevo acuerdo. Así, felizmente, no se ha reproducido en esta ocasión el amarre de la flota que se produjo hace cinco años. 
En el ínterin, la Comisión y el Gobierno senegalés han llegado a un nuevo acuerdo de pesca, que será objeto de otro debate. 
Las capturas de las que la flota comunitaria puede beneficiarse son los excedentes que la flota local no puede explotar. 
Las relaciones pesqueras entre Senegal y la Unión Europea son plenamente satisfactorias para ambas partes. 
No olvidemos que los productos pesqueros constituyen el 30 % de las exportaciones de Senegal, y principalmente esas exportaciones se realizan hacia Europa. 
Además, gran parte de los desembarcos de la flota comunitaria se lleva a cabo en los puertos senegaleses. 
Sería magnífico que, en el sentido en que durante el día de hoy, durante esta tarde, estamos hablando (en el sentido de la coherencia entre la política pesquera común y la política de cooperación al desarrollo, que todos queremos y deseamos) , la Comisión pudiera ayudar a las autoridades senegalesas, y de otros países en vías de desarrollo, a gestionar mejor sus recursos pesqueros, especialmente- como ya hemos dicho- en las zonas de desove y de juveniles, que tanto lo necesitan. 
Por lo tanto, felicito al Sr. Gallagher por su estupendo y sobre todo rápido informe, así como por su excelente trabajo. 
Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias al Sr. Gallagher por su excelente trabajo en este informe. 
En nombre del Grupo Liberal me gustaría comenzar ligando varios comentarios sobre la financiación de los acuerdos pesqueros que la UE realiza con terceros países. 
Hemos presentado propuestas para que los pescadores contribuyan en mayor medida a la financiación de estos acuerdos. 
Redunda en su propio beneficio y al mismo tiempo sigue también el ritmo del desarrollo en el que nos hallamos inmersos y que apunta hacia una estructura más de economía de mercado. 
Es una alegría ver que la Comisión ha comenzado a elaborar informes de evaluación sobre el protocolo anterior. La evaluación de acuerdos existentes es una herramienta sumamente valiosa para la mejora de los acuerdos pesqueros, que naturalmente será beneficiosa para los pescadores europeos que se benefician de ellos, pero que también la verdad es que beneficiará a los pescadores locales de los países en cuestión con los que se realizan los acuerdos pesqueros. 
El acuerdo debe afectar a los recursos sobrantes que no pueden ser capturados por los pescadores locales. 
La sostenibilidad debe estar garantizada. 
Es responsabilidad de la UE. 
Los acuerdos pesqueros tienen una enorme trascendencia para ciertas regiones de Europa, donde además del empleo en el propio sector tenemos una serie de industrias relacionadas que dependen de la pesca. 
Debemos centrarnos más en el grado de aprovechamiento por parte de los terceros países de las ayudas al desarrollo de la pesca local y garantizar que la ayuda al desarrollo que damos sea empleada de la mejor manera posible y en especial que redunde en beneficio de los pescadores locales. 
Estos acuerdos son importantes para la Comunidad, sobre todo en vista de que el acuerdo pesquero con Marruecos no fue renovado. 
Señor Presidente, quería unirme también a las felicitaciones que han expresado mis colegas a nuestro ponente, Sr. Gallagher, por la sensibilidad y la rapidez con la que ha elaborado su trabajo. 
Quería también aprovechar la ocasión de que esté aquí el Sr. Comisario para felicitar a la Comisión por el hecho de que, en el ínterin, hayamos podido prorrogar este acuerdo hasta el final del año, lo que ha permitido que las flotas europeas puedan seguir faenando. 
Me preocupan, como es lógico, y así querría expresarlo y transmitirlo al Sr. Fischler, aprovechando esta oportunidad y este debate, en que él está presente, las repercusiones de este acuerdo para las flotas que, tras el fracaso de las negociaciones con Marruecos, se ven en una situación verdaderamente delicada. Todo ello, enmarcado en el debate que hemos tenido hoy aquí sobre la cooperación al desarrollo y el respeto de los recursos de terceros Estados, como es lógico, pero con la conciencia de que existen posibilidades de pesca que todavía no están aprovechadas. 
El acuerdo que se ha logrado con Mauritania- por el que también hay que felicitar a la Comisión, y en el que también está trabajando duramente nuestro ponente, el Sr. Gallagher- ha roto el maleficio de que no se podía seguir celebrando acuerdos y, por lo tanto, el acuerdo con Senegal tiene que producirse. 
Sé que la Comisión está trabajando seriamente y tiene reuniones convocadas para los días 20 y 23 de noviembre próximo. 
Le pido que imprima a todo ello la máxima celeridad y pido también que este Parlamento lo pueda tramitar también con la urgencia que se merece, porque es muy importante para la situación en la que se encuentra la flota pesquera europea. 
En primer lugar yo quiero agradecerle, señor Gallagher, su informe sobre la prórroga hasta final de año del Acuerdo de pesca objeto del debate. 
Me satisface que esté de acuerdo con la propuesta de la Comisión. 
De este modo, los pescadores comunitarios podrán continuar su actividad en dicha región mientras se acaba de elaborar un estudio- solicitado por la parte senegalesa- sobre el sector pesquero. 
La prórroga del Protocolo actual nos permitirá desarrollar y completar, además, las negociaciones sobre el protocolo plurianual sin presiones de tiempo innecesarias. 
Como ustedes saben, se trata de un Acuerdo muy importante para nosotros. 
Su volumen financiero, con un montante de 12 millones de euros anuales, es considerable y su prórroga durante ocho meses se traduce, según un mero cálculo aritmético, en un importe de 8 millones de euros. 
Las ventajas para Senegal, además del considerable volumen financiero, residen no en último lugar en el hecho de que el Acuerdo también asegura una gran parte del abastecimiento de materias primas de la industria pesquera senegalesa, ya que los buques comunitarios deben desembarcar una parte de sus capturas en puertos senegaleses. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda propuesta, pues es un elemento fundamental de la política pesquera exterior de la Comunidad, como es bien sabido, que una parte de los costes de los derechos de pesca se sufrague con cargo al Presupuesto comunitario y la otra parte la asuman los armadores. 
Así lo establecen todas las directrices para la negociación de los acuerdos de pesca. 
La correspondiente compensación financiera se estipula en el Acuerdo. 
La UE se hace cargo de este montante, mientras que los armadores deben pagar los derechos de licencia. 
Finalmente, permítanme que les recuerde que la próxima ronda de negociaciones sobre un nuevo acuerdo y un nuevo protocolo ha quedado fijada para los días 20-23 de noviembre. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Acuerdo de pesca CE/Madagascar 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0315/2001) de la Sra. Fraga Estevez, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (2001) 409- C5-0406/2001- 2001/0161 (CNS) ) relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la compensación financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Madagascar sobre la pesca de altura en aguas de Madagascar durante el período comprendido entre el 21 de mayo de 2001 y el 20 de mayo de 2004. 
. Señor Presidente, intervengo para presentarles y pedirles la aprobación para un nuevo Protocolo de Pesca, en este caso- como usted bien ha dicho- con Madagascar, con quien tenemos relaciones desde 1986. 
Desde el punto de vista de lo que se ha dado en llamar coste/beneficio, es un excelente Protocolo que muestra claramente la rentabilidad que este tipo de acuerdos tienen para la Unión Europea. 
En este caso, la flota, la industria y el mercado comunitarios se garantizan el suministro estable de una materia prima como es el atún, del que somos altamente deficitarios, a través de su propia flota, lo que permite mantener activo un alto índice de empleos comunitarios, no sólo en el sector extractivo, sino también en las actividades derivadas. 
Por otra parte, el Protocolo vuelve a demostrar el alto grado de aprovechamiento de las posibilidades de pesca en los acuerdos del Sur que, en este caso, ha llegado en un 91% en la modalidad de atuneros cerqueros. 
No es, ni mucho menos, menor la rentabilidad para Madagascar, país para el que, a una compensación financiera de 308.000 euros anuales se añaden otros 517.000 en concepto de acciones de ayuda al desarrollo, principalmente destinadas a la mejora del control pesquero en la zona y a la formación de sus pescadores. 
Por otra parte, el número de tripulantes malgaches que es obligatorio embarcar pasa de 6 en el Protocolo actualmente vigente a 40 en el que estamos examinando. 
La actividad pesquera comunitaria, por su parte, no interfiere con las flotas artesanales, ya que nuestra flota no tiene acceso al área de las doce millas. 
A su vez, la presencia de la Unión Europea aporta por sí misma un importante componente de control y garantía de una mayor sostenibilidad del recurso. 
No hay que olvidar que con la flota viaja toda la normativa de control de la política comunitaria, lo que constituye un elemento importantísimo a la hora de conocer detalles de capturas y estado del recurso en la región, hasta un grado imposible de igualar por el resto de las diversas flotas extranjeras que faenan en estas mismas aguas malgaches. 
Tras este breve resumen del contenido del Protocolo, y recordándoles que, como acuerdo del Sur que es, los armadores contribuyen a su financiación, me gustaría detenerme en dos cuestiones. 
En primer lugar, llamo su atención sobre el hecho de que en este acuerdo, como en los acuerdos del Sur en general, queda abierta la posibilidad de que obtengan licencias aquellos Estados miembros interesados que no tendrían acceso a las posibilidades de pesca en virtud de la estabilidad relativa, como lo demuestra la presencia de Italia y Portugal. 
Es hora, por tanto, de pedir a la Comisión que, de una vez, ponga en marcha las orientaciones del Consejo de Ministros de Pesca de 1997, que solicitan claramente que las posibilidades de pesca que queden desaprovechadas puedan ser utilizadas por las flotas de los Estados miembros interesados en todos los acuerdos de la Unión Europea. 
En segundo lugar, creo que no es necesario recordar el compromiso de todos nosotros con el desarrollo de los terceros países, y buena prueba de ello ha sido el informe Lannoye, que ha precedido al debate de pesca. 
El sector pesquero ha sido uno de los primeros en colaborar a este desarrollo, ya que su presencia en aguas de terceros países ha sido el germen de muchos de los primeros núcleos industriales en sus zonas costeras, cuando no el componente definitivo de lo que es ahora la decidida vocación de Estado pesquero de muchas naciones. 
Pero, dicho esto, creo que la cosa está llegando a un punto en que es necesaria una clarificación desde varios puntos de vista. 
Para empezar, no se puede olvidar que, como también dejó claro el mencionado Consejo de Ministros de Pesca, el carácter de los acuerdos de pesca es esencialmente comercial. 
Sin embargo, cada vez más, se están haciendo derivar los acuerdos de pesca hacia un complemento de la política comunitaria de ayuda al desarrollo. 
En el caso de este acuerdo, la parte destinada a acciones de cooperación al desarrollo asciende ya al 62,6 % del coste total del acuerdo con cargo al presupuesto comunitario. 
Esta situación plantea muchos interrogantes. 
En primer lugar, los presupuestos de pesca no tienen por qué estar financiando los presupuestos de la política de desarrollo y, desde el punto de vista de la transparencia presupuestaria, este estado de cosas debería clarificarse cuanto antes. 
En segundo lugar, esta situación también debe aclararse para que dejen de oírse las voces que claman por el elevado coste presupuestario de los acuerdos de pesca, cuando en realidad, como hemos visto, bastante más de la mitad de dicho presupuesto es pura política de desarrollo. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos apoya esta propuesta de reglamento sobre la renovación del acuerdo pesquero con Madagascar. 
Apoyamos también el excelente informe de la Sra. Fraga, y pedimos al Consejo que incorpore las enmiendas aprobadas por la Comisión de Pesca. 
En numerosas ocasiones nos hemos quejado, y siempre de manera justificada, por la falta de coherencia de la Comisión y del Consejo, que a veces raya en la arbitrariedad, en lo referente a la negociación y celebración de los acuerdos de pesca. 
Quien sufre esta desorientación es el propio sector, que no se siente respaldado por la Comisión. 
A veces, ésta da la impresión de querer olvidar las conclusiones del Consejo de Luxemburgo de octubre de 1997 sobre la política de acuerdos de pesca con países terceros, donde se reconocieron explícitamente las ventajas socioeconómicas que obtiene la Comunidad de los mismos, tanto en abastecimiento de materias primas como en empleo, y que constituyen- y seguirán constituyendo- un elemento esencial de la política pesquera común. 
Comparto la preocupación reflejada en el informe por la ponente, cuando se refiere al hecho de que más del 62 % del importe del acuerdo corresponde a acciones propias de la cooperación al desarrollo y nada tiene que ver con la compensación financiera por las capturas acordadas. 
Estamos a favor de la cooperación al desarrollo y de la transparencia presupuestaria. Por eso, estas acciones de cooperación deben financiarse con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo que, hasta la fecha, ha financiado el desarrollo del sector pesquero de los países PVD con la nada despreciable cantidad de 421 millones de euros. 
Este acuerdo, como todos los de pesca con terceros países, está destinado a una pesquería específica- en este caso, el atún -, evidentemente situada fuera de la zona de 6-12 millas, y contempla unas posibilidades de pesca por año absolutamente tasadas y medidas para un número de buques- 80- también tasado y medido. 
Los armadores pagan una cantidad por tonelada- 25 euros -, algo que sólo ocurre en los acuerdos del- Sur, como ya ha señalado la ponente. 
Los armadores están obligados, además, a incorporar un número importante, que pasa de 6 a 40, de marineros malgaches, como ya se ha dicho también. 
Felicito, una vez más, a la Sra. Fraga, por su excelente informe, que pone claramente de manifiesto que, de entre los acuerdos de pesca firmados por los PVD con países terceros, son los que los PVD firman con la Unión Europea los que alcanzan y garantizan un mayor grado de transparencia y de control de las actividades de pesca en estas zonas. 
Señor Presidente, en primer lugar dar las gracias a la Sra. Fraga por su estupendo trabajo en relación con el informe. 
Al igual que dije anteriormente con respecto al informe del Sr. Gallagher, en el Grupo Liberal nos preocupa que al compás del desarrollo actual el porcentaje de autofinanciación, es decir, armadores y pescadores, paguen una parte mayor de los acuerdos de los que ellos sacan el mayor beneficio. 
El acuerdo pesquero con Madagascar es valioso tanto para la Comunidad como también para Madagascar. 
El elevado grado de aprovechamiento de las posibilidades de pesca de la Comunidad es impresionante y merece ser subrayado. 
Quiero respaldar a Carmen Fraga en la necesidad de que en la financiación de los acuerdos pesqueros se haga una división clara entre la parte que financia las posibilidades de pesca y la parte que financia las iniciativas de desarrollo que en el presupuesto comunitario debe aparecer como ayuda al desarrollo. 
Los acuerdos tienen una transcendencia fundamental para las regiones de Europa en las que la pesca es la industria más importante y no hablamos sólo del trabajo de los pescadores, sino también de las empresas vinculadas en tierra. 
Es responsabilidad de la UE que, cuando elaboremos los acuerdos, se hable de recursos sobrantes. 
Así debe ser para que los pescadores locales tengan posibilidades de desarrollo, lo cual quiere decir que la UE debe garantizar el concepto de sostenibilidad. 
Este acuerdo es importante para la Comunidad junto al acuerdo con Senegal, naturalmente también en vista de que el acuerdo pesquero con Marruecos no fue renovado. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, señora Fraga, yo le agradezco su informe sobre el nuevo Protocolo en el marco del Acuerdo de Pesca con Madagascar, que nos permitirá asegurar la actividad pesquera de nuestra flota atunera que faena en esas aguas hasta mayo de 2004. 
Me complace que puedan aceptar la propuesta. 
El nuevo Protocolo comprende exclusivamente la pesca del atún y ofrece posibilidades de pesca para 80 buques. 
La compensación financiera se eleva a 825.000 euros. 
Yo quisiera destacar que más del 60% de este montante está destinado a medidas específicas y beneficia, por consiguiente, al sector pesquero local. 
Estos fondos se destinan sobre todo al control y la vigilancia, pero también a la investigación y la pesca artesanal. 
Por otra parte, esta es la primera vez que se debate en el Parlamento un acuerdo con un Estado ACP en el que se prevé la vigilancia con el apoyo de un satélite de todos los buques comunitarios que faenen en el contexto del Acuerdo. 
Por lo que respecta a las enmiendas 1 y 3, yo debo recordarles los Acuerdos interinstitucionales existentes y muy especialmente el Acuerdo marco entre el Parlamento y la Comisión de 5 de julio de 2000. 
Ya cumplimos lo que piden las enmiendas en el marco de dicho Acuerdo, de manera que éstas son innecesarias. 
No puedo aceptar la enmienda 2 porque las negociaciones del Protocolo de un acuerdo de pesca no requieren, de hecho, un nuevo mandato. 
En cuanto a la enmienda 4, me remito a lo que ya he manifestado en el caso de Senegal. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Gracias a la disciplina que han observado los oradores que, a diferencia de lo que suele ocurrir a menudo, hoy no han agotado su tiempo de uso de la palabra, hemos concluido los debates más temprano de lo previsto. 
También los Comisarios, señor Fischler, suelen tomarse habitualmente más tiempo del que ha empleado usted hoy con su concisión austríaca. 
Yo les pido disculpas, pero vamos a tener que interrumpir la sesión. 
No podemos adelantar las votaciones, que están previstas para las 18.30 en el orden del día y así se ha anunciado también de palabra. 
Por lo tanto, la sesión queda interrumpida hasta las 18.30 y les ruego que regresen puntualmente a la sala. 
(La sesión, interrumpida a las 17.51 horas, se reanuda a las 18.30 horas) 
VOTACIONES 
1. la propuesta de decisión del Consejo (COM (2001) 322- C5-0308/2001- 2001/0128 (CNS) ) que modifica la Decisión 97/413/CE del Consejo relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001 con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos 
2. la propuesta de reglamento del Consejo (COM (2001) 322- C5-0309/2001- 2001/0129 (CNS) ) que modifica el Reglamento (CE) nº 2792/1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca 
(El Parlamento aprueba las resoluciones legislativas en votaciones sucesivas) 
Informe (A5-0314/2001) del Sr. Gallagher, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (2001) 422- C5-0405/2001- 2001/0168 (CNS) ) relativo a la celebración de dos Acuerdos en forma de canje de notas sobre la prórroga del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la compensación financiera estipuladas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República del Senegal referente a la pesca en alta mar de la costa senegalesa, durante los periodos comprendidos entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2001, el primero, y entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2001, el segundo 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0315/2001) de la Sra. Fraga Estevez, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (2001) 409- C5-0406/2001- 2001/0161 (CNS) ) relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la compensación financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Madagascar sobre la pesca de altura en aguas de Madagascar durante el período comprendido entre el 21 de mayo de 2001 y el 20 de mayo de 2004 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0334/2001) del Sr. Lannoye, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (2000) 724- C5-0071/2001- 2001/2032 (COS) ) relativa a la industria pesquera y la reducción de la pobreza 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Antes de proceder a las explicaciones de voto, tiene la palabra el Sr. Blokland por una cuestión de procedimiento. 
Señor Presidente, no he querido pedir que usted prestara atención a esta cuestión antes de las votaciones sino que he esperado a que terminaran. 
Se puede apreciar que más de un 80% de nuestros colegas han tenido, evidentemente, muy buenos motivos para no participar en las votaciones de esta tarde. 
Ahora me voy a preguntar si yo tengo realmente buenos motivos para votar aquí con un grupo tan pequeño, de cien miembros aproximadamente, un jueves por la tarde a las 18.30 horas. 
Empiezo a hacerme la pregunta si esto es prudente. ¿No tenemos que resignarnos y hacer caso a la enorme mayoría de nuestros colegas que, evidentemente, tienen buenos motivos para no estar en las votaciones? 
Señor Presidente, en otras palabras, quisiera pedirle que debatiera con la Presidencia del Parlamento para ver si hay posibilidades de que se incremente considerablemente el número de miembros presentes el jueves por la tarde a las 18.30 horas o de que se encuentre otra solución para esta tarde del jueves, sin votaciones. 
. 
(EN) Los diputados del Parlamento Europeo del Partido Laborista Británico han votado a favor de una prima de 25 euros por oveja, lo que representa un incremento del 20 por ciento respecto de la cifra propuesta por la Comisión. 
Nuestro objetivo era ceder a los ganaderos de ganado ovino (y de ganado caprino) un incremento de la prima anual, sin rebasar los límites de gastos fijados en la Agenda 2000 y sin perder de vista el objetivo de la reforma de la Política Agrícola Común. 
La renta de los ganaderos de ovino no ha podido mantener el ritmo de la renta correspondiente a otros segmentos de la agricultura. 
Como el pago será anual y se conocerá de antemano, ayudará a los agricultores a planificar su actividad. 
Queremos hacer hincapié en la importancia que atribuimos a que se incremente el apoyo prestado a la comercialización a fin de estimular el consumo, y confiamos en que la Comisión obre con urgencia. 
. 
(FR) No nos parece que el informe Adam sobre la reforma propuesta en el sector de la producción ovina y caprina tenga en cuenta los problemas de fondo que se plantean a los pequeños ganaderos, que tienen las rentas más bajas de Europa. 
Con sumo gusto hacemos valer el punto de vista de la "Confédération paysanne", que protesta contra el hecho de que la renta de los ganaderos de ovejas en Francia es un 45% inferior a la media de las rentas agrícolas y considera que "a escala europea, la OCM del sector ovino (organización común de mercados) no ha desempeñado su función, que era garantizar una renta a los productores" y que la reforma propuesta no "anuncia ninguna ambición política consistente en redinamizar el sector ovino". 
Asignar una ayuda fija por cabeza para las ovejas y cabras en lugar del actual pago compensatorio perjudica a los propietarios de los rebaños más pequeños y no mejora en nada su renta. 
Por esta razón nos abstenemos sobre este informe. 
. (SV) Nos oponemos al informe Adam sobre organización común de mercados en el sector de la carne de ovino y caprino. 
A nuestro juicio, las enmiendas que se han presentado representan, en general, un concepto anticuado de la política agrícola, que no corresponde a las necesidades y condiciones de la sociedad moderna y globalizada. 
Por este motivo, y habida cuenta de la próxima revisión de la política agrícola de la UE, hemos optado por votar en contra del informe en su totalidad. 
Informe Lannoye (A5-0334/2001) 
La Unión Europea, mediante la política de cooperación para el desarrollo, deberá reforzar los objetivos destinados a la cooperación en la esfera de la pesca con los países en desarrollo por mediación de más programas, medios técnicos y presupuestos en el marco de las diferentes esferas de intervención prioritarias, que permitan contribuir al desarrollo económico y social de esos países, en particular en el desarrollo rural, los transportes, la salud, la educación y la lucha contra la pobreza. 
La Unión Europea debería promover la investigación científica de los recursos y podría apoyar la ejecución de un programa eficaz de vigilancia y control en las ZEE de los países en desarrollo. 
Queda cerrado el turno de votaciones. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 18.47 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 25 de octubre de 2001. 
Comunicación de la Presidenta 
Señorías, desde nuestra última sesión, de nuevo por desgracia el terrorismo ha golpeado cruelmente a España. 
El 7 de noviembre, José María Lidón Corbi, juez y profesor de derecho en el País Vasco, fue cobardemente asesinado cuando salía de su domicilio, en Getxo. 
La víspera, en Madrid, los terroristas habían hecho explosionar un coche bomba, hiriendo a una centena de personas. 
Envié inmediatamente, tanto en mi nombre personal como en nombre del Parlamento Europeo, mis condolencias más sinceras a la familia de la víctima así como nuestros deseos por el pronto restablecimiento de los heridos de este atentado. 
Una vez más, los terroristas de ETA han mostrado que niegan el derecho a la vida, que rechazan hasta el principio de Estado de derecho. 
Al atacar esta vez a un juez, los terroristas lo demuestran de nuevo. 
Ayer, Argelia sufrió catastróficas inclemencias meteorológicas que han causado, hasta el momento, 538 víctimas y 316 heridos. 
Manifesté inmediatamente al pueblo argelino nuestra profunda tristeza por el cataclismo que azotó a Argel, así como toda nuestra solidaridad ante el drama humano que vive este país. 
Asimismo, pedí al Presidente Bouteflika transmitir en el nombre de todos nosotros nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y a sus familias. 
Deseo profundamente que la Unión Europea participe activamente en la ayuda de emergencia que debe enviarse con toda rapidez. 
Ayer, tres periodistas fueron asesinados en Afganistán, en una emboscada de los talibán. 
Johanne Sutton, Pierre Billaud y Volker Handloik murieron en pleno ejercicio de su profesión, que también era su pasión. 
Gracias a su valor, permitían a cada uno de nosotros mantenernos informados permanentemente de los acontecimientos en Afganistán. 
Quisiera rendirles homenaje y manifestar nuestras más sinceras condolencias a sus familias y compañeros de trabajo. 
Esta tarde, hace menos de una hora, un avión de línea estadounidense se estrelló cerca del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, en Nueva York, en el barrio del Queens. 
Transportaba a más de 260 pasajeros y miembros de la tripulación. 
En este momento, no sabemos el número exacto de las víctimas ni las circunstancias precisas de esta tragedia. 
Les rogaría, si están de acuerdo Señorías, guardar un minuto de silencio en homenaje a todas estas víctimas. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
Señorías, me alegra de manera muy especial saludar el regreso entre nosotros de nuestro compañero Olivier Dupuis, después de catorce días de encarcelamiento en Laos. 
Quisiera dar las gracias a todas las personas que contribuyeron a este feliz desenlace. 
En las iniciativas que yo misma emprendí tanto ante el Presidente en ejercicio del Consejo, señor ministro Michel, como ante el Sr. Javier Solana, había destacado con gravedad y solemnidad que era inadmisible que un país con el que la Unión Europea ha firmado acuerdos de cooperación, el 29 de abril de 1997, pueda retener durante catorce días a un parlamentario europeo así como a otros tres ciudadanos de la Unión Europea y a un ciudadano ruso, sin mostrar el respeto más elemental hacia los derechos humanos y las obligaciones derivadas del acuerdo de cooperación. 
Asimismo, pido enérgicamente a las autoridades laosianas respetar los principios democráticos que han firmado y liberar incondicionalmente a todas las personas que todavía estén encarceladas a causa de sus opiniones. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, Señorías, primeramente quisiera dar las gracias al Sr. Zimeray, que ha venido desde Vientiane; a partir del momento que tuvimos la oportunidad de hablar con él, es decir diez días después de nuestro encarcelamiento, se propuso inmediatamente defendernos y nos informó los trámites que ustedes habían iniciado de inmediato. Asimismo, nos informó de las medidas tomadas por numerosos compañeros, en especial el Sr. Brok así como por compañeros y amigos de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, al igual que muchos otros diputados. 
Señora Presidenta, quisiera darle las gracias personalmente y con toda sinceridad así como a todos los compañeros, veo aquí a Ignacio Salafranca, Jules Maaten y a muchos otros. 
Pienso que esta iniciativa debe continuar y, por lo demás, figura en el proyecto de orden del día de esta sesión. 
La situación en Laos es trágica. 
Quisiera recordar a todos los diputados que estábamos allí para defender la causa de cinco detenidos olvidados, desaparecidos, pero hay cientos y cientos de otros; la situación en las cárceles de Laos es trágica; estas personas ni siquiera tienen derecho a un proceso injusto, mueren en el olvido sin siquiera poder ver a su familia, siendo ésta, desgraciadamente, una situación común. 
La corrupción reina en todas partes. 
Esta es la situación en Laos. 
Espero que tengamos la ocasión de trabajar conjuntamente para que esta situación cambie lo más rápidamente posible. 
El Acta de la sesión del jueves 25 de octubre ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, inmediatamente después de la votación sobre el Presupuesto de 2002 planteé la pregunta acerca de cómo se había votado la línea presupuestaria B3-306. 
El coordinador de mi Grupo y yo le escribimos una carta a usted para que se revisara esto. 
Hasta hoy no hemos recibido aún una respuesta. 
En este sentido, en lo que se refiere a este punto, quisiera presentar una objección al Acta a fin de que se aclare también, como es debido, este punto. 
Paso a referirme al trasfondo: habíamos votado una reserva- cantidades y aclaraciones-. 
Se había previsto votar esto de manera conjunta y votar por separado solamente un breve pasaje de las aclaraciones, sin embargo se votó luego, de repente, de manera separada la cantidad y las aclaraciones. 
Esto no se había previsto así. 
Por consiguiente, solicito que se compruebe esto y quisiera hacer efectiva esta reclamación contra el Acta. 
Tomamos nota de ello, señor Ferber. 
En la votación del jueves 25 de octubre, si no me equivoco, mi voto nominal relativo a la segunda parte de la enmienda 559 sobre el presupuesto y especialmente la ayuda para el tabaco, se registró erróneamente. 
Yo voté contra la segunda parte, contra el comentario, y el registro muestra que voté a favor. 
Le envié a usted una carta y recibí de sus servicios la confirmación de que se corregirá. 
Todavía no he tenido oportunidad de verlo. 
Espero que así sea. 
Sin embargo, también quería declararlo ante nuestra Asamblea. 
Totalmente de acuerdo, señor Korakas, gracias. 
(El Acta queda aprobada) 
Orden de los trabajos 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el proyecto definitivo de orden del día establecido de conformidad con el artículo 110 del Reglamento en la Conferencia de Presidentes. 
Sesiones de 12 a 15 de noviembre en Estrasburgo Martes 
Señora Thors, puedo darle una explicación que quizás no se dio a conocer a los diputados: se decidió, en la Conferencia de Presidentes, inscribir el debate sobre el informe Fiori al mismo tiempo que el debate del informe del Sr. Caudron. 
En relación con la votación, se decidió que si no era razonablemente factible, la votación del informe del Sr. Fiori se aplazaría a la segunda sesión de noviembre, en Bruselas. 
Esta es una simple información que le doy para tenerla al corriente. 
Si el informe se mantiene en el orden del día, procederé a examinar si puede usted votar o no en condiciones correctas. 
Acabamos de escuchar al autor de la petición. 
¿Quién desea intervenir ahora a favor de ella? 
Señora Presidenta, intervengo a favor de esta petición porque, si es verdad que en la Conferencia de Presidentes una pequeña mayoría decidió, el jueves, presentar estos dos informes a un debate común, también es verdad que no resulta sencillo para nuestro Parlamento hacer depender de los servicios administrativos una decisión que es de orden político. 
En otras palabras, se trata de una obligación difícil de cumplir. 
El informe Fiori debe votarse en un clima de serenidad y el debate también exige serenidad. 
Ahora bien, fijar como plazo para la presentación de enmiendas el martes a las 21.00 horas y esperar que los servicios administrativos se activen para que, de conformidad con el Reglamento, los diputados dispongan de los textos 24 horas antes de la votación, es lanzarse a una carrera contra reloj y eso no es honrar al informe Fiori ni al Parlamento. 
Por ello, es preciso apoyar- y yo apoyo con mis compañeros radicales- la propuesta conjunta de aplazar el debate, a fin de que pueda desarrollarse en la serenidad. 
Señora Presidenta, en primer lugar, en lo que respecta a la cuestión de las lenguas, se me ha informado de que hasta ahora todo está en orden, todo está en todas las lenguas. 
En lo que atañe a la puntualización de mi apreciado colega, el Sr. Dell ' Alba: quisiera en principio estar de acuerdo con él acerca de que aquí se trata de una cuestión política, pero yo llego a un resultado muy distinto del suyo. 
Ésta no es solamente una cuestión política, sino también una cuestión ética que tiene la máxima importancia aquí, en el Informe Fiori. 
Nosotros hemos estimado siempre que el Informe Fiori debería ser tratado junto con los dos informes del Sr. Caudron. 
Justamente, una vez que hemos decidido, señora Presidenta, que el debate con la Comisión y con el Consejo se celebre el miércoles por la tarde a partir de las 15.00 horas, queda tiempo suficiente en la mañana para debatir sobre el Informe Fiori y sobre los dos informes Caudron. 
Si no fuera así, entonces existirían también entre nosotros reparos a proceder de tal manera que todo quede en el orden del día. 
Pero, puesto que ahora el debate con el Consejo y con la Comisión sobre la situación internacional tendrá lugar el miércoles por la tarde, nuestra opinión es que los informes Caudron y Fiori constituyen un conjunto. 
Pero es una cuestión ética, una cuestión política, que demanda ahora una respuesta, y nosotros agradeceríamos mucho que esto quedase así en el orden del día. 
Hemos escuchado al autor de la petición, una intervención a favor y una intervención en contra de la petición. 
Señor. Barón Crespo, ¿desea intervenir de nuevo? 
Señora Presidenta, quiero señalar que tengo derecho a intervenir, porque mi estimado colega el Sr. Poettering no ha hablado solamente del informe Fiori: ha hablado de todo el orden del día del miércoles y como proponente entiendo que tengo derecho a intervenir, porque mi Grupo ha hecho la propuesta de que se vuelvan a incluir en el orden del día del miércoles por la mañana las preguntas orales que se plantearon inicialmente al Consejo sobre un tema tan importante, sobre todo si se considera el tiempo libre de que- según se nos dice- disponemos. 
Quiero aprovechar la ocasión, señora Presidenta, para protestar enérgicamente y rogarle que lo haga usted ante el Consejo, porque el representante del Consejo, en la Conferencia de Presidentes, dio una información, entiendo que inexacta- si no falsa- en relación con las reuniones del Consejo. 
El Consejo de Justicia e Interior se va a reunir, como tenía previsto, el viernes de esta semana, y el representante del Consejo en la Conferencia de Presidentes dijo que lo haría el 7 de diciembre. 
Información inexacta en un momento en el que este Parlamento está haciendo un esfuerzo sustancial, al tramitar por el procedimiento de urgencia la legislación antiterrorista, y entiendo que este es un dato grave, porque ha llevado a una confusión que ha perjudicado a todos. 
Esto en primer lugar, en relación con ese orden del día tan descargado que veía el Sr. Poettering el miércoles por la mañana. 
En segundo lugar, señora Presidenta, me parece que es un error político mayúsculo subordinar un informe legislativo como el informe Caudron a una cuestión que tiene repercusiones éticas para todos- no solamente para un Grupo -, porque nosotros tenemos que estar trabajando en lo que nos corresponde: en el proyecto legislativo. 
Por lo demás, como ya se había previsto, se puede tener perfectamente la calma y el tiempo suficiente para tratar temas tan serios como los del informe Fiori y no necesariamente por el procedimiento de urgencia. 
Por lo tanto, apoyamos que se debata en noviembre II, tal como se había previsto inicialmente. 
Señor Barón Crespo, en realidad, todo es perfectamente correcto, puesto que hay dos autores para esta petición. 
Por tanto, podían escucharse dos personas favorables a ella y, por razones de equilibrio, ahora voy a ceder la palabra al Sr. Lannoye, que va a intervenir, según me parece, en contra. 
Señora Presidenta, pienso, contrariamente al Sr. Barón Crespo, que el debate sobre el informe Fiori condiciona el informe Caudron. 
Me explico: se ha creado una comisión provisional para ocuparse de la genética humana, ¿por qué? 
No podemos decidir juiciosamente, a mi parecer, los programas de investigación que nos comprometen por varios años, y cuyos aspectos éticos son fundamentales, para después votar un informe Fiori que perdería buena parte de sus repercusiones políticas. 
Por ende, creo que para los trabajos de nuestro Parlamento, sería más coherente votar el informe Fiori al mismo tiempo que el informe Caudron. 
Asimismo, también estoy de acuerdo en decir que si no se reúnen las condiciones técnicas, es mejor aplazar la votación que realizarla en malas condiciones. 
Creo que es preciso respetar a los diputados. 
Señora Presidenta, en nombre de la comisión que tengo el honor de presidir quisiera solicitar que este asunto sea reincorporado a la agenda de esta semana, ya que contrariamente a lo comunicado la semana pasada a la Conferencia de Presidentes, el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores procederá a su debate en su reunión del viernes. 
Esta noche la Comisión de Derechos y Libertades de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores aprobará un texto, elaborado conjuntamente con la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, que creemos constituye una sólida base para una resolución del Parlamento sobre este asunto. 
Si no es posible mantener un debate en sesión plenaria con el Consejo, solicitamos autorización para remitir este texto al Pleno en la forma de un proyecto de recomendación de voto para el jueves, siguiendo el Artículo 39 del Tratado y el Artículo 94 de nuestro Reglamento. 
Señora Presidenta, después de oír la explicación del presidente Watson, al que quiero desear una larga presidencia de la Comisión de Libertades Públicas, porque lo hace muy bien, mi Grupo retira su propuesta y se une a la que ha formulado el presidente Watson. 
Señora Presidenta, si es posible, quisiera añadir una enmienda oral: "sobre el paso del huracán Michelle sobre Nicaragua, Cuba y Honduras", que es donde ha causado más daños. 
Totalmente de acuerdo. 
Pienso que los diputados no ven ninguna objeción y, por tanto, podemos proceder así. 
(El Parlamento aprueba el orden de los trabajos así modificado) El orden de los trabajos queda fijado. 
Intervenciones en relación con el procedimiento 
Señora Presidenta, según la prensa británica de hoy, durante el fin de semana los servicios de seguridad franceses han detenido a seis personas de nacionalidad argelina. 
Éstos están presuntamente vinculados al grupo al-Qa ' ida y a las cinco personas detenidas el año pasado en posesión de unos mapas en los que estaban marcados los edificios del Parlamento en Estrasburgo y la Catedral. 
Dada la proximidad tanto espacial como temporal con nuestro actual periodo parcial de sesiones ¿de qué información dispone la Presidenta respecto de sus hostiles intenciones hacia el Parlamento? 
Teniendo en cuenta el actual clima de sospechas, con un nuevo accidente de un avión comercial acaecido esta noche en Nueva York, ¿qué medidas adicionales de seguridad van a ser tomadas para protegernos? 
A mí mismo, por ejemplo, se me ha permitido la entrada al Parlamento esta noche sin ni siquiera mostrar mi pase de seguridad. 
¿Qué medidas pueden adoptarse para nuestra protección, teniendo en cuenta estos peligros? 
Señor Tannock, puede imaginarse que he estado sumamente atenta a la información a la que usted alude. 
Me afirmaron que los planes que estos terroristas llevaban con ellos sólo se referían a la catedral de Estrasburgo y el mercado navideño. 
Sin embargo, no cabe duda que esta situación nos incita a una prudencia todavía mayor, y ahora mismo voy a ceder el uso de la palabra al Sr. Balfe que, por otra parte, va a poder explicarle lo que hemos hecho para reforzar la seguridad. 
Señora Presidenta, no dispongo de más información que usted en relación con esta serie de detenciones. 
Nadie me ha informado al respecto pero estoy seguro de que así se hará a lo largo de la noche y entonces me dirigiré al Sr. Tannock. 
Quisiera destacar, no obstante, que mientras saludamos la nueva seguridad en la periferia, este edificio debe funcionar en interés de los diputados. 
Espero que la Mesa reconsidere la cuestión de la seguridad e intente afinarla en alguna medida, ya que son demasiados los diputados que reciben a visitantes y otros grupos a los que se les causan importantes molestias por la forma en que son aplicadas las normas. 
Éstas pueden ser aplicadas con algo más de sutileza. 
En lo que concierne a la pregunta del Sr. Tannock, haré las averiguaciones que pueda y le informaré a él y a la Asamblea. 
En todo caso, parece que las medidas de seguridad que la Mesa ha considerado deber adoptar no resultan difíciles para el Sr. Tannock. 
Puedo decirles que muchos diputados también se han dirigido a nosotros en relación con esta cuestión. 
Nunca seremos lo bastante prudentes en este período que resulta, hay que decirlo, sumamente difícil. 
Señora Presidenta, quisiera intervenir rápidamente sobre el caso de uno de nuestros compañeros en Israel, el diputado Sr. Bichara, cuya inmunidad parlamentaria acaba de ser suspendida por la Knesset, sanción que se debe a las opiniones políticas expresadas públicamente por este parlamentario. 
Creo que esta sanción es totalmente contraria a la noción de inmunidad parlamentaria que, en ningún país castiga a los diputados por expresar posiciones políticas. 
Creo que el papel del Sr. Bichara es sumamente importante en las relaciones entre el pueblo israelí y el pueblo palestino para llegar a una solución justa de este conflicto y creo que sería importante que pudiera usted intervenir ante las autoridades israelíes para comunicarles la inquietud de nuestro Parlamento ante esta medida que afecta a las libertades y es contraria al tratado firmado entre Israel y la Unión Europea. 
Vamos a examinar la situación muy de cerca. 
Gracias, señora Presidenta, por las palabras de solidaridad que pronunció al principio de la sesión dirigidas a Argelia. 
Se dice que es en los momentos difíciles cuando se conoce a los amigos, pienso que efectivamente es el momento de mostrar nuestra amistad al pueblo argelino llevándole una ayuda urgente, multiforme y sustancial ante los inmensos daños causados por las lluvias torrenciales que acaban de caer sobre Argel y el norte argelino. 
Una catástrofe natural semejante siempre es una gran desgracia para las poblaciones, especialmente las más desfavorecidas, pero en este caso se trata de un país tan afectado por el terrorismo islámico, por la crisis económica y por la crisis política que no logran acabar con la esperanza. 
Por tanto, mi Grupo pide que la Unión movilice inmediatamente los medios necesarios para ayudar a los siniestrados y, en una segunda etapa, pensamos que será preciso analizar, y no solamente con las autoridades y el Parlamento sino también con los representantes reconocidos de la sociedad civil argelina, las enseñanzas de esta tragedia para especificar las prioridades de nuestra próxima cooperación. 
Y, si usted lo permite, señora Presidenta, quisiera dar rápidamente una información sobre otro tema, puesto que no se aceptó el procedimiento de urgencia; se refiere al caso de Leila Zana. 
La mesa de mi Grupo acaba de reunirse en Ankara. 
Naturalmente, pedimos poder ver a la persona a la que se concedió el Premio Sakharov, lo que se nos negó rotundamente, añadiendo algo especialmente desagradable en relación con un Premio Sakharov, es decir, que en esta época de lucha contra el terrorismo, no se puede hacer ningún gesto a favor de la señora Leila Zana. 
Pienso que los diputados debían estar al tanto de esta información, y también añadiría que la Comisión esté al tanto de esta información, puesto que está elaborando un informe sobre el estado de la situación con respecto a las relaciones entre Turquía y la Unión Europea. 
Señora Presidenta, mientras el Sr. Dupuis se vio retenido la semana pasada en Laos, un nutrido número de sus colegas, incluido yo mismo, fuimos retenidos en el aeropuerto de Bruselas durante ocho horas, desde las 15:00 hasta las 23:00 horas porque el gobierno de Bélgica no puede garantizar la libertad de circulación de los ciudadanos europeos en Europa, incluyendo la de los diputados del Parlamento Europeo. 
No pudimos salir de Bruselas, tuvimos que regresar y partir desde Charleroi al día siguiente. 
Tardé 23 horas en llegar a casa. 
¿Podría usted, por este motivo, elevar una protesta al Gobierno belga, y a otros gobiernos, en el sentido de que todos los ciudadanos europeos, no sólo los diputados del Parlamento Europeo, deben tener el derecho de circular libremente en Europa y que los bloqueos injustificados e ilegales de los aeropuertos deben ser tratados de forma pertinente por las autoridades? 
Señora Presidenta, quisiera decirle que en julio de este año, y de acuerdo con el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, formulé una pregunta al Consejo de Ministros de la Unión respecto al referéndum del Sahara y a unas declaraciones que había hecho el Sr. Solana, responsable de la Política Exterior de la Unión Europea. 
Hace algunas semanas algunos miembros de la Unión Europea en las Naciones Unidas debatieron la posición común de la Unión Europea sobre el Sahara. 
Curiosamente, Francia se separó de la propuesta de la Presidencia belga y exigió que se adoptara la línea expuesta en la respuesta que el Consejo de la Unión me dio a mí el día 10 de octubre. 
Hasta la fecha no he recibido esa contestación. 
Se habló incluso de incidente diplomático, de crisis entre España y Francia, entre España y Marruecos. 
Quiero dejar constancia de dos cosas: primero, de que nunca ha sido mi intención crear un incidente diplomático entre España y Francia, ni entre España y Marruecos. 
Y, segundo, de mi preocupación por la falta de trasparencia del Consejo hacia este Parlamento, porque este diputado no ha recibido oficialmente contestación a su pregunta. 
Señora Presidenta, como usted sabrá la ciudad de Estrasburgo está hermanada con la ciudad de Leicester, mi ciudad de origen. 
El Excelentísimo Alcalde de Leicester, el Concejal John Allen y la Sra. Alcaldesa, la Sra. Allan, se encuentran en la tribuna pública. 
Este hermanamiento constituye una importante unión política y social y confío en que dé la bienvenida a Estrasburgo al Sr. Alcalde y la Sra. Alcaldesa. 
Señora Presidenta, intervengo para llamar su atención sobre un reportaje emitido por la BBC la semana pasada sobre el tráfico de menores entre los países de la Unión Europea y África occidental. 
Se trata de un reportaje muy inquietante y lo enviaré a sus servicios. 
En nombre de aquellos colegas de esta Asamblea que me consta sienten gran preocupación por estos asuntos, le solicito que plantee este caso conjuntamente con la Comisión y los Estados miembros y le pregunto si se pueden emprender acciones en toda Europa para erradicar este abominable abuso de los jóvenes de una parte muy pobre del mundo. 
Señora Presidenta, una vez más quiero denunciar los bárbaros bombardeos que desde hace algunos días, diría más bien semanas, están matando a la población civil, destruyendo incluso los hospitales. 
Bombardeos que, desgraciadamente, cuentan con la solidaridad de nuestros gobiernos. 
Las declaraciones de los responsables americanos de que el objeto de los bombardeos ya no es Bin Laden, sino disolver la al Kaida que nadie sabe dónde está, así como de que les llega el turno a otros países, nos inquietan en gran medida y revelan los objetivos reales de los Estados Unidos que muestran que el atentado terrorista del 11 de septiembre ha sido la excusa para fomentar el proyecto que ya se había planeado desde antes para controlar ellos esta región tan importante y para hacer uso sus armas. 
Por otra parte, afortunadamente en nuestros países y en los Estados Unidos aumentan las reacciones de nuestros pueblos, que exigen el paro inmediato del ataque brutal; y en cualquier caso, que no cumplan nuestros países, los gobiernos de nuestros países, su intención de enviar tropas a Afganistán. 
Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia, señora Presidenta, apoyamos con todas nuestras fuerzas estas movilizaciones y esperamos que sean aún más fuertes y que puedan detener el crimen que se está cometiendo. 
Señora Presidenta, quiero insistir en que todavía no se recibe la imagen ni el sonido de la televisión finlandesa en el sistema televisivo. 
Hemos mencionado este asunto en cuatro ocasiones diferentes desde principios de septiembre: primero, haciendo uso de la palabra; luego, por correo electrónico; más tarde, el 2 de octubre, se envió a los responsables de los servicios una carta firmada por todos los diputados finlandeses; y, por último, volví a llamar la atención sobre este asunto en el primer Pleno de octubre. 
Ninguna de estas peticiones ha recibido contestación alguna. 
Es como hablarle a Siberia. 
Finlandia es un país puntero en materia de tecnología, y a nosotros nos avergüenza este comportamiento. 
Le ruego que usted intervenga rápidamente en este asunto, ya que en el mundo ocurren tantas cosas que el único Estado miembro dejado al margen de la información debe ser urgentemente reincorporado. 
Debo decir que yo misma estoy muy sorprendida. 
Recuerdo muy bien las intervenciones de los diputados finlandeses sobre este tema y pensaba que este problema estaba resuelto desde hace mucho tiempo. 
En todo caso, puede contar conmigo para recordarlo a los Cuestores, ya que no veo por el momento a ninguno de sus representantes en el hemiciclo, porque pienso, en efecto, que esta cuestión es muy importante y que realmente es preciso hacer que funcione rápidamente. 
Señora Presidenta, como se ha dicho, no cabe duda de que ésta no es una semana normal de sesiones. 
Desde hace dos meses se está llevando a cabo una cosa que se llama guerra, una guerra terrible contra el terrorismo y desde esta mañana Italia ha convertido su adhesión y su solidaridad con los Estados Unidos en una presencia concreta, ya que hoy salen las fuerzas militares italianas para unirse a los Estados Unidos y a todas las fuerzas militares de la Unión Europea comprometidas activa y concretamente en esta guerra contra la barbarie. 
Pues bien, ante este acontecimiento, al que no nos debemos acostumbrar en absoluto, me parece extraordinariamente tibia la propuesta del orden del día: una comunicación de la Comisión para el próximo miércoles. 
Señora Presidenta, yo esperaba algo más. 
Desconozco si a los demás colegas les pasa lo mismo que a mí, pero cuando vuelvo a mi casa los ciudadanos europeos que me rodean, mis conciudadanos, sólo me preguntan una cosa: " ¿Qué piensan ustedes allí arriba acerca de lo que está ocurriendo? 
¿Qué pueden decirnos para tranquilizarnos o para explicar la preocupación que tenemos? " 
Por esto, me parece francamente muy débil la presencia- con todo el respeto que me merece su persona- de la Viceprimera Ministra belga, Sra. Durant, que se ocupa de transportes y no de guerra y que seguramente deberá leer un vibrante documento de la Presidencia. 
En este momento, me parece, repito, casi ofensivo para el Parlamento que no acuda el Primer Ministro belga. 
Señora Presidenta, le propongo que examine la posibilidad de que venga aquí también el Sr. Javier Solana, ya que él es nuestro representante para la política exterior y como tal nos debería, nos debe dar informaciones claras, concretas y técnicas. 
No podemos conformarnos con una declaración de buena voluntad, de una toma de posición política. 
Estamos en guerra, pero me parece que alguien no ha entendido todavía muy bien el alcance de este acontecimiento y la importancia del momento que estamos viviendo. 
Por lo tanto, para concretar mi intervención, le ruego que, si el tiempo lo permite, pida al Sr. Solana que venga al Parlamento y nos diga concretamente qué está pasando en Afganistán para informarnos no solo de los detalles de las operaciones militares, sino también de lo que estamos haciendo todos juntos en el terreno de la ayuda humanitaria para ayudar a las poblaciones afectadas. 
Señora Presidenta, señoras y señores colegas, nos inquieta especialmente la noticia de que el Gobierno del Reino Unido está preparando con urgencia una ley que permita recluir indefinidamente a los sospechosos de terrorismo. 
También nos hemos enterado de que tiene la intención de retirarse del Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos, que prohíbe dicha reclusión sin la celebración previa un juicio. 
Este hecho, junto con la ley antiterrorista votada por el Congreso de los Estados Unidos, que amplía las posibilidades de reclusión y los planes de la Unión Europea (orden de detención, definición de terrorismo, fomento de la cooperación policial) es especialmente peligroso. 
Por desgracia, viene a confirmar nuestra apreciación de que las fuerzas imperialistas están utilizando el horrible ataque del 11 de septiembre, no sólo para ajustar cuentas en el ámbito internacional, sino también para derrotar al enemigo interno, para asestar un golpe a los derechos individuales y colectivos. 
Sin embargo, es alentador que la Unión Americana para las Libertades Civiles, y muchas organizaciones americanas, británicas, y de otras nacionalidades, relacionadas con los derechos humanos, hayan condenado categóricamente tales acciones. 
Realmente, sólo las reacciones populares, sólo el movimiento popular unido pueden anular, en la práctica, leyes de este tipo y anular su difusión en todo el continente europeo. 
Señora Presidenta, respecto de una cuestión de orden. 
Sería de lamentar que ningún diputado del Reino Unido se levantara y le dijese al Sr. Alyssandrakis que nosotros también estamos profundamente preocupados por esta propuesta y confiamos en que no será aprobada sin contienda. 
Señora Presidenta, teniendo en cuenta que usted ha anunciado que las votaciones comenzarán a las 11.30 horas, ¿Podría usted decirme qué ocurrirá con mi informe sobre el Año europeo de las personas con discapacidad? 
Sería muy desacertado que un informe sobre los derechos de las personas con discapacidades se pospusiera hasta la tarde del jueves cuando la mayoría de los diputados no están aquí y la mayoría de los diputados no estarán aquí para votar. 
En este Parlamento, en términos de acceso, somos muy negligentes en relación con los derechos de los discapacitados. 
Se evidenciaría una gran falta de conciencia sobre los problemas a los que se enfrentan las personas discapacitadas si no mostramos un cierto grado de respeto y programamos este debate para una ocasión en la que los diputados estén presentes para debatir y votar este importante asunto. 
Señora Lynne, comprendo perfectamente lo que usted dice, pero de todas maneras, y usted lo sabe bien, no es el hecho de avanzar una media hora las votaciones lo que va a hacer que su informe no pueda ser examinado esta mañana. 
Si ve el orden del día- lo tengo ante mí- puede observar que están previstos, antes de su informe, una declaración del Consejo y de la Comisión sobre la situación económica y del empleo, el informe Figueiredo y el informe Bouwman. 
Es evidente que con todo esto, de todas maneras no habríamos podido terminar su informe entre las 10.00 y las 12.00 horas. 
Lo lamento infinitamente, pero pienso que tiene usted plenamente razón en poner de relieve el problema. 
Acceso a los documentos del Parlamento 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0349/2001) de la Sra. Maij-Weggen, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la adaptación del Reglamento al Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos (2001/2135 (REG) ). 
. (NL) Señora Presidenta, esta semana se ha procedido en el Parlamento Europeo a cerrar por el momento la negociación en torno al reglamento sobre "transparencia administrativa". 
En términos técnicos, dicho reglamento trata sobre el "acceso a los documentos", aunque haya recibido otro nombre entre la ciudadanía. 
En el mes de mayo, pudimos cerrar el reglamento con un contenido positivo tras largos meses de negociaciones con el Consejo y con la Comisión. 
Personalmente, este fue un momento importante ya que he luchado durante muchos años por una mayor transparencia en la Unión Europea. 
El reglamento dispone que todas las instituciones, la Comisión, el Consejo y el Parlamento, deben encargarse de introducir el mismo en sus propios reglamentos, en las normas de procedimiento y en las disposiciones de reunión antes del 3 de diciembre. 
En lo que respecta a este parlamento, hemos tenido que analizar nuestro Reglamento para comprobar si aún se precisaban mejoras adicionales. 
A menudo, tenemos la impresión de que son precisamente la Comisión y el Consejo quienes se quedan cortos en este ámbito, aunque hemos detectado que también se deben cambiar algunos detalles de nuestro propio Reglamento. 
Señora Presidenta, cuando hablo en segunda persona del plural, lo hago para poner de manifiesto la participación de mi compañero ponente, el Sr. Cashman, con quien he colaborado estrechamente. 
La evaluación se ha llevado a cabo en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y también en la Comisión de Libertados y Derechos del Ciudadano. 
Esto resulta lógico ya que ambas comisiones ya colaboraron juntas en la etapa anterior. 
Quiero mostrar mi agradecimiento al Sr. Cashman por el carácter constructivo con el que hemos llevado a cabo nuestras consultas. 
¿Y cuáles son las modificaciones que proponemos para nuestro Reglamento y para las que solicitamos su respaldo? 
En primer lugar, se trata del derecho de todos los ciudadanos de la Unión Europea, incluyendo a los ciudadanos de terceros países, a acceder a los documentos del Parlamento Europeo. 
Dicho derecho ya estaba consagrado para los ciudadanos europeos pero no para los ciudadanos procedentes terceros países y que estuvieran registrados en la Unión Europea. 
Por consiguiente, en este sentido se requiere una ampliación inexistente hasta el momento. 
Por otra parte, esta medida se corresponde con la ley estadounidense de libertad de información denominada "Freedom of Information Act". 
Por lo tanto, no estamos haciendo nada del otro mundo. 
En segundo lugar, el reglamento establece que la definición de los documentos que pueden hacerse públicos debe ser más amplia de lo que se recoge en el actual Reglamento. 
Debe afectar a todos los documentos parlamentarios, incluyendo por lo tanto los documentos preparatorios como los documentos de trabajo de los ponentes o de las delegaciones parlamentarias. 
Lo que no incluye es la correspondencia personal de los parlamentarios ni los documentos internos de los grupos por no tratarse de documentos parlamentarios con carácter oficial. 
En este sentido, existen sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que, obviamente, debemos respetar. 
El tercer requisito del reglamento que no prevé nuestro propio Reglamento es el referido al registro de todos los documentos públicos y la obligación de que dicho registro recoja asimismo de forma efectiva el nombre y el número de todos los documentos. 
Dicho registro deberá encontrarse asimismo disponible y accesible a través de Internet. 
Todo ello requerirá cierto esfuerzo, por lo que las instituciones disponen de plazo hasta junio para llevarlo a cabo. 
Queremos desear suerte a nuestro equipo, con el secretario general en funciones al frente, en esta tarea ya que la labor de poner todo en orden va a ser ingente. 
En junio, comprobaremos si todo está conforme. 
Un cuarto requisito que no prevé nuestro Reglamento es el referido al carácter público de las actas de la Mesa del Parlamento. 
Este aspecto no debería plantear excesivos problemas ya que, en la actualidad, dichas actas se hacen públicas transcurrido cierto tiempo. 
Lo único es que nuestro Reglamento no recogía la obligatoriedad de esta medida, por lo que ahora habrá que incluirla de forma adecuada. 
Además, yo recomendaría que las actas se hiciesen públicas antes de lo que es habitual en la actualidad. 
No hay que olvidar que la misma tarde tras las sesiones todo el Parlamento ya sabe lo temas que se han tratado. 
Lo que nos lleva, Señora Presidenta, al quinto punto. 
En este Parlamento se da también el fenómeno de las reuniones a puerta cerrada en las que se tratan temas delicados. 
Nuestra propuesta consiste en mantener el carácter restringido de dichas reuniones y comprobar las actas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 9 del reglamento. 
Todo lo que no se contemple en dichos artículos deberá hacerse público a través de las actas. 
De este modo, espero que las comisiones no celebren reuniones a puerta cerrada si no es estrictamente necesario. 
El último punto se refiere a las consultas entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento en caso de discrepancias. 
El Parlamento deberá participar en las consultas y creemos que lo mejor es nombrar un vicepresidente del Parlamento Europeo específicamente a tal efecto. 
También queremos que esta cuestión se recoja en el Reglamento de modo que se vea claramente quién es la persona responsable. 
Señora Presidenta, éstas son las principales modificaciones de nuestro Reglamento. 
La votación final puso de manifiesto el amplio respaldo mayoritario de la Comisión de Asuntos Constitucionales a estas enmiendas. 
No son demasiadas y creo que también podremos lograr su aprobación en este foro. 
Se han presentado otras cuatro enmiendas, una de mi Grupo y tres del Grupo de los Verdes. 
Como ponente, la enmienda de mi Grupo no me plantea excesivos problemas. 
En lo que respecta a las presentadas por los Verdes, hay que analizarlas detenidamente porque no tiene sentido ir más allá de lo dispuesto por el reglamento. 
Se trata de aspectos que deberían haberse contemplado en el reglamento, por lo que me planteo oponerme a dichas enmiendas. 
Señora Presidenta, por último quisiera poner de manifiesto la importancia de este reglamento y de la modificación de nuestro propio Reglamento ya que permitirá a nuestros ciudadanos acceder con mayor libertad a los documentos internos del Parlamento y de toda la Unión Europea, lo que incrementará la transparencia. 
La confianza de los ciudadanos aumentará con esta medida, lo cual no nos viene nada mal. 
Esto es positivo y, por ello, espero que podamos aprobar este Reglamento el martes. 
Señor Presidente, deseo comenzar dando las gracias a la Sra. Maij-Weggen por sus comentarios. 
He disfrutado mucho la forma en la que hemos colaborado en esto y me complace decir que el trabajo en su informe representa nuestro trabajo conjunto. 
También acepto lo que ha dicho acerca de las enmiendas. 
Antes de proseguir quisiera que los servicios determinasen si la enmienda 17 del Grupo de Los Verdes es admisible ya que su intención es reescribir el reglamento. 
Insta al Parlamento a adoptar ciertos criterios para definir informaciones y documentos sensibles. 
La definición de documentos sensibles ya está contenida en el reglamento en el Artículo 9, que se refiere al Artículo 4 (1) (a). 
Quisiera volver a dar las gracias a la Sra. Maij-Weggen por su coherente perspectiva respecto de la trasparencia y la apertura. 
Es absolutamente acertado que modifiquemos nuestro reglamento de suerte que no sólo lo adaptemos al reglamento sobre el acceso a los documentos sino que también podamos comenzar a ser responsables frente a los ciudadanos que pretendemos representar. 
Por consiguiente, ahora que el Comisario Barnier está presente, considero importante mencionar algunas de mis preocupaciones sobre la entrada en vigor el 3 de diciembre de 2001 de este reglamento. 
Cuando el reglamento entre en vigor, el derecho del ciudadano a acceder a los documentos institucionales ya no constituirá una concesión discrecional sino un derecho fundamental, derivado del Artículo 255. 
Como el Tratado no contempla ninguna otra base jurídica para el acceso a los documentos, el reglamento basado en el Artículo 255 constituirá el marco de toda la legislación derivada y de las normas internas de las instituciones, que habrán de ser conformes al mismo. 
La Comisión, por tanto, tiene la responsabilidad de presentar propuestas formales para derogar o enmendar la legislación derivada que no sea compatible con los principios y límites definidos en el Artículo 18 (3) del reglamento. 
Esto es extremadamente importante si queremos que el reglamento entre en vigor. 
De forma similar, respecto del más amplio concepto de las instituciones, órganos y agencias, la Comisión tiene por mandato del considerando 8 y por la declaración conjunta revisar las normas de las agencias y, cuando sea necesario, proponer enmiendas tan pronto como sea posible. 
Sobre la cuestión del Comité Interinstitucional- y todos estos asuntos son relevantes si queremos introducir cambios en el Reglamento- la Presidencia del Consejo ha dicho que estima que el Comité Interinstitucional debería operar en el nivel de secretarios generales. Esto difiere con la opinión del Presidente Prodi y del Parlamento. 
Aunque tengo mis dudas al decir esto, no tiene sentido sugerir que los secretarios generales deben formar parte de este Comité Interinstitucional. 
Toda la cuestión de la presencia política reside en la responsabilidad política. 
Para terminar, la Sra. Maij-Weggen ha realizado un excelente trabajo en esta cuestión y ahora ha llegado el momento de que la Comisión garantice que se respeta el Tratado y que los reglamento que derivan del mismo sean llevados ante el Parlamento. 
Señor Presidente, esta tarde en el Pleno del Parlamento Europeo estamos debatiendo un informe importante, porque tiene que ver con algo que este Parlamento ha defendido siempre: el principio de transparencia, trasladado al derecho de acceso a los documentos, que tienen los ciudadanos y, al mismo tiempo, al principio de apertura y proximidad a los mismos. 
Por lo tanto, estamos hablando del artículo 255 del Tratado (tal y como fue reformado en Amsterdam) , y también de un artículo importante de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 42. 
Tras el acuerdo al que han llegado el Consejo y el Parlamento, se trata de incorporar al Reglamento interno de esta Cámara los principios que desarrollan los citados artículos del Tratado y de la Carta de Derechos Fundamentales, respectivamente. 
Quiero felicitar muy sinceramente a la Sra. Maij-Weggen por su excelente trabajo; su informe (con las enmiendas propuestas por ella) fue adoptado en comisión por 25 votos a favor y uno en contra. 
También quiero felicitar al Sr. Cashman. 
Creo que ha habido una buena relación entre unos y otros y que todas las propuestas de la Comisión de Libertades Públicas han sido tenidas en cuenta por la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Por tanto, Señor Presidente, en la votación de mañana vamos a transponer un principio político fundamental e incorporarlo a nuestro Reglamento. 
Con ello, recogemos en el ordenamiento que regula nuestras relaciones un principio fundamental en aras de esa transparencia y apertura a las que he hecho referencia. 
Señor Presidente, mi Grupo va a apoyar una enmienda presentada por él mismo, no por casualidad, sino porque es una buena enmienda. 
Por lo demás, seguiremos las propuestas de la Sra. Maij-Weggen. 
Confío en que el resultado de la votación sea suficiente- de más de 314 votos- para que dichas propuestas puedan ser incorporadas al Reglamento de esta Cámara. 
En nombre del Partido Popular Europeo, quiero felicitar nuevamente a los dos ponentes por el gran trabajo que han hecho. 
Señor Presidente, ¿Qué es transparencia? 
La transparencia estará garantizada- así se podría y se debería argumentar- si a todos los ciudadanos de la UE que estén interesados se les garantiza el acceso a todos los documentos posibles de las instituciones europeas y si se garantiza también el carácter público de las sesiones del Consejo. 
A esta frase banal se reduce el documento fundacional de la iniciativa europea sobre la transparencia, a la que han dado aliento los más diversos parlamentarios y personalidades de la vida pública de toda Europa y que precisamente comienza ahora su vida activa sobre la base del presente Reglamento 1049/2001 y de las correspondientes adaptaciones que realicemos ahora en el Parlamento Europeo. 
¿Cómo deseamos la transparencia? 
Aquí existen aún diversas posiciones. 
Personalmente, deseo la formula europea de transparencia como una mezcla de las fórmulas americana y sueca, es decir, el acceso ilimitado a casi todo, ningún registro, y realmente la posibilidad de controlar y de revisar permanentemente nuestra actividad en el Parlamento pero también allí donde se adoptan las decisiones realmente importantes, es decir, en el Consejo. 
Lamentablemente, en este Parlamento no existe aún la pertinente mayoría para ello. 
También cabe argumentar que la opinión pública europea, en su diversidad, no está aún tan avanzada. 
Naturalmente, cabe usar el argumento de que si un ciudadano italiano, o austriaco, envía una carta a una de las instituciones de la UE que será registrada enseguida en un registro público, esto es algo con lo que no había contado y en relación con lo cual se habría comportado de otra manera, mientras que para un sueco esto sería algo evidente. 
Creo que, a pesar de esto, hemos de proseguir por este camino, precisamente ahora cuando se trata de definir los valores europeos, incluso por razones de los actuales acontecimientos mundiales. 
La transparencia pertenece decisivamente a tales valores. 
Lo que tenemos hoy ante nosotros es un paso en esta dirección. 
Ya se ha hablado de la adopción de acuerdos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Me gustaría que se fundamentase la enmienda 15 de los Verdes de manera sustancialmente más clara que hasta ahora. 
Personalmente, yo tampoco tendría problema alguno con presentar en el marco del control presupuestario los documentos pertinentes o incluso con lo que se pida al final. 
Pero si se dirige contra sí mismo, habría que desestimarlo. 
Sobre la enmienda 17 ha hablado ya de panera pertinente mi colega, el Sr. Cashman. 
La enmienda 14 cuenta con un apoyo cerrado por parte de nuestro Grupo. 
Esto constituye una mejora. 
No cabe menos que celebrar también la supresión de la limitación a las comisiones "permanentes" en la primera parte de la enmienda 15. 
Todos hemos de ser conscientes de que sin transparencia tampoco puede haber democracia. 
Hasta ese momento tenemos por delante un buen volumen de trabajo. 
Señor Presidente, como se ha señalado, este informe es una consecuencia del arduo trabajo en torno al artículo 255 del Tratado de la CEE sobre acceso a los documentos, que votamos el 3 de mayo. 
Gracias a la poderosa alianza que existía y existe en el Parlamento en favor de la apertura, donde Maij-Weggen y el señor Cashman tuvieron un papel destacado, conseguimos finalmente que el Consejo y la Comisión aceptasen una propuesta que refleja el deseo de esta Asamblea de alcanzar la mayor apertura posible. 
La legislación aprobada no es perfecta, pero constituye un muy importante primer paso en la lucha en favor de la apertura en los trabajos comunitarios. 
Decidimos también que esta legislación se revisaría a más tardar en enero de 2004. 
Hoy, igual que entonces, tenemos que ponernos a la cabeza para que se den nuevos pasos. 
La apertura y la transparencia son fundamentales en un sistema democrático y una condición para que los ciudadanos puedan participar en las decisiones que les afectan. 
La posibilidad de acceder a los documentos comunitarios aumenta la confianza y la legitimidad, dos elementos que por desgracia no abundan en la actual UE. 
Por eso, ahora que adaptamos nuestras reglas, no nos compliquemos. 
Interpretemos el artículo 255 con generosidad y el concepto de "documento" con la mayor amplitud posible. 
Hay excepciones en la legislación, en el artículo 4, pero no abramos las puertas a nuevas interpretaciones en torno a la confidencialidad ni a nuevos procedimientos burocráticos. 
Es importante que los ciudadanos tengan acceso rápido a los documentos públicos y que éstos estén en Internet. 
El Grupo ELDR presentó propuestas sobre esta materia en la comisión, pero fueron rechazadas. 
No obstante, espero que se apliquen en la práctica. 
Mi Grupo respalda este informe, ya que para nosotros la apertura y la transparencia significan eficacia y democracia, en lugar de burocracia innecesaria. 
Con la adopción en el Parlamento de normas categóricas y concluyentes sobre esta materia podremos demostrar que estamos al servicio de los ciudadanos, y no al revés. 
Señor Presidente, es una costumbre felicitar a los ponentes pero realmente queremos rendir tributo a la Sra. Maijs-Weggen por el trabajo que ha realizado en este asunto. 
Quisiera hacerme eco de lo acaba de mencionar la Sra. Malmström sobre la urgente necesidad de transparencia y apertura, especialmente en el Parlamento y quiero respaldar el comentario del Sr. Cashman acerca de que esto debe ser asumido como una responsabilidad política. 
Nosotros, como políticos electos, tenemos la responsabilidad ante nuestro electorado de garantizar que todos los procedimientos sean tan abiertos como sea posible. 
Teniendo esto en cuenta, quisiera mencionar brevemente las enmiendas presentadas en nombre de mi Grupo. 
Espero que la Sra. Maij-Weggen acepte la primera, ampliando las disposiciones para que cubran a todos los comités. 
Sólo cuento con una breve experiencia como Vicepresidente del reciente Comité Echelon, pero no veo ningún motivo por el que los comités especiales o los comités de consulta no tengan que estar incluidos. 
La ulterior extensión, contemplada más adelante en la enmienda, y que amplía el espectro de los documentos de los diputados que se consideran documentos parlamentarios también es útil. 
Confío en que esto sea aceptado. 
Sobre la cuestión de la responsabilidad política, nos parece que por ciertos motivos la Conferencia de Presidentes sería un órgano más adecuado que la Mesa para decidir sobre los asuntos, en el sentido de que en la Conferencia de Presidentes sus miembros representan a su partido político, en tanto que en la Mesa se supone que sus integrantes intervienen más bien en nombre del Parlamento en general, en lugar de plantear asuntos políticos. 
Nuestra tercera enmienda sugiere que necesitamos una definición parlamentaria de documentos sensibles. 
El Sr. Cashman ha puesto en duda la validez de ello. 
Pensamos que dentro del ámbito de nuestras normas hay espacio para una definición ampliada en relación con los documentos parlamentarios. 
Comprobaremos esta circunstancia y la retiraremos si, tras reflexionar, estimamos que hemos ido demasiado lejos. 
Por último, quisiéramos una votación por partes en relación con la aprobación de las normas de seguridad del PE para eliminar las palabras "sobre la base de una propuesta de la Mesa", que volverían a depositar la responsabilidad en la Conferencia de Presidentes. 
En cualquier caso nos complace mucho el espíritu con el cual la Sra. Maij-Weggen ha presentado este informe y estamos agradecidos por su disposición a estudiar cuidadosamente nuestras enmiendas. 
Los Parlamentos deben ser transparentes. 
Es triste que cuanto más abrimos nuestros invernaderos parece que menos gente quiere mirar en su interior. 
Los medios de comunicación también tienen que ayudar en esto. 
Si este Parlamento quiere ser transparente, no sólo tienen que ser abierto, sino que además debe darse noticia de ello. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Maij-Weggens relativo a la transparencia en los documentos del Parlamento supone un avance que sólo podemos respaldar. 
El problema es todo lo que no está. 
El principal problema es que la Comisión y el Consejo no entregan documentos de la fase legislativa preparatoria al Parlamento y ésta es la fase que interesa seguir a los ciudadanos a fin de influir en el contenido de la legislación. 
Nuestro ponente y el presidente de la comisión muchas veces pueden recibir los documentos bajo mano. 
Los miembros de las capas poderosas pueden obtener la mayoría de las veces lo que necesitan de sus amigos políticos en la Comisión o en las delegaciones del Consejo, pero tales documentos no están y no serán accesibles para todos los diputados al Parlamento o para la opinión pública. 
El informe tampoco modifica el vergonzoso acuerdo marco que la mayoría del Parlamento ha celebrado con la Comisión y que clasifica a los diputados al Parlamento Europeo en diputados de primera y de segunda clase con o sin acceso a información confidencial. 
Podría ser pertinente distinguir entre ponentes y diputados de a pie, sin embargo, esta distinción no tiene en cuenta quién necesita la información confidencial. 
Está bien poner grandes exigencias si un diputado viola la confidencialidad, no obstante, esto choca con el principio de igualdad y por ello es ilegal considerar a los presidentes de comisión como especialmente aptos, mientras que un ponente con las mismas necesidades no tiene acceso de la misma forma. 
Y es un absoluto disparate y contrario a cualquier tradición parlamentaria que la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, el Defensor del Pueblo y el propio Tribunal de Cuentas de la UE sigan sin estar en condiciones de examinar todos los comprobantes del trabajo de la Comisión. 
Tampoco se hará nada al respecto con el, por lo demás, excelente informe de la Sra. Maj-Weggens. 
Nosotros, que debemos aprobar los acuerdos de ampliación, tampoco podemos obtener los informes preliminares, aunque éstos no contengan más que una comparación entre la actual legislación comunitaria y la distancia de los países solicitantes a la planta copiadora que debe convertir las normas comunitarias en sus leyes. 
Esto apenas cambiará con la entrada en vigor del Reglamento sobre transparencia. 
Aún nos hallamos en la oscura Edad Media en lo que a transparencia se refiere, sin embargo, hasta un pequeño avance en la dirección correcta debe ser respondido con un sí, luego será el botón verde el que mañana pulsaré para animar a Hanja Maij-Weggen a seguir trabajando en favor de una mayor transparencia en la UE. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la Sra. Maij-Weggen y al Sr. Cashman por este segundo éxito. 
Ya son merecedores de nuestras felicitaciones por su trabajo en la legislación original, el Reglamento del Consejo y del Parlamento 1049/2001, en la que su labor fue fundamental para la consecución de ese resultado positivo. 
Ahora regresan para trasponerla a nuestro Reglamento y garantizar que nuestro trabajo sea transparente. 
Se puede discutir si la Unión Europea es ya, en algunas facetas, más transparente que algunos de nuestros Estados miembros. 
Desde luego no alcanza los más altos niveles marcados por algunos de nuestros Estados miembros, pero nos estamos moviendo en la dirección correcta, a pesar de que, ciertamente, aun no es perfecta. 
En cualquier caso, dentro de unos años, a la luz de la experiencia, haremos una revisión. 
Al contemplar el paquete de enmiendas a nuestro Reglamento presentadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales, en nombre de mi Grupo puedo decir que respaldaremos la idea central de lo presentado por la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Quisiéramos escuchar los argumentos que se están exponiendo en este debate y entonces volver a revisar nuestra posición, aunque nuestro Grupo se inclina hacia la aceptación de la enmienda 14 del Grupo PPE- DE, la primera parte de la enmienda 15 del Grupo de Los Verdes/ALE, y posiblemente la enmienda 16 del Grupo de Los Verdes/ALE. 
Nos oponemos a la segunda mitad de la enmienda 15 del Grupo de Los Verdes/ALE, que es completamente irrealizable y plantearía una serie de problemas prácticos en el caso de ser aprobada. 
Como ha explicado el Sr. Cashman, nos preguntamos si la enmienda 17 es admisible, y saludo el hecho de que el Sr. MacCormick dudara al respecto. 
Supongo que bien pudiera ser retirada y celebraría que así fuera. 
Esta es la posición de mi Grupo, sujeta a los argumentos que estamos escuchando ahora. 
En cualquier caso, independientemente de lo que suceda con estas enmiendas en particular, tengo mucha confianza en que la votación de mañana arrojará un resultado positivo. 
Señor Presidente, quisiera añadir mis felicitaciones a la Sra. Maij-Weggen por su excelente informe. 
Está muy claro que el Parlamento debe poner en orden su propia casa tras los acuerdos que hemos concluido con la Comisión. 
El acceso es importante pero se está diciendo mucha palabrería con respecto al mismo. 
Me pareció que al principio el Sr. Corbett estaba siendo más bien elogioso. 
Coincido con él en que nos estamos moviendo en la dirección correcta, pero aun nos queda mucho camino por recorrer. 
Quiero llamar la atención del Parlamento sobre el particular problema que la Comisión de Peticiones sigue sufriendo con el acceso a los documentos. 
Me consta que aquí el problema es fundamentalmente la Comisión, pero afecta al Parlamento. 
Varios ciudadanos europeos han presentado peticiones al Parlamento respecto de problemas con la Lloyds of London. 
Un cuestionario muy detallado fue remitido al Gobierno británico. 
Únicamente los diputados de la Comisión de Peticiones, y ningún otro diputado de Parlamento, han sido autorizados a ver ese cuestionario. 
Incluso los diputados de la Comisión de Peticiones no están autorizados a recibir ningún asesoramiento legal o político de puertas afuera, y tampoco se les permite hacer copias. 
Nadie de este parlamento ha sido autorizado a ver la repuesta del Gobierno británico. 
El Sr. Bolkenstein ha dicho que no puede revelar esta información porque podría ser objeto de una acción judicial de la Comisión contra el Gobierno británico. 
La respuesta del Gobierno británico fue que no nos permitirían verla puesto que la consideraban una comunicación informal, a instancias de la Comisión de Peticiones, por parte de la Comisión. 
¡Veintiuna preguntas detalladas dirigidas al Gobierno británico y el Gobierno británico dice que se trata de una comunicación informal! 
Queremos que esto se aclare para que podamos saber exactamente a lo que podemos tener acceso y a lo que no podemos. 
Actualmente los diputados, las comisiones y el propio Parlamento no pueden hacer adecuadamente su trabajo por culpa del excesivo secreto. 
Ciertamente, quisiera exhortar firmemente a que un representante- el Presidente de la Comisión de Peticiones- sea incluido en el Comité Interinstitucional, de modo que los ciudadanos puedan saber que los diputados de este Parlamento que miran por sus intereses se aseguran que este secreto no vaya a ir más allá de lo que hace en la actualidad. 
(FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, muchas gracias por permitir dirigirme a ustedes unos momentos solamente en nombre de la Comisión en relación con el trabajo que hemos llevado a cabo, y no hablo solamente de mí mismo y de la Comisión sino también de su Asamblea y de la Presidencia del Consejo, para llegar a este Reglamento del 30 de mayo. Además, hacerlo en un momento importante para ustedes, puesto que con la aprobación por parte de su Asamblea del informe de la Sra. Meij-Weggen se proporcionan los medios para aplicar, desde el próximo 3 de diciembre, este reglamento relativo al acceso del público a los documentos. 
A los ojos de la Comisión, este reglamento constituye un avance muy significativo en aras de una mayor transparencia y responsabilidad de las instituciones con respecto a los ciudadanos. 
Los esfuerzos realizados por el Parlamento para llegar a la aprobación del reglamento en los plazos impuestos por el Tratado- punto que yo ya había señalado en una intervención precedente- demuestran claramente la importancia que su institución concede también a la transparencia en general y al derecho de acceso del público a los documentos en particular. 
Por tanto, me permitirán, reconociendo este esfuerzo y destacándolo, manifestar mi reconocimiento al presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, Sr. Watson, pero también a usted, señora diputada Meij-Weggen, y a Michael Cashman, que ha trabajado mucho con usted, señora ponente, sobre estos temas. 
A continuación, deseo señalarles que la Comisión se encuentra a su vez en la fase de finalización de un proyecto de decisión relativo a la aplicación del Reglamento del 30 de mayo. 
Aprobará esta decisión en el curso de este mes y la anexará a su propio reglamento interior. 
Por tanto, la Comisión también podrá aplicar este reglamento en el plazo requerido, lo que garantizará a los ciudadanos el ejercicio efectivo de su derecho de acceso a estos documentos. 
En estas circunstancias, es normal que la Comisión preste una atención muy especial al enfoque del Parlamento en relación con las enmiendas a su reglamento interior. 
Este enfoque será una fuente de inspiración muy útil para sus propias normas internas de aplicación ya que me parece importante que las instituciones sigan un enfoque similar para la aplicación de estos importantes reglamentos. 
Esta aplicación debe respetar naturalmente el espíritu del reglamento. 
Esto es lo esencial del mensaje que la Comisión quiere transmitirles hoy respetando natural y totalmente la propia autonomía de su Asamblea en lo que respecta a la manera en que eligen modificar su propia normativa. 
En conclusión, quisiera, señor Presidente, hacer una observación muy breve sobre un punto abordado por la Sra. Meij-Weggen en su informe en relación con el acuerdo marco entre nuestras dos instituciones y que recordaba previamente la naturaleza distinta de dos actos que son, por una parte, el Reglamento del 30 de mayo de 2001 y, por otra, el acuerdo marco que acabo de mencionar. 
Por su parte, la Comisión considera que no hay, a priori, incompatibilidad entre estos dos textos, en la medida en que el anexo III del acuerdo marco regula la transmisión al Parlamento de los documentos confidenciales que no pueden, en todo caso, ser transmitidos al público, en virtud de una de las excepciones previstas por el Reglamento del 30 de mayo. 
La práctica deberá reflejar, naturalmente, este acto jurídico. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, en todo caso, quiero confirmarles la intención muy clara de la Comisión de aplicar con lealtad el conjunto de las disposiciones de este acuerdo marco. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Constitución de las delegaciones interparlamentarias y de las comisiones parlamentarias mixtas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0346/2000) del Sr. Carnero González, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la modificación del Reglamento en lo que se refiere a la constitución de las delegaciones interparlamentarias y de las comisiones parlamentarias mixtas. 
. Señor Presidente, hasta la presente legislatura las comisiones permanentes, las delegaciones interparlamentarias y las delegaciones en las comisiones parlamentarias mixtas de esta Asamblea se constituían a través de un procedimiento uniforme: el Pleno, a propuesta de la Conferencia de Presidentes, designaba a los miembros y éstos, en la sesión constitutiva, elegían la mesa de cada uno de esos órganos. 
La reforma reglamentaria introducida por decisión del Pleno de esta Asamblea a finales de la pasada legislatura cambió esa situación por lo que se refiere a las delegaciones interparlamentarias y a las delegaciones en las comisiones parlamentarias mixtas. 
A partir de entonces, ambas se elegían y constituían de forma distinta a las comisiones permanentes: sus mesas eran aprobadas por este Pleno, a propuesta de la Conferencia de Presidentes, y ésta nombraba al resto de sus miembros. 
Al proceder de esta manera, a comienzos de esta quinta legislatura, se observó la existencia de una contradicción en el artículo 170. 
En él se decía que las delegaciones en las comisiones parlamentarias mixtas se constituirían al igual que las comisiones permanentes y, al mismo tiempo, se afirmaba que se haría de acuerdo con el artículo 168, que ya había sido modificado en el sentido que he dicho anteriormente. 
Como consecuencia, se daba una contradicción, sin duda alguna producto del error de este Pleno, que había adoptado por votación mayoritaria una enmienda oral sin hacer desaparecer del texto del Reglamento la referencia a los procedimientos anteriores. 
Para solucionar esta contradicción, la Comisión de Asuntos Constitucionales fue requerida por la Conferencia de Presidentes. 
El informe que hoy nos ocupa es el resultado del trabajo de dicha comisión. 
Este informe fue aprobado en la misma hace exactamente un año, prácticamente por unanimidad. 
Subrayo que, durante un año, este texto ha dormido "el sueño de los justos". 
Las razones de ello se me escapan. 
En todo caso, es evidente que, en ese período, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el Sr. Napolitano, y algunos coordinadores, insistieron en que se introdujera en el orden del día de este Pleno. 
He aquí el informe. 
Lo importante es que, durante ese período, ha habido tiempo para reflexionar en el siguiente sentido: en primer lugar, hay que acabar con la contradicción presente en el Reglamento; es absolutamente necesario, si no queremos que el próximo mes de enero se repitan las mismas dudas que ya tuvimos en julio de 1999. 
Al mismo tiempo, la Comisión de Asuntos Constitucionales proponía en el informe volver a un procedimiento uniforme para las comisiones permanentes, las delegaciones interparlamentarias y las delegaciones en las comisiones parlamentarias mixtas. 
Parece ser que ese tiempo de "sueño de los justos" para el informe ha servido para que los Grupos parlamentarios consideren que, si bien es absolutamente necesario modificar el Reglamento para acabar con la contradicción existente en el artículo 170, sin embargo, existen dudas sobre la necesidad de volver a uniformizar los procedimientos de constitución de los tres órganos de este Parlamento que he citado al principio de mi intervención. 
Este ponente tiene claras algunas cosas: cuando se trata de la reforma del Reglamento, deben primar dos principios; primero, el consenso y, en segundo lugar, la eficacia. 
Y, como de consenso se trata, es evidente que este ponente comprende la opinión de los Grupos políticos y, por lo tanto, considera que mañana debemos proceder a acabar con la contradicción existente en el artículo 170 y a dejar el procedimiento de constitución de las delegaciones interparlamentarias y las delegaciones en las comisiones parlamentarias mixtas tal y como está en estos momentos. 
La segunda cuestión es la eficacia. 
En enero nos enfrentaremos de nuevo a un proceso de reconstitución de esos órganos, que debe ser rápido, para que sigan funcionando tan bien como hasta el momento. 
Además, quiero felicitar personalmente, y en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a esas delegaciones interparlamentarias y a las delegaciones en las comisiones parlamentarias mixtas. 
Quiero, si se me permite, recabar para la Comisión de Asuntos Constitucionales, y para sus representantes, un tercer principio, que es la coherencia, imprescindible también, en cualquier caso. 
Por último, Señor Presidente, quiero recordar un refrán español que dice: "más vale pájaro en mano que ciento volando". 
Solucionemos la contradicción, que es hoy lo más importante. 
Señor Presidente, señor Carnero, estimados colegas, yo celebro también que la historia de esta contradicción jurídica encuentre, ojalá, un final provisional mañana con la aprobación del informe del Sr. Carnero. 
Muchas gracias por la buena colaboración. 
Muchas gracias también, señor Carnero, por haberse desenvuelto en esta materia que, ante todo, es técnicamente muy exigente, y por haber elaborado también de hecho aquí la dimensión política de la decisión que hemos de tomar. 
Naturalmente, desde el punto de vista político no es insignificante que los presidentes de las comisiones parlamentarias mixtas y de las delegaciones interparlamentarias sean designados en bloc por esta Asamblea, quizá algo mermada en este momento, o que cada candidato individual tenga que ser elegido o designado como persona en cada una de las comisiones mixtas o en cada una de las delegaciones parlamentarias. 
Está claro, naturalmente, que hemos de prever en el Reglamento un procedimiento para el establecimiento del equilibrio político de la composición de las delegaciones y de las comisiones mixtas. 
También está claro que los resultados obtenidos por ese medio deben ser ejecutados y que esto pueda asegurarse también a través del Reglamento. 
Pero, por otro lado, también está claro que estas importantes decisiones personales no pueden ser sustraídas totalmente al Pleno. 
Hemos de tener en claro que las comisiones mixtas y las delegaciones interparlamentarias asumen tareas extraordinariamente delicadas frente a nuestros países socios, e incluso el nombramiento de determinadas personas para las mesas de tales comisiones puede constituir un elemento político que puede ser considerado como una descortesía e incluso como una provocación. 
Por esta razón ha de ser posible que este Pleno conserve la soberanía acerca de quién será realmente nombrado luego para los correspondientes cargos. 
Por consiguiente, no puede ser que el Parlamento otorgue una carte blanche, por decirlo así, para la ocupación de determinadas posiciones y que al final sean únicamente los Grupos o incluso las delegaciones nacionales en el seno de estos Grupos quienes decidan sobre la persona. 
Aquí debe mantener la primacía el Parlamento. 
Creo que por esta razón debe garantizarse también que cuando nos volvamos a constituir en enero conozcamos al menos los nombres de los implicados antes de que realicemos la votación. 
Efectivamente, esto no sucedió así al comienzo de esta legislatura. 
No obstante, estimo que a medio plazo hemos de reflexionar acerca de si no hemos de ceder la responsabilidad a las comisiones mixtas y a las delegaciones. 
En ellas se encuentran los colegas que conocen las relaciones con nuestros países socios y sus sensibilidades. 
A ellas debería corresponder a largo plazo la decisión acerca de quiénes han de ocupar sus puestos directivos. 
Señor Presidente, esta propuesta de una serie de enmiendas a nuestro Reglamento, que ha sido tan hábilmente elaborada por nuestro ponente, tiene el fin de resolver una contradicción. 
En cierto sentido se trata de un asunto muy sencillo: o la resolvemos de una forma o la resolvemos de la otra. 
En mi opinión y en la de muchos de mi Grupo no es absolutamente crucial que se resuelva de un modo o del otro. 
Existen argumentos a favor de ambas soluciones. 
Algunos de estos argumentos han sido expuestos con gran claridad en este breve debate. 
Pero debe ser resuelta de una u otra forma. 
Como frecuentemente sucede cuando las cosas son relativamente sencillas, todo el mundo tiene una opinión y esas opiniones no son del todo coincidentes. 
Algunos prefieren la solución planteada por la comisión. Otros prefieren la solución presentada en una enmienda suscrita por varios Grupos políticos. 
La votación de mañana determinará el camino que vamos a seguir. 
En ambos casos es fundamental que solucionemos esto mañana. 
Es preciso resolverlo antes de la sesión constituyente de enero. 
Coincido con nuestro ponente en que es algo escandaloso que este informe haya sido retenido durante más de un año desde que fuera aprobado en comisión y sea sólo ahora, prácticamente en el último minuto, cuando llega al Pleno para ser resuelto. Debiera haber sido resuelto hace mucho tiempo. 
Felicito al ponente por su paciencia. Celebro que aun le fuera posible recordar los argumentos fundamentales que subyacían a su informe, un año después de haberlo sacado adelante en la comisión. 
Muchas gracias, señor Corbett. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
. (IT) Señor Presidente, señor Comisario, a pesar de la importancia de las iniciativas que nos ocupan, en este caso al Parlamento Europeo se le hace una mera consulta, es decir, que lo que vamos a decidir con nuestro voto, como ocurre con frecuencia en estos casos, no será tenido mínimamente en cuenta por el Consejo. 
Con todo y con esto, mejor dicho, sobre todo por esto, me detendré en la necesidad y la urgencia de la reforma de Europol para permitir su control democrático y jurisdiccional. 
Hace al menos cinco años, desde 1996, que el Parlamento viene formulando esta solicitud a través del informe del Sr. Nassauer. 
El informe Nassauer lanzó una fuerte señal política al Consejo. 
El mismo pedía a los Estados miembros que no ratificasen el Convenio Europol mientras éste no se atribuyera al Tribunal de Justicia, es decir, a una competencia decisoria, prejudicial en la interpretación y en la correcta aplicación del mismo. 
El informe del Sr. Nassauer describía de manera ejemplar los problemas que Europol y que el Convenio correspondiente daban por descontados y que son los mismos que aún hoy subsisten. 
La solución a estos problemas no es un problema de Grupos políticos, no es un problema del ponente o del Sr. Nassauer: el control jurisdiccional y democrático de Europol es un problema institucional. 
El hecho de no querer cerrar esta herida causada a la democracia europea- si podemos hablar en estos términos del sistema que hoy regula las Instituciones de la Unión- supone la imposibilidad de avanzar en términos concretos en la realización de un espacio que no cabe duda de que debe ser de seguridad, de justicia y de libertad, pero que consideramos que sobre todo y a priori debe ser un espacio de democracia. 
Es desde la creación de Europol que el Parlamento Europeo ha reafirmado la necesidad de permitir su control. 
La previsión de aumentar los poderes de Europol para hacer frente a la emergencia del terrorismo, el escándalo que ha implicado a un alto funcionario de Europol y la reticencia de las policías nacionales a la hora de transmitir a Europol sus datos, así como la creación de Parlopol- un grupo de diputados nacionales y europeos que reivindican la importancia de aumentar el control democrático sobre Europol y sobre las decisiones adoptadas en el ámbito del espacio de justicia, libertad y seguridad- han empujado al Consejo a reflexionar al menos sobre la necesidad de llevar a cabo algunas reformas. 
Ante todo, el Consejo ha pedido a la Comisión Europea que elabore, antes de finales de año, una comunicación sobre el control democrático de Europol. 
Conocemos las valoraciones del Comisario Vitorino que se ha mostrados en múltiples ocasiones favorable a una comisión integrada por diputados nacionales y europeos, pero esperamos escuchar aquí que los plazos se acelerarán con vistas a esta reforma. 
Pensamos que en este marco democrático Europol no solo debería someterse al control democrático, sino también al control financiero y presupuestario, así como al control jurisdiccional. 
Actualmente, el control financiero y presupuestario es imposible, ya que Europol está financiado por los Estados nacionales y no por el presupuesto comunitario. 
De este modo, el Parlamento y la Comisión carecen de cualquier poder de control financiero, por lo que no pueden ni censurar ni dirigir la labor del organismo. 
También se niega el control jurisdiccional. 
En efecto, al Tribunal de Justicia no se le autorizan plenos poderes de control. 
Asimismo hay que recalcar que los funcionarios de Europol gozan de una inmunidad tan amplia que se parece más a una garantía de impunidad, que les protege también frente al control jurisdiccional que podría ejercerse a escala nacional. 
Por último, existe el problema del progresivo aumento del mandato y de los poderes. 
Si Europol se ocupaba inicialmente de la delincuencia ligada a la droga, con el acto en cuestión sus competencias se extienden, de hecho, a todos los tipos de delincuencia. 
En consecuencia, consideramos que para permitir al Parlamento expresar sus preocupaciones y peticiones al Consejo y a la Comisión en un momento en el que están a punto de tomar la decisión de ampliar los poderes y las competencias de Europol, además de las enmiendas a ambas iniciativas propuestas por Bélgica y Suecia, son necesarias otras enmiendas para resolver este problema. 
Pensamos que las enmiendas propuestas pueden servir para aclarar y mejorar las iniciativas en cuestión y transmitir al Consejo y a los Estados miembros un mensaje político de crítica de la situación actual y de propuesta de algunas líneas de reforma fundamentales. 
Por último, las consideraciones anteriores y la falta de poderes de codecisión del Parlamento en materia de justicia y de asuntos interiores deben obligar a todos aquellos que respaldan los principios de democracia y de libertad a rechazar las dos iniciativas que nos ocupan. Esto, a mi modo de ver, convertiría al Consejo y a los Estados miembros en más conscientes de la necesidad y de la urgencia de reformar Europol. 
ponente. 
Siento un gran orgullo por ser el ponente en un campo extremadamente innovador, que ha adquirido gran importancia tras los abominables sucesos del 11 de septiembre. 
Incluso quizá sea aun más importante por el hecho de que estamos intentando poner en práctica el Artículo 13 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal que, a pesar de que fue firmado en mayo de 2000, no parece vaya a ser ratificado por el momento, haciendo vital que dispongamos tan pronto como sea posible de un marco legal que nos permita hacer avanzar estos asuntos. 
Los equipos comunes de investigación permitirán que dos o más países se unan con el fin de investigar el terrorismo, el tráfico de personas, el tráfico de drogas y ciertamente otras formas de crimen organizado. 
Esta es una importante iniciativa que todos debemos apoyar. 
Un equipo común de investigación hará acopio del talento y la capacidad de distintos Estados miembros y los aglutinará con un objetivo claramente definido y con una clara fecha de conclusión, aunque de forma que propiciará que el conocimiento experto trabaje eficiente y contundentemente al enfrentarse al crimen y hacer rendir cuentas a los criminales. 
Será un instrumento flexible y uno que necesitábamos desde hace algún tiempo. 
Se han expresado preocupaciones, aunque no han tenido continuidad en las enmiendas, sobre el alcance de la participación en tales equipos. 
Por ejemplo, se ha hecho referencia a los servicios nacionales de inteligencia de los Estados miembros que se ocupan de asuntos criminales. 
Como ministro responsable en el Reino Unido para el establecimiento hace algunos años de nuestro propio servicio nacional de inteligencia para el crimen, estoy seguro de que la configuración de esas organizaciones en los Estados miembros ya ha sido adecuadamente contemplada. 
Al otorgar a aquellos que forman los equipos la discrecionalidad para determinar su composición y la posibilidad de presentar objeciones cuando sea oportuno, considero que este punto ha sido efectivamente resuelto. 
A pesar de que los Estados involucrados son firmantes de nuestro Convenio de Derechos Humanos, no obstante. He solicitado en el informe que prestemos especial atención a la necesidad de proteger y salvaguardar los derechos humanos en la conducción de estos equipos. 
Actualmente, el terrorismo es, en opinión de todos, absolutamente prioritario. Pero el tráfico de seres humanos también es algo que debería preocuparnos seriamente y algo en lo que estos equipos quizá pudieran ayudar. 
Apenas recientemente se ha revelado en el Reino Unido que cientos, incluso miles de niños han sido vendidos como esclavos desde otros lugares del mundo y están sufriendo ahora en Europa el más terrible de los tratos. 
Ha habido un caso de esta naturaleza en el Reino Unido y también ha habido un caso reciente en Italia. 
El trabajo de los equipos comunes de investigación, por ejemplo entre Italia y nosotros mismos, o con el conocimiento experto de Francia en esta área contribuiría a dar término a este abominable tipo de delito. 
De modo que el informe no sólo abarca el terrorismo sino también estos otros asuntos. 
Ciertamente, también es posible que tenga una considerable influencia, sobre todo en un conjunto de asuntos de actualidad que incluirían el fraude, el blanqueo de dinero y ese tipo de delitos económicos, si los talentos y las habilidades de reducidos equipos especializados, capaces de operar en diferentes países, pudieran ser sometidos en su actuación al control de una sola operación. 
Hay otra cuestión. 
He dejado muy claro en mi informe que es importante que todas estas operaciones queden bajo el claro control parlamentario del Parlamento Europeo. 
Dentro del debate anual sobre el campo de la libertad, seguridad y justicia también debería mantenerse este debate en particular. 
Tenemos que asegurarnos que vigilamos estas operaciones cuidadosamente. 
Por último, mucha información sensible pudiera emerger como resultado de este proceso. 
Si acaso hubiese que establecer algo similar a un comité elegido para recibir tal información confidencial, ello también contribuiría a estimular la confianza en el funcionamiento de estos equipos, que constituyen un importante y significativo desarrollo en la prevención del crimen en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Consejo Europeo de Tampere, en 1999, fue la primera vez en la historia de la construcción europea en que los Jefes de Estado o de Gobierno de los quince Estados miembros de la Unión situaron las cuestiones relacionadas con la justicia en el primer puesto de su programa político y contrajeron el compromiso de que en un período máximo de cinco años se crearía un espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
De ese modo, uno de los grandes objetivos de la Unión es el de hacer posible que sus ciudadanos vivan en ese espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, pero en el que dicha libertad vaya acompañada de un nivel elevado de seguridad y en ese marco es en el que se prevé la creación y el funcionamiento de equipos de investigación conjuntos. 
En Tampere se pidió la creación rápida de equipos de investigación conjuntos como primera etapa en la lucha contra el tráfico de seres humanos y estupefacientes, así como contra el terrorismo. 
A raíz de los terribles acontecimientos del 11 de septiembre, esta iniciativa surge en un marco de medidas por adoptar en la lucha contra el terrorismo y va encaminada a la aprobación de una decisión-marco que brinde el marco jurídico para la creación de equipos conjuntos de investigación compuestos por policías y magistrados especializados en la lucha antiterrorista y de representantes de la unidad en pro de Eurojust y Europol a fin de coordinar las investigaciones en curso en esa esfera. 
Acojo, con el mismo entusiasmo que el ponente, el Sr. Kirkhope, al que felicito por el trabajo realizado, esta iniciativa que pretende anticipar la entrada en vigor de las disposiciones del Convenio- que hasta el momento no ha sido ratificado -, consideradas más urgentes por los Estados miembros. 
Pero no puedo dejar de recordar aquí la necesidad de una ratificación rápida del Convenio con el fin de evitar el riesgo de una posible fragmentación de ese dispositivo jurídico. 
Por otro lado, también es digna de aplauso la ampliación del ámbito de acción de Europol a todas las formas graves de delincuencia internacional, enumeradas en el anexo de su Convenio, lo que contribuirá a aumentar la eficacia de la cooperación en el ámbito del Convenio Europol. 
Ahora bien, habrá que determinar sectores prioritarios de acción a partir de la evolución de la delincuencia en la Unión. 
Todos convendrán en que se preste atención especial al terrorismo, en particular en este momento. 
Señor Presidente, nunca como ahora hace falta más Europa para afrontar los problemas de la seguridad de los ciudadanos y de su libertad, o sea, para lograr ese espacio de libertad, seguridad y justicia prometido por el Tratado de Amsterdam y programado por el Consejo Europeo de Tampere. 
El impulso para la puesta en práctica de las medidas necesarias se ha frenado constantemente ante las resistencias, a menudo miopes, de los Gobiernos. 
Sólo la tragedia del 11 de septiembre ha sacudido por fin a la inmensa mayoría de nuestros gobernantes y se ha dado un significativo impulso a la adopción de algunas medidas ineludibles. 
Espero sinceramente que no serán necesarias más tragedias para desarrollar el espíritu de Tampere, porque no siempre se legisla sabiamente bajo el estímulo emotivo de las grandes tragedias: a veces en estos casos se corre el riesgo de olvidar la protección de los derechos fundamentales de las personas. 
Esto no es así con los tres informes que estamos examinando, sobre todo después de las oportunas intervenciones de la Comisión de Libertades Públicas que ha sugerido enmiendas de mejora. 
El informe del Sr. Kirkhope pide nuestro respaldo a la propuesta de cuatro Estados miembros de adoptar una decisión marco con vistas a la constitución de equipos comunes de investigación, ya previstos por el Consejo Europeo de Tampere y por el Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros que este Parlamento aprobó hace un año con el informe Di Pietro. 
Por lo tanto, el informe del Sr. Kirkhope merece el más amplio consenso, también porque contiene enmiendas de mejora en lo que se refiere al respeto de los derechos fundamentales, al control parlamentario y a la extensión de la utilización de equipos comunes de investigación para luchar no solo contra el terrorismo, el tráfico de estupefacientes y la trata de seres humanos, sino también contra la delincuencia organizada. 
Los informes del Sr. Turco, a su vez, tal como fueron aprobados por la Comisión de Libertades Públicas, incluso en contra de la opinión del ponente, nos proponen aprobar con las oportunas modificaciones dos propuestas que afectan a Europol. 
La primera prevé que el mandato de Europol se pueda ampliar a todas las formas graves de delincuencia organizada enumeradas en el Anexo del Convenio Europol, de acuerdo con las prioridades establecidas por el Consejo a instancia del Consejo de Administración de Europol. 
El útil correctivo, sugerido por la Comisión de Libertades Públicas, es que el Consejo tome dicha decisión por mayoría cualificada, previa consulta del Parlamento Europeo y oído el dictamen de Eurojust, órgano que tiene mucha experiencia en esta materia. 
Es lamentable constatar que, tras el voto positivo en comisión, los colegas del Grupo del Partido Popular Europeo hayan cambiado de opinión y ahora pretendan excluir el dictamen de Eurojust, ciertamente no vinculante pero, sin duda, muy útil y del cual es absurdo que nos privemos. 
Por lo tanto, apoyaremos el primer informe Turco, tal como nos lo presenta la comisión. 
También el segundo informe Turco sobre la transmisión por Europol de datos personales a terceros Estados, merece nuestro pleno apoyo. 
Diría que, independientemente de la opinión del ponente que nos ha sido reiterada en el Pleno, estas iniciativas, estas propuestas se han de aprobar íntegramente. 
Sin embargo, se ha de compartir totalmente lo que nos ha dicho el ponente y que resaltan también las enmiendas aprobadas en comisión que reiteran con fuerza la opinión expresada en repetidas ocasiones por este Parlamento, según la cual es cada vez más necesario llegar a la comunitarización de los instrumentos de cooperación judicial y al reforzamiento del control tanto jurisdiccional como democrático de estos instrumentos tan indispensables. 
Estimados colegas, nuestro Grupo respalda el informe Kirkhope y las palabras expresadas por él esta tarde. 
Considero que los equipos conjuntos de investigación constituyen un buen paso en la lucha contra todo tipo de delincuencia organizada. 
En primer lugar, en relación con el informe Turco que se refiere específicamente a dos aspectos del funcionamiento de Europol, la ampliación del mandato parece carente de significado si Europol no es capaz de cumplir con su mandato de forma adecuada. 
En la práctica, la utilidad de Europol sigue siendo muy limitada. 
Además, Europol trabaja ciertamente con información policial y judicial, aunque en la práctica no tiene nada que ver con los servicios nacionales de seguridad. 
Por esto, se produce un desequilibrio que solo permite actuar de manera represiva y después de producirse los hechos sin que se puedan adoptar suficientes medidas preventivas. 
En segundo lugar, en lo que respecta a los bancos de datos, el llamamiento que se hace a favor de un sistema descentralizado está justificado en aras de una mayor capacidad de control. 
Por lo tanto, hay que valorar positivamente estas iniciativas, aunque vuelven a poner de manifiesto los mismos puntos débiles. 
Por un lado, se deja un margen excesivo a la disposición o a la falta de la misma por parte de los Estados miembros, a la vez que se pone de manifiesto una clara falta de confianza en la democracia y, concretamente, en el control parlamentario aplicable a ese ámbito político de vital importancia. 
Si verdaderamente nos preocupa la protección de los derechos de los ciudadanos y la preservación de la democracia, no podemos estancarnos a la hora de establecer un sistema penal adecuado que se adapte a los retos a los que nos enfrentamos hoy en día, ni en invertir en una política preventiva sólida. 
Los servicios nacionales de seguridad desempeñan un papel clave en este sentido. 
La colaboración entre los servicios nacionales de seguridad y los servicios judiciales, entre la labor preventiva y represiva, debe coordinarse mejor de forma urgente, poniendo el énfasis claramente en la prevención de los delitos más graves. 
Señor Presidente, con motivo del atentado terrorista del 11 de septiembre, la Unión Europea, en estrecha colaboración con los Estados Unidos, está acelerando la caza de brujas a la que aspira en la persecución de cuantos se oponen a las opciones y proyectos imperialistas. 
Papel central en este intento va a desempeñar la Europol, cuyas competencias se amplían constantemente, infringiendo las leyes nacionales, incluso la protección constitucional a los ciudadanos. 
Las informaciones recogidas en los Estados miembros, el conocido fichaje policial, ya son de uso común, puesto que se conservan archivos comunes sobre los posibles sospechosos, o sea sobre todos nosotros, y se amplían los receptores de dichos datos. 
Los equipos comunes de investigación son básicamente incontrolables, puesto que todo Estado miembro que así lo desee puede crearlas para el tiempo que quiera, con la participación de los servicios que quiera y con el objeto que considere adecuado. 
Se trata de ataque orquestado contra el movimiento popular. 
Quieren apagar las conquistas de los trabajadores en el sector de los derechos individuales y colectivos y en el de las libertades democráticas. 
Desgraciadamente, los informes no sólo no intentan dificultar esta evolución antipopular y antidemocrática, sino que la incluyen en una reforma global de los medios con que cuenta la cooperación judicial y policial. 
Señor Presidente, después de los acontecimientos del 11 de septiembre, nunca como en este momento es oportuno crear unos equipos comunes de investigación para mejorar la cooperación entre todos los equipos nacionales de investigación, sobre todo para potenciar y acelerar ese necesario intercambio de datos entre todos los servicios de información de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Se trata, como es obvio, de un instrumento de cooperación policial realmente estratégico en términos de prevención de los fenómenos criminales y, tras la grave crisis internacional provocada por el ataque a las Torres Gemelas, fundamental y útil para contribuir a hacer frente a la emergencia terrorista en Europa. 
Desgraciadamente, sólo después de las matanzas de Nueva York y de Washington, hemos podido reconstruir los largos preparativos terroristas de las personas y organizaciones vinculadas a Osama Bin Laden que han actuado precisamente en el territorio europeo: muchos indicios aparentemente poco importantes y unidos por un único hilo conductor que, sin embargo, hemos reunido demasiado tarde, sólo después del 11 de septiembre, después de la muerte de miles de personas inocentes. 
Es evidente que si hubiese existido una cooperación judicial y policial más fuerte y si se hubiesen realizado más investigaciones conjuntas quizás habríamos podido desarrollar una labor de prevención más adecuada respecto a los hechos terroristas. 
Con todo, vale la pena precisar que el papel desempeñado por los equipos comunes de investigación sería útil no solo para hacer frente a la emergencia del terrorismo, sino también y en general para luchar contra todos los fenómenos ligados a la gran delincuencia organizada a escala internacional como los tráficos ilícitos de armas y de drogas y el tráfico y la explotación de seres humanos. 
En conclusión, señor Presidente, al dar las gracias al ponente, Sr. Kirkhope, quisiera recordar que la lucha contra la delincuencia organizada tanto la vinculada al terrorismo como la general es desde hace años objeto de la solicitud más insistente que nos llega de los ciudadanos europeos que exigen de las instituciones nacionales y europeas un compromiso cada vez más fuerte para que se garantice plenamente un derecho fundamental e inalienable como es el derecho a la seguridad, un bien valioso que se encuentra cada vez más amenazado. 
Por lo tanto, bienvenido sea el máximo esfuerzo también de parte de la Unión Europea, incluso a través del instrumento de los equipos comunes de investigación, para devolver la necesaria confianza a los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, saludamos la llegada del Consejo. 
Si no me equivoco ha llegado alguien del Consejo. ¿Es cierto? 
¿Quizás? 
¿Acaso usted es del Consejo? 
No se sabe. 
Le ruego que no interpele directamente ni a la Comisión ni al Consejo, de manera directa y personal. 
Cualquier iniciativa en este sentido que tenga usted, hágala a través de la Presidencia. 
Muchas gracias, señor Cappato. 
Señor Presidente, en realidad, me dirigía a usted para preguntarle si efectivamente el Consejo nos había honrado con su presencia. 
Justo para destacar y para señalar que hemos llevado a cabo este debate sin la presencia del Consejo que ha llegado sólo ahora y justo para entender, para darnos cuenta de cómo se tienen en cuenta las decisiones, los debates de este Parlamento- la traducción a 11 lenguas, las enmiendas traducidas a 11 lenguas, las intervenciones traducidas a 11 lenguas- que no sirven para nada en absoluto. 
Estamos hablando de ampliar el mandato de coordinación de las policías europeas a los delitos más graves, por lo tanto, sabemos que, de hecho, el coordinar informaciones es de por sí una facultad operativa y que la distinción entre facultades de coordinación y facultades operativas es una distinción muy, muy sutil, vaga y difícil. Por lo tanto, estamos entrando de lleno en el fondo de las políticas de policía y de cooperación policial de los Estados miembros: las repercusiones son enormes para nuestros países, para nuestros códigos de procedimiento penal, ya que sabemos lo muy diferentes que son los vínculos con el poder judicial y con el poder ejecutivo a los que están o no están sometidas las policías de cada uno de los 15 Estados miembros. 
Pues bien, todo esto ocurre, por el contrario, sin, repito, sin una intervención en el proceso legislativo, en el proceso en que las leyes se elaboran, sin unas asambleas democráticamente elegidas. 
Sabemos que el Comisario está de acuerdo- lo sabemos- pero sabemos que, en nombre de la urgencia, de la emergencias y de la eficacia de la lucha contra la delincuencia, estamos eliminando de un golpe cualquier equilibrio entre poderes. 
El funcionario del Consejo llega aquí tranquilamente cuando el debate está a punto de acabar. 
Las cosas que estamos diciendo y decidiendo, las cosas que estamos votando no sirven para nada, tanto es así que la misma Presidencia ha considerado oportuno convocar este y otros debates al mismo tiempo que la reunión de la comisión competente, la Comisión de Libertades Públicas, en la que se está votando ahora, en este momento. 
Por esto, los dos diputados no inscritos y los otros tres o cuatro colegas que se encuentran en el Pleno están perdiendo la votación sobre el terrorismo, sobre la orden de búsqueda y captura europea por esta decisión, voy a decir, coherente con la decisión del Consejo de no estar presente, coherente con el método legislativo de la Unión Europea. 
Señor Presidente, la ampliación del mandato de la Europol no es una cuestión nueva, aparecida con posterioridad al 11 de septiembre. 
Sin embargo, es evidente que hoy resulta muy necesaria. 
Es obvio que es necesario intercambiar información policial con terceros países, cosa que subrayó el Parlamento de manera casi unánime cuando votamos el informe sobre la delincuencia informática. 
Hay quienes se preocupan porque la Europol emplearía demasiados recursos. 
Esas personas deberían pensar en que Europol cuenta con 388 empleados para cubrir una población mayor que la de EE.UU., mientras que el FBI tiene 27 000 empleados. 
No son comparables los recursos ni las tareas. 
La Europol no tiene funciones ejecutivas. 
La protección informática es muy importante cuando se transmite información; hay que velar, en la mayor medida posible, por la integridad individual. 
Los derechos humanos, establecidos en la Convención Europea y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, son un símbolo europeo que debemos proteger y del que debemos estar orgullosos. 
Sin embargo, debemos cuidarnos de la sociedad tutelar. 
Por eso, tal como señaló el señor Turco, es conveniente que el Parlamento ejerza el control democrático. 
Es totalmente absurdo que esas materias queden fuera de la estructura de la Unión y que temas tan importantes para los ciudadanos se discutan en una Asamblea prácticamente vacía. 
La confección de estadísticas sobre actividades delictivas llega, obviamente, en un momento oportuno. 
Me parece extraño que el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías de Lisboa reúna datos estadísticos sobre la drogadicción, en tanto que las estadísticas sobre lucha contra la delincuencia son incompletas. 
La Europol tiene un importante papel en esta materia. 
En relación con la eventual mención de Europol, se ha demostrado que son muchos los que ven en el texto la intención de alterar el equilibrio entre el poder político y el judicial. 
Esta interpretación es errónea. 
Con todo, no quisiera que surgiesen dudas en este punto. 
Por eso creo que sería mejor cambiar el texto de Eurojust. 
Para finalizar, quisiera dar las gracias al señor Turco por el excelente tratamiento que ha dado a esta iniciativa sueca y belga. 
Señor Presidente, las dos iniciativas gubernamentales relativas a Europol que examinamos el día de hoy, una sobre la definición de las misiones, la otra sobre las normas para la transmisión de datos, brindan al Parlamento Europeo la ocasión de plantear una verdadera cuestión: la organización del control democrático sobre esta oficina. 
Se trata de una cuestión muy importante, ya que las actividades de cooperación policial y, especialmente, la gestión de los ficheros de análisis que lleva Europol tienen una relación muy directa con las libertades civiles. 
Actualmente, el control de Europol, en tanto que organismo intergubernamental, está asegurado por los parlamentos nacionales, primero, por los gobiernos reunidos en el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores o representados en el Consejo de Administración de la oficina y, por último, por una autoridad de control integrada por personalidades independientes. 
La comisión competente de nuestra Asamblea propone cambiar completamente este sistema que, sin embargo, sólo se encuentra en funcionamiento efectivo desde 1999 y quisiera confiar el control de Europol exclusivamente a los procedimientos comunitarios, por tanto, especialmente al Parlamento Europeo. 
Esta propuesta no nos parece oportuna. 
El Parlamento Europeo no es, a nuestro juicio, la instancia adaptada para asegurar el seguimiento democrático de actividades policiales de soberanía, que son asumidas por los servicios nacionales y tienen implicaciones sobre el propio territorio de los Estados miembros. 
Sería mejor no demostrar a priori cuando Europol apenas empieza sus actividades y dejar a los parlamentos nacionales el tiempo de organizar y perfeccionar su control. 
Por otra parte, tienen presente esta necesidad. 
Por ejemplo, el pasado mes de septiembre, el Parlamento francés acaba de oponer una reserva de examen parlamentario a proyectos de acuerdos de Europol con los países del Este, luego levantó esta reserva cuando obtuvo garantías suficientes sobre la seguridad de transmisión de los datos. 
Prueba que se organiza un control efectivo del lado nacional. 
Para ejercerlo de manera todavía más estricta, el Senado francés acaba, por otra parte, de crear en su seno un grupo de trabajo especializado encargado de seguir las cuestiones de cooperación policial. 
Este es un ejemplo que ha de imitarse, señor Presidente, y también sin duda alguna desarrollarse, coordinando mejor horizontalmente las actividades de control de los parlamentos nacionales. 
¿Por qué no crearían entre ellos una asamblea interparlamentaria para seguir Europol y la cooperación policial? 
Mejor todavía, ¿por qué la Conferencia Intergubernamental, que debe reunirse en 2004 y que, precisamente, debe tratar el papel que desempeñan los parlamentos nacionales en la arquitectura europea, no propondría desarrollar dicha cooperación interparlamentaria hasta convertirla en un nuevo pilar de la Unión? 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión considera que estas tres iniciativas son particularmente importantes, muy en particular en el momento en que vivimos. 
La Unión Europea vive un momento en el que no sólo la cooperación entre los Estados miembros, sino también la cooperación con terceros países y con organizaciones internacionales, son esenciales, si queremos luchar eficazmente contra la delincuencia organizada y, en particular, el terrorismo. 
Las iniciativas hoy en debate van encaminadas a acelerar el calendario, aproximando el momento en que los Estados miembros tengan un fundamento jurídico comunitario para instaurar equipos conjuntos de investigación que, llegado el caso, podrían incluir representantes de terceros países o de organizaciones internacionales, ampliar el mandato de Europol a fin de permitirle abordar una mayor diversidad de actividades delictivas y también permitir a Europol transmitir eficazmente datos personales a terceros países y otras organizaciones, lo que constituye sin duda un elemento importante, si se quiere que la cooperación con esos terceros países y en el ámbito de esas organizaciones internacionales sea creíble y funcione con eficacia. 
La Comisión ve con satisfacción que el Parlamento Europeo apoye el proyecto de decisión-marco sobre equipos conjuntos de investigación propuestos por Bélgica, España, Francia y el Reino Unido. 
Esperamos que el tiempo que se va a ganar al permitir a Estados miembros organizar dichos equipos constituya una diferencia positiva en la eficacia de la lucha contra el delito transnacional. 
La Comisión ve también con satisfacción que el Parlamento acoja positivamente la ampliación del mandato de Europol y la transmisión de datos personales a terceros países y otras organizaciones. 
Esas dos iniciativas contribuirán a hacer de Europol una organización más eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada, lo que constituye una preocupación en aumento entre las opiniones públicas de los países miembros de la Unión Europea. 
El informe del Sr. Turco plantea la cuestión del control democrático de Europol en el ámbito de las iniciativas mencionadas. 
En el pasado mes de junio ya tuve oportunidad de examinar esta cuestión con ocasión de la conferencia interparlamentaria que el parlamento holandés convocó en La Haya y a la que asistieron representantes de prácticamente todos los parlamentos nacionales de los Estados miembros y también el ponente. 
A la luz del debate habido entonces con los representantes de los parlamentos nacionales, la Comisión, como estaba previsto en su programa de trabajo para este año, está acabando en este momento una comunicación sobre el control democrático de Europol, pero presentará algunas ideas para su mejora. 
Como saben Sus Señorías, considero que ese control democrático no puede ni debe prescindir del insubstituible papel de los parlamentos nacionales, en particular en lo relativo al control de sus antenas nacionales Europol, pero debe permitir no sólo esa cooperación interparlamentaria de los parlamentos nacionales, sino también agregar el valor añadido que representará el compromiso del Parlamento en ese control democrático a fin de que, de esa forma, en estrecha colaboración entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, podamos tener una visión de conjunto de la realidad del funcionamiento de Europol sin perder ninguno de los elementos de detalle resultantes de la acción de los parlamentos nacionales en su control. 
Paralelamente, reconozco la importancia de la articulación entre Europol y Eurojust y el papel que corresponde a Eurojust en relación con la acción del control jurisdiccional de Europol. 
Con todo, creo que es preferible esperar a la decisión del Consejo, que hará la prefiguración final de Eurojust antes de proponer soluciones sobre la articulación entre el componente policial y el componente judicial a escala europea. 
Respecto de la ampliación del mandato de Europol, la Comisión toma nota y comparte las preocupaciones manifestadas en el informe en cuanto a la estructura decisoria en el ámbito del tercer pilar de la Unión. 
De hecho, es lenta, las prioridades a veces cambian de Presidencia a Presidencia, el propio papel del Parlamento es mínimo. 
De modo que acogemos favorablemente que el Parlamento subraye la necesidad de que se reflejen las situaciones de la delincuencia organizada en cada uno de los Estados miembros al establecer las prioridades en la lucha contra la delincuencia organizada a escala europea. 
Por eso es importante que los Estados miembros faciliten información adecuada y puntual a Europol para que ésta pueda redactar con la calidad exigida su informe anual sobre la situación de la delincuencia organizada en la Unión Europea. 
En cuanto a las enmiendas propuestas en el informe del Parlamento, la Comisión podría proponer que se adjuntara como anexo dicho informe anual, en su versión pública, al informe que Europol transmite también anualmente al Parlamento Europeo. 
Por último, respecto de la iniciativa sobre la transmisión de datos personales, la Comisión apoya en general las enmiendas propuestas por el Parlamento. 
Comparte la opinión de que se apliquen las garantías de protección de los datos facilitadas ya por el artículo 7 del Acto del Consejo de 1999 sobre los datos transmitidos a terceros países y a organizaciones internacionales también a la transmisión de datos resultante de esa iniciativa de Suecia. 
Como en este caso la iniciativa sueca sólo modifica el apartado 5 del artículo 5 del citado Acto del Consejo de 1999, el artículo 7, que es el pertinente sobre esta materia, seguirá siendo íntegramente aplicable. 
A eso se deben mis dudas sobre la necesidad real de la enmienda propuesta sobre el artículo 7 del Acto del Consejo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
Este punto se votará mañana a las 12.00 horas. 
Extradición entre los Estados miembros de la Unión (Convenios 1995 y 1996- Acervo de Schengen) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0371/2001) del Sr. Marinho, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa del Reino de Suecia con vistas a la adopción por el Consejo de un proyecto de decisión por el que se determinan las disposiciones del Convenio de 1995, relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, y del Convenio de 1996, relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión, que constituyen un desarrollo del acervo de Schengen con arreglo al Acuerdo sobre la asociación de la República de Islandia y del Reino de Noruega a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen. 
Señor Presidente, señor Comisario, resulta singular que dos Estados europeos que nunca se han adherido a la Unión Europea- Noruega e Islandia- fueran los primeros en lanzar un espacio de libre circulación de personas con base regional. 
Por los idus de 1957, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega e Islandia, cinco Estados europeos, abrieron sus fronteras, mediante la Unión Nórdica de Pasaportes, a las personas, mientras otros seis diseñaban un mercado común, con lo que concedían preferencia a las circulación de mercancías en una unión aduanera. 
Los caminos seguidos por los dos grupos de Estados fueron diferentes. 
Los primeros, dando cuerpo a la AELC; los segundos, ambicionando una Europa unida, y no sólo en lo económico. 
Por fortuna, el proyecto encarnado por los Seis, hoy Quince, mañana casi el doble, pese a ser más ambicioso y complejo, triunfó sobre el libre comercio o sobre las simples facilidades de cruce de fronteras. 
Atrajo a muchos fundadores de las instituciones nórdicas y por eso mismo estamos ahora, en este informe, intentando dar algún sentido a las contradicciones y a las dificultades de la Historia, integrando a Noruega y a Islandia en el espacio de Schengen, y muy en particular, como en el caso de la iniciativa sueca, en un espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea. 
Se amplía así, con esta iniciativa sueca, el espacio de libre circulación de la Unión más allá del territorio oficial de la Unión Europea, con las correspondientes consecuencias en el universo judicial, al hacer de Noruega e Islandia países en los que pasan a aplicarse las normas sobre extradición comunes al acervo de Schengen. 
¿Quién lo habría considerado posible 45 años atrás? 
En esa evolución histórica o, mejor dicho, en esa necesidad- que crea nuevas exigencias y compromisos y así evoluciona y se impone el avance de Europa- se basa la certeza de que el programa de Tampere, que entraña el paso del método intergubernamental al método comunitario, propiciará la comunitarización de la cooperación judicial, porque así lo quisieron los gobiernos de los Quince, porque la labor de la Comisión y del Comisario António Vitorino no pueden ser traicionadas por reticencias crónicas de base soberanista y fundamentalmente porque los tiempos que corren exigen que Europa se dote de una armadura jurídico-penal que sirva de primer instrumento para la lucha contra la delincuencia internacional y transfronteriza. 
La diferencia verdadera de que podemos enorgullecernos, nosotros, los europeos, no radican en el arsenal bélico, sino en la calidad de las nuevas normas europeas que nosotros, en esta Asamblea, contribuimos o contribuiremos a construir, aptas para conciliar disuasión y respeto de las libertades sin afectar a las diferencias filosóficas y culturales que influyen en las normas penales de cualquier Estado miembro. 
La orden europea de busca y captura, basada en el principio del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales nacionales, es, de la forma propuesta por el Comisario António Vitorino, un ejemplo que seguir para los demás aspectos de Tampere, en particular para la armonización de la legislación penal. 
Por todo esto, mi voto es el de que esta iniciativa sueca, que acogemos con beneplácito porque es oportuna y necesaria, resulte muy pronto obsoleta porque quede superada por la eficacia de las normas comunitarias, en particular sobre la orden de busca y captura, con lo que haga desaparecer los dos convenios de la Unión, bienintencionados, desde luego, pero de efectos escasos. 
La lógica es que sean substituidos por el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y por el mero traslado de lugar de las personas que cometan delitos, con lo que se creará, señor Comisario, un espacio único europeo para la extradición. 
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente, que ha analizado con gran expertez este informe de naturaleza tan técnica y ha propuesto una serie de modificaciones de índole redaccional que podemos apoyar todos. 
También celebramos y apoyamos la iniciativa de Suecia sobre el desarrollo del acervo de Schengen. 
Sin embargo, en algunas partes ésta ha sido ya superada por la realidad. 
Efectivamente, debido al veloz desarrollo que se ha producido en la política europea de Asuntos Interiores y de Justicia desde los atentados terroristas del 11 de noviembre, este informe y estos documentos deberían quedar obsoletos en gran parte, al menos en lo que se refiere al ámbito de los procedimientos de extradición. 
Así, por ejemplo, el Consejo de Ministros de Asuntos Interiores y de Justicia puso en marcha ya el 20 de septiembre un procedimiento simplificado de entrega de delincuentes y de reconocimiento mutuo de sentencias judiciales. 
También celebramos esta progresiva unificación europea en el marco del Derecho penal y procesal penal. Ésta conducirá a una mejora de la lucha contra la delincuencia en nuestro continente y fomentará el espacio jurídico europeo. 
En este sentido me podría ahorrar otros comentarios amplios sobre la iniciativa sueca, tanto más cuanto que el Sr. Marinho ha mencionado ya los puntos esenciales. 
Sin embargo, me gustaría comentar aún una cosa: las disposiciones del Convenio de la UE sobre el procedimiento simplificado de extradición de 1995 y el Convenio de la UE relativo a la extradición entre los Estados miembros de 1996 deberían ser aplicables también, según esta propuesta, a Islandia y a Noruega, en tanto desarrollo del acervo de Schengen. 
No obstante, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo e Inglaterra no han ratificado hasta ahora uno de estos convenios. 
Esto es especialmente escandaloso puesto que incluso los estados candidatos a la adhesión están obligados a participar en el acervo de Schengen. 
Precisamente en lo que respecta a la traslación y ratificación de los actos jurídicos de la Unión, los Estados miembros deberían hacerse conscientes, por fin, de su función ejemplificadora en este marco. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera comenzar felicitando al Sr. Marinho por el excelente trabajo que ha hecho en este informe y decir que todos tenemos conciencia de que cuestiones como las relativas a la política de asilo, las medidas de lucha contra la delincuencia o la organización de los controles en las fronteras y la lucha contra el terrorismo son dignas de atención y tienen una importancia indiscutible para los Estados miembros. 
Pero creo que actualmente todos comprenden que problemas comunes exigen soluciones comunes, que, para resolverlos de forma eficaz y coherente, además de su dimensión nacional, deben tener una necesaria dimensión europea. 
La cooperación policial y judicial en materia penal en el ámbito de la Unión Europea tiene como objetivos primordiales la lucha contra la delincuencia transnacional organizada y la aproximación de las disposiciones judiciales y reglamentarias. 
Pero, en el ámbito de la cooperación judicial, la cooperación Schengen ha centrado sus esfuerzos en la tramitación rápida de las solicitudes de extradición por mediación del SIS. 
La iniciativa sueca que hoy examinamos no contiene- como ya ha dicho nuestro colega el Sr. Marinho- grandes disposiciones substantivas, en particular en materia de extradición, y pretende sobre todo aclarar la relación entre las diferentes posiciones sobre la extradición en el nivel de la Unión Europea y hacer participar a Islandia y a Noruega en la aplicación de dichas disposiciones. 
Considero que es esencial materializar la esfera de justicia y seguridad en Europa. 
Los recientes acontecimientos del 11 de septiembre nos recuerdan la necesidad de luchar contra el terrorismo no sólo por medios militares, sino también con instrumentos judiciales. 
Y conviene recordar que la estrategia de la Unión Europea para el comienzo del nuevo milenio- prevención y control de la delincuencia organizada- preveía ya la posibilidad de que se creara un espacio jurídico único para la extradición en el nivel europeo. 
El 11 de septiembre vino sólo a reforzar la urgencia y la necesidad de semejante decisión. 
Debió de ser por eso por lo que el Consejo de Justicia, ya el 20 de septiembre, en su objetivo de lucha contra el terrorismo decidió substituir dentro de la Unión el proceso de extradición por un simple proceso de entrega de los autores de esos crímenes, con lo que todas las normas actualmente en vigor en materia de extradición resultarán obsoletas, como, por lo demás, ya se ha dicho aquí, y entrañara la desaparición y la substitución de dos convenios relativos a la extradición por el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y por el mero traslado del autor del delito y así se creará el espacio único europeo para la extradición, cuya necesidad también subrayamos. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión tiene su tarea muy simplificada en este debate, porque podría limitarse a subscribir íntegramente la intervención del Sr. Luis Marinho, a quien quisiera felicitar por su excelente informe. 
Quisiera sólo añadir que, en la óptica de la Comisión, esta iniciativa de Suecia es importante y útil porque aclara que las normas de extradición de los convenios de 1995 y 1996 son integrables en el acervo de Schengen, concepción que tiene consecuencias importantes sobre todo a la luz de las decisiones que el Sr. Carlos Coelho acaba de citar y ya adoptadas el 20 de septiembre por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 
La substitución integral en el espacio de la Unión Europea de las normas sobre extradición por el mecanismo de orden europea de busca y captura tendrá proyección en el acervo de Schengen y no podrá dejar de reflejarse también en la mecánica del funcionamiento del Convenio de Schengen. 
Y en esa medida precisa, al tener como objetivo la substitución de los convenios de 1995 y 1996, tampoco podrá dejar de plantear la cuestión de la ampliación de la orden europea de busca y captura a Noruega y a Islandia, una vez que el Consejo le apruebe, cosa que sucederá- espero- los días 6 y 7 de diciembre. 
Por eso, éste no es un debate inútil, es un paso, un grado, en una escala que llegará a su culminación- esperamos- con la aprobación por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la orden europea de busca y captura para consolidar el espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en la esfera de la defensa de los derechos fundamentales y de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, en particular contra el terrorismo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Comunicaciones electrónicas y protección de la intimidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del segundo informe (A5-0374/2001) del Sr. Cappato, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas 
. (IT) Señor Presidente, henos aquí una vez más, siempre durante la votación de la Comisión de Libertades Públicas sobre el terrorismo, pero da igual. 
Segundo intento: intimidad en las comunicaciones electrónicas. 
Me parece que en la ocasión anterior este Pleno no alcanzó el objetivo de aprobar una posición mayoritaria, porque se anularon mutuamente las dos propuestas presentadas sobre la cuestión de los mensajes electrónicos comerciales no solicitados, la propuesta de opt-in rígido europeo y la que otorga a los Estados miembros la libertad de elegir entre el opt-in y el opt-out, además de una propuesta de compromiso presentada, a mi modo de ver, demasiado tardíamente a sus Señorías. 
Las tres propuestas, por lo tanto, se anularon mutuamente. 
Ahora, en cambio, creo que con respecto a este punto el Parlamento por fin está preparado para tomar una decisión, puesto que tanto la posición de la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento de dejar a los Estados miembros la posibilidad de elegir como la posición de la Comisión- el opt-in rígido europeo- han sido, por así decirlo, dulcificadas, se han acercado entre sí: la Comisión de Libertades Públicas ha tenido en cuenta en particular, por una parte, las preocupaciones por los SMS, es decir, los mensajes en los teléfonos móviles y, por otra, la posición del opt-in de la opción previa rígida impuesta a escala europea y ha considerado la necesidad de contactar con quien ya es cliente de una determinada sociedad, de una determinada empresa. 
Espero que sus Señorías, los Grupos en particular, van a votar entre estas dos alternativas, sin confundirse en el último momento, unas alternativas entre las cuales el Parlamento tendrá la posibilidad de elegir. 
Por lo que a mí respecta- y esto es algo que quiero confirmar- considero que no existen datos ni pruebas suficientes para demostrar que los Estados que aplican el sistema de opt-in, son capaces de combatir mejor el spamming. 
Actualmente, el fenómeno del spamming en Internet es ilegal, porque ya es ilegal almacenar direcciones sin autorización, ya es ilegal utilizarlas sin autorización, ya es ilegal enviar mensajes sin indicar claramente el remitente y ya es ilegal enviar mensajes sin ofrecer la posibilidad de borrarse con facilidad de las guías. 
Por otra parte, incluso en la rigidez hay riesgos que afectan, por ejemplo, a la libertad de comunicación. 
No es casualidad que la Comisión de Libertades Públicas haya optado por ser prudente en este tema. 
En efecto, existen agrupaciones de organizaciones no gubernamentales que han mostrado su preocupación por la posibilidad, por ejemplo, de recoger fondos a través de campañas en Internet. 
Creo que nuestro debate, nuestra legislación ya ha quedado superada por las tecnologías y los hechos. Asimismo creo que actualmente los consumidores tienen la posibilidad de elegir por sí mismos, a nivel individual, un sistema de opt-in o de opt-out, sin necesidad, a la hora de borrarse de las guías, de dirigirse al remitente del mensaje, sino poniendo simplemente esa dirección en una lista negra para no tener que recibir más mensajes de ese remitente. 
Sin embargo, puesto que han transcurrido seis años de la directiva general sobre la intimidad y que la inmensa mayoría de los Estados miembros no la ha ratificado, que han transcurrido cuatro años de la directiva que modificamos con esta nueva propuesta de directiva y que tampoco la directiva de 1997 ha sido aplicada todavía por la mayoría de los Estados miembros, lamentable y razonablemente, deberemos suponer que también esta legislación entrará en vigor tal vez dentro de tres, cuatro o cinco años. 
Dentro de tres, cuatro o cinco años, por lo tanto, si los consumidores y los usuarios percibirán realmente la necesidad de defenderse de los mensajes electrónicos comerciales no solicitados, el mercado y la tecnología convertirán en aún más sencillos los sistemas actualmente disponibles. 
Por el contrario, no quisiera que, tras haber mostrado esta gran y comprensible preocupación por la molestia que ocasionan los mensajes comerciales no solicitados, nos preparásemos a dar plenos poderes a las autoridades nacionales de policía para disponer como les plazca de nuestros datos personales. 
No se trata sólo de un problema de esta directiva, sino de un problema político más general, y me doy cuenta de ello. 
Temo que ésta es la dirección que estamos tomando y temo que las más grandes preocupaciones por la intimidad de los ciudadanos no dependen de un mensaje comercial no solicitado de más o de menos. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, hemos votado ya una vez este informe. 
En realidad, ahora, en la segunda lectura, se trata solamente de encontrar una solución para el problema del opt-in/opt-out. 
Por esta razón, también quiero hablar ahora solamente de esto. 
Si se contemplan las diferentes propuestas que hay ahora en el Parlamento, éstas son, a mi juicio, diversas propuestas opt-out. 
Sólo el documento de la Comisión significaría un verdadero opt-in. 
Esto significa, a su vez, que sólo la propuesta de la Comisión garantizaría que las ciudadanas y ciudadanos mismos puedan decir que desean el "spamming", es decir, que desean recibir publicidad por vía electrónica o tener la opción de rechazarla de manera consecuente. 
A mi juicio, todas las demás propuestas, es decir, las diversas propuestas opt-out, no garantizan esto. 
Por esta razón, tampoco puedo sacar mucho de lo que aquí se está vendiendo como un acuerdo transaccional y creo que si se quiere hacer justicia al título de esta propuesta, es decir, que se apruebe aquí un documento que tenga que ver algo con la protección de datos, entonces sólo se puede seguir la línea de la Comisión, apoyar esta propuesta, y hay que rechazar las restantes propuestas que se han presentado al Parlamento. 
No obstante, estoy fundamentalmente de acuerdo con amplias partes del documento y considero muy acertados muchos puntos que se abordan en el mismo. 
Pero sobre esto se votó ya en la última sesión. 
Ahora se trata solamente del opt-out y del opt-in. 
En esto, creo que hay que apoyar también el documento de la Comisión, si se habla aquí en nombre de la protección de datos. 
Señor Presidente, estimados colegas, mañana votaremos por segunda vez el Informe. 
Entretanto las posiciones se han ido aproximando, pero sin llegar a ser idénticas. 
Así, por ejemplo, el ponente ha tomado en cuenta el reparo del ala izquierda de esta Asamblea en el sentido de que en el futuro sólo se podrá enviar publicidad SMS una vez obtenida la conformidad del consumidor. 
La Comisión de Asuntos Interiores ha adoptado por una clara mayoría la propuesta de compromiso apoyada por el ponente, el denominado soft opt-out. 
Únicamente esta propuesta apoya los intereses de los consumidores, sin destruir masivamente puestos de trabajo en Europa. 
¿Por qué? 
Si el Parlamento prohíbe con carácter general la publicidad business to customer, como prevé ahora la propuesta de la Sra. Paciotti, las empresas enviarán su publicidad desde los EE.UU., o desde otros terceros estados, a la Unión Europea. 
Nada, absolutamente nada, se habría ganado con esto en favor del consumidor europeo, únicamente se habría debilitado el mercado europeo en comercio electrónico. 
Por esta razón, a los estados que tienen hoy un sistema opt-out, se lo queremos dejar también, queremos observar el desarrollo y tomar una nueva decisión dentro de dos años. 
Al mismo tiempo, la propuesta Cappato protege al consumidor en tres pasos. 
En primer lugar: puede inscribirse en las denominadas listas Robinson, de suerte que no esté permitido con carácter general que se le envíe publicidad. 
En segundo lugar: la publicidad por e-mail va vinculada a la posibilidad del consumidor de apuntarse sencillamente y sin coste alguno a la publicidad de empresas concretas. 
En tercer lugar: la publicidad por e-mail será reconocible como tal en el buzón de e-mail y en cada caso será eliminable fácilmente y sin coste alguno. 
Este último punto ya es posible hoy en el caso de proveedores como AOL- a esto se referirá enseguida, sin duda alguna, mi colega el Sr. Van Velzen- pero esto no conduce en modo alguno a una posición de monopolio de AOL. 
Una afirmación semejante constituye un completo dislate pues hoy cualquiera puede descargar desde Internet un programa de reconocimiento Spam, con independencia de con qué proveedor de Internet esté vinculado por contrato. 
Por lo demás, el propio AOL estaba en contra de tal regulación. 
En este sentido ruego que se preste apoyo, también por una clara mayoría, a esta enmienda transaccional de nuestro colega, el Sr. Cappato. 
Señor Presidente, no cabe duda de que la devolución a comisión de este expediente ha aclarado mejor las posiciones, sin embargo, a mi modo de ver, no ha mejorado el resultado, antes bien, en cierta medida lo ha empeorado. 
En efecto, con su anterior votación el Parlamento Europeo estuvo acertado al seguir la propuesta de la Comisión al menos en el apartado de las guías de las direcciones electrónicas garantizando así la libertad de cada uno de nosotros de figurar o no figurar en una guía pública. 
De este modo, también la elección- que considero equivocada y perjudicial no solo para la libertad, sino para el proprio desarrollo del comercio electrónico- de admitir el envío de mensajes no solicitados, sin perjuicio de quejarse y de pedir después no recibir más mensajes, quizás resultaba menos dañina. 
Al rechazar la propuesta de opt-in en las guías públicas para todos, sin ni siquiera la excepción de los teléfonos móviles, cada uno de nosotros está en manos de los más diversos inoportunos, postulantes o solicitantes. 
Ya no contamos con la protección que había una vez, cuando sólo existían teléfonos fijos o guías impresas. 
Entonces la exclusión de la única guía impresa, el cambio de nuestro número de teléfono nos defendía eficazmente. Actualmente, cuando cualquier guía pública acaba en la red, no hay forma de defenderse. 
Por más que se pida la cancelación del número de teléfono o de la dirección electrónica, ya está en poder de todos los usuarios y de sujetos inalcanzables. 
Por lo tanto, la modificación del artículo 12 de la directiva me parece realmente una decisión inútil para nuestra libertad y francamente no llego a comprender cómo se puede anteponer la libertad de la publicidad a la libertad de las personas. 
Por lo que se refiere a los mensajes no solicitados a los que hace referencia el artículo 13 de la directiva, dejar la elección a los Estados miembros significa convertir en poco útil la propia directiva, dado que la armonización es necesaria. 
Francamente no puedo creer que todo esto beneficie el comercio electrónico. 
De hecho, creo que además de las personas que como nuestro ponente son muy hábiles en el uso de los instrumentos electrónicos, también hay muchos, muchos ciudadanos todavía que, como yo, son muy pocos duchos en el uso de estos medios y que, en consecuencia, se preocupan. 
Les garantizo que no enviaré una solicitud a ninguna empresa, no abriré ningún mensaje porque tengo miedo de que me ocurra lo que ahora me pasa, aun estando protegida en mi país: mi proveedor que, entre otras cosas, conoce mi dirección inevitablemente, continúa mandándome comunicaciones no solicitadas y lo mismo hace, por desgracia, una empresa de transportes aéreos a la que una vez, por error, me dirigí por vía electrónica. 
En consecuencia, creo que hasta que no se me proteja- hablo a título personal pero hay muchas otras personas, mayores como yo, o menos expertas que muchos jóvenes- renunciaré al comercio electrónico porque este instrumento no es fiable. 
No ofrece ninguna confianza la idea de figurar en una lista que circula por toda la red, de recibir mensajes, de pedir después su cancelación, de tener que abrirlos antes, de tratar de entender estos instrumentos. 
Es posible que el desarrollo de la electrónica permita mejores defensas, pero antes debe desarrollarse y debemos permitir que el comercio electrónico evolucione, y para esto hace falta una confianza que esta propuesta no ofrece. 
Señor Presidente, no sucede a menudo que coincida completamente con mi colega de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, el Sr. von Boetticher, pero en esta ocasión coincido con él en que necesitamos un sistema de elección nacional que permita el opt-out para el correo electrónico y estoy hablando en contra de las enmiendas socialistas. 
Hay un gran mito que ha atenazado a la izquierda y no es sino que el spam es lo mismo que el correo electrónico no solicitado. 
Lamento decir, señor Comisario, que la Comisión está en el origen de esta confusión. 
En su propuesta original se decía que el spam equivale al correo no solicitado. Esto no es cierto. 
Me temo que los spammers que actualmente infringen la ley van a seguir haciéndolo. 
¡Sra. Paciotti, seguirá usted recibiendo spam! 
Apoyo el opt-out por dos motivos. 
El primero es que perjudicará injustificadamente tanto a las empresas como a las instituciones benéficas. 
Las grandes empresas estadounidenses pueden permitirse la publicidad en televisión, en prensa, en revistas, etc. Vamos a perjudicar a las pequeñas y medianas empresas europeas para las que el correo electrónico comercial constituye una legítima vía hacia el comercio electrónico. 
Esto les va a colocar en una posición de desventaja. 
Va a poner a las instituciones benéficas en desventaja y ciertos estudios indican que a la gente no le importa recibir su información. 
No la rechazarían ni aunque pudieran. 
Aunque, desde luego, es propio de la naturaleza humana no seleccionar la opción para recibirla. 
También existe un malentendido sobre las implicaciones con las libertades civiles. 
Con el opt-out es muy sencillo mostrar que así se ha optado y los remitentes reputados no tienen ningún interés en ignorar tal solicitud porque eso irritaría al receptor. 
El opt-in está superficialmente orientado hacia el consumidor, pero habría que demostrar que nunca se ha elegido el opt-in, lo que es mucho más difícil. 
Por último, bajo un sistema de opt-in la gente puede optar por recibir correo de organizaciones que podría resultar embarazo para ellos, tales como el de organizaciones gays cuando no se desea que se sepa o cuando ello pudiera propiciar abusos malintencionados. 
Si se opta por recibir correo de organizaciones subversivas podría ser que atrajesen una vigilancia policial no sujeta a garantías, por ejemplo. 
La izquierda lo ha entendido mal y por una vez el Sr. von Boetticher tiene razón. 
Señor Presidente, a pesar de que, en mi opinión, se deben primar las normativas nacionales por encima de la europea, en este informe, la situación es diferente. 
En el caso de marketing directo por e-mail, el problema tiene un claro carácter transfronterizo. 
No abogo por una prohibición total del marketing directo por e-mail, pero es primordial que los consumidores puedan decidir de antemano si quieren ser destinatarios de esta modalidad de marketing directo y que otorguen su consentimiento en este sentido. 
Esto les ahorraría mucho tiempo, molestias y gastos. 
El ponente, el Sr. Cappato, propone dejar la decisión acerca de un mecanismo de opt-in o de opt-out en manos de los Estados miembros. 
Sin embargo, esta propuesta desembocaría en una política europea carente de coherencia. 
Los Estados miembros que hayan optado por un mecanismo de opt-in se toparán con numerosas dificultades a la hora de combatir los mensajes de e-mail no deseados si existen Estados miembros que hayan optado por un mecanismo de opt-out. 
Si la política europea se disemina y se divide de este modo, desaparecerá prácticamente cualquier opción de llegar a acuerdos internacionales en relación con los mensajes de e-mail no deseados. 
El problema radica en que las empresas pueden burlar las normas europeas fácilmente desde fuera de la Unión Europea. 
Esta circunstancia no debe impedirnos establecer una legislación a escala europea. 
Es preferible tratar de hallar soluciones prácticas para estos problemas y seguir trabajando en la consecución de acuerdos internacionales. 
De este modo, no nos seguiremos teniendo que enfrentar a mensajes de e-mail de los que podemos prescindir por completo. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera dejar constancia de que represento una postura minoritaria, aunque me siento muy orgulloso de ello. 
Tengo ante mí la "Guía de la Automatización" publicada por un conocido diario de los Países Bajos. 
Quizás convenga citar algunos puntos de la misma para todos los aquí presentes que quieran saber algo sobre la neutralidad tecnológica. 
NTT DoCoMo destina 8,2 millones de dólares a combatir el envío de mensajes de e-mail no deseados a los teléfonos móviles. 
Las direcciones de e-mail de los teléfonos móviles de NTT DoCoMo se basan en los números de teléfono de cada aparato. 
Esto permite a las agencias de publicidad y a los servicios de contactos promocionar sus servicios mediante el envío de mensajes a números generados de manera aleatoria. 
A ello hay que añadir que, en Japón, el destinatario del mensaje de texto comparte el coste de su envío. 
Quizás deban pensar en ello aquellas personas que opinen que la propuesta de enmienda 35 del Sr. Cappato es tecnológicamente neutral. 
Eso no es cierto, señor Presidente, porque cuando nos enfrentemos a la tecnología UMTS, la diferencia entre e-mail y los mensajes SMS se difuminará cada vez más, con todas las consecuencias que conlleva. 
Por este motivo, es mucho mejor que hablemos de comunicación electrónica, tal y como plantea la enmienda 44. 
Se trata, en realidad del último paso que debía haber dado el ponente, el Sr. Cappato, para llegar a poner una buena propuesta encima de la mesa. 
Señor Presidente, debemos ser conscientes de que no todos los ciudadanos son legos en informática. 
A pesar de ello, se les endosan la mayoría de los problemas. 
Si aprobáramos la propuesta de enmienda 35 presentada por el Sr. Cappato que consiste en modificar principalmente este tipo de servicios de e-mail, habría que modificar todos los sistemas informáticos: nos veríamos obligados a pasar del sistema pop-3 que está implantado en casi toda Europa al sistema e-map que tan solo ofrece un proveedor americano. 
Pero entonces, el comisario se enfrentaría inmediatamente a una queja por falta de competencia en Europa. 
Por consiguiente, tampoco debemos actuar así desde ese punto de vista. 
Por lo tanto, propongo la aprobación íntegra del informe Cappato y su perfeccionamiento posterior mediante la aprobación de la enmienda 44 en lugar de la enmienda 35. 
Señor Presidente, aunque insólito en mí, intervengo para decir que prácticamente ya se ha dicho todo. 
Coincido con el Sr. von Boetticher y con el Sr. Cappato y especialmente con la Baronesa Ludford. 
Todos somos miembros de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, hemos aprobado una posición y no lo hemos hecho precipitadamente por que hayamos recibido presiones desde Internet y a través de las máquinas fax que todos tenemos en nuestras oficinas. 
Hemos de ser muy cuidadosos cuando legislamos de puntillas. 
Tengo que decirle a la Comisión que lo que está proponiendo está equivocado y es precipitado. 
En 2003 tendremos una muy buena ocasión, con la directiva de comercio electrónico, para recabar la información y el conocimiento obtenido por aquellos Estados miembros que hayan elegido tanto el opt-in como el opt-out. 
Hemos de proponer y aprobar leyes únicamente sobre la base del buen asesoramiento y la adecuada experiencia. 
Nunca hemos de subestimar las implicaciones para las libertades civiles, sobre las cuales acertadamente ha alertado a esta Asamblea la Baronesa Ludford. 
En este momento, cuando quizá estamos siendo algo más enérgicos de la cuenta respecto de la legislación que estamos dando curso, no deseo que nadie deba confirmar por qué han optado por recibir, por ejemplo, El semanal del armamento o por qué han elegido recibir información de Amnistía Internacional. 
Internet ha liberado a la gente de las dictaduras y de los opresores y no obstante aquí estamos introduciendo por la puerta de atrás una suerte de censura. 
Esto está mal y mal fundamentado. 
El Comisario puede mover la cabeza y sonreír, pero ¿desea explicar a una agencia gubernamental o cualquier otra agencia por qué ha seleccionado el opt-in? 
Eso no es libertad: eso es ser responsable por utilizar un servicio que en teoría debe darte libertad. 
En cuanto a la cuestión del derecho a la privacidad: todos tenemos el derecho a la privacidad, pero ese derecho no puede ser impuesto a los individuos. 
Los individuos eligen el derecho a la privacidad y la legislación lo garantiza. 
En cuanto al correo electrónico no solicitado: no todo el correo no solicitado constituye spam. 
En este caso el Comisario ha vuelto a caer en las manos de los que quieren desplazar empleos fuera de la UE y que pretenden que, sólo porque la UE prohiba enviar correo no solicitado dentro de su territorio, tal prohibición será respetada en Japón, en las Filipinas, en los EE.UU o en cualquier otro lugar. 
Por último, respecto del spamming, yo mismo he sido objeto del mismo. 
Mi nombre ha sido introducido en varias listas y el spam acaba por llegar. 
Esto ha sido perpetrado por personas que me han introducido en las listas en poder de los spammers. 
Cuento con una muy buena opción: tengo un filtro, tengo una tecla para borrar. 
Hemos de estimular a la gente a utilizar la tecnología y dejar de ser sus niñeras. 
Les pido que apoyen el informe Cappato, tal y como está enmendado. 
Señor Presidente, esta noche los diputados británicos de tres partidos políticos diferentes así como otra serie de colegas van a estar de acuerdo, lo que constituye un suceso poco común. 
No soy miembro de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, pero particularmente quisiera alabar al Sr. Cappato a sus colegas por su valiente postura al enmendar la propuesta original de la Comisión. 
Lamento que la última vez no apoyásemos la totalidad del informe del Sr. Cappato. 
Este compromiso tiene todos los visos de un compromiso. 
En otras palabras, no es absolutamente satisfactorio pero al menos es mejor que la propuesta original de la Comisión, y que la enmienda del Grupo Socialista, que confío no será apoyada mañana. 
Esencialmente, debemos considerar esto como una ejercicio de transición. 
Creo que todos los presentes esta noche están trabajando en la legislación de la era electrónica. 
Yo he trabajado en la directiva de comercio electrónico, la directiva de copyright y estamos trabajando en las facturas para las comunicaciones electrónicas. 
Lo que es evidente es el inexorable ritmo y cambio tecnológico, así como la reorganización de los mercados, que se está produciendo continuamente. 
Como han expresado varios de los colegas esta noche, el mundo de las comunicaciones electrónicas ofrece inmensos beneficios a los ciudadanos, tanto si es en el acceso personal a instituciones benéficas o partidos políticos o al mercado. 
Lo que algunos de nuestros colegas quieren hacer es acabar con esto. 
Es evidente que no podemos hacerlo porque se opera a escala global. 
De ahí es de donde viene el spam. 
De modo que hemos prometido a nuestros ciudadanos algo que no podemos cumplir. 
Está claro que hemos de trabajar hacia una solución global, impulsada por la tecnología. 
Queremos un formato global que permita a la gente identificar sus mensajes electrónicos por remitente y asunto. 
Podemos disponer de la tecnología que otorgue el control completo a la gente. 
Si aprobamos está propuesta y aceptamos esta enmienda, estaremos alejándonos de la oportunidad de crear el marco apropiado en el que la gente podría realmente beneficiarse del inmenso poder del nuevo mundo de las comunicaciones. 
. (EN) La Comisión ya ha expresado su posición respecto de las enmiendas que fueron aprobadas el 6 de septiembre. 
Tengo la tentación de volver a ese debate, pero quiero ser breve y concentrarme en la cuestión fundamental del correo electrónico no solicitado. 
Sólo quisiera destacar que la Comisión no puede apoyar las enmiendas 16, 25 y 34 que fueron rechazadas por el Parlamento el 6 de septiembre y que ahora se vuelven a someter a votación. 
La Comisión puede apoyar la nueva enmienda 43 sobre facturas detalladas. 
Ahora me voy a centrar en lo que ha resultado ser el asunto específico más importante del debate sobre la directiva propuesta, es decir, el correo electrónico no solicitado. 
Esta Asamblea ha estado discutiendo la cuestión del opting in y del opting out durante varios años y el resultado del 6 de septiembre mostró la dificultad de encontrar una solución de compromiso que sea aceptable para una amplia mayoría. 
No obstante, no podemos seguir dudando durante mucho más tiempo, debemos decidir. 
No nos hemos precipitado en esta decisión. Se ha desarrollado un gran debate público internacional que ha incluido a la industria, a los científicos y a los juristas. 
Yo mismo he participado en intensos debates sobre este asunto en Estados Unidos y en Europa. 
Estoy absolutamente en desacuerdo con que preguntar a alguien si quiere seleccionar una determinada opción antes de ser facturado constituya una restricción de sus libertades civiles. 
Esto es completamente ilógico. 
Podemos no coincidir en los detalles, pero si va a hacer pagar a la gente, se debe disponer de la opción con antelación, no posteriormente. 
Debemos dejar de pensar esencialmente en los mensajes que llegan al ordenador personal sobre nuestra mesa. 
Debemos pensar en el futuro. La tecnología cambia rápidamente. 
La Internet inalámbrica será diferente a la Internet exclusivamente disponibles en ordenadores de mesa. 
El elemento positivo de la propuesta hecha por la Comisión de Libertades de los Ciudadanos en la enmienda 33 es que reconoce que los mensajes comerciales no solicitados enviados a teléfonos móviles constituyen un verdadero problema que no sólo puede ser tratado con una estrategia armonizada de opt-in. 
Estoy completamente de acuerdo. 
No obstante, el defecto de esa propuesta es que está basada en la suposición de que un terminal móvil sólo puede recibir mensajes SMS. 
Lamentablemente, eso ya no es verdad. 
Ya se puede recibir correo electrónico en aparatos móviles con conexión a Internet. 
Si desean comprobarlo puedo darles buenos ejemplos de ello. 
Y con la convergencia es evidente que el SMS se fundirá con seguridad con otros sistemas electrónicos de mensajería. 
El remitente no puede saber si un mensaje será recibido en un terminal móvil o fijo debido a la convergencia. 
Este es un hecho tecnológico. 
Por lo tanto, prohibir los mensajes comerciales SMS no solicitados a la vez que se permiten los mensajes electrónicos no solicitados y basados en otras tecnologías no constituye una solución practicable. 
Otro problema que tengo con la enmienda 35 es el enfoque tecnológicamente sesgado del parágrafo 4. 
Este parágrafo intenta aparentemente tratar el problema del coste para los usuarios, pero la solución propuesta no es buena. 
Los PSI europeos nos expresan que la tecnología que consiste en ver el contenido antes de proceder a una descarga del mensaje no es compatible con la mayoría de los sistemas que se utilizan actualmente en Europa. 
Esto requeriría una inversión considerable, introducir esta opción sería costoso para la industria y no parece estar justificado por cuanto sólo constituye una solución parcial. 
En resumen, además de no ser compatible con el mercado único, la enmienda 35 no cumple los requisitos de una legislación tecnológicamente neutra y adaptable al futuro. 
Por otro lado, la enmienda 44 representa una solución de compromiso tecnológicamente neutra y tiene el mérito de constituir un enfoque de la UE completamente armonizado en relación con el correo electrónico comercial no solicitado. 
En el parágrafo 2 de esta enmienda se propone esencialmente una excepción al principio opt-in para el caso de direcciones de correo electrónico obtenidas en el marco de una relación existente como cliente. 
Aquí se seguiría permitiendo el opt-out, a pesar de que ello significaría una importante concesión comparada con la propuesta original de la Comisión. 
La excepción puede estar justificada porque en el contexto de una relación de cliente existente las empresas tienen mucho que perder y probablemente empleen los instrumentos de marketing con mayor consideración. 
Deberíamos contemplar los futuros desafíos. 
Es interesante ver lo que está ocurriendo actualmente en Japón, donde la Internet inalámbrica ya se ha lanzado con éxito. 
En cualquier caso el operador se enfrenta a un serio problema. 
Estima que el 85% de los 950 millones de mensajes que se envían a aparatos móviles son mensajes comerciales no solicitados dirigidos a números móviles seleccionados aleatoriamente. 
Esto está causando un gran problema para la capacidad de la red, en especial porque la mayoría de estos mensajes se remiten a direcciones incorrectas y no pueden ser completados. 
Además, molesta a los usuarios que se han abierto camino entre ingentes cantidades de mensajes comerciales no deseados. 
El coste de purgar el correo de esta propaganda se estima en más de ocho millones doscientos mil dólares estadounidenses. 
De modo que si queremos crear un marco positivo para el desarrollo del comercio electrónico y los servicios de móviles de tercera generación, ahora es el momento de asegurarnos que la asunción de los servicios inalámbricos de Internet no sea dificultada por las ingentes cantidades de mensajes basura que el consumidor está pagando en contra de su voluntad. 
La valiosa capacidad de las redes y de los móviles dependientes de una batería debe estar disponible para las comunicaciones, los mensajes y los servicios que los usuarios realmente desean recibir. 
Todo parece que la enmienda 44 alcanzará ese objetivo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0351/2001) del Sr. Vander Taelen, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre una mejor difusión de las películas europeas en el mercado interior y en los países candidatos a la adhesión. 
. (NL) Señor Presidente, cuando hace dos años me convertí en miembro de este Parlamento, pregunté inmediatamente al Comisario Reding qué tenía intención de hacer en relación con la situación de precariedad del cine europeo. 
Como productor cinematográfico, siempre me he preguntado durante cuánto tiempo seguiría aceptando Europa el atraso de lo que no deja de ser una parte esencial de nuestro patrimonio cultural. 
En efecto, en los años sesenta, las películas europeas aún ocupaban el 60 por ciento de la cartelera europea. 
En la actualidad, este porcentaje ha descendido lamentablemente hasta el 22 por ciento. 
Se trata de un mínimo histórico. 
Las películas europeas tan solo recaudan el 26 por ciento fuera de sus propios países. 
Esto es a todas luces insuficiente. 
El déficit comercial con los Estados Unidos se ha disparado- y me gusta citar esta cifra por su magnitud- a 6.829 millones de EUR. 
Se trata de una cantidad enorme y debemos ser capaces de reducir dicho déficit comercial con respecto a los Estados Unidos. 
Europa produce además más películas que los Estados Unidos y quizás hagamos mejores películas que los Estados Unidos. 
Se trata de un dato un tanto subjetivo. 
Sin embargo, clama al cielo lo difícil que resulta acudir a una película de otro país europeo en tu propio país. 
Resulta muy difícil ver una película española en Grecia. 
No obstante, considero que denotaría una anticuada falta de visión de futuro si abogáramos por la concesión de ayudas a gran escala para el cine europeo. 
También creo que en Europa disponemos de capacidad suficiente, tanto desde el punto de vista de la creatividad, de los actores, de los autores y también de las productoras para lograr que el cine europeo resucite. 
Por este motivo, el cine europeo no necesita ayuda. 
Simplemente necesitamos los recursos y un entorno que nos permita de nuevo ser creativos. 
Por este motivo, abogo por un proyecto europeo de gran ambición. 
Opino que, en primer lugar, debemos detectar cuál es el principal punto débil del cine europeo y tal punto no se encontrará, con absoluta seguridad, en el plano creativo, sino más bien en el plano financiero. 
Las empresas europeas que deseen invertir en el cine europeo suelen encontrarse con muchas dificultades a la hora de obtener, por ejemplo, avales bancarios para limitar el riesgo de sus inversiones. 
En Estados Unidos, la sólida capacidad financiera de los estudios minimiza este problema. 
De ahí que se esté produciendo una especie de evasión de capital europeo a los Estados Unidos. 
Creo que podemos contar con que el Banco Europeo de Inversiones contribuya a este objetivo constituyéndose en avalista de aquellos bancos que, a su vez, decidan ayudar a quienes quieran invertir en Europa. 
Este dinero es necesario para proporcionar a los productores europeos los medios necesarios para reforzar la situación del cine europeo y eliminar sus puntos débiles- y me refiero a la falta de desarrollo. 
Las películas europeas adolecen de una falta de desarrollo. 
Los estadounidenses dedican más tiempo a la labor creativa y a preparar las películas antes de sacarlas al mercado. 
Nosotros no disponemos de dinero para ello. 
También podemos aprender mucho de los estadounidenses en el plano de la promoción. 
Incluso aunque lo aprendamos, nos faltarán medios para llevar a cabo dicha labor de promoción y de marketing. 
Estoy convencido de que si somos capaces de apoyar a los productores en este ámbito, podemos cambiar la situación. 
También creo que debemos pensar en los Fondos Estructurales. 
Los Fondos Estructurales pueden destinarse a reforzar los cines más pequeños en las zonas menos desarrolladas. 
Se trata de un camino que no se ha seguido hasta ahora. 
Quisiera que la Comisión se planteara esta opción. 
También quisiera tratar el modo en que vamos a proteger nuestro patrimonio. 
Lamentablemente se pierden numerosas películas. 
La memoria del cine europeo se pierde. 
Europa también debería mostrar ambición en este campo, ya que es muy importante que los jóvenes puedan ver estas películas en el marco de su educación. 
Lo dejaré aquí porque en el informe planteo una treintena de recomendaciones. 
También quisiera expresar mi agradecimiento a los miembros de la Comisión de Cultura por su colaboración constructiva y mi esperanza de que todo esto desemboque en la aprobación durante la jornada de mañana. 
Señor Presidente, tomo la palabra en lugar de Ruth Hieronymi, quien debería hablar aquí pero que por desgracia está enferma. 
Me alegra mucho que a pesar de ello pueda hacerlo y felicito al ponente. 
No es tan frecuente que uno hable de un asunto del que comprende tanto como el mismo cineasta. 
Así pues, muchas felicidades, señor Van der Taelen. 
Creo que su informe es realmente un impulso que era urgentemente necesario. 
Ya ha dicho que la proporción de las películas europeas en los cines de la Unión Europea se encuentra con sólo un 22,5 % en el punto históricamente más bajo. 
El dominio de la industria cinematográfica de los EE.UU se refleja también en el muy elevado déficit comercial de 6.800 millones de euros. 
La situación en los países candidatos es aún mucho más dramática. 
Junto al claro dominio de las películas norteamericanas existe también un problema que no debemos ocultar: aquí hablamos con mucha frecuencia de que queremos promover el cine europeo. 
Pero muchos piensan siempre en su propio cine nacional y no en el del vecino. 
Pues las películas de los vecinos, es decir, películas europeas, no se ven tampoco suficientemente en las correspondientes regiones vecinas. 
Es urgentemente necesario que la Comisión y también el Consejo presenten por fin un plan que haga competitiva a la industria cinematográfica europea. 
Este es también un sector en el que se puede ganar dinero. 
Los norteamericanos nos muestran el modo de hacerlo. 
Quizás los señores se despierten en algún momento y hagan algo más al respecto. 
Los puntos flacos centrales radican en la distribución y comercialización de nuestras películas y, naturalmente, también en la descapitalización crónica. 
Por ello, me alegra mucho que nosotros- Parlamento, Comisión y Consejo, todos juntos- hayamos recogido en el programa Media-Plus sobre todo estos dos campos de la comercialización y distribución e intentemos encontrar un remedio. 
Naturalmente, también me alegra que el Banco Europeo de Inversiones, por sugerencia de la Sra. Comisaria, quiera hacer algo al respecto y poner a disposición un capital de riesgo para la realización de proyectos audiovisuales. 
Creo que hemos dados unos fuertes impulsos en este campo pero que aún podemos hacer mucho más. 
También me parece positivo que en el plano de los Estados miembros se introduzcan beneficios fiscales y que podamos hacer aquí algo para que los cineastas de un país puedan obtener también créditos y ayudas de otros países. 
Es posible. 
Creo que también en el marco de la iniciativa i2i se pueden realizar inversiones en la infraestructura de los cines independientes, tal como exigimos en este informe y que también puede ser de ayuda para la difusión del cine en regiones económicamente más débiles en el marco de los fondos estructurales europeos. 
Habría que observar aún muchas cosas. 
No estoy de acuerdo con el apartado 7, en el que se indica que debemos obligar a los entes de radiodifusión a reservar una determinada proporción de tiempo de emisión a películas no nacionales. 
Naturalmente, esto choca contra una gran resistencia en dichos entes. 
Cuando nos ocupemos de la revisión de la directiva "televisión sin fronteras" debatiremos al respecto y quizás encontremos una salida. 
Mis felicitaciones de nuevo. 
Señor Presidente, reconozco que me da envidia el Sr. Vander Taelen porque su informe no sólo contiene profundas constataciones, puesto que es gran conocedor del campo del cine, sino también porque tiene una gran visión y además propuestas muy concretas sobre lo que tenemos que hacer, qué política debemos seguir por el cine europeo. 
Creo que es un informe ejemplar en el que la economía y la cultura hallan una concepción muy conectiva que les interesa. 
Por supuesto, en nuestra comisión hemos constatado que el cine europeo es un vehículo de educación y de cultura que influye en gran medida en los valores estéticos y sociales del público europeo. 
Yo lo definiría como una industria amable que ha alimentado a generaciones de cinéfilos y a la que podemos confiar a nuestros hijos sin dudarlo, a fin de que se formen una opinión del pasado, una mirada analítica sobre la sociedad en la que vivimos y logren intuir lo que va a acontecer en el futuro. 
Nos gusta el cine europeo, nos gustan mucho, a cada uno en su país le gustan las películas nacionales y las películas que han sido hitos y puntos de referencia en nuestra vida, pero todos reconocemos que el cine americano es el que se lleva la función. 
Por consiguiente, es imprescindible conseguir dar la vuelta a esta situación, conseguir que el cine europeo encuentre realmente el camino que se merece y esto no puede hacerse más que con una serie de medidas como las propuestas en el informe y diría que no puede faltar ninguna de ellas si realmente queremos tener en la próxima década un cine europeo digno de nuestras expectativas. 
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Van der Taelen por su excelente informe. 
Estoy totalmente de acuerdo con él en que es de locos que en Europa produzcamos películas de excelente calidad y que tan sólo llegue a las pantallas un 22 por ciento de ellas, sin mencionar el porcentaje de películas extranjeras que se exhiben en los Estados miembros. 
Todo ello sin olvidar que el cine es el medio más adecuado para que jóvenes y adultos conozcamos la cultura de otros países. 
¿Cómo es posible que acuda tan poco público a las películas europeas si se detecta un incremento en el número total de espectadores? 
Considero que el Observatorio Europeo para el sector audiovisual debería ordenar la realización de una investigación exhaustiva para conocer qué es lo que motiva a la gente a elegir una película determinada. 
A partir de estos datos se podrá orientar y optimizar el apoyo que se presta a la distribución de las películas europeas por parte de un programa como Media Plus. 
Por otra parte, los demás medios de comunicación también desempeñan un papel destacado en el fomento del cine europeo. 
La radio y la televisión le dedican atención pero creo que sobre todo la televisión podría hacerlo de forma más estructurada a través de un sistema de tiempos de emisión determinados o, lo que es lo mismo, de cuotas. 
También cabe pensar en determinadas emisoras europeas que se especialicen como, por ejemplo, una cadena infantil paneuropea que emita buenos programas y películas europeas para niños. 
Lamentablemente no estoy de acuerdo con el Sr. Vander Taelen cuando plantea que las emisoras de TV deberían estar obligadas a invertir parte de su volumen de negocio en el sector cinematográfico. 
Como liberal y en nombre de mi Grupo, considero que eso supondría una intervención excesiva. 
Al igual que se ha dicho con anterioridad, soy de la opinión de que el Banco Europeo de Inversiones debe desempeñar un papel europeo. 
Uno de los ámbitos en los que se puede invertir es en el cine electrónico. 
Esta opción permitirá a los productores, entre otras cosas, elaborar diferentes versiones lingüísticas de sus películas de un modo más sencillo, lo que, por ejemplo, beneficiará sin duda al cine infantil. 
Porque aunque desde el Parlamento hacemos hincapié en la importancia de unos buenos conocimientos lingüísticos, la posibilidad de suministrar versiones adaptadas a otros idiomas constituye una opción excelente para que los ciudadanos de un Estado miembro conozcan la cultura de sus conciudadanos europeos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera decir hasta qué punto es oportuno el informe de Luckas Vander Taelen. Recordaba nuestra llegada, hace dos años y medio, al Parlamento. 
Me doy cuenta de que en el espacio de dos años y medio hemos obtenido este otoño, este año 2001, el compromiso del Banco Europeo de Inversiones, el equilibrio propuesto por la Comisión para las ayudas de Estado, el reconocimiento de las ayudas de Estado, y he aquí que el informe del Sr. Vander Taelen nos dice que también es preciso de ahora en adelante difundir las películas. 
Es por ello que resulta oportuno. 
Es oportuno con respecto a toda una dinámica de apoyo a la industria audiovisual y a la cultura cinematográfica que es preciso destacar y que me parece un elemento nuevo. 
Me gustaría que se tuviera en cuenta la dimensión que tiene, porque hablamos mucho de diversidad cultural, pero díganme qué es la diversidad cultural sin la difusión de las obras. 
Si la diversidad cultural es para reforzar cada particularismo en el interior de un particularismo, no obtendremos nada en términos de diversidad tal y como la deseamos aquí, en Europa. 
Por tanto, la difusión de las películas es esencial y necesaria. 
Quisiera, para decir hasta qué punto es importante, felicitar por una parte a Luckas Vander Taelen, pero también lamento que una de sus enmiendas, y en ese punto no estamos todos de acuerdo puesto que no llegó a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, la enmienda en la que proponía que se tomaran medidas coercitivas para hacer difundir las películas, no haya sido aprobada. 
Por tanto, hemos obtenido un acuerdo sobre la factibilidad de un posible estudio de esta difusión: muy bien, eso es lo que se llama tener buenas intenciones. 
Lamento que no hayamos elegido una vía más segura. 
Y quisiera subrayar, en este informe, otros dos elementos. 
Por una parte, nos gusta, en la Europa actual, decir que existen obras europeas. 
Muy bien, tenemos criterios para definir en términos de producción lo que es una obra europea, pero de ahora en adelante sabemos que es el patrimonio de la obra cinematográfica lo que también definirá, y define, lo que es una obra europea. 
Por tanto, me felicito de la importancia que el ponente ha concedido a esta cuestión de la constitución del patrimonio. 
Se sabe que la Comisión desea darnos una Fundación europea para el patrimonio cinematográfico. 
Se sabe también que el Consejo de Europa acaba de destacar la importancia de esta constitución del patrimonio. 
Se sabe muy bien que no se trata solamente de la conservación de películas europeas, sino, como ya lo dijeron varios de mis colegas, de la educación a la diversidad de la obra europea y la representación de una obra europea para las generaciones futuras. 
Por tanto, concedo gran importancia a este patrimonio. 
Para terminar, quisiera insistir sobre un punto importante que es el de las nuevas tecnologías. 
Las nuevas tecnologías son instrumentos de difusión, de muchos elementos, de informaciones, de conocimiento y de cine. 
Existen facilidades lingüísticas propias a las nuevas tecnologías que podrían ser una ayuda muy valiosa para la difusión de las películas europeas. 
Por ello insisto en la apertura a la que este informe puede dar pauta. 
Yo había destacado este aspecto en mi informe para opinión para el Sexto Programa Marco que votaremos dentro de unos días. 
Sin embargo, estas nuevas tecnologías, la investigación sobre estas nuevas tecnologías, la digitalización, es algo que me parece importante. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo yo también quisiera felicitar al ponente por el excelente trabajo realizado. 
Se trata de un texto que ilustra muy bien las dificultades que el cine europeo está intentando superar desde hace años por todos los medios. 
Entre los muchos puntos que figuran en la propuesta de resolución, deseo subrayar brevemente dos puntos que han llamado mi atención. 
En primer lugar, concuerdo plenamente con la solicitud de aumentar los fondos a favor de la industria cinematográfica. 
En efecto, puesto que el cine se ha convertido en un elemento importante de nuestro patrimonio cultural- desde hace muchos años en Europa hay más gente que va al cine que a las librerías- y habida cuenta del elevado potencial de puestos de trabajo que este sector supone, es indudable que un mayor apoyo financiero comunitario facilitaría su desarrollo. 
Y éste es precisamente uno de los puntos más delicados. 
Sin incentivos, sin inversiones no hay crecimiento, no hay relanzamiento ni tampoco calidad. 
Durante demasiado tiempo Europa ha sido invadida por producciones cinematográficas ajenas a nuestra identidad cultural y con frecuencia de dudosa calidad. 
Evidentemente, esto no tiene nada que ver con el derecho, mejor dicho, con el deber de intercambio, con el pluralismo de las ideas, pero es preciso que Europa proteja y promocione su patrimonio cinematográfico. 
Si a esto se añade la competencia de las emisiones de televisión en los años setenta, es fácil entender por qué cientos, miles de salas de cine han permanecido cerradas durante mucho tiempo. 
En segundo lugar, suscribo totalmente el apartado 18 en el que se hace una referencia explícita a las obras de restauración y de protección del patrimonio cinematográfico europeo. 
De hecho, es necesario estimular a las instituciones públicas, a las entidades locales, a las asociaciones culturales para que busquen viejas películas y cortometrajes, así como para que restauren el material filmado al efecto de garantizar su conservación y su exhibición al público. 
En Europa son muy pocas las filmotecas dignas de este nombre, realmente equipadas y eficaces. 
A menudo sufren la exigüidad de los fondos públicos que los Gobiernos de los Estados miembros ponen a su disposición. 
La Unión Europea no puede seguir insensible ante esta necesidad urgente si de verdad queremos proteger la memoria y garantizar el futuro del séptimo arte. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al ponente por este informe. 
Indica de modo muy claro cómo el éxito de un producto- en este caso, de la película- depende de medidas que promuevan las ventas, como el marketing y la publicidad. 
Cuando las empresas productoras norteamericanas dedican el 30% de su presupuesto a la comercialización, uno no debe sorprenderse de que los productos europeos queden en inferioridad de condiciones en la lucha directa por la competencia si dedican sólo entre el 3 y el 5% de su presupuesto para ello. 
Los productores europeos de películas tienen que hacer por ello más para la comercialización de sus productos. 
Como contribuyentes también tenemos el derecho a exigírselo. 
Incluso sería imaginable hacer depender las ayudas estatales a los siguientes proyectos de los esfuerzos de los creadores de películas por llegar a su público. 
La solución no puede ser solamente más subvenciones. 
En el pasado se ha gastado demasiado dinero en películas que no llegaron nunca a su público. 
Austria se gasta cada año más de 30 millones de euros en la promoción del cine. 
Si se tiene en cuenta el número de visitantes, cada entrada de cine para una película austríaca ha sido subvencionada con más de 1000 euros. 
Este no puede ser el objetivo de la promoción estatal del cine. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo también quiero felicitar, al igual que han hecho todos los colegas, al ponente por esta iniciativa. Pero también quiero felicitar a la Comisión de Cultura, que ha apoyado tanto esta iniciativa de mi colega. 
Como quizás sepan, el fin de semana pasado comenzó el encuentro anual del cine europeo aquí en Estrasburgo que durará hasta pasado mañana. 
Mañana tendrá lugar el último encuentro aquí en nuestras dependencias. 
Ha habido muchos debates y muchos problemas que superar. ¿Cuál es el problema, porqué no existe un mercado interior europeo? 
En muchos problemas individuales de naturaleza nacional o en la cuestión de la promoción de las subvenciones siempre hemos llegado al mismo punto: la distribución no funciona. 
Tenemos un mercado interior europeo pero no hemos logrado la aceptación para que esta mercancía que es el cine pueda circular realmente. 
Es aquí donde falla. 
En la promoción del cine, seguimos aplicando una lógica nacional. 
Esto es aplicable también al éxito de una película: si no ha sido un éxito en las taquillas de los cines nacionales entonces tampoco lo tendrá internacionalmente. 
El mero aumento de las subvenciones no es la solución. Aquí doy la razón a mi colega el Sr. Sichrovsky, pero ya sólo un aumento de las subvenciones en el país del que los dos provenimos sería algo de ayuda para el mercado. 
Sería erróneo exigir de los colegas de la producción que actúen con un mayor riesgo. 
No hay productores independientes. 
Primero tenemos que promover económicamente este mercado, tenemos que impulsar económicamente este mercado para que pueda surgir en absoluto. 
Una de las exigencias que plantea siempre la Comisión de Cultura en muchos campos sería quizás también adecuada en éste. 
Tenemos que intentar que las ayudas económicas, tanto si provienen de grandes como de pequeñas empresas, sean deducibles fiscalmente. 
Vamos a apoyar este informe no sólo por estar políticamente de acuerdo con él sino por pleno convencimiento. 
Señor Presidente, ante todo quiero agradecer a nuestro compañero por el excelente trabajo que ha dirigido y por el espíritu constructivo con el que abordó este informe. 
En efecto, actualmente nos encontramos ante una terrible paradoja. 
Europa produce más películas que los Estados Unidos, y a menudo de gran calidad, pero la parte de mercado de las películas europeas nunca ha sido tan baja- el 22%- mientras que las películas estadounidenses representan el 73,7 % del mercado europeo. 
Además, las películas europeas realizan solamente el 26% de sus entradas fuera de su país de producción. 
Estas son las cifras. 
Este informe es un buen informe ya que no se contenta con analizar la situación actual. 
Aborda el problema de raíz de la debilidad de la industria cinematográfica europea, es decir, esencialmente su capacidad de desarrollo y de distribución. 
En efecto, para hacer más competitiva la industria cinematográfica europea, el ponente hace propuestas muy concretas que me parecen excelentes. 
Naturalmente, y estoy de acuerdo con él, es preciso elaborar con toda urgencia un plan plurianual de gran envergadura para mejorar la competitividad de la industria cinematográfica europea y reforzar las estructuras transnacionales de distribución de las películas europeas. 
Es preciso desarrollar la investigación sobre las técnicas digitales de distribución y proyección de películas, favorecer la creación de una Fundación europea para el patrimonio y llevar a cabo un estudio de factibilidad sobre la interconexión de los fondos de ayuda de los Estados miembros con el fin de aumentar la capacidad de las fuentes de financiación. 
Naturalmente, en el marco de la revisión de la directiva "Televisión sin fronteras", será preciso prever para la televisión cuotas de inversión aplicables a la industria cinematográfica europea, así como una obligación de promoción y difusión de películas europeas. 
Asimismo, debería brindar a los Estados miembros que todavía no disfrutan de ventajas fiscales apropiadas, la oportunidad de reflexionar sobre ellas. 
Por tanto, deseo que la Comisión, pero también el Consejo, comprendan lo que tenemos en juego ante nosotros y actúen en consecuencia. 
Efectivamente, la cuestión que hoy nos ocupa no solamente es de capital importancia en el plano económico, sino que también es parte constitutiva de la Unión Europea, es decir la cultura, la creación y la identidad. 
Esta es la razón por la que hay una verdadera urgencia. 
Señor Presidente, Señorías, yo también quiero expresar ante el Pleno mi satisfacción por que la comisión que tengo el honor de presidir ha aprobado por unanimidad- y justamente- el puntual y exhaustivo informe del ponente, Sr. Vander Taelen. 
Quisiera recalcar, dejando a un lado los aspectos que ya han sido objeto de debate y que el ponente ha evidenciado, repito, con puntualidad, que hay un problema cultural y un problema organizativo. 
En mi opinión, esta propuesta de la comisión y lo que el Pleno hará mañana son tan importantes que creo que el Comisario debe reflexionar y formular una serie de propuestas y dar curso a una serie de iniciativas. 
Para poder construir Europa, hemos dicho y repetimos que hace falta un hecho cultural importante, y el cine es un aspecto importante y fundamental de la información y de la especificación de la diversidad cultural al tiempo, de la posibilidad de poder difundir el mensaje del cine a todos los Estados. 
No sólo hace falta un hecho organizativo. 
Es importante, y creo que el informe plantea, sin duda, problemas fundamentales a través de los cuales podemos alcanzar un nivel de organización, de inversión mayor que en el pasado. 
Lo que acaba de manifestar la Sra. Sanders-ten Holte es importante. 
Si hay una mayor producción del cine europeo, debe haber al mismo tiempo una posibilidad de distribución. 
Por esto, los problemas son complementarios entre sí, y por lo tanto, depende de nosotros, sobre todo del Parlamento, así como de la Comisión en particular y del Consejo alcanzar este resultado. 
No podemos hacer nada forzando una situación organizativa. 
Cuando debatiremos la televisión sin fronteras, entonces pondremos prerrogativas y especificidades y obligaremos a distribuir, a profundizar y a organizar el cine europeo, pero debemos estar convencidos de que, desde el punto de vista cultural, hemos de dar una gran indicación para que el cine pueda ser de todos los Estados europeos. 
. (FR) Señor Presidente, Señorías, mi colega Viviane Reding no pudo estar con nosotros en este debate porque tuvo que permanecer en Bruselas para asistir a la reunión del Consejo de Ministros de Deportes, pero me ha pedido agradecer al Sr. Vander Taelen por la gran calidad de su informe. 
Esta iniciativa muestra que el Parlamento Europeo es plenamente sensible a la importancia estratégica, tanto económica como cultural, del sector cinematográfico europeo, pero también de las desventajas que frenan la difusión de las películas y otras obras audiovisuales en el mercado interior y en los países candidatos tal como lo han subrayado varios oradores. 
La Comisión Europea, que comparte plenamente los objetivos del informe, se felicita de su aprobación. 
Asimismo, se alegra de la convergencia de puntos de vista que existen entre nuestras dos instituciones sobre la necesidad de contar con una política europea ambiciosa para dar mayor competitividad a la industria audiovisual europea. 
Varias iniciativas recientes de la Comisión en este ámbito demuestran este enfoque común. 
Así, como ustedes saben muy bien, la reciente comunicación de la Comisión relativa a determinados aspectos jurídicos relacionados con las obras cinematográficas y las obras audiovisuales, que mi colega Viviane Reding presentó al Consejo el pasado 5 de noviembre, aborda las cuestiones de la difusión de las películas electrónicas, el régimen fiscal aplicado a este sector, la protección del patrimonio audiovisual europeo, la clasificación de las obras y otros problemas que afectan a la difusión de las películas y otras obras audiovisuales. 
La puesta en práctica de acciones previstas para esta comunicación, conjugada con la aplicación del programa MEDIA Plus 2001-2005 y a la iniciativa conjunta de la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones, i2i Audiovisual, debería contribuir a mejorar sensiblemente la situación del cine europeo. 
Si usted lo permite, señor Presidente, desearía comentar algunos puntos de esta propuesta de resolución que hoy nos ocupa. 
Tratándose de medidas en curso de realización, la propuesta de resolución, en el punto número 2, pide a la Comisión llevar a cabo una política comunitaria consecuente en materia cinematográfica, especialmente en lo relativo a la aplicación de la política de competencia. 
La comunicación antes mencionada aporta una seguridad jurídica creciente en el sector cinematográfico precisando, en el marco de un enfoque constructivo y positivo, los criterios retenidos por la Comisión con motivo del examen de los regímenes nacionales de apoyo al cine en relación con las normas sobre las ayudas de Estado que figuran en el Tratado. 
A la fecha, todos los sistemas nacionales examinados dentro de este marco han sido aceptados por la Comisión. 
En el punto 5, la propuesta de resolución pide a la Comisión, en el marco de la puesta en práctica del programa MEDIA Plus, hacer hincapié en la red de salas Europa Cinema; en el punto 6, pide apoyar la iniciativa Shooting stars de la organización European Film Production. 
Los proyectos citados presentan un valor innegable y por ello se benefician del apoyo comunitario desde hace varios años en el marco del programa MEDIA. 
No obstante, cabe precisar que las acciones del programa MEDIA son objeto de convocatorias de propuestas y responden al principio de competencia y selección de los proyectos con arreglo a un procedimiento transparente. 
La propuesta de resolución, en el punto 7, pide a la Comisión que al revisar de nuevo la directiva se interrogue sobre la utilidad y la posibilidad en la práctica de imponer nuevas cuotas especialmente a las radiodifusoras. 
La Comisión ha iniciado desde ahora, en virtud del artículo 25bis de la directiva, un estudio independiente destinado a evaluar el impacto de medidas relativas a la promoción de la producción y la distribución de programas televisivos europeos. 
Este estudio evaluará especialmente la eficacia de las cuotas de la directiva en relación con otras medidas de apoyo. 
Por lo demás, la Comisión procederá, a principios del año 2002 a una consulta pública sobre el tema. 
Pedirá a todas las partes interesadas que le transmitan comentarios por escrito. 
Los resultados de los diferentes estudios y de la consulta pública constituirán aportaciones importantes a la comunicación sobre la revisión de la directiva y las posibles propuestas de enmiendas que la Comisión prevé presentar al Consejo y al Parlamento Europeo hacia finales del año 2002. 
La propuesta de resolución, en el punto 33, pide a la Comisión prever la introducción de una normativa europea específica para estimular el desarrollo del sector cinematográfico en los países candidatos a la adhesión a la Unión. 
Esta preocupación esencial se tiene en cuenta en el marco de la acción exterior de la política audiovisual europea con motivo de la ampliación. 
Así, los países candidatos han de recuperar el acervo comunitario en materia audiovisual. 
Se trata esencialmente, como ustedes saben, de la directiva "Televisión sin fronteras". 
Por otra parte, les es posible participar en el programa MEDIA desde el momento en que alcancen un grado sustancial de aproximación con respecto al acervo comunitario. 
Por otra parte, se propuso a nueve países candidatos la apertura del programa MEDIA Plus. 
El objetivo es asegurar la participación de estos países desde principios del año 2002. 
La propuesta de resolución, en el punto 26, pide a la Comisión efectuar un estudio de viabilidad sobre la interconexión de los fondos de apoyo automáticos de los Estados miembros y las regiones. 
Cabe recordar que en 1998 ya se llevó a cabo una evaluación, en Birmingham, por el Club de Productores Europeos. 
El grupo de trabajo al que se asociaron los servicios de la Comisión llegó a la siguiente conclusión: el mecanismo propuesto excluiría en la práctica a numerosos Estados miembros que carecen de un sistema de apoyo automático a la producción. 
Esta situación tendría como consecuencia dirigir los fondos de apoyo automático de los países más pequeños hacia los países de mayor rendimiento en términos comerciales, es decir, los grandes países productores. 
La propuesta de resolución, en el punto 27, pide a la Comisión que realice un estudio de viabilidad sobre la constitución de un fondo europeo de promoción. 
La Decisión del Consejo 2000/821/CE que establece el programa MEDIA Plus prevé ya, en su sección relativa a la promoción, el apoyo de actividades de este tipo a favor de la creación europea, es decir aproximadamente el 8% del presupuesto. 
Por último, la Comisión acoge favorablemente la enmienda presentada en sesión por el ponente, que consiste en prever la creación de un órgano de ejecución e informará al ponente y al Parlamento sobre su propuesta en la materia. 
Estos son, señor Presidente, Señorías, los comentarios de la Comisión en relación con el informe del Sr. Vander Taelen, al que agradezco una vez más su informe. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Protección de los animales durante el transporte 
. (NL) Señor Presidente, también quisiera dar la bienvenida al comisario Byrne que puede aportar mucho en este campo. 
Se puede hablar largo y tendido acerca de la Directiva 95/29/CE y del transporte de animales. 
La ausencia de controles adecuados, la existencia de transportistas que no siempre se toman en serio sus obligaciones y las situaciones anómalas durante la exportación de ganado para el sacrificio fuera de la UE nos proporcionan motivos para estar más que preocupados. 
Por otra parte, el transporte ilimitado de ganado para su sacrificio a través de la Unión Europea ha contribuido de forma alarmante a la propagación de enfermedades animales como la fiebre aftosa y la peste porcina. 
Es sorprendente que los ganaderos sean quienes carguen con la práctica totalidad de las consecuencias. 
Las situaciones anómalas durante el transporte y la propagación de enfermedades del ganado afectan directamente a la imagen y, a menudo, a los ingresos de los ganaderos, a pesar de que no tienen responsabilidad alguna en las causas citadas. 
Por lo tanto, si se desea prevenir las enfermedades del ganado, como la fiebre aftosa y la peste porcina, y si se muestra comprensión ante la ya difícil situación de los ganaderos europeos y del bienestar de los animales, no se puede permitir que se haga la vista gorda y que existan normas difusas en relación con el transporte de animales. 
El hecho de que el Parlamento haya decidido presentar en este momento una propuesta de iniciativa para endurecer las citadas directivas constituye un importante toque de atención político de cara al Consejo y a la Comisión. 
No hay que olvidar que el Consejo celebrará el próximo mes una conferencia acerca de la política europea en materia de vacunas y este informe servirá para presentar una propuesta preliminar en torno a una prevención efectiva de las enfermedades infecciosas animales. 
Además de ello, la Comisión presentará en breve diferentes propuestas para endurecer aún más las normas referidas al transporte de animales. 
El informe también pone de manifiesto el gran descontento del Parlamento en torno a la aplicación de la normativa vigente por parte de los Estados miembros y las limitadas opciones de las que dispone la Comisión para denunciar a los mismos. 
Señor Presidente, este informe pretende principalmente marcar las líneas maestras de lo que debería ser una legislación adecuada en materia de transporte de animales. 
En primer lugar, se destaca el control. 
El control sobre el transporte de animales en la Unión Europea debe adaptarse a un criterio europeo mediante la adopción de las siguientes medidas. 
En primer lugar, el nombramiento de 15 inspectores de la UE que estén obligados a presentar un informe anual al Consejo, la Comisión y también al Parlamento Europeo, así como a los parlamentos nacionales de los Estados miembros. 
En segundo lugar, unas normas adecuadas en materia sancionadora, tanto en el ámbito económico como de las licencias. 
En tercer lugar, la introducción de un sistema europeo de concesión de licencias para transportistas de animales que resulte adecuado. 
En relación con la duración de los transportes, quisiera citar los siguientes aspectos. 
En lo que respecta al ganado para sacrificio y consumo, planteamos una limitación de la duración del transporte a cuatro horas o a 250 Km., pudiéndose ampliar este límite a ocho horas siempre y cuando el transportista cuente con licencia y los animales puedan tumbarse y dispongan de agua fresca. 
En lo que respecta a los animales para cría y para eventos deportivos, proponemos que la duración del transporte no supere dos tandas de 24 horas, siempre y cuando los animales dispongan de agua fresca y de pienso. 
Con respecto a las posibles excepciones, Señor Presidente, quisiera llamar la atención sobre dos problemas. 
En regiones con escasos o ningún matadero, la Comisión podrá conceder una exención autorizando el incremento de los tiempos y distancias citadas en un 50 por ciento. 
En el caso de las islas pequeñas y de Irlanda- y quiero recalcar el caso de Irlanda- se aplicará una normativa específica para el transporte en barco. 
Asimismo, hay que tener en cuenta que las citadas regiones se enfrentan de manera muy acusada a la estricta legislación europea en materia de seguridad alimenticia, por lo que propongo destinar una partida de los Fondos Estructurales a estas regiones de modo que se pueda invertir en mataderos pequeños y semi-móviles. 
Se debe retirar lo antes posible la normativa de reembolso para la exportación de ganado vivo para sacrificio. 
Sin embargo, esta medida no puede adoptarse sin que se inicie un debate internacional en torno al transporte de ganado para sacrificio en el que se trate esta cuestión. 
Quisiera decir lo siguiente en relación con las enmiendas. 
He presentado, junto con el Grupo Liberal y el Grupo Socialista, tres enmiendas para facilitar la aplicación práctica del informe. 
Se trata de las enmiendas 4, 5 y 6 que se refieren, entre otros aspectos, a la temperatura y a otras cuestiones prácticas. 
Quisiera mostrar mi agradecimiento a mis colegas, Heinz Kindermann y Neil Busk, por su importante y constructiva colaboración. 
En mi opinión, este informe también podría denominarse el informe Maat-Busk-Kindermann. 
Parto de la base de que el Grupo Liberal retirará la enmienda 3 por ser idéntica a la enmienda conjunta presentada por el PPE-DE, el PSE y el ELDR. 
Señor Presidente, se debe poner fin a la política marcada por hacer la vista gorda y dejar todo al libre albedrío en relación con el transporte de animales. 
A lo largo de los últimos cuatro años, se han sacrificado y destruido literalmente millones de animales en la UE como consecuencia de una propagación explosiva de las enfermedades animales como la fiebre aftosa y la peste porcina. 
Las situaciones anómalas durante el transporte de los animales y las tremendas imágenes que de ello hemos visto constituyen un atentado contra la cultura europea, marcada en gran medida por la protección de los animales y del campo. 
Lo más triste es que, en todos los casos, es el ganadero quien paga las consecuencias en una época en que los precios de la carne son inaceptablemente bajos y los precios que paga el consumidor se mantienen en niveles inauditos. 
Señores de la Comisión y del Consejo, ha llegado la hora de pasar a la acción, de decantarnos por la calidad de nuestro ganado y del campo. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, saludo el excelente informe del Sr. Maat. 
No va tan lejos como la Comisión de Medio Ambiente hubiese deseado, especialmente en relación con la duración del transporte- la Comisión de Medio Ambiente hubiese preferido cuatro horas- aunque si se cumple con las ocho horas, ello constituiría un avance para el bienestar de los animales que merece una muy buena acogida. 
Este es el primer informe realista sobre el bienestar de los animales, el Sr. Maat ha realizado un excelente trabajo y le felicito por ello. 
A pesar de que el informe no va lo suficientemente lejos en relación con las ocho horas, el parágrafo 1 es extremadamente importante. 
El tiempo máximo de viaje de ocho horas cuando el destino es el matadero o cuando se viaja para seguir siendo criados debe ser bien acogido por cuanto los animales estaban siendo transportados durante largas distancias y largos periodos de tiempo en unas condiciones completamente inaceptables. 
Otro parágrafo importante es el parágrafo 20, que apela al fin del pago de las restituciones a la exportación de animales vivos a terceros países con destino al matadero. 
Esto estaba pendiente desde hacía mucho tiempo. 
La inmensa mayoría de los contribuyentes europeos están en contra de la idea de que sus impuestos se empleen para financiar algo con lo que esencialmente están en desacuerdo. 
Es responsabilidad de la Comisión garantizar que los Estados miembros cumplen estas normas. 
La Comisión debe emprender severas acciones contra cualquier Estado miembro que no las cumpla. 
Deben ser llevados ante los tribunales y ser multados. 
En relación con la menor necesidad del transporte de largo recorrido, es extremadamente importante fomentar los mataderos locales y también el comercio de la carne. 
Tiene mucho más sentido económico el comercio de la carne que el comercio de los animales vivos, puesto que así se crearían puestos de trabajo en la UE. 
Lo mismo es válido para Irlanda: podría lograr mucho más exportando carne que animales vivos. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, yo también quiero felicitar en primer lugar a mi colega el Sr. Maat. 
Creo que ha tocado este tema de un modo muy realista, pues un modo de proceder emocional no nos es de ayuda al cabo de muchos años de debates sobre el transporte de animales. 
Cuando se habla de transportes nadie piensa en el gatito que va a bordo de un avión como parte del equipaje de mano ni en el perrito sujeto a la correa que viaja en el Intercity ni mucho menos en el caballo de carreras en el transporte especial por la autopista. 
No, en el informe Maat hablamos del bienestar de los animales destinados al matadero cuando son transportados. 
Estoy ya desde hace mucho tiempo aquí, por lo que me dirijo también al Sr. Comisario: sobre el papel hemos desarrollado este tema y hemos exigido continuamente más. 
Sin embargo, todos nos quedamos estremecidos cuando en los muy escasos controles que se realizan se descubren a veces situaciones inaceptables. 
No sólo los protectores de animales sino también los productores y consumidores desean unas condiciones de transporte mejores. 
En los informes y en las enmiendas exigimos un personal especializado, unos vehículos de transporte adecuados con suficiente espacio, ventilación, bebida y alimentación y unos tiempos de transporte limitados para el ganado destinado al matadero de máximo ocho horas. 
Totalmente decisiva y especialmente digna de apoyarse es la propuesta de suprimir el pago de restituciones a la exportación para los animales vivos. 
Hay objeciones que afirman que a la postre esto interfiere negativamente en el mercado. 
Se alega incluso el argumento del degüello de los animales según el rito judío. 
A este respecto, me permito sonreír pues esto ya es posible en la UE. 
Sería mejor transportar después la carne. 
Señor Comisario, creo que la parte más sensible de la persona es con frecuencia el monedero. 
Más inspecciones, más controles, multas elevadas y la pérdida de la concesión en caso de infracciones, aportarían unas mejoras más eficaces para todos nosotros. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, el informe de la Comisión sobre transportes de animales sobre el que debatimos esta tarde ha confirmado lo que siempre han mostrado las imágenes de televisión: el trato brutal de los animales, el no respeto de la limitación de los tiempos de conducción, la sobrecarga de los vehículos de transporte así como otras numerosas violaciones de las normas en vigor sobre los transportes de animales. 
Esta situación no es aceptable durante más tiempo. 
La opinión pública europea tiene razón cuando exige en esta cuestión una solución rápida. 
Sin embargo, también tengo que decir claramente que las normas europeas sobre el transporte de animales cuando se aplican correctamente ofrecen ya hoy un elevado grado de protección. 
El problema básico es que las normas actualmente en vigor se aplican sólo de un modo muy insuficiente en casi todos los Estados miembros, lo que subraya la Comisión en su informe. 
Junto al problema de la conversión de la directiva en derecho nacional, se debe sobre todo a los deficientes controles por parte de los Estados miembros y a las sanciones demasiado benévolas que se aplican en caso de contravenciones. 
Por ello, la crítica principal debe dirigirse en este asunto a los Estados miembros. 
Creo que se debería recapacitar a fondo sobre la política de control de la Comunidad pues en otros campos, como en el de los controles veterinarios existen problemas similares. 
Me quiero referir aún a otros dos puntos. 
La supresión de las restituciones a la exportación para los animales destinados al sacrificio que se contiene en la presente resolución fue acordada ya por el Parlamento en el marco del procedimiento presupuestario para el ejercicio del 2002 y es exigida desde hace mucho tiempo por los socialdemócratas. 
En el pasado, el Parlamento logró ya que en el pago de restituciones a la exportación se favoreciese a las exportaciones de carne frente a las de animales vivos y suprimir de este modo el incentivo económico a este tipo de exportación. 
Actualmente, se paga sólo la mitad de las restituciones a la exportación por animales vivos en comparación con la que se concede a la carne. 
Pero esto sigue siendo insuficiente y las restituciones a la exportación para los animales vivos deben reducirse a cero. 
Por otro lado, en la propuesta de resolución se exige un tiempo de transporte máximo para animales vivos de 8 horas, lo que es asimismo una antigua exigencia del Grupo de los Socialistas Europeos. 
En el futuro no debe existir una duración máxima general y se ha tenido en cuenta sobre todo la situación de regiones alejadas e islas. 
También aquí debe haber regulaciones de excepción a la máxima duración del transporte, lo que saludamos. 
Para finalizar, quiero felicitar en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos al Sr. Maat por la constructiva cooperación que creo seguirá existiendo en el futuro. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, me gustaría comenzar dando las gracias al Sr. Maat por su cooperación en relación con este informe. 
Hemos elaborado, junto al Sr. Kindermann, entre otros, varias enmiendas y a mi modo de ver ha quedado un informe bastante bueno. 
Quiero asimismo dar las gracias a la Comisión que sin ocultar nada ha dicho claramente cómo los Estados miembros han implantado o mejor dicho no han implantado las numerosas resoluciones adoptadas en 1991 y 1995. 
Resulta verdaderamente aterrador ver cómo los ministros europeos se sientan y adoptan decisiones comunitarias sobre un tema tan importante como el bienestar de los animales y sobre el transporte de animales en condiciones seguras. 
Después, regresan a casa y olvidan completamente aquello que han contribuido a decidir, es decir, no se implanta ninguna de estas resoluciones en la legislación nacional. 
Podríamos habernos librado de las numerosas y terribles imágenes televisivas y de bastantes situaciones desagradables con sufrimiento de animales que hemos vivido. 
Se han abierto camiones y en ellos los animales muertos están en el fondo, mientras que los otros animales pisan los animales muertos. 
Esto es sencillamente inadmisible y debe acabar ahora. 
Por ello es hora de acabar con la larga tradición con la que contamos en la UE de que los animales sean transportados de norte a sur y de este a oeste. 
No existe ningún motivo para ello. 
A los animales esto no les conviene y por ello debemos pedir ahora que se mate a los animales en el matadero más próximo. 
Naturalmente es evidente que también nos veremos obligados a transportar sementales de una zona donde existan buenos sementales a una zona en la que tengan necesidad de nuevos sementales. 
Por ello espero que la Comisión presente ahora una propuesta de normas comunitarias para los transportes animales y repito: no deben ser normas de mínimos. 
Deben ser normas comunitarias para los transportes animales. 
Señor Presidente, saludo este informe y quisiera dar las gracias al ponente por su excelente trabajo. 
En cualquier caso, en primer lugar quisiera resaltar mi preocupación por que el actual debate ha fracasado claramente al no reconocer que muchos Estados miembros no han ejecutado la legislación comunitaria existente en este campo. 
El último informe de la Comisión, junto con muchos informes de misiones, ha destacado que en algunos países existe un serio descuido del bienestar animal. 
La Comisión debe mostrar más voluntad de iniciar procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no ejecuten esta directiva adecuadamente. 
En cuanto a la duración de los transportes, espero que la Comisión siga las recomendaciones de sus comités científicos consultivos y proponga unos límites plausibles que permitan a las empresas trabajar eficientemente a la vez que se mantienen unos niveles altos de bienestar de los animales. 
Apoyaré los límites de las ocho horas o los 500 kilómetros, y respaldo la perspectiva de que las condiciones climáticas de cada Estado miembro deben ser tenidas en cuenta. 
No obstante, en zonas en las que estos tiempos de transporte son poco realistas debería otorgarse una dispensa temporal del límite máximo de transporte de las 8 horas en los casos en los que no hubiera mataderos en un radio de 500 kilómetros. 
Especialmente, estoy pensando, en el Reino Unido, en las islas de Escocia occidental, y en otras partes de la Unión Europea que se ven adversamente afectadas en este sentido. 
A pesar de que la introducción de límites temporales al transporte constituye un importante paso hacia delante, el tratamiento en ruta de los animales, la ventilación de los vehículos, el hacinamiento y la definición de los requisitos de espacio y temperatura durante el transporte, etc. también son asuntos de igual importancia. 
La reciente crisis de la fiebre aftosa probó sobradamente que el innecesario transporte animal de largo recorrido fue un factor para la rápida propagación de esa enfermedad. 
Aguardo ansiosamente al plan político de la Comisión, previsto para el 1 de enero de 2003, que tiene por meta la regionalización de las cadenas de producción de carne, con el fin de limitar en el futuro el transporte de larga distancia de animales vivos. 
Señor Presidente, el informe sobre la protección de los animales en el transporte ha despertado un gran interés público. 
Numerosas asociaciones pero sobre todo las ciudadanas y ciudadanos han seguido con gran atención qué medidas adopta el Parlamento Europeo para impedir las inaceptables circunstancias en el transporte. 
El objetivo del informe es impedir mediante la legislación la puesta en peligro y la consecuente cruel muerte de los animales en el transporte. 
Sin embargo, va a ser necesario no dejar nada a la casualidad sino negociar duramente a la hora de delimitar el tema. 
Las esperanzas que deposita la sociedad son un elemento decisivo para configurar las características especiales del modelo agrario europeo. 
La crisis de la EEB y las consecuencias de eliminación de animales debido a la fiebre aftosa han cuestionado lo positivo alcanzado hasta ahora. 
Aproximadamente unos 250 millones de animales útiles son transportados anualmente por la Unión. 
Todos los afectados litigian duramente desde hace años sobre el sinsentido de estos transportes o sobre su necesidad. 
El presente reglamento básico contiene varias disposiciones prácticas y normas legales para el transporte de animales. 
Sin duda, las autoridades estatales no actúan en todos los lugares en este sentido, lo que revela claramente lo débil que es en realidad la cláusula sobre la protección de los animales. 
Falta seriedad, transparencia y sinceridad en este campo. 
Si, por ejemplo, conejos silvestres son capturados en Polonia con redes y llevados a la CE en contenedores que representan una tortura para los animales para que los cazadores deportivos puedan pasar su tiempo libre, esto no tiene nada que ver con deporte ni mucho menos con protección de los animales. 
Me alegraría si el Comisario dijese que esto no es correcto. 
Precisamente en la fase de negociaciones sobre el tema de la ampliación europea, estos hechos son una mala hipoteca para una agricultura correcta como base para la protección del medio ambiente y de las especies. 
El presente informe apuesta en este sentido por la cooperación en lugar de la confrontación entre la agricultura y la protección de los animales. 
Señor Presidente, el transporte de ganado ha caído en desgracia debido a las numerosas infracciones cometidas por los transportistas. 
Dichas infracciones nos indican la necesidad de prestar una atención especial no solo a las normas para el transporte, sino también al control y a la supervisión del cumplimiento de las mismas. 
A lo largo de los últimos años, nos hemos dado de bruces con otro efecto desastroso del transporte de ganado: la propagación de enfermedades animales. 
Un único y tristemente famoso transporte de terneros a través de diferentes Estados miembros provocó la muerte de 265.000 animales en mi país. 
Una de las conclusiones que debemos extraer de la crisis de la fiebre aftosa es que la agricultura debe centrarse en la regionalización de la producción de modo que se ponga fin a las idas y venidas de animales vivos. 
En este sentido, muestro mi total acuerdo con el informe del Sr. Maat. 
No obstante, no comprendo como con sus enmiendas pretende eliminar los límites máximos y mínimos de temperatura en los camiones de transporte de ganado aduciendo que es suficiente con que vehículo disponga de un sistema de ventilación adecuado. 
No creo que el movimiento de protección a los animales se muestre de acuerdo con este argumento. 
Mis enmiendas tienen los mismos objetivos que las del Sr. Maat, con la diferencia de que mantienen los requisitos con respecto a la temperatura. 
Respaldo el llamamiento para que se eliminen los reembolsos aplicados a la exportación de ganado vivo para sacrificio. 
El quebrantamiento de las normas europeas en materia de transporte y sacrificio enviando los animales a mataderos fuera de la Unión Europea en condiciones que ya no se dan en Europa no hace justicia a los ganaderos europeos. 
La Comisión pretende estimular la producción de productos de calidad por parte de los agricultores. 
El bienestar de los animales es un elemento esencial de una calidad que abarca desde el ganadero hasta nuestro plato. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, éste es un informe sobre un informe de la Comisión acerca de la aplicación de la Directiva referente a la protección de animales durante el transporte. 
Una vez más, señor Comisario, en este Parlamento caemos en la tentación de decirle a la Comisión qué tiene que ser el contenido de las próximas propuestas de directiva que nos haga, y de una forma tan detallada, que casi le damos la tarea hecha. 
El ponente, Sr. Maat, ha realizado un gran trabajo. 
Confío en que la Comisión y el Consejo lo tengan en cuenta. 
Los animales deben ser transportados en unas condiciones razonablemente buenas; la legislación debe dictar normas para que así sea, y las autoridades, controlar que se cumplan. 
Dicho esto, quisiera hacer dos reflexiones: primera, que las condiciones deben ser las mismas para los transportes largos que para los cortos. 
No debemos demonizar el transporte de larga distancia, porque ello supone una distorsión de la competencia en un mercado interior. 
Y segunda, las condiciones del transporte deben ser también las mismas para todos los animales que viajan, tanto si van camino del matadero como si se trata de animales que viajan para ser criados a más o menos distancia de su procedencia, o para participar en un concurso. 
Estas cuestiones no se reflejan en el informe, y a mí me gustaría, señor Comisario, verlas recogidas en próximas propuestas de la Comisión. 
Por otra parte, celebro y agradezco al ponente que presente una enmienda, en nombre de mi Grupo, para suprimir las alusiones que se hacían a las temperaturas. 
Porque no tiene sentido hablar de temperaturas sin emparejarlas con la humedad relativa correspondiente. 
Además, desde Laponia hasta las Islas Canarias, Europa es muy grande y muy diversa en clima, densidad de población y condiciones socioeconómicas. 
Finalmente, quiero llamar la atención sobre la importancia del transporte en la propagación de las epizootias. 
Esto nada tiene que ver con la duración del viaje, pero tendríamos que ser inflexibles en cuanto a las normas y al control de su cumplimiento. 
Por ejemplo, la peste porcina clásica que tuvimos en España en 1997 fue causada por unos lechones que viajaron desde Holanda. 
Esto puede y debe evitarse. 
Señor Presidente, el informe Maat es excelente y resume la justificada y enérgica protesta que, en primer lugar, va dirigida al Consejo de Ministros y a los países miembros. 
Es una vergüenza que en Europa- un territorio civilizado y culto de nuestro planeta- se trate a los animales como nosotros lo hacemos. 
Además, nadie podrá convencerme de que esto es económicamente necesario. 
Posiblemente se trata de una locura económica. 
En primer lugar quiero ocuparme del punto 14. 
Si un chófer conduce ebrio pierde el carné de conducir inmediatamente. 
¿Cómo puede un conductor llegar a su destino con animales muertos y mantener su licencia de transporte y su carné? 
Es absurdo. 
En el punto 20 se propone la eliminación de las subvenciones a la exportación de animales vivos. 
Éste es un pequeño primer paso que la Unión realmente puede dar. 
Señor Presidente, señor Maat, su informe es un importante instrumento que incita a pensar de un modo global en la política agrícola y de medio ambiente y a actuar cada vez más intensamente en el nivel local. 
Hay que apoyar plenamente su informe pues no acepta compromisos en detrimento del bienestar de los animales y saca a la luz de nuevo los defectos conocidos ya desde hace mucho tiempo. 
El informe aviva una esperanza especial, sobre todo desde la votación en el pleno, pues se ha suprimido el presupuesto para las restituciones por exportación. 
El hecho de que este punto haya encontrado una buena acogida nos permite esperar también que se apruebe la totalidad del informe Maat, en especial porque gracias a él se han revelado de modo especialmente claro los fallos actuales en la política de transportes de animales. 
Quiero llamar la atención sobre algunas cosas aunque el tiempo es demasiado corto. 
Hay que mejorar los controles y supervisiones y armonizar los importes de las penas pecuniarias elevándolos a una suma que desanime a las empresas de transporte. 
Lo mismo debería aplicarse a las sanciones contra los Estados miembros. 
Todos conocemos los problemas y la opinión pública europea ejerce con razón una agria crítica contra las instituciones europeas y los quince Gobiernos. 
Este informe debe valorarse especialmente bien también ante el trasfondo de la ampliación. 
Estimados colegas del Consejo y de la Comisión, ha llegado ya la hora de actuar. 
Señor Presidente, señor Comisario, parece indiscutible que la opinión pública en toda Europa exige que se acabe inmediatamente con los malos tratos que sufren los animales vivos cuando son transportados. 
La UE tendría medios a su alcance para reducir estos problemas, pero no existe una voluntad en este sentido. 
Existen directivas encaminadas a mejorar las condiciones de los animales durante el transporte; sin embargo, no se ejerce un control sobre su cumplimiento. 
El informe del Sr. Maat reconoce esta situación. 
En él se dice que las directivas relativas al transporte de animales son transgredidas Se identifican los problemas que se derivan de los diferentes tiempos de reposo y duración ininterrumpida del viaje fijados para conductores y animales transportados. 
Se presta especial atención a la exportación de animales desde la UE a países terceros, en cuyo transporte se dan siempre los trayectos más largos. 
Se recuerda que el transporte es causa de la extraordinaria propagación de las enfermedades animales contagiosas. 
La reivindicación más radical es exigirle a la Comisión que suprima, a partir de principios del próximo año, el pago de subvenciones a la exportación de animales que van camino del matadero. 
La Comisión deberá reaccionar ante estas exigencias, que tendrán cabida en la opinión del Parlamento, haciéndose cargo de que también se cumplan en la UE los principios morales y éticos de respeto a la vida, preconizados por el mundo civilizado, en lo que afecta a los animales que van a ser sacrificados. 
Señor Presidente, Irlanda se compromete a trabajar con todos los Estados miembros y las agencias internacionales para alcanzar unos niveles más altos de bienestar animal. 
Debido a nuestra situación periférica y nuestra condición insular, como ha reconocido el Sr. Maat- por lo que le doy las gracias- no disponemos de una alternativa realista a la exportación de nuestro ganado por barco, y necesitamos encontrar mercados de exportación para nueve de cada diez animales criados en nuestras granjas. 
Mientras apoyo el principio de general de sacrificar a los animales lo más cerca posible del lugar de cría, la realidad es que muchos de los mercados de exportación que están a nuestro alcance exigen animales vivos en lugar de productos procesados y, en un futuro próximo, el buen funcionamiento de nuestro mercado exigirá un equilibrio entre el comercio de la carne y el de animales vivos. 
El Reglamento 615/98 vincula todos los pagos de restituciones a la exportación al cumplimiento estricto de las normas sobre el bienestar de los animales durante el transporte, incluyendo el completo análisis clínico de cada animal. 
Tenemos que ejecutar y controlar esto en toda su extensión. 
El suceso en la exportación de animales vivos que implicó a Alemania y al Líbano fue el resultado de la inexperiencia de las autoridades alemanas, ya que no son exportadores habituales de animales vivos y no contaban con un previo acuerdo veterinario con los libaneses. 
Los casos extremos no propician buenas leyes. 
No coincido con la opinión del Ministro de agricultura alemán acerca de que las restituciones a la exportación de animales vivos ya no están justificadas. 
Si Europa no cumple las exigencias de terceros países, éstos conseguirán sus suministros desde lugares más lejanos, con menos o ningún control o regulación respecto al bienestar de los animales porque aun no existe ningún acuerdo internacional sobre las normas de transporte. 
Hemos de dotarnos de los niveles más altos posibles, no sólo en interés de los animales sino también en el de los productores, que obtendrán unos precios mucho mejores a cambio de animales sanos. 
Es cierto que tenemos que seguir revisando nuestros niveles de protección de los animales durante el transporte y cada Estado miembro debe tener la voluntad de controlar y ejecutar la ley. 
En cualquier caso, con un superávit en la UE de más de un millón de toneladas de vacuno, las restituciones a la exportación seguirán siendo necesarias durante algún tiempo y no apoyaré ninguna propuesta para su eliminación. 
Señor Presidente, señor Comisario, no cabe la menor duda de que hay que acabar con los malos tratos a los animales. 
La propia ética de la producción agrícola europea parte precisamente de esta base. 
La Comisión ha de tener las suficientes competencias para intervenir en las acciones de los Estados miembros, las sanciones deben ser lo suficientemente severas y es imprescindible hacer más eficaz la aplicación de las medidas encaminadas a corregir las deficiencias en este terreno. 
Doy las gracias al ponente, Sr. Maat, por haber tenido en cuenta los casos excepcionales. 
Existen zonas de baja densidad de población, islas y áreas con largas distancias, en las cuales también debe ser posible desarrollar estas actividades, y estas regiones también han sido tomadas aquí en cuenta de forma equilibrada. 
El bienestar de los animales es un elemento de un conjunto mayor. 
La regionalización de la cadena de producción alimentaria ha sido el tema de conversación de hoy y se trata de una necesidad del futuro, de modo que, partiendo precisamente de esta base, hay que suprimir las subvenciones a los animales transportados al matadero. 
Ello impulsará la regionalización, así como la creación y desarrollo de cadenas locales de producción. 
Señor Presidente, Señorías, tratamos de nuevo el tema "protección de los animales en el transporte". 
Se trata de un tema que nos ocupa permanentemente y apoyo sin reservas el informe presentado por el colega Maat. 
Todos sabemos que en la Unión Europea hay varias directivas al respecto así como una legislación de aplicación en los Estados miembros. 
Todos estamos a favor de una amplia protección de los animales y contra los transportes que martirizan innecesariamente sobre todo a los animales destinados al sacrificio. 
Si se aplicasen y controlasen en todos los lugares todas estas leyes no necesitaríamos este debate. 
Pero no ocurre así. 
Imágenes de inaceptables condiciones de transporte lo demuestran permanentemente. 
Sin embargo, no debemos perder de vista que también en este campo se puede informar de algunas cosas positivas. 
En parte ya hay transportes que cumplen con los requerimientos de la protección de los animales. 
También se aplica en muchos casos la idea del sacrificio de los animales en las cercanías inmediatas del lugar de producción. 
Este es un punto que apoyo decididamente: sacrificar lo más cerca posible de la explotación agraria. 
La moderna técnica de conservación permite perfectamente la exportación de carne también a regiones alejadas. 
En los transportes de animales exigimos con razón descansos para que puedan alimentarse y beber. 
En el futuro tendremos que recapacitar también cómo podemos reducir el estrés de los animales en los descansos durante su carga y descarga. 
Sin duda, un objetivo es equipar a los transportes de animales destinados al matadero de tal modo que permanezcan en los transportes durante las pausas cortas y puedan ser atendidos allí. 
Transporte, espacio, modo de conducción, ventilación, temperatura y procedimiento de carga y descarga tienen- si se realizan correctamente- el máximo efecto para una mejor protección de los animales. 
Este informe contribuye a ello y les ruego un amplio apoyo. 
Señor Presidente, en el caso del transporte de ganado, los animales son considerados como una mera mercancía y no como seres vivos con un valor intrínseco. 
Los Estados miembros deberían avergonzarse de que el control sobre el cumplimiento de la normativa resulte tan abominable. 
Por este motivo, apruebo las propuestas que prevén mejorar considerablemente los controles y endurecer las sanciones. 
Por otra parte, debería fijarse un límite general de tiempo y de distancia, además de establecer requisitos más estrictos para todos los camiones. 
Una mejor distribución de los camiones no debe servir para prolongar los tiempos de desplazamiento alegando que el transporte en business class permite alargar la duración del viaje. 
El último viaje de los animales siempre será un viaje en sexta clase. 
El transporte de animales vivos debe limitarse al máximo. 
Ocho horas supone, de hecho, una mejora pero se debería tender a que cuatro horas se convierta en el máximo absoluto. 
Debemos tratar de lograr la regionalización de la cadena productiva con pequeños mataderos higiénicos. 
La reciente crisis de la fiebre aftosa ha demostrado de nuevo que los lugares de parada y de agrupamiento conllevan graves riesgos veterinarios por lo que deben ser retirados. 
Es preciso llevar a cabo las reformas con rapidez con vistas a la ampliación. 
Es preciso que dejemos de considerar a los animales en toda Europa como meros objetos con los que se gana dinero en lugar de parte de la creación. 
Señor Maat, gracias por su excelente informe. 
Señor Presidente, no me ocurre a menudo, pero esta vez me veo obligado a intervenir en nombre de mi país. 
En efecto, la propuesta preocupa muchísimo a todo el sector bovino italiano y no sólo por los límites máximos de duración del transporte. 
Para nosotros es mucho más grave que en esta propuesta los animales destinados al engorde, culminación natural de la etapa de cría, se sometan a las medidas más restrictivas previstas para los animales destinados al matadero, en lugar de las menos restrictivas previstas para los animales destinados a fines de cría, aun siendo la etapa de engorde una continuación natural de algunos meses de cría del animal. 
Entendemos perfectamente el objetivo del informe, esto es, sustituir lo más posible el transporte de animales vivos por el de carne. 
Sin embargo, nosotros nos encontramos en una situación muy especial que afecta a 120.000 ganaderías y a una floreciente industria de transformación, del sacrificio al embutido, que se vería fuertemente perjudicada por una resolución de este tipo. 
Les facilitaré un dato tanto a usted, señor Presidente, como al Comisario: Francia tiene una cabaña bovina de más de 20 millones de cabezas de ganado y un número de sacrificios anuales de 4 millones de cabezas; 
Italia tiene 7 millones de cabezas y 4,5 millones de cabezas sacrificadas. Es evidente que este consolidado sistema de producción, vital para la economía zootécnica de nuestro país, se vería totalmente interrumpido por la adopción de un límite máximo de duración del transporte de animales sea temporal o kilométrico, un límite que, entre otras cosas, carece de todo valor científico y que tiene un significado meramente instrumental, con consecuencias, como decía, muy difíciles de soportar por todo el sector. 
De ello se deriva que toda propuesta de limitación absoluta de la duración del viaje, de hecho, está motivada única y exclusivamente por la voluntad de otros países de arrancar a Italia cuotas significativas de sacrificio y de reemplazar a nuestros productores en el suministro de carne bovina para el mercado italiano. 
Ésta no es la Europa que queremos. 
. (EN) Señor Presidente, me complace resumirle la posición de la Comisión acerca del excelente informe del Sr. Maat. 
El asunto fundamental de este informe es el bienestar de los animales y especialmente el transporte de los mismos. 
A todos nos consta que este es un tema muy sensible. 
Dejé claro al presentar la propuesta original de la Comisión que las opiniones del Consejo y del Parlamento contribuirían a perfilar las propuestas que tengo la intención de presentar a principios del año que viene. 
El informe que estamos debatiendo hoy aquí comparte la mayoría de los objetivos de la Comisión. 
No obstante, en la construcción de las propuestas definitivas de la Comisión falta un pilar fundamental y ese no es otro que la opinión del Comité científico de la salud y bienestar de los animales, que esperamos esté disponible en breve. 
Esta opinión proporcionará a la Comisión el asesoramiento científico pertinente acerca de una serie de cuestiones tales como los tiempos de transporte y las densidades de carga. 
En estas cuestiones nuestras acciones deben estar guiadas por un adecuado asesoramiento científico sobre las condiciones del transporte animal. 
En cualquier caso, permítanme expresarles algunas impresiones generales sobre algunos de los asuntos fundamentales planteados en su informe. 
En primer lugar, en cuanto a la duración del transporte me ha complacido ver que algunas de las sugerencias más extremas, como la del límite de cuatro horas para el transporte animal, no han sido respaldadas en el informe del Sr. Maat. 
Según el asesoramiento recibido por la Comisión los perjuicios y riesgos para los animales derivan en su transporte fundamentalmente de tres factores: la duración del viaje, la carga y la descarga de los animales y las condiciones en las que son transportados- ventilación, humedad, densidad, etc. 
La Comisión ya ha presentado unas propuestas para se produzcan mejoras en esos aspectos o las va a presentar en breve. 
No obstante, desde algunos sectores también se está poniendo demasiado énfasis en la duración del transporte. 
Creo que una reducción a cuatro horas es simplista y no tiene en cuenta otros intereses implicados. 
No podemos ignorar los intereses de los ganaderos y de la industria de la carne y el ganado. 
Tal reducción sería contemplada como un ataque a su sustento antes que una verdadera contribución al bienestar animal. 
Si queremos conservar su apoyo para mejorar el bienestar de los animales, entonces también tenemos que respetar sus intereses. 
Deseo trabajar con ellos antes que en su contra y confío en que compartan esta opinión. 
Quisiera ahora retornar a la cuestión de los recursos. 
Su informe solicita que el número de inspectores de la Oficina Alimentaria y Veterinaria encargados del bienestar animal sea elevado a catorce respecto del actual número de cuatro. 
La realidad es que tal aumento sólo podría conseguirse a costa de otras prioridades que incluyen la EEB, la fiebre aftosa, la higiene de la carne, los niveles residuales y la seguridad alimentaria en general, en las que la Comisión ya está sobrecargada. 
Coherentemente he rechazado hacer promesas que no puedo garantizar. 
Sería deshonesto hacerlo, tanto con esta Asamblea como con los ciudadanos europeos. 
Ustedes destacan la falta de cumplimiento de los Estados miembros de la legislación actual. 
Estoy completamente de acuerdo. 
Los Estados miembros deben hacer un esfuerzo y proporcionar los recursos que aseguren una mejor ejecución. 
Se trata de asunto que expresado repetidas veces a los Estados miembros en el Consejo de Agricultura. 
A juzgar por la correspondencia que recibo de los diputados del Parlamento, la mejor vía para conseguir un mejor cumplimiento son las acciones judiciales contra los Estados miembros. 
No obstante, hay que resaltar que en algunas ocasiones es más efectivo trabajar con los Estados miembros que hacerlos en su contra, de modo que los litigios deben ser el último recurso. 
En última instancia ellos son los responsables de la ejecución sobre el terreno de la legislación comunitaria. 
Pero permítanme ser claro: cuando a través del diálogo no culminan los esfuerzos, la Comisión iniciará procedimientos de infracción contra los Estados miembros implicados. 
De hecho, ya se han iniciado procedimientos contra varios Estados miembros y se está considerando algunos más. 
Por último, a este respecto, apelo a la Asamblea a que contribuya a los esfuerzos de la Comisión por animar a los Estados miembros a tomar más seriamente el bienestar de los animales. 
En especial apelo a sus señorías a que recuerden a los colegas políticos de sus propios Estados miembros la necesidad de destinar más esfuerzos y recursos a asegurar que las disposiciones comunitarias sobre el bienestar animal sean cumplidas. 
Señor Maat, señoras y señores, en breve estaré de nuevo ante ustedes con las propuestas formales de la Comisión. 
Ello les dará la oportunidad de perfilar la ardua legislación sobre el bienestar de los animales. 
Les garantizo que el informe del Sr. Maat tendrá una influencia fundamental sobre esta legislación. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 21.40 horas). 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, tengo dos observaciones al Acta. 
La primera es la menos importante: en el primer punto, referente a la decisión sobre urgencias, el primer punto que se votó relacionado con el Acuerdo con Marruecos, yo estaba aquí y voté a favor, pero esto no se recoge en el Acta. 
Estaba aquí, e intervine inmediatamente después. 
A continuación, me referiré al segundo punto. 
En relación con el Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, ayer por la mañana se estableció un plazo de enmiendas hasta hoy a las 10.00 horas, para ser debatido probablemente esta noche a última hora. 
Los grupos estuvimos trabajando ayer para presentar enmiendas, y hoy veo que en el Acta se recoge que se inscribe para la sesión del miércoles 28 de noviembre, y que el plazo de presentación de enmiendas vencerá el jueves 22 de noviembre. 
Quiero expresar- en nombre de la Comisión de Desarrollo- que no se puede trabajar con el texto remitido por la Comisión, con el que estuvimos trabajando ayer. 
Sólo existe una versión en una lengua, pero, además, de esa lengua hay versiones sucesivas que no coinciden, que son distintas entre sí. 
La última- por dar sólo un dato -, y con ello termino, señor Presidente, dice que la Comisión propone una aportación única de 120 millones, no dice si son de euros, de dólares, de preservativos o de DDT. 
Creo que la Comisión debería proporcionar un texto correcto, que nos diga cuál es el texto final, y en todas las lenguas. 
Puede estar seguro de que se indicará cómo ha votado usted. 
En cuanto a la cuestión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, los documentos no están preparados como ha dicho usted con razón. 
Por eso el asunto quedó aplazado para el 28 de noviembre. De esta manera la Comisión tendrá más tiempo para deliberar sobre el particular y para cerciorarse de que el texto está en orden. 
En eso se basa toda la cuestión y ha hecho usted bien en suscitarla. 
Señor Presidente, he insistido una y otra vez en este Parlamento en que la Presidencia nos informe pronto acerca de la marcha de nuestras propias reformas en materia de personal, y quisiera ser el primero en mencionar que ayer recibimos una carta de la Presidenta sobre el particular. 
La carta no llevaba fecha pero supongo que se envió ayer. 
Sea como fuere, quiero hacer constar una vez más que necesitamos más información. 
En su carta, la Sra. Fontaine dice lo siguiente: "Creo que ha llegado el momento de comunicar a todos los diputados el mayor número posible de detalles". 
Me parece que su carta no contiene "el mayor número posible de detalles", pues la mitad de la carta es para el Sr. Prodi. 
Me gustaría pedir a la Mesa y a la Presidencia que diera al Parlamento, lo antes posible, una comparación entre las reformas de personal propuestas por esta institución parlamentaria y las reformas propuestas por la Comisión. 
Teniendo en cuenta que el 28 de octubre la Comisión adoptó su nueva estrategia en materia de personal, me parece que ha llegado el momento de sostener un primer debate en este Parlamento con el Sr. Kinnock acerca de sus reformas y con la Presidencia acerca de sus reformas, para que los diputados estén debidamente informados de la situación. 
Hemos de tener la posibilidad de discutir esta cuestión y de comprender por qué la Presidencia de este Parlamento propone en un momento dado cambios radicalmente diferentes de los que propone la Comisión. 
Como muchos otros colegas, a mí también me preocupa esa discrepancia. 
Señor Harbour, lo que usted quería suscitar lo ha explicado bien y la Mesa lo ha entendido igualmente bien. 
El Parlamento, a fin de cuentas, es una entidad soberana. 
Puede estar seguro de que transmitiré su mensaje en los términos más firmes que sea posible a la Presidencia, para que pueda resolverse esta cuestión. 
Estoy seguro de que todos saben que en la actualidad hay un debate en curso en el seno de la Comisión. 
Mientras la situación general no quede aclarada, el Parlamento no puede llegar a ninguna conclusión firme 
No tengo la carta frente a mí, pero en ella la Presidenta ha indicado que la Conferencia de Presidentes y la Mesa eran unánimes en el punto de vista que han adoptado. 
Como ya he dicho, el Parlamento es una entidad soberana y la cuestión queda en espera de nuevo debate. 
No hay duda alguna acerca de eso. 
(El Acta de la sesión anterior queda aprobada) 
Espacio Europeo de la Investigación (Programas marco plurianuales 2002-2006 de la CE y de la CEEA)) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los dos informes siguientes: 
(A5-0376/2001) de Gérard Caudron, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa Marco plurianual de la Comunidad Europea 2002-2006 de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a facilitar la creación del Espacio Europeo de la Investigación (COM (2001) 94- C5-0087/2001- 2001/0053 (COD) ); 
(A5-0355/2001) de Gérard Caudron, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa al Programa Marco plurianual de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) 2002-2006 para actividades de investigación e información, destinado a facilitar la creación del Espacio Europeo de la Investigación (COM (2001) 94- C5-0171/2001- 2001/0054 (CNS) ). 
También quiero agradecer el debate que ha suscitado. 
En verdad, ha intentado hacer realidad el debate ciudadano amplio al que se ha referido antes. 
Ha procurado hablar con muchas personas, en el Parlamento y fuera de éste, en los círculos de investigadores, con objeto de poder desarrollar un debate inteligente y preparar un buen compromiso. 
Yo debo manifestar que, desde el punto de vista de la Comisión de Presupuestos, apoyo el informe del ponente, pero me encuentro en una posición contradictoria, ya que al mismo tiempo debo anunciar que mi Grupo tiene reservas y no va a votar afirmativamente la totalidad del informe. 
Sin embargo, ahora me corresponde intervenir en primer lugar en mi calidad de ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos. 
Desde esta perspectiva, hay que reconocer que el presupuesto del Sexto Programa Marco de Investigación se inscribe dentro de un marco adecuado. 
Se ha introducido un ligero incremento, pero al mismo tiempo no se han rebasado los límites de la rúbrica, es decir que el programa se mantiene dentro de un marco prudente y adecuado en el aspecto técnico presupuestario. 
Yo creo que con esta propuesta también podremos generar un auténtico valor añadido europeo. 
Se han discutido asimismo con la Comisión las posibilidades de simplificar el procedimiento, dado que la Comisión de Presupuestos también desea agilizar la aprobación. 
La Comisión ha presentado buenas propuestas en este sentido y confiamos mucho en que esta agilización del procedimiento será posible, de manera que los participantes en los proyectos puedan obtener más pronto los fondos. 
Al mismo tiempo, por nuestra parte volvimos a insistir en la necesidad de que se preste la debida atención a los participantes más modestos y que los pequeños proyectos no queden descartados en el contexto de la simplificación del procedimiento, puesto que se han realizado muchos trabajos importantes justamente en el ámbito de los pequeños proyectos. 
También existe una pequeña nota de amargura, que afecta en particular a nuestro Grupo, concretamente, el tema de las energías renovables y de los recursos de Euratom. 
En este contexto, yo debo manifestar, desde la perspectiva de mi Grupo, que nos preocupa que las energías renovables no se hayan ampliado todo lo debido y, sobre todo, que se dediquen excesivos recursos al tema de la fusión. 
- (IT) Señor Presidente, en mi calidad de ponente para opinión de la Comisión de Libertades sobre el informe Caudron, deseo felicitar al señor ponente y agradecerle, en nombre de nuestra comisión, el complicado trabajo realizado. 
Su informe articula de manera equilibrada todos los motivos principales en que debe centrarse la atención de las Instituciones europeas en lo que se refiere a la investigación científica y al posible desarrollo tecnológico y social. 
La Comisión de Libertades hace especial hincapié en la necesidad de que la promoción pública de la investigación se haga con la máxima transparencia y participación de los ciudadanos. 
Una sociedad europea del conocimiento, como la que la Unión se propone alcanzar, además de amplias iniciativas de alfabetización, incluso científica, de todos los ciudadanos, necesita una cada vez más intensa y activa participación de estos últimos en las decisiones sobre el destino de las inversiones en este terreno. 
En otras palabras, los ciudadanos que no son especialistas en la materia no solo deben disfrutar o, a menudo, sufrir los logros de la ciencia, sino que han de decidir junto con los expertos los objetivos que la investigación ha de perseguir. 
Y es según este criterio que se ha de medir la validez de una política europea de la ciencia. 
Y el informe Caudron se refiere justamente a estos aspectos. 
Considero que el informe Caudron alude a la transparencia y al carácter democrático de las decisiones en el ámbito de la investigación científica también cuando, en lugar de referirse a los principios del Derecho natural que, por otra parte, reúnen sólo ciertas autoridades, se refiere a las Cartas de Derechos, a los documentos realmente aprobados y reconocidos por nuestras Instituciones en lo que respecta a los problemas éticos de la investigación. En el campo de la investigación sobre las células estaminales, por ejemplo, esto significa respetar la sensibilidad de la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos, de un lado, excluyendo que se produzcan células estaminales para la investigación, y del otro, permitiendo que la investigación se realice sobre aquellas células supernumerarias que estarían destinadas a la destrucción. 
En estos y otros temas creo que se ha de respaldar el informe Caudron. 
. (IT) Señor Presidente, la Comisión europea propone un importe de 17 millardos de euros como reconocimiento de la importancia de la investigación y de la innovación tecnológica en Europa. 
Desgraciada y frecuentemente, los proyectos de investigación no logran el éxito esperado que permitiría acceder a la competencia mundial y la Unión europea no ejerce el atractivo suficiente para recuperar a los investigadores de alto nivel que han optado por trabajar en el extranjero. 
El nuevo programa debería aportar unos cambios: primero, concentrar las ayudas financieras en un número restringido y definido de temas prioritarios para Europa; segundo, invitar a los investigadores a una colaboración más sistemáticamente estrecha; tercero, aumentar la movilidad de los investigadores creando en Europa un ambiente de trabajo más atractivo para ellos. 
En el ámbito de estas prioridades se encuadran las 42 enmiendas presentadas por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y acogidas en su inmensa mayoría, por lo que doy las gracias al ponente y a la Comisión de Industria, competente para el fondo. 
Estas enmiendas se refieren al tema del empleo, la salud y la seguridad en el puesto de trabajo, al acceso al trabajo de las personas con discapacidad, a las pequeñas y medianas empresas y a los centros de investigación de la Comunidad Europea. 
En lo que respecta al empleo, hemos visto aprobar una enmienda en la que se pide ampliar la investigación al desarrollo de los sistemas operativos y de los equipos informáticos en Europa, al objeto de potenciar el empleo y romper la fuerte dependencia que actualmente tenemos con los Estados Unidos y Japón en este campo. 
Éste es un sector neurálgico para la nueva economía y podría suponer enormes riesgos de cara al crecimiento económico y ocupacional. 
Se ha pedido asimismo una iniciativa en lo referente a la seguridad y a la salud en los centros de trabajo con el fin de fomentar el acceso al trabajo de las personas socialmente excluidas y minusválidas como las personas con discapacidad. 
También la ayuda a la investigación para las pequeñas y medianas empresas se ha acogido ampliamente- del 15% se ha pasado al 30% -y lo mismo se puede decir para los Centros Comunes de Investigación con los 725 millones de euros. 
Por último, señor Presidente, quiero expresar mi opinión favorable a la aprobación, puesto que la ciencia y la investigación están al servicio de la gente, por ese derecho a la vida que nadie está autorizado a comprometer. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha examinado detenidamente el Programa Marco de Investigación. 
Como resultado, presentamos a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, competente para el fondo, cuatro propuestas sobre los temas del desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y otros, que aquélla hizo suyos en su mayor parte. 
Nuestra atención se centró en el tema de la investigación médica, en el que nos parecía más necesario introducir modificaciones con respecto a la propuesta de la Comisión. 
El enfoque de la Comisión, que limita el apoyo en el ámbito de la salud a la biotecnología, es demasiado restringido. 
Existen otros campos de investigación muy prometedores desde el punto de vista de la salud y que es preciso apoyar. 
Yo agradezco al colega Caudron que se haya pronunciado en este sentido y también a los ponentes "en la sombra" y especialmente al Sr. van Velzen, que lo apoyaron asimismo. 
Lamentablemente, la Comisión de Industria no ha aceptado nuestros planteamientos en lo que respecta a los límites éticos de la investigación médica. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor se pronunció claramente a favor de la investigación y la curación de las enfermedades, pero también de que se establezcan unos límites claros en defensa del respeto de la dignidad humana. 
Nuestra comisión pide, en particular, que se excluya del Programa Marco de Investigación la investigación con embriones humanos. 
Esta prohibición es necesaria no sólo porque está en juego la vida humana, sino también porque es preciso prevenir el riesgo de que el cuerpo femenino llegue a ser considerado como fuente de materia prima para la industria. 
La investigación no es posible si no dispone de óvulos femeninos y la donación de óvulos resulta muy gravosa y constituye un riesgo médico para una mujer. 
Por esto muchas feministas también se oponen a la investigación con embriones. 
La Comisión de Industria no ha hecho suya esta propuesta, como ya he indicado. En consecuencia, yo he presentado, junto con el colega Fiori, una enmienda que se sitúa en la línea de la posición de la Comisión de Medio Ambiente. 
Esta es también la orientación que se está siguiendo en los Estados Unidos. Se acepta la investigación con células madre, pero no la investigación con embriones. 
A los americanos se les pueden reprochar muchas cosas, pero no que sean contrarios a la investigación. 
Por consiguiente, yo les pido que apoyen la enmienda 332 de los colegas Fiori, Liese y otros. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera dar las gracias al Sr. Caudron por su informe. 
La Comisión de Cultura tiene varias razones para congratularse por este informe, en especial porque integra muchas de las preocupaciones de la Comisión de Cultura que figuraban en mi opinión, como son las tecnologías y las infraestructuras para la digitalización de las creaciones y las obras, la protección y la explotación del patrimonio histórico y cultural, las prácticas de dopaje- ya que la Comisión de Cultura es también la de Juventud y Deporte -, la historia de Europa, la formación a distancia y la movilidad de los investigadores. 
Lamento que haya desaparecido de esta lista el cine digital, es decir, el cine del futuro, que quizás habría necesitado investigaciones especiales. 
Espero que los programas específicos puedan corregir este olvido. 
Quisiera decir que soy feliz de que las ciencias humanas como tales se hayan reconocido como objeto de ciencia y no sólo como instrumento para otras ciencias. 
Constituyen una disciplina de pleno derecho, y el hecho de este sexto programa marco otorgue a las ciencias humanas ese lugar representa un paso adelante. 
Quizás el título de la séptima temática era el bueno: investigación social y cultural. 
Lamento que haya pasado a ser "ciudadanos, democracia e instituciones sociales y políticas". 
Creo que el primer título era bueno. 
Y si el título hubiera sido "investigación social y cultural", quizás habría sido más fácil integrar correctamente la investigación sobre las mujeres, y no sólo por las mujeres, como veremos en la línea Ciencia y sociedad. 
Lamento que el "sobre las mujeres", como también la filosofía recogida en su momento en sus informes intermedios, señor Caudron, no se hayan mantenido hasta el final de sus trabajos. 
Para concluir, he observado también, a medida que se sucedían los informes, una transformación con respecto a la cuestión de los centros de excelencia, que se han convertido en la Escalera de excelencia. 
En efecto, en la Comisión de Cultura teníamos mucho interés en que la investigación no se reservase solamente a una élite, sino que pudiese ser compartida: compartida por los jóvenes investigadores, por las instituciones múltiples y por los centros universitarios, a la hora de construir el Espacio Europeo de la Investigación. 
Veo, pues, que esto también se ha modificado. 
Por lo demás, la línea Ciencia y sociedad se ha duplicado, y me alegro, porque la cuestión del "por las mujeres" está en el centro de esta línea Ciencia y sociedad. 
Es una preocupación de la Comisión de Derechos de la Mujer, pero también de la Comisión de Cultura. 
Señor Presidente, en mi calidad de ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, yo he presentado una serie de enmiendas, encaminadas sobre todo a enraizar el principio de la integración del factor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el Sexto Programa Marca de Investigación. 
A fin de cuentas, con un montante de alrededor de 17.000 millones, éste es el programa de mayor envergadura que vamos a aprobar. 
La mayor atención a otros temas también ha supuesto, como acaba de exponer la Sra. Fraisse, que el papel de las mujeres en la investigación y el pleno desarrollo de todo el potencial humano en el ámbito de la investigación y la ciencia hayan quedado relegados a un segundo plano. 
En 1999, un 66% del personal de investigación en el sector estatal y un 72% en el sector universitario era masculino. 
La proporción de mujeres superaba el 40% sólo en un par de países, concretamente en Irlanda y Grecia. 
En el sector universitario, su participación sólo era equilibrada en Portugal, con un 53%. 
Las mujeres están especialmente subrepresentadas en el sector de la enseñanza académica en Alemania, con un 9%. 
La proporción más alta se registra en Finlandia, con un 36%. 
Por lo tanto, la participación de las mujeres en la investigación y la enseñanza, desde la planificación hasta la ejecución de los proyectos, pasando por los puestos de decisión, así como en las convocatorias de premios y concursos de iniciativa europea en todas las disciplinas, interesa a Europa y aporta un valor añadido. 
Ya planteé esta petición ante el Pleno en el contexto del debate del informe de Eryl McNally sobre las mujeres y la ciencia, y la Comisión ha creado para su transposición una unidad de "Integración de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas generales", que ya puede anunciar sus primeros éxitos. 
Gracias a los esfuerzos orientados a este fin, se ha conseguido que la participación de las mujeres en los órganos científicos de la UE, así como en las becas de formación "Marie Curie", se aproxime al 40%. 
Es necesario continuar impulsando los buenos resultados conseguidos con el Quinto Programa Marco. 
La duplicación del presupuesto del apartado "Ciencia y Sociedad" puede servir para este fin y en su contexto se deben apoyar también los estudios de género.. 
Una última observación, la versión del texto en mi lengua se tendría que reescribir por completo en un lenguaje no sexista, a fin de dejar patente, sobre todo para las jóvenes científicas, el cambio de orientación con vistas al futuro. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero dirigirme en primer lugar a la ponente, y felicitarla sinceramente por el resultado y también por la forma increíblemente buena en que ha tenido lugar la colaboración. 
Usted ha encontrado un método innovador, por lo que le damos francamente las gracias. 
Eso también se aplica, claro está, a los ponentes ficticios McNally, Piétrasanta y Plooij-van Gorsel. Hemos colaborado bien los unos con los otros. 
Asimismo, unas palabras de agradecimiento a mis propios colegas, que han puesto un enorme empeño en este expediente. 
Éste es realmente nuestro resultado común, y también espero que la Comisión esté dispuesta a tomárselo tan en serio como el Consejo. 
Hemos desarrollado una estructura gracias a la cual todo ha quedado más claro dentro de los estrechos márgenes de que disponemos. 
Se ha hecho más hincapié en las biociencias; se ha establecido un mejor vínculo entre la investigación del genoma humano y las enfermedades ligadas a él; se ha prestado mucha más atención a un paquete conjunto de política industrial, sociedad de la información, nanotecnología, y también navegación aérea y espacial. 
Asímismo, también se ha prestado considerablemente mayor atención a la seguridad alimentaria. 
Además, hemos concedido mucha más prioridad al transporte, mucha más atención a la energía, al contrario que la Comisión. 
La agricultura también se ve más implicada en esta cuestión. 
Resumiendo, en mi opinión, el paquete resulta mejor ahora. 
Considero, asímismo, que el presupuesto es muy importante. 
Hemos mantenido expresamente nuestra promesa realizada al Consejo de no aumentar más el presupuesto. 
Hemos desplazado algo las prioridades. 
También hacemos un llamamiento urgente al Consejo a fin de que acepte ahora nuestro presupuesto y no se ande con mercadeos, ya que eso inicia la guerra. 
Tenemos que darnos claramente cuenta de que la contribución de la Unión Europea a la investigación de los Estados miembros a través de los Gobiernos nacionales y la industria está ciertamente limitada, pero también resulta esencial. 
Precisamente, si desde la Unión Europea podemos realizar un trabajo complementario, existirá un gran valor añadido. 
No por nada hemos introducido un cuarto instrumento a fin de que el paso del quinto al sexto programa se efectúe de la mejor forma posible y también puedan realizarse proyectos a pequeña escala. 
Se ha reservado alrededor de un 15% a las pequeñas y medianas empresas y, ésa es también una de nuestras prioridades. 
Señor Presidente, la descentralización del sexto programa marco es importante, pero al mismo tiempo, resulta esencial que no encomendemos un trabajo administrativo enorme a los nuevos proyectos integrados de los centres of excellence. 
Por ello, opino que nuestras enmiendas son muy buenas. 
Por una parte, hay que crear un marco en el que pueda desarrollarse la investigación, por otra, hay que crear un margen a fin de que las enfermedades existentes que tienen su origen en un factor genético puedan contar con una solución gracias a una investigación más profunda. 
Nuestro mayor desafío ha sido encontrar ese equilibrio, y espero que lo hayamos logrado. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al ponente, Sr. Caudron, y al Comisario Busquin, que nos han ayudado a trabajar con eficiencia, así como a los ponente auxiliares. 
El Sexto Programa Marco representa la primera manifestación del Espacio Europeo de la Investigación, que es una consecuencia de la Cumbre de Lisboa y de su deseo de que tengamos una economía basada con éxito en los conocimientos, debido a la firme correlación entre la investigación y el desarrollo y el éxito en el plano económico- inadecuado en la mayor parte de los países de la UE, hecha excepción de Escandinavia, si me permiten que lo diga. 
Nos agrada que se haga hincapié en la consecución de un valor añadido europeo, en vez de dispersar los limitados fondos en toda la gama de investigaciones realizadas. 
Por eso me satisface que estemos hablando ahora de investigaciones muy adelantadas, particularmente en esferas como la nanotecnología, cuya importancia futura es considerabilísima. 
Ahora bien, en las propuestas hay algunas deficiencias que nos gustaría subsanar. 
No hace falta decir que incluyen cuestiones relativas a la salud, aparte de las investigaciones estrictamente posgenómicas, la energía no nuclear, la ordenación de tierras y el transporte de agua. 
Trataré a continuación de las actividades internacionales porque el Programa Marco de investigación tiene que reflejar también lo que sucede fuera de la UE. 
Es esencial que dispongamos de fondos para fines concretos en materia de investigaciones cooperativas internacionales- sugerimos que asciendan a 400 millones de euros- y que por lo demás recalquemos sobre todo las investigaciones, particularmente sobre el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis. 
Tenemos que conseguir que los países que padecen esos flagelos participen en la investigación. 
Las cantidades asignadas en la propuesta del Comisario para las ciencias y la sociedad son inadecuadas. 
Proponemos que se dupliquen los gastos destinados a ciencias y sociedad. 
No creemos que el hecho de tener un programa concreto con una gestión única se preste a la transparencia y a la supervisión adecuada. 
En consecuencia, espero que nuestra sugerencia logre que podamos contar con la apertura y la buena gestión en cada parte individual de los programas. 
Acogemos con agrado las redes de excelencia y los proyectos integrados, pero tenemos que mantener mecanismos más modestos en las primeras fases. 
Hemos de hacer todo lo que sea preciso para evitar la creación de monopolios científicos. 
Me alegra que se haya asignado una nueva misión al CCI. 
He formado parte del grupo de trabajo del Sr. Davignon y no cabe duda de que su labor corresponde a las opiniones del grupo de trabajo. 
En cuanto a la sección del Sexto Programa Marco correspondiente a Euratom, tengo dudas muy profundas acerca de si el proyecto ITER se llevará a cabo y mi opinión personal- y no se trata de la opinión del ponente- es que, por lo tanto, no se precisa una financiación especial. 
Sea como fuere, se dispondrá de ella. 
Los programas marco son uno de los grandes éxitos de la Unión Europea. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al Comisario Busquin por la forma en que se han preparado las propuestas, por su atención y por la buena colaboración que hemos mantenido. 
Quisiera también dar las gracias muy sinceramente al ponente Gérard Caudron, porque ha prestado una atención irreprochable a todos los Grupos políticos, ponentes alternativos, etc. Hemos trabajado bien con él. 
Creo que ha hecho lo máximo que podía hacer. 
Aunque existen ciertas divergencias sobre algunas conclusiones, el trabajo ha estado bien hecho. 
Gracias también a mis colegas, ponentes alternativos. 
Quisiera decir que este informe sobre el sexto programa marco sobre la investigación europea es el gran informe del momento, con el valor añadido europeo, también con su carácter innovador, como había propuesto el Comisario, con redes de excelencia y proyectos integrados: tenemos mucho por hacer. 
Hay también avances importantes en lo que se refiere a los jóvenes, las becas y las mujeres, para evitar la fuga de cerebros. 
No se puede ignorar todo lo que se propone, con espíritu innovador, en este sexto programa marco. 
Hay tres puntos muy importantes en los que los Verdes tienen gran empeño. 
En primer lugar, las cuestiones de ética: queremos excluir de la financiación por parte de la Comunidad las modificaciones de la línea genética humana y la creación de embriones humanos por razones terapéuticas. 
Del mismo modo, queremos excluir de la financiación las investigaciones en que se empleen embriones supernumerarios y células madre de embriones supernumerarios. 
Por lo que he entendido, creo que llegaremos a un acuerdo entre todos los Grupos políticos sobre estos puntos. 
En segundo lugar, deseamos una evaluación de la repercusión de las nuevas tecnologías, por ejemplo, de las radiaciones electromagnéticas: ¿cuál es su efecto sobre la población, sobre la salud, etc.? 
En tercer lugar, deseamos un mayor equilibrio entre las investigaciones sobre las energías renovables y la nuclear. 
Diría, como mi colega Eryl MacNally, que no somos partidarios de aumentar más el presupuesto del sector nuclear o del proyecto ITER, que sólo se realizará a muy largo plazo, y que queremos que los créditos de investigación para las energías renovables y el sector nuclear estén más equilibrados. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar me gustaría hacer hincapié en que no hablo en nombre del Grupo ELDR. 
Hay muchos colegas que han trabajado en esta materia, que están en camino, pero que quizá no alcancen a llegar a la votación. 
Si nos fijamos en el programa y en los temas de investigación, casi no existe un programa que no sea dirigido políticamente. 
Esto está en abierto contraste con la opinión de Manuel Castells- lo llamaremos investigador social- y del filósofo finlandés Pekka Himanen sobre las causas del éxito de Finlandia como sociedad de la información. 
En su algo difuso libro comprueban que nuestra política tecnológica y de innovaciones tiene éxito porque contamos con un órgano autónomo central que se ocupa del desarrollo tecnológico. 
A mi juicio, esto es algo que debería hacernos reflexionar. 
En otras ocasiones se acostumbra a elogiar la política finlandesa de innovaciones. 
Además, quisiera subrayar una cosa que me molesta en esta propuesta, esto es, que la investigación social que se propone estaría ubicada en un sitio erróneo, bajo la DG Sociedad de la Información. 
Esta clase de investigación no debe estar allí. 
No entiendo cómo ha llegado a suceder esto. 
Es sabido que el interés por los temas de investigación se ha centrado en torno a las células madre. 
Hoy podemos adoptar tranquilamente una decisión respecto a la propuesta Caudron. 
Ésta demuestra también la humildad y el respeto necesarios para enfrentarse a los temas de investigación. 
En mi opinión, los que dicen que hay que dedicarse especialmente a las células madre de personas adultas no demuestran la humildad que hay que tener frente a este nuevo campo de investigación. 
Trabajando en la transitoria Comisión de Genética Humana he aprendido que sabemos muy poco. 
Hay que seguir los viejos principios y continuar en los diferentes ámbitos. 
Además, he aprendido que los proyectos de investigación para los dos tipos de células madre son interdependientes. 
Por eso deben tener la misma prioridad. 
Creo que es muy importante que podamos continuar siendo una sociedad con éxito. 
Espero que estos comentarios no hayan sido demasiado sorprendentes; la intención es que conduzcan a la reflexión de quienes están interesados en que nuestros investigadores continúen realizando buenas investigaciones. 
Señor Presidente, a través del programa marco, se usarán en actividades científicas durante los próximos años 17.500 millones de euros con cargo a los fondos de la UE. 
La magnitud de esta suma es una muestra de la importancia que reviste esta cuestión. 
El procedimiento de codecisión resta poder a la Comisión para conferírselo al Parlamento. 
Y ello está muy justificado en este asunto. 
Cabe apoyar el modelo del Sr. Caudron sobre la coordinación y gestión de los programas, así como su propuesta de que también se informe y se consulte al Parlamento en la toma de decisiones pormenorizada del programa marco. 
Los campos temáticos priotarios elegidos por la Comisión están bien fundamentados, como lo están también las prioridades complementarias que el Parlamento ha fijado para los mismos, y no todos ellos tratan simplemente de las tecnologías de la información y de la inteligencia artificial. 
La salud de las personas depende de lo que comen. 
Está justificado destinar fondos a la investigación de todos los aspectos de la cadena alimentaria. 
Las nuevas biotecnologías afectan a los principios éticos relacionados con todas las formas de vida, por lo que estas tecnologías también deben ser implementadas con los conocimientos de la antropología y otras ciencias humanas. 
La ciencia no debe estar supeditada a la ética de las grandes empresas y, por lo tanto, debe ser financiada con fondos públicos. 
Puesto que la existencia de un entorno saludable depende, en gran medida, de la producción energética, muchas de las enmiendas del Parlamento tienen como objetivo mejorar la investigación en el ámbito de las nuevas formas de energía. 
También estaría justificado destinar más recursos de los propuestos por la Comisión a la investigación de la fusión termonuclear. 
Existe la necesidad de construir otro reactor como el de Tokamak para uso común tanto de los Estados miembros, como de Suiza, Canadá, Japón y Rusia. 
Debido a los recortes en la financiación, este importante proyecto se va aplazando, con lo cual se retrasa aún más la posibilidad de pasar a producir energía mediante reactores de fusión, situada ya a cincuenta años vista. 
En la elaboración del programa marco no se ha prestado la debida atención al funcionamiento del Centro Común de Investigación de la UE. 
También éste gasta fondos destinados a la ciencia. 
Durante el período de los próximos cinco años, hay que clarificar cuál su posición en el ámbito conjunto de la investigación y la comunidad científica de la UE y de cada uno de los Estados miembros; no hay que derrochar los recursos destinados a la investigación. 
Señor Presidente, quisiera manifestar mi preocupación por el hincapié que hace la Comisión en los grandes proyectos de integración, que tendrán repercusiones graves para las pequeñas empresas de base comunitaria que han sido promovidas en el marco de programas de desarrollo rural y de investigaciones en el sector agroalimentario y sectores conexos. 
En la actualidad ha quedado claramente establecido que programas asistidos por la UE como, por ejemplo, Leader, poseen el potencial necesario para crear empleo sostenible en zonas rurales en las que hubieran fracasado programas más centralizados. 
No tengo tiempo para concentrarme en la necesidad de seguir desarrollando investigaciones en el sector alimentario ni en el potencial de las nuevas tecnologías para mejorar la diversificación de los productos, su calidad y la satisfacción del consumidor. 
¿Cuándo cabe esperar que haya una opinión clara y definitiva sobre el potencial o lo que sea de la investigación genética para aplicarla a la agricultura práctica? 
Los retrasos en esta esfera se están traduciendo en la confusión de los consumidores y es posible que estén privando a la agricultura europea de los medios necesarios para su sostenibilidad, calidad y competitividad. 
¿Qué hemos aprendido con los recientes sustos producidos por la fiebre aftosa y la EEB? 
¿Sabemos lo que hay que hacer para evitar que se repita la experiencia desmoralizadora de una epidemia de fiebre aftosa que escapa a todo control? 
Por último, y no por vez primera, quisiera manifestar mi preocupación acerca de la investigación sobre embriones humanos. 
Este Parlamento tiene que instituir los controles más rigurosos que sea posible en esta esfera. 
Señor Presidente, el informe Caudron amenaza con convertirse en problemático desde la perspectiva ético-cristiana. 
Las actividades controvertidas no deben contar con ningún apoyo activo de la Unión. 
Además, la comunidad de valores que la UE ambiciona como fin último se ve amenazada. 
No es posible negociar la intervención en la vida creada por Dios. 
Éste tiene que constituir el punto de partida. 
En ese sentido, no se puede justificar en absoluto que la investigación sobre los embriones supernumerarios sea financiada con medios comunitarios. 
Los ciudadanos se ven obligados a cofinanciar una investigación que es sancionable en un Estado miembro como Alemania y contra la que se han pronunciado algunos parlamentos nacionales. 
Un problema vinculado a ello son las consecuencias que conlleva para los países vecinos de un Estado miembro que cuenta con una normativa menos estricta. 
El desplazamiento de la investigación europea hacia ese Estado miembro socava la efectividad de las reglas. 
Las diferencias en materia de ética no pueden conducir a que ésta sea utilizada como factor de competencia. 
Eso también daría lugar a un brain drain. 
El establecimiento de un espacio europeo de investigación servirá de catalizador. 
De ahí que haga un serio llamamiento a todos a fin de que respalden mis enmiendas. 
Europa debe esforzarse por encontrar una solución a esta problemática transfronteriza que nos acecha ¿Ha estudiado esto la Comisión? 
Por último, señor Presidente, la financiación no merece un lugar central en el marco de la investigación de los problemas transfronterizos, sí la colaboración. 
La financiación de la investigación de los embriones supernumerarios dificulta esta colaboración. 
Señor Presidente, Señorías, yo acojo con sincera satisfacción la propuesta de la Comisión relativa al Sexto Programa de Investigación, sobre todo la coordinación a escala de toda Europa y la especial atención a la investigación fundamental. 
Me preocupan dos aspectos. 
En primer lugar, en este Asamblea los ánimos están divididos, en lo que respecta a la definición de los principios éticos fundamentales, entre la prohibición absoluta de la investigación con células madre embrionarias, por un lado, y por el otro, su autorización. 
Cada uno deberá adoptar, sin duda, su propia decisión personal sobre dónde se debe trazar la línea divisoria entre una mera aglomeración de células y una vida humana. 
Se trata de un problema de conciencia con profundas implicaciones. 
No obstante, yo quiero hacerles notar que la investigación con células madre embrionarias está prohibida en algunos Estados miembros, entre ellos también en Austria. 
No es aceptable que en un Estado miembro se financie con fondos de la Unión una investigación que está prohibida en otro. 
En segundo lugar, en el marco del programa Euratom se ponen a disposición fondos para la investigación por un montante de 1.200 millones. 
Más de dos terceras partes de los mismos se destinan a la investigación nuclear. Los temas relacionados con la seguridad ocupan sólo un lugar secundario. 
Yo creo que es imprescindible intensificar la investigación sobre las fuentes de energía no nucleares y echo en falta este enfoque. 
Señor Presidente, el sexto programa marco de la Unión Europea, incluye temas relacionados con regiones de prioridad absoluta, pero también campos de investigación vanguardista de la cual esperamos grandes avances científicos. 
Quiero llamar su atención sobre la innovación que constituye la investigación sobre el genoma humano. 
Se espera que esta investigación en el futuro se aplique en cuatro sectores de la medicina: primero, en las enfermedades de carácter hereditario, segundo, las enfermedades asesinas más conocidas, es decir, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las neurodegenerativas, tercero examinar los mecanismos de evolución de las distintas enfermedades, que conducirá a descubrir nuevos tratamientos y medicamentos más eficaces y, cuarto, a la prevención de enfermedades. 
El nuevo conocimiento del material genético humano ayudará a que comprendamos mejor los puntos del potencial genético frágiles y vulnerables a los ataques y presiones medioambientales, así como a las costumbres de nuestras vidas, para que se dé la posibilidad de desarrollar nuevas estrategias para prevenir, diagnosticar y curar las enfermedades que he referido. 
Además, la investigación con células estaminales, posiblemente pueda tener nuevas aplicaciones en tratamientos de enfermedades, como por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, Alzheimer, leucemias y muchas más. 
Sin embargo, la investigación en estos campos debe estar limitada para que no se creen problemas éticos. 
Este es el objetivo de la enmienda que he presentado junto con mis Sres. colegas, los Sres. 
Purvis y Nisticò. Esta enmienda permite desarrollar la investigación innovadora que he descrito, guardando el equilibrio no sea que os encontremos ante problemas éticos. 
Así, aspiramos a tener en algún momento las aplicaciones favorables que esta investigación promete para la medicina en el futuro. 
Quiero creer que el Parlamento Europeo va a votar a favor de esta línea que limita y que guarda el equilibrio correcto entre el progreso y la ética. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente de este informe por el excelente método de elaboración empleado, en cuyo desarrollo ha existido la voluntad de acoger todos los puntos de vista de los colegas. 
Muchos de los miembros de la comisión hemos estado preocupados por las posibilidades de participación de las PYME en el programa marco, puesto que la propuesta original de la Comisión no determina esas posibilidades con la suficiente precisión. 
La Comisión propone las llamadas tareas horizontales, en cuya realización se hace bastante difícil la participación de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo al principio. 
Por ello, son necesarias propuestas como las aprobadas por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, cuyo objetivo es garantizar la continuación de instrumentos de las características del ya existente proyecto CRAFT. 
Lo mismo hay que decir en relación con la prima exploratoria. 
Las empresas ya se han acostumbrado a estos instrumentos, a través de los cuales se han conseguido muchas cosas positivas. 
Esto es abordado por la enmienda 265. 
Se ha propuesto que la cuota de las empresas sea del 15 por ciento de la financiación total. 
Este aspecto también deberá ser concretado cuando se proceda a adoptar las decisiones definitivas sobre el desglose orientativo de la financiación. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al ponente por lo mucho que ha trabajado y por las numerosas adiciones a las propuestas de la Comisión, particularmente acerca de la salud y la enfermedad y el transporte sostenible. 
Ahora bien, todo esto quedó perjudicado en la comisión parlamentaria por lo que el Sr. Van Velzen ha mencionado ya como resultado conjunto. 
Las propuestas sobre salud y transporte quedaron muy debilitadas. 
Nuestros ciudadanos querrán saber por qué queremos gastar más y más en investigaciones espaciales y no en transporte sostenible. 
Las investigaciones espaciales no son su prioridad. 
En cuanto a la ética en la biotecnología, las propuestas permiten que se financien investigaciones acerca de la modificación de la línea germinal de los seres humanos. 
Eso es inaceptable para las ciencias tradicionales. 
Los Verdes han presentado una enmienda que es coherente con la posición de la mayor parte de los investigadores sobre el particular, y esa enmienda merece que la apoyemos. 
En las investigaciones sobre la célula madre, la producción de embriones humanos para la investigación es inaceptable y es muy inaceptable para la mayor parte de nuestros ciudadanos. 
El Comité Temporal Sobre Genética Humana ha llegado en este caso a conclusiones muy útiles y su informe debería haberse examinado antes de este debate. 
Ahora bien, se han presentado enmiendas en consonancia con sus propuestas y esas enmiendas también tiene que aceptarlas el Parlamento, de lo contrario nos hallaremos en conflicto abierto con nuestros ciudadanos. 
En cuanto a los OGM y a la citogenética, las propuestas que se adoptaron en la comisión parlamentaria pondrían en nuestra mesa alimentos genéticamente modificados que los consumidores europeos tendrían que aceptar, cosa que dista mucho de ser lo que quieren. 
También en este caso estamos en los prolegómenos de un conflicto abierto y eso no figuraba en las propuestas de la Comisión. 
Por lo que se refiere a la energía, precisamos una financiación equivalente para las energías renovables y la energía nuclear. 
Hemos consignado más de un millón de euros para la financiación nuclear y una cantidad que dista mucho de ser su equivalente para las energías renovables. 
También en este caso eso será totalmente inaceptable para nuestros ciudadanos. 
Si no queremos que haya un conflicto entre la ciencia y la sociedad, cosa que el Comisario ha hecho lo que ha podido por evitar, tendremos que revisar esas prioridades. 
Por ejemplo, las propuestas sobre la fusión son totalmente obsoletas. 
Tanto los Estados Unidos como el Japón están retirándose completamente de esa línea de investigación. 
Señor Presidente, señor Comisario, señores colegas, tenemos ante nosotros un texto muy importante, cuyo contenido no determinará sólo la financiación de la investigación por parte de la Unión Europea, sino que va a señalar las directrices y las prácticas en todos los Estados miembros y, especialmente en aquellos que, como Grecia, prácticamente no tienen un programa nacional de investigación. 
Una debilidad constatada de la investigación en la Unión Europea es la baja financiación. 
A pesar de ello, la propuesta de la Comisión Europea sobre el presupuesto global no responde a la necesidad de un aumento valiente de la financiación y, desgraciadamente, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, aunque haya añadido acciones, no ha aumentado el presupuesto. 
Un segundo problema grave es la orientación. 
El proyecto que estamos examinando deja poco margen para la investigación libre que, si bien no va a aportar resultados inmediatamente explotables, contribuirá al desarrollo del conocimiento y ofrecerá la base de las aplicaciones en las próximas décadas. 
Desde este punto de vista, consideramos que la propuesta de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía de reducir gastos en la llamada prioridad 8 no se halla en la dirección correcta. 
Esto, claro, no significa que estemos en desacuerdo con las siete prioridades temáticas propuestas. 
Tercer gran tema es quién va a beneficiarse de la financiación. 
La estructura del programa propuesto es tal que favorece directamente a las empresas, pero también indirectamente puesto que las directrices están adaptadas a sus necesidades. 
En nuestra opinión, la investigación de las empresas deben financiarla sus propios beneficios y no el presupuesto público. 
Paralelamente, nos tememos que haya grupos pequeños de investigación que encuentren dificultad para ser financiados, aunque en este punto, las enmiendas de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía van a facilitar las cosas. 
Una observación sobre el programa EURATOM, tan prudentes como debemos ser en cuanto a la fisión nuclear, otro tanto deberemos esperar que el desarrollo de la fusión dé soluciones al problema del abastecimiento energético a largo plazo. 
Desde este punto de vista, me alegro de que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía proponga un aumento de la financiación del proyecto ITER. 
Finalmente, me temo que el debate sobre la llamada cuestión ética ha adquirido una dimensión mucho mayor de lo que debía y, más bien, ha actuado de forma desorientativa. 
La financiación pública de la investigación no es el medio adecuado para resolver tales problemas. 
Señor Presidente, sería una omisión muy grave por mi parte, no dar las gracias al Comisario, Sr. Busquin y a su equipo y, por supuesto, al ponente, Sr. Caudron, y a todos los ponentes en la sombra por la tremenda labor que han realizado. 
Señor Presidente, tanto el Sr. Caudron como la Sra. McNally mencionaron la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. 
Se han asignado 400 millones de euros para esa finalidad, pero esa cantidad figura en el presupuesto como "integración de la investigación europea" en la enmienda 339. 
¿Podría decirnos la Comisión si eso significa que la suma de dinero sólo se puede desembolsar en Europa o si es posible utilizar ese dinero para financiar la red panafricana de pruebas de la vacuna contra la malaria, pues allí, al revés de lo que sucede en la UE, se podría ya probar la vacuna contra la malaria sin pérdida de tiempo? 
Si los 400 millones de euros sólo se pueden gastar en Europa, ¿podría decirme la Comisión si existe algún concepto general que permita financiar la red africana? 
De no ser así, instaré al Sr. Van Velzen a que vuelva a considerar la posibilidad de aceptar una enmienda verbal de la enmienda 339, que situaría los 400 millones de euros en el renglón de actividades internacionales. 
Estamos discutiendo acerca de un programa de investigación que finalizará el año 2006. 
Para entonces, si no financiamos a la red panafricana, más de 400 millones de personas habrán fallecido en el África subsahariana y en otros países pobres, y lo más probable es que más de 50 años dedicados a la política de desarrollo queden arruinados. 
Eso es verdaderamente importante, así que aunque el Sr. Van Velzen no apoye esta enmienda verbal, confío en que la plenaria lo haga. 
Gracias, señor Presidente, gracias también, señor ponente, el sexto programa marco de "Investigación y desarrollo" es de una importancia capital tanto para nuestros Estados como para la Unión Europea. 
En efecto, la investigación debe tener como objetivo el desarrollo. 
De ese modo podremos obedecer las declaraciones del Consejo Europeo de Lisboa y hacer de la Unión Europea la zona más dinámica y eficiente del mundo, pero también tender hacia el pleno empleo, porque ¿de qué serviría la investigación si no persiguiéramos, juntos, ese objetivo? 
La elaboración y la aprobación del sexto programa marco de "Investigación y desarrollo" me parece la ocasión de poner en práctica esta posición de la Cumbre de Lisboa, y también de dar cuerpo a la Carta europea de la pequeña empresa, porque la empresa es un vector importante para la difusión de la innovación científica. 
Por ello, me alegro de que una parte no despreciable del programa (nada despreciable con respecto a las inmensas necesidades de otros ámbitos) se haya consagrado al desarrollo de la empresa, especialmente de la pequeña empresa y de la empresa artesanal. 
Hay que apoyar y fomentar la acción de investigación y de innovación en las PYME, y también facilitar su acceso a las mejores tecnologías, incluidas las del sector tradicional. 
Así, las empresas podrán responder a la exigencia del pleno empleo. 
Pero, entre esas empresas, quisiera citar las industrias biotecnológicas, que exigen una atención especial de nuestra parte porque se ocupan de las ciencias de lo vivo. 
El ser humano, en cualquiera de sus fases de desarrollo, ya sea un embrión o un adulto, nunca podrá constituir un material para tratar a otro ser humano. 
Financiar la investigación sobre las células madre de embriones y sobre los embriones supernumerarios sería contrario al principio de la dignidad humana, afirmado en varios de nuestros textos fundadores de la Unión Europea, y más recientemente en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. 
Además, esta investigación resulta ya superflua, puesto que la utilización de células madre adultas para tratar enfermedades incurables es muy alentadora. 
Señor Presidente, en consonancia con las declaraciones de las Cumbres de Lisboa y Estocolmo, y con el informe de este Parlamento sobre el futuro de la industria biotécnica, las ciencias biológicas son una cuestión de la máxima prioridad en el Sexto Programa Marco. 
Esa prioridad queda corroborada en el excelente informe del Sr. Caudron. 
El Parlamento tiene que seguir siendo coherente y añadir el apoyo al progreso que pueden prestar nuestros científicos y nuestros investigadores. 
Ahora bien, como representantes de los pueblos de Europa, los diputados de este Parlamento tienen que definir también los límites que instituirán un contexto ético apropiado para esos progresos. 
La investigación genética es muy prometedora para la prevención y cura de muchas de las enfermedades hereditarias que más teme el ser humano. 
Ahora bien, la técnica genética que se emplee para tal finalidad no debe ampliarse a la eugenesia. 
Las investigaciones con embriones no pueden conducir a la creación deliberada de embriones para la investigación, aunque podamos aceptar embriones supernumerarios de la primera fase originados genuinamente en una fertilización in-vitro, resultado de abortos espontáneos o de abortos terapéuticos dictados por el estado de salud de la madre, y que de todos modos se destinan a la destrucción, y que legítima y éticamente pueden estar a disposición de los Estados miembros para las investigaciones si hay una reglamentación y supervisión rigurosas. 
La enmienda presentada por el Sr. Trakatellis, el Sr. Nisticò y un servidor- la 333- procura restringir el texto actual y definir con mayor exactitud dónde deben hallarse esos límites. 
Se la recomiendo al Parlamento. 
Señor Presidente, en primer lugar yo quisiera hacer una observación relativa al dinero. 
17.500 millones de euros me parecen demasiado poco, sobre todo teniendo en cuenta los ambiciosos objetivos que no dejan de marcarse los europeos. 
Si pensamos en la futura ampliación de la Unión Europea, es en verdad poquísimo. 
En efecto, se trata de los recursos que más adelante se deberán destinar a 25 o incluso más Estados miembros, y son insuficientes. 
Sin embargo, es lo que hay. 
En cualquier caso, yo espero que el Consejo apruebe al menos estos 17.500 millones, pues de lo contrario- en esto le doy la razón al Sr. van Velzen- habrá problemas. 
La política europea de investigación se percibe en gran medida desde la óptica de la participación en los programas de investigación. 
Por lo tanto, yo insto encarecidamente a la Comisión a que haga todo lo posible para simplificar la presentación y examen de las solicitudes, de manera que los investigadores no tengan que dedicar su tiempo a rellenar papeles y puedan emplearlo realmente en la investigación. 
Una tercera observación relativa a la fusión. 
Esta es un tema de discusión permanente y yo también respeto las diferencias de pareceres. Sólo no puedo aceptar que se diga una cosa: que estas investigaciones tardarán mucho en dar fruto. 
De hecho, también instamos a los jóvenes a que empiecen a ahorrar pronto en previsión de la vejez, a pesar de que ésta también queda lejísimos desde el punto de vista de un joven. 
Análogamente, también esto es una medida de previsión. 
Nuestros descendientes ya decidirán luego si quieren construir una planta de fusión o no. 
Pero debemos ofrecerles esta alternativa. 
Yo siempre he considerado muy importante que la Unión Europea se ocupe también de cuestiones muy delicadas, que hasta ahora no estaban a nuestro alcance, como por ejemplo de desarrollar nuevos métodos para el rastreo y la retirada de minas terrestres. 
Ahora contamos, afortunadamente, desde hace algunos años con un programa de este tipo en la Unión Europea, que también ha logrado éxitos dignos de mención. 
Yo quiero abogar encarecidamente por que este programa tenga continuidad y se amplíe ambiciosamente, y por que se unifique en la medida de lo posible su coordinación dentro de la Comisión. 
Pienso ahora en el Centro Común de Investigación, cuyos resultados hasta la fecha también habría que destacar. 
En la misma dirección apunta también, por otra parte, un intento de promover la participación de la investigación de la Unión Europea en la eliminación de las armas de destrucción masiva, o sea, las armas atómicas, biológicas y químicas. 
Yo quiero recordarles, además, que la Comisión va a emitir esta tarde una declaración sobre la prohibición de las armas biológicas. 
Esto guarda relación de algún modo con la lucha contra el terrorismo. 
En la antigua Unión Soviética sigue habiendo almacenadas enormes cantidades de sustancias destinadas a la guerra biológica y química que no se pueden destruir por falta de medios y a menudo también de la tecnología necesaria. 
Este es un aspecto en el que la Unión Europea también podría contribuir a la seguridad de Europa y del mundo. 
Por lo que respecta a la bioética, yo les pido que apoyen la enmienda de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, que simplemente tiene en cuenta que en nuestros Estados miembros existen planteamientos jurídicos distintos en relación con este tema y, en nuestra calidad de legisladores europeos, no podemos intentar reemplazar a los Estados miembros. 
Este respeto a su soberanía queda reflejado en la enmienda. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me sumo a las felicitaciones y a las palabras de agradecimiento dirigidas al Sr. Caudron. 
Señor Busquin, el sexto programa marco tiene la gran ambición de establecer un espacio europeo de investigación, y espero sinceramente que los reducidos, pero excelentes equipos de investigación, con que contamos, incluso en las regiones más periféricas, también puedan desempeñar un papel en ello. 
Debemos dar un paso cualitativo y cuantitativo en la investigación europea. 
Las mujeres investigadoras deben poder desempeñar un papel en este sentido y llegar a ocupar puestos directivos en los próximos años. 
La investigación con que se intenta descifrar el secreto de la vida sigue siendo importante, no sólo en cuanto a la investigación aplicada sino también respecto de la investigación fundamental. 
Sin duda alguna, la biogenética ocasionará nuevas dificultades en el futuro en su lucha contra enfermedades incurables tales como el Alzheimer, el Parkinson y algunas formas de cáncer. 
Dentro de los límites indicados en el informe Caudron, especialmente en la enmienda 22, y bajo un estricto control ético, también por parte de los parlamentos, opinamos que la investigación de las células madre debe ser financiada dentro del marco legal de los Estados miembros. 
Es muy importante que esbocemos juntos este marco ético y sigamos cuidadosamente la evolución en este terreno desde el Parlamento Europeo y los parlamentos de los Estados miembros, ya que debemos evitar a cualquier precio que algunos puedan hacer todo si está justificado comercialmente y otros no puedan hacer nada. 
Debemos esbozar juntos este marco partiendo de nuestra conciencia, también si discrepamos de opinión. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, los radicales italianos apoyamos sin reservas el informe Caudron; felicitamos al ponente por haber llevado a buen puerto una tarea difícil e importante, en la medida en que abre nuevas perspectivas a la investigación europea, una investigación que se estanca, una investigación en la que nuestro continente y nuestra Unión no están a la vanguardia, una investigación en el ámbito científico y en muchos otros que constituyen algunos de los pilares, no sólo del progreso de la ciencia, sino también del empleo, y que son beneficiosos para la economía y para el desarrollo de la humanidad. 
Desde este punto de vista, estamos especialmente satisfechos por la posición adoptada en la Comisión de Industria con respecto a la investigación sobre genética humana. 
Se han realizado enormes progresos y se siguen realizando todos los días, en todos los lugares del mundo. 
Así, investigadores, científicos y personas responsables, no locos como piensan algunos, trabajan en laboratorios para que millones y millones de seres humanos puedan escapar hoy a una suerte terrible, reanudar una vida normal y recuperar su dignidad de ser humano. 
Enfermedades como el alzheimer, el parkinson, la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, materias muy vastas están por explorar en el ámbito de la investigación, en particular en lo que se refiere a las células madre. 
El informe Caudron concede el lugar que se merece a este nuevo desafío que se nos presenta. 
El progreso científico, desde Galileo, desde la noche de los tiempos, siempre ha desafiado el orden establecido. 
En efecto, al instaurar un orden nuevo, el que estaba establecido tiene que resultar por fuerza trastocado. 
Sin embargo, parte de los miembros de nuestro Parlamento se oponen, intentan oponerse, a un progreso que me parece cae por su propio peso. 
De todos modos, aunque el Parlamento se pronuncie en contra del informe, el progreso no se detendrá, pues millones y millones de vidas humanas están en peligro, amenazadas de muerte y pueden ser curadas o seriamente tratadas con las nuevas tecnologías. 
Por ello, digo sí al informe Caudron, sí a la perspectiva de que la investigación europea pueda superar el desafío que los Estados Unidos y otras economías mundiales nos lanzan, invirtiendo en una investigación europea capaz de elevar nuestros valores a lo más alto y permitiendo a los científicos trabajar sobre el terreno más favorable posible, que son las células madre embrionarias. 
Digámoslo francamente, el problema es tal que dentro de poco será objeto de un gran conflicto entre nosotros, pero se trata del futuro, Señorías, y no se puede impedir ese futuro, porque está ahí y triunfará tarde o temprano. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias por el apasionante, inspirador y objetivo trabajo en la Comisión de Industria. 
Ha sido un placer participar en el trabajo relativo al programa marco. 
Quiero asimismo dar las gracias al Comisario Busquin por el modo en el que abrió el debate con nuevas ideas sobre el espacio investigador europeo. 
He visto cómo las ideas que el señor Comisario lanzó han enraizado en los países y creado un nueva dinámica que no conocíamos antes y que en gran medida atribuiré a la iniciativa del señor Comisario. 
Celebro las posibilidades del programa marco para involucrar también a países que no reciben directamente ayudas de la Unión Europea- por ejemplo, pueden participar incluso Irán y Taiwan, por mencionar ahora algunos extremos- si los propios países pagan y si consideramos que aportan un valor añadido a los programas. 
Esto implica el intercambio de jóvenes en ámbitos que resultan importantes para el futuro. 
Da la oportunidad a nueva creatividad y a nuevo entendimiento dentro de la investigación, cualidades éstas que serán muy valiosas, especialmente en el mundo en el que hoy vivimos. 
En cuanto a la investigación nuclear, pienso que Europa debe promoverla en aquellos ámbitos que pueden contribuir a que participemos activamente en la destrucción del armamento de destrucción masiva, weapon-grade plutonium, etcétera. 
Tenemos instalaciones. 
Tenemos conocimientos que pueden aprovecharse. 
El sentimiento internacional hoy indica que ahora existe una posibilidad de lograr la destrucción de estas cosas. 
¡Ocupémonos de que sean destruidas y hagamos que Europa participe en esta destrucción! 
Por último, espero que el señor Comisario se ponga al frente junto a su Director General de la simplificación necesaria para que las pequeñas y medianas empresas y los departamentos universitarios puedan participar con mucho gusto en el programa sin pasar apuros financieros. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la propuesta relativa al Sexto Programa Marco de Investigación es un campo minado desde el punto de visto ético. 
La enmienda 22, que prevé la financiación con fondos comunitarios de la investigación con embriones, es absolutamente inaceptable, ya que ésta atenta de manera flagrante contra la dignidad humana. 
¡Los embriones no deben quedar degradados a la condición de material de investigación! 
La investigación con embriones está prohibida en cuatro Estados miembros, entre ellos la República Federal de Alemania. 
No debemos permitir que se financie con fondos comunitarios algo que está penado en estos Estados miembros. 
La investigación con células madre embrionarias constituiría, además, un incentivo para que se engendren todavía más embriones excedentarios. 
Por esto la rechazamos con toda firmeza. 
La propuesta apoya incluso la terapia aplicada a la línea germinal humana. El Parlamento Europeo se situaría con ello realmente fuera de juego en el terreno político y científico a escala mundial, pues en la comunidad científica nadie reclama ni propugna la terapia aplicada a la línea germinal humana, sino que por el contrario se pide que ésta se respete. 
Yo les pido, por consiguiente, que retiremos estas minas éticas del Programa Marco de Investigación y adoptemos un programa marco razonable. 
Señor Presidente, en primer lugar yo también quiero expresar mi agradecimiento al Comisario y al ponente, Sr. Caudron, por el excelente trabajo realizado con vistas a la aprobación de este Sexto Programa Marco en materia de investigación. 
Pienso que se trata de un trabajo tan excelente y lleno de contenidos innovadores que es casi una lástima que el debate en este Parlamento se centre en un tema, sin duda, importante como el de la ética y de la utilización de las células estaminales, y pierda de vista, por el contrario, los elementos innovadores y extraordinariamente importantes que figuran en este Sexto Programa Marco. 
Considero innovador, importante y positivo el hecho de definir las ocho prioridades temáticas en materia de investigación; sin embargo, existe el riesgo de que las pequeñas y medianas empresas europeas queden fuera de la definición de temáticas estructuralmente más adecuadas a la gran empresa. 
La propuesta del ponente, Sr. Caudron, con el instrumento de las escalas de excelencia me parece un compromiso válido- y, por lo tanto, lo comparto- aunque recomiendo a la Comisión y al Comisario que no dejen de prestar la máxima atención a la necesidades de las pequeñas y medianas empresas. 
El riesgo de que los fondos de la investigación europea acaben siendo acaparados por la gran empresa que por definición quizás sea la que menos los necesita también por razones objetivas, ligadas a su capacidad de proponer y gestionar programas de investigación, es un riesgo cada vez más inminente. 
Si, por el contrario, queremos construir esa sociedad del conocimiento diseñada en Lisboa es necesario que la investigación impregne a toda nuestra sociedad y que, en consecuencia, abarque ante todo a las pequeñas y medianas empresas europeas. 
Por último, para terminar un apunte sobre el programa EURATOM: estoy de acuerdo con los importes propuestos en el informe. Es preciso poner en marcha el proyecto ITER que, sin embargo, no debe confundirse con los programas en materia de energía nuclear que hoy conocemos. 
Aquí estamos hablando de investigación, estamos hablando del futuro de la energía limpia. 
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, dar las gracias al Comisario por su extraordinario esfuerzo y por el entusiasmo que ha sabido suscitar en el Parlamento Europeo con miras a la creación de un Espacio Europeo de la Investigación. 
Asimismo deseo agradecer al ponente, Sr. Caudron, así como a los ponentes en la sombra, Sres. Van Velzen y McNally, su aportación y el respeto que han mostrado a aquellos, a cada uno de los diputados que han querido mejorar este Programa Marco con sus enmiendas. 
El texto inicialmente propuesto por la Comisión se ha completado y remodulado, de un lado, precisando mejor las prioridades de la investigación en Europa en los distintos sectores, y del otro, remodulando la arquitectura financiera inicial. 
En lo que se refiere al sector biomédico, quiero expresar mi satisfacción por el incremento de 500 millones de euros asignados al sector de la biomedicina, no solo al sector de la genómica y de la postgenómica, sino también a todas las investigaciones orientadas a aumentar la comprensión de los mecanismos moleculares que subyacen a las enfermedades. 
Deseo reiterar una vez más un concepto fundamental, ya enunciado por el Sr. Trakatellis, esto es, que en Europa no puede haber una investigación más importante y prioritaria que la que atañe a la salud humana y a sus sufrimientos físicos y psíquicos. 
Por esto, me dirijo al Comisario Busquin, en nombre de todo el mundo científico y de algunos premios Nobel, como el amigo Renato Dulbecco, Rita Levi Montalcini, John Vane, para que se mantenga para los próximos cinco años este incremento de los recursos financieros en beneficio de la investigación biomédica. 
A través de la investigación científica, y gracias a las nuevas tecnologías, podemos combatir por fin enfermedades terribles y todavía incurables, como el cáncer, el sida, el Alzheimer, la enfermedad de Creutzfeld-Jakob, las enfermedades cardiovasculares, etcétera, utilizando también tecnologías avanzadas, como se señala, por ejemplo, en la enmienda presentada por los Sres. Trakatellis, Purvis y Nisticò, que configura un elevado nivel de equilibrio capaz de conseguir el consenso de todo el Pleno. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en primer lugar, yo quiero agradecer a Gérard Caudron el difícil trabajo que ha realizado. 
Yo creo que en alemán podríamos decir que es más fácil controlar un saco de pulgas, que aunar los diferentes intereses presentes en el Parlamento. 
Yo le agradezco, por lo tanto, sinceramente que haya logrado hacerlo con tanto acierto. 
Con el Programa Marco de Investigación nos proponemos contribuir a mejorar la competitividad de la industria europea. 
Queremos afianzar y apoyar nuestra política europea mediante la investigación. Por otro lado, también queremos aproximar la investigación a los ciudadanos y ciudadanas. 
En este sentido, yo me congratulo por las mejoras introducidas en la propuesta de la Comisión en este último contexto, en tres aspectos importantes. 
Uno de ellos es, a mi parecer, la subordinación de la investigación al principio del desarrollo sostenible, tal como prevén el artículo 6 del Tratado de Amsterdam o la Decisión del Consejo de Gotemburgo. 
Tenemos que armonizar las exigencias ecológicas y las exigencias económicas y sociales, y en este sentido es correcto y necesario subordinar la investigación a este principio. 
Esto queda de manifiesto también más adelante, en algunas precisiones con respecto al tema de la energía y del transporte sostenible. 
En segundo lugar, yo creo que es importante y necesario que vinculemos la investigación a la sociedad. Considerando, por un lado, las consecuencias para la sociedad de cualquier esfuerzo de investigación e incluyendo, por lo tanto, la evaluación de las repercusiones tecnológicas, pero por el otro lado, promoviendo también activamente la participación de los ciudadanos y ciudadanas en el diálogo sobre la investigación e intensificando el diálogo entre la investigación y la sociedad. 
En este sentido, yo creo que también es acertado e importante el incremento los recursos destinados a este fin. 
La tercera aportación a la aproximación de la investigación a los ciudadanos y ciudadanas es, sin duda, la mejora de las posibilidades de participación de las PYME, las universidades y los pequeños centros de investigación. En efecto, además del gran potencial de ideas innovadoras que naturalmente albergan, en ellos participan también muchas personas, muchos europeos y europeas. 
Tenemos que procurar que los procedimientos sean sencillos, transparentes y rápidos y, sobre todo, que aquellos cuyas solicitudes sean rechazadas reciban también una respuesta, que se trate con seriedad a los investigadores e investigadoras. 
Yo estoy seguro de que si realmente ponemos en práctica estos tres puntos, el tema de la sostenibilidad, el tema del diálogo entre la investigación y la sociedad, y una relación eficaz con las PYME, la investigación no sólo estará presente en el pensamiento de los europeos y europeas, sino que también la apoyarán de corazón. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, también yo quiero expresar mi agradecimiento al señor Comisario por el extraordinario trabajo que ha realizado. 
También quiero agradecer, naturalmente, a nuestro ponente, Sr. Caudron, sus dos excelentes informes. 
Agradezco asimismo la colaboración constructiva que hemos mantenido en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, que también ha sido una gran satisfacción para mí, así como el buen trabajo de nuestro ponente "en la sombra". 
Yo quisiera referirme a dos temas. 
En primer lugar, el de la investigación genética. 
La biotecnología y la tecnología genética abren grandes oportunidades para la medicina y el medio ambiente, y en consecuencia, sin duda es acertado que también reciban un apoyo masivo a escala europea. 
No obstante, yo creo que en cuanto se plantea la posibilidad de convertir a los embriones humanos en objeto de investigación, es necesario establecer unos límites claros, por razones éticas. 
Algunos Estados miembros, entre ellos también Alemania, prohiben el uso de embriones humanos para fines de investigación y, naturalmente, también las actividades que van más allá, como la clonación de la vida humana. 
Yo creo que la consideración y el respeto hacia los demás Estados miembros obliga a excluir de las ayudas comunitarias a la investigación las actividades que afecten claramente a la responsabilidad ética en este sentido y, por lo tanto, les pido encarecidamente que apoyen la enmienda 334 del colega Posselt y la enmienda 332 del colega Liese. 
El segundo tema al que también quisiera referirme brevemente es el de la investigación en el ámbito de la fusión nuclear. 
Yo quiero manifestar mi claro apoyo a la investigación sobre la fusión. La fusión nuclear puede llegar a ser, a mi parecer, una tecnología prometedora para el futuro. 
Las emisiones de dióxido de carbono nocivas para el clima son prácticamente nulas en su caso. 
Los residuos radiactivos también son prácticamente inexistentes en el caso de la fusión nuclear y, sobre todo, ésta no genera cargas apreciables a largo plazo como sucede con la fisión nuclear. 
Por consiguiente, los europeos deberíamos aprovechar la oportunidad de desarrollar la investigación en este ámbito en el que gozamos de una posición privilegiada a escala mundial y no reducir el presupuesto destinado al mismo, sino mantenerlo como mínimo en el nivel inicialmente previsto. 
Señor Presidente, soy una persona que padece un síndrome neurológico y que no puede dejar de pensar en la enfermedad de Parkinson, y por lo tanto no puedo ser totalmente imparcial cuando hablo de esta cuestión, pero he de confesar que me subleva un poco el frecuente uso de términos como "inaceptable" y "dignidad" aplicados a personas que desean encontrar una solución a través de la investigación médica para los terribles problemas con que se enfrentan los que padecen una enfermedad neurológica como la de Alzheimer, la neurona motriz y la de Parkinson. 
No tiene nada de digno perecer de la enfermedad de neurona motriz y apenas tiene más dignidad sucumbir a la enfermedad de Parkinson. 
Por eso quiero recomendar al Parlamento que tenga en cuenta el punto de vista de los que padecen así como también el punto de vista- si hay alguno- de la persona a quien le preocupa sobre todo la preservación del embrión. 
Si yo creyera que un embrión tiene los mismos derechos humanos que un niño o que un adulto, es evidente que no sería partidario de nada que entrañase la destrucción de la vida humana. 
Ahora bien, las leyes de nuestros Estados miembros aceptan en términos generales que hay una diferencia entre un embrión, un huevo fertilizado y un adulto o un niño, que ya son seres humanos. 
Los derechos humanos de uno no son los mismos que los derechos humanos del otro. 
Eso es lo que la ley dice en la mayor parte de nuestros Estados miembros. 
No creo que el fundador de la religión cristiana, que tanto se preocupó de curar a los enfermos, pueda inhibir a los que sencillamente desean curar a personas enfermas. 
No puedo creer que ésa haya sido la intención de la ética cristiana.. 
Señor Presidente, Señorías, estimadas y estimados colegas, ante todo yo quiero felicitar, como es natural, al ponente, Sr. Caudron. 
Por propia experiencia, sé el inmenso trabajo que supone llevar a buen puerto un programa marco, como mínimo hasta presentar una propuesta. 
Ahora, entre hoy y mañana vamos a adoptar con satisfacción el programa. 
Ha llegado el momento de las grandes palabras, palabras que es necesario decir. 
No quiero dejar pasar la oportunidad sin agradecer también la colaboración de la Comisión. 
El papel, sin embargo, es paciente. 
Tendremos un buen programa, pero el trabajo de verdad comienza a ahora. 
¿Qué vamos a hacer con todos los objetivos que han quedado inscritos sobre el papel? 
De momento esto todavía está, si no en el aire, al menos sólo en las cabezas de los funcionarios y de la Comisión. 
Es urgente, por lo tanto, que se concrete todo el procedimiento. 
Necesitamos disponer urgentemente de los programas específicos. 
Este sería un primer punto. 
También es imprescindible seguir manteniendo la colaboración con la Comisión para proceder a la modificación de dichos programas específicos aquí, en el Parlamento. 
Como segundo punto, de nada servirá poner a disposición 17, 18, 16 millardos de euros- todavía no está decidido de manera definitiva-- si éstos no llegan a donde realmente son necesarios, esto es, a las universidades, a la industria, a las pequeñas y medianas empresas. 
Por esto es urgentemente necesario que las normas que regulan la participación en el programa marco sean practicables, que respondan a la realidad del mundo de la investigación y a las necesidades de las empresas que desean innovar con ayuda de esos fondos. 
En efecto, no debemos olvidar que la investigación, la innovación, no son un objetivo en sí mismas. 
El objetivo de la investigación y la innovación es poner en el mercado productos que mejoren nuestra competitividad. 
Esto sólo se puede lograr con una gran participación, con instrumentos de concesión de las ayudas transparentes y si todo el mundo, desde Finlandia hasta Sicilia o Grecia, sabe a qué atenerse. 
Por consiguiente, ha llegado el momento de que nos pongamos manos a la obra, no sólo los funcionarios de la Comisión, sino también nosotros. 
"Una vez adoptado el programa marco" significa antes del siguiente, pero sobre todo también durante su ejecución. 
Desde el Parlamento seguiremos con mucha atención la continuidad entre el quinto y el sexto programa marco, la fiabilidad de los instrumentos empleados por la Comisión y el desembolso de los fondos. 
También realizaremos un control a posteriori. 
Muchas gracias y me congratulo por anticipado por los años de colaboración que tenemos por delante. 
Señor Presidente, soy partidario de la investigación. 
Todos queremos encontrar la forma de curar las enfermedades y estoy seguro de que en cada una de nuestras familias hemos tenido ocasión de experimentar personalmente la tristeza que produce una enfermedad incurable. 
El año pasado discutimos en el Comité Temporal Sobre Genética Humana y otras nuevas tecnologías diversas formas de encontrar respuesta a esos problemas médicos. 
La semana pasada votamos en favor de apoyar la financiación de investigaciones aceptadas sobre las células germinales utilizando células de la placenta, del cordón umbilical y células germinales de adultos. 
Votamos con el apoyo de representantes de todos los partidos en favor de prohibir la financiación de investigaciones cuyo resultado sea la destrucción de embriones humanos, contra todo tipo de clonación, contra la utilización de excedentes embrionarios y contra la intervención en líneas germinales. 
La mayoría del Comité temporal, cuya finalidad era enunciar directrices éticas para la Unión Europea, rechaza la financiación de las investigaciones que se sugieren en el informe Caudron. 
La financiación de la UE no debe promoverse con miras a desarrollar investigaciones controvertidas, prohibidas en cuatro Estados miembros, entre ellos mi propio país. 
El respeto de la dignidad de la persona humana es un principio fundamental enunciado en todos los acuerdos europeos e internacionales. 
Insto a que no nos desviemos de ese principio. 
Muchos ciudadanos, yo entre ellos, estimamos que hay un camino adelante más aceptable, más ético y más moral que el que nos conduce a la destrucción de una vida humana inocente a fin de poder curar a otra. 
Insto a este Parlamento a que rechace la financiación que se sugiere en el informe Caudron. 
Señor Presidente, Señorías, la política de investigación es uno de los ámbitos en el que es evidentemente necesaria una mayor europeización. 
Munich es uno de los centros de investigación más modernos de la Unión Europea y Franz Josef Strauß sentó hace ya treinta años las bases que permiten que todavía hoy contemos con una industria aérea y espacial europea. 
El hecho de haber trazado siempre unas fronteras éticas claras jamás ha perjudicado a este centro de investigación. ¡Al contrario! 
Estas fronteras éticas claras incluyen también el rechazo de la investigación con células madre embrionarias, su importación y la investigación con embriones, pues esto es sencillamente canibalismo. 
En efecto, aun cuando matar otras vidas humanas permita la curación de vidas humanas, esto sigue siendo éticamente inaceptable a mi modo de ver. 
¡Es canibalismo! 
Yo me congratulo de que el Parlamento Europeo haya mantenido con una clara mayoría esta orientación en todas sus decisiones desde 1988, desde el informe Ghergo, y de que la comisión de investigación del Parlamento Federal alemán suscribiera el lunes por la tarde esta orientación por una gran mayoría, apoyándose en el informe Fiori, que adoptamos la semana pasada también por una gran mayoría en nuestra Comisión sobre genética humana. 
Por esto lamentaría muchísimo que este importante y excelente programa marco de investigación quedase asociado al intento de soslayar esta orientación ética clara del Parlamento Europeo a favor de la protección de los embriones, o sea, de los seres humanos. 
Yo les pido que den su apoyo a la enmienda Scallon/Posselt y, si ésta no obtuviera el apoyo necesario, les ruego que voten afirmativamente la enmienda de compromiso Liese/Fiori y rechacen todas las demás enmiendas sobre este tema. 
El Parlamento Europeo tiene una reputación que puede perder, la reputación de haberse situado durante más de diez años en la vanguardia de quienes defienden la protección de la vida humana. 
Señor Presidente, el sexto programa marco para la investigación es un intento fundamental y significativo de la Unión Europea para conseguir, en sus objetivos estratégicos, ser en los próximos diez años la región más competitiva del mundo basándose en la economía del conocimiento. 
Le permite también prosperar con el progreso en otras regiones del mundo y, paralelamente, contribuir al desarrollo de la humanidad. 
Todos debemos estar a la altura de este reto a nivel nacional y europeo. 
Esto atañe a la generosa financiación de la investigación en todos los sectores, a su coordinación en el ámbito europeo, en contraposición con el reparto que tiene lugar hoy en día; y a su difusión en todo el tejido económico y social. 
Alcanzar nuestros objetivos políticos y de desarrollo depende precisamente de la utilización de los resultados de la investigación en beneficio de la salud, la calidad de vida de los ciudadanos, el empleo a jornada completa y nuestra cohesión social. 
Voy a centrar mi intervención en la necesidad de investigar en el sector social. 
La viabilidad de nuestro modelo social constituye la primera condición de nuestro desarrollo. 
La agenda social que hemos adoptado y que estamos aplicando es una base de esta política. 
Los cambios económicos y sociales han llevado a algunos callejones sin salida a nuestra economía y a nuestra sociedad. 
El envejecimiento demográfico, los elevados niveles de pobreza y de exclusión social, el gran número de accidentes laborales, la necesidad de una anexión oportuna de grandes grupos de ciudadanos, como son los gitanos, la inserción de personas con discapacidad en el mercado laboral, la continua necesidad de facilitar las cosas a las mujeres en el mercado de trabajo, los nuevos peligros en la salud de los trabajadores, la gran diversidad cultural de la sociedad europea exigen investigación científica sobre la cual estará basada nuestra política en los próximos años. 
Así se animarán también los países europeos que no tienen tradición en la investigación social y que son justamente los países que se enfrentan a los problemas de desarrollo más graves. 
Para finalizar, quisiera subrayar la necesidad de informar a los ciudadanos y de consultarles sobre todos nuestros objetivos de investigación. 
La investigación en todos los sectores, desde la biotecnología hasta la investigación social, está muy lejos de los ciudadanos, encerrada en los laboratorios o en los despachos de estudio. 
Los ciudadanos no pueden leer los artículos, no sólo de las revistas científicas, sino de los periódicos de gran tirada. 
Debemos realizar un esfuerzo para conseguir informarles sistemáticamente. 
Señor Presidente, desde el momento en que se presentaron, a este Parlamento, el informe y el programa marco se han modificado ampliamente. 
Los ciudadanos deben conocer esta amplia transformación, para constatar la buena cooperación entre las instituciones. 
Creo que eso se debe en gran medida a la flexibilidad del Sr. Caudron, a su capacidad para escuchar y también a los ponentes de otros partidos, como el Sr. Van Velzen, que ha estado escuchando todo el tiempo y acogiendo las enmiendas y las distintas sugerencias de todos los miembros. 
Nunca he trabajado en una comisión donde se hayan considerado de tal manera e integrado todas las peticiones. 
Me gustaría que este espíritu se mantuviera a lo largo del proceso de ejecución, porque está claro que esto es un proyecto europeo que tiene que seguir creciendo y ampliándose. 
También he de decir que el viaje se ha realizado desde una política tendente a reducir los trabajos, a reducir el trabajo de la comisión y a hacer menos proyectos, pero mayores, y el Parlamento ha conseguido romper esa centralidad de los grandes proyectos, de las grandes empresas, de unos programas de investigación que en el fondo están encubriendo un trabajo muchas veces paraestatal respecto de los grandes centros de investigación o las grandes industrias, como la industria aeronáutica. 
El Parlamento ha conseguido que el proyecto se abra en más direcciones, que extienda su ámbito de prioridades a territorios que hasta ahora no estaban cubiertos o que no se consideraban importantes. 
Hay varias innovaciones que los ciudadanos deben conocer: una de ellas, la más importante en mi opinión, es la introducción de un cuarto instrumento. 
Introducir un cuarto instrumento significa abrir la puerta a proyectos de menor dimensión, facilitar la entrada de las PYME, hacer que ese espacio europeo de la investigación sea posible, porque Europa es la composición de múltiples Estados pequeños, de múltiples centros pequeños de investigación. 
La media de un equipo europeo no pasa de seis personas, mientras que la de un equipo americano es de veinticuatro personas. 
Europa necesita medidas de protección e incentivos ajustados a su dimensión. 
Europa sigue siendo la confluencia de las iniciativas individuales. 
Por tanto, la escalera de excelencia me parece extraordinariamente bien recogida en la enmienda 305. 
También hemos introducido aspectos importantes de relevancia para la cultura. 
El patrimonio cultural pertenece al mundo de los recursos no renovables. 
Cuando desaparece la sepultura de un rey medieval, con sus trajes y sus ropas, cuando desaparece un pecio o un barco en el fondo del mar, deben utilizarse las nuevas tecnologías para recuperar esos vestigios. 
La arquitectura, la ingeniería, la estructura de los edificios, todo eso es ciencia. 
Hemos apoyado la salvaguardia del patrimonio cultural y creemos que la Unión Europea debe seguir haciéndolo. 
Muchas gracias, señor Comisario Busquin, por su intervención. 
Creo que todos los colegas se sienten igual de agradecidos con usted por haber llevado tan correctamente las relaciones con nuestra Institución. 
Señor Presidente, ahora que el Comisario ha aceptado recoger tantas enmiendas del Parlamento, tengo una pregunta pertinente dirigida a él ¿Significa también eso que los programas que usted había elaborado anteriormente, serán readaptados ahora antes de ser tramitados en el Parlamento? 
. 
(FR) Evidentemente, la consecuencia lógica es que los programas específicos se adapten en los próximos días en función de las enmiendas aprobadas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Relaciones UE/América Latina 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0336/2001) del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre una Asociación global y una Estrategia Común para las relaciones entre la Unión Europea y América Latina (2000/2249 (INI) ). 
Señor Presidente, se trata de una cuestión de orden: Quería señalar, y espero que no se me compute este tiempo como tiempo de uso de palabra, que yo no he recibido ninguna indicación en relación con la ausencia del Comisario responsable, el Sr. Patten. 
Me pregunto si la Presidencia ha recibido alguna indicación sobre esta ausencia y si puede darnos alguna información. 
No le veo, cosa que me extraña, porque siempre que le es posible acude a los debates de política exterior. 
Me gustaría saber si la Presidencia o la Comisión tienen alguna información que justifique- como seguramente será el caso- la ausencia del Comisario responsable, Sr. Patten. 
Señor Salafranca, como Presidencia, no estoy en disposición de responder a su pregunta. 
De todos modos, la Comisión está presente en la persona del Sr. Bolkenstein quien, lógicamente, intervendrá en nombre de la Comisión al final del debate. 
No sé si el Comisario Bolkenstein le va a contestar enseguida. 
Tiene la palabra el Sr. Comisario. 
. (EN) Señor Presidente, mi colega, el Sr. Patten, está actualmente en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Espero que el Sr. Salafranca Sánchez-Neyra acepte lo que acabo de decir como excusa suficiente para su ausencia y que se satisfaga con las respuestas que le dé a él y a otros diputados en el debate que va a seguir. 
No hace falta decir que haré todo lo que pueda. 
Muchas gracias, señor Comisario Bolkestein. 
Pienso que, al igual que todos nosotros, el Sr. Salafranca ha recibido una respuesta clara y satisfactoria. 
. Señor Presidente, muchas gracias a usted y también al Comisario Sr. Bolkestein por su amabilidad y por su disposición. 
Naturalmente que entiendo las razones que nos presenta sobre la ausencia del Sr. Patten. 
Como todos ustedes saben, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, hace algún tiempo ya, en junio del año 1999, decidieron constituir una asociación global, una asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina. 
Han pasado más de dos años y la verdad es que tenemos que reconocer que no se han producido grandes progresos en aras de alcanzar ese objetivo que se trazaron nuestros Jefes de Estado y de Gobierno. 
Esa, señor Presidente, es precisamente la razón por la que el Parlamento Europeo ha querido no sólo discutir, sino adoptar un informe de propia iniciativa de cara a alimentar el debate sobre la próxima cumbre, -la segunda de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar la primavera que viene- y poner encima de la mesa un documento que pueda dar una visión estratégica acerca de esas relaciones, para que la Unión Europea no comparezca en esa cumbre con las manos vacías, por lo menos en lo que respecta a la responsabilidad de nuestra institución. 
Quisiera, en primer lugar, agradecer el espíritu de colaboración que me han brindado en la elaboración de este informe todos los Grupos políticos: el informe ha sido aprobado en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa por una abrumadora mayoría (48 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones). 
Agradezco también la colaboración prestada por las comisiones que han sido llamadas a emitir su opinión. 
En este informe, señor Presidente, estamos pidiendo una cosa fundamental: que, de la misma forma que la Unión Europea tiene una estrategia común para sus relaciones con Rusia, con los Balcanes, con el Mediterráneo o con Ucrania, se dote también de una estrategia común para las relaciones con los países de América Latina. 
Esta estrategia, señor Presidente, en mi opinión, tendría tres aspectos: en el ámbito político, una revisión y puesta al día de la agenda birregional; en segundo lugar, una renovación y puesta al día del diálogo político a nivel ministerial; en tercer lugar, la constitución de una asamblea transatlántica, eurolatinoamericana, mediante la firma de una carta eurolatinoamericana para la paz y la puesta en marcha de una asociación política y de seguridad eurolatinoamericana. 
En el ámbito económico, financiero y comercial, señor Presidente, pensamos que la Unión Europea tiene que completar los acuerdos que están en curso de negociación con Mercosur y Chile. 
Estos acuerdos se tienen que concluir de una forma equilibrada, naturalmente lo más rápidamente posible, en función de sus propios méritos. 
Pensamos que no se puede distinguir- por lo menos desde la óptica de la Unión Europea- entre países o grupos de países de primera y de segunda categoría. 
Por eso estamos pidiendo a la Comisión que presente a medio plazo unas directrices de negociación con vistas a concluir nuevos acuerdos con la comunidad andina y con los países de América Central. 
Estoy hablando, señor Comisario, a corto y medio plazo, puesto que en el corto plazo entendemos- aquí en el Parlamento Europeo- que las facilidades que concede el sistema de preferencias generalizadas comunitario tiene que mantenerse. 
En el mismo sentido, señor Presidente, estamos pidiendo la celebración de un acuerdo de asociación global interregional que pueda dar soporte institucional y cobertura geográfica completa a la relación con el subcontinente, entre otras cosas para no ir a la zaga de los desarrollos que se están produciendo por parte de los Estados Unidos. 
Estamos pidiendo también la creación de una zona de prosperidad compartida mediante el fortalecimiento de los mercados regionales en el horizonte del año 2010. 
Me gustaría añadir, señor Presidente, que es una pena que haya un único país de América Latina que, aunque tengamos relaciones diplomáticas con él y le apliquemos el sistema de preferencias generalizadas comunitarias, no se encuentre vinculado con un acuerdo con la Unión Europea. 
Me refiero naturalmente a Cuba. 
Por ello creo que- con el espíritu de la doctrina de la Unión Europea en general y del espíritu adoptado anteriormente por este Parlamento en el informe Newens, muy en particular- deberíamos buscar una fórmula que, siempre dentro del respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales, nos permitiese progresar para encontrar una fórmula institucional en las relaciones con este país. 
En el terreno social y cultural, señor Presidente, estamos proponiendo una decidida y ambiciosa política de cooperación al desarrollo en el ámbito social, de la cultura, de la educación, de la emigración, de los asuntos de interior y de justicia, con toda una serie de iniciativas concretas, que no voy a desarrollar aquí en este momento por falta de tiempo. 
Señor Presidente, pienso- y creo que mis compañeros también piensan así- que los compromisos de la Cumbre de Río y toda la estrategia diseñada sobre el nuevo compromiso con América Latina deben plasmarse rápidamente y dar un fuerte impulso a las relaciones con esta región, aunque sólo sea para no ir a la zaga de los sectores económicos y de la sociedad civil. 
La próxima cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno tiene que traducirse y saldarse, en nuestra opinión, con un éxito claro, mandando un mensaje bien definido de este nuevo compromiso de Europa con América Latina. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, yo quiero felicitar al colega Salafranca Sánchez-Neyra por su completo y claro informe. 
Efectivamente, ha llegado la hora de que la Unión Europea revise su estrategia para las relaciones con América Latina. 
Justamente en el ámbito de la cooperación científica quedan aún muchos aspectos que es preciso mejorar y éstos también incluyen, en opinión de los socialistas, el tema de Cuba, país con el que debemos iniciar por fin la negociación de un acuerdo marco, y sin condiciones previas. 
La cooperación económica debe incluir y respetar unas normas sociales y ecológicas mínimas adecuadas, puesto que ciertamente no queremos agudizar las contradicciones sociales en América Latina, sino contribuir a mitigarlas, dadas las enormes diferencias sociales que continúan caracterizando a dichos países. 
Allí existen unos enclaves sociales ricos, rodeados de regiones donde reina una enorme pobreza. Por esto, también pedimos que se promueva un desarrollo económico sostenible, con un especial apoyo a las pequeñas y medianas empresas en el marco de la ayuda estructural. 
En los casos en que sea adecuado y necesario, se debe promover sobre todo también la participación de los grupos afectados y de la sociedad civil, especialmente los grupos de población indígena, en la planificación, desde las fases de preparación previa. 
Así se debe hacer, en particular, en el caso del Plan Puebla-Panamá. 
La Unión Europea sólo debe participar en el mismo si se establecen unos compromisos de contenido claramente definido. 
La transferencia de tecnología y conocimientos, pero también la apertura del mercado europeo a los productos de los países socios, son otros pasos que también debemos iniciar pronto. 
En nuestra calidad de Parlamento Europeo, deseamos establecer una cooperación en pie de igualdad con los ciudadanos y ciudadanas de América Latina y no sólo con algunas grandes empresas. 
Señor Presidente, por lo menos desde los atentados terroristas del 11 de septiembre, tenemos que ser conscientes de que las crisis globales tienen repercusiones globales y la Unión Europea ya no puede permitirse mantener una posición eurocéntrica. 
No quiero decir con esto que debamos relativizar la ampliación de la UE y la estabilización de los Balcanes, sino sólo que el proceso de Río no debe correr la misma suerte que el proceso de Barcelona o la política mediterránea. 
No habría que esperar a que se produzca un atentado terrorista para prestar la merecida atención a estas regiones fronterizas con Europa y al área latinoamericana, con la que los europeos mantienen vínculos históricos y de población. 
El informe de propia iniciativa del Parlamento europeo que ha elaborado el Sr. Salafranca se presenta, por lo tanto, en el momento oportuno, antes de la Cumbre de seguimiento de Río que se celebrará en mayo del año próximo en Madrid. 
Necesitamos una estrategia y una revalorización de nuestra política para América Latina en todos los ámbitos, para luchar contra la pobreza en ese continente, consolidar la democracia, combatir el delito organizado y el tráfico de drogas, y finalmente también para defender nuestros intereses económicos. 
La conclusión del Acuerdo de libre comercio con México ha tenido efectos positivos para la presencia de la economía europea en dicho país, con beneficios mutuos. 
Es de esperar que en mayo se firme en Madrid el Acuerdo de libre comercio con Chile. 
Lamentablemente, las negociaciones con Mercosur están encalladas y es de esperar que la Comisión y el Parlamento Europeo hagan todo lo posible para superar los obstáculos en relación con Argentina y Brasil. 
El libre comercio no es una calle de dirección única y el proteccionismo más o menos encubierto debería quedar relegado al pasado. 
También tenemos que mejorar los conocimientos sobre el área latinoamericana. La creación de un Centro de Estudios Euro-Latinoamericanos sería muy de agradecer. 
En cualquier caso, América Latina no necesita sólo unos acuerdos de libre comercio, sino estrategias globales para consolidar un clima favorable a las inversiones, y esto sólo será posible si reina la correspondiente estabilidad política y se detiene la huida de capitales. Hay que evitar la inmediata transferencia a Miami de cada dólar que se gana. 
Señor Presidente, el informe Salafranca llega en un momento oportuno. 
Una asociación global y una estrategia común con América Latina, impulsadas por Europa, es algo que siempre ha merecido la pena poner en marcha, pero, más que nunca, ahora, después del 11 de septiembre, cuando las relaciones internacionales están claramente convulsionadas. 
Digo estrategia y asociación impulsadas por Europa en una época en que un socio, en otros ámbitos, atraviesa momentos difíciles, por todos conocidos.